Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 30 de abril de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Competencia — Fútbol profesional — Acuerdo de no captación de jugadores celebrado por una asociación deportiva nacional y un conjunto de clubes tras la suspensión de la temporada deportiva 2019/2020 debido a la pandemia de COVID‑19 — Artículo 101 TFUE, apartado 1 — Restricción de la competencia por el objeto o por el efecto — Mercado laboral — Contratación de jugadores por parte de los clubes — Resolución unilateral del contrato de trabajo por parte de los jugadores — Fin del contrato de trabajo — Contenido del acuerdo — Contexto económico y jurídico en el que se inscribe este acuerdo — Fines objetivos que dicho acuerdo pretende alcanzar en relación con la competencia — Justificación — Requisitos — Persecución de objetivos legítimos de interés general — Necesidad — Proporcionalidad »
En el asunto C‑133/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunal de Competencia, Regulación y Supervisión, Portugal), mediante resolución de 18 de diciembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de febrero de 2024, en el procedimiento entre
Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP),
CD Tondela — Futebol SAD,
Clube Desportivo Feirense — Futebol, SAD,
Académico de Viseu Futebol Clube
—
Futebol, SAD,
Os Belenenses — Sociedade Desportiva de Futebol, SAD,
Boavista Futebol Clube
—
Futebol, SAD,
Sporting Clube de Braga
—
Futebol, SAD,
Sporting Clube da Covilhã — Futebol, SDUQ, Lda.,
Estoril Praia — Futebol, SAD,
Gil Vicente Futebol Clube — Futebol, SDUQ, Lda.,
Leixões Sport Clube
—
Futebol, SAD,
Clube Desportivo de Mafra — Futebol, SDUQ, Lda.,
União Desportiva Oliveirense — Futebol, SAD,
Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda.,
Futebol Clube de Penafiel, SAD,
Portimonense Futebol, SAD,
Rio Ave Futebol Clube — Futebol, SDUQ, Lda.,
Santa Clara Açores — Futebol, SAD,
Varzim Sport Club — Futebol, SDUQ, Lda.,
União Desportiva Vilafranquense —
Futebol, SAD,
Futebol Clube de Famalicão — Futebol, SAD,
Associação Académica de Coimbra — Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda.,
Moreirense Futebol Clube — Futebol, SAD,
Marítimo da Madeira, Futebol, SAD,
Vitória Sport Clube — Futebol, SAD,
Futebol Clube do Porto
— Futebol, SAD,
Sporting Clube de Portugal — Futebol, SAD,
Sport Lisboa e Benfica
— Futebol, SAD,
y
Autoridade da Concorrência,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer (Ponente), E. Regan, D. Gratsias y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretaria: Sra. L. Carrasco Marco, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de febrero de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de la Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), CD Tondela — Futebol, SAD, Clube Desportivo Feirense — Futebol, SAD, Académico de Viseu Futebol Clube, Futebol SAD, Os Belenenses — Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, Boavista Futebol Clube, Futebol SAD, Sporting Clube de Braga, Futebol, SAD, Sporting Clube da Covilhã — Futebol, SDUQ, Lda., Estoril Praia — Futebol, SAD, Gil Vicente Futebol Clube — Futebol, SDUQ, Lda., Leixões Sport Clube, Futebol, SAD, Clube Desportivo de Mafra — Futebol, SDUQ, Lda., União Desportiva Oliveirense — Futebol, SAD, Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda., Futebol Clube de Penafiel, SAD, Portimonense Futebol, SAD, Rio Ave Futebol Clube — Futebol SDUQ, Lda., Santa Clara Açores — Futebol, SAD, Varzim Sport Club — Futebol, SDUQ, Lda., União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD, Futebol Clube de Famalicão — Futebol SAD, Associação Académica de Coimbra — Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda., por las Sras. A. Cantanhede Gonçalves, M. J. Faria y el Sr. L. M. Soares Romão, advogados;
–        en nombre de Moreirense Futebol Clube — Futebol, SAD, por el Sr. G. Ribeiro Dias, advogado,
–        en nombre de Marítimo da Madeira, Futebol, SAD, por los Sres. J. A. Martins y J. Pinto de Almeida, advogados;
–        en nombre de Vitória Sport Clube — Futebol, SAD, por los Sres. G. Gama Lobo y J. Pinto de Almeida, advogados;
–        en nombre de Futebol Clube do Porto, Futebol, SAD, por el Sr. A. Domingues, advogado;
–         en nombre de Sporting Clube de Portugal — Futebol, SAD, por el Sr. G. Banha Coelho, la Sra. C. Homem Ferreira Morais, y los Sres. L. D. Silva Morais y L. Tomé Feteira, advogados;
–        en nombre de Sport Lisboa e Benfica, Futebol, SAD, por los Sres. R. Bordalo Junqueiro, R. Pacheco Bettencourt y la Sra. M. Stock da Cunha, advogados;
–        en nombre de la Autoridade da Concorrência, por las Sras. D. Cardoso, A. Cruz Nogueira, y A. C. Salgueiro, advogadas;
–        en nombre del Gobierno portugués, por las Sras. C. Alves y P. Barros da Costa, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. K. Boskovits, en calidad de agente;
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea por los Sres. S. Baches Opi y P. Caro de Sousa y la Sra. F. van Schaik, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de mayo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 101 TFUE.
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) [Liga Portuguesa de Fútbol Profesional (LPFP); en lo sucesivo, «LPFP»)] y un conjunto de clubes de fútbol profesional establecidos en Portugal, por una parte, y la Autoridade da Concorrência (Autoridad de Defensa de la Competencia, Portugal), por otra, en relación con la legalidad de una decisión por la que este último organismo declaró, en esencia, que la LPFP y esos clubes de fútbol profesional, que participan en los campeonatos portugueses de primera y segunda división nacional, habían infringido el artículo
101 TFUE y el Derecho interno de la competencia debido a un acuerdo de no captación de jugadores celebrado en el contexto generado por la pandemia de COVID‑19 y por la suspensión sine die de la temporada deportiva 2019/2020.
Marco jurídico
3        El artículo 101 TFUE dispone lo siguiente:
«1.      Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior y, en particular, los que consistan en:
a)      fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
b)      limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c)      repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d)      aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva;
e)      subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
2.      Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.
3.      No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:
–        cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,
–        cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas,
–        cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,
que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
a)      impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
b)      ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
4        La LPFP es una asociación de Derecho privado portugués que tiene por objeto, según sus estatutos, regular y organizar las actividades relacionadas con el fútbol profesional en Portugal. En concreto, en virtud de una delegación de poderes otorgada por la Federação Portuguesa de Futebol (Federación Portuguesa de Fútbol), la LPFP regula y organiza competiciones de fútbol profesional. Entre estas competiciones figuran la Primeira Liga (campeonato nacional de primera división) y la Segunda Liga (campeonato nacional de segunda división).
5        Durante la temporada 2019/2020, que cubría inicialmente el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020, el campeonato nacional de primera división debía enfrentar a dieciocho clubes de fútbol profesional establecidos en Portugal. Por su parte, el campeonato nacional de segunda división debía enfrentar a otros trece clubes, también establecidos en Portugal.
6        El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la epidemia de COVID‑19 constituía una pandemia.
7        El 12 de marzo de 2020, las autoridades portuguesas anunciaron la adopción de un conjunto de medidas destinadas a contener el riesgo de propagación de la pandemia de COVID‑19, entre las que figuraban el confinamiento de la población y el cierre de los establecimientos destinados a acoger al público. Ese mismo día, la LPFP ordenó la suspensión sine die de la temporada deportiva 2019/2020 y de todas las competiciones organizadas en su contexto, incluidos, entre otros, los campeonatos nacionales de primera y segunda división. En esa fecha, aún quedaban por disputar diez jornadas en el marco de cada uno de esos dos campeonatos.
8        El 18 de marzo de 2020, las autoridades portuguesas declararon el estado de alarma debido al rápido agravamiento de la situación sanitaria. Esta declaración dio lugar a la suspensión parcial de una serie de derechos, entre ellos el derecho a circular dentro del país, el derecho a salir de él y los derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo, se adoptaron varios conjuntos de medidas extraordinarias, en particular para ayudar a los empleadores y trabajadores afectados por las consecuencias sociales, económicas y financieras de la pandemia.
9        A partir del 21 de marzo de 2020, la LPFP y el Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (Sindicato de Jugadores Profesionales de Fútbol, Portugal) (en lo sucesivo, «SJPF») iniciaron negociaciones destinadas a permitirles identificar conjuntamente posibles soluciones a las dificultades de orden deportivo, social, económico y financiero a las que la pandemia exponía el sector del fútbol profesional portugués. Estas negociaciones versaron, en particular, sobre las condiciones de finalización de la temporada deportiva 2019/2020.
