Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
José MARTÍN y PÉREZ DE NANCLARES
presentadas el 21 de enero de 2026 (1)
Asunto T‑150/25
Zollamt Österreich
con intervención de:
G GmbH
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria)]
« Procedimiento prejudicial — Unión aduanera — Código aduanero de la Unión — Artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 — Decisiones relativas a informaciones arancelarias vinculantes — Artículo 34, apartados 3 a 6, del Reglamento n.º 952/2013 — Pérdida de validez, anulación y revocación de las decisiones relativas a informaciones arancelarias vinculantes — Artículo 44, apartado 4, del Reglamento n.º 952/2013 — Recurso contra una decisión relativa a una información arancelaria vinculante — Corrección — Efecto retroactivo de una resolución jurisdiccional »
I.      Introducción
1.        La cuestión de los efectos en el tiempo de las normas es un tema bien clásico de la doctrina jurídica. Desde el Derecho romano rige como principio general la máxima de que «las normas no tienen efecto retroactivo», (2) muy en particular cuando se trata de normas sancionadoras o restrictivas de derechos. Dicha máxima constituye uno de los fundamentos básicos sobre los que se apoya la exigencia de certeza y de seguridad jurídica. Menos tajante es, empero, la conclusión sobre los efectos en el tiempo de las resoluciones jurisdiccionales, especialmente en el caso de resoluciones sobre la anulación de actos jurídicos.
2.        Esta es, de hecho, la cuestión central (e inédita) que se plantea en el presente asunto y que brinda al Tribunal General la ocasión de examinar los efectos en el tiempo de una resolución adoptada por una autoridad judicial nacional, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (3) (en lo sucesivo, «código aduanero de la Unión»), acerca de una decisión relativa a una información arancelaria vinculante (en lo sucesivo, «decisión IAV»).
3.        Una decisión IAV es un documento mediante el cual las autoridades aduaneras de los Estados miembros de la Unión Europea informan a los operadores económicos, a petición de estos, de la partida arancelaria (prevista en la nomenclatura aduanera) en la que debe clasificarse una mercancía cuando los operadores económicos pretenden importarla o exportarla. Esa información, que supone interpretar la nomenclatura combinada de las mercancías, permite a los operadores económicos prever los derechos aduaneros (que pueden tener que abonar) y calcular el importe de las restituciones a la exportación (a las que pueden acogerse en el marco de la política agrícola común). (4)
4.        La instauración de esta práctica tenía por objeto garantizar un cierto grado de seguridad jurídica a los operadores económicos en el ejercicio de sus actividades, facilitar la labor de los propios servicios aduaneros y asegurar una aplicación más uniforme de la legislación aduanera de la Unión. (5)
5.        En el litigio principal, se enfrentan un operador económico y la Zollamt Österreich (Oficina de Aduanas de Austria; en lo sucesivo, «Oficina de Aduanas») en relación con una decisión IAV. Las dos partes del litigio principal discrepan sobre la clasificación arancelaria de una mercancía comercializada por el operador económico.
6.        El Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario, Austria) estimó la pretensión del operador económico y modificó la decisión IAV.
7.        El órgano jurisdiccional remitente, que conoce del recurso de casación, se pregunta si la resolución del Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) tiene efectos ex tunc.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
8.        El considerando 26 del código aduanero de la Unión indica que, «con el fin de garantizar un equilibrio entre el deber de las autoridades aduaneras de garantizar la correcta aplicación de la legislación aduanera y el derecho de los operadores económicos a recibir un trato equitativo, es preciso que esas autoridades gocen de amplios poderes de control y que los operadores económicos puedan ejercer el derecho de recurso».
9.        El artículo 33 del código aduanero de la Unión, titulado «Decisiones relativas a las [IAV]», establece, en su apartado 1, que «las autoridades aduaneras adoptarán, previa solicitud, decisiones [IAV]».
10.      El artículo 34 de dicho código, titulado «Gestión de decisiones [IAV]», dispone:
«1.      Las decisiones IAV dejarán de ser válidas antes de que finalice el plazo a que se refiere el artículo 33, apartado 3, cuando dejen de ajustarse a la legislación como consecuencia de cualquiera de los supuestos siguientes:
a)      adopción de una modificación de las nomenclaturas a que se refiere el artículo 56, apartado 2, letras a) y b);
b)      adopción de las medidas a que se refiere el artículo 57, apartado 4;
con efectos a partir de la fecha de aplicación de dichas modificaciones o medidas.
[…]
3.      Las decisiones IAV […] no dejarán de ser válidas con efecto retroactivo.
4.      No obstante lo dispuesto en el artículo 23, apartado 3, y en el artículo 27, las decisiones IAV […] serán anuladas cuando se hayan basado en información incorrecta o incompleta facilitada por los solicitantes.
5.      Las decisiones IAV […] se revocarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23, apartado 3, y en el artículo 28. Sin embargo, no se revocarán por solicitud del titular de la decisión.
