61961J0007
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 19 de diciembre de 1961 (
*1
)
En el asunto 7/61,
Comisión de la Comunidad Económica Europea, representada por su Consejero Jurídico, Sr. Giancarlo Olmi, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo, el despacho del Sr. Henri Manzanares, Secretario del Servicio Jurídico de las Instituciones ejecutivas europeas, 2, place de Metz,
parte demandante,
contra
Gobierno de la República Italiana, representado por el Profesor Sr. Riccardo Monaco, Jefe del Servicio contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri (sustituido en la vista por el Doctor Paolo Massimo Antici, Consejero de la Embajada de la República Italiana en Luxemburgo), en calidad de Agente, asistido por el Sr. Pietro Peronaci, Sostituto Avvocato Generale dello Stato, en calidad de Consejero, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Italia, 5, rue Marie-Adélaïde;
parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que la República Italiana ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado constitutivo de la CEE, al suspender, al margen de los procedimientos previstos para la aplicación de las cláusulas de salvaguardia, las importaciones, procedentes de los Estados miembros, de los productos siguientes, cuya liberalización había consolidado con arreglo a las disposiciones del párrafo segundo del artículo 31 del Tratado constitutivo de la CEE:
—
cerdos vivos distintos de los destinados a la matanza,
—
tocino y grasa de cerdo sin prensar ni fundir, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados,
—
manteca de cerdo y otras grasas animales, prensadas o fundidas,
—
jamones cocidos.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: A. M. Donner, Presidente; O. Riese y J. Rueff, Presidentes de Sala; L. Delvaux (Ponente), Ch. L. Hammes, R. Rossi y N. Catalano, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Lagrange;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
A. En cuanto al objeto del recurso
Considerando que de la correspondencia intercambiada entre las partes a partir del 1 de marzo de 1961, y presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de noviembre de 1961, se desprende que el Gobierno italiano ha aceptado finalmente el punto de vista de la Comisión, y ha instituido, a partir del 1 de julio de 1961, un régimen de precios mínimos para algunos de los productos de referencia, a la vez que restablecía la libertad total de importación para los otros;
que compete al Tribunal de Justicia comprobar si las pretensiones de la demanda han quedado privadas de objeto, de tal modo que proceda el sobreseimiento.
Considerando que de los términos del artículo 171 del Tratado se desprende que el recurso tiene por objeto la declaración por el Tribunal de Justicia de que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado;
que compete al Tribunal de Justicia declarar si el incumplimiento ha tenido lugar, sin que sea preciso examinar si, con posterioridad a la interposición del recurso, el Estado de que se trata ha tomado las medidas necesarias para poner fin a la infracción.
Considerando que, es cierto que, el párrafo segundo del artículo 169 no atribuye a la Comisión la facultad de recurrir al Tribunal de Justicia más que en el supuesto de que el Estado interesado no se atenga al dictamen de la Comisión en el plazo señalado por ésta, plazo que permite a dicho Estado regularizar su posición de conformidad con las disposiciones del Tratado;
que, por otra parte, si el Estado miembro no se atiene a ese dictamen, en el plazo señalado por éste, la Comisión no puede ser privada de la facultad de obtener que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado;
que, en el caso presente, la Comisión sigue teniendo interés en que se resuelva conforme a derecho si el incumplimiento ha tenido lugar, aun cuando reconoce que el Gobierno italiano respetó finalmente sus obligaciones, pero una vez que expiró el plazo antes citado;
que no puede declararse que el recurso carece de objeto.
B. En cuanto a la admisibilidad
Considerando que han sido alegadas tres causas de inadmisión del recurso;
a)
Considerando que la primera consiste en aducir que el escrito de 21 de diciembre de 1960 de la Comisión no constituía un «dictamen motivado», en el sentido del artículo 169 del Tratado, dado que no examinaba si eran pertinentes los argumentos expuestos por el Gobierno italiano sobre la existencia y la gravedad de la crisis que afectaba al mercado del porcino, y sobre la necesidad de las medidas provisionales adoptadas para poner fin a aquélla.
