61992CJ0327_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-327/92,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Raad van Beroep te 's-Gravenhage (Países Bajos), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Rheinhold & Mahla NV
y
Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión codificada por el Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53), y del artículo 51 del Tratado CEE,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por los Sres.: F.A. Schockweiler, Presidente de Sala; P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini, C.N. Kakouris y J.L. Murray (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. C. Gulmann;
Secretario: Sr. H.A. Ruehl, administrador principal;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
° En nombre de Rheinhold & Mahla NV, por los Sres. W.A.H. Pierik y S. Feenstra, Asesores fiscales;
° en nombre de la Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, por el Sr. C.R.J.A.M. Brent, Jefe ad interim del Servicio Jurídico de asuntos de Seguridad Social del Gemeenschappelijk Administratiekantoor, en calidad de Agente;
° en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. A. Bos, Consejero Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente;
° en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. E. Roeder, Ministerialrat del Bundesministerium fuer Wirtschaft, y C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor del mismo Ministerio, en calidad de Agentes;
° en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. F. Georgakopoulos, Consejero Jurídico adjunto del Servicio Jurídico del Estado, en calidad de Agente;
° en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. D. Gouloussis, Consejero Jurídico, y B.J. Drijber, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de Rheinhold & Mahla NV; de la Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, representada por los Sres. F.W.M. Keunen y M. Haarms, colaboradores jurídicos del Gemeenschappelijk Administratiekantoor, en calidad de Agentes; del Gobierno neerlandés, representado por el Sr. J.W. de Zwaan, Consejero Jurídico adjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente, y de la Comisión expuestas en la vista de 16 de septiembre de 1993;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de noviembre de 1993;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 26 de junio de 1992, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de julio siguiente, el Raad van Beroep te 's-Gravenhage (en lo sucesivo, "Raad van Beroep") planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones con carácter prejudicial sobre la interpretación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión codificada por el Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53; en lo sucesivo, "Reglamento nº 1408/71"), y del artículo 51 del Tratado CEE.
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Rheinhold & Mahla NV (en lo sucesivo, "Rheinhold") y la Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid (Dirección de la asociación profesional de la industria metalúrgica; en lo sucesivo, "Bedrijfsvereniging") acerca de cotizaciones sociales reclamadas a la primera por la segunda.
3 En los años 1983 y 1984, la empresa Van Breugel Isolatie BV (en lo sucesivo, "Van Breugel"), con domicilio social en los Países Bajos, efectuó en Bélgica determinadas obras de aislamiento en calidad de subcontratista por cuenta de Rheinhold, que es una sociedad belga.
4 En 1985, como consecuencia de dificultades financieras, Van Breugel quebró. Durante la liquidación salió a la luz que esta sociedad no había abonado a la Bedrijfsvereniging, que es la institución encargada de percibir las cotizaciones sociales en el sector económico al que pertenecía Van Breugel, diversas cotizaciones que le debía por el trabajo efectuado por sus obreros residentes en los Países Bajos, en el marco del subcontrato antes mencionado. El importe total de las cotizaciones impagadas ascendía a 49.263,42 HFL.
5 Dado que el activo de Van Breugel era insuficiente, el 30 de diciembre de 1986, la Bedrijfsvereniging reclamó el pago de las cotizaciones a Rheinhold con arreglo a la letra a) del apartado 5 y al apartado 8 del artículo 16b de la Cooerdinatiewet Sociale Verzekering, de 24 de diciembre de 1953 (Ley por la que se coordinan disposiciones relativas a la Seguridad Social con disposiciones relativas al Impuesto sobre las Retribuciones y Salarios, Stbl., 577), en vigor a la sazón.
6 Esta ley (en lo sucesivo, "CwSV") tiene por objeto coordinar, por una parte, las diferentes ramas de la Seguridad Social (desempleo, enfermedad, invalidez, etc.) entre ellas, en particular, estableciendo una cotización única y, por otra parte, las distintas ramas de la Seguridad Social y la legislación neerlandesa relativa al Impuesto sobre las Retribuciones y Salarios, en especial, definiendo conceptos comunes y adoptando normas de percepción idénticas.
