62022CJ0227
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 18 de enero de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Transportes — Directiva 2006/126/CE — Artículo 7, apartados 1 y 3 — Permiso de conducción — Expedición, validez y renovación — Aptitud física y mental para la conducción — Reconocimientos médicos — Frecuencia — Documento que acredita la aptitud psicológica de los conductores»
En el asunto C‑227/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Administrativen sad — Gabrovo (Tribunal de lo Contencioso‑Administrativo de Gabrovo, Bulgaria), mediante resolución de 22 de marzo de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de marzo de 2022, en el procedimiento entre
IL
y
Regionalna direktsia Avtomobilna administratsia Pleven,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por la Sra. K. Jürimäe, Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Tercera, y los Sres. N. Piçarra, N. Jääskinen (Ponente) y M. Gavalec, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Pikamäe;
Secretaria: Sra. R. Stefanova-Kamisheva, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 3 de mayo de 2023;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de IL, por el Sr. M. Hristov, advokat;
–
en nombre del Gobierno búlgaro, por las Sras. T. Mitova, S. Ruseva y L. Zaharieva, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Messina y las Sras. N. Nikolova y N. Yerrell, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de julio de 2023;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartados 1 y 3, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción (DO 2006, L 403, p. 18).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre IL, nacional búlgaro, y la Regionalna direktsia Avtomobilna administratsia Pleven (Dirección Regional de Gestión de Automóviles de la Ciudad de Pleven, Bulgaria), en relación con una resolución por la que se imponía a IL una sanción administrativa por no haber podido presentar un certificado de aptitud psicológica válido, tal como exige el Derecho nacional, con ocasión de un control de carretera.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
Los considerandos 8 y 9 de la Directiva 2006/126 enuncian:
«(8)
Para cumplir ciertos imperativos de seguridad vial es necesario fijar las condiciones mínimas de expedición de los permisos de conducción. Hay que proceder a una armonización de las normas relativas a los exámenes que deben realizar los conductores y a la concesión del permiso de conducción: A tal fin, hay que definir los conocimientos, aptitudes y comportamientos relacionados con la conducción de vehículos de motor, estructurar el examen de conducción en función de dichos conceptos y volver a definir las normas mínimas de aptitud física y mental para la conducción de dichos vehículos.
(9)
Cuando se expida el permiso de conducción y, posteriormente, con regularidad, los conductores de vehículos de transporte de personas o mercancías deben probar que cumplen las normas mínimas relativas a la aptitud física y mental para la conducción. Este control periódico con arreglo a las normas nacionales del cumplimiento de las normas mínimas contribuirá a alcanzar la libre circulación de personas, evitar falseamientos de la competencia y tomar mejor en consideración la responsabilidad concreta de los conductores de esos vehículos. Los Estados miembros deben poder exigir revisiones médicas para garantizar que se reúnen las condiciones físicas y mentales mínimas para poder conducir otros vehículos de motor. Por motivos de transparencia, dichas revisiones deben coincidir con la renovación del permiso de conducción y estar, por lo tanto, determinadas por la duración del período de validez del permiso.»
4
El artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
«Los Estados miembros establecerán el permiso de conducción nacional según el modelo comunitario que figura en el Anexo I, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva. El signo distintivo del Estado miembro que expida el permiso figurará en el emblema que aparece en la página 1 del modelo de permiso de conducción comunitario.»
5
A tenor del artículo 2, apartado 1, de la citada Directiva:
«Los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros serán reconocidos recíprocamente.»
6
El artículo 4, apartado 1, de la misma Directiva está redactado en los siguientes términos:
«El permiso de conducción previsto en el artículo 1 autorizará a conducir vehículos de motor de las categorías que se definen a continuación. Podrán expedirse a partir de la edad mínima indicada para cada categoría. […]»
7
El artículo 7 de la Directiva 2006/126, titulado «Expedición, validez y renovación», dispone:
«1.   La expedición del permiso de conducción estará subordinada a las condiciones siguientes:
a)
haber aprobado una prueba de control de aptitud y comportamiento, una prueba de control de conocimientos, así como cumplir determinadas normas médicas, con arreglo a lo dispuesto en los Anexos II y III;
[…]
2.
