62023TJ0350_EXT
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
de 19 de marzo de 2025 (
*1
)
«Responsabilidad extracontractual — Ayudas de Estado — Intervención de la Comisión en calidad de amicus curiae ante un órgano jurisdiccional nacional — Ilicitud de la actuación imputada a la institución de la Unión — Excepción de ilegalidad — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Artículo 29, apartado 2, del Reglamento (UE) 2015/1589 — Principios de separación de poderes, de independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales y del derecho a la tutela judicial efectiva, de imparcialidad y de neutralidad»
En el asunto T‑350/23,
Rems Kargins, con domicilio en Riga (Letonia), representado por el Sr. O. Behrends, abogado,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por los Sres. L. Flynn y B. Stromsky, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyada por
Consejo de la Unión Europea, representado por las Sras. A.‑L. Meyer y A. Jensen, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),
integrado por la Sra. A. Marcoulli, Presidenta, y la Sra. V. Tomljenović (Ponente) y el Sr. W. Valasidis, Jueces;
Secretario: Sr. P. Cullen, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 6 de noviembre de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia (
1
)
1
Mediante su recurso, basado en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo, el demandante, el Sr. Rems Kargins, solicita la reparación del daño que alega haber sufrido como consecuencia de la supuesta actuación ilícita de la Comisión Europea, debido a la intervención de esta en calidad de amicus curiae en el marco de un procedimiento entre el demandante y una tercera sociedad ante la Augstākā tiesa (Tribunal Supremo, Letonia).
[omissis]
Pretensiones de las partes
17
La parte demandante solicita al Tribunal General, en esencia, que:
–
Declare que la Comisión es responsable del daño que le ha causado como consecuencia de su injerencia en un procedimiento judicial nacional.
–
Condene a la Comisión a indemnizarla por ese daño, que asciende, como mínimo, a 15028841,93 euros, más los intereses al tipo anual del 12 %, desde el 23 de junio de 2016 hasta el pago íntegro.
–
Condene en costas a la Comisión.
18
La Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso por infundado.
–
Condene en costas al demandante.
19
El Consejo de la Unión Europea solicita, en esencia, que se desestime el recurso.
Fundamentos de Derecho
[omissis]
23
En el presente asunto, el demandante alega que la Comisión dio muestras de una actuación ilícita al presentar sus observaciones en calidad de amicus curiae ante la Augstākā tiesa (Tribunal Supremo).
[omissis]
Sobre la excepción de ilegalidad
26
El demandante solicita al Tribunal General que declare, con carácter incidental, que el artículo 29, apartado 2, del Reglamento 2015/1589 es inaplicable, puesto que carece de base jurídica, infringe varias disposiciones del Derecho de la Unión, a saber, los artículos 267 TFUE y 108 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y no ofrece garantías procesales suficientes.
27
La Comisión y el Consejo rebaten las alegaciones del demandante.
28
De conformidad con el artículo 29 del Reglamento 2015/1589:
«1.   Para la aplicación del artículo 107 [TFUE], apartado 1, y del artículo 108 [TFUE], los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que les remita la información que obre en su poder o les transmita sus dictámenes sobre cuestiones relativas a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales.
2.   Cuando la aplicación coherente del artículo 107 [TFUE], apartado 1, o del artículo 108 [TFUE] lo requiera, la Comisión, por propia iniciativa, podrá presentar observaciones por escrito a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros con competencias para aplicar las disposiciones sobre ayudas estatales. […]»
29
En primer lugar, por lo que respecta a la base jurídica del mecanismo previsto en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento 2015/1589, procede recordar que dicho Reglamento se adoptó sobre la base del artículo 109 TFUE. Esta última disposición establece que el Consejo podrá adoptar los reglamentos apropiados para la aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE. Por lo tanto, confiere al Consejo una amplia facultad, en la medida en que se refiere a «[todos] los reglamentos apropiados», siempre que estén relacionados con la aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE.
30
A este respecto, por un lado, cabe recordar que la Comisión desempeña una función central y exclusiva en el examen de la compatibilidad con el mercado interior de las medidas de ayuda. Por otro lado, los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la función de salvaguardar los derechos de los justiciables, en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 3, a la espera de una decisión definitiva de la Comisión, y, cuando se ha adoptado tal decisión definitiva, deben extraer las consecuencias del carácter obligatorio de dicha decisión, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión.
31
De este modo, tanto la Comisión, en su función central, como los órganos jurisdiccionales nacionales, en lo que respecta a la salvaguardia de los derechos de los justiciables, en virtud del artículo 108 TFUE, y a las consecuencias de las decisiones, en virtud de dicho artículo, están llamados, cada uno en su función, a aplicar los artículos 107 TFUE y 108 TFUE.
