PIECK 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. JEAN-PIERRE WARNER 
presentadas el 4 de junio de 1980 * 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
Este asunto ha llegado al Tribunal de Justi­
cia mediante una petición de decisión preju­
dicial planteada por un Stipendiary Magis­
trate miembro de la Pontypridd Magistrates' 
Court en el país de Gales. Se suscitó en el 
marco del proceso iniciado ante dicho 
órgano jurisdiccional contra un trabajador 
neerlandés, Sr. Stanislaus Pieck, por haber 
infringido la legislación del Reino Unido 
relativa a la inmigración y plantea cuestio­
nes referentes a la compatibilidad de dicha 
legislación con el Derecho comunitario. 
Las disposiciones relevantes de Derecho 
comunitario son, en primer lugar, las del 
Tratado CEE sobre la libre circulación de 
personas y, en particular, de los trabajado­
res, cuyos términos son tan familiares que 
me abstendré de repetirlos, y en segundo 
lugar, las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de 
octubre de 1968, relativo a la libre circula­
ción de los trabajadores dentro de la Comu­
nidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), de 
la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 
de octubre de 1968, sobre suspensión de 
restricciones al desplazamiento y a la estan­
cia de los trabajadores de los Estados miem­
bros y de sus familias dentro de la Comuni­
dad (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), y 
de la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 
25 de febrero de 1964, para la coordinación 
de las medidas especiales para los extranje­
ros en materia de desplazamiento y de 
residencia, justificadas por razones de orden 
público, seguridad y salud pública (DO 
1964,56, p. 850, EE 05/01, p. 36). El efecto 
combinado de estos instrumentos no puede, 
sin embargo, apreciarse debidamente, en mi 
opinión, sin tomar también en considera­
ción la Directiva 73/148/CEE del Consejo, 
de 21 de mayo de 1973, relativa a la supre­
sión de las restricciones al desplazamiento 
y a la estancia, dentro de la Comuni­
dad, de los nacionales de los Estados miem­
bros en materia de establecimiento y de 
prestación de servicios (DO L 172, p. 14; 
EE 06/01, p. 132). 
Acerca del Reglamento n° 1612/68, seré 
breve. Sus términos también son familiares. 
Se aplica, claro está, no sólo a los trabaja­
dores sino también a sus familias. Reviste 
una importancia directa en este asunto sólo 
en lo referente a la Directiva 68/360. 
Lengua original: inglés. 
671
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 157/79 
La Directiva 68/360 es el instrumento cuya 
interpretación es el principal objeto de este 
asunto. Sustituyó a una Directiva anterior 
del Consejo (64/240/CEE), que a su vez 
había reemplazado a una Directiva anterior, 
de 16 de agosto de 1961 (DO 1961, 80, 
p. 1513). Las disposiciones de la Directiva 
68/360 que se controvierten particularmente 
son las siguientes: 
«Artículo 3 
1. Los Estados miembros admitirán en su 
territorio a las personas a que se refiere el 
artículo 1, mediante la simple presentación 
de una tarjeta de identidad o de un pasapor­
te válido. 
2. No se podrá imponer ningún visado de 
entrada, ni otra obligación equivalente, 
salvo a los miembros de la familia que no 
posean la nacionalidad de un Estado miem­
bro. Los Estados miembros otorgarán a 
estas personas toda clase de facilidades para 
obtener los visados que necesiten.» 
Me detendré aquí para observar que la 
expresión «No entry visa or equivalent 
document may be demanded» de la versión 
inglesa del apartado 2 de dicho artículo son 
algo diferentes a la expresión correspon­
diente en las otras versiones lingüísticas. 
Así, la versión francesa, dice «Aucun visa 
d'entrée ni obligation equivalente ne peut 
être imposé», lo que significa literalmente 
«no se podrá imponer ningún visado de 
entrada, ni otra obligación equivalente». Las 
versiones danesa, neerlandesa e italiana 
tienen exactamente el mismo significado 
que la francesa. La alemana dice «Für die 
Einreise darf weder ein Sichtvermerk noch 
ein gleichartiger Nachweis verlangt wer­
den». Esta es más cercana a la inglesa, pero 
«Nachweis» es un termino menos vago que 
«document». La redacción particular de la 
versión inglesa llevó al Abogado de este 
caso a concentrarse indebidamente, en mi 
opinion, en la cuestión del tipo de documen­
to al que el apartado 2 del artículo 3 se 
refería, en lugar de la cuestión del tipo de 
obligación que implicaba. Procede destacar 
que el texto inglés del apartado 2 del artícu­
lo 3 de la Directiva 73/148, que es la dispo­
sición paralela relativa a la supresión de las 
restricciones al desplazamiento y a la resi­
dencia, dentro de la Comunidad, de los 
nacionales de los Estados miembros en 
materia de establecimiento y de prestación 
de servicios, utiliza la expresión «No entry 
visa or equivalent requirement». 
El artículo 4 de la Directiva 68/360 dispone: 
«1. Los Estados miembros reconocerán el 
derecho de estancia en su territorio a las 
personas a que se refiere el artículo 1 que 
puedan presentar los documentos enumera­
dos en el apartado 3. 
2. El derecho de estancia se acreditará 
mediante la expedición de un documento 
denominado "tarjeta de estancia de nacional 
de un Estado miembro de la CEE". En este 
documento figurará una nota en la que se 
hará constar que ha sido expedido en apli-
672
PIECK 
cación del Reglamento (CEE) n° 1612/68 y 
de lo dispuesto por los Estados miembros 
para aplicar la presente Directiva. La redac­
ción de dicha nota forma parte, como Ane­
xo, de la presente Directiva. 
3. Para expedir la tarjeta de estancia na­
cional de un Estado miembro de la CEE los 
Estados miembros no podrán pedir más que 
la presentación de los documentos enumera­
dos a continuación: 
- al trabajador: 
a) el documento al amparo del cual ha 
entrado en su territorio; 
b) una declaración de contratación sus­
crita por el empresario o un certifica­
do de trabajo; 
[...]» 
