62003CJ0157_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-157/03,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 7 de abril de 2003,
Comisión de las Comunidades Europeas,
representada por la Sra. C. O'Reilly y el Sr. L. Escobar Guerrero, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandante,
contra
Reino de España,
representado por la Sra. N. Díaz Abad, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann, J. Makarczyk (Ponente), P. Kūris y J. Klučka, Jueces;
Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;
Secretario: Sr. R. Grass;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de noviembre de 2004;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1. Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, al imponer a los nacionales de un país tercero, que sean miembros de la familia de un nacional comunitario que ha ejercido su derecho de libre circulación, la obligación de obtener un visado de residencia para la expedición del permiso de residencia, en contra de lo dispuesto en las Directivas 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios (DO L 172, p. 14; EE 06/01, p. 132), y 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional (DO L 180, p. 28), y al no conceder el permiso de residencia en el más breve plazo, y a más tardar, dentro de los seis meses siguientes a su solicitud, en contra de lo dispuesto en la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública (DO 1964, 56, p. 850; EE 05/01, p. 36).
Marco jurídico
Derecho comunitario
Disposiciones relativas a la entrada y a la residencia
2. El artículo 1 de la Directiva 68/360 prevé que los Estados miembros supriman las restricciones al desplazamiento y a la estancia de los nacionales de dichos Estados y de los miembros de sus familias, a los que se aplica el Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).
3. El artículo 1 de la Directiva 73/148 establece, en particular, la eliminación de las restricciones al desplazamiento y a la estancia de los nacionales de un Estado miembro que se hayan establecido o quieran establecerse en otro Estado miembro con objeto de ejercer en él una actividad por cuenta propia o que quieran llevar a cabo en el mismo una prestación de servicios, así como de sus cónyuges, sea cual fuere su nacionalidad.
4. Con arreglo al artículo 1 de la Directiva 90/365, se concederá el derecho de residencia a los nacionales de los Estados miembros que hayan desempeñado en la Comunidad una actividad como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, así como a los miembros de su familia, siempre que disfruten de una pensión de invalidez, de jubilación anticipada o de vejez, o de un subsidio por accidente de trabajo o enfermedad profesional de nivel suficiente para que, durante su estancia, no lleguen a constituir una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, y dispongan de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en dicho Estado miembro.
5. Los artículos 3 y 4 de la Directiva 68/360 disponen lo siguiente:
«Artículo 3
1. Los Estados miembros admitirán en su territorio a las personas a que se refiere el artículo 1, mediante la simple presentación de una tarjeta de identidad o de un pasaporte válido.
2. No se podrá imponer ningún visado de entrada, ni otra obligación equivalente, salvo a los miembros de la familia que no posean la nacionalidad de un Estado miembro. Los Estados miembros otorgarán a estas personas toda clase de facilidades para obtener los visados que necesiten.
Artículo 4
1. Los Estados miembros reconocerán el derecho de estancia en su territorio a las personas a que se refiere el artículo 1 que puedan presentar los documentos enumerados en el apartado 3.
2. El derecho de estancia se acreditará mediante la expedición de un documento denominado “tarjeta de estancia de nacional de un Estado miembro de la CEE”. En este documento figurará una nota en la que se hará constar que ha sido expedido en aplicación del Reglamento (CEE) nº 1612/68 y de lo dispuesto por los Estados miembros para aplicar la presente Directiva. La redacción de dicha nota forma parte, como Anexo, de la presente Directiva.
3. Para expedir la tarjeta de estancia de nacional de un Estado miembro de la CEE los Estados miembros no podrán pedir más que la presentación de los documentos enumerados a continuación:
[…]
– a los miembros de la familia:
c) el documento al amparo del cual han entrado en su territorio;
d) un documento expedido por la autoridad competente del Estado de origen o de procedencia, probatorio de sus vínculos de parentesco;
e) en los casos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) nº 1612/68, un documento expedido por la autoridad competente del Estado de origen o de procedencia, en el que se acredite que están a cargo del trabajador o que conviven en ese país.
4. Cuando un miembro de la familia no posea la nacionalidad de un Estado miembro, se le expedirá un documento de estancia que habrá de tener la misma validez que el expedido al trabajador de quien dependa.»
