Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 19 de marzo de 2026    (1)
Asunto C‑339/25
Iulicris Recycling SRL
contra
Ibanfirst SA
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de empresa francófono de Bruselas, Bélgica)]
« Procedimiento prejudicial — Servicios de pago en el mercado interior — Directiva (UE) 2015/2366 — Habilitación de los establecimientos de pago para ejercer servicios auxiliares estrechamente vinculados — Servicio de cambio de divisas — Contratos de futuros flexibles sobre divisas — Directiva 2014/65/UE — Reglamento Delegado (UE) 2017/565 — Servicios de inversión — Instrumentos financieros — Exclusión de los servicios de inversión prestados de forma accesoria por otros profesionales — Exención de la prestación accesoria de servicios de inversión ofrecidos por proveedores de servicios de pago (exemption payment) »
1.        En el litigio del que dimana este reenvío prejudicial se enfrentan dos sociedades: a) una, con sede en Bélgica, actúa como proveedor de servicios de pago (en lo sucesivo, «PSP»), en el sentido de la Directiva (UE) 2015/2366, (2) con autorización de las autoridades belgas; y b) otra, con sede en Rumanía (en lo sucesivo, el «cliente»), utiliza los servicios de la primera para llevar a cabo sus actividades comerciales.
2.        El órgano judicial de reenvío quiere saber si el PSP puede válidamente concluir con el cliente contratos de futuros flexibles sobre divisas, eventualmente sometidos a la disciplina de la Directiva 2014/65/UE (3) y del Reglamento Delegado (UE) 2017/565, (4) cuando el PSP no está autorizado para actuar en calidad de sociedad de inversión, en el sentido de estas dos últimas
normas.
I.      Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
1.      DSP2
3.        El artículo 18 («Actividades») indica:
«1.      Aparte de la prestación de servicios de pago, las entidades de pago estarán habilitadas para llevar a cabo las siguientes actividades:
a)      prestación de servicios operativos o servicios auxiliares estrechamente relacionados, tales como la garantía de la ejecución de operaciones de pago, servicios de cambio de divisas, actividades de custodia y almacenamiento y tratamiento de datos;
[…]
2.      Cuando las entidades de pago se dediquen a la prestación de uno o más servicios de pago, únicamente podrán mantener cuentas de pago que se utilicen de forma exclusiva para operaciones de pago.
3.      Los fondos recibidos por las entidades de pago de los usuarios de servicios de pago con vistas a la prestación de servicios de pago no constituirán depósitos u otros fondos reembolsables a efectos del artículo 9 de la Directiva 2013/36/UE, ni dinero electrónico a efectos del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2009/110/CE.
[…]
5.      Las entidades de pago no podrán llevar a cabo actividades de constitución de depósitos u otros fondos reembolsables en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2013/36/UE.
[…]».
2.      Directiva MiFID II
4.        Con arreglo al artículo 2 («Excepciones»):
«1.      La presente Directiva no se aplicará a:
[…]
c)      las personas que presten un servicio de inversión, cuando dicho servicio se preste de manera accesoria en el marco de una actividad profesional, y siempre que esta última esté regulada por disposiciones legales o reglamentarias o por un código deontológico profesional que no excluyan la prestación de dicho servicio;
[…]».
5.        El anexo I tiene el siguiente tenor:
«LISTA DE SERVICIOS, ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
[…]
SECCIÓN C
Instrumentos financieros
[…]
4)      Contratos de opciones, futuros, permutas (swaps), acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de derivados relacionados con valores, divisas, tipos de interés o rendimientos, derechos de emisión u otros instrumentos derivados, índices financieros o medidas financieras que puedan liquidarse en especie o en efectivo.
[…]».
3.      Reglamento Delegado MiFID II
6.        Su artículo 4, relativo a la prestación de un servicio de inversión de forma accesoria, establece:
«A efectos de la excepción recogida en el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/65/UE, se considerará que se presta un servicio de inversión de forma accesoria en el marco de una actividad profesional cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a)      que exista una conexión estrecha y objetiva entre la actividad profesional y la prestación del servicio de inversión al mismo cliente, de modo que pueda considerarse que el servicio de inversión complementa la actividad profesional principal;
b)      que la prestación de servicios de inversión a los clientes de la actividad profesional principal no tenga por objetivo proporcionar una fuente sistemática de ingresos a la persona que presta la actividad profesional, y
c)      que la persona que desempeñe la actividad profesional no comercialice o promocione su capacidad para ofrecer servicios de inversión, salvo que se comunique a los clientes que estos son complementarios de la actividad profesional principal».
7.        El artículo 10 («Características de otros contratos de derivados relacionados con divisas») reza:
«1.      A efectos del anexo I, sección C, punto 4, de la Directiva 2014/65/UE, otros contratos de derivados relacionados con una divisa no serán un instrumento financiero si el contrato es uno de los siguientes:
a)      un contrato de contado en el sentido del apartado 2 del presente artículo;
b)      un medio de pago que:
i)      deba liquidarse mediante entrega física, excepto por causa de impago u otro evento causante de rescisión,
ii)      sea suscrito por, al menos, una persona que no sea una contraparte financiera en el sentido del artículo 2, apartado 8, del Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, [de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO 2012, L 201, p. 1)],
iii)      sea suscrito con el fin de facilitar el pago de bienes identificables, servicios o inversiones directas, y
iv)      no se negocie en un centro de negociación.
2.      Se entenderá por contrato de contado a efectos del apartado 1 un contrato de canje de una divisa por otra, con arreglo al cual la entrega estará programada dentro del más largo de los plazos siguientes:
[…]
Un contrato no se considerará contrato de contado si, con independencia de sus términos explícitos, existe un acuerdo entre las partes del contrato sobre la necesidad de posponer la entrega de la divisa y de no realizarla en el plazo establecido en el párrafo primero.
[…]».
B.      Derecho nacional
1.      Loi financière (5)
8.        El artículo 2, apartado 1, letra d), contiene una lista de instrumentos financieros análoga a la del punto 4 de la sección C del anexo I de la Directiva MiFID II.
