Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 16 de abril de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula — Nulidad del contrato de crédito — Acciones de devolución — Plazo de prescripción de la acción del profesional — Interrupción del plazo de prescripción — Principio de efectividad — Principio de seguridad jurídica — Principio de proporcionalidad — Derecho de acceso a los tribunales — Enriquecimiento sin causa »
En el asunto C‑752/24 [Jangielak], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 30 de octubre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el mismo día, en el procedimiento entre
mBank S.A.
y
KŁ,
JŁ,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. M. Condinanzi, Presidente de Sala, y la Sra. R. Frendo (Ponente) y el Sr. A. Kornezov, Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de mBank S.A., por la Sra. A. Cudna-Wagner, radca prawny, y por el Sr. B. Miąskiewicz, adwokat;
–        en nombre de KŁ y JŁ, por los Sres. I. Gabrysiak y J. Kmieć, adwokaci;
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–        en nombre del Gobierno portugués, por las Sras. A. Pimenta y A. Rodrigues, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Kienapfel y la Sra. B. Sasinowska, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), así como de los principios de efectividad, proporcionalidad, seguridad jurídica y acceso a los tribunales.
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre mBank, S. A., una entidad bancaria, y KŁ y JŁ, dos consumidores, en relación con una reclamación de crédito derivada de la invalidez de un contrato de préstamo hipotecario a causa de las cláusulas abusivas que figuran en él.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
4        Con arreglo al artículo 7, apartado 1, de esta Directiva:
«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
Derecho polaco
5        El artículo 58, apartado 1, de la ustawa — Kodeks cywilny (Ley por la que se aprueba el Código Civil), de 23 de abril de 1964 (Dz. U. de 2024, posición 1061), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil») establece:
«Serán nulos y sin valor ni efecto alguno los actos jurídicos contrarios a la ley o que tengan por objeto eludir la ley, a menos que una disposición pertinente disponga otra cosa, en particular, que establezca que las disposiciones inválidas del acto jurídico sean sustituidas por las disposiciones pertinentes de la ley.»
6        El artículo 118 de ese Código dispone:
«A menos que una norma especial disponga otra cosa, el plazo de prescripción será de seis años; para las acciones relativas a prestaciones periódicas y para las acciones relativas al ejercicio de una actividad económica, el plazo de prescripción será de tres años. No obstante, el final del plazo de prescripción será el último día del año natural, salvo que el plazo de prescripción sea inferior a dos años.»
7        El artículo 123, apartado 1, punto 1, de dicho Código preceptúa:
«El cómputo de la prescripción se interrumpirá:
1)      con toda acción ante un órgano jurisdiccional u otro órgano creado para examinar litigios o ejecutar acciones de una determinada naturaleza o ante un tribunal arbitral, emprendida para reclamar, declarar, satisfacer o garantizar un crédito».
8        En virtud del artículo 124, apartados 1 y 2, del mismo Código:
«1.      Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio.
2.      En caso de interrupción de la prescripción por un acto realizado ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad designada para examinar litigios o ejecutar acciones de determinado tipo o ante un tribunal arbitral, la prescripción no volverá a correr nuevamente hasta que finalice dicho procedimiento.»
9        El artículo 3851, apartados 1 y 2, del Código Civil disponen:
«1.      Las cláusulas de un contrato celebrado con consumidores que no se hayan negociado individualmente no vincularán al consumidor cuando establezcan sus derechos y obligaciones de forma contraria a las buenas costumbres y atenten manifiestamente contra sus intereses (cláusulas ilícitas). Esta disposición no afectará a las cláusulas que definen las obligaciones principales de las partes, entre ellas el precio o la retribución, cuando hayan sido formuladas de forma inequívoca.
2.      Cuando una cláusula contractual no vincule al consumidor con arreglo al apartado 1, las demás disposiciones del contrato seguirán siendo obligatorias para las partes.»
10      El artículo 405 de ese Código establece:
«Quien sin fundamento jurídico haya obtenido un beneficio patrimonial a expensas de otra persona deberá restituir el beneficio en especie y, cuando no fuera posible, devolver su valor.»
11      A tenor del artículo 410, apartados 1 y 2, del referido Código:
«1.      Las disposiciones de los artículos anteriores resultarán de aplicación en particular a las prestaciones indebidas.
