62022CC0602
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANDREA BIONDI
presentadas el 13 de mayo de 2025 (
1
)
Asunto C‑602/22 P
ABLV Bank AS, en liquidación,
contra
Junta Única de Resolución (JUR)
«Recurso de casación — Política económica y monetaria — Unión bancaria — Reglamento (UE) n.o 806/2014 — Artículos 7 y 18 — Mecanismo Único de Resolución — Decisión de la Junta Única de Resolución de no iniciar el procedimiento de resolución — Competencia de la Junta Única de Resolución — Margen de apreciación — Alcance del control jurisdiccional»
I. Introducción
1.
El objeto principal del presente recurso de casación consiste en la definición y delimitación de las competencias y responsabilidades de la Junta Única de Resolución (JUR). En particular, la cuestión sobre la que debe pronunciarse el Tribunal de Justicia se refiere a la competencia de la JUR para tomar una decisión formal de no adoptar un dispositivo de resolución con respecto a una entidad de crédito en el marco del Mecanismo Único de Resolución (MUR). (
2
)
2.
En el presente recurso de casación, ABLV Bank AS (en lo sucesivo, «ABLV Bank») solicita la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal General el 6 de julio de 2022 en el asunto ABLV Bank/JUR (T‑280/18, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2022:429), mediante la cual dicho órgano jurisdiccional desestimó su recurso contra dos Decisiones de la JUR. (
3
) En resumen, (
4
) en dichas Decisiones, la JUR optó por no adoptar un dispositivo de resolución respecto a ABLV Bank y a su filial ABLV Bank Luxembourg SA (en lo sucesivo, «ABLV Bank Luxembourg»). La JUR consideró que, en el presente asunto, se cumplían las dos condiciones previstas en el artículo 18, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento MUR para la adopción de un dispositivo de resolución, a saber, que el ente esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo y que no existan otras medidas alternativas a la resolución. No obstante, la JUR decidió, finalmente, no adoptar un dispositivo de resolución al considerar que, en el presente asunto, no se cumplía la tercera condición, prevista en la letra c) de la citada disposición, es decir, que la medida de resolución sea necesaria para el interés público.
3.
En la sentencia recurrida, el órgano jurisdiccional declaró inadmisible el recurso interpuesto por ABLV Bank en la medida en que se dirigía contra la Decisión de la JUR relativa a su filial ABLV Bank Luxembourg y desestimó, en cuanto al fondo, todos los motivos formulados en apoyo del recurso interpuesto contra la Decisión de la JUR relativa a ABLV Bank.
II. Sobre el recurso de casación
4.
ABLV Bank solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y que declare nulas las Decisiones controvertidas, que condene a la JUR a cargar con las costas de las dos instancias y, en caso de que el Tribunal de Justicia no pueda pronunciarse sobre el recurso en primera instancia, que devuelva el asunto al Tribunal General.
5.
La JUR y el Banco Central Europeo (BCE), partes coadyuvantes en primera instancia, solicitan, en esencia, al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y que condene en costas a ABLV Bank.
6.
En apoyo de su recurso de casación, ABLV Bank invoca cuatro motivos, todos ellos rechazados por la JUR y el BCE. Las presentes conclusiones se centrarán, fundamentalmente, en el primer motivo de casación, que contiene la principal cuestión de Derecho, expuesta brevemente en el punto 1 de las presentes conclusiones. No obstante, con carácter preliminar, es necesario examinar la excepción de inadmisibilidad del recurso de casación propuesta por la JUR.
A. Sobre la admisibilidad del recurso de casación
7.
La JUR sostiene que el recurso de casación es inadmisible, habida cuenta de su carácter impreciso e incoherente, del hecho de que no proporciona una exposición resumida de los motivos invocados y de que, en muchas ocasiones, no identifica los aspectos controvertidos de la sentencia recurrida ni indica los argumentos jurídicos en apoyo de los motivos invocados. Por tanto, resulta difícil, a su parecer, identificar los errores supuestamente cometidos por el Tribunal General.
8.
En este sentido, se desprende de reiterada jurisprudencia que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia recurrida, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación. (
5
)
9.
En el presente asunto, el recurso no siempre es claro y coherente y no expone exhaustivamente los elementos de la sentencia recurrida que se impugnan. No obstante, contiene indicaciones suficientes para poder identificar los apartados de la sentencia impugnados en el marco de cada uno de los motivos y una exposición suficientemente precisa de la mayoría de los argumentos esgrimidos. De ello se desprende que, en mi opinión, el recurso no es inadmisible en su totalidad. No obstante, determinadas alegaciones concretas de ABLV Bank serán declaradas inadmisibles debido a su falta de claridad.
B. Sobre el fondo del recurso de casación
1.
Primer motivo de casación
10.
Mediante su primer motivo de casación, ABLV Bank impugna los apartados 73 a 86 de la sentencia recurrida. ABLV Bank invoca una interpretación errónea del artículo 18 del Reglamento MUR y otros errores relacionados.
11.
En dichos apartados de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó, en primer lugar (apartados 73 a 78), el motivo de ABLV Bank relativo a la falta de competencia de la JUR para decidir sobre su liquidación, al concluir que, en las Decisiones controvertidas, la JUR no había ordenado la liquidación de dicha entidad. En segundo lugar (apartados 79 a 86), el Tribunal General desestimó el motivo de ABLV Bank relativo a la falta de competencia de la JUR para adoptar decisiones formales negativas como las controvertidas. El Tribunal General concluyó que la JUR es competente para adoptar este tipo de decisiones sobre la base de tres elementos: a) la necesidad de evitar una laguna en la tutela judicial para la apreciación por el BCE de las graves dificultades o la probabilidad de graves dificultades (apartado 82 de la sentencia recurrida); b) el marco jurídico en el que se inscribe el artículo 18 del Reglamento MUR, con referencia, en particular, al artículo 82, apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE (
6
) (apartado 83 de la sentencia recurrida), y c) el riesgo de poner en peligro la estabilidad de la entidad de que se trate y, potencialmente, de los mercados financieros en caso de falta de competencia de la JUR para adoptar una decisión formal negativa (apartado 84 de la sentencia recurrida).
12.
El análisis jurídico relativo al primer motivo de casación constará de tres partes: la primera, relativa a la alegación sobre la falta de competencia de la JUR para adoptar decisiones formales negativas, como las controvertidas; la segunda, relativa a la alegación sobre la compatibilidad de la interpretación del Tribunal General con la jurisprudencia en materia de delegación de facultades a las agencias, y, la tercera, relativa a las demás alegaciones planteadas en el marco del primer motivo de casación.
a)
Primera parte del primer motivo de casación, relativa a la competencia de la JUR para adoptar las Decisiones controvertidas
1) Alegaciones de ABLV Bank
13.
