Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 26 de febrero de 2026 (1)
Asunto C‑147/25
«Inter Rao Lietuva» AB
contra
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, Lituania)]
« Procedimiento prejudicial — Política exterior y de seguridad común — Reglamento (UE) n.º 269/2014 — Artículo 2 — Decisión
2014/145/PESC — Artículo 2 — Medidas restrictivas adoptadas en relación con la situación en Ucrania — Medida nacional que prevé la congelación de los fondos y recursos económicos de una persona asociada a personas sancionadas por la Unión — Alcance del control jurisdiccional — Nivel de prueba del vínculo con las personas sancionadas »
1.        En 2022, las autoridades lituanas establecieron una «Lista de personas físicas y jurídicas vinculadas a entidades sujetas a sanciones internacionales». En la lista se indicaba que los bienes de Inter Rao Lietuva AB (2) se hallaban inmovilizados debido a los vínculos de esta compañía con personas que son objeto de las medidas restrictivas adoptadas en la Decisión 2014/145/PESC (3) y el Reglamento (UE) n.º 269/2014. (4)
2.        Antes de pronunciarse sobre el recurso interpuesto por Inter Rao contra su inscripción en la lista, el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, Lituania) dirige al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial en la que expone sus dudas sobre la interpretación de las normas de la Unión aplicables.
3.        El reenvío prejudicial
permitirá al Tribunal de Justicia precisar si su jurisprudencia en relación con las listas (de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas) acordadas por la Unión es extrapolable, y con qué alcance, a las listas que puedan establecer los Estados miembros en ejecución de esas medidas restrictivas.
I.      Marco normativo
A.      Derecho de la Unión
1.      Decisión 2014/145
4.        El artículo
2 dispone:
«1.      Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
a)      personas físicas responsables de acciones o políticas que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o seguridad en Ucrania, o que apoyen o ejecuten esas acciones o políticas, o que obstaculicen la labor de las organizaciones internacionales en Ucrania;
b)      personas jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania;
c)      personas jurídicas, entidades u organismos en Crimea o Sebastopol cuya titularidad haya sido transmitida en violación del Derecho ucraniano, o de personas jurídicas, entidades u organismos que se hayan beneficiado de esa transmisión de titularidad;
d)      personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o se beneficien de ellos;
e)      personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que efectúen transacciones con los grupos separatistas de la región ucraniana de Dombás;
f)      personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, o que se beneficien de dicho Gobierno, o
g)      los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania,
y de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociadas a ellos, y que se enumeran en el anexo.
2.      No se pondrán fondos ni recursos económicos, directa ni indirectamente, a disposición ni en beneficio de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se incluyan en la lista del anexo.
[...]».
5.        El artículo 3 establece:
«1.      El Consejo, por unanimidad y previa propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, decidirá sobre el establecimiento y la modificación de la lista del anexo.
2.      El Consejo comunicará la decisión a que se refiere el apartado 1, incluidos los motivos de inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectado, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, dando a tal persona, entidad u organismo la oportunidad de presentar alegaciones.
3.      Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo reconsiderará la decisión a que se refiere el apartado
1, e informará en consecuencia a la persona, entidad u organismo afectado».
6.        El artículo 4, apartado
1, reza:
«El anexo
contendrá los motivos de inclusión en la lista de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el artículo 1, apartado 1, y el artículo 2, apartado 1».
2.      Reglamento n.º 269/2014
7.        El artículo 2 prescribe:
«1.      Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I.
2.      No se pondrá a disposición directa ni indirecta de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I, ni se utilizará en su beneficio, ningún fondo o recurso económico».
8.        El artículo 3, apartado 1, precisa que el anexo I incluirá las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se hace referencia en el mencionado
apartado 1, así como las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos. A tenor de su apartado 2, el anexo I contendrá los motivos de inclusión en la lista de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos de que se trate.
9.        El artículo 14 dispone:
«1.      Cuando el Consejo decida someter a una persona física o jurídica, entidad u organismo a las medidas a las que se refiere el artículo 2, modificará el anexo I en consecuencia.
2.      El Consejo comunicará su decisión,
junto con los motivos de su inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refiere el apartado 1, ya sea directamente si se conoce su domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, y ofrecerá a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo la oportunidad de formular alegaciones.
3.      Si se formulan alegaciones o presentan nuevas pruebas sustantivas, el Consejo revisará su decisión e informará a la persona física o jurídica, entidad u organismo en consecuencia.
4.      La lista del anexo I se revisará periódicamente y, al menos, cada doce meses».
10.      El artículo 17 reza:
«El presente Reglamento se aplicará:
[…]
d)      a cualquier persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que se haya registrado o constituido con arreglo al derecho de un Estado miembro;
e)      a cualquier persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión».
B.      Derecho lituano
1.      Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas n.º IX-2160 (5)
11.      El artículo 12, en la versión que entró en vigor el 27 de abril de 2022, disponía que la supervisión de la aplicación de las sanciones financieras internacionales era competencia, en particular, del Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Servicio de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio del Interior de la República de Lituania). (6)
12.      El apartado 3 de ese mismo artículo prescribía que el FNTT coordinaría, vigilaría y garantizaría la aplicación de las sanciones financieras (restricciones a disposición de fondos y recursos económicos) en la República de Lituania.