Detengámonos nuevamente ya que también 
aquí existe una ligera discrepancia entre la 
versión inglesa y la mayor parte de las otras 
versiones. Tal y como el Tribunal de Justi­
cia habrá observado, el texto inglés del 
apartado 1 del artículo 4 comienza con las 
palabras «Member States shall grant the 
right [...]». En tal contexto, «grant» puede 
significar tanto «conferir», como simple­
mente «reconocer». La misma ambigüedad 
existe en la versión alemana, que utiliza la 
palabra «gewähren». Por el contrario, ésta 
no existe en las demás versiones lingüísti­
cas, las cuales demuestran, en mi opinión, 
que «reconocer» es el sentido correcto. En 
el artículo 8 de la Directiva (del que hablaré 
más tarde), la versión inglesa precisa sin 
ambigüedad «recognize». 
El artículo 6 dispone: 
«1. La tarjeta de estancia: 
a) [...] 
b) habrá de tener un plazo de validez de 
cinco aflos por lo menos a partir de su 
expedición y habrá de ser automática­
mente renovable; 
2. [...] 
3. Cuando el trabajador ocupe un empleo 
durante un período superior a tres meses e 
inferior a un afio, al servicio de un empresa­
rio del Estado de acogida o por cuenta de un 
prestador de servicios, el Estado miembro 
de acogida le expedirá un documento tem­
poral de estancia cuyo plazo de validez 
podrá quedar limitado a la duración prevista 
del empleo. 
I···]» 
El artículo 8 establece que «los Estados 
miembros reconocerán el derecho de estan­
cia en su territorio sin expedir la tarjeta de 
estancia», a tres tipos de trabajadores: 
673
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 157/79 
a) «al trabajador que ejerza una actividad 
asalariada de una duración prevista no 
superior a los tres meses»; para este 
caso «el documento al amparo del cual 
haya entrado el interesado en el territo­
rio y una declaración del empresario 
sobre la duración prevista del empleo, 
ampararán su estancia»; 
b) «al trabajador que, teniendo su estan­
cia en el territorio de uno de los Esta­
dos miembros a donde regresa en 
principio todos los días o por lo menos 
una vez a la semana, está empleado en 
el territorio de otro Estado miembro». 
La autoridad competente del Estado en 
que dicho trabajador está empleado 
podrá dotarle «de una tarjeta especial, 
válida para cinco años y renovable 
automáticamente» ; 
c) «al trabajador de temporada, cuando 
sea titular de un contrato de trabajo 
visado por la autoridad competente del 
Estado miembro a cuyo territorio viene 
a ejercer su actividad». 
El artículo 10 declara que los Estados 
miembros no podrán dejar de aplicar lo 
dispuesto en la Directiva más que por razo­
nes de orden público, de seguridad pública 
o de salud pública. 
Este Tribunal puede comprobar, por tanto, 
que el artículo 3 de la Directiva 68/360 se 
refiere al derecho de una persona, a quien se 
aplica el Reglamento n° 1612/88, de entrar 
en el territorio de un Estado miembro, 
mientras que los artículos siguientes de la 
Directiva se refieren al derecho de residen­
cia en él. Este derecho existe con indepen­
dencia de que el interesado esté en posesión 
de una tarjeta de residencia, que sirve única­
mente para «acreditar» el derecho y no se 
requiere en todos los casos, por ejemplo, 
cuando vaya a permanecer menos de tres 
meses. 
El Gobierno del Reino Unido se refirió a 
una declaración recogida en el acta de la 
reunión del Consejo durante la cual se 
examinó la Directiva 68/360, y que mante­
nía, esencialmente, que un ciudadano de un 
Estado miembro que buscara un empleo en 
otro Estado miembro debería disponer de al 
menos tres meses para ello y que, si al 
término de dicho período no hubiera encon­
trado empleo, su residencia podría darse por 
terminada. Esta declaración no parece ha­
berse publicado oficialmente, aunque es 
mencionada en un determinado número de 
publicaciones (véase, por ejemplo, Harley: 
EEC Immigration Law, pp. 105 y 106). En 
la sentencia de 8 de abril de 1976, Royer 
(48/75,» Rec. p. 497), este Tribunal expre­
só claramente la opinión de que tal persona 
entraba en la categoría de aquellas a las que 
el Tratado confería el derecho a la libre 
circulación (véase el apartado 31 de la 
sentencia). 
La Directiva 73/148 es, como he dicho, la 
Directiva paralela relativa a la libertad de 
circulación de las personas dentro de la 
Comunidad en materia de libertad de esta­
blecimiento y de libre prestación de servi-
674
PIECK 
cios. Sustituyó a la Directiva 64/220/CEE 
del Consejo. Se aplica esencialmente a los 
«nacionales de un Estado miembro que se 
hayan establecido o quieran establecerse en 
otro Estado miembro con objeto de ejercer 
en él una actividad por cuenta propia o que 
quieran llevar a cabo en el mismo una 
prestación de servicios», a los nacionales de 
los Estados miembros «que deseen trasla­
darse a otro Estado miembro como destina­
tarios de una prestación de servicios», y a 
sus familias. Sus disposiciones, en particular 
el artículo 3 sobre el derecho de entrada y 
los artículos 4 y siguientes sobre el derecho 
de residencia y las tarjetas de residencia, 
corresponden estrechamente a las de la 
Directiva 68/360. Este Tribunal recordará 
que, en la sentencia de 7 de julio de 1976, 
Watson y Belmann ( 118/75, « Rec. pp. 1185 
y ss., especialmente pp. 1202 a 1205), el 
Abogado General Sr. Trabucchi se refirió a 
la aplicación de las disposiciones del Trata­
do sobre la libre circulación de las personas 
a los «destinatarios de una prestación de 
servicios», y que expresó sus dudas acerca 
del alcance de la categoría de destinatarios 
de servicios, en particular, en lo referente a 
si podía comprender a los turistas. Mantuvo 
que una «interpretación amplia» de dicho 
concepto conduciría en la práctica a «exten­
der el derecho a la libre circulación a todos 
los nacionales de los Estados miembros, 
dado que cada persona es efectivamente o 
en potencia destinataria de servicios». No 
me extenderé a este respecto, pero diré que 
no debe suponerse que comparto las dudas 
del Abogado General Sr. Trabucchi. 
