61998CJ0034_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-34/98,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. P. Hillenkamp, Consejero Jurídico, y la Sra. H. Michard, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandante,
contra
República Francesa, representada por la Sra. K. Rispal-Bellanger, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y el Sr. Claude Chavance, conseiller des affaires étrangères de la misma Dirección, en calidad de Agentes,
parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48 y 52 del Tratado CE (actualmente artículos 39 CE y 43 CE, tras su modificación), así como del artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), al aplicar la contribución para el reembolso de la deuda social a los rendimientos del trabajo y a las prestaciones sustitutorias de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia que residen en Francia pero trabajan en otro Estado miembro y que, en virtud del citado Reglamento, no están sometidos a la legislación francesa en materia de Seguridad Social,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; J.C. Moitinho de Almeida (Ponente), D.A.O. Edward, L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala; C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm y M. Wathelet, Jueces;
Abogado General: Sr. A. La Pergola;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 4 de mayo de 1999;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 7 de septiembre de 1999;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 12 de febrero de 1998, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE (actualmente, artículo 226 CE), que tiene por objeto que se declare que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48 y 52 del Tratado CE (actualmente artículos 39 CE y 43 CE, tras su modificación), así como del artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71»), al aplicar la contribución para el reembolso de la deuda social (en lo sucesivo, «CRDS») a los rendimientos del trabajo y a las prestaciones sustitutorias de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia que residen en Francia pero trabajan en otro Estado miembro y que, en virtud del citado Reglamento, no están sometidos a la legislación francesa en materia de Seguridad Social.
La normativa comunitaria
2 A tenor del artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1408/71:
«1. El presente Reglamento se aplicará a todas las legislaciones relativas a las ramas de Seguridad Social relacionadas con:
a) las prestaciones de enfermedad y de maternidad;
b) las prestaciones de invalidez, comprendidas las destinadas a mantener o a mejorar la capacidad de ganancia;
c) las prestaciones de vejez;
d) las prestaciones de supervivencia;
e) las prestaciones de accidente de trabajo y de enfermedad profesional;
f) los subsidios de defunción;
g) las prestaciones de desempleo;
h) las prestaciones familiares.
2. El presente Reglamento se aplicará a los regímenes de Seguridad Social generales y especiales, contributivos y no contributivos, así como a los regímenes relativos a las obligaciones del empresario o del armador referentes a las prestaciones mencionadas en el apartado 1.»
3 El artículo 1, letra j), del Reglamento nº 1408/71 define el término «legislación» como aquel que designa «para cada Estado miembro, las leyes, los reglamentos, las disposiciones estatutarias y cualesquiera otras medidas de aplicación, existentes o futuras, que se refieren a las ramas y regímenes de Seguridad Social mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 4 o las prestaciones especiales de carácter no contributivo contempladas en el apartado 2 bis del artículo 4».
4 El artículo 13 del mismo Reglamento dispone:
«1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 14 quater, las personas a las cuales sea aplicable el presente Reglamento sólo estarán sometidas a la legislación de un único Estado miembro. Esta legislación será determinada con arreglo a las disposiciones del presente título.
2. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 14 a 17:
a) la persona que ejerza una actividad por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro estará sometida a la legislación de este Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado miembro o aunque la empresa o el empresario que la ocupa tenga su sede o su domicilio en el territorio de otro Estado miembro;
b) la persona que ejerza una actividad por cuenta propia en el territorio de un Estado miembro estará sometida a la legislación de este Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado miembro;
[...]»
La normativa nacional
5 La CRDS fue creada por el artículo 14-1 del Decreto nº 96-50, de 24 de enero de 1996, relativo al reembolso de la deuda social (JORF de 25 de enero de 1996, p. 1226; en lo sucesivo, «Decreto»).
6 Están sujetas al pago de la CRDS, en particular por lo que respecta a sus rendimientos del trabajo y prestaciones sustitutorias, todas las personas físicas que tengan su domicilio fiscal en Francia a efectos de la percepción del Impuesto sobre la Renta.
7 Con arreglo al artículo 4 B del code général des impôts (Ley General Tributaria), se considera que tienen su domicilio fiscal en Francia las personas que tengan en dicho país su domicilio o su residencia principal, aquellas que ejerzan en Francia una actividad profesional, por cuenta propia o por cuenta ajena, a menos que justifiquen que dicha actividad se ejerce en Francia con carácter accesorio y aquellas que tengan en Francia el centro de sus actividades económicas.
