Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 21 de mayo de 2026 (*)
« Remisión prejudicial — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Coordinación de los regímenes de seguridad social — Pensiones de jubilación — Artículo 51, apartado 1 — Períodos de seguro cumplidos en una actividad por cuenta ajena o propia determinada u ocupación sujetas a un régimen especial — Concepto de “régimen especial” — Normas de totalización de los períodos de seguro — Normativa nacional que concede un trato más favorable a los trabajadores de determinadas categorías de puestos de trabajo — Artículos 45 TFUE y 48 TFUE — Libre circulación de los trabajadores »
En el asunto C‑717/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de la República Eslovaca), mediante resolución de 15 de agosto de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de octubre de 2024, en el procedimiento entre
BD
y
Sociálna poisťovňa, ústredie
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin, S. Gervasoni (Ponente) y M. Bošnjak, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por el Sr. P. Garofoli, avvocato dello Stato;
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. B.‑R. Killmann y A. Tokár, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de diciembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 51, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre BD y la Sociálna poisťovňa, ústredie (Tesorería de la Seguridad Social, Administración Central, Eslovaquia) relativo a la denegación por esta última de la solicitud de BD de que le fuera concedida una pensión de jubilación a partir de los cincuenta y cinco años por la actividad que ejerció como minero en estructuras subterráneas.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento (CE) n.º 1408/71
3        El artículo 45, apartado 2, del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (DO 1971, L 149, p. 1), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1408/71»), disponía:
«Cuando la legislación de un Estado miembro subordine la concesión de ciertas prestaciones al requisito de que los períodos de seguro hayan sido cumplidos únicamente en una profesión sometida a algún régimen especial aplicable a trabajadores por cuenta ajena o, en su caso, en un empleo determinado, los períodos cumplidos bajo las legislaciones de otros Estados miembros solo serán computables para la concesión de tales prestaciones en el supuesto de que hayan sido cumplidos al amparo de un régimen de igual naturaleza o, en su defecto, en la misma profesión o, dado el caso, en el mismo empleo. Si, tras haberle computado los períodos así cumplidos, el interesado no reúne las condiciones requeridas para disfrutar de tales prestaciones, dichos períodos le serán computados para la concesión de las prestaciones del régimen general o, en su defecto, del régimen aplicable a los obreros o a los empleados, según proceda, a condición de que el interesado haya estado afiliado a uno u otro de dichos regímenes.»
Reglamento n.º 883/2004
4        Los considerandos 1, 4, 32 y 13 del Reglamento n.º 883/2004 enuncian:
«(1)      Las normas sobre coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social forman parte del marco de la libre circulación de personas y deben contribuir a mejorar el nivel de vida y las condiciones de empleo de estas.
[…]
(4)      Es necesario respetar las características especiales de las legislaciones nacionales en materia de seguridad social y establecer únicamente un sistema de coordinación.
[…]
(13)      Las normas de la coordinación deben garantizar a las personas que se desplazan dentro de la Comunidad, a las personas a su cargo y a sus supérstites, el mantenimiento de los derechos y ventajas que hayan adquirido o estén adquiriendo.»
5        El artículo 5 de este Reglamento, titulado «Asimilación de prestaciones, ingresos, hechos o acontecimientos», está redactado en los siguientes términos:
«Salvo disposición en contrario del presente Reglamento y habida cuenta de las disposiciones particulares de aplicación establecidas:
a)      si, en virtud de la legislación del Estado miembro competente, el disfrute de prestaciones de seguridad social o de otros ingresos produce determinados efectos jurídicos, las disposiciones de que se trate de dicha legislación serán igualmente aplicables en caso de disfrute de prestaciones equivalentes adquiridas con arreglo a la legislación de otro Estado miembro o de ingresos adquiridos en el territorio de otro Estado miembro;
b)      si, en virtud de la legislación del Estado miembro competente, se atribuyen efectos jurídicos a la concurrencia de determinados hechos o acontecimientos, dicho Estado tendrá en cuenta hechos o acontecimientos semejantes que guarden relación y hayan ocurrido en otro Estado miembro como si hubieran ocurrido en su propio territorio.»
