Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
TAMARA
ĆAPETA
presentadas el 19 de marzo de 2026 (1)
Asuntos acumulados C‑7/25 [Ramodi] y C‑8/25 [Karkik] (i)
K (C‑7/25)
P (C‑8/25)
contra
Minister van Asiel en Migratie
[Peticiones de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Roermond, Países Bajos)]
« Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Directiva
2011/95/UE — Examen de los elementos pertinentes de una solicitud de protección internacional — Obligación de fundamentar los elementos de una solicitud con documentos auténticos u otras pruebas objetivamente verificables — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46, apartado 3 — Examen completo y ex nunc de los hechos y de los fundamentos de Derecho, incluido un examen de las necesidades de protección internacional — Principio de no devolución — Elementos del expediente puestos en conocimiento del órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de un recurso »
I.      Introducción
1.        El rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Roermond, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente, planteó dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.
2.        Estas cuestiones surgen en el contexto de dos procedimientos independientes, en los cuales sendos solicitantes de asilo instan la revisión judicial de las decisiones del órgano administrativo competente que ha denegado sus respectivas solicitudes de protección internacional por infundadas.
3.        Mediante su segunda cuestión, en la cual el Tribunal de Justicia me ha pedido que centre las presentes conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente desea elucidar si, en tales procedimientos en que se solicita la revisión judicial, está obligado por el Derecho de la Unión a llevar a cabo, de ser necesario, y de oficio, un examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, basándose en los elementos del expediente puestos en su conocimiento, complementados o aclarados tras un procedimiento contradictorio, aun cuando la legislación nacional circunscriba su examen únicamente a los hechos y los fundamentos de Derecho expresamente establecidos en el acto objeto de la revisión judicial.
4.        El órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación del artículo 46 de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo, (2) en relación con los artículos 4, 18 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
II.    Hechos del procedimiento principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
5.        El órgano jurisdiccional remitente ha presentado ante el Tribunal de Justicia dos peticiones de decisión prejudicial diferentes. Aunque una y otra surgen en situaciones de hecho distintas, en ambas se plantean las mismas cuestiones prejudiciales. Por consiguiente, en primer lugar presentaré los hechos de cada asunto, antes de exponer las cuestiones jurídicas que suscitan.
Asunto C‑7/25
6.        K, la demandante en el procedimiento principal, es una nacional iraquí que alega que un poderoso y conocido miembro de un grupo armado de su lugar de residencia los asaltó tanto a ella como a su esposo después de que la demandante y su hija rechazasen reiteradamente sus múltiples peticiones de mano de su hija. La demandante denunció este incidente ante el tribunal de su país de origen, pero este, según la demandante, no adoptó ninguna medida al respecto. Ella y su esposo abandonaron Irak en 2022, mientras que su hija permanece oculta en dicho país.
7.        El 1 de febrero de 2022, tanto la demandante como su esposo solicitaron protección internacional al Reino de los Países Bajos, pero el procedimiento relativo a su esposo fue sobreseído al fallecer este. En su solicitud de protección internacional, la demandante fundamentó los motivos de su huida con sus propias declaraciones, y aportó un pasaporte original, una copia de la denuncia que presentó ante el tribunal en Irak y una copia de un informe médico reciente. Asimismo, la demandante alegó que, debido a su nueva condición de viuda, sería tratada como una mujer soltera en el contexto de su regreso a Irak, por lo que quedaría bajo la protección policial específica para mujeres iraquíes solteras, establecida por el Minister van Asiel en Migratie (Ministerio de Asilo y Migración, Países Bajos), que es la parte demandada en el procedimiento principal (en lo sucesivo, «demandado»). (3)
8.        El demandado desestimó la solicitud de protección internacional de la demandante por infundada, al considerar que no eran verosímiles sus declaraciones relativas a los problemas con el hombre que pedía la mano de su hija en Irak. A este respecto, el demandado estimó, en primer lugar, que la demandante no había fundamentado sus declaraciones con documentos objetivos que acreditasen plenamente sus necesidades de asilo y, en segundo lugar, que la demandante no reunía las condiciones establecidas en el artículo 31, apartado 6, letras c) y d), de la Vreemdelingenwet 2000 (Ley de Extranjería de 2000), que se corresponde con el artículo
4, apartado
5, letras c) y d), de la Directiva de Reconocimiento. (4)
9.        El demandado consideró que, aun siendo creíbles tanto la identidad de la demandante como su nacionalidad y su origen, ello no bastaba para concederle la protección internacional.
10.      Mediante su resolución de 15 de julio de 2024, el demandado desestimó, por infundada, la solicitud de protección internacional de la demandante. Dicha resolución incluía una decisión de retorno en que se designaba a Irak como país de destino y se fijaba un plazo de cuatro semanas para salir voluntariamente de los Países Bajos.
11.      El 19 de julio de 2024, la demandante interpuso recurso contra dicha resolución ante el órgano jurisdiccional remitente, alegando, en particular, que la forma en que el demandado había evaluado la credibilidad de sus motivos para solicitar asilo era incompatible con el artículo
4, apartado
5, de la Directiva de Reconocimiento.
12.      El 18 de diciembre de 2024, el órgano jurisdiccional remitente celebró una vista de recurso (junto con la vista de recurso correspondiente al procedimiento que dio lugar a la remisión en el asunto C‑8/25) y, el 7 de enero de 2025, comunicó a la demandante que estimaba necesario presentar una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.
