Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 16 de junio de 2022 (1)
Asunto C‑265/21
AB,
AB-CD
contra
Z EF
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica)]
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 5, punto 1 — Competencia en materia contractual — Concepto de “materia contractual” — Acción declarativa de propiedad basada en dos contratos sucesivos — Contrato que debe tomarse en consideración para determinar el lugar de la obligación que sirve de base a la demanda — Ley aplicable a las obligaciones contractuales — Reglamento (CE) n.º 593/2008»
I.      Introducción
1.        Las cuestiones planteadas por la Cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica) versan, en esencia, sobre la interpretación del artículo
5, punto
1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 (2) y del artículo
4 del Reglamento (CE) n.º 593/2008. (3)
2.        La primera de estas disposiciones, cuya interpretación constituye el núcleo de la presente petición de decisión prejudicial, establece las reglas de competencia especiales en materia contractual que, en determinadas situaciones, permiten al demandante demandar al demandado ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro distinto del de su domicilio, estableciendo una excepción a la regla general del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 44/2001.
3.        En el presente asunto, se trata de determinar si esta disposición es aplicable en un litigio relativo a una acción declarativa, basada en dos contratos, de un derecho de propiedad sobre veinte obras de arte, pese a la inexistencia de un vínculo contractual directo entre las partes del litigio, que son los descendientes de las partes del primer contrato.
4.        En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, sobre el alcance de la evolución de su jurisprudencia en la materia. Por lo tanto, la presente petición de decisión prejudicial llevará al Tribunal de Justicia a examinar de nuevo el concepto de «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001. En el presente asunto, habrá que proporcionar al órgano jurisdiccional remitente elementos que le permitan apreciar si las recientes sentencias del Tribunal de Justicia (4) suponen un giro sustancial respecto de la jurisprudencia anterior relativa a la interpretación de dicha disposición.
5.        Como expondré en detalle, considero que el artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001 es aplicable en una situación como la controvertida en el litigio principal.
II.    Marco jurídico
A.      Reglamento n.º 44/2001
6.        En la sección
1 del capítulo II del Reglamento n.º 44/2001, titulada «Disposiciones generales», el artículo
2, apartado
1, establece:
«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
7.        En la sección
2 del capítulo II de dicho Reglamento, titulada «Competencias especiales», el artículo
5, punto
1, dispone:
«Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro:
1)      a)      en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda;
b)      a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:
–        cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías;
–        cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios;
c)      cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a).»
B.      Reglamento n.º 593/2008
8.        El artículo
4 del Reglamento n.º 593/2008, que se refiere a la ley aplicable a falta de elección por las partes, dispone:
«1.      A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
5 a 8, la ley aplicable al contrato se determinará de este modo:
a)      el contrato de compraventa de mercaderías se regirá por la ley del país donde el vendedor tenga su residencia habitual;
b)      el contrato de prestación de servicios se regirá por la ley del país donde el prestador del servicio tenga su residencia habitual;
[…]
2.      Cuando el contrato no esté cubierto por el apartado
1 o cuando los elementos del contrato correspondan a más de una de las letras a) a h) del apartado
1, el contrato se regirá por la ley del país donde tenga su residencia habitual la parte que deba realizar la prestación característica del contrato.
3.      Si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados
1 o 2, se aplicará la ley de este otro país.
4.      Cuando la ley aplicable no pueda determinarse con arreglo a los apartados
1 o 2, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos.»
III. Antecedentes de hecho del litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
9.        Los cónyuges X EF e Y EF, padres de Z EF, demandado en el litigio principal, eran unos artistas alemanes autores, en particular, de veinte paneles fotográficos (en lo sucesivo, «obras de arte») que formaron parte de una exposición internacional celebrada en 1977.
10.      CD, suegra de AB y madre de AB-CD, demandantes en el litigio principal, gestionaba una galería de arte en Lieja (Bélgica). A finales de 1980 o principios de 1981, las obras de arte fueron entregadas a CD y, posteriormente, lo mismo se hizo con los certificados de autenticidad de dichas obras.
11.      Mediante contrato de 26 de enero de 2007, los demandantes en el litigio principal adquirieron de CD las obras de arte. Esta última falleció el 24 de noviembre de 2007, mismo año en que también falleció Y EF.
12.      En agosto de 2013, AB entregó las obras de arte a la sociedad Christie’s para su venta mediante subasta. En 2014, esta sociedad se puso en contacto con X EF, que afirmó ser propietaria de dichas obras. La venta de las obras de arte mediante subasta se suspendió.
13.      Los demandantes en el litigio principal afirman que dichas obras fueron adquiridas por CD, mientras que el demandado en el litigio principal alega que fueron depositadas en la galería de CD con objeto de presentarlas al público para su venta.
14.      El 20 de junio de 2014, los demandantes en el litigio principal interpusieron el presente procedimiento para que se declarara, en esencia, que son los únicos propietarios de las obras de arte y se prohibiera a X EF invocar cualquier título de propiedad sobre ellas.
15.      X EF, tras ser citada ante el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas, Bélgica), propuso, con carácter principal y basándose en el Reglamento n.º 44/2001, una excepción declinatoria de competencia y de jurisdicción debido a que su domicilio se encontraba en Alemania. Con carácter subsidiario, solicitó que se declarara la inadmisibilidad de la demanda dirigida en su contra o su falta de fundamento, reclamando al mismo tiempo que se le restituyeran las obras de arte. El 10 de octubre de 2015,
X EF falleció y el demandado en el litigio principal la sucedió en el procedimiento.
16.      Mediante resolución de 22 de noviembre de 2016, el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas) se declaró incompetente por razón del territorio. A este respecto, declaró que su competencia no podía determinarse sobre la base del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, debido a que no existía ningún vínculo contractual entre las partes de que se trata.
17.      Los demandantes en el litigio principal interpusieron recurso de apelación contra dicha sentencia ante la cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas). Sostienen que CD adquirió las obras de arte mediante un contrato de compraventa, que la acción debe calificarse como «contractual» y que, dado que el lugar de cumplimiento es Bélgica, los órganos jurisdiccionales belgas ostentan la competencia. En cambio, el demandado en el litigio principal afirma que las obras de arte fueron objeto de un contrato de depósito y que, al tratarse, en su opinión, de una acción «reivindicatoria» de la propiedad, la determinación del órgano jurisdiccional competente está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 44/2001, que atribuye la competencia a los órganos jurisdiccionales alemanes.
18.      En cuanto a si la acción de los demandantes en el litigio principal está comprendida en la «materia contractual» en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, el órgano jurisdiccional remitente afirma que no existe ningún vínculo contractual directo entre las dos partes del litigio. No obstante, dicho órgano jurisdiccional estima, habida cuenta de las recientes sentencias del Tribunal de Justicia en la materia, (5) que es posible que la exigencia de determinar una obligación libremente consentida ya no implique, como ocurría desde la sentencia Handte, (6) que esta obligación haya sido consentida entre las partes en el litigio, sino que únicamente implica que el demandante base la acción que ejercita contra el demandado en una obligación jurídica libremente consentida por una persona frente a otra. (7) En efecto, según el referido órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia no solo ha precisado que la materia contractual comprende todas las obligaciones que nacen de un contrato cuyo incumplimiento se invoca para justificar la acción del demandante, (8) sino que también ha considerado que, al igual que una acción revocatoria, una acción de compensación (9) está comprendida en el concepto de «materia contractual» cuando la causa de la acción es, a su vez, un compromiso libremente asumido. (10)
19.      Dicho órgano jurisdiccional considera que, aunque se trate de situaciones puntuales más allá de las cuales tal interpretación no puede prosperar, el Tribunal de Justicia ha afirmado, no obstante, que la norma de competencia especial en materia contractual que establece el artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001 no se basa en la identidad de las partes, sino en la causa de la acción. (11)
20.      En estas circunstancias, la cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas) acordó, mediante resolución de 1 de abril de 2021, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 26 de abril de 2021, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      El concepto de “materia contractual”, en el sentido del artículo 5, [punto] 1, del Reglamento [n.º 44/2001]:
¿debe interpretarse en el sentido de que exige determinar una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra y en la que se basa la acción del demandante incluso cuando la obligación no ha sido libremente consentida por el demandado y/o respecto del demandante?
En caso de respuesta afirmativa, ¿qué grado de vinculación debe existir entre la obligación jurídica libremente asumida y el demandante y/o el demandado?
2)      Al igual que sucede con el criterio empleado para distinguir si una acción está incluida en la materia contractual en el sentido del artículo 5, [punto] 1, del Reglamento [n.º 44/2001] o en la materia “delictual o cuasidelictual” en el sentido del artículo 5, [punto] 3, de este mismo Reglamento [(sentencia de 24 de noviembre de 2020, Wikingerhof, C‑59/19, en lo sucesivo, “sentencia Wikingerhof”, EU:C:2020:950) apartado 32], ¿implica el concepto de “acción” en la que “se basa” el demandante comprobar si la interpretación de la obligación jurídica libremente asumida resulta indispensable para determinar la base de la acción?
3)      La acción judicial mediante la cual un demandante solicita que se declare que es propietario de un bien que está en su posesión basándose en un doble contrato de compraventa, el primero de ellos celebrado por el copropietario originario de dicho bien (a saber, el cónyuge de la demandada, también copropietaria originaria del bien) con la persona que se lo vendió al demandante y, el segundo, entre estos dos últimos, ¿está incluida en la materia contractual en el sentido del artículo 5, [punto] 1, del Reglamento [n.º 44/2001]?
a)      ¿Es distinta la respuesta si el demandado esgrime que el primer contrato no era un contrato de compraventa, sino de depósito?
b)      En caso de que uno de esos supuestos esté incluido en la materia contractual, ¿qué contrato se ha de tener en cuenta para determinar el lugar de la obligación que sirve de base a la demanda?
