AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 21 de octubre de 2024 (*)
« Tasación de costas »
En el asunto C‑211/20 P‑DEP,
que tiene por objeto una solicitud de tasación de las costas recuperables con arreglo al artículo 145 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, presentada el 20 de febrero de 2024,
Valencia Club de Fútbol, S. A. D., con domicilio social en València, representado por el Sr. J. R. García-Gallardo Gil-Fournier, abogado,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por el Sr. G. Luengo, la Sra. P. Němečková y el Sr. B. Stromsky, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y el Sr. A. Arabadjiev (Ponente), y la Sra. I. Ziemele, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oído el Abogado General;
dicta el siguiente
Auto
1        La presente solicitud tiene por objeto la tasación de las costas causadas al Valencia Club de Fútbol, S. A. D. (en lo sucesivo, «Valencia CF»), en los asuntos T‑732/16, T‑732/16 R y C‑211/20 P.
2        El Valencia CF es un club de fútbol profesional con sede en Valencia. La Fundación Valencia es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal consiste en preservar, difundir y promover los aspectos deportivos, culturales y sociales del Valencia CF y la relación entre este y sus seguidores.
3        El 5 de noviembre de 2009, el Instituto Valenciano de Finanzas, la institución financiera de la Generalidad Valenciana, otorgó a la Fundación Valencia un aval para un préstamo bancario de 75 millones de euros que le fue concedido por Bancaja, gracias al cual esta Fundación adquirió un 70,6 % de las acciones del Valencia CF.
4        El 10 de noviembre de 2010, el Instituto Valenciano de Finanzas incrementó su aval en 6 millones de euros para permitir un aumento por el mismo importe del préstamo y cubrir el pago del principal, los intereses y los gastos vencidos derivados del impago de los intereses de dicho préstamo.
5        Mediante la Decisión (UE) 2017/365 de la Comisión, de 4 de julio de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concedida por España al Valencia Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, al Hércules Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, y al Elche Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva (DO 2017, L 55, p. 12; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), la Comisión Europea declaró, en particular, que las medidas descritas en los apartados 3 y 4 del presente auto constituían ayudas ilegales e incompatibles con el mercado interior, por importe de 19 193 000 euros y de 1 188 000 euros, respectivamente, e instó al Reino de España a que recuperara dichas ayudas de forma inmediata y efectiva.
6        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 20 de octubre de 2016, el Valencia CF interpuso un recurso dirigido a la anulación de la Decisión controvertida.
7        Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal General el 28 de octubre de 2016, el Valencia CF interpuso una demanda de medidas provisionales en la que solicitaba, principalmente, la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida en la medida en que la Comisión ordenaba en ella que se recuperaran del propio Valencia CF las ayudas que supuestamente se le habían concedido.
8        Mediante auto de 22 de marzo de 2018, Valencia Club de Fútbol/Comisión (T‑732/16 R, EU:T:2018:171), que fue confirmado en casación [auto de 22 de noviembre de 2018, Valencia Club de Fútbol/Comisión, C‑315/18 P(R) y C‑315/18 P(R)‑R, EU:C:2018:951], el Presidente del Tribunal General desestimó la demanda de medidas provisionales y reservó la decisión sobre las costas.
9        Mediante sentencia de 12 de marzo de 2020, Valencia Club de Fútbol/Comisión (T‑732/16, EU:T:2020:98), el Tribunal General anuló la Decisión controvertida en lo que respecta al Valencia CF y condenó a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las del Valencia CF, incluidas las del procedimiento de medidas provisionales sustanciado ante el Tribunal General.
10      Mediante recurso de casación interpuesto el 22 de mayo de 2020, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión solicitó la anulación de la referida sentencia.
11      Mediante sentencia de 10 de noviembre de 2022, Comisión/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862), el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación y condenó a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las del Valencia CF.
12      Al no haberse alcanzado ningún acuerdo sobre el importe de las costas recuperables entre el Valencia CF y la Comisión, el primero presentó la solicitud que aquí se examina.
