62022CJ0352_RES
Asunto C‑352/22
A.
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Hamm)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de junio de 2024
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Directiva 2011/95/UE — Artículo 21, apartado 1 — Directiva 2013/32/UE — Artículo 9, apartados 2 y 3 — Concesión definitiva del estatuto de refugiado por un Estado miembro — Refugiado que, con posterioridad a esa concesión, reside en otro Estado miembro — Solicitud de extradición del tercer Estado de origen de ese refugiado dirigida al Estado miembro de residencia — Efectos de la resolución de concesión del estatuto de refugiado en el procedimiento de extradición en cuestión — Artículos 18 y 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Protección de ese refugiado frente a la extradición solicitada en tales circunstancias»
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Protección contra la devolución — Alcance — Nacional de tercer país que ha obtenido el estatuto de refugiado en un Estado miembro y que reside en otro Estado miembro — Solicitud de extradición emitida por su país de origen y dirigida a su Estado miembro de residencia — Condiciones para que pueda autorizarse la extradición — Intercambio de información entre el Estado miembro requerido y la autoridad del otro Estado miembro que concedió el estatuto de refugiado — Revocación de dicho estatuto por parte de esta autoridad
[Art. 4 TUE, ap. 3, párr. 1; art. 78 TFUE, ap. 2, letra a); Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 4, 18, 19, ap. 2, y 51, ap. 1; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/95/UE, considerandos 12 y 21 y arts. 2, letras b), d) y e), 11 a 14, 21, ap. 1, y 36, y 2013/32/UE, arts. 1, 9, 44, 45 y 49]
(véanse los apartados 39 a 45, 49, 51 a 55, 58 y 61 a 72 y el fallo)
Resumen
En respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Hamm (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Hamm, Alemania), el Tribunal de Justicia, en Gran Sala, precisa el alcance del principio de no devolución en el contexto de una solicitud de extradición emitida por el tercer país de origen de un refugiado y dirigida a su Estado miembro de residencia, en una situación en la que el estatuto de refugiado le fue concedido en otro Estado miembro.
En 2010, las autoridades italianas concedieron a A., nacional turco de origen kurdo, el estatuto de refugiado, con validez hasta 2030, por considerar que corría el riesgo de ser perseguido políticamente por las autoridades turcas debido a su apoyo al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). A. reside en Alemania desde julio de 2019.
Sobre la base de una orden de detención emitida por un tribunal turco en 2020, A. fue objeto de una notificación de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para ser detenido con vistas a su extradición a efectos del ejercicio de acciones penales en su contra por un delito de homicidio doloso. Tras su detención en Alemania, el 18 de noviembre de 2020, se decretó su ingreso en prisión preventiva y posteriormente se ordenó que permaneciera privado de libertad a efectos de extradición hasta el 14 de abril de 2022.
Mediante auto dictado en noviembre de 2021, el Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Hamm, órgano jurisdiccional remitente, declaró admisible la extradición de A. a Turquía al no considerarse vinculado por la resolución de concesión del estatuto de refugiado dictada por las autoridades italianas. No obstante, tras recurrir A. en amparo ante el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal, Alemania), este anuló dicho auto porque el referido órgano jurisdiccional remitente no había planteado tal cuestión al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial.
En este contexto, tras haberle sido devuelto el asunto, el órgano jurisdiccional remitente, que tiene que pronunciarse de nuevo sobre la solicitud de extradición emitida contra A., decidió preguntar al Tribunal de Justicia si la resolución de concesión del estatuto de refugiado dictada por un Estado miembro tiene, en virtud del Derecho de la Unión, efectos vinculantes en un procedimiento de extradición tramitado en otro Estado miembro.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia señala, para empezar, que, dado que la decisión de un Estado miembro de dar curso a la solicitud de extradición emitida por el Estado de origen contra un nacional de un tercer país que ha obtenido el estatuto de refugiado en otro Estado miembro tendría como efecto privarlo de los derechos y prestaciones que se contemplan en la Directiva 2011/95, (
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) debe considerarse que el procedimiento de extradición tramitado en el primero de los mencionados Estados miembros supone aplicar el Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Por tanto, la autoridad competente del Estado miembro requerido no puede autorizar la extradición a un tercer país de un nacional de ese tercer país al que otro Estado miembro ha reconocido el estatuto de refugiado cuando tal extradición infrinja el principio de no devolución, consagrado en el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2011/95, en relación con los artículos 18 y 19, apartado 2, de la Carta. (
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)
A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya, por un lado, que, mientras el individuo reclamado cumpla los requisitos para gozar de la condición de refugiado, el artículo 18 de la Carta se opone a su extradición al tercer país del que ha huido y en el que corre el riesgo de ser perseguido. Por otro lado, cuando la persona contra la que se dirige una solicitud de extradición invoque un riesgo grave de tratos inhumanos o degradantes en caso de extradición, el Estado miembro requerido debe comprobar, antes de proceder en su caso a la extradición, que esta no vaya a vulnerar los derechos a que se refiere el artículo 19, apartado 2, de la Carta.
