62021CC0339
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANTHONY MICHAEL COLLINS
presentadas el 6 de octubre de 2022 (
1
)
Asunto C‑339/21
Colt Technology Services SpA,
Wind Tre SpA,
Telecom Italia SpA,
Vodafone Italia SpA
contra
Ministero della Giustizia,
Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari,
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
Procura Generale della Repubblica presso Corte d’appello di Reggio Calabria,
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia)]
«Procedimiento prejudicial — Directiva (UE) 2018/1972 — Artículo 13 — Condiciones asociadas a una autorización general — Principio de no discriminación, proporcionalidad y transparencia — Permiso de interceptación legal ordenada por las autoridades judiciales competentes — Compensación — Reembolso íntegro de los costes soportados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas»
I. Introducción
1.
¿Están obligados los Estados miembros a compensar íntegramente a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas los costes soportados para permitir la interceptación de comunicaciones electrónicas por las autoridades nacionales competentes? El Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) plantea esta cuestión en relación, en particular, con la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas. (
2
)
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
2.
En los considerandos de la Directiva 2018/1972 se enuncian, en particular, los siguientes objetivos:
«(5)
La presente Directiva crea un marco jurídico que garantice la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas, con sujeción únicamente a las condiciones establecidas en la presente Directiva y a toda limitación contemplada en el artículo 52[TFUE], apartado 1, […] en particular medidas en materia de orden público y seguridad y salud públicas, y coherentes con el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Carta”).
(6)
La presente Directiva se entiende sin perjuicio de que cada Estado miembro pueda tomar las medidas necesarias para asegurar la protección de sus intereses esenciales de seguridad, para salvaguardar la seguridad y el orden públicos y para permitir la investigación, la detección y el procesamiento de delitos, teniendo presente que toda limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta, en particular en sus artículos 7, 8 y 11, como las limitaciones relativas al tratamiento de los datos, han de ser establecidas por la ley, respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades y supeditarse al principio de proporcionalidad, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta.»
3.
El artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2018/1972 establece lo siguiente:
«La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de:
[…]
c)
las actuaciones emprendidas por los Estados miembros con fines de orden público y seguridad pública y de defensa;
[…]».
4.
El artículo 13 de la Directiva 2018/1972, titulado «Condiciones asociadas a la autorización general y a los derechos de uso del espectro radioeléctrico y de los recursos de numeración, y obligaciones específicas», dispone en su apartado 1:
«La autorización general para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y los derechos de uso del espectro radioeléctrico y de los recursos de numeración solo podrá estar sometida a las condiciones enumeradas en el anexo I. Dichas condiciones serán no discriminatorias, proporcionadas y transparentes. […]».
5.
El anexo I lleva por título «Lista de condiciones que pueden asociarse a las autorizaciones generales, los derechos de uso del espectro radioeléctrico y los derechos de uso de los recursos de numeración». La parte A del anexo I, que contiene las «Condiciones generales que pueden asociarse a una autorización general», presenta el siguiente tenor:
«[…]
4.
Permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales competentes conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Directiva 2002/58/CE.
[…]»
B.
Derecho italiano
6.
El artículo 96 del decreto legislativo n. 259 – Codice delle comunicazioni elletroniche, de 1 de agosto de 2003 (Gazzetta Ufficiale della Reppublica Italiana n.o 214, de 15 de septiembre de 2003) (Decreto Legislativo n.o 259, Código de las Comunicaciones Electrónicas; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 259/2003»), titulado «Prestaciones obligatorias», dispone:
«1.   Los operadores están obligados a realizar las prestaciones que, a efectos de la administración de justicia, se deriven de requerimientos de interceptación y de información emitidos por las autoridades judiciales competentes; los plazos y las condiciones se acordarán con dichas autoridades hasta la aprobación del decreto a que se refiere el apartado 2.