6.      Las decisiones IAV […] no podrán modificarse.
[…]»
11.      El artículo 43 del mismo código establece que «los artículos 44 y 45 no se aplicarán a los recursos que puedan presentarse para la anulación, revocación o modificación de decisiones relativas a la aplicación de la legislación aduanera adoptadas por una autoridad judicial o por autoridades aduaneras que actúen en calidad de autoridades judiciales».
12.      A tenor del artículo 44 del código aduanero de la Unión, titulado «Derecho de recurso»:
«1.      Toda persona tendrá derecho a recurrir una decisión de las autoridades aduaneras relativa a la aplicación de la legislación aduanera, cuando esta le afecte directa e individualmente.
[…]
2.      El derecho de recurso podrá ejercerse en al menos dos fases:
a)      inicialmente, ante las autoridades aduaneras o ante una autoridad judicial u otro órgano designado a tal efecto […];
b)      subsiguientemente, ante un órgano superior independiente, que podrá ser […] una autoridad judicial o un órgano especializado equivalente.
[…]
4.      Los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de recurso aplicados hagan posible la rápida confirmación o corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras.»
13.      En virtud del artículo 45 de dicho código, titulado «Suspensión de decisiones»:
«1.      La presentación de un recurso no determinará la suspensión de la decisión impugnada.
2.      No obstante, las autoridades aduaneras ordenarán la suspensión total o parcial de la ejecución de dicha decisión cuando tengan razones fundadas para dudar de la conformidad de la decisión impugnada con la legislación aduanera o cuando pueda temerse un daño irreparable para el interesado.
[…]»
B.      Derecho austriaco
14.      El artículo 279 del Bundesabgabenordnung (Código General Tributario; en lo sucesivo, «BAO») tiene el siguiente tenor:
«1.      Salvo en los casos a los que se refiere el artículo 278, los tribunales de lo contencioso-administrativo deberán resolver siempre, mediante resolución, sobre el fondo del asunto. Estarán facultados para sustituir la apreciación de la autoridad tributaria por la suya propia, tanto en el fallo como en los fundamentos, y, en consecuencia, para modificar en cualquier sentido o anular la decisión impugnada o para desestimar por infundado el recurso administrativo interpuesto contra tal decisión.
2.      La anulación de la decisión impugnada devolverá el procedimiento al estado en que este se encontraba antes de que se adoptara tal decisión.
[…]»
III. Hechos y petición de decisión prejudicial
15.      El 27 de octubre de 2022, la Oficina de Aduanas emitió, a petición de la sociedad G GmbH, una decisión IAV para un producto denominado «torniquete desechable», al que clasificó en el código de mercancía 4008 2190 00, con un período de validez declarado comprendido entre el 27 de octubre de 2022 y el 26 de octubre de 2025.
16.      El 22 de noviembre de 2022, G presentó un recurso administrativo contra esta decisión alegando que la clasificación arancelaria era materialmente incorrecta. La Oficina de Aduanas desestimó dicho recurso.
17.      Mediante resolución de 12 de marzo de 2024, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por G y modificó la decisión IAV impugnada clasificando el citado producto en el código de mercancía 4014 9000 00.
18.      La Oficina de Aduanas interpuso un recurso de casación contra la resolución del Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) ante el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria). La Oficina de Aduanas considera que el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario), mediante su resolución, basada en el artículo 279 del BAO, tenía la intención de modificar retroactivamente la decisión IAV, lo que, a su entender, no está permitido por el código aduanero de la Unión, en particular si se atiende al artículo 34, apartados 3 y 6, de este. Según la Oficina de Aduanas, en el caso de autos, no concurren los requisitos para la anulación retroactiva de una IAV contemplados en el artículo 27, apartado 1, del citado código.
19.      El órgano jurisdiccional remitente señala que, de conformidad con el artículo 279, apartado 1, del BAO, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) está facultado para sustituir la apreciación de la autoridad tributaria por la suya propia, tanto en el fallo como en los fundamentos, y, en consecuencia, para modificar en cualquier sentido o anular la decisión impugnada o para desestimar por infundado el recurso administrativo interpuesto contra tal decisión. Además, indica que, con arreglo al artículo 279 del BAO, los efectos de la resolución del Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) controvertida en el litigio principal se retrotraen a la fecha en que la Oficina de Aduanas emitió la IAV, lo que es conforme con el principio de tutela judicial efectiva establecido en el Derecho de la Unión.
20.      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente indica, en esencia, que el código aduanero de la Unión prevé expresamente, en su artículo 34, los supuestos en que las IAV dejan de ser válidas, son revocadas o son anuladas, y los efectos en el tiempo de tales hechos. A este respecto, subraya que, de conformidad con el artículo 34, apartado 5, del código aduanero de la Unión, las decisiones IAV no se revocan por solicitud del titular de la decisión, que, en virtud del apartado 3 de ese artículo, las decisiones IAV no dejan de ser válidas con efecto retroactivo y que el apartado 6 de dicho artículo establece que las decisiones IAV no pueden modificarse.
21.      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre si las disposiciones del código aduanero de la Unión antes mencionadas son aplicables a los recursos interpuestos en virtud del artículo 44 de dicho código y, en caso afirmativo, con qué alcance.
