62024CJ0633
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 22 de enero de 2026 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — Reglamento (CE) n.o 883/2004 — Igualdad de trato — Totalización de los períodos — Artículo 58 — Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra — Prestaciones por invalidez — Complemento para garantizar la percepción del mínimo legal de la prestación por invalidez — Requisitos más estrictos en materia de duración de las cotizaciones para los trabajadores que hayan ejercido su derecho a la libre circulación»
En el asunto C‑633/24 [Sovisso], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), mediante resolución de 17 de septiembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de septiembre de 2024, en el procedimiento entre
F.F.
e
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por la Sra. I. Ziemele, Presidenta de Sala, y los Sres. A. Kumin y S. Gervasoni (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de F.F., por el Sr. A. Andreoni y la Sra. A. Serreti, avvocati;
–
en nombre del Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), por la Sra. A. Patteri y el Sr. S. Preden, avvocati;
–
en nombre del Gobierno checo, por la Sra. J. Benešová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. B.‑R. Killmann y la Sra. D. Recchia, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 58 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre F.F. y el Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Instituto Nacional de Previsión Social, Italia) en relación con el pago de un complemento para garantizar la percepción del mínimo legal de la prestación por invalidez previsto por el Derecho nacional.
Marco jurídico
Derecho internacional
3
El 21 de junio de 1999, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza celebraron siete acuerdos, entre ellos el Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra (DO 2002, L 114, p. 6), que fue modificado, en particular, por la Decisión n.o 1/2012 del Comité Mixto establecido en virtud del Acuerdo sobre la libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, de 31 de marzo de 2012 (DO 2012, L 103, p. 51) (en lo sucesivo, «ALCP»).
4
A tenor del artículo 8 del ALCP, titulado «Coordinación de los sistemas de seguridad social»:
«Las Partes Contratantes, de acuerdo con el anexo II, regularán la coordinación de los sistemas de seguridad social con el fin de garantizar en particular:
[…]
b) la determinación de la legislación aplicable;
[…]».
5
El anexo II del ALCP, que lleva por título «Coordinación de los regímenes de seguridad social», establece, en su artículo 1:
«1.   Las partes contratantes acuerdan aplicar entre ellas, en el ámbito de la coordinación de los regímenes de seguridad social, los actos jurídicos de la Unión Europea a los que se hace referencia o se modifican conforme a lo dispuesto en la sección A del presente anexo, o normas equivalentes.
2.   Se entenderá que el término “Estado(s) miembro(s)” que figura en los actos jurídicos mencionados en la sección A del presente anexo incluye a Suiza, además de a los Estados cubiertos por los actos jurídicos pertinentes de la Unión Europea.»
6
La sección A del anexo II del ALCP, titulada «Actos jurídicos a los que se hace referencia», incluye, en particular, el Reglamento n.o 883/2004, que sustituyó al Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 1971, L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98).
Derecho de la Unión
7
El artículo 1 del Reglamento n.o 883/2004, titulado «Definiciones», dispone lo siguiente:
«Para los fines del presente Reglamento se entiende por:
[…]
t)
“períodos de seguro”: los períodos de cotización, o de actividad por cuenta ajena o propia, tal como se definen o admiten como períodos de seguro por la legislación bajo la cual han sido cubiertos o se consideran cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de seguro;
[…]».
8
El artículo 2 de este Reglamento, que lleva por epígrafe «Campo de aplicación personal», establece en su apartado 1:
«El presente Reglamento se aplicará a las personas nacionales de uno de los Estados miembros y a los apátridas y refugiados residentes en uno de los Estados miembros, que estén o hayan estado sujetas a la legislación de uno o de varios Estados miembros, así como a los miembros de sus familias y a sus supérstites.»
9
A tenor del artículo 3 del referido Reglamento, titulado «Campo de aplicación material»:
«1.   El presente Reglamento se aplicará a toda la legislación relativa a las ramas de seguridad social relacionadas con:
[…]
c) las prestaciones de invalidez;
[…]».
10
El artículo 4 del Reglamento n.o 883/2004, titulado «Igualdad de trato», está redactado en los siguientes términos:
«Las personas a las cuales sean aplicables las disposiciones del presente Reglamento podrán acogerse a los beneficios y estarán sujetas a las obligaciones de la legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, salvo disposición en contrario del presente Reglamento.»
