62014TO0810
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
de 27 de junio de 2016 (
*1
)
«No ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara un incumplimiento de Estado — Multa coercitiva — Decisión de liquidación de la multa coercitiva — Derogación de la normativa nacional incompatible con el Derecho de la Unión — Fecha del cese del incumplimiento — Anulación de una decisión anterior por la que se liquidaba una multa coercitiva impuesta en ejecución de la misma sentencia del Tribunal de Justicia — Fuerza de cosa juzgada — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»
En el asunto T‑810/14,
República Portuguesa, representada por los Sres. L. Inez Fernandes y J. de Oliveira y la Sra. S. Nunes de Almeida, en calidad de agentes,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por el Sr. G. Braga da Cruz y la Sra. M. Heller, en calidad de agentes,
parte demandada,
que tiene por objeto un recurso de anulación, interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE, contra la Decisión MARKT/A2/3523710 de la Comisión, de 3 de octubre de 2014, por la que se liquida la multa coercitiva adeudada por la República Portuguesa para el período comprendido entre el 10 y el 29 de enero de 2008, en ejecución de la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3),
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
integrado por el Sr. S. Frimodt Nielsen (Ponente), Presidente, y los Sres. F. Dehousse y A.M. Collins, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
dicta el presente
Auto
Antecedentes del litigio
Procedimientos por incumplimiento contra la República Portuguesa
1
En 2003, la Comisión de las Comunidades Europeas incoó un procedimiento por incumplimiento contra la República Portuguesa por considerar, en particular, que los requisitos para exigir la responsabilidad de los poderes adjudicadores tal como estaban regulados entonces en el Derecho de ese Estado miembro resultaban incompatibles con la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO 1989, L 395, p. 33).
2
En la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), el Tribunal de Justicia estimó la argumentación de la Comisión y declaró, en el punto 1 del fallo de dicha sentencia, que «la República Portuguesa ha[bía] incumplido las obligaciones que le incumb[ían] en virtud de los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/665 [...] al no haber derogado el Decreto-ley n.o 48051, de 21 de noviembre de 1967, que subordina a la prueba de la existencia de dolo o culpa la concesión de una indemnización de daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción del Derecho comunitario en materia de contratos públicos o de las normas nacionales que adaptan el Derecho nacional».
3
Sin embargo, la Comisión, considerando que la República Portuguesa no había puesto fin al incumplimiento declarado, incoó un segundo procedimiento por incumplimiento, en el que solicitó al Tribunal de Justicia que impusiese una multa coercitiva. La vista ante el Tribunal de Justicia se celebró el 5 de julio de 2007.
4
El 31 de diciembre de 2007, se publicó la Lei n.o 67/2007 Aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas (Ley n.o 67/2007, por la que se aprueba el régimen de responsabilidad civil extracontractual del Estado y de las demás entidades públicas) (Diário da República, 1.a serie, n.o 251, de 31 de diciembre de 2007) (en lo sucesivo, «Ley n.o 67/2007»). El artículo 5 de dicha Ley derogó, en particular, el Decreto-ley n.o 48051, de 21 de noviembre de 1967, al que hacía referencia el fallo de la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632) (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 48051»). En virtud del artículo 6 de esa Ley, ésta debía entrar en vigor 30 días después de su publicación, es decir, el 30 de enero de 2008.
5
En la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), el Tribunal de Justicia declaró que la República Portuguesa, al no haber derogado el Decreto-ley n.o 48051, no había puesto fin al incumplimiento declarado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632). Por consiguiente, impuso una multa coercitiva. Los puntos 1 y 2 del fallo de la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), están redactados en los siguientes términos:
«1)
Declarar que la República Portuguesa no ha adoptado las medidas necesarias que requiere la ejecución de la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03), y por ello ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 228 CE, apartado 1, al no haber derogado el Decreto-ley n.o 48051 [...], que subordina a la prueba de la existencia de dolo o culpa la concesión de una indemnización de daños y perjuicios a las personas perjudicadas por una infracción del Derecho comunitario en materia de contratos públicos o de las normas nacionales que adaptan el Derecho nacional.
2)
Condenar a la República Portuguesa a pagar a la Comisión [...], en la cuenta “Recursos propios de la Comunidad Europea”, una multa coercitiva de 19392 euros por cada día de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal, antes citada, a partir de la fecha en que se dicta la presente sentencia y hasta la ejecución de dicha sentencia de 14 de octubre de 2004.»
Primera decisión de liquidación y procedimientos ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia
6
La Comisión, al considerar que la Ley n.o 67/2007, en particular el artículo 7 del anexo sobre el régimen de responsabilidad civil extracontractual del Estado y de las demás entidades públicas que acompañaba a dicha Ley, no constituía una transposición correcta de la Directiva 89/665, entabló conversaciones con la República Portuguesa, que se prosiguieron durante varias reuniones. La República Portuguesa opinaba que con la aprobación de la Ley n.o 67/2007 había dado cumplimiento íntegramente a la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), puesto que dicha Ley había derogado el Decreto-ley n.o 48051.
7
El 15 de julio de 2008, el Director General de la Dirección General (DG) de «Mercado Interior y Servicios» de la Comisión presentó a la República Portuguesa un requerimiento de pago de la multa coercitiva adeudada, para el período comprendido entre el 10 de enero y el 31 de mayo de 2008.
8
Aunque discrepando de la postura de la Comisión, pero con el fin de salvar esa diferencia de apreciación, la República Portuguesa aprobó la Lei n.o 31/2008 Procede à primeira alteração à Lei n.o 67/2007, de 31 de Dezembro, que aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas (Ley n.o 31/2008, de modificación de la Ley n.o 67/2007), de 17 de julio de 2008 (Diário da República, 1.a serie, n.o 137, de 17 de julio de 2008), que modificó, con efecto retroactivo a 30 de enero de 2008, el artículo 7 del anexo sobre el régimen de responsabilidad civil extracontractual del Estado y de las demás entidades públicas que acompañaba a la Ley n.o 67/2007. La Comisión consideró entonces que la República Portuguesa había puesto fin al incumplimiento declarado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632).
9
El 25 de noviembre de 2008, la Comisión adoptó la Decisión C(2008) 7419 final (en lo sucesivo, «primera Decisión de liquidación»), en la que se establecía que la multa coercitiva adeudada por la República Portuguesa en ejecución de la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), ascendía a un importe total de 3665088 euros para el período comprendido entre el 10 de enero y el 17 de julio de 2008.