ABLV Bank alega que, en los apartados 79 a 86 de la sentencia recurrida, el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 18 del Reglamento MUR al concluir que la JUR es competente para adoptar una decisión formal de no adoptar un dispositivo de resolución.
14.
En opinión de ABLV Bank, la interpretación adoptada por el Tribunal General atribuye a la JUR competencias que no están contempladas en el artículo 18 del Reglamento MUR y no encuentra fundamento alguno en el tenor de esta disposición. Se basa en una aplicación implícita, por analogía, de las disposiciones que regulan la adopción de un dispositivo de resolución.
15.
La interpretación del Tribunal General otorga a la JUR la facultad de adoptar una decisión que produce efectos jurídicos externos, incluso cuando solo se cumplen dos de las tres condiciones establecidas en el artículo 18, apartado 1, del citado Reglamento y, por tanto, no se adopta ningún dispositivo de resolución. Pues bien, según la tesis expuesta por ABLV Bank, en el supuesto de que la JUR llegue a la conclusión de que una medida de resolución no es necesaria para el interés público, debe abstenerse de adoptarla.
16.
La reciente sentencia dictada por la Gran Sala en el asunto Comisión/JUR (
7
) confirma, según ABLV Bank, que el artículo 18 del Reglamento MUR no otorga a la JUR la facultad de adoptar actos que produzcan efectos jurídicos autónomos.
17.
A continuación, ABLV Bank impugna el apartado 83 de la sentencia recurrida: en primer lugar, el artículo 82, apartado 2, de la Directiva 2014/59, mencionado por la sentencia y que contempla la posibilidad de no emprender una medida de resolución, se refiere únicamente a las autoridades nacionales de resolución y no puede, por tanto, aplicarse a la JUR, y, en segundo lugar, la falta en el Reglamento MUR de una disposición equivalente a la prevista en la norma que se acaba de citar no es una omisión involuntaria del legislador de la Unión. ABLV Bank impugna, asimismo, el apartado 84 de la sentencia recurrida, que se basa, supuestamente, en una motivación no prevista en el Reglamento MUR.
2) Análisis
18.
Para responder a la alegación de que se ha interpretado erróneamente el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR, es necesario analizar dicha disposición con arreglo a los criterios hermenéuticos utilizados por el Tribunal de Justicia.
19.
Como se desprende de reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, no solo debe tenerse en cuenta su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (
8
)
20.
Por consiguiente, procederé, a continuación, a realizar un análisis literal, sistemático y teleológico del artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR, al objeto de comprobar si, como alega ABLV Bank, el Tribunal General, en la sentencia recurrida, al reconocer la competencia de la JUR para adoptar decisiones formales negativas relativas al incumplimiento de las condiciones para adoptar un dispositivo de resolución, interpretó erróneamente dicha disposición.
21.
Con carácter preliminar, he de señalar que, aunque ABLV Bank basa su argumentación exclusivamente en la infracción del artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR, otra disposición de dicho Reglamento es pertinente para apreciar la corrección de la conclusión del Tribunal General sobre la competencia de la JUR para adoptar decisiones como las controvertidas. Me refiero al artículo 7, apartado 2, con arreglo al cual la JUR es responsable de «la adopción de todas las decisiones relacionadas con la resolución» respecto de los entes que entran en su ámbito de competencia. (
9
) De hecho, esta es la disposición que, en mi opinión, confiere explícitamente la potestad de decisión a la JUR en el marco del reparto de competencias establecido por el Reglamento MUR.
22.
Para apreciar el fundamento de las alegaciones formuladas por ABLV Bank, es necesario, por tanto, proceder a la interpretación de esas dos disposiciones con arreglo a los criterios hermenéuticos antes mencionados.
23.
En este sentido, desde el punto de vista literal, el tenor del artículo 7, apartado 2, del Reglamento MUR, al utilizar los términos generales «todas» y decisiones «relacionadas con la resolución», (
10
) revela la intención del legislador de establecer una fórmula global que atribuya a la JUR la competencia de adoptar cualquier decisión relativa a la resolución respecto de los entes sujetos a las competencias de resolución de la Unión. (
11
)
24.
En cambio, el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR establece la competencia de la JUR para adoptar un dispositivo de resolución cuando se cumplan las tres condiciones que se enumeran en las letras a), b) y c).
25.
Las decisiones, como las controvertidas en el presente asunto, que determinan que no se cumplen las condiciones para la adopción de un dispositivo de resolución constituyen decisiones «relacionadas con la resolución», que, por tanto, quedan comprendidas en la formulación amplia de la disposición contenida en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento MUR.
26.
El tenor del artículo 7, apartado 2, del Reglamento MUR, en relación con el artículo 18, apartado 1, del mismo Reglamento, apoya, por tanto, la interpretación de ambas disposiciones en el sentido de que la JUR es competente para adoptar una decisión formal de que no se cumplen las tres condiciones establecidas en esta última disposición.
27.
Así lo confirma la interpretación sistemática y teleológica de dichas disposiciones.
28.
Por lo que respecta al marco jurídico y, por tanto, al conjunto de disposiciones contenidas en el Reglamento MUR, la atribución a la JUR de la competencia de adoptar una decisión formal de no emprender una resolución es necesaria en el sistema de reparto de competencias dentro del MUR previsto en el artículo 7 del Reglamento MUR. La decisión de la JUR de no iniciar la medida de resolución de la Unión implica, de hecho, la adopción de medidas por parte de las autoridades nacionales. Por tanto, es necesario informar a las autoridades nacionales de que la JUR ha puesto fin al procedimiento llevado a cabo a nivel de la Unión y de que esta no tiene intención de ejercer sus competencias de resolución. Una interpretación diferente de las disposiciones pertinentes daría lugar a una situación de imprecisión dentro del MUR, incompatible con el sistema de reparto de competencias establecido en el Reglamento MUR.
29.
También desde el punto de vista sistemático, la atribución a la JUR de la competencia para adoptar una decisión formal de no emprender una resolución es, asimismo, coherente con la necesidad de evitar una laguna en la protección judicial de la entidad afectada. (
12
) En efecto, si la JUR no pudiese adoptar una decisión formal negativa, recurrible ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, no sería posible controlar jurisdiccionalmente la evaluación por parte del BCE del hecho de que una entidad esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo, en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra a), antes citado, evaluación que, como acto de trámite en el marco del procedimiento, no es un acto recurrible. (
13
)
30.
Por último, desde el punto de vista teleológico, la interpretación propuesta es coherente con el objetivo del Reglamento MUR de garantizar la eficacia de la gestión de las situaciones de crisis y de graves dificultades de las entidades de crédito, así como la eficacia del propio MUR, que se menciona en los considerandos 89 y 123 del Reglamento MUR. (
14
) En efecto, en tales situaciones, la rapidez de la intervención es, a menudo, decisiva. (
15
) A falta de una decisión formal que declare que la Unión no ejercerá sus competencias de resolución, la situación de incertidumbre en cuanto al ejercicio o no de tales competencias de la Unión en relación con una entidad corre el riesgo de comprometer la adopción rápida de medidas y, por tanto, su eficacia.
