62024CJ0284_RES
Asunto C‑284/24
LD
contra
Criminal Injuries Compensation Tribunal y otros
[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Irlanda)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 2 de octubre de 2025
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2004/80/CE — Artículo 12, apartado 2 — Indemnización de las víctimas de delitos dolosos violentos — Indemnización justa y adecuada — Normativa nacional que excluye la indemnización por el dolor y el sufrimiento padecidos»
Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2004/80 — Indemnización de las víctimas de los delitos violentos dolosos — Obligación de los Estados miembros de estados miembros de establecer regímenes de indemnización a las víctimas — Indemnización justa y adecuada de las víctimas — Régimen nacional de indemnización de las víctimas que excluye, respecto del perjuicio moral, cualquier indemnización por el dolor y el sufrimiento padecidos por dichas víctimas — Improcedencia
[Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 2, ap. 1, letra a); Directiva 2004/80/CEE del Consejo, considerandos 2, 10 y 14 y arts. 12, ap. 2, y 18, ap. 2]
(véanse los apartados 20 a 32 y 34 a 39 y el fallo)
Resumen
En respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada ante él, el Tribunal de Justicia se pronuncia acerca de la conformidad con la Directiva 2004/80 (
1
) de un régimen de indemnización de las víctimas de delitos dolosos violentos que, como sucede con el régimen irlandés, excluye, en lo que se refiere al daño moral, toda indemnización por el dolor y el sufrimiento padecidos por esas víctimas.
El 12 de julio de 2015, LD fue víctima de una agresión criminal violenta cometida por un grupo de personas delante de su domicilio en Dublín (Irlanda). El 1 de octubre de ese año, presentó ante el Criminal Injuries Compensation Tribunal (Tribunal de Indemnización por Daños Resultantes de Infracciones Penales, Irlanda) una demanda de indemnización con arreglo al Régimen de indemnización irlandés. En dicha demanda, LD indicó que había sufrido, como consecuencia de esta agresión, un traumatismo ocular importante que provocó una pérdida parcial de la visión de manera permanente. Por otra parte, alegó padecer trastornos psicológicos y ansiedad. Tras constatar que LD había sufrido daños corporales y perjuicios materiales derivados del delito doloso violento del que había sido víctima, el Tribunal de Indemnización por Daños Resultantes de Infracciones Penales le concedió un importe de 645,62 euros en concepto de gastos asumidos por LD y que se derivaban directamente de dicho delito.
El 2 de agosto de 2019, LD interpuso un recurso ante la High Court (Tribunal Superior, Irlanda), que es el órgano jurisdiccional remitente, en el que sostuvo que el régimen de indemnización irlandés es incompatible con la Directiva 2004/80, en la medida en que dicho régimen no prevé una indemnización justa y adecuada debido a que excluye daños «generales», incluidos el dolor y el sufrimiento padecidos. (
2
)
Al albergar dudas acerca de cómo debería interpretarse el artículo 12, apartado 2, de esta Directiva, el órgano jurisdiccional remitente remitió una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta a la reparación del daño moral sufrido por las víctimas de delitos dolosos violentos, el Tribunal de Justicia precisa que, si bien es cierto que el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2004/80 no contiene una referencia explícita a tal daño, la formulación amplia de dicha disposición no limita en modo alguno el alcance de la indemnización prevista en ella en cuanto a los daños que puede contribuir a reparar.
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que no cabe establecer ninguna distinción en función de los tipos de daños que las víctimas de los delitos cometidos puedan haber sufrido o de las consecuencias a las que dichas víctimas puedan estar expuestas. Aun suponiendo que el tenor del artículo 18, apartado 2, de la Directiva 2004/80 —que, concretamente en sus versiones francesa y rumana, se refiere únicamente a los «daños corporales»— pueda sugerir la existencia de tal distinción, procede señalar que, en muchas otras versiones lingüísticas de esta disposición, el término equivalente a «daños» no va acompañado de ningún adjetivo destinado a limitar su alcance. Pues bien, las disposiciones del Derecho de la Unión deben interpretarse y aplicarse de manera uniforme, a la luz de las versiones establecidas en todas las lenguas de la Unión Europea, y, en caso de divergencia entre estas distintas versiones, la disposición de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en la que se integra.
A este respecto, por una parte, el Tribunal de Justicia observa que ninguna otra disposición de la Directiva 2004/80 permite considerar que deba establecerse una distinción entre los tipos de perjuicios o de daños sufridos por las víctimas comprendidas en su ámbito de aplicación. Por otra parte, indica que las medidas para facilitar la indemnización a las víctimas de delitos deben formar parte de la realización del objetivo de garantizar la protección de la integridad de las personas en cuestión. (
3
) Además, esta Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reafirmados en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (
4
) Pues bien, como se desprende del artículo 3, apartado 1, de la Carta, debe entenderse que la integridad de la persona comprende tanto la vertiente física como la psíquica. Por lo tanto, la indemnización prevista en el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2004/80 debe poder contribuir, en su caso, a reparar cualquier daño moral, incluido el daño por el dolor y el sufrimiento padecidos.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2004/80 debe interpretarse en el sentido de que se opone a un régimen nacional de indemnización de las víctimas de delitos dolosos violentos que, por principio, excluye, por lo que respecta al daño moral, cualquier indemnización por el dolor y el sufrimiento padecidos por dichas víctimas. A pesar de la necesidad de garantizar la viabilidad económica de los regímenes nacionales de indemnización, que justifica que los Estados miembros no deban necesariamente prever una reparación completa del daño material y moral sufrido por dichas víctimas, una indemnización justa y adecuada, en el sentido de dicha disposición, requiere que sean tenidas en cuenta, en el momento de su cálculo, tanto la gravedad de las consecuencias para las víctimas de los delitos cometidos como la reparación que tales víctimas pueden obtener en concepto de responsabilidad extracontractual del autor del delito.
(
1
)	Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos (DO 2004, L 261, p. 15). En particular, con arreglo al artículo 12, apartado 2, de esta Directiva, todos los Estados miembros garantizarán que sus normas nacionales establecen la existencia de un régimen de indemnización para las víctimas de delitos dolosos violentos cometidos en sus respectivos territorios, que asegure a las víctimas una indemnización justa y adecuada.
(
2
)	El régimen irlandés de indemnización de las víctimas preveía, en su configuración inicial, el pago de una indemnización de los daños denominados «generales» (general damages), incluidos los derivados del dolor y del sufrimiento padecidos (pain and suffering). A partir de una modificación de este régimen introducida el 1 de abril de 1986, no se concede ninguna indemnización por el dolor y el sufrimiento padecidos, en concepto de daños «generales», ya que el alcance de las disposiciones en cuestión antes de su modificación suponía una pesada carga para las finanzas del Estado irlandés, que atravesaba, en esa época, un período de profunda recesión económica.
(
3
)	Véase el considerando 2 de la Directiva 2004/80.
(
4
)	Véase el considerando 14 de la Directiva 2004/80.