Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 16 de abril de 2026 (*)
« Petición de decisión prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 1215/2012 — Competencias especiales — Artículo 8, punto 1 — Pluralidad de demandados — Demandas vinculadas entre sí por una “relación tan estrecha” que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo — Concepto de “relación tan estrecha” — Concepto de “demandado de conexión” — Infracción del artículo 101 TFUE — Directiva 2014/104/UE — Indemnización de los perjuicios causados por un cártel — Concepto de empresa — Responsabilidad de la sociedad matriz y de una filial — Decisión de la Comisión — Decisión de una autoridad nacional de defensa de la competencia — Daños causados fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) »
En los asuntos acumulados C‑672/23 y C‑673/23,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam, Países Bajos), mediante resoluciones de 19 de septiembre de 2023, recibidas en el Tribunal de Justicia el 13 de noviembre de 2023, en los procedimientos entre
Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain,
GCC Interconnection Authority,
Kuwait Ministry of Electricity and
Water,
Oman Electricity Transmission Company SAOC
y
Prysmian Netherlands BV,
Draka Holding BV,
Prysmian Cavi e Sistemi Srl,
Pirelli & C SpA,
Prysmian SpA,
The Goldman Sachs Group Inc.,
ABB BV,
ABB Holdings BV,
ABB AB,
ABB Ltd,
Nexans Nederland BV,
Nexans Cabling Solutions BV,
Nexans Participations SA,
Nexans SA,
Nexans France SAS (C‑672/23),
y
Smurfit Kappa Europe BV,
Smurfit International BV,
Smurfit Kappa Italia SpA,
DS Smith Italy BV,
DS Smith plc,
DS Smith Packaging Italia SpA,
DS Smith Holding Italia SpA,
Toscana Ondulati SpA
y
Unilever Europe BV,
Unilever Supply Chain Company AG,
Unilever Italy Holdings Srl (C‑673/23),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de Sala, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Primera, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin y S. Gervasoni, Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretaria: Sra. A. Lamote, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 23 de enero de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain, GCC Interconnection Authority, Kuwait Ministry of Electricity and Water y Oman Electricity Transmission Company SAOC, por el Sr. J. W. de Jong, advocaat;
–        en nombre de Prysmian Netherlands BV, Draka Holding BV, Prysmian Cavi e Sistemi Srl y Prysmian SpA, por la Sra. R. T. Bolland y los Sres. J. S. Kortmann, A. van Vugt y R. Wesseling, advocaten;
–        en nombre de Pirelli & C SpA, por el Sr. P. N. Malanczuk, las Sras. E. Mattioli y M. J. Schaufeli y el Sr. J. P. van der Klein, advocaten, y por la Sra. I. Perego y el Sr. M. Roberti, avvocati;
–        en nombre de The Goldman Sachs Group Inc., por la Sra. D. A. M. H. W Strik, advocate;
–        en nombre de ABB BV, ABB Holdings BV, ABB AB y ABB Ltd, por los Sres. W. Knibbeler y M. H. J. M. Immerzeel, la Sra. E. Di Pangrazio, el Sr. A. Schurink y la Sra. M. Sinninghe Damsté, advocaten;
–        en nombre de Nexans Nederland BV, Nexans Cabling Solutions BV, Nexans Participations SA, Nexans SA y Nexans France SAS, por los Sres. H. M. Cornelissen, A. Knigge y R. van Dijken, advocaten;
–        en nombre de Smurfit Kappa Europe BV, Smurfit International BV y Smurfit Kappa Italia SpA, por los Sres. O. W. Brouwer, la Sra. E. Di Pangrazio, el Sr. A. Schurink y la Sra. M. Sinninghe Damsté, advocaten;
–        en nombre de DS Smith Italy BV, DS Smith plc, DS Smith Packaging Italia SpA, DS Smith Holding Italia SpA y Toscana Ondulati SpA, por la Sra. M. G. Bredenoord-Spoek y los Sres. J. K. de Pree y S. J. The, advocaten;
–        en nombre de Unilever Europe BV, Unilever Supply Chain Company AG y Unilever Italy Holdings Srl, por el Sr. R. J. G. Lamberti, la Sra. C. C. A. van Rest y el Sr. H. J. Vanderveen, advocaten;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. S. Noë y W. Wils y la Sra. C. Zois, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 3 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 8, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
2        Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos litigios entre, por una parte, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain (EWAGB), GCC Interconnection Authority (GCC), Kuwait Ministry of Electricity and Water (KMEW) y Oman Electricity Transmission Company SAOC (OETS) (en lo sucesivo, estas cuatro empresas consideradas conjuntamente, «EWAGB y otros») y Prysmian Netherlands BV, Draka Holding BV, Prysmian Cavi e Sistemi Srl, Pirelli & C. Spa, Prysmian SpA, The Goldman Sachs group Inc., ABB BV, ABB Holdings BV, ABB AB, ABB Ltd., Nexans Nederland BV, Nexans Cabling Solutions BV, Nexans Participations SA, Nexans SA y Nexans France SAS (en lo sucesivo, estas quince sociedades considerandas conjuntamente, «Draka y otros»), y, por otra parte, Smurfit Kappa Europe BV, Smurfit International BV, Smurfit Kappa Italia SpA, DS Smith Italy BV, DS Smith plc, DS Smith Packaging Italia SpA, DS Smith Holding Italia SpA y Toscana Ondulati SpA (en lo sucesivo, estas ocho sociedades consideradas conjuntamente, «Smurfit Kappa y otros») y Unilever Europe BV, Unilever Supply Chain Company AG y Unilever Italy Holdings Srl (en lo sucesivo, estas tres sociedades consideradas conjuntamente, «Unilever y otros»), relativos a la determinación del órgano jurisdiccional con competencia territorial para conocer de las acciones ejercitadas a efectos de que se declare la responsabilidad solidaria de Draka y otros y de Smurfit Kappa y otros y se les condene a indemnizar los perjuicios resultantes de una infracción del artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»).
Marco jurídico
Reglamento n.º 1215/2012
3        Los considerandos 15, 16 y 21 del Reglamento n.º 1215/2012 enuncian:
«(15)      Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.
(16)      El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación.
[…]
(21)      El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en Estados miembros distintos resoluciones contradictorias. Se ha de prever un mecanismo claro y eficaz que permita resolver los casos de litispendencia y conexidad, y de obviar los problemas derivados de las divergencias nacionales por lo que respecta a la determinación de la fecha en la que un asunto se considera pendiente. A efectos del presente Reglamento, es oportuno definir esa fecha de manera autónoma.»
4        El capítulo II de este Reglamento, titulado «Competencia», contiene diez secciones. En su sección 1, titulada «Disposiciones generales», figuran los artículos 4 a 6 de dicho Reglamento.
5        Con arreglo al artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento:
«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
6        El artículo 5, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012 dispone:
«Las personas domiciliadas en un Estado miembro solo podrán ser demandadas ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de las normas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.»
7        Dentro de la sección 2 de dicho capítulo II, titulada «Competencias especiales», el artículo 8, punto 1, de dicho Reglamento establece lo siguiente:
«Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada:
1)      si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente».
8        Con arreglo al artículo 63, apartado 1, de dicho Reglamento:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentra:
a)      su sede estatutaria;
b)      su administración central, o
c)      su centro de actividad principal.»
Directiva 2014/104/UE
9        A tenor del considerando 1 de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1):
«Los artículos 101 y 102 [TFUE] son disposiciones de política pública y deben aplicarse eficazmente en toda la Unión [Europea] para garantizar que no se falsee la competencia en el mercado interior.»
10      El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», establece en su apartado 2:
«La presente Directiva establece normas que coordinan la aplicación de la normativa sobre competencia por parte de las autoridades en la materia así como la aplicación de estas normas en las acciones por daños ejercitadas ante los órganos jurisdiccionales nacionales.»
11      El artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Definiciones», dispone en sus puntos 2, 3 y 6:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[…]
2)      “infractor”: la empresa o asociación de empresas que haya cometido una infracción del Derecho de la competencia;
3)      “Derecho nacional de la competencia”: las disposiciones del Derecho nacional que persiguen predominantemente el mismo objetivo que los artículos 101 [TFUE] y 102 [TFUE] y se aplican al mismo asunto y en paralelo al Derecho de la competencia de la Unión de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 [del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE (DO 2003, L 1, p. 1)], sin incluir las normas nacionales que prevean la imposición de sanciones penales a las personas físicas, excepto en la medida en que esas sanciones penales sean el medio para ejecutar las normas sobre competencia aplicables a las empresas;
[…]
6)      “parte perjudicada”: la persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia».
12      El artículo 3 de la misma Directiva, titulado «Derecho al pleno resarcimiento», tiene la siguiente redacción:
«1.      Los Estados miembros velarán por que cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia pueda reclamar y obtener pleno resarcimiento de dicho perjuicio.
2.      El pleno resarcimiento deberá devolver a una persona que haya sufrido un perjuicio a la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción del Derecho de la competencia. Por tanto, dicho resarcimiento abarcará el derecho a indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses.
3.      El pleno resarcimiento con arreglo a la presente Directiva no conllevará una sobrecompensación, bien mediante indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo.»
13      El artículo 9 de la Directiva 2014/104, titulado «Efecto de las resoluciones nacionales», dispone:
«1.      Los Estados miembros velarán por que se considere que la constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha en una resolución firme de una autoridad nacional de la competencia o de un órgano jurisdiccional competente se considere irrefutable a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdiccional nacional de conformidad con los artículos 101 [TFUE] o 102 [TFUE] o el Derecho nacional de la competencia.
