61977C0116(01)
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GERHARD REISCHL
presentadas el 23 de octubre de 1979 (
*1
)
Señor Presidente,
Señores Jueces,
Los tres asuntos inscritos en el turno de vistas para hoy fueron acumulados a efectos del procedimiento y de sentencia mediante auto de 2 de diciembre de 1977. A solicitud de la demandante, Scholten Honig, quien no desea que determinados detalles del cálculo contenido en su demanda de daños y perjuicios sean conocidos por las partes demandantes en los otros dos procedimientos, el Tribunal de Justicia, mediante auto de 7 de marzo de 1979, ordenó que el asunto 143/77 fuera separado de los otros dos.
Sin embargo, considero que los tres asuntos pueden ser objeto de consideración hoy, en unas conclusiones comunes. En efecto, en la presente fase del procedimiento se trata, esencial y únicamente, de saber si las Instituciones demandadas infringieron las normas jurídicas de una forma que pueda constituir un requisito previo de su responsabilidad por acto lesivo. De todas formas, dado lo restringido del objeto del procedimiento oral, del que ya se informó a las partes, no procede todavía examinar el daño supuestamente causado, ni los detalles acerca de éste, de una manera que pudiera poner en peligro los intereses comerciales de la demandante Scholten Honig o de sus relaciones comerciales.
Por lo que se refiere a los tres casos, ya presenté conclusiones el 20 de junio de 1978. El conjunto de los problemas jurídicos y económicos que plantean ya son conocidos a través de los asuntos prejudiciales Royal Scholten Honig y Tunnel Refineries Limited (sentencia de 25 de octubre de 1978, asuntos acumulados 103/77 y 145/77, Rec. p. 2037), en relación con los cuales también presenté mis conclusiones el 20 de junio de 1978. Por lo tanto puedo prescindir de una serie de comentarios previos acerca de la organización común de mercados en el sector del azúcar y sobre el establecimiento, en dicho contexto, de una cotización sobre la producción de isoglucosa, edulcorante líquido en relación de competencia con el azúcar. En aras de una mayor facilidad me remito a las conclusiones mencionadas.
En las conclusiones que presenté en los tres recursos acerca de la responsabilidad por acto lesivo, sostuve que debían desestimarse por infundados dado que la normativa que establecía la cotización sobre la isoglucosa no era ilegal. Por lo que se refiere a este punto, me fue posible hacer una remisión a mis consideraciones exhaustivas en torno a esta cuestión, contenidas en las conclusiones de los asuntos 103/77 y 145/77, consideraciones que también tenían en cuenta una serie de alegaciones presentadas en el marco de asuntos sobre responsabilidad por acto lesivo.
El Tribunal de Justicia se apartó de mi opinión acerca de la cotización sobre la producción de isoglucosa, establecida por el Reglamento (CEE) no 1111/77 (DO 1977, L 134, p. 4). En la citada sentencia de 25 de octubre de 1978, este Tribunal declaró que, por lo que se refiere a la cotización sobre la producción, existía una diferencia de trato entre los fabricantes de isoglucosa y los productores de azúcar, ya que la cotización sólo se percibía sobre el denominado azúcar B, cuando en realidad debería gravar el conjunto de la producción de isoglucosa y debido, además, a que sólo el azúcar disfrutaba de una garantía de venta al precio de intervención así como de restituciones a la exportación.
Según el Tribunal de Justicia, aunque se elijan, a efectos de comparación fábricas modernas de azúcar que producen cantidades importantes de azúcar C por las que deban soportar gravámenes sobre la producción de entre 3,81 y 13,52 unidades de cuenta por cada 100 kg de azúcar producida, hay que tener, sin embargo, en cuenta que los productores agrícolas de remolacha soportan, en cualquier caso, el 60 % del gravamen medio que supone la cotización sobre la producción y que, además, los productores de azúcar pueden disminuir la magnitud de los gravámenes limitando su producción. Por consiguiente, este Tribunal declaró en su sentencia que se trataba de un «gravamen manifiestamente ilegal», soportado por los productores de isoglucosa, gravamen que debía considerarse como una violación del principio de no discriminación del apartado 3 del artículo 40 del Tratado -CEE. Consiguientemente, el Reglamento no 111 1/77 era inválido en la medida en que establecía, mediante sus artículos 8 y 9, una cotización sobre la producción de isoglucosa que ascendía a 5 unidades de cuenta por cada 100 kg de materia seca, para el período correspondiente a la campaña azucarera 1977/1978.
Tras esta decisión, quedaba claro que los recursos acerca de la responsabilidad por acto lesivo no podían ser desestimados sobre la base de los fundamentos por mí sugeridos. Por ello, en los citados procedimientos, se instó a las partes, mediante carta de 21 de noviembre de 1978, a que precisaran las pérdidas que afirmaban haber sufrido, que se pronunciaran acerca de la relación de causalidad existente entre el comportamiento de las Instituciones comunitarias y las pérdidas de que se trataba y que, a la vista de la sentencia de 25 de mayo de 1978, HNL/Consejo y Comisión (asuntos acumulados 83/76 y 94/76, 4/77, 15/77 y 40/77_↔ Rec. p. 1209), presentaran sus observaciones acerca de si, la naturaleza del perjuicio cuya reparación se solicitaba podía dar lugar a la responsabilidad de la Comunidad con arreglo al artículo 215 del Tratado CEE.
En sus escritos, que serían más tarde completados tras una serie de preguntas del Tribunal de Justicia, las demandantes consideran que se cumplen los requisitos necesarios para exigir la responsabilidad de la Comunidad por acto lesivo en virtud del artículo 215 del Tratado y, en concreto, alegan los siguientes motivos en apoyo de sus demandas:
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La demandante Amylum, que no pagó la cotización sobre la producción, alega que se le obligó a prestar, a cambio, garantías bancarias que le ocasionaron gastos. Además, debido a la cotización sobre la producción, limitó su producción de isoglucosa, fabricando en su lugar otros productos a base de almidón. Como consecuencia, sus beneficios disminuyeron y además sufrió pérdidas, ya que tuvo que limitar la producción de almidón, materia básica en la producción de isoglucosa. Además, tuvo que realizar gastos para defender sus intereses ante las autoridades belgas. Todo ello, teniendo en cuenta los correspondientes intereses, asciende a un total de 106.612.456 BFR. Más adelante haré referencia a la reducción, con carácter subsidiario, de la cuantía del daño.
