62022CO0032_RES
Asunto C‑32/22 P(I)
Anheuser-Busch Inbev SA/NVyAmpar BVBA
contra
Magnetrol International NVyComisión Europea
Auto del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 1 de agosto de 2022
«Recurso de casación — Intervención — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas ejecutado por el Reino de Bélgica — Admisión de intervenciones en el marco de un procedimiento de casación contra una sentencia del Tribunal General — Anulación de la resolución del Tribunal General — Devolución del asunto al Tribunal General — Decisión del Tribunal General por la que se deniega unir a los autos del asunto las observaciones escritas sobre la sentencia que procede a dicha devolución presentadas por una parte coadyuvante en el procedimiento de casación — Decisión implícita del Tribunal General de no reconocer a una parte coadyuvante en el procedimiento de casación la condición de coadyuvante ante el Tribunal General — Admisibilidad del recurso de casación — Condición de coadyuvante ante el Tribunal General de una parte coadyuvante en el procedimiento de casación»
Recurso de casación — Admisibilidad — Decisiones que pueden ser objeto de un recurso de casación — Admisión de la intervención de una parte en fase de casación contra una decisión del Tribunal General — Anulación de la decisión del Tribunal General y devolución del asunto — Decisión del Tribunal General de no reconocer a una parte coadyuvante en el procedimiento de casación la condición de coadyuvante tras la devolución del asunto — Recurso de casación interpuesto contra esta decisión por el coadyuvante en casación — Admisibilidad
(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 57, párr. 1)
(véanse los apartados 30 a 57)
Procedimiento judicial — Intervención — Admisión de la intervención de una parte en fase de casación contra una decisión del Tribunal General — Anulación de la decisión del Tribunal General y devolución del asunto — Admisión de la intervención de una parte en fase de casación teniendo de pleno derecho la condición de coadyuvante ante el Tribunal General
(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 40)
(véanse los apartados 67 a 98)
Resumen
Mediante Decisión de 11 de enero de 2016, (
1
) la Comisión calificó de ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior el régimen de exención de los beneficios extraordinarios aplicado por Bélgica, desde 2004, a las entidades belgas de grupos de empresas multinacionales. Consecuentemente, la Comisión ordenó recuperar de sus beneficiarios las ayudas así concedidas, beneficiarios cuya lista definitiva debía elaborar el Reino de Bélgica con posterioridad.
Bélgica y Magnetrol International NV interpusieron recursos de anulación contra esta Decisión, registrados respectivamente con los números T‑131/16 y T‑263/16. Otros recursos de anulación fueron interpuestos contra la misma Decisión por Atlas Copco Airpower NV y Atlas Copco AB, (
2
) Anheuser-Busch InBev SA/NV y Ampar BVBA, (
3
) así como por Soudal NV (
4
) y Esko-Graphics BVBA (
5
) (en lo sucesivo, conjuntamente, «recurrentes»). Los asuntos T‑131/16 y T‑263/16 fueron designados como asuntos «piloto» por el Tribunal General y, por tanto, los procedimientos en los demás asuntos mencionados fueron suspendidos hasta la resolución del litigio en estos dos primeros.
Tras la acumulación de los asuntos T‑131/16 y T‑263/16, el Tribunal General estimó los recursos interpuestos por el Reino de Bélgica y por Magnetrol International NV y anuló la Decisión de la Comisión. (
6
)
El Presidente del Tribunal de Justicia, que conocía del recurso de casación interpuesto por la Comisión, admitió la intervención de las recurrentes en apoyo de las pretensiones de Magnetrol International NV en el marco del procedimiento de casación.
Mediante sentencia de 16 de septiembre de 2021, (
7
) el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General y le devolvió los dos asuntos, reservando la decisión sobre las costas.
A raíz de esta devolución al Tribunal General, las recurrentes presentaron ante este último observaciones sobre las conclusiones que procede extraer de la sentencia del Tribunal de Justicia para la solución del litigio en el asunto T‑263/16 RENV.
Mediante escritos de 6 de diciembre de 2021, el Secretario del Tribunal General informó a las recurrentes de que, puesto que sus observaciones no constituían un documento previsto por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Presidente de la Sala del Tribunal General a la que se había sometido el asunto había decidido no incorporarlas a los autos del asunto T‑263/16 RENV (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).
