Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 19 de marzo de 2026 (1)
Asunto C‑762/24 P
Conserve Italia — Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr.,
Conserves France SA
contra
Comisión Europea
« Recurso de casación — Competencia — Artículo 101 TFUE — Prácticas colusorias — Reglamento (CE) n.º 1/2003 — Multas — Artículo 23, apartado 2 — Determinación del límite máximo legal de la multa — Volumen de negocios pertinente — Entidad que opera en el sector de la transformación de productos agrícolas — Entidad que opera como sociedad cooperativa — Entidad que se califica a la vez como “empresa” y como “asociación de empresas” »
I.      Introducción
1.        Mediante su recurso de casación, Conserve Italia — Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. (en lo sucesivo, «Conserve Italia») y Conserves France SA (en lo sucesivo, conjuntamente, «recurrentes») solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 4 de septiembre de 2024, Conserve Italia y Conserves France/Comisión (T‑59/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2024:574), mediante la cual dicho órgano jurisdiccional desestimó su recurso por el que solicitaban la anulación parcial de la Decisión C(2021) 8259 final de la Comisión Europea, de 19 de noviembre de 2021, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (2) (asunto AT.40127 — Verduras en conserva) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), (3) y la reducción del importe de la multa que se les había impuesto. Más concretamente, mediante dicha Decisión, la Comisión impuso solidariamente a las recurrentes una multa por importe de 20 millones de euros por haber participado, durante los años 2000 a 2013, en un cártel en el mercado de la comercialización de conservas de guisantes o de zanahorias, así como de conservas de maíz.
2.        En el marco del presente recurso de casación, al igual que en su recurso en primera instancia, las recurrentes no impugnan ni la existencia de la infracción de que se trata ni su participación en ella, sino que discuten exclusivamente el importe de la multa impuesta por la Comisión. Sostienen, en esencia, que, habida cuenta de su naturaleza cooperativa y de su estructura mutualista vertical, Conserve Italia debería haber sido calificada como «asociación de empresas». Por consiguiente, el límite máximo legal del 10 % previsto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 (4) no debería haberse determinado sobre la base del volumen de negocios mundial consolidado del grupo Conserve Italia, en su condición de «empresa», en virtud del párrafo segundo de esa disposición, sino únicamente sobre la base del volumen de negocios de Conserve Italia correspondiente a los productos transformados objeto del cártel, en virtud del párrafo tercero de la citada disposición, toda vez que esos productos fueron suministrados por trescientas cincuenta explotaciones agrícolas que actuaban como «miembros» de Conserve Italia.
3.        El presente asunto brinda pues al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar las normas aplicables a la determinación del límite máximo legal de las multas que la Comisión puede imponer en caso de infracción de las normas sobre competencia, en particular cuando la entidad en cuestión se califica a la vez de «empresa» y de «asociación de empresas».
II.    Marco jurídico
A.      Reglamento n.º 1/2003
4.        El artículo 23 del Reglamento n.º 1/2003, titulado «Multas sancionadoras», dispone lo siguiente en su apartado 2:
«Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia:
a)      infrinjan las disposiciones del artículo [101 TFUE] o del artículo [102 TFUE] […]
[…]
Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior.
Cuando la infracción de una asociación esté relacionada con las actividades de sus miembros, la multa no podrá ser superior al 10 % del importe global del volumen de negocios total de cada uno de los miembros que opere en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción de la asociación.
[…]»
B.      Directrices para el cálculo de las multas
5.        Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1/2003 (en lo sucesivo, «Directrices para el cálculo de las multas») (5) disponen lo siguiente en sus apartados 14, 32 y 33:
«14.      Cuando la infracción de una asociación de empresas se refiera a las actividades de sus miembros, el valor de las ventas corresponderá en general a la suma del valor de las ventas de sus miembros.
[…]
32.      Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, del [Reglamento n.º 1/2003].
33.      Cuando la infracción de una asociación esté relacionada con las actividades de sus miembros, la multa no podrá ser superior al 10 % del importe global del volumen de negocios total de cada uno de los miembros que opere en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción de la asociación.»
III. Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
6.        Los antecedentes del litigio, expuestos por el Tribunal General en los apartados 2 a 9 de la sentencia recurrida, pueden resumirse, a efectos de las presentes conclusiones, del siguiente modo.
7.        Conserve Italia y su filial Conserves France, participada por la primera en un 99,77 %, operan en el sector de la transformación de alimentos.
8.        Mediante la Decisión controvertida, la Comisión declaró que las recurrentes habían participado en una infracción única del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE. Esta infracción consistió en la coordinación de precios, el reparto de mercados y el intercambio de información sensible sobre las ventas de determinados tipos de verduras en conserva destinados a distribuidores o al sector de la restauración fuera del domicilio en el EEE durante el período comprendido entre el 15 de marzo de 2000 y el 1 de octubre de 2013. Más concretamente, las recurrentes habían participado en dos acuerdos distintos, uno referido a la venta de verduras en conserva como judías verdes, guisantes y mezclas de guisantes y zanahorias, y el otro, a la venta de maíz en conserva. (6)
9.        En consecuencia, la Comisión impuso a las recurrentes, con carácter solidario, una multa por un importe de 20 millones de euros en aplicación del artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 1/2003 y de las Directrices para el cálculo de las multas. (7)
IV.    Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
10.      Las recurrentes interpusieron un recurso ante el Tribunal General por el que solicitaban, por un lado, la anulación parcial de la Decisión controvertida por lo que respecta a la determinación del importe de la multa y, por otro lado, la reducción del importe de la multa impuesta, en virtud de la competencia jurisdiccional plena prevista en los artículos 261 TFUE y en el artículo 31 del Reglamento n.º 1/2003.
11.      En apoyo de sus pretensiones, las recurrentes invocaron dos motivos basados, el primero, en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003 y del punto 33 de las Directrices para el cálculo de las multas, por lo que respecta a la determinación del volumen de negocios tenido en cuenta para calcular el límite máximo de la multa, (8) y, el segundo, en la infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.º 1/2003, así como de los puntos 14, 19, 20, 22, 24 y 25 de dichas Directrices, en relación con la determinación del importe de base de la multa. (9)
12.      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó dicho recurso.
13.      Por lo que respecta al primer motivo, relativo al límite máximo legal de la multa que la Comisión fijó y aplicó en la Decisión controvertida, el Tribunal General lo desestimó por infundado debido, en esencia, a que Conserve Italia había sido calificada acertadamente como «empresa» por la Comisión, en el sentido del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003, de modo que las alegaciones de las recurrentes referidas a la condición paralela de «asociación de empresas» de Conserve Italia eran inoperantes y, por lo demás, los argumentos referidos, por un lado, a la situación jurídica y fáctica específica, es decir, la estructura mutualista de Conserve Italia y, por otro lado, su comportamiento y el de sus miembros en los mercados afectados por la infracción, o bien no eran pertinentes a efectos de la determinación del límite máximo legal de la multa que había que imponer a las recurrentes en virtud del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Reglamento, o bien eran infundados (apartados 29 a 46 de la sentencia recurrida). Además, el Tribunal General declaró que, en cualquier caso, no se cumplían los requisitos para la aplicación del límite máximo legal de la multa contemplado en el artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, de dicho Reglamento (apartados 47 a 51 de dicha sentencia).
14.      Por lo que respecta al segundo motivo, relativo a la determinación del importe de base de la multa impuesta a las recurrentes, que no se impugna mediante el presente recurso de casación, el Tribunal General lo desestimó asimismo por infundado, remitiéndose, en particular, en relación con la determinación del valor de las ventas, a algunas de sus apreciaciones efectuadas en el contexto del primer motivo (apartados 67 y 68 de dicha sentencia).
V.      Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
15.      El 31 de octubre de 2024, las recurrentes interpusieron un recurso de casación contra la sentencia recurrida. Solicitan al Tribunal de Justicia que anule dicha sentencia, reduzca el importe de la multa que se les impuso y condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento y del procedimiento en primera instancia.
16.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a las recurrentes.