2.      Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas (7)
13.      La Ley n.º IX-2160 fue sustituida por la Ley sobre sanciones internacionales, según se desprende de la Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo n.º IX-2160 pakeitimo įstatymas n.º XIV-1020. (8)
14.      El artículo 4, apartado 4, que entró en vigor el 17 de mayo de 2022, establece que la información relativa a las decisiones adoptadas en relación con las entidades sancionadas por su vinculación con entidades incluidas en las listas de personas sancionadas debe facilitarse por el FNTT a las personas físicas y jurídicas, a los gestores de los registros públicos y a los gestores de los sistemas de información del Estado que aplican dichas sanciones.
15.      El artículo 11 establece:
«1.      Cuando apliquen sanciones internacionales en el ámbito de su competencia, las autoridades competentes [como el FNTT]:
1)      adoptarán las decisiones previstas en los actos por los que se establecen las sanciones internacionales;
[...]
4.      El FNTT coordina, supervisa y garantiza la aplicación de las sanciones financieras (restricciones a la disposición de fondos y recursos económicos) en Lituania.
[…]».
3.      Decreto n.º 1679
16.      El procedimiento de supervisión de la aplicación de las sanciones internacionales se regula en el Decreto n.º 1679 de 30 de diciembre de 2004. Su punto
11, en la versión vigente entre el 30 de enero de 2019 y el 27 de mayo de 2022, disponía que el FNTT controlaría, verificaría periódicamente y recopilaría los datos relativos a la aplicación de las sanciones financieras de diferentes actores, como entidades financieras o sociedades de inversión.
4.      Decreto n.º 535
17.      El Decreto n.º 1679 fue sustituido por el Decreto n.º 535 de 25 de mayo de 2022. A tenor del
punto
13 de este último, en el ejercicio de sus funciones como autoridad competente previstas en el artículo 11, apartado 1, de la Ley de sanciones internacionales, el FNTT coordina, supervisa y garantiza la aplicación de las sanciones financieras (restricciones a la disposición de fondos y recursos económicos) en Lituania.
18.      El punto
13.2 indica:
«Si constata [...] que, según los criterios previstos en los textos que regulan las sanciones internacionales, una persona jurídica [...] pertenece a una entidad sujeta a sanciones o está controlada por dicha entidad, el FNTT dictará una resolución en la que se constate que las sanciones financieras también deben aplicarse a dicha persona jurídica [...]. La lista de personas jurídicas [...] que pertenecen a una entidad sujeta a sanciones o controladas por una entidad de este tipo, establecida y actualizada sobre la base de las resoluciones adoptadas, se publicará en el sitio web del FNTT y se transmitirá a los organismos que gestionan los registros estatales y los sistemas informáticos del Estado en un plazo de dos días hábiles a partir de la adopción de las resoluciones correspondientes».
19.      En virtud del punto
15, las resoluciones del FNTT a las que se refiere el punto
13.2 constituyen actos normativos de carácter vinculante en la aplicación de las sanciones internacionales en Lituania.
II.    Hechos, litigio y preguntas prejudiciales
20.      La exposición de los hechos que describe el auto de reenvío comprende los que a continuación recojo.
21.      Inter Rao
opera en Lituania como importadora de electricidad y proveedora independiente de electricidad.
22.      El 51 % del capital social de Inter Rao pertenece a Rao Nordic, empresa finlandesa, a su vez, participada al 100 % por Inter Rao Ues, una sociedad
de la Federación de Rusia.
23.      El 28 de abril de 2022, el FNTT incluyó a Inter Rao
en una «Lista de personas físicas y jurídicas vinculadas a entidades sujetas a sanciones internacionales» (en lo sucesivo, «lista nacional» o «lista controvertida»). (9)
24.      En la lista nacional se indicaba que los bienes de Inter Rao se hallaban inmovilizados debido a sus vínculos con G.H., quien era objeto de medidas restrictivas en virtud del Reglamento n.º 269/2014.
25.      El 12 de mayo de 2022, Inter Rao presentó una solicitud al FNTT para que la suprimiese de la lista nacional y confirmase que no pesaban sanciones sobre ella.
26.      El 25 de mayo de 2022, el FNTT corrigió la lista controvertida,
suprimiendo la información relativa a los vínculos de Inter Rao con G.H. e indicando que esa compañía estaba vinculada al presidente de la Federación de Rusia, quien era objeto de medidas restrictivas en virtud de la Decisión (PESC) 2022/331. (10)
27.      El 27 de mayo de 2022, el FNTT adoptó una Decisión «sobre la aplicación del Reglamento [n.º 269/2014] a Inter Rao […]» (en lo sucesivo, «Decisión n.º 1»), en la que declaró que no existía fundamento legal para suprimir la información sobre Inter Rao publicada en su página web.
28.      En la Decisión n.º 1 se declara que:
–        El 51 % de las acciones de Inter Rao pertenecen a
Rao
Nordic, una sociedad finlandesa cuyas acciones son íntegramente propiedad de Inter Rao Ues, sociedad de la Federación de Rusia. Los accionistas de Inter Rao Ues son Rosneftgaz, que posee el 26,37 % de las acciones; Inter Rao Capital Group, que posee el 29,56 %; PJSC FGC UES, que posee el 8,57 %; el 34,24 % restante cotiza en la Bolsa de Moscú y está en manos de accionistas minoritarios.
