Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 15 de mayo de 2025 (1)
Asunto C‑209/23
FT,
RRC Sports GmbH
contra
Fédération internationale de football association (FIFA)
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht Mainz (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Maguncia, Alemania)]
« Procedimiento prejudicial — Competencia — Mercado interior — Normas adoptadas por asociaciones deportivas internacionales — Fútbol profesional — Federación deportiva mundial — Normas sobre agentes de fútbol — Artículo 101 TFUE, apartado 1 — Concepto de “objeto” contrario a la competencia — Jurisprudencia Meca Medina — Artículo 101 TFUE, apartado 3 — Artículo 102 TFUE — Abuso de posición dominante — Abusos de explotación — Abusos de exclusión — Artículo 56 TFUE — Restricciones a la libre prestación de servicios — Protección de datos personales — Artículo 6, apartado 1, letra f), del Reglamento (UE) 2016/679 »
I.      Introducción
1.        En varios asuntos recientes, a saber, ISU, (2) Superleague, (3) Royal Antwerp (4) y FIFA, (5) el Tribunal de Justicia ha tenido que examinar la compatibilidad de determinadas normas adoptadas por asociaciones deportivas internacionales o nacionales con las disposiciones de la Unión en materia de competencia y mercado interior.
2.        El caso de autos es la continuación natural de esos asuntos. En efecto, el litigio principal versa sobre el reglamento de una federación deportiva internacional que regula las actividades de los agentes de los jugadores (en lo sucesivo, «agentes»). Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que proporcione orientación adicional sobre varios problemas de interpretación relativos a las disposiciones de la Unión en materia de competencia, mercado interior y protección de datos.
3.        Otras dos peticiones de decisión prejudicial plantean cuestiones en gran medida similares, a saber, los asuntos ROGON y otros (C‑428/23) (6) y CD Tondela y otros (C‑133/24), (7) sobre los que presento mis conclusiones en esta misma fecha. Por tanto, las presentes conclusiones deben leerse junto con esas otras conclusiones. En aras de la economía procesal y con el fin de facilitar su lectura, intentaré evitar repeticiones innecesarias en las tres conclusiones y, a tal fin, realizaré una serie de referencias cruzadas entre ellas.
II.    Marco jurídico
4.        De conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos; en lo sucesivo, «RGPD»), (8) titulado «Licitud del tratamiento»:
«1.      El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
[…]
f)      el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales […]
[…]».
III. Hechos, procedimiento y cuestión prejudicial
5.        Los demandantes en el litigio principal son FT, agente de fútbol y vicepresidente de la asociación de agentes de fútbol «Football Forum», y RRC Sports, una sociedad domiciliada en Alemania que también opera como agente de fútbol y de la que FT es administrador. La demandada, la Féderation international de football association (FIFA), es una asociación sin ánimo de lucro que se rige por el Derecho suizo y cuya sede se encuentra en Zúrich (Suiza). Es también el órgano rector del fútbol, que supervisa doscientas once federaciones nacionales miembro, entre ellas el Deutscher Fußball-Bund (Federación Alemana de Fútbol).
6.        Con arreglo a los artículos 11, apartado 4, y 14 de los Estatutos de la FIFA, las asociaciones miembro deberán observar los reglamentos de la FIFA y reconocer sus decisiones.
7.        El 16 de diciembre de 2022, el Consejo de la FIFA adoptó el Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol (en lo sucesivo, «FFAR»), que fue publicado posteriormente el 6 de enero de 2023. Dicho Reglamento establece el marco que regula, en particular, la remuneración, las actividades y el comportamiento de los agentes de fútbol. Los artículos 1 a 10 y 22 a 27 del FFAR entraron en vigor el 9 de enero de 2023. La entrada en vigor de las demás disposiciones se fijó para el 1 de octubre de 2023. En estas normas, el FFAR impone límites a los honorarios de los agentes de fútbol e introduce otras normas sobre conflictos de intereses y sobre condiciones contractuales.
8.        Los demandantes en el litigio principal presentaron una acción de cesación ante el Landgericht Mainz (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Maguncia, Alemania) mediante la cual solicitaron que se prohibiera la aplicación de determinadas normas del FFAR (9) (en lo sucesivo, «normas controvertidas»), ya que infringían los artículos 56 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE, así como el artículo 6 del RGPD. La FIFA sostiene, por su parte, que las normas contenidas en el FFAR son legales y necesarias para la integridad del fútbol, que favorecen la solidaridad entre los niveles profesional y de base y que garantizan la transparencia y las normas éticas.
9.        Al albergar dudas en cuanto a la interpretación correcta de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, el Landgericht Mainz (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Maguncia) decidió suspender el procedimiento y plantear la siguiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia:
«¿Deben interpretarse los artículos 101 [TFUE] (prohibición de prácticas colusorias), 102 TFUE (prohibición de abuso de posición dominante), 56 TFUE (libre prestación de servicios) y 6 del [RGPD] en el sentido de que se oponen a una normativa adoptada por una federación deportiva internacional (en este caso, FIFA), a la que pertenecen 211 federaciones deportivas nacionales de la disciplina deportiva de que se trata (a saber, el fútbol) y cuyos reglamentos son, por tanto, en cualquier caso, vinculantes para la mayoría de los actores que intervienen en las respectivas ligas profesionales nacionales de la disciplina deportiva en cuestión —en el presente asunto, clubes (incluidos los clubes de fútbol organizados como sociedades de capital), futbolistas (que son miembros del club) y agentes de futbolistas—, y con arreglo a la cual:
1)      queda prohibido acordar o pagar una remuneración a los agentes de futbolistas superior a un porcentaje del importe de la indemnización por transferencia o de la remuneración anual del jugador, como establece el artículo 15, apartado 2, del [FFAR];
2)      se prohíbe a terceros abonar a la otra parte contratante del agente de futbolistas los honorarios adeudados en virtud del contrato de representación, como dispone el artículo 14, apartados 2 y 3, del FFAR;
3)      se prohíbe a los clubes pagar más del 50 % de los honorarios totales adeudados por el jugador y el club por los servicios del agente de futbolistas, cuando este ejerce su actividad para la entidad de destino y para el jugador, como se establece en el artículo 14, apartado 10, del FFAR;
4)      para la concesión de una licencia de agente de futbolistas, que es una condición para poder prestar servicios de representación, se exige que el solicitante cumpla la normativa interna de la federación deportiva internacional (en este caso, el FFAR, los Estatutos de la FIFA, el Código Disciplinario de la FIFA, el Código de Ética de la FIFA, el [RSTP FIFA] y los estatutos, reglamentos, directrices y decisiones de los órganos y comités), y se someta a la jurisdicción federativa y la jurisdicción federativa de las confederaciones y federaciones miembro, conforme a lo dispuesto en los artículos 4, apartado 2, 16, apartado 2, letra b), y 20 del FFAR, en relación con los artículos 8, apartado 3, 57, apartado 1, 58, apartados 1 y 2, de los Estatutos de la FIFA, 5, letra a), 49, y 53, apartado 3, del Código Disciplinario de la FIFA, y 4, apartado 2, y 82, apartado 1, del Código de Ética de la FIFA;
5)      se establecen condiciones para la concesión de una licencia de agente de futbolistas, según las cuales la concesión de una licencia queda excluida de forma permanente en caso de condena o acuerdo extrajudicial en un procedimiento penal, o de suspensión de más de dos años, descalificación, retirada de una licencia u otra inhabilitación por parte de una autoridad reguladora o un órgano rector deportivo, sin posibilidad de una concesión posterior de la licencia, como se establece en el artículo 5, apartado 1, letra a), incisos ii) y iii), del FFAR;
6)      se prohíbe a los agentes de futbolistas prestar servicios de representación u otros servicios relacionados con una misma transacción o contrato laboral y ser remunerados por este concepto por: a) la entidad de origen y la entidad de destino, b) la entidad de origen y el jugador, c) todas las partes de una misma transacción (entidad de origen, entidad de destino y jugador), conforme a lo dispuesto en el artículo 12, apartados 8 y 9, del FFAR, o
6 bis) se prohíbe a los agentes de futbolistas y a los agentes de futbolistas vinculados prestar servicios de representación u otros servicios relacionados con una misma transacción o contrato laboral, y ser remunerados por ello, a: a) la entidad de origen y la entidad de destino, b) la entidad de origen y el jugador, c) todas las partes de una misma transacción (entidad de origen, entidad de destino y jugador), si el concepto de agente vinculado comprende una colaboración en el sentido de la definición de “agente de fútbol vinculado” del FFAR [“Definiciones”], como se establece en el artículo 12, apartado 10, del FFAR, en relación con la definición de “agente de fútbol vinculado”, (“Definiciones”), de dicho Reglamento;
7)      se prohíbe a los agentes de futbolistas contactar o celebrar un contrato de representación con una entidad, un jugador […], una asociación miembro de la federación deportiva internacional o una persona jurídica que explota una liga jurídicamente independiente, autorizada a contratar a agentes de futbolistas, que haya celebrado un contrato de representación exclusiva con otro agente, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, letras b) y c), del FFAR;
8)      los nombres y la información detallada de todos los agentes de futbolistas, los nombres de los clientes a los que representan, los servicios de representación que prestan a cada cliente y/o los datos de todas las transacciones en las que participen agentes de futbolistas, incluido el importe de la remuneración adeudada a dichos agentes, deberán subirse a una plataforma de la federación deportiva internacional y serán parcialmente accesibles a las demás entidades, jugadores o agentes de futbolistas, como se establece en el artículo 19 del FFAR;
9)      se prohíbe acordar los honorarios por servicios de representación de cualquier otra forma que no sea exclusivamente sobre la base de la remuneración de un jugador o de la indemnización por transferencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, del FFAR;
10)      cuando, en los veinticuatro meses anteriores o posteriores a una transacción, un agente de futbolistas o un agente de futbolistas vinculado preste otros servicios a un cliente involucrado en dicha transacción, se presumirá que dichos servicios son servicios de representación prestados con arreglo a la transacción y, si la anterior presunción no puede rebatirse, los honorarios abonados por otros servicios se considerarán parte de los honorarios correspondientes a los servicios de representación prestados en relación con dicha transacción, como se establece en el artículo 15, apartados 3 y 4, del FFAR;
11)      solo la remuneración efectivamente percibida por un jugador estará sujeta al abono de los honorarios, que se calcularán de forma prorrateada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, apartados 7 y 12, del FFAR;
12)      los agentes de futbolistas están obligados a facilitar a la federación deportiva internacional la siguiente información:
a)      cualquier contrato suscrito con un cliente que no sea un contrato de representación, incluidos, a título ejemplificativo y no limitativo, los acuerdos relacionados con otros servicios, además de la información solicitada en la plataforma, en un plazo de catorce días a partir de la formalización,
b)      la información solicitada en la plataforma en un plazo de catorce días a partir del pago de los honorarios por los servicios prestados,
c)      la información solicitada en la plataforma en un plazo de catorce días a partir del pago de los honorarios adeudados por cualquier contrato firmado con un cliente que no sea un contrato de representación,
d)      cualquier contrato o acuerdo alcanzado entre agentes de futbolistas para colaborar en la prestación de cualquier servicio o para compartir los ingresos o beneficios por cualquiera de sus servicios de representación, en un plazo de catorce días a partir de darse dicha circunstancia,
e)      si desarrollan su actividad a través de una agencia, el número de agentes de futbolistas que operan a través de la misma agencia para prestar sus servicios y el nombre de todos los empleados, en un plazo de catorce días a partir de la primera transacción en la que esté involucrada la agencia, como se establece en el artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del FFAR;
13)      se prohíbe a los clubes acordar retribuciones o conceptos de remuneración por el traspaso de un jugador con agentes de futbolistas o abonar a estos retribuciones o conceptos de remuneración cuya base de cálculo dependa (también) de las futuras indemnizaciones por transferencia percibidas por el club en concepto de un futuro fichaje del jugador, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 ter, apartado 1, primer supuesto, del [RSTP FIFA] y en el artículo 16, apartado 3, letra e), del FFAR?»
10.      Han presentado observaciones escritas FT, la FIFA y los Gobiernos griego, francés y húngaro, así como la Comisión Europea.
11.      Mediante escrito de 5 de marzo de 2024, el Tribunal de Justicia instó a las partes interesadas, sobre la base del artículo 62, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, a presentar sus observaciones sobre la incidencia de las sentencias ISU, Superleague y Royal Antwerp en la respuesta que debe darse a la cuestión prejudicial planteada en el presente asunto. FT, la FIFA, los Gobiernos griego, francés y húngaro y la Comisión atendieron esta petición.
12.      FT, la FIFA, el Gobierno húngaro y la Comisión presentaron también observaciones orales en la vista celebrada el 12 de febrero de 2025.
IV.    Análisis
13.      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que examine la compatibilidad con el Derecho de la Unión de normas como el FFAR, adoptado por una federación deportiva mundial y que se refiere a la actividad de los agentes de los deportistas. La cuestión prejudicial planteada tiene por objeto la interpretación correcta de cuatro disposiciones de Derecho de la Unión y suscita, por tanto, numerosos problemas jurídicos que deben examinarse por separado.
14.      Antes de iniciar el examen de estos problemas (secciones C, D, E y F), desearía exponer primero algunas observaciones preliminares de carácter sistemático (sección A) y metodológico (sección B).
A.      Observaciones preliminares (I) — aspectos sistemáticos
15.      Antes de nada, estimo oportuno formular tres observaciones preliminares para exponer a los lectores el contexto de las presentes conclusiones (y que pueden ser pertinentes también para los lectores de las otras dos conclusiones mencionadas en el anterior punto 3).
16.      En primer lugar, he de recordar que, según reiterada jurisprudencia, en la medida en que la práctica de un deporte constituya una actividad económica, esa práctica quedará regulada por las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables a tal actividad. (10) En consecuencia, las disposiciones de Derecho de la Unión en materia de libre circulación pueden aplicarse a las normas adoptadas por las asociaciones deportivas para regular el trabajo por cuenta ajena o la prestación de servicios de los jugadores profesionales o semiprofesionales y, más en general, a las normas que, sin regular formalmente ese trabajo o la prestación de dichos servicios, tienen una incidencia directa en tal trabajo o tal prestación de servicios. Además, estas normas y, con carácter más general, el comportamiento de las asociaciones que las han aprobado están sujetos a las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de competencia cuando concurran los requisitos pertinentes de aplicación de esas disposiciones, si estas asociaciones puedan calificarse de «asociaciones de empresas» en el sentido de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE. (11)
17.      No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que deben considerarse ajenas a cualquier actividad económica determinadas normas específicas que, por una parte, hayan sido aprobadas exclusivamente por motivos de orden no económico y que, por otra parte, se refieran a cuestiones que afecten únicamente al deporte como tal. Así sucede, en particular, con las normas relativas a la exclusión de los jugadores extranjeros de la composición de los equipos que participan en competiciones entre selecciones nacionales o al establecimiento de los criterios de clasificación empleados para seleccionar a los atletas que participan en competiciones a título individual. (12)
18.      En mi opinión, esta «excepción deportiva» —que se remonta al asunto pionero Walrave (13) y que ha sido criticada a menudo por la doctrina— (14) debe interpretarse de manera estricta. (15) El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el hecho de que una regla sea puramente deportiva o se aplique únicamente al deporte no implica que esa regla y, a fortiori, la actividad a que se refiere queden excluidas por principio del ámbito de aplicación del Tratado. (16)
19.      En efecto, la «excepción deportiva» no es en modo alguno una verdadera excepción a la aplicación de las disposiciones de la Unión de que se trata, sino simplemente una aplicación de dos principios consolidados.
20.      Conforme al primero de estos principios, las disposiciones de la Unión relativas a la libre circulación y a la competencia tienen por objeto, con carácter general, las actividades económicas y el comercio dentro de la Unión. (17) Por ejemplo, es reiterada jurisprudencia que las actividades que se vinculan al ejercicio de prerrogativas de poder público no tienen carácter económico (18) o que las que se ejercen con carácter solidario y no consisten en ofrecer bienes o servicios a cambio de una remuneración pueden quedar excluidas del ámbito de aplicación de las disposiciones de la Unión en materia de competencia. (19) Así sucede pese al hecho de que pueda derivarse de ellas alguna restricción accesoria de la competencia. (20) El Tribunal de Justicia ha dejado claro, asimismo, que las disposiciones relativas al mercado interior no afectan, en principio, a las medidas que influyen únicamente en aspectos no económicos de la vida de los ciudadanos de la Unión. (21)
21.      Con arreglo al segundo principio, aun cuando no pueda excluirse a priori un cierto efecto indirecto sobre el ejercicio de una actividad económica o sobre el comercio dentro de la Unión, ese efecto sigue careciendo de pertinencia mientras pueda considerarse poco significativo. El Tribunal de Justicia ha señalado reiteradamente que las medidas cuyos efectos sobre el comercio dentro de la Unión son excesivamente inciertos, indirectos, imprecisos, remotos, especulativos o hipotéticos no pueden considerarse «restricciones» en el sentido de las disposiciones de la Unión en materia de libre circulación. (22) El concepto de «restricción» es ciertamente amplio, pero no puede extenderse de forma que comprenda cualquier pequeño inconveniente que afecte al modo de operar de las empresas. (23) Del mismo modo, según reiterada jurisprudencia, un comportamiento de las empresas que no tenga un efecto sensible en el mercado (24) (por ejemplo, porque su influencia en los parámetros de la competencia sea marginal e indirecta) (25) no está comprendido en las prohibiciones establecidas por las normas de la Unión en materia de defensa de la competencia.