6        El artículo 6 de dicho Reglamento, cuyo epígrafe es «Totalización de los períodos», establece:
«Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine:
–        la adquisición, la conservación, la duración o la recuperación del derecho a las prestaciones,
[…]
al requisito de haber cubierto períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia, tendrá en cuenta, en la medida necesaria, los períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, como si se tratara de períodos cubiertos bajo la legislación que dicha institución aplica.»
7        El artículo 51 del mismo Reglamento, titulado «Disposiciones especiales sobre la totalización de períodos», establece, en su apartado 1:
«Cuando la legislación de un Estado miembro supedite la concesión de determinadas prestaciones al cumplimiento de períodos de seguro exclusivamente en una actividad determinada como trabajador por cuenta ajena o propia, u ocupación sujetas a un régimen especial para trabajadores por cuenta ajena o propia, la institución competente de ese Estado miembro computará los períodos cumplidos bajo la legislación de otros Estados miembros solamente si se han cubierto con arreglo a un régimen equivalente o, en su defecto, en la misma ocupación o, en su caso, en la misma actividad como trabajador por cuenta ajena o propia.
Si, teniendo en cuenta los períodos así cumplidos, el interesado no satisface las condiciones para disfrutar de las prestaciones de un régimen especial de un Estado miembro, estos períodos se computarán para la concesión de las prestaciones del régimen general o, en su defecto, del régimen aplicable a los trabajadores manuales o al personal de oficina, según el caso, siempre que el interesado haya estado afiliado a uno de estos regímenes.»
8        El artículo 87 del Reglamento n.º 883/2004, titulado «Disposiciones transitorias», establece, en su apartado 2:
«Todo período de seguro y, en su caso, todo período de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia cubierto bajo la legislación de un Estado miembro antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento en el Estado miembro interesado se tomará en cuenta para la determinación de los derechos originados conforme al presente Reglamento.»
Derecho checoslovaco
9        El artículo 1 de la zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (Ley n.º 100/1988 sobre la Seguridad Social), de 16 de junio de 1988 (en lo sucesivo, «Ley n.º 100/1988»), titulado «Principios básicos», disponía, en su versión aplicable entre el 1 de octubre de 1988 y el 31 de mayo de 1992:
«[…]
2)      Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la seguridad social con arreglo a la presente Ley. Las prestaciones y los servicios en materia de seguridad social son garantizados por el Estado.
[…]
4)      La cuantía de las prestaciones de jubilación depende fundamentalmente […] de la duración del período de empleo […] y de la categoría del trabajo realizado.»
10      El artículo 14 de la Ley n.º 100/1988, en su versión aplicable entre el 1 de octubre de 1988 y el 31 de marzo de 1992, disponía:
«1)      A efectos de la prestación de jubilación, los puestos de trabajo se clasifican en tres categorías, en función del tipo de trabajo realizado.
2)      La primera categoría comprende los puestos de trabajo en los que se realicen, de forma continua y a lo largo de un mes natural, actividades predominantemente peligrosas que conlleven un deterioro frecuente y permanente de la salud de los trabajadores debido a la exposición a agentes físicos y químicos nocivos, a saber:
a)      los puestos de trabajo en la minería en los que el lugar de trabajo permanente se encuentre bajo tierra, en minas subterráneas,
b)      otros tipos de puestos de trabajo en la minería, en los que el trabajo se realice bajo tierra en minas subterráneas, […]
[…]
4)      La tercera categoría profesional comprende los puestos de trabajo no clasificados en la primera o la segunda categorías.»
11      El artículo 21 de la Ley n.º 100/1988, en su versión aplicable entre el 1 de octubre de 1988 y el 31 de mayo de 1992, titulado «Requisitos de adquisición del derecho a pensión de jubilación», establecía, en su apartado 1:
«Se adquirirá el derecho a la pensión de jubilación cuando se haya ejercido una actividad laboral durante al menos veinticinco años y se haya alcanzado al menos la edad de
a)      cincuenta y cinco años, cuando se haya ejercido durante al menos quince años una de las actividades contempladas en el artículo 14, apartado 2, letra a) […],
c)      cincuenta y cinco años, cuando se haya ejercido durante al menos veinte años una de las actividades laborales contempladas en el artículo 14, apartado 2, letras b) a h),
d)      cincuenta y ocho años, cuando se haya ejercido durante al menos veinte años una de las actividades laborales contempladas en el artículo 14, apartado 2, letras i) a l), o,
e)      sesenta años.»
