62023CJ0336
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 21 de noviembre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Datos abiertos y reutilización de la información del sector público — Directiva (UE) 2019/1024 — Artículo 1 — Ámbito de aplicación — Artículo 2 — Concepto de “reutilización” de documentos — Derecho de acceso a documentos conservados por un organismo del sector público»
En el asunto C‑336/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Visoki upravni sud (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo, Croacia), mediante resolución de 25 de mayo de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de mayo de 2023, en el procedimiento entre
HP — Hrvatska pošta d.d.
y
Povjerenik za informiranje,
con intervención de:
STAS d.o.o.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. D. Gratsias (Ponente), Presidente de Sala, el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de la Sala Cuarta, y el Sr. Z. Csehi, Juez;
Abogado General: Sr. P. Pikamäe;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Povjerenik za informiranje, por el Sr. Z. Pičuljan, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno croata, por la Sra. G. Vidović Mesarek, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno checo, por la Sra. J. Očková y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch y la Sra. J. Schmoll, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. U. Małecka y los Sres. M. Mataija y G. Meessen, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 2, y 2 de la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público (DO 2019, L 172, p. 56).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre HP — Hrvatska pošta d.d. (en lo sucesivo, «HP») y el Povjerenik za informiranje (Delegado de Información, Croacia) en relación con una solicitud de información presentada ante HP, dirigida, en particular, a obtener la comunicación de contratos de construcción, de informes de situación de obras y de actas de entrega de obras.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
Los considerandos 9, 13, 23 y 70 de la Directiva 2019/1024 tienen el siguiente tenor:
«(9)
La información del sector público representa una fuente extraordinaria de datos que pueden contribuir a mejorar el mercado único y al desarrollo de nuevas aplicaciones para los consumidores y las personas jurídicas. El empleo inteligente de los datos, incluido su tratamiento a través de aplicaciones de inteligencia artificial, puede tener un efecto transformador en todos los sectores de la economía.
[…]
(13)
Uno de los principales objetivos del establecimiento de un mercado interior es la creación de unas condiciones que favorezcan el desarrollo de algunos servicios y productos que abarquen toda la Unión [Europea] y los Estados miembros. La información del sector público o la información recogida, producida, reproducida y difundida en el ejercicio de una misión de servicio público o un servicio de interés general constituye una materia prima importante para diversos productos y servicios de contenidos digitales y se convertirá en un recurso cada vez más importante con el desarrollo de tecnologías digitales avanzadas como la inteligencia artificial, las tecnologías de registro descentralizado y el internet de las cosas. […]
[…]
(23)
[…] La presente Directiva debe imponer a los Estados miembros la obligación de permitir la reutilización de todos los documentos existentes, salvo si el acceso está restringido o excluido en virtud de normas nacionales sobre el acceso a los documentos o sometido a las demás excepciones establecidas en la presente Directiva. La presente Directiva se basa en los actuales regímenes de acceso de los Estados miembros y no modifica las normas nacionales de acceso a documentos. No es aplicable a aquellos casos en que, con arreglo al régimen pertinente de acceso, los ciudadanos o personas jurídicas puedan obtener un documento solo si pueden demostrar un interés particular. […] Se debe instar a los organismos del sector público a poner a disposición, con vistas a su reutilización, todos los documentos que conserven. […]
[…]
(70)
Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, facilitar la creación de productos y servicios de información basados en documentos del sector público que cubran la totalidad de la Unión, garantizar la eficacia del uso transfronterizo de documentos del sector público por las compañías privadas, de una parte, en particular por las pequeñas y medianas empresas [(pyme)], para que ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido y por los ciudadanos, de otra parte, para facilitar la libre circulación de la información y la comunicación, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros pero, debido a la dimensión paneuropea de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 [TFUE]. […]»
4
El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», dispone:
«1.   Con el fin de fomentar el uso de datos abiertos y estimular la innovación de los productos y servicios, la presente Directiva establece un conjunto de normas mínimas que regula la reutilización y los dispositivos prácticos destinados a facilitar la reutilización de:
a)
los documentos existentes conservados por organismos del sector público de los Estados miembros;
b)
los documentos existentes conservados por empresas públicas que:
i)
lleven a cabo su actividad en los ámbitos definidos en la Directiva 2014/25/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO 2014, L 94, p. 243)];
[…]
c)
los datos de investigación, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 10.