22.      A mi juicio, la «excepción deportiva» engloba, en general, las «reglas del juego» básicas y algunos aspectos organizativos de carácter no económico: por ejemplo, la forma en que se celebran los partidos (número de jugadores, duración del partido, formas de conducta autorizadas y no autorizadas en el terreno de juego, requisitos de la vestimenta de los deportistas, etc.) y el modo en que se organizan los torneos (número de equipos participantes, número de partidos por torneo, horario de los partidos, etc.). (26)
23.      Es innegable que la aplicación de estas reglas podría, en teoría, tener algún tipo de impacto en el comercio o en la competencia entre empresas en el mercado interior. (27)
24.      Solo por dar algunos ejemplos, que son evidentemente extremos: no es posible afirmar que el hecho de que los equipos de fútbol solo puedan jugar los partidos con once jugadores cada uno (y no, por ejemplo, con doce o quince) no tenga influencia alguna en la libre circulación de los trabajadores. Un mayor número de jugadores en el campo aumentaría —cabe suponer— la movilidad de los futbolistas dentro de la Unión. (28) De modo similar, se podría llegar a argumentar que la prohibición de que los futbolistas lleven objetos peligrosos (como artículos de joyería) o de que los espectadores de los partidos de fútbol entren en los estadios en estado de embriaguez y de que lleven y enciendan artefactos pirotécnicos podría disuadir a algunas personas de comprar esos bienes e influir así negativamente en las importaciones procedentes de otros Estados miembros. (29)
25.      Del mismo modo, la decisión por la que se limitan los equipos que participan en una liga de fútbol a un número concreto y predeterminado (por ejemplo, dieciocho equipos en la Bundesliga) y por la que solo unos pocos nuevos equipos puedan ascender a primera división al final de la temporada, en virtud de un sistema de promoción desde las divisiones inferiores y de descenso a estas, crea de facto barreras extremadamente elevadas a la entrada en los mercados en los que operan dichos equipos. A su vez, las normas sobre el número máximo de futbolistas que un equipo puede fichar (actualmente, veinticinco en la Bundesliga) podrían entrañar una penalización potencial para ciertos equipos (por ejemplo, los que cuentan con mayores recursos financieros o canteras juveniles más desarrolladas) y limitar así su capacidad de competir con otros equipos. Cabría argumentar también que una medida de ese tipo puede constituir una restricción de la libre circulación de capitales.
26.      No obstante, no es este el tipo de restricciones al que se refieren las disposiciones de la Unión en materia de libre circulación y competencia. (30) Esas disposiciones no tienen por objeto proteger el libre ejercicio de la actividad por parte de los operadores económicos o una liberalización general de los mercados. (31) Persiguen más bien garantizar que el mercado interior funcione conforme al principio de una economía de mercado abierta, en la que el flujo libre y no distorsionado de los productos, servicios y factores de producción asegure una asignación eficiente de los recursos, (32) contribuyendo de este modo al bienestar de las personas que viven en la Unión Europea. (33)
27.      Cuando no exista un impacto apreciable en materias reguladas por el Derecho de la Unión —en el caso de autos, la competencia o el comercio dentro de la Unión— no puede justificarse que el Derecho de la Unión interfiera con las normas adoptadas por asociaciones profesionales o deportivas (34) (denominadas con frecuencia lex sportiva), (35) que han de disfrutar de un cierto grado de autonomía interna (36) y de protección de sus actividades en virtud del artículo 12, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), que consagra la libertad de reunión y de asociación. (37)
28.      Ahora bien, la mera afirmación de que una norma tiene carácter puramente deportivo —es decir, que fue adoptada por razones relacionadas con el deporte y regula aspectos no económicos de la actividad— no basta, como se ha explicado antes, para que quede exenta de control. La posible aplicación de las disposiciones de la Unión en materia de libre circulación y de competencia a dichas normas debe, por tanto, valorarse caso por caso.
29.      En segundo lugar, entiendo que para algunos observadores puede parecer extraño que se apliquen a las mismas medidas, posiblemente de forma acumulativa, tanto las disposiciones de la Unión en materia de libre circulación como aquellas en materia de competencia. Efectivamente, al menos en principio, las primeras se aplican a las restricciones del comercio resultantes de una intervención estatal, mientras que las normas en materia competencia tienen por objeto las distorsiones del mercado derivadas del comportamiento de empresas privadas. (38)
30.      Sin embargo, esta situación inusual es el resultado de que, en determinados ámbitos, las autoridades, ya sean de la Unión o nacionales, pueden decidir abstenerse de regular ciertos aspectos de una actividad económica concreta y dejar a los operadores de mercado afectados la tarea de establecer, a través de organismos autónomos, de federaciones profesionales o de asociaciones que los representen, las normas necesarias y, en su caso, de hacerlas respetar y de resolver potenciales discrepancias. (39) Así sucede necesariamente en los deportes: ha de existir un organismo autónomo que, entre otras cosas, establezca las normas comunes del deporte, decida cuándo se van a celebrar los torneos y los organice. Es impensable que un Estado o una entidad política como la Unión Europea pueda decidir los pormenores de los diversos deportes, como los detalles de la regla del fuera de juego en el fútbol, la altura de las canastas de baloncesto o si en voleibol ha de seguirse el sistema de puntuación por saque o por jugada.
31.      En estas circunstancias, los operadores de mercado pueden, por tanto, presentarse en una doble vertiente: la de una empresa (que compite con otras empresas que operan en el mercado) y la de regulador (que establece las normas en virtud de las cuales se desarrolla la competencia). En tal caso, la compatibilidad con el Derecho de la Unión de las medidas adoptadas por esos operadores de mercado puede examinarse, en su caso, desde la doble perspectiva de la normativa del mercado interior y de la normativa de la competencia. (40)
32.      En tercer lugar, en su sentencia Superleague, el Tribunal de Justicia precisó que el artículo 165 TFUE —que tiene por objeto la acción de la Unión en el ámbito del deporte— no puede invocarse para justificar medidas que infrinjan las normas de la Unión en materia de libre circulación o de competencia. Sin embargo, añadió, asimismo, que las características específicas del deporte, que el artículo 165 TFUE reconoce, «pueden eventualmente tomarse en consideración, entre otros elementos y siempre que resulten pertinentes, a la hora de aplicar [las normas de la Unión en materia de libre circulación y de competencia]». (41)
33.      Esto significa que el artículo 165 TFUE, por sí solo, no puede servir de base para invocar una excepción a dichas normas del Derecho de la Unión. No obstante, los intereses consagrados en el citado artículo pueden, evidentemente, tenerse en cuenta cuando se cumplan los requisitos establecidos en otros preceptos del Derecho de la Unión que prevean exenciones o excepciones: por ejemplo, los relativos a la justificación de las restricciones de la libre circulación, los objetivos legítimos de interés general a efectos de la jurisprudencia Meca Medina o las situaciones en las que puede concederse una exención con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3. Al fin y al cabo, si esos son los valores que la acción de la Unión Europea debe promover en este ámbito, sería absurdo considerarlos irrelevantes a efectos del Derecho de la Unión cuando lo hacen las propias asociaciones deportivas.
34.      Una vez aclarado lo anterior, puedo explicar ahora la metodología que emplearé para llevar a cabo el análisis jurídico de los problemas que suscita la cuestión prejudicial en el presente asunto. He de hacer tres observaciones a este respecto.
B.      Observaciones preliminares (II) — Aspectos metodológicos
35.      En primer lugar, en el presente asunto el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que proporcione orientación sobre la interpretación de cuatro disposiciones distintas del Derecho de la Unión, en relación con un conjunto relativamente detallado de reglamentos adoptados por una federación deportiva mundial, de los que se han señalado catorce normas específicas.
36.      Ante el contexto jurídico y económico bastante complejo en el que se inscriben estos reglamentos, tengo muchas dudas a la hora de ofrecer una apreciación nítida y definitiva sobre la compatibilidad de esas medidas con el Derecho de la Unión. A mi parecer, es preciso que las partes proporcionen al órgano jurisdiccional remitente aclaraciones adicionales acerca de una serie de elementos de hecho y de Derecho para obtener una comprensión plena de los mecanismos jurídicos establecidos por el FFAR y su repercusión en las actividades económicas de los operadores de mercado afectados (sobre todo, los agentes de fútbol y los clubes de fútbol).
37.      A este respecto, procede recordar que, en el marco del procedimiento contemplado en el artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, el papel de este último se limita, en principio, a la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión sobre las cuales se le pregunta. Por consiguiente, no incumbe en general al Tribunal de Justicia, sino al órgano jurisdiccional remitente, aplicar esas disposiciones en el litigio del que conoce.
38.      Dicho esto, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse en el marco de una remisión prejudicial, puede, evidentemente, aportar, basándose en los autos que obran en su poder, precisiones destinadas a orientar al órgano jurisdiccional remitente en su interpretación para que este pueda resolver el litigio. El hecho de que, en algunos casos, el Tribunal de Justicia esté dispuesto a ejercer la función que le incumbe en virtud del artículo 267 TFUE de manera expansiva, a fin de asistir lo mejor posible a los órganos jurisdiccionales remitentes o simplemente porque estima necesario dictar una sentencia de principio y acepte así dar una respuesta específica para los hechos del asunto no puede considerarse indicativo de que el Tribunal de Justicia lo hará y, menos aún, de que esté obligado a hacerlo habitualmente. (42) En otras palabras, el Tribunal de Justicia puede dar respuestas sobre el resultado de asuntos específicos, pero no tiene obligación de hacerlo. Como ya he explicado, considero que el caso de autos no se presta a ser un asunto en el que el Tribunal de Justicia dé una respuesta tan específica que deje al órgano jurisdiccional remitente sin margen de maniobra (outcome case). (43)
39.      En segundo lugar, estimo que, para facilitar la apreciación jurídica, las normas citadas en la cuestión prejudicial pueden dividirse en las cinco categorías siguientes, en función de su objeto y finalidad:
–        las relativas a la remuneración de los agentes, como la norma del «límite máximo de los honorarios de los servicios», la norma de que «el cliente paga», la norma del «pago del 50 %», la norma del «cálculo del límite máximo», la norma que establece una «presunción», la norma del «salario efectivamente percibido» y la norma de la «transferencia futura» (puntos 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 13 de la cuestión prejudicial);
–        las normas que tienen por objeto la licencia de agente, como la que se refiere al «cumplimiento de la normativa» y la relativa a los «requisitos» (puntos 4 y 5 de la cuestión prejudicial);
–        las que tienen por objeto la representación múltiple (puntos 6 y 6 bis de la cuestión prejudicial);
–        las relativas a la toma de contacto (punto 7 de la cuestión prejudicial), y
–        las referentes a la presentación y divulgación de información, como la norma de «transparencia» y la de «divulgación» (puntos 8 y 12 de la cuestión prejudicial).
40.      En tercer lugar, por motivos de economía procesal, no me detendré en aspectos que, sobre la base de una jurisprudencia consolidada, son, en mi opinión, bastante sencillos. En particular, en mi opinión, normas como las controvertidas, (i) a la luz de su objeto, finalidades y efectos en la actividad económica de los agentes, clubes y futbolistas, no pueden considerarse comprendidas en la mencionada «excepción deportiva»; (44) (ii) constituyen «decisiones de asociaciones de empresas» en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, (45) y (iii) pueden tener efecto en el comercio dentro de la Unión a efectos de las disposiciones de la Unión en materia de libre circulación y de competencia. (46)
41.      Asimismo, las partes han planteado en sus observaciones algunas cuestiones bastante complejas, aunque no se indicaron en la petición de decisión prejudicial o no parecen tener una importancia fundamental para resolver el litigio del que conoce el órgano jurisdiccional remitente. Sobre tales cuestiones, expondré algunas consideraciones que creo que podrían ser útiles para el órgano jurisdiccional remitente, sin entrar, no obstante, en un examen exhaustivo, que iría más allá del ámbito del presente asunto.
42.      A la luz de las consideraciones precedentes, examinaré a continuación la compatibilidad de normas como las controvertidas con las disposiciones de la Unión citadas en la cuestión prejudicial.
C.      Artículo 101 TFUE
43.      La primera disposición que el órgano jurisdiccional remitente analiza en su resolución de remisión es el artículo 101 TFUE. El órgano jurisdiccional remitente observa que parece, prima facie, que algunas de las normas del FFAR pueden restringir la competencia entre los agentes o entre los clubes de fútbol y, por ello, parecen estar comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada disposición del Tratado.
44.      Estoy de acuerdo. A mi juicio, está bastante claro que varias de esas normas (por ejemplo, las relativas a la remuneración o a los requisitos de licencia) pueden producir, en principio, efectos restrictivos en los mercados de referencia, impidiendo a los agentes o a los clubes de fútbol competir libremente en ciertos aspectos.
45.      En consecuencia, a fin de determinar si el artículo 101 TFUE se opone a esas normas, el órgano jurisdiccional remitente deberá abordar, en síntesis, los aspectos que se indican a continuación.
1.      Estructura del análisis
46.      En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente ha de comprobar si dichas normas crean una restricción de la competencia «por el objeto». En caso de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que así es, no necesitaría examinar los efectos reales o potenciales de tales normas en el mercado. De hecho, tales normas estarían prohibidas, a menos que pudieran acogerse a la exención del artículo 101 TFUE, apartado 3.
47.      En los puntos 23 a 45 de mis conclusiones CD Tondela, examiné pormenorizadamente el concepto de restricción «por el objeto» y la forma en que debe examinarse esa restricción (a saber, los elementos pertinentes para el análisis y el enfoque que ha de adoptarse para ello). En aras de la economía procesal, remito a los lectores a dichos puntos.
48.      En segundo lugar, en caso de que las normas en cuestión no tengan un objeto contrario a la competencia, el órgano jurisdiccional remitente tendrá que examinar si, con todo, tienen efectos anticompetitivos y, de ser así, si esos efectos pueden justificarse sobre la base de la «jurisprudencia Meca Medina».
49.      Cabe recordar que esta es la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, procedente de la sentencia Wouters, se ha aplicado posteriormente a las actividades relacionadas con el deporte, primero en el asunto Meca Medina y más recientemente en las sentencias ISU, Superleague y Royal Antwerp, así como en otras posteriores. (47) En esencia, la jurisprudencia Meca Medina deja claro que los acuerdos que restringen la libertad de acción de las empresas participantes no están comprendidos en la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, si (i) están justificados por perseguir uno o varios objetivos legítimos de interés general que no sean, en sí mismos, contrarios a la competencia; (ii) los medios concretos empleados para perseguir estos objetivos son realmente necesarios para ello, y, (iii) aunque se concluya que estos medios tienen por efecto inherente restringir o falsear, cuando menos potencialmente, la competencia, este efecto inherente no va más allá de lo necesario, en particular eliminando toda competencia.
50.      En los puntos 21 a 53 de mis conclusiones ROGON, he examinado detalladamente el origen, la lógica y el alcance de esa jurisprudencia. Por razones de economía procesal, también sobre este extremo remito a los lectores a dichos puntos.
51.      En tercer lugar, en caso de que las normas controvertidas constituyan una restricción «por el objeto» o, con carácter subsidiario, no puedan justificarse sobre la base de la jurisprudencia Meca Medina, el órgano jurisdiccional remitente deberá dilucidar si dichas normas pueden acogerse a una exención con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3. Conforme a esta disposición, las prohibiciones establecidas en el artículo 101 TFUE, apartado 1, pueden ser declaradas inaplicables a los comportamientos que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico y que reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, siempre que concurran determinados requisitos.
52.      Como se ha indicado en los puntos 35 a 37 de las presentes conclusiones, estas apreciaciones incumbirán al órgano jurisdiccional remitente. No obstante, con el fin de ayudar a dicho órgano jurisdiccional, examinaré cada una de las fases del análisis en relación con las normas controvertidas.
2.      Normas sobre la remuneración de los agentes
53.      Las cinco normas relativas a la remuneración de los agentes mencionadas en la resolución de remisión establecen, en esencia, un sistema en virtud del cual, (i) por los servicios relacionados con la transferencia de futbolistas, los agentes no pueden percibir una remuneración superior a un límite máximo que se calcula como un porcentaje de la compensación por transferencia o del salario anual efectivamente abonado al futbolista; (ii) los agentes solo pueden ser remunerados por los futbolistas o por los clubes que los contratan; (iii) los clubes no pueden pagar más del 50 % de la remuneración total adeudada por el futbolista y por el club cuando un agente actúa en nombre del club de destino y del futbolista, y (iv) se presume (iuris tantum) que otros servicios prestados por el mismo agente o por un agente vinculado, en los veinticuatro meses anteriores o posteriores a la prestación de los servicios principales, forman parte de esos servicios principales y, en consecuencia, la remuneración por esos otros servicios forma parte de la remuneración pagada por los servicios principales del agente.
54.      He de señalar, desde un principio, que, entre las normas citadas en la resolución de remisión, las relativas a la remuneración de los agentes pueden ser las que requieran un análisis más cuidadoso y más profundo por parte del órgano jurisdiccional remitente. A continuación, explicaré por qué.
55.      En primer lugar, analizaré si las normas controvertidas deben considerarse restrictivas «por el objeto» en el sentido del artículo 101 TFUE.
56.      Es bien sabido que los acuerdos (48) sobre precios entre competidores se consideran en general de los más perjudiciales desde el punto de vista de la competencia. No obstante, en el presente asunto hay más elementos que considerar, aparte del hecho obvio de que —como ponen de manifiesto claramente asuntos como DLG, Budapest Bank y Super Bock—, (49) aun cuando un acuerdo esté comprendido en esa categoría (bastante amplia), es preciso examinarlo de modo específico, a la luz de su contenido, de su contexto económico y jurídico y de sus objetivos, para clasificarlo como contrario a la competencia. En efecto, aunque las normas en cuestión pueden tener un doble impacto, sobre la competencia entre agentes y sobre la competencia entre clubes de fútbol, en ninguno de estos casos resultan evidente la naturaleza y la magnitud de dicho impacto. Hay varias razones que respaldan esta opinión.
57.      Para empezar, huelga señalar que los acuerdos sobre precios entre competidores no pueden considerarse una categoría suficientemente homogénea a efectos del artículo 101 TFUE, apartado 1. (50) Esta categoría es demasiado amplia e incluye una diversidad de acuerdos cuyos efectos en la competencia no son en absoluto similares. Es importante señalar, en este sentido, que las normas controvertidas no establecen ni recomiendan precios fijos o mínimos ni se refieren en modo alguno a ellos. (51) En efecto, introducen un mecanismo que afecta al cálculo de la tarifa máxima de los honorarios que los agentes pueden cobrar por determinados tipos de servicios.