32
En estas circunstancias, procede señalar que, en el ejercicio de la amplia facultad que le confiere el artículo 109 TFUE, el Consejo podía considerar útil, para la aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, atribuir facultades a la Comisión a efectos, en particular, de la aplicación armonizada en la Unión y de la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales.
33
En efecto, en el considerando 37 del Reglamento 2015/1589 se indica que, para la aplicación coherente de las normas sobre ayudas estatales, deben instaurarse mecanismos de cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y la Comisión, que permitan a los órganos jurisdiccionales nacionales solicitar a la Comisión información o dictámenes sobre aspectos de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales y a la Comisión presentar observaciones escritas u orales ante dichos órganos jurisdiccionales, actuando de conformidad con su deber de defensa del interés público.
34
Además, el considerando 38 del Reglamento 2015/1589 precisa, para comenzar, que las observaciones de la Comisión deberán entenderse sin perjuicio del artículo 267 TFUE y que no vincularán jurídicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales. A continuación, se señala que las observaciones se presentarán de conformidad con las normas procesales nacionales, incluidas las destinadas a salvaguardar los derechos de las partes. Asimismo, se indica que las observaciones de la Comisión respetarán la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. Por último, por lo que respecta, más concretamente, a las observaciones presentadas por la Comisión por propia iniciativa, se precisa que se limitarán a los casos que sean importantes para la aplicación coherente de los artículos 107 TFUE, apartado 1, o 108 TFUE.
35
Por lo tanto, cabe señalar que el mecanismo de cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales previsto en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento 2015/1589 puede considerarse pertinente con vistas a la aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, en el sentido del artículo 109 TFUE.
36
En estas circunstancias, procede desestimar la alegación del demandante de que no existe fundamento alguno en el Derecho primario de la Unión para el mecanismo previsto en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento 2015/1589.
37
En segundo lugar, por lo que se refiere a la compatibilidad con el artículo 267 TFUE, cabe señalar que del artículo 29 del Reglamento 2015/1589 no se desprende que la intervención de la Comisión, ya sea a instancia de los órganos jurisdiccionales nacionales, ya sea por propia iniciativa, interfiera o prejuzgue la posibilidad o, según las circunstancias, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 267 TFUE.
38
En efecto, como se indica en el considerando 38 del Reglamento 2015/1589, las observaciones realizadas por la Comisión en calidad de amicus curiae deben entenderse sin perjuicio del artículo 267 TFUE. Así pues, el mecanismo previsto en el artículo 29 de dicho Reglamento se integra en el espíritu de cooperación leal, previsto en el artículo 4 TUE. Se trata de la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales soliciten a la Comisión que emita dictámenes y de que esta presente observaciones no vinculantes para dichos órganos jurisdiccionales. Es un apoyo del que disponen los órganos jurisdiccionales nacionales, en la medida en que lo consideren útil para la aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE.
39
En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que, si el órgano jurisdiccional nacional alberga dudas o encuentra dificultades por lo que respecta a la aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, siempre tiene la posibilidad de dirigirse a la Comisión para que esta le ayude, con arreglo al principio de cooperación leal (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2014, Mediaset, C‑69/13, EU:C:2014:71, apartado 30).
40
Asimismo, por lo que respecta a la facultad de la Comisión de presentar observaciones escritas, de oficio, a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, el Tribunal de Justicia ha considerado, en relación con el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), que establece, por lo que respecta a la aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, un mecanismo idéntico al previsto en el artículo 29, apartado 2, del Reglamento 2015/1589, que dicho mecanismo de cooperación se inscribe en el marco del principio general de cooperación leal, contemplado en el artículo 4 TUE, que reviste especial importancia cuando afecta a las autoridades judiciales de los Estados miembros encargadas de velar por la aplicación y el respeto del Derecho de la Unión en el ordenamiento jurídico nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, X, C‑429/07, EU:C:2009:359, apartado 21).
41
En cambio, la facultad o la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de plantear una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE tiene su fundamento en los principios de aplicación uniforme y de primacía del Derecho de la Unión. Así pues, esta disposición otorga a los órganos jurisdiccionales nacionales la facultad y, en su caso, les impone la obligación de efectuar la remisión prejudicial cuando el juez compruebe, sea de oficio, sea a instancia de las partes, que el fondo del litigio versa sobre una cuestión que debe resolverse y está comprendida en el ámbito de aplicación del párrafo primero de dicho artículo. De ello resulta que los órganos jurisdiccionales nacionales ostentan una amplísima facultad para someter la cuestión al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que versan sobre la interpretación o la apreciación de la validez de las disposiciones de Derecho de la Unión que precisan una decisión por su parte (véase la sentencia de 21 de julio de 2011, Kelly, C‑104/10, EU:C:2011:506, apartado 61 y jurisprudencia citada).