4)      ¿Debe interpretarse el artículo 4 del Reglamento [n.º 593/2008] en el sentido de que se aplica al supuesto al que hace referencia la tercera cuestión prejudicial? En tal caso, ¿qué contrato debe tenerse en cuenta?»
21.      Presentaron observaciones escritas las partes del litigio principal, el Gobierno belga y la Comisión Europea. No se celebró vista.
IV.    Análisis
A.      Sobre la admisibilidad de la cuarta cuestión prejudicial
22.      Sin invocar formalmente la inadmisibilidad de la cuarta cuestión prejudicial, la Comisión alega que el órgano jurisdiccional remitente no indica qué razones le han llevado a preguntarse sobre la aplicación del artículo
4, apartado
1, del Reglamento n.º 593/2008 a los contratos controvertidos en el litigio principal.
23.      Cabe recordar que, con arreglo a una jurisprudencia reiterada, plasmada actualmente en el artículo
94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que este defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones. En la resolución de remisión deben figurar, además, las razones precisas que han conducido al juez nacional a preguntarse sobre la interpretación del Derecho de la Unión y a estimar necesario plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. (12)
24.      En el presente asunto, procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente no ha expuesto las razones que lo han conducido a plantear su cuarta cuestión y que, por consiguiente, no ha cumplido el requisito establecido en el artículo
94 del Reglamento de Procedimiento.
25.      Propongo que se declare la inadmisibilidad de la cuarta cuestión prejudicial.
B.      Sobre el fondo
26.      Las tres primeras cuestiones prejudiciales tienen por objeto, en esencia, la interpretación del concepto de «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
27.      Las dudas del órgano jurisdiccional remitente, que se refieren esencialmente al alcance de la evolución de la extensa jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia en los últimos treinta años, se deben, por una parte, al hecho de que la interpretación dada por el Tribunal de Justicia al concepto de «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, no es uniforme y, por otra parte, al giro jurisprudencial operado por el Tribunal de Justicia al abandonar la interpretación restrictiva de este concepto.
28.      En las presentes conclusiones, formularé brevemente, en primer lugar, algunas observaciones preliminares relativas, en particular, al sistema, a los objetivos y a la génesis del Reglamento n.º 44/2001 (título
1). A continuación, examinaré la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia relativa al concepto autónomo de «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, de dicho Reglamento, con el fin de aclarar el alcance de su evolución y de proponer una respuesta a la primera cuestión prejudicial (título 2) y, por último, analizaré las cuestiones prejudiciales segunda y tercera (títulos 3 y 4).
1.      Observaciones preliminares
29.      En primer lugar, procede recordar que el Reglamento n.º 44/2001, que sustituyó al Convenio de 27 de septiembre de 1968, (13) se inspira en dicho Convenio y representa su continuidad. (14) Por lo tanto, y como se desprende de reiterada jurisprudencia, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo tocante a las disposiciones de dicho Convenio es igualmente válida para las del citado Reglamento, cuando las normas de estos instrumentos puedan calificarse de «equivalentes». (15) Tal es el caso del artículo
5, punto 1, del Convenio de Bruselas y del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, que están redactados en términos casi idénticos. Lo mismo ocurre con la noción de «materia contractual» en el sentido del artículo
5, punto
1, de dicho Reglamento, ya que las modificaciones aportadas a esa disposición se refieren solo al criterio de conexión aplicado para determinar la jurisdicción competente en relación con los contratos de compraventa de mercancías y de prestación de servicios, manteniendo intacta la esencia de la disposición correspondiente del Convenio de Bruselas. (16) En la medida en que el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la evolución de su jurisprudencia reciente relativa a este concepto, en las presentes conclusiones me referiré también a la jurisprudencia pertinente en relación con el artículo
7, punto
1, del Reglamento n.º 1215/2012,
que sustituyó al Reglamento n.º 44/2001.
30.      En segundo lugar, es preciso subrayar que, según reiterada jurisprudencia, debe interpretarse el artículo 5, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 a la luz de la génesis, los objetivos y el sistema de dicho Reglamento. (17) Más concretamente, por lo que respecta al concepto de «materia contractual» en el sentido de esta disposición, procede recordar que, desde la sentencia Peters Bauunternehmung, (18) relativa a la interpretación del Convenio de Bruselas, el Tribunal de Justicia ha declarado en numerosas ocasiones que no puede entenderse que dicho concepto se remita a la calificación que la ley nacional aplicable da a la relación jurídica sobre la que debe pronunciarse el órgano jurisdiccional nacional. Por el contrario, dicho concepto debe ser interpretado de manera autónoma, refiriéndose principalmente al sistema y a los objetivos del Reglamento n.º 44/2001, para garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros. (19) De este modo, pese a que el Tribunal de Justicia no da una definición general y abstracta del concepto de «materia contractual», traza no obstante los límites de este concepto caso por caso, teniendo en cuenta las modificaciones legislativas e indicando si existía o no una obligación contractual.
31.      A este respecto, el Tribunal de Justicia se esfuerza, aún hoy, por definir el sistema y los objetivos del Reglamento n.º 44/2001 desde el «nacimiento» de este Reglamento en forma del Convenio de Bruselas. Me parece importante recordar brevemente, por una parte, el alcance de los requisitos de aplicación del artículo
5, punto
1, de dicho Reglamento y, por otra parte, las dificultades que esta disposición plantea en el contexto de una jurisprudencia particularmente extensa. (20)
32.      Por lo que se refiere, en primer lugar, al sistema del Reglamento n.º 44/2001, procede recordar que fue en la sentencia Peters Bauunternehmung (21) cuando el Tribunal de Justicia se pronunció por primera vez acerca de la articulación entre la regla general de competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado, prevista en el artículo
2, apartado
1, de dicho Reglamento, y la competencia especial en «materia contractual», prevista en el artículo
5, punto
1, de dicho Reglamento. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que «el artículo 5 del Convenio [de Bruselas] prevé atribuciones de competencias especiales, de entre las cuales puede elegir libremente el demandante, como excepción a la norma de competencia general establecida por el párrafo primero del artículo 2 [de este] Convenio». (22) El Tribunal de Justicia ha recordado reiteradamente esta apreciación en su jurisprudencia. (23)
33.      A continuación, por lo que respecta a los objetivos del Reglamento n.º 44/2001, cabe destacar que, según su considerando 11, las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y que esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. Además, el considerando 12 del Reglamento n.º 44/2001 enuncia que el foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia.
34.      Por último, también debo recordar que la génesis del artículo
5, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 pone de manifiesto que las reglas de competencia especiales se basan en la consideración de que «existe un estrecho vínculo de referencia entre el litigio y el tribunal que deberá conocerlo». (24) Por lo tanto, las opciones que tiene el demandante en virtud de esta disposición responden a las exigencias del principio de proximidad. (25)
35.      Analizaré ahora, a la luz de estas observaciones preliminares, las cuestiones que plantea el órgano jurisdiccional remitente.
2.      Sobre la primera cuestión prejudicial
36.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que su aplicación presupone la determinación de una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra y en la que se basa la acción del demandante, aun cuando esta obligación no vincule directamente a las partes del litigio. En caso afirmativo, dicho órgano jurisdiccional pregunta qué grado de vinculación debe existir entre la obligación contractual y dichas partes. Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que confirme la interpretación del concepto de «materia contractual», tal como se desprende de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia.
37.      Por lo que respecta, en primer lugar, a las particularidades del presente asunto, los demandantes en el litigio principal basan su acción declarativa de un derecho de propiedad en un contrato de compraventa celebrado entre la madre de uno de ellos, una galerista que, según los demandantes, adquirió las obras de arte de una pareja de artistas, padres del demandado en el litigio principal. Este último sostiene que el contrato de que se trata no era un contrato de compraventa, sino de depósito.
38.      Como señala el órgano jurisdiccional remitente, las partes del litigio principal no celebraron el contrato controvertido, por lo que no están directamente vinculadas contractualmente.
39.      Por lo que respecta, en segundo lugar, a las observaciones escritas presentadas por las partes, los demandantes en el litigio principal y el Gobierno belga estiman que el concepto de «materia contractual» debe interpretarse en sentido amplio, de modo que permita también que terceros puedan invocar el artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001. No obstante, el Gobierno belga alega que procede aplicar el criterio enunciado en la sentencia flightright no a las situaciones en las que se plantea la cuestión de dilucidar quién es el propietario de un bien, como ocurre en el presente asunto, sino únicamente a las situaciones en las que la demanda se basa en la propia obligación contractual. Según este Gobierno, la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia tiende a conducir a un «forum shopping», en detrimento de la seguridad jurídica.
40.      El demandado en el litigio principal y la Comisión alegan, en particular, que, para calificar la acción de «contractual», debe existir un vínculo contractual entre las partes del litigio. A este respecto, el demandado en el litigio principal recuerda que las competencias especiales deben interpretarse en sentido estricto para preservar el objetivo de previsibilidad y seguridad jurídica del Reglamento n.º 44/2001. Por su parte, la Comisión sostiene que, teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Handte, (26) en una situación en la que el demandante basa su acción en varios contratos sucesivos, no se aplica la competencia especial en materia contractual, ya que el demandante y el demandado no son partes del mismo contrato. Considera, por lo tanto, que procede aplicar la regla general de competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado.
