Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 21 de mayo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo — Directiva (UE) 2015/849 — Artículo 31 — Concepto de instrumentos jurídicos que presentan “una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo „trust“)” — Mandatos fiduciarios celebrados por sociedades fiduciarias italianas (mandato fiduciario) — Acceso de personas con un interés legítimo a la información sobre la titularidad real — Validez — Artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Respeto de la vida privada y familiar — Protección de los datos personales — Principio de seguridad jurídica — Concepto de “interés legítimo” — Tutela judicial efectiva — Tutela jurídica provisional »
En los asuntos acumulados C‑684/24 y C‑685/24,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), mediante resoluciones de 15 de octubre de 2024, recibidas en el Tribunal de Justicia el 17 de octubre de 2024, en el procedimiento entre
Across Fiduciaria SpA (C‑684/24),
Galvani Fiduciaria Srl,
Sfo Fiduciaria Srl
contra
Presidenza del Consiglio dei ministri,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
Garante per la protezione dei dati personali,
Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere),
Infocamere Scpa,
con intervención de:
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna,
y
Unione Fiduciaria SpA (C‑685/24),
Assoservizi Fiduciari,
Torino Fiduciaria — Fiditor Srl,
Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione SpA
contra
Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
Presidenza del Consiglio dei ministri,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Garante per la protezione dei dati personali,
Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere),
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma,
Infocamere Scpa,
con intervención de:
Aletti Fiduciaria SpA,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma,
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele y el Sr. A. Kumin (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. G. Chiapponi, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de septiembre de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Across Fiduciaria SpA, Galvani Fiduciaria Srl y Sfo Fiduciaria Srl, por los Sres. G. Battagliese, A. Pazzaglia e I. Valas, avvocati;
–        en nombre de Unione Fiduciaria SpA, Assoservizi Fiduciari, Torino Fiduciaria — Fiditor Srl y Aletti Fiduciaria SpA, por los Sres. C. Angelici, D. Contini, B. G. Mattarella y F. Sciaudone, avvocati;
–        en nombre de Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione SpA, por los Sres. U. Corea y G. Marini, avvocati;
–        en nombre de la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, por el Sr. S. Scafetta, avvocato;
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por los Sres. G. Aiello y F. Montanaro, avvocati dello Stato;
–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y P. Wagner, en calidad de agentes;
–        en nombre del Parlamento Europeo, por el Sr. M. Menegatti y las Sras. M. Migliorati y E. Paladini, en calidad de agentes;
–        en nombre del Consejo de la Unión Europea, por los Sres. I. Gurov, K. Pleśniak y G. Rugge, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. A. Bouchagiar, la Sra. A. Manzaneque Valverde y los Sres. P. A. Messina y G. von Rintelen, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de diciembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Las peticiones de decisión prejudicial versan:
–        sobre la validez del artículo 31, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 2015, L 141, p. 73), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 (DO 2018, L 156, p. 43) (en lo sucesivo, «Directiva 2015/849»), a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y del artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), así como sobre la interpretación del artículo 31, apartados 4 y 7, bis, de la Directiva 2015/849, del artículo 47 de la Carta y del artículo 6 del CEDH (asunto C‑684/24), y
–        sobre la validez del artículo 31, apartados 1, 2 y 10, de la Directiva 2015/849, a la luz de los artículos 114 TFUE y 288 TFUE, párrafo tercero, así como sobre la interpretación del artículo 5 TUE, apartado 4, de los artículos 6 a 8 y 16 de la Carta, de los considerandos 1, 2, 4, 5 y 12 a 17 y de los artículos 2, 3, punto 6, 30 y 31 de la Directiva 2015/849 y de los considerandos 4, 5, 16, 17 y 25 a 34 de la Directiva 2018/843 (asunto C‑685/24).
2        Estas dos peticiones se han presentado en el contexto de sendos litigios entre, por un lado, Across Fiduciaria SpA, Galvani Fiduciaria Srl y SFO Fiduciaria Srl (asunto C‑684/24), así como Unione Fiduciaria SpA, Assoservizi Fiduciari, Torino Fiduciaria — Fiditor Srl y Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione SpA (asunto C‑685/24) y, por otro, la Presidenza del Consiglio dei ministri (Presidencia del Consejo de Ministros, Italia), el Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministerio de Economía y Hacienda, Italia), el Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ministerio de Empresas y Made in Italy, Italia), el Garante per la protezione dei dati personali (Supervisor de Protección de Datos Personales, Italia), la Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e Infocamere Scpa (asunto C‑684/24), así como la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, Monza-Brianza, Lodi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino y la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma (C‑685/24), a propósito de las obligaciones de información y de acceso en relación con los mandatos fiduciarios celebrados por sociedades fiduciarias italianas.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2015/849
3        A tenor de los considerandos 12, 14 y 16 de la Directiva 2015/849:
«(12)      Es necesario identificar a toda persona física que ejerza el control mediante la propiedad u otros medios [de] una persona jurídica. Con objeto de garantizar una transparencia efectiva, los Estados miembros deben asegurar que se abarque la gama más amplia posible de personas jurídicas constituidas o creadas por cualquier otro mecanismo en su territorio. […]
[…]
(14)      La necesidad de información precisa y actualizada sobre el titular real es un factor clave para la localización de los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su identidad tras una estructura societaria. Por consiguiente, los Estados miembros deben velar por que las entidades constituidas en su territorio de conformidad con el Derecho nacional obtengan y conserven, además de información básica como el nombre y la dirección de la sociedad y la prueba de su constitución y titularidad formal, información adecuada, exacta y actualizada sobre la titularidad real. […] También deben asegurarse de que se dé acceso a la información sobre la titularidad real, respetando las normas de protección de datos, a otras personas que puedan demostrar un interés legítimo en relación con el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes conexos (como la corrupción, los delitos fiscales y el fraude). Las personas que puedan demostrar un interés legítimo deben tener acceso a la información sobre la naturaleza y la magnitud de la participación real, expresada como un porcentaje aproximado.
[…]
(16)      Es necesario, por lo demás, que se garantice el acceso oportuno a la información relativa a la titularidad real de un modo tal que evite todo riesgo de que tenga conocimiento de ello la sociedad afectada.»
4        El artículo 1, apartado 1, de esta Directiva dispone lo siguiente:
«La presente Directiva tiene por objeto la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión [Europea] para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.»
5        El artículo 2 de la referida Directiva define el ámbito de aplicación de esta.
6        El artículo 3 de esa misma Directiva tiene el siguiente tenor:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
6)      “titular real” la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad, con inclusión, como mínimo, de:
[…]
b)      en el caso de los fideicomisos (del tipo “trust”), todas las personas siguientes:
i)      el fideicomitente o fideicomitentes,
ii)      el fiduciario o fiduciarios,
iii)      el protector o protectores, de haberlos,
iv)      los beneficiarios o, cuando las personas beneficiarias del instrumento o entidad jurídicos aún no hayan sido determinadas, la categoría de personas en cuyo beneficio principal se haya constituido o actúe el instrumento o entidad jurídicos,
v)      cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso (del tipo “trust”) a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios;
c)      si se trata de entidades jurídicas como las fundaciones, y de instrumentos jurídicos análogos a los fideicomisos (del tipo “trust”), estarán incluidas en esta categoría la persona o personas físicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados en la letra b);
[…]»
7        El capítulo III de la Directiva 2015/849, titulado «Información sobre la titularidad real», incluye, en particular, los artículos 30 y 31 de dicha Directiva.
8        El artículo 30, apartado 1, párrafo primero, de la citada Directiva dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros garantizarán que las sociedades y otras entidades jurídicas constituidas en su territorio tengan la obligación de obtener y conservar información adecuada, exacta y actualizada sobre su titularidad real, incluidos los pormenores de los intereses reales ostentados. […]»
9        El artículo 31 de esa misma Directiva establece lo siguiente:
«1.      Los Estados miembros garantizarán que el presente artículo se aplique a los fideicomisos (del tipo “trust”) y otros tipos de instrumentos jurídicos, como, entre otros, la “fiducie”, determinados tipos de “Treuhand” o de fideicomiso, siempre que tales instrumentos tengan una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”). Los Estados miembros identificarán las características que determinen en qué casos los instrumentos jurídicos regidos por su Derecho tienen una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”).
Cada Estado miembro exigirá que los fiduciarios de cualquier fideicomiso (del tipo “trust”) expreso administrado en él obtengan y mantengan información adecuada, exacta y actualizada sobre la titularidad real de tal fideicomiso. Esa información incluirá la identidad de:
a)      el fideicomitente o fideicomitentes;
b)      el fiduciario o fiduciarios;
c)      el protector o protectores (de haberlos);
d)      los beneficiarios o categoría de beneficiarios;
e)      cualquier otra persona física que ejerza el control efectivo de tal fideicomiso.
Los Estados miembros garantizarán que las infracciones del presente artículo estén sujetas a medidas o sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.
2.      Los Estados miembros garantizarán que los fiduciarios o las personas que ostenten posiciones equivalentes en instrumentos jurídicos análogos a tenor del apartado 1 del presente artículo comuniquen su condición y transmitan en tiempo oportuno la información indicada en el apartado 1 del presente artículo a las entidades obligadas cuando, en su condición de fiduciario o de persona que ostente una posición equivalente en un instrumento jurídico análogo, entablen una relación de negocios o realicen una transacción ocasional por encima del umbral fijado en el artículo 11, letras b), c) y d).
[…]
3 bis.      Los Estados miembros exigirán que la información relativa a la titularidad real de fideicomisos (del tipo “trust”) expresos e instrumentos jurídicos análogos a tenor del apartado 1 se conserve en un registro central de titularidad real creado por el Estado miembro en el que esté establecido o resida el fiduciario del fideicomiso (del tipo “trust”) o la persona que ostente una posición equivalente en un instrumento jurídico análogo.
[…]
4.      Los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo “trust”) o instrumento jurídico análogo se ponga en todos los casos a disposición de:
a)      las autoridades competentes y las [Unidades de Inteligencia Financiera], sin restricción alguna;
b)      las entidades obligadas, en el marco de la aplicación de las medidas de diligencia debida de conformidad con el capítulo II;
c)      toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo;
[…]
La información accesible a las personas físicas o jurídicas a que se refiere el párrafo primero, letra c), consistirá en el nombre y apellidos, el mes y año de nacimiento y el país de residencia y la nacionalidad del titular real, así como a la naturaleza y alcance del interés real que tenga.
Los Estados miembros, en las condiciones que establezca el Derecho nacional, podrán dar acceso a información adicional que permita la identificación del titular real. Tal información adicional incluirá, como mínimo, la fecha de nacimiento o datos de contacto, de conformidad con las normas de protección de datos. Los Estados miembros podrán permitir un mayor acceso a la información conservada en el registro, de conformidad con su Derecho nacional.
[…]
4 bis.      Los Estados miembros podrán decidir que la información conservada en sus registros nacionales a que se refiere el apartado 3 bis esté disponible a condición de que se proceda a un registro en línea y al pago de una tasa, que no será superior a los costes administrativos de la puesta a disposición de la información, incluidos los costes de mantenimiento y desarrollo del registro.
