62023CJ0544_RES
Asunto C‑544/23
T. T. y BAJI Trans s. r. o.
contra
Národný inšpektorát práce
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší správny súd Slovenskej republiky)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 1 de agosto de 2025
«Procedimiento prejudicial — Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (UE) n.o 165/2014 — Control periódico obligatorio de los tacógrafos — Excepción — Artículos 49, apartado 1, última frase, y 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Principio de retroactividad de la ley penal más favorable — Sanciones administrativas de carácter penal — Recurso de casación — Ley nueva que entra en vigor tras adoptarse la sentencia recurrida en casación — Concepto de “condena firme”»
Derechos fundamentales — Carta de los Derechos Fundamentales — Ámbito de aplicación — Aplicación del Derecho de la Unión — Normativa nacional que presenta un elemento de conexión con el Derecho de la Unión — Normativa que sanciona la infracción de las disposiciones del Derecho de la Unión — Imposición de una sanción administrativa como consecuencia de dicha infracción — Adopción de medidas en el marco de una facultad discrecional o de apreciación que forma parte del régimen establecido por un acto de Derecho de la Unión — Actos en cuestión que constituyen una aplicación del Derecho de la Unión
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 51, ap. 1; Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 561/2006, art. 13, ap. 1, (UE) n.o 165/2014 y (UE) 2020/1054; Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo]
(véanse los apartados 50 a 58 y el punto 1 del fallo)
Derechos fundamentales — Carta de los Derechos Fundamentales — Principio de legalidad de los delitos y las penas — Ámbito de aplicación — Criterios de apreciación del carácter penal de la sanción — Calificación jurídica de la infracción en Derecho interno, naturaleza de la infracción y gravedad de la sanción que puede imponerse — Procedimientos y sanciones que no se califican de penales en Derecho interno pero que deben considerarse como tales atendiendo a los otros dos criterios — Inclusión — Apreciación de la finalidad represiva de la medida — Medida que persigue asimismo una finalidad preventiva — Irrelevancia — Gravedad de la sanción que puede imponerse — Apreciación en función de la pena máxima
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 49, ap. 1)
(véanse los apartados 63 a 79)
Derechos fundamentales — Carta de los Derechos Fundamentales — Principio de legalidad de los delitos y las penas — Principio de aplicación retroactiva de la pena más leve — Aplicación a una sanción administrativa, de carácter penal — Sanción en cuestión impuesta en virtud de una norma modificada con posterioridad a la adopción de la sanción en un sentido más favorable a la persona sancionada — Procedencia — Requisitos
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 49, ap. 1)
(véanse los apartados 81 a 94 y el punto 2 del fallo)
Derechos fundamentales — Carta de los Derechos Fundamentales — Principio de legalidad de los delitos y las penas — Principio de aplicación retroactiva de la pena más leve — Resolución judicial que desestimó el recurso contra una multa administrativa, de carácter penal y comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión — Recurso de casación — Normativa nacional más favorable a la persona condenada que entra en vigor después de dictarse la resolución recurrida — Aplicación obligatoria por el órgano jurisdiccional que conoce del recurso de casación — Resolución recurrida que se considera firme en Derecho nacional — Irrelevancia
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 49, ap. 1; Reglamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo y del Consejo]
(véanse los apartados 96 a 114 y el punto 3 del fallo)
Resumen
Al conocer de una petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de la República Eslovaca), el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, precisa el alcance del principio de retroactividad de la ley penal más favorable (lex mitior), consagrado en el artículo 49, apartado 1, última frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en el contexto del control judicial de una sanción administrativa, en fase de casación.
Mediante una resolución administrativa adoptada en diciembre de 2016, T. T. fue declarado culpable de una infracción consistente en haber circulado con un vehículo destinado al transporte de hormigón, propiedad de BAJI Trans, cuyo tacógrafo (
1
) no había sido sometido a un control periódico válido. Por ese motivo, T. T. fue sancionado con una multa de 200 euros.
El recurso de alzada de este contra dicha resolución fue desestimado por la Inspección Nacional de Trabajo, por lo que T. T. y Baji Trans interpusieron un recurso contra tales resoluciones ante el Krajský súd v Bratislave (Tribunal Regional de Bratislava, Eslovaquia).
