62023TJ0329_RES
Asunto T‑329/23
República Checa
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima ampliada) de 9 de abril de 2025
«Recursos propios de la Unión — Responsabilidad financiera de los Estados miembros — Obligación de los Estados miembros de poner a disposición de la Comisión recursos propios — Pago a la Comisión de los importes correspondientes a recursos propios no percibidos — Derechos de importación — Importaciones de productos textiles, de calzado y de gafas de sol procedentes de Asia — Valor en aduana — Inexistencia de infravaloración — Inexistencia de obligación de constituir una garantía antes del levante — Enriquecimiento sin causa de la Unión»
Recursos propios de la Unión Europea — Constatación y puesta a disposición por los Estados miembro — Puesta a disposición sujeta a reservas — Recurso basado en el enriquecimiento sin causa de la Unión — Carga de la prueba
(Arts. 268 TFUE y 340 TFUE, ap. 2)
(véanse los apartados 38 y 39)
Unión aduanera — Arancel aduanero común — Valor en aduana — Determinación — Métodos de determinación — Determinación sobre la base de un valor estadístico, como el precio mínimo aceptable (PMA) — Inadmisibilidad de la determinación del valor en aduana según el método residual — Utilización de un valor estadístico reservado para la detección de importaciones susceptibles de infravaloración
[Reglamento (UE) n.o 2913/92 del Consejo, art. 29]
(véanse los apartados 82 a 84 y 93)
Recursos propios de la Unión Europea — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Obligación de los Estados miembros — Constitución de una garantía sobre importaciones que puedan tener un valor en aduana infravalorado — Requisito — Elementos que permiten calcular un importe aduanero superior al determinado sobre la base del valor en aduana declarado
[Reglamento (CE) n.o 2913/92 del Consejo, arts. 13, ap. 1, 29, 30 y 31; Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, art. 248, ap. 1]
(véanse los apartados 85 a 87, 94 y 95)
Resumen
El Tribunal General, que conoce de un recurso de enriquecimiento sin causa de la Unión Europea que estima, se pronuncia sobre una cuestión inédita relativa, por un lado, al examen de un recurso interpuesto por un Estado miembro sobre la base de un supuesto enriquecimiento sin causa de recursos propios en el ámbito aduanero y, por otro lado, a la toma en consideración de un valor estadístico como base para el cálculo del valor en aduana de las mercancías.
A raíz de la supresión, desde el 1 de enero de 2005, de todos los contingentes aplicables a las importaciones de productos textiles y de ropa procedentes de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Unión se vio expuesta a una cantidad muy elevada de importaciones de productos textiles y de calzado procedentes de Asia, en particular de China, y a un riesgo de infravaloración del valor en aduana de dichas importaciones. En respuesta a este riesgo, la operación de control prioritario (
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) denominada «Discount» (en lo sucesivo, «ACP Discount»), que todos los Estados miembros habían suscrito, preveía controles aduaneros más exhaustivos y tenía por objeto las importaciones de determinados productos textiles, de calzado y de gafas de sol procedentes de China, Tailandia y Vietnam con escaso valor en aduana. En el marco de esta operación, se fijaron umbrales de riesgo que permitían a las autoridades aduaneras de los Estados miembros detectar los valores particularmente bajos declarados a la importación y, por consiguiente, las importaciones que presentaban un riesgo significativo de infravaloración de su valor en aduana. Para ello, se crearon veinte códigos del arancel integrado de la Unión Europea y, para cada uno de esos códigos, la Comisión Europea fijó un «precio medio corregido» (en lo sucesivo, «PMC»). A continuación, se calculó una media para toda la Unión sobre la base de la media aritmética de los PMC registrados en todos los Estados miembros, excluyendo al mismo tiempo los valores anormalmente elevados o bajos. Por último, el «precio mínimo aceptable» (en lo sucesivo, «PMA»), correspondiente al 50 % de los PMC, se calculó y se utilizó como umbral de riesgo.
Del 10 al 14 de noviembre de 2014, la Comisión llevó a cabo una misión de inspección en la República Checa relativa a la aplicación por esta última de la ACP Discount. A raíz de esta misión, la Comisión envió a las autoridades checas un informe en el que formulaba reservas sobre la aplicación de la ACP Discount. En concreto, concluyó que no se había realizado un control eficaz de todas las declaraciones en aduana en cuestión y que todas las mercancías habían sido objeto de un levante sin solicitud de garantía, a pesar de que había dudas razonables sobre la existencia de una infravaloración del valor en aduana de dichas mercancías. Según la Comisión, ello había tenido como consecuencia una pérdida de recursos propios tradicionales de la Unión de los que eran responsables las autoridades checas, equivalente a la diferencia entre el derecho de aduana calculado sobre la base del valor en aduana declarado y el calculado sobre la base del PMA. Durante los intercambios de correspondencia que se produjeron entre la República Checa y la Comisión, en los que esta última no aceptó las pruebas aportadas por el Estado miembro, la Comisión pidió insistentemente que este pusiera a disposición del presupuesto de la Unión, en un primer momento, la diferencia entre el derecho en aduana calculado sobre la base del valor en aduana declarado y el derecho calculado sobre la base del PMA y, después, la diferencia entre el derecho en aduana calculado sobre la base del valor en aduana declarado y el derecho calculado sobre la base del PMC (en lugar del PMA). Pese a haber manifestado su oposición en varias ocasiones, la República Checa puso a disposición del presupuesto de la Unión, bajo determinadas condiciones, los importes resultantes del cálculo de las diferencias que se acaban de mencionar. El 22 de junio de 2020, se realizó a la República Checa una compensación parcial del importe pagado.
