Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 18 de diciembre de 2025 (1)
Asunto C‑145/24 P
BdM Banca SpA, anteriormente Banca Popolare di Bari SpA,
contra
Comisión Europea
« Recurso de casación — Ayudas de Estado — Ayuda concedida por las autoridades italianas en favor de Banca Tercas — Intervención del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fondo Interbancario de Garantía de Depósitos, Italia; FITD) para cubrir las pérdidas de Banca Tercas y respaldar su venta a Banca Popolare di Bari — Decisión (UE) 2016/1208 de la Comisión por la que se declara la medida ayuda de Estado incompatible con el mercado interior — Decisión anulada mediante la sentencia de 19 de marzo de 2019, Italia y otros/Comisión (T‑98/16, T‑196/16 y T‑198/16, EU:T:2019:167) — Sentencia confirmada en casación mediante la sentencia de 2 de marzo de 2021, Comisión/Italia y otros (C‑425/19 P, EU:C:2021:154) — Recurso de indemnización — Artículo 340 TFUE, párrafo segundo — Plazo de prescripción — Concepto de “violación suficientemente caracterizada” del Derecho de la Unión — Relación de causalidad »
Introducción
1.        Mediante su recurso de casación, BdM Banca SpA, anteriormente Banca Popolare di Bari SpA (en lo sucesivo, «recurrente»), solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 20 de diciembre de 2023, Banca Popolare di Bari/Comisión (T‑415/21, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:833), mediante la cual se desestimó el recurso por el que solicitaba que se le indemnizara el perjuicio ocasionado por la Decisión (UE) 2016/1208 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2015, relativa a la ayuda estatal SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) ejecutada por Italia en favor de Banca Tercas (en lo sucesivo, «Decisión Tercas»). (2)
2.        El presente recurso de casación brinda al Tribunal de Justicia la ocasión de examinar diversos aspectos clásicos de las acciones de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea, como, primero, el inicio del cómputo del plazo de prescripción previsto en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular en lo que respecta a la distinción entre daño «inmediato» y «continuado», segundo, la eventual calificación de una violación del artículo 107 TFUE, apartado 1, como «suficientemente caracterizada», en el sentido del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, y, tercero, la apreciación de la relación de causalidad entre el comportamiento reprochado, en este caso a la Comisión, y el daño supuestamente sufrido por la recurrente, en particular si concurren potenciales causas concomitantes de ese daño.
Antecedentes del litigio y sentencia recurrida
3.        Mediante la Decisión Tercas, la Comisión consideró que la intervención, autorizada el 7 de julio de 2014 por la Banca d’Italia (Banco de Italia), del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fondo Interbancario de Garantía de Depósitos, Italia; en lo sucesivo, «FITD») en favor de Banca Tercas (en lo sucesivo, «Tercas»), (3) cuyo patrimonio pertenecía íntegramente a la recurrente desde el 1 de octubre de 2014, constituía una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, que debía ser recuperada de su beneficiario. (4) El 4 de febrero de 2016, el FITD realizó una «intervención voluntaria» en favor de Tercas y, el 14 de julio de 2016, la recurrente absorbió a Tercas.
4.        Mediante sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2019, Italia y otros/Comisión, (5) confirmada en casación por la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de marzo de 2021, Comisión/Italia y otros (6) (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias Tercas»), se anuló la Decisión Tercas. A raíz de esas sentencias, la recurrente reclamó a la Comisión que reparara los daños pretendidamente sufridos como consecuencia de la adopción de la Decisión Tercas, reclamación que fue denegada por la Comisión.
5.        Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso de la recurrente por el que solicitaba que se le indemnizaran esos daños. Tras constatar que no concurrían los requisitos relativos a la ilegalidad del comportamiento y a la existencia de una relación de causalidad, (7) declaró que procedía desestimar el recurso, sin que fuera necesario examinar el requisito relativo a la realidad del daño. (8)
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y alegaciones de las partes
6.        El 26 de febrero de 2024, la recurrente interpuso recurso de casación contra la sentencia recurrida. Solicita al Tribunal de Justicia, por una parte, que anule la sentencia recurrida y, por otra, con carácter principal, que resuelva definitivamente el litigio y condene a la Unión, representada por la Comisión, a abonarle la cantidad de 203,3 millones de euros en concepto de resarcimiento de los daños materiales, así como un importe adecuado en concepto de resarcimiento de los daños morales, y condene en costas a la Comisión, y, con carácter subsidiario, que devuelva el asunto al Tribunal General.
7.        La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad del recurso de casación o lo desestime por inoperante y, en cualquier caso, lo desestime por infundado en su totalidad o, con carácter subsidiario, que desestime la pretensión de indemnización por ser totalmente infundada y condene en costas a la recurrente.
8.        En la vista celebrada el 30 de septiembre de 2025, se oyeron las observaciones orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia.
Análisis
9.        El recurso de casación se articula en torno a tres motivos, referidos, el primero, a la prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual, a los efectos del artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que respecta a uno de los elementos del perjuicio; el segundo, a la calificación de la supuesta violación del artículo 107 TFUE, apartado 1, como «suficientemente caracterizada» en el sentido del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, y, el tercero, a la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento reprochado a la Comisión y los daños supuestamente sufridos por la recurrente en el sentido de esta última disposición.
Sobre el primer motivo de casación
10.      El primer motivo de casación se basa en la infracción del artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la medida en que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso en cuanto se refería al perjuicio relativo a la reducción de la plantilla de trabajadores. La recurrente reprocha al Tribunal General que considerara que ese perjuicio se concretó con la adopción del plan de incentivos establecido el 30 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «plan de incentivos») (9) y tenía carácter instantáneo, (10) cuando, en realidad, ese perjuicio no se deriva del plan, sino de las operaciones posteriores que dieron lugar a la reducción concreta de la plantilla, por lo que reviste carácter continuado. (11)
11.      A tenor del artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General con arreglo al artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, las acciones contra la Unión en materia de responsabilidad extracontractual prescribirán a los cinco años de producido el hecho que las motivó. (12) Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicho plazo comienza a correr cuando concurren todos los requisitos a los que está supeditada la obligación de reparación y, en particular, cuando se concrete el perjuicio que deba indemnizarse. (13) Así, ese plazo no comienza a correr en la fecha del hecho perjudicial, sino a partir del momento en que el perjuicio se produce efectivamente para las personas afectadas. (14)
12.      En el apartado 61 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limitó a señalar que el daño derivado de la reducción de la plantilla de trabajadores resultaba del plan de incentivos, establecido el 30 de diciembre de 2015, y, por tanto, que el plazo de prescripción de cinco años había expirado cuando la recurrente formuló su reclamación previa ante la Comisión, sin dar explicaciones explícitas sobre la naturaleza del daño en cuestión.