Considerando que debe estimarse que el dictamen previsto por el artículo 169 del Tratado está suficientemente motivado en Derecho cuando contiene, como en el presente caso, una exposición coherente de las razones que han conducido a la Comisión a la convicción de que el Estado interesado ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado;
que el escrito de 21 de diciembre de 1960, antes citado, cumple con esos requisitos, aun cuando no esté redactado en la forma debida.
b)
Considerando que la parte demandada mantiene, en segundo lugar, que existe una contradicción entre la actitud de la Comisión, en la fecha del dictamen motivado, el 21 de diciembre de 1960, momento en el que consideraba estar en condiciones de apreciar la situación y emitir un dictamen motivado, y en la fecha de su respuesta a la petición de aplicación de medidas de salvaguardia, el 10 de marzo de 1961, cuando afirmaba estar en espera de las informaciones necesarias para pronunciarse sobre la petición.
Considerando que una petición basada en el artículo 226 del Tratado, hace precisa una investigación y una apreciación de los hechos, seguidas por una Decisión, es decir, el desarrollo de determinado procedimiento;
que, por el contrario, el párrafo primero del artículo 169 es aplicable siempre que la Comisión estima, fundada o infundadamente, que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado;
que no puede encontrarse contradicción alguna entre la actitud de la Comisión en la fecha en que emitió el dictamen motivado, y su actitud en la fecha de su respuesta a la petición de aplicación de medidas de salvaguardia.
c)
Considerando que la parte demandada alega, en tercer lugar, que no ha lugar a admitir el recurso del párrafo segundo del artículo 169, más que cuando el Estado de que se trata no se haya atenido al dictamen motivado, y que ella se atuvo efectivamente a éste, al dirigir a la Comisión el 5 de enero de 1961, antes de que expirase el plazo concedido, una petición de aplicación de medidas de salvaguardia basada en el artículo 226.
Considerando que para atenerse al dictamen motivado, el Gobierno italiano debió en su momento emprender las actuaciones necesarias para poner fin a las medidas de suspensión estimadas contrarias al artículo 31; que la presentación de una petición de aplicación de medidas de salvaguardia tiene un alcance completamente diferente.
Considerando que, por las razones que quedan expuestas, las causas de inadmisión invocadas por la parte demandada han de ser rechazadas.
C. En cuanto al fondo
Considerando que, si bien la parte demandada no niega formalmente que el restablecimiento por un Estado miembro de medidas restrictivas a la importación de productos cuya liberalización se había consolidado entre los Estados miembros, es contrario a las disposiciones del artículo 31 del Tratado, invoca sin embargo varios argumentos tendentes a demostrar que, a pesar de ello, dadas las circunstancias concurrentes en el presente litigio, esa infracción del artículo 31 no constituye un incumplimiento por la República Italiana de sus obligaciones derivadas del Tratado.
a)
Considerando que la parte demandada alega, en primer lugar, el carácter provisional de las medidas adoptadas; que afirma que su intención de restablecer a la mayor brevedad posible la libre importación de los productos de que se trata está demostrada por la fijación del plazo de vigencia de las medidas de suspensión en varias ocasiones, y para períodos cortos.
Considerando que la obligación de abstenerse de introducir nuevas restricciones («standstill»), prevista por el artículo 31 es absoluta; que no admite excepción alguna, ni siquiera parcial o temporal; que la interpretación defendida por la parte demandada abriría camino a acciones unilaterales de los Estados miembros directamente opuestas a la finalidad perseguida por el Tratado en materia de libre circulación de las mercancías;
que debe desestimarse la alegación de la parte demandada.
b)
Considerando que la parte demandada mantiene, a continuación, que el artículo 226 relativo a las medidas de salvaguardia es aplicable, en el caso presente, y que la Comisión debió pronunciarse a este respecto, aunque no se le hubiere instado de manera formal a hacerlo hasta el 5 de enero de 1961.
