62024TJ0573
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
de 29 de abril de 2026 (
*1
)
«Obtenciones vegetales — Concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal para la variedad de patatas Melrose — Impago de la tasa anual dentro de plazo — Anulación de la protección — Solicitud de restitutio in integrum — Competencia de la Sala de Recurso — Concepto de circunstancias particulares — Requisitos de notificación de las resoluciones y comunicaciones de la OCVV»
En el asunto T‑573/24,
Romagnoli Fratelli SpA, con domicilio social en Bolonia (Italia), representada por la Sra. E. Truffo y el Sr. A. Iurato, abogados,
parte recurrente,
contra
Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV), representada por la Sra. M. García-Moncó Fuente y los Sres. M. Fortin, A. Christ y A. Pontecorvi, en calidad de agentes,
parte recurrida,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
integrado por la Sra. P. Škvařilová-Pelzl, Presidenta, y los Sres. I. Nõmm (Ponente) y D. Kukovec, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular la diligencia de ordenación del procedimiento de 26 de noviembre de 2025 y las respuestas de la recurrente y de la OCVV, presentadas en la Secretaría del Tribunal General, respectivamente, los días 12 y 11 de diciembre de 2025;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Romagnoli Fratelli SpA, solicita la anulación de la resolución de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV) de 3 de agosto de 2024 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
2
El 10 de diciembre de 2009, Meranini & C. Srl presentó una solicitud de protección comunitaria de obtención vegetal ante la OCVV, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1). Dicha solicitud se registró bajo el número 2009/2240.
3
La obtención vegetal para la que se solicitó la protección comunitaria es la variedad de patatas Melrose, perteneciente a la especie Solanum tuberosum L.
4
Mediante resolución de la OCVV de 20 de febrero de 2012, se concedió la protección comunitaria para la obtención vegetal de que se trata.
5
A partir del 24 de abril de 2018 y a raíz de una transmisión del derecho de la protección comunitaria de la obtención vegetal de que se trata, la recurrente pasó a ser titular de la protección comunitaria de dicha obtención vegetal.
6
El 27 de octubre de 2021, la OCVV emitió y envió a la recurrente, a través del espacio personal de esta última, denominado «MyPVR», una nota de adeudo relativa al pago de la tasa anual para la protección comunitaria de la obtención vegetal de que se trata.
7
La nota de adeudo no se abonó dentro del plazo señalado, por lo que, el 10 de enero de 2022 se envió a la recurrente un recordatorio formal, de conformidad con el artículo 83, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, a través del espacio personal MyPVR. En ese recordatorio, la OCVV instó a la recurrente a abonar en el plazo de un mes el importe adeudado en concepto de tasa anual, a fin de evitar la anulación de la protección comunitaria para la obtención vegetal de que se trata con arreglo al artículo 21, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento.
8
El 16 de febrero de 2022, habida cuenta de que la recurrente no había descargado los documentos relativos a la tasa anual desde su espacio personal MyPVR, la OCVV le envió otro recordatorio por correo electrónico, sin prorrogar, no obstante, el plazo de pago.
9
El 21 de marzo de 2022, al no haberse abonado la tasa anual en el plazo señalado, la OCVV anuló la protección comunitaria de la obtención vegetal de que se trata. La resolución relativa a esta anulación (en lo sucesivo, «resolución de 21 de marzo de 2022») fue comunicada a la recurrente el 22 de marzo de 2022 y se presume que fue notificada el 30 de marzo de 2022.
10
El 6 de mayo de 2022, la recurrente presentó una solicitud de restitutio in integrum, de conformidad con el artículo 80 del Reglamento n.o 2100/94, en relación con el plazo de pago de la tasa anual antes mencionada.
11
También el 6 de mayo de 2022, la recurrente procedió al pago de la tasa anual que hasta entonces había permanecido impagada.
12
Mediante resolución de 7 de noviembre de 2022, la OCVV denegó la solicitud de restitutio in integrum de la recurrente (en lo sucesivo, «resolución de 7 de noviembre de 2022»).
13
El 5 de enero de 2023, la recurrente interpuso un recurso ante el Tribunal General, registrado con el número de asunto T‑2/23, contra la resolución de 7 de noviembre de 2022.
14
El 6 de enero de 2023, la recurrente interpuso un recurso ante la Sala de Recurso de la OCVV contra la resolución de 21 de marzo de 2022, por la que la OCVV había anulado la protección comunitaria de la obtención vegetal controvertida.
15
También el 6 de enero de 2023, la recurrente presentó una solicitud de restitutio in integrum relativa al plazo fijado para la interposición de un recurso contra la resolución de 21 de marzo de 2022, dado que había expirado el plazo de dos meses para recurrir dicha resolución ante la Sala de Recurso de la OCVV, establecido en el artículo 69 del Reglamento n.o 2100/94.
16
Mediante sentencia de 17 de abril de 2024, Romagnoli Fratelli/OCVV (Melrose) (T‑2/23, EU:T:2024:247), el Tribunal desestimó el recurso contra la resolución de 7 de noviembre de 2022. El 14 de junio de 2024, la recurrente interpuso recurso de casación contra dicha sentencia.