17.      En la vista celebrada el 17 de diciembre de 2025 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia.
VI.    Análisis
18.      En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan dos motivos. El primer motivo de casación se basa en la falta de motivación y en la aplicación incorrecta del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.      º 1/2003. El segundo motivo de casación, que se solapa parcialmente con el primero, se basa en errores de Derecho cometidos por el Tribunal General en relación con los requisitos exigidos por esta disposición, en relación con el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
A.      Observaciones preliminares
19.      Antes de examinar estos motivos, me gustaría formular algunas observaciones preliminares. En la medida en que el recurso de casación en su conjunto guarda relación con la aplicación del artículo 23, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento n.º 1/2003, considero necesario recordar su contenido y aplicación, a la luz de su tenor, su génesis, el contexto en el que se inscriben, así como los objetivos que persiguen. (10)
20.      En primer lugar, por lo que respecta al tenor del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003, este establece la norma general según la cual el límite máximo legal no puede exceder del 10 % del volumen de negocios total «por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción», mientras que su párrafo tercero se asemeja a una especie de lex specialis, al prever que «cuando la infracción de una asociación esté relacionada con las actividades de sus miembros, la multa no podrá ser superior al 10 % del importe global del volumen de negocios total de cada uno de los miembros que opere en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción de la asociación». (11)
21.      De la articulación de estos dos párrafos se desprende que, en principio, cuando una entidad implicada en una infracción del Derecho de la competencia de la Unión se califica como «asociación de empresas», la Comisión está normalmente obligada a aplicar la norma general de cálculo del límite máximo legal de la multa prevista en el párrafo segundo, salvo si se cumplen dos requisitos, a saber, por un lado, que la infracción «esté relacionada» con las actividades de sus miembros y, por otro lado, que al menos algunos de los miembros de esa asociación de empresas «opere en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción». Parece que el primer requisito es relativamente fácil de cumplir, ya que las «asociaciones de empresas» suelen defender los intereses comunes de sus miembros, en particular con respecto a otros operadores económicos, (12) de manera que sus operaciones fácilmente «estarán relacionadas» con las actividades de sus miembros, toda vez que la expresión «estar relacionada» tienen un sentido amplio que no está estrictamente definido. El segundo es más exigente en la medida en que requiere que los miembros «operen en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción de la asociación». Pues bien, dado que este segundo requisito implica necesariamente que se cumpla el primero, la única exigencia que en realidad impone el párrafo tercero es que la infracción cometida por la asociación de empresas esté relacionada con un mercado en el que operen sus miembros.
22.      De ello se deduce que, con carácter general, el volumen de negocios de una asociación de empresas constituye una base adecuada para determinar el límite máximo legal de la multa cuando la propia asociación opera en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción, en el sentido de que realiza sus propias ventas en dicho mercado —ventas que se contabilizan en su volumen de negocios—. No obstante, si no es así y la infracción afecta a un mercado en el que operan miembros de dicha asociación, se puede imponer entonces a esta última una multa de hasta el 10 % del volumen de negocios de esos miembros.
23.      Sin embargo, una interpretación puramente literal del artículo 23, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento n.º 1/2003 no permite abarcar todos los supuestos. Por ejemplo, se plantea la cuestión de qué volumen de negocios de referencia debe considerarse más adecuado cuando algunos miembros de la asociación operan en el mercado pertinente y la propia asociación también ejerce una actividad autónoma en ese mercado. En esas circunstancias, ¿debe prevalecer la norma general (párrafo segundo) sobre la lex specialis (párrafo tercero)?
24.      A este respecto, en segundo lugar, por lo que respecta a la génesis del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, cabe señalar que, en el antiguo Reglamento n.º 17, (13) no existía ninguna disposición equivalente. Sin embargo, ello no impidió a los órganos jurisdiccionales de la Unión, en particular al Tribunal General, determinar el límite máximo legal de una multa impuesta a asociaciones de empresas sobre la base del volumen de negocios generado por sus miembros, cuando ello permitiera reflejar mejor el tamaño y la influencia económica de la asociación en el mercado. (14) De hecho, ese planteamiento fue corroborado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Finnboard, en la que se reconoció que «al imponer una multa a una asociación de empresas cuyo volumen de negocios no guarda relación, en la mayor parte de los casos, con su tamaño o con la influencia que ejerza en el mercado, solo la consideración de los volúmenes de negocios de las empresas miembros permite determinar una sanción que sea disuasoria […]. A tal efecto, no se exige que los miembros de la asociación hayan participado efectivamente en la infracción, sino que la asociación tenga, conforme a sus reglas internas, la posibilidad de vincular a sus miembros». (15) Después de que se dictara esa sentencia el legislador de la Unión añadió a la propuesta de Reglamento n.º 1/2003 el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 23 de dicho Reglamento. En efecto, ese párrafo, que no figuraba ni en la propuesta inicial de Reglamento de la Comisión, (16) ni en las diferentes modificaciones propuestas por el Parlamento, (17) no se introdujo hasta la última fase de la adopción del citado Reglamento, probablemente con el fin de codificar esta jurisprudencia derivada de la aplicación del artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.º 17. (18)
25.      Después de que esa jurisprudencia se codificara en el Reglamento n.º 1/2003, el Tribunal de Justicia dictó dos sentencias pertinentes a efectos de la aplicación de las normas sobre determinación del límite máximo legal de multas a asociaciones de empresas, a saber, por un lado, la sentencia Coop de France bétail et viande y otros/Comisión (19) (que versaba, no obstante, sobre el análisis del artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.º 17), y, por otro lado, la sentencia de los notarios lituanos. En ambos casos, el Tribunal de Justicia confirmó y reforzó la idea de que está justificado recurrir al volumen de negocios de los miembros de una asociación debido a la necesidad de reflejar mejor el tamaño y la influencia económica en el mercado de la asociación de empresas que ha cometido una infracción del Derecho de la competencia, con el fin de determinar una sanción que sea realmente disuasoria. (20)
26.      Por último, en tercer y último lugar, por lo que respecta a los objetivos que persigue el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, ha de señalarse que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el establecimiento de un límite máximo legal tiene por finalidad evitar que la imposición de una multa por un importe superior a este límite sobrepase la capacidad de pago de la empresa (o de la asociación de empresas) en la fecha en la que la Comisión la declara responsable de la infracción y le impone una sanción pecuniaria. (21) De este modo, esa disposición pretende evitar que las multas sean desproporcionadas con respecto a la importancia de la empresa que ha participado en la infracción, siendo el volumen de negocios global el único dato que puede ofrecer una indicación aproximada a este respecto. (22) Esa finalidad debe no obstante combinarse con el afán de garantizar que la multa sea lo suficientemente disuasoria, que justifica que se tomen en consideración el tamaño y la influencia económica de la empresa de que se trate, es decir, los recursos globales del autor de la infracción. (23)
27.      El presente recurso de casación debe examinarse a la luz de estos principios.
B.      Sobre el primer motivo de casación, basado en falta de motivación y en la infracción del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003
28.      Mediante su primer motivo de casación, que se articula en dos partes, las recurrentes aducen que la sentencia recurrida adolece de una falta manifiesta de motivación en la medida en que, al calificar erróneamente a Conserve Italia de «empresa» a efectos de la determinación del límite máximo del importe de la multa con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, el Tribunal General se limitó a confirmar el razonamiento de la Comisión y no tuvo en consideración las alegaciones de las recurrentes relativas a las características y al funcionamiento de una sociedad cooperativa de tipo mutualista como Conserve Italia (primera parte). Además, a su juicio, el Tribunal General infringió el artículo 23, apartado 2, de ese Reglamento, al confirmar la aplicación del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del mismo Reglamento, a efectos de la determinación de la multa impuesta por la Comisión en la Decisión controvertida, al tiempo que consideró que no concurrían los requisitos de aplicación del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, de dicho Reglamento (segunda parte).
1.      Sobre la admisibilidad
29.      Con carácter preliminar, debo señalar que, sin plantear formalmente una causa de inadmisión, la Comisión alberga dudas sobre la admisibilidad del primer motivo de casación, debido a que las recurrentes han modificado, en esencia, el objeto del litigio ante el Tribunal General. Aunque en el procedimiento en primera instancia, las recurrentes pretendían demostrar que la Comisión las había calificado erróneamente de «empresa» y, por consiguiente, que había excluido incorrectamente la aplicación de la disposición relativa a la determinación del límite máximo de la multa aplicable, según la Comisión, a las «asociaciones de empresas», a saber, el artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003, ha de observarse que, en el marco del primer motivo del presente recurso de casación, las recurrentes ya no impugnan la sentencia recurrida en la medida en que confirma la calificación de «empresa» por lo que respecta a Conserve Italia, (24) sino que sostienen, en esencia, que, sobre la base de esa misma calificación el Tribunal General debería haber modificado la Decisión controvertida, a la luz de sus particularidades, aplicándoles esa misma disposición. (25)
30.      A este respecto, es preciso recordar que, en virtud del artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el recurso de casación no puede modificar el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General, dado que la competencia del Tribunal de Justicia, en el marco del recurso de casación, está en efecto limitada a la apreciación de la solución jurídica que se haya dado a los motivos objeto de debate ante los jueces de primera instancia. (26)
31.      En el presente asunto, del examen de los documentos que obran en los autos del procedimiento en primera instancia se desprende que, aunque en su recurso las recurrentes adujeron efectivamente que la Comisión había calificado incorrectamente a Conserve Italia como «empresa» en lugar de como «asociación de empresas», (27) lo que le llevó a no aplicar el artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003, (28) las recurrentes matizaron este enfoque en su escrito de réplica, aceptando la posibilidad de que Conserve Italia pudiera ser considerada a la vez una «empresa» y una «asociación de empresas», precisando que encajaba «mejor» en esta segunda calificación. (29) De ello resulta que la alegación de las recurrentes no puede considerarse «nueva», toda vez que la cuestión de la aplicabilidad del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, de ese Reglamento, independientemente de la calificación atribuida a Conserve Italia, se planteó y debatió ante el Tribunal General teniendo en cuenta, en particular, las particularidades de esta. (30)
32.      Habida cuenta de lo anterior, considero admisible el primer motivo de casación.
2.      Sobre el fondo
a)      Sobre la primera parte del primer motivo de casación, basada en la falta de motivación de la sentencia recurrida
1)      Alegaciones de las partes
33.      En apoyo de la primera parte del primer motivo de casación, las recurrentes sostienen, en esencia, que la sentencia recurrida adolece, en los apartados 31 a 52, de falta de motivación dado que, al calificar a Conserve Italia como «empresa» sujeta a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003, por un lado, y al considerar inoperantes las alegaciones basadas en la calificación de Conserve Italia como «asociación de empresas», por otro lado, el Tribunal General se limitó a ratificar el razonamiento de la Comisión sin examinar las alegaciones referidas a las características y funcionamiento de una sociedad cooperativa multiproducto de tipo mutualista como Conserve Italia. (31) A este respecto, a su juicio, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige a la Comisión que no ejerza su facultad de imponer sanciones de manera «formalista», sin tener debidamente en cuenta las características de la empresa de que se trata. (32) Pues bien, al considerar inoperantes las características de Conserve Italia, el Tribunal General no solo se abstuvo de examinarlas a efectos de la sentencia, sino que tampoco motivó suficientemente la desestimación de las alegaciones formuladas por las recurrentes.
