62023CJ0546
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 21 de noviembre de 2024 (
*1
)
Índice
I. Marco jurídico
A. Estatuto
B. RAA
C. Acuerdo Marco
D. Directiva 2002/14/CE
II. Antecedentes del litigio
III. Procedimiento ante el Tribunal General sobre el asunto devuelto y sentencia recurrida
IV. Pretensiones de las partes en el recurso de casación
V. Sobre el recurso de casación
A. Primer motivo de casación
1. Alegaciones de las partes
2. Apreciación del Tribunal de Justicia
a) Sobre la admisibilidad
b) Sobre el fondo
B. Segundo motivo de casación
1. Alegaciones de las partes
2. Apreciación del Tribunal de Justicia
a) Sobre la admisibilidad
b) Sobre el fondo
C. Tercer motivo de casación
1. Alegaciones de las partes
2. Apreciación del Tribunal de Justicia
a) Sobre la admisibilidad
b) Sobre el fondo
1) Sobre la primera parte
2) Sobre la segunda parte
3) Sobre la tercera parte
4) Sobre la cuarta parte
5) Sobre la quinta parte
D. Cuarto motivo de casación
1. Alegaciones de las partes
2. Apreciación del Tribunal de Justicia
E. Sobre la pretensión de indemnización del perjuicio
1. Alegaciones de las partes
2. Apreciación del Tribunal de Justicia
Costas
«Recurso de casación — Función pública — Agentes contractuales — Contrato de duración indefinida — Resolución del contrato — Artículo 47, letra c), inciso i), del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea — Incompetencia profesional — Conducta en el servicio y actitud en el trabajo incompatibles con el interés del servicio — Obligación de motivación — Derecho a ser oído — Derecho al permiso parental — Artículo 42 bis del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea»
En el asunto C‑546/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de agosto de 2023,
UG, representada por el Sr. M. Richard, avocat,
parte recurrente en casación,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión Europea, representada, inicialmente, por la Sra. I. Melo Sampaio y el Sr. A. Sauka, en calidad de agentes, y, posteriormente, por el Sr. A. Sauka, en calidad de agente,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de la Sala Primera, en funciones de Presidente de la Sala Séptima, la Sra. M. L. Arastey Sahún (Ponente), Presidenta de la Sala Quinta, y el Sr. J. Passer, Juez;
Abogado General: Sr. P. Pikamäe;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, UG solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 21 de junio de 2023, UG/Comisión (T‑571/17 RENV, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2023:351), que desestimó su recurso mediante el que solicitaba, por un lado, la anulación de la decisión de 17 de octubre de 2016 por la que la Comisión Europea resolvió su contrato de agente contractual (en lo sucesivo, «decisión controvertida») y, por otro lado, la indemnización de los daños materiales y morales que alega haber sufrido como consecuencia de dicha decisión.
I. Marco jurídico
A. Estatuto
2
El artículo 42 bis del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, en su versión aplicable en el presente litigio (en lo sucesivo, «Estatuto»), dispone:
«Todo funcionario tendrá derecho, por cada hijo y en los doce años siguientes al nacimiento o la adopción del mismo, a una licencia parental de una duración máxima de seis meses, sin percepción del sueldo base. […]»
3
A tenor de lo dispuesto en el artículo 47 del Estatuto:
«El cese definitivo se producirá por:
[…]
d) separación por incompetencia profesional;
[…]».
4
El artículo 51 del Estatuto tiene el siguiente tenor:
«1.   La autoridad facultada para proceder a los nombramientos de cada institución definirá los procedimientos oportunos para poder detectar, gestionar y resolver los casos de incompetencia profesional de forma preventiva y apropiada.
Al adoptar disposiciones internas, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de cada institución respetará los siguientes requisitos:
a)
el funcionario que, a la luz de tres informes anuales insatisfactorios consecutivos mencionados en el artículo 43, no muestre progresos en sus competencias profesionales será clasificado en el grado inmediatamente inferior; si los dos informes anuales siguientes siguen mostrando prestaciones insatisfactorias, el funcionario será separado del servicio;
b)
toda propuesta de clasificación en un grado inferior o de separación del servicio de un funcionario deberá exponer las razones que la motivan y será comunicada al interesado. La propuesta de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos será remitida a la Comisión paritaria consultiva a que se refiere el artículo 9, apartado 6.
2.   El funcionario tendrá derecho a que se le comunique íntegramente su expediente personal y a hacer copia de todos los documentos relativos al procedimiento. Para preparar su defensa, dispondrá de un plazo mínimo de 15 días, pero no superior a 30 días, a contar desde la fecha de recepción de la propuesta. Podrá ser asistido por una persona de su elección. El funcionario podrá presentar observaciones por escrito. Será oído por la Comisión paritaria consultiva. Podrá, asimismo, citar testigos.
[…]»
5
El artículo 60 del Estatuto establece:
«El funcionario no podrá ausentarse sin autorización previa de su superior jerárquico salvo en caso de enfermedad o accidente. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes, la ausencia no autorizada, debidamente comprobada, será computada dentro del período de vacaciones anuales del interesado. Si llegara a agotar la duración de las vacaciones se deducirá de sus remuneraciones la cantidad correspondiente al tiempo excedido.
[…]»
6
El artículo 1, párrafo sexto, del anexo II del Estatuto está redactado en los siguientes términos:
«Las funciones asumidas por los miembros del Comité de personal y por los funcionarios que formen parte, por delegación [del Comité], de un órgano estatutario o creado por la institución, serán consideradas como parte de los servicios que están obligados a prestar en su institución. El interesado no podrá sufrir perjuicios derivados del ejercicio de estas funciones.»
7
El artículo 9, apartado 1, letra h), del anexo IX del Estatuto dispone:
«La autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá aplicar una de las siguientes sanciones:
[…]
h)
separación del servicio y, en su caso, reducción pro tempore de la pensión o retención, por un período de tiempo determinado, de una parte de la asignación por invalidez, sin que los efectos de esta sanción puedan hacerse extensivos a los causahabientes del funcionario. No obstante, si se produjera esta reducción, los ingresos del funcionario afectado no podrán ser inferiores a la renta mínima de subsistencia prevista en el artículo 6 del anexo VIII, incrementada, en su caso, con los complementos familiares.»
B. RAA
8
El artículo 47 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, en su versión aplicable a los hechos del presente asunto (en lo sucesivo, «RAA»), tiene el siguiente tenor:
«Además de en caso de cese por fallecimiento, el contrato del agente temporal quedará extinguido:
[…]
c)
en los contratos por tiempo indefinido:
i)
al término del plazo de preaviso establecido en el contrato; este plazo de preaviso no podrá ser inferior a un mes por año de servicio prestado, con un mínimo de tres y un máximo de diez meses. No obstante, el plazo de preaviso no podrá comenzar a contar durante el embarazo confirmado mediante certificado médico, durante una licencia de maternidad o durante una licencia por enfermedad, siempre y cuando esta última no sea superior a tres meses. Por otra parte, el citado plazo se suspenderá durante el embarazo confirmado mediante certificado médico o la licencia de maternidad o por enfermedad, dentro de los mencionados límites; o
[…]».
C. Acuerdo Marco
9
La cláusula 5, apartado 4, del Acuerdo Marco Revisado sobre el Permiso Parental, celebrado el 18 de junio de 2009, que figura en el anexo de la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo Marco Revisado sobre el Permiso Parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE (DO 2010, L 68, p. 13; en lo sucesivo, «Acuerdo Marco»), establecía:
«Con el fin de garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho al permiso parental, los Estados miembros o los interlocutores sociales adoptarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra un trato menos favorable o el despido por haber solicitado o tomado un permiso parental, conforme a la legislación, los convenios colectivos o los usos nacionales.»