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La demandante Tunnel Refineries, que tampoco pagó la cotización sobre la producción, alega que a causa de ésta, tuvo que disminuir su producción de isoglucosa en relación con el volumen inicialmente previsto. Por consiguiente, también ella produjo menos cantidad de almidón y también tuvo que transformarlo, en parte, en otros productos. Además, sufrió pérdidas debido a que: se elevaron los costes por unidad de producción en la fabricación de isoglucosa, la fábrica de almidón de la demandante no pudo ser utilizada a pleno rendimiento, fue necesario realizar inversiones para poder transformar el almidón en otros productos y para modificar las instalaciones de la empresa, la fabricación de otros productos generó unos beneficios inferiores, y, por último, el almidón, fabricado en sustitución y que no pudo venderse directamente, tuvo que ser almacenado. Si se tiene en cuenta el tipo de interés correspondiente hasta el 30 de noviembre de 1978, la pérdida resultante es de 1.020.150 UKL. Por lo que se refiere a la supuesta pérdida de clientela y a la pérdida de oportunidades de compra más ventajosas, no se pudo presentar ningún dato.
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Por último la demandante Koninklijke Scholten Honig que, dado que la isoglucosa fue producida en una empresa experimental, pagó la cotización sobre la producción, sin que todavía le haya sido reembolsada, alega que debido al régimen de cotizaciones sobre la producción se vio obligada a paralizar, definitivamente, la fabricación de isoglucosa. Por ello, hay que considerar también como perdidas las inversiones realizadas en empresas experimentales que, por otra parte, trabajaron a pérdida y que, además, provocaron pérdidas debido al despido de personal así como al hecho de que no se utilizó plenamente la capacidad productiva de la fábrica de almidón de maíz. Igualmente, deben considerarse como pérdidas los gastos realizados en materia de investigación, los gastos comerciales vinculados a la isoglucosa, incluidos los de publicidad, los gastos de asesoramiento jurídico y las consecuencias económicas de los contratos celebrados con terceras empresas para la adquisición de licencias y el suministro de enzimas. Por último, también sufrió pérdidas debido a que se vio obligada a vender, a precio muy desventajoso, una fábrica de isoglucosa, cuya construcción se encontraba ya muy avanzada, ante la falta de perspectiva de beneficios en el futuro. El valor total de las pérdidas fue estimado, a 18 de enero de 1979, en 147.520.000 HFL.
Por su parte, las Instituciones demandadas alegan, básicamente, que el establecimiento de una cotización sobre la producción de isoglucosa no constituye una «violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que proteja a los particulares». Además, ponen en duda la existencia de una relación de causalidad entre la cotización y las supuestas pérdidas. Consideran que no están obligadas, en ningún caso, a reparar todos los perjuicios alegados por las demandantes y que, en caso de que la Comunidad fuera considerada responsable, la obligación de reparación debería limitarse a determinados daños.
1.
Para decidir acerca del conjunto de las cuestiones objeto del litigio, conviene, en primer lugar y de forma breve, hacer las siguientes observaciones que no plantean ningún problema particular:
a)
El objeto del procedimiento consiste, exclusivamente, en determinar si la adopción del Reglamento no 1111/77, que establece una cotización sobre la producción de isoglucosa supone una violación de una norma superior de Derecho que dé lugar a una obligación de reparar por parte de la Comunidad. Por el contrario, no procede examinar con detalle la cuestión de cómo debe ser apreciado el comportamiento de la Comisión en la elaboración de dicha normativa, si en aquel momento los interesados ya se vieron impulsados a adoptar determinadas decisiones en la gestión de sus empresas y si las consecuencias de las mismas presentan una relación de causalidad con el comportamiento, eventualmente ilegal, de la Comisión.
Esta observación contempla las consideraciones presentadas por la demandante Scholten Honig en un escrito de ampliación, tras la decisión prejudicial dictada en los asuntos 103/77 y 145/77, consideraciones que se refieren, de forma manifiesta, a circunstancias anteriores a la adopción del Reglamento no 1111/77. En este contexto, no es necesario seguir investigando si dicha modificación o ampliación de motivos debe considerarse admisible, a lo cual se oponen las Instituciones demandadas alegando que la propia demanda sólo se refiere a una responsabilidad derivada de la adopción del Reglamento no 1111/77. Lo que realmente importa es que, durante la vista, el representante de Scholten Honig, puso claramente de manifiesto que el objetivo que se perseguía no era semejante modificación o ampliación de los motivos. Según él, la demandante sólo mencionó el período anterior a la adopción del Reglamento de que se trata para mostrar que, ya entonces, la dirección de la empresa consideraba las medidas que sería necesario tomar. Además, declaró que las decisiones pertinentes sólo se tomaron después de la adopción del Reglamento no 1111/77 y que, por consiguiente, lo único que importa a Scholten Honig es la obligación de reparar el daño derivado del establecimiento de una cotización sobre la producción, y no de los trabajos preparatorios.
b)
No ha sido negado -y en mi opinión sería insostenible hacerlo-que el establecimiento de la cotización sobre la producción de isoglucosa constituye una medida de política económica adoptada en virtud de una facultad discrecional relativamente amplia. Se trataba de tomar, en el marco de la organización común de mercados agrícolas y para lograr los objetivos del artículo 39 del Tratado CEE, las medidas destinadas a estabilizar el mercado del azúcar, caracterizado por excedentes considerables. Sobre este tema, me remito a mis conclusiones presentadas en los asuntos prejudiciales antes citados. Dado que la isoglucosa, nuevo edulcorante que no era objeto de restricciones a la producción, contribuyó a aumentar dichos excedentes, los fabricantes de este producto también debían contribuir a financiar la eliminación de los excedentes, a través de una cotización que se consideró como una compensación por las ventajas en materia de precios gracias a la organización de mercados en el sector del azúcar. Al mismo tiempo, convenía tratar de moderar el desarrollo, aparentemente impetuoso, del citado edulcorante que hacía prever un nuevo incremento de los excedentes.
La jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en materia de actos normativos que implican elecciones de política económica deja claro que los particulares sólo pueden reclamar una reparación del daño sufrido cuando se dé «una violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho que proteja a los particulares» (véanse, por ejemplo, las sentencias de 2 de diciembre de 1971, Zuckerfabrik Schóppenstedt/Consejo, 5/71_↔ Rec. p. 975, y de 31 de marzo de 1977, Compagnie industrielle du Comté de Loheac/Consejo y Comisión, asuntos acumulados 54/76 a 60/76, Rec. p. 645).
c)
Según la sentencia prejudicial dictada en los citados asuntos acumulados 103/77 y 145/77, que declaró la nulidad del Reglamento no 1111/77 debido a que violaba el principio de no discriminación, se cumple el requisito antes mencionado para que exista derecho a reparación, dado que lo determinante es la violación de una norma que protege los particulares. En el mismo sentido, se puede hacer referencia a la citada sentencia HNL/Consejo y Comisión, en la que este Tribunal subrayó que la finalidad del principio de no discriminación del apartado 3 del artículo 40 del Tratado, de evidente importancia en el sistema del Tratado, es la protección de los particulares.
2.
Durante mucho tiempo no ha estado claro qué se debía entender exactamente por «violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho».
Siguiendo la opinión de mi predecesor, el cual, en sus conclusiones presentadas en los asuntos acumulados 63/72 a 69/72, en los que recayó la sentencia de 13 de noviembre de 1973, Werhahn/Consejo (Rec. pp. 1229 y ss., especialmente p. 1253) consideró que era necesario que existiera un incumplimiento flagrante de una disposición, pienso, en primer lugar, que dicho requisito sólo se cumple en el supuesto de una falta grave (conclusiones en los asuntos acumulados 56/74 a 60/74 en los que recayó la sentencia de 2 de junio de 1976, Kampffmeyer (Rec. pp. 711 y ss., especialmente p. 749), cuando se dé —véanse las conclusiones en el asunto en el que recayó la sentencia de 21 de febrero de 1974, Holtz y Willemsen/Consejo y Comisión (153/73, Rec. pp. 675 y ss., especialmente p. 699)— una infracción bien caracterizada de dichas disposiciones o un incumplimiento manifiesto y grave. La doctrina —me remito al trabajo de Ernst Werner Fuss, que figura en la miscelánea dedicada a Von der Heydte, y que trata acerca de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de responsabilidad extracontractual de la Comunidad como consecuencia de Reglamentos nulos, páginas 173 y siguientes— consideró que la citada interpretación no era ni convincente, ni totalmente exacta. Fuss subraya que, por lo que se refiere a la adopción de medidas en materia de política económica, existe una amplia facultad discrecional en cuyo ejercicio tienen una cierta importancia las consideraciones de política económica, las decisiones coyunturales, los pronósticos sobre los desarrollos futuros y los objetivos prioritarios. Considera este autor que, en tales circunstancias, lo único que importa es el respeto de los límites exteriores de dicha facultad. Por ello, a la hora de examinar la cuestión de si nos encontramos ante una violación suficientemente caracterizada de una norma de Derecho, debe determinarse si se puede atribuir a la Institución comunitaria contra la que se ha interpuesto la reclamación, una transgresión o cualquier otra utilización abusiva de su amplia facultad discrecional. El autor piensa que cabe encontrar elementos que pueden corroborar su tesis en las primeras sentencias dictadas en la materia, dado que, en los citados asuntos acumulados 56/74 a 60/74, por ejemplo, se concedió una especial importancia a la existencia de una desventaja arbitraria, mientras que otros aspectos absurdos de la normativa no se calificaron de desviación de poder, o que en el asunto en el que recayó la sentencia de 14 de mayo de 1975, CNTA/Comisión (74/74_↔ Rec. p. 533), el abuso de poder constituyó también el centro de los debates.
Ya debería haber quedado claro que, para interpretar la fórmula de que se trata, el Tribunal de Justicia se inspiró de hecho, en gran medida, en la consideraciones de Fuss, pero que, por lo que se refiere a su definición, también concedió una cierta importancia a una serie de elementos que yo había indicado en mis intentos de interpretación. Tras la sentencia HNL/Consejo y Comisión, antes citada, sabemos que, en relación con la violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho, hay que fundarse en las siguientes consideraciones.
Es necesario partir del principio de que, en materia de actos normativos que implican elecciones de política económica sólo se puede exigir la responsabilidad de los poderes públicos con carácter excepcional y en circunstancias particulares. Por una parte, hay que tener en cuenta —y esta idea remite al vicio inherente a un acto que, supuestamente, es la causa del perjuicio— que cuando la autoridad competente para dictar Reglamentos dispone de una amplia facultad de apreciación, como es el caso en materia de organización de la política agrícola, sólo se puede exigir responsabilidad en el supuesto de que se hayan transgredido de forma grave y manifiesta los límites de la facultad discrecional. Por otra parte, hay que tomar en consideración las consecuencias que se derivan del acto impugnado. A este respecto hay que aplicar la regla de que «se puede obligar al particular a que soporte, dentro de límites razonables y sin derecho a indemnización con cargo a los fondos públicos, ciertos efectos perjudiciales para sus intereses económicos». Además, en el citado caso ya resuelto por este Tribunal, tuvo cierta importancia la circunstancia de que la medida considerada incidía sólo débilmente en el precio del forraje, en tanto que elemento del coste de producción. A estos efectos, había que comparar los aumentos de precios comprobados con los aumentos debidos a las fluctuaciones de los precios mundiales de los piensos para animales. Por último, se hizo también referencia a la necesidad de establecer un vínculo entre la incidencia de la medida de que se trata sobre la rentabilidad de las explotaciones demandantes y «la magnitud de los riesgos económicos inherentes a las actividades de los sectores agrícolas afectados».
El presente litigio debe resolverse a la luz de estos criterios que, posteriormente fueron también aplicados y parcialmente precisados en las sentencias de 4 de octubre de 1979 en los asuntos denominados gritz de maíz y de quellmehl, Dumortier Frères/Consejo (asuntos acumulados 64/76 y 113/76, 167/78 y 239/78, 27/79, 28/79 y 45/79, Rec. p. 3091); Ireks-Arkady/Consejo y Comisión (238/78_↔ Rec. p. 2955); DGV/Consejo y Comisión (asuntos acumulados 241/78, 242/78, 245/78 a 250/78, Rec. p. 3017) y Interquell Stärke-Chemie/Consejo y Comisión (asuntos acumulados 261/78 y 262/78, Rec. p. 3045). De esta forma, queda también claro que la importancia del acto infringido no es, por sí sola, el factor determinante sino más bien el hecho de que siempre debe existir un elemento adicional que caracterice la violación —digo esto en relación con la cuestión suscitada en el escrito de ampliación de Amylum, acerca de si en caso de violación de un principio fundamental del Derecho, no habría que admitir directamente la violación suficientemente caracterizada en el sentido recogido en la fórmula utilizada. Ello ya se deduce del hecho que en la sentencia HNL/Consejo y Comisión, el Tribunal de Justicia subrayó, por una parte, la importancia del principio de no discriminación que había sido violado, pero, por otra parte, analizó, además, la incidencia de la medida impugnada y subrayó también que era necesario que se hubiera dado una transgresión grave y manifiesta de los límites de la facultad discrecional.