10
La República Portuguesa interpuso un recurso de anulación contra la primera Decisión de liquidación, que el Tribunal General estimó en la sentencia de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127). En esa sentencia, el Tribunal General declaró que la Comisión disponía de una competencia de principio para liquidar las multas coercitivas impuestas por el Tribunal de Justicia, pero que dicha competencia se limitaba a extraer las estrictas consecuencias de las constataciones realizadas por el Tribunal de Justicia. Dado que el incumplimiento identificado por el Tribunal de Justicia consistía en la falta de derogación del Decreto-ley n.o 48051, el Tribunal General consideró que la Comisión se había extralimitado en el ejercicio de su competencia al comprobar por sí misma si la nueva normativa portuguesa constituía una transposición correcta de la Directiva 89/665, puesto que sólo el Tribunal de Justicia era competente para proceder a tal apreciación.
11
En su recurso, la República Portuguesa pretendía, con carácter principal, que se anulase la primera Decisión de liquidación y, con carácter subsidiario, que se anulase parcialmente dicha Decisión en la medida en que sus efectos se extendiesen más allá del 29 de enero de 2008. El Tribunal General anuló la primera Decisión de liquidación en su totalidad. No se pronunció sobre la alegación de la República Portuguesa, presentada con carácter subsidiario, según la cual procedía tener en cuenta la fecha en la que había cesado el incumplimiento declarado, es decir, el 30 de enero de 2008, fecha de la entrada en vigor tanto de la Ley n.o 67/2007 como de la modificación retroactiva introducida por la Ley n.o 31/2008.
12
El recurso de casación interpuesto por la Comisión contra la sentencia de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), fue desestimado mediante la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), en la que el Tribunal de Justicia declaró particularmente lo siguiente:
«37
En virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, si el Tribunal de Justicia declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia.
38
De conformidad con el apartado 2 del citado artículo, si la Comisión estima que el Estado miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de tal sentencia, podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia a fin de que éste condene a ese Estado al pago de una suma a tanto alzado y/o de una multa coercitiva.
39
Contrariamente al procedimiento instituido por el artículo 258 TFUE, que pretende que se declare y se ponga fin al comportamiento de un Estado miembro que infringe el Derecho de la Unión [Europea] (véanse las sentencias de 7 de febrero de 1979, Francia/Comisión, 15/76 y 16/76, Rec. p. 321, apartado 27, y de 6 de diciembre de 2007, Comisión/Alemania, C‑456/05, Rec. p. I‑10517, apartado 25), el objeto del procedimiento previsto en el artículo 260 TFUE es mucho más limitado, y sólo pretende inducir al Estado miembro infractor a ejecutar la sentencia dictada en un procedimiento por incumplimiento (sentencias de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia, C‑304/02, Rec. p. I‑6263, apartado 80, y de 21 de septiembre de 2010, Suecia y otros/API y Comisión, C‑514/07 P, C‑528/07 P y C‑532/07 P, Rec. p. I‑8533, apartado 119).
40
En consecuencia, este último procedimiento debe considerarse un procedimiento judicial especial de ejecución de las sentencias del Tribunal de Justicia y, en otros términos, como un medio de ejecución (sentencia Comisión/Francia, antes citada, apartado 92). Por consiguiente, sólo pueden tratarse en el marco de tal procedimiento los incumplimientos de las obligaciones que incumben al Estado miembro en virtud del Tratado FUE que el Tribunal de Justicia ha considerado fundados con arreglo al artículo 258 TFUE (sentencia de 10 de septiembre de 2009, Comisión/Portugal, C‑457/07, Rec. p. I‑8091, apartado 47).
41
A fortiori, cuando el Tribunal de Justicia condena al Estado miembro al pago de una multa coercitiva, la comprobación por la Comisión de las medidas adoptadas por dicho Estado para dar cumplimiento a tal sentencia y el cobro de las cantidades adeudadas con arreglo a las sanciones impuestas deben realizarse teniendo en cuenta la delimitación del incumplimiento, tal como ha sido realizada por el Tribunal de Justicia en sus sentencias dictadas con arreglo a los artículos 258 TFUE y 260 TFUE.
42
En el presente caso, tanto del fallo de la sentencia de [14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632),] como del de la sentencia de [10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3),] resulta que el incumplimiento constatado por el Tribunal de Justicia se refiere a la no derogación del Decreto-ley n.o 48051, que supeditaba la concesión de una reparación financiera a los perjudicados por una violación del Derecho de la Unión en materia de contratos públicos a que se demuestre que ha existido dolo o culpa.
43
Para dar cumplimiento a la sentencia de [14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632)], la República Portuguesa adoptó la Ley n.o 67/2007. Esta Ley, que entró en vigor unos días después de que se dictara la sentencia de [10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3)], derogó el Decreto-ley n.o 48051.
44
Tras haber examinado la citada Ley, la Comisión consideró, no obstante, que no se ajustaba al Derecho de la Unión y no garantizaba, por ello, la ejecución adecuada de la sentencia de [14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632)].
45
De ello resultó una discrepancia entre la citada institución y la República Portuguesa sobre el alcance jurídico y la interpretación de la Ley n.o 67/2007, que llevó a la adopción de la Decisión controvertida, en la que, basándose precisamente en su propia interpretación de los efectos de dicha Ley, la Comisión calculó el importe de la multa coercitiva dictada por el Tribunal de Justicia.
46
De este modo, la Comisión se pronunció sobre la cuestión de la conformidad de la Ley n.o 67/2007 con la Directiva 89/665, pese a que, como señaló el Tribunal General acertadamente en los apartados 83 a 85 de la sentencia [de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127)], dicha Ley introdujo un régimen de responsabilidad que era diferente al establecido por el Decreto-ley n.o 48051 y que no podía haber sido examinado con anterioridad por el Tribunal de Justicia.
47
Pues bien, es cierto que, como señaló en esencia el Tribunal General en el apartado 81 de la sentencia [de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127)], en el marco de la ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia que impone una multa coercitiva a un Estado miembro, la Comisión tiene que poder examinar las medidas adoptadas por éste para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria.
48
No obstante, como declaró acertadamente el Tribunal General en el apartado 82 de la sentencia [de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127)], dicha facultad de apreciación no puede ejercerse vulnerando la competencia exclusiva del Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre la conformidad de una normativa nacional con el Derecho de la Unión.
