62024CJ0429
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 30 de abril de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 2011/83/UE — Concepto de “consumidor” — Artículo 2, punto 1 — Concepto de “contrato de servicios” — Artículo 2, punto 6 — Contratos relativos a la escolarización de hijos en edad de escolaridad obligatoria — Enseñanza privada — Artículo 27 — Prestación de servicios no solicitada — Asignaturas obligatorias de conformidad con las normas nacionales en materia de educación»
En el asunto C‑429/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria), mediante resolución de 3 de junio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de junio de 2024, en el procedimiento entre
St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD
y
QX,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. N. Jääskinen, Presidente de Sala, y el Sr. M. Condinanzi y la Sra. R. Frendo (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. A. Biondi;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD, por la Sra. S. A. Logofetova;
–
en nombre del Gobierno checo, por la Sra. S. Šindelková y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y N. Scheffel, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. G. Koleva e I. Rubene, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, puntos 1 y 6, y 27, de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre St. Kliment Ohridski Primary Private School EOOD (en lo sucesivo, «St. Kliment Ohridski»), un centro de enseñanza privado, y QX, una persona física, en relación con el pago por esta última de una penalización contractual resultante de la resolución unilateral de los contratos que había celebrado con dicho centro para la escolarización de sus hijos en edad de escolaridad obligatoria.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 93/13
3
El artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), dispone:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[…]
b)
“consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional;
c)
“profesional”: toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública o privada.»
Directiva 2011/83
4
El considerando 60 de la Directiva 2011/83 es del siguiente tenor:
«Dado que el suministro no solicitado, que consiste en suministrar a los consumidores bienes o prestarles servicios que no han solicitado, está prohibido por la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior[, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) (DO 2005, L 149, p. 22)], pero no se prevé en la misma ninguna vía de recurso contractual, es necesario introducir en la presente Directiva una vía de recurso contractual que permita dispensar al consumidor de la obligación de efectuar pago alguno por dicho suministro o prestación no solicitados.»
5
El artículo 2 de la Directiva 2011/83, que lleva por título «Definiciones», dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1)
“consumidor”: toda persona física que, en contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión;
2)
“comerciante”: toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe, incluso a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresa, oficio o profesión en relación con contratos regulados por la presente Directiva;
[…]
5)
“contrato de venta”: todo contrato en virtud del cual el comerciante transfiera o se comprometa a transferir a un consumidor la propiedad de ciertos bienes y el consumidor pague o se comprometa a pagar su precio, con inclusión de cualquier contrato cuyo objeto incluya a la vez bienes y servicios;
6)
“contrato de servicios”: todo contrato, con excepción de un contrato de venta, en virtud del cual el comerciante provee o se compromete a proveer un servicio al consumidor y el consumidor pague o se comprometa a pagar su precio;
[…]».
6
El artículo 3 de dicha Directiva, que lleva por título «Ámbito de aplicación», enuncia lo siguiente en sus apartados 1 y 5:
«1.   La presente Directiva se aplicará, en las condiciones y en la medida fijadas en sus disposiciones, a los contratos celebrados entre un comerciante y un consumidor. […]
[…]
5.   La presente Directiva no afectará a las disposiciones generales del Derecho contractual nacional, por ejemplo a las normas sobre validez, formalización o efectos de los contratos, en la medida en que esos aspectos generales del Derecho contractual no estén regulados en la presente Directiva.»
7
El artículo 27 de dicha Directiva, cuyo título es «Suministro no solicitado», está redactado en los siguientes términos:
«Se eximirá al consumidor de toda obligación de entregar contraprestación alguna en caso de suministro no solicitado de bienes, agua, gas, electricidad, calefacción mediante sistemas urbanos, de contenido digital o de prestación de servicios no solicitada, prohibido por el artículo 5, apartado 5, y el anexo I, punto 29, de la Directiva [2005/29]. En dicho caso, la falta de respuesta del consumidor a dicho suministro o prestación no solicitada no se considerará consentimiento.»
Derecho búlgaro
Ley de Educación Preescolar y Escolar
8
El artículo 8 de la Zakon za preduchilishtnonto i uchilishtnoto obrazovanie (Ley de Educación Preescolar y Escolar) (DV n.o 79, de 13 de octubre de 2015), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «ZPUO»), establece, en su apartado 2:
«La enseñanza escolar es obligatoria a partir del año académico que empieza en el año en que el alumno cumple siete años de edad y hasta que cumpla dieciséis años.»
