62003CJ0221_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C‑221/03,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 22 de mayo de 2003,
Comisión de las Comunidades Europeas,
representada por el Sr. G. Valero Jordana, en calidad de agente, asistido por los M es
M. van der Woude y T. Chellingsworth, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandante,
contra
Reino de Bélgica,
representado inicialmente por la Sra. A. Snoecx, y posteriormente por la Sra. E. Dominkovits, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, S. von Bahr, J. Malenovský y A. Ó Caoimh (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;
Secretario: Sr. R. Grass;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 12 de enero de 2005;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de marzo de 2005;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1. Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva»), al no haber adoptado las medidas necesarias para la completa y correcta aplicación de los artículos 3, apartados 1 y 2, 4, 5 y 10 de dicha Directiva, en relación con la Región Flamenca y los artículos 3, apartados 1 y 2, y 5 de dicha Directiva en relación con la Región Valona.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
2. Según su artículo 1, el objetivo de la Directiva es reducir la contaminación causada o provocada por los nitratos de origen agrario, y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase.
3. A tenor del artículo 2, letra j), de la Directiva:
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
j) «contaminación»: la introducción de compuestos nitrogenados de origen agrario en el medio acuático, directa o indirectamente, que tenga consecuencias que puedan poner en peligro la salud humana, perjudicar los recursos vivos y el ecosistema acuático, causar daños a los lugares de recreo u ocasionar molestias para otras utilizaciones legítimas de las aguas;
4. El artículo 3, apartados 1, 2, 4 y 5, de la Directiva establece:
«1. Los Estados miembros determinarán, con arreglo a los criterios definidos en el Anexo I, las aguas afectadas por la contaminación y las aguas que podrían verse afectadas por la contaminación si no se toman medidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.
2. Los Estados miembros designarán, en un plazo de dos años a partir de la notificación de la presente Directiva, como zonas vulnerables todas las superficies conocidas de su territorio cuya escorrentía fluya hacia las aguas contempladas en el apartado 1 y que contribuyan a la contaminación. Notificarán esta designación inicial a la Comisión en el plazo de seis meses.
[…]
4. Los Estados miembros examinarán y, si procede, modificarán o ampliarán las designaciones de zonas vulnerables en un plazo adecuado y como mínimo cada cuatro años, a fin de tener en cuenta cambios y factores no previstos en el momento de la designación anterior. Notificarán a la Comisión cualquier modificación o ampliación de las designaciones en un plazo de seis meses.
5. Los Estados miembros no estarán obligados a determinar zonas vulnerables específicas en caso de que elaboren y apliquen programas de acción contemplados en el artículo 5 con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva en todo su territorio nacional.»
5. De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, al objeto de establecer, para todas las aguas, un nivel general de protección contra la contaminación, los Estados miembros debían elaborar, dentro del plazo de dos años a partir de la notificación de la Directiva, uno o más códigos de prácticas agrarias correctas, que los agricultores están obligados a aplicar voluntariamente, y que deben contener, al menos, los elementos enumerados en el anexo II, letra A, de dicha Directiva.
6. A tenor del artículo 5 de la Directiva:
«1. En un plazo de dos años a partir de la designación inicial a que se refiere el apartado 2 del artículo 3, o de un año a partir de cada consignación complementaria con arreglo al apartado 4 del artículo 3, y con objeto de cumplir los objetivos especificados en el artículo 1, los Estados miembros establecerán programas de acción respecto de las zonas vulnerables designadas.
[…]
3. Los programas de acción tendrán en cuenta:
a) los datos científicos y técnicos de que se disponga, principalmente con referencia a las respectivas aportaciones de nitrógeno procedentes de fuentes agrarias o de otro tipo;
b) las condiciones medioambientales en las regiones afectadas del Estado miembro de que se trate.
4. Los programas de acción se pondrán en aplicación en el plazo de cuatro años desde su elaboración y consistirán en las siguientes medidas obligatorias:
a) las medidas del Anexo III;
b) las medidas dispuestas por los Estados miembros o en el o los códigos de prácticas agrarias correctas establecidos con arreglo al artículo 4, excepto aquellas que hayan sido sustituidas por las medidas del Anexo III.
5. Por otra parte, y en el contexto de los programas de acción, los Estados miembros tomarán todas aquellas medidas adicionales o acciones reforzadas que consideren necesarias si, al inicio o a raíz de la experiencia adquirida al aplicar los programas de acción, se observare que las medidas mencionadas en el apartado 4 no son suficientes para alcanzar los objetivos especificados en el artículo 1. Al seleccionar estas medidas o acciones, los Estados miembros tendrán en cuenta su eficacia y su coste en comparación con otras posibles medidas de prevención.
[…]»
7. El artículo 10 de la Directiva es del siguiente tenor literal:
«1. Con respecto al período de cuatro años a partir de la notificación de la presente Directiva, y con respecto a cada período subsiguiente de cuatro años, los Estados miembros presentarán a la Comisión un informe en el que constará la información contemplada en el Anexo V.
2. El informe mencionado en el presente artículo se presentará a la Comisión dentro de los seis meses siguientes al final del período a que se refiera.»
8. El anexo I de la Directiva, relativo a los criterios para identificar las aguas a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de ésta, dispone en su parte A:
«Las aguas contempladas en el apartado 1 del artículo 3 se identificarán utilizando, entre otros criterios, los siguientes:
1. si las aguas dulces superficiales, en particular las que se utilicen o vayan a utilizarse para la extracción de agua potable presentan o pueden llegar a presentar si no se actúa de conformidad con el artículo 5, una concentración de nitratos superior a la fijada de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 75/440/CEE;
2. si las aguas subterráneas tienen más de 50 miligramos por litro de nitratos, o pueden llegar a contenerlo si no se actúa de conformidad con el artículo 5;
3. si los lagos naturales de agua dulce, otras masas de agua dulce naturales, los estuarios, las aguas costeras y las aguas marinas son eutróficas o pueden eutrofizarse en un futuro próximo si no se actúa de conformidad con el artículo 5.»
9. El anexo II de la Directiva, con la rúbrica «Código(s) de buenas prácticas agrarias», establece en su parte A:
«El código o los códigos de buenas prácticas agrarias, cuyo objetivo sea reducir la contaminación provocada por los nitratos y tener en cuenta las condiciones de las distintas regiones de la Comunidad, deberían contener disposiciones que contemplen las siguientes cuestiones, en la medida en que sean pertinentes:
1. los períodos en que no es conveniente la aplicación de fertilizantes a las tierras;
2. la aplicación de fertilizantes a tierras en terrenos inclinados y escarpados;
3. la aplicación de fertilizantes en terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve;
4. las condiciones de aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos de agua;
[…]»
10. El anexo III de la Directiva, con la rúbrica «Medidas que deberán incluirse en los programas de acción a que se refiere la letra a) del apartado 4 del artículo 5», reza del siguiente modo:
«1. La medidas incluirán normas relativas a:
1. los períodos en que está prohibida la aplicación a las tierras de determinados tipos de fertilizantes;
2. la capacidad de los tanques de almacenamiento de estiércol; dicha capacidad deberá ser superior a la requerida para el almacenamiento de estiércol a lo largo del período más largo durante el cual esté prohibida la aplicación de estiércol a la tierra en la zona vulnerable, excepto cuando pueda demostrarse a las autoridades competentes que toda cantidad de estiércol que exceda de la capacidad real de almacenamiento será eliminada de forma que no cause daño al medio ambiente;
3. la limitación de la aplicación de fertilizantes a las tierras que sea compatible con las prácticas agrarias correctas y que tenga en cuenta las características de la zona vulnerable considerada y, en particular:
a) las condiciones del suelo, el tipo de suelo y la pendiente;
b) las condiciones climáticas, de pluviosidad y de riego;
c) los usos de la tierra y las prácticas agrarias, incluidos los sistemas de rotación de cultivos;
y deberá basarse en un equilibrio entre:
i) la cantidad previsible de nitrógenos que vayan a precisar los cultivos, y
ii) la cantidad de nitrógeno que los suelos y los fertilizantes proporcionan a los cultivos, que corresponde a:
– la cantidad de nitrógeno presente en el suelo en el momento en que los cultivos empiezan a utilizarlo en grandes cantidades (cantidades importante a finales del invierno),
– el suministro de nitrógeno a través de la mineralización neta de las reservas de nitrógeno orgánico en el suelo,
– los aportes de compuestos nitrogenados procedentes de excrementos animales,
– los aportes de compuestos nitrogenados procedentes de fertilizantes químicos y otros.
2. Estas medidas evitarán que, para cada explotación o unidad ganadera, la cantidad de estiércol aplicada a la tierra cada año, incluso por los propios animales, exceda de la cantidad por hectárea especificada.
La cantidad especificada por hectárea será la cantidad de estiércol que contenga 170 kilogramos N. No obstante:
a) durante los primeros programas de acción cuatrienal, los Estados miembros podrán permitir una cantidad de estiércol que contenga hasta 210 kilogramos N;
b) durante y transcurrido el primer programa cuatrienal, los Estados miembros podrán establecer cantidades distintas de las mencionadas anteriormente. Dichas cantidades deberán establecerse de forma que no perjudiquen el cumplimiento de los objetivos especificados en el artículo 1 y deberán justificarse con arreglo a criterios objetivos, por ejemplo:
– ciclos de crecimiento largos;
– cultivos con elevada captación de nitrógeno;
– alta precipitación neta en la zona vulnerable;
– suelos con capacidad de pérdida de nitrógeno excepcionalmente elevada.
