62021CJ0116_RES
Asuntos acumulados C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P
Comisión Europea
contra
VW y otros
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de julio de 2022
«Recurso de casación — Función pública — Pensión — Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea — Artículo 20 del anexo VIII — Concesión de una pensión de supervivencia — Cónyuge supérstite de un antiguo funcionario titular de una pensión de jubilación — Matrimonio celebrado con posterioridad al cese en el servicio de ese funcionario — Requisito de duración mínima de cinco años del matrimonio en la fecha del fallecimiento del funcionario — Artículo 18 del anexo VIII — Matrimonio celebrado con anterioridad al cese en el servicio del funcionario — Requisito de duración mínima de un solo año del matrimonio — Excepción de ilegalidad del artículo 20 del anexo VIII — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 20 — Principio de igualdad de trato — Artículo 21, apartado 1 — Principio de no discriminación basada en la edad — Artículo 52, apartado 1 — Inexistencia de una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada a la vista del objetivo perseguido por el legislador de la Unión»
Derecho de la Unión Europea — Principios — Igualdad de trato — Diferencia de trato objetivamente justificada — Criterios de apreciación — Aplicación a un acto legislativo de la Unión
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 20; Estatuto de los Funcionarios, anexo VIII, arts. 18 y 20)
(véanse los apartados 95 a 97 y 140 a 143)
Funcionarios — Pensiones — Pensión de supervivencia — Requisitos para su concesión — Aplicación diferenciada en función de la fecha de celebración del matrimonio antes o después del cese en el servicio del funcionario fallecido — Carácter comparable de dos situaciones a la vista del objeto y de la finalidad de las pensiones de supervivencia así como del requisito común del vínculo jurídico entre los cónyuges
(Estatuto de los Funcionarios, anexo VIII, arts. 18 a 20 y 27)
(véanse los apartados 98 a 100 y 111 a 108)
Funcionarios — Pensiones — Pensión de supervivencia — Requisitos para su concesión — Duración mínima del matrimonio — Diferencia de trato de los cónyuges supérstites en función de la fecha del matrimonio, celebrado antes o después del cese en el servicio del funcionario fallecido — Amplia facultad de apreciación del legislador de la Unión — Respeto del principio de proporcionalidad — Control jurisdiccional — Límites — Examen por el juez de la Unión del carácter apropiado y necesario de la diferenciación — Improcedencia
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 20 y 52, ap. 1; Estatuto de los Funcionarios, anexo VIII, arts. 18 y 20)
(véanse los apartados 127 a 130 y 144)
Funcionarios — Pensiones — Pensión de supervivencia — Requisitos para su concesión — Duración mínima del matrimonio — Diferencia de trato de los cónyuges supérstites en función de la fecha del matrimonio, celebrado antes o después del cese en el servicio del funcionario fallecido — Limitación del derecho a la igualdad de trato y discriminación indirecta basada en la edad — Justificación — Lucha contra el fraude — Procedencia — Examen de la proporcionalidad
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 20, 21, ap. 1, y 52, ap. 1; Estatuto de los Funcionarios, art. 1, quinquies y anexo VIII, arts. 18 y 20)
(véanse los apartados 139 a 142, 146 a 156 y 172 a 176)
Recurso de casación — Motivos — Motivos relativos a las pretensiones que figuran en la sentencia recurrida en casación y que no han sido objeto de adhesión a la casación — Fuerza de cosa juzgada — Desestimación
(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 169, ap. 1, y 178, ap. 1)
(véase el apartado 180)
Resumen
VW, BT y RN contrajeron matrimonio, según los casos, en primeras o en segundas nupcias con funcionarios de la Unión que ya no estaban al servicio de una institución de la Unión en la fecha de la celebración de sus respectivos matrimonios. Antes de que hubieran transcurrido cinco años desde esa fecha, los tres cónyuges fallecieron.
Cada una de las tres mujeres en cuestión, en su condición de cónyuge supérstite de un antiguo funcionario de la Unión, solicitó la concesión de una pensión de supervivencia.
Estas solicitudes fueron denegadas por la Comisión Europea (en lo sucesivo, «decisiones controvertidas») debido a que VW, BT y RN no cumplían los requisitos establecidos en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»). En virtud de esta disposición, los cónyuges supérstites que hayan contraído matrimonio con un funcionario después de que este haya cesado en el servicio quedarán excluidos de la pensión de supervivencia cuando su matrimonio haya durado menos de cinco años. En cambio, con arreglo al artículo 18 del anexo VIII del Estatuto, los cónyuges supérstites que hubieran contraído matrimonio con un funcionario antes de que este último cesara en el servicio tendrán derecho a una pensión de supervivencia cuando su matrimonio haya durado al menos un año.
En los recursos de anulación interpuestos por VW, BT y RN contra las decisiones controvertidas, el Tribunal General concluyó que el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto violaba el principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») así como, en el asunto relativo a VW, el principio de proporcionalidad y, en los asuntos relativos a BT y a RN, el principio de no discriminación basada en la edad, consagrado en el artículo 21, apartado 1, de la Carta. En estas circunstancias, estimó las excepciones de ilegalidad propuestas por VW, BT y RN y anuló cada una de las decisiones controvertidas.
Resolviendo los recursos de casación interpuestos por la Comisión y por el Consejo de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia anula las sentencias del Tribunal General y desestima los recursos de VW, BT y RN. El Tribunal de Justicia señala que, al exigir diferentes duraciones del matrimonio, en los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto, para reconocer una pensión de supervivencia a los cónyuges supérstites de funcionarios o de antiguos funcionarios fallecidos, el legislador de la Unión no ejerció de manera arbitraria o manifiestamente inadecuada el amplio margen de apreciación de que dispone a este respecto.