–        Los accionistas principales de la sociedad rusa Inter Rao Ues son empresas indirectamente controladas por la Federación de Rusia, que es una república federal presidencialista, cuyo Jefe de Estado y presidente de la Federación de Rusia está sujeto a medidas restrictivas en virtud de la Decisión 2022/331.
29.      El 30 de mayo de 2022, Inter Rao presentó una nueva solicitud de supresión de la lista nacional, alegando que ninguno de los accionistas de Inter Rao Ues poseía una participación que le otorgase el control y que esos accionistas no eran objeto de sanciones.
30.      El 23 de junio de 2022, el FNTT adoptó una segunda Decisión «sobre la aplicación de la Decisión [2022/231] a Inter Rao […]» (en lo sucesivo, «Decisión n.º 2»). En ella, declaró que no existía fundamento legal para suprimir la información publicada en su página web.
31.      Reiterando las circunstancias expuestas en la Decisión n.º 1 respecto a la estructura accionarial de la recurrente, el FNTT señaló en la Decisión n.º 2 que tanto Rosneftgaz como Inter Rao Capital Group poseían más del 25 % de las acciones, por lo que conjuntamente debía considerarse que poseían el 50 % o más de las acciones, y que indirectamente eran propiedad de la Federación de Rusia, que ostentaba el derecho a tomar decisiones respecto a las empresas y beneficiarse de ellas.
32.      El 20 de julio de 2022, el FNTT aprobó la «Orden n.º V-174», en la que figura la lista de personas jurídicas u otros organismos sin personalidad jurídica que pertenecen a una entidad sujeta a sanciones o controlada por una entidad de este tipo. En el punto 1 de esta lista figura Inter Rao.
33.      Inter Rao recurrió ante el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunal regional de lo contencioso administrativo de Vilna, Lituania) interesando la nulidad de las Decisiones n.º 1 y n.º 2 del FNTT, así como su retirada de la lista controvertida.
34.      Desestimadas sus pretensiones en primera instancia, Inter Rao interpuso recurso ante el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo), que eleva al Tribunal de Justicia estas preguntas prejudiciales:
«1)      ¿Admiten el artículo 2 de la Decisión 2014/145 […] y el artículo 2 del Reglamento […] n.º 269/2014, en relación con el principio de buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; en lo sucesivo, “Carta”], una medida nacional con arreglo a la cual una persona que no está incluida en la lista del anexo I de la Decisión 2014/145 […] ni en la del anexo I del Reglamento […] n.º 269/2014 se incluye en la lista de personas cuyos bienes están inmovilizados, debido a los vínculos que mantiene con personas sujetas a sanciones, pudiendo solo presentarse objeciones contra tal medida nacional ante la autoridad competente después de la inclusión?
2)      Con arreglo al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, ¿satisface la exigencia de tutela judicial efectiva un control efectuado por un órgano jurisdiccional nacional sobre la legalidad de una decisión de inmovilizar los bienes de una persona en el contexto de la aplicación de medidas restrictivas de la Unión, que comprende el examen del cumplimiento de las normas de procedimiento y de la obligación de motivación, así como el examen de la veracidad de los hechos, de la existencia de errores manifiestos en su apreciación y de la posible comisión de abuso de poder?
3)      ¿Exigen las disposiciones del artículo 2 de la Decisión 2014/145 […] y del artículo 2 del Reglamento […] n.º 269/2014, en relación con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y con el artículo 47 de la Carta, que, al demostrar los vínculos de una persona con representantes de las autoridades políticas de la Federación de Rusia ante un órgano jurisdiccional nacional, se examinen las circunstancias relativas a la realidad y a la efectividad del control llevado a cabo por las autoridades políticas de la Federación de Rusia sobre las personas jurídicas que operan en dicho país, circunstancias que pueden no ser susceptibles de demostración mediante indicios objetivos y suficientemente fiables invocados en la causa y que pueden evidenciar que representantes relevantes de las autoridades políticas de la Federación de Rusia ejercen un control sobre la persona en virtud del poder ejecutivo que ostentan?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
35.      La petición de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 17 de febrero
de 2025.
36.      Han presentado observaciones escritas Inter Rao, Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras UAB, los Gobiernos italiano, letón, lituano y neerlandés, así como la Comisión Europea.
37.      El Tribunal de Justicia no ha considerado imprescindible la celebración de vista pública.
IV.    Análisis
38.      El tribunal de reenvío pregunta por el momento en el que debe permitirse que la persona impugne su inscripción en la lista nacional (primera pregunta prejudicial) y por el alcance de la revisión judicial de la medida de inscripción (preguntas prejudiciales segunda y tercera).
39.      Antes de acometer el examen de las tres preguntas prejudiciales, es oportuno destacar que el tribunal de reenvío se refiere al FNTT calificándolo de autoridad que ha impuesto las medidas restrictivas controvertidas. (11)
40.      En realidad, como ha recordado recientemente el abogado general Norkus, en derecho de la Unión, las «medidas restrictivas» se adoptan mediante decisiones del Consejo, «que definirán el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático», en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC) y en virtud del artículo 29 TUE. (12)
A.      Primera pregunta prejudicial
41.      El tribunal de reenvío quiere saber si las normas del derecho de la Unión (el artículo 2 de la Decisión 2014/145, el artículo 2 del Reglamento n.º 269/2014 y el artículo 41 de la Carta) consienten que una persona no incluida en las listas de la Unión, pero sí en la lista nacional, sólo tenga la posibilidad de presentar objeciones contra su inscripción en tal lista nacional después de haberse publicado.