D. Directiva 2002/14/CE
10
El artículo 7 de la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (DO 2002, L 80, p. 29), dispone:
«Los Estados miembros velarán por que los representantes de los trabajadores gocen, en el ejercicio de sus funciones, de la protección y las garantías suficientes que les permitan realizar de manera adecuada las tareas que les hayan sido encomendadas.»
II. Antecedentes del litigio
11
Los antecedentes del litigio se expusieron, en parte, en los apartados 2 a 19 de la sentencia recurrida. A efectos del presente procedimiento, pueden resumirse de la siguiente forma.
12
El 20 de marzo de 2007, UG fue contratada por la Office «Infrastructures et logistique à Luxembourg» [(Oficina de Infraestructuras y Logística en Luxemburgo) (OIL)] de la Comisión en calidad de agente contractual, de conformidad con el artículo 3 bis, letra a), del RAA, para ejercer funciones de educadora en el centre polyvalent de l’enfance (Centro Polivalente de la Infancia), durante un período determinado comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de marzo de 2009.
13
El 25 de febrero de 2009, el contrato de UG fue prorrogado hasta el 31 de marzo de 2010.
14
El 5 de febrero de 2010, dicho contrato fue prorrogado por tiempo indefinido, con efectos a partir del 1 de abril de 2010.
15
Del 16 de noviembre de 2011 al 1 de abril de 2014, UG estuvo liberada de sus funciones de educadora en un 50 % de su jornada laboral, debido al ejercicio de un mandato sindical a media jornada en una organización sindical.
16
El 13 de mayo de 2014, UG fue elegida miembro del Comité Local de Personal de Luxemburgo (Luxemburgo) y fue designada miembro del Comité Central de Personal con sede en Bruselas (Bélgica) (en lo sucesivo, conjuntamente, «comités de personal»).
17
El 8 de abril de 2016, la autoridad competente para celebrar los contratos de trabajo (en lo sucesivo, «ACCC») elaboró el informe de evaluación de UG correspondiente al año 2015 (en lo sucesivo, «informe de evaluación de 2015»), a tenor del cual su nivel global de rendimiento durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 no se consideraba satisfactorio.
18
El 15 de julio de 2016, UG comenzó a disfrutar de un permiso parental, a petición propia, que se prolongó hasta el 14 de noviembre de 2016.
19
Mediante escrito de 8 de septiembre de 2016 (en lo sucesivo, «escrito de 8 de septiembre de 2016»), la ACCC informó a UG de su intención de resolver su contrato en virtud del artículo 47 del RAA, por considerar que su nivel de rendimiento y conducta en el servicio era insatisfactorio desde el año 2013.
20
Mediante escrito de 30 de septiembre de 2016, la recurrente rebatió los motivos invocados por la ACCC en el escrito de 8 de septiembre de 2016.
21
El 17 de octubre de 2016, la ACCC adoptó la decisión controvertida, mediante la que resolvió el contrato de UG en virtud del artículo 47, letra c), del RAA, con efectos a partir del 31 de julio de 2017, al término de un preaviso de nueve meses a contar desde el 1 de noviembre de 2016.
22
Finalmente, el 29 de noviembre de 2016, la ACCC fijó como inicio de ese preaviso el 21 de noviembre de 2016 y como fecha de extinción del contrato el 20 de agosto de 2017.
23
A solicitud de UG, con fecha de 16 de diciembre de 2016, su permiso parental se prorrogó hasta el 20 de agosto de 2017.
24
El 17 de enero de 2017, UG presentó, en virtud del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, una reclamación contra la decisión controvertida.
25
El 18 de mayo de 2017, la ACCC desestimó dicha reclamación.
26
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 22 de agosto de 2017, la recurrente interpuso recurso solicitando, en particular, la anulación de la decisión controvertida y la indemnización de los daños materiales y morales que alegaba haber sufrido como consecuencia de dicha decisión.
27
Mediante la sentencia de 2 de abril de 2020, UG/Comisión (T‑571/17, en lo sucesivo, sentencia inicial, EU:T:2020:141), el Tribunal General, en primer término, anuló la decisión controvertida; en segundo término, instó a las partes a comunicarle, en un plazo de tres meses, bien el importe, fijado de común acuerdo, de la indemnización económica por la ilegalidad de dicha decisión, o bien, a falta de acuerdo, sus pretensiones cuantificadas en relación con dicho importe; en tercer término, desestimó las demás pretensiones, y, en cuarto término, reservó la decisión sobre las costas.
28
Mediante auto de 13 de noviembre de 2020, UG/Comisión (T‑571/17, EU:T:2020:553), el Tribunal General, en primer término, declaró que ya no procedía pronunciarse sobre la indemnización económica ligada a la decisión controvertida y, en segundo término, condenó a la Comisión a cargar, además de con sus propias costas, con la mitad de las costas de UG y condenó a esta última a cargar con la mitad de sus propias costas.
29
Mediante la sentencia de 25 de noviembre de 2021, Comisión/UG (C‑249/20 P, en lo sucesivo, sentencia de casación, EU:C:2021:964), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia inicial, en primer término, en cuanto había anulado la decisión controvertida; en segundo término, en cuanto había declarado la existencia de una ilegalidad que podía dar lugar a la responsabilidad de la Comisión, y, en tercer término, en cuanto había declarado inadmisible la pretensión de UG relativa a la indemnización de su daño moral.
30
En el apartado 27 de la sentencia de casación, el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General había desnaturalizado manifiestamente el contenido del escrito de 8 de septiembre de 2016 al declarar, en los apartados 64, 70 y 71 de la sentencia inicial, que, en dicho escrito, la ACCC había reprochado a UG que no hubiese cumplido, en un plazo de tres meses, los objetivos que se le habían asignado en el informe de evaluación de 2015.
31
Además, en el apartado 38 de la sentencia de casación, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien, como resulta de los apartados 70 y 71 de la sentencia inicial, las tareas requeridas a UG se concibieron y describieron para llevarse a cabo en un plazo determinado, el Tribunal General no expuso el motivo por el que consideró que no era razonable exigir a UG que elaborara un cuadro de acciones educativas en un plazo de tres meses.
32
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia concluyó, en el apartado 39 de la sentencia de casación, que el Tribunal General había incumplido su obligación de motivación, ya que los fundamentos de Derecho de la sentencia inicial no permitían conocer, ni siquiera implícitamente, la razón por la que había considerado que el plazo de tres meses concedido a UG para elaborar el cuadro de acciones educativas era demasiado breve.
33
Por lo anterior, el Tribunal de Justicia devolvió el asunto al Tribunal General y reservó la decisión sobre las costas.
III. Procedimiento ante el Tribunal General sobre el asunto devuelto y sentencia recurrida
34
En apoyo de sus pretensiones de anulación de la decisión controvertida, expuestas en el marco del asunto T‑571/17 RENV, UG invocó, en esencia, siete motivos, basados, el primero, en la falta de motivación; el segundo, en la infracción del artículo 51 del Estatuto y en la vulneración del derecho a ser oído; el tercero, en errores de Derecho en lo que se refiere al derecho al permiso parental y al derecho a la información y consulta de los trabajadores; el cuarto, en errores manifiestos de apreciación y errores de hecho; el quinto, en la vulneración del principio de proporcionalidad; el sexto, en el incumplimiento del procedimiento disciplinario establecido en el anexo IX del Estatuto, y, el séptimo, en una desviación de poder.
35
El Tribunal General desestimó todos estos motivos por infundados.
36
Por otra parte, el Tribunal General se pronunció sobre las pretensiones indemnizatorias de la recurrente que tenían por objeto que se condenara a la Comisión a abonarle, por un lado, una indemnización correspondiente a los salarios de los que se vio privada desde la fecha efectiva de su despido y, por otro lado, una indemnización en concepto de daño moral por el trato degradante y discriminatorio que alega haber sufrido por el ejercicio de su actividad sindical y el disfrute de un permiso parental.