[...]
52
De ello se deduce que cuando, en el marco de la comprobación de la ejecución de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 260 TFUE, existe una discrepancia entre la Comisión y el Estado miembro afectado sobre si una práctica o una normativa que no ha sido examinada con anterioridad por el Tribunal de Justicia es adecuada para ejecutar tal sentencia, la Comisión no puede, adoptando una decisión, resolver por sí misma tal discrepancia y extraer las consecuencias necesarias para el cálculo de la multa coercitiva.»
Decisión impugnada
13
Mediante la Decisión MARKT/A2/3523710, de 3 de octubre de 2014 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), notificada el 6 de octubre de 2014, el Director General de la DG de «Mercado Interior y Servicios» de la Comisión requirió a la República Portuguesa el pago de un importe de 387840 euros en concepto de liquidación de la multa coercitiva, correspondiente al período comprendido entre el 10 y el 29 de enero de 2008, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3).
14
La Decisión impugnada incluía la siguiente motivación:
«Puesto que los motivos en los que el Tribunal de Justicia fundó su sentencia de 2014 atañían exclusivamente a la parte de la Decisión de la Comisión en la que ésta reclamaba a la República Portuguesa el pago de la multa coercitiva correspondiente al período que media entre el 30 de enero y el 17 de julio de 2008, la República Portuguesa sigue obligada a cumplir la sentencia de 2008 en lo que respecta al período comprendido entre el 10 de enero de 2008 (fecha del pronunciamiento de la sentencia) y el 29 de enero de 2008 incluido (ya que la ley derogatoria entró en vigor el 30 de enero de 2008).»
Procedimiento y pretensiones de las partes
15
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 12 de diciembre de 2014, la República Portuguesa interpuso el presente recurso.
16
La República Portuguesa solicita al Tribunal, en esencia, que:
—
Anule la Decisión impugnada.
—
Condene en costas a la Comisión.
17
La Comisión solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la República Portuguesa.
Fundamentos de Derecho
18
El Tribunal considera pertinente aplicar en el caso de autos lo dispuesto en el artículo 126 de su Reglamento de Procedimiento, según el cual, cuando el Tribunal sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando éste sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
Sobre la competencia del Tribunal para conocer del presente litigio
19
En el escrito de réplica, la República Portuguesa aduce que el Tribunal no es competente para pronunciarse sobre una cuestión relativa al cumplimiento de las obligaciones que incumben a los Estados miembros en virtud de los Tratados, ya que tal competencia está reservada al Tribunal de Justicia. Por lo tanto, a su entender, habida cuenta de que el Tribunal de Justicia no ha dilucidado si la República Portuguesa cesó en el incumplimiento declarado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), con la publicación de la Ley n.o 67/2007 o si sólo la entrada en vigor de dicha Ley puso fin a dicho incumplimiento, dicha cuestión debería someterse a la apreciación del Tribunal de Justicia y no a la del Tribunal General.
20
En respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento adoptada por el Tribunal, la República Portuguesa precisó su posición indicando que, con la anterior alegación, no pretendía formular, contra su propio recurso, una excepción de incompetencia del Tribunal para conocer de él, sino que sostenía que, dado que las cuestiones controvertidas pertenecían al ámbito de competencia exclusivo del Tribunal de Justicia, procedía anular la Decisión impugnada por falta de competencia de su autor.
21
Cabe dejar constancia de estas precisiones de la República Portuguesa, ya que la dilucidación de si la Comisión era competente para adoptar la Decisión impugnada deberá apreciarse en el marco del examen de la fundamentación del recurso.
22
En cualquier caso, baste recordar que, en el apartado 53 de la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General puede resolver los recursos de anulación contra las decisiones mediante las cuales la Comisión liquida las multas coercitivas impuestas por el Tribunal de Justicia y que la sentencia que dicte el Tribunal General puede ser objeto de un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.
Sobre la fundamentación del recurso
23
Las alegaciones formuladas por la República Portuguesa en apoyo de su recurso pueden agruparse en seis motivos. El primer motivo se basa en la incompetencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada, ya que únicamente los órganos jurisdiccionales de la Unión son competentes para liquidar las multas coercitivas impuestas con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 2. El segundo motivo se basa en que la Decisión impugnada constituye una incorrecta ejecución de la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3). El tercer motivo se basa en la vulneración de la fuerza de cosa juzgada, y el cuarto, en la vulneración de los principios de seguridad jurídica, de «estabilidad de las relaciones jurídicas» y de protección de la confianza legítima. Mediante el quinto motivo, la República Portuguesa alega la vulneración del principio non bis in idem. Por último, el sexto motivo se basa en la vulneración del reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros, ya que la Decisión impugnada cercena la facultad de los Estados miembros de diferir la entrada en vigor de las normas que adoptan.
24
Con carácter preliminar, procede examinar las consideraciones de la Comisión relativas a la justificación de la multa coercitiva liquidada en la Decisión impugnada, ya que de la pertinencia de esas consideraciones, a las que la República Portuguesa contestó en el escrito de réplica, depende en gran medida la fundamentación del presente recurso.
Consideraciones previas relativas a la justificación de la multa liquidada en la Decisión impugnada
25
La Comisión considera que, cuando se condena a un Estado miembro por no haber derogado una normativa incompatible con el Derecho de la Unión, la fecha en la que cabe considerar que ese Estado miembro ha puesto fin al incumplimiento que se le imputa es la de la entrada en vigor de la norma derogatoria de la normativa incompatible —es decir, la fecha en que surte efecto la derogación—, y no la fecha de publicación de dicha norma, cuando esta última fecha sea anterior a la primera. De lo contrario, cualquier Estado miembro condenado por incumplimiento podría eludir fácilmente la obligación de cesar el incumplimiento publicando las normas exigidas por las sentencias del Tribunal de Justicia pero difiriendo su entrada en vigor.
26
Por ello, a juicio de la Comisión, en los procedimientos establecidos tanto en el artículo 260 TFUE, apartado 2, como en el artículo 258 TFUE, la fecha utilizada por el Tribunal de Justicia para apreciar si un Estado miembro ha puesto fin al incumplimiento que se le imputa es la fecha de entrada en vigor de la normativa nacional, y no la de la aprobación de ésta.