2.   A efectos de la determinación del importe anual a tanto alzado por las prestaciones obligatorias previstas en el apartado 1, mediante decreto del ministro de Justicia y del ministro de Desarrollo Económico, de acuerdo con el ministro de Economía y Hacienda, que se adoptará a más tardar el 31 de diciembre de 2017, se revisarán las partidas de la lista prevista en el Decreto del ministro de Comunicaciones de 26 de abril de 2001, publicado en la [Gazzetta Ufficiale della Reppublica Italiana] n.o 104 de 7 de mayo de 2001. Este Decreto:
a)
regulará los tipos de prestaciones obligatorias y determinará las correspondientes tarifas, teniendo en cuenta la evolución de los costes y de los servicios, de forma que se obtenga un ahorro en los gastos de cuando menos el 50 % respecto a las tarifas aplicadas. La tarifa comprenderá los costes correspondientes a todos los servicios activados o utilizados simultáneamente por cualquier identidad de red;
b)
identificará a las entidades obligadas a realizar las prestaciones obligatorias de interceptación, incluidos los proveedores de servicios, cuyas infraestructuras permitan el acceso a la red o la distribución de contenidos informativos o de comunicación, y aquellos que en cualquier concepto presten servicios de comunicaciones electrónicas o aplicaciones, aunque se utilicen a través de redes de acceso o de transporte ajenas;
c)
definirá las obligaciones de las entidades obligadas a realizar las prestaciones obligatorias y las modalidades de ejecución de las mismas, en particular, la observancia de procedimientos informáticos homogéneos en la transmisión y gestión de las comunicaciones de carácter administrativo, también en lo que respecta a las fases previas al pago de dichas prestaciones.
3.   En caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el decreto a que se refiere el apartado 2, se aplicará el artículo 32, apartados 2, 3, 4, 5 y 6.
4.   Hasta la adopción del decreto a que se refiere el apartado 2, el suministro de información relativa a las comunicaciones telefónicas se efectuará de forma gratuita. En relación con las prestaciones a efectos de la administración de justicia distintas de las previstas en la primera frase, continuará aplicándose la lista adoptada mediante el Decreto del ministro de Comunicaciones de 26 de abril de 2001, publicado en la [Gazzetta Ufficiale della Reppublica Italiana] n.o 104 de 7 de mayo de 2001.
5.   A efectos de la concesión de las prestaciones a que se refiere el apartado 2, los operadores tienen la obligación de negociar entre ellos las modalidades de interconexión con el fin de garantizar la prestación y la interoperabilidad de las propias prestaciones. El Ministerio podrá intervenir en caso de que sea necesario por iniciativa propia o, cuando los operadores no lleguen a un acuerdo, a petición de uno de ellos.»
7.
De conformidad con el artículo 96, apartado 2, del Decreto Legislativo n.o 259/2003, el decreto interministeriale del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – Disposizione di riordino delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all’articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003, de 28 de diciembre de 2017 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.o 33 de 9 de febrero de 2018) (Decreto Interministerial del ministro de Justicia y del ministro de Desarrollo Económico, de acuerdo con el ministro de Economía y Hacienda — Disposiciones sobre la reorganización de los gastos por las prestaciones obligatorias mencionadas en el artículo 96 del Decreto Legislativo n.o 259/2003; en lo sucesivo, «Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017») establece las condiciones de realización de las prestaciones obligatorias y, en su anexo, fija las retribuciones a cargo de las autoridades italianas por dichas prestaciones.
III. Litigio principal y petición de decisión prejudicial
8.
Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA y Vodafone Italia SpA son proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que ofrecen, entre otros, servicios de suministro de Internet y de telecomunicaciones fijas y móviles en Italia. Mediante distintos recursos, impugnaron el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017. En concreto, alegaron que las retribuciones a cargo de las autoridades italianas en virtud de dicho Decreto no cubren íntegramente los costes de las prestaciones obligatorias de los servicios relativos a la interceptación de comunicaciones electrónicas ordenada por las autoridades judiciales nacionales competentes.
9.
El Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Lazio, Italia) desestimó los recursos interpuestos por Colt Technology Services, Wind Tre, Telecom Italia y Vodafone Italia. Estos proveedores interpusieron entonces recursos de casación ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado), que los acumuló.
10.
Para pronunciarse sobre los recursos de casación, el 13 de julio de 2020 el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) planteó al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 18 TFUE, 26 TFUE y 102 TFUE.
