62024CJ0379
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 22 de enero de 2026 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones autónomas de personas que ejerzan una actividad exenta — Servicios directamente necesarios para el ejercicio de la actividad exenta — Riesgo de distorsión de la competencia — Servicios de limpieza en los sectores sanitario y educativo — Normativa nacional que exige que los servicios estén directa y exclusivamente relacionados con la actividad exenta y sean necesarios para su ejercicio»
En los asuntos acumulados C‑379/24 y C‑380/24,
que tienen por objeto dos peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, mediante autos de 22 y 29 de abril de 2024, recibidos en el Tribunal de Justicia el 28 de mayo de 2024, en los procedimientos entre
Agrupació de Neteja Sanitària, A. I. E. (C‑379/24),
Educat Serveis Auxiliars, S. C. C. L. (C‑380/24),
y
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. K. Jürimäe, Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. F. Schalin (Ponente), M. Gavalec y Z. Csehi, Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno español, por la Sra. P. Pérez Zapico, en calidad de agente;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. A. Cabrera Ruiz y la Sra. P. Carlin, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva del IVA»).
2
Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos litigios distintos relativos a la desestimación, por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, de las reclamaciones presentadas, respectivamente, por Agrupació de Neteja Sanitària, A. I. E. (en lo sucesivo, «ANS»), y Educat Serveis Auxiliars, S. C. C. L. (en lo sucesivo, «Educat»), contra sendas decisiones de liquidación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) adoptadas contra ellas.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
Los considerandos 25 y 35 de la Directiva del IVA enuncian lo siguiente:
«(25)
La base imponible debe ser armonizada, de manera que la aplicación del IVA a los hechos imponibles conduzca a resultados comparables en todos los Estados miembros.
[…]
(35)
Conviene establecer una lista común de exenciones, con objeto de que los recursos propios puedan percibirse de modo uniforme en todos los Estados miembros.»
4
El título IX de dicha Directiva, titulado «Exenciones», contiene un capítulo 1, titulado «Disposiciones generales», en el que figura el artículo 131, que dispone:
«Las exenciones previstas en los capítulos 2 a 9 se aplicarán sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias y en las condiciones que establezcan los Estados miembros a fin de garantizar la aplicación correcta y sencilla de dichas exenciones y de evitar todo posible fraude, evasión o abuso.»
5
En el mismo título IX, el capítulo 2, bajo la rúbrica «Exenciones aplicables a ciertas actividades de interés general», contiene el artículo 132, que establece en su apartado 1:
«Los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes:
[…]
b)
las prestaciones de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas realizadas por entidades de Derecho público o, en condiciones sociales comparables a las que rigen para estos últimos, por establecimientos hospitalarios, centros de cuidados médicos y de diagnóstico y otros establecimientos de la misma naturaleza debidamente reconocidos;
[…]
f)
las prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones autónomas de personas que ejerzan una actividad exenta, o para la cual no tengan la cualidad de sujeto pasivo, con objeto de proporcionar a sus miembros los servicios directamente necesarios para el ejercicio de esa actividad, siempre que tales agrupaciones se limiten a exigir a sus miembros el reembolso exacto de la parte que les incumba en los gastos hechos en común, con la condición de que esta exención no sea susceptible de provocar distorsiones de la competencia;
[…]
i)
la educación de la infancia o de la juventud […];
[…]».
Derecho español
6
El artículo 20, apartado 1, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido (BOE n.o 312, de 29 de diciembre de 1992, p. 44247), en su versión aplicable a los hechos de los litigios principales, establece:
«Estarán exentas de [IVA] las siguientes operaciones:
[…]
6.o Los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, agrupaciones o entidades autónomas, incluidas las Agrupaciones de Interés Económico, constituidas exclusivamente por personas que ejerzan una actividad exenta o no sujeta al Impuesto que no origine el derecho a la deducción, cuando concurran las siguientes condiciones:
a)
Que tales servicios se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean necesarios para el ejercicio de la misma.
b)
Que los miembros se limiten a reembolsar la parte que les corresponda en los gastos hechos en común.
[…]
La exención también se aplicará cuando, cumplido el requisito previsto en la letra b) precedente, la prorrata de deducción no exceda del 10 por ciento y el servicio no se utilice directa y exclusivamente en las operaciones que originen el derecho a la deducción.
La exención no alcanza a los servicios prestados por sociedades mercantiles.