31.
En este sentido, la citada interpretación también es coherente con los objetivos del Reglamento MUR de mantener la estabilidad financiera, de garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos y de proteger a los depositantes, que se mencionan en el considerando 58 del Reglamento MUR. (
16
) La situación de imprecisión derivada de la falta de una decisión formal negativa, que daría lugar a dudas sobre las decisiones y las medidas que serán adoptadas en relación con una entidad tras la evaluación, efectuada por el BCE respecto de ella, de que está en graves dificultades o de que probablemente vaya a estarlo, aumentaría los riesgos para tal entidad y, por consiguiente, también los riesgos de contagio. (
17
)
32.
La interpretación según la cual la JUR es competente para adoptar decisiones formales que declaren que no se cumplen las condiciones previstas en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR no es puesta en entredicho por la sentencia Comisión/JUR. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que un dispositivo de resolución adoptado por la JUR no es un acto impugnable. En efecto, dicho dispositivo no constituye el resultado final del procedimiento de resolución, que únicamente se materializa con su aprobación por la Comisión Europea. (
18
) En particular, en el apartado 83 de la sentencia Comisión/JUR, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien los artículos 7 y 18 de dicho Reglamento establecen que la JUR es responsable de elaborar y adoptar un dispositivo de resolución, «no por ello le otorgan la facultad de adoptar un acto que produzca efectos jurídicos autónomos».
33.
Sin embargo, del objeto del litigio que dio lugar a la sentencia Comisión/JUR se desprende claramente que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia se refirió exclusivamente al dispositivo de resolución adoptado, es decir, a una decisión formal positiva de la JUR que no produce efectos jurídicos autónomos. La decisión formal de no adoptar un dispositivo de resolución es, en cambio, el acto final del procedimiento ante la JUR. Por tanto, dicha decisión constituye un acto que produce necesariamente efectos jurídicos autónomos y que es recurrible con arreglo al artículo 263 TFUE.
34.
Por último, las alegaciones de ABLV Bank que impugnan el apartado 83 de la sentencia recurrida no cuestionan la corrección de la conclusión del Tribunal General relativa a la atribución a la JUR de la competencia para adoptar una decisión formal negativa sobre la resolución. Sobre este aspecto, de hecho, el Tribunal General no consideró que el artículo 82, apartado 2, de la Directiva 2014/59 fuera aplicable al presente asunto. El Tribunal General se refirió a esta disposición en el contexto del análisis del marco jurídico más amplio en el que se inscribe el artículo 18 del Reglamento MUR.
35.
En mi opinión, de lo anterior se desprende que debe desestimarse la primera parte del primer motivo de casación.
b)
Segunda parte del primer motivo de casación, relativa a la jurisprudencia sobre la delegación de facultades en favor de las agencias
1) Alegaciones de ABLV Bank
36.
ABLV Bank alega que la interpretación del artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR adoptada por el Tribunal General en la sentencia recurrida es incompatible con la jurisprudencia sobre la delegación de facultades en favor de las agencias que se deriva de la sentencia Meroni/Alta Autoridad. (
19
) ABLV Bank subraya que la JUR es una agencia cuyas competencias deben definirse estrictamente. Alega que el Reglamento MUR reconoce expresamente la exigencia de limitar la potestad de la JUR al remitirse, en el considerando 26, a la jurisprudencia mencionada. Sin embargo, en contra de tal exigencia, la interpretación adoptada por el Tribunal General otorga a la JUR una facultad muy amplia para determinar de forma permanente el destino de un banco afectado, sin la intervención de la Comisión ni del Consejo y sin ninguna limitación de carácter procesal ni sustantivo.
2) Análisis
37.
Con carácter preliminar, cabe señalar que, en la reciente sentencia Comisión/JUR, el Tribunal de Justicia examinó la compatibilidad de las facultades conferidas a la JUR por el artículo 18 del Reglamento MUR a la luz de la jurisprudencia derivada de la sentencia Meroni/Alta Autoridad, con referencia a la situación contraria a la del presente asunto, es decir, a la adopción de un dispositivo de resolución. En aquella sentencia, el Tribunal de Justicia concluyó que las disposiciones de dicho artículo, que permiten a la JUR adoptar un dispositivo de resolución, contribuyen a evitar un «desplazamiento de responsabilidad», en el sentido del criterio jurisprudencial antes citado. (
20
) El Tribunal de Justicia basó su razonamiento en la consideración de que esas disposiciones, si bien confían a la JUR la facultad de apreciar si se cumplen las condiciones para adoptar un dispositivo de resolución y de determinar los instrumentos necesarios para tal dispositivo, confieren a la Comisión o, en su caso, al Consejo la responsabilidad de la apreciación final de los aspectos discrecionales del dispositivo de resolución que forman parte de la política de la Unión en materia de resolución de entidades de crédito. (
21
)
38.
La alegación formulada por ABLV Bank en la segunda parte del primer motivo de casación se basa en una premisa errónea, ya que tiende a equiparar dos supuestos completamente diferentes. De hecho, equivale, en esencia, a sostener que el razonamiento efectuado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/JUR, relativo a la facultad de la JUR para adoptar un dispositivo de resolución, debe aplicarse también a su facultad para no adoptarlo. Si no hay participación de las instituciones en el procedimiento de adopción de este tipo de decisiones, la atribución a la JUR de la facultad de adoptarlas sería, por tanto, incompatible con la jurisprudencia sobre la delegación de facultades a las agencias. (
22
)
39.
Sin embargo, la facultad de adoptar decisiones relativas a la no adopción de un dispositivo de resolución que se cuestiona en el presente asunto es radicalmente diferente de la facultad ejercida en el caso contrario, el de la adopción de un dispositivo de resolución, que fue el objeto de la sentencia Comisión/JUR.
40.
Al adoptar una decisión negativa, la JUR decide que no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR, que justifican el ejercicio por la Unión de sus competencias de resolución. Una decisión negativa conlleva la terminación del procedimiento de resolución a nivel de la Unión. Se tomarán medidas, en su caso, a nivel nacional, si se cumplen las condiciones previstas en el Derecho nacional aplicable.
41.
Por tanto, una decisión negativa constituye una decisión de no ejercer las competencias de la Unión en materia de política de resolución. Por el contrario, una decisión (positiva) de adoptar un dispositivo de resolución implica el inicio del procedimiento de resolución propiamente dicho y el pleno ejercicio de las competencias de resolución en virtud de la política de resolución de la Unión que solo sus instituciones pueden desarrollar. (
23
)
42.