2.   La presente Directiva no se aplicará a:
[…]
b)
los documentos conservados por las empresas públicas:
i)
producidos fuera del ámbito de la prestación de servicios de interés general, según se defina en la legislación o en otras normas de obligado cumplimiento del Estado miembro,
ii)
relativos a actividades sometidas directamente a la competencia y, por tanto, conforme al artículo 34 de la Directiva [2014/25], no sujetas a las normas de contratación;
[…]
d)
los documentos, por ejemplo los datos sensibles, a los que no pueda accederse en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros por motivos, entre otros, de:
i)
protección de la seguridad nacional (a saber, seguridad del Estado), defensa o seguridad pública,
ii)
confidencialidad estadística,
iii)
confidencialidad comercial (incluidos secretos comerciales, profesionales o empresariales);
[…]
f)
documentos cuyo acceso esté limitado en virtud de regímenes de acceso de los Estados miembros, incluidos, entre otros, aquellos casos en los que los ciudadanos o personas jurídicas tengan que demostrar un interés particular en obtener acceso a los documentos;
[…]
3.   La presente Directiva se basa en los regímenes de acceso nacionales y de la Unión y no les afecta de forma alguna.
[…]
7.   La presente Directiva regula la reutilización de los documentos existentes conservados por los organismos del sector público y las empresas públicas de los Estados miembros […]».
5
El artículo 2 de la Directiva 2019/1024, titulado «Definiciones», está redactado en los siguientes términos:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1)
“organismo del sector público”: el Estado, los entes territoriales, los organismos de Derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o por uno o más de dichos organismos de Derecho público;
2)
“organismo de Derecho público”: cualquier organismo que ostente todas las condiciones siguientes:
a)
que haya sido creado específicamente para satisfacer necesidades de interés general, que no tenga carácter industrial o mercantil;
b)
que esté dotado de personalidad jurídica, y
c)
cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público; o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichas autoridades u organismos; o que tenga un órgano de administración, de dirección o de vigilancia compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por las autoridades estatales, regionales o locales u otros organismos de Derecho público;
3)
“empresa pública”: aquella empresa que opera en los ámbitos establecidos en el artículo 1, apartado 1, letra b), sobre la cual los organismos del sector público puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante por el hecho de tener la propiedad de la misma, una participación financiera en la misma, o en virtud de las normas que la rigen. Se considerará que los organismos del sector público ejercen una influencia dominante, directa o indirectamente, en cualquiera de los casos siguientes en que dichos organismos, directa o indirectamente:
a)
posean la mayoría del capital suscrito de la empresa;
b)
dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa;
c)
puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa;
[…]
6)
“documento”:
a)
cualquier contenido, sea cual sea el soporte (escrito en papel o almacenado en forma electrónica o como grabación sonora, visual o audiovisual);
b)
cualquier parte de tal contenido;
[…]
11)
“reutilización”: el uso por personas físicas o jurídicas de documentos que obran en poder de:
a)
organismos del sector público, con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio público para la que se produjeron, excepto para el intercambio de documentos entre organismos del sector público en el marco de sus actividades de servicio público, o
b)
empresas públicas, con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos de prestar servicios de interés general para el que se produjeron, excepto para el intercambio de documentos entre empresas públicas y organismos del sector público que se realice exclusivamente en el desarrollo de las actividades de servicio público de los organismos del sector público;
[…]».
