62020CC0275
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 28 de octubre de 2021 (
1
)
Asunto C‑275/20
Comisión Europea
contra
Consejo de la Unión Europea
«Recurso de anulación — Decisión (UE) 2020/470 — Ampliación del período de aplicación del derecho de las coproducciones audiovisuales con arreglo al artículo 5 del Protocolo relativo a la cooperación cultural del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra — Base jurídica procedimental — Artículo 218 TFUE, apartado 7 — Procedimiento y norma de votación aplicables»
I. Introducción
1.
Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita la anulación de la Decisión (UE) 2020/470 del Consejo, de 25 de marzo de 2020, relativa a la ampliación del período de aplicación del derecho de las coproducciones audiovisuales con arreglo al artículo 5 del Protocolo relativo a la cooperación cultural del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra. (
2
)
2.
Dicho Protocolo estableció un marco de cooperación entre las Partes a fin de facilitar el intercambio de actividades, bienes y servicios culturales, incluido, entre otros, el sector audiovisual, y mejorar las condiciones que rigen esos intercambios. En virtud de este Protocolo, las Partes acordaron reconocer a las coproducciones audiovisuales entre productores de la Unión y de la República de Corea el derecho a beneficiarse de sus respectivos regímenes para la promoción de los contenidos culturales locales o regionales. Tal derecho está sujeto a renovación cada tres años.
3.
Por lo que a la Unión se refiere, el Consejo de la Unión Europea autorizó a la Comisión a poner fin al derecho en cuestión antes de cada vencimiento o, por el contrario, a proponer su renovación. El presente asunto brindará al Tribunal de Justicia la ocasión de precisar si esta autorización está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 218 TFUE, apartado 7, y, en caso afirmativo, si las condiciones de su ejercicio son conformes con dicha disposición.
II. Marco jurídico
A.
Protocolo relativo a la cooperación cultural
4.
El Protocolo relativo a la cooperación cultural, (
3
) anejo al Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, (
4
) prevé, en su artículo 5, titulado «Coproducciones audiovisuales», el derecho de las coproducciones audiovisuales a beneficiarse de los regímenes respectivos para la promoción de los contenidos culturales locales o regionales (en lo sucesivo, «derecho en cuestión»). Este artículo tiene el siguiente tenor:
«[…]
3.   Las Partes, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos, facilitarán las coproducciones entre productores de la Parte UE y Corea, incluso permitiendo que las coproducciones se beneficien de los regímenes respectivos para la promoción de contenidos culturales locales o regionales.
[…]
8.
a)
Se establece el derecho de las coproducciones a beneficiarse de los regímenes respectivos para la promoción de los contenidos culturales locales o regionales mencionados en los apartados 4 y 5 durante un plazo de tres años a partir de la fecha de aplicación del presente Protocolo. Con el asesoramiento de los Grupos de Asesoramiento Internos y seis meses antes de la expiración, el Comité de Cooperación Cultural realizará una labor de coordinación para evaluar si la aplicación del derecho refuerza la diversidad y si la cooperación en las obras coproducidas es beneficiosa para ambas Partes.
b)
Se renovará el derecho otros tres años y, a partir de entonces, se renovará automáticamente por períodos sucesivos de la misma duración a no ser que una Parte dé por concluido el derecho notificándolo por escrito al menos tres meses antes de que expire del período inicial o cualquier período posterior. Seis meses antes de que expire cada período renovado, el Comité de Cooperación Cultural realizará una evaluación en condiciones parecidas a las descritas en la letra a).
[…]»
B.
Decisión 2011/265/UE
5.
El considerando 6 de la Decisión 2011/265/UE del Consejo, de 16 de septiembre de 2010, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, (
5
) está redactado en los siguientes términos:
«(6)
Con arreglo al artículo 218, apartado 7, del Tratado, procede que el Consejo autorice a la Comisión a aprobar determinadas modificaciones limitadas del Acuerdo [con la República de Corea]. Se debe autorizar a la Comisión a establecer la expiración del derecho en materia de coproducciones conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Protocolo relativo a la Cooperación Cultural, salvo que la Comisión determine que el derecho debe continuar y el Consejo lo apruebe con arreglo a un procedimiento específico, necesario tanto a causa del carácter sensible de dicho elemento del Acuerdo como por el hecho de que el Acuerdo ha de celebrarse por la Unión y sus Estados miembros. […]»
6.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de la referida Decisión:
«La Comisión notificará a Corea que la Unión tiene intención de no ampliar el período del derecho de las coproducciones, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo relativo a la Cooperación Cultural, con arreglo al procedimiento fijado en su artículo 5, apartado 8, salvo que, a propuesta de la Comisión, el Consejo acuerde, cuatro meses antes de que finalice el citado período, que dicho derecho continúe. Si el Consejo acuerda que continúe el derecho, la presente disposición volverá a ser aplicable al final del período renovado de aplicación del derecho. Para el propósito específico de decidir sobre la continuación del período de aplicación del derecho, el Consejo se pronunciará por unanimidad.»
C.
Decisión de Ejecución 2014/226/UE
7.
Mediante la Decisión de Ejecución 2014/226/UE del Consejo, de 14 de abril de 2014, relativa a la ampliación del período de aplicación del derecho de las coproducciones audiovisuales en virtud del artículo 5 del Protocolo relativo a la Cooperación Cultural del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, (
6
) el período de aplicación del derecho de las coproducciones audiovisuales a beneficiarse de los respectivos regímenes de las Partes relativos a la promoción de contenidos culturales locales y regionales, según lo previsto en el artículo 5, apartados 4 a 7, de dicho Protocolo, quedó ampliado por un período de tres años, del 1 de julio de 2014 al 30 de junio de 2017.
D.
Decisión (UE) 2015/2169
8.
Mediante la Decisión (UE) 2015/2169 del Consejo, de 1 de octubre de 2015, relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, (
7
) dicho Acuerdo quedó aprobado en nombre de la Unión. El considerando 6 de esta Decisión está redactado en los mismos términos que el considerando 6 de la Decisión 2011/265. De igual modo, el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 tiene un contenido similar al artículo 4, apartado 1, de la Decisión 2011/265.
E.
Decisión (UE) 2017/1107
9.
Mediante la Decisión (UE) 2017/1107 del Consejo, de 8 de junio de 2017, relativa a la ampliación del período de aplicación del derecho de las coproducciones audiovisuales con arreglo al artículo 5 del Protocolo relativo a la cooperación cultural del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, (
8
) quedó ampliado por un período de tres años, del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2020, el período de aplicación del derecho de las coproducciones audiovisuales a beneficiarse de los respectivos regímenes de las Partes para la promoción de los contenidos culturales locales y regionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartados 4 a 7, de dicho Protocolo.
F.
Decisión impugnada
10.
La Decisión impugnada, que fue adoptada a la vista del artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169, prevé que queda ampliado por un período de tres años, del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023, el período de aplicación del derecho de las coproducciones audiovisuales a beneficiarse de los respectivos regímenes de las Partes para la promoción de los contenidos culturales locales o regionales, tal como dispone el artículo 5, apartados 4 a 7, del Protocolo relativo a la cooperación cultural.
III. Pretensiones de las partes
11.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que anule la Decisión impugnada y condene en costas al Consejo.