2.      Loi investissement (6)
9.        El artículo 4, apartado 1, excluye de la aplicación del título correspondiente de esta ley a las personas que presten un servicio de inversión en condiciones análogas a las del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva MiFID II.
3.      Loi paiement (7)
10.      El artículo 43, apartado 1,
indica que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13, las entidades de pago estarán autorizadas a ejercer las actividades de prestación de servicios operativos y auxiliares estrechamente relacionados con los servicios de pago, en términos análogos a los del artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2.
II.    Hechos, litigio y pregunta prejudicial
11.      Iulicris Recycling SRL (en lo sucesivo, «Iulicris») es una empresa rumana de reciclaje que factura su chatarra en dólares estadounidenses (USD) y cumple sus obligaciones de pago en leus rumanos (RON).
12.      Ibanfirst SA es un PSP en línea, autorizado por el Banco Nacional de Bélgica desde el 22 de mayo de 2013, que ofrece sus servicios en el ámbito de las transacciones internacionales.
13.      El 1 de julio de 2021, Iulicris abrió una cuenta bancaria en Ibanfirst. Mediante la firma de este contrato,
Iulicris suscribió ciertos servicios, como la apertura de una cuenta de pago multidivisas, la recepción y la emisión de transferencias SEPA (8) y el acceso a la plataforma de Ibanfirst.
14.      Con el fin de reducir el riesgo de tipo de cambio USD/RON, Iulicris también celebró, los días 17, 28 y 30 de septiembre de 2021, tres contratos de futuros flexibles (9) que fijaban los tipos de cambio USD/RON en 4,20 para 3 millones de USD, en 4,22 para 3 millones de USD y en 4,25 para 4 millones de USD, respectivamente.
15.      A partir de marzo de 2022, Ibanfirst activó sucesivas llamadas de margen (margin calls) (10) solicitando a Iulicris la entrega de diversas sumas por este título.
Entre el 9 de marzo de 2022 y el 7 de octubre de 2022, Iulicris entregó a Ibanfirst un total de 894 724 USD y 1 498 000 RON en concepto de márgenes de garantía. (11)
16.      El 26 de octubre de 2022, Iulicris solicitó la renovación, durante un año más, del período de cobertura de los contratos de futuros flexibles.
17.      Ibanfirst indicó que sólo estaba dispuesta a prorrogar los contratos de futuros flexibles por un período adicional de un mes, siempre y cuando se pagasen nuevos márgenes de garantía y se constituyese una garantía financiera.
18.      Iulicris rechazó estas condiciones, recordó a Ibanfirst el importe de las llamadas de margen ya satisfechas y volvió a solicitar que los contratos se prorrogasen durante un año.
19.      El 21 de noviembre de 2022, Ibanfirst informó a Iulicris del vencimiento de los contratos de futuros flexibles y le instó a entregarle las divisas acordadas.
20.      El 28 de febrero de 2023, Iulicris hizo saber a Ibanfirst que los contratos de futuros flexibles
habían sido comercializados infringiendo el orden público e incurrían en nulidad absoluta. Reclamó a Ibanfirst la devolución de las cantidades abonadas en concepto de márgenes de garantía.
21.      El 25 de mayo de 2023, tras haber resultado infructuosos todos los intentos de resolución extrajudicial, Iulicris demandó a Ibanfirst,
solicitando que:
–        se declarase la nulidad de los instrumentos financieros iniciales derivados de los tres contratos de futuros flexibles, de septiembre de 2021, así como la nulidad de todos los instrumentos financieros por los que fueron sucesivamente sustituidos;
–        se ordenase a Ibanfirst devolverle las cantidades abonadas en concepto de márgenes de garantía, de 894 724 USD y 1 498 000 RON.
22.      En este contexto, el Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de empresa francófono de Bruselas, Bélgica) eleva al Tribunal de Justicia la siguiente pregunta prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 18, apartado 1, letra a), de la [DSP2] en el sentido de que, para ser considerados servicios auxiliares estrechamente relacionados que las entidades de pago están habilitadas de pleno derecho para prestar, los contratos de futuros en divisas deben:
a)      cumplir las condiciones aplicables a la excepción prevista en el artículo 10, apartado 1, letra b) (exención de los medios de pago), del Reglamento Delegado [MiFID II] y/o
b)      presentar un carácter accesorio en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva [MiFID II], de modo que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento Delegado [MiFID II]?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
23.      La petición de decisión prejudicial tuvo entrada en el Tribunal de Justicia el 17 de mayo de 2025.
24.      Han presentado observaciones escritas Iulicris, Ibanfirst, los Gobiernos belga y checo, así como la Comisión Europea.
25.      El Tribunal de Justicia no ha considerado imprescindible celebrar una vista.
IV.    Apreciación
A.      Admisibilidad
26.      Ibanfirst alega que la parte a) de la pregunta prejudicial es inadmisible, por innecesaria para resolver el litigio de origen.
A su juicio:
–        Esa parte de la pregunta sólo sería pertinente si el tribunal a quo
considerara previamente que los contratos controvertidos constituyen contratos derivados sobre divisas, en el sentido de la Directiva MiFID II y del artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado MiFID II.
–        Los contratos controvertidos en el litigio no entran, sin embargo, en el ámbito de aplicación del marco jurídico MiFID II.
27.      El Gobierno belga considera que, como el artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado MiFID II
excluye, bajo determinadas condiciones, la calificación de instrumento financiero de los contratos
de derivados
sobre
divisas, no procede plantearse si es aplicable el régimen de control establecido por la Directiva MiFID II. Por tanto, sin discutir directamente la admisibilidad de la parte a) de la pregunta prejudicial, se limita en sus observaciones a responder a la parte b) de esa misma
pregunta.
