61971J0007
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 14 de diciembre de 1971 (
*1
)
En el asunto 7/71,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. J.P. Delahousse, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. E. Reuter, Consejero Jurídico, 4, boulevard Royal,
parte demandante,
contra
República Francesa, representada por el Sr. R. Sivan, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, en calidad de Agente, asistido por el Sr. G. de Lacharriére, Ministro Plenipotenciario y por el Sr. M. Petit, Director Adjunto de Relaciones Internacionales del Commissariat á l'énergie atomique, que designa como domicilio en Luxemburgo, la Embajada de Francia, 19-21, rue Notre-Dame,
parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica al negarse a aplicar las disposiciones del Capítulo VI del Título segundo de dicho Tratado,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; J. Mertens de Wilmars (Ponente) y H. Kutscher, Presidentes de Sala; A.M. Donner, A. Trabucchi, R. Monaco y P. Pescatore, Jueces;
Abogado General: Sr. K. Roemer;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
1
Considerando que, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de marzo de 1971, la Comisión interpuso un recurso con arreglo al artículo 141 del Tratado CEEA, con el fin de que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Capítulo VI del Título segundo de dicho Tratado al negarse a presentar a la Comisión los informes anuales previstos en el artículo 70 del Tratado, al celebrar, a espaldas de la Agencia de Abastecimiento, contratos sobre la importación de la República Federal de Alemania, de Canadá y de Italia y sobre el suministro a Italia de materiales fisionables especiales y, por último, al negarse a notificar a la Agencia la existencia de contratos de transformación uranio importado de Sudáfrica así como las cantidades objeto de la correspondiente transferencia.
Sobre la admisibilidad
2
Considerando que el Gobierno de la República Francesa niega la admisibilidad del recurso, alegando que se interpuso fuera de plazo;
3
que, según dicho Gobierno, desde 1965 la República Francesa no ha dejado de defender la caducidad de las disposiciones del Capítulo VI del Tratado cuya violación se le imputa, y que con posterioridad no ha hecho sino actuar conforme a dicha opinión;
4
que, a su juicio, la Comisión no puede acudir al Tribunal de Justicia en 1971 a causa de una situación que dura desde 1965 y de la que tuvo conocimiento desde dicho momento.
5
Considerando que la interposición del recurso por incumplimiento de Estado, regulado en el artículo 141 del Tratado no está sujeta a ningún plazo preestablecido, y que dicho procedimiento implica, por su naturaleza y su objetivo, la facultad de la Comisión de apreciar los motivos y los plazos más adecuados para poner fin a los eventuales incumplimientos;
6
que el hecho de que la Comisión no haya interpuesto su recurso hasta pasado un período prolongado de tiempo no puede regularizar un incumplimiento persistente;
7
que, por otra parte, según ha afirmado la Comisión, sin que se haya negado tal extremo, sólo se tuvo noticia de la existencia de las operaciones controvertidas a raíz de indagaciones realizadas principalmente durante el año 1968;
8
que el 24 de abril de 1969, la Comisión comunicó al Commissariat à l'énergie atomique los hechos de que había tenido conocimiento y el 12 de marzo de 1970 inició el procedimiento previsto en el artículo 141 requiriendo al Gobierno francés para que presentara sus observaciones sobre distintos incumplimientos que la Comisión enumeraba con precisión.
9
Considerando que, según el Gobierno francés, procede declarar la inadmisibilidad del recurso, que constituye, además, una desviación procesal;
10
que, a su juicio, la situación posterior al 1 de enero de 1965, al no haber confirmado el Consejo lo dispuesto en el Capítulo VI del Tratado ni haber dictado nuevas disposiciones, habría debido dar lugar a un recurso por omisión contra dicha Institución;
11
que, según el Gobierno francés, al sustituir dicha acción por un recurso por incumplimiento contra un Estado miembro, la Comisión pretende que se declare que el Capítulo VI sigue siendo de aplicación aunque no haya sido confirmado por el Consejo, mientras que por el contrario, debería exigirse el cumplimiento de la obligación de actuar que el Tratado impone al Consejo.
12
Considerando que el hecho de que el Consejo no se haya pronunciado sobre si, después del 31 de diciembre de 1964, procede confirmar lo dispuesto en el Capítulo VI o debe sustituirse por un régimen de abastecimiento distinto no es impedimento para que la Comisión vele por el respeto de las disposiciones que considera vigentes;
13
que, por consiguiente, si durante el período considerado los Estados miembros estaban obligados a cumplir lo dispuesto en el Capítulo VI del Tratado -extremo sobre el que deberá pronunciarse a continuación este Tribunal de Justicia- no puede constituir desviación procesal un recurso interpuesto con el fin de que se declare que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones establecidas en dichas disposiciones, ya que el objeto de tal recurso es garantizar la aplicación del Tratado.
14
Considerando, por último, que es irrelevante la excepción relativa a la voluntad de la Comisión de influir en los futuros debates del Consejo;
15
que procede admitir el recurso.