Llegamos finalmente a la Directiva 64/221, 
que sigue siendo aplicable tanto en relación 
a la Directiva 68/360 como a la Directiva 
73/148, y en particular, a la cuestión de los 
permisos de residencia previstos en cada 
una de ellas. El artículo 5 de la Directiva 
64/221 dispone: 
«1. La decisión que se refiere a la conce­
sión o a la denegación del primer permiso 
de estancia, deberá ser adoptada en el 
más breve plazo, y a más tardar, dentro de 
los seis meses siguientes a la solicitud del 
permiso. 
El interesado será autorizado a permanecer 
provisionalmente en el territorio, hasta la 
decisión de concesión o de denegación del 
permiso de estancia. 
2. [...]» 
Los artículos 6 a 9 establecen garantías, 
mediante la posibilidad de un recurso o de 
un medio similar, en favor de la persona a la 
que se ha denegado un permiso de residen­
cia. Las causas de denegación sólo pueden 
ser razones de orden público, de seguridad 
pública o de salud pública. 
Las sentencias de este Tribunal que he 
mencionado, en particular, las sentencias 
Royer (antes citada), Watson y Belmann 
(antes citada) y Sagulo y otros (8/77," Rec. 
1977, p. 1495), subrayan y clarifican deter­
minados extremos: 
1. Las personas que tienen derecho a 
circular libremente dentro de la Comunidad, 
675
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 157/79 
ya sea en calidad de trabajadores o de 
miembros de sus familias o en virtud de las 
disposiciones relativas a la libertad de esta­
blecimiento o a la libre prestación de servi­
cios, reciben sus derechos -de entrar en el 
territorio de un Estado miembro que no sea 
el suyo y de residir en él- directamente de 
las disposiciones pertinentes del Tratado, tal 
y como han sido desarrolladas por las nor­
mas que el Consejo ha adoptado para su 
aplicación. Por consiguiente, no es necesa­
ria ninguna medida de ningún Estado miem­
bro para conferir dichos derechos a una de 
estas personas, y ningún Estado miembro 
puede restringir o impedir su ejercicio. 
2. Una tarjeta de residencia del tipo pre­
visto en la Directiva 68/360 «tiene única­
mente efectos declarativos». No es más que 
la prueba de que el titular está en posesión 
de dichos derechos, y un Estado miembro 
tiene la obligación de expedir dicho permiso 
a todo aquél que aporte la prueba documen­
tal que demuestre que tiene derecho a ellos. 
3. De ello se desprende, entre otras cosas, 
que un Estado miembro debe reconocer el 
derecho a residir en su territorio a un traba­
jador que puede probar que tiene derecho a 
ello mediante la presentación de dos docu­
mentos especificados en el apartado 3 del 
artículo 4 de la Directiva 68/360, a saber, la 
tarjeta de identidad o el pasaporte y una 
declaración de contratación suscrita por el 
empresario o un certificado de trabajo. 
4. Ello no significa que un Estado miem­
bro no pueda exigir al trabajador de que se 
trata que cumpla las formalidades prescritas 
por su propia legislación sobre el control de 
extranjeros, en la medida en que dichas 
formalidades sean razonables y no limiten 
los derechos de entrada y de residencia que 
el Tratado le concede. Un Estado miembro 
puede, por ejemplo, exigir al trabajador que 
se inscriba en un determinado registro, o 
que informe de su presencia a una determi­
nada autoridad de dicho Estado miembro; 
también puede exigirle que solicite una 
tarjeta de residencia del tipo previsto por la 
Directiva cuando sea pertinente con arreglo 
a la misma, pero no puede exigirle que esté 
en posesión de cualquier otro tipo de tarjeta 
de residencia que su legislación prescriba 
para los extranjeros en general (cuya expe­
dición puede ser discrecional). Del mismo 
modo, un Estado miembro no está despro­
visto de la facultad de sancionar la inobser­
vancia de dichas formalidades. 
5. No obstante, dichas sanciones no pue­
den incluir la expulsión, ya que ésta equiva­
le a negar el derecho que el Tratado confie­
re, y sólo puede responder a razones de 
orden público, de seguridad pública o de 
salud pública. La mera inobservancia de las 
formalidades relativas al control de los 
extranjeros no pueden constituir ninguna de 
dichas causas. 
6. Otras sanciones, como las multas y la 
privación de libertad, no deben ser tan 
desproporcionadas a la gravedad de la 
infracción que se conviertan en obstáculos 
al ejercicio, por parte de sus titulares, de los 
derechos que el Tratado concede. Cuando 
un Estado miembro no ha adaptado su 
legislación a las exigencias del Derecho 
676
PIECK 
comunitario en la materia, incumbe a los 
órganos jurisdiccionales de dicho Estado 
hacer uso de sus competencias jurisdiccio­
nales con el objeto de evitar todo conflicto 
con dichas exigencias. 
La legislación y la práctica relevantes del 
Reino Unido figuran en la Immigration Act 
1971 (Ley de inmigración) y en las «Immi­
gration Rules» (Normas de inmigración) 
adoptadas por el Secretar/ of State. Estas 
últimas establecen la práctica que debe 
seguirse para aplicar la ley. No tienen fuerza 
de Ley propiamente dicha, pero con arreglo 
al apartado 2 del artículo 3 de la ley, deben 
someterse al Parlamento y pueden ser desa­
probadas mediante resolución de una de sus 
dos cámaras. 
Los artículos 1 y 2 de la Ley definen, entre 
otras, una categoría de personas llamadas 
«patriáis», que tienen «the right of abode in 
the United Kingdom», es decir el derecho a 
residir en el Reino Unido y que por ello son 
«libres de vivir y entrar en él y de abando­
nar su territorio, sin estorbo ni obstáculo, 
excepto los eventualmente necesarios [...] 
para demostrar su derecho [...]». (Este 
Tribunal recordará que ya traté las compli­
caciones de esta legislación en mis conclu­
siones en el asunto en el que recayó la 
sentencia de 14 de diciembre de 1979, 
Deverd/Comisión (257/78, Rec. p. 3767). 
El apartado 1 del artículo 3 de la Ley dispo­
ne que, sin perjuicio de diversas excepcio­
nes que carecen de relevancia aquí: 
«Quien no sea "patrial" 
a) no entrará en el Reino Unido a menos 
que haya sido autorizado de conformi­
dad con la presente Ley; 
b) podrá ser autorizado a entrar en el Rei­
no Unido (o, si ya se encontrare en él, a 
permanecer en el Reino Unido) ya sea 
para un período limitado o para un 
período indeterminado; 
c) si se le otorgare una autorización limi­
tada para entrar o permanecer en el 
Reino Unido, dicha autorización puede 
subordinarse a requisitos que restrinjan 
su empleo u ocupación en el Reino 
Unido, o que exijan su inscripción en el 
registro de la policía, o a ambos.» 
