62020CJ0405_RES
Asunto C‑405/20
EB y otros
contra
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Austria)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 5 de mayo de 2022
«Procedimiento prejudicial — Política social — Artículo 157 TFUE — Protocolo (n.° 33) — Igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación — Directiva 2006/54/CE — Artículos 5, letra c), y 12 — Prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo — Régimen profesional de seguridad social aplicable con posterioridad a la fecha establecida por los citados Protocolo y artículo 12 — Pensiones de jubilación de los funcionarios — Normativa nacional que establece la actualización anual de las pensiones de jubilación — Actualización progresivamente decreciente en función de la magnitud del importe de la pensión de jubilación con falta total de actualización por encima de un determinado importe — Justificaciones»
Política social — Trabajadores y trabajadoras — Igualdad de retribución — Retribución — Concepto — Pensión de jubilación de los funcionarios federales abonada a estos a causa de su trabajo — Inclusión
(Art. 157 TFUE)
(véase el apartado 30)
Política social — Trabajadores y trabajadoras — Acceso al empleo y condiciones de trabajo — Igualdad de trato — Directiva 2006/54/CE — Ámbito de aplicación — Régimen de las pensiones de jubilación de los funcionarios federales abonada a estos a causa de su trabajo — Inclusión
[Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 2, ap. 1, letra f)]
(véase el apartado 31)
Política social — Trabajadores y trabajadoras — Igualdad de retribución — Artículo 157 TFUE — Principio que forma parte de los fundamentos de la Unión
(Art. 3 TUE, ap. 3, párr. 2; Art. 157 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 23)
(véase el apartado 39)
Política social — Trabajadores y trabajadoras — Igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social — Limitación en el tiempo de los efectos establecida por el Protocolo n.o 33 y por el artículo 12 de la Directiva 2006/54/CE — No aplicabilidad de esta limitación a una normativa nacional que establece una actualización anual de las pensiones de jubilación, aplicable con posterioridad a la fecha señalada en las citadas disposiciones
(Art.157 TFUE; Protocolo n.o 33 anexo a los Tratados UE y FUE; Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 12)
(véanse los apartados 33 a 37, 42 y 43 y el punto 1 del fallo)
Política social — Trabajadores y trabajadoras — Igualdad de trato en los regímenes profesionales de seguridad social — Normativa nacional que establece una actualización anual progresivamente decreciente del importe de las pensiones de jubilación de los funcionarios nacionales en función de la magnitud de ese importe — Falta total de actualización por encima de un determinado límite — Beneficiarios masculinos afectados negativamente de manera considerablemente mayor que los femeninos — Discriminación indirecta — Procedencia — Requisitos — Justificación basada en el carácter legítimo de los objetivos perseguidos — Proporcionalidad
[Art. 157 TFUE; Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3 y 5, letra c)]
(véanse los apartados 51, 57, 58, 61 a 63 y 67 a 69 y el punto 2 del fallo)
Resumen
Entre 2000 y 2013 se jubilaron tres antiguos funcionarios federales austriacos de sexo masculino, EB, DP y JS. En 2017, el importe mensual bruto de su pensión de jubilación ascendía a 6872,43, 5713,22 y 4678,48 euros respectivamente.
Cada uno de ellos solicitaron a la Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (Organismo asegurador de la Función Pública, los Ferrocarriles y la Minería, Austria; en lo sucesivo, «BVAEB») la revalorización del importe de su pensión de jubilación a partir del 1 de enero de 2018.
BVAEB denegó las solicitudes de EB y DP debido a que, en virtud de la Ley austriaca de seguridad social aplicable, en particular, a los funcionarios federales, (
1
) no se había incrementado ninguna pensión de jubilación correspondiente al año 2018, si su importe total superaba el límite máximo de 4980 euros mensuales. Dado que la pensión de JS no había alcanzado todavía este límite máximo, su importe se incrementó en un 0,2989 % sobre la base de la misma normativa, que preveía una actualización progresivamente decreciente del importe de las pensiones de jubilación en función de la magnitud de dicho importe.
Los tres demandantes interpusieron sendos recursos ante la justicia austriaca, alegando, sobre la base de un análisis estadístico que indicaba que los hombres están más representados en la categoría de personas que perciben pensiones superiores a dicho límite máximo, que la citada normativa establecía una discriminación indirecta por razón de sexo.
Tras la desestimación de sus recursos, interpusieron un recurso de casación ante el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria). Dicho órgano jurisdiccional decidió preguntar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del Protocolo n.o 33 (
2
) con el fin de determinar si los demandantes podían invocar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres y si dicho principio (
3
) se opone a una actualización anual de las pensiones de jubilación como la prevista por la normativa austriaca controvertida.