En este contexto, el alcance de las valoraciones que corresponde realizar a la JUR para adoptar una decisión negativa también es mucho más limitado. En caso de adopción de una decisión negativa, las apreciaciones que debe realizar la JUR se limitan a determinar que no se cumplen las tres condiciones establecidas en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR. Sin embargo, no se extienden, como en el caso de la adopción de un dispositivo de resolución, a la determinación de los instrumentos de resolución o a la necesidad de recurrir al Fondo Único de Resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18, apartado 6, letra c), del Reglamento MUR.
43.
En cuanto a la naturaleza de la valoración del cumplimiento de las tres condiciones previstas en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR, el Tribunal de Justicia ha declarado que la JUR dispone de un margen de apreciación, (
24
) con independencia de la circunstancia de que tal análisis se concluya con una decisión positiva o negativa. (
25
) Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha reconocido que esa facultad está acotada, en virtud del artículo 18, apartados 1, 4 y 5, del Reglamento MUR, por criterios y condiciones objetivos, que delimitan el ámbito de actuación de la JUR. (
26
)
44.
La valoración del cumplimiento o no de las tres condiciones previstas en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR presupone tomar decisiones de carácter técnico y efectuar apreciaciones complejas (
27
) de carácter técnico y de naturaleza económico-prudencial. (
28
) En cambio, dicha apreciación no implica realizar elecciones de carácter «político», que se dejan exclusivamente en manos de los órganos políticos de la Unión.
45.
Al apreciar si se cumplen estas condiciones, la JUR ejerce, pues, una «discrecionalidad técnica» y no una «discrecionalidad política». (
29
)
46.
De las consideraciones anteriores se desprende que, en el supuesto de la adopción de una decisión negativa, la delegación de facultades a la JUR, al estar limitada a la facultad de determinar, sobre la base de valoraciones de carácter esencialmente técnico, que no se cumplen las condiciones para que la Unión emprenda una acción de resolución, tiene un alcance mucho más reducido que en el supuesto de la adopción de un dispositivo de resolución. La delegación y la consiguiente discrecionalidad ejercida tienen un alcance diferente respecto al supuesto de la adopción de un dispositivo de resolución: al no existir un ejercicio de discrecionalidad política, no es necesaria la participación de las instituciones «políticas» en la adopción de tales decisiones negativas.
47.
Además, las razones expuestas en los considerandos 24 y 26 del Reglamento MUR, que fundamentan la necesidad de que la Comisión y el Consejo intervengan en el supuesto de que se adopte un dispositivo de resolución, no justifican su participación en el procedimiento de adopción de una decisión negativa.
48.
Más concretamente, por lo que se refiere a la participación de la Comisión, en caso de adopción de una decisión negativa, al no haber acción de resolución por parte de la Unión, tampoco puede haber un control de los aspectos discrecionales del dispositivo de resolución. (
30
)
49.
En cuanto a la implicación del Consejo, en caso de adopción de una decisión negativa, al no haberse recurrido al Fondo, no es necesario controlar la cuantía de los recursos que se van a utilizar ni ejercer un control del impacto que la resolución tiene en la estabilidad financiera de los Estados miembros y de la Unión en su conjunto ni en la soberanía presupuestaria de los Estados miembros. Si no hay una acción de resolución de la Unión, la ponderación de los diferentes objetivos e intereses en juego tendrá lugar, posiblemente, a nivel nacional, tal como prevé el sistema de reparto de competencias establecido en el Reglamento.
50.
En conclusión, de las consideraciones anteriores se desprende que la atribución a la JUR de la facultad de adoptar decisiones negativas en cuanto al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 18, apartado 1, del MUR no implica la delegación a la JUR de la facultad de adoptar un acto relativo a la política económica expresión de la Unión, sino únicamente una facultad de apreciación, que es la expresión de una discrecionalidad técnica. Por tanto, no se produce un «verdadero desplazamiento de responsabilidad», incompatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la delegación de poderes a las agencias derivada de la sentencia dictada en el asunto Meroni/Alta Autoridad.
51.
Por consiguiente, en mi opinión, la segunda parte del primer motivo de casación también debe desestimarse.
c)
Tercera parte del primer motivo de casación, relativa a las demás alegaciones
52.
En el marco del primer motivo de casación, ABLV Bank formula otras alegaciones contra los apartados 73 a 86 de la sentencia recurrida.
53.
En primer lugar, ABLV Bank sostiene que la práctica posterior de la JUR demuestra que esta no estaba de acuerdo con la interpretación del artículo 18 del Reglamento MUR adoptada por el Tribunal General.
54.
En mi opinión, este argumento es, ante todo, inadmisible, al no identificar en modo alguno los elementos impugnados de la sentencia recurrida que supuestamente adolecen de errores de Derecho. (
31
) En cualquier caso, en cuanto al fondo, resulta, asimismo, inoperante. En efecto, aun cuando se admita que la JUR modificó su práctica —lo cual es negado por la propia JUR—, tal modificación carecería de relevancia a efectos del presente asunto, habida cuenta de que no incide en absoluto sobre la legalidad de la interpretación del artículo 18 del Reglamento MUR adoptada por el Tribunal General.
55.
En segundo lugar, ABLV Bank alega que el Tribunal General no precisó correctamente los efectos jurídicos de las Decisiones controvertidas. Estas Decisiones, que contienen determinaciones vinculantes en relación con dos de las condiciones establecidas en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR, modifican la situación jurídica de ABLV Bank en sentido negativo, aunque no den lugar directamente a su liquidación. El Tribunal General debería haber tenido en cuenta el carácter de tales Decisiones y sus efectos jurídicos antes de analizar su legalidad. Afirma que el Tribunal General, además, declaró que la JUR puede dar instrucciones a las autoridades nacionales de resolución, pero no precisó de qué tipo de instrucciones se trata.
56.
Albergo serias dudas sobre la admisibilidad de esta alegación. En efecto, tampoco en este caso ABLV Bank identifica las partes de la sentencia recurrida que se impugnan. En cualquier caso, su alegación también carece de fundamento. En los apartados 34 y 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal General reconoció expresamente que la Decisión controvertida producía directamente efectos sobre la situación jurídica de ABLV Bank. Este es el motivo por el que este banco se ve directamente afectado por tal Decisión y por el que, por tanto, está legitimado para impugnarla, aunque no sea su destinatario. Así pues, el Tribunal General analizó y comprendió la naturaleza de las Decisiones controvertidas y sus efectos jurídicos. Además, en la sentencia recurrida el Tribunal General no señala que la JUR diera instrucciones a las autoridades nacionales.
57.
