62023CJ0671
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 19 de junio de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo — Directiva (UE) 2015/849 — Artículo 59 — Concepto de infracción o incumplimiento sistemático — Sanciones — Normativa o práctica nacional que permite imponer una multa separada por cada infracción o incumplimiento que se constate en una misma inspección — Compatibilidad con el Derecho de la Unión — Armonización mínima — Respeto de los principios generales del Derecho de la Unión — Sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias — Principio non bis in idem»
En el asunto C‑671/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), mediante resolución de 8 de noviembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de noviembre de 2023, en el procedimiento entre
M
y
Lietuvos bankas,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. A. Kumin (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele y el Sr. S. Gervasoni, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno lituano, por las Sras. V. Kazlauskaitė-Švenčionienė y E. Kurelaitytė, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno español, por la Sra. M. Morales Puerta, en calidad de agente;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. C. Auvret y J. Jokubauskaitė y por el Sr. G. von Rintelen, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 59 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 2015, L 141, p. 73).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre M, entidad de dinero electrónico, y el Lietuvos bankas (Banco de Lituania), en relación con la resolución de este por la que se impusieron a M ocho multas separadas por ocho infracciones de la legislación nacional de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
A tenor de los considerandos 1, 2 y 59 de la Directiva 2015/849:
«(1)
Los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el mercado interior de la Unión [Europea] y el desarrollo internacional. El blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el crimen organizado siguen constituyendo problemas significativos que la Unión debe abordar. Aparte de continuar desarrollando el planteamiento penal a escala de la Unión, la prevención específica y proporcionada del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo resulta indispensable y puede producir resultados complementarios.
(2)
La solidez, integridad y estabilidad de las entidades financieras y de crédito, así como la confianza en el sistema financiero en su conjunto, podrían verse en grave peligro debido a los esfuerzos de los delincuentes y sus cómplices, ya sea por encubrir el origen de los productos del delito, ya por canalizar el producto de actividades lícitas o ilícitas a fines terroristas. […] Al mismo tiempo, debe establecerse un equilibrio entre los objetivos de protección de la sociedad frente a las actividades delictivas y de la estabilidad y la integridad del sistema financiero de la Unión y la necesidad de crear un entorno regulador que permita que las empresas desarrollen sus negocios sin incurrir en costes de cumplimiento desproporcionados.
[…]
(59)
La importancia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debe llevar a los Estados miembros a establecer en su Derecho nacional sanciones y medidas administrativas eficaces, proporcionadas y disuasorias en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales que se adopten en transposición de la presente Directiva. […] Por tanto, la presente Directiva debe incluir una serie de sanciones y medidas administrativas de las que deban dotarse, como mínimo, los Estados miembros, aplicables en caso de infracciones graves, reiteradas o sistemáticas de los requisitos relativos a las medidas de diligencia debida con respecto al cliente, la conservación de documentos, la comunicación de las transacciones sospechosas y los controles internos. Esta serie de medidas debe ser suficientemente amplia para permitir a los Estados miembros y a las autoridades competentes tener en cuenta las diferencias entre entidades obligadas, en particular entre las entidades de crédito y las entidades financieras y las demás entidades obligadas, por lo que se refiere a su tamaño, características y naturaleza de su actividad. Al transponer la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que la imposición de sanciones y medidas administrativas, con arreglo a la presente Directiva, y de sanciones penales, con arreglo al Derecho nacional, no vulnere el principio ne bis in idem.»
4
El artículo 1 de esta Directiva establece en sus apartados 1 y 2:
«1.   La presente Directiva tiene por objeto la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.
2.   Los Estados miembros velarán por que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo queden prohibidos.»
5
El artículo 58 de la referida Directiva dispone, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:
«1.   Los Estados miembros velarán por que a las entidades obligadas pueda imputárseles responsabilidad cuando incumplan las disposiciones de Derecho nacional adoptadas en virtud de la presente Directiva de conformidad con el presente artículo y los artículos 59 a 61. Cualesquiera sanciones o medidas resultantes serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.
2.   Sin perjuicio de su derecho a prever e imponer sanciones penales, los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones y medidas administrativas, velarán por que sus autoridades competentes puedan imponer dichas sanciones y medidas respecto a la conculcación de las disposiciones nacionales que transponen la presente Directiva, y garantizarán la aplicación de tales sanciones y medidas.
[…]»
6
El artículo 59 de la referida Directiva establece:
«1.   Los Estados miembros se asegurarán de que el presente artículo se aplique al menos en caso de incumplimiento grave, reiterado y sistemático, o una combinación de estas características, de los requisitos establecidos en los artículos siguientes:
a)
artículos 10 a 24 (diligencia debida con respecto al cliente);
b)
artículos 33, 34 y 35 (notificación de las transacciones sospechosas);
c)
artículo 40 (conservación de documentos), y
d)
artículos 45 y 46 (controles internos).
2.   Los Estados miembros velarán por que, en los casos a que se refiere el apartado 1, entre las sanciones y medidas administrativas aplicables se cuenten como mínimo las siguientes:
a)
una declaración pública que indique la persona física o jurídica y la naturaleza de la infracción;
b)
un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla;
c)
cuando una entidad obligada esté sujeta a una autorización, la retirada o suspensión de dicha autorización;
d)
una prohibición temporal contra cualquier persona que tenga responsabilidades de dirección en una entidad obligada, o cualquier persona física responsable de la infracción, de ejercer funciones de dirección en entidades obligadas;
e)
multas administrativas máximas de al menos el doble del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan determinarse, o de al menos 1000000 [euros].
3.   Los Estados miembros velarán por que, no obstante lo dispuesto en el apartado 2, letra e), cuando la entidad obligada de que se trate sea una entidad financiera, también puedan aplicarse las siguientes sanciones:
a)
en el caso de las personas jurídicas, multas administrativas máximas de al menos 5000000 [de euros] o hasta el 10 % del volumen de negocios anual total, acreditado por las últimas cuentas disponibles aprobadas por el órgano de gestión; si la entidad obligada es una empresa matriz, o una filial de una empresa matriz, que tenga que establecer cuentas financieras consolidadas de conformidad con el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO 2013, L 182, p. 19)], el volumen de negocios total pertinente será el volumen de negocios anual total o el tipo de ingreso correspondiente, conforme a las Directivas sobre contabilidad pertinentes, según la cuenta consolidada más reciente disponible, aprobada por el órgano de gestión de la empresa matriz última;
b)
en el caso de una persona física, multas administrativas [máximas de al menos] 5000000 [de euros] o, en los Estados miembros en los que el euro no sea la moneda oficial, el valor correspondiente en la moneda nacional a fecha de 25 de junio de 2015.
