61995CJ0225_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En los asuntos acumulados C-225/95, C-226/95 y C-227/95,
que tienen por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, por el Dioikitiko Protodikeio Athinon, destinada a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre
Anestis Kapasakalis, Dimitris Skiathitis, Antonis Kougiagkas
y
Elliniko Dimosio,
"una decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Segunda),
integrado por los Sres.: R. Schintgen, Presidente de Sala; G.F. Mancini (Ponente) y G. Hirsch, Jueces;
Abogado General: Sr. C.O. Lenz;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- En nombre de los Sres. Kapasakalis, Skiathitis y Kougiagkas, por el Sr. I.D. Pagoropoulos, Abogado de Atenas;
- en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. F.P. Georgakopoulos y por la Sra. V. Pelekou, Consejero Jurídico adjunto y mandataria ad litem, respectivamente, del Consejo Jurídico del Estado, y la Sra. S. Vodina, colaboradora científica especializada del Servicio Especial del Contencioso Comunitario del Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. D. Gouloussis, Consejero Jurídico, y B.J. Drijber, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de los Sres. Kapasakalis, Skiathitis y Kougiagkas, representados por el Sr. I.D. Pagoropoulos; del Gobierno helénico, representado por la Sra. S. Vodina y por el Sr. V. Kyriazopoulos mandatario ad litem del Consejo Jurídico del Estado, en calidad de Agente, y de la Comisión, representada por los Sres. D. Gouloussis y B.J. Drijber, expuestas en la vista de 14 de noviembre de 1996;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de enero de 1997;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resoluciones de 30 de marzo de 1995, recibidas en el Tribunal de Justicia el 28 de junio siguiente, el Dioikitiko Protodikeio Athinon planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO 1989, L 19, p. 16; en lo sucesivo, «Directiva»).
2 Dichas cuestiones se plantearon en el marco de un litigio entablado por los Sres. Kapasakalis, Skiathitis y Kougiagkas contra el Estado helénico acerca del resarcimiento de los daños supuestamente causados por la no adopción por dicho Estado de los Decretos presidenciales previstos por las disposiciones tanto de Derecho nacional como de Derecho comunitario para la salvaguarda de los intereses profesionales de los titulados de los Centros de Formación Tecnológica.
El Derecho comunitario
3 La Directiva enuncia las circunstancias en que un Estado miembro está obligado a reconocer la equivalencia entre formaciones profesionales de una duración mínima de tres años sancionadas por títulos de enseñanza superior expedidos por una autoridad de otro Estado miembro y los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones adquiridas en su propio territorio.
4 Según su décimo considerando, el sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior no tiene por objeto modificar las normas profesionales, incluso deontológicas, aplicables a las personas que ejerzan una actividad profesional en el territorio de un Estado miembro, ni sustraer a los migrantes de la aplicación de estas normas; dicho sistema se limita, en efecto, a prever medidas adecuadas que permitan garantizar que el migrante se atenga a las normas profesionales del Estado miembro de acogida.
5 La letra b) del artículo 1 de la Directiva establece que, se entenderá por «Estado miembro de acogida» el Estado miembro en el que un nacional de un Estado miembro solicite ejercer una profesión que en dicho Estado se halle regulada, y que no sea el Estado en el que haya obtenido su título o en el que haya ejercido por vez primera la actividad de que se trate. La letra d) del mismo artículo define la «actividad profesional regulada» como la actividad profesional cuyo acceso, ejercicio o alguna de sus modalidades de ejercicio en un Estado miembro estén sometidos directa o indirectamente, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de un título.
6 A tenor del párrafo primero de su artículo 2, la Directiva se aplicará a todos los nacionales de un Estado miembro que se propongan ejercer, por cuenta propia o ajena, una profesión regulada en un Estado miembro de acogida.
7 Con arreglo al párrafo primero del artículo 12, los Estados miembros debían adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva en un plazo de dos años a contar desde su notificación e informar de ello inmediatamente a la Comisión.
El Derecho nacional
8 De las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprende que los Centros de Formación Tecnológica (en lo sucesivo, «TEI») son personas jurídicas de Derecho público, creadas por la Ley 1404/1983, por la que se regula la estructura y el funcionamiento de los TEI. Están integrados en el ciclo superior de la formación profesional y sometidos al control del Ministerio de Educación Nacional y Cultos, y tienen la misión de impartir una enseñanza teórica y práctica suficiente para aplicar a la profesión conocimientos y aptitudes científicas, técnicas, artísticas o de otra índole.
9 Según la letra c) del apartado 2 del artículo 25 de la Ley 1404/1983 se reconocerían a los diplomados de los TEI derechos profesionales, definidos mediante Decretos presidenciales adoptados, por lo que se refiere a las especialidades existentes, con una antelación mínima de seis meses sobre la graduación de la primera promoción de los TEI y, por lo que respecta a las nuevas especialidades, simultáneamente con su creación o con la apertura de las correspondientes Secciones. Los mismos Decretos presidenciales habían de definir los requisitos y demás detalles relativos a la concesión de la licencia de ejercicio profesional cuando sea necesaria.
10 Antes de ser suprimidos por la Ley 1404/1983, los Centros de Formación Técnica y Profesional Superior (en lo sucesivo, «KATEE») se regían por la Ley 576/1977. Estaban constituidos por varias Escuelas Superiores Técnicas y Profesionales de titularidad pública, destinadas a proporcionar a sus estudiantes los conocimientos teóricos y prácticos requeridos para convertirse en personal directivo capacitado para contribuir al desarrollo de un determinado sector de la economía nacional.