27
Según la Comisión, del procedimiento que desembocó en la adopción de la primera Decisión de liquidación se desprende, como de hecho se señaló en las sentencias de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), y de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), que en aquel momento la República Portuguesa consideraba haber dado cumplimiento íntegramente a la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), con la aprobación de la Ley n.o 67/2007 y defendía entonces que la fecha útil al respecto era la de entrada en vigor de dicha Ley, es decir, el 30 de enero de 2008.
28
La República Portuguesa sostiene que puso fin al incumplimiento declarado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), con la aprobación de la Ley n.o 67/2007, y que el Tribunal de Justicia decidió imponer una multa coercitiva únicamente porque la aprobación de esa Ley no se le comunicó más que algunos días antes del pronunciamiento de la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), y, por lo tanto, no pudo tenerla en cuenta. Ahora bien, puesto que, según la República Portuguesa, ésta puso fin al incumplimiento declarado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), antes del pronunciamiento de la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), no podía imponérsele multa coercitiva alguna. La República Portuguesa entiende que la fecha que debe utilizarse para apreciar el cese del incumplimiento declarado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), es la de la publicación de la Ley n.o 67/2007, es decir, el 31 de diciembre de 2007.
29
Además, la República Portuguesa aduce que siempre refutó que pudiera imponérsele una multa coercitiva y que únicamente admitió con carácter subsidiario, durante el procedimiento destinado a impugnar la primera Decisión de liquidación, que, en el supuesto de que se retuviese como fecha de cese del incumplimiento la fecha de entrada en vigor de la Ley n.o 67/2007, en cualquier caso, no podía imponérsele multa coercitiva alguna más allá del 29 de enero de 2008.
30
Debe observarse de entrada que la Decisión impugnada parte de la premisa de que, cuando el cese de un incumplimiento imputable a un Estado miembro dependa de la derogación de una normativa nacional incompatible con el Derecho de la Unión, para determinar la fecha de terminación de dicho incumplimiento procederá utilizar la de la entrada en vigor de la derogación de la norma incompatible siempre que, como sucede en el caso de autos, esa entrada en vigor sea posterior a la publicación del acto derogatorio (véase el apartado 14 anterior). Pues bien, en el presente asunto, las partes se enfrentan por saber si, como estimó la Comisión en la Decisión impugnada, debe considerarse que el incumplimiento declarado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/ Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), cesó cuando la Ley n.o 67/2007 entró en vigor, es decir, el 30 de enero de 2008, o si, como sostiene la República Portuguesa, dicho incumplimiento concluyó con la publicación de la Ley n.o 67/2007, a saber, el 31 de diciembre de 2007. En el segundo supuesto, la República Portuguesa estaría legitimada para defender que no cabe imponerle multa coercitiva alguna, ya que habría puesto fin al incumplimiento antes del pronunciamiento de la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3).
31
Tal controversia puede resolverse a la luz de la jurisprudencia. Para empezar, el Tribunal de Justicia, en el contexto de un recurso por incumplimiento basado en el artículo 258 TFUE, declaró que no era posible examinar la eventual incompatibilidad de una normativa nacional con el Derecho de la Unión si la norma nacional controvertida no había entrado en vigor en la fecha fijada por la Comisión en el dictamen motivado (sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión/Polonia, C‑313/11, EU:C:2013:481, apartados 43 a 48). Por lo tanto, en esa sentencia, el Tribunal de Justicia otorgó una importancia decisiva al estado del Derecho en vigor en la fecha en la que debía situarse para apreciar si existía un incumplimiento de Estado.
32
Además, en el marco de un procedimiento prejudicial, el Tribunal de Justicia declaró que, en el supuesto de que la entrada en vigor de la ley de transposición de una directiva se supeditase a la aprobación de un acto nacional de ejecución, podía apreciarse la incompatibilidad de la normativa nacional con el Derecho de la Unión si, tras el vencimiento del plazo para la transposición establecido por la directiva, no se había aprobado aún el acto de ejecución en cuestión. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia atribuyó una importancia preponderante a la efectividad de la ley de transposición, es decir, a su entrada en vigor, al estimar que la mera aprobación de esa ley por las autoridades competentes del Estado miembro era insuficiente para garantizar la eficacia directa de la directiva (sentencia de 18 de diciembre de 2014, SETAR, C‑551/13, EU:C:2014:2467, apartado 40).
33
Por último, en un procedimiento por incumplimiento en el que se pretendía que se impusiesen una multa coercitiva y una suma a tanto alzado con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 2, el Tribunal de Justicia declaró que la entrada en vigor de una ley después de la fecha fijada por la Comisión en un dictamen motivado, pero antes del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia, obstaba a que se impusiese una multa coercitiva, puesto que el incumplimiento en cuestión había cesado antes del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 9 de diciembre de 2008, Comisión/Francia, C‑121/07, EU:C:2008:695, apartados 20 y 26). Sin embargo, en la medida en que procedía tener en cuenta la fecha de entrada en vigor de la ley en cuestión y que ésta era posterior a la fecha fijada en el dictamen motivado, el Tribunal de Justicia condenó al Estado miembro al pago de una suma a tanto alzado.
34
Por consiguiente, según la jurisprudencia, cuando el cese de un incumplimiento dependa de la adopción de una medida nacional, como puede ser una medida derogatoria, habrá de tenerse en cuenta la fecha de entrada en vigor de ésta para determinar la del cese del incumplimiento. En consecuencia, en el caso de autos, el incumplimiento declarado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), que radicaba en la existencia de una normativa incompatible con el Derecho de la Unión (el Decreto-ley n.o 48051), cesó con la entrada en vigor de la Ley n.o 67/2007 que derogó esa normativa incompatible, a saber, el 30 de enero de 2008. Por lo tanto, la Comisión estaba legitimada para considerar, como hizo en la Decisión impugnada, que de la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), se desprendía que cabía imponer una multa coercitiva a la República Portuguesa a partir de la fecha de pronunciamiento de dicha sentencia, a saber, el 10 de enero de 2008, y para todo el período en que el Decreto-ley n.o 48051 permaneció en vigor, es decir, hasta el 29 de enero de 2008 incluido.
35
Procede ahora examinar si las alegaciones presentadas por la República Portuguesa pueden, sin embargo, demostrar la ilegalidad de la Decisión impugnada.