4.   Los Estados miembros podrán permitir a las autoridades competentes imponer tipos adicionales de sanciones administrativas además de las referidas en el apartado 2, letras a) a d), o imponer sanciones pecuniarias administrativas que superen los importes indicados en el apartado 2, letra e), y en el apartado 3.»
7
El artículo 60 de la Directiva 2015/849 indica en su apartado 4:
«Los Estados miembros velarán por que, al determinar el tipo y el nivel de las sanciones o medidas administrativas, las autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas, según proceda:
a)
la gravedad y duración de la infracción;
b)
el grado de responsabilidad de la persona física o jurídica responsable;
c)
la solidez financiera de la persona física o jurídica a la que se considere responsable, reflejada por ejemplo en su volumen de negocios total o en sus ingresos anuales;
d)
la importancia de los beneficios derivados de la infracción para persona física o jurídica a la que se considere responsable, en la medida en que puedan determinarse;
e)
las pérdidas para terceros causadas por el incumplimiento, en la medida en que puedan determinarse;
f)
el nivel de cooperación de la persona física o jurídica a la que se considere responsable con la autoridad competente;
g)
las posibles infracciones anteriores de la persona física o jurídica a la que se considere responsable.»
Derecho lituano
Ley PBC/FT
8
La Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas Nr. VIII‑275 (Ley de la República de Lituania n.o VIII‑275 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo), de 19 de junio de 1997 (Žin., 1997, n.o 64‑1502), en su versión modificada por la Ley n.o XIII‑1440, de 30 de junio de 2018 (en lo sucesivo, «Ley PBC/FT»), transpone al Derecho lituano la Directiva 2015/849. El artículo 34 de esta Ley establece:
«1.   Se considerarán infracciones graves de la presente Ley:
1)
el incumplimiento de los requisitos relativos a la identificación del cliente y del beneficiario que se establecen en los artículos 9 a 15 de la presente Ley;
2)
el incumplimiento de los requisitos relativos a la declaración de las operaciones o transacciones monetarias sospechosas que se establecen en el artículo 16 de la presente Ley;
3)
el incumplimiento de los requisitos relativos a la conservación de información que se establecen en el artículo 19 de la presente Ley;
4)
La falta de implantación, por una entidad financiera u otra entidad obligada, de los procedimientos de control interno que se establecen en el artículo 29 de la presente Ley.
2.   Se considerarán infracciones sistemáticas de la presente Ley:
1)
la comisión de una infracción de la presente Ley al menos tres veces en el plazo de un año desde la imposición de una sanción por infracción de la presente Ley;
2)
la constatación concurrente de infracciones de disposiciones en materia de prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo que incluyan varios grupos de requisitos:
a)
requisitos relativos a la identificación del cliente y del beneficiario que se establecen en los artículos 9 a 15 de la presente Ley;
b)
requisitos relativos a la declaración de las operaciones o transacciones monetarias sospechosas que se establecen en el artículo 16 de la presente Ley;
c)
requisitos relativos a la conservación de información que se establecen en el artículo 19 de la presente Ley;
d)
requisitos relativos a los procedimientos de control interno que se establecen en el artículo 29 de la presente Ley.»
9
El artículo 39 de la Ley PBC/FT establece en su apartado 1:
«El Banco de Lituania y el Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba [(Servicio de Investigación de Delitos Financieros, Lituania)] podrán imponer a una entidad financiera o a una sucursal de una entidad financiera extranjera las siguientes multas:
[…]
2)
por infracciones de la presente Ley, cuando la entidad financiera o la sucursal de una entidad financiera extranjera viole sistemáticamente la presente Ley, cometa una infracción grave de la presente Ley o la viole de manera reiterada en el plazo de un año desde la imposición de una sanción por violación de la presente Ley, del 0,5 % al 10 % de los ingresos brutos anuales (si el importe correspondiente al 10 % de los ingresos brutos anuales es superior a 5100000 euros) o de 2000 a 5100000 euros (si el 10 % de los ingresos brutos anuales es inferior a 5100000 euros).»
Ley relativa al Banco de Lituania
10
El artículo 433 de la Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas Nr. I‑678 (Ley de la República de Lituania n.o I‑678 relativa al Banco de Lituania), de 1 de diciembre de 1994 (Žin., 1994, n.o 99‑1957), en su versión modificada por la Ley n.o XIII‑1854, de 20 de diciembre de 2018 (en lo sucesivo, «Ley relativa al Banco de Lituania»), dispone en sus apartados 7 y 10:
«7.   Al decidir si procede imponer una sanción y al determinar la sanción o sanciones que concretamente hayan de imponerse y su nivel, el Banco de Lituania valorará:
1)
la gravedad y duración de la infracción constatada;
2)
el importe de los ingresos o de cualquier otro beneficio patrimonial que la persona haya obtenido de la infracción, el importe de las pérdidas evitadas o el importe del daño causado, en la medida en que sea posible determinarlo;
3)
la culpa de la persona jurídica, la forma y el tipo de culpa de la persona física y la solidez financiera de la persona a la que se imponga la sanción;
4)
las infracciones anteriores de la persona a la que se imponga la sanción y las sanciones que se le hayan impuesto, así como su cooperación con el Banco de Lituania durante la investigación;
5)
las circunstancias atenuantes y agravantes contempladas en la presente Ley y en otras leyes reguladoras de los mercados financieros;
6)
el impacto de las infracciones de la normativa constatadas y de las sanciones (medidas) que se proyecta adoptar en la estabilidad y la confianza de los mercados financieros;
7)
las medidas adoptadas por la persona a la que se impone la sanción para evitar la reiteración de la infracción en el futuro;
8)
cualquier otra circunstancia contemplada en las leyes reguladoras de los mercados financieros o cualquier otra circunstancia importante.
