62024CJ0367
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 10 de julio de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Comunicaciones electrónicas — Reglamento (UE) 2015/2120 — Medidas en relación con el acceso a una Internet abierta — Artículo 3, apartado 3 — Obligación de los proveedores de servicios de acceso a Internet de tratar el tráfico de manera equitativa, sin discriminación, restricción o interferencia — Posibilidad que tienen esos proveedores de aplicar medidas razonables de gestión del tráfico — Opción tarifaria que conlleva una limitación del ancho de banda para los vídeos en flujo continuo (streaming de vídeo)»
En el asunto C‑367/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Tribunal Supremo, Rumanía), mediante resolución de 4 de abril de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de mayo de 2024, en el procedimiento entre
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
y
Telekom România Mobile Communications,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. S. Rodin, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei y el Sr. N. Fenger (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, por las Sras. M.‑R. Rudnic y A. Vasile y por el Sr. V. Ş. Zgonea, en calidad de agentes;
–
en nombre de Telekom România Mobile Communications, por la Sra. I.‑A. Hrisafi-Josan, avocată;
–
en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. R. Antonie, E. Gane y M. Chicu, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno húngaro, por los Sres. D. Csoknyai y M. Z. Fehér, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Conte y O. Gariazzo y por la Sra. E. A. Stamate, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta y se modifican la Directiva 2002/22/CE, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, y el Reglamento (UE) n.o 531/2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión (DO 2015, L 310, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (Autoridad Nacional de Gestión y Regulación de las Comunicaciones, Rumanía; en lo sucesivo, «ANCOM») y Telekom România Mobile Communications S.A., en relación con la resolución mediante la cual dicha autoridad declaró la incompatibilidad de una opción tarifaria ofrecida por esa sociedad con las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión y la conminó a que pusiera fin a cualquier trato discriminatorio de los vídeos en flujo continuo (streaming de vídeo) respecto a las demás categorías de tráfico.
Marco jurídico
3
Los considerandos 6 a 9, 11 y 15 del Reglamento 2015/2120 tienen la siguiente redacción:
«(6)
Los usuarios finales deben tener derecho a acceder a información y contenidos, a distribuirlos, y a utilizar y ofrecer aplicaciones y servicios sin discriminación, a través de su servicio de acceso a internet. […]
(7)
Para ejercer sus derechos de acceso y distribución de información y contenidos, y utilizar y ofrecer aplicaciones y servicios de su elección, el usuario final debe tener libertad para acordar con el proveedor de servicios de acceso a internet tarifas correspondientes a volúmenes específicos de datos y velocidades específicas de acceso a internet. Ni este tipo de acuerdos ni las prácticas comerciales de los proveedores de servicios de acceso a internet deben limitar el ejercicio de estos derechos, con la correspondiente elusión de las disposiciones del presente Reglamento para la salvaguardia del acceso abierto a internet. Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes deben estar facultadas para intervenir contra acuerdos o prácticas comerciales que, por su escala, conduzcan a situaciones en que las opciones de los usuarios finales se vean significativamente reducidas en la práctica. A tal fin, la evaluación de los acuerdos y prácticas comerciales debe, entre otras cosas, tener en cuenta las posiciones de mercado respectivas de estos proveedores de servicios de acceso a internet interesados, así como los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios involucrados. Las autoridades nacionales de reglamentación y las demás autoridades competentes, en el marco de su función de supervisión y control del cumplimiento de la normativa, deben estar obligadas a intervenir cuando un acuerdo o unas prácticas comerciales puedan menoscabar aspectos esenciales de este derecho.
(8)
Al prestar servicios de acceso a internet, los proveedores de dichos servicios deben dar un trato equitativo a todo el tráfico, sin discriminaciones, restricciones o interferencias, con independencia de quienes sean el remitente o el receptor y cualesquiera que sean el contenido, aplicación, el servicio o el equipo terminal. De conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión y según jurisprudencia reiterada, no debe darse un trato diferente a situaciones comparables ni un trato similar a situaciones diferentes, a menos que tal trato esté objetivamente justificado.
