62024CO0235
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 17 de julio de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Cooperación judicial en materia penal — Reconocimiento de sentencias por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en otro Estado miembro — Decisión Marco 2008/909/JAI — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Artículo 267 TFUE — Concepto de “órgano jurisdiccional” — Procedimiento de revisión a petición del ministro — Inadmisibilidad manifiesta de la petición de decisión prejudicial»
En el asunto C‑235/24 PPU [Niesker], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la sala especializada del gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Tribunal de Apelación de Arnhem-Leeuwarden, Países Bajos), mediante resolución de 29 de marzo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de abril de 2024, en el procedimiento
S. A. H.
con intervención de:
Openbaar Ministerie,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. A. Arabadjiev, Presidente de Sala, y los Sres. T. von Danwitz (Ponente), P. G. Xuereb y A. Kumin y la Sra. I. Ziemele, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de S. A. H., por el Sr. T. de Boer y la Sra. F. Dölle, advocaten;
–
en nombre del Openbaar Ministerie, por los Sres. A. K. Kooij, H. J. Lambers y V. Smink;
–
en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. K. Bulterman y A. Hanje, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. H. Leupold y las Sras. F. van Schaik y J. Vondung, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia;
dicta el siguiente
Auto
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 267 TFUE, de los artículos 6, 8 y 9 de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO 2008, L 327, p. 27), y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento de revisión, a petición del Minister van Veiligheid en Justitie (ministro de Seguridad y Justicia, Países Bajos; en lo sucesivo, «ministro»), de una apreciación de la sala especializada del gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Tribunal de Apelación de Arnhem-Leeuwarden, Países Bajos; en lo sucesivo, «sala especializada») de 18 de enero de 2019 relativa al reconocimiento, ejecución y adaptación en los Países Bajos de una sanción privativa de libertad impuesta a S. A. H. en Suecia.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El artículo 6 de la Decisión Marco 2008/909, titulado «Opinión y notificación del condenado», dispone:
«1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la transmisión de una sentencia junto con un certificado al Estado de ejecución a efectos de su reconocimiento y de la ejecución de la condena requerirá el consentimiento del condenado de conformidad con la legislación del Estado de emisión.
2.   No será necesario el consentimiento del condenado cuando la sentencia junto con el certificado se trasmitan:
[…]
c)
al Estado miembro al que el condenado se haya fugado o al que haya regresado ante el proceso penal abierto contra él en el Estado de emisión o por haber sido condenado en el Estado de emisión.
3.   En todos los casos en que el condenado se encuentre aún en el Estado de emisión, se le dará la oportunidad de formular verbalmente o por escrito su opinión. Cuando el Estado de emisión lo considere necesario debido a la edad de la persona condenada o a su estado físico o psíquico, se dará esa oportunidad a su representante legal.
La opinión del condenado se tendrá en cuenta al decidir la cuestión de la transmisión de la sentencia junto con el certificado. Si el condenado se acoge a la oportunidad que le brinda el presente apartado, su opinión se transmitirá al Estado de ejecución, en particular a efectos del artículo 4, apartado 4. Si el condenado emite su opinión verbalmente, el Estado de emisión se encargará de que el Estado de ejecución pueda disponer de la transcripción escrita de dicha declaración.
4.   La autoridad competente del Estado de emisión informará al condenado, en una lengua que comprenda, de que ha decidido transmitir la sentencia junto con el certificado utilizando el formulario normalizado de notificación que figura en el anexo II. Cuando el condenado se encuentre en el Estado de ejecución en el momento de la decisión, dicho formulario se transmitirá al Estado de ejecución, que informará de ello al condenado.
[…]»
4
El artículo 8 de dicha Decisión Marco, titulado «Reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena», establece:
«1.   La autoridad competente del Estado de ejecución reconocerá toda sentencia que haya sido transmitida de conformidad con el artículo 4 y mediante el procedimiento previsto en el artículo 5, y adoptará sin dilación las medidas necesarias para la ejecución de la condena, a no ser que decida acogerse a alguno de los motivos de no reconocimiento y de no ejecución que se contemplan en el artículo 9.