8 La base imponible de la CRDS, cuyo tipo es del 0,5 %, comprende en particular, por lo que respecta a los rendimientos del trabajo y las prestaciones sustitutorias, los salarios, las pensiones de jubilación y de invalidez, los subsidios por desempleo, los rendimientos profesionales y las prestaciones familiares legales.
9 En virtud del artículo 15-III, punto 1, del Decreto, y con supeditación a lo establecido en los Convenios internacionales para evitar la doble imposición, los rendimientos del trabajo y las prestaciones sustitutorias de origen extranjero sometidos en Francia al Impuesto sobre la Renta están sujetos también a la CRDS. Las declaraciones correspondientes a dichos rendimientos deberán efectuarse ante la Administración tributaria competente para determinar y recaudar la contribución correspondiente.
10 Con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Decreto los ingresos obtenidos mediante la CRDS se destinan a la Caisse d'amortissement de la dette sociale (en lo sucesivo, «Cades»), ente público creado por dicho Decreto, que está bajo la doble tutela del ministre de l'Économie et des Finances y del ministre de la Sécurité sociale. La Cades tiene como principal misión liquidar la deuda social, por importe de 137.000 millones de FRF, contraída por l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (en lo sucesivo, «ACOSS») con la Caisse des dépôts et consignations (en lo sucesivo, «CDC»), que se transifirió a la Cades a partir del 1 de enero de 1996. Dicha deuda se deriva de la financiación por parte de la CDC de los déficits acumulados en 1994 y 1995 por el régimen general de la Seguridad Social así como del déficit previsto para el ejercicio de 1996. La Cades debió abonar asimismo exclusivamente durante el año 1996 la suma de 3.000 millones de FRF a la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
11 Además, conforme al artículo 4, apartado III, del Decreto, la Cades debe abonar anualmente, durante los años 1996 a 2008, la cantidad de 12.500 millones de FRF a los Presupuestos Generales del Estado. Del informe al Presidente de la República sobre el citado Decreto se desprende que dichos pagos van destinados a compensar determinados pagos de idéntico importe que anteriormente corrían a cargo del Fondo de Solidaridad para la Vejez, con el fin de liquidar una deuda anterior de la ACOSS.
12 Los fondos que permiten a la Cades cumplir su misión proceden de los ingresos obtenidos mediante la CRDS, que recae no sólo sobre los rendimientos del trabajo y las prestaciones sustitutorias, sino también sobre otras categorías de rendimientos, como los rendimientos del patrimonio, o sobre las ventas de determinados metales preciosos, así como sobre otros ingresos, como los derivados de la gestión y venta del patrimonio inmobiliario de los organismos de Seguridad Social y de la emisión de obligaciones.
El procedimiento administrativo previo
13 Mediante escrito de 6 de diciembre de 1996, la Comisión requirió al Gobierno francés para que presentase sus observaciones sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de la aplicación de la CRDS a los rendimientos del trabajo y a las prestaciones sustitutorias de los trabajadores que residen en Francia pero trabajan en otro Estado miembro, los cuales no están sometidos a la legislación francesa en materia de Seguridad Social, con arreglo al Reglamento nº 1408/71.
14 Según la Comisión, la regla de la unicidad de la legislación aplicable queda desvirtuada por la aplicación de la CRDS a rendimientos que han sido ya gravados por el conjunto de los gravámenes sociales en el Estado miembro de empleo, que es el único competente en materia de Seguridad Social, en virtud del artículo 13 del Reglamento nº 1408/71. La percepción de la CRDS sobre tales rendimientos constituye, por otra parte, una discriminación incompatible con las libertades garantizadas por los artículos 48 y 52 del Tratado.
15 Mediante escrito de 3 de marzo de 1997, las autoridades francesas respondieron que la postura de la Comisión ignora las características y el objeto de la CRDS. En particular, las personas sujetas al pago de ésta no reciben como contrapartida ninguna prestación de Seguridad Social. Según las autoridades francesas, la CRDS debe calificarse de impuesto con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
16 En su dictamen motivado de 23 de julio de 1997, la Comisión mantuvo su argumentación, precisando, en particular, que éste grava únicamente los rendimientos del trabajo y las prestaciones sustitutorias de los trabajadores por cuenta ajena o de los trabajadores por cuenta propia que ejercen su actividad en otro Estado miembro. Pidió, en consecuencia, a la República Francesa que se atuviese a dicho dictamen motivado en el plazo de dos meses a partir de su notificación.
