62021CC0278
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 12 de mayo de 2022 (
1
)
Asunto C‑278/21
AquaPri A/S
contra
Miljø– og Fødevareklagenævnet
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este, Dinamarca)]
«Petición de decisión prejudicial — Directiva 92/43/CEE — Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres — Zonas especiales de conservación — Subsanación de la evaluación de las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar — Examen preliminar de la necesidad de una evaluación — Vertidos de nitratos desde una piscifactoría existente — Consideración de un plan de gestión de cuencas hidrográficas y del plan Natura 2000 de la zona afectada»
I. Introducción
1.
El artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats (
2
) exige que se lleve a cabo un examen preliminar de las repercusiones de los planes y proyectos que puedan afectar de forma apreciable a lugares protegidos. No obstante, ¿este examen también es necesario cuando la continuación de la explotación de una instalación ya autorizada requiera la renovación de la autorización con arreglo al Derecho nacional y la autorización inicial se hubiese concedido incumpliendo la obligación de evaluación? En torno a este aspecto gira la cuestión principal de la presente petición de decisión prejudicial.
2.
En caso de que sea necesaria dicha evaluación, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, además, que relevancia tienen para la zona de protección afectada un plan de gestión de cuencas hidrográficas y el plan Natura 2000.
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
1. Directiva sobre los hábitats
3.
La autorización de planes y proyectos que puedan afectar de forma apreciable a un lugar protegido con arreglo a la Directiva sobre los hábitats o a la Directiva de aves (
3
) se regula del siguiente modo en el artículo 6, apartados 2 y 3, de la Directiva sobre los hábitats:
«2.   Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva.
3.   Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes solo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.»
2. Directiva EIA
4.
El artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva EIA (
4
) define el concepto de «proyecto» del siguiente modo:
«–
la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras,
–
otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos del suelo».
B.
Derecho danés
5.
El artículo 33 de la Miljøbeskyttelseslov (Ley de Protección del Medio Ambiente) dispone que determinadas explotaciones o instalaciones precisan de autorización. Según la petición de decisión prejudicial, es lo que sucede, en particular, con las piscifactorías. En virtud de una disposición transitoria, (
5
) las piscifactorías ya existentes que aún no hubiesen sido autorizadas con arreglo a dicha disposición debían presentar la correspondiente solicitud, a más tardar, el 15 de marzo de 2014.
6.
Mediante el artículo 6, apartados 1 y 2, del Decreto sobre los hábitats (
6
) se transpuso el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats:
«Artículo 6. Antes de la adopción de una resolución con arreglo al artículo 7, ha de evaluarse si el proyecto puede producir, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, un efecto apreciable en una zona Natura 2000. Estarán sujetos a la obligación de autorización los proyectos que no tengan relación directa con la gestión de la zona Natura 2000 ni sean necesarios para ella.
Apartado 2. Cuando la autoridad estime que el proyecto puede ocasionar un efecto apreciable en una zona Natura 2000, deberá llevarse a cabo una evaluación pormenorizada de las repercusiones del proyecto en la zona Natura 2000 teniendo en cuenta el objetivo de conservación de la zona afectada. Si la evaluación de las repercusiones muestra que el proyecto afectará desfavorablemente a la zona de protección internacional, en principio no procederá conceder autorización, autorización excepcional o permiso a la solicitud.»
7.
El artículo 7, apartado 7, punto 6, del Decreto sobre los hábitats establece, en particular, que el artículo 6, apartados 1 y 2, será aplicable a las autorizaciones contempladas en el artículo 33 de la Ley de Protección del Medio Ambiente.
«Apartado 7. Se someterán al artículo 6 los siguientes supuestos de la Ley de Protección del Medio Ambiente:
[…]
6)
la autorización de explotaciones, etc. con arreglo a los artículos 33, apartado 1, 38 y 39 de la Ley de Protección del Medio Ambiente.»
8.
Del plan nacional Natura 2000 para los años 2016 a 2021 se deduce, respecto a la zona Natura 2000 n.o 173, que es la más próxima a la piscifactoría Onsevig, que el plan Natura 2000 tiene por objeto las actuaciones relativas a las zonas y no prevé obligaciones de actuación respecto a la calidad del agua, que está garantizada por la planificación hidrológica, ni establece exigencias específicas sobre la reducción de deposiciones de nitrógeno, que es una materia regulada también por normas diferentes.
9.
El Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 relativo a la cuenca hidrográfica de Sjælland (Selandia, Dinamarca), que fue adoptado en virtud de una evaluación previa de las repercusiones con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats y que cubría, entre otras, las zonas marinas Natura 2000 n.os 173, 170 y 162, en referencia al acuerdo político alcanzado el 22 de noviembre de 2015 (el llamado «Paquete Agrícola y Alimentario»), asigna una cantidad de cuarenta y tres toneladas de nitrógeno para garantizar que las piscifactorías existentes comprendidas en los planes de gestión de cuencas hidrográficas puedan utilizar íntegramente su actual autorización de vertido.
III. Hechos y petición de decisión prejudicial
10.
Existen un total de diecinueve piscifactorías en aguas danesas, algunas de las cuales están situadas en el interior de una zona Natura 2000 o en sus proximidades. Los litigios tienen por objeto siete de estas piscifactorías. En dichas piscifactorías se cría principalmente la trucha arco iris. Las piscifactorías vierten, entre otras sustancias, nitrógeno y fósforo, elementos que pueden afectar a zonas Natura 2000 cercanas.