10      El 7 de abril de 2020, la LPFP y el SJPF emitieron sendos comunicados de prensa sobre el estado de sus negociaciones. En su comunicado de prensa, la LPFP indicó, en primer lugar, que había recibido el acuerdo del SJPF sobre un conjunto de medidas jurídicas destinadas a ser integradas en el convenio colectivo de trabajo aplicable a los jugadores de fútbol profesional, entre las que figuraba la prórroga, hasta el final de la temporada deportiva 2019/2020, entendida como la fecha en la que se produciría, en definitiva, el último partido oficial de las competiciones organizadas durante esa temporada, de los contratos de trabajo de los jugadores, así como de los contratos de préstamo o de cesión de jugadores en vigor en la fecha de dicho comunicado de prensa. La LPFP precisó, seguidamente, que, en cambio, no había podido alcanzarse ningún acuerdo con el SJPF sobre las cuestiones financieras objeto de debate, entre las que figuraba la posibilidad de que los clubes y los jugadores o, en su defecto, los interlocutores sociales acordaran medidas de reducción salarial. El SJPF también menciona esta falta de acuerdo en su comunicado de prensa del mismo día. Por último, la LPFP recordaba que, habida cuenta de tal falta de acuerdo, los clubes seguían siendo libres, entre otras cosas, de recurrir al desempleo temporal simplificado o de entablar negociaciones individuales con sus jugadores, antes de concluir en estos términos:
«La [LPFP] sigue esperando poder declarar por escrito las medidas destinadas a completar el convenio colectivo de trabajo ya acordado con el [SJPF], junto con este último […]»
11      Ese mismo día, la LPFP y los clubes participantes en el campeonato nacional de primera división, representados en su mayor parte por sus respectivos presidentes, participaron en una videoconferencia en la que alcanzaron un acuerdo sobre la contratación de los jugadores que resolverían unilateralmente su contrato de trabajo debido a la pandemia de COVID‑19. Al término de esta videoconferencia, la LPFP publicó un comunicado de prensa, titulado «Los presidentes de los clubes de [primera división] establecen una norma para las resoluciones unilaterales», redactado en los siguientes términos:
«Los presidentes de los clubes de [primera división], reunidos hoy por videoconferencia con [el] presidente de la [LPFP], analizaron la situación actual y, tras deliberar al respecto, decidieron anunciar públicamente que ningún club contratará a un jugador que resuelva unilateralmente su contrato de trabajo, invocando las dificultades causadas por la pandemia de COVID‑19 o por cualquier decisión excepcional derivada de esta, y en particular por la prolongación de la temporada deportiva.»
12      El 8 de abril de 2020, la LPFP y una parte de los clubes participantes en el campeonato nacional de segunda división, representados en su mayoría por sus respectivos presidentes, participaron en una videoconferencia, tras la cual la LPFP publicó un comunicado de prensa titulado «Los presidentes de los clubes [de segunda división] suscriben la norma para la resolución unilateral». Este comunicado de prensa incluye un primer párrafo redactado en los mismos términos que el comunicado de prensa mencionado en el apartado anterior, seguido de otros dos párrafos redactados como sigue:
«Esta medida fue adoptada y anunciada ayer por los presidentes de los clubes de [primera división], a los que se suman ahora los responsables [de los clubes de segunda división]. Unidos para superar este difícil momento y hablando con una sola voz, los presidentes de los clubes de segunda división, siempre en colaboración con la [LPFP], podrán superar este período tan difícil para todo el sector.
Los responsables consideran más que nunca que los problemas y retos a los que se enfrentan son comunes y que la respuesta también debe ser común».
13      Por su parte, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) publicó, el 7 de abril de 2020, su circular n.º 1714, que recoge un documento titulado «COVID‑319: cuestiones reglamentarias relativas al fútbol» creado por un grupo de trabajo compuesto, además de por sus propios representantes, por los de las asociaciones nacionales de fútbol miembros, los de las confederaciones, los de la Asociación Europea de Clubes, los de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) y los del Foro Mundial de Ligas de Fútbol Profesional. En ese documento, la FIFA plantea en particular, que las asociaciones nacionales de fútbol puedan ser autorizadas a modificar las fechas de sus respectivas temporadas y de los períodos (denominados «ventanas») de inscripción de los jugadores. La FIFA propone también que se inste a los clubes y a los jugadores a colaborar para llegar a acuerdos sobre limitaciones salariales o, con carácter subsidiario, que se «suspendieran» los acuerdos entre clubes y jugadores durante la suspensión de la temporada deportiva.
14      El 23 de abril de 2020, las autoridades portuguesas publicaron un Decreto-ley por el que se establecía un conjunto de medidas excepcionales y temporales en el ámbito del deporte, entre las que figura la autorización concedida a las asociaciones deportivas portuguesas para modificar sus reglamentos durante la temporada deportiva 2019/2020 y mientras dure esa temporada, con el fin de hacer frente a las dificultades generadas por la pandemia.
15      El 30 de abril de 2020, dichas autoridades adoptaron una resolución por la que se establecía una estrategia de levantamiento de las medidas de confinamiento, que preveía, en particular, la posibilidad de reanudar la temporada deportiva 2019/2020 con el fin de terminar el campeonato nacional de primera división.
16      El 4 de mayo de 2020, la LPFP, el SJPF y la Associação Nacional de Treinadores de Futebol (Asociación nacional de entrenadores de fútbol, Portugal) firmaron un memorando de entendimiento. El preámbulo que precede a este memorando de entendimiento menciona la situación atípica y excepcional de emergencia sanitaria y de perturbación social provocada por la pandemia, antes de mencionar la posibilidad de una reanudación del campeonato nacional de primera división prevista en la resolución mencionada en el apartado anterior, y después de referirse a «la salvaguardia de [dicho campeonato] respetando específicamente los principios de estabilidad competitiva
[…] y de mérito deportivo». En cuanto al propio memorando de entendimiento, prevé, en particular, que «la temporada deportiva 2019/2020 finalizará el día siguiente al último partido oficial de esta temporada» y que «los contratos de trabajo deportivo […] celebrados entre los clubes […] y los jugadores […] que expiran durante la temporada deportiva en curso […] se considerarán automáticamente prorrogados hasta el final de la temporada».
17      El 26 de mayo de 2020, la Autoridad de Defensa de la Competencia ordenó la suspensión, durante un período de noventa días, de las medidas mencionadas en los comunicados de prensa publicados por la LPFP los días 7 y 8 de abril de 2020, tal como se mencionan en los apartados
10 a 12 de la presente sentencia. El 2 de junio de 2020, la LPFP y los clubes afectados cumplieron dicho requerimiento.
18      El 8 de junio de 2020, las partes modificaron el convenio colectivo de trabajo celebrado por la LPFP y el SJPF con el fin de incluir en él un artículo
7 bis, titulado «Efecto de las modificaciones del calendario de competiciones debido a la COVID‑19 en la relación laboral deportiva», redactado del siguiente modo:
«1.      Las partes en el convenio colectivo de trabajo celebran el presente acuerdo de conformidad con el memorando establecido con la [LPFP] […], que establece que la temporada deportiva 2019/2020 finalizará el día siguiente al último partido oficial de las competiciones de esta temporada.
2.      Salvo acuerdo en contrario de las partes, los contratos de trabajo deportivo […] celebrados entre los clubes que participan en la [primera división] y los jugadores y que expiran durante la temporada deportiva en curso, tal como se define en el Reglamento, se considerarán automáticamente prorrogados hasta el final de la temporada en curso, tal como se define en el apartado anterior.
[…]
4.      La prórroga del contrato definida en el punto
1 implica el mantenimiento de todos los derechos y obligaciones de las partes, incluida la obligación del empresario deportivo de pagar la retribución mensual del jugador fijada para la temporada deportiva en curso, o un importe proporcional a dicha retribución, si la temporada deportiva termina antes de que esta se adeude en su totalidad, […]
[…]»
19      El 18 de junio de 2020, la Federación Portuguesa de Futbol fijó la nueva fecha de finalización de la temporada deportiva 2019/2020 en el 2 de agosto de 2020.
20      El 28 de abril de 2022, la Autoridad de Defensa de la Competencia adoptó una decisión por la que consideró que las medidas recogidas en los comunicados de prensa publicados por la LPFP los días 7 y 8 de abril de 2020, tal como se mencionan en los apartados
10 a 12 de la presente sentencia, debían calificarse de acuerdo que tenía por objeto restringir la competencia que los clubes de fútbol profesional participantes en él habrían podido llevar a cabo, de no existir tal acuerdo, en el mercado de la contratación de jugadores aptos para participar en los campeonatos nacionales de primera y segunda división.
21      La LPFP y un conjunto de clubes de fútbol profesional que participan en los campeonatos nacionales de primera y segunda división interpusieron recurso contra esta decisión ante el Tribunal da Concorrência, Regulação e Düão (Tribunal de Competencia, Regulación y Supervisión, Portugal), que es el órgano jurisdiccional remitente.