3.
Por lo que se refiere al examen de los requisitos que deben reunirse para que se pueda hablar de una violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho, analizaré en primer lugar laincidencia del acto impugnado, a saber, del Reglamento no 1111/77.
a)
En relación con este tema, los demandantes se remiten, por una parte, a la cuantía de los daños y perjuicios que reclaman y que ya han sido mencionados, para compararlos con las cantidades claramente inferiores de que se trataba en la sentencia HNL/Consejo y Comisión. Por otra parte, se remiten a la declaración de dicha sentencia, según la cual, la medida de que se trataba en aquel caso afectaba a un número considerable de operadores económicos mientras que, subrayan las demandantes, en el presente caso sólo se ve afectado el pequeño grupo, fácil de delimitar, constituido por los fabricantes de isoglucosa.
Sin embargo, en mi opinión, estas dos observaciones, tomadas de forma separada no llevan a ninguna conclusión.
aa)
Esto es cierto por lo que se refiere a la segunda observación que he indicado. La circunstancia de que el presente caso afecte a todo un sector de la economía lleva a la siguiente conclusión: el hecho de que el citado sector de la economía esté organizado de forma que las unidades de producción estén en manos de unas pocas empresas no puede ser determinante. Además, no es correcto interpretar la sentencia HNL/Consejo y Comisión en el sentido de que cuando el grupo de interesados sea pequeño deba considerarse siempre que la incidencia es determinante en el sentido recogido por la fórmula de la violación suficientemente caracterizada. Sin embargo, en realidad, lo único que se dice en la sentencia es que la medida de que se trataba «afectaba a categorías muy amplias de operadores económicos […] de forma que las repercusiones quedaron considerablemente atenuadas a nivel de las empresas individuales». Por lo tanto, se estableció un vínculo entre el número de interesados y la naturaleza de la incidencia. Sin embargo, esto no excluye que las consecuencias puedan ser mínimas, aunque se trate de un pequeño grupo de interesados, y que, naturalmente, pueda producirse lo contrario. Independientemente del número de interesados, hay que tomar en consideración siempre la magnitud de las consecuencias de la medida impugnada.
bb)
Por otra parte, por lo que se refiere a las cantidades que se reclaman en concepto de daños y perjuicios, no se puede considerar que su cuantía haya quedado probada de forma cierta. En efecto, en relación con este tema se han presentado numerosas objeciones, cuya importancia no puede ser fácilmente negada y que, llegado el caso, convendrá examinar más adelante.
—
Me remito, por ejemplo, a las observaciones realizadas durante la vista, a sugerencia del Tribunal de Justicia, sobre la cuestión de cuáles son los perjuicios que pueden dar lugar a reparación en caso de un daño derivado de un acto normativo inválido. Así —y sobre este punto puedo también remitirme a las sentencias dictadas en los asuntos de gritz de maíz-, puede presentar una cierta importancia el carácter directo, anormal y especial de un daño. Además, tras la sentencia CNTA/Comisión, antes citada, hay que tener en cuenta si el lucro cesante debe, en principio, ser excluido, al menos en caso de que no exista violación de un interés jurídicamente protegido y hay que examinar si esto se aplica a los gastos de asesoramiento jurídico, como ocurre en ciertos Derechos nacionales.
—
A continuación, me referiré a diversas objeciones presentadas en relación con el cálculo detallado de los daños supuestamente sufridos. En relación con este tema, se llamó la atención sobre el hecho de que, como las inversiones destinadas a la fabricación de productos sustitutivos conservan su valor, no pueden ser consideradas como perjuicios desde el punto de vista económico. Por lo que se refiere al cálculo del lucro cesante provocado por la disminución de la producción de isoglucosa, se alegó que éste se realizó de forma incorrecta, ya que se partió de la base de que la isoglucosa no soportaba carga alguna, lo cual llevó a la demandante Amylum a reducir, con carácter subsidiario, su demanda de daños y perjuicios a 55.726.569 BFR. Asimismo, se alegó a este respecto que no se habían tenido en cuenta todos los elementos de los costes. Así, por ejemplo, y entre otros, la disminución de los costes como consecuencia de una utilización más intensiva de las instalaciones destinadas a la producción de almi dón. Además, se llamó la atención sobre el hecho de que la demandante Tunnel Refineries, presumió indebidamente que el objetivo de producción inicialmente previsto habría sido alcanzado directamente. Por último, también se plantearon objeciones en cuanto a la partida de «costes superiores de almacenamiento» presentada por Tunnel Refineries.
—
Toda una serie de objeciones hace referencia a la relación de causalidad.
En este marco se sitúa la hipótesis de que la producción de isoglucosa ya había dejado de ser rentable tras la supresión (que no es objeto de impugnación) de la restitución a la producción y que, de todas formas, si, en particular, en Bélgica dicha producción se situaba en pie de igualdad, desde el punto de vista fiscal, con la del azúcar, no podía ser objeto de ninguna carga adicional cualquiera que fuese su naturaleza. De esta forma, queda claro que la cotización sobre la producción no fue la verdadera causa de la conversión, o por lo menos que la isoglucosa no habría producido ningún beneficio ni siquiera en el caso de que hubiera estado exenta de toda cotización e incluso prescindiendo de los gastos de transporte.
Además, a partir de 1975, es decir antes del establecimiento de la cotización sobre la producción, Tunnel Refineries había decidido aumentar su capacidad de producción en una medida muy inferior a la inicialmente prevista.
Por otra parte, la paralización total de la producción por parte de la demandante Scholten Honig, no fue, en realidad, tal y como demostraron los ejemplos de Tunnel Refineries y de Amylum, consecuencia directa del establecimiento de una cotización sobre la producción, lo que debería llevar a no tener en cuenta los elementos relacionados con dicha paralización (pérdida de inversiones, incluso de las realizadas en instalaciones experimentales, futuro lucro cesante.)
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Por último, se alega que las demandantes, supuestamente, contribuyeron a la producción del daño.