42.      Los Gobiernos italiano y neerlandés, así como la Comisión,
consideran que la respuesta a la primera pregunta no debe atender únicamente al momento de la impugnación de la inscripción en la lista nacional, sino también, con carácter previo, a la licitud de
esa lista.
43.      Aunque el tribunal de reenvío no parece dudar de la licitud de la lista nacional (más bien, la da por supuesta, ciñéndose el debate sólo a la inscripción en ella de Inter Rao), considero que el Tribunal de Justicia no debería soslayar el análisis de esta premisa. De concluir que no existe base jurídica que dé cobertura a la existencia de la lista nacional, no habría lugar a pronunciarse sobre el momento de la eventual impugnación de su contenido, ni sobre el alcance de la revisión jurisdiccional de la medida de inscripción.
44.      Hecha esta precisión, se pueden abordar las dos vertientes de la primera pregunta prejudicial.
1.      Licitud de una lista nacional de fondos y recursos sujetos a inmovilización
45.      El Consejo, sobre la base del artículo 29 TUE, aprobó la Decisión
2014/145, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
46.      Como las decisiones adoptadas en el marco de la PESC no producen efecto directo en el ordenamiento
interno de los Estados miembros, no pueden crear por sí mismas obligaciones para personas físicas o jurídicas. En consecuencia, su aplicación hace preciso acordar, sobre la base del artículo 215 TFUE, actos de derecho derivado cuya finalidad sea «la interrupción o la reducción, total o parcial, de las relaciones económicas y financieras con uno o varios terceros países» (apartado 1) o «medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales» (apartado 2). (13)
47.      Esa es la razón por la que, en el asunto que nos ocupa, el Consejo, sobre la base del artículo 215 TFUE, aprobó, en la misma fecha de la Decisión
2014/145, el Reglamento n.º 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de las acciones a las que se refiere aquella Decisión. Reglamento que, de conformidad con el artículo 288 TFUE, párrafo segundo, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
48.      Así las cosas, y según ha sostenido el Gobierno neerlandés, es preciso distinguir entre:
–        La imposición de medidas restrictivas, que tiene lugar, a nivel de la Unión, mediante la designación de una persona o entidad en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014.
–        El posible establecimiento, a nivel nacional, de una lista que identifica las entidades controladas por una persona o entidad incluida en aquel anexo. (14)
49.      La obligación de congelar fondos y recursos económicos resulta directamente del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014 y se aplica a las personas o entidades que figuran
en su anexo I.
50.      La inclusión de Inter Rao en la lista controvertida no constituye la imposición de una sanción adicional por parte del FNTT.
Con mayor precisión, esa inclusión no produce un efecto equivalente a la inclusión en la lista del anexo I del Reglamento n.º 269/2014; es decir, no supone ampliar el círculo de las personas y entidades que son objeto de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión.
51.      Distinto es que, como han sostenido la Comisión y el Gobierno neerlandés, los Estados miembros puedan establecer listas en las que figuren las personas o entidades cuyos fondos se congelan debido a los vínculos de esas personas o entidades con las incluidas en el anexo I del Reglamento
n.º 269/2014.
52.      En este sentido, y así lo ha hecho notar la Comisión, confiar exclusivamente en actores privados la tarea de identificar y congelar los activos que pertenecen a una entidad incluida en la lista del anexo I del Reglamento n.º 269/2014 o están controlados por ella podría comprometer la aplicación eficaz de las sanciones, en particular cuando esos activos se ocultan en estructuras jurídicas complejas. (15)
53.      Coincido con el Gobierno neerlandés en que la elaboración de listas como la controvertida no es, en sí misma, contraria al derecho de la Unión, pues ni el Reglamento n.º 269/2014 ni ninguna otra disposición prohíben utilizarlas.
54.      No habría, por lo demás, motivo para proscribir listas como la controvertida, que pueden contribuir a la seguridad jurídica y a la eficacia de la aplicación del derecho de la Unión. Son instrumentos que aportan claridad a la propia entidad afectada y a los demás agentes del mercado: si las autoridades de control han determinado que deben congelarse determinados fondos o recursos económicos, es útil, para la eficacia de las medidas restrictivas, que los particulares puedan conocer esta valoración. (16)
55.      La utilidad de estas listas es particularmente acusada, pues, a diferencia de lo que sucede con la identificación de las personas, entidades y organismos cuyos fondos y recursos son directamente objeto de las medidas restrictivas impuestas por la Unión, la identificación de esos fondos y recursos económicos no siempre responde a parámetros identificativos precisos y concluyentes.
56.      En efecto, las personas, entidades y organismos afectados por las medidas restrictivas son, en principio, quienes aparecen identificados en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014.
En cambio, los fondos y recursos cuya inmovilización se ordena por la Unión no son únicamente aquéllos que sean propiedad de quienes figuran en el anexo I, sino también los que, de acuerdo con el artículo 2 de la Decisión
2014/145, les pertenezcan, estén en su poder o bajo su control. (17)
57.      Puesto que la identificación de los bienes sujetos a inmovilización puede ser particularmente complicada y laboriosa, nada impide que,
para facilitar la efectividad de las medidas restrictivas, los Estados miembros confíen a una autoridad nacional la función de identificarlos y hacerlos públicos en una lista como la controvertida.