7 Según la letra a) del apartado 5 del artículo 16b de la CwSV, el contratista será solidariamente responsable de las cotizaciones y anticipos de cotizaciones que el subcontratista adeude a causa de actividades ejercidas por los trabajadores empleados por él en el marco de dicha obra.
8 El apartado 8 del artículo 16b prevé por su parte que la responsabilidad solidaria del contratista, definida en el apartado 5 de este mismo artículo, sólo puede hacerse efectiva si el subcontratista no paga las cotizaciones o los anticipos de cotizaciones adeudadas.
9 Estas disposiciones fueron introducidas en la CwSV por la Wet Ketenaansprakelijkheid, de 4 de junio de 1981 (Ley sobre la responsabilidad en cadena, Stbl., 370) para, en particular, poner fin al problema de la subcontratación sospechosa. La finalidad de estas disposiciones es asegurar la percepción de las cotizaciones en los sectores de la economía, especialmente, el de la construcción, en los que los subcontratistas y los proveedores ocasionales se sustraen con frecuencia al pago de las mismas. Antes de la adopción de las referidas normas, cuando dichas empresas quebraban no siempre era posible recuperar las cantidades adeudadas.
10 La responsabilidad del contratista principal presenta dos modalidades. En primer lugar, no se puede invocar la responsabilidad si hay alguna razón para pensar que el impago de las cantidades adeudadas no es imputable al subcontratista ni al contratista (apartado 9 del artículo 16b). En segundo lugar, el contratista puede intentar precaverse contra esta responsabilidad depositando en una cuenta bloqueada, abierta a nombre del subcontratista, la parte del importe global adeudado a este último que corresponda a las cotizaciones. Esta cuenta debe abrirse en un banco y servir exclusivamente para pagar las cotizaciones. Parece que en todo caso la responsabilidad del contratista principal puede surgir aunque éste actúe de buena fe.
11 Rheinhold interpuso un recurso ante el Raad van Beroep contra la citada decisión por la que se establecía que corrían a su cargo las cotizaciones impagadas por Van Breugel. Ante este órgano jurisdiccional, la Bedrijfsvereniging sostuvo que, con arreglo al Reglamento nº 1408/71, las disposiciones de la letra a) del apartado 5 y del apartado 8 del artículo 16b de la CwSV también eran aplicables a un contratista establecido en el extranjero.
12 Por dudar de que la CwSV y, en particular, la letra a) del apartado 5 y el apartado 8 del artículo 16b estén contemplados por el Reglamento nº 1408/71, dicho órgano jurisdiccional decidió plantear al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial las dos cuestiones siguientes:
"1) ¿Está comprendida la Cooerdinatiewet Sociale Verzekering dentro del ámbito de aplicación material del Reglamento (CEE) nº 1408/71?
2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿significa ello que, visto el objetivo perseguido por el artículo 51 del Tratado CEE, no se pueden ni deben excluir del ámbito de aplicación material los artículos 16a a 16e inclusive (Wet Ketenaansprakelijkheid) introducidos en la Cooerdinatiewet Sociale Verzekering?"
Sobre la primera cuestión
13 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el Reglamento nº 1408/71 se aplica a una legislación nacional que, como la CwSV, coordina las distintas ramas de la Seguridad Social de un Estado miembro.
14 Para responder a esta cuestión, procede señalar, en primer lugar, que, a tenor de los apartados 1 y 2 del artículo 4 de este Reglamento:
"1. El presente Reglamento se aplicará a todas las legislaciones relativas a las ramas de Seguridad Social relacionadas con:
a) las prestaciones de enfermedad y de maternidad;
b) las prestaciones de invalidez, comprendidas las destinadas a mantener o a mejorar la capacidad de ganancia;
c) las prestaciones de vejez;
d) las prestaciones de supervivencia;
e) las prestaciones de accidente de trabajo y de enfermedad profesional;
f) los subsidios de defunción;
g) las prestaciones de desempleo;
h) las prestaciones familiares.
2. El presente Reglamento se aplicará a los regímenes de Seguridad Social generales y especiales, contributivos y no contributivos, así como a los regímenes relativos a las obligaciones del empresario o del armador referentes a las prestaciones mencionadas en el apartado 1."