2.   En caso de que la condena, por su duración, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá tomar la decisión de adaptar la condena únicamente cuando supere la pena máxima contemplada por su legislación nacional para delitos del mismo tipo. La duración de la condena adaptada no podrá ser inferior a la pena máxima contemplada por la legislación del Estado de ejecución para delitos del mismo tipo.
3.   En caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá adaptarla a la pena o medida contemplada en su propia legislación para delitos similares. Esta pena o medida deberá corresponder siempre que sea posible a la condena impuesta en el Estado de emisión y por consiguiente la condena no podrá transformarse en una sanción pecuniaria.
4.   La condena adaptada no podrá agravar por su naturaleza o por su duración la condena impuesta en el Estado de emisión.»
5
A tenor del artículo 9 de la citada Decisión Marco, titulado «Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución»:
«1.   La autoridad competente del Estado de ejecución podrá denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena en los siguientes casos:
[…]
k)
si la condena impuesta incluye una medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualquier otra medida privativa de libertad, que, no obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, el Estado de ejecución no puede ejecutar de conformidad con su sistema jurídico o sanitario;
[…]».
Derecho neerlandés
6
La Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Ley de reconocimiento mutuo y ejecución de condenas a penas privativas de libertad, acompañadas o no de una suspensión de pena), de 12 de julio de 2012 (Stb. 2012, n.o 333), que transpone al Derecho neerlandés la Decisión Marco 2008/909, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «WETS»), establece, en su artículo 2:11:
«1.   El ministro transmitirá la resolución judicial y el certificado al fiscal competente, a menos que considere, ya de entrada, que existen motivos para denegar el reconocimiento de la resolución judicial.
2.   El fiscal presentará inmediatamente la resolución judicial y el certificado a la [sala especializada] a que se refiere el artículo 67 de la Wet op de rechterlijke organisatie [(Ley sobre la Organización Judicial)]. Le asiste un plazo de catorce días a partir de la fecha en que haya presentado los citados documentos para presentar ante dicha sala sus posibles observaciones sobre esos documentos.
3.   La [sala especializada] decidirá:
a.
si existen motivos para denegar el reconocimiento de la resolución judicial de conformidad con el artículo 2:13, apartado 1;
b.
si la pena privativa de libertad que debe ejecutarse fue impuesta por un hecho que también es punible con arreglo al Derecho neerlandés y, en caso afirmativo, de qué hecho se trata;
c.
cómo adaptar, según lo dispuesto en los apartados 4 o 5, la pena privativa de libertad impuesta.
4.   Si la duración de la pena privativa de libertad impuesta es superior a la duración máxima de la pena prevista por el Derecho neerlandés para el delito de que se trata, la duración de la pena privativa de libertad se reducirá hasta alcanzar dicha duración máxima.
5.   Si la naturaleza de la pena privativa de libertad impuesta es incompatible con el Derecho neerlandés, dicha pena se sustituirá por una pena o medida prevista en el Derecho neerlandés y que corresponda, en la medida de lo posible, a la pena privativa de libertad impuesta en el Estado miembro de emisión.
6.   La adaptación contemplada en los apartados 4 o 5 no podrá dar lugar en ningún caso a que se agrave la pena privativa de libertad impuesta.
7.   En un plazo de seis semanas a partir de la fecha en que haya recibido la resolución judicial y el certificado, la [sala especializada] transmitirá al ministro la apreciación escrita y motivada que haya realizado en virtud del apartado 3.»
7
El artículo 2:12 de la WETS establece:
«1.   El ministro decidirá si reconoce la resolución judicial, tomando en consideración la apreciación de la [sala especializada].
[…]»
8
El artículo 2:13 de dicha Ley dispone:
«1.   Se denegará el reconocimiento de la resolución judicial cuando:
[…]
i.
la pena impuesta se refiera a una medida privativa de libertad que implique asistencia sanitaria y que no puede ejecutarse con arreglo al Derecho neerlandés o en el marco del sistema jurídico neerlandés de asistencia sanitaria.