34.      La Comisión arguye que los escritos de las recurrentes no permiten identificar de forma precisa las supuestas faltas de motivación y que dichas partes se limitan, en esencia, a repetir las alegaciones ya presentadas ante el Tribunal General con el fin de lograr que el Tribunal de Justicia vuelva a examinar el recurso interpuesto en primera instancia. Según la Comisión, la argumentación de las recurrentes es, por lo tanto, inadmisible y, en cualquier caso, infundada.
2)      Apreciación
35.      Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General en virtud del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y de los artículos 36 y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, le exige mostrar de manera clara e inequívoca su razonamiento, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. (33) No obstante, como ha precisado también el Tribunal de Justicia, esta obligación de motivar sus decisiones no le impone el deber de exponer exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes del litigio. Por tanto, la motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no ha estimado sus pretensiones y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control en el marco de un recurso de casación. (34) Además, conviene precisar que la obligación de motivar las decisiones constituye un requisito sustancial de forma que debe distinguirse de la cuestión de la fundamentación de la motivación, que se refiere a la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. (35)
36.      Así pues, la primera parte del primer motivo de casación debe examinarse a la luz de estas consideraciones.
37.      A este respecto, en el presente asunto, contrariamente a lo que afirman las recurrentes, resulta que el Tribunal General motivó suficientemente las razones por las que consideró que sus alegaciones relativas a las características y al funcionamiento de Conserve Italia no podían justificar la aplicación del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003.
38.      En efecto, en primer lugar, en los apartados 27 a 32 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la Comisión había calificado acertadamente a Conserve Italia de «empresa», en el sentido del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Reglamento. Tras recordar que, en Derecho de la competencia, el concepto de «empresa» comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación, el Tribunal General señaló acertadamente que constituye tal actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un mercado determinado. Pues bien, ese era precisamente el caso de Conserve Italia, cuya actividad principal consistía en producir y vender bebidas a base de frutas y conservas de frutas y verduras, a saber, la actividad afectada por la infracción objeto de la Decisión controvertida. Por lo tanto, aplicando al presente asunto una jurisprudencia reiterada, (36) el Tribunal General concluyó acertadamente que Conserve Italia era una «empresa» y que el límite máximo legal de la multa debía calcularse sobre la base de su volumen de negocios, de conformidad con el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Reglamento. Este análisis parece tanto más justificado cuanto que, como se ha expuesto en el punto 29 de las presentes conclusiones, el principal argumento de las recurrentes estaba dirigido a rebatir la calificación de Conserve Italia como «empresa».
39.      En segundo lugar, el Tribunal General consideró que esa conclusión no quedaba desvirtuada por las alegaciones de las recurrentes dirigidas, por un lado, a impugnar su calificación de «empresa» basándose en que Conserve Italia era una «asociación de empresas» (apartados 34 y 35 de la sentencia recurrida) (37) y, por otro lado, a justificar la aplicación del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003, debido a las supuestas particularidades de su funcionamiento (apartados 37 a 46 de dicha sentencia).
40.      En la medida en que en el presente recurso de casación ya no se discute la calificación de «empresa», (38) solo son pertinentes para apreciar el carácter suficiente de la motivación de la sentencia recurrida los argumentos relativos a las particularidades de Conserve Italia que pueden justificar la aplicación del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del citado Reglamento.
41.      A este respecto, estimo necesario recordar, de entrada, que todos esos argumentos, tal y como figuraban en el recurso interpuesto en primera instancia, tenían por objeto demostrar que Conserve Italia debía ser calificada exclusivamente como «asociación de empresas». (39) De este modo, el examen de esos argumentos en virtud del deber de motivación del Tribunal General únicamente tiene sentido si el Tribunal de Justicia considera que existía ese deber, aunque solo fuera a mayor abundamiento, en la medida en que esa calificación de «asociación de empresas» habría sido pertinente para la aplicación del artículo 23, apartado 2, del citado Reglamento.
42.      En cualquier caso, las alegaciones formuladas por las recurrentes en primera instancia se basan en numerosas particularidades de la estructura normativa, organizativa y operativa de Conserve Italia, que pretenden demostrar, en esencia, que solo operaba en el mercado en cuestión para perseguir su finalidad mutualista, en beneficio exclusivo de las explotaciones agrícolas, a través de las cooperativas de primer nivel. Según las recurrentes, las explotaciones agrícolas proporcionan directrices a Conserve Italia, a través de las cooperativas de primer nivel, y deciden sobre su gestión, así como sobre sus acciones, con el objetivo único y final de perseguir una finalidad mutualista.
43.      Estas alegaciones, formuladas por las recurrentes en primera instancia, pueden resumirse del siguiente modo:
–        las explotaciones agrícolas son entidades autónomas no integradas verticalmente en Conserve Italia, a la que únicamente recurren para operar en el mercado de las verduras en conserva; (40)
–        es cierto que Conserve Italia es la entidad que puso materialmente en marcha el cártel, pero no la que se benefició
de él; (41)
–        la estructura de Conserve Italia se caracteriza por ser eminentemente descentralizada, lo que la diferencia de la estructura de un grupo empresarial en que: i) las explotaciones agrícolas adoptan de forma autónoma las decisiones sobre los tipos y cantidades de productos y en materia de estrategias; (42) ii) las obligaciones jurídicas que incumben a las explotaciones agrícolas en virtud de los reglamentos de Conserve Italia garantizan la relación descentralizada entre esta y las explotaciones agrícolas; (43) iii) los bienes que se aportan siguen siendo propiedad de las explotaciones agrícolas hasta que se venden a terceros en el mercado y tales explotaciones son las que siguen asumiendo los riesgos derivados de la pérdida o eventual deterioro de las materias primas incluso después de haber suministrado los productos agrícolas, (44) y iv) el precio de los bienes aportados se determina después de la venta de las verduras en conserva en el mercado; (45)
–        Conserve Italia cumple los requisitos exigidos por la jurisprudencia de la Unión para ser calificada como «asociación de empresas», en la medida en que, por un lado, actúa en interés exclusivo de las explotaciones agrícolas (por lo que no es la única empresa que opera en el mercado), y, por otro lado, sus órganos de dirección están compuestos mayoritariamente por representantes de las cooperativas de primer nivel, que poseen la mayoría de los votos en la junta de socios y eligen a la mayoría de los miembros del consejo de administración, (46) y, por último,
–        Conserve Italia tiene una estructura comparable a la de las organizaciones de explotaciones agrícolas para las que se ha previsto una normativa europea ad hoc, (47) que encomienda a las organizaciones de productores la misión de garantizar la programación de la producción y su adaptación a la demanda, especialmente en cantidad y calidad, de promover la concentración de la oferta y la comercialización de la producción de los miembros, reducir los costes de producción y regularizar los precios de producción. Pues bien, para que una cooperativa agrícola pueda acogerse al estatuto de «organización de productores», en virtud de la legislación de la Unión, es necesario, en particular: i) que los productores asociados garanticen el control de su organización y de la toma de decisiones de forma democrática; ii) que la cooperativa agrícola comercialice en su mayor parte productos aportados por los productores asociados, y iii) que los ingresos procedentes de la venta de los productos se devuelva a los productores asociados de manera transparente. Según las recurrentes, Conserve Italia cumple todos estos requisitos, en su condición de filial de la organización de productores «Apo Conerpo». (48)
44.      A este respecto, en los apartados 37 a 45 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó en cuanto al fondo las diferentes alegaciones relativas a las particularidades de Conserve Italia, para llegar a la conclusión de que carecían, en esencia, de pertinencia, por las siguientes razones:
–        en principio, el ejercicio de una actividad económica por una sociedad cooperativa no puede sustraerse a la aplicación de las normas del Derecho de la competencia de la Unión, y las condiciones de aplicabilidad de estas normas al sector cooperativo no difieren de las de otras formas de organización de la actividad económica, ya que una entidad económica organizada según los principios de cooperación puede calificarse perfectamente como empresa, con independencia de su carácter mutualista (apartados 37 y 38 de la sentencia recurrida); (49)
–        el hecho de que, habida cuenta del carácter mutualista de su actividad, Conserve Italia no se haya beneficiado de la infracción que cometió, que solo ha favorecido a las explotaciones agrícolas en cuestión, suponiendo que esté acreditado, no incide en la circunstancia de que Conserve Italia haya ejercido una actividad económica en el mercado cuyas actividades se hayan visto afectadas por la infracción y de que hubiera cometido esa infracción (apartado 39 de la sentencia recurrida);
–        el hecho de que Conserve Italia ejerza su actividad únicamente en beneficio de sus miembros, suponiendo que esté acreditado, carece de pertinencia en la medida en que la calificación de empresa por el ejercicio de una actividad de naturaleza económica no está supeditada a que se persiga un fin lucrativo (apartado 40 de la sentencia recurrida); (50)
–        la alegación según la cual Conserve Italia carece de autonomía decisoria y es una mera estructura de coordinación mediante la cual las explotaciones agrícolas, a través de sus socios cooperativistas, ejecutan su propia estrategia comercial definida de manera autónoma, se contradice, en esencia, con otras afirmaciones formuladas por las recurrentes en sus escritos (apartado 41 de la sentencia recurrida); (51)
–        las alegaciones según las cuales, por un lado, son las explotaciones agrícolas, y no Conserve Italia, quienes adoptan las decisiones sobre estrategia en el mercado de las verduras en conserva y, por otro lado, los reglamentos de Conserve Italia garantizan la relación descentralizada entre las explotaciones agrícolas y Conserve Italia, no estaban confirmadas por elementos fácticos referidos a la organización y a la actividad de dicha empresa (apartados 42 a 44 de la sentencia recurrida), (52) y, por último,
–        las alegaciones según las cuales, en primer lugar, conforme al Derecho italiano, las verduras frescas aportadas a Conserve Italia siguen siendo propiedad de las explotaciones agrícolas hasta su transformación, y las verduras en conserva hasta su venta a terceros en el mercado, y, en segundo lugar, Conserve Italia fija los precios de venta de las verduras en conserva en interés de las explotaciones agrícolas y con su participación, aun suponiéndolas acreditadas, no pueden desvirtuar el hecho de que Conserve Italia ejerza una actividad económica en el mercado de las verduras en conserva (apartado 45 de la sentencia recurrida).
