62015CC0127
CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 21 de julio de 2016 (
1
)
Asunto C‑127/15
Verein für Konsumenteninformation
contra
INKO, Inkasso GmbH
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Austria)]
«Protección de los consumidores — Contratos de crédito al consumo — Directiva 2008/48/CE — Interpretación del artículo 3, letra f) — Concepto de “intermediario de crédito” — Calificación los acuerdos de pago a plazos negociados por agencias de gestión de cobros en nombre de los prestamistas como “contratos de crédito relativos al pago aplazado, sin gastos, de una deuda existente” en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra j)»
1.
Cuando una agencia de gestión de cobros contratada por un prestamista para cobrar las deudas pendientes de los prestatarios que se encuentran en situación de falta de pago en virtud de un contrato de crédito (en lo sucesivo, «contrato inicial») propone a tales prestatarios la celebración de un acuerdo de pago de la deuda a plazos ¿puede entenderse que actúa en calidad de intermediario de crédito en el sentido de la Directiva 2008/48/CE? (
2
) En caso de respuesta afirmativa a dicha cuestión, ¿quedan fuera del ámbito de aplicación de dicha Directiva los acuerdos negociados por dicha agencia de gestión de cobro si las comisiones que cobra por sus servicios no exceden de las cantidades estipuladas en el contrato de crédito inicial que en cualquier caso ha de abonar el prestatario al prestamista? Mediante la presente petición de decisión prejudicial, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Austria) solicita al Tribunal de Justicia que le oriente en relación con el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48, que regula los contratos de crédito al consumo.
Marco jurídico
Directiva 2008/48
2.
La Directiva 2008/48 tiene diversos objetivos. En primer lugar, entre sus objetivos principales se incluye el de prever un marco jurídico armonizado en una serie de ámbitos esenciales «para facilitar la emergencia de un mercado interior con un funcionamiento satisfactorio en el ámbito del crédito al consumo»; (
3
)«para garantizar la confianza de los consumidores […] ofre[cerles] un grado de protección suficiente», (
4
) y «garantizar que todos los consumidores […] se beneficien de un nivel elevado y equivalente de protección de sus intereses y […] crear un auténtico mercado interior». (
5
) En segundo lugar, los prestamistas deben facilitar información a los consumidores de manera que se garantice su protección frente a las prácticas desleales o engañosas y, a fin de que puedan tomar una decisión con pleno conocimiento de causa, asegurándose de que, antes de la celebración del contrato reciben información adecuada, que puedan llevarse consigo para su examen, sobre las condiciones y el coste del crédito, así como sobre sus obligaciones. (
6
) En tercer lugar, tiene por objeto regular determinadas obligaciones de los intermediarios de crédito y garantizar que, como regla general, los requisitos de información precontractual se aplican también a dichos intermediarios de crédito. (
7
) En cuarto lugar, anima a los Estados miembros a «tomar las medidas adecuadas para promover unas prácticas responsables en todas las fases de la relación crediticia, teniendo en cuenta las peculiaridades de su mercado crediticio. Entre estas medidas pueden figurar, por ejemplo, la oferta de información y de formación de los consumidores, incluyendo advertencias de los riesgos en caso de impago o de endeudamiento excesivo». (
8
)
3.
El artículo 1 dispone que la Directiva 2008/48 tiene por objeto armonizar determinados aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de contratos de crédito al consumo.
4.
Con arreglo al artículo 2, la Directiva 2008/48 se aplica a los contratos de crédito, salvo que estén excluidos expresamente de su ámbito de aplicación. El artículo 2, apartado 2, enumera doce tipos de contratos de crédito, entre los que se incluyen los relativos a bienes inmuebles y de uso residencial, (
9
) que no están comprendidos en su ámbito de aplicación. Entre ellos se incluyen:
«f)
los contratos de crédito concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos, y los contratos de crédito en virtud de los cuales el crédito deba ser reembolsado en el plazo de tres meses y por los que sólo se deban pagar unos gastos mínimos;
[…]
j)
los contratos de crédito relativos al pago aplazado, sin gastos, de una deuda existente;
[…]»
5.
El artículo 2, apartado 6, dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros podrán determinar que sólo sean aplicables los artículos 1 a 4, los artículos 6, 7 y 9, el artículo 10, apartado 1, el artículo 10, apartado 2, letras a) a i), l) y r), el artículo 10, apartado 4, los artículos 11, 13 y 16 y los artículos 18 a 32 a los contratos de crédito que prevean que el prestamista y el consumidor pueden establecer acuerdos relativos al pago aplazado o los métodos de reembolso cuando el consumidor ya se encuentre en situación de falta de pago del contrato de crédito inicial, siempre que: (
10
)
a)
tales acuerdos puedan evitar la posibilidad de actuaciones judiciales relativas al impago, y
b)
el consumidor no se vea sometido a condiciones menos favorables que las establecidas en el contrato de crédito inicial.
[…]»
6.
Resultan pertinentes las siguientes definiciones contenidas en el artículo 3:
«a)
“consumidor”: persona física que, en las operaciones reguladas por la presente Directiva, actúa con fines que están al margen de su actividad comercial o profesional;
b)
“prestamista”: persona física o jurídica que concede o se compromete a conceder un crédito en el ejercicio de su actividad comercial o profesional;
c)
“contrato de crédito”: contrato mediante el cual un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito en forma de pago aplazado, préstamo u otra facilidad de pago similar, exceptuados los contratos para la prestación continuada de servicios o para el suministro de bienes de un mismo tipo en el marco de los cuales el consumidor paga por tales bienes o servicios de manera escalonada mientras dure la prestación;
[…]
f)
“intermediario de crédito”: persona física o jurídica que no actúa como prestamista y que, en el transcurso de su actividad comercial o profesional y contra una remuneración, que puede ser de índole pecuniaria o revestir cualquier otra forma de beneficio económico acordado:
i)
presenta u ofrece contratos de crédito al consumo,
ii)
asiste a los consumidores en los trámites previos de los contratos de crédito, distintos de los indicados en el inciso i), o
iii)
celebra contratos de crédito con consumidores en nombre del prestamista;
g)
“coste total del crédito para el consumidor”: todos los gastos, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de crédito y que sean conocidos por el prestamista […]
[…]».
