61994C0016
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANTONIO LA PERGOLA
presentadas el 18 de mayo de 1995 (
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)
1.
Mediante resolución de 17 de enero de 1994, la Cour de cassation francesa planteó al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Se aplican los artículos 9, 12, 13 y 16 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea a unos “derechos de tránsito” que, destinados a compensar el pago por una empresa privada de los gastos derivados del cumplimiento de la función de servicio público de los servicios de Aduanas y de los servicios veterinarios, no han sido establecidos por el Estado sino que son el resultado de un convenio entre esta empresa privada y sus clientes?»
2.
El presente caso, que dio lugar a la resolución de remisión, puede resumirse de la siguiente forma: Garonor exploitation (en lo sucesivo, «Garonor»), sociedad de derecho privado, dirige en las proximidades de París una estación de transporte internacional por carretera (en lo sucesivo, «TIR») en la que están situadas las oficinas de Aduanas. Previo pago de una renta, Garonor arrendó a Edouard Dubois et fils y a Général cargo services (en lo sucesivo, «Dubois y Cargo»), empresas de transportes, unos locales en la citada estación destinados a oficinas e instalaciones sanitarias. Las empresas arrendatarias tienen también derecho al uso de las infraestructuras viárias y ferroviarias de que está provista la estación. Todo el terreno que ocupa la estación es propiedad de Garonor. La actividad de tal empresa no está subordinada a ningún acto de autorización o de concesión de la autoridad. Además de la renta por el arrendamiento, Dubois y Cargo pagan a Garonor un «derecho de tránsito» a tanto alzado por cada vehículo en tránsito internacional que efectúa las operaciones de despacho de aduanas en la propia estación. El procedimiento principal versa sobre el impago de los «derechos de tránsito» por Dubois y Cargo, las cuales alegan en este caso que tales prestaciones pecuniarias, originariamente destinadas a compensar los gastos efectuados por Garonor por la construcción y mantenimiento de un área de estacionamiento TIR utilizada por los servicios de Aduanas, no tenían razón de ser desde 1981, ya que desde esa fecha los servicios mencionados aceptaron realizar las operaciones de despacho de aduanas en los locales privados de las empresas de transporte.
3.
En la resolución de remisión se expone que los «derechos de tránsito» previstos en las condiciones generales de intervención de Garonor aplicables a cada posible usuario de la estación, constituyen una prestación pecuniaria encaminada a compensar los gastos realizados por esta última empresa para asegurar la presencia de los servicios aduaneros en el interior de la estación. Se precisa igualmente de qué gastos se trata: los de alquiler y mantenimiento de los locales puestos gratuitamente a disposición de los servicios de Aduanas, una parte de los gastos de cantina del personal de los servicios de Aduanas, más los relativos a la utilización de un puente basculante por el citado personal, los de funcionamiento del servicio veterinario instalado en la estación de camiones y los relativos al mantenimiento de un área de estacionamiento a disposición de todos los usuarios de la estación. El Juez a quo afirma que, a excepción de los gastos correspondientes al área de estacionamiento, los «derechos de tránsito» sirven para compensar el pago por Garonor de los gastos derivados del cumplimiento de la función de servicio público de los servicios de Aduanas y los servicios veterinarios. El Juez de remisión explica a continuación, en los considerandos de la resolución que los «derechos de tránsito» no constituyen la compensación por las prestaciones contractuales facilitadas por Garonor a los empresarios de transporte: afirma que, si bien es cierto que el cumplimiento de las formalidades aduaneras en el interior del país resulta ventajoso para los operadores económicos, se trata, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (
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) de un servicio debido a los beneficiarios del mercado común que, por consiguiente, no puede implicar cargas pecuniarias con cargo a los interesados.
4.