22.      En estas circunstancias, el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      Habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 44, apartado 4, del [código aduanero de la Unión], los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de recurso aplicados hagan posible la rápida confirmación o corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras, ¿deben interpretarse los artículos 33, 34, 44 y 45 de [dicho código] en el sentido de que la decisión sobre un recurso interpuesto con arreglo al artículo 44, apartado 2, [del código aduanero de la Unión] contra una [IAV] emitida de conformidad con el artículo 33 del citado [código] tiene efecto retroactivo a la fecha en que dicha [IAV] fue emitida por la Oficina de Aduanas?
2)      En caso de respuesta negativa a la [primera cuestión,] ¿deben interpretarse los artículos 33, 34, 44 y 45 del [código aduanero de la Unión] en el sentido de que los Estados miembros pueden prever en su normativa procesal nacional que la decisión sobre un recurso interpuesto con arreglo al artículo 44, apartado 2, de ese [código] contra una [IAV] emitida de conformidad con el artículo 33 de dicho [código] tenga efecto retroactivo a la fecha en que dicha [IAV] fue emitida por la Oficina de Aduanas?»
IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General
23.      La petición de decisión prejudicial fue presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de febrero de 2025. Con arreglo al artículo 50 ter del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dicha petición fue transferida al Tribunal General.
24.      Han presentado observaciones escritas G, el Gobierno italiano y la Comisión Europea. La Comisión participó en la vista, celebrada el 10 de diciembre de 2025.
V.      Apreciación jurídica
25.      Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que propongo examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide, en esencia, la compatibilidad con el Derecho de la Unión de una disposición nacional en virtud de la cual los efectos de una resolución adoptada en un recurso interpuesto, con arreglo al artículo 44, apartado 2, del código aduanero de la Unión, contra una decisión IAV emitida de conformidad con el artículo 33 de dicho código se retrotraen a la fecha en que las autoridades aduaneras emitieron la citada decisión.
26.      Con carácter preliminar, considero útil subrayar que el órgano jurisdiccional remitente, si bien puntualiza que, en virtud del artículo 279, apartado 1, del BAO, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) puede modificar la decisión IAV emitida por las autoridades aduaneras, no plantea ningún interrogante sobre la compatibilidad de esa facultad de modificación con el artículo 44 del código aduanero de la Unión, (6) sino que solo desea que se determinen los efectos en el tiempo de una resolución adoptada por un órgano jurisdiccional nacional en materia de IAV.
27.      Así pues, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación del artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión. En particular, se pregunta si la corrección que dicha disposición impone en caso de que se estime el recurso debe tener efecto retroactivo y si las reglas establecidas más concretamente en los artículos 33 y 34, apartados 3 a 6, de dicho código pueden influir en la respuesta que deba darse a la cuestión que plantea.
28.      A este respecto, conforme a reiterada jurisprudencia, al interpretar una disposición del Derecho de la Unión, han de tenerse en cuenta no solo el tenor de esta, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (7)
29.      En estas circunstancias, propongo empezar mi análisis con la interpretación del artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión (A), antes de pasar a comprobar la compatibilidad del artículo 279 del BAO con esa disposición (B).
A.      Interpretación del artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión
30.      Habida cuenta de las dudas formuladas por el órgano jurisdiccional remitente, en particular por lo que respecta a la influencia que los artículos 33 y 34 del código aduanero de la Unión podrían tener en la interpretación que deba darse al artículo 44, apartado 4, de ese código, me parece conveniente comenzar analizando el contexto de todas esas disposiciones y los objetivos que persiguen (1), antes de abordar el propio tenor del artículo 44, apartado 4, de dicho código y, por tanto, su alcance (2).
1.      Contexto y objetivos de los artículos 33, 34 y 44 del código aduanero de la Unión
31.      En primer lugar, para comprender mejor el objetivo perseguido por el artículo 44 del código aduanero de la Unión, y en particular por su apartado 4, considero interesante remontarse un poco en el tiempo y recordar el contexto en el que surgió en la Unión el derecho de recurso de los operadores económicos en materia aduanera.
32.      A principios de los años ochenta, la Comisión se centró en el derecho de recurso de los operadores económicos y presentó al Consejo, el 29 de enero de 1981, una propuesta de Directiva relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al ejercicio de un derecho de recurso en materia aduanera. (8)
33.      En dicha propuesta, se destacaba esencialmente que, ante las considerables disparidades existentes entre los Estados miembros en cuanto a las consecuencias de los recursos interpuestos contra las decisiones aduaneras, resultaba necesario establecer a nivel comunitario los requisitos para interponer recursos de esa índole.
34.      En consecuencia, el artículo 2, apartado 1, de la citada propuesta preveía la posibilidad de interponer un recurso de anulación o de modificación de una decisión relativa a la aplicación de la normativa aduanera. El artículo 7 de la propuesta disponía que la interposición de un recurso no suspendía la ejecución de la decisión impugnada, salvo que la autoridad aduanera decidiera lo contrario.