En tercer lugar, ABLV Bank alega que, al no reconocer que las Decisiones controvertidas exigen la liquidación de ABLV Bank y de ABLV Bank Luxembourg, el Tribunal General desnaturalizó su contenido. Por una parte, el tenor de las Decisiones controvertidas obliga a las autoridades nacionales de resolución a aplicarlas y no deja lugar a dudas sobre la necesidad de la liquidación. Por otra parte, el Tribunal General equiparó erróneamente el concepto de acto impugnable con arreglo al artículo 263 TFUE a un determinado documento material. Este concepto se refiere al contenido de las Decisiones controvertidas. Por consiguiente, a la luz del comunicado de prensa emitido por la JUR el 24 de febrero de 2018, (
32
) el Tribunal General debería haber llegado a la conclusión que las Decisiones controvertidas imponían la liquidación de ABLV Bank y de ABLV Bank Luxembourg.
58.
A este respecto, carecen de fundamento las alegaciones de que las Decisiones controvertidas imponen dicha liquidación. En efecto, como se desprende expresamente de la sentencia de 24 de febrero de 2022, Bernis y otros/JUR (C‑364/20 P, EU:C:2022:115), las Decisiones controvertidas no imponen la liquidación de las dos entidades de que se trata. (
33
) Además, como señala el Tribunal General en el apartado 75 de la sentencia recurrida, del apartado 49 de la sentencia ABLV Bank se desprende que la liquidación de dicho banco responde a una decisión adoptada por los accionistas de esa sociedad.
59.
Las alegaciones relativas al comunicado de prensa emitido por la JUR el 24 de febrero de 2018 también carecen de fundamento. Aun en el supuesto de que exista una incoherencia entre el tenor de las Decisiones controvertidas y el comunicado de prensa, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 77 de la sentencia recurrida, que un acto de información, como es un comunicado de prensa, no puede alterar el contenido de una decisión formal.
60.
En cuarto lugar, ABLV Bank alega que el Tribunal General desnaturalizó implícitamente el concepto de «destinatario» de un acto en el sentido de los artículos 263 TFUE y 297 TFUE, apartado 2. A su parecer, el Tribunal General debería haber tenido en cuenta que por destinatario de un acto se entiende a la persona cuya situación jurídica ha sido modificada, y no a la autoridad responsable de su aplicación. De ello se desprende que ABLV Bank y ABLV Bank Luxembourg deben considerarse los destinatarios de las Decisiones controvertidas.
61.
Esta alegación carece de fundamento. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que el concepto de destinatario del acto, con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, debe entenderse formalmente, en el sentido de que se refiere a la persona que el propio acto designa como su destinatario. El hecho de que una persona distinta del destinatario formal de un acto pueda verse afectada por su contenido puede, ciertamente, dar lugar a que esta tenga legitimación activa, pero no le atribuye la condición de destinatario del acto de que se trate. (
34
)
62.
En quinto lugar, las Decisiones controvertidas adolecen de graves vicios de procedimiento que deberían haber sido apreciados de oficio. En el procedimiento que condujo a la adopción de la Decisión controvertida no se respetaron el derecho a ser oído y el derecho de acceso al expediente de ABLV Bank. Además, afirma que dicha Decisión no se comunicó de forma adecuada a ABLV Bank y carecía de toda motivación.
63.
En mi opinión, también son inadmisibles las alegaciones relativas a supuestos vicios de procedimiento. ABLV Bank vuelve a no señalar en modo alguno los elementos impugnados de la sentencia recurrida. En particular, la alegación relativa al supuesto incumplimiento de la obligación de motivación no se fundamenta con argumento alguno.
64.
De las consideraciones anteriores se desprende que, a mi parecer, el primer motivo de casación debe ser desestimado en su totalidad.
2.
Segundo motivo de casación
65.
Mediante su segundo motivo de casación, ABLV Bank impugna la parte de la sentencia recurrida (
35
) en la que el Tribunal General desestimó los motivos invocados por ella en relación con la apreciación de la existencia de una situación de riesgo de graves dificultades, en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento MUR. La JUR y el BCE impugnan todas las alegaciones formuladas en el marco del segundo motivo de casación.
66.
Con carácter preliminar, debe rechazarse la excepción de inadmisibilidad propuesta por la JUR, según la cual el presente motivo de casación es inadmisible en su totalidad. En efecto, es cierto que, en algunos puntos, la exposición de los argumentos de ABLV Bank adolece de falta de claridad. Sin embargo, en general, el recurso permite identificar los elementos impugnados de la sentencia recurrida y comprender los argumentos de ABLV Bank, lo que permite al Tribunal de Justicia ejercer el control de legalidad.
a)
Sobre el alcance del control jurisdiccional
67.
ABLV Bank alega que, en los apartados 90 a 96 de la sentencia recurrida, el Tribunal General adoptó una interpretación excesivamente restrictiva del alcance del control jurisdiccional que los órganos jurisdiccionales de la Unión deben llevar a cabo en relación con la apreciación de que el ente está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo, en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento MUR. De este modo, el Tribunal General infringió, a su parecer, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según ABLV Bank, el Tribunal General señaló erróneamente que ese control debe ser más limitado que el realizado por los órganos jurisdiccionales nacionales en materia de insolvencia.
68.
En este sentido, de la jurisprudencia citada en el anterior punto 43 se desprende que, al apreciar si se cumplen las condiciones previstas en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR, la JUR dispone de una facultad discrecional. Más concretamente, de la jurisprudencia citada en el punto 44 de las presentes conclusiones se desprende que, en la apreciación de que una entidad de crédito está en una situación de graves dificultades o probablemente vaya a estarlo, corresponde a la JUR tomar decisiones de carácter técnico y realizar previsiones y apreciaciones económicas complejas.
69.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, habida cuenta de este margen de apreciación, el control jurisdiccional que el juez de la Unión debe ejercer en cuanto a si la motivación de las decisiones relativas a la adopción de un dispositivo de resolución resulta fundamentada —motivación que incluye el análisis de la existencia de graves dificultades o de la probabilidad de que lleguen a existir— no debe llevarlo a sustituir la apreciación de la JUR por la suya, sino que tiene la finalidad de comprobar que esa decisión no esté basada en hechos materialmente inexactos ni esté viciada de ningún error manifiesto de apreciación o de desviación de poder. (
36
)
70.
De ello se desprende que el Tribunal General no cometió ningún error de Derecho en la sentencia recurrida por lo que se refiere a la determinación del alcance del control jurisdiccional, por parte de los órganos jurisdiccionales de la Unión, de la apreciación de que la entidad está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo.
71.
En este sentido, cabe señalar, no obstante, que, debido precisamente al reconocimiento a la JUR de una facultad discrecional técnica para determinar la concurrencia de los criterios previstos en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR, el control jurisdiccional riguroso, incluso en los límites descritos anteriormente, reviste una importancia particular. (
37
)
72.
Según reiterada jurisprudencia, cuando se ejerce una discrecionalidad técnica, el respeto de las garantías procesales, incluida la obligación de las instituciones de la Unión de examinar, con atención e imparcialidad, todos los elementos pertinentes de la situación evaluada, reviste una importancia primordial. En tales situaciones, el juez de la Unión no solo debe verificar, en particular, la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de ellos. (
38
)
73.
