62022TJ0371_RES
Asunto T‑371/22
Marco Montanari
contra
EUCAP Sahel Níger
Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 17 de julio de 2024
«Política exterior y de seguridad común — Misión EUCAP Sahel-Níger — Agentes nacionales en comisión de servicios — Acoso psicológico — Denegación de una pretensión de indemnización — Recurso de anulación — Inexistencia de interés en ejercitar la acción — Inadmisibilidad — Responsabilidad extracontractual — Derecho a la dignidad — Artículos 1 y 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Procedimiento de mediación — Falta de comunicación del informe del mediador — No aplicación de las recomendaciones del mediador — Derecho a una buena administración — Artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Deber de asistencia y protección — Daño moral — Daño material — Relación de causalidad»
Política exterior y de seguridad común — Competencia del juez de la Unión — Actos adoptados por una misión civil de la Unión Europea en materia de gestión de personal — Actos relativos a agentes en comisión de servicios destinados por los Estados miembros — Actos que tienen por objeto responder a las necesidades de la misión en la zona de operaciones — Inclusión
(Art. 19 TUE, ap. 1; arts. 263 TFUE, 268 TFUE y 340 TFUE, párr. segundo; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Decisión 2012/392/PESC del Consejo, art. 7, aps. 1 y 2)
(véanse los apartados 44 a 49)
Recurso de indemnización — Autonomía respecto al recurso de anulación — Límites — Recurso que tiene por objeto obtener el mismo resultado que el del recurso de anulación — Inadmisibilidad
(Arts. 263 TFUE, 268 TFUE y 340 TFUE, párr. segundo)
(véanse los apartados 61 a 63)
Recurso de indemnización — Objeto — Pretensión de indemnización de un perjuicio no imputable a la institución o al órgano demandado — Inadmisibilidad
(Art. 268 TFUE)
(véase el apartado 70)
Recurso de indemnización — Autonomía respecto al recurso de anulación — Límites — Recurso dirigido a la indemnización de los perjuicios resultantes de una decisión definitiva por la que se deniega la apertura de una investigación administrativa por acoso — Recurso de indemnización que no tiene por objeto la revocación, derogación o modificación de dicha decisión definitiva — Inexistencia de extemporaneidad del recurso de indemnización
(Arts. 263 TFUE, 268 TFUE y 340 TFUE, párr. segundo)
(véanse los apartados 91 a 98)
Recurso de indemnización — Responsabilidad extracontractual — Plazo de prescripción — Prescripción que no constituye causa de inadmisión por motivos de orden público
(Art. 268 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 46 y 53, párr. primero)
(véase el apartado 105)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Requisito no necesario en los contenciosos de los agentes de misiones civiles de la Unión Europea — Alcance — Aplicabilidad a los agentes nacionales destinados en comisión de servicios en una misión por los Estados miembros
(Arts. 268 TFUE, 270 TFUE y 340 TFUE, párr. segundo; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
(véanse los apartados 113 a 118 y 225)
Política exterior y de seguridad común — Misiones civiles de la Unión Europea — Persona — Recurso ante el juez de la Unión — Recurso interpuesto por un agente nacional en comisión de servicios — Aplicabilidad de determinadas disposiciones del Estatuto — Procedencia — Requisito — Agente afectado que se encuentra, en el ejercicio de sus funciones en la zona de operaciones, en una situación comparable a la de los agentes en comisión de servicios destinados por las instituciones, sujetos al Estatuto
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 20; Estatuto de los Funcionarios, art. 12 bis, Decisión 2012/392/PESC del Consejo)
(véanse los apartados 123 a 129 y 224)
Política exterior y de seguridad común — Misiones civiles de la Unión Europea — Personal — Negativa a poner en marcha una investigación administrativa a raíz de denuncias por acoso psicológico de un agente — Control jurisdiccional — Alcance — Obligación de tener en cuenta todos los antecedentes de hecho pertinentes
(Decisión 2012/392/PESC del Consejo)
(véase el apartado 136)