[…]
b)
A partir del 19 de enero de 2013, los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros referentes a las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E tendrán una validez de 5 años.
[…]
3.   La renovación del permiso de conducción a la expiración de su validez administrativa estará sujeta a las siguientes condiciones:
a)
el respeto continuado de las normas mínimas de aptitud física y mental para conducir que figuran en el anexo III para los permisos de conducción de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E; y
[…]
Los Estados miembros podrán limitar el período de validez administrativa establecido en el apartado 2 para los permisos de conducción expedidos a conductores principiantes en cualquiera de las categorías a fin de aplicar medidas específicas a dichos conductores destinadas a mejorar la seguridad en carretera.
Los Estados miembros podrán limitar a 3 años el período de validez administrativa del primer permiso expedido a los conductores principiantes para las categorías C y D, para poder aplicar medidas específicas a estos conductores a fin de mejorar su seguridad en carretera.
Los Estados miembros podrán limitar el período de validez administrativa establecido en el apartado 2 para permisos de conducción concretos de cualquier categoría en caso de que se considere necesario aplicar una mayor frecuencia de revisiones médicas u otras medidas específicas tales como las restricciones para los infractores de las normas de tráfico.
[…]»
8
El anexo II, título I, de esta Directiva, con el epígrafe «Requisitos mínimos para los exámenes de conducción», establece en su punto 9:
«9.1.
En cada una de las situaciones de conducción, la evaluación se referirá a la soltura del candidato en el manejo de los diferentes mandos del vehículo y el dominio que demostrará para introducirse en la circulación con total seguridad. A lo largo de la prueba, el examinador deberá recibir una impresión de seguridad. […]
Los examinadores deberán formarse de manera que valoren correctamente la habilidad de los candidatos para conducir con total seguridad. […]
9.2.
En su apreciación, los examinadores deberán prestar especial atención a si los candidatos muestran un comportamiento prudente y cortés, algo que refleja la forma de conducir considerada en su globalidad y que el examinador debe tener en cuenta para hacerse una idea general del candidato. Se considerará como criterio positivo una conducción flexible y dispuesta (aparte de segura), que tenga en cuenta la situación del tiempo y de la vía pública, los demás vehículos, los intereses de los demás usuarios de aquella, especialmente de los más vulnerables, y la capacidad de anticipación.
[…]»
9
El anexo III de la referida Directiva, titulado «Normas mínimas relativas a la aptitud física y mental para la conducción de vehículos de motor», dispone:
«Definiciones
1.
Con arreglo al presente Anexo, los conductores se clasificarán en dos grupos:
[…]
1.2.
Grupo 2
conductores de vehículos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E.
[…]
Reconocimiento médico
[…]
4.
Grupo 2
Los candidatos deberán pasar un reconocimiento médico antes de la expedición inicial de un permiso; posteriormente, se comprobará que los conductores se ajustan a lo estipulado en el sistema nacional correspondiente en vigor en el Estado miembro de residencia normal cada vez que renueven su permiso de conducción.
5.
En el momento de la expedición de un permiso de conducción o de cualquier renovación posterior, los Estados miembros podrán exigir normas más rígidas que las mencionadas en el presente Anexo.
[…]
Trastornos mentales
Grupo 1
13.1.
No debe expedirse ni renovarse el permiso de conducción a ningún candidato o conductor:
–
que padezca trastornos mentales graves, congénitos o adquiridos por enfermedad, traumatismo o intervenciones de neurocirugía;
–
que padezca un retraso mental grave;
–
que padezca trastornos de conducta graves por senilidad o trastornos graves de la capacidad de raciocinio, de comportamiento y de adaptación relacionados con la personalidad,
excepto si la solicitud está acompañada de un dictamen médico autorizado y siempre que, si es necesario, se realicen revisiones médicas regulares.
Grupo 2
13.2.
Las autoridades médicas competentes tendrán en cuenta los riesgos o peligros adicionales relacionados con la conducción de vehículos incluidos en este grupo.
[…]»
Derecho búlgaro
10
El artículo 51, apartado 4, de la Zakon za balgarskite lichni dokumenti (Ley de Documentos de Identidad Búlgaros) dispone:
«La validez de los permisos de conducción de las categorías С, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E y Т será de cinco años.»