17
El 3 de agosto de 2024, la Sala de Recurso dictó la resolución impugnada. En primer lugar, consideró que el recurso contra la resolución de 21 de marzo de 2022 era extemporáneo. Recordó que dicha resolución presumiblemente había sido notificada a la recurrente el 30 de marzo de 2022, que, en consecuencia, el plazo para interponer recurso había expirado el 30 de mayo de 2022 y que el recurso se había interpuesto cuando habían transcurrido más de siete meses desde la expiración de ese plazo. En segundo lugar, la Sala de Recurso de la OCVV estimó que era competente para pronunciarse sobre la solicitud de restitutio in integrum. En tercer lugar, en cuanto al fondo, denegó la solicitud de restitutio in integrum sobre la base de que la recurrente no había demostrado que hubiera hecho frente a circunstancias particulares ni que hubiera puesto el debido cuidado a efectos del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 80, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94. En cuarto y último lugar, basándose en esta denegación, concluyó que debía declararse la inadmisibilidad del recurso interpuesto contra la resolución de 21 de marzo de 2022. El 10 de septiembre de 2024, la resolución impugnada fue notificada a la recurrente.
18
Mediante sentencia de 1 de agosto de 2025, Romagnoli Fratelli/OCVV (C‑426/24 P, no publicada, EU:C:2025:619), el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 17 de abril de 2024, Melrose (T‑2/23, EU:T:2024:247).
Pretensiones de las partes
19
La recurrente solicita, en esencia, al Tribunal General que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Declare admisible la solicitud de restitutio in integrum ante la Sala de Recurso de la OCVV.
–
Restablezca la protección comunitaria de la obtención vegetal de que se trata.
–
Condene en costas a la OCVV.
20
La OCVV solicita, en esencia, al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso por infundado.
–
Condene en costas a la recurrente.
Sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal General
21
La OCVV solicita, en esencia, que se declaren inadmisibles una parte del anexo 10 y los anexos 11 a 14 y 16 a 18 que acompañan al escrito de interposición del recurso por no haber sido presentados por la recurrente durante el procedimiento administrativo sustanciado ante ella.
22
Es preciso señalar que los anexos 10 a 14 (a excepción del organigrama de la recurrente para el año 2022, contenido en la página 4 del anexo 10) y los anexos 16 a 18 que acompañan al escrito de interposición del recurso no figuran en el expediente del procedimiento ante la OCVV.
23
A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia, la legalidad de un acto de la Unión debe ser apreciada en función de la información de que podía disponer la institución en el momento en que lo adoptó. Nadie puede alegar ante el juez de la Unión elementos de hecho que no hayan sido expuestos durante el procedimiento administrativo (sentencia de 17 de abril de 2024, Melrose, T‑2/23, EU:T:2024:247, apartado 32; véase también, por analogía, la sentencia de 8 de marzo de 2023, Novasol/ECHA, T‑70/22, no publicada, EU:T:2023:106, apartado 22).
24
Por tanto, en la medida en que los anexos indicados en el apartado 22 anterior se han presentado por primera vez ante el Tribunal General, no se pueden tomar en consideración para controlar la legalidad de la resolución impugnada y, en consecuencia, deben inadmitirse.
Sobre el fondo
25
Con carácter preliminar, procede señalar que no se discute que el recurso presentado ante la Sala de Recurso de la OCVV contra la resolución de 21 de marzo de 2022 se interpuso más de siete meses después de que hubiera expirado el plazo de recurso. Así, la solicitud de restitutio in integrum presentada por la recurrente el 6 de enero de 2023 tenía por objeto que se la restableciera en su derecho a interponer un recurso contra la resolución de 21 de marzo de 2022.
26
A este respecto, la Sala de Recurso de la OCVV alegó, en los apartados 28 y 29 de la resolución impugnada, que el plazo que había expirado y que había dado lugar a la solicitud de restitutio in integrum era un plazo que debía observarse respecto a ella, y no respecto a la primera instancia de la OCVV. En consecuencia, estimó que el recurso contra la resolución de 21 de marzo de 2022 y la solicitud de restitutio in integrum eran indisociables y que, por tanto, era competente para examinar dicha solicitud.
27
Esta conclusión de la Sala de Recurso de la OCVV en cuanto a su competencia para pronunciarse sobre la solicitud de restitutio in integrum, que, por lo demás, suscriben las partes, debe aprobarse.
28
A tal respecto, procede recordar que el capítulo VI de la cuarta parte del Reglamento n.o 2100/94 establece una serie de «disposiciones de carácter procesal».
29
Entre las disposiciones mencionadas en el apartado 28 anterior figura el artículo 80, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94. Dicho artículo establece que «el solicitante de protección comunitaria de obtención vegetal, el titular o cualquier otra parte en el procedimiento ante la Oficina que, a pesar de haber puesto el debido cuidado en atención a las circunstancias, no haya podido observar un plazo con respecto a la Oficina, será restablecido, previa solicitud, en sus derechos, si la inobservancia del plazo ha tenido como consecuencia directa, en virtud [de este] Reglamento, la pérdida de un derecho o de un medio de recurso».
