Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 1 de agosto de 2025 (1)
Asunto C‑371/24 [Comdribus] (i)
HW
con intervención de:
Ministère public
[Petición de decisión prejudicial planteada por la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia)]
« Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Directiva (UE) 2016/680 — Artículo 10 — Tratamiento de categorías especiales de datos — Carácter estrictamente necesario — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7, 8 y 49 »
I.      Introducción
1.        La toma de huellas dactilares y de fotografías es un método clásico de identificación en el marco de una investigación penal. Sin embargo, estos datos de carácter personal permiten identificar a una persona física de manera unívoca y, por lo tanto, se consideran particularmente sensibles.
2.        La delicada tarea que atañe al Tribunal de Justicia, en el presente asunto, consiste en lograr un equilibrio entre, por una parte, unas prácticas a menudo consideradas habituales por las autoridades policiales y, por otra parte, la protección de los datos personales de los interesados.
II.    Marco jurídico
A.      Directiva (UE) 2016/680
3.        El artículo 1, apartado 1, de la Directiva (UE) 2016/680 (2) dispone que «[esta] Directiva establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.»
4.        El artículo 4 de esta Directiva está redactado en los siguientes términos:
«1.      Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean:
a)      tratados de manera lícita y leal;
b)      recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no ser tratados de forma incompatible con esos fines;
c)      adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que son tratados;
[…]
4.      El responsable del tratamiento será responsable y capaz de demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3.»
5.        A tenor del artículo 6 de dicha Directiva:
«Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento, cuando corresponda y en la medida de lo posible, establezca una distinción clara entre los datos personales de las distintas categorías de interesados, tales como:
a)      personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que han cometido o van a cometer una infracción penal;
b)      personas condenadas por una infracción penal;
c)      víctimas de una infracción penal o personas respecto de las cuales determinados hechos den lugar a pensar que puedan ser víctimas de una infracción penal, y
d)      terceras partes involucradas en una infracción penal como, por ejemplo, personas que puedan ser citadas a testificar en investigaciones relacionadas con infracciones penales o procesos penales ulteriores, o personas que puedan facilitar información sobre infracciones penales, o personas de contacto o asociados de una de las personas mencionadas en las letras a) y b).»
6.        El artículo 8 de la misma Directiva dispone:
«1.      Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento solo sea lícito en la medida en que sea necesario para la ejecución de una tarea realizada por una autoridad competente, para los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1, y esté basado en el Derecho de la Unión o del Estado miembro.
2.      El Derecho del Estado miembro que regule el tratamiento dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, deberá indicar al menos los objetivos del tratamiento, los datos personales que vayan a ser objeto del mismo y las finalidades del tratamiento.»
7.        El artículo 10 de la Directiva 2016/680 prevé:
«El tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física solo se permitirá cuando sea estrictamente necesario, con sujeción a las salvaguardias adecuadas para los derechos y libertades del interesado y únicamente cuando:
a)      lo autorice el Derecho de la Unión o del Estado miembro;
b)      sea necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física, o
c)      dicho tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho manifiestamente públicos.»
8.        El artículo 13 de esta Directiva tiene el siguiente tenor literal:
«1.      Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento de los datos ponga a disposición del interesado al menos la siguiente información:
a)      la identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento;
b)      en su caso, los datos de contacto del delegado de protección de datos;
c)      los fines del tratamiento a que se destinen los datos personales;
d)      el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control y los datos de contacto de la misma;
e)      la existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y su rectificación o su supresión, o la limitación de su tratamiento.
2.      Además de la información indicada en el apartado 1, los Estados miembros dispondrán por ley que el responsable del tratamiento de los datos proporcione al interesado, en casos concretos, la siguiente información adicional, a fin de permitir el ejercicio de sus derechos:
a)      la base jurídica del tratamiento;
b)      el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando esto no sea posible, los criterios utilizados para determinar ese plazo;
c)      cuando corresponda, las categorías de destinatarios de los datos personales, en particular en terceros países u organizaciones internacionales;
d)      cuando sea necesario, más información, en particular cuando los datos personales se hayan recogido sin conocimiento del interesado.
3.      Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas por las que se retrase, limite u omita la puesta a disposición del interesado de la información en virtud del apartado 2 siempre y cuando dicha medida constituya una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática, teniendo debidamente en cuenta los derechos fundamentales y los intereses legítimos de la persona física afectada, para:
a)      evitar que se obstaculicen indagaciones, investigaciones o procedimientos oficiales o judiciales;
b)      evitar que se cause perjuicio a la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o a la ejecución de sanciones penales;
c)      proteger la seguridad pública;
d)      proteger la seguridad nacional;
e)      proteger los derechos y libertades de otras personas.
[…]»
9.        El artículo 54 de dicha Directiva dispone:
«Sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales disponibles, incluido el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control con arreglo al artículo 52, los Estados miembros reconocerán el derecho que asiste a todo interesado a la tutela judicial efectiva si considera que sus derechos establecidos en disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales no conforme con esas disposiciones.»
B.      Derecho francés
10.      El artículo 55‑1 del code de procédure pénale (Código de Procedimiento Penal) dispone:
«El oficial de la Policía judicial podrá llevar a cabo, o disponer que se lleven a cabo bajo su supervisión, sobre toda persona que pueda aportar información sobre los hechos investigados o sobre toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito, las operaciones externas de obtención de muestras necesarias para realizar exámenes técnicos y científicos de comparación con las huellas e indicios obtenidos a efectos de la investigación.
Llevará a cabo, o dispondrá que se lleven a cabo bajo su supervisión, las operaciones de toma de datos identificativos, en particular, de huellas dactilares o palmares o de fotografías a efectos de la introducción y consulta de estos datos en los registros policiales conforme a los reglamentos internos de dichos registros.
La negativa de una persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito a someterse a las operaciones de obtención de muestras, mencionadas en los párrafos primero y segundo, ordenadas por el oficial de la Policía judicial será castigada con una pena de un año de prisión y 15 000 euros de multa.
Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo, cuando la toma de huellas dactilares o palmares o de una fotografía constituya el único medio para identificar a una persona a la que se interrogue con arreglo a los artículos 61‑1 o 62‑2 por un delito grave o por un delito menos grave castigado con un mínimo de tres años de prisión y que se niegue a justificar su identidad o que proporcione datos de identidad manifiestamente inexactos, esta operación podrá efectuarse sin el consentimiento de dicha persona, con la autorización previa por escrito del procureur de la République [(Fiscal de la República, Francia)] a raíz de una petición motivada presentada por el oficial de la Policía judicial. El oficial de la Policía judicial o, bajo su supervisión, un agente de la Policía judicial recurrirá a la coerción en la medida de lo estrictamente necesario y de manera proporcionada. Tendrá en cuenta, cuando corresponda, la vulnerabilidad de la persona. Esta operación será reflejada en un acta, que mencionará las razones por las cuales constituye el único medio para identificar a la persona, así como el día y la hora en que se ha llevado a cabo. Se dará traslado del acta al Fiscal de la República, previa entrega de una copia al interesado.»
III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
11.      El 30 de mayo de 2020, más de un centenar de activistas por el clima ocuparon la avenida de los Campos Elíseos en París (Francia). Las fuerzas del orden intervinieron para dispersarlos y detuvieron a varias personas, entre ellas a HW, por la organización de una manifestación no declarada y actos de rebelión. Al ser interrogado en el marco de su detención preventiva, HW proporcionó su identidad, pero se negó a la toma de huellas dactilares y de fotografías necesarias para su identificación, a pesar de haber sido informado de que esta negativa constituía un delito castigado con una pena de prisión y una multa.
