62022CJ0518_RES
Asunto C‑518/22
J. M. P.
contra
AP Assistenzprofis GmbH
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesarbeitsgericht)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de diciembre de 2023
«Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Artículo 2, apartado 5 — Prohibición de discriminación por razón de la edad — Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad — Artículo 19 — Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 26 — Integración social y profesional de las personas con discapacidad — Servicio de asistencia personal para personas con discapacidad — Oferta de empleo que contiene la indicación de una edad mínima y de una edad máxima de la persona buscada — Toma en consideración de los deseos y de los intereses de la persona con discapacidad — Justificación»
Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por razón de la edad — Prestación de servicios de asistencia personal — Contratación supeditada a un requisito de edad — Consideración de los deseos e intereses de la persona con discapacidad — Diferencia de trato que resulta de la legislación nacional que tiene por objetivo la protección de la autodeterminación de las personas con discapacidad — Procedencia — Requisito
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 26; Directiva 2000/78/CE del Consejo, art. 2, ap. 5; Decisión 2010/48/CE del Consejo)
(véanse los apartados 54 a 66 y 68 y el fallo)
Resumen
En julio de 2018, AP Assistenzprofis GmbH, un prestador de servicios de asistencia y asesoramiento a las personas con discapacidad, publicó una oferta de empleo en la que indicaba que A., estudiante de 28 años, buscaba asistentes personales de sexo femenino para ayudarla en todos los aspectos de la vida diaria y que debían «tener, preferiblemente, entre 18 y 30 años de edad».
J. M. P., nacida en 1968, se presentó a esta oferta de empleo y recibió una respuesta negativa de AP Assistenzprofis.
Al considerar que había sido objeto de discriminación por razón de la edad, J. M. P. interpuso una demanda contra AP Assistenzprofis ante el Arbeitsgericht Köln (Tribunal de lo Laboral de Colonia, Alemania) con el fin de obtener la indemnización de los daños y perjuicios derivados de dicha discriminación. El citado Tribunal estimó la demanda.
Tras la sentencia del Landesarbeitsgericht Köln (Tribunal Regional de lo Laboral de Colonia, Alemania), mediante la cual se estimó el recurso de apelación interpuesto por AP Assistenzprofis, J. M. P. interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania).
Al albergar dudas sobre la justificación, con arreglo a la Directiva 2000/78, (
1
) de la discriminación directa por razón de la edad sufrida por J. M. P. y deseando obtener aclaraciones sobre la conciliación, a la luz de la misma Directiva, del derecho a una protección eficaz contra la discriminación por razón de la edad con el derecho de la persona con discapacidad a una protección efectiva contra la discriminación por razón de su discapacidad, este último órgano jurisdiccional decidió plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia responde que la Directiva 2000/78, interpretada a la luz del artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, relativo a la integración de las personas discapacitadas, y del artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, (
2
) titulado «Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad», no se opone a que la contratación de una persona que preste asistencia personal se supedite a un requisito de edad, con arreglo a una normativa nacional en el presente caso, si tal medida es necesaria para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia analiza la diferencia de trato por razón de edad controvertida en el litigio principal para determinar si está justificada a la luz del artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2000/78. (
3
)
En primer lugar, señala que esta diferencia de trato resulta de una medida establecida por la legislación nacional, (
4
) de conformidad con el citado artículo 2, apartado 5.
A continuación, examina si esta medida persigue el objetivo de la «protección de los derechos y libertades de los ciudadanos», enunciado en dicha disposición.
A este respecto, según el Tribunal de Justicia, la normativa nacional en cuestión persigue un objetivo de protección de la autodeterminación de las personas con discapacidad, garantizando el derecho a la expresión de los deseos y a la libre elección de dichas personas a la hora de tomar decisiones relativas a las prestaciones de servicios de asistencia personal y durante la prestación de tales servicios, ya que esas prestaciones conciernen a todos los ámbitos de la vida y se extienden profundamente a la esfera privada e íntima de las personas que las reciben, objetivo que está comprendido en el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2000/78.
En efecto, este derecho a expresar los deseos y a la libre elección concreta el derecho a la integración de las personas con discapacidad consagrado en el artículo 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Además, el respeto de la libre determinación de las personas con discapacidad constituye un objetivo consagrado en el artículo 19 de la Convención ONU, cuyas disposiciones pueden invocarse para interpretar las de la Directiva 2000/78.
Por último, el Tribunal de Justicia comprueba si la diferencia de trato controvertida en el litigio principal se deriva de una medida necesaria para la protección del referido derecho a la autodeterminación.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, la toma en consideración de la preferencia por una determinada franja de edad expresada por la persona con discapacidad puede promover el respeto del derecho a la autodeterminación de esa persona en la prestación de servicios de asistencia personal, en la medida en que parece razonable esperar que una persona perteneciente a la misma franja de edad que la persona con discapacidad se integre más fácilmente en el entorno personal, social y universitario de esta última.
Así pues, el Tribunal de Justicia concluye que, sin perjuicio de las comprobaciones que deba efectuar el órgano jurisdiccional remitente a la luz de todas las circunstancias del litigio principal, la diferencia de trato por razón de la edad en el caso de autos es consecuencia de una medida necesaria para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, en el sentido del artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2000/78, y, por consiguiente, puede estar justificada a la luz de esta disposición.
(
1
)	Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).
(
2
)	Esta Convención fue aprobada en nombre de la Unión Europea por la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009 (DO 2010, L 23, p. 35; en lo sucesivo, «Convención de la ONU»).
(
3
)	Con arreglo a esta disposición, la Directiva se entenderá sin perjuicio de las medidas establecidas en la legislación nacional que, en una sociedad democrática, son necesarias para la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención de infracciones penales, la protección de la salud y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
(
4
)	Se trata del artículo 8, apartado 1, del Sozialgesetzbuch, Neuntes Buch (IX) (Código de la Seguridad Social, Libro IX), de 23 de diciembre de 2016 (BGBl. 2016 I, p. 3234; en lo sucesivo, «SGB IX»), en relación con el artículo 33 del Sozialgesetzbuch, Erstes Buch (I) (Código de la Seguridad Social, Libro I), de 11 de diciembre de 1975 (BGBl. 1975 I, p. 3015; en lo sucesivo, «SGB I»), que prevé que, en la toma de decisiones relativas a las prestaciones de servicios de asistencia personal y en la ejecución de estas que tengan como finalidad promover la participación en la sociedad de la persona con discapacidad, se tendrán en cuenta los deseos legítimos de los beneficiarios de dichas prestaciones, en la medida en que sean razonables y se tendrá en cuenta la situación personal, la edad, el sexo, la familia y las necesidades religiosas e ideológicas de los citados beneficiarios.