11
En virtud del artículo 6 de dicho Reglamento, titulado «Totalización de los períodos»:
«Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine:
–
la adquisición […] del derecho a las prestaciones
[…]
al requisito de haber cubierto períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia tendrá en cuenta, en la medida necesaria, los períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, como si se tratara de períodos cubiertos bajo la legislación que dicha institución aplica.»
12
El artículo 52 del citado Reglamento, titulado «Pago de las prestaciones», establece:
«1.   La institución competente calculará el importe de la prestación potencialmente adeudada:
a)
en virtud de la legislación que aplique, únicamente si las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones se han cumplido exclusivamente con arreglo a la legislación nacional (prestación nacional);
b)
calculando un importe teórico y posteriormente un importe real (prestación prorrateada), de la siguiente manera:
i)
el importe teórico de la prestación será igual a la prestación que el interesado habría causado en el supuesto de que todos los períodos de seguro y/o de residencia cumplidos de acuerdo con las legislaciones de los demás Estados miembros se hubieran cumplido de acuerdo con la legislación que dicha institución aplique en la fecha en que se liquide la prestación. En caso de que, con arreglo a dicha legislación, el importe no dependa de la duración de los períodos cumplidos, se considerará que dicho importe constituye el importe teórico,
ii)
la institución competente establecerá a continuación el importe real de la prestación prorrateada, aplicando al importe teórico la proporción entre la duración de los períodos cumplidos antes de la fecha de la materialización del riesgo de acuerdo con la legislación que la institución aplique y la duración total de los períodos cumplidos antes de la fecha de la materialización del riesgo de acuerdo con las legislaciones de todos los Estados miembros afectados.
[…]
3.   El interesado tendrá derecho a recibir de la institución competente de cada Estado miembro el importe más elevado de los calculados de acuerdo con lo dispuesto en las letras a) y b) del apartado 1.
[…]»
13
El artículo 58 del mismo Reglamento, que lleva como epígrafe «Asignación de un complemento», tiene el siguiente tenor:
«1.   El beneficiario de las prestaciones al que se aplique el presente capítulo no podrá percibir, en el Estado miembro de residencia y con arreglo a cuya legislación se le adeude una prestación, en concepto de prestaciones, una cuantía inferior a la de la prestación mínima fijada por dicha legislación para un período de seguro o de residencia igual al total de los períodos computados para la liquidación según el presente capítulo.
2.   La institución competente de dicho Estado miembro le abonará, durante todo el período de residencia en su territorio, un complemento igual a la diferencia entre la suma de las prestaciones debidas en virtud del presente capítulo y la cuantía de la prestación mínima.»
Derecho italiano
Ley n.o 153/69
14
El artículo 8 de la legge n. 153 — Revisione degli ordinamenti pensionistici e norma in materia di sicurezza sociale (Ley n.o 153, relativa a la revisión de los regímenes de jubilación y a las normas en materia de seguridad social), de 30 de abril de 1969 (GURI n.o 111, de 30 de abril de 1969; en lo sucesivo, «Ley n.o 153/69»), incluido en el epígrafe «Mejora de las condiciones de pensión», establece, en su apartado 2, que, en caso de totalización de los períodos de seguro y de cotización prevista por acuerdos o convenios internacionales en materia de seguridad social, los nacionales italianos tienen derecho a que se complete su pensión de invalidez hasta un importe mensual mínimo, siempre que justifiquen haber cotizado durante al menos diez años en el marco de un contrato de trabajo en Italia.
Ley n.o 222/84
15
El artículo 1, apartado 3, de la legge n. 222 — Revisione della disciplina della invalidità pensionabile (Ley n.o 222, relativa a la revisión de la normativa en materia de pensiones de invalidez), de 12 de junio de 1984 (GURI n.o 165, de 16 de junio de 1984; en lo sucesivo, «Ley n.o 222/84»), dispone:
«La prestación por invalidez prevista en el presente artículo se calculará según las normas vigentes en el régimen general obligatorio del seguro de invalidez, vejez y supervivencia de los trabajadores por cuenta ajena o en los organismos de gestión especiales para los trabajadores por cuenta propia. Cuando la prestación sea inferior a la cuantía mínima de los respectivos organismos de gestión, se completará, dentro del límite máximo de dicha cuantía mínima, con un importe a cargo del fondo social igual al de la pensión social contemplada en el artículo 26 de la [Ley n.o 153/69], en su versión modificada y completada posteriormente.»