Sobre el primer motivo, basado en la incompetencia de la Comisión para adoptar la Decisión impugnada
36
La República Portuguesa sostiene que la Comisión carecía de competencia para adoptar la Decisión impugnada, ya que la competencia para adoptar decisiones de esa índole reside en los órganos jurisdiccionales de la Unión. Por lo tanto, por haber sido adoptada por una autoridad carente de competencia para ello, la Decisión impugnada vulnera el equilibrio de los recursos legales establecidos en los Tratados y el derecho de defensa de que disponen los Estados miembros en los procedimientos por incumplimiento, como, según indica la República Portuguesa, declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 55 de la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3).
37
La Comisión considera que era competente para adoptar la Decisión impugnada.
38
Procede recordar que la cuestión de la competencia de la Comisión para adoptar decisiones de liquidación de las multas coercitivas impuestas por el Tribunal de Justicia fue resuelta explícitamente por el Tribunal General en la sentencia de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127). En el apartado 41 de la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), el Tribunal de Justicia corroboró ese enfoque.
39
En la sentencia de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), el Tribunal General se basó en las siguientes consideraciones previas:
«57
Ha de recordarse que a tenor del artículo 226 CE, si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia.
58
Se desprende de reiterada jurisprudencia que la Comisión no tiene, en efecto, competencia para determinar de modo definitivo, mediante los dictámenes emitidos en aplicación del artículo 226 CE o mediante otras definiciones de postura en el marco del mismo procedimiento, los derechos y obligaciones de un Estado miembro, ni para darle garantías relativas a la compatibilidad con el Tratado de un determinado comportamiento, y que, según los artículos 226 CE, 227 CE y 228 CE, la determinación de los derechos y obligaciones de los Estados miembros y la valoración de su comportamiento sólo pueden derivarse de una sentencia del Tribunal de Justicia (sentencias del Tribunal de Justicia de 27 de mayo de 1981, Essevi y Salengo, 142/80 y 143/80, Rec. p. 1413, apartado 16, y de 22 de febrero de 2001, Gomes Valente, C‑393/98, Rec. p. I‑1327, apartado 18).
59
Por otra parte, a tenor del artículo 228 CE, apartado 2, el Tribunal de Justicia, a instancia de la Comisión después de que ésta hubiera emitido un dictamen motivado sin que el Estado miembro de que se trate lo hubiera observado, puede imponer el pago de una cantidad a tanto alzado o de una multa coercitiva si declarase que el Estado miembro ha incumplido su sentencia.
60
El procedimiento previsto en el artículo 228 CE, apartado 2, constituye un peculiar trámite judicial de ejecución de sentencias, es decir, un procedimiento de ejecución (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia, C‑304/02, Rec. p. I‑6263, apartado 92).
61
No obstante, procede declarar que el Tratado CE no establece las modalidades de ejecución de la sentencia que dicta el Tribunal de Justicia al término de ese nuevo procedimiento, en particular, cuando se impone una multa coercitiva.
62
No obstante, habida cuenta de que una sentencia del Tribunal de Justicia, dictada con arreglo al artículo 228 CE, apartado 2, condena a un Estado miembro a pagar a la Comisión, en la cuenta “Recursos propios de la Comunidad Europea”, una multa coercitiva, y de que la Comisión ejecuta el presupuesto en virtud del artículo 274 CE, le incumbe a ésta recaudar las cantidades adeudadas al presupuesto de la Unión en ejecución de la sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los reglamentos adoptados en ejecución del artículo 279 CE.
63
Sin embargo, el Tratado CE no prevé ninguna disposición especial relativa a la resolución de los litigios que, por esta razón, surjan entre un Estado miembro y la Comisión.
64
De ello se deduce que resultan aplicables las vías procesales que establece el Tratado CE y que la decisión por la que la Comisión fija el importe que adeuda el Estado miembro por la multa coercitiva a la que ha sido condenado puede ser objeto de un recurso de anulación en virtud del artículo 230 CE.
65
Por consiguiente, el Tribunal es competente para conocer de un recurso de este tipo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 225 CE, apartado 1, párrafo primero.
66
No obstante, en el ejercicio de dicha competencia, el Tribunal General no podrá invadir la competencia exclusiva que los artículos 226 CE y 228 CE reservan al Tribunal de Justicia.
67
De este modo, en el marco de un recurso de anulación basado en el artículo 230 CE y dirigido contra una decisión de la Comisión relativa a la ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia, dictada sobre la base del artículo 228 CE, apartado 2, el Tribunal General no podrá pronunciarse sobre una cuestión, relativa al incumplimiento por el Estado miembro de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, que no haya sido resuelta previamente por el Tribunal de Justicia.»
40
Del anterior razonamiento se desprende que en principio la Comisión es competente, como ordenador y contable del presupuesto de la Unión, para proceder al cobro de las cantidades adeudadas por los Estados miembros cuando el Tribunal de Justicia les haya impuesto una multa coercitiva con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 2. Esa competencia supone que la Comisión pueda apreciar si se cumplen los requisitos exigidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia en la que haya impuesto la multa coercitiva, con el fin de determinar la fecha del cese del incumplimiento de que se trate. En cambio, esa competencia no incluye la posibilidad de que la Comisión aprecie la conformidad con el Derecho de la Unión de una norma o un comportamiento de un Estado miembro sobre la que el Tribunal de Justicia no se haya pronunciado previamente.
41
De este modo, en el caso de la primera Decisión de liquidación, según el Tribunal General, cuyo enfoque fue corroborado por el Tribunal de Justicia, habida cuenta de que el incumplimiento declarado en las sentencias de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), y de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), radicaba en la falta de derogación del Decreto-ley n.o 48051, la Comisión no podía ir más allá de la comprobación de la existencia de esa derogación. Por lo tanto, no podía considerar, como hizo, que la derogación derivada de la Ley n.o 67/2007 era insuficiente ni concluir, como concluyó, que una nueva normativa, adoptada en julio de 2008, ponía fin a la incompatibilidad de la normativa portuguesa con la Directiva 89/665, ya que, con ello, la Comisión entró a valorar la conformidad del nuevo régimen de responsabilidad que figuraba en el anexo de la Ley n.o 67/2007 y la del régimen instaurado por la Ley de 17 de julio de 2008 con la Directiva 89/665. Ahora bien, el Tribunal de Justicia no había tenido ocasión de pronunciarse al respecto.