[…]»
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
7
ANS, demandante en el litigio principal en el asunto C‑379/24, se constituyó, el 11 de febrero de 2017, como agrupación de interés económico (A. I. E.) con la finalidad de crear una infraestructura común para la prestación del servicio de limpieza integral en hospitales, centros y edificios en general en los que los socios de ANS desarrollan su actividad sanitaria y sociosanitaria.
8
Educat, demandante en el litigio principal en el asunto C‑380/24, se constituyó, el 15 de julio de 2010, como sociedad cooperativa catalana limitada (S. C. C. L.) con la finalidad de crear una infraestructura común para la prestación del servicio de limpieza integral en los establecimientos e instalaciones de los socios de Educat en los que estos desarrollan su actividad educativa, en infantil, primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.
9
Ambas demandantes en los litigios principales celebraron sendos contratos con terceros relativos a la gestión del personal que empleaban. Sobre esta base, los terceros asignaban el personal a las instalaciones y también las tareas, seleccionaban el personal, elaboraban las nóminas, gestionaban incidencias (incluyendo el seguimiento y el cese de las relaciones de trabajo), se ocupaban de la formación adecuada en atención a las exigencias normativas y suministraban el material necesario para llevar a cabo esas tareas. Estos contratos justificaban el recurso a la subcontratación para la actividad de limpieza por el hecho de que dichos terceros poseían la experiencia, los conocimientos y los recursos necesarios para llevar a cabo la gestión de los servicios de limpieza que las demandantes en los litigios principales prestaban a sus miembros.
10
A raíz de sendas inspecciones tributarias en materia de IVA, la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Española de Administración Tributaria sometió al IVA las operaciones que Educat y ANS realizaban al prestar servicios de limpieza a sus respectivos socios. Se consideró que la exención prevista en el artículo 20, apartado 1, punto 6, de la Ley 37/1992 no se aplicaba, debido a que las demandantes en los litigios principales no habían prestado directamente esos servicios, sino que habían recurrido a empresas externas que habían prestado concretamente una parte esencial de tales servicios. Por otro lado, dichas inspecciones pusieron de manifiesto que los servicios de limpieza de que se trata no estaban vinculados directa y exclusivamente a la actividad exenta ejercida por los respectivos miembros de ANS y de Educat, por lo que la aplicación de la exención podía provocar distorsiones de la competencia.
11
El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña confirmó las dos decisiones de liquidación del IVA adoptadas contra ANS y Educat. Ambas interpusieron recurso contencioso-administrativo contra estas decisiones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el órgano jurisdiccional remitente. Alegan que la exención del IVA en cuestión no puede denegarse por el hecho de que la gestión del personal se haya subcontratado a una empresa tercera, lo que es conforme con el espíritu y la finalidad de esa exención.
12
En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, redactadas en términos idénticos en los asuntos C‑379/24 y C‑380/24:
«1)
¿Se opone al sentido y finalidad comunitaria de la exención del artículo 132.1 f) [de la] Directiva [del IVA] una norma nacional —artículo 20. Uno. 6.o [de la Ley 37/1992]— que recoge la exigencia de que trate de servicios directos y exclusivos de la actividad exenta […] cuando se interpreta tal exigencia para la prestación —la limpieza en el ámbito sanitario [(C‑379/24)] y la limpieza en el ámbito educativo [(C‑380/24)]— como no exclusiva de ese sector exento, si bien es singular, técnica y compleja en su organización […] y configuración, así como absolutamente necesaria?
2)
¿Se opone al sentido y finalidad comunitaria de la exención del artículo 132.1 f) [de la] Directiva [del IVA] una interpretación del artículo 20. Uno. 6.o [de la Ley 37/1992] que equipare no exclusividad de la prestación a la actividad con producción de distorsión de la competencia para denegar la misma conforme a los límites comunitarios, combinando así los límites nacionales y comunitarios para su denegación? Aclare si el límite de “no distorsión de la competencia” supone denegar la exención cualquiera que sea el grado de efectividad de la misma si no se discute por las partes [(sentencia de 20 de noviembre de 2003, Taksatorringen, C‑8/01, EU:C:2003:621, apartado 48)] considerando que toda exención es una ruptura del principio general —reconocido por el TJUE— de sujeción al impuesto.»
13
Mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2024, los asuntos C‑379/24 y C‑380/24 fueron acumulados a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
14
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional según la cual las prestaciones de servicios realizadas por una agrupación autónoma de personas no pueden calificarse de servicios «directamente necesarios», en el sentido de esta disposición, cuando tales prestaciones son necesarias para la actividad exenta del IVA ejercida por esas personas, pero no están vinculadas exclusivamente a esta actividad debido a su carácter general.
