62023CJ0484
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 26 de junio de 2025 (
*1
)
«Recurso de casación — Competencia — Concentraciones — Decisión por la que se declara una concentración compatible con el mercado interior — Recurso interpuesto por un tercero — Admisibilidad — Artículo 263 TFUE, párrafo cuarto — Legitimación activa»
En el asunto C‑484/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 27 de julio de 2023,
Mainova AG, con domicilio social en Fráncfort del Meno (Alemania), representada por el Sr. C. Schalast, Rechtsanwalt,
parte recurrente en casación,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Comisión Europea, representada por los Sres. G. Meessen e I. Zaloguin, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. F. C. Haus y J. Mädler, Rechtsanwälte,
parte demandada en primera instancia,
República Federal de Alemania, representada por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes,
E.ON SE, con domicilio social en Essen (Alemania), representada inicialmente por los Sres. C. Barth, C. Grave, D.‑J. dos Santos Gonçalves y R. Seifert, Rechtsanwälte, y posteriormente por los Sres. C. Barth, A. Fuchs, C. Grave y D.‑J. dos Santos Gonçalves, Rechtsanwälte,
RWE AG, con domicilio social en Essen, representada inicialmente por los Sres. U. Scholz y J. Siegmund y por la Sra. J. Ziebarth, Rechtsanwälte, y posteriormente por los Sres. U. Scholz y J. Siegmund y por la Sra. M. von Armansperg, Rechtsanwälte,
partes coadyuvantes en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. D. Gratsias, E. Regan, J. Passer (Ponente) y B. Smulders, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, Mainova AG solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2023, Mainova/Comisión (T‑320/20, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:264), por medio de la cual dicho Tribunal declaró la inadmisibilidad de su recurso de anulación de la Decisión C(2019) 1711 final de la Comisión, de 26 de febrero de 2019, por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado interior y con el Acuerdo EEE (asunto M.8871 — RWE/E.ON Assets) (DO 2020, C 111, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
Antecedentes del litigio
2
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 14 de la sentencia recurrida y pueden resumirse como sigue.
Contexto de la concentración
3
RWE AG es una sociedad alemana que intervenía, en el momento de la notificación de la operación de concentración prevista, en toda la cadena de suministro de energía, incluidos los ámbitos de la generación, el suministro al por mayor, el transporte, la distribución, el suministro al por menor de energía y los servicios energéticos a los consumidores. RWE y sus filiales, incluida innogy SE, operan en varios Estados miembros.
4
E.ON SE es una sociedad alemana que, en ese mismo momento, desempeñaba su actividad en toda la cadena de suministro de electricidad, ya se tratase de generación, suministro al por mayor, distribución o suministro al por menor de electricidad. E.ON posee y explota activos de generación de electricidad en varios Estados miembros.
5
La recurrente es una empresa regional de suministro y de generación de energía en Alemania.
6
La concentración controvertida en el presente asunto se inscribe en el marco de una permuta de activos compleja entre RWE y E.ON, anunciada los días 11 y 12 de marzo de 2018 por las dos empresas interesadas (en lo sucesivo, «operación global»). Así, mediante la primera operación de concentración, esto es, la concentración objeto del presente asunto, RWE desea adquirir el control exclusivo o el control conjunto de determinados activos de generación de E.ON. La segunda operación de concentración consiste en la adquisición por E.ON del control exclusivo de las actividades de distribución y de suministro al por menor, así como de determinados activos de generación, de innogy, sociedad controlada por RWE. La tercera operación de concentración, por su parte, prevé que RWE adquiera el 16,67 % de las participaciones de E.ON.
7
El 22 de junio de 2018, la recurrente envió un escrito a la Comisión Europea en el que expresaba su deseo de participar en el procedimiento relativo a las operaciones de concentración primera y segunda y, por consiguiente, de recibir los documentos correspondientes.
8
El 28 de septiembre de 2018, se celebró una reunión entre la recurrente y la Comisión.
9
La segunda operación de concentración (en lo sucesivo, «operación M.8870») fue notificada a la Comisión el 31 de enero de 2019. La Comisión adoptó la Decisión C(2019) 6530 final, de 17 de septiembre de 2019, por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado interior y con el Acuerdo EEE (Asunto M.8870 — E.ON/Innogy) (DO 2020, C 379, p. 16).
10
La tercera operación de concentración fue notificada al Bundeskartellamt (Autoridad Federal de Defensa de la Competencia, Alemania), que la autorizó mediante resolución de 26 de febrero de 2019 (asunto B8‑28/19).