5.      Los Estados miembros exigirán que la información conservada en el registro central a que se refiere el apartado 3 bis sea adecuada, exacta y actualizada, y establecerán mecanismos para tal fin. […]
[…]
7 bis.      Los Estados miembros podrán eximir de la obligación de autorizar el acceso a la totalidad o parte de la información sobre la titularidad real a que se refiere el apartado 4, párrafo primero, letras b), c) y d), en casos concretos y en circunstancias excepcionales que habrán de establecerse en Derecho nacional, si tal acceso puede exponer al titular real a un riesgo desproporcionado, un riesgo de fraude, secuestro, extorsión, acoso, violencia o intimidación, o si el titular real es un menor o tiene otro tipo de incapacidad jurídica. Los Estados miembros garantizarán que dichas exenciones se concedan tras una evaluación detallada de la naturaleza excepcional de las circunstancias. Se garantizarán los derechos a revisión administrativa de la decisión relativa a la exención y a tutela judicial efectiva. Los Estados miembros que hayan concedido exenciones publicarán datos estadísticos anuales sobre el número de exenciones concedidas y las razones aducidas, y notificarán los datos a la Comisión [Europea].
[…]
10.      Los Estados miembros notificarán a la Comisión las categorías, la descripción de las características, los nombres y, si procede, la base jurídica de los fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos a que se refiere el apartado 1 a más tardar el 10 de julio de 2019. La Comisión publicará la lista consolidada de dichos fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos en el Diario Oficial de la Unión Europea a más tardar el 10 de septiembre de 2019.
A más tardar el 26 de junio de 2020, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo [de la Unión Europea] en el que se evaluará si todos los fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos a que se refiere el apartado 1 que se rijan por el Derecho de los Estados miembros se identificaron debidamente y se sometieron a las obligaciones establecidas en la presente Directiva. Si procede, la Comisión tomará las medidas necesarias para actuar en función de las conclusiones del informe».
Directiva 2018/843
10      A tenor de los considerandos 4, 27 a 30, 32 y 42 de la Directiva 2018/843:
«(4)      […] es clara la necesidad de un mayor incremento de la transparencia global del entorno económico y financiero de la Unión. La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo no puede ser eficaz si el entorno no es hostil para los delincuentes que buscan refugio para sus finanzas a través de estructuras opacas. La integridad del sistema financiero de la Unión depende de la transparencia de las sociedades y otras entidades jurídicas, fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos. La presente Directiva no solo tiene por objeto detectar e investigar el blanqueo de capitales, sino también prevenirlo. El incremento de la transparencia podría ser un potente factor disuasorio.
[…]
(27)      Las normas aplicables a los fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos en lo que respecta al acceso a la información relativa a su titularidad real deben ser comparables a las normas correspondientes que se aplican a las sociedades y otras entidades jurídicas. Debido a la amplia gama de tipos de fideicomisos (del tipo “trust”) que existe actualmente en la Unión, así como a la diversidad aún mayor de instrumentos jurídicos análogos, los Estados miembros deben decidir si un fideicomiso (del tipo “trust”) o un instrumento jurídico análogo es comparativamente similar a las sociedades y otras entidades jurídicas. El objetivo del Derecho nacional que transponga esas disposiciones debe ser evitar que se utilicen los fideicomisos (del tipo “trust”) y los instrumentos jurídicos análogos para fines de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o delitos subyacentes conexos.
(28)      A la vista de las distintas características de los fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos, los Estados miembros deben estar facultados, con arreglo al Derecho nacional y de conformidad con las normas de protección de datos, para determinar el nivel de transparencia por lo que respecta a los fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos que no son comparables a las sociedades y otras entidades jurídicas. Los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que ello implica pueden diferir, en función de las características del tipo de fideicomiso (del tipo “trust”) o instrumento jurídico análogo, y la comprensión de esos riesgos puede evolucionar con el tiempo, por ejemplo como consecuencia de las evaluaciones de los riesgos a nivel nacional y supranacional. Por esta razón, debe permitirse a los Estados miembros establecer un mayor acceso a la información relativa a la titularidad real de los fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos, si dicho acceso constituye una medida necesaria y proporcionada con respecto al objetivo legítimo de prevención de la utilización del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. A la hora de determinar el nivel de transparencia de la información relativa a la titularidad real de tales fideicomisos o instrumentos jurídicos análogos, los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta la protección de los derechos fundamentales de las personas físicas, en particular el derecho a la intimidad y la protección de datos personales. El acceso a la información relativa a la titularidad real de los fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos debe concederse a toda persona que pueda demostrar un interés legítimo. También debe darse acceso a toda persona que presente una solicitud por escrito relativa a un fideicomiso (del tipo “trust”) o instrumento jurídico análogo que sea titular o dueño de una participación de control en una sociedad u otra entidad jurídica constituida fuera de la Unión, a través de la propiedad directa o indirecta, incluidas las carteras de acciones al portador, o a través del control por otros medios. Los criterios y condiciones para que se dé acceso a la información relativa a la titularidad real de los fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos deben ser suficientemente precisos y conformes con los objetivos de la presente Directiva. Debe permitirse a los Estados miembros denegar una solicitud por escrito, cuando existan motivos razonables para sospechar que la solicitud escrita no es conforme con los objetivos de la presente Directiva.
(29)      Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones, es esencial establecer claramente qué instrumentos jurídicos establecidos en toda la Unión deben considerarse análogos a los fideicomisos (del tipo “trust”) por sus funciones o estructura. Por lo tanto, cada Estado miembro debe estar obligado a identificar los fideicomisos (del tipo “trust”), en caso de que sean reconocidos por el Derecho nacional, y los instrumentos jurídicos análogos que puedan establecerse con arreglo a su ordenamiento jurídico nacional o práctica consuetudinaria y que tienen una estructura o funciones análogas a las de dichos fideicomisos, como el permitir la separación o desconexión entre la titularidad formal y la titularidad real de los activos. Posteriormente, los Estados miembros deben notificar a la Comisión las categorías, una descripción de las características, los nombres y, cuando proceda, la base jurídica de dichos fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos, con vistas a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, a fin de permitir su identificación por otros Estados miembros. Debe tenerse en cuenta que los fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos pueden tener diferentes características jurídicas en el conjunto de la Unión. Si las características del fideicomiso (del tipo “trust”) o instrumento jurídico análogo en cuanto a estructura o funciones son comparables a las características de las sociedades y otras entidades jurídicas, el acceso público a la información relativa a la titularidad real contribuiría a la lucha contra el uso indebido de los fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos, del mismo modo que el acceso del público puede contribuir a la prevención del uso indebido de las sociedades y otras entidades jurídicas con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
(30)      El acceso público a la información relativa a la titularidad real posibilita además un mayor control de la información por parte de la sociedad civil, incluidas la prensa o las organizaciones de la sociedad civil, y contribuye a mantener la confianza en la integridad de las transacciones empresariales y del sistema financiero. Puede contribuir a luchar contra el uso indebido de las sociedades y otras entidades jurídicas e instrumentos jurídicos con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, tanto al facilitar las investigaciones como al surtir efectos sobre su reputación, dado que cualquier persona que emprenda transacciones conoce la identidad de los titulares reales. Además, permite que las entidades financieras y las autoridades que participan en la lucha contra este tipo de delitos, incluidas las de terceros países, dispongan de información en tiempo oportuno y de manera eficiente. El acceso a esa información también ayudaría a las investigaciones sobre el blanqueo de capitales, los delitos subyacentes conexos y la financiación del terrorismo.
[…]
(32)      La confianza de los inversores y del público en general en los mercados financieros depende en gran medida de la existencia de un riguroso régimen de divulgación que aporte transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades y otras entidades jurídicas así como de determinadas clases de fideicomisos (del tipo “trust”) y otros instrumentos jurídicos análogos. En consecuencia, los Estados miembros deben permitir el acceso a la información relativa a la titularidad real de una manera suficientemente coherente y coordinada, estableciendo normas claras de acceso público, de forma que los terceros puedan determinar, en toda la Unión, quiénes son los titulares reales de las sociedades y otras entidades jurídicas, así como de determinados tipos de fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos.
[…]
(42)      Los Estados miembros deben definir el interés legítimo, como concepto general y como criterio para acceder a la información relativa a la titularidad real en su Derecho nacional. En particular, dichas definiciones no deben restringir el concepto de interés legítimo a los casos de diligencias judiciales o administrativas pendientes, y deben permitir tener en cuenta, cuando proceda, la labor preventiva llevada a cabo en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de los delitos subyacentes conexos por organizaciones no gubernamentales y periodistas de investigación. […]»
Derecho italiano
Decreto Legislativo n.º 231/2007
11      El artículo 1, apartado 2, letra ee), del Decreto Legislativo n.º 231 — Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (Decreto Legislativo n.º 231, por el que se aplica la Directiva 2005/60/CE, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, así como la Directiva 2006/70/CE, por la que se establecen disposiciones de aplicación), de 21 de noviembre de 2007 (GURI n.º 290, de 14 de diciembre de 2007, suplemento ordinario n.º 268), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.º 231/2007»), define al «proveedor de servicios a sociedades y fideicomisos» como «toda persona física o jurídica que, con carácter profesional, preste a terceros cualquiera de los siguientes servicios: […] ejercer la función de fiduciario en un fideicomiso explícito o en un instrumento jurídico análogo o velar por que otra persona desempeñe tal función».
