62022CJ0436_RES
Asunto C‑436/22
Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)
contra
Administración de la Comunidad de Castilla y León
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia deCastilla y León)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de julio de 2024
«Procedimiento prejudicial — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Artículos 2, 4, 11, 12, 14, 16 y 17 — Sistema de protección rigurosa de las especies animales — Canis lupus (lobo) — Explotación cinegética — Evaluación del estado de conservación de las poblaciones de la especie de que se trata — Estado de conservación “desfavorable-inadecuado” de esta especie — Explotación incompatible con el mantenimiento o el restablecimiento de la especie en un estado de conservación favorable — Consideración de todos los datos científicos más recientes»
Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Especies animales de interés comunitario — Inclusión — Efecto — Presunción del carácter favorable del estado de conservación de una especie — Inexistencia — Determinación del estado de conservación — Criterios
[Directiva 92/43/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2013/17/UE, arts. 1, letra i), 2, aps. 1 y 2, 11, 12 y 14, ap. 1, y anexo V]
(véanse los apartados 50, 51, 60 y 61)
Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Especies animales de interés comunitario — Medidas de gestión — Facultad de apreciación de los Estados miembros — Límites — Restricción de la explotación cinegética de una especie — Procedencia — Requisito — Necesidad de una medida para el mantenimiento o el restablecimiento de la especie en un estado de conservación favorable
(Directiva 92/43/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2013/17/UE, decimoquinto considerando y arts. 2, ap. 2, 11 y 14 y anexo V)
(véanse los apartados 52 a 58, 69 y 70)
Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Obligación de vigilancia del estado de conservación — Alcance — Posibilidad de autorizar la explotación cinegética o la caza de una especie no existiendo vigilancia eficaz — Exclusión
[Directiva 92/43/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2013/17/UE, arts. 1, 2, 11, 14 y 17 y anexos II, IV, letra a) y V]
(véanse los apartados 59 y 62 a 66)
Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Especies animales de interés comunitario — Carácter desfavorable del estado de conservación de una especie — Consecuencias — Respeto del principio de cautela — Obligación de los Estados miembros de no autorizar la caza — Requisito — Incertidumbres en cuanto a los riesgos para el mantenimiento de la especie en un estado de conservación favorable — Criterios de apreciación
[Arts. 191 TFUE, ap. 2, 192 TFUE y 193 TFUE; Directiva 92/43/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2013/17/UE, arts. 1, 2, 11, 14 y 17 y anexos II, IV, letra a) y V]
(véanse los apartados 71 a 74, 76 y 78 y el fallo)
Medio ambiente — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Directiva 92/43/CEE — Protección de las especies — Excepciones — Condiciones previas a la adopción de excepciones — Mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las poblaciones de las especies de que se trate — Condiciones relativas a la concesión de excepciones con carácter excepcional
(Directiva 92/43/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2013/17/UE, arts. 12 y 16)
(véase el apartado 77)
Resumen
En el procedimiento prejudicial instado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la cuestión de si es posible expedir autorizaciones de caza de la especie canis lupus, comúnmente llamada «lobo», cuando el estado de conservación de dicha especie ha sido declarado «desfavorable-inadecuado» en el sentido de la «Directiva sobre los hábitats». (
1
)
En 2019, el informe remitido por el Reino de España a la Comisión Europea, con arreglo al artículo 17 de la Directiva sobre los hábitats, para el período 2013‑2018, indica que el lobo se encontraba en un estado de conservación «desfavorable-inadecuado» en las regiones Mediterránea, Atlántica y Alpina, comprendiendo las dos primeras el territorio de Castilla y León.
En este contexto, con arreglo a la legislación nacional, el lobo estaba declarado «especie cinegética y cazable» al norte del río Duero. En particular, mediante resolución de 9 de octubre de 2019, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León aprobó el Plan de aprovechamientos comarcales del lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León para el período comprendido de 2019 a 2022.
