62022TJ0494
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada)
de 11 de septiembre de 2024 (
*1
)
«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania — Inmovilización de fondos — Lista de personas, entidades u organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y recursos económicos — Inclusión y mantenimiento del nombre del demandante en la lista — Obligación de motivación — Error de apreciación — Concepto de “apoyo material o financiero al Gobierno de la Federación de Rusia” — Libertad de empresa — Derecho a la propiedad — Proporcionalidad»
En el asunto T‑494/22,
NKO AO National Settlement Depository (NSD), con domicilio social en Moscú (Rusia), representada por las Sras. N. Tuominen y M. Krestiyanova, el Sr. J.‑P. Fierens y la Sra. C. Gieskes, abogados,
parte demandante,
contra
Consejo
de la Unión Europea, representado por el Sr. M. Bishop, en calidad de agente, asistido por el Sr. B. Maingain, abogado,
parte demandada,
apoyado por
Comisión Europea, representada por los Sres. J.‑F. Brakeland, G. von Rintelen y L. Mantl y por la Sra. M. Carpus Carcea, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
El TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada),
integrado por el Sr. D. Spielmann, Presidente, y la Sra. M. Brkan (Ponente) y los Sres. I. Gâlea, T. Tóth y S. L. Kalėda, Jueces;
Secretaria: Sra. I. Kurme, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:
–
el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 12 de agosto de 2022;
–
los autos de 31 de marzo de 2023, NSD/Consejo (T‑494/22, no publicado, EU:T:2023:196), y de 31 de marzo de 2023, NSD/Consejo (T‑494/22, no publicado, EU:T:2023:197), por los que se desestiman las demandas de intervención del Sr. A. Lipatov y de Maritime Bank JSC;
–
el escrito de adaptación de la demanda presentado por la demandante en la Secretaría del Tribunal General el 25 de abril de 2023;
–
el escrito de adaptación de la demanda presentado por la demandante en la Secretaría del Tribunal General el 24 de noviembre de 2023;
celebrada la vista el 23 de enero de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, NKO AO National Settlement Depository (NSD), solicita la anulación, en primer lugar, de la Decisión (PESC) 2022/883 del Consejo, de 3 de junio de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 153, p. 92), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/878 del Consejo, de 3 de junio de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 153, p. 15) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos iniciales»); en segundo lugar, de la Decisión (PESC) 2023/572 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 134), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/571 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de marzo de 2023»), y, en tercer lugar, de la Decisión (PESC) 2023/1767 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 104), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1765 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 3) (en lo sucesivo, «actos de mantenimiento de septiembre de 2023»), en la medida en que todos estos actos (en lo sucesivo, «actos impugnados») incluyen y mantienen el nombre de la demandante en las listas anexas a ellos.
I. Antecedentes del litigio
2
La demandante, una sociedad de Derecho ruso que es depositaria autorizada, presta servicios de archivo y de custodia de valores como depositaria central, así como servicios financieros, en particular como entidad de crédito no bancaria titular de una licencia que le da derecho a prestar servicios de liquidación bancaria.
3
El presente asunto se inscribe en el contexto de las medidas restrictivas impuestas por la Unión respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
4
El 17 de marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó, sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión 2014/145/PESC, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16).
5
En esa misma fecha, el Consejo adoptó, sobre la base del artículo 215 TFUE, el Reglamento (UE) n.o 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6; corrección de errores en DO 2014, L 121, p. 60).
6
El 25 de febrero de 2022, a la vista de la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo adoptó, por un lado, la Decisión (PESC) 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 50, p. 1), y, por otro lado, el Reglamento (UE) 2022/330, por el que se modifica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 51, p. 1), con el fin, en particular, de modificar los criterios en virtud de los cuales las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos podían ser objeto de las medidas restrictivas en cuestión.
7
El artículo 2, apartados 1 y 2, de la Decisión 2014/145 así modificada (en lo sucesivo, ««Decisión 2014/145 modificada») establece:
«1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
[…]
f)
personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, o que se beneficien de dicho Gobierno […]
[…]
2.   No se pondrán fondos ni recursos económicos, directa ni indirectamente, a disposición ni en beneficio de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se incluyan en la lista del anexo.»
8
Las modalidades de esa inmovilización de fondos se determinan en los apartados siguientes del artículo 2 de la Decisión 2014/145 modificada.
9
El Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330 (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 269/2014 modificado»), impone la adopción de medidas de inmovilización de fondos y determina las modalidades de dicha inmovilización en términos sustancialmente idénticos a los de la Decisión 2014/145 modificada. En efecto, el artículo 3, apartado 1, letras a) a g), del referido Reglamento reproduce en esencia el artículo 2, apartado 1, letras a) a g), de la citada Decisión.
10
El 3 de junio de 2022, habida cuenta de que la Federación de Rusia prosiguió su guerra de agresión contra Ucrania, el Consejo adoptó los actos iniciales mediante los cuales incluyó el nombre de la demandante en las listas de personas, de entidades o de organismos sujetos a medidas restrictivas que figuran en el anexo de la Decisión 2014/145 modificada y en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014 modificado (en lo sucesivo, «listas controvertidas»).
11
Los motivos de la inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas son los siguientes:
«[La demandante] es una entidad financiera no bancaria rusa y el depositario central de valores de Rusia. Es el mayor depositario de valores de Rusia por valor de mercado de los valores de renta variable y de deuda de los que es depositario y el único que tiene acceso al sistema financiero internacional.
El Gobierno de la Federación de Rusia y el Banco Central de Rusia [la] consideran una entidad financiera rusa de importancia sistémica. Desempeña un papel esencial en el funcionamiento del sistema financiero ruso y en su conexión con el sistema financiero internacional, por lo que, directa e indirectamente, permite al Gobierno de la Federación de Rusia ejercer sus actividades, aplicar sus políticas y movilizar sus recursos.
[…] Es propiedad casi en su totalidad de [la Bolsa de Moscú], cuya misión es proporcionar un acceso completo a los mercados financieros rusos. A su vez, [la Bolsa de Moscú], por su papel y sus accionistas, está controlada en gran medida por el Gobierno ruso. Por tanto, [la demandante] es una entidad u organismo que apoya, material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.»
12
El Consejo publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 3 de junio de 2022 (DO 2022, C 219 I, p. 1) un anuncio a la atención de las personas, entidades y organismos sujetos a las medidas restrictivas establecidas en los actos iniciales. Dicho anuncio indicaba, en particular, que las personas afectadas podían presentar una solicitud al Consejo, junto con la documentación probatoria correspondiente, para que se reconsiderase la decisión de incluir sus nombres en las listas controvertidas.
13
Mediante escrito de 4 de agosto de 2022, la demandante solicitó al Consejo que motivase su inclusión en las listas controvertidas y aportase las pruebas que la justificaban.
14
El 10 de agosto de 2022, el Consejo transmitió a la demandante el expediente WK 7236/2022/EXT 1 (en lo sucesivo, «primer expediente probatorio»), en el que había basado su Decisión.
II. Hechos posteriores a la interposición del recurso
15
El 14 de septiembre de 2022, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/1530, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 239, p. 149), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1529, por el que se aplica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 239, p. 1). De la Decisión 2022/1530 derivó la aplicabilidad de la Decisión 2014/145 hasta el 15 de marzo de 2023, de modo que las medidas restrictivas individuales aplicables a la demandante quedaron prorrogadas y el nombre de esta se mantuvo en las listas controvertidas por los mismos motivos que se exponen en el apartado 11 anterior.
16
Mediante escrito de 22 de diciembre de 2022, el Consejo informó a la demandante de su intención de mantener las medidas restrictivas adoptadas en su contra, le transmitió el expediente WK 17708/2022 INIT (en lo sucesivo, «segundo expediente probatorio») y la instó a que presentara sus observaciones ante dicha institución a más tardar el 12 de enero de 2023.
17
El 13 de marzo de 2023, el Consejo adoptó los actos de mantenimiento de marzo de 2023. De la Decisión 2023/572 derivó la aplicabilidad de la Decisión 2014/145 hasta el 15 de septiembre de 2023, de modo que las medidas restrictivas individuales aplicables a la demandante quedaron prorrogadas y el nombre de esta se mantuvo en las listas controvertidas por los mismos motivos que se exponen en el apartado 11 anterior.
18
Mediante escrito de 14 de marzo de 2023, el Consejo informó a la demandante de su decisión de mantener su inclusión en las listas controvertidas y la instó a que presentara sus observaciones ante dicha institución a más tardar el 1 de junio de 2023.
19
Mediante escrito de 10 de julio de 2023, el Consejo informó a la demandante de su intención de mantener las medidas restrictivas adoptadas en su contra, le transmitió el expediente WK 7807/2023 REV2 (en lo sucesivo, «tercer expediente probatorio») y la instó a que presentara sus observaciones ante dicha institución a más tardar el 25 de julio de 2023.
20
El 13 de septiembre de 2023, el Consejo adoptó los actos de mantenimiento de septiembre de 2023. De la Decisión 2023/1767 derivó la aplicabilidad de la Decisión 2014/145 hasta el 15 de marzo de 2024, de modo que las medidas restrictivas individuales aplicables a la demandante quedaron prorrogadas y el nombre de esta se mantuvo en las listas controvertidas por los mismos motivos que se exponen en el apartado 11 anterior.
III. Pretensiones de las partes
21
La demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule los actos impugnados.
–
Condene en costas al Consejo.
22
El Consejo, apoyado por la Comisión Europea, solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso de anulación.
–
Condene en costas a la demandante.
IV. Fundamentos de Derecho
23
Antes de examinar la procedencia de los motivos invocados por la demandante, debe apreciarse la admisibilidad del recurso en la medida en que se refiere al Reglamento de Ejecución 2023/1765.
A.
Sobre la admisibilidad del recurso en la medida en que se refiere al Reglamento de Ejecución 2023/1765
24
En sus observaciones sobre el segundo escrito de adaptación de la demanda, la Comisión sostiene que dicho escrito es manifiestamente inadmisible al tener por objeto la anulación del Reglamento de Ejecución 2023/1765, en la medida en que este no cumple los requisitos establecidos en el artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. En opinión de la Comisión, el citado Reglamento de Ejecución no sustituye ni modifica los actos impugnados por lo que respecta a la demandante.
25
La demandante aduce que el segundo escrito de adaptación de la demanda es admisible, en la medida en que tiene por objeto, en lo que a ella concierne, la anulación del Reglamento de Ejecución 2023/1765.
26
A este respecto, procede recordar que el artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento dispone que, cuando el acto cuya anulación se ha solicitado sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto, el demandante podrá adaptar su demanda antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a fin de tener en cuenta esta novedad.