35.      Con todo, hubo que esperar al Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (9) (en lo sucesivo, «antiguo código aduanero»), y a la adopción de los artículos 243 a 246 de este para que se implantara un verdadero derecho de recurso de los operadores económicos.
36.      Posteriormente, con la adopción del Reglamento (CE) n.º 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), (10) se aportó una novedad con respecto al artículo 243 del antiguo código aduanero: el artículo 23, apartado 4, de ese Reglamento introdujo la obligación para los Estados miembros de garantizar que los procedimientos de recurso aplicados hagan posible la rápida confirmación o corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras.
37.      Por último, el artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión reproduce el artículo 23, apartado 4, del Reglamento n.º 450/2008.
38.      Esa obligación adicional, que constituye el núcleo del presente asunto, refleja, a mi entender, la voluntad del legislador de la Unión de delimitar y armonizar en mayor medida las consecuencias de la desestimación o de la estimación de un recurso en materia aduanera y, como indicó la Comisión en la vista, de garantizar una mayor efectividad y eficacia de la tutela judicial de los operadores económicos.
39.      En segundo lugar, también me parece útil subrayar que, precisamente con el objetivo de lograr un equilibrio entre el deber de las autoridades aduaneras de garantizar la correcta aplicación de la legislación aduanera y el derecho de los operadores económicos a recibir un trato equitativo, se ha previsto que esas autoridades gocen de amplios poderes de control y que esos operadores económicos puedan ejercer el derecho de recurso. (11)
40.      En este sentido, el derecho de recurso de los operadores económicos ha sido configurado para protegerlos de posibles abusos de las autoridades aduaneras o de los errores que estas puedan cometer al aplicar la legislación aduanera.
41.      En tercer lugar, para comprender adecuadamente la articulación de los artículos 33, 34 y 44 del código aduanero de la Unión, es preciso centrarse en sus respectivas funciones en dicho código.
42.      Para empezar, esas disposiciones se encuentran en secciones diferentes del citado código: los artículos 33 y 34 figuran en la sección 3, titulada «Decisiones relativas a la aplicación de la legislación aduanera», mientras que el artículo 44 se incluye en la sección 6, titulada «Recursos».
43.      De manera esquemática, las decisiones a las que se refieren los artículos 33 y 34 del código aduanero de la Unión son tomadas por las autoridades aduaneras, que actúan como autoridad administrativa y aplican las reglas sustantivas, mientras que las resoluciones que son objeto del artículo 44 de dicho código son adoptadas, bien por una autoridad judicial, bien por una autoridad aduanera que actúa en calidad de autoridad judicial, en el ámbito contencioso-administrativo.
44.      Dicho de otro modo, los artículos 33 y 34 del código aduanero de la Unión, por un lado, y el artículo 44 de dicho código, por otro, regulan procedimientos distintos y delimitan las facultades de autoridades diferentes. (12)
45.      Los artículos 33 y 34 del código aduanero de la Unión están destinados a delimitar las facultades atribuidas a las autoridades aduaneras, en su calidad de autoridad administrativa. Más concretamente, el artículo 33 regula el procedimiento de emisión de una decisión IAV y el artículo 34 se centra en la gestión de tales decisiones por parte de dichas autoridades.
46.      En este contexto, el artículo 34, apartado 3, del código aduanero de la Unión tiene por objeto regular los efectos en el tiempo de la pérdida de validez de una decisión IAV en el supuesto de que, como consecuencia de alguna de las circunstancias enumeradas en el apartado 1 de este artículo, la decisión IAV deje de ser válida antes de que finalice el plazo a que se refiere el artículo 33, apartado 3, de dicho código.
47.      En cuanto al artículo 34, apartado 4, del citado código, este se refiere al caso particular de la anulación de una decisión IAV por las autoridades aduaneras en el supuesto de que el solicitante haya facilitado información incorrecta o incompleta, mientras que el apartado 5 de dicho artículo atañe a la revocación de las decisiones IAV y el apartado 6 del mismo artículo establece que las decisiones IAV no pueden modificarse.
48.      Por lo que respecta al artículo 44 del mismo código, este tiene por objeto los litigios relativos a las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras. En su apartado 1, establece el derecho de toda persona a recurrir las decisiones de las autoridades aduaneras que la afecten directa e individualmente (13) y, en sus apartados 2 a 4, sienta los principios generales por los que deben guiarse los Estados miembros al elaborar su normativa procesal en la materia.
49.      En cuarto lugar, no le habrá pasado desapercibido al lector que la terminología empleada en los artículos 33 y 34 del código aduanero de la Unión y en el artículo 44, apartado 4, de dicho código es diferente. En efecto, mientras que las decisiones que tomen las autoridades aduaneras pueden dar lugar a que las decisiones IAV dejen de ser válidas, sean anuladas o sean revocadas, las resoluciones que adopten las autoridades judiciales tendrán como consecuencia, bien la confirmación (en caso de desestimación del recurso), bien la corrección (en caso de estimación del recurso) de las decisiones IAV impugnadas ante ellas. Este último aspecto me parece particularmente importante, ya que la corrección de una decisión implica necesariamente su modificación y, en lo que respecta a las decisiones IAV, el ejercicio de esta facultad está reservado a las autoridades judiciales.
