AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
de 17 de marzo de 2026 (*)
« Recurso de anulación — Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Reglamento (UE) n.º 575/2013 — Deducibilidad de activos por impuestos diferidos — Acto recurrible »
En el asunto T‑610/24,
Banco Santander, S. A., con domicilio social en Santander (Cantabria), representada por el Sr. J. M. Rodríguez Cárcamo, la Sra. C. García Vega y el Sr. G. Fernández-Bravo Bernaldo de Quirós, abogados,
parte demandante,
contra
Banco Central Europeo (BCE), representado por la Sra. E. Yoo, el Sr. M. Prokop y la Sra. E. Martínez de Bustos, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),
integrado por la Sra. N. Półtorak, Presidenta, y la Sra. G. Steinfatt (Ponente) y el Sr. I. Dimitrakopoulos, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:
–        la excepción de inadmisibilidad propuesta por el BCE mediante escrito separado, presentada en la Secretaría del Tribunal General el 10 de febrero de 2025, y las observaciones de la demandante sobre la excepción de inadmisibilidad, presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 13 de marzo de 2025;
–        la diligencia de ordenación del procedimiento de 28 de julio de 2025 y las respuestas de la demandante y del BCE, presentadas en la Secretaría del Tribunal General los días 5 y 8 de septiembre de 2025, respectivamente;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Banco Santander, S. A., solicita la anulación de una comunicación transmitida mediante correo electrónico de 16 de octubre de 2024 (en lo sucesivo, «acto impugnado») por el equipo conjunto de supervisión (en lo sucesivo, «ECS»), sobre el tratamiento prudencial de los activos por impuestos diferidos (en lo sucesivo, «AID») originados en Banco Santander (Brasil), S. A. (en lo sucesivo, «filial brasileña»), e incorporados a la demandante en base consolidada.
Antecedentes del litigio y marco jurídico
2        La demandante es uno de los mayores bancos europeos. Habida cuenta del volumen total de sus activos, fue incluida en la lista de entidades significativas supervisadas directamente por el BCE, publicada por este el 4 de septiembre de 2014 y actualizada, en su versión aplicable al litigio, el 1 de julio de 2024.
3        El Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al BCE tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63; en lo sucesivo, «Reglamento del MUS»), encarga al BCE funciones específicas en lo que respecta a las medidas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, con objeto de contribuir a la seguridad y la solidez de estas entidades y a la estabilidad del sistema financiero dentro de la Unión Europea y en cada uno de los Estados miembros (artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento).
4        Con vistas a la aplicación de los procedimientos de supervisión de las entidades significativas, el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 468/2014 del BCE, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el BCE y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (DO 2014, L 141, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Marco del MUS»), dispone que se establecerá un ECS para supervisar cada entidad supervisada significativa o grupo supervisado significativo de los Estados miembros participantes. Cada ECS estará integrado por personal del BCE y de las autoridades nacionales competentes. Llevará a cabo su labor bajo la coordinación de un empleado del BCE designado a tal fin y uno o más subcoordinadores de las autoridades nacionales competentes. Un ECS está específicamente encargado de supervisar a la demandante.
5        Con arreglo al Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1; en lo sucesivo, «RRC»), la demandante debe cumplir determinados requisitos de fondos propios en función de su situación consolidada.
6        Entre los elementos relevantes para la constitución de los fondos propios figuran los AID. Con arreglo al artículo 36, apartado 1, letra c), del RRC, las entidades deducirán del capital de nivel 1 ordinario (en lo sucesivo, «elementos de CET 1») los AID que dependen de rendimientos futuros. El importe de los AID que deba deducirse se determinará con arreglo al artículo 38 del RRC. Según el artículo 39, apartado 2, del RRC, los AID que no dependen de rendimientos futuros se limitarán a los activos por impuestos diferidos que fueran creados antes del 23 de noviembre de 2016 y que se deriven de diferencias temporarias, cuando se cumplan las condiciones establecidas en el citado apartado. En ese caso, las entidades aplicarán una ponderación de riesgo del 100 % a los AID (artículo 39, apartado 2, párrafo segundo, del RRC).