(9)
El objetivo de la gestión razonable del tráfico es contribuir a la utilización eficiente de los recursos de la red y a una optimización de la calidad global de las transmisiones que responda a las necesidades de calidad técnica de servicio objetivamente diferentes de categorías específicas de tráfico y, por tanto, de los contenidos, aplicaciones y servicios transmitidos. Las medidas razonables de gestión del tráfico aplicadas por los proveedores de servicios de acceso a internet deben ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas y no deben basarse en consideraciones comerciales. El requisito de que las medidas de gestión del tráfico no sean discriminatorias no es óbice para que los proveedores de servicios de acceso a internet, con el fin de optimizar la calidad global de las transmisiones, […] diferencien entre categorías objetivamente diferentes de tráfico. Este tipo de diferenciación debe, a fin de optimizar la calidad global y la experiencia de los usuarios, permitirse atendiendo únicamente a las necesidades técnicas objetivas diferentes de calidad del servicio (por ejemplo en términos de latencia, fluctuación de fase, pérdida de paquetes y ancho de banda) de las categorías específicas de tráfico, y no sobre la base de consideraciones comerciales. Además, tales medidas diferenciadas de gestión del tráfico deben ser proporcionadas por lo que respecta a la finalidad de optimización de la calidad global y de trato equitativo a tráficos equivalentes. Dichas medidas de gestión del tráfico no […] deben mantenerse más tiempo del necesario.
[…]
(11)
Toda práctica de gestión del tráfico que exceda de las medidas de gestión razonable del tráfico a las que se ha hecho referencia, en el sentido de que suponga un bloqueo, ralentización, alteración, restricción, interferencia, deterioro o discriminación entre contenidos, aplicaciones o servicios específicos o entre categorías específicas de contenidos, aplicaciones o servicios, debe quedar prohibida, a reserva de las excepciones justificadas y definidas que se establecen en el presente Reglamento. Esas excepciones deben ser objeto de una interpretación estricta y estar sujetas a requisitos de proporcionalidad. Debe garantizarse la protección de los contenidos, aplicaciones y servicios específicos y de las categorías específicas de contenidos, aplicaciones o servicios a causa del perjuicio que pueden suponer, tanto para la elección del usuario final como para la innovación, el bloqueo u otras medidas restrictivas que no correspondan a las excepciones justificadas. […]
[…]
(15)
[…] las medidas que van más allá de dichas medidas razonables de gestión del tráfico también pueden resultar necesarias con el fin de impedir problemas inminentes de congestión de la red, es decir, situaciones en las que la congestión está a punto de materializarse, y con el fin de mitigar los efectos de la congestión de la red, siempre y cuando tal congestión se produzca únicamente de manera temporal o en circunstancias excepcionales. El principio de proporcionalidad exige que las medidas de gestión del tráfico que obedezcan a esta excepción otorguen el mismo trato a categorías de tráfico equivalentes. Por congestión temporal debe entenderse una situación específica de corta duración en la que un incremento súbito del número de usuarios, además de los usuarios habituales, o un incremento súbito de la demanda de un contenido específico, aplicación o servicio, pueda superar la capacidad de transmisión de ciertos elementos de la red y mermar la capacidad de reacción de las demás partes de la red. […] Por congestión excepcional debe entenderse una situación imprevisible e inevitable de congestión, tanto en las redes móviles como en las fijas. […] La necesidad de aplicar medidas de gestión del tráfico que vayan más allá de las razonables con el fin de impedir o mitigar los efectos de fenómenos temporales o excepcionales de congestión de la red no debe dar a los proveedores de servicios de acceso a internet la posibilidad de eludir la prohibición general de bloquear, ralentizar, alterar restringir, interferir o degradar contenidos, aplicaciones o servicios específicos, o categorías específicas de estos, ni de establecer discriminaciones entre ellos. Los fenómenos recurrentes y más duraderos de congestión de la red que no son ni excepcionales ni temporales no deben poder beneficiarse de este tipo de excepciones, sino que deben resolverse mediante un aumento de la capacidad de la red.»
4
El artículo 1 de este Reglamento, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«El presente Reglamento establece normas comunes para salvaguardar un tratamiento equitativo y no discriminatorio del tráfico en la prestación de servicios de acceso a internet y los derechos relacionados de los usuarios finales.»
