61971C0084
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. KARL ROEMER
presentadas el 24 de febrero de 1972 (
*1
)
Señor Presidente,
Señores Jueces,
Aunque los hechos que originaron el presente asunto difieren de los que dieron lugar a la cuestión prejudicial remitida por el Presidente del tribunale di Torino de la que conoció el Tribunal de Justicia en la sentencia de 14 de diciembre de 1971 (asunto 43/71, Politi), las cuestiones planteadas en el marco del presente asunto suscitan problemas jurídicos del mismo orden. Así pues, creo que, a semejanza de quienes han presentado observaciones orales, podré ser bastante breve en mis conclusiones.
Como bien sabe este Tribunal de Justicia, durante los años 1966, 1968 y 1969, la sociedad Marimex de Milán importó varias veces en Italia carne de bovino procedente de países miembros de la CEE y de terceros países.
Con ocasión de las referidas importaciones, los servicios administrativos italianos le exigieron el pago de las tasas denominadas «tasa de estadística» y «tasa de servicios administrativos».
Sin embargo, la sociedad Marimex estimó que a la percepción de las referidas tasas se oponían, por una parte, las disposiciones del artículo 12 del Reglamento no 14/64/CEE, de 5 de febrero de 1964 (DO 1964, 30, p. 562), por el que se establece gradualmente una organización común de mercados en el sector de la carne de bovino, y, por otra parte, las disposiciones de los artículos 20 y 22 del Reglamento (CEE) no 805/68, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino (DO L 148, p. 24; EE 03/02, p. 157).
Como bien sabe el Tribunal de Justicia, las disposiciones de los Reglamentos en cuestión prohiben a los Estados miembros, con posterioridad a la entrada en vigor de las exacciones reguladoras, la recaudación de cualquier exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana; en efecto, tanto en la regulación que establece el Reglamento no 14/64 como en la que establece el Reglamento no 805/68, se declaran incompatibles con la aplicación de los mismos todos los obstáculos de naturaleza arancelaria o cuantitativa. Fue esa la razón por la que la sociedad Marimex, con objeto de hacer valer los derechos que a su juicio le concedían los referidos textos normativos, inició contra el Estado italiano el procedimiento llamado de «ingiunzione» (sumario) que prevé el artículo 633 del Código de procedimiento civil italiano. Cuando se ejercitó ante él esta acción, el Presidente del tribu-nale di Torino -que no conocía todavía la sentencia Politi de 14 de diciembre de 1971 de este Tribunal de Justicia-se estimó competente y consideró que la referida acción suscitaba cierto número de cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de las disposiciones de los Reglamentos comunitarios invocados, planteando al Tribunal de Justicia, en aplicación del artículo 177, las cuestiones sobre las que versa el caso de autos.
Pasando ahora al examen de dichas cuestiones, puede afirmarse, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia es ciertamente competente para conocer de las mismas, como ha recordado en la sentencia Politi. Por otra parte, el representante del Gobierno italiano no ha creído posible reiterar en su informe oral las objeciones que había formulado al respecto en sus observaciones escritas, cuando ignoraba todavía la sentencia Politi e incluso las conclusiones del Abogado General Sr. Dutheillet de Lamothe.
Las cuestiones planteadas suscitan fundamentalmente cinco problemas:
1)
¿Es el concepto de exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana en el sentido del artículo 12 del Reglamento no 14/64 y del artículo 20 del Reglamento no 805/68 idéntico al que se recoge en los artículos 9 y siguientes del Tratado?
2)
Tributos como la «tasa de estadística» y la «tasa de servicios administrativos», que fueron recaudadas durante determinado período en Italia, ¿deben considerarse exacciones de efecto equivalente a un derecho de aduana en el sentido que dan a esta expresión los Reglamentos n os 14/64 y 805/68?
3)
Las disposiciones de los referidos Reglamentos que prohiben la recaudación de exacciones de efecto equivalente, ¿son directamente aplicables y confieren a los particulares derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales deben tutelar?
4)
¿A partir de qué fecha producen tales efectos dichas disposiciones?
5)
Para terminar, la última cuestión plantea el problema de si debe reconocerse al Derecho comunitario (y, en caso afirmativo, de qué manera) primacía en caso de conflicto entre una norma comunitaria y una norma de Derecho interno, incluso cuando esta última sea posterior.
1.