Pretensiones de las partes
13      El Valencia CF solicita al Tribunal de Justicia que fije en 946 405,15 euros el importe de las costas recuperables en los asuntos T‑732/16, T‑732/16 R y C‑211/20 P.
14      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que fije en un máximo de 35 840 euros el importe de las costas recuperables del asunto C‑211/20 P.
Alegaciones de las partes
15      El Valencia CF solicita, en los asuntos T‑732/16, T‑732/16 R y C‑211/20 P, las siguientes cantidades:
–        465 636,76 euros en concepto de honorarios fijos y suplidos generados por dichos asuntos;
–        145 771,39 euros en concepto de honorarios y suplidos de una consultora en economía en relación con los asuntos T‑732/16 y T‑732/16 R;
–        35 000 euros abonados como primer pago de honorarios variables, y
–        300 000 euros en concepto de honorarios variables en los asuntos T‑732/16, T‑732/16 R y C‑211/20 P.
16      Ello no obstante, el Valencia CF propone deducir la cantidad de 35 000 euros, correspondiente a la fase de casación del procedimiento de medidas provisionales, sustanciada ante el Tribunal de Justicia.
17      El Valencia CF considera que la cantidad de 946 405,15 euros que reclama es razonable, ya que abarca seis años de procedimientos judiciales.
18      Más en concreto, el Valencia CF opina, en primer lugar, que se trataba de asuntos complejos y en los que se jugaba mucho, debido no solo al riesgo de tener que restituir más de 23 millones de euros, más intereses de demora, sino también al grave riesgo financiero que podía resultar de una declaración de concurso en el marco de un procedimiento de insolvencia, con el descenso de categoría a la segunda división de la liga de fútbol española.
19      En segundo lugar, según el Valencia CF, el litigio revestía dificultad por su objeto y su naturaleza, puesto que versaba sobre la legalidad de una decisión de la Comisión adoptada en materia de ayudas de Estado y que se basaba en gran medida en análisis económicos.
20      En tercer lugar, el Valencia CF estima que el asunto era importante para el Derecho de la Unión, ya que las reglas de la carga de la prueba no habían tenido una importancia tan mayúscula en ningún asunto de la jurisprudencia de la Unión y que la sentencia de 10 de noviembre de 2022, Comisión/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862), fue mencionada en el Informe anual del Tribunal de Justicia del año 2022. Entiende que, por consiguiente, es innegable que las cuestiones planteadas requirieron un análisis exhaustivo por parte del Valencia CF.
21      En cuarto lugar, afirma que, gracias a una estrategia procesal adecuada del equipo jurídico del Valencia CF, este consiguió, sin depositar aval o garantía, la suspensión de la ejecución de la Decisión controvertida.
22      En quinto lugar, aduce que, ya en casación, fue importante el tiempo invertido en la preparación de la estrategia de defensa y redacción de los escritos de oposición y de dúplica a las observaciones de la Comisión.
23      En sexto lugar, en cuanto a los honorarios y gastos minutados, arguye que él mismo acordó con sus abogados dos propuestas de trabajo, honorarios y suplidos correspondientes, respectivamente, a los procedimientos de primera instancia y de casación y que describen ampliamente el trabajo esperado, el equipo de abogados y la remuneración de este.
24      El Valencia CF alega que, toda vez que las referidas propuestas establecían la facturación de honorarios fijos y variables, los abogados no registraron regularmente sus horas, a diferencia de lo que ocurre con asuntos en los que se trabaja por tarifa horaria. No obstante, afirma que, a título de información, la tarifa horaria aplicada habitualmente en ese tipo de procedimientos era, para socios, de 400 a 450 euros, para asociados, de 300 a 375 euros y, para abogados júniores, 230 euros.
25      Además, aduce que la consultora en economía le presentó una propuesta de trabajo y honorarios para asistir a su equipo de abogados en la fase contenciosa ante el Tribunal General. Añade que, por ello, pagó la cantidad de 145 771,39 euros entre honorarios y suplidos, que incluyen 19 500 euros por la redacción de un segundo informe en el marco de la demanda de medidas provisionales presentada ante el Tribunal General.