12.
El Consejo solicita la desestimación del recurso y la condena en costas de la Comisión. Con carácter subsidiario, en caso de que se anule la Decisión impugnada, solicita al Tribunal de Justicia que mantenga sus efectos hasta que se hayan subsanado las causas de anulación.
13.
Mediante decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 2020, se admitió la intervención de la República Francesa y del Reino de los Países Bajos en apoyo de las pretensiones del Consejo.
IV. Resumen de los motivos y alegaciones de las partes
14.
En apoyo de su recurso de anulación, la Comisión invoca un motivo único, basado en que la utilización, como base jurídica, del artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 para fundamentar la Decisión impugnada es contraria al Tratado y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en consecuencia, ilegal.
15.
La referida institución expone que esta disposición de la Decisión 2015/2169 figuraba en la propuesta de Decisión del Consejo por la que se celebra el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, que presentó el 9 de abril de 2010, (
9
) pero que, habida cuenta de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, resulta que la propuesta que debía presentar para obtener la aprobación del Consejo a efectos de celebrar dicho Acuerdo no es conforme con los Tratados, razón por la que, desde 2015, se ha negado sistemáticamente a basarse en tal disposición. A pesar de su oposición explícita, el Consejo aplicó esa disposición —que exige unanimidad y no contempla la participación del Parlamento Europeo— al adoptar tanto la Decisión 2017/1107 como la Decisión impugnada, decisiones para las que la propuesta de decisión de la Comisión se apoyó en el artículo 167 TFUE, apartado 3, en relación con el artículo 218 TFUE, apartado 6, letra a), inciso v), que exigen, en relación con el artículo 218 TFUE, apartado 8, párrafo primero, la mayoría cualificada del Consejo previa aprobación del Parlamento.
16.
La Comisión sostiene que estas últimas disposiciones resultaban de aplicación, puesto que la Decisión impugnada se refiere a la ampliación del período de aplicación de una parte de un acuerdo internacional. El artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 constituye, en su opinión, una base jurídica derivada, cuya utilización es contraria al principio de atribución de competencias establecido en el artículo 13 TUE, apartado 2, y al principio de equilibrio institucional y, en consecuencia, contraria al Tratado tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia. (
10
)
17.
Además, a su modo de ver, el uso de una base jurídica derivada que exige la unanimidad del Consejo es ilegal a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (
11
) Resulta asimismo incoherente exigir unanimidad en el Consejo para la renovación del derecho en cuestión cuando para aprobarlo se ha empleado la mayoría cualificada y la Unión ha aceptado, en virtud del Derecho internacional, que, en principio, se renueve automáticamente. La Comisión añade que la aplicación de una norma interna más estricta y la exigencia de que el Consejo acepte la renovación de tal derecho van en contra del objetivo de la renovación automática acordada por las partes del Protocolo relativo a la cooperación cultural y, por lo tanto, son contrarias a la jurisprudencia relativa a la primacía de los acuerdos internacionales sobre el Derecho derivado de la Unión. (
12
)
18.
El Consejo, apoyado por la República Francesa y por el Reino de los Países Bajos, considera que, al adoptar la Decisión impugnada, actuó dentro de los límites de sus competencias, de conformidad con el procedimiento establecido en los Tratados y respetó el principio del equilibrio institucional.
19.
La referida institución recuerda que la Comisión presentó una propuesta de decisión del Consejo por la que se autorizaban la firma y la aplicación provisional del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, (
13
) del que forma parte el Protocolo relativo a la cooperación cultural, así como una propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de ese Acuerdo. (
14
) En ambas propuestas, la Comisión presentó el procedimiento aplicable al proceso interno de toma de decisiones de la Unión a efectos de la ampliación o de la supresión del derecho en cuestión una vez transcurrido cada período de tres años, procedimiento que posteriormente se aprobó en la Decisión 2015/2169. La Comisión también dio explicaciones sobre la base jurídica de dicho procedimiento, a saber, el artículo 218 TFUE, apartado 7, en el considerando 6 de cada una de las dos propuestas que han sido adoptadas por el Consejo sin modificación. El Parlamento dio su aprobación a la decisión del Consejo relativa a la celebración de ese acuerdo mediante una resolución legislativa adoptada el 17 de febrero de 2011. (
15
)
20.
El Consejo observa que la Comisión, que no explica la razón por la que se «sintió obligada» a hacer una propuesta con la que no estaba de acuerdo, no le presentó en ningún momento una propuesta que tuviera por objeto modificar el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 y, a pesar de que el último período de ampliación finalizaba el 30 de junio de 2020, no presentó una propuesta dirigida a que se ampliase nuevamente el derecho en cuestión. El Consejo, tras solicitar a la Comisión que notificase a la República de Corea la supresión de ese derecho o que presentase una propuesta de decisión del Consejo para obtener su ampliación por un nuevo período de tres años, adoptó la Decisión impugnada al amparo de una propuesta de la Comisión.
21.
El Consejo sostiene, en primer lugar, que no se apoyó en una base jurídica derivada al adoptar la Decisión impugnada, que el procedimiento que aplicó se basa en el artículo 218 TFUE, apartado 7, y que ese procedimiento es compatible con la citada disposición. En su opinión, la referencia explícita al artículo 218 TFUE, apartado 7, que figura en el considerando 6 de la Decisión 2015/2169, indica inequívocamente que el artículo 3, apartado 1, de dicha Decisión se basa en la citada disposición, que permite al Consejo establecer una excepción al artículo 218 TFUE, apartados 5, 6 y 9, cuando el acuerdo celebrado por la Unión establezca un procedimiento simplificado de revisión, como el previsto en el artículo 5, apartado 8, del Protocolo relativo a la cooperación cultural. Esta referencia al artículo 218 TFUE, apartado 7, y explica asimismo el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 a efectos de la aplicación de esta disposición del mencionado Protocolo.
22.
A juicio del Consejo, se cumplen las condiciones de aplicabilidad previstas en el artículo 218 TFUE, apartado 7, dado que, por una parte, la ampliación de los derechos constituye una modificación de una parte específica e independiente del Acuerdo con la República de Corea, mediante un procedimiento simplificado, en la medida en que la Comisión está facultada, en particular, en su calidad de negociadora, para modificar el derecho en cuestión mediante su supresión al expirar el período de tres años en curso y para notificar tal decisión a la República de Corea. De este modo, dicho procedimiento pone en práctica el procedimiento simplificado de revisión previsto en el artículo 5, apartado 8, del Protocolo relativo a la cooperación cultural. Por otra parte, el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 supedita la autorización que se concede a la Comisión en este contexto a una serie de condiciones válidas. Así, se prevé que, en caso de que la Comisión decida que el derecho en cuestión debe ampliarse por un período adicional de tres años, deberá presentar tal decisión al Consejo para su aprobación. En consecuencia, esta institución considera que dicho procedimiento, que constituye la base jurídica de la Decisión impugnada, se estableció de conformidad con la autorización prevista por los tratados y la base jurídica de aquella no es una base jurídica derivada.
23.