11.
El 26 de noviembre de 2020, el Tribunal de Justicia declaró manifiestamente inadmisible esa petición de decisión prejudicial. (
3
) El Tribunal de Justicia consideró que el órgano jurisdiccional remitente se había limitado, en esencia, a repetir los argumentos formulados por las partes recurrentes en el litigio principal. Así, no había indicado ni las razones que lo habían llevado a preguntarse sobre la interpretación de los artículos 18 TFUE, 26 TFUE y 102 TFUE ni la relación que existe entre estas disposiciones y la normativa nacional aplicable al litigio principal, en contra de lo que exige el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. (
4
) El Tribunal de Justicia también señaló que el órgano jurisdiccional remitente podía plantear una nueva petición de decisión prejudicial que incluyera la información necesaria para poder responder adecuadamente. (
5
)
12.
El 31 de mayo de 2022, en el contexto del mismo procedimiento, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) planteó la presente petición de decisión prejudicial. Señaló que, de conformidad con la Directiva 2018/1972, la autorización general para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas puede condicionarse a la obligación de realizar prestaciones obligatorias como la interceptación de comunicaciones electrónicas ordenada por las autoridades judiciales. Si bien el artículo 13 de la Directiva 2018/1972 requiere que las condiciones asociadas a la autorización general sean no discriminatorias, proporcionadas y transparentes, el Derecho de la Unión no exige de manera expresa compensar íntegramente a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas los costes soportados para dar cumplimiento a los requerimientos judiciales de interceptación de tales comunicaciones.
13.
En estas circunstancias, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se oponen los artículos 18 TFUE, 26 TFUE, 49 TFUE, 54 TFUE y 55 TFUE, los artículos 3 y 13 de la Directiva [2018/1972] y los artículos 16 y 52 de la [Carta] a una normativa nacional que, al delegar en la autoridad administrativa la función de establecer la compensación correspondiente a los operadores de telecomunicaciones por el desarrollo obligatorio de las actividades de interceptación de flujos de comunicaciones ordenadas por la autoridad judicial, no exige que se observe el principio de reembolso íntegro de los costes efectivamente soportados y debidamente justificados por los operadores en relación con tales actividades y, además, requiere que la autoridad administrativa obtenga un ahorro en el gasto respecto a los anteriores criterios de cálculo de dicha compensación?»
14.
Colt Technology Services, Wind Tre, Telecom Italia, Vodafone Italia, el Gobierno italiano y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas. En la vista celebrada el 18 de mayo de 2022, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia.
IV. Apreciación
A.
Aplicación de la Directiva 2018/1972
15.
Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se limitan a analizar la aplicación de la Directiva 2018/1972 en el contexto de la cuestión prejudicial planteada.
16.
El órgano jurisdiccional remitente pregunta si la Directiva 2018/1972 debe interpretarse en el sentido de que exige que los Estados miembros compensen íntegramente a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas los costes soportados por la realización de actividades obligatorias de interceptación de comunicaciones electrónicas ordenadas por las autoridades judiciales nacionales competentes.
17.
Cuando se adoptó el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017, la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), (
6
) estaba en vigor y había sido debidamente transpuesta al Derecho italiano. Con arreglo a los artículos 124 y 126 de la Directiva 2018/1972, esta entró en vigor el 20 de diciembre de 2018 y los Estados miembros debían transponerla a sus ordenamientos jurídicos a más tardar el 21 de diciembre de 2020. En virtud del artículo 125 de la Directiva 2018/1972, la Directiva 2002/20 quedó derogada con efectos a partir del 21 de diciembre de 2020. En la fecha de la resolución de remisión, la Directiva 2018/1972 había entrado en vigor, había expirado la fecha para su transposición a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y la Directiva 2002/20 había quedado derogada. Las disposiciones de la Directiva 2002/20 (
7
) y de la Directiva 2018/1972 pertinentes para la presente petición de decisión prejudicial son, en esencia, idénticas. Las observaciones orales y escritas de todos los participantes en el presente procedimiento ante el Tribunal de Justicia hacen referencia a las disposiciones de la Directiva 2018/1972, y no a las de la Directiva 2002/20. Por último, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2018/1972. Por todas estas razones, en las presentes conclusiones se examinan las disposiciones de la Directiva 2018/1972.