2.   No se denegará el reconocimiento de la resolución sobre la base del apartado 1, letras a), b), e) e i), hasta que la autoridad competente del Estado miembro de emisión haya tenido la oportunidad de facilitar información al respecto.»
9
El artículo 2:14 de la citada Ley es del siguiente tenor:
«1.   Podrá denegarse el reconocimiento de la resolución judicial cuando:
a.
los hechos por los que se haya impuesto la pena privativa de libertad:
1.o se consideren cometidos total o parcialmente en territorio neerlandés o fuera de los Países Bajos a bordo de un buque o una aeronave neerlandeses, o
2.o se cometieron fuera del territorio del territorio del Estado miembro de emisión y en virtud del Derecho neerlandés no pueda incoarse ninguna acción judicial cuando el hecho se haya cometido fuera de los Países Bajos;
b.
en el momento en que se reciba la resolución judicial, queden por cumplir menos de seis meses de la pena privativa de libertad impuesta.
2.   No se denegará el reconocimiento de la resolución sobre la base del apartado 1, letra a), hasta que la autoridad competente del Estado miembro de emisión haya tenido la oportunidad de facilitar información al respecto.»
10
El artículo 67 de la Ley sobre la Organización Judicial tiene el siguiente tenor:
«1.   El órgano colegiado encargado de la administración del gerechtshof Arnhem-Leeuwarden [(Tribunal de Apelación de Arnhem-Leeuwarden)] constituirá una sala colegiada […]. La composición de dicha sala será determinada por el órgano colegiado encargado de la administración.
2.   Esta sala también se encargará de las tareas que se le encomiendan […] en los artículos 2:11, apartado 3, y 2:27 […] de la [WETS]. […]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
11
S. A. H., de nacionalidad iraquí, reside desde 1996 en los Países Bajos, donde obtuvo un permiso de residencia permanente en 2001.
12
Mediante sentencia de 26 de febrero de 2015, el Göta Hovrätt (Tribunal de Apelación con sede en Jönköping, Suecia) lo condenó por tenencia de armas prohibidas, amenazas ilegales y agresión con lesiones graves. Dicho órgano jurisdiccional declaró que no podía imputarse a S. A. H. por la comisión de tales actos, de carácter penal, debido a una perturbación de sus facultades mentales y le impuso una medida privativa de libertad, a saber, un tratamiento psiquiátrico médico-penitenciario por tiempo indefinido, y la obligación de someterse a un examen especial en el momento de su puesta en libertad.
13
Dado que el interesado solicitó que esta medida se ejecutara en los Países Bajos, las autoridades suecas solicitaron al ministro el reconocimiento y la ejecución de dicha sentencia y, a continuación, se la transmitieron junto con el certificado mencionado en el artículo 4 de la Decisión Marco 2008/909.
14
De conformidad con el artículo 2:11 de la WETS, estos documentos se transmitieron a la sala especializada que, el 18 de enero de 2019, declaró, entre otras cosas, que procedía adaptar la medida privativa de libertad impuesta a S. A. H. y sustituirla por una medida de puesta a disposición con obligación de someterse a los cuidados médicos dispensados por las autoridades públicas, sin fijar una duración máxima.
15
El 18 de febrero de 2019, el ministro, como autoridad competente en el sentido de la Decisión Marco 2008/909, reconoció la resolución de 26 de febrero de 2015 tomando en consideración la apreciación de la sala especializada de 18 de enero de 2019. La medida privativa de libertad se convirtió en una medida de puesta a disposición y el interesado fue internado en un centro psiquiátrico médico-penitenciario de los Países Bajos.
16
El 6 de agosto de 2020, el Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secretario de Estado de Justicia y Seguridad, Países Bajos) dictó una orden de revocación del permiso de residencia con efectos retroactivos desde el 29 de agosto de 2014 y declaró a S. A. H. extranjero indeseable.