Por lo que se refiere al primero de los problemas mencionados, mis explicaciones serán breves; me bastará referirme a la sentencia Politi, aplicando al caso de la carne de bovino lo que el Tribunal de Justicia declaró en aquella sentencia, pues resulta evidente que el hecho de que se trate de carne de bovino y no de carne de porcino no afecta para nada al fondo del asunto.
El Tribunal de Justicia ya respondió a la cuestión que se le plantea en el presente litigio cuando declaró en la sentencia Politi que el concepto de exacción de efecto equivalente tenía en todos los Reglamentos relativos a la organización común de mercados agrícolas el mismo alcance que en los artículos 9 y siguientes del Tratado (véase, también, la sentencia de 1 de julio de 1969, Comisión/Italia, 24/68, Rec. pp. 193 y ss., especialmente p. 195). Por consiguiente, ello rige también para el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no 14/64 y el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento no 805/68.
2.
Tributos como la «tasa de estadística» y la «tasa de servicios administrativos», recaudados en Italia, constituyen exacciones de efecto equivalente en el sentido que los Reglamentos agrícolas dan a esta expresión. El Tribunal de Justicia ya lo recordó en el considerando séptimo de su sentencia de 14 de diciembre de 1971, pero como no lo reiteró en el fallo de la sentencia Politi, creo que tampoco lo hará en el presente asunto.
3.
Por lo que se refiere al tercer problema, resulta indiscutible que las invocadas disposiciones de los Reglamentos por los que se establece la organización común de mercados, que prevén formalmente la supresión de las exacciones de efecto equivalente, tienen efecto directo y confieren a los particulares derechos cuya tutela deben garantizar los órganos jurisdiccionales nacionales. Por consiguiente, según el propio Tribunal de Justicia recordó en la sentencia Politi, el referido efecto directo se opone a la aplicación de cualquier medida legislativa incompatible con las disposiciones invocadas, aunque sea posterior.
4.
Es también relativamente sencillo el problema de determinar a partir de qué fecha conceden derechos a los particulares las invocadas disposiciones de los Reglamentos por los que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino.
Por lo que se refiere al Reglamento no 14/64, de las disposiciones del artículo 25 de dicho Reglamento en relación con las de los apartados 1 y 3 del artículo 1 del Reglamento no 82/64/CEE (DO 1964, 105, p. 1626), resulta que las prohibiciones que reitera el artículo 12 del primero de dichos Reglamentos produjeron sus efectos -con todas las consecuencias que ello implica-el 1 de noviembre de 1964: en efecto, aunque los Reglamentos que debían adoptarse en aplicación del Reglamento no 14/64 no fueron adoptados antes del 31 de julio de 1964 (de hecho, lo fueron el 30 de julio de 1964: se trata de los Reglamentos no 111/64/CEE, DO 1964, 130, p. 2174; no 112/64/CEE, DO 1964, 130, p. 2180, y no 114/64/CEE, DO 1964, 130, p. 2187), el elemento decisivo radicaría en que la fecha del 1 de noviembre de 1964 sustituyó a la del 31 de julio de 1964. Del mismo modo, por lo que se refiere al Reglamento no 805/68, del párrafo segundo del artículo 34 resulta que el régimen previsto en dicho Reglamento, y concretamente las prohibiciones que reiteran sus artículos 20 y 22, entraron en vigor el 29 de julio de 1968.
A este respecto, en la regulación aplicable a las importaciones de carne de bovino no ha habido ninguna solución de continuidad entre el 1 de noviembre de 1964 y el momento al que se remontan las operaciones objeto de controversia.
5.
El Presidente del tribunale di Torino desea saber, por último, si los derechos que para un particular se derivan de la obligación que establece la normativa comunitaria han existido sin solución de continuidad entre la fecha en la que dicha obligación entró en vigor y la fecha –distinta– en la que una ley nacional disponga expresamente la derogación de una ley anterior contraria a la normativa comunitaria.
La dificultad estriba, para dicho Magistrado, en que la «Ley italiana no 447, de 24 de junio de 1971», suprime las controvertidas exacciones tan sólo con una insuficiente retroactividad, por lo que no le parece compatible con la normativa comunitaria. Dicho Magistrado se encuentra, pues, ante un conflicto de deberes.
Por ello desearía saber cómo hacer efectivo el derecho de un particular a obtener la devolución de un tributo percibido ilegalmente, cuando su ley nacional excluye dicha devolución o la permite sólo parcialmente.
