62023CJ0581
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 8 de mayo de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Acuerdos verticales — Artículo 101 TFUE, apartado 3 — Reglamento (UE) n.o 330/2010 — Exención por categoría — Artículo 4, letra b), inciso i) — Restricción especialmente grave que retira dicha exención — Excepción — Acuerdos de distribución exclusiva — Restricción de las ventas activas en un territorio exclusivo — Concepto de “acuerdo” — Concurso de voluntades entre el proveedor y sus compradores — Prueba — Territorio exclusivo asignado a un comprador — Inexistencia de ventas activas por parte de otros compradores en ese territorio»
En el asunto C‑581/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica), mediante resolución de 13 de septiembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de septiembre de 2023, en el procedimiento entre
Beevers Kaas BV
y
Albert Heijn België NV,
Koninklijke Ahold Delhaize NV,
Albert Heijn BV,
Ahold België BV,
con intervención de:
B. A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. K. Jürimäe (Ponente), Presidenta de Sala, y el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. M. Gavalec, Z. Csehi y F. Schalin, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretaria: Sra. A. Lamote, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de octubre de 2024;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Beevers Kaas BV, por los Sres. J. Janssen y F. Petillion, advocaten;
–
en nombre de Albert Heijn België NV, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Albert Heijn BV y Ahold België BV, por las Sras. H. Burez y M. Varga, advocaten;
–
en nombre de B. A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono, por la Sra. L. Bersou y los Sres. J.‑P. Fierens y P. Goffinet, avocats, y por el Sr. L. Goddeau, advocaat;
–
en nombre del Gobierno belga, por el Sr. A. De Brouwer y las Sras. C. Jacob, C. Pochet y M. van Regemorter, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. P. Berghe, N. Cambien y D. Viros, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 9 de enero de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento (UE) n.o 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101 [TFUE], apartado 3, […] a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO 2010, L 102, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Beevers Kaas BV, por una parte, y Albert Heijn België NV, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Albert Heijn BV y Ahold België BV (en lo sucesivo, conjuntamente, «sociedades Albert Heijn»), por otra parte, en relación con el incumplimiento, por estas últimas, del acuerdo de distribución exclusiva entre Beevers Kaas y B. A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono (en lo sucesivo, «Cono») para la distribución del queso Beemster en Bélgica y Luxemburgo (en lo sucesivo, «acuerdo de distribución exclusiva controvertido en el litigio principal»).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El Reglamento n.o 330/2010, que el órgano jurisdiccional remitente considera aplicable al litigio principal, sucedió, con efectos a partir del 1 de junio de 2010, al Reglamento (CE) n.o 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 [CE] a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO 1999, L 336, p. 21). Según el artículo 10, párrafo segundo, del Reglamento n.o 330/2010, este expiró el 31 de mayo de 2022.
4
De conformidad con el artículo 11 del Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión, de 10 de mayo de 2022, relativo a la aplicación del artículo 101 [TFUE], apartado 3, […] a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO 2022, L 134, p. 4), este Reglamento entró en vigor el 1 de junio de 2022 y expirará el 31 de mayo de 2034.
Reglamento n.o 330/2010
5
El artículo 2 del Reglamento n.o 330/2010, titulado «Exención», establecía en su apartado 1:
«Con arreglo al artículo 101 [TFUE], apartado 3, […] y sin perjuicio de las disposiciones del presente Reglamento, se declara que el artículo 101 [TFUE], apartado 1, […] no se aplicará a los “acuerdos verticales”.
Esta exención se aplicará en la medida en que tales acuerdos contengan “restricciones verticales”.»