2.      Los Estados miembros garantizarán que toda resolución firme contemplada en el apartado 1 y dictada en otro Estado miembro pueda ser presentada, con arreglo al Derecho nacional, ante sus órganos jurisdiccionales nacionales al menos como principio de prueba de la existencia de una infracción del Derecho de la competencia y, en su caso, que dicha resolución pueda valorarse junto con otras pruebas presentadas por las partes.
3.      El presente artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales en virtud del artículo 267 [TFUE].»
14      El artículo 11 de dicha Directiva, que lleva por título «Responsabilidad conjunta y solidaria», dispone en su apartado 1:
«Los Estados miembros velarán por que las empresas que hayan infringido el Derecho de la competencia por una conducta conjunta sean conjunta y solidariamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción del Derecho de la competencia, como consecuencia de lo cual cada una de las empresas estará obligada a indemnizar plenamente por el perjuicio causado, y la parte perjudicada tendrá derecho a exigir el pleno resarcimiento de cualquiera de ellas hasta que haya sido plenamente indemnizada.»
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
Asunto C‑672/23,
15      Mediante la Decisión C(2014) 2139 final, de 2 de abril de 2014, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39610 — Cables de energía), la Comisión Europea declaró la existencia de un cártel de alcance casi mundial en los mercados de los cables de energía submarinos y subterráneos en la que estaban implicadas veintiséis personas jurídicas, a saber:
–        Nexans SA y Nexans France SAS, con domicilio social en Francia;
–        Prysmian SpA y Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, con domicilio social en Italia, y sus anteriores sociedades matrices, Pirelli & Cie SpA y The Goldman Sachs Group Inc.;
–        J-Power Systems Corporation y las sociedades matrices de la empresa en participación, Hitachi Metals Ltd y Sumitomo Electric Industries Ltd;
–        VISCAS Corporation y las sociedades matrices de la empresa en participación, Furukawa Electric Co. Ltd y Fujikura Ltd;
–        ABB AB (anteriormente), en cuyos derechos se subrogó ABB AB, con domicilio social en Suecia, y ABB Ltd, en su condición de de sociedad matriz de ABB AB, con domicilio social en Suiza;
–        Brugg Kabel AG y Kabelwerke Brugg AG Holding;
–        Silec Cable SAS, su actual sociedad matriz, General Cable Corporation, y su antigua sociedad matriz, Safran SA;
–        EXSYM Corporation y las sociedades matrices de la empresa en participación, SWCC Showa Holdings Co. Ltd y Mitsubishi Cable Industries Ltd.;
–        LS Cable & System Ltd;
–        Taihan Electric Wire Co. Ltd y
–        nkt cables GmbH y NKT Holding A/S.
16      La Comisión consideró que, durante un período comprendido entre el 18 de febrero de 1999 y el 29 de enero de 2009, estas sociedades habían participado en una red de reuniones multilaterales y bilaterales y en contactos que tenían por objeto repartirse los mercados y los clientes de proyectos de cables de energía subterráneos y de cables de energía submarinos en territorios específicos. Estimó que estas prácticas colusorias constituían una infracción continua del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE).
17      Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain, Kuwait Ministry of Electricity and Water y Oman Electricity Transmission Company son empresas públicas encargadas del desarrollo, la explotación y el mantenimiento de las redes de alta tensión situadas, respectivamente, en Baréin, Kuwait y Omán. GCC Interconnection Authority posee y explota una infraestructura de interconexión que conecta las redes eléctricas nacionales de los Estados que son partes del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, a saber, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Baréin, el Reino de Arabia Saudí, el Sultanato de Omán, el Estado de Qatar y el Estado de Kuwait.
18      EWAGB y otros presentaron ante el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos) una demanda de juicio declarativo en la que solicitaban, por una parte, que se declarase la responsabilidad conjunta y solidaria de Draka y otros frente a ellas por su participación en el cártel de que se trata y, por otra parte, que se condenase solidariamente a estas sociedades al pago de una cantidad en concepto de indemnización del perjuicio que consideran haber sufrido fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) como consecuencia de dicha práctica colusoria, cuyo importe debería determinarse posteriormente.
19      Esta demanda se dirige contra varias sociedades demandadas en el litigio principal pertenecientes a los grupos Prysmian Cavi e Sistemi, ABB AB (anteriormente) y Nexans. Algunas tienen su domicilio social en los Países Bajos, aunque fuera de la demarcación del Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam), y otras fuera de los Países Bajos. Todas ellas son, directa o indirectamente, filiales propiedad al 100 % de las empresas a las que la Comisión decidió imputar una participación en el cártel de que se trata. En su Decisión, la Comisión constató que Prysmian Cavi e Sistemi, ABB AB (anteriormente) y Nexans France habían participado en el cártel y declaró la responsabilidad en sentido ascendente de Prysmian, Pirelli & C, The Goldman Sachs Group, ABB Ltd y Nexans en su condición de sociedades matrices (indirectas) de dichas participantes en el cártel. Nexans Participations y las sociedades Prysmian Netherlands, Draka Holding, ABB BV, ABB Holdings, Nexans Nederland y Nexans Cabling Solutions, sociedades domiciliadas en los Países Bajos, no eran destinatarias de dicha Decisión. Todas estas sociedades demandadas neerlandesas son, de manera directa o indirecta, filiales propiedad al 100 % de Prysmian Cavi e Sistemi, ABB Ltd y Nexans SA, respectivamente.
20      Draka Holding, con domicilio social en Ámsterdam, es la única sociedad demandada domiciliada en la demarcación del Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) y constituye, por tanto, el demandado que sirve de conexión para determinar la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto (en lo sucesivo, «demandado de conexión»). Esta sociedad es una filial de Prysmian Cavi e Sistemi, que también es titular de la totalidad del capital de Prysmian Netherlands. Ni Draka Holding ni las demás sociedades demandadas con domicilio social en los Países Bajos eran destinatarias de la Decisión de la Comisión de 2 de abril de 2014.
21      Mediante sentencia declarativa, el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) se declaró competente, sobre la base del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, para conocer de las acciones ejercitadas contra todas las sociedades demandadas domiciliadas en los Países Bajos. En cambio, se declaró incompetente para conocer de las acciones dirigidas contra las sociedades demandadas domiciliadas fuera de los Países Bajos, al considerar que no podía deducirse ninguna competencia internacional del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 ni de ninguna otra base jurídica. En efecto, estimó que entre las acciones ejercitadas contra las sociedades domiciliadas en los Países Bajos y las ejercitadas contra las sociedades domiciliadas fuera de los Países Bajos no existía una relación suficientemente estrecha que justificara que todas ellas fueran juzgadas por el mismo órgano jurisdiccional a fin de evitar resoluciones contradictorias.
22      EWAGB y otros interpusieron recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto.
23      Este órgano jurisdiccional recuerda que las sociedades demandadas domiciliadas en los Países Bajos no impugnaron la resolución del Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) por la que este reconocía su competencia territorial interna para conocer de la acción no solo contra Draka Holding, con domicilio en la demarcación de dicho tribunal, sino también contra todas las sociedades citadas domiciliadas en los Países Bajos, pero fuera de la demarcación de este. Precisa, por tanto, que, con arreglo a las normas procesales nacionales, las resoluciones en materia de competencia territorial interna no son recurribles y que, por consiguiente, está obligado a considerar que el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) tiene competencia territorial interna en lo que se refiere a todas las sociedades demandadas domiciliadas en los Países Bajos.
24      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si existe una relación suficientemente estrecha, en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, entre, por una parte, la acción ejercitada contra Draka Holding u otras sociedades demandadas domiciliadas en los Países Bajos y, por otra parte, las acciones ejercitadas contra las sociedades demandadas domiciliadas fuera de los Países Bajos.
25      En estas circunstancias, el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      a)      ¿Existe una relación estrecha en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento [n.º 1215/2012] entre:
i)      por una parte, una demanda contra una demandada de conexión que no es destinataria de una decisión de la Comisión relativa a un cártel pero que, como entidad supuestamente perteneciente a una empresa en el sentido del Derecho de la competencia de la Unión, es considerada responsable en sentido descendente de la infracción constatada de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión y
ii)      por otra parte, una demanda contra:
–        una codemandada que es destinataria de dicha decisión, o
–        una codemandada que no es destinataria de la decisión y que, como persona jurídica, pertenece supuestamente a una empresa que, en la decisión, ha sido declarada responsable, a efectos de Derecho público, de haber infringido la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión?
¿Es relevante a este respecto:
1.      si la demandada de conexión, responsable en sentido descendente, se limitó durante la duración del cártel a ser propietaria y administrar participaciones sociales;
2.      en caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, letra a), si la demandada de conexión, responsable en sentido descendente, participó en la fabricación, distribución, venta o suministro de los productos objeto del cártel o en la prestación de servicios objeto del cártel;
3.      si la codemandada, que es destinataria de la decisión, fue designada en esta como
i)      participante real en el cártel —en el sentido de que participó realmente en el acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia o en las prácticas concertadas constatados— o
ii)      persona jurídica que forma parte de la empresa considerada responsable, a efectos de Derecho público, de haber infringido la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión;
4.      si la codemandada, que no es destinataria de la decisión, produjo efectivamente, distribuyó o vendió productos o prestó servicios objeto del cártel;
5.      si la demandada de conexión y la codemandada pertenecían o no a la misma sociedad;
6.      si las demandantes, directa o indirectamente, compraron productos o recibieron servicios de la demandada de conexión o de la codemandada?
b)      ¿Es relevante para responder a la primera cuestión, letra a), si es previsible o no que la codemandada en cuestión vaya a ser demandada ante el órgano jurisdiccional de la demandada de conexión? En caso afirmativo, ¿es la previsibilidad un criterio autónomo a la hora de aplicar el artículo 8, punto 1, del Reglamento [n.º 1215/2012]? ¿Se da en principio esta previsibilidad, habida cuenta de la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800)? ¿En qué medida las circunstancias mencionadas en la primera cuestión, letra a), puntos 1 a 6, hacen que sea previsible en este caso que la codemandada vaya a ser demandada ante el tribunal de la demandada de conexión?
