Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 12 de junio de 2025 (1)
Asunto C‑286/24
Meliá Hotels International, S. A.
contra
Associação Ius Omnibus
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal)]
« Procedimiento prejudicial — Acciones por daños en el Derecho nacional por las infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea — Acción especial por la que se solicita la exhibición de documentos — Probabilidad de los daños — Menoscabo de los intereses de los consumidores residentes en Portugal — Ejercicio del derecho de acción popular »
I.      Introducción
1.        El presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de proporcionar aclaraciones sobre la aplicación del Derecho de la competencia a solicitud del sector privado, actualmente regulada por la Directiva 2014/104/UE. (2)
2.        Las cuestiones planteadas por el supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal) versan, en esencia, en primer lugar, sobre si una solicitud de exhibición de medios de prueba, presentada antes de la incoación de una acción por daños, está sujeta a los requisitos derivados del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 en la medida en que esta disposición se refiere a la viabilidad de esa acción que la parte demandante debe justificar para que su solicitud de exhibición de medios de prueba pueda prosperar, y, en segundo lugar, sobre el grado de probabilidad exigido por dicha disposición.
3.        Según lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se limitarán al análisis de la segunda problemática.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
4.        El artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 (3) dispone:
«Cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros decidan acerca de acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos [101 TFUE o 102 TFUE] que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar decisiones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión.»
5.        El artículo 5 de la Directiva 2014/104 establece, en sus apartados 1 a 3:
«1.      Los Estados miembros velarán por que, en los procedimientos relativos a acciones por daños en la Unión y previa solicitud de una parte demandante que haya presentado una motivación razonada que contenga aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente, que sean suficientes para justificar la viabilidad de su acción por daños, los órganos jurisdiccionales nacionales puedan ordenar que la parte demandada o un tercero exhiba las pruebas pertinentes que tenga en su poder, a reserva de las condiciones establecidas en el presente capítulo. Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan ordenar a la parte demandante o un tercero la exhibición de las pruebas pertinentes, a petición del demandado.
[…]
2.      Los Estados miembros velarán por que sus órganos jurisdiccionales nacionales puedan ordenar la exhibición de piezas específicas de prueba o de categorías pertinentes de pruebas, lo más limitadas y acotadas como sea posible atendiendo a los hechos razonablemente disponibles en la motivación razonada.
3.      Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales nacionales limiten la exhibición de las pruebas a lo que sea proporcionado. A la hora de determinar si la exhibición solicitada por una parte es proporcionada, los órganos jurisdiccionales nacionales tomarán en consideración los intereses legítimos de todas las partes y de todos los terceros interesados. En particular, tendrán en cuenta:
a)      la medida en que la reclamación o la defensa esté respaldada por hechos y pruebas disponibles que justifiquen la solicitud de exhibición de pruebas;
b)      el alcance y el coste de la exhibición de las pruebas, especialmente para cualquier tercero afectado, también para evitar las búsquedas indiscriminadas de información que probablemente no llegue a ser relevante para las partes en el procedimiento;
c)      si las pruebas cuya exhibición se pide incluyen información confidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha información confidencial.»
B.      Derecho portugués
6.        La Directiva 2014/104 se incorporó al Derecho portugués mediante la Lei n.º 23/2018, referente ao Direito a indemnização por infração ao direito da concorrência (Ley n.º 23/2018, relativa al derecho a indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de una infracción del Derecho de la competencia), de 5 de junio de 2018 (4) (en lo sucesivo, «Ley n.º 23/2018»). (5)
7.        El artículo 12 de la Ley n.º 23/2018, titulado «Exhibición de medios de prueba en el marco de una acción por daños», dispone, en sus apartados 1 a 4:
«1 — El juez podrá ordenar, a petición de cualquiera de las partes en la acción por daños, a la parte contraria o a un tercero, incluidas las entidades públicas, que exhiban medios de prueba que se encuentren en su posesión, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el presente capítulo.
2 — La solicitud a la que se refiere el apartado anterior se fundamentará en hechos y medios de prueba a los que se tenga acceso razonablemente y que sean suficientes para justificar la viabilidad de la acción por daños o de la defensa y mencionará los hechos que trata de acreditar.
3 — La solicitud identificará de la manera más precisa y concreta posible los medios de prueba o las categorías de medios de prueba cuya exhibición se solicite, atendiendo a los hechos en los que se fundamente.
4 — El juez ordenará la exhibición de los medios de prueba si considera que es proporcionada y pertinente a los efectos del enjuiciamiento del asunto, mientras que las solicitudes que supongan búsquedas indiscriminadas de información serán desestimadas.»
8.        El artículo 13 de esta Ley, que lleva por título «Acceso a los medios de prueba antes de la interposición de una acción por daños», prevé:
«1 — Quienquiera que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 573 a 576 del Código Civil y a tales efectos, desee obtener información o la exhibición de medios de prueba, incluyendo aquellos que la persona que los posea no desee proporcionarle, podrá solicitar, justificando la necesidad de la medida y sin perjuicio de las demás limitaciones establecidas en el presente capítulo, al órgano jurisdiccional competente que requiera al autor de la negativa para que los exhiba en la fecha, la hora y el lugar designados por el juez, en las condiciones previstas en los artículos 1045 a 1047 del Código de Enjuiciamiento Civil.
2 — Las disposiciones de los apartados 2 a 9 del artículo anterior se aplicarán mutatis mutandis a las solicitudes de acceso a las que se refiere el apartado precedente.»
III. Antecedentes de hecho del litigio principal, procedimiento ante el Tribunal de Justicia y cuestiones prejudiciales
9.        Mediante Decisión de 21 de febrero de 2020, (6) la Comisión declaró que Meliá Hotels International, S. A. (en lo sucesivo, «Meliá»), destinataria de esta, había infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015 al aplicar contractualmente prácticas verticales que diferenciaban a los consumidores en función de su nacionalidad o de su país de residencia. Estas prácticas restringieron las ventas, activas o pasivas, de alojamientos hoteleros de Meliá a los consumidores nacionales o residentes de Estados miembros. Habida cuenta de su cooperación, Meliá disfrutó de una reducción del importe de la multa que se le impuso. Esta Decisión no fue objeto de recurso y adquirió firmeza.