El apartado 3 del artículo 3 dispone: 
«En caso de una autorización limitada para 
entrar o permanecer en el Reino Unido, 
a) la autorización concedida a una persona 
puede modificarse, ya sea mediante 
restricción, ampliación o supresión del 
límite de su duración, o mediante adi­
ción, modificación o revocación de 
requisitos [...]» 
Los apartados 5 y 6 del artículo 3 tratan 
sobre la expulsión. Este Tribunal ya los 
conoce puesto que tuvo que examinarlos en 
la sentencia de 27 de octubre de 1977, 
Bouchereau (30/77,«, Rec. p. 1999), y 
también revestían una cierta importancia 
677
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 157/79 
en la sentencia de 22 de mayo de 1980, 
Santillo (131/79,« Rec. p. 1585). Estos 
apartados, en la medida en que nos intere­
san, disponen lo siguiente: 
«5) Una persona que no es "patrial" puede 
ser expulsada del Reino Unido 
a) si, disponiendo sólo de un permiso 
limitado para entrar o permanecer, 
no observa alguna condición unida 
al permiso o permanece después 
del período autorizado; o [...] 
6) Sin perjuicio de la aplicación del apar­
tado 5 anterior, una persona que no es 
"patrial" podrá ser objeto de expulsión 
del Reino Unido si [...] es condenada 
por una infracción que se castiga con 
una pena de privación de libertad y de 
acuerdo con esta condena un Tribunal 
facultado por este Act para ello propo­
ne su expulsión.» 
El órgano jurisdiccional facultado por la 
Ley para proponer la expulsión de una 
persona es, como este Tribunal recordará, el 
órgano jurisdiccional facultado para conde­
narla por la infracción de que se trata. Con 
arreglo al apartado 2 del artículo 6 de la 
Ley, un órgano jurisdiccional no puede 
proponer la expulsión de una persona a 
menos que ésta haya recibido notificación 
por escrito, con seis días de antelación 
como mínimo, de ciertos extremos especifi­
cados en dicho apartado. 
El apartado 1 del artículo 4 de la Ley 
dispone: 
«Con arreglo a la presente Ley, la facultad 
de conceder y denegar la autorización para 
entrar en el Reino Unido será ejercida por 
los funcionarios de la Oficina de Inmigra­
ción, y la facultad de autorizar la permanen­
cia en el Reino Unido o de modificar cual­
quier autorización con arreglo a la letra a) 
del apartado 3 del artículo 3 (tanto en lo 
referente a la duración como a los requisi­
tos), será ejercida por el Secretary of State; 
y [...] dichas facultades se ej ercerán median­
te notificación escrita a la persona afectada 
El apartado 1 del artículo 24 dispone: 
«Una persona que no es "patrial" será culpa­
ble de una infracción penal sancionada 
mediante un procedimiento de urgencia con 
una multa no superior a 200 libras o con un 
arresto no superior a seis meses, o con 
ambas penas, en cualquiera de los casos 
siguientes: 
a) si, contrariamente a la presente Ley, 
entra a sabiendas en el Reino unido 
infringiendo una orden de expulsión o 
sin autorización; 
b) si, estando únicamente autorizado a 
entrar al Reino Unido o a permane­
cer en él para un período limitado, a 
sabiendas 
678
PIECK 
i) prolonga su permanencia más allá 
del período autorizado; o 
ii) no observa alguno de los requisitos 
de la autorización; 
[...]» 
El Anexo 2 de dicha Ley, titulado «Disposi­
ciones administrativas relativas al control de 
entrada, etc.», dispone, entre otras cosas en 
el primer guión del apartado 2: 
«Todo funcionario de la Oficina de Inmi­
gración podrá controlar a toda persona que 
llegue al Reino Unido por barco o avión [...] 
con el objeto de determinar 
a) si alguna de ellas es o no "patrial"; y 
b) si, en el caso de que no lo sea, puede o 
no entrar en el Reino Unido sin permi­
so; y 
c) si, en caso de que no pueda, debe con­
cedérsele un permiso y para que perío­
do y con qué requisitos (en su caso), o 
debe denegársele dicho permiso.» 
Aquí se controvierten dos grupos de normas 
adoptadas por el Secretary of State y some­
tidas al Parlamento con arreglo al apartado 
2 del artículo 3 de la Ley. Se trata de las 
Immigration Rules for Control on Entry, 
EEC and other Non-Commonwealth Natio­
nals y las Immigration Rules for Control 
after Entry, EEC and other 
Non-Commonwealth Nationals (normas 
relativas al control a la entrada y posterior a 
la entrada, respectivamente, de los naciona­
les de países miembros de la CEE y de los 
países no miembros de la Commonwealth). 
Ambos se sometieron al Parlamento el 25 
de enero de 1973. Han sido enmendados en 
diversas ocasiones desde entonces, pero no 
de manera relevante para este asunto. 
Las normas sobre el «Control a la Entrada» 
(que no se aplican a los nacionales de Irlan­
da, los cuales gozan de un trato más favora­
ble) establecen que toda persona que llegue 
al Reino Unido deberá presentar, a petición 
del funcionario de Inmigración «un pasapor­
te nacional válido u otro documento que 
muestre de modo suficiente su identidad y 
nacionalidad» y que los nacionales de otros 
Estados miembros de la Comunidad «po­
drán utilizar documentos nacionales de 
identidad en lugar de pasaporte» (véase la 
Rule 3 y la nota a pie de página correspon­
diente). Las normas también establecen que 
los nacionales de determinados países, 
enumerados en un apéndice y que no inclu­
yen ningún Estado miembro de la Comuni­
dad, deberán presentar al funcionario de 
Inmigración «un pasaporte u otro documen­
to de identidad junto con un visado del 
Reino Unido y deberá denegárseles el per­
miso de entrada si no disponen de visado 
válido» (véase la Rule 8). La parte V de las 
normas contiene disposiciones particulares 
referidas a la admisión de nacionales de 
otros Estados miembros de la Comunidad. 