2.      Una prestación es indebida cuando quien la haya realizado no estuviera obligado en absoluto a realizarla o no estuviera obligado a realizarla respecto de la persona beneficiaria de la prestación, cuando el fundamento de la prestación haya decaído o no se haya alcanzado el fin pretendido con ella o cuando el negocio jurídico que obliga a la prestación sea nulo y dicha nulidad no haya sido subsanada posteriormente.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
12      En septiembre de 2008, KŁ y JŁ celebraron con mBank un contrato de préstamo indexado al franco suizo (CHF), en virtud del cual este último les abonó un importe de 226 000 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 53 000 euros).
13      Al considerar que dicho contrato contenía cláusulas abusivas, ambos consumidores solicitaron la anulación del contrato de préstamo en el marco de una acción colectiva ejercitada ante el Sąd Okręgowy w Łodz (Tribunal Regional de Łodz, Polonia), mediante escrito procesal notificado a mBank el 28 de septiembre de 2017. El auto de 13 de marzo de 2018 del Sąd Okręgowy w Łodz (Tribunal Regional de Łodz) estableció la composición del grupo al que se habían unido KŁ y JŁ.
14      El 13 de diciembre de 2021, mBank ejercitó una acción contra KŁ y JŁ ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente. mBank solicita que, en caso de que se declare la invalidez del contrato de préstamo al término de la acción colectiva, se condene a los consumidores a devolverle, sobre la base del artículo 405 del Código Civil, en relación con el artículo 410, apartado 1, del mismo, el capital del crédito prestado, más los intereses de demora al tipo legal.
15      KŁ y JŁ solicitan que se desestime esta demanda alegando, en particular, la prescripción del crédito de mBank. Subrayan que este solicita que se les condene al pago de aquel crédito en el supuesto de que el contrato de crédito sea declarado inválido en el marco de la acción colectiva, y que, por lo tanto, no invoca directamente su crédito ante el órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Por lo tanto, a su juicio, la presentación de la demanda de mBank no interrumpe el plazo de prescripción de su crédito en el sentido del artículo 123, apartado 1, del Código Civil.
16      El órgano jurisdiccional remitente observa que la existencia del crédito de mBank, en sí misma, no suscita duda alguna, pero que, para resolver el litigio principal es preciso determinar si el plazo de prescripción de dicho crédito quedó efectivamente interrumpido por la presentación de la acción de devolución de mBank.
17      A este respecto, el mismo órgano jurisdiccional explica que, según la jurisprudencia del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), el plazo trienal de prescripción del crédito del profesional comienza a correr en la fecha en que el consumidor impugnó por primera vez ante él el carácter vinculante de las cláusulas contractuales. En el caso de autos, se trata de la fecha en la que el Sąd Okręgowy w Łodzi (Tribunal Regional de Lodz) dictó el auto sobre la determinación de la composición del grupo en la acción colectiva contra mBank, a saber, el 13 de marzo de 2018.
18      Así pues, si la interposición de la acción de devolución de mBank, el 13 de diciembre de 2021, pudiera considerarse una causa de interrupción de la prescripción, en el sentido del artículo 123, apartado 1, punto 1, del Código Civil, el crédito de mBank no habría prescrito, en el sentido del artículo 118 del Código Civil. En cambio, si la interposición de dicha demanda no interrumpió válidamente el plazo de prescripción, como alegan KŁ y JŁ, el crédito de mBank estaría prescrito.
19      El órgano jurisdiccional remitente subraya que, en el marco de la acción colectiva, mBank alega que el contrato de préstamo en cuestión no contiene cláusulas abusivas, de modo que, a juicio de este último, debe desestimarse la acción dirigida a que se declare su invalidez. Sin embargo, en el litigio principal, mBank solicita que se condene a los consumidores a devolver el capital del crédito prestado, más los intereses de demora, en caso de que se declare la invalidez de dicho contrato, sabiendo que esta cuestión se resolverá en el marco de la acción colectiva en la que son parte tales consumidores.
20      En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a que la interposición de la acción de devolución del banco interrumpa el plazo de prescripción del crédito de este.