27
La apreciación de la admisibilidad del recurso interpuesto contra el Reglamento de Ejecución 2023/1765 debe efectuarse a la luz de la obligación del Consejo de proceder a una revisión periódica de la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014, de conformidad con el artículo 14, apartado 4, del mismo Reglamento. A este respecto, procede señalar que los reglamentos de ejecución adoptados a raíz de revisiones, incluido el Reglamento de Ejecución 2023/1765, solo mencionan las modificaciones y supresiones introducidas en las listas controvertidas a raíz de dicha revisión, de modo que, en virtud de tales reglamentos de ejecución, las inclusiones que no hayan sido modificadas o suprimidas se entenderán prorrogadas (véase, por analogía, la sentencia de 28 de abril de 2021, Sharif/Consejo, T‑540/19, no publicada, EU:T:2021:220, apartado 48).
28
Según la jurisprudencia, incluso en el caso de que la persona afectada no sea mencionada en un acto posterior que modifique la lista en la que incluyó su nombre y aunque ese acto posterior no modifique los motivos por los que se incluyó inicialmente el nombre de dicha persona, tal acto debe entenderse en el sentido de que constituye una manifestación de la voluntad del Consejo de mantener el nombre de la persona afectada en la referida lista, y, por consiguiente, de la inmovilización de sus fondos, dado que el Consejo tiene la obligación de proceder a un examen periódico de la lista (véase la sentencia de 8 de julio de 2020, Neda Industrial Group/Consejo, T‑490/18, no publicada, EU:T:2020:318, apartado 52 y jurisprudencia citada).
29
Por otra parte, de conformidad con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.o 269/2014, si se formulan alegaciones o se presentan nuevas pruebas sustantivas, el Consejo debe revisar su decisión de incluir a una persona en las listas controvertidas. En el presente asunto, mediante escrito de 15 de septiembre de 2023, el Consejo informó a la demandante de que, tras la solicitud presentada por esta el 25 de julio de 2023 para que se reconsiderase su inclusión en las listas controvertidas, había decidido mantener las medidas restrictivas adoptadas en su contra con arreglo a la Decisión 2023/1767 y el Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución 2023/1765. Por tanto, procede considerar que tanto la Decisión 2023/1767 como el Reglamento de Ejecución 2023/1765 resultan de la revisión de la situación de la demandante.
30
Por otra parte, si bien es cierto que los motivos de inclusión de la demandante en las listas controvertidas no fueron modificados en los actos de mantenimiento de septiembre de 2023, conviene precisar que estos se basan en pruebas adicionales presentadas por el Consejo en el tercer expediente probatorio.
31
Habida cuenta de lo anterior, cabe concluir que el presente recurso es admisible en cuanto tiene por objeto la anulación del Reglamento de Ejecución 2023/1765 en la medida en que afecta a la demandante.
B.
Sobre el fondo
32
En apoyo de su recurso, la demandante invoca cuatro motivos, basados, en primer lugar, en el incumplimiento de la obligación de motivación, en segundo lugar, en un error manifiesto de apreciación, en tercer lugar, en una vulneración desproporcionada de los derechos fundamentales y, en cuarto lugar, en el carácter insuficiente de las pruebas.
1. Sobre el primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
33
La demandante sostiene que la motivación de los actos impugnados no es conforme a las exigencias derivadas de la jurisprudencia relativa al artículo 296 TFUE. En su opinión, el Consejo se limitó a reformular el criterio de inclusión sobre cuya base su nombre había sido incluido en las listas controvertidas. Considera, además, que los actos impugnados no contienen elementos precisos y concretos, no indican el momento ni las circunstancias de la ayuda prestada al Gobierno ruso para permitirle ejercer sus actividades, aplicar sus políticas y movilizar sus recursos y no mencionan ninguna operación específica. Por añadidura, según la demandante, el motivo basado en que está controlada indirectamente por el Gobierno ruso es erróneo.
34
Por otra parte, la demandante reprocha al Consejo no haber expuesto las razones por las que las medidas restrictivas adoptadas en su contra comprendían la inmovilización de los activos de sus clientes.
35
El Consejo, apoyado por la Comisión, rechaza esta alegación.
36
Procede recordar que la obligación de motivar un acto lesivo, que constituye un corolario del principio del respeto del derecho de defensa, tiene la finalidad, por una parte, de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si el acto está bien fundado o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez ante el juez de la Unión y, por otra parte, de permitir a este el ejercicio de su control sobre la legalidad de dicho acto (sentencia de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, apartado 49).
37
La motivación exigida por el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y al contexto en el cual este se haya adoptado. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso y, en particular, del contenido de dicho acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por el referido acto puedan tener en recibir explicaciones. En particular, no se exige que la motivación especifique todas las razones de hecho y de Derecho pertinentes ni que responda minuciosamente a las apreciaciones formuladas por el interesado en su consulta antes de que se adopte dicho acto, pues para apreciar si la motivación es suficiente, deben tenerse en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. Por consiguiente, un acto lesivo está suficientemente motivado cuando tiene lugar en un contexto conocido por el interesado, permitiéndole comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (sentencia de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, apartados 53 y 54; véase asimismo la sentencia de 22 de abril de 2021, Consejo/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, apartado 48 y jurisprudencia citada).
38
De este modo, el grado de precisión de la motivación de un acto debe ser proporcionado a las posibilidades materiales y a las circunstancias técnicas o de plazo en las que debe dictarse (véase la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado 104 y jurisprudencia citada).
39
Además, la jurisprudencia ha especificado que la motivación de un acto del Consejo que impone una medida restrictiva no solamente debía identificar la base jurídica de dicha medida, sino también las razones específicas y concretas por las que el Consejo consideraba, en el ejercicio de su facultad discrecional de apreciación, que el interesado tenía que ser objeto de tal medida (véase la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado 105 y jurisprudencia citada).
40
En el presente asunto, tanto los actos iniciales como los actos de mantenimiento de marzo de 2023 y de septiembre de 2023 precisan el contexto, en sus considerandos respectivos, y los fundamentos jurídicos sobre cuya base fueron adoptados. En particular, de los preámbulos de los actos impugnados se desprende que la gravedad de la situación en Ucrania y las continuas acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de dicho país justifican la inclusión de las personas indicadas en las listas controvertidas y su mantenimiento en estas listas.
41
Además, la exposición de las circunstancias fácticas, evocada en el apartado 11 anterior, constituye una motivación suficientemente clara y precisa para permitir a la demandante comprender las razones por las que su nombre fue incluido y mantenido posteriormente en las listas controvertidas y al Tribunal General ejercer su control. Contrariamente a lo que alega la demandante, de los actos impugnados se desprende que estos no se limitan a reformular el criterio de inclusión previsto en el artículo 2, apartado 1, letra f), de la Decisión 2014/145 modificada. Más concretamente, los motivos de inclusión precisan que la demandante es el principal depositario de valores de Rusia, que tiene acceso al sistema financiero internacional y que está reconocida como una entidad financiera de importancia sistémica que desempeña un papel esencial en el funcionamiento del sistema financiero ruso, de modo que, directa e indirectamente, permite al Gobierno ruso ejercer sus actividades, aplicar sus políticas y movilizar sus recursos. Por otra parte, los motivos de inclusión mencionan también el hecho de que la demandante está controlada por el Gobierno ruso.
42
Por otra parte, dado que no se exige que la motivación especifique todas las razones de hecho y de Derecho pertinentes ni que responda minuciosamente a las apreciaciones formuladas por el interesado en su consulta antes de que se adopte el acto, no puede prosperar la alegación según la cual los actos impugnados no especifican el momento ni las circunstancias de la ayuda prestada al Gobierno y no mencionan ninguna operación específica.
43
En lo que atañe a la alegación basada en que la exposición de los motivos de inclusión es errónea en la medida en que se indica que la demandante está controlada indirectamente por el Gobierno ruso, procede recordar que la obligación de motivación de un acto constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues esta corresponde a la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. En efecto, la motivación de un acto consiste en expresar formalmente los fundamentos en los que se basa ese acto. Si estos fundamentos incurren en errores, estos vician la legalidad del acto en el fondo, pero no su motivación, que puede ser suficiente aunque exprese una fundamentación equivocada (sentencias de 5 de noviembre de 2014, Mayaleh/Consejo, T‑307/12 y T‑408/13, EU:T:2014:926, apartado 96, y de 22 de junio de 2022, Haswani/Consejo, T‑479/21, no publicada, EU:T:2022:383, apartado 57). De ello se deduce que la alegación de la demandante debe desestimarse.
44
En cuanto a la alegación de la demandante basada en que el Consejo no expuso las razones por las que las medidas restrictivas en cuestión implicaban la inmovilización de los activos de sus clientes y en que dicha institución debió haber identificado a todos los que, entre esos clientes, se vieran afectados por tales medidas y haber comprobado si cada uno de ellos cumplía individualmente los requisitos establecidos en los criterios de inclusión, procede señalar que, como afirma el Consejo, la obligación de motivación no exige exponer todas las consecuencias que la adopción del acto impugnado acarrea para otras personas ni obliga al Consejo a identificar a todas las personas que puedan verse afectadas indirectamente por las medidas restrictivas dirigidas contra la demandante.
45
En consecuencia, debe desestimarse el primer motivo.
2. Sobre los motivos segundo y cuarto, basados en un error manifiesto de apreciación y en el carácter insuficiente de las pruebas
46
Es preciso señalar que la argumentación en apoyo del cuarto motivo se limita, en esencia, a alegar que los motivos de inclusión no están respaldados por pruebas suficientes. Dado que el examen del error de apreciación implica la comprobación del carácter suficiente de la base fáctica del Consejo, procede examinar el cuarto motivo conjuntamente con el segundo, basado en la existencia de un error manifiesto de apreciación.
47
El segundo motivo se divide en tres partes, basadas, la primera, en un error manifiesto de apreciación en la medida en que se declara que la demandante es una entidad importante para el sistema financiero ruso que permite al Gobierno ruso ejercer sus actividades, aplicar sus políticas y movilizar sus recursos; la segunda, en un error manifiesto de apreciación en la medida en que se declara que la demandante está controlada por dicho Gobierno y, la tercera, en un error manifiesto de apreciación en la medida en que el Consejo no ha demostrado la existencia de un vínculo suficiente entre la demandante y el Gobierno ruso.
a) Consideraciones preliminares
48
En primer lugar, cabe señalar que el segundo motivo invocado por la demandante debe considerarse basado en la existencia de un error de apreciación y no de un error manifiesto de apreciación. En efecto, si bien es cierto que el Consejo dispone de cierta facultad de apreciación para determinar en cada caso si se cumplen los criterios jurídicos en los que se basan las medidas restrictivas de que se trata, no es menos cierto que los tribunales de la Unión deben garantizar un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos de la Unión (véase la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 121 y jurisprudencia citada).
49
La efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») exige, en particular, que el juez de la Unión se asegure de que la decisión mediante la que se adoptan o mantienen medidas restrictivas, que constituye un acto de alcance individual para la persona o entidad afectada, dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa dicha decisión, de modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que examine la cuestión de si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar tal decisión, están o no respaldados por hechos (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 119, y de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 62).
