AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 17 de diciembre de 2015 (*)
«Recurso de casación — Prácticas colusorias — Mercado europeo del acero para pretensado — Decisión de la Comisión por la que se modifica el importe de las multas impuestas a determinadas empresas y por la que se concede un nuevo plazo para el pago de esas multas — Falta de interés en ejercitar la acción de otras empresas respecto de las cuales el importe de las multas permanece sin cambios — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Recurso de casación manifiestamente infundado»
En los asuntos acumulados C‑53/15 P a C‑56/15 P,
que tienen por objeto cuatro recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 6 de febrero de 2015,
Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., con domicilio social en Gijón (Asturias) (C‑53/15 P),
Trefilerías Quijano, S.A., con domicilio social en Los Corrales de Buelna (Cantabria) (C‑54/15 P),
Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., con domicilio social en Santander (Cantabria) (C‑55/15 P),
Global Steel Wire, S.A., con domicilio social en Cerdanyola del Vallés (Barcelona) (C‑56/15 P),
representadas por el Sr. F. González Díaz y la Sra. A. Tresandi Blanco, abogados,
partes demandantes,
y en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión Europea, representada por los Sres. C. Urraca Caviedes y F. Castillo de la Torre, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por la Sra. C. Toader, Presidenta de Sala, y el Sr. A. Rosas y la Sra. A. Prechal (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. M. Wathelet;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de resolver mediante auto motivado, de conformidad con el artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante sus recursos de casación, Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., Trefilerías Quijano, S.A., Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., y Global Steel Wire, S.A., solicitan, respectivamente, la anulación:
–        del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de noviembre de 2014, Moreda-Riviere Trefilerías/Comisión (T‑426/10, T‑575/10 y T‑440/12, EU:T:2014:1005);
–        del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de noviembre de 2014, Trefilerías Quijano/Comisión (T‑427/10 y T‑576/10, EU:T:2014:1003);
–        del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de noviembre de 2014, Trenzas y Cables de Acero/Comisión (T‑428/10 y T‑577/10, EU:T:2014:1006), y
–        del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de noviembre de 2014, Global Steel Wire/Comisión (T‑429/10 y T‑578/10, EU:T:2014:1008) (designados conjuntamente, en lo sucesivo, «autos recurridos»),
mediante los cuales el Tribunal General declaró manifiestamente inadmisibles los recursos de las demandantes, en cuanto tenían por objeto la anulación parcial de la Decisión C(2010) 6676 final de la Comisión, de 30 de septiembre de 2010, por la que se modifica la Decisión C(2010) 4387 final de la Comisión, de 30 de junio de 2010, relativa a un procedimiento conforme al artículo 101 TFUE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/38.344 — Acero para pretensado) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
Antecedentes de los litigios
2        Dado que los antecedentes de los litigios se describen en términos en sustancia idénticos en los autos recurridos, cabe hacer referencia, a efectos del presente auto, a los apartados 1 a 4 del auto Moreda-Riviere Trefilerías/Comisión (T‑426/10, T‑575/10 y T‑440/12, EU:T:2014:1005):
«1      Al adoptar su Decisión C(2010) 4387 final, de 30 de junio de 2010, relativa a un procedimiento conforme al artículo 101 TFUE y al artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) (asunto COMP/38.344 — Acero para pretensado; en lo sucesivo, “Decisión inicial”), por la que se sanciona un cartel formado por proveedores de acero para pretensado que tomaron parte en operaciones de fijación de cuotas, reparto de clientes, fijación de precios e intercambio de información comercial sensible relativa a precios, volúmenes y clientes a escala europea, regional y nacional, la Comisión Europea consideró, en particular, que la demandante, Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., había infringido el artículo 101 TFUE y, a partir del 1 de enero de 1994, el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar, desde el 10 de junio de 1993 hasta el 19 de septiembre de 2002, en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en el sector del acero para pretensado en el mercado interior y, a partir del 1 de enero de 1994, en el EEE [artículo 1, apartado 3, letra c), de la Decisión inicial].
2      En consecuencia, la Comisión impuso a la demandante tres multas. La primera, impuesta solidariamente a la demandante y a Global Steel Wire, S.A. (en lo sucesivo, “GSW”), Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., y Trefilerías Quijano, S.A., asciende a 4 190 000 euros [artículo 2, apartado 3, letra a), de la Decisión inicial]. La segunda, impuesta solidariamente a la demandante y a GSW y Trenzas y Cables de Acero PSC[, S.L.,], asciende a 35 810 000 euros [artículo 2, apartado 3, letra b), de la Decisión inicial]. La tercera, impuesta solidariamente a la demandante y a GSW, asciende a 14 389 000 euros [artículo 2, apartado 3, letra c), de la Decisión inicial].