17 Mediante escrito de 21 de octubre de 1997, las autoridades francesas retiraron su tesis según la cual, al tener carácter fiscal, la CRDS no está comprendida dentro del ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71 y, al afectar también a los trabajadores franceses, no vulnera el principio de libre circulación de los trabajadores.
18 Al no haberse atenido las autoridades francesas al dictamen motivado dentro del plazo señalado, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
Sobre el recurso
19 El presente recurso versa únicamente sobre la recaudación de la CRDS en la medida en que grava los rendimientos del trabajo y las prestaciones sustitutorias obtenidos por trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia residentes en Francia y dependientes a efectos fiscales del referido Estado miembro, con motivo del ejercicio de una actividad profesional en otro Estado miembro y que, como consecuencia de ello, estén sometidos al régimen de Seguridad Social de dicho Estado de empleo, conforme a lo dispuesto en el Reglamento nº 1408/71.
20 Según la Comisión, dicha recaudación constituye un doble gravamen social contrario a lo dispuesto tanto en el artículo 13 del Reglamento nº 1408/71 como en los artículos 48 y 52 del Tratado.
Sobre la imputación basada en la infracción del artículo 13 del Reglamento nº 1408/71
21 En opinión de la Comisión, la CRDS, que tiene por objeto contribuir a la financiación de todas las ramas del régimen general de Seguridad Social francés y abarca, por tanto, las distintas ramas de Seguridad Social enumeradas en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71, constituye una cotización a la Seguridad Social que está comprendida dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
22 La Comisión afirma que la triple circunstancia de que la CRDS vaya destinada en parte a cubrir la deuda social generada por la financiación de prestaciones realizadas en años anteriores, que la recaudación de la CRDS se lleve a cabo, por lo que respecta a los trabajadores afectados por el presente recurso, a través del correspondiente registro de contribuyentes, como ocurre en materia del Impuesto sobre la Renta, y no directamente por parte de los organismos encargados de recaudar las cotizaciones del régimen de Seguridad Social, y que los importes recaudados pasen por la Cades, no puede hacer que el gravamen de que se trata quede excluido del ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71.
23 Por consiguiente, al recaer la CRDS sobre los rendimientos del trabajo y las prestaciones sustitutorias de los trabajadores por cuenta ajena o de los trabajadores por cuenta propia que residen en Francia pero ejercen una actividad profesional en otro Estado miembro, la República Francesa infringe la regla de la unicidad de la legislación aplicable, establecida en el artículo 13 del Reglamento nº 1408/71, en la medida en que esos mismos rendimientos ya han sido gravados por el conjunto de los gravámenes sociales en el Estado miembro de empleo, cuya legislación es la única aplicable con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo 13.
24 El Gobierno francés alega que el derecho a la protección social forma parte de los derechos fundamentales del ciudadano. Dicha protección debe al mismo tiempo extenderse a la totalidad de la población y ser de nivel elevado, mientras que su coste debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos.
25 Considera dicho Gobierno que el logro de este último objetivo no debe garantizarse con una financiación fundada en las cotizaciones sociales basadas únicamente en los rendimientos del trabajo, sino que debe afectar a la totalidad de los rendimientos de los contribuyentes. La CRDS, al igual que la contribución social generalizada, que constituye el objeto de otra sentencia dictada en el día de hoy, Comisión/Francia (C-169/98), constituyen medidas adoptadas en el contexto de una tributarización progresiva de la Seguridad Social.
26 En efecto, por sus características y objeto, la CRDS debe calificarse de impuesto, por lo que queda excluida del ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71 y sigue formando parte de las competencias de los Estados miembros en materia de política presupuestaria y social.