50
Tal apreciación ha de efectuarse examinando los elementos de prueba y de información no de forma aislada, sino atendiendo al contexto en el que se insertan. En efecto, el Consejo cumple la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto ante el juez de la Unión un conjunto de indicios suficientemente precisos, concretos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la entidad sometida a una medida de inmovilización de sus fondos y el régimen o, en general, las situaciones que se pretende combatir (véanse las sentencias de 20 de julio de 2017, Badica y Kardiam/Consejo, T‑619/15, EU:T:2017:532, apartado 99 y jurisprudencia citada, y de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartados 63 y 66).
51
Es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra la persona afectada son fundados y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos. No se exige para ello que la referida autoridad presente ante el juez de la Unión todos los datos y pruebas inherentes a los motivos expuestos en el acto cuya anulación se solicita. Es preciso que los datos o pruebas presentados respalden los motivos invocados contra la persona o la entidad afectada (sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 121 y 122, y de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Fulmen y Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, apartados 66 y 67; véase asimismo la sentencia de 1 de junio de 2022, Prigozhin/Consejo, T‑723/20, no publicada, EU:T:2022:317, apartado 73 y jurisprudencia citada).
52
En esta situación, incumbe al juez de la Unión verificar la exactitud material de los hechos alegados a la vista de tales datos o pruebas y evaluar la fuerza probatoria de estos últimos en función de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta las eventuales observaciones presentadas sobre los mismos por la persona o entidad afectada (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 124).
53
En lo que atañe, más concretamente, al control de legalidad ejercido sobre los actos de mantenimiento del nombre de la persona afectada en las listas controvertidas, es preciso recordar que las medidas restrictivas tienen carácter cautelar y, por definición, provisional y que su validez se supedita siempre a que se mantengan las circunstancias de hecho y de Derecho que dieron lugar a su adopción, así como a la necesidad de su mantenimiento para la consecución del objetivo al que se asocian. De este modo, corresponde al Consejo, al reconsiderar periódicamente esas medidas, llevar a cabo una apreciación actualizada de la situación y hacer un balance de los efectos de esas medidas, con miras a determinar si han permitido alcanzar los objetivos perseguidos con la inclusión inicial de los nombres de las personas y entidades afectadas en las listas controvertidas o si todavía es posible llegar a la misma conclusión en relación con esas personas y entidades (véanse las sentencias de 27 de abril de 2022, Ilunga Luyoyo/Consejo, T‑108/21, EU:T:2022:253, apartado 55 y jurisprudencia citada, y de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 67).
54
De lo anterior resulta que, para justificar el mantenimiento del nombre de una persona en las listas de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, no se prohíbe al Consejo basarse en los mismos elementos de prueba que justificaron la inclusión inicial, la nueva inclusión o el mantenimiento anterior del nombre de dicha persona en tales listas, siempre que, por un lado, los motivos de inclusión no hayan cambiado y, por otro, el contexto no haya evolucionado de tal manera que esos elementos de prueba hayan quedado obsoletos (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de septiembre de 2020, Kaddour/Consejo, T‑510/18, EU:T:2020:436, apartado 99). A este respecto, la evolución del contexto incluye la toma en consideración, por una parte, de la situación del país con respecto al cual se ha establecido el sistema de medidas restrictivas y de la situación particular de la persona afectada (sentencia de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 78; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 23 de septiembre de 2020, Kaddour/Consejo, T‑510/18, EU:T:2020:436, apartado 101), así como, por otra parte, el conjunto de circunstancias pertinentes y, en particular, el cumplimiento de los objetivos contemplados por las medidas restrictivas (sentencia de 27 de abril de 2022, Ilunga Luyoyo/Consejo, T‑108/21, EU:T:2022:253, apartado 56; véase asimismo, en este sentido y por analogía, la sentencia de 12 de febrero de 2020, Amisi Kumba/Consejo, T‑163/18, EU:T:2020:57, apartados 82 a 84 y jurisprudencia citada).
55
En segundo lugar, procede señalar que el nombre de la demandante fue incluido en las listas controvertidas sobre la base del criterio establecido en el artículo 2, apartado 1, letra f), de la Decisión 2014/145 modificada, que se refiere, en particular, a las personas jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia (en lo sucesivo, «criterio del apoyo material o financiero al Gobierno»).
56
La finalidad perseguida por las medidas restrictivas es ejercer la máxima presión sobre las autoridades rusas para que pongan fin a sus acciones y políticas que desestabilizan Ucrania y a la agresión militar contra este país (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado163 y jurisprudencia citada), en particular al aumentar el coste de las acciones de la Federación de Rusia para menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Rosneft y otros/Consejo, T‑715/14, no publicada, EU:T:2018:544, apartado 157)
57
Conviene precisar que el criterio del apoyo material o financiero al Gobierno no exige que las personas o entidades afectadas presten un apoyo que esté directa o indirectamente vinculado a la anexión de Crimea o la desestabilización de Ucrania. En efecto, el apoyo material o financiero a efectos de este criterio debe entenderse como cualquier apoyo que pueda, por su importancia cuantitativa o cualitativa, proporcionar a dicho Gobierno recursos o equipamiento de orden material o financiero que le permitan llevar a cabo sus acciones de desestabilización de Ucrania (véase, por analogía, la sentencia de 7 de abril de 2016, Central Bank of Iran/Consejo, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, apartado 44).
58
Procede comprobar a la luz de estos principios si el Consejo cometió un error de apreciación al decidir incluir y, después, mantener el nombre de la demandante en las listas controvertidas sobre la base del criterio del apoyo material o financiero al Gobierno.
b) Sobre los elementos que figuran en los expedientes probatorios del Consejo
59
En el presente asunto, para justificar la inclusión y el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas, el Consejo aportó tres expedientes probatorios.
60
Para justificar la inclusión inicial de la demandante en las listas controvertidas, el Consejo aportó el primer expediente probatorio que contenía información de acceso público, a saber, enlaces a sitios web, capturas de pantalla y artículos de noticias. Dicho expediente incluía, en particular, los elementos siguientes:
–
la captura de pantalla de una página de presentación de la demandante que figuraba en su sitio web, consultado el 29 de abril de 2022 (documento n.o 1);
–
la captura de pantalla de otra página de presentación de la demandante que figuraba en su sitio web, consultado el 12 de mayo de 2022 (documento n.o 2);
–
el extracto de una nota técnica titulada «Programa de evaluación del sector financiero de la Federación de Rusia, infraestructura financiera», publicada en julio de 2016, disponible en el sitio web «worldbank.org», consultado el 12 de mayo de 2022 (documento n.o 7);
–
el extracto de un informe sobre los resultados financieros de la demandante en el segundo trimestre de 2021, publicado el 2 de septiembre de 2021 en el sitio web de la Asociación de Depositarios Centrales de Valores Eurasianos, consultado el 12 de mayo de 2022 (documento n.o 8);
–
un comunicado titulado «Rusia pagó cupones de siete emisiones de bonos OFZ — Ministerio de Hacienda», publicado el 31 de marzo de 2022 en el sitio web de información «reuters.com», consultado el 2 de mayo de 2022 (documento n.o 11).
61
Para justificar el mantenimiento de la inclusión de la demandante en las listas controvertidas en virtud de los actos de mantenimiento de marzo de 2023, el Consejo también se basó en las pruebas aportadas en el segundo expediente probatorio, que contenía información de acceso público, a saber, enlaces a sitios web, capturas de pantalla y artículos de noticias. Dicho expediente incluía, en particular, los elementos siguientes:
–
el extracto del informe anual de la Bolsa de Moscú (en lo sucesivo, «MOEX») correspondiente al año 2021, publicado el 4 de marzo de 2022, disponible en el sitio web de dicha empresa, consultado el 22 de noviembre de 2022 (documento n.o 2);
–
un comunicado de prensa relativo a la calificación financiera de la demandante, publicado en su sitio web el 15 de noviembre de 2022, consultado el 22 de noviembre de 2022 (documento n.o 3);
–
un comunicado titulado «El Ministerio de Hacienda transfirió 4900 millones de rublos a NSD para pagar el cupón de los eurobonos Rusia 2042», publicada el 5 de octubre de 2022 en el sitio web informativo «interfax.ru», consultado el 25 de noviembre de 2022 (documento n.o 5);
–
un artículo titulado «El Ministerio de Hacienda pagó cupones en rublos por dos emisiones de eurobonos», publicado el 16 de septiembre de 2022 en el sitio web informativo «ria.ru», consultado el 17 de noviembre de 2022 (documento n.o 8);
–
un artículo titulado «El Ministerio de Hacienda pagó en rublos el cupón de eurobonos con vencimiento en 2035», publicado el 29 de septiembre de 2022 en el sitio web informativo «ria.ru», consultado el 17 de noviembre de 2022 (documento n.o 9);
–
la captura de pantalla de una publicación que figura en la página oficial del ministro de Hacienda ruso en relación con el éxito del pago de cupones de eurobonos, consultado el 25 de noviembre de 2022 (documento n.o 10).
62
En el presente asunto, dado que los motivos de inclusión y de mantenimiento de la demandante en las listas controvertidas permanecieron inalterados, no procede distinguir entre, por un lado, los actos iniciales y, por el otro, los actos de mantenimiento de marzo de 2023 y de septiembre de 2023, puesto que la comprobación de la información contenida en la exposición de motivos y en las pruebas, que figuran en los expedientes probatorios, se refiere, en esencia, a las mismas circunstancias de hecho.
c) Sobre las pruebas adjuntas a los escritos del Consejo
63
En la vista, la demandante alegó que debía declararse la inadmisibilidad de las pruebas aportadas por el Consejo, adjuntas al escrito de contestación y a la dúplica.
64
En primer lugar, en lo atinente a las pruebas adjuntas al escrito de dúplica, la demandante sostiene que fueron presentadas extemporáneamente, infringiendo el artículo 85, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.
65
A este respecto, procede recordar que el artículo 85, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento dispone que las pruebas y la proposición de prueba se presentarán en el primer turno de escritos de alegaciones. El apartado 2 de dicho artículo añade que, en la réplica y en la dúplica, las partes principales podrán aún aportar pruebas o proponer pruebas en apoyo de sus alegaciones, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen.
66
Por otra parte, el artículo 85, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento debe interpretarse a la luz del artículo 92, apartado 7, de dicho Reglamento, que prevé expresamente que podrán presentarse pruebas en contrario y podrá ampliarse la proposición de prueba. Por consiguiente, como se desprende de reiterada jurisprudencia, la norma de caducidad prevista en el artículo 85, apartado 2, del citado Reglamento no afecta a la prueba en contrario ni a la ampliación de la proposición de prueba presentadas a raíz de una prueba en contrario aportada por la parte adversa (sentencias de 18 de septiembre de 2017, Uganda Commercial Impex/Consejo, T‑107/15 y T‑347/15, no publicada, EU:T:2017:628, apartado 72, y de 13 de septiembre de 2023, ITD y Danske Fragtmænd/Comisión, T‑525/20, EU:T:2023:542, apartado 78).