B.
Observaciones de las partes
18.
Colt Technology Services, Wind Tre, Telecom Italia y Vodafone Italia afirman que la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente debe recibir una respuesta afirmativa. Arguyen que las retribuciones fijadas por el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017 son excesivamente bajas y solo cubren una pequeña parte de los costes que soportan por la realización de las actividades de interceptación de comunicaciones electrónicas ordenadas por las autoridades judiciales.
19.
También alegan que el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017 infringe el artículo 13 de la Directiva 2018/1972 en la medida en que es discriminatorio, desproporcionado y no transparente. En primer lugar, el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017 discrimina a los grandes proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, que es probable que ejecuten más actividades de interceptación que los pequeños proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. Asimismo, discrimina a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas italianos, ya que los establecidos en otros Estados miembros no tienen que soportar los costes de las operaciones de interceptación. En segundo lugar, el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017 es contrario al principio de proporcionalidad porque impone unos costes no recuperables considerables a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. Esta imposición puede afectar a la prestación adecuada de servicios de comunicaciones electrónicas en general y poner en peligro la viabilidad económica de determinados proveedores de estos servicios en particular. Vodafone Italia arguye asimismo que la falta de compensación íntegra puede reducir la calidad de los servicios de interceptación prestados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, lo que sería contrario al interés general. En tercer lugar, en opinión de Wind Tre, el procedimiento que condujo a la adopción del Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017 no fue transparente.
20.
Basándose, por analogía, en las normas que regulan la prestación de servicios universales, Vodafone Italia añade que la Directiva 2018/1972 establece el principio de compensación íntegra de los costes soportados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para realizar prestaciones obligatorias como la interceptación de comunicaciones electrónicas ordenada por las autoridades judiciales.
21.
El Gobierno italiano sostiene que la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente debe recibir una respuesta negativa. Señala que la Directiva 2018/1972 se limita a exigir que las condiciones asociadas a la autorización general para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas sean no discriminatorias, proporcionadas y transparentes. No prevé la compensación íntegra de las actividades de interceptación de comunicaciones electrónicas ordenadas por las autoridades judiciales. El Gobierno italiano alega que en la resolución de remisión no se indica que los costes soportados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas como consecuencia de permitir la interceptación puedan poner en peligro su viabilidad económica, extremo que, no obstante, corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente. La afirmación de que el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017 viola el principio de proporcionalidad carece de fundamento fáctico.
22.
La Comisión señala que el artículo 13 de la Directiva 2018/1972 no prevé expresamente que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas deban recibir una compensación por los costes soportados para realizar prestaciones obligatorias en virtud de una autorización general. Los Estados miembros disponen de cierto margen de apreciación para regular la posible compensación, siempre que respeten los principios de no discriminación, proporcionalidad y transparencia.
23.
La Comisión refuta la alegación de que la falta de compensación íntegra constituye una violación del principio de igualdad de trato. Por lo que respecta al principio de proporcionalidad, la Comisión sostiene que, a falta de una disposición expresa en la normativa aplicable, el Derecho de la Unión no exige, con carácter general, la compensación íntegra de los costes soportados por los operadores económicos en el cumplimiento de las obligaciones impuestas en pro del interés general. Por otra parte, incluso en aquellas circunstancias en las que puede resultar apropiado prever una compensación equitativa porque las obligaciones impuestas a los operadores económicos no son inherentes al ejercicio de la actividad económica a la que se dedican, la Comisión observa que no existe una obligación de compensación íntegra. Semejante obligación puede incluso reducir los incentivos para que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas realicen de manera eficiente las prestaciones obligatorias.
C.
Análisis de las disposiciones pertinentes de la Directiva 2018/1972
24.
Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión debe tenerse en cuenta su tenor, su contexto y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de que forma parte. (
8
)
25.