17
S. A. H. impugnó la legalidad de la decisión de reconocimiento de 18 de febrero de 2019 ante el juez de lo civil, alegando, en particular, que el procedimiento que dio lugar a la apreciación de 18 de enero de 2019 no cumplía los requisitos del artículo 47 de la Carta. Mediante sentencia de 5 de septiembre de 2023, el gerechtshof Den Haag (Tribunal de Apelación de La Haya, Países Bajos) estimó la demanda y ordenó al ministro que revisara su decisión.
18
Mediante escrito de 15 de septiembre de 2023, el ministro solicitó a la sala especializada que revisara el asunto en un nuevo procedimiento que respetara tales requisitos.
19
A raíz de esta solicitud, la sala especializada convocó una reunión informal el 12 de enero de 2024, a la que fueron invitados los abogados de S. A. H. y representantes del Ministerio Fiscal.
20
A este respecto, la sala especializada describe el procedimiento que se sustancia ante ella del siguiente modo: el ministro le solicita, a través del fiscal, que efectúe una apreciación limitada a examinar si existe o no un motivo para denegar el reconocimiento obligatorio en virtud de la WETS, el carácter punible de los hechos en los Países Bajos y la eventual necesidad de adaptar la pena o la medida privativa de libertad impuesta en otro Estado miembro. Añade que la decisión del ministro no es susceptible de recurso. Sin embargo, dicha sala podría conocer de una solicitud de revisión a petición del ministro, bien a raíz de una reclamación del condenado ante este último, bien de un procedimiento civil iniciado por esa persona, como en el presente asunto.
21
En este contexto, la sala especializada se pregunta, de entrada, si tiene el carácter de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, facultado para plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. A este respecto, señala que, hasta la fecha, consideraba que no era así y que a igual conclusión se llegó, asimismo, en el informe de evaluación relativo a los Países Bajos, de 2 de diciembre de 2022, elaborado en el marco de la novena ronda de evaluaciones mutuas sobre instrumentos jurídicos de reconocimiento mutuo en el ámbito de la privación o restricción de libertad, coordinada por el Consejo de la Unión Europea (13190/1/22 REV 1). Añade, sin embargo, que de la génesis de la legislación nacional controvertida en el litigio principal se desprende que el legislador neerlandés pretendió establecer una apreciación jurisdiccional sobre las cuestiones jurídicas planteadas por los artículos 8, apartados 2 a 4, y 9 de la Decisión Marco 2008/909.
22
Además, la sala especializada considera decisiva la cuestión de si el procedimiento que se sustancia ante ella puede calificarse de contradictorio y precisa que este tiene su origen en la ley, reviste carácter permanente, aplica normas jurídicas, es independiente y tiene en cuenta las alegaciones presentadas por la persona condenada. Por otra parte, aunque su apreciación se limite a un número determinado de aspectos, tiene carácter vinculante.
23
A continuación, la sala especializada se pregunta si la apreciación jurídica que realiza en virtud del artículo 2:11 de la WETS está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión o forma parte de las situaciones reguladas por ese Derecho y, en caso afirmativo, si la posibilidad de solicitar una revisión en el marco de un procedimiento escrito, tal como se ha venido haciendo en la práctica, cumple los requisitos del artículo 47 de la Carta. Por último, solicita precisiones sobre las posibilidades de adaptar una medida privativa de libertad en virtud de la Decisión Marco 2008/909.
