Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 12 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Directiva 2004/38/CE — Artículo
7, apartado
3, letra b) — Derecho de residencia derivado — Nacional de un tercer país divorciado de una ciudadana de la Unión que ya no ejerce ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia cuando se inicia el procedimiento de divorcio — Concepto de “paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año” — Período único y continuo de un año — Persona que ha percibido prestaciones sociales — Prueba — Derecho de acceso del solicitante al expediente social de su exesposa — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Principio de buena administración y derecho a la tutela judicial efectiva »
En el asunto C‑477/24 [Deldwyn], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Court of Appeal (Tribunal de Apelación, Irlanda), mediante resolución de 28 de junio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de julio de 2024, en el procedimiento entre
Minister for Justice
e
I.T.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin, S. Gervasoni y M. Bošnjak, Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de I. T., por los Sres. M. Conlon, SC, G. Keogh, BL, y I. Khan, Solicitor;
–        en nombre de Irlanda, por las Sras. M. Browne, Chief State Solicitor, y S. Finnegan y por los Sres. A. Joyce y R. O’Donnell, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. D. Conlan Smyth, SC, y la Sra. S. J. Hillery, BL;
–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y N. Scheffel, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. E. Montaguti y el Sr. J. Tomkin, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de septiembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 7, apartado
3, letra b), 13 y 14 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35), así como del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre I. T. (en lo sucesivo, «solicitante»), nacional de un tercer país divorciado de una ciudadana de la Unión que es nacional de un Estado miembro distinto de Irlanda, y el Minister for Justice (Ministro de Justicia, Irlanda) (en lo sucesivo, «Ministro») en relación con la decisión final de este último por la que se deniega al solicitante el mantenimiento de la tarjeta de residencia, que le habría permitido residir en Irlanda por tiempo indefinido.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Carta
3        A tenor del artículo 47 de la Carta, titulado «Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial»:
«Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.
Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.
[…]»
Directiva 2004/38
4        Según el considerando 11 de la Directiva 2004/38:
«El derecho fundamental y personal de residencia en otro Estado miembro ha sido otorgado directamente a los ciudadanos de la Unión por el Tratado, y no depende de haber completado los procedimientos administrativos.»
5        El artículo 7 de la Directiva 2004/38, titulado «Derecho de residencia por más de tres meses», dispone cuanto sigue:
«1.      Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si:
a)      es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida, o
[…]
2.      El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él en el Estado miembro de acogida, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) del apartado 1.
3.      A los efectos de la letra a) del apartado 1, el ciudadano de la Unión que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en los siguientes casos:
[…]
b)      si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo;
c)      si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo. En este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses;
d)      si sigue una formación profesional. Salvo que se encuentre en situación de paro involuntario, el mantenimiento de la condición de trabajador exigirá que la formación guarde relación con el empleo previo.
[…]»
6        El artículo 10 de dicha Directiva, titulado «Expedición de la tarjeta de residencia», tiene la siguiente redacción:
«1.      El derecho de residencia de los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro será reconocido mediante la expedición de un documento denominado «tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión» a más tardar en los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud. Se entregará inmediatamente un resguardo de la presentación de la solicitud de una tarjeta de residencia.
2.      Para la expedición de la tarjeta de residencia, los Estados miembros exigirán la presentación de los documentos siguientes:
a)      un pasaporte válido;
b)      un documento que acredite la existencia de parentesco o de unión registrada;
c)      el certificado de registro o, a falta de sistema de registro, cualquier otra prueba de residencia en el Estado miembro de acogida del ciudadano de la Unión al que acompañen o con el que vayan a reunirse posteriormente;
d)      en los casos contemplados en las letras c) y d) del punto 2 del artículo 2, la prueba documental de que se cumplen las condiciones previstas en dicha disposición;
e)      en los casos contemplados en la letra a) del apartado 2 del artículo 3, todo documento expedido por la autoridad competente del país de origen o procedencia que certifique que están a cargo del ciudadano de la Unión o que vivían con él en ese país o la prueba de la existencia de motivos graves de salud que requieran estrictamente que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia;
f)      en los casos contemplados en la letra b) del apartado 2 del artículo 3, la prueba de la existencia de una relación estable con el ciudadano de la Unión.»