30
Es preciso subrayar que, a diferencia de otras disposiciones que regulan el procedimiento que figura en el capítulo VI de la cuarta parte del Reglamento n.o 2100/94, como el artículo 77 de este Reglamento, que distinguen el procedimiento «ante la Oficina» del sustanciado «ante la Sala de Recurso», nada indica, en el artículo 80, apartado 1, de dicho Reglamento, que el concepto de «Oficina» contenido en él excluya a la Sala de Recurso. Así, como en el caso del ámbito de aplicación del artículo 75 del Reglamento n.o 2100/94, que establece que «las resoluciones de la Oficina deberán ser motivadas», el ámbito de aplicación del artículo 80, apartado 1, de este mismo Reglamento puede entenderse en el sentido de que incluye a la Sala de Recurso.
31
El hecho de que ninguna disposición del Reglamento n.o 2100/94 establezca expresamente que, cuando una solicitud de restitutio in integrum se refiera a un plazo que un solicitante no haya podido respetar ante la Sala de Recurso de la OCVV, esta última será competente para pronunciarse sobre tal solicitud, no significa que dicha Sala no disponga de tal competencia.
32
En efecto, en primer término, ha de subrayarse que el artículo 35 del Reglamento n.o 2100/94, que se refiere al reparto interno de competencias por lo que respecta a las resoluciones adoptadas por la OCVV, establece, en su apartado 1, una competencia de principio del presidente de la OCVV para todas las decisiones que no sean de competencia de las salas de recurso y, en su apartado 2, una competencia de atribución para un comité.
33
El artículo 81, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94 establece que, cuando dicho Reglamento o las disposiciones adoptadas en virtud del mismo no contengan disposiciones de procedimiento, la OCVV aplicará los principios de Derecho procesal generalmente reconocidos en los Estados miembros. Pues bien, en materia de restitutio in integrum, la instancia competente para pronunciarse sobre la solicitud es, en principio y en virtud del principio de paralelismo de las competencias, la que era competente para declarar la inobservancia del plazo.
34
De este modo, la lectura conjunta de los artículos 35 y 81 del Reglamento n.o 2100/94 puede llevar a reconocer que el legislador de la Unión pretendió implícitamente permitir que la Sala de Recurso de la OCVV examine una solicitud de restitutio in integrum relativa a un plazo que un solicitante no ha podido respetar ante ella.
35
En segundo término, el artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 874/2009 de la Comisión, de 17 de septiembre de 2009, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2100/94 en lo relativo al procedimiento ante la OCVV (DO 2009, L 251, p. 3), establece, ciertamente, que los comités adoptarán decisiones acerca de las cuestiones relativas a la restitutio in integrum contemplada en el artículo 80 del Reglamento n.o 2100/94. No obstante, dicho artículo dispone que el examen de estas cuestiones se llevará a cabo conjuntamente con las decisiones que los comités adopten en virtud de la competencia de atribución que les confiere el artículo 35, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94. Así pues, a la luz de esta última disposición, el artículo 7 del Reglamento n.o 874/2009 puede interpretarse en el sentido de que solo confiere competencia a los comités para adoptar decisiones acerca de cuestiones de restitutio in integrum en las materias en las que les haya sido atribuida la competencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 35, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94. Tal interpretación se acomoda al principio según el cual un reglamento de ejecución debe ser objeto, si es posible, de una interpretación conforme con las disposiciones del reglamento de base (sentencias de 24 de junio de 1993, Dr. Tretter, C‑90/92, EU:C:1993:264, apartado 11, y de 10 de septiembre de 1996, Comisión/Alemania, C‑61/94, EU:C:1996:313, apartado 52). Pues bien, según esa interpretación del artículo 7 del Reglamento n.o 874/2009, la cuestión de la restitutio in integrum relativa a un plazo que un solicitante no ha podido respetar ante la Sala de Recurso de la OCVV no entra en el ámbito de competencia de los comités.
36
Procede añadir que la razón de ser del artículo 7 del Reglamento n.o 874/2009 reside en la necesidad de identificar, a nivel de la OCVV, a la persona competente (a saber, el presidente o una persona bajo su autoridad) o al comité competente para pronunciarse sobre la solicitud de restitutio in integrum cuando se haya producido ante dicha instancia la inobservancia del plazo. En cambio, tal identificación en dicho Reglamento no tiene ninguna utilidad en el caso de una solicitud de restitutio in integrum relativa a un plazo que no se ha respetado ante la Sala de Recurso de la OCVV. En efecto, esta última es precisamente la única competente para resolver la cuestión y, por tanto, no es necesario que sea identificada con tal fin de manera explícita en el Reglamento n.o 2100/94.
37
En tercer término, como resulta del vigésimo sexto considerando del Reglamento n.o 2100/94, «las funciones y facultades de la [OCVV], incluidas sus salas de recurso, respecto de la concesión, extinción y verificación de la protección comunitaria de la obtención vegetal, así como de las publicaciones, deberán inspirarse, en la medida de lo posible, en las normas creadas para otros sistemas; que lo mismo cabe decir de la estructura y el reglamento interior de la Oficina, la colaboración con la Comisión y los Estados miembros, especialmente mediante el consejo de administración, la intervención de las Oficinas de examen encargadas de los exámenes técnicos y las medidas presupuestarias necesarias».