12      La Ley n.º 100/1988 fue modificada por la zákon č. 235/1992 Zb. o zrušení pracovných kategórií (Ley n.º 235/1992 relativa a la supresión de las categorías profesionales), de 28 de abril de 1992 (en lo sucesivo, «Ley n.º 235/1992»), que entró en vigor el 1 de junio de 1992.
13      El artículo 14, apartado 1, de la Ley n.º 100/1988, en su redacción resultante de la Ley n.º 235/1992, disponía:
«A efectos de la prestación de jubilación, las actividades laborales ejercidas hasta el 31 de diciembre de 1992 se clasificarán en tres categorías profesionales, en función del tipo del trabajo realizado. Los puestos de trabajo de la primera y la segunda categorías figurarán en las listas sectoriales de las profesiones clasificadas en la primera y la segunda categorías publicadas antes del 1 de junio de 1992; la tercera categoría comprenderá las profesiones no clasificadas en la primera o la segunda categorías.»
14      El artículo 15 de la Ley n.º 100/1988, en su redacción anterior a la Ley n.º 235/1992, establecía:
«A efectos de la prestación de jubilación, las actividades laborales ejercidas con posterioridad al 31 de diciembre de 1992 se considerarán comprendidas en la tercera categoría.»
15      A tenor del artículo 175 de la Ley n.º 100/1988, en su redacción resultante de la Ley n.º 235/1992:
«Los derechos derivados de la clasificación de un puesto de trabajo en la primera y la segunda categorías o de un servicio en la primera o la segunda categorías de funciones se reconocerán hasta el 31 de diciembre de 2016.»
Derecho eslovaco
16      La Ley n.º 100/1988 fue derogada por la zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (Ley n.º 461/2003 sobre la Seguridad Social), de 30 de octubre de 2003, que, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley n.º 461/2003»), dispone, en su artículo 1, titulado «Objeto y ámbito de aplicación de la Ley»:
«1)      La presente Ley define la Seguridad Social y regula su ámbito de aplicación […]
[…]
3)      La presente Ley no se aplicará a los miembros de los cuerpos de Policía, del Servicio de Información eslovaco, de la Oficina de Seguridad Nacional, de establecimientos penitenciarios y de la Policía judicial, del cuerpo de Bomberos y de los servicios de Emergencias y de los servicios de Rescate de Montaña, a los agentes armados de la Administración financiera […], a los militares profesionales de las Fuerzas Armadas, a los miembros de las Fuerzas Especiales […], cuyo régimen de seguridad social se rige por una normativa especial […]».
17      El artículo 65 de la Ley n.º 461/2003, cuyo título es «Condiciones de adquisición del derecho a la pensión de jubilación» está redactado en los siguientes términos:
«1)      A efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, se deberá haber cotizado durante un período de al menos quince años y haber alcanzado la edad de jubilación.
2)      La edad de jubilación del asegurado se determinará de conformidad con el anexo 3a, a no ser que el artículo 274 de la presente Ley disponga otra cosa […]».
18      A tenor del artículo 112 de la Ley n.º 461/2003, titulado «Modificaciones del derecho a la prestación, del derecho al cobro de la prestación y de la cuantía de la prestación»:
«1)      La prestación se reconocerá […] a partir de la fecha en la que sea […] exigible, […] hasta un máximo de tres años anteriores, contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la prestación […], siempre que se establezca a posteriori que la prestación […]
d)      ha sido reconocida en una fecha posterior a aquella en la que era exigible.»
19      El artículo 274 de esta Ley dispone:
«1)      Se considerarán adquiridos los derechos resultantes de la clasificación de los puestos de trabajo en la primera y la segunda categorías.
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
20      El demandante en el litigio principal trabajó desde el 1 de julio de 1976 hasta el 31 de agosto de 1995 como minero en una mina subterránea situada en Karviná, en el territorio de la actual República Checa. Posteriormente, ocupó diversos puestos de trabajo en la República Checa y, más tarde, en Eslovaquia.