Así, debería haberse considerado arriesgado hacer grandes inversiones en la producción de isoglucosa en una época en que se daba una coyuntura favorable en el mercado de azúcar y en un momento en que existían restituciones a la producción, a pesar de que se conociera la normativa estricta, e incluso la rigidez de dicho mercado, y a pesar de que no se pudiera contar con el mantenimiento de las restituciones.
Concretamente Tunnel Refineries decidió, de forma precipitada, fabricar productos sustitutivos debido a que cometió la equivocación de no tomar en serio la propuesta de la Comisión de mantener la cotización sobre la producción de isoglucosa a 5 unidades de cuenta (dicha propuesta fue, efectivamente, aceptada en mayo de 1978). El hecho de que sólo dos días antes de que se dictara sentencia en los asuntos prejudiciales 103/77 y 145/77, todavía se aprobaran inversiones para la reconversión de instalaciones, se inscribe también en este contexto. En relación con esta cuestión, el perjuicio derivado del pago de la cotización sobre la producción entre noviembre de 1977 y octubre de 1978, por lo que se refiere a una capacidad de producción que, de todas formas no se utilizó en su totalidad, fue claramente menor que las pérdidas cuya reparación se solicita mediante recurso.
Por último, las demandas presentadas por Scholten Honig dieron lugar a la siguiente objeción: debería haberse considerado que era particularmente arriesgado construir una fábrica especial para la producción de isoglucosa en lugar de —como habían hecho otras empresas— extender y desarrollar las instalaciones existentes, utilizadas para la fabricación de almidón. En el caso de Scholten Honig, también puede partirse de la base de que las dificultades, que también aquí llevaron a tomar decisiones precipitadas, tuvieron, esencialmente, otras causas (escasez de capital propio, escasa rentabilidad de la producción de almidón). Pero sobre todo, se puede observar la existencia de una responsabilidad concomitante de la demandante, como consecuencia de la celebración de contratos sobre adquisición de patentes, por una parte, y de venta de la fábrica de Tilburg a un precio claramente inferior al de construcción, por otra.
Por consiguiente, suponiendo que exista responsabilidad por parte de la Comunidad, no puede excluirse la posibilidad de que semejantes consideraciones provoquen una considerable disminución de las cantidades reclamadas, lo que podría privarles en gran medida de su fuerza de convicción, como ya se ha demostrado con el solo ejemplo de Amylum. Sin embargo, no es necesario proceder a un examen definitivo de esta cuestión. Por otra parte, en el actual estado de los autos, es decir, si no se continúa la instrucción, en su caso mediante peritos, ello no sería posible. En efecto, puede pensarse que, por lo menos la sentencia HNL/Consejo y Comisión, en la medida en que se refiere a la incidencia de un acto normativo inválido como criterio determinante, debe ser entendida de otra forma. Según dicha sentencia, no todas las consecuencias posibles, ni siquiera las consecuencias perjudiciales menos directas de una norma impugnada, deben considerarse determinantes. Para responder a la cuestión de si existe una violación suficientemente caracterizada de una norma de Derecho, hay que fijarse sólo en las consecuencias directas sobre los costes de producción y sobre la rentabilidad.
b)
Si se examina el presente caso desde este punto de vista, hay que partir, en primer lugar, del hecho que la controvertida cotización sobre la producción representaba alrededor del 15 % del valor de la isoglucosa. En efecto, se elevaba a un 15 % del precio de intervención del azúcar, el cual, como sabemos, habida cuenta de los excedentes existentes, se aproximaba al precio de mercado del azúcar, en función del cual se establecía, a su vez, el precio de la isoglucosa, debido a la posibilidad de sustitución parcial entre los dos productos.
Por supuesto, hay que admitir la dificultad que supone justificar, sobre la base de esta mera relación, que las consecuencias de la cotización sobre la producción fueran totalmente accesorias. Sin embargo, si interpreto bien la sentencia HNL/Consejo y Comisión, este único hecho no es determinante, sino que es necesario probar la existencia de un vínculo entre la citada incidencia y los riesgos económicos que sean manifiestamente inherentes a la actividad de que se trata. En relación con este tema, según las observaciones de las Instituciones demandadas, que me parecen convincentes, hay que tener en cuenta, por una parte, las fluctuaciones de los precios en el mercado de que se trata, y por otra, los riesgos inherentes a ese mercado, como consecuencia de la normativa a la que está sujeto en virtud de la organización común de mercados en el sector del azúcar.
aa)
Por lo que se refiere al primer punto, es cierto que las cifras inicialmente presentadas por la Comisión y el Consejo sobre el desarrollo del precio del azúcar en el mercado mundial entre 1974 y 1977 (que era de alrededor de 103 unidades de cuenta por cada 100 kg, por una parte y de alrededor de 12 unidades de cuenta por cada 100 kg, por otra) no pueden considerarse determinantes porque la isoglucosa que, según la jurisprudencia, debe asimilarse al azúcar comunitario, no se produce en el mercado mundial. Sin embargo, también es cierto que no cabe fundarse exclusivamente en las fluctuaciones, alegadas por la demandante, del precio del maíz (materia prima para la producción de isoglucosa) en el mercado mundial, o en la evolución del precio comunitario de dicho producto, la cual es mucho más limitada debido, precisamente, a que el precio de la isoglucosa no sólo está determinado por estos datos, sino que depende también de la estructura del precio del azúcar.
Si, por el contrario, se examina la evolución del precio del azúcar en la Comunidad, es decir en el mercado cuyos riesgos debían soportar los demandantes, en el período de que se trata, surge un cuadro verdaderamente impresionante, que va desde los años de escasez 1974 y 1975, en que, bajo la influencia de los elevados precios del mercado mundial, los precios eran superiores al precio de intervención, situándose alrededor del precio de umbral, e incluso por encima de éste en algunos Estados miembros, hasta los años con excedentes, como 1978, durante los cuales el precio de mercado estaba en función del precio de intervención. Por consiguiente, se puede hablar de fluctuaciones de precios del orden de la cuantía de la cotización sobre la producción que ahora se impugna, o incluso, si se compara el precio de intervención de 1974 y el precio de umbral de 1978, de fluctuaciones de precios de alrededor de 14 unidades de cuenta por cada 100 kg. Si se compara con estas cifras, la cotización sobre la producción no puede, en absoluto, considerarse exorbitante. Por el contrario, se situaría aproximadamente, en el marco de los riesgos normales inherentes al mercado del azúcar.