10.      Ius Omnibus, una asociación de defensa de los intereses de los consumidores, interpuso, ante el tribunal de primera instancia competente, una acción declarativa especial solicitando la exhibición de documentos en posesión de Meliá, que consideraba necesarios para determinar y probar, por una parte, el alcance y los efectos de la práctica contraria a la competencia constatada por la Comisión y, por otra parte, el perjuicio ocasionado a los consumidores debido a dicha práctica y su cuantificación. Esta solicitud se realizó con anterioridad al eventual ejercicio de una acción colectiva por daños. En efecto, Ius Omnibus destacó que tenía la intención de actuar en este sentido, ejerciendo el derecho de acción popular en nombre de los consumidores perjudicados residentes en Portugal en el caso de que, sobre la base de los documentos solicitados, pudiera demostrar un menoscabo de los intereses generales constitucionalmente protegidos en Portugal y de los intereses individuales homogéneos de consumidores residentes en Portugal, que trajera causa de la práctica anticompetitiva de Meliá constatada por la Comisión.
11.      El tribunal de primera instancia estimó la acción declarativa especial de Ius Omnibus. En el marco de un recurso de apelación interpuesto por Meliá, el Tribunal da Relação (Audiencia, Portugal) confirmó la sentencia dictada en primera instancia en su totalidad.
12.      El recurso de casación interpuesto por Meliá ante el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) fue admitido a trámite por este órgano jurisdiccional.
13.      En estas circunstancias, el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo), mediante resolución de 4 de marzo de 2024, presentada ante el Tribunal de Justicia el 23 de abril de 2024, decidió suspender el procedimiento y plantear las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia:
«1)      ¿Es aplicable el artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 2014/104] a una acción de acceso a medios de prueba antes de ejercitar una acción por daños en el sentido del artículo 2, punto 4, de dicha Directiva?
En caso de respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial anterior:
2)      ¿Exige siempre el requisito de probabilidad del daño derivado del artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 2014/104], que el solicitante demuestre que, en el caso de autos, es más probable que se hayan causado daños a los consumidores representados, en este caso los residentes en Portugal, que lo contrario?
3)      ¿Pueden los órganos jurisdiccionales nacionales basar el criterio de la probabilidad del daño, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la [Directiva 2014/104], exclusivamente en la existencia de una decisión adoptada por las autoridades competentes en materia de competencia[?] En particular, ¿cómo incidirá en este análisis el hecho de que se trate de una decisión adoptada en el marco de un procedimiento de transacción, relativo a una infracción vertical por el objeto del Derecho de la competencia de la Unión?»
14.      Han presentado observaciones las partes del litigio principal, el Gobierno portugués y la Comisión. No se ha celebrado vista.
IV.    Apreciación
A.      Observaciones preliminares
15.      Antes de abordar los problemas jurídicos planteados por las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, examinaré, por un lado, la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial (sección 1) y, por otro lado, la premisa vinculada a la primera cuestión y en la que se basan las cuestiones segunda y tercera (sección 2). (7)
1.      Admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
16.      Ius Omnibus indica que la petición de decisión prejudicial es inadmisible debido a que no se han cumplido los requisitos del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Según esta parte, la exposición, por el órgano jurisdiccional remitente, de todos los hechos pertinentes, del texto del Derecho portugués, de las razones que le han llevado a preguntarse sobre la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión y de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y el litigio principal es insuficiente. Además, este órgano jurisdiccional no expuso fundamentos de Derecho que justificaran la pertinencia de las cuestiones segunda y tercera. Siendo así, Ius Omnibus insta al Tribunal de Justicia a declarar la inadmisibilidad de la presente petición de decisión prejudicial.
17.      No comparto las alegaciones de Ius Omnibus relativas al incumplimiento por la presente petición de decisión prejudicial de los requisitos del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento. Tal como demostraré, esta contiene todos los elementos necesarios para permitir que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre dicha petición.
18.      Asimismo, si bien el órgano jurisdiccional remitente no expone claramente las razones que le llevaron a plantear las cuestiones prejudiciales segunda y tercera ni la pertinencia de las respuestas a estas cuestiones para el procedimiento principal, su motivación es evidente a la vista del contenido de estas. En efecto, este órgano jurisdiccional pretende determinar, mediante su segunda cuestión, si la viabilidad de una acción por daños debe establecerse dependiendo de si «es más probable que se hayan causado daños a los consumidores […] que lo contrario» y, mediante su tercera cuestión, si es posible establecer el grado de probabilidad exigido sobre la base de la decisión de una autoridad de competencia, como la del 21 de febrero de 2020.
19.      De ello se desprende que las cuestiones segunda y tercera son admisibles.
2.      Presentación de una solicitud de exhibición de pruebas antes del ejercicio de una acción sobre el fondo
20.      Las cuestiones segunda y tercera —a cuyo análisis se limitarán las presentes conclusiones, según lo solicitado por el Tribunal de Justicia— se plantean para el caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión en sentido afirmativo. Por tanto, mi análisis de estas cuestiones debe basarse en la premisa de que la primera cuestión exige una respuesta afirmativa.
21.      En aras de la exhaustividad y en la medida en que la respuesta a la primera cuestión constituye el punto de partida del análisis de las cuestiones posteriores, presentaré algunas breves reflexiones sobre la problemática a la que se refiere.
