62023CC0554
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 28 de noviembre de 2024 (
1
)
Asuntos acumulados C‑554/23 P y C‑568/23 P
Fertilizers Europe
contra
AO Nevinnomysskiy Azot,
AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK Azot (C‑554/23 P)
y
Comisión Europea
contra
AO Nevinnomysskiy Azot,
AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK Azot (C‑568/23 P)
«Recurso de casación — Dumping — Importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia — Derechos antidumping definitivos — Solicitud de reconsideración por expiración — Artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 — Artículo 5, apartados 3 y 9, del Reglamento 2016/1036 — Plazo legal — Suficiencia de las pruebas»
I. Introducción
1.
Las presentes conclusiones versan sobre un recurso de casación interpuesto por la Comisión Europea y Fertilizers Europe en el que se solicita la anulación de la sentencia de 5 de julio de 2023, Nevinnomysskiy Azot y NAK Azot/Comisión (T‑126/21, EU:T:2023:376). (
2
)
2.
Mediante dicha sentencia, el Tribunal General anuló el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2100 de la Comisión, (
3
) por el que se estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036. (
4
) El Tribunal General declaró, en resumen, que, con arreglo los párrafos segundo y cuarto de la mencionada disposición, los productores de la Unión que presenten una solicitud de reconsideración por expiración deben aportar pruebas suficientes de la posibilidad del dumping perjudicial al menos tres meses antes de la finalización del período de vigencia de la medida antidumping de que se trate. Esto significa que, una vez que esos productores han presentado una solicitud de reconsideración por expiración, no corresponde a la Comisión subsanar la insuficiencia de las pruebas aportadas en ese plazo de tres meses.
3.
Tanto la Comisión como Fertilizers Europe opinan que la interpretación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 realizada por el Tribunal General limita gravemente la actividad de recogida de las pruebas necesarias para determinar si está justificado el inicio de la investigación de una reconsideración por expiración, que puede dar lugar a la prórroga de las medidas antidumping. Sostienen que el Tribunal General incurrió en un error al interpretar esa disposición o, en cualquier caso, al aplicar su propio criterio jurídico a los hechos del asunto en primera instancia.
4.
El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de pronunciarse sobre la interpretación de una disposición de considerable relevancia para mantener las medidas defensivas en favor de los productores de la Unión contra las prácticas de dumping de países no miembros de la Unión. El Tribunal de Justicia tendrá que decidir si la interpretación del artículo 11, apartado 2, párrafos segundo y cuarto, del Reglamento 2016/1036 respalda la conclusión del Tribunal General acerca de las limitaciones temporales que se aplican, en su opinión, a la presentación de pruebas por los productores de la Unión en el marco de un procedimiento de reconsideración por expiración. Para ello será necesario, en particular, que el Tribunal de Justicia dilucide si algunas de las disposiciones del Reglamento 2016/1036 aplicables a las investigaciones de la Comisión después de las denuncias iniciales son también pertinentes en el contexto de las reconsideraciones por expiración.
II. Marco jurídico
A.
Reglamento 2016/1036
5.
El Reglamento 2016/1036 establece las normas de defensa comercial para impedir importaciones al mercado de la Unión que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión.
6.
El artículo 5 del Reglamento 2016/1036 dispone:
«[…]
3.   La Comisión, en la medida de lo posible, valorará los elementos de prueba que se aporten en la denuncia así como su pertinencia, con el fin de determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación.
[…]
9.   Cuando resulte que existen elementos de prueba suficientes para justificar la apertura de un procedimiento, la Comisión deberá iniciarlo en el plazo de 45 días a partir de la fecha de presentación de la denuncia y publicar un anuncio a tal efecto en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cuando los elementos de prueba presentados sean insuficientes se informará al denunciante en el plazo de 45 días a partir de la fecha de presentación de la denuncia ante la Comisión. La Comisión facilitará a los Estados miembros información sobre su análisis de la denuncia normalmente en un plazo de 21 días desde la fecha en que esta se haya presentado a la Comisión.»
7.
El artículo 11 del Reglamento 2016/1036 prevé:
«1.   Las medidas antidumping solo tendrán vigencia durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar los efectos perjudiciales del dumping.
2.   Las medidas antidumping definitivas expirarán cinco años después de su imposición o en un plazo de cinco años a partir de la fecha de conclusión de la última reconsideración del dumping y del perjuicio, salvo que durante la reconsideración se determine que la expiración podría conducir a una continuación o a una reaparición del dumping y del perjuicio. Tal reconsideración por expiración de medidas se iniciará por iniciativa de la Comisión o a petición de los productores de la Unión o en su nombre y la medida seguirá vigente hasta tanto tenga lugar el resultado de esa reconsideración.
Se iniciará una reconsideración en el momento de la expiración si la solicitud contiene suficientes elementos de prueba de que la expiración de dichas medidas podría resultar en una continuación o una reaparición del dumping y del perjuicio. Esta posibilidad podrá ser comprobada, por ejemplo, mediante elementos de prueba de la continuidad del dumping y del perjuicio, o de que la eliminación del perjuicio se debe exclusiva o parcialmente a la existencia de las medidas, o de que las circunstancias de los exportadores o las condiciones de mercado son tales que indican la posibilidad de que prosiga el dumping y el perjuicio, o mediante pruebas de la existencia de distorsiones permanentes del mercado de materias primas.
Durante el desarrollo de las investigaciones mencionadas en el presente apartado, los exportadores, importadores, representantes del país de exportación y los productores de la Unión tendrán la oportunidad de completar, refutar o comentar los elementos contenidos en la solicitud de reconsideración y las conclusiones al respecto se elaborarán teniendo debidamente en cuenta todos los elementos probatorios significativos y convenientemente documentados presentados en relación con la cuestión de si la desaparición de las medidas podría o no dar lugar a la continuación o reaparición del dumping y el perjuicio.
Se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio sobre la próxima expiración, en un momento adecuado del último año del período de aplicación de las medidas definidas en el presente apartado. Posteriormente, los productores de la Unión podrán presentar una solicitud de reconsideración en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo por lo menos tres meses antes de la finalización del período de cinco años. También será publicado un anuncio comunicando la expiración definitiva de las medidas contempladas en el presente apartado.