67
En el presente asunto, del escrito de dúplica resulta que los anexos D.1 a D.6 de dicho escrito constituyen pruebas relativas a la importancia de los depositarios centrales de valores (en lo sucesivo, «DCV») y de la demandante para el correcto funcionamiento del sistema financiero. Procede señalar que el Consejo presentó estas pruebas al objeto de responder a las alegaciones formuladas por la demandante en la réplica para rebatir la fiabilidad de los elementos aportados en el escrito de contestación.
68
El anexo D.7 del escrito de dúplica, relativo a los sistemas de pago de importancia sistémica, fue presentado por el Consejo para responder a la alegación del escrito de réplica mediante la cual la demandante niega haber favorecido al Gobierno ruso en su condición de operador de un sistema de pago de importancia sistémica.
69
Los anexos D.8 y D.9 del escrito de dúplica, relativos al Banco Central de la Federación de Rusia, pretenden responder a las alegaciones del escrito de réplica según las cuales dicha entidad financiera es independiente de las autoridades federales rusas. El anexo D.10 del escrito de dúplica, relativo al banco ruso Sberbank, se aportó para responder a la alegación del escrito de réplica en la que se afirmaba que esa entidad financiera es independiente del Gobierno ruso. Los anexos D.11 y D.12 del escrito de dúplica, que se refieren a VEB.RF, tienen por objeto responder a la alegación del escrito de réplica mediante la cual se sostiene que esta entidad financiera gestiona sus activos de manera independiente.
70
Por tanto, procede considerar que los anexos del escrito de dúplica, en la medida en que pretenden refutar las alegaciones o las pruebas presentadas por la demandante en el escrito de réplica, constituyen una prueba en contrario en el sentido del artículo 92, apartado 7, del Reglamento de Procedimiento.
71
En consecuencia, los anexos del escrito de dúplica son admisibles.
72
En segundo lugar, la demandante aduce que el Tribunal General no puede tener en cuenta las pruebas adjuntas a los escritos de contestación y de dúplica porque estas no figuraban en el primer expediente probatorio.
73
Según reiterada jurisprudencia, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto (sentencias de 3 de septiembre de 2015, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, apartado 22, y de 8 de marzo de 2023, Prigozhina/Consejo, T‑212/22, no publicada, EU:T:2023:104, apartado 80).
74
Asimismo, es preciso recordar que el control de la legalidad en cuanto al fondo que incumbe al Tribunal General debe efectuarse, en el contexto, en particular, de un litigio relativo a las medidas restrictivas, a la luz no solo de los elementos que figuran en las exposiciones de motivos de los actos controvertidos, sino también de aquellos que, en caso de impugnación, el Consejo facilite al citado Tribunal para demostrar que los hechos alegados en dichas exposiciones de motivos son fundados (sentencia de 22 de abril de 2021, Consejo/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, apartado 64).
75
Es cierto que, como señala la demandante, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 1 de junio de 2022, Prigozhin/Consejo (T‑723/20, no publicada, EU:T:2022:317), el Tribunal General declaró que el Consejo debía disponer, en el momento de adopción de los actos controvertidos, de los elementos necesarios para demostrar que los hechos alegados en la exposición de motivos son fundados (apartado 52 de dicha sentencia). Sin embargo, con esa declaración, el Tribunal General no pretendió excluir toda posibilidad de tener en cuenta, al efectuar el control de legalidad de los actos impugnados, pruebas complementarias no incluidas en el expediente probatorio, aportadas para confirmar el fundamento de los hechos alegados en los motivos de inclusión, dado que, por un lado, tales pruebas corroboran elementos de los que disponía el Consejo y, por el otro, se refieren a hechos anteriores a la adopción de los actos impugnados en cuestión.
76
En el presente asunto, en lo que concierne a los anexos B.1 a B.6 del escrito de contestación, a saber, los elementos de carácter biográfico relativos a determinados miembros del Consejo de Administración de MOEX, debe hacerse constar que varios se refieren a personalidades que no eran miembros del Consejo de Administración en ejercicio en el momento de adopción de los actos iniciales. Por consiguiente, las pruebas aportadas en los anexos B.1 a B.6 del escrito de contestación no pueden tenerse en cuenta para comprobar si los actos iniciales son fundados.
77
En cuanto a los anexos del escrito de dúplica, como se deduce de los apartados 67 a 69 anteriores, el Consejo no los aportó para acreditar que los hechos alegados en los motivos de inclusión son fundados, sino para responder a las alegaciones formuladas por la demandante en su escrito de réplica. Dado que no se trata de pruebas aportadas en apoyo del fundamento de los hechos expuestos en los motivos de inclusión, los principios enunciados en los apartados 73 a 75 anteriores no son aplicables. Así pues, en el presente asunto, el Tribunal General puede tener en cuenta las pruebas presentadas en la fase de dúplica para examinar si las alegaciones de la demandante son fundadas.
d) Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en que la demandante no permite al Gobierno movilizar sus recursos
78
La demandante alega que la afirmación de que es el único depositario de valores en Rusia que tiene acceso al sistema financiero internacional es errónea, en la medida en que otros depositarios en Rusia poseen cuentas de valores en DCV internacionales.
79
La demandante señala que, como DCV en el sentido del Derecho ruso, es parte de la cadena internacional de operaciones con valores y ejerce actividades de operación, custodia, liquidación y pagos de determinados valores. Sostiene que la mayor parte de sus actividades como DCV están destinadas a los operadores privados del mercado y no al Gobierno ruso. Por lo que se refiere a los bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda ruso, alega que es solo es una de las muchas entidades financieras que participan en las emisiones de dichos bonos. Además, la demandante precisa que, como DCV, actúa únicamente por cuenta y orden de clientes y que no coloca sus propios activos en sus cuentas abiertas en DCV extranjeros, de los que únicamente es titular como fiduciaria por cuenta de sus clientes. Asimismo, la demandante aduce que, como DCV, sus relaciones con entidades vinculadas al Gobierno ruso son relaciones comerciales de plena competencia que no se distinguen de las que mantiene con sus otros clientes de los sectores público y privado. Por tanto, rechaza que tales relaciones con entidades vinculadas al Gobierno ruso puedan considerarse un apoyo material o financiero al referido Gobierno. A mayor abundamiento, en sus observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención de la Comisión, la demandante afirma que el Ministerio de Hacienda ruso puede emitir bonos sin recurrir a sus servicios.
80
Por otra parte, la demandante niega la importancia del sistema de pago que opera y, en cualquier caso, considera que el Consejo no ha demostrado que el hecho de operar un sistema de pago de importancia nacional y sistémica implique permitir al Gobierno ruso ejercer sus actividades, aplicar sus políticas y movilizar sus recursos. A este respecto, la demandante arguye que, en su condición de operador de un sistema de pago, las relaciones con las entidades vinculadas al Gobierno ruso se desarrollan en condiciones de plena competencia, de modo que la prestación de servicios realizada en tal condición no constituye un apoyo material o financiero a dicho Gobierno. Por añadidura, la demandante subraya que no se ha alcanzado el objetivo relativo al menoscabo del funcionamiento de la economía rusa, en la medida en que existen muchos otros sistemas de pago importantes que pueden desempeñar las mismas funciones.
81
El Consejo, apoyado por la Comisión, rechaza esta alegación.
82
En primer lugar, es preciso comprobar si el Consejo cometió un error de apreciación al considerar que la demandante era una entidad financiera de importancia sistémica que desempeñaba un papel esencial en el funcionamiento del sistema financiero ruso.
83
A este respecto, según el documento n.o 1 del primer expediente probatorio, la demandante se define como «un elemento esencial de la infraestructura financiera rusa». Del documento n.o 2 de ese mismo expediente se desprende que el Banco Central de la Federación de Rusia considera que la demandante constituye «una infraestructura de mercado financiero de importancia sistémica: un depositario central de valores de importancia sistémica, un depositario de liquidación, un referente comercial y un registro de transacciones financieras». Además, en el documento n.o 2 del primer expediente probatorio se precisa que el sistema de pago operado por la demandante tiene importancia sistémica y nacional. Este elemento de prueba también pone de manifiesto la conexión de la demandante con el sistema financiero internacional, dado que se la presenta como titular de cuentas de valores en otros DCV y de DCV internacionales en ocho países, cuentas en bancos depositarios extranjeros y cuentas de corresponsalía en grandes bancos extranjeros y rusos. Por otra parte, según el documento n.o 2 del primer expediente probatorio, en 2020, el valor de los activos, cuyos valores custodiaba la demandante, había alcanzado 63,6 billones de rublos (aproximadamente, 636000 millones de euros).
84
Procede señalar que el documento n.o 7 del primer expediente probatorio también alude a la conexión de la demandante con el sistema financiero internacional y que el documento n.o 8 de dicho expediente confirma la importancia de los activos, cuyos valores custodiaba la demandante, que habían alcanzado, en el segundo trimestre de 2020, un importe de 69,5 billones de rublos (aproximadamente, 695000 millones de euros).
85
Así pues, procede señalar que el Consejo disponía, desde la adopción de los actos iniciales, de una base fáctica suficiente para considerar que la demandante era una entidad financiera importante para el sistema financiero ruso que tenía conexiones con el sistema financiero internacional.
86
Por otra parte, el documento n.o 3 del segundo expediente probatorio confirma, en la fase de adopción de los actos de mantenimiento de marzo de 2023 y de septiembre de 2023, la importancia de la demandante para el sistema financiero ruso, pues es descrita en el sentido de que tiene una «importancia crítica» como DCV y desempeña un «papel excepcional en el mercado ruso de los servicios financieros para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura del mercado».
87
Las alegaciones de la demandante no desvirtúan esta conclusión.
88
En primer término, la demandante niega la importancia de los DCV en el sistema financiero y sus vínculos con los gobiernos. Pues bien, de las precisiones aportadas por el Consejo en sus escritos y por la Comisión en la vista se desprende que los DCV se consideran entidades de importancia sistémica que desempeñan un papel esencial, en particular, en la aplicación eficaz de la política monetaria, la credibilidad de un programa de gestión de la deuda pública, la gestión de las garantías y la seguridad y la eficiencia de los mercados de valores. Las alegaciones de la demandante se contradicen no solo con los documentos de trabajo del Fondo Monetario Internacional (anexo D.1 del escrito de dúplica), sino también con la información procedente del Bundesbank (Banco Federal de Alemania) (anexo D.3 del escrito de dúplica) o de la Banka Slovenije (Banco Central de Eslovenia) (anexo D.4 del escrito de dúplica). Es preciso señalar que la demandante no ha aportado ningún elemento que pueda poner en cuestión la fiabilidad de esas informaciones.