En este contexto, la República Checa interpuso el presente recurso, basado en un enriquecimiento sin causa de la Unión.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal General recuerda las normas en materia de prueba aplicables a una acción de indemnización basada en el enriquecimiento sin causa de la Unión. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco de una acción de esta naturaleza, ejercitada por un Estado miembro que puso a disposición de la Comisión un importe de recursos propios de la Unión expresando sus reservas en cuanto al fundamento de la postura de esta, compete al Tribunal General apreciar, en particular, si el empobrecimiento del Estado miembro que tiene la condición de parte demandante, que corresponde a la puesta a disposición de la Comisión de dicho importe, y el correlativo enriquecimiento de esta última están justificados por las obligaciones que el Derecho de la Unión impone a ese Estado miembro en materia de recursos propios de la Unión o si, por el contrario, carecen de tal justificación. (
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)
Por tanto, incumbe al Estado miembro demostrar que no estaba obligado, en virtud de las normas de la Unión que regulan el sistema de recursos propios, a poner a disposición de la Comisión el importe de los recursos propios objeto del litigio y que cumplió sus obligaciones. Sin embargo, esta carga de la prueba no tiene como consecuencia que la Comisión pueda limitarse a afirmar, de manera general y sin pruebas que lo respalden, que las circunstancias alegadas por el Estado miembro no son suficientes.
En segundo lugar, por lo que respecta a la pertinencia del valor estadístico como base para estimar el valor en aduana, el Tribunal General observa que la Comisión alega, en esencia, que, mientras el valor en aduana declarado sea inferior al PMA, no puede aceptarse y, por consiguiente, que las autoridades nacionales deben solicitar la constitución de una garantía antes del levante. Pues bien, el Tribunal General considera que la hipótesis según la cual cualquier valor en aduana inferior al PMA debe, en principio, rechazarse, cualquiera que sea la amplitud de las dudas que subsistan, o no, tras las comprobaciones y controles realizados por las autoridades aduaneras, afectaría al margen de maniobra del que gozan los Estados miembros al efectuar controles aduaneros y a la normativa aduanera que establece un procedimiento específico en caso de que se cuestione el valor en aduana declarado.
Por consiguiente, a juicio del Tribunal General, un valor estadístico como el PMA solo puede utilizarse como herramienta de análisis de riesgo, es decir, como una herramienta que permite detectar, sobre la base de perfiles de riesgo, las importaciones susceptibles de ser infravaloradas y respecto a las que es necesario realizar comprobaciones, y no para determinar su valor en aduana.
En tercer y último lugar, en el marco de una valoración de la capacidad real de las autoridades aduaneras checas para determinar un valor en aduana más elevado, el Tribunal General examina si, mediante la aplicación de métodos secundarios (
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) para determinar el valor en aduana, dichas autoridades habrían podido llegar a un valor aduanero más elevado que el valor de transacción (
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) y si, por tanto, la constitución de una garantía antes del levante de las mercancías afectadas habría contribuido a proteger los intereses financieros de la Unión.
A este respecto, procede recordar que la garantía tiene por objeto permitir a las autoridades aduaneras, por un lado, autorizar el levante de las mercancías continuando al mismo tiempo con el examen de estas últimas y de la documentación que las acompaña y, por otro lado, evitar que ya no se recaude la potencial deuda aduanera resultante de dicho examen. Por tanto, de ello se deduce que es solo en el supuesto de que las autoridades aduaneras de un Estado miembro dispongan de los elementos que les permitan calcular un importe de derechos de aduana superior al percibido sobre la base del valor en aduana declarado y constatar un derecho adicional de recursos propios en favor de la Unión cuando la constitución de una garantía contribuye a la protección de los intereses financieros de la Unión. Por otro lado, el Tribunal General recuerda que un valor estadístico como el PMA no sirve para determinar el valor en aduana de las mercancías, ni siquiera en el marco de la determinación del valor según el método residual.
Así, dado que el código aduanero comunitario (
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) y la jurisprudencia excluían la utilización de valores en aduana arbitrarios o ficticios, el Tribunal General declara que los autos no contienen elementos que permitan concluir que la aplicación del método residual (
6
) habría dado lugar a la recaudación de un importe adicional de derechos de aduana y, por ende, de recursos propios de la Unión.
En consecuencia, el Tribunal General concluye que la República Checa no estaba obligada, en virtud de las normas de la Unión que regulan el sistema de recursos propios, a poner a disposición de la Comisión el importe de los recursos propios objeto del litigio, y condena, por tanto, a la Comisión a restituirlo al Estado miembro de que se trata.
(
1
)	En virtud del artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1; en lo sucesivo, «código aduanero comunitario»).
(
2
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2020, República Checa/Comisión (C‑575/18 P, EU:C:2020:530), apartado 83.
(
3
)	Previstas en los artículos 30 y 31 del código aduanero comunitario.
(
4
)	En virtud del artículo 29 del código aduanero comunitario.
(
5
)	Artículo 30, apartado 2, del código aduanero comunitario.
(
6
)	En el sentido del artículo 31 del código aduanero comunitario.