En el recurso interpuesto contra dicha resolución ante el órgano jurisdiccional remitente, este solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si la Directiva sobre los hábitats, en particular su artículo 14, (
2
) se opone a una normativa nacional en virtud de la cual se declara al lobo como especie cuyos ejemplares pueden cazarse en una parte del territorio de ese Estado miembro en la que el lobo no está comprendido en la protección rigurosa prevista en el artículo 12, apartado 1, de dicha Directiva, siendo así que su estado de conservación se ha considerado desfavorable en el conjunto del territorio de ese Estado miembro.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que, en virtud del artículo 12 de la Directiva sobre los hábitats, en relación con el anexo IV, letra a), de esta, el lobo forma parte de las especies «de interés comunitario» cuya «protección rigurosa» debe garantizarse, en el sentido de dicho artículo. Este régimen de protección rigurosa tiene por objeto, en particular, las poblaciones españolas de lobos situadas al sur del río Duero, que están expresamente incluidas en el anexo II de la Directiva sobre los hábitats como especie «de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación». Por su parte, las poblaciones españolas de lobos situadas al norte de dicho río están incluidas en el anexo V de la Directiva sobre los hábitats como especie animal de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión, por lo que están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 14 de dicha Directiva.
A este respecto, la circunstancia de que una especie animal o vegetal de interés comunitario esté incluida en el anexo V de la Directiva sobre los hábitats no implica que su estado de conservación deba considerarse, en principio, favorable. En efecto, aparte de que son los Estados miembros quienes comunican a la Comisión el estatuto de estas especies en su territorio, esa inclusión implica únicamente que, a la luz de la obligación de vigilancia prevista en el artículo 11 de dicha Directiva y con el fin de garantizar el objetivo de esta última, dicha especie «puede» ser objeto de medidas de gestión, a diferencia de las especies incluidas en el anexo IV, letra a), de la citada Directiva, que se benefician en todo caso del sistema de protección rigurosa.
En segundo lugar, por lo que se refiere a las medidas de gestión de que pueden ser objeto las especies incluidas en el anexo V, la explotación cinegética puede restringirse o prohibirse si es necesario para mantener o restablecer la especie de que se trate en un estado de conservación favorable.
En efecto, por un lado, esas medidas pueden referirse al acceso a determinados sectores, a la prohibición de la recogida de especímenes en la naturaleza y de la explotación de determinadas poblaciones o incluso a la instauración de sistemas de cuotas. Por lo tanto, si bien tales medidas incluyen la aplicación de normas cinegéticas, las citadas medidas pueden restringir, y no ampliar, la recogida de las especies de que se trata.
Por otro lado, el margen de apreciación de los Estados miembros para determinar la necesidad de adoptar tales medidas está limitado por la obligación de velar por que la recogida de los especímenes de una especie en la naturaleza y la explotación de dichos especímenes sean compatibles con el mantenimiento de dicha especie en un estado de conservación favorable.
Pues bien, cuando una especie animal se encuentra en un estado de conservación desfavorable, las autoridades competentes deben adoptar medidas, en el sentido del artículo 14 de la Directiva sobre los hábitats, con el fin de mejorar el estado de conservación de la especie de que se trata, de manera que las poblaciones de esta alcancen en el futuro un estado de conservación favorable sostenible.
La adopción de medidas basadas en ese artículo solo se permite, en todo caso, si contribuyen al mantenimiento o al restablecimiento de las especies de que se trate en un estado de conservación favorable. De este modo, si los análisis efectuados en el Estado miembro de que se trata en relación con las especies que figuran en el anexo V de la Directiva sobre los hábitats proporcionan resultados que pueden demostrar la necesidad de una intervención a nivel nacional, dicho Estado miembro puede limitar, y no ampliar, las actividades contempladas en dicho artículo, con el fin de que la recogida en la naturaleza de especímenes de esas especies sea compatible con los objetivos de la citada Directiva. La restricción o la prohibición de la caza puede considerarse entonces una medida necesaria en tal sentido. Tal medida resulta inexcusable, en particular, cuando el estado de conservación de la especie es desfavorable debido, sobre todo, a la pérdida de especímenes. Dicho esto, aunque esas pérdidas se deban principalmente a otras razones, puede resultar necesario no autorizar la caza, que provocaría pérdidas adicionales.