89
En segundo término, por lo que respecta a la alegación de la demandante dirigida a cuestionar la importancia del sistema de pago que opera, debe precisarse que no ha aportado ninguna prueba que sustente su afirmación según la cual, en esencia, su sistema de pago fue considerado de importancia sistémica únicamente porque trataba operaciones de pago efectuadas en el contexto de un comercio organizado. En efecto, como indica acertadamente el Consejo, el artículo 22, apartado 1, de la Ley Federal rusa n.o 161-FZ, de 27 de junio de 2011, relativa al Sistema de Pago Nacional, aportada por la demandante, establece los criterios para designar un sistema de pago de importancia sistémica, pero no indica que la demandante sea designada como tal sobre la base del criterio relativo al tratamiento de operaciones efectuadas en el contexto del comercio organizado. Además, contrariamente a lo que alega la demandante, su sistema de pago no se consideró de importancia nacional solo porque las infraestructuras informáticas que utilizaba estaban situadas en Rusia. Ciertamente, según el artículo 22, apartado 13, de dicha Ley, en relación con la nota del Banco Central de la Federación de Rusia, de 25 de julio de 2014, relativa a los requisitos de las tecnologías de la información utilizadas por los operadores que explotan servicios de pago a efectos de su reconocimiento como sistemas de pago de importancia nacional, aportado a los autos por la demandante, uno de los criterios para ser considerada una entidad de importancia nacional se refiere a la exigencia de que las infraestructuras informáticas estén situadas en Rusia. No obstante, esta disposición también exige que se cumpla otro criterio relativo a la demostración de que la Federación de Rusia, el Banco Central de la Federación de Rusia o los ciudadanos rusos controlan directa o indirectamente al operador del sistema de pago y a los operadores de servicios de la infraestructura de pago. En cualquier caso, hay que señalar que ni la Ley Federal rusa n.o 161-FZ, de 27 de junio de 2011, relativa al Sistema de Pago Nacional, ni la nota del Banco Central de la Federación de Rusia antes mencionadas pueden poner en entredicho la importancia del sistema de pago operado por la demandante o el hecho de que se trate de una entidad financiera de importancia sistémica en Rusia. Por lo demás, cabe observar que del anexo C.6 del escrito de réplica se desprende que el sistema de pago de la demandante es utilizado, en particular, por el Banco Central de la Federación de Rusia en el contexto de la refinanciación de las entidades de crédito o de las operaciones de «open market» que permiten colocar efectivo en el mercado o gestionar ese efectivo. Por consiguiente, la demandante no puede alegar que el sistema de pago que opera carece de importancia, dado que se utiliza, en particular, para la aplicación de la política monetaria rusa.
90
En cuanto a la alegación de la demandante de que no se alcanzó el objetivo relativo al menoscabo del funcionamiento de la economía rusa debido, principalmente, a que existen otros cincuenta y cuatro sistemas de pago que pueden desempeñar las mismas funciones que el operado por ella, procede señalar que la demandante no aporta ninguna prueba de la existencia de esos otros sistemas de pago ni ningún elemento que permita considerar que se trata de sistemas de pago de importancia sistémica. Por otra parte, el supuesto hecho de que las medidas restrictivas no hayan alcanzado su objetivo no puede desvirtuar la afirmación de que la demandante opera un sistema de pago de importancia sistémica. En efecto, este hecho no guarda relación con la importancia sistémica de dicho sistema de pago.
91
En tercer término, la demandante no niega tener conexiones con el sistema financiero internacional, pero sostiene que otros depositarios de valores rusos también tienen acceso al sistema financiero internacional. En particular, observa que otras dos entidades financieras poseen cuentas de valores directamente en Euroclear. Aduce, por tanto, que el Consejo cometió un error de apreciación al declarar en los motivos de inclusión que ella era el único depositario ruso que tenía acceso al sistema financiero internacional. A este respecto, es preciso señalar que la inclusión de la demandante en las listas controvertidas se justifica por su papel en el funcionamiento del sistema financiero ruso, en particular como depositario central de valores, y por su conexión con el sistema financiero internacional. Por consiguiente, aun suponiendo que el Consejo hubiera incurrido en error al declarar que la demandante era el único depositario de valores en Rusia que tenía conexión con el sistema financiero internacional, tal error no puede afectar, por sí solo, a la legalidad de los actos impugnados. En efecto, el hecho de que pudieran existir otros depositarios de valores con acceso al sistema financiero internacional no desvirtúa la afirmación de que la demandante era el único depositario central en Rusia y desempeñaba un papel esencial en el funcionamiento del sistema financiero ruso.
92
De las consideraciones que preceden resulta que la demandante no ha demostrado que el Consejo cometiera un error de apreciación al declarar que es una entidad financiera de importancia sistémica que desempeña un papel esencial en el funcionamiento del sistema financiero ruso.
93
En segundo lugar, procede comprobar si, habida cuenta del importante papel de la demandante en el sistema financiero ruso, el Consejo incurrió en error al declarar que dicha entidad permitía directa o indirectamente al Gobierno ruso ejercer sus actividades, aplicar sus políticas y movilizar sus recursos.
94
En primer término, del documento n.o 2 del primer expediente probatorio se desprende que, en 2020, los bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda ruso representaban el 22 % del total de los activos custodiados por la demandante, correspondiente, por tanto, a un importe de alrededor de 12,72 billones de rublos (aproximadamente, 127200 millones de euros). Según el documento n.o 8 del mismo expediente probatorio, en el segundo trimestre de 2021, el valor del saldo de los bonos federales custodiados por la demandante había aumentado a 15,2 billones de rublos (aproximadamente, 152000 millones de euros). Además, esta última gestiona los bonos federales, dado que, como se desprende del documento n.o 11 del primer expediente probatorio, recibe fondos del Ministerio de Hacienda ruso para garantizar el pago de los intereses a los acreedores de dichos bonos.
95
Por tanto, en lo que atañe a los actos iniciales, con el primer expediente probatorio, el Consejo disponía de una base fáctica suficiente para declarar que, mediante los servicios que ofrecía al Gobierno ruso como DCV por lo que respecta a la emisión, la custodia y la gestión de los bonos federales, permitía a este último ejercer sus actividades, aplicar sus políticas y movilizar sus recursos.
96
Esta conclusión se confirmó en la fase de adopción de los actos de mantenimiento de marzo de 2023 y septiembre de 2023. En efecto, del documento n.o 2 del segundo expediente probatorio se deduce que, a finales de 2021, el valor del saldo de los bonos federales custodiados por la demandante había alcanzado los 15,5 billones de rublos (aproximadamente, 155000 millones de euros). Por otra parte, el segundo expediente probatorio contiene documentos en los que se indica que el Ministerio de Hacienda ruso transfirió varios miles de millones de rublos a la demandante para pagar los cupones de determinados bonos, en particular de los eurobonos «Rusia 2042» (documento n.o 5) y de los eurobonos con vencimiento en 2023 y en 2043 (documento n.o 8), en 2035 (documento n.o 9) y en 2027 y en 2032 (documento n.o 10).
97
Las alegaciones de la demandante no desvirtúan esta conclusión.
98
Antes de nada, contrariamente a lo que alega la demandante, el hecho de que no adquiera los bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda ruso por cuenta propia, sino que actúe únicamente por cuenta y orden de clientes, no desvirtúa la constatación de que, mediante los servicios que ofrece al Gobierno ruso como DCV por lo que respecta a las emisiones de bonos del referido Gobierno, contribuye, como afirman acertadamente el Consejo y la Comisión, a la credibilidad del programa de gestión de la deuda pública. De este modo, por su papel de intermediario financiero en la custodia y gestión de los bonos federales, la demandante permite al Gobierno ruso movilizar recursos financieros. En este sentido, procede recordar que, según el documento n.o 2 del primer expediente probatorio y el documento n.o 2 del segundo expediente probatorio, la demandante custodia y gestiona un importe cuantitativamente significativo de bonos federales, de los que garantiza la integridad y el pago de cupones a los acreedores por cuenta del Gobierno ruso.
99
A continuación, si bien es cierto que, en el contexto de las emisiones de bonos del Ministerio de Hacienda ruso, la demandante participa en las referidas emisiones junto con otras entidades financieras y despachos de abogados internacionales, debe tenerse en cuenta el papel crucial de los servicios que presta en el marco de la gestión de la deuda pública de la Federación de Rusia. En efecto, la vigilancia y la custodia de los bonos federales, así como la implicación de la demandante en el pago de intereses a los acreedores, contribuyen, como se ha señalado en el apartado 98 anterior, a la credibilidad del programa de gestión de la deuda pública, lo que la distingue del resto de entidades financieras que participan en las emisiones de dichos bonos. A este respecto, en lo tocante a la alegación basada en que el Ministerio de Hacienda ruso podría emitir bonos recurriendo a los servicios de otros depositarios de valores rusos o de depositarios de valores extranjeros, ha de observarse que no se sustenta en ninguna prueba. En cualquier caso, tal alegación no puede prosperar. Aun suponiendo que el Gobierno ruso pudiera recurrir a otros operadores, este hecho por sí solo no puede poner en cuestión la importancia adquirida por la demandante por lo que respecta a la emisión y gestión de bonos federales, en la medida en que custodiaba bonos federales por un importe de varios billones de rublos, a saber, de 15,5 billones de rublos (aproximadamente, 155000 millones de euros) a finales de 2021. Además, del documento n.o 2 del primer expediente probatorio se desprende que, en 2020, el Gobierno ruso recurrió a los servicios de la demandante para la emisión de bonos federales por un importe de 4,7 billones de rublos (aproximadamente, 47000 millones de euros). Según el documento n.o 2 del segundo expediente probatorio, entre 2020 y 2021, el importe total de los bonos federales custodiados por la demandante aumentó en un 13,3 %. Pues bien, estos elementos permiten corroborar la importancia de los servicios ofrecidos por la demandante al Gobierno ruso en el contexto de su programa de emisión de títulos de deuda pública. Por otra parte, el hecho de que la demandante, como DCV, también prestase servicios a empresas privadas no pone en entredicho que los servicios prestados al referido Gobierno en el contexto de la gestión de la deuda pública le permitían movilizar sus recursos.