58.      Este elemento es importante. En particular, el perjuicio a los consumidores no es tan obvio, ya que la competencia entre agentes a través de la reducción de precios (sin duda una de las formas más eficaces de competencia) continúa siendo perfectamente posible. (52) Además, un sistema que permite calcular los honorarios máximos adeudados por un servicio determinado podría subsanar, en algunos casos, las situaciones en las que exista una asimetría significativa en conocimientos especializados e información entre las partes de un contrato de servicios complejo. (53) En efecto, cabe observar que la práctica administrativa y judicial, (54) así como la doctrina jurídica y económica (55) discrepan en torno al carácter intrínsecamente perjudicial de los acuerdos sobre precios máximos.
59.      Es cierto que pueden existir casos en los que ese tipo de acuerdos lleven al prestador de servicios a limitar su producción o inversión en investigación, innovación o mejora de la calidad. No cabe descartar, por otra parte, que los acuerdos sobre precios máximos conduzcan de facto a una colusión (expresa o tácita) sobre precios mínimos o fijos. Sin embargo, no cabe presumir que estas situaciones probablemente ocurren en la mayoría de los casos y, menos aún, en todos ellos. En el presente asunto, no observo nada en los autos que pueda respaldar, en esta fase, esa conclusión respecto a los agentes.
60.      Además, dudo también en suscribir la opinión de la Comisión de que esas normas son equivalentes a un «cártel de compras» por parte de los clubes de fútbol. Dicho claramente: obviamente no niego que determinados acuerdos entre competidores que, teniendo un poder de mercado significativo, deciden cooperar para explotar a sus proveedores (que normalmente son más pequeños o más débiles económicamente) puedan tener un objeto contrario a la competencia. Así se desprende del tenor de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. (56) Una jurisprudencia consolidada tanto de los tribunales de la Unión (57) como de los órganos jurisdiccionales extranjeros parece corroborar esta tesis. (58)
61.      No obstante, una vez más, no sucede así necesariamente en la mayoría de los casos. En efecto, en algunas circunstancias, la «comunidad antimonopolio» (si se me permite la expresión) ha considerado que los acuerdos entre compradores son «beneficiosos para la sociedad [como cuando] los acuerdos de compra conjunta entre pequeños compradores les [permiten] beneficiarse de ahorros de costes, que son trasladados a los consumidores mediante unos precios más bajos». (59) En términos más generales, una reciente nota de la OCDE sobre este tema constató «[un cierto] escepticismo [por parte de las autoridades] acerca de que el [poder de compra] perjudique a los consumidores o la eficiencia económica», que «en ocasiones se afirma que el poder de compra favorece la competencia, en especial en el contexto del control de concentraciones», y que «el nivel adecuado de control del poder de compra es actualmente objeto de debate». (60)
62.      Y, lo que es más importante, el «cártel de compras» típico —al menos el que la Comisión considera una restricción por el objeto— es un acuerdo que pretende «exprimir» a los proveedores que negocian individualmente con los diversos compradores sin ser conscientes de que las negociaciones no se llevan a cabo de forma independiente y de buena fe, sino que han sido amañadas mediante la colusión de los compradores. (61) En el caso de autos, las normas de que se trata son públicas y transparentes y no parecen dirigidas a menoscabar las negociaciones individuales que tienen lugar en el mercado. Así pues, las normas en cuestión parecen aproximarse más, en cierto modo, al «acuerdo de compra conjunta» habitual, en el que se deja «claro a los proveedores que las negociaciones se llevan a cabo en nombre de sus miembros y que los miembros estarán vinculados por las condiciones acordadas para sus compras individuales». (62) En efecto, a mi entender, la FIFA oyó a varios agentes y asociaciones de agentes en el procedimiento que dio lugar a la adopción del FFAR. En función de las circunstancias concretas del caso, los acuerdos de compra conjunta pueden ser o no problemáticos a efectos del Derecho de la competencia. (63)
63.      Además —y este punto es, a mi juicio, de suma importancia—, las normas controvertidas no fijan un nivel máximo específico obligatorio de honorarios. De hecho, no existe un tope máximo que los honorarios de los agentes no puedan superar. Las normas controvertidas únicamente exigen que los honorarios estén vinculados al coste de la transferencia o al salario del futbolista que recibe la asistencia del agente y establecen un porcentaje máximo sobre estos parámetros. Ahora bien, dado que no existe un límite máximo para estos dos parámetros y que los clubes de fútbol pueden competir y de hecho compiten a la hora de fichar nuevos futbolistas ofreciendo mayores compensaciones por transferencia a los clubes de origen y salarios más elevados a los jugadores, también los honorarios de los agentes pueden, en consecuencia, incrementarse sin un límite superior que actúe como una restricción. Esta es la razón por la que, en el presente procedimiento, algunas de las partes se han referido al límite máximo establecido en el FFAR como un precio máximo dinámico.
64.      Por consiguiente, en mi opinión, no es fácil concluir que las normas controvertidas constituyan una restricción por el objeto atribuyéndolas a una categoría de acuerdos que, sobre la base de la experiencia, se considera de manera general intrínsecamente perjudicial para la competencia. Esta conclusión requeriría, en su caso, un análisis más exhaustivo de las particularidades de las normas, del contexto jurídico y económico en el que se aplican y, por último, pero no menos importante, de los propios objetivos perseguidos por dichas normas. (64) En caso de que haya disponibles documentos (públicos o internos) de la FIFA o de sus miembros, estos podrían quizás arrojar más luz sobre el fundamento económico de las normas en cuestión y la intención subjetiva perseguida con ellas. (65) En particular, el objetivo de evitar honorarios que la FIFA o sus miembros consideren injustos o no razonables (66) resulta, a primera vista, problemático. En cambio, la finalidad real de evitar conflictos de intereses o abusos por parte de los agentes podría servir para excluir la existencia de un objeto contrario a la competencia.
65.      Por lo que respecta a los efectos reales o potenciales de tales normas, mi opinión preliminar es que no es posible excluir ciertos efectos sobre la competencia entre clubes o entre agentes. Por tanto, el órgano jurisdiccional remitente tendrá que realizar un análisis de contraste, valorando, en esencia, si la competencia entre los agentes o entre los clubes de fútbol habría sido más intensa si no hubieran existido las normas controvertidas. En otras palabras, ¿limitan dichas normas, de forma sensible, la capacidad y los incentivos de esos operadores de mercado de competir con sus rivales?
66.      En lo que atañe a la competencia entre los agentes, el órgano jurisdiccional remitente puede decidir comprobar, en particular, si es probable que, como consecuencia de las normas controvertidas, un número significativo de agentes se vea inducido a limitar sus servicios (por ejemplo, rechazando representar a futbolistas que no sean suficientemente rentables, a causa de una menor compensación por transferencia o remuneración) o a disminuir la inversión en las actividades de investigación e innovación que sean pertinentes para su profesión. En este contexto, considero importante tener en cuenta que las normas controvertidas solo se aplican a un tipo de servicios prestados por los agentes. En efecto, la remuneración por los servicios correspondientes a otras actividades de asesoramiento y de representación que presten los agentes puede negociarse libremente entre las dos partes, pues no está comprendida en el ámbito de aplicación del FFAR. La presunción establecida en el artículo 15, apartados 3 y 4, del FFAR no constituye, a mi juicio, un obstáculo real a este respecto, ya que, a la luz de las explicaciones proporcionadas por la FIFA, parece fácilmente refutable.
67.      En lo que se refiere a la competencia entre clubes de fútbol, el órgano jurisdiccional remitente podría preguntarse si el hecho de que, en virtud de las normas controvertidas, los clubes no puedan, por ejemplo, (i) ofrecer mayores honorarios al agente del futbolista o, (ii) en caso de que el agente trabaje en representación del club y del futbolista, ofrecer pagar un porcentaje de los honorarios superior al 50 % puede tener un efecto apreciable en la competencia. (67)
68.      En caso de que dicho órgano jurisdiccional estime que esas normas pueden producir un efecto real o potencial contrario a la competencia entre clubes o entre agentes, tendrá que comprobar a continuación si pueden estar justificadas a la luz de la jurisprudencia Meca Medina. Efectivamente, por las razones que he explicado en mis conclusiones ROGON, opino que una federación deportiva nacional o internacional (como la FIFA) debe considerarse, en principio, facultada para adoptar normas que puedan incidir en las actividades de los agentes, siempre que persigan un objetivo de interés general. (68) Dicho esto, en el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente ha de examinar, evidentemente, si cada norma o conjunto de normas cumple los requisitos establecidos en esa jurisprudencia.
69.      En la primera fase del examen, el órgano jurisdiccional remitente debe verificar, en particular, cuáles son los objetivos específicos perseguidos por las normas controvertidas y si esos objetivos son merecedores de protección con arreglo al Derecho de la Unión. Procede señalar a este respecto que, en el presente procedimiento, la FIFA invoca una pluralidad de intereses que supuestamente protege el FFAR. No obstante, lo que importa es la contribución real de cada norma o conjunto de normas a la protección de uno o varios intereses específicos de entre los invocados.
70.      Además, mientras que algunos de los intereses invocados están claramente comprendidos en el concepto de «objetivos legítimos de interés general», en otros esto no es tan evidente, en mi opinión. Un simple interés económico de los operadores del mercado (la propia federación, los clubes de fútbol, los deportistas o los agentes) no puede justificar, por sí solo, restricciones a la competencia al amparo de la jurisprudencia Meca Medina. Ha de existir un interés general no económico que coincida con el interés económico privado de los operadores del mercado o que esté protegido en relación con este último. Por ejemplo, preservar la salud de los deportistas o prevenir las prácticas abusivas, fraudulentas o contrarias a la ética (incluidos los conflictos de intereses) en relación con los deportistas (especialmente los jóvenes) son, sin duda, objetivos de interés general.
71.      Por otra parte, si los intereses supuestamente protegidos permiten que el «ecosistema» deportivo funcione de acuerdo con los principios consagrados en el artículo 165 TFUE, también puede apreciarse la existencia de un objetivo de interés general. Por ejemplo, en determinadas circunstancias, puede constituir un objetivo de este tipo el mantenimiento de la estabilidad contractual. (69) Sin embargo, muy probablemente sería necesaria una explicación detallada de por qué unos objetivos que se formulan de manera un tanto imprecisa (como «garantizar la calidad de los servicios prestados por los agentes de los futbolistas a sus clientes») o que pueden ser problemáticos en ciertos aspectos (como «mejorar la transparencia financiera y administrativa») (70) han de reconocerse como objetivos de interés general.
72.      En la segunda fase del examen, el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar, en particular, si las normas controvertidas eran realmente necesarias para proteger el interés general invocado. Esto implica examinar principalmente tres aspectos que están estrechamente relacionados, a saber, si las normas controvertidas (i) se adoptaron en respuesta a una necesidad objetiva de perseguir determinados objetivos; (ii) reflejaban verdaderamente el empeño de garantizar el logro de esos objetivos de forma coherente, y (iii) eran adecuadas para alcanzar tales objetivos, en el sentido de que parecían idóneas para contribuir significativamente a su consecución.
73.      Por poner un ejemplo: si las normas controvertidas son razonablemente necesarias (71) para garantizar que los agentes presten sus servicios en el mejor interés de sus clientes (y, por tanto, no se vean influidos de modo indebido por ofertas que resulten económicamente interesantes para ellos, pero no necesariamente para sus clientes) o para garantizar una cierta igualdad de condiciones entre los equipos a la hora de fichar a nuevos futbolistas (evitando así un poder «comprador» excesivo de los equipos más ricos), dichas normas controvertidas serían, a mi juicio, admisibles. No sucede así, naturalmente, en caso de que tales normas persigan, ante todo, limitar los costes que los clubes han de soportar por los servicios de los agentes.
74.      Para aplicar la tercera y última parte del examen de la sentencia Meca Medina, es posible que el órgano jurisdiccional remitente tenga que centrarse, en particular, en dos aspectos, a saber, (i) si existen otras medidas que, con la misma capacidad para alcanzar el objetivo perseguido, sean menos restrictivas de la competencia y (ii) si las normas controvertidas tienen una repercusión excesiva en las libertades económicas de los agentes.
75.      En caso de que el órgano jurisdiccional remitente estime que las normas controvertidas persiguen un objetivo contrario a la competencia o tienen efectos restrictivos que no cumplen el criterio de la sentencia Meca Medina, se suscita la cuestión de si puede concederse una exención con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3, para todas o algunas de esas normas. De conformidad con el artículo 101 TFUE, apartado 3, han de concurrir cuatro requisitos acumulativos. (72)
76.      En primer término, debe demostrarse con un grado suficiente de probabilidad que el acuerdo en cuestión permite que se obtengan incrementos de eficiencia, contribuyendo a mejorar la producción o la distribución de los productos o servicios de que se trate o a fomentar el progreso técnico o económico. En segundo término, debe demostrarse, con ese mismo grado de probabilidad, que se reserva a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante de esos incrementos de eficiencia. En tercer término, el acuerdo en cuestión no debe imponer a las empresas participantes restricciones que no sean indispensables para alcanzar esos incrementos de eficiencia. En cuarto término, ese acuerdo no debe ofrecer a las empresas participantes la posibilidad de eliminar toda competencia efectiva respecto de una parte sustancial de los productos o servicios de que se trate.
77.      Dado que el órgano jurisdiccional remitente no plantea ninguna cuestión específica respecto al artículo 101 TFUE, apartado 3, trataré este punto de forma concisa formulando dos observaciones.
78.      Mi primera observación versa sobre los distintos requisitos que un acuerdo debe cumplir conforme a la jurisprudencia Meca Medina y con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3. Un análisis completo de este tema fascinante, aunque complejo, requeriría una exposición prolongada que parece innecesaria en el caso de autos. Así pues, solo expondré las reflexiones siguientes.
79.      Por un lado, el ámbito de aplicación material de la jurisprudencia Meca Medina es más reducido que el del artículo 101 TFUE, apartado 3: mientras que, en virtud de dicha jurisprudencia, un acuerdo solo puede estar justificado en la medida en que persiga un objetivo legítimo de interés general y se pacte en el seno de una asociación profesional o deportiva cuyas actividades de autorregulación estén reconocidas por las autoridades públicas, tales requisitos no figuran en el artículo 101 TFUE, apartado 3. Por consiguiente, esta disposición es aplicable también a los acuerdos entre empresas que persigan únicamente objetivos de carácter económico y privado. (73)
80.      Ello explica por qué, por otro lado, han de cumplirse condiciones más estrictas con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3, y los requisitos de prueba son, en ciertos aspectos, más rigurosos. (74) Dado que no existe un interés general asociado al acuerdo en cuestión, el debilitamiento de la competencia en el mercado no puede justificarse a menos que las empresas afectadas demuestren, en la medida exigida, en particular, incrementos de eficiencia y que una parte de los beneficios así conseguidos se traslada a los usuarios.
81.      En el presente asunto, lo anterior significa que la FIFA podría invocar el artículo 101 TFUE, apartado 3, con respecto a las normas del FFAR que —como se ha explicado en el anterior punto 70— no están comprendidas en el ámbito de aplicación de la excepción Meca Medina porque los objetivos perseguidos redundan solamente en interés de los operadores del mercado afectados.
82.      Mi segunda observación se refiere a ciertos requisitos previstos en el artículo 101 TFUE, apartado 3, en relación con los cuales no puedo respaldar plenamente las tesis de la Comisión.
83.      En primer lugar, ese precepto dispone que puede concederse una exención cuando un acuerdo «contribuya a mejorar la producción o distribución de mercancías o a fomentar el progreso técnico o económico». En el presente asunto, esto implica que el órgano jurisdiccional remitente debe determinar si las normas en cuestión (i) producen incrementos de eficiencia en el mercado, por ejemplo, permitiendo que los clubes de fútbol obtengan sinergias o ahorros de costes, de los que una parte equitativa sea trasladada a continuación a los usuarios, o (ii) garantizan el adecuado desarrollo de los torneos y de los partidos, en beneficio directo de los consumidores que pueden disfrutar de eventos deportivos de mayor calidad. (75)
84.      La Comisión, no obstante, manifestó algunas dudas acerca de si cabe tener en cuenta, a efectos del artículo 101 TFUE, apartado 3, determinados incrementos de eficiencia que las normas controvertidas pueden producir, ya que son difícilmente «cuantificables», como exige el apartado 196 de la sentencia Superleague. A este respecto, la Comisión invoca también las Directrices de 2004, que marcan un cierto cambio en la interpretación de esta institución de los tipos de beneficios que pueden justificar una exención en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 3. Mientras que, antes de la «modernización» de las normas de procedimiento en materia de competencia, la Comisión había aceptado reiteradamente que el citado precepto podía incluir los beneficios no económicos, (76) en 2004 decidió que esto dejaría de ser posible y —según entiendo— únicamente serían admisibles los beneficios económicos.
85.      Sobre este particular, opino (i) que la Comisión interpreta erróneamente el apartado 196 de la sentencia Superleague y (ii) que el enfoque adoptado en sus Directrices de 2004 puede ser excesivamente estricto.
86.      En primer lugar, a mi parecer, la Comisión interpreta la palabra «cuantificable» al margen de su contexto. Ese pasaje de la sentencia no implica que las empresas que invoquen incrementos de eficiencia han de poder aportar una cifra exacta de estos (por ejemplo, en forma de valor monetario). A menudo, esto puede ser difícil o incluso imposible. En efecto, la estimación del valor económico futuro de una determinada mejora de la producción o distribución de bienes o servicios puede ser en ocasiones difícilmente previsible y, por tanto, hipotética. Es más, cuando los incrementos de eficiencia proceden de medidas que fomentan el progreso técnico o económico puede ser totalmente imposible traducir ese progreso en un valor monetario preciso.