7.
El artículo 5, apartado 1, establece la información precontractual que ha de facilitarse obligatoriamente al consumidor. (
11
) Dispone:
«Con la debida antelación, y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito, el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deberán facilitar al consumidor, sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito. […]
Dicha información deberá especificar:
a)
el tipo de crédito;
b)
la identidad y la dirección geográfica del prestamista así como, en su caso, la identidad y la dirección geográfica del intermediario del crédito implicado;
c)
el importe total del crédito y las condiciones que rigen la disposición de fondos;
d)
la duración del contrato de crédito;
[…]
l)
el tipo de interés de demora así como las modalidades para su adaptación y, cuando proceda, los gastos por impago;
m)
una advertencia sobre las consecuencias en caso de impago;
[…]»
8.
En virtud del artículo 5, apartado 6, los Estados miembros deben velar por que los prestamistas y, cuando proceda, los intermediarios de crédito, faciliten al consumidor las explicaciones adecuadas para que éste pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera, si fuera preciso explicando, entre otras cosas, las consecuencias en caso de impago por parte del consumidor. (
12
)
9.
El artículo 21 impone determinadas obligaciones específicas a los intermediarios de crédito. Los Estados miembros deben garantizar que el intermediario de crédito indique, en particular, si trabaja en exclusiva con uno o varios prestamistas o como intermediario independiente. (
13
) El intermediario de crédito debe asimismo informar al consumidor si se le ha de abonar una remuneración por sus servicios y comunicar el importe de la misma al prestamista. (
14
)
Directiva 2009/22
10.
La Directiva 2009/22/CE (
15
) tiene por objeto armonizar las normativas nacionales relativas a las acciones de cesación destinadas a la protección de los intereses colectivos de los consumidores con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior. Su ámbito de aplicación comprende las infracciones de normativas nacionales que afectan a los intereses colectivos de los consumidores establecidos por una de las directivas enumeradas en su anexo I (
16
) La lista incluye la Directiva 87/102/CEE, (
17
) que en la actualidad ha sido reemplazada por la Directiva 2008/48. Toda «entidad habilitada» puede incoar procedimientos en salvaguardia de los intereses colectivos de los consumidores. (
18
) Por «entidad habilitada» se entiende cualquier organismo u organización, correctamente constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro, que posea un interés legítimo en hacer que se respeten las disposiciones contempladas en el artículo 1. (
19
)
Directiva 2014/17
11.
La Directiva 2014/17/UE (
20
) tiene por objeto establecer en el conjunto de la Unión Europea un mercado de crédito hipotecario con un elevado grado de protección de los consumidores. (
21
) La definición de intermediario de crédito que figura en el artículo 4, apartado 5, de dicha Directiva, es similar a la establecida en el artículo 3, letra f), de la Directiva 2008/48. Los artículos 29 a 34 del capítulo 11 prevén diversos requisitos en materia de establecimiento y supervisión de los intermediarios de crédito y representantes designados. (
22
)
Derecho nacional
12.
La Directiva 2008/48 se ha transpuesto al Derecho austriaco mediante la Verbraucherkreditgesetz (Ley relativa a los créditos al consumo; en lo sucesivo, «VKrG»). El artículo 6 de la VKrG impone la obligación de facilitar la información precontractual que figura en el artículo 5 de la Directiva 2008/48. Dicha obligación también se aplica a los contratos de crédito con pago aplazado o escalonado (artículo 25 de la VKrG). Dicha Ley no contempla la aplicación más restringida prevista en el artículo 2, apartado 6, de la Directiva 2008/48.
13.
Las consecuencias derivadas del impago de la deuda por el prestatario se encuentran reguladas por el Allgemeines, Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil austriaco; en lo sucesivo, «ABGB»). Su artículo 1333 establece:
«1)
La indemnización que el deudor debe abonar a su prestamista en caso de mora en el pago de un crédito consistirá en el pago de los intereses legales […]
2)
Además de los intereses legales, el prestamista también podrá reclamar reembolso por cualesquiera otros daños derivados de la situación de falta de pago del deudor, en particular los gastos extrajudiciales en que deba incurrir para la ejecución o el cobro de la deuda, siempre que dichos gastos sean razonablemente proporcionales a la pretensión formulada». (
23
)
Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales
14.
La Verein für Konsumenteninformation (Asociación de información al consumidor; en lo sucesivo, «Verein») es una asociación facultada para interponer acciones de cesación con el fin de proteger los intereses colectivos de los consumidores a efectos de la Directiva 2009/22. Ha interpuesto una acción de cesación mediante la cual solicita que se prohíba a INKO, Inkasso GmbH, Linz (en lo sucesivo, «Inko»), negociar acuerdos de pago aplazado (en lo sucesivo, «acuerdo de reembolso») a cambio de una remuneración, sin facilitar previamente al consumidor la información precontractual obligatoria en virtud de los artículos 6 y 25 de la VkrG. (
24
)
15.
Inko ofrece a los prestamistas la prestación de un servicio de cobro de deudas para el supuesto de falta de pago por parte del prestatario en virtud de un contrato de crédito. Inko se dirige a dicho prestatario en nombre del prestamista y le ofrece celebrar un acuerdo de reembolso. Se concede al prestatario tres días para optar entre abonar la deuda pendiente en su integridad o rellenar un formulario preimpreso (en lo sucesivo, «acuerdo de pago a plazos») que posteriormente habrá de remitir a Inko. En virtud de dicho acuerdo, el prestatario: i) reconoce que adeuda la deuda pendiente más los gastos derivados de su impago en virtud del contrato inicial; ii) acepta un calendario de reembolso; iii) se compromete a abonar la deuda mediante pagos mensuales, y iv) acepta que los pagos que realice se imputen, en primer lugar, al pago de la comisión de Inko y, en segundo lugar, del crédito y los intereses adeudados al prestamista. La comisión y los intereses (en lo sucesivo, «costes de cobro») constituyen la remuneración de Inko a cambio de sus servicios.