bb)
Análoga respuesta puede darse también a la segunda observación de las demandadas, en relación con la posibilidad de utilizar como referencia la cotización sobre la producción aplicable al azúcar B. Al estar limitada a un 30 % del precio de intervención del azúcar, dicha cotización ascendía durante el período de que se trata a 9,85 unidades de cuenta por cada 100 kg. Ahora bien, las pérdidas provocadas por la financiación de las exportaciones de los excedentes de azúcar habrían podido justificar una cotización de 19,5 unidades de cuenta por cada 100 kg. A la vista de semejantes cantidades, parece oportuno hablar de un riesgo real: en efecto, cuando se producían excedentes de azúcar ya no era necesario limitar la cotización. Sin embargo, ante semejante cotización sobre el azúcar B y, suponiendo que se hubiera repartido sobre la producción global de azúcar A y B, la carga soportada por los fabricantes de azúcar durante la campaña 1977/1978 habría ascendido a 3,54 unidades de cuenta por cada 100 kg. Si sólo se comparan las cargas soportadas, dichas cifras también habrían supuesto una carga admisible para la isoglucosa, es decir, que se puede hablar de un riesgo análogo para la isoglucosa, más o menos equivalente a la debatida cotización sobre la producción. De esta forma, también se daría una relación adecuada entre la carga establecida y el riesgo inherente al sector económico de que se trata.
La objeción presentada por los demandantes, en el sentido de que los cálculos del Consejo antes expuestos adolecen de un error, en la medida en que no se basan en la posible repercusión de un 60 % sobre los cultivadores de remolacha, es difícilmente sostenible. En efecto, dicho porcentaje tiene en cuenta una carga de 9,85 unidades de cuenta por cada 100 kg y fue calculado en función de los precios mínimos aplicables en aquel momento a las remolachas A y B. Por lo tanto, no constituía un valor inmutable. A la vista del objetivo de política agrícola que se perseguía, es decir garantizar los ingresos agrícolas, no es en absoluto ineluctable que el aumento de la cotización sobre la producción hubiera supuesto también una disminución del precio mínimo de las remolachas, de la misma forma que tampoco se puede considerar ineluctable -y, por lo que se refiere al examen de los riesgos que debemos realizar, ello es suficiente— que el aumento de la cotización sobre la producción, dentro de los límites permitidos por el Consejo, hubiera llevado al abandono absoluto de la producción de azúcar B, lo que habría supuesto en realidad, que los fabricantes de azúcar dejaran de pagar la cotización.
cc)
En mi opinión, la apreciación de los efectos de la medida impugnada, a la luz de las contingencias económicas, no lleva a la conclusión, tal y como parece sugerir la sentencia HNL/Consejo y Comisión, de que las instituciones comunitarias sean culpables de una violación suficientemente caracterizada de una norma de Derecho.
4.
Pero, además, es preciso preguntarse si, durante la elaboración y adopción del Reglamento no 1111/77, las Instituciones comunitarias violaron de forma manifiesta y grave los límites de la amplia facultad de apreciación de que disponen en materia de política agrícola.
a)
Por lo que se refiere a esta cuestión, las demandantes se remiten en parte a la sentencia prejudicial dictada en los asuntos acumulados 103/77 y 145/77, según la cual, la cotización sobre la producción de isoglucosa es un «gravamen manifiestamente desigual».
Sin embargo, en mi opinión, ello es, en sí mismo, insuficiente. Las demandadas señalan, con razón, que en el asunto en el que recayó la sentencia de 5 de julio de 1977, Bela-Mühle (114/76, Rec. p. 1211), se consideró que la medida adoptada en el Reglamento (CEE) no 563/76 del Consejo (DO 1976, L 67, p. 18) era manifiestamente desproporcionada y que sin embargo, en la citada sentencia HNL/Consejo y Comisión, que siguió a la anterior, el Tribunal de Justicia no consideró, suficiente, este elemento para fundar la pretensión de reparación, sino que exigió la existencia de circunstancias agravantes, que, no concurrían, lo cual condujo a desestimar el recurso.
b)
En este contexto, considero oportuno volver a recordar que en la sentencia HNL/Consejo y Comisión, varias veces citada, el Tribunal de Justicia subrayó que los actos inválidos sólo dan lugar a responsabilidad por parte de los poderes públicos de forma excepcional y en circunstancias especiales. Ello significa que para que se pueda considerar que existen los criterios que cualifican la infracción, es necesario que se cumplan una serie de requisitos muy estrictos. Hay que tener en cuenta todas las circunstancias del caso y no sólo un único aspecto, como por ejemplo la discriminación en el presente asunto, y en caso de responsabilidad debe demostrarse que han existido causas de nulidad que se sitúen en el límite de la arbitrariedad, es decir, es necesario encontrarse ante una decisión que no se funde en ninguna consideración pertinente o en la que dichas consideraciones no hayan tenido influencia.
aa)
El examen necesario a estos efectos debería fundarse en una comparación de las cargas soportadas por el azúcar y por la isoglucosa, comparación que ya tuvo cierta importancia en los procedimientos prejudiciales 103/77 y 145/77 y que en aquel caso me llevó incluso a considerar que alegación de discriminación de los productores de isoglucosa en relación con los productores de azúcar era infundada. De hecho, todavía considero justificado -y la sentencia dictada en los asuntos 103/77 y 145/77 tampoco se opone a ello— comparar la situación de los fabricantes de isoglucosa con la de las empresas modernas y bien situadas que fabrican azúcar y que, gracias a condiciones favorables de producción, no sólo cubren la cuota B, sino que además fabrican un volumen considerable de azúcar C. En aquella época por lo menos, es decir, cuando se adoptó el Reglamento no 1111/77, las citadas consideraciones no podían considerarse extrañas a la materia de que se trata y por esta razón, en las circunstancias actuales, no es posible basarse de forma determinante en una comparación con la nueva normativa adoptada en 1979, después de la sentencia prejudicial del Tribunal de Justicia, y sobre cuya base las demandantes llegan, como ya es sabido, a la conclusión de que fueron objeto, en aquel entonces, de una grave discriminación.