En segundo lugar, el Consejo observa que la Comisión se contradice por lo que se refiere al procedimiento que considera aplicable cuando afirma que la aprobación del Parlamento es necesaria con arreglo al artículo 218 TFUE, apartados 5 y 6, al tiempo que sostiene que no cabe aplicar ningún procedimiento interno, habida cuenta de que el artículo 5, apartado 8, del Protocolo relativo a la cooperación cultural prevé una renovación automática del derecho en cuestión cada tres años y que esta disposición de Derecho internacional prevalece sobre el Derecho derivado interno. Pues bien, el Consejo estima que no existe conflicto alguno entre el artículo 5, apartado 8, de dicho Protocolo y el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169, puesto que el primero establece el procedimiento que deben seguir las partes del Acuerdo con la República de Corea y el segundo prevé el proceso interno de toma de decisiones de la Unión a efectos de la aplicación del referido artículo 5, apartado 8, del citado Protocolo.
24.
En tercer lugar, el Consejo considera que la alegación de la Comisión relativa a la violación del principio del equilibrio institucional y del principio de atribución de competencias no está justificada. Afirma, a este respecto, que la Comisión nunca tuvo la intención de que se solicitara la aprobación del Parlamento, puesto que presentó su propuesta de decisión del Consejo menos de un mes antes de la expiración del plazo para notificar a la República de Corea la no renovación del derecho en cuestión, momento en el que ya era materialmente imposible alcanzar un acuerdo en el Consejo y solicitar la aprobación del Parlamento.
25.
En cuarto lugar, el Consejo considera que la Comisión incurre en error al impugnar la exigencia de unanimidad en el Consejo, cuando fue ella misma quien propuso esta norma de votación y nunca ha propuesto modificar el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169. La ampliación del derecho en cuestión constituye, desde su punto de vista, una excepción a la regla general según la cual el derecho queda suprimido siempre que no se adopte una decisión en sentido contrario, lo que justifica que se establezcan condiciones más estrictas.
26.
Con carácter subsidiario, el Consejo alega que, si el Tribunal de Justicia declarara que no era posible incluir la unanimidad entre las condiciones contempladas en el artículo 218 TFUE, apartado 7, únicamente la obligación de decidir por unanimidad resultaría inválida. Sin embargo, dado que la Decisión impugnada se adoptó por unanimidad, a juicio del Consejo procede considerar que se adoptó válidamente y que no debe anularse. Por último, en caso de que el Tribunal de Justicia anule la Decisión impugnada, el Consejo considera que deben mantenerse sus efectos.
27.
En su réplica, la Comisión responde, principalmente, que comparte la opinión del Consejo de que el objeto de la Decisión impugnada constituye una modificación de un acuerdo en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 7, en la medida en que amplía el período de aplicación de la disposición que figura en el Protocolo relativo a la cooperación cultural. Sin embargo, dicho Protocolo, al establecer una renovación automática del derecho en cuestión en períodos sucesivos de la misma duración, no prevé ningún procedimiento simplificado para la renovación de tal derecho, de modo que no es necesario que el Consejo faculte a la Comisión para aprobar la renovación de ese derecho. En consecuencia, el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 no puede considerarse un supuesto de aplicación del artículo 218 TFUE, apartado 7. Sostiene, en cambio, que el referido Protocolo establece un procedimiento para poner fin al derecho en cuestión. A tal efecto, el Consejo puede autorizar a la Comisión a decidir que se notifique a la otra parte del Acuerdo con la República de Corea un preaviso y esta autorización puede otorgarse por adelantado en la decisión relativa a la celebración de tal acuerdo, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.
28.
La Comisión añade que, contrariamente a lo que sostiene el Consejo, las condiciones de procedimiento a que está supeditada la autorización supuestamente concedida a la Comisión son incompatibles con el artículo 218 TFUE, puesto que el Tribunal de Justicia ha declarado que, por lo que se refiere a las situaciones en las que se aplica el artículo 218 TFUE, apartado 9, el uso de una base jurídica derivada que exija unanimidad en el Consejo es ilegal. (
16
) Esto resulta aún más evidente por lo que se refiere a los supuestos en los que se aplica el artículo 218 TFUE, apartado 7.
29.
Además, según la Comisión, el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 no le autoriza a aprobar, en nombre de la Unión, modificaciones del Acuerdo con la República de Corea en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 7, sino que simplemente refleja la facultad de que dispone de garantizar, en caso de que se adopte una decisión que se oponga a la renovación del derecho en cuestión, la representación exterior de la Unión de conformidad con el artículo 17 TUE. Señala que el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 confirma que la facultad de decidir tal renovación sigue en manos del Consejo y que no se ha producido una transferencia efectiva de la facultad decisoria en favor de la Comisión. Por consiguiente, considera que el artículo 218 TFUE, apartado 7, no constituye una base jurídica que permita al Consejo supeditar la renovación del derecho en cuestión a las condiciones específicas que figuran en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169.
30.
Por último, la Comisión se opone a las pretensiones subsidiarias del Consejo.
31.
En su escrito de dúplica, el Consejo se opone, en primer lugar, a la alegación de la Comisión según la cual la Unión puede ampliar la aplicación del derecho en cuestión sin recurrir a un procedimiento interno cuando la intención de la Comisión sea renovarlo, mientras que para darlo por finalizado es necesario un proceso de toma de decisiones. En su opinión, la Unión debe aplicar el procedimiento interno de toma de decisiones pertinente para modificar el Protocolo relativo a la cooperación cultural, ya sea para ampliar el período de aplicación o para poner término al derecho en cuestión. El carácter automático de la ampliación del período de aplicación respecto de cada una de las partes del Acuerdo con la República de Corea no puede, según afirma, excluir cualquier tipo de procedimiento interno de toma de decisiones, dado que, con arreglo al artículo 5, apartado 8, de dicho Protocolo, la duración del derecho en cuestión se limita a tres años y que es posible renovarlo por períodos sucesivos de la misma duración, lo que exige que se adopte una decisión cada tres años de conformidad con los procedimientos internos de toma de decisiones adecuados. Desde su punto de vista, la interpretación efectuada por la Comisión no solo atenta contra la autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, sino que también vulnera el equilibrio institucional, habida cuenta de que la Comisión podría decidir excluir al Consejo del proceso de toma de decisiones relativo a la ampliación del período de aplicación.
32.
En segundo lugar, el Consejo sostiene que el artículo 218 TFUE, apartado 7, constituye la base jurídica adecuada para el procedimiento previsto en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169. Contrariamente a lo que alega la Comisión, el artículo 5, apartado 8, del Protocolo relativo a la cooperación cultural establece un procedimiento simplificado a efectos de la ampliación del período de aplicación del derecho en cuestión, en la medida en que las Partes dan su consentimiento tácitamente. Además, ese artículo exige a la Parte que desee poner término a este derecho notificarlo previamente. Por lo tanto, se trata de un procedimiento doble que incluye dos fases procesales que se inscriben en el marco de un procedimiento simplificado de revisión de dicho Protocolo.
33.
En tercer lugar, el Consejo afirma que el procedimiento previsto en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 es adecuado. Ese procedimiento establece internamente la posición por defecto de la Unión en relación con la modificación del Protocolo relativo a la cooperación cultural por períodos sucesivos de tres años hasta que se ponga fin al derecho controvertido. Afirma que, por defecto, este derecho termina al expirar el período de tres años para el que se estableció y la Comisión debe cumplir el requisito previsto en el artículo 5, apartado 8, letra b), de dicho Protocolo. No obstante, la Comisión está facultada para considerar que procede renovar tal derecho y para apartarse, en tal caso, de la posición por defecto, solicitando la aprobación unánime del Consejo para no notificar la supresión del referido derecho.