41.      Habida cuenta del tenor de la primera cuestión prejudicial y de las observaciones de las partes, considero necesario analizar la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia.
a)      Jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia relativa al concepto de «materia contractual», en el sentido del artículo 5, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001
42.      El artículo
5, punto
1, letra a), del Reglamento n.º 44/2001 dispone que las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro, en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional «del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda». Para determinar la competencia judicial en virtud de esta disposición y responder a la cuestión de si un litigio puede calificarse de litigio «en materia contractual», el Tribunal de Justicia ha dado una interpretación autónoma del concepto de «materia contractual» orientándose, en un primer momento, hacia la interpretación restrictiva de este concepto y, posteriormente, hacia una interpretación más amplia. Estos dos enfoques determinan de manera diferente la obligación que sirve de base a la demanda y, por lo tanto, el lugar de cumplimiento de esta obligación. Es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado que «la obligación cuyo lugar de cumplimiento determina la competencia judicial con arreglo al artículo 5, [punto] 1, del Reglamento [n.º 44/2001] es la obligación que deriva del contrato y cuyo incumplimiento se hubiere alegado para justificar la acción judicial». (27) A pesar de la claridad de esta afirmación, la identificación de esta obligación no siempre es evidente, como muestran las dificultades encontradas al interpretar el concepto de «materia contractual». (28)
43.      En este contexto, la cuestión que se plantea es si el Tribunal de Justicia ha abandonado la interpretación restrictiva en favor de una interpretación más amplia, llevando así a cabo un giro sustancial en relación con su jurisprudencia anterior. Este interrogante es parte esencial de las dudas que han llevado a presentar estas cuestiones prejudiciales. Para comprender mejor el alcance de esta jurisprudencia y estar en condiciones de proponer una respuesta útil, considero necesario identificar en la referida jurisprudencia estas dos líneas de interpretación y su evolución, así como los objetivos de previsibilidad y/o de proximidad del Reglamento n.º 44/2001 en los que el Tribunal de Justicia se basó para adoptar una u otra interpretación.
1)      Sobre la interpretación restrictiva del concepto de «materia contractual»: el requisito de la existencia de un contrato entre las partes del litigio
44.      El concepto de «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión, que sirve para delimitar el ámbito de aplicación de esta disposición. (29)
45.      Para trazar los límites de este concepto autónomo, el Tribunal de Justicia adoptó, a principios de los años 80, una interpretación restrictiva de la regla especial de competencia reconocida al demandante en materia contractual (en lo sucesivo, «interpretación restrictiva»). Las sentencias Peters Bauunternehmung y Handte originaron esta línea jurisprudencial.
46.      En la sentencia Peters Bauunternehmung, (30) el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la articulación entre las reglas de competencia especiales y la regla general de competencia. (31) La doctrina consideró que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia se había pronunciado «a favor de una interpretación restrictiva de todo lo que constituye una excepción al artículo
2 del Convenio de Bruselas». (32)
47.      A continuación, el Tribunal de Justicia afirmó, en la sentencia Kalfelis, (33) que, como excepciones al principio general, las reglas de competencia especial debían interpretarse en sentido estricto, (34) precisando posteriormente que «no pueden dar lugar a una interpretación que vaya más allá de los supuestos contemplados por el Convenio [de Bruselas]». (35) Aunque este enfoque no tenía, en mi opinión, como objetivo limitar el ámbito de aplicación de la «materia contractual» (36) adoptando una interpretación estricta del concepto de «obligación contractual», el Tribunal de Justicia adoptó, no obstante, en las sentencias posteriores, una interpretación restrictiva de este último concepto basándose en que se trataba de una de las excepciones a la regla general de competencia.
48.      En la sentencia Handte, (37) el Tribunal de Justicia se pronunció por primera vez sobre el concepto de «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto 1, del Convenio de Bruselas, afirmando que este concepto «no puede ser entendido como si se refiriera a una situación en la que no existe ningún compromiso libremente asumido por una parte frente a otra».
Así, basándose en el principio de previsibilidad del foro en el que el demandante debe presentar su demanda, (38) el Tribunal de Justicia ha declarado que «el punto 1 del artículo 5 [de ese] Convenio debe interpretarse en el sentido de que no se aplica al litigio entablado entre el subadquirente de una cosa y el fabricante, que no es el vendedor, por defectos de la cosa o por no ser esta adecuada para el uso al que está destinada». (39)
49.      A partir de esta sentencia, ha quedado claro que la interpretación restrictiva adoptada por el Tribunal de Justicia limitaba el concepto de «materia contractual» en el sentido de que esta disposición solo era aplicable a las relaciones entre las partes contratantes del contrato controvertido, es decir, únicamente a los litigios entre las partes en los contratos. En efecto, para calificar la acción, el elemento decisivo que el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta fue la relación contractual entre las partes del litigio.
50.      A este respecto, me parece importante subrayar que, en esta línea jurisprudencial, (40) el Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo
5, punto
1, del Convenio de Bruselas o del Reglamento n.º 44/2001 a la luz de los objetivos y del sistema de dicho Convenio o de dicho Reglamento, ha basado el concepto autónomo de «materia contractual», principalmente, en el objetivo de previsibilidad. (41)
51.      Aunque esta interpretación restrictiva del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001 y, por lo tanto, del concepto de «materia contractual», adoptada desde hace tiempo por la jurisprudencia, (42) ha sido bien acogida por una parte de la doctrina, (43) no obstante, también ha sido objeto de críticas por parte de algunos autores en lo que respecta no solo al enfoque estricto relativo a la articulación entre la regla general y las normas especiales, sino también a la definición restrictiva del concepto de «materia contractual» y, en consecuencia, de «obligación contractual», dada por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia.
52.      En primer lugar, por lo que respecta al sistema del Reglamento n.º 44/2001, los autores que se oponen a este enfoque consideran que la mera existencia de la regla general del artículo
2 de este Reglamento no debe llevar a que prevalezca una interpretación estricta, o incluso restrictiva, de su artículo
5, y que tal interpretación no puede hacerse en detrimento de la coherencia global de dicho Reglamento, (44) a saber, para garantizar en la medida de lo posible la igualdad y la uniformidad de los derechos y obligaciones que de él se derivan. (45) En particular, algunos autores subrayan que se trata únicamente de evitar, como ha declarado el Tribunal de Justicia, «una interpretación que vaya más allá de los supuestos contemplados» por el sistema del Reglamento n.º 44/2001 (46) y que, por lo tanto, sería erróneo deducir del tenor del artículo
5, punto
1, de dicho Reglamento que esta disposición es una excepción que debe aplicarse con menor frecuencia que el artículo
2 de dicho Reglamento. (47) En efecto, la mera existencia de reglas especiales de competencia, como tales, refuerza la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro distinto del Estado miembro de su domicilio. Esta posibilidad permite garantizar un equilibrio entre los intereses del demandante y los del demandado. (48)
53.      Comparto esta opinión. Este enfoque se desprende claramente de la sentencia Peters Bauunternehmung, en la que el Tribunal de Justicia ya había precisado que «si bien el artículo 5 [del Convenio de Bruselas] prevé atribuciones de competencias especiales cuya elección depende de una opción del demandante, ello se debe a la existencia, en ciertas hipótesis bien determinadas, de un vínculo particularmente estrecho entre una controversia y el órgano jurisdiccional que puede ser llamado a conocer de ella, para conseguir un mejor desarrollo de un proceso». (49) De ello se desprende claramente que el Tribunal de Justicia interpreta esta disposición refiriéndose, en particular, al objetivo de proximidad.
54.      Esto me lleva a recordar, en segundo lugar, que la definición del concepto de «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, tal como fue elaborada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Handte, (50) también ha sido objeto de críticas. En efecto, varios autores han considerado que este enfoque restrictivo otorgaba un papel demasiado reducido al foro contractual en detrimento, en particular, del principio de proximidad (51) y que debía hacerse «una interpretación más amplia adaptada a los intereses económicos subyacentes». (52)
55.      Por consiguiente, por las razones expuestas en los puntos anteriores, (53) opino que la interpretación estricta de la articulación entre la regla general y las reglas especiales no debe conducir a una interpretación restrictiva del concepto de «materia contractual» ni, en consecuencia, del concepto de «obligación contractual». (54) Una interpretación más amplia del concepto de «materia contractual» permite tener en cuenta el objetivo de proximidad y buena administración de la justicia. (55) Como ha señalado recientemente la doctrina, una interpretación demasiado dogmática y que favorezca de manera excesiva la seguridad jurídica y, por lo tanto, el objetivo de previsibilidad en relación con la buena administración de la justicia y con el objetivo de proximidad puede provocar disfunciones del sistema. (56) En efecto, en mi opinión, la coherencia global del Reglamento n.º 44/2001 implica tener en cuenta, al interpretar el artículo
5, punto
1, de dicho Reglamento, el equilibrio entre el objetivo de proximidad y buena administración de la justicia y el objetivo de previsibilidad y seguridad jurídica. (57) Este equilibrio entre los objetivos del citado Reglamento permite también garantizar el equilibrio entre los intereses del demandante y los del demandado. A este respecto, basta recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto autónomo de «materia contractual» debe referirse al sistema y a los objetivos del mismo
Reglamento, para garantizar la aplicación uniforme de este en todos los Estados miembros. (58) En cualquier caso, la interpretación del artículo
5, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 no debe vaciar de contenido esta disposición y debe permitir que la regla de competencia especial establecida en él produzca su efecto útil. (59) La cuestión que se plantea en esta fase es si la orientación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia hacia una interpretación más amplia de esta disposición lo permite. En mi opinión, así es.