Asunto C‑8/25
13.      P, el demandante en el procedimiento principal, es un nacional iraquí que supuestamente fue descubierto manteniendo relaciones íntimas con otro hombre. Tras haber sido denunciado a las autoridades iraquíes, el demandante teme enfrentarse a una pena de prisión por su orientación sexual. En estas razones fundamenta el demandante su solicitud de protección internacional en los Países Bajos, presentada el
6 de julio de 2023.
14.      Aunque el demandado otorgaba credibilidad a la identidad, nacionalidad y origen del demandante, pese a que este no había aportado documentos que acreditasen sus datos personales, no consideró que tal información proporcionase motivos suficientes para concederle protección internacional.
15.      En su decisión de 5 de julio de 2024, el demandado denegó la solicitud de protección internacional del demandante por infundada, ya que este no había podido aportar pruebas documentales que confirmasen que había sido detenido por las autoridades iraquíes debido a su orientación sexual. A este respecto, el demandado consideró que el demandante no satisfacía los requisitos establecidos en el artículo 31, apartado 6, letra c), de la Ley de Extranjería de 2000, que se corresponde con el artículo 4, apartado 5, letra c), de la Directiva de Reconocimiento. La resolución que denegaba la solicitud de P denegatoria incluía una decisión de retorno en que se designaba Irak como país de destino y se fijaba un plazo de cuatro semanas para salir voluntariamente de los Países Bajos.
16.      En su subsiguiente recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, de 10 de julio de 2024, el demandante alegó, en particular, que la forma en que se había evaluado la credibilidad de sus motivos para la concesión de asilo no era compatible con el artículo 4, apartado 5, de la Directiva de Reconocimiento.
17.      El 18 de diciembre de 2024, el órgano jurisdiccional remitente celebró una vista de recurso (junto con la vista de recurso correspondiente al procedimiento que dio lugar a la remisión en el asunto C‑7/25) y, el 7 de enero de 2025, comunicó al demandante que estimaba necesario presentar una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.
18.      A mi entender, en la vista conjunta el órgano jurisdiccional remitente descubrió nuevos elementos que no habían sido mencionados en ninguno de los recursos y que él consideraba pertinentes para la resolución de las solicitudes de protección internacional.
Interrogantes comunes suscitados ante el órgano jurisdiccional remitente
19.      Dos cuestiones jurídicas comunes a ambos asuntos se plantearon ante el órgano jurisdiccional remitente.
20.      La primera de ellas se refiere a la forma en que el demandado examinó y evaluó las necesidades de protección internacional tanto de K como de P (en lo sucesivo, conjuntamente, «demandantes») y a si dicha evaluación fue conforme con el Derecho de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
21.      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente considera que la legislación nacional de que se trata, concretamente el artículo 31, apartado 6, de la Ley de Extranjería de 2000, contradice la propia disposición que pretende transponer, a saber, el artículo 4, apartado 5, de la Directiva
de Reconocimiento. Además, la situación se ha visto agravada por una nueva política de evaluación de las solicitudes de protección internacional que, como expone el órgano jurisdiccional remitente, entró en vigor el 1 de julio de 2024. Según dicha política, la evaluación de las solicitudes de protección internacional consiste en: i) determinar los fundamentos del asilo; ii) determinar si dichos fundamentos están plenamente corroborados por documentos auténticos u objetivamente verificables o por fuentes públicas objetivas, y iii) de no ser así, determinar si el solicitante cumple los requisitos establecidos en el artículo 31, apartado 6, de la ley de Extranjería de 2000, que se corresponden con los del artículo 4, apartado 5, letras c) y d), de la Directiva de Reconocimiento.
22.      Según el órgano jurisdiccional remitente, tal aplicación del artículo 4, apartado 5, de la Directiva de Reconocimiento permite al demandado denegar una solicitud de protección internacional por infundada cuando el solicitante: i) no pueda fundamentar totalmente los motivos que le llevan a solicitar asilo, mediante documentos objetivamente verificables o fuentes públicas fiables, y ii) no haya presentado la solicitud lo antes posible, sin que el demandado estime excusable la demora.
23.      Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente observa que del artículo 4, apartado 5, de la Directiva de Reconocimiento, a la luz de los demás apartados del mismo artículo y del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo, y de los artículos 4 y 18 de la Carta, se deduce que, en situaciones como las de los dos litigios principales, el demandado estaría obligado a cooperar con el solicitante en la comprobación de los hechos.
24.      Así pues, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre si el Derecho de la Unión aplicable exige que la autoridad decisoria, al valorar los hechos y circunstancias que sustentan
la solicitud de protección internacional, coopere con el solicitante y tenga en cuenta cada una de las pruebas y elementos que respaldan su solicitud.
25.      La segunda cuestión es si la obligación del órgano jurisdiccional nacional de ofrecer una vía de recurso efectiva también comprende la obligación de verificar, de ser necesario de oficio y en colaboración con el solicitante, que el demandado ha reunido, examinado y tenido en cuenta en su valoración de la solicitud de protección internacional todos los elementos pertinentes del expediente puestos en su conocimiento, completados o aclarados tras un procedimiento contradictorio, incluido un examen, de ser necesario de oficio, de las necesidades de protección internacional con arreglo a la Directiva de Reconocimiento.
26.      Según expone el órgano jurisdiccional remitente, en los Países Bajos, de conformidad con el artículo 8:69 de la Algemene wet bestuursrecht (Ley General de Derecho Administrativo), la revisión de los actos administrativos se circunscribe a los motivos alegados en el recurso.
27.      En consecuencia, tal como explica el órgano jurisdiccional remitente, este tiene vedado efectuar una revisión completa y ex nunc de la legalidad de la decisión del demandado, que incluye si ha respetado el principio de no devolución, pues no le está permitido tener en cuenta elementos que el solicitante de asilo no invocase expresamente en su recurso contra la decisión denegatoria.