87.      Según mi interpretación, en ese pasaje de la sentencia Superleague, el Tribunal de Justicia quiso decir que no pueden aceptarse las alegaciones imprecisas, no fundamentadas o simplemente hipotéticas de incrementos de eficiencia. Las partes deben identificar el tipo de incrementos de eficiencia con un grado suficiente de precisión y explicar, mediante argumentos o pruebas adecuados, que son reales y de una magnitud significativa. (77) En efecto, existe reiterada jurisprudencia sobre este extremo (78) y la propia Comisión indica en sus Directrices que corresponde a las empresas afectadas demostrar que los incrementos de eficiencia invocados son «objetivos, concretos y verificables». (79) De no ser así, no entiendo cómo las autoridades competentes podrían llevar a cabo la ponderación exigida por el artículo 101 TFUE, apartado 3. Aunque esa ponderación no es un simple cálculo aritmético o financiero, requiere, no obstante, sopesar los diversos beneficios que —en sentido amplio— presenten algún elemento de carácter económico.
88.      Tampoco me convence la postura de la Comisión acerca del tipo de beneficios que pueden aceptarse con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3. Su enfoque me parece contrario no solo a su práctica anterior, sino también —lo que es más importante— al tenor literal del Tratado y a la arraigada jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre esta materia.
89.      En efecto, el artículo 101 TFUE, apartado 3, distingue entre «mejorar la producción o la distribución de los productos» y «fomentar el progreso técnico o económico». La expresión «progreso económico» que figura en el artículo 101 TFUE, apartado 3, no puede entenderse como sinónimo de «crecimiento económico» o de «riqueza». El artículo 3 TUE, apartado 3, se refiere al objetivo de la Unión Europea de «[establecer] un mercado interior [que] obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico». (80) Utilizando una metáfora básica, podría decirse que el «progreso» —desde la perspectiva del mercado interior y la competencia— supone no solo que aumenta el tamaño de la tarta, sino que mejora asimismo su calidad, que se reparte de forma más equitativa o que se garantiza que en el futuro previsible también pueda elaborarse una tarta igualmente deliciosa.
90.      Además, el enfoque de la Comisión parece incoherente con el adoptado por los redactores de los Tratados en lo que se refiere a la libre circulación (81) y con la interpretación que el Tribunal de Justicia ha dado a esas disposiciones. (82) Dado que las restricciones de la libre circulación, en principio prohibidas, pueden justificarse por motivos no económicos, no tendría sentido que las restricciones de la competencia no pudieran justificarse nunca por esos mismos motivos. En este sentido, no debe pasarse por alto que, como se indica en el Protocolo (n.º 27) sobre mercado interior y competencia, el mercado interior, tal como se define en el artículo 3 TUE, incluye un sistema que garantiza que no se falsee la competencia. Así pues, aunque cada uno de estos dos conjuntos de normas persigue su propio objetivo y establece sus propios requisitos específicos de aplicación, (83) son dos componentes del mismo proyecto legal, (84) por lo que es lógico que tengan un marco de análisis comparable, de modo que puedan evitarse resultados paradójicos en casos concretos. (85)
91.      Estoy totalmente de acuerdo con quienes sostienen que el análisis del Derecho de la competencia no debe manipularse con el fin de conseguir objetivos políticos (por ejemplo, objetivos de política industrial) ni contaminarse con consideraciones no económicas (por ejemplo, la equidad del comportamiento de las empresas). Ello supondría ignorar el fundamento de ese conjunto legislativo y haría el análisis imprevisible, inviable y poco transparente, si no totalmente sesgado. No obstante, muy distinto es reconocer que el objetivo de garantizar una competencia libre y no falseada coexiste y debe conciliarse con otros objetivos que tienen igual valor en el ordenamiento jurídico de la Unión. Cuando concurran los estrictos requisitos previstos en el artículo 101 TFUE, apartado 3 —uno de los cuales exige, como se ha explicado, la existencia de algunas repercusiones económicas positivas en el mercado de referencia (o en mercados conexos)—, las autoridades han de poder realizar la ponderación, con independencia de la naturaleza del beneficio de que se trate.
92.      El enfoque restrictivo de la Comisión parece también incompatible con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En la conocida sentencia Metro, el Tribunal de Justicia declaró, con bastante claridad, que «las competencias atribuidas a la Comisión por el [artículo 101 TFUE, apartado 3,] demuestran que las necesidades de mantenimiento de una competencia eficaz pueden conciliarse con la salvaguardia de objetivos de naturaleza diferente y que, con este fin, son admisibles determinadas restricciones de la competencia […]». (86) En mi opinión, la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia no ha dejado sin efecto esta clara declaración de principio. (87)
93.      Una vez más, no parece necesario un examen detallado de la materia a efectos de las presentes conclusiones. Las consideraciones anteriores pretenden explicar por qué estimo que los beneficios de naturaleza no económica, siempre que produzcan repercusiones positivas apreciables en los mercados de referencia o en mercados estrechamente vinculados con ellos, (88) pueden resultar también pertinentes a efectos del artículo 101 TFUE, apartado 3.
94.      En consecuencia, estimo que, por ejemplo, los objetivos de evitar el fraude, los conflictos de intereses o la explotación abusiva de los deportistas jóvenes contribuyen indudablemente a mejorar el funcionamiento global del ecosistema del fútbol, con repercusiones positivas en los mercados de productos o servicios de que se trate. Es evidente que la integridad y la rendición de cuentas se han convertido recientemente en una de las preocupaciones principales del sector deportivo (89) y que numerosos escándalos han dañado gravemente la imagen de las asociaciones deportivas. (90) Sería ingenuo pensar que estos acontecimientos no tienen impacto en el interés de los consumidores, aficionados y organismos de radiodifusión en financiar el deporte y en su voluntad de hacerlo. (91)
95.      Por último, en lo que atañe al término «usuarios» que figura en el artículo 101 TFUE, apartado 3, en el presente asunto ese término debe referirse, sobre todo, a los aficionados, que son los que en última instancia financian el sistema, en particular comprando entradas para los partidos, productos oficiales u otros servicios prestados por los clubes de fútbol y los organismos de radiodifusión. No obstante, dicho término no puede interpretarse de manera demasiado restrictiva, en el sentido de que se refiere únicamente a los usuarios finales. (92) En efecto, en su jurisprudencia sobre el artículo 101 TFUE, apartado 3, el Tribunal de Justicia se ha referido a menudo a los «usuarios», por ejemplo al destacar la necesidad de que las partes que invoquen ese precepto demuestren que las medidas en cuestión producen ventajas objetivas apreciables para las distintas categorías de usuarios, compensando así las desventajas causadas a la competencia en los mercados de referencia. Por ejemplo, en la sentencia Superleague, el Tribunal de Justicia se refirió a los usuarios afirmando que los «constituyen, en particular, las federaciones nacionales de fútbol, los clubes profesionales o aficionados, los jugadores profesionales o aficionados, los jóvenes jugadores y, en términos más generales, los consumidores, ya sean espectadores o telespectadores». (93) Para ello, pueden tenerse en cuenta en su conjunto las ventajas para los distintos tipos de usuarios a la hora de sopesarlas con los efectos restrictivos producidos. (94)
3.      Normas relativas a la licencia de agente
96.      Volviendo ahora a la apreciación de las normas relativas a la licencia de agente a la luz del artículo 101 TFUE, procede formular las siguientes observaciones.
97.      En primer lugar, es un hecho incuestionable que, en la sociedad actual, en muchas profesiones distintas se exige que los prestadores de servicios obtengan una licencia o certificación expedida (normalmente) por el órgano de autorregulación de la profesión (que puede ser público o privado). Para ello, el candidato ha de demostrar que cumple determinados criterios o superar cierta formación ad hoc o un examen o prueba específico. Es también bastante habitual que, en este contexto, el prestador de servicios se comprometa a respetar las normas adoptadas por la asociación y quede sujeto a determinadas sanciones en caso de incumplimiento de tales normas. (95) Así sucede siempre que esas sanciones sean objetivas, proporcionadas y no discriminatorias y que su imposición pueda ser objeto de un control judicial efectivo. (96)
98.      Según un reciente documento de orientación de la OCDE, el abanico de profesiones para las que se exige una licencia se ha ampliado últimamente y en algunos países puede representar hasta un 30 % del empleo total. Con frecuencia, la licencia se exige en virtud de actos legislativos o actos reglamentarios públicos. No obstante, la actividad de autorregulación de las propias asociaciones privadas desempeña también una función importante en este ámbito. Las razones que justifican estos sistemas están relacionadas principalmente con asimetrías de la información (es decir, la mayoría de los clientes son incapaces de evaluar la calidad del servicio solicitado al prestador), externalidades (es decir, la prestación del servicio de que se trate puede tener externalidades negativas para terceros, que deben evitarse o reducirse al mínimo) o la protección de los bienes públicos (es decir, los servicios producen o afectan a un interés general, por lo que es preciso garantizar un determinado nivel de calidad y de cantidad de la oferta). (97)
99.      En la medida en que las licencias se exijan en virtud de normas adoptadas por asociaciones profesionales o deportivas de carácter privado (y, por tanto, no sean atribuibles al Estado), me parece relativamente claro que tal exigencia puede crear, en algunos casos, efectos restrictivos de la competencia, puesto que limita la entrada en el mercado. Así sucede a menos que dichas normas impongan un esfuerzo y unos costes mínimos para obtener la licencia y se apliquen de forma abierta, transparente y no discriminatoria. Efectivamente, en tales casos cabe sostener que el efecto en la competencia no es apreciable.
100. Ahora bien, ¿puede considerarse también que tales normas tienen un objeto contrario a la competencia? Esta cuestión es, a mi juicio, más compleja, principalmente por dos razones: (i) como he explicado antes, la razón fundamental de dichas normas es a menudo corregir ciertos fallos del mercado, con vistas a proteger a los consumidores, la seguridad pública o determinados bienes comunes, y (ii) su capacidad para causar un impacto apreciable en el acceso al mercado (y el grado en que puede producirse) varía significativamente, principalmente en función de cuáles sean los requisitos para obtener la licencia y de cómo funcione el procedimiento para obtenerla. (98)
101. En su Informe de 2004 sobre la competencia en los servicios profesionales, la Comisión señaló, en particular que (i) «las restricciones cualitativas del ejercicio, combinadas con los derechos reservados, implican que solamente los profesionales que tienen las cualificaciones apropiadas y la competencia necesaria puedan desempeñar ciertas tareas [y] de este modo pueden contribuir de forma considerable a asegurar la calidad de los servicios profesionales»; (ii) «es probable que una regulación excesiva del acceso al ejercicio profesional reduzca el número de prestadores de servicios, con consecuencias negativas para la competencia y calidad del servicio»; (iii) «en ciertos casos, la regulación del acceso al ejercicio de la profesión pudiera ser demasiado restrictiva y los consumidores podrían resultar beneficiados si se suavizasen las normas existentes», y (iv) «quizás fuera posible reducir los requisitos exigidos para el acceso al ejercicio cuando parezcan desproporcionados en relación a la complejidad de las actividades de la profesión». (99)
102. En mi opinión, estas consideraciones —que parecen bastante razonables— se corresponden en líneas generales con las conclusiones a las que han llegado los órganos jurisdiccionales de la Unión cuando han tenido que examinar normativas privadas que, mediante la exigencia de licencias u otras medidas equivalentes, podían limitar el acceso al mercado de servicios. (100) Según la jurisprudencia, el carácter anticompetitivo de esos sistemas depende principalmente de su objetivo y estructura específicos. ¿Existe una razón verdadera y objetiva (y no contraria a la competencia en sí misma) que exija un sistema de licencias para el ejercicio de una profesión determinada? ¿Funciona el sistema de manera abierta, transparente y no discriminatoria? ¿Va manifiestamente más allá de lo necesario para proteger los intereses en juego? Estos son los interrogantes en los que los órganos jurisdiccionales de la Unión se centraron principalmente en esos asuntos. Obviamente, se requiere una apreciación más cautelosa cuando la propia asociación ofrece por sí misma productos o servicios en el mercado que supervisa. En ese caso, el efecto de las normas de las asociaciones puede consistir en reservarse para sí mismas una parte significativa del mercado o puede discriminar contra competidores reales o potenciales, protegiendo así su monopolio de facto. (101)
103. Por consiguiente, no creo que pueda considerarse, prima facie, que todos y cada uno de los conjuntos de normas privadas que impongan la concesión de una licencia para el ejercicio de una determinada profesión tengan un objeto contrario a la competencia. Todo depende del contenido, del contexto y de los objetivos del sistema establecido. En otras palabras, no aprecio una categoría clara y bien definida de normas sobre licencias cuyo carácter perjudicial sea bien conocido o generalmente aceptado. O, en cualquier caso, no puedo encuadrar las normas controvertidas en una categoría específica y homogénea de comportamiento que, según la experiencia, sea intrínsecamente contrario a la competencia. Por ello, mi opinión preliminar es que las normas controvertidas no tienen un objeto contrario a la competencia.
104. No sucedería lo mismo, sin embargo, si el órgano jurisdiccional remitente determinara que dichas normas son manifiestamente innecesarias al no concurrir ningún interés general que exija verdaderamente ese nivel de protección (102) y que su adopción se explica (de forma única o principal) por el deseo de los operadores del mercado intervinientes (los clubes de fútbol o los propios agentes) de limitar el número de profesionales ejercientes en el mercado de servicios de los agentes.
105. A la luz de lo anterior, en caso de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que las normas controvertidas no tienen un objeto contrario a la competencia, pero pueden producir algunos efectos restrictivos en el mercado de referencia, debería comprobar si tales normas pueden estar justificadas en virtud de la jurisprudencia Meca Medina. Con independencia de ello, las normas controvertidas pueden ser también apreciadas con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3.
106. En lo que respecta a estas dos fases del análisis, no tengo mucho que añadir a lo que he señalado anteriormente. Me limitaré a recordar que, una de las normas del Reglamento de la FIFA sobre los agentes de jugadores (vigente a la sazón) que el Tribunal de Primera Instancia tuvo que examinar en el asunto Piau exigía a los agentes obtener una licencia expedida por la federación nacional competente. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia concluyó en esencia que (i) dicha norma generaba una restricción de la competencia «por el efecto» con arreglo al (actual) artículo 101 TFUE, apartado 1, y (ii) la Comisión no había incurrido en un error manifiesto de apreciación al estimar que cumplía los requisitos para acogerse a la exención contemplada en el artículo 101 TFUE, apartado 3. En particular, el citado Tribunal consideró que el sistema de licencias no eliminaba la competencia en el mercado de referencia. Dicho sistema había instaurado un mecanismo que, según el Tribunal de Primera Instancia, «[suponía] una selección cualitativa, adecuada para satisfacer el objetivo de profesionalización de la actividad de agente de jugadores, más que una restricción cuantitativa del acceso a esta». (103) Sobre la base de la información obrante en autos, no descarto que consideraciones similares puedan ser también válidas, mutatis mutandis, en el presente asunto.
4.      Normas sobre representación múltiple
107. Las normas sobre representación múltiple —que impiden a los agentes asumir la representación triple (futbolista, club de destino y club de origen) y ciertas representaciones dobles (futbolista y club de origen, o club de origen y club de destino) en las transacciones— parecen, a mi entender, estar dirigidas a evitar conflictos de intereses que puedan perjudicar a las partes interesadas y, en particular, a los deportistas, que pueden estar menos informados y menos atentos que los clubes de fútbol. Esto sugiere que, prima facie, las normas controvertidas no son restrictivas de la competencia por el objeto y, si fueran restrictivas por el efecto, lo que de hecho es posible, (104) probablemente podrían justificarse en virtud de la jurisprudencia Meca Medina o quedar exentas con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3, si se cumplen los requisitos respectivos.
108. Creo que, en ambos casos, la cuestión fundamental para el órgano jurisdiccional remitente será comprobar si existen medidas alternativas menos restrictivas de la competencia (como obligaciones de transparencia e información a cargo de los agentes y la obtención del consentimiento por escrito de las partes en cuestión) y que sean igualmente eficaces. La cuestión parece ser objeto de cierto debate. (105) Si se considerase que los argumentos de las dos partes tienen, en términos generales, el mismo peso, me decantaría por dejar un cierto margen de maniobra a las asociaciones deportivas, por los motivos indicados en los puntos 35 a 37 de mis conclusiones ROGON (en relación con la jurisprudencia Meca Medina) y en los puntos 83 a 94 de las presentes conclusiones (relativos al artículo 101 TFUE, apartado 3).
5.      Norma relativa a la toma de contacto
109. Por lo que respecta a la norma sobre la toma de contacto, considero —como sostienen tanto los demandantes en el litigio principal como la Comisión— que es intrínsecamente contraria a la competencia. Efectivamente, persigue impedir que los agentes ofrezcan sus servicios a ciertas categorías de nuevos clientes potenciales: los que ya han contratado con otro agente con carácter exclusivo, a menos que se encuentren en los dos últimos meses del actual contrato.
110. No creo que puedan existir muchas dudas de que tanto el objeto como el efecto de dicha norma son contrarios a la competencia. No he oído tampoco ninguna explicación convincente de las partes acerca de las razones por las que esa norma podría estar justificada conforme a la jurisprudencia Meca Medina o exenta en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 3.
111. Sea como fuere, no estimo que la norma controvertida persiga ningún objetivo legítimo de interés general. Para justificar esta norma, la FIFA invoca la necesidad de reforzar la estabilidad contractual. No obstante, a mi juicio, se trata de un interés de carácter económico y puramente privado. Mientras que una cierta estabilidad de los contratos entre los futbolistas y los clubes es esencial para garantizar la regularidad de los torneos, (106) dudo de que esa misma argumentación pueda aplicarse también a los contratos entre agentes y futbolistas o clubes. Del mismo modo, no veo claramente qué incrementos de eficiencia genera la norma controvertida en el mercado que puedan compensar los efectos anticompetitivos producidos.
