61994TO0381_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto T-381/94,
Sindacato Pensionati Italiani,
Federazione Nazionale Pensionati, y
Unione Italiana Lavoratori Pensionati,
asociaciones italianas, representadas por los Sres. Massimo Severo Giannini y Massimo D' Antona, Abogados de Roma, y Mario Chiti, Abogado de Florencia, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Losch y Wolter, 11, rue Goethe,
partes demandantes,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. Giorgio Maganza y Antonio Tanca, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Bruno Eynard, Director de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Europeo de Inversiones, 100, boulevard Konrad Adenauer,
parte demandada,
que tiene por objeto la anulación de la Decisión 94/660/CE, Euratom del Consejo, de 26 de septiembre de 1994, por la que se nombran los miembros del Comité Económico y Social para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1994 y el 20 de septiembre de 1998 (DO L 257, p. 20), en la medida en que en ella se nombra al Sr. Filippo De Jorio,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),
integrado por los Sres.: B. Vestedorf, Presidente; D.P.M. Barrington, y A. Saggio, Jueces;
Secretario: Sr. H. Jung;
dicta el siguiente
Auto
Motivación de la sentencia
Marco jurídico
1 El artículo 193 del Tratado CE crea un Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "CES"), de carácter consultivo, y establece que estará compuesto por representantes de los diferentes sectores de la vida económica y social, en particular de los productores, agricultores, transportistas, trabajadores, comerciantes y artesanos, así como de las profesiones liberales y del interés general.
2 El párrafo primero del artículo 194 del Tratado CE efectúa el reparto de puestos del CES entre los Estados miembros. Con arreglo al párrafo segundo del artículo 194, los miembros del CES serán nombrados por acuerdo unánime del Consejo, para un período de cuatro años. Su mandato será renovable. Según el párrafo tercero del artículo 194, los miembros del CES no estarán vinculados por ningún mandato imperativo y ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Comunidad.
3 El artículo 195 del Tratado CE está redactado en los siguientes términos:
"1. Para el nombramiento de los miembros del Comité, cada Estado miembro propondrá al Consejo una lista que contenga doble número de candidatos que puestos atribuidos a sus nacionales.
La composición del Comité deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar una representación adecuada de los diferentes sectores de la vida económica y social.
2. El Consejo consultará a la Comisión. Podrá recabar la opinión de las organizaciones europeas representativas de los diferentes sectores económicos y sociales interesados en las actividades de la Comunidad."
Hechos y procedimiento
4 No existe discrepancia entre las partes sobre el hecho de que, ante el inminente nombramiento de los miembros del CES para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1994 y el 20 de septiembre de 1998, Italia remitió al Consejo el 19 de septiembre de 1994, conforme al párrafo primero del artículo 195 del Tratado, una lista que contenía el doble de candidatos que puestos atribuidos; la mitad de los nombres se proponía con carácter principal y la otra mitad con carácter alternativo. Previa consulta a la Comisión con arreglo al procedimiento de urgencia, el Consejo adoptó el 26 de septiembre de 1994, siguiendo el procedimiento denominado "punto A", la Decisión 94/660/CE, Euratom del Consejo, de 26 de septiembre de 1994, por la que se nombran los miembros del Comité Económico y Social para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 1994 y el 20 de septiembre de 1998 (DO L 257, p. 20).
5 Entre las personas nombradas figura el Sr. Filippo De Jorio, de la Alleanza dei pensionati.
6 En estas circunstancias, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de noviembre de 1994, las demandantes, todas ellas asociaciones que representan los intereses de los jubilados italianos, interpusieron el presente recurso.
7 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de febrero de 1995, el Consejo propuso una excepción de inadmisibilidad. Las partes demandantes presentaron sus observaciones sobre dicha excepción de inadmisibilidad el 16 de marzo de 1995.
8 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de abril de 1995, el Sr. De Jorio solicitó ser admitido a intervenir en apoyo de las pretensiones del Consejo.
Pretensiones de las partes
9 Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
° Declare nula y sin valor ni efecto alguno, de conformidad con los artículos 173 y 174 del Tratado CE, la Decisión 94/660, de 26 de septiembre de 1994, en la medida en que mediante ella se nombra al Sr. Filippo de Jorio, representante de la Alleanza dei pensionati.