En concreto, el carácter complejo de las evaluaciones económicas efectuadas por las autoridades de resolución no debe impedir que los órganos jurisdiccionales examinen si las pruebas en las que se basa la autoridad de resolución son precisas, fiables y coherentes, si contienen toda la información pertinente que se ha de tener en cuenta para evaluar una situación compleja y si sirven para justificar las conclusiones extraídas. (
39
) Por tanto, la JUR debe adoptar sus decisiones sobre la base de elementos sólidos, precisos, fiables y coherentes, así como motivar cabalmente su decisión, velando por la transparencia de las sucesivas fases del razonamiento lógico en que se sustente. (
40
) Tales elementos y tal motivación deben ser objeto de un control riguroso por parte del juez de la Unión, tanto más cuanto que el Reglamento MUR no contempla la posibilidad de interponer recurso contra las decisiones adoptadas con arreglo a su artículo 18 ante el Panel de Recurso que establece el artículo 85 del mismo Reglamento. (
41
)
b)
Sobre las demás alegaciones formuladas en el marco del segundo motivo de casación
74.
En el marco de su segundo motivo de casación, ABLV Bank formula otras alegaciones contra los apartados 97 a 146 de la sentencia recurrida.
75.
En primer lugar, ABLV Bank alega que el Tribunal General desnaturalizó los autos al considerar que la Decisión controvertida relativa a ABLV Bank contenía una apreciación implícita por parte de la JUR de que el banco estaba en graves dificultades o de que probablemente iba a estarlo, mientras que la JUR había declarado, en su escrito de contestación, que había sido el BCE el que había realizado dicha evaluación por su cuenta y que ella únicamente había sido consultada.
76.
Esta alegación se basa en una lectura manifiestamente errónea de los apartados 103 a 108 de la sentencia recurrida. En estos apartados, el Tribunal General no señala la existencia de ninguna apreciación implícita. Se limita a declarar sin error que, de conformidad con la jurisprudencia, la JUR puede adoptar y basarse en la evaluación del BCE relativa al cumplimiento de la condición prevista en el artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento MUR.
77.
En segundo lugar, ABLV Bank alega que el Tribunal General desnaturalizó los hechos por omisión, al no tener en cuenta la sentencia del Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo), de 9 de marzo de 2018, ni otros hechos posteriores que, según afirma, habían puesto en tela de juicio las apreciaciones de la JUR subyacentes a las Decisiones controvertidas.
78.
En este sentido, la sentencia del órgano jurisdiccional luxemburgués es manifiestamente irrelevante en el presente contexto, aunque solo sea por el hecho de que no se refiere a ABLV Bank, sino a ABLV Bank Luxembourg, por lo que el recurso de ABLV Bank fue declarado inadmisible. Por lo que respecta a la referencia a los otros elementos posteriores, antes de nada, ABLV Bank no cuestiona en modo alguno el razonamiento contenido en los apartados 97 a 99 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General rechaza la alegación relativa a otros hechos posteriores relacionados con la situación de liquidez de ABLV Bank. En cualquier caso, la referencia que se hace en el recurso a tales hechos posteriores no está respaldada por ninguna prueba.
79.
En tercer lugar, ABLV Bank sostiene que el Tribunal General no respondió adecuadamente a ciertas alegaciones formuladas en primera instancia. ABLV Bank se refiere a los siguientes elementos: la moratoria, el mecanismo de protección de depósitos y la solicitud de convertir su liquidez Euroclear en liquidez en el Banco Central de Letonia.
80.
En este sentido, en el supuesto de que se entienda que esta alegación pretende cuestionar el fondo de las apreciaciones del Tribunal General en relación con dichos elementos, es manifiestamente inadmisible, ya que ABLV Bank no indica en absoluto los errores de que adolece la sentencia recurrida. En la medida en que esta alegación se entienda en el sentido de que ABLV Bank invoca una falta de motivación de la sentencia recurrida en relación con el análisis efectuado por el Tribunal General, carece de fundamento. De hecho, el Tribunal General respondió a estos argumentos en los apartados 125 a 144 de la sentencia recurrida.
81.
Por último, en cuarto lugar, ABLV Bank sostiene que la sentencia recurrida se basa en una interpretación errónea del concepto de liquidez de los bancos, en el sentido del artículo 18 del Reglamento MUR. El Tribunal General no tiene en cuenta el hecho de que el régimen de liquidez previsto en el Derecho de la Unión quedaría desnaturalizado si se impusieran a las entidades de crédito requisitos de liquidez adicionales en caso de crisis.
82.
En este sentido, observo que, para apoyar su argumento en cuanto al concepto de «liquidez», ABLV Bank se limita a afirmar que las reservas de liquidez se generaron a tiempo y se utilizaron y redujeron deliberadamente en un momento de crisis. Sin embargo, no cuestiona en modo alguno el razonamiento del Tribunal General contenido en los apartados 111 a 115 de la sentencia recurrida. Además, la alegación relativa a la imposición de requisitos adicionales de liquidez no está respaldada por ninguna prueba.
83.
De las consideraciones anteriores se desprende que, en mi opinión, el segundo motivo de casación también debe ser desestimado.
3.
Tercer motivo de casación
84.
Mediante su tercer motivo de casación, ABLV Bank alega que el Tribunal General, en la sentencia recurrida, ignoró, desnaturalizó o trató de forma inadecuada varias alegaciones formuladas en primera instancia. ABLV se refiere, en primer lugar, a su alegación relativa a la vulneración por parte del BCE y de la JUR de la competencia de las autoridades letonas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y a la existencia de una decisión al respecto; en segundo lugar, a su alegación relativa al dictamen de la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) estadounidense, que, según afirma, constituyó un intento, por parte de un país tercero, de presionar a la República de Letonia para que modificara su legislación, y, en tercer lugar, a su alegación relativa a las dudas sobre la imparcialidad de la JUR y del BCE. Además, el Tribunal General no tuvo suficientemente en cuenta varias pruebas aportadas por ABLV Bank.
85.
A este respecto, por lo que atañe a las dos primeras alegaciones, de la jurisprudencia se desprende que la toma en consideración de las causas por las que un banco está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo, en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento MUR, no se contempla en tal disposición y sería, además, incompatible con los objetivos de dicho Reglamento. (
42
) De ello se desprende que, en el apartado 101 de la sentencia recurrida, el Tribunal General pudo, sin incurrir en error, desestimar todas las alegaciones relativas a tales cuestiones, incluidas las dos alegaciones indicadas, al considerarlas irrelevantes en relación con la legalidad de la Decisión controvertida relativa a ABLV Bank.
86.