21      Según la legislación de la República Federativa Checa y Eslovaca, los puestos de trabajo se clasificaban en tres categorías, en función de su nivel de riesgo y de penosidad. En este sistema, la actividad de minero pertenecía a la primera categoría, que daba derecho a una pensión de jubilación a partir de los cincuenta y cinco años, siempre que el interesado hubiera trabajado durante veinticinco años, quince de ellos en minas subterráneas.
22      En 1992, la República Federativa Checa y Eslovaca adoptó una nueva normativa que establecía la supresión de las diferentes categorías de puestos de trabajo desde el 31 de diciembre de 1992, fecha a partir de la cual todos los puestos de trabajo quedaban sujetos a las normas aplicables a la tercera categoría. Los derechos derivados de un puesto de trabajo comprendido en las categorías primera o segunda hasta el 31 de diciembre de 1992 se mantenían hasta el 31 de diciembre de 2016.
23      El 31 de diciembre de 1992, la República Federativa Checa y Eslovaca dejó de existir y fue sucedida por dos Estados independientes. En la República Checa, las diferentes categorías de puestos de trabajo fueron suprimidas en esa fecha. En Eslovaquia, en cambio, esta supresión se pospuso hasta el 31 de diciembre de 1999.
24      En 2013, tras haber obtenido de las autoridades de la seguridad social en la República Checa una pensión de jubilación en virtud de la legislación de dicho Estado miembro, el demandante en el litigio principal, que tenía entonces cincuenta y cinco años, solicitó en Eslovaquia la liquidación de su pensión de jubilación. No obstante, dicha solicitud fue denegada por la demandada en el litigio principal por considerar que no había alcanzado la edad exigida para percibir esa pensión.
25      Finalmente, se reconoció al demandante en el litigio principal el derecho a percibir una pensión de jubilación a partir del 2 de octubre de 2020, fecha en la que había alcanzado la edad de sesenta y dos años y ocho meses. Sin embargo, la demandada en el litigio principal mantuvo su postura de que el demandante en el litigio principal no podía beneficiarse de la pensión de jubilación concedida en condiciones más favorables a las personas que hubieran ejercido una actividad como minero en estructuras subterráneas durante un período de quince años. A este respecto, consideró que, dado que el demandante en el litigio principal había ejercido tal actividad en el territorio de la actual República Checa, solo podía tener derecho a la pensión de jubilación a partir de los cincuenta y cinco años si demostraba haber ejercido durante quince años un empleo de la primera categoría con arreglo a la legislación de ese Estado miembro. Ahora bien, según la demandada en el litigio principal, el 31 de diciembre de 1992, fecha en la que fueron suprimidas las categorías de puestos de trabajo en la República Checa, el demandante en el litigio principal solo había ejercido la actividad de minero en estructuras subterráneas durante algo más de catorce años.
26      A raíz de ello se suscitó un litigio en el que el demandante en el litigio principal alegó que, para determinar si se cumplía el requisito relativo al ejercicio de una actividad durante quince años, la demandada en el litigio principal estaba obligada a tener en cuenta, como período de actividad en un puesto de trabajo comprendido en la primera categoría, el período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de agosto de 1995, durante el cual había seguido ejerciendo una actividad de minero en estructuras subterráneas en la República Checa, aun cuando las categorías de empleo se hubieran suprimido en ese Estado miembro a partir del 31 de diciembre de 1992.
27      El Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de la República Eslovaca), órgano jurisdiccional remitente, que conoce del recurso de casación interpuesto por el demandante en el litigio principal, se pregunta sobre la interpretación del artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, relativo a la totalización de períodos a efectos del cálculo de la pensión de jubilación en el supuesto de que el Estado miembro competente para la concesión de la prestación de jubilación haya instituido un régimen especial de seguridad social o cuando ese Estado miembro, sin haber establecido tal régimen especial, aplique normas específicas a determinadas actividades.