3      El 30 de septiembre de 2010, la Comisión adoptó la Decisión [controvertida]. [Esta] Decisión […] redujo el importe de las multas impuestas a determinadas sociedades destinatarias de la Decisión inicial. Sin embargo, se mantuvieron sin cambios el importe de las multas impuestas a la demandante y el alcance de la responsabilidad solidaria de ésta junto con las demás sociedades condenadas al pago de dichas multas.
4      Por último, el 25 de julio de 2012, el Director General de la Dirección General (DG) de Competencia de la Comisión remitió a la demandante el escrito COMP/G2/DVE/nvz/79465 […], en el que desestimó la solicitud de la demandante de que se apreciara de nuevo su capacidad contributiva con arreglo a lo dispuesto en el apartado 35 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2).»
Recursos ante el Tribunal y los autos recurridos
3        Mediante sus respectivos recursos presentados ante el Tribunal General las demandantes solicitaron, en particular, la anulación de la Decisión controvertida.
4        Dado que el Tribunal General declaró que esos recursos eran manifiestamente inadmisibles en cuanto tenían por objeto la anulación de dicha Decisión en términos sustancialmente idénticos en los autos recurridos, es posible, a efectos del presente auto, reproducir únicamente los apartados 17 a 22 del auto Moreda-Riviere Trefilerías/Comisión (T‑426/10, T‑575/10 y T‑440/12, EU:T:2014:1005):
«17      Según reiterada jurisprudencia, solo cabe declarar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica en la medida en que la parte demandante tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Dicho interés debe ser existente y real y debe apreciarse en el momento de la interposición del recurso; debe, además, seguir existiendo hasta el momento en que se dicte la resolución judicial [(sentencias Wunenburger/Comisión, C-362/05 P, EU:C:2007:322, apartado 42 y jurisprudencia citada, y TF1/Comisión, T-354/05, EU:T:2009:66, apartado 84 y jurisprudencia citada; y auto Adorisio y otros/Comisión, T-321/13, EU:T:2014:175, apartado 20)].
18      Un interés de este tipo supone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas o, en otros términos, que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto [(sentencia MCI/Comisión, T-310/00, EU:T:2004:275, apartado 44 y jurisprudencia citada, y auto Adorisio y otros/Comisión, T-321/13, EU:T:2014:175, apartado 21)].
19      Procede comenzar señalando que la adopción de la [Decisión controvertida] por parte de la Comisión no tuvo ninguna consecuencia sobre el importe de las multas impuestas en la Decisión inicial a la demandante o sobre el alcance de la responsabilidad de las sociedades condenadas solidariamente junto con la demandante al pago de dichas multas.
20      Pues bien, los motivos formulados por la demandante contra la [Decisión controvertida] guardan relación con la competencia de la Comisión para adoptar una decisión de tal índole, con la regularidad del procedimiento de adopción, con la vulneración del principio de igualdad que, a juicio de la demandante, representa el nuevo plazo de pago concedido a las sociedades cuyas multas fueron modificadas en la [Decisión controvertida] y con la motivación de esta última Decisión. La demandante no sostiene, en cambio, para fundamentar su pretensión de anulación total, o, subsidiariamente, parcial, de la [Decisión controvertida], que ésta contenga en sí misma errores en relación con el importe de las multas, importe que esta Decisión mantiene sin cambios, y que este importe habría debido reducirse respecto del establecido en la Decisión inicial tal como quedó modificada por la [Decisión controvertida].
21      De ello se deduce que, incluso suponiendo que se acoja uno u otro de los motivos formulados para fundamentar las pretensiones dirigidas contra la [Decisión controvertida] y que el Tribunal constate la ilegalidad de ésta, la anulación de dicha Decisión no tendría ninguna consecuencia sobre el importe de las multas impuestas a la demandante o sobre el plazo de pago fijado en relación con esas multas, que resulta de la Decisión inicial. En consecuencia, la anulación de la [Decisión controvertida] no redundaría de ningún modo en beneficio de la demandante. Por lo demás, debe constatarse que la demandante, a pesar de que en el escrito de contestación la Comisión cuestionó su interés, no ha indicado las razones por las que la anulación de la [Decisión controvertida] podría reportarle algún beneficio.