45.      Habida cuenta del análisis efectuado por el Tribunal General en los apartados 37 a 45 de la sentencia recurrida, considero necesario realizar las siguientes apreciaciones.
46.      De entrada, conviene recordar que el hecho de que el Tribunal General, único órgano jurisdiccional competente para apreciar los hechos, adopte una interpretación distinta de la que defienden las recurrentes no constituye, en sí, falta de motivación. (53) Esta apreciación resulta pertinente, en particular, a la luz de la alegación que formulan las recurrentes, según la cual Conserve Italia carece de autonomía decisoria. (54) Por otra parte, la apreciación de los hechos no constituye, salvo en caso de una eventual desnaturalización de los hechos o los medios de prueba, (55) una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. (56)
47.      A continuación, desde mi punto de vista, del análisis del Tribunal General también se desprende que este ha examinado expresamente todas las alegaciones de las recurrentes, aunque en un orden distinto al que figuran en su demanda, a excepción el argumento basado en que Conserve Italia tiene una estructura comparable a la de las organizaciones de explotaciones agrícolas previstas en la normativa de la Unión. Esta elección me parece plenamente justificada.
48.      En efecto, por un lado, a la luz de los escritos presentados en primera instancia, ha de señalarse que este argumento pretendía demostrar que Conserve Italia debía ser considerada una sociedad cooperativa y, con mayor razón, una «asociación de empresas». (57) Del escrito de réplica se desprende efectivamente que las recurrentes consideraron oportuno remitirse a la normativa de la Unión en materia de organizaciones de productores, con el fin de «facilitar la comprensión de las normas que rigen el funcionamiento de las sociedades cooperativas como Conserve Italia», y de destacar que «las particularidades del funcionamiento de las sociedades mutualistas […] que imponen las normas de Derecho civil y de Derecho fiscal a las sociedades cooperativas establecidas a nivel nacional» también están «reconocidas en el ámbito europeo en el [Reglamento n.º 1435/2003], que regula las sociedades cooperativas europeas». (58) Pues bien, el Tribunal General no solo ha recordado, en el apartado 35 de la sentencia recurrida, que la Comisión reconoció en la Decisión controvertida que Conserve Italia también podía calificarse como «asociación de empresas», sino también, en el apartado 45 de esa misma sentencia, que las normas de Derecho interno no pueden desvirtuar el hecho de que Conserve Italia ejerza una actividad económica en el mercado de las verduras en conserva. Este análisis también es aplicable, por analogía, a la luz de las normas del Derecho de la Unión, de manera que la respuesta a este argumento ya figura en la citada sentencia, aunque de manera implícita.
49.      Por otro lado, a mayor abundamiento, ha de señalarse que las recurrentes no han precisado cómo afectarían las obligaciones derivadas de esta normativa de la Unión a las normas para la imposición de multas en materia de Derecho de la competencia y, con mayor motivo, a la aplicación del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003. Del mismo modo, no mencionan ninguna contradicción en el Derecho de la Unión, en particular, entre las exigencias del Derecho de la competencia y las de la normativa relativa a la organización común de los mercados de los productos agrícolas, tanto nacional como europea. (59) En efecto, se limitan a señalar que Conserve Italia contribuye a la consecución de los objetivos de la organización de productores «Apo Conerpo» y constituye, por tanto, una «filial», que cumple los requisitos exigidos por la legislación de la Unión, sin explicar, no obstante, de qué modo esta circunstancia excluye su calificación como «empresa». A este respecto, y a todos los efectos pertinentes, observo que, aun admitiendo que Conserve Italia tenga una estructura equivalente a la de una «organización de productores» agrícolas en el sentido del Reglamento n.º 1308/2013, ninguna de las disposiciones previstas en dicho Reglamento permite imputar, a efectos de la imposición de una sanción, el comportamiento de una «organización común» exclusivamente a sus miembros.
50.      En estas circunstancias, considero que no puede reprocharse al Tribunal General no haber respondido a las alegaciones relativas a las particularidades que caracterizan a Conserve Italia, ya que la motivación expuesta por este, en los apartados 37 a 45 de la sentencia recurrida, es suficiente, a este respecto, para permitir a las recurrentes conocer las razones por las que sus alegaciones han sido consideradas inoperantes y al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control en el marco del presente recurso de casación.
51.      Por lo demás, esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones de las recurrentes que pretenden, en esencia, denunciar una supuesta aplicación «formalista» de las disposiciones de que se trata por el Tribunal General, que, según ellas, no tiene en cuenta las características de Conserve Italia. En efecto, esos argumentos no pretenden poner en entredicho el carácter suficiente de la motivación del Tribunal General, sino su fundamento, cuyo análisis forma parte de la segunda parte del primer motivo de casación. (60) Más concretamente, determinar si el Tribunal General ha aplicado el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003 de un modo demasiado «formalista» guarda relación con la propia aplicación de la norma jurídica y no con el alcance de la motivación.
52.      Por consiguiente, propongo que se desestime la primera parte del primer motivo de casación por infundada.
b)      Sobre la segunda parte del primer motivo de casación, basada en la aplicación errónea del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003
1)      Alegaciones de las partes
53.      En apoyo de la segunda parte del primer motivo de casación, las recurrentes sostienen que, en los apartados 47 a 51 de la sentencia recurrida, el Tribunal General ha incurrido en error de Derecho al efectuar una «lectura rígida y formalista» de las disposiciones relativas al cálculo de las multas, infringiendo el artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003. A este respecto, alegan que, si bien consta que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia reconoce la posibilidad de que una misma entidad sea calificada a la vez de «empresa» y de «asociación de empresas», el Tribunal General ha excluido a priori la aplicación de esta disposición a pesar de que concurrían los requisitos para su aplicación. A su juicio, esto es así porque, por un lado, la infracción de que se trata afectaba a la actividad de las trescientas cincuenta explotaciones agrícolas, aproximadamente, «miembros» de Conserve Italia, en su condición de «asociación de empresas», y, por otro lado, porque estas explotaciones agrícolas operaban en el mercado cuyas actividades se hayan visto afectadas por la infracción (a saber, el mercado de las verduras en conserva). Por consiguiente, conforme a una aplicación «funcional» del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, de dicho Reglamento, el límite máximo legal de la multa no debería haberse determinado sobre la base del volumen de negocios total de las recurrentes, (61) sino sobre la base del volumen de negocios de Conserve Italia referido a los productos objeto del cártel durante el último año de participación en la infracción. (62) Es preciso partir del volumen de negocios de Conserve Italia en lugar del de las explotaciones agrícolas, tal y como exige el tenor del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del citado Reglamento, debido a la necesidad de tener en cuenta las particularidades del ámbito de las cooperativas, sin poner en riesgo la consecución de los objetivos del Derecho de la competencia y, en particular, la imposición de una multa proporcionada a la gravedad de la infracción y a la influencia económica de los operadores afectados. (63) Este planteamiento está justificado sobre todo porque únicamente las trecientas cincuenta explotaciones agrícolas que aportaron los productos de que se trata se beneficiaron de la aplicación de precios más elevados como consecuencia de la ejecución de la práctica colusoria y deberían hacerse cargo del pago de la multa impuesta.
