62022CJ0548
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 12 de septiembre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusulas 4 y 5 — Principio de no discriminación — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Jueces y fiscales honorarios y de carrera — Medidas que tienen por objeto sancionar la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada — Trabajo de duración determinada — Procedimiento de estabilización de las funciones — Renuncia ex lege a cualquier pretensión relativa al período anterior a la estabilización de las funciones — Reparación de los daños derivados de la no aplicación adecuada del Derecho de la Unión»
En el asunto C‑548/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Giudice di pace di Fondi (Juez de Paz de Fondi, Italia), mediante resolución de 18 de agosto de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de agosto de 2022, en el procedimiento entre
M. M.
y
Presidenza del Consiglio dei ministri,
Ministero della Giustizia,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. A. Arabadjiev (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. T. von Danwitz, P. G. Xuereb y A. Kumin y la Sra. I. Ziemele, Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. C. Di Bella, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 1 de febrero de 2024;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de M. M., por el Sr. G. Falso y la Sra. E. Iorio, avvocati;
–
en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por la Sra. L. Fiandaca y el Sr. F. Sclafani, avvocati dello Stato;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. B.‑R. Killmann y la Sra. D. Recchia, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 29 de febrero de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 288 TFUE, de los artículos 17, 31, 34 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9), de la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, celebrado el 6 de junio de 1997 (en lo sucesivo, «Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial»), que figura en el anexo de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9), y de la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada»), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada (DO 1999, L 175, p. 43).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre M. M., fiscal honoraria adjunta, por una parte, y la Presidenza del Consiglio dei ministri (Presidencia del Consejo de Ministros, Italia), el Ministero della Giustizia (Ministerio de Justicia, Italia) y el Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministerio de Economía y Hacienda, Italia), por otra, en relación con la solicitud de M. M. de que se le abonen cantidades supuestamente adeudadas por el ejercicio de sus funciones de juez o fiscal honorario.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial
3
La cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, titulada «Principio de no discriminación», dispone en su punto 1 lo siguiente:
«Por lo que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables por el simple motivo de que trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.»
Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada
4
La cláusula 2 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, titulada «Ámbito de aplicación», establece en su punto 1 lo siguiente:
«El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.»
5
La cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, titulada «Principio de no discriminación», estipula en su punto 1 lo siguiente:
«Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.»
6
La cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, titulada «Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva», presenta la siguiente redacción:
«1. A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, los acuerdos colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales, cuando no existan medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de trabajadores, una o varias de las siguientes medidas:
a)
razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales;
b)
la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada;
c)
el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.
2.
Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, cuando resulte sea necesario, determinarán en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada:
a)
se considerarán “sucesivos”;
b)
se considerarán celebrados por tiempo indefinido.»
Directiva 2003/88
7
El artículo 7 de la Directiva 2003/88, titulado «Vacaciones anuales», preceptúa en su apartado 1 lo siguiente:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas nacionales.»
Derecho italiano
8
El artículo 29, apartados 1 a 3 y 5, del decreto legislativo n. 116 — Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Decreto Legislativo n.o 116, sobre la reforma orgánica del estatuto de los jueces y fiscales honorarios y otras disposiciones relativas a los jueces de paz, así como sobre el régimen transitorio aplicable a los jueces y fiscales honorarios en activo, en ejecución de la Ley n.o 57, de 28 de abril de 2016), de 13 de julio de 2017 (GURI n.o 177, de 31 de julio de 2017, p. 1; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 116»), tal como ha sido sustituido por el artículo 1, apartado 629, de la legge n. 234 — Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022‑2024 (Ley n.o 234, relativa al Presupuesto del Estado para el Ejercicio Presupuestario de 2022 y el Presupuesto Plurianual 2022‑2024), de 30 de diciembre de 2021 (GURI n.o 310, de 31 de diciembre de 2021, p. 1) (en lo sucesivo, «artículo 29 del Decreto Legislativo n.o 116»), dispone lo siguiente:
«1.   Los jueces y fiscales honorarios que estén en activo en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto podrán ser confirmados en el ejercicio de sus funciones, si así lo solicitan, hasta que cumplan setenta años.