26      La Comisión señala, con carácter preliminar, que el Tribunal de Justicia la condenó a cargar únicamente con las costas del recurso de casación, de modo que le corresponderá resolver únicamente sobre dichas costas, y no sobre las correspondientes a los procedimientos que se sustanciaron ante el Tribunal General.
27      Por otra parte, la referida institución considera que la solicitud de tasación de costas no está debidamente motivada, ya que la relevancia y necesidad de cada partida de costes no figuran claramente en la descripción. Debido al importe extraordinariamente elevado de la cantidad reclamada y la justificación muy limitada que el Valencia CF aporta al respecto, la Comisión invita al Tribunal de Justicia a adoptar un enfoque crítico en relación con dicha cantidad.
28      Afirma que, en particular, numerosos elementos aportados no guardan relación con el procedimiento sustanciado ante el Tribunal de Justicia, mientras que otros muchos son demasiado breves e imprecisos para comprobar su necesidad. Entiende que, por ejemplo, las facturas aportadas incluyen numerosas tareas que escapan a la definición de costas recuperables, tales como gastos relacionados con las comunicaciones entre abogados o asesores, así como entre estos y sus clientes. Añade que algunas facturas presentadas a la Comisión contienen tareas realizadas durante períodos sin ninguna tarea procesal de la demandante.
29      Así pues, la Comisión se pregunta si redunda en interés de una buena administración de justicia que una de las partes envíe al Tribunal de Justicia propuestas de trabajo y honorarios, sin precisar el desglose de los gastos alegados por asunto, y considera que el Tribunal de Justicia tiene derecho a desestimar la pretensión de la demandante sin más análisis y a resolver sumariamente el litigio, concediendo al Valencia CF el importe que la Comisión está dispuesta a pagarle.
30      Por lo que se refiere al análisis de las costas recuperables en el asunto C‑211/20 P, en primer lugar, la Comisión señala, en cuanto a la naturaleza y al objeto del litigio, que la solicitud de tasación de costas recuperables se refiere a un procedimiento de casación, que, por su naturaleza, está limitado a cuestiones de Derecho y no versa ni sobre la constatación ni sobre la apreciación de los hechos.
31      En segundo lugar, por lo que respecta a la importancia del litigio para el Derecho de la Unión, la Comisión estima, para comenzar, que se trata de un litigio habitual en materia de ayudas de Estado. Además, afirma que, en apoyo de su recurso de casación, formuló un único motivo basado en la interpretación errónea del concepto de «ventaja económica» con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 107 TFUE, apartado 1, que a su entender resultaba de interpretaciones erróneas de la Decisión controvertida y de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos [107 TFUE] y [108 TFUE] a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DO 2008, C 155, p. 10; en lo sucesivo, «Comunicación relativa a las garantías»), de la inobservancia de los límites de su carga de la prueba y de la obligación de diligencia que le incumbe y de la desnaturalización de los hechos.
32      A continuación, entiende que el Tribunal de Justicia no consideró que se tratase de un litigio que suscitara una cuestión de gran importancia jurídica, puesto que remitió el recurso de casación a una Sala de cinco jueces, que resolvió sin celebrar vista oral y tras oír las conclusiones del Abogado General.
33      Por último, en cuanto al interés económico del procedimiento, la Comisión alega que la cantidad que debía recuperarse en aplicación de la Decisión controvertida constituía un importe moderado en el marco de un procedimiento de ayudas de Estado y que no parece que la recuperación de dicha cantidad pusiera en peligro la supervivencia del Valencia CF, como confirmó el Tribunal General en el auto de 22 de marzo de 2018, Valencia Club de Fútbol/Comisión (T‑732/16 R, EU:T:2018:171).
34      En tercer lugar, para el cálculo de un importe razonable de costas recuperables, para comenzar, la Comisión señala que sus agentes estiman que destinaron como máximo setenta horas a la preparación del recurso de casación y del escrito de réplica.
35      Además, la Comisión afirma que el Tribunal de Justicia admitió recientemente, en un asunto sobre costas en procedimientos relativos a ayudas de Estado, una tarifa horaria máxima de 300 euros para abogados altamente cualificados, de modo que esta tarifa puede ascender hoy en día a 324 euros, si se tienen en cuenta las tendencias inflacionistas del período en el que tuvieron lugar las tareas procesales en el presente asunto.