7        La filial brasileña de la demandante contabilizó en su balance determinados AID aplicándoles una ponderación de riesgo del 100 %, debido a que, conforme al Derecho brasileño, los AID en cuestión no dependían de rendimientos futuros y estaban garantizados por la Administración central de Brasil. En efecto, según la demandante, en caso de que la filial brasileña experimentase pérdidas fiscales o en caso de insolvencia o liquidación de la entidad, los AID serían sustituidos automáticamente por créditos reclamables a la Administración central de dicho Estado, es decir, que eran monetizables.
8        Durante el mes de abril de 2024, en el marco de las reuniones periódicas sobre capital que el ECS encargado de la demandante mantiene con esta última, se planteó la cuestión del tratamiento prudencial correcto de los AID de la filial brasileña. A raíz de estas conversaciones, el 9 de abril de 2024, la demandante envió un correo electrónico al BCE al que se adjuntaba una presentación para explicar, en particular, las razones por las que consideraba que dichos AID no debían deducirse de los elementos de CET 1 y que debía aplicarse a esos activos una ponderación de riesgo del 100 %. Este correo electrónico contenía también tres informes jurídicos realizados por despachos de abogados a petición de la demandante, que analizaban la cuestión apoyándose en el Derecho brasileño y en el Derecho de la Unión.
9        El 16 de octubre de 2024, el ECS encargado de la demandante envió a esta el acto impugnado. En dicho acto, en primer lugar, el ECS comunicaba la opinión del BCE según la cual los AID creados por la filial brasileña no cumplían las condiciones establecidas en el artículo 39, apartado 2, del RRC y, por tanto, debían deducirse de los elementos de CET 1 con arreglo a los artículos 36, apartado 1, letra c), 38 y 48 del RRC y, en segundo lugar, el personal de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), aunque con un razonamiento ligeramente distinto, llegaba a la misma conclusión.
Pretensiones de las partes
10      La demandante solicita al Tribunal General que:
–        Anule el acto impugnado.
–        Condene en costas al BCE.
11      En su excepción de inadmisibilidad, el BCE solicita al Tribunal General que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso.
–        Condene en costas a la demandante.
12      En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, la demandante solicita al Tribunal General que desestime la excepción de inadmisibilidad, acordando que prosigan las fases escrita y oral del procedimiento.
Fundamentos de Derecho
13      A tenor del artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte demandada podrá solicitar que el Tribunal General decida sobre la inadmisión sin entrar en el fondo del asunto. Con arreglo al artículo 130, apartado 6, de dicho Reglamento, el Tribunal General podrá decidir abrir la fase oral del procedimiento sobre la excepción de inadmisibilidad. Según el artículo 130, apartado 7, de este Reglamento, el Tribunal General decidirá con la mayor rapidez posible sobre dicha demanda o, si existen circunstancias especiales que lo justifiquen, unirá su examen al examen del fondo.
14      En el caso de autos, el Tribunal General estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente y decide resolver sin abrir la fase oral del procedimiento.
15      El BCE basa su excepción de inadmisibilidad en la inexistencia de un acto impugnable en el sentido del artículo 263 TFUE.
16      Según el BCE, en primer lugar, el acto impugnado no obliga a la demandante y no afecta a los intereses de esta por modificar sustancialmente su situación jurídica.
17      En efecto, para el BCE, las obligaciones de la demandante relacionadas con los requisitos de fondos propios se derivan directamente de los artículos 36, apartado 1, letra c), 38 y 39 del RRC, directamente aplicables a la demandante (obligaciones del pilar 1). El acto impugnado no constituye ni una decisión adoptada por el BCE con arreglo al artículo 16, apartado 1, letra b), o al artículo 16, apartado 2, del Reglamento del MUS a raíz de una solicitud de la demandante, en el sentido de los artículos 26, apartado 1, letra a), y 28, apartado 1, del Reglamento Marco del MUS (medidas del pilar 2), ni una sanción, en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento del MUS. Solo proporciona una opinión interpretativa y no vinculante del personal del BCE y de la ABE, que no impone ninguna medida a la parte demandante, quien puede aún optar por seguir su propia interpretación. Si la parte demandante no se hubiera atenido voluntariamente a la interpretación propuesta en el acto impugnado, el ECS habría podido, en principio, proponer a los órganos rectores del BCE que adoptasen una decisión con arreglo al artículo 16 del Reglamento del MUS. Podría también haber remitido el supuesto incumplimiento del artículo 36, apartado 1, letra c), del RRC a la unidad de investigación, de conformidad con el artículo 124, letra a), del Reglamento Marco del MUS. Sin embargo, el inicio de un procedimiento sancionador como el descrito en el artículo 124 del Reglamento Marco del MUS no exige como requisito previo que el BCE proporcione una interpretación vinculante de los artículos 36, apartado 1, letra c), 38 y 39 del RRC, que son directamente aplicables a la demandante. El contexto y la estructura del artículo 18 del Reglamento del MUS corroboran la conclusión anterior.