Estas disposiciones prevalecen, cuando son 
aplicables, sobre cualquier otra disposición 
679
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 157/79 
relevante de las Rules (véase Rule 49). 
Contienen las Rules 51 y 52, que disponen: 
«51. Cuando un nacional de un país miem­
bro de la CEE es autorizado a entrar, 
no se le impondrá ningún requisito 
que restrinja su empleo u ocupación 
en el Reino Unido. El permiso se 
concederá normalmente para un pe­
ríodo de seis meses, excepto en el 
caso de que sea un residente que 
vuelve o el titular de un permiso de 
' residencia válido. 
52. Todo nacional de un país miembro de 
la CEE que desee entrar en el Reino 
Unido para aceptar o buscar un empleo, 
establecer un negocio o trabajar por 
cuenta propia, será admitido sin permi­
so de trabajo ni ninguna otra autoriza­
ción previa.» 
Las normas sobre el «Control posterior a la 
Entrada» están divididas en dos Partes: 
«Parte A», titulada «Modificación de la 
autorización de entrada o permanencia», y 
«Parte B», titulada «Expulsión». No es 
• necesario tratar ninguna de las disposiciones 
de la Parte B. La Parte A se compone de 
dos Secciones: Sección I, que se aplica 
generalmente a los nacionales de países no 
miembros de la Commonwealth, y la Sec­
ción II, que se aplica específicamente a los 
nacionales de los Estados miembros de la 
CEE (que no sean, repito, irlandeses). Las 
normas de la Sección II, cuando son aplica­
bles, prevalecen sobre las de la Sección I. 
Entre las normas de la Sección II, la Rule 
34 es particularmente relevante. Dice así: 
«Cuando una persona admitida para un 
período de seis meses obtenga un empleo se 
le expedirá una tarjeta de residencia. El 
permiso de residencia estará limitado a la 
duración del empleo cuando ésta sea previ-
siblemente inferior a doce meses. Si no, el 
permiso se concederá para cinco años. Pero 
normalmente no se concederá el permiso si 
la persona no ha encontrado empleo al final 
del período de seis meses para el que se la 
admitió, ni cuando durante dicho período 
haya sido mantenida a cargo de los fondos 
públicos.» 
El efecto de dichas disposiciones, en la 
medida en que son relevantes aquí, resulta 
ser que todo nacional de un país miembro 
(que no sea Irlanda) que quiera entrar en el 
Reino Unido debe presentar o su pasaporte 
o su tarjeta de identidad y obtener el permi­
so de entrada del funcionario de Inmigra­
ción. A menos que sea un residente que 
vuelve o el titular de un permiso de residen­
cia válido, se le concederá normalmente el 
permiso para entrar para un período de seis 
meses, independientemente del objeto de su 
viaje al Reino Unido. Dicho permiso deberá 
concedérsele «mediante notificación escri­
ta». Posteriormente podrá solicitar al Secre­
tary of State que še modifique su permiso, 
ampliando o suprimiendo el límite de su 
duración. Si obtiene un empleo, la solicitud 
de modificación del permiso se resolverá 
expidiéndole una tarj eta de residencia válida 
para cinco años, o para la duración del 
680
PIECK 
empleo cuando se prevea que será inferior a 
doce meses. 
Se nos ha explicado en nombre del Reino 
Unido que el objetivo del sistema era evitar 
retrasos en el puerto o aeropuerto de entra­
da. Evita que el funcionario de Inmigración 
tenga que controlar a todo nacional de un 
Estado miembro, a su llegada, con el objeto 
de esclarecer si la finalidad de su viaje al 
Reino Unido es o no una de las que le otor­
gan el derecho de entrada con arreglo al 
Tratado. Significa que existe un período de 
seis meses durante el cual el interesado 
puede decidir si desea permanecer más 
tiempo y, en su caso, solicitar un permiso de 
residencia. Confieso que este sistema me 
parece sensato, en particular para un país 
que no tiene registros de población, no 
expide tarjetas de identidad, y requiere que 
los extranjeros se inscriban en el registro de 
la policía únicamente en determinados 
casos. Ello no quiere decir, sin embargo, 
que el sistema, tal y como se aplica en el 
presente asunto, sea conforme al Derecho 
comunitario. 
Los hechos del presente asunto están ex­
puestos en un anexo de la resolución de 
remisión y no se discuten. El Sr. Pieck es un 
nacional neerlandés, titular de un pasaporte 
neerlandés. No es «patrial». Tal y como se 
desprende de su pasaporte entró por primera 
vez en el Reino Unido el 3 de agosto de 
1973 y ha salido y entrado del país en dife­
rentes ocasiones. El 12 de abril de 1976 se 
renovó su pasaporte en el Consulado neer­
landés de Londres, en dicha ocasión indicó 
como residencia «Cardiff (GB)». Volvió a 
entrar en el Reino Unido el 3 de diciembre 
de 1977, lo abandonó el 22 de julio de 1978 
y volvió a entrar una semana más tarde, el 
29 de julio de 1978. Cada vez que entró en 
el Reino Unido, también el 29 de julio de 
1978, el funcionario de Inmigración de 
servicio selló su pasaporte con la fecha y 
lugar de entrada en el Reino Unido y con un 
cufio con las palabras «autorizado a entrar 
en el Reino Unido para un período de seis 
meses». Desde que entró en el Reino Unido 
el 3 de diciembre de 1977, el Sr. Pieck ha 
sido, y sigue siendo, empleado como tipó­
grafo en una empresa llamada Graphic 
Prints en Taffs Well, cerca de Cardiff. El 
permiso de entrada en el Reino Unido para 
seis meses que se le concedió el 29 de julio 
de 1978 llegó a su término el 29 de enero de 
1979. En marzo de 1979 fue, por propia 
iniciativa, a la Comisaría de Policía de 
South Wales, donde explicó que había 
sobrepasado la fecha límite de su permiso y 
pidió consejo. Se le recomendó que enviara 
su pasaporte al Home Office (Ministerio del 
Interior) junto con una solicitud de prórroga 
de su residencia, pero no lo hizo. El 3 de 
mayo de 1979, cuando un policía le pidió 
que presentara su pasaporte, dijo: «Iba a 
enviarlo, pero se me olvidó». Fue acusado 
entonces de haber infringido el inciso i) de 
la letra b) del apartado 1 del artículo 24 de 
la Immigration Act 1971 y se le notificó un 
«aviso relativo a la posibilidad de expul­
sion» a tenor del apartado 2 del artículo 6 
de dicha Ley. El cargo que se le imputaba 
estaba formulado en los términos siguientes: 
«Por, sin ser "patrial" y teniendo únicamen­
te un permiso limitado para permanecer en 
el Reino Unido, haber permanecido a sa­
biendas en el Reino Unido después del 29 
de enero de 1979, fecha límite del permiso.» 