36      Por último, la Comisión aduce que, si se considerasen necesarias incluso unas ciento diez horas a efectos de la preparación de los escritos de contestación y de dúplica, la aplicación de esa última tarifa podría permitir un cobro máximo razonable de 35 640,00 euros en concepto de honorarios de abogado, a los que se les podrían añadir no más de 200 euros en concepto de desembolsos varios relacionados con la preparación de dichos escritos (fotocopias, impresiones, etc.).
Apreciación del Tribunal de Justicia
Sobre la admisibilidad
37      Con arreglo al artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso. El artículo 184, apartado 2, del referido Reglamento dispone, por su parte, que el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado o cuando, siendo este fundado, dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
38      Por otra parte, de conformidad con el artículo 133 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, este decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.
39      En el caso de autos, por un lado, consta que el Tribunal General decidió sobre las costas de los asuntos T‑732/16 y T‑732/16 R en la sentencia de 12 de marzo de 2020, Valencia Club de Fútbol/Comisión (T‑732/16, EU:T:2020:98).
40      Por otro lado, como ha señalado acertadamente la Comisión, el recurso de casación que ella interpuso contra la referida sentencia fue desestimado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 10 de noviembre de 2022, Comisión/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862).
41      De ello se deriva que el Tribunal de Justicia no conoció en ningún momento del asunto en primera instancia y que, por tanto, en la sentencia citada en último lugar, decidió únicamente sobre las costas del procedimiento de casación, sin hacerlo sobre las de los procedimientos de primera instancia, tanto el principal como el de medidas provisionales.
42      En consecuencia, la presente solicitud de tasación de costas solo es admisible por lo que respecta a las costas del Valencia CF que corresponden al asunto C‑211/20 P y debe declararse inadmisible en la medida en que se refiere, además, a las costas causadas al Valencia CF en los asuntos T‑732/16 y T‑732/16 R.
Sobre el fondo
43      A tenor del artículo 144, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, se considerarán costas recuperables «los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de agentes, asesores o abogados».
44      Como se desprende del tenor del referido artículo 144, letra b), la remuneración de un abogado forma parte de los gastos indispensables en el sentido de dicha disposición. De ese tenor se deriva igualmente que las costas recuperables se limitan, por un lado, a los gastos efectuados a efectos del procedimiento ante el Tribunal de Justicia y, por otro, a los que hayan resultado indispensables a dichos efectos (auto de 3 de octubre de 2018, Orange/Comisión, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, apartado 26 y jurisprudencia citada).
45      Además, al fijar las costas recuperables, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta todas las circunstancias del asunto hasta el momento en que se dicta el auto de tasación de costas, incluidos los gastos indispensables correspondientes al procedimiento de tasación de costas (auto de 3 de octubre de 2018, Orange/Comisión, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, apartado 27 y jurisprudencia citada).
46      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el juez de la Unión no es competente para tasar los honorarios que las partes adeudan a sus propios abogados, sino para determinar la cantidad máxima de tales remuneraciones que puede reclamarse a la parte condenada en costas (auto de 3 de octubre de 2018, Orange/Comisión, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, apartado 28 y jurisprudencia citada).
47      Al no prever el Derecho de la Unión disposiciones equiparables a un arancel profesional o referidas al tiempo de trabajo necesario, el Tribunal de Justicia debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho de la Unión, así como sus dificultades, el volumen de trabajo que el procedimiento contencioso haya podido implicar para los agentes o abogados que han intervenido y los intereses económicos que el litigio haya supuesto para las partes (auto de 3 de octubre de 2018, Orange/Comisión, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, apartado 29 y jurisprudencia citada).
48      En el caso de autos, ha de señalarse, en primer lugar, por lo que se refiere al objeto y la naturaleza del litigio en cuestión, que el Tribunal de Justicia conoce de un recurso de casación, que, por su naturaleza, se limita a las cuestiones de Derecho y que, salvo en caso de desnaturalización, no versa ni sobre la constatación ni sobre la apreciación de los hechos. Además, antes de la interposición de dicho recurso, el litigio nacido de la pretensión de anulación formulada por el Valencia CF ya había sido sometido al Tribunal General.