18      El BCE arguye, en segundo lugar, que, a la vista de su contenido y del hecho de que fue enviado en el marco del diálogo supervisor informal descrito en el apartado 1.2.2 del Manual de supervisión, publicado por el BCE en enero de 2024 (en lo sucesivo, «Manual de supervisión»), el acto impugnado no constituye una decisión adoptada por el BCE en el ejercicio de sus facultades. No fija definitivamente la posición del BCE al término de un procedimiento administrativo ni le vincula en cuanto a la posición que deba adoptarse en el futuro.
19      Añade el BCE que, en efecto, el acto impugnado no era más que un mensaje informativo enviado por el ECS en el marco de un diálogo supervisor informal con el fin de comunicar a la parte demandante la opinión de los expertos del BCE y de la ABE, y no una decisión tomada en el ejercicio de las facultades del BCE y que pusiera fin a un procedimiento administrativo. Así se desprende tanto de su tenor como de su lenguaje impersonal y descriptivo, que no impone a la demandante ninguna obligación ni ningún plazo para su aplicación, sino que únicamente ofrece la opinión del personal del BCE sobre el tratamiento de los AID. Es necesario un diálogo supervisor informal y no vinculante en forma de una interacción continua y menos formal para llevar a cabo una supervisión eficaz y consistente.
20      Por otra parte, las normas de deducción en cuestión de los artículos 36, apartado 1, letra c), 38 y 39 del RRC no prevén la concesión por el BCE de ninguna autorización, permiso, excepción o exención. Pues bien, si ninguna de las facultades del BCE le permite conceder a la demandante una autorización, un permiso, una excepción o una exención en relación con la aplicación de los artículos 36, apartado 1, letra c), 38 y 39 del RRC, de ello se deduce que el acto impugnado no podía poner fin a un procedimiento de supervisión.
21      Según el BCE, el carácter no vinculante y puramente informativo del acto impugnado se desprende, además, del hecho de que, en primer lugar, el ECS del que emanaba el acto impugnado no está facultado para fijar definitivamente la posición del BCE y, en segundo lugar, no se respetaran ni el procedimiento debido para adoptar decisiones en el marco de un procedimiento de supervisión ni los requisitos formales de las decisiones del BCE que deben cumplirse siempre. El acto impugnado no vincula a los órganos rectores del BCE en lo que respecta a la posición que deba adoptarse en un futuro procedimiento de supervisión. Solo una decisión formal es impugnable en el sentido del artículo 263 TFUE. En cambio, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») no establece un derecho a obtener, previa solicitud, interpretaciones vinculantes de las normas jurídicas directamente aplicables ni el derecho a obtener una decisión preventiva y revisable. No exime a agentes profesionales como la parte demandante de su responsabilidad del cumplimiento de las normas jurídicas que les son directamente aplicables.
22      En tercer lugar, el acto impugnado no es más que un acto operativo carente de fuerza vinculante, como se explica en el apartado 1.3.2 del Manual de supervisión. De esta manera, una eventual decisión de supervisión posterior con el mismo o similar contenido no habría sido una decisión confirmatoria de una decisión anterior. En el marco de un eventual procedimiento sancionador iniciado con arreglo al artículo 18, apartado 1, del Reglamento del MUS, una unidad de investigación independiente examina individualmente el presunto incumplimiento y la gravedad de la conducta indebida y puede tener en cuenta la existencia del acto impugnado.