11.
Una de las instalaciones controvertidas es la piscifactoría Onsevig, propiedad de AquaPri A/S, que en el presente asunto está representada por Dansk Akvakultur, una asociación del sector danés de la acuicultura. Está situada en aguas de Småland, aproximadamente 1,7 kilómetros al norte de la zona Natura 2000 n.o 173, aproximadamente 10,5 kilómetros al sur de la zona Natura 2000 n.o 170 y aproximadamente 12,4 kilómetros al sur de la zona Natura 2000 n.o 162. La designación de la zona Natura 2000 más próxima, la zona n.o 173, se basa, entre otras circunstancias, en la existencia de hábitats naturales marinos, en particular bancos de arena (1110), marismas (1140), bahías (1160), arrecifes (1170) y un hábitat natural prioritario específico de lagunas (1150). La designación de diversas zonas de protección de aves (n.os 82, 83, 85 y 86) en la misma área se basa en la presencia de un gran número de aves que se encuentran en período de cría o descansando.
12.
El 15 de febrero de 1999, la autoridad local competente en materia de medio ambiente, el Storstrøms Amt (condado de Storstrøm, Dinamarca), autorizó el traslado de la piscifactoría a su ubicación actual.
13.
El 27 de octubre de 2006, el condado de Storstrøm concedió una autorización revisada a la piscifactoría, que permitía a esta incrementar el vertido de nitrógeno en 0,87 toneladas, pasando de 15,6 a 16,47 toneladas, y utilizar y verter cobre, así como tres tipos de antibióticos. El condado de Storstrøm realizó un examen de la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental (en lo sucesivo, «EIA») y llegó a la conclusión de que el aumento del vertido de nitrógeno no producía efectos medioambientales apreciables en la cercana zona Natura 2000 n.o 173, por lo que no era necesario someter el proyecto a una EIA. El condado de Storstrøm no invocó las normas sobre zonas naturales de protección internacional.
14.
La resolución fue recurrida ante el órgano de recurso competente en ese momento, el Naturklagenævnet (Comité de Recursos sobre Protección de la Naturaleza, Dinamarca), en lo que respectaba a las repercusiones en una zona Natura 2000. La resolución del condado de Storstrøm fue confirmada por el Comité de Recursos sobre Protección de la Naturaleza, que declaró que los defectos de que adolecía la resolución acerca de la necesidad de llevar a cabo una EIA no eran suficientemente significativos para invalidarla.
15.
Con arreglo a la resolución del condado de Storstrøm de 27 de octubre de 2006 de este modo confirmada, debía solicitarse a la autoridad supervisora una solicitud de autorización medioambiental, a más tardar, el 15 de marzo de 2014.
16.
Por consiguiente, AquaPri solicitó una autorización medioambiental para la piscifactoría Onsevig, que fue concedida el 16 de diciembre de 2014 por la autoridad medioambiental central, la Miljøstyrelse (Agencia de Protección del Medio Ambiente, Dinamarca). Según la evaluación medioambiental técnica recogida en esa resolución, la piscifactoría no podía afectar de forma apreciable a la zona Natura 2000 n.o 173, ya fuera individualmente o en combinación con otros planes o proyectos. Para llegar a esa conclusión, la Agencia de Protección del Medio Ambiente se basó, en particular, en la autorización del condado de Storstrøm de 27 de octubre de 2006 y en el hecho de que no se había presentado posteriormente información que acreditase que la piscifactoría tuviera repercusiones en la zona Natura 2000.
17.
La autorización medioambiental de 16 de diciembre de 2014 fue recurrida por una organización de defensa de la naturaleza ante el Miljø– og Fødevareklagenævnet (Comité de Recursos sobre Medio Ambiente y Alimentos, Dinamarca), que la anuló mediante resolución de 13 de marzo de 2018. En su resolución, el Comité de Recursos sobre Medio Ambiente y Alimentos concluyó que la autorización medioambiental de la piscifactoría Onsevig, que permitía seguir explotándola a pesar de que no se había efectuado previamente una evaluación de las repercusiones en el hábitat producidas por la actividad global, debía ser objeto de una evaluación previa del hábitat. En apoyo de esta conclusión, adujo que no se había realizado previamente una evaluación de las repercusiones en el hábitat producidas por la actividad global de todas las piscifactorías de la zona, de conformidad con la normativa danesa de transposición del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats. Concluyó que la carga de nutrientes procedente de la piscifactoría, junto con otros planes y proyectos, podía producir un efecto apreciable en las zonas Natura 2000 n.os 173, 170 y 162, por lo que no cabía descartar a priori el riesgo de que se vieran afectados los hábitats que motivaron la designación de la zona.
18.
El recurso interpuesto por AquaPri contra esta resolución de 13 de marzo de 2018 está ahora pendiente ante el Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este, Dinamarca). Este ha planteado al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats en el sentido de que es aplicable a una situación como la del presente asunto, en la que se ha solicitado autorización para seguir explotando una piscifactoría existente, sin que hayan cambiado las actividades de la piscifactoría y el vertido de nitrógeno y otros nutrientes con respecto a las actividades y al vertido autorizados en 2006, pero no se han evaluado las actividades globales y los efectos acumulados de todas las piscifactorías de la zona en relación con la autorización anterior de la piscifactoría, dado que las autoridades competentes únicamente evaluaron el vertido adicional global de nitrógeno y otros elementos de la piscifactoría afectada?