Pues bien, para apreciar el riesgo de infracción del artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2011/95 y de los artículos 18 y 19, apartado 2, de la Carta, el hecho de que otro Estado miembro haya concedido al individuo reclamado el estatuto de refugiado constituye un elemento especialmente relevante que la autoridad competente del Estado miembro requerido debe tener en cuenta, de suerte que una resolución de concesión del estatuto de refugiado, siempre que el Estado miembro que lo concedió no lo haya revocado o retirado, debe llevar a dicha autoridad a denegar la extradición, en virtud de estas disposiciones. En efecto, el sistema europeo común de asilo se basa en el principio de confianza mutua, según el cual debe presumirse, salvo en circunstancias excepcionales, que el trato dispensado a los solicitantes de protección internacional en todos los Estados miembros es conforme con las exigencias del Derecho de la Unión, de la Convención de Ginebra (
3
) y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. (
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)
Además, las disposiciones de las Directivas 2011/95 y 2013/32 (
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) relativas a la revocación y la retirada del estatuto de refugiado y al procedimiento que establecen se eludirían si el Estado miembro requerido pudiera extraditar a su país de origen a un individuo al que otro Estado miembro ha reconocido el estatuto de refugiado. En efecto, tal extradición supondría, de facto, poner fin a ese estatuto y privarlo del disfrute efectivo de la protección que le otorga el artículo 18 de la Carta, de los derechos y prestaciones que se contemplan, para el contenido de la protección internacional, en el capítulo VII de la Directiva 2011/95 y de las garantías procedimentales que se recogen en el artículo 45 de la Directiva 2013/32.
Por lo tanto, sobre la base del principio de cooperación leal, (
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) la autoridad del Estado miembro requerido competente en materia de extradición debe entablar, a la mayor brevedad, un intercambio de información con la autoridad del otro Estado miembro que concedió el estatuto de refugiado al individuo reclamado. A tales efectos, le corresponde informar a esta última autoridad de la solicitud de extradición emitida contra ese individuo, transmitirle su opinión sobre ella y demandarle que le remita, en un plazo razonable, tanto la información obrante en su poder que llevó a que se le concediera el estatuto de refugiado como su decisión sobre si procede o no revocar o retirar el estatuto de refugiado a ese individuo.
Por una parte, ese intercambio de información tiene como propósito que la autoridad del Estado miembro requerido competente en materia de extradición esté en disposición de realizar de manera plenamente informada las comprobaciones que le incumben en virtud de los artículos 18 y 19, apartado 2, de la Carta.
Por otra parte, el intercambio de información permite a la autoridad competente del otro Estado miembro revocar o retirar, si procede, el estatuto de refugiado sobre la base del artículo 14 de la Directiva 2011/95, con total observancia de las garantías recogidas en el artículo 45 de la Directiva 2013/32.
Habida cuenta de los anteriores razonamientos, el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión no se opondría a la extradición únicamente si la autoridad competente del Estado miembro que concedió al individuo reclamado el estatuto de refugiado decidiera revocar o retirar dicho estatuto sobre la base del artículo 14 de la Directiva 2011/95, la autoridad del Estado miembro requerido competente en materia de extradición llegara a la conclusión de que dicho individuo no tiene o ha dejado de tener la condición de refugiado y no existiera un riesgo grave de que, en caso de extradición al tercer Estado requirente, fuera sometido en él a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.
Por consiguiente, en virtud del artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2011/95, en relación con los artículos 18 y 19, apartado 2, de la Carta, cuando un nacional de un tercer país que ha obtenido el estatuto de refugiado en un Estado miembro es objeto, en otro Estado miembro, en cuyo territorio reside, de una solicitud de extradición emitida por su país de origen, el Estado miembro requerido no puede autorizar la extradición sin antes entablar un intercambio de información con la autoridad que concedió ese estatuto al individuo reclamado y a falta de revocación de dicho estatuto por la referida autoridad.
(
1
)	Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9).
(
2
)	Mientras que el artículo 18 de la Carta consagra el derecho de asilo, el artículo 19, apartado 2, de la misma recoge el principio de no devolución.
(
3
)	Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951.
(
4
)	Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.
(
5
)	Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).
(
6
)	El Tribunal de Justicia precisa que este principio, consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero, en virtud del cual la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados, tiene una manifestación concreta en el artículo 36 de la Directiva 2011/95 y en el artículo 49 de la Directiva 2013/32.