Procedimiento administrativo
11
El 22 de enero de 2019, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (DO 2004, L 24, p. 1), mediante la cual RWE deseaba adquirir, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de este Reglamento, el control exclusivo o el control conjunto de determinados activos de generación de E.ON.
12
El 31 de enero de 2019, la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la notificación previa de dicha concentración (asunto M.8871 — RWE/E.ON Assets) (DO 2019, C 38, p. 22; en lo sucesivo, «operación M.8871»), de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 139/2004.
13
En el marco de su examen de la operación M.8871, la Comisión realizó una investigación de mercado, para lo cual remitió a determinadas empresas, entre ellas la recurrente, un cuestionario, al que esta respondió el 4 de febrero de 2019.
14
Mediante correo electrónico de 28 de enero de 2019, la recurrente solicitó al consejero auditor que le reconociera la condición de tercero interesado para ser oída en el procedimiento relativo a la operación M.8871. Este accedió a esa solicitud mediante escrito de 7 de febrero de 2019.
Decisión controvertida
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El 26 de febrero de 2019, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, por la cual la operación M.8871 fue declarada compatible con el mercado interior en la fase de examen prevista en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 139/2004 y en el artículo 57 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3).
Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
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Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 27 de mayo de 2020, la recurrente interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la Decisión controvertida.
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La entonces demandante invocó seis motivos de anulación, basados, el primero, en la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva; el segundo, en la vulneración de su derecho a ser oída; el tercero, en la errónea escisión del análisis de la operación global; el cuarto, en errores manifiestos de apreciación; el quinto, en el incumplimiento de la obligación de diligencia, y, el sexto, en una desviación de poder.
18
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró inadmisible el recurso debido a que la Decisión controvertida no afectaba individualmente a la recurrente, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, quien, en consecuencia, carecía de legitimación activa.
19
A este respecto, en los apartados 25 a 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó el alcance y la importancia de la participación de la recurrente en la fase administrativa relativa a la operación M.8871 y señaló, en esencia, que la respuesta de la recurrente a la investigación de mercado llevada a cabo por la Comisión, que se produjo como reacción a una petición formulada por esta última, no podía determinar el carácter «activo» de tal participación. Así pues, tras haber desestimado una serie de alegaciones de la recurrente dirigidas a cuestionar esta apreciación, el Tribunal General llegó a la conclusión de que esta no había participado activamente en la fase administrativa relativa a la operación M.8871. Habida cuenta, por lo demás, de la inexistencia de circunstancias específicas por las que, como consecuencia de esta operación, se viera afectada la posición de la recurrente en el mercado, el Tribunal General declaró que la Decisión controvertida no la afectaba individualmente, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes en el recurso de casación
20
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 27 de julio de 2023, la recurrente interpuso el presente recurso de casación.
21
Ese mismo día, la recurrente —que, por otra parte, había interpuesto en 2021 un recurso de anulación de la Decisión C(2019) 6530 final (asunto T‑64/21), aún pendiente ante el Tribunal General a 27 de julio de 2023— solicitó la suspensión del examen del presente recurso de casación hasta que el Tribunal General hubiera dictado sentencia en dicho recurso de anulación.
22
Mediante decisión de 19 de septiembre de 2023, el Presidente del Tribunal de Justicia, tras haber oído a las partes sobre la referida solicitud de suspensión y sobre una posible acumulación de nueve recursos de casación —entre ellos, el presente— en los asuntos C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑466/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P, C‑469/23 P, C‑470/23 P, C‑484/23 P y C‑485/23 P, interpuestos contra las sentencias del Tribunal General dictadas en los asuntos T‑312/20, T‑313/20, T‑314/20, T‑315/20, T‑317/20, T‑318/20, T‑319/20, T‑320/20 y T‑321/20, denegó la citada solicitud de suspensión y ordenó la acumulación únicamente de los recursos de casación en los asuntos C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P y C‑470/23 P, relativos a las sentencias del Tribunal General dictadas sobre el fondo, con exclusión de los otros cuatro recursos de casación —entre ellos, el presente— interpuestos contra las sentencias dictadas por el Tribunal General en las que había declarado los recursos inadmisibles.
23
La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida y la Decisión controvertida.
–
Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal General.
–
Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.
24
La Comisión y las demás partes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a la recurrente.