[…]
5.   Las disposiciones del presente Reglamento relativas a los procedimientos y al desarrollo de las investigaciones, con excepción de las relativas a los plazos, se aplicarán a cualquier reconsideración efectuada con arreglo a los apartados 2, 3 y 4.»
B.
Reglamento impugnado
8.
De conformidad con los considerandos 20, 23 y 29 del Reglamento impugnado:
«(20)
La Comisión inició la reconsideración por expiración sobre la base de la solicitud de reconsideración inicialmente presentada el 21 de junio de 2019 y posteriormente complementada con información adicional (denominado en su conjunto “solicitud de reconsideración consolidada”). La solicitud de reconsideración consolidada, que constituye la base para el inicio de la presente reconsideración por expiración, se incluyó en el expediente de libre acceso y se puso a disposición de las partes interesadas para su consulta. Como se expone en el punto 4.1 del anuncio, el solicitante facilitó, en su solicitud de reconsideración, pruebas de un valor normal basado en precios reales del mercado interno y calculó asimismo el valor normal en caso de que se considerara que los precios internos eran poco fiables y que no reflejaban el curso de operaciones comerciales normales. El hecho de que la solicitud original se complementara con valores normales calculados sobre la base de información disponible relativa a los precios internos reales en el país afectado carece de relevancia, en la medida en que la Comisión inició la reconsideración por expiración basándose en la solicitud de reconsideración consolidada.
[…]
(23)
[…] La Comisión recuerda su posición reflejada en el considerando 20 según la cual la presente reconsideración por expiración se inició sobre la base de la solicitud de reconsideración consolidada. La Comisión considera que la versión de la solicitud presentada dentro del plazo de tres meses incluía pruebas suficientes que, con arreglo a las aclaraciones facilitadas por los solicitantes a raíz del proceso de subsanación para complementar su solicitud inicial, justificaban el inicio de la reconsideración por expiración.
[…]
(29)
[…] Como se expone en el considerando 20, el inicio de la presente reconsideración por expiración no solo se basa en la información recibida en la solicitud de reconsideración original de 21 de junio de 2019, sino también en pruebas complementarias proporcionadas por el solicitante antes del inicio y que se incluyeron en la solicitud de reconsideración consolidada (la cual contiene pruebas de un valor normal basado en precios internos reales, así como un cálculo del valor normal en caso de que los precios internos no se consideraran fiables).»
9.
El artículo 1 del Reglamento impugnado establece:
«1.   Se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de fertilizantes sólidos con un contenido de nitrato de amonio superior al 80 % en peso […] y originarios de Rusia.
[…]»
III. Hechos y procedimiento
A.
Antecedentes del litigio
10.
En los apartados 1 a 13 de la sentencia recurrida, se describen los antecedentes del procedimiento en primera instancia. A efectos de las presentes conclusiones, tales antecedentes pueden resumirse del siguiente modo.
11.
AO Nevinnomysskiy Azot y AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK Azot (
5
) son productoras y exportadoras de nitrato de amonio domiciliadas en Rusia. Están sujetas a los derechos antidumping que se derivan del Reglamento (CE) n.o 2022/95 del Consejo, de 16 de agosto de 1995, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia (DO 1995, L 198, p. 1), tal como fue mantenido posteriormente en 2002, 2008 y 2014 tras varias reconsideraciones por expiración.
12.
El 21 de junio de 2019, Fertilizers Europe, una asociación europea de fabricantes de fertilizantes, presentó ante la Comisión una solicitud de iniciación de una reconsideración por expiración de dichos derechos, sobre la base del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036. (
6
) Dicha solicitud se presentó tras la publicación en el Diario Oficial del Anuncio de expiración inminente de determinadas medidas antidumping (DO 2019, C 53, p. 3), entre las que figuraba el derecho al que se refiere el punto 11 anterior.
13.
La solicitud inicial indicaba que existían pruebas de la continuación del dumping en caso de expiración de las medidas sobre la base de una comparación entre los precios de exportación y el valor normal calculado. A este respecto, Fertilizers Europe invocó la existencia de una situación particular del mercado en Rusia, debido a un acuerdo concertado de limitación de precios y a la estrategia del Gobierno ruso de fijar precios artificialmente bajos para el gas natural, que constituye el principal insumo del nitrato de amonio.
14.
A raíz de una petición de la Comisión, el 20 de agosto de 2019 Fertilizers Europe facilitó información adicional, que se incorporó a una versión consolidada de la solicitud de reconsideración por expiración. (
7
) La información adicional añadida a la solicitud consolidada se fundamentaba en un valor normal basado en los precios reales del mercado nacional ruso.
15.
El 23 de septiembre de 2019, la Comisión publicó el Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia (DO 2019, C 318, p. 6), (
8
) por considerar que existían suficientes pruebas para iniciar una reconsideración por expiración y llevar a cabo una investigación.
16.
Al término de la investigación, la Comisión concluyó que la expiración de las medidas antidumping vigentes sobre el nitrato de amonio originario de Rusia podría conducir a la reaparición del dumping y del perjuicio. Por tanto, en virtud de la adopción del Reglamento impugnado, decidió prorrogar dichas medidas por un período de cinco años.
B.
Recurso de anulación interpuesto ante el Tribunal General y sentencia recurrida
17.
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General, las demandantes en primera instancia interpusieron un recurso de anulación del Reglamento impugnado con arreglo al artículo 263 TFUE. En apoyo de su recurso, invocaron un motivo único, basado esencialmente en la infracción del artículo 11, apartados 2 y 5, y del artículo 5, apartado 3, del Reglamento 2016/1036, en la medida en que, a su entender, la Comisión inició erróneamente el procedimiento de reconsideración por expiración, pese a la falta de pruebas suficientes para ello.
18.
En particular, las demandantes consideraron, en primer lugar, que la Comisión debería haber tenido en cuenta únicamente la solicitud inicial como base de su apreciación de la suficiencia de las pruebas presentadas para iniciar la reconsideración por expiración, y no la información adicional, que, a su juicio, modificó la esencia de dicha solicitud. En segundo lugar, sostuvieron que la solicitud inicial no contenía pruebas suficientes de que la expiración de las medidas pudiera conducir a una continuación del dumping. En tercer lugar, adujeron que, en cualquier caso, la Comisión cometió un error al considerar que la solicitud consolidada contenía pruebas suficientes de tal posibilidad.