15
Con carácter preliminar, es preciso señalar que de los considerandos 25 y 35 de la Directiva del IVA se desprende que esta tiene por objeto armonizar la base imponible del IVA y que las exenciones de este impuesto constituyen conceptos autónomos del Derecho de la Unión que, como el Tribunal de Justicia ya ha declarado, deben situarse en el contexto general del sistema común del IVA instituido por dicha Directiva (véase, por analogía, la sentencia de 20 de noviembre de 2019, Infohos, C‑400/18, EU:C:2019:992, apartado 29).
16
Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos que persigue la normativa de la que forma parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck_292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 91).
17
Por lo que respecta al tenor del artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA, esta disposición exime las prestaciones de servicios realizadas por agrupaciones autónomas de personas que ejerzan una actividad exenta, o para la cual no tengan la cualidad de sujeto pasivo, con objeto de proporcionar a los miembros de esas agrupaciones los servicios directamente necesarios para el ejercicio de esa actividad, siempre que tales agrupaciones se limiten a exigir a sus miembros el reembolso exacto de la parte que les incumba en los gastos hechos en común, con la condición de que esta exención no sea susceptible de provocar distorsiones de la competencia.
18
A este respecto, de reiterada jurisprudencia resulta que los términos empleados para designar a las exenciones de IVA contempladas en el artículo 132 de la Directiva del IVA deben interpretarse estrictamente, ya que constituyen excepciones al principio general de que dicho impuesto se percibe por cada prestación de servicios efectuada a título oneroso por un sujeto pasivo. Sin embargo, la interpretación de esos términos debe ajustarse a los objetivos perseguidos por tales exenciones y atenerse a las exigencias del principio de neutralidad fiscal inherente al sistema común del IVA. Por tanto, esta regla de interpretación estricta no significa que los términos empleados para definir las exenciones contempladas en el citado artículo 132 hayan de interpretarse de tal manera que estas queden privadas de efectos. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia no tiene como objetivo imponer una interpretación que haga casi inaplicables en la práctica las exenciones mencionadas (sentencias de 11 de diciembre de 2008, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C‑407/07, EU:C:2008:713, apartado 30; de 4 de mayo de 2017, Comisión/Luxemburgo, C‑274/15, EU:C:2017:333, apartado 50, y de 18 de noviembre de 2020, Kaplan International colleges UK, C‑77/19, EU:C:2020:934, apartado 37).
19
Asimismo, ha de señalarse que, si bien el artículo 132, apartado 1, letras a) a q), de la Directiva del IVA enumera «operaciones» eximidas por los Estados miembros, el artículo 132, apartado 1, letra f), de la citada Directiva se refiere, más concretamente, a prestaciones de servicios que, por una parte, sean realizadas en beneficio de sus miembros por agrupaciones autónomas de personas que ejerzan una actividad exenta o para la cual no tengan la cualidad de sujeto pasivo y, por otra parte, tengan por objeto servicios «directamente necesarios» para esa actividad.
20
Así pues, ha de constatarse que, si bien el tenor del artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA exige una relación entre la prestación de servicios realizada por la agrupación autónoma de personas y la actividad exenta de sus miembros, esta disposición no exige que tales servicios sean servicios específicos que constituyan una aportación indispensable para esa actividad o para una operación concreta. En efecto, basta con que la prestación de servicios efectuada por tal agrupación sea directamente necesaria para el ejercicio de la actividad exenta de sus miembros.
21
Por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA, esta disposición figura en el capítulo 2 del título IX de dicha Directiva, capítulo en el que figura también el artículo 134, letra a), a tenor del cual «las entregas de bienes y las prestaciones de servicios estarán excluidas del beneficio de la exención prevista en las letras b), g), h), i), l), m) y n) del apartado 1 del artículo 132 […] cuando las operaciones no fueran indispensables para la realización de las operaciones exentas». Así, este artículo 134, letra a), supedita expresamente las prestaciones de servicios enunciadas en las disposiciones que enumera al requisito de que sean indispensables para las operaciones exentas. A este respecto, debe señalarse que las prestaciones de servicios contempladas en el artículo 132, apartado 1, letra f), de dicha Directiva no figuran entre las enunciadas en dicho artículo 134, letra a).
22
De ello se deduce que, como señala la Abogada General en el punto 27 de sus conclusiones, no cabe considerar que las prestaciones contempladas en el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA sean específicas hasta el punto de constituir una aportación indispensable para la actividad exenta, o para algunas de las operaciones exentas. Por otra parte, el mero hecho de que las actividades exentas controvertidas en los litigios principales estén recogidas en el artículo 132, apartado 1, letras b) e i), de la citada Directiva no puede desvirtuar esta interpretación.