28.      En opinión del órgano jurisdiccional remitente, una práctica jurídica nacional según la cual el control jurisdiccional de una decisión denegatoria de una solicitud de protección internacional se limita a examinar la decisión en cuanto al fondo únicamente a la luz de los hechos y argumentos expresamente invocados por el solicitante en el procedimiento de recurso es difícilmente conciliable con la interpretación Derecho de la Unión que hace el Tribunal de Justicia y, en particular, con el carácter absoluto del principio de no devolución, así como con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 47 de la Carta, que halla concreción en el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Directiva de Retorno (5) y en el artículo
46, apartados
1 y
3, de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo.
29.      Tras revisar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (6) el órgano jurisdiccional remitente llegó a la conclusión de que el Tribunal de Justicia aún no se ha ocupado de estas cuestiones. En particular, considera que el Tribunal de Justicia no ha declarado expresamente si la obligación de verificar, de ser necesario de oficio, que se haya respetado el principio de no devolución también existe en casos en que el órgano jurisdiccional nacional de primera instancia ha de conocer de un recurso contra la denegación de una solicitud de protección internacional por infundada.
30.      Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente aduce que solo si un órgano jurisdiccional nacional está obligado a efectuar, de ser necesario de oficio, un examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido un examen de las necesidades de protección internacional con arreglo a la Directiva de Reconocimiento, la autoridad judicial puede garantizar plenamente el cumplimiento del principio de no devolución. Aunque durante el examen de las necesidades de protección internacional se evidencie que el solicitante no reúne los requisitos para acceder a la protección internacional prevista en los artículos 12 y 17 de la Directiva de Reconocimiento, dicho examen realizado de oficio puede llevar a la conclusión, sin embargo, de que el retorno del solicitante a su país de origen sería contrario al principio de no devolución y que no procede adoptar una decisión de retorno o, en caso de que ya se haya adoptado, que esta debe ser suspendida y ha de posponerse la expulsión. Por el contrario, la tutela judicial no será efectiva ni completa si el órgano jurisdiccional nacional no está obligado a comprobar, de ser necesario de oficio, que se haya respetado el principio de no devolución, especialmente cuando los elementos del asunto que se han puesto en su conocimiento, completados y aclarados durante el procedimiento contradictorio sustanciado ante él, llevan a pensar que se ha violado dicho principio.
31.      En estas circunstancias, el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunal de Primera Instancia La Haya, sede de Roermond), decidió suspender ambos procedimientos y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Es compatible con el Derecho de la Unión una práctica nacional en virtud de la cual el artículo 4, apartado 5, de la [Directiva de Reconocimiento] se aplica de tal modo que las declaraciones en que se basa una solicitud de protección internacional no se consideran creíbles si el solicitante no puede fundamentar plenamente esas declaraciones con documentos auténticos u objetivamente verificables y/o con fuentes objetivas y se estima que no se cumplen todos los requisitos establecidos en el apartado 5, o debe interpretarse el artículo 4, apartado 5, de la [Directiva de Reconocimiento], en relación con el artículo 4, apartados 1 a 4, de esa Directiva, el artículo 10, apartado 3, letra b) de la [Directiva sobre Procedimientos de Asilo] y los artículos 4 y 18 de la Carta […], en el sentido de que la autoridad decisoria, al valorar los hechos y circunstancias en que se basa la solicitud de protección internacional, debe cooperar con el solicitante y tener en cuenta todas las pruebas y elementos que fundamenten dicha solicitud al examinar y evaluar la necesidad de protección y, si el solicitante puede respaldar suficientemente sus declaraciones con pruebas o cumple los requisitos mencionados, sus declaraciones no requerirán más corroboración y, por tanto, serán creíbles?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 3, de la [Directiva sobre Procedimientos de Asilo], en relación con los artículos 4, 18 y 47 de la Carta […], en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia al que se solicita que controle la legalidad de una decisión por la que se declara infundada una solicitud de protección internacional está obligado a realizar, de ser necesario de oficio, un examen completo y ex nunc de los hechos y de los fundamentos de Derecho, incluido un examen de la necesidad de protección internacional, de conformidad con la [Directiva de Reconocimiento], sobre la base de los elementos del expediente puestos en su conocimiento, completados o aclarados tras un procedimiento contradictorio?»
32.      El órgano jurisdiccional remitente solicitó al Tribunal de Justicia la acumulación de los asuntos C‑7/25 y C‑8/25 con arreglo al artículo 54 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En respuesta a dicha petición, el 26 de febrero de 2025 el Presidente del Tribunal de Justicia decidió acumular ambos procedimientos.
33.      El órgano jurisdiccional remitente también solicitó que los asuntos se tramitaran
mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. El 27 de marzo de 2025, el Presidente del Tribunal de Justicia, tras oír al Juez Ponente y al Abogado General, desestimó esta petición.
34.      Han presentado observaciones escritas las partes de ambos litigios principales, el Gobierno neerlandés y la Comisión Europea.
35.      El Tribunal de Justicia ha decidido resolver sin la celebración de una vista oral, con arreglo al artículo
76, apartado
2, de su Reglamento de Procedimiento.
III. Apreciación
36.      A petición del Tribunal de Justicia, mis conclusiones en el presente asunto se centran
solamente en la segunda cuestión prejudicial.