28.      En mi opinión, la pregunta prejudicial es admisible en toda su extensión. Por un lado, se beneficia de la presunción de pertinencia que el Tribunal de Justicia aplica a las cuestiones prejudiciales planeadas por los jueces nacionales. (12) Por otro lado, la inadmisibilidad denunciada por Ibanfirst es indisociable del examen de fondo de la pregunta.
29.      Aunque el tribunal de reenvío no se pronuncia explícitamente sobre la calificación de los contratos controvertidos, el interrogante que formula [en la letra a) de la primera pregunta prejudicial] atañe a la interpretación de un precepto del Reglamento Delegado MiFID II, que regula las «características de otros contratos de derivados relacionados con divisas».
30.      Pues bien, ese interrogante presupone que, para el tribunal de reenvío, es cuando menos plausible que los contratos controvertidos puedan calificarse de contratos de futuros, eventualmente sujetos a determinadas excepciones previstas en la normativa MiFID II.
31.      En esa misma línea, el tribunal de reenvío resume la controversia afirmando que «la solución del presente litigio depende, pues, de la eventual necesidad de que las entidades de pago que deseen ofrecer, de forma regular y profesional, instrumentos derivados relacionados con divisas en el marco de un servicio auxiliar de cambio, se aseguren de que tales instrumentos pueden acogerse a las exenciones [del artículo 10, apartado 1, del Reglamento Delegado MiFID II] y, por tanto, no constituyen instrumentos financieros en el sentido de MiFID II». (13)
32.      En estas condiciones, estimo que la pregunta prejudicial, en su conjunto, resulta admisible.
B.      Sobre el fondo
1.      Preliminar: naturaleza de los contratos controvertidos
33.      El tribunal de reenvío debe determinar si la autorización de Ibanfirst para actuar como PSP en Bélgica le permitía concluir con Iulicris los contratos de futuros flexibles sobre divisas.
34.      Ibanfirst sostiene
que el artículo 18 de la DSP2 rige en exclusiva su relación jurídica con Iulicris,
también en lo que respecta a los contratos de futuros flexibles sobre divisas. Defienden esta misma posición el Gobierno checo (14) y la Comisión. (15) El Gobierno belga, por su parte, adopta una tesis conciliadora, pues admite que el régimen de la DSP2 es autosuficiente, pero considera que podrían también tomarse en cuenta los criterios de exención de la normativa MiFID II.
35.      Iulicris esgrime, por el contrario, que estos contratos son instrumentos financieros reglados por la normativa MiFID II. (16) Para suscribirlos, Ibanfirst debería disponer de una autorización como entidad prestadora de servicios de inversión.
36.      El reenvío prejudicial demanda afrontar la relación entre la DSP2 y la normativa
MiFID II
sobre un extremo que, hasta ahora, no ha regulado expresamente el legislador de la Unión. El actual cuadro normativo no ofrece una regla clara sobre la posibilidad de que un PSP preste servicios de inversión sin contar con la autorización MiFID II.
37.      Tal regla, por el contrario, se ha establecido para las entidades de crédito autorizadas con arreglo a la Directiva 2013/36/UE (17) que realicen una o varias actividades de inversión, como refleja el artículo 1, apartados 3 y 4, de la Directiva MiFID II.
38.      Habrá que resolver, pues, si resulta necesario que un PSP obtenga una autorización administrativa adicional, como empresa de servicios de inversión, para ofrecer algún servicio
eventualmente sujeto al régimen MiFID II, incluso si brinda ese servicio de manera accesoria a su actividad principal de PSP.
39.      La DSP2, adoptada con base en el artículo 114 TFUE, establece «los requisitos de transparencia y requisitos de información para los servicios de pago» y
«los derechos y obligaciones respectivos de los usuarios de servicios de pago y de los PSP en relación con la prestación de dichos servicios con carácter de profesión u ocupación habitual» [artículo 1, apartado 2, letras a) y b)]. Esta Directiva se aplica, pues, a los servicios de pago.
40.      Por su parte, la Directiva MiFID II, adoptada con base en el artículo 53 TFUE, apartado 1, establece los requisitos aplicables «a las autorizaciones y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión» y «a la prestación de servicios de inversión o la realización de actividades de inversión por parte de empresas de terceros países a través del establecimiento de una sucursal» [artículo 1, apartado 2, letras a) y b)].
41.      El ámbito de aplicación de la Directiva
MiFID II es tributario del concepto de «instrumento financiero», en la medida en que
los «servicios y actividades de inversión» a los que se aplica deben versar sobre los instrumentos enumerados en su anexo I, sección C, que comprende, junto a otros, los contratos de futuros.
42.      Pese a las diferencias entre los marcos normativos que rigen los servicios de pago y los servicios de inversión, en la práctica es frecuente que se produzcan interacciones: empresas de servicios de pago ponen a disposición de sus clientes (en principio, de forma accesoria a su actividad principal) la comercialización de algunos instrumentos financieros relacionados con esa actividad principal.
43.      Así ocurre en este caso. Ibanfirst, que es un PSP, ha ofrecido a un cliente (Iulicris) un instrumento financiero complementario (contratos de futuros flexibles sobre divisas) que podría entrar potencialmente en el ámbito de la Directiva MiFID II.
44.      A mi modo de ver, los contratos de futuros flexibles sobre divisas celebrados entre Ibanfirst y Iulicris son calificables como
instrumentos financieros, esto es, instrumentos en principio sometidos a la Directiva MiFID II.
45.      La Directiva MiFID II
no ofrece una definición general de «instrumento financiero», sino que opta por llevar a su anexo I el catálogo de los instrumentos financieros a los que se aplica. En la sección C de ese anexo, punto 4, se califican de instrumentos financieros los contratos de opciones, futuros y otros contratos de derivados.