2)
¿Resulta pertinente, para responder a la primera cuestión prejudicial, que el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 nacional tenga en cuenta la presencia de piscifactorías en la zona, en la medida en que asigna una cantidad específica de nitrógeno a fin de asegurar que las piscifactorías existentes en la zona puedan utilizar sus actuales autorizaciones de vertido y que el vertido efectivo de las piscifactorías se mantenga dentro de los límites fijados?
3)
En caso de que, en una situación como la del presente asunto, deba realizarse una evaluación con arreglo al artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats, ¿está obligada la autoridad competente, a efectos de dicha evaluación, a tener en cuenta los límites de vertido de nitrógeno asignados en el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 y cualesquiera otras informaciones y evaluaciones pertinentes que se deriven del Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015-2021 o del plan Natura 2000 para la zona?»
19.
Han presentado observaciones por escrito y en la vista oral celebrada el 24 de marzo de 2022 AquaPri, el Comité de Recursos sobre Medio Ambiente y Alimentos y la Comisión Europea.
IV. Apreciación
20.
El presente asunto gira en torno a la cuestión de si a la autorización respecto a la continuación de la explotación sin modificaciones de una instalación le es aplicable el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, relativo a la EIA (véase la sección A). En caso de que sea aplicable dicha disposición, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, además, qué relevancia tienen para la zona de protección afectada un plan de gestión de cuencas hidrográficas y el plan Natura 2000. De una parte, se interesa por la relevancia que para el examen preliminar de la necesidad de una EIA tienen las apreciaciones hechas en el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015-2021 en cuanto a los vertidos de nitrógeno (sección B) y, de otra, por la relevancia de ambos documentos para la EIA en sí (sección C).
A.
Sobre la primera cuestión prejudicial: EIA en caso de nueva autorización de un proyecto
21.
Con la primera cuestión prejudicial se trata de aclarar si el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats exige, en caso de nueva autorización de un proyecto, una evaluación de las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar, cuando, pese a no haber cambiado las repercusiones del proyecto, estas no fueron exhaustivamente evaluadas con motivo de la primera autorización y tampoco se tuvieron en cuenta los efectos acumulativos con otros planes y proyectos.
22.
Esta cuestión se plantea, en particular, en relación con una piscifactoría situada en el mar, cerca de la isla danesa de Småland, que en 2006 recibió una autorización para el incremento de los vertidos de nitrógeno sin tener en cuenta los vertidos de nitrógeno previamente autorizados para la instalación ni las deposiciones de nitrógeno procedentes de otras fuentes. Las partes están de acuerdo en que la evaluación efectuada en el año 2006 no fue conforme con las exigencias del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, ya que debieron haberse tenido en cuenta los efectos acumulativos del proyecto. No obstante, la legalidad de la resolución firme adoptada en 2006 no es objeto del presente procedimiento.
23.
Para responder a la primera cuestión prejudicial, voy a exponer, en primer lugar, que el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats no impone ninguna obligación de efectuar una (nueva) EIA por el hecho de que la autorización anterior no satisficiese las exigencias de dicha disposición (segunda parte de la primera cuestión prejudicial, véase 1). No obstante, a continuación, aclararé que, si el Derecho interno del Estado miembro exige una nueva autorización para un proyecto, esta también requerirá una nueva EIA (primera parte de la primera cuestión prejudicial, véase 2).
1. Consecuencias de las deficiencias en la autorización de un proyecto en el pasado
24.
Con arreglo al artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats, cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a una zona de conservación, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, debe someterse a una adecuada (
7
) evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.
25.
El hecho de que el proyecto no se halle dentro de las zonas Natura 2000 afectadas, sino fuera de ellas, no excluye en absoluto la aplicación de los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats. (
8
)
26.
Con dicha evaluación se pretende preparar la autorización del proyecto, ya que, a tenor del artículo 6, apartado 3, segunda frase, de la Directiva sobre los hábitats, las autoridades competentes de los Estados miembros solo se declararán de acuerdo con el plan o proyecto, a la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4 del mismo artículo, tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión.
27.
Así pues, el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats establece un procedimiento de evaluación que, por medio de un examen preliminar, trata de garantizar que solo se autoricen los planes o proyectos que, pudiendo afectar de forma apreciable al lugar en cuestión, no causen un perjuicio a su integridad. (
9
)
28.
En cambio, el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats no exige que un proyecto ya autorizado con carácter firme vuelva a someterse a tal evaluación por haber sido defectuosa la primera. (
10
) En consecuencia, por lo general el mantenimiento de una actividad, sin cambio alguno, no precisa de una nueva evaluación. (
11
)
29.
Sin embargo, esto no significa que deban asumirse tales deficiencias y las eventuales afectaciones de las zonas protegidas. Si posteriormente un proyecto ya autorizado se revela capaz de producir tales deterioros o alteraciones en la integridad de un lugar protegido, la prohibición de afectación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats permite responder al objetivo esencial de la conservación y protección de la calidad del medio ambiente, incluida la conservación de los hábitats naturales, así como de la fauna y flora silvestres, tal como se enuncia en el primer considerando de esta misma Directiva. (
12
) Una actividad únicamente es conforme con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats si se garantiza que no origina ninguna alteración que pueda afectar de forma significativa a los objetivos que persigue la citada Directiva, en particular a sus objetivos de conservación. Puede estarse infringiendo dicha disposición desde el momento en que se demuestre que existe la probabilidad o el riesgo de que una actividad afecte de forma apreciable un lugar protegido. (
13
)
30.