La Comisión considera que, para superar el referido dilema, el Juez nacional debería hacer un esfuerzo interpretativo que permitiese conciliar, en la medida de lo posible, las exigencias nacionales con las comunitarias; en primer lugar, debería intentar evitar un posible conflicto recurriendo al principio según el cual se presume que el legislador nacional ha pretendido cumplir sus compromisos internacionales.
Si semejante esfuerzo resultase imposible y si la ley posterior fuese manifiesta y formalmente incompatible con las disposiciones comunitarias, el Juez deberá, según la Comisión, abstenerse de aplicar al caso concreto la ley nacional, o, incluso, resolver contra legem o ultra legem.
Sin embargo, no creo que el Tribunal de Justicia pueda en su sentencia indicar al Juez remitente el método de interpretación que sugiere la Comisión y que es común, por lo demás, a todos los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.
No es la primera vez que al Tribunal de Justicia se le plantea semejante cuestión. Ya en el asunto 34/67 (Lück, Rec. 1968, pp. 359 y ss., especialmente p. 361), un Juez había preguntado al Tribunal de Justicia qué significación tenía el reconocimiento de la primacía de una disposición de Derecho comunitario, directamente aplicable, en relación con las normas de Derecho nacional que le resultaban contrarias. ¿Debía considerarse que estas normas eran nulas de pleno Derecho o, por el contrario, debía considerarse que eran total o parcialmente inaplicables al caso concreto?
El Tribunal de Justicia declaró en su sentencia de 4 de abril de 1968 que las disposiciones comunitarias, que tienen efecto directo, no limitan la facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes de recurrir, entre los diversos procedimientos del arsenal jurídico interno, a aquellos que resulten adecuados para proteger los derechos individuales conferidos por el Derecho comunitario.
En la sentencia de 19 de diciembre de 1968, Salgoil (13/68_↔ Rec. pp. 661 y ss, especialmente p. 664), el Tribunal de Justicia declaró que los órganos jurisdiccionales nacionales tenían la obligación de tutelar los derechos atribuidos a los particulares por las disposiciones comunitarias con efecto directo. Mi colega, el Abogado General Sr. Gand, había añadido, por su parte, que dicha obligación excluía toda discrecio-nalidad del Estado para oponerse al ejercicio de los referidos derechos.
Por último, en la sentencia de 15 de diciembre de 1971, International Fruit Company (asuntos acumulados 51/71 a 54/71 ↔), este Tribunal de Justicia declaró básicamente que la cuestión relativa a de qué manera podían los Estados miembros cumplir las obligaciones que les incumben a efectos de la aplicación del Derecho comunitario dependía únicamente del sistema constitucional de cada Estado.
Por esta razón creo que el Tribunal de Justicia podría limitarse, en el marco del presente asunto, a recordar que el Juez debe aplicar, no el Derecho nacional contrario al Tratado, sino el Derecho comunitario, habida cuenta de que éste prevalece sobre el Derecho nacional (sentencias de 15 de julio de 1964, Costa, 6/64_↔ Rec. p. 1141; de 13 de febrero de 1969, Walt Wilheim y otros, 14/68_↔ Rec. pp. 1 y ss, especialmente p. 3).
Por consiguiente, el Juez deberá encontrar en los principios de su ordenamiento jurídico nacional los elementos que le permitan dar pleno efecto a la norma comunitaria; se encuentra ante una obligación de resultado, que no impone un medio concreto para alcanzarlo.
En mis conclusiones, pues, sugiero al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones planteadas por el Presidente del tribunale di Torino:
1)
El concepto de exacción de efecto equivalente en el sentido de los apartados 1 y 2 del artículo 12 del Reglamento no 14/64, y el apartado 2 del artículo 20 del Reglamento no 805/68 es idéntico al que se recoge en los artículos 9 y siguientes del Tratado.
2)
Los apartados 1 y 2 del artículo 12 del Reglamento no 14/64, el apartado 2 del artículo 20 y el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento no 805/68 tienen efecto directo y confieren a los particulares derechos que los órganos jurisdiccionales deben tutelar.
3)
Por lo que respecta a las importaciones anteriores al 29 de julio de 1968, los mencionados derechos nacieron el 1 de noviembre de 1964; por lo que respecta a las importaciones llevadas a cabo después del 29 de julio de 1968, dichos derechos nacieron el 29 de julio de 1968.
4)
Los conflictos que surjan entre la norma comunitaria y las normas nacionales deberán resolverse aplicando el principio de la primacía del Derecho comunitario.
(
*1
)	Lengua original: alemán.