13.      A este respecto, ha de señalarse que, en la medida en que el plan de incentivos tenía carácter obligatorio, el supuesto daño se concretó en la fecha en que este se adoptó, (15) sin que sea relevante que se ejecutara de manera diferida en el tiempo. (16) En efecto, ha de entenderse por «perjuicio continuado» aquel que no se produce con ocasión de un acontecimiento único, sino que aparece y se desarrolla progresivamente, cuya dimensión aumenta en proporción al tiempo transcurrido. (17) Dicho de otro modo, la causa del daño no está conformada por un único acontecimiento, sino por una situación que perdura, mientras que, en el presente asunto, el perjuicio invocado quedó fijado desde la adopción del plan de incentivos.
14.      Es cierto que, en la fecha de la adopción del plan de incentivos, la recurrente no podía cuantificar el importe exacto del perjuicio, que podía variar en función del éxito o fracaso de ese plan. Sin embargo, en tal fecha, podía evaluar el importe máximo del perjuicio alegado y asignar los recursos necesarios para hacer frente a esa contingencia. Además, el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, no impide acudir al Tribunal de Justicia para que declare la responsabilidad de principio de la Unión por daños inminentes y previsibles con una certeza suficiente, aunque el perjuicio no pueda ser aún cifrado con exactitud. (18)
15.      Por otra parte, aun si se considerara, como hace la recurrente, que el perjuicio alegado comenzó a manifestarse «a partir del primer desembolso» o que sus efectos se desplegaron progresivamente a medida que los trabajadores iban aceptando el plan de incentivos, tales circunstancias no implican, sin embargo, que ese perjuicio pueda calificarse de «continuado». En mi opinión, en esa situación, por una parte, ninguna base jurídica permite distinguir el primer desembolso de los siguientes (19) y, por otra parte, dicho perjuicio consistiría más bien en un conjunto de perjuicios vinculado a las sucesivas aceptaciones del plan de incentivos por parte de los trabajadores, sujeto, cada uno de ellos, a su propio plazo de prescripción.
16.      A este respecto, sin embargo, como señala la Comisión en sus escritos procesales, basta con señalar que la recurrente ha definido su pretensión indemnizatoria remitiéndose a la provisión consignada en el balance de 31 de diciembre de 2015 y no ha aportado ninguna prueba relativa a los diferentes momentos en que los trabajadores aceptaron el plan de incentivos de la recurrente.
17.      Habida cuenta de lo anterior, considero que procede desestimar el primer motivo de casación.
Sobre el segundo motivo de casación
18.      El segundo motivo de casación se basa en la infracción del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, en la medida en que el Tribunal General excluyó que el comportamiento ilegal de la Comisión constituyera una «violación suficientemente caracterizada» del Derecho de la Unión y no aplicó correctamente el criterio de la violación manifiesta y grave de este Derecho. Según la recurrente, por una parte, la Comisión no disponía de ningún margen de apreciación para evaluar si la intervención del FITD en favor de Tercas constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, o, a lo sumo, disponía de un margen de apreciación reducido y, por otra parte, el Tribunal General no debería haber tenido en cuenta la complejidad fáctica y jurídica del asunto objeto de la Decisión Tercas o, en cualquier caso, debería haber excluido que hubiera tal complejidad en el caso de autos.
19.      En la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, pese al error de apreciación cometido por la Comisión, (20) esta no había incurrido en una violación suficientemente caracterizada del artículo 107 TFUE, apartado 1, porque la irregularidad cometida por ella no se salía de la actuación normal, prudente y diligente de una institución encargada de velar por la aplicación de las normas sobre competencia. (21)
20.      Con carácter preliminar, procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares, que constituye uno de los requisitos para que nazca la responsabilidad extracontractual de la Unión, existe cuando implica una inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución de que se trate, de los límites impuestos a su facultad de apreciación. (22) Así, la identificación de tal inobservancia supone constatar una irregularidad que, en circunstancias análogas, no habría cometido una Administración normalmente prudente y diligente. (23)
21.      Además, para determinar si una violación de una norma del Derecho de la Unión debe considerarse suficientemente caracterizada, es preciso tomar en consideración el ámbito, las circunstancias y el contexto en los que interviene la institución; a este respecto, deben tomarse en consideración, en particular, los siguientes elementos: el grado de claridad y de precisión de la norma infringida y la amplitud del margen de apreciación que esa norma deja a la autoridad de la Unión, la complejidad de la situación que deba regularse, las dificultades de aplicación o de interpretación de las normas y el carácter excusable o inexcusable del eventual error de Derecho. (24)
22.      A este respecto, la amplitud del margen de apreciación que la norma jurídica violada dejaba a la autoridad de la Unión no es sino uno más de los elementos que deben tomarse en consideración para determinar si esa autoridad cometió una violación suficientemente caracterizada de esa norma. Si bien es un elemento pertinente, que debe examinarse en todos los casos, la ausencia de margen de apreciación concedido por la disposición infringida no tiene necesariamente por corolario que su inobservancia implique que la violación esté suficientemente caracterizada. Así, según las circunstancias de cada caso, otros elementos pueden tenerse en cuenta, en función del contexto en el que se cometió la violación constatada. Así pues, la violación de una norma jurídica que no deja ningún margen de apreciación a la autoridad de que se trate puede, a la luz de las circunstancias de cada caso, no resultar manifiesta y, por tanto, suficientemente caracterizada, en particular si procede de un error de Derecho excusable habida cuenta de las dificultades de interpretación del texto que contiene tal norma. (25)
23.      Por consiguiente, el criterio de responsabilidad aplicado por el Tribunal de Justicia incluye, por un lado, un elemento subjetivo relativo al margen de apreciación concedido a la institución y, por otro lado, elementos objetivos referidos al contexto. (26) Si bien, en ciertas situaciones, la simple violación del Derecho de la Unión puede llevar a que se aprecie la existencia de una violación suficientemente caracterizada cuando la norma violada únicamente concedía a la autoridad de la Unión que cometió la violación un margen de apreciación reducido —o incluso inexistente—, (27) tal apreciación debe necesariamente resultar del conjunto de las circunstancias que concurrieron en tal violación, cuando el examen de estas no ponga de manifiesto ningún otro elemento pertinente que lleve a descartar el carácter manifiesto y grave de la inobservancia de ese límite de la facultad de apreciación. (28)
24.      En el presente asunto, en las sentencias Tercas, se declaró que la ilegalidad de la Decisión Tercas se derivaba, en esencia, de dos errores conceptuales referentes, el primero, a una confusión entre el requisito relativo a la imputabilidad de una ayuda y el requisito relativo a los fondos estatales (29) y, el segundo, a la apreciación del requisito de la imputabilidad al Estado de la ayuda, concedida en este caso por una entidad privada, aplicando el mismo criterio que se aplica cuando la ayuda la concede una empresa pública. (30)
25.      En lo que respecta, en primer término, a la confusión entre el requisito relativo a la imputabilidad de una ayuda y el referido a los fondos estatales, procede señalar que, en la Decisión Tercas, la Comisión no realizó una distinción entre ambos requisitos dado que, en su opinión, los indicios referidos a ambos requisitos eran idénticos.