21      Señala que, por un lado, esta acción da lugar a una situación incierta para el consumidor, que se ve obligado a defenderse frente a ella, al tiempo que tiene interés en conformarse y reembolsar sin demora el capital del crédito abonado, para evitar la condena en costas y al pago de los intereses en caso de desestimación de la solicitud de anulación del contrato de crédito en el marco de la acción colectiva.
22      Por otro lado, dicho órgano jurisdiccional considera que el comportamiento de mBank está justificado por la necesidad de interrumpir el plazo de prescripción de su crédito antes de que concluya la acción colectiva, dado que tal plazo comenzó a correr el 13 de marzo de 2018. Ese profesional no puede verse privado de la posibilidad de hacer valer efectivamente su crédito y, con ello, de su derecho de acceso a los tribunales. Según el mismo órgano jurisdiccional, una restricción tan importante de los derechos procesales de dicho profesional podría ir más allá del objetivo de la protección del consumidor y vulnerar, por ello, el principio de proporcionalidad.
23      Además, el principio de seguridad jurídica exige una interpretación uniforme del artículo 123, apartado 1, punto 1, del Código Civil en cualquier circunstancia, en el sentido de que la presentación de una solicitud de ejecución de una prestación interrumpe, en todo caso, el plazo de prescripción.
24      En esas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva [93/93], así como los principios de efectividad, proporcionalidad, seguridad jurídica y derecho a la tutela judicial efectiva, en el sentido de que se oponen a una interpretación judicial de las disposiciones nacionales con arreglo a la cual la prescripción de la acción del profesional contra un consumidor, para reclamar la devolución de las prestaciones indebidas, satisfechas en virtud de un contrato que haya devenido nulo por incluir cláusulas abusivas, se interrumpe por la presentación de una demanda en reclamación de cantidad por un banco, que se haya presentado antes de que finalice, mediante resolución firme, un procedimiento iniciado anteriormente por un consumidor para que se declare la nulidad del contrato de crédito?»
Sobre la cuestión prejudicial
Sobre la admisibilidad
25      KŁ y JŁ y el Gobierno polaco alegan que, al contrario de lo que se indica en la resolución de remisión, según la jurisprudencia nacional, el plazo de prescripción del crédito de mBank comenzó a correr en la fecha en que se le notificó la solicitud de anulación del contrato de préstamo en el marco de la acción colectiva, a saber, el 28 de septiembre de 2017. Por consiguiente, según ellos, el crédito objeto del litigio principal ya estaba prescrito en el momento de la presentación de la acción de devolución de dicho banco, de modo que la cuestión prejudicial planteada es hipotética y, por tanto, inadmisible.
26      A este respecto, basta recordar que, según reiterada jurisprudencia, incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco del reparto de competencias entre este y los órganos jurisdiccionales nacionales, tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en que se insertan las cuestiones prejudiciales, tal como lo define la resolución de remisión, de modo que el examen de una remisión prejudicial no puede efectuarse a la luz de la interpretación del Derecho nacional invocada por el Gobierno de un Estado miembro o por una parte en el litigio principal (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, apartado 53 y jurisprudencia citada).
27      Pues bien, en el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que el órgano jurisdiccional remitente considera que, con arreglo a las normas nacionales, el plazo de prescripción del crédito de mBank empezó a correr a partir de la fecha en la que se dictó, en el marco de la acción colectiva, el auto por el que se estableció la composición del grupo al que se adhirieron KŁ y JŁ, a saber, el 13 de marzo de 2018, y que, por lo tanto, el crédito de mBank aún no estaba prescrito en la fecha en la que este presentó su acción de devolución, a saber, el 13 de diciembre de 2021.
28      En estas circunstancias, la cuestión planteada no es hipotética y, por lo tanto, es admisible.
Sobre el fondo
29      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el principio de efectividad, habida cuenta del derecho de acceso a los tribunales y de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una interpretación jurisprudencial de una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual la interposición por un profesional de una acción de devolución de las prestaciones efectuadas en el marco de un contrato de crédito que es objeto de un procedimiento distinto iniciado por el consumidor para obtener la anulación de ese contrato debido a las cláusulas abusivas que en él figuran interrumpe el plazo de prescripción del crédito de ese profesional, antes de la conclusión definitiva de este último procedimiento.
