AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
de 20 de agosto de 2018 (*)
«Procedimiento sobre medidas provisionales — Posibilidades de pesca para determinadas poblaciones de peces — Medidas aplicables a las pesquerías de lubina — Prohibición de captura en las pesquerías recreativas — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»
En el asunto T‑251/18 R,
International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), con domicilio social en Barcelona, representada por el Sr. T. Gui Mori, abogado,
parte demandante,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. F. Naert y la Sra. P. Plaza García, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyado por
Comisión Europea, representada por las Sras. M. Morales Puerta, F. Moro y A. Stobiecka-Kuik, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
que tiene por objeto una demanda basada en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE por la que se solicita la suspensión de la ejecución del artículo 2, apartado 2, y del artículo 9, apartados 4 y 5, del Reglamento (UE) 2018/120 del Consejo, de 23 de enero de 2018, por el que se establecen, para 2018, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión y se modifica el Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo (DO 2018, L 27, p. 1),
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
dicta el siguiente
Auto
Antecedentes del litigio, procedimiento y pretensiones de las partes
1        La demandante, International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), es una asociación de federaciones deportivas y de clubes de algunos Estados miembros y de empresas de fabricación y de comercialización de equipos submarinos.
2        El artículo 2 de los estatutos de la demandante establece como objetivos defender los intereses de todos sus miembros, personas físicas o jurídicas, en el marco de la promoción y defensa de la práctica responsable de las actividades subacuáticas en el medio marino, y contribuir, en la medida de lo posible, a incidir en las regulaciones normativas nacionales e internacionales relacionadas con el uso sostenible del medio marino.
3        El 23 de enero de 2018, el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (UE) 2018/120, por el que se establecen, para 2018, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión y se modifica el Reglamento (UE) 2017/127 del Consejo (DO 2018, L 27, p. 1).
4        El artículo 2, apartado 2, del Reglamento 2018/120 preceptúa que «[este] se aplicará también a la pesca recreativa cuando se mencione expresamente en las disposiciones pertinentes».
5        El artículo 9 del Reglamento 2018/120 contiene medidas aplicables a las pesquerías de lubina. Los apartados 1 y 2 de dicho artículo se refieren a las prohibiciones y sus excepciones dirigidas a los buques pesqueros de la Unión, así como a cualquier pesquería comercial efectuada desde la costa, respecto de las pesquerías de lubina. Los apartados 4 y 5 de ese mismo artículo se refieren a las prohibiciones y sus excepciones relativas a las pesquerías recreativas. El apartado 4 del mencionado artículo dispone que, «en las pesquerías recreativas, incluida la pesca desde la costa, en las divisiones CIEM 4b, 4c, 7a a 7k, únicamente estará permitida la pesca de captura y liberación inmediata de la lubina europea», y que «estará prohibido mantener a bordo, trasladar, transbordar o desembarcar lubina capturada en esa zona». El apartado 5 del referido artículo establece que, «en las pesquerías recreativas de las divisiones CIEM 8a y 8b, podrá retenerse cada día un máximo de tres especímenes de lubina por pescador».
6        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 23 de abril de 2018, la demandante interpuso un recurso con objeto de que se anule parcialmente el Reglamento 2018/120.
7        Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de junio de 2018, la demandante formuló la presente demanda de medidas provisionales.
8        En escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de junio de 2018, la Comisión Europea solicitó intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones del Consejo. Tras oír a las partes principales, el Presidente del Tribunal admitió dicha intervención. La Comisión presentó el escrito de formalización de la intervención el 9 de julio de 2018.
9        La demandante solicita al Presidente del Tribunal que:
–        Ordene la suspensión de la ejecución del artículo 2, apartado 2, del Reglamento 2018/120.
–        Ordene la suspensión de la ejecución del artículo 9, apartados 4 y 5, del Reglamento 2018/120.
10      El Consejo, apoyado por la Comisión, solicita al Tribunal que:
–        Desestime la demanda de suspensión de la ejecución.