5
El artículo 3, apartados 1 a 3, del citado Reglamento establece:
«1.   Los usuarios finales tendrán derecho a acceder a la información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección, con independencia de la ubicación del usuario final o del proveedor o de la ubicación, origen o destino de la información, contenido, aplicación o servicio, a través de su servicio de acceso a internet.
[…]
2.   Los acuerdos entre los proveedores de servicios de acceso a internet y los usuarios finales sobre condiciones comerciales y técnicas y características de los servicios de acceso a internet como el precio, los volúmenes de datos o la velocidad, así como cualquier práctica comercial puesta en marcha por los proveedores de servicios de acceso a internet, no limitarán el ejercicio de los derechos de los usuarios finales establecidos en el apartado 1.
3.   Los proveedores de servicios de acceso a internet tratarán todo el tráfico de manera equitativa cuando presten servicios de acceso a internet, sin discriminación, restricción o interferencia, e independientemente del emisor y el receptor, el contenido al que se accede o que se distribuye, las aplicaciones o servicios utilizados o prestados, o el equipo terminal empleado.
Lo dispuesto en el párrafo primero no impedirá que los proveedores de servicios de acceso a internet apliquen medidas razonables de gestión del tráfico. Para ser consideradas razonables, dichas medidas deberán ser transparentes, no discriminatorias y proporcionadas, y no podrán basarse en consideraciones comerciales, sino en requisitos objetivamente diferentes de calidad técnica del servicio para categorías específicas de tráfico. Dichas medidas no supervisarán el contenido específico y no se mantendrán por más tiempo del necesario.
Los proveedores de servicios de acceso a internet no tomarán medidas de gestión del tráfico que vayan más allá de las recogidas en el párrafo segundo y, en particular, no bloquearán, ralentizarán, alterarán, restringirán, interferirán, degradarán ni discriminarán entre contenidos, aplicaciones o servicios concretos o categorías específicas, excepto en caso necesario y únicamente durante el tiempo necesario para:
a)
cumplir los actos legislativos […]
b)
preservar la integridad y la seguridad de la red […]
c)
evitar la inminente congestión de la red y mitigar los efectos de congestiones de la red excepcionales o temporales, siempre que categorías equivalentes de tráfico se traten de manera equitativa.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
6
Telekom România Mobile Communications es una empresa que opera en el sector de las telecomunicaciones.
7
Desde el 15 de octubre de 2017, en el marco del servicio de acceso a Internet ofrecido en determinados abonos de telefonía móvil y, desde el 13 de noviembre de 2017, para determinadas ofertas de tarjetas de prepago, Telekom România Mobile Communications propone una opción denominada «Bonus Net Nelimitat» («bono de Internet ilimitada»).
8
La tarifa básica de estos abonos o tarjetas incluye un volumen mensual de datos que se puede utilizar para acceder a cualquier tipo de tráfico, incluidos los vídeos en flujo continuo, con una velocidad que puede alcanzar hasta 150 megabits por segundo. La activación del «bono de Internet ilimitada» por el cliente interesado conlleva, además de un acceso a un volumen ilimitado de datos cuyo uso no se contabiliza en la citada tarifa básica, una limitación de la velocidad del tráfico del formato de vídeos en flujo continuo a 1,5 megabits por segundo como máximo. Esta limitación genera, a su vez, una disminución en la resolución de los vídeos. Si el cliente interesado desactiva el bono, todas las categorías de tráfico disfrutan de la velocidad inicial, pero el volumen mensual de datos utilizado es incluido en el volumen garantizado por la citada tarifa o es facturado.
9
Mediante resolución de 8 de agosto de 2018, la ANCOM consideró que la opción tarifaria «bono de Internet ilimitada» establecía una medida de gestión del tráfico incompatible con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento 2015/2120 y que Telekom România Mobile Communications debía ponerle fin. Según esta resolución, se daba un trato diferente a diferentes tipos de tráfico, sin justificación objetiva, puesto que los vídeos en flujo continuo se veían discriminados por la limitación de la velocidad máxima asociada a ese tipo de tráfico, concretamente 1,5 megabits por segundo, mientras que las velocidades asociadas a otros tipos de tráfico podían alcanzar los 150 megabits por segundo. Se consideraba, por una parte, que esta limitación de la velocidad asociada a una determinada categoría de tráfico no está basada en consideraciones técnicas, en el sentido del artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, de ese Reglamento, y, por otra parte, que dicha limitación no está comprendida en ninguna de las excepciones previstas en el artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, del citado Reglamento.