19.
En la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que de una interpretación literal del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, (
9
) así como del objetivo de esta disposición, (
10
) se desprende que el examen de si una solicitud presentada por los productores de la Unión contiene pruebas suficientes para iniciar una reconsideración por expiración debe efectuarse sobre la base de la información aportada por lo menos tres meses antes de la finalización del período de vigencia de la medida antidumping en cuestión. (
11
) Según el Tribunal General, la Comisión puede recibir o solicitar aclaraciones adicionales a los productores de la Unión durante ese plazo, de lo cual resulta una versión consolidada de la solicitud. Sin embargo, tal información solo puede completar o corroborar las pruebas suficientes presentadas dentro del plazo legal. No puede consistir en nuevas alegaciones o nuevas pruebas, ni subsanar la insuficiencia de las pruebas contenidas en dicha solicitud. (
12
) El Tribunal General declaró asimismo que el artículo 11, apartado 5, del Reglamento 2016/1036, en relación con el artículo 5, apartados 3 y 9, del mismo Reglamento, no desvirtuaba esta conclusión. (
13
)
20.
A la luz de lo anterior, el Tribunal General concluyó, por un lado, que la Comisión incurrió en un error al afirmar, en el Reglamento impugnado, que carecía de relevancia que la solicitud inicial se complementara con pruebas adicionales y que el inicio de la reconsideración por expiración podía justificarse sobre la base de la solicitud consolidada. (
14
) Por otro lado, consideró que no cabía entender que la información adicional facilitada por los productores de la Unión en el plazo de tres meses tenía por objeto completar las pruebas presentadas en la solicitud inicial. (
15
)
21.
En consecuencia, el Tribunal General concluyó que debía estimarse la alegación formulada por las demandantes en primera instancia, basada en la infracción del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, y que procedía anular el Reglamento impugnado, sin que fuera necesario examinar las demás alegaciones formuladas por las demandantes. (
16
)
IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones
22.
En sus respectivos recursos de casación, interpuestos ante el Tribunal de Justicia el 4 y el 14 de septiembre de 2023, Fertilizers Europe y la Comisión solicitan, en los asuntos C‑554/23 P y C‑568/23 P, al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Desestime el recurso interpuesto en primera instancia.
–
Condene en costas a las demandantes en primera instancia.
23.
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 2023, se acordó la acumulación de los asuntos C‑554/23 P y C‑568/23 P a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento, así como de la sentencia.
24.
Las demandantes en primera instancia solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación y confirme la sentencia recurrida.
–
Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.
–
Condene en costas a las recurrentes.
25.
En el presente asunto, no se ha celebrado vista oral.
V. Apreciación
26.
En apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑554/23 P, Fertilizers Europe invoca cuatro motivos. En particular, alega que:
–
el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que deben existir elementos de prueba suficientes para justificar la apertura de una reconsideración por expiración en una solicitud presentada antes del plazo de tres meses y no estar simplemente en poder de la Comisión en el momento en que se inicia una reconsideración por expiración;
–
el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al concluir que el artículo 11, apartado 5, del Reglamento 2016/1036, en relación con el artículo 5, apartados 3 y 9, del mismo Reglamento, no permite la presentación de nueva información sobre las solicitudes de reconsideración por expiración después de que se inicie el plazo de tres meses;
–
el Tribunal General cometió un error de Derecho al concluir que la aportación por Fertilizers Europe a la Comisión de cálculos adicionales del dumping basados en los precios, después del inicio del plazo de tres meses, constituye una prueba nueva y que la Comisión no podía basarse en esa información para decidir la iniciación de la reconsideración por expiración;
–
el Tribunal General incurrió en un error manifiesto de apreciación y desnaturalizó los hechos y las pruebas que constaban en los autos al declarar que no se desprendía del Reglamento impugnado que la Comisión estimaba que la solicitud inicial de reconsideración por expiración contenía pruebas suficientes de que la expiración de las medidas podría conducir a la continuación del dumping.
27.
Por su parte, en el asunto C‑568/23 P, la Comisión invoca dos motivos, que se refieren, el primero, a un error de Derecho relativo a la interpretación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 y, el segundo, a un error de Derecho relativo a la aplicación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 en relación con el Reglamento impugnado.
28.
Dado que, habida cuenta de las alegaciones específicas formuladas por Fertilizers Europe, los cuatro motivos de su recurso de casación pueden subsumirse, en esencia, en los dos motivos de casación de la Comisión, examinaré el presente asunto siguiendo la estructura de la argumentación de esta institución ante el Tribunal de Justicia. Es importante observar, además, que, si, tras analizar el primer motivo de casación formulado por la Comisión, se concluyera que este es fundado, no sería necesario examinar el segundo motivo, ya que se formula simplemente con carácter subsidiario.
A.
Sobre el primer motivo de casación basado en un error de Derecho relativo a la interpretación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036
1. Alegaciones de las partes
29.
La Comisión y Fertilizers Europe alegan que el Tribunal General erró al concluir que el Reglamento 2016/1036 circunscribe el examen que ha de realizarse para iniciar una reconsideración por expiración a la información y a las pruebas presentadas por los productores de la Unión antes del plazo de tres meses previsto en el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036. En su opinión, el requisito relativo a la suficiencia de las pruebas, tal como resulta del párrafo segundo de esa disposición, debe cumplirse únicamente en el momento en que se adopte la decisión de iniciar la reconsideración por expiración. Por tanto, durante el plazo de tres meses, la Comisión puede solicitar cualquier información adicional que estime pertinente para determinar si debe iniciarse una reconsideración por expiración.
30.
Más concretamente, la Comisión y Fertilizers Europe afirman que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en la sentencia recurrida, el tenor del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 es neutro en cuanto a si la Comisión debe limitar su apreciación de la suficiencia de las pruebas a la solicitud tal como se presentó dentro del plazo legal establecido por dicho artículo. Esta interpretación literal se ve corroborada, asimismo, por la interpretación sistemática del Reglamento 2016/1036, en particular por su artículo 5, apartados 3 y 9, que debe considerarse aplicable a la apertura de las reconsideraciones por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 5, del citado Reglamento. Por último, ambas partes aducen que la finalidad del plazo de tres meses consiste en indicar a los productores de la Unión el momento de presentar una solicitud, con objeto de organizar de manera ordenada la posible iniciación de una reconsideración por expiración e informar a las partes interesadas en consecuencia. En su opinión, la finalidad de dicho plazo no es garantizar la seguridad jurídica de los operadores del mercado de manera que se limite, con ello, la información que la Comisión puede recabar durante su apreciación de la fundamentación de una solicitud de reconsideración por expiración.
