62024CC0197
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DEAN SPIELMANN
presentadas el 30 de abril de 2025 (
1
)
Asunto C‑197/24 [Šiľarský] (
i
)
AK
contra
RU
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Mestský súd Bratislava IV (Tribunal Municipal de Bratislava IV, Eslovaquia)]
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/7/UE — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Concepto de “empresa” — Concepto de “operación comercial” — Directiva 93/13/CEE — Contrato de prestación de servicios jurídicos para la constitución de una sociedad mercantil — Artículo 267 TFUE — Competencia del Tribunal de Justicia — Admisibilidad — Concepto de “consumidor” — Persona física que ha recurrido a los servicios de un abogado para constituir una sociedad mercantil»
Introducción
1.
En el contexto de un contrato de prestación de servicios jurídicos celebrado entre un cliente y su abogado con vistas a la constitución de una sociedad mercantil de la que dicho cliente iba a ser gerente y uno de los dos socios fundadores, este cliente persona física, ¿es ya una empresa o sigue siendo un consumidor? Este es el interrogante que plantea, en esencia, la presente petición de decisión prejudicial. En el litigio principal sobre reclamación de honorarios del abogado, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en efecto, sobre cuál es el corpus normativo que debe aplicarse, si el civil o el mercantil.
2.
De este modo, el presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de aclarar, en este contexto, el concepto de «empresa», en el sentido de la Directiva 2011/7/UE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (
2
) (primera cuestión prejudicial), y de «consumidor», en el sentido de la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (
3
) (segunda cuestión prejudicial). También es una oportunidad para interrogarse acerca de la cuestión de la competencia del Tribunal de Justicia para responder a esta segunda cuestión prejudicial cuando el litigio principal no versa, como tal, sobre una cláusula contractual, y acerca de la admisibilidad de dicha cuestión prejudicial.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3.
El considerando 8 de la Directiva 2011/7 enuncia, en particular, que conviene que el ámbito de dicha Directiva se limite a los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales y que la referida Directiva no debe regular las operaciones en las que intervienen consumidores ni los intereses relacionados con otros pagos.
4.
A tenor de artículo 1 de la Directiva 2011/7, titulado «Objeto y ámbito de aplicación»:
«1.   El objeto de la presente Directiva es la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas y, en particular, de las [pequeñas y medianas empresas].
2.   La presente Directiva se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales.
[…]»
5.
El artículo 2 de dicha Directiva establece:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1)
“operaciones comerciales”: las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación;
[…]
3)
“empresa”: cualquier organización, distinta de los poderes públicos, que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona;
[…]».
6.
El artículo 6, apartado 1, de esta Directiva dispone que los Estados miembros se asegurarán de que, en los casos en que resulte exigible el interés de demora en las operaciones comerciales con arreglo a los artículos 3 o 4 de esta Directiva, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 euros.
7.
La Directiva 93/13 enuncia, en su considerando 12, que, «considerando no obstante que en el estado actual de las legislaciones nacionales solo se puede plantear una armonización parcial; que, en particular, las cláusulas de la presente Directiva se refieren únicamente a las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto de negociación individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, dentro del respeto del Tratado, de garantizar una protección más elevada al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la presente Directiva».
8.
El artículo 1, apartado 1, de esta Directiva dispone lo siguiente:
«El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores».
9.
El artículo 2, letra b), de dicha Directiva establece:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[…]
b)
“consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional;
[…]».
10.
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 establece que las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
11.
El artículo 4 de esta Directiva establece lo siguiente:
«1.   Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.
2.   La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible».
12.
El artículo 8 de esta Directiva establece:
«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección».
Derecho eslovaco
Código de Comercio
13.
Conforme al artículo 2, apartado 2, letra a), de la zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (Ley n.o 513/1991 Rec., por la que se establece el Código de Comercio; en lo sucesivo, «Código de Comercio»), de 5 de noviembre de 1991 (n.o 98/1991 Zb.), un empresario es una persona inscrita en el Registro Mercantil.
14.
El artículo 57, apartado 1, del Código de Comercio establece que, salvo disposición contraria de dicho Código, una sociedad se constituirá mediante un contrato suscrito por todos los fundadores. Las firmas de los fundadores deberán autentificarse oficialmente.
15.
El artículo 62, apartado 1, del Código de Comercio dispone que la fecha de constitución de una sociedad es la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil.
16.
El artículo 369c, apartado 1, de dicho Código, que transpone al Derecho eslovaco el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7, establece que, «en caso de mora del deudor, el acreedor, además de a las acciones contempladas en los artículos 369, 369a y 369b, tendrá también derecho a una cantidad fija como compensación por los costes de ejecución del crédito, sin necesidad de recordatorio o requerimiento separado. […]».
Código Civil
17.
El artículo 52 de la zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (Ley n.o 40/1964, por la que se establece el Código Civil), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil»), dispone:
«(1) Se entenderá por “contrato celebrado con un consumidor” cualquier contrato, con independencia de su forma jurídica, que se celebre entre un profesional y un consumidor.
(2) Las disposiciones relativas a los contratos celebrados con un consumidor, así como cualesquiera otras disposiciones que regulen las relaciones jurídicas de las que sea parte un consumidor, se aplicarán siempre que sean favorables al consumidor. Serán nulos los pactos contractuales o los acuerdos divergentes cuyo contenido o finalidad sea eludir esta disposición. A todas las relaciones jurídicas de las que sea parte un consumidor les serán siempre aplicables con carácter prioritario las disposiciones del Código Civil, aun cuando, en otro caso, les fueran aplicables las disposiciones del Derecho mercantil.
(3) Se entenderá por “profesional” la persona […] que, al celebrar y ejecutar un contrato con un consumidor, actúe en el ámbito de su actividad empresarial o profesional.
(4) Se entenderá por “consumidor” la persona física que, al celebrar y ejecutar un contrato con un consumidor, no actúe en el ámbito de una actividad empresarial o profesional».
Ley sobre la profesión de abogado
18.
El artículo 18, apartado 4, de la zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, de 4 de diciembre de 2003 (n.o 239/2003 Z. z.) [Ley n.o 586/2003 Z. z., por la que se regula la profesión de abogado y por la que se modifica y completa la Ley n.o 455/1991 Zb. sobre el Ejercicio de Actividades Profesionales (Ley sobre las Actividades Profesionales), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Ley sobre la profesión de abogado»)] dispone que, «cuando preste servicios jurídicos, el abogado estará obligado a informar al cliente que tenga la condición de consumidor de servicios jurídicos sobre el importe de la remuneración debida por la prestación de tales servicios antes de que esta se inicie, en cuyo defecto no tendrá derecho a la remuneración».
Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
19.
El procedimiento principal se inició mediante una acción interpuesta por AK, sociedad profesional de abogados, (
4
) parte demandante en el litigio principal, contra RU, persona física demandada en el litigio principal. El objeto del litigio es el pago de los honorarios de la sociedad profesional por la prestación de servicios jurídicos de un importe de 3250 euros, junto a los intereses de demora devengados a partir del 18 de enero de 2023, y el pago de la compensación por los costes de cobro.
20.
AK alega que, «hacia finales de marzo, principios de abril de 2022», fue contactada por RU, que quería constituir una sociedad de responsabilidad limitada con arreglo al Derecho eslovaco. RU iba a ejercer la función de gerente de esta sociedad e iba a ser uno de los dos socios fundadores. Explica que AK y RU celebraron un contrato verbal de encargo profesional, mediante el cual AK se comprometió a prestar servicios jurídicos a cambio de la remuneración pactada a tanto alzado.