10
Mediante sentencia de 26 de mayo de 2021, la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía) estimó el recurso de anulación interpuesto contra la referida resolución por Telekom România Mobile Communications. Ese tribunal declaró, en esencia, que los vídeos en flujo continuo constituían una categoría de tráfico objetivamente diferente de las demás categorías de tráfico y que la opción tarifaria «bono de Internet ilimitada» era una medida de gestión del tráfico transparente, no discriminatoria, proporcionada, temporal y basada en requisitos objetivamente diferentes de calidad técnica del servicio para categorías específicas de tráfico y no en consideraciones comerciales.
11
La ANCOM interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía), que es el tribunal remitente.
12
Ese tribunal considera que las sentencias de 15 de septiembre de 2020, Telenor Magyarország (C‑807/18 y C‑39/19, EU:C:2020:708), de 2 de septiembre de 2021, Vodafone (C‑854/19, EU:C:2021:675), de 2 de septiembre de 2021, Vodafone (C‑5/20, EU:C:2021:676), y de 2 de septiembre de 2021, Telekom Deutschland (C‑34/20, EU:C:2021:677), ya proporcionan elementos suficientes por lo que respecta a las cuestiones planteadas por Telekom România Mobile Communications relativas a la interpretación del artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2015/2120, interpretado a la luz de su considerando 7, y a la articulación entre esta disposición y el artículo 3, apartado 3, del mismo Reglamento.
13
No obstante, el referido tribunal indica que tiene que determinar, en primer término, si la diferencia de trato que establece Telekom România Mobile Communications, cuando se activa el «bono de Internet ilimitada», entre los vídeos en flujo continuo y las demás categorías de tráfico constituye una desigualdad de trato en el sentido del artículo 3, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento 2015/2120. En segundo término, el tribunal remitente se pregunta si, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, de este Reglamento, interpretado a la luz de su considerando 9, la gestión del tráfico llevada a cabo por Telekom România Mobile Communications en el contexto de esa activación es una medida razonable de gestión del tráfico. En tercer término, ese tribunal se pregunta si tal medida de gestión puede estar comprendida en la excepción prevista en el artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, letra c), de dicho Reglamento, relativa a la necesidad de evitar la congestión temporal, puesto que supone una limitación de la velocidad asociada a una categoría específica de tráfico y una disminución en la resolución de los contenidos de vídeo a un máximo de 480p.
14
El mencionado tribunal considera que la situación controvertida en el litigio principal se distingue de las de los asuntos que dieron lugar a las sentencias citadas en el apartado 12 de la presente sentencia. En efecto, estima que eran objeto de estos últimos asuntos unas opciones tarifarias que discriminaban a los diferentes proveedores de contenidos favoreciendo a los socios de la empresa de telecomunicaciones de que se trataba o limitando la velocidad del tráfico para las aplicaciones o los servicios no incluidos en la respectiva oferta tarifaria, mientras que, en el presente asunto, la supuesta diferencia de trato se produce con independencia de cuáles sean los proveedores de servicios de distribución en flujo continuo de vídeos, es decir, de que estén asociados o no a Telekom România Mobile Communications.
15
En estas circunstancias, la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 3 del Reglamento [2015/2120] en el sentido de que una opción tarifaria ofrecida por una empresa de servicios de telecomunicaciones que permite a los clientes finales que la activaron utilizar de forma gratuita todos los servicios de vídeo en flujo continuo, independientemente de los proveedores de los que procedan y de si estos tienen o no la condición de asociados de contenidos de la empresa de servicios de telecomunicaciones, sin que el volumen de datos consumido por la utilización de dichos servicios se incluya en el volumen de datos garantizado mensualmente por la tarifa de telefonía móvil, pero limitando el ancho de banda para este tipo de contenidos, es compatible con las obligaciones que derivan de dicha disposición?»