Considerando que las medidas de salvaguardia, previstas por el artículo 226, sólo pueden ser autorizadas en el marco del procedimiento especial de este artículo, es decir, a instancia formal e inequívoca del Gobierno interesado, ya que constituyen medidas de excepción a las normas del Tratado, que pueden perturbar el funcionamiento del mercado común;
que en el caso presente, el escrito del Gobierno italiano, de fecha 20 de junio de 1960, sólo se refería a las medidas tomadas por este Gobierno, y ni siquiera aludía a las medidas de salvaguardia supeditadas a la autorización de la Comisión;
que, en consecuencia, la Comisión no tenía la obligación de pronunciarse sobre la petición de medidas de salvaguardia antes del 5 de enero de 1961, fecha en la que fue expresamente instada a tal fin por la parte demandada.
c)
Considerando que la parte demandada alega, en tercer lugar, que no disponía de otro medio que la suspensión provisional de las importaciones para poner remedio a los precios artificialmente bajos que imperaban en el sector de la carne de porcino; que, por otra parte, los principios generales del Derecho público facultan a todo Estado, en caso de urgencia, a tomar las medidas provisionales necesarias para poner remedio a acontecimientos graves.
Considerando que el artículo 226 contiene una disposición formal, que prevé un procedimiento de urgencia que permite poner remedio a la mayor brevedad a las situaciones más graves;
que el mismo hecho de que haya sido previsto un procedimiento de urgencia, excluye toda acción unilateral de parte de los Estados miembros, que no pueden por tanto invocar ni la urgencia ni la gravedad de la situación para eludir el procedimiento del artículo 226;
que en el caso presente, ese procedimiento no fue iniciado sino varios meses después del comienzo de la fase administrativa del litigio;
que las alegaciones derivadas de la necesidad y de la urgencia deben ser desestimadas.
d)
Considerando que la parte demandada invoca, en último lugar, el artículo 36 del Tratado, que permite en particular las prohibiciones de importación justificadas por razones de orden público; que, según ella, la Comisión, que conocía del problema debía haber comprobado por su propia iniciativa si el artículo 36 era aplicable en este caso.
Considerando que el artículo 36, a diferencia del artículo 226, contempla supuestos de naturaleza no económica que no puedan vulnerar los principios establecidos por los artículos 30 a 34, como confirma la última frase del citado artículo;
que, en especial, este artículo no establece una cláusula de salvaguardia genérica que se añada a la prevista por el artículo 226 y permita a los Estados miembros, mediante una acción unilateral, establecer excepciones sobre el procedimiento y las garantías previstas por este último artículo;
que, finalmente, nada podía hacer suponer a priori a la Comisión que las restricciones temporales a la importación, bruscamente decididas por el Gobierno italiano, pudieran estar justificadas al amparo del artículo 36, al no haberse hecho mención alguna de este argumento en el curso de las conversaciones que precedieron a la fase judicial;
que debe desestimarse esta alegación.
Considerando que por las razones que han sido expuestas, el recurso debe ser declarado fundado.
D. Costas
Considerando que a tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas;
que, por haber sido desestimados todos los motivos de la parte demandada, procede condenarla en costas.
Vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídas las observaciones orales de las partes;
oídas las conclusiones del Abogado General;
vistos los artículos 30 a 34, 36, 169, 171 y 226 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea;
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
desestimando cualesquiera otras pretensiones más amplias o contrarias, declara la admisibilidad del presente recurso y decide:
1)
Declarar que el Gobierno italiano ha incumplido la obligación establecida por el párrafo primero del artículo 31 del Tratado al suspender provisionalmente las importaciones de los productos de que se trata procedentes de los Estados miembros.
2)
Condenar en costas a la parte demandada.
Donner
Riese
Rueff
Delvaux
Hammes
Rossi
Catalano
Pronunciada en Luxemburgo, a 19 de diciembre de 1961.
Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de diciembre de 1961.
Donner
Riese
Rueff
Delvaux
Hammes
Rossi
Catalano
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
A. M. Donner
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.