[…]
10.   Cuando la sanción aplicable consista en una multa, el importe de la multa que concretamente se imponga se determinará en tres fases, teniendo en cuenta el importe de base de la multa y las circunstancias relacionadas en los apartados 7, 8 y 9 del presente artículo. En la primera fase, se fijará, en consideración a la gravedad y la duración de la infracción constatada, el importe de base de la multa, que no podrá exceder del 50 % del importe máximo de la multa que pueda imponerse por tal infracción. En la segunda fase, el importe de base de la multa se reducirá o aumentará, en su caso, valorando las circunstancias atenuantes y agravantes y las demás circunstancias favorables o desfavorables para el interesado. […] En la tercera fase, el importe de la multa determinado en las fases primera y segunda se reducirá o aumentará, en su caso, atendiendo al imperativo de que la sanción sea proporcionada y tenga efecto disuasivo, así como a cualquier otra circunstancia pertinente que no se haya tenido en cuenta en las precedentes fases. La autoridad de supervisión adoptará un acto en el que se fijarán, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, las reglas para el cálculo de la multa».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
11
M es una entidad de dinero electrónico que fue sometida a inspección por el Banco de Lituania durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. A raíz de la inspección, el Banco de Lituania, mediante resolución de 13 de noviembre de 2020 (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), impuso a M ocho multas por ocho infracciones consistentes, cada una, en la infracción de varias disposiciones de la Ley PBC/FT y de las instrucciones dirigidas a los operadores de los mercados financieros para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Banco de Lituania consideró que cada una de esas infracciones tenía carácter grave o relativamente grave y que siete de ellas también tenían carácter sistemático, a los efectos del artículo 34, apartado 2, punto 2, de la Ley PBC/FT.
12
Por lo que respecta a las infracciones sistemáticas cometidas por M, el Banco de Lituania consideró que esas infracciones —ya consistieran en infracciones comprendidas en uno o en varios de los grupos de requisitos contemplados en esa disposición— debían calificarse de «infracciones sistemáticas separadas» que justificaban, cada una, la imposición de una multa.
13
El Banco de Lituania calculó el importe de las multas impuestas a M sobre la base del artículo 433 de la Ley relativa al Banco de Lituania, así como del procedimiento de cálculo de multas adoptado por el Consejo de Administración del Banco de Lituania, teniendo en cuenta el importe máximo de las multas contemplado en el artículo 39, apartado 1, punto 2, de la Ley PBC/FT.
14
En el marco de ese cálculo, el Banco de Lituania fijó el importe de base de las multas, para las cinco infracciones consideradas graves, en el 30 % de la multa máxima y, para las tres infracciones consideradas relativamente graves, en el 20 % de la multa máxima. A continuación, valoró las circunstancias atenuantes y agravantes, así como los principios de razón y equidad, y redujo esos importes de base de modo que las multas no resultaran desproporcionadas en relación con los ingresos anuales brutos de M y, al tiempo, fueran lo suficientemente elevadas como para disuadirlo de cometer infracciones en el futuro. En estas circunstancias, el Banco de Lituania impuso a M cinco multas de 55000 euros, dos multas de 35000 euros y una multa de 25000 euros, esto es, un total de 370000 euros.
15
M interpuso recurso contra el Banco de Lituania ante el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Vilna, Lituania) con la pretensión de que se anulase parcialmente la resolución controvertida y se dictase una orden conminatoria de hacer. En concreto, M alegó, en apoyo del recurso, que el Banco de Lituania no podía constatar varias «infracciones sistemáticas separadas» de la Ley PBC/FT, sino solamente una «infracción sistemática única» de dicha Ley y, por tanto, que únicamente podía imponerle una sola multa.
16
Por sentencia de 21 de septiembre de 2021, dicho tribunal estimó parcialmente el recurso y redujo el importe total de las multas impuestas a M a 200000 euros. No obstante, desestimó la alegación de M según la cual debería haberse constatado la existencia de una «infracción sistemática única» de la Ley PBC/FT.
17
M formuló apelación contra dicha sentencia ante el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), órgano jurisdiccional remitente, con la pretensión, por una parte, de que se anulara dicha sentencia, en cuanto había desestimado parcialmente el recurso mencionado en el apartado 15 de la presente sentencia, y, por otra parte, de que se estimara íntegramente su recurso. El Banco de Lituania también formuló apelación contra la referida sentencia con la pretensión de que esta se anulara y de que el mencionado recurso se desestimara íntegramente.
18
M señala que el artículo 34 de la Ley PBC/FT prevé tanto «infracciones graves» como «infracciones sistemáticas» y estima que la existencia de varias infracciones graves debe dar lugar a que se constate una «infracción sistemática única» y, por tanto, a que se imponga una sola multa, cuyo importe máximo se fija en dicha Ley. Además, M entiende que, conforme a la interpretación literal de dicho artículo 34, las infracciones comprendidas en un mismo grupo de requisitos han de tratarse como una sola infracción grave. Por otra parte, M sostiene que el Banco de Lituania, al no declarar que se había cometido una «infracción sistemática única» y al imponerle varias multas pese a referirse las infracciones constatadas al incumplimiento de requisitos análogos, violó el principio non bis in idem.
19
Por su parte, el Banco de Lituania sostiene, apoyándose en el artículo 39, apartado 1, punto 2, de la Ley PBC/FT, que, mientras que el legislador tenía la intención de contemplar la imposición de una multa a una entidad financiera en caso de comisión por este de al menos una infracción grave de esta Ley, no existe una regla similar para la infracción sistemática, de manera que una infracción solo puede considerarse sistemática si también se constatan otras infracciones de dicha Ley, como precisa su artículo 34, apartado 2. Además, en su opinión, calificar, en el ámbito del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, varias infracciones graves como «infracción grave única» o como «infracción sistemática única» contravendría los objetivos perseguidos por la Directiva 2015/849, a saber, la reducción de las amenazas en ese ámbito y de sus consecuencias negativas para la economía y el sistema financiero de la Unión. En efecto, a su criterio, tal calificación incitaría a los operadores de los mercados financieros a cometer violaciones graves y sistemáticas en dicho ámbito. Por otra parte, imposibilitaría individualizar la multa en función de la duración y la gravedad de cada infracción y de las demás circunstancias concurrentes, lo que afectaría al ejercicio, por la persona afectada, de su derecho de defensa.
