WALSH 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda) 
de 22 de mayo de 1980* 
En el asunto 143/79, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo 
al artículo 177 del Tratado CEE, por el National Insurance Commissioner de 
Londres, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano 
jurisdiccional entre 
Margaret Walsh 
y 
National Insurance Officer, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 86 del Reglamento 
(CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación 
de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a 
sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO L 149, p. 2; EE 
05/01, p. 98), y del artículo 8 del Reglamento (CEE) n° 574/72 del Consejo, de 
21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación 
del Reglamento (CEE) n° 1408/71 (DOL74,p. 1; EE 05/01, p. 156), así como 
del concepto de «trabajador» a efectos de ambos Reglamentos, 
Lengua de procedimiento: inglés. 
581
SENTENCIADE22.5.1980-ASUNTO 143/79 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 
integrado por los Sres.: A. Touffait, Presidente de Sala, P. Pescatore y O. Due, 
Jueces; 
Abogado General: Sr. F. Capotorti; 
Secretario: Sr. A. Rühi, administrador principal; 
dicta la siguiente 
Sentencia 
(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 
Fundamentos de Derecho 
1 Mediante resolución de 11 de septiembre de 1979, recibida en el Tribunal de 
Justicia el día 14 del mismo mes, el National Insurance Commissioner de 
Londres planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, seis cuestiones 
relativas a la interpretación y la validez de determinadas disposiciones de los 
Reglamentos (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo 
a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por 
cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 
L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98), y n° 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, 
por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento 
n° 1408/71 (DO L 74, p. 1;EE 05/01, p. 156). Dichas cuestiones se suscitaron 
en el marco de un litigio sobre las prestaciones de maternidad adeudadas a una 
persona, la Sra. Margaret Walsh, que trabajó tanto en el Reino Unido como en 
la República de Irlanda y que, después de haber dado a luz en Irlanda el 31 de 
julio de 1975, regresó a vivir al Reino Unido el 21 de agosto siguiente. 
2 La Sra. Walsh, que, según las informaciones recogidas, parece haber satisfecho 
los requisitos para solicitar las prestaciones de maternidad en Irlanda, no 
582
WALSH 
presentó, sin embargo, una solicitud a tal efecto en dicho país. Por el contrario, 
tras su regreso al Reino Unido, se dirigió al Insurance Officer británico, el 3 de 
octubre de 1975, para reclamar las prestaciones de maternidad adeudadas 
conforme a la legislación del Reino Unido. Aunque la Sra. Walsh reunía los 
requisitos de cotización para causar derecho a las prestaciones a tipo reducido, 
el Insurance Officer denegó la solicitud, debido a que no se había presentado 
dentro de los plazos previstos y dicho retraso no estaba justificado. 
3 Como consecuencia de la denegación de la reclamación que presentó la Sra. 
Walsh ante un órgano jurisdiccional local, la interesada interpuso un recurso 
ante el National Insurance Commissioner. En el curso del procedimiento ante 
dicha autoridad, surgieron ciertos problemas relativos a la aplicación de la 
normativa comunitaria al caso de autos y el Commissioner pidió al Tribunal de 
Justicia que se pronunciara, con carácter prejudicial, sobre las siguientes 
cuestiones: 
«1) La persona que satisface los requisitos de cotización de un Estado 
miembro (en el presente asunto, el Reino Unido) para causar derecho a 
prestaciones de maternidad (en el presente asunto, a tipo reducido) que 
cubren todo el período respecto al que se solicita el disfrute de las 
prestaciones de maternidad en dicho Estado, ¿es un trabajador a efectos 
a) del Reglamento (CEE) n° 1408/71 y 
b) del Reglamento (CEE) n° 574/72, 
a pesar de que, durante dicho período, no ha cotizado ni está obligada a 
hacerlo? 
2) El trabajador que satisface los requisitos de cotización para las prestaciones 
de maternidad (al 100% o a tipo reducido) en virtud de la legislación de 
dos o varios Estados miembros (en el presente asunto, el Reino Unido y la 
Republica de Irlanda), ¿debe ser considerado, a los efectos del artículo 8 
del Reglamento n° 574/72, como "titular de un derecho al disfrute de las 
prestaciones de maternidad" al amparo de dichas legislaciones, 
a) tanto si el trabajador se encuentra excluido del disfrute de estas 
prestaciones en virtud de la legislación de uno o varios de estos 
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SENTENCIA DE 22.5.1980 - ASUNTO 143/79 
Estados miembros, debido a la presentación de la solicitud fuera de 
plazo o a otras razones, como si no, o bien, 
b) únicamente si la solicitud del trabajador puede satisfacerse de hecho 
con arreglo a la legislación de todos estos Estados miembros? 