6
El artículo 4 de este Reglamento, con el título «Restricciones que retiran el beneficio de la exención por categorías (restricciones especialmente graves)», disponía:
«La exención prevista en el artículo 2 no se aplicará a los acuerdos verticales que, directa o indirectamente, por sí solos o en combinación con otros factores bajo control de las partes, tengan por objeto:
[…]
b)
la restricción del territorio en el que, o de la clientela a la que, el comprador parte del acuerdo, sin perjuicio de una restricción sobre su lugar de establecimiento, pueda vender los bienes o servicios contractuales, excepto:
i)
la restricción de ventas activas en el territorio o al grupo de clientes reservados en exclusiva al proveedor o asignados en exclusiva por el proveedor a otro comprador, cuando tal prohibición no limite las ventas de los clientes del comprador,
[…]».
Directrices de 2010
7
Las Directrices relativas a las restricciones verticales (DO 2010, C 130, p. 1; en lo sucesivo, «Directrices de 2010») fueron publicadas por la Comisión Europea al mismo tiempo que se adoptó el Reglamento n.o 330/2010.
8
A tenor del punto 25 de las Directrices de 2010:
«La definición de “acuerdo vertical” a la que se refiere el apartado 24 contiene cuatro elementos principales:
a)
El Reglamento de Exención por Categorías se aplica a los acuerdos y a las prácticas concertadas. El Reglamento de Exención por Categorías no se aplica a la conducta unilateral de las empresas en cuestión. Tal conducta unilateral puede incluirse en el ámbito del artículo 102 [TFUE], que prohíbe los abusos de posición dominante. Para que haya un acuerdo en el sentido del artículo 101 [TFUE] basta con que las partes hayan expresado su intención conjunta de comportarse en el mercado de una manera específica. La forma en que esa intención se expresa es irrelevante siempre que constituya una expresión fiel de la intención de las partes. En caso de que no exista ningún acuerdo explícito que exprese la concurrencia de voluntades, la Comisión tendrá que probar que la política unilateral de una parte cuenta con el consentimiento de la otra parte. En el caso de los acuerdos verticales, hay dos maneras de establecer el consentimiento con una política unilateral particular. En primer lugar, el consentimiento puede deducirse de los poderes conferidos a las partes en un acuerdo general elaborado de antemano. Si las cláusulas del acuerdo elaborado de antemano prevén o autorizan a una parte a adoptar posteriormente una política unilateral específica vinculante para la otra parte, el consentimiento de esa política por la otra parte puede establecerse sobre esta base […]. En segundo lugar, a falta de consentimiento explícito, la Comisión puede demostrar la existencia de consentimiento tácito. Para ello es necesario demostrar primero que una parte requiere explícita o implícitamente la cooperación de la otra parte para la aplicación de su política unilateral, y luego, que la otra parte cumple con ese requisito aplicando en la práctica esa política unilateral […]. Por ejemplo, si tras el aviso por parte de un proveedor de una reducción unilateral de la oferta a fin de impedir el comercio paralelo, los distribuidores reducen inmediatamente sus pedidos y dejan de realizar comercio paralelo, entonces esos distribuidores estarían accediendo tácitamente a la política unilateral del proveedor. No obstante, no puede llegarse a esta conclusión si los distribuidores siguen realizando comercio paralelo o tratan de encontrar nuevas vías para realizar comercio paralelo. Del mismo modo, en el caso de los acuerdos verticales, el consentimiento tácito puede deducirse del nivel de coerción ejercido por una parte para imponer su política unilateral a la otra parte o partes en el acuerdo, junto con el número de distribuidores que realmente aplican en la práctica la política unilateral del proveedor. Por ejemplo, un sistema de control y sanciones, establecido por un proveedor para penalizar a los distribuidores que no cumplan con su política unilateral, apunta al consentimiento tácito a la política unilateral del proveedor si este sistema permite al proveedor aplicar su política en la práctica. Las dos maneras de establecer el consentimiento descritas en este apartado pueden utilizarse conjuntamente;
[…]».
