Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 4 de septiembre de 2025 (1)
Asunto C‑199/24
ND
contra
Legal Newsdesk Sweden AB, anteriormente Garrapatica AB
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Attunda tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Attunda, Suecia)]
« Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Protección de datos personales — Tratamiento de datos relativos a sentencias penales condenatorias — Puesta a disposición del público en línea de información relativa a sentencias penales condenatorias a cambio de una contraprestación económica — Ponderación del derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la libertad de expresión y a la información »
1.        La presente petición de decisión prejudicial, planteada por el Attunda tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Attunda, Suecia), ofrece al Tribunal de Justicia la posibilidad de aclarar el ámbito de aplicación del artículo 85 del Reglamento (UE) 2016/679, (2) en una situación en la que el operador de una base de datos se niega a acceder a la solicitud de una persona de suprimir los datos personales relativos a su condena penal.
I.      Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
2.        El artículo 85 del RGPD está dedicado al «Tratamiento y libertad de expresión y de información». Está redactado en los siguientes términos:
«1.      Los Estados miembros conciliarán por ley el derecho a la protección de los datos personales en virtud del presente Reglamento con el derecho a la libertad de expresión y de información, incluido el tratamiento con fines periodísticos y fines de expresión académica, artística o literaria.
2.      Para el tratamiento realizado con fines periodísticos o con fines de expresión académica, artística o literaria, los Estados miembros establecerán exenciones o excepciones de lo dispuesto en los capítulos II (principios), III (derechos del interesado), IV (responsable y encargado del tratamiento), V (transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales), VI (autoridades de control independientes), VII (cooperación y coherencia) y IX (disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento de datos), si son necesarias para conciliar el derecho a la protección de los datos personales con la libertad de expresión e información.
3.      Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legislativas que adopte de conformidad con el apartado 2 y, sin dilación, cualquier modificación posterior, legislativa u otra, de las mismas.»
B.      Derecho sueco
3.        La yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) [Ley Fundamental sobre la Libertad de Expresión (1991:1469); en lo sucesivo, «Ley sobre la Libertad de Expresión»] es una de las así denominadas mediegrundlagar (leyes fundamentales sobre los medios de comunicación) existentes en Suecia y contiene disposiciones sobre la protección constitucional, en particular, de los programas de radio y televisión y de determinados sitios de Internet. Su finalidad es garantizar la libertad de expresión en estos contextos. Con arreglo al capítulo 1, apartado 4, de la Ley sobre la Libertad de Expresión, sus disposiciones constitucionales relativas a las emisiones de programas se aplicarán a un determinado tipo de base de datos, siempre que la base de que se trate disponga de un certificado para la publicación. En el presente asunto, se ha expedido dicho certificado en favor de Lexbase, lo que implica que esta base de datos disfruta de protección constitucional.
4.        Conforme al capítulo 1, apartado 7, párrafo primero, de la lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning [Ley (2018:218) de Disposiciones Complementarias al Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea; (en lo sucesivo, «Ley de Protección de Datos)], el RGPD no se aplicará en la medida en que sea contrario a la tryckfrihetsförordning (Ley Fundamental sobre la Libertad de Prensa; en lo sucesivo, «Ley sobre la Libertad de Prensa») o a la Ley sobre la Libertad de Expresión. Con arreglo al segundo párrafo de dicha disposición, determinados artículos del RGPD no se aplicarán al tratamiento de datos personales con fines, entre otros, periodísticos.
5.        Del apartado 14 del capítulo 1 de la Ley sobre la Libertad de Expresión se desprende que ninguna entidad pública podrá actuar, sin apoyo en esa Ley, contra ninguna persona por haber hecho un uso abusivo de la libertad de expresión en un programa o por haber contribuido a tal uso abusivo ni actuar contra el programa por tal motivo. Además, conforme al apartado 11 de ese capítulo 1, no está permitido que una entidad pública prohíba o impida la reproducción, la puesta a disposición del público o la difusión entre el público de un programa debido a su contenido, salvo que dicha Ley establezca una base para esta medida.