22.      Según la formulación de la primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente trata de determinar si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 es aplicable a una solicitud de exhibición de pruebas presentada antes del ejercicio de una acción por daños. En realidad, esta cuestión parece referirse a si los requisitos previstos en esta disposición, relativos a la viabilidad de la acción por daños que el solicitante debe justificar, son aplicables a esta solicitud de exhibición de pruebas.
23.      Debe precisarse que no cabe entender la primera cuestión en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, un Estado miembro está obligado a prever la posibilidad de presentar una solicitud de exhibición de pruebas antes del ejercicio de una acción por daños. En efecto, el legislador portugués ha previsto tal posibilidad.
24.      Asimismo, parece que el legislador portugués haya entendido esta Directiva en el sentido de que obliga a los Estados miembros a prever la posibilidad de presentar una solicitud de exhibición de pruebas, contemplada en el artículo 5 de dicha Directiva, únicamente en el marco de una acción por daños. Esta disposición fue incorporada al ordenamiento interno portugués mediante el artículo 12 de la Ley n.º 23/2018.
25.      Según la lectura de la Directiva 2014/104 realizada por el legislador portugués, no obstante, un Estado miembro puede prever la posibilidad de presentar tal solicitud antes de la interposición de una acción sobre el fondo. Como ha observado el Gobierno portugués, el legislador de este Estado miembro ha hecho uso de esta facultad y ha previsto esa posibilidad en el artículo 13 de la Ley n.º 23/2018. Parece que el procedimiento principal versa sobre una solicitud de este tipo.
26.      A este respecto, en mis conclusiones presentadas en el asunto PACCAR y otros, abordé (8)la problemática de las solicitudes de exhibición de pruebas presentadas antes de una acción sobre el fondo en el contexto del análisis del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/104. Así pues, examiné si esta Directiva podía aplicarse en el procedimiento principal en cuestión para disipar toda posible duda sobre la competencia del Tribunal de Justicia para responder a cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de las disposiciones de la referida Directiva.
27.      Debo destacar que, en ese asunto, el órgano jurisdiccional remitente no había planteado esta problemática. Sin embargo, no se desprendía claramente de la resolución de remisión si la solicitud de exhibición de pruebas se había presentado en relación con una acción por daños o antes de la interposición de dicha acción. En consecuencia, examiné si, y, en su caso, en qué condiciones, dicha solicitud quedaba comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/104.
28.      El examen de esta cuestión me llevó a constatar, en cuanto a las solicitudes de exhibición de pruebas, que, aun suponiendo que la Directiva 2014/104 se refiera únicamente a las presentadas en relación con una acción por daños, tal solicitud, presentada, técnicamente, antes del ejercicio de la acción por daños puede estar comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva. En efecto, cabría considerar, al menos en determinados supuestos, que tal solicitud se presenta en relación con una acción por daños o implica el ejercicio condicional de tal acción. Consideré que así sucedía cuando debe ejercitarse una demanda de daños, so pena de sanción, dentro de un breve plazo desde la presentación de una solicitud de exhibición de pruebas en cuyo marco se ha justificado la viabilidad de tal demanda o, eventualmente, dentro de un breve plazo desde que se acceda a esta solicitud.
29.      Cuando una solicitud de exhibición de pruebas presenta tales características, por una parte, le son aplicables los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 y, por otra parte, el Tribunal de Justicia es competente para responder a una cuestión de interpretación relativa a dicha disposición planteada por un órgano jurisdiccional que conozca de tal solicitud.
30.      No parece que la acción dirigida a obtener medios de prueba prevista en el Derecho portugués presente las características mencionadas en el punto 28 de las presentes conclusiones. No obstante, los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 podrían ser aplicables a dicha acción y el Tribunal de Justicia sería competente para responder a una cuestión de interpretación de dicha disposición.
31.      En efecto, el artículo 5, apartado 8, de la Directiva 2014/104 autoriza a los Estados miembros a establecer, sin perjuicio del artículo 5, apartados 4 y 7, y del artículo 6 de esta, normas que conduzcan a un sistema de exhibición más amplia de las pruebas. En consecuencia, un Estado miembro podría prever la posibilidad de presentar una solicitud de exhibición de las pruebas antes del ejercicio de una acción por daños e incluso podría someter dicha solicitud, en su totalidad, (9) al régimen del artículo 5 de esta Directiva.
32.      En este caso, el Tribunal de Justicia sería competente para responder a las cuestiones prejudiciales referidas al artículo 5, apartado 8, de la Directiva 2014/104, planteadas por un órgano jurisdiccional ante el que se hubiera presentado tal solicitud, de conformidad con su jurisprudencia relativa a las situaciones en las que las disposiciones del Derecho de la Unión son aplicables en un litigio en virtud de una remisión directa e incondicional efectuada por el Derecho nacional que tiene como efecto la ampliación del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. (10)
33.      A este respecto, es probable que el legislador portugués haya querido someter una acción dirigida a obtener medios de prueba, presentada antes de una acción sobre el fondo, al régimen del artículo 5 de la Directiva 2014/104. En efecto, según el artículo 13, apartado 2, de la Ley n.º 23/2018, las condiciones previstas en su artículo 12 y, por tanto, en el artículo 5 de esta Directiva se aplican mutatis mutandis a las acciones contempladas en el artículo 13 de esta Ley.
34.      Por tanto, independientemente de las características de la acción dirigida a obtener medios de prueba prevista en el Derecho portugués, el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones prejudiciales relativas al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 y planteadas por un órgano jurisdiccional nacional que conozca de tal acción en virtud del artículo 13 de la Ley n.º 23/2018.