24
En estas circunstancias, la sala especializada decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el concepto de “órgano jurisdiccional” al que se refiere el artículo 267 TFUE, en relación con los artículos 8, apartados 2 a 4, y 9 de la Decisión Marco [2008/909], en el sentido de que comprende un órgano jurisdiccional ordinario, distinto de la autoridad competente mencionada en el artículo 8, apartado 1, de [dicha] Decisión Marco, designado para apreciar en un procedimiento escrito, en principio sin intervención de la persona condenada, únicamente las cuestiones jurídicas contempladas en los artículos 8, apartados 2 a 4, y 9 de [dicha] Decisión Marco?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 47 de la Carta en el sentido de que, cuando, en un procedimiento de reconocimiento como el previsto en la Decisión Marco [2008/909], la apreciación de los elementos contemplados en los artículos 8, apartados 2 a 4, y 9 de dicha Decisión Marco se encomienda a un órgano jurisdiccional ordinario del Estado de ejecución designado al efecto, además de la posibilidad de formular su opinión en el Estado de emisión con arreglo al artículo 6, apartado 3, de [la citada Decisión Marco], la persona condenada debe contar también con una tutela judicial efectiva en el Estado de ejecución?
En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión:
3)
¿Debe interpretarse el artículo 47 de la Carta, a la luz de la Decisión Marco [2008/909], en el sentido de que, por lo que se refiere a la tutela judicial efectiva en el Estado de ejecución, basta con que la persona condenada pueda formular su opinión por escrito, bien antes de la apreciación y la resolución de reconocimiento, bien después de que se haya adoptado la resolución de reconocimiento, en forma de un nuevo examen de la apreciación inicial?
y
4)
¿Debe interpretarse el artículo 47 de la Carta, a la luz de la Decisión Marco [2008/909], en el sentido de que la persona condenada que no disponga de recursos económicos suficientes y que necesite asistencia para que se garantice la efectividad del acceso a la justicia debe recibir asistencia jurídica gratuita en el Estado de ejecución, aunque la ley de este Estado no lo prevea?
5)
¿Debe interpretarse el criterio establecido en el artículo 8, apartado 3, de la Decisión Marco [2008/909] en el sentido de que, cuando se adapte la pena o la medida por ser su naturaleza incompatible con la legislación del Estado de ejecución, deberá valorarse qué medida habría impuesto con mayor probabilidad el órgano jurisdiccional del Estado de ejecución si el juicio se hubiera celebrado en ese Estado o deberá realizarse, en su caso solicitando información adicional, un examen del contenido real de la medida en el Estado de emisión?
6)
¿De qué modo y en qué medida deben tenerse en cuenta acontecimientos e información posteriores a la resolución de reconocimiento en caso de un eventual nuevo examen por parte del Estado de ejecución de la prohibición de agravamiento de la pena contemplada en el artículo 8, apartado 4, de la Decisión Marco [2008/909]?»
Sobre el procedimiento de urgencia
25
La sala especializada ha solicitado que la presente petición de decisión prejudicial se tramite mediante el procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 23 bis, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
26
En apoyo de esta solicitud, dicha sala ha alegado que S. A. H. estaba privado de libertad y que la respuesta a las cuestiones prejudiciales podría implicar poner fin a esa privación de libertad.
27
A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que esta petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Decisión Marco 2008/909, que está comprendida en el ámbito de las materias reguladas en el título V de la tercera parte del Tratado FUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia. Por lo tanto, esta petición puede tramitarse por el procedimiento prejudicial de urgencia.
28
Por lo que respecta, en segundo lugar, al requisito de la urgencia, este requisito se cumple, en particular, cuando la persona de que se trate en el litigio principal esté actualmente privada de libertad y su mantenimiento en detención dependa de la solución del litigio principal, debiendo precisarse que la situación de esa persona debe apreciarse tal como se presente en la fecha del examen de la solicitud de que la petición de decisión prejudicial se tramite por el procedimiento de urgencia [sentencia de 8 de diciembre de 2022, CJ (Suspensión de la decisión de entrega en razón de diligencias penales), C‑492/22 PPU, EU:C:2022:964, apartado 46 y jurisprudencia citada].