12      El artículo 20 del Decreto Legislativo n.º 231/2007 regula la identificación del titular real.
13      El artículo 21, apartados 3 y 4, de ese Decreto Legislativo establece lo siguiente:
«3.      Los fideicomisos, así como los instrumentos jurídicos análogos, establecidos o residentes en el territorio de la República Italiana, deberán inscribirse en la sección correspondiente del Registro Mercantil. La información a que se refiere el artículo 22, apartado 5, relativa a los titulares reales de dichos fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos, establecidos o residentes en el territorio de la República Italiana, será comunicada al Registro Mercantil, a efectos de su inscripción, a través del fiduciario o los fiduciarios, de otra persona por cuenta del fiduciario o de la persona que ejerza derechos, poderes y facultades equivalentes en instrumentos jurídicos análogos, exclusivamente por vía telemática y con exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados. […]
4.      Se permitirá acceder a la información a que se refiere el artículo 22, apartado 5, relativa a la titularidad real de los fideicomisos:
[…]
d bis)            […] a los particulares, incluidos aquellos que tengan un interés difuso, titulares de un interés jurídico relevante y diferenciado, cuando el conocimiento de la titularidad real sea necesario para garantizar o defender un interés relativo a una situación protegida por la ley y esos particulares dispongan de evidencias concretas y documentadas de la falta de correspondencia entre la titularidad real y legal. El interés debe ser directo, concreto y actual y, en el caso de las entidades que representan intereses difusos, no debe coincidir con el interés de particulares pertenecientes a la categoría representada. En circunstancias excepcionales, podrá excluirse total o parcialmente el acceso a la información sobre los titulares reales cuando el acceso exponga al titular real a un riesgo desproporcionado de fraude, secuestro, chantaje, extorsión, acoso, violencia o intimidación, o cuando el titular real sea una persona incapacitada o menor, según un análisis caso por caso y tras una evaluación detallada del carácter excepcional de las circunstancias. […]»
14      El artículo 22, apartados 5 y 5, bis, del mismo Decreto Legislativo dispone lo siguiente:
«5.      Los fiduciarios de fideicomisos explícitos, regulados por la [legge n. 364 (Ley n.º 364), de 16 de octubre 1989 (GURI n.º 261, de 8 de noviembre de 1989, suplemento ordinario n.º 84)] así como las personas que ejerzan derechos, poderes y facultades equivalentes en instrumentos jurídicos análogos, siempre que estén establecidos o residan en el territorio de la República Italiana, obtendrán y dispondrán de información adecuada, precisa y actualizada sobre los titulares reales del fideicomiso o del instrumento jurídico análogo, entendiéndose por tal la relativa a la identidad del fideicomitente o fideicomitentes, del fiduciario o fiduciarios, del protector o protectores o de cualquier otra persona por cuenta del fiduciario, en su caso, de los beneficiarios o categoría de beneficiarios y demás personas físicas que ejerzan el control del fideicomiso o instrumento jurídico análogo y de cualquier otra persona física que ejerza en último término, el control de los bienes aportados al fideicomiso o al instrumento jurídico análogo a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios. Los fiduciarios de fideicomisos explícitos y las personas que ejerzan derechos, poderes y facultades equivalentes en instrumentos jurídicos análogos conservarán dicha información durante un período no inferior a cinco años a partir del cese de su condición de fiduciarios y la pondrán inmediatamente a disposición de las autoridades con arreglo al artículo 21, apartado 2, letras a) y b). Los mismos fiduciarios que, en calidad de tales, establezcan una relación continua o profesional o que realicen una prestación ocasional deberán declarar su condición a las entidades obligadas.
5 bis.      A efectos del presente Decreto, se considerarán instrumentos jurídicos análogos al fideicomiso las entidades e instrumentos que, por su estructura y funciones, produzcan efectos jurídicos equivalentes a los de los fideicomisos explícitos, teniendo también en cuenta la afectación de los bienes a un fin y al control por una persona distinta del propietario, en interés de uno o varios beneficiarios o para la consecución de un fin específico.»
Decreto ministerial n.º 55/2022
15      El artículo 1, letra g), del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.º 55 — Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di personridice private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (Decreto n.º 55 del Ministerio de Economía y Hacienda, por el que se establece el Reglamento en materia de comunicación, acceso y consulta de datos e información sobre los titulares reales de empresas con personalidad jurídica, personas jurídicas privadas, fideicomisos que producen efectos jurídicos relevantes a efectos fiscales e instrumentos jurídicos análogos al fideicomiso), de 11 de marzo de 2022 (en lo sucesivo, «Decreto Ministerial n.º 55/2022»), define los instrumentos jurídicos análogos como entidades e instrumentos «que, por su estructura y sus funciones, producen efectos jurídicos equivalentes a los de los fideicomisos (del tipo “trust”) explícitos, también en lo que respecta a la afectación de los bienes a un fin, y sobre los que una persona distinta del propietario ejerce el control, en beneficio de uno o varios titulares o con el fin de perseguir un objetivo específico, de conformidad con el artículo 22, apartado 5 bis, del [Decreto Legislativo n.º 231/2007]».
16      El artículo 7, apartados 2 y 3, del Decreto Ministerial n.º 55/2022 establece lo siguiente:
«2.      Los datos y la información relativos a los titulares reales de fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos que deben inscribirse en la sección especial, comunicarse en virtud del artículo 3 y conservarse en la sección especial del Registro Mercantil, se pondrán a disposición de cualquier persona física o jurídica, incluidas aquellas con un interés difuso, que tenga derecho a acceder a ellos de conformidad con el artículo 21, apartado 4, letra d bis), frases primera y segunda, del [Decreto Legislativo n.º 231/2007], previa presentación ante la Cámara de Comercio territorialmente competente de una solicitud de acceso motivada que acredite que se cumplen los requisitos previos establecidos en el mismo artículo 21, apartado 4, letra d bis), frases primera y segunda. En un plazo de veinte días a partir de la solicitud, la Cámara de Comercio territorialmente competente concederá el acceso o comunicará su denegación motivada al solicitante, por correo electrónico certificado. A falta de comunicación en el plazo mencionado, se considerará que el acceso ha sido denegado.
3.      […] La Cámara de Comercio territorialmente competente transmitirá a la otra parte interesada la solicitud de acceso a que se refieren los apartados 1 y 2, enviando una comunicación a la dirección de correo electrónico certificado comunicada con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra e). En los diez días siguientes desde la recepción de dicha comunicación, la otra parte interesada en el acceso podrá dirigir su oposición motivada. La Cámara de Comercio evaluará caso por caso las circunstancias excepcionales contempladas en el artículo 21, apartados 2, letra f), y 4, letra d bis), del [Decreto Legislativo n.º 231/2007], alegadas por la otra parte interesada, que justifiquen la denegación de acceso total o parcial, tomando en consideración el principio de proporcionalidad entre el riesgo señalado y el interés en el acceso. El acceso a los datos con arreglo a los apartados 1 y 2 podrá excluirse total o parcialmente tras la evaluación, por la Cámara de Comercio territorialmente competente, de las circunstancias excepcionales alegadas por la otra parte interesada. La denegación de acceso motivada se comunicará al solicitante, mediante correo electrónico certificado en el plazo de veinte días a partir de la fecha de la solicitud de acceso. A falta de comunicación en dicho plazo, el acceso se considerará denegado».
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
17      Las demandantes en los litigios principales, a excepción de Assoservizi Fiduciari, son sociedades fiduciarias italianas. En el marco de la transposición del artículo 31 de la Directiva 2015/849 al ordenamiento jurídico italiano, los mandatos fiduciarios celebrados por estas sociedades se consideraron instrumentos jurídicos que presentan «una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)», en el sentido de ese artículo 31, apartado 1, con la consiguiente obligación de facilitar información sobre la titularidad real en cuestión.
18      Invocando, en particular, la incompatibilidad de las normas nacionales que transponen el artículo 31 de la Directiva 2015/849 con el Derecho de la Unión y la ilegalidad del propio artículo 31, las demandantes en los litigios principales interpusieron recursos ante el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), que fueron desestimados por este. Posteriormente recurrieron ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), órgano jurisdiccional remitente.
19      Habida cuenta de los motivos invocados por las demandantes en los litigios principales, el órgano jurisdiccional remitente considera que los litigios de que conoce requieren de un pronunciamiento sobre la validez e interpretación del artículo 31 de la Directiva 2015/849.
20      En primer lugar, dicho órgano jurisdiccional indica que algunas de las demandantes en los litigios principales cuestionan la validez de las disposiciones del artículo 31, apartados 1, 2 y 10, de la Directiva 2015/849, considerándolas contrarias a los artículos 114 TFUE y 288 TFUE, párrafo tercero, así como al principio de eficacia. Según tales demandantes, esas disposiciones no son claras, precisas y previsibles en sus efectos ni permiten alcanzar el objetivo de seguridad jurídica, puesto que, en particular, la citada Directiva se refiere a conceptos jurídicos indeterminados, como el de «analogía», sin fijar los criterios comunes objetivos necesarios.
21      En segundo lugar, por lo que respecta a la inclusión de los mandatos fiduciarios en el ámbito de aplicación del artículo 31 de la Directiva 2015/849 como instrumentos jurídicos que presentan «una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)», el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer término, sobre el alcance del concepto de «istituti giuridici» (instrumentos jurídicos), que figura en la versión italiana de dicho artículo 31, apartados 1, 2 y 10.
22      Según ese órgano jurisdiccional, habida cuenta del sentido que la doctrina italiana atribuye al término «istituto» en el ordenamiento jurídico nacional, este concepto podría entenderse referido a la existencia de un conjunto coordinado de normas y principios que regulan un fenómeno social, sin que tal enfoque parezca, sin embargo, conforme con las demás versiones lingüísticas del citado artículo 31, apartados 1, 2 y 10. Ese concepto también podría entenderse referido a una operación jurídico-económico concreta y específica, lo que sin embargo obligaría a realizar un análisis caso por caso, por lo que suscitaría dudas desde el punto de vista de la seguridad jurídica. En consecuencia, dicho órgano jurisdiccional se inclina por un tercer enfoque, según el cual el citado concepto debe interpretarse con respecto a tipos de operaciones jurídico-económicas, apreciadas en función de sus características esenciales, que tienen, en todos los casos, «una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)».
23      En segundo término, el órgano jurisdiccional remitente recuerda que, de conformidad con el artículo 31, apartados 1 y 10, de la Directiva 2015/849, corresponde a los Estados miembros identificar los instrumentos jurídicos que tengan «una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)» y comunicar a la Comisión «las categorías, la descripción de las características, los nombres y, si procede, la base jurídica de los fideicomisos (del tipo “trust”) e instrumentos jurídicos análogos», cuya lista consolidada publica la Comisión en el Diario Oficial de la Unión Europea. Dado que la República Italiana efectuó la notificación requerida e incluyó el mandato fiduciario de Derecho italiano (mandato fiduciario) entre esos instrumentos jurídicos análogos, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre el alcance, constitutivo o declarativo, de esa notificación y de la lista consolidada publicada por la Comisión con arreglo al citado artículo 31, apartado 10.
24      En tercer término, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide si la estructura o las funciones de los mandatos fiduciarios celebrados por sociedades fiduciarias italianas pueden considerarse «análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)», en el sentido de dicho artículo 31, apartado 1. A este respecto, precisa que, en virtud de tal mandato fiduciario, la sociedad fiduciaria de que se trate adquiere el derecho a ejercer los derechos relativos a los bienes o al capital que le sean confiados, sin adquirir, no obstante, la propiedad de los mismos, que permanece en poder del fiduciante. Se plantea, por tanto, la cuestión de si cabe considerar que ese mandato fiduciario presenta «una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)», aunque no implique la transmisión de la propiedad de los bienes o capitales objeto de dicho mandato.
25      En cuarto término, el citado órgano jurisdiccional indica que, según las demandantes en los litigios principales, la decisión de someter a las sociedades fiduciarias italianas a las obligaciones establecidas en el artículo 31 de la Directiva 2015/849 en lo que respecta a los mandatos fiduciarios celebrados por ellas es contraria, en particular, al principio de proporcionalidad. Las obligaciones previstas por las normas que ya se aplican a las actividades de esas sociedades son, según esas demandantes, suficientes para alcanzar los objetivos perseguidos por dicha Directiva.