6.      Normas sobre presentación y divulgación de información
112. Por sí mismas, las normas sobre presentación y divulgación de información no parecen especialmente problemáticas desde el punto de vista de la competencia, a menos que el órgano jurisdiccional remitente compruebe —como se explica en los puntos 171 y 187 de las presentes conclusiones— que, por su naturaleza, la información intercambiada entre agentes que son competidores reales o potenciales podría dar lugar a alguna forma de colusión entre ellos. (107)
113. Como conclusión sobre el artículo 101 TFUE, hay que señalar que de las consideraciones anteriores se desprende que la compatibilidad de las normas controvertidas con dicho artículo dependerá principalmente de si cualesquiera efectos anticompetitivos apreciables de esas normas pueden justificarse conforme a la jurisprudencia Meca Medina o estar exentos con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3.
D.      Artículo 102 TFUE
114. El segundo problema planteado por la cuestión prejudicial se refiere a la compatibilidad de reglamentos como el FFAR con el artículo 102 TFUE.
115. En la sentencia Superleague, el Tribunal de Justicia recordó la reiterada jurisprudencia según la cual el artículo 102 TFUE es «[aplicable] a cualquier entidad que ejerza una actividad económica y que deba, como tal, calificarse de empresa, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación». Así pues, esa disposición es aplicable también «a entidades constituidas bajo la forma de asociaciones que tengan por finalidad, según sus estatutos, la organización y el control de un deporte determinado, en la medida en que estas entidades ejerzan una actividad económica relacionada con ese deporte, ofreciendo bienes o servicios, y deban calificarse, por ese motivo, de “empresas”». (108) A continuación, el Tribunal de Justicia concluyó que la FIFA «[ostentaba] una posición dominante en el mercado de la organización y la comercialización de las competiciones de fútbol de clubes en el territorio de la Unión y de la explotación de los diferentes derechos derivados de estas competiciones» (en lo sucesivo, «mercados dominados»). (109)
116. De la sentencia Superleague y de jurisprudencia consolidada se desprende también que el artículo 102 TFUE no solo prohíbe a las empresas explotar abusivamente su posición dominante en los mercados dominados o en otros mercados en los que operen, sino también en mercados conexos o próximos en los que no operan, (110) como los situados en las fases anteriores o posteriores de los mercados dominados. (111)
117. En este contexto, me parece bastante claro que, mediante la adopción de normas como el FFAR, la FIFA puede aprovechar su posición dominante en los mercados dominados para influir en el juego de la competencia en los dos mercados conexos a estos, a saber, el mercado de servicios de agentes (en el que compiten los agentes) y el mercado de transferencia de futbolistas (en el que compiten los clubes de fútbol) (en lo sucesivo, «mercados conexos»).
118. En particular, el FFAR determina quién accede al mercado de servicios de agentes (mediante las normas sobre concesión de licencias) y la forma en que los agentes pueden y no pueden competir entre sí (por ejemplo, cuándo pueden mantener contactos para captar nuevos clientes). Asimismo, regular la actividad de los agentes afecta necesariamente al mercado ulterior de transferencia de futbolistas, ya que los agentes son un actor fundamental en ese mercado y pueden ejercer una influencia significativa en si los futbolistas se trasladan de un club a otro y en la forma de ese traslado.
119. Dicho esto, ¿generan las normas controvertidas los abusos alegados? En mi opinión, incumbe en principio al órgano jurisdiccional remitente dar una respuesta definitiva a este interrogante. No obstante, con el fin de ayudar a dicho órgano jurisdiccional a realizar su apreciación, ofreceré a continuación algunas consideraciones al respecto.
120. Antes de nada, debo señalar que encuentro un tanto difícil efectuar una apreciación relativamente detallada de si las diversas normas controvertidas pueden dar lugar a un abuso de posición dominante, ya que la tesis del perjuicio en que se basan los supuestos abusos sigue siendo, en ocasiones, en cierta medida confusa. Las cuestiones planteadas respecto al artículo 102 TFUE en la petición de decisión prejudicial y las debatidas por las partes en sus observaciones escritas y orales se corresponden, en esencia, con las planteadas y debatidas respecto al artículo 101 TFUE. Me pregunto también, por ello, cuál podría ser el valor añadido de realizar una apreciación de las normas controvertidas respecto al artículo 102 TFUE.
121. En cualquier caso, me parece que los demandantes en el litigio principal consideran que las normas controvertidas producen tanto efectos de explotación como efectos de exclusión. Si entiendo correctamente sus alegaciones, los supuestos efectos anticompetitivos de las normas controvertidas, desde la perspectiva del artículo 102 TFUE, son los siguientes.
122. Los efectos de explotación se derivan de que algunas de las normas controvertidas (como las relativas a la remuneración y a la presentación y divulgación de información) les imponen unas condiciones comerciales no equitativas. En particular, alegan que, si se permitiese que operaran las condiciones normales de competencia, los agentes tendrían libertad para cobrar a sus clientes unos honorarios mayores o para calcular los honorarios en función de parámetros distintos. Las normas controvertidas son, a su juicio, excesivamente penalizadoras para los agentes, puesto que no tienen en cuenta de modo adecuado la calidad e importancia de los servicios que prestan.
123. Los efectos de exclusión, en cambio, son consecuencia del hecho de que algunas de las normas controvertidas restringen el modo en que los agentes pueden acceder al mercado para prestar sus servicios y, a continuación, competir en él (como las normas relativas a las licencias, la representación múltiple y la toma de contacto) y otras normas limitan la manera en que los clubes compiten en el mercado de transferencias (como las normas sobre la remuneración de los agentes).
124. Los abusos de explotación y de exclusión son un tanto distintos en cuanto a su naturaleza y a la manera en que perjudican a los consumidores.
1.      Abusos de explotación
125. En lo que atañe a los abusos de explotación, procede destacar, en primer lugar, que requieren un análisis especialmente cauteloso. (112) En efecto, en los mercados libres y abiertos es muy poco probable que tengan lugar tales abusos, puesto que normalmente se autocorregirían. No obstante, la situación puede ser diferente cuando existan elevadas barreras de entrada o cuando la empresa dominante opere en una posición de monopolio de iure o de facto. (113)
126. A la luz de la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia, he de señalar que el criterio básico en cuanto a los abusos de explotación consiste en si la empresa dominante impone a sus clientes o proveedores condiciones de transacción que no guardan ninguna relación razonable con la naturaleza de la transacción o con el valor del producto o servicio intercambiado. (114) Esta apreciación implica un análisis en dos fases principales.
127. En la primera fase, es preciso comprobar si hay alguna diferencia entre las condiciones de transacción impuestas por la empresa dominante y las que se habrían aplicado si hubiera existido una competencia efectiva en el mercado. Esa diferencia debe ser de cierta magnitud y afectar de modo negativo a los clientes o proveedores de que se trate. (115)
128. En caso de que haya tal diferencia, la segunda fase del análisis consistirá en determinar si las condiciones de transacción aplicadas por las empresas dominantes son «abusivas», bien en sí mismas o bien en comparación con los productos o servicios competidores. Es en esta segunda fase del análisis en la que adquiere todo su sentido la necesidad de verificar si existe una relación económica razonable entre las condiciones de transacción en cuestión y la operación económica subyacente. ¿Era necesario (o razonable) que la empresa dominante incluyera esa condición para perseguir un interés comercial legítimo? ¿Era esa condición equitativa, en el sentido de que su impacto en la posición del cliente o proveedor en cuestión sea proporcionado al objetivo perseguido por la empresa dominante? Estas son algunas de las cuestiones habituales que pueden examinarse en este contexto. (116) En términos muy simples, cuando no sea posible encontrar una explicación legítima y racional para la inclusión de condiciones de transacción que parezcan exorbitantes o excesivamente onerosas para los clientes o proveedores de la empresa dominante, tales condiciones podrán calificarse de «no equitativas» con arreglo al artículo 102 TFUE. (117)
129. En relación con el presente asunto, deseo formular dos observaciones.
130. Por una parte, es difícilmente cuestionable que la situación objeto del litigio principal presenta dos características que, como se ha indicado antes, se considera, de manera general, que posibilitan los abusos de explotación. (118) Para empezar, en los mercados en los que operan las asociaciones deportivas (como la FIFA), las barreras de entrada son especialmente elevadas. (119) Además, su posición de monopolio de facto en esos mercados solo se debe en una medida limitada a una mayor eficiencia, inversión o innovación. En efecto, se deriva principalmente de la estructura piramidal del sector deportivo en la Unión Europea. Esta posición de monopolio se ve reforzada por la función de regulador de facto de todo el ecosistema (en el centro del cual se encuentran los mercados dominados) (120) desempeñada por las asociaciones, que se ve posibilitada por la aceptación expresa o táctica de las autoridades nacionales y de la Unión. (121)
131. Sin embargo, por otra parte, habida cuenta del carácter más bien excepcional de los abusos de explotación, el criterio para determinar que una condición contractual impuesta por una empresa dominante no es equitativa, en el sentido del artículo 102 TFUE, debe ser relativamente estricto. Una condición no es considerada no equitativa por el mero hecho de que los clientes o proveedores de las empresas dominantes no la habrían aceptado si estas últimas no hubieran tenido la capacidad de imponerla gracias a su posición monopolística. Tampoco toda limitación de la libertad contractual es contraria a la competencia. Es necesario algo más, como se ha explicado anteriormente. Sobre la base de la limitada información que consta en los autos, no estoy seguro de que alguna de las normas controvertidas sea manifiestamente exorbitante o excesivamente onerosa para los agentes, teniendo en cuenta el fundamento en que se basan. En cualquier caso, corresponde al órgano jurisdiccional remitente pronunciarse sobre este extremo.
2.      Abusos de exclusión
132. La sentencia Superleague, (122) junto con otras sentencias dictadas en el mismo período (como, en particular, las sentencias SEN, Unilever, Google Shopping y Alphabet), (123) ha aportado también una mayor claridad sobre el concepto de «abuso de exclusión» a efectos del artículo 102 TFUE. En particular, el Tribunal de Justicia ha subrayado dos elementos de análisis relativos al comportamiento de la empresa dominante, a saber, si ese comportamiento está en consonancia con una «competencia basada en los méritos» (o con «medios distintos de los que rigen una competencia entre las empresas basada en los méritos») y si puede producir efectos de exclusión.
133. Un examen detallado de la naturaleza exacta de esos elementos y de su relación iría más allá del alcance de las presentes conclusiones. A efectos del caso de autos, es suficiente señalar que la facultad de las asociaciones deportivas de adoptar normas que afecten a la competencia en algunos mercados de referencia difícilmente puede considerarse una manifestación de la «competencia basada en los méritos». En efecto, como se ha explicado antes, esa facultad resulta principalmente de la condición de monopolio de facto de las asociaciones deportivas en los mercados dominados y de su función de reguladores de facto de todo el ecosistema, en el centro del cual se encuentran los mercados dominados.
134. Evidentemente, esto no implica que las normas adoptadas por asociaciones deportivas deban considerarse sospechosas y menos aún abusivas. Solo significa que su compatibilidad con el artículo 102 TFUE ha de analizarse caso por caso, como ocurre con otras formas de comportamiento (unilateral) de las empresas dominantes. Al igual que en el supuesto de las formas de conducta multilateral comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, también el carácter anticompetitivo de las formas de conducta unilateral puede determinarse examinando su objeto o sus efectos. (124)
135. Es cierto que, a diferencia de la sentencia Superleague, al regular los mercados conexos, la federación deportiva no actúa en una situación de potencial conflicto de intereses. Es evidente que las normas del FFAR no confieren ninguna ventaja a la FIFA sobre empresas que sean sus competidores reales o potenciales.
136. Sin embargo, el hecho de que la FIFA no opere (ni tenga intención de operar) en ninguno de los mercados conexos (125) y de que sea una entidad sin ánimo de lucro (126) carece de pertinencia en el caso de autos. Tampoco es exacto afirmar que la FIFA no tiene ningún interés económico. En efecto, la FIFA puede tener un interés indirecto en regular la competencia en esos mercados, ya que es una federación cuyos miembros son federaciones nacionales de fútbol que, a su vez, tienen como miembros o afiliados a entidades como clubes de fútbol. (127) Los clubes de fútbol, como he explicado, son las empresas que compiten en uno de los mercados conexos y los compradores en el otro mercado conexo.
137. En mi opinión, cuando una empresa pueda, de iure o de facto, ejercer una función reguladora, determinando las condiciones en las que las empresas pueden acceder a un determinado mercado y configurando las condiciones en las que tales empresas pueden competir posteriormente, esa facultad debe estar estrictamente delimitada y ejercerse cuidadosamente, con independencia de si dicha empresa opera o no en ese mercado. (128)
138. Una vez aclarado lo anterior, dado que —como se ha mencionado en el punto 120 de las presentes conclusiones— las cuestiones planteadas respecto al artículo 102 TFUE en la petición de decisión prejudicial y las debatidas por las partes en sus observaciones orales y escritas se corresponden, en lo esencial, con las planteadas y debatidas respecto al artículo 101 TFUE, las consideraciones expuestas en las presentes conclusiones en relación con esta última disposición pueden ser pertinentes, mutatis mutandis, para una apreciación a la luz de aquella otra disposición.
139. Como el Tribunal de Justicia recordó en la sentencia Superleague, un mismo comportamiento puede dar lugar a la infracción tanto del artículo 101 TFUE como del artículo 102 TFUE, aun cuando estos artículos persigan objetivos y tengan un ámbito de aplicación distintos. Así pues, los artículos 101 TFUE y 102 TFUE pueden aplicarse simultáneamente cuando concurran sus respectivos requisitos. Dicho esto, el Tribunal de Justicia subrayó asimismo que esas disposiciones deben ser interpretadas y aplicadas de forma coherente, observando, no obstante, las características específicas propias de cada una de ellas. (129)
140. En este sentido, procede añadir una observación importante: en los apartados 182 a 209 y 231 a 240 de la sentencia Superleague, el Tribunal de Justicia precisó que las diversas justificaciones y excepciones a las prohibiciones establecidas en los artículos 101 TFUE, apartado 1, y 102 TFUE deben ser objeto, en la medida de lo posible, de una interpretación armoniosa. Después de todo, lo contrario no tendría ningún sentido desde el punto de vista jurídico y económico. Por consiguiente, si el órgano jurisdiccional remitente llegase a la conclusión de que ciertas normas controvertidas no están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1 (porque, por ejemplo, es aplicable la jurisprudencia Meca Medina) o pueden estar exentas en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 3, a la hora de examinar si ese mismo comportamiento puede considerarse justificado con arreglo al artículo 102 TFUE debería tener en cuenta esa conclusión y extraer las consecuencias oportunas de ella.
141. En efecto, según reiterada jurisprudencia, una empresa que ocupa una posición dominante puede justificar comportamientos que pueden estar comprendidos en el ámbito de aplicación de la prohibición establecida en el artículo 102 TFUE. En particular, esa empresa puede demostrar, con este fin, o bien que su comportamiento es objetivamente necesario, o bien que el efecto de exclusión que dicho comportamiento entraña puede verse contrarrestado, o incluso compensado, por ventajas en términos de eficiencia que benefician también a los consumidores. (130)
142. Por tanto, en lo que respecta a la compatibilidad de las normas controvertidas con el artículo 102 TFUE, uno de los elementos fundamentales del análisis que el órgano jurisdiccional remitente tendrá que llevar a cabo consiste en determinar si dichas normas persiguen verdaderamente un objetivo legítimo y son necesarias y proporcionadas a ese objetivo o si los efectos anticompetitivos causados son contrarrestados o compensados por ventajas en términos de eficiencia en los mercados afectados que beneficien también a los consumidores.
E.      Artículo 56 TFUE
143. El tercer problema planteado por la cuestión prejudicial se refiere a la compatibilidad de reglamentos como el FFAR con el artículo 56 TFUE.
144. Dicho artículo consagra la libre prestación de servicios en beneficio tanto de los prestadores como de los destinatarios de tales servicios. A este respecto, se opone a cualquier medida nacional que, aunque sea indistintamente aplicable, pueda dificultar el ejercicio de esta libertad al prohibir, obstaculizar o hacer menos interesante la actividad de estos prestadores en Estados miembros distintos de aquel en el que están establecidos. (131)
145. El Tribunal de Justicia ha declarado que esta prohibición se aplica también cuando un grupo o una organización ejerce cierto poder sobre los particulares y puede imponerles condiciones que menoscaben el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. (132) Así pues, la prohibición se aplica no solo a las medidas nacionales, sino también a las normas o prácticas de origen privado, incluidas las normas y las prácticas de las federaciones deportivas. (133)
146. No obstante, las normas privadas pueden estar permitidas aunque restrinjan la libre prestación de servicios, si se demuestra que su adopción está justificada por un objetivo legítimo de interés general cuya naturaleza no sea puramente económica y que respetan el principio de proporcionalidad, lo cual implica que sean aptas para garantizar la consecución de ese objetivo y que no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo.Corresponde a la parte que haya adoptado la medida demostrar que se cumplen estos requisitos. (134)
147. En principio, incumbe al órgano jurisdiccional remitente decidir si las normas controvertidas en el litigio principal restringen el comercio dentro de la Unión y, de ser así, si pueden justificarse a la luz de los argumentos y de las pruebas presentados por las partes. (135) Dicho esto, desearía, no obstante, observar lo siguiente.
148. En primer lugar, es cierto que, en alguna medida, las normas controvertidas tienen por efecto armonizar, a escala de la Unión, los requisitos para ejercer la actividad de agente. En cierto modo, ese conjunto normativo favorece la libre circulación de servicios, puesto que los agentes establecidos en un Estado miembro pueden, de manera casi automática, prestar sus servicios como agentes en cualquier otro Estado miembro. (136) En efecto, aunque algunos Estados miembros disponen de legislación que se aparta del FFAR (y que obliga, por tanto, a las asociaciones de fútbol pertinentes a adoptar normas que completen o sustituyan parcialmente el FFAR), (137) entiendo que las normas fundamentales del FFAR son aplicables en toda la Unión Europea.