En este contexto, el Tribunal de Justicia declara que la limitación en el tiempo de los efectos del citado principio no se aplica a tal normativa y que ese mismo principio no se opone a dicha normativa, siempre que esta persiga, de manera coherente y sistemática, los objetivos de garantizar la financiación sostenible de las pensiones de jubilación y reducir la brecha entre los niveles de pensiones financiados por el Estado, sin ir más allá de lo necesario para alcanzar esos objetivos.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia considera que la limitación en el tiempo de los efectos del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres establecido en el Protocolo n.o 33 y en el artículo 12 de la Directiva «sobre igualdad entre hombres y mujeres» no se aplica a la actualización anual de las pensiones de jubilación cuando, como en el caso de autos, tal mecanismo no tenga como consecuencia cuestionar derechos adquiridos o pagos producidos antes de la fecha de referencia prevista en las citadas disposiciones.
A este respecto, el Tribunal de Justicia se basa, en particular, en el tenor de estas disposiciones, en el hecho de que esta limitación constituye una excepción a la regla general prevista por el Tratado FUE y que debe interpretarse en sentido estricto, en el vínculo evidente entre el tenor de dicho Protocolo y la sentencia Barber, (
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) así como en las consideraciones imperativas de seguridad jurídica tenidas en cuenta en esa sentencia, que se oponen a que se replanteen situaciones jurídicas que han agotado sus efectos en el pasado, ya que, en tal caso, se podría alterar con carácter retroactivo el equilibrio económico de numerosos planes de pensiones. En el caso de autos, tal limitación no puede oponerse a los demandantes, jubilados después del 1 de enero de 1994, fecha de referencia aplicable a la República de Austria, en virtud del artículo 12, apartado 3, de la Directiva «sobre igualdad entre hombres y mujeres».
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 157 TFUE y el artículo 5, letra c), de la Directiva «sobre igualdad entre hombres y mujeres» no se oponen a tal normativa nacional.
En efecto, si las estadísticas de que dispone el órgano jurisdiccional remitente pusieran de manifiesto una discriminación indirecta por razón de sexo, en el supuesto de que dicha normativa afecte negativamente a una proporción significativamente mayor de beneficiarios que de beneficiarias, esta discriminación podría estar justificada por los objetivos legítimos de política social perseguidos, consistentes en garantizar la financiación sostenible de las pensiones de jubilación y reducir la brecha entre los niveles de pensiones financiados por el Estado.
Además, el Tribunal de Justicia señala que la normativa controvertida se aplica de manera coherente y sistemática, en la medida en que la actualización anual de las pensiones de jubilación se aplica a todos los beneficiarios de pensiones estatales, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Habida cuenta del amplio margen de apreciación de que disponen los Estados miembros para elegir las medidas que permitan alcanzar los objetivos de su política social, la coherencia de esta normativa no puede quedar desvirtuada ni por el hecho de que ya existan otras herramientas de política social dirigidas a alcanzar el objetivo de apoyar los ingresos modestos ni por el hecho de que las pensiones de los regímenes profesionales de seguridad social privados ni los salarios de los funcionarios en activo hayan sido objeto de la misma medida de actualización.
Por último, tampoco parece que la normativa controvertida vaya más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, habida cuenta de que esta toma en consideración la capacidad contributiva de las personas afectadas, ya que las limitaciones al incremento de las pensiones se escalonan en función de los importes de las prestaciones concedidas y solo se excluye el incremento con respecto a las pensiones más elevadas.
(
1
)	Artículo 711, apartado 1, punto 4 y última frase, de la Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (Ley General de la Seguridad Social), en relación con el artículo 41, apartado 4, de la Pensionsgesetz 1965 (Ley de Pensiones de 1965), en su versión vigente en el momento en que ocurrieron los hechos del litigio principal.
(
2
)	Con arreglo al Protocolo n.o 33 sobre el artículo 157 TFUE, anexo al Tratado FUE (en lo sucesivo, «Protocolo n.o 33»), a los fines de aplicación del artículo 157 TFUE, las prestaciones en virtud de un régimen profesional de seguridad social no se considerarán retribución en el caso y en la medida en que puedan asignarse a los períodos de empleo anteriores al 17 de mayo de 1990. El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO 2006, L 204, p. 23) (en lo sucesivo, «Directiva sobre igualdad entre hombres y mujeres»), dispone también que todas las prestaciones correspondientes a tales regímenes derivadas de períodos de trabajo a partir de esa fecha entran en el ámbito de aplicación de las medidas de transposición de las disposiciones del título II, capítulo 2, de dicha Directiva, relativas a la igualdad de trato en los referidos regímenes.
(
3
)	Tal como se recoge en el artículo 157 TFUE y en el artículo 5 de la Directiva «sobre igualdad entre hombres y mujeres», que prohíbe toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo en los regímenes profesionales de seguridad social en lo que respecta al cálculo de las prestaciones.
(
4
)	Sentencia de 17 de mayo de 1990, Barber (C‑262/88, EU:C:1990:209), en virtud de la cual solo puede invocarse el efecto directo del artículo 119 del Tratado CEE (posteriormente artículo 141 CE, tras su modificación, y actualmente artículo 157 TFUE) para exigir la igualdad de trato en materia de pensiones de empresa respecto de las prestaciones devengadas en virtud de períodos de empleo posteriores al 17 de mayo de 1990, fecha en que se dictó dicha sentencia.