34.
El Consejo se opone a la alegación de que la norma de votación por unanimidad invalide el procedimiento en su totalidad y, por esta razón, el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 constituya una base jurídica derivada. A su modo de ver, esta alegación pasa por alto el hecho de que el Consejo aprobó la posición de la Unión exigida por el procedimiento establecido en el artículo 5, apartado 8, de dicho Protocolo, a saber, que, al expirar el período en curso se pone fin al derecho controvertido y que la ampliación del período de aplicación de tal derecho, que constituye una excepción a esta posición adoptada por mayoría cualificada, exige una norma de votación más estricta.
35.
La República Francesa hace suya la totalidad de las conclusiones del Consejo. Al igual que este, observa que la base jurídica de la Decisión impugnada define un procedimiento de toma de decisiones basado en el artículo 218 TFUE, apartado 7, y que dicha Decisión supone aplicar tal procedimiento.
36.
La República Francesa considera, en primer lugar, que las modalidades de ampliación del período de vigencia del derecho en cuestión constituyen ciertamente un supuesto de aplicación del artículo 218 TFUE, apartado 7. Para empezar, como reconoce la Comisión, la renovación de este derecho supone efectivamente una modificación del Protocolo relativo a la cooperación cultural, en el sentido de dicha disposición. Considerar que la ampliación del período de aplicación de este derecho no constituye una modificación debido a que es automática llevaría a privar de efecto la disposición del citado Protocolo que establece, respecto del mismo derecho, un período de validez limitado a falta de un acuerdo tácito de las Partes.
37.
A continuación, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, la renovación automática del derecho controvertido se inscribe en un procedimiento regulado por el Protocolo relativo a la cooperación cultural, que exige que el Comité de Cooperación Cultural realice una evaluación. La interpretación del concepto de «procedimiento simplificado» en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 7, a la luz de los principios de Derecho internacional, en particular de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, (
17
) confirma que dicho concepto se aplica en el presente asunto. En tal sentido y no obstante lo dispuesto en los apartados 5, 6 y 9 de este artículo, su apartado 7 se aplica cuando un acuerdo internacional establece excepciones para su modificación, siempre que estas contribuyan a la simplificación del procedimiento de revisión. Pues bien, la renovación automática, en caso de silencio de las Partes, del derecho en cuestión debe considerarse comprendida en esta categoría de excepciones al procedimiento de revisión de Derecho común de los acuerdos internacionales, a cuya simplificación, sin lugar a dudas, contribuye.
38.
En segundo lugar, la República Francesa considera que el mecanismo establecido en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 aplica correctamente el artículo 218 TFUE, apartado 7, dado que prevé que el Consejo deberá aprobar la decisión de la Comisión de no notificar el fin del derecho en cuestión. A su parecer, esta decisión faculta a la Comisión para comunicar a la República de Corea la intención de la Unión de no ampliar el período de aplicación de este derecho, sin la aprobación del Consejo. No obstante, si la Comisión decide que debe ampliarse el período de aplicación de tal derecho, debe solicitar la aprobación del Consejo. Así, la autorización de la Comisión está supeditada a una serie de condiciones específicas, en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 7, lo cual es legítimo, puesto que dicha disposición constituye una excepción a los apartados 5, 6 y 9 del citado artículo. Estas condiciones deben considerarse a la luz del equilibrio institucional previsto por el Tratado y, en particular, del artículo 16 TUE, apartado 6, párrafo tercero. Pues bien, según señala la República Francesa, procede considerar que la decisión de aceptar la ampliación temporal de la validez del derecho en cuestión forma parte de los actos de definición de las políticas de la Unión y de elaboración de su acción exterior. Por lo tanto, el Consejo puede establecer, entre las condiciones específicas, que la decisión que la Comisión puede adoptar al amparo del artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 deba ir precedida de un acuerdo en este sentido del Consejo para que este esté en condiciones de comprobar que el derecho en cuestión sigue estando en línea con el interés de la Unión. El recurso a la unanimidad solo constituye una modalidad de ejercicio de esta aprobación del Consejo, cuyo carácter lícito o ilícito no incide en la validez de la exigencia de esa aprobación.
39.
En tercer y último lugar, la República Francesa considera que, en cualquier caso, desde el punto de vista de la Unión, el derecho en cuestión no habría podido renovarse de manera válida únicamente en virtud del procedimiento de renovación tácita previsto por el Protocolo relativo a la cooperación cultural, al no existir un acto de la Unión que autorice dicha renovación específicamente. A este respecto, de conformidad con el principio de autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión, no corresponde a un acuerdo internacional determinar los procedimientos internos de la Unión.
40.
El Reino de los Países Bajos declara adherirse plenamente a la posición del Consejo y a todas las alegaciones formuladas en apoyo de esta.
V. Análisis
A.
Sobre el motivo único invocado por la Comisión
41.
En materia de modificación de un acuerdo internacional celebrado por la Unión en virtud del procedimiento ordinario previsto en el artículo 218 TFUE, apartado 6, la regla general es la del paralelismo de formas, lo que implica que dicha modificación exige, en principio, la aplicación de ese mismo procedimiento ordinario.
42.
Como excepción, el artículo 218 TFUE, apartado 7, establece un procedimiento simplificado (
18
) para la modificación de un acuerdo celebrado por la Unión, que está destinado a sustituir el procedimiento ordinario relativo a la celebración del referido acuerdo.
43.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 218 TFUE, apartado 7, «no obstante lo dispuesto en los apartados 5, 6 y 9, el Consejo, al celebrar un acuerdo, podrá autorizar al negociador a aprobar, en nombre de la Unión, las modificaciones del acuerdo para cuya adopción este prevea un procedimiento simplificado o la intervención de un órgano creado por el acuerdo. El Consejo podrá supeditar dicha autorización a condiciones específicas.»
44.
Mediante su motivo único, la Comisión alega que la Decisión impugnada fue adoptada erróneamente sobre la base del artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169, que constituye una base jurídica derivada y no prevista por el Tratado FUE. De esta forma, el Consejo supuestamente violó el principio de atribución de competencias establecido en el artículo 13 TUE, apartado 2, y el principio de equilibrio institucional desarrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia. (
19
)
45.
El artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 tiene por objeto especificar las modalidades y las condiciones de la autorización que se concede a la Comisión.
46.
El considerando 6 de la Decisión 2015/2169 precisa que dicha autorización se basa en el artículo 218 TFUE, apartado 7, con arreglo al cual procede que el Consejo autorice a la Comisión a aprobar determinadas modificaciones de un acuerdo. El objeto de esa autorización se establece en el considerando 6 y en el artículo 3, apartado 1, de la citada Decisión. Se trata de autorizar a la Comisión a establecer, en nombre de la Unión, la expiración del derecho en materia de coproducciones conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Protocolo relativo a la Cooperación Cultural y a notificárselo a la República de Corea. De este modo, la Comisión está facultada para comunicar a este Estado la intención de la Unión de no ampliar el período de aplicación del derecho en cuestión según el procedimiento previsto en el artículo 5, apartado 8, de dicho Protocolo.