27 En apoyo de su tesis, el Gobierno francés señala, en particular, que la CRDS se recauda en función únicamente del criterio del domicilio fiscal en Francia, sea cual fuere, por otra parte, el estatuto profesional o el régimen de Seguridad Social del interesado. Además, las personas sujetas a la CRDS no disfrutan de ninguna prestación de Seguridad Social como contrapartida a dicho gravamen, por lo que no existe relación alguna entre el pago de la CRDS, por un lado, y las prestaciones identificables de las que hayan disfrutado los residentes en Francia en el pasado o a las que puedan aspirar en el futuro, por otro lado. Por lo que respecta a la Cades, a la que se abonan las cantidades percibidas en concepto de la CRDS, constituye un organismo de carácter financiero y no un organismo de la Seguridad Social, cuya misión es amortizar la deuda de un ente público, a saber, la ACOSS, que no interviene en modo alguno en la gestión de las prestaciones o la recaudación de las cotizaciones y no financia ninguna prestación social.
28 El Gobierno francés precisa que el Reglamento nº 1408/71 no contiene ninguna definición de la expresión «cotizaciones sociales» y deja en manos de los Estados miembros la elección de los diferentes métodos de organización y de financiación de sus regímenes de Seguridad Social.
29 Si, como señala la Comisión, el régimen de financiación de la Seguridad Social vigente en Dinamarca, basado principalmente en el impuesto, es compatible con el Derecho comunitario, ha de adoptarse la misma solución por lo que respecta a la CRDS. Ésta constituye una medida de tributarización presupuestaria indirecta, ya que financia a la Cades que, a su vez, contribuye a los Presupuestos Generales del Estado. Efectivamente, podría haberse financiado ésta con una dotación presupuestaria anual, financiada mediante un incremento del Impuesto sobre la Renta o del Impuesto sobre el Valor Añadido, al que están sujetos, en particular, los trabajadores fronterizos residentes en Francia. La República Francesa no ha elegido dicho sistema, que carece de «transparencia» con respecto a los contribuyentes y, por consiguiente, puede desviarse en buena parte del objetivo perseguido.
30 Por último, el Gobierno francés alega que la CRDS no constituye una medida que tiene por objeto compensar la no afiliación de los trabajadores fronterizos y, en consecuencia, la falta de pago por parte de estos últimos de cotizaciones al régimen de Seguridad Social francés con arreglo al Reglamento nº 1408/71. En efecto, el tipo de la CRDS representa el 0,5 % del salario, mientras que la totalidad de los gravámenes correspondientes a las cotizaciones sociales asciende al 42 % del importe del salario de las personas sujetas al pago.
31 Procede señalar a este respecto que, según se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho de gravar a un trabajador, por un mismo rendimiento, con cargas sociales derivadas de la aplicación de varias legislaciones nacionales, cuando únicamente puede tener la condición de asegurado con respecto a una sola de dichas legislaciones, somete a dicho trabajador a una doble cotización, contraria a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento nº 1408/71 (véanse, en particular, las sentencias de 5 de mayo de 1977, Perenboom, 102/76, Rec. p. 815, apartado 13, y de 29 de junio de 1994, Aldewereld, C-60/93, Rec. p. I-2991, apartado 26).
32 Ahora bien, es sabido que las personas afectadas por el presente recurso por incumplimiento, a saber, los nacionales comunitarios residentes en Francia pero que trabajan en otro Estado miembro y que tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento nº 1408/71, la condición de asegurado únicamente con arreglo a la legislación del Estado de empleo, tributan, con supeditación, en su caso, a los Convenios para evitar la doble imposición celebrados por la República Francesa, por los rendimientos correspondientes a su actividad profesional en el Estado miembro de empleo no sólo a través de las cargas sociales derivadas de la aplicación de la legislación en materia de Seguridad Social de este último, sino también a través de cargas sociales, a saber, en el presente caso, la CRDS, derivadas de la aplicación de la legislación del Estado miembro de residencia.
33 No puede acogerse la tesis del Gobierno francés, según la cual la CRDS, dado que en realidad debe ser calificada de impuesto, elude el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71 y, por tanto, la prohibición de acumulación de las legislaciones aplicables.
34 En efecto, la circunstancia de que una legislación nacional califique de impuesto a un gravamen no significa que, con respecto al Reglamento nº 1408/71, ese mismo gravamen no pueda considerarse comprendido dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento y sujeto, en consecuencia, a la regla de no acumulación de las legislaciones aplicables.