42
En cambio, en la Decisión impugnada, la Comisión liquidó la multa coercitiva sin analizar de forma autónoma la conformidad de la normativa portuguesa con la Directiva 89/665. La Comisión se limitó a tomar nota de la fecha de entrada en vigor de la norma nacional por la que se derogaba el Decreto-ley n.o 48051, derogación que el Tribunal de Justicia había considerado suficiente para poner fin al incumplimiento declarado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632). Por lo tanto, la Comisión permaneció dentro de los límites de la competencia de principio de que dispone en materia de ejecución del presupuesto de la Unión.
43
Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Sobre el segundo motivo, basado en una incorrecta ejecución de la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3)
44
La República Portuguesa sostiene que la Decisión impugnada se basa en un «desglose artificial» de los efectos de la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), ya que, según ella, dicha sentencia no contiene ningún indicio que permita a la Comisión distinguir varios períodos. La República Portuguesa aduce que tanto el Tribunal General, en la sentencia de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), como el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), estimaron un único motivo de ilegalidad, y que ni el fallo ni la motivación de la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), permiten distinguir períodos. Por consiguiente, la República Portuguesa considera que los efectos de la sentencia no pueden aplicarse diferentemente en el tiempo en función de que se trate del período del 10 al 29 de enero de 2008, por un lado, o del período del 30 de enero al 17 de julio de 2008, por otro.
45
Por otra parte, la República Portuguesa señala que la primera Decisión de liquidación fue anulada en su totalidad mediante la sentencia de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), lo que quedó íntegramente confirmado en casación en la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), sentencia esta última en la que, según la República Portuguesa, el Tribunal de Justicia estableció de forma definitiva los derechos de las partes. Por lo tanto, la Decisión impugnada cuestiona, a su entender, la seguridad jurídica y la autoridad de las instancias judiciales de la Unión, puesto que crea artificialmente una distinción entre dos períodos y trata de revertir una situación procesal y material definitivamente consolidada mediante las dos sentencias citadas anteriormente.
46
Además, la República Portuguesa considera que la liquidación de una multa coercitiva correspondiente al período comprendido entre el 10 y el 29 de enero de 2008 es contraria al objetivo que persigue el artículo 260 TFUE, apartado 2, que consiste, a su juicio, en incitar a los Estados miembros a poner fin a los incumplimientos observados previamente y no en sancionarlos. Pues bien, en el caso de autos, la República Portuguesa entiende que el incumplimiento cesó el 31 de diciembre de 2007, con la publicación de la Ley n.o 67/2007, por lo que no debe imponérsele multa coercitiva alguna.
47
La Comisión refuta esta argumentación.
48
La argumentación de la República Portuguesa parte de la teoría de que, puesto que el Tribunal de Justicia, al confirmar en la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), la anulación de la primera Decisión de liquidación decidida por el Tribunal General en la sentencia de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), se basó en un único motivo, a saber, la falta de competencia de la Comisión para fijar a 18 de julio de 2008 la fecha de cese del incumplimiento declarado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), entonces, la totalidad de la multa coercitiva, relativa al período comprendido entre el 10 de enero y el 18 de julio de 2008, queda desprovista de base jurídica. Por ello, la República Portuguesa considera abusivo distinguir, en el seno del período para el que se anuló la multa coercitiva, un período —del 10 al 29 de enero de 2008— en el que pueda imponerse una nueva multa coercitiva.
49
Tal interpretación de la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), sólo podría admitirse si, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia hubiese declarado que no podía imponerse multa coercitiva alguna a la República Portuguesa, supuesto que no se da en absoluto. En la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), el Tribunal de Justicia corroboró el análisis realizado por el Tribunal General en la sentencia de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), según el cual la Comisión no podía basar su Decisión de cálculo de la multa coercitiva en una interpretación de la conformidad de la normativa portuguesa con la Directiva 89/665, no sometida previamente al Tribunal de Justicia mediante un procedimiento por incumplimiento. El Tribunal de Justicia consideró igualmente, confirmando con ello el análisis del Tribunal General, que el incumplimiento declarado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), radicaba en la falta de derogación del Decreto-ley n.o 48051. En cambio, ni la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), ni la sentencia de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), se oponen a que la Comisión pueda considerar que la fecha efectiva del cese del incumplimiento constatado en la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), es la de la entrada en vigor de la referida derogación, a saber, el 30 de enero de 2008. Por consiguiente, por los motivos enunciados en los apartados 30 a 34 anteriores, la Comisión estaba legitimada para calcular la multa coercitiva adeudada para el período comprendido entre el 10 y el 29 de enero de 2008.
50
Y con ello, contrariamente a lo que parece aducir la República Portuguesa en su segundo motivo, la Comisión no «resucitó» la multa coercitiva privada de base jurídica por las sentencias de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), y de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), ya que la multa coercitiva calculada en la Decisión impugnada se basa en un motivo diferente —la falta de entrada en vigor de la Ley n.o 67/2007— del que fundamentaba la multa coercitiva impuesta para el mismo período en la primera Decisión de liquidación —la falta de aprobación de una normativa compatible con la Directiva 89/665—.
51
Por consiguiente, debe desestimarse el segundo motivo por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración de la fuerza de cosa juzgada
52
La República Portuguesa considera que la Decisión impugnada no atiende a la fuerza de cosa juzgada, puesto que, a su entender, este principio prohíbe adoptar de nuevo un acto con el mismo contenido que un acto anulado, y la Decisión impugnada tiene en parte el mismo contenido, aunque sobre un período más corto, que la primera Decisión de liquidación.
53
Según la República Portuguesa, las sentencias de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), y de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), versaron sobre la ejecución de la sentencia de 14 de octubre de 2004, Comisión/Portugal (C‑275/03, no publicada, EU:C:2004:632), por lo que, a su juicio, se da una identidad de objeto entre lo juzgado en las sentencias de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), y de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), por un lado, y la cuestión que ha de resolverse en el caso de autos, por otro lado. La República Portuguesa considera que el objeto de los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), y de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), consistía en determinar si la República Portuguesa debía pagar o no la multa coercitiva impuesta en la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3).