2)      Sobre la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia hacia una interpretación más amplia: el requisito de la identificación de una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra y en la que se basa la acción del demandante
56.      Procede recordar que, en sus primeras sentencias relativas a la interpretación del artículo
5, punto 1, del Convenio de Bruselas, el Tribunal de Justicia declaró que esta disposición era aplicable «aun cuando la formación del contrato que dio lugar a la demanda sea objeto de litigio entre las partes». (60) De esta consideración ya se desprende, como destacará más adelante el Abogado General Jacobs, (61) que el Tribunal de Justicia no había considerado que el ámbito de aplicación de dicha disposición debiera definirse de forma restringida. En sus conclusiones, este recordó que el Tribunal de Justicia ya había declarado que el ámbito de aplicación de dicha disposición comprende los «vínculos estrechos del mismo tipo que los que se establecen entre las partes de un contrato», incluida la relación entre una asociación y sus miembros. (62) En su opinión, tal planteamiento parece reflejar la intención implícita en la formulación utilizada en las distintas versiones lingüísticas. (63)
57.      Algunos años más tarde, en la sentencia Tacconi, (64) el Tribunal de Justicia afirmó claramente que «el artículo 5, [punto] 1, del Reglamento [n.º 44/2001
no exige la celebración de un contrato», (65) precisando que «para que se aplique dicha disposición resulta indispensable identificar una obligación, dado que la competencia del órgano jurisdiccional nacional se determina, en materia contractual, en función del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirva de base a la demanda». (66) No obstante, esta sentencia parece también limitar la aplicabilidad del artículo
5, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 a las situaciones en las que existe un compromiso libremente asumido por una parte frente a otra, es decir, una obligación que vincula a las partes del litigio.
58.      Tal limitación se abandonó en la sentencia Engler, (67) en la que el Tribunal de Justicia confirmó que el artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001 no exige la celebración de un contrato. (68) El Tribunal de Justicia ha indicado claramente, habida cuenta de su jurisprudencia anterior, (69) que «el Tribunal de Justicia no interpreta de manera estricta» la aplicación de la regla de competencia especial prevista en materia contractual en dicha disposición. (70) Así, declaró que la aplicación de esta disposición «presupone la determinación de una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra y en la que se basa la acción del demandante». (71) Esta definición más amplia del concepto de «materia contractual» desde entonces ha pasado a ser reiterada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (72) Dicha definición exige que se cumplan dos requisitos acumulativos para que una pretensión esté comprendida en esta materia: por una parte, la pretensión debe referirse a una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra y, por otra parte, debe basarse en dicha obligación.
i)      Sobre el primer requisito: la demanda debe tener por objeto una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra
59.      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que este primer requisito se refiere a varios tipos de obligaciones jurídicas. (73) De entrada, en la sentencia Kareda, (74) el Tribunal de Justicia precisó este primer requisito a la luz de su jurisprudencia anterior. (75) En el marco de una interpretación más amplia del concepto de «materia contractual», el Tribunal de Justicia ha declarado que las obligaciones contractuales incluyen todas las obligaciones que nacen de un contrato. (76)
60.      A continuación, incluyó también las obligaciones que tienen su fundamento en «relaciones estrechas […] del mismo tipo que las que se establecen entre las partes de un contrato». (77)
61.      Por último, dado que, para que una acción esté comprendida en la materia contractual, es preciso identificar la obligación que sirve de base a la demanda sin que sea necesario que exista un contrato, (78) el Tribunal de Justicia ha considerado, en particular, que las obligaciones que se impongan, en virtud no ya de un acuerdo de voluntades, sino de un compromiso unilateral voluntario de una persona frente a otra, (79) así como de las relaciones contractuales tácitas, (80) están comprendidas en la «materia contractual».
62.      No obstante, dado que los dos requisitos de que se trata son acumulativos, la aplicación del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001 no depende únicamente de la identificación de una obligación. Es preciso además que la demanda se base en dicha obligación.
ii)    Sobre el segundo requisito: la demanda debe basarse en dicha obligación
63.      En la sentencia flightright, (81) el Tribunal de Justicia precisó que la norma de competencia especial en materia contractual que establecen el artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 44/2001 y el artículo
7, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012 no se basa en la identidad de las partes sino en la causa de la acción. (82)
64.      A este respecto, como indicó el Abogado General Saugmandsgaard Øe, «[m]ediante este requisito, el Tribunal de Justicia reserva […] las demandas que son de naturaleza contractual, es decir, […] las que suscitan, en cuanto al fondo, principalmente cuestiones de Derecho contractual o, dicho de otra manera, cuestiones comprendidas en el ámbito de la ley aplicable al contrato (la denominada «lex contractus»), en el sentido del Reglamento [n.º 593/2008]. De este modo, el Tribunal de Justicia garantiza, de conformidad con el objetivo de proximidad que subyace a esta disposición, que el juez del contrato se pronuncie esencialmente sobre cuestiones análogas». (83) Este subrayó que, habida cuenta que estas disposiciones relativas a la regla de competencia especial en materia contractual no se aplican únicamente a los contratos, se refería con ello a «todas las normas jurídicas que imponen obligaciones en virtud de un compromiso asumido voluntariamente por una persona frente a otra». (84)
b)      Conclusión provisional
65.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede señalar, en primer lugar, que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del concepto de «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, no puede considerarse uniforme, lo que explica las dificultades que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen para determinar, aún hoy, si los litigios están comprendidos o no en esta materia. (85)
66.      En efecto, inicialmente, el Tribunal de Justicia se orientó hacia una interpretación restrictiva del concepto de «materia contractual», al considerar que únicamente los litigios que tienen su origen en un contrato entre las partes del litigio estaban comprendidos en esta materia. (86) En el marco de esta interpretación, el Tribunal de Justicia se refirió, esencialmente, al objetivo de previsibilidad y de seguridad jurídica del Convenio de Bruselas o del Reglamento n.º 44/2001. (87)
67.      A continuación, el Tribunal de Justicia se inclinó hacia una interpretación más amplia del concepto de «materia contractual», al considerar que un litigio está comprendido en este concepto cuando el demandante basa la acción que ejercita contra el demandado en una obligación jurídica libremente consentida por una persona frente a otra. En la sentencia Engler, (88) el Tribunal de Justicia indicó claramente, por primera vez, que no interpreta «[el artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001] de manera estricta». Posteriormente, en las sentencias Kareda (89) y flightright, (90) confirmadas por la jurisprudencia posterior, (91) el Tribunal de Justicia abandonó definitivamente la interpretación restrictiva de esta disposición basada en el enfoque «personalista» de la materia contractual, (92) resultante de la sentencia Handte, (93) para adoptar una interpretación más amplia.
68.      En segundo lugar, de esta interpretación más amplia se desprende que la acción del demandante, aunque se haya interpuesto contra un tercero, debe calificarse de «contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, puesto que se basa en una obligación jurídica consentida por una persona respecto a otra. (94) Por consiguiente, el hecho de que, en el presente asunto, las dos partes del litigio no estén directamente vinculadas por un contrato no desvirtúa la calificación de dicha acción como comprendida en la «materia contractual». En efecto, lo único que importa es que la obligación jurídica que invocan los demandantes en el litigio principal nazca de un contrato, entendido como un acuerdo entre dos personas, o de una relación jurídica que puede asimilarse a un contrato en la medida en que crea «vínculos estrechos del mismo tipo que los que se establecen entre las partes de un contrato». (95)
69.      En el marco de esta interpretación más amplia, de las sentencias Kareda y flightright se desprende que el Tribunal de Justicia se ha referido no solo al objetivo de previsibilidad y seguridad jurídica, sino también a los de proximidad y buena administración de la justicia. (96)
70.      Así, cuando se ha identificado la obligación contractual en la que se basa la acción del demandante, procede determinar si existe un vínculo de conexión particularmente estrecho entre la demanda y el órgano jurisdiccional al que puede someterse esta, o si la aplicación del artículo
5, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 permite facilitar la buena administración de justicia. (97) Por lo tanto, en mi opinión, procede velar por que se respete el equilibrio entre el objetivo de previsibilidad y seguridad jurídica y el de proximidad y buena administración de la justicia de dicho Reglamento. (98)
71.      A este respecto, ha de recordarse que el Tribunal de Justicia ha declarado, por una parte, que es indispensable evitar, en la medida de lo posible, una multiplicidad de los tribunales competentes en relación con un mismo contrato, con el fin de prevenir el riesgo de que se adopten resoluciones contradictorias y de facilitar el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales fuera del territorio del Estado en que hayan sido dictadas. (99) En efecto, la adopción del criterio de competencia del artículo 5, punto 1, del Convenio de Bruselas estuvo motivada por razones de buena administración de la justicia y de sustanciación adecuada del proceso, ya que el órgano jurisdiccional más adecuado para conocer del asunto será normalmente el del lugar en que deba cumplirse la obligación estipulada en el contrato y que sirve de base a la acción judicial, sobre todo por motivos de proximidad del litigio y de facilidad para la práctica de la prueba. (100)
72.      El Tribunal de Justicia también ha declarado, por otra parte, que el principio de seguridad jurídica exige que las reglas de competencia que establecen excepciones al principio general enunciado en el artículo
2 del Reglamento n.º 44/2001, tales como la del artículo 5, punto 1, de dicho Reglamento, se interpreten de modo que permitan al demandado normalmente informado prever razonablemente cuál es el órgano jurisdiccional distinto al del Estado de su domicilio ante el que pudiera ser demandado. (101)
73.      En el presente asunto, no puede prosperar la alegación del demandado en el litigio principal de que no podía prever ser demandado ante el órgano jurisdiccional remitente, que es el órgano jurisdiccional del lugar de cumplimiento de las obligaciones en el que durante más de treinta años estuvieron las obras de arte.
74.      Esta apreciación es conforme con el principio de proximidad y de seguridad jurídica y garantiza el equilibrio entre los intereses del demandante y los del demandado. Además, tal solución permite que la regla de competencia enunciada en el artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001 produzca su efecto útil.
75.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo que se responda a la primera cuestión prejudicial que el artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que su aplicación presupone la determinación de una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra y en la que se basa la acción del demandante, aun cuando esta obligación no vincule directamente a las partes del litigio. Al interpretar esta disposición, el órgano jurisdiccional nacional debe velar por que se respete el equilibrio entre el objetivo de previsibilidad y seguridad jurídica y el de proximidad y buena administración de la justicia.