–        Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
11      De una lectura conjunta de los artículos 278 TFUE y 279 TFUE, por un lado, y del artículo 256 TFUE, apartado 1, por otro, resulta que el juez de medidas provisionales puede, si considera que las circunstancias lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado ante el Tribunal u ordenar las medidas provisionales necesarias, en aplicación del artículo 156 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. Sin embargo, el artículo 278 TFUE sienta el principio de la falta de carácter suspensivo de los recursos, pues los actos adoptados por las instituciones de la Unión Europea disfrutan de una presunción de legalidad. Solo con carácter excepcional puede, por tanto, el juez de medidas provisionales ordenar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado ante el Tribunal u otras medidas provisionales (auto de 19 de julio de 2016, Bélgica/Comisión, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, apartado 12).
12      El artículo 156, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento dispone que las demandas de medidas provisionales deben especificar «el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada».
13      De este modo, el juez de medidas provisionales puede ordenar la suspensión de la ejecución y las demás medidas provisionales si se demuestra que a primera vista la concesión de las mismas resulta material y jurídicamente justificada (fumus boni iuris) y que tales medidas son urgentes, en el sentido de que es necesario otorgarlas y que surtan efectos antes de que se resuelva sobre el recurso principal para evitar que los intereses de la parte que las solicita sufran un perjuicio grave e irreparable. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben desestimarse cuando no concurra alguno de ellos. El juez de medidas provisionales debe proceder asimismo, en su caso, a sopesar los intereses en juego (véase el auto de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión, C‑162/15 P-R, EU:C:2016:142, apartado 21 y jurisprudencia citada).
14      En el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma jurídica le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional [véase el auto de 19 de julio de 2012, Akhras/Consejo, C‑110/12 P(R), no publicado, EU:C:2012:507, apartado 23 y jurisprudencia citada].
15      Habida cuenta de los documentos obrantes en autos, el juez de medidas provisionales considera que dispone de todos los datos necesarios para pronunciarse sobre la presente demanda de medidas provisionales, sin necesidad de oír previamente las explicaciones orales de las partes.
16      Ha de examinarse, antes de nada, si se cumple el requisito relativo a la urgencia.
17      En primer lugar, la demandante sostiene, en esencia, que la ejecución del Reglamento 2018/120 causará a las empresas de venta de material de pesca submarina un perjuicio grave e irreparable. A fin de demostrar la existencia de este perjuicio, la demandante afirma que ha realizado dos encuestas a través de diferentes plataformas digitales cuyos destinatarios eran dos categorías de sujetos, los pescadores submarinos de lubina y las empresas de venta de material de pesca submarina, independientemente de que fueran o no miembros suyos.
18      En lo que atañe a la encuesta relativa a los pescadores submarinos de lubina, la demandante señala, con carácter previo, que el volumen de negocios ligado a la pesca de la lubina solo en la costa atlántica francesa sobrepasa los 10 millones de euros. La demandante justifica esta cantidad mencionando los datos que figuran en una obra sobre la pesca recreativa de la lubina, que estima la población de pescadores submarinos de lubina en 26 011 personas, y combina dicha cantidad con el gasto medio declarado por el millar de pescadores submarinos que participaron en la encuesta. Por otro lado, la demandante sostiene que la obra en cuestión no tiene en cuenta los pescadores ocasionales de lubina, y que por tanto el volumen de negocios podría ser considerablemente más elevado que el indicado anteriormente.
19      A continuación, la demandante alega que de la encuesta se deduce que, debido a la prohibición de la pesca submarina de la lubina, un 10 % de los pescadores dejarán de pescar y el 34 % del resto reducirán su práctica hasta aproximadamente un 35 %, lo que supondrá «para las empresas afectadas, unas pérdidas directas que rondarán el 50 % sobre sus ventas de material de pesca submarina». La demandante añade que la prohibición también tendrá un impacto considerable sobre otros sectores asociados, como los puertos deportivos, la náutica, la hostelería y la restauración.
