62024TO0319_RES
Asunto T‑319/24
Meta Platforms Ireland Ltd
contra
Comité Europeo de Protección de Datos
Auto del Tribunal General (Sala Décima) de 29 de abril de 2025
«Recurso de anulación — Protección de datos personales — Dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos sobre la validez del consentimiento en el contexto de los modelos de “consentimiento o pago” que aplican las plataformas en línea de gran tamaño — Artículo 64, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/679 — Acto no recurrible — Inadmisibilidad — Responsabilidad — Perjuicio — Relación de causalidad — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»
Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos sobre la validez del consentimiento de los usuarios en el contexto de los modelos de «consentimiento o pago» que aplican las plataformas en línea de gran tamaño — Exclusión — Inadmisibilidad
(Art. 263 TFUE)
(véanse los apartados 19 a 42)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Relación de causalidad — Incumplimiento de uno de los requisitos — Desestimación de la totalidad del recurso de indemnización
(Arts. 268 TFUE y 340 TFUE, párr. 2)
(véanse los apartados 47 a 58)
Resumen
Mediante su auto, el Tribunal General declara inadmisible el recurso de anulación (
1
) interpuesto por Meta Platforms Ireland Ltd (en lo sucesivo, «Meta»), contra el Dictamen 8/2024, de 17 de abril de 2024, del Comité Europeo de Protección de Datos (en lo sucesivo, «CEPD») sobre la validez del consentimiento en el contexto de los modelos de «consentimiento o pago» que aplican las plataformas en línea de gran tamaño. Considera que ese Dictamen, adoptado sobre la base del Reglamento General de Protección de Datos, (
2
) no puede ser objeto de un recurso de este tipo, al carecer de efectos jurídicos obligatorios frente a terceros. Por otra parte, el Tribunal General desestima, por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el recurso por responsabilidad extracontractual de la Unión (
3
) interpuesto por Meta para obtener una indemnización por el perjuicio que supuestamente ha sufrido como consecuencia de ese Dictamen.
El 17 de abril de 2024, a petición de tres autoridades nacionales de control en el ámbito de la protección de datos personales, el CEPD adoptó el Dictamen 8/2024. Esas autoridades deseaban conocer las circunstancias y condiciones en las que puede considerarse que las prácticas adoptadas por las plataformas en línea de gran tamaño, (
4
) consistentes en ofrecer a los usuarios que elijan entre, por un lado, consentir el tratamiento de sus datos personales con fines de publicidad comportamental y, por otro lado, abonar una contraprestación para disfrutar del servicio sin que sus datos sean tratados para esos fines (en lo sucesivo, «modelos de “consentimiento o pago”»), cumplen el requisito relativo al consentimiento válido con arreglo al RGPD.
En el Dictamen 8/2024, el CEPD precisa, en particular, que para ser válido, el consentimiento que se solicita a los usuarios para tratar sus datos personales con fines de publicidad comportamental, debe ser libre, específico, informado e inequívoco y referirse a tratamientos de datos llevados a cabo respetando los principios de necesidad, proporcionalidad, limitación de la finalidad, minimización de los datos y lealtad. Según ese organismo, que las plataformas en línea de gran tamaño ofrezcan o no a sus usuarios una alternativa adicional, gratuita y sin publicidad comportamental, que lleve aparejada, por ejemplo, otra forma de publicidad que implique el tratamiento de menos datos personales (o ninguno), puede tener un impacto significativo a efectos de la apreciación de la validez de ese consentimiento. En cuanto a la tasa exigida por la versión de pago del servicio, el CEPD destaca que su importe no debe impedir a los interesados escoger libremente y denegar su consentimiento.
En este contexto, Meta solicita, por un lado, la anulación del Dictamen 8/2024 y, por otro lado, una indemnización por el perjuicio que supuestamente ha sufrido como consecuencia de ese Dictamen.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal General recuerda que es posible ejercitar el recurso de anulación previsto en el artículo 263 TFUE contra todas las disposiciones adoptadas por las instituciones, órganos u organismos de la Unión, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, que tiendan a producir efectos jurídicos obligatorios.