16.
Verein alega que Inko debe facilitar a los prestatarios la información precontractual obligatoria antes de negociar dichos acuerdos. Inko rebate esa afirmación. Aduce que los acuerdos de reembolso los celebran el prestatario y el prestamista. La propia Inko no es parte en dichos acuerdos y, por consiguiente, no está obligada a facilitar ningún tipo de información precontractual. Además, dado que los acuerdos que Inko celebra en representación de sus clientes no dan origen a un aplazamiento en el pago a cambio de una remuneración, sus actividades quedan excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48.
17.
El órgano jurisdiccional remitente observa que Verein no ha acreditado que Inko cobre intereses y comisiones que excedan de la cuantía que, con arreglo a la normativa austriaca, se adeudaría a los prestamistas si éstos aceptaran el pago de la deuda a plazos, sin la intervención de Inko. El recurso de Verein prosperó en primera instancia. El recurso de casación interpuesto por Inko fue parcialmente estimado. Ambas partes han interpuesto un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, el cual desea que se dilucide si los acuerdos que ofrece Inko están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48 y, por consiguiente, ha planteado al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1.
¿Se considera que un agente de cobros, que al ejercer su actividad profesional de cobro de deudas ofrece a los deudores de sus clientes la posibilidad de pagar las mismas a plazos y por cuya gestión cobra una comisión que finalmente deben asumir los [prestatarios], actúa como “intermediario de crédito” en el sentido del artículo 3, letra f), de la [Directiva 2008/48]?
2.
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
¿Se considera que un acuerdo de pago a plazos formalizado entre un [prestatario] y su [prestamista] por mediación de un agente de cobros es un “pago aplazado, sin gastos”, a efectos del artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48, cuando en virtud de ese acuerdo el [prestatario] se compromete únicamente al pago de la deuda pendiente y de los intereses y gastos derivados de la mora legalmente previstos (que son los mismos de no existir tal acuerdo)?»
18.
Verein, Inko, los Gobiernos francés, alemán y lituano y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas. En la vista celebrada el 25 de febrero de 2016, dichas partes, excepto los Gobiernos francés y lituano, formularon observaciones orales.
Análisis
Observaciones preliminares
19.
El procedimiento principal versa sobre una demanda colectiva interpuesta por Verein en representación de los consumidores con carácter general. Por consiguiente, no existe ningún contrato inicial específico que proceda examinar y no hay nada que indique si algún contrato inicial concreto estaría o no comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48. Tampoco se aporta ningún dato que indique si las agencias de gestión de cobro como Inko son proveedores de bienes o servicios y actúan a título subsidiario como intermediarios de crédito, como establece el artículo 7 de la Directiva 2008/48.
20.
El modo en que se califican los acuerdos entre prestamistas, prestatarios en situación de falta de pago y las agencias de gestión de cobro y la normativa aplicable a dichos acuerdos difieren de un Estado miembro a otro. No está completamente claro el planteamiento que adopta el Derecho austriaco. Pues bien, Verein afirma que cuando un prestatario celebra un acuerdo de pago a plazos con una agencia de gestión de cobro, dicho acuerdo elimina su incumplimiento del contrato inicial por cuanto ya no existe retraso en sus pagos. Inko no ha abordado dicha cuestión concreta. Considera que en virtud del Derecho austriaco, las agencias de gestión de cobro no pueden ejercitar acciones legales para cobrar deudas pendientes en nombre de los prestamistas. No son parte en el contrato inicial y no pueden adquirir la deuda pendiente en virtud de dicho acuerdo. Según Inko, los organismos que cobran deudas pendientes actúan simplemente como agentes de los prestamistas.
21.
Estos aspectos constituyen cuestiones de Derecho nacional comprendidas en el ámbito de competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. No es preciso resolverlas a efectos de que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el presente asunto que versa sobre si los acuerdos de pago a plazos como los celebrados por Inko constituyen contratos de crédito a efectos de la Directiva 2008/48. A mi parecer, dichos acuerdos están efectivamente comprendidos en la definición de «contrato de crédito» que figura en el artículo 3, letra c), de dicha Directiva. El acuerdo de pago a plazos constituye un «pago aplazado» u «otra facilidad de pago similar» a efectos de dicha disposición, por cuanto el prestamista (en virtud del contrato inicial) concede al prestatario un nuevo crédito o un crédito adicional mediante tales acuerdos de reembolso.
22.
El artículo 6 enumera los requisitos de información precontractual para determinados contratos de crédito en forma de posibilidad de descubierto y para ciertos contratos de crédito específicos. En la resolución de remisión no consta información sobre si los contratos de crédito controvertidos se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha disposición y el órgano jurisdiccional remitente no ha solicitado orientaciones al respecto. No obstante, las disposiciones del artículo 5 se encuentran reproducidas en el artículo 6 y mis consideraciones con respecto al primero son extensivas por analogía al segundo. (
25
)
Sobre la primera cuestión prejudicial
23.
Mediante esta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si están comprendidas en el ámbito de aplicación de la definición de intermediario de crédito que figura en el artículo 3, letra f), de la Directiva 2008/48 las agencias de gestión de cobro que, en nombre de los prestamistas, con el fin de cobrar las deudas pendientes y a cambio de una remuneración, ofrecen a los prestatarios en situación de falta de pago acuerdos de pago a plazos.
24.
Considero que las agencias de gestión de cobro que prestan tales servicios se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha disposición.
25.
