62022CJ0593
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 6 de julio de 2023 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Ámbito de aplicación — Artículo 1, apartado 2 — Exclusión de las cláusulas contractuales que reflejan disposiciones legales o reglamentarias imperativas — Contrato de préstamo denominado en moneda extranjera — Cláusulas relativas al riesgo del tipo de cambio — Presunción de conocimiento de la ley»
En el asunto C‑593/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunalul Specializat Cluj (Tribunal Especializado de Cluj, Rumanía), mediante resolución de 23 de mayo de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de septiembre de 2022, en el procedimiento entre
FS,
WU
y
First Bank SA,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. M. Safjan, Presidente de Sala, y los Sres. N. Piçarra y N. Jääskinen (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. G. Pitruzzella;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de First Bank SA, por el Sr. D. Barbu y la Sra. R. Muraru, avocaţi;
–
en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. M. Chicu, E. Gane y O.‑C. Ichim, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno portugués, por las Sras. P. Barros da Costa, A. Cunha, M. I. Gameiro y L. Medeiros, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea por la Sra. A. Boitos y el Sr. N. Ruiz García, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre FS y WU, por una parte, y First Bank SA, por otra, en relación con la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El decimotercer considerando de la Directiva 93/13 enuncia:
«Considerando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo».
4
El artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva dispone:
«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.»
Derecho rumano
5
El artículo 970 del Codul civil (Código Civil), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «antiguo Código Civil»), disponía:
«Los contratos deberán ejecutarse de buena fe.
Los contratos no solo obligan a lo que figura expresamente en ellos, sino también a todas las consecuencias que, conforme a la equidad, la costumbre o la ley, se deducen de la obligación, según la naturaleza de esta».
6
El artículo 1578 del antiguo Código Civil establecía:
«La obligación que nace de un préstamo dinerario siempre tendrá por objeto el importe numérico que figure en el contrato.
Si la moneda se revalorizara o depreciara antes del vencimiento, el deudor deberá restituir el importe numérico prestado y solo estará obligado a devolver dicho importe en las monedas de curso legal en la fecha del pago.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
7
El 17 de agosto de 2007, los demandantes en el litigio principal celebraron, como consumidores, con Piraeus Bank Romania SA, posteriormente First Bank, un contrato de préstamo por importe de 78180 francos suizos (CHF) (aproximadamente 78500 euros).
8
De conformidad con la cláusula que figura en el artículo 6.3, primera frase, del contrato de préstamo, los demandantes en el litigio principal estaban obligados a depositar en la cuenta corriente abierta en First Bank, a más tardar en la fecha de vencimiento, el importe necesario para el reembolso, en la divisa indicada en el calendario de devolución.
9
Los demandantes en el litigio principal presentaron ante la Judecătoria Cluj-Napoca (Tribunal de Primera Instancia de Cluj-Napoca, Rumanía) una demanda por la que solicitaban, por un lado, que se declararan abusivas y nulas las cláusulas del contrato de préstamo en virtud de las cuales debían soportar el riesgo de tipo de cambio. Por otro lado, con el fin de restablecer el equilibrio contractual, solicitaron que se obligara a First Bank a recalcular y cobrar las cuotas mensuales, los intereses y las comisiones por referencia al tipo de cambio franco suizo/leu rumano indicado por la Banca Națională a României (Banco Nacional de Rumanía) en la fecha de la firma del contrato, tanto con carácter retroactivo como en lo sucesivo, hasta el reembolso del préstamo y con la devolución de la cantidad cobrada en exceso.
10
Mediante sentencia de 31 de enero de 2018, dicho tribunal desestimó la mencionada demanda. Tras señalar que los demandantes en el litigio principal criticaban la falta de una cláusula que les protegiera del riesgo de tipo de cambio, declaró que la obligación de reembolsar el préstamo en la divisa en la que se había concedido constituía un reflejo del principio del nominalismo monetario recogido en el artículo 1578 del antiguo Código Civil, por lo que los demandantes en el litigio principal no podían invocar que ignoraban los efectos de esta obligación establecida por la propia ley.
11
Los demandantes en el litigio principal han interpuesto un recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Tribunalul Specializat Cluj (Tribunal Especializado de Cluj, Rumanía), órgano jurisdiccional remitente, alegando que el órgano jurisdiccional de primera instancia aplicó erróneamente el principio del nominalismo monetario consagrado en el artículo 1578 del antiguo Código Civil y que First Bank incumplió su obligación de proporcionar información relativa al riesgo de tipo de cambio.
12
Por su parte, First Bank sostiene que la cláusula controvertida en el litigio principal refleja el artículo 1578 del antiguo Código Civil, que constituye, con arreglo al artículo 970, párrafo segundo, de dicho Código, una disposición imperativa del Derecho rumano. Así pues, dado que esta cláusula no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, el órgano jurisdiccional de primera instancia actuó conforme a Derecho al no examinar el eventual carácter abusivo de esta, de conformidad con la disposición nacional que transpone el artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva.