20      En lo atinente a la encuesta relativa a las empresas de venta de material de pesca submarina, la demandante aduce que de la misma se desprende que el 85 % de estas empresas consideran que la especie principal que motiva a sus clientes a pescar en la costa atlántica es la lubina. A este respecto, el 93 % de tales empresas consideran que, si se prohíbe la pesca de esta especie, los pescadores submarinos reducirán sus salidas de pesca en un 53 % de media. Por último, el 85 % de dichas empresas declaran que una eventual prohibición de la pesca de la lubina afectará considerablemente a su actividad y el 7 % consideran que están en riesgo de cerrar su actividad.
21      A la luz de los resultados de estas dos encuestas, la demandante aduce que el Reglamento 2018/120 no considera el «grave impacto social y económico que la prohibición de estas actividades va a suponer». Según la demandante, el Reglamento 2018/120 generará un declive socioeconómico trascendental, de efectos expansivos e imprevisibles.
22      En segundo lugar, la demandante sostiene que tal declive socioeconómico trascendental será «aún de mayor gravedad si se tiene en consideración que se trata de pescadores no profesionales, deportistas subacuáticos situados fuera del circuito comercial y profesional, que pescan para consumo propio».
23      El Consejo, apoyado por la Comisión, rebate las alegaciones de la demandante.
24      Con carácter liminar, procede recordar que constituye jurisprudencia reiterada que una entidad de Derecho público como un Estado o una entidad territorial infraestatal es por naturaleza responsable de la salvaguardia de los intereses económicos, sociales y culturales que se consideran generales a nivel nacional, regional o local. Por consiguiente, tal entidad de Derecho público puede, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, alegar perjuicios que afecten a un sector económico general, especialmente cuando la medida impugnada puede tener repercusiones desfavorables sobre el nivel de empleo y el coste de la vida (véase el auto de 25 de octubre de 2010, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, T‑18/10 R II, no publicado, EU:T:2010:448, apartado 52 y jurisprudencia citada).
25      Además, es menester recordar que, según reiterada jurisprudencia, el carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Incumbe a esta parte aportar la prueba seria de que no puede esperar a que se resuelva el procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de tal naturaleza. Si bien no es necesario que la inminencia del perjuicio sea probada con absoluta certeza, su realización debe, no obstante, poder preverse con un grado de probabilidad suficiente (véase el auto de 11 de noviembre de 2013, CSF/Comisión, T‑337/13 R, no publicado, EU:T:2013:599, apartado 31 y jurisprudencia citada; véase, en este sentido, el auto de 27 de noviembre de 2014, SEA/Comisión, T‑674/14 R, no publicado, EU:T:2014:1009, apartado 54 y jurisprudencia citada), puesto que un perjuicio de naturaleza meramente hipotética, basado en la aparición de sucesos futuros e inciertos, no justifica la concesión de medidas provisionales (véase, en este sentido, el auto de 27 de febrero de 2015, España/Comisión, T‑826/14 R, EU:T:2015:126, apartado 33 y jurisprudencia citada). Además, la suspensión de la ejecución de un acto de la Unión solo se justifica si dicho acto es la causa determinante del perjuicio grave e irreparable alegado [véase, en este sentido, el auto de 7 de marzo de 2013, EDF/Comisión, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, apartado 41 y jurisprudencia citada].
26      A este respecto, ha de añadirse que, para poder apreciar si el perjuicio alegado presenta un carácter grave e irreparable, el juez de medidas provisionales debe disponer de indicaciones concretas y precisas, respaldadas por pruebas documentales detalladas y certificadas, que demuestren la situación en la que se encuentra la parte que solicita las medidas provisionales y permitan apreciar las consecuencias que se derivarían probablemente de la falta de las medidas solicitadas. De ello se infiere que dicha parte, en particular cuando invoca un perjuicio de naturaleza económica, debe aportar, con apoyo documental, una imagen fiel y global de su situación económica (véase, en este sentido, el auto de 27 de noviembre de 2014, SEA/Comisión, T‑674/14 R, no publicado, EU:T:2014:1009, apartado 55 y jurisprudencia citada).
27      Por otro lado, a este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, las indicaciones que establecen tal imagen fiel y global deben fundarse en documentos pormenorizados, certificados por un experto independiente de la parte que solicite la medida provisional, que permitan apreciar la veracidad de estas indicaciones (véase el auto de 11 de marzo de 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Consejo, T‑110/12 R, EU:T:2013:118, apartado 21 y jurisprudencia citada).