Política exterior y de seguridad común — Misiones civiles de la Unión Europea — Personal — Obligación de asistencia que incumbe a la Administración — Alcance — Deber de la administración de examinar las solicitudes de asistencia en materia de acoso psicológico y de informar al solicitante del curso dado a su solicitud — Alcance — Presentación de un indicio razonable — Denegación de la solicitud de incoación de una investigación administrativa presentada por el demandante — Incumplimiento de la obligación de asistencia
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 1 y 31, ap. 1; Estatuto de los Funcionarios, arts. 12 bis y 24; Decisión 2012/392/PESC del Consejo, art. 6, aps. 2 y 3)
(véanse los apartados 137 a 141, 152, 159, 160, 178 a 179, 194 a 200, 214 a 217, 219, 223, 231 y 267 a 269)
Política exterior y de seguridad común — Misiones civiles de la Unión Europea — Personal — Solicitud de asistencia en relación con un presunto acoso psicológico — Principio de buena administración — Alcance — Decisión denegatoria de la incoación de una investigación administrativa tras el informe de un mediador — Falta de comunicación al denunciante de las conclusiones y de la recomendación del mediador — Vulneración del derecho a ser oído
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2)
(véanse los apartados 251 a 261)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Relación de causalidad — Daño moral derivado de la negativa de una misión civil de la Unión Europea de poner en marcha una investigación administrativa a raíz de las denuncias por acoso psicológico presentadas por un agente — Decisión viciada por el incumplimiento del deber de asistencia y por la vulneración del derecho a una buena administración — Existencia de una relación de causalidad — Límites — Perjuicio parcialmente causado por el comportamiento negligente del agente — Situación conflictiva entre la misión y dicho agente parcialmente imputable a este último
(Art. 340 TFUE, párr. segundo)
(véanse los apartados 286 a 290 y 310 a 320)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Perjuicio — Obligación de la persona perjudicada de actuar con una diligencia razonable para limitar la magnitud del perjuicio
(Art. 340 TFUE, párr. segundo)
(véanse los apartados 301 y 302)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Relación de causalidad — Perjuicio financiero de un agente de una misión civil de la Unión Europea derivado de su dimisión — Decisión de la misión por la que esta se niega a llevar a cabo una investigación administrativa a raíz de las denuncias por acoso psicológico — Causa determinante del perjuicio que no está constituida por las actuaciones de la misión — Falta de relación de causalidad en la situación del presente asunto
(Art. 340 TFUE, párr. segundo)
(véanse los apartados 303 a 308)
Resumen
Al estimar parcialmente un recurso de responsabilidad extracontractual interpuesto por el Sr. Montanari, antiguo agente nacional destinado en comisión de servicios a la Misión de la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea en Níger (en lo sucesivo, «Misión»), el Tribunal General se pronuncia por primera vez sobre la imputabilidad a dicha Misión de las actuaciones de su Comandante Civil de la Operación (COC), jerárquicamente vinculado al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
En abril de 2015, el Gobierno italiano destinó al demandante en comisión de servicios a la Misión en calidad de consejero político.
En marzo de 2017, presentó una primera denuncia por acoso contra el responsable de prensa e información pública de la Misión y, posteriormente, una segunda denuncia contra este último y contra el Jefe de Misión, por comportamiento desleal para con la autoridad de la Misión y negligencia grave que ponía en entredicho su deber de asistencia y protección.
En julio de 2017, el demandante solicitó al COC que iniciara una investigación por acoso contra el Jefe de Misión y su adjunto. Ese mismo día, el Jefe de Misión remitió una amonestación al demandante porque le había faltado al respeto durante una reunión. Por iniciativa del COC, un mediador encargado de evaluar la situación sobre el terreno presentó un informe.
En noviembre de 2017, el Jefe de Misión rechazó la petición del demandante de que regularizara una ausencia injustificada y le remitió una segunda amonestación. Entonces, el demandante solicitó nuevamente al COC la apertura de una investigación por acoso por parte del Jefe de Misión y de su adjunto.