En cuanto a la tercera alegación, en la medida en que debe entenderse en el sentido de que ABLV Bank pretende impugnar la vulneración de su derecho a que sus asuntos sean tratados imparcialmente por la JUR, como se invocó en primera instancia, el Tribunal General le respondió en los apartados 179 a 186 de la sentencia recurrida. Por tanto, ABLV Bank no puede alegar que el Tribunal General ignoró tal alegación. Sin embargo, en su recurso de casación no impugna, en modo alguno, el razonamiento contenido en esa parte de la sentencia recurrida.
87.
Por último, en cuanto a las alegaciones relativas a la valoración de las pruebas por parte del Tribunal General, de jurisprudencia reiterada se desprende que la apreciación de los hechos y de las pruebas no constituye, salvo que hayan sido desnaturalizados, una cuestión de Derecho, sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. (
43
) Por tanto, los argumentos anteriores son inadmisibles.
88.
De las consideraciones anteriores se desprende que, en mi opinión, el tercer motivo de casación también debe ser desestimado.
4.
Cuarto motivo de casación
89.
Mediante su cuarto motivo de casación, ABLV Bank alega que el Tribunal General incurrió en varios errores al examinar la admisibilidad del recurso interpuesto contra la Decisión relativa a ABLV Bank Luxembourg.
90.
En primer lugar, alega que las Decisiones controvertidas deben interpretarse de conformidad con el comunicado de prensa emitido por la JUR el 24 de febrero de 2018. En segundo lugar, señala que el Tribunal General desnaturalizó su contenido al negar que las Decisiones controvertidas impongan la liquidación de ABLV Bank y de ABLV Bank Luxembourg. En tercer lugar, al referirse a las decisiones de resolución adoptadas por la JUR respecto de otras entidades, ABLV Bank sostiene que una decisión de resolución puede modificar la situación jurídica de los accionistas. El citado banco deduce de ello que lo mismo puede aplicarse a una decisión de no adoptar un dispositivo de resolución.
91.
A este respecto, considero que el razonamiento del Tribunal General contenido en los apartados 40 a 45 de la sentencia recurrida no contiene ningún error de Derecho. En efecto, el Tribunal General aplicó correctamente la jurisprudencia (
44
) al considerar que a ABLV Bank, en cuanto accionista de ABLV Bank Luxembourg, no le afecta directamente la Decisión controvertida relativa a este último, ya que su derecho a percibir dividendos y a participar en la gestión de ABLV Bank Luxembourg no se vio perjudicado por la decisión de no someter dicha entidad a resolución.
92.
Las alegaciones formuladas por ABLV Bank no cuestionan esta afirmación. Las alegaciones primera y segunda, mencionadas en el punto 90 de las presentes conclusiones, ya fueron desestimadas en los puntos 58 y 59 de estas. La tercera alegación, relativa a las decisiones de resolución adoptadas por la JUR respecto de otras entidades, también debe desestimarse, puesto que dichas decisiones carecen de pertinencia a efectos de demostrar el interés directo de ABLV Bank en la Decisión controvertida relativa a su filial.
93.
De ello se desprende que el cuarto motivo de casación también debe desestimarse, por lo que procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.
III. Costas
94.
Habida cuenta de que el recurso de casación interpuesto por ABLV Bank ha sido desestimado y al haber solicitado tanto la JUR como el BCE su condena en costas, considero que ABLV Bank debe ser condenada a cargar con sus propias costas en virtud del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1.
IV. Conclusión
95.
A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva lo siguiente:
–
Desestimar el recurso de casación.
–
Condenar a ABLV Bank AS a cargar con las costas en que hayan incurrido la Junta Única de Resolución y el Banco Central Europeo.
(
1
)	Lengua original: italiano.
(
2
)	El MUR fue creado por el Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento MUR»).
(
3
)	Respectivamente, Decisiones SRB/EES/2018/09 y SRB/EES/2018/10, de 23 de febrero de 2018 (en lo sucesivo, «Decisiones controvertidas»).
(
4
)	Para una exposición más detallada de los antecedentes de hecho del presente asunto me remito a los apartados 2 a 20 de la sentencia recurrida.
(
5
)	En virtud del artículo 256 TFUE, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Véase, ex multis, la sentencia de 14 de diciembre de 2016, SV Capital/ABE (C‑577/15 P, EU:C:2016:947), apartado 69 y jurisprudencia citada.
(
6
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27).
(
7
)	Sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, en lo sucesivo, sentencia Comisión/JUR, EU:C:2024:520), en particular, apartado 83.
(
8
)	Véase, ex multis, la sentencia de 9 de enero de 2025, Communes de Schaerbeek y de Linkebeek (C‑627/23, EU:C:2025:9), apartado 28 y jurisprudencia citada.
(
9
)	Es decir, las entidades financieras y grupos que se consideren significativos para la estabilidad financiera en la Unión Europea y otros grupos transfronterizos. Véase, en este sentido, la sentencia Comisión/JUR, apartado 75.
(
10
)	El análisis de las diferentes versiones lingüísticas de la disposición en cuestión muestra que la formulación utilizada en italiano también se emplea en la mayoría de las demás lenguas (por ejemplo, en inglés, «all decisions relating to resolution», en alemán, «alle Beschlüsse im Zusammenhang mit einer Abwicklung», y en español, «todas las decisiones relacionadas con la resolución»). Se pueden encontrar redacciones similares en las versiones portuguesa, griega, letona, húngara, rumana, danesa, sueca, finesa y búlgara. Otras versiones lingüísticas contienen una redacción ligeramente diferente, que utiliza las palabras «todas las decisiones de resolución» (por ejemplo, la francesa «toutes les décisions de résolution» y la neerlandesa «alle afwikkelingsbesluiten»). Sin embargo, incluso esta redacción, que, por otra parte, parece utilizarse en menos versiones lingüísticas, es compatible con la interpretación de la disposición que se propone en los puntos siguientes de las presentes conclusiones.
(
11
)	La única limitación es la obligación de cooperar con las autoridades nacionales de resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 31, apartado 1, del Reglamento.
(
12
)	Como señala acertadamente el Tribunal General en el apartado 82 de la sentencia recurrida.
(
13
)	El Tribunal General se remitió a la sentencia de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE (C‑551/19 P y C‑552/19 P, en lo sucesivo, sentencia ABLV Bank, EU:C:2021:369). Véanse, en particular, los apartados 56 y 73.
(
14
)	Véanse, asimismo, en este sentido, los considerandos 1 y 120 de la Directiva 2014/59.
(
15
)	Sobre la necesidad de una intervención rápida en situaciones de crisis, véanse los considerandos 10, 16, 26 y 31 del Reglamento MUR, así como los considerandos 4 y 5 de la Directiva 2014/59.