Si, al realizar la comparación a la que considero apropiado proceder, se tiene en cuenta que una parte de la cotización sobre la producción de azúcar B se repercute sobre los cultivadores de remolacha a través de un precio mínimo inferior para la remolacha azucarera -el Tribunal de Justicia lamentó, en el procedimiento prejudicial, la falta de semejante corrección, la cual podría llevarse a cabo fácilmente a posteriori, y a la que también se hace referencia en las observaciones de las Instituciones demandadas en el presente procedimiento— se aprecia, en efecto, que los productores de azúcar tenían que soportar aproximadamente la misma carga que los productores de isoglucosa, es decir, entre 1,5 y 5,4 unidades de cuenta por cada 100 kg, lo que da una media ponderada de 5 unidades de cuenta por cada 100 kg. Tampoco pienso que haga falta, como sugiere una de las demandantes, proceder a una nueva corrección del cálculo por el hecho que, durante la campaña 1977/1978, el precio de las remolachas C fuera, supuestamente, inferior. Por una parte, el Consejo podía perfectamente basarse, cuando se adoptó el Reglamento impugnado, en las cifras relativas a la campaña anterior. Por otra, no se puede desechar la alegación de la Comisión, por el momento indiscutida, de que no existía un nivel uniforme de precios y de que los precios de las remolachas B también eran, en algunos casos, superiores al precio mínimo previsto.
Por lo tanto, no hay ninguna duda de que la mera comparación de las cargas soportadas no basta para justificar la discriminación alegada por los fabricantes de isoglucosa.
bb)
Los asuntos 103/77 y 145/77 desembocaron, en efecto, en la conclusión de que existía discriminación, teniendo en cuenta, además, otras circunstancias: por una parte, no existía garantía de venta para la isoglucosa, a diferencia de lo que ocurría con el azúcar; y por otra parte, los fabricantes de isoglucosa, contrariamente a los productores de azúcar, no habían tenido la posibilidad de actuar sobre el tipo de la cotización mediante restricciones de la producción.
Pero, para ser más exactos, hay que admitir que el peso de los citados factores es muy variable. Así, no debe ignorarse que, de acuerdo con el artículo 4 del Reglamento no 1111/77, se podía conceder una restitución a la exportación de isoglucosa (lo que, sin embargo, no tenía importancia desde el punto de vista práctico, puesto que parece que la isoglucosa como tal no se exporta) y que dicha normativa se completó mediante el Reglamento (CEE) no 706/78 del Consejo, de 4 de abril de 1978 (DO L 94, p. 5), en el sentido de que podía concederse una restitución incluso a la exportación de isoglucosa en forma de productos elaborados. Además, hay que reconocer que (independientemente de que las restricciones a la producción también llevan consigo inconvenientes debido a que no se utilizan plenamente las capacidades existentes, tal y como, precisamente, muestran los cálculos relativos a los perjuicios sufridos en el presente caso) este punto de vista puede ser ignorado, sin que haya que hablar de causas de nulidad, ya que las fábricas modernas de azúcar pueden utilizarse como criterio de comparación pertinente. Para estas últimas, es decir para las empresas que también producen azúcar C en cantidades considerables, la referida posibilidad en realidad sólo tenía un significado meramente teórico. También era posible calcular aproximadamente, sobre la base de la producción de azúcar C que debía venderse en el mercado mundial, cuál era el efecto sobre el mercado comunitario de la restricción a la producción llevada a cabo mediante una normativa de cuotas en virtud dé la organización común de mercados en el sector del azúcar, restricción que no se preveía para la isoglucosa.
En el fondo, el único elemento significativo de discriminación que subsiste después de este análisis es que la isoglucosa no disfrutaba de garantía de venta. Resulta dudoso que este elemento sea suficientemente importante como para fundamentar la imputación de discriminación grave, si se considera que, a pesar de todo, la isoglucosa, aparentemente, pudo encontrar un mercado sin demasiadas dificultades.
cc)
Además, si se interpreta correctamente la sentencia HNL/Consejo y Comisión, el citado elemento no puede, como ya he subrayado, tomarse aisladamente. Debe ser apreciado en el marco de las circunstancias generales relevantes en aquel momento y sólo a continuación, después de haber examinado también si no existían razones pertinentes para retrasar el establecimiento de una absoluta igualdad de trato entre la isoglucosa y el azúcar y si desde el punto de vista de la política agrícola no estaba justificada una desventaja temporal para la isoglucosa, se verá si, efectivamente, puede hablarse de graves causas de nulidad por parte de las Instituciones comunitarias.
Por lo que se refiere a esta cuestión, me remito a las consideraciones del Consejo, según el cual, en realidad, la isoglucosa sólo existe en el mercado desde 1976, es un producto sobre el que se tenían pocos conocimientos seguros, que en aquel momento se encontraba en una fase preparatoria de la producción y del que se esperaba un rápido desarrollo. No hay que olvidar tampoco que era muy difícil comparar las estructuras de esta nueva industria con las de la industria tradicional del azúcar. Además, en aquella época, existían graves dificultades para colocar en pie de igualdad a la isoglucosa y el azúcar por lo que se refiere al establecimiento y cálculo de cuotas de producción, sin las que no se podía concebir una garantía de venta en un mercado con excedentes de azúcar. Estas dificultades pudieron, efectivamente, llevar a posponer la solución del problema, máxime cuando la organización común de mercados en el sector del azúcar debía ser reestructurada antes de 1980. Para responder a esto no es posible tampoco apoyarse en que, tras las sentencias prejudiciales 103/77 y 145/77, se estableció, en un plazo relativamente breve, una normativa sobre cuotas, aplicable también a la isoglucosa a partir de la campaña 1979/1980 [véanse el Reglamento (CEE) no 1293/79 del Consejo, de 25 de junio de 1979; DO L 162, p. 10 y el Reglamento de aplicación (CEE) no 1636/79 de la Comisión, de 27 de julio de 1979; DO L 190, p. 54]. De todas formas, no hay que olvidar que durante la elaboración de esta normativa sobre cuotas, la situación evolucionó de nuevo, de forma que se pudo tener en cuenta no sólo las capacidades de producción, de difícil evaluación, sino también la producción real. Tampoco hay que olvidar que dicha normativa sobre cuotas parece suscitar, incluso en la actualidad, problemas importantes, tal y como muestran los recursos pendientes.
Pero sobre todo, quiero recordar que, en aquel entonces, el Consejo había adoptado una decisión de política agrícola que, a la vista de los crecientes excedentes de azúcar, pudo considerar urgente y que aparecieron, como es frecuente en este ámbito, conflictos entre los objetivos que debían alcanzarse en la materia. Pero, en mi opinión, no fue erróneo ni improcedente que, ante las dificultades mencionadas, el Consejo aceptara, por razones de política agrícola, una cierta discriminación de la isoglucosa, discriminación difícil de evaluar, y que hiciera pesar en su decisión una cierta preferencia comunitaria. Por lo que se refiere a esta cuestión, tuvo una cierta importancia el hecho de que la isoglucosa sólo pueda producirse, en la práctica, a partir del maíz, que éste sea susceptible de almacenamiento y que pueda sufrir numerosas transformaciones en grandes empresas con actividades muy diversificadas, así como el hecho de que la mayor parte del maíz que se utiliza en la producción de isoglucosa provenga de países terceros debido al carácter ampliamente deficitario de la producción comunitaria y a que, según parece, el maíz producido en la Comunidad se presta peor a este tipo de transformaciones. También había que tener en cuenta los excedentes existentes en la producción de remolacha, que no es fácilmente sustituible por otros productos y que la remolacha, que es un producto muy perecedero, sólo puede servir para fabricar azúcar.