37
A este respecto, el Tribunal General declaró que la recurrente no invocaba, en apoyo de sus pretensiones indemnizatorias, motivos de ilegalidad distintos de los que había formulado en apoyo de sus pretensiones de anulación de la decisión controvertida. En estas circunstancias y dado que las pretensiones de anulación fueron desestimadas por infundadas, el Tribunal General consideró que las pretensiones indemnizatorias también debían serlo, sin que fuera necesario pronunciarse sobre su admisibilidad.
38
En consecuencia, el Tribunal General desestimó en su totalidad el recurso interpuesto por UG.
IV. Pretensiones de las partes en el recurso de casación
39
Mediante su recurso de casación, UG solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal General consideró procedente su despido y la condenó a cargar con un tercio de los gastos y costas de la Comisión.
–
Por avocación, le conceda la cantidad de 68000 euros en concepto de daño material.
–
Por avocación, le conceda la cantidad de 40000 euros en concepto de daño moral.
–
Condene a la Comisión a cargar con todos los gastos y costas, así como con sus gastos de abogados en el presente recurso de casación, valorados provisionalmente en 10000 euros, sin perjuicio de su incremento.
–
Condene a la Comisión a cargar con todos los gastos y costas, así como con sus gastos de abogados vinculados al presente recurso de casación, por importe de 30000 euros.
40
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a UG.
V. Sobre el recurso de casación
41
En apoyo de su pretensión de anulación de la sentencia recurrida, UG invoca, en esencia, cuatro motivos de casación, basados, el primero, en la violación de la protección relativa al permiso parental; el segundo, en la violación de la protección de los representantes del personal; el tercero, en errores manifiestos de apreciación, y, el cuarto, en la violación del principio de proporcionalidad.
A. Primer motivo de casación
1.
Alegaciones de las partes
42
UG sostiene que, en los apartados 92 y 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal General distinguió injustificadamente entre, por un lado, la adopción de la decisión de despido durante el permiso parental y, por otro lado, el inicio de los efectos de esa decisión mientras el interesado está disfrutando de un permiso parental, para concluir erróneamente que la adopción de la decisión controvertida mientras UG estaba disfrutando de un permiso parental no constituía una infracción del artículo 42 bis del Estatuto, a la luz de los requisitos mínimos establecidos en la cláusula 5, apartado 4, del Acuerdo Marco.
43
Pues bien, UG alega que la decisión controvertida tuvo como consecuencia que no se reincorporase a su trabajo al término del permiso parental, lo que, en su opinión, demuestra que el despido de una persona durante el permiso parental constituye una vulneración de la protección prevista en la cláusula 5, apartado 4, del Acuerdo Marco y de la obligación del empleador de conservar el puesto de trabajo del agente que disfruta de dicho permiso.
44
UG sostiene que los artículos 47 y 51 del Estatuto, el artículo 9, apartado 1, letra h), del anexo IX del Estatuto y el artículo 47 del RAA deben interpretarse de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Marco y con el artículo 33, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), es decir, en el sentido de que se oponen al despido durante el permiso parental.
45
Además, UG alega que es contrario a las exigencias de la protección contra el despido vinculado al permiso parental asimilar, tal y como hizo el Tribunal General en el apartado 109 de la sentencia recurrida, la incompetencia profesional a la falta disciplinaria grave.
46
Por lo que se refiere al apartado 112 de la sentencia recurrida, UG alega que es muy poco frecuente que un empresario mencione, en la carta de despido de un empleado, el vínculo entre ese despido y el permiso parental de este último.
47
Según UG, por cuanto de numerosos elementos de los autos del presente asunto se desprende que el haber disfrutado del permiso parental fue el motivo real de su despido, el Tribunal General incurrió en error al declarar, en el apartado 144 de la sentencia recurrida, que la ilegalidad señalada en el apartado 142 de dicha sentencia no llevaba consigo, por sí sola, la anulación de la decisión controvertida.
48
En el presente asunto, UG entiende que su despido constituye una desviación de poder por parte de la Comisión, puesto que, con el pretexto de un despido por incompetencia profesional, esta institución en realidad la sancionó por disfrutar de su permiso parental en un período que no convenía a la Comisión.
49
Por tanto, en opinión de UG, la decisión controvertida constituye una discriminación vinculada al disfrute del permiso parental, que infringe el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), en relación con el artículo 8 de dicho Convenio y con el artículo 1 del Protocolo n.o 12 de este, firmado en Roma el 4 de noviembre de 2000.
50
La Comisión responde que el primer motivo de casación es inadmisible por cuanto se pretende obtener una nueva apreciación global del asunto y, en cualquier caso, infundado.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
a)
Sobre la admisibilidad
51
Por lo que respecta a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión en el marco del primer motivo de casación, procede recordar que del artículo 256 TFUE, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia o del auto cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustentan de manera específica esa pretensión. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no cumple este requisito el recurso de casación que se limite a reproducir los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal General. Tal recurso de casación es, en realidad, una pretensión destinada a obtener un mero reexamen de la demanda presentada ante el Tribunal General, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2024, Thunus y otros/BEI, C‑561/23 P, EU:C:2024:603, apartados 22 y 23 y jurisprudencia citada).
52
En el presente asunto, basta señalar que, mediante el primer motivo de casación, UG alega, en esencia, que el Tribunal General, en particular, incurrió en errores de Derecho. A este respecto, UG indica en varias ocasiones los elementos criticados de la sentencia recurrida y los fundamentos jurídicos que sustentan de manera específica la pretensión de anulación de dicha sentencia.
53
En estas circunstancias, no puede considerarse que el primer motivo de casación sea inadmisible.
b)
Sobre el fondo
54
Con carácter preliminar, procede señalar que, en los apartados 90 a 114 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la procedencia de la alegación de UG basada, en esencia, en que, al despedirla durante su permiso parental, la Comisión infringió el artículo 42 bis del Estatuto, a la luz de los requisitos mínimos establecidos en la cláusula 5, apartado 4, del Acuerdo Marco.
55
A este respecto, el Tribunal General declaró, en los apartados 97 a 112 de dicha sentencia, que el artículo 42 bis del Estatuto no prohíbe a la autoridad competente adoptar una decisión de despido de un funcionario o de resolución del contrato de un agente contractual o de un agente temporal, aunque dicho agente se encuentre, en la fecha de dicha decisión, disfrutando de un permiso parental y, en principio, deba reincorporarse a dicho puesto de trabajo o a sus funciones al término del permiso.
56
Por lo que se refiere a la cláusula 5, apartado 4, del Acuerdo Marco, a la que hace referencia UG, el Tribunal General señaló, en el apartado 111 de la sentencia recurrida, que, para garantizar que los trabajadores puedan ejercer efectivamente su derecho al permiso parental, dicha cláusula exige que se adopten las medidas necesarias para proteger a los trabajadores frente a un trato menos favorable o frente al despido por haber solicitado o disfrutado de un permiso parental. A este respecto, el Tribunal General se basó en la sentencia de 27 de febrero de 2014, Lyreco Belgium (C‑588/12, EU:C:2014:99), apartado 34.
57
Así, en el apartado 112 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la mencionada cláusula no tiene por objeto ni por efecto prohibir que un empresario decida despedir a un trabajador, aunque, en la fecha de la decisión, esté disfrutando de un permiso parental, siempre que el despido no esté motivado por la solicitud o el disfrute de dicho permiso y cumpla los demás requisitos establecidos por la ley o la normativa aplicable.
58
En cuanto al artículo 47 del RAA, como se desprende del apartado 101 de la sentencia recurrida, procede señalar que este artículo no establece ninguna reserva ni excepción vinculada a la situación de permiso parental del agente en cuestión.
59
En los apartados 115 a 146 de dicha sentencia, el Tribunal General examinó la alegación de UG basada en que la decisión controvertida infringió el artículo 42 bis del Estatuto, a la luz de los requisitos mínimos establecidos en la cláusula 5, apartado 4, del Acuerdo Marco, al tener como causa la solicitud del permiso parental.