Mediante tres autos, el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, estima los recursos de casación interpuestos por las recurrentes contra tal decisión. Considera que las partes en el asunto suspendido por el Tribunal General a la espera de la resolución definitiva de un asunto piloto y cuya intervención en dicho asunto ha sido admitida en fase de casación conservan esta condición de coadyuvante en caso de anulación de la sentencia del Tribunal General por el Tribunal de Justicia en el asunto piloto y de devolución de este asunto al Tribunal General.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia desestima, en primer lugar, la excepción de inadmisibilidad basada en la naturaleza de la decisión impugnada, a tenor de la cual la Comisión alegaba que la negativa del Tribunal General a unir las observaciones de las recurrentes a los autos del asunto T‑263/16 RENV no podía ser objeto de un recurso de casación.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, a pesar de su concisión, debe entenderse que los escritos del Secretario del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021 reflejan la decisión del Tribunal General de no reconocer a las recurrentes la condición de coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV.
Por lo que respecta al derecho de las recurrentes a interponer un recurso de casación contra dicha decisión con arreglo al artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, que faculta a las personas cuya demanda de intervención ha sido rechazada por el Tribunal General a interponer un recurso de casación, el Tribunal de Justicia observa que, ciertamente, en el caso de autos el Tribunal General no desestimó las demandas de intervención, ya que las recurrentes no presentaron tales demandas ante él. No obstante, el alcance de las decisiones comunicadas por el Secretario del Tribunal General a las recurrentes es similar al que habría tenido una decisión del Tribunal General de desestimar una demanda de intervención presentada por cada una de estas recurrentes.
Además, cuando el Tribunal de Justicia anula en casación una resolución del Tribunal General y le devuelve el asunto debido a que el estado del litigio no permite emitir una resolución, no cabe razonablemente esperar de una parte coadyuvante en dicho recurso que presente formalmente una demanda de intervención ante el Tribunal General con el único fin de poder interponer un recurso de casación contra la decisión por la que se desestime esa demanda. En efecto, en cualquier caso, tal demanda solo podría ser desestimada por el Tribunal General por ser extemporánea, con arreglo a las disposiciones de su Reglamento de Procedimiento.
En este contexto, si una parte coadyuvante en casación no estuviera legitimada para interponer, sobre la base del artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra una decisión del Tribunal General por la que se le deniega la condición de coadyuvante tras la devolución del asunto a dicho órgano jurisdiccional, se privaría a esta parte de toda tutela judicial que le permitiera defender su derecho a intervenir, en su caso, ante el Tribunal General, aun cuando el artículo 57, párrafo primero, del mencionado Estatuto tenga precisamente por objeto garantizar esa tutela judicial. En efecto, en el supuesto de que ese coadyuvante en casación invocara fundadamente su condición de coadyuvante ante el Tribunal General, no tendría ninguna otra vía de recurso para hacer valer sus derechos procesales.
Seguidamente, el Tribunal de Justicia desestima la excepción de inadmisibilidad que la Comisión basa en la extemporaneidad del recurso de casación interpuesto por Soudal NV y Esko-Graphics BVBA.
A tal efecto, el Tribunal de Justicia señala que, aunque el recurso de casación se haya interpuesto fuera del plazo de dos semanas a partir de la notificación de la decisión impugnada previsto en el artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, ampliado en un plazo único de diez días por razón de la distancia, puede aplicarse una excepción al referido plazo en caso de error excusable de la parte interesada. Según reiterada jurisprudencia, este carácter excusable puede apreciarse, en particular, en una situación excepcional en que la parte interesada se enfrente, debido al comportamiento de una institución —incluido un órgano jurisdiccional de la Unión— y a la luz de la redacción de las normas aplicables, a una verdadera incertidumbre en cuanto a los plazos en los que debe interponerse un recurso.
En el caso de autos, la negativa del Tribunal General a reconocer a Soudal NV y a Esko-Graphics BVBA, partes coadyuvantes en el recurso de casación, la condición de coadyuvantes en el procedimiento posterior a la devolución rompe con una práctica constante de dicho órgano jurisdiccional formalmente ratificada en su jurisprudencia. Además, el escrito del Secretario del Tribunal General era conciso, puesto que no precisaba expresamente que el Tribunal General denegaba a las recurrentes la condición de coadyuvantes, ni contenía ninguna referencia concreta al fundamento de la decisión adoptada. Por último, en la fecha de interposición del recurso de casación por Soudal NV y Esko-Graphics BVBA, la base que debía fundamentar tal recurso —artículo 56 o artículo 57 del Estatuto del Tribunal de Justicia— no se deducía claramente ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni del referido Estatuto, pese a que el plazo para interponer el recurso de casación es diferente en ambos casos: el recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia debe interponerse en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución del Tribunal General, mientras que debe interponerse en un plazo de dos semanas con arreglo al artículo 57 de dicho Estatuto.
A la vista de estos elementos, el Tribunal General considera excusable el error cometido por Soudal NV y Esko-Graphics BVBA en cuanto al plazo para interponer sus recursos de casación.
Tras desestimar las diferentes excepciones de inadmisibilidad planteadas por la Comisión, el Tribunal de Justicia examina la fundamentación de los recursos de casación interpuestos por las recurrentes.