Dicho órgano jurisdiccional desestimó su recurso, por considerar, en particular, que la obligación de utilizar un tacógrafo en todos los vehículos de transporte por carretera estaba prevista en el Reglamento n.o 3821/85 (
2
) y en la normativa nacional, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el Reglamento n.o 561/2006. (
3
) Sin embargo, entre esas excepciones no figuraban los vehículos destinados al transporte de hormigón.
A continuación, las partes interpusieron recurso de casación contra esta última resolución, señalando que el Reglamento n.o 561/2006 había sido modificado por el Reglamento 2020/1054. (
4
) Alegaban que, como consecuencia de esta modificación, que se produjo después de la interposición de su recurso de casación, los hechos cometidos por T. T. no eran ya ilegales, puesto que la República Eslovaca había hecho uso de la facultad resultante de esa modificación de eximir a los vehículos destinados al transporte de hormigón de la obligación de estar provistos de un tacógrafo.
Al conocer del recurso de casación, el órgano jurisdiccional remitente decidió preguntar al Tribunal de Justicia, fundamentalmente, si el juez de casación debe aplicar el principio de la lex mitior, al pronunciarse sobre una impugnación relativa a una sanción administrativa, cuando la ley menos severa haya entrado en vigor después de que se dictara y deviniera firme conforme al Derecho nacional la resolución, sobre el fondo del asunto, del órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo de rango inferior que ha sido recurrida en casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia declara que un Estado miembro aplica el Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, y que, por lo tanto, esta es aplicable cuando, por una parte, con arreglo al Reglamento relativo al aparato de control (
5
) y al Reglamento n.o 165/2014, (
6
) impone una sanción administrativa al conductor de un vehículo por el incumplimiento, por parte de este, de obligaciones impuestas por dichos Reglamentos. Por otra parte, lo mismo puede decirse cuando, posteriormente, hace uso de la facultad que le reconoce este último Reglamento (
7
) de dispensar del cumplimiento de tales obligaciones a determinados vehículos de transporte por carretera.
En efecto, en primer lugar, en la fecha de la infracción cometida por T. T., tanto el Reglamento relativo al aparato de control como el Reglamento relativo a los tacógrafos exigían, sin posibilidad de excepción, la existencia de un tacógrafo en vehículos como el que es objeto del litigio principal, así como el control periódico de dicho aparato. Por otra parte, ambos Reglamentos obligan a los Estados miembros a sancionar las infracciones de sus disposiciones. (
8
) Por lo tanto, al adoptar una normativa nacional que impone la obligación de utilizar un tacógrafo en todos los vehículos de transporte por carretera y al imponer una sanción administrativa a T. T. por el incumplimiento de las obligaciones de control periódico del tacógrafo del que debía estar provisto su vehículo, las autoridades eslovacas aplicaron el Derecho de la Unión.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia señala que el litigio principal se refiere más concretamente a la posibilidad de sancionar a T. T. por haber cometido la infracción controvertida, antes de la entrada en vigor del Reglamento 2020/1054, pese a que, por el efecto combinado de dicho Reglamento y de la normativa nacional antes citada, los vehículos de transporte de hormigón preamasado están actualmente exentos, en Derecho eslovaco, de la obligación de estar provistos de un tacógrafo. Pues bien, tal modificación de la normativa nacional pertinente, que es una medida adoptada en el marco de una facultad discrecional o de apreciación que forma parte del régimen establecido por un acto del Derecho de la Unión, constituye asimismo una aplicación del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 49, apartado 1, última frase, de la Carta puede aplicarse a una sanción administrativa, de carácter penal, impuesta en virtud de una norma que, con posterioridad a la adopción de esa sanción, haya sido modificada de un modo más favorable a la persona sancionada, siempre que esa modificación refleje un cambio de posición sobre la calificación penal de los hechos cometidos por esa persona o sobre la pena que deba aplicarse.
Para llegar a esta conclusión, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que la aplicación de esta disposición supone una sucesión de regímenes jurídicos en el tiempo y refleja un cambio de posición favorable al autor de la infracción. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha declarado que el artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (
9
) no garantiza la aplicación retroactiva de una modificación de la normativa favorable al autor de la infracción cuando esta última obedezca únicamente a un cambio de circunstancias fácticas, posterior a la comisión de dicha infracción, y por tanto, carezca de pertinencia para el examen de la infracción como tal.