9
EL artículo 29, apartado 3, de la ZPUO, establece:
«Los jardines de infancia privados y los colegios privados obtendrán la condición de personas jurídicas en las condiciones y conforme al procedimiento establecidos en la Targovski zakon [(Ley de Comercio) (DV n.o 48, de 18 de junio de 1991)], en la Zakon za yuridicheskite litsa s nestopanska tsel [(Ley de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro) (DV n.o 81, de 6 de octubre de 2000)], en la Zakon za kooperatsiite [(Ley de Cooperativas) (DV n.o 113, de 28 de diciembre de 1991)] o en el Derecho de otro Estado miembro.»
10
A tenor del artículo 301, apartados 1 y 2, de la ZPUO:
«(1)   Los servicios que a título oneroso presten los jardines de infancia privados y los colegios privados, excediendo la oferta financiada por el Estado en virtud del artículo 10, apartado 3, se regularán en los estatutos de cada centro.
(2)   Las condiciones y el procedimiento de pago de los servicios mencionados en el apartado 1, así como la cuantía de la contraprestación, serán objeto de acuerdo contractual entre el jardín de infancia privado o el colegio privado y el progenitor del niño o alumno.»
Ley de Protección de los Consumidores
11
El apartado 13 de las disposiciones adicionales de la Zakon za zashtita na potrebitelite (Ley de Protección de los Consumidores) (DV n.o 99, de 9 de diciembre de 2005), en su versión aplicable al litigio principal, transpone al Derecho búlgaro, en términos casi idénticos, el artículo 2 de la Directiva 2011/83.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
12
QX celebró con St. Kliment Ohridski dos contratos relativos a la escolarización a tiempo completo de sus hijos durante el curso escolar 2022/2023, a cambio del pago de una matrícula anual.
13
Estos hijos estaban en edad de escolaridad obligatoria, con arreglo a la legislación búlgara.
14
Ambos contratos incluían una cláusula que estipulaba que QX podía resolverlos unilateralmente, previa notificación por escrito en el plazo de un mes y el pago de una penalización contractual. Esta cláusula precisaba que, si QX no había abonado el último vencimiento del contrato en cuestión en el momento de la notificación de su resolución, la penalización contractual adeudada correspondería al importe de este último vencimiento impagado en la fecha de la notificación de dicha resolución.
15
El 4 de abril de 2023, se resolvieron ambos contratos y los hijos de QX fueron inscritos en un nuevo centro de enseñanza.
16
St. Kliment Ohridski demandó a QX ante el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente, solicitando que se condenara a esta última al pago de la penalización contractual estipulada, debido a que había resuelto unilateralmente los citados contratos al dar de baja a sus hijos de ese centro.
17
El órgano jurisdiccional remitente indica que es pacífico entre las partes del litigio principal que no se pagó el último vencimiento de los contratos controvertidos en el litigio principal. Las partes tampoco discuten los importes de este último vencimiento y de la penalización contractual.
18
No obstante, QX impugna la validez de dicha penalización contractual, alegando que es contraria a las buenas costumbres, en la medida en que conduce a un enriquecimiento sin causa. Alega que la propia penalización contractual va más allá de su finalidad preventiva, compensatoria y punitiva.
19
En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, si QX puede calificarse de consumidor, ya que la ley la obliga a escolarizar a sus hijos para cursar estudios.
20
A este respecto, ese órgano jurisdiccional observa que, en Bulgaria, la escolaridad es obligatoria para los alumnos hasta la edad de dieciséis años. En función de su modo de financiación, los centros de enseñanza búlgaros pueden ser públicos o privados. Mientras que los centros de enseñanza públicos ofrecen una enseñanza gratuita, los centros de enseñanza privados exigen el pago de una matrícula a cargo de los padres de los alumnos. Además, en los centros de enseñanza privados, la enseñanza se imparte en virtud de un contrato de escolarización celebrado entre el centro de que se trate y los padres del alumno escolarizado.
21
El citado órgano jurisdiccional precisa que no existe diferencia alguna entre los centros de enseñanza públicos y los centros de enseñanza privados por lo que respecta a las asignaturas obligatorias, a la cantidad de horas lectivas de esas asignaturas y al contenido de dicha enseñanza. En ambos casos, la enseñanza se imparte de conformidad con las normas educativas nacionales establecidas mediante reglamentos del Ministro de Educación y Ciencia.
