62007CO0134_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C‑134/07,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Sąd Rejonowy w Jaworznie (Polonia), mediante resolución de 6 de febrero de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de marzo de 2007, en el procedimiento entre
Piotr Kawala
y
Gmina Miasta Jaworzna,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por el Sr. A Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) y E. Levits, Jueces;
Abogado General: Sra. E. Sharpston;
Secretario: Sr. R. Grass;
vistos los documentos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre del Gobierno polaco, por la Sra. E. Ośniecka-Tamecka, en calidad de agente;
– en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. D. Triantafyllou y la Sra. K. Herrmann, en calidad de agentes;
habiendo decidido resolver mediante auto motivado, conforme al artículo 104, apartado 3, párrafo primero, de su Reglamento de Procedimiento;
oída la Abogado General;
dicta el siguiente
Auto
Motivación de la sentencia
1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 25 CE y 90 CE, párrafo primero.
2. Esta petición fue presentada en el marco de un litigio entre el Sr. Kawala y Gmina Miasta Jaworzna (Municipio de Jaworzno), acerca de una tasa de 500 PLN pagada el 18 de agosto de 2005 para la obtención del certificado de primera matriculación de un vehículo automóvil usado importado en Polonia desde otro Estado miembro (en lo sucesivo, «tasa controvertida»).
Marco jurídico
La normativa comunitaria
3. A tenor del artículo 23 CE:
«1. La Comunidad se basará en una unión aduanera, que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países.
2. Las disposiciones del artículo 25 y las del capítulo 2 del presente título se aplicarán a los productos originarios de los Estados miembros y a los productos procedentes de terceros países que se encuentren en libre práctica en los Estados miembros.»
4. El artículo 25 CE establece:
«Quedarán prohibidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal.»
5. El artículo 28 CE dispone:
«Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.»
6. A tenor del artículo 30 CE:
«Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.»
7. El artículo 90 CE, párrafo primero, está así redactado:
«Ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales similares.»
La normativa nacional
8. El artículo 77 de la Prawo o ruchu drogowym (Ley de circulación vial), de 20 de junio de 1997 (Dz. U de 2003, nº 58, posición 515; nº 124, posición 1152; nº 130, posición 1190, y nº 137, posición 1302), dispone:
«1. El fabricante o el importador de vehículos nuevos está obligado a expedir un certificado de matriculación de todo vehículo automóvil nuevo comercializado en el territorio de la República de Polonia.
2. El certificado de matriculación será entregado al propietario del vehículo.
3. El certificado de matriculación de un vehículo automóvil distinto de los previstos en el apartado 1 será entregado, previo pago de una tasa de registro, por el staroste competente para la matriculación, con ocasión de la primera matriculación del vehículo en el territorio de la República de Polonia, exceptuados los vehículos de colección y los vehículos previstos en el artículo 73, apartado 4.
4. El Ministro de Transportes:
[…]
2) establecerá, mediante orden, el importe de la tasa exigible para la obtención del certificado de matriculación.»
9. La Orden del Ministro de Infraestruturas de 28 de julio de 2003, relativa al importe de la tasa exigible para la obtención del certificado de matriculación de un vehículo (Dz. U de 2003, nº 137, posición 1310; en lo sucesivo, «Orden de 28 de julio de 2003»), disponía, en su apartado 1, puntos 1 y 2:
«1. La expedición del certificado de matriculación con ocasión de la primera matriculación de un vehículo en el territorio de la República de Polonia dará lugar a la percepción por el servicio de matriculación de una tasa por importe de 500 PLN.
2. La expedición de un duplicado del certificado de matriculación dará lugar a la percepción por el servicio de matriculación de una tasa por importe de 75 PLN.»
10. Con posterioridad a los hechos del litigio principal, el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), en su sentencia de 17 de enero de 2006, declaró que el apartado 1, punto 1, de la Orden de 28 de julio de 2003 era contrario, en sustancia, a las disposiciones de la Ley de circulación vial y a la Constitución polaca, porque, en virtud del artículo 217 de la Constitución, ese tipo de tributo sólo puede ser establecido por Ley. Conforme a dicha sentencia, el apartado citado carece de toda fuerza obligatoria a partir del 1 de mayo de 2006.