11
El artículo 8, apartados 1, 2 y 4, del Naredba no 36 za iziskvaniyata za psikhologicheska godnost i usloviyata i reda za provezhdane na psikhologicheskite izsledvaniya na kandidati za pridobivane na pravosposobnost za upravlenie na MPS, na vodachi na MPS i na predsedateli na izpitni komisii i za izdavane na udostovereniya za registratsiya za izvarshvane na psikhologicheski izsledvaniya (Decreto n.o 36 en el que se establecen los requisitos de aptitud psicológica, las condiciones y el procedimiento para la realización de revisiones psicológicas a los candidatos al permiso de conducción, conductores y presidentes de comisiones examinadoras de conductores, así como para la expedición de certificados de inscripción relativos a la realización de revisiones psicológicas), de 15 de mayo de 2006 (en lo sucesivo, «Decreto n.o 36/2006»), está redactado como sigue:
«1.   Al aceptar un empleo y al emprender una actividad como taxista o conductor en el transporte público de personas o mercancías o como presidente de una comisión examinadora de conductores, el interesado deberá presentar un certificado de aptitud psicológica.
2.   El certificado de aptitud psicológica será válido durante un período de tres años desde su expedición.
[…]
4.   Cada tres años desde la fecha de expedición del último certificado, las personas mencionadas en el apartado 1 se someterán a una revisión psicológica.»
12
El artículo 13, apartado 1, del Naredba no 1‑157 za usloviyata i reda za izdavane na svidetelstvo za upravlenie na motorni prevozni sredstva, otcheta na vodachite i tyahnata distsiplina (Decreto n.o 1‑157 en el que se establecen las condiciones y el procedimiento para la expedición de permisos de conducción, así como el registro de conductores y su régimen disciplinario), de 1 de octubre de 2002, es del siguiente tenor:
«La primera expedición del permiso de conducción se realizará sobre la base de un acta original del examen de conducción superado, remitida de oficio por el departamento regional correspondiente de la Darzhavna avtomobilna inspektsyia [(Inspección Estatal de Vehículos, Bulgaria)]; el interesado deberá presentar:
1.   un formulario de solicitud, al que adjuntará los documentos establecidos en la Pravilnik za izdavane na balgarskite lichni dokumenti [(Circular relativa a la Expedición de Documentos de Identidad Búlgaros)];
[…]
3.   un certificado de aptitud física del conductor/candidato al permiso de conducción, expedido por un médico de familia, por los comités médicos de los distritos de tráfico (TOLEK) o por el Comité Médico Central de Tráfico (TTSLEK);
4.   una copia del certificado de aptitud psicológica para la expedición de un permiso de conducción de las categorías C1, C, D1, D y Ttm (tranvías);
5.   una copia del certificado que acredite haber completado un curso de primeros auxilios en accidentes de tráfico para conductores;
6.   una declaración [del interesado] de no tener su residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión Europea ni estar en posesión de un permiso de conducción válido expedido por otro Estado miembro de la Unión Europea;
[…]».
13
A tenor del artículo 15, apartado 2, del Decreto n.o 1‑157, de 1 de octubre de 2002:
«Para la renovación [del permiso de conducción] con arreglo al apartado 1, el conductor deberá presentar la documentación mencionada en el artículo 13, apartado 1, puntos 1, 3 y 6, además del permiso antiguo.»
14
Con arreglo al artículo 178c, apartado 5, de la Zakon za Dvizhenieto po patishtata (Ley de Transporte por Carretera), quien, sin disponer de un certificado válido de aptitud psicológica, efectúe transportes en taxi, transportes por cuenta propia o transportes públicos de personas o mercancías será sancionado con multa de 500 levas búlgaras (BGN) (unos 255 euros).