37.      Mediante dicha cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si, en un procedimiento en que ha de revisar una decisión denegatoria de una solicitud de protección internacional por infundada, está obligado en virtud del Derecho de la Unión, en particular, del artículo 46, apartado 3, de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo, a la luz del artículo 47 de la Carta, a tener en cuenta los hechos y los fundamentos de Derecho que haya
tenido conocimiento a partir de los elementos del expediente que le fueron presentados, complementados o aclarados tras un procedimiento contradictorio, aunque no todos estos
elementos formaran parte de la
motivación inicial del recurso que dio lugar a la revisión. Asimismo, pretende que se dilucide si, en tales circunstancias, el juez está obligado a llevar a cabo, de ser necesario de oficio, un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva de Reconocimiento y de la posible violación del principio de no devolución.
38.      De la resolución de remisión se deduce que el órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 8:69 de la Ley General de Derecho Administrativo y de la jurisprudencia nacional aplicable le impiden para llevar a cabo tal examen completo y ex nunc. Según expone el órgano jurisdiccional remitente, dicha disposición establece que las decisiones administrativas se han de revisar atendiendo a los motivos de recurso formulados. Su tenor es el siguiente: «1. El órgano jurisdiccional se pronunciará sobre la base del escrito de recurso, de los documentos presentados, de las actuaciones en la fase de instrucción y del examen del asunto en la vista. 2. El órgano jurisdiccional completará de oficio los motivos de orden jurídico. 3. El órgano jurisdiccional podrá completar de oficio los antecedentes de hecho.» (7) Dicha legislación viene acompañada de una exposición de motivos que limita aún más las facultades del juez de lo contencioso-administrativo. (8)
39.      La cuestión prejudicial viene motivada por la opinión del órgano jurisdiccional remitente de que una legislación nacional que limita de tal manera las facultades de un juez de lo contencioso-administrativo no es conforme con el Derecho de la Unión.
40.      La cuestión prejudicial puede dividirse en dos partes, que me propongo analizar por separado. En primer lugar (en la sección A) argumentaré que, al revisar la legalidad de una decisión por la que se deniegue una solicitud de protección internacional por infundada, el órgano jurisdiccional nacional está obligado por el Derecho de la Unión a tener en cuenta todos los elementos del expediente puestos en su conocimiento, completados o aclarados tras un procedimiento contradictorio, aunque algunos de ellos no constasen en los motivos de recurso formulados por el solicitante. En la sección B expondré que los órganos jurisdiccionales nacionales también están obligados a examinar, de ser necesario de oficio, las necesidades de protección internacional del solicitante cuando se revisan la legalidad de una decisión denegatoria de la solicitud de protección internacional por infundada.
A.      Alcance del control judicial
41.      ¿Qué elementos debe considerar un órgano jurisdiccional nacional cuando conozca de un recurso interpuesto contra una decisión denegatoria de una solicitud de protección internacional por infundada? ¿Debe limitarse únicamente a revisar los aspectos mencionados en el recurso, o ha de tener en cuenta también otros elementos que aparezcan en el expediente puesto en su conocimiento?
42.      La respuesta a estas cuestiones requiere la interpretación del artículo 46 de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo, a la luz del principio de tutela judicial efectiva recogido en el artículo
47 de la Carta. (9)
43.      Los pasajes pertinentes del artículo 46, apartados 1 y 3, de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo son del siguiente tenor:
«1.      Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes tengan derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra lo siguiente:
a)      una resolución adoptada sobre su solicitud de protección internacional, incluida:
i)      la decisión de considerar infundada una solicitud en relación con el estatuto de refugiado y/o el estatuto de protección subsidiaria,
[…]
3.      Para cumplir el apartado 1, los Estados miembros garantizarán que un recurso efectivo suponga el examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la [Directiva de Reconocimiento], al menos en los recursos ante un juzgado o tribunal de primera instancia.» (10)
44.      En mi opinión, el propio tenor del artículo 46 de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo establece claramente, en primer lugar, que el solicitante cuya solicitud de asilo haya sido denegada por infundada tiene derecho a que dicha decisión sea revisada por un órgano jurisdiccional. En segundo lugar, el apartado 3 de la citada disposición exige que el órgano jurisdiccional que conozca del recurso examine el expediente completo, al menos en primera instancia, donde los tribunales generalmente están facultados para conocer de los hechos; es decir, toda
alegación y pieza de convicción puesto en su conocimiento, y no solo los elementos expresamente mencionados por el solicitante en el escrito de recurso. La expresión «incluido […] un examen de las necesidades de protección internacional» no puede entenderse en un sentido distinto al de habilitar al juez nacional para reexaminar, cuando proceda, la decisión en cuanto al fondo, haya sido instado o no esta
revisión en el recurso tal como haya sido redactado por el solicitante. La alusión al «examen completo […] tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho» da a entender que el juez debe tomar en consideración todos los hechos y aspectos jurídicos pertinentes del asunto, no solo los puestos en su conocimiento en el escrito de recurso. La expresión «examen ex nunc» significa que el juez puede tener en cuenta nuevas alegaciones relativas a los fundamentos de Derecho, así como hechos que no fueran considerados en el procedimiento administrativo que desembocó en la decisión.