Sobre el fondo
a) En cuanto a la interpretación del artículo 76 del Tratado CEEA
16
Considerando que la parte demandada alega, en primer lugar, que han caducado las disposiciones del párrafo segundo del artículo 76 del Tratado CEEA (como demuestra el empleo en dicho artículo del término «transcurridos»), toda vez que el Consejo no confirmó las disposiciones del Capítulo VI ni adoptó nuevas normas antes del 31 de diciembre de 1964, o en un plazo razonable a partir de dicha fecha;
17
que por lo tanto su falta de aplicación no puede, a su juicio, ser constitutiva de incumplimiento a efectos del artículo 141.
18
Considerando que la caducidad de los preceptos del Tratado no se presume;
19
que los Estados miembros convinieron en constituir una Comunidad de duración indefinida regida por Instituciones permanentes con verdaderos poderes, consecuencia de una limitación o de una transmisión de competencias de los Estados miembros a favor de dicha Comunidad;
20
que, en consecuencia, la declinación de las competencias así otorgadas y la retrocesión de sus respectivos objetos al ámbito de la competencia de los Estados miembros tan sólo podría tener lugar en virtud de una disposición expresa del Tratado;
21
que el artículo 76 no tiene tal alcance;
22
que dicha disposición, incluida al final del Capítulo VI, que desarrolla la obligación general que la letra d) del artículo 2 impone a las Instituciones de la Comunidad, a saber, velar por el abastecimiento regular y equitativo en minerales y combustibles nucleares de todos los usuarios, tiene por objeto permitir las adaptaciones del sistema de abastecimiento a la evolución de las circunstancias, y por lo tanto no puede interpretarse que su finalidad sea privar a la Comunidad de un medio de acción establecido para lograr uno de los objetivos del Tratado;
23
que ni siquiera una eventual inactividad del Consejo en el ejercicio de las facultades que ostenta con arreglo al párrafo segundo del artículo 76 para adaptar lo dispuesto en dicho Capítulo a lo que aconseje la experiencia, puede dar lugar a que desaparezcan los vínculos que los Estados miembros acordaron establecer entre sí y las obligaciones que de tales vínculos derivan para cada uno de ellos;
24
que admitir la caducidad de todo el Capítulo VI, sin que simultáneamente se produzca la entrada en vigor de nuevos preceptos, equivaldría a aceptar una solución de continuidad en un ámbito en el que el Tratado, en virtud de su artículo 2, prevé una política común;
25
que si bien el tenor literal del artículo 76 indica que, después de un plazo de siete años, el Consejo y la Comisión podrán proceder a efectuar las modificaciones cuya necesidad quede demostrada por la experiencia o confirmar las disposiciones iniciales, ello no implica que pueda establecerse relación alguna entre la posible falta de ejercicio de dichas competencias y la caducidad, inmediata o término, de las antiguas disposiciones;
26
que, en efecto, el artículo 76 no dispone expresamente que la Comunidad deba verse privada de la misión que le atribuye el artículo 2 ni que dicha misión deba volver al ámbito de competencia de los Estados miembros.
27
Considerando que tampoco cabe acoger la objeción según la cual mantener en vigor los preceptos controvertidos equivale a su confirmación de un modo y de acuerdo con unos métodos distintos de los establecidos expresamente por el párrafo segundo del artículo 76, lo cual redundaría en la inutilidad de este precepto;
28
que, efectivamente, hasta el momento en que se adopte la decisión de confirmar las normas existentes o de sustituirlas por otras nuevas, las disposiciones del Capítulo VI tan sólo se mantienen con carácter provisional, de modo que pueden sustituirse en cualquier momento por un conjunto de nuevas disposiciones que regulen un régimen de abastecimiento distinto;
29
que, en consecuencia, debe desestimarse el motivo basado en el artículo 76 del Tratado.
b) En cuanto a la realidad de los incumplimientos alegados
30
Considerando que la Comisión imputa, en primer lugar, a la parte demandada no haber presentado desde 1965 los informes anuales previstos en el artículo 70 del Tratado;
31
que el Gobierno francés afirma que la información cuya comunicación exige dicho artículo se publica anualmente en los informes del Commissariat à l'énergie atomique francés, que se remiten a la Comisión;
32
que, posteriormente, la demandante ha declarado que dichos informes «no comprendían la totalidad de la información exigida», sin indicar, no obstante, por qué motivo las indicaciones contenidas en los informes del Commissariat eran insuficientes.
33
Considerando que los informes presentados ante el Tribunal de Justicia contienen, al menos por lo que respecta a la prospección, producción y probable evolución de las reservas, la información que puede servir de base a la Comisión para el desempeño de sus funciones;
34
que, por otra parte, ésta no ha alegado que hubiera solicitado información complementaria alguna;
35
que, en tales circunstancias, los datos aportados por la Comisión, acreditan suficientemente la existencia de un incumplimiento del artículo 70.
36
Considerando que, además, se imputa al Gobierno demandado haber efectuado diversas compraventas de materiales fisionables especiales vulnerando el derecho de opción y el derecho exclusivo de la Comisión para la celebración de acuerdos de suministro de tal naturaleza, así como no haber comunicado a la Agencia un contrato celebrado para la transformación de uranio procedente de Sudáfrica.