En primer lugar, el tenor del artículo 3, letra f), respalda dicha interpretación. (
26
) Establece los cuatro requisitos que debe cumplir una persona para ser considerada intermediario de crédito a efectos de la Directiva 2008/48. La entidad afectada debe: i) ser una persona física o jurídica; ii) no actuar como prestamista; iii) operar en el transcurso de su actividad comercial o profesional [y prestar los servicios enumerados en los incisos i) a iii) del artículo 3, letra f)], y iv) cobrar una remuneración por sus servicios. (
27
)
26.
Sin perjuicio de la comprobación de los hechos por el órgano jurisdiccional remitente, de la resolución de remisión y del modelo de acuerdo de reembolso aportado por Inko e incorporado al expediente del órgano jurisdiccional nacional, parece desprenderse que entre las actividades de Inko se incluye la de proponer acuerdos de pago a plazos a los prestatarios que se encuentran en situación de falta de pago en virtud del contrato inicial. El artículo 3, letra f), engloba las siguientes actividades propias de los intermediarios de crédito: «i) presenta u ofrece contratos de crédito al consumo, ii) asiste a los consumidores en los trámites previos de los contratos de crédito, distintos de los indicados en el inciso i), o iii) celebra contratos de crédito con consumidores en nombre del prestamista». Dicha redacción es suficientemente amplia para abarcar las actividades Inko. (
28
)
27.
En segundo lugar, en mi opinión, tal interpretación se cohonesta con el doble objetivo establecido en la Directiva 2008/48 de protección de los consumidores y de crear un auténtico mercado interior. (
29
)
28.
Los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito, están obligados a facilitar con la debida antelación y antes de que el prestatario asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito, los diecinueve elementos de información precontractual contenidos en la lista que figura en el artículo 5, apartado 1. Dicha lista incluye información relativa a la situación en que quedaría el prestatario si se demora en el pago de la deuda o incumple su obligación de reembolsar la deuda. (
30
) La mayoría de los prestatarios, al celebrar un contrato de crédito, no espera hallarse en situación de falta de pago, y es sabido que no todos los prestatarios analizan o quizá no son plenamente conscientes de las consecuencias derivadas de dicha situación, indicadas en la información precontractual. Los tres días previstos en el modelo de contrato de Inko resultan insuficientes para que el prestatario valore la situación en la que se encuentra. Cuando un prestatario se enfrenta a la disyuntiva de reembolsar íntegramente la deuda pendiente o suscribir el acuerdo de pago a plazos, es poco probable que disponga de una auténtica libertad de elección. Probablemente, si pudiera reembolsar inmediatamente la cuantía pendiente (la opción menos costosa por cuanto se reduciría el importe de los gastos adicionales que estaría obligado a pagar), no se encontraría en situación de falta de pago. El plazo de tres días resulta asimismo insuficiente para que el prestatario pueda comprar los gastos inherentes a la suscripción del acuerdo de pago a plazos y las soluciones alternativas que ofrecen otros prestamistas.
29.
Por consiguiente, en mi opinión, que se exija al intermediario de crédito que facilite la información indicada en el artículo 5, apartado 1, guarda una mayor coherencia con el objetivo de brindar un elevado nivel de protección al consumidor, en particular, cuando dicha información no sea facilitada por el prestamista. En caso contrario, se privaría al prestatario de la protección que la Directiva 2008/48 tiene por objeto brindar. (
31
) A efectos de cumplir la obligación prevista en el artículo 5, apartado 1, la información debe facilitarse al prestatario con la debida antelación y antes de que el acuerdo de pago a plazos resulte vinculante. (
32
) Ello se debe a que el agente de gestión de cobro es la persona encargada de: i) presentar u ofrecer al prestatario el acuerdo de pago a plazos, o ii) realizar los trámites previos de tal acuerdo, o iii) celebrar el acuerdo de pago a plazos en nombre de los prestamistas en el sentido del artículo 3, letra f). Para cumplir dicha obligación, es claramente necesario prever un plazo más prolongado que el de tres días que ofrece Inko. En virtud del artículo 5, apartado 1, la obligación de facilitar información precontractual recae sobre «el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito». Por consiguiente, en teoría cabe que el prestamista facilite la información antes de que el prestatario acepte el acuerdo de pago a plazos. Sin embargo, no hay nada que indique que los prestamistas facilitan efectivamente tal información precontractual (aun cuando lo hicieran, ello no modificaría la cuestión de principio de que los intermediarios de crédito están sujetos a la misma obligación).
30.
Dicha interpretación se ve reforzada por el artículo 5, apartado 6, que obliga a los Estados miembros a velar por que los prestamistas y los intermediarios de crédito faciliten a los prestatarios explicaciones adecuadas que les permitan evaluar en la fase precontractual determinados factores, tales como las consecuencias en caso de impago. Asimismo, se cohonesta con el objetivo de promover unas prácticas responsables en todas las fases de la relación crediticia. (
33
)
31.
También es compatible con el objetivo de crear un auténtico mercado interior, por cuanto el concepto de intermediario de crédito debe tener el mismo significado en todos los Estados miembros. Por consiguiente, la obligación de facilitar información precontractual ha de ser aplicable a todo aquel que preste servicios de cobro de deuda como los que ofrece Inko.
32.
Inko alega que los intermediarios de crédito ponen a los prestamistas en contacto con los prestatarios. Según dicha entidad, las agencias de gestión de cobro no pueden ser intermediarios de crédito, por cuanto sus actividades están asociadas a un contrato de crédito que existe antes de que la agencia de gestión de cobro proponga un acuerdo al prestatario. Por consiguiente, las obligaciones previstas en el artículo 21 de la Directiva 2008/48, titulado «Determinadas obligaciones de los intermediarios de crédito respecto de los consumidores», no pueden aplicarse a las agencias de gestión de cobro. Inko añade que la definición de intermediario de crédito recogida en el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2014/17 es similar a la establecida en la Directiva 2008/48 y que ambas disposiciones deben interpretarse del mismo modo. Del contexto de la Directiva 2014/17 se desprende claramente que las actividades de las agencias de gestión de cobro no se encuentran comprendidas en las disposiciones de dicha Directiva relativas a las actividades de los intermediarios de crédito. Por último, Inko aduce que el ámbito de aplicación del artículo 3, letra f), sería demasiado amplio si se interpretase en el sentido de incluir a las agencias de gestión de cobro. En tal caso, quedarían comprendidas en él actividades profesionales que la Directiva 2008/48 no previó regular, en particular, las de los abogados que pueden actuar como agentes de gestión de cobro en Austria.