38
A este respecto, se atribuyó a la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) la competencia para conocer de una solicitud de restitutio in integrum cuando el acto incumplido objeto de dicha solicitud se refiera a un recurso interpuesto extemporáneamente ante ella. En efecto, el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), establece, en su artículo 104, apartado 4, bajo el epígrafe «Restitutio in integrum», que «resolverá acerca de la petición el órgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido», de conformidad con el principio de paralelismo de las competencias recordado en el apartado 33 anterior.
39
En este sentido, procede interpretar asimismo, en la medida de lo posible, las competencias de la OCVV, incluidas las de sus salas de recurso, inspirándose en las normas de las que antes se ha hecho mención establecidas para la EUIPO por el Reglamento 2017/1001, lo que también lleva a considerar que la Sala de Recurso de la OCVV debería ser competente para examinar una solicitud de restitutio in integrum relativa a un plazo que un solicitante no ha podido respetar ante ella.
40
De los anteriores apartados 28 a 39 resulta que la Sala de Recurso de la OCVV consideró fundadamente que era competente para pronunciarse sobre la solicitud de restitutio in integrum, basada en el incumplimiento por la recurrente del plazo de recurso ante ella.
41
El recurso está fundado en cuatro motivos, que se basan, el primero de ellos, en la apreciación errónea de la existencia de un caso de fuerza mayor debido a la pandemia de COVID‑19; el segundo, en la apreciación errónea de la existencia de un error excusable; el tercero, en una interpretación errónea o imprecisa de las pruebas, y, el cuarto, en la infracción del artículo 65 del Reglamento n.o 874/2009.
42
El Tribunal General considera oportuno examinar conjuntamente los tres primeros motivos y proceder, a continuación, al análisis del cuarto motivo.
Motivos primero, segundo y tercero, basados, respectivamente, en la apreciación errónea de la existencia de un caso de fuerza mayor debido a la pandemia de COVID-19, en la apreciación errónea de la existencia de un error excusable y en la interpretación errónea o imprecisa de las pruebas
43
Mediante sus motivos primero, segundo y tercero, la recurrente alega, en esencia, que la Sala de Recurso de la OCVV ignoró que se hallaba ante un caso de fuerza mayor causado por la pandemia de COVID‑19. Considera que dicha Sala de Recurso no llevó a cabo una apreciación sobre la base de los hechos, sino que se limitó a considerar que las pruebas presentadas no eran concluyentes. Pues bien, en primer lugar, la recurrente invoca numerosas ausencias por razones médicas de los miembros de su personal. Pone de relieve, en particular, la ausencia de la única empleada encargada de los contactos y de la correspondencia con la OCVV. En segundo lugar, alega que, habida cuenta de su condición de empresa agrícola de tamaño medio, la escasez de personal, cualquiera que fuera su forma, constituía para ella un caso de fuerza mayor. Añade, en este contexto, que obstáculos tanto financieros como legales le impidieron paliar la escasez de personal.
44
La OCVV rebate las alegaciones formuladas en apoyo de tales motivos.
45
A tenor del artículo 80, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94, el solicitante de protección comunitaria de obtención vegetal, el titular o cualquier otra parte en el procedimiento ante la OCVV que, a pesar de haber puesto el debido cuidado en atención a las circunstancias, no haya podido observar un plazo con respecto a la OCVV, será restablecido, previa solicitud, en sus derechos, si la inobservancia del plazo ha tenido como consecuencia directa, en virtud de este Reglamento, la pérdida de un derecho o de un medio de recurso.
46
Del artículo 80, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94 se desprende que la restitutio in integrum está supeditada a dos requisitos acumulativos, el primero de ellos, que la persona de que se trate haya puesto el debido cuidado en atención a las circunstancias, y, el segundo, que la inobservancia del plazo por parte de dicha persona haya tenido como consecuencia directa la pérdida de un derecho o de un medio de recurso [véase, por analogía, la sentencia de 15 de septiembre de 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/OAMI — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), T‑271/09, no publicada, EU:T:2011:478, apartado 53 y jurisprudencia citada].
47
Además, el cumplimiento de los plazos es de orden público y la restitutio in integrum puede resultar perjudicial para la seguridad jurídica. Por consiguiente, los requisitos de aplicación de la restitutio in integrum deben interpretarse en sentido estricto [véase, en este sentido y por analogía, el auto de 9 de diciembre de 2022, AMO Development/EUIPO (Instrumentos médicos), T‑311/22, no publicado, EU:T:2022:822, apartado 20 y jurisprudencia citada].
48
En el presente asunto, en el marco de los tres motivos invocados conjuntamente, la recurrente impugna la apreciación de la Sala de Recurso de la OCVV en cuanto al primer requisito mencionado en el apartado 46 anterior, en la medida en que dicha Sala de Recurso concluyó que no había demostrado, por una parte, que se enfrentara a circunstancias particulares y, por otra, que hubiera puesto el debido cuidado en atención a tales circunstancias.
49
En primer lugar, procede examinar la alegación basada en las ausencias de los miembros del personal de la recurrente derivadas de la pandemia de COVID‑19.
50
En primer término, la Sala de Recurso estimó fundadamente que la recurrente no había presentado argumentos convincentes que permitieran considerar que tales ausencias explicasen la razón por la que no se había respetado el plazo para la interposición de recurso ante ella.