45.      Tal lectura está en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En la sentencia Alheto, el Tribunal de Justicia explicó que la expresión «ex nunc» significa que el juez debe proceder a una apreciación que tenga en cuenta, en su caso, los nuevos elementos surgidos después de la adopción de la decisión objeto de recurso. Esta apreciación permite, efectivamente, tramitar la solicitud de protección internacional de manera exhaustiva sin que sea necesario devolver el asunto a la autoridad decisoria. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales nacionales están facultados para tener en cuenta nuevas pruebas sobre las que la autoridad no se ha pronunciado, de conformidad con la Directiva sobre Procedimientos de Asilo. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que el adjetivo «completo» confirma que el juez debe examinar tanto los elementos que la autoridad decisoria tuvo o pudo tener en cuenta como aquellos que han surgido tras la adopción de la decisión por esta autoridad. (11)
46.      En efecto, la necesidad de valorar hechos más allá del recurso formal puede surgir durante el procedimiento. Por ejemplo, mientras se conoce del recurso, puede suceder que salgan a la luz nuevas pruebas o que el juez tenga conocimiento de una pieza de convicción que la autoridad decisoria debería haber tenido en cuenta y no lo hizo al decidir sobre la concesión de protección internacional al solicitante. En tales casos, el órgano jurisdiccional nacional que conoce del recurso ha de poder ejercer su margen de apreciación para determinar si las pruebas se pueden considerar pertinentes para la revisión de la decisión de la solicitud de asilo.
47.      Tal interpretación del artículo 46, apartado 3, de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo garantiza que, en caso de que el asunto sea devuelto a la autoridad decisoria, pueda adoptarse una nueva decisión en un breve período de tiempo, a fin de evitar que puedan surgir pruebas que requieran una nueva evaluación actualizada. (12)
48.      Además, es una interpretación coherente con el hecho de que, cuando un nacional de un tercer país reúne los requisitos para la concesión de la protección internacional previstos
en los capítulos II y III o en los capítulos II y V de la Directiva de Reconocimiento, los Estados miembros están obligados, sin perjuicio de las causas de exclusión que prevé la propia Directiva, a conceder la protección internacional solicitada, sin que dispongan de ningún margen de apreciación al respecto. (13)
49.      Los demandantes en ambos litigios y la Comisión respaldan esta interpretación del artículo 46, apartado 3, de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo, mientras que el Gobierno neerlandés se opone a ella.
50.      Basándose en el apartado 93 de la sentencia Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky del Tribunal de Justicia, según el cual «la designación de ese tercer país como país de origen seguro constituye uno de los elementos del expediente puestos en conocimiento del órgano jurisdiccional remitente y que este debe tener en cuenta en el marco del recurso contra dicha resolución», (14) el Gobierno neerlandés concluyó que los órganos jurisdiccionales nacionales solo deben examinar las pruebas que haya aportado el solicitante junto con su recurso.
51.      Tal como entiendo la citada sentencia, el Tribunal de Justicia, en su apartado 93, se limitó a aclarar que la designación de la República de Moldavia como país de origen seguro era uno de los elementos que fueron puestos en conocimiento del órgano jurisdiccional remitente para la revisión de la resolución de la autoridad competente. En el apartado 94 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia aclaró que dicho elemento constituye un punto de orden jurídico que el órgano jurisdiccional remitente debe tener en cuenta a efectos del examen completo y ex nunc impuesto por el artículo 46, apartado 3, de dicha Directiva sobre Procedimientos de Asilo, aunque en el procedimiento principal en dicho asunto el solicitante no lo había invocado en su recurso. En consecuencia, mi lectura de los apartados referidos es que en ellos el Tribunal de Justicia simplemente declaró que los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener en cuenta toda cuestión que el solicitante haya puesto en su conocimiento, aunque esto haya sucedido durante el procedimiento y no en el recurso.
52.      Además, el Gobierno neerlandés alega que en casos de internamiento (15) puede admitirse la existencia de una obligación a cargo de un órgano jurisdiccional nacional de examinar los hechos y los fundamentos de Derecho, de ser necesario de oficio, pues en tales casos el Derecho de la Unión requiere expresamente el control judicial de la legalidad del internamiento dictado por una autoridad administrativa. (16) Sin embargo, no sucede lo mismo en los procedimientos relativos a solicitudes de asilo, toda vez que la Directiva sobre Procedimientos de Asilo no impone un control judicial obligatorio. Por lo tanto, el solicitante puede optar, bien por aceptar la decisión por la que se deniega su solicitud, o bien por recurrirla, pero excluyendo determinados argumentos que no considere motivos suficientes para impugnar la decisión y que, por tanto, probablemente no contribuyan a su anulación.
53.      A este respecto, considero que el Gobierno neerlandés acierta al afirmar que la Directiva sobre Procedimientos de Asilo no establece una obligación de control judicial de las decisiones de asilo. Por lo tanto, si el solicitante no recurre la decisión por la que se deniega su solicitud de protección internacional por infundada, los órganos jurisdiccionales nacionales no están obligados a revisar la legalidad de la resolución adoptada por la autoridad decisoria.
54.      Sin embargo, si el solicitante sí recurre, el órgano jurisdiccional nacional debe actuar de oficio, en caso necesario, y considerar todos los elementos puestos en su conocimiento (ya hayan sido completados o aclarados durante el procedimiento contradictorio), aunque no hayan sido expresamente aludidos en el recurso. Esto no significa que el órgano jurisdiccional deba indagar activamente y de oficio elementos adicionales del asunto, pero sí implica que el órgano jurisdiccional no debe desatenderlos en caso de que lleguen a su conocimiento durante la causa. Por último, el derecho de defensa exige que ambas partes tengan ocasión de presentar observaciones sobre la pertinencia de todo nuevo elemento.
B.      Examen por el órgano jurisdiccional, de ser necesario de oficio, de las necesidades de protección internacional
55.      A continuación me ocuparé de la segunda parte de la segunda cuestión, con la que se trata de dilucidar si un órgano jurisdiccional de primera instancia que conoce de la legalidad de una decisión por la que se deniega una solicitud de protección internacional por infundada está obligado a examinar, de ser necesario de oficio, las necesidades de protección internacional del solicitante de conformidad con la Directiva de Reconocimiento.