Si se toma en consideración todos los elementos señalados tal y como se debe hacer para adoptar una decisión de esta naturaleza, que se enmarca dentro del ámbito de la facultad discrecional, a pesar de que no se pueda negar la existencia de una cierta discriminación de la isoglucosa, que sin embargo no es flagrante, es difícil decir, después de examinar cuidadosamente todos los puntos de vista, que al adoptar la normativa declarada inválida, las Instituciones comunitarias hayan incurrido en un abuso de poder cercano a la arbitrariedad.
Por consiguiente, a la luz del examen hasta ahora realizado, no se puede llegar a la conclusión de que nos encontremos ante una violación suficientemente caracterizada de una norma superior de Derecho. Como consecuencia, falta un requisito esencial para que se pueda reconocer la existencia de un derecho a la reparación de los efectos perjudiciales causados por una normativa inválida.
5.
Permítaseme decir a continuación que, por lo que se refiere a las pretensiones de las demandantes, tampoco se puede llegar a una conclusión diferente en caso de que se basen en la infracción de normas jurídicas distintas de las invocadas en la decisión prejudicial 103/77 y 145/77.
El representante de Tunnel Refineries hizo alusión a esta posibilidad cuando afirmó que aparte de violar el principio de no discriminación, las Instituciones comunitarias demandadas también habían violado el principio de proporcionalidad y que, además, se debía considerar que habían violado el principio de protección de la confianza legítima dada la falta de medidas transitorias en la normativa impugnada. No es necesario proceder ahora a un análisis más detallado de estas consideraciones. En relación con este tema, me remito al análisis exhaustivo que realicé sobre estos aspectos de la cuestión, en las conclusiones presentadas en los asuntos prejudiciales de que se trata y en las que llegué a la conclusión de que no se habían producido tales violaciones. Continúo manteniendo la misma opinión (no era necesario que el Tribunal de Justicia tratara este punto al examinar la validez del Reglamento no 1111/77). Concretamente, no puedo compartir el punto de vista de Tunnel Refineries, según el cual, lo declarado en la sentencia recaída en el asunto 74/74 (Rec. 1975, p. 533) y que se refería a unos hechos diferentes, podría fácilmente aplicarse al caso de autos. En mi opinión, no es exacto considerar que la prueba de que existe una discriminación manifiesta implique que se haya producido también una violación del principio de protección de la confianza legítima y del principio de proporcionalidad.
Si se comparte esta opinión, queda sin objeto la otra cuestión discutida, es decir, si los principios mencionados por Tunnel Refineries son o no normas superiores de Derecho dirigidas a la protección de los particulares. Y ello porque, precisamente en relación con este tema, falta el elemento de ilegalidad. De la misma forma, puede eludirse la cuestión de si se puede hablar, en estas circunstancias, de una violación suficientemente caracterizada.
6.
Asimismo, tampoco es necesario que pase a examinar el problema del acto ilícito ni la cuestión conexa que puede surgir acerca de si, en el supuesto de una normativa inválida con efectos perjudiciales sólo surge obligación de reparar cuando haya existido un acto lesivo grave.
Sobre este tema, me limitaré a señalar que en principio me parece difícilmente concebible la posibilidad de eximirse de responsabilidad en caso de que se dé el primer requisito para que se reconozca la obligación de reparar los efectos perjudiciales de una normativa inválida, es decir en caso de violación caracterizada, en el sentido anteriormente expuesto. Además, si hubiera que atribuir importancia al acto ilícito, lo único que convendría señalar, en respuesta a las observaciones de las demandantes sobre este tema, según las cuales las Instituciones comunitarias no examinaron de forma detallada y concreta la situación de los fabricantes de isoglucosa, en concreto lo relativo a sus costes de producción y a su capacidad contributiva, es que semejante examen no era indispensable. En efecto, tales consideraciones no constituían, con razón, el centro de las preocupaciones de las Instituciones comunitarias. Este estaba constituido más bien, y puesto que se trataba en primer lugar de la igualdad de trato con los fabricantes de azúcar, por la cuestión de si la carga que debía gravar la isoglucosa se correspondía, grosso modo, con la establecida sobre el azúcar.
7.
Por consiguiente, sólo me queda tratar brevemente el tema de las costas.
Según el párrafo primero del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento las partes que pierdan el proceso deberán, normalmente, soportar las costas. Pero en virtud del apartado 3 del mismo artículo, en circunstancias excepcionales, el Tribunal de Justicia podrá imponerles el pago de sus propias costas en todo o en parte. La demandante Tunnel Refineries considera que los hechos de este caso deberían llevar a decidir sobre las costas en este sentido. Para ello se basa en la citada sentencia Holtz y Willemsen/Consejo en la cual, a pesar de haberse desestimado el recurso, se decidió que la demandante sólo debería pagar sus propias costas, ya que tenía motivos suficientes para solicitar que el Tribunal de Justicia clarificara la situación. Además, dicha parte demandante se remite a la citada sentencia recaída en el asunto 74/74 (Rec. 1976, p. 806), en la cual, a pesar de que la demanda de daños y perjuicios fue desestimada, se dictó una decisión análoga en materia de costas debido a que el Tribunal de Justicia había reconocido, con anterioridad, que un comportamiento semejante por parte de la Comisión podía dar lugar a responsabilidad. De hecho, cabe adoptar, en el presente caso, una decisión análoga, habida cuenta de la enorme complejidad de los hechos presentados al Tribunal de Justicia, por una parte, y de que en los mencionados procedimientos prejudiciales, el Tribunal de Justicia declaró la nulidad del Reglamento no 1111/77, por otra.
8.
En conclusión propongo, por lo tanto, que se desestimen por infundadas las demandas de reparación del perjuicio sufrido y que se imponga a cada parte el pago de sus propias costas.
(
*1
)	Lengua original: alemán.