22
En este contexto, el mismo órgano jurisdiccional señala que St. Kliment Ohridski es un centro de enseñanza privado que está registrado como sociedad mercantil. Añade que este centro no recibe ninguna financiación del Estado o del municipio correspondiente y financia su funcionamiento únicamente mediante matrículas, donaciones y otras fuentes de ingresos. Además, afirma que dicho centro no ejerce una actividad sin ánimo de lucro ni actúa como sociedad cooperativa, sino que ejerce una actividad comercial.
23
Por consiguiente, según el órgano jurisdiccional remitente, por una parte, los contratos controvertidos en el litigio principal se celebraron con un propósito relacionado con la actividad comercial de St. Kliment Ohridski y, por otra parte, QX actuó con un propósito ajeno a su actividad comercial, industrial, artesanal o profesional.
24
Asimismo, en la medida en que es el progenitor de que se trata quien ha celebrado los contratos de escolarización para que sus hijos disfruten de un servicio de enseñanza, ese órgano jurisdiccional se pregunta si estos últimos pueden ser calificados de consumidores en el marco de esos contratos.
25
En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si un contrato relativo a la impartición de una enseñanza por un centro privado, cuando la escolaridad es obligatoria, constituye un «contrato de servicios», en el sentido del artículo 2, punto 6, de la Directiva 2011/83.
26
A este respecto, el mismo órgano jurisdiccional señala que el hecho de que ese servicio pueda ser prestado tanto por centros de enseñanza públicos como por centros de enseñanza privados suscita incertidumbre en cuanto a esta calificación. En estas circunstancias, alberga dudas acerca de si la totalidad del contrato en cuestión debe calificarse de «contrato de servicios», dado que la escolaridad es obligatoria y la enseñanza se imparte con arreglo a las normas educativas nacionales, o si esa calificación solo debe aplicarse a las prestaciones estipuladas en dicho contrato, pero que no están comprendidas en el ámbito de la enseñanza obligatoria, como el servicio de comedor, el transporte o las actividades extraescolares.
27
En tercer lugar, en el supuesto de que un contrato de escolarización celebrado con un centro privado deba considerarse un contrato celebrado con un consumidor, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si procede aplicar el artículo 27 de la Directiva 2011/83, que establece la exención de la obligación de pagar una prestación de servicios no solicitada.
28
En efecto, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre la posibilidad de que los padres o los alumnos aleguen que no han solicitado la enseñanza de determinadas asignaturas en las horas lectivas previstas para las asignaturas obligatorias u optativas. Más concretamente, se pregunta si es posible limitar la responsabilidad de un consumidor en relación con el pago de las matrículas, debido a que el hijo de que se trata no ha solicitado la enseñanza de una determinada asignatura dentro de las horas lectivas exigidas.
29
En definitiva, el órgano jurisdiccional remitente subraya la importancia de aclarar las cuestiones planteadas por estos tres interrogantes, dado que, en los litigios relativos al Derecho de los consumidores, el juez nacional puede aplicar de oficio una norma jurídica imperativa destinada a proteger al consumidor afectado.
30
En estas circunstancias, el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el concepto de “consumidor”, a efectos del artículo 2, punto 1, de la Directiva [2011/83], en el sentido de que comprende a un progenitor que ha celebrado un contrato de escolarización con un colegio privado, cuyo objeto es la enseñanza escolar obligatoria de sus hijos en dicho colegio, registrado como sociedad mercantil?
2)
¿Debe interpretarse el concepto de “consumidor”, a efectos del artículo 2, punto 1, de la Directiva [2011/83], en el sentido de que comprende a un alumno que, en virtud de un contrato de escolarización a título oneroso entre su progenitor y un colegio privado registrado como sociedad mercantil, cursa enseñanza obligatoria en dicho colegio?
3)
¿Debe interpretarse el concepto de “contrato de servicios”, a efectos del artículo 2, punto 6, de la Directiva [2011/83], en el sentido de que comprende un contrato de escolarización celebrado entre un progenitor y un colegio privado registrado como sociedad mercantil en relación con la enseñanza obligatoria de alumnos, en virtud del cual la financiación corresponde al progenitor mediante el pago de la matrícula?
4)
En caso de respuesta afirmativa a alguna de las tres cuestiones anteriores, ¿debe interpretarse el artículo 27 de la Directiva [2011/83], en el sentido de que el alumno o el progenitor quedan exentos del pago de la matrícula si no han solicitado la enseñanza en una determinada asignatura o si no están satisfechos con ella, siendo esta asignatura de carácter obligatorio con arreglo a las normas educativas estatales?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
31
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que un progenitor que ha celebrado solo un contrato con un centro de enseñanza privado registrado como sociedad mercantil para la escolarización de sus hijos en edad de escolaridad obligatoria, o un alumno, escolarizado en dicho centro en el marco de un contrato de ese tipo, está comprendido en el concepto de «consumidor», a efectos de dicha disposición.