3) ¿Debe considerarse que la referencia que se hace en el artículo 8 del 
Reglamento (CEE) n° 574/72 a las «legislaciones de dos o varios Estados 
miembros» a) incluye o b) excluye los Reglamentos de la CEE? 
4) En el caso de un trabajador que puede alegar derechos al disfrute de las 
prestaciones de maternidad en virtud de las legislaciones de dos o varios 
Estados miembros, a efectos del artículo 8 Reglamento (CEE) n° 574/72, 
¿produce la disposición de dicho artículo según la cual dichas prestaciones 
se conceden exclusivamente al amparo de aquél de los Estados miembros 
en cuyo territorio se haya producido el parto (en el presente asunto, la 
República de Irlanda) el efecto de excluir a la solicitante del disfrute de las 
asignaciones por maternidad en los Estados miembros en los que no se ha 
producido el parto (en el presente asunto, el Reino Unido), 
a) únicamente en relación con el período respecto al cual la solicitante 
puede alegar derechos al disfrute de las prestaciones de maternidad al 
amparo de la legislación del Estado miembro en el.que se ha producido 
el parto, o bien, 
b) en relación con todas las prestaciones de maternidad relativas a dicho 
parto en aquéllos de los Estados miembros en los que éste no se ha 
producido? 
5) ¿Es válido el artículo 8, antes mencionado, y no fue adoptado ultra vires 
en la medida en que produce el efecto de excluir a la solicitante del disfrute 
de las prestaciones de maternidad en los Estados miembros en los que no 
se ha producido el parto? 
6) ¿Son aplicables las disposiciones del artículo 86 del Reglamento (CEE) 
n° 1408/71 relativas al traslado de las solicitudes a las autoridades 
competentes en el caso de una solicitud que, conforme a la legislación de 
un Estado miembro (en el presente asunto, la República de Irlanda) debería 
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haber sido presentada dentro de un plazo determinado ante una autoridad, 
institución u órgano jurisdiccional de dicho Estado, pero no lo fue, sino que 
se presentó fuera de dicho plazo, ante una institución prevista por la Ley 
o ante un órgano jurisdiccional correspondiente de otro Estado miembro 
(en el presente asunto, el Department of Health and Social Security de 
Londres, Reino Unido)?» 
4 Mientras que las cuestiones primera, tercera y sexta afectan a disposiciones o 
expresiones de alcance general, las cuestiones segunda, cuarta y quinta se 
refieren a problemas concretos y deben ser examinadas a la luz de los objetivos 
de las prestaciones de que se trata. Por lo tanto, procede abordar estos dos 
grupos de cuestiones sucesivamente. 
Sobre las cuestiones primera, tercera y sexta 
5 El problema planteado por la primera cuestión consiste, en realidad, en 
determinar si la expresión «asegurada con carácter obligatorio» contenida en 
la definición del término «trabajador» del inciso ii) de la letra a) del artículo 1 
del Reglamento n° 1408/71 -definición que se aplica también en el marco del 
Reglamento n° 574/72- implica el pago obligatorio de cotizaciones en la época 
en que se produce la contingencia cubierta por el seguro o basta con que, de 
acuerdo con la legislación de que se trate, la persona siga estando asegurada en 
la época en que se produce la contingencia, debido a las cotizaciones pagadas 
con carácter obligatorio, en su condición de trabajador por cuenta ajena, 
durante un período anterior. Este problema se plantea de la misma forma si se 
toma también en consideración el apartado 1 del punto I del Anexo V del 
Reglamento n° 1408/71, el cual, refiriéndose a la disposición antes mencionada 
y a la legislación del Reino Unido, considera trabajador a «cualquier persona 
que esté obligada a cotizar como trabajador por cuenta ajena». En efecto, el 
Tribunal de Justicia declaró, en su sentencia de 29 de septiembre de 1976, 
Brack (17/76, Rec. pp. 1429 y ss., especialmente p. 1450), que, lejos de 
restringir la definición del término «trabajador», tal como resulta de la letra a) 
del artículo 1 del Reglamento, dicho apartado pretende únicamente precisar el 
alcance del inciso ii) de la misma letra en relación con la legislación británica, 
cuyos modos de gestión o de financiación permiten identificar de esta forma 
a las personas cubiertas por la definición del Reglamento. 