7        El artículo 13 de esa misma Directiva, titulado «Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia en caso de divorcio, anulación del matrimonio o fin de la unión registrada», establece en su apartado 2, lo siguiente:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo, el divorcio […] no supondrá la pérdida del derecho de residencia de los miembros de la familia del ciudadano de la Unión que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro:
a)      cuando el matrimonio o la unión registrada haya durado, hasta iniciarse el procedimiento judicial de divorcio […], al menos tres años, de los cuales uno al menos en el Estado miembro de acogida, […]
[…]
Antes de adquirir el derecho de residencia permanente, el derecho de residencia de los interesados seguirá estando sujeto al requisito de poder demostrar que son trabajadores por cuenta ajena o propia, o que disponen, para sí y para los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse durante su período de residencia en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o bien ser miembros de la familia, ya constituida en el Estado miembro de acogida, de una persona que cumpla estos requisitos. Los “recursos suficientes” serán los definidos en el apartado 4 del artículo 8.
Dichos miembros de la familia seguirán conservando su derecho de residencia exclusivamente a título personal.»
8        A tenor del artículo 14, apartados 2 y 4, de la Directiva 2004/38, titulado «Mantenimiento del derecho de residencia»:
«2.      Los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias gozarán del derecho de residencia establecido en los artículos 7, 12 y 13 mientras cumplan las condiciones en ellos previstas.
En casos específicos en los que existan dudas razonables en cuanto al cumplimiento, por parte de un ciudadano de la Unión o de los miembros de su familia, de las condiciones establecidas en los artículos 7, 12 y 13, los Estados miembros podrán comprobar si se cumplen dichas condiciones. Dicha comprobación no se llevará a cabo sistemáticamente.
[…]
4.      No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 y sin perjuicio de las disposiciones del capítulo VI, en ningún caso podrá adoptarse una medida de expulsión contra ciudadanos de la Unión o miembros de su familia si:
a)      los ciudadanos de la Unión son trabajadores por cuenta ajena o propia, o
b)      los ciudadanos de la Unión entraron en el territorio del Estado miembro de acogida para buscar trabajo. En este caso, los ciudadanos de la Unión o los miembros de sus familias no podrán ser expulsados mientras los ciudadanos de la Unión puedan demostrar que siguen buscando empleo y que tienen posibilidades reales de ser contratados.»
Derecho irlandés
9        La normativa que tiene por objeto transponer la Directiva 2004/38 al Derecho irlandés figura en el European Communities (Free Movement of Persons) Regulations 2015 [Reglamento relativo a las Comunidades Europeas (Libre Circulación de Personas) de 2015] (en lo sucesivo, «Reglamento de 2015»).
10      El derecho a residir en Irlanda se regula en el artículo 6 del Reglamento de 2015, cuyo apartado 3, letra a), tiene el siguiente tenor:
«Un ciudadano de la Unión […] podrá residir en el Estado por un período superior a tres meses si
i)      es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado,
[…]»
11      Conforme al artículo
6, apartado
3, letra b), del Reglamento de 2015, un miembro de la familia que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro puede residir en Irlanda por un período superior a tres meses siempre que el ciudadano de la Unión de que se trate tenga un empleo por cuenta ajena o ejerza una actividad por cuenta propia en dicho Estado.
12      El artículo
6, apartado
3, letra c), del Reglamento de 2015 establece, en esencia, que cuando la persona a la que se aplica el artículo
6, apartado
3, letra a), inciso i), de dicho Reglamento haya dejado de trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, se considerará que esta disposición le sigue siendo aplicable, entre otros supuestos, si dicha persona, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleada durante más de un año, se ha inscrito como demandante de empleo en el Departamento de Asuntos Laborales y Protección Social, o si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante el primer año, se ha inscrito como demandante de empleo en el Departamento de Asuntos Laborales y Protección Social.