En efecto, en virtud del principio de cautela consagrado en el artículo 191 TFUE, apartado 2, si el examen de los mejores datos científicos disponibles deja lugar a incertidumbre sobre si la explotación de una especie de interés comunitario es compatible con el mantenimiento de esta en un estado de conservación favorable, el Estado miembro interesado debe abstenerse de autorizar tal explotación.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia indica que, en virtud del artículo 11 de la Directiva sobre los hábitats, los Estados miembros están obligados a garantizar la vigilancia del estado de conservación de las especies y de los hábitats naturales a que se refiere el artículo 2 de esta, teniendo especialmente en cuenta los tipos de hábitats naturales prioritarios y las especies prioritarias. Esta vigilancia es esencial para garantizar el cumplimiento de los requisitos enunciados en el artículo 14 de la citada Directiva y para determinar la necesidad de adoptar medidas que garanticen la compatibilidad de la explotación de dicha especie con el mantenimiento de un estado de conservación favorable y constituye, en sí misma, una de las medidas necesarias para garantizar la conservación de esa especie. Por tanto, una especie no puede ser explotada desde el punto de vista cinegético ni cazada si no se garantiza una vigilancia eficaz de su estado de conservación.
A este respecto, el estado de conservación y la oportunidad de adoptar medidas basadas en el artículo 14 de la Directiva sobre los hábitats deben evaluarse teniendo en cuenta no solo el informe elaborado cada seis años por los Estados miembros con arreglo al artículo 17 de dicha Directiva, sino también los datos científicos más recientes obtenidos gracias a esa vigilancia. Estas evaluaciones deben efectuarse no solo a nivel local, sino también en el ámbito de la región biogeográfica, o incluso en el plano transfronterizo. Además, la vigilancia debe ejercerse con una atención específica cuando esa especie figura, respecto de determinadas regiones, entre las especies animales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación (
3
) o que requieren una protección estricta (
4
) y, respecto de regiones limítrofes, entre las especies de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. (
5
)
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia concluye que el artículo 14 de la Directiva sobre los hábitats se opone a una normativa de un Estado miembro por la que se autoriza la caza del lobo en una parte del territorio de ese Estado miembro en la que el lobo no está comprendido en la protección rigurosa, siendo así que el estado de conservación de esa especie en dicho Estado miembro se considera «desfavorable-inadecuado». Han de tenerse en cuenta, a este respecto, el informe elaborado cada seis años con arreglo al artículo 17 de la citada Directiva, todos los datos científicos más recientes, incluidos los obtenidos gracias a la vigilancia prevista en el artículo 11 de la misma Directiva, y el principio de cautela consagrado en el artículo 191 TFUE, apartado 2.
(
1
)	Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7), en su versión modificada por la Directiva 2013/17/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (DO 2013, L 158, p. 193) (en lo sucesivo, «Directiva sobre los hábitats»).
(
2
)	Artículo 14, apartado 1, de la Directiva sobre los hábitats: «Si los Estados miembros lo consideraren necesario a la vista de la vigilancia prevista en el artículo 11, tomarán medidas para que la recogida en la naturaleza de especímenes de las especies de fauna y flora silvestres que figuran en el Anexo V, así como su explotación, sean compatibles con el mantenimiento de las mismas en un estado de conservación favorable».
(
3
)	Véase el anexo II de la Directiva sobre los hábitats.
(
4
)	Véase el anexo IV, letra a), de la Directiva sobre los hábitats.
(
5
)	Véase el anexo V de la Directiva sobre los hábitats.