28      El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas debido, en particular, a las divergencias existentes entre las diferentes versiones lingüísticas de esta disposición, de la que considera que pueden contemplarse dos interpretaciones literales. Indica que, según una primera interpretación, que se desprende, en particular, de las versiones eslovaca, inglesa, francesa y polaca, dicha disposición se aplica no solo en el supuesto de que la legislación del Estado miembro competente para la concesión de la prestación de jubilación establezca un régimen especial de seguridad social, sino también, de manera más general, en el caso de que, como ocurre en Derecho eslovaco, esa legislación confiera determinadas ventajas particulares al ejercicio de una actividad determinada. Señala que una segunda interpretación, correspondiente a las versiones checa y alemana de la disposición citada, consiste, por el contrario, en considerar que esta solo es aplicable cuando en el Estado miembro competente para la concesión de la prestación de jubilación exista un régimen especial distinto del régimen general.
29      Dicho órgano jurisdiccional subraya, remitiéndose a los considerandos 1 y 13 del Reglamento n.º 883/2004, que, si se adoptara esta segunda interpretación, podría crearse un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores, ya que no se garantizarían los derechos y las ventajas que estos hayan adquirido o estén adquiriendo. En efecto, un trabajador que ejerza una actividad determinada en un Estado miembro y que disfrute, en virtud de la legislación de dicho Estado, de ventajas particulares vinculadas a esa actividad en el marco del régimen general, sin estar sujeto, no obstante, a un régimen diferente, podría verse disuadido de ejercer esa actividad en otro Estado miembro, puesto que los períodos de seguro cubiertos en el ejercicio de tal actividad no se computarían de manera tan favorable en ese otro Estado miembro.
30      Observa que, aun suponiendo que el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004 deba interpretarse en el sentido de que solo se aplica cuando haya un régimen especial de seguridad social distinto del régimen general, dicho Reglamento no permite determinar con claridad cuáles son las características de tal régimen. Ello aboca a la falta de certidumbre acerca de si las normas aplicables en materia de pensiones de jubilación a determinadas actividades específicas, como las previstas por la normativa eslovaca, pueden calificarse de «régimen especial», en el sentido de dicha disposición.
31      Sobre este particular, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en el presente asunto, la normativa nacional de que se trata no instituyó un régimen distinto aplicable únicamente a los mineros en estructuras subterráneas, sino que, por el contrario, estableció un régimen de seguridad social aplicable al conjunto de los trabajadores. No obstante, dicho órgano jurisdiccional precisa que, con independencia de ese régimen único, los puestos de trabajo de mineros en estructuras subterráneas y los demás puestos de trabajo comprendidos en la primera categoría se benefician de una reducción de la edad de jubilación.
32      En este contexto, el Najvyšší správny súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de la República Eslovaca) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 51, apartado 1, del Reglamento [n.º 883/2004] en el sentido de que es aplicable a una pensión de jubilación sobre la que se pronuncia la institución competente de un Estado miembro únicamente si en virtud de la legislación de ese Estado miembro se ha instituido un “régimen especial para trabajadores por cuenta ajena o propia”?
En caso de respuesta afirmativa, ¿qué caracteriza tal “régimen especial” (por ejemplo, ser gestionado por una institución independiente, financiarse de manera autónoma o estar destinado exclusivamente a una categoría determinada de trabajadores por cuenta ajena o propia)?
2)      O bien, ¿debe interpretarse el artículo 51, apartado 1, del Reglamento [n.º 883/2004] en el sentido de que es aplicable a dicha pensión de jubilación también en el supuesto de que la legislación de ese Estado miembro no establezca tal “régimen especial”, sino que solo contemple la posibilidad de que una determinada categoría de personas que hayan cumplido los períodos de cotización exclusivamente en relación con una actividad determinada (por ejemplo, los mineros de minas subterráneas) adquiera, sobre la base de dichos períodos, el derecho a una pensión de jubilación en condiciones más favorables que otras personas que hayan ejercido actividades diferentes como trabajadores por cuenta ajena o propia?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
33      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que el mecanismo específico de totalización de períodos que establece se aplica tanto cuando el Estado miembro competente para la concesión de la prestación de jubilación ha instituido un régimen especial de seguridad social formalmente distinto del régimen general, propio de determinadas ocupaciones o actividades, como cuando dicho Estado miembro, sin haber establecido tal régimen especial, reserva determinadas ventajas en el ámbito de la concesión de tal prestación a una categoría determinada de personas que hayan cumplido períodos de seguro en el ejercicio de una ocupación o de una actividad específica. En caso de respuesta afirmativa, el órgano jurisdiccional remitente pregunta cuáles son los elementos que permiten caracterizar la existencia de tal régimen especial, en el sentido de dicha disposición.