15
Según el artículo 35, punto 3, de las Dopalnitelnite razporedbi na Zakona za izmenenie i dopalnenie na Zakona za dvizhenieto po patishtata (Disposiciones Adicionales a la Ley de Modificación y Complemento de la Ley de Transporte por Carretera), la Ley de Transporte por Carretera transpone las exigencias de la Directiva 2006/126.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
16
IL es titular de un permiso de conducción válido, en particular, para vehículos de motor de las categorías С, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E y TCT (tractores de ruedas). Su permiso de conducción es válido para el período comprendido entre el 28 de noviembre de 2019 y el 28 de noviembre de 2024.
17
El 4 de agosto de 2021, la autoridad de control le dio el alto para realizar un control cuando IL conducía un vehículo articulado compuesto de una cabeza tractora y un semirremolque con el que efectuaba un transporte público de mercancías. Este control reveló que no podía presentar un certificado de aptitud psicológica válido. El certificado más reciente le había sido expedido el 7 de octubre de 2017 y era válido hasta el 7 de octubre de 2020.
18
La autoridad de control levantó un acta de infracción administrativa por infracción del artículo 8, apartado 1, del Decreto n.o 36/2006, debido a que IL no había presentado un certificado de aptitud psicológica válido. Sobre la base del artículo 178c, apartado 5, de la Ley de Transporte por Carretera, el director de la Dirección Regional de Gestión de Automóviles de la Ciudad de Pleven adoptó, el 24 de agosto de 2021, una resolución por la que se imponía a IL una multa de 500 BGN (aproximadamente 255 euros) por la infracción constatada de dicho artículo 8, apartado 1.
19
IL impugnó esta multa ante el Rayonen sad Sevlievo (Tribunal de Primera Instancia de Sevlievo, Bulgaria) alegando, en esencia, que el artículo 8, apartado 1, del Decreto n.o 36/2006 y la multa contemplada en el artículo 178c, apartado 5, de la Ley de Transporte por Carretera eran contrarios a las disposiciones de la Directiva 2006/126.
20
Dicho órgano jurisdiccional, invocando el anexo III, punto 4, de la referida Directiva, declaró que los Estados miembros están facultados para imponer a los conductores exigencias adicionales más estrictas en cuanto a la frecuencia de las revisiones periódicas y, mediante sentencia de 10 de diciembre de 2021, confirmó la resolución de 24 de agosto de 2021.
21
IL interpuso recurso de casación ante el Administrativen sad — Gabrovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Gabrovo, Bulgaria), el órgano jurisdiccional remitente, que considera que las disposiciones de la Directiva 2006/126 son ambiguas y, en cierta medida, contradictorias.
22
Por una parte, señala que, de conformidad con el considerando 9 de dicha Directiva, la prueba de que los conductores de vehículos de transporte de personas o mercancías cumplen las normas mínimas relativas a la aptitud física y mental para la conducción debe aportarse cuando se expida el permiso de conducción y, posteriormente, con regularidad. En dicho considerando se recomienda expresamente que los reconocimientos médicos a este respecto coincidan con la renovación del permiso de conducción y estén, por lo tanto, determinados por la duración del período de validez de este. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente precisa que el punto 4 del anexo III de la Directiva 2006/126 permite a los Estados miembros establecer, en su normativa nacional, la periodicidad de los reconocimientos médicos que consideren oportuna para los conductores del grupo 2 (categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E) y que esta periodicidad puede no coincidir con el período de validez del permiso de conducción.
23
A la luz de lo anterior, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2006/126, los Estados miembros están facultados para obligar a los conductores del grupo 2 a someterse a reconocimientos médicos para determinar su aptitud psíquica y mental a intervalos más breves que el período de validez del permiso de conducción y para exigir un documento separado, distinto del permiso de conducción, que acredite esa aptitud, o si el hecho de estar en posesión de un permiso de conducción válido para dichas categorías es suficiente a fin de acreditar la referida aptitud, que ya se demostró cuando se expidió o renovó el permiso de conducción.
24
Mediante resolución de 27 de mayo de 2022, registrada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de mayo de 2022, el órgano jurisdiccional remitente decidió añadir una adenda a su petición de decisión prejudicial, en la que indicaba que también se le había planteado la cuestión de si la sanción prevista por la normativa búlgara para un conductor cuyo permiso de conducción de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E y TCT (tractores de ruedas) es válido, pero que no puede presentar a la autoridad de control un certificado de aptitud psicológica, por haber caducado este, es contraria al período administrativo sincronizado de validez de los permisos de conducción y de los reconocimientos médicos de aptitud física y mental previsto en la Directiva 2006/126, o si la aplicación de las normas nacionales por la autoridad sancionadora da lugar a una infracción del Derecho de la Unión.
