HILTI / COMISIÓN 
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
(Sala Segunda) 
4 de abril de 1990^ 
En el asunto T-30/89, 
Hilti Aktiengesellschaft, con domicilio social en Schaan (Liechtenstein), represen­
tada por el Sr. Oliver Axster, Abogado de Düsseldorf, y por el Sr. John Pheasant, 
Solicitor, del despacho Loveli, White & Durrant de Bruselas, que designa como 
domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Loesch, 8, rue Zithe, 
parte demandante, 
contra 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Karen Banks, 
miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, asistida por el Sr. Nicholas 
Forwood, QC, Abogado de Inglaterra y País de Gales, que designa como domici­
lio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro de su Servicio 
Jurídico, Centro "Wagner, Kirchberg, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la anulación de la Decisión 88/138/CEE de la Comisión, de 
22 de diciembre de 1987, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 
del Tratado CEE (IV/30.787 y 31.488, Eurofix-Bauco/Hilti, DO L 65, p. 19), 
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda), 
integrado por los Sres. D. Barrington, Presidente de Sala; A. Saggio, C. Yeräris, 
C. P. Briet y B. Vesterdorf, Jueces, 
Secretario: Sr. H. Jung 
dicta el siguiente 
* Lengua de procedimiento: inglés. 
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AUTO DE 4.4.1990 — ASUNTO T-30/89 
Auto 
1 Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de 
marzo de 1988, Hilti AG solicitó, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del 
Tratado CEE, la anulación de la Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 
1987, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del Tratado CEE 
(IV/30.787 y 31.488, Eurofix-Bauco/Hilti, DO L 65, p. 19). 
2 Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 y el 12 
de agosto de 1988, las sociedades Bauco (UK) Limited y Profix Distribution Limi­
ted solicitaron intervenir en el asunto en apoyo de las pretensiones de la Comisión. 
3 El 14 de septiembre de 1988, al presentar sus observaciones sobre dichas demandas 
de intervención, la demandante pidió que se dispensara un trato confidencial, 
frente a las partes coadyuvantes, a determinados pasajes del escrito de ampliación 
del recurso, así como a los documentos anexos al mismo, por razones derivadas 
del respeto del secreto comercial. Por otra parte, la demandante solicitó al Tribu­
nal de Primera Instancia que informara a las partes coadyuvantes que los docu­
mentos procesales puestos a su disposición únicamente podrían utilizarse a los 
efectos del presente procedimiento y exclusivamente para esta finalidad. 
4 Mediante auto de 4 de diciembre de 1989, el Tribunal de Primera Instancia admi­
tió la intervención de las sociedades Bauco y Profix en el asunto. En dicho auto, el 
Tribunal de Primera Instancia reservó su decisión sobre la solicitud de confidencia­
lidad presentada por la demandante debido a que ésta no tuvo ocasión de concre­
tar su petición respecto de los demás documentos procesales distintos del escrito de 
interposición del recurso y de los documentos anexos al mismo. Por consiguiente, 
el Tribunal dé Primera Instancia ordenó que se suspendiera la comunicación de 
actuaciones y escritos procesales a las partes coadyuvantes. Finalmente, el Tribunal 
de Primera Instancia reservó su decisión sobre la petición de la parte demandante 
de que éste informara a las partes coadyuvantes que los documentos procesales 
únicamente podrían utilizarse a efectos del presente procedimiento y exclusiva­
mente para dicha finalidad. 
5 Tras el auto de 4 de diciembre de 1989, la demandante precisó, mediante escrito 
recibido en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de diciembre de 
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HILTI/COMISIÓN 
1989, qué pasajes de las actuaciones y escritos procesales distintos del de interposi­
ción del recurso y de sus anexos debían, según ella, ser objeto de trato confiden­
cial. En la misma comunicación, la demandante reiteró su petición al Tribunal de 
Primera Instancia de que informara a las partes coadyuvantes que las actuaciones y 
escritos procesales únicamente se ponían a su disposición a efectos del presente 
procedimiento y únicamente con tal finalidad. 