El artículo 1, apartado 3, letra c), de la Directiva 2018/1972 dispone que esta se entenderá sin perjuicio de las actuaciones emprendidas por los Estados miembros con fines de orden público y seguridad pública. De ello se deduce que determinadas medidas nacionales que, de otro modo, la Directiva 2018/1972 no permitiría, en principio, adoptar pueden, sin embargo, estar justificadas para proteger el orden público o la seguridad pública.
26.
El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2018/1972 establece que la autorización general para el suministro de servicios de comunicaciones electrónicas solo podrá estar sometida a las condiciones enumeradas en el anexo I. Dichas condiciones tienen que ser no discriminatorias, proporcionadas y transparentes.
27.
Con arreglo a la condición 4 de la parte A del anexo I, de la Directiva 2018/1972, que contiene las condiciones generales que pueden asociarse a una autorización general, los Estados miembros pueden supeditar tal autorización al «permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales competentes conforme a [las normas de protección de datos]».
28.
Del tenor de estas disposiciones se desprende que los Estados miembros pueden exigir a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que permitan la interceptación de comunicaciones electrónicas cuando así se lo ordenen las autoridades nacionales competentes. Así pues, habida cuenta del artículo 13, apartado 1, y de la condición 4 de la parte A del anexo I de la Directiva 2018/1972, la excepción de seguridad pública prevista en el artículo 1, apartado 3, letra c), de dicha Directiva parece carecer de pertinencia a los efectos de la presente petición de decisión prejudicial. La propia Directiva 2018/1972 autoriza expresamente a los Estados miembros a exigir a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que permitan la interceptación de comunicaciones electrónicas como condición para obtener una autorización para prestar tales servicios. Por otra parte, la Directiva 2018/1972 no obliga expresamente a los Estados miembros a compensar los costes soportados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para permitir la interceptación de dichas comunicaciones.
29.
A la vista de cuanto antecede, parece que el Tribunal de Justicia tiene ante sí dos interrogantes. En primer lugar, ¿qué significa la expresión «permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales competentes»? En segundo lugar, ¿puede ser contraria a los principios de no discriminación, de proporcionalidad y de transparencia la falta de compensación íntegra de los costes soportados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para permitir la interceptación legal por las autoridades nacionales competentes?
30.
Por lo que respecta al primer interrogante, considero que la condición 4 admite dos interpretaciones. En primer lugar, podría sostenerse que la expresión «permiso de interceptación legal» debe interpretarse en el sentido de que puede exigirse a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que hagan posible esta interceptación sin que necesariamente ellos mismos las intercepten. Con arreglo a este planteamiento, podría exigirse a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que establezcan las infraestructuras técnicas y los recursos humanos indispensables para facilitar la interceptación de comunicaciones electrónicas por las autoridades nacionales competentes. Por lo tanto, obligar a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas a ejecutar ellos mismos las actividades de interceptación exige de ellos algo más que el acto de simplemente permitir la interceptación legal, imponiendo así una carga que va más allá de lo que las condiciones asociadas a una autorización general pueden incluir.
31.
Una segunda interpretación de la condición 4 es que se utiliza la expresión «permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales competentes» porque solo las autoridades nacionales competentes tienen la potestad de ordenar la interceptación legal de las comunicaciones electrónicas. Con independencia de su intervención desde un punto de vista práctico, los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas solo pueden permitir la interceptación legal de comunicaciones electrónicas, ya que no tienen la potestad de hacer tal cosa. Esta interpretación, que reconoce que las autoridades nacionales competentes tienen exclusivamente atribuida la potestad de ordenar la interceptación legal de las comunicaciones electrónicas, está también en consonancia con los objetivos perseguidos por tal medida. Así, la condición 4 de la parte A de dicho anexo prevé que las autoridades nacionales competentes requieran algo más que un grado mínimo de cooperación por parte de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas por lo que respecta a la interceptación legal de dichas comunicaciones. El examen de diferentes versiones lingüísticas de la Directiva 2018/1972 también parece corroborar la idea de que la interceptación legal de las comunicaciones electrónicas es una prerrogativa de las autoridades nacionales competentes. (
9
)
32.