32
Con carácter preliminar, procede recordar que, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2011/83, esta se aplicará, en las condiciones y en la medida fijadas en sus disposiciones, a los contratos celebrados entre un comerciante y un consumidor, a excepción de los contratos mencionados en el apartado 3 de dicho artículo. Dado que los contratos de escolarización celebrados con centros de enseñanza privados no están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicho apartado 3, procede considerar que están comprendidos, por su objeto, en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/83.
33
Además, según el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/83, el concepto de «consumidor» designa a toda persona física que, en contratos regulados por dicha Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.
34
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión en el sector de los contratos celebrados por los consumidores y la coherencia del Derecho de la Unión, procede, en particular, tener en cuenta el concepto de «consumidor» contenido en otras normas de ese Derecho [sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de consumidor), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 40 y jurisprudencia citada].
35
En particular, para interpretar el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/83, debe tenerse en cuenta la interpretación ya realizada por el Tribunal de Justicia en relación con el concepto de «consumidor» en el marco de la Directiva 93/13.
36
En efecto, además del hecho de que la Directiva 2011/83, que modificó la Directiva 93/13, define en su artículo 2 el concepto de «consumidor» de manera ampliamente equivalente al del artículo 2 de la Directiva 93/13, con aquella se persigue el mismo objetivo que con esta última. La Directiva 2011/83 versa sobre los derechos de los consumidores en los contratos celebrados con comerciantes y tiene por objeto asegurar un alto nivel de protección de los consumidores garantizando su información y su seguridad en las transacciones con los comerciantes [véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de consumidor), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 42 y jurisprudencia citada].
37
En el marco de la Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ha declarado que la condición de «consumidor» del interesado debe determinarse con arreglo a un criterio funcional, que consiste en apreciar si la relación contractual en cuestión se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión. Asimismo, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, tiene carácter objetivo y es independiente de los conocimientos concretos que pueda tener la persona de que se trata o de la información de que dicha persona realmente disponga (sentencia de 24 de octubre de 2024, Zabitoń, C‑347/23, EU:C:2024:919, apartado 25 y jurisprudencia citada).
38
Como ha determinado el Tribunal de Justicia en relación con el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, procede considerar que esta interpretación es igualmente válida para la Directiva 2011/83. En efecto, el carácter imperativo de las disposiciones que figuran en esta última Directiva y las exigencias particulares de protección de los consumidores que llevan aparejadas requieren que se dé preferencia a una interpretación amplia del concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/83, para garantizar el efecto útil de esta (sentencia de 24 de octubre de 2024, Zabitoń, C‑347/23, EU:C:2024:919, apartado 28 y jurisprudencia citada).
39
En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende, en primer lugar, que QX celebró con St. Kliment Ohridski dos contratos para la escolarización a tiempo completo de sus hijos, durante el curso escolar 2022/2023, a cambio del pago de una matrícula anual. De ello se desprende asimismo que dicho centro, financiado con fondos privados, está registrado como sociedad mercantil.
40
Así pues, resulta que la celebración de los contratos de escolarización objeto del litigio principal no perseguía, para QX, una finalidad profesional, sino únicamente garantizar la escolarización de sus hijos en un centro de enseñanza privado.
41
Esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho de que esos contratos se celebraran para un período durante el cual la escolaridad es obligatoria en virtud de la legislación búlgara. En efecto, por una parte, la definición del concepto de «consumidor» que figura en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/83, que, como se ha recordado en el apartado 37 de la presente sentencia, es un concepto objetivo, no contiene ninguna exigencia o condición relativa al objeto del contrato, siempre que esté comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. En particular, las motivaciones que llevaron a la persona interesada a celebrar dicho contrato, incluso cuando resultan de la necesidad de cumplir una obligación legal, carecen de pertinencia para determinar si esa persona está comprendida en el concepto de consumidor. Por otra parte, el carácter obligatorio de la escolaridad no obliga en modo alguno a celebrar un contrato con un centro de enseñanza privado. En otras palabras, aunque el progenitor de que se trate esté obligado a matricular a su hijo en un centro de enseñanza, conserva plena libertad para optar por confiar la instrucción de dicho hijo a un centro público o a un centro privado.