Sobre el recurso de casación
25
En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca cuatro motivos, basados en la interpretación errónea del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto (primer motivo de casación), en la violación del principio y de las normas del Estado de Derecho (segundo motivo de casación), en la errónea disociación de los procedimientos administrativos (tercer motivo de casación) y en errores en la consideración del Investor Relationship Agreement (acuerdo de relaciones entre inversores) celebrado entre RWE y E.ON (cuarto motivo de casación).
26
Procede examinar, antes de nada, las partes primera y tercera del primer motivo de casación; a continuación, el segundo motivo de casación, y, por último, la segunda parte del primer motivo de casación.
Partes primera y tercera del primer motivo de casación, basado en la interpretación errónea del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto
Primera parte
– Alegaciones de las partes
27
Mediante la primera parte del primer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al referirse únicamente a su grado de participación en el procedimiento y al considerar, a continuación, que su participación en el procedimiento administrativo había sido poco significativa y que su contribución no podía influir en el resultado de dicho procedimiento. El carácter erróneo de tal apreciación queda acreditado, a su parecer, por el hecho de que, sobre la base de la valoración —por parte de la Comisión— de la influencia efectiva en el resultado del procedimiento, esta estaría en condiciones de decidir sobre la legitimación activa. En realidad, basta, según la recurrente, con que la contribución de la parte demandante interesada pueda simplemente influir en el resultado del procedimiento. Además, la recurrente estima que, como demuestran los considerandos 68 y 69 de la Decisión controvertida, la Comisión tuvo en cuenta las observaciones que había presentado, de modo que sí influyó en el resultado del procedimiento. Por consiguiente, la postura del Tribunal General sobre la insuficiencia de la contribución de la recurrente no tiene ningún fundamento, ni jurídico ni fáctico.
28
Además, la recurrente alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que su participación en el procedimiento relativo a la operación M.8871 debía examinarse conjuntamente con su participación en el procedimiento relativo a la operación M.8870.
29
La Comisión, apoyada por E.ON y RWE, rebate las alegaciones de la recurrente.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
30
Con carácter preliminar, procede recordar que, con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, una persona física o jurídica solo puede interponer recurso contra una decisión dirigida a otra persona si dicha decisión la afecta directa e individualmente.
31
A este respecto, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las personas que no sean destinatarias de una decisión solo pueden sostener que esa decisión las afecta individualmente cuando les atañe en razón de ciertas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que las caracteriza frente a cualquier otra persona y, por ello, las individualiza de manera análoga a la del destinatario (sentencia de 14 de septiembre de 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C‑466/21 P, EU:C:2023:666, apartado 77 y jurisprudencia citada).
32
En los casos en que una decisión declara compatible con el mercado interior una operación de concentración, para determinar si una empresa tercera resulta individualmente afectada, hay que tener en cuenta un conjunto de indicios concordantes o de hechos que pueden referirse tanto a la participación de dicha empresa en el procedimiento administrativo como a la afectación de su posición en el mercado. Como el Tribunal General ha señalado correctamente en el apartado 26 de la sentencia recurrida, si bien es cierto que la mera participación en el procedimiento administrativo no basta por sí sola para demostrar que la decisión afecta individualmente a la parte demandante —sobre todo tratándose de concentraciones, ya que, para su examen detallado, es necesario entablar contactos regulares con numerosas empresas—, no es menos cierto que la jurisprudencia en materia de competencia y, más concretamente, en materia de control de concentraciones suele tener en cuenta la participación activa en dicho procedimiento para pronunciarse, junto con otras circunstancias específicas, a favor de la admisibilidad del recurso. Además, la posición actual y futura de una empresa tercera respecto de una operación de concentración en un mercado que puede verse influido por tal operación debe verse afectada de manera sustancial para que la decisión por la que se declare la compatibilidad de esa operación con el mercado interior pueda afectar individualmente a dicha empresa (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de marzo de 1998, Francia y otros/Comisión, C‑68/94 y C‑30/95, EU:C:1998:148, apartados 54 a 56 y jurisprudencia citada).
33
Por lo que respecta a la alegación relativa a la apreciación del Tribunal General de que la participación de la recurrente en el procedimiento administrativo fue demasiado poco significativa para ser calificada de activa, esta apreciación no adolece de error alguno de Derecho.
34
En efecto, por una parte, el Tribunal General recordó correctamente, en los apartados 25 y 26 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia aplicable, esto es, la jurisprudencia mencionada en los apartados 31 y 32 de la presente sentencia.