6.        La indemnización por daños y perjuicios por uso abusivo de la libertad de expresión a través del contenido de un programa solo puede basarse —conforme al apartado 1 del capítulo 9 de la Ley sobre la Libertad de Expresión— en que el programa al que se refiera la reclamación por daños y perjuicios suponga un uso indebido de la libertad de expresión. Atribuir a una persona un comportamiento delictivo o censurable en relación con su modo de vida o facilitar, de algún otro modo, información que pueda exponer a una persona al desprecio de los demás constituye un delito de difamación y supone un uso indebido de la libertad de expresión con arreglo al apartado 1 del capítulo 5 de la Ley sobre la Libertad de Expresión y con arreglo al apartado 3 del capítulo 7 de la tryckfrihetsförordningen (1949:105) [Ley (1949:105) sobre la Libertad de Prensa]. En cambio, estos actos no son punibles si, habida cuenta de las circunstancias, era legítimo facilitar información sobre el asunto y la persona que la proporcionó demuestra que la información era veraz o que tenía motivos razonables para creer que lo era.
II.    Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales
7.        Legal Newsdesk Sweden AB (en lo sucesivo, «Legal Newsdesk»), parte demandada en el litigio principal, explota la base de datos Lexbase y publica en ella datos personales relativos a personas que han estado implicadas en procedimientos penales. A este respecto, Legal Newsdesk permite realizar búsquedas sobre personas y empresas que hayan sido objeto de un procedimiento penal o de una demanda civil ante un órgano jurisdiccional sueco. La Myndigheten för press, radio och tv (Autoridad Sueca para la Prensa, la Radio y la Televisión) [actualmente Mediemyndigheten (Agencia Sueca de Medios de Comunicación)] emitió un certificado denominado «utgivningsbevis» (certificado que acredita que no existe ningún impedimento jurídico para la publicación que confiere protección constitucional; en lo sucesivo, «certificado para la publicación») en favor de Lexbase.
8.        El 17 de enero de 2011, ND, demandante en el litigio principal, fue condenado por un delito y la correspondiente sentencia condenatoria estuvo disponible en Lexbase hasta febrero de 2024. La sentencia condenatoria ha sido suprimida del registro público de antecedentes penales. Aunque el demandante en el litigio principal solicitó a Legal Newsdesk que suprimiera sus datos personales, estos no fueron suprimidos inmediatamente, sino únicamente a raíz de un control rutinario.
9.        ND presentó una demanda ante el Attunda tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Attunda), que es el órgano jurisdiccional remitente, por la que solicitaba que se condenara a Legal Newsdesk a pagarle una indemnización por importe de 300 000 coronas suecas (SEK) (aproximadamente 26 000 euros) más intereses. Legal Newsdesk se opuso a dicha demanda alegando que el contenido publicado en Lexbase estaba amparado por un certificado para la publicación. Sin embargo, según el Derecho nacional, en tal situación, el RGPD no se aplica como tal, puesto que el derecho a la protección de los datos personales está garantizado por las leyes constitucionales sobre los medios de comunicación, que solo prevén la posibilidad de exigir responsabilidad penal por difamación a la persona responsable de una violación de dicha protección y el derecho a reclamar una indemnización al respecto.
10.      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente observa que el artículo 85, apartado 2, del RGPD autoriza explícitamente a los Estados miembros a establecer exenciones y excepciones en lo que respecta al tratamiento de datos personales con «fines periodísticos» y, más en general, para garantizar la libertad de expresión y de información. Sin embargo, por lo que respecta al tratamiento de datos personales con «fines periodísticos», el RGPD no define qué debe entenderse por tales fines. Además, aunque tales objetivos abarcaran toda comunicación de información, opiniones o ideas al público, la jurisprudencia no aclara el efecto del artículo 85 del RGPD en las acciones legales que deben poder ejercitar los interesados de conformidad con los artículos 79 y 82 del RGPD.
11.      En estas circunstancias, mediante resolución de 1 de marzo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de marzo de 2024, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Permite el artículo 85, apartado 1, del [RGPD] que los Estados miembros adopten medidas legislativas más allá de lo que les incumbe con arreglo al artículo 85, apartado 2, de dicho Reglamento y en relación con el tratamiento de datos personales con fines distintos de los periodísticos o de expresión académica, artística o literaria?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión prejudicial: ¿Permite el artículo 85, apartado 1, del [RGPD] una conciliación entre el derecho a la protección de los datos personales previsto en dicho Reglamento y la libertad de expresión e información conforme a la cual la persona cuyos datos personales son objeto de tratamiento —al ponerse a disposición del público en Internet información sobre sentencias penales condenatorias relativas a dicha persona, a cambio de una contraprestación económica— solo tiene, como vías de recurso, la posibilidad de ejercitar una acción penal por el delito de difamación o de reclamar una indemnización por daños y perjuicios basada en ese delito?
