Asunto C‑353/16
MP
contra
Secretary of State for the Home Department
(Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom)
«Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 4 — Directiva 2004/83/CE — Artículo 2, letra e) — Requisitos para poder obtener la protección subsidiaria — Artículo 15, letra b) — Riesgo de daño grave para la salud psicológica del solicitante en caso de expulsión a su país de origen — Persona sometida a tortura en su país de origen»
Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de abril de 2018
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2004/83/CE — Requisitos para poder obtener la protección subsidiaria — Artículos 2, letra e), y 15, letra b) — Tortura o tratos inhumanos o degradantes — Concepto — Riesgo de daño grave para la salud física y psicológica de un nacional de un país tercero en caso de expulsión a su país de origen, debido a un traumatismo derivado de actos de tortura sufridos en el pasado — Inclusión — Requisito — Privación de cuidados impuesta deliberadamente en el país de origen — Comprobación por el órgano jurisdiccional remitente
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 4; Directiva 2004/83/CE del Consejo, arts. 2, letra e), y 15, letra b)]
El artículo 2, letra e), y el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, puestos en relación con el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que tiene derecho al estatuto de protección subsidiaria el nacional de un tercer país que ha sido torturado en el pasado por las autoridades de su país de origen y que ya no está expuesto al riesgo de tortura en caso de devolución a dicho país pero cuyo estado de salud física y psicológica podría, en tal caso, deteriorarse profundamente, con el grave riesgo de que ese nacional se suicidase, debido al traumatismo resultante de los actos de tortura a que fue sometido, si existe un riesgo real de privación de los cuidados adecuados para el tratamiento de las secuelas físicas o mentales de esos actos de tortura, impuesta deliberadamente al citado nacional en el referido país, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Por lo tanto, el presente asunto no se refiere ya a la protección contra la expulsión derivada, en virtud del artículo 3 del CEDH, de la prohibición de exponer a una persona a un trato inhumano o degradante, sino a la cuestión distinta de si el Estado miembro de acogida está obligado a conceder el estatuto de protección subsidiaria en virtud de la Directiva 2004/83 al nacional de un tercer país que ha sido torturado por las autoridades de su país de origen y cuyas profundas secuelas psicológicas podrían agravarse significativamente, con serio riesgo de que se suicidase, en caso de devolución a dicho país.
A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 2, letra e), de dicha Directiva, los nacionales de terceros países únicamente tienen derecho a la protección subsidiaria si existen motivos fundados para creer que, en caso de expulsión a su país de origen, corren un riesgo real de sufrir alguno de los tres tipos de daños graves definidos en el artículo 15 de la propia Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, apartado 30 y jurisprudencia citada). Entre los daños graves definidos en el artículo 15 de la Directiva 2004/83 figuran, en la letra b) de dicho artículo, la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen.
En este contexto, debe ponerse de manifiesto, en primer lugar, que la circunstancia de que la persona de que se trate haya sido víctima de actos de tortura perpetrados por las autoridades de su país de origen en el pasado no permite justificar por sí sola que se le reconozca el estatuto de protección subsidiaria cuando no existe ya un riesgo real de que tales actos de tortura vuelvan a producirse en caso de expulsión a dicho país.
No obstante, es preciso observar, en segundo lugar, que la petición de decisión prejudicial se refiere, según lo indicado en los autos remitidos al Tribunal de Justicia, a un nacional de un tercer país que no solo ha sido víctima en el pasado de actos de tortura por parte de las autoridades de su país de origen, sino que además, pese a no correr ya el riesgo de sufrir nuevamente tales actos en caso de expulsión a ese país, sufre aún hoy graves secuelas psicológicas, consecuencia de esos actos de tortura pasados, que, según conclusiones médicas debidamente acreditadas, se agravarían significativamente, con grave riesgo de que el solicitante se suicidase si fuese expulsado a dicho país. No obstante, tal agravación significativa no puede considerarse, en sí misma, un trato inhumano o degradante de dicho nacional en su país de origen, en el sentido del artículo 15, letra b), de la citada Directiva.
A este respecto, es preciso examinar, como sugiere la resolución de remisión, la incidencia que puede tener la falta, en el país de origen del interesado, de infraestructuras sanitarias adecuadas para el tratamiento de las secuelas físicas o mentales resultantes de los actos de tortura perpetrados por las autoridades de ese país. Cabe recordar, en relación con este extremo, que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los daños graves a que se refiere el artículo 15, letra b), de la Directiva 2004/83 no pueden derivar solo de las insuficiencias generales del sistema sanitario del país de origen. El riesgo de deterioro del estado de salud de un nacional de un tercer país aquejado de una grave enfermedad, derivado de la inexistencia de tratamientos adecuados en su país de origen, sin que concurra una privación de asistencia denegada intencionalmente a dicho nacional, no basta para justificar que se le conceda la protección subsidiaria (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj, C‑542/13, EU:C:2014:2452, apartados 35 y 36).
(véanse los apartados 28 a 30, 35, 45, 49 a 51 y 58 y el fallo)