62018TJ0308_RES
Asunto T‑308/18
Hamas
contra
Consejo de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 4 de septiembre de 2019
«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas frente a personas, grupos y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Congelación de fondos — Posibilidad de que una autoridad de un Estado tercero sea calificada de autoridad competente en el sentido de la Posición Común 2001/931/PESC — Base fáctica de las decisiones de congelación de fondos — Obligación de motivación — Error de apreciación — Principio de no injerencia — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva — Autenticación de los actos del Consejo»
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de congelación de fondos — Autoridad competente para adoptar dicha decisión nacional — Concepto — Autoridad de un Estado tercero — Inclusión
(Posición Común 2001/931 del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 54 y 55)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de congelación de fondos de una autoridad de un Estado tercero — Procedencia — Requisito — Decisión nacional adoptada respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva — Obligación de verificación que corresponde al Consejo — Obligación de motivación — Alcance
(Posición Común 2001/931 del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 58 a 61)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de apertura de investigaciones o de procedimientos — Autoridad competente para adoptar dicha decisión nacional — Concepto — Autoridad administrativa — Inclusión — Requisitos
(Posición Común 2001/931 del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 82 a 85)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de apertura de investigaciones o de procedimientos o de condena — Inexistencia de obligación de adoptar una decisión nacional en el marco de un proceso penal stricto sensu — Requisitos
(Posición Común 2001/931 del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 91 y 92)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Obligación de cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea — Decisión de congelación de fondos — Justificación — Respeto de los derechos fundamentales — Control jurisdiccional — Alcance
(Posición Común 2001/931 del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 101 a 105)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Obligación de cooperación leal entre los Estados miembros y las instituciones de la Unión Europea — Decisión de congelación de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de apertura de investigaciones o de procedimientos o de condena — Obligación de motivación — Alcance — Decisión nacional de condena — Inexistencia de obligación de indicar las pruebas o los indicios serios y creíbles que sirven de base de la decisión nacional
(Posición Común 2001/931 del Consejo, art. 1, ap. 4)
(véanse los apartados 127 a 133, 136 y 207)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de congelación de fondos — Decisión nacional que por sí sola no permite deducir que persiste el riesgo de implicación en actos de terrorismo — Obligación del Consejo de tener en cuenta hechos más recientes que demuestren que tal riesgo subsiste
(Posición Común 2001/931 del Consejo, art. 1, ap. 6)
(véanse los apartados 138 y 139)
Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Mantenimiento sobre la base de una decisión nacional de congelación de fondos — Alcance del control — Control que se extiende al conjunto de elementos de juicio expuestos para demostrar que persiste el riesgo de implicación en actos de terrorismo — Elementos de juicio que no están basados enteramente en una decisión nacional adoptada por una autoridad competente — Irrelevancia
(Art. 296 TFUE)
(véanse los apartados 147, 148, 165 y 168 a 171)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Congelación de fondos — Reglamento (CE) n.o 2580/2001 — Ámbito de aplicación — Conflicto armado en el sentido del Derecho internacional humanitario — Inclusión
[Posición Común 2001/931 del Consejo; Reglamento (CE) n.o 2580/2001 del Consejo]
(véanse los apartados 212 y 213)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva — Medidas restrictivas específicas contra determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo — Decisión de congelación de fondos — Obligación de comunicar las pruebas inculpatorias — Alcance — Notificación al interesado mediante una publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea — Procedencia — Derecho de acceso a los documentos — Derecho supeditado a la presentación de una solicitud en ese sentido ante el Consejo
[[Posición Común 2001/931 del Consejo; Decisiones (PESC) 2018/475 y (PESC] 2018/1084 del Consejo; Reglamentos de Ejecución (UE) 2018/468 y (UE) 2018/1071 del Consejo]
(véanse los apartados 252, 257 y 258)
Recurso de anulación — Motivos — Vicios sustanciales de forma — Infracción de disposiciones del Reglamento interno del Consejo relativas a la autenticación de sus actos — Necesidad de invocar un perjuicio u otros vicios distintos de la falta de autenticación — Inexistencia — Motivo que debe ser invocado de oficio por el Juez
(Arts. 263 TFUE y 297 TFUE, ap. 2; Reglamento interno del Consejo, art. 15)
(véanse los apartados 269, 272 a 277, 295 a 297, 299 y 304)
Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de congelación de fondos adoptada contra determinadas personas y entidades sospechosas de actividades terroristas — Decisión y exposición de motivos que figuran en documentos distintos — Publicación separada justificada por consideraciones imperiosas de interés general — Presunción de autenticación de la exposición de motivos no firmada — Inexistencia — Obligación de autenticación de la decisión y de la exposición de motivos
[Art. 296 TFUE; Decisiones (PESC) 2018/475 y (PESC) 2018/1084 del Consejo; Reglamentos de Ejecución (UE) 2018/468 y (UE) 2018/1071 del Consejo]
(véanse los apartados 281, 282 y 287)
Resumen
Mediante su sentencia de 4 de septiembre de 2019, Hamas/Consejo (T‑308/18, EU:T:2019:557), dictada a raíz de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE, el Tribunal General ha anulado cuatro actos del Consejo de la Unión Europea de 2018 (en lo sucesivo, «actos impugnados») que mantenían el nombre de la parte demandante, «Hamas (incluido Hamas-Izz al-Din al-Qassem)» en las listas, anexas a esos actos, de las personas, grupos y entidades implicados en actos de terrorismo y afectados por medidas de congelación de fondos y de recursos económicos (en lo sucesivo, «listas controvertidas»). (
1
) Para incluir el nombre de la parte demandante en las listas controvertidas, el Consejo se basó en cuatro decisiones nacionales adoptadas, respectivamente, por una autoridad británica y por autoridades estadounidenses entre 1995 y 2001.