35 Como señaló el Tribunal de Justicia, en particular, en la sentencia de 18 de mayo de 1995, Rheinhold & Mahla (C-327/92, Rec. p. I-1223), apartado 15, el artículo 4 del Reglamento nº 1408/71 determina el ámbito de aplicación de las disposiciones de dicho Reglamento en términos que revelan que los regímenes de Seguridad Social en su totalidad están sometidos a la aplicación de las normas del Derecho comunitario. En el apartado 23 de esa misma sentencia, el Tribunal de Justicia precisó que el elemento determinante a efectos de la aplicación del Reglamento nº 1408/71 radica en la relación que debe guardar la disposición de que se trate con las leyes que regulan las ramas de Seguridad Social enumeradas en el artículo 4 del mismo Reglamento, relación que debe ser directa y suficientemente relevante.
36 Pues bien, como señala con razón la Comisión, la CRDS guarda dicha relación directa y suficientemente relevante con el régimen general de Seguridad Social francés, por lo que puede ser considerada como un gravamen afectado por la prohibición de doble cotización.
37 En efecto, como ha señalado el Abogado General en los puntos 25 y 27 de sus conclusiones, la CRDS, al contrario que los gravámenes destinados a hacer frente a los gastos generales de las Administraciones públicas, tiene por objeto específico y directo amortizar los déficits del régimen general de Seguridad Social francés y se inserta en el contexto de la reforma general de la protección social en Francia, dirigida a garantizar el equilibrio financiero futuro de dicho régimen, respecto al cual las partes coinciden en que sus ramas figuran entre las recogidas en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71.
38 Dicha relación no puede quedar rota por la elección de las modalidades concretas de afectación de las sumas de que se trata a la financiación del régimen de Seguridad Social francés, so pena de privar de todo efecto útil a la prohibición de acumulación de las legislaciones aplicables. Por consiguiente, ni la circunstancia de que el producto de la CRDS se abone a la Cades y no directamente a los organismos de la Seguridad Social, ni el hecho de que la recaudación de la CRDS, por lo que se refiere a los trabajadores afectados por el presente recurso, se efectúe a través de un registro de contribuyentes al igual que en materia del Impuesto sobre la Renta y no directamente por parte de los organismos encargados de recaudar las cotizaciones del régimen general de Seguridad Social, pueden desvirtuar la afirmación decisiva de que la CRDS va destinada específica y directamente a la financiación del régimen francés de Seguridad Social y está comprendida, por tanto, dentro del ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71.
39 De igual modo, dicha afirmación no puede quedar desvirtuada por la circunstancia de que el pago de la CRDS no faculta para percibir ninguna contrapartida directa e identificable en concepto de prestaciones, ni por el hecho de que va destinada en parte a amortizar una deuda del régimen de Seguridad Social generada por la financiación de prestaciones realizadas en el pasado.
40 Por una parte, el criterio determinante para la aplicación del artículo 13 del Reglamento nº 1408/71 es el de la afectación específica de una contribución a la financiación del régimen de Seguridad Social de un Estado miembro. Por tanto, es indiferente a este respecto la existencia o no de contrapartidas en concepto de prestaciones.
41 Por otra parte, admitir la argumentación según la cual la circunstancia de que la CRDS tiene por objeto financiar los déficits de años anteriores debería implicar su exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento nº 1408/71, sería tanto como permitir que los Estados miembros eludieran la prohibición de la doble cotización con tan sólo desplazar la época de financiación de los déficits de su régimen de Seguridad Social. En estas circunstancias, podría privarse de toda eficacia a dicha prohibición.
42 Habida cuenta de dichas consideraciones, procede concluir que la primera imputación de la Comisión es fundada.
Sobre la imputación basada en la infracción de los artículos 48 y 52 del Tratado
43 Según la Comisión, los contribuyentes que residen en Francia y están sujetos al régimen de Seguridad Social francés se encuentran en una situación diferente a la de los contribuyentes que, residiendo en dicho Estado miembro pero que han ejercido sus derechos a la libre circulación y a la libertad de establecimiento previstos en los artículos 48 y 52 del Tratado, respectivamente, están obligados a contribuir a la financiación del régimen de Seguridad Social de otro Estado miembro, con arreglo al Reglamento nº 1408/71. Al no tener en cuenta dicha diferenciación, la República Francesa ha violado el principio de igualdad de trato establecido en las referidas disposiciones.