Apreciación del Tribunal de Justicia
A la vez que confirma el análisis del Tribunal General según el cual las situaciones cubiertas por los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto son comparables y habida cuenta de que, al establecer en esas disposiciones distintas duraciones mínimas del matrimonio, el legislador de la Unión trató de manera diferente situaciones comparables, el Tribunal de Justicia recuerda que, teniendo en cuenta la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador de la Unión al adoptar normas estatutarias, el principio de igualdad de trato, tal como está consagrado en el artículo 20 de la Carta, solo se vulnera cuando el legislador lleva a cabo una diferenciación arbitraria o manifiestamente inadecuada en relación con el objetivo perseguido por las disposiciones estatutarias de que se trata. Esta jurisprudencia también es aplicable en el marco de la apreciación de la exigencia de proporcionalidad impuesta por el artículo 52, apartado 1, de la Carta.
De ello se deduce que, en el caso de autos, el Tribunal General debería haberse limitado a comprobar si la diferenciación entre los cónyuges supérstites de funcionarios o de antiguos funcionarios en función de la fecha de celebración del matrimonio, llevada a cabo en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, en relación con el artículo 18 de dicho anexo, no resultaba «arbitraria» o «manifiestamente inadecuada» a la luz del objetivo de interés general perseguido por dichas disposiciones. Ahora bien, al haber comprobado, en las sentencias recurridas, si esa diferenciación no era «irrazonable» a la luz del objetivo de interés general perseguido y al haber examinado, además, si el requisito de duración mínima de cinco años del matrimonio, exigido en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, considerado aisladamente y al margen de la duración de un año prevista en el artículo 18 de dicho anexo, era, en el marco del artículo 52, apartado 1, de la Carta, proporcionado, en el sentido de que no iba manifiestamente más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo de interés general, el Tribunal General se extralimitó en su control jurisdiccional y, con ello, incurrió en un error de Derecho.
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia anula las sentencias recurridas del Tribunal General y, tras haber apreciado que los litigios estaban en condiciones de ser resueltos, los resuelve él mismo definitivamente.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, si bien el legislador de la Unión ha tratado de manera diferente situaciones comparables estableciendo diferentes duraciones mínimas del matrimonio en los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto, esta diferencia de trato está justificada en virtud del artículo 52, apartado 1, de la Carta.
Según el artículo 52, apartado 1, de la Carta pueden introducirse limitaciones a los derechos y libertades reconocidos por esta última, siempre que, primero, tales limitaciones estén establecidas por la ley, segundo, respeten el contenido esencial de dichos derechos y libertades y, tercero, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.
En el caso de autos, consta que la diferencia de trato entre los cónyuges supérstites de funcionarios está prevista por la ley, puesto que resulta del artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, en relación con el artículo 18 de dicho anexo. Estas disposiciones establecen requisitos de duración mínima del matrimonio cuantificados de manera precisa, que definen el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la igualdad de trato.
Según el Tribunal de Justicia, la limitación impuesta al régimen de pensiones de supervivencia mediante la diferencia de trato de que se trata respeta, además, el contenido esencial del principio de igualdad de trato. En efecto, esta limitación no cuestiona el principio de igualdad de trato como tal, en la medida en que solo se refiere a la cuestión del requisito mínimo de duración del matrimonio que deben cumplir los cónyuges supérstites de funcionarios o de antiguos funcionarios fallecidos para poder percibir una pensión de supervivencia, sin que dichos cónyuges se vean privados de la posibilidad de percibir tal pensión en cada uno de los supuestos contemplados en los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto.
Dicha limitación responde, además, a un objetivo de interés general, a saber, prevenir los abusos de Derecho y los fraudes. En este contexto, el requisito de que el matrimonio haya alcanzado una duración determinada para que el cónyuge supérstite obtenga la pensión de supervivencia persigue el objetivo de asegurarse de la realidad y de la estabilidad de las relaciones entre las personas de que se trata. Se trata de un criterio uniforme e indistintamente aplicable a todos los cónyuges supérstites cubiertos por las disposiciones de los artículos 18 y 20 del anexo VIII del Estatuto, que no tiene por objeto presumir la existencia de abusos o fraudes por parte de los cónyuges supérstites, sino prevenir la comisión de tales abusos o fraudes.
Por último, en cuanto al examen de proporcionalidad, el Tribunal de Justicia considera que no resulta arbitrario ni manifiestamente inadecuado exigir, en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto, una duración mínima del matrimonio más larga que la prevista en el artículo 18 de ese anexo. En efecto, en el supuesto contemplado en el citado artículo 20, caracterizado por el hecho de que el matrimonio se ha contraído después del cese en el servicio del funcionario, la incitación a los abusos o al fraude puede resultar favorecida por la mayor previsibilidad y la mayor proximidad del fallecimiento del funcionario, ya que, como en el caso de autos, ese cese en el servicio se produce como consecuencia de la jubilación.
Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal de Justicia concluye que, en la medida en que la diferencia de trato establecida en el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto responde a los criterios enunciados en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, el artículo 20 del anexo VIII del Estatuto es conforme con el principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 20 de la Carta.
Por idénticos motivos, el Tribunal de Justicia, a la vez que aprecia que esa diferencia de trato constituye igualmente una diferencia de trato indirectamente basada en la edad, declara que esta última también es conforme con el principio de no discriminación por razón de edad consagrado en el artículo 21, apartado 1, de la Carta.