585
SENTENCIA DE 22.5.1980 - ASUNTO 143/79 
6 Tal como destacó también la sentencia de 29 de septiembre de 1976, antes 
mencionada, de algunas disposiciones del Reglamento n° 1408/71 se deduce 
que éste es aplicable a determinados grupos de personas que, en el momento 
en que sobreviene la contingencia, no tienen la condición de «trabajador por 
cuenta ajena» a efectos del Derecho del trabajo. Sería contrario al espíritu de 
estas disposiciones y a uno de los objetivos fundamentales del Reglamento, que 
consiste en garantizar a los trabajadores que se desplacen dentro de la 
Comunidad los derechos y beneficios adquiridos, excluir del ámbito de 
aplicación del Reglamento -dando a la definición del término «trabajador» una 
interpretación restrictiva- cualquier otro caso en el que, de acuerdo con la 
legislación de que se trate, el seguro siga cubriendo los riesgos del asegurado, 
aun cuando éste no esté ya obligado a cotizar. 
7 En consecuencia, debe responderse a la primera cuestión que una persona que, 
de acuerdo con la legislación de un Estado miembro, tiene derecho a las 
prestaciones cubiertas por el Reglamento n° 1408/71, en virtud de las 
cotizaciones que estaba obligada a pagar anteriormente, no pierde su condición 
de «trabajador», a efectos de los Reglamentos nos 1408/71 y 574/72, por el solo 
hecho de que; en el momento de producirse el hecho causante, no cotizaba ni 
estaba obligada a hacerlo. 
8 El término «legislación», cuya interpretación se pide mediante la tercera 
cuestión, se encuentra en un gran número de disposiciones de ambos 
Reglamentos. Figura entre las definiciones contenidas en el artículo 1 del 
Reglamento n° 1408/71 a los efectos de la aplicación del Reglamento. Aun 
cuando el problema de interpretación planteado por la cuestión no encuentra 
una respuesta explícita en esta definición, la propia existencia de tal 
disposición general implica que, en la medida de lo posible, la respuesta debe 
basarse en una interpretación uniforme. En su sentencia de 7 de noviembre de 
1973, Śmieja (51/73,« Rec. p. 1213), el Tribunal de Justicia interpretó el 
concepto, tal como figura en el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento 
n° 1408/71, en el sentido de que engloba las disposiciones comunitarias 
relativas a la materia tratada en dicho apartado 1. Esta conclusión se basaba, 
entre otras, en la consideración de que los derechos de que se trata derivan a 
menudo no solamente de la legislación nacional, sino de dicha legislación en 
relación con la normativa comunitaria. Esta consideración se aplica igualmente 
al presente asunto. En efecto, la necesidad de prever una norma limitativa tal 
como el artículo 8 del Reglamento n° 574/72 se explica, precisamente, por la 
586
WALSH 
. extensión de los derechos del interesado que resultan de otras disposiciones de 
ambos Reglamentos. 
9 Por lo tanto, procede responder a la tercera cuestión que la expresión 
«legislaciones de dos o varios Estados miembros», que figura en el artículo 8 
del Reglamento n° 574/72, debe interpretarse en el sentido de que incluye 
también las disposiciones de los Reglamentos comunitarios. 
10 La sexta cuestión plantea, fundamentalmente, si la obligación que impone a 
una autoridad de un Estado miembro distinto de aquél en el que se encuentra 
la autoridad competente de trasladar a ésta las solicitudes que se presentan ante 
la primera, tal como se enuncia en la segunda frase del artículo 86 del 
Reglamento n° 1408/71, subsiste, aun cuando la solicitud se presente después 
de la expiración del plazo previsto por la legislación de la autoridad 
competente. 
11 Este problema de interpretación tiene su origen en el hecho de que la segunda 
frase del artículo 86 hace referencia a la primera frase de dicho artículo y ésta 
sólo afecta a los supuestos en los que la solicitud se ha presentado dentro de un 
plazo igual al previsto por la legislación de la autoridad competente. Ahora 
bien, el artículo 86 no reconoce a la autoridad que ha recibido la solicitud la 
facultad de examinar su admisibilidad de acuerdo con la legislación de la 
autoridad competente. Corresponde a esta última decidir si la solicitud se 
presentó a tiempo, teniendo en cuenta, a la vez, la norma enunciada en la 
primera frase del artículo 86. En consecuencia, la autoridad que ha recibido la 
solicitud debe trasladarla a la autoridad competente, de conformidad con la 
disposición contenida en la segunda frase de dicho artículo. 
