62024CJ0458_RES
Asunto C‑458/24 [Daraa] (
i
)
DO
contra
Bundesrepublik Deutschland
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Sigmaringen)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 5 de marzo de 2026
«Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Artículo 3, apartado 2 — Artículo 29 — Traslado del solicitante de asilo al Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional — Suspensión, por el Estado miembro responsable, de la toma a cargo y de la readmisión de solicitantes de asilo — Directiva 2013/32/UE — Artículo 33 — Solicitudes inadmisibles»
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Procedimientos de toma a cargo y de readmisión — Plazo establecido para efectuar el traslado del solicitante de protección internacional — Consecuencia de la inobservancia de ese plazo — Transferencia de la responsabilidad del examen de la solicitud de protección internacional al Estado miembro requirente — Causas de la inobservancia del plazo imputable al Estado o a la persona afectada — Irrelevancia
[Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 29, aps. 1 y 2]
(véanse los apartados 45 a 47 y 49 a 61)
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Procedimientos de toma a cargo y de readmisión — Suspensión de manera unilateral por el Estado miembro designado en primer lugar como responsable — Inexistencia de deficiencias sistemáticas que impliquen un peligro de trato inhumano o degradante — Estado miembro encargado de la determinación del Estado miembro responsable — Obligación de ese Estado de examinar los criterios de determinación del Estado miembro responsable y de pasar a ser él mismo responsable — Inexistencia — Personas que sean objeto de una decisión de traslado — Inobservancia del plazo de traslado — Transferencia ipso iure de la responsabilidad del examen al Estado miembro requirente — Inobservancia causada por la suspensión unilateral — Irrelevancia
[Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, ap. 2, párrs. 2 y 3, y 29, aps. 1 y 2]
(véanse el apartado 66 y el punto 1 del fallo)
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional — Solicitud que los Estados miembros pueden considerar inadmisible — Motivo — Circunstancia de que otro Estado miembro es responsable del examen y ha aceptado una solicitud de hacerse cargo del solicitante o de readmitirlo — Improcedencia — Decisión de traslado y de no examen con arreglo al Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Procedencia
(Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 33, ap. 1)
(véanse el apartado 73 y el punto 3 del fallo)
Resumen
En un procedimiento prejudicial instado por el Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sigmaringa, Alemania), el Tribunal de Justicia interpreta el Reglamento n.o 604/2013 (
1
) y la Directiva 2013/32, (
2
) a fin de precisar las responsabilidades relativas al examen de las solicitudes de protección internacional en una situación de suspensión, por parte del Estado miembro responsable, de la toma a cargo de los solicitantes afectados.
DO, nacional sirio, entró en Alemania el 18 de abril de 2023 y presentó una solicitud de asilo el 26 de abril de ese mismo año. Sin embargo, se identificó a la República Italiana como el Estado miembro responsable del examen de esta solicitud.
La Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Oficina Federal de Migración y Refugiados, Alemania) envió una petición a la República Italiana para que se hiciera cargo de DO, pero no obtuvo respuesta. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 22, apartado 7, del Reglamento Dublín III, estimó aceptada la petición y decidió, el 18 de julio de 2023, denegar la solicitud de asilo de DO por ser inadmisible.
El 27 de julio de 2023, DO interpuso recurso contra la referida decisión ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sigmaringa, el órgano jurisdiccional remitente.
El órgano jurisdiccional mencionado señala que de dos circulares difundidas por las autoridades italianas en diciembre de 2022 resulta que, con carácter provisional y sin perjuicio de excepciones, la República Italiana ya no aceptaba traslados de solicitantes de protección internacional a Italia que se efectuaran con arreglo al Reglamento Dublín III. De este modo, según dicho órgano jurisdiccional, este Estado miembro se negaba a hacerse cargo de cualquier solicitante del que fuera responsable en virtud de dicho Reglamento.
En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente decidió plantear varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia al objeto de que se dilucidara, en esencia, si, por una parte, en la situación específica en que un Estado miembro designado como responsable ha suspendido unilateralmente las tomas a cargo y las readmisiones de los solicitantes de protección internacional, la responsabilidad de examinar una solicitud se transfiere al Estado miembro encargado de la determinación del Estado miembro responsable. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva 2013/32 permite desestimar una solicitud de protección internacional por inadmisible debido a que el Estado miembro responsable no está dispuesto a hacerse cargo de un solicitante de protección internacional o a readmitirlo.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, en lo que respecta a la responsabilidad de examinar una solicitud de protección internacional, el Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que el Estado miembro encargado de la determinación del Estado miembro responsable puede pasar a ser él mismo responsable de tal examen. Así ocurre si le es imposible, debido a la existencia de «deficiencias sistemáticas» en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes que impliquen «un peligro de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]», trasladar al solicitante al Estado miembro responsable y si comprueba, tras la continuación del examen de los criterios establecidos en el capítulo III del Reglamento Dublín III, que no puede trasladar al solicitante a un Estado miembro designado sobre la base de esos criterios o al primer Estado miembro ante el que se presentó la solicitud.
Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una suspensión unilateral de la toma a cargo y de la readmisión de los solicitantes de protección internacional no permite, por sí sola, justificar la constatación de una deficiencia sistemática de ese tipo que implique un peligro de trato inhumano o degradante.