9
El punto 51 de las Directrices de 2010 enuncia:
«Cuatro son las excepciones a la restricción especialmente grave contemplada en el artículo 4, letra b), del Reglamento [n.o 330/2010]. La primera excepción del artículo 4, letra b), inciso i), permite a los proveedores restringir las ventas activas efectuadas por sus compradores directos a un territorio o a un grupo de clientes que se ha asignado exclusivamente a otro comprador o que el proveedor se ha reservado para sí. Se considera que un territorio o grupo de clientes está asignado exclusivamente cuando el proveedor consiente la venta de su producto solamente a un distribuidor para su distribución en un territorio determinado o a un grupo de clientes determinado y el distribuidor exclusivo tiene protegido su territorio o grupo de clientes contra las ventas activas de todos los otros compradores del proveedor dentro de la Unión [Europea], independientemente de las ventas del proveedor. Se permite al proveedor combinar la asignación de un territorio exclusivo y de un grupo de clientes exclusivo, designando, por ejemplo, un distribuidor exclusivo a un grupo de clientes específico en un determinado territorio. Esta protección de territorios o grupos de clientes asignados en exclusiva debe permitir, sin embargo, las ventas pasivas a tales territorios o grupos de clientes. A efectos de la aplicación del artículo 4, letra b), del Reglamento [n.o 330/2010], la Comisión define ventas “activas” y “pasivas” de la siguiente forma:
–
por ventas “activas” se entiende la aproximación activa a clientes individuales por ejemplo mediante correo directo, incluidos correos electrónicos no solicitados, o visitas, o la aproximación activa a un grupo de clientes específico o a clientes en un territorio específico asignado exclusivamente a otro distribuidor mediante publicidad en medios de comunicación, en internet u otras actividades destinadas específicamente a dicho grupo de clientes o a clientes en ese territorio. La publicidad o promoción que solo es atractiva para el comprador, si (además) llega a un grupo específico de clientes o a clientes en un territorio específico, se considera venta activa a dicho grupo de clientes o clientes en ese territorio.
[…]»
Derecho belga
10
El artículo VI.104 del Wetboek van economisch recht (Código de Derecho Económico) dispone:
«Se prohíbe todo acto contrario a las prácticas comerciales leales mediante el cual una empresa perjudique o pueda perjudicar los intereses profesionales de una o varias empresas.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
11
Beevers Kaas es la distribuidora exclusiva del queso Beemster en Bélgica, que esta sociedad compra al productor Cono, establecido, por su parte, en los Países Bajos.
12
El 1 de enero de 1993, Cono y Beevers Kaas celebraron el acuerdo de distribución exclusiva controvertido en el litigio principal.
13
Las sociedades Albert Heijn operan en el sector de los supermercados en Bélgica y los Países Bajos. Son compradoras del queso Beemster producido por Cono para los mercados ubicados fuera de Bélgica y Luxemburgo.
14
Beevers Kaas reprocha a las sociedades Albert Heijn haber sido cómplices, en su condición de terceros, del incumplimiento del acuerdo de distribución exclusiva controvertido en el litigio principal, lo que, a su juicio, constituye una infracción del artículo VI.104 del Código de Derecho Económico. Según Beevers Kaas, este incumplimiento resulta de las actividades de reventa que realizaron estas sociedades en el territorio belga, aun cuando sabían que Cono y Beevers Kaas estaban vinculadas por un contrato de distribución exclusiva.
15
En opinión de las sociedades Albert Heijn, Beevers Kaas y Cono pretendían imponerles una prohibición de reventa no permitida. En este sentido, las sociedades Albert Heijn consideran que el acuerdo de distribución exclusiva controvertido en el litigio principal, al no obligar a Cono a proteger a Beevers Kaas de las ventas activas de otros distribuidores, no cumple los estrictos requisitos del Derecho de la competencia para justificar una prohibición de reventa.