15 Es preciso recordar a continuación que en su sentencia de 5 de mayo de 1977, Jansen (104/76, Rec. p. 829), apartado 7, el Tribunal de Justicia consideró que este artículo determina el ámbito de aplicación de las disposiciones del Reglamento nº 1408/71 en términos que revelan que los regímenes de Seguridad Social en su totalidad están sometidos a la aplicación de las normas del Derecho comunitario.
16 Por tanto, procede considerar que pueden estar comprendidas en el ámbito de aplicación material del Reglamento nº 1408/71 no sólo las leyes especiales relativas a las diferentes ramas de la Seguridad Social a las que se refiere el apartado 1 del artículo 4, sino también legislaciones que, como la CwSV neerlandesa, tienen por finalidad asegurar la coordinación, por una parte, entre varias de estas ramas, en particular, estableciendo una cotización única y, por otra parte, entre estas diferentes ramas de la Seguridad Social y la legislación relativa al Impuesto sobre las Retribuciones y Salarios, definiendo conceptos comunes y adoptando normas de percepción idénticas.
17 A este respecto, poco importa que la CwSV no figure en la declaración que hizo el Estado neerlandés, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento nº 1408/71.
18 En efecto, el Tribunal de Justicia declaró en reiteradas ocasiones que el hecho de que un Estado miembro no haya mencionado una ley en dicha declaración no tiene por efecto excluir ipso facto dicha ley del ámbito de aplicación material del Reglamento nº 1408/71 (véanse las sentencias de 29 de noviembre de 1977, Beerens, 35/77, Rec. p. 2249, apartado 9, y de 27 de enero de 1981, Vigier, 70/80, Rec. p. 229, apartado 15).
19 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el Reglamento nº 1408/71 se aplica a una legislación que, como la CwSV, coordina las diferentes ramas de la Seguridad Social de un Estado miembro.
Sobre la segunda cuestión
20 Con carácter preliminar hay que destacar que, según el órgano jurisdiccional remitente, procede dar por sentado que, en el caso de autos, Van Breugel efectuó en Bélgica, en calidad de subcontratista, determinadas obras de aislamiento por cuenta de Rheinhold. Por tanto, es preciso responder a esta cuestión teniendo en cuenta dicha calificación.
21 En consecuencia, resulta que mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide en sustancia que se dilucide si disposiciones que, como los apartados 5 y 8 del artículo 16b de la CwSV, establecen que corren a cargo del contratista principal las cotizaciones de Seguridad Social impagadas por subcontratistas quebrados, están comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71, habida cuenta del objetivo perseguido por el artículo 51 del Tratado.
22 A este respecto, procede señalar que el hecho de que una norma figure en una ley que no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Reglamento no implica necesariamente que dicha norma tampoco esté comprendida en el mismo (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de enero de 1980, Jordens-Vosters, 69/79, Rec. p. 75, y de 3 de junio de 1992, Paletta, C-45/90, Rec. p. I-3423). A la inversa, el hecho de que una ley como la CwSV pueda estar comprendida dentro del ámbito de aplicación material del Reglamento nº 1408/71 no significa que cada una de sus disposiciones esté necesariamente cubierta por dicho Reglamento.
23 Como señala acertadamente el Abogado General en el punto 16 de sus conclusiones, el elemento determinante radica en la relación que debe guardar la disposición de que se trate con las leyes que regulan las ramas de Seguridad Social enumeradas en el artículo 4 del Reglamento nº 1408/71, relación que debe ser directa y suficientemente relevante.
24 Por lo que se refiere al ámbito de aplicación de este Reglamento, procede recordar que, en virtud de los apartados 1 y 2 de su artículo 4, el Reglamento se aplica, en particular, a los regímenes relativos a las obligaciones del empresario referentes a las prestaciones de enfermedad y maternidad, invalidez, vejez, supervivencia, accidente de trabajo y enfermedad profesional, desempleo, así como a los subsidios de defunción y a las prestaciones familiares.