681
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 157/79 
El 12 de julio de 1979, el Sr. Pieck compa­
reció ante el Stipendiary Magistrate y se 
declaró no culpable de dicho cargo. En su 
nombre se alegó: a) que el sello de su pasa­
porte correspondiente a su entrada en el 
Reino de Unido el 29 de julio equivalía a un 
«visado de entrada» u «otra obligación equi­
valente» contrario a lo dispuesto en la Di­
rectiva 68/360, b) que con arreglo a la letra 
b) del apartado 3 del artículo 48 y a la letra 
c) del apartado 3 del artículo 48 del Trata­
do, el Sr. Pieck tenía derecho a desplazarse 
libremente y a permanecer en el Reino 
Unido para ocupar un empleo, y que la 
supuesta concesión de un permiso para 
entrar en el Reino Unido limitado a seis 
meses a partir del 29 de julio de 1978 vul­
neraba dichos derechos, y además era con­
traria al artículo 7 del Tratado; c) que con­
ceder un permiso inicial de seis meses para 
entrar en el Reino Unido era contrario a las 
disposiciones de la Directiva 68/360; y d) 
que incluso en el caso de que pudiera impo­
nerse un permiso de residencia inicial para 
seis meses en el momento de la entrada en 
el Reino Unido, su incumplimiento no 
podría castigarse con la expulsión o la 
privación de libertad. 
Se formularon alegaciones en sentido con­
trario en nombre de la Corona. 
Como consecuencia, el Magistrado que 
conocía del asunto planteó tres cuestiones a 
este Tribunal. Ligeramente abreviadas, 
dicen así: 
«1) ¿Cual es el significado de los términos 
"visado de entrada ni obligación equiva­
lente" contenidos en el apartado 2 del 
artículo 3 de la Directiva del Consejo 
68/360? 
2) Cuando un ciudadano comunitario entra 
en un Estado miembro de la CEE, ¿es 
la concesión por parte de dicho Estado 
miembro de un permiso inicial para 
permanecer durante un período limitado 
a seis meses compatible con los dere­
chos que los artículos 7 y 48 del Trata­
do CEE y las Directivas 64/221 y 
68/360 garantizan a dicho ciudadano? 
3) En caso de respuesta afirmativa a la 
segunda cuestión, cuando dicho ciuda­
dano ha sido autorizado a permanecer 
en un Estado miembro durante un pe­
ríodo de seis meses y cuando, siendo un 
trabajador por cuenta ajena, pero no 
habiendo solicitado el permiso de resi­
dencia, permanece después del perío­
do autorizado, ¿puede castigarse dicha 
infracción en dicho Estado miembro 
con penas que comprendan la priva­
ción de libertad y/o la propuesta de 
expulsión?» 
La alegación que nos ha sido expuesta 
acerca de la primera cuestión estaba, como 
ya he dicho, deformada por el hecho de que 
la versión inglesa del apartado 2 del artículo 
3 de la Directiva 68/360 se refiere más bien 
a un «documento» que se «solicita» y no a 
una obligación que se impone. Ello condujo 
al representante del Gobierno del Reino 
Unido a subrayar que los nacionales de 
países miembros de la CEE no tenían que 
682
PIECK 
«presentan), a su llegada a los puertos o 
aeropuertos del Reino Unido, nada más que 
sus tarjetas de identidad o pasaportes. Tam­
bién originó una erudita discusión acerca de 
la etimología de la palabra «visado», y de su 
significado en los usos consulares y en los 
acuerdos internacionales sobre la supresión 
de los visados. Basándose en el significado 
de «visado» en dichos contextos, el Gobier­
no del Reino Unido mantuvo que la frase 
«visado de entrada, ni otra obligación equi­
valente» del apartado 2 del artículo 3 se 
refería a «una autorización o permiso escrito 
que el interesado debe obtener del o de los 
representantes en el extranjero del Estado 
miembro al que desee dirigirse antes de su 
llegada al mismo en el momento y lugar de 
entrada designados». 
En mi opinión, esta interpretación de la 
expresión controvertida es demasiado res­
tringida. El artículo 3 de la Directiva debe 
interpretarse, a mi parecer, como un todo 
tomando en consideración el objetivo de la 
Directiva, que es abolir las restricciones a la 
libre circulación de trabajadores y de sus 
familias dentro de la Comunidad. Creo que, 
según el tenor literal del apartado 2 del 
artículo 3, se han querido hacer tres cosas: 
i) subrayar y reforzar los términos del 
apartado 1 del artículo 3, el cual exige 
a todo Estado miembro que autorice a 
las personas a las que se aplica la Di­
rectiva a entrar en su territorio «median­
te la simple presentación de una tarjeta 
de identidad o de un pasaporte válido»; 
ii) prever una excepción a dicha exigencia 
para los miembros de la familia de un 
trabajador que no posean la nacionali­
dad de ningún Estado miembro; y 
iii) exigir a los Estados miembros que 
otorguen a dichas personas «toda clase 
de facilidades para obtener los visados 
que necesiten». 
Por ello, en mi opinión, sería incompatible, 
tanto con el objetivo como con el tenor 
literal del artículo 3, interpretarlo en el 
sentido de que permite a un Estado miem­
bro exigir a un trabajador un requisito adi­
cional a la presentación de su tarjeta de 
identidad o pasaporte, siempre que dicho 
requisito deba cumplirse en el lugar de 
entrada a su territorio y no con anterioridad, 
mediante solicitud dirigida a sus represen­
tantes en el extranjero. 