22      En la resolución de remisión, tras haber presentado el marco jurídico aplicable a la contratación y registro de jugadores aptos para participar en los campeonatos nacionales de primera y segunda división, así como las consecuencias de la pandemia de COVID‑19 en la situación deportiva, económica y financiera de los clubes de fútbol profesional portugueses y, posteriormente, en la situación profesional de los jugadores, dicho órgano jurisdiccional indica, en esencia, que alberga dudas sobre el modo en que la Autoridad de Defensa de la Competencia interpretó y aplicó el artículo
101 TFUE, apartado
1, en su decisión de 28 de abril de 2022.
23      A este respecto, dicho órgano jurisdiccional considera, en primer lugar, que, de manera general y abstracta, un comportamiento por el que unas empresas se ponen de acuerdo entre sí para no despedir o contratar a sus trabajadores respectivos y, por tanto, para limitar o suprimir las perspectivas de movilidad profesional de esos trabajadores, así como su poder de negociación frente a sus respectivos empresarios, debe calificarse, a la luz del artículo
101 TFUE, apartado
1, de acuerdo mediante el cual operadores económicos que actúan en calidad de «compradores» en el «mercado» de la contratación se reparten el «recurso» que constituye la mano de obra. Considera, además, que un acuerdo de ese tipo es asimilable, por su contenido, a los contemplados en el artículo
101 TFUE, apartado
1, letra c), y que, por lo tanto, puede calificarse, habida cuenta de su grado de nocividad, de acuerdo que tiene por «objeto» restringir la competencia que las empresas participantes podrían ejercer, a falta de dicho acuerdo, en el mercado de la contratación, que puede desempeñar un papel central en determinados sectores en los que las cualificaciones de los trabajadores son esenciales, como es el sector del deporte profesional.
24      Seguidamente, el órgano jurisdiccional remitente explica que, en el presente caso, duda, no obstante, de que una interpretación correcta del artículo
101 TFUE, apartado
1, permita considerar que un acuerdo como el controvertido en el litigio principal presente, en lo que respecta a la competencia, un grado de nocividad suficiente para poder ser calificado de restricción de la competencia por el «objeto».
25      Concretamente, por una parte, dicho órgano jurisdiccional considera que, en la medida en que pueda tomarse en consideración, el contexto económico y jurídico en el que se celebró el acuerdo controvertido en el litigio principal se caracteriza por un conjunto de elementos propios del sector del fútbol profesional, a los que se ha añadido la situación generada por la pandemia de COVID‑19, así como por las consecuencias sociales, económicas y financieras de esta en dicho sector, en los clubes de fútbol profesional y en los jugadores. A este respecto, observa, en esencia, que la pandemia de COVID‑19 y las perturbaciones que generó llevaron a la asociación deportiva competente a ordenar la suspensión de la temporada deportiva 2019/2020 y que el acuerdo controvertido en el litigio principal se inscribe en el contexto de un conjunto de medidas negociadas o decididas a raíz de dicha suspensión por las distintas partes interesadas, como las asociaciones deportivas, los interlocutores sociales, los clubes y los poderes públicos, con el fin de permitir, en la medida de lo posible, la reanudación de dicha temporada deportiva y, más en general, el restablecimiento del sector.
26      Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional considera que, en ese contexto, los fines objetivos que el acuerdo controvertido en el litigio principal pretende alcanzar en relación con la competencia tienen un carácter ambivalente. Considera que, en efecto, es cierto que este acuerdo restringió la competencia que los clubes participantes habrían podido ejercer, en su ausencia, en el mercado de la contratación de jugadores. Sin embargo, considera que al tratar, por este medio, de preservar la estabilidad en las plantillas de jugadores durante el período de suspensión sine die de la temporada deportiva 2019/2020, dicho acuerdo también tenía como finalidad permitir, llegado el momento, la reanudación de las competiciones entre estos clubes y, por tanto, restablecer la competencia «en los estadios», en condiciones adecuadas para preservar la integridad de los campeonatos nacionales de primera y segunda división.
27      Por último, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, con independencia de si el acuerdo controvertido en el litigio principal presenta o no, en lo que respecta a la competencia, un grado de nocividad suficiente para que pueda calificarse de acuerdo que tiene por «objeto» restringir la competencia, tal acuerdo puede asimilarse a los comportamientos que el Tribunal de Justicia admitió, en particular en las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98), y de 18 de julio de 2006, Meca-Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), que pueden no estar comprendidos, en determinadas condiciones, en la prohibición establecida en el artículo
101 TFUE, apartado 1.
28      En esas circunstancias, el Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Tribunal de Competencia, Regulación y Supervisión) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Constituye una norma de índole deportiva a efectos de la jurisprudencia Meca-Medina (asunto C‑519/04 P, Meca-Medina [y Majcen/Comisión, EU:C:2006:492]) un acuerdo celebrado por vía telemática a través de las plataformas Zoom o Microsoft Teams el 7 de abril de 2020 por todas las sociedades deportivas de fútbol profesional de primera división y al que se adhirieron por la misma vía al día siguiente la mayoría de las sociedades deportivas de fútbol profesional de segunda división de un Estado miembro, en ambos casos con la connivencia de la asociación que, en dicho Estado miembro, tiene por objeto garantizar y regular las actividades del fútbol profesional, en virtud del cual pactaron no contratar entre ellas jugadores de fútbol profesional de esas divisiones que rescindieran unilateralmente su contrato de trabajo debido a cuestiones derivadas de la pandemia de COVID‑19 o de cualquier decisión excepcional resultante de ella, en particular la ampliación de la temporada deportiva, en las circunstancias descritas en la presente petición de decisión prejudicial?
2)      A efectos de la jurisprudencia resultante de las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98), apartado 97, y de 18 de julio de 2006, Meca-Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492), apartado 42, ¿puede considerarse proporcionada y adecuada y, por ello, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 165 TFUE, compatible con el artículo 101 TFUE, apartado 1, una norma, derivada de un acuerdo celebrado por vía telemática a través de las plataformas Zoom o Microsoft Teams el 7 de abril de 2020 por todas las sociedades deportivas de fútbol profesional de primera división y al que se adhirieron por la misma vía al día siguiente la mayoría de las sociedades deportivas de fútbol profesional de segunda división de un Estado miembro, en ambos casos con la connivencia de la asociación que, en dicho Estado miembro, tiene por objeto garantizar y regular las actividades del fútbol profesional, en virtud del cual pactaron no contratar entre ellas jugadores de fútbol profesional de esas divisiones que rescindieran unilateralmente su contrato de trabajo debido a cuestiones derivadas de la pandemia de COVID‑19 o de cualquier decisión excepcional resultante de ella, en particular la ampliación de la temporada deportiva, con las características, los objetivos y las circunstancias descritos en la presente petición de decisión prejudicial?
3)      ¿Se opone el artículo 101 TFUE, apartado 1, a una interpretación según la cual un acuerdo con las características, los objetivos y las circunstancias descritos en la presente petición de decisión prejudicial, celebrado por vía telemática a través de las plataformas Zoom o Microsoft Teams el 7 de abril de 2020 por todas las sociedades deportivas de fútbol profesional de primera división y al que se adhirieron por la misma vía al día siguiente la mayoría de las sociedades deportivas de fútbol profesional de segunda división de un Estado miembro, en ambos casos con la connivencia de la asociación que, en dicho Estado miembro, tiene por objeto garantizar y regular las actividades del fútbol profesional, en virtud del cual pactaron no contratar entre ellas jugadores de fútbol profesional de esas divisiones que rescindieran unilateralmente su contrato de trabajo debido a cuestiones derivadas de la pandemia de COVID‑19 o de cualquier decisión excepcional resultante de ella, en particular la ampliación de la temporada deportiva, pueda calificarse como restricción de la competencia por el objeto, por presentar un grado de nocividad para la competencia suficiente?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
29      Con carácter preliminar, ha de recordarse que, en la medida en que la práctica de un deporte constituya una actividad económica, esa práctica quedará regulada por las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables a tal actividad (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑331/21, EU:C:2023:1011, apartado 83 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 75).
30      Solo pueden considerarse ajenas a cualquier actividad económica determinadas normas específicas que, por un lado, hayan sido aprobadas exclusivamente por motivos de orden no económico y que, por otro, se refieran a cuestiones que afecten únicamente al deporte como tal. Así sucede, en particular, con las normas relativas a la exclusión de los jugadores extranjeros de la composición de los equipos que participan en competiciones entre selecciones nacionales o al establecimiento de los criterios de clasificación empleados para seleccionar a los atletas que participan en competiciones a título individual (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 84 y jurisprudencia citada y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 76).