23
En cambio, no pueden estar comprendidas en la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA las prestaciones de servicios que no contribuyan directamente al ejercicio de actividades de interés general previstas en dicho artículo 132, sino al ejercicio de otras actividades (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2017, Comisión/Alemania, C‑616/15, EU:C:2017:721, apartado 50).
24
La interpretación del artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA enunciada en los apartados 20 y 22 de la presente sentencia también es conforme con la finalidad de esta disposición, que es eximir del IVA determinadas actividades de interés general con el fin de facilitar el acceso a determinadas prestaciones y el suministro de determinados bienes, evitando los costes adicionales que se derivarían en caso de estar sujetas a dicho impuesto (véase, por analogía, la sentencia de 20 de noviembre de 2019, Infohos, C‑400/18, EU:C:2019:992, apartado 37). Por tanto, la exención prevista en esa disposición se aplica a las prestaciones de servicios efectuadas por una agrupación autónoma de personas cuando dichas prestaciones contribuyen directamente al ejercicio de actividades de interés general establecidas en el artículo 132 de dicha Directiva (sentencia de 21 de septiembre de 2017, Comisión/Alemania, C‑616/15, EU:C:2017:721, apartado 48).
25
Así sucede efectivamente cuando los servicios se prestan habitualmente por una agrupación de este tipo a sus miembros en la medida en que son necesarios para el ejercicio de la actividad exenta. A este respecto, servicios «generales» como la limpieza podrían considerarse directamente necesarios tanto para el sector de la asistencia sanitaria como para el de la educación, en los que, además, existen requisitos específicos en materia de higiene para los operadores de estos sectores. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente precisa que los servicios de limpieza de que se trata en los litigios principales son singulares, técnicos y complejos en relación con las actividades en cuestión.
26
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional según la cual las prestaciones de servicios realizadas por una agrupación autónoma de personas no pueden calificarse de servicios «directamente necesarios», en el sentido de esta disposición, cuando tales prestaciones son necesarias para la actividad exenta del IVA ejercida por esas personas, pero no están vinculadas exclusivamente a esta actividad debido a su carácter general.
Segunda cuestión prejudicial
27
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación de una normativa nacional según la cual existe, por principio, una distorsión de la competencia o un riesgo de distorsión de la competencia cuando los servicios prestados por una agrupación autónoma de personas en favor de sus miembros pueden, por su carácter general, utilizarse para cualquier actividad imponible y no exclusivamente para la actividad exenta que ejercen.
28
Según la disposición nacional controvertida en los litigios principales, la exención del IVA prevista en el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA está supeditada al requisito de que los servicios prestados directamente a los miembros de agrupaciones autónomas de personas constituidas por personas que ejerzan una actividad exenta o no sujeta al impuesto que no origine el derecho a la deducción se utilicen directa y exclusivamente en dicha actividad y sean necesarios para el ejercicio de la misma.
29
A este respecto, de la respuesta a la primera cuestión prejudicial se desprende que esta disposición se opone a una normativa nacional según la cual las prestaciones de servicios realizadas por una agrupación autónoma de personas no pueden calificarse de servicios «directamente necesarios», en el sentido de esta disposición, cuando tales prestaciones son necesarias para la actividad exenta del IVA ejercida por esas personas, pero no están vinculadas exclusivamente a esta actividad debido a su carácter general.
30
No obstante, el Gobierno español alega que esta misma disposición no se opone a la exigencia de exclusividad impuesta por la normativa controvertida en los litigios principales, dado que esta exigencia tiene por objeto garantizar que el requisito relativo a la inexistencia de distorsiones de la competencia previsto en el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA pueda ser aplicado sencilla y correctamente.
31
Por consiguiente, procede examinar la cuestión de si un Estado miembro puede, habida cuenta del requisito relativo a la inexistencia de distorsiones de la competencia, limitar, mediante la normativa nacional, las prestaciones de servicios que dan derecho a la exención prevista en dicha disposición.
32
Con carácter preliminar, debe observarse que los Estados miembros no están obligados a transponer literalmente este requisito en su Derecho nacional (sentencia de 21 de septiembre de 2017, Comisión/Alemania, C‑616/15, EU:C:2017:721, apartado 64).
