62024CJ0215_RES
Asunto C‑215/24 [Fira] (
i
)
YX
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 11 de septiembre de 2025
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea dictada a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad — Artículo 4, punto 6 — Motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea — Objetivo de reinserción social — Residencia de la persona condenada — Asunción de la ejecución de la pena por el Estado de ejecución de conformidad con su Derecho interno — Decisión Marco 2008/909/JAI — Reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal a efectos de su ejecución en otro Estado miembro — Suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad acordada por un órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución — Artículo 8 — Obligación del Estado de ejecución de reconocer la sentencia y de ejecutar la condena — Artículo 17 — Facultad del Estado de ejecución para determinar el procedimiento de ejecución»
Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2008/909/JAI relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal — Negativa del Estado miembro de ejecución a ejecutar una orden de detención europea dictada a efectos de la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad — Compromiso de este Estado miembro de ejecutar la pena — Posterior suspensión de la ejecución de la pena acordada por otra autoridad judicial de dicho Estado miembro — Improcedencia
(Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI, arts. 8, ap. 1, y 17, ap. 1)
(véanse los apartados 66, 71 a 78 y 83 a 85 y el fallo)
Resumen
Con ocasión de un procedimiento relativo a la ejecución de una orden de detención europea dictada a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad, el Tribunal de Justicia precisa que la autoridad judicial competente de un Estado miembro no puede, tras haber rehusado dar curso a esa orden de detención y tras haber asumido el compromiso de ejecutar esa pena, suspender la ejecución de dicha pena.
YX fue condenado a una pena privativa de libertad de seis meses por el Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Local Criminal de Vila Nova de Gaia (Tribunal de Primera Instancia de Oporto — Juzgado Local de lo Penal de Vila Nova de Gaia, Portugal), el órgano jurisdiccional remitente. Habida cuenta de que aquel había trasladado su residencia a España, dicho órgano jurisdiccional emitió una orden de detención europea para su entrega a efectos de la ejecución de la referida pena privativa de libertad.
La autoridad judicial española competente denegó, en virtud del artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/58, (
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) la entrega de YX al órgano jurisdiccional remitente, pero declaró el reconocimiento, a efectos de su ejecución en España, de la sentencia que este había dictado.
Con posterioridad, en aplicación del Código Penal español, el Juzgado Central de lo Penal n.o 1 (Madrid) acordó suspender durante un período de dos años la ejecución de la pena de prisión de que se trata en el procedimiento principal.
Al considerar que tal decisión de suspensión puede contravenir los objetivos perseguidos por la Decisión Marco 2008/909 (
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) y el principio de reconocimiento mutuo, el órgano jurisdiccional remitente planteó una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. Señala que la autoridad competente del Estado de ejecución está obligada, en principio, a reconocer la sentencia condenatoria dictada por la autoridad competente del Estado de emisión y a ejecutar la pena impuesta con una duración y naturaleza que deben corresponderse con las determinadas en tal sentencia. Por consiguiente, la primera autoridad no puede, sin infringir el artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909, modificar la esencia de la condena impuesta por la segunda autoridad, como tampoco puede suspender la ejecución de la pena a la que tal persona haya sido condenada en el Estado de emisión.
Además, según el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 17 de la Decisión Marco 2008/909, en virtud del cual la ejecución de la condena se rige por la legislación del Estado de ejecución, solo hace referencia a las medidas dirigidas a garantizar la ejecución material de la pena privativa de libertad y, por lo tanto, no incluye, en contra de lo que considera el Juzgado Central de lo Penal n.o 1, la decisión de suspender la ejecución de tal pena.
Así, el Tribunal de Justicia constata que es preciso determinar si debe considerarse que la decisión de suspender la ejecución de una pena privativa de libertad modifica la sentencia condenatoria, en cuyo caso el artículo 8, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/909 se opondría a que la autoridad competente del Estado de ejecución acordase tal suspensión, o, en cambio, se enmarca en la ejecución de esa sentencia, en cuyo caso el artículo 17, apartado 1, de dicha Decisión Marco permitiría que dicha autoridad acordase tal suspensión.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia señala, para empezar, que ni el artículo 8, apartado 1, ni el artículo 17, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/909 contemplan expresamente el supuesto de la suspensión, por la autoridad competente del Estado de ejecución, de la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta por la autoridad competente del Estado de emisión. En particular, ningún elemento textual permite determinar si tal medida de suspensión se incluye en el concepto de «procedimiento de ejecución» de la condena, en el sentido del artículo 17, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/909.