31      A excepción de esas normas concretas, las normas adoptadas por esas asociaciones deportivas y, más ampliamente, el comportamiento de tales asociaciones está sujeto a las disposiciones del Tratado FUE relativas al Derecho de la competencia cuando concurran los requisitos de aplicación de estas disposiciones (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 87 y jurisprudencia citada y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 78). Lo mismo sucede con las normas y comportamientos adoptados, como en el litigio principal, por clubes de fútbol profesional, en su caso, de común acuerdo con la asociación deportiva nacional competente.
32      En el caso de autos, medidas como las mencionadas en los comunicados de prensa publicados por la LPFP los días 7 y 8 de abril de 2020, tal como se recogen en los apartados 10 a 12 de la presente sentencia, no forman parte de aquellas a las que podría aplicarse la excepción contemplada en el apartado
30 de esta sentencia, respecto de la cual el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que debe limitarse a su propio objeto y que no puede invocarse para excluir toda una actividad deportiva del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado FUE relativas al Derecho económico de la Unión (véanse, por analogía, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 89 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 79).
33      Por el contrario, dado que la composición de los equipos constituye uno de los parámetros básicos de las competiciones en las que se enfrentan los clubes de fútbol profesional y que tales competiciones dan lugar a una actividad económica, debe considerarse que medidas como las controvertidas en el litigio principal, relativas a la contratación, al posible traspaso y a las perspectivas de movilidad profesional posible de los jugadores, tienen una incidencia directa en las condiciones de ejercicio de esa actividad económica y en la competencia entre los clubes de fútbol profesional que la ejercen (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 81).
34      Por lo tanto, tales medidas pueden estar comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo
101 TFUE.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
35      Mediante su tercera cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
101 TFUE, apartado
1, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo mediante el que los clubes que participan en los campeonatos de fútbol profesional de un Estado miembro se comprometieron, de común acuerdo con la asociación deportiva nacional de que se trata, a no contratar a sus respectivos jugadores en el supuesto de que esos jugadores hubieran resuelto unilateralmente su contrato de trabajo invocando las dificultades causadas por la pandemia de COVID‑19 o por cualquier decisión excepcional relacionada con esta, y en particular por la prolongación de la temporada deportiva, debe calificarse de acuerdo que tiene por objeto restringir la competencia.
36      A este respecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que para poder considerar, en un caso concreto, que a un acuerdo, a una decisión de una asociación de empresas o a una práctica concertada le es aplicable la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, es necesario demostrar, según la propia redacción de esta disposición, que dicho comportamiento o bien tiene por objeto impedir, restringir o falsear la competencia, o bien tiene tal efecto (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 158 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 124).
37      Para ello, debe realizarse, en un primer momento, el examen del objeto del comportamiento en cuestión. En el supuesto de que, al término de tal examen, quede de manifiesto que ese comportamiento tiene un objeto contrario a la competencia, no es necesario llevar a cabo el examen de su efecto sobre la competencia. Así pues, solo en el supuesto de que no quepa considerar que dicho comportamiento tiene un objeto contrario a la competencia, será necesario llevar a cabo, en un segundo momento, el examen de este efecto (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 159 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 125).
38      El concepto de «objeto» contrario a la competencia, si bien no constituye una excepción respecto del concepto de «efecto» contrario a la competencia, debe interpretarse de manera estricta (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 161 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 126).
39      Por tanto, debe entenderse que este concepto se refiere exclusivamente a ciertos tipos de coordinación entre empresas que revelen un grado de nocividad para la competencia suficiente para que se pueda considerar innecesario el examen de sus efectos. Determinadas formas de coordinación entre empresas pueden considerarse, en efecto, por su propia naturaleza, perjudiciales para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 162 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 127).
40      Entre los tipos de comportamiento que merecen tal calificación se encuentran, en primer lugar, ciertos comportamientos colusorios particularmente nocivos para la competencia, como los cárteles horizontales que llevan a la fijación de precios, al reparto de mercados, a la limitación de las capacidades de producción o incluso al reparto de clientes. En efecto, comportamientos de este tipo pueden dar lugar a un incremento de los precios o a una reducción de la producción y, en consecuencia, de la oferta, lo que conduce a una deficiente utilización de los recursos en perjuicio de las empresas usuarias y de los consumidores (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado
163 y jurisprudencia citada).
41      Sin ser necesariamente tan nocivos para la competencia, existen otros tipos de comportamiento de los que puede considerarse, en determinados casos, que tienen un objeto contrario a la competencia. Así sucede, en particular, con determinados tipos de acuerdos horizontales diferentes de los cárteles, por ejemplo, aquellos que llevan a la exclusión de empresas competidoras del mercado, o de determinados tipos de decisiones de asociaciones de empresas (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 164 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 128). No obstante, para poder aplicar tal calificación, es preciso demostrar que tales comportamientos revelan un grado de nocividad suficiente para la competencia en el sentido de que, como ha señalado el Abogado General en el punto
28 de sus conclusiones, presentan una clara lógica contraria a la competencia.
42      Como se desprende del artículo 101 TFUE, apartado 1, letras a) y c), que se refiere, en particular, a la fijación de los «precios de compra o de venta» y al reparto de los «mercados o las fuentes de abastecimiento», tales cárteles, acuerdos horizontales y decisiones de asociaciones de empresas pueden tener por objeto no solo los productos o servicios comercializados por las empresas de que se trate
—y afectar, por tanto, a la oferta—, sino también los recursos de cualquier naturaleza que las empresas necesitan para fabricar esos productos o prestar esos servicios
—e incidir así en la demanda—. De este modo, el comportamiento colusorio de dichas empresas puede consistir, por ejemplo, en repartirse los proveedores, en utilizar su poder de mercado conjunto para fijar el precio al que adquirirán sus insumos o incluso en limitar o controlar un parámetro básico de la competencia en ciertos sectores o mercados, a saber, la contratación de jugadores de talento, como, en el sector del fútbol profesional, los jugadores ya formados (sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartados 129 y jurisprudencia citada).
43      Para apreciar, en un determinado caso, si un acuerdo, una decisión de asociación de empresas o una práctica concertada constituye una forma de coordinación que deba considerarse, por su propia naturaleza, perjudicial para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia, es preciso examinar, en primer término, el contenido del acuerdo, de la decisión o de la práctica en cuestión; en segundo término, el contexto económico y jurídico en el que se inscribe y, en tercer término, los fines que pretende alcanzar (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21 P, EU:C:2023:1011, apartado 165 y jurisprudencia citada, y de 29 de julio de 2024, Banco BPN/BIC Português y otros, C‑298/22, EU:C:2024:638, apartado 44).
44      A este respecto, en primer lugar, el examen del contenido del acuerdo, de la decisión de asociación de empresas o de la práctica concertada de que se trate en un determinado caso supone determinar, habida cuenta de sus diferentes aspectos, si la concertación que resulta de ello presenta características que permiten vincularla a una forma de coordinación entre empresas que, por su propia naturaleza, deba considerarse perjudicial para el buen funcionamiento del juego normal de la competencia, lo que sucede, en particular, si una coordinación con tales características es apta para abocar, precisamente por razón de estas, a condiciones de competencia que no correspondan a las condiciones normales del sector o del mercado de referencia (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Banco BPN/BIC Português y otros, C‑298/22, EU:C:2024:638, apartado 45 y jurisprudencia citada).
45      Seguidamente, y por lo que se refiere al contexto económico y jurídico en el que se inscribe el comportamiento en cuestión, debe tomarse en consideración la naturaleza de los bienes o servicios afectados, así como las condiciones reales que caracterizan el funcionamiento y la estructura de los sectores o mercados pertinentes. En cambio, no resulta en absoluto necesario analizar ni, con mayor razón, demostrar los efectos de este comportamiento sobre la competencia, ya sean estos reales o potenciales y negativos o positivos (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 166 y jurisprudencia citada; de 27 de junio de 2024, Comisión/Servier y otros, C‑176/19 P, EU:C:2024:549, apartados 288 y 453, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 131).
46      Habida cuenta de las afirmaciones del órgano jurisdiccional remitente a este respecto, cabe precisar que, si bien el examen del contexto económico y jurídico en el que se inscribe un comportamiento determinado se impone en cualquier caso, como resulta de la jurisprudencia citada en el apartado
43 de la presente sentencia, el grado de consideración de ese contexto puede depender, no obstante, del tipo de comportamiento de que se trate, como señaló, en esencia, el Abogado General en los puntos
42, 43 y 66 de sus conclusiones.
47      Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, ante comportamientos colusorios que pueden constituir una forma de coordinación particularmente nociva para la competencia, como los cárteles horizontales que conducen al reparto de los mercados o a la exclusión de las empresas potencialmente competidoras de esos mercados, el examen del contexto económico y jurídico en el que se inscriben tales comportamientos puede limitarse a lo que se manifieste estrictamente necesario para concluir que existe una restricción de la competencia por el objeto (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2016, Toshiba Corporation/Comisión, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, apartados 28 y 29 y de 26 de octubre de 2023, EDP — Energias de Portugal y otros C‑331/21, EU:C:2023:812, apartados 100 a 102).