46.      La legislación de la Unión tampoco
define los contratos de futuros, pero el Tribunal de Justicia ha admitido por tales los que resultan de su «[…] acepción habitual en derecho financiero». (18)
47.      El Tribunal de Justicia, sobre esta base, ha indicado que «el contrato de futuros es un tipo de contrato de derivados mediante el cual dos partes se obligan la una a comprar y la otra a vender, en una fecha posterior, un activo denominado “subyacente” a un precio que se fija en el momento de la celebración del contrato». (19)
48.      Aunque esta definición correspondía a la Directiva 2004/39/CE, (20) predecesora de la Directiva MiFID II, dado que los
catálogos de instrumentos financieros de ambas son similares, puede acogerse para interpretar la Directiva MiFID II.
49.      Los contratos entre Ibanfirst y Iulicris, controvertidos en el litigio principal, se denominan contratos de futuros flexibles (lo que, de suyo, es bastante significativo) y, en mi opinión, repito, encajan en la definición de contratos de futuros de la que se sirve el Tribunal de Justicia, ya que:
–        En esos contratos, que parecen atenerse al modelo FX (derivados Forex o Foreign Exchange),
las partes intentan
reducir el riesgo ligado a las variaciones del tipo de cambio, especialmente el riesgo al que está expuesta Iulicris, empresa que opera en RON, pero realiza muchas de sus ventas y transacciones en USD.
–        Durante la relación contractual generada por los contratos controvertidos,
Ibanfirst ha dirigido a Iulicris dos llamadas de margen
(margin calls),
exigiéndole el depósito de fondos adicionales, porque el capital en la cuenta había caído por debajo del margen de mantenimiento,
a causa de las pérdidas ocasionadas por las variaciones del tipo de cambio entre el USD y el RON.
50.      Todo parece indicar, pues, que los contratos de futuros flexibles sobre divisas controvertidos en el litigio de origen son instrumentos financieros, en el sentido de la Directiva MiFID II.
51.      A partir de esa premisa, habrá que analizar si, mediante esos contratos, Ibanfirst prestaba a Iulicris un servicio característico de una actividad de inversión, si bien ejercida de forma accesoria a su actividad principal (siendo la actividad de servicios de pago en línea con cambio de divisas la que
Ibanfirst realizaba con carácter principal).
52.      Ese análisis precisará interpretar el artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2, en sí mismo y, en su caso, combinado con el artículo 2 de la Directiva MiFID II y los artículos 4 y 10 del Reglamento Delegado MiFID II.
2.      Interpretación del artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2
53.      El tribunal de reenvío pide, en síntesis, al Tribunal de Justicia que interprete el artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2.
54.      En particular, quiere saber si, «para ser considerados servicios auxiliares estrechamente relacionados que las entidades de pago están habilitadas de pleno derecho para prestar», los contratos de futuros en divisas deben:
–        cumplir las condiciones aplicables a la excepción prevista en el artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado MiFID II;
–        presentar un carácter accesorio en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva MiFID II, de modo que cumplan las condiciones del artículo 4 del Reglamento Delegado MiFID II.
55.      Con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2, «[a]parte de la prestación de servicios de pago, las entidades de pago estarán habilitadas para llevar a cabo […] servicios auxiliares estrechamente relacionados, tales como […] servicios de cambio de divisas […]».
56.      La noción de «servicios auxiliares estrechamente relacionados» con la prestación de servicios de pago no contiene ninguna remisión a los derechos internos de los Estados miembros. La aplicación uniforme del derecho de la Unión y el principio de igualdad exigen que el tenor de una disposición del derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente deba ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme. (21)
57.      Como la DSP2 no define el concepto de «servicios auxiliares estrechamente relacionados» con la prestación de servicios de pago, tal noción debe interpretarse de conformidad con su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (22)
a)      Interpretación literal
58.      El artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2 incluye de modo específico, entre los servicios auxiliares estrechamente relacionados con la prestación de los servicios de pago, los servicios de cambio de divisas. (23)
59.      El litigio de origen ofrece un ejemplo de este servicio auxiliar. La entidad que presta los servicios de pago (Ibanfirst) ofrece también a su cliente (Iulicris) el servicio, auxiliar y estrechamente relacionado, del cambio de divisas, porque este cliente recibe los pagos en USD y opera con RON.
60.      Así pues, los servicios de cambio de divisas pueden, sin dificultad, calificarse de servicios auxiliares estrechamente relacionados con la prestación del servicio de pago.
61.      Ahora bien, el precepto examinado no permite, por sí mismo, dilucidar si esta calificación también es viable cuando el servicio de cambio de divisas va acompañado de un contrato de futuros, pactado entre las partes para gestionar la cobertura del riesgo inherente a la evolución de los tipos de canje de divisas.
62.      El artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2, pues, no sirve de gran ayuda, desde el punto de vista textual, para
resolver cuándo un contrato de futuro, que es en sí mismo un instrumento financiero, puede calificarse de servicio auxiliar estrechamente relacionado con la actividad principal de los PSP.
63.      En efecto, el artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2:
–        no contiene ninguna referencia ni reenvío a las condiciones de la exención del artículo 10 del Reglamento Delegado MiFID II;
–         tampoco se refiere a las disposiciones sobre el carácter accesorio de la comercialización de determinados instrumentos financieros,
que contienen los artículos 2, apartado 1, letra c), de la Directiva MiFID II
y 4 del Reglamento Delegado MiFID II. En sentido inverso, estas dos últimas normas reguladoras de los servicios de inversión no incorporan ninguna remisión expresa al artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2.
64.      No hay, en suma, desde el punto de vista literal, base para propiciar en este caso una interpretación combinada del artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2
con la Directiva MiFID II y el Reglamento Delegado MiFID II.
Por lo demás, la propuesta de modificación de la DSP2 (24) mantiene una disposición idéntica al artículo 18, sin aludir a la Directiva MiFID II.
b)      Interpretación sistemática
65.      Desde la perspectiva sistemática, podría auspiciarse una interpretación del artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2 en sintonía con las disposiciones pertinentes de la Directiva MiFID II y del Reglamento Delegado MiFID II.
66.      Ese intento de interpretación combinada presenta, sin embargo, no pocos obstáculos. Las normas MiFID II se han adoptado en relación con la prestación de servicios de inversión, por lo que tienen una lógica distinta y se aplican a situaciones diferentes.