Cuando un Estado miembro autorice una cantidad distinta con arreglo a la presente letra b), informará a la Comisión, que estudiará la justificación con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 9.
[…]»
11. El anexo V de la Directiva, con la rúbrica «Contenido que deberá figurar en los informes a que se refiere el artículo 10», enumera los extremos de dicho contenido en los términos siguientes:
«1. Una declaración de las medidas preventivas adoptadas de conformidad con el artículo 4.
2. Un mapa que refleje lo siguiente:
a) las aguas identificadas de conformidad con el apartado 1 del artículo 3 y con el anexo I, con indicación, para cada masa de agua, de cual de los criterios expuestos en el anexo I se ha seguido para la identificación;
b) la localización de las zonas vulnerables designadas, distinguiendo entre las zonas ya existentes y las que hayan sido designadas con posterioridad al informe anterior.
3. Un resumen del resultado del control efectuado de conformidad con el artículo 6, en el que constará una declaración de las motivaciones que hayan inducido a la designación de cada zona vulnerable, o a cualquier modificación o ampliación de las designaciones de zonas vulnerables.
4. Un resumen de los programas de acción elaborados de conformidad con el artículo 5 y, en especial, de:
a) las medidas impuestas en las letras a) y b) del apartado 4 del artículo 5;
b) la información exigida en el punto 4 del anexo III;
c) cualquier medida o acción reforzada complementaria que se adopte de conformidad con el apartado 5 del artículo 5;
d) un resumen del resultado de los programas de control aplicados en virtud del apartado 6 del artículo 5;
e) las hipótesis de las que partan los Estados miembros respecto al calendario probable en que se espere que las aguas identificadas de conformidad con el apartado 1 del artículo 3 respondan a las medidas del programa de acción, junto con una indicación del grado de incertidumbre que dichas hipótesis supongan.»
12. Según el artículo 12, apartado 1, de la Directiva, los Estados miembros debían hacer que entraran en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a ésta en un plazo de dos años a partir de su notificación e informar de ello inmediatamente a la Comisión.
13. De una nota que figura en dicho artículo 12, apartado 1, se desprende que la Directiva fue notificada a los Estados miembros el 19 de diciembre de 1991.
Normativa nacional
14. La aplicación de la Directiva es competencia de las distintas regiones del Reino de Bélgica, así como, en lo que atañe a las aguas costeras y marinas, de las autoridades federales belgas.
Por lo que respecta a la Región Flamenca
15. La norma de base de la normativa flamenca relativa a la ejecución de la Directiva es el Decreto de 23 de enero de 1991 relativo a la protección del medio ambiente contra la contaminación causada por abonos (Belgische Staatsblad
de 28 de febrero de 1991), en su versión modificada por el Decreto de 11 de mayo de 1999, por el que se modifica el Decreto de 23 de enero de 1991 relativo a la protección del medio ambiente contra la contaminación causada por abonos y por el que se modifica el Decreto de 28 de junio de 1985 relativo a la autorización ecológica (Belgische Staatsblad
de 20 de agosto de 1999, p. 30995; en lo sucesivo, «Decreto sobre los abonos»).
16. Los artículos 15 a 15 quater
del Decreto sobre los abonos establecen los criterios sobre cuya base la Región Flamenca debe delimitar las zonas vulnerables en el sentido de la legislación flamenca, distinguiendo cuatro categorías, a saber:
– las zonas vulnerables «aguas» (artículo 15, apartados 2 a 7, del Decreto sobre los abonos);
– las zonas agrícolas de interés ecológico (artículo 15 bis
del Decreto sobre los abonos);
– las zonas vulnerables «naturaleza» (artículo 15 ter
del Decreto sobre los abonos), y
– las zonas saturadas de fosfatos (artículos 15 quater,
apartado 2, del Decreto sobre los abonos).
17. De la dúplica del Gobierno belga se desprende que únicamente se designaron las zonas vulnerables «aguas», con arreglo a la Directiva, lo cual no fue desmentido en la vista.
18. El artículo 15, apartados 2 y 4, del Decreto sobre los abonos establece que el Gobierno flamenco debe designar las zonas vulnerables «aguas». Se basa, para ello, en varios criterios tomados del anexo I de la Directiva.
19. El artículo 15, apartado 6, de dicho Decreto, tras precisar que «de conformidad con los apartados 2 a 5 [de dicho artículo] se han designado las zonas vulnerables “aguas” siguientes», enumera tres categorías de zonas vulnerables, a saber:
– las zonas de extracción de agua y las zonas de protección del tipo I, II y III para las aguas subterráneas, delimitadas con arreglo al Decreto de 24 de enero de 1984, sobre las medidas en materia de gestión de las aguas subterráneas;
– las cuencas sub-hidrográficas de las aguas de superficie destinadas a la producción de agua potable, delimitadas con arreglo a la ley de 26 de marzo de 1971, sobre la protección de las aguas de superficie contra la contaminación, y
– las zonas que contengan suelos sensibles a los nitratos, que necesiten un endurecimiento de las normas, determinadas por el Gobierno flamenco, y delimitadas con arreglo al Decreto de 24 de enero de 1984.
20. La designación concreta de las zonas vulnerables «aguas» se reproduce en los artículos 2, 6, 9 y 10 del Decreto del Gobierno flamenco de 31 de marzo de 2000 relativo a la designación de las restricciones basadas en zonas, como aquéllas a las que se refieren los artículos 13 bis,
15, 15 bis,
15 quater,
15 quinquies
y 17 del Decreto de 23 de enero de 1991 relativo a la protección del medio ambiente contra la contaminación causada por los abonos (Belgische Staatsblad
de 26 de abril de 2000, p. 13199), así como la normativa a la que se remite. Según el artículo 20 de dicho Decreto éste «será aplicable a partir del 1 de enero de 2000».
21. Se designaron otras zonas vulnerables «aguas» en el Decreto del Gobierno flamenco de 14 de junio de 2002, cuyo objeto consiste en examinar, revisar y completar las zonas de aguas vulnerables como aquéllas a las que se refiere el artículo 15, apartados 3, 4 y 5, del Decreto de 23 de enero de 1991 relativo a la protección del medio ambiente contra la contaminación causada por los abonos (Belgische Staatsblad
de 17 de julio de 2002, p. 32340).
22. El artículo 17 del Decreto sobre los abonos contiene algunas normas sobre los métodos para la aplicación a la tierra de fertilizantes. Concretamente, el artículo 17, apartados 1, 2 y 7 de dicho Decreto establece los períodos durante los cuales está prohibida la aplicación de determinados tipos de fertilizantes a las tierras arables. El artículo 23 del Decreto de 11 de mayo de 1999 estableció el texto íntegro del artículo 17 del Decreto sobre los abonos.
23. El artículo 5.9.2.3, apartado 1, del Decreto, de 1 de junio de 1995, por el que se fijan las disposiciones generales y sectoriales en materia de higiene del medio ambiente, conocido como el «Vlarem II» (Belgische Staatsblad
de 31 de julio de 1995; en lo sucesivo, «Vlarem II») establece las normas flamencas sobre la capacidad de los tanques destinados al almacenamiento de excrementos animales. El Vlarem II ha sido modificado varias veces, en particular, por el Decreto de 19 de septiembre de 2003 por el que se modifica el Decreto del Gobierno flamenco de 6 de febrero de 1991 por el que se establece el reglamento relativo a la autorización ecológica y se modifica el Decreto del Gobierno flamenco de 1 de junio de 1995 por el que se fijan las disposiciones generales y sectoriales en materia de higiene del medio ambiente (Belgische Staatsblad
de 10 de octubre de 2003, p. 493939).
Por lo que respecta a la Región Valona
24. El artículo 3 del Decreto del Gobierno valón de 5 de mayo de 1994, relativo a la protección de las aguas contra la contaminación causada por los nitratos utilizados en la agricultura (Moniteur belge
de 28 de junio de 1994) dispone que el ministro de la Región Valona competente debe designar en el territorio de ésta las zonas vulnerables, según los criterios establecidos en el artículo 4 del mismo Decreto. Estos criterios están tomados del anexo I de la Directiva.
25. El artículo 6 del Decreto de 5 de mayo de 1994 dispone que, a más tardar el 19 de diciembre de 1995, dicho ministro elaborará programas de acción, aplicables a las zonas vulnerables, que tendrán fuerza obligatoria.
26. Los artículos 6 y 7 del Decreto de 5 de mayo de 1994 mencionan las medidas que deben figurar en los programas de acción.
27. El artículo 3 de los dos Decretos ministeriales de 28 de junio de 1994, que se refiere a la capa de arenas bruselenses y a la capa del Cretáceo de Hesbaye respectivamente, como zonas vulnerables (Moniteur belge
de 31 de diciembre de 1994 y de 4 de enero de 1995) dispone que para el 19 de diciembre de 1995 la administración debía haber preparado un programa de acción aplicable a la zona vulnerable designada, fecha en la que debía tener fuerza obligatoria. Reproduce, en particular, las medidas relativas al programa de acción previstas en los artículos 6 y 7 del Decreto de 5 de mayo de 1994.
28. El Decreto del Gobierno valón de 10 de octubre de 2002 relativo a la gestión sostenible del nitrógeno en agricultura (Moniteur belge
de 29 de noviembre de 2002, p. 54075) estableció un programa de acción aplicable a las zonas vulnerables designadas en la Región Valona.