35
Por otra parte, en el apartado 29 de la sentencia recurrida, señaló, sin ser contradicho, que, en la reunión de 28 de septiembre de 2018 con la Comisión, que debía versar sobre las operaciones M.8870 y M.8871, la presentación preparada por la demandante no contenía ninguna observación sobre la operación M.8871. Además, también en ese apartado 29, el Tribunal General indicó que el acta de dicha reunión ponía asimismo de manifiesto que las conversaciones habían versado únicamente sobre la operación M.8870.
36
El Tribunal General, tras haber descrito, en los apartados 28 a 32 de dicha sentencia, las diferentes formas de participación de la recurrente en el procedimiento administrativo, consideró, en el apartado 33 de la citada sentencia, sin que se aportara prueba en contrario, que, por lo que respecta a la operación M.8871, única controvertida en el presente asunto, las observaciones de la entonces demandante se habían limitado a sus respuestas a la investigación de mercado llevada a cabo por la Comisión y añadió que las observaciones recogidas en el escrito de 22 de junio de 2018 de la ahora recurrente habían sido formuladas de manera general y tenían por objeto principalmente demostrar el interés de esta en el procedimiento para poder, posteriormente, ser admitida a exponer a la Comisión, de forma más extensa y de manera más precisa, su opinión, de modo que tales observaciones no eran determinantes. Por último, en los apartados 34 y 36 de esa misma sentencia, tras haber observado acertadamente que la respuesta a un cuestionario de investigación de mercado no podía, por sí sola, considerarse un elemento suficiente para individualizar a un operador, el Tribunal General concluyó que, en el presente asunto, la respuesta de la ahora recurrente a la investigación de mercado en el procedimiento relativo a la operación M.8871 no podía determinar el carácter activo de su participación en dicho procedimiento.
37
En la medida en que la recurrente alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que de los considerandos 68 y 69 de la Decisión controvertida se desprende que la Comisión tuvo presentes sus observaciones durante el procedimiento administrativo, es preciso señalar que, en los considerandos citados, la Comisión da respuesta a las inquietudes de algunos terceros ajenos a la concentración, sin que se haya demostrado que la recurrente forme parte de dichos terceros.
38
Además, la recurrente invoca sin éxito las sentencias de 3 de abril de 2003, BaByliss/Comisión (T‑114/02, EU:T:2003:100), y de 4 de julio de 2006, easyJet/Comisión (T‑177/04, EU:T:2006:187), para deducir de ellas que participó en el procedimiento administrativo más allá de lo que exige la jurisprudencia. En efecto, es preciso observar que, en los asuntos que dieron lugar a dichas sentencias, las partes, a diferencia de lo que ocurre en el presente asunto, habían presentado observaciones detalladas sobre el procedimiento en cuestión, habían respondido a preguntas de la Comisión y habían participado en conversaciones a este respecto.
39
La recurrente sostiene, también sin éxito, remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 1986, Cofaz y otros/Comisión (169/84, EU:C:1986:42), y a la sentencia del Tribunal General de 21 de octubre de 2004, Lenzing/Comisión (T‑36/99, EU:T:2004:312), que, para caracterizar la existencia de una participación activa en el procedimiento administrativo, basta con que la contribución de una parte interesada simplemente pueda influir en el resultado de dicho procedimiento. En efecto, con independencia del hecho de que la participación solo puede influir en el resultado de tal procedimiento si introduce en este información suficientemente pertinente e importante a tal efecto —lo que, como se desprende del apartado 35 de la presente sentencia, no ha ocurrido en el presente asunto—, debe señalarse que, en cada uno de los asuntos que dieron lugar a las sentencias invocadas por la recurrente, la participación de la parte interesada había determinado el desarrollo y el resultado del procedimiento administrativo.
40
En cuanto a la alegación según la cual el examen de la participación de la recurrente en el procedimiento relativo a la operación M.8871 debería haberse hecho conjuntamente con el de su participación en el procedimiento relativo a la operación M.8870, el Tribunal General actuó acertadamente al tomar en consideración solo la participación de la recurrente relativa al primero de tales procedimientos, único pertinente para comprobar su legitimación para interponer un recurso de anulación contra la Decisión controvertida, adoptada al término de ese primer procedimiento.
41
De las consideraciones anteriores resulta que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal General comprobó de manera adecuada y exhaustiva la cuestión de su participación en el procedimiento administrativo y que no incurrió en error de Derecho al llegar a la conclusión de que dicha participación no había supuesto una participación «activa» en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el apartado 32 de la presente sentencia.
42
En estas circunstancias, procede desestimar la primera parte del primer motivo de casación.