33.
En mi opinión, el concepto de «intermediario de crédito» es un término de carácter general que cubre diversos tipos de actividad. (
34
) Los distintos Estados miembros definen dicho término de diferentes maneras y lo aplican a diferentes tipos de actividad profesional. (
35
) Es cierto que el cobro de deudas no es una actividad asociada al tipo de intermediario de crédito más convencional, por ejemplo, los agentes de crédito al consumo. Sin embargo, dichos agentes sólo son una categoría de los intermediarios de créditos a que hace referencia el artículo 21 de la Directiva 2008/48. En virtud de dicha disposición, el intermediario de crédito debe indicar si trabaja en exclusiva con uno o varios prestamistas o como intermediario independiente, informar, si procede, de la remuneración que se le ha de abonar por sus servicios, y comunicar al prestamista el importe de la remuneración a efectos del cálculo de la tasa anual equivalente (en lo sucesivo, «TAE»). Por lógica, dichas obligaciones son asimismo aplicables a las agencias de gestión de cobro que ofrecen acuerdos de pago a plazos, por cuanto trabajan en nombre de sus clientes y cobran una remuneración por sus servicios. (
36
)
34.
La Directiva 2014/17 introduce un marco común para los contratos relativos a créditos al consumo garantizados mediante hipoteca u otro tipo de garantía en relación con bienes inmuebles de uso residencial. Incluye un régimen específico para los intermediarios de crédito en dicho contexto. (
37
) Pese a la similitud entre la definición de «intermediario de crédito» que figura en el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2014/17 y la definición de esa misma expresión contenida en el artículo 3, letra f), de la Directiva 2008/48, nada indica que la primera limite el alcance de la segunda. La Directiva 2008/48 no es aplicable a los contratos de crédito garantizados mediante hipoteca o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad [artículo 2, apartado 2, letras a) y b)]. En mi opinión, el hecho de que una agencia de gestión de cobro pueda cumplir las obligaciones que figuran, por ejemplo, en el capítulo 11 de la Directiva 2014/17, carece de pertinencia a efectos de determinar el significado del artículo 3, letra f), de la Directiva 2008/48. Inko ha sugerido que conforme a una interpretación amplia de dicho término los abogados que no prestan servicios de cobro de deudas quedarían, no obstante, incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2018/48. Sin embargo, es evidente que cuando los abogados prestan asesoramiento jurídico, no ejercen las actividades enumeradas en el artículo 3, letra f), incisos i) a iii). (
38
)
35.
Por último, el Gobierno lituano, que únicamente propone una respuesta para la primera cuestión, considera que, a los efectos del artículo 3, letra f), los intermediarios de crédito deben llevar a cabo sus actividades antes de que se suscriba el contrato de crédito. La gestión de las deudas pendientes no está asociada a la propuesta o la preparación del contrato inicial.
36.
No comparto dicha opinión. En primer lugar, el artículo 3, letra f), no establece que las actividades de los intermediarios deban producirse con anterioridad a la celebración del contrato de crédito. Guarda mayor coherencia con el texto y los objetivos de la Directiva 2008/48 no restringir en dicho sentido el concepto de «intermediario de crédito». Al contrario, la obligación de facilitar información es aplicable durante toda la vigencia del contrato, en particular cuando se ofrece al prestatario acogerse a una facilidad de pago comprendida en la definición de contrato de crédito que figura en el artículo 3, letra c), de la Directiva 2008/48. (
39
) En segundo lugar, el contrato pertinente en el caso de autos no es el contrato inicial entre el prestamista y el prestatario. Lo determinante es el acuerdo de pago a plazos negociado por la agencia de gestión de cobro. (
40
) Dado que nada indica que los contratos iniciales estén incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48, no cabe presuponer que los prestatarios hayan recibido la información precontractual antes de que dichos contratos resulten vinculantes. Si las entidades como Inko no son intermediarios de crédito incluidos en el sentido del artículo 3, letra f), tampoco tienen la obligación de facilitar la información antes de que el acuerdo de pago a plazos resulte vinculante. En este sentido, los prestatarios quedarían privados de la protección que ofrece la Directiva 2008/48, pues no se les facilitaría información precontractual en ninguna fase del proceso, en particular en el momento de concluir un acuerdo de pago aplazado del crédito. En cualquier caso, de la explicación facilitada por el órgano jurisdiccional remitente en la resolución de remisión parece desprenderse que Inko comienza a llevar a cabo sus actividades antes de que el prestatario suscriba dicho acuerdo. (
41
)
37.
Por consiguiente, procede concluir que una agencia de gestión de cobro que, en nombre de los prestamistas, con el fin de cobrar las deudas pendientes y a cambio de una remuneración, ofrece a los prestatarios en situación de falta de pago acuerdos de pago a plazos, es un intermediario de crédito a los efectos del artículo 3, letra f), de la Directiva 2008/48.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
38.
¿Queda excluido del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48 un acuerdo de pago a plazos celebrado por un prestamista en virtud del cual éste se compromete a pagar la deuda pendiente, más cualesquiera gastos e intereses de demora derivados de su incumplimiento en virtud del contrato inicial, o de la normativa nacional pertinente, por cuanto que constituye un «pago aplazado, sin gastos, de una deuda existente», a efectos del artículo 2, apartado 2, letra j)?
39.