26.      A este respecto, ha de observarse que no es infrecuente que la Comisión, al igual que los jueces de la Unión, aprecie conjuntamente determinados criterios de la ayuda de Estado, cuando los elementos fácticos examinados son comunes a esos requisitos. (31) Así sucede, en particular, con los requisitos relativos a la ventaja para el beneficiario y a la selectividad de la medida (por ejemplo, en lo que respecta a las ayudas fiscales), (32) con el requisito del falseamiento de la competencia y de afectación de los intercambios entre Estados miembros, (33) y, en cuanto resulta pertinente en el caso de autos, con los requisitos de imputabilidad de una medida al Estado y de la utilización de fondos estatales. (34)
27.      En lo concerniente, en segundo término, a la apreciación del requisito de imputabilidad de la ayuda al Estado, es cierto que, como se desprende de las sentencias Tercas, (35) la Comisión no podía basarse, en este asunto, en lo improbable de una falta de influencia o de control efectivo por parte de las autoridades públicas sobre el FITD, sino que estaba obligada a acreditar que la medida de ayuda en cuestión se había adoptado bajo la influencia o el control efectivo de las autoridades públicas. Según el juez de la Unión, la Comisión aplicó, en esencia, un criterio erróneo.
28.      Dicho esto, opino que, en las circunstancias del caso de autos, la Comisión tenía que examinar un conjunto complejo de indicios para determinar el grado de implicación de las autoridades públicas en la concesión de las medidas que habían sido acordadas por una entidad como el FITD, cuya naturaleza «privada» no era evidente, en particular a la luz de su carácter híbrido y de sus vínculos con el Banco de Italia. (36) Como reconoció acertadamente el Tribunal General en el apartado 120 de la sentencia recurrida, la Comisión debía aplicar el concepto de «ayuda de Estado», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, en un contexto jurídico y fáctico particularmente complejo, en el que las medidas de ayuda eran concedidas por una entidad privada, apreciando así las circunstancias y los elementos que permitían deducir la imputabilidad de la medida, el contexto fáctico y jurídico de las medidas nacionales objeto de la Decisión Tercas, la implicación de los representantes del Estado en las diferentes etapas de la intervención y el mandato público conferido al FITD.
29.      Además, aunque el concepto de «ayuda de Estado» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, es un concepto objetivo, la interpretación de sus elementos constitutivos puede suscitar, incluso cuando no requiere de análisis fácticos o económicos complejos, (37) cuestiones jurídicas complejas, (38) como en el presente asunto. En efecto, incluso cuando no existe margen de apreciación, el examen de los hechos, por su naturaleza, puede generar dificultades a la hora de interpretar y, sobre todo, de aplicar conceptos jurídicos subyacentes y ocasionar errores conceptuales como los que se reprochan a la Comisión en el caso de autos. (39)
30.      Por consiguiente, considero que, aunque la Comisión disponía, en este caso, de un margen de apreciación reducido —o incluso inexistente—, la complejidad de la situación que examinó sigue siendo pertinente a efectos de comprobar si cometió una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión. (40) En consecuencia, el criterio pertinente para apreciar la existencia de una «violación suficientemente caracterizada» sigue siendo, en cualquier caso, el comportamiento de una Administración diligente.
31.      De ello resulta que los errores cometidos por la Comisión en el presente asunto pueden calificarse como «simples errores de apreciación», que no bastan, en sí, para considerar que se cometiera una violación manifiesta y grave del Derecho de la Unión o, dicho de otro modo, una irregularidad que, en circunstancias análogas, no habría cometido una Administración normalmente prudente y diligente, generadora de la responsabilidad de la Unión. (41)
32.      Habida cuenta de lo anterior, propongo que se desestime el segundo motivo de casación.
Sobre el tercer motivo de casación
33.      El tercer motivo de casación se basa en la infracción del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, y de los artículos 91, letra e), y 96 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en la medida en que el Tribunal General consideró que no existía relación de causalidad entre el comportamiento ilícito de la Comisión y los daños alegados, a saber, el deterioro de la confianza de su clientela. (42)
34.      De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el requisito relativo a la existencia de una relación de causalidad entraña, en esencia, la existencia de una relación suficientemente directa de causa y efecto entre el comportamiento de las instituciones de la Unión y el daño, relación que corresponde probar a la recurrente, de modo que el comportamiento reprochado debe ser la causa determinante del perjuicio. (43)
35.      En el presente asunto, la recurrente reprocha al Tribunal General, en primer lugar, que, para excluir la relación de causalidad entre el comportamiento de la Comisión y los elementos del daño relativos a la pérdida de clientela, no diferenciara su propia clientela de la de Tercas ni precisara el valor atribuible a cada una de ellas.