23      La demandante defiende que el recurso es admisible.
24      Según la demandante, en primer lugar, el acto impugnado es una decisión definitiva adoptada por el BCE sobre la base del artículo 16, apartado 2, letra d), del Reglamento del MUS, que contiene una determinación de los hechos, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento Marco del MUS, y comunicada por el ECS electrónicamente, medio de notificación previsto en el artículo 35, apartado 1, letra f), de este último Reglamento. Se adoptó de manera autónoma respecto de los intercambios informales y a raíz de un procedimiento administrativo específico, iniciado a petición de la demandante, como prevén los artículos 28 y 95 del Reglamento Marco del MUS, respetando determinadas fases y tras consultar a los equipos horizontales del BCE y dialogar con el personal de la ABE. La circunstancia de que los órganos rectores del BCE no intervinieran en la adopción del acto impugnado no priva a este de su carácter vinculante.
25      En segundo lugar, la demandante sostiene que el acto impugnado le impone una medida que no resulta directamente del RRC y que, por tanto, puede calificarse de medida del pilar 2. Por su formulación y su contenido, produce efectos obligatorios. Su parte sustancial consiste en una determinada interpretación del artículo 39, apartado 2, del RRC, a saber, la opinión del BCE según la cual los AID están sujetos a deducción de los elementos de CET 1. Esta interpretación sirvió al BCE como punto de partida para exigir al mismo tiempo a la demandante un determinado tratamiento de dichos AID. Cualquier posible decisión vinculante adoptada posteriormente por el BCE, ya fuera en el marco del proceso de revisión y evaluación supervisora o en forma de decisión sancionadora, no sería más que una decisión confirmatoria de esa decisión anterior y, por tanto, no podría ser impugnada. Además, en caso de incumplimiento de esta exigencia, la eventual infracción se considera intencionada en caso de adopción de una sanción, lo que permite imponer sanciones más graves. A este respecto, del artículo 47 de la Carta se desprende que no puede exigirse a los particulares que infrinjan la ley para poder acceder a la justicia ni que, por tanto, se expongan a sanciones por comportamientos infractores intencionados. Así, una interpretación del Reglamento Marco del MUS en el sentido de que solo las decisiones sancionadoras son susceptibles de recurso sería difícilmente conciliable con el derecho a la tutela judicial efectiva porque implicaría que, para que las entidades pudiesen defender la interpretación del RRC que, a su juicio, es correcta, tendrían necesariamente que «provocar» que se dictase un acto recurrible mediante una infracción de dicha normativa.
26      En tercer lugar, la demandante alega que, en las conversaciones que tuvieron lugar a raíz del acto impugnado, los representantes del BCE que formaban parte del ECS le comunicaron verbalmente en varias ocasiones que el criterio que contenía dicho acto era definitivo, que resultaba directamente de la normativa aplicable y que, de no aplicar a los AID el tratamiento exigido por el acto impugnado, el BCE podría iniciar un procedimiento sancionador contra la demandante. Tras la notificación del acto impugnado, el BCE, mediante correos electrónicos de los días 10 y 19 de diciembre de 2024, realizó un seguimiento de la situación para verificar si la demandante había dado un debido cumplimiento a la decisión contenida en el acto impugnado.
27      A este respecto, según reiterada jurisprudencia, en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, una persona física o jurídica solo puede interponer recurso contra los actos que produzcan efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a sus intereses, modificando sustancialmente su situación jurídica (véase la sentencia de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE, C‑551/19 P y C‑552/19 P, EU:C:2021:369, apartado 39 y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión, C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78, apartado 51 y jurisprudencia citada).
28      Para determinar si el acto impugnado constituye un acto susceptible de recurso, en el sentido del artículo 263 TFUE, es preciso atenerse al contenido esencial de ese acto. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que atenerse a la esencia de un acto supone apreciar sus efectos en función de criterios objetivos, como el contenido de dicho acto, tomando en consideración, en su caso, el contexto en el que se adoptó y las facultades de la institución, órgano u organismo de la Unión que fue su autor, debiendo entenderse tales facultades no de manera abstracta, sino como elementos capaces de aportar luz al análisis concreto del contenido del acto, análisis que reviste un carácter central e indispensable (véase la sentencia de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE, C‑551/19 P y C‑552/19 P, EU:C:2021:369, apartados 40 y 41 y jurisprudencia citada).