20
El órgano jurisdiccional remitente considera que el presente asunto plantea la cuestión de si el artículo 59 de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional conforme a la cual, en el caso de que la autoridad competente de un Estado miembro constate, en una misma inspección, varios incumplimientos de requisitos comprendidos, bien en un mismo grupo de requisitos, o bien en distintos grupos de requisitos, contemplados en el artículo 59, apartado 1, letras a) a d), de esta Directiva, cada uno de esos incumplimientos debe calificarse de «infracción o incumplimiento sistemático separado» que da lugar a una multa separada que se calcula tomando como referencia el importe máximo de la multa establecido en la ley nacional de transposición de dicha Directiva.
21
Dicho órgano jurisdiccional señala que, a diferencia del artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2015/849, el artículo 34, apartado 2, punto 2, de la Ley PBC/FT establece que, para demostrar una infracción sistemática, deben constatarse infracciones de varios grupos de requisitos contemplados en esta última disposición. Pues bien, según indica, en el presente caso, mediante la resolución controvertida el Banco de Lituania acreditó infracciones sistemáticas separadas tanto respecto de las infracciones incluidas en un mismo grupo como respecto de las infracciones pertenecientes a distintos grupos de requisitos. Dicho órgano jurisdiccional abriga dudas sobre la conformidad con el citado artículo 59 de una norma nacional que permite dictar tal resolución; de no ser conforme tal norma nacional con dicho artículo, habría que examinar qué criterios deben aplicarse para determinar si una infracción tiene carácter sistemático a los efectos del citado artículo. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta asimismo si el artículo 39, apartado 1, punto 2, de la Ley PBC/FT, en la medida en que prevé la posibilidad de imponer una multa por «una infracción grave de [esta] Ley», transpuso correctamente el citado artículo 59, apartado 1, que se refiere al «incumplimiento grave, reiterado y sistemático, o una combinación de estas características».
22
El órgano jurisdiccional remitente observa asimismo que la Directiva 2015/849 no contiene una definición detallada del concepto de infracción o incumplimiento sistemático o grave. Señala asimismo que de los artículos 5 y 59, apartado 4, de esta Directiva resulta que los Estados miembros disponen de cierto margen de maniobra para adoptar disposiciones más estrictas, dentro de los límites fijados por el Derecho de la Unión. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente considera que estos artículos 5 y 59 no pueden interpretarse en el sentido de que los Estados miembros están facultados para establecer normas o disposiciones nacionales en virtud de las cuales la autoridad competente de un Estado miembro pueda imponer una multa separada por cada uno de los incumplimientos de los requisitos contemplados en dicha Directiva que se hayan constatado en una misma inspección.
23
El órgano jurisdiccional remitente opina que, cuando se demuestra que se han cometido infracciones contempladas en el artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2015/849, debe imponerse una única sanción administrativa pecuniaria, cuyo importe máximo se fija en el artículo 59, apartado 3, letra a), de esta Directiva. Según indica dicho órgano jurisdiccional, si pudieran imponerse multas separadas por cada una de las infracciones a que se refiere el artículo 59, apartado 1, de dicha Directiva que se hayan constatado de manera concurrente, el importe máximo total de las multas impuestas al mismo tiempo podría superar ampliamente el importe máximo de la multa contemplado en el apartado 3, letra a), de dicho artículo 59, lo que podría conculcar los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad.
24
En estas circunstancias, el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 59 de la Directiva 2015/849 en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, cuando la autoridad nacional competente constata varias infracciones de diferentes conjuntos de requisitos con arreglo al artículo 59, apartado 1, letras a) a d), de [esta Directiva] en una única inspección, cada una de esas infracciones se considera constitutiva de una infracción sistemática distinta, y cada una de ellas es objeto de una multa separada teniendo en cuenta la multa máxima establecida en la normativa nacional por la que se transpone [dicha Directiva]?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 59 de la Directiva 2015/849 en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, cuando la autoridad nacional competente constata varias infracciones del mismo conjunto de requisitos con arreglo al artículo 59, apartado 1, letras a) a d), de [esta Directiva] en una única inspección, cada una de esas infracciones se considera constitutiva de una infracción sistemática distinta, y cada una de ellas es objeto de una multa separada teniendo en cuenta la multa máxima establecida en la normativa nacional por la que se transpone [dicha Directiva]?
3)
En caso de respuesta afirmativa a, al menos, una de las cuestiones anteriores, ¿qué criterios deben tenerse en cuenta para determinar si una infracción del artículo 59 de la Directiva 2015/849 es sistemática?
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
25
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 59 de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa o práctica nacional conforme a la cual cada uno de los «incumplimientos sistemáticos» de los requisitos del apartado 1 de dicho artículo constatados por la autoridad competente de un Estado miembro en una misma inspección debe calificarse de «incumplimiento sistemático separado» que da lugar a una multa separada que se fija tomando como referencia la multa máxima de la sanción pecuniaria que puede imponerse en virtud de esa normativa o práctica nacional.
26
Con carácter preliminar, ha de precisarse que estas cuestiones prejudiciales no versan sobre si cada uno de los ocho incumplimientos de que se trata en el litigio principal, considerados por separado, encaja en el concepto de «incumplimiento sistemático», en el sentido del artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2015/849, sino sobre si esta disposición se opone a que cada uno de los incumplimientos comprendidos en ese concepto se califique de «incumplimiento sistemático separado» cuando todos ellos se han constatado en una misma inspección y si, en este contexto, es determinante que se trate de incumplimientos de requisitos encuadrados en una de las letras a) a d) de esta disposición o en varias de estas letras.
Sobre la interpretación del artículo 59 de la Directiva 2015/849
27
Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 18 de abril de 2024, Citadeles nekustamie īpašumi, C‑22/23, EU:C:2024:327, apartado 30 y jurisprudencia citada).
28
En primer lugar, a tenor del artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2015/849, «los Estados miembros se asegurarán de que el presente artículo se aplique al menos en caso de incumplimiento grave, reiterado y sistemático, o una combinación de estas características, de los requisitos establecidos en los artículos siguientes: a) artículos 10 a 24 (diligencia debida con respecto al cliente); b) artículos 33, 34 y 35 (notificación de las transacciones sospechosas); c) artículo 40 (conservación de documentos), y d) artículos 45 y 46 (controles internos)». Asimismo, el artículo 59, apartados 2 y 3, de esta Directiva contempla las sanciones y medidas administrativas que la autoridad competente de un Estado miembro debe poder aplicar como mínimo en los supuestos a que se refiere dicho apartado 1.