3)      En caso de respuesta negativa a la primera o a la segunda cuestión prejudicial: ¿Constituye la actividad de poner a disposición del público en Internet, sin ningún tratamiento ni edición, documentos públicos en forma de sentencias penales condenatorias, a cambio de una contraprestación económica, un tratamiento de datos personales que se lleva a cabo con los fines contemplados en el artículo 85, apartado 2, del [RGPD]?»
12.      Han presentado observaciones escritas las partes del litigio principal, los Gobiernos búlgaro, finlandés y sueco y la Comisión Europea. Las partes del litigio principal, el Reino de Suecia y la Comisión participaron en la vista celebrada el 14 de mayo de 2025.
III. Apreciación
A.      Cuestiones prejudiciales primera y segunda, relativas al ámbito de aplicación del artículo 85, apartados 1 y 2, del RGPD
13.      Mediante sus dos primeras cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pretende esencialmente que se dilucide si el artículo 85, apartado 1, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que permite una normativa nacional conforme a la cual la persona cuyos datos personales son objeto de tratamiento —al ponerse a disposición del público en Internet información sobre sentencias penales condenatorias relativas a dicha persona a cambio de una contraprestación económica— solo tiene, como vías de recurso, la posibilidad de ejercitar una acción penal por el delito de difamación o de reclamar una indemnización por daños y perjuicios basada en ese delito.
1.      Estructura del artículo 85 del RGPD
14.      Examinaré en primer lugar la estructura y el origen del artículo 85 del RGPD.
15.      En virtud del artículo 85, apartado 1, del RGPD, los Estados miembros conciliarán por ley el derecho a la protección de los datos personales en virtud del RGPD con el derecho a la libertad de expresión y de información, incluido el tratamiento con fines periodísticos y fines de expresión académica, artística o literaria.
16.      Esta disposición refleja y pretende conciliar —un término que recuerda la redacción utilizada en el Convenio 108 del Consejo de Europa— (3) tres derechos fundamentales distintivos y potencialmente contradictorios contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»): la protección de los datos personales, (4) la libertad de expresión e información (5) y la libertad de las artes y las ciencias. (6)
17.      Dado que el artículo 85, apartado 1, del RGPD contiene el término «incluido», cabe inferir que la actividad periodística constituye una de las subcategorías de la categoría más amplia del derecho a la libertad de expresión y de información.
18.      Por lo que respecta a esta subcategoría específica del tratamiento realizado con fines periodísticos, (7) el artículo 85, apartado 2, del RGPD especifica que los Estados miembros establecerán exenciones o excepciones de lo dispuesto en los capítulos II (principios), III (derechos del interesado), IV (responsable y encargado del tratamiento), V (transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales), VI (autoridades de control independientes), VII (cooperación y coherencia) y IX (disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento de datos), si son necesarias para conciliar el derecho a la protección de los datos personales con la libertad de expresión e información.
19.      Por lo que respecta a la diferencia y a la interacción entre los apartados 1 y 2 del artículo 85 del RGPD, mientras que el primero enuncia el mandato y el principio general de la normativa, el segundo establece el mecanismo de aplicación en lo que respecta a los ámbitos específicamente enumerados, al permitir expresamente a los Estados miembros establecer exenciones y excepciones a lo dispuesto en determinados capítulos del RGPD.
20.      En esta fase, es preciso formular una serie de observaciones sobre esta disposición.
21.      En primer lugar, como indica el tenor del artículo 85, apartado 1, del RGPD, (8) los Estados miembros tienen la obligación (y no una mera facultad discrecional) de conciliar la protección de datos con la libertad de expresión.
22.      En segundo lugar, solo se prevé un mecanismo específico de aplicación de esta obligación para el tratamiento de datos con fines periodísticos o de expresión académica, artística o literaria. En ninguna parte del artículo 85 del RGPD se especifica si también se puede recurrir a este mecanismo indicado en relación con otros ámbitos comprendidos en la libertad de expresión, pero que no constituyan un tratamiento para los fines mencionados.