2.   Los jueces y fiscales honorarios que estén en activo en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto que no sean confirmados en el ejercicio de sus funciones, ya sea por no haberlo solicitado o por no haber superado el procedimiento de evaluación a que se refiere el apartado 3, tendrán derecho, salvo renuncia por su parte, a una indemnización por importe, respectivamente, de 2500 euros brutos, antes de las retenciones fiscales, por cada año de servicio en el que hayan participado en vistas como mínimo ochenta días y de 1500 euros brutos, antes de las retenciones fiscales, por cada año de servicio en el que hayan participado en vistas menos de ochenta días, y, en todo caso, dentro del límite total de 50000 euros brutos, antes de retenciones, por persona. A efectos del cálculo de la indemnización prevista en la frase anterior, los períodos de servicio superiores a seis meses serán equiparados a un año. La percepción de la indemnización conllevará la renuncia a cualquier pretensión adicional, de la naturaleza que fuere, derivada de los servicios honorarios prestados anteriormente.
3.   A efectos de la confirmación en el ejercicio de las funciones a que se refiere el apartado 1, el Consejo Superior del Poder Judicial procederá, previa deliberación, a la organización de tres procedimientos de evaluación distintos que tendrán lugar anualmente en el curso del período trienal 2022‑2024, a los que se someterán, respectivamente, los jueces y fiscales honorarios en activo que, en la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, cuenten con:
a)
más de dieciséis años de servicio;
b)
entre doce y dieciséis años de servicio;
c)
menos de doce años de servicio.
[…]
5.   La solicitud de participación en los procedimientos de evaluación a que se refiere el apartado 3 conlleva la renuncia a cualquier pretensión adicional, de la naturaleza que fuere, derivada de las funciones de juez y fiscal honorario ejercidas anteriormente, sin perjuicio del derecho a la indemnización prevista en el apartado 2 en caso de no confirmación en las funciones.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
9
M. M. es una juez o fiscal honoraria que ejerce, desde el 4 de abril de 2001, la función de fiscal honorario adjunto. De la resolución de remisión se desprende que la función de M. M. es comparable a la de un juez o fiscal de carrera que ejerce la actividad de fiscal y que M. M. tiene el mismo estatuto jurídico y disfruta del mismo trato económico que los jueces honorarios de paz. Desde su entrada en servicio, ha sido renovada varias veces en sus funciones, la última vez mediante una resolución del Consejo Superior del Poder Judicial de 29 de abril de 2020.
10
Desde el 4 de abril de 2001, M. M. ha participado, en particular, en diez vistas penales, que son objeto del litigio principal, como representante del Ministerio Fiscal, por las que percibió una compensación de un importe de 98 euros por vista, sobre el que se efectuaron retenciones fiscales. De la resolución de remisión se desprende que no se abonó ninguna cotización de seguridad social o de previsión a cuenta de M. M., privándola de toda protección social. En cambio, la retribución diaria bruta de un juez o fiscal de carrera, que ejerce sus funciones por tiempo indefinido, asciende a 248 euros y el Estado abona, por cada juez o fiscal de carrera, cotizaciones a las instituciones competentes para garantizar su protección social.
11
Al considerarse víctima de una diferencia de trato ilegal en cuanto a la retribución de sus funciones, M. M. interpuso un recurso ante el Tribunale di Roma (Tribunal de Roma, Italia) con el fin de obtener una indemnización por el perjuicio que alegaba haber sufrido al no haberse adaptado el ordenamiento jurídico italiano a las Directivas 1999/70 y 2003/88 y a la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO 1992, L 348, p. 1). Mediante auto de 13 de enero de 2021, dicho órgano jurisdiccional condenó a la Presidencia del Consejo de Ministros a reparar el perjuicio patrimonial y no patrimonial causado a M. M. por no haber transpuesto las citadas Directivas, aunque, en la fecha en que se presentó la resolución de remisión, aún no se había abonado a esta indemnización alguna en virtud de esa condena.