36.      Sin embargo, en contra de lo que sostiene la recurrente, el Tribunal General no se limitó a declarar que esta no había distinguido a su propia clientela de la de Tercas, sino que declaró que tampoco había presentado argumentos específicos dirigidos a determinar si la pérdida de clientela y de depósitos directos de Tercas era imputable a la Decisión Tercas, (44) extremo que la recurrente no refuta.
37.      En cualquier caso, en la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que las decisiones de los clientes de la recurrente, que supuestamente causaron el daño alegado, se tomaron en el marco de las apreciaciones y evaluaciones realizadas por estos últimos a la luz de sus intereses financieros, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: en primer lugar, los clientes de la recurrente no tenían ninguna obligación jurídica derivada de la Decisión Tercas; en segundo lugar, dicha Decisión no contenía ningún elemento que sugiriera que la recurrente era incapaz de adoptar medidas alternativas en favor de Tercas o que estuviera dirigido a mermar la credibilidad de la recurrente y la confianza de sus clientes en ella y, en tercer lugar, desde el anuncio de la Decisión Tercas, el Gobierno italiano y la recurrente habían indicado que estaban preparadas medidas de intervención voluntaria y que, por consiguiente, no se derivaría ningún efecto negativo de la Decisión Tercas. (45)
38.      A este respecto, la recurrente se limita a criticar las conclusiones del Tribunal General, sin demostrar que se basen en un error de Derecho o en una desnaturalización de los hechos o de las pruebas.
39.      En segundo lugar, la recurrente critica al Tribunal General por haberse referido a la sentencia Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro y otros/Comisión. (46)
40.      A este respecto, basta con señalar que el Tribunal General únicamente se refirió a esa sentencia para desechar el argumento de la recurrente de que tal sentencia confirmaba su postura y llegó a la conclusión de que la mencionada sentencia no bastaba para acreditar la existencia de una relación de causalidad. Por consiguiente, las críticas realizadas por la recurrente no ponen en entredicho la apreciación del Tribunal General, que no se basa en esa sentencia.
41.      En tercer lugar, la recurrente recrimina al Tribunal General haber considerado que distintos elementos contribuyeron a producir los daños alegados.
42.      A este respecto, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es necesario que el daño invocado haya sido causado efectivamente por el comportamiento imputado a las instituciones. En efecto, incluso en el caso de una posible contribución de las instituciones de la Unión al perjuicio cuya indemnización se solicita, esa contribución puede estar demasiado alejada debido a otros factores, como una responsabilidad que corresponda a otras personas, en su caso a las partes demandantes. (47) Además, aunque la cuestión de la existencia de una relación de causalidad entre el hecho causante y el daño es una cuestión jurídica y, por tanto, se incluye en el control del Tribunal de Justicia en casación, (48) la apreciación fáctica de la relación de causalidad realizada por el Tribunal General queda fuera de la competencia del Tribunal de Justicia en casación, salvo en caso de desnaturalización de los hechos o de las pruebas. (49) Solo cabe considerar que se ha producido desnaturalización cuando así se desprende manifiestamente de los autos y, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas, la apreciación de las pruebas existentes resulta manifiestamente errónea. (50)
43.      En el presente asunto, la recurrente rebate cuatro de los cinco elementos que el Tribunal General tuvo en cuenta en los apartados 144 a 149 de la sentencia recurrida para excluir la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento de la Comisión y el perjuicio invocado, a saber, en primer lugar, la existencia de pérdidas consignadas en el balance del año 2015; en segundo lugar, la falta de información a los inversores, que dio lugar a la aplicación de sanciones administrativas e investigaciones penales; en tercer lugar, el hecho de que Tercas ya fuera un banco inviable en 2013 y, en cuarto lugar, la circunstancia de que los costes generados por las medidas de mitigación de los supuestos efectos negativos de la Decisión Tercas no eran imputables a dicha Decisión. (51)
44.      Con carácter preliminar, considero que, contrariamente a las alegaciones de la recurrente, el efecto de potenciales causas concomitantes no se limita necesariamente a la cuantificación de la indemnización, sino que también puede afectar, en su caso, a la existencia misma de una relación de causalidad entre el comportamiento imputado y el perjuicio alegado.
45.      En primer término, en lo que concierne a las pérdidas consignadas en el balance del año 2015, la recurrente aduce que, según sus propios auditores, esas pérdidas podrían haber contribuido, a lo sumo, a una parte de las pérdidas de clientela, que esos auditores fijan en un 50 %. (52) Sin embargo, no demuestra que la sentencia recurrida adolezca de desnaturalización de los hechos o de las pruebas y tampoco cuestiona los demás elementos de contexto que el Tribunal General tuvo en cuenta a este respecto, es decir, en primer lugar, que desde que Tercas fue adquirida en 2014, los indicadores financieros de la recurrente no dejaron de deteriorarse y que la reducción del valor unitario de las acciones de que ella era titular, acordada en respuesta y de forma simultánea a la aprobación de las cuentas anuales de la recurrente correspondientes al ejercicio 2015 (más concretamente, el 24 de abril de 2016), había provocado el descontento de su clientela; (53) en segundo lugar, la constatación de que, antes de la adopción de la Decisión Tercas, en particular entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, la recurrente ya había perdido el 4,9 % de sus depósitos directos; (54) en tercer lugar, la circunstancia de que la reforma de las cooperativas de crédito, que la propia recurrente identificó como una de las razones por las que tuvo que revisar su plan industrial 2015‑2019 y sustituirlo por un nuevo plan 2016‑2020, también contribuyó a erosionar la confianza de su clientela. (55)
46.      En segundo término, en cuanto al hecho de que, según la recurrente, las sanciones impuestas a su dirección se adoptaron después de que se produjera el daño invocado, es preciso señalar que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que de las resoluciones de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Comisión Nacional del Mercado de Valores, Italia) se desprendía que, en el marco de las ampliaciones de capital que tuvieron lugar entre los meses de noviembre de 2014 y junio de 2015, la recurrente no informó a los inversores del método utilizado y fijó, de este modo, el precio de las acciones en un nivel superior al fijado por el perito encargado de determinarlo, de modo que la dirección de la recurrente fue objeto de sanciones administrativas e investigaciones penales a partir de 2017. (56) Por consiguiente, según la apreciación del Tribunal General, esas sanciones, adoptadas después del período en el que supuestamente se produjo el perjuicio, no hacían sino confirmar el comportamiento anterior de la recurrente, que, con toda probabilidad, era el causante de la pérdida de confianza de su clientela.