Hechos y procedimientos administrativos previos
29. El presente recurso tiene por objeto dos procedimientos de infracción relativos a la ejecución de la Directiva en Derecho belga, registrados con los números 94/2239 y 97/4750.
30. En el procedimiento de infracción 94/2239 la Comisión remitió al Reino de Bélgica un escrito de requerimiento con fecha del 18 de mayo de 1995, así como un escrito de requerimiento complementario con fecha del 28 de octubre de 1997. Tras examinar sus diversas respuestas, el 23 de noviembre de 1998 la Comisión le remitió un dictamen motivado instándole a adoptar las medidas necesarias para atenerse al mismo en un plazo de dos meses desde su notificación. En dicho dictamen motivado la Comisión señaló que el Reino de Bélgica no había adoptado las medidas necesarias para la ejecución del artículo 3, apartado 2, de la Directiva, ni tampoco de los artículos 4, 5, 6 y 12 de la Directiva. En relación con los artículos 3, apartado 2, 5 (en lo que a la Región Flamenca y a la Región de Bruselas‑Capital se refiere) y 6, de la Directiva, la Comisión se remitió al procedimiento de infracción 97/4750.
31. En el procedimiento de infracción 97/4750 la Comisión remitió al Reino de Bélgica un escrito de requerimiento con fecha del 28 de octubre de 1998, en el que expone una serie de imputaciones similares a las formuladas en el procedimiento 94/2239. En este escrito de requerimiento la Comisión señalaba que el Reino de Bélgica no había adoptado las medidas necesarias para la ejecución de los artículos 3, 5, 6, 10 y 12 de la Directiva. Las autoridades belgas respondieron a este escrito de requerimiento mediante diversos escritos tanto en relación con la Región Flamenca como con la Región Valona y la Región de Bruselas‑Capital. El 9 de noviembre de 1999, la Comisión emitió un dictamen motivado en el que denunciaba infracción de los artículos 3, 5, 6, 10 y 12 de la Directiva, instando al Reino de Bélgica a que tomara las medidas necesarias para atenerse al mismo en un plazo de dos meses desde su notificación.
32. De la demanda de la Comisión se desprende que, mediante escrito de 23 de diciembre de 1999, el Gobierno belga solicitó un plazo adicional de un mes para responder al dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999. En el acto de la vista la Comisión confirmó que no había concedido tal plazo.
33. Al considerar que las respuestas dadas por las autoridades belgas a los dictámenes motivados relativos a la Región Flamenca y a la Región Valona no eran convincentes, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
Sobre la admisibilidad del recurso
34. Con carácter preliminar debe recordarse que, con arreglo al artículo 92, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede examinar de oficio en cualquier momento las excepciones de inadmisibilidad de la demanda por motivos de orden público (sentencia de 10 de mayo de 2001, Comisión/Países Bajos, C‑152/98, Rec. p. I‑3463 apartado 22).
35. En su demanda la Comisión indicó que había tomado en consideración las normas adoptadas con posterioridad a los plazos concedidos en ambos procedimientos de infracción a que se refiere el presente recurso, con el fin de permitir que el Tribunal de Justicia comprobara que los problemas planteados siguen siendo pertinentes en la actualidad. Sobre el particular, como confirmó la Comisión en el acto de la vista, varias alegaciones formuladas por ésta en su demanda tienen relación con los desarrollos legislativos que tuvieron lugar tras la expiración de los plazos concedidos en los dictámenes motivados.
36. A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la finalidad del procedimiento administrativo previo es dar al Estado miembro interesado la ocasión, por una parte, de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario y, por otra, de formular adecuadamente las alegaciones que, en su defensa, estime pertinentes frente a las imputaciones de la Comisión (sentencia Comisión/Países Bajos, antes citada, apartado 23).
37. Es también jurisprudencia reiterada que la regularidad de dicho procedimiento administrativo previo constituye una garantía esencial querida por el Tratado CE, no sólo para la protección de los derechos del Estado miembro de que se trate, sino también para garantizar que el posible procedimiento contencioso tenga por objeto un litigio claramente definido. En efecto, sólo a partir de un procedimiento administrativo previo regular el procedimiento contradictorio ante el Tribunal de Justicia permite a éste apreciar si el Estado miembro ha incumplido efectivamente las obligaciones precisas cuya infracción alega la Comisión (véanse, en particular, las sentencias de 9 de noviembre de 1999, Comisión/Italia C‑365/97, Rec. p. I‑7773, apartado 35, y de 10 de abril de 2003, Comisión/Portugal, C‑392/99, Rec. p. I‑3373, apartado 133).
38. Por consiguiente, el procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 226 CE delimita el objeto de un recurso interpuesto al amparo de dicho artículo. Por tanto, el recurso no podrá fundarse en imputaciones distintas de las indicadas en el procedimiento administrativo previo (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 1984, Comisión/Italia, 51/83, Rec. p. 2793, apartado 4, y Comisión/Países Bajos antes citada, apartado 23).
39. Sin embargo, esta exigencia no puede llegar a imponer en todos los casos una coincidencia perfecta entre las disposiciones nacionales mencionadas en el dictamen motivado y las que aparecen en el recurso. Cuando, entre estas dos fases del procedimiento, se produce un cambio legislativo, basta efectivamente que el sistema establecido por la legislación aludida en el curso del procedimiento administrativo previo haya sido mantenido en su totalidad por las nuevas medidas adoptadas por el Estado miembro posteriormente al dictamen motivado y contra las que se dirige el recurso (véanse las sentencias de 1 de diciembre de 1965, Comisión/Italia, 45/64, Rec. p. 1057; de 5 de julio de 1990, Comisión/Bélgica, C‑42/89, Rec. p. I‑2821; de 17 de noviembre de 1992, Comisión/Grecia, C‑105/91, Rec. p. I‑5871, apartado 13; de 10 de septiembre de 1996, Comisión/Bélgica, C‑11/95, Rec. p. I‑4115, apartado 74).
40. El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que procedía admitir un recurso cuando se refería a nuevas medidas nacionales que establecen excepciones en el sistema objeto del dictamen motivado, subsanando de este modo parcialmente deficiencias imputadas. En efecto, de no admitirse el recurso en tal supuesto, un Estado miembro podría obstaculizar el procedimiento por incumplimiento modificando ligeramente su legislación ante cada dictamen motivado que se le notificase, manteniendo sin embargo la normativa impugnada (véase la sentencia de 1 de febrero de 2005, Comisión/Austria C‑203/03, Rec. p. I‑935, apartado 30).
41. En cambio, no es así cuando se trata de imputaciones nuevas en relación con las formuladas en el dictamen motivado, expuestas contra medidas nacionales adoptadas con posterioridad al dictamen motivado, con el fin de corregir las deficiencias imputadas en éste.
42. En estas circunstancias, teniendo en cuenta la jurisprudencia citada, debe examinarse la admisibilidad de cada una de las imputaciones formuladas en la demanda, calibrando la medida en que el Tribunal de Justicia podría tenerlo en cuenta.
Sobre el fondo
43. En apoyo de su recurso, la Comisión formula esencialmente cuatro imputaciones relativas a la infracción de los artículos 3, apartados 1 y 2, 4, 5 y 10 de la Directiva. Estas imputaciones se refieren, más concretamente, a:
– la no identificación de las aguas contaminadas o que podrían verse afectadas por la contaminación (artículo 3, apartado 1 de la Directiva, en relación con el anexo I de ésta), así como la designación incorrecta e incompleta de las zonas vulnerables (artículo 3, apartado 2, de la Directiva, en relación con el anexo I de ésta);
– la existencia de lagunas en el código flamenco de prácticas agrarias correctas (artículo 4 de la Directiva, en relación con el anexo II de ésta);
– la existencia de lagunas en los programas de acción de la Región Flamenca y de la Región Valona (artículo 5 de la Directiva, en relación con el anexo III de ésta), y
– el carácter incompleto del informe presentado por la Región Flamenca a la Comisión (artículo 10 de la Directiva en relación con el anexo V de ésta).
Sobre la imputación relativa a la infracción del artículo 3 de la Directiva, en relación con el anexo I de ésta
Alegaciones de las partes
– Por lo que respecta a la Región Flamenca
44. La Comisión recrimina al Reino de Bélgica el hecho de no haber determinado, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva, las aguas contaminadas o que pueden verse afectadas por la contaminación si no se tomaban las medidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva.
45. Según la Comisión, la determinación de dichas aguas y la designación de las zonas vulnerables en el sentido del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva deben ajustarse al procedimiento previsto en dicho artículo. Éste comprende, según la Comisión, dos etapas obligatorias: en primer lugar, la determinación por los Estados miembros de las aguas contaminadas o que pueden verse afectadas por la contaminación y, en segundo lugar, la determinación, sobre la base de las aguas determinadas de este modo, de las zonas vulnerables. Alega que la Región Flamenca omitió la primera etapa a la que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, procediendo inmediatamente a la determinación de las zonas vulnerables.
46. Además, la Comisión sostiene que el artículo 15, apartado 4, del Decreto sobre los abonos sólo faculta a las autoridades flamencas para determinar las aguas contaminadas o que pueden verse afectadas por la contaminación y para designar las zonas vulnerables. Puntualiza que tales facultades no bastan para adaptar el ordenamiento jurídico interno a la Directiva y dar cumplimiento a lo que ésta dispone. Señala que la designación efectiva de las zonas vulnerables en la Región Flamenca no se efectuó hasta que se adoptó el Decreto de 31 de marzo de 2000.