29
A este respecto, para empezar, del empleo de la expresión «como mínimo», en el artículo 59, apartados 1 a 3, de la Directiva 2015/849, se desprende que esta Directiva se limita a llevar a cabo una armonización mínima en lo referente tanto a los incumplimientos o infracciones que deben sancionarse como a las sanciones que han de imponer los Estados miembros. Confirma esta interpretación el hecho de que, con arreglo al artículo 59, apartado 4, de dicha Directiva, los Estados miembros pueden permitir a las autoridades competentes imponer tipos adicionales de sanciones administrativas además de las contempladas en dicho artículo o imponer sanciones pecuniarias administrativas que superen los importes indicados en el referido artículo (sentencia de 2 de marzo de 2023, PrivatBank y otros, C‑78/21, EU:C:2023:137, apartado 65).
30
A continuación, se ha de subrayar que la Directiva 2015/849 no define el concepto de «incumplimiento sistemático». Además, debe señalarse, como hace la Comisión Europea, que el hecho de que los requisitos contemplados en esta Directiva aparezcan agrupados en su artículo 59, apartado 1, no ofrece ninguna indicación sobre la determinación de las circunstancias en que procede constatar la existencia de «incumplimientos sistemáticos separados». En efecto, los incumplimientos que se enumeran en las letras a), b), c) y d) de esta disposición se refieren a un artículo o a artículos respectivamente encuadrados en los capítulos II, IV, V y VI de esta Directiva, de modo que esa enumeración meramente refleja la estructura de dicha Directiva.
31
Por último, contrariamente a lo que argumentan el órgano jurisdiccional remitente y M, no procede recalificar como «incumplimiento sistemático único» el conjunto de los «incumplimientos sistemáticos» y de los «incumplimientos graves», en el sentido del artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2015/849, que la autoridad competente de un Estado miembro haya constatado en una misma inspección. En efecto, tal interpretación no tiene sustento en el tenor de esta disposición. Por añadidura, el empleo, en dicha disposición, de los términos «combinación de estas características» permite considerar que un incumplimiento puede ser «sistemático» al tiempo que «grave».
32
En segundo lugar, por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 59 de la Directiva 2015/849, ha de señalarse que, de conformidad con su artículo 60, apartado 4, «los Estados miembros velarán por que, al determinar el tipo y el nivel de las sanciones o medidas administrativas, las autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes». En virtud de esta última disposición, entre tales circunstancias pertinentes se cuentan, en particular, la gravedad y duración de la infracción, las pérdidas para terceros y el grado de responsabilidad y de cooperación, así como la importancia de los beneficios derivados de la infracción y las infracciones anteriores de la persona física o jurídica a la que se considere responsable.
33
Pues bien, una normativa o práctica nacional que dispone que cada uno de los incumplimientos comprendidos en el concepto de «incumplimiento sistemático», en el sentido del artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2015/849, que se hayan constatado en una misma inspección se califica de «incumplimiento sistemático separado» permite al Estado miembro en cuestión valorar todas esas circunstancias pertinentes mejor de lo que permitiría una normativa nacional que estableciera que esos incumplimientos, conjuntamente considerados, han de calificarse de «incumplimiento sistemático único».
34
Por añadidura, los Estados miembros disponen, al transponer la Directiva 2015/849, de un amplio margen de apreciación en cuanto a la manera adecuada de ejecutar la obligación de establecer sanciones y medidas administrativas para los incumplimientos de los requisitos contemplados en esta Directiva (véase, por analogía, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rodl & Partner, C‑562/20, EU:C:2022:883, apartado 45).
35
En tercer lugar, la interpretación literal y contextual que obra en los apartados 29 y 32 a 34 de la presente sentencia queda confirmada por la interpretación teleológica de la Directiva 2015/849, que tiene por objetivo principal, como se desprende de su título y de su artículo 1, apartados 1 y 2, la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo. Más concretamente, las disposiciones de esta Directiva pretenden establecer —tomando en consideración los riesgos— un conjunto de medidas preventivas y disuasorias para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a fin de evitar, como resulta del considerando 1 de dicha Directiva, que flujos de dinero ilícito puedan dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero de la Unión y poner en peligro su mercado interior y el desarrollo internacional (sentencia de 5 de diciembre de 2024, MISTRAL TRANS, C‑3/24, EU:C:2024:999, apartados 25 y 26 y jurisprudencia citada).
36
La Directiva 2015/849 lleva a cabo, a tal fin, una armonización mínima en lo referente tanto a los incumplimientos de los requisitos contemplados en esta Directiva que deben sancionarse como a las sanciones que han de imponer los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, ECOTEX BULGARIA, C‑544/19, EU:C:2021:803, apartado 44).
37
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe interpretarse el artículo 59 de la Directiva 2015/849 en el sentido de que, si bien los Estados miembros deben sancionar como mínimo los incumplimientos relacionados en su apartado 1, estableciendo al menos las sanciones y medidas administrativas que se recogen en sus apartados 2 y 3, tienen, no obstante, la facultad de establecer otras sanciones y medidas, incluso para incumplimientos distintos de los enumerados en ese apartado 1, pues el citado artículo 59 meramente lleva a cabo una armonización mínima.
38
Así pues, la Directiva 2015/849 no se opone, en principio, a una normativa o práctica nacional que dispone que cada uno de los incumplimientos de carácter sistemático que se constaten en una misma inspección se califica de «incumplimiento sistemático separado» que da lugar a una multa separada.
Sobre el respeto de los principios generales del Derecho de la Unión
39
En el marco del margen de apreciación que les reconoce el artículo 59 de la Directiva 2015/849, los Estados miembros están obligados a ejercer sus competencias respetando el Derecho de la Unión y sus principios generales y, en particular, los principios de proporcionalidad, de non bis in idem y de efectividad, que obliga a que esas sanciones tengan carácter efectivo y disuasorio (véase, por analogía, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Rodl & Partner, C‑562/20, EU:C:2022:883, apartado 49 y jurisprudencia citada).