47.      En tercer término, en cuanto a la inviabilidad anterior de Tercas, (57) la recurrente sostiene que no puede haber sido una causa decisiva del perjuicio en cuestión, dado que se trataba de una circunstancia conocida desde hacía tiempo y que, debido a tal inviabilidad, el proceso de integración de Tercas en la recurrente no solo había venido precedido, desde 2014, de una cobertura completa del déficit patrimonial de Tercas por el FITD, sino también de intervenciones adicionales de consolidación de los fondos propios tanto de Tercas como de la recurrente. Sin embargo, esos argumentos no demuestran que Tercas no estuviera en una situación de inviabilidad financiera ni que el Tribunal General desnaturalizara los hechos o las pruebas a este respecto.
48.      En cuarto término, por lo que respecta a los costes generados por las medidas de mitigación de los supuestos efectos negativos de la Decisión Tercas, (58) la recurrente no ha demostrado que, de no haberse adoptado esta Decisión, los depósitos no habrían disminuido ni se habrían producido pérdidas de clientela, ni tampoco que las medidas correctoras se adoptaran efectivamente en respuesta a pérdidas específicamente ligadas a dicha Decisión y no a otras circunstancias.
49.      En cuarto lugar, la recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado no fiables los informes técnicos que había presentado, a saber, uno procedente de una sociedad de auditoría y otro de un profesor universitario, sin haber ordenado un dictamen pericial en el sentido de los artículos 91, letra e), y 96 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
50.      Sin embargo, ha de observarse que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General no se limitó a poner en entredicho la fiabilidad de dichos informes. Consideró, por el contrario, en primer término, que el informe técnico de la sociedad de auditoría no demostraba que la Decisión Tercas constituyera la causa directa y determinante de tal perjuicio; en segundo término, que la fiabilidad del informe técnico del profesor universitario se veía debilitada por que, en él, se reconocía que la recurrente había sufrido pérdidas importantes en 2015 y que, a partir de finales de 2016, la referida Decisión no era más que una de las causas del perjuicio alegado y, en tercer término, que esos dos informes, que estaban basados además en documentos aportados por la recurrente, no contenían ningún análisis jurídico sobre la relación de causalidad entre la Decisión Tercas y el perjuicio alegado. (59)
51.      En cualquier caso, me parece, una vez más, que la recurrente se limita a impugnar la apreciación de elementos de hecho realizada por el Tribunal General, proponiendo una nueva apreciación, sin demostrar, o siquiera invocar, la existencia de desnaturalización de los hechos o de las pruebas.
52.      Además, en cuanto a la alegación de que el Tribunal General desechó los informes técnicos de que se trata sin ordenar la realización de un dictamen pericial, ha de destacarse que la apreciación de la oportunidad de adoptar una diligencia de ordenación del procedimiento o de instrucción incumbe en exclusiva al juez de la Unión, que no está obligado a adoptarla si los elementos aportados por las partes no son suficientes para apreciar la existencia de la relación de causalidad.
53.      Habida cuenta de lo anterior, propongo que se desestime el tercer motivo de casación.
Conclusión
54.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación.
1      Lengua original: francés
2      DO 2016, L 203, p. 1.
3      La intervención del FITD comprendía tres medidas de ayuda: primero, una contribución de 265 millones de euros para cubrir el déficit patrimonial de Tercas, segundo, una garantía de 35 millones de euros para cubrir el riesgo crediticio al que estaba expuesto Tercas por determinadas operaciones y, tercero, una garantía de 30 millones de euros para cubrir los costes derivados del tratamiento fiscal de la primera medida.
4      En 2012, después de que el Banco de Italia detectara una serie de irregularidades, el Gobierno italiano sometió a Tercas a administración extraordinaria. Tras la intervención del FITD, esa medida se levantó y se realizaron varias ampliaciones de capital, en particular, por la recurrente, para restablecer la situación económica de Tercas.
5      T‑98/16, T‑196/16 y T‑198/16; en lo sucesivo, «sentencia Tercas del Tribunal General», EU:T:2019:167.
6      C‑425/19 P, en lo sucesivo, «sentencia Tercas del Tribunal de Justicia», EU:C:2021:154.
7      Por una parte, en cuanto al requisito de la ilegalidad del comportamiento imputado a la Comisión, el Tribunal General, pese a observar que el artículo 107 TFUE, apartado 1, invocado por la recurrente en el presente asunto, debe calificarse de «norma que tiene por objeto conferir derechos a los particulares» (apartados 76 a 96 de la sentencia recurrida), llegó a la conclusión de que no se había cometido una violación suficientemente caracterizada de esa norma (apartados 101 a 125 de esa sentencia). Por otra parte, en cuanto al requisito relativo a la existencia de relación de causalidad, el Tribunal General concluyó que la recurrente no había acreditado la existencia de una relación de causalidad directa entre el comportamiento supuestamente ilegal de la Comisión y los perjuicios alegados (apartados 126 a 161 de dicha sentencia).
8      No obstante, el Tribunal General declaró que la acción había prescrito en lo atinente a uno de los elementos del prejuicio invocado por la recurrente, a saber, el referido al daño relativo a la reducción de la plantilla (apartado 61 de la sentencia recurrida).
9      Se trataba, más concretamente, de un acuerdo entre la recurrente y las organizaciones sindicales relativo a un plan de incentivos para la salida, dirigido a trabajadores en plantilla, para reducir esta en ochenta y cinco trabajadores.
10      En consecuencia, según el Tribunal General, el plazo de prescripción de cinco años había expirado cuando la recurrente formuló su reclamación previa ante la Comisión (véanse, a este respecto, los apartados 61 y 68 de la sentencia recurrida).