En el caso de autos, T. T. fue sancionado por haber conducido un vehículo de transporte de hormigón preamasado cuyo tacógrafo no había sido sometido a una inspección periódica válida.
Se pone de manifiesto que las normas del Derecho de la Unión relativas a la obligación de dotar a determinados vehículos de un tacógrafo y de garantizar su inspección periódica fueron modificadas, tras la infracción cometida por T. T., en un sentido que podía resultarle favorable si las autoridades eslovacas decidían, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento relativo a los tacógrafos, eximir a este tipo de vehículos de la obligación de estar provistos de tal aparato. Pues bien, el legislador eslovaco decidió hacer uso de la facultad prevista por dicha disposición. (
10
) Tal supresión, en el Derecho eslovaco, de la obligación, para los vehículos destinados al transporte de hormigón preamasado, de estar provistos de un tacógrafo parece reflejar, pues, un cambio de postura del legislador eslovaco en cuanto a la voluntad de reprimir hechos como los imputados a T. T.
Por último, dado que el artículo 49 de la Carta contiene las mismas garantías que las previstas en el artículo 7 del CEDH, que han de tenerse en cuenta como umbral mínimo de protección, el Tribunal de Justicia señala que las exigencias a las que el artículo 49, apartado 1, de la Carta somete la eventual aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable aseguran, habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un nivel de protección de este principio que no vulnera el garantizado en el artículo 7 del CEDH, tal como lo interpreta dicho Tribunal.
En último lugar, el Tribunal de Justicia precisa que, en virtud del artículo 49, apartado 1, última frase, de la Carta, un órgano jurisdiccional que conozca de un recurso de casación contra una resolución judicial por la que se haya desestimado el recurso interpuesto contra una multa administrativa, de carácter penal y comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, está obligado, en principio, a aplicar una normativa nacional más favorable a la persona condenada, que entrara en vigor después de dictarse dicha resolución judicial, con independencia de que tal resolución se califique como firme en el Derecho nacional.
A propósito de esta cuestión, por una parte, el Tribunal de Justicia recuerda que la regla de la retroactividad de la ley penal más favorable, contenida en dicha disposición, es aplicable mientras no se haya dictado una condena firme. En efecto, esta regla implica que, desde la fecha a partir de la cual se haya considerado, en el ordenamiento jurídico correspondiente, que ya no era necesario castigar o castigar con la misma severidad un determinado comportamiento, tal cambio de apreciación debe aplicarse inmediatamente a todas las causas penales que aún no hayan concluido con una condena firme. Esta interpretación del artículo 49, apartado 1, última frase, de la Carta no vulnera el umbral de protección que ofrece el artículo 7 del CEDH.
Por otra parte, aunque las normas de procedimiento penal son competencia de los Estados miembros siempre que la Unión no haya legislado en la materia, estos están obligados, al ejercer dicha competencia, a cumplir las obligaciones que para ellos se derivan del Derecho de la Unión, incluidos los derechos fundamentales consagrados por la Carta. Por lo tanto, si bien es cierto que la apreciación del carácter firme de la condena debe efectuarse sobre la base del Derecho del Estado miembro que la haya dictado, este concepto ha de ser objeto en toda la Unión, a los efectos de la aplicación del artículo 49, apartado 1, última frase, de la Carta, de una interpretación autónoma y uniforme, en la medida en que determina el alcance del derecho garantizado por dicha disposición y, por consiguiente, el alcance de las obligaciones que de él se derivan para los Estados miembros.
Así pues, el hecho de que una condena se considere firme en virtud del Derecho nacional no es determinante para la aplicación de dicha disposición por el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra la resolución por la que se impuso dicha condena.
En efecto, el Tribunal de Justicia estima que una condena no puede considerarse firme, a los efectos del artículo 49, apartado 1, última frase, de la Carta, cuando pueda ser objeto de un recurso ordinario, esto es, cualquier recurso que forme parte del desarrollo normal de un proceso y que, como tal, constituya una actuación procesal con la que debe contar razonablemente cualquiera de las partes. Así sucede cuando la persona condenada o la autoridad pública encargada de ejercer la acción penal puedan interponer, en un plazo determinado por la ley y sin necesidad de justificar circunstancias excepcionales, un recurso jurisdiccional para obtener la anulación o la modificación de la condena o de la pena impuesta.