Tercera parte
– Alegaciones de las partes
43
Mediante la tercera parte del primer motivo de casación, la recurrente alega que su legitimación activa derivaba ya de la infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Afirma que la disociación de los procedimientos administrativos y el examen paralelo de las diferentes partes de la operación global por parte de la Comisión y de la Autoridad Federal de Defensa de la Competencia dieron lugar a una reducción de la tutela judicial de las empresas afectadas.
44
Pues bien, a su parecer, el Tribunal General no abordó esta cuestión y no tuvo en cuenta la considerable influencia ejercida por las partes de la concentración y por la Comisión en esa tutela. Considera que, precisamente debido a la escisión deliberada de la operación global en varias operaciones que, consideradas individualmente, aparentemente no suscitan o suscitan pocas dudas en materia de Derecho de la competencia, fue posible aprobar la operación global.
45
La Comisión, apoyada por E.ON y RWE, rebate las alegaciones de la recurrente.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
46
Según reiterada jurisprudencia, si bien es cierto que los requisitos de admisibilidad que establece el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, deben interpretarse a la luz del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, no es menos cierto que tal interpretación no puede conducir a ignorar los requisitos expresamente previstos en dicho Tratado (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, apartado 44, y de 1 de abril de 2004, Comisión/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, apartado 36).
47
Por tanto, la recurrente invoca erróneamente la supuesta infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales para alegar la existencia de una legitimación activa que, según ella, el Tribunal General debería haber apreciado.
48
Además, en la medida en que la recurrente sostiene que, si su participación en los procedimientos relativos a las operaciones M.8870 y M.8871 se hubiera examinado en su conjunto, se habría considerado suficiente para conferirle legitimación activa con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, es preciso señalar que la recurrente no aporta a este respecto ningún elemento que permita demostrar que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar los requisitos de admisibilidad que establece la citada disposición. En efecto, mediante esta alegación, la recurrente no pretende, en realidad, criticar apartados específicos de la sentencia recurrida, sino la decisión, adoptada en cuanto al fondo por la Comisión, de aprobar cada una de estas dos operaciones individualmente. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de tal alegación.
49
En estas circunstancias, la tercera parte del primer motivo de casación debe ser desestimada.
Segundo motivo de casación, basado en la violación del principio y de las normas del Estado de Derecho
Primera parte
– Alegaciones de las partes
50
Mediante la primera parte del segundo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que, al haber confiado en el escrito del consejero auditor de 7 de febrero de 2019 en el que le indicaba, en particular, que se le concedería un plazo para presentar observaciones escritas, no acometió otras medidas de participación activa en los diecinueve días que precedieron a la adopción de la Decisión controvertida. Sin dicho escrito, habría seguido presentando alegaciones, como ya había anunciado en su correo electrónico de 28 de enero de 2019.
51
Según la recurrente, es cierto que el Tribunal General declaró que, a pesar de esta indicación, la Comisión no señaló un plazo para la presentación de observaciones escritas en relación con la operación M.8871. Sin embargo, el Tribunal General no tuvo en cuenta este elemento y prefirió hacer referencia a una supuesta contradicción en la conducta de la recurrente, indicando que esta, por un lado, afirmaba haber tenido una participación activa y, por otro lado, explicaba que no había formulado más alegaciones al haber confiado en el consejero auditor. Esta postura pasa por alto, a su parecer, el principio de protección de la confianza legítima. Dado que solo esta confianza legítima de la recurrente en el consejero auditor hizo que su participación no alcanzara el nivel considerado suficiente por el Tribunal General, debe admitirse, a su parecer, su legitimación activa por esta única razón, máxime cuando el consejero auditor reconoció a la recurrente la condición de tercero interesado y, así, la concesión de tal estatuto creó una situación de confianza legítima.
52
La Comisión, apoyada por E.ON y RWE, rebate las alegaciones de la recurrente.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
53
La recurrente reprocha al Tribunal General que no declarara que la Comisión vulneró la confianza legítima en que posteriormente se le concedería un plazo para presentar observaciones, confianza que había suscitado en ella el escrito del consejero auditor de 7 de febrero de 2019.
54
A este respecto, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que, en la vista celebrada ante él, la recurrente había indicado que, contrariamente a lo que se había anunciado en la decisión del consejero auditor de 7 de febrero de 2019, la Comisión no había señalado un plazo para la presentación de sus observaciones escritas sobre la operación M.8871. En el apartado 42 de la citada sentencia, el Tribunal General examinó esta alegación y, tras observar, en particular, que había sido formulada por primera vez en la vista, la desestimó por ser manifiestamente inadmisible.