En consecuencia, AquaPri subraya con acierto que la obligación de revisar su autorización no se deduce directamente del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, sino de su artículo 6, apartado 2. En función de cómo garantice el Derecho nacional la aplicación de esta disposición, pueden resultar relevantes la seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima en el mantenimiento de la autorización ya concedida, en particular en relación con el procedimiento excepcional previsto en el artículo 6, apartado 4. (
14
) Por lo tanto, a juicio de AquaPri, estas consideraciones también pueden fundamentar el derecho a resarcimiento que espera obtener en caso de una nueva EIA.
31.
Sin embargo, la resolución controvertida del Comité de Recursos sobre Medio Ambiente y Alimentos no se dirige a la aplicación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats, sino de su artículo 6, apartado 3, y a este respecto procede señalar que esta última disposición no exige una nueva EIA por el hecho de que, cuando se concedió la anterior autorización, ya firme, no se hubiesen examinado exhaustivamente las repercusiones de una actividad ni se hubiesen tenido en cuenta los efectos acumulativos con otros planes y proyectos.
2. Nueva autorización con arreglo al Derecho danés
32.
No obstante, ¿se deduce también de lo anterior que, en caso de que el Derecho interno requiera una nueva autorización de tal proyecto, el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats no exige una evaluación de las repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de este, cuando no han variado los efectos del proyecto? Este es el objeto de la primera parte de la primera cuestión prejudicial.
33.
Como acabo de exponer, en caso de mantenimiento inalterado de una actividad, el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats no exige una nueva EIA y, por tanto, tampoco una nueva autorización de dicha actividad.
34.
Sin embargo, si un Estado miembro prevé en su Derecho interno una nueva autorización, esta puede implicar que las autoridades nacionales se declaren de acuerdo con el proyecto en el sentido del artículo 6, apartado 3, segunda frase, de la Directiva sobre los hábitats, y tal declaración solo es posible después de que dichas autoridades se hayan asegurado, a la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones, de que el proyecto no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión.
a) ¿Autorización de un proyecto?
35.
En cualquier caso, la declaración de conformidad a efectos del artículo 6, apartado 3, segunda frase, de la Directiva sobre los hábitats presupone que se trate de un proyecto.
36.
Si bien la Directiva sobre los hábitats no contiene ninguna definición de este término, el Tribunal de Justicia ha declarado, en primer lugar, que para entender el concepto de «proyecto» en el sentido de esta Directiva es relevante el concepto de «proyecto» tal como se define en el artículo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva EIA. (
15
) De acuerdo con dicha definición, constituye un proyecto la realización de trabajos de construcción o de otras instalaciones u obras, así como otras intervenciones en el medio natural o el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación de los recursos del suelo.
37.
Dado que se pretende mantener sin modificaciones la explotación de la piscifactoría, la autorización no tiene por objeto la realización de una instalación. No obstante, no se puede excluir que el aumento de las deposiciones de nitrógeno asociadas al mantenimiento inalterado de la explotación de la piscifactoría pueda considerarse en el futuro como «otras intervenciones en el medio natural» en el sentido de la definición de «proyecto» que contiene la Directiva EIA. (
16
)
38.
En cualquier caso, aunque el aumento de las deposiciones de nitrógeno no se considerase como «otras intervenciones» a efectos de la Directiva EIA, ello no excluiría la existencia de un proyecto a efectos de la Directiva sobre los hábitats, pues el concepto de «proyecto» que maneja aquella es más reducido que el utilizado por esta. (
17
) En cuanto a la aplicación de la Directiva sobre los hábitats, la cuestión fundamental es si la actividad en cuestión puede afectar de forma apreciable a un lugar protegido. (
18
)
39.
No se puede descartar de antemano que sea así en el caso de actividades que generen deposiciones adicionales de nitrógeno en hábitats protegidos, (
19
) y este parece ser, por cierto, el punto de partida de la resolución controvertida del Comité de Recursos sobre Medio Ambiente y Alimentos.
40.
Sin embargo, AquaPri se remite a la sentencia Stadt Papenburg, según la cual si, habida cuenta, en particular, de la persistencia, de la índole o de las condiciones de realización de una actividad, puede entenderse que esta constituye una operación única, tal actividad puede considerarse un único y mismo proyecto a efectos del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, que, en virtud de esta disposición, está exento de una nueva EIA. (
20
) La citada jurisprudencia se refiere a las actividades recurrentes que, de conformidad con el Derecho nacional, son objeto de una única autorización para el futuro. En la sentencia Stadt Papenburg, se trataba de la autorización para el dragado frecuente de un río a fin de permitir la navegación de los buques de un determinado calado. (
21
)
41.
Tal como aducen también la Comisión y el Comité de Recursos sobre Medio Ambiente y Alimentos, no es este el caso del presente asunto, ya que la autorización de 27 de octubre de 2006 no tenía por objeto la explotación indefinida de la piscifactoría. Antes bien, en ella se indicaba la necesidad de una nueva autorización en el futuro.
b) Significado de la autorización con arreglo al artículo 33 de la Ley de Protección del Medio Ambiente
42.