26      En tercer lugar, en la medida en que, con arreglo al artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849, toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo puede acceder a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, las demandantes en los litigios principales cuestionan el alcance excesivo del círculo de personas a las que se da acceso y sostienen que, si la posibilidad de ejercer un derecho de acceso solo estuviera supeditada a la existencia de un «interés legítimo» no definido, generaría incertidumbre en cuanto a su aplicación. En consecuencia, la falta de requisitos más estrictos que legitimen el acceso de los particulares a la información sobre la titularidad real resulta irreconciliable, concretamente, con los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales, consagrados, respectivamente, en los artículos 7 y 8 de la Carta.
27      En cuarto lugar, el órgano jurisdiccional remitente expresa dudas en cuanto a la normativa nacional que transpone el artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849. Remitiéndose, en particular, a la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912), las demandantes en los litigios principales sostienen, en efecto, que esta normativa nacional no es conforme con el Derecho de la Unión, ya que permite un acceso demasiado amplio a la información sobre la titularidad real.
28      En quinto y último lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la interpretación del artículo 31, apartado 7 bis, de la Directiva 2015/849. Según la primera frase de esta disposición, en los supuestos contemplados en ella, los Estados miembros podrán eximir de la obligación de autorizar el acceso a la totalidad o a parte de la información sobre la titularidad real en casos concretos. Además, ese artículo 31, apartado 7 bis, frase tercera, dispone que se garantizarán los derechos a revisión administrativa de la decisión relativa a la exención y a tutela judicial efectiva.
29      Con respecto a esto último, el citado órgano jurisdiccional precisa que, si bien la normativa nacional que transpone el artículo 31, apartado 7 bis, de la Directiva 2015/849 prevé un intercambio previo entre el titular real de que se trate y la cámara de comercio competente, que es la entidad llamada a pronunciarse sobre una solicitud de acceso a la información sobre la titularidad real, dicha normativa nacional no establece ninguna vía de recurso que pueda aplicarse previamente. Así pues, la protección jurídica de los titulares reales solo está prevista posteriormente, mediante la posibilidad de impugnar ante el juez de lo contencioso-administrativo la decisión por la que se estima una solicitud de acceso a esa información. En este contexto, el citado órgano jurisdiccional alberga dudas sobre la adecuación de dicha normativa nacional a los derechos e intereses de los titulares reales afectados.
30      En estas circunstancias, en el asunto C‑684/24, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Es compatible el artículo 31, apartado 4, de la Directiva [2015/849], en la medida en que permite el acceso a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo “trust”) o de un instrumento jurídico análogo, con las disposiciones de la [Carta] [artículos 7 y 8] y [con el artículo 8 del CEDH], en tanto en cuanto permite, en todo caso, el acceso a cualquier persona física o jurídica que “pueda demostrar un interés legítimo”, sin precisar ni delimitar el propio concepto de “interés legítimo”, al dejar la definición de este concepto a la entera discreción de los Estados miembros, lo que puede dar lugar al riesgo de que el ámbito del derecho de acceso a los datos sea excesivamente amplio y resulte potencialmente lesivo para los citados derechos fundamentales?
2)      ¿Son compatibles los artículos 6 y 7 del [Decreto Ministerial n.º 55], en la medida en que confieren a un órgano administrativo y no jurisdiccional, como la Cámara de Comercio territorial, la facultad de pronunciarse, determinando el efecto irreversible de proporcionar datos, y en que únicamente contemplan el derecho del titular real a interponer recurso judicial en una fase posterior, con las garantías previstas en el artículo 31, apartado 7 bis, de la Directiva [2015/849], relativas al derecho a un recurso administrativo contra una decisión que establezca una excepción, cuando concurran circunstancias excepcionales definidas por el Derecho nacional, al acceso contemplado en el apartado 4, que se concede, en cualquier caso, a la información sobre la titularidad del fideicomiso (del tipo “trust”) o de un instrumento jurídico análogo, teniendo en cuenta la protección que proporcionan el artículo 47 (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) de la [Carta], así como el artículo 6 del CEDH?»
31      En el asunto C‑685/24, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el concepto de “istituti giuridici” (“instrumentos jurídicos”) del artículo 31, apartados 1, 2 y 10, de la Directiva [2015/849], que figura en la versión italiana, en el sentido de que se refiere, de conformidad con lo que puede deducirse de las demás versiones lingüísticas principales, del contexto y de la finalidad de [dicha] Directiva, a la existencia de una unión orgánica de las normas y principios que regulan un fenómeno social, o, en cambio, a un negocio jurídico-económico concreto y específico o, incluso, a tipos de negocios jurídico-económicos apreciados en función de sus características sustantivas, que, en cualquier caso, presentan una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 31, apartado 10, de la Directiva [2015/849], en el sentido de que las notificaciones efectuadas por los Estados miembros y el informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo carecen de fuerza normativa vinculante y constituyen actos meramente declarativos de los instrumentos jurídicos análogos presentes en los distintos ordenamientos jurídicos, de modo que, en cualquier caso, corresponde al juez nacional y al Tribunal de Justicia apreciar, en caso de controversia, la existencia de tal analogía con los fideicomisos (del tipo “trust”) de la estructura o las funciones de esos instrumentos, únicamente a la luz de las disposiciones de [la citada] Directiva, ya que no puede considerarse que dichos actos, que completan el Derecho [de la Unión], sean vinculantes?
3)      ¿Deben interpretarse el Derecho de la Unión, y en particular los considerandos 1, 2, 4, 5 y 12 a 17, y los artículos 2, 3, apartado 1, punto 6, y 31 de la Directiva [2015/849], así como los considerandos 4, 5, 16, 17 y 25 a 34, de la Directiva [2018/843], en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la contenida en los artículos 1, apartado 2, letra ee), y 20 a 22 del Decreto Legislativo n.º 231/7, en la medida en que incluye entre los instrumentos jurídicos con una estructura y funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”) los mandatos fiduciarios de las sociedades fiduciarias?
4)      ¿Se oponen el Derecho de la Unión y, en particular, el principio de proporcionalidad y las disposiciones contenidas en el artículo 31, apartado 1, de la Directiva [2015/849], en relación con el artículo 5 TUE, apartado 4, y los considerandos 5 y 27 de la Directiva [2018/843], a una normativa nacional como la establecida en los artículos 1, apartado 2, letra ee), y 20 a 22 del Decreto Legislativo n.º 231/[200]7, en la medida en que incluye, entre los instrumentos jurídicos con una estructura y funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”), los mandatos fiduciarios de las sociedades fiduciarias, aun cuando la actividad de dichas sociedades esté sujeta a una serie de obligaciones y a la supervisión de varias autoridades nacionales y teniendo en cuenta los riesgos que pueden entrañar las operaciones que realizan?
5)      ¿Son inválidas las disposiciones contenidas en artículo 31, apartados 1, 2 y 10, de la Directiva [2015/849] por oponerse a lo dispuesto en los artículos 114 TFUE y 288 TFUE, [apartado 3], y al principio de eficacia?
6)      ¿Deben interpretarse el Derecho de la Unión, en particular los considerandos 1, 2, 5 y 12 a 17 y los artículos 30 y 31 de la Directiva [2015/849], así como los considerandos 4, 5, 16, 17 y 25 a 34 de la Directiva [843/843], los artículos 6, 7, 8 y 16 de la Carta y el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 TUE, apartado 4, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912), en el sentido de que se oponen a una normativa como la establecida en el artículo 21, apartado 4, letra d bis), del Decreto Legislativo n.º 231/2007, y en el artículo 7, apartado 2, del Decreto Ministerial n.º 55/2022, que permite el acceso a los particulares, incluidos aquellos que ostenten un interés difuso, con un interés jurídico relevante y diferenciado, en los casos en que sea necesario conocer el titular real al objeto de garantizar o defender un interés correspondiente a una situación jurídicamente protegida, cuando tengan pruebas concretas y documentadas de la divergencia entre la titularidad real y la legal, exigiendo, además, que el interés sea directo, concreto y actual y, en el caso de entidades representativas de intereses difusos, no coincida con el interés individual de los pertenecientes a la categoría representada?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
32      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de septiembre de 2025, Across Fiduciaria y otros (C‑684/24 y C‑685/24, EU:C:2025:727), se desestimó la solicitud del órgano jurisdiccional remitente de que las presentes peticiones de decisión prejudicial se tramitasen a través del procedimiento acelerado previsto en el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Mediante el mismo auto, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió, no obstante, que procedía dar prioridad a esos asuntos, con arreglo al artículo 53, apartado 3, de ese Reglamento de Procedimiento.
Sobre la admisibilidad
33      Ser-Fid Italiana Fiduciaria e di Revisione considera que las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C‑685/24 carecen de pertinencia y que, por tanto, son inadmisibles. A su juicio, el órgano jurisdiccional remitente ha formulado sus cuestiones relativas a la supuesta legalidad de la inclusión, en Italia, de los mandatos fiduciarios celebrados por sociedades fiduciarias italianas entre los instrumentos jurídicos que presentan «una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)», en el sentido del artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2015/849, citando normas del Derecho italiano de transposición de esa Directiva que, en realidad, no prevén tal inclusión.
34      A este respecto, procede recordar, por una parte, que, a tenor del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento, toda petición de decisión prejudicial contendrá «una exposición concisa del objeto del litigio y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en que se basan las cuestiones», «el texto de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto y, en su caso, la jurisprudencia nacional pertinente» y «la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal».
35      Por otra parte, el procedimiento contemplado en el artículo 267 TFUE está basado en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia. El juez nacional es el único competente para determinar y apreciar los hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional. Asimismo, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (sentencia de 7 de noviembre de 2024, Centro di Assistenza Doganale Mellano, C‑503/23, EU:C:2024:933, apartado 32 y jurisprudencia citada).
36      En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente ha expuesto de manera detallada el contexto jurídico y fáctico, así como las razones que le han llevado a preguntarse sobre la validez y la interpretación de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión para poder emitir su fallo. Además, la cuestión de si las premisas en las que se basa el órgano jurisdiccional remitente en el marco de sus cuestiones son erróneas o no constituye una cuestión que forma parte del marco fáctico cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia [sentencia de 27 de febrero de 2025, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Modo de gestión de un OIC), C‑18/23, EU:C:2025:119, apartado 37 y jurisprudencia citada].
37      Por lo tanto, las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C‑685/24 son admisibles.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Quinta cuestión prejudicial en el asunto C‑685/24
38      La quinta cuestión prejudicial en el asunto C‑685/24, que procede examinar en primer lugar, versa, según su redacción, sobre la validez del artículo 31, apartados 1, 2 y 10 de la Directiva 2015/849, a la luz de los artículos 114 TFUE y 288 TFUE, párrafo tercero, así como del principio de eficacia. No obstante, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente en apoyo de esta cuestión prejudicial se desprende claramente que se refiere más concretamente al respeto del principio de seguridad jurídica, pues ese órgano jurisdiccional se refiere a las alegaciones de algunas demandantes en el litigio principal correspondiente al asunto C‑685/24 según las cuales las disposiciones de esta Directiva no son claras, precisas y previsibles en sus efectos. En particular, según ellas, la citada Directiva contiene conceptos jurídicos indeterminados, como el de «analogía», sin fijar los criterios comunes objetivos necesarios.