Mediante decisión de 10 de abril de 2018, el COC denegó definitivamente la solicitud de apertura de una investigación administrativa presentada por el demandante.
En este contexto, el demandante interpuso ante el Tribunal General, por una parte, un recurso de anulación de la decisión de la Misión por la que se desestimaba su pretensión de indemnización del perjuicio material y de los daños físicos y psicológicos supuestamente derivados de los hechos constitutivos de acoso psicológico, de la vulneración del derecho a una buena administración y del incumplimiento del deber de asistencia y protección y, por otra parte, un recurso de indemnización.
Apreciación del Tribunal General
Con carácter preliminar, en cuanto a su competencia, el Tribunal General recuerda que, mediante la Decisión 2012/392, (
1
) se estableció la Misión para reforzar las capacidades de los actores nigerianos de la seguridad en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Su personal está integrado principalmente por personal enviado en comisión de servicios por los Estados miembros, las instituciones de la Unión o el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). (
2
) Es cierto que el artículo 7, apartado 2, de la Decisión 2012/392 dispone que corresponde al Estado miembro, a la institución de la Unión o al SEAE, respectivamente, atender cualquier reclamación relacionada con la comisión de servicios e interponer acciones contra el miembro del personal de que se trate.
No obstante, en primer lugar, de la jurisprudencia desarrollada en relación con disposiciones que rigen la actividad de otras misiones comprendidas en el ámbito de la política exterior y de seguridad común y que están redactadas en términos análogos a los de la Decisión 2012/392 resulta que, dado que los agentes en comisión de servicios destinados por los Estados miembros y aquellos destinados por las instituciones de la Unión están sujetos a las mismas normas en lo atinente al ejercicio de sus funciones en la zona de operaciones, el juez de la Unión es competente para controlar la legalidad de los actos de gestión del personal relativos a agentes destinados en comisión de servicios por los Estados miembros que tengan por objeto satisfacer las necesidades de esas misiones en la zona de operaciones.
En segundo lugar, el demandante suscita la cuestión de la legalidad de actos de gestión del personal relativos a las operaciones efectuadas en la zona de operaciones, y no cuestiones vinculadas a la comisión de servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 2, de la Decisión 2012/392. Por consiguiente, se desestima la excepción de incompetencia propuesta por la Misión.
A continuación, el Tribunal General examina las diferentes excepciones de inadmisibilidad.
Así pues, recuerda, en particular, que un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica solo es admisible en la medida en que esta tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Un interés de este tipo presupone que la anulación del acto en cuestión pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto. Además, incumbe a la parte demandante probar que tiene interés en ejercitar la acción.
Por otra parte, conforme a una jurisprudencia consolidada, la acción de indemnización, basada en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, fue establecida como una vía de recurso autónoma. Pues bien, las pretensiones tanto de anulación de la negativa de una institución, órgano u organismo de la Unión a reconocer un derecho de reparación que una parte invoca con arreglo a los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, como de que el Tribunal General declare que la institución, órgano u organismo están obligados a admitir la existencia de ese derecho, están dirigidas a que se constate que la institución, órgano u organismo de que se trate debe satisfacer una reparación y deben declararse inadmisibles si la parte demandante no justifica, en principio, que tiene interés en formular esas pretensiones con carácter adicional a su pretensión de indemnización.
En el presente asunto, el Tribunal General desestima por inadmisibles las pretensiones de anulación del demandante, al considerar que este no justificó su interés en solicitar, con carácter adicional a su pretensión de indemnización, la anulación de la decisión de la Misión por la que se rechazó su tercera pretensión de indemnización.
Por último, el Tribunal General desestima una a una las excepciones de inadmisibilidad propuestas por la Misión.
Así, en primer lugar, el Tribunal General constata que los actos reprochados (en particular, la exclusión del demandante de determinadas reuniones y la amonestación que se le envió) y los incumplimientos que el demandante imputa a la Misión (en particular, la falta de tramitación en un plazo razonable de sus denuncias y partes) guardan relación, respectivamente, con el ejercicio, por parte del Jefe de Misión y del COC, de las prerrogativas que les atribuye la Decisión 2012/392 y, por consiguiente, con la ejecución por parte de la Misión de su mandato, de la que debe ser considerada responsable de conformidad con el artículo 13, apartado 4, de dicha Decisión.