2)      Al determinar la competencia judicial, ¿deben tenerse también en cuenta las posibilidades de que prospere la demanda contra la demandada de conexión? En caso afirmativo, ¿es suficiente a este respecto que no pueda excluirse de antemano que prosperará la demanda?
3)      a)      ¿Comprende el derecho, reconocido en el ordenamiento jurídico de la Unión, de toda persona a una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de una infracción constatada de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión, el derecho a reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos fuera del EEE?
b)      ¿Debe o puede aplicarse la presunción que rige en el Derecho de la competencia de que las empresas matrices (multadas) ejercen una influencia decisiva sobre la actividad económica de las filiales (“presunción de la sentencia Akzo”) en los litigios (civiles) sobre daños y perjuicios derivados de cárteles?
c)      ¿Cumple una sociedad holding intermedia que se limita a ser propietaria de participaciones sociales y administrarlas el segundo criterio de la sentencia Sumal (ejercer una actividad económica que tenga una relación concreta con el objeto de la infracción por la que se ha declarado responsable a la sociedad matriz)?
4)      a)      En el contexto de la aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento [n.º 1215/2012], ¿pueden varias demandadas domiciliadas en el mismo Estado miembro ser (conjuntamente) demandadas de conexión?
b)      ¿Determina el artículo 8, punto 1, del Reglamento [n.º 1215/2012] directa e inmediatamente el órgano jurisdiccional que tiene competencia territorial, prevaleciendo sobre el Derecho nacional?
c)      En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión, letra a) —de modo que solo un demandado puede ser demandado de conexión— y de repuesta afirmativa a la cuarta cuestión, letra b) —de manera que el artículo 8, punto 1, del Reglamento [n.º 2015/2012] designa directamente el órgano jurisdiccional que tiene competencia territorial, prevaleciendo sobre el Derecho nacional, ¿existe la posibilidad, al aplicar [esta disposición], de una remisión interna al tribunal del domicilio del demandado en el mismo Estado miembro?»
Asunto C‑673/23
26      El 17 de julio de 2019, la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autoridad de Defensa de la Competencia y del Mercado, Italia; en lo sucesivo, «AGCM») adoptó una decisión en la que consideró que varias empresas, entre ellas Smurfit Kappa Italia y Toscana Ondulati, habían cometido dos infracciones distintas del artículo 101 TFUE y de los artículos 15 y 31 de la ley italiana de defensa de la competencia.
27      Mediante dicha decisión, la AGCM consideró, por una parte, que, entre el 2 de febrero de 2004 y el 30 de marzo de 2017, dichas empresas habían participado en un cártel en el mercado italiano del cartón ondulado, con el fin de influir en los precios de venta de dicho producto e incitar a otras empresas a participar en dicha práctica colusoria. Por otra parte, estimó que los principales productores de productos de embalaje de cartón habían participado, entre el 7 de septiembre de 2005 y el 30 de marzo de 2017, en un cártel relativo a los materiales de embalaje que tenía por objeto falsear la competencia en el mercado italiano del cartón de embalaje. La AGCM también señaló que este segundo cártel tenía una función de apoyo del cártel relativo al cartón ondulado.
28      Smurfit Kappa Italia, domiciliada en Milán (Italia), DS Smith Holding, domiciliada en Vimercata (Italia) y Toscana Ondulati, domiciliada en Capannori (Italia), eran destinatarias de dicha decisión, de la que se desprende que Smurfit Kappa Italia y Toscana Ondulati participaron en el cártel. También se consideró a DS Smith Holding Italia responsable en sentido ascendente de dicha práctica colusoria, como sociedad matriz indirecta. En cambio, las demás sociedades demandantes en el litigio principal, que forman parte de los grupos de Smurfit Kappa Italia y Toscana Ondulati, no fueron destinatarias de la decisión mencionada.
29      Durante los períodos de la infracción, Unilever y otros, que forman parte del grupo Unilever, adquirieron de sociedades participantes en el cártel materias primas y materiales de embalaje, así como material de embalaje de cartón ondulado para las instalaciones de producción europeas de Unilever. Unilever y otros consideran haber sufrido un perjuicio como consecuencia del incremento de los precios de los productos comprados a las sociedades participantes en el cártel, así como del mantenimiento de niveles de precios artificialmente elevados («precios de protección») y de los efectos residuales de la práctica colusoria en el mercado.
30      Presentaron entonces ante el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) una demanda de juicio declarativo, solicitando que se declarara que Smurfit Kappa y otros eran conjunta y solidariamente responsables frente a ellas por su participación en el cártel de que se trata. Solicitan, asimismo, que se condene solidariamente a dichas sociedades al pago de una indemnización cuyo importe deberá determinarse posteriormente, destinada a resarcir el perjuicio que consideran haber sufrido como consecuencia de dicha práctica colusoria.
31      Smurfit Kappa International es la única sociedad demandada con domicilio social en la demarcación del Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) y se considera que es el demandado de conexión. Esta sociedad no era destinataria de la decisión de 17 de julio de 2019 de la ABCM. Se trata de una sociedad holding intermedia, filial de Smurfit Kappa Group, sociedad domiciliada en Irlanda que no es objeto del procedimiento principal, y sociedad matriz de Smurfit Kappa Europe. Esta última es titular del 100 % del capital social de Smurfit Kappa Italia, una de las sociedades destinatarias de la decisión de 17 de julio de 2019 de la AGCM.
32      Mediante sentencia declarativa, el Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) se declaró territorialmente competente, tanto en el plano interno como en el plano internacional, para conocer de las acciones dirigidas tanto contra las sociedades domiciliadas en los Países Bajos como contra las domiciliadas fuera de los Países Bajos.
33      En efecto, por una parte, consideró que era competente para conocer de la acción ejercitada contra Smurfit International, única sociedad demandada ante él domiciliada en Ámsterdam (Países Bajos) y, por tanto, en su demarcación, pero también de las acciones dirigidas contra todas las sociedades domiciliadas en los Países Bajos, debido a que entre todas ellas existe una conexión que justifica un trato conjunto por razones de eficacia. Por otra parte, estimó que entre las acciones ejercitadas contra todas las sociedades domiciliadas en los Países Bajos y las ejercitadas contra las sociedades domiciliadas fuera de los Países Bajos existía una relación suficientemente estrecha que justificaba que fuera el mismo órgano jurisdiccional el que dictara la sentencia, a fin de evitar resoluciones contradictorias.
34      Smurfit Kappa y otros interpusieron recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto.
35      Dicho órgano jurisdiccional recuerda que las sociedades domiciliadas en los Países Bajos no impugnaron en primera instancia la competencia del Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) y que, con arreglo a las normas procesales nacionales, las resoluciones adoptadas en materia de competencia territorial interna no son recurribles ante él. Expone que, por lo tanto, está obligado a considerar que dicho tribunal tiene competencia territorial interna para conocer no solo de la acción ejercitada contra Smurfit International —única sociedad en el caso de autos domiciliada en la demarcación de este último y que, aunque no es destinataria de la decisión de la AGCM, se convierte en el demandado de conexión respecto del lugar de su domicilio—, sino también de las acciones dirigidas contra todas las sociedades demandadas ante él domiciliadas en los Países Bajos.
36      Dicho órgano jurisdiccional se pregunta, en cambio, sobre la competencia internacional de dicho tribunal en lo que se refiere a las acciones dirigidas contra las sociedades domiciliadas fuera de los Países Bajos. Se pregunta, en esencia, si existe una relación suficientemente estrecha, en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, entre, por una parte, la acción ejercitada contra Smurfit International u otras sociedades establecidas en los Países Bajos y, por otra, las acciones dirigidas contra sociedades domiciliadas fuera de los Países Bajos.
37      En estas circunstancias, el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      a)      ¿Existe una relación estrecha en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento [n.º 1215/2012] entre:
i)      por una parte, una demanda contra una demandada de conexión que no es destinataria de una decisión de una autoridad nacional de defensa de la competencia pero que, como entidad supuestamente perteneciente a una empresa en el sentido del Derecho de la competencia de la Unión […], es considerada responsable en sentido ascendente de la infracción constatada de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión y
ii)      por otra parte, una demanda contra:
–        una codemandada que es destinataria de dicha decisión, o
–        una codemandada que no es destinataria de la decisión y que, como persona jurídica, pertenece supuestamente a una empresa que, en la decisión, ha sido declarada responsable, a efectos de Derecho público, de haber infringido la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión?