47. Además, según la Comisión, aunque la Región Flamenca haya designado varias zonas vulnerables en el Decreto de 31 de marzo de 2000, ésta designación no es conforme con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva. Observa que, en efecto, por una parte, no se respetó el procedimiento establecido en dicho artículo. Por otra, a su juicio, no se tuvieron completamente en cuenta los criterios previstos en este mismo artículo, lo que dio lugar a que las zonas vulnerables designadas en la Región Flamenca tengan una superficie claramente insuficiente.
48. Por lo demás, la Comisión sostiene que no se le remitió ninguna comunicación en lo tocante al Decreto de 14 de junio de 2002, por el cual, según señala, designó las zonas vulnerables adicionales.
49. Por último, afirma que la designación de las zonas vulnerables, como la que figura en dicho Decreto, no se ajusta al procedimiento ni a los criterios del artículo 3 de la Directiva, en relación con su anexo I. Sostiene que, en efecto, las aguas identificadas a efectos de dicho Decreto como afectadas por la contaminación o que pueden verse afectadas por la contaminación no se determinaron con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva, con la consecuencia de que la determinación de las zonas vulnerables que figura en dicho Decreto se estableció sobre la base de una identificación incorrecta e incompleta de las aguas de que se trata.
50. El Gobierno belga no niega que la Región Flamenca no identificara las aguas contaminadas o que pueden verse afectadas por la contaminación dentro del plazo concedido en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999. Sostiene, no obstante, que, a raíz de la adopción del Decreto de 14 de junio de 2002, se identificaron algunas aguas contaminadas o que podían verse afectadas por la contaminación, situadas en el territorio de dicha Región. Reconoce que ésta designó algunas zonas vulnerables en dicho Decreto sin haber identificado previamente, de manera explícita, las aguas contaminadas o que podían verse afectadas por la contaminación, pero justifica este planteamiento sosteniendo que las dos etapas del artículo 3 de la Directiva forman un todo.
51. Por otra parte, no discute que hasta la adopción del Decreto de 14 de junio de 2002 sólo se habían designado como zonas vulnerables «aguas» algunas zonas destinadas a la extracción de agua o que podían llegar a serlo. No obstante, considera que, teniendo en cuenta que se aplicaba una serie de medidas rigurosas a las zonas «agrícolas de interés ecológico», a las zonas vulnerables «naturaleza» y a las zonas saturadas de fosfatos, se cumple el objetivo previsto en el artículo 1 de la Directiva.
– Por lo que respecta a la Región Valona
52. La Comisión alega que la determinación de las aguas contaminadas o que pueden verse afectadas por la contaminación y posteriormente la designación de las zonas vulnerables se refieren únicamente a una parte del territorio de la Región Valona y tuvieron lugar fuera de plazo.
53. Al respecto, la Comisión se remite al informe de 20 de septiembre de 1996, que le fue presentado con arreglo al artículo 10 de la Directiva, del que a su juicio se desprende que, al redactar dicho informe, el país de Herve, el municipio de Comines-Warneton y el Condroz eran aún objeto de investigaciones en marcha. Según la Comisión, estas tres zonas deberían haber sido designadas como zonas vulnerables, a más tardar, el 20 de diciembre de 1993. Señala que el 19 de marzo de 2002 se designaron como zonas vulnerables el municipio de Comines-Warneton y la zona situada al sur de Namur (parte del Condroz). Puntualiza que, no obstante, sólo fue designada parcialmente como zona vulnerable la parte oeste de la zona situada al sur de Namur, es decir, la región «entre el Sambre y el Mosa», siendo así que, según resulta de un informe de la Oficina de Estudios Environmental Resources Management de febrero de 2000, titulado «Verification of vulnerable zones identified under the nitrate directive and sensitive areas identified under the urban waste water treatment directive» (en lo sucesivo, «informe ERM»), presentado por la Comisión, la concentración de nitratos en dicho lugar es tan elevado como en la parte este. Matiza que, además, en la fecha de la demanda aún no se había designado el país de Herve como zona vulnerable.
54. Por último, la Comisión alega que una parte insuficiente del territorio del Cretáceo de Hesbaye fue designado como zona vulnerable, mientras que, según el informe, ERM, la parte oeste también debería haberlo sido.
55. La Comisión sostiene asimismo que, al identificar las aguas afectadas por la contaminación o que pueden verse afectadas por la contaminación y al designar las zonas vulnerables las autoridades valonas no tuvieron en cuenta la eutrofización de las aguas costeras y marinas, con infracción del artículo 3 de la Directiva. La Comisión señala que, ante las comisiones encargadas de aplicar los convenios de Oslo de 1972 sobre las operaciones de inmersión de residuos en el mar y de París de 1974 sobre la contaminación marítima de origen telúrico, el propio Gobierno belga había hecho alusión a los problemas de eutrofización a lo largo de la costa belga y en el estuario del Escaut. Habida cuenta de que, por lo tanto, las aguas costeras y marinas belgas están eutrofizadas debido a los aportes de elementos nutritivos arrastrados por los medios de agua contaminados por nitratos utilizados en la agricultura, las autoridades regionales competentes deberían haber designado como zonas vulnerables las zonas del territorio de la Región Valona cuya escorrentía fluye hacia el Mar del Norte y que contribuyen a dicha contaminación.
56. Aunque discute que la designación de las zonas vulnerables relativas a las aguas valonas subterráneas haya sido extemporánea y aunque sostiene que la lista de zonas vulnerables fue, en cambio, revisada y completada, con arreglo al artículo 3, apartado 4, de la Directiva, el Gobierno belga manifiesta que toma nota de las alegaciones de la Comisión sobre el particular y pide que se tomen en consideración los esfuerzos realizados desde 1999.
57. En relación con las aguas costeras y marinas valonas, el Gobierno belga no niega que están eutrofizadas, pero considera que las zonas situadas en la Región Valona cuya escorrentía fluye hacia dichas aguas y que contribuye a su contaminación no deben ser designadas como zonas vulnerables, ya que el consumo doméstico y la industria influyen considerablemente en la eutrofización y en la concentración de nitratos de los ríos de la Región Valona. Alega asimismo al respecto la moderada contribución de la agricultura valona a la eutrofización del Mar del Norte y la adopción por dicha Región de las «medidas necesarias para atajar esta débil contribución».
Apreciación del Tribunal de Justicia
– Por lo que respecta a la Región Flamenca
58. Con carácter preliminar, debe señalarse en primer lugar que el Decreto de 14 de junio de 2002, al que se refiere una parte significativa de la primera imputación de la Comisión se aprobó una vez transcurridos los plazos señalados en los dictámenes motivados. En consecuencia dado que, mediante una parte de su primera imputación, la Comisión reprocha al Reino de Bélgica incumplimientos ulteriores en relación con los que figuran en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999, por los motivos expuestos en los apartados 34 a 42 de la presente sentencia, procede desestimar esta parte de la primera imputación.
59. Por lo demás, de los autos se desprende que, aunque, como señala la Comisión, la Región Flamenca designó concretamente zonas vulnerables antes de la adopción del Decreto de 14 de junio de 2002, esta designación concreta sólo se produjo cuando se adoptó el Decreto de 31 de marzo de 2000, es decir, una vez transcurrido el plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999.
60. A este respecto, si bien es cierto que el Decreto de 31 de marzo de 2000 entró en vigor con efecto retroactivo a 1 de enero de 2000, o sea, antes de que terminara el plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999, no es menos cierto que, a la expiración de dicho plazo, el referido Decreto no existía. Pues bien, so pena de permitir que los Estados miembros eludan el procedimiento por incumplimiento establecido por el artículo 226 CE, no puede admitirse que la adopción por éstos de medidas legales, reglamentarias o administrativas con posterioridad a la fecha de expiración del plazo concedido por la Comisión en el dictamen motivado pueda, por el mero hecho de que la entrada en vigor de tales medidas se fije con efecto retroactivo, constituir una medida de adaptación del ordenamiento jurídico interno que el Tribunal de Justicia deba tener en cuenta para determinar la existencia de un incumplimiento en la aludida fecha. Por consiguiente, no puede tomarse en consideración el Decreto de 31 de marzo de 2000 a efectos de este recurso por incumplimiento.
61. De ello se deduce asimismo que, en la medida en que, en su recurso la Comisión formuló reproches específicos en relación con el Decreto de 31 de marzo de 2000, por los motivos expuestos en los apartados 34 a 42 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia no puede tenerlos en cuenta.
62. En estas circunstancias, procede examinar el recurso únicamente en la medida en que se refiere a la situación tal como existía al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999.
63. Consta en autos que, al término de dicho plazo la designación de las zonas vulnerables en el sentido de la Directiva se regulaba por el artículo 15, apartados 2 a 6, del Decreto sobre los abonos. En particular, en virtud de los apartados 2 y 4 de dicha disposición, el Gobierno flamenco está facultado para designar las zonas vulnerables «aguas» basándose en varios criterios importados del anexo I de la Directiva. Por otra parte, el artículo 15, apartado 6, de dicho Decreto enumera tres categorías de zonas vulnerables, las cuales se reproducen en el apartado 19 de la presente sentencia. Como observa la Comisión, estos tres tipos de zonas tienen en común que se hallan en zonas de extracción de agua potable o que pueden llegar a encontrarse en tales zonas.