° Condene en costas al Consejo.
10 El Consejo solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
° Declare la inadmisibilidad del recurso.
° Condene en costas a las partes demandantes.
Sobre la admisibilidad
Resumen de las alegaciones de las partes
11 La parte demandada alega que las asociaciones demandantes no resultan individualmente afectadas por la Decisión objeto de litigio, a efectos del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado.
12 Señala en primer lugar que, de acuerdo con el propio tenor literal de los artículos 193 y 194 del Tratado, los miembros del CES son nombrados a título individual y con total independencia, en su condición de representantes de sectores de la vida económica y social y no como representantes de las asociaciones a las que pertenecen. Considera la parte demandada que una asociación no puede resultar individualmente afectada por una Decisión mediante la cual se nombra a un miembro del CES.
13 Recuerda también que las asociaciones de que se trata no intervienen en modo alguno en el nombramiento de los miembros del CES, por un lado, y que según reiterada jurisprudencia, una asociación, en su condición de representante de un colectivo de personas, no puede resultar afectada por un acto que atañe a los intereses generales de dicho colectivo, por otro lado.
14 Las partes demandantes subrayan en su respuesta que el nombramiento de los miembros del CES es de vital importancia para la Comunidad. Por consiguiente, consideran que es de interés general que los miembros del CES sean nombrados con arreglo a lo dispuesto en el Tratado.
15 Alegan a continuación que, el hecho de que el colectivo de los jubilados no esté previsto expresamente en el artículo 193 del Tratado, pero forme parte del interés general, no dispensa al Consejo de la obligación de garantizar una representación adecuada a los jubilados. En particular, cuando el Consejo nombra a un miembro para que represente los intereses de los jubilados, resulta indispensable asegurarse de que dicha persona será capaz de representarlos de forma adecuada. Señalan que su recurso no tiene por objeto que se incluya a uno de sus representantes en la composición del CES, sino que se excluya a un miembro que carece de la más mínima representatividad. Su recurso tiene por objeto proteger los intereses de los jubilados, de los que son legítimos representantes, y no sus propios intereses. En este sentido, las asociaciones demandantes señalan que representan, entre las tres, los intereses de más de cuatro millones y medio de jubilados italianos.
16 Estiman que en la sentencia de 30 de junio de 1988, CIDA y otros/Consejo (297/86, Rec. p. 3531), el Tribunal de Justicia no declaró que las organizaciones representativas de los diferentes sectores no pueden impugnar nunca las Decisiones por las que se nombran a los miembros del CES, sino que señaló simplemente que la asociación de que se trataba en dicho asunto, que sólo representaba, a escala nacional, a uno de los elementos constitutivos de su sector de trabajadores y no a la totalidad del sector, no se encontraba en una situación que le confiriese el derecho a ser tomada en consideración por el Consejo cuando éste adoptó su Decisión. Para distinguir el asunto CIDA y otros/Consejo del presente, subrayan que, en el primero, CES contaba con otro miembro en calidad de representante del mismo sector. En el presente asunto, el Sr. De Jorio era la única persona nombrada, por todos los Estados miembros, para representar los intereses de los jubilados.
17 Las partes demandantes recuerdan asimismo que la Comunidad es una comunidad de Derecho y que una participación lo más amplia posible de las personas físicas y jurídicas en los procedimientos de control jurisdiccional, constituye uno de los requisitos indispensables para garantizar el carácter democrático de un sistema jurídico. Recuerdan que los recursos de anulación tienen por objeto garantizar el respeto del Derecho y que sería contrario a dicho objetivo interpretar restrictivamente los requisitos de admisibilidad de los recursos (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, Rec. p. 2639).
18 Las partes demandantes señalan que la vía de recurso seguida es la única de que disponen los jubilados italianos para impugnar la conformidad con el Tratado del nombramiento del Sr. De Jorio. El hecho de que se declarase la inadmisibilidad del presente recurso, permitiría al Consejo evitar cualquier control jurisdiccional de dicho nombramiento. Subrayan, en este sentido que, con arreglo al Derecho italiano, no están legitimados para impugnar la validez de la lista de los candidatos propuestos por el Gobierno italiano, puesto que esta última tiene tan sólo el carácter de acto de trámite.