B.      Sobre el fondo
35.      Como observación previa, debo señalar que las cuestiones segunda y tercera se refieren, desde un punto de vista literal, a la probabilidad del daño contemplada en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104. Pues bien, según esta disposición, un demandante puede instar al órgano jurisdiccional nacional a ordenar que la parte demandada o un tercero exhiba las pruebas pertinentes, siempre y cuando haya justificado la viabilidad de su acción por daños mediante la presentación de hechos y pruebas a las que tenga acceso razonablemente y que sean suficientes. (11)
36.      A este respecto, debo recordar que la existencia de un daño constituye uno de los requisitos que dan lugar a la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia. El nacimiento de esta responsabilidad está supeditado al cumplimiento de tres requisitos, a saber, la realidad del daño (un perjuicio), la relación de causalidad entre el daño y el comportamiento alegado y la ilegalidad del comportamiento imputado. (12) Dicha responsabilidad puede reclamarse mediante una acción por daños. En consecuencia, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que el demandante está obligado a justificar la probabilidad de estos tres requisitos.
37.      Dicho esto, a pesar de la divergencia entre, por una parte, la formulación de las cuestiones segunda y tercera y, por otra parte, la del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, estas cuestiones se refieren a la probabilidad de los tres requisitos que dan lugar a la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia. Esto se ve confirmado, en particular, en la segunda cuestión, mediante la cual el órgano jurisdiccional remitente pretende averiguar si el grado de probabilidad exigido debe establecerse sobre la base del criterio consistente en determinar si «es más probable que se hayan causado daños a los consumidores […] que lo contrario». Este criterio se refiere tanto al daño como a la relación entre este y el comportamiento alegado. Por tanto, propongo reformular la segunda cuestión en el sentido de que, mediante esta, el órgano jurisdiccional remitente trata de averiguar si, para justificar la viabilidad de una acción por daños, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, es preciso demostrar que es más probable que concurran los requisitos que dan lugar a la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia que lo contrario.
38.      Siempre con carácter preliminar, observo que debe invertirse el orden del examen de las cuestiones segunda y tercera.
39.      El órgano jurisdiccional remitente pregunta, mediante la segunda cuestión, si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que, de conformidad con esta disposición, el grado de probabilidad exigido viene determinado en función del criterio según el cual es más probable que concurran los requisitos que dan lugar a la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia que lo contrario y, mediante su tercera cuestión, si esta disposición debe interpretarse en el sentido de que la viabilidad de una acción por daños puede demostrarse basándose únicamente en una decisión de la Comisión por la que se constate la existencia de una infracción.
40.      La segunda cuestión tiene un carácter más general que la tercera, y una respuesta afirmativa a esta última eliminaría la necesidad de responder a la segunda. Por lo tanto, comenzaré mi análisis por la tercera cuestión.
1.      Sobre la tercera cuestión
41.      Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si una decisión por la que se constata la existencia de una infracción del Derecho de la competencia es suficiente para demostrar la viabilidad de una acción por daños relativa a un perjuicio resultante de dicha infracción. En particular, este órgano jurisdiccional plantea dudas sobre la posibilidad de demostrar la viabilidad de tal acción, en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, basándose únicamente en la existencia de una decisión de las autoridades de competencia competentes (sección a). Además, trata de averiguar si el hecho de que tal decisión se refiera a una restricción vertical por el objeto (sección b) y que haya sido adoptada en el marco de un procedimiento de transacción (sección c) influye en la respuesta que debe darse a esta cuestión.
a)      ¿Basta una decisión por la que se declare la existencia de una infracción para justificar la viabilidad de una acción por daños?
42.      En esencia, la tercera cuestión atañe a saber si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que conozca de una solicitud de exhibición de pruebas puede apreciar la viabilidad de una acción por daños basándose únicamente en una decisión de la Comisión por la que se constate la existencia de una infracción del Derecho de la competencia.
43.      Debo indicar de entrada que, en mi opinión, una decisión por la que se constate la existencia de una infracción no es suficiente para justificar la viabilidad de una acción por daños.
44.      Según se desprende del artículo 16, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003, un órgano jurisdiccional nacional no puede adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión por la que se declare la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE. Asimismo, un órgano jurisdiccional nacional que se pronuncie sobre una infracción idéntica a la contemplada por la Decisión de 21 de febrero 2020 debe admitir la existencia de dicha infracción. En cambio, la existencia de un daño y de una relación directa entre dicho daño y la infracción en cuestión siguen dependiendo de la apreciación del juez nacional. (13)
45.      Por consiguiente, ante una decisión por la que se constate la existencia de una infracción del Derecho de la competencia, un órgano jurisdiccional que conozca de una solicitud de exhibición de pruebas ya no está obligado a examinar si, a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas disponibles, se ha acreditado la probabilidad de la existencia de la infracción. Sin embargo, la ilegalidad del comportamiento imputado tan solo constituye uno de los requisitos que dan lugar a la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia. Como he indicado, (14) justificar la viabilidad de una acción por daños supone establecer el grado de probabilidad exigido en cuanto a los tres requisitos que dan lugar a dicha responsabilidad. En consecuencia, la admisión de la existencia de una infracción no basta, por sí sola, para demostrar la viabilidad de tal acción.
b)      Decisión relativa a una práctica vertical que restringe la competencia por el objeto
46.      El órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si el hecho de que una decisión por la que se constata la existencia de una infracción del Derecho de la competencia se refiera a una restricción vertical por el objeto puede alterar sustancialmente la respuesta que debe darse a la tercera cuestión.
47.      Considero que no es así y que un órgano jurisdiccional nacional no puede basar su apreciación de la viabilidad de una acción por daños únicamente en la existencia de tal decisión.
48.      En primer lugar, a este respecto, debo observar que el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2014/104 establece una presunción iuris tantum de que las infracciones cometidas en el marco de un cártel provocan daños y perjuicios. No obstante, esta presunción, según la ha establecido el legislador de la Unión, no comprende las restricciones verticales de la competencia.