30      Dicho órgano jurisdiccional indica que, por una parte, el plazo trienal de prescripción del derecho de mBank a invocar los efectos devolutivos de la anulación del contrato de préstamo expiró, a raíz de la inercia de mBank, antes de que se dictara la resolución sobre la solicitud de anulación de ese contrato presentada por los consumidores. Por otra parte, la interposición de la acción de devolución de mBank obliga a los consumidores a defenderse, a pesar de que mBank, en el marco de aquel procedimiento de anulación, que sigue en curso, afirme que el contrato es válido.
31      En cuanto a ello, debe recordarse, primero, que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 impone a los Estados miembros la obligación de velar por que, en sus ordenamientos jurídicos nacionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
32      Además, según una jurisprudencia pacífica, procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva [sentencia de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato), C‑520/21, EU:C:2023:478, apartado 65 y jurisprudencia citada]. Lo mismo sucede cuando el carácter abusivo de una o varias cláusulas de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional conlleva no solo la nulidad de esas cláusulas, sino también la invalidez de la totalidad del contrato [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato), C‑520/21, EU:C:2023:478, apartado 66 y jurisprudencia citada].
33      Este objetivo de restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido una o varias cláusulas abusivas debe perseguirse respetando el principio de proporcionalidad, principio general del Derecho de la Unión que exige que la normativa nacional que aplique ese Derecho no vaya más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido (sentencia de 23 de noviembre de 2023, Provident Polska, C‑321/22, EU:C:2023:911, apartado 85 y jurisprudencia citada).
34      Pues bien, este principio de proporcionalidad se vería vulnerado si la restitutio in integrum debiera excluirse con respecto al profesional. Así pues, la obligación de devolución derivada de la anulación de un contrato de préstamo que contenga cláusulas abusivas debe ser recíproca, sin que, no obstante, el banco pueda reclamar al consumidor una compensación que exceda la devolución del capital abonado en cumplimiento de dicho contrato y del pago de los intereses de demora al tipo legal desde el requerimiento [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2023, mBank (Declaración del consumidor), C‑140/22, EU:C:2023:965, apartado 62 y jurisprudencia citada].
35      Por otra parte, el efecto devolutivo vinculado a la anulación de un contrato de préstamo que incluye cláusulas abusivas, que justifica también la acción de devolución de la entidad bancaria, permite asegurar que la protección de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico de la Unión no produzca un enriquecimiento sin causa del consumidor (véase, por analogía, la sentencia de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros, C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, apartado 94).
36      Por último, es preciso recordar que, según la jurisprudencia, el principio de igualdad de armas, que es un corolario del concepto mismo de proceso justo y que tiene como finalidad asegurar el equilibrio entre las partes del proceso, implica la obligación de ofrecer a cada parte una oportunidad razonable de presentar su causa en condiciones que no la coloquen en una situación de clara desventaja con respecto a la parte contraria (sentencia de 28 de julio de 2016, Ordre des barreaux francophones et germanophone y otros, C‑543/14, EU:C:2016:605, apartado 40 y jurisprudencia citada), incluso, en este caso, mediante la interposición de una acción de devolución por el profesional, distinta de un procedimiento paralelo relativo a la anulación de un contrato de préstamo que incluye cláusulas abusivas, que tiene por objeto interrumpir la prescripción de su crédito.
37      En efecto, la interposición de tal acción no solo no menoscaba, en principio, el ejercicio, por parte de los consumidores, de su derecho a la devolución de las ventajas obtenidas indebidamente por ese profesional sobre la base de cláusulas abusivas, sino que también contribuye al restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se habrían encontrado esos consumidores de no haber existido tales cláusulas.
38      Por otra parte, por lo que se refiere al principio de seguridad jurídica, al que también alude el órgano jurisdiccional remitente, de jurisprudencia reiterada se desprende que este principio tiene por objeto garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas (sentencia de 16 de octubre de 2019, Agrárminiszter, C‑490/18, EU:C:2019:863, apartado 35 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, este principio no se opone a una norma de Derecho nacional como el artículo 123, apartado 1, punto 1, del Código Civil, según la cual la interposición de una solicitud de ejecución de una prestación interrumpe, en cualquier circunstancia, el plazo de prescripción del derecho a esa prestación.