42
Por lo tanto, el mecanismo previsto en el artículo 267 TFUE y el previsto en el artículo 29 del Reglamento 2015/1589 constituyen mecanismos complementarios que no se excluyen mutuamente, en la medida en que es perfectamente posible que, tras recibir observaciones de la Comisión, con arreglo al artículo 29 del Reglamento 2015/1589, sobre una cuestión relativa a la aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, un órgano jurisdiccional nacional plantee a continuación una cuestión prejudicial sobre esa misma cuestión al Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 267 TFUE.
43
En efecto, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172), el Tribunal de Justicia se pronunció en el marco de un procedimiento prejudicial, en virtud del artículo 267 TFUE, mientras que, en el litigio principal ante el órgano jurisdiccional nacional en cuestión, la Comisión había presentado observaciones en calidad de amicus curiae (sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, apartado 37).
44
Asimismo, procede recordar que las observaciones de la Comisión en calidad de amicus curiae no son vinculantes para los órganos jurisdiccionales nacionales.
45
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales nacionales soliciten aclaraciones a la Comisión sobre la aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE se entiende sin perjuicio de la posibilidad o de la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de plantearle una cuestión prejudicial sobre la interpretación de dichas disposiciones en virtud del artículo 267 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 1996, SFEI y otros, C‑39/94, EU:C:1996:285, apartados 50 y 51).
46
De ello se deduce que, contrariamente a lo que sostiene el demandante, el mecanismo previsto en el artículo 29 del Reglamento 2015/1589 no es contrario al artículo 267 TFUE.
47
En tercer lugar, por lo que respecta a las alegaciones del recurrente según las cuales el mecanismo previsto en el artículo 29 del Reglamento 2015/1589 es incompatible con el artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, en la medida en que interfiere con la competencia del Tribunal de Justicia para examinar un eventual incumplimiento del Estado miembro de que se trate, procede realizar las siguientes consideraciones.
48
Con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, la Comisión puede recurrir directamente al Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento por incumplimiento, cuando un Estado miembro no cumple una decisión de la Comisión por la que se declara que una ayuda de Estado no es compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107 TFUE y debe suprimirse o modificarse.
49
En cambio, del artículo 108 TFUE no se desprende que la posibilidad de que la Comisión recurra directamente al Tribunal de Justicia se vea impedida por el hecho de que haya intervenido en calidad de amicus curiae en el marco de un procedimiento nacional con arreglo al artículo 29 del Reglamento 2015/1589. Además, de esta última disposición no se desprende que la facultad de intervenir en calidad de amicus curiae esté condicionada por la posibilidad de que la Comisión pueda recurrir o no al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo segundo. De ello se deriva que el mecanismo previsto en el artículo 29 del Reglamento 2015/1589 no afecta en absoluto al mecanismo de control de las ayudas de Estado por parte de la Comisión, previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2. Así pues, el hecho de que, en el marco de un litigio nacional, la Comisión intervenga, con carácter no jurisdiccional, presentando observaciones no vinculantes para los órganos jurisdiccionales nacionales, se entiende sin perjuicio del procedimiento que la Comisión puede iniciar con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, en el supuesto de que considere que una medida estatal es contraria al artículo 107 TFUE y debe suprimirse o modificarse.
50
Se trata, pues, de mecanismos distintos, complementarios y que no se excluyen mutuamente.
51
De ello se deduce que el mecanismo previsto en el artículo 29 del Reglamento 2015/1589 no es contrario al artículo 108 TFUE.
52
La alegación del demandante, que no está fundamentada en absoluto, según la cual el artículo 108 TFUE es, en sí mismo, ilegal, suponiendo que fuese admisible, carece de todo fundamento. En efecto, la prohibición de las ayudas de Estado, establecida en el artículo 107 TFUE, constituye la base misma del funcionamiento del mercado interior, cuya competencia no debe ser falseada por medidas estatales. Asimismo, la función de vigilancia conferida a la Comisión por el artículo 108 TFUE es un elemento fundamental del sistema de control de las ayudas de Estado establecido por los Tratados.
53
En cuarto lugar, por lo que respecta a las garantías procesales que regulan la aplicación del artículo 29, apartado 2, del Reglamento 2015/1589, del considerando 38 de dicho Reglamento se desprende que las observaciones de la Comisión se presentarán de conformidad con las normas procesales nacionales, incluidas las destinadas a salvaguardar los derechos de las partes, y respetarán la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales.
54
Por consiguiente, en el marco del procedimiento nacional en cuestión, son aplicables las garantías procesales previstas en el Derecho nacional, Derecho que se considera conforme con el artículo 19 TUE y con el artículo 47 de la Carta. Por lo tanto, ha de desestimarse la alegación del demandante según la cual el mecanismo previsto en el artículo 29 del Reglamento 2015/1589 no establece garantías procesales suficientes.
[omissis]
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
El Sr. Rems Kargins cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
3)
El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.
Marcoulli
Tomljenović
Valasidis
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de marzo de 2025.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
1
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.