12.      El 1 de junio de 2020, al término de su detención preventiva, HW fue puesto a disposición del Fiscal de la República y del juge des libertés et de la détention (juez competente en materia de medidas restrictivas de la libertad personal, Francia), quien ordenó su puesta en libertad condicional y le comunicó que tendría que comparecer ante el tribunal correctionnel de Paris (Tribunal de lo Penal de París, Francia). HW estaba acusado de lo siguiente:
–        en primer término, de haber organizado, en París, el 30 de mayo de 2020, una manifestación en la vía pública que no había sido objeto de una declaración previa según los requisitos establecidos por la ley, en el presente caso, en particular, arengando a los participantes, dándoles como consigna que no facilitaran sus documentos de identidad, que no cooperaran con las órdenes de las fuerzas del orden, creando una cadena humana, consignas que los demás manifestantes respetaron inmediatamente;
–        en segundo término, de haberse negado, en París, el 31 de mayo de 2020, cuando tenía conocimiento de la clave secreta de descifrado de un medio criptológico que podría haberse utilizado para preparar, facilitar o cometer un delito grave o menos grave, a entregarla o a hacer uso de ella a raíz de un requerimiento judicial adoptado en el marco de unas diligencias previas, de una investigación por delito flagrante o de un procedimiento de instrucción judicial, en el presente caso al negarse a entregar los códigos de su teléfono, y
–        en tercer término, de haberse negado, en París, el 30 de mayo de 2020, cuando existían contra él una o varias razones plausibles para sospechar que había cometido o tratado de cometer una infracción penal, a someterse a la toma de huellas dactilares o palmares o de fotografías a efectos de la introducción y consulta de estos datos en los registros policiales conforme a los reglamentos internos de dichos registros.
13.      Mediante sentencia de 8 de septiembre de 2021, el tribunal correctionnel de Paris (Tribunal de lo Penal de París) absolvió a HW por los hechos comprendidos en los dos primeros cargos, pero le declaró culpable de los hechos relativos al tercer cargo y, por tanto, le condenó al pago de una multa de 300 euros.
14.      HW y el ministère public (Ministerio Fiscal, Francia) recurrieron esta sentencia de primera instancia ante la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), el órgano jurisdiccional remitente.
15.      El órgano jurisdiccional remitente considera que, a pesar de la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía),
(3) persisten ciertas dudas sobre la interpretación del artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con sus artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2.
16.      En primer lugar, a su entender, las consideraciones del Tribunal de Justicia en la sentencia Min
isterstvo na vatreshnite raboti I son aplicables a un procedimiento penal que prevé la recogida sistemática de los datos biométricos y genéticos de toda persona respecto de la cual existan suficientes elementos de prueba de la comisión de un delito para justificar que sea investigada. (4) En cambio, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado aún sobre una situación jurídica, como la prevista en el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal, que contempla la recogida sistemática de los datos biométricos (5) de una persona cuando de las diligencias de investigación resulte que existen «una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito», sin que ello suponga que sea declarado como investigado. Así pues, es preciso determinar si esta condición es suficiente para cumplir los requisitos derivados de la Directiva 2016/680.
17.      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la Directiva 2016/680 impone a las autoridades competentes la obligación de motivar el carácter estrictamente necesario de los tratamientos que llevan a cabo.
18.      En tercer lugar, considera que el presente asunto plantea una problemática inédita en relación con el Derecho de la Unión: según la legislación francesa, la negativa a someterse a la toma de datos identificativos constituye un delito autónomo que puede ser enjuiciado y ser objeto de una condena, aun cuando el delito principal en que se fundamenta la medida de toma de datos identificativos no haya dado lugar a una condena (en lo sucesivo, «condena autónoma»). Se plantea de este modo la cuestión de si, en estas circunstancias, se cumple el requisito del carácter «estrictamente necesario» de la recogida de datos biométricos y si tal condena autónoma está justificada.
19.      Según el órgano jurisdiccional remitente, la respuesta a estas preguntas es esencial para la resolución del litigio principal, puesto que HW fue enjuiciado y condenado únicamente por el delito de negarse a someterse a la toma de datos identificativos, mientras que fue absuelto del delito principal de organización de una manifestación no declarada, que dio lugar a la medida de toma de datos identificativos, y sin que, en ningún momento del procedimiento, se manifestara adecuadamente el carácter estrictamente necesario de esta medida.
20.      En estas condiciones, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2, de esta, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal francés, que establece la toma de datos identificativos sistemática (en particular, de huellas dactilares y fotografías) de las personas respecto de las cuales existan una o varias razones para sospechar que han cometido o tratado de cometer un delito?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2, de esta, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal francés, que no obliga a la autoridad competente a motivar de forma adecuada en cada caso por qué la toma de datos identificativos es estrictamente necesaria?
3)      ¿Debe interpretarse el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2, de esta, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal francés, que permite perseguir y condenar de forma autónoma a una persona que se ha negado a someterse a la medida de toma de datos identificativos aun cuando no haya sido perseguida o condenada por el delito que dio lugar a esa medida?»
21.      La petición de decisión prejudicial fue recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de mayo de 2024. Han presentado observaciones escritas HW, los Gobiernos francés, polaco y de Irlanda y la Comisión Europea. Los Gobiernos francés, checo y de Irlanda, así como la Comisión, comparecieron en la vista celebrada el 30 de abril de 2025.
IV.    Apreciación
A.      Sobre la primera cuestión prejudicial
1.      Sobre la formulación de la cuestión
22.      Cabe recordar que el órgano jurisdiccional remitente pregunta, mediante su primera cuestión prejudicial, si el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con sus artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece la toma de datos identificativos sistemática (en particular, de huellas dactilares y fotografías) de las personas respecto de las cuales existan una o varias razones para sospechar que han cometido o tratado de cometer un delito.
23.      Quisiera señalar que, tras leer la petición de decisión prejudicial, la principal fuente de preocupación del órgano jurisdiccional remitente parece ser el hecho de que el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal autoriza la recogida de los datos biométricos de personas que no han sido formalmente declaradas investigadas en el marco de un procedimiento penal.
24.      En cuanto a la manera en que está formulada la primera cuestión prejudicial, el uso del adjetivo «sistemática» por el órgano jurisdiccional remitente (6) ha sido objeto de debate entre las partes en el marco de sus observaciones escritas.
25.      El Gobierno francés sostiene que es erróneo afirmar que la normativa francesa establece la recogida «sistemática» de estos datos biométricos, ya que no se trata de una obligación, sino de una facultad.
26.      La Comisión comparte la postura del Gobierno francés, al señalar que los oficiales de la Policía judicial disponen de un «margen de apreciación» en lo tocante a las tomas de muestras que efectúan. Esta institución sostiene que estas tomas de muestras no son «sistemáticas», por cuanto no se llevan a cabo respecto de todas las personas sospechosas de un delito, sino únicamente según las necesidades de la investigación.
27.      Por su parte, HW afirma que, habida cuenta de las prácticas de las autoridades policiales, la recogida de datos en cuestión es sistemática. (7)
28.      A este respecto, ha de recordarse que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación de las disposiciones nacionales ni juzgar si la interpretación o aplicación que hace de ellas el órgano jurisdiccional nacional es correcta, ya que tal tarea es competencia exclusiva de este último. (8)
29.      Dicho esto, el Tribunal de Justicia, que debe proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil, es competente para darle indicaciones basadas en los autos del asunto principal y en las observaciones escritas y orales que se le han presentado. (9)
30.      Soy consciente de que la frontera entre proporcionar una respuesta útil e interpretar el Derecho nacional puede ser tenue.