El Gobierno alemán alega que un contrato con arreglo al cual el prestatario abona una remuneración no puede considerarse un contrato sin gastos en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48, aun cuando los costes de cobro previstos en el acuerdo de pago a plazos no excedan los indicados en el contrato inicial. Los costes establecidos en el contrato inicial constituyen gastos a efectos del artículo 2, apartado 2, letra j). En opinión del Gobierno francés, que únicamente responde a la segunda cuestión, los acuerdos de pago a plazos originan gastos extraordinarios para el prestatario si: i) con arreglo a dicho acuerdo, el prestatario paga más que lo que habría pagado si se hubiera establecido otra modalidad de reembolso, y ii) el [prestamista] asume directa o indirectamente los costes de la agencia de gestión de cobro. La Comisión aduce que es necesario determinar si el prestatario debe pagar en virtud del acuerdo de pago a plazos unos gastos superiores a los que habría pagado de no existir dicho acuerdo.
40.
¿Qué se entiende por la expresión «sin gastos» que figura en el artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48? ¿Se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha disposición las modalidades de pago propuestas por Inko?
41.
La expresión «sin gastos» que figura en el artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48 no se encuentra definida. Parece conforme a la sistemática legislativa que dicha expresión se interprete del mismo modo que la expresión «libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos […]» recogida en el artículo 2, apartado 2, letra f). (
42
) También la palabra «gastos» ha de ser interpretada de manera coherente con la definición del «coste total del crédito para el consumidor» que consta en el artículo 3, letra g). Dicha definición está redactada en términos amplios, por cuanto abarca «todos los gastos, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de crédito y que sean conocidos por el prestamista». Tal redacción es suficientemente amplia como para incluir los costes de cobro derivados de la situación de falta de pago del prestatario en virtud del contrato inicial, al margen de que los aplique el propio prestamista o una agencia de gestión de cobro que actúa en su nombre.
42.
El objetivo del artículo 2, apartado 2, letra j), es eliminar del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48 los contratos de crédito en virtud de los cuales el prestatario no está obligado a soportar costes adicionales por el crédito concedido. La expresión «sin gastos» debe interpretarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte. (
43
) Por consiguiente, en mi opinión, ha de determinarse si los acuerdos de pago a plazos controvertidos no entrañan costes para el prestatario. Expresado en términos muy sencillos: ¿son tales acuerdos gratuitos?
43.
Los costes de cobro derivados de la falta de pago deben constar en el contrato de crédito inicial. (
44
) No es infrecuente que los prestamistas deleguen el proceso de cobro a un tercero dado que para ellos este sistema resulta más eficiente que encargarse ellos mismos del cobro de la deuda pendiente. Habida cuenta de que existen unos costes de cobro que, en virtud del contrato inicial, corren a cargo del prestatario en situación de falta de pago, el proceso no es gratuito para el prestatario. Inko no niega que cobra una remuneración por sus servicios. Por consiguiente, tampoco cabe considerar que dichos servicios se presten de forma gratuita. La primera cuestión que se plantea es si los acuerdos de pago que Inko celebra con los prestatarios en nombre de los prestamistas generan un coste para el prestatario a efectos del artículo 3, letra g), de la Directiva 2008/48. Del modelo de acuerdo de reembolso incorporado que obra en los autos del órgano jurisdiccional nacional se desprende que el prestatario soporta efectivamente los costes de cobro. (
45
)
44.
Ha de señalarse que el modelo de acuerdo establece información que incluye: i) crédito del prestamista y costes (98,75 euros); ii) las comisiones que Inko cobra cuando acepta actuar en nombre de un prestamista, que comprenden: 15,65 euros (comisión por tramitación); 14,28 euros (por la primera reclamación de pago); 9,36 euros (comisión de documentación) — subtotal: 39,29 euros, y iii) el importe de la nueva deuda de 138,04 euros (resultante de la suma de 39,29 euros más 98,75 euros). Además, existen otras comisiones: interés: 0 euros; (
46
) los costes mensuales de mantenimiento del expediente (3,12 euros por mes); 15,96 euros por reclamación de pago, y 45 euros de costes de cobro — en total, 64,08 euros. (
47
)
45.
Inko no ofrece una modalidad de pago sin gastos. Existen repercusiones económicas en relación con las cuales los prestatarios deben estar en condiciones de tomar una decisión razonada.
46.
¿Resulta pertinente a efectos del artículo 2, apartado 2, letra j), que el prestatario pague los costes del acuerdo de pago a plazos al prestamista y éste se los traslade posteriormente a la agencia de gestión de cobro, o que pague dichos costes directamente a la agencia de gestión de cobro?
47.
En mi opinión, la respuesta es no.
48.
Parece desprenderse claramente de la resolución de remisión y de la información que obra en los autos del órgano jurisdiccional nacional que en el marco del procedimiento principal dicho pago corre efectivamente a cargo del prestatario —cuando menos, de manera indirecta— en virtud del contrato de crédito inicial. (
48
)
49.
¿Han de ser los costes controvertidos superiores a los que han de pagarse en virtud del contrato de crédito inicial con arreglo al cual el prestatario se encuentra en situación de falta de pago para que la modalidad de pago propuesta quede fuera del ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 2, letra j)? (
49
)
50.
A mi juicio, la respuesta a esta cuestión es negativa.
51.
Tal requisito, que no está incluido en el propio tenor del artículo 2, apartado 2, letra j), me parece incompatible con el objetivo de protección de los consumidores de la Directiva 2008/48. La técnica legislativa que inspira toda la Directiva es que un consumidor debida e íntegramente informado está en mejor circunstancias para para asumir las obligaciones derivadas de sus acuerdos de préstamo. (
50
)
52.
El órgano jurisdiccional remitente pregunta si la interpretación del artículo 2, apartado 2, letra j), incide en modo alguno sobre la aplicación del artículo 2, apartado 6, de la Directiva 2008/48.
53.
En mi opinión, no es así. Estas dos disposiciones establecen regímenes distintos. El artículo 2, apartado 2, letra j) no es discrecional, excluye del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48 los contratos con arreglo a los cuales los prestatarios obtienen créditos sin gastos.
54.