11. A continuación, el Ministro de Transportes y de la Construcción adoptó la Orden de 28 de marzo de 2006, relativa al importe de la tasa exigible para la obtención del certificado de matriculación de un vehículo (en lo sucesivo, «Orden de 28 de marzo de 2006»), que entró en vigor el 15 de abril de 2006, según la cual tanto la expedición de un certificado de primera matriculación (apartado 1, punto 1, de dicha Orden) como la de un duplicado del certificado de matriculación (apartado 1, punto 2, de la misma Orden) darán lugar a la percepción por el servicio de matriculación de una tasa por importe único de 75 PLN.
El litigio principal y la cuestión prejudicial
12. El 9 de mayo de 2005 el Sr. Kawala compró en Alemania un vehículo usado de la marca Mercedes-Benz y lo importó a Polonia el mismo mes.
13. El 18 de agosto de 2005 el Sr. Kawala pagó a Gmina Miasta Jaworzna una tasa por importe de 500 PLN para obtener el certificado de primera matriculación del citado vehículo en Polonia.
14. De la resolución de remisión resulta que, sin la matriculación del vehículo, el Sr. Kawala no habría podido circular legalmente con éste en Polonia.
15. El Sr. Kawala ejercitó el 9 de octubre de 2006 una acción ante el Sąd Rejonowy w Jaworznie (Tribunal de distrito de Jaworzno), contra Gmina Miasta Jaworzna, dirigida a obtener el pago de 425 PLN, importe de la diferencia entre la tasa que había satisfecho por la expedición del certificado de primera matriculación y la cantidad que habría debido abonar por la expedición de un duplicado de dicho certificado, es decir, 75 PLN.
16. El Sąd Rejonowy w Jaworznie señala que, en la medida en que el artículo 90 CE se opusiera a la aplicación del apartado 1 de la Orden de 28 de julio de 2003, dicho Tribunal debería, en el marco de litigio del que conoce, y conforme al artículo 10 CE así como al principio de primacía del Derecho comunitario, dejar de aplicar las disposiciones de la Orden citada que fueran contrarias al Derecho comunitario, incluso respecto al período anterior a la fecha a partir de la que cual el Trybunał Konstytucyjny declaró en su sentencia que dichas disposiciones perdían toda fuerza obligatoria.
17. El Sąd Rejonowy w Jaworznie observa que, si el Sr. Kawala hubiera comprado un vehículo nuevo en Polonia, no habría estado obligado al pago de ninguna tasa al Gmina Miasta Jaworzna para obtener el certificado de primera matriculación, ya que éste habría sido proporcionado por el fabricante o el importador del vehículo, que por otra parte habría satisfecho por dicho certificado un importe neto de 9,71 PLN (sin impuesto sobre el valor añadido).
18. En esas circunstancias, el Sąd Rejonowy w Jaworznie decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se opone el artículo 90 CE a la aplicación del apartado 1 de la Orden de 28 de julio de 2003, en la medida en que la matriculación de un vehículo importado en Polonia, desde otro Estado miembro, se somete al pago de la tasa exigible por la expedición del certificado de matriculación, por importe de 500 PLN?»
19. Sin plantear formalmente una segunda cuestión prejudicial, el Tribunal remitente indica que, en caso de respuesta negativa a la primera cuestión, podría ser necesario interpretar el artículo 25 CE, a fin de determinar si esa disposición se opone a la aplicación del apartado 1 de la Orden de 28 de julio de 2003, en la medida en que la tasa controvertida constituyera una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana.
Sobre la cuestión prejudicial
20. En virtud del artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, éste, oído el Abogado General, podrá resolver mediante auto motivado.