58.      El valor de la lista nacional estriba en consignar la identificación de los bienes y recursos que, en aplicación de las medidas restrictivas acordadas por la Unión, deben ser inmovilizados.
2.      Momento de impugnación de la inscripción en una lista nacional
59.      Justamente porque la lista controvertida contiene la relación de fondos y recursos que no han sido inmovilizados, sino que deben serlo en aplicación del derecho de la Unión, es legítimo que las autoridades nacionales la adopten sin necesidad de oír previamente a los afectados.
60.      En aras de la eficacia de la inmovilización, la inscripción en la lista nacional «debe poder beneficiarse, por su propia naturaleza, del efecto sorpresa» que el Tribunal de Justicia considera necesario cuando se trata de la adopción de medidas restrictivas por órganos de la Unión. (18)
61.      La inscripción en la lista del anexo I del Reglamento n.º 269/2014 puede justificar determinadas modulaciones del principio de buena administración, según a continuación expondré. Lo mismo ocurre con la inscripción en una lista nacional, que incluye la relación de fondos y recursos objeto de inmovilización, para ejecutar la medida restrictiva impuesta por el derecho de la Unión.
62.      El artículo 41 de la Carta, invocado por el tribunal de remisión, «se dirige no a los Estados miembros, sino únicamente a las instituciones, órganos y organismos de la Unión». (19) Ahora bien, «el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta, refleja un principio general del derecho de la Unión que debe aplicarse a los Estados miembros cuando estos apliquen dicho derecho». (20)
63.      La inscripción en una lista elaborada por las autoridades nacionales para facilitar la ejecución de las medidas restrictivas acordadas por la Unión
ha de enjuiciarse, pues, a la luz de la jurisprudencia que interpreta el artículo 41 de la Carta.
64.      Esa jurisprudencia vincula el derecho a la buena administración a la obligación de que los órganos administrativos motiven sus decisiones (21) y al derecho de toda persona a que su caso sea tratado con imparcialidad y en un plazo razonable. (22)
65.      En particular, forma parte del derecho a la buena administración, a tenor del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, «el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente». La motivación de esa medida individual —si ha de ser fundada, objetiva e imparcial— no puede desconocer las razones esgrimidas en su defensa por parte de la persona a la que afecta. (23)
66.      Ahora bien, el Tribunal de Justicia ha declarado, en cuanto al procedimiento seguido para aprobar medidas individuales adoptadas en el marco de Reglamentos como el aquí aplicado, que:
–        «Por lo que se refiere a los derechos de defensa, y en particular al derecho a ser oído, tratándose de unas medidas restrictivas como las que impone el Reglamento controvertido, no cabe exigir a las autoridades comunitarias que comuniquen dichos motivos antes de la inclusión inicial de una persona o entidad en la lista». (24)
–        «Por razones relacionadas igualmente con el objetivo perseguido por el Reglamento controvertido y con la eficacia de las medidas que en él se establecen, las autoridades comunitarias tampoco estaban obligadas a proceder a una audiencia de los recurrentes antes de la inclusión inicial de sus nombres en la lista recogida en el anexo I de dicho Reglamento». (25)
67.      El Tribunal de Justicia ha precisado que debe cumplirse la obligación de comunicar los motivos de la inscripción, «ya sea al decidirse la inclusión en la lista o, al menos, con la máxima brevedad posible una vez adoptada dicha decisión, a fin de permitir que estos destinatarios ejerciten dentro de plazo su derecho de recurso». (26)
68.      De lo anterior se desprende que el artículo 41 de la Carta (y, a fortiori, el artículo 2 de la Decisión 2014/145 y el artículo 2 del Reglamento n.º 269/2014) no se oponen a una disposición o a una práctica nacional que sólo permite la presentación ex post de objeciones contra la inscripción en la lista controvertida.
69.      El tenor de la primera pregunta hace referencia a los motivos que justifican la inscripción. Sin embargo, siguiendo el parecer del Gobierno italiano, considero que esa cuestión está objetivamente ligada con la tercera pregunta prejudicial y debe ser tratada al analizar esta última. (27)
B.      Motivos justificativos de la inscripción en una lista nacional de fondos y recursos sujetos a inmovilización y alcance de su revisión jurisdiccional (preguntas prejudiciales tercera y segunda)
70.      La respuesta a ambas preguntas, que se puede dar conjuntamente, partirá de que el derecho de la Unión no se opone al establecimiento de una lista como la controvertida, ni es incompatible con la normativa o la práctica nacional que sólo permite oponerse a posteriori a la inscripción en esa lista.
71.      Sentadas esas premisas, procede examinar qué motivos pueden justificar la inscripción de una persona o entidad en la lista nacional y qué intensidad ha de tener la revisión judicial de tal
inscripción.