56.      En la justificación de su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente también planteó la cuestión de si, al valorar la legalidad de una decisión denegatoria, es necesario que el órgano jurisdiccional examine de oficio el principio de no devolución. El órgano jurisdiccional remitente no explicó por qué formulaba esta cuestión paralelamente a la relativa a una valoración de oficio de las necesidades de protección internacional. Sin embargo, habida cuenta de que las decisiones denegatorias de que se trata en los procedimientos principales de los dos asuntos,
C‑7/25 y C‑8/25, también contenían decisiones de retorno, esto puede explicar el deseo del órgano jurisdiccional remitente de aclarar si, en virtud del Derecho de la Unión, está obligado a examinar de oficio una posible violación del principio de no devolución cuando lleve a cabo su control judicial de las decisiones que desestimaron las solicitudes de asilo por infundadas.
57.      Las necesidades de protección internacional deben valorarse a la luz de los requisitos establecidos en los capítulos II y III o de los capítulos II y V de la Directiva de Reconocimiento, los cuales incluyen, en particular, la obligación de comprobar si existe un riesgo cierto de que la persona que solicita protección internacional sea objeto de pena de muerte, tortura u otros tratos o castigos inhumanos o degradantes en su país de origen, lo cual está prohibido por el artículo
4 de la Carta. (17)
58.      De ser así, los Estados miembros deben respetar el principio de no devolución, que está garantizado como derecho fundamental en el artículo 18 de la Carta, en relación con el artículo 33 de la Convención de Ginebra, (18) y en el artículo
19, apartado 2, de la Carta. (19) Sin embargo, conviene recordar que los riesgos que justifican la prohibición de retorno de una persona a su país de origen no bastan, por sí solos, para concederle asilo.
59.      Para justificar el argumento de que el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar de oficio la posible violación del principio de no devolución, los demandantes en el procedimiento principal y la Comisión invocaron la sentencia Ararat en sus observaciones escritas. Dicha sentencia se refería a la legalidad de una decisión por la que se deniega una solicitud de permiso de residencia, denegación que
dio lugar a que se activara una orden de retorno previamente adoptada durante un procedimiento de protección internacional.
60.      En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, en primer lugar, que la tutela judicial garantizada por el artículo 47 de la Carta y concretada en el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Directiva de Retorno «no sería efectiva ni completa si el juez nacional no estuviera obligado a apreciar de oficio la vulneración del principio de no devolución, cuando los elementos de los autos que se hayan puesto en su conocimiento, completados o esclarecidos durante el procedimiento contradictorio sustanciado ante él, demuestren que la decisión de retorno se basó en una apreciación obsoleta de los riesgos de tratos prohibidos por este principio que corre el nacional de un tercer país afectado si regresa al tercer país de que se trate […]». (20) Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que limitar «la función del juez nacional podría tener como consecuencia la ejecución de tal decisión», aun cuando ciertos elementos del expediente indicasen que el interesado corría el riesgo de ser sometido, en ese tercer país, a tratos prohibidos por el artículo
4 de la Carta. (21)
61.      Además, en el apartado 51 de la misma sentencia el Tribunal de Justicia especificó que la obligación del juez nacional de velar, de ser necesario de oficio, por el respeto del principio de no devolución se impone del mismo modo en un procedimiento de protección internacional, aunque en aquel asunto el procedimiento versase sobre la solicitud de un permiso de residencia.
62.      Partiendo de dicho apartado de la sentencia Ararat, los demandantes en el procedimiento principal y la Comisión alegan que el principio de no devolución debe ser respetado en todo momento y en todas las fases del procedimiento de retorno, así como en todas las fases del procedimiento de revisión de la desestimación de una solicitud de protección internacional. En su opinión, el carácter absoluto del principio de no devolución exige que el órgano jurisdiccional nacional vele por su cumplimiento, sin estar limitado a revisar los hechos y argumentos expresamente alegados por el solicitante en su recurso.
63.      El Gobierno neerlandés no está totalmente de acuerdo con esta postura. En su opinión, deben concurrir motivos graves y probados para considerar que una persona que solicita protección internacional se enfrentará a un riesgo cierto de ser sometida a tratos prohibidos por los artículos 4 y 19, apartado 2, de la Carta en su país de origen. La probabilidad de tal riesgo debe ser manifiesta a la luz de la información puesta en conocimiento del juez, completada o aclarada durante el procedimiento contradictorio. Por consiguiente, tal revisión solo es imperativa cuando existen claros factores indicativos de que, en ese tercer país, el interesado podría ser objeto de un trato absolutamente prohibido por el artículo 4 de la Carta.
64.      A mi parecer, en la sentencia Ararat nada sugiere que el umbral adecuado para suscitar el examen de oficio del principio de no devolución sea que los elementos que obran ante el órgano jurisdiccional indiquen «claramente» una posible vulneración de los derechos protegidos por el artículo 4 de la Carta en caso de regresar al país de origen. Antes bien, dado el carácter absoluto de dicho principio, (22) soy del parecer de que los órganos jurisdiccionales nacionales, al conocer de los recursos contra decisiones de retorno o decisiones denegatorias de protección internacional, deben valorar si existe una posible violación del principio de no devolución tan pronto como los elementos que hayan surgido durante el procedimiento susciten dudas de una posible infracción.