21.
AK remitió a RU un borrador de contrato de sociedad y otros documentos, así como la factura por sus servicios, que resultó impagada a su vencimiento, a saber, el 17 de enero de 2023. Según AK, se trata de un litigio que se rige por las normas del Derecho mercantil, por lo que reclama el pago de una compensación fija por los costes del cobro de 40 euros, con arreglo al artículo 369c, apartado 1, del Código de Comercio, que transpone el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7.
22.
Por su parte, RU niega haber celebrado un contrato de prestación de servicios jurídicos con AK. Según RU, no se celebró ningún pacto sobre honorarios, y AK le envió el contrato de sociedad y los demás documentos sin que se le hubieran encargado. RU considera que es un consumidor y sostiene que el litigio no se rige por las disposiciones del Derecho mercantil.
23.
En estas circunstancias, el Mestský súd Bratislava IV (Tribunal Municipal de Bratislava IV, Eslovaquia), al albergar dudas acerca de si la parte demandada en el litigio principal debe considerarse una empresa en el sentido de la Directiva 2011/7 o un consumidor en el sentido de la Directiva 93/13, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva [2011/7], en relación con los artículos 2, puntos 1 y 3, y 6, apartado 1, de la misma Directiva, en el sentido de que (i) se entiende comprendida en el concepto de “empresa” una persona física que, en un supuesto como el del procedimiento principal, recurre a los servicios jurídicos de un abogado con vistas a la constitución de una sociedad mercantil de la que será miembro del órgano de administración y uno de los dos socios fundadores, y de que (ii) se entiende por “operación comercial” una operación que, en un supuesto como el del procedimiento principal, da lugar a la prestación de servicios por un abogado a esa persona con vistas a la constitución de una sociedad mercantil?
2)
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el concepto de “consumidor” que figura en el artículo 2, letra b), de la Directiva [93/13], en relación con el artículo 8 de la misma Directiva, en el sentido de que, en un supuesto como el del procedimiento principal, se entiende comprendida en él una persona física a la que se le reclama un crédito que trae causa de un contrato de prestación de servicios jurídicos, cuando ese contrato tuviera por objeto la prestación de servicios con vistas a la constitución de una sociedad mercantil de la que dicha persona física debía ser miembro del órgano de administración y uno de sus dos socios fundadores?»
24.
Han presentado observaciones escritas la Comisión Europea y el Gobierno eslovaco.
Análisis
Primera cuestión prejudicial
25.
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2011/7, en relación con los artículos 2, puntos 1 y 3, y 6, apartado 1, de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que una persona física que, con arreglo al Derecho eslovaco, no es un «empresario», al no haberse constituido aún ninguna sociedad, y que ha recurrido a los servicios de un abogado con vistas a la constitución de una sociedad mercantil de la que será gerente y uno de los dos socios fundadores debe ser considerada como una «empresa» en el sentido de la mencionada Directiva. Por lo tanto, se trata de determinar si la prestación de servicios en cuestión constituye una «operación comercial» por el hecho de que dicha persona solicitara servicios jurídicos con vistas a una futura actividad profesional. Según el órgano jurisdiccional remitente, la respuesta a esta cuestión prejudicial es necesaria para determinar si a la parte demandante le correspondería la reclamación de una cantidad fija como compensación por los costes de cobro, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7, transpuesto por el artículo 369c, apartado 1, del Código de Comercio eslovaco.
26.
A este respecto, procede, de entrada, recordar que, a tenor del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2011/7, esta se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en «operaciones comerciales». El artículo 2, punto 1, de esta Directiva define este concepto enunciando dos requisitos acumulativos. Primero, debe realizarse entre empresas o entre empresas y poderes públicos, y, segundo, debe dar lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación. (
5
)
27.
En este asunto, solo el primero requisito, relativo a la posibilidad de considerar a RU como una «empresa», es objeto de los interrogantes del órgano jurisdiccional remitente.
28.
Recordemos que se desprende de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad que, a falta de remisión del artículo 2, puntos 1 y 3, de la Directiva 2000/35 (
6
) a la normativa nacional, los conceptos de «operación comercial» y de «empresa» deben ser interpretados de forma autónoma y uniforme. (
7
) En virtud del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7, debe entenderse por «empresa» cualquier organización, distinta de los poderes públicos, que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona.
29.
En este sentido, la Directiva 2011/7, que va dirigida a luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando así la competitividad de las empresas y en particular de las pequeñas y medianas empresas, no pretende aplicarse a cualquier operación que resulte en la entrega de mercancías o en la prestación de servicios a cambio de una contraprestación, en particular a todas aquellas celebradas de manera puntual por los particulares en la vida cotidiana. (
8
) De este modo, no basta que una persona realice una operación vinculada a una actividad económica para entrar dentro del concepto de «empresa» y para que dicha operación se califique de «comercial» a efectos del artículo 2, punto 1, de la mencionada Directiva. Es necesario también que esa persona actúe como organización en el marco de tal actividad o de una actividad profesional independiente. (
9
)
30.
Este requisito implica, por un lado, que esta persona, independientemente de cuál sea su forma y estatuto jurídico conforme al Derecho nacional, ejerce la mencionada actividad de manera estructurada y permanente, actividad que no puede, por tanto, limitarse a una prestación puntual y aislada, y, por otro lado, que la operación de que se trate se inscribe en el marco de la mencionada actividad. En cambio, la actividad de que se trate no debe ser necesariamente la actividad económica o profesional principal de la persona afectada o estar vinculada a esta última actividad. (
10
)
31.
Sin embargo, debo precisar, por lo que se refiere al concepto de «organización», que dicho requisito de ejercicio de la actividad de manera estructurada y permanente no implica necesariamente una estructura organizada de medios tales como local propio, personal y herramientas o equipos relacionados con esa actividad. (
11
)
32.
Así pues, para determinar si una persona actúa en calidad de «empresa» en el sentido del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7 y si, en consecuencia, las operaciones que celebra tienen carácter comercial en el sentido del artículo 2, punto 1, de esta Directiva, es preciso tener en consideración el conjunto de las circunstancias del caso.
33.
En el litigio principal, RU, parte demandada en el litigio principal, es una persona física, sin que el órgano jurisdiccional remitente mencione ninguna otra circunstancia relacionada con su estatuto o su actividad que abogue por su calificación como «organización que actúa en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional». En efecto, no resulta de ningún dato o documento aportado por el órgano jurisdiccional remitente que RU ejerciera una actividad económica o profesional independiente de manera estructurada y permanente y nada indica que la operación en cuestión encajara en una actividad de este tipo. Por lo tanto, no se cumple, en este asunto, ninguno de los dos requisitos que se mencionan en el punto 30 de las presentes conclusiones para probar la existencia de una empresa.
34.
El órgano jurisdiccional remitente menciona, a este respecto, la posibilidad de tener en cuenta el carácter futuro de una actividad profesional objeto de un contrato. El Gobierno eslovaco sostiene, por su parte, que deben tenerse en cuenta la naturaleza, el objeto y la finalidad de la operación en cuestión. Considera que las personas físicas que intervienen en el proceso de constitución de una sociedad mercantil y que actúan en relación con la actividad económica prevista por esta sociedad pueden tener la consideración de «empresa» y que los requisitos a este respecto deberían examinarse respecto de la sociedad mercantil cuya constitución se ha contemplado, con arreglo al objetivo de la Directiva 2011/7 de luchar contra la morosidad. Concluye de ello que RU actuó con la intención de ejercer de modo sistemático una actividad económica o profesional y debe considerarse una empresa que ha celebrado una operación comercial.