¿Es relevante a este respecto:
1.      si la demandada de conexión, responsable en sentido ascendente, se limitó durante la duración del cártel a ser propietaria y administrar participaciones sociales;
2.      en caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, letra a), si la demandada de conexión, responsable en sentido ascendente, participó en la fabricación, distribución, venta o suministro de los productos objeto del cártel o en la prestación de servicios objeto del cártel;
3.      si la demandada de conexión tenía o no su domicilio social en el Estado cuya autoridad de defensa de la competencia constató (únicamente) una infracción a la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión;
4.      si la codemandada, que es destinataria de la decisión, fue designada en esta como
i)      participante real en el cártel —en el sentido de que participó realmente en el acuerdo o acuerdos contrarios a la competencia o en las prácticas concertadas constatados— o
ii)      persona jurídica que forma parte de la empresa considerada responsable, a efectos de Derecho público, de haber infringido la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión;
5.      si la codemandada, que no es destinataria de la decisión, produjo efectivamente, distribuyó o vendió productos o prestó servicios objeto del cártel;
6.      si la demandada de conexión y la codemandada pertenecían o no a la misma sociedad;
7.      si las demandantes, directa o indirectamente, compraron productos o recibieron servicios de la demandada de conexión o de la codemandada?
b)      ¿Es relevante para responder a la primera cuestión, letra a), si es previsible o no que la codemandada en cuestión vaya a ser demandada ante el órgano jurisdiccional de la demandada de conexión? En caso afirmativo, ¿es la previsibilidad un criterio autónomo a la hora de aplicar el artículo 8, punto 1, del Reglamento [n.º 1215/2012]? ¿Se da en principio esta previsibilidad, habida cuenta de la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800)? ¿En qué medida las circunstancias mencionadas en la primera cuestión, letra a), puntos 1 a 6, hacen que sea previsible en este caso que la codemandada vaya a ser demandada ante el tribunal de la demandada de conexión?
2)      Al determinar la competencia judicial, ¿deben tenerse también en cuenta las posibilidades de que prospere la demanda contra la demandada de conexión? En caso afirmativo, ¿es suficiente a este respecto que no pueda excluirse de antemano que prosperará la demanda?
3)      ¿Debe o puede aplicarse la presunción que rige en el Derecho de la competencia de que las empresas matrices (multadas) ejercen una influencia decisiva sobre la actividad económica de las filiales (“presunción de la sentencia Akzo”) en los litigios (civiles) sobre daños y perjuicios derivados de cárteles?
4)      a)      En el contexto de la aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento [n.º 1215/2012], ¿pueden varias demandadas domiciliadas en el mismo Estado miembro ser (conjuntamente) demandadas de conexión?
b)      ¿Determina el artículo 8, punto 1, del Reglamento [n.º 1215/2012] directa e inmediatamente el órgano jurisdiccional que tiene competencia territorial, prevaleciendo sobre el Derecho nacional?
c)      En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión, letra a) —de modo que solo un demandado puede ser demandado de conexión— y de repuesta afirmativa a la cuarta cuestión, letra b) —de manera que el artículo 8, apartado 1, del Reglamento [n.º 2015/2012] designa directamente el órgano jurisdiccional que tiene competencia territorial, prevaleciendo sobre el Derecho nacional, ¿existe la posibilidad, al aplicar el artículo 8, punto 1, del Reglamento [n.º 2015/2012], de una remisión interna al tribunal del domicilio del demandado en el mismo Estado miembro?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
38      Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de enero de 2024, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑672/23 y C‑673/20 a efectos de la fase oral del procedimiento y de la resolución que pusiera fin al proceso, de conformidad con el artículo 54 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primeras cuestiones prejudiciales, letra a)
39      Con carácter preliminar, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado (sentencia de 15 de julio de 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, apartado 31).
40      En el caso de autos, de las resoluciones de remisión se desprende que, mediante sus primeras cuestiones prejudiciales, letra a), formuladas en términos sustancialmente similares en los asuntos C‑672/23 y C‑673/23, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si algunas de las circunstancias propias de estos asuntos pueden caracterizar la existencia de una relación suficientemente estrecha, a la luz del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, entre, por una parte, una acción dirigida contra un demandado de conexión, que no es destinatario de la decisión de la autoridad nacional o de la Unión de defensa de la competencia de que se trate, pero que, como entidad de la que se alega que pertenece a la empresa a la que dicha decisión considera responsable de la infracción del Derecho de la competencia de la Unión, también es considerada responsable en sentido ascendente o descendente de la infracción constatada y, por otra parte, las acciones dirigidas contra los codemandados, destinatarios o no de dicha decisión, relación que podría fundamentar la competencia internacional del Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) para conocer de ellas.
41      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en particular, sobre la pertinencia, para apreciar la existencia de tal relación, de circunstancias como, en primer lugar, la mera titularidad y gestión de acciones por parte del demandado de conexión; en segundo lugar, su posible implicación en la producción, distribución, venta o entrega de productos o en la prestación de servicios objeto de la práctica colusoria; en tercer lugar, el hecho de que dicho demandado de conexión esté domiciliado o no en el Estado miembro en el que se ha constatado la infracción del Derecho de la competencia; en cuarto lugar, la calificación del codemandado destinatario de la decisión controvertida como participante de hecho en la infracción o como entidad que forma parte de la empresa considerada responsable de la infracción; en quinto lugar, el hecho de que el codemandado no destinatario haya efectivamente producido, distribuido, vendido o entregado productos o prestado servicios que dieron lugar a la práctica colusoria; en sexto lugar, la pertenencia del demandado de conexión y del codemandado a la misma empresa y, en séptimo lugar, el hecho de que las demandantes hayan adquirido productos o recibido servicios, directa o indirectamente, del demandado de conexión o del codemandado.
42      En estas circunstancias, procede considerar que, mediante sus primeras cuestiones prejudiciales, letra a), el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que puede existir una «relación tan estrecha», en el sentido de dicha disposición, entre, por una parte, una acción dirigida contra un demandado de conexión que no ha sido mencionado como responsable de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE constatada por la Comisión o por una autoridad nacional de defensa de la competencia y, por otra parte, acciones dirigidas contra sociedades respecto de las cuales existen indicios serios de que pertenecen a empresas, en el sentido del Derecho de la competencia de la Unión, a las que se ha imputado dicha infracción.
43      Con carácter preliminar, procede recordar que, en la medida en que el Reglamento n.º 1215/2012 derogó y sustituyó al Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), que, a su vez, sustituyó al Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32), en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio. la interpretación dada por el Tribunal de Justicia a las disposiciones de esos instrumentos jurídicos anteriores sigue siendo válida para las disposiciones del Reglamento n.º 1215/2012 que puedan calificarse de «equivalentes» (sentencia de 15 de julio de 2021, Volvo y otros, C‑30/20, EU:C:2021:604, apartado 28 y jurisprudencia citada).
44      Esto es aplicable, por un lado, al artículo 6, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 y, por otro lado, al artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, que están redactados en términos sustancialmente similares, de modo que estas disposiciones pueden calificarse de «equivalentes», en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el apartado anterior de la presente sentencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de julio de 2021, Volvo y otros, C‑30/20, EU:C:2021:604, apartado 29, y de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken, C‑393/23, EU:C:2025:85, apartado 24).
45      En virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, las personas domiciliadas en un Estado miembro están sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. El artículo 63, apartado 1, de este Reglamento precisa que, a efectos de dicho Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentre su sede estatutaria, su administración central o su centro de actividad principal. No obstante, dicho artículo 4, apartado 1, establece esta norma de competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado «salvo lo dispuesto» en las demás disposiciones del Reglamento n.º 1215/2012. En efecto, mientras que esta norma de competencia judicial constituye, de conformidad con el considerando 15 de este, una norma de principio, el referido Reglamento establece una serie de excepciones (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de febrero de 2025, BSH Hausgeräte, C‑339/22, EU:C:2025:108, apartados 29 y 30). Entre ellas, el artículo 8 del Reglamento n.º 1215/2012 prevé excepciones a esta regla general para las demandas conexas.
46      A este respecto, el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 dispone que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada, si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente.
47      Según reiterada jurisprudencia, las disposiciones de este Reglamento deben interpretarse de manera autónoma, remitiéndose a su sistema y a sus objetivos (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2023, BNP Parisbas, C‑567/21, EU:C:2023:452, apartado 43).
48      El objetivo de la regla de competencia especial del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, como se desprende de los considerandos 16 y 21 de dicho Reglamento, consiste en facilitar una buena administración de justicia, reducir al máximo el riesgo de procedimientos paralelos y evitar la adopción de resoluciones contradictorias en distintos Estados miembros si los asuntos fueran juzgados separadamente (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2023, Beverage City Polska, C‑832/21, EU:C:2023:635, apartado 34 y jurisprudencia citada).
49      Esta regla de competencia especial, en la medida en que constituye una excepción al principio de competencia judicial del foro del domicilio del demandado que establece el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, debe ser objeto de interpretación estricta, que no vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en dicho Reglamento (sentencia de 7 de septiembre de 2023, Beverage City Polska, C‑832/21, EU:C:2023:635, apartado 35 y jurisprudencia citada).
50      En el marco de la aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, procede comprobar si, entre las diferentes pretensiones formuladas por un mismo demandante contra distintos demandados, existe una relación de tal naturaleza que resulte oportuno examinarlas conjuntamente, a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente. La existencia de tal relación debe apreciarse a la luz de todas las circunstancias del caso concreto, en particular del riesgo de que se dicten resoluciones contradictorias.