31.      Sin embargo, debo precisar que el uso de los términos «recogida sistemática» de datos, por parte del órgano jurisdiccional remitente, resulta de la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, que parece haber dado origen a sus dudas. (10)
32.      En efecto, del apartado 113 de esta sentencia se desprende que, según el órgano jurisdiccional remitente en ese asunto, los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), 8, apartados 1 y 2, y 10 de la Directiva 2016/680 exigen que las autoridades competentes dispongan de un cierto margen de apreciación para determinar la necesidad de la recogida de los datos biométricos y genéticos. Pues bien, según este órgano jurisdiccional, la recogida de datos prevista en la normativa nacional se aplicaba imperativamente a todas las personas investigadas por la comisión de delitos públicos dolosos, sin que esa normativa exija que se declare la necesidad concreta de proceder a la recogida de todas esas categorías de datos. (11)
33.      Además, el Tribunal de Justicia consideró, en el apartado 114 de la sentencia Min
isterstvo na vatreshnite raboti I, que «la cuarta cuestión prejudicial deb[ía] entenderse en el sentido de que pretende determinar, en esencia, si el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con sus artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2, deb[ía] interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece la recogida sistemática de datos biométricos y genéticos de todas las personas investigadas por un delito público doloso a efectos de su registro, sin obligar a la autoridad competente a determinar y demostrar, por una parte, que esa recogida es necesaria para satisfacer los objetivos concretos perseguidos y, por otra parte, que tales objetivos no pueden lograrse mediante una simple recogida parcial de los datos de que se trata». (12)
34.      Habida cuenta de los dos puntos anteriores y de las observaciones de las partes en el presente asunto, (13) procede aclarar los conceptos de «margen de apreciación» y de «recogida sistemática» de datos.
35.      Según se desprende de los apartados 113 y 114 de la sentencia Min
isterstvo na vatreshnite raboti I, por una parte, el «margen de apreciación» se refiere a la posibilidad, prevista por el Derecho nacional, de que la autoridad competente determine y demuestre que el tratamiento de los datos es estrictamente necesario. Por otra parte, una recogida es «sistemática» cuando se aplica, imperativamente, a toda persona comprendida en el ámbito de aplicación de la normativa nacional de que se trata.
36.      De lo anterior se deduce que, para poder dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia debe determinar previamente si la recogida controvertida en el presente asunto es «sistemática», en el sentido de la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti
I.
37.      Debe constatarse que el carácter «sistemático» de la recogida de datos biométricos no puede inferirse del artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, según el propio tenor literal de esta disposición, la autoridad competente no está obligada a efectuar la toma de datos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer el delito. Asimismo, el párrafo segundo de dicha disposición precisa que la toma de muestras se efectuará conforme a los reglamentos internos de los registros de Policía y en la medida en que los datos en cuestión sean necesarios para su introducción y consulta en estos registros. (14)
38.      Dicho esto, como demuestra el debate entre las partes, la formulación de la primera cuestión prejudicial, al hacer referencia al carácter «sistemático» de la recogida de datos, lleva a confusión, por cuanto parece presumir que una recogida que no sea «sistemática» es conforme con la Directiva 2016/680. Sin embargo, considero que no es así. Como expondré en el marco del examen del fondo, para que una toma no «sistemática» de datos biométricos se ajuste a los requisitos de la Directiva 2016/680, también debe tener un carácter «estrictamente necesario».
39.      Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia reformular la primera cuestión prejudicial en el sentido de que, mediante esta, el órgano jurisdiccional remitente pretende determinar, en esencia, si el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con sus artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2, se opone a una normativa nacional que permite recoger datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer el delito.
2.      Sobre el fondo
a)      Observaciones generales sobre el artículo 10 de la Directiva 2016/680, según lo interpreta el Tribunal de Justicia
40.      En primer lugar, debe destacarse que el artículo 10 de la Directiva 2016/680 es una disposición específica que regula los tratamientos de categorías especiales de datos personales (en lo sucesivo, «datos sensibles»), incluidos los datos biométricos. (15) Según se desprende de la jurisprudencia, la finalidad de esta disposición es garantizar una mayor protección con respecto a tales tratamientos, que, en atención a la particular sensibilidad de los datos en cuestión y del contexto en el que son tratados, pueden generar, como se desprende del considerando 37 de esta Directiva, riesgos importantes para las libertades y los derechos fundamentales, como el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protección de los datos personales, garantizados en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). (16)
41.      En segundo lugar, como se desprende del propio tenor con el que se enuncia en el artículo 10 de la Directiva 2016/680, el requisito de que el tratamiento de tales datos «solo» se permitirá «cuando sea estrictamente necesario» debe interpretarse en el sentido de que define unas condiciones reforzadas de licitud del tratamiento de datos sensibles, a la luz de las condiciones que se derivan de los artículos 4, apartado 1, letras b) y c), y 8, apartado 1, de esa Directiva, que se refieren únicamente a la «necesidad» de un tratamiento de datos comprendido, con carácter general, en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. (17)
42.      Así, por una parte, el empleo del adverbio «solo» delante de la expresión «cuando sea estrictamente necesario» hace hincapié en que el tratamiento de los datos sensibles solo puede considerarse «necesario» en un número limitado de supuestos. Por otra parte, el carácter «estricto» de la necesidad de un tratamiento de tales datos conlleva que esa necesidad se aprecie de un modo especialmente riguroso. (18)
b)      Criterios para determinar el carácter estrictamente necesario del tratamiento
43.      Cabe observar que la Directiva 2016/680 no define el requisito relativo al carácter «estrictamente necesario», previsto en su artículo 10.