35.
Esta argumentación no me parece convincente.
36.
En efecto, si bien es cierto que el objeto de la operación en cuestión puede constituir, en su caso, uno de tantos elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si la Directiva 2011/7 es aplicable, (
12
) no basta por sí solo para calificar a esa persona de «empresa» en relación con la celebración de la operación en cuestión, como tampoco la intención de la persona de que se trate.
37.
Debo recordar que, para determinar el alcance de una disposición del Derecho de la Unión, hay que tener en cuenta tanto sus términos como su contexto y sus finalidades. (
13
)
38.
En primer término, del tenor del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7 se desprende que una «empresa» es una organización «que actúe en ejercicio de su actividad […] económica», lo cual apunta a que la empresa debe existir cuando se celebre la operación en cuestión. Considero que, si el legislador hubiera contemplado la intención de ejercer en el futuro la actividad económica como un elemento definitorio del concepto de «empresa», ello resultaría expresamente del texto, (
14
) pues supondría una apreciable ampliación del ámbito de aplicación de esta Directiva.
39.
En segundo término, me parece que la interpretación contextual corrobora esta interpretación textual. En efecto, la Directiva 2011/7 es aplicable ratione materiae a todos los pagos efectuados como contraprestación en «operaciones comerciales», siempre que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación. La amplitud de este concepto de «operación comercial» queda, no obstante, limitada por el hecho de que dichas operaciones estén definidas ratione personae, como las realizadas entre «empresas», lo que implica examinar si la operación se celebró en calidad de«empresa» o no. (
15
) Estimo, por lo tanto, que el hecho de que la persona de que se trata no fuera una «empresa» en el sentido del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7 cuando se llevó a cabo la operación no se ve alterado por la posibilidad de que pudiera, en su caso, adquirir tal condición posteriormente. La posibilidad de una futura evolución de su estatuto en este aspecto no me parece un elemento pertinente a la hora de apreciar la naturaleza de la operación en cuestión, incluso si tal evolución fuera consecuencia de esta operación. (
16
) Añadiré que, para ser «comercial», tal operación debe inscribirse «en el marco de» la actividad en cuestión de la persona de que se trate. (
17
) De esta forma, al apreciar la aplicabilidad de la Directiva 2011/7 a la vista de la condición de las partes, el Tribunal de Justicia se sitúa en el momento en que se celebra la operación en cuestión. (
18
)
40.
En tercer término, en cuanto a la finalidad de la Directiva 2011/7, procede recordar que, a tenor de su artículo 1, apartado 1, su objetivo es la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas, y en particular de las pequeñas y medianas empresas. No obstante, considero que el objetivo de proteger eficazmente al acreedor frente a la morosidad no puede dar lugar a que se modifique el ámbito de aplicación ratione personae de esta Directiva que lleve hasta incluir en él a una persona física que no responda a la calificación de «empresa» en el momento de celebración de la operación.
41.
Pues bien, en el presente asunto, no se desprende de ninguno de los elementos facilitados por el órgano jurisdiccional remitente que, en el momento en que se realizó la operación en cuestión, RU ejerciera una actividad independiente, económica o profesional, o que se hubiera presentado a AK como alguien que ejercía tal actividad. Además, consta que RU no era aún ni gerente ni socio de la sociedad de Derecho eslovaco, aún no constituida y respecto de la cual no puede deducirse de los autos si llegó o no a constituirse. Por añadidura, la operación en cuestión entre las partes en el litigio principal tenía por objeto la prestación de servicios jurídicos y, si bien esta consulta jurídica se refería a la constitución de una sociedad mercantil (redacción de un borrador de contrato de sociedad, preparación de otros documentos y examen de las cuestiones relativas a la constitución de la sociedad y a la participación personal de los futuros fundadores), nada indica que la intención de constituir tal sociedad fuera real, máxime cuando el órgano jurisdiccional remitente ha aludido al hecho de que RU negó haber encargado a AK la redacción de esta consulta jurídica.
42.
Por lo demás, considero que, a la vista de las sentencias Benincasa (
19
) y Česká spořitelna, (
20
) las dudas suscitadas por el órgano jurisdiccional remitente deben disiparse. En efecto, las remisiones prejudiciales en los mencionados asuntos iban dirigidas a determinar qué tribunales eran competentes. En los sistemas del Convenio de Bruselas y del Reglamento n.o 44/2001, el concepto de «consumidor» preside las reglas de determinación de la competencia judicial y permite, en particular, al demandante «consumidor» atraer al demandado ante los tribunales que no son los del Estado en cuyo territorio tiene su domicilio. Pues bien, como ha destacado el Tribunal de Justicia, al permitir excepciones a las normas de principio en materia de competencia de los órganos jurisdiccionales, la interpretación de este concepto de «consumidor» debe ser, en este marco particular, estricta. Por ello, el Tribunal de Justicia ha considerado que, en el marco de las mencionadas disposiciones, relativas a las reglas de competencia, (
21
) la protección particular vinculada a la condición de «consumidor», pretendida por dichas disposiciones, no se justificaba en el caso de contratos cuyo objeto consistía en una actividad profesional, aunque se previera para el futuro. (
22
) En consecuencia, en esos asuntos, el ejercicio de una actividad profesional no actual, sino futura se tuvo en cuenta para concluir que la persona física en cuestión no era un «consumidor» en el sentido de las disposiciones pertinentes del Convenio de Bruselas y del Reglamento n.o 44/2001. (
23
)
43.
Sin embargo, si bien ese razonamiento es comprensible a efectos de la determinación del tribunal competente en el momento de la presentación de la demanda, no creo que pueda extrapolarse al ámbito del presente litigio.
44.
En efecto, esta interpretación estricta del concepto de «consumidor», en el que la finalidad profesional del contrato, la actividad profesional futura o la evolución de la relación contractual constituyen elementos pertinentes para negar a una persona la condición de «consumidor», está justificada en el marco particular de las reglas de competencia. Por otra parte, señalo que tanto el artículo 13 del Convenio de Bruselas como el artículo 15 del Reglamento n.o 44/2001 definen el consumidor refiriéndose a una persona que celebre un contrato «para un uso» que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, concepto este, el de «uso», que no aparece en la definición de empresa que resulta del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7.
45.
En cambio, a la vista de las anteriores consideraciones relativas al texto, al contexto y al objetivo de la Directiva 2011/7, (
24
) no parece que esté justificado tomar una acepción particularmente amplia del concepto de «operación comercial» que llegue hasta el punto de considerar el objetivo y la finalidad de la operación como criterios decisivos de aplicación de dicha Directiva ratione personae. (
25
) De este modo, en el caso de autos, la condición de «empresa» del deudor RU debe apreciarse en el momento en que se lleva a cabo la operación que tiene por objeto la prestación de servicios jurídicos, con independencia del hecho de que la sociedad contemplada en la consulta jurídica llegara o no a constituirse.
46.
Habida cuenta del conjunto de consideraciones que anteceden, propongo al Tribunal de Justicia que conteste a la primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2011/7, en relación con los artículos 2, puntos 1 y 3, y 6, apartado 1, de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de que existan otras circunstancias que permitan concluir que una persona física ha actuado en el ejercicio de una actividad independiente económica o profesional estructurada y permanente, extremo cuya comprobación corresponde al órgano jurisdiccional remitente, el hecho de que esa persona haya recurrido a los servicios de un abogado para la constitución de una sociedad mercantil de la que debía convertirse en gerente y en uno de los dos socios fundadores no puede bastar por sí solo para calificar a esa persona de «empresa» ni, por ende, para calificar la operación celebrada con el abogado de «comercial».