50.      En mi opinión, del conjunto de estos elementos se desprende que los artículos 33 y 34 del código aduanero de la Unión, por un lado, y el artículo 44 de dicho código, por otro, deben examinarse por separado a la hora de apreciar su alcance. Así, los efectos en el tiempo de las decisiones de las autoridades aduaneras no pueden condicionar ni ejercer influencia alguna en los efectos de las resoluciones de las autoridades judiciales. Con carácter más general, no creo que el legislador de la Unión haya pretendido alinear el tratamiento de las resoluciones de las autoridades judiciales con el de las decisiones de las autoridades aduaneras. En este sentido, el hecho de que del artículo 34 del código aduanero se desprenda que únicamente las anulaciones de las decisiones IAV por las autoridades aduaneras, en las condiciones previstas en el apartado 4 de ese artículo, tienen efecto retroactivo, pero no las pérdidas de validez ni las revocaciones de las decisiones IAV, no es pertinente para la interpretación del alcance del artículo 44 de dicho código. En particular, ese hecho no puede, a mi juicio, justificar por principio que la corrección de las decisiones IAV a raíz de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional de conformidad con el artículo 44, apartado 4, del citado código no pueda ser retroactiva.
51.      En estas circunstancias, considero que no procede detenerse en los efectos en el tiempo de las decisiones de anulación, revocación o pérdida de validez tomadas por las autoridades aduaneras en virtud del artículo 34 del código aduanero de la Unión para determinar los efectos en el tiempo de las resoluciones de las autoridades judiciales, entendidas estas en sentido amplio, adoptadas sobre la base del artículo 44 de ese código.
2.      Alcance del artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión
52.      El artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión dispone que los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de recurso aplicados hagan posible la rápida confirmación o corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras.
53.      A este respecto, me permito recordar que, según reiterada jurisprudencia, la determinación del significado y del alcance de los términos no definidos por el Derecho de la Unión y para los que este no se remite al Derecho de los Estados miembros debe realizarse conforme al sentido habitual de esos términos en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte. (14)
54.      El término «corrección» no está definido en el código aduanero de la Unión. Sin embargo, en su acepción amplia, una corrección está destinada a rectificar un error, con el objetivo de que dicho acto figure como hubiera debido hacerlo desde el momento de su adopción. (15) Por lo tanto, el término «corrección» encierra en sí mismo la idea misma de retroactividad.
55.      Es cierto que, en principio, se habla de «corrección» cuando se trata de rectificar errores materiales, es decir, errores ortográficos, gramaticales, inexactitudes evidentes o incluso errores de cálculo, y que, por el contrario, no puede hablarse de una mera «corrección» cuando la modificación tiene como consecuencia cambiar el contenido del acto de que se trate, es decir, modificar su contenido esencial. (16)
56.      Sin embargo, en el marco del artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión, la corrección prevista es consecuencia de la resolución de una autoridad judicial mediante la que se estima el recurso interpuesto por el operador económico. En este contexto y habida cuenta del derecho a la tutela judicial efectiva, el término «corrección» no puede interpretarse como la «rectificación de un error material», sino más bien como la «rectificación de un perjuicio», si se me permite la expresión. Dicho esto, en definitiva, la idea sigue siendo la misma: se trata de mostrar la decisión IAV como debería haber figurado inicialmente desde el momento de su adopción.
57.      Por ello, en mi opinión, procede interpretar el artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión en el sentido de que la corrección aportada a una decisión IAV tiene, en principio, un efecto ex tunc.
58.      Esta interpretación me parece, además, conforme con el equilibrio que debe existir entre el principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47, párrafo primero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
59.      En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el reconocimiento de la firmeza de una decisión administrativa, adquirida al expirar los plazos razonables para recurrir o al agotarse las vías de recurso, contribuye a la seguridad jurídica sin hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico. (17)
60.      Así pues, el principio de seguridad jurídica únicamente exige que los efectos de una decisión IAV que es objeto de recurso solo adquieran firmeza —es decir, «queden grabados en mármol»— una vez se haya desestimado el recurso o, a falta de recurso, cuando expiren los plazos previstos a tal efecto.
61.      Por consiguiente, considero que no puede invocarse el principio de seguridad jurídica para justificar que los efectos de una decisión IAV se mantengan en el período comprendido entre su entrada en vigor y la estimación del recurso jurisdiccional interpuesto contra dicha decisión. La solución contraria conduciría a otorgar un carácter firme a esos efectos aun cuando la autoridad judicial nacional declarara la ilegalidad de la decisión IAV y esta, en sí misma, no hubiera adquirido tal carácter.