29      En cambio, la forma que adopte un acto o una decisión no incide, en principio, en la admisibilidad de un recurso de anulación. Por consiguiente, carece de relevancia sobre la calificación del acto en cuestión el que este satisfaga o no determinados requisitos formales, como el de si ha sido denominado correctamente por su autor, si está suficientemente motivado o si menciona las disposiciones que constituyen su fundamento legal. Igualmente carece de pertinencia que dicho acto no sea designado como «decisión» o que no incluya la referencia a las disposiciones del Tratado FUE que establecen los recursos disponibles con respecto al mismo (véase la sentencia de 13 de octubre de 2015, Intrasoft International/Comisión, T‑403/12, EU:T:2015:774, apartado 29 y jurisprudencia citada). Así, la capacidad de un acto para producir directamente efectos en la situación jurídica de una persona física o jurídica no puede apreciarse por el mero hecho de que dicho acto revista la forma de correo electrónico, puesto que ello equivaldría a hacer prevalecer la forma del acto objeto del recurso sobre la esencia misma de dicho acto (véase la sentencia de 15 de diciembre de 2022, Picard/Comisión, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, apartado 97 y jurisprudencia citada).
30      Si no fuera así, las agencias y las instituciones de la Unión podrían sustraerse al control del juez de la Unión por el mero incumplimiento de esos requisitos formales. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que, al ser la Unión una comunidad de Derecho cuyas instituciones están sometidas al control de la conformidad de sus actos con el Tratado, la regulación procesal aplicable a los recursos de los que conoce el juez de la Unión debe interpretarse, en la medida de lo posible, de modo que la aplicación de dicha regulación contribuya a cumplir el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables (véase la sentencia de 13 de octubre de 2015, Intrasoft International/Comisión, T‑403/12, EU:C:2015:774, apartado 30 y jurisprudencia citada).
31      En primer lugar, por lo que respecta a su contenido, el acto impugnado indica que su objetivo es dar a conocer a la demandante la opinión del BCE sobre el tratamiento prudencial correcto de los AID originados en la filial brasileña y consolidados en las cuentas de la demandante. Al aplicar el marco jurídico pertinente a la situación que se le presentó, el acto impugnado concluye que los AID originados en la filial brasileña, antes y después del 23 de noviembre de 2016, no cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39, apartado 2, del RRC y, por consiguiente, deben deducirse de los elementos de CET 1 conforme a los artículos 36, apartado 1, letra c), 38 y 48 del RRC. Esta conclusión va acompañada de una motivación en la que se exponen las disposiciones aplicables y se analiza la manera en que estas se aplican a la situación de la demandante.
32      Así pues, no cabe entender que el acto impugnado proporcionaba meramente a la demandante una información relativa al marco jurídico pertinente, sino que le indicaba el modo en que esas disposiciones debían interpretarse y aplicarse a su situación.
33      En segundo lugar, por lo que se refiere al contexto de la adopción del acto impugnado, este forma parte de las comunicaciones recíprocas habidas en abril de 2024 en torno al tratamiento correcto de los AID creados por la filial brasileña. En efecto, como se desprende del anterior apartado 8, el 9 de abril de 2024, la demandante envió al ECS un correo electrónico acompañado, en particular, de una presentación en la que exponía su posición sobre el asunto, con el fin de obtener una respuesta del BCE en cuanto a la licitud de dicha posición. El acto impugnado fue enviado como respuesta a ese correo electrónico.
34      Es pacífico entre las partes que el correo electrónico de 9 de abril de 2024 no constituía una solicitud a los efectos de los artículos 26, apartado 1, letra a), y 28, apartado 1, del Reglamento Marco del MUS, con objeto de que se iniciase un procedimiento de supervisión. En efecto, por un lado, la demandante no sostiene en absoluto haber solicitado que se iniciase tal procedimiento, sino que alega que dirigió al BCE una solicitud a los efectos del artículo 95, apartado 1, de dicho Reglamento. Por otro lado, aunque la demandante no mencionara en el correo electrónico en cuestión ninguna «solicitud» o «petición», no indicara su base legal y el referido correo electrónico no contuviera ni firma ni poder que demostrara que se trataba de una solicitud procedente de la demandante, es preciso señalar que el BCE lo trató como solicitud presentada en virtud del artículo 95, apartado 1, del Reglamento Marco del MUS. Prueba de ello es que remitió su respuesta a los representantes de la demandante («Dear Santander representatives») e indicó con carácter preliminar que el correo electrónico se enviaba conforme a la solicitud de la demandante («As requested»).