En respuesta a la cuestión planteada por el Juez remitente, la Comisión y las empresas Dubois y Cargo alegan la tesis según la cual los «derechos de tránsito» son exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana. Tal afirmación se fundamenta en una interpretación extensiva de las normas invocadas en la resolución de remisión, justificada por dos tipos de observaciones:
a)
la prestación pecuniaria prevista en el presente caso, aunque no sea impuesta por el Estado, es recaudada en su provecho, con el resultado de que el Estado es el verdadero beneficiario;
b)
se deduce además que en el presente caso resulta de aplicación el principio ya enunciado por el Tribunal de Justicia en el asunto Bauhuis, (
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) según el cual «la justificación de la prohibición de las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana reside en los obstáculos que las contribuciones pecuniarias aplicadas —incluso si son mínimas— en razón del cruce de fronteras constituyen para la circulación de mercancías [...]». La prohibición de las exacciones de efecto equivalente debe entenderse también en relación con el caso que se examina, por cuanto, se afirma, los «derechos de tránsito» representan el mismo obstáculo para la circulación de mercancías que las normas de Tratado invocadas pretenden impedir.
5.
A mi juicio, ni uno ni otro de estos argumentos resulta convincente. Alegar que el Estado se beneficia de la prestación pecuniaria aquí considerada, o que ésta genera un obstáculo para la circulación de mercancías, no significa haber demostrado que se trate, a efectos del Tratado, de una carga fiscal equivalente, por sus efectos, a los derechos de aduana. Las disposiciones invocadas en la resolución de remisión prohiben ese tipo de exacción, y no otras, porque pretenden prohibir los efectos equivalentes al derecho de aduanas. El problema que ahora se plantea es demostrar si el hecho de que, en el presente caso, se produzca el efecto considerado en las alegaciones examinadas como equivalente a la imposición de un derecho de aduanas deriva o no de un acto impositivo comprendido en la categoría de las exacciones prohibidas, como el Tratado la define.
Ahora bien, los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente son consideradas en los artículos 9, 12, 13 y 16 del Tratado como actos impositivos, resultantes, como tales, del ejercicio de una facultad reservada al Estado o en todo caso a la autoridad pública. En efecto, los únicos destinatarios de las disposiciones de que se trata son los Estados miembros. Sin embargo, la prestación alegada, contemplada en un convenio entre particulares, no reviste las características de una prestación impuesta. Por otra parte, el sujeto que exige el pago de los «derechos de tránsito» es una empresa mercantil, la cual, según resulta de la resolución de remisión, no pertenece, ni puede reconducirse en modo alguno a la esfera de la organización estatal: y ello, ni siquiera en el sentido bastante amplio en que lo interpreta el Tribunal de Justicia cuando incluye aquí a todo «organismo al que, cualquiera que sea su forma jurídica, le ha sido encomendado, en virtud de un acto de la autoridad pública, el cumplimiento, bajo el control de esta última, de un servicio de interés público y que dispone, a tal efecto, de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares». (
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)
Los «derechos de tránsito» no derivan de la potestad impositiva de un organismo así configurado, y sólo está prohibida la imposición fiscal —el tributo impuesto por la autoridad competente— como exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana. Por consiguiente, considero que procede afirmar que una prestación pecuniaria como la que es objeto del presente recurso no es una exacción de efecto equivalente a efectos de los artículos 9, 12, 13 y 16 del Tratado.
6.
Dicho esto, debo añadir que las alegaciones antes consideradas no agotan, a mi juicio, la posible exposición del problema sometido al Tribunal de Justicia.
El Juez remitente ha promovido la cuestión de interpretación de los artículos 9, 12, 13 y 16 del Tratado sin formular exclusivamente, ni tampoco expresamente, el problema —al que yo por mi parte ya he dado una respuesta negativa— de si los «derechos de tránsito» de que se trata son exacciones prohibidas por tales disposiciones. En consecuencia, la resolución de remisión puede también entenderse en el sentido de que suscita un problema más general. En realidad, lo que se pregunta al Tribunal de Justicia es en qué medida pueden aplicarse las normas del Tratado indicadas en el caso, nuevo y peculiar, de una prestación pecuniaria que grava el paso de las mercancías por la frontera, impuesta por un convenio entre particulares cuya finalidad es cubrir los gastos puntualmente indicados por el Juez a quo generados por el cumplimiento de un servicio público.