49      Por lo que respecta, en segundo lugar, a la importancia del litigio desde el punto de vista del Derecho de la Unión y las dificultades planteadas por las cuestiones examinadas en el procedimiento de casación, procede recordar que la Comisión había formulado un único motivo basado en la interpretación errónea del concepto de «ventaja económica» con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 107 TFUE, apartado 1, que a su entender resultaba de interpretaciones erróneas de la Decisión controvertida y de la Comunicación relativa a las garantías, de la inobservancia de los límites de su carga de la prueba y de la obligación de diligencia que le incumbe y de la desnaturalización de los hechos.
50      A ese respecto, de la apreciación por el Tribunal de Justicia de la alegación de la Comisión basada en la interpretación errónea de la Decisión controvertida, en la inobservancia de los límites de su carga de la prueba y de la obligación de diligencia que le incumbe y en la desnaturalización de los hechos se desprende que dicha alegación no suscitaba ninguna cuestión de Derecho nueva y podía ser juzgada sobre la base de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Asimismo, la apreciación por el Tribunal de Justicia de la alegación de la Comisión basada en la interpretación errónea de la Comunicación relativa a las garantías pone de manifiesto que esta tampoco suscitaba dificultades especiales.
51      Ello no obstante, de la apreciación por el Tribunal de Justicia de la alegación de la Comisión basada en la interpretación errónea de la Comunicación relativa a las garantías y en la inobservancia de los límites de su carga de la prueba y de la obligación de diligencia que le incumbe se desprende también que, aun cuando dicha alegación pudiera ser juzgada sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dio lugar a un examen preciso y detallado de las cuestiones de si el Tribunal General había incurrido en errores de Derecho al interpretar dicha Comunicación y al constatar que la Comisión había incurrido en inobservancia de las normas que regulan esa carga y de esa obligación.
52      En tercer lugar, por lo que se refiere a los intereses económicos afectados, procede considerar que el riesgo de la recuperación de más de 23 millones de euros, más intereses de demora, presentaba un interés económico cierto para el Valencia CF.
53      Por lo que respecta, en cuarto lugar, al volumen de trabajo realizado por los letrados del Valencia CF, ha de señalarse que dicha sociedad incluyó, en el cálculo del importe de los gastos cuya recuperación solicita, los honorarios relativos al tiempo de trabajo destinado al asunto por tres letrados a tarifas horarias indicativas que se sitúan entre 300 y 450 euros.
54      A este respecto, procede recordar que, si bien, en principio, solo es recuperable la retribución de un único agente, asesor o abogado, cabe que, según las características propias de cada asunto, en el primer lugar de las cuales figura su complejidad, la retribución de varios abogados pueda considerarse comprendida en el concepto de «gastos indispensables» en el sentido del artículo 144, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (auto de 3 de octubre de 2018, Orange/Comisión, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, apartado 35 y jurisprudencia citada).
55      De lo anterior se deduce que, a la hora de determinar la cuantía de las costas recuperables, debe tenerse en cuenta el número total de horas de trabajo que objetivamente pueden resultar necesarias a efectos del procedimiento, con independencia del número de abogados entre los que se haya repartido el trabajo (auto de 3 de octubre de 2018, Orange/Comisión, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, apartado 36 y jurisprudencia citada).
56      Por otra parte, los abogados cuyas prestaciones se facturan de ese modo a tarifas horarias que se sitúan entre 300 euros y 450 euros deben justificar una cualificación y una experiencia elevadas en el ámbito del Derecho de ayudas de Estado y se presume que tramitan los asuntos que se les encomiendan, incluidos los que presentan cierta complejidad, con eficacia y celeridad. Por lo tanto, la toma en consideración de una remuneración de dicho nivel debe tener como contrapartida una evaluación estricta del número total indispensable de horas de trabajo a efectos del procedimiento de que se trate (véase, en este sentido, el auto de 3 de octubre de 2018, Orange/Comisión, C‑486/15 P‑DEP, EU:C:2018:824, apartado 37 y jurisprudencia citada).