64. A este respecto debe recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva, en relación con su anexo I se deduce que los Estados miembros deben cumplir, entre otras cosas, las obligaciones siguientes:
– identificar como aguas afectadas por la contaminación o que podrían verse afectadas por la contaminación si no se toman medidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva, no sólo las aguas destinadas al consumo humano, sino todas las aguas dulces superficiales y las aguas subterráneas que presenten o puedan llegar a presentar un contenido de nitratos superior a 50 mg/l, y
– designar, como zonas vulnerables todas las superficies conocidas de su territorio cuya escorrentía fluya hacia las aguas identificadas como afectadas por la contaminación o que podrían verse afectadas por ella de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, u optar por el establecimiento y la aplicación en todo su territorio nacional de los programas de acción contemplados en el artículo 5 de la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de octubre de 2003, Comisión/Países Bajos, C‑322/00, Rec. p. I‑11267, apartado 34).
65. De ello se deduce que la mera concesión de facultades para determinar las aguas contaminadas o que pueden verse afectadas por la contaminación y designar zonas vulnerables, como la prevista en el artículo 15 del Decreto sobre los abonos, no basta para adaptar el ordenamiento jurídico interno a la Directiva y dar cumplimiento a la misma. En efecto, como se desprende del texto del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva, la determinación de todas las aguas afectadas por la contaminación o que pueden verse afectadas por la contaminación si no se adoptan las medidas establecidas en el artículo 5 de la Directiva, por una parte y, por lo tanto, la determinación de zonas vulnerables sobre la base de las aguas identificadas de este modo, por otra, constituyen obligaciones distintas que deben cumplirse de manera concreta y separada.
66. Pues bien, debe observarse, sin que ello haya sido negado por el Gobierno belga, que, al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999, la Región Flamenca no había determinado las aguas contaminadas o que podían verse afectadas por la contaminación si no se adoptaban las medidas previstas en el artículo 5.
67. Por otra parte, procede observar que dicho Gobierno no niega que, al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999, la legislación flamenca pertinente sólo se refería a las zonas destinadas a la extracción de agua, o que podían destinarse a tal fin. De ello se desprende que las zonas excluidas de las categorías del artículo 15, apartado 6, del Decreto sobre los abonos, pero cuyas escorrentías, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva, fluyen hacia las aguas con respecto a las cuales se ha comprobado que están afectadas por la contaminación o que pueden verse afectadas por la contaminación, quedan arbitraria e incorrectamente excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva. Como observa el Abogado General acertadamente, en el punto 56 de sus conclusiones, esta situación es, de por sí, incompatible con la Directiva.
68. En estas circunstancias, procede declarar que, en lo que atañe a la Región Flamenca, la primera imputación de la Comisión es fundada en la medida en que se refiere a la situación en dicha Región tal como se presentaba al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 noviembre de 1999.
– Por lo que respecta a la Región Valona
69. Con carácter preliminar debe señalarse, en primer lugar, que la designación de las zonas vulnerables efectuada por la Región Valona el 19 de marzo de 2002, a la que se refiere el reproche de la Comisión relativo a la no designación de la región «entre el Sambre y el Mosa» como zona vulnerable, se produjo una vez transcurrido el plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999. De ello se deduce que, por los motivos expuestos en los apartados 34 a 42 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia no puede tener en cuenta esta alegación.
70. Por otra parte, es cierto que la Comisión reprocha a la Región Valona que designara como zona vulnerable una parte insuficiente del territorio del Cretáceo de Hesbaye. No obstante, este reproche no consta en ninguno de los dictámenes motivados.
71. En consecuencia, dado que, mediante esta parte de la imputación, la Comisión recrimina al Reino de Bélgica un incumplimiento que no figura en los dictámenes motivados, por los motivos expuestos en los apartados 34 a 42 de la presente sentencia, procede declarar su inadmisibilidad.
72. En relación con la situación en la Región Valona, tal como se presentaba al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999, las imputaciones de la Comisión se refieren, por una parte, a las aguas subterráneas y, por otra, a las aguas costeras y marinas belgas.
73. En lo que atañe, en primer lugar, a las aguas subterráneas, debe recordarse que, como se desprende del apartado 64 de la presente sentencia, según el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, en relación con el anexo I de ésta, los Estados miembros están obligados a identificar como aguas afectadas por la contaminación o que pueden verse afectadas por la contaminación si no se adoptan las medidas previstas en el artículo 5 de la Directiva la totalidad de las aguas dulces superficiales y las aguas subterráneas que contienen o que pueden contener una concentración en nitratos superior a 50 mg/l. Igualmente están obligados, en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Directiva, a designar zonas vulnerables, sobre la base de las aguas determinadas de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva, a no ser que opten por la elaboración y la aplicación a la totalidad del territorio nacional de los programas de acción previstos en el artículo 5 de la Directiva.
74. Consta en autos que, en la Región Valona, el procedimiento seguido en 1994, consistente en determinar las aguas y designar posteriormente las zonas vulnerables, fue insuficiente en determinadas zonas, a saber, en el país de Herve, en el Condroz y en el municipio de Comines‑Warneton.
75. En particular, de la respuesta de la Región Valona al escrito de requerimiento de 28 de octubre de 1998 se desprende que, según las investigaciones realizadas con posterioridad a la investigación valona inicial de 1994, se detectaron en dichas zonas rebasamientos importantes del umbral pertinente de una concentración en nitratos de 50 mg/l lo que demuestra que una parte mayor del territorio de la Región Valona debería haber sido designada como zona vulnerable en virtud del artículo 3, apartado 2, de la Directiva. Así, se alcanzó en varias extracciones en el país de Herve una concentración de nitratos superiores a 50 mg/l, y son raras las zonas en las que no se ha manifestado ningún rebasamiento de dicho umbral. Del mismo modo, en el municipio de Comines‑Warneton los informes sobre la concentración en nitratos variaron entre 63 y 92 mg/l y en el Condroz determinados informes daban cuenta de casos aislados en los que se había sobrepasado el límite de 50 mg/l. En la misma respuesta, la Región Valona menciona la existencia de una contaminación grave en la región «entre el Sambre y el Mosa» con mediciones que superan los 50 mg/l.
76. Pues bien, consta que al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999 dichas tres zonas no habían sido designadas como zonas vulnerables.
77. En estas circunstancias, debe señalarse que, al término del plazo concedido en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999 el Reino de Bélgica no había cumplido su obligación de determinar todas la aguas subterráneas afectadas por la contaminación o que podían verse afectadas por la contaminación, en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva y de designar las zonas vulnerables, con arreglo al apartado 2 del mismo artículo.
78. Las alegaciones del Gobierno belga no pueden desvirtuar esta apreciación.
79. Así, la alegación de este Gobierno de que las investigaciones relativas a las regiones de que se trata aún no habían concluido no puede justificar el incumplimiento por el Reino de Bélgica de sus obligaciones establecidas en el artículo 3 de la Directiva. En efecto, los apartados 1 y 2 de dicha disposición obligan a determinar las aguas afectadas por la contaminación o que pueden verse afectadas por la contaminación si no se adoptan las medidas previstas en el artículo 5 de la Directiva, y a designar como zonas vulnerables todas las zonas que cumplan las condiciones del artículo 3, apartado 2, de la Directiva. Dicha obligación implica la recogida de los datos necesarios a tales fines.
80. Del mismo modo, no puede acogerse la alegación del Gobierno belga basada en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva. En efecto, esta disposición se refiere únicamente a la situación en que un Estado miembro vuelve a examinar y, en su caso, revisa o completa la lista existente de las zonas vulnerables designadas, con el fin de tener en cuenta los cambios y los factores imprevisibles en el momento de la designación anterior. No se refiere, en cambio, al procedimiento inicial, previsto en el artículo 3 de la Directiva, consistente en determinar las aguas afectadas por la contaminación o que pueden verse afectadas por la contaminación, y posteriormente en designar zonas vulnerables sobre la base de dichas aguas así determinadas.
81. En lo que atañe, en segundo lugar, a las imputaciones de la Comisión relativas a las aguas costeras y marinas belgas, debe recordarse, en primer lugar, que el cuarto considerando de la Directiva menciona expresamente la protección del Mar del Norte.
82. Pues bien, procede señalar que el Gobierno belga no niega que el Mar del Norte, en general, así como las aguas costeras y marinas belgas, en particular, estén eutrofizados, ni que las escorrentías de algunas zonas de la Región Valona fluyan hacia dichas aguas y contribuyan a la contaminación.
83. En su escrito de contestación el Gobierno belga alega que estas últimas zonas no deben designarse como zonas vulnerables ya que, a su juicio, el consumo doméstico y la industria influyen en gran medida en la eutrofización y la concentración en nitratos de los ríos de la Región Valona.
84. Al respecto, procede observar, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, que sería incompatible con la Directiva restringir la definición de aguas afectadas por la contaminación a aquellos casos en que una concentración de nitratos superior a 50 mg/l sea de origen exclusivamente agrario, siendo así que la Directiva establece expresamente que, al elaborar los programas de acción previstos en el artículo 5, deben tenerse en cuenta las respectivas aportaciones de nitrógeno procedentes de fuentes agrarias o de otro tipo (sentencia de 29 de abril de 1999, Standley y otros, C‑293/97, Rec. p. I‑2603, apartado 31). Por consiguiente, el mero hecho de que los vertidos domésticos o industriales contribuyan igualmente a la concentración en nitratos de las aguas valonas no basta, en sí mismo, para excluir la aplicación de la Directiva.
85. El Gobierno belga alega asimismo la escasa contribución de la agricultura valona a la eutrofización del Mar del Norte.
