62018CJ0385_RES
Asunto C‑385/18
Arriva Italia Srl y otros
contra
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de diciembre de 2019
«Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Concepto — Empresa pública ferroviaria en dificultades económicas — Medidas de ayuda — Concesión de una ayuda económica — Objetivo — Continuación de la actividad de la empresa pública ferroviaria — Asignación y participación en el capital de esa empresa pública — Transferencia al capital de otra empresa pública — Criterio del inversor privado — Obligación de notificación previa de nuevas ayudas»
Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Concesión imputable al Estado de una ventaja mediante recursos del Estado — Autorización legislativa de una asignación presupuestaria a favor de una empresa pública en dificultades — Inclusión — Inexistencia de movilización inmediata y cierta de fondos estatales — Irrelevancia
(Art. 107 TFUE, ap. 1)
(véanse los apartados 33 a 41)
Ayudas otorgadas por los Estados — Efecto sobre los intercambios entre Estados miembros — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Ayudas que pueden afectar a dichos intercambios y falsear la competencia — Concepto
(Art. 107 TFUE, ap. 1)
(véanse los apartados 42 a 45)
Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Apreciación según el criterio del inversor privado — Estado accionista de una empresa — Asignación de una suma de dinero a una empresa pública en dificultades con el fin de garantizar su continuidad operativa — Estado que actúa como poder público — Distinción a la luz de la aplicación del criterio del inversor privado — Criterios de apreciación
(Art. 107 TFUE, ap. 1)
(véanse los apartados 46 a 51)
Ayudas otorgadas por los Estados — Efecto sobre los intercambios entre Estados miembros — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Ayuda que permite que una empresa pública en dificultades se mantenga en el mercado — Ayuda que puede falsear las condiciones de competencia — Empresa pública que se beneficia de un monopolio legal que no impide toda competencia potencial — Irrelevancia
(Art. 107 TFUE, ap. 1; Comunicación de la Comisión 2016/C 262/01, puntos 188 y 219)
(véanse los apartados 52 a 61)
Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Concesión de una ventaja a los beneficiarios — Transmisión sin contraprestación económica de la participación del Estado en el capital de una empresa pública en dificultades a otra empresa pública — Determinación del beneficiario — Criterios
(Art. 107 TFUE, ap. 1)
(véase el apartado 64)
Competencia — Aplicación de las normas de competencia — Igualdad de trato entre empresas públicas y privadas — Régimen de la propiedad pública — Irrelevancia
(Arts. 106 TFUE, ap. 1, 107 TFUE, ap. 1, y 345 TFUE)
(véanse los apartados 66 y 67)
Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Apreciación según el criterio del inversor privado — Estado accionista de una empresa — Transmisión sin contraprestación económica de la participación del Estado en el capital de una empresa pública en dificultades a otra empresa pública — Transferencia como contrapartida de la obligación de poner fin al desequilibrio patrimonial de la empresa en dificultades — Criterios de apreciación
(Art. 107 TFUE, ap. 1)
(véanse los apartados 70 a 75)
Ayudas otorgadas por los Estados — Ayuda otorgada incumpliendo las normas de procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 3 — Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales — Obligación de deducir todas las consecuencias de ese incumplimiento conforme al Derecho nacional — Obligación de ordenar la devolución de la ayuda ilegal
(Art. 108 TFUE, ap. 3)
(véanse los apartados 81 a 89 y el punto2 del fallo)
Resumen
Las medidas adoptadas por un Estado miembro que permiten que una empresa pública del sector ferroviario en dificultades se mantenga en el mercado se rigen por las normas del Derecho de la Unión relativas a las ayudas de Estado
En la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2019 en el procedimiento prejudicial entre Arriva Italia y otros (C‑385/18) el Tribunal de Justicia aportó precisiones sobre la aplicación de las normas del Derecho de la Unión relativas a las ayudas de Estado a las medidas estatales adoptadas y ejecutadas con vistas a responder a las dificultades financieras que atravesaba una empresa pública del sector ferroviario.