Por otro lado, el artículo 3 no significa 
obviamente que, cuando un trabajador 
presente su tarjeta de identidad o pasaporte 
al funcionario de Inmigración u otro funcio­
nario competente de un Estado miembro, 
dicho funcionario deba necesariamente 
permanecer mudo y pasivo. Al menos una 
sonrisa, una inclinación de cabeza, o una 
señal con la mano debe permitirse. Si esto 
es así, no veo ninguna posible objeción a 
que se cuñe el pasaporte del interesado, o 
que se le expida un documento separado 
reconociendo su derecho a entrar en el 
territorio del Estado miembro de que se 
trata. Así pues, en mi opinión, si en el 
presente caso el cuño en el pasaporte del 
Sr. Pieck hubiera dicho simplemente «autori­
zado a entrar en el Reino Unido» y si, desde 
el punto de vista del derecho del Reino 
683
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 157/79 
Unido, dicho cufio no hubiera significado 
más que el reconocimiento de su derechos 
entrar en el Reino Unido, no hubiera podido 
objetarse nada a este respecto. 
En este análisis, el caso que nos ocupa 
presenta dos dificultades. 
La primera y más evidente es que de 
hecho el cuño en el pasaporte del Sr, Pieck 
decía además «para un periodo de seis me­
ses». Propongo dejar esto de lado por el 
momento. 
La segunda dificultad surge porque parece 
derivarse de las disposiciones de la Immi­
gration Act 1971 y de las Immigration Rules 
for Control on Entry que, desde el punto de 
vista de la legislación del Reino Unido, la 
concesión de la autorización de entrada 
puede no ser un mero reconocimiento de un 
derecho, sino que puede ser discrecional. 
Por supuesto, no corresponde a este Tribu­
nal de Justicia, sino a los órganos jurisdic­
cionales del Reino Unido, determinar si esto 
es así. Por lo que respecta al Derecho comu­
nitario aplicable, que es el que interesa a 
este Tribunal de Justicia, se ha mantenido 
en nombre del Gobierno del Reino Unido 
que un Estado miembro debe disponer de 
dicha discrecionalidad porque la libertad de 
circulación de personas está sujeta, con 
arreglo a dicho Derecho, a límites. Está, 
evidentemente, sujeta a límites en la medida 
en que, por un lado, no se extiende a los 
nacionales de un Estado miembro que de­
seen ir a otro Estado miembro con una 
finalidad no contemplada en el Tratado, y 
porque, por otro lado, puede denegarse a 
una persona particular por razones de orden 
público, salud pública o seguridad pública. 
A primera vista, esto significa que un Esta­
do miembro puede denegar la entrada a 
quien resulte aplicable uno de estos límites. 
¿Se desprende de ello que un Estado miem­
bro está facultado (o incluso quizás obliga­
do), cuando un ciudadano de otro Estado 
miembro pretende entrar en su territorio, a 
examinar su caso para ver si tiene o no el 
derecho a entrar, es decir, en otras palabras, 
a hacer precisamente aquello que el sistema 
del Reino Unido, tal y como se nos ha expli­
cado, está dirigido a evitar? A este respecto, 
el artículo 3 de la Directiva contiene en sí 
mismo una aparente contradicción. Sólo se 
aplica a las personas a las que se aplica el 
Reglamento n° 1612/68, pero exige a los 
Estados miembros que autoricen a dichas 
personas a entrar en su territorio mediante la 
simple presentación de una tarjeta de identi­
dad o de un pasaporte válido, documentos 
que no pueden probar por sí mismos si el 
titular es una persona a la cual se aplica el 
Reglamento. Existen dos medios posibles de 
resolver dicho dilema. Uno es mantener que 
el artículo 3 implica que la persona afectada 
debe, además de presentar su tarjeta de 
identidad o su pasaporte, probar que es una 
persona a quien el Reglamento se aplica. El 
otro consiste en mantener que los autores de 
la Directiva se proponían, sin perjuicio de 
una posible excepción por razones de orden 
público, de seguridad pública o de salud 
pública, que los Estados miembros autoriza­
ran a los nacionales de los demás Estados 
miembros a entrar en su territorio simple-
684
PIECK 
mente sobre la base de la prueba de su 
nacionalidad, y que cualquier cuestión 
relativa a su derecho a encontrarse allí con 
arreglo al Tratado debería examinarse des­
pués de la entrada. En mi opinión, es prefe­
rible la última solución por dos motivos. En 
primer lugar, es más coherente que la pri­
mera con el tenor de la Directiva. Es con 
arreglo a los artículos 4 y 8, relativos al 
derecho de residencia, que el interesado 
debe aportar la prueba de que el Reglamen­
to se le aplica. Que esto sea algo que debe 
hacer después de entrar, y no en el momento 
de la entrada, se desprende, por ejemplo, 
del uso del pretérito en la frase «el docu­
mento al amparo del cual ha entrado en su 
territorio» del artículo 4 y de la letra a) del 
apartado 1 del artículo 8. En segundo lugar, 
es acorde con el sentido común, tal y como 
la práctica del Reino Unido efectivamente 
demuestra. Los autores de la Directiva 
deben haber sido conscientes del hecho de 
que estay las Directivas siguientes, relativas 
a la libre circulación de personas en materia 
de libertad de establecimiento y de libre 
prestación de servicios, cubrirían entre 
todas a un gran número, por no decir a la 
mayor parte, de ciudadanos en los Estados 
miembros que se desplazan a otros Estados 
miembros. No pueden haber pretendido que 
se retenga a todo el mundo en las fronteras 
interiores de la Comunidad mientras se 
separan las ovejas de las cabras. Tampoco 
me parece que ello exceda de las facultades 
que los artículos 49, 54 y 63 del Tratado 
confieren al Consejo para legislar de modo 
que se evite este resultado. 
Así pues, en mi opinión, la respuesta a la 
primera cuestión planteada por el Juez 
remitente es que el apartado 2 del artículo 3 
de la Directiva 68/360, en la medida en que 
establece que «no se podrá imponer ningún 
visado de entrada, ni otra obligación equiva­
lente» significa que un Estado miembro no 
puede exigir a un nacional de otro Estado 
miembro ningún otro requisito además de la 
presentación de una tarjeta de identidad o 
un pasaporte válido como condición para 
autorizarle a entrar en su territorio. 