60
Como se desprende del apartado 122 de la mencionada sentencia, el artículo 42 bis del Estatuto, a la luz de los requisitos mínimos establecidos en la cláusula 5, apartado 4, prohíbe a la autoridad competente despedir por incompetencia profesional a un funcionario o agente a causa de una solicitud de permiso parental, en particular por razones relacionadas con las fechas de inicio y finalización del período de permiso o con la duración del permiso solicitado.
61
En el apartado 142 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, pese a que la ACCC podía desestimar la solicitud de permiso parental de UG basándose en que las fechas previstas para la duración de dicho permiso eran incompatibles con las necesidades del servicio, la ACCC no podía invocar las fechas del permiso parental solicitado para considerar que constituían una de las causas de despido por incompetencia profesional sin infringir lo dispuesto en el artículo 42 bis del Estatuto, a la luz de los requisitos mínimos establecidos en la cláusula 5, apartado 4, del Acuerdo Marco.
62
Tras apreciar, por la razón mencionada en el apartado anterior, la ilegalidad de la decisión controvertida, el Tribunal General declaró, en los apartados 144 a 146 de la sentencia recurrida, que, en el presente asunto, la apreciación global de la incompetencia profesional de UG se basaba en varios motivos distintos del relativo a las fechas elegidas en su solicitud de permiso parental. En estas circunstancias, el Tribunal General concluyó que tal ilegalidad no llevaba consigo, por sí sola, la anulación de la decisión controvertida.
63
Es preciso señalar que, mediante el primer motivo de casación, UG no ha demostrado que las consideraciones expuestas en los apartados 53 a 61 de la presente sentencia adolezcan de errores de Derecho.
64
Por lo que se refiere a la sentencia de 27 de febrero de 2014, Lyreco Belgium (C‑588/12, EU:C:2014:99), en la que el Tribunal General basó su razonamiento, no puede interpretarse en el sentido de que prohíbe de manera absoluta despedir a un trabajador que está disfrutando de un permiso parental, sino que debe entenderse en el sentido de que prohíbe tal despido si no concurren razones imperiosas o una justa causa. De esta forma, la citada sentencia prohíbe el despido por solicitar o disfrutar de un permiso parental.
65
Por otra parte, en la sentencia de 20 de junio de 2013, Riežniece (C‑7/12, EU:C:2013:410), apartados 34 y 35, el Tribunal de Justicia declaró que, como se establecía en la cláusula 2, punto 4, del Acuerdo Marco sobre el Permiso Parental, celebrado el 14 de diciembre de 1995, que figuraba en el anexo a la Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo Marco sobre el Permiso Parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1996, L 145, p. 4), en su versión modificada por la Directiva 97/75/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997 (DO 1998, L 10, p. 24), los trabajadores deben estar protegidos contra el despido «por» haber solicitado o cogido un permiso parental y que esta cláusula no prohibía a un empleador despedir a un trabajador que se hubiese cogido un permiso parental, siempre que dicho despido no estuviese motivado por la solicitud o el disfrute del permiso parental.
66
Pues bien, en el presente asunto, como se ha recordado en el apartado 62 de la presente sentencia, la apreciación global de la incompetencia profesional de UG se basó en varios motivos distintos del relativo a las fechas que había elegido para disfrutar de su permiso parental.
67
Por lo que se refiere a la alegación de UG según la cual de numerosos elementos de los autos del presente asunto se desprende que su permiso parental fue el motivo real de su despido, extremo que, según afirma, el Tribunal General no tuvo en cuenta, basta señalar que, mediante esta alegación, UG solicita en realidad que vuelva a examinarse una alegación de carácter fáctico ya invocada ante el Tribunal General. Por lo tanto, esta alegación debe declararse inadmisible, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 51 de la presente sentencia.
68
De lo anterior resulta que procede desestimar el primer motivo de casación por ser, en parte, infundado y, en parte, inadmisible.
B. Segundo motivo de casación
1.
Alegaciones de las partes
69
Mediante el segundo motivo de casación, UG alega que el Tribunal General declaró erróneamente, en los apartados 165 y 168 de la sentencia recurrida, que la decisión controvertida no se basaba únicamente en su condición de miembro del Comité Central de Personal con sede en Bruselas y del Comité Local de Personal de Luxemburgo, al tiempo que él mismo admitía que, en la motivación de dicha decisión, la ACCC le reprochaba que no hubiese tenido en cuenta el interés del servicio al planificar las actividades relacionadas con su mandato de representante del personal durante los años 2014 y 2016.
70
A este respecto, según UG, invalidar un despido únicamente si este se basa expresamente en la condición de representante del personal equivale a privar, por un lado, de efecto útil a los requisitos mínimos previstos en el artículo 7 de la Directiva 2002/14 y, por otro lado, de efectividad a la protección de los representantes del personal frente al despido motivado por el ejercicio de sus funciones sindicales. UG afirma que es poco frecuente que un empresario que quiere deshacerse de un representante del personal lo admita expresamente en la motivación de su decisión de despido.
71
Sin embargo, según UG, en el presente asunto, la ACCC mencionó expresamente, en varias ocasiones, que ejercía actividades sindicales, y los ejemplos que ella expuso al respecto demuestran que sufrió una discriminación constante por parte de su superiora jerárquica.
72
UG sostiene que la interpretación que realizó el Tribunal General en los apartados 173 y siguientes de la sentencia recurrida, según la cual el funcionario o agente que esté adscrito a un sindicato en un 50 % de su tiempo de trabajo debe obtener, con arreglo al artículo 60 del Estatuto, la autorización previa de su superior jerárquico para ausentarse del trabajo y para asistir a las reuniones a las que haya sido convocado en el desempeño de su mandato sindical o de su mandato como representante del personal, es contraria al principio de independencia sindical y al principio de equivalencia del ejercicio de las funciones sindicales con el empleo. Según UG, esta interpretación constituye, además, una discriminación motivada por el ejercicio de funciones sindicales, prohibida por el artículo 14 del CEDH, en relación con el artículo 11 de este.
73
En opinión de UG, esa interpretación implica supeditar el ejercicio de las funciones sindicales del representante del personal al interés del servicio tal como lo entienda el superior jerárquico. Sin embargo, según UG, este último debe organizar el trabajo de su servicio teniendo en cuenta el hecho de que un miembro de su equipo desempeña funciones sindicales y debe necesariamente disponer del tiempo necesario para ello.
74
UG añade que, dado que sus ausencias relacionadas con el ejercicio de sus funciones sindicales figuraban en su «calendar planning», al que tenía acceso su superiora jerárquica, el Tribunal General incurrió en error al declarar, en el apartado 175 de la sentencia recurrida, que la decisión controvertida podía basarse, sin incumplir los requisitos mínimos del artículo 7 de la Directiva 2002/14, en el incumplimiento por parte de UG de la obligación de informar a tiempo a sus superiores, con anterioridad a las reuniones sindicales, de su participación en dichas reuniones, ya que tal motivo se basa en el incumplimiento por parte de UG de las condiciones de organización del servicio necesarias para el ejercicio del mandato que le había sido conferido.
75
En su opinión, esta interpretación adoptada por el Tribunal General es contraria tanto a los requisitos mínimos establecidos en el artículo 7 de la Directiva 2002/14 como al artículo 12 de la Carta.
76
La Comisión responde que, mediante el segundo motivo de casación, UG rebate los hechos tal como los fijó el Tribunal General sin, no obstante, alegar ni demostrar desnaturalización. Por lo tanto, a su juicio, este motivo es inadmisible y, en cualquier caso, infundado.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
a)
Sobre la admisibilidad
77
Por lo que se refiere a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión en el marco del segundo motivo de casación, basta señalar que, mediante este motivo, UG alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho. A este respecto, UG indica en varias ocasiones los elementos criticados de la sentencia recurrida, así como los fundamentos jurídicos que sustentan de forma específica la pretensión de anulación de dicha sentencia.