25 Por otra parte, el Tribunal de Justicia consideró en su sentencia de 24 de junio de 1975, Foot-Ball Club d' Andlau (8/75, Rec. p. 739), que, con arreglo al Reglamento nº 3, que precedió al Reglamento nº 1408/71, la obligación de pagar las cotizaciones previstas por la legislación de Seguridad Social se aplica asimismo al empresario establecido en un Estado miembro distinto de aquél en cuyo territorio el trabajador ejerza temporalmente su actividad.
26 Sin embargo, el supuesto contemplado por la disposición controvertida en el presente caso es radicalmente diferente. En efecto, no se refiere a la obligación de un empresario, establecido en otro Estado miembro, de pagar las cotizaciones sociales que adeuda en virtud de la legislación neerlandesa, sino más bien a la obligación de un tercero, establecido en otro Estado miembro, de pagar a la Bedrijfsvereniging las cantidades correspondientes a las cotizaciones sociales que dejó impagadas un empresario establecido en los Países Bajos.
27 Aunque no se pueda negar la existencia de cierta relación entre las obligaciones del empresario en materia de Seguridad Social y la responsabilidad del contratista principal, tal como la establecen disposiciones como los apartados 5 y 8 del artículo 16b de la CwSV, es preciso reconocer que dicha relación es tan sólo indirecta.
28 El principio de la responsabilidad del contratista principal establecido por la legislación neerlandesa no se basa en la existencia de una relación empresario-asalariados entre el contratista principal y los trabajadores por los que se adeudan las cotizaciones, sino que deriva del hecho de que el contratista principal recabó los servicios de un subcontratista que no pagó las cotizaciones sociales que adeudaba por razón de las actividades ejercidas por sus trabajadores en el marco de una obra encargada por el contratista principal.
29 Por consiguiente, en virtud de los apartados 5 y 8 del artículo 16b de la CwSV, dicho contratista no está obligado, propiamente hablando, a pagar cotizaciones sociales. En realidad, debe compensar la pérdida de ingresos sufrida por la Bedrijfsvereniging como consecuencia de la falta de pago de las cotizaciones sociales por parte del empresario.
30 En estas circunstancias, no puede considerarse que esta responsabilidad de terceros presente una relación directa y suficientemente pertinente con el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71, tal como está definido en su artículo 4.
31 Podría ser distinto si la aplicación de las disposiciones controvertidas estuviera sujeta a la demostración de que el contratista principal hubiera cometido un fraude. Tal podría ser el caso si se probara que este último era, de hecho, el verdadero empresario de los obreros por los que quedaron sin pagar las cargas de Seguridad Social.
32 De cuanto precede resulta que no son susceptibles de estar comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71 disposiciones que, como los apartados 5 y 8 del artículo 16b de la CwSV, prevén que el contratista principal sea solidariamente responsable del pago de las cotizaciones y anticipos de cotizaciones impagadas, que adeudaba el subcontratista a causa de las actividades ejercidas por los trabajadores empleados por él en el marco de dicha obra.
33 Por lo demás, esta conclusión se ve confirmada por el hecho de que la única disposición del Reglamento nº 1408/71 que trata del derecho de las instituciones deudoras frente a terceros responsables es el artículo 93 y que este artículo no se refiere en absoluto al supuesto del pago, reclamado a terceros, de las cotizaciones sociales adeudadas por el empresario.
34 Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión que no están comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71 disposiciones que, como los apartados 5 y 8 del artículo 16b de la CwSV, establecen que corren a cargo del contratista principal las cotizaciones de Seguridad Social no pagadas por el subcontratista quebrado.
Decisión sobre las costas
Costas
35 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, neerlandés y helénico y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Raad van Beroep te 's Gravenhage mediante resolución de 26 de junio de 1992, declara:
1) El Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión codificada por el Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, se aplica a una legislación que, como la Cooerdinatiewet Sociale Verzekering, coordina las diferentes ramas de la Seguridad Social de un Estado miembro.
2) No están comprendidas dentro del ámbito de aplicación del citado Reglamento nº 1408/71 disposiciones que, como los apartados 5 y 8 del artículo 16b de la Cooerdinatiewet Sociale Verzekering, establecen que corren a cargo del contratista principal las cotizaciones de Seguridad Social no pagadas por el subcontratista quebrado.