16
El artículo 4, apartado 1, de la Ley n.o 222/84 establece que, a efectos de la adquisición del derecho a la prestación por invalidez y a la pensión de invalidez a que se refieren los artículos 1 y 2 de esta, el interesado deberá acreditar un total de cinco años de cotización al seguro, tres de ellos durante los cinco años anteriores a la solicitud administrativa.
Ley n.o 335/1995
17
El artículo 1, apartado 16, de la legge n. 335 — Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (Ley n.o 335, relativa a la reforma del sistema de jubilación obligatoria y complementaria), de 8 de agosto de 1995 (GURI n.o 190, de 16 de agosto de 1995, suplemento ordinario n.o 101; en lo sucesivo, «Ley n.o 335/1995»), tiene el siguiente tenor:
«Las disposiciones relativas al complemento para alcanzar el mínimo legal no se aplicarán a las pensiones comprendidas exclusivamente en el sistema contributivo [es decir, las correspondientes a los períodos de cotización cubiertos a partir del 1 de enero de 1996].»
Decreto n.o 577/1992
18
El artículo 3, apartado 1, del decreto ministeriale n. 577 — Regolamento recante norme sui trattamenti pensionistici per attività svolte all’estero e per i residenti all’estero (Decreto Ministerial n.o 577 — Reglamento por el que se establecen las disposiciones reguladoras de las prestaciones de jubilación de los trabajadores empleados en el extranjero y de los residentes en el extranjero), de 30 de diciembre de 1992 (GURI n.o 116, de 20 de mayo de 1993; en lo sucesivo, «Decreto n.o 577/1992»), dispone:
«Cuando el titular de la pensión residente en Italia haya adquirido el derecho en virtud de la totalización de los períodos de seguro y de cotización prevista por los reglamentos de la Comunidad Económica Europea o por los acuerdos internacionales en materia de seguridad social que obligan a la institución del país de residencia a garantizar la cuantía mínima fijada por la legislación nacional, esta última se concederá, siempre que se cumplan los demás requisitos, aun cuando no se cumpla el requisito [relativo a un período mínimo de cotización de al menos un año en Italia].»
Litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
19
El demandante en el litigio principal, que reside en Italia, abonó cotizaciones sociales en Suiza de 1991 a 1994 y posteriormente en Italia entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2012. También se computaron a su favor cotizaciones sociales, en Italia, por un período de desempleo correspondiente a los años 2012 y 2013.
20
El demandante en el litigio principal presentó varias solicitudes ante el INPS con el fin de obtener una prestación por invalidez prorrateada por las cotizaciones sociales abonadas en Italia, así como un complemento a dicha prestación, destinado a garantizar la percepción del mínimo legal previsto por el Derecho nacional. Sus solicitudes fueron desestimadas debido, en esencia, a que no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley n.o 222/84. En efecto, el INPS consideró que el demandante en el litigio principal era un asegurado que había cotizado a la seguridad social a partir del año 1996, comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 16, de la Ley n.o 335/1995, por lo que solo podía obtener la prestación por invalidez en virtud del régimen denominado «contributivo», en cuyo marco estaba excluido, en virtud de esa disposición, el pago de un complemento para garantizar la percepción de dicho mínimo legal. Las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia ponen de manifiesto que el INPS solo tuvo conocimiento tardío de los períodos de cotización cubiertos en Suiza por el demandante en el litigio principal antes del año 1996, que habrían impedido dicha exclusión.
21
A raíz de la desestimación de sus reclamaciones ante dicho organismo, el demandante en el litigio principal presentó una demanda ante el Tribunale di Torino (Tribunal de Turín, Italia), que declaró que su situación estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 2, de la Ley n.o 153/69 y consideró que no cumplía los requisitos establecidos en esa disposición para obtener el complemento solicitado. En efecto, según la citada disposición, en caso de totalización de los períodos de cotización en Italia y en el extranjero, el interesado debe acreditar un período de cotización de al menos diez años en virtud de un contrato de trabajo en Italia. Dado que el demandante en el litigio principal solo había cotizado 260 semanas en Italia, lo que equivale a cinco años de cotización, el Tribunale di Torino (Tribunal de Turín) declaró que no se cumplía este requisito y que el demandante en el litigio principal no podía solicitar el pago de un complemento destinado a garantizar la percepción del mínimo legal previsto por el Derecho nacional, ni siquiera teniendo en cuenta las cotizaciones que había abonado en Suiza antes del año 1996.