Por lo que respecta al hecho de que el cuño 
que se puso en el pasaporte del Sr. Pieck 
decía además «para un período de seis me­
ses», me parece que ello carece de relevan­
cia en relación con el artículo 3, el cual se 
refiere únicamente a la entrada. Dicha 
precisión afectaba al derecho del Sr. Pieck 
de permanecer en el Reino Unido después 
de haber entrado, lo que es objeto de la 
segunda cuestión planteada por el Juez 
remitente. 
Por cuanto respecta a esta cuestión, creo 
haber dicho lo suficiente acerca de las dis­
posiciones del Tratado y de la legislación 
relevante del Consejo, así como en mi resu­
men sobre el efecto de las decisiones de este 
Tribunal de Justicia interpretándolas, para 
demostrar que un Estado miembro no pue­
de, excepto por razones de orden público, 
de seguridad pública o de salud pública, 
limitar el derecho de un trabajador que es 
un nacional de otro Estado miembro a per­
manecer en su territorio, pero que puede 
exigirle que demuestre, con arreglo a los 
artículos 4 y siguientes de la Directiva 
68/360 y a los artículo 5 y siguientes de la 
Directiva 64/221, su derecho a permanecer 
en él. 
685
CONCLUSIONES DEL SR. WARNER - ASUNTO 157/79 
El representante del Gobierno del Reino 
Unido nos ha dicho que el único efecto de 
un cufio como el que se puso en el pasaporte 
del Sr. Pieck era indicar al interesado que 
habia sido debidamente autorizado a entrar 
y que disponía de un período de seis meses 
para obtener un permiso de residencia, al 
cual tendría absoluto derecho sin perjuicio 
de consideraciones de orden público, segu­
ridad pública y salud pública. El cufio, así 
se dijo, no restringía de ningún modo los 
derechos del interesado; le concedía un 
período de seis meses para decidirse a 
obtener un permiso de residencia en caso de 
que quisiera permanecer. Por supuesto 
corresponde a los órganos jurisdiccionales 
del Reino Unido y no a este Tribunal, deter­
minar si dicha interpretación del cuño es 
correcta. Yo me limito a observar que el 
cargo formulado contra el Sr. Pieck es que 
«sin ser "patriar" y teniendo únicamente un 
permiso limitado para permanecer en el 
Reino Unido, haber permanecido a sabien­
das en el Reino Unido después de [...] la 
fecha límite del permiso». El cargo no es 
haber omitido solicitar un permiso de resi­
dencia estando obligado a hacerlo. 
A este respecto, me fueron entregadas en la 
vista copias de un impreso (HO Form 
IS.120) del que se me dijo que se había 
estado entregando desde el 1 de enero de 
1980 a los nacionales de otros Estados 
miembros a su llegada en el Reino Unido, 
en lugar de cufiarles el pasaporte. En este 
asunto no se suscita ninguna cuestión relati­
va a la compatibilidad de los términos de 
dicho impreso con el Derecho comunitario. 
Después de dudarlo, he llegado a la conclu­
sión de que es mejor que no diga nada al 
respecto. 
Así llegamos finalmente a la tercera cues­
tión planteada por el Juez de remisión. 
La respuesta figura nuevamente en las sen­
tencias del Tribunal de Justicia cuyo efecto 
he resumido. En mi opinión, podría revestir 
alguna importancia si hubiera que interpre­
tar el cargo formulado contra el Sr. Pieck, 
tal y como sugirió el Gobierno del Reino 
Unido, en el sentido de que omitió solicitar 
un permiso de residencia estando obligado 
a hacerlo. Evidentemente, no podía ser 
expulsado por este motivo. De esto no cabe 
duda. En cuanto a si podía imponérsele una 
pena de privación de libertad, esto depende 
del juicio de valor que lleve a cabo el órga­
no jurisdiccional acerca de la gravedad de la 
infracción. El representante del Gobierno 
del Reino Unido ha mantenido que dicha 
infracción podía sancionarse con una pena 
de privación de libertad en circunstancias 
excepcionales, por ejemplo si fuera conti­
nuada y constituyera un rechazo deliberado 
del cumplimiento de la ley. No veo ninguna 
razón para discrepar. 
Se nos ha dicho en nombre del Reino Unido 
que el Sr. Pieck, cuando compareció ante el 
Juez de remisión, el 12 de julio de 1979, fue 
acusado también de haber robado el bolso 
de una señora, delito del que se declaró 
culpable y por el que se le sometió a liber­
tad condicional y se le condenó a pagar una 
indemnización de 1,50 UKL y las costas 
686
PIECK 
por valor de 15 UKL. El Gobierno del 
Reino Unido sugirió, a mi entender, que el 
Juez de remisión podía pertinentemente 
tomar en consideración la condena por 
dicho delito con el fin de determinar si 
procedía sancionarle con una pena de pri­
vación de libertad por la infracción de la 
Immigration Act. Personalmente opino que 
no, pero, dado que el Juez de remisión no 
ha planteado a este Tribunal de Justicia 
ninguna cuestión al respecto, no diré nada 
más sobre ello. 
En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones que 
le ha planteado el Juez de remisión en los términos siguientes: 
1) En la medida en que el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 68/360 dispone 
que «no se podrá imponer ningún visado de entrada, ni otra obligación 
equivalente», dicha disposición significa que un Estado miembro no puede 
imponer a un nacional de otro Estado miembro, como requisito de acceso a su 
territorio, ninguna obligación además de la presentación de una tarjeta de 
identidad o un pasaporte válido. 
2) Un Estado miembro no puede, excepto por razones de orden público, seguridad 
pública o salud pública, limitar la residencia en su territorio de un nacional de 
otro Estado miembro a un período más breve que aquel al que tiene derecho a 
residir allí con arreglo al artículo 48 del Tratado CEE y a lo dispuesto en la 
Directiva 68/360, pero puede, cuando las disposiciones de dicha Directiva 
permitan expedir un permiso de residencia, exigirle que solicite dicho permiso 
en un plazo de seis meses a partir de la entrada en su territorio, o en cualquier 
otro plazo razonable. 
3) Cuando un Estado miembro ha impuesto legítimamente a un nacional de otro 
Estado miembro la obligación de solicitar un permiso de residencia, el 
incumplimiento por parte de éste de dicha obligación no puede castigarse con 
la expulsión y sólo puede castigarse con una pena de privación de libertad 
cuando las circunstancias del delito lo conviertan en excepcionalmente grave. 
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