6. Los artículos 3 y 6 de la Directiva 73/148 prevén lo siguiente:
«Artículo 3
1. Los Estados miembros admitirán en su territorio a las personas mencionadas en el artículo 1 con la simple presentación de una tarjeta de identidad o de un pasaporte válido.
2. No podrá exigirse ningún visado de entrada ni otra obligación equivalente, salvo a los miembros de una familia que no posean la nacionalidad de ninguno de los Estados miembros. Los Estados miembros darán a dichas personas todas las facilidades para obtener los visados que precisen.
[…]
Artículo 6
Para la expedición de la tarjeta y el permiso de residencia, el Estado miembro únicamente podrá exigir al solicitante que:
a) presente el documento que le haya permitido entrar en su territorio;
b) aporte la prueba de que está incluido en alguna de las categorías contempladas en los artículos 1 y 4.»
7. El artículo 2, apartados 1 y 2, de la Directiva 90/365 está redactado de la forma siguiente:
«1. El derecho de residencia se reconocerá mediante la expedición de un documento denominado “permiso de residencia de nacional de un Estado miembro de la CEE”, cuya validez, renovable, podrá limitarse a cinco años. No obstante, cuando lo consideren necesario, los Estados miembros podrán exigir la renovación del permiso al término de los dos primeros años de residencia. Cuando un miembro de la familia no tenga la nacionalidad de un Estado miembro, se le expedirá un documento de residencia que tendrá la misma validez que el expedido al nacional del que dependa.
Para la expedición del permiso o del documento de residencia, el Estado miembro sólo podrá exigir al solicitante que presente un documento de identidad o un pasaporte válidos y que pruebe que cumple los requisitos establecidos en el artículo 1.
2. Los artículos 2 y 3, la letra a) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 6, así como el artículo 9 de la Directiva 68/360/CEE, serán aplicables mutatis mutandis
a los beneficiarios de la presente Directiva.
[…]»
8. A tenor del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 64/221:
«La decisión que se refiere a la concesión o a la denegación del primer permiso de estancia, deberá ser adoptada en el más breve plazo, y a más tardar, dentro de los seis meses siguientes a la solicitud del permiso.
El interesado será autorizado a permanecer provisionalmente en el territorio, hasta la decisión de concesión o de denegación del permiso de estancia.»
Disposiciones en materia de visados
9. El artículo 2 del Reglamento (CE) nº 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 81, p. 1), dispone que:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por visado una autorización expedida por un Estado miembro o una decisión adoptada por un Estado miembro, exigida con vistas a:
– la entrada para una estancia prevista en ese Estado miembro o en varios Estados miembros, para un período de una duración total no superior a tres meses,
– la entrada para efectuar un tránsito a través del territorio de ese Estado miembro o de varios Estados miembros, con exclusión del tránsito aeroportuario.»
Normativa nacional
10. A tenor del artículo 10, apartado 3, del Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas (BOE nº 156, de 30 de junio de 1992, p. 22275), en su versión modificada por los Reales Decretos 737/1995, de 5 de mayo (BOE nº 133, de 5 de junio de 1995, p. 16547), y 1710/1997, de 14 de noviembre (BOE nº 274, de 15 de noviembre de 1997, p. 33549):
«Cuando los interesados sean familiares de las personas señaladas en los números anteriores, con el alcance previsto en el artículo 2, deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades competentes que acrediten:
a) El vínculo de parentesco.
b) El hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional con el que tengan dicho vínculo, en los casos en que sea exigible.
c) Cuando se trate de familiares de los residentes contemplados en las letras e), f) y g) del apartado 1, los recursos y el seguro de enfermedad allí mencionados habrán de ser suficientes para el titular y sus familiares de acuerdo con las reglas establecidas en las mismas.
d) Los familiares que no posean la nacionalidad de un Estado miembro de las Comunidades Europeas, además de los documentos anteriores, el visado de residencia en el pasaporte, de cuya presentación podrá dispensarse por razones excepcionales.»
11. A tenor de los artículos 23 y 28 del Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985 (BOE nº 47, de 23 de febrero de 1996, p. 6949):
«Artículo 23: Visados de residencia. Clases
[...]