48      En cambio, ante otros tipos de comportamientos que, sin ser necesariamente tan nocivos para la competencia, podrían, no obstante, presentar un grado de nocividad suficiente para permitir considerar que tienen un objeto contrario a la competencia, es preciso proceder a un examen más profundo de todos los elementos mencionados en el apartado
45 de la presente sentencia, lo que implica, en la medida en que sea necesario, tener en cuenta el marco normativo e institucional pertinente.
49      Tanto en un caso como en otro, el examen del contexto económico y jurídico real en el que se inscribe el comportamiento en cuestión debe permitir asegurarse de que se cumplen los requisitos exigidos para considerar que dicho comportamiento presenta un grado de nocividad suficiente para ser calificado de contrario a la competencia por el «objeto». En efecto, es posible que tal calificación solo pueda aplicarse en determinadas circunstancias, relacionadas, en particular, con la naturaleza de los bienes o servicios de que se trate, con las condiciones reales del funcionamiento del mercado o incluso con su estructura. A la inversa, la toma en consideración de este contexto puede llevar a constatar que circunstancias particulares que rodean dicho comportamiento demuestren que no es suficientemente nocivo para justificar tal calificación (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, BPN/BIC Português y otros, C‑298/22, EU:T:2024:638, apartado 48).
50      Por último, en lo tocante a los fines perseguidos por el comportamiento en cuestión, es preciso identificar los fines objetivos sobre la competencia que se pretenden alcanzar con ese comportamiento. En cambio, la circunstancia de que las empresas implicadas hayan actuado sin tener la intención subjetiva de impedir, restringir o falsear la competencia y el hecho de que hayan perseguido determinados objetivos legítimos carecen de relevancia a efectos de la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1 (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 167 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 132).
51      Por otra parte, el análisis del conjunto de elementos exigidos debe, en cualquier caso, poner de manifiesto las razones precisas por las que el comportamiento en cuestión tiene un grado de nocividad para la competencia que justifique considerar que tiene por objeto impedir, restringir o falsear la competencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 168 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 133).
52      En el caso de autos, por lo que respecta, en primer lugar, al tenor del acuerdo controvertido en el litigio principal, de la propia redacción de la tercera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente y de las afirmaciones de dicho órgano jurisdiccional, recordadas en los apartados
11 y 12 de la presente sentencia, se desprende que se trata de un acuerdo por el que un conjunto de clubes que participan en los campeonatos nacionales de fútbol profesional de un Estado miembro se comprometieron, de común acuerdo con la asociación deportiva nacional de que se trata, a no contratar a sus respectivos jugadores en el supuesto de que estos hubieran resuelto unilateralmente su contrato de trabajo invocando las dificultades causadas por la pandemia de COVID‑19 o por cualquier decisión excepcional relacionada con esta, y en particular por la prolongación de la temporada deportiva.
53      Al celebrar ese acuerdo, los clubes de fútbol profesional que toman parte en él coordinan, en la medida y según las modalidades fijadas conjuntamente, en este caso para dos competiciones de alto nivel que se desarrollan a escala de un Estado miembro, su comportamiento en el «mercado ascendente» que constituye, desde el punto de vista económico, la contratación de jugadores ya formados o en formación. Al coordinarse de este modo, todos esos clubes renuncian a, o se prohíben, cualquier posibilidad de decidir de forma independiente contratar a un jugador que haya resuelto unilateralmente el contrato de trabajo que le vinculaba a otro club, por razones relacionadas con la pandemia de COVID‑19. Tal acuerdo, que corresponde a un acuerdo de no captación, constituye una restricción manifiesta de un parámetro de competencia que desempeña un papel esencial en el ámbito del deporte profesional de alto nivel, a saber, la posibilidad de contratar jugadores ya contratados por un club determinado, ya que la inexistencia de esta restricción puede precisamente permitir a dichos clubes competir entre sí en ese mercado (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartados 138, 145 y 146).
54      Pues bien, los acuerdos de no captación son asimilables a los acuerdos horizontales de reparto de las «fuentes de abastecimiento» contemplados en el artículo
101 TFUE, apartado
1, letra c), los cuales, como resulta del apartado
42 de la presente sentencia, son nocivos para la competencia en la medida en que tienden a impedir artificialmente el reparto, entre las empresas participantes, de los «recursos» que son los trabajadores (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado
146), lo que da lugar a una asignación potencialmente ineficaz de esos recursos en el mercado.
55      Además, esos acuerdos reducen las posibilidades de estos trabajadores de ofrecer sus servicios a otras empresas y, por tanto, limitan su poder de negociación en el mercado, incluso con respecto a la empresa que los emplea. Por consiguiente, aunque su contenido sea diferente del de los acuerdos mediante los que tales empresas se pusieron de acuerdo directamente para fijar los salarios de sus jugadores, es decir, los «precios de compra» de sus respectivos recursos humanos, con la consecuencia de eliminar o restringir la competencia a este respecto, tales acuerdos de no captación pueden tener una incidencia indirecta y potencial en esos precios.
56      Dicho esto, el examen del contenido de un determinado acuerdo no basta, por sí solo, aun cuando esté relacionado con un tipo u otro tipo de comportamiento que puede considerarse, de manera general, que puede restringir la competencia por su propio objeto, para apreciar la existencia de tal calificación, como resulta de la reiterada jurisprudencia recordada en los apartados
43 y 49 de la presente sentencia.
57      Por lo que respecta, en segundo lugar, al contexto económico y jurídico en el que se inscribe el comportamiento en cuestión, procede recordar, en primer término, que el examen concreto del contexto real en el que se inscriben las actividades económicas vinculadas a la práctica de un deporte puede implicar tener en cuenta, entre otros elementos y siempre que estas especificidades resulten pertinentes, la naturaleza, la organización o incluso el funcionamiento del deporte de que se trate, la manera en que se practica, el modo en que interactúan los diferentes actores que participan en él y el papel que desempeñan las estructuras o los organismos responsables de ese deporte en todos los niveles, con los que la Unión favorece la cooperación, según establece el artículo
165 TFUE, apartado
3 (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 104 y 105 y jurisprudencia citada).
58      En el caso de autos, el acuerdo controvertido en el litigio principal es, como se menciona en el apartado
52 de la presente sentencia, un acuerdo de no captación de aquellos jugadores que hubieran resuelto unilateralmente su contrato de trabajo por razones relacionadas con la pandemia de COVID‑19, celebrado por un conjunto de clubes que participaban en los campeonatos nacionales de fútbol profesional de un Estado miembro, de común acuerdo con la asociación deportiva nacional de que se trata. Por lo tanto, se refiere, como se señaló en el apartado
53 de esta sentencia, a un parámetro de competencia que desempeña un papel esencial en el ámbito del fútbol profesional de alto nivel.
59      Pues bien, la competencia que puede existir entre empresas como los clubes de fútbol profesional presenta ciertas particularidades. En efecto, si bien estas empresas pueden competir entre sí en diferentes mercados, como la venta de entradas que permiten a los espectadores asistir a encuentros, la búsqueda y adquisición de patrocinio o incluso la explotación de determinados derechos jurídicos o económicos vinculados a las competiciones en las que participan y a los jugadores que emplean, su posición recíproca en esos mercados depende, no obstante, en cierta medida, de su actividad primera y principal, que es su participación en competiciones deportivas.
60      Estas competiciones deportivas se caracterizan, entre otras cosas, por el hecho de que, aunque la participación en ellas esté reservada a equipos que hayan obtenido determinados resultados deportivos y su desarrollo se basa en el enfrentamiento y la eliminación progresiva de estos equipos, basándose así en el mérito deportivo, su buen funcionamiento, su continuidad y su éxito se basan también en el mantenimiento de un cierto equilibrio deportivo y financiero, así como en una cierta igualdad de oportunidades entre los clubes de fútbol profesional que participan en ellas, habida cuenta del vínculo de interdependencia que une a estos últimos (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 143 y 235 y jurisprudencia citada).
61      En esta medida, la continuidad de la competencia que pueden ejercer los clubes de fútbol profesional entre ellos supone que exista, en todo momento, un número suficiente de clubes que participen en las diferentes competiciones organizadas a nivel nacional e internacional, aun cuando estos clubes puedan, a lo largo de las temporadas deportivas, ser eliminados progresivamente de una determinada competición deportiva e incluso cuando algunos de ellos estén llamados a ser promocionados o, por el contrario, relegados de una liga a otra.