13
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta cómo debe interpretarse la expresión «cláusula contractual que refleje disposiciones legales», en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, en particular, el verbo «reflejar» que figura en ella.
14
Dicho órgano jurisdiccional se pregunta si, en el presente asunto, el hecho de que la cláusula controvertida en el litigio principal no contenga ninguna referencia o remisión al artículo 1578 del antiguo Código Civil o al principio del nominalismo monetario y no reproduzca textualmente ni por paráfrasis el contenido de dicho artículo impide considerar que esta cláusula «refleja» dicho artículo.
15
A este respecto, se pregunta, en particular, si el consumidor debe poder comprender, sobre la base de la cláusula contractual controvertida o de esta en relación con otras cláusulas contractuales, las consecuencias a las que se expone, sin tener que consultar textos legislativos nacionales que no se indican ni expresa ni implícitamente en el contrato celebrado con el profesional.
16
Por último, el órgano jurisdiccional remitente señala que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no permite responder a esta cuestión. En efecto, en los asuntos que dieron lugar a la sentencia de 9 de julio de 2020, Banca Transilvania (C‑81/19, EU:C:2020:532), y al auto de 14 de octubre de 2021, NSV y NM (C‑87/21, no publicado, EU:C:2021:860), en los que también se debatía en torno al artículo 1578 del antiguo Código Civil, los órganos jurisdiccionales remitentes y el Tribunal de Justicia se basaron en la premisa de que la cláusula contractual cuyo presunto carácter abusivo se alegaba reflejaba una disposición supletoria de Derecho nacional. En cuanto a la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Trapeza Peiraios (C‑243/20, EU:C:2021:1045), esta se refería a un asunto en el que la cláusula impugnada por el consumidor parafraseaba el artículo 291 del Código Civil griego.
17
En estas circunstancias, el Tribunalul Specializat Cluj (Tribunal Especializado de Cluj) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva [93/13]:
a)
en el sentido de que una “cláusula contractual que refleje disposiciones legales” debe reproducir, total o parcialmente, la correspondiente norma jurídica de la disposición legal en cuestión
o
b)
en el sentido de que una “cláusula contractual que refleje disposiciones legales” debe contener una remisión expresa a la correspondiente norma jurídica de la disposición legal en cuestión
o, por el contrario,
c)
en el sentido de que, para determinar la procedencia de la exclusión del análisis del carácter abusivo de una cláusula contractual, prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva [93/13], basta con aplicar el principio general del Derecho civil según el cual los contratos se completan con la ley, a falta de toda referencia o remisión expresa a la correspondiente norma jurídica de la disposición legal en cuestión?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva [93/13], en el sentido de que, en el marco del régimen jurídico especial de protección de los derechos de los consumidores, es excesivo considerar que el consumidor tiene el deber de conocer el contenido de todas las normas jurídicas de las disposiciones legales que completan el contrato, a falta de información previa al consumidor al respecto por parte del profesional?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
18
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, para quedar excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva con arreglo a la mencionada disposición, la cláusula incluida en un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y un profesional debe reproducir, en todo o en parte, la disposición legal o reglamentaria imperativa del Derecho nacional correspondiente o, al menos, contener una remisión expresa a tal disposición.
19
Con carácter preliminar, es preciso señalar que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 excluye del ámbito de aplicación de esta las cláusulas «que reflejen», en particular, disposiciones legales o reglamentarias imperativas.
20
Además, en vista del objetivo de protección de los consumidores perseguido por dicha Directiva, la excepción establecida en su artículo 1, apartado 2, es de interpretación estricta (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, apartado 37).
21
Por lo que respecta, por un lado, a la expresión «disposiciones legales o reglamentarias imperativas», de reiterada jurisprudencia se desprende que esta expresión, a la luz del decimotercer considerando de dicha Directiva, abarca no solo las disposiciones de Derecho nacional que se aplican entre las partes contratantes independientemente de su elección, sino también las que son de carácter supletorio, es decir, las que se aplican por defecto, cuando las partes no hayan pactado otra cosa (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, apartado 30 y jurisprudencia citada).
22
En lo que atañe, por otro lado, a la cuestión de si una cláusula contractual refleja esa disposición legal o reglamentaria imperativa del Derecho nacional, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, es preciso recordar que la exclusión establecida por dicha disposición de la Directiva 93/13 se justifica por el hecho de que, en principio, es legítimo presumir que el legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibrio que el legislador de la Unión ha querido expresamente preservar. Además, la circunstancia de que se haya establecido tal equilibrio no constituye un requisito para la aplicación de la exclusión prevista en el citado artículo 1, apartado 2, sino la justificación de dicha exclusión (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, apartado 35 y jurisprudencia citada).
23
Desde este punto de vista, no puede considerarse que una cláusula contractual que refleje una disposición legal o reglamentaria imperativa de Derecho nacional que no sea aplicable al contrato celebrado por las partes o que se limite a hacer una remisión general a las disposiciones legales aplicables independientemente de tal cláusula refleje tal disposición imperativa en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, apartado 30, y de 3 de abril de 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, apartados 35 a 38).