2. Los visados de residencia para reagrupación familiar podrán ser concedidos, previo informe favorable de la autoridad gubernativa competente, a los extranjeros que se encuentren en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 54 de este Reglamento y que lo soliciten para reagruparse con un familiar residente en España. Dicho informe tendrá valor vinculante con respecto a las condiciones que deban acreditarse por el reagrupante, conforme al artículo 28.1 del presente Reglamento.
[...]
6. Los visados de residencia no lucrativa podrán ser concedidos a los extranjeros jubilados, que sean pensionistas o rentistas, o a los extranjeros en edad laboral, que no vayan a realizar en España una actividad sujeta a permiso de trabajo o exceptuada de la obligación de obtener dicho permiso.
[…]
Artículo 28: Documentación específica requerida para los visados de residencia
1. Cuando se solicite visado de residencia para reagrupación familiar, el reagrupante residente en España deberá pedir, con anterioridad a la presentación de la solicitud, informe de la autoridad gubernativa de la provincia donde resida, acreditativo de que reúne las condiciones previstas en los apartados 5 y 7 del artículo 56 de este Reglamento, así como que es titular de un permiso de residencia ya renovado. El familiar incluido en alguno de los supuestos del apartado 2 del artículo 54 del presente Reglamento deberá presentar, junto con la solicitud de visado, copia de la petición de informe, registrada por la autoridad gubernativa mencionada, así como la documentación que acredite el parentesco y en su caso, la dependencia legal y económica.
[...]
6. Cuando se solicite visado de residencia sin finalidad lucrativa, el extranjero deberá aportar documentación que acredite que dispone de medios de vida, o va a percibir ingresos periódicos, suficientes y adecuados para él y los familiares a su cargo. Los medios de vida o ingresos periódicos deberán cubrir con suficiencia el alojamiento, manutención y la asistencia sanitaria tanto del solicitante como de los familiares a su cargo.»
Hechos y procedimiento administrativo previo
12. El presente procedimiento por incumplimiento tiene su origen en dos denuncias presentadas ante la Comisión por nacionales comunitarios, que ejercieron el derecho de libre circulación otorgado por el Tratado CE, y a cuyas esposas se les denegó un permiso de residencia en España por no haber solicitado, previamente, un visado de residencia en el consulado español de su último domicilio. Los hechos a los que se refieren las denuncias tuvieron lugar en 1998, en el caso de la Sra. Weber, y en 1999, en el de la Sra. Rotte Ventura.
13. En relación con esta cuestión, la Comisión envió el 26 de abril de 1999 un escrito a las autoridades españolas, al que éstas respondieron el 5 de julio de 1999, confirmando que el visado de residencia era necesario para la posterior tramitación de la expedición del permiso de residencia.
14. Con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 226 CE, párrafo primero, tras haber ofrecido al Reino de España la posibilidad de presentar sus observaciones, la Comisión envió a este Estado miembro, mediante escrito de 3 de abril de 2002, un dictamen motivado en el que le instaba a adoptar las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones con arreglo a las Directivas 68/360, 73/148, 90/365 y 64/221 en un plazo de dos meses a partir de su notificación. Al no quedar satisfecha con la respuesta de las autoridades españolas, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
Sobre el recurso
Sobre el primer motivo, basado en la incompatibili dad de la normativa española con las Directivas 68/360, 73/148 y 90/365, en lo que se refiere a los requisitos para la expedición del permiso de residencia en España a los nacionales de países terceros, que sean miembros de las familias de nacionales comunitarios que han ejercido su derecho de libre circulación
Alegaciones de las partes
15. Mediante su primer motivo, la Comisión reprocha al Reino de España haber infringido las disposiciones de las Directivas 68/360, 73/148 y 90/365 al imponer a los nacionales de un país tercero, que sean miembros de la familia de un nacional comunitario, la obligación de obtener un visado de residencia para la expedición de un permiso de residencia.
16. Tras recordar que el Tratado y el Derecho derivado comunitario garantizan el derecho de libre circulación a los nacionales comunitarios, la Comisión alega que determinados familiares de éstos son también beneficiarios, con independencia de su nacionalidad, de derechos derivados de la normativa comunitaria.