En mi opinión, la cuestión planteada impone al Tribunal de Justicia una interpretación de las disposiciones evocadas en la resolución de remisión relacionada no sólo con los derechos de aduana y las exacciones en ellas previstas, sino con todo el significado y valor preceptivo de que están revestidas como normas de tutela de ese principio fundamental del mercado común que es la libre circulación de mercancías.
7.
Veré, por consiguiente, a la luz del criterio que acabo de exponer, en qué medida puede el presente caso estar comprendido en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado. Procede, evidentemente, referirse a los términos, que deben tenerse por ciertos a efectos del presente recurso, con que el Juez remitente precisa el destino específico de los «derechos de tránsito». Los gastos que tal prestación pretende compensar, dice, son precisamente los relacionados con el cumplimiento de los servicios aduaneros y veterinarios. Sin embargo, en el presente caso, son sufragados por sujetos privados: el gerente de la estación asume tales gastos, pero los cubre a su vez con el producto de los «derechos de tránsito» que le pagan los importadores y exportadores a razón de una cantidad a tanto alzado por cada vehículo TIR. El establecimiento de esta última prestación pecuniaria responde, pues, a la necesidad de sufragar los gastos que el Estado ha dejado de cubrir. Además, se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (
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) en la que se ha inspirado el órgano jurisdiccional nacional a la hora de formular su cuestión, que los gastos de mantenimiento de los servicios de que se trata corresponden necesaria y exclusivamente al Estado, el cual no puede, por consiguiente, repercutir el coste a los usuarios imponiéndoles prestaciones pecuniarias. Por otra parte, si bien es cierto que para los operadores económicos puede resultar ventajoso efectuar las operaciones de despacho de aduanas en el interior del país, en la zona en que se encuentra la estación de transporte, el servicio aduanero es —según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia— (
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) un servicio que debe prestarse siempre, sea cual fuere el lugar en que se realice, a los beneficiarios del mercado común y que no puede ser objeto de contrapartida económica.
8.
Dado que el problema se ha planteado en los términos que acabo de indicar, estimo que el Juez a quo solicita esencialmente al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la posible aplicación de las disposiciones que invoca bajo dos aspectos. El primero, ya examinado, es el del incumplimiento de la prohibición de imponer exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana. El otro aspecto, que abordaré a continuación, consiste en apreciar si el obstáculo que constituye para la libre circulación de mercancías la imposición de «derechos de tránsito» deriva del hecho de que el Estado, más que vulnerar la prohibición específica de las medidas fiscales antes mencionadas, ha incumplido la obligación de sufragar los gastos de funcionamiento del servicio público considerado en el caso de autos: esta obligación es la de cubrir íntegramente el coste del servicio con el fin de evitar el riesgo de que el operador privado interesado en el tránsito de las mercancías tenga que hacerse cargo del coste de que se trata.
La necesidad de abordar la cuestión desde este otro aspecto se deduce de las propias consideraciones en que se funda la resolución de remisión. Como es sabido, «los derechos de tránsito» se destinan a compensar los gastos correspondientes a la prestación de los servicios aduaneros y veterinarios. Al fijar así el destino de esta prestación pecuniaria, el Juez a quo parece querer decir que, si los gastos de que se trata hubieran sido asumidos por el Estado, el contrato no habría contemplado «derechos de tránsito» —sean o no considerados como exacciones de efecto equivalente—, y el obstáculo que éstos representan para la libre circulación de mercancías no habría existido.