La respuesta a la primera parte de la primera cuestión prejudicial depende, por tanto, de si la exigencia, mencionada en la resolución de 27 de octubre de 2006, de que, a más tardar el 15 de marzo de 2014, se presentase ante la autoridad supervisora una solicitud de autorización para una actividad perjudicial para el medio ambiente con arreglo al artículo 33 de la Ley de Protección del Medio Ambiente implica una nueva declaración de conformidad a efectos del artículo 6, apartado 3, segunda frase, de la Directiva sobre los hábitats. Tal nueva declaración de que la autoridad competente está de acuerdo con un proyecto requeriría una EIA. (
22
)
43.
A este respecto procede aclarar, antes que nada, que, según la petición de decisión prejudicial, esta exigencia no obedece a una imposición de la autoridad competente, sino que constituye una referencia directa a la obligación derivada de la legislación danesa. (
23
)
44.
Solo los órganos jurisdiccionales nacionales están facultados para valorar el contenido de dichas disposiciones nacionales, pues se trata de una cuestión de Derecho interno. En todo caso, el Tribunal de Justicia puede ofrecer al órgano jurisdiccional remitente unas orientaciones relativas a las características que ha de tener la exigencia de una nueva autorización para que sea aplicable el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats.
45.
Si la autorización solicitada constituye un mero formalismo, como alega AquaPri, no se trata de una declaración de conformidad en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats. Habría que presumir que es así, por ejemplo, si procediese conceder obligatoriamente la autorización en virtud de las que se concedieron en 1999 y 2006.
46.
Si, en cambio, la nueva autorización prevista en el Derecho nacional fuese realmente decisiva para el mantenimiento de la actividad, sí constituiría una declaración de conformidad a efectos del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, que requeriría una EIA, pues, en tal caso, con la nueva autorización se habría de determinar si la actividad continuaría afectando o no al lugar en cuestión.
47.
Si bien la petición de decisión prejudicial no contiene ninguna referencia a la función de la autorización requerida por el artículo 33 de la Ley de Protección del Medio Ambiente, según el Comité de Recursos sobre Medio Ambiente y Alimentos, dicha autorización requiere un examen exhaustivo de los requisitos para su concesión. En consecuencia, parece tratarse de una autorización en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva EIA, que se ha de basar en una consideración íntegra de las repercusiones del proyecto en el medio ambiente, (
24
) siempre que el proyecto requiera tal EIA. Prima facie, esta evaluación comprende, en particular, las disposiciones danesas por las que se transpone el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats. (
25
)
48.
En consecuencia, da la impresión de que la autorización prevista en el artículo 33 de la Ley de Protección del Medio Ambiente se ha de considerar como una declaración de conformidad a efectos del artículo 6, apartado 3, segunda frase, de la Directiva sobre los hábitats y, por tanto, requiere una EIA con arreglo a la primera frase de esta última disposición.
c) Seguridad jurídica y protección de la confianza legítima
49.
Ni el principio de seguridad jurídica ni la protección de la confianza legítima se oponen a las anteriores consideraciones. Si el Derecho nacional, para poder seguir explotando una instalación, exige una nueva autorización, el titular de la autorización existente no puede confiar en que esta nueva autorización asuma inalteradamente el contenido de la autorización anterior.
50.
En consecuencia, el Estado miembro puede excluir la confianza legítima en el mantenimiento de una autorización disponiendo expresamente (como parece que aquí sucedió), desde el momento de la primera autorización, que esta se someterá a revisión en un momento futuro.
51.
Procede añadir que, con motivo de la aplicación de tal normativa, las pretensiones de indemnización del titular de la autorización revisada, como las que pretende ejercer AquaPri por la aplicación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats, no pueden fundamentarse, en cualquier caso, en la seguridad jurídica ni en la protección de la confianza legítima.
d) Respuesta a la primera parte de la primera cuestión prejudicial
52.
Por consiguiente, procede responder a la primera parte de la primera cuestión prejudicial que una nueva autorización prevista en el Derecho nacional para el mantenimiento inalterado de una actividad constituye una declaración de conformidad con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, que, si en dicha autorización se decide efectivamente acerca del mantenimiento de la actividad, requiere una EIA.
B.
Sobre la segunda cuestión prejudicial: Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 en el examen preliminar
53.
Con la segunda cuestión prejudicial se pretende aclarar la relevancia que adquieren los requisitos que impone el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 danés a la autorización de vertidos de nitrógeno en las piscifactorías, respecto al examen preliminar de la necesidad de una EIA exhaustiva con arreglo al artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats.
54.
Para responder a esta cuestión prejudicial, voy a presumir que, de conformidad con el Derecho danés, el mencionado Plan puede tener relevancia para la legalidad de la resolución controvertida en el procedimiento principal, aunque parece haber sido adoptado con posterioridad a la nueva autorización de la piscifactoría en 2014.
55.
Partiendo de esta premisa, a continuación, voy a explicar qué criterios deben guiar el mencionado examen preliminar, para después ocuparme de la relevancia de la autorización de 2006 y del Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 a este respecto.
1. Necesidad de una EIA
56.
Con arreglo al artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats, cuando un plan o proyecto pueda afectar de forma apreciable, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, a una zona especial de conservación en el sentido de la Directiva, es necesaria una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar.
57.