62      En segundo término, el Tribunal de Justicia ha señalado en numerosas ocasiones que, habida cuenta de estas diferentes particularidades, es legítimo que las asociaciones deportivas nacionales e internacionales responsables de una disciplina deportiva determinada adopten, apliquen y velen por que se respeten, en el marco de su autonomía jurídica, normas comunes relativas, en particular, a la organización de las competiciones en dicha disciplina, a su buen desarrollo y a la participación de los deportistas en ellas (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 75 y 142 y jurisprudencia citada).
63      Tales normas comunes, destinadas a garantizar la homogeneidad y la coordinación de las competiciones dentro de un calendario global y, en términos más generales, a promover, de forma adecuada y efectiva, la celebración de competiciones basadas en la igualdad de oportunidades y el mérito, pueden legítimamente tener por objeto, entre otras cosas, regular las condiciones en las que los clubes de fútbol profesional pueden formar los equipos que participan en tales competiciones y aquellas en las que los propios jugadores pueden participar en esas competiciones (véase, en ese sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 143 y jurisprudencia citada).
64      En particular, dado que el desarrollo, durante el año o la temporada, de las competiciones de fútbol profesional entre clubes se basa, como se ha mencionado en el apartado
60 de la presente sentencia, en el enfrentamiento y la eliminación progresiva de los equipos participantes y, por consiguiente, se asienta esencialmente en el mérito deportivo, que solo puede garantizarse si todos esos equipos se enfrentan en condiciones reglamentarias y técnicas homogéneas que garanticen cierta igualdad de oportunidades, puede ser legítimo que una asociación deportiva trate de garantizar hasta cierto punto la estabilidad de la composición de las plantillas de jugadores que sirven de reserva a los equipos formados por estos clubes durante una temporada determinada prohibiendo, por ejemplo, la resolución unilateral de contratos de trabajo en el transcurso de una temporada o incluso de un año concreto (sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado
144 y jurisprudencia citada).
65      Dicho esto, cuando una asociación deportiva adopte tales normas, estas deben ser conformes con el Derecho de la Unión. En particular, la adopción de esas normas no debe tener como consecuencia que su respeto por los miembros de dicha asociación que constituyen empresas implique una infracción de los artículos
101 TFUE y 102 TFUE. Además, la aplicación de dichas normas no puede limitar el ejercicio de los derechos y libertades que el Derecho de la Unión confiere a los particulares
(véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club, C‑680/21, EU:C:2023:1010, apartado 103 y jurisprudencia citada).
66      Pues bien, en el caso de autos, el acuerdo controvertido en el litigio principal, adoptado conjuntamente por la LPFP y un conjunto de clubes de fútbol, establece, en parte, las relaciones competitivas de estos clubes como operadores económicos.
67      En tercer término, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, como se desprende de los apartados
24 y 25 de la presente sentencia, si algunos de los demás elementos que caracterizan el contexto económico y jurídico en el que se inscribe el acuerdo controvertido en el litigio principal podrían llevarle a considerar que dicho acuerdo no presenta, para la competencia, un grado de nocividad suficiente para que pueda considerarse que tiene por objeto restringir la competencia y, por consiguiente, para que esté justificado abstenerse de examinar sus efectos reales o potenciales sobre esta.
68      Concretamente, como se desprende de los apartados
7 a 11, 14 a 16 y 18 de la presente sentencia, dicho órgano jurisdiccional se refiere a la pandemia de COVID‑19, a las consecuencias generales de esta pandemia, relativas, en particular, al confinamiento de la población y al cierre de los establecimientos destinados a acoger al público, así como a sus consecuencias específicas en el sector del fútbol profesional, como la suspensión de la temporada deportiva 2019/2020 y las numerosas dificultades de orden práctico, deportivo, social, económico y financiero a las que se enfrentaron los clubes de fútbol debido a dicha pandemia.
69      A este respecto, procede señalar que, si bien corresponde, en definitiva, al órgano jurisdiccional remitente calificar el acuerdo controvertido en el litigio principal a la luz del artículo
101 TFUE, apartado
1, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse en el marco de una cuestión prejudicial, puede, no obstante, basándose en los autos que obran en su poder, aportar precisiones destinadas a orientar a dicho órgano jurisdiccional en su interpretación y a permitirle resolver el litigio principal (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros, C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, apartado 48, y de 25 de enero de 2024, Em akaunt BG, C‑438/22, EU:C:2024:71, apartado 27).
70      En el presente asunto, en primer lugar, el comportamiento controvertido en el litigio principal se distingue de las normas que las asociaciones deportivas nacionales o internacionales responsables de una determinada disciplina deportiva establecen con arreglo a sus estatutos y de las funciones que les atribuyen o reconocen los poderes públicos. En efecto, de los comunicados de prensa de la LPFP de los días 7 y 8 de abril de 2020, tal como se mencionan en los apartados 10 a 12 de la presente sentencia, parece desprenderse que este comportamiento no fue adoptado originalmente por tal asociación deportiva, sino por clubes de fútbol profesional, que constituyen empresas.
71      Además, dado que el artículo
101 TFUE, apartado
1, tiene por objeto prohibir cualquier forma de coordinación que sustituya conscientemente los riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre empresas y que, más en general, las disposiciones del Tratado FUE relativas a la competencia se basan en la premisa de que todo operador económico debe determinar de forma independiente la política que vaya a adoptar en el mercado (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de julio de 1981, Züchner, 172/80, EU:C:1981:178, apartado 13 y de 20 de noviembre de 2008, Beef Industry Development Society y Barry Brothers, C‑209/07, EU:C:2008:643, apartado 34), tal comportamiento no puede asimilarse a esas normas.
72      Dicho esto, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que, aunque no proceda originalmente de la asociación deportiva nacional competente, el comportamiento controvertido en el litigio principal se adoptó en presencia del presidente de dicha asociación y puede considerarse que esta ha sostenido, o incluso aprobado dicho comportamiento, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
73      Seguidamente, como se precisa en la resolución de remisión, este comportamiento se produjo en el contexto muy específico generado por la pandemia de COVID‑19, que no solo afectó al sector de que se trata en numerosos aspectos, sino que también, y sobre todo, tuvo una incidencia esencial en el propio funcionamiento competitivo de ese sector. En particular, debido a esta pandemia y a raíz de la consiguiente suspensión de la temporada deportiva 2019/2020, la reanudación de los partidos que aún quedaban por disputar en el marco de los campeonatos nacionales de primera y segunda división seguía siendo incierta en el momento en que se alcanzó el acuerdo controvertido en el litigio principal, incertidumbre que repercutía tanto en la fecha de finalización de dicha temporada deportiva, en caso de que se reanudara, como en el vencimiento de los contratos de trabajo de determinados jugadores. En efecto, a falta de medidas adecuadas, los jugadores que hubieran resuelto unilateralmente su contrato de trabajo debido a dicha pandemia o cuyo contrato de trabajo hubiera finalizado en la fecha en la que se esperaba inicialmente que finalizara dicha temporada deportiva, a saber, el 30 de junio de 2020, habrían podido ser contratados libremente por otro club posteriormente, lo que habría modificado inevitable y significativamente la composición de los distintos equipos en presencia y, por tanto, habría perjudicado la integridad de la competición. Además, como señala el Abogado General, en esencia, en los puntos
57 y 58 de sus conclusiones, tal situación podría haberse visto agravada si las dificultades económicas y financieras a las que se enfrentaban los clubes afectados por tales salidas de jugadores les hubieran impedido contratar nuevos jugadores, por falta de liquidez suficiente.
74      Es cierto que el acaecimiento de un acontecimiento como la pandemia de COVID‑19 no puede justificar, como tal, que se haga una excepción a la disposición imperativa que constituye el artículo
101 TFUE, apartado
1, (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 26 de septiembre de 2013, ÖBB‑Personenverkehr, C‑509/11, EU:C:2013:613, apartados
49 y 50, y de 8 de junio de 2023, UFC — Que choisir y CLCV, C‑407/21, EU:C:2023:449, apartado 57).
75      En la medida en que el órgano jurisdiccional remitente hace referencia al artículo
165 TFUE, procede añadir que el resultado no es otro en caso de que el acuerdo, la decisión de asociación de empresas o la práctica concertada se produzcan en el ámbito del deporte. En efecto, esta disposición no constituye una norma especial que deje al deporte al margen de todas o de una parte de las demás disposiciones del Derecho primario de la Unión que puedan resultar aplicables a este o que imponga que se depare al deporte un trato particular en el marco de esta aplicación (sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 101).
76      Sin embargo, no es menos cierto que el órgano jurisdiccional remitente debe tener en cuenta circunstancias como las mencionadas en el apartado
73 de la presente sentencia para determinar si el contexto que rodea el comportamiento controvertido en el litigio principal, considerado conjuntamente con su contenido y sus fines objetivos, permite o no considerar que dicho comportamiento tiene por objeto impedir, restringir o falsear la competencia.