49.      En efecto, según el considerando 47 de la Directiva 2014/104, conviene limitar la presunción iuris tantum prevista en su artículo 17, apartado 2, a los cárteles, dada su naturaleza secreta, lo que aumenta la asimetría de información y dificulta que los demandantes obtengan las pruebas necesarias para acreditar el perjuicio. Además, el artículo 2, punto 14, de esta Directiva define el concepto de «cártel», en esencia, como todo acuerdo o práctica concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia mediante ciertas prácticas. Esta definición no se corresponde con la de una práctica vertical, que implica a empresas que operan a niveles distintos de la cadena de producción o de distribución y que, en consecuencia, no son competidoras.
50.      Asimismo, según las investigaciones doctrinales, (15) el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2014/104 ha sido objeto de transposiciones divergentes en los Estados miembros. En efecto, algunos han decidido dar al concepto de «cártel» una definición más amplia que la prevista en el artículo 2, punto 14, de la Directiva 2014/104, incluso extendiendo expresamente el ámbito de aplicación de esta presunción a las restricciones verticales de la competencia. Esta transposición no uniforme entre los Estados miembros, dado que algunos de ellos han querido claramente ampliar la definición del concepto de «cártel» prevista en esta Directiva, corrobora la interpretación de que la presunción en cuestión, según la ha establecido el legislador de la Unión, comprende únicamente a los cárteles que se corresponden con la definición prevista en el artículo 2, punto 14, de dicha Directiva.
51.      Siempre dentro de este contexto, debo observar que incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar si el legislador portugués ha decidido que la presunción establecida en el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2014/104 es aplicable a las restricciones verticales. Nada sugiere que sea así.
52.      En segundo lugar, la circunstancia de que una decisión por la que se declara la existencia de una infracción del Derecho de la competencia no se refiera a una restricción vertical por los efectos sino a una restricción vertical por el objeto tampoco puede poner en entredicho la consideración según la cual un órgano jurisdiccional nacional no puede basar el cumplimiento del criterio de la viabilidad de una acción por daños, según lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, únicamente en la existencia de dicha decisión.
53.      El Derecho de la competencia de la Unión efectúa una distinción clara entre el concepto de «restricción por el objeto» y el concepto de «restricción por el efecto», estando sometido cada uno de esos conceptos a un régimen probatorio diferente. (16) En el marco de esta primera restricción, ya no es necesario examinar los efectos restrictivos de la práctica en cuestión. (17) No obstante, la constatación de tal restricción no implica que se haya ocasionado un daño a una persona concreta ni que exista una relación de causalidad entre esa restricción y ese daño. Estos requisitos que dan lugar a la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia deben acreditarse ante el órgano jurisdiccional que conoce de la acción por daños.
54.      En este orden de ideas, por lo que respecta a la solicitud de exhibición de pruebas a la que se refiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, el solicitante también debe justificar el grado de probabilidad exigido en cuanto a estos dos requisitos, a saber, la existencia de un daño y de una relación de causalidad entre este y la infracción de que se trata.
55.      En aras de la exhaustividad, quisiera señalar que ni el hecho de que las restricciones verticales no estén comprendidas en la presunción prevista en el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2014/104, (18) ni el hecho de que las restricciones por el objeto no estén sometidas a un régimen probatorio especial en lo referente a los tres requisitos que dan lugar a la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia (19) implican que una decisión por la que se constata la existencia de una restricción vertical por el objeto carezca de toda relevancia para apreciar la viabilidad de una acción por daños.
56.      En efecto, por un lado, un órgano jurisdiccional nacional ante el que se haya presentado una solicitud de exhibición de pruebas debe admitir la existencia de una infracción del Derecho de la competencia contemplada por esa decisión, de manera que uno de los requisitos que dan lugar a la responsabilidad no solo es verosímil, sino que también está acreditado. (20)
57.      Por otro lado, el concepto de «restricción de la competencia por el objeto» atañe a los comportamientos cuyo grado de nocividad para la competencia, es decir, el perjuicio directo o indirecto que pueden causar a los usuarios y a los consumidores de los distintos sectores o mercados afectados, es elevado. (21) El grado de perjuicio que puede ocasionar tal comportamiento es pertinente, junto con otros hechos y medios de prueba a los que tenga razonablemente acceso un demandante, para demostrar la viabilidad de una acción por daños, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104.
c)      Decisión adoptada en el marco de un procedimiento de transacción
58.      El órgano jurisdiccional remitente destaca el hecho de que la Decisión de 21 de febrero 2020 se adoptó en el marco de un procedimiento de transacción y pregunta al Tribunal de Justicia sobre si esta circunstancia puede influir en la respuesta que debe darse a la tercera cuestión.
59.      Opino que no es así.
60.      En efecto, la Decisión de 21 de febrero 2020, adoptada en el marco de un procedimiento de transacción, constituye una decisión final en virtud de los artículos 7 o 23 del Reglamento n.º 1/2003. (22) A diferencia de una decisión relativa a los compromisos adoptada sobre la base del artículo 9 de este Reglamento, (23) una decisión adoptada en el marco de un procedimiento de transacción contiene una constatación de la infracción del artículo 101 TFUE o del artículo 102 TFUE. El hecho de que la empresa a la que se refiere dicha decisión pueda disfrutar de una reducción del importe de la multa no cambia la naturaleza de la constatación relativa a dicha infracción.
61.      Por consiguiente, el hecho de que una decisión de la Comisión por la que se constata la infracción del Derecho de la competencia se haya adoptado en el marco de un procedimiento de transacción carece de incidencia, habida cuenta de las consideraciones expuestas en el punto 45 de las presentes conclusiones, sobre si un órgano jurisdiccional nacional puede basar el cumplimiento del criterio de la probabilidad del daño, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, únicamente en la existencia de una decisión de la autoridad de competencia competente.
d)      Conclusión provisional
62.      Procede responder a la tercera cuestión que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que una decisión por la que se declara la existencia de una infracción del Derecho de la competencia no es suficiente para demostrar la viabilidad de una acción por daños. El hecho de que esta decisión se refiera a una restricción vertical por el objeto y que se haya adoptado en el marco de un procedimiento de transacción no pone en entredicho esta consideración.