54.      La Comisión alega que la argumentación de las demandantes es inadmisible y, en cualquier caso, infundada.
2)      Apreciación
55.      De entrada, conviene recordar que el Tribunal General entendió, por un lado, que el límite máximo de la multa se había determinado acertadamente con arreglo al artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003, puesto que consta que Conserve Italia participó en el cártel como «empresa» (apartado 46 de la sentencia recurrida), y, por otro lado, que «en cualquier caso» el límite máximo de la multa no podía calcularse válidamente sobre la base del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, de dicho Reglamento, ya que no se cumplían los requisitos previstos en dicha disposición. En concreto, el Tribunal General explicó que la infracción se refería al mercado de las verduras en conserva, en el que solo operaba Conserve Italia, y no al mercado anterior de la venta de verduras frescas utilizadas por Conserve Italia para producir conservas de verduras, en el que operan las explotaciones agrícolas miembros de las treinta y cuatro cooperativas que, a su vez, son miembros de Conserve Italia (apartados 49 y 50 de dicha sentencia). Además, el Tribunal General excluyó la aplicación de esta disposición, debido a que ello entraría en conflicto, en el presente asunto, con su ratio legis, que tiene por objeto reforzar y no atenuar el efecto disuasorio de las multas impuestas. De este modo, el Tribunal General consideró que, dado que Conserve Italia ejerce una actividad económica distinta de la de sus miembros y dispone de su propio volumen de negocios que refleja de manera adecuada su tamaño y su influencia económica, no era necesario ni oportuno recurrir a los volúmenes de negocios acumulados de sus miembros para fijar una multa disuasoria (apartado 51 de dicha sentencia).
56.      Desde mi punto de vista, esta apreciación es fundada, de modo que no puede reprocharse al Tribunal General haber infringido una norma jurídica al desestimar la pretensión de las recurrentes de que se llevara a cabo una aplicación «funcional» del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003.
57.      En efecto, tras determinar que el límite máximo legal de la multa debía fijarse con respecto a la entidad que opera en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción de que se trata, y que efectivamente generó su propio volumen de negocios, a saber, Conserve Italia, el Tribunal General se limitó meramente a aplicar la regla general según la cual el límite máximo legal de la multa no puede superar el 10 % del volumen de negocios total «por cada empresa y asociación de empresas que participen en la infracción». (64)
58.      Esta conclusión no queda desvirtuada por las diferentes alegaciones formuladas por las recurrentes.
59.      En primer lugar, ha de observarse que esta segunda parte del primer motivo de casación tiene por objeto, en esencia, cuestionar la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal General, lo que no es admisible en la fase de casación. En efecto, por un lado, la imputación formulada por las recurrentes se basa implícitamente en un error en la apreciación de los hechos, en la medida en que el Tribunal General no reconoció que la infracción de que se trata se refería a la actividad de las trescientas cincuenta explotaciones agrícolas asociadas a Conserve Italia. Pues bien, cuando se refirió a los considerandos 8 y 656 de la Decisión controvertida, el Tribunal General se pronunció expresamente (y de forma definitiva) sobre esta cuestión, reiterando que había quedado acreditado que el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción era el de las verduras en conserva, que Conserve Italia explotaba en exclusiva, y no el mercado ascendente, a saber, el de las verduras frescas, en el que operaban las trescientas cincuenta explotaciones agrícolas. (65) Tal apreciación no puede ser invalidada en esta fase, a falta de un error manifiesto de apreciación. Por otro lado, ha de señalarse que, contrariamente a su posición inicial en primera instancia, (66) las recurrentes ya no discuten que Conserve Italia pueda calificarse de «empresa», por el hecho de que ejerce una actividad económica, y que, por lo tanto, se cumplen formalmente los requisitos legales de aplicabilidad del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003. No obstante, sostienen que el Tribunal General debería haberse apartado de una interpretación de dicho Reglamento que califican de «rígida y formalista», en particular, debido a las particularidades del funcionamiento de Conserve Italia. De este modo, y bajo el pretexto de una supuesta infracción de una norma jurídica, las recurrentes solicitan, en realidad, al Tribunal de Justicia que vuelva a examinar los elementos fácticos relativos al funcionamiento de Conserve Italia y su papel en la infracción, lo que, a falta de desnaturalización (que, por lo demás, no invocan las recurrentes), (67) no puede llevarse a cabo en esta fase del procedimiento. Por estas razones, considero que debe declararse la inadmisibilidad de esta parte del motivo de casación.
60.      En segundo lugar, suponiendo que el Tribunal de Justicia considere necesario examinar en cuanto al fondo esta segunda parte del primer motivo de casación, es preciso señalar que las alegaciones de las recurrentes carecen, en cualquier caso, de fundamento.
61.      En primer término, como ya se ha indicado en el examen de la primera parte, el Tribunal General expuso de manera detallada, en los apartados 29 a 45 de la sentencia recurrida, las razones por las que debía considerarse que Conserve Italia, por un lado, era una «empresa» que tenía su propia política comercial, y no un mero instrumento de ejecución de la estrategia comercial de las explotaciones agrícolas y, por otro lado, operaba de manera autónoma en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción de que se trata. Así pues, sobre la base de estos elementos fácticos, me parece totalmente lógico y coherente, sin incurrir en un «exceso de formalismo», que el Tribunal General entendiera que la Comisión había determinado acertadamente el límite máximo legal de la multa con arreglo al artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003, disposición aplicable a las «empresas».
62.      En segundo término, opino también que el Tribunal General declaró acertadamente que el artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, de dicho Reglamento no era aplicable en el presente asunto. Con independencia del hecho de que el Tribunal General expusiera las razones por las que no concurrían en el presente asunto los requisitos previstos en dicha disposición, y de que se trata de una apreciación fáctica que no es competencia del Tribunal de Justicia (véanse los apartados 55 a 59 de las presentes conclusiones), es preciso señalar que, aun suponiendo que esa disposición sea aplicable, la interpretación que proponen las recurrentes no se corresponde en absoluto con su tenor. (68)
63.      Cabe recordar que las recurrentes alegan que el límite máximo legal de la multa debería haberse calculado sobre la base del «volumen de negocios de Conserve Italia relativo a los productos objeto del cártel durante el último año de participación en la infracción». Pues bien, esa aplicación no se ajusta al tenor del párrafo tercero del artículo 23, apartado 2, de dicho Reglamento. Por un lado, esta disposición prevé que se tenga en cuenta el volumen de negocios de los «miembros» de la asociación de empresas, y no el de la propia asociación, y menos aún a prorrata. Por otro lado, si bien el artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del citado Reglamento no precisa el año de referencia del volumen de negocios —lo que, desde el punto de vista de la previsibilidad y de la seguridad jurídica, presenta lagunas—, procede subrayar que el párrafo segundo de esa misma disposición apunta expresamente al ejercicio social anterior a la adopción de la Decisión como año de referencia. Por lo tanto, en aras de la coherencia, contrariamente a lo que alegan las recurrentes en el recurso de casación, no habría ninguna razón para apartarse de esta norma en el marco de la aplicación del párrafo tercero de esa disposición. (69)
64.      En tercer término, y en aras de la exhaustividad, creo que es conveniente examinar si la aplicación «funcional» del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003 podría haber estado justificada por razones distintas de las que las recurrentes mencionan en la segunda parte del primer motivo de casación.
65.      Por un lado, por lo que respecta a la supuesta «necesidad de tener en cuenta las particularidades del ámbito de las cooperativas, sin poner en riesgo la consecución de los objetivos del Derecho de la competencia», es preciso señalar que no puede prosperar la alegación según la cual la toma en consideración del volumen de negocios de Conserve Italia relativo a los productos de que se trata, en lugar del de las trescientas cincuenta explotaciones agrícolas que aportan dichos productos, sería, en esencia, más equitativa en lo que respecta a otras explotaciones agrícolas que, en lugar de asociarse en forma de cooperativa, transforman y comercializan ellas mismas los productos. En efecto, de los documentos remitidos al Tribunal de Justicia no se desprende que tales explotaciones agrícolas hubieran participado efectivamente en el cártel en cuestión. Además, esta alegación no desvirtúa el hecho indiscutible de que la propia Conserve Italia vendió las verduras en conserva en el mercado y cometió la infracción, y que, por lo tanto, su volumen de negocios refleja fielmente su actividad en el mercado de las verduras en conserva, en el que se cometió la infracción, así como su tamaño y su influencia económica.