Sobre la cuestión prejudicial
16
Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3 del Reglamento 2015/2120 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una opción de acceso ilimitado a Internet, sin gastos adicionales, ofrecida por un proveedor de servicios de acceso a Internet a sus clientes, que, cuando se activa, permite a estos utilizar servicios de vídeo en flujo continuo sin que los datos así utilizados se incluyan en el volumen de datos garantizado en la tarifa básica mensual, pero limita el ancho de banda aplicado a esos contenidos, con independencia de cuáles sean sus distribuidores o proveedores, en relación con el ancho de banda aplicado a las demás categorías de tráfico, mientras que, cuando los clientes no activan esa opción, todo el tráfico, incluidos los vídeos en flujo continuo, disfruta del mismo nivel de ancho de banda, pero el volumen de datos utilizados se incluye en el volumen suscrito por los clientes.
17
Las diferentes disposiciones del artículo 3 del Reglamento 2015/2120 tienen por objeto, como se desprende de su artículo 1, garantizar tanto el trato equitativo y no discriminatorio del tráfico en el marco de la prestación de servicios de acceso a Internet como los derechos relacionados de los usuarios finales (sentencias de 15 de septiembre de 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 y C‑39/19, EU:C:2020:708, apartado 27, y de 2 de septiembre de 2021, Telekom Deutschland, C‑34/20, EU:C:2021:677, apartado 24).
18
El artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2015/2120, interpretado a la luz del considerando 6 de dicho Reglamento, establece los derechos de los usuarios finales, que comprenden el derecho a acceder a la información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios. En virtud de ese artículo 3, apartado 2, el ejercicio de estos derechos no debe verse limitado por los acuerdos celebrados entre los proveedores de servicios de acceso a Internet y los usuarios finales ni por las prácticas comerciales puestas en marcha por estos proveedores.
19
Por lo que se refiere al artículo 3, apartado 3, del citado Reglamento, es preciso comenzar recordando que el párrafo primero de esta disposición, interpretado a la luz del considerando 8 del mismo Reglamento, impone a los proveedores de servicios de acceso a Internet una obligación general de tratar el tráfico de manera equitativa, sin discriminación, restricción o interferencia, obligación que, en ningún caso, puede ser obviada mediante prácticas comerciales puestas en marcha por estos proveedores o mediante acuerdos que estos celebren con usuarios finales (sentencia de 15 de septiembre de 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 y C‑39/19, EU:C:2020:708, apartado 47).
20
Seguidamente, debe señalarse que resulta del párrafo segundo del mencionado artículo 3, apartado 3, y del considerando 9 del Reglamento 2015/2120, a la luz del cual debe ser interpretado ese párrafo segundo, que, sin dejar de estar sujetos a esta obligación general, los referidos proveedores conservan la posibilidad de aplicar medidas razonables de gestión del tráfico. No obstante, esta posibilidad queda supeditada, entre otros, al requisito de que tales medidas no se mantengan más tiempo del necesario y de que se basen en «requisitos objetivamente diferentes de calidad técnica del servicio para categorías específicas de tráfico» y no en «consideraciones comerciales» (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 y C‑39/19, EU:C:2020:708, apartado 48).
21
Por último, resulta del párrafo tercero del citado artículo 3, apartado 3, que, salvo que se tome para un período de tiempo limitado y sea necesaria para permitir que un proveedor de servicios de acceso a Internet cumpla una obligación legal, preserve la integridad y la seguridad de la red o evite la congestión de esta o le ponga remedio, ninguna medida consistente en bloquear, ralentizar, alterar, restringir, interferir, degradar o tratar de manera discriminatoria contenidos, aplicaciones o servicios concretos podrá ser considerada razonable en el sentido del párrafo segundo de esta disposición y, por lo tanto, deberá entenderse que, como tal, es incompatible con esta (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 y C‑39/19, EU:C:2020:708, apartado 49).
22
A la vista de estos elementos, procede señalar que el objetivo de la obligación general establecida en el párrafo primero del artículo 3, apartado 3, del Reglamento 2015/2120 no es únicamente asegurarse de que los proveedores de servicios de acceso a Internet no apliquen medidas que supongan una discriminación entre diferentes distribuidores o proveedores de contenidos, aplicaciones o servicios, sino, más genéricamente, asegurarse de que todo el contenido al que se accede o que se distribuye y que todas las aplicaciones o los servicios utilizados o prestados a través de un servicio de acceso a Internet sean tratados equitativamente.