A este respecto, el Tribunal de Justicia comienza señalando que el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General no precisa qué condición debe reconocerse a los coadyuvantes en casación en el marco de un procedimiento posterior a la devolución. Con todo, el examen de un asunto por el Tribunal General tras la devolución se sitúa claramente en la continuidad del procedimiento de casación sustanciado ante el Tribunal de Justicia, lo que se refleja expresamente en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
De este modo, el artículo 217 de este último permite a las partes en el procedimiento seguido tras la devolución presentar sus observaciones escritas sobre las conclusiones que procede extraer de la resolución del Tribunal de Justicia para la solución del litigio, cuando la decisión anulada se adopta tras la conclusión de la fase escrita del procedimiento sobre el fondo por el Tribunal General, y ello con el fin de garantizar la continuidad del debate contencioso ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. Pues bien, el hecho de negar a un coadyuvante en casación, que ha podido demostrar un interés en la solución del litigio sometido al Tribunal de Justicia, la condición de coadyuvante en el procedimiento posterior a la devolución, tendría como consecuencia privar a dicha parte de toda posibilidad de presentar observaciones ante el Tribunal General sobre las consecuencias que procede extraer de una resolución del Tribunal de Justicia que, sin embargo, incide en sus intereses.
Además, la solución adoptada por el Tribunal General en la decisión impugnada implica supeditar la continuidad del debate contencioso en un asunto a la decisión del Tribunal de Justicia de resolver él mismo definitivamente el litigio o, por el contrario, de devolver el asunto al Tribunal General. En efecto, cuando el Tribunal de Justicia resuelve definitivamente el litigio, el coadyuvante en casación puede formular sus alegaciones ante el órgano jurisdiccional de la Unión que debe pronunciarse sobre el recurso formulado en primera instancia, mientras que, si se siguiera la solución adoptada por el Tribunal General, quedaría privado de tal facultad en caso de devolución del asunto a este último.
Por otra parte, la exclusión del coadyuvante en casación del procedimiento posterior a la devolución parece tanto más susceptible de afectar a la continuidad del debate contencioso ante los órganos jurisdiccionales de la Unión cuanto que dicho coadyuvante debería poder intervenir de nuevo en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, respetando los requisitos procesales aplicables, en caso de que se interpusiera un recurso de casación contra una nueva resolución del Tribunal General adoptada a raíz de la devolución del asunto ante él.
Esa exclusión también plantea problemas en lo que respecta a la decisión sobre las costas, en la medida en que el Tribunal de Justicia solo resuelve sobre estas cuando el recurso de casación es infundado o cuando, siendo este fundado, el propio Tribunal de Justicia resuelve definitivamente el litigio. En cambio, cuando el Tribunal de Justicia devuelve el asunto al Tribunal General, le corresponde resolver sobre el reparto de las costas correspondientes al procedimiento de casación, incluidas las ocasionadas por los coadyuvantes en el recurso de casación o las que estos hayan de reembolsar. Por consiguiente, negar a los coadyuvantes la condición de parte ante el Tribunal General implicaría o bien que no se resuelva sobre las costas, o que el Tribunal General se pronuncie sobre las pretensiones relativas a las costas acerca de una persona que no es parte en el procedimiento que se sigue ante él.
El Tribunal de Justicia concluye que su Estatuto, el respeto de los derechos procesales garantizados a los coadyuvantes por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y el principio de buena administración de la justicia obligan, en el marco de una articulación coherente de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal General, a que las partes cuya intervención se haya admitido en un asunto en fase de casación gocen de pleno derecho de la condición de coadyuvante ante el Tribunal General cuando se devuelva un asunto a este órgano jurisdiccional a raíz de la anulación de la resolución recurrida en casación.
Por consiguiente, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho, lo que lleva al Tribunal de Justicia a anular la decisión del Tribunal General de negarse a incorporar a los autos del asunto T‑263/16 RENV las observaciones escritas presentadas por las recurrentes y, de este modo, de negarse a reconocer a dichas recurrentes la condición de coadyuvantes en ese asunto.
(
1
)	Decisión (UE) 2016/1699, de 11 de enero de 2016, sobre el régimen de ayudas estatales en la forma de exención de los beneficios extraordinarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicado por Bélgica [notificada con el número C(2015) 9837, DO 2016, L 260, p. 61].
(
2
)	Registrado con el número T‑278/16.
(
3
)	Registrado con el número T‑370/16.
(
4
)	Registrado con el número T‑201/16.
(
5
)	Registrado con el número T‑335/16.
(
6
)	Sentencia de 14 de febrero de 2019, Bélgica y Magnetrol International/Comisión (T‑131/16 y T‑263/16, EU:T:2019:91).
(
7
)	Sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741).