47.
Es preciso recordar a este respecto que el artículo 5, apartado 8, letra b), del citado Protocolo establece que, tras el período inicial de tres años, el derecho de las coproducciones se renovará otros tres años y, a partir de entonces, se renueva automáticamente por períodos sucesivos de la misma duración, a no ser que una Parte dé por concluido el derecho notificándolo por escrito al menos tres meses antes de que expire el período inicial o cualquier período posterior.
48.
Desde el punto de vista de la Unión, la Comisión es, por lo tanto, la institución autorizada a poner fin, en nombre de la Unión, al derecho de las coproducciones que, en caso contrario, será renovado automáticamente.
49.
No obstante, esta autorización de la Comisión está supeditada a condiciones específicas, tal como establece el artículo 218 TFUE, apartado 7.
50.
En efecto, como se desprende del considerando 6 de la Decisión 2015/2169, la Comisión está facultada para establecer la expiración del derecho controvertido, salvo que «determine que el derecho debe continuar y el Consejo lo apruebe con arreglo a un procedimiento específico» o, dicho de otro modo, reproduciendo los términos que figuran en el artículo 3, apartado 1, de la citada Decisión, «salvo que, a propuesta de la Comisión, el Consejo acuerde, cuatro meses antes de que finalice el citado período, que dicho derecho continúe». En este último supuesto, la referida disposición prevé que el Consejo actuará por unanimidad. La aplicación de tal «procedimiento específico» está justificada, con arreglo al considerando 6 de la Decisión 2015/2169, tanto a causa del «carácter sensible de dicho elemento del Acuerdo [con la República de Corea] como por el hecho de que [ese] Acuerdo ha de celebrarse por la Unión y sus Estados miembros».
51.
En resumen, el procedimiento de autorización de la Comisión descrito en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 tiene por objeto permitir a la Unión poner fin, al término de cada período de tres años, al derecho controvertido, con arreglo a la posibilidad que el artículo 5, apartado 8, letra b), del Protocolo relativo a la cooperación cultural ofrece en este sentido a cada Parte. En consecuencia, la idoneidad de la supresión o de la renovación del derecho controvertido se examina cada tres años en el marco de un procedimiento iniciado por la Comisión. El Consejo únicamente deberá adoptar una decisión en este sentido, por unanimidad, en caso de que la Comisión considere que el derecho controvertido debe renovarse.
52.
La Decisión impugnada es, precisamente, la expresión de la voluntad del Consejo de aceptar la ampliación del período de aplicación del derecho controvertido por otros tres años, del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023.
53.
Del texto de la Decisión impugnada se desprende claramente que esta se basa en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169.
54.
En consecuencia, el motivo invocado por la Comisión en apoyo de su recurso solo podrá ser estimado si se acredita la ilegalidad de esta disposición. Tal sería el caso si se estimara que el procedimiento que establece para la adopción de medidas como la Decisión impugnada se aparta de lo autorizado por el artículo 218 TFUE, apartado 7.
55.
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, «dado que las normas relativas a la formación de la voluntad de las instituciones de la Unión están establecidas en los Tratados y no tienen carácter dispositivo ni para los Estados miembros ni para las propias instituciones, solo los Tratados pueden, en casos particulares, facultar a una institución para modificar un proceso decisorio establecido por ellos. Por consiguiente, reconocer a una institución la posibilidad de crear bases jurídicas derivadas que permitan la adopción de actos legislativos o de medidas de ejecución para hacer más estricta o para aligerar la forma de adopción de un acto, supondría atribuirle una facultad legislativa que excede de lo previsto en los Tratados». (
20
)
56.
Procede, por lo tanto, verificar si el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 se ajusta a lo dispuesto en el artículo 218 TFUE, apartado 7, disposición que dicho procedimiento tiene por objeto aplicar.
57.
A tal efecto, es preciso examinar si se cumplen las condiciones de aplicación previstas en el artículo 218 TFUE, apartado 7. Esto exige determinar, antes de nada, si el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 autoriza a la Comisión a aprobar, en nombre de la Unión, una modificación del Acuerdo con la República de Corea; a continuación, si este prevé para tal adopción un procedimiento simplificado o la intervención de un órgano creado por él y, por último, si las normas establecidas en dicha disposición constituyen «condiciones específicas», en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 7.
58.
Por lo que se refiere, en primer lugar, a si el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 autoriza a la Comisión a aprobar, en nombre de la Unión, una modificación del Acuerdo con la República de Corea, es preciso señalar que las Partes están de acuerdo en este aspecto. La Comisión no ofrece ninguna explicación al respecto. El Consejo, por su parte, considera que la prolongación del derecho en cuestión constituye una modificación de una parte específica e independiente de dicho Acuerdo y observa, en particular, que la Comisión, en su calidad de negociadora, está facultada para modificar este mismo derecho mediante su supresión al expirar el período de tres años. La República Francesa considera que la renovación amplía el período de aplicación de las disposiciones del referido Acuerdo relativas al derecho en materia de coproducciones y constituye, en consecuencia, una modificación de aquel.
59.
Admito que me plantea dudas la posibilidad de calificar de «modificación del Acuerdo» la renovación del derecho controvertido, dado que el propio Protocolo relativo a la cooperación cultural establece el principio de una renovación tácita y automática de tal derecho, salvo en caso de que una de las Partes se oponga a ello. Pues bien, la Decisión impugnada no tiene por objeto modificar dicho Protocolo en este aspecto, sino que, por el contrario, su finalidad es reiterar, por lo que a la Unión respecta, la voluntad de que el derecho en cuestión tenga continuidad.
60.
En cambio, debo admitir que, en la medida en que la autorización de la Comisión prevista en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 pretende poner fin, en nombre de la Unión, al derecho en cuestión, el hecho de que la Comisión ponga en práctica dicha autorización tendría como efecto dejar sin objeto el artículo 5, apartado 8, del Protocolo relativo a la cooperación cultural y las disposiciones de este que establecen tal derecho, lo que produciría efectos jurídicos equivalentes a la supresión de tales disposiciones. Como exige el tenor del artículo 218 TFUE, apartado 7, que prevé que «el Consejo, al celebrar un acuerdo, podrá autorizar al negociador a aprobar, en nombre de la Unión, las modificaciones del acuerdo», (
21
) es precisamente, por lo tanto, analizando el alcance de la autorización a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 como debe considerarse que dicha autorización tiene por objeto una modificación del Acuerdo con la República de Corea. En el presente asunto, esto es así en la medida en que esta autorización tiene por objeto modificar el contenido normativo del Protocolo relativo a la cooperación cultural al privar, en su caso, de efectos jurídicos el derecho en materia de coproducciones así como la norma según la cual este derecho, en principio, se renueva automáticamente cada tres años.
61.