149. Ahora bien, no se puede negar que algunas de las normas controvertidas, cuando se adoptaron, dificultaron el ejercicio de actividades en el extranjero por parte de los agentes establecidos en determinados Estados miembros (en los que la actividad de agente no estaba regulada o solo lo estaba de manera mínima). Efectivamente, dichos agentes deben ahora obtener una licencia y cumplir una serie de normas (que regulan, en particular, quiénes pueden ejercer la representación y cómo pueden captar clientes), so pena de sanciones.
150. En consecuencia, considero que las normas de una federación deportiva, como las normas controvertidas que se refieren a las licencias, la representación múltiple y la toma de contacto, pueden constituir una restricción a la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 56 TFUE.
151. En cambio, no estoy seguro de que pueda llegarse a una conclusión similar acerca de las normas relativas a la remuneración de los agentes y a la presentación y divulgación de información. En cuanto a esta categoría, las apreciaciones del Tribunal de Justicia sobre la normativa italiana relativa a las tarifas máximas para los abogados me parecen aplicables, mutatis mutandis, al litigio principal. (138) En lo que atañe a las normas sobre información, mi opinión preliminar es que cualquier repercusión negativa que esas normas pudieran tener en la capacidad y en los incentivos de los agentes para ejercer sus actividades transfronterizas sería demasiado aleatoria e indirecta para dar lugar a la aplicación del artículo 56 TFUE. (139)
152. En lo que se refiere a la justificación, ya he explicado las razones por las que determinados objetivos invocados por la FIFA pueden considerarse, en principio, legítimos y de interés general. No obstante, la situación es menos clara en el caso de los demás objetivos invocados. Las consideraciones que he expuesto sobre esa cuestión son válidas también en el presente contexto.
153. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar si las normas controvertidas son adecuadas para alcanzar los objetivos declarados. En particular, debe analizar si tales normas responden verdaderamente al empeño por alcanzar esos objetivos de forma congruente y sistemática. (140)
154. Esta es, a mi juicio, una fase especialmente importante del análisis. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente debe dilucidar si las normas controvertidas tienen verdaderamente por objeto perseguir los objetivos invocados por la FIFA y, por tanto, que no exista ningún motivo oculto para su adopción. Como he señalado en el punto 50 de mis conclusiones ROGON, sospecho efectivamente que, para casi cualquier medida adoptada por una federación deportiva, se puede componer rápidamente ex post, una vez que surja la necesidad de justificar la medida, algún tipo de interés de carácter general supuestamente perseguido. Además, no hace falta indicar que difícilmente puede considerarse que una medida persiga verdaderamente un interés general, a menos que contribuya de forma significativa a promover ese interés.
155. Por último, el órgano jurisdiccional remitente ha de comprobar si las normas controvertidas van más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos de que se trata. Ello supone, ante todo, verificar que no puede alcanzarse el mismo nivel de protección del interés en juego con medidas menos restrictivas de las libertades económicas de los agentes. Por último, el órgano jurisdiccional remitente debe cerciorarse también de que las normas controvertidas sean proporcionadas stricto sensu, en el sentido de que alcancen un equilibrio equitativo entre los intereses que la FIFA desea proteger y los de los agentes que se ven afectados por ellas. No ocurre así, por ejemplo, cuando una norma persigue efectivamente un interés legítimo y válido pero, con independencia de que exista una medida alternativa, la carga impuesta a los agentes a tal efecto resulta, en todo caso, no razonable y excesiva.
156. Por consiguiente, en virtud del artículo 56 TFUE, el órgano jurisdiccional remitente deberá comprobar si las normas que generan una restricción de la libre prestación de servicios están justificadas por un objetivo legítimo de interés general cuya naturaleza no sea puramente económica y si dichas normas respetan el principio de proporcionalidad, esto es, si son aptas para garantizar la consecución de ese objetivo y no van más allá de lo necesario para alcanzarlo.
F.      Artículo 6 del RGPD
157. El cuarto y último problema planteado por la cuestión prejudicial versa sobre la compatibilidad de reglamentos como el FFAR con el artículo 6 del RGPD. En su resolución de remisión, el órgano jurisdiccional remitente alude al tratamiento de datos previsto en los artículos 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), y 19 del FFAR.
158. El artículo 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), del FFAR exige, en esencia, a los agentes que, en un plazo de catorce días, suban a una plataforma gestionada por la FIFA datos sobre contratos con clientes, remuneración y colaboración. El artículo 19 del FFAR obliga a los agentes, además, a comunicar datos personales a la FIFA, en particular información sobre clientes, servicios y transacciones, que a continuación se ponen a disposición de determinadas partes interesadas con el fin de controlar el cumplimiento de las disposiciones materiales del FFAR.
159. El artículo 6, apartado 1, del RGPD establece una lista exhaustiva y taxativa de los casos en los que un tratamiento de datos personales puede considerarse lícito. Aunque el órgano jurisdiccional remitente no ha precisado cuál es el caso de tratamiento de datos contemplado en esa disposición que estima pertinente en el litigio principal, se desprende de la información que consta en la resolución de remisión y de la naturaleza de las normas controvertidas del FFAR que, en este contexto, resulta pertinente el artículo 6, apartado 1, letra f), del citado Reglamento.
160. El artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD dispone que el tratamiento datos personales es lícito si es «necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales […]».
161. Conforme a reiterada jurisprudencia, este precepto establece tres requisitos acumulativos para que un tratamiento de datos sujeto a esa disposición resulte lícito. En primer lugar, el responsable del tratamiento o un tercero debe perseguir un interés legítimo. En segundo lugar, el tratamiento de datos personales tiene que ser necesario para la satisfacción de ese interés. En tercer lugar, es preciso que los intereses o los derechos y libertades fundamentales de la persona cuyos datos personales se vean afectados no prevalezcan sobre el interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero. (141)
162. Si bien corresponde, en definitiva, al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, en el tratamiento de datos personales controvertido en el litigio principal, se cumplen los tres requisitos antes mencionados, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse sobre la cuestión prejudicial, puede aportar precisiones destinadas a orientar a dicho órgano jurisdiccional a efectos de llevar a cabo esa apreciación. (142) En consecuencia, en las siguientes secciones intentaré ofrecer algunas indicaciones sobre la forma en que el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar si los tres requisitos acumulativos mencionados en el punto precedente pueden aplicarse a reglamentos como el FFAR.
163. Sin embargo, antes de empezar, conviene hacer una advertencia: en virtud de su artículo 1, apartado 1, el RGPD solo confiere protección al tratamiento de los datos relativos a personas físicas. Por consiguiente, como precisa su considerando 14, el RGPD no se aplica al «tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en particular a empresas constituidas como personas jurídicas, incluido el nombre y la forma de la persona jurídica y sus datos de contacto». En consecuencia, si el órgano jurisdiccional remitente llegase a la conclusión de que las normas controvertidas son incompatibles con el artículo 6 del RGPD, esa conclusión se aplicaría únicamente a los datos (personales) relativos a los agentes que sean personas físicas y a futbolistas o —en su caso— a otros particulares (como el personal de los clubes de fútbol intervinientes o de las agencias a través de las cuales los agentes ejerzan sus actividades económicas).
1.      FFAR e intereses legítimos
164. En cuanto al primer requisito, que se refiere a la persecución de un interés legítimo, procede recordar que, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, letra d), del RGPD, el responsable del tratamiento, en el momento de obtener de un interesado los datos personales relativos a él, debe informarle de los intereses legítimos perseguidos cuando dicho tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), del citado Reglamento. Por consiguiente, incumbirá al órgano jurisdiccional remitente comprobar, antes de nada, si la FIFA ha cumplido esa obligación informando directamente a los agentes del interés legítimo perseguido en el momento de la recogida de los datos.
165. Si no se ha cumplido dicha obligación, la recogida de datos no puede justificarse en virtud del artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD.
166. Dicho esto, procede observar que, a falta de una definición del concepto de «interés legítimo» en el RGPD, una amplia gama de intereses puede, en principio, considerarse legítima. Como se desprende del considerando 47 del RGPD, ese concepto no se limita a los intereses reconocidos y definidos por la ley y los intereses de carácter económico también pueden ser legítimos. Un interés legítimo puede darse, por ejemplo, cuando existe una relación pertinente y apropiada entre el interesado y el responsable del tratamiento, como en situaciones en las que el interesado es cliente o está al servicio del responsable o incluso en el contexto del marketing directo. (143)
167. En el caso de autos, la relación entre la FIFA y los agentes no se asemeja a la clásica relación de cliente o de servicio que se menciona en el considerando 47 del RGPD. No obstante, las actividades de los agentes —tal como se explica también en los puntos 57, 58 y 65 de mis conclusiones ROGON— están estrechamente vinculadas al marco regulador de la FIFA. Efectivamente, los agentes son profesionales acreditados, registrados ante la FIFA y autorizados para representar y asesorar a las partes interesadas en el ecosistema del sector del fútbol, con sujeción a las normas establecidas por ese órgano rector. Por tanto, parece existir una relación de proximidad pertinente y apropiada entre ambos.
168. Asimismo, y con especial pertinencia en el caso de autos, el artículo 1, apartado 2, del FFAR especifica que sus normas tienen por objeto garantizar que la conducta de los agentes sea coherente con los objetivos fundamentales del sistema de transferencias del fútbol y con otros objetivos, entre los que se incluyen, según la FIFA, mantener la calidad de los servicios que los agentes prestan a sus clientes a cambio de unos honorarios justos y razonables, limitar los conflictos de intereses, mejorar la transparencia financiera y administrativa e impedir las prácticas abusivas. En sus observaciones escritas, la FIFA explica, además, que los artículos 16, apartado 2, letras j), incisos ii) a v), y k), inciso ii), y 19 del FFAR garantizan fundamentalmente la transparencia, aseguran el control y velan por el cumplimiento de las disposiciones materiales del FFAR.
169. He de hacer tres observaciones a este respecto.
170. En primer lugar, a mi entender, limitar los conflictos de intereses e impedir las prácticas abusivas son claramente intereses legítimos en el sentido del artículo 6 del RGPD. Del mismo modo, permitir que la FIFA controle y exija el cumplimiento de las normas sustantivas del FFAR es también, en principio, un objetivo admisible, siempre que —huelga añadir— las normas sustantivas en cuestión no infrinjan ninguna disposición del Derecho de la Unión.
171. En segundo lugar, debo decir que la «transparencia» puede considerarse, sin duda, un valor digno de protección por sí mismo cuando se refiere a la actividad de las autoridades públicas, puesto que existe un vínculo directo entre democracia y transparencia (o apertura) en la Administración pública. (144) Sin embargo, cuando se trata de las actividades de particulares, la situación no está tan clara. En efecto, la transparencia debe conciliarse con la privacidad. Además, la transparencia con respecto a la información económica y financiera de una persona puede tener ciertas consecuencias negativas —extremo sobre el que volveré más adelante—, como favorecer la colusión entre competidores o propiciar actos de competencia desleal. En este sentido, por tanto, creo que el órgano jurisdiccional remitente ha de plantear la siguiente pregunta, para cada tipo de información que deba presentarse por (supuestos) motivos de transparencia: ¿con qué objetivo debería garantizarse la transparencia?
172. En tercer lugar, me causa cierta perplejidad el objetivo de «mantener la calidad de los servicios que los agentes prestan a sus clientes a cambio de unos honorarios justos y razonables». (145) «Justo» y «razonable» son adjetivos que inevitablemente requieren una evaluación subjetiva. El hecho de que unos honorarios sean o no «justos y razonables» depende, evidentemente, de la perspectiva que se tome al examinarlos. Tengo la seguridad de que los equipos de fútbol y los agentes discreparán a menudo sobre esta cuestión. Por otra parte, me pregunto si una asociación de empresas (en el caso de autos, la FIFA) puede alegar válidamente que persigue un interés legítimo cuando solicita a ciertos socios comerciales (en el caso de autos, los agentes) que revelen información económica y financiera de carácter confidencial, con el fin de poder «conseguir de ellos un mejor acuerdo» (en el caso de autos, honorarios más bajos) que si hubieran estado sujetos a las condiciones normales de competencia. La situación puede ser distinta, sin embargo, si —como he explicado antes— se considera necesario un determinado mecanismo de fijación de honorarios a fin de garantizar un nivel mínimo de competitividad y de equidad en los torneos o para proteger a otros operadores del mercado implicados (como los deportistas y, en especial, los jóvenes de entre ellos) frente a conflictos de intereses o a prácticas abusivas o fraudulentas.
2.      FFAR y necesidad
173. En cuanto al segundo requisito relativo a la necesidad, el órgano jurisdiccional remitente debe determinar si el interés legítimo perseguido con el tratamiento de datos puede alcanzarse razonablemente de manera tan eficaz por otros medios menos atentatorios para las libertades y los derechos fundamentales de los interesados, en particular para los derechos al respeto de la vida privada y de protección de los datos personales, garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta. (146)
174. Procede recordar igualmente que el requisito relativo a la necesidad del tratamiento debe examinarse en relación con el llamado principio de «minimización de datos», consagrado en el artículo 5, apartado 1, letra c), del RGPD, conforme al cual los datos personales deben ser «adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados». (147)
175. Desde esta perspectiva, para determinar si un tratamiento de datos es «necesario» en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD, es preciso, en particular, comprobar si las medidas con las que se establece dicho tratamiento (i) protegen verdaderamente el interés público invocado (en el sentido de que no existen motivos ocultos detrás de dichas medidas); (ii) se adoptaron en respuesta a una necesidad objetiva de perseguir los objetivos de que se trate; (iii) son adecuadas para lograr esos objetivos (en el sentido de que parecen idóneas para contribuir significativamente a su consecución), y (iv) pueden sustituirse por medidas alternativas que interfieran menos con la vida privada de las personas físicas afectadas.
176. En el presente asunto, la FIFA alega que las citadas disposiciones solo exigen presentar la información esencial y garantizan su disponibilidad a las partes para las que el acceso a esos datos es indispensable en el ejercicio de sus actividades económicas.
177. No obstante, he de señalar que las disposiciones controvertidas del FFAR exigen a los agentes presentar a la FIFA un volumen bastante significativo de datos (en términos tanto de tipo como de cantidad). (148) Se incluye no solo información personal sobre el perfil de un agente, su lista de clientes y los servicios que presta, sino también datos de los acuerdos contractuales, operaciones financieras y remuneración. Dichas disposiciones exigen, asimismo, que parte de esta información esté accesible, potencialmente, a un conjunto bastante amplio de personas físicas y jurídicas, a saber, otros clubes, futbolistas y agentes de fútbol.
178. Si esto es así, una de las cuestiones fundamentales que el órgano jurisdiccional remitente tendrá que abordar es, en mi opinión, si es viable limitar el alcance de los datos que deben facilitarse a la FIFA y de los datos que han de revelarse a terceros y si hay disponibles alternativas igualmente efectivas pero menos intrusivas.
179. A tal efecto, estimo que la FIFA debe explicar al órgano jurisdiccional remitente, en relación con cada tipo de información, las razones por las que no puede prescindirse de su presentación por parte de los agentes y, en su caso, de su divulgación a las partes interesadas ya que en tal caso resultaría imposible o excesivamente difícil para la FIFA proteger los intereses legítimos en juego.
3.      FFAR e intereses superiores de los interesados
180. Por último, en lo que atañe al tercer requisito, ha de dilucidarse si los intereses o derechos y libertades fundamentales del interesado prevalecen sobre los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que dicho requisito implica la ponderación de los derechos e intereses en conflicto, que dependerá, en principio, de las circunstancias concretas del caso particular.
181. Aunque corresponde al órgano jurisdiccional remitente llevar a cabo esa ponderación —que requiere un conocimiento relativamente profundo de los intereses contrapuestos—, (149) con el fin de ayudar al órgano jurisdiccional remitente a realizar su apreciación, formularé las observaciones siguientes.
182. Este requisito supone básicamente comprobar lo siguiente: suponiendo que el tratamiento de datos persiga realmente un interés legítimo y que sea necesario a estos efectos, ¿va demasiado lejos, no obstante, porque impone una carga intolerable a los interesados? En otras palabras, ¿resulta simplemente excesivo el sacrificio de los intereses de los interesados, teniendo en cuenta las razones del tratamiento de datos y el modo en que se lleva a cabo?
183. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que, al ponderar los intereses en conflicto, es preciso tener en cuenta, en particular, las expectativas razonables del interesado, el alcance del tratamiento y su impacto sobre ese interesado. (150) En efecto, resulta del considerando 47 del RGPD que los intereses y los derechos fundamentales del interesado pueden, en particular, prevalecer sobre los intereses del responsable del tratamiento cuando se proceda al tratamiento de datos personales en circunstancias en las que el interesado no espera razonablemente que se realice tal tratamiento.
184. En las circunstancias específicas del presente asunto, en el que los agentes operan con sujeción a un marco normativo como el FFAR, parece razonable esperar que el órgano regulador que estableció dicho marco realice un tratamiento de sus datos. En particular, la FIFA no podría supervisar y exigir el cumplimiento de las normas sin tener acceso a la información pertinente sobre los agentes y sus servicios.
185. Sin embargo, también en este contexto cabe preguntarse si los agentes podían razonablemente esperar que todos o determinados aspectos de sus datos fueran revelados a partes distintas del órgano rector que regula el fútbol. En efecto, no está claro en qué forma la divulgación de los datos de los agentes a clubes, futbolistas y otros agentes sirve al interés legítimo para el que la FIFA trata los datos, a saber, ejercer su facultad reguladora con vistas a alcanzar los objetivos del FFAR.
186. Los agentes operan en un mercado muy competitivo, en el que la información sobre sus bases de clientes y sus acuerdos contractuales constituye un dato comercial valioso. Si los competidores (agentes rivales) o clientes potenciales (futbolistas y clubes) pueden acceder a esos datos, ello podría, por un lado, afectar a la estructura competitiva del mercado y, por otro lado, causar también daños económicos graves a los agentes.