78
En estas circunstancias, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 51 de la presente sentencia, no puede considerarse que el segundo motivo de casación sea inadmisible.
b)
Sobre el fondo
79
En el apartado 164 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que ni en la motivación de la decisión impugnada ni en los documentos que obran en autos consta que dicha decisión se basara únicamente en la condición de miembro de UG de los comités de personal, con independencia del ejercicio de sus funciones de representación del personal o, más en general, de sus actividades sindicales. En el apartado 165 de dicha sentencia, el Tribunal General añadió que de la citada decisión no se desprende que la ACCC considerara que la forma en la que UG ejercía, en la fecha de adopción de la referida decisión, sus funciones de representante del personal o, más en general, sus actividades sindicales constituyera un comportamiento que pudiera justificar la resolución de su contrato por incompetencia profesional.
80
Por lo que se refiere a un funcionario o agente adscrito a un sindicato en un 50 % del tiempo de trabajo, el Tribunal General señaló, en el apartado 173 de la sentencia recurrida, que el artículo 60 del Estatuto obliga a ese funcionario o agente a obtener autorización previa de su superior jerárquico para ausentarse del trabajo y asistir a las reuniones a las que haya sido convocado en el desempeño de su mandato sindical o de su mandato como representante del personal. Según afirmó el Tribunal General, solo cabe una excepción a esta exigencia en caso de enfermedad o accidente, pero no en caso de participación en la representación sindical del personal o en reuniones de un órgano representativo.
81
En el apartado 175 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que la decisión controvertida podía basarse, sin incumplir los requisitos mínimos del artículo 7 de la Directiva 2002/14, en el incumplimiento por parte de UG de la obligación de informar a tiempo a sus superiores, con anterioridad a las reuniones de los comités de personal de los que era miembro, de su participación en dichas reuniones, ya que tal motivo no se basa en el ejercicio de sus funciones como representante del personal, sino en el incumplimiento por UG de las condiciones de organización del servicio necesarias para el ejercicio del mandato que le había sido conferido.
82
En la medida en que, mediante el segundo motivo de casación, UG se opone a la interpretación del artículo 60 del Estatuto adoptada por el Tribunal General, procede recordar que, a tenor de la primera frase de dicho artículo, el funcionario no puede ausentarse sin la autorización previa de su superior jerárquico salvo en caso de enfermedad o accidente.
83
Por una parte, el Tribunal General hace referencia, en su razonamiento, a ese artículo, que establece la exigencia de autorización del superior jerárquico, y no el deber de informar a este último sobre las actividades que motivan la ausencia del funcionario. Por otra parte, en el apartado 174 de la sentencia recurrida, el Tribunal General hace referencia al artículo 7 de la Decisión C(2011) 3588 final de la Comisión, de 27 de mayo de 2011, sobre los recursos humanos y financieros asignados al Comité de Personal de la Comisión, a tenor del cual toda ausencia con vistas a realizar actividades sindicales debe ser comunicada previamente por escrito por el interesado a su superior jerárquico con la debida antelación.
84
Para examinar si la solución adoptada en la sentencia recurrida es conforme con el Derecho de la Unión, procede recordar que, a tenor del artículo 24 ter del Estatuto, los funcionarios gozan del derecho de asociación y pueden, en particular, ser miembros de organizaciones sindicales o profesionales de funcionarios europeos.
85
Además, como se desprende del artículo 1, párrafo sexto, del anexo II del Estatuto, por una parte, las funciones asumidas por los miembros del Comité de Personal y por los funcionarios que formen parte, por delegación de dicho Comité, de un órgano estatutario o creado por la institución serán consideradas como parte de los servicios que están obligados a prestar en su institución y, por otra parte, el interesado no podrá sufrir perjuicios derivados del ejercicio de estas funciones.
86
En el presente asunto, el motivo del despido de UG que figura en la decisión controvertida no se basó en una prohibición de que esta participara en las reuniones de los comités de personal, de los que era miembro, lo que habría constituido una vulneración de los derechos que le confiere el Estatuto. El motivo consistió, tal como confirmó el Tribunal General en la sentencia recurrida, en el incumplimiento, por parte de UG, de la obligación de informar a sus superiores jerárquicos con la debida antelación, con anterioridad a dichas reuniones, de su participación en ellas.
87
Pues bien, esa obligación no desvirtúa en lo esencial los derechos de los funcionarios y agentes establecidos en dicho Estatuto.
88
Dado que las alegaciones invocadas por UG en el segundo motivo de casación no están justificadas, procede desestimarlo por infundado.
C. Tercer motivo de casación
1.
Alegaciones de las partes
89
El tercer motivo de casación, basado en errores manifiestos de apreciación, se subdivide, en esencia, en cinco partes.
90
En la primera parte, UG alega, por un lado, que, al declarar en los apartados 187 a 190 de la sentencia recurrida que, por lo que se refiere a la resolución de un contrato de agente temporal o contractual por tiempo indefinido, la ACCC dispone de una amplia facultad de apreciación y que un error solo puede considerarse «manifiesto» cuando puede detectarse de manera evidente, el Tribunal General menoscabó la efectividad del derecho de acceso a la justicia.
91
UG sostiene que de esta apreciación del Tribunal General se colige que la presunción de legalidad de los actos de la Comisión es irrefutable, pese a la exigencia de igualdad de armas.
92
UG reprocha, asimismo, al Tribunal General que no accediera a su solicitud de adopción de las diligencias de prueba necesarias.
93
A este respecto, aporta una serie de elementos de hecho que apoyan, a su juicio, la conclusión de que lo que motivó la decisión controvertida fue el disfrute de su permiso parental y el ejercicio de sus funciones sindicales.
94
Por otra parte, en lo que se refiere al período de sustanciación del presente asunto por el Tribunal General, UG señala que transcurrió un año entre la conclusión de la fase escrita o de la fase oral del procedimiento y el pronunciamiento de la sentencia recurrida, sin que en dicho procedimiento se adoptara ninguna diligencia de ordenación del procedimiento. UG alega que la duración total de todos los procedimientos de que se trata es superior a seis años, lo que constituye una vulneración del derecho a ser oído por un tribunal en un plazo razonable, consagrado por el CEDH y la Carta, así como del derecho de defensa.
95
Por consiguiente, UG solicita al Tribunal de Justicia que extraiga las consecuencias de dichas infracciones, en particular invirtiendo la carga de la prueba de la ilegalidad de la decisión controvertida.
96
En la segunda parte del tercer motivo de casación, UG sostiene que se vulneró su derecho a ser oída, establecido en el artículo 51, apartado 2, del Estatuto.
97
En el presente asunto, UG alega que solo dispuso de ocho días para presentar sus observaciones a la ACCC antes de que se adoptara la decisión controvertida, por lo que no se garantizó su derecho de defensa.
98
A este respecto, a su criterio, el Tribunal General adoptó, en los apartados 68 a 70 de la sentencia recurrida, un enfoque puramente formal del derecho a ser oído al no exigir que la ACCC instruyera el expediente de manera seria.
99
Además, UG alega que el Tribunal General «invirtió» la carga de la prueba al considerar que debía aportar pruebas adicionales, pese a que la ACCC no se lo había solicitado. Pues bien, UG entiende que, habida cuenta del carácter circunstanciado del escrito de 30 de septiembre de 2016, mencionado en el apartado 20 de la presente sentencia, correspondía a la ACCC buscar los documentos acreditativos pertinentes.
100
En la tercera parte del tercer motivo de casación, UG alega que, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal General interpretó de manera demasiado restrictiva la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al declarar que no se exige que la motivación de los actos de las instituciones de la Unión Europea especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no solo con su tenor literal, sino también con su contexto y con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.