22      De las anteriores consideraciones se desprende que la demandante carece de interés en ejercitar la acción contra la [Decisión controvertida] y que debe declararse la inadmisibilidad manifiesta tanto de los motivos y las pretensiones formulados en el asunto T-426/10, por lo que se refiere a dicha Decisión, como del recurso en el asunto T-575/10 [...].»
Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
5        Mediante sus recursos de casación, las recurrentes en casación solicitan la anulación de los respectivos autos recurridos y que se condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento y con las del procedimiento ante el Tribunal General.
6        La Comisión solicita al Tribunal de Justicia, con carácter principal, que desestime los cuatro recursos de casación y, con carácter subsidiario, que desestime por infundados los recursos presentados ante el Tribunal General, en cuanto las demandantes solicitan a través de los mismos la anulación de la Decisión controvertida.
7        Oídas las partes, el Juez Ponente y el Abogado General a este respecto, los asuntos C‑53/15 P a C‑56/15 P fueron acumulados mediante resolución del Presidente de 20 de mayo de 2015, a efectos del auto, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
Sobre el recurso de casación
Alegaciones de las partes
8        Para fundamentar su recurso de casación, cada una de las recurrentes en casación formula un único motivo idéntico, dividido en dos partes, basadas en errores de Derecho cometidos por el Tribunal General al apreciar su interés en ejercitar la acción.
9        Sostienen, en la primera parte de su motivo único, que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia acoja sus alegaciones dirigidas a la anulación de la Decisión controvertida, la Comisión debería adoptar una nueva decisión, notificarla a las partes y conceder un nuevo plazo para el pago de las multas, con la consiguiente anulación de los intereses de demora acumulados desde la notificación de la Decisión inicial.
10      Estiman que, si en vez de adoptar una Decisión que, al igual que la Decisión controvertida, modifica la Decisión inicial para corregir los errores sustanciales que contenía, la Comisión hubiera, como era su deber, anulado la Decisión inicial y adoptado una nueva decisión, las recurrentes hubieran dispuesto, a semejanza de las empresas respecto de las cuales los importes de las multas fueron modificados, de un plazo adicional de tres meses para pagar su multa y no habrían debido soportar los intereses de demora que comenzaron a devengarse tres meses después de la notificación de la Decisión inicial.
11      Consideran que, como consecuencia de lo anterior, si se estimaran sus recursos, las recurrentes podrían obtener un ahorro considerable. Por lo tanto, afirman disponer de un interés tan cuantificable como cierto y real para interponer dichos recursos.
12      Mediante la segunda parte del motivo único, las recurrentes en casación sostienen que, si el Tribunal de Justicia debiera acoger sus alegaciones por las que se solicita que se constate que la Decisión controvertida es discriminatoria por cuanto no se les concede a ellas también el plazo adicional para el pago de la multa previsto en el artículo 2 de esa Decisión, la Comisión quedaría obligada a concederles esa misma ventaja, lo cual implicaría la anulación de los correspondientes intereses de demora.
13      A juicio de las recurrentes en casación, se deduce de lo anterior que la anulación del artículo 2 de la Decisión controvertida redundaría en una ventaja cierta y cuantificable para ellas y que, por lo tanto, disponen de un interés en ejercitar la acción contra esa Decisión.
14      La Comisión estima que las alegaciones de las recurrentes en casación carecen de todo fundamento.
15      La Comisión considera manifiestamente errónea la tesis defendida por las recurrentes en casación, según la cual las correcciones introducidas en la Decisión inicial no podían realizarse a través de una decisión de modificación, ya que harían necesaria la anulación y la revocación de la Decisión inicial y su posterior sustitución por una nueva decisión acompañada, en este caso, de un nuevo plazo de pago para todas las empresas.
16      A su juicio, el principio conocido como «de intangibilidad de los actos» significa que la versión notificada de un acto debería corresponderse con la versión adoptada por la institución de que se trate, pudiendo únicamente introducirse en el texto de un acto tras su adopción formal adaptaciones meramente ortográficas o gramaticales. La Comisión estima que, no obstante, este principio no impide de ningún modo a esta institución modificar la decisión, con arreglo a los procedimientos establecidos a tal efecto, en general siguiendo el mismo procedimiento de adopción (paralelismo de las formas).