12
Posteriormente, M. M. interpuso ante el Giudice di pace di Fondi (Juez de Paz de Fondi, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente, un recurso con objeto de obtener, en lo que respecta a las mencionadas vistas, el pago de un importe adicional de 150 euros por vista, es decir, un total de 1500 euros, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, debido a la persistente falta de transposición de dichas Directivas. En apoyo de su recurso, alega que la diferencia de trato existente entre su trato económico y el de los jueces y fiscales de carrera constituye una discriminación prohibida por las Directivas 1999/70, 97/81 y 2003/88.
13
A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que, según M. M., aunque esta haya ejercido las funciones de fiscal honorario de manera continua desde el 4 de abril de 2001, se vio obligada, para evitar el cese inmediato de tales funciones el 28 de junio de 2022, a presentar una solicitud de participación en el procedimiento de evaluación previsto en el artículo 29 del Decreto Legislativo n.o 116.
14
En virtud de este artículo, un juez o fiscal honorario en activo puede solicitar participar en un procedimiento de evaluación y de estabilización que le permita, en caso de superar el procedimiento de evaluación, permanecer en activo hasta la edad de setenta años. También puede no presentar una solicitud de participación en dicho procedimiento y, en consecuencia, cesar en sus funciones. En tal caso, podrá solicitar, con el límite global de 50000 euros brutos, una indemnización cuyo importe sea igual a 1500 euros brutos por año de servicio en el que haya participado en vistas durante menos de ochenta días o una indemnización cuyo importe sea igual a 2500 euros brutos por cada año de servicio en el que haya participado en vistas durante al menos ochenta días. Esta indemnización se concede también a los jueces o fiscales honorarios que, pese a haber solicitado participar en el referido procedimiento, no lo hayan superado.
15
Pues bien, la solicitud de participar en el procedimiento de estabilización o la percepción de dicha indemnización implica para un juez o fiscal honorario como M. M. la renuncia, ex lege, a cualquier otra pretensión de la naturaleza que fuere derivada del ejercicio de las funciones de juez o fiscal honorario ejercidas anteriormente. La única posibilidad de no renunciar a tal pretensión consiste en abandonar el servicio sin percibir indemnización alguna.
16
Por consiguiente, M. M. sostiene, ante el órgano jurisdiccional remitente, que la legislación italiana no le permite reclamar las cantidades a las que tiene derecho por no haberse transpuesto las Directivas 1999/70, 2003/88 y 92/85, de modo que, por una parte, dicha legislación es contraria al Derecho de la Unión y, por otra, corresponde al citado órgano jurisdiccional dejar inaplicada esa legislación.
17
Dicho órgano jurisdiccional indica que el Tribunal de Justicia declaró, en sus sentencias de 16 de julio de 2020, Governo della Repubblica italiana (Estatuto de los jueces de paz italianos) (C‑658/18, EU:C:2020:572), y de 7 de abril de 2022, Ministero della Giustizia y otros (Estatuto de los jueces de paz italianos) (C‑236/20, EU:C:2022:263), que los Estados miembros deben transponer las Directivas mencionadas en el apartado 16 de la presente sentencia en lo que atañe a los jueces de paz, cuya función es equiparada por la ley italiana a la de los fiscales adjuntos honorarios.
18
Pues bien, en el caso de autos, si se aplicara a M. M. el artículo 29 del Decreto Legislativo n.o 116, estaría obligada a renunciar a cualquier crédito de la naturaleza que fuere resultante del ejercicio de las funciones de juez o fiscal honorario y, de este modo, se vería privada de la protección de sus derechos garantizada por esas Directivas.