51      En ese sentido, para poder considerar inconciliables las resoluciones, no basta que den como resultado soluciones divergentes, sino que es preciso también que tal divergencia se inscriba en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho (sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, apartado 20 y jurisprudencia citada).
52      Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado que la regla establecida en el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 no puede interpretarse de tal forma que permita a un demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados con el solo fin de excluir a uno de ellos de la competencia de los tribunales del Estado de su domicilio y eludir así la regla de competencia contenida en dicha disposición, creando o manteniendo de forma artificial las condiciones para la aplicación de esta (sentencia de 7 de septiembre de 2023, Beverage City Polska, C‑832/21, EU:C:2023:635, apartado 43 y jurisprudencia citada).
53      Por tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si existe una misma situación de hecho y de Derecho, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del asunto del que conoce, en relación con las demandas formuladas contra los distintos demandados en primera instancia en el litigio principal, y velar por que las demandas dirigidas contra el único de los codemandados cuyo domicilio justifica su competencia no tengan por objeto que se cumplan de forma artificial los requisitos de aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2023, Beverage City Polska, C‑832/21, EU:C:2023:635, apartado 42 y 45).
54      Desde esta perspectiva, procede recordar, en primer lugar, que se cumple el requisito de la existencia de una misma situación de hecho y de Derecho, en particular, cuando varias empresas que han participado en una infracción única y continua de las normas sobre competencia del Derecho de la Unión, constatada en una decisión de la Comisión, han sido demandadas judicialmente por su participación en dicha infracción, aun cuando su implicación en la ejecución de esta difiera en función de los períodos o de las zonas geográficas de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, apartado 21).
55      El Tribunal de Justicia también se ha pronunciado en el sentido de que el hecho de que la responsabilidad solidaria de la sociedad matriz y de su filial por la infracción de las normas sobre competencia del Derecho de la Unión no haya sido declarada en una decisión definitiva de la Comisión no impide la aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 a tales demandas (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken, C‑393/23, EU:C:2025:85, apartado 30).
56      En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 es aplicable en el caso de demandas dirigidas a la vez contra una sociedad matriz y la filial con la que la primera forma una unidad económica, basadas en la participación de la segunda en una infracción de las normas sobre competencia del Derecho de la Unión cuya existencia se ha declarado en una decisión de una autoridad nacional de defensa de la competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken, C‑393/23, EU:C:2025:85, apartado 33).
57      Cabe recordar, en segundo lugar, que, también con arreglo a jurisprudencia reiterada, cuando se demuestra que la sociedad y su filial forman parte de una misma unidad económica y constituyen, por tanto, una única empresa en el sentido de las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, la propia existencia de esa unidad económica, autora de la infracción, determina, de manera decisiva, la responsabilidad de una u otra de las sociedades que componen la empresa por el comportamiento contrario a la competencia de esta última. Por consiguiente, el concepto de «empresa» y, a través de este, el de «unidad económica», conllevan de pleno derecho la responsabilidad solidaria de las entidades que componen la unidad económica en el momento de la comisión de la infracción (sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken, C‑393/23, EU:C:2025:85, apartado 29 y jurisprudencia citada).
58      En tercer lugar, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las personas jurídicamente distintas organizadas en forma de grupo forman una sola y misma empresa cuando no determinan de manera autónoma su conducta en el mercado de que se trata, sino que, habida cuenta en particular de los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que las unen a una sociedad matriz, experimentan a tal fin los efectos del ejercicio efectivo, por esa unidad de dirección, de una influencia decisiva (sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 108 y jurisprudencia citada).
59      A este respecto, procede recordar que, en el caso específico de que una sociedad matriz sea titular, directa o indirectamente, de la totalidad o la casi totalidad del capital de la filial que ha infringido las normas en materia de competencia, existe una presunción iuris tantum de que la sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial (sentencia de 26 de octubre de 2017, Global Steel Wire y otros/Comisión, C‑457/16 P y C‑459/16 P a C‑461/16 P, EU:C:2017:819, apartado 84 y jurisprudencia citada).
60      En efecto, el hecho base de la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva no es la posesión de la totalidad o cuasitotalidad del capital de la filial, sino el grado de control de la sociedad matriz sobre su filial que implica dicha participación en el capital (sentencia de 27 de enero de 2021, The Goldman Sachs Group/Comisión, C‑595/18 P, EU:C:2021:73, apartado 35).
61      Dicho esto, pese a que el hecho de que una sociedad sea titular de casi todo el capital social de otra constituye un indicio muy sólido a favor de la existencia de tal control, no permite excluir con certeza que una o varias otras personas puedan poseer, por sí solas o conjuntamente, el poder de decisión, puesto que es posible, en particular, que la propiedad del capital social se haya disociado de los derechos de voto (sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 110).
62      Para formar con su filial una única y misma empresa, una sociedad matriz debe ejercer un control sobre el comportamiento de su filial, lo que puede demostrarse acreditando, o bien que la sociedad matriz tiene la capacidad de ejercer una influencia decisiva en el comportamiento de la filial y que, además, ha ejercido efectivamente esa influencia, o bien que esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas (sentencia de 12 de mayo de 2022, Servizio Elettrico Nazionale y otros, C‑377/20, EU:C:2022:379, apartado 111).
63      El Tribunal de Justicia también ha declarado que el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, en caso de demandas dirigidas a que se condene solidariamente a una sociedad matriz y a su filial a reparar los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la comisión, por la filial, de una infracción de las normas sobre competencia, el órgano jurisdiccional del domicilio de la sociedad matriz ante el que se haya presentado la demanda se base, para determinar su competencia internacional, en la presunción de que, cuando una sociedad matriz posee directa o indirectamente la totalidad o la casi totalidad del capital de una filial que ha cometido una infracción de las normas sobre competencia, dicha sociedad matriz ejerce una influencia decisiva sobre esa filial, siempre que los demandados no se vean privados de la posibilidad de invocar indicios probatorios que sugieran, o bien que esa sociedad matriz no poseía directa o indirectamente la totalidad o la casi totalidad del capital de la referida filial, o bien que, a pesar de ello, debe destruirse esa presunción (sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken, C‑393/23, EU:C:2025:85, apartado 47).
64      En cuarto lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en cuanto a la responsabilidad de una filial en circunstancias en las que se haya acreditado la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, respecto de una sociedad matriz, la víctima de dicha infracción puede intentar que se declare la responsabilidad civil de una sociedad filial de esa sociedad matriz en lugar de la de esta. Sin embargo, solo puede declararse la responsabilidad de dicha filial si el perjudicado prueba, bien basándose en una decisión adoptada previamente por la Comisión o por la autoridad nacional de defensa de la competencia, bien por cualquier otro medio, por una parte, que dicha filial no determinaba de manera autónoma, en el momento de la comisión de la infracción, su comportamiento en el mercado, sino que aplicaba esencialmente las instrucciones de su sociedad matriz, habida cuenta de los vínculos económicos. organizativos y jurídicos entre estas dos entidades, de modo que forman una misma unidad económica y, por tanto, una única y misma empresa, en el sentido del artículo 101 TFUE, autora del comportamiento infractor, y, por otra parte, que existía un vínculo concreto entre la actividad económica de esa sociedad filial y el objeto de la infracción de la que se consideró responsable a la sociedad matriz (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, apartado 51).
65      Es importante añadir que el concepto de «empresa» en el sentido del artículo 101 TFUE es un concepto funcional, y la unidad económica constitutiva de dicha empresa debe identificarse a la vista del objeto del comportamiento infractor de que se trate. Las reestructuraciones, ventas u otros cambios legales u organizativos producidos posteriormente carecen de pertinencia a este respecto (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros, C‑724/17, EU:C:2019:204, apartado 46, y de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, apartado 46).
66      Por consiguiente, una misma sociedad matriz puede formar parte de varias unidades económicas constituidas, en función de la actividad económica de que se trate, por ella misma y por distintas combinaciones de sus sociedades filiales pertenecientes todas ellas al mismo grupo de sociedades. De no ser así, una filial miembro de tal grupo correría el riesgo de ser considerada responsable de infracciones cometidas en el marco de actividades económicas sin relación alguna con su propia actividad y en las que no estaba implicada en modo alguno, ni tan siquiera indirectamente (sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, apartado 47).
67      A este respecto, aunque el Tribunal de Justicia haya declarado que las entidades obligadas a reparar el perjuicio causado por un acuerdo o práctica prohibidos por el artículo 101 TFUE son las empresas, en el sentido de esta disposición, que hayan participado en ese acuerdo o práctica, la facultad reconocida a la víctima de una práctica contraria a la competencia de exigir, en el marco de una acción por daños, la responsabilidad de una filial en lugar de la de la responsabilidad de la sociedad matriz no es una facultad de la que se disponga automáticamente contra cualquier filial de la sociedad matriz (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros, C‑724/17, EU:C:2019:204, apartado 32, y de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, apartado 46).
68      Así pues, para declarar la existencia de una unidad económica entre una sociedad matriz y una de sus filiales, incumbe al solicitante, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 64 de la presente sentencia, demostrar la existencia no solo de vínculos económicos, organizativos y jurídicos entre esas sociedades, sino también de un vínculo concreto entre la actividad económica de esa filial y el objeto de la infracción de la que se ha considerado responsable a la sociedad matriz.
69      Como señaló la Abogada General en el punto 74 de sus conclusiones, así sucede, en particular, bien cuando el acuerdo contrario a la competencia celebrado por la sociedad matriz o la sociedad matriz principal se refiere a los mismos productos que los comercializados por la filial o la subfilial, bien cuando estas últimas garantizan la producción, venta, entrega o distribución de esos productos y la prestación de los servicios objeto de la práctica colusoria.