Segunda cuestión perjudicial
47.
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente plantea la segunda cuestión prejudicial para determinar, en esencia, si el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 8 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que una persona física que ha recurrido a los servicios de un abogado con vistas a la constitución de una sociedad mercantil de la que debía ser gerente y uno de sus dos socios fundadores debe considerarse un consumidor en el sentido de dicha disposición.
48.
Para responder a esta segunda cuestión prejudicial, considero necesario examinar, de entrada, la competencia del Tribunal de Justicia, luego, la admisibilidad de dicha cuestión prejudicial y, por último, dar una respuesta a esta en cuanto al fondo.
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
49.
Procede recordar que la Directiva 93/13 solo contempla, por un lado, las cláusulas que no se hayan negociado individualmente (artículo 3 de esa Directiva) y, por otro lado, las cláusulas distintas de aquellas que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación del precio y de la prestación (artículo 4, apartado 2, de esa Directiva).
50.
Pues bien, en este asunto, como señala el órgano jurisdiccional remitente y ha subrayado el Gobierno eslovaco, el asunto principal no trata de la problemática de una cláusula, abusiva o no, contenida en el contrato en cuestión (verbal, en este asunto), sino de la definición de «consumidor» contenida en el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13. Además, debo subrayar que, según resulta de la petición de decisión prejudicial, la parte demandante en el litigio principal se comprometió a prestar servicios jurídicos a cambio de una remuneración «pactada» a tanto alzado, lo cual permite pensar que hubo una negociación individual en lo relativo a los honorarios.
51.
Por lo tanto, la Directiva 93/13, que se refiere a «las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores», no está concebida para aplicarse, como tal, al fondo del litigio principal.
52.
Por consiguiente, surge la cuestión del punto de conexión del litigio principal con el Derecho de la Unión y, por ende, de la competencia del Tribunal de Justicia para dar respuesta a la segunda cuestión prejudicial: ¿es el Tribunal de Justicia competente para interpretar dicho concepto (el de «consumidor»), mencionado en un acto de Derecho derivado (la Directiva 93/13), aun cuando ese acto no sea aplicable al litigio principal?
53.
La jurisprudencia relativa a la competencia del Tribunal de Justicia en la materia ha sido objeto de desarrollos que han sido analizados, sistematizados y sintetizados de forma brillante y pertinente por numerosos abogados generales (
26
) y también por la doctrina. (
27
) El propio Tribunal de Justicia ha clarificado su método de análisis, especialmente en la sentencia Ullens de Schooten. (
28
) En dicha sentencia, después de declararse competente para contestar a una cuestión prejudicial sobre la interpretación del principio de responsabilidad extracontractual del Estado, por constituir un principio inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, el Tribunal de Justicia examinó, en cuanto al fondo, si el régimen de responsabilidad extracontractual de un Estado miembro había de aplicarse en un asunto en el que todos los elementos estaban circunscritos al interior de un Estado miembro, aun cuando las disposiciones de los Tratados relativas a las libertades fundamentales de que se trataba (de establecimiento, de libre prestación de servicios y de libre circulación de capitales) no son, en principio, aplicables a esa situación «meramente interna». El Tribunal de Justicia se refirió, en los apartados 50 a 53 de dicha sentencia, a las cuatro hipótesis en las que, incluso en esa situación, tales disposiciones deberían interpretarse y sintetizó los casos en los que el Derecho de la Unión ha sido declarado invocable (o interpretable), en el sentido de que está justificado que un demandante lo invoque ante un juez nacional y que este último pregunte al Tribunal de Justicia sobre su alcance, aun cuando la situación no esté incluida en el ámbito de la norma invocada.
54.
En el presente asunto, la cuarta hipótesis formulada en la sentencia Ullens de Schooten parece en particular más pertinente, al contemplar los casos en los que, a pesar de que los hechos del litigio principal no estén directamente comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, las disposiciones de ese ordenamiento han sido declaradas aplicables por la legislación nacional, que se atiene, para resolver situaciones cuyos elementos están circunscritos al interior de un único Estado miembro, a las soluciones adoptadas por el Derecho de la Unión. (
29
)
55.
En efecto, en esos casos, el Tribunal de Justicia mantiene su competencia alegando el interés de una interpretación uniforme de las disposiciones del Derecho de la Unión, con el fin de garantizar un trato idéntico de dichas situaciones y de las que están incluidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. Así pues, la interpretación del Tribunal de Justicia de las disposiciones del Derecho de la Unión en situaciones puramente internas está justificada por el hecho de que dichas disposiciones se han hecho directa e incondicionalmente aplicables por el Derecho nacional con el fin de garantizar un trato idéntico de las situaciones internas y de las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión. (
30
)
56.
En este contexto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente indicar en qué medida el litigio del que conoce presenta un elemento de conexión con las disposiciones del Derecho de la Unión de que se trate que hace necesaria una interpretación con carácter prejudicial para resolver dicho litigio, de conformidad con lo exigido por el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. (
31
)
57.
En este asunto, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en primer término, que se interprete un «concepto», concretamente el concepto de «consumidor», tal y como aparece definido en el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha interpretado en un sentido amplio el objeto de su competencia de interpretación con carácter prejudicial, establecida en el artículo 267 TFUE, párrafo primero, letras a) y b), competencia que también se extiende a los «conceptos tomados del Derecho de la Unión». Existe, en efecto, un interés manifiesto, con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación, en que los conceptos tomados del Derecho de la Unión reciban una interpretación uniforme, cualesquiera que sean las condiciones en que tengan que aplicarse. (
32
)
58.
En segundo término, me pregunto hasta qué punto el concepto de «consumidor», presente en la Directiva 93/13, se ha hecho «directa e incondicionalmente» aplicable por las disposiciones eslovacas invocadas, a situaciones como la presente, y si, pese a la ausencia de una cláusula —sea o no abusiva— invocada, el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse acerca de la interpretación solicitada del concepto de «consumidor».
59.
Debo recordar que, en esencia, la remisión es «directa» cuando es específica y no general, y que es «incondicional» cuando las disposiciones de la Unión invocadas son «aplicables sin limitaciones a la situación que es objeto del procedimiento principal», (
33
) lo que implica que el órgano jurisdiccional remitente no puede apartarse de la interpretación que proporcione el Tribunal de Justicia, (
34
) sin lo cual la respuesta a la cuestión prejudicial podría carecer de relación con el litigio principal y, por tanto, ser puramente hipotética. (
35
)
60.
En este caso, el órgano jurisdiccional remitente ha precisado que, en el artículo 52, apartado 4, del Código Civil eslovaco, el concepto de «consumidor» transpone el concepto definido en el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 y que, mediante el artículo 18, apartado 4, de la Ley sobre la profesión de abogado, la República Eslovaca «ha impuesto la aplicación del concepto de consumidor a las remuneraciones de los abogados por la prestación de servicios jurídicos». Dicho órgano jurisdiccional deduce de ello, en esencia, que una respuesta afirmativa a su segunda cuestión prejudicial le permitiría, por tanto, con la aplicación de ambas disposiciones combinadas, resolver el litigio principal.
61.