13      El artículo 10, apartado 2, del Reglamento de 2015, que lleva por título «Mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia en caso de divorcio, anulación del matrimonio o disolución de la unión civil», establece lo siguiente en su apartado 2:
«a)      Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b), cuando el matrimonio o la unión civil de un ciudadano de la Unión se disuelva o anule y, en el momento de la disolución o anulación, según el caso, tuviera derecho de residencia en el Estado con arreglo al presente Reglamento, un miembro de la familia que no sea nacional de un Estado miembro podrá conservar el derecho de residencia en el Estado a título individual y personal.
b)      El derecho de residencia de un miembro de la familia al que se refiere la letra a) estará sujeto a que el Ministro se cerciore de que
i)      el matrimonio o la unión civil haya durado, hasta iniciarse el procedimiento de disolución o de anulación, al menos tres años, de los cuales uno al menos en el Estado,
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
14      El solicitante llegó a Irlanda en octubre de 2002 con un visado de estudiante. En julio de 2009, contrajo matrimonio en Irlanda con una ciudadana de la Unión que no era nacional de dicho Estado miembro y, posteriormente, solicitó en varias ocasiones una tarjeta de residencia sobre la base de la Directiva 2004/38 y del Reglamento de 2015, invocando su condición de cónyuge de una ciudadana de la Unión. Las dos primeras solicitudes fueron denegadas debido a que, en el momento de su examen, su esposa ya no trabajaba para el empleador indicado en dichas solicitudes. La tercera solicitud de tarjeta de residencia, presentada en marzo de 2013, fue aceptada y, en consecuencia, el solicitante obtuvo una tarjeta de residencia para un período de cinco años, válida hasta septiembre de 2018.
15      En junio de 2014 se inició un procedimiento de divorcio en el Estado miembro de origen de la ciudadana de la Unión y el divorcio de la pareja se pronunció allí en julio de 2014. En la fecha de su disolución, el matrimonio había durado cinco años. La tarjeta de residencia del solicitante no fue revocada tras el divorcio. El solicitante siguió trabajando y su exesposa, que continuó residiendo en Irlanda, percibió, según la información facilitada por el Department of Employment Affairs and Social Protection (Departamento de Asuntos Laborales y Protección Social, Irlanda; en lo sucesivo, «DEASP»), un subsidio para demandantes de empleo (jobseeker’s allowance) y prestaciones por hijos (child benefit).
16      En agosto de 2018, el solicitante presentó una solicitud de mantenimiento de su derecho de residencia a título personal. Esta solicitud se basaba en el artículo
10, apartado
2, del Reglamento de 2015, que prevé el mantenimiento del derecho de residencia derivado en caso de divorcio en determinadas circunstancias, cuando el matrimonio haya durado tres años o más años y la pareja haya pasado al menos un año en Irlanda. La solicitud iba acompañada de diversos documentos, entre ellos varias nóminas de la exesposa del solicitante, correspondientes a períodos intermitentes entre 2011 y 2013, así como sus declaraciones fiscales correspondientes a 2010 y 2012.
17      Dicha solicitud fue denegada mediante decisión del Ministro de 7 de octubre de 2019 debido, en particular, a que el solicitante no había presentado pruebas de la actividad de su exesposa en el momento en que se inició el procedimiento de divorcio
—a saber, en junio de 2014—, entendiéndose que sus derechos derivados dependían de que su exesposa, ciudadana de la Unión, hubiera seguido ejerciendo sus derechos derivados de los Tratados de la Unión en Irlanda en ese momento. Se informó asimismo al solicitante de que dicha resolución se había tomado a la luz, entre otras cosas, de la información facilitada por el DEASP, según la cual, entre el 13 de septiembre de 2013 y el 23 de septiembre de 2017, su exesposa, como ciudadana de la Unión, no había ejercido esos derechos trabajando por cuenta ajena o por cuenta propia, realizando estudios, debido a una situación de paro involuntario o probando que poseía recursos suficientes, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento de 2015. El Ministro consideró que, en la medida en que no se había demostrado que, en el momento de iniciar el procedimiento de divorcio, la residencia en Irlanda de la exesposa del solicitante se ajustase a lo dispuesto en el Reglamento de 2015, el solicitante no cumplía las condiciones para mantener su derecho de residencia en virtud del artículo
10, apartado
2, del Reglamento de 2015.
18      El solicitante solicitó la revisión de dicha decisión y, en ese contexto, pidió una copia de la información que el DEASP había remitido al Ministro. En apoyo de su solicitud de revisión, el solicitante alegó que ya no mantenía una relación continua con su exesposa ciudadana de la Unión, pero que la había instado a que le facilitara detalles sobre sus actividades en Irlanda durante los períodos mencionados por el Ministro, reiterando que había percibido prestaciones sociales durante al menos una parte del período en cuestión. Dado que la exesposa del solicitante no atendió a dicha petición, el solicitante informó al Ministro de que, dada la falta de colaboración de su exesposa, no podía facilitar toda la información y documentación que acreditaran que, en el momento en que se inició el procedimiento de divorcio, su exesposa residía legalmente en Irlanda y ejercía los derechos que le otorgaba el Tratado FUE. En este sentido, el solicitante pidió al Ministro que revelara la información remitida por el DEASP.