40
Esta conclusión se desprende asimismo del tenor del considerando 59 y del artículo 58, apartado 1, de la Directiva 2015/849, en virtud de los cuales los Estados miembros deben establecer sanciones y medidas administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias.
– Sobre el principio de efectividad
41
En cuanto al principio de efectividad, conforme a reiterada jurisprudencia, la normativa nacional aplicable no debe estar articulada de tal manera que haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, apartado 137 y jurisprudencia citada).
42
A este respecto, ha de recordarse que la exigencia de efectividad se extiende necesariamente tanto a la persecución y a las sanciones de las infracciones que afecten a la integridad, a la estabilidad o a la reputación del sistema financiero de la Unión —que la Directiva 2015/849 pretende prevenir, tal como resulta de su artículo 1, apartado 1, en relación con sus considerandos 1 y 2— como a la aplicación de los castigos impuestos, en la medida en que, de no existir una ejecución efectiva de las sanciones, estas no pueden ser efectivas y disuasorias. En este contexto, incumbe garantizar al legislador nacional que el régimen procedimental aplicable a la persecución y sanción de esas infracciones no esté configurado de modo que presente, por razones inherentes a dicho régimen, un riesgo sistémico de impunidad de los hechos constitutivos de tales infracciones (véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros, C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, apartados 192 y 193).
43
Pues bien, una medida es efectiva y disuasoria cuando incita a los actores implicados a evitar sanciones y, en el caso de que se haya impuesto una multa, a pagarla a la mayor brevedad (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2016, EL-EM-2001, C‑501/14, EU:C:2016:777, apartado 47).
44
En el caso de autos, ha de señalarse que una normativa o práctica nacional conforme a la cual cada uno de los incumplimientos de carácter sistemático que se hayan constatado en una misma inspección se califica de «incumplimiento sistemático separado» que da lugar a una multa separada incita a los actores implicados a evitar las sanciones y previene un riesgo sistémico de impunidad, en tanto en cuanto tal normativa o práctica disuade a los actores implicados que hayan incurrido en tal incumplimiento de cometer más incumplimientos. Por tanto, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, la normativa o práctica nacional controvertida en el litigio principal parece ajustada al principio de efectividad.
– Sobre el principio de proporcionalidad
45
Por lo que toca al principio de proporcionalidad, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, las medidas administrativas o represivas que permite la legislación nacional pertinente no deben exceder de lo que resulta apropiado y necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos por dicha legislación, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas apropiadas, debe recurrirse a la menos onerosa y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos. En particular, la gravedad de las sanciones debe adecuarse a la gravedad de las infracciones que castigan, garantizando en particular un efecto realmente disuasorio y respetando al mismo tiempo el principio general de proporcionalidad (sentencias de 6 de octubre de 2021, ECOTEX BULGARIA, C‑544/19, EU:C:2021:803, apartados 99 y 100, y de 21 de noviembre de 2024, Еkоstroy, C‑61/23, EU:C:2024:974, apartados 43 y 45 y jurisprudencia citada).
46
Asimismo, el principio de proporcionalidad no solo rige en lo que respecta a la determinación de los elementos constitutivos de una infracción, sino también en cuanto atañe a la determinación de las normas relativas a la cuantía de las multas y a la apreciación de los elementos que pueden tenerse en cuenta para fijarlas (sentencia de 6 de octubre de 2021, ECOTEX BULGARIA, C‑544/19, EU:C:2021:803, apartado 98 y jurisprudencia citada).
47
Si bien corresponde, en último término, al juez nacional, que es el único competente para apreciar los hechos e interpretar la legislación nacional, determinar si, en este caso, se cumplen tales exigencias, el Tribunal de Justicia, en el marco de la remisión prejudicial, es competente para facilitar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones útiles, basadas en los autos del asunto principal y en las observaciones que se le hayan presentado, que le permitan resolver el litigio del que conoce (sentencia de 2 de marzo de 2023, PrivatBank y otros, C‑78/21, EU:C:2023:137, apartado 71 y jurisprudencia citada).
48
En el caso de autos, la Ley PBC/FT, que transpone la Directiva 2015/849, tiene por objeto, como se desprende de su título, prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A tal fin, el artículo 34, apartado 2, de la Ley PBC/FT define el concepto de «infracción sistemática» de dicha Ley y el artículo 39, apartado 1, punto 2, de la misma contempla el importe de las multas que pueden imponerse cuando se haya constatado tal infracción sistemática. Según la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente, en virtud de la normativa o práctica nacional controvertida en el litigio principal, cada una de las infracciones sistemáticas de la referida Ley que haya constatado la autoridad competente en la misma inspección debe calificarse de «infracción sistemática separada» que da lugar a una multa separada que se fija tomando como referencia el importe máximo que esa normativa establece.
49
Por lo que atañe, en primer lugar, a la cuestión de si la normativa o práctica nacional controvertida en el litigio principal es adecuada para garantizar la consecución de los objetivos perseguidos, procede recordar, por una parte, que una normativa nacional solo es adecuada para garantizar la consecución del objetivo invocado si responde efectivamente al propósito de lograrlo de forma congruente y sistemática y, por otra parte, que, en el supuesto de que el objetivo de una normativa nacional sea, como en el presente caso, la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, dicha medida debe considerarse adecuada para garantizar la consecución del objetivo preventivo así invocado cuando contribuye a reducir el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (sentencia de 2 de marzo de 2023, PrivatBank y otros, C‑78/21, EU:C:2023:137, apartados 72 y 73 y jurisprudencia citada).
50
Pues bien, las disposiciones de la Directiva 2015/849, que poseen un carácter preventivo, pretenden establecer, tomando en consideración los riesgos, un conjunto de medidas preventivas y disuasorias para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, a fin de evitar, como resulta del considerando 1 de dicha Directiva, que flujos de dinero ilícito puedan dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero de la Unión y poner en peligro su mercado interior y el desarrollo internacional (sentencia de 2 de marzo de 2023, PrivatBank y otros, C‑78/21, EU:C:2023:137, apartado 75).