19
Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente indica, en esencia, que, con el fin de luchar contra la precariedad de los jueces y fiscales honorarios, la legislación italiana estableció, con esa disposición nacional, una continuidad incierta de sus funciones, mediante su participación en procedimientos de evaluación y de continuidad o mediante el abono de una indemnización irrisoria habida cuenta del perjuicio sufrido en relación con el cese de sus funciones.
20
En estas circunstancias, el Giudice di pace di Fondi (Juez de Paz de Fondi) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse el artículo 288 [TFUE], los artículos 17, 31, 34 y 47 de la [Carta], el artículo 7 de la Directiva [2003/88], la cláusula 4 del [Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial] y la cláusula 4 del [Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada] en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la prevista en el artículo 29 del [Decreto Legislativo n.o 116], que establece la renuncia automática ex lege a todas las pretensiones relativas a la aplicación de las […] Directivas [1999/70, 97/81 y 2003/88], con la pérdida de todas las demás protecciones de carácter salarial, laboral y social garantizadas por el Derecho [de la Unión]:
a)
en caso de que un miembro honorario de la carrera judicial y fiscal, como trabajador europeo con contrato de duración determinada y a tiempo parcial, comparable a un miembro profesional de la carrera judicial y fiscal, como trabajador europeo por tiempo indefinido y a tiempo completo, haya presentado una mera solicitud de participación en procedimientos de estabilización que se limitan a aplicar formalmente la cláusula 5, punto 1, del [Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada],
b)
o, en caso de que no se superen dichos procedimientos o de que no se haya presentado tal solicitud, con la percepción de una indemnización de un importe manifiestamente inadecuado y desproporcionado en comparación con los daños sufridos por la falta de transposición de dichas Directivas?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
21
El órgano jurisdiccional remitente ha solicitado que la presente petición de decisión prejudicial se tramite mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En apoyo de su solicitud, dicho órgano jurisdiccional señala que, en virtud del artículo 29 del Decreto Legislativo n.o 116, la demandante en el litigio principal tiene que optar entre, por una parte, la renuncia a cualquier pretensión que pudiera formular contra el Estado italiano y, por otra parte, el cese inmediato de sus funciones judiciales, sin compensación por los daños sufridos al no transponer la República Italiana las Directivas 97/81, 1999/70 y 2003/88. A su juicio, tal elección constituye un menoscabo grave de la independencia de jueces y fiscales, lo que justifica que el presente asunto sea examinado a la mayor brevedad.
22
A este respecto, procede recordar que, en virtud del artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, a instancia del órgano jurisdiccional remitente o, excepcionalmente, de oficio, el Presidente del Tribunal de Justicia podrá, tras oír al Juez Ponente y al Abogado General, decidir tramitar una petición de decisión prejudicial mediante un procedimiento acelerado que establezca excepciones a las disposiciones de este Reglamento, cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo.
23
En el presente asunto, el 30 de septiembre de 2022, el Presidente del Tribunal de Justicia, tras oír al Juez Ponente y a la Abogada General, decidió desestimar la solicitud mencionada en el apartado 21 de la presente sentencia.
24
En efecto, la resolución de remisión no permite al Tribunal de Justicia comprender ni las consecuencias que sufriría M. M. sin un procedimiento acelerado ni de qué manera esta ausencia podría menoscabar concretamente la independencia de jueces y fiscales.
25
En cualquier caso, debe recordarse que, a falta de pruebas que indiquen que la tramitación del asunto mediante el procedimiento acelerado permitiría evitar tales consecuencias, la incertidumbre jurídica que afecta a la demandante en el litigio principal no puede, por sí sola, justificar el recurso a dicho procedimiento (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 2016, S., C‑283/16, EU:C:2016:482, apartado 11).
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
26
Según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir (sentencia de 22 de febrero de 2024, Ente Cambiano società cooperativa per azioni, C‑660/22, EU:C:2024:152, apartado 20 y jurisprudencia citada).