11      Según la recurrente, el perjuicio de que se trata no era inmediatamente perceptible en el momento de la adopción del plan de incentivos (30 de diciembre de 2015), dado que, en esa fecha, solo era posible estimar el importe de la carga que habría de soportarse (que se provisionó anticipadamente durante el ejercicio 2015), mientras que los desembolsos se produjeron posteriormente, a saber, a medida que los trabajadores iban aceptando el plan propuesto por ella. En contra de lo que sostiene la Comisión, este motivo de casación es, en mi opinión, admisible, toda vez que la recurrente no pretende obtener una nueva apreciación de las pruebas y de los hechos realizada por el Tribunal General (sin invocar una desnaturalización de los hechos), sino que impugna la calificación jurídica de dichos hechos, al haber calificado el Tribunal General, en esencia, el supuesto daño de «instantáneo», pero no de «continuado».
12      Como recordó el Tribunal General en el apartado 29 de la sentencia recurrida, ese plazo tiene por función, por un lado, garantizar la protección de los derechos de la persona que se ha visto lesionada, ya que esta debe disponer de tiempo suficiente para recoger la información apropiada para presentar el posible recurso, y, por otro lado, evitar que la persona que se ha visto lesionada pueda retrasar ad infinitum el ejercicio de su derecho a una indemnización por daños y perjuicios. El Tribunal General citó, en tal sentido, las sentencias de 8 de noviembre de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión (C‑469/11 P, EU:C:2012:705), apartado 33 y jurisprudencia citada, y 7 de julio de 2021, Bateni/Consejo (T‑455/17, EU:T:2021:411), apartado 62 y jurisprudencia citada.
13      Véanse, en particular, las sentencias de 19 de abril de 2007, Holcim (Deutschland)/Comisión (C‑282/05 P, EU:C:2007:226), apartado 29, y de 8 de noviembre de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión (C‑469/11 P, EU:C:2012:705), apartado 34 y jurisprudencia citada.
14      Véanse, en ese sentido, las sentencias de 19 de abril de 2007, Holcim (Deutschland)/Comisión (C‑282/05 P, EU:C:2007:226), apartado 30, y de 28 de febrero de 2013, Inalca y Cremonini/Comisión (C‑460/09 P, EU:C:2013:111), apartado 60.
15      En el marco de su recurso en primera instancia, la recurrente reconoce, en esencia, que la carga relativa a ese plan se «valoró de manera puntual y se anticipó en el ejercicio 2015», aunque se «soportó, de hecho, durante los años siguientes».
16      Por lo demás, la recurrente no tuvo dificultades a la hora de cuantificar ese daño sobre la base del importe provisionado a 31 de diciembre de 2015.
17      Véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2013, Inalca y Cremonini/Comisión (C‑460/09 P, EU:C:2013:111), apartado 80 y jurisprudencia citada. Véase también Baranowska, N., Machnikowski, P., «European Union», Prescription in tort law: analytical and comparative perspectives, Intersentia, Cambridge, 2020, p. 706, y Dimitrova, Y., y Picod, F., «La prescription dans l’action en responsabilité contre l’Union Européenne», Revue des affaires européennes, 2021, n.º 4, p. 858.
18      Véanse, en particular, las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Inalca y Cremonini/Comisión (C‑460/09 P, EU:C:2012:632), punto 45 y jurisprudencia citada.
19      Detecto asimismo cierta contradicción en las alegaciones formuladas por la recurrente, que, tras sostener que el perjuicio en cuestión no podía calcularse, sino únicamente estimarse, en el momento de la adopción del plan de incentivos, afirma que el perjuicio alegado no comenzó a producir efectos hasta el primer desembolso, es decir, en una fecha en la que dicho perjuicio tampoco podía calcularse de manera definitiva.
20      Según el Tribunal General, la ilegalidad de la Decisión Tercas derivaba de que se había incurrido en un error conceptual ligado a una confusión entre el requisito relativo a la imputabilidad de una ayuda y el requisito relativo a los fondos estatales, así como de que la Comisión no había aportado ni acreditado indicios suficientes que pudieran demostrar que la medida era imputable al Estado (véase, a este respecto, el apartado 115 de la sentencia recurrida).
21      Véanse los apartados 114 a 123 de la sentencia recurrida.
22      Véase la sentencia de 11 de enero de 2024, Dyson y otros/Comisión (C‑122/22 P, en lo sucesivo, «sentencia Dyson», EU:C:2024:11), apartado 48 y jurisprudencia citada. La exigencia de que exista una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión pretende, cualquiera que sea la naturaleza del acto ilícito de que se trate, evitar que el riesgo de tener que cargar con las indemnizaciones de los daños alegados por los particulares en cuestión menoscabe la capacidad de la institución de que se trate de ejercer plenamente sus competencias en el interés general, tanto en el marco de su actividad normativa o que implique decisiones de política económica como en la esfera de su competencia administrativa, sin que recaigan sobre terceros, no obstante, las consecuencias de incumplimientos flagrantes e inexcusables (véase, en ese sentido, la sentencia del Tribunal General de 3 de marzo de 2010, Artegodan/Comisión, T‑429/05, EU:T:2010:60, apartado 55 y jurisprudencia citada).
23      Véase la sentencia Dyson, apartado 49 y jurisprudencia citada.
24      Véase la sentencia Dyson, apartados 50 y 51 y jurisprudencia citada.
25      Véase la sentencia Dyson, apartados 52 y 53 y jurisprudencia citada. Véase también, Wildemeersch, J., «Section 2 — Les conditions du recours en responsabilité», Contentieux de la légalité des actes de l’Union Européenne, Bruylant, Bruselas, 2019, pp. 466 a 479, y Nicolaides P., «The discretion of competition authorities and their liability for damage they cause with erroneous decisions», European Competition Law Review, 2024, vol. 45, n.º 7, pp. 308 a 316.