17. La Comisión afirma que la obligación impuesta a dichos familiares de obtener un visado de residencia para la expedición de un permiso de residencia no sólo constituye una limitación de sus derechos conforme a la normativa comunitaria, sino también una restricción indirecta del derecho de libre circulación del propio nacional comunitario.
18. La Comisión admite que los Estados miembros están facultados para exigir un visado de entrada a los nacionales de países terceros, pero señala que en el caso de los miembros de las familias de ciudadanos comunitarios debe facilitarse la obtención del mismo, por lo que la expedición del visado no puede tener como consecuencia la sujeción de estas personas a un procedimiento de inmigración con anterioridad a su entrada en el territorio de un Estado miembro.
19. Según la Comisión, la única condición previa que los Estados miembros pueden imponer, respecto al derecho de entrada en su territorio, a los beneficiarios del Derecho comunitario es la presentación de los documentos establecidos en el artículo 3 de las Directivas 68/360 y 73/148. La citada institución señala que el visado de entrada que dichos Estados pueden exigir para la entrada en su territorio es un concepto que debe considerarse únicamente referido al visado de corta duración de tres meses.
20. Por consiguiente, la Comisión estima que, de conformidad con los artículos 2 de la Directiva 90/365 y 6 de la Directiva 73/148, no es sino en el momento de la expedición del permiso de residencia cuando los nacionales de países terceros, que sean miembros de la familia de un nacional comunitario, deben acreditar que cumplen los requisitos establecidos por la normativa comunitaria.
21. La Comisión deduce de lo anterior que la implantación de un régimen que obligue al nacional de un país tercero a someterse a un procedimiento de inmigración a fin de obtener un permiso de residencia, cuya expedición se basa esencialmente en la acreditación de su vínculo familiar con un nacional comunitario, es contraria tanto a la normativa como a la jurisprudencia comunitarias (sentencia de 25 de julio de 2002, MRAX, C‑459/99, Rec. p. I‑6591).
22. El Gobierno español sostiene que, de acuerdo con el artículo 3, apartado 2, de las Directivas 68/360 y 73/148, cuando un nacional comunitario se desplace dentro de la Comunidad con el fin de ejercer los derechos que le son conferidos por el Tratado y por las Directivas, los Estados miembros pueden exigir un visado de entrada u otra obligación equivalente a los miembros de su familia que no posean la nacionalidad de alguno de dichos Estados.
23. Según el citado Gobierno, con arreglo a los artículos 4, apartado 3, de la Directiva 68/360 y 6, letra a), de la Directiva 73/148, los Estados miembros pueden exigir la presentación del documento a cuyo amparo el interesado haya entrado en su territorio.
24. El Gobierno español subraya las diferencias que separan a los visados de entrada de los visados de residencia y alega que el Reglamento nº 539/2001 sólo se refiere a los visados de corta duración. En consecuencia, sostiene que los Estados miembros tienen competencia para regular los visados de larga duración o de residencia.
25. Por último, el Gobierno español señala que no existe armonización a nivel comunitario respecto a la expedición de visados de residencia a los nacionales de países terceros. Afirma que, al no haber adoptado el Consejo las medidas sobre políticas de inmigración en los ámbitos incluidos en el artículo 63 CE, párrafo primero, punto 3, letras a) y b), los Estados miembros siguen siendo competentes en la materia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
26. Debe recordarse, en primer lugar, que el legislador comunitario ha reconocido la importancia de proteger la vida familiar de los nacionales de los Estados miembros para eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado (sentencias de 11 de julio de 2002, Carpenter, C‑60/00, Rec. p. I‑6279, apartado 38, y MRAX, antes citada, apartado 53).
27. En este contexto, los respectivos artículos 1 de las Directivas 68/360, 73/148 y 90/365 extienden la aplicación del Derecho comunitario en materia de entrada y residencia en el territorio de los Estados miembros a los cónyuges de los nacionales de dichos Estados a los que se refieren las citadas disposiciones, sea cual fuere su nacionalidad.
28. A este respecto, el derecho de entrada en el territorio de un Estado miembro que se concede al nacional de un país tercero, cónyuge de un nacional de un Estado miembro, se desprende únicamente de su vínculo familiar. Por ello, la expedición de un permiso de residencia a un nacional de un país tercero, cónyuge de un nacional de un Estado miembro, no debe considerarse un acto constitutivo de derechos, sino un acto de reconocimiento por parte de un Estado miembro de la situación individual de un nacional de un país tercero en relación con las disposiciones del Derecho comunitario (véase la sentencia MRAX, antes citada, apartado 74).