2.      Sobre la segunda cuestión prejudicial
a)      El alcance de la segunda cuestión
63.      Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si, para justificar la viabilidad de una acción por daños, con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, debe demostrarse que es más probable que concurran los requisitos que dan lugar a la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia que lo contrario.
64.      Este órgano jurisdiccional no explica en qué consiste el criterio descrito en su segunda cuestión. Además, el criterio adoptado por las instancias inferiores en el procedimiento principal tampoco está claro.
65.      Según Ius Omnibus, no cabe excluir que el órgano jurisdiccional remitente haya ignorado el criterio aplicado por las instancias inferiores y haya considerado que podía anular la sentencia de primera instancia recurrida por falta de motivación. Por lo tanto, a su entender, el órgano jurisdiccional remitente desea obtener aclaraciones sobre el criterio a aplicar para poder esclarecerlo para los tribunales de rango inferior en la sentencia que debe dictar.
66.      Alternativamente, la remisión prejudicial podría entenderse en el sentido de que Meliá impugna el criterio adoptado por las instancias inferiores y sostiene que estas deberían haber aplicado el criterio más estricto descrito en la segunda cuestión. En este supuesto, como ha indicado Ius Omnibus, debería entenderse que la segunda cuestión pretende determinar si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que, cuando lo incorpore al Derecho nacional, un Estado miembro no puede establecer un criterio menos estricto que el descrito en esta cuestión.
67.      Mediante la sentencia dictada en primera instancia y confirmada en apelación, los tribunales inferiores efectivamente ordenaron a Meliá que exhibiera los documentos solicitados por Ius Omnibus. El órgano jurisdiccional remitente resuelve sobre un recurso de casación interpuesto por Meliá contra esta sentencia de primera instancia.
68.      Meliá alega, en sus observaciones escritas, que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 establece un grado de probabilidad que va más allá de la mera posibilidad de la existencia de un daño. Más concretamente, Meliá considera que esta disposición debe interpretarse en el sentido de que no implica esta mera posibilidad, sino más bien una probabilidad real de que se produzca, a saber, que a la luz del contexto fáctico, jurídico y económico en cuestión, la existencia de un daño debe ser más probable que su inexistencia o, como mínimo, debe constituir una probabilidad seria, es decir, fundada.
69.      Además, Meliá observa que los tribunales portugueses han considerado, en otros asuntos relativos al Derecho civil general, que el concepto de viabilidad implica un grado de certeza que supera el mero ámbito de lo posible, superior al 50 %.
70.      Esta observación es parcialmente confirmada por Ius Omnibus, que indica que, en el ordenamiento jurídico portugués, algunos defienden también la postura de que el criterio general de la prueba en el procedimiento civil es el criterio según el cual «es más probable que improbable». Dicho esto, Ius Omnibus afirma que este criterio debe adaptarse en función del contexto en el que se aplica. A su entender, tal adaptación viene exigida por el artículo 13, apartado 2, de la Ley n.º 23/2018, según el cual los requisitos previstos en el artículo 12, apartados 2 a 9, de esta Ley se aplican mutatis mutandis a una solicitud de exhibición de medios de prueba presentada antes del ejercicio de una acción por daños.
71.      Independientemente de los matices propios de la situación a la que se enfrenta el órgano jurisdiccional remitente, (24) el objetivo de este último es claro: averiguar si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 impone un criterio que implica un grado de probabilidad como el descrito en la segunda cuestión, a saber, aquel según el cual es más probable que concurran los requisitos que dan lugar a la responsabilidad por una infracción del Derecho de la competencia que lo contrario.
72.      Es preciso añadir, a este respecto, que el grado de probabilidad exigido al que se refiere el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 es el más elevado que puede exigirse. Con arreglo al artículo 5, apartado 8, de esta Directiva, un Estado miembro puede establecer, sin perjuicio del artículo 5, apartados 4 y 7, y del artículo 6 de esta, normas que conduzcan a un sistema de exhibición más amplia de las pruebas. Con el fin de facilitar el acceso a las pruebas, un Estado miembro puede decidir fijar el grado de probabilidad en un nivel inferior al exigido en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva. En cambio, un Estado miembro no puede establecer un criterio que suponga un grado de probabilidad más elevado que el establecido por el legislador de la Unión.
73.      Por lo tanto, para responder a la segunda cuestión, se ha de determinar si la Directiva 2014/104 establece un criterio que suponga un grado de probabilidad según el cual es más probable que concurran los requisitos que dan lugar a la responsabilidad que lo contrario o si se contenta con un grado de probabilidad inferior al descrito en esta cuestión.
b)      Apreciación
74.      El criterio descrito en la segunda cuestión parece basarse en una ponderación de las probabilidades. Según este criterio, entendido de esta manera, incumbe al solicitante demostrar que es más probable que los consumidores representados, en el presente asunto los consumidores residentes en Portugal, hayan sufrido daños que lo contrario.
75.      Opino que el nivel de prueba exigido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 para justificar una solicitud de exhibición de pruebas es inferior al de tal ponderación de las probabilidades.
76.      En efecto, en primer lugar, los términos empleados en las diferentes versiones lingüísticas del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 no parecen implicar exigencias demasiado rigurosas. Según observa la Comisión, los términos empleados en las versiones de esta Directiva en lenguas portuguesa («plausibilidade»), alemana («Plausibilität»), inglesa («plausibility») y francesa («plausibilité»), a las que se añade la versión en lengua polaca («uprawdopodobnienie»), hacen referencia, según sus definiciones léxicas, a la situación en la que una afirmación sea, o parezca ser, razonable o aceptable. (25) En consecuencia, estos términos sugieren que es preciso convencer al juez que resuelva sobre la solicitud de exhibición de pruebas de que la hipótesis de que concurren los tres requisitos acumulativos es razonablemente aceptable en el caso que examina.