72.      Según el tribunal a quo, la inscripción objeto del litigio está motivada por la vinculación de Inter Rao con el presidente de la Federación de Rusia, quien está sujeto a sanciones internacionales en virtud de la Decisión
2022/331. (28)
73.      El tribunal de remisión:
–        Admite que, en el caso de autos, no existen pruebas directas que sustenten los vínculos concretos de Inter Rao con el presidente de la Federación de Rusia. (29)
–        Considera, no obstante, que «la naturaleza autocrática y oligárquica del régimen» que gobierna en la Federación de Rusia (hecho notorio que no precisa de mayor prueba) se traduce en un control real, aun informal, sobre las autoridades políticas y las empresas de dicho país, entre ellas las entidades que operan en sectores económica y políticamente relevantes, como el energético, del que se trata en el caso de autos. (30)
–        Afirma que, «en estas condiciones, se impone la conclusión de que el presidente de la Federación de Rusia, merced a sus poderes ilimitados de facto y con independencia del número de acciones que posean él u otras personas de su séquito vinculadas al Gobierno de la Federación de Rusia, tiene […] la capacidad de ejercer un control real y efectivo sobre las personas y empresas que operan en Rusia, persiguiendo objetivos políticos hostiles a la Unión Europea y a sus Estados miembros, al tiempo que obtiene beneficios económicos». (31)
74.      De conformidad con el artículo 2 de la Decisión
2014/145, la vinculación relevante para la identificación de los fondos y recursos sujetos a inmovilización es que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de «[…] personas físicas responsables de acciones o políticas que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania», y «de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se incluyan en la lista del anexo».
75.      En la medida en que, como ha alegado la Comisión, los accionistas directos o indirectos de Inter Rao no figuran en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014, ni parece que esta compañía pertenezca indirectamente al presidente de la Federación de Rusia, (32) se ha de determinar si Inter Rao está bajo el control de este último.
76.      A mi juicio, el mero hecho del carácter «autocrático y oligárquico» del régimen que gobierna la Federación de Rusia (por emplear los términos de la decisión de reenvío) no constituye una prueba suficiente para acreditar el control al que se refieren el artículo 2 del Reglamento n.º 269/2014 y el artículo 2 de la Decisión 2014/145.
77.      Si así fuera, las medidas restrictivas adoptadas por la Unión se habrían atenido a ese único dato para identificar los fondos y recursos sujetos a inmovilización, que serían los de todas las empresas que ejercen su actividad en el ámbito de la Federación de Rusia.
78.      El control de los fondos y recursos al que alude el artículo 2 del Reglamento n.º 269/2014 no puede ser meramente abstracto, sino efectivo y concreto, acreditado en términos suficientemente sólidos. La revisión jurisdiccional de la medida restrictiva que tenga como fundamento la existencia de ese control a cargo de una persona incluida en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014 no puede limitarse a «una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados». (33)
79.      En este asunto, un hecho relevante, al que alude el tribunal de remisión, es que el 51 % del capital social de Inter Rao pertenece a una empresa finlandesa de la que es propietaria, en su totalidad, una sociedad rusa. Esta última, según la Comisión, ostenta un monopolio sobre la exportación e importación de electricidad en Rusia, al tiempo que es una de las mayores empresas públicas rusas del sector energético en términos de capitalización bursátil y controla varias empresas energéticas en el exterior, entre ellas centrales térmicas e hidroeléctricas, operadores de redes y comercializadores de energía. (34)
80.      De este hecho (cuya verificación final corresponde al tribunal de reenvío) podría inferirse que, si la empresa pública rusa ostenta, a través de la sociedad finlandesa, más del 50 % del capital de Inter Rao, es lógico presumir que tenga una capacidad de influencia dominante sobre la propia Inter Rao. (35)
81.      Caso de corroborarse
la influencia dominante de una empresa pública rusa sobre Inter Rao, aún quedaría por verificar si el presidente de la Federación de Rusia está en condiciones de ejercer un control sobre la referida empresa dominante.
82.      En orden a la constatación de este extremo, la Comisión ha sugerido como elemento contextual relevante la circunstancia de que el presidente de la Federación de Rusia haya podido hacer uso de su facultad de controlar las empresas públicas en el sector energético. (36)
83.      Aun en ausencia de pruebas más específicas que indiquen que el presidente de la Federación de Rusia controla las sociedades que ejercen una influencia dominante en Inter Rao, la apreciación de esa circunstancia debe realizarla el tribunal de reenvío examinando los medios de prueba, no de forma aislada, sino en el contexto en el que se integran.
84.      Será suficiente para cumplir con la carga de la prueba la concurrencia de un «conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes»
de los que pueda inferirse que el presidente de la
Federación de Rusia está en condiciones de ejercer un control sobre las empresas energéticas de su país y, derivadamente, de aquellas en las que estas empresas públicas rusas ejercen una influencia relevante. (37)
85.      En definitiva, el derecho de la Unión permite que el juez nacional evalúe todas las circunstancias del caso, incluidas las de carácter general o contextual, y que se sirva de presunciones fundadas y rebatibles cuando la naturaleza del control sea informal o difícilmente documentable. Lo esencial es que la apreciación de la existencia de una influencia determinante sea razonable, coherente y susceptible de contradicción por los afectados.
86.      En lo que atañe, específicamente, al alcance de la revisión jurisdiccional de los motivos justificativos de la inscripción en una lista nacional de fondos y recursos sujetos a inmovilización, opino que es aplicable la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recaída sobre las medidas restrictivas dispuestas por las instituciones de la Unión.
87.      No comparto el parecer de Inter Rao (38) sobre la inadecuación de extrapolar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a la inmovilización de fondos y recursos acordada por las autoridades nacionales. Cuando esa inmovilización deriva, precisamente, del cumplimiento de normas del derecho de la Unión, no veo por qué habría que prescindir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación con su revisión jurisdiccional.