39      Por lo tanto, procede considerar que, mediante esta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que determine si el artículo 31, apartados 1, 2 y 10, de la Directiva 2015/849 vulnera el principio de seguridad jurídica.
40      Según reiterada jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica exige, por una parte, que las normas de Derecho sean claras y precisas y, por otra, que su aplicación sea previsible para los justiciables, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables. Este principio exige, en concreto, que una normativa permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que estos puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia [sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 158 y jurisprudencia citada].
41      No obstante, estos requisitos no pueden interpretarse en el sentido de que se oponen a que el legislador de la Unión, al adoptar una norma, emplee un concepto jurídico abstracto, ni en el sentido de que exigen que tal norma abstracta mencione los distintos supuestos concretos en los que podrá aplicarse, ya que el legislador no puede determinar por anticipado todos esos supuestos [sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 159 y jurisprudencia citada].
42      Así pues, no es necesario que el propio acto legislativo contenga precisiones de naturaleza técnica, puesto que el legislador de la Unión tiene la posibilidad de recurrir a un marco jurídico general que, cuando proceda, se pueda concretar posteriormente [sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 160 y jurisprudencia citada].
43      En consecuencia, el hecho de que un acto legislativo confiera un margen de apreciación a las autoridades responsables de su aplicación no infringe en sí mismo la exigencia de previsibilidad, siempre que el alcance y la forma de ejercicio de dicha facultad se definan con la suficiente precisión, a la vista del fin legítimo en cuestión, para proporcionar una protección adecuada contra la arbitrariedad [sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 161 y jurisprudencia citada].
44      Por lo que respecta al artículo 31 de la Directiva 2015/849, de su apartado 1, párrafo primero, primera frase, se desprende que pretende aplicarse «a los fideicomisos (del tipo “trust”) y otros tipos de instrumentos jurídicos, como, entre otros, la “fiducie”, determinados tipos de “Treuhand” o de fideicomiso, siempre que tales instrumentos tengan una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)». Dicho artículo 31, apartado 1, párrafo primero, segunda frase, añade que «los Estados miembros identificarán las características que determinen en qué casos los instrumentos jurídicos regidos por su Derecho tienen una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)».
45      Además, de conformidad con el artículo 31, apartado 2, de la Directiva 2015/849, los Estados miembros garantizarán que los fiduciarios o las personas que ostenten posiciones equivalentes en instrumentos jurídicos análogos a tenor del apartado 1 de ese artículo 31 comuniquen determinada información, cuando se cumplan los requisitos establecidos en ese artículo 31, apartado 2.
46      Por último, el artículo 31, apartado 10, párrafo primero, de la Directiva 2015/849 establece, por un lado, que los Estados miembros notificarán a la Comisión las categorías, la descripción de las características, los nombres y, si procede, la base jurídica de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos a que se refiere el artículo 31, apartado 1, a más tardar el 10 de julio de 2019. Por otro lado, en virtud de esta disposición, la Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la lista consolidada de dichos fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos a más tardar el 10 de septiembre de 2019.
47      Por lo que respecta al concepto de «fideicomisos (del tipo “trust”)», a los que es aplicable el artículo 31 de la Directiva 2015/849, procede señalar que esta última no define ese concepto y que las versiones lingüísticas de la citada Directiva presentan ciertas diferencias. No obstante, tal concepto se presta a una interpretación suficientemente clara, puesto que en la mayoría de sus versiones lingüísticas, incluida la italiana, se hace referencia expresa a los «trusts». Por su parte, el término «trust» designa un concepto jurídico extendido en los países de la common law para el que existe, como ha señalado el Abogado General en los puntos 45 y 46 de sus conclusiones, una definición precisa en Derecho internacional público.
48      El artículo 31 de la Directiva 2015/849 también se aplica a «otros tipos de instrumentos jurídicos», calificados de «instrumentos jurídicos análogos» en los apartados 2 y 10 de dicho artículo 31. Como se desprende del apartado 1, segunda frase, del citado artículo 31 y del considerando 27 de la Directiva 2018/843, incumbe a los Estados miembros identificar esos otros tipos de instrumentos jurídicos que se rigen por sus Derechos respectivos.
49      En el marco de la identificación de esos otros tipos de instrumentos jurídicos, los Estados miembros están vinculados por el requisito establecido en el artículo 31, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2015/849, según el cual solo se contemplan los instrumentos jurídicos que tengan «una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)». En este contexto, los Estados miembros deben tener en cuenta el riesgo —inherente a un instrumento jurídico concreto— de ser utilizado con fines de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. En efecto, la Directiva 2015/849 tiene como objetivo principal la prevención de la utilización del sistema financiero para tales fines (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2026, Steiermärkische Bank und Sparkasse y otros, C‑291/24, EU:C:2026:52, apartado 24 y jurisprudencia citada).
50      En estas circunstancias, la técnica normativa elegida por el legislador de la Unión es conforme con la jurisprudencia recordada en el apartado 43 de la presente sentencia, en la medida en que el alcance y las formas de ejercicio del margen de apreciación que la Directiva 2015/849 reconoce a las autoridades encargadas de su aplicación se definen con suficiente precisión.
51      Además, como se indica en el considerando 29 de la Directiva 2018/843, precisamente con el fin de garantizar la seguridad jurídica, los Estados miembros están obligados, en virtud del artículo 31, apartado 10, de la Directiva 2015/849, a comunicar a la Comisión las categorías, la descripción de las características, la denominación y, en su caso, la base jurídica de los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos, y la Comisión debe publicar la lista consolidada de esos fideicomisos e instrumentos jurídicos análogos. Así pues, esas prescripciones tienen por objeto lograr que las personas afectadas puedan conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les incumben, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 40 de la presente sentencia.
52      Por añadidura, también es importante tener en cuenta las particularidades de la materia normativa. En efecto, el considerando 27 de la Directiva 2018/843 menciona la amplia gama de tipos de fideicomisos (del tipo «trust») existentes actualmente en la Unión y una variedad aún mayor de instrumentos jurídicos análogos. Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en función del contexto general y de las circunstancias específicas de la materia que deba armonizarse con arreglo al artículo 114 TFUE, se confiere al legislador de la Unión un margen de apreciación en cuanto a la técnica de aproximación más adecuada para alcanzar el resultado deseado, en particular en ámbitos que se caracterizan por particularidades técnicas complejas (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de diciembre de 2019, República Checa/Parlamento y Consejo, C‑482/17, EU:C:2019:1035, apartado 60 y jurisprudencia citada).
53      Por lo demás, carece de pertinencia la alegación, formulada por algunas de las demandantes en el litigio principal correspondiente al asunto C‑685/24, según la cual numerosos Estados miembros informaron a la Comisión de que en sus ordenamientos jurídicos no existían instrumentos jurídicos análogos a los fideicomisos, siendo así que, según ellas, en todos los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros existen instrumentos jurídicos idénticos al mandato sin representación o, en cualquier caso, instrumentos jurídicos que, causa fiduciae, disocian la titularidad real y la titularidad legal.
54      En efecto, esta alegación versa sobre si los Estados miembros han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 31, apartados 1 y 10, de la Directiva 2015/849 y no puede poner en entredicho la compatibilidad de esta disposición con el principio de seguridad jurídica.
55      De ello se sigue que el artículo 31, apartados 1, 2 y 10, de la Directiva 2015/849 no vulnera el principio de seguridad jurídica.
56      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la quinta cuestión prejudicial en el asunto C‑685/24 que el examen de esta cuestión no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 31, apartados 1, 2 y 10, de la Directiva 2015/849.
Cuestiones prejudiciales primera a cuarta en el asunto C‑685/24
57      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a cuarta en el asunto C‑685/24, que procede examinar conjuntamente y en segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual los mandatos fiduciarios celebrados por sociedades fiduciarias italianas (mandato fiduciario) se consideran comprendidos en el concepto de «otros tipos de instrumentos jurídicos», con arreglo a esa disposición.
58      A este respecto, procede señalar, con carácter preliminar, que la comunicación efectuada por un Estado miembro con arreglo al artículo 31, apartado 10, párrafo primero, de la Directiva 2015/849 carece de valor normativo vinculante en lo que atañe a la cuestión de si el instrumento jurídico de que se trata está comprendido en ese concepto.
59      En efecto, como se desprende del considerando 29 de la Directiva 2018/843, esa comunicación y la publicación por la Comisión de la lista consolidada de fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos tienen por objeto facilitar su identificación por los demás Estados miembros, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y lograr de este modo, como resulta del apartado 51 de la presente sentencia, que las personas afectadas puedan conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les incumben.
60      Dicho esto, es preciso recordar que el artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2015/849 pretende aplicarse «a los fideicomisos (del tipo “trust”) y otros tipos de instrumentos jurídicos, como, entre otros, la “fiducie”, determinados tipos de “Treuhand” o de fideicomiso, siempre que tales instrumentos tengan una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)».
61      Dado que la Directiva 2015/849 no define ni el concepto de «otros tipos de instrumentos jurídicos» ni el de «fideicomisos (del tipo “trust”)», con el que se relaciona ese primer concepto, la determinación de su significado y de su alcance debe efectuarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte (véase, por analogía, la sentencia de 1 de octubre de 2020, Entoma, C‑526/19, EU:C:2020:769, apartado 29 y jurisprudencia citada).
62      A este respecto, ha de señalarse que, como se ha indicado en el apartado 47 de la presente sentencia, las versiones lingüísticas del artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2015/849 presentan ciertas diferencias en lo que atañe al concepto de «fideicomisos (del tipo “trust”)», si bien la mayoría de ellas se refieren expresamente al término «trust», que designa un concepto jurídico extendido en los países del common law. Además, para ilustrar los «otros tipos de instrumentos jurídicos» a los que hace referencia, esta disposición cita «la fiducie» y «determinados tipos de Treuhand o de fideicomiso».
63      Por lo que respecta al concepto de «instrumentos jurídicos», en el sentido del artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2015/849, las versiones lingüísticas de esta disposición presentan también algunas diferencias. En efecto, como indica el órgano jurisdiccional remitente, en la versión italiana de esta disposición (istituti giuridici), este concepto puede entenderse referido a una normativa coordinada de un determinado fenómeno de importancia jurídica. En cambio, las fórmulas utilizadas en las versiones en lengua alemana (Rechtsvereinbarungen) o inglesa (legal arrangements) parecen poner el acento en el acuerdo negociado entre las partes implicadas. Otras versiones lingüísticas, como la versión en lengua española (instrumentos jurídicos) o francesa (constructions juridiques), parecen referirse a supuestos de naturaleza diversa.
64      A la luz de estas divergencias entre las versiones lingüísticas del artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2015/849, el concepto de «instrumentos jurídicos» no puede entenderse de manera restrictiva, es decir, en el sentido de que presupone la existencia de una normativa específica que regula la operación en cuestión, ya que ello equivaldría a atribuir carácter prioritario a una formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de esta disposición frente a sus otras versiones lingüísticas, lo que sería incompatible con la exigencia de uniformidad en la aplicación del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2026, Opera Laboratori Fiorentini, C‑313/24, EU:C:2026:91, apartado 28 y jurisprudencia citada). Dicho esto, dado que el artículo 31, apartado 1, se refiere, en la mayoría de sus versiones lingüísticas, a «tipos» de instrumentos jurídicos, este concepto contempla operaciones jurídicas que pueden categorizarse en función de sus características propias. Corrobora esta interpretación la tarea de identificación y comunicación que incumbe a los Estados miembros, en virtud del citado artículo 31, apartados 1, párrafo primero, segunda frase, y 10, párrafo primero.