100
Por último, en lo que atañe a la alegación según la cual las relaciones de la demandante con las entidades vinculadas al Gobierno ruso son relaciones comerciales de plena competencia comparables a las que mantiene con sus clientes privados, cabe señalar que, por sí sola, esta circunstancia no puede cuestionar la importancia de los servicios ofrecidos por la demandante por lo que respecta a la emisión, la custodia y la gestión de bonos federales, puesto que no guarda relación con la importancia de tales servicios. Por añadidura, según el documento n.o 11 del primer expediente probatorio, en marzo de 2022, la demandante informó a los inversores de que, en virtud de un requerimiento del Banco Central de la Federación de Rusia, los tenedores extranjeros de bonos federales ya no estaban autorizados a percibir el pago de los cupones de dichos bonos. Por tanto, dado que la demandante debía cumplir el requerimiento del Banco Central, cuando el Consejo adoptó los actos iniciales podía considerar válidamente que la referida entidad había dejado de operar en condiciones normales de explotación comercial. Es preciso subrayar que la demandante no niega este hecho, en la medida en que, en sus observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención de la Comisión, confirmó que, el 28 de febrero de 2022, el Banco Central de la Federación de Rusia había dirigido a los depositarios de valores un requerimiento vinculante para que suspendieran temporalmente las operaciones dirigidas a cargar los valores de emisores rusos en las cuentas de valores de tenedores designados extranjeros o de titulares extranjeros. De ello se deduce que, a partir de la ejecución, por la demandante, del requerimiento del Banco Central de la Federación de Rusia de 28 de febrero de 2022, esta ya no podía sostener fundadamente que sus relaciones con las entidades vinculadas al Gobierno ruso eran relaciones de plena competencia comparables a las mantenidas con sus clientes privados.
101
En segundo término, debe observarse que, según el documento n.o 8 del primer expediente probatorio, el Tesoro Federal ruso utilizó el sistema de gestión de garantías de la demandante para colocar efectivo en el contexto de operaciones de recompra, por un importe que alcanzó los 40,8 billones de rublos (aproximadamente, 408000 millones de euros) en 2021. Este hecho está corroborado por el documento n.o 2 del segundo expediente probatorio aportado en el contexto de la adopción de los actos de mantenimiento de marzo de 2023. En respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento, la demandante confirmó que el Tesoro Federal ruso utilizaba su sistema de gestión de garantías. En su respuesta, la demandante formuló una reserva y alegó que los documentos presentados por el Consejo no eran fiables. Pues bien, basta con señalar que el documento n.o 2 del segundo expediente probatorio es un informe de MOEX, a saber, la sociedad titular de más del 99 % del capital social de la demandante, de modo que esta no puede alegar que la información que contiene no es fiable. Además, en lo que atañe a la afirmación de que el Tesoro Federal ruso utiliza el sistema de gestión de garantías de la demandante en condiciones de plena competencia, comparables a las aplicadas a los clientes privados, la demandante, por las mismas razones que se han expuesto en el apartado 100 anterior, no puede invocar dicha circunstancia para negar la importancia de los servicios que presta al Gobierno ruso. Por consiguiente, habida cuenta del importe del efectivo colocado por el Tesoro Federal ruso mediante el sistema de gestión de garantías de la demandante, el Consejo podía considerar, sin incurrir en error de apreciación, que la referida entidad permitía al Gobierno ruso movilizar recursos.
102
En tercer término, del documento n.o 8 del primer expediente probatorio y del documento n.o 2 del segundo expediente probatorio también se desprende que el Banco Central de la Federación de Rusia utilizó el sistema de gestión de garantías de la demandante en transacciones que alcanzaron un importe de 2,3 billones de rublos (aproximadamente, 23000 millones de euros) en 2021. Además, en el documento n.o 8 del primer expediente probatorio, se describen las operaciones de recompra del Banco Central de la Federación de Rusia que implicaban la utilización de servicios financieros prestados por la demandante como operaciones destinadas a apoyar la economía nacional.
103
Por otra parte, como resulta del apartado 89 anterior, el Banco Central de la Federación de Rusia también utiliza el sistema de pago de la demandante para realizar operaciones de política monetaria.
104
Pues bien, procede señalar, como declaró la Comisión en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal General, que la gestión del efectivo es un elemento importante de la política monetaria que afecta a los resultados de la economía rusa y, por tanto, incide indirectamente en los ingresos de la Federación de Rusia. De ello se deduce que podía considerarse válidamente que los servicios prestados por la demandante al Banco Central de la Federación de Rusia permitían indirectamente al Gobierno ruso movilizar recursos.
105
En cuarto término, como alega acertadamente el Consejo, a la vista del importante papel que desempeña la demandante en el sistema financiero ruso, que refuerza la eficacia de los mercados financieros, dicha entidad contribuye a atraer inversiones a Rusia, favoreciendo así el crecimiento económico, y, en consecuencia, a permitir indirectamente al Gobierno ruso movilizar sus recursos.
106
A la luz de las consideraciones que preceden, cabe observar que el Consejo no incurrió en error de apreciación al declarar que la demandante permitía al Gobierno ruso ejercer sus actividades, aplicar sus políticas y movilizar sus recursos. Habida cuenta de la importancia de los servicios financieros prestados por la demandante, tanto a dicho Gobierno como al Banco Central de la Federación de Rusia, y de su contribución más general al buen funcionamiento del sistema financiero ruso, procede señalar que el Consejo podía considerar válidamente que la referida entidad prestaba un apoyo material o financiero importante, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, al Gobierno de la Federación de Rusia que le permitía movilizar sus recursos financieros con el fin de proseguir sus acciones de desestabilización de Ucrania.
107
En consecuencia, debe desestimarse la primera parte del segundo motivo.
e) Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en que la demandante no está controlada por el Gobierno ruso
108
La demandante rebate la afirmación de que está controlada por el Gobierno ruso. Alega que es una entidad distinta de MOEX y que el Consejo no ha demostrado que esté controlada por esta última. Además, la demandante sostiene que dicho Gobierno no está en condiciones de ejercer un control, ni de hecho ni de Derecho, sobre MOEX.
109
El Consejo, apoyado por la Comisión, rechaza esta alegación.
110
Debe hacerse constar que el criterio del apoyo material o financiero al Gobierno, previsto en el artículo 2, apartado 1, letra f), de la Decisión 2014/145 modificada, no exige acreditar que dicho Gobierno ejerce control sobre la persona física o jurídica, entidad u organismo que le presta apoyo.
111
Por tanto, dado que del examen de la primera parte del presente motivo se desprende que el Consejo disponía de una base fáctica suficiente y no incurrió en error de apreciación al declarar que la demandante apoyaba, material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, la apreciación de que la citada entidad estaba controlada por dicho Gobierno se refiere a una circunstancia adicional sobre el contexto que no puede tener carácter determinante para justificar su inclusión en las listas controvertidas.
112
De ello se sigue que las alegaciones de la demandante dirigidas a impugnar el fundamento de tal apreciación deben desestimarse por inoperantes.
113
En consecuencia, debe desestimarse la segunda parte del segundo motivo.
f) Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada en la inexistencia de un vínculo suficiente entre la demandante y el Gobierno ruso
114
La demandante alega, en esencia, que los actos impugnados no demuestran por qué las medidas restrictivas de las que es objeto se dirigen contra la Federación de Rusia.
115
El Consejo, apoyado por la Comisión, rechaza esta alegación.
116
A este respecto, procede señalar que la demandante fue incluida en las listas controvertidas sobre la base del criterio del apoyo material o financiero al Gobierno previsto en el artículo 2, apartado 1, letra f), de la Decisión 2014/145 modificada. Pues bien, del examen de la primera parte del presente motivo se desprende que el Consejo disponía de un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitían justificar la inclusión de la demandante en tales listas sobre la base de dicho criterio. De ello se colige que el Consejo acreditó un vínculo suficiente entre la demandante y la Federación de Rusia, sin que sea necesario demostrar la existencia de un vínculo adicional que vaya más allá del apoyo material o financiero previsto por el criterio de inclusión aplicado a la demandante.
117
En consecuencia, debe desestimarse la tercera parte del segundo motivo.
118
Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo y, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 46 y 47 anteriores, el cuarto motivo en su totalidad.
3. Sobre el tercer motivo, basado en una vulneración desproporcionada de los derechos fundamentales
119
La demandante sostiene que los actos impugnados vulneran su libertad de empresa y su derecho a la propiedad, consagrados por los artículos 16 y 17 de la Carta. En su opinión, los actos impugnados le impiden desarrollar libremente una actividad económica y cumplir sus obligaciones con sus clientes, lo que afecta a su libertad de empresa y a su derecho a la propiedad.
120
Además, la demandante considera que los actos impugnados no respetan el contenido esencial de sus derechos garantizados en los artículos 16 y 17 de la Carta. Sostiene asimismo que las medidas en cuestión no son adecuadas ni necesarias para lograr los objetivos perseguidos por el Consejo. La demandante añade que el Consejo no ha demostrado que las medidas restrictivas en cuestión constituyan la forma menos gravosa de alcanzar el objetivo perseguido ni que no hubieran podido adoptarse medidas menos gravosas.
121
A mayor abundamiento, según la demandante, no existe un vínculo suficiente entre las medidas restrictivas en cuestión y los objetivos perseguidos y no puede admitirse que las sociedades no controladas por el Estado puedan ser objeto de tales medidas por el mero hecho de que ejerzan sus actividades en un sector económico importante.
122
Por otra parte, la demandante alega que las medidas adoptadas con respecto a ella vulneran los derechos fundamentales de sus clientes, que no pueden disponer de sus valores que ella custodia a título fiduciario en sus cuentas inmovilizadas en depositarios de valores establecidos en la Unión.
123
El Consejo, apoyado por la Comisión, rechaza esta alegación.
124
Procede recordar que la libertad de empresa y el derecho a la propiedad están consagrados, respectivamente, en los artículos 16 y 17 de la Carta.
125
Cabe señalar asimismo que los derechos fundamentales invocados por la demandante no constituyen prerrogativas absolutas y que su ejercicio puede ser objeto de restricciones justificadas por objetivos de interés general perseguidos por la Unión, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a la consecución de dichos objetivos de interés general y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados (sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 148, y de 25 de junio de 2020, VTB Bank/Consejo, C‑729/18 P, no publicada, EU:C:2020:499, apartado 80).
126
Para ser conformes con el Derecho de la Unión, las injerencias en los derechos fundamentales en cuestión deben estar establecidas por la ley, respetar el contenido esencial de dichos derechos, tener un objetivo de interés general reconocido como tal por la Unión y no ser desproporcionadas (véase la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado 222 y jurisprudencia citada).
127
Procede determinar a la luz de estas consideraciones si los actos impugnados constituyen una injerencia desproporcionada en la libertad de empresa y en el derecho a la propiedad.
128
En primer lugar, procede examinar la alegación formulada por la demandante según la cual las medidas restrictivas adoptadas con respecto a ella dieron lugar a la inmovilización de fondos o recursos económicos pertenecientes a sus clientes por un importe aproximado de 1479 millones de euros, de modo que tales medidas vulneran el derecho de propiedad de dichos clientes.
129
A este respecto, cabe subrayar que la demandante no puede invocar, en apoyo de su recurso de anulación, un derecho de propiedad del que no es titular (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2022, Anglo Austrian AAB y Belegging-MaatschappijFar-East/BCE, T‑797/19, recurrida en casación, EU:T:2022:389, apartado 285). En efecto, según la jurisprudencia, en principio, solo puede alegar la vulneración de un derecho subjetivo aquella persona cuyo derecho supuestamente ha sido vulnerado, y no terceras personas (véase, por analogía, la sentencia de 19 de septiembre de 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Comisión, T‑228/17, EU:T:2019:619, apartado 36 y jurisprudencia citada). En el presente asunto, como reconoció la demandante en la vista, sus clientes disponen de vías de recurso ante los tribunales nacionales, ante los que pueden invocar, en particular, la vulneración de su derecho a la propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta.