55
Pues bien, ante el Tribunal de Justicia, aun cuando la recurrente reprocha al Tribunal General que no examinara su argumentación a este respecto en cuanto al fondo, se limita, en realidad, a repetir lo esencial de esta alegación, sin demostrar en qué medida el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que tal alegación, tal como se había formulado ante él, era manifiestamente inadmisible.
56
Pues bien, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un recurso de casación no puede limitarse a repetir los motivos y alegaciones ya presentados ante el Tribunal General sin formular argumentos destinados a demostrar que este ha incurrido en error de Derecho (sentencia de 2 de abril de 2009, France Télécom/Comisión, C‑202/07 P, EU:C:2009:214, apartado 69 y jurisprudencia citada).
57
Por tanto, procede declarar inadmisible la primera parte del segundo motivo de casación.
Segunda parte
– Alegaciones de las partes
58
Mediante la segunda parte del segundo motivo de casación, la recurrente estima que se plantea la cuestión de si la legitimación activa no debería basarse en criterios objetivos que pudieran ser verificados. A este respecto, considera que procede examinar la situación jurídica en el Estado miembro particularmente afectado, esto es, la República Federal de Alemania, donde el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania) declaró, en una resolución de 7 de noviembre de 2006, que la legitimación activa existe cuando el interesado cumple los requisitos subjetivos para intervenir en el procedimiento administrativo, con independencia de que haya participado efectivamente en él o de que su solicitud de intervención haya sido denegada por meras razones de economía procedimental. El citado órgano jurisdiccional nacional precisó, según la recurrente, que, si la autoridad competente eligiera a una empresa entre las que solicitan intervenir, cuyos intereses son similares, y desestimara las solicitudes de otras empresas que también pueden alegar que la decisión esperada afectará de manera significativa a sus intereses económicos, se produciría una desigualdad de trato en la tutela judicial.
59
La recurrente considera que es lo mismo que sucede en el presente asunto. De confirmarse la sentencia recurrida, la Comisión podría en el futuro, en función de las posibilidades de participación en el procedimiento administrativo que conceda, autorizar o denegar el ejercicio de una vía de recurso a los interesados.
60
La Comisión, apoyada por E.ON y RWE, rebate las alegaciones de la recurrente.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
61
Es preciso señalar que, mediante esta parte, la recurrente se limita a formular consideraciones generales que no se refieren a ningún apartado de la sentencia recurrida. Por tanto, esta parte es inadmisible con arreglo a lo exigido en el artículo 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
62
Así pues, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo de casación y, en consecuencia, el segundo motivo en su totalidad.
Segunda parte del primer motivo de casación, basado en la interpretación errónea del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto
Alegaciones de las partes
63
Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General ignoró la existencia de circunstancias específicas, distintas de la participación en el procedimiento, que ella había alegado ante él, de modo que la sentencia recurrida adolece, a su juicio, de un error de Derecho.
64
Precisa que una de esas circunstancias específicas es el hecho de que su posición en el mercado resulta afectada, ya que es uno de los principales competidores de RWE y de E.ON en su segmento de mercado. Por lo demás, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 4 de julio de 2006, easyJet/Comisión (T‑177/04, EU:T:2006:187), el Tribunal General admitió, según la recurrente, la existencia de afectación individual debido precisamente a tal situación de competencia y a la afectación que de ella se deriva para la posición en el mercado. En el presente asunto, la recurrente es el principal proveedor de energía de la región de Fráncfort (Alemania) y de sus alrededores y figura entre las diez primeras empresas de servicios municipales en Alemania. Además, su generación de electricidad es casi tres veces mayor que la de la empresa que recurrió contra la decisión objeto de controversia en el asunto T‑312/20, respecto de la cual el Tribunal General admitió que su posición en el mercado se había visto individualmente afectada. A su juicio, estos elementos demuestran que el mero hecho de que se haya menoscabado la posición de la recurrente en el mercado basta para demostrar su afectación individual.
65
Por último, el Tribunal de Justicia ha admitido, según la recurrente, que existen circunstancias que permiten apreciar la individualización, en particular cuando el grupo de interesados es conocido, en la fecha de la decisión de que se trate, por su número y por las personas que lo componen. Pues bien, en el presente asunto, la recurrente, según afirma, cumple este requisito. Como ya alegó ante el Tribunal General, numerosas circunstancias la distinguen del resto de las personas e individualizan su situación de manera análoga a la del destinatario. Entre estas circunstancias figura la de que se le haya reconocido la condición de tercero interesado en el procedimiento relativo a la operación M.8871. Pues bien, el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que, según la información de que dispone la recurrente, solo dieciocho empresas habían obtenido, en este contexto, tal estatuto.