66.      Por otro lado, las recurrentes sostienen, en esencia, que solo las trescientas cincuenta explotaciones agrícolas se beneficiaron de la aplicación de precios más elevados resultantes de la puesta en práctica del cártel en cuestión y que, por tanto, deben pagar la multa impuesta. Aparte del hecho de que esta afirmación parece haber sido ampliamente rebatida por la Comisión en la Decisión controvertida, (70) cabe señalar que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003 no tiene por objeto identificar a la persona obligada al pago de la multa, sino determinar su límite máximo legal, con el fin de garantizar que sea proporcional a la influencia económica de los operadores de que se trata. En cualquier caso, la identificación de los beneficiarios de un comportamiento contrario a la competencia dentro de una agrupación de entidades, ya se trate de un «grupo» o de una «asociación de empresas», no puede constituir un elemento pertinente a efectos de la imposición de una multa una vez que ha quedado acreditada la responsabilidad de la agrupación. Del mismo modo, las consideraciones relativas a la capacidad de pago de una multa se rigen más bien por las normas relativas a la capacidad contributiva previstas, en particular, en el punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas, que permitieron, en el presente caso, aplicar una reducción adicional del 49,83 % de la multa. (71)
67.      Por consiguiente, propongo que se desestime la segunda parte del primer motivo de casación por inadmisible y, en cualquier caso, por infundada.
C.      Sobre el segundo motivo de casación
1.      Alegaciones de las partes
68.      Mediante su segundo motivo de casación, que se refiere también a los apartados 48 a 51 de la sentencia recurrida y que se solapa parcialmente con la segunda parte del primer motivo de casación, las recurrentes invocan la infracción y la aplicación errónea del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, en relación con el artículo 49 de la Carta. Según las recurrentes, el Tribunal General interpretó incorrectamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a esta disposición, (72) al declarar en particular, en el apartado 48 de dicha sentencia, el carácter excepcional del recurso al párrafo tercero de dicho artículo 23, apartado 2, que solo debe utilizarse para preservar el efecto disuasorio de la multa. Sostienen que esa interpretación restrictiva es contraria a las exigencias de legalidad y de proporcionalidad aplicables a las multas en virtud del artículo 49 de la Carta. A su juicio, esta jurisprudencia sugiere que el objetivo de dicho artículo 23, apartado 2, no puede perseguirse únicamente con fines de carácter meramente represivo, de modo que debe evitarse la limitación del ámbito de aplicación de la disposición controvertida únicamente a los casos en los que sea necesario fijar un límite máximo más elevado para determinar la multa.
69.      La Comisión considera que este motivo también debe desestimarse por infundado.
2.      Apreciación
70.      Con carácter preliminar, he de recordar que, como se desprende del punto 55 de las presentes conclusiones, el Tribunal General descartó, en esencia, la aplicación del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003, por considerar que no concurrían los requisitos fácticos exigidos por dicha disposición. Por lo tanto, no puede llegarse a una conclusión diferente sin proceder a una nueva evaluación de los hechos del presente asunto, lo que queda excluido en la fase de casación.
71.      En consecuencia, el análisis que se expone a continuación en relación con el segundo motivo, se realiza a mayor abundamiento.
72.      A este respecto, ha de señalarse que el Tribunal General, en el apartado 48 de la sentencia recurrida, consideró que el artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003 codifica, en esencia, reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General que permite, en determinados supuestos concretos, tener en cuenta el volumen de negocios generado por las empresas miembros de una asociación, cuando el volumen de negocios de esta no revele ni su tamaño ni su influencia económica, y ello con el fin de evitar que pueda ponerse en peligro el efecto disuasorio de las multas impuestas en materia de infracciones de las normas de competencia de la Unión.
73.      Como he precisado en los puntos 24 y 25 de las presentes conclusiones, estas afirmaciones están fundadas y, desde mi punto de vista, no quedan desvirtuadas por los distintos argumentos invocados por las recurrentes.
74.      En efecto, por un lado, la alegación de las recurrentes según la cual del apartado 97 de la sentencia Coop de France bétail et viande se desprende que el volumen de negocios de los miembros de una asociación puede tenerse en cuenta no solo para garantizar un efecto disuasorio, sino también para otros fines, como para tomar en consideración que los miembros hayan participado en la infracción, que esta afecte a su actividad y que se realice directamente en beneficio de los miembros, se deriva, evidentemente, de una lectura incompleta y selectiva de dicha sentencia, en la medida en que pasa por alto que, en el apartado 96 de la citada sentencia, el Tribunal de Justicia indicó expresamente que la posibilidad de que la Comisión tenga en cuenta los volúmenes de negocios de las empresas miembros de la asociación es pertinente cuando su volumen de negocios propio no guarde relación con sus actividades o tamaño, precisamente «para determinar una sanción que sea disuasiva». Además, cabe destacar que el carácter central del efecto disuasorio en la decisión de tener en cuenta el volumen de negocios de los miembros, se reafirmó en el apartado 123 de la sentencia de los notarios lituanos.
75.      Por otro lado, procede desestimar la alegación basada en la infracción del artículo 49 de la Carta, en relación con la proporcionalidad de la sanción impuesta, en la medida en que la multa se calculó sobre la base del volumen de negocios real que Conserve Italia había generado en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción. Por consiguiente, y contrariamente a lo que alegan las demandantes, la utilización del volumen de negocios generado por Conserve Italia gracias a los productos aportados por cada explotación agrícola, al margen de que no se apoya en ninguna base jurídica, no habría permitido reflejar adecuadamente, tal y como se concibió por el legislador de la Unión, el tamaño y la influencia económica de la entidad responsable de la infracción, a saber, Conserve Italia.
76.      En consecuencia, propongo que se desestime el segundo motivo de casación por inadmisible o, en cualquier caso, por infundado, y, por lo tanto, el recurso de casación en su totalidad.
VII. Sobre las costas
77.      En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. Con arreglo al artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento en casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que, en mi opinión, procede desestimar las pretensiones de las recurrentes, propongo que se les condene al pago de las costas.
VIII. Conclusión
78.      Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene a Conserve Italia — Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. y a Conserves France SA a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
1      Lengua original: francés.
2      Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»).
3      DO 2022, C 412, p. 6. La versión consolidada de la Decisión de la Comisión (disponible únicamente en italiano) puede consultarse en: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/202244/AT_40127_8594806_3044_5.pdf.
4      Reglamento del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).
5      DO 2006, C 210, p. 2.
6      Más concretamente, esos dos acuerdos tenían por objeto la fijación del precio de venta, la coordinación de la política y de la estructura de los precios de venta, el reparto de cuotas de volumen y de mercado, el reparto de clientes y mercados, la coordinación de las licitaciones y de las propuestas precios para minoristas y clientes del sector de la restauración fuera del domicilio, la coordinación de otras condiciones de venta y de descuentos, incluida la estrategia de marketing y la política promocional y la comunicación y el intercambio de información comercial sensible (véase el apartado 8 de la sentencia recurrida).
7      Véase, por lo que respecta a la determinación del importe de la multa, los apartados 577 a 683 de la Decisión controvertida, a los que se remite el Tribunal General en los apartados 17 a 23 de la sentencia recurrida. Esta multa se determinó del siguiente modo: la Comisión constató, en primer lugar, que el valor de las ventas de verduras en conserva afectadas por la infracción mencionada en el apartado anterior ascendía a unos 40 millones de euros. A continuación, aplicó a dicho importe un porcentaje del 18 % para tener en cuenta la gravedad de dicha infracción y posteriormente, partiendo de la cantidad obtenida, practicó varios ajustes en función de la duración de la infracción y para que la multa fuera disuasoria, lo que le llevó a un «importe de base» de, aproximadamente, 102 millones de euros. Este último importe se redujo posteriormente a 81 millones de euros en atención a determinadas circunstancias atenuantes. Sin embargo, al comprobar que, aun reducido, ese importe superaba el límite máximo legal de la multa, fijado en el 10 % del último volumen de negocios total consolidado de la entidad afectada (a saber, aproximadamente 797 millones de euros), de conformidad con el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003 (es decir, aproximadamente 80 millones de euros), la Comisión lo redujo de nuevo para que no superase ese límite. Por último, la Comisión aplicó consecutivamente al mismo importe dos reducciones adicionales importantes (una del 50 % y otra del 49,83 %), con el fin de tener en cuenta, respectivamente, por un lado, la colaboración de Conserve Italia en el marco de su solicitud de clemencia y, por otro lado, la constatación de que, a falta de reducción, la multa «pondría irremediablemente en peligro la viabilidad económica» de las recurrentes (con arreglo al punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas).
8      Mediante su primer motivo, las recurrentes reprochaban a la Comisión haber fijado el límite máximo del importe de la multa sobre la base del volumen de negocios consolidado total del grupo Conserve Italia durante el ejercicio social anterior a la fecha de la Decisión controvertida (es decir, un importe de aproximadamente 800 millones de euros), con arreglo al artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003, cuando debería haber tenido en cuenta, en cambio, el volumen de negocios de Conserve Italia durante el mismo período únicamente por lo que respecta a la parte del mismo correspondiente a las explotaciones agrícolas que suministraron los productos agrícolas a que se refiere la Decisión controvertida, con arreglo al artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, de dicho Reglamento (es decir, un importe de aproximadamente 57 millones de euros). A este respecto, según las recurrentes, en la Decisión controvertida la Comisión calificó erróneamente a Conserve Italia como «empresa», y no como «asociación de empresas», y, por consiguiente, incurrió en un error al negarse a aplicar las disposiciones relativas a la determinación del límite máximo de la multa aplicables a las asociaciones de empresas.