86. Al respecto, procede observar que, según un documento presentado por el Gobierno belga, la agricultura valona es responsable en un 19 % del nitrógeno total que se encuentra en la cuenca del Mosa y en un 17 % del nitrógeno del Escaut, dos ríos que atraviesan la Región Valona para desembocar en el Mar del Norte. Debe señalarse que tales contribuciones, aunque son minoritarias, no son en modo alguno insignificantes.
87. Pues bien, del apartado 35 de la sentencia Standley y otros, antes citada, se desprende que la Directiva se aplica a los casos en los que el vertido de compuestos nitrogenados de origen agrícola contribuya de manera significativa a la contaminación.
88. Por lo demás, la eutrofización del Mar del Norte es producto de una gran cantidad de actores que, considerados aisladamente, son efectivamente minoritarios. Por lo tanto, seguir el razonamiento del Gobierno belga iría en contra de una de las finalidades explícitas de la Directiva, a saber, la protección del Mar del Norte.
89. Por consiguiente, no puede acogerse esta alegación.
90. El Gobierno belga pone de relieve asimismo diversas medidas destinadas a atajar la contribución de la Región Valona a la eutrofización de las aguas costeras y marinas, en particular, el programa valón de gestión sostenible del nitrógeno en la agricultura, así como varias medidas denominadas agro-medioambientales.
91. A este respecto baste señalar que sin que sea necesario examinar sus posibles efectos benéficos sobre la contaminación de las aguas, estas medidas no pueden paliar la falta de toda determinación de las aguas y de designación de las zonas vulnerables a causa de su efecto sobre la eutrofización de las aguas costeras y marinas belgas.
92. En estas circunstancias, puede señalarse, por lo tanto, que, al identificar las aguas afectadas por la contaminación o que pueden verse afectadas por la contaminación y al designar las zonas vulnerables de la Región Valona las autoridades valonas no tuvieron en cuenta la eutrofización de las aguas costeras y marinas, con infracción del artículo 3 de la Directiva. Como señala el Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, la comprobación de que la aplicación de la Directiva por las Regiones es extemporánea o insuficiente implica que el Reino de Bélgica ha incumplido sus obligaciones.
93. En consecuencia, como alega la Comisión, procede declarar, por una parte, que la determinación de las aguas y, posteriormente, la designación de las zonas vulnerables, sólo tuvieron por objeto una parte del territorio de la Región Valona y, por otra, que las aguas costeras y marinas no se tuvieron en cuenta a tal fin.
94. Habida cuenta de lo que antecede, procede decidir que, en la medida en que es admisible, la imputación de la Comisión relativa a la infracción del artículo 3 de la Directiva, en relación con el anexo I de ésta, es fundada, tanto en lo que atañe a la Región Flamenca como en lo que atañe a la Región Valona.
Sobre la imputación relativa a la infracción del artículo 4 de la Directiva, en relación con el anexo II de ésta
Alegaciones de las partes
95. La Comisión imputa al Reino de Bélgica no haber incluido los elementos exigidos por el anexo II de la Directiva en el código flamenco de buenas prácticas agrarias –tal como se desprende de la normativa flamenca, en particular, del Decreto sobre los abonos– en particular:
– los períodos durante los cuales la aplicación de fertilizantes es inapropiado;
– las normas sobre las condiciones de aplicación a la tierra de fertilizantes en terrenos inclinados y escarpados;
– las condiciones de aplicación en terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve, y
– las normas relativas a la aplicación a la tierra de fertilizantes cerca de los ríos.
96. Mediante la primera parte de esta imputación la Comisión alega que el código flamenco de buenas prácticas agrícolas excluye, sin justificación, determinados tipos de fertilizantes del ámbito de aplicación de los períodos durante los cuales está prohibida su aplicación a la tierra, en particular, el estiércol, los «abonos químicos cuando se trata de tierras arables cubiertas» y otros abonos «que contienen nitrógeno en una forma tal que únicamente dejan fluir una pequeña parte del nitrógeno total durante el año de la aplicación a la tierra».
97. Mediante la segunda parte de esta imputación, la Comisión alega que el código flamenco de buenas prácticas agrícolas no contiene ninguna norma satisfactoria relativa a los requisitos de aplicación a la tierra de fertilizantes en los terrenos inclinados y escarpados. Señala que, aunque el artículo 17, apartado 5, del Decreto sobre los abonos prohíba la aplicación de abonos en terrenos inclinados no cultivados contiguos a los ríos, no existe ninguna medida relativa a los requisitos para la aplicación de fertilizantes en los terrenos inclinados y escarpados cultivados en las márgenes de los ríos ni respecto a los terrenos que no se encuentran en las márgenes de los ríos.
98. En cuanto a la tercera parte de esta imputación, relativa a los requisitos para la aplicación a la tierra de fertilizantes en terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve, la Comisión lamenta que la prohibición de aplicación establecida en el artículo 17, apartado 1, punto 5, del Decreto sobre los abonos mencione únicamente las «tierras arables».
99. Por último, mediante la cuarta parte de la presente imputación, relativa a las normas sobre la aplicación a la tierra de fertilizantes cerca de los ríos, la Comisión considera que la distancia de 5 metros desde la orilla superior del río, prevista en el artículo 17, apartado 1, punto 7, del Decreto sobre los abonos, es insuficiente para alcanzar el objetivo previsto en el artículo 1 de la Directiva.
100. Por su parte, el Gobierno belga alega que las medidas mencionadas en el artículo 17 del Decreto sobre los abonos, es decir, la parte esencial del código flamenco de buenas prácticas agrícolas, son aplicables sobre la totalidad del territorio flamenco y contienen los elementos indispensables enunciados en el anexo II de la Directiva. Sostiene que las obligaciones que se derivan de dicho artículo 17 fueron comunicadas a los agricultores mediante un folleto de diciembre de 2000 y que se celebraron numerosas reuniones de información en toda la Región Flamenca.
101. En relación con los períodos durante los cuales es inapropiada la aplicación a la tierra de fertilizantes, el Gobierno belga considera que la aplicación durante todo el año de los «abonos químicos cuando se trata de tierras arables cubiertas» no entraña ningún riesgo significativo de pérdidas de nitrógeno hacia las aguas. Afirma que, en efecto, quienes explotan invernaderos (tierras arables cubiertas) utilizan abonos químicos únicamente cuando prevén que está cerca el crecimiento. En cuanto al estiércol y a los abonos «que contienen nitrógeno en una forma tal que únicamente dejan fluir una pequeña parte del nitrógeno total durante el año de aplicación a la tierra» el Gobierno belga hace alusión a las modificaciones de la normativa flamenca aprobadas los días 15 de marzo de 2002 y 28 de marzo de 2003.
102. En lo que atañe a los requisitos para la aplicación de fertilizantes en los terrenos inclinados y escarpados, el Gobierno belga invoca el artículo 17, apartado 4, punto 1, del Decreto sobre los abonos que establece que, «en caso de aplicación a la tierra de fertilizantes, deberá evitarse la lixiviación de los abonos». Considera que, en estas circunstancias, especificar además las normas concretas sobre la aplicación de fertilizantes en los terrenos inclinados y escarpados es superflua y debe considerarse una regulación excesiva.
103. En cuanto al reproche de la Comisión de que los requisitos de aplicación a la tierra en los terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve establecidos en la normativa de la Región Flamenca sólo se refieren a las tierras arables, el Gobierno belga replica que, como se desprende del artículo 2, apartado 2, del Decreto sobre los abonos, la expresión «tierras arables» («cultuurgrond» en la versión neerlandesa de dicho Decreto) engloba todos los tipos de terrenos destinados a los cultivos agrícolas, cualquiera que sea la especie vegetal de que se trate.
104. Por lo que respecta a las normas relativas a la aplicación de fertilizantes cerca de los ríos, el Gobierno belga recuerda que la Directiva no contiene ninguna disposición sobre la distancia que debe respetarse en relación con los ríos para evitar la contaminación. Considera que la distancia de cinco metros es suficiente para alcanzar los objetivos perseguidos por el artículo 1 de la Directiva.
Apreciación del Tribunal de Justicia
105. Con carácter preliminar debe observarse, en primer lugar, que dado que esta imputación fue formulada únicamente en el procedimiento de infracción 94/2239, el plazo pertinente para determinar la existencia de la pretendida infracción del artículo 4 de la Directiva, en relación con el anexo II de ésta, es el que se concedió al Reino de Bélgica en el dictamen motivado de 23 de noviembre de 1998.
106. Pues bien, de los autos se deduce que en una respuesta de 19 de febrero de 1999 al dictamen motivado de 23 de noviembre de 1998, las autoridades belgas reconocieron que en el código flamenco de buenas prácticas agrarias no se incluían los cuatro elementos alegados por la Comisión en apoyo de la presente imputación. Igualmente anunciaron que en un futuro próximo se modificaría la legislación flamenca sobre el particular.
107. Es cierto que en sus escritos ante el Tribunal de Justicia el Gobierno belga niega que esta imputación sea fundada y se remite al respecto a determinadas disposiciones del artículo 17 del Decreto sobre los abonos. No obstante, como se desprende del apartado 22 de esta sentencia, debe reconocerse que dichas disposiciones se introdujeron en virtud del Decreto de 11 de mayo de 1999, el cual no se adoptó antes de que hubiera transcurrido el plazo fijado en el dictamen motivado de 23 de noviembre de 1998.