51
En efecto, la recurrente no niega que recibiera la resolución de 21 de marzo de 2022 el 30 de marzo de 2022. Por tanto, le correspondía demostrar de manera concreta la razón por la que no había podido respetar el plazo de recurso, comprendido entre el 30 de marzo y el 30 de mayo de 2022.
52
Pues bien, la recurrente no ha aportado ninguna prueba que acredite que las ausencias por razones médicas de los miembros de su personal se produjeron durante el período comprendido entre el 30 de marzo y el 30 de mayo de 2022.
53
En segundo término, por lo que respecta a la alegación más específica basada en la ausencia de la única empleada a cargo de la correspondencia con la OCVV, primero, de la declaración de la interesada se desprende que el período en el que estuvo ausente se situó, más bien, en enero de 2022. La recurrente no ha presentado ningún documento que indique el período durante el cual dicha empleada, que supuestamente se encargaba de la correspondencia con la OCVV, estuvo ausente y, por tanto, no pudo desempeñar las tareas que le habían sido confiadas, relativas a dicha correspondencia.
54
Por consiguiente, la recurrente no ha aportado pruebas que permitan demostrar que la empleada encargada de la correspondencia con la OCVV estuviera ausente durante el período comprendido entre los meses de marzo y mayo de 2022 y que, en consecuencia, ella hubiese hecho frente a circunstancias particulares debido a la pandemia de COVID‑19 que le impidieran observar el plazo de recurso, ante la Sala de Recurso de la OCVV, contra la resolución de 21 de marzo de 2022.
55
A continuación, aun suponiendo que dicha empleada hubiera estado ausente durante el período comprendido entre el 30 de marzo y el 30 de mayo de 2022, la recurrente no ha aportado ninguna prueba que permita justificar que esa empleada no pudiese ser sustituida.
56
Por último, procede señalar que la recurrente no ha explicado las razones por las que no se habían aplicado otras soluciones posibles para paliar la ausencia de la empleada que designa como encargada de la correspondencia con la OCVV. Por ejemplo, aun cuando se hubiese acreditado la ausencia de dicha empleada, lo que no sucede en el presente asunto, la recurrente no ha explicado en modo alguno, ni respaldado con pruebas, las razones que le habían impedido transferir las tareas de dicha empleada y los identificadores que le permitían acceder al espacio personal MyPVR a otro miembro de su personal durante el período en cuestión.
57
A este respecto, el Tribunal General ya ha declarado que, aun suponiéndola acreditada, la indisponibilidad de una persona, en el seno de una sociedad, aun cuando se encargara de la correspondencia con una institución, no puede considerarse una circunstancia ajena a la parte recurrente [véase, en este sentido, el auto de 24 de marzo de 2022, Cheers Interactive (India)/EUIPO — Furrion Property (Representación de tres bandas negras horizontales), T‑544/21, no publicado, EU:T:2022:202, apartado 36].
58
En tercer término, en cuanto concierne a la alegación basada en el ciberataque sufrido por una empresa asociada, del que la recurrente afirma haber sido víctima colateral, la recurrente no ha indicado ni, menos aún, demostrado por qué un ciberataque que tuvo lugar a finales de diciembre de 2021 y que fue objeto de una denuncia ante el Fiscal de la República en Italia el 7 de enero de 2022 podía justificar el incumplimiento de un plazo que expiraba cinco meses más tarde, sobre todo teniendo en cuenta que no se discute que la recurrente recibió la resolución de 21 de marzo de 2022 el 30 de marzo de 2022.
59
En cuarto término, procede desestimar la alegación de la recurrente según la cual, en esencia, la OCVV no la informó debidamente de las normas aplicables y de las posibilidades de recurso. Primero, en la resolución de 21 de marzo de 2022, la OCVV llamó de manera clara la atención de la recurrente sobre la posibilidad de interponer recurso contra dicha resolución en un plazo de dos meses a contar de su entrada en vigor.
60
A continuación, como bien subraya la OCVV, la recurrente fue informada con claridad, mediante un correo electrónico que le remitió el 5 de mayo de 2022, de la posibilidad de interponer recurso y de los requisitos que debían concurrir a tal efecto. La OCVV incluso precisó los requisitos que debían cumplirse para presentar al mismo tiempo un recurso de anulación y una solicitud de restitutio in integrum.
61
Por último, ninguna disposición obliga a la OCVV a informar a una parte de los procedimientos de que dispone ni, a fortiori, a aconsejar a dicha parte que siga una determinada vía procesal [véase, por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 2018, Skyleader/EUIPO — Sky International (SKYLEADER), T‑34/17, no publicada, EU:T:2018:256, apartado 43].
62
En segundo lugar, la recurrente sostiene en vano que, habida cuenta de su tamaño medio, no disponía de medios económicos suficientes para contratar personal adicional con el fin de sustituir al personal en situación de baja por enfermedad. También en vano invoca obstáculos legales que, según indica, le impidieron contratar personal.
63
En efecto, en primer término, la vaguedad de las alegaciones formuladas por la recurrente lleva a considerar que toda forma de penuria de personal de una empresa agrícola de tamaño medio debería ser vista como un caso de fuerza mayor.