Por lo tanto, la obligación de realizar la evaluación nace cuando existe la probabilidad o el riesgo de que un plan o proyecto afecte de forma apreciable al lugar. (
26
) Teniendo en cuenta, en particular, el principio de cautela, que constituye uno de los fundamentos de la política de alto nivel de protección que sigue la Unión en el ámbito del medio ambiente en virtud del artículo 191 TFUE, apartado 2, y a tenor del cual se ha de interpretar la Directiva sobre los hábitats, tal riesgo existe desde el momento en que no cabe excluir, sobre la base de datos objetivos, que dicho plan o proyecto afecte al lugar en cuestión de forma apreciable. (
27
) Este examen del riesgo deberá efectuarse, en particular, a la luz de las características y de las condiciones medioambientales concretas del lugar afectado por un plan o proyecto de esa índole. (
28
)
58.
Por lo tanto, si tras este examen preliminar persisten dudas acerca de la ausencia de efectos significativos, se ha de llevar a cabo la EIA exhaustiva prevista en el artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats. (
29
)
2. Autorización de 2006
59.
Las deficiencias en el examen preliminar efectuado con motivo de la autorización del año 2006 ilustran la aplicación de este criterio.
60.
En principio, este examen preliminar del mantenimiento inalterado de la explotación de la piscifactoría podría constituir una circunstancia objetiva que excluyese el perjuicio, (
30
) pues en él se llegó a la conclusión de que la instalación no afectaría de forma apreciable a lugares protegidos.
61.
Si bien tal utilización de un examen anterior resulta adecuada, requiere que en este ya se valorasen exhaustiva y correctamente todos los puntos de vista que en el momento de la decisión posterior se consideren relevantes. Sin embargo, si en este momento posterior se revela que dicho examen previo tenía deficiencias, a partir de él no se podrá excluir que el plan o proyecto en cuestión afecte de forma apreciable al lugar de que se trate.
62.
En el presente asunto, la primera cuestión prejudicial se basa en la premisa de que el examen preliminar anterior del año 2006 no comprendió todas las actividades y los efectos acumulados de todas las piscifactorías de la zona, ya que las autoridades competentes únicamente evaluaron el vertido adicional global de nitrógeno y otros elementos de la piscifactoría afectada. Sin embargo, con arreglo al artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats, es importante si, en combinación con otros planes y proyectos, el proyecto puede afectar de forma apreciable a una zona protegida. En consecuencia, debieron haberse tenido en cuenta los efectos acumulativos de todas las fuentes de nitrógeno que contaminasen los lugares afectados.
63.
Además, con motivo de una nueva autorización, deben tenerse en cuenta también las fuentes de nitrógeno que hayan aparecido desde que se concedió la anterior.
64.
Por lo tanto, el examen preliminar del año 2006 presenta deficiencias y no puede excluir que la piscifactoría controvertida, junto con las demás fuentes de deposiciones de nitrógeno, afecte de forma apreciable a los lugares de que se trata.
3. Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021
65.
El Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 también puede constituir una circunstancia objetiva que permita prescindir de una EIA específica sobre los efectos comprendidos en dicho Plan.
66.
En efecto, precisamente en relación con las deposiciones de nitrógeno procedentes de distintas fuentes, el Tribunal de Justicia ha reconocido que una evaluación global de las repercusiones realizada con carácter previo permite examinar los posibles efectos acumulativos en los lugares afectados. (
31
) No obstante, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales realizar un examen minucioso y completo de la solidez científica de la «adecuada evaluación», en el sentido del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, que acompañe a un enfoque programático y a las diversas modalidades de aplicarlo. (
32
)
67.
En efecto, tal evaluación global ha de excluir también que los efectos del proyecto que en ella se examinan afecten de forma significativa al lugar de que se trate, para que pueda renunciarse a la evaluación individual de dicho proyecto con arreglo al artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats. (
33
)
68.
Por lo tanto, un documento que, como el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021, establezca los vertidos de nitrógeno admisibles en las piscifactorías, debe garantizar científicamente que las deposiciones de nitrógeno resultantes de dichos vertidos en las zonas protegidas, junto con las deposiciones procedentes de otras fuentes, no lleguen a tal nivel que afecte negativamente a los objetivos de conservación de dichas zonas.
69.
A este respecto no basta con tener en cuenta fuentes del mismo tipo, en este caso piscifactorías. Lo que se ha de considerar es la contaminación que en cada zona protegida causen todas las fuentes de nitrógeno, como por ejemplo la agricultura, las aguas residuales y el tráfico. (
34
) En efecto, es connatural a las repercusiones del nitrógeno sobre los hábitats que su gravedad dependa de la contaminación total. (
35
)
70.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que, al determinarse las deposiciones de nitrógeno admisibles, no deben tenerse en cuenta los efectos de futuras medidas de reducción de las deposiciones de nitrógeno en zonas protegidas. (
36
)
71.
Según la petición de decisión prejudicial, el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 se adoptó sobre la base de una EIA efectuada con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats. Si bien esto es indicio de que el Plan satisface las mencionadas exigencias, el órgano jurisdiccional remitente habría de verificar que en dicha EIA efectivamente se excluyó que las zonas protegidas se fueran a ver afectadas por los vertidos de nitrógeno autorizados.
72.
Por lo demás, suscita dudas el hecho de que la cantidad de vertidos de nitrógeno autorizados se basase en un compromiso político y se estableciese con el objetivo de poder seguir explotando las piscifactorías existentes. (
37
) Con ello se transmite la impresión de que con el establecimiento de dicha cantidad no se trató de evitar, sobre una base científica, un perjuicio apreciable de las zonas protegidas.