108. En consecuencia, no es necesario examinar si, como sostiene el Gobierno belga, dichas disposiciones del artículo 17 del Decreto sobre los abonos constituyen una aplicación correcta de las obligaciones que se derivan del anexo III de la Directiva. En efecto, como ha declarado el Tribunal de Justicia en varias ocasiones, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación tal como esta se presenta al final del plazo fijado en el dictamen motivado, y el Tribunal de Justicia no puede tener en cuenta los cambios legislativos ocurridos posteriormente (véase, en particular, la sentencia de 25 de mayo de 2000, Comisión/Grecia, C‑384/97, Rec. p. I‑3823, apartado 35).
109. Por consiguiente, procede decidir que la presente imputación es fundada.
Sobre la imputación relativa a la infracción del artículo 5 de la Directiva, en relación con el anexo III de ésta
Alegaciones de las partes
– Por lo que respecta a la Región Flamenca
110. Mediante esta imputación la Comisión alega que el programa de acción flamenco, constituido por diversas disposiciones de la legislación flamenca, en particular, el Decreto sobre los abonos y el Vlarem II, por una parte, no es de aplicación completa en todas las zonas vulnerables designadas por la Región Flamenca y, por otra, no se ajusta desde diferentes puntos de vista, a las exigencias del artículo 5 de la Directiva, en relación con el anexo III de ésta en lo que atañe a:
– los períodos durante los cuales está prohibida la aplicación a la tierra de algunos tipos de fertilizantes;
– la capacidad de los tanques destinados al almacenamiento de excrementos animales;
– las limitaciones de la aplicación a la tierra de los fertilizantes, habida cuenta de las características de la zona vul nerable de que se trate, y
– la cantidad máxima de excrementos de animales aplicada anualmente.
111. Al referirse a estas pretendidas lagunas del programa de acción flamenco la Comisión alega, en primer lugar, que en determinadas zonas vulnerables designadas por la Región Flamenca, el programa de acción flamenco sólo se aplica parcialmente. Así, por ejemplo, la norma de fertilización máxima anual del anexo III, apartado 2 de la Directiva (170 kilogramos de nitrógeno por hectárea), según afirma, sólo se aplica en las zonas conocidas como «agrícolas de interés ecológico», «naturaleza» o «saturadas de fosfatos».
112. En segundo lugar, la Comisión alega que, en virtud del artículo 17, apartado 7, del Decreto sobre los abonos, la prohibición de aplicar excrementos animales durante algunos períodos del año no afecta al estiércol.
113. En cuanto a la capacidad de los tanques destinados al almacenamiento de los excrementos animales, la Comisión considera que el artículo 5.9.2.3, apartado 1, del Vlarem II no se ajusta a las exigencias del anexo III, apartado 1, punto 2, de la Directiva, ya que prescribe una capacidad mínima únicamente para los abonos orgánicos y no para los residuos sólidos.
114. La Comisión alega asimismo que, al determinar las cantidades máximas de fertilizantes que pueden aplicarse a la tierra en las zonas vulnerables de la Región Flamenca, no se tuvieron en cuenta los criterios previstos en el anexo III, apartado 1, punto 3, de la Directiva, en particular, el relativo al equilibrio entre la cantidad previsible de nitrógeno que vayan a precisar los cultivos, por una parte, y la cantidad de nitrógeno que los suelos y los fertilizantes proporcionan a los cultivos, por otra. Sostiene que, más concretamente, la normativa flamenca ignoró el nitrógeno que los suelos proporcionan a los cultivos.
115. Por último, la Comisión alega que, al margen de las zonas vulnerables «aguas», las cantidades máximas de excrementos animales que pueden ser aplicadas anualmente no se ajustan a las exigencias del anexo III, apartado 2, de la Directiva.
116. En cuando a la falta de un período durante el cual está prohibida la aplicación a la tierra de estiércol, el Gobierno belga considera que el razonamiento de la Comisión dejó de ser pertinente desde que se adoptó el Decreto de 28 de marzo de 2003, por el que se modifica el Decreto de 23 de enero de 1991, relativo a la protección del medio ambiente contra la contaminación causada por los abonos (Belgische Staatsblad
de 8 de mayo de 2003, p. 24953), el cual establece un período de prohibición para la aplicación de estiércol a la tierra.
117. En relación con la capacidad de los tanques destinados al almacenamiento de los excrementos animales, el Gobierno belga hace referencia a una modificación del Vlarem II introducida por el Decreto de 19 de septiembre de 2003, según la cual se establece una capacidad de almacenamiento de tres meses para el estiércol y de seis meses para los demás excrementos sólidos.
118. El Gobierno belga niega que al elaborar las normas en materia de limitaciones de la aplicación de los fertilizantes a la tierra la Región Flamenca no tuviera en cuenta el nitrógeno que los cultivos obtienen del suelo. Considera que el reproche de la Comisión se basa en una interpretación indebida de una respuesta dirigida por la Región Flamenca a la Comisión durante el procedimiento administrativo previo. Según el Gobierno belga, el fundamento científico sobre el que se basó efectivamente la Región Flamenca tomó en consideración las reservas existentes en el suelo, en particular, el nitrógeno mineral que se encuentra en el perfil del suelo antes del inicio del ciclo del crecimiento vegetal.
119. En cuanto a la cantidad máxima de excrementos animales aplicada anualmente a la tierra en las zonas vulnerables, el Gobierno belga indicó, en su dúplica que la designación de las zonas vulnerables «naturaleza» y de las «zonas agrícolas de interés ecológico» no se basó en los criterios de la Directiva. Considera, por lo tanto, que las alegaciones de la Comisión en lo tocante a dichas zonas no son pertinentes. En relación con las zonas vulnerables «saturadas de fosfatos», el Gobierno belga reconoce que la normativa flamenca no reproduce explícitamente el límite de 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año, previsto en el anexo III, apartado 2, de la Directiva. Estima, no obstante, que el límite de fertilización en fosfatos en dichas zonas hasta un máximo de 40 kilogramos por hectárea al año limita de facto
el aporte máximo de nitrógeno procedente de excrementos animales a 170 kilogramos por hectárea al año.
– Por lo que respecta a la Región Valona
120. La Comisión alega que el programa de acción de la Región Valona fue adoptado de forma extemporánea por el Decreto de 10 de octubre de 2002, es decir, tras la expiración de los plazos fijados en los dictámenes motivados.
121. La Comisión sostiene asimismo que este Decreto contiene algunas insuficiencias con respecto a las exigencias del artículo 5 de la Directiva, en relación con los anexos II y III de ésta.
122. El Gobierno belga, toma nota de las alegaciones de la Comisión y considera que deben tomarse en consideración los esfuerzos realizados desde 1999, como, por ejemplo, el «programa valón de gestión sostenible del nitrógeno en la agricultura».
Apreciación del Tribunal de Justicia
– Por lo que respecta a la Región Flamenca
123. Procede observar que es admisible esta imputación en la medida en que se refiere a la situación en la Región Flamenca al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999. En efecto, aunque, según parece, la Comisión considera en su demanda que el Decreto de 31 de marzo de 2000 establece las normas que constituyen el programa de acción flamenco, de los autos se desprende que las imputaciones de la Comisión sobre el particular se refieren al programa de acción previsto en el artículo 17 del Decreto sobre los abonos y en el Vlarem II. Pues bien, el procedimiento administrativo previo 97/4750 tuvo por objeto esta versión del programa de acción flamenco.
124. En consecuencia, debe examinarse la procedencia de las alegaciones formuladas por la Comisión en apoyo de la presente imputación.
125. En relación con la alegación de que el programa de acción flamenco no es de aplicación en las zonas denominadas «agrícolas de interés ecológico», «naturaleza» y «saturadas de fosfatos», debe señalarse que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, dichas zonas no se han designado como zonas vulnerables en el sentido de la Directiva. En efecto, de la normativa flamenca aplicable, en particular, de los artículos 15 bis, ter y quater
del Decreto sobre los abonos se desprende que, contrariamente a la impresión que dio inicialmente el Gobierno belga en su escrito de contestación, la designación de dichas zonas no se basa en los criterios de la Directiva.
126. En consecuencia, en la medida en que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el programa de acción flamenco era de aplicación en todas las zonas designadas como vulnerables en el sentido de la Directiva en la Región Flamenca, debe desestimarse la imputación de la Comisión sobre el particular.
127. Es cierto que el carácter insuficiente de la designación de las zonas vulnerables en la Región Flamenca produce el efecto de reducir en la misma medida el ámbito de aplicación de las disposiciones pertinentes del anexo III de la Directiva. No obstante, como la propia Comisión reconoció en la vista, esta insuficiencia refleja la infracción no del artículo 5 de la Directiva, en relación con el anexo III de ésta, sino del artículo 5 de dicha Directiva, en relación con su artículo 3, infracción que la Comisión no puede invocar en el presente recurso.
128. En relación con el anexo III, apartado 1, punto 1, de la Directiva, el Gobierno belga no niega que, al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999, la prohibición de aplicar a la tierra excrementos animales durante determinados períodos del año no era de aplicación al estiércol. Por otra parte, en cuanto a la circunstancia alegada de que el Decreto de 28 de marzo de 2003 establecía tal prohibición, baste recordar que, según la jurisprudencia consolidada mencionada en el apartado 108 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia no puede tener en cuenta en un recurso por incumplimiento los cambios legislativos ocurridos después de la fecha de expiración del dictamen motivado.