25
En tales circunstancias, el Administrativen sad — Gabrovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Gabrovo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Permiten las disposiciones de la Directiva 2006/126 a los Estados miembros exigir a los conductores de vehículos de las clases C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E que se sometan a revisiones médicas para determinar su aptitud psíquica y mental a intervalos más breves que la duración de la validez del permiso de conducción y que, a este respecto, se les obligue a presentar otro documento (aparte del permiso de conducción) que acredite su aptitud? ¿Acredita, por el contrario, la posesión de un permiso válido de conducción de las mencionadas clases la aptitud psíquica y mental del conductor por haber sido esta comprobada ya en el momento de la expedición o renovación del permiso de conducción?
2)
¿Permiten el artículo 7, apartado 1, y los considerandos 8 y 9 de la Directiva 2006/126 una normativa nacional, como la controvertida en el presente litigio, que establece requisitos adicionales, que van más allá de las exigencias mínimas para el examen del permiso de conducción (anexo II de la Directiva 2006/126) y de las normas mínimas relativas a la aptitud física y mental (anexo III de la Directiva 2006/126), con los que se pretende determinar la aptitud psicológica de los conductores que transportan pasajeros o mercancías?
3)
Si la respuesta a la [segunda] cuestión es afirmativa, ¿están sometidos los mencionados requisitos al régimen establecido por la Directiva 2006/126 (en particular por el considerando 9, cuarta frase, y el artículo 7, apartado 3) en materia de sincronización del período de validez administrativa de los permisos de conducción y de los reconocimientos médicos en el contexto de la aplicación de las normas mínimas relativas a la aptitud física y mental?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
26
Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, apartados 1 y 3, de la Directiva 2006/126 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro exija a los titulares de un permiso de conducción para vehículos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E expedido con arreglo a dicha Directiva, cuya aptitud física y mental para conducir ha sido controlada en el momento de la expedición del referido permiso de conducción, que pretendan ejercer la profesión de conductor de un vehículo de motor destinado al transporte de personas o de mercancías que, además de su permiso de conducción, posean un certificado de aptitud psicológica cuya validez es inferior a la de ese permiso.
27
A este respecto, debe recordarse que la Directiva 2006/126 procede, como resulta de su considerando 8, a una armonización mínima de los requisitos de expedición del permiso de conducción establecido en su artículo 1. Estos requisitos están definidos en particular en los artículos 4 y 7 de esta Directiva y atañen, entre otros aspectos, a la edad mínima necesaria, la aptitud para la conducción, las pruebas que el candidato debe superar y la residencia de este en el territorio del Estado miembro que expida el permiso. Esta armonización de los requisitos de obtención del permiso de conducción tiene por objeto, en particular, establecer las condiciones previas necesarias para el reconocimiento recíproco de dicho permiso y persigue también el objetivo de la citada Directiva de contribuir a mejorar la seguridad de la circulación vial (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de octubre de 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, apartados 43, 44 y 51).
28
En virtud del artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/126, el permiso de conducción solo se expide a los candidatos que hayan aprobado una prueba de control de aptitud y comportamiento y una prueba de control de conocimientos y que cumplan las normas mínimas de aptitud física y mental con arreglo a lo dispuesto en los anexos II y III de dicha Directiva. Además, el artículo 7, apartado 3, letra a), de la referida Directiva exige que la renovación del permiso de conducción esté supeditada al cumplimiento de las normas mínimas de aptitud física y mental en el caso de los titulares de permisos de conducción de vehículos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E.
29
Por consiguiente, de estas disposiciones de la Directiva 2006/126 se desprende que la aptitud mental de los titulares de permisos de conducción de vehículos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E, incluidas las personas que trabajan como conductores profesionales, ya ha sido evaluada y acreditada en el momento de la expedición y renovación de dichos permisos, con el fin de responder en particular al imperativo de la seguridad vial.