65      Además, la aplicabilidad del artículo 31 de la Directiva 2015/849 a «otros tipos de instrumentos jurídicos», en el sentido de dicho artículo 31, apartado 1, presupone que esos instrumentos jurídicos tengan «una estructura o funciones análogas a las de los fideicomisos (del tipo “trust”)».
66      Por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 31 de la Directiva 2015/849 y a los objetivos perseguidos por esta, procede señalar que dicho artículo 31 forma parte del capítulo III de esta Directiva, titulado «Información sobre la titularidad real». A este respecto, los considerandos 12 y 14 de la citada Directiva subrayan la importancia, para garantizar una transparencia efectiva, de identificar a toda persona física que posea o ejerza el control de una entidad jurídica, así como la necesidad de disponer de información exacta y actualizada sobre el titular real.
67      En lo que atañe, más concretamente, a las normas que se aplican a los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos, del considerando 27 de la Directiva 2018/843 se desprende que la legislación nacional que transpone esas normas debe tener por objeto evitar que los fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos se utilicen para blanquear capitales, financiar el terrorismo o cometer delitos subyacentes conexos. En este contexto, en el considerando 28 de la citada Directiva se precisa que los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo pueden variar en función de las características del tipo de fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo.
68      A este respecto, en sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia, la Comisión señaló que, en el contexto de la Directiva 2015/849, la introducción del concepto de «otros tipos de instrumentos jurídicos» permite incluir en el ámbito de aplicación del artículo 31 de esta Directiva categorías de operaciones que, aun cuando no se califiquen de «fideicomisos (del tipo “trust”)», dan lugar a una disociación entre el titular real de los activos y la persona a la que se confían esos activos y que entra en relación con terceros en el marco de la gestión los mismos, creando un «efecto velo» que oculta a los terceros ese titular real o esas relaciones jurídicas.
69      Por lo tanto, como se ha señalado en el apartado 49 de la presente sentencia, al identificar «otros tipos de instrumentos jurídicos», en el sentido del artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2015/849, los Estados miembros deben tener en cuenta el riesgo —inherente a un instrumento jurídico concreto— de ser utilizado con fines de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
70      En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente precisa que el mandato fiduciario (mandato fiduciario) no es objeto de un marco normativo completo, sino que las categorías de operaciones económicas comprendidas en el instrumento de la operación fiduciaria se distinguen plenamente según su estructura, función y efectos. Además, de la resolución de remisión en el asunto C‑685/24 se desprende que este mandato fiduciario parece presentar las características estructurales y funcionales que lo aproximan a los fideicomisos (del tipo «trust»). Se trata, en particular, de un mecanismo de imposición de un bien ajeno en nombre de otra persona, a efectos de su administración y de su gestión, y que implica una disociación entre la persona que administra y gestiona dicho bien y la persona que le encomienda esa tarea y en cuyo interés esta se efectúa, sobre la base de una causa fiduciaria. Además, el órgano jurisdiccional remitente se refiere al «efecto velo» que implica la imposición de dicho bien en nombre del fiduciario, el cual ejerce una «función de pantalla» que permite ocultar la identidad del fiduciante, lo que constituye un elemento pertinente a la luz del objetivo principal perseguido por la Directiva 2015/849.
71      En estas circunstancias, los mandatos fiduciarios celebrados por sociedades fiduciarias italianas (mandato fiduciario) pueden estar comprendidos en el concepto de «otros tipos de instrumentos jurídicos», en el sentido del artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2015/849, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
72      A este respecto, carece de pertinencia el hecho de que, según el órgano jurisdiccional remitente, la imposición de activos en nombre del mandatario establecida en virtud del mandato fiduciario se lleve a cabo sin transmisión de propiedad. En efecto, no puede considerarse que tal transmisión de propiedad constituya un requisito obligatorio para calificar operaciones como «otros tipos de instrumentos jurídicos», en el sentido del artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2015/849. Si bien el considerando 29 de la Directiva 2018/843 se refiere, en este contexto, a título de ejemplo, a «la separación o desconexión entre la titularidad formal y la titularidad real», no eleva la transmisión de propiedad a la categoría de requisito obligatorio.
73      Por lo demás, la consideración formulada en el apartado 71 de la presente sentencia tampoco queda desvirtuada por la alegación, formulada por las demandantes en el asunto C‑685/24, según la cual las diferentes normativas nacionales que regulan las actividades de las sociedades fiduciarias ya son suficientes para respetar los objetivos de la Directiva 2015/849. A este respecto, basta con señalar que, como expuso detalladamente el órgano jurisdiccional remitente en su resolución de remisión en el asunto C‑685/24, estas normativas nacionales imponen obligaciones que no se corresponden totalmente con las impuestas por el artículo 31 de dicha Directiva, ya que este artículo persigue objetivos más amplios y diferentes en materia de transparencia y de prevención.
74      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a cuarta planteadas en el asunto C‑685/24 que el artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual los mandatos fiduciarios celebrados por sociedades fiduciarias italianas (mandato fiduciario) se consideran comprendidos en el concepto de «otros tipos de instrumentos jurídicos», en el sentido de dicha disposición.
Primera cuestión prejudicial en el asunto C‑684/24
75      Mediante su primera cuestión prejudicial en el asunto C‑684/24, que procede examinar en tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, sobre la validez del artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849, a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta y del artículo 8 del CEDH.
76      En efecto, en lo que concierne a la mención al artículo 8 del CEDH, es preciso recordar, con carácter preliminar, que, aunque los derechos fundamentales reconocidos por el CEDH formen parte del Derecho de la Unión como principios generales —como confirma el artículo 6 TUE, apartado 3— y el artículo 52, apartado 3, de la Carta establezca que los derechos contenidos en ella que correspondan a derechos garantizados por el CEDH tendrán el mismo sentido y alcance que los que les confiere dicho Convenio, este no constituye un instrumento jurídico integrado formalmente en el ordenamiento jurídico de la Unión, puesto que la Unión no se ha adherido a él. Así pues, el control de legalidad de los actos de la Unión debe efectuarse únicamente a la luz de los derechos fundamentales garantizados por la Carta, en este caso a la luz de los artículos 7 y 8 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de febrero de 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, apartados 45 y 46 y jurisprudencia citada).
Acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo
77      El artículo 7 de la Carta garantiza a toda persona el derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones, mientras que su artículo 8, apartado 1, reconoce explícitamente a toda persona el derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.
78      Como se desprende del artículo 31, apartados 1, párrafo segundo, 2 y 3 bis, de la Directiva 2015/849, los Estados miembros están obligados a disponer que se recopile y conserve determinada información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo. A efectos de la aplicación de esta disposición, el concepto de «titular real» se define en el artículo 3, punto 6), letras b) y c), de dicha Directiva.
79      En virtud del artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849, los Estados miembros garantizarán que la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo se ponga en todos los casos a disposición de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo. La información puesta a disposición incluye, conforme a dicho artículo 31, apartado 4, párrafo segundo, el nombre y apellidos, el mes y año de nacimiento y el país de residencia y la nacionalidad del titular real, así como a la naturaleza y alcance del interés real que tenga.
80      El citado artículo 31, apartado 4, párrafo tercero, añade que los Estados miembros, en las condiciones que establezca el Derecho nacional, podrán dar acceso a información adicional que permita la identificación del titular real. Tal información adicional incluirá, como mínimo, la fecha de nacimiento o datos de contacto, de conformidad con las normas de protección de datos. Además, los Estados miembros podrán permitir un mayor acceso a la información conservada en el registro, de conformidad con su Derecho nacional.
81      A este respecto, procede señalar que, dado que los datos a los que se refiere el artículo 31, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2015/849 contienen información sobre personas físicas identificadas, a saber, sobre los titulares reales de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, el acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo a ellos afecta al derecho fundamental al respeto de la vida privada, garantizado en el artículo 7 de la Carta, sin que sea pertinente, en este contexto, el hecho de que esos datos puedan estar relacionados con actividades profesionales. Además, la puesta a disposición de esos datos constituye un tratamiento de datos personales comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 8 de la Carta (véase, por analogía, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 38 y jurisprudencia citada).
82      También es preciso señalar que, como se desprende de reiterada jurisprudencia, la puesta a disposición de un tercero de datos de carácter personal constituye una injerencia en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta, cualquiera que sea la utilización posterior de la información puesta a disposición. A este respecto, carece de relevancia que la información relativa a la vida privada de que se trate tenga o no carácter sensible o que los interesados hayan sufrido o no inconvenientes en razón de tal injerencia (sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 39 y jurisprudencia citada).
83      Por consiguiente, el acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, previsto en el artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849, constituye una injerencia en los derechos garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta.
Justificación de la injerencia de que se trata
84      Los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta no constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben considerarse según su función en la sociedad (sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 45 y jurisprudencia citada).
85      A tenor del artículo 52, apartado 1, primera frase, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por esta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Según el artículo 52, apartado 1, segunda frase, de la Carta, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones a dichos derechos y libertades cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. A este respecto, el artículo 8, apartado 2, de la Carta precisa que los datos de carácter personal se tratarán, en particular, «para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley».
–       Respeto del principio de legalidad
86      El requisito de que cualquier limitación del ejercicio de los derechos fundamentales debe ser establecida por ley implica que el acto que permita la injerencia en dichos derechos debe definir el alcance de la limitación del ejercicio del derecho en cuestión, si bien, por un lado, tal requisito no excluye que dicha limitación se formule en términos lo suficientemente abiertos como para poder adaptarse a distintos supuestos así como a los cambios de situación y, por otro lado, el Tribunal de Justicia puede, en su caso, precisar por vía interpretativa el alcance concreto de esa limitación a la vista tanto de los propios términos de la normativa de la Unión aplicable como de la sistemática general de esta y de los objetivos que persigue, tal como estén interpretados a la luz de los derechos fundamentales garantizados por la Carta (sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 47 y jurisprudencia citada).
87      A este respecto, ha de señalarse que la limitación del ejercicio de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta resultante del acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo viene establecida en un acto legislativo de la Unión, a saber, en la Directiva 2015/849. En este contexto, el artículo 31, apartados 1, párrafo segundo, 2 y 4, párrafo segundo, de esa Directiva precisa qué informaciones enumeradas taxativamente deben recogerse y en qué medida estas resultan accesibles para las personas que puedan demostrar un interés legítimo.