101
En opinión de UG, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se desprende que dichas instituciones no estén obligadas a especificar los elementos de hecho o de Derecho pertinentes en la motivación de sus actos, sino únicamente que la exigencia de precisión debe apreciarse en función de la naturaleza del acto impugnado.
102
Según UG, en la sentencia recurrida, el Tribunal General no especificó el nivel de precisión exigido en la motivación de una decisión de despido, habida cuenta de la naturaleza de dicho acto, de su impacto en la situación profesional del destinatario y de la capacidad de este para rebatir los motivos del despido.
103
En su opinión, la Comisión no puede presentar motivos vagos y no circunstanciados en apoyo de su decisión de despido, habida cuenta del derecho a la tutela judicial efectiva y de la protección contra los despidos injustificados prevista en el artículo 30 de la Carta, en relación con el artículo 47 de esta.
104
A este respecto, UG sostiene que, en la decisión controvertida, la ACCC se limitó a afirmar un gran número de vaguedades, no respaldadas por elementos de hecho precisos y concretos.
105
En su opinión, el Tribunal General declaró erróneamente, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que la ACCC había mencionado una veintena de hechos concretos en el escrito de 8 de septiembre de 2016, relativos a su conducta durante los años 2013 a 2016.
106
Según UG, de dicho escrito no se desprende ningún ejemplo concreto de su conducta ni ninguna fecha relativa a tal conducta.
107
En la cuarta parte del tercer motivo de casación, UG se refiere al apartado 241 de la sentencia recurrida, del que se desprende que el Tribunal General desestimó el motivo basado en un error manifiesto de apreciación en lo que se refiere al retraso en la presentación de certificados médicos justificativos de las ausencias de 7 de mayo y de 16 de junio de 2014, así como a una supuesta ausencia injustificada el 18 de junio de 2014.
108
Pues bien, según UG, para comprobar si se había respetado su derecho de defensa, correspondía al Tribunal General examinar si la Comisión podía invocar válidamente el retraso en la presentación de certificados médicos y las ausencias injustificadas más de dos años después de que se produjeran, máxime cuando estas circunstancias no se habían mencionado en su informe de evaluación correspondiente al año 2014.
109
En cuanto al retraso en la presentación de los certificados médicos, UG sostiene que correspondía a la Comisión especificar este motivo. A este respecto, UG sostiene que el Tribunal General invirtió, en los apartados 246 y 253 de la sentencia recurrida, la carga de la prueba al colocarla en una situación en la que la prueba solicitada era prácticamente imposible o muy difícil de aportar.
110
En la quinta parte del tercer motivo de casación, UG alega que, al declarar el Tribunal General, en el apartado 265 de la sentencia recurrida, que ella ya no podía, por haber precluido el plazo para ello, impugnar el informe de evaluación de 2015, el Tribunal General vulneró su derecho a un proceso equitativo.
111
UG entiende que, en la medida en que el informe de evaluación correspondiente al año 2014 y el informe de evaluación de 2015 concluyeron que su rendimiento profesional era satisfactorio, no podía esperar que la Comisión fuese a invocar dichos informes para justificar su despido.
112
Por lo que respecta al informe de evaluación correspondiente al año 2016, UG señala que el procedimiento de despido de que se trata se inició antes incluso de que expirara el plazo para recurrir dicho informe.
113
UG impugna, asimismo, el apartado 273 de la sentencia recurrida, que señala su falta de implicación en los grupos de trabajo de los que formó parte.
114
Además, afirma que el Tribunal General vulneró su derecho a un proceso equitativo al proceder, en los apartados 278 a 286 de la sentencia recurrida, a una inversión irrefutable de la carga de la prueba en lo que respecta a la preparación del boletín del Centro Polivalente de la Infancia.
115
A este respecto, UG sostiene que estaba en condiciones de aportar la prueba del envío del mencionado boletín el 22 de enero de 2016, puesto que el correo electrónico correspondiente no llegó a su destinatario hasta el 18 de julio de 2016 debido a un problema informático.
116
Por lo que se refiere al motivo de despido basado en que no presentó el cuadro de actividades educativas, UG sostiene que, en el momento de la solicitud de dicho cuadro, su superiora jerárquica estaba al corriente de su intención de disfrutar de un permiso parental durante el período comprendido entre los meses de julio y septiembre de 2016. Por lo tanto, en opinión de UG, esta solicitud se realizó con el exclusivo propósito de perjudicarla.
117
La Comisión sostiene que el tercer motivo de casación es inadmisible y, en cualquier caso, infundado.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
a)
Sobre la admisibilidad
118
Por lo que se refiere a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión en el marco del tercer motivo de casación, basta señalar que, mediante este motivo, UG alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho. A este respecto, UG indica en varias ocasiones los elementos criticados de la sentencia recurrida, así como los fundamentos jurídicos que sustentan específicamente la pretensión de anulación de dicha sentencia.
119
En estas circunstancias, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 51 de la presente sentencia, ha de considerarse que el tercer motivo de casación es admisible.
b)
Sobre el fondo
1) Sobre la primera parte
120
Procede recordar que, en el apartado 187 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, por lo que respecta a la resolución de un contrato de un agente temporal o de un agente contractual por tiempo indefinido, la ACCC dispone, conforme al artículo 47, letra c), inciso i), del RAA y siempre que se respete el preaviso establecido en el contrato, de una amplia facultad de apreciación, debiendo limitarse el control del juez de la Unión a comprobar que no ha habido error manifiesto o desviación de poder.
121
En efecto, basándose en la sentencia de 19 de julio de 1955, Kergall/Asamblea Común (1/55, EU:C:1955:9), p. 23, el Tribunal General declaró, en el apartado 188 de la sentencia recurrida, que la apreciación de la competencia profesional de los funcionarios y otros agentes de las instituciones de la Unión corresponde, en primer lugar, a dichas instituciones.
122
En el apartado 189 de la sentencia recurrida, el Tribunal General precisó que, en este contexto, un error solo puede considerarse «manifiesto» cuando puede detectarse de manera evidente, utilizando como referencia los criterios a los que el legislador ha querido supeditar el ejercicio por parte de la administración de su facultad de apreciación. Así, el motivo basado en ese error manifiesto deberá desestimarse si, a pesar de los elementos aportados por la parte demandante, cabe seguir considerando que la apreciación controvertida está justificada o es coherente.
123
En el apartado 190 de dicha sentencia, el Tribunal General añadió, remitiéndose a la sentencia de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), apartado 100 y jurisprudencia citada, que los actos de las instituciones de la Unión disfrutan, en principio, de una presunción de legalidad y producen, por tanto, efectos jurídicos mientras no hayan sido revocados, anulados en virtud de un recurso de anulación o declarados inválidos a raíz de una cuestión prejudicial o de una excepción de ilegalidad.
124
A este respecto, por un lado, como se ha recordado en los apartados 61 y 62 de la presente sentencia, el Tribunal General apreció, en la sentencia recurrida, que la decisión controvertida era ilegal porque la ACCC no podía invocar las fechas del permiso parental solicitado para considerar que constituían una de las causas de despido por incompetencia profesional, al tiempo que estimó que la apreciación global de la incompetencia profesional de UG se basaba en varios motivos distintos de ese motivo. Por consiguiente, el Tribunal General concluyó que dicha ilegalidad no llevaba consigo, por sí sola, la anulación de la decisión controvertida.
125
Por otro lado, si bien, en los apartados 218, 340 y 350 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la decisión controvertida incurría en varios errores manifiestos de apreciación, consideró, no obstante, en los apartados 360 y 361 de dicha sentencia, que la decisión se basa en varios motivos cuya ilegalidad no ha sido demostrada y que son lo suficientemente importantes como para sustentar la apreciación global de incompetencia profesional formulada por la ACCC.