44.      Sin embargo, pueden extraerse algunas indicaciones de otras disposiciones de esta Directiva. Así pues, sin perjuicio de las condiciones reforzadas relativas a la licitud del tratamiento de los datos sensibles que establece la citada Directiva, el requisito del carácter estrictamente necesario debe entenderse a la luz de los principios enunciados en sus artículos 4 y 8. (19)
45.      Esto implica, en particular, examinar el carácter estrictamente necesario de la recogida de datos sensibles a la luz de los fines y de los objetivos de esta recogida, respetando los principios de limitación de los fines y de minimización de los datos, (20) siendo así que este último refleja el principio de proporcionalidad. (21)
46.      A este respecto, en primer término, como se desprende del considerando 26 de la Directiva 2016/680, el requisito de necesidad se cumple cuando el objetivo perseguido por el tratamiento de datos en cuestión no puede alcanzarse razonablemente con igual eficacia por otros medios menos atentatorios respecto de los derechos fundamentales de los interesados, en particular respecto de los derechos al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales, garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta. Especialmente, habida cuenta de la mayor protección de las personas respecto del tratamiento de datos sensibles, el responsable de dicho tratamiento debe asegurarse de que no se pueda satisfacer este objetivo recurriendo a categorías de datos distintas de las que se relacionan en el artículo 10 de esta Directiva. (22)
47.      En segundo término, teniendo en cuenta los riesgos importantes que representa el tratamiento de datos sensibles en relación con los derechos y libertades de los interesados, en particular en el contexto de las tareas de las autoridades competentes respecto a los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2016/680, el requisito del carácter «estrictamente necesario» implica tener en cuenta la especial importancia del objetivo que persigue un tratamiento de este tipo. Esa importancia puede apreciarse, entre otras cosas, en función de la propia naturaleza del objetivo perseguido, en particular del hecho de que el tratamiento persiga una finalidad concreta en relación con la prevención de infracciones penales o de amenazas contra la seguridad pública que revistan cierto grado de gravedad, con la represión de tales infracciones o con la protección contra esas amenazas, y a la luz de las circunstancias concretas en que se efectúa el tratamiento. (23)
48.      En tercer término, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el carácter «estrictamente necesario» del tratamiento de los datos sensibles solo puede determinarse a la luz de todos los datos pertinentes, como, en particular, la naturaleza y gravedad de la infracción de la que se considera sospechoso al interesado, en el procedimiento penal principal, las circunstancias concretas de esa infracción, el eventual vínculo de dicha infracción con otros procedimientos en curso, los antecedentes judiciales o el perfil individual de la persona en cuestión. (24)
49.      Cabe observar, en cuanto a la gravedad del delito, que también deben tenerse en cuenta las particularidades de las funciones de las autoridades de Policía. Como resaltó el Tribunal de Justicia en la sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, considerar que solo la lucha contra la delincuencia grave puede justificar el acceso a los datos personales limitaría las facultades de investigación de las autoridades competentes, en el sentido de la Directiva 2016/680, con respecto a las infracciones penales en general. Según el Tribunal de Justicia, ello ocasionaría un incremento del riesgo de impunidad de dichas infracciones, habida cuenta de la importancia que pueden tener estos datos para las investigaciones penales. Así pues, tal limitación iría en contra de la naturaleza específica de las funciones desempeñadas por esas autoridades para los fines enunciados en el artículo 1, apartado 1, de la citada Directiva, tal como señalan sus considerandos 10 y 11, y perjudicaría al objetivo perseguido por dicha Directiva de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro de la Unión. (25)
50.      De este modo, en principio, el hecho de que un delito no sea calificado de «grave» no permite excluir, por sí solo, que la recogida de datos biométricos sea estrictamente necesaria. En efecto, en función de la naturaleza del delito, más que de su gravedad, la recogida de este tipo de datos puede resultar necesaria para constatar dicho delito o para identificar a su autor.
51.      Si, en cambio, el carácter estrictamente necesario de la recogida de datos biométricos no se fundamenta en la naturaleza del delito, debe basarse en otros elementos.
c)      Articulación con la recogida de datos controvertida en el litigio principal
1)      Los objetivos de la recogida de datos
52.      El Gobierno francés ha indicado, en sus observaciones escritas, que las tomas de datos identificativos controvertidas en el litigio principal tienen por objeto, en particular, comparar las huellas con las trazas recogidas durante la investigación en curso, identificar a la persona sospechosa en el marco de la investigación en curso para evitar el riesgo de homonimia o de usurpación de identidad, o bien identificar a la persona en el marco de comparaciones con otros procedimientos, en curso o futuros, por ejemplo para permitir la comparación de huellas papilares con las trazas recogidas durante otras investigaciones. (26)
53.      Estos objetivos están relacionados, por un lado, con la utilización de los datos recogidos en el marco de un procedimiento penal concreto y, por otro lado, con el tratamiento a los efectos de otros procedimientos. La necesidad de efectuar dicho tratamiento se desprende expresamente del considerando 27 de la Directiva 2016/680. (27)
54.      Por lo tanto, procede constatar que la recogida de datos biométricos es pertinente y adecuada en relación con los objetivos enunciados. (28) Sin embargo, su necesidad depende, en particular, de su ámbito de aplicación, tal y como se ha definido en la legislación aplicable.
2)      El ámbito de aplicación de la recogida de datos
55.      Como se desprende de la resolución de remisión y de las observaciones del Gobierno francés, existe un desacuerdo sobre el ámbito de aplicación de la recogida controvertida en el litigio principal. Según el órgano jurisdiccional remitente, los oficiales de la Policía judicial pueden llevar a cabo la recogida de datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan «una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito». (29) En cambio, según el Gobierno francés, dicha recogida puede referirse, por una parte, a las personas respecto de las cuales existen no meras sospechas, sino indicios graves o concordantes que hacen que resulte probable que hayan podido participar, como autores o cómplices, en la comisión de un delito grave, o de un delito menos grave castigado con una pena de prisión, y, por otra parte, a las personas cuya identificación inequívoca resulte necesaria. (30)
56.      Este desacuerdo me lleva a examinar dos aspectos de la normativa nacional de que se trata: la fase del procedimiento en la que se realiza la recogida (en el presente asunto, sin que el interesado haya sido formalmente declarado como investigado) y el alcance de esta recogida.
57.      En primer lugar, en cuanto a la fase del procedimiento, considero que los objetivos de la recogida de datos biométricos implican que esta pueda tener lugar en una fase temprana de la investigación penal. Limitar esta posibilidad a la fase de la instrucción contra el interesado iría contra ciertos fines contemplados en el artículo 1 de la Directiva 2016/680.
58.      En realidad, como destacó el Tribunal de Justicia en la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, aunque existan motivos fundados para presumir que la persona en cuestión ha cometido una infracción penal que justifica que sea investigada, lo que supone que ya concurran suficientes elementos de prueba de su implicación en la infracción, es posible que, en ciertos casos, la recogida de datos biométricos no obedezca a ninguna necesidad concreta a efectos del procedimiento penal en curso. (31)
59.      Debo destacar asimismo que la legislación penal es competencia de los Estados miembros. (32) En particular, las distintas fases del procedimiento penal, así como los derechos y garantías que están asociados a estas respecto del interesado, pueden diferir entre Estados miembros. De lo anterior se deduce que este elemento no puede ser decisivo para la interpretación del artículo 10 de la Directiva 2016/680.
60.      Esta interpretación no se ve invalidada por el artículo 6 de la Directiva 2016/680. En efecto, esta disposición establece una obligación de distinguir, cuando corresponda y en la medida de lo posible, entre los datos personales de las distintas categorías de interesados, a fin de que no se les imponga de modo indiferenciado la misma injerencia en su derecho fundamental a la protección de sus datos personales. (33) En cambio, dicha disposición no pretende determinar las categorías de personas cuyos datos pueden recogerse. (34)
61.      En segundo lugar, por lo que se refiere al alcance de la recogida de datos biométricos examinada en el litigio principal, quisiera recordar que, en el marco del procedimiento prejudicial, el Tribunal de Justicia solo podrá definir los requisitos derivados del Derecho de la Unión que debe respetar el Derecho nacional, ya que la determinación de las disposiciones del Derecho interno aplicables y su interpretación es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales nacionales. (35)
62.      En todo caso, opino que incluso el ámbito de aplicación de la legislación relativa a la recogida de datos biométricos mencionado por el Gobierno francés, aunque esté limitado a los delitos menos graves castigados con una pena de prisión, tiene un amplio alcance, (36) lo que permite, en particular, la recogida de los datos de toda persona cuya identificación inequívoca resulte necesaria, y ello independientemente de la naturaleza y de la gravedad del delito de que se trate.