88      Es cierto que, por su parte, el artículo 31, apartado 4, párrafo tercero, de dicha Directiva deja un margen de apreciación a los Estados miembros para dar o bien acceso a información adicional que permita la identificación del titular real e incluya, al menos, la fecha de nacimiento o los datos de contacto, bien un mayor acceso a la información conservada en el registro. Sin embargo, este margen de apreciación está delimitado por el requisito de que las condiciones de ese acceso a información adicional estén «establecidas por el Derecho nacional» y de que ese mayor acceso a la información conservada en el registro se dé «de conformidad con [el] Derecho nacional».
89      Además, el artículo 31 de la misma Directiva establece, en su apartado 7 bis, las condiciones en las que los Estados miembros pueden eximir de la obligación de autorizar el acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, previsto en dicho artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c).
90      En estas circunstancias, procede considerar que se respeta el principio de legalidad.
–       Respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta
91      Por lo que se refiere al respeto del contenido esencial de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta, procede señalar que la información a la que se hace referencia expresamente en el artículo 31, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2015/849 puede clasificarse en dos categorías de datos distintas, la primera de las cuales incluye datos relativos a la identidad del titular real (nombre y apellidos, mes y año de nacimiento así como nacionalidad) y, la segunda, datos de índole económica (naturaleza y alcance del interés real ostentado) (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 50).
92      Además, si bien es cierto que el artículo 31, apartado 4, párrafo tercero, de la Directiva 2015/849 permite a los Estados miembros dar acceso a información adicional, no es menos cierto que, de conformidad con dicho artículo 31, apartado 1, párrafo segundo, solo puede obtenerse, conservarse y, por tanto, potencialmente ponerse a disposición, información «adecuada» sobre la titularidad real y el interés real ostentado, lo que excluye, en particular, la información que no guarde relación adecuada con las finalidades de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 51).
93      Pues bien, la puesta a disposición de información que sí guarda tal tipo de relación no parece menoscabar en modo alguno el contenido esencial de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 52).
94      En este contexto, cabe añadir que toda recogida, conservación y puesta a disposición de información en virtud de la Directiva 2015/849 debe cumplir plenamente los requisitos derivados del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1) (sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 53).
95      En estas circunstancias, la injerencia que implica el acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar interés legítimo a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, previsto en el artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849, respeta el contenido esencial de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 54).
–       Objetivo de interés general reconocido por la Unión
96      La Directiva 2015/849 tiene por objeto, según los propios términos de su artículo 1, apartado 1, la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. A este respecto, el considerando 4 de la Directiva 2018/843 precisa que la persecución de este objetivo no puede ser eficaz si el entorno no es hostil para los delincuentes y que el incremento de la transparencia global del entorno económico y financiero de la Unión podría ser un potente factor disuasorio (sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 55).
97      Por lo que respecta, más concretamente, al objetivo perseguido por el acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, introducido por la Directiva 2018/843, de los considerandos 29 y 30 de esa Directiva se desprende que el acceso público a la información sobre la titularidad real contribuiría a luchar contra el uso indebido de fideicomisos (del tipo «trust») e instrumentos jurídicos análogos para el blanqueo de capitales o para la financiación del terrorismo.
98      En este contexto, el considerando 30 de dicha Directiva enuncia que ese acceso público posibilita además un mayor control de la información por parte de la sociedad civil, incluidas la prensa o las organizaciones de la sociedad civil, y contribuye a mantener la confianza en la integridad de las transacciones empresariales y del sistema financiero. Además, el considerando 32 de la Directiva 2028/843 precisa que la confianza de los inversores y del público en general en los mercados financieros depende en gran medida de la existencia de un riguroso régimen de divulgación que aporte transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las sociedades y otras entidades jurídicas así como de determinadas clases de fideicomisos (del tipo «trust») y otros instrumentos jurídicos análogos.
99      De ello se deduce que, al prever el acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, el legislador de la Unión pretende prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo estableciendo, mediante una mayor transparencia, un entorno menos susceptible de ser utilizado con tales fines (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 58).
100    Pues bien, esta finalidad constituye un objetivo de interés general que puede justificar injerencias, incluso graves, en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta (sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 59 y jurisprudencia citada).
–       Carácter idóneo, necesario y proporcionado de la injerencia de que se trata
101    Según reiterada jurisprudencia, la proporcionalidad de medidas de las que resulta una injerencia en los derechos garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta requiere el respeto de las exigencias de idoneidad y necesidad, así como de la relativa al carácter proporcionado de dichas medidas en relación con el objetivo perseguido (sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 63 y jurisprudencia citada).
102    Más concretamente, las excepciones a la protección de los datos personales y las limitaciones de esta última operan dentro del marco de lo estrictamente necesario, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas para la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, deberá recurrirse a la menos onerosa. Además, no puede perseguirse un objetivo de interés general sin tener en cuenta que tal objetivo debe conciliarse con los derechos fundamentales a los que afecta la medida, efectuando una ponderación equilibrada entre, por un lado, el objetivo de interés general, y, por otro, los derechos en cuestión, para garantizar que los inconvenientes causados por esa medida no sean desmesurados en relación con los objetivos perseguidos. Así pues, la posibilidad de justificar una limitación a los derechos garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta debe apreciarse midiendo la gravedad de la injerencia que implica tal limitación y verificando que la importancia del objetivo de interés general perseguido por dicha limitación guarda relación con esa gravedad (sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 64 y jurisprudencia citada).
103    Por otra parte, para cumplir el requisito de proporcionalidad, la normativa de que se trata causante de la injerencia también debe establecer reglas claras y precisas que regulen el alcance y la aplicación de las medidas en cuestión e impongan unas exigencias mínimas, de modo que las personas afectadas dispongan de garantías suficientes que permitan proteger de manera eficaz sus datos personales contra los riesgos de abuso. Debe, en particular, indicar en qué circunstancias y con arreglo a qué requisitos puede adoptarse una medida que contemple el tratamiento de tales datos, garantizando así que la injerencia se limite a lo estrictamente necesario. La necesidad de disponer de esas garantías resulta aún más imperiosa cuando los datos personales se ponen a disposición del público en general y, por tanto, de un número potencialmente ilimitado de personas, y pueden revelar información sensible sobre las personas afectadas (sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 65 y jurisprudencia citada).
104    Con arreglo a esta jurisprudencia, procede verificar, en primer lugar, si el acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo es idóneo para alcanzar el objetivo de interés general perseguido, en segundo lugar, si la injerencia en los derechos garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta que resulta de tal acceso se limita a lo estrictamente necesario, en el sentido de que el objetivo no podría alcanzarse razonablemente de manera igualmente eficaz por otros medios menos atentatorios contra esos derechos fundamentales de las personas afectadas, y, en tercer lugar, si tal injerencia no es desproporcionada en relación con ese objetivo, lo que implica, en particular, una ponderación de la importancia de este último y la gravedad de dicha injerencia (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 66).
105    En primer lugar, el acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo debe considerarse idóneo para contribuir a la consecución del objetivo de interés general señalado en el apartado 99 de la presente sentencia y consistente en prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, debido a que el establecimiento de ese acceso y la mayor transparencia que de él se deriva contribuyen a la creación de un entorno menos susceptible de ser utilizado con tales fines (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 67).
106    En segundo lugar, una normativa como la prevista en el artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849, según la cual se da acceso a la información a los miembros del público que puedan justificar un interés legítimo, puede, en principio, limitar la injerencia en los derechos garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta a lo estrictamente necesario.
107    En cambio, cualquier restricción del acceso únicamente a las autoridades competentes y a las entidades obligadas a las que se refiere el artículo 31, apartado 4, letras a) y b), de la Directiva 2015/849 obstaculizaría necesariamente la consecución del objetivo consistente en prevenir, mediante una mayor transparencia, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
108    En tercer lugar, por lo que respecta a la cuestión de si la injerencia de que se trata no es desproporcionada en relación con ese objetivo, procede, por un lado, subrayar la importancia de este último, que, como se ha recordado en el apartado 100 de la presente sentencia, puede justificar injerencias, incluso graves, en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta.
109    Por otro lado, en lo que atañe a la gravedad de la injerencia, es cierto que la información puesta a disposición sobre la identidad del titular real y la naturaleza y alcance de los intereses reales ostentados puede permitir elaborar un perfil relativo a determinados datos personales de identificación y a la situación económica del interesado.
110    En la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912), apartados 41 a 44, el Tribunal de Justicia declaró que el acceso de cualquier miembro del público en general y, por tanto, de un número potencialmente ilimitado de personas constituye una injerencia grave en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta.
111    Sin embargo, de dicha sentencia se desprende que, en comparación con tal régimen, un régimen que prevé, además del acceso de las autoridades competentes y de determinadas entidades, el de toda persona u organización que pueda de demostrar un interés legítimo, representa un menoscabo considerablemente menos grave de esos derechos fundamentales (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 85).
112    Procede añadir que el legislador de la Unión tuvo expresamente en cuenta, en el artículo 31, apartado 7 bis, de la Directiva 2015/849, diversos riesgos a los que podría estar expuesto un titular real y autorizó a los Estados miembros a eximir de la obligación de autorizar el acceso a la totalidad o a parte de la información que le afecte. Además, de conformidad con el artículo 31, apartados 4 bis y 5, de dicha Directiva, los Estados miembros pueden supeditar la puesta a disposición de la información de que se trate a un registro en línea y deben velar por que la información conservada sea adecuada, exacta y actualizada.
113    Por otra parte, por lo que respecta a las dudas del órgano jurisdiccional remitente en cuanto al hecho de que el legislador de la Unión no haya precisado ni definido los límites del concepto de «interés legítimo» y haya dejado a los Estados miembros la tarea de definirlo, procede señalar, como ha hecho el Abogado General en los puntos 64 a 67 de sus conclusiones, que la estructura general y los objetivos de la Directiva 2015/849 permiten delimitar el alcance de este concepto en el sentido de que, cuando una persona desea acceder a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, debe aportar la prueba de su interés legítimo a la luz de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
114    En efecto, como se precisa en el considerando 14 de la Directiva 2015/849, los Estados miembros deben asegurarse de que se dé acceso a la información sobre la titularidad real a las personas que puedan demostrar un interés legítimo en relación con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes conexos, como la corrupción, los delitos fiscales y el fraude.
115    Además, como el Tribunal de Justicia ya ha señalado refiriéndose al considerando 30 de la Directiva 2018/843, tanto la prensa como las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tienen un interés legítimo en acceder a la información sobre la titularidad real. Lo mismo sucede con las personas, también mencionadas en el citado considerando, que desean conocer la identidad de los titulares reales de una sociedad o de otra entidad jurídica por el hecho de que pueden emprender transacciones con ellas, o incluso las instituciones financieras y las autoridades que participan en la lucha contra infracciones en materia de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, en la medida en que estas últimas entidades no tengan ya acceso a la información en cuestión sobre la base del artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letras a) y b), de la Directiva 2015/849 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 74).
116    Además, del considerando 42 de la Directiva 2018/843 se desprende que la definición del concepto de «interés legítimo» en el Derecho de los Estados miembros no debe limitarse a los casos de diligencias judiciales o administrativas pendientes y debe permitir tener en cuenta, cuando proceda, la labor preventiva llevada a cabo en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y de los delitos subyacentes conexos por organizaciones no gubernamentales y periodistas de investigación.