65.      Quisiera observar, por otro lado, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) también ha declarado, al interpretar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que los órganos jurisdiccionales nacionales deben valorar el riesgo de que la persona sea sometida a torturas o a tratos o castigos inhumanos o degradantes «a la vista de todo el material que se le haya presentado o, en caso necesario, el que haya obtenido motu proprio, en particular cuando el solicitante
—o un tercero interviniente—
aleguen motivos razonados que arrojen dudas sobre la exactitud de la información en que el Gobierno demandado haya basado su decisión». (23)
66.      Además del análisis del principio de no devolución, el órgano jurisdiccional remitente aduce que también ha de poder examinar las necesidades de protección internacional del solicitante, de ser necesario de oficio.
67.      Dado que un órgano jurisdiccional nacional está obligado a llevar a cabo un examen exhaustivo y actualizado de la situación del solicitante durante el procedimiento de recurso, por estas mismas razones dicho órgano jurisdiccional también debe comprobar, de ser necesario de oficio, no solo los riesgos de devolución, sino también las necesidades de protección internacional del solicitante basándose en los elementos obrantes en autos y puestos en su conocimiento o surgidos durante el procedimiento contradictorio.
68.      A mi parecer, pese a lo que ya queda claro a la vista del tenor del artículo 46, apartado 3, de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo, tal competencia debe estar al alcance de un órgano jurisdiccional nacional que conozca de un recurso interpuesto contra una decisión por la que se deniegue una solicitud de protección internacional por infundada, a fin de poder examinar todos los elementos que tengan relevancia para el solicitante.
69.      Tal interpretación del artículo 46, apartado 3, de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo resulta necesaria a la luz del principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo
47 de la Carta. Un examen completo de las necesidades de protección internacional permite al órgano jurisdiccional nacional tener en cuenta todos los elementos que, de haber sido considerados por la autoridad decisoria, habrían desembocado en la concesión de protección internacional al solicitante.
70.      Por las razones que anteceden, propongo que el Tribunal de Justicia responda a la segunda cuestión prejudicial del órgano jurisdiccional remitente que el Derecho de la Unión aplicable debe interpretarse en el sentido de que exige que un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia que ha de comprobar la legalidad de una decisión por la que se deniega una solicitud de protección internacional por infundada lleve a cabo, de ser necesario de oficio, un examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho de dicha decisión, sobre la base de los elementos del expediente puestos en su conocimiento, completados o aclarados tras un procedimiento contradictorio, con independencia de si dichos elementos estaban o no incluidos en los motivos de recurso que suscitaron la revisión judicial. Tal examen de oficio debe incluir una valoración tanto de las necesidades de protección internacional con arreglo a la Directiva de Reconocimiento como del respeto del principio de no devolución.
71.      ¿Qué consecuencias tiene esta interpretación para el órgano jurisdiccional remitente?
72.      En la sentencia Alheto, el Tribunal de Justicia aclaró que los Estados miembros, en virtud del artículo 46, apartado 3, de la Directiva sobre Procedimientos de Asilo, están obligados a establecer en sus Derechos nacionales una tramitación de los recursos que comprenda un examen, por el juez, del conjunto de elementos de hecho y de Derecho que le permitan elaborar una apreciación actualizada del asunto de que se trate. (24)
73.      De ello se deduce que, si el órgano jurisdiccional remitente considera que su legislación nacional le impide tener en cuenta elementos de hecho y de Derecho puestos en su conocimiento durante el procedimiento judicial pero que no estaban presentes en el escrito de recurso, o que le impide valorar de oficio las necesidades de protección internacional del solicitante, o examinar si existen motivos para aplicar el principio de no devolución, debe interpretar dicha legislación nacional, en particular el artículo 8:69, de la Ley General de Derecho Administrativo, de manera que sea conforme con el Derecho de la Unión. De no ser posible tal interpretación, (25) el órgano jurisdiccional remitente está obligado a dejar sin aplicar dichas disposiciones legislativas nacionales. (26)
IV.    Conclusión
74.      En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag zittingsplaats Roermond (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Roermond, Países Bajos) del siguiente modo:
«El artículo 46, apartado 3, de la Directiva
2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con los artículos 4, 18 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que exige que un órgano jurisdiccional nacional de primera instancia que ha de comprobar la legalidad de una decisión por la que se deniega una solicitud de protección internacional por infundada lleve a cabo, de ser necesario de oficio, un examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho de dicha decisión, sobre la base de los elementos del expediente puestos en su conocimiento, completados o aclarados tras un procedimiento contradictorio, con independencia de si dichos elementos estaban o no incluidos en los motivos de recurso que suscitaron la revisión judicial. Tal examen de oficio debe incluir una valoración tanto de
las necesidades de protección internacional con arreglo al Derecho de la Unión aplicable como del respeto del principio de no devolución.»
1      Lengua original: inglés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte del procedimiento.
2      Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60; en lo sucesivo, «Directiva sobre Procedimientos de Asilo»).
3      Según el órgano jurisdiccional remitente, dicha política se establece en el apartado 16.3.2.1 del besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 13 juni 2024, nummer WBV 2024/12, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Decisión del Secretario de Estado de Justicia y Seguridad de 13 de junio de 2024, n.º WBV 2024/12, por el que se modifica la Circular sobre Nacionales Extranjeros de 2000). Esta decisión entró en vigor el 1 de julio de 2024. El demandado también ha adoptado la Werkinstructie WI 2024/6 Geloofwaardigheidsbeoordeling (asiel) [Instrucción de Trabajo WI 2024/6 —Evaluación de verosimilitud (asilo)], que contiene indicaciones sobre la forma de aplicar dicha política.
4      Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9; «Directiva de Reconocimiento»).
5      Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98; en lo sucesivo, «Directiva de Retorno»).