34      Con carácter preliminar, por lo que respecta a la aplicabilidad al litigio principal del Reglamento n.º 883/2004, procede recordar que el artículo 87, apartado 2, de este Reglamento dispone que, para la determinación de los derechos a obtener una prestación, se tomará en cuenta todo período de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia cubierto antes de la fecha de aplicación de dicho Reglamento en el Estado miembro de que se trate. Por consiguiente, la circunstancia de que los períodos de cotización controvertidos en el litigio principal sean anteriores a la entrada en vigor del Reglamento n.º 883/2004, así como a la adhesión a la Unión Europea de los Estados miembros de que se trata, a saber, la República Eslovaca y la República Checa, no obsta a la aplicación de dicho Reglamento a una situación como la que es objeto del litigio principal (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 18 de abril de 2002, Duchon, C‑290/00, EU:C:2002:234, apartados 32 a 34, y de 22 de enero de 2015, Balazs, C‑401/13 y C‑432/13, EU:C:2015:26, apartados 31 y 32).
35      En cuanto concierne a la respuesta que debe darse a las cuestiones planteadas, procede señalar que el tenor del artículo 51, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 883/2004 en su versión en lengua francesa, que se refiere a «la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial» (el cumplimiento de períodos de seguro exclusivamente en una actividad determinada como trabajador por cuenta ajena o propia o en una ocupación sujeta a un régimen especial), da a entender, debido al empleo del singular en la expresión «soumise à un régime spécial», que la regla de totalización que enuncia se aplica, bien cuando se trate de una ocupación comprendida, en el Estado miembro competente, en un régimen especial de seguridad social, bien cuando la legislación de dicho Estado miembro supedite la concesión de determinadas prestaciones al cumplimiento de períodos de seguro en una actividad por cuenta ajena o propia determinada, sin que dicha actividad deba estar necesariamente sujeta a un régimen especial. Tal es el tenor, en particular, de las versiones eslovaca, inglesa, italiana, letona, polaca y eslovena de esta disposición.
36      En cambio, el tenor de otras versiones lingüísticas de dicha disposición, en particular, las versiones en lengua española («sujetas a un régimen especial»), alemana («für die ein Sondersystem […] gilt») y griega («για τα οποία ισχύει ειδικό σύστημα που εφαρμόζεται»), parece indicar, debido al uso del plural, que la aplicación de esta misma disposición implica, en todos los casos, que las actividades y ocupaciones de que se trate estén sujetas, en el Estado miembro competente, a un régimen especial.
37      De conformidad con una jurisprudencia reiterada, la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de esa disposición y tampoco se le puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. Este enfoque sería incompatible con la exigencia de uniformidad en la aplicación del Derecho de la Unión. En caso de divergencia entre versiones lingüísticas, la norma de que se trate debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de marzo de 1990, Cricket St Thomas, C‑372/88, EU:C:1990:140, apartados 18 y 19, y de 20 de noviembre de 2025, Lolach, C‑327/24, EU:C:2025:901, apartado 29).
38      Habida cuenta de las divergencias existentes entre las diferentes versiones lingüísticas del artículo 51, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 883/2004, mencionadas en los apartados 35 y 36 de la presente sentencia, para interpretar esta disposición, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se debe analizar el contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 25 de febrero de 2025, BSH Hausgeräte, C‑339/22, EU:C:2025:108, apartado 27).
39      Por lo que respecta al sistema general de la normativa en la que se inscribe dicha disposición, procede señalar que el artículo 6 del Reglamento n.º 883/2004, que forma parte de su título I, cuyo epígrafe es «Disposiciones generales», establece una regla general de totalización de períodos. En virtud de esta regla y salvo disposición en contrario, la institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine la adquisición de derechos a las prestaciones al requisito de haber cubierto períodos de seguro, de empleo, de actividad por cuenta propia o de residencia deberá tener en cuenta los períodos equivalentes cubiertos bajo la legislación de otro Estado miembro como si se tratara de períodos cubiertos bajo la legislación que aplique ella.