31.
Las demandantes en primera instancia rebaten estas alegaciones. A su juicio, el Tribunal General interpretó acertadamente el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036, en relación con su párrafo segundo, en el sentido de que exige que la suficiencia de las pruebas para iniciar una reconsideración por expiración debe apreciarse en función de la solicitud tal como fue presentada por lo menos tres meses antes de la expiración de la medida antidumping. Sostienen que el Reglamento 2016/1036 no permite presentar nuevas pruebas después de ese punto temporal definido legalmente. Durante el plazo de tres meses, solo podrán solicitarse o presentarse aclaraciones y precisiones que permitan comprender las pruebas ya aportadas en plazo o confirmar su suficiencia. Como apreció el Tribunal General, esa información adicional no puede consistir, en cambio, en nuevas alegaciones o nuevas pruebas que no existían en el momento en que se presentó la solicitud de reconsideración.
2. Análisis
32.
En el primer motivo de casación, se solicita al Tribunal de Justicia que dilucide si la apreciación de la Comisión acerca de si debe iniciarse una reconsideración por expiración queda limitada por el artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 a las pruebas presentadas por los productores de la Unión en su solicitud antes del plazo de tres meses establecido en el párrafo cuarto de esa disposición, completadas a lo sumo por información adicional en apoyo de tales pruebas.
33.
El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, para la interpretación de una disposición de Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no solo el tenor de esta, sino también su contexto y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de la que forma parte. (
17
) En la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que estas tres reglas interpretativas conducen a la conclusión de que, con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, los productores de la Unión deben presentar, antes del plazo de tres meses aplicable a las solicitudes de reconsideración por expiración, pruebas suficientes de que la expiración de la medida en cuestión podría conducir a una continuación o a una reaparición del dumping y del perjuicio.
34.
El artículo 11, apartado 1, del Reglamento 2016/1036 dispone que los derechos antidumping solo se aplicarán durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar los efectos perjudiciales del dumping. El artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento 2016/1036 prevé, asimismo, que una medida antidumping definitiva expirará, en particular, cinco años a partir de la fecha de conclusión de la última reconsideración, salvo que se determine, en una nueva reconsideración, que la expiración podría conducir a una continuación o a una reaparición del dumping y del perjuicio. Tal reconsideración por expiración se iniciará a petición de los productores de la Unión, como en el presente asunto, o a iniciativa de la Comisión.
35.
Además, el artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento 2016/1036 dispone que la reconsideración por expiración solo se iniciará si la solicitud contiene suficientes elementos de prueba de que la desaparición de la medida antidumping podría resultar en una continuación o una reaparición del dumping y del perjuicio. Esta disposición contempla también los tipos de pruebas que pueden demostrar esa posibilidad. Por su parte, el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036 prevé, en su segunda frase, que los productores de la Unión podrán presentar una solicitud de reconsideración por lo menos tres meses antes de la finalización del período de cinco años de vigencia de una medida antidumping. Dicha frase termina con la expresión «in accordance with the second subparagraph» [(«en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo», en la versión española]).
a) Interpretación literal
36.
Por lo que respecta a la interpretación literal del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, las partes discrepan, en esencia, sobre el alcance de la expresión «in accordance with the second subparagraph», que figura, como se ha indicado, en la segunda frase del párrafo cuarto de esta disposición. Las demandantes en primera instancia sostienen, en consonancia con la sentencia recurrida, que esa expresión significa que el plazo de tres meses antes del cual los productores de la Unión pueden presentar una solicitud de reconsideración se aplica también al requisito de la suficiencia de las pruebas, que debe cumplir dicha solicitud para justificar la iniciación de una reconsideración por expiración. Por su parte, la Comisión y Fertilizers Europe estiman que esta interpretación simplemente no se deriva del tenor de ninguna de esas disposiciones, ni siquiera de una lectura conjunta de las mismas.
37.
Como observación preliminar, cabe recordar que el significado de la expresión «in accordance with», cuando se utiliza en un acto normativo, significa «de conformidad con» o «siguiendo» una determinada norma. (
18
) Si un acto normativo dispone que algo debe realizarse de conformidad con una determinada norma, esto deberá efectuarse de la forma que dicha norma establece para su realización. (
19
)
38.
En el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036, la expresión «in accordance with» figura al final de una frase dirigida a los productores de la Unión. Dicha frase indica que, tras la publicación en el Diario Oficial de un anuncio sobre la próxima expiración, los productores de la Unión podrán presentar una solicitud de reconsideración ante la Comisión. Establece, a tal efecto, un plazo específico y dispone, como requisito separado, que la presentación de la solicitud deberá realizarse de conformidad con —«in accordance with»— lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento 2016/1036.
39.
El origen de la ambigüedad que constituye el núcleo de la discrepancia entre las partes radica en el hecho de que, desde un punto de vista literal, la primera frase del segundo párrafo del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 no enuncia ningún requisito dirigido a los productores de la Unión para la presentación de una solicitud de reconsideración por expiración. Esa frase, en cambio, define el criterio jurídico que regula la iniciación de una reconsideración por expiración, que está dirigido a la Comisión y que establece, en esencia, que esta institución debe recibir una solicitud con pruebas suficientes de la posibilidad del dumping perjudicial en el momento en que ha de iniciarse dicha reconsideración. Por consiguiente, es difícil comprender cómo ha de presentarse exactamente una solicitud de reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, primera frase, del Reglamento 2016/1036.
40.