64
Tal razonamiento no basta para demostrar de manera concreta que se cumplen los requisitos de aplicación de la restitutio in integrum y que la OCVV incurrió en error de apreciación a este respecto. Como se ha señalado en el apartado 47 anterior, es preciso recordar que estos requisitos deben interpretarse en sentido estricto.
65
En segundo término, la alegación de que la recurrente se encontraba ante un impedimento legal para contratar personal a causa de la normativa italiana se invoca por primera vez ante el Tribunal General.
66
Pues bien, la legalidad de la resolución impugnada debe ser apreciada por el juez de la Unión en función de los elementos de que podía disponer la OCVV en el momento en que la adoptó (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de septiembre de 2025, AQ/ECHA, T‑1101/23, no publicada, EU:T:2025:894, apartado 33).
67
Además, el acto legislativo en el que la recurrente basa su razonamiento no se ha adjuntado al escrito de recurso. En este último solo se menciona una disposición de dicha normativa de manera vaga y sin contextualizarla, por lo que no contiene ninguna explicación concreta que permita determinar si, y de qué modo, la normativa en cuestión sería efectivamente aplicable en el presente asunto.
68
Por consiguiente, tras haber tomado en consideración los elementos de prueba que le habían sido aportados en el momento de la presentación de la solicitud de restitutio in integrum, la OCVV concluyó fundadamente que la recurrente no había acreditado que hubiera hecho frente a circunstancias particulares ni que hubiera puesto el debido cuidado a la vista de tales elementos.
69
De ello se sigue que los tres primeros motivos deben desestimarse por infundados.
Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 65 del Reglamento n.o 874/2009
70
Mediante su cuarto motivo, en primer lugar, la recurrente sostiene que no recibió el recordatorio enviado por la OCVV, el 10 de enero de 2022, relativo a la tasa anual impagada. Alega que esta última ha infringido el artículo 65 del Reglamento n.o 874/2009, por cuanto no ha aportado la prueba de la notificación efectiva y de la recepción de dicho recordatorio. En segundo lugar, refuta, en sustancia, que el espacio personal MyPVR se considere una vía oficial de notificación de documentos o de resoluciones en el sentido del Reglamento n.o 2100/94 y del Reglamento n.o 874/2009 y, por consiguiente, cuestiona la aplicabilidad de las condiciones generales relativas a la utilización de los sistemas electrónicos de comunicaciones procedentes de la OCVV y con destino a esta (en lo sucesivo, «condiciones generales de MyPVR»), tal como se definen en la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV.
71
La OCVV rebate las alegaciones formuladas en apoyo de este motivo.
72
Con carácter previo, cabe destacar que las alegaciones formuladas en apoyo del cuarto motivo son, en esencia, idénticas a las que se presentaron en el marco del segundo motivo invocado en el asunto que dio lugar a la sentencia de 17 de abril de 2024, Melrose (T‑2/23, EU:T:2024:247), que fue confirmada en casación por la sentencia de 1 de agosto de 2025, Romagnoli Fratelli/OCVV (C‑426/24 P, no publicada, EU:C:2025:619). Procede darles la misma respuesta.
73
En primer lugar, el espacio personal MyPVR constituye una vía oficial de notificación válida para la nota de adeudo de 27 de octubre de 2021 y el recordatorio de 10 de enero de 2022 (sentencia de 17 de abril de 2024, Melrose, T‑2/23, EU:T:2024:247 apartados 52 a 65).
74
En efecto, a tenor del artículo 79 del Reglamento n.o 2100/94, la OCVV notificará por iniciativa propia todas las resoluciones y citaciones, así como las notificaciones y comunicaciones respecto de las cuales empiece a correr un plazo, o que deban notificarse en virtud de otras disposiciones de este Reglamento o en virtud de disposiciones adoptadas de conformidad con dicho Reglamento o a requerimiento del presidente de la OCVV. Las notificaciones podrán cursarse a través de las oficinas competentes en materia de variedades vegetales de los Estados miembros.
75
Ha de señalarse que, en el presente asunto, dado que tanto la nota de adeudo de 27 de octubre de 2021 como el recordatorio de 10 de enero de 2022 fijaban un plazo que la recurrente debía respetar, procede considerarlos «notificaciones [o] comunicaciones respecto de las cuales empie[za] a correr un plazo» en el sentido del artículo 79 del Reglamento n.o 2100/94.
76
A tenor del artículo 64, apartado 4, del Reglamento n.o 874/2009, los documentos o copias de los mismos que contengan diligencias cuya notificación esté contemplada en el artículo 79 del Reglamento n.o 2100/94 se transmitirán por los medios electrónicos que determine el presidente de la OCVV o por correo certificado con acuse de recibo.
77
Del tenor del artículo 64, apartado 4, del Reglamento n.o 874/2009 resulta que, por una parte, las comunicaciones y las notificaciones de la OCVV respecto de las cuales empiece a correr un plazo, en el sentido del artículo 79 del Reglamento n.o 2100/94, pueden notificarse por medios electrónicos y, por otra parte, que los medios electrónicos para dicha notificación son determinados por el presidente de la OCVV.