26      Véase, en ese sentido, Lenaerts, K., y otros, EU Procedural Law, 2.ª ed., Oxford University Press, 2023, p. 501. Según estos autores, el criterio de responsabilidad que aplican los tribunales de la Unión incluye un elemento subjetivo relacionado con la facultad de apreciación de que dispone la institución, el órgano, el organismo o la agencia, teniendo en cuenta al mismo tiempo factores como, en particular, la complejidad de las situaciones que deban regularse, las dificultades de aplicación o de interpretación de la normativa, el grado de claridad y de precisión de la norma del Derecho de la Unión violada y el carácter inexcusable o intencionado del error.
27      Por ejemplo, el Tribunal de Justicia ha declarado que la mera violación del Derecho de la Unión puede bastar para acreditar la existencia de una violación suficientemente caracterizada de ese Derecho que puede generar la responsabilidad extracontractual de la Unión, en un asunto en el que la Comisión, pese a estar obligada a devolver a una empresa el importe de la multa pagada provisionalmente, junto con intereses de demora, tras la anulación de una decisión en la que había concluido que esa empresa había infringido el artículo 101 TFUE, no abonó tales intereses (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2021, Comisión/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, apartados 104 y 105).
28      Véase la sentencia Dyson, apartado 54. Dicho de otro modo, no existe ninguna relación automática entre, por una parte, la inexistencia de facultad de apreciación de la institución de que se trate y, por otra parte, la calificación de la violación como «violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión». En efecto, aun cuando tiene carácter determinante, la extensión de la facultad de apreciación de la institución de que se trate no constituye un criterio exclusivo (véase, en ese sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2010, Artegodan/Comisión, T‑429/05, EU:T:2010:60, apartados 59 y 60 y jurisprudencia citada).
29      En el apartado 70 de la sentencia Tercas del Tribunal General, este reprochó en esencia a la Comisión no haber intentado diferenciar claramente, en este asunto, la imputabilidad de la medida al Estado de la cuestión de si esa medida se había concedido con fondos estatales, que son dos requisitos distintos y acumulativos. En su sentencia Tercas, el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre este aspecto y únicamente examinó el requisito de la imputabilidad de las medidas controvertidas a las autoridades italianas (véase el apartado 64 de dicha sentencia).
30      De los apartados 87 a 90 de la sentencia Tercas del Tribunal General, confirmados por el apartado 67 de la sentencia Tercas del Tribunal de Justicia, se desprende que la Comisión no podía basarse en lo improbable de una falta de influencia o de control efectivo por parte de las autoridades públicas sobre la entidad privada que concedió la ayuda, sino que estaba obligada a exponer y justificar suficientes indicios que acreditasen que la medida de ayuda en cuestión se adoptó bajo la influencia o el control efectivo de las autoridades públicas. En esencia, conforme a tal razonamiento, la Comisión no tuvo en cuenta la inexistencia de un «vínculo de capital» entre la entidad en cuestión y el Estado (véase el apartado 73 de la sentencia Tercas del Tribunal de Justicia).
31      Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la enumeración misma de los elementos constitutivos de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, varía en función de que, según las circunstancias, algunos de ellos se aprecien conjuntamente. Ateniéndonos a la enumeración más detallada, pueden identificarse los siguientes elementos: la imputabilidad de la medida al Estado y la utilización de fondos estatales (véase, en particular, la sentencia Tercas del Tribunal de Justicia, apartado 58 y jurisprudencia citada); la ventaja económica para el beneficiario (véase, en particular, la sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, apartado 84 y jurisprudencia citada); la selectividad de la medida (véase, en particular, la sentencia de 10 de septiembre de 2024, Comisión/Irlanda y otros, C‑465/20 P, EU:C:2024:724, apartado 75 y jurisprudencia citada), el falseamiento de la competencia (véase, en particular, la sentencia de 19 de septiembre de 2000, Alemania/Comisión, C‑156/98, EU:C:2000:467, apartado 33 y jurisprudencia citada) y los obstáculos a los intercambios entre Estados miembros (véase, en particular, la sentencia de 7 de marzo de 2024, Fallimento Esperia y GSE, C‑558/22, EU:C:2024:209, apartado 64 y jurisprudencia citada).
32      Véase, en particular, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group y otros (C‑20/15 P y C‑21/15 P, EU:C:2016:981), apartado 53 y jurisprudencia citada.
33      Véase, en particular, la sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496), apartado 78.
34      Por ejemplo, en la sentencia Tercas del Tribunal de Justicia, este precisó, al recordar la jurisprudencia, que la calificación de «ayuda de Estado» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, implica la concurrencia de cuatro requisitos, de los cuales el primero es que «exista una intervención del Estado o mediante fondos estatales» (véase el apartado 57 de esa sentencia).
35      Véanse, respectivamente, los apartados 87 a 89 de la sentencia Tercas del Tribunal General y los apartados 65 a 67 de la sentencia Tercas del Tribunal de Justicia.
36      Según la definición de la Comisión, el FITD era una entidad privada con una relación muy estrecha con los poderes públicos, en particular por su constitución, su cometido, su organización, sus antecedentes y la evolución de la medida (véanse, en ese sentido, los apartados 121 a 131 de la Decisión Tercas).
37      Así sucede, en particular, con la aplicación del «principio del operador privado» al examinar el requisito de la ventaja para el beneficiario (véase, por ejemplo, la sentencia de 11 de noviembre de 2021, Autostrada Wielkopolska/Comisión y Polonia, C‑933/19 P, EU:C:2021:905, apartado 116 y jurisprudencia citada).
38      Véase, a título ilustrativo, Merola, M., y Caliento, F., «Is the notion of aid broadening or shrinking over time, and if so, why? A subjective view on the rationale of the case law», EU State Aid Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, pp. 18 a 53. Estos autores recogen varios ejemplos que ponen de relieve las dificultades inherentes a la definición de una ayuda de Estado, en particular en lo que se refiere al concepto de «fondos estatales» (véanse, en particular, pp. 26 a 31), y señalan asimismo que recientemente se ha producido un aumento de los asuntos en los que el Tribunal de Justicia ha anulado sentencias del Tribunal General.
39      Merece señalarse, a este respecto, que la sentencia Tercas del Tribunal de Justicia se dictó en Gran Sala.
40      Véanse los puntos 23 y 24 de las presentes conclusiones. En efecto, en esas situaciones, la exigencia de una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión quedaría privada de efecto útil si cualquier violación cometida por la Comisión, como cualquier Administración pública que actúe en los ámbitos de su competencia, bastase para cumplir ese requisito.