Ciertamente, la remisión al Derecho de la Unión no se evidencia expresamente en la disposición de Derecho nacional de que se trata y el órgano jurisdiccional tampoco aporta ningún elemento concreto (por ejemplo, trabajos preparatorios) sobre este particular. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente es el único competente para interpretar el Derecho nacional en el marco del sistema de cooperación judicial establecido por el artículo 267 TFUE. El Gobierno eslovaco no cuestiona, por cierto, que el concepto de «consumidor» cuya interpretación se solicita se aplique en este asunto, aunque sugiere que la interpretación del concepto de «consumidor» debe realizarse a la luz de la obligación de información y, por lo tanto, a la luz del artículo 5, apartados 1, letra c), y 4, de la Directiva 2011/83 sobre los derechos de los consumidores.
62.
Además, el artículo 52 del Código Civil, citado por el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, se refiere, en su apartado 2, a las disposiciones relativas a los contratos celebrados con consumidores, estableciendo, en particular, que se apliquen, en esencia, siempre que sean favorables al consumidor, siendo nulos los pactos contractuales o los acuerdos divergentes cuyo contenido o finalidad sea eludir esa disposición, lo que nos remite a la Directiva 93/13, sobre cláusulas abusivas, y refuerza la indicación del órgano jurisdiccional remitente en el sentido de que el artículo 52 del Código Civil eslovaco transpone el concepto de «consumidor» que figura en la Directiva 93/13.
63.
Por último, no veo ninguna razón para dudar de que el órgano jurisdiccional remitente se considere vinculado por la interpretación del Tribunal de Justicia, ya que subraya que la respuesta del Tribunal de Justicia le permitirá resolver el litigio principal.
64.
Por consiguiente, procede considerar que el legislador eslovaco ha querido realizar una remisión directa e incondicional al concepto de «consumidor» en el sentido de la Directiva 93/13, con el fin de que se aplique el mismo concepto de «consumidor» tanto en las situaciones internas reguladas en esa disposición del Código Civil eslovaco como en aquellas que se rigen por la Directiva 93/13.
65.
De ello se desprende que el hecho de que la situación sobre la que versa el litigio principal no esté incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 no es óbice para que el Tribunal de Justicia reconozca su competencia, puesto que cabe considerar que el legislador eslovaco decidió aplicar dicho concepto de «consumidor». (
36
)
66.
En tercer término, considero que existe un interés de la Unión por asegurar la uniformidad del concepto de «consumidor» en el marco de contextos nacionales y europeos «jurídica y funcionalmente comparables», (
37
) circunstancia que se da cuando persiguen el mismo objetivo y se refieren al mismo objeto, como es ahora el caso.
67.
No existe, ciertamente, una única definición de «consumidor» en Derecho de la Unión (
38
) y cada directiva contiene su propia definición de «consumidor» pertinente a los efectos de tal acto. (
39
) Precisamente, este concepto de «consumidor» se interpreta con mayor o menor amplitud dependiendo de los actos de Derecho derivado de que se trate. (
40
)
68.
Por lo tanto, el concepto de «consumidor» a efectos de una directiva solo puede «extraerse» con prudencia del ámbito de aplicación del acto de la Unión para el que ha sido definido.
69.
No obstante, la Directiva 93/13 se refiere a asuntos relativos a la legislación de la Unión que armoniza, en los Estados miembros, un ámbito específico del Derecho. En consecuencia, las normas que figuran en esta legislación se aplican independientemente del carácter meramente interno de la situación controvertida en el litigio principal. Se aplica también a situaciones que no presentan ningún elemento transfronterizo. (
41
)
70.
Además, el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se sustenta en que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional. Pues bien, así ocurre también en las distintas directivas europeas en materia de consumo. (
42
) Por ello, en presencia de formulaciones que no implican diferencias sustanciales, el Tribunal de Justicia interpreta los conceptos de manera convergente y ya ha tenido ocasión de resaltar la determinación del legislador de la Unión de dar un alcance horizontal a la definición de «consumidor». (
43
)
71.
En consecuencia, considero que, en las circunstancias específicas del presente asunto, que permiten apreciar que los contextos nacional y europeo, invocados por el órgano jurisdiccional remitente, son «jurídica y funcionalmente comparables», existe un interés de la Unión en que el concepto de «consumidor» contenido en la Directiva 93/13 reciba una interpretación uniforme por parte del Tribunal de Justicia, con objeto de evitar el riesgo de interpretaciones divergentes a tal respecto en el contexto de las disposiciones nacionales aplicables.
72.
En estas circunstancias, considero que el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre la segunda cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente.
Sobre la admisibilidad de la segunda cuestión prejudicial
73.
En la medida que pueda inferirse de la alusión, por parte del Gobierno eslovaco, al auto de 28 de abril de 2022, Rozhlas a televízia Slovenska, (
44
) que dicho Gobierno invoca la inadmisibilidad de la segunda cuestión prejudicial, recordaré brevemente que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado. Se deduce igualmente de una reiterada jurisprudencia, que se ve reflejada actualmente en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento, que la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que este defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones. En la resolución de remisión deben figurar además las razones precisas que han conducido al juez nacional a preguntarse sobre la interpretación del Derecho de la Unión y a estimar necesario someter una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. (
45
) La justificación de la remisión prejudicial no es la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino su necesidad para la resolución efectiva de un litigio. (
46
)
74.
Pues bien, considero que, en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente ha cumplido suficientemente con estas exigencias, a la vista de los elementos que ha aportado, resumidos, en particular, en el punto 60 de las presentes conclusiones.
75.
En efecto, el órgano jurisdiccional remitente ha precisado, en primer término, las razones por las que se solicita dicha interpretación y la importancia que tendrá para el litigio principal. (
47
) De este modo, aunque, como se ha dicho anteriormente, no parece que el litigio principal verse sobre una cláusula contractual, por lo que el referido litigio no está comprendido, en cuanto al fondo, en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, la interpretación del Derecho de la Unión solicitada responde a una necesidad objetiva a efectos de conseguir la solución que debe darse al litigio principal y no se evidencia, por lo tanto, que carezca manifiestamente de cualquier relación con la realidad del litigio o el objeto del litigio principal.
76.
En segundo término, de las aclaraciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que la cuestión prejudicial no es de naturaleza hipotética. Debo señalar que estas aclaraciones han permitido, por otra parte, al Gobierno eslovaco y a la Comisión ejercer el derecho que les confiere el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de presentar observaciones.
77.
En tercer término, considero, asimismo, que el Tribunal de Justicia también dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le han planteado.
78.
En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente ha cumplido, en mi opinión, las exigencias establecidas en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento, de modo que la petición de decisión prejudicial es admisible.
Sobre la interpretación del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, en relación con su artículo 8
79.
El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 8 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que una persona física que ha recurrido a los servicios de un abogado con vistas a la constitución de una sociedad mercantil, de la que será gerente y uno de los dos socios fundadores, debe ser considerada como un «consumidor» en el sentido de dicha disposición.
80.
Cabe recordar que la condición de «consumidor» del interesado debe determinarse según un criterio funcional, consistente en evaluar si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión. (
48
) Además, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que una interpretación amplia del concepto de «consumidor» es necesaria para garantizar la protección de todas las personas físicas que se encuentren en una situación de inferioridad con respecto al profesional. (
49
)
81.
En este asunto, considero que tanto los términos de la definición de «consumidor», redactados en tiempo presente, (
50
) como el contexto y el objetivo de protección del consumidor que persigue la Directiva 93/13 abogan por considerar que la parte demandada en el litigio principal, como persona física que todavía no había iniciado la actividad con vistas a la cual había manifestado al abogado su interés por sus servicios jurídicos, debe considerarse un «consumidor». En efecto, nada permite pensar que la parte demandada en el litigio principal ya ejercía entonces una actividad profesional a cuyo ámbito correspondía ese contrato de prestación de servicios jurídicos. Además, esta apreciación, que corresponde al órgano jurisdiccional remitente, se sitúa en el momento de la celebración del contrato de prestación de servicios jurídicos, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 y con el objetivo de protección del consumidor cuando contrate con un profesional. (
51
) En este sentido, el juez nacional debe, en el marco de su apreciación, tener en cuenta todas las circunstancias del caso para determinar si la persona física de que se trata actuó en el marco de su actividad profesional o para fines ajenos a esa actividad. (
52
)
82.