16
Mediante sentencia de 9 de julio de 2021, el presidente del ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes, Bélgica) desestimó por infundado el recurso interpuesto por Beevers Kaas basándose en que «de ninguna disposición contractual o legislativa se desprende que las empresas tengan prohibido obtener suministros directamente de Cono en los Países Bajos y distribuirlos en Bélgica». En particular, en dicha sentencia se señala que el acuerdo de distribución exclusiva controvertido en el litigio principal únicamente establece que Cono no puede vender por sí misma a distribuidores belgas. Según la sentencia, la interpretación defendida por Beevers Kaas implica que todas las empresas, con independencia del lugar en que estén establecidas, deban respetar dicho acuerdo y abstenerse de vender en Bélgica el queso Beemster producido por Cono. Del mismo modo, la sentencia concluye que Beevers Kaas no goza de ninguna protección contractual en su territorio de distribución exclusiva en Bélgica frente a las ventas activas de otros compradores que se abastecen de Cono.
17
Beevers Kaas interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia ante el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente.
18
Ante dicho órgano jurisdiccional, las partes discrepan acerca de si el acuerdo de distribución exclusiva controvertido en el litigio principal es conforme con el Derecho de la competencia y, más concretamente, con los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010. El debate gira en torno al denominado requisito de la «imposición paralela», conforme al cual el proveedor protege al distribuidor exclusivo frente a las ventas activas realizadas por todos los demás compradores de dicho proveedor en el territorio exclusivo asignado a ese distribuidor.
19
En opinión del referido órgano jurisdiccional, corresponde a Beevers Kaas demostrar que la supuesta protección que le ofrece Cono contra las ventas activas está comprendida en la excepción prevista en ese artículo 4, letra b), inciso i).
20
Mediante resolución interlocutoria de 27 de abril de 2022, el órgano jurisdiccional remitente declaró que Beevers Kaas había demostrado que las sociedades Albert Heijn habían consentido, al menos tácitamente, en una prohibición de las ventas activas. No obstante, en opinión de dicho órgano jurisdiccional, Beevers Kaas también debe demostrar que todos los demás revendedores a los que Cono abastece aceptaron esta prohibición.
21
El órgano jurisdiccional remitente suscribe la observación de la autoridad belga de defensa de la competencia, ante la que ese órgano jurisdiccional incoó, mediante la referida resolución interlocutoria, un procedimiento de amicus curiae, y que considera que el requisito de la imposición paralela debe interpretarse a la luz del concepto de «acuerdo», en el sentido del artículo 101 TFUE.
22
A este respecto, dicho órgano jurisdiccional señala que el Reglamento n.o 330/2010 y las Directrices de 2010 no precisan de qué modo debe proteger el proveedor a sus distribuidores exclusivos de las ventas activas realizadas por los otros compradores de ese proveedor en el territorio exclusivo atribuido a esos distribuidores. En particular, el Reglamento y las Directrices no indican cómo ha de comunicar el referido proveedor tal prohibición de venta activa a sus otros compradores ni cómo han de aceptar estos últimos dicha prohibición.
23
En el presente asunto, no existe prueba alguna de que todos los demás revendedores de Cono aceptaran de forma expresa una prohibición de ventas activas. La autoridad belga de defensa de la competencia considera que el órgano jurisdiccional remitente podría inferir un consentimiento tácito a esta prohibición del mero hecho de que, en la actualidad, ninguno de esos revendedores está vendiendo en Bélgica productos adquiridos de Cono. Beevers Kaas se adhiere a este punto de vista y considera, en consecuencia, que ha demostrado suficientemente que los referidos revendedores aceptaron tal prohibición.
24
En cambio, las sociedades Albert Heijn sostienen que esta interpretación no tiene en cuenta la carga de la prueba que incumbe a Beevers Kaas. Consideran que, para que exista un consentimiento tácito, es necesario que Beevers Kaas demuestre que la estrategia de Cono, con arreglo a la cual el queso Beemster comprado en los Países Bajos no puede venderse activamente en Bélgica, fue comunicada, en la fecha en que se concedió la exclusividad, a todos los revendedores autorizados en ese momento y, posteriormente, a cada nuevo revendedor designado, y que cada uno de ellos se vio obligado a atenerse a ella.