88.      En consecuencia, pueden servir de inspiración al tribunal de reenvío las consideraciones que el Tribunal de Justicia ha efectuado a este respecto, de las que son buena muestra las que contiene la sentencia de 1 de agosto de 2025, (39) en los siguientes términos:
–        «[A]l controlar la legalidad de los motivos en que se basa la decisión de incluir o mantener el nombre de una persona en una lista de personas sujetas a medidas restrictivas, la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la [Carta] exige, en particular, que el juez de la Unión se asegure de que dicha decisión, que constituye un acto de alcance individual para la persona afectada, disponga de unos fundamentos de hecho lo suficientemente sólidos. Ello implica comprobar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa la decisión, de tal modo que el control judicial no se vea limitado a la apreciación de la verosimilitud en abstracto de los motivos invocados, sino que recaiga sobre si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para sustentar esa decisión, han quedado acreditados». (40)
–        «Esa apreciación debe llevarse a cabo examinando los medios de prueba, no de forma aislada, sino en el contexto en el que se integran, de modo que el Consejo cumple la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto ante el juez de la Unión un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la persona sujeta a una medida de congelación de sus fondos y el régimen combatido […]. Además, es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra la persona afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos. Si bien no se exige que dicha autoridad presente ante el juez de la Unión todos los datos y pruebas inherentes a los motivos expuestos, es preciso, sin embargo, que los datos o pruebas presentados respalden los motivos invocados contra la persona afectada». (41)
89.      Son éstas exigencias inexcusables del contenido mínimo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta. En esa misma medida, no pueden dejar de observarse en los procedimientos judiciales que someten a escrutinio la legalidad de los actos nacionales de ejecución de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión, como las dispuestas en el Reglamento n.º 269/2014. (42)
90.      Reconozco, con todo, que esta respuesta pudiera no colmar las aspiraciones del tribunal de reenvío a obtener del Tribunal de Justicia indicaciones más precisas sobre los criterios que ha de emplear en su apreciación de la legalidad de las decisiones nacionales aquí controvertidas.
91.      El Tribunal de Justicia interpreta el derecho de la Unión, pero no lo aplica (aunque esta distinción no siempre tiene fronteras claras) en los asuntos que son objeto de una petición de decisión prejudicial relativa a la implantación de medidas nacionales de inmovilización de fondos y recursos como la aquí controvertida. Esta última función corresponde a los tribunales nacionales.
92.      Desde esta perspectiva, el Tribunal de Justicia no puede sustituir al de reenvío en su apreciación de las pruebas o indicios suficientes que acrediten si existen motivos
para inmovilizar los fondos y recursos de una compañía en concreto, a causa del control que sobre ella ejerzan las personas consignadas en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014.
93.      Bastará indicar, a estos efectos, que la revisión de la legalidad de las decisiones impugnadas ha de extenderse a los parámetros señalados por el tribunal de reenvío (43) y a cualquier otro que sea preciso para asegurar un escrutinio de plena jurisdicción sobre las decisiones nacionales.
V.      Conclusión
94.      A tenor de lo expuesto, propongo responder a las preguntas del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, Lituania) en estos términos:
«1)      El artículo 2 de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, modificada por la Decisión (PESC) 2022/660 del Consejo, de 21 de abril de 2022, y el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/658 del Consejo, de 21 de abril de 2022, en relación con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una medida nacional con arreglo a la cual una persona que no figura en la lista del anexo de la Decisión 2014/145 ni en la del anexo I del Reglamento n.º 269/2014 se incluye en la lista de personas cuyos bienes están inmovilizados en aplicación de estas últimas disposiciones, sin que la persona o entidad afectada pueda presentar objeciones ante la autoridad competente hasta después de su inscripción en la misma.
2)      El artículo 2 de la Decisión 2014/145 y el artículo 2 del Reglamento n.º 269/2014, en relación con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y con el artículo 47 de la Carta,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a que, a efectos de la demostración, ante el juez nacional, de la sujeción de una sociedad al control de las autoridades políticas de la Federación de Rusia, se tomen en consideración circunstancias relativas a la realidad y efectividad de un control informal ejercido por dichas autoridades políticas sobre quienes ejercen una influencia dominante sobre aquella sociedad, aun cuando tales circunstancias no puedan corroborarse mediante pruebas documentales directas, siempre que la conclusión se base en indicios objetivos y suficientemente sólidos y la interesada haya tenido oportunidad de rebatirla en un procedimiento judicial con todas las garantías».
1      Lengua original: español.
2      En lo sucesivo, «Inter Rao».
3      Decisión del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16), modificada por la Decisión (PESC) 2022/660 del Consejo, de 21 de abril de 2022 (DO 2022, L 120, p. 11).
4      Reglamento del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6; corrección de errores en DO 2014, L 121, p. 60), modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/658 del Consejo, de 21 de abril de 2022 (DO 2022, L 120, p. 1).
5      Ley lituana n.º IX-2160 relativa a la aplicación de las sanciones económicas y otras sanciones internacionales, de 22 de abril de 2004 (Žin., 2004, n.º 68-2369).
6      En lo sucesivo, «FNTT».
7      Ley de Lituania sobre sanciones internacionales.
8      Ley lituana n.º XIV-1020 por la que se modifica la Ley n.º IX-2160 sobre la aplicación de sanciones económicas y otras sanciones internacionales, de 19 de abril de 2022 (TAR, 2022, n.º 2022-8433).
9      La lista controvertida, así como todas las modificaciones relacionadas con ella, se publicaron en el sitio web del FNTT.