21. Mediante su cuestión el Tribunal remitente pregunta, en sustancia, si el artículo 90 CE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la percepción de la tasa controvertida, que grava, en la práctica, la primera matriculación de un vehículo automóvil usado importado de otro Estado miembro, y no la adquisición en Polonia de un vehículo usado en la medida en que éste ya está matriculado.
22. Dado que, por una parte, el Gobierno polaco considera que la obligación de obtener un certificado de matriculación de un vehículo usado importado de otro Estado miembro no entra en el ámbito de aplicación del artículo 90 CE, sino en el de los artículos 28 CE y 30 CE, en cuanto medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa de los intercambios, que sin embargo es necesaria, proporcionada y justificada por razón de orden público, y que, por otra parte, el tribunal remitente apunta la posibilidad de que la tasa controvertida entre en el ámbito de los artículos 23 CE y 28 CE, a saber, el de la prohibición de los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente, procede determinar en primer lugar la disposición del Tratado CE conforme a la que debe apreciarse la tasa controvertida.
23. Según reiterada jurisprudencia, el ámbito de aplicación del artículo 28 CE no incluye los obstáculos contemplados por otras disposiciones específicas, y los obstáculos de carácter fiscal o de efecto equivalente a los derechos de aduana que se contemplan en los artículos 23 CE, 25 CE y 90 CE quedan fuera de la prohibición que establece el artículo 28 CE. Por otra parte, en lo tocante a los ámbitos de aplicación respectivos de los artículos 25 CE y 90 CE, según reiterada jurisprudencia las disposiciones relativas a las exacciones de efecto equivalente y las referentes a los tributos internos discriminatorios no son aplicables acumulativamente, de modo que, en el régimen del Tratado, un mismo tributo no puede pertenecer simultáneamente a ambas categorías (véase, en particular, la sentencia de 17 de junio de 2003, De Danske Bilimportører, C‑383/01, Rec. p. I‑6065, apartados 32 y 33 y la jurisprudencia citada).
24. En lo que atañe a la cuestión de si un tributo como la tasa controvertida está englobado en el concepto de exacciones de efecto equivalente, en el sentido de los artículos 23 CE y 25 CE, de reiterada jurisprudencia se desprende que toda carga pecuniaria, impuesta unilateralmente, cualesquiera que sean su denominación y su técnica, que grave las mercancías debido a su paso por la frontera, cuando no sea un derecho de aduana propiamente dicho, constituye una exacción de efecto equivalente (sentencia de 18 de enero de 2007, Brzeziński, C‑313/05, Rec. p. I‑513, apartado 22 y la jurisprudencia citada).
25. Pues bien, una tasa como la controvertida en el litigio principal no se percibe debido al paso de la frontera del Estado miembro que la ha establecido. En efecto, de las indicaciones facilitadas tanto por el Tribunal remitente como por el Gobierno polaco se desprende que la tasa controvertida gravaba los vehículos automóviles usados únicamente con ocasión de su primera matriculación en Polonia, exceptuados los vehículos que, por cualquier razón, no estaban destinados a ser matriculados. Por otra parte, según las indicaciones del Gobierno polaco dicha tasa podía gravar también la primera matriculación de algunas categorías limitadas de vehículos ya situados en Polonia pero que aún no estaban matriculados.
26. Por tanto, en la medida en que una tasa por la primera matriculación de los vehículos automóviles, como la tasa controvertida, tiene manifiestamente un carácter fiscal y no se percibe a causa del paso de la frontera del Estado miembro que la ha establecido, sino con ocasión de la primera matriculación de un vehículo automóvil en el territorio de ese Estado miembro, debe considerarse que dicha tasa forma parte de un régimen general de tributos internos sobre las mercancías, y por tanto hay que examinarla a la luz del artículo 90 CE.