126
En estas circunstancias, procede considerar que la alegación de UG basada, en esencia, en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la ACCC disponía de un amplio margen de apreciación, por un lado, se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida, dado que el Tribunal General reconoció la existencia de errores manifiestos de apreciación cometidos en la adopción de la decisión controvertida, y, por otro lado, no desvirtúa el razonamiento del Tribunal General, puesto que UG no demuestra que esa decisión adolezca de otros errores manifiestos de apreciación que habrían debido dar lugar a su anulación.
127
Por lo que se refiere al reproche de UG dirigido contra el Tribunal General por no haber accedido a su solicitud de adopción de las diligencias de prueba necesarias, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, por lo que respecta a la apreciación, por el juez de primera instancia, de las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba presentadas por una parte en un litigio, solo el Tribunal General puede decidir, cuando proceda, sobre la necesidad de completar la información de que dispone en los asuntos de que conoce. Por lo tanto, corresponde únicamente al Tribunal General apreciar la pertinencia de una solicitud de diligencia de ordenación del procedimiento en relación con el objeto del litigio y con la necesidad de llevarla a cabo (sentencia de 12 de noviembre de 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, EU:C:2020:918, apartado 53 y jurisprudencia citada).
128
En efecto, el valor probatorio o no de los documentos obrantes en autos depende de su apreciación soberana de los hechos, que no está sujeta al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en los casos de desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal General o cuando la inexactitud material de las declaraciones del Tribunal General se desprenda de los documentos aportados a los autos (sentencia de 12 de noviembre de 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, EU:C:2014:918, apartado 54).
129
En el presente asunto, en la medida en que el Tribunal General se refirió, en la sentencia recurrida, a numerosos elementos de los autos obrantes en su poder y UG no precisa, en la primera parte del tercer motivo de casación, de qué forma el Tribunal General desnaturalizó dichas pruebas ni las razones por las que las constataciones que este realizó son materialmente inexactas, procede declarar inadmisible esta alegación.
130
Por lo que respecta a la duración del procedimiento ante el juez de la Unión, procede recordar que, si bien la inobservancia del plazo de enjuiciamiento razonable puede dar lugar a una pretensión de indemnización mediante un recurso interpuesto por el recurrente contra la Unión con arreglo al artículo 268 TFUE, en relación con el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, no puede dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida si no existen indicios de que la duración del procedimiento haya influido en la solución del litigio (auto de 29 de septiembre de 2022, CX/Comisión, C‑71/22 P, EU:C:2022:745, apartado 76 y jurisprudencia citada).
131
Por consiguiente, sin indicios que demuestren que la duración del procedimiento ha tenido una incidencia en la solución del litigio de que se trata, la alegación relativa al plazo de enjuiciamiento razonable no puede dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida y, por tanto, debe declararse inadmisible.
132
En consecuencia, procede desestimar la primera parte del tercer motivo de casación por ser, en parte, infundada y, en parte, inadmisible.
2) Sobre la segunda parte
133
En el apartado 68 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, efectivamente, el plazo de ocho días hábiles concedido a UG para presentar observaciones sobre el escrito de 8 de septiembre de 2016 podía parecer breve habida cuenta de la gravedad de las consecuencias que la resolución de su contrato ocasionaba en su situación personal. No obstante, el Tribunal General señaló que UG se había pronunciado sobre los motivos de la decisión controvertida y que la ACCC había tenido en cuenta sus observaciones, como acredita la motivación de la decisión controvertida.
134
En el apartado 69 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó que, si bien el respeto del derecho a ser oído exige que las instituciones de la Unión permitan a la persona afectada por un acto lesivo dar a conocer oportunamente su punto de vista, no puede obligar a dichas instituciones a adherirse al mismo.
135
En el apartado 70 de la sentencia recurrida, el Tribunal General añadió que UG había alegado que la ACCC no le había solicitado, tras recibir sus observaciones escritas de 30 de septiembre de 2016, que presentara documentos adicionales. Dicho órgano jurisdiccional apreció, por un lado, que UG podía presentar tales documentos entre el 30 de septiembre y el 17 de octubre de 2016, fecha de adopción de la decisión controvertida, y, por otro lado, que UG no indicó ni la naturaleza ni el objeto de esos documentos adicionales de los que la ACCC no había tenido conocimiento, de modo que, según dicho órgano jurisdiccional, no se había demostrado que la presentación de los mencionados documentos podría haber influido decisivamente en el sentido de la decisión controvertida.
136
En el apartado 71 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que se había dado la posibilidad a UG de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y circunstancias en los que se basó la ACCC para adoptar dicha decisión.
137
Pues bien, por un lado, la alegación basada en la vulneración del derecho de defensa no se sustenta en argumentos que demuestren que el Tribunal General incurrió en error de Derecho y, por otro lado, no resulta que la conclusión del Tribunal General expuesta en el apartado 71 de la sentencia recurrida constituya una desnaturalización de los elementos de hecho que este examinó (véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2022, KN/CESE, C‑673/21 P, EU:C:2022:759, apartado 103).
138
Por consiguiente, debe desestimarse la segunda parte del tercer motivo de casación por infundado.
3) Sobre la tercera parte
139
En el apartado 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la motivación de los actos de las instituciones de la Unión, exigida tanto por el artículo 296 TFUE como por el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta, debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución autora del acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de todas las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no solo con su tenor literal, sino también con su contexto y con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartados 29 y 51 y jurisprudencia citada).
140
Tras haber examinado, en los apartados 38 a 47 de la sentencia recurrida, los distintos elementos de hecho tenidos en cuenta en la decisión controvertida, así como el razonamiento seguido en ella, el Tribunal General concluyó, en el apartado 48, que dicha decisión, que se adoptó en un contexto conocido por UG, expuso tanto las consideraciones jurídicas como un número suficiente de hechos que tenían una importancia esencial en la estructura de dicha decisión y que permitían a UG apreciar su fundamento y su legalidad.
141
A este respecto, procede señalar que, contrariamente a lo que alega UG, el Tribunal General cumplió correctamente con las exigencias relativas a la motivación de los actos de las instituciones de la Unión, tal como se recogen en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular las mencionadas en el apartado 139 de la presente sentencia.
142
Por tanto, la alegación de UG relativa al nivel de precisión de la motivación de los actos de las instituciones de la Unión debe desestimarse por infundada.
143
Por lo que se refiere a las alegaciones de UG invocadas en la tercera parte del tercer motivo de casación, relativas al examen del fondo de la motivación de la decisión controvertida, basta señalar que, mediante estas, solicita, en realidad, al Tribunal de Justicia que examine de nuevo la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal General, por lo que deben declararse inadmisibles.
144
Por consiguiente, procede desestimar la tercera parte del tercer motivo de casación por ser, en parte, infundada y, en parte, inadmisible.
4) Sobre la cuarta parte
145
La cuarta parte del tercer motivo de casación atañe al examen, por el Tribunal General, del motivo de la decisión controvertida relativo a las ausencias supuestamente irregulares de UG.
146
En el apartado 240 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que, si bien UG sostiene que siempre presentó un certificado médico en caso de ausencia por razones de salud, no indica la razón de su ausencia del servicio el 18 de junio de 2014 ni hace referencia a ningún documento aportado a los autos que pudiera justificar dicha ausencia.
147
El Tribunal General concluyó, en el apartado 241 de la mencionada sentencia, que las alegaciones de UG no pueden invalidar la decisión de 18 de junio de 2014 por la que se constató su ausencia irregular, de modo que la alegación expuesta en la demanda, en la medida en que se dirige contra la motivación que figura en la página 2, letra d), del escrito de 8 de septiembre de 2016, debe desestimarse por infundada.
148
Por lo que se refiere a los apartados 246 y 253 de la sentencia recurrida, a los que UG se refiere en su recurso de casación, basta recordar que, en el apartado 244 de dicha sentencia, el Tribunal General declaró que UG no había presentado una reclamación, conforme al artículo 91, apartado 2, del Estatuto, contra la decisión de 1 de junio de 2016 por la que la ACCC consideró que sus ausencias de 30 y de 31 de mayo de 2016 no estaban justificadas.