44 En cambio, a juicio del Gobierno francés, los trabajadores que perciben rendimientos del trabajo o prestaciones sustitutorias en otro Estado miembro se encuentran, por lo que respecta a la CRDS, en una situación similar a la de los trabajadores que perciben tales rendimientos en Francia, por lo que no se discrimina en modo alguno a los primeros. En primer lugar, el tipo y la base imponible de la CRDS son idénticos para todos los residentes en Francia, con independencia de su nacionalidad, que están sujetos al impuesto sobre sus rentas de origen extranjero. Según dicho Gobierno, la CRDS forma parte integrante, por tanto, de un sistema fiscal plenamente coherente por lo que respecta a los residentes en Francia que tributan en dicho país. En segundo lugar, la CRDS está comprendida dentro del ámbito de aplicación de los Convenios bilaterales para evitar la doble imposición celebrados por la República Francesa, que conceden créditos fiscales o una exención de los rendimientos de origen extranjero, para eliminar cualquier doble imposición. Por último, el Gobierno francés insiste en el reducido tipo del gravamen de que se trata.
45 A este respecto, hay que señalar que, si bien es cierto que la CRDS se aplica de manera idéntica a todos los residentes en Francia, aquellos que trabajan en otro Estado miembro y que, con arreglo al artículo 13 del Reglamento nº 1408/71, contribuyen a la financiación de la Seguridad Social de dicho Estado, deben financiar además, aunque sea tan sólo parcialmente, la Seguridad Social del Estado de residencia, mientras que los demás residentes están obligados exclusivamente a cotizar al régimen de esta última.
46 Pues bien, la regla de la unicidad de la legislación aplicable en materia de Seguridad Social, establecida en el artículo 13 del Reglamento nº 1408/71, tiene precisamente por objeto suprimir las desigualdades de trato derivadas de una acumulación parcial o total de las legislaciones aplicables.
47 En efecto, según se desprende del décimo considerando del Reglamento nº 1408/71, el principio de la unicidad de la legislación aplicable tiene por objeto garantizar «de la mejor forma posible la igualdad de trato de todos los trabajadores empleados en el territorio de un Estado miembro».
48 De lo antedicho resulta que, como ha señalado el Abogado General en el punto 35 de sus conclusiones, al formular dicha imputación la Comisión no hace otra cosa que volver a plantear, desde la óptica de los artículos 48 y 52 del Tratado, la misma infracción ya señalada en relación con el artículo 13 del Reglamento nº 1408/71. Dado que el régimen de la CRDS da lugar a una desigualdad de trato contraria a dicho artículo, infringe de igual modo las disposiciones del Tratado que el artículo 13 se propone aplicar. En efecto, la desigualdad de trato comprobada de este modo constituye un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores respecto a la cual, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento nº 1408/71, no cabe admitir justificación alguna.
49 Por lo que respecta a la argumentación del Gobierno francés, que afirma que la CRDS recae tan sólo, en cualquier caso, sobre un número limitado de los trabajadores afectados por el presente recurso, debido a los Convenios bilaterales para evitar la doble imposición celebrados por la República Francesa, y que el tipo del gravamen controvertido es mínimo, baste señalar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los artículos del Tratado relativos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales constituyen disposiciones fundamentales para la Comunidad, por lo cual está prohibido cualquier obstáculo a esta libertad, aun de importancia menor (véase, en particular, la sentencia de 13 de diciembre de 1989, Corsica Ferries France, C-49/89, Rec. p. 4441, apartado 8).
50 Es también fundada, por tanto, la segunda imputación de la Comisión.
51 De todas las consideraciones precedentes se deduce que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 del Reglamento nº 1408/71 y de los artículos 48 y 52 del Tratado, al aplicar la CRDS a los rendimientos del trabajo y a las prestaciones sustitutorias de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia que residen en Francia pero trabajan en otro Estado miembro y que, en virtud del citado Reglamento, no están sometidos a la legislación francesa en materia de Seguridad Social.
Decisión sobre las costas
Costas
52 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha pedido que se condene en costas a la República Francesa y por haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
decide:
1) Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, así como de los artículos 48 y 52 del Tratado CE (actualmente artículos 39 CE y 43 CE, tras su modificación), al aplicar la contribución para el reembolso de la deuda social a los rendimientos del trabajo y a las prestaciones sustitutorias de los trabajadores por cuenta ajena y de los trabajadores por cuenta propia que residen en Francia pero trabajan en otro Estado miembro y que, en virtud del citado Reglamento, no están sometidos a la legislación francesa en materia de Seguridad Social.
2) Condenar en costas a la República Francesa.