Derecho croata
6
El artículo 5 de la zakon o pravu na pristup informacijama (Ley relativa al Derecho de Acceso a la Información) (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 y 69/22; en lo sucesivo, «Ley sobre el Acceso a la Información») dispone:
«A efectos de la presente Ley, se entenderá por:
[…]
2)
“autoridades públicas”, los organismos públicos, otros organismos estatales, entes locales (regionales), personas jurídicas y otras entidades que ejercen autoridad pública, personas jurídicas creadas por la República de Croacia o por una entidad local (regional), personas jurídicas que ejercen una misión de servicio público, personas jurídicas que, en virtud de una normativa especial, se financian principal o totalmente con cargo al presupuesto estatal o a los presupuestos de los entes locales (regionales), es decir, con cargo a fondos públicos (impuestos, tasas, etc.), así como sociedades mercantiles en las que la República de Croacia y los entes locales (regionales) tienen, conjuntamente o por separado, una participación mayoritaria;
[…]
5)
“derecho de acceso a la información”, el derecho de los usuarios a solicitar y obtener información, así como la obligación de la autoridad pública de autorizar el acceso a la información solicitada, es decir, de publicar la información con independencia de la solicitud realizada, cuando esta publicación resulte de una obligación legal o reglamentaria;
6)
“reutilización”, el uso, por parte de personas físicas o jurídicas, de la información en poder de una autoridad pública para fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial para el que se generó, objetivo que debe lograrse en el marco de competencias legales o reglamentarias o de tareas que generalmente se consideran una misión de servicio público. El intercambio de información entre autoridades públicas con el fin de llevar a cabo tareas que sean de su competencia no constituye reutilización;
[…]».
7
El artículo 15 de esta Ley, que figura en el capítulo IV de esta, titulado «Limitaciones del derecho de acceso a la información», establece:
«[…]
(2)   Las autoridades públicas podrán limitar el acceso a la información:
[…]
2)
si la información constituye un secreto comercial o profesional con arreglo a la ley;
[…]
(4)   Las autoridades públicas podrán limitar el acceso a la información si:
1)
la información se está elaborando en el seno de una o más autoridades públicas y si es probable que la publicación antes de la finalización de la producción de información completa y definitiva interrumpa gravemente su proceso de elaboración;
[…]
(8)
El acceso a la información a que se refiere el apartado 4, punto 1, de este artículo también podrá restringirse cuando la información esté finalizada, en particular cuando dicha divulgación menoscabe gravemente el proceso de toma de decisiones y la expresión de opiniones o dé lugar a una mala interpretación del contenido de la información, a menos que un interés público superior justifique la publicación de la información.
[…]»
8
A tenor del artículo 27 de dicha Ley, que forma parte del capítulo VI de esta, titulado «Reutilización de información»:
«[…]
(2)
La autoridad pública permitirá la puesta a disposición de los datos abiertos y la reutilización de la información para los usuarios mediante la publicación de información apta para su reutilización o sobre la base de solicitudes de reutilización.
[…]
(5)
A los efectos de la reutilización, las autoridades públicas no tendrán la obligación de producir, adaptar o extraer una información determinada si ello representa una inversión desproporcionada de tiempo o de recursos, ni tampoco se requerirá que las autoridades públicas continúen actualizando, completando y almacenando la información a efectos de reutilización.
[…]»
9
El artículo 29 de la Ley sobre el Acceso a la Información, titulado «Solicitud de reutilización de información y protección de los derechos de los usuarios», dispone:
«(1)   En la solicitud de reutilización de información, el solicitante deberá mencionar, además de los datos a que se refiere el artículo 18, apartado 3, de esta Ley, la información que pretende reutilizar, en qué formato y por qué medio desea recibir el contenido de la información solicitada, así como la finalidad de uso de la información (fines comerciales o no comerciales).
(2)   Las siguientes entidades no están obligadas a cumplir con una solicitud de reutilización de información:
[…]
2.
las sociedades mercantiles en las que la República de Croacia o una autoridad local (regional) ejerce o puede ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante por ostentar la propiedad de dicha empresa, debido a la participación financiera que tiene en ella o en virtud de las normas que la regulan, y:
–
que lleven a cabo actividades en los sectores del gas y de la energía térmica, de la energía eléctrica, del agua, de los servicios de transporte, de los aeropuertos, de los puertos marítimos y fluviales, de los servicios postales, de los sectores de extracción de petróleo y gas, así como de la exploración o extracción de carbón u otros combustibles sólidos, de acuerdo con la Ley de Contratación Pública,
[…]
(7)   La decisión sobre la reutilización de la información podrá ser objeto de recurso interpuesto ante el delegado [de información] en un plazo de quince días a partir de la notificación de la decisión. La resolución del delegado [de información] agota la vía administrativa, pero podrá iniciarse un procedimiento contencioso-administrativo ante el Visoki upravni sud [(Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo, Croacia)].