77      Por último, la toma en consideración del contexto económico y jurídico en el que se inscribe el comportamiento controvertido en un caso determinado y, más concretamente, de las condiciones reales que caracterizan el funcionamiento del sector o de los sectores o mercados en los que se produjo dicho comportamiento, debe poner de manifiesto, en cualquier caso, las razones precisas por las que dicho comportamiento no presenta, habida cuenta de las particularidades propias de ese contexto, un grado de nocividad para la competencia suficiente para que pueda considerarse que tiene por objeto impedir, restringir o falsear la competencia, del mismo modo que debe ser así, como se desprende del apartado
51 de la presente sentencia, en el supuesto de que la autoridad o el órgano jurisdiccional competente llegue a la conclusión contraria.
78      Por consiguiente, cualquiera que sea la conclusión a la que llegue el órgano jurisdiccional remitente, al término de su examen de los demás elementos de contexto económico y jurídico a los que se refiere, en cuanto a la existencia o inexistencia de una restricción de la competencia por el «objeto», tal apreciación deberá basarse en un análisis de la competencia que ponga de manifiesto las razones precisas en apoyo de esa conclusión, a la vista de todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes.
79      Por lo que respecta, en tercer y último lugar, a los fines objetivos que el acuerdo controvertido en el litigio principal pretende alcanzar con respecto a la competencia, los elementos expuestos por el órgano jurisdiccional remitente a este respecto merecen las siguientes observaciones.
80      Por un lado, dicho órgano jurisdiccional señala, en esencia, que debe considerarse que el acuerdo controvertido en el litigio principal, a la vista de su redacción clara y precisa, tiene por objeto restringir la competencia que los clubes de fútbol profesional que suscribieron dicho acuerdo habrían podido ejercer entre sí, en su ausencia, en el mercado de la contratación de jugadores.
81      Estas afirmaciones, que deducen el objetivo en cuestión de la propia redacción de dicho acuerdo, confirman que este podía menoscabar intrínsecamente una de las diferentes formas de competencia, a saber, la competencia mediante la contratación de jugadores, que habría podido ejercerse entre los clubes participantes en el campeonato nacional de primera división, el cual estaba entonces suspendido sine die pero que, no obstante, podía reanudarse siempre que la evolución de la situación generada por la pandemia de COVID‑19 lo permitiera.
82      Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente señala, esencialmente, que el acuerdo controvertido en el litigio principal pretendía no obstante también, en circunstancias como las mencionadas en el apartado 73 de la presente sentencia, preservar la estabilidad en las plantillas de jugadores con las que podían componer sus respectivos equipos durante todo el período de suspensión sine die de la temporada deportiva 2019/2020 y, al hacerlo, permitir que, llegado el momento, se retomase el campeonato en condiciones que garantizaran su integridad.  A este respecto, el referido órgano jurisdiccional recuerda, en concreto, que estaba previsto inicialmente que esa temporada deportiva concluyese el 30 de junio de 2020, que numerosos contratos de trabajo que vinculaban a clubes y jugadores terminaban ese mismo día y que, a falta del acuerdo controvertido en el litigio principal, los clubes tenían derecho a contratar a los jugadores de sus competidores durante el campeonato, también entre la fecha en la que estaba inicialmente previsto que terminara la temporada deportiva y la fecha de reanudación de esa misma temporada deportiva, lo que habría permitido a los clubes que disponen de mayores recursos financieros reforzar sus equipos y debilitar correlativamente los de sus competidores, falseando así irremediablemente la competición y, en definitiva, la competencia «en los estadios».
83      Pues bien, estas afirmaciones, que llevan al órgano jurisdiccional remitente a considerar que, en esa medida, dicho acuerdo perseguía una finalidad objetivamente favorable a la competencia, resultan pertinentes habida cuenta de las particularidades que caracterizan el juego normal de la competencia en el sector del fútbol profesional, recordadas en los apartados
60 a 64 de la presente sentencia, así como del contexto real en el que se celebró dicho acuerdo.
84      En efecto, como se desprende de la jurisprudencia citada en esos apartados, las competiciones de clubes de fútbol se basan, entre otras cosas, en el principio del mérito deportivo, que supone que los resultados obtenidos por todos los clubes presentes durante las diferentes fases de una determinada competición puedan compararse válidamente.
85      Como señaló el Abogado General, en esencia, en los puntos
57 a 59 de sus conclusiones, esta forma de competencia que pueden ejercer los clubes supone necesariamente que se preserven la integridad de la competición y la estabilidad en las plantillas de jugadores con los que los clubes pueden formar los equipos que alinean durante una competición o una temporada determinada, lo que implica, en la práctica, evitar las transferencias tardías de jugadores que puedan modificar sensiblemente el valor deportivo de un equipo concreto durante el campeonato, así como prohibir las resoluciones unilaterales de los contratos de trabajo durante la temporada (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de abril de 2000, Lehtonen y Castors Braine, C‑176/96, EU:C:2000:201, apartados
53 y 54, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartados
100 y 144), salvo cuando estas se basen en causas justificadas, como el impago del salario de un jugador por su club o una falta disciplinaria que permita justificar tal resolución contractual.
86      Así pues, el órgano jurisdiccional remitente puede considerar válidamente que el acuerdo controvertido en el litigio principal perseguía, paralelamente, una finalidad objetivamente contraria a la competencia, consistente en restringir la competencia en el mercado de la contratación de jugadores, y una finalidad objetivamente favorable a la competencia, consistente en garantizar la estabilidad de las plantillas de jugadores que participan en los campeonatos nacionales de primera y segunda división limitando la captación, por parte de los clubes que participan en esos campeonatos, de jugadores cuyo contrato de trabajo llegara a su término o fuera resuelto unilateralmente por el interesado por un motivo relacionado con la pandemia de COVID‑19, incluso durante el período comprendido entre la fecha en la que la temporada deportiva 2019/2020 habría debido finalizar de no haberse producido la suspensión y la finalmente adoptada, en caso de reanudación, para finalizar dicha temporada.
87      Habida cuenta de las observaciones de la parte demandada en el litigio principal y de la Comisión a este respecto, procede añadir que tal situación se distingue fundamentalmente de aquella en la que un comportamiento que persigue un fin objetivamente contrario a la competencia persigue, al mismo tiempo, otros objetivos que pueden ser legítimos, pero neutros con respecto a la competencia [véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:T:2023:1011, apartado 167 y jurisprudencia citada].
88      Por consiguiente, las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente y los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia ponen de manifiesto que, si bien el examen del contenido del acuerdo controvertido en el litigio principal revela que este podía restringir, de manera manifiesta, la competencia que podía existir entre los clubes de fútbol participantes en el mercado de la contratación de jugadores, el examen del contexto económico y jurídico real en el que se inscribe muestra, por su parte, que dicho acuerdo se celebró, por un lado, en un sector en el que el juego de la competencia presenta numerosas particularidades y, por otro lado, en un contexto muy particular. De ello se desprende, además, que dicho acuerdo no solo persigue una finalidad objetivamente contraria a la competencia, consistente en restringir la competencia en el mercado de la contratación de jugadores, sino que también pretende alcanzar una finalidad objetivamente favorable a la competencia, a saber, garantizar la estabilidad de las plantillas de jugadores que participan en los campeonatos nacionales de primera y segunda división. Por tanto, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente determinar, de manera precisa y motivada, si, a la vista de todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, el referido acuerdo presenta o no un grado de nocividad suficiente para permitir considerar que tiene por objeto restringir la competencia.
89      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo
101 TFUE, apartado
1, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo mediante el que los clubes que participan en los campeonatos de fútbol profesional de un Estado miembro se comprometieron, de común acuerdo con la asociación deportiva nacional de que se trata, a no contratar a sus respectivos jugadores en el supuesto de que esos jugadores hubieran resuelto unilateralmente su contrato de trabajo invocando las dificultades causadas por la pandemia de COVID‑19 o por cualquier decisión excepcional relacionada con esta, y en particular por la prolongación de la temporada deportiva, debe calificarse de acuerdo que tiene por objeto restringir la competencia, a menos que el examen concreto del contenido de dicho acuerdo, de sus finalidades objetivas respecto a la competencia y del contexto económico y jurídico específico en el que se inscribe ponga de manifiesto las razones precisas por las que la autoridad o el órgano jurisdiccional competente considera que no puede acogerse tal calificación.
Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda
90      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
101 TFUE, apartado
1, debe interpretarse en el sentido de que la prohibición que establece no se aplica a un acuerdo mediante el cual los clubes que participan en los campeonatos de fútbol profesional de un Estado miembro se comprometieron, de común acuerdo con la asociación deportiva nacional de que se trata, a no contratar a sus respectivos jugadores en el supuesto de que esos jugadores hubieran resuelto unilateralmente su contrato de trabajo invocando las dificultades causadas por la pandemia de COVID‑19 o por cualquier decisión excepcional relacionada con esta, y en particular por la prolongación de la temporada deportiva.