No obstante, mientras que el apartado 1 del artículo 17 de esta Decisión Marco determina que las autoridades competentes del Estado de ejecución ejercen una competencia exclusiva sobre la totalidad del procedimiento de ejecución de una condena y sobre todas las medidas conexas, entre las que se cuenta la libertad anticipada o condicional, los apartados 3 y 4 de ese artículo recogen, en favor de la autoridad competente del Estado de emisión, primero, el derecho a ser informada, previa solicitud, de las disposiciones del Estado de ejecución aplicables en materia de libertad anticipada o condicional y, segundo, el derecho a retirar el certificado (
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) en que se instrumenta el consentimiento del Estado de emisión a que la pena impuesta se ejecute en el Estado de ejecución, así como, tercero, la posibilidad de comunicar los requisitos del Estado de emisión para la libertad anticipada o condicional, con miras a que la autoridad competente del Estado de ejecución los tenga en cuenta.
Así pues, siendo así que las prerrogativas que el artículo 17, apartados 3 y 4, de esta Decisión Marco reconoce a la autoridad competente del Estado miembro de emisión deberían, a fortiori, aplicarse a la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad, habida cuenta de que tal medida se acuerda antes siquiera de cualquier ejecución efectiva de dicha pena e implica, por tanto, a diferencia de la libertad anticipada o condicional, que se suspenda la totalidad de dicha pena, el Tribunal de Justicia declara que el legislador de la Unión solo contempló esas prerrogativas para los requisitos referentes a la libertad anticipada o condicional.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que tal medida de suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad no se incluye en el concepto de «procedimiento de ejecución» que figura en el artículo 17, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/909.
Corrobora esta apreciación el hecho de que la Decisión Marco 2008/947, (
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) cuyo ámbito de aplicación excluye el de la Decisión Marco 2008/909, (
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) se aplique específicamente a las sentencias en las que se acuerde la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad o a las sentencias que vayan acompañadas de resoluciones de libertad vigilada aparte, que en ambos casos son dictadas por una autoridad competente del Estado de emisión. (
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) La Decisión Marco 2008/947 confirma así que la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad se incardina en la competencia de la autoridad competente del Estado de emisión y, por consiguiente, en la sentencia que haya de reconocerse, y no en la ejecución de esta última ni en la competencia de la autoridad competente del Estado de ejecución.
Por añadidura, la posibilidad de que el Estado de ejecución adapte, fuera de los supuestos expresamente previstos en los artículos 8 y 17 de la Decisión Marco 2008/909, la pena impuesta en el Estado de emisión o el procedimiento para su ejecución podría quebrar esa especial confianza mutua en los respectivos sistemas judiciales que rige entre los Estados miembros y, por lo tanto, iría en contra del objetivo de profundizar la cooperación entre ellos en el ámbito de la ejecución de las sentencias en materia penal. Así pues, los mencionados artículos 8 y 17 desempeñan un papel central en la consecución de ese objetivo al precisar, para el reconocimiento y la ejecución de las sentencias en materia penal, el alcance y los límites de las competencias reconocidas a las autoridades competentes del Estado de ejecución.
Por estas razones, el Tribunal de Justicia concluye que la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909 y, en consecuencia, no puede ser acordada por la autoridad competente del Estado de ejecución en aplicación del artículo 17 de esta Decisión Marco.
Por último, el Tribunal de Justicia precisa que la circunstancia de que la revocación de la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad a causa de haber incumplido el interesado una condición objetiva vinculada a tal suspensión no constituya una resolución en el sentido del artículo 4 bis de la Decisión Marco 2002/584 (
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) y, así, pueda encuadrarse en la ejecución de la pena impuesta no implica necesariamente que la decisión de acordar o no la suspensión de una pena privativa de libertad tenga la misma naturaleza.
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i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
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1
)	Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/584»). En virtud del artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco, la autoridad judicial de ejecución puede denegar la ejecución de la orden de detención europea cuando esta se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él y este se comprometa a ejecutar él mismo dicha pena o medida de seguridad de conformidad con su Derecho interno.
(
2
)	Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO 2008, L 327, p. 27), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2008/909»).
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3
)	Se trata del certificado a que se refiere el artículo 4 de la Decisión Marco 2008/909, cuya transmisión constituye una de las formalidades que deben cumplirse cuando el Estado de ejecución asume la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta en el Estado de emisión.
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4
)	Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas (DO 2008, L 337, p. 102).
(
5
)	Artículo 1, apartado 3, letra a), de la Decisión Marco 2008/947.
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6
)	Artículo 2, puntos 1, 2 y 5, de la Decisión Marco 2008/947.
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7
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de diciembre de 2017, Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026), apartados 77 y 78, y de 23 de marzo de 2023, Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión) (C‑514/21 y C‑515/21, EU:C:2023:235), apartados 53 y 54.