(
16
)	Véanse, asimismo, las sentencias de 4 de octubre de 2024, Aeris Invest/Comisión y JUR (C‑535/22 P, en lo sucesivo, sentencia Aeris Invest, EU:C:2024:819), apartado 164, y García Fernández y otros/Comisión y JUR (C‑541/22 P, en lo sucesivo, sentencia García Fernández, EU:C:2024:820), apartado 190.
(
17
)	Así lo señala acertadamente el Tribunal General en el apartado 84 de la sentencia recurrida. De tales consideraciones se desprende que no puede aceptarse la posición defendida por ABLV Bank, según la cual, cuando la JUR llega a la conclusión de que una medida de resolución no es necesaria para el interés público, esta debe abstenerse tout court de adoptar una decisión.
(
18
)	Véase el artículo 18, apartados 1, 6 y 7, del Reglamento MUR. Véase la sentencia Comisión/JUR, apartado 94.
(
19
)	Sentencia de 13 de junio de 1958 (9/56, EU:C:1958:7).
(
20
)	Véanse las sentencias Meroni/Alta Autoridad, p. 41; de 22 de enero de 2014, Reino Unido/Parlamento y Consejo (C‑270/12, en lo sucesivo sentencia ESMA, EU:C:2014:18), apartado 42, y Comisión/JUR, apartado 71.
(
21
)	Véase la sentencia Comisión/JUR, apartado 81.
(
22
)	En este sentido, observo que, en su recurso de casación, ABLV Bank se limita a impugnar la compatibilidad de la interpretación adoptada por el Tribunal General con la jurisprudencia antes citada, sin plantear expresamente una excepción de ilegalidad con arreglo al artículo 277 TFUE respecto de alguna disposición del Reglamento MUR.
(
23
)	Considerando 24 del Reglamento MUR y sentencia Comisión/JUR, apartado 69.
(
24
)	Véanse las sentencias Comisión/JUR, apartados 75 y 77, y Aeris Invest, apartado 266.
(
25
)	Esta constatación es suficiente para rechazar el argumento esgrimido en la vista por la JUR de que, cuando adopta una decisión negativa sobre los criterios establecidos en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento MUR, a diferencia de lo que ocurre en el caso de una decisión positiva, carece de todo margen de apreciación. Además, el argumento de la JUR no es defendible desde un punto de vista lógico. En efecto, no es lógicamente concebible que la facultad de apreciar el cumplimiento de determinadas condiciones varíe, en relación con la discrecionalidad ejercida, en función del resultado (positivo o negativo) del análisis. El elemento de discrecionalidad se refiere al propio análisis y no puede depender de su resultado.
(
26
)	Véase la sentencia Comisión/JUR, apartado 77.
(
27
)	Sentencias Aeris Invest, apartados 266 y ss., y García Fernández, apartado 275. Véase, asimismo, la sentencia de 11 de diciembre de 2018, Weiss y otros (C‑493/17, EU:C:2018:1000).
(
28
)	Se trata, al fin y al cabo, de apreciaciones fácticas complejas, comparables a las consideradas por el Tribunal de Justicia en la sentencia ESMA. Véase, en particular, el apartado 52 de dicha sentencia. El análisis de las dos primeras condiciones presupone apreciaciones puramente técnicas. La tercera condición, relativa a la existencia del interés público, exige valoraciones discrecionales de carácter general relativas a la consecución de los objetivos de la resolución establecidos en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento MUR. En particular, el análisis de la proporcionalidad de la medida de resolución con la consecución de uno o varios de esos objetivos implica un importante margen de apreciación. Sin embargo, al examinar esta condición, a pesar de que deba efectuar análisis prospectivos basados en juicios de valor y previsiones especulativas, la JUR siempre realiza apreciaciones basadas en criterios de carácter técnico. La JUR no está en condiciones de decidir sobre la base de consideraciones políticas que vayan más allá de la determinación de la existencia de tales criterios técnicos.
(
29
)	Sobre la distinción entre estas categorías de facultad discrecional, véanse, ante todo, las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Rica Foods/Comisión (C‑40/03 P, EU:C:2005:93), punto 46. En este sentido, véanse, asimismo, más recientemente, las conclusiones del Abogado General Emiliou presentadas en el asunto BCE/Crédit lyonnais (C‑389/21 P, EU:C:2022:844).
(
30
)	En este sentido, cabe señalar, además, que el Reglamento MUR contempla la implicación de la Comisión en los trabajos de la JUR y, por tanto, también en la adopción de decisiones negativas como las controvertidas (véanse el artículo 43, apartado 3, del Reglamento MUR y la sentencia Comisión/JUR, apartado 78).
(
31
)	Véase, ex multis, la sentencia de 23 de enero de 2019, Deza/ECHA (C‑419/17 P, EU:C:2019:52), apartados 93 y 94 y jurisprudencia citada.
(
32
)	Véase el apartado 17 de la sentencia recurrida.
(
33
)	Véanse los apartados 50 y ss. de la sentencia citada.
(
34
)	Véase la sentencia de 21 de enero de 2016, SACBO/Comisión e INEA (C‑281/14 P, EU:C:2016:46), apartado 34.
(
35
)	Apartados 90 a 146 de la sentencia recurrida.
(
36
)	Véanse las sentencias Aeris Invest, apartado 266, y García Fernández, apartado 275 y jurisprudencia citada.
(
37
)	Véanse, en este sentido, las consideraciones del Abogado General Roemer en sus conclusiones presentadas en el asunto Meroni/Alta Autoridad (10/56, EU:C:1958:4), p. 108.
(
38
)	Sentencia de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais (C‑389/21 P, EU:C:2023:368), apartados 56 y 57 y jurisprudencia citada.
(
39
)	En este sentido, véase el considerando 89 de la Directiva 2014/59.
(
40
)	Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Tizzano presentadas en el asunto Comisión/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2004:318), puntos 87 y 88.
(
41
)	Véanse, en particular, las Decisiones del Panel de Recurso en los asuntos 3/17, 7/17, 27/17, 28/17 y 5/22. Sobre la necesidad de un control riguroso de las apreciaciones de carácter técnico y económico, véase, por analogía, lo que declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 9 de marzo de 2023, ACER/Aquind (C‑46/21 P, EU:C:2023:182), apartados 53 a 75, en relación con la intensidad del control de la Sala de Recurso de la ACER. A falta de control por un panel de recurso, estas exigencias se reflejarán en el control jurisdiccional.
(
42
)	Sentencia Aeris Invest, apartados 163 y 164.
(
43
)	Sentencia García Fernández, apartado 211 y jurisprudencia citada.
(
44
)	Sentencia de 5 de noviembre de 2019, BCE y otros/Trasta Komercbanka y otros (C‑663/17 P, C‑665/17 P y C‑669/17 P, EU:C:2019:923), apartados 110 y 111. Véase, asimismo, la sentencia de 24 de febrero de 2022, Bernis y otros/JUR (C‑364/20 P, EU:C:2022:115), apartados 69 y 80.