En tal caso, el Estado miembro encargado de la determinación del Estado miembro responsable no debe ni continuar con el examen de los criterios definidos en el capítulo III del Reglamento Dublín III sobre la base del artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Reglamento ni pasar a ser el Estado miembro responsable en virtud del artículo 3, apartado 2, párrafo tercero, del mismo Reglamento.
Por lo tanto, no puede considerarse que existe una condición no escrita para la aplicación del artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III, según la cual el Estado miembro responsable debería estar dispuesto a hacerse cargo de los solicitantes de protección internacional o a readmitirlos.
A continuación, también respecto a la situación en que un Estado miembro haya suspendido unilateralmente las tomas a cargo y readmisiones de solicitantes de protección internacional, el Tribunal de Justicia examina el peligro, al que alude el órgano jurisdiccional remitente, de que el solicitante de protección internacional afectado pueda ver indebidamente obstaculizado su acceso al procedimiento de protección internacional y que, en esencia, ningún Estado miembro examine su solicitud.
A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III establece una transferencia ipso iure de la responsabilidad al Estado miembro requirente sin supeditarla a que el Estado miembro responsable reaccione de algún modo, cuando el traslado del solicitante de que se trate a este último Estado miembro no se ejecute en el plazo establecido a tal efecto, que es, en principio, de seis meses. Esta disposición está formulada en términos amplios, sin contemplar ninguna limitación de la transferencia de responsabilidad a supuestos específicos. Por lo tanto, dicha transferencia de responsabilidad opera con independencia de las causas de la no ejecución del traslado en el plazo establecido y del hecho de que la no ejecución sea imputable al Estado miembro requirente, al Estado miembro responsable o a la persona afectada. En consecuencia, la transferencia de responsabilidad se produce aun cuando el traslado de la persona afectada no ha podido llevarse a cabo dentro del plazo establecido para ello a causa de la suspensión unilateral de las tomas a cargo y readmisiones por parte del Estado miembro designado como responsable en virtud de los criterios definidos en el capítulo III del Reglamento Dublín III.
Los objetivos que persigue el Reglamento Dublín III corroboran tal interpretación. Respecto a este extremo, el Tribunal de Justicia señala que, habida cuenta de los objetivos de celeridad en la determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional y de garantía de un acceso efectivo a los procedimientos de concesión de dicha protección, es importante que las solicitudes de protección internacional sean examinadas, en su caso, por un Estado miembro distinto del designado como responsable en virtud de los criterios establecidos en el capítulo III del Reglamento Dublín III, en caso de no ejecución del traslado del solicitante en el plazo de traslado señalado.
A este respecto, el Tribunal de Justicia reconoce que esta interpretación permite al Estado miembro responsable eludir, al término del plazo de traslado y por el simple hecho de suspender unilateralmente los procedimientos de toma a cargo y readmisión de los solicitantes de asilo, las responsabilidades que le incumben en virtud del Reglamento Dublín III. No obstante, el Tribunal de Justicia subraya que, aun en ese caso, incumbe al Estado miembro requirente y al Estado miembro responsable ponerse de acuerdo y cooperar a fin de llevar a cabo el traslado antes de la expiración del plazo establecido a tal efecto. Además, este último Estado miembro continúa siendo responsable a todos los efectos durante dicho plazo, de modo que, en el período en que transcurre este, se mantiene el sistema de criterios de determinación de la responsabilidad establecido en el Reglamento Dublín III.
La transferencia ipso iure de la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional en caso de no ejecutarse el traslado de la persona afectada en este plazo es, en definitiva, la única manera de garantizar a esta persona un acceso efectivo al procedimiento de asilo.
Por último, un Estado miembro no puede justificar el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión alegando el incumplimiento por otros Estados miembros de sus respectivas obligaciones. El remedio contra la infracción del Reglamento Dublín III por el Estado miembro designado en primer lugar como responsable radica en la posibilidad de que la Comisión Europea, o cualquier otro Estado miembro, interponga un recurso por incumplimiento contra dicho Estado miembro.
En segundo lugar, en lo que respecta a la cuestión de si una solicitud de protección internacional puede desestimarse por inadmisible debido a que el Estado miembro responsable no esté dispuesto a hacerse cargo del solicitante de protección internacional o a readmitirlo, el Tribunal de Justicia constata que el artículo 33, apartado 2, de la Directiva 2013/32 enumera de forma exhaustiva las situaciones en las que los Estados miembros pueden considerar inadmisible una solicitud de protección internacional. Por ello, y en vista del carácter excepcional de las causas de inadmisibilidad de esta enumeración, dicha disposición debe ser objeto de una interpretación estricta y, por ende, no puede aplicarse a una situación no comprendida en su tenor.
Pues bien, el artículo 33, apartado 1, de la Directiva 2013/32 distingue claramente los supuestos en los que una solicitud de protección internacional no se examina con arreglo al Reglamento Dublín III de aquellos en los que tal solicitud puede ser considerada inadmisible por alguno de los motivos enumerados con carácter exhaustivo en el artículo 33, apartado 2, de esta Directiva.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 33, apartado 1, de la Directiva 2013/32 no permite desestimar una solicitud de protección internacional por inadmisible debido a que el Estado miembro responsable no esté dispuesto a hacerse cargo del solicitante de protección internacional o a readmitirlo.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
1
)	Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31; en lo sucesivo, «Reglamento Dublín III»).
(
2
)	Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).