25
En estas circunstancias, el hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Puede considerarse que se cumple el requisito de la imposición paralela contemplado en el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento [n.o 330/2010], y, por tanto, puede prohibir legalmente el proveedor que cumple los demás requisitos de [dicho Reglamento] las ventas activas de uno de sus compradores en un territorio para el que se ha designado en exclusiva a otro comprador, sobre la única base de la constatación de que los demás compradores no venden activamente en tal territorio? Dicho con otras palabras, ¿queda suficientemente probada la existencia de un acuerdo sobre la prohibición de ventas activas entre los demás compradores y el proveedor por la mera constatación de que esos otros compradores no venden activamente en el territorio asignado en exclusiva?
2)
¿Puede considerarse que se cumple el requisito de la imposición paralela contemplado en el artículo 4, letra b), inciso i), del [Reglamento n.o 330/2010], y, por tanto, puede prohibir legalmente el proveedor que cumple los demás requisitos de [dicho Reglamento] las ventas activas de uno de sus compradores en un territorio para el que ha designado en exclusiva un comprador, solamente si el proveedor obtiene la aprobación de sus otros compradores, siempre y cuando estos estén dispuestos a vender activamente en el territorio así asignado en exclusiva? O, por el contrario, ¿se exige que se reciba tal aceptación de cada uno de los compradores del proveedor, con independencia de que dichos compradores estén dispuestos a realizar ventas activas en el territorio asignado en exclusiva?»
Sobre la petición de reapertura de la fase oral del procedimiento
26
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 y el 28 de febrero de 2025, respectivamente, Beevers Kaas y Cono solicitaron que se ordenara la reapertura de la fase oral del procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
27
En apoyo de sus solicitudes, alegan que, en sus conclusiones, la Abogada General, en primer lugar, respondió a una cuestión diferente de la planteada por el órgano jurisdiccional remitente en la segunda cuestión prejudicial y, en segundo lugar, se basó en elementos de hecho y de Derecho erróneos para responder a esta segunda cuestión prejudicial, en su versión reformulada. En tales circunstancias, entienden necesario que las partes en el litigio principal o los demás interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puedan expresar su punto de vista sobre estos elementos para preservar sus derechos procesales y evitar que el Tribunal de Justicia responda a una cuestión que no es necesaria para la resolución del litigio principal.
28
El Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, puede ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la apertura o la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
29
No obstante, procede señalar a este respecto que el contenido de las conclusiones del Abogado General no constituye, como tal, un hecho nuevo, pues de otro modo las partes podrían, invocando ese hecho, responder a dichas conclusiones. Las conclusiones del Abogado General no pueden ser debatidas por las partes. El Tribunal de Justicia ha tenido la ocasión de subrayar que, con arreglo al artículo 252 TFUE, el papel del Abogado General consiste en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención, a fin de asistirle en el cumplimiento de su misión de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. En virtud del artículo 20, párrafo cuarto, de dicho Estatuto y del artículo 82, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, las conclusiones del Abogado General ponen fin a la fase oral del procedimiento. Por tanto, al situarse fuera del debate entre las partes, las conclusiones abren la fase de deliberación del Tribunal de Justicia. Así pues, no se trata de una opinión destinada a los jueces o a las partes que emana de una autoridad ajena al Tribunal de Justicia, sino de la opinión individual, motivada y expresada públicamente, de un miembro de la propia institución (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, apartado 21 y jurisprudencia citada).
30
De ello se deduce, en particular, que el hecho de que el Abogado General haya procedido al examen de una cuestión prejudicial basándose en una reformulación de esta no es, en sí mismo, un motivo que justifique la reapertura de la fase oral del procedimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de enero de 2003, Makedoniko Metro y Michaniki, C‑57/01, EU:C:2003:47, apartados 33 a 36).
31
En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera, tras haber oído a la Abogada General, que los datos aportados por Beevers Kaas no contienen ningún hecho nuevo que pueda influir decisivamente en la resolución que ha de adoptar en el presente asunto y que en este no debe resolverse sobre la base de una alegación que no haya sido debatida entre las partes o los interesados a que se refiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, una vez concluidas las fases escrita y oral del procedimiento, el Tribunal de Justicia dispone de todos los datos necesarios y está, por tanto, suficientemente informado para pronunciarse.