187. Como se ha indicado en el punto 171 de las presentes conclusiones, la divulgación de datos económicos y financieros a los competidores puede favorecer la colusión en el mercado. Podría dar lugar, asimismo, a prácticas de competencia desleal, permitiendo que agentes rivales interfieran en negociaciones futuras. Además, podría menoscabar la confianza en las relaciones entre agentes y clientes, ya que el riesgo de que se difundan datos contractuales y financieros sensibles podría desincentivar unas negociaciones transparentes y erosionar, en última instancia, la confianza en el marco normativo. Dado que la FIFA ejerce una función reguladora respecto de los agentes, estos deben tener cierta confianza en que este órgano se capaz de tener en cuenta sus intereses legítimos relacionados con la vida privada y la confidencialidad. El marco jurídico no puede centrarse exclusivamente en los intereses de los clubes y de los futbolistas, por legítimos que sean.
188. Por consiguiente, una obligación de amplio alcance de presentar datos y la posibilidad de que terceros accedan a esos datos no solo pueden interferir con los derechos de los agentes al respeto de la vida privada y a la protección de los datos personales (artículos 7 y 8 de la Carta), sino posiblemente también con la libertad de empresa de los agentes (artículo 16 de la Carta).
189. A la luz de las consideraciones anteriores, no cabe descartar que el tratamiento de datos personales objeto del litigio principal pueda no justificarse, al menos en parte, basándose en que es necesario para la satisfacción de intereses legítimos en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra f), del RGPD, en la medida en que, en particular, cierta información de carácter económico y financiero se pone a disposición de partes distintas de la FIFA y de sus órganos y organismos.
190. Habida cuenta de ello, la cuarta parte de la cuestión prejudicial debe responderse en el sentido de que las normas adoptadas por las asociaciones deportivas que tienen por objeto la presentación de datos personales de personas físicas y su divulgación a terceros cumplen el artículo 6, apartado 1, del RGPD, siempre que tales normas, en particular, (i) persigan verdaderamente un interés digno de protección; (ii) se limiten a lo que sea estrictamente necesario para ese fin, y (iii) no impongan a los interesados una carga intolerable en lo que respecta a su derecho a la vida privada y a sus intereses económicos.
V.      Conclusión
191. En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Landgericht Mainz (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Maguncia, Alemania) que las normas establecidas en reglamentos adoptados por asociaciones deportivas sobre la actividad de los agentes de fútbol no son contrarias:
–        al artículo 101 TFUE, si cualquier efecto apreciable contrario a la competencia que dichas normas produzcan puede justificarse en virtud de la jurisprudencia Meca Medina o quedar exento con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3;
–        al artículo 102 TFUE, si dichas normas persiguen verdaderamente un objetivo legítimo y son necesarias y proporcionadas a ese objetivo o los efectos anticompetitivos causados son contrarrestados o compensados por ventajas en términos de eficiencia en los mercados afectados que beneficien también a los consumidores;
–        al artículo 56 TFUE, si dichas normas, cuando entrañen una restricción de la libre prestación de servicios, están justificadas por un objetivo legítimo de interés general cuya naturaleza no sea puramente económica y cumplen el principio de proporcionalidad, en el sentido de que son aptas para garantizar la consecución de ese objetivo y no van más allá de lo necesario para alcanzarlo, y
–        al artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), si las normas relativas a la presentación de datos personales de personas físicas y su divulgación a terceros persiguen verdaderamente un interés digno de protección, se limitan a los datos que sean estrictamente necesarios para este fin y no imponen a los interesados una carga intolerable en lo que respecta a su derecho a la vida privada y a sus intereses económicos.
1      Lengua original: inglés.
2      Sentencia de 21 de diciembre de 2023, International Skating Union/Comisión (C‑124/21 P, en lo sucesivo, «sentencia ISU», EU:C:2023:1012).
3      Sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company (C‑333/21, en lo sucesivo, «sentencia Superleague», EU:C:2023:1011).
4      Sentencia de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club (C‑680/21, en lo sucesivo, «sentencia Royal Antwerp», EU:C:2023:1010).
5      Sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA (C‑650/22, en lo sucesivo, «sentencia FIFA», EU:C:2024:824).
6      En lo sucesivo, «conclusiones ROGON».
7      EU:C:2025:…. (en lo sucesivo, «conclusiones CD Tondela»).
8      DO 2016, L 119, p. 1.
9      Tal como se aplican, en su caso, en relación con otras normas adoptadas por la FIFA, como el artículo 18 ter del Reglamento de la FIFA sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en lo sucesivo, «RSTP FIFA»), el artículo 7 del Reglamento de la FIFA sobre las Relaciones con Intermediarios, los artículos 8, 14, 57 y 58 de los Estatutos de la FIFA de 2021, los artículos 5, 49 y 53 del Código de Conducta de la FIFA de 2019 y los artículos 4 y 82 del Código de Ética de la FIFA de 2020.
10      Véase la sentencia Superleague, apartado 83 y jurisprudencia citada.
11      Ibid., apartados 85 a 87 y jurisprudencia citada.
12      Ibid., apartado 84.
13      Sentencia de 12 de diciembre de 1974, Walrave y Koch (36/74, en lo sucesivo, «sentencia Walrave», EU:C:1974:140), apartado 8. Confirmada posteriormente, en particular, por las sentencias de 15 de diciembre de 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463), apartado 76, y de 11 de abril de 2000, Deliège (C‑51/96 y C‑191/97, en lo sucesivo, «sentencia Deliège», EU:C:2000:199), apartado 43.
14      Véanse, con referencias adicionales, Parrish, R. y Miettinen, S., The Sporting Exception in European Union Law, T. M.C. Asser Press, 2008, y Weatherill, S., «The impact of the rulings of 21 December 2023 on the structure of EU sports law», The International Sports Law Journal, vol. 23, 2023, p. 414.
15      Véanse, por ejemplo, la sentencia Walrave, apartado 9, y las sentencias de 14 de julio de 1976, Donà (13/76, EU:C:1976:115), apartado 15; de 8 de mayo de 2003, Deutscher Handballbund (C‑438/00, EU:C:2003:255), apartados 54 a 56, y de 18 de julio de 2006, Meca Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492) (en lo sucesivo, «sentencia Meca Medina»), apartado 26. Véase, asimismo, en la doctrina, Ibáñez Colomo, P., «Competition law and sports governance: Disentangling a complex relationship», World Competition, vol. 45, número 3, 2022, pp. 331 a 334.
16      Véanse, en particular, la sentencia de 13 de junio de 2019, TopFit y Biffi (C‑22/18, en lo sucesivo, «sentencia TopFit», EU:C:2019:497), apartados 49 y 53, y la sentencia FIFA, apartado 79.
17      Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, en lo sucesivo, «sentencia Wouters», EU:C:2002:98), apartado 57 y jurisprudencia citada. Véanse también, con carácter más general, las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en el asunto FENIN/Comisión (C‑205/03 P, EU:C:2005:666), punto 15 y jurisprudencia citada.
18      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 1 de julio de 2008, MOTOE (C‑49/07, en lo sucesivo, «sentencia MOTOE», EU:C:2008:376), apartado 24, y de 18 de enero de 2024, Lietuvos notarų rūmai y otros (C‑128/21, EU:C:2024:49), apartado 61 y jurisprudencia citada.
19      Véase, en particular, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión y República Eslovaca/Dôvera zdravotná poist’ovňa (C‑262/18 P y C‑271/18 P, EU:C:2020:450), apartados 26 a 52 y jurisprudencia citada.
20      Véase, en particular, la sentencia de 21 de septiembre de 1999, Albany (C‑67/96, EU:C:1999:430), apartados 59 y 60. Véanse también las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Albany (C‑67/96, EU:C:1999:28), punto 182, y las del Abogado General Wahl presentadas en el asunto FNV Kunsten Informatie en Media (C‑413/13, EU:C:2014:2215), puntos 31 a 35.
21      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 5 de octubre de 1988, Steymann (196/87, EU:C:1988:475), apartado 9, y de 31 de mayo de 1989, Bettray (344/87, EU:C:1989:226), apartados 17 a 20.
22      Véanse, entre otras muchas, las sentencias de 7 de marzo de 1990, Krantz (C‑69/88, EU:C:1990:97), apartado 11; de 16 de diciembre de 1992, B & Q (C‑169/91, EU:C:1992:519), apartado 15; de 14 de julio de 1994, Peralta (C‑379/92, EU:C:1994:296), apartado 24, y de 26 de mayo de 2005, Burmanjer y otros (C‑20/03, EU:C:2005:307), apartado 31.
23      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Fastweb y otros (Periodicidad de facturación) (C‑468/20, EU:C:2022:996), punto 50.
24      Véanse recientemente, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2024, Tallinna Kaubamaja Grupp y KIA Auto (C‑606/23, EU:C:2024:1004), apartados 28 y 32 a 34, y la sentencia ISU, apartado 109. Véase también la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Expedia (C‑226/11, EU:C:2012:795), apartados 16 y 17.
25      Véase, por ejemplo, la sentencia de 12 de septiembre de 2000, Pavlov y otros (C‑180/98 a C‑184/98, EU:C:2000:428), apartados 90 a 97.
26      Sobre este extremo, véase el Informe de la Comisión al Consejo Europeo con la perspectiva de la salvaguardia de las estructuras deportivas actuales y del mantenimiento de la función social del deporte en el marco comunitario, de 10 de diciembre de 1999 (Informe de Helsinki sobre el deporte) [COM(1999) 644 final], punto 4.2.1.1.
27      Exactamente de la misma manera que ser apto o ser seleccionado para jugar en un equipo nacional puede tener cierto impacto en la carrera de los jugadores y, por extensión, también en la imagen pública de sus clubes de fútbol.
28      Véase, por ejemplo, el argumento mencionado en la sentencia de 23 de noviembre de 1989, B & Q (C‑145/88, EU:C:1989:593), apartado 7.
29      Véanse, mutatis mutandis, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Mickelsson y Roos (C‑142/05, EU:C:2006:782), punto 45.
30      Véase, en este sentido, la sentencia Deliège, apartados 64 a 66, en la que el Tribunal de Justicia se refirió a las normas de una federación deportiva que «producen inevitablemente el efecto de limitar el número de participantes en un torneo», si bien ese efecto «es inherente al desarrollo de una competición deportiva internacional de alto nivel, que implica necesariamente la adopción de determinadas reglas o determinados criterios de selección»; el subrayado es mío.
31      Véanse, por ejemplo, las conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas en el asunto Hünermund y otros (C‑292/92, EU:C:1993:863), puntos 1 y 28, y las del Abogado General Tizzano presentadas en el asunto CaixaBank France (C‑442/02, EU:C:2004:187), punto 63.
32      Véanse los artículos 120 TFUE y 199 TFUE y el Protocolo (n.º 27) sobre mercado interior y competencia. Véanse también las conclusiones del Abogado General Gulmann presentadas en el asunto Schindler (C‑275/92, EU:C:1993:944), punto 123, y las del Abogado General Szpunar presentadas en los asuntos acumulados X y Visser (C‑360/15 y C‑31/16, EU:C:2017:397), punto 1.
33      Véase, en particular, el artículo 3 TUE, apartados 1 y 3. Véanse asimismo las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto AC‑Treuhand/Comisión (C‑194/14 P, EU:C:2015:350), punto 45.
34      Véanse, en este sentido, las sentencias Deliège, apartados 67 y 68, y TopFit, apartado 60.
35      Sobre el concepto de lex sportiva, véanse, por ejemplo, Anderson, J., Modern Sports Law: A Textbook, Hart Publishing, 2010, pp. 20 a 23, y Parrish, R., «Lex Sportiva and EU sportslLaw», European Law Review, vol. 37, número 6, 2012, p. 716.
36      Véase, por ejemplo, el artículo 4 de la Carta Europea del Deporte revisada del Consejo de Europa (2022): «Las organizaciones del movimiento deportivo disfrutan plenamente de la libertad de asociación consagrada por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales [(en lo sucesivo, “CEDH”)]. Disponen de procesos autónomos de toma de decisiones y deben elegir a sus dirigentes de forma democrática de acuerdo con los principios de buen gobierno».
37      Como ha declarado el Tribunal de Justicia, el artículo 12, apartado 1, de la Carta, que se corresponde con el artículo 11, apartado 1, del CEDH, «constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y pluralista, ya que permite a los ciudadanos actuar colectivamente en ámbitos de interés común y contribuir, de ese modo, al buen funcionamiento de la vida pública». Este derecho no solo comprende la facultad de crear o de disolver una asociación, sino que engloba también la posibilidad de esta asociación de actuar entretanto, lo cual implica, entre otras cosas, que pueda desarrollar sus actividades y operar sin injerencias estatales injustificadas. Véase, con citas a la jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia de 18 de junio de 2020, Comisión/Hungría (Transparencia asociativa) (C‑78/18, EU:C:2020:476), apartados 110 a 113.
38      Véase, por ejemplo, la sentencia de 5 de abril de 1984, van de Haar y Kaveka De Meern (177/82 y 178/82, EU:C:1984:144), apartados 11 y 12.
39      Véase, por ejemplo, la sentencia de 19 de febrero de 2002, Arduino (C‑35/99, EU:C:2002:97), apartado 43.
40      Sobre este tema, véanse también algunas consideraciones complementarias en las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:375), puntos 31 a 34.
41      Véase la sentencia Superleague, apartados 95 a 106 y jurisprudencia citada.
42      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:522), apartados 104 y 105 y jurisprudencia citada.
43      Con respecto a esta expresión en la doctrina jurídica, véase por ejemplo Tridimas, T., «Constitutional review of member state action: The virtues and vices of an incomplete jurisdiction», International Journal of Constitutional Law, vol. 9, número 3‑4, 2011, pp. 737 a 756.
44      Véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2005, Piau/Comisión (T‑193/02, en lo sucesivo, «sentencia Piau», EU:T:2005:22), apartado 73.
45      Véanse, en particular, las sentencias Piau, apartados 69 a 75, y FIFA, apartados 117 a 120. Véase también el punto 16 de las presentes conclusiones.
46      Véase, en este sentido, la sentencia FIFA, apartados 122 y 123 y jurisprudencia citada.
47      Véanse las sentencias de 18 de enero de 2024, Lietuvos notarų rūmai y otros (C‑128/21, EU:C:2024:49), apartados 97 a 105, y de 25 de enero de 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71), apartados 21 a 35 y 42 a 54.
48      Con la expresión «acuerdos» me referiré a todas las formas de comportamiento comprendidas en el artículo 101 TFUE: «los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas».
49      Sentencias de 15 de diciembre de 1994, DLG (C‑250/92, EU:C:1994:413); de 2 de abril de 2020, Budapest Bank y otros (C‑228/18, EU:C:2020:265), y de 29 de junio de 2023, Super Bock Bebidas (C‑211/22, EU:C:2023:529).
50      Véanse, a este respecto, los puntos 41 y 42 de mis conclusiones CD Tondela.
51      En relación con tales acuerdos, véanse, en particular, las sentencias de 18 de enero de 2024, Lietuvos notarų rūmai y otros (C‑128/21, EU:C:2024:49), apartado 91 y jurisprudencia citada, y de 25 de enero de 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71), apartados 50 a 53.
52      Desde un punto de vista centrado exclusivamente en el bienestar del consumidor, en las primeras fases del mercado las normas sobre precios máximos pueden ser incluso beneficiosas, puesto que la competencia para ofrecer productos o servicios por debajo del nivel máximo podría presionar a la baja los costes generales del producto o servicio ofrecido en las fases ulteriores. En el caso de autos, los clubes de fútbol, al soportar unos honorarios de los agentes más bajos, podrían en teoría asignar más recursos a otras áreas y ahorrar costes que a continuación podrían trasladarse en parte a los consumidores (por ejemplo, reduciendo los precios de las entradas para los partidos). A este respecto, procede señalar que, en su Comunicación — Informe sobre la competencia en los servicios profesionales (COM/2004/83 final), la Comisión indicó lo siguiente: (i) «Los precios fijos y los precios mínimos son los instrumentos reguladores que pueden producir los efectos más perjudiciales sobre la competencia, suprimiendo o reduciendo considerablemente los beneficios que los consumidores obtienen en los mercados competitivos» (apartado 31), y (ii) «es posible que los precios máximos puedan proteger a los consumidores frente a unos costes excesivos en mercados con importantes obstáculos a la entrada y sin competencia efectiva. Sin embargo, esto no parece ser el caso de la mayor parte de las profesiones liberales de la UE» (apartado 35); el subrayado es mío.
53      Véanse, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2019, Comisión/Alemania (C‑377/17, EU:C:2019:562), apartados 77, 80 y 94, y las conclusiones del Abogado General Mazák presentadas en el asunto Comisión/Italia (C‑565/08, EU:C:2010:403), punto 34.
54      Considero especialmente interesante a este respecto la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de Estados Unidos. Por ejemplo, en el asunto State Oil Co. v. Khan (522 U.S. 3, 1997), la Supreme Court of the United States (Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América), apartándose de la jurisprudencia anterior, decidió, en esencia, que la fijación de un precio máximo no debía considerarse ilegal en sí misma y que, por tanto, debía apreciarse con arreglo a las «reglas de la razón», lo cual implica analizar los efectos reales que la práctica produce en la competencia en su contexto concreto de mercado. Asimismo, en el asunto NCAA v. Alston y otros (375, F. Supp. 3d 1058, District Court, 2019), la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit (Tribunal de Apelación del Noveno Circuito de los Estados Unidos de América) examinó los límites de remuneración adoptados por la National Collegiate Athletic Association para los deportistas estudiantes que sus escuelas miembro tenían que aplicar. De este modo, las normas fijaban el precio en el mercado laboral por el lado del comprador, reduciendo la remuneración, al menos de algunos deportistas estudiantes, por debajo de la que habría ofrecido un mercado competitivo. No obstante, dicho órgano jurisdiccional examinó las restricciones a la luz de las reglas de la razón, basándose, en particular, en que era necesario un cierto grado de cooperación en el mercado de referencia. La sentencia del tribunal de distrito fue confirmada por la Supreme Court of the United States (Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América) en su sentencia de 21 de junio de 2021 [141 S. Ct. 2141 (2021)]. Respecto a dicha sentencia, véanse mis conclusiones ROGON, nota 61.