En lo que respecta, en este caso, al Dictamen 8/2024, el Tribunal General considera que su contenido no permite considerar que esté destinado a producir, por sí mismo, efectos jurídicos obligatorios. En efecto, ese acto proporciona unas pautas de análisis de los modelos de «consentimiento o pago» de las plataformas en línea de gran tamaño a la luz de las normas del RGPD en materia de validez del consentimiento. En el Dictamen 8/2024, el CEPD se centra en la situación en la que una plataforma de este tipo no propone a los usuarios ninguna opción gratuita que no sea la concesión del consentimiento al tratamiento de datos personales a efectos de publicidad comportamental. En la mayoría de esos casos, tal situación puede dar lugar a que el consentimiento sea nulo. Esa apreciación depende de varios factores, entre ellos la importancia o no del servicio en cuestión en la vida social o profesional de los usuarios y el coste de la opción de pago. Por lo demás, los pasajes en los que se emplean expresiones como «debería» o «no debería» más bien parecen incitar a una reflexión profunda sobre las otras soluciones que cada plataforma en línea de gran tamaño puede proponer a los usuarios, que condenar, de manera generalizada, el modelo de «consentimiento o pago» que ofrecen esas plataformas.
El Tribunal General destaca, asimismo, que el RGPD no contiene ninguna disposición que obligue a las autoridades de control a «tener en cuenta en la mayor medida posible» un dictamen del CEPD sobre asuntos generales, como el Dictamen 8/2024. (
5
) En cambio, esa obligación (
6
) se impone en el caso de los dictámenes que guarden relación con proyectos de decisiones específicos de las autoridades de control, (
7
) que estas últimas deben comunicar al CEPD durante su proceso de adopción. Si no tiene la intención de seguir, en todo o en parte, esos dictámenes, la autoridad de control interesada debe comunicárselo al presidente del CEPD, lo que activará el proceso de adopción de una decisión vinculante del CEPD. (
8
) Ese régimen no está previsto en lo que respecta a los dictámenes del CEPD sobre asuntos generales, como el Dictamen 8/2024, que son, pues, dictámenes a los que no se atribuye ninguna autoridad particular. En efecto, esos dictámenes no tienen la naturaleza de un acto vinculante en sí, de manera que, habida cuenta de las facultades del CEPD, las orientaciones que contienen solo pueden traducirse posteriormente en instrucciones obligatorias para las autoridades de control mediante una decisión vinculante subsiguiente de este. A la luz de lo anterior, el Tribunal General llega a la conclusión de que el Dictamen 8/2024 no produce efectos jurídicos obligatorios frente a terceros ni, en particular, para Meta.
En efecto, aunque, por un lado, Meta se encuentre en la situación examinada en el Dictamen 8/2024, a falta de un análisis completo de su caso efectuado por las autoridades de control competentes, ese dictamen no puede producir efectos jurídicos obligatorios respecto a ella. Por otro lado, la eventualidad de que el CEPD adopte con posterioridad una decisión vinculante dirigida a las autoridades de control competentes que estén examinando el modelo de «consentimiento o pago» que aplica Meta, reproduciendo total o parcialmente las pautas de análisis expuestas en el Dictamen 8/2024, no basta para considerar que este sea vinculante de partida. Por consiguiente, el Tribunal General concluye que dicho Dictamen no es un acto que Meta pueda recurrir.
Esa conclusión no constituye una vulneración al derecho de Meta a la tutela judicial efectiva, (
9
) pues el Dictamen 8/2024 no produce efectos jurídicos vinculantes frente a ella. Las consideraciones que contiene solo podrían afectar de manera directa a Meta si se reprodujeran en una decisión de una autoridad de control o de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). En tal caso, esas decisiones podrían ser o habrían sido objeto de una apreciación por un órgano jurisdiccional que cumpla las exigencias de la tutela judicial efectiva.