3)      Obligación de la autoridad competente de apreciar el carácter estrictamente necesario de la recogida de datos
63.      A pesar de este amplio alcance, contrariamente a la legislación búlgara controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia Ministe
rstvo na vatreshnite raboti I, de la normativa francesa se desprende que las autoridades policiales no tienen la obligación de efectuar la recogida de datos respecto de toda persona comprendida en el ámbito de aplicación de esta normativa y que dicha recogida, al contrario, está sujeta a la apreciación caso por caso de esas autoridades. (37)
64.      Pues bien, para que este margen de apreciación cumpla los requisitos de la Directiva 2016/680, la normativa francesa debe imponer a las autoridades competentes la obligación de apreciar el carácter estrictamente necesario de recoger los datos biométricos de los interesados. (38)
65.      En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que corresponde únicamente a las autoridades competentes garantizar el cumplimiento de este criterio. (39)
66.      En el presente asunto, de las observaciones del Gobierno francés se desprende que los artículos 6 y 88 de la loi n.o 78‑17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (Ley n.º 78‑17 relativa a la Informática, a los Ficheros y a las Libertades), de 6 de enero de 1978, (40) transponen el artículo 10 de la Directiva 2016/680, recogiendo expresamente el criterio del carácter estrictamente necesario de esta. Este Gobierno añade que la recogida de datos biométricos sobre la base del artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal no puede violar estas disposiciones legislativas.
67.      En tal caso, este marco jurídico nacional podría interpretarse en el sentido de que obliga a la autoridad competente a apreciar el carácter «estrictamente necesario» de la recogida que efectúa.
68.      Sin embargo, habida cuenta de la separación de las funciones entre el Tribunal de Justicia y el órgano jurisdiccional remitente, corresponderá a este último asegurarse de que efectivamente así sea, en particular cumpliendo la obligación que le incumbe de interpretar el Derecho nacional, en la medida de lo posible, de conformidad con el texto y la finalidad de la Directiva 2016/680. (41)
69.      En vista de las circunstancias del litigio principal relativas a la recogida de los datos biométricos de un detenido por organización y participación en una manifestación no autorizada, el órgano jurisdiccional remitente también debe asegurarse de que la aplicación de la ley por la autoridad competente siga siendo conforme con los requisitos de la Directiva 2016/680. (42)
70.      Habida cuenta de las consideraciones antes expuestas, propongo responder a la primera cuestión que el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con sus artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite recoger datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer el delito, siempre que dicha normativa imponga a la autoridad competente la obligación de apreciar el carácter estrictamente necesario de cada recogida.
B.      Sobre la segunda cuestión prejudicial
71.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente trata de averiguar, en esencia, si la autoridad competente está obligada a motivar la decisión de efectuar la recogida de datos biométricos, a la luz del requisito del carácter estrictamente necesario que resulta del artículo 10 de la Directiva 2016/680.
72.      Considero que tal obligación se desprende las sentencias Ministerstvo na vatreshnite raboti II y Bezirkshauptmannschaft Landeck y no veo ningún motivo para apartarse de esta jurisprudencia.
73.      En el asunto que dio lugar a la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti II, la cuestión que se planteaba era saber si, cuando la normativa nacional no obligue a la autoridad competente a comprobar y demostrar que la recogida de datos sensibles es estrictamente necesaria, con arreglo al artículo 10 de la Directiva 2016/680, el órgano jurisdiccional ante el que esa autoridad competente ha solicitado la recogida forzosa puede garantizar el cumplimiento de tal obligación. (43)
74.      En respuesta, el Tribunal de Justicia declaró que, a falta de obligación de la autoridad competente, en virtud del Derecho nacional, de apreciar si el tratamiento que ha efectuado o que pretende efectuar es «estrictamente necesario», un órgano jurisdiccional ante el que se haya acudido para que conozca de tal tratamiento de datos personales efectuado por dicha autoridad competente no puede garantizar, en lugar de esta, el cumplimiento de la obligación que incumbe a la referida autoridad en virtud del artículo 10 de la Directiva 2016/680. (44)
75.      Aunque el Tribunal de Justicia no mencionó expresamente la obligación de motivación, tal obligación resulta, a mi entender, de esta sentencia.
76.      En primer lugar, a tenor del artículo 54 de la Directiva 2016/680, que refleja el artículo 47 de la Carta, los Estados miembros reconocerán el derecho que asiste a todo interesado a la tutela judicial efectiva si considera que sus derechos establecidos en disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales no conforme con esas disposiciones.
77.      En segundo lugar, según la jurisprudencia, el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 47 de la Carta, exige, en principio, que el interesado pueda conocer los motivos de la resolución adoptada con respecto a él, bien mediante la lectura de la propia resolución, bien mediante la notificación de la motivación de esta, a fin de permitir que el interesado defienda sus derechos en las mejores condiciones posibles y decida con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez competente, así como para poner a este último en condiciones de ejercer plenamente el control de la legalidad de esta resolución. (45)
78.      Esto presupone necesariamente, habida cuenta de que el Tribunal de Justicia concluyó que un órgano jurisdiccional no puede sustituir a la autoridad competente en lo tocante al examen de si la recogida de datos es estrictamente necesaria, el derecho a que dicho examen sea apreciado posteriormente por un órgano jurisdiccional.
79.      Si bien este derecho no constituye una prerrogativa absoluta y, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, si bien podrá ser objeto de limitaciones, es a condición de que tales limitaciones estén establecidas por la ley, respeten el contenido esencial de los derechos y libertades en cuestión y, con sujeción al principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás. (46)
80.      Los Gobiernos que participaron en la vista subrayaron que el hecho de imponer a las autoridades competentes la obligación de motivar cada decisión adoptada en virtud del artículo 10 de la Directiva 2016/680 afectaría al correcto desarrollo de las investigaciones penales, así como a la lucha contra la delincuencia. Aun cuando se trate de objetivos de interés general, considero que la restricción del derecho a la tutela judicial efectiva de que se trata no está limitada a lo estrictamente necesario.
81.      En primer lugar, habida cuenta de que la recogida de datos controvertida no es sistemática, no me parece que la obligación de motivación constituya una carga demasiado pesada para las autoridades competentes. Asimismo, si las autoridades competentes deben disponer de un cierto margen de apreciación para llevar a cabo los fines contemplados en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2016/680, la obligación de motivar sus decisiones, prevista en el artículo 10 de esta, resulta todavía más esencial.
82.      En segundo lugar, como señaló, en esencia, el Tribunal de Justicia en la sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Directiva 2016/680, en relación con su artículo 54, impone une obligación de informar al interesado. Si bien el artículo 13, apartado 3, de esta Directiva permite a los Estados miembros adoptar medidas legislativas dirigidas a retrasar, limitar o incluso a suprimir la puesta a disposición del interesado de la información, una normativa nacional que excluya, con carácter general, todo derecho a la información no es conforme con el Derecho de la Unión. (47)
83.      A este respecto, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia en la vista, los Gobiernos francés y checo sostuvieron que la sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck no resulta aplicable al presente asunto, dado que dicha sentencia se refiere, a su entender, al control previo, por un juez o por una entidad administrativa independiente, del acceso por las autoridades de Policía a los datos contenidos en el teléfono móvil del interesado.
84.      Sin embargo, tengo dudas sobre la pertinencia de estas alegaciones. Para empezar, en mi opinión, la obligación de motivación es especialmente necesaria cuando la recogida de datos no está sujeta a un control previo. A continuación, debo señalar que, aunque evidentemente un móvil puede contener datos sensibles, en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680, (48) la sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck no se refiere específicamente a este tipo de datos. De ello se deduce que la obligación de motivación resultante de esta sentencia se aplica a fortiori a las circunstancias del presente asunto, en cuanto a la recogida de datos sensibles.