En segundo lugar, el Tribunal General subraya que debe declararse inadmisible un recurso de indemnización que pretenda en realidad la revocación, derogación o modificación de una decisión individual que ha adquirido firmeza y cuyo efecto, si fuere admitido, sería eliminar la totalidad o una parte de los efectos jurídicos de esa decisión. Asimismo, procede declarar la inadmisibilidad de una acción de reparación que se formula como una orden conminatoria y que no pretende que se indemnice el perjuicio derivado de un acto ilícito o de una omisión, sino modificar el acto controvertido.
En el presente asunto, no se desprende de los escritos presentados por el demandante que este solicite una reparación en especie en virtud de la cual la Misión tuviera que iniciar una investigación preliminar o disciplinaria contra el Jefe de Misión y su adjunto, lo cual sería equiparable a solicitar la anulación de la decisión de 10 de abril de 2018. Por lo tanto, el carácter firme de esa decisión individual no puede oponerse a la admisibilidad del recurso.
Por último, el Tribunal General observa que la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Misión y basada en la prescripción quinquenal o cuatrienal no va acompañada de precisiones suficientes que permitan apreciar su fundamentación.
En cuanto al fondo, el Tribunal General recuerda, con carácter previo, que la responsabilidad extracontractual de la Unión solo puede generarse si la persona que considera haber sufrido un perjuicio demuestra la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. No obstante, cuando actúa en calidad de empleador, la Unión está sujeta a una mayor responsabilidad, de modo que la mera comprobación de una ilegalidad cometida basta para considerar cumplido el primero de los tres requisitos necesarios para que se genere su responsabilidad por los daños causados a sus funcionarios y agentes en razón de una infracción del Derecho de la función pública de la Unión, sin que sea necesario demostrar que se trata de una vulneración «suficientemente caracterizada» de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. De hecho, pese a que los agentes nacionales enviados por los Estados miembros a la Misión en comisión de servicios no están sujetos al Estatuto, siguen estando sometidos a las mismas normas que se aplican a los agentes enviados en comisión de servicios por las instituciones de la Unión y cuya situación se rige por el Estatuto, en lo que respecta a sus funciones en la zona de operaciones. Por consiguiente, la mera declaración de ilegalidad basta para considerar que concurre el primero de los tres requisitos necesarios para que se genere la responsabilidad de la Unión por los daños causados a un agente nacional en comisión de servicios en la Misión en el ejercicio de sus funciones en la zona de operaciones.
En este contexto, al examinar sucesivamente las infracciones que invoca el demandante, el Tribunal General considera, en primer lugar, que este tiene razón cuando afirma que, al no iniciar una investigación administrativa cuando alegó que estaba sufriendo acoso psicológico, la Misión infringió los artículos 1 y 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y el artículo 12 bis del Estatuto.
Para llegar a esta conclusión, por lo que respecta, en primer lugar, a la aplicabilidad de las disposiciones del Estatuto, y en particular de su artículo 12 bis, apartado 3, que define el acoso psicológico, el Tribunal General señala que, conforme al principio de igualdad de trato, está obligado a aplicar por analogía a la situación del demandante las disposiciones estatuarias en materia de acoso psicológico y protección funcional de los funcionarios y agentes temporales o contractuales así como la jurisprudencia desarrollada sobre la base de esas disposiciones. En efecto, la situación diferente entre los agentes enviados a la Misión en comisión de servicios por los Estados miembros y aquellos enviados en comisión de servicios por las instituciones no puede justificar de manera objetiva que los primeros, cuando ejercen sus funciones en la zona de operaciones y se encuentran, por lo tanto, en una situación comparable a la de los segundos, no puedan beneficiarse del mismo nivel de protección y de las mismas normas contra el acoso psicológico.
