62020TJ0377_RES
Asunto T‑377/20
KN
contra
Comité Económico y Social Europeo
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 1 de septiembre de 2021
«Derecho institucional — Miembro del CESE — Investigación de la OLAF sobre alegaciones de acoso psicológico — Decisión de relevar a un miembro de sus funciones directivas y de gestión del personal — Recurso de anulación — Acto impugnable — Admisibilidad — Medida adoptada en interés del servicio — Base jurídica — Derecho de defensa — Denegación de acceso a los anexos del informe de la OLAF — Divulgación del contenido esencial de los testimonios en forma de resumen — Responsabilidad»
Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Invitación a dimitir y a retirar una candidatura a la presidencia del Comité Económico y Social Europeo — Exclusión
(Art. 263 TFUE)
(véanse los apartados 62, 63 y 68)
Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Decisión de relevar a un miembro del Comité Económico y Social Europeo de sus funciones directivas y de gestión del personal — Inclusión
(Art. 263 TFUE; Reglamento interno del Comité Económico y Social Europeo, art. 80)
(véanse los apartados 74 y 77 a 79)
Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Decisión de un órgano o agencia de la Unión de personarse como actor civil ante el juez nacional — Exclusión
(Artículo 263 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 82 y 83)
Comité Económico y Social Europeo — Miembros — Acoso psicológico — Interés del servicio — Decisión de relevar al miembro de su poder jerárquico — Calificación de sanción disciplinaria — Inexistencia
(Reglamento interno del Comité Económico y Social Europeo, art. 9, ap. 8, y anexo, art. 8, ap. 3, párr. 2)
(véanse los apartados 99 a 102, 104 y 105)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho de defensa — Comité Económico y Social Europeo (CESE) — Miembros — Investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) relativa a un supuesto acoso psicológico — Decisión de relevar al miembro de su poder jerárquico — Derecho de acceso a las actas de los interrogatorios — Límites — Posibilidad de la administración de recurrir a la anonimización o de elaborar un resumen del texto
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2; Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 11, ap. 4]
(véanse los apartados 112 a 115, 123 a 125, 187 y 191)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho de defensa — Comité Económico y Social Europeo (CESE) — Miembros — Investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) relativa a un supuesto acoso psicológico — Decisión de relevar al miembro de su poder jerárquico — Derecho de acceso a las actas de los interrogatorios — Límites — Acceso a la versión confidencial limitado a los representantes del miembro — Contenido esencial de la versión confidencial que se reproduce en la versión no confidencial — Procedencia
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 103, ap. 3; Normas prácticas de desarrollo del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, punto 191; Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 11, ap. 4]
(véanse los apartados 164 a 166)
Resumen
El demandante, KN, es miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE) desde el 1 de mayo de 2004 y fue presidente del «Grupo I», Grupo de Empresarios constituido en el CESE, entre abril de 2013 y el 27 de octubre de 2020.
Tras haber sido informado de alegaciones acerca del comportamiento del demandante frente otros miembros del CESE y miembros de su personal, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) abrió una investigación durante la cual se oyó al demandante, a testigos y a denunciantes. El 16 de enero de 2020, la OLAF transmitió un informe en el que recomendaba al CESE adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier nuevo caso de acoso por parte del demandante en el lugar de trabajo. Con el fin de garantizar la protección de los testigos y de los denunciantes, las retranscripciones de sus interrogatorios no se transmitieron al demandante, que recibió una versión no confidencial y sin el anexo del informe de la OLAF.
El 13 de mayo de 2020, el Parlamento Europeo se negó a conceder al CESE la aprobación del presupuesto mientras no se adoptasen medidas para dar curso a las recomendaciones de la OLAF. (
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)
Mediante decisión de 9 de junio de 2020, la Mesa del CESE invitó al demandante a dimitir de sus funciones de presidente del Grupo I, así como a retirar su candidatura a la Presidencia del CESE, y le relevó de toda actividad de dirección y gestión del personal (en lo sucesivo, «decisión impugnada»). Tras esta decisión, el demandante continuó siendo presidente del Grupo I hasta la expiración de su mandato, pero retiró su candidatura. Fue nombrado miembro del CESE para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2020 y el 20 de septiembre de 2025.
El Tribunal General, ante el que se presentó un recurso de anulación de la decisión impugnada y un recurso de indemnización, desestima dichos recursos y precisa el alcance del acceso de una persona acusada de acoso a las declaraciones de los testigos interrogados durante una investigación de la OLAF.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal General se pronuncia sobre la admisibilidad del recurso. Por una parte, el recurso es inadmisible en cuanto se dirige contra las invitaciones dirigidas al demandante a dimitir de sus funciones de presidente del Grupo I y a retirar su candidatura a la presidencia del CESE, ya que estas invitaciones carecen de efectos jurídicos obligatorios. Por otra parte, el recurso es admisible en cuanto se dirige contra la decisión de relevar al demandante de sus funciones directivas y de gestión del personal. En efecto, esta decisión, que impide al demandante ejercer un poder jerárquico, produce efectos jurídicos obligatorios y le resulta lesiva.
A continuación, el Tribunal General observa que la versión no confidencial del informe de la OLAF contiene un resumen de las declaraciones de los testigos y de denunciantes. En efecto, esta versión detalla cada uno de los comportamientos reprochados al demandante y describe los efectos que estos comportamientos habían tenido sobre la salud de las personas afectadas.
En la medida en que dicho resumen refleja el contenido esencial de los testimonios recabados, el Tribunal General concluye que la falta de comunicación de los anexos del informe de la OLAF no afecta a la legalidad de la decisión impugnada.
Por último, durante el procedimiento ante el Tribunal General, se invitó a los abogados del demandante a suscribir un compromiso de confidencialidad antes de recibir una copia de los anexos del informe de la OLAF. (
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) No obstante, los abogados del demandante alegaron que sus observaciones no podrían sustituir a las que el demandante habría podido formular si hubiera tenido acceso él mismo a dichos anexos. A este respecto, el Tribunal General observa que los abogados del demandante no identificaron ningún dato en los anexos del informe de la OLAF cuyo contenido esencial no se encontrara ya en la versión no confidencial de dicho informe. Dado que esta actuación podía realizarse sin comunicar al demandante la versión confidencial de las declaraciones de los testigos interrogados durante la investigación, el Tribunal General concluye que no es necesario examinar las observaciones adicionales que el demandante habría podido presentar él mismo si hubiera tenido conocimiento de aquellas.
(
1
)	Decisión (UE) 2020/1984 del Parlamento Europeo, de 13 de mayo de 2020, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección VI — Comité Económico y Social Europeo (DO 2020, L 417, p. 469), y Resolución (UE) 2020/1985 del Parlamento Europeo, de 14 de mayo de 2020, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, sección VI — Comité Económico y Social Europeo (DO 2020, L 417, p. 470).
(
2
)	El artículo 103, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General prevé la facultad de que el Tribunal General ponga en conocimiento de una parte principal determinada información o documentos pertinentes para resolver el litigio que presenten carácter confidencial, supeditando su divulgación a la asunción de compromisos específicos. Por otra parte, del punto 191 de las Normas prácticas de desarrollo del Reglamento de Procedimiento se desprende que tal compromiso puede consistir en que los representantes de una parte se comprometan a no comunicar esa información o documentos a su mandante o a un tercero.