En cambio, los Estados miembros pueden optar por aplicar o no aplicar el régimen regulador menos estricto introducido por el artículo 2, apartado 6. (
51
) En virtud de dicha disposición, pueden determinar que sólo sean aplicables determinados artículos de la Directiva 2008/48 a contratos de crédito que prevean que el prestamista y el prestatario pueden establecer acuerdos relativos al pago aplazado o los métodos de reembolso, (
52
) cuando el consumidor ya se encuentre en situación de falta de pago del contrato de crédito inicial, siempre que tales acuerdos puedan evitar la posibilidad de actuaciones judiciales relativas al impago, y el prestatario no esté sujeto a condiciones menos favorables que las establecidas en el contrato de crédito inicial. El artículo 6, que es aplicable, entre otras cosas, a «cualquier […] contrato de crédito [u] oferta relativa a un contrato de crédito» de los mencionados, en particular, en el artículo 2, apartado 6, establece una lista de elementos obligatorios que el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito, deben facilitar al consumidor, con la debida antelación, y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación. Sin embargo, por cuanto el Gobierno austriaco decidió no acogerse a la opción que ofrece el artículo 2, apartado 6, el artículo 5 sigue siendo pertinente para la resolución de la controversia objeto del procedimiento principal. (
53
)
55.
Por consiguiente, procede concluir que, si el contrato de crédito inicial establece que correrán a cargo del prestatario los costes de cobro derivados de una situación de falta de pago y posteriormente el prestatario celebra un acuerdo de pago a plazos con el prestamista con arreglo a una modalidad de pago propuesta por una agencia de gestión de cobro, dicha modalidad de pago no constituye un contrato de crédito relativo al pago aplazado, sin gastos, de una deuda existente a efectos del artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48, aun cuando ya corra a cargo del prestatario el pago de los costes de cobro en virtud del contrato de crédito inicial o de la normativa nacional.
Conclusión
56.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Austria) del siguiente modo:
«1)
Una agencia de gestión de cobro que, en nombre de los prestamistas, con el fin de cobrar las deudas pendientes y a cambio de una comisión, propone a los prestatarios deudores acuerdos de pago a plazos, es un intermediario de crédito a los efectos del artículo 3, letra f), de la Directiva 2008/48/CE, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo.
2)
Si el contrato de crédito inicial establece que correrán a cargo del prestatario los costes de cobro derivados de una situación de falta de pago y posteriormente el prestatario celebra un acuerdo de pago a plazos con el prestamista con arreglo a una modalidad de pago propuesta por una agencia de gestión de cobro, dicha modalidad de pago no constituye un contrato de crédito relativo al pago aplazado, sin gastos, de una deuda existente a efectos del artículo 2, apartado 2, letra j), de la Directiva 2008/48, aun cuando ya corra a cargo del prestatario el pago de los costes de cobro en virtud del contrato de crédito inicial o de la normativa nacional.»
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66). Dicha Directiva ha sido modificada por la Directiva 2011/90/UE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2011 (DO 2011, L 296, p. 35), y por la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014 (DO 2014, L 60, p. 34): véanse detalles adicionales en el punto 11 de las presentes conclusiones. Estas modificaciones no han alterado la redacción de las disposiciones controvertidas.
(
3
)	Considerando 7.
(
4
)	Considerando 8.
(
5
)	Considerando 9.
(
6
)	Considerandos 18 y 19.
(
7
)	Considerandos 13, 16 17 y 24.
(
8
)	Considerando 26.
(
9
)	Véase el artículo 2, apartado 2, letras a) y b).
(
10
)	Los artículos 1 a 3 se refieren al objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones (capítulo I). Los artículos 4 a 7 versan sobre la información y las prácticas previas a la celebración del contrato de crédito (capítulo II). El artículo 5 se refiere a la información precontractual (véanse los puntos 7 y 8 de las presentes conclusiones) que no figura enumerada en el artículo 2, apartado 6. El artículo 9 garantiza que, cuando se celebre un contrato de crédito transfronterizo, los prestamistas de los Estados miembros distintos de aquel en el que se lleve a cabo la evaluación de la solvencia de los consumidores, tengan acceso a las bases de datos utilizadas en dicho Estado miembro (capítulo III). Los artículos 10, 11, 13, 16 y 18 establecen disposiciones sobre la información y los derechos relativos a los contratos de crédito (capítulo IV). El artículo 19 regula el cálculo de la tasa anual equivalente (capítulo V) y los artículos 20 y 21versan sobre los prestamistas y los intermediarios de crédito (capítulo VI). Por último, los artículos 22 a 28 y 29 a 32 establecen, respectivamente, las medidas de ejecución (capítulo VII) y las disposiciones transitorias y finales (capítulo VIII).
(
11
)	Dicha información debe ser facilitada en papel o en cualquier otro soporte duradero. Se considera que el prestamista ha cumplido la obligación de facilitar la información precontractual obligatoria que establece el artículo 5, apartado 1, cuando ésta se facilite mediante el formulario de Información normalizada europea sobre el crédito al consumo que figura en el anexo II de la Directiva 2008/48. Véase información adicional en mis conclusiones presentadas en el asunto Home Credit Slovakia (C‑42/15, EU:C:2016:431), puntos 24 a 29.
(
12
)	El artículo 6 establece los requisitos de información precontractual para determinados contratos de crédito concedidos en forma de posibilidad de descubierto y para ciertos contratos de crédito específicos. El artículo 7 prevé que las obligaciones determinadas en los artículos 5 y 6 no se aplican a los proveedores de bienes o servicios que actúen como intermediarios de crédito a título subsidiario. Ninguno de ellos resulta pertinente en el caso de autos.
(
13
)	Artículo 21, letra a).
(
14
)	Artículo 21, letras b) y c), respectivamente.
(
15
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO 2009, L 110, p. 30).
(
16
)	Artículo 1.
(
17
)	Directiva del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO 1987, L 42, p. 48).
(
18
)	Artículo 2.