32
En consecuencia, el Tribunal de Justicia considera que no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
33
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un proveedor ha asignado un territorio exclusivo a uno de sus compradores, la mera constatación de que los otros compradores de este proveedor no realizan ventas activas en ese territorio basta para probar la existencia de un acuerdo entre el referido proveedor y esos otros compradores en relación con la prohibición de ventas activas en ese territorio, a efectos de la aplicación de dicha disposición.
34
Procede recordar que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 330/2010 establece una exención por categorías a la prohibición de los acuerdos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, para los acuerdos verticales. En efecto, esta disposición indica que, con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3, se declara que el artículo 101 TFUE, apartado 1, no se aplicará a los acuerdos verticales que cumplan los requisitos de ese Reglamento.
35
Sin embargo, esta exención no se aplica a los acuerdos verticales que contengan las restricciones especialmente graves enumeradas en el artículo 4 de dicho Reglamento.
36
Así, a tenor del artículo 4, letra b), del Reglamento n.o 330/2010, la referida exención «no se aplicará a los acuerdos verticales que, directa o indirectamente, por sí solos o en combinación con otros factores bajo control de las partes, tengan por objeto la restricción del territorio en el que, o de la clientela a la que, el comprador parte del acuerdo, sin perjuicio de una restricción sobre su lugar de establecimiento, pueda vender los bienes o servicios contractuales».
37
De conformidad con el artículo 4, letra b), inciso i), de ese Reglamento, un acuerdo vertical que tenga por objeto la restricción del territorio o de la clientela de un comprador puede, no obstante, disfrutar de la exención por categoría prevista en el artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento cuando se trate de la restricción de las ventas activas de ese comprador en el territorio o al grupo de clientes reservados en exclusiva al proveedor o asignados en exclusiva por el proveedor a otro comprador y tal prohibición no limite las ventas de los clientes del primer comprador.
38
Las restricciones de las ventas activas en el territorio exclusivo que un proveedor ha asignado a uno de sus compradores pueden, por tanto, beneficiarse de esta exención, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el Reglamento n.o 330/2010.
39
Pues bien, como subrayó la Abogada General, en esencia, en los puntos 39 a 43 de sus conclusiones, y como se desprende, en particular, del punto 51 de las Directrices de 2010, la concesión, por parte de un proveedor, de una exclusividad territorial a uno de sus compradores va acompañada necesariamente de la imposición paralela a dicho proveedor de la obligación de proteger a ese comprador frente a las ventas activas de los demás compradores del referido proveedor. De ello se deduce que el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 tiene por objeto abarcar las restricciones sobre las ventas activas que un proveedor debe imponer a sus compradores, por este motivo, para garantizar la efectividad de tal exclusividad en el territorio que ha asignado a uno de sus compradores.
40
Para apreciar si cabe calificar un acuerdo de distribución celebrado entre un proveedor y un comprador como acuerdo vertical que puede estar comprendido en el artículo 4, letra b), inciso i), de dicho Reglamento, procede tener en cuenta el concepto de «acuerdo», en el sentido del artículo 101 TFUE.
41
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que exista un «acuerdo», a efectos del artículo 101 TFUE, apartado 1, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. Así pues, un acuerdo no puede basarse en la expresión de una política puramente unilateral de una parte en un contrato de distribución (sentencia de 29 de junio de 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, apartados 47 y 48 y jurisprudencia citada).
42
No obstante, un acto o un comportamiento aparentemente unilateral constituye un acuerdo, en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando sea la expresión de la voluntad concordante entre por lo menos dos partes, no siendo determinante per se la forma en que se manifiesta dicha concordancia (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, apartado 49).