23.      En tercer lugar, en virtud del artículo 85, apartado 2, del RGPD, los Estados miembros tienen la obligación de establecer exenciones o excepciones de lo dispuesto en una serie de capítulos del RGPD, limitando así el ámbito de aplicación efectivo de esos capítulos si dichas exenciones y excepciones son necesarias para conciliar la protección de datos con la libertad de expresión. Esto no significa que la libertad de expresión vaya siempre y estructuralmente en primer lugar, pero sí pone de relieve que existen situaciones en las que la protección de datos debe restringirse para que sea compatible y conciliable con la libertad de expresión.
24.      En cuarto lugar, cuando los Estados miembros cumplen las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 85 del RGPD, actúan dentro del ámbito de aplicación del RGPD. Por lo tanto, aplican el Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, lo que significa que esta es aplicable a ese ejercicio de conciliación. (9)
25.      En quinto lugar, la tarea del ejercicio de conciliación propiamente dicho se deja en manos de los Estados miembros. Les corresponde calibrar esta relación de acuerdo con sus propias tradiciones jurídicas y constitucionales. Esto conduce inevitablemente a cierta disparidad en los niveles de protección en la Unión Europea, tanto en lo que respecta a la protección de datos como a la libertad de expresión, puesto que deben conciliarse dos derechos potencialmente opuestos. Pues bien, esto es precisamente lo que pretendía el legislador de la Unión.
26.      Por último, el artículo 85 del RGPD no establece en ningún caso una base jurídica que permita a los Estados miembros declarar inaplicable la totalidad del RGPD a determinadas situaciones. Esto se aplica tanto al primer como al segundo párrafo de dicha disposición. Aunque corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar este extremo, considero que el artículo 85 del RGPD no proporciona ninguna base jurídica para la normativa sueca que declara inaplicable el RGPD cuando entre en conflicto con la normativa sueca en materia de libertad de expresión.
2.      Relación entre los apartados 1 y 2 del artículo 85 del RGPD
27.      Como se ha indicado anteriormente, el artículo 85 del RGPD guarda silencio sobre la cuestión si cabe recurrir al párrafo segundo de esta disposición para cuestiones comprendidas en el ámbito de la libertad de expresión que no constituyan un tratamiento con fines periodísticos. (10) ¿Puede un Estado miembro establecer exenciones y excepciones a lo dispuesto en los capítulos II a VII y IX aun cuando no se refieran a un tratamiento con fines periodísticos?
28.      En mi opinión, los Estados miembros no pueden establecer exenciones y excepciones a lo dispuesto en capítulos completos del RGPD.
29.      En primer lugar, el hecho de que el artículo 85, apartado 2, del RGPD enumere cuidadosamente una serie de capítulos del RGPD que deben ser objeto de restricciones es un indicio de que esta disposición solo se aplica a la cuestión específica tratada en dicho apartado, es decir, el tratamiento realizado con fines periodísticos.
30.      En segundo lugar, el artículo 85, apartado 3, del RGPD, que obliga a cada Estado miembro a notificar a la Comisión las disposiciones legislativas que adopte de conformidad con el apartado 2, tendría poco sentido si los Estados miembros pudieran establecer exenciones y excepciones a lo dispuesto en los capítulos del RGPD enumerados en el artículo 85, apartado 2, también en virtud del artículo 85, apartado 1. El artículo 85, apartado 3, del RGPD pretende colocar a la Comisión en una posición que le permita realizar un examen exhaustivo cuando los Estados establezcan excepciones a capítulos específicos del RGPD. Este objetivo se vería comprometido si los Estados miembros pudieran, con arreglo al artículo 85, apartado 1, del RGPD, establecer exenciones y excepciones que no estuvieran sujetas a la obligación de notificación.
31.      En tercer lugar, resulta instructivo analizar el proceso legislativo que condujo a la adopción del RGPD. Este pone de manifiesto que la Comisión, en su proyecto inicial de (lo que posteriormente se convirtió en) dicho artículo 85 del RGPD, manteniéndose en la lógica seguida por el predecesor de esta disposición en el marco de la Directiva 95/46/CE, (11) quiso limitar la conciliación de la protección de datos y la libertad de expresión al tratamiento llevado a cabo únicamente con fines periodísticos. En este orden de ideas, propuso que la disposición en cuestión incluyera dos apartados, que se asemejan en gran medida a los apartados 2 y 3 del artículo 85 del RGPD. (12) El Parlamento Europeo intentó ampliar el régimen propuesto a la libertad de expresión en general. Se propuso suprimir la referencia «con fines periodísticos» y sustituirla por «siempre que sea necesario». (13) Sin embargo, esta propuesta no fue aceptada en última instancia.