28      En este caso, es preciso constatar que la demandante, que no es ni un Estado ni una entidad territorial infraestatal, no puede invocar la jurisprudencia citada en el anterior apartado 24 para hacer valer intereses sociales y económicos generales en la presente demanda de medidas provisionales.
29      Por lo que se refiere al supuesto perjuicio grave e irreparable que pueden sufrir las empresas de venta de material de pesca submarina y los pescadores no profesionales, sin que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión de si la demandante puede invocar tal perjuicio, ha de constatarse lo siguiente.
30      En lo referente al supuesto perjuicio grave e irreparable que pueden sufrir las empresas de venta de material de pesca submarina, baste constatar que, en primer término, la demandante basa su razonamiento en dos encuestas que ella misma ha realizado. Así, los datos que utiliza la demandante no satisfacen el criterio establecido por la jurisprudencia citada en el anterior apartado 27, a cuyo tenor los documentos presentados deben ser certificados por un experto independiente. En segundo término, y en cualquier caso, en el punto 10 de su demanda, la propia demandante reconoce que los participantes en esas dos encuestas no eran todos miembros suyos. Así pues, los resultados de esas dos encuestas no pueden representar una imagen fiel y global de la situación económica de las empresas de venta de material de pesca submarina miembros de la demandante, sin que esta última pueda, por otro lado, presentar una demanda de medidas provisionales respecto a sociedades no miembros. Por tanto, procede concluir que la demandante no ha puesto a disposición del Presidente del Tribunal indicaciones concretas y precisas, respaldadas por pruebas documentales detalladas y certificadas, que demuestren que la situación justifica la concesión de la medida solicitada.
31      En cualquier caso, aun admitiendo que puedan tenerse en cuenta los datos de las dos encuestas, a saber, la supuesta reducción del 50 % de las ventas de material de pesca submarina y el hecho de que el 7 % de las empresas de venta de material de pesca submarina consideren que están en riesgo de cerrar su actividad, tales datos no serían suficientes para justificar un perjuicio grave e irreparable. En efecto, constituye jurisprudencia reiterada que la gravedad del perjuicio alegado solo puede apreciarse a la luz, en particular, del tamaño y del volumen de negocios de cada sociedad o empresa individual (véase el auto de 25 de octubre de 2010, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, T‑18/10 R II, no publicado, EU:T:2010:448, apartado 68 y jurisprudencia citada). Pues bien, en este caso, es obligado constatar que la demandante no ha aportado, en la presente demanda de medidas provisionales, ningún elemento que permita al Presidente del Tribunal apreciar la situación económica individual de cada una de las sociedades mercantiles miembros activas en el sector de la pesca submarina. Así, el Presidente del Tribunal no puede apreciar la gravedad del perjuicio económico que tales sociedades sufrirían en caso de desestimarse la presente demanda de medidas provisionales.
32      En segundo lugar, en la medida en que la alegación de la demandante según la cual el declive socioeconómico trascendente sería aún de mayor gravedad por afectar a pescadores no profesionales puede interpretarse en el sentido de que se refiere a un supuesto perjuicio no económico sufrido por estos pescadores, que ejercen su actividad con fines deportivos y recreativos y no comerciales, basta con constatar que la demandante no formula ninguna alegación relativa al carácter irreparable del perjuicio, sino que se limita a invocar su carácter grave sin detallar el contenido del mismo. Así pues, procede también desestimar esta alegación.
33      A la luz de estas consideraciones, procede desestimar la presente demanda de medidas provisionales, sin que sea necesario pronunciarse sobre la cuestión de la inadmisibilidad parcial del recurso principal planteada por el Consejo, ni sobre el requisito del fumus boni iuris, ni haya de procederse a la ponderación de los intereses.
34      Conforme al artículo 158, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, procede reservar la decisión sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
resuelve:
1)      Desestimar la demanda de medidas provisionales.
2)      Reservar la decisión sobre las costas.
Dictado en Luxemburgo, a 20 de agosto de 2018.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
M. Jaeger
*      Lengua de procedimiento: español.