3.      Sobre la segunda cuestión prejudicial
76.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide si una acción está comprendida en la «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, cuando resulta indispensable examinar la obligación contractual o, en su caso, el contenido del contrato o los contratos controvertidos con el fin de apreciar el fundamento de la acción del demandante para determinar la naturaleza jurídica de dicha obligación. Mediante esta cuestión, solicita al Tribunal de Justicia que confirme si el criterio establecido por el Tribunal de Justicia en el apartado
32 de la sentencia Wikingerhof puede aplicarse, por analogía, para apreciar el fundamento de una acción declarativa de un derecho de propiedad como la controvertida en el litigio principal. No obstante, habida cuenta de que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, el demandante invocaba en su demanda el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley y, más concretamente, por el Derecho de la competencia, (102) considero que este criterio no es aplicable en el presente asunto. Por estos motivos, estimo que es necesario reformular dicha cuestión de modo que el Tribunal de Justicia pueda darle una respuesta útil.
77.      Por consiguiente, opino que la segunda cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente debe reformularse de tal manera que, mediante dicha cuestión prejudicial, el referido órgano jurisdiccional pregunte si, en el momento de verificar la competencia, para apreciar el fundamento de una acción ejercitada por el demandante con el fin de determinar si dicha acción está comprendida en la «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto está obligado a examinar la obligación contractual o, en su caso, el contenido del contrato o los contratos controvertidos.
78.      Considero que la jurisprudencia proporciona la respuesta a esta cuestión. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el objetivo de seguridad jurídica exige que el juez nacional ante el que se ejercite la acción pueda pronunciarse con facilidad sobre su propia competencia, sin verse obligado a realizar un examen sobre el fondo del asunto. (103) En lo que atañe a la aplicación de este requisito en el marco de una competencia especial, como la controvertida en el litigio principal, el Tribunal de Justicia, por un lado, ha considerado que el juez que debe zanjar un litigio derivado de un contrato pueda comprobar, incluso de oficio, las condiciones fundamentales de su competencia, a la vista de circunstancias concluyentes y pertinentes expuestas por la parte interesada que demuestren la existencia o inexistencia del contrato. (104) Por otro lado, ha precisado que, en el momento de verificar la competencia, el tribunal ante el que se ha presentado la demanda no examina la admisibilidad ni la procedencia de la demanda a la luz de las normas del Derecho nacional, sino que se limita a identificar los puntos de conexión con el Estado del foro que justifican su competencia en virtud del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001. De este modo, dicho tribunal puede considerar acreditadas, únicamente a efectos de verificar su competencia en virtud de esta disposición, las alegaciones del demandante en lo que respecta a la naturaleza jurídica de las obligaciones en las que se basa su acción. (105) El Tribunal de Justicia también ha precisado que, el órgano jurisdiccional que conoce de un asunto debe examinar, a la hora de comprobar si es competente con arreglo al Reglamento n.º 44/2001, todos los elementos de que disponga, incluidas, en su caso, las objeciones formuladas por el demandado. (106)
79.      La circunstancia de que la acción controvertida en el litigio principal sea una acción declarativa de un derecho de propiedad no influye en el hecho de que dicha acción esté comprendida en la «materia contractual» y, por lo tanto, en el ámbito de aplicación del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001. En efecto, solo es relevante el que la obligación jurídica en la que se basa la acción de los demandantes en el litigio principal surgiera de un contrato original, como he indicado en el punto
68 de las presentes conclusiones. Asimismo, ha de señalarse que la acción ejercitada por los demandantes en el litigio principal se basa en la alegación de que CD adquirió, mediante este primer contrato, el derecho de propiedad sobre las obras de arte.
80.      Por consiguiente, propongo que se responda a esta cuestión que, para apreciar el fundamento de una acción ejercitada por el demandante con el fin de determinar si dicha acción está comprendida en la «materia contractual» en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto no está obligado a examinar, en el momento de verificar la competencia, la obligación contractual o, en su caso, el contenido del contrato o los contratos controvertidos. Para comprobar si se cumplen los requisitos esenciales de su competencia, dicho órgano jurisdiccional únicamente identifica los puntos de conexión con el Estado del foro que justifican su competencia en virtud de dicha disposición y examina todos los elementos de que dispone, en particular las alegaciones pertinentes del demandante en cuanto a la naturaleza de las obligaciones en las que se basa su acción y, en su caso, las objeciones formuladas por el demandado. La circunstancia de que la acción controvertida en el litigio principal sea una acción declarativa de un derecho de propiedad no influye en que dicha acción esté comprendida en la «materia contractual» y, por lo tanto, en el ámbito de aplicación del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001.
4.      Sobre la tercera cuestión prejudicial
81.      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una acción declarativa de un derecho de propiedad sobre un bien mueble, cuando se basa en dos contratos que no vinculan, ninguno de ellos, a las partes del litigio, está comprendida en la «materia contractual» en el sentido de esta disposición, y, en su caso, cuál de esos contratos debe tenerse en cuenta para determinar el lugar de la obligación que sirve de base a la demanda.
82.      En el presente asunto los demandantes en el litigio principal pretenden, mediante la interposición de su acción, que se reconozca su derecho de propiedad sobre las obras de arte. Como ya he señalado, las particularidades de este asunto radican en que la acción declarativa de un derecho de propiedad que interponen los demandantes se basa en dos contratos a pesar de no existir un vínculo contractual directo entre ellos y el demandado en el litigio principal.
83.      Por lo que respecta, en primer lugar, a si puede considerarse comprendida en la «materia contractual» una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que los contratos en los que se basa la acción del demandante no vinculan a las partes del litigio, considero, como se desprende de mi propuesta de respuesta a la primera cuestión prejudicial, que así es. Además, de la argumentación expuesta por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que es posible identificar una obligación jurídica libremente consentida entre dos personas, a saber, CD y la pareja de artistas, en la que se basa la acción de los demandantes en el litigio principal. Esta obligación existe independientemente del tipo de contrato (contrato de compraventa o de depósito) celebrado entre CD (107) y la pareja de artistas. Por consiguiente, la naturaleza jurídica del contrato original celebrado entre estas dos partes es irrelevante a la hora de determinar si el órgano jurisdiccional remitente puede identificar una obligación contractual en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
84.      Por lo que respecta, en segundo lugar, a la cuestión de qué contrato debe tenerse en cuenta para determinar el lugar de la obligación que sirve de base a la demanda, procede recordar que el litigio principal tiene su origen en el primer contrato, cuya calificación constituye un aspecto central del litigio. En otras palabras, este primer contrato es la fuente original de los derechos y obligaciones controvertidos. Si bien la calificación del referido contrato como «contrato de compraventa» o de «contrato de depósito» es esencial para determinar si la propiedad de las obras de arte se ha transmitido a CD, corresponde al órgano jurisdiccional nacional, y no al Tribunal de Justicia, efectuar esa determinación. En efecto, el análisis de ese mismo contrato a efectos de su naturaleza jurídica es una cuestión de fondo.
85.      Ciertamente, no es necesario determinar si el primer contrato es un contrato de compraventa o un contrato de depósito para responder a la cuestión de si el litigio principal está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001. Sin embargo, la calificación de dicho contrato resulta indispensable para determinar qué disposición se aplica en el presente asunto, el artículo
5, punto
1, letra a), o el artículo
5, punto
1, letra b), de dicho Reglamento, ya que esta última disposición se refiere únicamente a la compraventa de mercaderías y a la prestación de servicios. Además, la distinción entre estas dos disposiciones resulta relevante para la determinación de los órganos jurisdiccionales competentes en materia contractual. (108)
86.      El órgano jurisdiccional remitente no ha abordado específicamente la cuestión de la aplicabilidad de las referidas disposiciones en el presente asunto, como tampoco ha solicitado al Tribunal de Justicia que aclare este extremo. Las partes tampoco abordaron esta cuestión, que no ha sido objeto de debate entre ellas. Por lo tanto, me limitaré a hacer las observaciones siguientes.
87.      En primer lugar, ha de observarse que, para determinar si el artículo
5, punto
1, letra b), del Reglamento n.º 44/2001 es aplicable al litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente debe apreciar si, en el presente asunto, este primer contrato puede calificarse de «contrato de compraventa de mercaderías» o de «contrato de prestación de servicios». En caso afirmativo, debe determinar el lugar en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías (109) o, en su caso, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios. (110) A este respecto, cabe recordar que esta disposición define de manera autónoma los criterios de conexión para los contratos de compraventa de mercaderías y de prestación de servicios. (111)
88.      Si el órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo
5, punto
1, letra b), del Reglamento n.º 44/2001 no es aplicable al litigio principal, (112) deberá entonces aplicar el artículo
5, punto
1, letra a), de dicho Reglamento que se refiere a todos los tipos de contratos salvo los contemplados en el artículo
5, punto
1, letra b), de dicho Reglamento. En ese caso, para determinar el lugar de cumplimiento de la obligación controvertida en el sentido del artículo
5, punto
1, letra a), del mismo Reglamento, dicho órgano jurisdiccional deberá aplicar el principio derivado de la sentencia Industrie Tessili Italiana Como, (113) según el cual, por una parte, puede interponerse una demanda ante el órgano jurisdiccional del lugar de cumplimiento de la obligación que sirve de base a dicha acción y, por otra parte, ese lugar debe determinarse con arreglo a la ley por la que se rige dicha obligación según las normas de conflicto del órgano jurisdiccional que conoce del litigio. (114)
89.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la tercera cuestión prejudicial que una acción declarativa de un derecho de propiedad sobre un bien mueble, cuando se basa en dos contratos que no vinculan directamente a las partes del litigio, está comprendida en la «materia contractual» en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001. El contrato que debe tenerse en cuenta para determinar el lugar de la obligación que sirve de base a la demanda es el contrato original objeto del litigio.