129. En relación con el anexo III, apartado 1, punto 2, de la Directiva, dicho Gobierno tampoco discute que las normas de la Región Flamenca sobre la capacidad de los tanques destinados al almacenamiento de excrementos animales no se ajustara a lo exigido en dicha disposición. Por otra parte, en cuanto a la alegación de que el Vlarem II, en su versión modificada por el Decreto de 19 de septiembre de 2003, establecía desde dicha fecha una capacidad de almacenamiento acorde con la Directiva, nuevamente debe recordarse que, según la jurisprudencia mencionada en el apartado 108 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia no puede tener en cuenta en un recurso por incumplimiento los cambios legislativos ocurridos después de la fecha de expiración del dictamen motivado.
130. En relación con el anexo III, apartado 1, punto 3, de la Directiva, el Tribunal de Justicia ya ha recordado que, a tenor del artículo 5, apartado 4, letra a), de esa Directiva, en relación con su anexo III, apartado 1, punto 3, las medidas que deben incluirse en los programas de acción implican normas relativas a la delimitación de la aplicación a la tierra de fertilizantes, basada en un equilibrio entre la cantidad previsible de nitrógeno que vayan a precisar los cultivos y la cantidad de nitrógeno que los suelos y los fertilizantes proporcionan a los cultivos (sentencia de 2 de octubre de 2003, Comisión/Países Bajos, antes citada, apartado 71).
131. Pues bien, de los autos se desprende que las normas de la reglamentación de la Región Flamenca no tuvieron en cuenta las reservas reales de nitrógeno en el suelo. En efecto, según un «fundamento científico de las normas sobre fertilización» adjunto a la respuesta de la Región Flamenca de 24 de diciembre de 1998 al escrito de requerimiento de 28 de octubre de 1998, «las normas no tienen en cuenta las reservas reales del suelo». La alegación del Gobierno belga de que dichas normas «tienen como premisa el equilibrio de las reservas existentes en el suelo» no puede contradecir dicha apreciación desprovista de toda ambigüedad, dado que la realidad de tal premisa en modo alguno queda demostrada.
132. Por consiguiente, procede declarar que al determinar las cantidades máximas de fertilizantes que pueden ser aplicadas a la tierra en las zonas vulnerables de la Región Flamenca no se tuvieron en cuenta los criterios previstos en el anexo III, apartado 1, punto 3, de la Directiva, en particular, el relativo al equilibrio entre la cantidad previsible de nitrógeno que vayan a precisar los cultivos, por una parte, y la cantidad de nitrógeno que los suelos y los fertilizantes proporcionan a los cultivos, por otra.
133. En relación con el anexo III, apartado 2, de la Directiva, el cual se refiere a las cantidades máximas de excrementos animales que pueden aplicarse a la tierra anualmente, como se desprende de los apartados 17 y 125 de la presente sentencia, no se designaron como zonas vulnerables en el sentido de la Directiva las zonas designadas por la Región Flamenca conocidas como «agrícolas de interés ecológico», «naturaleza» y «saturadas de fosfatos». Ahora bien, consta que, al término del plazo pertinente, se cumplía el límite anual de 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea respecto a las zonas vulnerables «aguas», a saber, únicamente las zonas que se designaron en la Región Flamenca con arreglo a la Directiva. Por consiguiente, procede señalar que el reproche de la Comisión, según el cual no era de aplicación dicho límite en todas las zonas vulnerables de la Región Flamenca, es infundado.
134. Teniendo en cuenta lo que precede, debe declararse que, a excepción del reproche de que el programa de acción de la Región Flamenca sólo es parcialmente de aplicación en dicha Región, en particular, en relación con las cantidades máximas de excrementos animales que pueden aplicarse anualmente en las zonas vulnerables, la imputación de la Comisión relativa a la infracción del artículo 5 de la Directiva, en relación con su anexo III, es fundada en la medida en que se refiere a la situación existente en la Región Flamenca en la fecha de expiración del plazo previsto en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999.
– Por lo que respecta a la Región Valona
135. Con carácter preliminar, debe señalarse, ante todo, que el Decreto de 10 de octubre de 2000, al que aluden varias alegaciones específicas formuladas por la Comisión en su recurso, se aprobó una vez transcurridos los plazos señalados en los dictámenes motivados. En consecuencia, por los motivos expresados en los apartados 34 a 42 de la presente sentencia, debe declararse la inadmisibilidad de las partes de la imputación mediante las cuales la Comisión reprocha al Reino de Bélgica ulteriores incumplimientos en relación con los que figuran en el dictamen motivado.
136. En cuanto al resto, baste señalar que el Gobierno belga no niega que el programa de acción valón se adoptara fuera del plazo señalado por el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999.
137. En estas circunstancia, procede declarar que la imputación de la Comisión relativa a la infracción del artículo 5 de la Directiva, en relación con su anexo III, en la medida en que se refiere a la situación en la Región Flamenca y en la Región Valona al expirar el plazo establecido en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999, es fundada.
Sobre la imputación relativa a la infracción del artículo 10 de la Directiva, en relación con el anexo V de ésta
138. La Comisión considera que en el informe referente a la Región Flamenca, que le fue presentado con arreglo al artículo 10 de la Directiva, faltan los siguientes elementos:
– el mapa a que se refiere el anexo V, apartado 2, letra a), de la Directiva, relativo a las masas de agua identificadas de conformidad con su artículo 3, apartado 1;
– el resumen de los programas de control ejecutados de conformidad con el artículo 6 de la Directiva;
– el resumen de los resultados de los programas de control ejecutados en virtud del artículo 5, apartado 6, de la Directiva, y
– las estimaciones sobre los plazos aproximados en los que puede esperarse que surtan efectos las medidas previstas en el programa de acción.
139. El Gobierno belga no discute esta imputación.
140. En estas circunstancias, debe declararse que, al presentar a la Comisión un informe no conforme con el artículo 10 de la Directiva, el Reino de Bélgica incumplió las obligaciones que le incumben en virtud de esta disposición de la Directiva.
141. Habida cuenta de cuanto antecede, procede declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva al no haber adoptado:
– en lo que atañe a la Región Flamenca, al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 23 de noviembre de 1998, las medidas necesarias para dar cumplimiento de forma completa y correcta al artículo 4 de la Directiva y, al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre 1999, las medidas necesarias para dar cumplimiento de forma completa y correcta a los artículos 3, apartados 1 y 2, 5 y 10 de ésta, y
– en lo que atañe a la Región Valona, al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999, las medidas necesarias para dar cumplimiento de forma completa y correcta a los artículos 3, apartados 1 y 2, y 5 de dicha Directiva.
142. Debe declararse asimismo que, en la medida en que, mediante su recurso, la Comisión formula nuevas imputaciones en relación con las enunciadas en los dictámenes motivados, procede declarar la inadmisibilidad del recurso.
143. Además, la parte de la imputación relativa a la infracción del artículo 5 de la Directiva, en relación con el anexo III de ésta, según la cual el programa de acción de la Región Flamenca sólo es parcialmente de aplicación en esta Región, en particular, en lo que atañe a las cantidades máximas de excrementos animales que pueden aplicarse a la tierra anualmente en las zonas vulnerables es infundada.
Costas
144. En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
145. A tenor del artículo 69, apartado 3, párrafo primero, de dicho Reglamento, el Tribunal de Justicia puede repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas, en particular, cuando se desestimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte.
146. En el caso de autos, debe señalarse que la Comisión dedicó una parte considerable de su recurso y de sus escritos a formular nuevas imputaciones en relación con las enunciadas en los dictámenes motivados, pese a que conocía perfectamente que, tal como reconoció tanto en su demanda como en el acto de la vista, una infracción en el sentido del artículo 226 CE sólo debe apreciarse al término del plazo señalado en el dictamen motivado. Este comportamiento ha podido obligar a la parte demandada a realizar esfuerzos nada desdeñables para responder a ulteriores imputaciones en relación con las que habían sido objeto de los procedimientos administrativos previos.
147. No obstante, y a pesar de que se declare la inadmisibilidad de una parte del recurso y de que deba desestimarse una parte de la tercera imputación, procede declarar que, esencialmente, el recurso de la Comisión es fundado.
148. En estas circunstancias, procede condenar en costas al Reino de Bélgica.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1) Declarar que el Reino de Bélgica a incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, al no haber adoptado:
– en lo que atañe a la Región Flamenca, al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 23 de noviembre de 1998, las medidas necesarias para dar cumplimiento de forma completa y correcta al artículo 4 de dicha Directiva y, al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999, las medidas necesarias para dar cumplimiento de forma completa y correcta a los artículos 3, apartados 1 y 2, 5 y 10 de ésta, y
– en lo que atañe a la Región Valona, al término del plazo señalado en el dictamen motivado de 9 de noviembre de 1999, las medidas necesarias para dar cumplimiento de forma completa y correcta a los artículos 3, apartados 1 y 2, y 5 de dicha Directiva.
2) En la medida en que, mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas formula nuevas imputaciones que no constan en los dictámenes motivados, procede declarar la inadmisibilidad del recurso.
3) La parte de la imputación relativa a la infracción del artículo 5 de la Directiva 91/676, en relación con el anexo III de ésta, según la cual el programa de acción de la Región Flamenca sólo es parcialmente de aplicación en dicha Región, en particular, en lo que atañe a las cantidades máximas de excrementos animales que pueden aplicarse a la tierra anualmente en las zonas vulnerables, es infundada.
4) Condenar en costas al Reino de Bélgica.