51
Entre estas medidas preventivas y disuasorias que permiten luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo figuran las recogidas en el artículo 59 de la Directiva 2015/849, que obliga a los Estados miembros a sancionar como mínimo las infracciones contempladas en el apartado 1 de dicho artículo y, a tal fin, a establecer como mínimo las sanciones previstas en los apartados 2 y 3 de dicho artículo. Pues bien, esas disposiciones se transpusieron al Derecho lituano mediante los artículos 34 y 39, apartado 1, punto 2, de la Ley PBC/FT.
52
Por tanto, parece que una normativa o práctica nacional como la controvertida en el litigio principal es adecuada para garantizar la consecución de los objetivos legítimos que persigue, referentes a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
53
En segundo lugar, por lo que toca al carácter necesario de la normativa o práctica nacional controvertida en el litigio principal, procede hacer constar que, en sí mismo, el hecho de disponer que cada una de las infracciones sistemáticas de la Ley PBC/FT que constate la autoridad competente en una misma inspección debe calificarse de «infracción sistemática separada» que da lugar a una multa separada no va más allá de lo necesario para alcanzar la finalidad perseguida por esa normativa o práctica.
54
En efecto, para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ha de disuadirse a los actores implicados que hayan cometido una infracción de la Ley PBC/FT de cometer nuevas infracciones de dicha Ley en el futuro. Pues bien, para ello se requiere disponer que, cuando se constaten varias infracciones de dicha Ley en la misma inspección, cabe imponer a dichos actores, bien una sanción más grave que en el caso de una infracción única, o bien, como resulta del apartado 44 de la presente sentencia, una sanción separada por cada una de las infracciones cometidas.
55
Aunque la sanción pecuniaria resulta menos restrictiva que la retirada o la suspensión de la autorización, contempladas en el artículo 59, apartado 2, letra c), de la Directiva 2015/849 (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2023, PrivatBank y otros, C‑78/21, EU:C:2023:137, apartado 90), corresponde, no obstante, al órgano jurisdiccional remitente cerciorarse de que, en una situación en la que la autoridad competente constata varias infracciones sistemáticas en la misma inspección, la fijación, con arreglo a la normativa o práctica nacional controvertida en el litigio principal, del importe de la multa por cada una de esas infracciones atendiendo al mismo importe mínimo y al mismo importe máximo que en el caso de una infracción sistemática única no vaya más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos.
56
En efecto, la posibilidad de acumular multas que, individualmente, no pueden ser inferiores al importe mínimo contemplado en el artículo 39, apartado 1, punto 2, de la Ley PBC/FT (con el único límite del importe equivalente al máximo previsto en esa disposición multiplicado por el número de multas impuestas) puede dar lugar, en tal situación, a la imposición de sanciones pecuniarias de un importe considerable, que puede llegar a varios millones de euros.
57
Aunque, si se consideran por separado, tales características del cálculo de las multas impuestas para sancionar varias infracciones sistemáticas que se hayan constatado en una misma inspección no van forzosamente más allá de lo necesario para la consecución de los objetivos que la normativa o práctica nacional controvertida en el litigio principal persigue, la conjunción de esas diferentes características —en particular la posibilidad de acumular multas que no pueden ser inferiores a un importe predefinido, con el único límite del importe correspondiente a varias veces el máximo establecido para cada una de esas multas— puede, sin embargo, transgredir esta exigencia [véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2019, Maksimovic y otros, C‑64/18, C‑140/18, C‑146/18 y C‑148/18, EU:C:2019:723, apartados 42, 47 y 48, y de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartados 40 y 41].
58
Dicho esto, del artículo 433, apartado 10, de la Ley relativa al Banco de Lituania resulta que el importe de la multa ha de reducirse o aumentarse, en su caso, considerando el imperativo de que la sanción sea proporcionada. Así pues, parece que el Banco de Lituania dispone de un margen de apreciación que le permite fijar sanciones pecuniarias que no vayan más allá de lo necesario para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente en el caso concreto.
59
En tercer lugar, por lo que atañe a la exigencia de que las sanciones sean acordes con la gravedad de las infracciones constatadas, ha de recordarse que, cuando la normativa nacional contempla una acumulación de sanciones, como la acumulación de varias sanciones pecuniarias, las autoridades competentes tienen la obligación de asegurarse de que la gravedad del conjunto de las sanciones impuestas no exceda de la gravedad de la infracción constatada, so pena de vulnerar el principio de proporcionalidad. Además, este principio exige que, al determinar la sanción y fijar el importe de la multa, se tengan en cuenta las circunstancias individuales del caso concreto [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2023, G. ST. T. (Proporcionalidad de la pena en caso de falsificación de marca), C‑655/21, EU:C:2023:791, apartados 66 y 67 y jurisprudencia citada].
60
Para apreciar la proporcionalidad de las sanciones también debe tenerse en cuenta la posibilidad de que dispone el juez nacional de modificar la calificación que figura en el acto dictado por la autoridad competente de un Estado miembro, posibilidad que puede dar lugar a la aplicación de una sanción menos severa, y de modular la sanción en relación con la gravedad de la infracción cuya comisión se ha acreditado [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2023, G. ST. T. (Proporcionalidad de la pena en caso de falsificación de marca), C‑655/21, EU:C:2023:791, apartado 68 y jurisprudencia citada].
61
En el caso de autos, por una parte, el artículo 433, apartados 7 y 10, de la Ley relativa al Banco de Lituania establece que, al determinar una sanción y fijar el importe de la multa, deben valorarse las circunstancias individuales del caso concreto y el imperativo de garantizar la proporcionalidad de las sanciones y, por otra parte, como se desprende del apartado 14 de la presente sentencia, el Banco de Lituania valoró esas circunstancias y redujo el importe de base de las multas de que se trata en el litigio principal por considerarlas desproporcionadas en relación con los ingresos brutos anuales de M.
62
Por otra parte, el artículo 59, apartados 2, letra e), y 3, de la Directiva 2015/849 no establece un límite máximo, sino un umbral para el importe máximo de las sanciones pecuniarias que los Estados miembros deben poder imponer. No es menos cierto que corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar que la gravedad del conjunto de las sanciones impuestas en el presente caso a M no excede de la gravedad de las infracciones constatadas.