12 Por lo tanto, procede responder a la sexta cuestión que el artículo 86 del 
Reglamento n° 1408/71 debe interpretarse en el sentido de que cuando una 
solicitud, declaración o recurso se presenta ante una autoridad, una institución 
o un órgano jurisdiccional de un Estado miembro distinto de aquél al amparo 
de cuya legislación debe concederse la prestación, dicha autoridad, institución 
u órgano jurisdiccional no es competente para apreciar la admisibilidad de la 
solicitud, declaración o recurso de que se trate. Esta competencia corresponde 
exclusivamente a la autoridad, la institución o el órgano jurisdiccional del 
Estado miembro al amparo de cuya legislación debe concederse la prestación 
y a la que, de todas formas, debe trasladarse la solicitud, declaración o recurso. 
587
SENTENCIA DE 22.5.1980-ASUNTO 143/79 
Sobre las cuestiones segunda, cuarta y quinta 
13 Las cuestiones segunda y cuarta tienen por objeto hacer que se precise el 
ámbito de aplicación del artículo 8 del Reglamento n° 574/72, en relación con 
las prestaciones de maternidad del tipo de las que se trata en el caso de auto, 
y la quinta cuestión se refiere a la validez del artículo 8, tal como lo 
interpretare el Tribunal de Justicia en respuesta a las otras dos cuestiones. 
14 El artículo 8 del Reglamento n° 574/72 está redactado en los siguientes 
términos: 
«Si un trabajador o un miembro de su familia puede alegar derechos al disfrute 
de prestaciones de maternidad en virtud de las legislaciones de dos o varios 
Estados miembros, estas prestaciones le serán concedidas al amparo, 
exclusivamente, de la legislación de aquél de los Estados miembros en cuyo 
territorio se haya producido el parto o, si el parto no se hubiere producido en 
el territorio de ninguno de ellos, al amparo, exclusivamente, de la legislación 
del Estado miembro a la que ese trabajador haya estado sometido en último 
lugar.» 
15 Esta disposición constituye una norma de aplicación del artículo 12 del 
Reglamento n° 1408/71. Este último artículo, que se titula «No acumulación de 
prestaciones», establece, entre otras cosas, en su apartado 1, que el Reglamento 
«no podrá conferir ni mantener el derecho a beneficiarse de varias prestaciones 
de la misma naturaleza que se relacionen con un mismo período de seguro 
obligatorio». Aun cuando, de acuerdo con su redacción, el artículo 8 del 
Reglamento n° 574/72 es una norma relativa a la Ley aplicable, entra también, 
en consecuencia, en el marco de las disposiciones que, conforme al 
considerando séptimo del Reglamento n° 1408/71, tienen por objeto evitar 
acumulaciones injustificadas. 
16 Las prestaciones de que se trata en el procedimiento principal son asignaciones 
concedidas durante un determinado período anterior y posterior al parto. Aun 
cuando la duración de dicho período y la cantidad concedida semanal o 
diariamente varían de un Estado miembro a otro, la concesión de las 
prestaciones descansa en la misma idea de protección de la madre y del niño. 
La mujer debe disfrutar de un período de descanso o de permiso y las 
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asignaciones abonadas sirven para sustituir, al menos de forma parcial, el 
salario que percibiría, en su caso, la mujer durante dicho período. 
17 Las cuestiones relativas al ámbito de aplicación del artículo 8 deben 
responderse a la luz de estos objetivos. La acumulación de prestaciones sólo 
se produce en la medida en que una solicitud de prestaciones pueda satisfacerse 
de hecho mediante la aplicación de las legislaciones de dos o varios Estados 
miembros. El dar al artículo 8 una aplicación más amplia podría efectivamente, 
tal como ha señalado acertadamente la Comisión, dar lugar, en casos como el 
del presente asunto, a que la interesada no recibiera asignación alguna. Dicho 
resultado de una norma que prohibe la acumulación sería contrario a los 
objetivos de los Reglamentos. Estas mismas consideraciones y, sobre todo, la 
redacción del artículo 12 del Reglamento n° 1408/71, antes mencionado, juegan 
a favor de la alternativa de la letra a) de la cuarta cuestión, que se refiere al 
problema planteado por las diferencias entre los períodos de prestación 
previstos por las legislaciones de los Estados miembros. Es cierto que esta 
alternativa podría tener como resultado el que una persona que hubiera agotado 
el derecho máximo concedido por el Estado en el que tuvo lugar el parto 
disfrutase, durante un período adicional, de las prestaciones concedidas por 
otra legislación a la que estuvo sometida y que, por razones de protección de 
la madre y del niño, concede un período de descanso más largo. No obstante, 
dicho resultado no puede calificarse de «acumulación injustificada» y, a falta 
de una disposición expresa en este sentido, tampoco puede suponerse que 
quede excluido por el artículo 8 del Reglamento n° 574/72. 