No obstante, si los elementos derivados del artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento 2016/1036 deben aplicarse a la presentación de una solicitud por los productores de la Unión, podría entenderse que, en su solicitud, dichos productores han de alegar que la expiración de la medida antidumping de que se trata puede conducir a una continuación o reaparición del dumping perjudicial. Tendrían que aportar, asimismo, a tal efecto, los tipos de pruebas que se enumeran en esa disposición. En cambio, en la medida en que el criterio de la suficiencia de las pruebas se refiere solo a la Comisión en el momento de la adopción de una decisión de iniciar una reconsideración, no creo que pueda inferirse del tenor del artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento 2016/1036 que los productores de la Unión deben cumplir ese criterio antes del plazo de tres meses establecido en el párrafo cuarto de ese precepto. En mi opinión, tal interpretación requiere un paso hermenéutico adicional que, en ausencia de una disposición más explícita a ese respecto, no encuentra apoyo en el tenor de ninguno de los párrafos en cuestión.
41.
Esta opinión se ve reforzada por otras versiones lingüísticas del Reglamento 2016/1036, que, como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, han de tomarse en consideración cuando la formulación de una disposición de Derecho de la Unión sea ambigua o cuando existan divergencias entre las distintas versiones lingüísticas. (
20
) Por ejemplo, como señalan la Comisión y Fertilizers Europe, la versión española del artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036 emplea la expresión «en virtud de», (
21
) en lugar de las palabras «in accordance with» de la versión inglesa. Al utilizar esas palabras, la versión española deja claro que la solicitud a la que se refiere el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036 es también la contemplada en el párrafo segundo de esa disposición. Sin embargo, no exige necesariamente que los productores de la Unión presenten una solicitud de reconsideración por expiración de conformidad con los requisitos establecidos en dicho párrafo segundo, por lo que no es posible concluir que el requisito de la suficiencia de las pruebas se aplica a esos productores en ese momento.
42.
Por consiguiente, contrariamente a lo que alegan las demandantes en primera instancia, no estoy convencido de que la interpretación literal del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, en particular de sus párrafos segundo y cuarto, respalde inequívocamente la conclusión del Tribunal General según la cual la solicitud de reconsideración por expiración presentada por los productores de la Unión debe, antes del plazo de tres meses establecido en esa disposición, contener ya pruebas suficientes de la posibilidad de la continuación o reaparición del dumping perjudicial y, en particular, el criterio exigido para iniciar una reconsideración con arreglo a tales disposiciones. Esta interpretación tampoco lleva a concluir con claridad que la Comisión no pueda subsanar la insuficiencia de las pruebas presentadas por los productores dentro del plazo de tres meses y que cualquier solicitud que la Comisión les dirija para recabar pruebas adicionales en apoyo de sus pretensiones deba ser únicamente de carácter complementario o confirmatorio.
b) Interpretación sistemática
43.
Ante la ambigüedad de los párrafos antes examinados, es preciso situar estas disposiciones en su contexto, según la jurisprudencia citada en el punto 33 de las presentes conclusiones, con objeto de determinar su significado correcto. También sobre esta cuestión, las demandantes en primera instancia y las recurrentes sostienen opiniones diametralmente opuestas. Mientras que las demandantes en primera instancia aducen que el Tribunal General interpretó correctamente el contexto del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, las recurrentes estiman que cometió un error al no tomar en consideración suficientemente otras disposiciones pertinentes del citado Reglamento, en particular su artículo 5, apartados 3 y 9.
44.
Desde un principio, propongo al Tribunal de Justicia que tome en consideración, a efectos de realizar la interpretación sistemática del artículo 11, apartado 2, párrafos segundo y cuarto, del Reglamento 2016/1036, los párrafos primero y tercero de ese mismo precepto.
45.
La última frase del artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento 2016/1036 dispone que la reconsideración de una medida antidumping podrá efectuarse no solo a petición de los productores de la Unión, sino también a iniciativa de la Comisión. Por tanto, la Comisión continúa estando facultada para recabar de oficio las pruebas necesarias para iniciar una reconsideración por expiración, aun cuando haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036, que únicamente se aplica a las solicitudes presentadas por los productores de la Unión.
46.
Desde el punto de vista de la coherencia interna, es muy cuestionable una interpretación en virtud de la cual, por un lado, el artículo 11, apartado 2, párrafos segundo y cuarto, del Reglamento 2016/1036 prescribe un plazo para las facultades de examen de la Comisión en el contexto de las solicitudes presentadas por los productores de la Unión, mientras que, por otro lado, el párrafo primero faculta a la Comisión a recabar, en cualquier momento, las pruebas necesarias para decidir por sí misma la iniciación de una reconsideración por expiración.
47.
En este contexto, las demandantes en primera instancia arguyen que, dado que la reconsideración por expiración que condujo a la adopción del Reglamento impugnado no fue iniciada por la Comisión a iniciativa propia, deben desestimarse las alegaciones relativas a la inexistencia de un plazo para recabar pruebas suficientes en el marco de dicha iniciativa. No obstante, basta observar, a este respecto, que la finalidad de la interpretación sistemática de un determinado precepto es precisamente relacionarlo con el resto de las disposiciones contenidas en el mismo acto normativo —incluso si no son aplicables al caso de autos— y encontrar el sentido global más armonioso y coherente. Por esta razón, estimo que la alegación planteada por las demandantes en primera instancia es inoperante.
48.
El artículo 11, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento 2016/1036 dispone que, al realizar las investigaciones relativas a una reconsideración por expiración, las conclusiones de la Comisión se elaborarán teniendo debidamente en cuenta todos los elementos probatorios significativos y convenientemente documentados presentados en relación con la cuestión de si la desaparición de las medidas podría o no dar lugar a la continuación o reaparición del dumping y el perjuicio.
49.
Esta disposición deja claro que las investigaciones realizadas únicamente por la Comisión en el marco de las reconsideraciones por expiración persiguen garantizar, de conformidad con la exigencia prevista en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento 2016/1036, que una medida antidumping continúe en vigor durante el tiempo necesario para contrarrestar los efectos perjudiciales del dumping. También en este caso, si la Comisión debe basarse durante su investigación en todas las pruebas pertinentes para concluir esta tarea, no ha de estar sujeta a limitaciones, ni siquiera desde un punto de vista temporal, en cuanto a la información que puede estimar necesario solicitar a los productores de la Unión para decidir, como paso preliminar, si procede abrir dicha investigación.
50.