41      Por retomar las observaciones formuladas por la Comisión en la vista, se trata de una situación en la que ha cometido un error (y ha entonado, a este respecto, un mea culpa), pero que, no obstante, no traspasa los límites de lo que cabe esperar de una Administración diligente (que, en tal caso, debería haber entonado su mea maxima culpa).
42      Véanse los apartados 132 a 161 de la sentencia recurrida.
43      Véase, en particular, la sentencia de 27 de abril de 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro y otros/Comisión (C‑549/21 P, EU:C:2023:340), apartado 114 y jurisprudencia citada. Véase también, en ese sentido, Lenaerts, K., y otros, EU Procedural Law, 2.ª ed., Oxford University Press, 2023, pp. 512 a 514. Como señalan estos autores, no existe en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ninguna formulación estándar en lo que respecta a esa exigencia, que se ha sido expresada de distintas maneras por el juez de la Unión, aunque la principal idea subyacente es que la Unión solo es responsable de los perjuicios que son consecuencia directa de los actos o comportamientos ilícitos de sus instituciones, órganos y organismos (véase también Wildemeersch, J., «Section 2 — Les conditions du recours en responsabilité», Contentieux de la légalité des actes de l’Union Européenne, Bruylant, Bruselas, 2019, pp. 484 a 487). Por lo demás, determinados autores trazan, por su parte, una distinción entre, por un lado, el concepto de «causalidad fáctica», que responde a la cuestión de si el comportamiento ilegal es una conditio sine qua non del perjuicio invocado, y, por otro lado, la «causalidad jurídica», que impone exigencias adicionales para excluir la responsabilidad de las instituciones u órganos de la Unión por perjuicios demasiado alejados, exigiendo que el perjuicio se derive de forma suficientemente directa del comportamiento ilícito, que exista una relación suficientemente directa entre el comportamiento y el perjuicio o que el comportamiento sea la causa determinante del daño (véase, en este sentido, Biondi, A., y Farley, M., The right to damages in European law, Kluwer Law International, 2009, pp. 146 a 154). La Abogada General Ćapeta ha mencionado esa distinción en sus conclusiones presentadas en el asunto WS y otros/Frontex (Operación de retorno conjunta) (C‑679/23 P, EU:C:2025:427), puntos 101 a 109. Véase asimismo, para un estudio comparado de los distintos enfoques de la causalidad que se aplican en distintos Estados miembros, Infantino, M., y Zervogianni, E., «The European Ways to Causation», Causation in European Tort Law, Cambridge University Press, 2017, pp. 85 a 128, y Bussani, M., Sebok, A., J., e Infantino, M., «Causation», Common Law and Civil Law Perspectives on Tort Law, Oxford Academic, edición en línea, 2022, pp. 177 a 212.
44      Véase el apartado 137 de la sentencia recurrida.
45      Véanse los apartados 138 a 141 de la sentencia recurrida.
46      Sentencia de 27 de abril de 2023 (C‑549/21 P, EU:C:2023:340). La recurrente subraya, en particular, que, a diferencia del asunto en que recayó esa sentencia, en que la Comisión había ejercido presiones sobre las autoridades italianas que no estaban relacionadas con una medida concreta, en el presente asunto la Comisión adoptó una decisión vinculante.
47      Véase, en ese sentido, la sentencia de 18 de marzo de 2010, Trubowest Handel y Makarov/Consejo y Comisión (C‑419/08 P, EU:C:2010:147), apartado 59 y jurisprudencia citada. En efecto, el juez de la Unión interpreta de manera restrictiva el concepto de «relación suficientemente directa» en su jurisprudencia, como confirma, en particular, el Tribunal General, cuando declara que el mero hecho de que el comportamiento supuestamente ilegal de la institución o del órgano de la Unión de que se trate haya constituido un requisito necesario (una conditio sine qua non) para que surja el daño, en el sentido de que no se habría producido de no haber existido dicho comportamiento, no basta para demostrar una relación suficientemente directa de causalidad en el sentido de esta jurisprudencia (véase en particular, en ese sentido, la sentencia de 23 de mayo de 2019, Remag Metallhandel y Jaschinsky/Comisión, T‑631/16, EU:T:2019:352, apartado 52 y jurisprudencia citada). Véase también Havu, K., y Kurki-Suonio, S., «Damages Liability of the EU for Harm Caused by Excessive Duration of Court Proceedings», European Public Law, 2021, vol. 27, n.º 2, pp. 305 a 330.
48      Véase, en particular, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2009, Comisión/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459), apartado 192.
49      Véase, en particular, en este sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2017, Agriconsulting Europe/Comisión (C‑198/16 P, EU:C:2017:784), apartado 22.
50      Véase, en particular, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Francia y Comisión/CWS Powder Coatings y otros (C‑71/23 P y C‑82/23 P, EU:C:2025:601), apartado 67 y jurisprudencia citada.
51      En cambio, la recurrente no refuta la apreciación que el Tribunal General realiza en el apartado 148 de la sentencia recurrida según la cual no explicó por qué la Decisión Tercas le impidió atraer nuevos clientes, cuando la intervención voluntaria (que sustituyó a la intervención del FITD en favor de Tercas y que no fue autorizada por dicha Decisión) ya había sido decidida dos meses después de la citada Decisión. Sin embargo, dudo que este elemento pueda fundamentar, por sí solo, la apreciación del Tribunal General sobre las causas concomitantes del perjuicio alegado.
52      Con ello, la propia recurrente admite la existencia de un factor adicional que puede haber contribuido al perjuicio alegado.
53      Véase el apartado 144 de la sentencia recurrida.
54      Véase el apartado 146 de la sentencia recurrida.
55      Véase el apartado 153 de la sentencia recurrida.
56      Véase el apartado 145 de la sentencia recurrida.
57      Véase el apartado 146 de la sentencia recurrida.
58      Véase el apartado 149 de la sentencia recurrida.
59      Véanse los apartados 156 y 158 de la sentencia recurrida.