La mencionada conclusión tampoco queda en entredicho por una posible diferencia en la apreciación de ese acto por los órganos jurisdiccionales de los Estados parte en el Acuerdo EEE que no sean miembros de la Unión y por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la Unión. En efecto, esa posibilidad es inherente al sistema adoptado en el Acuerdo EEE que se basa en dos pilares de supervisión y revisión judicial, el primero aplicable a los Estados miembros de la Unión y el segundo a los demás Estados parte en el Acuerdo. En lo que respecta a los segundos, se establece en el Acuerdo EEE y en el Acuerdo entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) por el que se instituyen un órgano de vigilancia y un Tribunal de Justicia, (
10
) que los órganos jurisdiccionales de esos Estados pueden acudir ante el Tribunal AELC para que emita un dictamen sobre la interpretación de esas normas y, por lo tanto, para la interpretación del RGPD en particular. El Tribunal AELC podría así indicar en qué medida cree que las consideraciones que figuran en el Dictamen 8/2024 resultan conformes al citado Reglamento. En cuanto a los Estados miembros de la Unión, un órgano jurisdiccional de dichos Estados podría acudir ante el Tribunal de Justicia para que este examine la validez del referido Dictamen.
En segundo lugar, el Tribunal General desestima a pretensión de Meta de que se le indemnice el perjuicio que supuestamente ha sufrido como consecuencia del Dictamen 8/2024, sobre la base de la responsabilidad extracontractual de la Unión.
Tras recordar los tres requisitos acumulativos que generan esa responsabilidad, el Tribunal General señala que no concurre el requisito de un daño real y cierto. En lo que respecta al perjuicio invocado por Meta, que consiste en la reducción de los ingresos por publicidad y suscripciones que, según afirma, se derivará de la «exigencia» supuestamente establecida en el Dictamen 8/2024 de ofrecer a los usuarios una opción adicional gratuita a la elección entre, por un lado, consentir en recibir publicidad comportamental y, por otro lado, pagar para disfrutar del servicio de que se trata sin recibir ese tipo de publicidad, el Tribunal General afirma que se basa en una comprensión errónea de ese Dictamen. En efecto, dicho Dictamen no hace, en esencia, más que establecer unas pautas de análisis de los modelos de «consentimiento o pago» de las plataformas en línea de gran tamaño a la luz de las normas establecidas en el RGPD relativas a la validez del consentimiento y no está destinado a producir, en sí, efectos jurídicos obligatorios. Por otra parte, el perjuicio alegado por Meta se apoya en acontecimientos futuros e inciertos, pues no es más que una posibilidad que la autoridad de protección de datos irlandesa decida aplicar, por iniciativa propia, esas pautas de análisis o que el CEPD adopte una decisión vinculante sobre esa materia.
En lo que respecta, con carácter subsidiario, al requisito de la relación de causalidad, el Tribunal General señala que no puede establecerse una relación suficientemente directa de causa a efecto entre el Dictamen 8/2024 y el daño invocado por Meta. En efecto, a falta de efecto vinculante, ese dictamen no puede ser la causa suficientemente directa de la eventual reducción de los ingresos que Meta manifiesta esperar. Ese perjuicio podría resultar directamente de un comportamiento voluntario de dicha sociedad o de eventuales decisiones que se le impusieran, que la empujaran a proponer a los usuarios una opción gratuita además de la elección entre, por una parte, consentir en recibir publicidad comportamental y, por otra parte, pagar para poder disfrutar del servicio de que se trata sin recibir este tipo de publicidad.
(
1
)	Artículo 263 TFUE.
(
2
)	Artículo 64, apartado2, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO 2016, L 119, p. 1; en lo sucesivo, «RGPD»).
(
3
)	Basado en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo.
(
4
)	Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de octubre de 2022, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (Reglamento de Servicios Digitales) (DO 2022, L 277, p. 1). El artículo 3, letra i), de dicho Reglamento define el concepto de «plataforma en línea», mientras que su artículo 33, apartado 1, define el concepto de «plataforma en línea de muy gran tamaño».
(
5
)	Dictamen basado en el artículo 64, apartado 2, del RGPD.
(
6
)	Prevista en el artículo 64, apartado 7, del RGPD.
(
7
)	Dictámenes basados en el artículo 64, apartado 1, del RGPD.
(
8
)	Artículo 64, apartado 8, del RGPD
(
9
)	Artículo 47, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(
10
)	Artículo 108, apartado 2, del Acuerdo EEE y artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un órgano de vigilancia y un Tribunal de Justicia (DO 1994, L 344, p. 1).