Este segundo aspecto de la cuestión, al igual que el primero, es inédito en la jurisprudencia. El Tribunal de Justicia, en las sentencias antes citadas, (
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) perfiló ya el concepto de servicio aduanero gratuito y con todo debido a los beneficiarios del mercado interior, en todos los casos por referencia a una carga pecuniaria impuesta por el Estado como una exacción de efecto equivalente, precisamente porque no podía asimilarse al pago de un servicio prestado al interesado. En el caso de autos se trata, por el contrario, de apreciar si la obligación que tiene el Estado de no dejar a cargo de los operadores económicos los gastos de gestión del servicio puede aplicarse, en las circunstancias del presente caso, incluso al margen de la prohibición de los derechos de aduana y de las exacciones de efecto equivalente.
9.
Respecto al fondo del problema, se impone una primera afirmación. Los artículos 9, 12, 13 y 16 del Tratado contemplan expresamente la prohibición de los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente, pero no contienen ninguna disposición análoga relativa a la obligación del Estado de sufragar los gastos. Ahora bien, esta es la obligación que debe acaparar nuestra atención, pues debido a su incumplimiento los gastos correspondientes al servicio de que se trata fueron repercutidos a los operadores económicos. Como he anunciado anteriormente, debe recordarse, a este respecto, el pleno significado que revisten dentro de la sistemática del Tratado las disposiciones invocadas por el órgano jurisdiccional de remisión. Constituyen, sin duda alguna, la expresión de un principio que preside la construcción comunitaria en la que representa un valor fundamental e ineludible: las mercancías deben poder cruzar libremente las fronteras, y ello se da cuando el cruce no implica ninguna obligación pecuniaria para los operadores económicos. Por lo tanto, la prohibición de imponer derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente no es un fin en sí mismo. Como la sentencia Bauhuis, antes citada, ha puesto de manifiesto, la ratio de las disposiciones que establecen dicha prohibición reside en la exigencia de garantizar, conforme a lo previsto en la letra c) del artículo 3, la consecución de un mercado interior efectivo, en el cual los operadores económicos adquieren el derecho a la supresión de los obstáculos al comercio entre los Estados miembros de la Comunidad. Se trata, pues, de una prohibición vinculada a la persecución de una finalidad primordial del Tratado: sólo existe un verdadero mercado común en la medida en que no se ponga ningún obstáculo económico al libre paso de las mercancías por las fronteras. Ahora bien, las disposiciones destinadas a garantizar completamente la circulación de las mercancías se inspiran también en la voluntad de impedir la inacción del Estado tal como se da en el caso de autos, es decir, la inacción que deja a cargo de los particulares el coste de los servicios aduaneros y pone con ello en peligro esta garantía fundamental, aun cuando no se imponga una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana. Es cierto, que la prohibición de tal comportamiento se halla sólo de forma implícita en las disposiciones de que se trata, que no la formulan expresamente: no obstante, precisaré de inmediato que ésta encuentra otro sólido punto de apoyo en las disposiciones expresas de carácter general previstas en el párrafo segundo del artículo 5, según el cual los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado. Procede, pues, considerar las disposiciones invocadas en la resolución de remisión en relación con el artículo 5, habida cuenta del vínculo que une, como se verá más tarde, estas disposiciones en lo que se refiere al régimen aplicable en el presente caso.
10.
Según el enfoque adoptado en el presente caso, el principio de paso libre y gratuito de las mercancías por las fronteras puede ser vulnerado por el Estado tanto en razón de la conducta expresamente prevista y prohibida por los artículos 9, 12, 13 y 16, como por otra medida que, si bien no presenta las características de una exacción de efecto equivalente a derechos de aduana, puede lesionar el interés protegido por estas disposiciones. En esta última hipótesis, el artículo 5 es aplicable como disposición última del sistema, que garantiza de forma general la plena protección de los elementos fundamentales del ordenamiento jurídico comunitario cuando su violación es indirecta, es decir, cuando no puede detectarse basándose en la formulación literal de una disposición específica del Tratado. Si no, habría que admitir que, en el presente caso al igual que en otras situaciones similares, el ordenamiento jurídico comunitario permanece indiferente ante una actitud del Estado que, si bien respeta formalmente una prohibición, conduce sin embargo por sus efectos al resultado prohibido. Allora bien, este no el caso. En el presente asunto, el Estado no puede sustraerse lícitamente a los límites que se deducen de la interpretación de estas normas y que se le imponen debido a la exigencia imperiosa de garantizar la consecución de los fines esenciales del Tratado, como el fin fundamental de la libre circulación de mercancías.