17      La Comisión alega que, en cualquier caso, la Decisión controvertida no tiene carácter perjudicial y, por lo tanto, su eventual anulación no podría redundar de ningún modo en una ventaja para las recurrentes en casación, quienes, en consecuencia, carecen de interés en ejercitar la acción contra esta Decisión.
18      En efecto, según la Comisión, si se estimaran los recursos interpuestos por las demandantes contra la Decisión controvertida, ello tendría como consecuencia que únicamente se anulara esta Decisión. No obstante, incluso después de esta anulación, el plazo para pagar la multa establecido para las demandantes seguiría siendo el establecido en la Decisión inicial. Afirma que este plazo y los correspondientes intereses de demora sólo quedarían suprimidos si los recursos interpuestos por las demandantes contra la Decisión inicial y actualmente pendientes de resolución por el Tribunal General fueran estimados.
19      En particular, si el juez de la Unión debiera estimar que la Comisión incurrió en un error de Derecho al no haber consultado de nuevo el Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes, tal como sostuvieron las demandantes en el marco del primer motivo de sus recursos de anulación presentados ante el Tribunal General, la Comisión únicamente debería subsanar ese vicio de procedimiento. Por el contrario, dado que los importes de las multas impuestas a las demandantes se mantendrían sin cambios, la Comisión no estaría en absoluto obligada a adoptar una decisión de modificación que les concediera un nuevo plazo de pago y anulara los intereses de demora acumulados desde la notificación de la Decisión inicial.
20      La Comisión sostiene, además, que, si se acogiera la segunda parte del motivo de anulación mediante el cual las recurrentes en casación alegan que la Decisión controvertida es discriminatoria por no haberles concedido un plazo adicional para pagar la multa, no se derivaría de ello que ellas pudieran beneficiarse de la anulación de los intereses de demora devengados en su contra.
21      Al no conceder la Decisión controvertida un nuevo plazo de pago a las demandantes por la razón de que, tras la corrección del error en que incurrió la Comisión, los importes de las multas que les fueron impuestas se mantienen sin cambios, parece que éstas, a juicio de esa institución, invocan una omisión perjudicial consistente en el hecho de que su nombre no figura en el artículo 2 de la Decisión controvertida.
22      Pues bien, la Comisión afirma que el plazo para el pago de la multa aplicable a las demandantes quedó establecido en la Decisión inicial, la cual no fue, a este respecto, modificada por la Decisión controvertida. En consecuencia, las recurrentes en casación deberían impugnar el plazo de pago que les resulta aplicable, no en el marco del recurso contra la Decisión controvertida, sino en el marco del recurso contra la Decisión inicial, ya que esta última constituye el objeto de los recursos presentados por las demandantes y pendientes de resolución ante el Tribunal General.
23      Además, puesto que un recurso de anulación se limita a un control de legalidad de la decisión en cuestión, no cabe sostener que, si se estimara la segunda parte del motivo de las recurrentes en casación, el juez de la Unión podría ordenar a la Comisión adoptar una nueva decisión o aplicar un nuevo plazo a todas las empresas, incluidas aquellas respecto de las cuales no se modificó el importe de la multa que se les impuso.
Apreciación del Tribunal de Justicia
24      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el interés del demandante en ejercitar la acción debe existir, habida cuenta del objeto del recurso, en el momento de interponerlo, so pena de que se declare su inadmisibilidad. El objeto del litigio debe subsistir, al igual que el interés en ejercitar la acción, hasta que se dicte la resolución judicial so pena de sobreseimiento, lo que supone que el recurso ha de poder procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto (véanse, en particular, las sentencias Flaherty y otros/Comisión, C‑373/06 P, C‑379/06 P y C‑382/06 P, EU:C:2008:230, apartado 25, y Cañas/Comisión, C‑269/12 P, EU:C:2013:415, apartado 15).
25      Ahora bien, mediante los autos recurridos, el Tribunal General declaró que, en aplicación del principio de tal modo consagrado por la jurisprudencia citada en el apartado anterior de la presente sentencia, las demandantes no tenían interés en ejercitar la acción contra la Decisión controvertida por el motivo fundamental de que, incluso suponiendo que se estimara alguno de los motivos formulados para fundamentar las pretensiones dirigidas contra dicha Decisión y el Tribunal General declarara la ilegalidad de ésta, la anulación de dicha Decisión no tendría ninguna consecuencia respecto del importe de las multas impuestas a las demandantes o sobre el plazo de pago fijado en relación con esas multas, ya que tal plazo se fijó en la Decisión inicial, de forma que la anulación de la Decisión controvertida no supondría ninguna ventaja para las demandantes.