11 El apartado 1 del artículo 5 de la Ley 1865/1989 establece que los títulos expedidos por los KATEE después de cursar estudios de tres años de duración (seis semestres) equivalen a los títulos de las correspondientes especialidades de los TEI.
El litigio principal
12 Los Sres. Kapasakalis, Skiathitis y Kougiagkas, de nacionalidad griega, están en posesión de títulos expedidos por los TEI y los KATEE y ejercen la profesión de Ingeniero Técnico en Grecia, con la especialidad de mecánica, los dos primeros, y de construcción, el último.
13 Mediante escritos de 12 de junio de 1993, interpusieron cada uno de ellos una demanda reclamando al Estado helénico daños y perjuicios por no haberse adoptado los Decretos presidenciales necesarios para salvaguardar sus intereses profesionales según lo previsto en la letra c) del apartado 2 del artículo 25 de la Ley 1404/1983 y por haber incumplido la obligación de adoptar las medidas necesarias para atenerse a la Directiva en el plazo de dos años. El Tribunal de Justicia declaró este incumplimiento en una sentencia dictada el 23 de marzo de 1995, Comisión/Grecia (C-365/93, Rec. p. I-499).
14 En apoyo de sus recursos, los interesados sostienen que, como consecuencia de esa omisión, se ven privados, fundamentalmente, del derecho a trabajar en el territorio griego en sus especialidades, o servirse con provecho de sus títulos.
Las cuestiones prejudiciales
15 Mediante resolución de 30 de marzo de 1995, el Dioikitiko Protodikeio Athinon desestimó las demandas por infundadas por lo que respecta a la infracción de una obligación impuesta por disposiciones de Derecho nacional.
16 En cuanto al resto, por estimar que la resolución de los litigios principales dependía de la interpretación de disposiciones comunitarias y, en particular, de las contenidas en la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Implica el resultado exigido por la Directiva 89/48/CEE del Consejo el reconocimiento de derechos en favor de los particulares afectados?
2) ¿Está el contenido de dichos derechos determinado con la suficiente precisión como para que sea posible deducirlo basándose sólo en el marco definido por las disposiciones de la Directiva?
3) ¿Existe una relación de causalidad entre el incumplimiento por el Estado helénico de la obligación que le incumbe en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva y el daño que alega haber sufrido el demandante?»
Sobre la primera cuestión
17 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión pretende esencialmente que se dilucide si un nacional de un Estado miembro que se encuentre en una situación como la de los demandantes del litigio principal puede invocar los derechos conferidos por la Directiva.
18 A este respecto, debe recordarse primeramente que la Directiva, que se basa en el artículo 49, en el apartado 1 del artículo 57 y en el artículo 66 del Tratado, tiene la finalidad de facilitar la libre circulación de personas y servicios permitiendo a los nacionales de los Estados miembros ejercer una profesión por cuenta propia o por cuenta ajena en un Estado miembro distinto de aquél en el que hayan adquirido su capacitación profesional.
19 En segundo lugar, según se desprende claramente de su décimo considerando y del párrafo primero de su artículo 2, la Directiva sólo se aplica a los nacionales de un Estado miembro que se propongan ejercer, por cuenta propia o ajena, una profesión regulada en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen y no tiene por objeto modificar las normas aplicables a las personas que ejerzan una actividad profesional en el territorio de un Estado miembro
20 En el caso de autos, de las resoluciones de remisión y de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia se deduce que los litigios principales se refieren a nacionales griegos que trabajan en Grecia.
21 Además, como observó el Abogado General en el punto 2 de sus conclusiones, los demandantes de los asuntos principales no han trabajado, ni estudiado, ni obtenido un título que sancione una formación universitaria o profesional en un Estado miembro de la Comunidad distinto de su país de origen.
22 Por último, según reiterada jurisprudencia, las normas del Tratado en materia de libre circulación y los actos adoptados para la ejecución de éstas no pueden aplicarse a actividades que no presenten ningún punto de conexión con alguna de la situaciones contempladas por el Derecho comunitario y cuyos elementos pertinentes estén todos situados en el interior de un solo Estado miembro (sentencias de 5 de junio de 1997, Uecker y Jacquet, asuntos acumulados C-64/96 y C-65/96, Rec. p. I-3171, apartado 16; de 16 de enero de 1997, USSL nº 47 di Biella, C-134/95, Rec. p. I-195, apartado 19, y de 28 de enero de 1992, Steen, C-332/90, Rec. p. I-341, apartado 9).
23 Pues bien, resulta de lo expuesto que la situación de los demandantes del asunto principal no presenta ningún punto de conexión con alguna de las situaciones contempladas por el Derecho comunitario en el contexto de la libre circulación de personas y servicios ni en el ámbito de aplicación de la Directiva.
24 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial que un nacional de un Estado miembro que se encuentre en una situación cuyos elementos estén todos situados sólo en el interior de dicho Estado miembro no puede invocar los derechos conferidos por la Directiva.
Sobre las cuestiones segunda y tercera
25 Vista la respuesta que se da a la primera cuestión prejudicial, no procede pronunciarse sobre las cuestiones segunda y tercera.
Decisión sobre las costas
Costas
26 Los gastos efectuados por el Gobierno helénico y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Segunda),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Dioikitiko Protodikeio Athinon mediante resolución de 30 de marzo de 1995, declara:
Un nacional de un Estado miembro que se encuentre en una situación cuyos elementos estén todos situados sólo en el interior de dicho Estado miembro no puede invocar los derechos conferidos por la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años.