De ello se desprende que, en relación con el artículo 11, apartado 2, párrafos primero y tercero, del Reglamento 2016/1036, los párrafos segundo y cuarto de esa misma disposición son interpretados de forma más coherente si se considera que la Comisión puede recabar pruebas adicionales o nuevas de los productores de la Unión, siempre que estime que su solicitud inicial requiere tales pruebas para iniciar una reconsideración por expiración, incluso dentro del plazo de tres meses establecido en el último de esos párrafos.
51.
La conclusión anterior es coherente, además, con el espíritu de otros preceptos del Reglamento 2016/1036, que, a mi juicio y contrariamente a lo declarado en la sentencia recurrida, deben considerarse aplicables a las reconsideraciones por expiración en virtud del artículo 11, apartado 5, del Reglamento 2016/1036. Este último artículo establece que las disposiciones pertinentes del Reglamento 2016/1036 relativas a los procedimientos y al desarrollo de las investigaciones, con excepción de las relativas a los plazos, se aplicarán en el marco de las reconsideraciones por expiración. Como sostienen la Comisión y Fertilizers Europe, así debe suceder con el artículo 5, apartados 3 y 9, del Reglamento 2016/1036.
52.
Es importante recordar, en primer lugar, que el artículo 5 del Reglamento 2016/1036, bajo el título «Apertura del procedimiento», establece en su apartado 3 el criterio jurídico que la Comisión debe aplicar para decidir si una denuncia justifica la apertura de una investigación inicial. Más en concreto, dicho apartado dispone que la Comisión, en la medida de lo posible, valorará los elementos de prueba que se aporten en la denuncia así como su pertinencia, con el fin de determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación.
53.
El Tribunal General ha reconocido en su jurisprudencia, (
22
) basándose en una interpretación que podría ser fácilmente avalada por el Tribunal de Justicia, que, con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento 2016/1036, la Comisión no está obligada a limitarse a la información proporcionada en la denuncia. Esa institución sigue teniendo libertad para recabar cualesquiera nuevas pruebas e información, incluso del denunciante, con el fin de satisfacer el criterio definido en esa disposición acerca de la suficiencia de las pruebas necesarias para iniciar una investigación. (
23
)
54.
A este respecto, es preciso señalar que, tanto en el contexto de una denuncia inicial como en el de una solicitud de reconsideración por expiración, la Comisión lleva a cabo, en primer lugar y ante todo, un examen de si existen elementos suficientes para iniciar una investigación. En el primer caso, la valoración de la suficiencia de las pruebas presentadas se efectúa tomando en consideración la existencia del dumping, del perjuicio y del nexo causal entre las importaciones presuntamente objeto de dumping y el supuesto perjuicio. (
24
) En el segundo caso, como ya se ha indicado antes, esa valoración se refiere a la posibilidad de que la expiración de una medida antidumping resulte en una continuación o una reaparición del dumping y del perjuicio. (
25
) Tras la iniciación y el desarrollo de una investigación, la Comisión puede, por tanto, adoptar una nueva medida antidumping (
26
) o mantener una medida que esté a punto de expirar. (
27
)
55.
Es cierto, como observan las demandantes en primera instancia, en consonancia con la sentencia recurrida, que, según ha declarado el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, el procedimiento de reconsideración es objetivamente diferente del procedimiento de investigación inicial, que está regulado por otras disposiciones del mismo Reglamento. (
28
) Por este motivo, no todas las disposiciones que regulan la investigación inicial están llamadas a ser aplicadas al procedimiento de reconsideración, habida cuenta de la estructura general y de los objetivos del sistema establecido por el Reglamento 2016/1036. (
29
)
56.
No obstante, a la luz de lo previsto en el artículo 11, apartado 5, del Reglamento 2016/1036, cuyo principal objetivo es hacer aplicables, como regla general, a las reconsideraciones por expiración las disposiciones relativas al desarrollo de las investigaciones, no existe ninguna razón, a mi juicio, que justifique objetivamente limitar las facultades de examen de la Comisión a efectos de iniciar dicha reconsideración con respecto a las facultades que podría ejercer para abrir una investigación antidumping inicial. El único elemento relevante que debe tomarse en consideración a este respecto es que la Comisión debe determinar, en ambos casos, si debe iniciarse una investigación, lo cual requiere disponer de las mismas facultades de examen, en particular por lo que se refiere al carácter suficiente de las pruebas y la información aportada en una denuncia o en una petición de reconsideración por expiración.
57.
Puede alcanzarse la misma conclusión, en segundo lugar, si se tiene en cuenta el artículo 5, apartado 9, del Reglamento 2016/1036, que el Tribunal General no consideró aplicable al asunto en primera instancia. Según el Tribunal General, esa disposición se refiere exclusivamente a los plazos y, por tanto, debía excluirse en virtud de la excepción contemplada en el artículo 11, apartado 5, del Reglamento 2016/1036.
58.
El artículo 5, apartado 9, del Reglamento 2016/1036 establece el procedimiento que la Comisión ha de seguir cuando recibe una denuncia de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del mismo Reglamento. Dicho procedimiento incluye informar al denunciante sobre la suficiencia o insuficiencia de la denuncia inicial.
59.
Ciertamente, el artículo 5, apartado 9, del Reglamento 2016/1036 especifica que la obligación de la Comisión de proporcionar información debe cumplirse en un plazo de cuarenta y cinco días después de la presentación de la denuncia inicial. Ahora bien, la referencia al plazo aplicable en ese caso puede separarse fácilmente de la enunciación de la obligación de proporcionar información que se aplica en virtud de ese precepto. En efecto, como la Comisión observa con razón, ninguna otra disposición del Reglamento 2016/1036 sirve efectivamente de base a dicha obligación, lo que significa que el artículo 5, apartado 9, del Reglamento 2016/1036 es la única fuente normativa de tal obligación.
60.