117    En estas circunstancias, el alcance del concepto de «interés legítimo», en el sentido del artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849, así precisado a la luz de los términos, la sistemática y los objetivos de la normativa controvertida, responde a la exigencia de claridad y precisión recordada en el apartado 103 de la presente sentencia.
118    Por lo tanto, la injerencia que supone el acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta no es desproporcionada en relación con el objetivo perseguido por el legislador de la Unión.
119    Del conjunto de consideraciones anteriores se desprende que el examen de la primera cuestión prejudicial en el asunto C‑685/24 no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849.
Sexta cuestión prejudicial en el asunto C‑685/24
120    Mediante su sexta cuestión prejudicial en el asunto C‑685/24, que procede examinar en cuarto lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite el acceso a la información sobre la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») o instrumentos jurídicos análogos a los particulares, incluidos aquellos que tengan un interés difuso y que justifiquen un interés jurídico relevante y diferenciado, cuando el conocimiento de la titularidad real sea necesario para garantizar o defender un interés relativo a una situación protegida por la ley y esos particulares dispongan de pruebas de la falta de correspondencia entre la titularidad real y legal, normativa nacional que, además, exige que el interés sea directo, concreto y actual y, en el caso de las entidades que tengan intereses difusos, que no coincida con el interés de particulares pertenecientes a la categoría representada.
121    Esta cuestión atañe esencialmente a las dudas del órgano jurisdiccional remitente sobre la compatibilidad de la normativa italiana que transpone el artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849 con el Derecho de la Unión, vinculadas al argumento de que esa normativa permite un acceso demasiado amplio a la información sobre la titularidad real.
122    A este respecto, procede recordar que los Estados miembros disponen de un margen de apreciación para definir medidas de transposición que puedan adaptarse a las diferentes situaciones posibles (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, apartado 67).
123    Dicho esto, al aplicar las medidas de transposición de una directiva, incumbe a las autoridades de los Estados miembros no solo interpretar su Derecho nacional de conformidad con dicha directiva, sino también procurar no basarse en una interpretación de esta que entre en conflicto con los derechos fundamentales tutelados por el ordenamiento jurídico de la Unión o con los demás principios generales reconocidos en este ordenamiento jurídico (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de enero de 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, apartado 68, y de 21 de junio de 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, apartado 87 y jurisprudencia citada).
124    Por lo tanto, como ha señalado el Abogado General en el punto 70 de sus conclusiones, las autoridades competentes deben adoptar una interpretación del concepto de «interés legítimo» que garantice un justo equilibrio entre, por una parte, el objetivo de prevención y de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que persigue la Directiva 2015/849 y, por otra, los derechos protegidos por los artículos 7 y 8 de la Carta. Tales autoridades no pueden denegar sistemáticamente el acceso a la información sobre la titularidad real ni, por el contrario, estimar siempre las solicitudes de acceso.
125    En el caso de autos, ha de señalarse, como hace el Abogado General en el punto 68 de sus conclusiones, que, mediante la normativa nacional objeto de la sexta cuestión prejudicial en el asunto C‑685/24, el legislador italiano reguló las condiciones en las que los particulares pueden acceder a la información sobre la titularidad real, precisando el concepto de «interés legítimo» a la vez que dejando un margen de apreciación a las autoridades competentes que deben aplicarlo a un caso concreto.
126    A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente, único competente para interpretar el Derecho nacional, precisó, por una parte, que la normativa nacional controvertida en los litigios principales exige tanto la existencia de un interés jurídico relevante y diferenciado como el hecho de que el acceso sea necesario para garantizar o defender un interés relativo a una situación protegida por la ley. Dicho órgano jurisdiccional señaló, por otra parte, que la mención que figura en esa normativa al carácter «diferenciado» de ese interés debe entenderse referida a los objetivos perseguidos por la Directiva 2015/849.
127    Por lo demás, tal como ha señalado el Abogado General en el punto 70 de sus conclusiones, incumbe a las autoridades competentes basarse en una interpretación del concepto de «interés legítimo» que garantice un justo equilibrio entre, por un lado, el objetivo de prevenir y de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, por otro, los derechos protegidos por los artículos 7 y 8 de la Carta.
128    En estas circunstancias, no parece, sobre la base de la información de que dispone el Tribunal de Justicia y sin perjuicio de las apreciaciones finales que incumben al órgano jurisdiccional remitente, que el legislador italiano se haya extralimitado en el margen de apreciación del que disponía en el marco de la transposición del artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849.
129    Habida cuenta de todas la consideraciones anteriores, procede responder a la sexta cuestión prejudicial en el asunto C‑685/24 que el artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite el acceso a la información sobre la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») o instrumentos jurídicos análogos a los particulares, incluidos aquellos que tengan un interés difuso y que justifiquen un interés jurídico relevante y diferenciado, cuando el conocimiento de la titularidad real sea necesario para garantizar o defender un interés relativo a una situación protegida por la ley y esos particulares dispongan de pruebas de la falta de correspondencia entre la titularidad real y legal, normativa nacional que, además, exige que ese interés jurídico sea directo, concreto y actual y, en el caso de las entidades que tengan intereses difusos, que no coincida con el interés de particulares pertenecientes a la categoría representada.
Segunda cuestión prejudicial en el asunto C‑684/24
130    Mediante su segunda cuestión prejudicial en el asunto C‑684/24, que procede examinar en quinto y último lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 31, apartado 7 bis, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que confiere a un órgano administrativo no judicial la facultad de eximir de la obligación de autorizar el acceso a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, en virtud de dicho artículo 31, apartado 7 bis, sin establecer que, cuando no se exima de tal obligación, el titular real afectado pueda obtener una tutela jurídica provisional.
131    Del artículo 31, apartado 7 bis, primera frase, de la Directiva 2015/849 se desprende que, en circunstancias excepcionales que habrán de establecerse en el Derecho nacional, si el acceso de toda persona física o jurídica que pueda demostrar un interés legítimo puede exponer al titular real a uno a varios de los riesgos mencionados en esa disposición, o cuando el titular real sea un menor o tenga otro tipo de incapacidad jurídica, los Estados miembros podrán eximir de la obligación de autorizar el acceso a la totalidad o parte de esa información en casos concretos. Las frases segunda y tercera de ese artículo 31, apartado 7 bis, establecen, además, que los Estados miembros garantizarán que dichas exenciones se concedan tras una evaluación detallada de la naturaleza excepcional de las circunstancias y que se garantizarán los derechos a revisión administrativa de la decisión relativa a la exención y a tutela judicial efectiva.
132    Por lo tanto, del tenor del artículo 31, apartado 7 bis, de la Directiva 2015/849 se desprende claramente que esta disposición contempla la posibilidad de que se confiera a un órgano administrativo no judicial la facultad de eximir de la obligación de autorizar el acceso a la información sobre la titularidad real.
133    No obstante, al aplicar ese artículo 31, apartado 7 bis, los Estados miembros deben tener en cuenta el artículo 47 de la Carta, que exige que la decisión de una autoridad administrativa que no cumpla por sí misma los requisitos de independencia e imparcialidad impuestos por este último artículo sea objeto del control posterior de un órgano jurisdiccional competente, en particular, para pronunciarse sobre todas las cuestiones pertinentes (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, apartado 55, y de 14 de mayo de 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU y C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, apartado 128 y jurisprudencia citada).
134    Además, el juez nacional que conoce de un litigio regulado por el Derecho de la Unión debe estar facultado para adoptar medidas provisionales que garanticen la plena eficacia de la resolución judicial que deba recaer acerca de la existencia y el alcance de los derechos invocados sobre la base del Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de junio de 1990, Factortame y otros, C‑213/89, EU:C:1990:257, apartado 21; de 13 de marzo de 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, apartado 67, y de 2 de junio de 2022, Skeyes, C‑353/20, EU:C:2022:423, apartado 53).
135    En el caso de autos, de la resolución de remisión en el asunto C‑684/24 se desprende que, en virtud de la normativa italiana que transpone el artículo 31, apartado 7 bis, de la Directiva 2015/849, es la Cámara de Comercio territorialmente competente y, por tanto, un órgano no jurisdiccional, la encargada de adoptar las decisiones de exención, pero que estas decisiones pueden ser objeto de un control posterior por un órgano jurisdiccional. En cambio, contrariamente a la exigencia derivada de la jurisprudencia citada en el apartado anterior de la presente sentencia, ese órgano jurisdiccional no está facultado para conceder medidas provisionales en el marco de ese control posterior. Por lo tanto, sobre este último aspecto, el artículo 31, apartado 7 bis, en relación con el artículo 47 de la Carta, se opone a tal normativa.
136    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑684/24 que el artículo 31, apartado 7 bis, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que confiere a un órgano administrativo no jurisdiccional la facultad de eximir de la obligación de autorizar el acceso a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, en virtud de dicho artículo 31, apartado 7 bis. En cambio, esta disposición se opone a tal normativa nacional en la medida en que esta no establece que, cuando no se exima de esa obligación, el titular real afectado pueda obtener una tutela jurídica provisional.
Costas
137    Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)      El examen de la quinta cuestión prejudicial en el asunto C‑685/24 no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 31, apartados 1, 2 y 10, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018.
2)      El artículo 31, apartado 1, de la Directiva 2015/849, en su versión modificada por la Directiva 2018/843,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual los mandatos fiduciarios celebrados por sociedades fiduciarias italianas (mandato fiduciario) se consideran comprendidos en el concepto de «otros tipos de instrumentos jurídicos», con arreglo a dicha disposición.
3)      El examen de la primera cuestión prejudicial en el asunto C‑684/24 no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849, en su versión modificada por la Directiva 2018/843.
4)      El artículo 31, apartado 4, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2015/849, en su versión modificada por la Directiva 2018/843,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que permite el acceso a la información sobre la titularidad real de los fideicomisos (del tipo «trust») o instrumentos jurídicos análogos a los particulares, incluidos aquellos que tengan un interés difuso y que justifiquen un interés jurídico relevante y diferenciado, cuando el conocimiento de la titularidad real sea necesario para garantizar o defender un interés relativo a una situación protegida por la ley y esos particulares dispongan de pruebas de la falta de correspondencia entre la titularidad real y legal, normativa nacional que, además, exige que ese interés jurídico sea directo, concreto y actual y, en el caso de las entidades que tengan intereses difusos, que no coincida con el interés de particulares pertenecientes a la categoría representada.
5)      El artículo 31, apartado 7 bis, de la Directiva 2015/849, en su versión modificada por la Directiva 2018/843, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que confiere a un órgano administrativo no jurisdiccional la facultad de eximir de la obligación de autorizar el acceso a la información sobre la titularidad real de un fideicomiso (del tipo «trust») o instrumento jurídico análogo, en virtud de dicho artículo 31, apartado 7 bis. En cambio, esta disposición se opone a tal normativa nacional en la medida en que esta esta no establece que, cuando no se exima de esa obligación, el titular real afectado pueda obtener una tutela jurídica provisional.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: español.