66
La Comisión, apoyada por E.ON y RWE, rebate las alegaciones de la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
67
Mediante las alegaciones que formula en el marco de la presente parte, la recurrente invoca, en realidad, el incumplimiento por parte del Tribunal General de la obligación de motivación en lo que respecta a su legitimación activa.
68
Debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la fundamentación de una sentencia debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General (sentencia de 11 de junio de 2015, EMA/Comisión, C‑100/14 P, EU:C:2015:382, apartado 67 y jurisprudencia citada) y que la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General en virtud de los artículos 36 y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no lo obliga a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes del litigio. Si bien la motivación puede ser implícita, debe permitir a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no ha acogido sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control en el marco de un recurso de casación (sentencia de 18 de junio de 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, apartado 61 y jurisprudencia citada).
69
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también se desprende, por una parte, que, en el marco del recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia tiene por objeto, en particular, examinar si el Tribunal General ha contestado de modo suficiente con arreglo a Derecho a todas las alegaciones formuladas por el recurrente y, por otra parte, que el motivo de casación basado en la falta de respuesta del Tribunal General a las alegaciones formuladas en primera instancia equivale, en esencia, a invocar el incumplimiento de la obligación de motivación (sentencia de 14 de septiembre de 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa, C‑466/21 P, EU:C:2023:666, apartado 93 y jurisprudencia citada).
70
En el presente asunto, antes de nada, en el apartado 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que, en los casos en que una decisión declara compatible con el mercado interior una operación de concentración, para determinar si una empresa tercera resulta individualmente afectada, hay que tener en cuenta, por un lado, su participación en el procedimiento administrativo y, por otro, si su posición en el mercado se ve afectada. En ese apartado 26 añadió que, si bien es cierto que la mera participación en el procedimiento no basta por sí sola para demostrar que la decisión afecta individualmente a la parte demandante —sobre todo tratándose de concentraciones, ya que, para su examen detallado, es necesario entablar contactos regulares con numerosas empresas—, no es menos cierto que la jurisprudencia en materia de competencia y, más concretamente, en materia de control de concentraciones suele tener en cuenta la participación activa en el procedimiento administrativo para pronunciarse, junto con otras circunstancias específicas, a favor de la admisibilidad del recurso.
71
A continuación, el Tribunal General examinó, en los apartados 27 a 44 de la sentencia recurrida, si podía considerarse que la ahora recurrente había participado activamente en el procedimiento relativo a la operación M.8871 y llegó a la conclusión de que no había habido participación activa por su parte en dicho procedimiento.
72
Por último, en el apartado 45 de esa misma sentencia, el Tribunal General indicó que, dado que la recurrente no había participado activamente en tal procedimiento, debía considerarse —habida cuenta, además, de la inexistencia de circunstancias específicas relativas a la afectación de su posición en el mercado— que la Decisión controvertida no la afectaba individualmente.
73
Pues bien, tal como expone la recurrente en apoyo de su recurso de casación, ella había invocado, en su recurso, una serie de elementos relativos a la afectación, supuestamente sustancial, de su posición en el mercado a raíz de la operación M.8871, elementos que, en su opinión, permitían demostrar que la Decisión controvertida la afectaba individualmente, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
74
Es preciso señalar que, al limitarse a declarar la inexistencia de circunstancias específicas relativas a la afectación de la posición de la recurrente en el mercado, el Tribunal General no aportó ningún elemento de motivación, ni siquiera sucinto, que permitiera, por una parte, a esta comprender si las alegaciones que había formulado para respaldar la idea de que su posición en el mercado se había visto afectada de manera sustancial habían sido examinadas y, en tal caso, por qué razón se habían considerado inadecuadas para demostrar tal afectación y, por otra parte, al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control, como exige la jurisprudencia citada en el apartado 68 de la presente sentencia.
75
En estas circunstancias, el Tribunal General incumplió la obligación de motivación que le incumbe en virtud de los artículos 36 y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
76
De ello se deduce que debe estimarse la segunda parte del primer motivo de casación.
77
Por consiguiente, procede anular la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal General declaró, en su apartado 45, la inexistencia de circunstancias específicas relativas a la afectación de la posición de la recurrente en el mercado y llegó a la conclusión, en el apartado 46 de esa misma sentencia —basándose, en particular, en ese motivo—, de que la Decisión controvertida no afectaba individualmente a la recurrente, de modo que debía declararse la inadmisibilidad de su recurso.