De ello se deduce que, en la medida en que el artículo 5, apartado 9, del Reglamento 2016/1036 permite a la Comisión solicitar a un denunciante información adicional con el fin de abrir una investigación cuando la denuncia inicial se considera insuficiente, ha de contemplarse una posibilidad análoga a efectos de apreciar si procede iniciar una reconsideración por expiración. Considero, de nuevo, que el Tribunal General cometió un error al llegar a la conclusión contraria. (
30
)
61.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la interpretación sistemática del artículo 11, apartado 2, párrafos segundo y cuarto, del Reglamento 2016/1036 y, en particular, la manera en que estos están relacionados con otras disposiciones pertinentes del citado Reglamento pueden arrojar luz, en mi opinión, sobre el significado que debe atribuirse a tales párrafos. Tal interpretación, en efecto, milita en favor de considerar que, a la hora de valorar si procede iniciar una reconsideración por expiración, la Comisión no ha de limitarse a las pruebas contenidas en la solicitud inicial presentada por los productores de la Unión antes del plazo de tres meses señalado en el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036. Por el contrario, la Comisión debe poder solicitar cualquier información adicional que considere relevante para determinar si debe iniciarse una reconsideración por expiración.
c) Interpretación teleológica
62.
Es importante determinar, a continuación, si la interpretación sistemática propuesta en los puntos anteriores de las presentes conclusiones es también admisible sobre la base de una interpretación teleológica del artículo 11, apartado 2, párrafos segundo y cuarto, del Reglamento 2016/1036, teniendo en cuenta los objetivos de las reconsideraciones por expiración y las finalidades del sistema establecido por dicho Reglamento.
63.
En la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, en efecto, que el objetivo del plazo contemplado en el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036 es contribuir a garantizar la seguridad jurídica. Por una parte, el Tribunal General declaró que ese plazo permite a los operadores en el mercado saber a su debido tiempo si las medidas antidumping pueden mantenerse. Por otra parte, dicho plazo permite a la Comisión disponer de un plazo útil para valorar las pruebas contenidas en una solicitud de reconsideración presentada dentro del plazo legal por los productores de la Unión y cerciorarse de que son suficientes y pertinentes, con el fin de evitar que una medida antidumping se mantenga indebidamente más allá del plazo establecido.
64.
Como observación preliminar, recordaré que el plazo de tres meses previsto en el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036 fue introducido por primera vez, en relación con el procedimiento aplicable al examen de las solicitudes de reconsideración por expiración, por el artículo 11, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) n.o 3283/94. (
31
) Todas las partes admiten que una de las finalidades de la introducción de dicho plazo era la de indicar a los productores de la Unión el momento en que ha de presentarse una solicitud, con objeto de organizar de manera ordenada la terminación de las medidas o la iniciación de una reconsideración por expiración, e informar a las partes interesadas en consecuencia.
65.
Por este motivo, el Tribunal General declaró acertadamente en la sentencia recurrida que el plazo establecido en el artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036 permite a la Comisión disponer de un plazo útil para valorar las pruebas contenidas en una solicitud de reconsideración presentada dentro del plazo legal por los productores de la Unión o en su nombre y cerciorarse de que son suficientes y pertinentes.
66.
Debo señalar, no obstante, que no hay ningún elemento en el Reglamento 2016/1036, en el contexto histórico de su adopción o en las modificaciones posteriores que sustente la tesis de que la finalidad de dicho Reglamento consistió también en garantizar la seguridad jurídica de los operadores del mercado, limitando el tipo de información que la Comisión puede recopilar para determinar si está justificada una reconsideración por expiración.
67.
A este respecto, procede señalar, en primer lugar, tal como aduce la Comisión, que la solicitud de reconsideración por expiración presentada por los productores de la Unión no se comparte con ninguna de las partes interesadas hasta la publicación del Anuncio de inicio de la investigación en el Diario Oficial, según lo previsto en el artículo 11, apartado 5, del Reglamento 2016/1036. Esto significa, por una parte, que la fase previa a la iniciación de una reconsideración por expiración no es de carácter contradictorio y que no cabe entender que el plazo de tres meses esté destinado a proteger el derecho de defensa de cualquier otra parte interesada. Esas partes están en situación de ejercer plenamente sus derechos procesales y sustantivos durante la propia reconsideración por expiración.
68.
En segundo lugar, como se ha mencionado brevemente en el punto 49 de las presentes conclusiones, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento 2016/1036 precisa que el objetivo principal del procedimiento de reconsideración por expiración es garantizar que la medida antidumping permanezca en vigor si es necesario para contrarrestar los efectos perjudiciales del dumping. Esta afirmación está evidentemente en consonancia con el objetivo general del Reglamento 2016/1036, que, en su artículo 1, apartado 1, bajo el epígrafe «Principios», dispone que podrá aplicarse un derecho antidumping a todo producto, objeto de dumping, cuyo despacho a libre práctica en la Unión Europea cause un perjuicio. Ciertamente, la Comisión no podría cumplir plenamente los cometidos que el artículo 11, apartado 1, del Reglamento 2016/1036 le atribuye, que son conformes con el Derecho mercantil internacional, específicamente con las normas de la Organización Mundial del Comercio, si se concluyera que la Comisión está sujeta a limitaciones en cuanto a la información que puede recopilar de los productores de la Unión desde un punto de vista temporal. Ningún otro objetivo imperioso, relativo en particular a las empresas sujetas a un derecho antidumping objeto de reconsideración, justifica que apartarse de la consideración anterior.
69.
De ello se deduce que, aunque el Tribunal General pudo considerar acertadamente que el plazo previsto en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 concede a la Comisión un período adecuado para valorar las pruebas contenidas en una solicitud de reconsideración y que, durante ese plazo, la Comisión debe cerciorarse de que las pruebas son suficientes y pertinentes con el fin de evitar que una medida antidumping se mantenga indebidamente más allá del plazo prescrito, el Tribunal General no valoró correctamente los objetivos que los procedimientos de reconsideración por expiración deben alcanzar con arreglo al artículo 11, apartado 1, del Reglamento 2016/1036. En particular, el Tribunal General incurrió en error al considerar que el plazo de tres meses establecido en el párrafo cuarto del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 tenía por objeto garantizar la seguridad jurídica de los operadores del mercado, concretamente limitando el tipo de información que la Comisión puede recabar para determinar si debe iniciarse una reconsideración por expiración.
70.
Habida cuenta del análisis teleológico propuesto en los puntos anteriores, estimo que los objetivos que deben perseguir los procedimientos de reconsideración por expiración, a la luz del artículo 11, apartados 1 y 2, párrafos segundo y cuarto, del Reglamento 2016/1036, confirman las conclusiones de la interpretación sistemática de tales disposiciones, como he explicado en el punto 61 de las presentes conclusiones.