67.      El artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado MiFID II establece que, a efectos del anexo I, sección C, punto 4, de la Directiva MiFID II, «[…] otros contratos de derivados relacionados con una divisa no serán un instrumento financiero, si el contrato […]» es un medio de pago que cumple determinados requisitos. (25)
68.      Los contratos beneficiados por esta excepción son aquellos cuyo objeto principal es la creación de un medio de pago que asegura el tipo de cambio entre dos divisas diferentes. No tienen por objeto principal una inversión, sino que complementan una operación de pago en la que se utilizan diferentes divisas.
69.      Este tipo de contratos de derivados sobre divisas no se consideran, repito, instrumentos financieros
en el marco MiFID II, aunque sí tengan, intrínsecamente, ese carácter. Las entidades que los comercializan no deben, pues, obtener autorización administrativa como sociedad de inversión en el marco de la Directiva MiFID II.
70.      Ahora bien, la exención que acabo de comentar
es diferente a la establecida por el artículo 18 de la DSP2: el
artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado MiFID II menciona un tipo específico de contrato sobre divisas, mientras que el artículo 18 de la DSP2 se refiere a todos los servicios de cambio de divisas, sin excepción. Por eso, la aplicación combinada de ambas normas conduciría a una limitación injustificada del ámbito de aplicación del artículo 18 de la DSP2. (26)
71.      Tampoco puede utilizarse la exención recogida en el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva MiFID II (27) para interpretar el artículo 18 de la DSP2. Esa exención
de la Directiva MiFID II no es comparable con la previsión del artículo 18 de la DSP2, por dos razones:
–        En primer lugar, aunque la terminología se parece, el artículo 18 de la DSP2 incluye en el ámbito de aplicación de esta
Directiva ciertos servicios auxiliares y estrechamente relacionados con los servicios de pago. Por contra, el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva MiFID II
excluye de su ámbito de aplicación servicios de inversión prestados de manera accesoria por empresas cuya actividad principal
y habitual no es la de ofrecer servicios de inversión.
–        En segundo lugar, supeditar la aplicación del artículo 18 de la DSP2 al respeto del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva MiFID II
conllevaría una limitación del ámbito de aplicación de la DSP2: únicamente los servicios de inversión podrían constituir servicios accesorios y estrechamente vinculados a la prestación de servicios de pago. El artículo 18 de la DSP2, como ya he señalado, menciona de modo específico, como auxiliares y estrechamente vinculados a la prestación de servicios de pago, servicios que pueden no incluir instrumentos financieros, como es el caso de los servicios de custodia y los de tratamiento y almacenamiento de datos.
c)      Interpretación finalista
72.      El artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2, al aludir a los servicios auxiliares estrechamente relacionados con los servicios de pago que los PSP brindan a sus clientes, pretende que la prestación de aquellos servicios quede incluida y cubierta por las autorizaciones administrativas bajo las que operan los PSP.
73.      En el mismo sentido, el artículo 18, apartado 4, de la DSP2, que regula las condiciones en las que un PSP puede conceder un crédito, precisa que ese crédito debe estar vinculado a los servicios de pago prestados al cliente y, además, debe tratarse de «un crédito subordinado concedido exclusivamente en relación con la ejecución de una operación de pago». (28)
74.      El sentido de estas disposiciones de la DSP2 es facilitar y no entorpecer la actividad de los PSP. Su objetivo lo describía la Directiva 2007/64/CE (29) en términos que siguen siendo aplicables a la DSP2, que sustituyó a aquélla adaptando su contenido a los cambios acaecidos en el ámbito de los servicios de pago como consecuencia del desarrollo tecnológico y de la innovación financiera. (30)
75.      El objetivo al que obedece el artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2 es, repito, facilitar que, cuando los servicios de pago requieran operaciones comerciales con divisas, la autorización para operar como PSP sea suficiente y no haya necesidad de obtener una
autorización distinta.
76.      En consonancia con este objetivo, es lógico interpretar el artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2 admitiendo que forman parte de los «servicios de cambio de divisas» no sólo las transacciones que estrictamente implican la conversión de una cantidad de dinero de una divisa a otra, sino también las operaciones adicionales que cubren el riesgo futuro de la variación en el tipo de cambio.
77.      Si se interpretan en estos términos los servicios de cambio de divisas (en cuanto servicios auxiliares estrechamente relacionados con la actividad de los proveedores
de servicios de pago), los PSP estarán en condiciones de ofrecer a sus clientes el acceso a una mejor prestación de los servicios de pago: el cambio de divisa se verá fortalecido con la cobertura adicional del riesgo de variación de los tipos.
78.      Entiendo, en suma, que el criterio teleológico resulta
determinante para atraer al ámbito del artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2 tanto las operaciones de cambio de divisas, en sí mismas consideradas, como los contratos de futuros que aseguren la cobertura de esas operaciones frente al riesgo de variación de los tipos de cambio.
79.      En esa misma medida, la autorización para operar como PSP confiere a su titular el derecho a prestar los servicios de cambio de divisa, complementados en su caso con los contratos de futuros que aseguren los riesgos de variación de los tipos propios de esta operación, sin necesidad de exigirle una autorización distinta para hacerlo.
80.      Si esto es así, resultará innecesario acudir al examen de los objetivos de la Directiva MiFID, (31) que difieren de los de la DSP2 en cuanto atañen a las empresas de inversión. Las disposiciones de ambas Directivas, en lo que concierne a su finalidad, deben ser objeto de una interpretación separada.
d)      Conclusión intermedia
81.      A tenor de lo expuesto, considero que el artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2 debe interpretarse en el sentido de que, para calificarlos
de servicios auxiliares estrechamente relacionados con la prestación de los servicios de pago, los servicios de cambio de divisas que incluyan contratos de futuros deben cumplir las condiciones previstas en aquella disposición. No es necesario, a estos efectos, que se atengan a las exigencias previstas en el marco jurídico
MiFID II.