Así pues, la condición de «consumidor» de la persona de que se trata no debe apreciarse en función de su objetivo de convertirse, en su caso, en un operador económico, sino en función de la respuesta que se dé a la pregunta de si, al celebrar el contrato en cuestión, actuó en el marco su actividad profesional o no.
83.
A la vista de los datos contenidos en la petición de decisión prejudicial y sin perjuicio de las comprobaciones que a este respecto realice el órgano jurisdiccional remitente, considero que, en el presente asunto, procede el reconocimiento de la condición de «consumidor». Por otro lado, me parece que debe deducirse lo mismo en relación con el concepto de «consumidor» en el sentido de la Directiva 2011/83.
84.
Considero que las dudas del órgano jurisdiccional remitente deben disiparse, habida cuenta de la sentencia Gruber, (
53
) por las mismas razones, mutatis mutandis, que las que se han expuesto en los puntos 42 a 45 de las presentes conclusiones en relación con las sentencias de 3 de julio de 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337), y de 14 de marzo de 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165). En efecto, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, la interpretación estricta del concepto de «consumidor» realizada en la sentencia Gruber a los efectos de determinar el alcance de las reglas de competencia de carácter excepcional previstas en los artículos 13 a 15 del Convenio de Bruselas en caso de contratos de doble finalidad no puede extenderse, por analogía, al concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13. (
54
)
85.
Habida cuenta de todas las consideraciones que anteceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión prejudicial que el concepto de «consumidor» en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 8 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la persona física que ha celebrado un contrato que tenía por objeto servicios jurídicos con vistas a la constitución de una sociedad de la que esta persona física debía ser gerente y uno de los dos socios fundadores reviste la condición de «consumidor», sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde realizar al órgano jurisdiccional remitente en relación con las circunstancias del caso, en particular, a los efectos de apreciar si dicha persona física ha actuado en el ejercicio de una actividad profesional o no.
Conclusión
86.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Mestský súd Bratislava IV (Tribunal Municipal de Bratislava IV, Eslovaquia) del siguiente modo:
«1)
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en relación con los artículos 2, puntos 1 y 3, y 6, apartado 1, de esta Directiva,
debe interpretarse en el sentido de que,
sin perjuicio de que existan otras circunstancias que permitan concluir que una persona física ha actuado en el ejercicio de una actividad independiente económica o profesional estructurada y permanente, extremo cuya comprobación corresponde al órgano jurisdiccional remitente, el hecho de que esa persona haya recurrido a los servicios de un abogado para la constitución de una sociedad mercantil de la que debía convertirse en gerente y en uno de los socios fundadores no puede bastar por sí solo para calificar a esa persona de “empresa” ni, por ende, para calificar la operación celebrada con el abogado de “comercial”.
2)
El concepto de “consumidor” en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, en relación con su artículo 8,
debe interpretarse en el sentido de que
incluye a una persona física que ha celebrado un contrato que tenía por objeto servicios jurídicos con vistas a la constitución de una sociedad de la que esta persona física debía ser gerente y uno de los dos socios fundadores, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde realizar al órgano jurisdiccional remitente en relación con las circunstancias del caso, en particular, a los efectos de apreciar si dicha persona física ha actuado en el ejercicio de una actividad profesional o no.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
2
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011 (DO 2011, L 48, p. 1). Esta Directiva derogó, con efectos a partir del 16 de marzo de 2013, y sustituyó la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO 2000, L 200, p. 35).
(
3
)	Directiva del Consejo, de 5 de abril de 1993 (DO 1993, L 95, p. 29), en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 (DO 2011, L 304, p. 64) (en lo sucesivo, «Directiva 93/13»).
(
4
)	La acreedora inicial es una abogada, posteriormente nombrada gerente de la sociedad demandante, a la que cedió su crédito.
(
5
)	Como señala el órgano jurisdiccional remitente, el concepto de «operación comercial» es amplio y no coincide necesariamente con el concepto de «contrato» [véase, a propósito de las entregas de mercancías y de las prestaciones de servicios sucesivas en el marco de un mismo contrato, la sentencia de 1 de diciembre de 2022, X (Suministros de material médico), C‑419/21, EU:C:2022:948, apartados 22 y 25]. En efecto, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2011/7 dispone que esta «se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales», tanto si estas operaciones corresponden a un contrato específico como si no. Del mismo modo, es suficiente con que la operación «de lugar» a la entrega de mercancías o a la prestación de servicios (véase, por analogía, la sentencia de 18 de noviembre de 2020, Techbau, C‑299/19, EU:C:2020:937, apartado 44). En cuanto a la cuestión de la existencia misma de la operación (en este caso, un contrato verbal entre AK y RU), su apreciación corresponde al órgano jurisdiccional remitente.
(
6
)	Directiva derogada por la Directiva 2011/7.
(
7
)	Véase, por analogía, en relación con la Directiva 2000/35, sustituida por la Directiva 2011/7, de que trata en el presente asunto, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Nemec (C‑256/15, en lo sucesivo, «sentencia Nemec, EU:C:2016:954), apartado 38.
(
8
)	Véase la sentencia Nemec, apartado 32).
(
9
)	Véase la sentencia Nemec, apartado 33).
(
10
)	Véase la sentencia Nemec, apartados 34 y 35. En dicha sentencia, el Sr. Nemec había celebrado un contrato de alquiler con la asociación de bomberos voluntarios de Murska Sobota (Eslovenia), con arreglo al cual cedía en arrendamiento una cisterna para el transporte de agua en períodos de sequía. Se consideró que el contrato controvertido en el litigio principal estaba vinculado a una actividad económica y había dado lugar a la emisión de una factura y que, aunque no formara parte de las actividades del Sr. Nemec (artesano independiente de torneado de piezas mecánicas y soldadura), podía considerarse que este había actuado como una «empresa» al celebrar una «operación comercial» si esa operación, pese a no estar vinculada con la actividad a la que se refiere su autorización de ejercicio, se inscribía en el ejercicio de una actividad económica o profesional independiente estructurada y permanente, lo que correspondía verificar al órgano jurisdiccional remitente a la vista de todas las circunstancias del asunto.
(
11
)	Véase la sentencia de 14 de noviembre de 2024, Agenciart — Management Artístico (C‑643/23, EU:C:2024:959), apartado 33.
(
12
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2020, RL (Directiva lucha contra la morosidad) (C‑199/19, EU:C:2020:548), apartado 26, en la que el Tribunal de Justicia consideró que de la resolución de remisión no se desprendía claramente si J. M., al celebrar el contrato de arrendamiento de un local profesional con RL, había actuado como organización en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional y si, por tanto, tenía también la condición de «empresa». El Tribunal de Justicia precisó que el hecho de que el local, objeto del contrato de arrendamiento, fuera para uso profesional daba una indicación en ese sentido, pero que correspondía al órgano jurisdiccional remitente efectuar las verificaciones necesarias al respecto.
(
13
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 12 de diciembre de 2024, Tusnia (C‑725/23, EU:C:2024:1015), apartado 20.