43
De este modo, cuando se trata de una restricción de las ventas activas en el territorio asignado en exclusiva a un comprador, la referida voluntad concordante de las partes puede desprenderse tanto de las cláusulas de los contratos de distribución que vinculan al proveedor con los compradores que no disfrutan de la exclusividad territorial, cuando esos contratos contienen una prohibición expresa de no realizar tales ventas, como del comportamiento explícito o tácito de las partes que permite concluir que existe un consentimiento de estos últimos compradores en relación con una invitación de ese proveedor a no proceder a las referidas ventas (véase, por analogía, la sentencia de 29 de junio de 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, apartado 50 y jurisprudencia citada).
44
Por lo que respecta a la prueba de la existencia de un «acuerdo», en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, de no existir normas de la Unión relativas a los principios que regulan la valoración de las pruebas y el nivel de prueba requerido en el marco de un procedimiento nacional de aplicación del artículo 101 TFUE, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer esas normas en virtud del principio de autonomía de procedimiento, a condición, no obstante, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencia de 29 de junio de 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, apartado 55 y jurisprudencia citada).
45
El principio de efectividad exige que la prueba de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión pueda aportarse no solo mediante pruebas directas, sino también mediante indicios, siempre que estos sean objetivos y concordantes. En efecto, la existencia de un acuerdo debe inferirse, en la mayoría de los casos, de diversas coincidencias y de otros elementos fácticos que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, apartado 56 y jurisprudencia citada).
46
Por consiguiente, la existencia de un «acuerdo», en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, que tiene por objeto la restricción de ventas activas en un territorio exclusivo puede acreditarse no solo mediante pruebas directas, sino también sobre la base de indicios objetivos y concordantes, cuando de ello pueda inferirse con suficiente certeza que un proveedor ha invitado a sus compradores a no realizar tales ventas en ese territorio y que, en la práctica, media el consentimiento de estos últimos en relación con tal invitación (véase, por analogía, la sentencia de 29 de junio de 2023, Super Bock Bebidas, C‑211/22, EU:C:2023:529, apartado 57 y jurisprudencia citada).
47
En el presente asunto, de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende, por una parte, que los acuerdos de distribución celebrados entre Cono y sus compradores no contienen ninguna cláusula dirigida a imponerles una prohibición de las ventas activas en el territorio exclusivo asignado a Beevers Kaas y, por otra parte, que, a excepción de las sociedades Albert Heijn, ningún comprador de Cono ha realizado tales ventas en dicho territorio.
48
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar las circunstancias del litigio principal a la luz de la jurisprudencia recordada en los apartados 42 a 46 de la presente sentencia.
49
Así, en primer lugar, le corresponderá determinar, a la vista de todos los elementos de que dispone, si puede constatarse que, en el presente asunto, Cono invitó, sin importar la forma, a sus compradores a no realizar ventas activas en el territorio exclusivo asignado a Beevers Kaas.
50
Como señaló la Abogada General en el punto 78 de sus conclusiones, tal invitación puede adoptar distintas formas, como, por ejemplo, una comunicación específica dirigida por el proveedor a sus compradores instándoles a respetar un territorio exclusivo o una cláusula o mención específica sobre tal particular en las condiciones generales del proveedor.
51
En segundo lugar, también deberá determinarse si media el consentimiento expreso o tácito de los compradores de Cono en relación con una eventual invitación de este proveedor.
52
En atención a los dos requisitos que se han recordado en los apartados 49 y 51 de la presente sentencia, procede declarar que el hecho de que, a excepción de las sociedades Albert Heijn, ninguno de los demás compradores de Cono haya realizado ventas activas en el territorio exclusivo de Beevers Kaas no basta, por sí solo, para probar la existencia de un «acuerdo» en el sentido del artículo 101 TFUE.
53
Por una parte, tal circunstancia no permite inferir que Cono haya invitado a sus compradores a no realizar ventas activas en el territorio exclusivo asignado a Beevers Kaas. A este respecto, debe precisarse que la mera constatación de que Cono haya asignado un territorio exclusivo a Beevers Kaas y de que los demás compradores de Cono hayan tenido eventualmente conocimiento de la existencia de tal territorio no permite concluir, a falta, en particular, de una comunicación específica dirigida a esos otros compradores instándolos a respetar ese territorio exclusivo, que Cono los invitara a no realizar ventas activas en el referido territorio.
