61990J0058
INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-58/90 (
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I. Hechos
A raíz de la reclamación presentada ante ella por el Sr. Filip Dudal, nacional belga, que había solicitado en vano el reconocimiento en Italia de un diploma de osteópata y de fisioterapeuta obtenido en el extranjero, y de una petición dirigida al Parlamento Europeo, la Comisión tuvo conocimiento de la Ley italiana n° 752 de 8 de noviembre de 1984 (GURI n° 311 de 12.11.1984, p. 9427).
Dicho texto, completado por el Decreto de aplicación de 16 de julio de 1986 (GURI n° 302 de 31.12.1986, p. 24), reserva a los nacionales italianos la posibilidad de obtener el reconocimiento de títulos expedidos en el extranjero y que habiliten para ejercer las profesiones sanitarias auxiliares, las especialidades auxiliares de las profesiones sanitarias y las profesiones técnico-sanitarias para las que no se requiere la licenciatura. La exclusión de los nacionales de los demás Estados miembros poseedores de los mismos títulos y diplomas se explicaba en la nota de 12 de octubre de 1987 del ministero della Sanità dirigida al Sr. Filip Dudal, que confirmaba qué la mencionada Ley prevé «como condición sine qua non» para el reconocimiento «la posesión de la nacionalidad italiana».
Por consiguiente, la Comisión, mediante escrito de 19 de septiembre de 1988, instó al Gobierno italiano a presentar sus observaciones en un plazo de dos meses, después, a falta de respuesta de las autoridades italianas, emitió el 15 de junio de 1989, un Dictamen motivado mediante el cual se instaba a la República Italiana a adoptar las medidas necesarias en un plazo de dos meses.
II. Fase escrita y pretensiones de las partes
El recurso de la Comisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 de marzo de 1990. La fase escrita siguió su curso reglamentario, pero, mediante escrito de 7 de agosto de 1990, dirigido al Tribunal de Justicia, el Gobierno italiano renunció a presentar el escrito de duplica.
Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que:
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Declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado CEE, al reservar a los nacionales italianos la posibilidad de obtener el reconocimiento en Italia de los títulos y diplomas extranjeros que habilitan para ejercer las profesiones sanitarias auxiliares, las especialidades auxiliares de las profesiones sanitarias y las profesiones técnico-sanitarias para las que no se requiere la licenciatura.
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Condene en costas a la parte demandada.
El Gobierno italiano se limita a declarar que la discriminación señalada por la Comisión como infracción de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado quedará excluida en el futuro, con toda seguridad.
III. Motivos y alegaciones de las partes
La Comisión considera que la referida Ley italiana da lugar a una discriminación flagrante basada en la nacionalidad, que constituye un obstáculo considerable para acceder, a las actividades profesionales de que se trata como trabajador por cuenta ajena (artículo 48) o autónomo (artículo 52) así como para las prestaciones de servicios (artículo 59), mientras que dicho obstáculo no existe para los nacionales italianos titulares de los mismos diplomas. En una carta dirigida al Ministro degli Affari esteri el 19 de septiembre de 1988, el Vicepresidente de la Comisión se refiere, a este respecto, a la jurisprudencia clara y reiterada del Tribunal de Justicia en la materia a partir de la sentencia de 21 de junio de 1974, Reyners (2/74, Rec. p. 631).
En dicha carta, así como en su Dictamen motivado de 15 de junio de 1988, la Comisión mantiene que el Decreto de 16 de julio de 1986 supedita el reconocimiento de los diplomas a la existencia de un acuerdo de reciprocidad con el Estado interesado. La Comisión no cuestiona el hecho de que, a falta de una armonización de las condiciones de acceso a las profesiones consideradas, los Estados miembros pueden definir los conocimientos y calificaciones que se necesitan para el ejercicio de esas profesiones y exigir la presentación de un diploma que certifique su posesión. No obstante, estima, basándose en la sentencia de 15 de octubre de 1987, Heylens (222/86, Rec. p. 4097), que el Estado miembro de acogida no puede imponer, al ciudadano de otro Estado miembro, titular de un diploma expedido por un Estado distinto al país de acogida, obtener el diploma en este último sin tener en cuenta los conocimientos y calificaciones obtenidas en el otro Estado miembro y certificados mediante un diploma. Según la Comisión, el Estado miembro de acogida tiene la obligación de definir un procedimiento que permita comparar las calificaciones obtenidas por el interesado en otro Estado miembro con las que exige el Estado de acogida; después, este último podrá exigir sólo las calificaciones que falten, siempre y cuando sean necesarias para el ejercicio de ias profesiones consideradas. Esta obligación, que resulta del Derecho comunitario, no puede, en ningún caso, supeditarse a la condición de la reciprocidad, según la Comisión, en la medida en que ésta no constituye un principio de Derecho comunitario (sentencia de 22 de marzo de 1977, Steinicke y Weinlig, 78/76, Rec. p. 595).
El Gobierno italiano se atiene principalmente a los hechos que dieron lugar a la reclamación presentada ante la Comisión por el Sr. Filip Dudal. Hace constar que el Tribunale amministrativo regionale del Lazio anuló la decisión ministerial por la que se denegaba la solicitud de reconocimiento del diploma, porque dicha decisión era contraria al Derecho comunitario. Ahora bien, dado que el ministero de la Sanità renunció a la apelación ante el Consiglio di Stato, tiene que reconsiderar la solicitud del interesado y conceder el reconocimiento en las mismas condiciones que se prevén para un nacional italiano.
De un modo más general, el Gobierno italiano mantiene que, en virtud del principio general de igualdad de trato, la decisión del Tribunale amministrativo extiende su efecto vinculante a la aplicación futura de la Ley de 1984 para los casos análogos, de manera que, con toda seguridad, quedará excluida en el futuro cualquier discriminación contraria a los artículos 48, 52 y 59 del Tratado.
La Comisión celebra este resultado. Sin embargo, señala que este cambio no ha puesto fin a la infracción. Considera, utilizando los términos de una jurisprudencia reiterada, que la fórmula discriminatoria contenida en la Ley de 1984 mantiene un «estado de incertidumbre en cuanto a las posibilidades de recurrir al Derecho comunitario» y, por tanto, una «situación de hecho ambigua para los interesados», siendo esto acentuado por el carácter reciente de la Ley de que se trata.
Gordon Slynn
Juez Ponente
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)	Lengua de procedimiento: italiano.