70      Cuando el comportamiento infractor no haya sido declarado en una decisión adoptada por la Comisión o por una autoridad nacional de la competencia con arreglo al artículo 101 TFUE, la filial de una sociedad matriz a la que se haya reprochado una infracción puede rebatir tanto su pertenencia a la misma empresa que la sociedad matriz como la existencia de la infracción alegada (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, apartado 60).
71      La circunstancia de que el demandado de conexión esté o no domiciliado en el Estado miembro en el que la autoridad nacional de defensa de la competencia haya declarado la existencia de una infracción de la prohibición de prácticas colusorias del Derecho de la Unión en el mercado nacional no afecta, por sí sola, a la existencia de una «relación tan estrecha», en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, entre la acción ejercitada contra dicho demandado y las ejercitadas contra los demás demandados.
72      Además, como señaló la Abogada General en el punto 75 de sus conclusiones, las demás circunstancias mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente, en particular la designación de las sociedades afectadas, en decisiones de la Comisión o de una autoridad nacional de defensa de la competencia, como «participantes en la práctica colusoria», no se refieren al criterio de la existencia de una relación estrecha entre las demandas per se, sino que únicamente son pertinentes a efectos de la prueba de la existencia de tal relación.
73      Habida cuenta de todas las consideraciones precedentes, procede responder a las primeras cuestiones prejudiciales, letra a), que el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que puede existir una «relación tan estrecha», en el sentido de dicha disposición, entre, por una parte, una acción dirigida contra un demandado de conexión que no ha sido mencionado como responsable de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE constatada por la Comisión o por una autoridad nacional de defensa de la competencia y, por otra parte, acciones dirigidas contra sociedades respecto de las cuales existen indicios serios de que pertenecen a empresas, en el sentido del Derecho de la competencia de la Unión, a las que se ha imputado dicha infracción.
Primeras cuestiones prejudiciales, letra b)
74      Mediante sus primeras cuestiones prejudiciales, letra b), redactadas en términos idénticos en los asuntos C‑672/23 y C‑673/23, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar la existencia de una «relación tan estrecha», en el sentido de esta disposición, entre las demandas dirigidas contra varios demandados, procede tener en cuenta, como criterio autónomo, si el codemandado podía prever que podría ser demandado ante el foro del demandado de conexión.
75      A este respecto, procede señalar que el tenor del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 no establece como criterio de referencia la previsibilidad, para el codemandado, de que pueda ser presentada una demanda contra él ante el foro del demandado de conexión. Esta disposición se limita a supeditar su aplicación a la existencia de una «relación tan estrecha» entre las demandas que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo.
76      Sin embargo, de los considerandos 15 y 16 del Reglamento n.º 1215/2012 se desprende que la previsibilidad de la competencia de los órganos jurisdiccionales constituye uno de los objetivos de las normas de competencia, en la medida en que debe permitir al mismo tiempo al demandante identificar fácilmente el órgano jurisdiccional ante el que puede ejercitar una acción y al demandado prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado.
77      La previsibilidad que así se busca persigue un objetivo de seguridad jurídica que consiste en reforzar la protección jurídica de las personas que tienen su domicilio en la Unión [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, FTI Touristik (Elemento de extranjería), C‑774/22, EU:C:2024:646, apartado 33].
78      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende asimismo que la exigencia de previsibilidad no constituye un criterio autónomo que se añada a los requisitos establecidos en el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012. Esta exigencia se cumple cuando los demandados pueden prever que corren el riesgo de ser demandados en el Estado miembro en el que al menos uno de ellos tiene su domicilio (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de diciembre de 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, apartado 81 y jurisprudencia citada).
79      El principio de seguridad jurídica exige, en particular, que las reglas de competencia especial se interpreten de modo que permitan al demandado normalmente informado prever razonablemente cuál es el órgano jurisdiccional distinto al del Estado de su domicilio ante el que pudiera ser demandado (sentencia de 13 de julio de 2006, Reisch Montage, C‑103/05, EU:C:2006:471, apartado 25 y jurisprudencia citada).
80      Como indicó, en esencia, la Abogada General en los puntos 81 a 84 de sus conclusiones, la previsibilidad constituye un principio general que regula las normas de competencia, que se concreta en los criterios que deben tenerse en cuenta para apreciar la existencia de una relación estrecha, en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012. Por lo tanto, los conceptos utilizados por dicho Reglamento no pueden interpretarse de manera que se vulnere dicho principio. Se respeta este principio, en particular, cuando las situaciones en las que existe una «relación tan estrecha» son, con carácter general, previsibles para un demandado. A este respecto, basta con que un demandado informado y perspicaz pueda prever ante qué órganos jurisdiccionales distintos de los del Estado de su domicilio podría ser demandado. Por lo que respecta, más concretamente, a las acciones indemnizatorias basadas en el Derecho de la competencia, tal es el caso cuando un demandado ha participado en una infracción única del artículo 101 TFUE como parte de una empresa. Mediante esta participación, debe considerarse que ha creado una estrecha relación con los demás participantes y que puede prever razonablemente que podría ser demandado ante los órganos jurisdiccionales del domicilio de otro miembro de esa empresa.
81      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las primeras cuestiones prejudiciales, letra b), que el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar la existencia de una «relación tan estrecha», en el sentido de esta disposición, entre las demandas dirigidas contra varios demandados, la cuestión de si el codemandado podía prever que podría ser demandado ante el foro del demandado de conexión no constituye un criterio autónomo, pero debe tenerse en cuenta, como principio general, en la aplicación de la regla de competencia especial establecida en dicha disposición.
Segundas cuestiones prejudiciales en los asuntos C‑672/23 y C‑673/23, tercera cuestión prejudicial, letras a) a c), en el asunto C‑672/23 y tercera cuestión prejudicial en el asunto C‑673/23
82      Mediante las segundas cuestiones prejudiciales en los asuntos C‑672/23 y C‑673/23, la tercera cuestión prejudicial, letras a) a c), en el asunto C‑672/23 y la tercera cuestión prejudicial en el asunto C‑673/23, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, en qué medida deben tenerse en cuenta, a efectos de la aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, determinados elementos relativos a la adecuada fundamentación de las acciones en los litigios principales. No tiene claro, en particular, si procede tomar en consideración las posibilidades de éxito de la demanda dirigida contra el demandado de conexión, en particular cuando dicha demanda tiene por objeto la indemnización del perjuicio sufrido fuera del EEE, y si, a tal efecto, pueden tenerse en cuenta como indicios la aplicación de la presunción de influencia decisiva de las sociedades matrices, admitida en Derecho de la competencia, y la circunstancia de que un holding intermedio, que se limita a poseer y gestionar participaciones, cumple el criterio relativo a la existencia de un vínculo concreto entre su actividad económica y el objeto de la infracción de la que se ha considerado responsable a la sociedad matriz.
83      Dado que se ha planteado al órgano jurisdiccional remitente una cuestión relativa a la competencia internacional en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, las dudas mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia solo son útiles para la resolución de estos litigios en la medida en que se refieren a la determinación de dicha competencia. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia, a la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 39 de la presente sentencia, reformular las cuestiones prejudiciales que se le han planteado.
84      En estas circunstancias, procede considerar que, mediante las segundas cuestiones prejudiciales en los asuntos C‑672/23 y C‑673/23, la tercera cuestión prejudicial, letras a) a c), en el asunto C‑672/23 y la tercera cuestión prejudicial en el asunto C‑673/23, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar la existencia de una «relación tan estrecha», en el sentido de esta disposición, entre las demandas dirigidas contra varios demandados, es preciso tener en cuenta las posibilidades de éxito de la demanda dirigida contra el demandado de conexión, en particular cuando dicha demanda tiene por objeto la indemnización del perjuicio sufrido fuera del EEE, como indicio que demuestra que el demandante no ha creado artificialmente las condiciones para la aplicación de dicha disposición.
85      En primer lugar, es preciso recordar que, cuando comprueba su competencia internacional, el tribunal ante el que se ha presentado la demanda no examina la admisibilidad ni la adecuada fundamentación de esta, sino que se limita a identificar los elementos de conexión con el Estado del foro que justifican su competencia en virtud del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 (sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken, C‑393/23, EU:C:2025:85, apartado 41).
86      El objetivo de seguridad jurídica exige que el juez ante el que se ejercite la acción pueda pronunciarse sobre su propia competencia sin verse obligado a realizar un examen sobre el fondo del asunto [véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, apartado 61, y de 29 de julio de 2024, FTI Touristik (Elemento de extranjería), C‑774/22, EU:C:2024:646, apartado 33 y jurisprudencia citada].
87      En segundo lugar, ha de recordarse que, sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 no puede interpretarse de tal forma que permita a un demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados con el solo fin de excluir a uno de ellos de la competencia de los tribunales del Estado de su domicilio y eludir así la regla de competencia contenida en dicha disposición, creando o manteniendo de forma artificial las condiciones para su aplicación (sentencia de 7 de septiembre de 2023, Beverage City Polska, C‑832/21, EU:C:2023:635, apartado 43 y jurisprudencia citada).