22
El demandante en el litigio principal interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Tribunale di Torino (Tribunal de Turín) ante la Corte d’appello di Torino (Tribunal de Apelación de Turín, Italia), que confirmó dicha sentencia. Este último órgano jurisdiccional consideró que el demandante en el litigio principal no podía beneficiarse del complemento de la prestación por invalidez para alcanzar el mínimo legal, puesto que la totalidad de sus períodos de cotización en Italia se había cubierto después del 31 de diciembre de 1995, es decir, con arreglo al régimen contributivo, en cuyo marco el artículo 1, apartado 16, de la Ley n.o 335/1995 excluye el derecho al complemento para alcanzar ese mínimo legal. Según la Corte d’appello di Torino (Tribunal de Apelación de Turín), el demandante en el litigio principal tampoco podía aspirar a tal complemento en virtud del artículo 8, apartado 2, de la Ley n.o 153/69, que establece un requisito de diez años de cotización en Italia, debido a que solo justificaba cinco años de cotización en dicho Estado miembro. Por último, consideró que el interesado no tenía derecho a una prestación prorrateada por las cotizaciones que había abonado en Suiza y en Italia, sobre la base del artículo 52, apartado 3, del Reglamento n.o 883/2004.
23
El demandante en el litigio principal interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Corte d’appello di Torino (Tribunal de Apelación de Turín) ante la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente. Dicho órgano jurisdiccional se pregunta si la normativa italiana es conforme con el artículo 58 del Reglamento n.o 883/2004 y con el principio de libre circulación de los trabajadores en la medida en que, por lo que respecta a las personas cuyos períodos de cotización no se hayan cubierto todos en Italia, este derecho supedita el pago del complemento destinado a garantizar la percepción del mínimo legal previsto por el Derecho nacional a un requisito de cotización de diez años en Italia, mientras que las personas que hayan cubierto en ese país la totalidad de sus períodos de cotización pueden, en virtud de los artículos 1 y 4 de la Ley n.o 222/84, beneficiarse de tal complemento al término de solo cinco años de cotización, tres de ellos durante los últimos cinco años.
24
En estas circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se opone el Derecho [de la Unión], en particular lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento n.o 883/2004, a una normativa nacional que, en caso de solicitud de totalización de las cotizaciones abonadas en diversos Estados miembros de la Unión, supedita el abono del complemento de la prestación […] de invalidez para alcanzar el mínimo legal al requisito de haber cotizado diez anualidades en Italia, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, de la Ley n.o 153/69, cuando, en virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Ley n.o 222/84, a quien ha abonado la cotización íntegramente en Italia se le concede el complemento de la prestación para alcanzar el mínimo legal con solo cinco anualidades de cotización (tres en los últimos cinco años)?»
25
El 24 de junio de 2025, el Tribunal de Justicia remitió una solicitud de aclaraciones al órgano jurisdiccional remitente sobre la base del artículo 101, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, con el fin de determinar si, habida cuenta de la interpretación del Derecho nacional presentada por el INPS en sus observaciones, el litigio principal conservaba su objeto y, de ser así, el alcance exacto del Derecho nacional, incluida la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación). En respuesta a esta solicitud, el órgano jurisdiccional remitente, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de julio de 2025, precisó que el litigio principal conservaba su objeto y consideró que el INPS se equivocaba sobre el alcance del Derecho italiano y el de su jurisprudencia.
Sobre la cuestión prejudicial
Sobre la admisibilidad
26
Sin proponer formalmente una excepción de inadmisibilidad, el INPS alega, en sus observaciones, que la cuestión planteada carece de objeto, puesto que, según dicho organismo, en virtud del artículo 3 del Decreto n.o 577/1992, así como de la interpretación del Derecho nacional resultante de la jurisprudencia del propio órgano jurisdiccional remitente, cuando el asegurado residente en Italia totaliza períodos de cotización en Italia y períodos de cotización en otro Estado miembro, no se le exige, a efectos de percibir el complemento de la prestación por invalidez para alcanzar el mínimo legal, que cumpla un requisito adicional en relación con los asegurados que hayan cotizado exclusivamente en Italia.
27
A este respecto, procede recordar que, en el procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE, incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco del reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales de la Unión y los nacionales, tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se insertan las cuestiones prejudiciales, tal como lo define el órgano jurisdiccional remitente bajo su propia responsabilidad (sentencia de 27 de noviembre de 2025, Santander Renta Variable España Pensiones, Fondo de Pensiones, C‑525/24, EU:C:2025:922, apartado 30 y jurisprudencia citada).