V.      Conclusión
90.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica):
«1)      El artículo
5, punto
1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22
de
diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que su aplicación presupone la determinación de una obligación jurídica libremente consentida por una persona respecto a otra y en la que se basa la acción del demandante, aun cuando esta obligación no vincule directamente a las partes del litigio. En el marco de la interpretación de esta disposición, el órgano jurisdiccional nacional debe velar por que se respete el equilibrio entre el objetivo de previsibilidad y seguridad jurídica y el de proximidad y buena administración de la justicia.
2)      A efectos de apreciar el fundamento de una acción con el fin de determinar si dicha acción está comprendida en la «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto no está obligado a examinar, en el momento de verificar la competencia, la obligación contractual o, en su caso, el contenido del contrato o los contratos controvertidos. Para comprobar si se cumplen los requisitos esenciales de su competencia, dicho órgano jurisdiccional únicamente identifica los puntos de conexión con el Estado del foro que justifican su competencia en virtud de dicha disposición y examina todos los elementos de que dispone, en particular, las alegaciones pertinentes del demandante en cuanto a la naturaleza de las obligaciones en las que se basa su acción y, en su caso, las objeciones formuladas por el demandado. La circunstancia de que la acción controvertida en el litigio principal sea una acción declarativa de un derecho de propiedad no influye en el hecho de que dicha acción esté comprendida en la «materia contractual» y, por lo tanto, en el ámbito de aplicación del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001.
3)      La acción declarativa de un derecho de propiedad sobre un bien mueble, cuando se basa en dos contratos que no vinculan directamente a las partes del litigio, está comprendida en la «materia contractual», en el sentido del artículo
5, punto
1, del Reglamento n.º 44/2001. El contrato que debe tenerse en cuenta para determinar el lugar de la obligación que sirve de base a la demanda es el contrato original objeto del litigio.»
1      Lengua original: francés.
2      Reglamento del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1; corrección de errores en DO 2011, L 307, p. 28 y en DO 2022, L 176, p. 47). El Reglamento n.º 44/2001 fue derogado por el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1). Sin perjuicio de determinadas excepciones, el Reglamento n.º 1215/2012 solo será aplicable, conforme a su artículo 81, a partir del 10 de enero de 2015. Habida cuenta de la fecha de interposición del litigio principal, este sigue rigiéndose por el Reglamento n.º 44/2001.
3      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6; corrección de errores en DO 2009, L 309, p. 87).
4      Sentencias de 15 de junio de 2017, Kareda (C‑249/16, en lo sucesivo, «sentencia Kareda», EU:C:2017:472); de 7 de marzo de 2018, flightright y otros (C‑274/16, C‑447/16 y C‑448/16, en lo sucesivo, «sentencia flightright», EU:C:2018:160); de 4 de octubre de 2018, Feniks (C‑337/17, en lo sucesivo, «sentencia Feniks», EU:C:2018:805), y de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia (C‑215/18, en lo sucesivo, «sentencia Primera Air Scandinavia», EU:C:2020:235).
5      Sentencia de 8 de mayo de 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), apartado 24 y jurisprudencia citada.
6      Sentencia de 17 de junio de 1992 (C‑26/91, en lo sucesivo, «sentencia Handte», EU:C:1992:268), apartado 15.
7      Sentencia de 8 de mayo de 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), apartado 25 y jurisprudencia citada.
8      Sentencia Kareda, apartados 30 y 31.
9      Sentencia flightright, apartados 57 a 63.
10      Sentencia Feniks, apartados 42 y 43.
11      Sentencias flightright, apartado 61, y Primera Air Scandinavia, apartado 44.
12      Véanse, en particular, las sentencias de 25 de marzo de 2021, Obala i lučice (C‑307/19, EU:C:2021:236), apartado 49, y de 24 de febrero de 2022, Suzlon Wind Energy Portugal (C‑605/20, EU:C:2022:116), apartado 31 y jurisprudencia citada.
13      Convenio celebrado entre los Estados miembros
el 27 de septiembre de 1968, al amparo del artículo 220, cuarto guion, del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (actualmente artículo 293 CE, cuarto guion), relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), modificado posteriormente por los sucesivos convenios de adhesión de nuevos Estados miembros a dicho Convenio (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).
14      Véase el considerando 19 del Reglamento n.º 44/2001.
15      Sentencia de 14 de marzo de 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165), apartado 27.
16      Sentencia de jueves, 7 de febrero de 2013, Refcomp (C‑543/10, EU:C:2013:62), apartado 20 y jurisprudencia citada.
17      Véase, en particular, la sentencia de 3 de mayo de 2007, Color Drack (C‑386/05, EU:C:2007:262), apartado 18.
18      Sentencia de 22 de marzo de 1983 (34/82, en los sucesivo, «sentencia Peters Bauunternehmung», EU:C:1983:87), apartados 9 y 10.
19      Véanse, en particular, las sentencias Handte, apartado 10; de 14 de marzo de 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165), apartado 27, y Feniks, apartado 38 y jurisprudencia citada.
20      La extensa jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 5, punto 1, del Convenio de Bruselas y del Reglamento n.º 44/2001 pone de manifiesto la complejidad de esta disposición y las dificultades que entraña su aplicación. Véase, en particular, el informe explicativo del catedrático Fausto Pocar sobre el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 (DO 2009, C 319, p. 1; en lo sucesivo, «informe Pocar»), apartados 44 y ss., especialmente el apartado 46 de dicho informe, según el cual «a pesar de la interpretación que proporciona la jurisprudencia, que ha solucionado algunas de las dificultades, son muchos los que han juzgado insatisfactorias las normas citadas».
21      Apartado 10 de la sentencia citada. El asunto que dio lugar a la referida sentencia versaba sobre una acción de cobro de cantidades adeudadas por una sociedad alemana, miembro de una asociación neerlandesa, en virtud de una norma interna establecida por los órganos de dicha asociación y obligatoria para sus miembros.
22      Sentencia Peters Bauunternehmung, apartado 7.
23      Véase, recientemente, la sentencia Wikingerhof, apartado 26.
24      Véase el informe del Sr. P. Jenard sobre el Convenio de Bruselas de 1968 (DO 1979, C 59, p. 1; texto en español, en DO 1990, C 189, pp. 122 y ss., especialmente p. 142).
25      Véase, a este respecto, Gaudemet-Tallon, H.: Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement 44/2001. Convention de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007),  4.ª ed., LGDJ, París, 2010, pp. 159 y 160: «Por lo tanto, es el concepto de proximidad (proximidad territorial o procesal, según los casos) lo que explica las opciones que ofrece el texto».
26      Apartado 15 de la sentencia citada.
27      Véanse, en particular, las sentencias de 14 de diciembre de 1977, de Bloos (59/77, EU:C:1977:207), apartados 14 y 15, y de 19 de febrero de 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99), apartado 44.
28      Véase, en particular, el informe Pocar, apartado 42.
29      Véanse, en particular, las sentencias Peters Bauunternehmung, apartado 10; de 8 de marzo de 1988, Arcado (9/87, EU:C:1988:127), apartado 10, y, recientemente, Wikingerhof, apartado 25.
30      Apartado 11de la sentencia citada: «[s]i bien el artículo 5 [del Convenio de Bruselas] prevé atribuciones de competencias especiales cuya elección depende de una opción del demandante, ello se debe a la existencia, en ciertas hipótesis bien determinadas, de un vínculo particularmente estrecho entre una controversia y el órgano jurisdiccional que puede ser llamado a conocer de ella, para conseguir un mejor desarrollo de un proceso».
31      Véase el punto 32 de las presentes conclusiones.
32      Véase, en particular, Gaudemet-Tallon, H., op. cit., p. 161.
33      Sentencia de 27 de septiembre de 1988 (189/87, EU:C:1988:459), apartado 19.
34      La citada sentencia Kalfelis se refería al concepto de «en materia de delitos o cuasidelitos», pero el Tribunal de Justicia aplicó posteriormente esta afirmación por analogía en sentencias relativas al concepto de «materia contractual». Véanse, en particular, la sentencia de 14 de julio de 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559), apartado 18, y la sentencia Feniks, apartado 37.
35      Sentencias Handte, apartado 14; de 27 de octubre de 1998, Réunion européenne y otros (C‑51/97, EU:C:1998:509) apartado 16, y de 5 de febrero de 2004, Frahuil (C‑265/02, EU:C:2004:77), apartado 23.
36      Véase, a este respecto, la sentencia Peters Bauunternehmung, apartado 13: «Está claro […] que la adhesión a una asociación crea entre sus miembros vínculos estrechos del mismo tipo que los que se establecen entre las partes de un contrato y que, por consiguiente, con arreglo al [punto] 1 del artículo 5 del Convenio, procede considerar como contractuales las obligaciones a las que se refiere el Tribunal de remisión». El subrayado es mío. Véanse, a este respecto, los puntos 52 a 55 de las presentes conclusiones.
37      Apartado 15 de la sentencia citada.  El asunto que dio lugar a dicha sentencia versaba sobre una acción entablada por el subadquirente contra el fabricante de una mercancía comprada a un vendedor intermediario con el objeto de obtener la reparación del perjuicio derivado de la falta de adecuación de la cosa. Se trataba, pues, de una cadena de contratos internacionales de mercancías en la que las obligaciones contractuales de las partes variaban de un contrato a otro (apartado 17 de la referida sentencia).