6 Mediante carta de 5 de febrero de 1990, la Comisión señaló que algunos de los 
pasajes a que se refería la petición de confidencialidad no estaban, a primera vista, 
cubiertos por los fundamentos invocados por la demandante en apoyo de su pre­
tensión. 
7 En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia acordó solicitar a la parte 
demandante que motivara su petición de manera precisa en relación con cada do­
cumento para el cual reclamaba un trato confidencial. 
s Mediante carta presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 
de febrero de 1990, la demandante satisfizo dicha petición, afirmando que los do­
cumentos para los cuales reclamaba un trato confidencial se dividían en tres cate­
gorías principales, a saber: 
1) los cubiertos por el secreto profesional entre Abogados y clientes («legal profes­
sional privilege») ; 
2) los constituidos por comunicaciones internas de la empresa relativas al conte­
nido de dictámenes jurídicos emitidos por Asesores jurídicos independientes y, 
por tanto, protegidos por dicho secreto profesional; 
3) los que contienen secretos comerciales. 
En lo que respecta a la última categoría, la demandante la subdividió en los si­
guientes apartados: secretos comerciales relativos a la rentabilidad, al volumen de 
negocios, clientela, prácticas comerciales, costos, precios, cuota de mercado, así 
como de otros datos delicados de naturaleza comercial. 
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AUTO DE 4.4.1990 — ASUNTO T-30/89 
9 Con arreglo al apartado 4 del artículo 93 del Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Ins­
tancia, si el Tribunal admitiere la intervención se dará traslado al coadyuvante de 
todas las actuaciones y escritos procesales notificados a las partes. No obstante, a 
petición de parte, el Tribunal podrá excluir de este traslado los documentos secre­
tos o confidenciales. 
io Dicha disposición del Reglamento de Procedimiento sienta, por tanto, el principio 
de que ha de darse traslado a las partes coadyuvantes de todas las actuaciones y 
escritos procesales notificados a las partes. Únicamente, como excepción a este 
principio, la segunda frase del apartado 4 del artículo 93, antes citado, permite 
dispensar un trato confidencial a ciertos documentos procesales y, de este modo, 
excluirlos de la obligación de dar traslado a las partes coadyuvantes. 
11 Para determinar los requisitos con arreglo a los cuales se puede hacer uso de tal 
excepción, es necesario definir, en relación con cada documento procesal para el 
que se solicita la confidencialidad, cómo conciliar, de hecho, la legítima preocupa­
ción de la demandante de evitar que se lesionen sustancialmente sus intereses co­
merciales con la también legítima preocupación de las partes coadyuvantes de dis­
poner de la información necesaria que les permita estar plenamente en condiciones 
de hacer valer sus derechos y de exponer sus tesis ante el Tribunal. Finalmente, 
dentro de este análisis, procede también tener en cuenta determinados principios 
generales del derecho y algunos principios fundamentales como el de la protección 
de la confidencialidad de la correspondencia entre Abogado y cliente. 
12 La primera de las categorías contempladas en el apartado 8 sólo comprende un 
documento. La demandante sostiene que posee un carácter confidencial como do­
cumento que disfruta de la protección legal otorgada a la correspondencia entre 
los Abogados y sus clientes. La demandante pone de manifiesto, a este respecto, 
que, en el procedimiento administrativo previo ante la Comisión, renunció, cara a 
ésta, a invocar dicha protección en relación con determinados documentos, uno de 
los cuales es el documento de que se trata, con el fin de aclarar el contexto de 
otros documentos que figuraban en el expediente de la Comisión. La demandante 
añade que, a pesar de haber renunciado a servirse de tal protección cara a la Co­
misión, hizo reserva expresa de la confidencialidad del documento controvertido. 
Mantiene que sería contrario al orden público dar traslado a las partes coadyuvan­
tes de documentos cubiertos por la protección legal de que goza la corresponden­
cia entre los Abogados y sus clientes, a pesar de haber renunciado, cara a la Comi­
sión, a servirse de tal protección, pero no al carácter confidencial de dichos docu­
mentos. 