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
10
HP, una sociedad propiedad al 100 % de la República de Croacia, es el proveedor del servicio postal universal en ese Estado miembro. También ejerce actividades mercantiles.
11
HP recibió una solicitud de información que tenía por objeto, en particular, una serie de contratos de construcción, de informes de situación de obras y de actas de entrega de obras.
12
Tras denegar HP esta solicitud, se interpuso un recurso contra dicha resolución denegatoria ante el Delegado de Información, que ordenó a HP que atendiera la solicitud.
13
El Visoki upravni sud (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo), que conocía de un recurso interpuesto por HP contra dicha orden del Delegado de Información, devolvió el asunto a este último para que volviera a examinarlo debido a que, en la fecha en que ese Delegado había dictado la citada orden, había expirado el plazo previsto para la transposición de la Directiva 2019/1024 y a que la obligación de comunicación impuesta a HP por el referido Delegado debía examinarse a la luz de las nuevas definiciones y excepciones previstas por la citada Directiva.
14
Pronunciándose sobre el asunto tras su devolución, el Delegado de Información ordenó de nuevo a HP que facilitara la información solicitada.
15
HP interpuso un recurso contra dicha orden ante el Visoki upravni sud (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo), que es el órgano jurisdiccional remitente.
16
En apoyo de su recurso, HP sostiene, en particular, que la Directiva 2019/1024 ha sido transpuesta de manera incorrecta en el Derecho croata, en la medida en que el concepto de «autoridad pública», en el sentido de la Ley sobre el Acceso a la Información, no tiene el mismo alcance que el concepto de «empresa pública», en el sentido del artículo 2, punto 3, de esa Directiva. Además, la definición de este último concepto que figura en dicha Directiva es aplicable tanto a la reutilización de información como al derecho de acceso a la información. HP alega, por último, que la información que se le ordenó que presentara está relacionada con su actividad sectorial y que constituye un secreto comercial.
17
El Delegado de Información sostiene, por su parte, que el litigio principal no versa sobre el ejercicio del derecho de reutilización de la información, sino sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información. Pues bien, opina que la Directiva 2019/1024 regula los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público y no el derecho de acceso a la información.
18
El órgano jurisdiccional remitente considera que, para resolver el litigio del que conoce, debe zanjar la cuestión de si HP estaba obligada a comunicar, en el marco del litigio principal, información que no se refería directamente a la prestación de servicios de interés general, lo que implicaría, en particular, determinar el alcance del concepto de «reutilización» de información, en el sentido de la Directiva 2019/1024.
19
En tales circunstancias, el Visoki upravni sud (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Comprende el concepto de “reutilización” de información, en el sentido del artículo 2, punto 11, de la Directiva [2019/1024], el acceso a cualquier información que produzca o que conserve un organismo del sector público o una empresa pública y que un usuario (persona física o jurídica) solicite por primera vez a un organismo del sector público?
2)
¿Puede considerarse que una solicitud de información que produzca o que conserve un organismo del sector público o una empresa pública y que haya sido generada en el ámbito de sus competencias o en relación con la organización y el funcionamiento de ese organismo es una solicitud de información a la que se aplican las disposiciones de esa Directiva, es decir, se aplican las disposiciones de esa Directiva a todas las solicitudes de acceso a la información conservada por organismos del sector público?
3)
¿Las entidades sujetas a la obligación de comunicar información a las que se refiere el artículo 2 de la Directiva [2019/1024] son únicamente los organismos del sector público a los que se solicita la reutilización de información o las nuevas definiciones se aplican a todos los organismos del sector público y a toda la información que conservan, es decir, las entidades enumeradas el artículo 2 de la Directiva deben facilitar la información que producen o que conservan o se considera que las entidades enumeradas en el artículo 2 de [dicha] Directiva únicamente están obligadas a dar información cuando la reutilizan?