85.      Por último, como señaló acertadamente la Comisión al responder a la misma pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, del artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2016/680 se desprende que la autoridad competente debe ser capaz de demostrar, en particular, la necesidad del tratamiento de datos que lleva a cabo. Este principio de responsabilidad, que también se establece en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679, (49) debe interpretarse a la luz del artículo 54 de esta Directiva. De lo anterior resulta que la obligación de motivación se deriva de la lógica general de dicha Directiva.
86.      En tercer lugar, según se desprende una reiterada jurisprudencia, la extensión de la obligación de motivación depende de las circunstancias concretas de cada situación. (50) Si bien puede resultar necesaria una motivación más detallada, especialmente respecto de los delitos de menor gravedad, esta puede ser sucinta en lo que atañe a la delincuencia grave. Asimismo, en cuanto a los delitos respecto de los cuales es claramente necesario identificar al autor, como un robo con fuerza en las cosas, no excluyo que el carácter estrictamente necesario de la recogida de datos biométricos pueda deducirse del conjunto de los elementos obrantes en el expediente. En efecto, el interesado puede comprender fácilmente las razones de esta injerencia en sus derechos al respeto de la vida privada y a la protección de los datos de carácter personal.
87.      En cambio, la razón por la cual la recogida de los datos biométricos de una persona sospechosa de haber participado en una manifestación no autorizada es absolutamente necesaria, en particular cuando no cabe duda alguna sobre su identidad, no resulta evidente, al menos a los efectos de este procedimiento concreto. En tal situación, por tanto, la autoridad competente debe motivar de forma adecuada su decisión, para que el interesado pueda comprender las razones de dicha recogida, sin que la mera referencia al conjunto de los elementos obrantes en el expediente pueda ser en principio suficiente. (51)
88.      Por consiguiente, propongo responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2, de esta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no imponga a la autoridad competente la obligación de motivar de forma adecuada en cada caso la razón por la cual la toma de datos identificativos es estrictamente necesaria.
C.      Sobre la tercera cuestión prejudicial
1.      Sobre la admisibilidad
89.      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2, de esta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite perseguir y condenar de forma autónoma a una persona que se ha negado a someterse a una medida de toma de datos identificativos, aun cuando no haya sido perseguida o condenada por el delito que dio lugar a la medida de toma de datos identificativos.
90.      Según el Gobierno francés, esta cuestión es inadmisible por cuanto la Directiva 2016/680 no contiene normas relativas a un delito por la negativa a someterse a la recogida de datos personales. A su entender, de ello se deduce que esta condena no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva ni, por consiguiente, del Derecho de la Unión.
91.      Además, este Gobierno y la Comisión alegan que el órgano jurisdiccional remitente no indica las razones por las cuales las disposiciones de la Directiva 2016/680 pueden afectar a la condena autónoma.
92.      A este respecto, quisiera recordar que, conforme al artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la petición de decisión prejudicial debe contener la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal. Esa indicación debe permitir al Tribunal de Justicia comprobar, además de la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, su competencia para responder a la cuestión planteada. (52)
93.      Aunque comparto la constatación de que el órgano jurisdiccional remitente no explica de qué manera las disposiciones mencionadas de la Directiva 2016/680 pueden afectar a la condena autónoma, considero que tal relación puede deducirse de todos los elementos obrantes en los autos de que dispone el Tribunal de Justicia, así como de la jurisprudencia, como expondré más adelante.
94.      Asimismo, debo observar que, según reiterada jurisprudencia, cuando no resulta evidente que la interpretación de un acto del Derecho de la Unión no guarda ninguna relación con la realidad o el objeto del litigio principal, como sucede con la Directiva 2016/680 en el presente asunto, la objeción basada en que dicho acto no es aplicable al asunto principal se refiere al fondo de la cuestión prejudicial. (53)
2.      Sobre el fondo
a)      La aplicación de la Directiva 2016/680 a la condena autónoma
95.      En primer lugar, quisiera precisar que la condena autónoma no resulta de la transposición al Derecho francés del artículo 10 de la Directiva 2016/680. En efecto, como señala justificadamente el Gobierno francés, esta Directiva no contiene ninguna disposición al respecto.
96.      Sin embargo, esto no significa forzosamente que la condena autónoma se sitúe fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. (54) En efecto, para que una disposición nacional entre en el ámbito de aplicación de este Derecho, no es necesario que el legislador nacional haya pretendido aplicarlo, sino que es la aplicación concreta de la medida nacional la que caracteriza esta finalidad. (55)
97.      En segundo lugar, el ámbito de aplicación de la Directiva 2016/680 se define en su artículo 2, apartado 1, que establece que esta Directiva «se aplica al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes a los fines establecidos en [su] artículo 1, apartado 1», esto es, en particular, con fines «de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales».
98.      Por consiguiente, esto significa que HW fue condenado debido a que se opuso a un acto que entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2016/680. De este modo, cabe considerar que se ha dado una «tentativa» de tratamiento de datos personales por parte de los oficiales de la Policía judicial y que esta ha fracasado debido a la negativa de HW, siendo así que esta tentativa está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva. (56)
99.      Por último, debo precisar que la condena autónoma solo puede autorizarse si la recogida que pretenden realizar las autoridades competentes, a la que se ha opuesto el interesado, es conforme con los requisitos del artículo 10 de la Directiva 2016/680, en particular el referido a su carácter «estrictamente necesario». Las exigencias que esta Directiva impone al tratamiento de datos que está comprendido en su ámbito de aplicación son, por tanto, un requisito de legalidad de la condena autónoma. (57)
b)      ¿Se opone la Directiva 2016/680 a la condena autónoma?
100. La circunstancia que acabo de mencionar también es, en mi opinión, el único criterio resultante de la Directiva 2016/680 que afecta a la condena autónoma: el juez nacional, antes de declarar a un acusado culpable del delito de negativa a someterse a la toma de datos identificativos, debe asegurarse de que esta toma de datos, si se hubiera producido, habría sido conforme con el artículo 10 de esta Directiva, en relación con sus artículos 4, apartado 1, letras a) a c), (58) y 8, apartados 1 y 2.
101. En cambio, considero que, desde el punto de vista del tenor literal de estas disposiciones de la Directiva 2016/680, así como de sus objetivos, (59) nada impide al legislador nacional disponer la condena de una persona que se haya negado a la toma de datos identificativos, aun cuando esta no haya sido perseguida o condenada por el delito que dio lugar a dicha toma de datos. En efecto, como han mencionado todos los participantes en la vista, el requisito del carácter estrictamente necesario debe apreciarse en el momento en que las autoridades han previsto realizar la toma de datos. Dicho esto, considero que aún es preciso realizar dos puntualizaciones.
102. Por una parte, la autoridad competente sigue estando obligada a apreciar el carácter estrictamente necesario de todo tratamiento posterior de los datos. El hecho de que el interesado no haya sido enjuiciado, en particular, es un criterio pertinente para determinar si la conservación de sus datos es estrictamente necesaria. (60)
103. Por otra parte, considero que la condena autónoma debe examinarse a la luz de los artículos 7, 8 y 49, apartado 3, de la Carta.
c)      Los artículos 7, 8 y 49, apartado 3, de la Carta
104. Según las explicaciones del Gobierno francés, el delito por la negativa a someterse a las operaciones de toma de datos identificativos está específicamente dirigido a tipificar los comportamientos que impiden el correcto desarrollo de una investigación penal.
105. Si bien se trata de un objetivo de interés general reconocido por el Derecho de la Unión, no es menos cierto que la condena autónoma también constituye una injerencia en los derechos garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta. (61) Con arreglo al artículo 52, apartado 1, de la Carta, por tanto, tal condena debe respetar el principio de proporcionalidad.