26      Debe declararse que las alegaciones formuladas por las recurrentes en casación en el motivo único para sustentar sus recursos de casación no permiten cuestionar la fundamentación de la postura adoptada en ese sentido por el Tribunal General.
27      En efecto, en contra de lo sostenido por las recurrentes en casación, incluso suponiendo que debiera estimarse alguno de los motivos de anulación esgrimidos para sustentar su recurso ante el Tribunal General, ello tendría como consecuencia que sólo se anulara la Decisión controvertida.
28      Pues bien, esta anulación no procuraría ninguna ventaja para las recurrentes en casación, ya que el importe de las multas que les fueron impuestas y el plazo para pagarlas resultan únicamente de la Decisión inicial que, por otra parte, éstas impugnan en el marco de los recursos actualmente pendientes ante el Tribunal General.
29      En consecuencia, en la fecha de presentación de sus recursos de anulación de la Decisión controvertida ante el Tribunal General, las demandantes no tenían un interés efectivo y actual en ejercitar la acción contra un acto que les resultaba perjudicial.
30      Contrariamente a la tesis de las recurrentes en casación, en caso de anulación de la Decisión controvertida, la Comisión no estaría en absoluto obligada a revocar o anular la Decisión inicial para adoptar una decisión que les conceda un nuevo plazo de pago.
31      En efecto, si, tal como sostuvieron las demandantes en el primer motivo de sus recursos de anulación presentados ante el Tribunal General, la Decisión controvertida debiera anularse porque el Comité Consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones dominantes hubiera debido ser consultado de nuevo, la Comisión podría subsanar ese vicio de procedimiento y adoptar seguidamente una nueva decisión, que modifique la Decisión inicial, cuyo contenido sería idéntico al de la Decisión controvertida.
32      Asimismo y por lo que respecta al argumento expuesto por las recurrentes en casación en la segunda parte de su motivo único para fundamentar su recurso de casación, basado en el tratamiento discriminatorio que sostienen haber sufrido como consecuencia del hecho de que, a diferencia de las empresas a las que se impusieron multas cuyo importe debió ser modificado en la Decisión controvertida para corregir un error cometido por la Comisión, ellas no obtuvieron un nuevo plazo para pagar las multas que les fueron impuestas, debe señalarse que este motivo, en caso de que fuera fundado, sólo conllevaría la anulación de la Decisión controvertida y no procuraría ninguna ventaja para las recurrentes en casación.
33      En efecto, tal anulación no modificaría en absoluto la situación de las recurrentes en casación, ya que el importe de las multas que les fueron impuestas y el plazo de pago de las mismas quedaron establecidos en la Decisión inicial.
34      En otros términos, la anulación de la Decisión controvertida no permite eliminar un efecto perjudicial que hubiera producido esa Decisión en la situación jurídica de las recurrentes en casación.
35      Por lo que se refiere a las empresas respecto de las cuales el importe de las multas que les fueron impuestas debió modificarse en la Decisión controvertida, de la anulación de esa Decisión sólo se deriva para ellas que les resulten nuevamente exigibles las multas y los plazos de pago fijados en la Decisión inicial.
36      Si bien tal consecuencia es ciertamente perjudicial para esas empresas, no procura, sin embargo, ninguna ventaja para las recurrentes en casación, ya que el importe de las multas que les fueron impuestas y el plazo de pago de las mismas siguen estando fijados por esa misma Decisión inicial.
37      Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, deben desestimarse por manifiestamente infundados el motivo único y, por consiguiente, los recursos de casación.
Costas
38      A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. La Comisión ha solicitado la condena en costas de las recurrentes y el motivo invocado por éstas ha sido desestimado, por lo que procede condenarlas en costas, respectivamente, en los asuntos C‑53/15 P, C‑54/15 P, C‑55/15 P y C‑56/15 P.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) resuelve:
1)      Desestimar los recursos de casación.
2)      Condenar en costas a Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., Trefilerías Quijano, S.A., Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., y Global Steel Wire, S.A., respectivamente, en los asuntos C‑53/15 P, C‑54/15 P, C‑55/15 P y C‑56/15 P.
Dictado en Luxemburgo, a 17 de diciembre de 2015.
El Secretario
La Presidenta de la Sala Séptima
A. Calot Escobar
C. Toader
* Lengua de procedimiento: español.