11.
Es indudable que, en estas condiciones, la obligación general enunciada en el párrafo segundo del artículo 5, sólo es tenida en cuenta de manera residual. Cuando la actitud del Estado que lesiona un interés jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico comunitario está regulada de forma específica y completa por otra disposición del Tratado, será ésta exclusivamente la que se aplique al caso. En cambio, las disposiciones del párrafo segundo del artículo 5 pueden ser de aplicación, con carácter subsidiario, para sancionar comportamientos o prácticas del Estado no comprendidos en el ámbito de aplicación de otras normas más específicas que, sin embargo, son contrarios a los objetivos del Tratado. (
7
)
En el presente caso, la obligación de abstenerse de «todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado» debía cumplirse respetando no sólo la prohibición expresa de imponer exacciones de efecto equivalente, sino también —y aquí es donde tiene aplicación el mecanismo previsto por el artículo 5, que sanciona con carácter residual las medidas ilícitas que no estén comprendidas en el ámbito de aplicación de una disposición específica— la interdicción, que está implícita en esta prohibición, de gestionar los servicios de aduanas de manera que perturben el tránsito libre y gratuito de las mercancías que cruzan las fronteras.
Además, procede observar que los fines del Tratado que el párrafo segundo del artículo 5 pretende proteger deben ser deducidos de las diferentes disposiciones del propio Tratado. Sólo el sistema general del cuerpo de normas que definen la organización del mercado común permite al intérprete obtener indicaciones decisivas respecto a los valores que merecen protección en este contexto. Por lo tanto, el párrafo segundo del artículo 5 debe necesariamente ser interpretado y aplicado por el Juez en relación con otras disposiciones del Tratado: como prevé este artículo de forma general, el Estado se abstendrá de cualquier comportamiento que pueda lesionar los bienes o valores jurídicos que en cada supuesto son protegidos por las disposiciones aplicables al caso. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia aboga claramente en este sentido cuando destaca que el párrafo segundo del artículo 5 «establece una obligación general para los Estados miembros, cuyo contenido concreto depende, en cada caso particular, de las disposiciones del Tratado o de las normas que se desprenden de su sistema general». (
8
)
12.
Deseo señalar, por último, que el Tribunal de Justicia ha utilizado ya la disposición del párrafo segundo del artículo 5 exactamente en el sentido en que debería aplicarse en el caso de autos, como norma sanciona-dora de la violación indirecta de normas o de principios que se deducen del sistema general del Tratado. Me remito, a este respecto, a la sentencia dictada en el asunto Comisión/Bélgica. (
9
) En aquel caso, la Comisión imputaba al Reino de Bélgica la violación de la letra b) del artículo 12 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas, según el cual los funcionarios y agentes de la Comunidad no están sujetos a las formalidades de inscripción en el censo en los Estados miembros en que las Instituciones de la Comunidad tienen sus lugares de trabajo. En el presente caso, la disposición objeto de litigio había sido infringida no directamente, mediante el establecimiento de una obligación de registro, sino indirectamente: el Estado demandado imponía a los interesados, por el hecho de no estar registrados, consecuencias fiscales desfavorables. Según el Tribunal de Justicia, tal comportamiento constituía una violación del párrafo segundo del artículo 5 del Tratado en la medida en que tenía por efecto una obligación indirecta de inscripción en el censo, contrariamente a la ratio del artículo 12 antes citado. El párrafo segundo del artículo 5 constituye, pues, el fundamento jurídico idóneo para declarar ilícito el comportamiento del Estado que, aunque sea conforme con el tenor literal de una disposición del Tratado, es, sin embargo, contrario a la finalidad perseguida por esta disposición.