54
Por otra parte, es cierto que dicha circunstancia puede constituir un elemento pertinente que debe tomarse en consideración para demostrar el eventual consentimiento tácito de los demás compradores de Cono en relación con una invitación de este último a no realizar ventas activas en el territorio exclusivo de Beevers Kaas. Sin embargo, no es suficiente, por sí sola, para probar la existencia de tal consentimiento.
55
En efecto, considerada aisladamente, la referida circunstancia no permite demostrar con suficiente certeza que la inexistencia de ventas activas en el territorio exclusivo de Beevers Kaas es resultado de la voluntad de esos otros compradores de atenerse a una eventual invitación de Cono a no realizar tales ventas o de una decisión comercial autónoma de esos otros compradores de no vender en dicho territorio.
56
No obstante, la mencionada circunstancia podría constituir la prueba de un consentimiento implícito de los compradores afectados cuando, como se desprende del punto 25 de las Directrices de 2010, existan, paralelamente, en particular, una invitación expresa del proveedor a respetar la prohibición de ventas activas en el territorio exclusivo y medios que permitan a ese proveedor implementar esa prohibición en la práctica, como un sistema de control y sanciones establecido por dicho proveedor para penalizar a los compradores que no respeten la referida prohibición.
57
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un proveedor ha asignado un territorio exclusivo a uno de sus compradores, la mera constatación de que los otros compradores de este proveedor no realizan ventas activas en ese territorio no basta para probar la existencia de un acuerdo entre el referido proveedor y esos otros compradores en relación con la prohibición de ventas activas en ese territorio, a efectos de la aplicación de dicha disposición.
Segunda cuestión prejudicial
58
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 debe interpretarse en el sentido de que la excepción prevista en dicha disposición se concede para el período respecto del cual se ha demostrado que existe un consentimiento de los compradores de un proveedor en relación con la invitación de este último a no realizar ventas activas en el territorio exclusivo asignado a otro comprador.
59
De la respuesta a la primera cuestión prejudicial resulta que una prohibición de ventas activas está comprendida en el ámbito de aplicación de dicho artículo 4, letra b), inciso i), cuando, por una parte, un proveedor ha invitado a sus compradores a no realizar tales ventas en el territorio exclusivo asignado a otro comprador y, por otra parte, media el consentimiento de los compradores de que se trata en relación con esta invitación.
60
Así pues, la parte que invoca la excepción prevista en dicho artículo 4, letra b), inciso i), debe aportar, en su caso sobre la base de indicios objetivos y concordantes, la prueba de que concurren los dos elementos recordados en el apartado anterior. Esta excepción se concederá entonces para el período respecto al cual se haya podido aportar dicha prueba.
61
A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 debe interpretarse en el sentido de que la excepción prevista en dicha disposición se concede para el período respecto del cual se ha demostrado que existe un consentimiento de los compradores de un proveedor en relación con la invitación de este último a no realizar ventas activas en el territorio exclusivo asignado a otro comprador.
Costas
62
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)
El artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento (UE) n.o 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101 [TFUE], apartado 3, […] a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas,
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando un proveedor ha asignado un territorio exclusivo a uno de sus compradores, la mera constatación de que los otros compradores de este proveedor no realizan ventas activas en ese territorio no basta para probar la existencia de un acuerdo entre el referido proveedor y esos otros compradores en relación con la prohibición de ventas activas en ese territorio, a efectos de la aplicación de dicha disposición.
2)
El artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010
debe interpretarse en el sentido de que
la excepción prevista en dicha disposición se concede para el período respecto del cual se ha demostrado que existe un consentimiento de los compradores de un proveedor en relación con la invitación de este último a no realizar ventas activas en el territorio exclusivo asignado a otro comprador.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.