42
En segundo lugar, según las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, los contratos controvertidos en el litigio principal se celebraron únicamente entre QX y dicho centro, de modo que las obligaciones contractuales vinculan a QX, y no a los hijos de esta. Al no ser parte en esos contratos, no puede considerarse que estos últimos hayan tenido una actuación en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/83, por lo que no están comprendidos en el concepto de «consumidor», de conformidad con dicha disposición.
43
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que:
–
un progenitor que ha celebrado solo un contrato con un centro de enseñanza privado registrado como sociedad mercantil para la escolarización de sus hijos en edad de escolaridad obligatoria está comprendido en el concepto de «consumidor», a efectos de dicha disposición, y
–
un alumno, escolarizado en dicho centro en el marco de un contrato de ese tipo, no está comprendido en este concepto.
Tercera cuestión prejudicial
44
Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, punto 6, de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que un contrato para la escolarización de hijos en edad de escolaridad obligatoria, celebrado entre un progenitor y un centro de enseñanza privado registrado como sociedad mercantil, a cambio del pago de una matrícula por dicho progenitor, está comprendido en el concepto de «contrato de servicios», a efectos de esa disposición.
45
A este respecto, es preciso recordar que el concepto de «contrato de servicios», recogido en el artículo 2, punto 6, de la citada Directiva, se define de manera amplia como «todo contrato, con excepción de un contrato de venta, en virtud del cual el comerciante provee o se compromete a proveer un servicio al consumidor y el consumidor pague o se comprometa a pagar su precio». Del tenor de esta disposición se desprende que este concepto debe entenderse en el sentido de que incluye todos los contratos que no estén comprendidos en el concepto de «contrato de venta» (sentencia de 21 de diciembre de 2023, BMW Bank y otros, C‑38/21, C‑47/21 y C‑232/21, EU:C:2023:1014, apartado 154 y jurisprudencia citada).
46
Los contratos de escolarización, como los controvertidos en el litigio principal, en virtud de los cuales un centro de enseñanza privado se compromete a proporcionar prestaciones docentes a los hijos de un progenitor, de conformidad con las normas educativas nacionales, así como prestaciones complementarias, como contrapartida del pago de una matrícula anual por este último, no tienen por objeto la transmisión de la propiedad de bienes, en el sentido del artículo 2, punto 5, de la Directiva 2011/83. Por consiguiente, estos contratos, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponderá efectuar al órgano jurisdiccional remitente, están comprendidos en el concepto de «contrato de servicios», en el sentido del artículo 2, punto 6, de dicha Directiva.
47
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 2, punto 6, de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que un contrato para la escolarización de hijos en edad de escolaridad obligatoria, celebrado entre un progenitor y un centro de enseñanza privado registrado como sociedad mercantil, a cambio del pago de una matrícula por dicho progenitor, está comprendido en el concepto de «contrato de servicios», a efectos de esa disposición.
Cuarta cuestión prejudicial
48
Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 27 de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un contrato de escolarización celebrado entre un progenitor y un centro de enseñanza privado, ese progenitor puede quedar exento de la obligación de pagar la matrícula estipulada en ese contrato debido a que él mismo o su hijo no han solicitado que este último curse una asignatura específica, cuando esa enseñanza sea obligatoria, de conformidad con las normas educativas nacionales, o a que el progenitor o su hijo no están satisfechos con la calidad de los servicios de enseñanza prestados en el marco de dicho contrato.
49
Ha de recordarse que, de conformidad con el artículo 27 de la Directiva 2011/83, se eximirá al consumidor de toda obligación de entregar contraprestación alguna en caso de suministro no solicitado de bienes, agua, gas, electricidad, calefacción mediante sistemas urbanos, de contenido digital o de prestación de servicios no solicitada, prohibido por el artículo 5, apartado 5, y el anexo I, punto 29, de la Directiva 2005/29, y que, en dicho caso, la falta de respuesta del consumidor a dicho suministro o prestación no solicitada no se considerará consentimiento.
50
El suministro no solicitado se define en el considerando 60 de la Directiva 2011/83 como «suministrar a los consumidores bienes o prestarles servicios que no han solicitado». A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que constituye un «suministro no solicitado», en el sentido del punto 29 del anexo I de la Directiva 2005/29, al que remite el artículo 27 de la Directiva 2011/83, en particular, un comportamiento consistente en que el comerciante exija al consumidor de que se trate el pago de un producto o de un servicio suministrado al consumidor sin que este lo haya solicitado (sentencia de 5 de diciembre de 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia y Toplofikatsia Sofia, C‑708/17 y C‑725/17, EU:C:2019:1049, apartado 64 y jurisprudencia citada).