62.      Además, permitir que subsistan los efectos de una decisión IAV declarada ilegal podría ser contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que tales efectos se mantendrían respecto de un operador económico que, sin embargo, ha interpuesto, dentro de los plazos previstos, un recurso contra la decisión IAV. En este sentido, considerar que la corrección no opera retroactivamente acarrearía una grave consecuencia para el operador económico, ya que este quedaría privado del beneficio de la clasificación arancelaria que venía solicitando desde el principio, aun cuando el error proceda de una apreciación errónea por parte de las autoridades aduaneras y no resulte en modo alguno de una acción por su parte.
63.      Por último, considerar que la corrección prevista en el artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión solo tiene un efecto ex
nunc
tampoco parece compatible con el objetivo perseguido por el artículo 45, apartado 2, de dicho código, que es garantizar la efectividad de los recursos.
64.      Esta última disposición establece que las autoridades aduaneras ordenarán la suspensión total o parcial de la ejecución de la decisión impugnada cuando tengan razones fundadas para, entre otras cosas, temer que pueda producirse un daño irreparable para el interesado.
65.      Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de indicar, en esencia, que el requisito del «daño irreparable» exige que se examine si la eventual anulación de una decisión controvertida permitiría invertir la situación provocada por su ejecución. (18)
66.      Por lo tanto, la suspensión de la ejecución lleva aparejada la posibilidad de modificar retroactivamente la situación jurídica de la persona que haya interpuesto el recurso.
67.      A mayor abundamiento, me parece útil abordar la observación formulada por el Gobierno italiano en el sentido de que no resulta fácil garantizar que todos los demás Estados miembros tengan conocimiento, de modo efectivo, de una resolución jurisdiccional nacional de anulación o de corrección dotada de efecto retroactivo.
68.      No me convence este argumento, habida cuenta del sistema de intercambio de información implantado en la Unión. A este respecto, debe señalarse que, según el artículo 21, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión, (19) para el intercambio y almacenamiento de información relativa a solicitudes y decisiones IAV y a cualquier hecho posterior que pueda afectar a la solicitud o decisión inicial, se deberá utilizar un sistema electrónico creado a tales efectos de conformidad con el artículo 16, apartado 1, del código aduanero de la Unión. La información será divulgada a través de dicho sistema por las autoridades aduaneras competentes sin demora y, a más tardar, antes de que transcurran siete días desde que hayan tenido conocimiento de ella.
69.      Por consiguiente, como indicó la Comisión en la vista, cuando una decisión IAV sea anulada o modificada a raíz de una resolución de un órgano jurisdiccional nacional, la información será introducida sin demora en el citado sistema electrónico por la autoridad aduanera de que se trate y, por tanto, será visible para todas las demás autoridades aduaneras.
B.      Compatibilidad del artículo 279 del BAO con el artículo 44 del código aduanero de la Unión
70.      Según el órgano jurisdiccional remitente, con arreglo al artículo 279 del BAO, los efectos de la resolución adoptada por el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) se retrotraen a la fecha en que la Oficina de Aduanas emitió la decisión IAV.
71.      A este respeto, me permito recordar que, en el marco de una remisión prejudicial, no compete al Tribunal de Justicia ni al Tribunal General pronunciarse sobre la interpretación del Derecho interno, función que corresponde exclusivamente al tribunal remitente. En efecto, en el marco del reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales de la Unión y los nacionales, incumbe al Tribunal de Justicia o al Tribunal General tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se insertan las cuestiones prejudiciales, según lo define la resolución de remisión. (20)
72.      Por lo tanto, debe considerarse que, a tenor del artículo 279 del BAO, las resoluciones adoptadas por el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) mediante las que se modifican decisiones IAV tienen efecto retroactivo. Según el órgano jurisdiccional remitente, esta apreciación coincide con la postura de la doctrina mayoritaria en Austria. (21)
73.      Sentado lo anterior, ha de señalarse que el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de indicar, en su auto de 19 de enero de 2005, SmithKline Beecham (C‑206/03, EU:C:2005:31), apartado 52, que corresponde a las autoridades competentes y a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro adoptar, en el marco de sus competencias, todas las medidas necesarias, generales o particulares, con el fin de subsanar la incompatibilidad de una IAV incorrecta. En concreto, la anulación de la IAV incorrecta y la adopción de una nueva información compatible con el Derecho de la Unión constituyen tales medidas particulares.