El Tribunal General recuerda a continuación que, cuando se presenta una solicitud de asistencia y va acompañada de un principio de prueba suficiente de los hechos alegados, incumbe a la autoridad que conoce del asunto (
3
) responder con la rapidez y la diligencia exigidas. Esta deberá adoptar las medidas apropiadas, especialmente ordenando una investigación administrativa, para que queden probados los hechos que originaron la denuncia, en colaboración con el autor de esta y, en función de los resultados de la investigación, adoptar las medidas necesarias, como la incoación de un procedimiento disciplinario contra la persona acusada cuando la Administración concluya, al término de la investigación administrativa, que se ha producido acoso psicológico.
En el presente asunto, en primer término, el Tribunal General considera que la decisión del Jefe de Misión adoptada en mayo de 2017, de excluir al demandante de las reuniones del estado mayor, no puede considerarse, tomada de forma aislada, un indicio de acoso psicológico contra el demandante. En efecto, a tenor del artículo 6, apartados 2 y 3, de la Decisión 2012/392, el Jefe de Misión ejerce el mando y control sobre el personal, equipos y unidades de los Estados contribuyentes e imparte instrucciones a todo el personal de la Misión, asumiendo su coordinación y gestión diaria. Además, la Administración dispone de una amplia potestad discrecional en materia de organización del servicio.
En segundo término, el Tribunal General señala que, a falta de justificación por parte de la Misión del carácter extemporáneo de la remisión de la primera amonestación al demandante, tanto a la luz del plazo establecido en el artículo 11 del Código de Conducta (
4
) como de la antigüedad de los hechos que dieron lugar a esa amonestación, y a falta de indicaciones sobre la fecha exacta en la que el Jefe de Misión tuvo conocimiento del parte que el demandante dio en julio de 2017, la notificación de esa amonestación menos de una hora después de que se diera ese parte puede considerarse excesiva o criticable. En efecto, puede interpretarse como un castigo al demandante por haber dado ese parte, en contra de las exigencias que se recogen en el artículo 7 del Código de Conducta, (
5
) y, por consiguiente, tomada de forma aislada, constituye un indicio de acoso psicológico.
En tercer término, en las circunstancias particulares en las que se produjo, la decisión del servicio de recursos humanos de la Misión (en lo sucesivo, «RRHH») de reactivar, el 27 de julio de 2017, el procedimiento de evaluación del demandante el día siguiente a la marcha del mediador, sin esperar a que este presentara sus conclusiones y más de nueve meses antes del final de la comisión de servicios del demandante, es excesiva o criticable.
En efecto, la Misión no ha justificado los motivos por los que RRHH inició ese trámite administrativo en esa fecha, cuando del artículo 7 del anexo IX del OPLAN, (
6
) relativo a los recursos humanos, se desprende que el procedimiento de evaluación de los agentes que desean solicitar la renovación de su comisión de servicios en la Misión debía realizarse previa solicitud en tal sentido presentada por ellos, a más tardar tres meses antes de la finalización de la comisión de servicios. Además, se imponía una obligación de actuar con prudencia, de conformidad con el principio de buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta, y, debido al artículo 7 del Código de conducta, con posterioridad al parte antes citado.
Por lo tanto, puede interpretarse que esa reactivación tiene por objeto expulsar al demandante de la Misión al término de su comisión de servicios sin esperar las propuestas del mediador, de manera que esa decisión, tomada de forma aislada, constituye un indicio de acoso psicológico.
Por último, el envío por RRHH al demandante, a finales de julio de 2017, de un desglose actualizado de sus días de vacaciones no puede considerarse, tomado de forma aislada, como un acto excesivo o criticable que pueda caracterizar un indicio de acoso psicológico contra él. En efecto, sin perjuicio de la obligación de diligencia y, en particular, de prudencia, que se impone a la Misión a la espera de las conclusiones del mediador, ni los artículos 1 y 31 de la Carta, ni el artículo 12 bis del Estatuto y, en el presente asunto, tampoco las disposiciones del anexo IX del OPLAN y del Código de Conducta obligaban a la Misión a excluir al demandante de sus procedimientos de gestión de recursos humanos por el mero hecho de haber dado parte en relación con el Jefe de Misión y su adjunto por acoso psicológico.