Sobre el recurso ante el Tribunal General
78
Según lo dispuesto en el artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia puede resolver definitivamente el litigio cuando su estado así lo permita.
79
Así ocurre en el presente asunto.
80
Es preciso recordar que, como se desprende del apartado 32 de la presente sentencia, a efectos de examinar la legitimación activa de la recurrente, la posición actual y futura de una empresa tercera respecto de una operación de concentración en un mercado que puede verse influido por tal operación debe verse afectada de manera sustancial para que la decisión por la que se declare la compatibilidad de esa operación con el mercado interior pueda afectar individualmente a dicha empresa. A este último respecto, el mero hecho de que la decisión en cuestión pueda influir en alguna medida en las relaciones de competencia existentes en el mercado de referencia y de que la empresa interesada se encuentre en algún tipo de relación de competencia con el beneficiario de ese acto no basta, en todo caso, para poder considerar que dicho acto afecta individualmente a esa empresa (véase, por analogía, la sentencia de 22 de noviembre de 2007, España/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, apartado 32).
81
Pues bien, es preciso señalar que las consideraciones expuestas por la recurrente en su recurso ante el Tribunal General, en la medida en que se refieren a su propia posición en el mercado, consisten, esencialmente, en hacer mención de su volumen de negocios en relación con el de otros productores de energía en Alemania, de su relevancia cuantitativa como proveedor regional de electricidad, del número de trabajadores a los que emplea y de algunas de las actividades que ejerce como competidor de las partes de la operación M.8871, pero sin demostrar de qué modo tales circunstancias y actividades, ya sea como competidor o como inversor, pueden individualizarla de manera análoga a los destinatarios de la Decisión controvertida. En efecto, dichas circunstancias y actividades pueden caracterizar a cualquier otro productor de energía y no permiten distinguir a la recurrente de manera singular respecto a sus demás competidores en el mercado.
82
Esta misma conclusión se impone a la vista de las demás alegaciones formuladas por la recurrente en su recurso, relativas al refuerzo del papel de RWE. Debe precisarse que las consideraciones expuestas en relación con E.ON carecen, por su parte, de pertinencia, ya que la operación controvertida en el presente asunto es la M.8871 y no la M.8870, mencionada en el apartado 9 de la presente sentencia.
83
De ello se deduce que la recurrente no ha demostrado que la operación de que se trata afecte de manera sustancial su posición en el mercado. Por otra parte, como se desprende del apartado 32 de la presente sentencia, ni siquiera una participación activa en el procedimiento administrativo relativo a una operación de concentración —no acreditada, por lo demás, en el presente asunto, como se deduce del apartado 41 de la presente sentencia— puede considerarse suficiente para demostrar que una decisión por la que se declara dicha operación compatible con el mercado interior afecte individualmente a una empresa, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
84
Por consiguiente, la recurrente no ha demostrado que la Decisión controvertida la afecte individualmente, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Dado que los requisitos de afectación directa e individual establecidos en la citada disposición son acumulativos, como se desprende del apartado 30 de la presente sentencia, procede declarar la inadmisibilidad de su recurso de anulación.
85
En estas circunstancias, no procede pronunciarse sobre los motivos tercero y cuarto del recurso de casación, que contienen alegaciones de fondo basadas en la premisa errónea de que el recurso en primera instancia era admisible.
Costas
86
Con arreglo al artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y él mismo resuelva definitivamente el litigio. El artículo 138, apartado 3, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, dispone que, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas.
87
En el presente asunto, al haberse estimado la segunda parte del primer motivo de casación de la recurrente y haberse desestimado su recurso de anulación, procede decidir que cada parte cargue con sus propias costas.
88
El artículo 140, apartado 1, de dicho Reglamento de Procedimiento, también aplicable al procedimiento de casación, dispone que los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por consiguiente, la República Federal de Alemania cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)
Anular la sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2023, Mainova/Comisión (T‑320/20, EU:T:2023:264).
2)
Declarar inadmisible el recurso de Mainova AG mediante el cual se solicita la anulación de la Decisión C(2019) 1711 final de la Comisión, de 26 de febrero de 2019, por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado interior y con el Acuerdo EEE (asunto M.8871 — RWE/E.ON Assets).
3)
Mainova AG, E.ON SE, RWE AG y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas correspondientes al procedimiento de primera instancia y al procedimiento de casación.
4)
La República Federal de Alemania cargará con sus propias costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.