23
Por tanto, el mero hecho de que una medida adoptada por un proveedor de servicios de acceso a Internet no tenga por objeto garantizar a determinados distribuidores o proveedores de contenidos, aplicaciones o servicios, a los que está asociado, un trato diferente del dispensado a los demás distribuidores o proveedores de contenidos, aplicaciones o servicios, a los que no está asociado, no permite concluir de entrada que se cumple esa obligación general.
24
De ello se deduce que una medida que limite el ancho de banda aplicado, en caso de activación de una opción tarifaria, a los vídeos en flujo continuo con respecto al ancho de banda aplicado a las demás categorías de tráfico, cuando, en caso de desactivación de esta opción, todo el tráfico de Internet, incluidos los vídeos en flujo continuo, disfruta del mismo nivel de ancho de banda, establece una distinción en el tráfico que puede incumplir la citada obligación general.
25
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que tal diferencia de trato no puede justificarse sobre la base de la libertad contractual reconocida en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2015/2120, ni siquiera mediante acuerdos celebrados entre los proveedores de servicios de acceso a Internet de que se trate y los usuarios finales, como los consumidores, ni tampoco mediante prácticas comerciales destinadas a satisfacer una solicitud del cliente de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de septiembre de 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 y C‑39/19, EU:C:2020:708, apartados 36 y 47, y de 2 de septiembre de 2021, Telekom Deutschland, C‑34/20, EU:C:2021:677, apartados 26 y 32).
26
En cambio, como se desprende del artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento, cabe aplicar una medida que distinga entre categorías de tráfico objetivamente diferentes si cumple los requisitos para poder ser calificada de «medida razonable de gestión del tráfico», en el sentido de esa disposición. Si no se cumplen esos requisitos, también se puede aplicar tal medida si está comprendida en alguna de las tres excepciones enumeradas taxativamente en el artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, de dicho Reglamento —en el caso de autos, la prevista en la letra c) de esta última disposición—.
27
En primer lugar, del artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento 2015/2120, interpretado a la luz del considerando 9 de dicho Reglamento, resulta que los proveedores de servicios de acceso a Internet pueden aplicar medidas de gestión del tráfico que distingan entre categorías específicas de tráfico siempre que, en concreto, tales medidas tengan como finalidad optimizar la calidad global de las transmisiones y la experiencia de los usuarios, y se basen en requisitos objetivamente diferentes de calidad técnica del servicio inherentes a tales categorías y no en consideraciones comerciales.
28
Así pues, solo cabe considerar que una medida de gestión del tráfico está basada en esas diferencias objetivas si las condiciones técnicas que esa medida aplica a una categoría específica de tráfico cumplen los requisitos de calidad técnica del servicio inherentes a esa categoría específica de tráfico.
29
En cambio, debe reputarse basada en «consideraciones comerciales», en el sentido del artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento 2015/2120, toda medida que un proveedor de servicios de acceso a Internet adopte en relación con cualquier usuario final que se traduzca, sin estar basada en esos requisitos objetivamente diferentes, en que no se depare un trato equitativo y sin discriminación a los contenidos, las aplicaciones o los servicios ofrecidos por los diferentes proveedores de contenidos, aplicaciones o servicios (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2020, Telenor Magyarország, C‑807/18 y C‑39/19, EU:C:2020:708, apartado 48). En particular, se basa en tales consideraciones comerciales una medida que conlleve una distinción en el tráfico que un proveedor de servicios de acceso a Internet justifique mediante una mera diferencia entre categorías de tráfico, sin que, no obstante, el objeto de tal medida esté relacionado con esa diferencia.
30
Lo mismo sucede con una medida que no solo distingue entre diferentes categorías de tráfico cuando se activa una opción tarifaria, sino que trata una misma categoría de tráfico de modo distinto en función del precio pagado por el usuario final por un determinado volumen de datos.