3.      Relevancia de la normativa MiFID II para la comercialización, por parte de los PSP, de contratos de futuros flexibles sobre divisas
82.      Lo hasta aquí expuesto basta, en principio, para responder a la pregunta prejudicial: el artículo 18, apartado 1, letra a) de la DSP2 permite a los PSP ofrecer contratos de futuro como los controvertidos, sin necesidad de una (nueva) autorización administrativa para operar en calidad de proveedores de servicios de inversión sujetos a la normativa MiFID II.
83.      Ahora bien, a la vista del contenido de la petición de decisión prejudicial, esa respuesta quedaría probablemente incompleta si omitiese examinar la eventual incidencia en el asunto de autos de las normas de la Directiva MiFID II y del Reglamento Delegado MiFID II a las que alude la decisión de reenvío.
84.      Se trataría, pues, de apreciar si se dan en este asunto las condiciones para excluir del ámbito de aplicación de la Directiva MIFID II
y del Reglamento Delegado MiFID II
el servicio prestado por Ibanfirst a Iulicris.
85.      Así sucedería si ese servicio, tras ser calificado de «servicio de inversión» (en cuanto comprende un instrumento financiero como el contrato de futuros):
–        se hubiera prestado de manera accesoria en el marco de una actividad profesional, y siempre que esta última esté regulada por disposiciones legales o reglamentarias que no excluyan la prestación de dicho servicio [artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva MiFID II]; o
–        incluyera contratos de derivados relacionados con una divisa que tengan las características a las que se refiere el artículo 10, apartado 1, del Reglamento Delegado MiFID II.
86.      Siguiendo el orden del reenvío prejudicial, abordaré en primer lugar la eventual incidencia del artículo 10, apartado 1, del Reglamento Delegado MiFID II.
a)      Contratos de derivados relacionados con divisas que no se consideran instrumentos financieros, según el artículo 10, apartado 1, del Reglamento Delegado MiFID II
87.      Cuando se celebra un contrato de derivados relacionado con divisas y su contenido encaja en los términos del artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado MiFID II, esta norma dispone que no se considerará
instrumento financiero.
88.      Las condiciones de aplicación de ese precepto implican que el contrato de derivados relacionado con divisas «sea» un medio de pago que: i) deba liquidarse mediante entrega física; ii) lo suscriba, al menos, una persona que no sea contraparte financiera; iii) tenga por fin facilitar el pago de bienes identificables, servicios o inversiones directas, y iv) no se negocie en un centro de contratación.
89.      Ya he expuesto por qué entiendo que el artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2 habilita a los PSP, de manera autónoma, para prestar a sus clientes los servicios de cambios de divisas (también si incorporan un contrato de futuros). No es necesario, pues, que se cumplan a estos efectos los requisitos del Reglamento Delegado MiFID II.
90.      Si se optara por la solución contraria, el tribunal de reenvío, a cuya disposición se hallan todas las cláusulas de los contratos controvertidos en este caso, debería evaluar el cumplimiento de los cuatro requisitos específicos que exige el artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado MiFID II, para excluir la presencia de un instrumento financiero. El auto de reenvío no ofrece suficiente información a este respecto.
b)      Inaplicación de la Directiva MiFID II a servicios de inversión prestados de manera accesoria en el marco de una actividad profesional
91.      La Directiva 2004/39, predecesora de la Directiva MiFID II, contaba con un precepto análogo al artículo 2, apartado 1, letra c), de esta última, que fue interpretado por el Tribunal de Justicia.
92.      La sentencia Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag y otros (32) versaba sobre el
asesoramiento
financiero a una inversión
de
capital,
facilitado
en
el marco
de
una
mediación
de
seguros
relativa
a
la
celebración
de
un
contrato de
seguro
de
vida
de
capital. El Tribunal de Justicia concluyó que esa actividad estaba comprendida
en
el
ámbito
de
aplicación
de la
Directiva
2002/92/CE (33) y
no
en
el
de
la
Directiva
2004/39.
93.      De esa sentencia se pueden deducir consecuencias útiles para este asunto, en cuanto que:
–        En principio, el asesoramiento financiero podría estar comprendido en el ámbito de aplicación material de la Directiva 2004/39, pues constituye un «servicio de inversión». El intermediario de seguros puede calificarse de «empresa de inversión» cuando proporciona ese asesoramiento como profesión o actividad habitual.
–        No obstante, el artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/39 excluía de su ámbito de aplicación a las personas que prestasen un «servicio de inversión realizado de manera accesoria en el marco de una actividad profesional, siempre que esta última esté regulada por disposiciones legales o reglamentarias o por un código deontológico profesional que no excluyan la prestación de dicho servicio».
–        La
actividad
profesional
de
un
intermediario de
seguros
consiste,
conforme
al
artículo
2,
punto
5,
de
la
Directiva
2002/92, en
la
mediación
de
seguros.
Cuando
tal
intermediario
proponga,
entre
los productos
de
seguro
disponibles,
un
producto
como
el
seguro
de
vida
de capital,
deberá
considerarse
que
el asesoramiento
sobre
la
inversión
del
capital
a
la que
se
refiere
ese
producto
se presta
con
carácter
accesorio,
dado
que
se
realiza
en
el marco
de
una
actividad
de
mediación
relativa
a
la
celebración
de
un
contrato de
seguro,
actividad
que
está
sujeta
a
las
disposiciones
legales
del
derecho de la Unión, es decir, las de la Directiva 2002/92. (34)
94.      Siguiendo la misma lógica de la sentencia Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag y otros, se pueden deducir estas consecuencias:
–        La actividad principal de un PSP (como Ibanfirst) es la prestación de servicios de pago, según el artículo 1 de la DSP2, cuyas disposiciones se aplican al ejercicio de esta actividad. Su artículo 18 permite a las entidades de pago prestar servicios auxiliares estrechamente vinculados a los servicios de pago, como la prestación de servicios de cambio de divisas, en los términos que antes he indicado.