28
Es preciso recordar también que corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia, que gozan de una presunción de pertinencia. Por tanto, cuando la cuestión planteada se refiera a la interpretación o a la validez de una norma del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está en principio obligado a pronunciarse, salvo si resulta evidente que la interpretación solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, si el problema es de naturaleza hipotética o también si el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a tal cuestión (sentencia de 24 de junio de 2025, GR REAL, C‑351/23, EU:C:2025:474, apartado 45).
29
En el presente caso, en respuesta a la solicitud de aclaraciones formulada por el Tribunal de Justicia al órgano jurisdiccional remitente, este último señala que la interpretación del Derecho nacional presentada por el INPS en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia no se corresponde con la que dicho organismo había defendido hasta entonces. Indica que el litigio principal conserva su objeto, ya que no se ha estimado la solicitud de F.F. Considera que la interpretación de las disposiciones nacionales, en particular del artículo 3 del Decreto n.o 577/1992, y de la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) expuesta por el INPS en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia es errónea.
30
A la luz de las aclaraciones aportadas por el órgano jurisdiccional remitente, no resulta evidente que la cuestión prejudicial planteada carezca de objeto y tenga, en consecuencia, carácter hipotético, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 28 de la presente sentencia.
31
De ello se deduce que procede declarar la admisibilidad de la cuestión prejudicial planteada.
Sobre el fondo
32
De entrada, es preciso recordar que el ALCP y, más concretamente, su artículo 8 y su anexo II establecen que el Reglamento n.o 883/2004 se aplica en las situaciones que afecten a los Estados miembros de la Unión y a la Confederación Suiza, que, a efectos de la aplicación de dicho Reglamento, debe asimilarse a un Estado miembro (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2018, Blanco Marqués, C‑431/16, EU:C:2018:189, apartado 37 y jurisprudencia citada).
33
De la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si los requisitos exigidos por la normativa italiana para tener derecho a un complemento destinado a garantizar la percepción del importe mínimo de una prestación por invalidez son contrarios al Derecho de la Unión en la medida en que excluyen el cómputo de los períodos cotizados en otro Estado miembro como si se hubieran cubierto en Italia. De ello se deduce que debe entenderse que la cuestión planteada se refiere no solo al artículo 58 del Reglamento n.o 883/2004, mencionado en la cuestión prejudicial, sino también a los artículos 4 y 6 de dicho Reglamento, relativos, respectivamente, a los principios de igualdad de trato y de totalización de los períodos.
34
Por lo tanto, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 58 del Reglamento n.o 883/2004, en relación con los artículos 4 y 6 de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual el pago de un complemento destinado a garantizar la percepción del importe mínimo de una prestación por invalidez está supeditado, en el caso de los asegurados que hayan cotizado en otros Estados miembros, a un período de cotización de diez años en ese Estado miembro, mientras que, para quienes hayan cotizado exclusivamente en dicho Estado miembro, el abono de tal complemento está supeditado a un período de cotización de cinco años en este, tres de ellos en el curso de los cinco últimos años.
35
Para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, procede recordar, con carácter previo, que el Reglamento n.o 883/2004, que tiene por objeto garantizar la coordinación entre los distintos regímenes nacionales, permite la subsistencia de estos y no organiza un régimen común de seguridad social. Así, según jurisprudencia reiterada, los Estados miembros conservan su competencia para organizar sus sistemas de seguridad social (sentencia de 14 de marzo de 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, apartado 29 y jurisprudencia citada).
36
Por consiguiente, a falta de armonización en el ámbito de la Unión, corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar, entre otros aspectos, los requisitos que confieren derecho a prestaciones (sentencia de 14 de marzo de 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, apartado 30 y jurisprudencia citada).
37
No obstante, en el ejercicio de dicha competencia, los Estados miembros deberán respetar el Derecho de la Unión y, en concreto, las disposiciones del Tratado FUE sobre la libertad, que se reconoce a todo ciudadano de la Unión, de circular y residir en el territorio de los Estados miembros (sentencia de 14 de marzo de 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, apartado 31 y jurisprudencia citada).