29
En el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el interesado se encuentra efectivamente privado de libertad, puesto que está internado en un centro psiquiátrico médico-penitenciario de los Países Bajos. Además, la sala especializada precisó que la respuesta a las cuestiones prejudiciales, relativas a las exigencias derivadas del Derecho de la Unión que pueden aplicarse a la situación controvertida en el litigio principal, podría implicar que se pusiera fin a esa privación de libertad, ya que la medida privativa de libertad impuesta al interesado en Suecia podía adaptarse, en particular, convirtiéndose en una medida no privativa de libertad en los Países Bajos.
30
En estas circunstancias, la Sala Primera del Tribunal de Justicia decidió, el 22 de abril de 2024, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, estimar la solicitud de la sala especializada de que la presente petición de decisión prejudicial se tramite por el procedimiento de urgencia.
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
31
En virtud del artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando la petición de decisión prejudicial sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Justicia podrá, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
32
Procede aplicar esta disposición en el presente asunto.
33
Procede recordar que el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir (sentencia de 9 de marzo de 2010, ERG y otros, C‑378/08, EU:C:2010:126, apartado 72, y auto de 9 de enero de 2024, Bravchev, C‑338/23, EU:C:2024:4, apartado 18).
34
Resulta de lo anterior que, para poder someter una cuestión al Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento prejudicial, el organismo remitente debe tener carácter de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, extremo que corresponde al Tribunal de Justicia comprobar sobre la base de la petición de decisión prejudicial (sentencia de 7 de mayo de 2024, NADA y otros, C‑115/22, EU:C:2024:384, apartado 34 y jurisprudencia citada).
35
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para dilucidar si el organismo remitente tiene la condición de «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE, cuestión que depende únicamente del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta un conjunto de factores, como son, entre otros, el origen legal del organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del organismo de normas jurídicas y su independencia (sentencia de 7 de mayo de 2024, NADA y otros, C‑115/22, EU:C:2024:384, apartado 35 y jurisprudencia citada).
36
También se desprende de reiterada jurisprudencia que los órganos jurisdiccionales nacionales solo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter judicial (sentencia de 3 de mayo de 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, apartado 42 y jurisprudencia citada).
37
Así pues, la competencia de un organismo para pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie deberá determinarse basándose tanto en criterios estructurales como funcionales. A este respecto, un organismo nacional puede tener la consideración de «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE si ejerce funciones jurisdiccionales, aun cuando en el ejercicio de otras funciones, en particular de carácter administrativo, no pueda reconocérsele tal calificación (sentencia de 3 de mayo de 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, apartado 43 y jurisprudencia citada).
38
De todo lo anterior se deduce que, para determinar si un organismo nacional, al que la ley atribuya funciones de diversa naturaleza, debe ser calificado de «órgano jurisdiccional», a efectos del artículo 267 TFUE, resulta necesario verificar cuál es la naturaleza específica de las funciones que ejerce en el contexto normativo particular en el que se ve obligado a pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie (sentencia de 3 de mayo de 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, apartado 44 y jurisprudencia citada).
39
Además, cuando el órgano remitente actúa en calidad de autoridad administrativa, sin que deba al mismo tiempo resolver un litigio, no se puede considerar que ejerza una función jurisdiccional (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de abril de 2006, Standesamt Stadt Niebüll, C‑96/04, EU:C:2006:254, apartado 14 y jurisprudencia citada).
40
En el presente asunto, habida cuenta de los datos que figuran en los autos remitidos al Tribunal de Justicia, en particular de las disposiciones de la Ley sobre la Organización Judicial y de la WETS, la sala especializada parece cumplir los criterios pertinentes para calificar a un órgano remitente de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE por lo que respecta a su origen legal, a su carácter permanente, a la aplicación de normas jurídicas y a su independencia.
41
En cuanto a los demás criterios pertinentes a este respecto y, en primer lugar, a la cuestión de si la sala especializada ejerce en el procedimiento principal una función jurisdiccional, de los datos mencionados se desprende que, de conformidad con los artículos 2:11 y 2:12 de la WETS, el ministro solicita a la sala especializada que emita una apreciación sobre una serie de cuestiones jurídicas delimitadas previstas en el citado artículo 2:11, apartado 3, que aquel tomará en consideración para decidir sobre el reconocimiento de la resolución judicial dictada por otro Estado miembro, como indica expresamente el tenor de dicho artículo 2:12.