35      El hecho de que el acto impugnado se adoptara en el marco del diálogo supervisor informal previsto en los apartados 1.2.2 y 4.4.2 del Manual de supervisión no excluye en modo alguno su calificación de acto impugnable. En primer término, de dicho Manual no se desprende que, en el marco de ese diálogo, el BCE no esté en condiciones de adoptar actos que puedan producir efectos obligatorios respecto de las entidades sujetas a revisión supervisora y, en segundo término, las disposiciones del Manual no son determinantes para la calificación de acto impugnable a los efectos del artículo 263 TFUE.
36      En efecto, aun suponiendo que, como sostiene el BCE, el acto impugnado fuera adoptado como «acto operativo» en el sentido del apartado 1.3.2 del Manual de supervisión, corresponde al Tribunal General determinar si tal acto puede ser calificado de acto impugnable, atendiendo a su esencia, según los criterios establecidos por la jurisprudencia citada en el anterior apartado 28, y prescindiendo de su forma o de la calificación que se le atribuya en un manual del BCE.
37      Por consiguiente, tal calificación no impediría que produjera efectos jurídicos obligatorios. En efecto, de los apartados 4.10.1 y 1.3.2 de dicho Manual se infiere que los actos operativos figuran entre las medidas de supervisión y tienen por objeto que las entidades supervisadas adopten en una fase temprana las medidas necesarias para poner remedio a la falta de cumplimiento o al riesgo de incumplimiento de los requisitos prudenciales. Así, un acto como el impugnado en este caso forma parte de las medidas destinadas a garantizar la conformidad de la entidad supervisada con las disposiciones del RRC relativas a los requisitos de fondos propios, en la medida en que precisa las obligaciones que le incumben en la materia.
38      En tercer lugar, por lo que respecta a las facultades del autor del acto impugnado, procede observar que, según el artículo 4, apartado 1, letra d), del Reglamento del MUS, el BCE tiene competencias exclusivas para ejercer, con fines de supervisión prudencial, la función de velar por el cumplimiento de los actos a los que se hace referencia en el artículo 4, apartado 3, párrafo primero, del mismo Reglamento, que, en particular, imponen requisitos prudenciales a las entidades de crédito en materia de fondos propios. Para el desempeño de esta función, el BCE dispondrá de las competencias previstas en los artículos 16 y 18 del Reglamento del MUS. Como se ha recordado en el anterior apartado 4, a efectos de la supervisión prudencial de cada entidad supervisada significativa, según el artículo 3, apartado 1, del Reglamento Marco del MUS, se establecerá un ECS integrado por personal del BCE y de las autoridades nacionales competentes. Según los apartados 1.2.2 y 4.10.1 del Manual de supervisión, ese mismo equipo puede adoptar «actos operativos».
39      El ECS encargado de la demandante envió el acto impugnado. Consta que dicho equipo era competente para adoptar actos operativos respecto de la demandante.
40      Pues bien, el acto impugnado no se limita a transmitir la opinión del ECS. En efecto, en este acto se indica expresamente que «tiene por objeto comunicar [a la demandante] la opinión del BCE» («we are writing to provide you with the ECB’s view»). Esta conclusión resulta corroborada por la circunstancia, también mencionada en dicho acto, de que fue enviado tras consultar con los equipos horizontales del BCE y refleja también la opinión de estos. Por consiguiente, procede concluir que el acto impugnado expresa la posición del BCE en cuanto a los requisitos prudenciales aplicables a una entidad sujeta a su supervisión, en el marco del ejercicio de las competencias indicadas en el anterior apartado 38.
41      Debe considerarse, en consecuencia, que el acto impugnado expresa la posición definitiva del BCE en cuanto a las obligaciones que debe cumplir la demandante y no es una mera opinión preliminar, provisional o meramente informativa.
42      Por cuanto antecede, procede concluir que el acto impugnado produce efectos jurídicos obligatorios y constituye, por tanto, un acto que puede ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE.