78
De conformidad con el artículo 64, apartado 4, del Reglamento n.o 874/2009, el 20 de diciembre de 2016, el presidente de la OCVV adoptó una decisión relativa a las comunicaciones electrónicas procedentes de la OCVV y destinadas a esta.
79
Según el artículo 3, párrafo primero, de la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV, dicha Oficina dispondrá de una plataforma de comunicaciones electrónicas, en su sitio de Internet «www.cpvo.europa.eu», que permita a los usuarios recibir, visualizar, imprimir y guardar todos los documentos y notificaciones enviados por la OCVV, disponibles de forma electrónica, así como la respuesta a dichas notificaciones y a las solicitudes de expedientes y otros documentos. Este espacio de comunicación electrónica («Espacio personal») es un sistema restringido, que se denominará «MyPVR».
80
El artículo 3, párrafo cuarto, de la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV establece que, una vez concluido su desarrollo, MyPVR ofrecerá la opción de recibir de forma electrónica todas las comunicaciones procedentes de la OCVV. Si el usuario elige esta opción, la OCVV le remitirá todas las notificaciones por medios electrónicos a través de este espacio personal, a menos que resulte imposible por motivos técnicos.
81
A tenor del artículo 4, párrafo primero, de la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV, una vez que el usuario ha activado la opción que permite comunicar con la OCVV por medios electrónicos, todas las notificaciones oficiales de la OCVV que estén disponibles de forma electrónica se le transmitirán a través de MyPVR. Los documentos que contengan diligencias respecto de las cuales el artículo 79 del Reglamento n.o 2100/94 prevé la notificación de oficio son notificados a través de MyPVR.
82
Con arreglo al artículo 6 de la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV, «las condiciones generales de uso que figuran en el sitio de Internet de la [OCVV] relativas a las comunicaciones electrónicas procedentes de la [OCVV] y destinadas a esta, efectuadas a través de MyPVR, precisarán con mayor detalle los trámites electrónicos, las condiciones correspondientes y las modalidades técnicas a las que se supeditan las notificaciones o comunicaciones electrónicas procedentes de la [OCVV] y con destino a esta, así como los compromisos de uso que deben suscribir los usuarios».
83
De los artículos 3, párrafos primero y cuarto, y 4, párrafo primero, de la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV, mencionados en los anteriores apartados 79 a 81, se desprende que todas las comunicaciones y notificaciones, incluidas las comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 79 del Reglamento n.o 2100/94, pueden efectuarse a través del espacio personal MyPVR, siempre que el usuario haya activado la opción que permite a la OCVV comunicarse con él por medios electrónicos.
84
Además, el artículo 6 de la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV, mencionado en el apartado 82 anterior, establece que las condiciones generales de MyPVR precisarán con mayor detalle los trámites electrónicos, las condiciones correspondientes y las modalidades técnicas a las que se supeditan las notificaciones o comunicaciones electrónicas procedentes de la OCVV. Por consiguiente, tampoco puede cuestionarse la aplicabilidad de dichas condiciones generales.
85
Por otra parte, el punto 4, letra b), de la versión 3.0 de las condiciones generales de MyPVR reitera que, cuando el usuario haya optado por la comunicación electrónica, la OCVV le notificará válidamente las resoluciones, las comunicaciones y los demás documentos por medios electrónicos a través del espacio personal, salvo que ello resulte imposible por razones técnicas o en caso de que determinadas funcionalidades de dicho espacio estén siendo desarrolladas. En estos supuestos, las comunicaciones electrónicas por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación válido podrán admitirse como medio de notificación autorizado.
86
Por consiguiente, la alegación relativa, en esencia, a la ilegalidad del espacio personal MyPVR en la medida en que este constituye una de las vías de notificación oficiales no puede prosperar.
87
No obstante, de los artículos 3, párrafo cuarto, y 4, párrafo primero, de la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV y del punto 4, letra b), de la versión 3.0 de las condiciones generales de MyPVR resulta que la utilización de MyPVR como vía de notificación oficial está supeditada al requisito de que el usuario haya activado la opción que permite a la OCVV comunicarse con él por medios electrónicos.
88
A este respecto, procede señalar que la recurrente no discute que hubiera optado por la comunicación por medios electrónicos a través de MyPVR, en el sentido de las disposiciones mencionadas en el apartado 87 anterior, ni que hubiese aceptado la versión 3.0 de las condiciones generales de MyPVR, confirmando así su decisión de optar por la comunicación por medios electrónicos.
89
Con arreglo al punto 2 de la versión 3.0 de las condiciones generales de MyPVR, los usuarios se comprometen a utilizar el espacio personal para, entre otras cosas, recibir notificaciones y documentos transmitidos por la OCVV. Las comunicaciones electrónicas por correo electrónico solo pueden admitirse como medio de comunicación autorizado en caso de que el uso de la plataforma no sea conveniente. Además, el punto 2, párrafo segundo, de la versión 3.0 de las condiciones generales de MyPVR dispone que, al utilizar el espacio personal, el usuario se compromete a cumplir las obligaciones establecidas en el punto 2, párrafo primero, de dichas condiciones generales.
90
Por tanto, no cabe duda de que, al utilizar el espacio personal y aceptar las condiciones generales de MyPVR, la recurrente aceptó recibir comunicaciones y notificaciones de la OCVV a través del espacio personal MyPVR.