91      A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que no todo acuerdo entre empresas ni toda decisión de una asociación de empresas que restrinja la libertad de acción de las empresas que son parte de ese acuerdo o que están obligadas a cumplir esa decisión está comprendido necesariamente en el ámbito de aplicación de la prohibición del artículo 101 TFUE, apartado 1. En efecto, el examen del contexto económico y jurídico en el que se inscriben algunos de estos acuerdos y algunas de estas decisiones puede llevar a que se aprecie, en primer término, que estos están justificados por perseguir uno o varios objetivos legítimos de interés general que no son, en sí mismos, contrarios a la competencia; en segundo término, que los medios concretos empleados para perseguir estos objetivos son realmente necesarios para ello, y, en tercer término, que, aunque se concluya que estos medios tienen por efecto inherente restringir o falsear, cuando menos potencialmente, la competencia, este efecto inherente no va más allá de lo necesario, en particular eliminando cualquier competencia (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 183 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 149).
92      Sin embargo, dicho criterio jurisprudencial no es aplicable respecto de comportamientos que, lejos de limitarse a tener por «efecto» inherente restringir, cuando menos potencialmente, la competencia limitando la libertad de acción de determinadas empresas, presentan para esa competencia un grado de nocividad que permite considerar que tienen por su propio «objeto» impedirla, restringirla o falsearla (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 186, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 150). Ciertamente, el grado de nocividad de estos comportamientos para la competencia, y por tanto el perjuicio directo o indirecto que pueden causar a los usuarios y consumidores intermedios o finales de los distintos sectores o mercados afectados, es demasiado elevado para que pueda considerarse que están justificados y son proporcionados (sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 150).
93      Por lo que se refiere a los comportamientos que tienen por objeto impedir, restringir o falsear la competencia, estos solo pueden acogerse a la excepción a la prohibición impuesta por el artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando resulte aplicable el artículo 101 TFUE, apartado 3, y siempre que concurran todos los requisitos establecidos por esta última disposición (sentencias de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado 187, y de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartado 151).
94      En el presente asunto, solo si el órgano jurisdiccional remitente llega, al término de su examen del acuerdo controvertido en el litigio principal, a la conclusión de que este no tiene por objeto restringir la competencia y si le es posible demostrar que dicho acuerdo tiene, no obstante, tal efecto, le corresponderá comprobar si puede considerarse que dicho acuerdo no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo
101 TFUE, apartado
1, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado
91 de la presente sentencia, debiendo observarse que incumbe a la parte que invoca esa jurisprudencia demostrar, mediante alegaciones y pruebas convincentes, que se cumplen todos los requisitos exigidos para acogerse a esa jurisprudencia (véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartados 130, 191 y 205 y jurisprudencia citada).
95      A la vista de las afirmaciones recogidas en la resolución de remisión y de las observaciones a este respecto de las partes del litigio principal y de los demás interesados que han participado en el presente procedimiento, procede observar, no obstante, en primer lugar, que, aun cuando el comportamiento controvertido en el litigio principal revista la forma de un acuerdo celebrado por clubes de fútbol profesional con la participación de la asociación deportiva nacional de que se trata y, por tanto, por empresas que han actuado de común acuerdo con una asociación de empresas (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company, C‑333/21, EU:C:2023:1011, apartado
90), puede estar comprendido en el ámbito de aplicación de la jurisprudencia recordada en el apartado
91 de la presente sentencia. En efecto, como se desprende de sus términos, esta jurisprudencia es aplicable, contrariamente a lo que sostienen la parte demandada en el litigio principal y la Comisión, a cualquier comportamiento mediante el cual una asociación de empresas y las empresas que son miembros de ella se coordinan entre sí, cualquiera que sea la forma de dicha coordinación, y no solo a aquellos comportamientos que adopten la forma de normas que puedan calificarse de decisión de asociación de empresas.
96      Por lo que respecta, en segundo lugar, a la existencia de un objetivo legítimo de interés general, el Tribunal de Justicia ya ha señalado, en varias ocasiones, que el objetivo consistente en garantizar la regularidad de las competiciones deportivas constituye un objetivo legítimo de interés general que reviste especial importancia en el caso del fútbol y que puede justificar, en particular, en su principio y sin perjuicio de su contenido concreto, la adopción de normas relativas a los plazos de transferencia de jugadores durante la competición y de normas destinadas a garantizar el mantenimiento de un cierto grado de estabilidad en las plantillas de jugadores a partir de las cuales los clubes pueden formar los equipos que alinean en una determinada competición (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA, C‑650/22, EU:C:2024:824, apartados 100 a 102 y jurisprudencia citada).
97      En estas circunstancias, la consecución de tal objetivo puede justificar, en principio y sin perjuicio de su contenido concreto, las normas aplicadas por un acuerdo como el controvertido en el litigio principal.
98      Por lo que respecta, en tercer y último lugar, al carácter necesario y proporcionado en sentido estricto de dicho acuerdo, es preciso señalar que el examen de este implica, como se desprende de la jurisprudencia mencionada en el apartado
91 de la presente sentencia, en primer lugar, determinar si los medios concretos a los que se recurre, en un caso específico, para perseguir un objetivo legítimo de interés general son adecuados para garantizar la realización de dicho objetivo, a continuación: apreciar si hacer uso de estos medios es necesario para alcanzar dicho objetivo, lo que implica que no existen otras medidas que sean igualmente eficaces a tal fin y sean a la vez menos restrictivas para la competencia, y, por último, comprobar que los efectos restrictivos generados por las medidas adoptadas no son desproporcionados en relación con tal objetivo, en particular eliminando toda competencia en el mercado de que se trate.
99      Corresponde, por tanto, al órgano jurisdiccional remitente, que ha manifestado en su resolución de remisión dudas sobre el carácter necesario y proporcionado del acuerdo controvertido en el litigio principal, proceder al examen en profundidad de estos tres requisitos, a saber, la aptitud, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto de dicho acuerdo, a la luz de las alegaciones y pruebas invocadas por las partes y de todas las circunstancias de hecho y de Derecho pertinentes.
100    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo
101 TFUE, apartado
1, debe interpretarse en el sentido de que la prohibición que establece no se aplica a un acuerdo mediante el cual los clubes que participan en los campeonatos de fútbol profesional de un Estado miembro se comprometieron, de común acuerdo con la asociación deportiva nacional de que se trata, a no contratar a sus respectivos jugadores en el supuesto de que esos jugadores hubieran resuelto unilateralmente su contrato de trabajo invocando las dificultades causadas por la pandemia de COVID‑19 o por cualquier decisión excepcional relacionada con esta. y, en particular, por la prolongación de la temporada deportiva, si, por una parte, dicho acuerdo no puede calificarse de acuerdo que tiene por objeto restringir la competencia y, por otra parte, se acredita que dicho acuerdo está justificado por la persecución de un objetivo legítimo de interés general, a la luz del cual resulta adecuado, necesario y proporcionado en sentido estricto.
Costas
101    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
1)      El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo mediante el que los clubes que participan en los campeonatos de fútbol profesional de un Estado miembro se comprometieron, de común acuerdo con la asociación deportiva nacional de que se trata, a no contratar a sus respectivos jugadores en el supuesto de que esos jugadores hubieran resuelto unilateralmente su contrato de trabajo invocando las dificultades causadas por la pandemia de COVID‑19 o por cualquier decisión excepcional relacionada con esta, y en particular por la prolongación de la temporada deportiva, debe calificarse de acuerdo que tiene por objeto restringir la competencia, a menos que el examen concreto del contenido de dicho acuerdo, de sus finalidades objetivas respecto a la competencia y del contexto económico y jurídico específico en el que se inscribe ponga de manifiesto las razones precisas por las que la autoridad o el órgano jurisdiccional competente considera que no puede acogerse tal calificación.
2)      El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la prohibición que establece no se aplica a un acuerdo mediante el cual los clubes que participan en los campeonatos de fútbol profesional de un Estado miembro se comprometieron, de común acuerdo con la asociación deportiva nacional de que se trata, a no contratar a sus respectivos jugadores en el supuesto de que esos jugadores hubieran resuelto unilateralmente su contrato de trabajo invocando las dificultades causadas por la pandemia de COVID‑19 o por cualquier decisión excepcional relacionada con esta. y, en particular, por la prolongación de la temporada deportiva, si, por una parte, dicho acuerdo no puede calificarse de acuerdo que tiene por objeto restringir la competencia y, por otra parte, se acredita que dicho acuerdo está justificado por la persecución de un objetivo legítimo de interés general, a la luz del cual resulta adecuado, necesario y proporcionado en sentido estricto.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: portugués.