13.
Las razones antes expuestas me llevan a concluir que los artículos 9, 12, 13 y 16 del Tratado en relación con el párrafo segundo del artículo 5 y la letra c) del artículo 3, no sólo establecen la prohibición de los derechos de aduana y de las exacciones de efecto equivalente, sino que obligan también a los Estados miembros a asumir íntegramente los gastos correspondientes a los servicios aduaneros y veterinarios. Sólo esta solución permite evitar que los gastos de que se trata sean repercutidos a los operadores económicos y que las prestaciones pecuniarias destinadas a cubrirlos, aunque hayan sido estipuladas en el marco de convenios entre particulares conduzcan por su lado a obstaculizar el libre paso de las mercancías por las fronteras.
14.
En atención a las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por la Cour de cassation francesa, mediante resolución de 17 de enero de 1994, en los siguientes términos: «Unos “derechos de tránsito” que no han sido creados por el Estado o en todo caso por un organismo dependiente del Estado, sino que resultan de un convenio entre particulares, no constituyen exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana con arreglo a lo previsto en los artículos 9, 12, 13 y 16 del Tratado CE. No obstante, los gastos de funcionamiento de los servicios aduaneros y veterinarios, en la medida en que constituyen un servicio público prestado en interés general, deben ser sufragados íntegramente por el Estado y, por consiguiente, no pueden dejarse a cargo de los operadores económicos. Por lo tanto, es contrario a las disposiciones combinadas del párrafo segundo de la letra c) del artículo 3 y de los artículos 9, 12, 13 y 16 del Tratado, el comportamiento del Estado conduce de cualquier forma a que los particulares tengan que hacerse cargo de tales gastos, aunque sea mediante una prestación pecuniaria prevista en un convenio privado, en relación con el transporte de mercancías que crucen las fronteras de un Estado.»
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*1
)	Lengua originai: italiano.
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1
)	Sentencias de 17 de mayo de 1983, Comisión/Bélgica (132/82, Rec, p. 1649), apartados 13 a 15, y Comisión/Luxemburgo (133/82, Rec, p. 1669), apartados 14 a 16.
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2
)	Sentencia de 25 de enero de 1977 (46/76, Rec. p. 5), apartado 9.
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3
)	Sentencia de 12 de julio de 1990, Foster y otros (C-188/89, Rec. p. I-3313), apartado 20. Además, es ius receptum en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que también una sociedad de derecho privado puede teóricamente ser incluida en el concepto de Estado, y ello en función de criterios como el control efectivo por parte de los poderes públicos, la influencia dominante y la posibilidad de que dispone la autoridad pública de impartirle instrucciones vinculantes, la propiedad, o la participación financiera, la subordinación — administrativa o a través de disposiciones legales—a los poderes públicos, o bien el nombramiento de los miembros del Consejo de administración por parte de los organismos públicos. En tales hipótesis, debe admitirse que un organismo, cualquiera que sea su forma y naturaleza, es estatal, o bien que sus actos son de cualquier forma imputables al Estado. Véanse, al respecto, las sentencias de 24 de noviembre de 1982, Comisión/Irlanda (249/81, Rcc. p. 4005), apartado 15; de 2 de febrero de 1988, Van der Kooy (asuntos acumulados 67/85, 68/85 y 70/85, Rec. p.219), apartados 36 a 38, y de 20 de septiembre de 1988, Beentjes (31/87, Rcc. p. 4635), apartados 11 y 12.