88      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que este supuesto de elusión de las reglas de competencia queda excluido cuando, en la fecha de presentación de la demanda, existe un vínculo estrecho entre las acciones ejercitadas contra cada uno de los demandados, en el sentido de que resulta oportuno tramitarlas y juzgarlas conjuntamente a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente (véanse, por analogía, las sentencias de 11 de octubre de 2007, Freeport, C‑98/06, EU:C:2007:595, apartados 52 y 54; de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, apartado 28, y de 7 de septiembre de 2023, Beverage City Polska, C‑832/21, EU:C:2023:635, apartado 44 y jurisprudencia citada).
89      De ello se sigue que, cuando se presentan demandas conexas, en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, ante un mismo órgano jurisdiccional, este solo puede apreciar una posible elusión o utilización abusiva de esta regla de competencia si existen indicios probatorios que le permitan concluir que el demandante ha creado o mantenido de forma artificial las condiciones para la aplicación de esa disposición (véase, por analogía, la sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, apartado 29).
90      A tal fin, no basta con que la acción ejercitada contra el demandado de conexión parezca infundada. Tal acción deberá ser, en el momento de su ejercicio, manifiestamente carente de todo fundamento o artificiosa, o desprovista de todo interés real para el demandante (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2006, BSH Hausgeräte, C‑103/05, EU:C:2006:471, apartados 31 y 32).
91      Como señaló la Abogada General, en esencia, en el punto 39 de sus conclusiones, el carácter manifiestamente infundado de la acción ejercitada contra el demandado de conexión puede constituir un indicio de que el demandante ha creado artificialmente las condiciones para la aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012.
92      En tercer lugar, por lo que respecta a la cuestión de si las posibilidades de éxito de la demanda dirigida contra el demandado de conexión pueden tenerse en cuenta, como indicio, para apreciar si el demandante pretendió eludir la regla de competencia establecida en el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, procede recordar, en primer término, que con arreglo a los artículos 1, apartado 1, 2, punto 6, y 3, apartado 1, de la Directiva 2014/104, cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia, en el sentido del artículo 101 TFUE, debe poder reclamar y obtener pleno resarcimiento de dicho perjuicio, cuando exista una relación de causalidad entre dicho perjuicio y un acuerdo o una práctica prohibidos por dicho artículo 101 TFUE (véase, en particular, la sentencia de 12 de diciembre de 2019, Otis Gesellschaft y otros, C‑435/18, EU:C:2019:1069, apartados 22, 23 y 30 y jurisprudencia citada).
93      Cuando se ha producido una práctica colusoria en el mercado interior, la competencia de la Unión para aplicar sus normas de Derecho de la competencia a tales comportamientos está cubierta por el principio de territorialidad, que está reconocido con carácter general en Derecho internacional público (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 y 125/85 a 129/85, EU:C:1988:447, apartados 17 y 18).
94      A este respecto, la aplicación eficaz del Derecho de la competencia de la Unión en todo el mercado interior es necesaria, como se desprende del considerando 1 de la Directiva 2014/104, para garantizar que no se falsee la competencia en dicho mercado. Pues bien, las acciones por las que se reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales nacionales pueden contribuir sustancialmente al mantenimiento de una competencia efectiva en la Unión (sentencia de 14 de junio de 2011, Pfleiderer, C‑360/09, EU:C:2011:389, apartado 29 y jurisprudencia citada).
95      Carece de pertinencia que el daño cuya reparación se solicita se haya producido fuera del territorio de la Unión, siempre que presente una relación de causalidad con el comportamiento contrario a la competencia reprochado.
96      Por consiguiente, el hecho de que el daño invocado en apoyo de una acción de indemnización del perjuicio causado por una práctica colusoria, ejercitada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, se haya producido fuera del EEE no permite, por sí solo, considerar que dicha acción es manifiestamente infundada en el momento en que se comprueba la competencia internacional del órgano jurisdiccional que conoce del asunto.
97      Debe recordarse, en segundo término, que, por lo que respecta a la aplicación de la presunción de la existencia de una influencia decisiva ejercida por una sociedad matriz en la actividad económica de su filial, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el concepto de «empresa», en el sentido de las normas sobre competencia de la Unión, no puede tener un alcance diferente en función de que se trate de la imposición de multas o del ejercicio de acciones por daños por infracción de dichas normas (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros, C‑724/17, EU:C:2019:204, apartado 47).
98      En efecto, la aplicación de las normas de competencia de la Unión por las autoridades públicas (public enforcement), por una parte, y las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por infracción de tales normas (private enforcement), por otra parte, forman parte integrante de un sistema único de aplicación de etas normas, que tiene por objeto sancionar los comportamientos de la empresas contrarios a la competencia y disuadirlas de incurrir en ello (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, apartado 37).
99      Además, de una jurisprudencia reiterada se desprende que la presunción de influencia decisiva y de responsabilidad de la sociedad matriz, desarrollada en el marco de la impugnación de decisiones de la Comisión adoptadas con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, también puede aplicarse en el caso de una demanda de una persona física o jurídica que alega haber sufrido un perjuicio como consecuencia de la participación de una sociedad en una infracción de las normas de la Unión en materia de competencia y que ha sido presentada contra otra sociedad que posee la totalidad o la casi totalidad del capital de la primera (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2025, Athenian Brewery y Heineken, C‑393/23, EU:C:2025:85, apartado 39).
100    De ello se deduce que la presunción iuris tantum de que una sociedad matriz que posee directa o indirectamente la totalidad o la casi totalidad del capital de su filial ejerce sobre esta una influencia decisiva puede aplicarse en las acciones por daños por infracción de las normas de la Unión en materia de competencia. A efectos exclusivos de la comprobación de la competencia internacional con arreglo al artículo 8, número 1, del Reglamento n.º 1215/2012, basta con que el órgano jurisdiccional nacional constate que, en el momento en que se ejercita tal acción por daños, no se excluye que los demandados de que se trate formen parte de la misma empresa en el sentido del Derecho de la competencia.
101    En tercer término, por lo que respecta a la existencia de un vínculo concreto entre la actividad económica de una sociedad holding intermedia, que se limita a gestionar y poseer participaciones, y el objeto de la infracción cometida por una sociedad matriz principal, procede señalar, como hizo la Abogada General en el punto 62 de sus conclusiones, que dicha sociedad holding, considerada aisladamente, se limita a poseer y gestionar acciones y no interviene, como tal, en el mercado.
102    Sin embargo, el mero hecho de que la persona a la que se imputa el comportamiento de la filial revista la forma de una sociedad holding no impide tal imputación (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2013, Comisión/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, apartado 43, y de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, apartados 101 a 116).
103    Como se desprende de los apartados 57 a 63 de la presente sentencia, la actividad económica de una filial puede imputarse a una sociedad holding intermedia cuando, a pesar de su personalidad jurídica propia, esa filial no determina de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que sigue, en lo esencial, las orientaciones definidas por su sociedad matriz. Así ocurre, en particular, cuando una filial de la sociedad holding intermedia, sobre la que esta última ejerce a su vez una influencia decisiva, realice una actividad económica que tenga una relación concreta con el objeto de la infracción cometida por la sociedad matriz.
104    Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las segundas cuestiones prejudiciales en los asuntos C‑672/23 y C‑673/23, a la tercera cuestión prejudicial, letras a) a c), en el asunto C‑672/23 y a la tercera cuestión prejudicial en el asunto C‑673/23 que el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar la existencia de una «relación tan estrecha», en el sentido de esta disposición, entre las demandas dirigidas contra varios demandados, no procede tener en cuenta las posibilidades de éxito de la demanda dirigida contra el demandado de conexión. No obstante, puede tenerse en cuenta como indicio para demostrar que el demandante no ha creado artificialmente las condiciones para la aplicación de dicha disposición. El hecho de que el daño alegado en el marco de una acción de indemnización por prácticas colusorias ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se haya producido fuera del EEE no implica, por sí solo, en el marco de la comprobación de la competencia internacional de dicho órgano jurisdiccional, que la demanda deba calificarse de manifiestamente infundada.
Cuartas cuestiones prejudiciales, letra b)
105    Mediante sus cuartas cuestiones prejudiciales, letra b), redactadas en términos idénticos en los asuntos C‑672/23 y C‑673/23, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que determina tanto la competencia internacional como la competencia territorial del órgano jurisdiccional de un Estado miembro en cuya demarcación esté domiciliado el demandado de conexión.
106    A tenor del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, «una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada, si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente». Así pues, esta disposición se refiere al órgano jurisdiccional del domicilio de uno de los demandados, según resulta identificado por el Derecho del Estado miembro de que se trate.
107    El Tribunal de Justicia ha considerado que la referencia al «órgano jurisdiccional del domicilio» de una parte debe entenderse, por una parte, en el sentido de que designa el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales son competentes y, por otra parte, en el sentido de que atribuye directa e inmediatamente tanto la competencia internacional como la competencia territorial al órgano jurisdiccional del lugar donde haya sobrevenido el daño [véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de mayo de 2007, Color Drack (C‑386/05, EU:C:2007:262), apartado 30; de 15 de julio de 2021, Volvo y otros, C‑30/20, EU:C:2021:604, apartado 33; de 30 de junio de 2022, Allianz Elementar Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, apartados 37, 38 y 42, y de 29 de julio de 2024, FTI Touristik (Elemento de extranjería), C‑774/22, EU:C:2024:646, apartado 42].