149
En el apartado 245 de la sentencia recurrida, el Tribunal General añade que UG no invoca ningún hecho nuevo y sustancial que justifique un nuevo examen de la legalidad de dicha decisión.
150
Por consiguiente, el Tribunal General concluyó, en el apartado 246 de la sentencia recurrida, que la alegación de UG dirigida a impugnar con carácter incidental dicha decisión era inadmisible, ya que pretendía impugnar un acto firme.
151
Por lo que respecta al apartado 253 de la sentencia recurrida, que se refiere al motivo de la decisión controvertida basado en sus ausencias supuestamente injustificadas de los días 7 de mayo y 16 de junio de 2014, procede recordar que, en dicho apartado, el Tribunal General consideró que UG no había acreditado, ni siquiera alegado, que presentara los certificados necesarios para regularizar su situación administrativa en un plazo breve en consideración al plazo que se le había fijado.
152
Pues bien, mediante las alegaciones que UG formula en la cuarta parte del tercer motivo de casación, pretende, en realidad, que el Tribunal de Justicia examine de nuevo las apreciaciones realizadas por el Tribunal General en los apartados mencionados en los apartados 146 a 151 de la presente sentencia.
153
En consecuencia, esta parte debe desestimarse por inadmisible.
5) Sobre la quinta parte
154
En el examen de la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, el Tribunal General declaró, en el apartado 263 de la sentencia recurrida, que, mediante la argumentación expuesta en las alegaciones segunda a quinta de la tercera parte del cuarto motivo, basada en un error manifiesto de apreciación y en errores de hecho que pretendidamente viciaban la motivación relativa a la implicación de la recurrente en su trabajo, tal como se expuso ante el Tribunal General, esta pretendía rebatir el contenido de dicha valoración cualitativa de su eficiencia, que corresponde al apartado 3.1 del informe de evaluación de 2015, y, por tanto, el informe de evaluación de 2015.
155
En el apartado 264 de la mencionada sentencia, el Tribunal General señaló, no obstante, que se había notificado a UG su informe de evaluación de 2015 y que esta no lo había impugnado dentro de los plazos establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto, por lo que tanto dicho informe como las apreciaciones en él formuladas habían adquirido firmeza.
156
En el apartado 265 de la sentencia recurrida, el Tribunal General añadió que UG no había invocado ningún elemento nuevo y sustancial para demostrar que aún podía impugnar el informe de evaluación de 2015.
157
En el apartado 266 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que, en tales circunstancias, UG no podía impugnar incidentalmente el informe de evaluación de 2015 en el recurso contra la decisión impugnada, para la que dicho informe jugó un papel preparatorio.
158
A este respecto, es preciso señalar que el Tribunal General declaró fundadamente que el informe de evaluación de 2015 había adquirido firmeza al no haberse interpuesto recurso dentro de los plazos previstos en los artículos 90 y 91 del Estatuto y que, por lo tanto, UG no tiene razones para sostener que el Tribunal General infringió las normas de procedimiento y desnaturalizó los autos del asunto al declarar que dicho informe no podía ser impugnado incidentalmente en el recurso del que conocía (véase, por analogía, la sentencia de 24 de junio de 2021, WD/EFSA, C‑167/20 P, EU:C:2021:516, apartados 39 y 40).
159
Por lo que se refiere a los apartados 278 a 286 de la sentencia recurrida, en los que, según UG, se estableció una inversión irrefutable de la carga de la prueba, basta recordar que, en dichos apartados, el Tribunal General examinó los elementos de hecho aportados por UG en su demanda mediante los que impugnaba las apreciaciones de hecho realizadas por la Comisión en la decisión controvertida.
160
En el apartado 286 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que UG no había aportado ningún elemento de prueba que pudiera desvirtuar el presentado por la Comisión, según el cual no fue hasta el 18 de julio de 2016 cuando envió a los miembros del grupo de trabajo «Boletín del CPE» el proyecto de boletín de Navidad de 2015, en orden a su validación.
161
Pues bien, la alegación de UG desarrollada a este respecto en la quinta parte del tercer motivo de casación constituye, en realidad, una impugnación de las apreciaciones de hecho realizadas por el Tribunal General y, como tal, debe declararse inadmisible.
162
Lo mismo sucede con las demás alegaciones invocadas por UG en dicha parte del tercer motivo de casación.
163
Por consiguiente, procede desestimar la quinta parte del tercer motivo de casación por ser, en parte, infundada y, en parte, inadmisible y, en consecuencia, desestimar dicho motivo en su totalidad.
D. Cuarto motivo de casación
1.
Alegaciones de las partes
164
Mediante su cuarto motivo de casación, basado en la violación del principio de proporcionalidad, UG sostiene, en esencia, que, a efectos del examen de la proporcionalidad de su despido, el Tribunal General debería haber tenido en cuenta que su despido estuvo motivado por el permiso parental, que desempeñaba funciones sindicales y que no había sido objeto de ninguna sanción, ya que los incumplimientos profesionales invocados en la decisión controvertida tenían poca relevancia.
165
La Comisión considera que el cuarto motivo de casación debe desestimarse por infundado. Dicha institución añade que este motivo también es inadmisible por cuanto solo pretende obtener una nueva apreciación de las alegaciones ya invocadas ante el Tribunal General.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
166
Procede recordar que, en los apartados 351 a 381 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la decisión controvertida y concluyó que, al adoptarla, la Comisión no había incurrido en error manifiesto de apreciación.
167
Una vez constatado lo anterior, el Tribunal General declaró, en los apartados 385 y 386 de dicha sentencia, que, en tanto en cuanto la decisión controvertida no adolecía de ningún error manifiesto de apreciación, la resolución del contrato de duración indefinida de UG era conforme a Derecho y que, por tanto, no se había producido ninguna violación del principio de proporcionalidad.
168
Pues bien, en el cuarto motivo de casación, UG no presenta ninguna alegación que pueda desvirtuar esta apreciación jurídica del Tribunal General.
169
En estas circunstancias, este motivo debe desestimarse por infundado.
E. Sobre la pretensión de indemnización del perjuicio
1.
Alegaciones de las partes
170
UG sostiene que había llegado a un acuerdo amistoso con la Comisión sobre la indemnización de su perjuicio material. En el supuesto de que dicho acuerdo decaiga como consecuencia de la sentencia de casación, UG solicita que se le conceda ex aequo et bono la cantidad de 68000 euros en concepto de indemnización por dicho perjuicio.
171
Además, UG solicita que se le conceda la cantidad de 40000 euros en concepto de indemnización del daño moral. En su opinión, esta cantidad es adecuada habida cuenta del sufrimiento psicológico que ha padecido como consecuencia de su despido, que considera improcedente.
172
A este respecto, UG sostiene que debe tenerse en cuenta, asimismo, su precariedad y endeudamiento excesivo como consecuencia de su despido.
173
La Comisión rebate las alegaciones de UG.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
174
En la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, en apoyo de sus pretensiones relativas a la indemnización del perjuicio material y moral, UG no alegaba motivos de ilegalidad distintos de los que había invocado en apoyo de sus pretensiones de anulación de la decisión controvertida. En estas circunstancias y dado que las pretensiones de anulación habían sido desestimadas por infundadas, el Tribunal General consideró que las pretensiones indemnizatorias también debían serlo.
175
A este respecto, en tanto en cuanto han sido desestimados todos los motivos invocados en apoyo del recurso de casación, y, en consecuencia, no ha sido anulada la sentencia recurrida, deben desestimarse también las alegaciones de UG por las que solicita la indemnización del perjuicio sufrido.
176
En estas circunstancias, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.
Costas
177
A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
178
Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de UG y al haber sido desestimados todos los motivos formulados por esta última, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar a UG a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.