39      Dicho esto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en el supuesto de que la interrupción del plazo de prescripción del crédito del profesional se produzca mediante la interposición por este de una acción distinta de devolución antes de la conclusión definitiva del procedimiento que tiene por objeto la solicitud de anulación previamente presentada por los consumidores ante otro órgano jurisdiccional, estos se verían obligados a presentar un escrito de contestación y, en caso de ver desestimadas sus pretensiones, a pagar los intereses de demora y las costas en el marco del procedimiento incoado por dicho profesional.
40      En cuanto al plazo de prescripción aplicable a la acción de devolución del profesional procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, a falta de normativa específica de la Unión en la materia, la determinación de las condiciones en las que se preste la protección de los consumidores prevista en la Directiva 93/13 corresponde al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de estos últimos. No obstante, estas condiciones no deben ser menos favorables que las aplicables a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no deben hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) [sentencia de 14 de diciembre de 2023, Getin Noble Bank (Plazo de prescripción de las acciones de restitución), C‑28/22, EU:C:2023:992, apartado 60 y jurisprudencia citada].
41      En cuanto a ello, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una regulación procesal que entrañe costes demasiado elevados para el consumidor podría disuadirle de intervenir de forma útil en la defensa de sus derechos ante el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda presentada por el profesional (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2022, Caixabank, C‑385/20, EU:C:2022:278, apartado 54).
42      Así pues, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente aplicar, en la medida de lo posible, el Derecho nacional, incluidas las normas procesales que permitan, en su caso, la suspensión del procedimiento relativo a la acción de devolución del profesional, a la espera de la resolución definitiva del procedimiento sobre la solicitud de anulación del contrato de préstamo interpuesta con carácter previo por los consumidores, de modo que las consecuencias que, según ese Derecho, se derivan de la interrupción por mBank de la prescripción de su crédito antes de la anulación del contrato de préstamo a causa de las cláusulas abusivas que figuran en él no menoscaben el objetivo de la Directiva 93/13 de garantizar un elevado nivel de protección del consumidor. Dicho órgano jurisdiccional debe velar, además, por que los gastos ocasionados por la acción de devolución ejercitada por el banco antes de la anulación del contrato, que correrán a cargo de los consumidores si sus pretensiones se ven desestimadas en el marco de tal acción, no sean desproporcionadamente elevados, de modo que puedan disuadir a los consumidores de hacer valer los derechos que les confiere la Directiva.
43      En cuanto al hecho, resaltado por el órgano jurisdiccional remitente, de que el consumidor se vería obligado a presentar un escrito de contestación en el procedimiento relativo a la acción de devolución interpuesta por el profesional, procede señalar que este mero hecho, que, por otra parte, tiene por objeto garantizar el principio de contradicción, no puede hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere al consumidor.
44      A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el principio de efectividad, habida cuenta del derecho de acceso a los tribunales y de los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, a una interpretación jurisprudencial de una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual la interposición por un profesional de una acción de devolución de las prestaciones efectuadas en el marco de un contrato de crédito que es objeto de un procedimiento distinto iniciado por el consumidor para obtener la anulación de ese contrato debido al carácter abusivo de cláusulas que en él figuran interrumpe el plazo de prescripción del crédito de dicho profesional, antes de la conclusión definitiva de este último procedimiento, siempre que el juez nacional adopte, teniendo en cuenta la totalidad del Derecho interno, todas las medidas necesarias para garantizar que no se haga excesivamente difícil o imposible el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere al consumidor.
Costas
45      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y el principio de efectividad, teniendo en cuenta el derecho de acceso a los tribunales y los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen, en principio, a una interpretación jurisprudencial de una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual la interposición por un profesional de una acción de devolución de las prestaciones efectuadas en el marco de un contrato de crédito que es objeto de un procedimiento distinto iniciado por el consumidor para obtener la anulación de ese contrato debido al carácter abusivo de cláusulas que en él figuran interrumpe el plazo de prescripción del crédito de dicho profesional, antes de la conclusión definitiva de este último procedimiento, siempre que el juez nacional adopte, teniendo en cuenta la totalidad del Derecho interno, todas las medidas necesarias para garantizar que no se haga excesivamente difícil o imposible el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere al consumidor.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: polaco.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.