32.      De ello resulta el artículo 85 del RGPD en su forma actual. En efecto, si un Estado miembro pudiera adoptar las mismas medidas en virtud del artículo 85, apartado 1, del RGPD, que en virtud del apartado 2 de esa misma disposición, prevalecería la posición del Parlamento Europeo que fue rechazada en esa fase anterior.
33.      Por lo tanto, a lo sumo, los Estados miembros pueden, en circunstancias específicas, con arreglo al artículo 85, apartado 1, del RGPD, restringir los derechos contenidos en dicho Reglamento. Las condiciones precisas en las que esto es posible son, por lo que respecta al presente asunto, hipotéticas y excederían del marco del asunto del que conoce el órgano jurisdiccional remitente.
3.      Imposibilidad de establecer exenciones o excepciones a lo dispuesto en el capítulo VIII del RGPD
34.      Además, ni el artículo 85, apartado 1, del RGPD —ni, de hecho, ninguna otra disposición del RGPD— permite a los Estados miembros restringir los derechos reconocidos a los interesados en virtud del capítulo VIII (sobre recursos, responsabilidad y sanciones), dado que ello equivaldría a eludir la omisión expresa de dicho capítulo en el apartado 2 del artículo 85 del RGPD.
35.      De la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que el derecho a la protección de los datos personales en el contexto de la difusión de datos relativos a infracciones penales solo está garantizado mediante la responsabilidad penal por difamación y la posibilidad de reclamar por ello una indemnización por daños y perjuicios al respecto. Esto tiene como consecuencia que el Derecho nacional en cuestión excluye directamente varias vías de recurso contempladas en el capítulo VIII en caso de tratamiento de datos personales protegidos por la libertad de expresión en virtud del Derecho nacional, como la presentación de una reclamación con arreglo al artículo 77 del RGPD, ya que la autoridad de control no parece estar facultada para imponer sanciones penales o conceder indemnizaciones. Por las mismas razones, el Derecho nacional en cuestión parece excluir la posibilidad de ejercitar una acción de cesación contra el responsable del tratamiento con arreglo al artículo 79, apartado 1, del RGPD.
36.      Sobre la base de esta constatación, propongo responder a las dos primeras cuestiones prejudiciales que el artículo 85, apartado 1, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional conforme a la cual la persona cuyos datos personales son objeto de tratamiento —al ponerse a disposición del público en Internet información sobre sentencias penales condenatorias relativas a dicha persona, a cambio de una contraprestación económica— solo tiene, como vías de recurso, la posibilidad de ejercitar una acción penal por el delito de difamación o de reclamar una indemnización por daños y perjuicios basada en ese delito.
B.      Tercera cuestión prejudicial — concepto de «fines periodísticos» previsto en el artículo 85, apartado 2, del RGPD
37.      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide, en esencia, si una actividad que consiste en poner a disposición del público en Internet, sin ningún tratamiento ni edición, documentos públicos en forma de sentencias penales condenatorias, a cambio de una contraprestación económica, constituye un tratamiento de datos personales con fines periodísticos en el sentido del artículo 85, apartado 2, del RGPD. (14)
38.      De entrada, procede subrayar que el órgano jurisdiccional remitente se limita a solicitar orientación sobre si el presente asunto está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 85, apartado 2, del RGPD. En cambio, el órgano jurisdiccional remitente no pregunta si el Reino de Suecia —en caso de que sea aplicable el artículo 85, apartado 2, del RGPD— ha conciliado correctamente la libertad de expresión con la protección de datos.
39.      La cuestión es, por lo tanto, si la base de datos de Legal Newsdesk es una base de datos con fines periodísticos.