54
Además, la República Portuguesa aduce que el Tribunal General y el Tribunal de Justicia sabían, cuando pronunciaron respectivamente las sentencias de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), y de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), que la Ley n.o 67/2007 había entrado en vigor el 30 de enero de 2008, tras el pronunciamiento de la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3). Por consiguiente, si la tesis de la Comisión hubiese sido fundada, deberían haber considerado que había de anularse la primera Decisión de liquidación en la parte que atañía al período a partir del 30 de enero de 2008 y deberían haber confirmado esa misma Decisión en la parte que tenía por objeto el período comprendido entre el 10 y el 29 de enero de 2008. Sin embargo, según la República Portuguesa, el Tribunal General, en su sentencia, corroborada por el Tribunal de Justicia, anuló la primera Decisión de liquidación en su totalidad. Por lo tanto, la República Portuguesa entiende que en las sentencias de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), y de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), se entró a valorar necesariamente la fundamentación de la multa coercitiva en lo que respecta al período que va del 10 al 29 de enero de 2008, y que la Decisión impugnada inobserva lo juzgado en esas sentencias.
55
La Comisión refuta esta argumentación.
56
Del examen del segundo motivo (véanse los apartados 49 y 50 anteriores) se desprende que las sentencias de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), y de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), no censuraron en principio a la Comisión por haber impuesto una multa coercitiva en la primera Decisión de liquidación, sino que esta Decisión se anuló únicamente porque se basaba en un motivo erróneo. Por consiguiente, nada se oponía entonces a que la Comisión adoptase una nueva decisión fundada en otros motivos que aquellos que habían acarreado la anulación de la primera Decisión de liquidación. En consecuencia, debe considerarse que el objeto y la causa del presente litigio difieren de los correspondientes a los litigios resueltos por las sentencias de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), y de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3).
57
A este respecto, procede añadir que la República Portuguesa no puede invocar el hecho de que el Tribunal General no anulase parcialmente la primera Decisión de liquidación, puesto que, al existir un motivo capaz de provocar la anulación total de dicha Decisión —de acuerdo con las pretensiones presentadas con carácter principal por la República Portuguesa en este asunto—, el Tribunal no hubiese podido anular sólo en parte la primera Decisión de liquidación sin reemplazar el motivo erróneo en el que la Comisión había basado su primera Decisión por un motivo legal. Ahora bien, a falta de un texto que así lo establezca, el Tribunal General carece de la facultad de modificar las decisiones de las que conoce con ocasión de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 263 TFUE.
58
De ello resulta que debe desestimarse el tercer motivo por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Sobre el cuarto motivo, basado en la vulneración de los principios de seguridad jurídica, de «estabilidad de las relaciones jurídicas» y de protección de la confianza legítima
59
La República Portuguesa aduce que la Decisión impugnada vulnera los principios de seguridad jurídica, de «estabilidad de las relaciones jurídicas» y de protección de la confianza legítima. Según ella, los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima se oponen a que la Comisión prosiga el procedimiento. Aunque admite que no existe prescripción procesal en el Derecho de la Unión, en el presente asunto la República Portuguesa se encuentra legitimada para haber supuesto que, habida cuenta del dilatado lapso transcurrido entre los primeros trámites efectuados por la Comisión antes de interponer el recurso por incumplimiento y la anulación, que adquirió firmeza, de la primera Decisión de liquidación, las pretensiones de la Comisión destinadas a reclamarle el pago de una multa coercitiva habían quedado definitivamente descartadas con la sentencia de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), ya que, a su entender, tanto el Tribunal General primero como el Tribunal de Justicia después prohibieron a la Comisión imponerle una multa coercitiva.
60
Por otra parte, la Comisión, al reembolsar íntegramente la multa coercitiva, intereses incluidos, que se impuso a la República Portuguesa en la primera Decisión de liquidación, creó, a juicio de esta última, la confianza legítima de que no se debía ninguna multa coercitiva en relación con el período comprendido entre el 10 y el 29 de enero de 2008. A este respecto, la República Portuguesa señala que, si la Comisión hubiese considerado que se adeudaba una multa coercitiva para ese período, ésta hubiese debido cobrarse ese crédito con ocasión del reembolso que siguió a la anulación de la primera Decisión de liquidación en lugar de proceder a un reembolso íntegro. Sostiene igualmente que, al reembolsar íntegramente la multa coercitiva, la Comisión actuó legalmente y de acuerdo con las sentencias de 29 de marzo de 2011, Portugal/Comisión (T‑33/09, EU:T:2011:127), y de 15 de enero de 2014, Comisión/Portugal (C‑292/11 P, EU:C:2014:3), puesto que, si la tesis en la que se basa la Comisión en la Decisión impugnada fuese correcta, el Tribunal General hubiese anulado sólo parcialmente la primera Decisión de liquidación, en lo relativo al período posterior al 29 de enero de 2008.
61
La Comisión refuta esta argumentación.
62
En primer lugar, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, aun a falta de un texto, puede invocar el principio de protección de la confianza legítima todo sujeto de Derecho en relación con el cual una institución haya generado esperanzas fundadas al darle garantías precisas [véanse las sentencias de 11 de marzo de 1987, Van den Bergh en Jurgens y Van Dijk Food Products (Lopik)/CEE, 265/85, EU:C:1987:121, apartado 44 y jurisprudencia citada, y de 30 de noviembre de 2009, Francia y France Télécom/Comisión, T‑427/04 y T‑17/05, EU:T:2009:474, apartado 259 y jurisprudencia citada].
63
Constituyen garantías de esa índole, cualquiera que sea la forma en que le hayan sido comunicados, los datos precisos, incondicionales y concordantes que emanan de fuentes autorizadas y fiables. Por el contrario, nadie puede invocar una violación de dicho principio si la administración no le ha dado unas seguridades concretas (véanse las sentencias de 14 de febrero de 2006, TEA-CEGOS y otros/Comisión, T‑376/05 y T‑383/05, EU:T:2006:47, apartado 88 y jurisprudencia citada, y de 30 de noviembre de 2009, Francia y France Télécom/Comisión, T‑427/04 y T‑17/05, EU:T:2009:474, apartado 260).