130
Por otra parte, por lo que respecta a la alegación formulada por la demandante según la cual la excepción, prevista en el artículo 2, apartado 15, de la Decisión 2014/145 modificada y en el artículo 6 ter, apartado 5, del Reglamento n.o 269/2014 modificado, no permitió a sus clientes obtener la liberación de sus fondos o recursos económicos debido a la inacción de las autoridades nacionales o a condiciones demasiado restrictivas impuestas por dichas autoridades, cabe observar que, mediante esta alegación, la demandante no cuestiona en realidad la legalidad de la referida excepción adoptada por el Consejo, sino la de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales al aplicar la citada disposición.
131
Pues bien, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el contexto de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE, el Tribunal General no es competente para ejercer un control de legalidad de las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales o de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales nacionales (véanse, en este sentido, los autos de 5 de octubre de 1983, Chatzidakis Nevas/Caisse des juristes à Athènes, 142/83, EU:C:1983:267, apartado 4, y de 24 de agosto de 2010, Grúas Abril Asistencia/Comisión, T‑386/09, no publicado, EU:T:2010:331, apartado 28). En efecto, según reiterada jurisprudencia, corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes controlar la validez de las medidas nacionales de ejecución de los actos de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 1996, Branco/Comisión, T‑271/94, EU:T:1996:103, apartado 53, y de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo, T‑200/14, no publicada, EU:T:2016:216, apartado 268).
132
Además, procede recordar que, cuando se pronuncia sobre una solicitud de liberación de fondos inmovilizados conforme a las excepciones previstas en la Decisión 2014/145 modificada y en el Reglamento n.o 269/2014 modificado, la autoridad nacional competente debe aplicar el Derecho de la Unión. De ello resulta que, en el ejercicio de su facultad de apreciación, debe respetar la Carta, conforme a lo dispuesto en el artículo 51, apartado 1, de esta (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de junio de 2014, Peftiev y otros, C‑314/13, EU:C:2014:1645, apartado 24, y de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo, T‑200/14, no publicada, EU:T:2016:216, apartado 266).
133
De lo anterior se deduce que, en lo que concierne a los clientes de la demandante que no están sujetos a ninguna medida restrictiva y cuyos fondos o recursos económicos han sido inmovilizados debido a las medidas restrictivas adoptadas contra la demandante, incumbe a las autoridades nacionales, al examinar una solicitud de liberación de dichos fondos o recursos económicos, asegurarse de que la injerencia en el derecho a la propiedad de esos clientes observa los requisitos establecidos en el artículo 52 de la Carta.
134
En segundo lugar, procede señalar que la libertad de empresa de la demandante, al igual que su derecho a la propiedad relativo a los fondos propios o a los recursos económicos que le pertenecen depositados en entidades financieras establecidas en la Unión, están limitados por las medidas restrictivas de las que es objeto. Por consiguiente, procede comprobar si se cumplen los requisitos para justificar una injerencia en sus derechos fundamentales, mencionados en el apartado 126 anterior.
135
En primer término, es preciso señalar que las medidas restrictivas en cuestión están establecidas por la ley, dado que se recogen en actos que tienen alcance general y una base jurídica clara en el Derecho de la Unión, a saber, el artículo 29 TUE y el artículo 215 TFUE, respectivamente.
136
En segundo término, cabe recordar que las medidas restrictivas adoptadas tienen por efecto inmovilizar los fondos propios o los recursos económicos pertenecientes a la demandante, con carácter cautelar. Además, los actos impugnados se aplican durante seis meses y están sujetos a revisión continua, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Decisión 2014/145. Dado que dichas medidas son temporales y reversibles, procede considerar que no vulneran el contenido esencial de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad de la demandante. Debe precisarse que la demandante no ha formulado ninguna alegación fundada que pueda desvirtuar esta conclusión.
137
En tercer término, las medidas restrictivas en cuestión persiguen un objetivo de interés general reconocido como tal por la Unión, que puede justificar las consecuencias negativas, aun cuando sean considerables, que dichas medidas tengan para determinados agentes (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 150). En efecto, pretenden ejercer presión sobre las autoridades rusas para que pongan fin a sus acciones y a sus políticas de desestabilización de Ucrania. A este respecto, en febrero de 2022, el Consejo quiso debilitar estratégicamente la economía rusa, por un lado, prohibiendo, entre otras cosas, la financiación de la Federación de Rusia, de su Gobierno y de su Banco Central y, por el otro, aplicando tales medidas, en particular, en el ámbito de las finanzas, la defensa y la energía. Además, del considerando 11 de la Decisión 2022/329 se desprende que el Consejo consideró que, a la vista de la gravedad de la situación en Ucrania, debían modificarse los criterios de inclusión. Por tanto, parece que la Unión pretende reducir los ingresos del Estado ruso y presionar al Gobierno ruso con el fin de disminuir su capacidad para financiar las acciones de este que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y de poner fin a tales acciones, en aras de la preservación de la estabilidad europea y mundial. Pues bien, se trata de un objetivo incluido entre los perseguidos por la política exterior y de seguridad común, mencionados en el artículo 21 TUE, apartado 2, letras b) y c), como el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional.
138
En cuarto término, hay que comprobar si la limitación de la libertad de empresa y del derecho a la propiedad de la demandante, relativo a los fondos propios o a los recursos económicos que le pertenecen, es proporcionada al objetivo perseguido por las medidas restrictivas.
139
Antes de nada, en cuanto al carácter apropiado de las medidas restrictivas adoptadas en contra de la demandante, procede observar que, a la luz de objetivos de interés general tan fundamentales para la comunidad internacional como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, esas medidas no pueden calificarse, en sí, como inadecuadas (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 2 de diciembre de 2020, Kalai/Consejo, T‑178/19, no publicada, EU:T:2020:580, apartado 171 y jurisprudencia citada, y de 3 de febrero de 2021, Boshab/Consejo, T‑111/19, no publicada, EU:T:2021:54, apartado 150 y jurisprudencia citada). En el presente asunto, la demandante no puede alegar que las medidas restrictivas adoptadas con respecto a ella son inadecuadas por no estar suficientemente relacionadas con el objetivo perseguido por los actos impugnados en la medida en que fue incluida en las listas controvertidas debido a que ejercía sus actividades en un sector importante de la economía rusa. En efecto, dado que el objetivo de los actos impugnados consiste en reducir los ingresos del Estado ruso y en presionar al Gobierno ruso, con el fin de disminuir la capacidad de este para financiar sus acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, el enfoque de seleccionar los agentes económicos que, al igual que la demandante, prestan un apoyo material o financiero al Gobierno ruso es coherente con ese objetivo y, por consiguiente, no puede considerarse inadecuado con relación al objetivo perseguido (véase, por analogía, la sentencia de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 147).
140
A continuación, en lo concerniente al carácter necesario de las medidas restrictivas, si bien la demandante alega que medidas alternativas menos gravosas habrían permitido alcanzar los objetivos perseguidos, no invoca ninguna medida alternativa menos gravosa ni demuestra que el Consejo pudo haber adoptado medidas menos gravosas y tan adecuadas como las previstas en los actos impugnados. Pues bien, como afirma el Consejo, ya se ha declarado que medidas alternativas y menos gravosas, como un sistema de autorización previa o una obligación de justificación a posteriori del uso de los fondos transferidos, no permiten alcanzar tan eficazmente el objetivo perseguido, habida cuenta, en especial, de la posibilidad de eludir las restricciones así impuestas (sentencias de 30 de noviembre de 2016, Rotenberg/Consejo, T‑720/14, EU:T:2016:689, apartado 182, y de 1 de junio de 2022, Prigozhin/Consejo, T‑723/20, no publicada, EU:T:2022:317, apartado 136).
141
Por último, la ponderación de los intereses en juego demuestra que los inconvenientes causados por las medidas restrictivas a la demandante no son desmesurados, habida cuenta de la importancia primordial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
142
Ciertamente, como han indicado el Consejo y la Comisión, los efectos de las medidas restrictivas se limitan al territorio de la Unión, de modo que solo afectan, a lo sumo, a una parte de los fondos propios o de los recursos económicos pertenecientes a la demandante y no impiden a esta ejercer sus actividades en el país en el que está establecida o en otros terceros países.
143
Asimismo, cabe observar que, aunque las medidas restrictivas impiden a la demandante utilizar los fondos o recursos económicos que le pertenecen, no le privan del derecho a percibir, con arreglo al artículo 2, apartado 6, letra a), de la Decisión 2014/145 y al artículo 7, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 269/2014, los intereses u otros réditos correspondientes a las cuentas inmovilizadas en las que se depositen dichos fondos y recursos, siempre que todos esos intereses u otros réditos también hayan sido inmovilizados.
144
Por otra parte, los actos impugnados establecen excepciones que permiten a las autoridades nacionales autorizar la liberación de determinados fondos o de recursos económicos. En efecto, el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 prevé la posibilidad de autorizar la utilización de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados destinados a satisfacer las necesidades básicas de las personas jurídicas, de las entidades o de los organismos incluidos en las listas controvertidas, al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos, al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados y a cubrir gastos extraordinarios.
145
Además, el artículo 2, apartado 5, de la Decisión 2014/145 y el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 contemplan la posibilidad de liberar determinados fondos propios o recursos económicos inmovilizados pertenecientes a la demandante para permitirle realizar un pago adeudado en virtud de un contrato o acuerdo concluido antes de la fecha de su inclusión en las listas controvertidas.
146
De lo anterior se deduce que la injerencia en la libertad de empresa y el derecho a la propiedad de la demandante no puede considerarse desproporcionada.
147
El resto de alegaciones de la demandante no desvirtúan esta conclusión.
148
En primer término, en lo que atañe a la alegación basada, en esencia, en que la vulneración de la libertad de empresa de la demandante tiene una importancia aún mayor dada la supuesta imposibilidad de cumplir sus obligaciones contractuales frente a sus clientes debido a que las excepciones no le permitieron restituir a dichos clientes los valores que ella custodiaba en sus cuentas inmovilizadas, procede examinar sucesivamente las excepciones establecidas, por un lado, en el artículo 2, apartado 5, de la Decisión 2014/145 y en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 y, por el otro, en el artículo 2, apartado 19, de la Decisión 2014/145 modificada y en el artículo 6 ter, apartado 5, del Reglamento n.o 269/2014 modificado.