En lo fundamental, el Tribunal General ha mantenido el razonamiento que siguió en las sentencias de 10 de abril de 2019, Gamaa Islamya Égypte/Consejo (T‑643/16, EU:T:2019:238) y de 6 de marzo de 2019, Hamas/Consejo (T‑289/15, EU:T:2019:138). Así, el Tribunal General consideró en primer término que la motivación relativa a las Decisiones estadounidenses era insuficiente, de manera que estas últimas no podían servir de fundamento a los actos impugnados. No obstante, indicó que esos actos pudieron referirse, por lo que respecta a la inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas, únicamente a la decisión de la autoridad británica. Por consiguiente, el Tribunal General continuó el examen del recurso limitándolo a los actos impugnados en la medida en que se fundamentan en esta última decisión.
Seguidamente, el Tribunal General desestimó siete de los ocho motivos invocados por la demandante, basados en una infracción de artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 2001/931, (
2
) en un incumplimiento de deber de motivación, en «errores sobre la realidad de los hechos», en la vulneración de principio de no injerencia, en la insuficiente consideración de la evolución de la situación por el transcurso del tiempo y en la vulneración del principio del respeto del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva. Por lo que se refiere al alcance del deber de motivación que incumbe al Consejo, el Tribunal General ha precisado, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que el Consejo no está obligado a indicar, en las exposiciones de motivos relativas a los actos impugnados, la fuente de los datos aducidos para mantener la inscripción de una persona o de una entidad en una lista de congelación de fondos. El Tribunal General ha precisado que, si ese dato procede de una decisión nacional, el Consejo no está obligado a demostrar que esta última emane de una autoridad competente en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la Posición Común 2001/931. (
3
)
Por último, el Tribunal General ha anulado los actos impugnados en cuanto se refieren a la parte demandante por la falta de autenticación de las exposiciones de motivos relativas a los actos impugnados con arreglo al artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo primero, y al artículo 15 del Reglamento interno del Consejo. (
4
)
A este respecto, el Tribunal General ha señalado, en primer lugar, que el motivo relativo a la falta de autenticación de las exposiciones de motivos fue formulado por la parte demandante en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal General, aunque pudo haberlo hecho en el escrito de demanda. Por este motivo, el citado motivo debería ser considerado inadmisible. No obstante, el Tribunal General ha observado que, dado que la falta de autenticación constituye un vicio sustancial de forma, ese motivo reviste un carácter de orden público de forma que el Tribunal General puede apreciarlo de oficio y en cualquier momento. Seguidamente, el Tribunal General, basándose en la jurisprudencia de Tribunal de Justicia con arreglo a la cual la autenticación exigida por el Reglamento interno de la Comisión Europea constituye un requisito sustancial de forma, en el sentido del artículo 263 TFUE, cuyo quebrantamiento puede dar lugar a un recurso de anulación, extrapoló este criterio a los actos del Consejo invocando el principio de seguridad jurídica.
En segundo lugar, el Tribunal General ha precisado que, dado que la parte dispositiva y la motivación de un acto constituyen un todo indivisible, no puede establecerse ninguna distinción entre los motivos y la parte dispositiva de un acto a efectos de la aplicación de las disposiciones que exigen la autenticación de este. De lo anterior ha deducido que cuando, como ocurre en el presente asunto, el acto y la exposición de motivos figuran en documentos distintos, ambos han de ser autenticados, como preceptúan esas disposiciones, sin que el hecho de que se haya estampado una firma en el primero, pueda generar una presunción de que la segunda también ha sido autenticada. Por último, el Tribunal General ha indicado que no cabe sustituir esta formalidad por la descripción del procedimiento seguido dentro del Consejo para la adopción de esos actos. En particular, el Consejo no puede quedar eximido de tal formalidad amparándose en que se han cumplido las normas procedimentales establecidas por Reglamento de régimen interior.
(
1
)	Decisión (PESC) 2018/475 del Consejo, de 21 de marzo de 2018, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y por la que se deroga la Decisión (PESC) 2017/1426 (DO 2018, L 79, p. 26); Reglamento de Ejecución (UE) 2018/468 del Consejo, de 21 de marzo de 2018, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2017/1420 (DO 2018, L 79, p. 7); Decisión (PESC) 2018/1084 del Consejo, de 30 de julio de 2018, por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Decisión 2018/475 (DO 2018, L 194, p. 144); Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1071 del Consejo, de 30 de julio de 2018, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga el Reglamento de Ejecución 2018/468 (DO 2018, L 194, p. 23).
(
2
)	Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (DO 2001, L 344, p. 93).
(
3
)	Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y por la que se deroga la Decisión (PESC) 2015/2430 (DO 2016, L 188, p. 21). En virtud de esta disposición, las listas relativas a la congelación de fondos se confeccionarán sobre la base de informaciones concretas o de elementos del expediente que muestren que una autoridad competente ha adoptado una decisión respecto de las personas, grupos y entidades mencionados, tanto si se trata de la apertura de investigaciones o de procedimientos en relación con un acto terrorista como de la tentativa de cometer, o de participar, o de facilitar dicho acto, basada en pruebas o en indicios serios y creíbles, o si se trata de una condena por dichos hechos.
(
4
)	Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, por la que se aprueba su Reglamento interno (DO 2009, L 325, p. 35).