27. Procede recordar al respecto que el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 90 CE constituye, en la estructura del Tratado CE, un complemento de las disposiciones relativas a la supresión de los derechos de aduana y de las exacciones de efecto equivalente. El objetivo de esta disposición es garantizar la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros en condiciones normales de competencia, mediante la eliminación de cualquier forma de protección que pueda derivarse de la aplicación de tributos internos que sean discriminatorios para los productos originarios de otros Estados miembros (sentencia Brzeziński, antes citada, apartado 27 y la jurisprudencia citada).
28. En materia de imposición de automóviles de ocasión importados el artículo 90 CE pretende garantizar la perfecta neutralidad de los tributos internos por lo que se refiere a la competencia entre los productos que ya se encuentran en el mercado nacional y los productos importados (sentencia de 20 de septiembre de 2007, Comisión/Grecia, C‑74/06, Rec. p. I‑0000, apartado 24 y la jurisprudencia citada).
29. Además, un régimen impositivo solamente puede considerarse compatible con el artículo 90 CE si se demuestra que está estructurado de forma que se descarte cualquier supuesto en el que los productos importados hayan de soportar un gravamen más riguroso que los productos nacionales y, por lo tanto, que no produce, en ningún caso, efectos discriminatorios (sentencia Brzeziński, antes citada, apartado 40 y la jurisprudencia citada).
30. La cuestión que se plantea en el presente asunto es, por tanto, si la tasa controvertida se aplica, en la práctica, de igual forma tanto a los vehículos automóviles usados importados como a los comprados en Polonia, ya que ambas categorías de vehículos constituyen productos similares en el sentido del artículo 90 CE, párrafo primero.
31. Al respecto, consta que, en virtud de la aplicación del apartado 1, punto 1, de la Orden de 28 de julio de 2003, la primera matriculación de un vehículo automóvil usado importado de otro Estado miembro está gravada por la tasa controvertida de 500 PLN.
32. En cambio, según el Tribunal remitente y el Gobierno polaco, la adquisición en Polonia de un vehículo similar no da lugar normalmente al pago de ninguna tasa, debido a que dicho vehículo ya está matriculado en ese país.
33. En efecto, el tribunal remitente y el Gobierno polaco manifiestan que, en caso de compra en Polonia de un vehículo automóvil nuevo, incumbe al fabricante o al importador de ese vehículo proporcionar el certificado de primera matriculación mediante un formulario obtenido al precio neto de 9,71 PLN. Este precio, así como otros gastos efectuados por el operador en cuestión y ligados a la emisión de dicho certificado se repercuten en el precio final del vehículo.
34. El Gobierno polaco y la Comisión de las Comunidades Europeas ponen de relieve al respecto que el certificado de matriculación, una vez expedido para un vehículo automóvil nuevo, se transmite a todos los propietarios ulteriores del vehículo.
35. Se deduce de ello que la adquisición de un vehículo automóvil usado importado de otro Estado miembro y matriculado por primera vez en Polonia está gravada por la tasa controvertida de 500 PLN, en tanto que la adquisición en Polonia de un vehículo similar no está normalmente gravada por ninguna tasa de matriculación.
36. En consecuencia, es preciso estimar que la tasa controvertida está comprendida en la prohibición del artículo 90 CE, párrafo primero.
37. Habida cuenta de lo expuesto, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 90 CE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una tasa, como la prevista por el apartado 1, punto 1, de la Orden de 28 de julio de 2003, que grava, en la práctica, la primera matriculación de un vehículo automóvil usado importado de otro Estado miembro, y no la adquisición en Polonia de un vehículo automóvil usado en la medida en que éste ya está matriculado en ese país.
Costas
38. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
El artículo 90 CE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una tasa, como la prevista por el apartado 1, punto 1, de la Orden del Ministro de Infraestructuras polaco de 28 de julio de 2003, relativa al importe de la tasa exigible para la obtención del certificado de matriculación de un vehículo, que grava, en la práctica, la primera matriculación de un vehículo automóvil usado importado de otro Estado miembro, y no la adquisición en Polonia de un vehículo automóvil usado en la medida en que éste ya está matriculado en ese país.