33
Además, a fin de determinar si la aplicación de la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA puede provocar distorsiones de la competencia, el legislador nacional tiene ciertamente la posibilidad de establecer normas que las autoridades competentes puedan aplicar y controlar sin dificultad. En efecto, en virtud del artículo 131 de la Directiva del IVA, los Estados miembros establecerán las condiciones a las que sometan las exenciones a fin de garantizar la aplicación correcta y sencilla de estas y de evitar todo posible fraude, evasión o abuso. No obstante, estas condiciones no pueden afectar a la definición del contenido de las exenciones previstas por dicha Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de marzo de 2013, Comisión/Francia, C‑197/12, EU:C:2013:202, apartado 31; de 25 de febrero de 2016, Comisión/Países Bajos, C‑22/15, EU:C:2016:118, apartados 28 y 29, y de 21 de septiembre de 2017, Comisión/Alemania, C‑616/15, EU:C:2017:721, apartado 65).
34
Pues bien, este es precisamente el efecto de la normativa nacional controvertida, mediante la cual el legislador nacional pretende excluir todos los servicios prestados por agrupaciones autónomas de personas que también puedan utilizarse para actividades no relacionadas exclusivamente con la actividad exenta que ejercen los miembros de dichas agrupaciones.
35
Además, es preciso recordar que la finalidad de la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA consiste en evitar que la persona que ofrezca determinados servicios quede sujeta al pago del IVA cuando se ha visto obligada a colaborar con otros profesionales a través de una estructura común que se hace cargo de las actividades necesarias para poder realizar dichos servicios (sentencias de 11 de diciembre de 2008, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C‑407/07, EU:C:2008:713, apartado 37, y de 21 de septiembre de 2017, Comisión/Alemania, C‑616/15, EU:C:2017:721, apartado 56). Por lo tanto, como se ha recordado en el apartado 24 de la presente sentencia, esta disposición tiene por objeto eximir del IVA determinadas actividades de interés general con el fin de facilitar el acceso a determinadas prestaciones y el suministro de determinados bienes, evitando los costes adicionales que se derivarían de su sujeción al IVA.
36
Pues bien, denegar a una agrupación autónoma de personas que cumpla todos los requisitos establecidos en el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA la exención contemplada en esta disposición por el mero hecho de que la prestación de servicios realizada a los miembros de esa agrupación sea una prestación de servicios de carácter general que también puede realizarse a otras personas tendría como efecto limitar el ámbito de aplicación de dicha disposición, excluyendo, por principio, de la exención del IVA las prestaciones realizadas por esa agrupación a sus miembros, pese a que tal limitación del ámbito de aplicación no viene corroborada por la finalidad de la citada Directiva, recordada en el apartado anterior de la presente sentencia (véanse, por analogía, las sentencias de 11 de diciembre de 2008, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C‑407/07, EU:C:2008:713, apartados 36 y 37, y de 20 de noviembre de 2019, Infohos, C‑400/18, EU:C:2019:992, apartado 40).
37
En cambio, como señala la Abogada General en el punto 49 de sus conclusiones, puede producirse una distorsión de la competencia en caso de abuso en el sentido del artículo 131 de la Directiva del IVA. Sin embargo, tal abuso no puede basarse en una presunción general e irrefutable (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2019, Infohos, C‑400/18, EU:C:2019:992, apartado 53).
38
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación de una normativa nacional según la cual existe, por principio, una distorsión de la competencia o un riesgo de distorsión de la competencia cuando los servicios prestados por una agrupación autónoma de personas en favor de sus miembros pueden, por su carácter general, utilizarse para cualquier actividad imponible y no exclusivamente para la actividad exenta que ejercen.
Costas
39
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)
El artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional según la cual las prestaciones de servicios realizadas por una agrupación autónoma de personas no pueden calificarse de servicios «directamente necesarios», en el sentido de esta disposición, cuando tales prestaciones son necesarias para la actividad exenta del impuesto sobre el valor añadido ejercida por esas personas, pero no están vinculadas exclusivamente a esta actividad debido a su carácter general.
2)
El artículo 132, apartado 1, letra f), de la Directiva 2006/112
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una interpretación de una normativa nacional según la cual existe, por principio, una distorsión de la competencia o un riesgo de distorsión de la competencia cuando los servicios prestados por una agrupación autónoma de personas en favor de sus miembros pueden, por su carácter general, utilizarse para cualquier actividad imponible y no exclusivamente para la actividad exenta que ejercen.
Jürimäe
Lenaerts
Schalin
Gavalec
Csehi
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de enero de 2026.
El Secretario
A. Calot Escobar
La Presidenta de Sala
K. Jürimäe
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.