77.      En segundo lugar, debe observarse que, además de las definiciones léxicas de los términos empleados en las diferentes versiones lingüísticas del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, las transposiciones nacionales de esta disposición siguen la misma lógica, al menos en algunos Derechos de los Estados miembros. Así sucede, en particular, en el Derecho alemán (26) y el polaco. (27) Las disposiciones de transposición en vigor en estos Estados miembros se contentan con establecer, en cuanto al nivel de probabilidad exigido, una probabilidad razonablemente aceptable.
78.      En tercer lugar, no puede perderse de vista que la posibilidad de obtener acceso a los documentos está funcionalmente vinculada al ejercicio del derecho al pleno resarcimiento del daño causado por una infracción del Derecho de la competencia.
79.      Los considerandos de la Directiva 2014/104 apoyan tal interpretación.
80.      En efecto, el considerando 14 de esta Directiva, que es particularmente instructivo en cuanto a la ratio legis de su artículo 5, apartado 1, (28) dispone que «las pruebas que se necesitan para acreditar una reclamación de daños y perjuicios suelen estar exclusivamente en posesión de la parte contraria o de terceros, y no son conocidas suficientemente por el demandante o no están a su alcance», motivo por el cual no es posible establecer «estrictos requisitos legales que exijan de los demandantes hacer valer en detalle todos los hechos del caso y aportar elementos de prueba muy específicos al inicio de una acción» sin obstaculizar indebidamente el ejercicio efectivo del derecho a resarcimiento garantizado por el Tratado FUE. Asimismo, el considerando 15 de esta Directiva establece que, con el fin de corregir la asimetría de información entre las partes, «conviene garantizar que se confiere a las partes demandantes el derecho a obtener la exhibición de las pruebas relevantes para fundar sus pretensiones, sin que sea necesario que especifiquen las piezas concretas de prueba».
81.      Por tanto, la posibilidad de obtener acceso a las pruebas relativas a una infracción del Derecho de la competencia, garantizada en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, tiene por objeto corregir la asimetría de información existente entre las partes en las acciones a las que se refiere esta Directiva. Sin embargo, la eliminación de esta asimetría no constituye un fin en sí mismo. La obtención de pruebas debe permitir a la parte perjudicada ejercer eficazmente su derecho a solicitar el resarcimiento del daño y, por ello, contribuye indirectamente a la máxima eficacia de las normas sobre competencia. (29)
82.      En consecuencia, en primer lugar, no cabe confundir el nivel de la prueba exigido para estimar una acción sobre el fondo con el exigido para cumplir el grado de probabilidad necesario para ordenar la exhibición de pruebas. En segundo lugar, el grado de probabilidad exigido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 no puede ser demasiado estricto, dado que esto disminuiría la eficacia de las normas sobre competencia.
83.      En este contexto, debo observar, al igual que la Comisión, que el criterio basado en una ponderación de las probabilidades parece corresponderse con el aplicable en los procedimientos civiles de los sistemas de la common law. (30) Si bien la ponderación de las probabilidades se ha considerado aplicable a las acciones por daños en una de las jurisdicciones de common law que han aplicado la Directiva 2014/104, a saber, el Reino Unido, esta no se ha aplicado, no obstante, de manera universal en el contexto de las solicitudes de exhibición de pruebas. (31)
84.      En cuarto lugar, del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 se desprende que, para instar al órgano jurisdiccional nacional a que ordene a la parte demandada o a un tercero que exhiba las pruebas pertinentes, el demandante debe justificar la viabilidad de la acción por daños mediante la presentación de hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente y que sean suficientes. (32) En una situación típica, por tanto, el demandante debe poder justificar la viabilidad de su acción por daños basándose en los elementos de hecho y pruebas de las que disponga o que pueda obtener sin costes ni dificultades excesivos. En mi opinión, el legislador necesariamente ha elaborado el criterio de viabilidad, establecido en esta disposición, partiendo de esta premisa. En consecuencia, por regla general este criterio debería poder cumplirse a partir de información parcial o incompleta.
85.      En quinto y último lugar, la aplicación del criterio relativo al ponderación de las probabilidades parece obligar al juez que conoce de una solicitud de exhibición de pruebas a establecer y comparar dos hipótesis: aquella según la cual el éxito de la acción por daños es probable y aquella en la que no lo es.
86.      El criterio contemplado en la segunda cuestión, que implica dicho análisis de estas dos hipótesis, no parece ajustarse al papel que desempeña el derecho a obtener la exhibición de pruebas pertinentes, garantizado en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104. En efecto, la apreciación realizada por el juez nacional para ordenar la exhibición de pruebas en la fase inicial del procedimiento, o incluso antes de que se incoe este, debería, por su propia naturaleza, tener un carácter simplificado. Además, si incluso una información parcial o incompleta puede permitir al demandante justificar la viabilidad de su acción por daños, (33) el juez que conoce del asunto debe concentrar su análisis, por tanto, en la viabilidad de una única hipótesis, a saber, aquella según la cual concurren los requisitos que dan lugar a la responsabilidad.
87.      En estas condiciones, procede considerar que, para cumplir el grado de probabilidad exigido en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104, un demandante debe convencer al juez de que la tesis de que concurren los tres requisitos acumulativos de la responsabilidad es razonablemente aceptable en la situación de que se trata. Por consiguiente, debe responderse a la segunda cuestión que el criterio previsto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 implica un grado de probabilidad inferior al exigido por un criterio según el cual debe ser más probable que concurran los requisitos que dan lugar a la responsabilidad que lo contrario.
V.      Conclusión
88.      A la luz de todas las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera planteadas por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal):
1)      El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea
debe interpretarse en el sentido de que
une decisión por la que se declara la existencia de una infracción del Derecho de la competencia no es suficiente para demostrar la viabilidad de una acción por daños. El hecho de que esta decisión se refiera a una restricción vertical por el objeto y que se haya adoptado en el marco de un procedimiento de transacción no pone en entredicho esta consideración.