6      El órgano jurisdiccional remitente se refiere a las sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584; en lo sucesivo, «sentencia Alheto») apartados 105,106, y 109 a 116 y 118; de 4 de octubre de 2018, Fathi (C‑56/17, EU:C:2018:803), apartado 60; de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (C‑406/22, EU:C:2024:841; en lo sucesivo, «sentencia Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky»), apartados 87 a 91, 93, 94, 97 y 98, y de 17 de octubre de 2024, Ararat (C‑156/23, EU:C:2024:892; en lo sucesivo, “sentencia Ararat”), apartados 45, 46 y 49 a 51.
7      Ley traducida con la ayuda de traducción automática.
8      Véase la exposición de motivos de la Ley General de Derecho Administrativo: Tweede Kamer, vergaderjaar 1991‑1992, 22 495,
n.º 3 (Cámara de Representantes), según la cual: «Con respecto al alcance de la controversia que debe resolver el órgano jurisdiccional, cabe señalar que, en principio, viene determinado por el alcance del recurso interpuesto […]. En atención a la función primordial del Derecho Administrativo, consistente en ofrecer tutela judicial, no hay motivo para que el órgano jurisdiccional vaya más allá de la pretensión formulada. Además, desde el punto de vista de la seguridad jurídica para los destinatarios de la resolución, no sería oportuno que el órgano jurisdiccional rebasase los límites de la controversia que se le ha planteado. De ello se deduce que, en primera instancia, el órgano jurisdiccional no ha de entrar a valorar las partes de la decisión que no hayan sido impugnadas. No obstante, conviene señalar que el órgano jurisdiccional no puede limitar su apreciación a los argumentos aducidos en el escrito de recurso. La ausencia de ciertos elementos en este no significa necesariamente que el recurrente haya decidido deliberadamente no invocar deficiencias determinadas y, por tanto, las haya aceptado. […] A tenor del artículo 48, apartado 2, del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering [(Código del Procedimiento Civil)], el órgano jurisdiccional ha de completar de oficio los fundamentos de Derecho. Con arreglo al apartado 3 del mismo artículo, el órgano jurisdiccional puede completar de oficio los antecedentes de hecho. La relevancia de este último reside principalmente en el hecho de que, a diferencia del procedimiento civil, en principio el órgano jurisdiccional no está obligado a aceptar los hechos tal como han sido presentados por las partes. El juez puede formular más preguntas. La facultad de completar los antecedentes de hecho no llega al extremo de permitir al juez basar su decisión en hechos que las partes no hayan tenido ocasión de comentar durante el procedimiento. Por lo tanto, la presente facultad no afecta a la norma que contiene el apartado 1. Si en la sala de vistas salen a la luz por primera vez hechos de relevancia sustancial para la resolución del litigio, lo lógico es que el órgano jurisdiccional reanude la investigación y dé a las partes la oportunidad de comentar dichos hechos» (traducción con ayuda de la traducción automática).
9      Véase la sentencia de 5 de febrero de 2026, Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (C‑718/24, EU:C:2026:68), apartado 73 y jurisprudencia citada.
10      Además, el considerando 50 de la Directiva de Procedimiento declara que el derecho a un recurso efectivo es concreción de un principio del Derecho de la Unión según el cual las decisiones adoptadas con respecto a una solicitud de protección internacional deban estar, en particular, sujetas a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional.
11      Sentencia Alheto, apartados 111 a 113. El Tribunal de Justicia ha reiterado esta interpretación en su sentencia de 29 de julio de 2019, Torubarov (C‑556/17, EU:C:2019:626; en lo sucesivo, «sentencia Torubarov»), apartado 55 y jurisprudencia citada.
12      Sentencia Alheto, apartado 147.
13      Sentencia Torubarov, apartado 50.
14      El subrayado es mío.
15      El Gobierno neerlandés se remite a la sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento) (C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858), apartados 72, 77, 82, 83, 87 y 88.
16      Véase el artículo 15, apartado 2, de la Directiva de Retorno y el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO 2013, L 180, p. 96).
17      Así lo confirmó el Tribunal de Justicia en su sentencia de 29 de enero de 2026, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C‑431/24, EU:C:2026:53), apartados 31 y 32 y jurisprudencia citada.
18      Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 y que entró en vigor el 22 de abril de 1954 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas,
vol. 189, p. 137), complementada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas,
vol. 606, p. 267), que entró en vigor el 4 de octubre de 1967 (conjuntamente, «Convenio de Ginebra»).
19      Tal como confirmó el Tribunal de Justicia en su sentencia de 6 de julio de 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Refugiado que ha cometido un delito grave) (C‑663/21, EU:C:2023:540), apartado 36 y jurisprudencia citada.
20      Sentencia Ararat, apartado 50.
21      Ibid.
22      Véase la sentencia Ararat, apartado 36 y jurisprudencia citada.
23      Véase TEDH, 11 de enero de 2007, Salah Sheekh c. Países Bajos (CE:ECHR:2007:0111JUD000194804, § 136).
24      Sentencia Alheto, apartado 110.
25      Mi lectura de la legislación neerlandesa remitente y la Nota interpretativa no parecen obstar a tal interpretación coherente. Sin embargo, incumbe al órgano jurisdiccional nacional resolver esta cuestión. Cabe mencionar que, según el Tribunal de Justicia, la jurisprudencia nacional asentada no debe impedir a los órganos jurisdiccionales nacionales interpretar una norma de Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión. Véase, a este respecto, la sentencia de 17 de abril de 2018, Egenberger (C‑414/16, EU:C:2018:257) apartados 72 y 73 y jurisprudencia citada.
26      Sentencia Torubarov, apartado 73.