30
En este contexto, en lo que respecta a la aptitud física y mental requerida para la conducción, procede señalar, por una parte, que, con arreglo al punto 5 del anexo III de la Directiva 2006/126, un Estado miembro puede exigir, para la expedición de un permiso de conducción o para su posterior renovación, un reconocimiento médico más riguroso que los mencionados en el referido anexo (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2012, Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112, apartado 54).
31
Por otra parte, en lo que atañe a los conductores del grupo 2, a saber, los conductores de vehículos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E, como IL, el punto 13.2 de dicho anexo III permite a las autoridades médicas competentes de los Estados miembros tener en cuenta los riesgos o peligros adicionales relacionados con la conducción de los vehículos incluidos en este grupo. Así pues, cuando los Estados miembros determinan los reconocimientos médicos a los que deben someterse los conductores del grupo 2, los referidos Estados miembros pueden exigir requisitos más estrictos para los conductores del grupo 2 que para los del grupo 1, con el fin de detectar posibles «trastornos mentales», como los que se mencionan en el punto 13.2 del anexo III de la Directiva 2006/126.
32
Además, procede observar que la Directiva 2006/126 precisa en los puntos 13.1 y 13.2 de su anexo III los trastornos mentales que deben tenerse en cuenta. Entre estos, el punto 13.1 hace referencia a los «trastornos mentales graves […] adquiridos por […] traumatismo […]», término este que puede incluir, en particular, un conjunto de trastornos psíquicos causados accidentalmente por un agente exterior. Esta disposición se refiere también a los «trastornos graves de la capacidad de raciocinio, de comportamiento y de adaptación relacionados con la personalidad».
33
A este respecto, el Gobierno búlgaro ha indicado, en sus observaciones escritas, que la finalidad de la normativa controvertida en el litigio principal es comprobar la aptitud psicológica para conducir vehículos de motor sin riesgo de causar accidentes de tráfico, en relación con las cualidades psicológicas relevantes en el plano profesional. De este modo, es posible obtener, tras el examen de aptitud psicológica previsto por dicha normativa, en particular, un pronóstico del comportamiento futuro en la carretera de la persona de que se trate y del riesgo de causar accidentes, y ello sobre la base de criterios meramente psicológicos y no médicos.
34
En estas circunstancias, si el órgano jurisdiccional remitente confirmara que el examen de aptitud psicológica previsto por dicha normativa se distingue, por su alcance y sus objetivos, del examen de aptitud mental establecido en la Directiva 2006/126, un test psicológico que no se basa en las exigencias de dicha Directiva y que, por tanto, no constituye un examen médico en el sentido de su anexo III no puede considerarse conforme con el Derecho de la Unión. Pone en tela de juicio el buen funcionamiento del sistema establecido por esta Directiva, que tiene por objeto permitir a las personas que reúnen los requisitos previstos acreditar las aptitudes necesarias para conducir vehículos de la categoría de que se trate. En efecto, como se desprende de las observaciones del Gobierno búlgaro, los conductores profesionales deben necesariamente disponer de un permiso de conducción válido, lo que supone que cumplen las normas en materia de aptitud física y mental, como las previstas en el anexo III de la Directiva 2006/126, así como las normas relativas a las aptitudes y los comportamientos relacionados con la conducción de un vehículo de motor de la categoría de que se trate enunciadas en el anexo II de esta. Pues bien, estas normas imponen una apreciación global del perfil del candidato a la luz, en particular, de su comportamiento y de su capacidad para conducir con total seguridad.
35
En cambio, si el órgano jurisdiccional remitente considerase que se pretende enmarcar el examen de aptitud psicológica controvertido en el litigio principal en el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros en cuanto a los exámenes médicos más estrictos, mencionado en los apartados 30 y 31 de la presente sentencia, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, una armonización mínima no impide a los Estados miembros mantener o adoptar medidas más estrictas, siempre que estas no puedan comprometer seriamente la consecución del resultado prescrito por la directiva de que se trate y sean conformes con el Tratado FUE. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado que tales medidas pueden estar justificadas, pese a su efecto restrictivo, siempre que respondan a una razón imperiosa de interés general, sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo (sentencia de 7 de julio de 2016, Muladi, C‑447/15, EU:C:2016:533, apartados 43 y 44 y jurisprudencia citada).