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i3 Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 18 de mayo 
de 1982, AM & S contra Comisión, 155/79, Rec. 1982, p. 1575), el Reglamento 
n° 17 del Consejo de 6 de febrero de 1962, primer Reglamento de aplicación de 
los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), ha de 
interpretarse en el sentido de que protege la confidencialidad de la corresponden­
cia entre Abogados y clientes, siempre que, por una parte, se trate de correspon­
dencia intercambiada en relación con el derecho a la defensa del cliente y con tal 
finalidad, y, por otra, que emane de Abogados independientes, es decir, de Aboga­
dos no vinculados al cliente por una relación laboral. En esta misma sentencia, el 
Tribunal de Justicia afirmó que dicha protección, en el ámbito de un procedi­
miento administrativo ante la Comisión, debe entenderse que abarca de pleno de­
recho toda correspondencia intercambiada tras la apertura del procedimiento ad­
ministrativo que pueda conducir a una decisión de aplicación de los artículos 85 y 
86 del Tratado o a una decisión que imponga una sanción pecuniaria a la empresa. 
El Tribunal de Justicia también declaró que dicha protección debía extenderse 
igualmente a la correspondencia anterior que tuviera un vínculo de conexión con 
el objeto de tal procedimiento. 
H En el presente caso, se trata de una carta enviada a la demandante por un Abo­
gado independiente, tras la apertura del procedimiento administrativo ante la Co­
misión, en relación con el derecho a la defensa de la demandante y con tal finali­
dad. Puesto que entra en los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en su 
ya citada sentencia, dicha carta debe, por consiguiente, considerarse confidencial 
en el sentido del apartado 4 del artículo 93 del Reglamento de Procedimiento. De 
ello se desprende que ha de acogerse la petición de la demandante. 
is La segunda categoría de documentos en relación con los cuales se solicita el trato 
confidencial incluye dos documentos, cuyos extractos fueron reproducidos en el 
escrito de contestación. Según la demandante, dichos documentos contienen dictá­
menes jurídicos que le fueron enviados y que disfrutaban en sí mismos de la pro­
tección de las comunicaciones entre el Abogado y su cliente. La demandante alega 
a este respecto que la exposición de tales dictámenes es, por su propia naturaleza, 
confidencial y no debe facilitarse a las partes coadyuvantes. 
16 Procede destacar que del examen de dichos documentos se desprende que, funda­
mentalmente, se trata de notas internas de la empresa que reproducen el contenido 
de los dictámenes jurídicos recibidos de los Asesores jurídicos independientes, y 
por tanto externos. 
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17 Tales dictámenes jurídicos estarían cubiertos por el principio de la protección de la 
confidencialidad enunciado por el Tribunal de Justicia si hubieran sido recibidos 
de Asesores jurídicos independientes mediante comunicación escrita. 
is En el presente caso, parece que tales dictámenes jurídicos fueron reproducidos en 
notas internas, distribuidas dentro de la empresa, a fin de permitir su examen por 
parte del personal directivo. En tal caso, y a pesar de que estos dictámenes jurídi­
cos no se recibieron por correspondencia, procede considerar que el principio de la 
protección otorgada a las comunicaciones entre el Abogado y su cliente no puede 
desconocerse por el simple hecho de que el contenido de dichas comunicaciones y 
dictámenes haya sido reproducido en documentos internos de la empresa. Por 
tanto, habida cuenta de su finalidad, debe considerarse que el principio de la pro­
tección otorgada a las comunicaciones entre Abogado y cliente se extiende tam­
bién a las notas internas que se limitan a reproducir el texto o el contenido de 
dichas comunicaciones. De ello se desprende que la solicitud de tratamiento confi­
dencial presentada por la demandante ha de acogerse siempre que se refiera a estos 
documentos. 