57      A ese respecto, ha de señalarse, para comenzar, que, en el escrito de contestación presentado en el procedimiento de casación que dio lugar a la sentencia de 10 de noviembre de 2022, Comisión/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862), los letrados del Valencia CF examinaron cuestiones de Derecho que se ubicaban en un marco ya ampliamente delimitado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, como se ha observado en el apartado 50 del presente auto.
58      Ello no obstante, como se ha señalado en el apartado 51 del presente auto, la apreciación por el Tribunal de Justicia de la alegación de la Comisión basada en la interpretación errónea de la Comunicación relativa a las garantías y en la inobservancia de los límites de su carga de la prueba y de la obligación de diligencia que le incumbe dio lugar a un examen preciso y detallado de las cuestiones de si el Tribunal General había incurrido en errores de Derecho al interpretar dicha Comunicación y al constatar que la Comisión había incurrido en inobservancia de las normas que regulan esa carga y de esa obligación.
59      Por lo tanto, los letrados del Valencia CF pudieron considerar necesario presentar al Tribunal de Justicia una alegación lo suficientemente precisa sobre esas cuestiones, a fin de refutar la alegación expuesta por la Comisión en su recurso de casación.
60      A continuación, procede subrayar que los letrados del Valencia CF ya tenían un conocimiento profundo del asunto, pues habían representado a dicha sociedad durante el procedimiento administrativo y en el procedimiento judicial de primera instancia, lo que podía facilitar su trabajo y reducir el tiempo que debía destinarse al estudio del recurso de casación y a la redacción de los escritos de contestación y de dúplica (véase, en este sentido, el auto de 17 de mayo de 2024, DEI/Mytilinaios, C‑332/18 P‑DEP, EU:C:2024:422, apartado 43).
61      A la vista de las consideraciones anteriores, resulta que la redacción de los referidos escritos pudo representar una carga de trabajo que no superaba sensiblemente una carga de trabajo media.
62      Por último, procede señalar que, al no haberse celebrado vista oral, los letrados del Valencia CF no tuvieron que comparecer ante el Tribunal de Justicia ni, por tanto, preparar intervención oral alguna.
63      De la solicitud de tasación de las costas recuperables, así como de su anexo 2, se desprende que, para el procedimiento del asunto C‑211/20 P, el Valencia CF había acordado un importe de honorarios fijos que se situaba entre 120 000 euros y 150 000 euros, al que se le añadían honorarios variables de 300 000 euros.
64      A ese respecto, ha de señalarse que las indicaciones facilitadas por el Valencia CF no permiten determinar el carácter indispensable del conjunto de esos honorarios, que parecen exceder ampliamente de lo que puede considerarse indispensable objetivamente a efectos del procedimiento de casación.
65      Por lo que se refiere a las costas del presente procedimiento, basta con señalar que las solicitudes de tasación de costas presentan un carácter más bien homologado y se caracterizan, en principio, por la inexistencia de dificultad alguna (auto de 17 de mayo de 2024, DEI/Mytilinaios, C‑332/18 P‑DEP, EU:C:2024:422, apartado 48 y jurisprudencia citada).
66      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, una justa apreciación de las costas recuperables de la Comisión por parte del Valencia CF, por el asunto C‑211/20 P y el presente procedimiento de tasación de costas, lleva a fijar su importe total en 42 200 euros.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) resuelve:
1)      Declarar inadmisible la solicitud de tasación de costas recuperables en la medida en que se refiere a las costas causadas al Valencia Club de Fútbol, S. A. D., en los asuntos T‑732/16 y T‑732/16 R.
2)      Fijar en 42 200 euros el importe total de las costas que la Comisión Europea debe reembolsar al Valencia Club de Fútbol
en el asunto C‑211/20 P.
Dictado en Luxemburgo, a 21 de octubre de 2024.
El Secretario
El Vicepresidente, en funciones de Presidente de Sala
A. Calot Escobar
T. von Danwitz
*      Lengua de procedimiento: español.