2)      El criterio previsto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2014/104 implica un grado de probabilidad inferior al exigido por un criterio según el cual debe ser más probable que concurran los requisitos que dan lugar a la responsabilidad que lo contrario.
1      Lengua original: francés.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1).
3      Reglamento del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).
4      Diário da República, I serie, n.º 107, de 5 de junio de 2018.
5      Debo señalar que el órgano jurisdiccional remitente se ha limitado a identificar las disposiciones pertinentes de esta Ley, sin reproducir su texto en la petición de decisión prejudicial. En cambio, dicho texto figura en las observaciones escritas del Gobierno portugués y de la Comisión Europea.
6      Decisión C(2020) 893 final relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 [TFUE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE [Asunto AT.40528 — Meliá (Holiday Pricing)], cuyo resumen se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 2 de junio de 2020 (DO 2020, C 182, p. 9, en lo sucesivo, «Decisión de 21 de febrero de 2020»).
7      Véase el punto 20 de las presentes conclusiones.
8      C‑163/21, EU:C:2022:286.
9      En este supuesto, por lo tanto, una solicitud de exhibición de las pruebas no estaría únicamente sujeta a los requisitos previstos en el artículo 5, apartados 4 y 7, de la Directiva 2014/104, sino a todos los establecidos por dicho artículo.
10      Véase, recientemente, la sentencia de 22 de octubre de 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret (C‑652/22, EU:C:2024:910), apartado 53.
11      Véase la sentencia de 10 de noviembre de 2022, PACCAR y otros (C‑163/21, EU:C:2022:863), apartado 43.
12      Véase, en particular, la sentencia de 20 de abril de 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C‑25/21, EU:C:2023:298), apartado 39.
13      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros (C‑199/11, EU:C:2012:684), apartado 65.
14      Véase el punto 44 de las presentes conclusiones.
15      Para un estudio comparativo, véanse Hornkohl, L., «The Presumption of Harm in EU Private Enforcement of Competition Law — Effectiveness vs Overcompensation», EU and Comparative Law Issues and Challenges Series, 2021, pp. 34 a 36, y Malinauskaite, J., Cauffman, C., «The Transposition of the Antitrust Damages Directive in the Small Member States of the EU — A Comparative perspective», Journal of European Competition Law & Practice, 2018, vol. 9, n.º 8, pp. 509 y 511.
16      Véase la sentencia de 30 de enero de 2020, Generics (UK) y otros (C‑307/18, EU:C:2020:52), apartado 63.
17      Véase, a contrario, la sentencia de 18 de noviembre de 2021, Visma Enterprise (C‑306/20, EU:C:2021:935), apartado 71.
18      Véase el punto 50 de las presentes conclusiones.
19      Véase el punto 53 de las presentes conclusiones.
20      Véase el punto 44 de las presentes conclusiones.
21      Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:824), apartado 150.
22      Véase, por analogía, el punto 28 de la Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo en casos de cártel (DO 2008, C 167, p. 1).
23      Véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2010:377), apartado 48, y de 28 de enero de 2025, ASG 2 (C‑253/23, EU:C:2025:40), apartado 44.
24      Véanse los puntos 65 y 66 de las presentes conclusiones.
25      También es el caso del término empleado en la versión en lengua polaca («uprawdopdobnienie»), que se refiere, según «Słownik języka polskiego PWN (Polskie Wydawnictwo Naukowe)», https://sjp.pwn.pl/slowniki/uprawdopodobnienie, al hecho de hacer que una hipótesis sea probable («sprawić, że coś staje się prawdopodobne»).
26      Esta disposición se incorporó al Derecho alemán mediante el artículo 33g, apartado 1, de la Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Ley contra las restricciones de la competencia), de 26 de junio de 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1750), según la cual el demandante debe mostrar que su acción por daños es probable («der glaubhaft macht, einen solchen Schadensersatzanspruch zu haben»). En su sentencia de 4 de abril de 2023, KZR 20/21, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) aclaró que basta con que exista una cierta probabilidad, basada en pruebas concretas, de que el demandante está legitimado para ejercitar una acción por daños y que no se exige una probabilidad abrumadora.
27      Esta disposición se incorporó al Derecho polaco mediante el artículo 17, apartado 1, de la ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Ley de 21 de abril de 2017 sobre el resarcimiento del daño ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia). Esta establece el criterio de probabilidad («uprawdopodobnienie») de una acción por daños. Los autores doctrinales han observado que esta ley se remite a las normas generales del procedimiento civil. Procede interpretar el criterio adoptado por dicha disposición en el sentido de que, para que tal acción sea considerada viable, la afirmación de su existencia debe ser razonablemente aceptable y su credibilidad, a la luz de las pruebas presentadas, no debe ser desdeñable. La evaluación de esta acción se simplifica y se basa en una valoración prima facie más que en un análisis pormenorizado. Véase, a este respecto, Machnikowski, P., en Lis-Zarrias K., Machnikowski, P. (ed.), Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, CH BECK, Varsovia, 2018, punto 16.
28      Véase la sentencia de 10 de noviembre de 2022, PACCAR y otros (C‑163/21, EU:C:2022:863), apartado 44.
29      Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2023, Tráficos Manuel Ferrer (C‑312/21, EU:C:2023:99), apartados 42 a 44.
30      Véase Smith, M., «Civil liability and the 50 %+ standard of proof», The International Journal of Evidence & Proof, 2021, vol. 25, n.º 3, p. 183.
31      Véase Rodger, B., «United Kingdom», en Rodger, B., Sousa Ferro, M., Marcos, F. (ed.), The EU Antitrust Damages Directive: Transposition in the Member States, op. cit., p. 382.
32      Véase la sentencia de 10 de noviembre de 2022, PACCAR y otros (C‑163/21, EU:C:2022:863), apartado 43.
33      Véase el punto 84 de las presentes conclusiones.