40      Esta regla general de totalización de períodos encuentra concreción y es completada, en materia de pensiones de jubilación, en el artículo 51 del Reglamento n.º 883/2004, cuyo apartado 1 garantiza, más específicamente, que las personas que hayan ejercido una actividad que les dé derecho a obtener ventajas específicas en materia de pensiones de jubilación no pierdan el beneficio de tales ventajas simplemente porque hayan hecho uso de su libertad de circulación trasladando dicha actividad a otro Estado miembro.
41      Esta disposición se corresponde con el artículo 45, apartado 2, del Reglamento n.º 1408/71, que fue derogado y sustituido por el Reglamento n.º 883/2004 a fin de modernizarlo y simplificarlo, conservando sin embargo el mismo objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de marzo de 2018, Klein Schiphorst, C‑551/16, EU:C:2018:200, apartado 31).
42      Pues bien, el artículo 45, apartado 2, del Reglamento n.º 1408/71 no supeditaba el mecanismo de totalización de períodos que instituía a la existencia, en el Estado miembro competente, de un régimen especial de seguridad social formalmente distinto del régimen general. En efecto, esta disposición establecía que, cuando la legislación de un Estado miembro subordinara la concesión de ciertas prestaciones al requisito de que los períodos de seguro hubieran sido cumplidos en una profesión sometida a algún régimen especial o, en su caso, en un empleo determinado, los períodos cubiertos bajo la legislación de otros Estados miembros serían computables, para la concesión de tales prestaciones, en el supuesto de que hubieran sido cubiertos al amparo de un régimen de igual naturaleza o, en su defecto, en la misma profesión o, dado el caso, en un empleo idéntico.
43      Habida cuenta de que, al adoptar el artículo 51, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, el legislador de la Unión no tuvo la intención de instituir un método de totalización más restrictivo, como señaló el Abogado General en el punto 54 de sus conclusiones, procede considerar que esta disposición está destinada a aplicarse cada vez que se establezcan reglas de liquidación de pensiones de jubilación específicas para determinadas ocupaciones o actividades en el Estado miembro competente para la concesión de la prestación, incluso cuando no exista un régimen especial de seguridad social formalmente distinto del régimen general.
44      Tal interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que el artículo 51, apartado 1, párrafo segundo, de dicho Reglamento se refiera al supuesto de que, una vez se hayan tenido en cuenta los períodos así cumplidos en otro Estado miembro, el interesado no satisfaga las condiciones para disfrutar de dicha prestación en el marco «de un régimen especial», puesto que esta disposición establece también que, en su defecto, esos períodos pueden ser computados para la concesión de prestaciones correspondientes a otros regímenes.
45      Por otra parte, en cuanto atañe al objetivo perseguido por dicho Reglamento, procede recordar que, como se desprende de su considerando 4, no es el de establecer un régimen común de seguridad social, sino únicamente garantizar la coordinación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros, dejando a estos la competencia para organizar sus respectivos sistemas, siempre que ejerzan esta competencia respetando el Derecho de la Unión y, en particular, la libertad reconocida a todo ciudadano de la Unión de circular y residir en el territorio de los Estados miembros (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 21 de febrero de 2013, Salgado González, C‑282/11, EU:C:2013:86, apartados 35 a 37, y de 7 de diciembre de 2017, Zaniewicz-Dybeck, C‑189/16, EU:C:2017:946, apartados 38 a 40).
46      A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, si bien el Derecho de la Unión no exige que el ejercicio por un trabajador de su libertad de circulación sea neutro en términos de seguridad social, el respeto de los artículos 45 TFUE y 48 TFUE implica, no obstante, que los trabajadores de otros Estados miembros no se vean desfavorecidos respecto a aquellos que ejercen o han ejercido la totalidad de su actividad en el Estado miembro de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2019, Vester, C‑134/18, EU:C:2019:212, apartados 32 y 33).
47      Desde esta perspectiva, poco importa que el Estado miembro competente para la concesión de la prestación de jubilación haya instituido un régimen especial de seguridad social formalmente distinto del régimen general o que haya decidido adoptar un conjunto de normas específicas para determinadas actividades u ocupaciones en el ámbito del régimen general. En efecto, tales diferencias constituyen únicamente el reflejo de elecciones organizativas y de financiación de los sistemas de seguridad social, que pueden variar considerablemente de un Estado miembro a otro.