El asunto pendiente ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) se refiere a dos medidas adoptadas por el Estado italiano entre 2015 y 2016, en respuesta a las dificultades financieras a las que se enfrentaba un gestor público de infraestructuras ferroviarias locales que también prestaba servicios de transporte de pasajeros. Estas medidas consistían, por una parte, en la autorización de una dotación presupuestaria de 70 millones de euros destinada a cubrir las necesidades financieras de dicho gestor (en lo sucesivo, «medida financiera») y, por otra parte, en una transferencia al grupo público que explota la infraestructura ferroviaria nacional y presta servicios de transporte de pasajeros del capital del gestor en dificultades participado con anterioridad exclusivamente por el Estado, sin que mediara contraprestación económica ni se convocara un procedimiento de licitación, si bien subordinada a la obligación de este grupo público de corregir el desequilibrio financiero del gestor en cuestión (en lo sucesivo, «medida de transferencia del capital social»).
El Consejo de Estado está llamado a pronunciarse sobre la conformidad a Derecho de la sentencia desestimatoria del recurso interpuesto por diferentes operadores ferroviarios contra el decreto ministerial que establece la medida de transferencia del capital social. Los recurrentes invocaron la ilegalidad del decreto, al no haber sido notificadas previamente a la Comisión las dos medidas como ayudas de Estado.
En respuesta a la pregunta formulada por el Consiglio di Stato sobre la aplicación de los criterios de calificación de medidas nacionales de ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, el Tribunal de Justicia recordó, en cuanto concierne a la medida financiera, que procede considerar que existe una utilización de fondos estatales a partir del momento en que se confiere al beneficiario de la medida el derecho a percibir la cantidad de que se trate, sin que sea necesaria la transferencia efectiva de los fondos. No obstante, según el Tribunal de Justicia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente efectuar las comprobaciones correspondientes. Por otro lado, el Tribunal de Justicia señaló que solo se podía considerar que el requisito de la selectividad de la ventaja así conferida no concurría si se acreditaba que el Estado italiano había actuado en su condición de accionista del operador en dificultades, teniendo en cuenta la rentabilidad de la medida financiera. Por último, el Tribunal de Justicia declaró que el mantenimiento de la sociedad beneficiaria en el mercado, posible gracias a la adopción de la medida financiera, era suficiente para determinar la existencia de un riesgo de distorsión de la competencia, aun cuando las actividades ejercidas por la sociedad beneficiaria no hubieran sido objeto en el pasado de un procedimiento competitivo.
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la calificación de la medida de transferencia del capital social, el Tribunal de Justicia señaló que, en función de sus características precisas, no podía excluirse que tal medida pudiera beneficiar, bien a la sociedad pública que cedía la participación, bien al gestor en dificultades o bien a las dos sociedades de que se trata. El Tribunal de Justicia precisó que el respeto de los regímenes de propiedad prescrito por el artículo 345 TFUE no eximía a los regímenes de propiedad pública y, por tanto, a modificaciones como las resultantes de la medida controvertida, de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. En cuanto atañe a la cuestión de si la transferencia del capital social constituía una ventaja selectiva, el Tribunal de Justicia señaló que el Estado italiano no había efectuado con anterioridad a dicha transferencia una evaluación de su rentabilidad. Así, de la documentación remitida al Tribunal de Justicia no resultaba que, con arreglo al criterio del inversor privado, la empresa pública beneficiaria hubiera podido obtener la misma ventaja que la proporcionada al poner a su disposición fondos estatales en circunstancias correspondientes a las condiciones normales de mercado, extremo que, no obstante, correspondía apreciar al órgano jurisdiccional remitente.
Por último, el Tribunal de Justicia abordó las consecuencias que deben extraerse de la calificación de ayuda de Estado, objeto de la segunda cuestión planteada por el Consiglio di Stato. A este respecto, el Tribunal de Justicia recordó que, en el supuesto de que las medidas en cuestión deban calificarse de ayudas de Estado, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente deducir todas las consecuencias que se deriven de la falta de notificación previa de tales medidas a la Comisión, constitutiva de una infracción del artículo 108 TFUE, apartado 3, y, por tanto, de su ilegalidad.