29. Por lo que respecta al procedimiento para la obtención del permiso de residencia, hay que señalar que los requisitos que puede exigir un Estado miembro para la expedición de este permiso figuran en los artículos 4, apartado 3, letras c), d) y e), de la Directiva 68/360, 6 de la Directiva 73/148 y 2 de la Directiva 90/365.
30. Los citados requisitos son objeto de una enumeración taxativa (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de abril de 1976, Royer, 48/75, Rec. p. 497, apartado 37; de 5 de febrero de 1991, Roux, C‑363/89, Rec. p. I‑273, apartados 14 y 15, y de 5 de marzo de 1991, Giagounidis, C‑376/89, Rec. p. I‑1069, apartado 21).
31. Es preciso subrayar que, conforme al artículo 3, apartado 1, de las Directivas 68/360 y 73/148, los Estados miembros admitirán en su territorio a los nacionales de dichos Estados y a los miembros de sus familias a quienes se aplican dichas Directivas, mediante la simple presentación de una tarjeta de identidad o de un pasaporte válido.
32. No obstante, con arreglo al artículo 3, apartado 2, de las mismas Directivas, cuando un nacional de un Estado miembro se desplace dentro de la Comunidad con el fin de ejercer los derechos que le son conferidos por el Tratado y por dichas Directivas, los Estados miembros pueden exigir un visado de entrada u otra obligación equivalente a los miembros de su familia que no posean la nacionalidad de alguno de dichos Estados. La lista de los países terceros cuyos nacionales deben hallarse provistos de visado para atravesar las fronteras exteriores de los Estados miembros se fijó mediante el Reglamento (CE) nº 2317/95 del Consejo, de 25 de septiembre de 1995, por el que se determinan los países terceros cuyos nacionales deben estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros (DO L 234, p. 1), sustituido por el Reglamento (CE) nº 574/1999 del Consejo, de 12 de marzo de 1999 (DO L 72, p. 2), a su vez reemplazado por el Reglamento nº 539/2001 (sentencia MRAX, antes citada, apartado 56).
33. Sin embargo, los citados Estados deben otorgar a los miembros de la familia que no posean la nacionalidad de un Estado miembro toda clase de facilidades para obtener los visados que necesiten. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya declaró que, salvo que se haga caso omiso de la eficacia plena de las disposiciones de las Directivas 68/360 y 73/148, los visados se expedirán a la mayor brevedad y, en la medida de lo posible, en los lugares de acceso al territorio nacional (sentencia MRAX, antes citada, apartado 60).
34. El artículo 2 del Reglamento nº 539/2001 define el visado como una autorización expedida por un Estado miembro, exigida con vistas a la entrada para una estancia y por un período de una duración total no superior a tres meses.
35. A tenor de la normativa española que establece los requisitos para la obtención de un permiso de residencia, los familiares de nacionales comunitarios que no posean la nacionalidad de un Estado miembro deberán presentar, entre otros documentos, un visado de residencia para reagrupación familiar estampado en su pasaporte.
36. De esta forma, se obliga a dichos familiares a cumplimentar las formalidades relativas a la residencia antes de su entrada en territorio español, denegándoseles en caso contrario la expedición del permiso de residencia.
37. Por otra parte, el tipo de visado que exige la normativa española no figura entre los requisitos que establecen las Directivas 68/360, 73/148 y 90/365 para la expedición del permiso de residencia a los miembros de las familias de nacionales comunitarios (véase, en este sentido, la sentencia MRAX, antes citada, apartado 56).
38. Por tanto, la exigencia que establece la normativa española de disponer de un visado de residencia para la obtención de un permiso de residencia y la consiguiente denegación de dicho permiso a un nacional de un país tercero, que sea miembro de la familia de un nacional comunitario, por no haber solicitado previamente un visado de residencia en el consulado español de su último domicilio, son contrarias a lo dispuesto en las Directivas 68/360, 73/148 y 90/365.