(
19
)	Artículo 3. Entre dichos organismos se incluyen, en particular, los organismos públicos independientes encargados de la protección de los intereses de los consumidores y las organizaciones que tengan por objeto (de conformidad con los criterios establecidos por la normativa nacional) la protección de dichos intereses.
(
20
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 60, p. 34).
(
21
)	Considerandos 5 a 8 y 15.
(
22
)	La presente petición de decisión prejudicial no versa sobre un contrato de crédito relativo a una propiedad inmobiliaria de uso residencial. Sin embargo, el demandado en el procedimiento principal invocó la Directiva 2014/17 en sus observaciones escritas.
(
23
)	El tipo de interés legal está regulado en el artículo 1000, apartado 1, del ABGB. Actualmente asciende al 4 %.
(
24
)	En su resolución de remisión el tribunal remitente indica que los importes son 30500 euros y 5500 euros.
(
25
)	Véase el punto 54 de las presentes conclusiones.
(
26
)	Véanse asimismo los considerandos 16 y 17.
(
27
)	Véase el punto 6 de las presentes conclusiones.
(
28
)	Véanse los puntos 14 y 15 de las presentes conclusiones. El modelo de acuerdo de pago aplazado fue aportado por Inko en el procedimiento principal. En virtud de dicho modelo de acuerdo, el prestatario acepta que, en caso de falta de pago de una de las cuotas, Inko se dirija a su empleador y obtenga directamente su abono con cargo a su salario. También se invita al prestatario a realizar los pagos a Inko mediante domiciliación bancaria.
(
29
)	Considerandos 7 y 8.
(
30
)	Entre los elementos de información obligatoria enumerados en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/48 se incluye: el tipo de interés de demora, así como las modalidades para su adaptación y los gastos por impago [artículo 5, apartado 1, letra l)], y una advertencia sobre las consecuencias en caso de impago [artículo 5, apartado 1, letra m)].
(
31
)	Véanse, por ejemplo, los objetivos principales que figuran en los considerandos 7 a 9.
(
32
)	Véanse los considerandos 18 y 19.
(
33
)	Véase el considerando 26.
(
34
)	Véase la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito a los consumidores, COM(2002) 443 final (DO 2002, C 331 E, p. 200) (en lo sucesivo, «propuesta inicial»). El concepto de intermediario de crédito se define en dicha propuesta como «una noción genérica que puede referirse a varios tipos de actividades y varias categorías de agentes» (página 8).
(
35
)	Véase el documento, de 15 de enero de 2009, elaborado en nombre de la Dirección General del Mercado Interior y Servicios, titulado: «Study on Credit Intermediaries in the Internal Market», puntos 3.20 a 3.23.
(
36
)	Véase el artículo 21, letras a) y b), respectivamente. El artículo 3, letra i), de la Directiva 2008/48 define el TAE como el coste total del crédito.
(
37
)	Véanse, en particular, los artículos 29 a 34 del capítulo 11 de la Directiva 2014/17.
(
38
)	Véase, asimismo, la página 9 de la propuesta inicial, en la cual se indica: «En principio, los abogados y los notarios no están contemplados en la Directiva, aunque el consumidor les pida asesoramiento sobre el alcance de un contrato de crédito o éstos ayuden formular o autentificar el contrato, siempre que su función se limite al asesoramiento jurídico y no remitan su clientela a prestamistas concretos.»
(
39
)	Véase el considerando 24.
(
40
)	Véase el punto 21 de las presentes conclusiones.
(
41
)	Véase el punto 15 de las presentes conclusiones.
(
42
)	El considerando 13 establece que la Directiva 2008/48 no debe aplicarse a determinados tipos de contratos de crédito por los que el prestatario no deba pagar ningún gasto o sólo deba pagar unos gastos mínimos. La propuesta inicial preveía exclusiones para los contratos que establecen plazos o facilidades de pago, en su caso, con una tarjeta de pago o de débito, que cubran transacciones gratuitas y que no excedan de un plazo de tres meses. En la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los contratos de crédito al consumo por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo [COM(2005) 483 final] no se preveía ninguna disposición análoga al artículo 2, apartado 2, letra j).
(
43
)	Véase la sentencia de 5 de julio de 2012, Content Services (C‑49/11, EU:C:2012:419), apartado 32.
(
44
)	Véase, por ejemplo, el artículo 5, apartado 1, letra l), de la Directiva 2008/48.
(
45
)	Véanse los puntos 16 y 27 de las presentes conclusiones.
(
46
)	Evidentemente, esta cifra puede aumentar a lo largo de la relación contractual.
(
47
)	Es preciso tener en cuenta que los gastos pueden aumentar. El importe depende del número de reclamaciones de pagos que se emitan. En resumen, el primer conjunto de comisiones asciende aproximadamente al 40 % del crédito del prestamista. En el ejemplo que figura en el modelo de acuerdo, en el que la cantidad debida al prestamista con los gastos ascendía a 98,75 euros, las restantes comisiones ascienden aproximadamente al 65 % del crédito del prestamista. Las cifras facilitadas son ilustrativas. La relación entre los gastos de Inko y la deuda pendiente depende evidentemente del importe de la deuda en cada caso en concreto.
(
48
)	Véase el punto 44 de las presentes conclusiones.
(
49
)	Véase el punto 17 de las presentes conclusiones..
(
50
)	Véanse los considerandos 24 y 26. Véase, asimismo, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, CA Consumer Finance (C‑449/13, EU:C:2014:2464), apartado 21.
(
51
)	El artículo 2, apartado 6, de la Directiva 2008/48 fue introducido durante la fase de negociación en el Consejo; véase la página 3 de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo con arreglo al párrafo segundo del artículo 251, apartado 2, del Tratado CE relativa a la Posición Común aprobada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los contratos de crédito al consumo, COM(2007) 546 final, de 21 de septiembre de 2007.
(
52
)	Véase el punto 5 de las presentes conclusiones.
(
53
)	Véase el punto 22 de las presentes conclusiones.