73.
Por último, no obstante, el examen de la solidez científica del Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 les compete a los órganos jurisdiccionales nacionales.
74.
En función del resultado que dé dicho examen, el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 disipará o no las dudas acerca de la posible afectación apreciable de las zonas protegidas por los vertidos de nitrógeno procedentes de la instalación controvertida. En caso de que las disipe, no será precisa, al menos respecto a tales vertidos, una evaluación con arreglo al artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats.
75.
Si el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 no consigue disipar las dudas, por ejemplo, por presentar deficiencias en sus fundamentos científicos, no será posible renunciar a una evaluación individual, con arreglo al artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats, de los proyectos que comprende.
76.
En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que, cuando en un plan de gestión de cuencas hidrográficas se determine el alcance de las repercusiones admisibles sobre el medio ambiente de ciertas actividades, con motivo del examen preliminar de la necesidad de una EIA respecto a dichas actividades con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, tal determinación puede ser decisiva si disipa todas las dudas en cuanto a que los efectos que en él se examinan afecten de forma significativa al lugar de que se trate.
C.
Sobre la tercera cuestión prejudicial: Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 y plan Natura 2000 en la EIA
77.
La tercera cuestión prejudicial se refiere a la consideración del Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 y del plan Natura 2000 para la zona protegida de que se trata en el marco de una EIA que resulta necesaria en caso de que, en el examen preliminar, no se consiga disipar todas las dudas acerca de una afectación apreciable de las zonas protegidas.
78.
Tal EIA debe contener conclusiones completas, precisas y definitivas, capaces de disipar cualquier duda científica razonable sobre los efectos del proyecto en el lugar protegido de que se trate. (
38
)
79.
Si el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 contuviese tales conclusiones, a tenor de las consideraciones relativas a la segunda cuestión prejudicial, muy probablemente no sería necesaria una EIA, al menos, respecto a las eventuales repercusiones de las deposiciones de nitrógeno.
80.
En cambio, si fuese precisa una EIA debido a que el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 no disipa todas las dudas relativas a las deposiciones de nitrógeno, habría que ser prudente al tomarlo en consideración.
81.
Si los vertidos de nitrógeno procedentes de otras fuentes que se prevén en el Plan son verosímiles, al menos podrán ser tenidos en cuenta al determinar las repercusiones que tendrá la piscifactoría evaluada en combinación con otros planes y proyectos.
82.
Sin embargo, del Plan solo se podrá deducir que estos efectos acumulados no afectan a la integridad del lugar si contiene conclusiones completas, precisas y definitivas, capaces de disipar cualquier duda científica razonable sobre los efectos perjudiciales de los vertidos de nitrógeno en las zonas protegidas.
83.
Únicamente podrá plantearse tal posibilidad cuando las dudas persistentes tras el examen preliminar y que fundamentan la necesidad de una EIA, al menos a la luz de esta evaluación, no se consideren dudas científicas razonables.
84.
Por otro lado, el plan Natura 2000 carece de relevancia para la apreciación de las repercusiones ocasionadas por las deposiciones de nitrógeno en el lugar. En efecto, dicho plan declara expresamente que en él no se establecen obligaciones de actuación respecto a la calidad del agua, que está garantizada por la planificación hidrológica, ni establece exigencias específicas sobre la reducción de deposiciones de nitrógeno, que es una materia regulada también por normas diferentes.
85.
En consecuencia, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que documentos como el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 o el plan Natura 2000 del lugar de que se trate solo tienen relevancia en cuanto a la evaluación de las repercusiones de los planes y proyectos en las zonas protegidas, con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, si contienen conclusiones completas, precisas y definitivas, capaces de disipar cualquier duda científica razonable sobre los efectos del proyecto en el lugar protegido de que se trate.
V. Conclusión
86.
En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la petición de decisión prejudicial en los siguientes términos:
«1)
El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, no exige una nueva EIA por el hecho de que, cuando se concedió la anterior autorización, ya firme, no se hubiesen examinado exhaustivamente las repercusiones de una actividad ni se hubiesen tenido en cuenta los efectos acumulativos con otros planes y proyectos.
Una nueva autorización prevista en el Derecho nacional para el mantenimiento inalterado de una actividad constituye una declaración de conformidad con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, que, si en dicha autorización se decide efectivamente acerca del mantenimiento de la actividad, requiere una EIA.
2)
Cuando en un plan de gestión de cuencas hidrográficas se determine el alcance de las repercusiones admisibles sobre el medio ambiente de ciertas actividades, con motivo del examen preliminar de la necesidad de una EIA respecto a dichas actividades con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, tal determinación puede ser decisiva si disipa todas las dudas en cuanto a que los efectos que en él se examinan afecten de forma significativa al lugar de que se trate.
3)
Documentos como el Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015‑2021 o el plan Natura 2000 del lugar de que se trate solo tienen relevancia en cuanto a la evaluación de las repercusiones de los planes y proyectos en las zonas protegidas, con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43, si contienen conclusiones completas, precisas y definitivas, capaces de disipar cualquier duda científica razonable sobre los efectos del proyecto en el lugar protegido de que se trate.»
(
1
)	Lengua original: alemán.
(
2
)	Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7), en su versión resultante de la Directiva 2013/17/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito del medio ambiente, con motivo de la adhesión de la República de Croacia (DO 2013, L 158, p. 193).