36
Ahora bien, sin perjuicio de las comprobaciones que deba efectuar el órgano jurisdiccional remitente a este respecto, no se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia que la normativa controvertida en el litigio principal tenga por objeto responder a los riesgos y a los peligros adicionales y específicos para la seguridad vial vinculados a la capacidad mental requerida para los conductores del grupo 2. En efecto, las explicaciones del Gobierno búlgaro no permiten, a primera vista, concluir que el examen de aptitud psicológica controvertido en el litigio principal tenga por objeto detectar con mayor exactitud o de manera más pormenorizada posibles trastornos mentales, como los enunciados en los puntos 13.1 y 13.2 del anexo III de la Directiva 2006/126, en el caso de ese grupo de conductores, que pudieran comprometer la seguridad vial. Por consiguiente, resulta que esta normativa va más allá de lo necesario para garantizar el objetivo de la seguridad vial y, en la medida en que impone a los conductores la posesión de un certificado de aptitud psicológica, además de un permiso de conducción válido, puede comprometer seriamente la consecución del resultado prescrito por la Directiva 2006/126.
37
Así pues, en estas circunstancias, el hecho de exigir a los titulares de un permiso de conducción válido que, además, estén en posesión de tal certificado de aptitud psicológica distinto constituye una restricción adicional inadmisible, en la medida en que debe considerarse que estar en posesión de un permiso de conducción expedido por un Estado miembro de conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2006/126 constituye la prueba de que en el titular del citado permiso concurrían los requisitos para la expedición previstos en la citada Directiva en el momento en el que se le expidió dicho permiso [véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de abril de 2012, Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240, apartado 46, y de 29 de abril de 2021, Stadt Karlsruhe (Reconocimiento de un permiso de conducción renovado), C‑47/20, EU:C:2021:332, apartado 28 y jurisprudencia citada], por lo que este posee el valor probatorio necesario para acreditar la aptitud mental para conducir un vehículo de motor de la categoría pertinente.
38
Ahora bien, aunque la Directiva 2006/126 solo establece una armonización mínima de las disposiciones nacionales relativas a los requisitos que deben cumplirse para que un permiso de conducción pueda expedirse, esta Directiva realiza, en cambio, una armonización exhaustiva de aquellos documentos que acreditan la existencia de la autorización para conducir que deben ser reconocidos por los Estados miembros con arreglo al artículo 2, apartado 1, de esta [véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de octubre de 2017, I, C‑195/16, EU:C:2017:815, apartado 57, y de 29 de abril de 2021, Stadt Pforzheim (Menciones sobre el permiso de conducción), C‑56/20, EU:C:2021:333, apartado 42]. Por lo tanto, como ha señalado el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, queda excluida la coexistencia del permiso de conducción expedido con arreglo a la Directiva 2006/126 con cualquier otro documento nacional que cumpla, en lo esencial, la misma función.
39
Asimismo, los Estados miembros no están facultados para exigir pruebas de aptitud mental para la conducción a intervalos más breves que el período de validez de un permiso de conducción.
40
En efecto, en primer lugar, con arreglo al artículo 7, apartado 2, letra b), de la Directiva 2006/126, los permisos expedidos por los Estados miembros referentes a las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E tienen una validez de cinco años, y el artículo 7, apartado 3, letra a), de dicha Directiva exige que la renovación del permiso de conducción esté sujeta al respeto de las normas mínimas de aptitud física y mental para conducir que figuran en el anexo III de dicha Directiva para los titulares de permisos de estas categorías.
41
En segundo lugar, si bien es cierto, por un lado, que el punto 4 del anexo III de la Directiva 2006/126 establece, en su versión en lengua francesa, que «les candidats doivent faire l’objet d’un examen médical avant la délivrance initiale d’un permis et [que], par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l’État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire» (en español, «los candidatos deberán pasar un reconocimiento médico antes de la expedición inicial de un permiso; posteriormente, se comprobará que los conductores se ajustan a lo estipulado en el sistema nacional correspondiente en vigor en el Estado miembro de residencia normal cada vez que renueven su permiso de conducción») y, por otro lado, que esta última parte de la frase no figura en la versión búlgara, la toma en consideración de las diversas versiones lingüísticas de esta última disposición permite concluir, como se desprende de los puntos 49 y 50 de las conclusiones del Abogado General, que esta debe interpretarse en el sentido de que el reconocimiento médico en cuestión ha de realizarse cuando se renueve el permiso de conducción.