–        Si, en principio, los contratos de futuros que complementan la prestación del servicio de pago podrían calificarse de actividades de inversión,
el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva MiFID II excepciona de su ámbito de aplicación los servicios de inversión que se presten de manera accesoria en el marco de una actividad profesional regulada.
–        El concepto de accesoriedad de los servicios de inversión ha sido desarrollado por el artículo 4 del Reglamento Delegado MiFID II, que impone tres condiciones para que se pueda poner en práctica la excepción recogida en el artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva MiFID II.
95.      A tenor del artículo 4 del Reglamento Delegado MiFID II, «[…] se considerará que se presta un servicio de inversión de forma accesoria en el marco de una actividad profesional cuando se cumplan las siguientes condiciones:
a)      que exista una conexión estrecha y objetiva entre la actividad profesional y la prestación del servicio de inversión al mismo cliente, de modo que pueda considerarse que el servicio de inversión complementa la actividad profesional principal;
b)      que la prestación de servicios de inversión a los clientes de la actividad profesional principal no tenga por objetivo proporcionar una fuente sistemática de ingresos a la persona que presta la actividad profesional, y
c)      que la persona que desempeñe la actividad profesional no comercialice o promocione su capacidad para ofrecer servicios de inversión, salvo que se comunique a los clientes que estos son complementarios de la actividad profesional principal».
96.      De nuevo he de reiterar las consideraciones que antes he efectuado sobre la autonomía del artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2, cuya aplicación no requiere el cumplimiento de las normas MiFID II.
97.      Si no se aceptara esa premisa, correspondería al tribunal de reenvío, que dispone de todos los datos al respecto, dilucidar si en el asunto de autos se cumplen las tres condiciones del artículo 4 del Reglamento Delegado MiFID II. Por mi parte, me limitaré a destacar que:
–        Existe una conexión estrecha y objetiva entre la actividad profesional de Ibanfirst, en cuanto PSP, y la prestación del servicio de inversión consistente en complementar el servicio de pagos mediante cambio de divisas (actividad profesional principal) con un contrato de futuros. Los contratos de futuros flexibles sobre divisas constituyen, desde esta perspectiva, un servicio estrechamente relacionado con la prestación de servicios de pago.
–        Resulta más dudoso que, en este caso, la prestación del servicio de inversión a los clientes de su actividad profesional principal no constituya una fuente sistemática de ingresos para un PSP como Ibanfirst.
–        Pueden, asimismo, albergarse dudas sobre si Ibanfirst comercializa o promociona su capacidad para ofrecer servicios de inversión y, de ser así, si comunica a sus clientes que esos servicios son complementarios de su actividad principal como PSP.
98.      De cualquier manera, incluso si no se dieran esas tres condiciones (o alguna de ellas) y el servicio controvertido no pudiera calificarse de servicio de inversión prestado de manera accesoria, en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva MiFID II, desarrollado por el artículo 4 del Reglamento Delegado MIFID II, insisto en que no por ello dejaría de aplicarse el artículo 18 de la DSP2 al caso de autos.
V.      Conclusión
99.      A tenor de lo expuesto, sugiero responder al Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunal de empresas francófono de Bruselas, Bélgica) de la manera siguiente:
«El artículo 18, apartado 1, letra a), de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE,
debe interpretarse en el sentido de que:
las entidades que cuenten con la autorización requerida para actuar como proveedores de servicios de pago están habilitadas para prestar servicios auxiliares estrechamente relacionados con la prestación de servicios de pago, tales como los servicios de cambios de divisas que incluyan contratos de futuros flexibles sobre esas divisas.
A estos efectos no son aplicables:
–        El artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE.
–        Los artículos 4 y 10, apartado 1, letra b), del Reglamento
Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva».
1      Lengua original: español.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE (DO 2015, L 337, p. 35). En lo sucesivo, «DSP2».
3      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO 2014, L 173, p. 349). En lo sucesivo, «Directiva MiFID II».
4      Reglamento Delegado de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DO 2017, L 87, p. 1). En lo sucesivo_«ReglamentoDelegadoMFID II».
5      Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers du 2 août 2002 (Moniteur belge de 4 de septiembre de 2002, p. 39121).
6      Loi relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement du 25 octobre 2016 (Moniteur belge de 18 de noviembre de 2016, p. 76915).
7      Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement du 11 mars 2018 (Moniteur belge de 26 de marzo de 2018, p. 29444).
8      SEPA es el acrónimo en inglés de la Single Euro Payment Area (Zona única de pagos en euros). La SEPA es el área en la que ciudadanos, empresas y otros agentes económicos pueden efectuar y recibir pagos en euros en Europa, dentro y fuera de las fronteras nacionales, en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones, independientemente del lugar en que se encuentren. Constituye un elemento esencial del mercado interior de pagos.
9      El auto de reenvío, redactado en francés, denomina a estos contratos «contrats à terme flexible». Entre los instrumentos financieros a los que se refiere el punto 4 de la sección C del anexo I de la Directiva MIFID II figuran los «contrats à terme».
10      Sobre el concepto de margin call, véase la nota 11.
11      En los contratos de futuros, el margen inicial o margen de garantía es el importe mínimo que se ha de depositar para abrir una posición. Ese margen actúa como garantía contra pérdidas, no como pago total. El margen de mantenimiento es el saldo mínimo que se debe mantener en la cuenta mientras la posición está abierta. Si ese saldo cae por debajo del margen de mantenimiento establecido, se activa una llamada de margen (margin call) para requerir fondos adicionales, hasta recuperar el margen inicial. En la llamada de margen se advierte a la parte que ha de reponer el saldo y que, si no se añaden fondos (o se cierran posiciones), se cerrará automáticamente la operación para cubrir el riesgo. La llamada de margen funciona como una advertencia crítica de riesgo y constituye una medida para asegurar la liquidez y estabilidad del mercado, permitiendo operar con apalancamiento.