Por consiguiente, cuando la persona condenada o la autoridad pública encargada de ejercer la acción penal puedan interponer, en un plazo determinado por la ley y sin necesidad de justificar circunstancias excepcionales, un recurso de casación contra una resolución judicial, dicha resolución solo devendrá firme, a efectos de la aplicación del artículo 49, apartado 1, última frase, de la Carta, cuando las partes hayan agotado esa vía de recurso o hayan dejado transcurrir el plazo para interponer tal recurso de casación sin haberlo interpuesto.
Por consiguiente, el artículo 49, apartado 1, última frase, de la Carta implica que un órgano jurisdiccional de casación está obligado, en principio, a aplicar al autor de una infracción cuya sanción forme parte de la aplicación del Derecho de la Unión una normativa penal favorable a dicho autor, aun cuando tal normativa haya entrado en vigor después de dictarse la resolución judicial objeto del recurso de casación. No desvirtúa esta conclusión el hecho de que, con arreglo al Derecho nacional, la resolución objeto del recurso de casación solo pueda anularse en la medida en que adolezca de un vicio de legalidad o de que el órgano jurisdiccional de casación esté obligado a pronunciarse atendiendo a la situación existente en la fecha en que se dictó dicha resolución. En efecto, corresponde a todo órgano jurisdiccional aplicar al autor de una infracción la ley penal más favorable, mientras su condena no sea firme.
En relación con este último extremo, cuando no sea posible interpretar una disposición nacional conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, el principio de primacía de este exige que el juez nacional encargado de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones de ese Derecho excluya la aplicación de cualquier disposición del Derecho nacional contraria a las disposiciones del Derecho de la Unión que tengan efecto directo. Pues bien, el artículo 49, apartado 1, última frase, de la Carta está formulado en términos claros y precisos y no está sujeto a condición alguna, de modo que tiene efecto directo. En consecuencia, si el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que su Derecho interno no le autoriza a aplicar las garantías derivadas de esta disposición al litigio del que conoce, estaría obligado a asegurar, en el marco de sus competencias, la protección que para los justiciables se deriva de dicha disposición y a garantizar su plena eficacia dejando inaplicada, en su caso, cualquier disposición nacional contraria.
(
1
)	Este aparato, que registra la velocidad, se utiliza principalmente en los vehículos automóviles.
(
2
)	Véase el artículo 3 del Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (DO 1985, L 370, p. 8, EE 07/04, p. 28; en lo sucesivo, «Reglamento relativo al aparato de control»).
(
3
)	El órgano jurisdiccional remitente menciona los artículos 3 y 13 del Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 3821/85 y (CE) n.o 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo (DO 2006, L 102, p. 1).
(
4
)	Reglamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 561/2006 en lo que respecta a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.o 165/2014 en lo que respecta al posicionamiento mediante tacógrafos (DO 2020, L 249, p. 1).
(
5
)	Más concretamente, se trata del artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera (DO 1985, L 370, p. 8; EE 07/04, p. 28), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006 (DO 2006, L 102, p. 1).
(
6
)	En virtud del artículo 41, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera, por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.o 3821/85 del Consejo relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera y se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera (DO 2014, L 60, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento relativo a los tacógrafos»).
(
7
)	Esta facultad está prevista en el artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento, relativo a las categorías de vehículos contempladas en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 561/2006, tal como fue completado por el Reglamento (UE) 2020/1054.
(
8
)	Esta obligación se desprende del artículo 19, apartado 1, del Reglamento relativo al aparato de control y del artículo 41, apartado 1, del Reglamento relativo a los tacógrafos.
(
9
)	Convenio firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).
(
10
)	En efecto, el legislador eslovaco optó por eximir, de pleno Derecho, a todas las categorías de vehículos enumeradas en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 561/2006 de la obligación de estar provistas de un tacógrafo por razones idénticas a las expuestas por el legislador de la Unión.