74.      Dicho auto se dictó durante la vigencia del antiguo código aduanero.
75.      En él, el Tribunal de Justicia puntualizó que la determinación de la regulación procesal aplicable se regía por los artículos 243 a 246 del antiguo código aduanero y, con carácter subsidiario, en virtud del artículo 245 del citado antiguo código y del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, por el ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, a condición, sin embargo, de que esa regulación no fuera menos favorable que la aplicable a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no hiciera imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). (22)
76.      Por último, es importante subrayar que, según el Tribunal de Justicia, las modalidades y los efectos de las resoluciones de un órgano jurisdiccional nacional adoptadas como consecuencia de la interposición de un recurso se rigen también, dentro de los límites de los principios de equivalencia y de efectividad, por el Derecho nacional. (23)
77.      En mi opinión, este criterio jurisprudencial, elaborado durante la vigencia del antiguo código aduanero, sigue siendo pertinente por lo que respecta a las modalidades de las resoluciones adoptadas por los órganos jurisdiccionales nacionales, ya que, sobre este aspecto, los artículos 43 a 45 del código aduanero de la Unión vienen a ser idénticos a los artículos 243 a 246 del antiguo código aduanero. Por lo tanto, se limitan a establecer el derecho de recurso de las personas afectadas, la necesidad de una doble instancia de control, el Estado miembro competente para conocer del recurso y los casos de suspensión de la ejecución de las decisiones de las autoridades aduaneras contra las que se interponga un recurso. En otras palabras, y de conformidad con el artículo 43 del código aduanero de la Unión, (24) esas disposiciones no dicen nada sobre las modalidades de las resoluciones adoptadas por los órganos jurisdiccionales nacionales.
78.      En cambio, por lo que respecta a los efectos de las resoluciones adoptadas por los órganos jurisdiccionales nacionales, considero que debe matizarse la solución dada por el Tribunal de Justicia. Según el artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión, los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de recurso aplicados hagan posible la rápida confirmación o corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras. Esta disposición no tenía equivalente en el antiguo código aduanero. (25)
79.      Si bien es cierto que el artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión no especifica cuándo ni cómo deben corregirse las decisiones IAV, (26) no es menos cierto que exige una reacción rápida a raíz de un procedimiento de recurso. No obstante, me parece que esta disposición, por un lado, obliga a los Estados miembros a adoptar medidas que permitan que un operador económico pueda disponer de una decisión IAV conforme a Derecho y, por otro lado, impone la retroactividad de la corrección así realizada. Este es precisamente el objetivo que persigue el artículo 279 del BAO.
80.      En estas circunstancias, considero que el artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual los efectos de una resolución adoptada en un recurso interpuesto, con arreglo al artículo 44, apartado 2, de dicho código, contra una decisión IAV emitida de conformidad con el artículo 33 de ese mismo código se retrotraen a la fecha en que las autoridades aduaneras emitieron la citada decisión.
VI.    Conclusión
81.      En virtud de las consideraciones anteriores, propongo que se responda del siguiente modo al Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria):
«El artículo 44, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una disposición nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual los efectos de una resolución adoptada en un recurso interpuesto, con arreglo al artículo 44, apartado 2, de dicho Reglamento, contra una decisión relativa a una información arancelaria vinculante emitida de conformidad con el artículo 33 de ese mismo Reglamento se retrotraen a la fecha en que las autoridades aduaneras emitieron la citada decisión.»
J. Martín y Pérez de Nanclares
Presentadas en audiencia pública en Luxemburgo el 21 de enero de 2026.
Firmas
1      Lengua original: francés.
2      Dicho principio figura en el frontispicio del Código de Justiniano: «Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari, nisi nominatim et de praeterito tempore et adhuc pendentibus negotiis, cautum sit» (libro 1, título 14, constitución 7).
3      DO 2013, L 269, p. 1; corrección de errores en DO 2017, L 7, p. 23.
4      Conclusiones del Abogado General Léger presentadas en los asuntos acumulados Timmermans Transport y Hoogenboom Production (C‑133/02 y C‑134/02, EU:C:2003:460), punto 4.
5      Véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 1998, Lopex Export (C‑315/96, EU:C:1998:31), apartado 19. El objetivo subyacente era también evitar la proliferación de litigios con los operadores económicos: Albert, J.‑L., «Droit douanier européen», JurisClasseur Europe Traité
—
Synthèse, LexisNexis, 2021, apartado 35.
6      A todos los efectos pertinentes, señalaré que me parece que, sobre este extremo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia debe interpretarse más bien en el sentido de que no se opone al ejercicio de una facultad de modificación por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales (véanse, en este sentido, el auto de 19 de enero de 2005, SmithKline Beecham, C‑206/03, EU:C:2005:31, apartado 55, y la sentencia de 14 de abril de 2011, British Sky Broadcasting Group y Pace, C‑288/09 y C‑289/09, EU:C:2011:248, apartado 94).
7      Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2023, G. K. y otros (Fiscalía Europea) (C‑281/22, EU:C:2023:1018), apartado 46 y jurisprudencia citada.
8      DO 1981, C 33, p. 2. Para una perspectiva general del desarrollo del derecho de recurso en materia aduanera, véase Walsh, T., European Union Customs Code, Kluwer Law International,
Alphen aan den Rijn, Países Bajos: Wolters Kluwer, 2015, pp. 985 a 1021 (p. 986).
9      DO 1992, L 302, p. 1.
10      DO 2008, L 145, p. 1.
11      Considerando 26 del código aduanero de la Unión.
12      Por lo que respecta al reparto de competencias entre las autoridades aduaneras y las autoridades judiciales en materia de controles aduaneros, véase la sentencia de 21 de septiembre de 2023, OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb (C‑770/21, EU:C:2023:690), apartados 69 y 72.