Por otra parte, el Tribunal General señala que el ambiente global de trabajo en el que se enmarcan los hechos que invoca el demandante estaba caracterizado por la intención del Jefe de Misión de apartar al demandante sin iniciar, no obstante, el procedimiento establecido en el artículo 8 del anexo IX del OPLAN para poner fin a una comisión de servicios antes de su término.
En segundo lugar, el Tribunal General considera que el demandante afirma con fundamento que la Misión vulneró el derecho a una buena administración.
A este respecto, recuerda que, en el marco de litigios en materia de acoso que implican a funcionarios o agentes de la Unión, la persona que haya presentado una denuncia por acoso tiene derecho, para poder presentar eficazmente sus observaciones ante la institución en cuestión antes de que esta adopte una decisión, a que se le comunique al menos un resumen de las declaraciones de la persona acusada de acoso y de los distintos testigos oídos durante el procedimiento de investigación, debiendo realizarse la comunicación de este resumen, en su caso, con observancia del principio de confidencialidad. Así debe hacerse en la medida en que dichas declaraciones se han utilizado en el informe que se elevó a la autoridad que adoptó la decisión de no dar curso a la denuncia y que contiene recomendaciones a la luz de las cuales esta autoridad ha fundamentado su decisión.
Pues bien, en el presente asunto, dado que el COC denegó, en abril de 2018, la solicitud de apertura de una investigación administrativa presentada por el demandante sobre la base del informe del mediador emitido a finales de julio de 2017, y a la luz de la recomendación que figuraba en dicho informe, debería haber garantizado el respeto del derecho del demandante a ser oído dándole la oportunidad de formular sus observaciones y de aportar, en su caso, información adicional antes de adoptar esa decisión. En efecto, haberle dado audiencia habría podido llevar al COC a formular una conclusión diferente, a saber, la decisión de abrir una investigación administrativa.
Tras admitir que el demandante ha demostrado la existencia de una relación de causalidad directa y cierta entre el daño moral alegado y las infracciones constatadas, el Tribunal General observa, no obstante, que, debido a su comportamiento negligente, el demandante es en parte uno de los protagonistas de la situación conflictiva que califica de acoso, que dio lugar al daño moral que alega haber sufrido. En consecuencia, el Tribunal General estima parcialmente su recurso de indemnización.
(
1
)	Decisión 2012/392/PESC del Consejo, de 16 de julio de 2012, sobre la Misión PCSD de la Unión Europea en Níger (EUCAP Sahel Níger) (DO 2012, L 187, p. 48).
(
2
)	Véase el artículo 7, apartado 1, de la Decisión 2012/392.
(
3
)	Con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto.
(
4
)	Del artículo 11 del Código de Conducta y Disciplina para las misiones civiles de la política de seguridad y defensa comunes (PCSD) de la Unión (en lo sucesivo, «Código de Conducta») se desprende que, sobre la base de un informe en el que se ponga de manifiesto una eventual infracción, la decisión de la autoridad responsable para decidir qué curso procede adoptar en relación con esa infracción, que puede dar lugar a que la autoridad considere que ese asunto es una cuestión de gestión, debe adoptarse en un plazo de diez días laborables.
(
5
)	El artículo 7, apartado 1, del Código de Conducta dispone que el miembro de la misión que haya dado parte de una eventual infracción no podrá ser penalizado a raíz de ese parte o con posterioridad a él, siempre que haya actuado de manera razonable y de buena fe.
(
6
)	El artículo 7 del anexo IX del plan de operaciones revisado de la Misión (en lo sucesivo, «OPLAN»), relativo a los recursos humanos, supedita la prórroga de la comisión de servicios de un agente en esa situación a la aprobación del Jefe de Misión, sobre la base de una petición en tal sentido del agente interesado presentada tres meses antes de que concluya el período de comisión de servicios en curso y a que su responsable jerárquico directo elabore un informe de evaluación del rendimiento favorable.