18 En consecuencia procede responder a las cuestiones segunda y cuarta que el 
artículo 8 del Reglamento n° 574/72 debe interpretarse en el sentido de que se 
aplica sólo en la medida en que una solicitud de la interesada pueda 
satisfacerse de hecho mediante la aplicación de las legislaciones de dos o 
varios Estados miembros y únicamente en relación con el período respecto al 
cual la solicitante puede alegar derechos al disfrute de las prestaciones al 
amparo de la legislación mencionada en dicho artículo. 
19 La duda sobre la validez del artículo 8, que se expresa en la quinta cuestión, 
afecta únicamente al supuesto de que dicho artículo tuviera por efecto excluir 
a la solicitante del disfrute de las prestaciones en un Estado miembro distinto 
de aquél en el que tuvo lugar el parto. Esta cuestión se explica por las dudas 
que expresó el órgano jurisdiccional remitente, en las cuestiones segunda y 
589
SENTENCIA DE 22.5.1980-ASUNTO 143/79 
cuarta, sobre la interpretación del artículo 8. Ahora bien, a este respecto, 
teniendo en cuenta las soluciones adoptadas en las respuestas dadas a dichas 
cuestiones, el supuesto contemplado se produciría solamente en los casos en 
que las demás disposiciones del Reglamento n° 1408/71 hubieran conducido, 
al no recurrir al artículo 12 de dicho Reglamento ni al artículo 8 del 
Reglamento n° 574/72, a acumulaciones de prestaciones manifiestamente 
injustificadas. 
20 En consecuencia, puede responderse a esta cuestión que el examen de las 
cuestiones planteadas no ha revelado elementos que puedan poner en duda la 
validez del artículo 8 del Reglamento n° 574/72. 
Costas 
Los gastos efectuados por el Consejo y la Comisión de las Comunidades 
Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no 
pueden ser objeto de reembolso; dado que el procedimiento tiene, para las 
partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano 
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda), 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el National Insurance 
Commissioner, mediante resolución de 11 de septiembre de 1979, declara: 
1) Los Reglamentos (CEE) nos 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 
1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los 
trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro 
de la Comunidad, y 574/71 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por 
590
WALSH 
el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento 
n° 1408/71, deben interpretarse en el sentido de que una persona que, 
de acuerdo con la legislación de un Estado miembro, tiene derecho a 
las prestaciones cubiertas por el Reglamento n° 1408/71, en virtud de 
las cotizaciones que estaba obligada a pagar anteriormente, no pierde 
su condición de «trabajador», a efectos de los dos Reglamentos 
mencionados, por el solo hecho de que, en el momento de producirse 
el hecho causante, no cotizaba ni estaba obligada a hacerlo. 
2) La expresión «legislaciones de dos o varios Estados miembros» que 
figura en el artículo 8 del Reglamento n° 574/72, debe interpretarse en 
el sentido de que incluye también las disposiciones de los Reglamentos 
comunitarios. 
3) El artículo 86 del Reglamento n° 1408/71 debe interpretarse en el 
sentido de que cuando una solicitud, declaración o recurso se presente 
ante una autoridad, una institución o un órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro distinto de aquél al amparo de cuya legislación debe 
concederse la prestación, dicha autoridad, institución u órgano 
jurisdiccional no es competente para apreciar la admisibilidad de la 
solicitud, declaración o recurso de que se trate. Esta competencia 
corresponde exclusivamente a la autoridad, la institución o el órgano 
jurisdiccional del Estado miembro al amparo de cuya legislación debe 
concederse la prestación y a la que, de todas formas, debe trasladarse 
la solicitud, declaración o recurso. 
4) El artículo 8 del Reglamento n° 574/72 debe interpretarse en el sentido 
de que se aplica sólo en la medida en que una solicitud de la interesada 
puede satisfacerse de hecho mediante la aplicación de las legislaciones 
de dos o varios Estados miembros y únicamente en relación con el 
período respecto al cual la solicitante puede alegar derechos al disfrute 
de las prestaciones al amparo de la legislación mencionada en dicho 
artículo. 
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SENTENCIA DE 22.5.1980 - ASUNTO 143/79 
5) El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado elementos que 
puedan poner en duda la validez del artículo 8 del Reglamento 
n° 574/72. 
Touffait Pescatore Due 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de mayo de 1980. 
El Secretario 
A. Van Houtte 
El Presidente de la Sala Segunda 
A. Touffait 
592