37
Considerando que el Gobierno francés no ha negado que las transacciones imputadas se ejecutaron al margen de la Agencia, procede declarar que no se respetaron las prerrogativas de ésta.
c) En cuanto a las demás circunstancias que pudieran excluir la declaración de incumplimiento
38
Considerando que el Gobierno francés alega además que, aun en el caso de que lo dispuesto en el Capítulo VI haya permanecido vigente, dichos preceptos se aplicaron de un modo meramente formal, sin alcance real;
39
que, por cuanto los incumplimientos imputados se refieren esencialmente a la compraventa de materiales fisionables especiales, el Gobierno demandado alega que la posición cuasimonopolística del principal proveedor de la Comunidad impidió en esta materia cualquier confrontación entre oferta y demanda, mientras que precisamente es tal confrontación lo que justifica el derecho de opción de la Agencia y su derecho exclusivo a celebrar contratos de suministro.
40
Considerando que, debido a la estructura del mercado de materiales fisionables especiales, la confrontación entre oferta y demanda mediante la intervención de la Agencia durante el período de referencia ciertamente no tuvo como consecuencia la fijación de un precio de mercado;
41
que, no obstante, de ello no se desprende que la intervención de la Agencia, como organismo comunitario que representa el conjunto de los usuarios, no contribuya ya a la consecución de los objetivos del Tratado;
42
que, en el marco del acuerdo de cooperación celebrado entre el Euratom y los Estados Unidos de América, dicha intervención permitía garantizar a todos los usuarios de los Estados miembros la igualdad de acceso a los materiales fisionables especiales.
43
que, en cualquier caso, la circunstancia de que durante un período de tiempo determinado las condiciones de mercado hayan podido hacer menos necesaria la utilización de los mecanismos de abastecimiento previstos en el Tratado no es suficiente para privar de su fuerza obligatoria a las disposiciones relativas a dichos mecanismos.
44
Considerando que, además, el Gobierno francés alega que al no haber adoptado una decisión el Consejo una vez transcurridos los siete años previstos en el artículo 76 del Tratado, se produjo una situación jurídica equívoca, ya que el mantenimiento de la vigencia de los preceptos del Capítulo VI resultó, cuando menos, incierto, habida cuenta de las diversas interpretaciones posibles del párrafo segundo de dicho artículo 76;
45
que, por potra parte, los otros Estados miembros no sufrieron perjuicio alguno a causa de la conducta denunciada;
46
que tales circunstancias excluyen un incumplimiento en el sentido del artículo 141.
47
Considerando que ningún incumplimiento puede justificarse invocando la incertidumbre de la situación jurídica en que se ha encontrado el Estado miembro y contra la cual el Tratado le ofrece medios para actuar;
48
que, efectivamente, por una parte, la obligación general de cooperación establecida en el artículo 192 del Tratado debió llevar a la parte demandada a poner fin a la incertidumbre en la que basa su defensa mediante la utilización de los medios que le ofrece el Tratado; éste pone a disposición de cada Estado miembro, en particular mediante el artículo 148, las acciones adecuadas para hacer frente a una posible inactividad del Consejo;
49
que, por otra parte, el procedimiento por incumplimiento de Estado permite, precisamente, determinar el alcance exacto de las obligaciones de los Estados miembros en caso de discrepancias de interpretación;
50
que, por último, el artículo 141 no requiere la existencia de un perjuicio sufrido por los demás Estados miembros como requisito para iniciar el procedimiento para la declaración de incumplimiento;
51
que procede desestimar el motivo.
Cosías
52
Considerando que, a tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas;
53
que, en lo fundamental, han sido desestimados los motivos formulados por la parte demandada.
En virtud de todo lo expuesto;
vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídas las observaciones de las partes;
oídas las conclusiones del Abogado General;
visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en especial, sus artículos 52, 55, 57, 64, 70, 75, 76 y 141, 148 y 192;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de la Energía Atómica;
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
desestimando cualesquiera otras consideraciones más amplias o contrarias, decide:
1)
Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Capítulo VI del Título segundo del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, concretamente, en virtud de sus artículos 52, 55, 57, 64 y 75;
al celebrar, al margen de la Agencia de Abastecimiento, contratos relativos a la importación de 3.555 kg de uranio enriquecido al 1,15 %, procedente de la Central de Khal, de cantidades de plutonio procedentes de Canadá, de 116 kg de plutonio procedente del Ente nazionale per l'elettricità así como al suministro de aproximadamente 2.000 kg de uranio enriquecido al 4,7 % al Comitato nazionale per l'energia nucleare;
al no haber notificado a la Agencia de Abastecimiento la existencia de un acuerdo sobre transformación de uranio importado de Sudáfrica, así como las cantidades objeto de la transferencia correspondiente.
2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.
3)
Condenar en costas a la parte demandada.
Lecourt
Mertens de Wilmars
Kutscher
Donner
Trabucchi
Monaco
Pescatore
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de diciembre de 1971.
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
R. Lecourt
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.