4)
¿Puede considerarse que las excepciones a la obligación de poner a disposición información previstas en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva [2019/1024] permiten a los organismos del sector público negarse a facilitar la información que producen o que conservan o son excepciones que solo se aplican cuando se ha solicitado a los organismos del sector público que reutilicen la información?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
20
Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de julio de 2023, HP — Hrvatska pošta (C‑336/23, EU:C:2023:617), se desestimó la solicitud del Visoki upravni sud (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo) de que el presente asunto se tramitara por el procedimiento acelerado previsto en el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
21
Con carácter preliminar, procede señalar, por una parte, que de la resolución de remisión se desprende que la solicitud que dio origen al litigio principal, mencionada en el apartado 11 de la presente sentencia, se refería únicamente al acceso a documentos conservados por un organismo del sector público, sin tener por objeto su reutilización.
22
Por otra parte, de dicha resolución se infiere que, según el órgano jurisdiccional remitente, la fecha pertinente para determinar el Derecho aplicable ratione temporis al litigio principal es aquella en la que el Delegado de Información ordenó a HP que estimara dicha solicitud, fecha en la que había expirado el plazo previsto para la transposición de la Directiva 2019/1024.
23
A este respecto, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión son planteadas por el juez nacional en el marco normativo y fáctico definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia [sentencia de 27 de abril de 2023, M. D. (Prohibición de entrada en Hungría), C‑528/21, EU:C:2023:341, apartado 55 y jurisprudencia citada].
24
Así pues, mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 2019/1024 debe interpretarse en el sentido de que una solicitud de acceso a documentos conservados por un organismo del sector público está comprendida en su ámbito de aplicación.
25
A este respecto, procede señalar que, como se desprende del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2019/1024, interpretado a la luz de sus considerandos 9, 13 y 70, esta tiene por objeto fomentar el uso de datos abiertos y crear condiciones que favorezcan el desarrollo de productos y servicios de contenidos digitales, que abarquen toda la Unión y los Estados miembros, basados en documentos del sector público, con el fin de mejorar el mercado único.
26
A tal fin, esta Directiva establece un conjunto de normas mínimas que regulan la reutilización y los dispositivos prácticos destinados a facilitar la reutilización de los documentos conservados por los organismos del sector público de los Estados miembros y por determinadas empresas públicas, así como la reutilización de los datos de investigación.
27
En virtud del artículo 2, punto 11, de la citada Directiva, debe entenderse por «reutilización» el uso de tales documentos por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio público o en la prestación de servicios de interés general para el que se produjeron.
28
Si bien la «reutilización», en el sentido de la Directiva 2019/1024, presupone el acceso a los documentos de que se trate, no es menos cierto que se trata de dos operaciones manifiestamente distintas (véase, por analogía, la sentencia de 27 de octubre de 2011, Comisión/Polonia, C‑362/10, EU:C:2011:703, apartado 54).
29
Pues bien, esta Directiva regula, como enuncia su artículo 1, apartado 7, la reutilización de los documentos existentes conservados por los organismos del sector público y las empresas públicas de los Estados miembros, sin establecer, no obstante, ninguna obligación en materia de acceso a los documentos.
30
En efecto, de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2019/1024, interpretado a la luz de su considerando 23, esa Directiva se basa en los regímenes de acceso de la Unión y nacionales y no los afecta de forma alguna. El artículo 1, apartado 2, letras d) y f), de dicha Directiva dispone, además, que esta no se aplica a los documentos a los que no pueda accederse o cuyo acceso esté limitado en virtud de los regímenes de acceso de los Estados miembros.
31
Así pues, la Directiva 2019/1024 no reconoce el derecho de acceso a los documentos del sector público, sino que presupone que tal derecho existe en el Derecho de los Estados miembros o en el Derecho de la Unión, de modo que los requisitos de acceso a esos documentos no están comprendidos en su ámbito de aplicación (véase, por analogía, la sentencia de 14 de noviembre de 2018, NKBM, C‑215/17, EU:C:2018:901, apartado 32).
32
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que la Directiva 2019/1024 debe interpretarse en el sentido de que una solicitud de acceso a documentos conservados por un organismo del sector público no está comprendida en su ámbito de aplicación.
Costas
33
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
La Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público,
debe interpretarse en el sentido de que
una solicitud de acceso a documentos conservados por un organismo del sector público no está comprendida en su ámbito de aplicación.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: croata.