13      Como recordatorio, el derecho de recurso así establecido no se refiere específicamente a las decisiones IAV, sino a todas las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras.
14      Véase la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Servoprax (Torniquetes médicos) (C‑631/23, EU:C:2025:906), apartado 45 y jurisprudencia citada.
15      Este aspecto parece quedar confirmado cuando se comparan, con arreglo a los criterios de interpretación establecidos por el Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2024, Network One Distribution, C‑506/23, EU:C:2024:1003, apartado 27 y jurisprudencia citada), las versiones lingüísticas del artículo 44, apartado 4, del código aduanero de la Unión: «corrección», en español; «correction», en inglés; «Berichtigung», en alemán, y «correzione», en italiano.
16      En cuanto a las correcciones de un reglamento, véanse los límites fijados por el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 2 de junio de 1994, AC‑ATEL Electronics Vertriebs (C‑30/93, EU:C:1994:224), apartados 20 a 24, y de 22 de diciembre de 2010, Premis Medical (C‑273/09, EU:C:2010:809), apartados 29, 30, 36 y 59; en cuanto a los límites para la corrección de las resoluciones adoptadas por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y por la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, véanse, respectivamente, las sentencias de 9 de septiembre de 2011, dm‑drogerie markt/OAMI
— Distribuciones Mylar (dm) (T‑36/09, EU:T:2011:449), apartados 74 y 75, y de 25 de junio de 2020, Siberia Oriental/OCVV (Siberia) (T‑737/18, EU:T:2020:289), apartado 53; en cuanto a los límites para la corrección de las resoluciones adoptadas por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal General, véanse, respectivamente, los autos de 24 de noviembre de 2022, European Food y otros (C‑333/19, no publicado, EU:C:2022:936), apartado 6 y jurisprudencia citada, y de 27 de mayo de 2024, EVH/Comisión (T‑53/21 REC, no publicado, EU:T:2024:338), apartados 9 y 11 y jurisprudencia citada.
17      Véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de enero de 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17), apartado 24; de 12 de febrero de 2008, Kempter (C‑2/06, EU:C:2008:78), apartados 57 y 58; de 27 de junio de 2013, Agrokonsulting-04 (C‑93/12, EU:C:2013:432), apartado 48, y de 9 de septiembre de 2021, Adler Real Estate y otros (C‑546/18, EU:C:2021:711), apartado 38.
18      Procede asimismo comprobar, en sentido contrario, si la suspensión de la ejecución de tal decisión podría entorpecer la plena eficacia de esta en el supuesto de que se desestimara el recurso principal (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 17 de julio de 1997, Giloy, C‑130/95, EU:C:1997:372, apartados 35
y 36).
19      DO 2015, L 343, p. 558.
20      Véanse, en este sentido, los autos de 24 de abril de 2009, Koukou (C‑519/08, no publicado, EU:C:2009:269), apartado 43 y jurisprudencia citada, y de 30 de junio de 2011, Wamo (C‑288/10, EU:C:2011:443), apartado 27.
21      Según la doctrina austriaca, el efecto ex
tunc de las resoluciones adoptadas con arreglo al artículo 279 del BAO se deriva del tenor del apartado 2 de dicha disposición y del derecho a la tutela judicial efectiva. Véanse, a este respecto, Fischerlehner,
J., Das neue Abgabenverfahren, Manz, Viena, 2013, p. 325, y Gunacker-Slawitsch, B., «III. Das Verfahren vor dem Bundesfinanzgericht», en Ehrke-Rabel, T. (ed.), Rechtsmittelverfahren in Abgabensachen, Manz, Viena, 2013, pp. 37 a 101 (pp. 77 y 78). Véase, asimismo, confirmando explícitamente el efecto ex
tunc de las resoluciones de modificación, Ritz, C., «§ 279 BAO», en Ritz/Koran (eds.), BAO
—
Bundesabgabenordnung, 8.ª ed., Linde, Viena, 2025, apartados 2 y 18.
22      Auto de 19 de enero de 2005, SmithKline Beecham (C‑206/03, EU:C:2005:31), apartado 53.
23      Auto de 19 de enero de 2005, SmithKline Beecham (C‑206/03, EU:C:2005:31), apartado 55.
24      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2024, OSTP Italy (C‑770/22, EU:C:2024:299), apartado 47.
25      Véase el punto 36 de las presentes conclusiones. Con todo, debe observarse que, durante la vigencia del antiguo código aduanero, ya se practicaba la modificación, con efecto retroactivo, de las decisiones IAV a raíz de un recurso interpuesto ante los órganos jurisdiccionales nacionales, al menos en algunos Estados miembros [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe), C‑153/10, EU:C:2011:224, apartados 16 y 17].
26      Así, por ejemplo, los artículos 44 y 45 del código aduanero de la Unión no se oponen a una normativa nacional que establezca la ejecutividad inmediata de las sentencias dictadas en primera instancia que aún no hayan adquirido firmeza ni exigen que la normativa nacional establezca que tales sentencias tengan tal carácter (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2024, OSTP Italy, C‑770/22, EU:C:2024:299, apartado 42).