48      Además, una interpretación del artículo 51, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 883/2004 según la cual esta disposición solo sea aplicable a las ocupaciones y a las actividades sujetas a un régimen especial de seguridad social necesariamente distinto del régimen general en el Estado miembro competente para la concesión de la prestación de jubilación sería contraria al objetivo de libre circulación de los trabajadores, puesto que implicaría una situación de desventaja para los trabajadores que hayan ejercido su libertad de circulación en el ámbito de una ocupación o de una actividad que dé derecho a obtener, en ese Estado miembro, una pensión de jubilación en condiciones más favorables que las aplicables a los demás trabajadores, en comparación con los trabajadores que hayan ejercido la misma actividad exclusivamente en este último Estado miembro.
49      De ello se deduce que el artículo 51, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que se aplica en todos aquellos casos en que la legislación del Estado miembro competente para la concesión de la prestación de jubilación establezca normas en materia de pensiones de jubilación específicas para determinadas ocupaciones o actividades, incluso cuando dichas normas no constituyan un régimen especial de seguridad social formalmente distinto del régimen general o no se inscriban en tal régimen.
50      Debe precisarse, además, que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión Europea, el cumplimiento de períodos de cotización en otro Estado miembro en el ámbito del ejercicio de una ocupación o de una actividad específica no puede tomarse en consideración sobre la base del artículo 5, letra b), de dicho Reglamento, que dispone que si, en virtud de la legislación del Estado miembro competente, se atribuyen efectos jurídicos a la concurrencia de determinados hechos o acontecimientos, dicho Estado tendrá en cuenta hechos o acontecimientos semejantes que guarden relación y hayan ocurrido en otro Estado miembro como si hubieran ocurrido en su propio territorio. En efecto, del tenor de esta disposición se desprende que se refiere a la consideración, en el Estado miembro competente, de la concurrencia de hechos o acontecimientos puntuales que hayan ocurrido en otro Estado miembro, como un nacimiento, un fallecimiento o un accidente, y no regula la totalización de los períodos de cotización cumplidos en otro Estado miembro.
51      En el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si los períodos cumplidos por el demandante en el litigio principal como minero en estructuras subterráneas en la República Checa entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de agosto de 1995 deben computarse en la República Eslovaca, en virtud del artículo 51, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 883/2004, a fin de apreciar si se cumple el requisito de quince años de cotización como minero en estructuras subterráneas que da derecho a beneficiase de determinadas ventajas en materia de pensiones de jubilación en dicho Estado miembro. A este respecto, habida cuenta de los elementos que figuran en la resolución de remisión, es preciso señalar, por una parte, que la legislación eslovaca establecía, para el período de que se trata, normas en materia de pensiones de jubilación específicas para la actividad de minero en estructuras subterráneas y, por otra parte, que los períodos cumplidos por el demandante en el litigio principal en la República Checa lo fueron en esa actividad, de modo que, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, esos períodos deben tomarse en consideración.
52      A la vista de cuanto antecede, procede responder a las cuestiones prejudiciales que el artículo 51, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que el mecanismo específico de totalización de períodos que establece se aplica tanto cuando el Estado miembro competente para la concesión de la prestación de jubilación ha instituido un régimen especial de seguridad social formalmente distinto del régimen general, propio de determinadas ocupaciones o actividades, como cuando dicho Estado miembro, sin haber establecido tal régimen especial, reserva determinadas ventajas en el ámbito de la concesión de tal prestación a una categoría determinada de personas que hayan cumplido períodos de seguro en el ejercicio de una ocupación o de una actividad específica.
Costas
53      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 51, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29
de
abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social,
debe interpretarse en el sentido de que
el mecanismo específico de totalización de períodos que establece se aplica tanto cuando el Estado miembro competente para la concesión de la prestación de jubilación ha instituido un régimen especial de seguridad social formalmente distinto del régimen general, propio de determinadas ocupaciones o actividades, como cuando dicho Estado miembro, sin haber establecido tal régimen especial, reserva determinadas ventajas en el ámbito de la concesión de tal prestación a una categoría determinada de personas que hayan cumplido períodos de seguro en el ejercicio de una ocupación o de una actividad específica.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: eslovaco.