62024CJ0206_RES
Asunto C‑206/24
YX y Logistica i Gestió Caves Andorranes i Vidal SA
contra
Directeur général des douanes et droits indirects y Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 1 de agosto de 2025
«Procedimiento prejudicial — Unión aduanera — Devolución o condonación de los derechos de importación o de exportación — Reglamento (CEE) n.o 1430/79 — Derechos de aduana percibidos vulnerando el Derecho de la Unión — Artículo 2, apartado 2, párrafo tercero — Condiciones de la devolución de oficio — Comprobación, antes de la expiración de un plazo de tres meses a contar desde la fecha de su contracción, de que esos derechos fueron indebidamente percibidos — Comprobación que conlleva el conocimiento, por parte de las autoridades aduaneras nacionales, de la identidad de los operadores afectados y de la cantidad que les debe ser devuelta — Obligación, a cargo de dichas autoridades, de adoptar las medidas necesarias y adecuadas con el fin de obtener la información necesaria para efectuar esa devolución»
Recursos propios de la Unión Europea — Devolución o condonación de derechos de importación o de exportación — Derechos de aduana percibidos vulnerando el Derecho de la Unión — Devolución de oficio — Condiciones — Comprobación por la autoridad aduanera nacional, antes de la expiración de un plazo de tres meses a contar desde la fecha de su contracción, de que esos derechos fueron indebidamente percibidos — Comprobación que conlleva el conocimiento, por parte de la autoridad aduanera nacional, de la identidad de los operadores afectados y de la cantidad que debe ser devuelta — Obligación, a cargo de dicha autoridad, de adoptar las medidas necesarias y adecuadas con el fin de obtener la información necesaria para efectuar esa devolución
[Reglamento (CEE) n.o 1430/79 del Consejo, arts. 1, ap. 2, letra e), 2 y 15]
(véanse los apartados 25 a 38, 42 y 43 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), precisa el alcance de la obligación impuesta a una autoridad aduanera nacional de proceder de oficio a la devolución de los derechos de aduana indebidamente percibidos y las condiciones relativas a esa devolución, a la luz del artículo 2, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.o 1430/79. (
1
)
Entre 1988 y 1991, varias sociedades andorranas importaron a Andorra, por medio de la sociedad Ysal, comisionista de aduanas establecido en Francia, mercancías procedentes, en particular, de terceros países. Estas importaciones dieron lugar al pago de derechos de aduana en Francia. En efecto, en esa época, las autoridades aduaneras francesas exigían que las mercancías procedentes de terceros países con destino a Andorra fueran despachadas a libre práctica cuando atravesasen el territorio francés.
En enero de 1991, la Comisión Europea constató, mediante dictamen motivado, (
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) que la República Francesa, al establecer esa exigencia de despacho a libre práctica, había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión. Por consiguiente, la invitó a adoptar las medidas necesarias para regularizar la situación.
Mediante dictamen ministerial, (
3
) las autoridades francesas pusieron entonces fin a esa práctica en lo relativo a todas las mercancías procedentes de países terceros con destino a Andorra.
En 2015, dichos importadores andorranos, en cuyos derechos se subrogaron Caves Andorranes e YX, ejercitaron una acción judicial contra la administración aduanera francesa reclamando el pago de una cantidad equivalente a los derechos de aduana que esa administración había recaudado indebidamente como consecuencia de ciertas importaciones de mercancías procedentes de países terceros con destino a Andorra entre 1988 y 1991. Al haber sido desestimada la demanda en primera instancia y en apelación, Caves Andorra e YX recurrieron en casación ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación), que es el tribunal remitente.
Este ha planteado al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales, que tienen básicamente como objeto determinar si el artículo 2, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.o 1430/79 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una obligación a cargo de una autoridad aduanera nacional de proceder de oficio a la devolución de los derechos de aduana está supeditada, por una parte, a que haya comprobado por sí misma, antes de la expiración de un plazo de tres años a contar desde la contracción de dichos derechos, que estos fueron indebidamente percibidos y, por otra parte, a que conozca la identidad de los operadores afectados y el importe que debe devolverse a cada uno de ellos. En este contexto, aquel tribunal se pregunta acerca de las medidas que la citada autoridad debe adoptar, en su caso, para obtener tal información.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia comienza señalando que el artículo 2, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.o 1430/79, en la medida en que establece categóricamente que las autoridades aduaneras nacionales «procederán de oficio a la devolución», impone a estas una obligación de devolución que no requiere que el importador interesado solicite tal devolución. Esa obligación de devolución de oficio está supeditada a que la autoridad aduanera nacional interesada haya comprobado por sí misma, antes de la expiración de un plazo de tres años a contar desde la fecha de contracción de los derechos de aduana de que se trate, (
4
) que tales derechos fueron indebidamente percibidos. En cambio, la devolución como tal no tiene que producirse necesariamente en dicho plazo, de modo que puede efectuarse una vez expirado este.