149
Por una parte, hay que señalar que, en virtud de la excepción prevista en el artículo 2, apartado 5, de la Decisión 2014/145, que era aplicable en el momento de la adopción de los actos iniciales, la inmovilización de fondos o recursos económicos de una persona, entidad u organismo no será un impedimento para que dicha persona, entidad u organismo realice un pago adeudado en virtud de un contrato concluido antes de la fecha en que esa persona, entidad u organismo fue incluida en la lista del anexo de la referida Decisión, siempre que el Estado miembro de que se trate haya determinado que ninguna persona física o jurídica, entidad u organismo incluido en esa lista recibió, directa o indirectamente, tal pago.
150
De este modo, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014, las autoridades nacionales podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados de una persona, entidad u organismo siempre que hayan determinado, como se desprende de la letra a) de dicha disposición, que los fondos o recursos económicos serán utilizados por esa persona, entidad u organismo y, como se desprende de la letra b) de la misma disposición, que el pago no infrinja el artículo 2, apartado 2, del referido Reglamento, que prohíbe poner a disposición, directa o indirectamente, de personas, entidades u organismos incluidos en las listas controvertidas, o de personas, entidades u organismos asociados a ellos, ningún fondo o recurso económico.
151
Procede señalar que el concepto de «fondos» se define de manera amplia en el artículo 1, letra g), del Reglamento n.o 269/2014 como todos «los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza». Lo mismo sucede con el concepto de «recursos económicos», definido en el artículo 1, letra d), del citado Reglamento en el sentido de que comprende «los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios». Dado que los fondos o recursos económicos pueden ser liberados para permitir a una persona, entidad u organismo realizar un «pago» adeudado en virtud de un contrato o de un acuerdo celebrado con un tercero antes de su inclusión en las listas controvertidas, el concepto de «pago» debe necesariamente ser objeto de una interpretación amplia y no puede limitarse únicamente a los pagos en forma de transferencia de una cantidad de dinero. En efecto, como señaló la Comisión en la vista, una interpretación restrictiva del concepto de «pago» sería contradictoria con la posibilidad de liberar fondos o recursos económicos, definidos ampliamente, para realizar un pago.
152
De ello se sigue que, en el momento de adopción de los actos iniciales, la excepción prevista en el artículo 2, apartado 5, de la Decisión 2014/145 y en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 permitía a las autoridades nacionales autorizar la liberación de fondos o recursos económicos de la demandante con el fin de permitirle realizar un pago consistente en la restitución de los valores de sus clientes que ella custodiaba en sus cuentas inmovilizadas en depositarios de valores establecidos en la Unión.
153
Contrariamente a lo que sostienen el Consejo y la Comisión, en lo que atañe a las operaciones que la demandante debe realizar para poner a disposición de sus clientes los títulos pertenecientes a estos, en virtud de la excepción mencionada en el apartado 152 anterior, el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.o 269/2014 no se opone al pago, por dichos clientes, de comisiones o gastos a la demandante para que lleve a cabo tales operaciones. En efecto, la posibilidad de que la demandante reciba un pago como contraprestación por un servicio prestado en el contexto de la ejecución de un contrato o acuerdo celebrados antes de su inclusión en las listas controvertidas está expresamente prevista en el artículo 7, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 269/2014, siempre y cuando tales pagos realizados por los clientes hayan sido inmovilizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, del referido Reglamento.
154
Ciertamente, el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 269/2014 establece que el pago que debe realizar la demandante no debe infringir el artículo 2, apartado 2, del mismo Reglamento, que prohíbe poner a disposición, directa o indirectamente, de personas, entidades u organismos incluidos en la lista que figura en su anexo I, o de personas, entidades u organismos asociados a ellos, ningún fondo o recurso económico. Sin embargo, esta prohibición no se aplica a los pagos que los clientes de la demandante puedan realizar a esta como contrapartida por el servicio prestado para la restitución de sus valores en virtud de un contrato o acuerdo celebrados antes de su inclusión en dicha lista. Tiene por objeto prohibir a la demandante realizar un pago —consistente, en el presente asunto, en la restitución de un valor— a una persona que es objeto de medidas restrictivas. En efecto, como se desprende del artículo 2, apartado 5, de la Decisión 2014/145, a la luz de la cual debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 269/2014 (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 141), el requisito establecido en la citada disposición del Reglamento n.o 269/2014 se refiere a la obligación de las autoridades nacionales de asegurarse de que el pago efectuado por la demandante no es percibido, directa o indirectamente, por una persona, entidad u organismo incluido en las listas controvertidas.
155
En cuanto a la alegación basada en la inacción de las autoridades nacionales después de que la demandante solicitase que se aplicara la excepción prevista en el artículo 2, apartado 5, de la Decisión 2014/145 y en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014, dicha alegación no puede prosperar. En efecto, como se ha señalado en el apartado 131 anterior, en el contexto de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE, el Tribunal General no es competente para examinar la legalidad de los actos adoptados por las autoridades al aplicar el Derecho de la Unión.
156
Por otra parte, procede señalar que, antes de la adopción de los actos de mantenimiento de marzo de 2023, mediante la Decisión (PESC) 2022/1907 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 259 I, p. 98), y el Reglamento (UE) 2022/1905 del Consejo, de 6 de octubre de 2022, por el que se modifica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 259 I, p. 76), se introdujo una excepción, respectivamente, en el artículo 2, apartado 19, de la Decisión 2014/145 modificada y en el artículo 6 ter, apartado 5, del Reglamento n.o 269/2014 modificado, por la que se autorizó la liberación de fondos o recursos económicos inmovilizados pertenecientes a la demandante o la puesta a disposición de esta de fondos o recursos económicos con el fin de terminar, a más tardar el 7 de enero de 2023, las operaciones, contratos u otros acuerdos celebrados con ella o en los que participe de otro modo.
157
En la vista, el Consejo indicó que la excepción mencionada en el apartado 156 anterior se introdujo para superar las dificultades experimentadas al aplicar la excepción prevista en el artículo 2, apartado 5, de la Decisión 2014/145 y en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 respecto de las operaciones que tenían por objeto que la demandante pudiera restituir a sus clientes los valores que custodiaba en sus cuentas inmovilizadas en depositarios de valores establecidos en la Unión.
158
Del tenor literal de la excepción prevista en el artículo 2, apartado 19, de la Decisión 2014/145 modificada y en el artículo 6 ter, apartado 5, del Reglamento n.o 269/2014 modificado se desprende que dicha excepción precisa las condiciones en las que las autoridades nacionales pueden autorizar la liberación de fondos o recursos económicos de la demandante para permitirle restituir a sus clientes sus valores custodiados en las cuentas inmovilizadas de esta. A este respecto, es preciso señalar que la demandante no cuestiona la legalidad de esta excepción, sino la de las medidas adoptadas por las autoridades nacionales en el marco de su aplicación. Pues bien, como se ha expuesto en el apartado 131 anterior, en el contexto de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE, el Tribunal General no es competente para apreciar la legalidad de los actos adoptados por las autoridades nacionales para garantizar la aplicación del Derecho de la Unión.
159
Por otra parte, debe observarse que, mediante la adopción de la Decisión (PESC) 2023/1218 del Consejo, de 23 de junio de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2023, L 159 I, p. 526), y del Reglamento (UE) 2023/1215 del Consejo, de 23 de junio de 2023, por el que se modifica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2023, L 159 I, p. 330), se introdujo una excepción adicional, respectivamente, en el artículo 2, apartado 25, de la Decisión 2014/145 modificada y en el artículo 6 ter, apartado 5 bis, del Reglamento n.o 269/2014 modificado. De conformidad con el artículo 2, apartado 25, de la Decisión 2014/145 modificada, las autoridades nacionales podrán, siempre que se cumplan determinadas condiciones, autorizar la conversión, a más tardar el 24 de diciembre de 2023, por nacionales o residentes de un Estado miembro, o por una entidad establecida en la Unión, de algún certificado de depósito de valores con valores subyacentes rusos depositados en la demandante, con el fin de vender el valor subyacente y poner fondos resultantes de la conversión del certificado de depósito de valores y de la venta del valor subyacente a disposición directa o indirecta de la demandante.
160
De las consideraciones anteriores se desprende que, tanto por lo que respecta a los actos iniciales como a los actos de mantenimiento de marzo de 2023 y de septiembre de 2023, la demandante no puede alegar una eventual vulneración adicional de su libertad de empresa basada en que las excepciones previstas por la Decisión 2014/145 y el Reglamento n.o 269/2014 le impedían restituir los valores de sus clientes, que custodiaba en sus cuentas inmovilizadas en depositarios establecidos en la Unión.
161
En segundo término, la demandante no puede alegar que la aplicación de las medidas restrictivas adoptadas en su contra sea desproporcionada debido a que no ha cometido ninguna infracción. En efecto, procede recordar que las medidas restrictivas constituyen medidas preventivas selectivas, que tienen por objeto, de conformidad con el artículo 21 TUE, apartado 2, letra b), el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional. Además, el objetivo de las disposiciones de la Decisión 2014/145 no es ni castigar ni impedir que se repita un comportamiento determinado. El único objetivo de tales medidas es preservar los activos pertenecientes a las personas, entidades y organismos a los que se refiere el artículo 2, apartado 1, de la referida Decisión, de conformidad con los objetivos mencionados en el artículo 21 TUE, apartado 2, letra c) (véase, por analogía, la sentencia de 15 de febrero de 2023, Belaeronavigatsia/Consejo, T‑536/21, EU:T:2023:66, apartados 34 y 35).
162
En tercer término, suponiendo que la demandante pretenda defender que, mediante la adopción de los actos impugnados, el Consejo invadió las competencias de la Unión en el ámbito de la política comercial común, procede recordar que, para alcanzar los objetivos mencionados en el artículo 21 TUE, apartado 2, letra c), el Consejo es competente, sobre la base de las disposiciones de los Tratados relativas a la política exterior y de seguridad común, en particular el artículo 29 TUE y el artículo 215 TFUE, apartado 2, para adoptar medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales. Además, las competencias de la Unión en virtud de la política exterior y de seguridad común y en virtud de otras disposiciones del Tratado FUE, como las relativas a la política comercial común, no se excluyen entre sí, sino que se complementan, pues cada una de ellas tiene su propio ámbito de aplicación y pretende alcanzar objetivos distintos (véase, por analogía, la sentencia de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado 61). Pues bien, en el presente asunto, los objetivos perseguidos por los actos impugnados no se refieren a la política comercial común, sino a la política exterior y de seguridad común. Por tanto, la demandante no puede sostener que el Consejo invadió la competencia de la Unión en materia de política comercial común al adoptar medidas restrictivas en su contra.
163
En consecuencia, debe desestimarse el tercer motivo.
164
De todas las consideraciones que preceden resulta que debe desestimarse el recurso en su integridad.
V. Costas
165
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las del Consejo, conforme a lo solicitado por este.
166
Según el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. En el presente asunto, la Comisión cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
El TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada),
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
NKO AO National Settlement Depository (NSD) cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.
3)
La Comisión Europea cargará con sus propias costas.
Spielmann
Brkan
Gâlea
Tóth
Kalėda
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de septiembre de 2024.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.