En este punto de mi exposición, me parece interesante establecer un paralelismo con los actos delegados regulados por el artículo 290 TFUE, si bien no pretendo que la autorización prevista en el artículo 218 TFUE, apartado 7, deba equipararse plenamente a una delegación en el sentido del artículo 290 TFUE. Es preciso recordar que la posibilidad de delegar poderes que prevé dicho artículo tiene como finalidad permitir al legislador de la Unión concentrar su esfuerzo en la regulación de los elementos esenciales de la legislación, así como sobre los elementos no esenciales sobre los que considere oportuno legislar, al mismo tiempo que confía a la Comisión la labor de completar determinados elementos no esenciales del acto legislativo adoptado o incluso de modificar tales elementos dentro del marco de la delegación que le ha sido conferida. (
22
)
62.
Como en el caso del recurso a los actos delegados, la autorización de la Comisión en virtud del artículo 218 TFUE, apartado 7, responde a los objetivos de eficacia y rapidez, puesto que la idea es acelerar el proceso de toma de decisiones de la Unión. (
23
)
63.
Puede resultar adecuado a este respecto, teniendo en cuenta las particularidades que caracterizan una autorización de la Comisión para aprobar modificaciones de un acuerdo internacional, inspirarse en la interpretación que hace el Tribunal de Justicia del concepto de «modificación» que figura en el artículo 290 TFUE, apartado 1.
64.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del artículo 290 TFUE, apartado 1, se desprende que un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen elementos no esenciales del acto legislativo. (
24
) El artículo 290 TFUE, apartado 1, contempla dos categorías de poderes delegados, a saber, la que faculta para completar el acto legislativo y la que faculta para modificarlo. (
25
) La delegación de poderes para modificar un acto legislativo tiene por objeto facultar a la Comisión a introducir cambios en aspectos no esenciales previstos en él por el legislador de la Unión o a suprimirlos. (
26
) La existencia de una modificación se pone de manifiesto cuando la Comisión tiene el poder para modificar el contenido normativo de un acto legislativo, (
27
) lo que puede traducirse en la adición de una nueva disposición en dicho acto. (
28
)
65.
Si se acepta no circunscribir la interpretación del concepto de «modificaciones del acuerdo» en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 7, únicamente a su dimensión formal, considerando, desde un punto de vista más material, que también procede incluir en dicho concepto aquella situación en la que las disposiciones de un acuerdo están privadas de efecto jurídico en caso de ponerse en práctica la autorización concedida a la Comisión, cabe considerar, por lo tanto, que el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 autoriza efectivamente a esta institución a aprobar, en nombre de la Unión, «modificaciones del acuerdo» en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 7.
66.
Por lo que se refiere, en segundo lugar, a si el acuerdo con la República de Corea prevé que las modificaciones de este deben adoptarse mediante un procedimiento simplificado o con la intervención de un órgano creado por ese acuerdo, debe excluirse desde este momento este segundo supuesto en la medida en que el Comité de Cooperación Cultural tiene como única misión, con arreglo al artículo 5, apartado 8, letra a), del Protocolo relativo a la cooperación cultural, realizar «con el asesoramiento de los Grupos de Asesoramiento Internos y seis meses antes de la expiración [del plazo de tres años], […] una labor de coordinación para evaluar si la aplicación del derecho refuerza la diversidad y si la cooperación en las obras coproducidas es beneficiosa para ambas Partes». Por consiguiente, este Comité no está facultado para modificar el citado Acuerdo por lo que se refiere al derecho en cuestión. Sentado lo anterior, la intervención de ese Comité seis meses antes de la expiración de cada período de tres años ilustra el hecho de que, a pesar de que la renovación automática de tal derecho sea la regla a tenor de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 8, letra b), de dicho Protocolo, esta regla no impide considerar, contrariamente a lo que la Comisión sostiene, que la citada disposición sí que establece una fase procesal habida cuenta de la renovación o de la supresión de tal derecho.
67.
Además, me parece posible considerar que el Acuerdo con la República de Corea prevé un procedimiento simplificado, como exige el artículo 218 TFUE, apartado 7, para la supresión del derecho en cuestión, en la medida en que basta con que una Parte lo dé por concluido con un preaviso de al menos tres meses antes de que expire el período inicial o cualquier período posterior. Por otra parte, si se considerara, fruto de una interpretación particularmente extensiva, que la renovación de este derecho constituye una modificación de dicho Acuerdo, cosa que no creo que suceda, no cabe duda de que el carácter automático de tal renovación, que no exige, por lo tanto, ninguna intervención de las Partes, permitiría calificarla de «procedimiento simplificado» en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 7.
68.
En lo que atañe, en tercer lugar, a si la aprobación del Consejo para renovar el derecho en cuestión puede considerarse una condición específica a la que está supeditada la autorización concedida a la Comisión por el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169, me parece que efectivamente es así, dado que la supresión de este derecho solo puede evitarse si el Consejo, a propuesta de la Comisión, decide por unanimidad renovar este derecho por un período adicional de tres años. Dicho de otro modo, la autorización que se concede a la Comisión para decidir la expiración del derecho controvertido solo podrá aplicarse cuando la referida institución resuelva no incoar el procedimiento específico que puede conducir a que el Consejo adopte una decisión relativa a la ampliación del período de aplicación del citado derecho.
69.
No obstante, considero que, al supeditar la renovación del derecho en cuestión a dicho procedimiento específico, que se caracteriza por la necesidad de que el Consejo se pronuncie por unanimidad, el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 no se ajusta al artículo 218 TFUE, apartado 7.
70.
Es preciso recordar que el considerando 6 de la citada Decisión indica que el Consejo debe aprobar la ampliación del período de aplicación del derecho en cuestión con arreglo a un procedimiento específico, necesario tanto a causa del carácter sensible de dicho elemento del Acuerdo con la República de Corea como por el hecho de que el Acuerdo ha de celebrarse por la Unión y sus Estados miembros.
71.
Aunque entiendo que la renovación del derecho controvertido durante un plazo de tres años puede, desde el punto de vista de la Unión, dar lugar a una decisión del Consejo antes de cada vencimiento, me cuesta entender, en cambio, por qué la norma de votación que se exige para la adopción de dicha decisión debería ser diferente de la que se ha aplicado para la adopción por parte del Consejo de la decisión de celebrar el acuerdo con la República de Corea, a saber, la mayoría cualificada. En la medida en que el derecho en cuestión y el principio según el cual este se renueva automáticamente cada tres años fueron autorizados por la Unión mediante una decisión votada por mayoría cualificada, considero que la reiteración por la Unión, a nivel interno, de su compromiso también debería, por analogía, ser objeto de una decisión votada por mayoría cualificada.
72.
He de señalar a este respecto que no hay nada en el tenor del artículo 218 TFUE, apartado 7, que indique que la norma de votación aplicable a las decisiones relacionadas con el procedimiento de autorización previsto por esta disposición, incluida la formulación de las condiciones específicas a las que está supeditada dicha autorización, deba apartarse de la norma de votación por mayoría cualificada que constituye el principio en el artículo 218 TFUE. (
29
)
73.
Considero que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a otro procedimiento simplificado, a saber, el previsto en el artículo 218 TFUE, apartado 9, apunta en este sentido.
74.