40.      A falta de una definición clara, el punto de partida de la interpretación de lo que se entiende por «fines periodísticos» debe ser el sentido corriente de la expresión. En este caso, los diccionarios estándar ofrecen una definición bastante restringida del término «periodismo»: «the work of collecting and writing news stories for newspapers, magazines, radio, television or online news sites; the news stories that are written» (actividad profesional que consiste en la recogida y redacción de noticias para periódicos, revistas, radio, televisión o sitios de información en línea; noticias que se escriben); (15) «the work of writing articles for newspapers, magazines, television, or radio» (actividad profesional que consiste en la redacción de artículos para periódicos, revistas, televisión o radio). (16)
41.      Llegados a este punto, podemos basarnos en gran medida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 9 de la Directiva 95/46, el predecesor del artículo 85 del RGPD. En dicha jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que procede interpretar ampliamente los conceptos relacionados con la libertad de expresión, entre ellos el de periodismo, (17)demostrando así que la conciliación de la protección de datos con la libertad de expresión no sigue el razonamiento tradicional de regla-excepción. Además, las actividades que implican la recogida y publicación sistemáticas de listas completas de datos fiscales personales, procedentes de registros públicos y posteriormente publicadas, pueden calificarse de «actividades periodísticas» si su finalidad es divulgar al público información, opiniones o ideas, por cualquier medio de transmisión. No están reservadas a las empresas de medios de comunicación y pueden ejercerse con ánimo de lucro. (18)
42.      Además, como subraya acertadamente la Comisión, los fines periodísticos no están necesariamente vinculados a los medios de comunicación tradicionales como los periódicos, la radio y la televisión. (19) Así pues, el Tribunal de Justicia ha declarado que las exenciones y excepciones previstas en el artículo 9 de la Directiva se aplican no solo a las empresas de medios de comunicación, sino también a toda persona que ejerza una actividad periodística, (20) lo que significa que, en principio, los blogueros y los particulares también pueden invocar el artículo 85, apartado 2, del RGPD.
43.      Además, el hecho de que se publiquen datos personales con ánimo de lucro no excluye a priori que pueda considerarse una actividad «exclusivamente con fines periodísticos». Toda empresa persigue obtener un beneficio de su actividad. Un cierto éxito comercial puede ser incluso la condición sine qua non para la subsistencia de un periodismo profesional. (21)
44.      Pues bien, en un asunto relativo a la cuestión de si la grabación y la publicación de un vídeo, en un sitio de Internet de vídeos de acceso público, en el que se podía ver a varios policías ejerciendo sus funciones en una comisaría de policía están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 9 de la Directiva 95/46, el Tribunal de Justicia declaró que no puede considerarse que cualquier información publicada en Internet, relativa a datos personales, esté comprendida en el concepto de «actividades periodísticas» y disfrute por ello de las exenciones y excepciones previstas en el artículo 9 de la Directiva 95/46. (22)
45.      Por último, el Tribunal de Justicia tiende a conceder un margen de maniobra considerable a los órganos jurisdiccionales remitentes para determinar si efectivamente existe un tratamiento con fines periodísticos en los asuntos de que se trata. A este respecto, concede importancia a la cuestión de si el único objetivo de una publicación es «divulgar al público información, opiniones o ideas». (23)
46.      Si bien corresponderá en definitiva al órgano jurisdiccional remitente aplicar esta jurisprudencia al asunto del que conoce, sobre la base de la información remitida, no creo que el tratamiento llevado a cabo por Legal Newsdesk tenga por objeto divulgar al público información, opiniones o ideas. (24) Esta empresa se dedica únicamente a explotar una base de datos en la que solo ofrece acceso a las resoluciones judiciales en materia penal, sin ningún tratamiento ni edición de esos datos. Dudo que esta información sobre sentencias penales condenatorias se publique para llamar la atención de la sociedad sobre un tema concreto. Por el contrario, da la impresión, como también ha sostenido convincentemente la Comisión, de que Legal Newsdesk solo pone esa información a disposición de quienes pagan por ella, sin ninguna indicación de que la empresa pretenda, más en general, llamar la atención del público sobre dicha información.
47.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, me resultaría difícil proponer que dicha actividad se considere realizada con fines periodísticos.
48.      Por consiguiente, propongo que se responda a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 85, apartado 2, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que una actividad que consiste en poner a disposición del público en Internet, sin ningún tratamiento ni edición, documentos públicos en forma de sentencias penales condenatorias, a cambio de una contraprestación económica, no constituye un tratamiento de datos personales con fines periodísticos.
IV.    Conclusión
49.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Attunda tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Attunda, Suecia) del siguiente modo:
«1)      El artículo 85, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional conforme a la cual la persona cuyos datos personales son objeto de tratamiento —al ponerse a disposición del público en Internet información sobre sentencias penales condenatorias relativas a dicha persona, a cambio de una contraprestación económica— solo tiene, como vías de recurso, la posibilidad de ejercitar una acción penal por el delito de difamación o de reclamar una indemnización por daños y perjuicios basada en ese delito.