43      Esta conclusión no queda desvirtuada por el argumento del BCE de que el acto impugnado no fija definitivamente su posición.
44      En efecto, se ha de señalar que, en particular en su respuesta a la diligencia de ordenación del procedimiento del Tribunal General, el BCE explicó que, en el supuesto de que la demandante hubiera decidido no seguir la interpretación que figura en el acto impugnado, el BCE podría haber considerado diversas medidas. Así, por ejemplo, por un lado, podría haber concluido, conforme al artículo 16, apartado 1, letra a), del Reglamento del MUS, que la demandante no cumplía las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión y podría haberle impuesto una de las medidas previstas en el artículo 16, apartado 2, de dicho Reglamento. Por otro lado, podría haber iniciado un procedimiento sancionador conforme al artículo 18, apartado 1, del Reglamento del MUS. Según el BCE, podría haber optado, indistintamente y en cualquier orden, por una u otra de estas medidas.
45      A este respecto, el artículo 18, apartado 1, del Reglamento del MUS establece, en esencia, que, cuando una entidad de crédito, deliberadamente o por negligencia, incumpla un requisito establecido en un acto directamente aplicable del Derecho de la Unión, el BCE podrá imponer sanciones pecuniarias administrativas.
46      De ello se infiere, como indica también el BCE en su respuesta a las preguntas del Tribunal General, que podría adoptarse en principio una decisión por la que se impusiera una sanción sin necesidad de tomar previamente una decisión conforme al artículo 16 del Reglamento del MUS por la que se requiriera a la demandante que cumpliera con la interpretación de los requisitos prudenciales relativos al tratamiento de los AID de la filial brasileña que figuran en el acto impugnado. En efecto, en caso de que el BCE pudiera imponer una sanción sin exigir previamente tal cumplimiento, la demandante se vería obligada a infringir el acto impugnado y a exponerse así a una sanción para poder impugnarlo.
47      Por otra parte, del punto 14 de la Guía del BCE sobre el método de determinación de sanciones pecuniarias administrativas conforme al artículo 18, apartados 1 y 7, del Reglamento del MUS resulta que, para determinar el importe de la sanción pecuniaria, el BCE tendrá en cuenta si la infracción se ha cometido deliberadamente o por negligencia. A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que el BCE puede lícitamente considerar deliberada una infracción por la circunstancia de que la entidad sometida a la supervisión prudencial hubiera mantenido su comportamiento infractor tras haber sido informada por el ECS del alcance de sus obligaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 2020, VQ/BCE, T‑203/18, EU:T:2020:313, apartado 65). Así, la existencia del acto impugnado puede influir en la apreciación de la gravedad de la infracción eventualmente cometida por la demandante y, por consiguiente, en la gravedad de la sanción que podría adoptarse.
48      En tales circunstancias, aunque el acto impugnado se adoptara en el marco de un diálogo supervisor informal, como sostiene el BCE, la necesidad de llevar a cabo una supervisión eficaz y consistente no puede menoscabar el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva, garantizado en el artículo 47, párrafo primero, de la Carta. Aun cuando este derecho fundamental no tiene por objeto modificar las normas relativas a la admisibilidad del recurso, debe tomarse en consideración al interpretar y aplicar dichas normas, con el fin de garantizar, en particular, que la única vía de acceso al juez no lleve aparejada obligar a los justiciables a infringir el Derecho de la Unión y a exponerse así a procedimientos administrativos en su contra y a las sanciones que de ellos se derivan (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de marzo de 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, apartado 64, y de 13 de octubre de 2011, Deutsche Post y Alemania/Comisión, C‑463/10 P y C‑475/10 P, EU:C:2011:656, apartado 56).
49      De ello se sigue que la excepción de inadmisibilidad debe ser desestimada.
Costas
50      Según el artículo 133 del Reglamento de Procedimiento, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso. Dado que el presente auto no pone fin al proceso, procede reservar la decisión sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
resuelve:
1)      Desestimar la excepción de inadmisibilidad.
2)      Reservar la decisión sobre las costas.
Dictado en Luxemburgo, a 17 de marzo de 2026.
El Secretario
La Presidenta
V. Di Bucci
N. Półtorak
*      Lengua de procedimiento: español.