39. De lo antedicho se desprende que el primer motivo formulado por la Comisión resulta fundado.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción de la Directiva 64/221
Alegaciones de las partes
40. Mediante su segundo motivo, la Comisión alega que, de conformidad con el sistema general del régimen comunitario sobre expedición de permisos de residencia y, en particular, visto el artículo 5 de la Directiva 64/221, el Estado miembro debe adoptar una decisión relativa al permiso de estancia en el más breve plazo y, a más tardar, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud.
41. Aunque admite la conformidad de la normativa española con la Directiva 64/221 en cuanto a los plazos previstos para la expedición de tarjetas de residencia, la Comisión reprocha al Reino de España el incumplimiento del plazo establecido en el artículo 5 de dicha Directiva en el caso particular de la Sra. Rotte Ventura, que recibió su permiso de residencia tras un procedimiento de diez meses de duración.
42. Las autoridades españolas consideran que la Comisión no puede imputar con carácter general al Reino de España un incumplimiento de la normativa comunitaria por un caso aislado, menos aún si se tiene en cuenta que la interesada podía permanecer en el territorio de este Estado miembro mientras esperaba a que se le expidiese el permiso de residencia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
43. Con carácter preliminar, es preciso recordar que la obligación de los Estados miembros, impuesta por una directiva, de alcanzar el resultado previsto por ésta, así como el deber que, en virtud del artículo 10 CE, les incumbe de adoptar todas las medidas generales o particulares aptas para garantizar el cumplimiento de esta obligación, se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros (sentencia de 8 de octubre de 1987, Kolpinghuis Nijmegen, 80/86, Rec. p. 3969, apartado 12).
44. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Comisión puede solicitarle que declare un incumplimiento que consista en no haber alcanzado, en un caso determinado, el resultado pretendido por una directiva (sentencia de 10 de abril de 2003, Comisión/Alemania, asuntos acumulados C‑20/01 y C‑28/01, Rec. p. I‑3609, apartado 30).
45. Hay que subrayar que, a tenor del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 64/221, el Estado miembro debe adoptar una decisión sobre la expedición del permiso de residencia en el más breve plazo y, a más tardar, seis meses después de la presentación de la solicitud.
46. Pues bien, en el presente caso, resulta acreditado que la Sra. Rotte Ventura, nacional de un país tercero y esposa de un nacional comunitario que ejerció su derecho de libre circulación, obtuvo su permiso de residencia tras diez meses de trámites, lo que es contrario a las obligaciones impuestas por dicha Directiva.
47. Carece de importancia, a estos efectos, que la solicitante del permiso de residencia pudiera permanecer provisionalmente en el territorio nacional mientras esperaba la decisión relativa a la concesión o denegación del mismo. En efecto, como ha señalado la Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, es irrelevante que la inobservancia del plazo constituya o no un obstáculo para establecerse o para ejercer una actividad.
48. Por consiguiente, el segundo motivo de la Comisión resulta fundado.
49. A la vista de todas las consideraciones anteriores, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 68/360, 73/148, 90/365 y 64/221:
– al no haber adaptado correctamente su ordenamiento jurídico interno a las Directivas 68/360, 73/148 y 90/365 y, en particular, al imponer a los nacionales de un país tercero, que sean miembros de la familia de un nacional comunitario que ha ejercido su derecho de libre circulación, la obligación de obtener un visado de residencia para la expedición del permiso de residencia, y
– al no conceder el permiso de residencia en el más breve plazo, y a más tardar, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de dicho permiso, en contra de lo dispuesto en la Directiva 64/221.
Costas
50. Con arreglo al artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha pedido que se condene al Reino de España y por haber sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad, 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación de servicios, 90/365/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional y 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública:
– al no haber adaptado correctamente su ordenamiento jurídico interno a las Directivas 68/360, 73/148 y 90/365 y, en particular, al imponer a los nacionales de un país tercero, que sean miembros de la familia de un nacional comunitario que ha ejercido su derecho de libre circulación, la obligación de obtener un visado de residencia para la expedición del permiso de residencia, y
– al no conceder el permiso de residencia en el más breve plazo, y a más tardar, dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de dicho permiso, en contra de lo dispuesto en la Directiva 64/221.
2)	Condenar en costas al Reino de España.