(
14
)	Señalaré, por ejemplo, que, para definir al consumidor, la Directiva 93/13 indica que se trata de toda persona física que, en los contratos regulados por la referida Directiva, «actúe con un propósito» ajeno a su actividad profesional. Lo mismo ocurre con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22), que define al consumidor y al profesional teniendo en cuenta expresamente las finalidades de sus respectivas acciones. No es el caso del concepto de «empresa» en la Directiva 2011/7, controvertido en este asunto.
(
15
)	Véase, en este sentido, la sentencia Nemec, apartado 43: «[…] corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, en el presente asunto, el Sr. Nemec celebró el contrato controvertido en el litigio principal en calidad de“empresa” a efectos del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2000/35». El subrayado es mío.
(
16
)	Véanse, por analogía, en un contexto distinto de la Directiva 93/13, la sentencia de 20 de marzo de 2025, Arce (C‑365/23, EU:C:2025:192), apartados 47 a 51, en la que el Tribunal de Justicia declaró, siguiendo a este respecto las conclusiones del Abogado General Rantos en ese mismo asunto (C‑365/23, EU:C:2024:865), puntos 55 a 57, que la condición de «consumidor» de una persona debe apreciarse en el momento de la celebración del contrato en cuestión. Así, un menor de edad que, en la fecha de celebración de un contrato de prestación de servicios de apoyo al desarrollo deportivo y a la carrera, no practicaba la actividad deportiva de que se trata con carácter profesional no pierde la condición de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, por haberse convertido en deportista profesional durante la ejecución del contrato.
(
17
)	Véanse los puntos 29 y 30 de las presentes conclusiones.
(
18
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 14 de noviembre de 2024, Agenciart — Management Artístico (C‑643/23, EU:C:2024:959), apartado 35: «[…] la celebración de un contrato de agencia por una persona que ejerce la profesión de actriz forma parte de la actividad profesional de esa persona y está estrechamente relacionada con dicha actividad, puesto que, si la referida persona no ejerciera esta profesión, la celebración de tal contrato de agencia, que consiste precisamente en la promoción y la gestión de dicha actividad, carecería necesariamente de objeto». El subrayado es mío.
(
19
)	En la sentencia de 3 de julio de 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337), el litigio principal trataba de un contrato de franquicia con cláusula atributiva de competencia, cuya validez dependía de la cuestión de si el Sr. Benincasa, demandante, que había demandado a la sociedad contraparte en un contrato ante el tribunal del lugar de cumplimiento del contrato, era o no un «consumidor», en el sentido de los artículos 13, párrafo primero, y 14, párrafo primero, del Convenio firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (DO 1972, L 299, p. 32), en su versión modificada por los sucesivos convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»).
(
20
)	El litigio principal, en la sentencia de 14 de marzo de 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165), trataba de una obligación cambiaria del gerente de una sociedad que había avalado un pagaré en blanco, emitido por esa sociedad a favor de una entidad bancaria, en concepto de garantía de un contrato de crédito y de la cuestión de la competencia judicial para conocer de ese litigio, con arreglo al artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), que sustituye el Convenio de Bruselas en las relaciones entre los Estados miembros.
(
21
)	Véanse también las sentencias de 25 de enero de 2018, Schrems (C‑498/16, EU:C:2018:37), apartados 29 a 32, y de 10 de diciembre de 2020, Personal Exchange International (C‑774/19, EU:C:2020:1015), apartados 29 y 31.
(
22
)	Resulta asimismo de los apartados 41 y 42 de la sentencia de 10 de diciembre de 2020, Personal Exchange International (C‑774/19, EU:C:2020:1015), que es posible considerar la evolución de la relación contractual en los servicios de larga duración para determinar la condición de «consumidor» o de «profesional». El apartado 46 de esa sentencia menciona también la regularidad de una actividad como uno de los elementos que deben tenerse en cuenta.
(
23
)	Añadiré que, como resaltó el órgano jurisdiccional remitente, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de marzo de 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165), cuando el avalista firmó el pagaré, se había ofrecido como garante de las obligaciones de la sociedad que ya existía, de la que era gerente y en la cual tenía una participación mayoritaria.
(
24
)	Véanse los puntos 37 a 40 de las presentes conclusiones.
(
25
)	Véase, por analogía, la sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de «consumidor») (C‑570/21, en lo sucesivo, «sentencia YYY., EU:C:2023:456), apartados 49 a 51.
(
26
)	Sobre el papel decisivo de los abogados generales, véase Domenicucci, D. P., «Le renvoi préjudiciel et les contours mouvants des “situations purement internes”», en Ferraro, F., y Lannone, C. (dir.), Le Renvoi préjudiciel, Bruylant, Bruselas, 2023, en particular, pp. 127 y ss.
(
27
)	Véanse, entre otros autores de la doctrina, Dubout, E., «Voyage en eaux troubles: vers une épuration des situations “purement” internes?», R.A.E., 2016, n.o 4, p. 679; Wildemeersch, J., Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne, Bruylant, Bruselas, 2019, pp. 352 a 357; Berlin, D., «Incompétence de la Cour de justice et irrecevabilité de la question préjudicielle: comment sortir de l’imbroglio jurisprudentiel?», R.A.E., 2019, n.o 4, p. 801; Varga, Z., «Les conditions de recevabilité des renvois préjudiciels», en Guide pratique du contentieux européen devant les juridictions nationales, Bruylant, Bruselas, 2021.
(
28
)	Sentencia de 15 de noviembre de 2016 (C‑268/15, en lo sucesivo, «sentencia Ullens de Schooten, EU:C:2016:874).
(
29
)	Véase el apartado 53 de la sentencia Ullens de Schooten y la jurisprudencia citada (a saber, las sentencias de 18 de octubre de 1990, Dzodzi, C‑297/88 y C‑197/89, EU:C:1990:360, apartados 36, 37 y 41; de 17 de julio de 1997, Leur-Bloem, C‑28/95, EU:C:1997:369, apartados 27 y 32, y de 14 de marzo de 2013, Allianz Hungária Biztosító y otros, C‑32/11, EU:C:2013:160, apartado 20).
(
30
)	Véanse, en particular, las sentencias de 17 de mayo de 2017, ERGO Poist’ovňa (C‑48/16, EU:C:2017:377), apartados 29 a 31; de 21 de diciembre de 2023, BMW Bank y otros (C‑38/21, C‑47/21 y C‑232/21, EU:C:2023:1014), apartado 206, y de 29 de julio de 2024, LivaNova (C‑713/22, en lo sucesivo, «sentencia LivaNova, EU:C:2024:642), apartado 43 y jurisprudencia citada).
(
31
)	Véanse las sentencias de 21 de diciembre de 2023, BMW Bank y otros (C‑38/21, C‑47/21 y C‑232/21, EU:C:2023:1014), apartado 207, y LivaNova, apartado 46.