Por otro lado, dado que los derechos de aduana se exigen por importes precisos, fijados por la autoridad aduanera nacional sobre la base de declaraciones aduaneras presentadas en nombre de una persona determinada, la comprobación, por esa autoridad, de que tales derechos fueron indebidamente percibidos implica necesariamente comprobar que una persona conocida por dicha autoridad pagó indebidamente una cantidad concreta, también conocida por ella. Por consiguiente, cuando la autoridad aduanera nacional comprueba que unos derechos de aduana fueron indebidamente percibidos y han de ser devueltos, conoce, en principio, tanto de la identidad de la persona a la que debe efectuar la devolución como la cantidad exacta que debe ser devuelta.
En efecto, esa autoridad no puede invocar el hecho de que ya no dispone de las declaraciones aduaneras presentadas por los interesados, o de las decisiones individuales adoptadas con respecto a ellos, para justificar la eventual pasividad en la devolución a dichos interesados de los derechos de aduana respecto de los que haya comprobado, en el plazo de tres años previsto en el artículo 2, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.o 1430/79, que fueron indebidamente percibidos, ya que, en tanto en cuanto no haya expirado ese plazo, esa autoridad está obligada a conservar los documentos y la información que puedan ser pertinentes para proceder, en su caso, a la devolución.
Dicho esto, cuando la citada autoridad aduanera no disponga, sin culpa suya, de la información necesaria para proceder a la devolución de derechos de aduana indebidamente percibidos, le corresponderá adoptar, para cumplir con su obligación de devolución derivada de la referida disposición, las medidas necesarias y adecuadas para obtener esa información. Es cierto que tales medidas no incluyen investigaciones desproporcionadas, a saber, investigaciones que requerirían emplear recursos humanos y materiales que no guardan relación alguna con lo que cabe razonablemente esperar de una administración diligente. Sin embargo, una actitud pasiva de la autoridad aduanera, con la excusa de que no dispone de dicha información, no es compatible ni con su antes mencionada obligación de devolución ni con las exigencias que se derivan del derecho a una buena administración, que es un principio general del Derecho de la Unión que debe aplicarse a los Estados miembros cuando ejecutan ese Derecho.
El Tribunal de Justicia concluye que el artículo 2, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.o 1430/79 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una obligación, a cargo de una autoridad aduanera nacional, de proceder de oficio a la devolución de los derechos de aduana está supeditada a que esta autoridad haya comprobado por sí misma, antes de la expiración de un plazo de tres años a contar desde la contracción de esos derechos, que estos fueron indebidamente percibidos. Esta comprobación conlleva que esa autoridad conozca la identidad de quienes han pagado dichos derechos y la cantidad que debe ser devuelta a cada uno de ellos. Cuando la citada autoridad no dispone ni podía disponer de toda la información necesaria para efectuar tal devolución a la persona que haya abonado los derechos de aduana percibidos indebidamente o a las personas que la hayan sucedido en sus derechos y obligaciones, corresponderá a la misma autoridad, para dar cumplimiento a su obligación de devolución, adoptar las medidas que, sin ser desproporcionadas, sean necesarias y adecuadas para obtener esa información y proceder a la devolución.
(
1
)	Reglamento (CEE) n.o 1430/79 del Consejo, de 2 de julio de 1979, relativo a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de exportación (DO 1979, L 175, p. 1; EE 02/06, p. 36), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) n.o 3069/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986 (DO 1986, L 286, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1430/79»).
(
2
)	Dictamen motivado COM(90) 2042 final.
(
3
)	Anuncio del ministère de l’Économie, des Finances et du Budget (Ministerio de Economía, Hacienda y Presupuesto, Francia) a los importadores y exportadores, publicado en el Journal officiel de la République française (Diario Oficial de la República Francesa) el 6 de junio de 1991.
(
4
)	De conformidad con el artículo 1, apartado 2, letra e), del Reglamento n.o 1430/79, esa fecha se corresponde con la fecha de adopción del acto administrativo por el cual las autoridades competentes determinaron inicialmente la cuantía de esos derechos.