Además de las consideraciones relativas al concepto de «interceptación legal», existen motivos pragmáticos que fundamentan la tesis de que la condición 4 de la parte A del anexo I de la Directiva 2018/1972 debe interpretarse en el sentido de que faculta a los Estados miembros para exigir a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas la interceptación de las comunicaciones como condición para la concesión de una autorización para prestar tales servicios. A fin de garantizar la eficacia y la eficiencia de la interceptación de las comunicaciones electrónicas cuando esta sea necesaria, parece razonable que los Estados miembros recurran a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, que conocen sus propias infraestructuras y disponen de personal más idóneo para interceptar comunicaciones en tales redes. Se podría poner en riesgo la eficacia y la eficiencia de la interceptación si se exigiera que las propias autoridades nacionales intercepten las comunicaciones electrónicas efectuadas a través de las redes de los diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones utilizando distintas infraestructuras y métodos técnicos.
33.
Por consiguiente, considero que la condición 4 de la parte A del anexo I de la Directiva 2018/1972, con arreglo a la cual los Estados miembros pueden exigir a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que permitan la interceptación legal de las comunicaciones, incluye la obligación a cargo de dichos proveedores de ejecutar las actividades de interceptación según las instrucciones de las autoridades nacionales competentes.
34.
A continuación, paso a examinar el segundo interrogante planteado en el punto 29 de las presentes conclusiones.
35.
En primer lugar, el Derecho de la Unión prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los mismos. (
10
) Tal prohibición comprende no solo las discriminaciones directas basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación indirecta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca al mismo resultado. (
11
) Asimismo, según reiterada jurisprudencia, el principio general de no discriminación prohíbe, por un lado, tratar de manera diferente situaciones similares y, por otro, tratar de la misma manera situaciones diferentes. (
12
)
36.
Como se explica con más detalle en el punto 19 de las presentes conclusiones, las partes recurrentes en el litigio principal afirman que el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017 discrimina tanto a los grandes proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas como a los proveedores de dichos servicios establecidos en Italia.
37.
No parece que ante el órgano jurisdiccional remitente se hayan aportado pruebas al efecto de sustentar la alegación de que, como consecuencia del Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017, se discrimina a los grandes proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. En cualquier caso, aunque puede que a los grandes proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, debido al mayor tamaño de su clientela, se les exija que permitan la interceptación legal de comunicaciones con mayor frecuencia que a otros que tienen menos clientes, es probable que los primeros obtengan más ingresos. De cuanto cabe inferir de la escasa información de que dispone el Tribunal de Justicia, parece probable que, en principio, el impacto económico del coste de la interceptación legal en relación con los ingresos sea similar para todos los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.
38.
En lo referente a la supuesta discriminación por razón de la nacionalidad, es jurisprudencia reiterada que el artículo 18 TFUE no comprende las eventuales disparidades de trato que puedan derivarse, para las personas y empresas sujetas al Derecho de la Unión, de las divergencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros, siempre que tales legislaciones se apliquen a todas las personas sometidas a ellas con arreglo a criterios objetivos y no por razón de su nacionalidad. (
13
) A este respecto, basta con señalar que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas italianos, como las partes recurrentes en el litigio principal, y los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en otros Estados miembros están sujetos a la obligación de cooperar con las autoridades nacionales competentes del territorio en el que respectivamente estén establecidos. No constituye discriminación que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en otros Estados miembros estén normalmente sujetos a la obligación de cooperar con las autoridades nacionales del territorio de su establecimiento y no con las autoridades judiciales italianas.
39.
En segundo lugar, ¿contraviene el principio de proporcionalidad mencionado en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2018/1972 el hecho de que la normativa nacional aplicable prevea una compensación económica por la actividad de interceptación legal, sin garantizar a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas la compensación íntegra de los costes soportados en la ejecución de dicha actividad? Parece tratarse de una cuestión central del presente asunto.
40.
De entrada, ha de observarse que el principio de proporcionalidad se ha concretado de numerosas formas en la jurisprudencia, en función de la materia considerada.
41.