9      Mediante su segundo motivo, dividido en cuatro partes, las recurrentes impugnaron, al amparo de las citadas disposiciones, la determinación del importe de base de la multa por lo que respecta, en primer término, al valor de las ventas tenido en cuenta, en segundo término, a la consideración de la gravedad de la infracción, en tercer término, a la toma en consideración de su duración, y, en cuarto término, a la aplicación de un importe adicional con fines disuasorios.
10      Véase, en ese sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2024, Illumina y Grail/Comisión (C‑611/22 P y C‑625/22 P, EU:C:2024:677), apartado 116 y jurisprudencia citada.
11      Cursiva añadida.
12      Véase la sentencia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98), apartados 59 a 62, y las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2001:390), punto 61.
13      Reglamento del Consejo de 6 de febrero de 1962, Primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22). Dicho Reglamento se limitaba a prever, en su artículo 15, apartado 2, que la Comisión podía «imponer a las empresas y asociaciones de empresas multas que vayan de un mínimo de mil unidades de cuenta a un máximo de un millón de unidades de cuenta, pudiéndose elevar este límite máximo hasta el diez por ciento del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente por cada empresa que hubiere tomado parte en la infracción» (cursiva añadida).
14      Véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de febrero de 1994, CB y Europay/Comisión (T‑39/92 y T‑40/92, EU:T:1994:20), apartados 136 y 137; de 21 de febrero de1995, SPO y otros/Comisión (T‑29/92, EU:T:1995:34), apartado 385, y de 14 de mayo de 1998, Finnboard/Comisión (T‑338/94, EU:T:1998:99), apartados 270 y 282, confirmada en casación mediante la sentencia de 16 de noviembre de 2000, Finnboard/Comisión (C‑298/98 P, en lo sucesivo, «sentencia Finnboard», EU:C:2000:634).
15      Véase la sentencia Finnboard, apartado 66 (cursiva añadida). Véase también el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2001, FEG/Comisión [C‑7/01 P(R), EU:C:2001:183], apartado 11.
16      Propuesta de reglamento del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, y por el que se modifican los Reglamentos n.º 1017/68, (CEE) n.º 2988/74, (CEE) n.º 4056/86 y (CEE) n.º 3975/87, presentada por la Comisión (COM/2000/0582) (DO 2000, C 365E, p. 284).
17      Véase el informe del Parlamento Europeo de 21 de junio de 2001 sobre la propuesta de reglamento del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 1017/68, (CEE) n.º 2988/74, (CEE) n.º 4056/86 y (CEE) n.º 3975/87 — Comisión Económica y Monetaria (A5‑0229/2001).
18      Véase, en este sentido, la sentencia de 18 de enero de 2024, Lietuvos notarų rūmai y otros (C‑128/21, en lo sucesivo, «sentencia de los notarios lituanos», EU:C:2024:49), apartado 125, en la que el Tribunal de Justicia confirmó que esa disposición constituye una «codificación» de dicha jurisprudencia.
19      Sentencia de 18 de diciembre de 2008, Coop de France bétail et viande y otros/Comisión (C‑101/07 P y C‑110/07 P, en lo sucesivo, «sentencia Coop de France bétail et viande», EU:C:2008:741).
20      Véanse las sentencias Coop de France bétail et viande, apartados 94 y 98, y de los notarios lituanos, apartados 123 a 125. Véase también el apartado 11 del auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2001, FEG/Comisión [C‑7/01 P(R), EU:C:2001:183], según el cual, «tal análisis se basa en la idea de que la influencia que haya podido ejercer sobre el mercado una asociación de empresas no depende de su propio “volumen de negocios”, que no revela ni su dimensión ni su potencia económica, sino en realidad del volumen de negocios de sus miembros, que constituye una indicación de su dimensión y de su potencia económica».
21      Véase la sentencia de 26 de enero de 2017, Laufen Austria/Comisión (C‑637/13 P, EU:C:2017:51), apartado 47 y jurisprudencia citada.
22      Véase, en este sentido, la sentencia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión (100/80 a 103/80, EU:C:1983:158), apartados 119 a 121.
23      Véase la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Groupe Gascogne/Comisión (C‑58/12 P, EU:C:2013:770), apartados 47 y 48 y jurisprudencia citada.
24      Véanse los apartados 29 a 32 de la sentencia recurrida en los que el Tribunal General rechazó el primer motivo de recurso, al considerar que la Comisión había entendido con razón que Conserve Italia era una «empresa» en el sentido del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1/2003, dado que constaba que desarrollaba una actividad económica consistente en ofrecer productos, en particular en el mercado de las verduras en conserva.
25      Véase el apartado 28 del recurso de casación según el cual «partiendo de la hipótesis correcta de que Conserve Italia debe considerarse una empresa dado que ejerce una actividad económica en el mercado, el Tribunal General se apresuró a concluir que todos los argumentos invocados por las recurrentes dirigidos a acreditar sus características específicas debían rechazarse a priori porque simplemente eran inoperantes» (cursiva añadida).
26      Véase la sentencia de 25 de marzo de 2021, Slovak Telekom/Comisión (C‑165/19 P, EU:C:2021:239), apartados 98 y 99 y jurisprudencia citada. Una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia, en el marco del recurso de casación, un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General, ya que ello equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. Las imputaciones nuevas que no se han formulado ante el Tribunal General deben, por consiguiente, declararse inadmisibles en casación.
27      En efecto, el primer motivo de la demanda en primera instancia llevaba por título: «Primer motivo basado en la infracción del 101 TFUE, apartado 1, del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003 y del punto 33 de las Directrices, debido a la comisión de un error de hecho y de Derecho por cuanto se califica a Conserve Italia como “empresa” y no como “asociación de empresas” y por deficiencias en la determinación del límite máximo legal de la multa» (cursiva añadida). Véase también el apartado 81 de la demanda presentada ante el Tribunal General, según el cual «la Comisión incurrió en un error de hecho y de Derecho al calificar a Conserve Italia de empresa en lugar de calificarla de asociación de empresas a efectos de la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo 53 del Acuerdo EEE». Véase asimismo el apartado 173 de la demanda presentada ante el Tribunal General, en el que las recurrentes afirman que «no puede compartirse el punto de vista de que Conserve Italia debe calificarse de empresa a efectos del Derecho de la competencia, y más concretamente, para calcular el límite máximo legal de la multa, en la medida en que, a la luz del Derecho nacional (civil y fiscal) y europeo, es, por el contrario, un instrumento de asociación de productores agrícolas que ejercen actividades en interés y únicamente en beneficio de los socios, que deben garantizar su control».
28      Conserve Italia parte de la premisa de que «el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003 prevé dos métodos de cálculo diferentes en función de que la infracción del Derecho de la competencia haya sido cometida por una empresa (párrafo segundo) o por una “asociación de empresas” (párrafo tercero)» (véase, a este respecto, el apartado 86 de la demanda presentada ante el Tribunal General). Pues bien, tal interpretación de estas disposiciones omite tener en cuenta que el párrafo segundo se refiere también expresamente a las «asociaciones de empresas».
29      Véase el apartado 58 del escrito de réplica presentado ante el Tribunal General, en virtud el cual «ante la dicotomía entre “empresa” y “asociación de empresas” de Conserve Italia, la Comisión ha primado la primera de esas dos calificaciones y obviado la segunda de manera injustificada».
30      En efecto, en el apartado 16 del escrito de réplica presentado ante el Tribunal General, las recurrentes alegaron que, «dado que Conserve Italia había sido calificada (según parece de manera indiscutible) como “asociación de empresas”, la Comisión debería haber determinado cuál de los supuestos previstos en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, o en el artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003 se ajustaba mejor a los mecanismos de funcionamiento de una cooperativa agrícola estructurada como Conserve Italia» (cursiva añadida).
31      Según les recurrentes, esas particularidades, que diferencian a Conserve Italia de las sociedades de capital o de las sociedades cooperativas monoproducto, deberían haber llevado al Tribunal General a determinar el importe de la multa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003.
32      Véase, por analogía, la sentencia de 25 de noviembre de 2020, Comisión/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955), apartado 65 y jurisprudencia citada. Por lo que respecta a las sociedades cooperativas, esa obligación de tener en cuenta esas particularidades resulta tanto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2011, Paint Graphos y otros, C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, apartado 55), como de la normativa de la Unión [véase el Reglamento (CE) n.º 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (DO 2003, L 207, p. 1), y la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre fomento de las cooperativas en Europa (COM/2004/0018 final)].
33      Véase la sentencia de 2 de abril de 2009, France Télécom/Comisión (C‑202/07 P, EU:C:2009:214), apartado 29 y jurisprudencia citada.
34      Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2023, United Parcel Service/Comisión (C‑297/22 P, EU:C:2023:1027), apartado 47. Véase también, en ese sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Ja zum Nürburgring/Comisión (C‑647/19 P, EU:C:2021:666), apartado 36 y jurisprudencia citada.
35      Véase la sentencia de 4 de octubre de 2024, Ferriere Nord/Comisión (C‑31/23 P, EU:C:2024:851), apartado 172 y jurisprudencia citada.
36      Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2023:1011), apartado 112 y jurisprudencia citada.