(
32
)	En la sentencia de 13 de octubre de 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija y Stockholm School of Economics in Riga (C‑164/21 y C‑318/21, EU:C:2022:785), apartados 36 y 41, el Tribunal de Justicia accedió a responder a los tribunales de remisión acerca de la interpretación que procedía dar al concepto de «organismo de investigación y difusión de conocimientos», tal y como se definía en el artículo 2, punto 83, del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO 2014, L 187, p. 1), aplicable en virtud del Derecho nacional, pero no en virtud del Derecho de la Unión (véanse, a este respecto, las conclusiones en sentido contrario presentadas por la Abogada General Ćapeta en los asuntos acumulados Baltijas Starptautiskā Akadēmija y Stockholm School of Economics in Riga, C‑164/21 y C‑318/21, EU:C:2022:333, en particular, el punto 66). Véase, asimismo, la sentencia de 13 de octubre de 2022, Rigall Arteria Management (C‑64/21, EU:C:2022:783), apartado 25, que da respuesta a la cuestión prejudicial, aun cuando el contrato litigioso no estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (DO 1986, L 382, p. 17), cuya interpretación le era solicitada. Véase también la sentencia LivaNova, apartado 43, en la que la operación de escisión de que se trataba en el litigio principal no estaba comprendida directamente en el ámbito de aplicación de la Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, Sexta Directiva basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y referente a la escisión de sociedades anónimas (DO 1982, L 378, p. 47; EE 17/01, p. 111), pero en la que el Tribunal de Justicia se declaró competente para interpretar el concepto de «elemento del patrimonio pasivo [no] atribuido en el proyecto de escisión», contemplado en el artículo 3, apartado 3, letra b), de la Directiva 82/891, atendiendo, en particular, a que el órgano jurisdiccional remitente había precisado que la disposición nacional del Código Civil de que se trataba en el litigio principal adaptaba al Derecho nacional ese artículo 3, apartado 3, letra b), de la mencionada Directiva y que, por ello, el legislador italiano había decidido aplicarla a las operaciones controvertidas en ese asunto.
(
33
)	Para aclaraciones sobre esos conceptos, véanse, en particular, las conclusiones presentadas por el Abogado General Cruz Villalón en el asunto Allianz Hungária Biztosító y otros (C‑32/11, EU:C:2012:663), punto 29, las presentadas por el Abogado General Pikamäe en los asuntos acumulados Deutsche Post y otros (C‑203/18 y C‑374/18, EU:C:2019:502), puntos 46 y 49, y las presentadas por el Abogado General Bobek en el asunto J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649), puntos 55 y 56.
(
34
)	Véase, a este respecto, el auto de 9 de septiembre de 2014, Parva Investitsionna Banka y otros (C‑488/13, EU:C:2014:2191), apartado 29.
(
35
)	Véanse las conclusiones presentadas por el Abogado General Wahl en los asuntos acumulados Venturini y otros (C‑159/12 a C‑161/12, EU:C:2013:529), punto 50, según las cuales el Tribunal de Justicia será competente únicamente «en aquellos casos en que no hay duda de que su interpretación será vinculante para el órgano jurisdiccional nacional; de lo contrario el asunto sería de carácter hipotético […] y se produciría una desviación del procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE».
(
36
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2006, Poseidon Chartering (C‑3/04, EU:C:2006:176), apartado 17. Véase también la sentencia de 19 de octubre de 2017, Europamur Alimentación (C‑295/16, EU:C:2017:782), apartados 30 a 33, en la que el Tribunal de Justicia se declaró competente por cuanto las disposiciones de la Directiva 2005/29 sobre las prácticas comerciales desleales habían sido declaradas aplicables por el Derecho nacional a unas situaciones como aquella sobre la que versaba el litigio principal, pese a que dichas situaciones no estaban incluidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. Véase también la sentencia de 11 de julio de 2024, Skarb Państwa (Retraso en el pago no significativo o de escasa cuantía) (C‑279/23, EU:C:2024:605), apartados 19 y 20. Véanse, por último, las sentencias anteriormente citadas en la nota 32, incluida en el punto 57 de las presentes conclusiones.
(
37
)	Véanse las conclusiones presentadas por el Abogado General Bobek en el asunto J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649), puntos 43 a 45, 54 a 61 y 71 a 73.
(
38
)	Véanse, en particular, las conclusiones presentadas por la Abogada General Medina en el asunto Banco de Santander (Representación de consumidores individuales) (C‑346/23, EU:C:2024:690), apartado 63, a propósito del concepto de «consumidor» en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, L 145, p. 1), denominada «Directiva MiFID I». Véase también Stuyck, J., «La notion de consommateur en droit de l’Union européenne», en Combet, M., Le Droit européen de la consommation au XXIe siècle. État des lieux et perspectives, Bruylant, Bruselas, 2022, p. 25.
(
39
)	La Directiva 93/13 precisa que define el concepto de «consumidor»«en los contratos regulados por la presente Directiva».
(
40
)	Este concepto recibe una interpretación amplia en el contexto de los actos que protegen al consumidor, tales como la Directiva 93/13, pero estricta, en el de los actos relativos a la competencia judicial (véanse los puntos 42 a 45 de las presentes conclusiones).
(
41
)	Véase la sentencia de 31 de mayo de 2018, Sziber (C‑483/16, EU:C:2018:367), apartados 58 y 59.
(
42
)	Por ejemplo, se recoge la misma definición en las Directivas 2011/83 (sobre los derechos de los consumidores), 2005/29 (relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior), 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (DO 2013, L 165, p. 63), y (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE (DO 2019, L 136, p. 28; corrección de errores en DO 2019, L 305, p. 65), a saber, es «consumidor» toda persona física que «actúe con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresa, oficio o profesión», lo cual no difiere en esencia de la definición de consumidor que se recoge en la Directiva 93/13 («que […] actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional»).
(
43
)	Véase, por ejemplo, sentencia YYY., apartados 40 y 45.
(
44
)	Este auto de inadmisibilidad manifiesta (C‑638/21, EU:C:2022:339) trataba de un litigio entre el organismo nacional de Derecho público eslovaco RTVS y una persona sujeta al canon obligatorio de radiodifusión y no trataba, por lo tanto, de ningún contrato, sino de una relación jurídica regulada por disposiciones legislativas. Dicho auto también señala que el órgano jurisdiccional remitente no albergaba duda alguna en cuanto al hecho de que ni la parte demandante era un profesional ni la parte demandada un consumidor (apartado 22).
El auto de inadmisibilidad manifiesta de 6 de junio de 2023, Rozhlas a televízia Slovenska (C‑669/22, EU:C:2023:473), también versaba sobre un litigio entre RTVS y una persona sujeta al canon de radiodifusión, y se consideró que la relación establecida entre las disposiciones nacionales y la Directiva 93/13 se había expuesto con un nivel de claridad y precisión insuficiente (apartado 29).
(
45
)	Véase, en particular, la sentencia LivaNova, apartados 53 y 54.
(
46
)	Véase la sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny (C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234), apartado 44.
(
47
)	En este aspecto, el presente asunto se diferencia de la situación de que se trata en el auto de 28 de abril de 2022, Rozhlas a televízia Slovenska (C‑638/21, EU:C:2022:339), apartados 23 a 25.
(
48
)	Véase, en particular, la sentencia YYY., apartado 30.
(
49
)	Véase la sentencia YYY., apartados 35 a 38 y jurisprudencia citada. Véase también, en relación con los contratos entre consumidores y abogados, más específicamente, las sentencias de 15 de enero de 2015, Šiba (C‑537/13, EU:C:2015:14), y de 12 de enero de 2023, D. V. (Honorarios de abogado — Principio de la tarifa por hora) (C‑395/21, EU:C:2023:14).
(
50
)	De esta manera, el consumidor es toda persona física que «actúe» con un propósito ajeno a su actividad profesional, lo cual sugiera que la existencia de esta actividad se aprecia en el momento de la celebración del contrato. Ese es el momento en el que necesita de protección.
(
51
)	Conforme al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, «el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa».
(
52
)	Véase la sentencia de 24 de octubre de 2024, Zabitoń (C‑347/23, EU:C:2024:919), apartado 31.
(
53
)	Sentencia de 20 de enero de 2005 (C‑464/01, EU:C:2005:32).
(
54
)	Sentencia YYY., apartado 51.