91
A la luz de cuanto antecede, procede desestimar la alegación relativa a la ilegalidad de MyPVR como vía de notificación oficial por lo que respecta a la recurrente.
92
En segundo lugar, en cuanto concierne a la alegación basada en la supuesta infracción del artículo 65 del Reglamento n.o 874/2009, por no haber aportado la OCVV la prueba de la notificación efectiva y de la recepción del recordatorio enviado el 10 de enero de 2022, debe desestimarse por las mismas razones que las que figuran en la sentencia de 17 de abril de 2024, Melrose (T‑2/23, EU:T:2024:247), apartados 71 a 77.
93
En efecto, ha de subrayarse que el recordatorio de 10 de enero de 2022 fue enviado a través de MyPVR. En consecuencia, el artículo 65 del Reglamento n.o 874/2009, relativo a las notificaciones enviadas por correo, no se puede aplicar en el presente asunto. A este respecto, procede remitirse al artículo 64 bis del Reglamento n.o 874/2009, relativo a las notificaciones presentadas por medios electrónicos o por otros medios técnicos.
94
El artículo 64 bis, apartado 1, del Reglamento n.o 874/2009 dispone que la notificación por medios electrónicos se hará mediante la transmisión de una copia digital del documento que deba notificarse. Se considerará como fecha de notificación la fecha en que la haya recibido su destinatario. El presidente de la OCVV determinará las modalidades aplicables a la notificación por medios electrónicos. Con arreglo al artículo 64 bis, apartado 3, del mismo Reglamento, el presidente de la OCVV determinará las modalidades aplicables a la notificación por otros medios técnicos.
95
Como ya se ha señalado en los anteriores apartados 88 a 90, la recurrente no niega haber aceptado recibir las comunicaciones y notificaciones de la OCVV a través de MyPVR. A este respecto, procede recordar igualmente que, según el artículo 4, párrafo primero, de la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV, una vez que el usuario haya activado la opción que permite comunicar con la OCVV por medios electrónicos, todas las notificaciones oficiales de la OCVV que estén disponibles de forma electrónica, incluidos los documentos que contengan diligencias respecto de los cuales el artículo 79 del Reglamento n.o 2100/94 prevé una notificación, se le notificarán a través de MyPVR. En consecuencia, MyPVR debe considerarse la única vía oficial de comunicación de las notificaciones oficiales, incluidas aquellas previstas en el artículo 79 del Reglamento n.o 2100/94.
96
Por consiguiente, en virtud del artículo 4, párrafo primero, de la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV, dicha Oficina notificó a la recurrente a través de MyPVR, en primer lugar, el 27 de octubre de 2021, una nota de adeudo relativa al pago de la tasa anual, seguida, el 28 de octubre de 2021, de un correo electrónico automático, y, en segundo lugar, el 10 de enero de 2022, el recordatorio en cuestión en el que se la instaba a pagar la tasa no abonada con arreglo al artículo 83, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, seguido, el 11 de enero de 2022, de un correo electrónico automático.
97
En lo que respecta a la notificación efectiva del recordatorio de 10 de enero de 2022, el artículo 4, párrafo cuarto, de la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV precisa que se considerará que una resolución o cualquier otro documento ha sido notificado al término del séptimo día siguiente a aquel en que se haya enviado al usuario un correo electrónico para advertirle de que la copia digital de la resolución o documento ha sido cargada por la OCVV en el espacio personal. De ello se deduce que, en el presente asunto, debe considerarse que el recordatorio de 10 de enero de 2022 fue notificado el 18 de enero de 2022, a saber, el séptimo día siguiente al 11 de enero de 2022, fecha del envío del correo electrónico automático en el que se informaba a la recurrente de que el documento de que se trata se había cargado en el espacio personal MyPVR.
98
Además, con arreglo al artículo 4, párrafo quinto, de la Decisión de 20 de diciembre de 2016 del presidente de la OCVV, en caso de que un usuario no logre consultar una resolución o cualquier otro documento, deberá informar de ello sin demora a la OCVV. Es preciso señalar que, en el presente asunto, la recurrente no informó a la OCVV de ningún problema de acceso a los documentos de que se trata.
99
Por consiguiente, no puede reprocharse a la OCVV que no notificase el recordatorio de 10 de enero de 2022. A falta de prueba en contra por parte de la recurrente, procede considerar que el recordatorio controvertido fue recibido por ella el 18 de enero de 2022. Así pues, esta alegación también debe desestimarse por carecer de fundamento.
100
A la vista de cuanto antecede, procede desestimar el cuarto motivo y, en consecuencia, el recurso en su totalidad por infundados, sin que sea necesario pronunciarse sobre la segunda pretensión de la recurrente, dirigida, en esencia, a que el Tribunal General estime la solicitud de restitutio in integrum examinada por la Sala de Recurso, ni sobre la tercera pretensión de la recurrente, dirigida a que el Tribunal General restablezca la protección comunitaria de la obtención vegetal de que se trata.
Costas
101
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
102
Al haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OCVV.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a Romagnoli Fratelli SpA.
Škvařilová-Pelzl
Nõmm
Kukovec
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de abril de 2026.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.