42
El hecho de que las versiones búlgara y francesa del punto 4 del anexo III de la Directiva 2006/126 no se correspondan totalmente con las demás versiones lingüísticas de la Directiva 2006/126 no puede llevar a una interpretación diferente de esta disposición.
43
En efecto, conforme a reiterada jurisprudencia, la necesidad de una aplicación y, por ende, de una interpretación uniformes de un acto de la Unión excluye que este sea considerado de manera aislada en una de sus versiones y exige, por el contrario, que sea interpretado en función tanto de la voluntad real de su autor como del objetivo perseguido por este a la luz, en particular, de las versiones adoptadas en todas las lenguas (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de noviembre de 1969, Stauder_29/69, EU:C:1969:57, apartados 2 y 3; de 12 de diciembre de 2013, X, C‑486/12, EU:C:2013:836, apartado 19, y de 15 de mayo de 2014, Timmel, C‑359/12, EU:C:2014:325, apartado 63).
44
Pues bien, de las demás versiones lingüísticas de la Directiva 2006/126 se desprende claramente que el legislador de la Unión pretendió hacer coincidir los reconocimientos médicos con la renovación del permiso de conducción, sin que las disposiciones de que se trata contemplen la posibilidad de que los Estados miembros puedan establecer plazos más cortos entre los reconocimientos médicos para los conductores del grupo 2. Como señaló el órgano jurisdiccional remitente, la cuarta frase del considerando 9 de la citada Directiva corrobora esta interpretación cuando establece expresamente que dichas revisiones deben coincidir con la renovación del permiso de conducción y estar, por lo tanto, determinadas por la duración del período de validez del permiso.
45
Además, aunque el artículo 7, apartado 3, párrafo quinto, de la Directiva 2006/126 autoriza excepcionalmente a los Estados miembros a limitar el período de validez administrativa del permiso de conducción en circunstancias concretas para cualquier categoría, «en caso de que se considere necesario aplicar una mayor frecuencia de revisiones médicas» a fin de garantizar la seguridad vial, esta disposición confirma el hecho de que los reconocimientos médicos deben coincidir con la renovación del permiso de conducción y, por tanto, de que su frecuencia está determinada por la duración del período de validez de este permiso.
46
Por último, es preciso señalar asimismo que, como ha alegado la Comisión Europea, en el momento de los hechos del litigio principal, el Derecho de la Unión ya contenía, en el ámbito del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, una norma para tener en cuenta las exigencias de seguridad relacionadas con el transporte de mercancías y de pasajeros, a saber, la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo (DO 2003, L 226, p. 4), que no contenía ningún requisito específico o adicional con respecto a los exigidos por la Directiva 2006/126 para la evaluación de la aptitud mental de los conductores profesionales.
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Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 7, apartados 1 y 3, de la Directiva 2006/126 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro exija a los titulares de un permiso de conducción para vehículos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E expedido con arreglo a dicha Directiva, cuya aptitud física y mental para conducir ha sido controlada en el momento de la expedición del referido permiso de conducción, que pretendan ejercer la profesión de conductor de un vehículo de motor destinado al transporte de personas o de mercancías que, además de su permiso de conducción, posean un certificado de aptitud psicológica cuya validez es inferior a la de ese permiso.
Costas
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Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 7, apartados 1 y 3, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que un Estado miembro exija a los titulares de un permiso de conducción para vehículos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E expedido con arreglo a dicha Directiva, cuya aptitud física y mental para conducir ha sido controlada en el momento de la expedición del referido permiso de conducción, que pretendan ejercer la profesión de conductor de un vehículo de motor destinado al transporte de personas o de mercancías que, además de su permiso de conducción, posean un certificado de aptitud psicológica cuya validez es inferior a la de ese permiso.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.