2)      El artículo 85, apartado 2, del Reglamento 2016/679
debe interpretarse en el sentido de que una actividad que consiste en poner a disposición del público en Internet, sin ningún tratamiento ni edición, documentos públicos en forma de sentencias penales condenatorias, a cambio de una contraprestación económica, no constituye un tratamiento de datos personales con fines periodísticos.»
1      Lengua original: inglés.
2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1) (en lo sucesivo, «RGPD»).
3      Véase el preámbulo del Convenio original del Consejo de Europa de 1981 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, disponible en https://rm.coe.int/1680078b37. Este Convenio fue actualizado de manera exhaustiva en 2018 por el Protocolo que modifica el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (CETS n.º 223 — disponible en https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=223). A este respecto, se han introducido nuevos requisitos en materia de notificación de violaciones de datos, refuerzo de los derechos de las personas y mecanismos mejorados para los flujos transfronterizos de datos. Además, el artículo 11, apartado 1, letra b), del Convenio revisado enumera ahora la libertad de expresión expressis verbis como motivo de restricción de la protección de datos. El Protocolo aún no ha entrado en vigor, ya que necesita la ratificación de al menos 38 de las Partes en el Convenio, de las cuales solo 33 han ratificado el Protocolo hasta la fecha (véase https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=223). El texto consolidado puede consultarse en https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1.
4      Artículo 8 de la Carta.
5      Artículo 11 de la Carta.
6      Artículo 13 de la Carta.
7      Así como con fines de expresión académica, artística o literaria, lo que no es pertinente en el presente asunto.
8      Los Estados miembros conciliarán […].
9      Véase también, en este sentido, Schiedermair, St., en Ehmann, E., Selmayr, M. (eds.), Datenschutz-Grundverordnung, Kommentar, C. H. Beck, Múnich, 3a ed., 2022, artículo 85, punto 4.
10      En aras de la comodidad, cuando me refiera al artículo 85, apartado 2, del RGPD, a partir de ahora no me referiré a la «expresión académica, artística o literaria», puesto que el presente asunto no versa sobre estas cuestiones.
11      Véase el artículo 9 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31).
12      Véase el artículo 80 de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), COM/2012/011 final — 2012/0011 (COD), adoptada el 25 de enero de 2012, remitida al Parlamento Europeo y al Consejo el 27 de enero de 2012.
13      Véase el artículo 80 de la Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de marzo de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n.o …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), adoptada mediante Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos) [COM(2012) 0011 — C7‑0025/2012 — 2012/0011(COD)].
14      Aunque el término «periodístico» no figura en el tenor de la cuestión prejudicial, propongo, en línea con la propuesta de la Comisión, reformular ligeramente la cuestión en este sentido, dado que es evidente que el órgano jurisdiccional remitente solo busca orientación sobre el concepto de «fines periodísticos» y no (también) sobre el concepto de «fines de expresión académica, artística o literaria».
15      Véase la definición propuesta en el Oxford Advanced Learner’s Dictionary, disponible en https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/journalism?q=journalism.
16      Véase la definición propuesta en el Cambridge Learner’s Dictionary, disponible en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/journalism.
17      Véanse las sentencias de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727), apartado 56, y de 14 de febrero de 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122), apartado 51.
18      Véase la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727), apartado 61.
19      Esto se refleja también en el considerando 153 del RGPD, que es el equivalente descriptivo del artículo 85 del RGPD y que menciona expresamente el «ámbito audiovisual».
20      Véase la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727), apartado 58. Véanse también las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:266), punto 65.
21      Véase la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727), apartado 59.
22      Véase la sentencia de 14 de febrero de 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122), apartado 58. Véanse también las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Buivids (C‑345/17, EU:C:2018:780), punto 55.
23      Véanse las sentencias de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727), apartado 62, y de 14 de febrero de 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122), apartado 59.
24      A este respecto, procede recordar que, tras recibir la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727), el órgano jurisdiccional remitente en dicho asunto llegó a la conclusión de que, in casu, no existía tratamiento con fines periodísticos. Véase la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de junio de 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy y Satamedia Oy c. Finlandia (CE:ECHR:2017:0627JUD000093113), § 22.