24
Sin embargo, no puede exigirse, a efectos de la aplicabilidad de la exclusión establecida en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, que la cláusula contractual de que se trate se corresponda perfectamente, desde un punto de vista formal, con la disposición legal o reglamentaria imperativa del Derecho nacional que dicha cláusula debe reflejar. En definitiva, tal interpretación pondría en entredicho el efecto útil de esa exclusión.
25
Por consiguiente, para que una cláusula contractual «refleje» una disposición legal o reglamentaria imperativa en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, dicha cláusula debe reproducir el contenido normativo de una disposición imperativa aplicable al contrato de que se trate, de modo que pueda considerarse que expresa, de manera concreta, la misma norma jurídica contemplada por esa disposición imperativa. Esto no solo sucede cuando la cláusula contractual se corresponde literalmente con la disposición imperativa o contiene una remisión expresa a esta, sino también cuando dicha cláusula, aunque esté expresada en términos diferentes, sea materialmente equivalente a esa disposición imperativa.
26
En el presente asunto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente realizar las apreciaciones que sean necesarias, tomando en consideración, en particular, la naturaleza, el sistema general y las estipulaciones del contrato de préstamo de que se trata en el litigio principal, así como el contexto jurídico y fáctico en el que este se inscribe, a efectos de determinar si la cláusula contractual controvertida en el litigio principal refleja, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, el artículo 1578 del antiguo Código Civil.
27
Dado que, como se ha señalado en el apartado 24 de la presente sentencia, la aplicabilidad del artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva no presupone una correspondencia formal entre la cláusula controvertida en el litigio principal y el artículo 1578 del antiguo Código Civil, en el sentido de que esta cláusula deba citar literalmente dicho artículo o contener una remisión expresa a él, el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar, en particular, si esa cláusula y el artículo 1578 son materialmente equivalentes, en el sentido de que la aplicación de dicha cláusula implicaría, para los demandantes en el litigio principal, una obligación de pago idéntica a la que resultaría de la aplicación directa, en el contexto del contrato de que se trata en el litigio principal, del citado artículo 1578.
28
A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, para quedar excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva con arreglo a la mencionada disposición, no es necesario que la cláusula incluida en un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y un profesional cite literalmente la disposición legal o reglamentaria imperativa del Derecho nacional correspondiente o contenga una remisión expresa a esta, sino que basta con que sea materialmente equivalente a esa disposición imperativa, es decir, que tenga el mismo contenido normativo.
Segunda cuestión prejudicial
29
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si una cláusula incluida en un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y un profesional queda excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva con arreglo a la mencionada disposición, es pertinente el hecho de que ese consumidor no haya tenido conocimiento de que esa cláusula refleja una disposición legal o reglamentaria imperativa del Derecho nacional.
30
La aplicación de esta exclusión, establecida en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, requiere que concurran dos requisitos, a saber, que la cláusula contractual refleje una disposición legal o reglamentaria y que esta disposición sea imperativa (véase, en este sentido, el auto de 14 de octubre de 2021, NSV y NM, C‑87/21, no publicado, EU:C:2021:860, apartado 25 y jurisprudencia citada).
31
Así pues, como ha señalado la Comisión Europea en sus observaciones escritas, la aplicación del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 es de carácter objetivo y, por lo tanto, no depende de la información facilitada al consumidor por el profesional ni del conocimiento que este tenga de las disposiciones jurídicas aplicables.
32
Por otra parte, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, al interpretar el artículo 1, apartado 2, que la exclusión del ámbito de aplicación de la mencionada Directiva, prevista en esta disposición, es aplicable aunque el comerciante no haya cumplido su obligación de información y de transparencia (véase, en este sentido, el auto de 14 de octubre de 2021, NSV y NM, C‑87/21, no publicado, EU:C:2021:860, apartado 42).
33
A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si una cláusula incluida en un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y un profesional queda excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva con arreglo a la mencionada disposición, carece de pertinencia el hecho de que ese consumidor no haya tenido conocimiento de que dicha cláusula refleja una disposición legal o reglamentaria imperativa del Derecho nacional.
Costas
34
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
1)
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
debe interpretarse en el sentido de que,
para quedar excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva con arreglo a la mencionada disposición, no es necesario que la cláusula incluida en un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y un profesional cite literalmente la disposición legal o reglamentaria imperativa del Derecho nacional correspondiente o contenga una remisión expresa a esta, sino que basta con que sea materialmente equivalente a esa disposición imperativa, es decir, que tenga el mismo contenido normativo.
2)
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE
debe interpretarse en el sentido de que,
para determinar si una cláusula incluida en un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y un profesional queda excluida del ámbito de aplicación de dicha Directiva con arreglo a la mencionada disposición, carece de pertinencia el hecho de que ese consumidor no haya tenido conocimiento de que dicha cláusula refleja una disposición legal o reglamentaria imperativa del Derecho nacional.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: rumano.