12      Sentencias de 13 de noviembre de 2025, Inteligo Media (C‑654/23, EUC:2025:871), apartado 71; y de 15 de junio de 2021, Facebook Ireland y otros (C‑645/19, EU:C:2021:483), apartado 115.
13      Auto de reenvío, parte III (Discusión),
in fine. Sin cursiva en el original.
14      En sus observaciones escritas (apartados 5 y 12), el Gobierno checo propugna que los contratos de futuros sobre divisas no tienen que cumplir más condiciones que las enunciadas en el artículo 18, apartado 1, de la DSP2.
Sólo si no se cumplieran esas condiciones podrían entrar en juego las excepciones recogidas en la normativa MiFID II.
15      En sus observaciones escritas (apartado 82), la Comisión sostiene que, para saber si la autorización otorgada a una entidad de pagos a título de la DSP2 puede cubrir la conclusión de los contratos de futuros flexibles, hay que atender a las condiciones del artículo 18 de la DSP2 y no a la reglamentación MiFID II.
16      Apartado 33 de las observaciones escritas de Iulicris.
17      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).
18      Sentencia de 3 de diciembre de 2015, Banif Plus Bank (C‑312/14, EU:C:2015:794), apartado 69.
19      Sentencia de 3 de diciembre de 2015, Banif Plus Bank (C‑312/14, EU:C:2015:794), apartado 69.
20      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas
85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, L 145, p. 1).
21      Sentencias de 30 de marzo de 2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (C‑34/21, EU:C:2023:270), apartado 40; y de 2 de junio de 2022, HK/Danmark y HK/Privat (C‑587/20, EU:C:2022:419), apartado 25.
22      Sentencias de 30 de marzo de 2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer (C‑34/21, EU:C:2023:270), apartado 41; y de 2 de junio de 2022, HK/Danmark y HK/Privat (C‑587/20, EU:C:2022:419), apartado 26.
23      Además del servicio de cambio de divisas, el artículo 18, apartado 1, letra a), de la DSP2 menciona expresamente como servicios auxiliares y estrechamente relacionados con la prestación de servicios de pago «[…] la garantía de la ejecución de operaciones de pago […], actividades de custodia y almacenamiento y tratamiento de datos».
24      Artículo 10, apartado 1, de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios de pago y los servicios de dinero electrónico en el mercado interior y por la que se modifica la Directiva 98/26/CE y se derogan las Directivas (UE) 2015/2366 y 2009/110/CE, documento COM(2023) 366 final, de 28 de junio de 2023.
25      Ese medio de pago debe: i) liquidarse mediante entrega física, excepto por causa de impago u otro evento causante de rescisión; ii) ser suscrito por, al menos, una persona que no sea una contraparte financiera en el sentido del artículo 2, apartado 8, del Reglamento n.º 648/2012; iii) ser suscrito con el fin de facilitar el pago de bienes identificables, servicios o inversiones directas, y iv) no ser negociado en un centro de negociación.
26      Como señala la Comisión en sus observaciones escritas (apartados 63 y 64), el artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado MiFID II limita la exención a los contratos de derivados sobre divisas suscritos por, al menos, una persona que no sea una contraparte financiera en el sentido del artículo 2, apartado 8, del Reglamento n.º 648/2012. Ello implicaría excluir del artículo 18 de la DSP2 las operaciones de cambio de divisas celebradas entre dos entidades financieras, cuando esta exclusión no aparece en absoluto en esta última norma.
27      Con arreglo a él, la Directiva MiFID II no se aplica a «las personas que presten un servicio de inversión, cuando dicho servicio se preste de manera accesoria en el marco de una actividad profesional, y siempre que esta última esté regulada por disposiciones legales o reglamentarias o por un código deontológico profesional que no excluyan la prestación de dicho servicio».
28      El cuadragésimo considerando de la DSP2 afirma que ésta regula «[…] la concesión de créditos por las entidades de pago, a saber, la concesión de líneas de crédito y expedición de tarjetas de crédito, solamente en la medida en que esa actividad esté estrechamente ligada a servicios de pago».
El referido considerando añade que
«[…] sólo si el crédito se concede para facilitar servicios de pago y se trata de un crédito a corto plazo concedido por un período no superior a doce meses, incluso de modo rotativo, procede permitir que las entidades de pago concedan dichos créditos en relación con sus actividades transfronterizas, con la condición de que se refinancien principalmente utilizando los fondos propios de la entidad de pago, así como otros fondos procedentes de los mercados de capitales, y no los fondos mantenidos por cuenta de clientes para operaciones de
pago […]».
29      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE (DO 2007, L 319, p. 1).
30      Con arreglo al considerando cuarto de la Directiva 2007/64, se trataba de «[…] establecer a escala comunitaria un marco jurídico moderno y coherente para los servicios de pago […] que sea neutr[o] y garantice la igualdad de condiciones para todos los sistemas de pago, con el fin de preservar la elección del consumidor, y que debe suponer para el consumidor un avance considerable en términos de coste, seguridad y eficiencia en comparación con los sistemas nacionales existentes en la actualidad».
31      El considerando tercero de la Directiva MiFID II proclama que tiene por objetivo conseguir «[…] el grado de armonización necesario para ofrecer a los inversores un alto nivel de protección y permitir que las empresas de servicios de inversión presten servicios en toda la Unión Europea, ya que se trata de un mercado interior, tomando como base la supervisión del país de origen […]».
32      Sentencia de 31 de mayo de 2018, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag y otros (C‑542/16, EU:C:2028:369).
33      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros (DO 2003, L 9, p. 3), derogada por la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros (DO 2016, L 26, p. 19).
34      Como indiqué en mis conclusiones de 21 de noviembre de 2017, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag y otros (C‑542/16, EU:C:2017:879), puntos 96, 104 y 105, el nivel de riesgo de los servicios de inversión es mayor que el de los servicios de seguro y, por ello, el control de las autoridades es más estricto sobre las sociedades de inversión que sobre las aseguradoras.