106. Además, en la medida en que la condena autónoma es una condena penal, también debe tenerse en cuenta el artículo 49, apartado 3, de la Carta, que establece que la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción.
107. En efecto, el respeto del principio de proporcionalidad vincula a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión, incluido en caso de que no exista una armonización de la legislación de la Unión en el ámbito de las sanciones aplicables, y más concretamente cuando adopten sanciones de carácter penal. (62)
108. El principio de proporcionalidad exige, por una parte, que la sanción impuesta refleje la gravedad de la infracción y, por otra, que, al determinar la sanción y fijar el importe de la multa, se tengan en cuenta las circunstancias individuales del caso concreto. (63)
109. Entre estas circunstancias, en mi opinión, deben tenerse en cuenta, en particular, el comportamiento y el perfil del interesado, sus antecedentes penales, la gravedad del delito que justificaba la recogida de sus datos y el contexto de la condena autónoma.
110. Por lo que respecta a este último aspecto, según ha confirmado el Gobierno francés en la vista, el delito por la negativa a someterse a la toma de datos identificativos, si es admitido, se enjuicia al mismo tiempo que el delito «principal». En el asunto principal, en efecto, parece que la absolución por la participación en una manifestación no autorizada y la condena por la negativa a someterse a la toma de datos identificativos se pronunciaron simultáneamente en la sentencia del tribunal correctionnel de Paris (Tribunal de lo Penal de París) de 8 de septiembre de 2021.
111. En estas condiciones, procede observar que, si bien la condena por la negativa a someterse a la toma de datos identificativos podrá contribuir al correcto desarrollo de procedimientos futuros, especialmente en caso de reincidencia, no contribuye, no obstante, al correcto desarrollo del procedimiento en curso.
112. Por último, el hecho de que el interesado no haya sido condenado por el delito principal también debe tomarse en consideración para determinar la severidad de la sanción por la negativa a someterse a la toma de datos identificativos. A este respecto, quisiera señalar que, según las explicaciones del Gobierno francés, cuando una resolución absolutoria adquiere firmeza, las huellas y la información relacionadas se borran.
113. Por consiguiente, propongo responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con sus artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional que permite perseguir y condenar de forma autónoma a una persona que se ha negado a la toma de datos identificativos, aun cuando esta última no haya sido perseguida o condenada por el delito que dio lugar a la medida de toma de datos identificativos, siempre que esa toma de muestras —de producirse— hubiera sido conforme con los requisitos resultantes de estos artículos.
V.      Conclusión
114. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) de la siguiente manera:
«El artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, en relación con sus artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8, apartados 1 y 2,
debe interpretarse en el sentido de que
–        no se opone a una normativa nacional que permite recoger los datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer el delito, siempre que dicha normativa imponga a la autoridad competente la obligación de apreciar el carácter estrictamente necesario de cada recogida;
–        se opone a una normativa nacional que no establece la obligación de que la autoridad competente motive de forma adecuada, en cada caso, la razón por la cual es estrictamente necesario realizar la toma de datos identificativos;
–        no se opone a una disposición nacional que permite perseguir y condenar de forma autónoma a una persona que se ha negado a la toma de datos identificativos, aun cuando esta última no haya sido perseguida o condenada por el delito que dio lugar a la medida de toma de datos identificativos, siempre que esa toma de muestras —de producirse— hubiera sido conforme con los requisitos resultantes de estos artículos de la Directiva 2016/680.»
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO 2016, L 119, p. 89).
3      Sentencia de 26 de enero de 2023 (C‑205/21, en lo sucesivo, «sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I», EU:C:2023:49).
4      El Tribunal de Justicia concluyó, en el apartado 135 de la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, que las disposiciones controvertidas de la Directiva 2016/680 se oponen a tal recogida sistemática.
5      A tenor del artículo 3, punto 13, de la Directiva 2016/680, las imágenes faciales o los datos dactiloscópicos constituyen datos biométricos.
6      El órgano jurisdiccional remitente emplea este término no solo en esta cuestión, sino también en la motivación de la resolución de remisión (véase el punto 16 de las presentes conclusiones). Sin embargo, no proporciona ninguna explicación sobre el uso de esta palabra.
7      Ante el órgano jurisdiccional remitente, HW ha alegado que, a 1 de enero de 2020, estaban registradas en el fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) (fichero automatizado de huellas dactilares) las huellas dactilares de más de 6,5 millones de personas.
8      Sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil) (C‑548/21, en lo sucesivo, «sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck», EU:C:2024:830), apartado 53 y jurisprudencia citada.
9      Véase, en particular, la sentencia de 28 de noviembre de 2023, Commune d’Ans (C‑148/22, EU:C:2023:924), apartado 31.
10      Véase el punto 15 de las presentes conclusiones.
11      Este órgano jurisdiccional indicó (apartado 78 de la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I), que «son dolosos la gran mayoría de los delitos previstos en el Código Penal [búlgaro] y casi todos son públicos» y que «de conformidad con las normas del procedimiento penal búlgaro, una persona será investigada cuando concurran suficientes elementos de prueba de que […] es culpable de haber cometido un delito público».
12      El subrayado es mío.
13      Véanse los puntos 25 y 26 de las presentes conclusiones.
14      Si bien estos «reglamentos internos de dichos registros» de Policía no figuran en la resolución de remisión, el Gobierno francés ha proporcionado una explicación detallada de estos en sus observaciones escritas.
15      Entre los datos sensibles contemplados en el artículo 10 de la Directiva 2016/680 figuran, en particular, los «datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física».
16      Sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 116 y jurisprudencia citada.
17      Sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 117.
18      Sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 118.
19      Sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 121.
20      Véase, en este sentido, la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartados 122 a 125.
21      Véase la sentencia de 30 de enero de 2024, Direktor na Glavna direktsia Natsionalna politsia pri MVR — Sofia (C‑118/22, EU:C:2024:97), apartado 41 y jurisprudencia citada.
22      Sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 126.
23      Sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 127.
24      Sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 132.
25      Sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, apartado 97.
26      Debo observar que la Directiva 2016/680 emplea los términos «fines» (entre otros, en los artículos 1, apartado 1, 4, apartado 1, y 8) y «objetivos» (en el artículo 8, apartado 2). Como observó el Abogado General Pitruzzella en sus conclusiones presentadas en el asunto Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía) (C‑205/21, EU:C:2022:507), punto 56, la distinción entre «fines» y «objetivos» no es evidente. Dicho esto, los fines de una recogida son, según este, los establecidos en el artículo 1, apartado 1, de esta Directiva [véase también, en el mismo sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Fines del tratamiento de datos personales — Instrucción penal) (C‑180/21, EU:C:2022:967), apartados 43 y 44]. En cuanto a los objetivos, mencionados en el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva, son más específicos y deben ser precisados por la normativa nacional comprendida en el ámbito de aplicación de esta.
27      Véase, también, la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Fines del tratamiento de datos personales — Instrucción penal) (C‑180/21, EU:C:2022:967), apartado 55.
28      Véase, por lo que respecta al tratamiento de datos biométricos en el marco de otros procedimientos, la sentencia de 30 de enero de 2024, Direktor na Glavna direktsia Natsionalna politsia pri MVR — Sofia (C‑118/22, EU:C:2024:97), apartado 56.
29      Véase el punto 16 de las presentes conclusiones.
30      El Gobierno francés se basa en unas disposiciones del Derecho francés que no figuran en la resolución de remisión, pero que parecen guardar relación con los «reglamentos internos de dichos registros», mencionados en el párrafo segundo del artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal (véase la nota 14 de las presentes conclusiones).