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4
)	Cito al respecto la sentencia de 30 de mayo de 1989, Comisión/Italia (340/87, Rec. p. 1483), apartado 17, en la que el Tribunal de Justicia declaró el incumplimiento de la República Italiana al «cargar [...] a los operadores económicos el coste de los controles y de las formalidades administrativas efectuadas durante una parte de las horas normales de apertura de las oficinas de aduana [...]». Véase tambiéu la sentencia de 5 de febrero de 1976, Bresciani (87/75, Rec. p. 129), apartado 10, en que el Tribunal de Justicia consideró que, en lo que se refiere a la actividad administradora del Estado destinada a la aplicación de un régimen de inspección sanitaria en interés general «los gastos que ocasione [este régimen] deberán ser sufragados por la colectividad pública, que se beneficia, en su conjunto, de la libre circulación de mercancías dentro de la Comunidad».
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5
)	Sentencias Comisión/Bélgica y Comisión/Luxemburgo, citadas en la nota 1 supra, en las que el Tribunal de Justicia formuló el principio según el cual las ventajas que implica la posibilidad de efectuar las operaciones de despacho de aduanas en el interior del país «derivan del cumplimiento de las formalidades aduaneras que, sea cual fuere el lugar en que se realicen, constituyen siempre una obligación». Por otra parte, estas facilidades se conceden «con vistas a incrementar a fluidez en el movimiento de mercancías y facilitar ci transporte en el interior de la Comunidad. En consecuencia, no pueden imponerse cargas de ningún tipo a las facilidades de despacho de Aduanas concedidas en interés del mercado común.»
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6
)	Véanse las notas 1 y 4 supra.
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7
)	Este papel del párrafo segundo del artículo 5 ya fue evocado por los Abogados Generales Sres. Mancini y Tesauro en las conclusiones que presentaron, respectivamente, para las sentencias de 30 de enero de 1985, Comisión/Francia (290/83, Ree. pp. 439 y ss., especialmente p. 442), y de 11 de marzo de 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest y otros (asuntos acumulados C-78/90 a C-83/90, Rec. pp. I-1847 y ss., especialmente p. I-1863). El asunto Comisión/Francia, antes citado, merece una atención especial. En éste, la Comisión exponía !a tesis de que el comportamiento del Estado francés podía ser sancionado mediante la aplicación del párrafo segundo del artículo 5, ya que, si bien desde el punto de vista formal resultaba imposible incluir dicho comportamiento en el concepto de ayuda de Estado, por sus efectos era semejante a una ayuda de este tipo. El Abogado General y el Tribunal de Justicia rechazaron acertadamente tat interpretación. En efecto, la formulación del artículo 92 («[...] serán incompatibles con el mercado común [...] las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualqtrier forma [...]») es lo suficientemente amplia para englobar cualquier comportamiento del Estado que produzca el resultado prohibido por la disposición: por consiguiente, el recurso a la disposición penerai, y subsidiaria, del párrafo segundo del artículo 5 es inútil.
(
8
)	Sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon (78/70, Rec. p. 487), apartado 5. Por otra parte, la necesidad de interpretar y aplicar el artículo 5 en relación con otras normas del Tratado se desprende claramente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia el cual, basándose en las disposiciones combinadas del artículo 5, de la letra f) del artículo 3 y de los artículos 85 y 86, ha sancionado las medidas estatales que puedan menoscabar el efecto útil de las reglas de competencia. Véanse, por ejemplo, las sentencias de 16 de noviembre de 1977, GB-INNO-BM (13/77, Rec. p. 2115), apartados 29 a 31; de 3 de diciembre de 1987, Aubert (136/86, Rec. p. 4789), apartados 22 y 23; de 11 de abril de 1989, Ahmed Saeed Flugreisen y Silver Line Reisebüro (66/86, Rec. p. 803), apartados 48 y 49, y de 17 de noviembre de 1993, Meng (C-2/91, Rec. p. I-5751), apartado 14.
(
9
)	Sentencia de 18 de marzo de 1986 (85/85, Rec. p. 1149), apartado 22.