19 La tercera categoría a que se hizo referencia incluye un número bastante impor­
tante de documentos, o extractos de documentos, y de diferentes elementos infor­
mativos. La demandante afirma a este respecto que, en circunstancias normales, la 
comunicación de tales informaciones a un competidor estaría prohibida por el 
apartado 1 del artículo 85 del Tratado CEE. Al disfrutar los secretos comerciales 
de un trato confidencial en el procedimiento administrativo ante la Comisión, con 
arreglo al artículo 20 del Reglamento n° 17/62 antes citado, la demandante alega 
que todos los elementos informativos y documentos de dicha naturaleza deben 
también gozar de un trato confidencial frente a las partes coadyuvantes. Según la 
demandante, de la naturaleza de las informaciones y documentos que constituyen 
el objeto de la petición de confidencialidad se desprende que la demandante posee , 
interés en velar por que no se faciliten a terceros que sean competidores. Su tras­
lado a las partes coadyuvantes lesionaría pues dicho interés de la demandante, a 
pesar de que ésta no esté a priori en situación de evaluar el posible perjuicio. 
20 El examen minucioso, por parte del Tribunal de Primera Instancia, de cada uno de 
los documentos o extractos de documentos que integran esta tercera categoría de 
la petición de confidencialidad pone de manifiesto que un gran número de dichos 
documentos o extractos de ellos entran, por su propia naturaleza, dentro del con­
cepto de «documentos secretos o confidenciales», en el sentido del apartado 4 del 
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artículo 93 del Reglamento de Procedimiento, ya citado. Este mismo examen, 
efectuado según los criterios anteriormente expuestos en los apartados 10 y 11 del 
presente auto, permite comprobar que la aplicación de dicha norma está también 
justificada en lo que respecta a la mayoría de los documentos o extractos de docu­
mentos de que se trata. 
2i Los documentos y extractos de documentos a los que se ha hecho referencia en los 
apartados 14, 18 y 20, habida cuenta de su número, se describen en el anexo I de 
este auto, anexo que forma parte integrante del mismo. 
22 Por el contrario, y a la luz de los mismos criterios, no aparece justificada la aplica­
ción de la segunda frase del apartado 4 del artículo 93 del Reglamento de Procedi­
miento citado en lo que se refiere a los elementos informativos que figuran en los 
siguientes documentos: 
(omissis) 
23 En lo que respecta a la petición de la demandante consistente en que el Tribunal 
de Primera Instancia informara a las partes coadyuvantes que las actuaciones y 
escritos procesales únicamente se ponían a su disposición a efectos del presente 
procedimiento y únicamente con tal finalidad, procede destacar que, en la norma­
tiva que regula el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, no existe 
disposición alguna sobre la que poder fundamentar una medida de dicha natura­
leza. En consecuencia, ha de denegarse la petición. 
En virtud de todo lo expuesto, 
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda) 
resuelve: 
1) Acoger la petición de confidencialidad presentada por la demandante en relación 
con todos los elementos informativos que se reproducen en el anexo I del pre­
sente auto. 
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2) En lo que se refiere a los siguientes elementos de información: 
(omissis) 
denegar la petición de confidencialidad presentada por la demandante. 
3) El Secretario dará traslado a las partes coadyuvantes de una versión no confi­
dencial de todas las actuaciones y escritos procesales. 
4) Se fijará un plazo a las partes coadyuvantes para que expongan, por escrito, los 
fundamentos en los que basan sus pretensiones. 
5) Denegar la petición de la demandante consistente en que el Tribunal de Primera 
Instancia informe a las partes coadyuvantes que los documentos procesales úni­
camente pueden utilizarse a efectos del presente procedimiento y exclusivamente 
con dicha finalidad. 
6) Reservar la decisión sobre las costas. 
Luxemburgo, a 4 de abril de 1990. 
El Secretario 
H. Jung 
El Presidente 
D. Barrington 
Anexo I 
del auto del Tribunal de Primera Instancia 
en el asunto T-30/89 
(omissis) 
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