38      Véase el considerando 11 del Reglamento n.º 44/2001.
39      Sentencia Handte, apartado 21.
40      El Tribunal de Justicia ha afirmado que «el objetivo de la protección jurídica de las personas establecidas en la Comunidad que, entre otras cosas, pretende realizar el Convenio [de Bruselas], exige que las reglas de competencia que establecen excepciones al principio general de este Convenio se interpreten de modo que permitan al demandado que posea una información normal prever razonablemente cuál es el órgano jurisdiccional ante el que podría ser demandado cuando no sea el del Estado de su domicilio. Ahora bien, hay que reconocer que […] la aplicación de la regla de competencia especial […] al litigio entre el subadquirente de una cosa y el fabricante no es previsible por este último y, por ello, es incompatible con el principio de seguridad jurídica» (sentencia Handte, apartados 18 y 19). El subrayado es mío.
41      Véanse, en particular, a este respecto, las sentencias de 27 de octubre de 1998, Réunion européenne y otros (C‑51/97, EU:C:1998:509), apartados 34 y 36, y de 17 de septiembre de 2002, Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499), cuyo apartado 20 remite a los apartados 25 y 26 de la sentencia de 19 de febrero de 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99), que se refieren al objetivo de previsibilidad, pero no mencionan el apartado 27 relativo al objetivo de proximidad y de buena administración de la justicia.
42      Véanse, en particular, las sentencias de 27 de octubre de 1998, Réunion européenne y otros (C‑51/97, EU:C:1998:509), apartado 17; de 17 de septiembre de 2002, Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499), apartado 23, y de 5 de febrero de 2004, Frahuil (C‑265/02, EU:C:2004:77), apartado 24. Véanse también las conclusiones del Abogado General Cosmas presentadas en el asunto Réunion européenne y otros (C‑51/97, EU:C:1998:45), punto 24.
43      Véase, en particular, Gaudemet-Tallon, H., op. cit., pp. 161 y 170.
44      Véanse, a este respecto, Mankowski, P.: Brussels Ibis Regulation — Commentary, Magnus, U., y Mankowski, P. (eds.), Otto Schmidt, Colonia, 2016, p. 155, punto 26.
45      Véase, en particular, la jurisprudencia citada en la nota 20 de las presentes conclusiones.
46      Véase, en particular, la sentencia de 27 de octubre de 1998, Réunion européenne y otros (C‑51/97, EU:C:1998:509), apartado 16.
47      Lehmann, M.:
«Special jurisdiction», The Brussels I Regulation Recast, Dickinson, A., y Lein, E. (eds.), Oxford University Press, 2015, p. 140, punto 4.25.
48      Véase Mankowski, P.:
Brussels Ibis Regulation — Commentary, op. cit., p. 155, especialmente punto 26.
49      Apartado 11. El subrayado es mío.
50      Apartado 15 de la sentencia citada.
51      Véase, recientemente, Pretelli, I.: «La bonne foi dans la pondération de la proximité et la fonction résiduelle du for spécial en “matière contractuelle” dans le règlement Bruxelles I», Revue critique de droit international privé, n.º 1, Dalloz, 2020, pp. 80 a 82: «La importancia atribuida a la proximidad con respecto a la seguridad jurídica absoluta […] queda de manifiesto por la circunstancia de que, en el sistema Bruselas I, el foro del domicilio del demandado y los foros especiales están en pie de igualdad y pretenden en conjunto garantizar la buena administración de justicia en el territorio europeo. […] El juez más próximo es aquel del que cabe suponer que dictará la mejor justicia. Esta mayor inteligibilidad del litigio constituye el fundamento axiológico de las competencias de proximidad».
52      Véase, en particular, Mankowski, P., en Brussels Ibis Regulation — Commentary, op. cit., p. 164, apartado 43. Véanse también mis conclusiones presentadas en el asunto Kolassa (C‑375/13, EU:C:2014:2135), punto 49.
53      Véanse los puntos 52 y ss. de las presentes conclusiones.
54      Véanse, en particular, por analogía, las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Gabriel (C‑96/00, EU:C:2001:690), puntos 44 a 47: «Una excepción legislativa, al igual que cualquier otra disposición legislativa, debe recibir el significado que le es propio, determinado a la luz de su objetivo y su tenor literal y del sistema y objeto del acto de que forma parte».
55      En favor de una interpretación flexible del concepto de «obligación contractual», véanse las conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en el asunto Wikingerhof (C‑59/19, EU:C:2020:688), punto 38: «Es, por tanto, posible y, en mi opinión, está justificado interpretar la categoría que constituye la «materia contractual» a fin de incluir en la misma instituciones emparentadas con los contratos, en aras de una buena administración del litigio internacional». Véase también Minois, M.: Recherche sur la qualification en droit international privé des obligations, LGDJ, París, 2020, pp. 174 a 180.
56      Véase, en este sentido, Pretelli, I., op. cit. pp. 80 a 82.
57      Volveré sobre este aspecto más adelante en mi análisis para determinar el enfoque de interpretación pertinente para alcanzar este equilibrio entre los diferentes objetivos del Reglamento n.º 44/2001. Véanse los puntos 73 y 74 de las presentes conclusiones. A este respecto, la doctrina ha considerado recientemente que la inexistencia de jerarquía entre los diferentes objetivos del Reglamento n.º 1215/2012 no permite hacer prevalecer una u otra interpretación. De ello resulta que cada interpretación, restrictiva o amplia, del concepto de «materia contractual» puede refutar el punto de vista de la otra interpretación de manera dialéctica. Véase a este respecto Poesen, M.: «From Mirages to Aspirations — The Periphery of “Matters Relating to a Contract” in Regulation (EU) N.º 1215/2012», Yearbook of Private International Law, vol. 22, Otto Schmidt, 2021, pp. 511 a 545, especialmente p. 518 y doctrina citada en las notas 34 y 35.
58      Véanse, en particular, las sentencias Handte, apartado 10; de 14 de marzo de 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165), apartado 27, y Feniks, apartado 38 y jurisprudencia citada.
59      Véase, por analogía, en particular, la sentencia de 16 de julio de 2009, Zuid-Chemie (C‑189/08, EU:C:2009:475), apartado 31. Véanse a este respecto Lehmann, M.: «Special Jurisdiction», The Brussels I Regulation Recast, op. cit., p. 140, apartado 4.25, y Mankowski, P.: Brussels I bis Regulation — Commentary, op. cit., p. 156, apartado 27.
60      Sentencia de 4 de marzo de 1982, Effer (38/81, EU:C:1982:79), apartados
7 y 8.
61      Véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Engler (C‑27/02, EU:C:2004:414), punto 38.
62      Sentencia Peters Bauunternehmung, apartado 13. Véase, asimismo, el punto 58 de las presentes conclusiones. Por lo que respecta a las relaciones entre los accionistas de una sociedad y las relaciones entre estos y la sociedad que constituyen, véase, en particular, la sentencia de 10 de marzo de 1992, Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115), apartado 16. En cuanto a la relación entre un directivo y la sociedad que dirige, con arreglo a lo previsto en el Derecho de sociedades, véase la sentencia de 10 de septiembre de 2015, Holterman Ferho Exploitatie y otros (C‑47/14, EU:C:2015:574), apartados 53 y 54. Por lo que respecta a las obligaciones que los propietarios de un inmueble asumen, con arreglo a la ley, respecto de la comunidad, véase la sentencia de 8 de mayo de 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), apartados 27 a 29.
63      Véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Engler (C‑27/02, EU:C:2004:414), punto 38.
64      Sentencia de 17 de septiembre de 2002 (C‑334/00, EU:C:2002:499), apartado 22. Cabe recordar que el asunto que dio lugar a dicha sentencia se refería a una acción tendente a invocar la responsabilidad precontractual del demandando. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia declaró que dicha acción no estaba comprendida en la «materia contractual».
65      El subrayado es mío.
66      Sentencia de 1 de septiembre de 2002, Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499), apartado 22. En esta línea, en la sentencia de 5 de febrero de 2004, Frahuil (C‑265/02, EU:C:2004:77) apartado 26, el Tribunal de Justicia confirmó de forma más matizada que no es necesario que exista un contrato que vincule a las partes. Así, declaró que «el concepto de “materia contractual” no comprende la obligación cuyo cumplimiento solicita judicialmente un fiador, que ha abonado los derechos de aduana en virtud de un contrato de fianza celebrado con la empresa de transportes, subrogándose en los derechos de la administración de aduanas en el marco de una acción de reembolso frente al propietario de las mercancías importadas, si este último, que no ha sido parte en el contrato de fianza, no ha autorizado la celebración de dicho contrato» (el subrayado es mío). En efecto, como ha señalado la doctrina, si el propietario hubiera dado su autorización para que se celebrase el contrato de fianza, cuando no era parte en dicho contrato, la acción de reembolso entablada por el fiador contra él habría estado comprendida en el concepto de «materia contractual». Véase Gaudemet-Tallon, H., op. cit., p. 170.
67      Sentencia de 20 de enero de 2005 (C‑27/02, en lo sucesivo, «sentencia Engler», EU:C:2005:33), apartados 45 y 50. El asunto que dio lugar a dicha sentencia versaba sobre la promesa de premio hecha por un profesional a un consumidor.
68      Véase, asimismo, a este respecto, la sentencia de 14 de marzo de 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165), apartado 46.
69      Sentencias Handte, apartado 15; de 27 de octubre de 1998, Réunion européenne y otros (C‑51/97, EU:C:1998:509), apartado 17; de 17 de septiembre de 2002, Tacconi (C‑334/00, EU:C:2002:499), apartado 23, y de 5 de febrero de 2004, Frahuil (C‑265/02, EU:C:2004:77), apartado 24.
70      Sentencia Engler, apartado 48. Véanse también las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto (C‑27/02, EU:C:2004:414), punto 38. Véase, asimismo, el punto 56 de las presentes conclusiones.
71      Sentencia Engler, apartado 51. El subrayado es mío. Véanse también las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto (C‑27/02, EU:C:2004:414), punto 38. Véanse también las sentencias Feniks, apartado 48, y Primera Air Scandinavia, apartado 44.