10      Decisión del Consejo, de 25 de febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 52, p. 1).
11      Así, por ejemplo, en el apartado 45 del auto de remisión.
12      Conclusiones del abogado general Norkus presentadas en el asunto Čiekuri-Shishki (C‑480/24, EU:C:2025:672), punto 27.
13      Loc. ult. cit.
14      Apartado
16 del escrito de observaciones del Gobierno neerlandés.
15      Apartado
20 de las observaciones escritas de la Comisión. En él se añade que, por esta razón, en algunos Estados miembros las autoridades públicas elaboran una lista de los activos que se encuentran bajo su jurisdicción.
16      Apartado
13 de las observaciones escritas del Gobierno neerlandés.
17      El artículo
2 del Reglamento n.º 269/2014 habla de propiedad, tenencia y control. A los perfiles de estas categorías jurídicas me he referido en las conclusiones del asunto T Trust (C‑483/23, EU:C:2025:559), puntos 67 y 109, explicando que la inclusión en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014 del término «control» de los fondos y recursos económicos complementa los criterios de la propiedad y la posesión de esos mismos bienes o recursos. Su inclusión obedece a la intención del legislador de la Unión de cerrar el círculo
de posibles situaciones y evitar así la elusión de las medidas restrictivas.
18      Sentencia de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión (C‑402/05 P y C‑415/05 P, EU:C:2008:461; en lo sucesivo, «sentencia Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión»), apartado 340: «tales medidas deben poder beneficiarse, por su propia naturaleza, del efecto sorpresa y […] aplicarse con efecto inmediato».
19      Por todas, sentencia de 24 de noviembre de 2020, Minister van Buitenlandse Zaken (C‑225/19 y C‑226/19, EU:C:2020:951), apartado 33.
20      Sentencia de 10 de febrero de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Plazo de prescripción) (C‑219/20, EU:C:2022:89), apartado 37.
21      Sentencia de 21 de diciembre de 2023, Infraestruturas de Portugal y Futrifer Indústrias Ferroviárias (C‑66/22, EU:C:2023:1016), apartado 87.
22      Sentencia de 8 de mayo de 2014, N. (C‑604/12, EU:C:2014:302), apartado 50.
23      Lo que comporta, como ha destacado la Comisión, el derecho de acceso al expediente, que ha sido interpretado por los tribunales de la Unión en el marco de procedimientos relativos a medidas restrictivas en términos que deben aplicar los tribunales nacionales mutatis mutandis cuando controlan las medidas de ejecución de sus propias autoridades (apartado 33 de las observaciones escritas de la Comisión).
24      Sentencia Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, apartado 338.
25      Sentencia Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, apartado 341.
26      Sentencia Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, apartado 336.
27      Apartados
24 y
25 de las observaciones escritas del Gobierno italiano.
28      Apartados
36 y
37 de la decisión de reenvío.
29      Apartado
72 de la decisión de reenvío.
30      Apartado 73 de la decisión de reenvío.
31      Apartado
73 de la decisión de reenvío.
32      Apartado
57 de las observaciones escritas de la Comisión.
33      Sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518), apartado 119.
34      Apartado
68 del escrito de observaciones de la Comisión.
35      Aun cuando carezcan de valor vinculante, son de utilidad los criterios recogidos en el documento del Consejo sobre las mejores prácticas de la Unión en la aplicación efectiva de medidas restrictivas (actualizado el 3 de julio de 2024; documento n.º 11623/24). En su punto
63, se lee que, si una entidad es propiedad, incluso de forma conjunta, en un 50 % o más de una persona jurídica o entidad incluida en la lista de la Unión, puede considerarse que pertenece a la persona designada en la lista.
36      En el apartado 69 de sus observaciones escritas, la Comisión se refiere a un decreto presidencial de 31 de marzo de 2022, relativo a un procedimiento especial que permite a los compradores extranjeros cumplir sus obligaciones con los proveedores rusos de gas natural, en cuya virtud el Presidente impuso a los compradores de «jurisdicciones hostiles» (incluidos los Estados miembros de la Unión) que efectúen todos sus pagos por el gas transportado por gasoducto en rublos, y no en la moneda extranjera indicada en el contrato.
37      En esta línea, por analogía, la doctrina asumida en la sentencia de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo (C‑605/13 P, EU:C:2015:248), apartados 50 y 51.
38      Apartado
54 de las observaciones escritas de Inter Rao. A su juicio, el procedimiento de ejecución de las sanciones de la Unión por las autoridades nacionales competentes presenta diferencias sustanciales respecto del procedimiento de adopción de las decisiones del Consejo, de modo que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las obligaciones que incumben a dicha institución no sería extrapolable al presente asunto.
39      Asunto Timchenko/Consejo (C‑702/23 P, EU:C:2025:605). En lo sucesivo, «sentencia Timchenko/Consejo».
40      Sentencia Timchenko/Consejo, apartado 38, con cita de jurisprudencia.
41      Sentencia Timchenko/Consejo, apartado 39, con cita de jurisprudencia.
42      El considerando sexto del Reglamento n.º 269/2014 precisa que éste debe aplicarse de conformidad con los derechos fundamentales y los principios reconocidos por la Carta, «y en particular [con] el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial».
43      «Cumplimiento de las normas de procedimiento y de la obligación de motivación, así como el examen de la veracidad de los hechos, de la existencia de errores manifiestos en su apreciación y de la posible comisión de abuso de poder».