3. Observaciones finales
71.
De las consideraciones precedentes se desprende que ninguna de las reglas establecidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para discernir el significado de una disposición de Derecho de la Unión puede respaldar la interpretación del Tribunal General del artículo 11, apartado 2, párrafos segundo y cuarto, del Reglamento 2016/1036 que resulta de la sentencia recurrida.
72.
Por ello, debo concluir que, contrariamente a la deducción efectuada por el Tribunal General, la Comisión acertó al considerar que, con arreglo a tales disposiciones, una vez que los productores de la Unión presentan una solicitud de reconsideración por expiración, la Comisión no está sujeta a limitaciones en sus facultades de recabar toda la información adicional que estime necesaria para determinar si es necesario iniciar un procedimiento de reconsideración. La Comisión tampoco cometió un error cuando declaró en el Reglamento impugnado que carecía de pertinencia que la solicitud inicial se complementara con información adicional y que el inicio de la reconsideración podía justificarse sobre la base de la solicitud consolidada.
73.
Por consiguiente, debe estimarse el primer motivo de casación invocado por la Comisión y Fertilizers Europe.
74.
Además, con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia anulará la sentencia cuando se estime el recurso de casación. El Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita. También podrá devolver el asunto al Tribunal General.
75.
Dado que propongo al Tribunal de Justicia que estime el primer motivo de casación invocado por la Comisión y Fertilizers Europe, en el que se alega un error de Derecho relativo a la interpretación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, procede anular en consecuencia la sentencia recurrida, sin que sea necesario examinar el segundo motivo de casación invocado con carácter subsidiario, que se refiere a la cuestión de si puede considerarse que, en cualquier caso, la información adicional facilitada por Fertilizers Europe corrobora o completa la información contenida en la solicitud inicial.
76.
Además, dado que las demandantes en primera instancia alegaron, en apoyo de su recurso de anulación ante el Tribunal General, que la Comisión cometió un error, en cualquier caso, al considerar que la solicitud consolidada contenía pruebas suficientes de la posibilidad de que continuara el dumping, siendo así que esa alegación no fue examinada en primera instancia, el estado del litigio no permite al Tribunal de Justicia resolver definitivamente el presente asunto.
77.
En consecuencia, en mi opinión, procede devolver el asunto al Tribunal General y reservar la decisión sobre las costas.
VI. Conclusión
78.
A la luz del análisis realizado en las presentes conclusiones, propongo al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia de 5 de julio de 2023, Nevinnomysskiy Azot y NAK Azot/Comisión (T‑126/21, EU:T:2023:376).
–
Devuelva el asunto al Tribunal General.
–
Reserve la decisión sobre las costas.
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	En lo sucesivo, «sentencia recurrida».
(
3
)	Reglamento, de 15 de diciembre de 2020, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originario de Rusia tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2020 L 425, p. 21; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»).
(
4
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016 L 176, p. 21), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento 2016/1036»).
(
5
)	En lo sucesivo, «demandantes en primera instancia».
(
6
)	En lo sucesivo, «solicitud inicial».
(
7
)	En lo sucesivo, «solicitud consolidada».
(
8
)	En lo sucesivo, «Anuncio de inicio».
(
9
)	Sentencia recurrida, apartados 65 a 68.
(
10
)	Sentencia recurrida, apartados 69 y 70.
(
11
)	Sentencia recurrida, apartados 76, 77 y 103.
(
12
)	Sentencia recurrida, apartados 71 a 74.
(
13
)	Sentencia recurrida, apartados 78 a 85 y 86 a 92.
(
14
)	Sentencia recurrida, apartado 104.
(
15
)	Sentencia recurrida, apartado 136.
(
16
)	Sentencia recurrida, apartados 141 y 142.
(
17
)	Véase, entre otras, la sentencia de 16 de noviembre de 2016, Hemming y otros (C‑316/15, EU:C:2016:879), apartado 27 y jurisprudencia citada.
(
18
)	Véase Cambridge English Dictionary, 2024, disponible en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/accordance?q=in+accordance+with.
(
19
)	Véase Collins Dictionary, 2024, disponible en https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in-accordance-with#google_vignette.
(
20
)	Véase, en particular, la sentencia de 17 de enero de 2023, España/Comisión (C‑632/20 P, EU:C:2023:28), apartado 42.
(
21
)	La versión española del artículo 11, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036 dispone que «[…] los productores de la Unión podrán presentar una solicitud de reconsideración en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo por lo menos tres meses antes de la finalización del período de cinco años».
(
22
)	Véase la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Gul Ahmed Textile Mills/Consejo (T‑199/04 RENV, EU:T:2016:740).
(
23
)	Ibidem, apartado 96.
(
24
)	Véase el artículo 5, apartado 2, del Reglamento 2016/1036.
(
25
)	Véase el artículo 11, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento 2016/1036.
(
26
)	Véase el artículo 9 del Reglamento 2016/1036.
(
27
)	Véase el artículo 11 del Reglamento 2016/1036.
(
28
)	Sentencia de 11 de febrero de 2010, Hoesch Metals and Alloys (C‑373/08, EU:C:2010:68), apartados 65 y 66.
(
29
)	Ibidem, apartado 77.
(
30
)	Debo añadir brevemente que, como se desprende de los anteriores puntos de las presentes conclusiones, el legislador de la Unión concede a la Comisión un plazo más amplio para apreciar si son suficientes las pruebas en una demanda de reconsideración por expiración —concretamente, noventa días— respecto del caso de una solicitud de iniciación de una investigación inicial —concretamente, cuarenta y cinco días—. En tanto cuestión de coherencia interna, esta circunstancia incita a considerar que debería reconocerse que la Comisión dispone, al menos, de las mismas facultades de apreciación del carácter suficiente de la prueba en el contexto de un procedimiento de reconsideración que las que tiene reconocidas en el marco de una investigación inicial y, en ningún caso, de menos facultades. De lo contrario, carecería de todo sentido tal diferencia en la duración de los plazos, que no puede justificarse únicamente en el procedimiento específico aplicable a la reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 6, del Reglamento 2016/1036, como sostienen las demandantes en primera instancia.
(
31
)	Reglamento del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre defensa contra las importaciones objeto de dumping originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO1994, L 349, p. 1).