72      Véanse, en particular, las sentencias de 28 de enero de 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), apartado 39; flightright, apartado 60; Feniks, apartado 39, y Wikingerhof, apartado 23.
73      Las obligaciones jurídicas a las que se refiere este primer requisito, tal como resultan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, fueron enunciadas sucintamente por el Abogado General Saugmandsgaard Øe en sus conclusiones presentadas en el asunto Wikingerhof (C‑59/19, EU:C:2020:688), punto 37.
74      Apartado 30 de la sentencia citada. El asunto que dio lugar a la referida sentencia versaba sobre una acción de repetición entre los codeudores solidarios de un contrato de préstamo.
75      Por lo que respecta a una acción de indemnización por daños y perjuicios en caso de incumplimiento de un contrato de concesión en exclusiva, véase la sentencia de 6 de octubre de 1976, De Bloos (14/76, EU:C:1976:134), apartados 16 y 17. En relación con un litigio relativo a la resolución improcedente de un contrato de agencia comercial autónomo y al pago de comisiones adeudadas por la ejecución de dicho contrato, véase la sentencia de 8 de marzo de 1988, Arcado (9/87, EU:C:1988:127), apartado 13.
76      Véase también la sentencia flightright, apartado 59. A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia define un contrato, en el sentido del artículo 5, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001, como un acuerdo de voluntades celebrado entre dos personas. Véase, en particular, la jurisprudencia citada en el punto 58 de las presentes conclusiones. Véase, asimismo, la sentencia de 11 de julio de 2002, Gabriel (C‑96/00, EU:C:2002:436), apartado 49.
77      Sentencia Engler, apartado 47. Véase la jurisprudencia citada en la nota 64 de las presentes conclusiones.
78      Véanse los puntos 56 y ss. de las presentes conclusiones.
79      Por lo que respecta, en particular, a las obligaciones del avalista de un pagaré respecto del tenedor de ese pagaré, véase la sentencia de 14 de marzo de 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165), apartados 48 y 49.
80      Véase la sentencia de 14 de julio de 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559), apartados 24 a 27.
81      Apartado 59 de la sentencia citada. Cabe recordar que el asunto que dio lugar a la referida sentencia versaba sobre una acción de compensación de los pasajeros aéreos por gran retraso de un vuelo de conexión contra un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo que no era quien había contratado con los pasajeros afectados. Véanse, asimismo, las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en los asuntos acumulados flightright y otros (C‑274/16, C‑447/16 y C‑448/16, EU:C:2017:787), punto 54.
82      Véase, en particular, la sentencia Feniks, apartado 44. Véase, asimismo, la sentencia de 14 de diciembre de 1977, de Bloos (59/77, EU:C:1977:207), apartados 11, 13, 15 y fallo.
83      Conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en el asunto Wikingerhof (C‑59/19, EU:C:2020:688), punto 40. El subrayado es mío. Véase el artículo 12 del Reglamento n.º 593/2008.
84      Conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en el asunto Wikingerhof (C‑59/19, EU:C:2020:688), nota 52.
85      Véase la nota 21 de las presentes conclusiones.
86      Véase la jurisprudencia citada en los puntos 48 y ss. de las presentes conclusiones.
87      Véase la jurisprudencia citada en los puntos 48 y 50 de las presentes conclusiones. Dicho esto, en algunas sentencias la interpretación de este concepto parece guiarse por la voluntad de garantizar el equilibrio entre los diferentes objetivos del Reglamento n.º 44/2001. Véase, a este respecto, la sentencia de 19 de febrero de 2002 Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99), apartados 26, 27, 31 y jurisprudencia citada.
88      Apartados 48 y 51 de la sentencia citada.
89      Apartados 31 y 33 de la sentencia citada.
90      Apartados 59 y 61 de la sentencia citada.
91      Véanse las sentencias Feniks, apartados 39 y 48, y Primera Air Scandinavia, apartado 44.
92      Véase, a este respecto, Haftel, B.: «Revirement et extension du champ de la “matière contractuelle” dans les relations à trois personnes», Revue des contrats, vol. 5, n.º 115, 2019, p. 85: «Tras dos resoluciones, parece que todo criterio personalista ha desaparecido completamente».
93      Apartado 15 de la sentencia citada.
94      Sentencia Engler, apartados 45 y 50. Véase, asimismo, el punto 58 de las presentes conclusiones.
95      Véase la sentencia Peters Bauunternehmung, apartado 13.
96      En el marco de la interpretación del artículo 7, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, véanse las sentencias Kareda, apartado 44; flightright, apartados 74 y 75, y Feniks, apartados 34, 36, 44 y 47. No obstante, el Tribunal de Justicia se ha referido a veces bien únicamente a este primer objetivo (sentencia Primera Air Scandinavia, apartados 62 y 63), o bien solo al segundo (sentencia Wikingerhof, apartados 28 y 37).
97      Véanse, en este sentido, las sentencias Feniks, apartado 36, y Wikingerhof, apartado 28. Cabe recordar, a este respecto, que la aplicabilidad del artículo 5, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 depende, por un lado, de la elección del demandante de acogerse a esta regla de competencia especial y, por otro lado, del examen, por parte del órgano jurisdiccional al que se somete el asunto, de las condiciones específicas establecidas en dicha disposición, véase la sentencia Wikingerhof, apartado 29.
98      En efecto, en mi opinión, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que tal equilibrio parece haber desempeñado, al menos en cierto número de sentencias, un papel determinante en el marco de la interpretación flexible por la que el Tribunal de Justicia se ha inclinado en su jurisprudencia. Algunos autores consideran, sin embargo, que el Tribunal de Justicia no indica claramente los motivos que le llevan a optar por una interpretación en lugar de la otra. Véase, en particular, Poesen, M., op. cit., p. 523 y la doctrina citada en la nota 64: «Resulta imposible explicar por qué el [Tribunal de Justicia] prefiere una interpretación a otra».
99      Véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 19 de febrero de 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99), apartado 27 y jurisprudencia citada.
100      Véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 19 de febrero de 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99), apartado 31 y jurisprudencia citada. Véanse también las sentencias de 14 de julio de 2016, Granarolo (C‑196/15, EU:C:2016:559), apartado 16, y Feniks, apartado 34. Véase, a este respecto, Pretelli, I., loc. cit., pp. 61 a 82.
101      Véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 19 de febrero de 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99), apartado 26 y jurisprudencia citada.
102      Véase, a este respecto, Poesen, M.: «Regressing into the right direction: Non-contractual Claims in Proceedings between Contracting Parties under Article 7 of the Brussels Ia Regulation», Maastricht Journal of European and Comparative Law, vol. 28, n.º 3, 2021, pp. 390 a 398, especialmente pp. 394 y 395.
103      Véanse las sentencias de 3 de julio de 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337), apartado 27, y de 28 de enero de 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), apartado 61.
104      Véanse las sentencias de 4 de marzo de 1982, Effer (38/81, EU:C:1982:79), apartados 7 y 8, y de 28 de enero de 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), apartado 61, así como mis conclusiones presentadas en ese asunto (C‑375/13, EU:C:2014:2135), punto 74. Véase, asimismo, el punto 56 de las presentes conclusiones.
105      Véase, por analogía, la sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), apartado 62.
106      Sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), apartados 64 y 65, y de 16 de junio de 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449), apartados 45 y 46.
107      Ya sea a título particular o como galerista.
108      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Ellmes Property Services (C‑433/19, EU:C:2020:482), punto 74.
109      Véase, a este respecto, la sentencia de 25 de febrero de 2010, Car Trim (C‑381/08, EU:C:2010:90), apartados 54 a 60.
110      Véase, a este respecto, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), apartado 39 y jurisprudencia citada.
111      Véase la sentencia de 23 de abril de 2009, Falco Privatstiftung y Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257), apartado 54, según la que «[s]e desprende tanto de los trabajos preparatorios del Reglamento n.º 44/2001 como de la estructura de su artículo 5, punto 1, que el legislador [de la Unión] únicamente ha pretendido en relación con los contratos de compraventa de mercaderías y de prestación de servicios, por una parte, dejar de tener en cuenta la obligación controvertida y atenerse a la obligación característica de dichos contratos, y, por otra parte, definir de manera autónoma el lugar de cumplimiento como criterio de conexión al tribunal competente en materia contractual». El subrayado es mío.
112      En particular, si resulta difícil o imposible que el órgano jurisdiccional remitente determine el lugar de entrega de las obras de arte o el de la prestación de servicios efectuada por la galería en el marco del primer contrato celebrado. Debo recordar, por un lado, que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que «el lugar en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías habrá de determinarse basándose en lo que disponga el propio contrato. Si resulta imposible determinar sobre esta base el lugar de entrega, sin remitirse al Derecho sustantivo aplicable al contrato, dicho lugar será el de la entrega material de las mercancías, en virtud de la cual el comprador adquirió o hubiera debido adquirir la facultad de disponer efectivamente de dichas mercancías en el destino final de la operación de compraventa» (sentencia de 25 de febrero de 2010, Car Trim, C‑381/08, EU:C:2010:90, apartado 62 y fallo; el subrayado es mío). Por otro lado, el concepto de «servicios» implica, según reiterada jurisprudencia, que la parte que los presta lleve a cabo una determinada actividad como contrapartida de una remuneración: el elemento relativo a la remuneración no debe faltar para poder aplicar el artículo 5, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.º 44/2001. Dicho esto, debo admitir que tengo dudas sobre si el litigio principal se refiere a una compraventa de mercaderías o a una prestación de servicios.
113      Sentencia de 6 de octubre de 1976 (12/76, EU:C:1976:133).
114      Sentencia de 23 de abril de 2009, Falco Privatstiftung y Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257), apartados 46 a 57.