Por lo que respecta a si una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal es proporcionada, corresponde al órgano jurisdiccional remitente llevar a cabo una apreciación global de todas las circunstancias fácticas y jurídicas pertinentes para determinar si es idónea para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por ella y no sobrepasa los límites de lo que es necesario a tal efecto, en la medida en que dichos objetivos no puedan alcanzarse con medidas de menor amplitud. Incumbe al Tribunal de Justicia facilitar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que le permitan efectuar ese análisis. (
14
)
42.
En este contexto, he de realizar dos observaciones sobre la tarea que tiene ante sí el órgano jurisdiccional remitente. Las partes recurrentes en el litigio principal impugnan el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017, mediante el cual las autoridades italianas fijan las retribuciones abonadas por la interceptación obligatoria de las comunicaciones por debajo de lo que afirman soportar por su ejecución. Al parecer, el objetivo de este Decreto es reducir el coste de esa actividad asumido por el erario público repartiéndolo con los operadores económicos activos en ese sector. Así pues, parece tratarse de un objetivo legítimo de interés general. (
15
) Por otra parte, no resulta evidente que el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017 sea inadecuado para alcanzar dicho objetivo, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
43.
En cuanto a la cuestión de si el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017 sobrepasa los límites de lo que es necesario para alcanzar el objetivo legítimo que declara perseguir, el órgano jurisdiccional remitente podría examinar si la carga que dicho Decreto impone a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas es manifiestamente excesiva. A este respecto, ha de señalarse que aquellas partes recurrentes en el litigio principal que trataron de cuantificar esta carga económica, esto es, Telecom Italia y Vodafone Italia, mencionaron unos costes soportados de aproximadamente 6‑7 millones de euros que las retribuciones percibidas en 2017 y 2018 no habían cubierto. En respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia en la vista, ambos proveedores admitieron que, según sus informes financieros anuales a disposición del público, durante el mismo período, su volumen de negocio por los servicios de suministro de Internet y de telecomunicaciones fijas y móviles en Italia ascendía a varios miles de millones de euros. Así las cosas, parece poco probable que la carga económica que el Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017 impone a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas ponga en peligro la prestación de esos servicios o la viabilidad económica de esos proveedores, como han alegado algunos.
44.
En tercer lugar, el principio de transparencia exige que las condiciones y los requisitos a los que se supedita un mecanismo se establezcan, todos ellos, mediante normas suficientemente accesibles, claras, precisas, unívocas y previsibles en su aplicación, a fin de permitir a todo operador razonablemente informado y normalmente diligente comprender su alcance exacto y evitar cualquier riesgo de arbitrariedad. Esos parámetros deben fijarse de conformidad con criterios objetivos para permitir a los operadores calcular sus costes probables. (
16
)
45.
Las partes recurrentes en el litigio principal no alegan que el método de cálculo de la compensación se basara en criterios que carecieran de accesibilidad, claridad, precisión, objetividad o previsibilidad o que fueran ambiguos. De hecho, el anexo del Decreto Interministerial de 28 de diciembre de 2017, en el que se establecen las retribuciones a cargo de las autoridades italianas por cada categoría de actividad de interceptación, parece respetar estos requisitos. En realidad, Wind Tre parece criticar el hecho de que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas no tuvieran la oportunidad de manifestar sus puntos de vista durante el procedimiento que condujo a la determinación de las retribuciones fijadas en dicho anexo. Dista de estar claro que el principio de transparencia comprenda el derecho de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas a participar activamente en el procedimiento que condujo a la fijación de las retribuciones controvertidas, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
46.
Por último, en aras de la exhaustividad, ha de señalarse que no es acertada la alegación de Vodafone Italia según la cual existe un principio de reembolso íntegro de los costes correspondientes a la prestación de servicios universales. Las prestaciones obligatorias controvertidas en el presente asunto, esto es, la interceptación legal de comunicaciones electrónicas, no son servicios universales prestados a los usuarios finales. Se trata más bien de una forma de asistencia a las autoridades públicas en el ejercicio de sus cometidos de protección del interés general que, por lo demás, los Estados miembros tienen expresamente la facultad de imponer como condición para la concesión de autorizaciones para prestar servicios de comunicaciones electrónicas. Con independencia de si existe un principio de reembolso íntegro de la prestación de servicios universales llevada a cabo por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, cuestión que en absoluto está clara, (
17
) no hay ningún motivo para aplicar tal principio por analogía.