27
Como la resolución de remisión sirve de fundamento a este procedimiento, el órgano jurisdiccional nacional está obligado a hacer explícito, en la propia resolución de remisión, el marco fáctico y normativo en el que se inscribe el litigio principal y a facilitar las explicaciones necesarias sobre los motivos de la elección de las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita y sobre la relación que establece entre esas disposiciones y la normativa nacional aplicable al litigio del que conoce (sentencia de 22 de febrero de 2024, Ente Cambiano società cooperativa per azioni, C‑660/22, EU:C:2024:152, apartado 21 y jurisprudencia citada).
28
A este respecto, es preciso subrayar asimismo que la información recogida en las resoluciones de remisión debe permitir, por una parte, que el Tribunal de Justicia dé respuestas útiles a las cuestiones prejudiciales formuladas por el tribunal nacional y, por otra parte, que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas ejerzan el derecho de presentar observaciones que les confiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por que se salvaguarde este derecho, habida cuenta de que, con arreglo a ese artículo, a las partes interesadas solo se les notifican las resoluciones de remisión (sentencia de 22 de febrero de 2024, Ente Cambiano società cooperativa per azioni, C‑660/22, EU:C:2024:152, apartado 22 y jurisprudencia citada).
29
Estas exigencias acumulativas referidas al contenido de una resolución de remisión figuran de manera explícita en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento, que el órgano jurisdiccional remitente, en el marco de la cooperación establecida en el artículo 267 TFUE, debe conocer y respetar escrupulosamente. Dichas exigencias también figuran en los apartados 13, 15 y 16 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO 2019, C 380, p. 1) (sentencia de 22 de febrero de 2024, Ente Cambiano società cooperativa per azioni, C‑660/22, EU:C:2024:152, apartado 23 y jurisprudencia citada).
30
Procede señalar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 288 TFUE, los artículos 17, 31, 34 y 47 de la Carta, el artículo 7 de la Directiva 2003/88, la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial y la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que los jueces y fiscales honorarios, para poder continuar desempeñando sus funciones, están obligados a participar en un procedimiento de evaluación, el cual, por una parte, en caso de resultado positivo, les permite obtener la transformación de su relación laboral de duración determinada en una relación laboral por tiempo indefinido, y ello hasta la edad de setenta años, y, por otra parte, en caso de resultado negativo, permite a estos jueces y fiscales percibir una indemnización, cuando tanto la superación como la no superación de la evaluación con aceptación de la indemnización implican la renuncia, ex lege, a cualquier pretensión que pudieran formular, sobre la base de dichas disposiciones, en relación con las funciones de juez o fiscal honorario ejercidas anteriormente.
31
A este respecto, ha de señalarse, en primer lugar, que el órgano jurisdiccional remitente no solicita una interpretación autónoma del artículo 288 TFUE o de los artículos 17, 31, 34 y 47 de la Carta, ya que estas disposiciones se invocan únicamente en apoyo de la solicitud de interpretación de la Directiva 2003/88, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial y del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada [véase, por analogía, la sentencia de 7 de abril de 2022, Ministero della Giustizia y otros (Estatuto de los jueces de paz italianos), C‑236/20, EU:C:2022:263, apartado 26].
32
En segundo lugar, por lo que respecta al artículo 7 de la Directiva 2003/88, es preciso constatar que este artículo no es pertinente para la resolución del litigio principal, ya que, en el marco de este litigio, M. M. no invoca el respeto del derecho a vacaciones anuales retribuidas, consagrado en dicha disposición, sino, en esencia, el pago de una retribución igual a la percibida por un juez o fiscal de carrera.
33
En tercer lugar, por lo que se refiere a la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, procede señalar que ningún elemento de la resolución de remisión permite acreditar que M. M. trabaje a tiempo parcial, en el sentido de este Acuerdo Marco.