37      En efecto, en los apartados 34 y 35 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, a la luz de reiterada jurisprudencia, la Comisión había señalado acertadamente, en el considerando 647 de la Decisión controvertida, que, aunque Conserve Italia también podía ser considerada una «asociación de empresas» en el sentido del artículo 101 TFUE, dado que sus miembros eran empresas o asociaciones de empresas, esta circunstancia no tenía ninguna incidencia en su calificación como «empresa».
38      Véanse los puntos 29 a 32 de las presentes conclusiones.
39      Véase la demanda ante el Tribunal General (apartados 99 a 167, bajo el título «Conserve Italia es una asociación de empresas».
40      Véase la demanda presentada ante el Tribunal General (apartados 84, 99 y 100).
41      Véase la demanda ante el Tribunal General (apartado 99).
42      Véase la demanda ante el Tribunal General (apartados 112 a 121).
43      Véase la demanda ante el Tribunal General (apartados 122 a 126).
44      Véase la demanda ante el Tribunal General (apartados 127 a 132 y 133 a 135).
45      Véase la demanda ante el Tribunal General (apartados 136 a 147).
46      Véase la demanda ante el Tribunal General (apartados 148 a 167).
47      A saber, el Reglamento (CE) n.º 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas (DO 1996, L 297, p. 1); el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO 2007, L 299, p. 1), derogado por el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO 2013, L 347, p. 671), y el Reglamento n.º 1435/2003.
48      Véase la demanda ante el Tribunal General (apartados 168 a 173).
49      Estos apartados remiten, en ese sentido, a la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 1995, Fédération française des sociétés d’assurance y otros (C‑244/94, EU:C:1995:392), apartado 20, y a la sentencia del Tribunal General de 2 de julio de 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Comisión (T‑61/89, EU:T:1992:79), apartado 52.
50      Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 1995, Fédération française des sociétés d’assurance y otros (C‑244/94, EU:C:1995:392), apartado 21.
51      El Tribunal General se basó, a este respecto, en que las recurrentes subrayaron, por una parte, la falta de integración entre las explotaciones agrícolas y Conserve Italia y, por otra parte, el papel impulsor y básico de las explotaciones agrícolas en la estructura interna de Conserve Italia.
52      En efecto, el Tribunal General ha declarado que varios elementos contradecían la alegación de las recurrentes de que Conserve Italia carece de autonomía y constituye un mero instrumento de las explotaciones agrícolas. Por una parte, el Tribunal General observó que no se discute que Conserve Italia transforma frutas y verduras frescas que le suministran las explotaciones agrícolas, que son unos 14 000 miembros de sus 34 socios cooperadores, en una fábrica de su propiedad y gestionada por ella, y que vende los productos transformados a sus clientes (apartado 43 de la sentencia recurrida). Por otra parte, del reglamento hortícola adoptado por Conserve Italia el 26 de octubre de 2018, que regula la relación entre Conserve Italia y sus socios, se desprende que es Conserve Italia, y no las explotaciones agrícolas, quien define la estrategia comercial de la empresa de que se trata en el mercado de las verduras en conserva. En efecto, el artículo 1 de dicho reglamento establece que el consejo de administración de Conserve Italia definirá los programas de comercialización, las cantidades y los tipos de materias primas necesarios. El artículo 6 de ese mismo Reglamento obliga a los miembros de Conserve Italia a utilizar únicamente las semillas que ella les suministra (apartado 44 de la sentencia recurrida).
53      Además, como recuerda acertadamente el Tribunal General en el apartado 15 de la sentencia recurrida, los órganos jurisdiccionales de la Unión no pueden en ningún caso sustituir la motivación del autor del acto impugnado por la suya propia (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, Orange Polska/Comisión, C‑123/16 P, EU:C:2018:590, apartado 105).
54      Véase la nota 50 de las presentes conclusiones.
55      Las recurrentes, en el marco del recurso de casación, se limitan a afirmar que sus observaciones preliminares relativas al funcionamiento de Conserve Italia «deberían permitir esclarecer la desnaturalización de los hechos cometida por el Tribunal General […]», sin indicar de manera precisa los elementos que han sido desnaturalizados por el Tribunal General ni en qué medida tal desnaturalización resulta manifiesta a la vista de los documentos que obran en autos (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de octubre de 2024, Comisión/Intel Corporation, C‑240/22 P, EU:C:2024:915, apartado 228).
56      Véase la sentencia de 14 de octubre de 2010, Deutsche Telekom/Comisión (C‑280/08 P, EU:C:2010:603), apartado 53.
57      En efecto, este argumento figura en la demanda presentada ante el Tribunal General bajo el epígrafe «Conserve Italia tiene una estructura comparable a la de las organizaciones de explotaciones agrícolas para las que se ha establecido una normativa europea ad hoc», que constituye, a su vez, uno de los subepígrafes del capítulo III.A.4, titulado «Conserve Italia es una asociación de empresas». Además, en el apartado 173 de dicha demanda, las recurrentes afirman que «no puede compartirse la opinión de que Conserve Italia debería calificarse como empresa a efectos del Derecho de la competencia y, más concretamente, para calcular el límite máximo legal de la multa, en la medida en que, a la luz del Derecho nacional (civil y fiscal) y europeo, es, por el contrario, un instrumento de asociación de los productores agrícolas que ejerce actividades en interés y únicamente en beneficio de los socios, que lo controlan» (cursiva añadida).
58      Véanse los apartados 36 y 37 del escrito de réplica ante el Tribunal General.
59      Véanse, en particular, el considerando 173 y el artículo 206 del Reglamento n.º 1308/2013, en el que se establece que, «salvo disposición en contrario del presente Reglamento […], los artículos 101 [TFUE] a 106 [TFUE] y sus disposiciones de aplicación se aplicarán, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 207 a 210 bis del presente Reglamento, a todos los acuerdos, decisiones y prácticas contemplados en el artículo 101 [TFUE], apartado 1, y en el artículo 102 [TFUE] relativos a la producción o el comercio de productos agrarios».
60      Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2016, SKW Stahl-Metallurgie y SKW Stahl-Metallurgie Holding/Comisión (C‑154/14 P, EU:C:2016:445), apartado 39 y jurisprudencia citada.
61      A saber, el volumen de negocios obtenido de la venta de los productos transformados aportados por la totalidad de las catorce mil explotaciones agrícolas que producen tomates, peras, melocotones, maíz, guisante, judías, garbanzos, albaricoques, manzanas, judías verdes, kiwis y lentejas.
62      A saber, el volumen de negocios obtenido de la venta en el mercado de los productos transformados aportados por las trescientas cincuenta explotaciones agrícolas que producen únicamente judías verdes, guisantes y maíz.
63      A este respecto, las demandantes recuerdan que el importe que Conserve Italia paga a las explotaciones agrícolas se determina deduciendo del total de los ingresos de la venta de productos en el mercado, los costes que la cooperativa soporta por la transformación y comercialización de esta categoría de productos. De ello se deduce que el importe facturado por las explotaciones agrícolas es netamente inferior al facturado por la venta de verduras en conserva. Eso colocaría a las empresas que se asocian en forma de cooperativa en una posición de ventaja indebida frente a las que deciden, por el contrario, transformar y comercializar ellas mismas los productos. Por esta razón, las recurrentes entendieron que era más apropiado solicitar que se tuviera en cuenta el volumen de negocios de Conserve Italia, siempre que se limitara a los productos objeto del cártel. Con arreglo al principio de transparencia, este volumen de negocios debe considerarse, en principio, imputable a las explotaciones agrícolas, aunque sea a través del mecanismo de la cooperativa.
64      Véanse, a este respecto, los puntos 20 a 22 de las presentes conclusiones.
65      He de destacar, a este respecto, que la Comisión había entendido que estas explotaciones agrícolas no actuaban en el mercado cuyas actividades se habían visto afectadas por la infracción de que se trata, a saber, el mercado de las conservas de verduras, sino en el de las verduras crudas, que venden a cooperativas miembros de Conserve Italia, entre otros (véase el considerando 656 de la Decisión controvertida).
66      Véanse los apartados 175 a 177 de la demanda ante el Tribunal General en los que las recurrentes habían sostenido inicialmente que era imperativo aplicar el párrafo tercero por el mero hecho de que Conserve Italia era una asociación de empresas, haciendo abstracción del hecho de que el párrafo segundo también se refiere a las «asociaciones de empresas».
67      Véase la nota 55 de las presentes conclusiones.
68      Las propias recurrentes parecen reconocer en el apartado 48 de la demanda que «la pretensión de que se tome como referencia el volumen de negocios de Conserve Italia y no el de las explotaciones agrícolas (como exige el tenor del artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 1/2003) se deriva de la necesidad de tener en cuenta las particularidades del ámbito de las cooperativas […]» (cursiva añadida).
69      En efecto, ha se señalarse que, en el apartado 179 de su demanda ante el Tribunal General, las recurrentes habían tomado efectivamente como referencia el ejercicio 2020/2021, es decir, el año anterior a la adopción de la Decisión controvertida, a pesar de que, en su recurso de casación, proponen como año de referencia el correspondiente al último año de participación en la infracción, es decir, el ejercicio 2012/2013.
70      Véase el considerando 639 de la Decisión controvertida.
71      Véase la nota 7 de las presentes conclusiones.
72      A saber, en particular, la sentencia Coop de France bétail et viande, apartados 97 y 98.