108    En cambio, cuando el Reglamento n.º 1215/2012 se refiere a los «órganos jurisdiccionales de un Estado miembro», en particular en los artículos 4, apartado 1, 7, punto 6, u 11, punto 1, letra a), del Reglamento n.º 1215/2012, esta expresión solo se refiere a la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro. [véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de junio de 2022, Allianz Elementar Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, apartados 37, 38 y 42, y de 29 de julio de 2024, FTI Touristik (Elemento de extranjería), C‑774/22, EU:C:2024:646, apartado 42].
109    Por lo que respecta a la cuestión de cuál es el tribunal competente en el Estado miembro identificado de ese modo, del propio tenor del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, según ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, se infiere que esta disposición atribuye directa e inmediatamente tanto la competencia internacional como la competencia territorial al órgano jurisdiccional del domicilio de uno de los demandados.
110    Como señaló la Abogada General en el punto 92 de sus conclusiones, esta interpretación se ve corroborada por el informe de P. Jenard sobre el Convenio de 27 de septiembre de 1968 (DO 1979, C 59, p. 1; texto en español en DO 1990, C 189, p. 122.), del que se desprende, por lo que respecta al artículo 6, punto 1, de dicho Convenio, al que corresponde el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, que la regla de competencia que establece debe entenderse en el sentido de que designa, como órgano jurisdiccional competente, al tribunal del lugar donde se encuentra el domicilio de uno de los demandados.
111    Tal interpretación se ajusta asimismo a las exigencias de buena administración de la justicia, en la medida en que permite, al mismo tiempo, una gestión procesal eficaz del litigio, la práctica y la valoración de la prueba por un único órgano jurisdiccional y la prevención del riesgo de decisiones divergentes (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2025, Stichting Right to Consumer Justice y Stichting App Stores Claims, C‑34/24, EU:C:2025:936, apartado 73).
112    Ha de señalarse que, habida cuenta de las particularidades de los asuntos comprendidos en el ámbito del Derecho de la competencia y, más concretamente, de que el ejercicio de las acciones por daños y perjuicios por una infracción de ese Derecho requiere, en principio, un análisis fáctico y económico complejo, la agrupación de pretensiones individuales puede facilitar tanto el ejercicio del derecho a resarcimiento por parte de los perjudicados como la tarea que incumbe al órgano jurisdiccional que conoce del asunto. En el contexto del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012, la complejidad técnica de las normas aplicables a las acciones por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia puede también justificar una concentración de competencias (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2025, Stichting Right to Consumer Justice y Stichting App Stores Claims, C‑34/24, EU:C:2025:936, apartado 74, y jurisprudencia citada).
113    Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuartas cuestiones prejudiciales, letra b), que el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que determina tanto la competencia internacional como la competencia territorial del órgano jurisdiccional de un Estado miembro en cuya demarcación esté domiciliado el demandado de conexión.
Cuartas cuestiones prejudiciales, letra c)
114    Mediante sus cuartas cuestiones prejudiciales, letra c), el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro al que se ha sometido inicialmente el asunto sobre la base de dicha disposición, pero que se considera territorialmente incompetente para conocer de la acción ejercitada contra el demandado de conexión, se inhiba en favor de otro órgano jurisdiccional del mismo Estado miembro, designado territorialmente competente por el Derecho nacional.
115    El órgano jurisdiccional remitente precisa, a este respecto, que es poco probable que, en los asuntos pendientes ante él, Draka Holding y Smurfit Kappa International sean los demandados de conexión. En su opinión, esta condición les corresponde a otros demandados, domiciliados en los Países Bajos pero fuera de la demarcación del Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam).
116    A este respecto, procede recordar que el Reglamento n.º 1215/2012 tiene por objeto reforzar, en el ámbito de la cooperación en materia civil y mercantil, el sistema simplificado y eficaz de las normas de conflicto y de reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales, a fin de facilitar la cooperación judicial para contribuir a que se logre el objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia, basado en el grado de confianza elevado que debe existir entre los Estados miembros (sentencia de 6 de octubre de 2021, TOTO y Vianini Lavori, C‑581/20, EU:C:2021:808, apartado 67).
117    De ninguna disposición de dicho Reglamento se desprende que este se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se inhiba en favor de otro órgano jurisdiccional del mismo Estado miembro.
118    Dicho Reglamento no tiene por objeto unificar las normas procesales de los Estados miembros, sino repartir las competencias judiciales para la solución de los litigios en materia civil y mercantil en las relaciones entre dichos Estados (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, TOTO y Vianini Lavori, C‑581/20, EU:C:2021:808, apartado 68).
119    Por otra parte, de una reiterada jurisprudencia se deduce que, por lo que se refiere a las normas procesales, procede remitirse al Derecho procesal aplicable por el órgano jurisdiccional que conoce del asunto, siempre que su aplicación no menoscabe el efecto útil del Reglamento n.º 1215/2012 (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de marzo de 1995, Shevill y otros, C‑68/93, EU:C:1995:61, apartado 36).
120    De ello se deduce, como señaló la Abogada General en el punto 97 de sus conclusiones, que un órgano jurisdiccional que se considere incompetente a la luz de las normas nacionales de competencia territorial interna puede, en virtud de dichas normas, inhibirse en favor del órgano jurisdiccional que considere competente, siempre que dicha inhibición no tenga por efecto comprometer la aplicación efectiva del Reglamento n.º 1215/2012, en particular por lo que respecta a la regla de competencia especial prevista en su artículo 8, punto 1.
121    Habida cuenta de cuanto antecede, procede responder a las cuartas cuestiones prejudiciales, letra c), que el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro al que se ha sometido inicialmente el asunto sobre la base de dicha disposición, pero que se considera territorialmente incompetente para conocer de la acción ejercitada contra el demandado de conexión, se inhiba en favor de otro órgano jurisdiccional del mismo Estado miembro competente para conocer de ella, siempre que dicha inhibición se produzca de conformidad con las normas procesales nacionales y no menoscabe el efecto útil de dicho Reglamento.
Cuartas cuestiones prejudiciales, letra a)
122    Mediante sus cuartas cuestiones prejudiciales, letra a), formuladas en términos idénticos en los asuntos C‑672/23 y C‑673/23, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que varios demandados domiciliados en el mismo Estado miembro pueden tener, conjuntamente, la consideración de demandado de conexión a efectos de la aplicación de esta disposición.
123    A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la justificación de una petición de decisión prejudicial no es la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino la necesidad inherente a la solución efectiva de un litigio relativo al Derecho de la Unión (sentencia de 3 de octubre de 2019, A y otros, C‑70/18, EU:C:2019:823, apartado 73).
124    Pues bien, la competencia territorial del Rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) en los litigios principales no está supeditada a la cuestión de si varios demandados domiciliados en el mismo Estado miembro pueden tener, conjuntamente, la consideración de demandados de conexión en el sentido del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.º 1215/2012. Por lo tanto, la respuesta a las cuartas cuestiones prejudiciales, letra a), no puede tener ninguna influencia en el resultado de los litigios principales y debe, pues, considerarse que carece manifiestamente de pertinencia para su solución.
125    En consecuencia, no procede responder a las cuartas cuestiones prejudiciales, letra a).
Costas
126    Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)      El artículo 8, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que puede existir una «relación tan estrecha», en el sentido de dicha disposición, entre, por una parte, una acción dirigida contra un demandado que sirve de conexión para determinar la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, demandado que no ha sido mencionado como responsable de una infracción del artículo
101 TFUE y del artículo
53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, constatada por la Comisión Europea o por una autoridad nacional de defensa de la competencia y, por otra parte, acciones dirigidas contra sociedades respecto de las cuales existen indicios serios de que pertenecen a empresas, en el sentido del Derecho de la competencia de la Unión, a las que se ha imputado dicha infracción.
2)      El artículo
8, punto
1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar la existencia de una «relación tan estrecha», en el sentido de esta disposición, entre las demandas dirigidas contra varios demandados, la cuestión de si el codemandado podía prever que podría ser demandado ante el foro del demandado que sirve de conexión para determinar la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto no constituye un criterio autónomo, pero debe tenerse en cuenta, como principio general, en la aplicación de la regla de competencia especial establecida en dicha disposición.
3)      El artículo
8, punto
1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar la existencia de una «relación tan estrecha», en el sentido de esta disposición, entre las demandas dirigidas contra varios demandados, no procede tener en cuenta las posibilidades de éxito de la demanda dirigida contra el demandado que sirve de conexión para determinar la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. No obstante, puede tenerse en cuenta como indicio para demostrar que el demandante no ha creado artificialmente las condiciones para la aplicación de dicha disposición. El hecho de que el daño alegado en el marco de una acción de indemnización por prácticas colusorias ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se haya producido fuera del EEE no implica, por sí solo, en el marco de la comprobación de la competencia internacional de dicho órgano jurisdiccional, que la demanda deba calificarse de manifiestamente infundada.
4)      El artículo
8, punto
1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que determina tanto la competencia internacional como la competencia territorial del órgano jurisdiccional de un Estado miembro en cuya demarcación esté domiciliado el demandado que sirve de conexión para determinar la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto.
5)      El artículo
8, punto
1, del Reglamento n.º 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro al que se ha sometido inicialmente el asunto sobre la base de dicha disposición, pero que se considera territorialmente incompetente para conocer de la acción ejercitada contra el demandado que sirve de conexión para determinar la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, se inhiba en favor de otro órgano jurisdiccional del mismo Estado miembro competente para conocer de ella, siempre que dicha inhibición se produzca de conformidad con las normas procesales nacionales y no menoscabe el efecto útil de dicho Reglamento.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: neerlandés.