64
Ha de observarse que la República Portuguesa no afirma haber recibido de la Comisión garantías precisas e incondicionales de que no podía imponérsele multa coercitiva alguna en ejecución de la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3). Además, tales garantías, aun suponiendo que se hubiesen prestado, lo que no se desprende en modo alguno de los autos que obran en poder del Tribunal General, hubiesen sido manifiestamente ilegales, ya que la liquidación de una multa coercitiva impuesta por el Tribunal de Justicia no confiere a la Comisión ningún margen de apreciación de la oportunidad. Cuando el Tribunal de Justicia condena a un Estado miembro a pagar una multa coercitiva, la Comisión tiene la obligación de comprobar si el Estado miembro condenado cumple los requisitos establecidos en la sentencia del Tribunal de Justicia y de liquidar la multa coercitiva correspondiente al período durante el cual dicho Estado no los cumplió plenamente.
65
En segundo lugar, el principio de seguridad jurídica exige que cualquier acto de la administración que produzca efectos jurídicos sea claro y preciso, con el fin de que los interesados puedan conocer, sin ambigüedad, sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (sentencias de 1 de octubre de 1998, Langnese-Iglo/Comisión, C‑279/95 P, EU:C:1998:447, apartado 78, y de 30 de noviembre de 2009, Francia y France Télécom/Comisión, T‑427/04 y T‑17/05, EU:T:2009:474, apartado 300).
66
Es preciso observar que la República Portuguesa, aunque invoca la vulneración de este principio, no indica la forma en que éste se ha inobservado en el caso de autos, puesto que en el recurso no se ha cuestionado la claridad del alcance de la Decisión impugnada. Aun admitiendo que al invocar este principio la República Portuguesa trate en realidad de defender que, tras la anulación de la primera Decisión de liquidación y el reembolso de la multa coercitiva por parte de la Comisión, tenía derecho a la intangibilidad de su situación jurídica, ni el principio de seguridad jurídica ni ningún otro principio general del Derecho de la Unión pueden fundamentar en ningún caso tal derecho.
67
Por consiguiente, debe desestimarse el cuarto motivo por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Sobre el quinto motivo, basado en la vulneración del principio non bis in idem
68
La República Portuguesa sostiene que la Comisión, mediante la adopción de un nuevo acto de alcance individual, ha intentado conseguir lo que no pudo lograr debido a la anulación de la primera Decisión de liquidación por el juez de la Unión. Por consiguiente, la adopción de la Decisión impugnada es contraria no sólo al principio de seguridad jurídica, sino también al principio non bis in idem. Dado que la Decisión impugnada impone una multa coercitiva a pesar de que la Ley n.o 67/2007 se adoptase antes del pronunciamiento de la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), dicha Decisión tiene un carácter represivo que desvirtúa el alcance del artículo 260 TFUE, apartado 2.
69
La Comisión refuta esta argumentación.
70
Según reiterada jurisprudencia, el principio non bis in idem, recogido también en el artículo 4 del Protocolo n.o 7 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión cuyo respeto garantiza el órgano jurisdiccional (véase la sentencia de 29 de junio de 2006, Showa Denko/Comisión, C‑289/04 P, EU:C:2006:431, apartado 50 y jurisprudencia citada). Además, a tenor del artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, nadie podrá ser acusado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley.
71
En el marco del quinto motivo, la República Portuguesa afirma que la adopción de la Decisión impugnada tras la anulación de la primera Decisión de liquidación constituye una vulneración del principio non bis in idem.
72
A este respecto, es preciso apuntar que es inherente al mecanismo establecido en el artículo 260 TFUE, apartado 2, que la liquidación que efectúe la Comisión no constituya más que un acto de ejecución de la condena del Estado miembro de que se trate al pago de una multa coercitiva, impuesta en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia. En el caso de autos, sólo existe una condena, a saber, la multa coercitiva impuesta en la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), de la cual la primera Decisión de liquidación y la Decisión impugnada constituyen a lo sumo dos modalidades de ejecución. Por consiguiente, en el supuesto de que la Comisión haya liquidado una primera vez una multa coercitiva mediante una decisión cuya ilegalidad haya sido declarada por el juez de la Unión, tiene derecho, e incluso está obligada (véase el apartado 64 anterior), a proceder a una nueva liquidación por medio de una nueva decisión, sin que se vulnere con ello el principio non bis in idem.
73
De ello resulta que debe desestimarse el quinto motivo por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Sobre el sexto motivo, basado en la vulneración del reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros
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La República Portuguesa estima que la Decisión impugnada cercena la posibilidad de que los Estados miembros determinen períodos de vacatio legis y que, con ello, la Comisión ha vulnerado el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros.
75
La República Portuguesa aduce que en el caso de autos era necesario —y, por consiguiente, conforme con el principio de proporcionalidad— un período de vacatio legis de treinta días para permitir a los particulares y a las administraciones públicas prepararse, por un lado, a la desaparición de un sistema de responsabilidad administrativa que estaba en vigor desde hacía cuarenta años y, por otro lado, a la sustitución de dicho sistema por el nuevo régimen de responsabilidad instaurado por la Ley n.o 67/2007. Según la República Portuguesa, la determinación de la fecha oportuna de entrada en vigor de una nueva ley pertenece al margen de apreciación discrecional de que disponen los Estados miembros. En cambio, a su entender, la Decisión impugnada nace de la voluntad de la Comisión de restringir las facultades de los Estados miembros, lo que vulnera las normas que rigen el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros.
76
La Comisión refuta esta argumentación.
77
Contrariamente a lo aducido por la República Portuguesa, en el caso de autos ésta fue libre de diferir la entrada en vigor de la Ley n.o 67/2007 durante un tiempo cuya duración fijó ella misma. De modo que la República Portuguesa aprobó esa Ley, necesaria para poner fin al incumplimiento declarado por el Tribunal de Justicia, en una fecha en que, habida cuenta de la duración del período que eligió libremente, la entrada en vigor de dicha Ley se produjo con posterioridad al pronunciamiento de la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3). Por esta razón, tal como se desprende del apartado 34 anterior, la Comisión consideró legítimamente que la República Portuguesa estaba sujeta a la multa coercitiva liquidada en la Decisión impugnada.
78
Por consiguiente, debe desestimarse igualmente el sexto motivo por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno. De las anteriores consideraciones se deduce que procede desestimar el recurso por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Costas
79
A tenor del apartado 1 del artículo 134 del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la República Portuguesa, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
resuelve:
1)
Desestimar el recurso por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
2)
Condenar en costas a la República Portuguesa.
Dictado en Luxemburgo, a 27 de junio de 2016.
El Secretario
E. Coulon
El Presidente
S. Frimodt Nielsen
(
*1
)	Lengua de procedimiento: portugués.