31      Sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 131.
32      Sentencia de 8 de julio de 2010, Sjöberg y Gerdin (C‑447/08 y C‑448/08, EU:C:2010:415), apartado 49.
33      Véanse, en este sentido, las sentencias Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 83 y Bezirkshauptmannschaft Landeck, apartado 100.
34      Véanse, en este sentido, la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 84.
35      Sentencias de 16 de marzo de 1978, Oehlschläger (104/77, EU:C:1978:69), apartado 4, y de 7 de noviembre de 2024, ERB New Europe Funding II (C‑178/23, EU:C:2024:943), apartado 21 y jurisprudencia citada.
36      Véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 18 de abril de 2013, M. K. c. Francia (CE:ECHR:2013:0418JUD001952209), § 41. La normativa francesa examinada en este asunto es la equivalente del artículo R. 40‑38‑2, apartado 3, del Código de Procedimiento Penal, que es pertinente, según el Gobierno francés, para los objetivos del presente asunto (véase la nota 14 de las presentes conclusiones).
37      Véase el punto 37 de las presentes conclusiones. Véanse, asimismo, las conclusiones del Abogado General Richard de la Tour presentadas en el asunto Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos) (C‑57/23, EU:C:2025:132), punto 43, en cuyo marco comparó la legislación checa examinada en dicho asunto —que establece que las autoridades de Policía solo disponen de la facultad de llevar a cabo una recogida—, y la normativa búlgara controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I.
38      Véanse las conclusiones del Abogado General Richard de la Tour presentadas en el asunto Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos) (C‑57/23, EU:C:2025:132), punto 44. Contrariamente a la normativa francesa en cuestión en el presente asunto (véanse los puntos 66 y 67 de las presentes conclusiones), el Abogado General Richard de la Tour destacó que la legislación checa no impone a las autoridades competentes la obligación de apreciar el carácter estrictamente necesario de recoger datos biométricos de los interesados.
39      Véase la sentencia de 28 de noviembre de 2024, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos II) (C‑80/23, en lo sucesivo, «sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti II», EU:C:2024:991), apartado 57.
40      Estas disposiciones fueron adoptadas mediante la ordonnance n° 2018‑1125 (Decreto Legislativo n.º 2018‑1125), de 12 de diciembre de 2018 (artículo 1). Debo señalar, no obstante, que dichas disposiciones no se reproducen en la resolución de remisión.
41      Sentencias de 10 de abril de 1984, von Colson y Kamann (14/83, EU:C:1984:153), apartado 26, y de 30 de abril de 2025, Nastolo (C‑370/24, EU:C:2025:300), apartado 43 y jurisprudencia citada. Véase, asimismo, en lo referente a la Directiva 2016/680, la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 133.
42      Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Richard de la Tour presentadas en el asunto Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos II) (C‑80/23, EU:C:2024:513), punto 49. Véase, también, en relación con los requisitos de aplicación y la ejecución efectiva de las disposiciones del Derecho interno, la sentencia de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros (C‑378/07 a C‑380/07, EU:C:2009:250), apartado 164 y jurisprudencia citada.
43      Sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti II, apartado 52.
44      Sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti II, apartado 57.
45      Sentencia de 8 de mayo de 2019, PI (C‑230/18, EU:C:2019:383), apartado 78 y jurisprudencia citada. Véase también la sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, apartado 118.
46      Sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, apartado 119 y jurisprudencia citada. Véase también, en este sentido, el considerando 104 de la Directiva 2016/680.
47      Sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, apartados 120 y 121 y jurisprudencia citada.
48      Sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, apartado 94.
49      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1). Véase, en lo referente al artículo 5, apartado 2, de este Reglamento, entre otras, la sentencia de 27 de febrero de 2025, Amt der Tiroler Landesregierung (C‑638/23, EU:C:2025:127), apartado 33.
50      Sentencia de 28 de julio de 2011, Agrana Zucker (C‑309/10, EU:C:2011:531), apartado 35 y jurisprudencia citada.
51      Véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de mayo de 2019, PI (C‑230/18, EU:C:2019:383), apartados 78 y 91 y jurisprudencia citada, y de 16 de febrero de 2023, HYA y otros (Motivación de las autorizaciones de escuchas telefónicas) (C‑349/21, EU:C:2023:102), apartados 59 a 61.
52      Sentencia de 6 de marzo de 2014, Siragusa (C‑206/13, EU:C:2014:126), apartado 19. Véase, también, la sentencia Ministerstvo na vatreshnite raboti I, apartado 55.
53      Véase la sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, apartado 67 y jurisprudencia citada.
54      Véase, en lo tocante a la transposición en sí misma de las directivas y la aplicación del Derecho de la Unión, la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105), apartado 28.
55      Véase Safjan, M., Düsterhaus, D., y Guérin, A., «La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les ordres juridiques nationaux, de la mise en œuvre à la mise en balance», Revue trimestrielle de droit européen, 2016, p. 221.
56      Véanse, en este sentido, la sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, apartado 77. El Tribunal de Justicia declaró que un intento de acceso a los datos contenidos en un teléfono móvil por parte de las autoridades policiales a fin de realizar una investigación en materia penal está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2016/680. Véase, también, TEDH, sentencia de 22 de junio de 2017, Aycaguer c. Francia (CE:ECHR:2017:0622JUD000880612), en la que este Tribunal consideró, en el apartado 35, que «el demandante no está actualmente inscrito en el [registro policial], dado que se ha negado a someterse a la toma de una muestra de su ADN establecida por ley. Sin embargo, ha sido objeto de una condena penal por este motivo. No se discute que esta condena debe entenderse como una injerencia en el derecho del demandante al respeto de su vida privada en el sentido del artículo 8, apartado 1, del [Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, “CEDH”)]». Aunque soy consciente de que el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión (o incluso el de la Carta) es distinto del CEDH, de esta sentencia se desprende que existe un vínculo estrecho entre la recogida de datos y la condena por la negativa a someterse a esta.
57      Véase, por analogía, la sentencia de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund (C‑682/15, EU:C:2017:373), apartados 41, 63 y 74.
58      Véase, en lo tocante al artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2016/680, la sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, apartado 73.
59      A saber, garantizar un alto nivel de protección de los datos de carácter personal de las personas físicas, así como contribuir a la consecución de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión; véanse, en este sentido, en particular, los considerandos 2, 4, 7 y 15 de la Directiva 2016/680.
60      Véase, en este sentido, la sentencia de 30 de enero de 2024, Direktor na Glavna direktsia Natsionalna politsia pri MVR — Sofia (C‑118/22, EU:C:2024:97), apartado 65 y jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos citada. Véase, también, el concepto de «tratamiento», en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2016/680, que incluye, en concreto, tanto la recogida como la conservación de los datos.
61      Véanse, en este sentido, la sentencia Bezirkshauptmannschaft Landeck, apartados 77 y 95, y TEDH, sentencia de 22 de junio de 2017, Aycaguer c. Francia (CE:ECHR:2017:0622JUD000880612), § 35.
62      Sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo) (C‑205/20, EU:C:2022:168), apartado 31. Véase, también, la sentencia de 4 de mayo de 2023, Agenția Națională de Integritate (C‑40/21, EU:C:2023:367), apartado 49 y jurisprudencia citada.
63      Sentencia de 4 de octubre de 2018, Link Logistik N&N (C‑384/17, EU:C:2018:810), apartados 40 a 42 y 45.