Dicha disposición establece un procedimiento simplificado relativo, en particular, a la definición de las posiciones que deben adoptarse en nombre de la Unión en el contexto de su participación en la adopción, en el seno del organismo decisorio creado por el acuerdo internacional de que se trate, de actos relativos a la aplicación o a la ejecución de este. (
30
) Según el Tribunal de Justicia, dado que el artículo 218 TFUE, apartado 9, no establece «ninguna regla de votación para la adopción, por parte del Consejo, de las categorías de decisiones a las que se refiere, la forma de votación debe ser determinada, en cada caso concreto, a la luz del artículo 218 TFUE, apartado 8». (
31
) En consecuencia, procede considerar que, «por regla general, el Consejo decide por mayoría cualificada y que solo en los casos expuestos en [el segundo párrafo de dicha disposición] decide por unanimidad. En estas circunstancias, la regla de votación aplicable debe determinarse, en cada caso concreto, según se trate o no de estos últimos casos». (
32
) Para determinar, en este contexto, si una decisión adoptada en el marco del artículo 218 TFUE, apartado 9, se refiere a un ámbito en el que se requiere la unanimidad, procede referirse a su base jurídica sustantiva. (
33
)
75.
Procede, en mi opinión, aplicar por analogía con el procedimiento simplificado previsto en el artículo 218 TFUE, apartado 7, el razonamiento elaborado por el Tribunal de Justicia en relación con el procedimiento simplificado previsto en el artículo 218 TFUE, apartado 9.
76.
De ello se sigue que, en la medida en que la Decisión impugnada no se refiere a un ámbito en el que se requiere la unanimidad, (
34
) la norma de votación aplicable era la prevista en el artículo 218 TFUE, apartado 8, párrafo primero, a saber, la mayoría cualificada.
77.
En lo tocante, por otra parte, a la alegación según la cual el procedimiento específico caracterizado por el voto unánime del Consejo está justificado tanto a causa del carácter sensible de la renovación del derecho en cuestión como por el hecho de que el Acuerdo con la República de Corea ha de celebrarse por la Unión y sus Estados miembros, considero que dicha alegación debe desestimarse. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido ciertamente que, «cuando resulte que la materia de un acuerdo o de un convenio sea, en parte, competencia de la Unión y, en parte, de los Estados miembros, es necesario garantizar una estrecha cooperación entre estos últimos y las instituciones de la Unión, tanto en el proceso de negociación y de celebración de los mismos como en la ejecución de los compromisos contraídos». (
35
) Sin embargo, el Tribunal de Justicia declaró que «este principio no puede justificar que el Consejo se exima de respetar las normas de procedimiento y las modalidades de voto establecidas en el artículo 218 TFUE». (
36
)
78.
He de añadir que, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, «la adopción de bases jurídicas derivadas tampoco puede justificarse sobre la base de consideraciones relacionadas con el carácter políticamente delicado de la materia de que se trata o con una preocupación por garantizar la eficacia de una acción comunitaria». (
37
)
79.
Es preciso, para terminar, desestimar la alegación según la cual, puesto que el Consejo adoptó la Decisión impugnada por unanimidad, habría sido a fortiori adoptada por mayoría cualificada si dicha norma de votación hubiera estado en vigor, por lo que la citada Decisión no debe ser anulada por tal motivo. Esta alegación se basa en la idea de que la decisión adoptada por unanimidad cumple necesariamente el requisito de una mayoría cualificada. Sin embargo, este razonamiento me parece erróneo. En efecto, la norma de votación por unanimidad no podía aplicarse, ya que podía desembocar en la no adopción de la Decisión del Consejo por la que se autoriza la renovación del derecho en cuestión. De ello se desprende, en mi opinión, que la Decisión impugnada es anulable por el mero hecho de que se adoptó según una norma de votación que es contraria al artículo 218 TFUE. (
38
)
80.
Del conjunto de consideraciones anteriores se desprende que, al establecer que, a efectos de la adopción de una decisión sobre la ampliación del período de aplicación del derecho en cuestión, el Consejo actuará por unanimidad, el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2015/2169 establece ilegalmente una forma de adopción de medidas —como es el caso de la Decisión impugnada— más rigurosa en comparación con el procedimiento que debería aplicarse a estos efectos con arreglo al artículo 218 TFUE. (
39
)
81.
De ello se desprende, en mi opinión, que el motivo invocado por la Comisión es fundado y que, en consecuencia, procede anular la Decisión impugnada.
B.
Sobre el mantenimiento de los efectos de la Decisión impugnada
82.
El Consejo solicita al Tribunal de Justicia, en caso de que anule la Decisión impugnada, que mantenga sus efectos hasta que se hayan subsanado las causas de anulación.
83.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 264 TFUE, párrafo segundo, el Tribunal de Justicia puede indicar, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos.
84.
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, habida cuenta de la existencia de razones relacionadas con la seguridad jurídica, los efectos de tal acto pueden mantenerse, concretamente cuando los efectos inmediatos de su anulación entrañen consecuencias negativas graves para las partes afectadas. (
40
)
85.
En el presente asunto, la anulación de la Decisión impugnada sin mantener sus efectos podría poner en entredicho el compromiso de la Unión respecto a la ampliación del período de aplicación del derecho en cuestión por un período de tres años, del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2023, y perjudicar de este modo la correcta ejecución del Acuerdo con la República de Corea. (
41
)
86.
Por consiguiente, considero que procedería mantener, por razones de seguridad jurídica, los efectos de la Decisión impugnada si, como propongo, el Tribunal de Justicia declarara su anulación.
VI. Costas
87.
A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha solicitado que se condene en costas al Consejo, y puesto que se han desestimado las pretensiones formuladas por este, procede condenarlo en costas.
88.
A tenor del artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. Procede resolver que la República Francesa y el Reino de los Países Bajos carguen con sus propias costas.
VII. Conclusión
89.
En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que decida:
1)
Anular la Decisión (UE) 2020/470 del Consejo, de 25 de marzo de 2020, relativa a la ampliación del período de aplicación del derecho de las coproducciones audiovisuales con arreglo al artículo 5 del Protocolo relativo a la cooperación cultural del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra.
2)
Mantener los efectos de la Decisión 2020/470.
3)
Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar con sus propias costas.
4)
Resolver que la República Francesa y el Reino de los Países Bajos carguen con sus propias costas.
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	DO 2020, L 101, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión impugnada».
(
3
)	DO 2011, L 127, p. 1418.
(
4
)	DO 2011, L 127, p. 6; en lo sucesivo, «Acuerdo con la República de Corea».
(
5
)	DO 2011, L 127, p. 1.
(
6
)	DO 2014, L 124, p. 25.
(
7
)	DO 2015, L 307, p. 2.
(
8
)	DO 2017, L 160, p. 33.
(
9
)	COM(2010) 137 final.
(
10
)	La Comisión se refiere, a este respecto, a la sentencia de 6 de mayo de 2008, Parlamento/Consejo (C‑133/06, EU:C:2008:257), apartados 54 a 60 y jurisprudencia citada.
(
11
)	La Comisión se refiere, a este respecto, a la sentencia de 4 de septiembre de 2018, Comisión/Consejo (Acuerdo de colaboración con Kazajistán) (C‑244/17, EU:C:2018:662), apartado 27 y jurisprudencia citada.
(
12
)	La Comisión se refiere, a este respecto, a la sentencia de 3 de junio de 2008, Intertanko y otros (C‑308/06, EU:C:2008:312), apartado 42.
(
13
)	COM(2010) 136 final.
(
14
)	Véase la nota 9 de las presentes conclusiones.