38
A este respecto, procede señalar que el Tratado FUE no garantiza a un trabajador que la extensión de sus actividades a más de un Estado miembro o su traslado a otro Estado miembro sean neutros en materia de seguridad social. Habida cuenta de las disparidades de las legislaciones de los Estados miembros en esta materia, el traslado puede, según los casos, ser más o menos ventajoso o desventajoso para el trabajador en el plano de la protección social. De lo anterior se deriva, en particular, que, aun en el caso en que su aplicación resulte menos favorable, dicha legislación no es contraria a las disposiciones de los artículos 45 TFUE y 48 TFUE si no perjudica a dicho trabajador en relación con quienes ejercen todas sus actividades en el Estado miembro en el que aquella se aplica (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, apartado 32 y jurisprudencia citada).
39
Así, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el objetivo del artículo 45 TFUE no se alcanzaría si, como consecuencia del ejercicio de su derecho a la libre circulación, los trabajadores migrantes perdieran las ventajas de seguridad social que les otorga la legislación de un Estado miembro. En efecto, semejante consecuencia podría disuadir al trabajador de la Unión de ejercer su derecho a la libre circulación y constituiría, por lo tanto, un obstáculo para dicha libertad (sentencia de 14 de marzo de 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, apartado 33 y jurisprudencia citada).
40
Las exigencias derivadas del respeto del principio de libre circulación de los trabajadores se concretan, en materia de seguridad social, en el Reglamento n.o 883/2004, cuyo artículo 4, relativo al principio de igualdad de trato, establece que las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento deben ser tratadas de la misma manera, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, que los nacionales de dicho Estado miembro.
41
Ese principio de igualdad de trato prohíbe no solo las discriminaciones ostensibles, basadas en la nacionalidad de los beneficiarios de los regímenes de seguridad social, sino también toda forma encubierta de discriminación que, aplicando otros criterios de distinción, desemboque de hecho en el mismo resultado (sentencia de 5 de diciembre de 2019, Bocero Torrico y Bode, C‑398/18 y C‑428/18, EU:C:2019:1050, apartado 40).
42
En consecuencia, deben considerarse indirectamente discriminatorios los requisitos del Derecho nacional que, aun cuando se apliquen con independencia de la nacionalidad, afecten fundamentalmente o en su mayor parte a los trabajadores migrantes, así como los requisitos indistintamente aplicables que puedan ser cumplidos más fácilmente por los trabajadores nacionales que por los trabajadores migrantes, o incluso los que puedan perjudicar de manera particular a estos últimos (sentencia de 5 de diciembre de 2019, Bocero Torrico y Bode, C‑398/18 y C‑428/18, EU:C:2019:1050, apartado 41).
43
Por su parte, el artículo 6 del Reglamento n.o 883/2004, relativo al principio de totalización de los períodos, establece que, salvo disposición en contrario de dicho Reglamento, la institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine «la adquisición […] del derecho a las prestaciones […] al requisito de haber cubierto períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia tendrá en cuenta, en la medida necesaria, los períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, como si se tratara de períodos cubiertos bajo la legislación que dicha institución aplica».
44
Por último, en virtud del artículo 58 del Reglamento n.o 883/2004, el beneficiario de una prestación de invalidez no puede percibir, en concepto de prestaciones, una cuantía inferior a la de la prestación mínima fijada por el Estado miembro de residencia. Este último Estado miembro deberá, en su caso, abonarle un complemento igual a la diferencia entre la suma de las prestaciones debidas y la cuantía de esa prestación mínima.
45
De los apartados 40 a 44 de la presente sentencia se desprende que el artículo 58 del Reglamento n.o 883/2004, en relación con los artículos 4 y 6 de dicho Reglamento, se opone a que el pago de tal complemento se efectúe en condiciones que den lugar a que se trate a los trabajadores que hayan ejercido su libertad de circulación en el territorio de la Unión de manera menos favorable que a los trabajadores que no hayan ejercido esa libertad, al no tener en cuenta los períodos cotizados con arreglo a la legislación de otros Estados miembros del mismo modo que si se hubieran cubierto bajo la legislación del Estado miembro de la institución competente.
46
En el caso de autos, de los datos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que el demandante en el litigio principal, que solicitó el complemento de la prestación por invalidez para alcanzar el mínimo legal en Italia, cotizó en el territorio de la Confederación Suiza entre 1991 y 1994, y posteriormente durante 260 semanas en Italia entre 2002 y 2012, período este último correspondiente a cinco años de cotización. También se computaron cotizaciones a su favor por períodos de desempleo en Italia, correspondientes a los años 2012 y 2013.