51
Así pues, el artículo 27 de la Directiva 2011/83 está dirigido a impedir que un comerciante imponga al consumidor afectado una relación contractual que este no haya consentido libremente (sentencia de 5 de diciembre de 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia y Toplofikatsia Sofia, C‑708/17 y C‑725/17, EU:C:2019:1049, apartado 65).
52
En el caso de autos, de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que los contratos controvertidos en el litigio principal se refieren a la enseñanza a tiempo completo impartida a los hijos de QX a cambio del pago de una matrícula anual por QX. La enseñanza se desarrolla de conformidad con las normas educativas estatales, que se establecen mediante reglamentos del Ministro de Educación y Ciencia.
53
Así pues, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponderá efectuar al órgano jurisdiccional remitente, resulta que, según estas normas nacionales, en el marco de los contratos de escolaridad celebrados entre un progenitor y un centro de enseñanza privado, dicho progenitor suscribe libremente una prestación global única, sin posibilidad de elegir las asignaturas impartidas ni de modular la cantidad de horas lectivas. De los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que se haya exigido un pago adicional por servicios no solicitados. Por lo tanto, no puede tratarse de un servicio prestado sin que dicho progenitor lo haya solicitado.
54
En estas circunstancias, no puede considerarse que la impartición de una enseñanza obligatoria, de conformidad con las normas educativas nacionales, constituya un «suministro no solicitado» de servicios, en el sentido del artículo 27 de la Directiva 2011/83.
55
Por lo que respecta a una situación de insatisfacción del progenitor o de su hijo en lo que atañe a la calidad de los servicios de enseñanza prestados en el marco de esos contratos, procede recordar que, como se desprende del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2011/83, esta no afecta a las disposiciones generales del Derecho contractual nacional, en particular a las normas sobre validez, formalización o efectos de los contratos, en la medida en que los aspectos generales del Derecho contractual no estén regulados por dicha Directiva. Por lo tanto, esta situación debe apreciarse de conformidad con el Derecho contractual nacional.
56
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 27 de la Directiva 2011/83 debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de un contrato de escolarización celebrado entre un progenitor y un centro de enseñanza privado:
–
ese progenitor no puede quedar exento de la obligación de pagar la matrícula estipulada en ese contrato debido a que él mismo o su hijo no han solicitado que este último curse una asignatura específica, cuando esa enseñanza sea obligatoria, de conformidad con las normas educativas nacionales;
–
este artículo no se aplica a una situación en la que el citado progenitor o su hijo no están satisfechos con la calidad de los servicios de enseñanza prestados en el marco de dicho contrato, situación que se rige por el Derecho contractual nacional.
Costas
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Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
1)
El artículo 2, punto 1, de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
debe interpretarse en el sentido de que
–
un progenitor que ha celebrado solo un contrato con un centro de enseñanza privado registrado como sociedad mercantil para la escolarización de sus hijos en edad de escolaridad obligatoria está comprendido en el concepto de «consumidor», a efectos de dicha disposición;
–
un alumno, escolarizado en dicho centro en el marco de un contrato de ese tipo, no está comprendido en este concepto.
2)
El artículo 2, punto 6, de la Directiva 2011/83
debe interpretarse en el sentido de que
un contrato para la escolarización de hijos en edad de escolaridad obligatoria, celebrado entre un progenitor y un centro de enseñanza privado registrado como sociedad mercantil, a cambio del pago de una matrícula por dicho progenitor, está comprendido en el concepto de «contrato de servicios», a efectos de esa disposición.
3)
El artículo 27 de la Directiva 2011/83
debe interpretarse en el sentido de que,
en el marco de un contrato de escolarización celebrado entre un progenitor y un centro de enseñanza privado,
–
ese progenitor no puede quedar exento de la obligación de pagar la matrícula estipulada en ese contrato debido a que él mismo o su hijo no han solicitado que este último curse una asignatura específica, cuando esa enseñanza sea obligatoria, de conformidad con las normas educativas nacionales;
–
este artículo no se aplica a una situación en la que el citado progenitor o su hijo no están satisfechos con la calidad de los servicios de enseñanza prestados en el marco de dicho contrato, situación que se rige por el Derecho contractual nacional.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.