55      Véanse, con otras referencias, Easterbrook, F. H., «Maximum price fixing», The University of Chicago Law Review, vol. 48(4), 1981, pp. 886 a 910, y Whish, R. y Bailey, D., «Horizontal guidelines on purchasing agreements: Delineation between by object and by effect restrictions — Final Report», publicado por la Comisión Europea en 2022.
56      El artículo 101 TFUE, apartado 1, letras a) y c), menciona, como ejemplos de tipos de acuerdos prohibidos, los que consistan en «fijar directa o directamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción» y en «repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento». Con arreglo al artículo 102 TFUE, las prácticas abusivas pueden consistir, particularmente, en «imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas»; el subrayado es mío.
57      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 4 de junio de 2009, T‑Mobile Netherlands y otros (C‑8/08, EU:C:2009:343), apartado 37, y de 7 de noviembre de 2019, Campine y Campine Recycling/Comisión (T‑240/17, EU:T:2019:778), apartado 297.
58      Véase, por citar solo un ejemplo, Supreme Court of the United States (Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América), Mandeville Island Farms, Inc. v. American Crystal Sugar Co., 334 U. S. 219 (1948).
59      Véase OCDE, «Purchasing power and buyers’ cartels — OECD competition policy roundtable background note», París, 2022, pp. 6 y 7.
60      Ibid. Véase asimismo OCDE, «Purchasing power and buyers cartels — Summaries of contributions», París, 20 de junio de 2022, y Khemani, R. S., Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, «Application of competition law: Exemptions and exceptions», 2002, p. 29.
61      En este contexto señalaré, de forma incidental, que los órganos jurisdiccionales estadounidenses han declarado, en general, que las ligas deportivas no deben considerarse «cárteles». Sin embargo, la doctrina estadounidense discrepa sobre la forma más oportuna de analizar los actos de las asociaciones deportivas con arreglo al Derecho de la competencia. Véanse las referencias a la jurisprudencia y la doctrina en Roberts, G. R., «The antitrust status of sports leagues revisited», Tulane Law Review, vol. 64, número 1, 1989, p. 117; Ross, S. F. y Szymanski, S., «Antitrust and inefficient joint ventures: Why sports leagues should look more like McDonald’s and less like the United Nations», Marquette Sports Law Review, vol. 16, número 2, 2006, p. 213, y Dabscheck, B., «The sporting cartel in history», Sport in History, vol. 28, número 2, 2008, p. 329.
62      Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 [TFUE] a los acuerdos de cooperación horizontal (DO 2023, C 259, p. 1), apartados 278 a 304.
63      Véase la sentencia de 15 de diciembre de 1994, DLG (C‑250/92, EU:C:1994:413), apartados 28 a 45.
64      Véanse mis conclusiones CD Tondela, puntos 43 a 45.
65      Ibid., puntos 29 y 38.
66      Véase, a este respecto, el artículo 1, apartado 2, letra b), del FFAR.
67      Debo añadir, de forma incidental, que, si dichas normas persiguen garantizar que los agentes actúen en el mejor interés de sus clientes, evitando conflictos de intereses, y en la medida en que lo hagan, podrían estar justificadas en virtud de la jurisprudencia Meca Medina o exentas con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3. Véase con más detalle más adelante.
68      Véanse los puntos 56 a 74 de dichas conclusiones.
69      Véase la sentencia FIFA, apartados 100 a 102 y jurisprudencia citada.
70      Véase, a este respecto, el punto 171 de las presentes conclusiones.
71      A este respecto, véanse mis conclusiones ROGON, puntos 35 a 37.
72      Véase, en particular, la sentencia FIFA, apartados 154 y 155 y jurisprudencia citada.
73      Sobre este extremo véase, en general, Monti, G., «Article 81 EC and public policy», Common Market Law Review, vol. 39, número 5, 2002, p. 1057.
74      Véase, en este sentido, la sentencia FIFA, apartado 153 y jurisprudencia citada.
75      Véase, a este respecto, la Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 [CE] (DO 2004, C 101, p. 97) (en lo sucesivo, «Directrices de 2004»), apartados 102 a 104.
76      Véase, ampliamente, Brook, O., «Struggling with Article 101(3) TFEU: Diverging approaches of the Commission, EU Courts, and five competition authorities», Common Market Law Review, vol. 56, número 1, 2019, pp. 121 a 156.
77      Véase, por ejemplo, la sentencia Superleague, apartados 237 y 238.
78      Véase la sentencia Royal Antwerp, apartado 120 y jurisprudencia citada.
79      Véanse, por ejemplo, los apartados 341 y 559 de las Directrices citadas en la nota 62 de las presentes conclusiones y el apartado 56 de las Directrices de 2004.
80      El subrayado es mío.
81      Véanse, en particular, los artículos 36 TFUE, 45 TFUE, apartado 3, 52 TFUE, apartado 1, y 65 TFUE, apartado 1.
82      Huelga referirse, a este respecto, a la consolidada jurisprudencia sobre las «exigencias imperativas» o «razones imperiosas» de interés general que pueden justificar restricciones de las normas relativas a la libre circulación, que se remonta a la sentencia pionera Cassis de Dijon [sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe‑Zentral (120/78, EU:C:1979:42), apartado 98].
83      Véase la sentencia FIFA, apartado 83.
84      Véase, en este sentido, por ejemplo, la sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros (C‑377/20, EU:C:2022:379), apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada.
85      Véase el ejemplo ofrecido en las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:375), punto 35.
86      Véase, en particular, la sentencia de 25 de octubre de 1977, Metro SB-Großmärkte/Comisión (26/76, EU:C:1977:167), apartado 21 (el subrayado es mío). En la doctrina, véanse, en particular, Lugard, P. y Hancher, L. «Honey, I shrunk the article! A critical assessment of the Commission’s Notice on Article 81(3) of the EC Treaty», European Competition Law Review, vol. 25, número 7, 2004, p. 410, y Bourgeois, J. H.J. y Bocken, J., «Guidelines on the application of Article 81(3) of the EC Treaty of how to restrict a restriction», Legal Issues of Economic Integration, vol. 32, número 2, 2005, pp. 111 a 121.
87      Es cierto que no ha habido mucha jurisprudencia sobre el artículo 101 TFUE, apartado 3, en los últimos años. A mi parecer, los asuntos clave a este respecto son las sentencias de 6 de octubre de 2009, GlaxoSmithKline Services y otros/Comisión y otros (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, en lo sucesivo, «sentencia GlaxoSmithKline», EU:C:2009:610), y de 11 de septiembre de 2014, MasterCard y otros/Comisión (C‑382/12 P, en lo sucesivo, «sentencia MasterCard», EU:C:2014:2201).
88      En el ecosistema del fútbol, cuando la prestación de distintos servicios está interrelacionada, para evaluar los beneficios generados es preciso tener en cuenta el sistema global en el que las normas en cuestión se inscriben, lo que incluye, en su caso, el conjunto de ventajas objetivas que se deriven de dichas normas no solamente en los mercados en los que se haya apreciado la restricción (en el caso de autos, aquellos en los que los agentes o clubes compiten), sino también en otros mercados con los que interactúen los primeros. Véase, en este sentido, la sentencia MasterCard, apartados 236 y 237.
89      Véase, por ejemplo, la Comunicación de la Comisión «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte», de 18 de enero de 2011 [COM(2011) 12 final, sección 4.1].
90      Véase, por ejemplo, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, «Global report on corruption in sport, 2022» (disponible en línea), p. 3.
91      Véanse también mis conclusiones ROGON, punto 49.
92      Véase, en particular, la sentencia de 23 de noviembre de 2006, Asnef-Equifax y Administración del Estado (C‑38/05, EU:C:2006:734), apartados 64 a 71.
93      Apartado 195 de la sentencia. Véanse, asimismo. las sentencias GlaxoSmithKline, apartado 92; Royal Antwerp, apartados 121 y 122, y FIFA, apartado 154.
94      Véase, en este sentido, la sentencia MasterCard, apartado 241.
95      Véase, por analogía, la sentencia Superleague, apartados 144 a 146. Véase también la sentencia Piau, apartado 92.
96      Véanse, en este sentido, las sentencias ISU, apartados 133 a 139; Superleague, apartados 146 a 152, y FIFA, apartado 111.
97      Véase, en general, Comisión Europea, Informe sobre la competencia en los servicios profesionales, citado en la nota 52 de las presentes conclusiones, en especial pp. 9 y 10; «Comunicación sobre servicios profesionales — Prosecución de la reforma — Seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales» [COM(2005) 405 final], en especial apartados 10 a 13 y 33, y OCDE, «Competition and regulation in professions and occupations — OECD roundtables on competition policy papers», 2024, en especial pp. 6, 13, 14, 29, 31 y 47.
98      Véanse los documentos citados en las notas anteriores. Véanse asimismo, en otros ámbitos geográficos, Canadian Competition Bureau, «Self-regulated professions, balancing competition and regulation», Informe, de 11 de diciembre de 2007, y Australian Competition and Consumer Commission, «Regulation, competition and the professions», de 13 de julio de 2001. Ambos se encuentran disponibles en línea.
99      Citado en las notas 52 y 97 de las presentes conclusiones, apartados 49 a 53.
100      Véase, por ejemplo, la sentencia de 28 de febrero de 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (C‑1/12, en lo sucesivo, «sentencia OTOC», EU:C:2013:127), apartados 68, 69 y 82.
101      Véanse, en este sentido, las sentencias MOTOE, apartados 51 y 52; OTOC, apartados 62, y 88 a 92; ISU, apartados 144 a 146, y Superleague, apartado 176. Véase, asimismo, el auto de 23 de febrero de 2006, Piau/Comisión (C‑171/05 P, EU:C:2006:149), apartado 38.
102      Sobre este particular, puede resultar interesante observar que algunos informes encargados por la Comisión en los últimos años parecen sugerir que puede ser necesario un sistema de licencias para garantizar una buena gobernanza en el sector de los agentes de fútbol. Véanse, por ejemplo, «Study on sports agents in the European Union», noviembre de 2009, pp. 7, 84 a 91 y 107 a 132, y Parrish, R. y otros, Promoting and Supporting Good Governance in the European Football Agents Industry — Final Report, 2019, pp. 56 a 70 (en lo sucesivo, «Informe Parrish»). Además, el Parlamento Europeo, en su Resolución de 17 de junio de 2010 sobre los agentes de los jugadores en el deporte (2011/C 236 E/14), también consideró que era necesario un sistema de licencias para los agentes de fútbol.
103      Véanse los apartados 100 a 104 de la sentencia Piau. En casación, véase el auto de 23 de febrero de 2006, Piau/Comisión (C‑171/05 P, EU:C:2006:149), apartado 38.
104      Por ejemplo, sin las normas controvertidas, los agentes podrían proponer que las partes aplicaran honorarios inferiores pro quota, en caso de ser elegidos para representar a más de una parte en la transacción.
105      Véase, a este respecto, el Informe Parrish, pp. 78 a 84.
106      Véanse, a este respecto y con citas de la jurisprudencia, mis conclusiones CD Tondela, puntos 58 y 79.
107      En cuanto a los principios consolidados en esta materia, véase, en particular, la sentencia de 12 de enero de 2023, HSBC Holdings y otros/Comisión (C‑883/19 P, EU:C:2023:11), apartados 113 y 114 y jurisprudencia citada
108      Apartados 112 y 113 de la sentencia Superleague.
109      Ibid., apartado 117.
110      Véanse, por ejemplo, la sentencia Superleague, apartado 129, y, más recientemente, la sentencia de 25 de febrero de 2025, Alphabet y otros (C‑233/23, en lo sucesivo, «sentencia Alphabet», EU:C:2025:110), apartado 54 y jurisprudencia citada.
111      Véase, por ejemplo, la sentencia de 19 de abril de 2018, MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia (C‑525/16, EU:C:2018:270), apartado 24 y jurisprudencia citada.
112      Véanse, por ejemplo, las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība (C‑177/16, en lo sucesivo, «conclusiones AKKA‑LAA», EU:C:2017:286), puntos 36 a 54.
113      Ibid., puntos 3 y 4. Véanse también las conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto SABAM (C‑372/19, EU:C:2020:598), puntos 23 a 25.
114      Véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de febrero de 1978, United Brands y United Brands Continentaal/Comisión (27/76, EU:C:1978:22); de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (C‑177/16, en lo sucesivo, «sentencia AKKA‑LAA», EU:C:2017:689), apartado 35, y de 25 de noviembre de 2020, SABAM (C‑372/19, en lo sucesivo, «sentencia SABAM», EU:C:2020:959), apartado 28.
115      Véanse, en este sentido, los apartados 56 a 58 de la sentencia AKKA‑LAA.
116      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 30 de enero de 1974, BRT y Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (127/73, EU:C:1974:6), apartados 10 a 15; de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión (T‑83/91, EU:T:1994:246), apartado 140, y de 22 de noviembre de 2001, AAMS/Comisión (T‑139/98, EU:T:2001:272), apartado 79.
117      Véanse, en este sentido, las sentencias AKKA‑LAA, apartado 36, y SABAM, apartado 31, y las conclusiones AKKA‑LAA, punto 131.
118      En la doctrina véanse, con referencias adicionales, Lianos, I., Korah, V. y Siciliani, P., Competition Law — Analysis, Cases & Materials, Oxford University Press, 2019, p. 1228, y O’Donoghue, R. y Padilla, J., The Law and Economics of Article 102 TFEU, 3.ª ed., Hart Publishing, 2020, pp. 294 a 315.
119      Véase el apartado 36 de la sentencia Superleague.
120      Véase, a este respecto, el apartado 149 de la sentencia Superleague.
121      Véase, asimismo, el punto 80 de mis conclusiones CD Tondela.
122      Véanse, en particular, los apartados 124 a 126 y 131 de la sentencia.
123      Sentencia SEN, apartados 44 a 48 y 65 a 77; sentencias de 19 de enero de 2023, Unilever Italia Mkt. Operations (C‑680/20, EU:C:2023:33), apartado 39, y de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping) (C‑48/22 P, en lo sucesivo, «sentencia Google Shopping», EU:C:2024:726), apartados 165 a 167, y sentencia Alphabet, apartados 37, 38 y 54 a 58.
124      Véanse, en este sentido, las sentencias Superleague, apartado 131, y Google Shopping, apartado 167. Véanse también mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Illumina y Grail/Comisión (C‑611/22 P y C‑625/22 P, EU:C:2024:264), punto 230.
125      Así se desprende de la jurisprudencia citada en el punto 116 de las presentes conclusiones. Véase, asimismo, por analogía, la sentencia de 22 de octubre de 2015, AC-Treuhand/Comisión (C‑194/14 P, EU:C:2015:717), apartados 27 y 34 a 36.
126      Este es otro elemento carente de pertinencia. Véanse, en este sentido, las sentencias MOTOE, apartado 27, y OTOC, apartado 56 y jurisprudencia citada.
127      Véase la sentencia FIFA, apartado 118 y jurisprudencia citada.
128      Véase, en este sentido, la sentencia Superleague, apartados 135 a 137 y jurisprudencia citada.
129      Apartado 119 de la sentencia.
130      Véase, recientemente, la sentencia Alphabet, apartados 70 y 71 y jurisprudencia citada.
131      Véase, en particular, la sentencia Superleague, apartado 247 y jurisprudencia citada.
132      Véase, por ejemplo, la sentencia TopFit, apartado 39 y jurisprudencia citada.
133      Ibid., apartado 49.
134      Véase la sentencia Superleague, apartados 251 y 252 y jurisprudencia citada.
135      Véase, en este sentido, la sentencia Royal Antwerp, apartado 143.
136      Véase, en particular, el artículo 2 del FFAR.
137      Véase el artículo 3, apartado 3, del FFAR.
138      Sentencia de 29 de marzo de 2011, Comisión/Italia (C‑565/08, EU:C:2011:188), apartados 47 a 54.
139      Véase, por analogía, la sentencia de 22 de diciembre de 2022, Airbnb Ireland y Airbnb Payments UK (C‑83/21, EU:C:2022:1018), apartados 45, 50 y 51.
140      Véase, en este sentido, la sentencia FIFA, apartado 95 y jurisprudencia citada.
141      Sentencia de 9 de enero de 2025, Mousse (C‑394/23, en lo sucesivo, «sentencia Mousse», EU:C:2025:2), apartado 45 y jurisprudencia citada.
142      Ibid., apartado 51 y jurisprudencia citada.
143      Ibid., apartados 46 y 47 y jurisprudencia citada. Véase asimismo el considerando 47 del RGPD.
144      Véase, en particular, el artículo 15 TFUE, apartado 1, que dispone que, «a fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura» (el subrayado es mío). Véanse también los artículos 15 TFUE, apartados 2 y 3, y 11 TUE, apartados 1 a 3.
145      El subrayado es mío.
146      Sentencia de 4 de octubre de 2024, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (C‑621/22, EU:C:2024:858), apartado 42 y jurisprudencia citada.
147      Ibid., apartado 43 y jurisprudencia citada.
148      A título ilustrativo, señalaré que, según el Informe de 2024 de agentes de fútbol de la FIFA, el 5 de diciembre de 2024, un total de 7 558 personas tenían licencia de agentes de fútbol. Esto supone una magnitud significativa del potencial tratamiento de datos, de acuerdo con el concepto «a gran escala» del considerando 91 del RGPD, que se refiere al tratamiento de una «cantidad considerable» de datos personales que podrían afectar a un gran número de interesados. Esta calificación conlleva ciertas consecuencias con arreglo a las disposiciones del RGPD.
149      Sentencia Mousse, apartado 50 y jurisprudencia citada.
150      Véase, en particular, la sentencia de 4 de julio de 2023, Meta Platforms y otros (Condiciones generales del servicio de una red social) (C‑252/21, EU:C:2023:537), apartado 116.