47
Además, de la resolución de remisión se desprende que, en virtud de la normativa controvertida en el litigio principal, las personas que no están sujetas exclusivamente al régimen contributivo, aplicable a los períodos de cotización cubiertos a partir del 1 de enero de 1996, tienen derecho, cuando perciben una prestación por invalidez cuyo importe no alcanza el mínimo legal previsto por esa normativa, al pago de un complemento de tal prestación para alcanzar ese mínimo. La percepción de este complemento de la prestación por invalidez está supeditada a un requisito de cotización de cinco años, tres de ellos durante los últimos cinco años. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente indica que, en virtud del artículo 8, apartado 2, de la Ley n.o 153/69, en caso de totalización de los períodos de seguro y de cotización prevista por acuerdos o convenios internacionales en materia de seguridad social, el asegurado debe acreditar un período de cotización de diez años en el marco de un contrato de trabajo en Italia.
48
Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, el Derecho italiano parece someter de ese modo a los trabajadores que han ejercido su libertad de circulación a requisitos de duración de la cotización en Italia más estrictos que los aplicables a quienes no han ejercido esa libertad. Esta normativa no parece permitir que, para obtener el complemento de la prestación por invalidez con el fin de alcanzar el mínimo legal, los períodos de cotización cubiertos en un Estado miembro distinto de la República Italiana se computen del mismo modo que si se hubieran cubierto en dicho Estado miembro, contrariamente a lo que exige el artículo 58 del Reglamento n.o 883/2004, en relación con los artículos 4 y 6 del citado Reglamento.
49
Igualmente, procede recordar, en lo que atañe a las consecuencias que han de extraerse del anterior análisis, que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando el Derecho nacional prevé un trato diferenciado entre varios grupos de personas, infringiendo lo dispuesto en el Derecho de la Unión, los miembros del grupo perjudicado deben recibir un mismo trato y ha de aplicárseles el mismo régimen que a los demás interesados. A falta de una correcta aplicación del Derecho de la Unión, el régimen aplicable a los miembros del grupo favorecido sigue siendo el único sistema de referencia válido (sentencia de 14 de marzo de 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, apartado 46 y jurisprudencia citada).
50
Como resulta de la resolución de remisión, los trabajadores que no han ejercitado su derecho a la libre circulación y que cumplen todos sus períodos de seguro en Italia tienen derecho al complemento de la prestación por invalidez para alcanzar el mínimo legal si acreditan un período de cotización de cinco años en Italia, tres de ellos en el curso de los últimos cinco años. Por lo tanto, ese es el marco jurídico que constituye el sistema de referencia válido, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado anterior (véase, por analogía, la sentencia de 14 de marzo de 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, apartado 47).
51
Es cierto que incumbe a las autoridades nacionales competentes de cada Estado miembro determinar cuáles son, en Derecho interno, los medios más adecuados para alcanzar la igualdad de trato entre los trabajadores migrantes y los no migrantes. No obstante, ha de señalarse que puede alcanzarse este objetivo, a priori, concediendo también a los trabajadores migrantes que se encuentren en una situación como la que es objeto del litigio principal el derecho al complemento de la prestación por invalidez para alcanzar el mínimo legal en las mismas condiciones que las aplicables a los trabajadores no migrantes (véase, por analogía, la sentencia de 14 de marzo de 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, apartado 48).
52
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 58 del Reglamento n.o 883/2004, en relación con los artículos 4 y 6 de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual el pago de un complemento destinado a garantizar la percepción del importe mínimo de una prestación por invalidez está supeditado, en el caso de los asegurados que hayan cotizado en otros Estados miembros, a un período de cotización de diez años en ese Estado miembro, mientras que, para quienes hayan cotizado exclusivamente en dicho Estado miembro, el abono de tal complemento está supeditado a un período de cotización en este de cinco años, tres de ellos en el curso de los cinco últimos años.
Costas
53
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 58 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en relación con los artículos 4 y 6 de dicho Reglamento,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual el pago de un complemento destinado a garantizar la percepción del importe mínimo de una prestación por invalidez está supeditado, en el caso de los asegurados que hayan cotizado en otros Estados miembros, a un período de cotización de diez años en ese Estado miembro, mientras que, para quienes hayan cotizado exclusivamente en dicho Estado miembro, el abono de tal complemento está supeditado a un período de cotización en este de cinco años, tres de ellos en el curso de los cinco últimos años.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.