31
De ello se deduce que una opción tarifaria como la controvertida en el litigio principal, que limita el ancho de banda aplicado a los vídeos en flujo continuo con respecto al ancho de banda vigente para las demás categorías de tráfico, mientras que, en caso de desactivación de esta opción, se aplica el mismo nivel de ancho de banda a todo el tráfico, incluidos los vídeos en flujo continuo, establece una distinción en el tráfico de Internet sobre la base de consideraciones comerciales. Ello es tanto más cierto cuanto que no se alega que la distribución y la reproducción de vídeos en flujo continuo exigen una limitación del ancho de banda para optimizar la calidad global de las transmisiones y la experiencia de los usuarios. Por el contrario, como se desprende de la petición de decisión prejudicial, una limitación de este tipo disminuye la resolución de los contenidos de los vídeos y, por tanto, su calidad.
32
Además, cuando tal opción deja a la discrecionalidad de los clientes interesados de un proveedor de servicios de acceso a Internet la elección de su activación y su desactivación, impidiendo a dicho proveedor controlar el período efectivo de aplicación de la medida de gestión del tráfico que ha adoptado, no cabe considerar que esta medida no se ha mantenido «por más tiempo del necesario», en el sentido del artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento 2015/2120.
33
Por lo que respecta, en segundo lugar, al artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, letra c), de ese Reglamento, procede señalar que esta disposición, que, como establece el considerando 11 de dicho Reglamento, debe interpretarse en sentido estricto, permite que se tomen medidas de gestión del tráfico que pueden no cumplir los requisitos previstos en el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del mismo Reglamento, siempre que tales medidas sean necesarias y únicamente durante el tiempo necesario para evitar la inminente congestión de la red o mitigar los efectos de congestiones de la red excepcionales o temporales. Cuando los proveedores de servicios de acceso a Internet no puedan controlar el período efectivo de aplicación de las medidas de gestión del tráfico que han adoptado, como se ha expuesto en el apartado anterior de la presente sentencia, tales medidas tampoco podrán considerarse limitadas únicamente al tiempo necesario para evitar la inminente congestión de la red o para mitigar los efectos de congestiones de la red excepcionales o temporales, como exige el artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, letra c), del Reglamento 2015/2120.
34
De cuanto se ha expuesto anteriormente se desprende que una opción tarifaria que establece, sobre la base de consideraciones comerciales, una distinción en el tráfico derivada de una limitación del ancho de banda aplicado a los vídeos en flujo continuo, sin estar comprendida en ninguna de las excepciones contempladas en el mencionado artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, incumple la obligación general de trato equitativo del tráfico, sin discriminación, restricción o interferencia, enunciada en dicho artículo 3, apartado 3, párrafo primero.
35
Por consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 3 del Reglamento 2015/2120 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una opción de acceso ilimitado a Internet, sin gastos adicionales, ofrecida por un proveedor de servicios de acceso a Internet a sus clientes, que, cuando se activa, permite a estos utilizar servicios de vídeo en flujo continuo sin que los datos así utilizados se incluyan en el volumen de datos garantizado en la tarifa básica mensual, pero limita el ancho de banda aplicado a esos contenidos, con independencia de cuáles sean sus distribuidores o proveedores, en relación con el ancho de banda aplicado a las demás categorías de tráfico, mientras que, cuando los clientes no activan esa opción, todo el tráfico, incluidos los vídeos en flujo continuo, disfruta del mismo nivel de ancho de banda, pero el volumen de datos utilizados se incluye en el volumen suscrito por los clientes.
Costas
36
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una Internet abierta y se modifican la Directiva 2002/22/CE, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, y el Reglamento (UE) n.o 531/2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una opción de acceso ilimitado a Internet, sin gastos adicionales, ofrecida por un proveedor de servicios de acceso a Internet a sus clientes, que, cuando se activa, permite a estos utilizar servicios de vídeo en flujo continuo sin que los datos así utilizados se incluyan en el volumen de datos garantizado en la tarifa básica mensual, pero limita el ancho de banda aplicado a esos contenidos, con independencia de cuáles sean sus distribuidores o proveedores, en relación con el ancho de banda aplicado a las demás categorías de tráfico, mientras que, cuando los clientes no activan esa opción, todo el tráfico, incluidos los vídeos en flujo continuo, disfruta del mismo nivel de ancho de banda, pero el volumen de datos utilizados se incluye en el volumen suscrito por los clientes.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: rumano.