19 Las partes demandantes llaman la atención del Tribunal de Primera Instancia sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1986, Los Verdes/Parlamento (294/83, Rec. p. 1339), de la que puede deducirse, a su juicio, que los requisitos recogidos en el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado deben interpretarse en sentido amplio, siempre y cuando el recurso de terceros interesados tenga por objeto garantizar el correcto funcionamiento de un órgano que forme parte de la estructura institucional comunitaria.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
20 Con arreglo al artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado. En el caso de autos, el Tribunal, que estima que los hechos se hallan suficientemente esclarecidos por los documentos que obran en autos, estima que no ha lugar a continuar el procedimiento.
21 El Tribunal de Primera Instancia hace constar que las partes demandantes no son destinatarios de la Decisión objeto de litigio y que, por tanto, únicamente pueden interponer un recurso de anulación contra dicha Decisión, con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado, si ésta las afecta directa e individualmente.
22 A este respecto, es jurisprudencia reiterada que los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión solamente pueden alegar que ésta los afecta individualmente en el sentido del artículo 173 del Tratado cuando esta decisión les atañe en razón de ciertas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza en relación con cualquier otra persona y, por ello, los individualiza de una manera análoga a la del destinatario (véase, como más reciente, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 1995, AITEC y otros/Comisión, asuntos acumulados T-447/93, T-448/93 y T-449/93, Rec. p. II-1971).
23 En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia señala que de los artículos 193 y 194 del Tratado se desprende que los miembros del CES son nombrados en su condición de representantes de diferentes sectores de la vida económica y social, y no para representar los intereses de las asociaciones a las que puedan pertenecer. El párrafo tercero del artículo 194 precisa claramente a este respecto que los miembros del CES no estarán vinculados por ningún mandato imperativo y ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Comunidad.
24 El Tribunal de Primera Instancia considera que de ello se deduce que las asociaciones demandantes no resultan afectadas por la Decisión controvertida en razón de cualidades que les son propias o de una situación de hecho que las caracteriza en relación con cualquier otra persona y que, por consiguiente, no se las puede considerar individualmente afectadas por la Decisión controvertida.
25 Procede añadir, a este respecto, que las partes demandantes no pueden invocar el hecho de que representan a un importante número de jubilados italianos para justificar la admisibilidad de su recurso, porque es jurisprudencia reiterada que la defensa de intereses generales no es suficiente para determinar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una asociación (citada sentencia AITEC y otros/Comisión).
26 En cualquier caso, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado, en el ámbito específico del nombramiento de los miembros del CES, que una asociación que, a escala nacional, sólo representa a uno de los elementos constitutivos de uno de los sectores mencionados en el artículo 193 del Tratado, y no a la totalidad de dicho sector, no se encuentra en una situación que le confiera el derecho a ser tomada en consideración por el Consejo cuando éste adopte su decisión de nombramiento, y no puede considerársela individualmente afectada, en el sentido del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado (sentencia CIDA y otros/Consejo, antes citada, apartado 11).
27 Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia estima que las asociaciones demandantes, aun cuando representan los intereses de un gran número de jubilados italianos, no pueden alegar que representan, en Italia, a todo el sector del "interés general" a que se refiere el artículo 193 del Tratado. Por consiguiente, con arreglo al principio establecido por el Tribunal de Justicia en la citada sentencia CIDA y otros/Consejo, no puede considerárselas, por este motivo tampoco, individualmente afectadas en el sentido del artículo 173 del Tratado.
28 De lo antedicho se deduce que procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del presente recurso.
Sobre la demanda de intervención
29 En estas circunstancias, no es necesario que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre la demanda de intervención presentada por el Sr. De Jorio.
Decisión sobre las costas
Costas
30 A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de las partes demandantes, procede condenarlas a abonar sus propias costas, incluidas las costas relativas a sus observaciones sobre la demanda de intervención, así como aquellas en que hubiere incurrido el Consejo.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
resuelve:
1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2) Las partes demandantes cargarán con sus propias costas, así como con las de la parte demandada.
Dictado en Luxemburgo, a 29 de septiembre de 1995.