63
Aunque, en vista de las consideraciones que anteceden, la normativa o práctica nacional controvertida en el litigio principal parece ajustada al principio de proporcionalidad, incumbe, no obstante, al órgano jurisdiccional remitente cerciorarse, en el caso de autos, por una parte, de que las sanciones impuestas por el Banco de Lituania a M no vayan más allá de lo necesario para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, por otra parte, de que la gravedad de esas sanciones es acorde con la gravedad de las infracciones que pretenden castigar.
– Sobre el principio non bis in idem
64
En lo referente al principio non bis in idem, cuya aplicabilidad debe comprobar el órgano jurisdiccional remitente [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2023, Volkswagen Group Italia y Volkswagen Aktiengesellschaft, C‑27/22, EU:C:2023:663, apartado 46], ha de recordarse que prohíbe la acumulación tanto de procedimientos como de sanciones de carácter penal, en el sentido del artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), por los mismos hechos contra la misma persona. La aplicación de este principio se supedita a un doble requisito: por una parte, que exista una resolución anterior firme (requisito del «bis») y, por otra parte, que la resolución anterior y los procedimientos o resoluciones posteriores tengan por objeto los mismos hechos (requisito del «idem») (sentencia de 25 de enero de 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, C‑58/22, EU:C:2024:70, apartados 46 y 47 y jurisprudencia citada).
65
Por lo que respecta al requisito del «bis», para que pueda considerarse que una persona ha sido objeto de una «sentencia penal firme» por los hechos que se le imputan, en el sentido del artículo 50 de la Carta, es preciso, por un lado, que la acción pública se haya extinguido definitivamente, con arreglo al Derecho nacional, y, por otra parte, que esa resolución se haya adoptado tras una apreciación sobre el fondo del asunto de que se trate (sentencia de 25 de enero de 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, C‑58/22, EU:C:2024:70, apartados 48 y 53 y jurisprudencia citada).
66
De reiterada jurisprudencia resulta que el artículo 50 de la Carta no se limita únicamente a los procedimientos y sanciones que el Derecho nacional califica de «penales», sino que se extiende —con independencia de su calificación en Derecho nacional— a procedimientos y sanciones que deben considerarse de carácter penal debido a la propia naturaleza de la infracción o a la gravedad de la sanción que puede imponerse al interesado (sentencia de 30 de enero de 2025, Engie România, C‑205/23, EU:C:2025:43, apartado 49 y jurisprudencia citada).
67
En lo atinente al requisito del «idem», es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el criterio pertinente para apreciar la existencia de una misma infracción, en el sentido del artículo 50 de la Carta, es el de la identidad de los hechos materiales, entendido como la existencia de un conjunto de circunstancias concretas indisolublemente ligadas entre sí que han dado lugar a la absolución o a la condena definitiva de la persona de que se trate. Así, este artículo prohíbe imponer, por hechos idénticos, varias sanciones de carácter penal al término de diversos procedimientos tramitados a estos efectos (sentencia de 25 de enero de 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, C‑58/22, EU:C:2024:70, apartado 67 y jurisprudencia citada). En cambio, el principio non bis in idem no resulta aplicable cuando los hechos de que se trate no sean idénticos, sino solo similares (sentencia de 22 de marzo de 2022, bpost, C‑117/20, EU:C:2022:202, apartado 36).
68
Para determinar si existe tal conjunto de circunstancias concretas, los órganos nacionales competentes deben determinar si los hechos materiales de esos distintos procedimientos constituyen un conjunto de hechos indisolublemente ligados en el tiempo, en el espacio y por su objeto (sentencia de 14 de septiembre de 2023, Bezirkshauptmannschaft Feldkirch, C‑55/22, EU:C:2023:670, apartado 57 y jurisprudencia citada).
69
En el presente caso, en contra de lo que sostiene M, los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no contienen ningún elemento que permita concluir que se ha violado el principio non bis in idem. Aunque es cierto que no cabe excluir de plano que las multas controvertidas en el litigio principal puedan reputarse de carácter penal por su grado de severidad, considerando que el artículo 58, apartado 2, de la Directiva 2015/849 permite a los Estados miembros prever e imponer sanciones penales, ha de señalarse, no obstante, por una parte, que de dichos autos no se deduce que se hayan impuesto a M multas mediante una resolución firme anterior a la resolución controvertida referente a hechos materiales idénticos a los que fueron objeto de esta resolución. Por otra parte, las diferentes infracciones constatadas en la citada resolución se referían a la infracción de distintas disposiciones de la Ley PBC/FT y de las instrucciones dirigidas a los operadores de los mercados financieros para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, por tanto, a hechos que son meramente similares, y no idénticos.
70
Pues bien, de la jurisprudencia resulta que el principio non bis in idem no se aplica a una situación en la que una serie de sanciones por diversas infracciones de diferentes disposiciones del Derecho nacional que transponen el Derecho de la Unión fueron impuestas por la misma autoridad en una misma resolución (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2020, Marine Harvest/Comisión, C‑10/18 P, EU:C:2020:149, apartado 78).
71
Habida cuenta de todas las consideraciones que anteceden, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 59 de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa o práctica nacional conforme a la cual cada uno de los «incumplimientos sistemáticos» de los requisitos del apartado 1 de dicho artículo 59 constatados por la autoridad competente de un Estado miembro en una misma inspección debe calificarse de «incumplimiento sistemático separado» que da lugar a una multa separada que se fija tomando como referencia la multa máxima de la sanción pecuniaria que puede imponerse en virtud de esa normativa o práctica nacional, siempre que se respeten los principios generales del Derecho de la Unión, en particular los principios de efectividad y de proporcionalidad.
Tercera cuestión prejudicial
72
Habida cuenta de la respuesta a la primera y segunda cuestiones prejudiciales, no procede responder a la tercera cuestión prejudicial.
Costas
73
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 59 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa o práctica nacional conforme a la cual cada uno de los «incumplimientos sistemáticos» de los requisitos del apartado 1 de dicho artículo 59 constatados por la autoridad competente de un Estado miembro en una misma inspección debe calificarse de «incumplimiento sistemático separado» que da lugar a una multa separada que se fija tomando como referencia la multa máxima de la sanción pecuniaria que puede imponerse en virtud de esa normativa o práctica nacional, siempre que se respeten los principios generales del Derecho de la Unión, en particular los principios de efectividad y de proporcionalidad.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: lituano.