42
Como ha confirmado el Gobierno neerlandés en sus observaciones escritas, si bien el ministro está obligado a tener en cuenta la apreciación de la sala sobre tales cuestiones, dispone no obstante de una facultad de apreciación propia y de la facultad de decidir si reconoce o no la sentencia del Estado de emisión. De hecho, con arreglo al artículo 2:11 de la WETS, el ministro puede decidir no implicar en su resolución a la sala especializada cuando ya de entrada considere aplicable alguno de los motivos de denegación. Además, el ministro también examina los motivos de denegación del reconocimiento previstos en el artículo 2:14 de la WETS y, por consiguiente, puede considerar que existe un motivo para denegar el reconocimiento de la sentencia aun cuando la sala especializada haya considerado que no lo había. Por otra parte, en cuanto a las garantías de que el ministro tome efectivamente en consideración la apreciación de la sala especializada, procede señalar que en el informe de evaluación relativo a los Países Bajos, al que se hace referencia en el apartado 21 del presente auto, se afirmaba que tal apreciación no era «técnicamente» vinculante para el ministro.
43
En segundo lugar, por lo que respecta a la existencia de un «litigio» pendiente ante la sala especializada, procede recordar que la sala especializada conoce del asunto, en virtud del artículo 2:11 de la WETS, no a instancia de la persona condenada, sino del ministro.
44
Además, de la información de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que el condenado no puede impugnar ante la sala especializada la decisión adoptada por el ministro. De hecho, solo este último puede presentar una solicitud de revisión ante dicha sala. A este respecto, la sala especializada ha precisado que desconocía si el ministro hacía o no una selección entre las reclamaciones que le remite para su revisión.
45
Procede señalar, asimismo, que la apreciación de la sala especializada no se hace pública ni se notifica al condenado, al que se informa únicamente de la decisión del ministro.
46
Por lo que respecta, en tercer lugar, al carácter contradictorio del procedimiento que se sigue en el litigio principal, si bien la sala especializada ha afirmado que, en la práctica, tiene en cuenta la opinión de la persona condenada que le transmite por escrito el ministro o, directamente, el propio condenado, la WETS no establece la posibilidad de que la persona condenada participe en el procedimiento y formule su opinión, ya sea por escrito o verbalmente, mientras que, con arreglo a dicha Ley, el fiscal sí dispone de tal posibilidad.
47
De ello se deduce manifiestamente, por un lado, que la apreciación de la sala especializada se efectúa en el contexto de un procedimiento no contradictorio y que no tiene por objeto resolver un litigio. Por otro lado, que esta apreciación no reviste la forma ni tiene la denominación ni el contenido de una sentencia dictada en el ejercicio de una función jurisdiccional, sino que forma parte del procedimiento de adopción de una decisión ministerial de carácter administrativo.
48
En cualquier caso, de la información que figura en la petición de decisión prejudicial y de las observaciones de las partes se desprende que la persona condenada puede impugnar la decisión del ministro ante el juez de lo civil, en virtud de la competencia residual que ostenta el referido juez, solicitando a este —del que consta que tiene carácter de «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE en el marco de este procedimiento— que revise o adapte dicha decisión ministerial.
49
Habida cuenta de todas estas consideraciones, en el procedimiento previsto en el artículo 2:11 de la WETS, es manifiesto que la sala especializada no está llamada a dictar una resolución de carácter judicial y, por lo tanto, no constituye un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.
50
De todo lo anterior se desprende que la presente petición de decisión prejudicial es manifiestamente inadmisible.
Costas
51
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara que:
La petición de decisión prejudicial planteada por la sala especializada del gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Tribunal de Apelación de Arnhem-Leeuwarden, Países Bajos) mediante resolución de 29 de marzo de 2024 es manifiestamente inadmisible.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.