(
3
)	Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 2010, L 020, p. 7), en su versión resultante de la Directiva 2013/17.
(
4
)	Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2012, L 026, p. 1), modificada por última vez por la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 (DO 2014, L 124, p. 1).
(
5
)	El apartado 19 de la petición de decisión prejudicial se refiere al artículo 70, apartado 2, y al punto I 205 del anexo 2 del Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbekendtgørelsen) [Decreto n.o 1458, de 12 de diciembre de 2017, sobre la autorización de instalaciones enumeradas (en lo sucesivo, «Decreto de autorización»)]. Probablemente, esta obligación se introdujo por primera vez mediante el artículo 3, apartado 3, segunda frase, del Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr. 143 af 1.3.2006).
(
6
)	Bekendtgørelse nr. 188 af 26. februar 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder (habitatbekendtgørelsen) [Decreto n.o 188, de 26 de febrero de 2016, sobre la designación y administración de zonas naturales de protección internacional (en lo sucesivo, «Decreto sobre los hábitats»)].
(
7
)	Adjetivo que aparece en el décimo considerando de la versión en alemán la Directiva sobre los hábitats y en las versiones originales de esta en español, griego, inglés, francés, neerlandés y portugués.
(
8
)	Sentencias de 10 de enero de 2006, Comisión/Alemania (C‑98/03, EU:C:2006:3), apartados 44 y 51; de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 136, y de 9 de septiembre de 2020, Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:680), apartado 26.
(
9
)	Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 34; de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 117, y de 9 de septiembre de 2020, Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:680), apartado 25.
(
10
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2005, Comisión/Reino Unido (C‑6/04, EU:C:2005:626), apartado 58.
(
11
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartados 78 a 83.
(
12
)	Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 37, y de 14 de enero de 2010, Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10), apartado 49.
(
13
)	Sentencias de 14 de enero de 2016, Grüne Liga Sachsen y otros (C‑399/14, EU:C:2016:10), apartados 41 y 42; de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartado 85, y de 24 de junio de 2021, Comisión/España (Deterioro del espacio natural de Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512), apartados 153 y 155.
(
14
)	Sentencia de 10 de noviembre de 2016, Comisión/Grecia (C‑504/14, EU:C:2016:847), apartado 41, así como mis conclusiones presentadas en los asuntos Comisión/Bulgaria (C‑141/14, EU:C:2015:528), punto 86, y Comisión/Grecia (C‑504/14, EU:C:2016:105), punto 40.
(
15
)	Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 26; de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartado 60, y de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 122.
(
16
)	Véase la sentencia de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartado 72.
(
17
)	Véanse las sentencias de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartados 63 a 66, y de 9 de septiembre de 2020, Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:680), apartado 29.
(
18
)	Sentencia de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartados 68 a 70.
(
19
)	A título ilustrativo, véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:622), en particular los puntos 61 y ss. y 104 y ss.
(
20
)	Sentencias de 14 de enero de 2010, Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10), apartados 47 y 48, y de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartados 78 a 80.
(
21
)	Sentencia de 14 de enero de 2010, Stadt Papenburg (C‑226/08, EU:C:2010:10), apartados 11, 47 y 48.
(
22
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 130, y de 9 de septiembre de 2020, Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:680), apartados 38 y 39. Véase también la sentencia de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 28.
(
23
)	Véase la nota 5 de las presentes conclusiones.
(
24
)	Sentencia de 24 de febrero de 2022, Namur-Est Environnement (C‑463/20, EU:C:2022:121), apartados 48 y 58.
(
25
)	Artículos 6, apartados 1 y 2, y 7, apartado 7, punto 6, del Decreto sobre los hábitats.
(
26
)	Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartados 41 y 43, y de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 119.
(
27
)	Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 44, y de 29 de julio de 2019, Inter-Environnement Wallonie y Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C‑411/17, EU:C:2019:622), apartado 134.
(
28
)	Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 48; de 15 de mayo de 2014, Briels y otros (C‑521/12, EU:C:2014:330), apartado 20, y de 12 de abril de 2018, People Over Wind y Sweetman (C‑323/17, EU:C:2018:244), apartado 34.
(
29
)	Sentencias de 7 de septiembre de 2004, Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482), apartado 44; de 26 de mayo de 2011, Comisión/Bélgica (C‑538/09, EU:C:2011:349), apartado 41, y de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartado 114.
(
30
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2020, Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:680), apartado 54.
(
31
)	Sentencia de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartado 96.
(
32
)	Sentencia de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartado 101.
(
33
)	Véase el punto 57 de las presentes conclusiones.
(
34
)	Véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:622), puntos 49 y ss.
(
35
)	Véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:622), punto 41.
(
36
)	Sentencia de 7 de noviembre de 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment y otros (C‑293/17 y C‑294/17, EU:C:2018:882), apartados 126 a 130.
(
37
)	Apartado 12 de la petición de decisión prejudicial y páginas 5 y 74 del Plan de Gestión de Cuencas Hidrográficas 2015-2021.
(
38
)	Sentencias de 11 de abril de 2013, Sweetman y otros (C‑258/11, EU:C:2013:220), apartado 44; de 17 de abril de 2018, Comisión/Polonia (bosque de Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255), apartado 114, y de 9 de septiembre de 2020, Friends of the Irish Environment (C‑254/19, EU:C:2020:680), apartado 55.