34
En cuarto lugar, por lo que respecta a la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, es preciso constatar que, mediante su cuestión prejudicial, el juez remitente se pregunta esencialmente sobre la legalidad, a la luz de esta cláusula, del mecanismo previsto en el artículo 29 del Decreto Legislativo n.o 116, en la medida en que esta disposición nacional, al mismo tiempo que permite la transformación de la relación laboral de duración determinada de un juez o fiscal honorario en una relación laboral por tiempo indefinido, impediría a ese juez o fiscal obtener la misma retribución que aquella de la que disfrutan los jueces y fiscales de carrera que ejercen funciones comparables, dado que tal transformación implica la renuncia, ex lege, a cualquier pretensión derivada del cese de las funciones de juez o fiscal honorario ejercidas anteriormente.
35
Para responder a esta cuestión prejudicial, es necesario determinar previamente si dicha cláusula del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada obliga a abonar la misma retribución, por las funciones ejercidas, a los jueces y fiscales honorarios y a los jueces y fiscales de carrera. A este respecto, en particular, procede examinar, en primer término, si un juez o fiscal honorario que se encuentre en la situación de M. M. puede calificarse de «trabajador» de duración determinada, en el sentido de la cláusula 2 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada; en segundo término, si la diferencia de trato alegada se refiere a una «condición de trabajo», en el sentido de la cláusula 4 del citado Acuerdo Marco; en tercer término, si dicho juez o fiscal se encuentra en una situación comparable a la de un juez o fiscal de carrera, y, en cuarto término, si, y, en su caso, en qué medida, esta diferencia de trato puede justificarse sobre la base de una «razón objetiva», en el sentido de esta última cláusula (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de junio de 2024, Peigli, C‑41/23, EU:C:2024:554, apartados 39 a 50).
36
Pues bien, ha de constatarse que, aun suponiendo que se cumplan los tres primeros requisitos expuestos en el apartado anterior de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos que le permitan proceder a la apreciación de la eventual existencia de una «razón objetiva», en el sentido de la cláusula 4, punto 1, del referido Acuerdo Marco. En este contexto, el Tribunal de Justicia no dispone de la información que permita aclarar si posibles diferencias relativas, en particular, al tipo y al valor de los litigios que estas categorías de jueces y fiscales deben tratar o incluso a las modalidades de selección de dichos jueces y fiscales pudieran justificar la legalidad de una diferencia de trato como la controvertida. Por último, la información de que dispone el Tribunal de Justicia no permite evaluar las diferencias de retribución entre los jueces y fiscales honorarios y los jueces y fiscales de carrera.
37
Asimismo, procede señalar que de la resolución de remisión se desprende que, aunque M. M. reivindica la misma «retribución diaria» que la percibida por un juez o fiscal de carrera, invoca una diferencia de trato refiriéndose a la retribución que percibiría no por una jornada de trabajo, sino por la participación en vistas que no exceden de cinco horas de duración. En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia no dispone de información que le permita saber si las reivindicaciones de la demandante en el litigio principal se refieren al mismo tipo de prestaciones que las realizadas por los jueces y fiscales de carrera.
38
Por otro lado, de los puntos 34 y 36 de las conclusiones de la Abogada General se desprende, en esencia, que la petición de decisión prejudicial no permite saber si, o en qué medida, la retribución percibida por la demandante en el litigio principal, que es menor que la de los jueces y fiscales de carrera, debe considerarse un trato menos favorable injustificado, en el sentido de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada.
39
En atención a las apreciaciones anteriores, procede considerar que la petición de decisión prejudicial no cumple los requisitos previstos en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento y que debe, por tanto, declararse inadmisible.
40
No obstante, debe recordarse que el órgano jurisdiccional remitente conserva la posibilidad de presentar una nueva petición de decisión prejudicial facilitando al Tribunal de Justicia todos los elementos necesarios para que este pueda pronunciarse (sentencia de 22 de febrero de 2024, Ente Cambiano società cooperativa per azioni, C‑660/22, EU:C:2024:152, apartado 35).
Costas
41
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
La petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Fondi (Juez de Paz de Fondi, Italia), mediante resolución de 18 de agosto de 2022, es inadmisible.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.