(
15
)	DO 2012, C 188 E, p. 113.
(
16
)	La Comisión se refiere, a este respecto, a la sentencia de 4 de septiembre de 2018, Comisión/Consejo (Acuerdo de colaboración con Kazajistán) (C‑244/17, EU:C:2018:662), apartado 27 y jurisprudencia citada.
(
17
)	Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1155, p. 331.
(
18
)	Véanse las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Alemania/Consejo (C‑600/14, EU:C:2017:296), punto 57. El carácter simplificado del procedimiento se manifiesta, en particular, en el hecho de que el artículo 218 TFUE, apartado 7, no prevé la participación del Parlamento. Véase, a este respecto, Rapoport, C., «La procédure de conclusion des accords externes de l’Union européenne: quelle unité après Lisbonne?», The European Union in the World — Essays in Honour of Marc Maresceau, Brill-Nijhoff, Leyde, 2014, pp. 149 a 169. El autor señala que «el movimiento de democratización puede perfeccionarse, ya que solo es válido en la fase de la elaboración de un acuerdo y no se renueva una vez que el acuerdo está en vigor. Ya se trate de la modificación de un acuerdo según un procedimiento simplificado, de la suspensión del acuerdo o de la adopción de un derecho derivado de dicho acuerdo, el Parlamento […] únicamente gozará del derecho a la información garantizado por [el artículo 218 TFUE,] apartado 10. En estos tres ámbitos, el Parlamento depende del pleno cumplimiento por parte de la Comisión del Acuerdo marco [sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (DO 2010, L 304, p. 47)] o de la decisión puramente discrecional del Consejo de solicitarlo» (p. 158). Es preciso señalar que la Comisión se comprometió a mantener al Parlamento plenamente informado antes de aprobar modificaciones de un acuerdo, con arreglo a la autorización recibida del Consejo, de conformidad con el artículo 218 TFUE, apartado 7: véase al anexo 3, punto 9, del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
(
19
)	Véase, en particular, la sentencia de 6 de mayo de 2008, Parlamento/Consejo (C‑133/06, EU:C:2008:257), apartados 56 a 61.
(
20
)	Véase, en particular, la sentencia de 22 de septiembre de 2016, Parlamento/Consejo (C‑14/15 y C‑116/15, EU:C:2016:715), apartado 47 y jurisprudencia citada.
(
21
)	El subrayado es mío.
(
22
)	Véase, en particular, la sentencia de 17 de marzo de 2016, Parlamento/Comisión (C‑286/14, EU:C:2016:183), apartado 54.
(
23
)	Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Aplicación del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de 9 de diciembre de 2009 [COM(2009) 673 final], punto 3.2, p. 5.
(
24
)	Véase, en particular, la sentencia de 17 de marzo de 2016, Parlamento/Comisión (C‑286/14, EU:C:2016:183), apartado 30 y jurisprudencia citada.
(
25
)	Véase, en particular, la sentencia de 17 de marzo de 2016, Parlamento/Comisión (C‑286/14, EU:C:2016:183), apartado 32.
(
26
)	Véase, en particular, la sentencia de 17 de marzo de 2016, Parlamento/Comisión (C‑286/14, EU:C:2016:183), apartado 42.
(
27
)	Véase, en particular, la sentencia de 16 de julio de 2015, Comisión/Parlamento y Consejo (C‑88/14, EU:C:2015:499), apartado 44.
(
28
)	Véase, en particular, la sentencia de 16 de julio de 2015, Comisión/Parlamento y Consejo (C‑88/14, EU:C:2015:499), apartado 43.
(
29
)	Como declaró el Abogado General Mengozzi en sus conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Consejo (C‑28/12, EU:C:2015:43), punto 89, «el marco procedimental para la negociación y la celebración de los acuerdos internacionales de la Unión fue establecido por el Tratado de Lisboa que, inter alia, introdujo como regla general la regla de la mayoría cualificada. Los Estados miembros aprobaron y ratificaron dicho Tratado y están vinculados por él. No pueden eludir ni ignorar […] las reglas que ellos mismos establecieron».
(
30
)	Véase la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Consejo (Acuerdo con Armenia) (C‑180/20, EU:C:2021:658), apartado 28.
(
31
)	Sentencia de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Consejo (Acuerdo con Armenia) (C‑180/20, EU:C:2021:658), apartado 29.
(
32
)	Sentencia de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Consejo (Acuerdo con Armenia) (C‑180/20, EU:C:2021:658), apartado 29.
(
33
)	Véase la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Consejo (Acuerdo con Armenia (C‑180/20, EU:C:2021:658), apartado 31 y jurisprudencia citada. En su sentencia de 4 de septiembre de 2018, Comisión Acuerdo de colaboración con Kazajistán) (C‑244/17, EU:C:2018:662), apartado 30, el Tribunal de Justicia insistió en la necesidad de «garantizar la simetría entre los procedimientos relativos a la acción en el plano interno de la Unión y los procedimientos relativos a su acción en el plano externo, respetando el equilibrio institucional establecido en los Tratados».
(
34
)	A este respecto, considero que la base jurídica sustantiva que ha de tenerse en cuenta es el artículo 167 TFUE, apartado 3, que se menciona en la Decisión 2015/2169. A tenor de lo dispuesto en dicha disposición, «la Unión y los Estados miembros fomentarán la cooperación con los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la cultura, especialmente con el Consejo de Europa».
(
35
)	Véase, en particular, la sentencia de 28 de abril de 2015, Comisión/Consejo (C‑28/12, EU:C:2015:282), apartado 54 y jurisprudencia citada.
(
36
)	Sentencia de 28 de abril de 2015, Comisión/Consejo (C‑28/12, EU:C:2015:282), apartado 55.
(
37
)	Sentencia de 6 de mayo de 2008, Parlamento/Consejo (C‑133/06, EU:C:2008:257), apartado 59.
(
38
)	Véanse las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Comisión/Consejo (C‑28/12, EU:C:2015:43), en las que este último consideró que no podía prosperar la alegación de que no se infringió la norma de votación prevista en el artículo 218 TFUE, pues la unanimidad siempre comprende la mayoría cualificada. Haciendo referencia a lo ya señalado por la Abogada General Sharpston, el Abogado General Mengozzi declaró que «una decisión a la que nadie se haya opuesto no coincide necesariamente con una decisión sobre la que puede ponerse de acuerdo una mayoría cualificada de participantes, en la medida en que el contenido de una decisión capaz de concitar una mayoría cualificada podría tener que rebajarse al objeto de ser aprobad[o] por unanimidad o sin ninguna oposición» (punto 81). Véanse, en el mismo sentido, las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Comisión/Consejo (C‑114/12, EU:C:2014:224), punto 189.
(
39
)	Véase, para un razonamiento comparable, la sentencia de 22 de septiembre de 2016, Parlamento/Consejo (C‑14/15 y C‑116/15, EU:C:2016:715), apartado 72.
(
40
)	Véase, en particular, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Consejo (Acuerdo con Armenia) (C‑180/20, EU:C:2021:658), apartado 62 y jurisprudencia citada.
(
41
)	Véase, por analogía, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Consejo (Acuerdo con Armenia) (C‑180/20, EU:C:2021:658), apartado 63 y jurisprudencia citada.