V. Conclusión
47.
En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia) del siguiente modo:
«La Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas,
debe interpretarse en el sentido de que
no exige que la normativa nacional establezca la compensación íntegra de los costes soportados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas para permitir la interceptación de comunicaciones electrónicas ordenada por la autoridad judicial. De conformidad con el artículo 13, apartado 1, de esta Directiva, los Estados miembros pueden aplicar un mecanismo para compensar tales costes, siempre que sea no discriminatorio, proporcionado y transparente.»
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	DO 2018, L 321, p. 36.
(
3
)	Auto de 26 de noviembre de 2020, Colt Technology Services y otros (C‑318/20, no publicado, EU:C:2020:969).
(
4
)	Ibidem, apartado 20.
(
5
)	Ibidem, apartado 25.
(
6
)	DO 2002, L 108, p. 21.
(
7
)	Artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2002/20. La condición 11 de la parte A del anexo de la Directiva 2002/20, que establece las «Condiciones que pueden asociarse a una autorización general», tiene el siguiente tenor: «Permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales competentes de conformidad con la Directiva 97/66/CE y con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.»
(
8
)	Sentencias de 18 de diciembre de 2008, Andersen (C‑306/07, EU:C:2008:743), apartado 40, y de 17 de marzo de 2022, Daimler (C‑232/20, EU:C:2022:196), apartado 29 y jurisprudencia citada.
(
9
)	La versión francesa de la condición 4 de la parte A del anexo I de la Directiva 2018/1972 establece: «Facilitation de l’interception légale par les autorités nationales compétentes». La versión española establece: «Permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales competentes». La versión italiana establece: «Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni». La versión neerlandesa establece: «Mogelijkheid van legale onderschepping door de bevoegde nationale instanties». La versión polaca establece: «Umożliwienie prowadzenia legalnego przejęcia przez właściwe organy krajowe».
(
10
)	Véase el artículo 18 TFUE, que solo está destinado a aplicarse de manera autónoma en situaciones que se rijan por el Derecho de la Unión y para las que los Tratados no establezcan normas específicas que prohíban la discriminación [sentencia de 15 de julio de 2021, A (Atención sanitaria pública), C‑535/19, EU:C:2021:595, apartado 40].
(
11
)	Sentencia de 18 de junio de 2019, Austria/Alemania (C‑591/17, EU:C:2019:504), apartado 42 y jurisprudencia citada.
(
12
)	Véase la sentencia de 14 de abril de 2005, AEM y AEM Torino (C‑128/03 y C‑129/03, EU:C:2005:224), apartado 58 y jurisprudencia citada.
(
13
)	Véanse las sentencias de 9 de septiembre de 2003, Milk Marque y National Farmers’ Union (C‑137/00, EU:C:2003:429), apartado 124, y de 12 de julio de 2005, Schempp (C‑403/03, EU:C:2005:446), apartado 34 y jurisprudencia citada.
(
14
)	Véanse, por ejemplo, las sentencias de 31 de mayo de 2018, Confetra y otros (C‑259/16 y C‑260/16, EU:C:2018:370), apartados 47 y 49, y de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk (C‑422/19 y C‑423/19, EU:C:2021:63), apartados 70 y 71.
(
15
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 14 de octubre de 2021, Viesgo Infraestructuras Energéticas (C‑683/19, EU:C:2021:847), apartados 14, 59 y 60, por lo que respecta a la inexistencia de medidas compensatorias para las empresas del sector eléctrico sujetas a obligaciones de servicio público.
(
16
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 25 de noviembre de 2020, Comisión/Portugal (Financiación de las obligaciones de servicio universal) (C‑49/19, EU:C:2020:956), apartado 38. Véase, asimismo, la sentencia de 17 de junio de 2021, Simonsen & Weel (C‑23/20, EU:C:2021:490), apartado 61, referente a licitaciones públicas.
(
17
)	Véase, a tal efecto, la sentencia de 14 de octubre de 2021, Viesgo Infraestructuras Energéticas (C‑683/19, EU:C:2021:847), apartados 59 y 60.