19      Dicha solicitud de revisión fue denegada mediante una nueva decisión del Ministro, dictada en noviembre de 2021. En apoyo de esta decisión, el Ministro consideró que, en el momento en que se inició el procedimiento de divorcio, la exesposa no ejercía los derechos que le otorgaba el Tratado FUE, en la medida en que su situación de paro involuntario en ese momento no había estado precedida de un período de doce meses de trabajo. En dicha decisión, el Ministro señaló, en particular, en primer lugar, que la exesposa había desempeñado varios trabajos entre 2009 y 2013 cuando se presentaron las solicitudes para obtener el derecho de residencia; en segundo lugar, que esta persona había percibido un subsidio para demandantes de empleo entre septiembre de 2013 y septiembre de 2017; en tercer lugar, que el expediente no contenía ninguna información relativa a las circunstancias que habían llevado a la exesposa del solicitante a abandonar su empleo anterior, ya fuera de forma voluntaria o involuntaria; en cuarto lugar, que ningún elemento de los autos hacía pensar que esta persona hubiera trabajado durante más de un año o que hubiera sido contratada con un contrato de duración determinada inferior a un año antes de inscribirse en el DEASP, dado que la información del DEASP contenida en el expediente únicamente indicaba que había trabajado durante treinta y siete semanas en 2013 y dos semanas en 2014, lo que era inferior a la duración de un año establecida en el Reglamento de 2015. Dicha decisión puntualizaba, además, que «si bien se reconoce que la ciudadana de la Unión percibía prestaciones en 2014, el Ministro no está vinculado por ninguna decisión del [DEASP], y el hecho de que aquella percibiera de forma continua prestaciones sociales no es determinante para dilucidar la cuestión de los derechos emanados de los Tratados de la Unión sometida al Ministro.»
20      La High Court (Tribunal Superior, Irlanda) estimó el recurso del solicitante contra dicha decisión y el Ministro recurrió esa sentencia ante la Court of Appeal (Tribunal de Apelación, Irlanda), que es el órgano jurisdiccional remitente.
21      Ante el órgano jurisdiccional remitente se plantea esencialmente la cuestión, en primer lugar, de si, para determinar si el paro involuntario de la exesposa del solicitante había sido «debidamente acreditado», el Ministro debería haber tenido en cuenta o no el hecho de que el DEASP había concedido un subsidio para demandantes de empleo a esa persona; en segundo lugar, si el artículo
7, apartado
3, letra b), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que la expresión «durante más de un año» que figura en él se refiere a un período ininterrumpido de un año, y, por último, si el Ministro, habida cuenta, en particular, de lo dispuesto en el artículo
41 de la Carta, debería haber facilitado al solicitante el expediente completo relativo a su exesposa.
22      El órgano jurisdiccional remitente considera que los dos primeros puntos suscitan cuestiones de interpretación de la Directiva 2004/38 sobre las que aún no existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por lo que respecta al tercer punto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el derecho de acceso al expediente y el derecho a una buena administración que requiere, en particular, la cooperación de la administración, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia, entre otras, en las sentencias de 22 de noviembre de 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), de 8 de mayo de 2014, N. (C‑604/12, EU:C:2014:302), de 8 de mayo de 2018, K. A. y otros (Reagrupación familiar en Bélgica) (C‑82/16, EU:C:2018:308), y de 12 de julio de 2018, Banger (C‑89/17, EU:C:2018:570), constituyen un fundamento suficiente para estimar la solicitud, formulada por el solicitante, de que se revelen los elementos del expediente relativos a su exesposa.
23      En estas circunstancias, la Court of Appeal (Tribunal de Apelación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1.      a)      ¿La expresión “un año” contenida en el artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva [2004/38] contempla o exige que el año en cuestión sea un único período ininterrumpido?
b)      En caso de respuesta negativa a la cuestión prejudicial anterior, ¿el hecho de que los períodos de empleo que integran el año en cuestión se hayan acumulado o sumado a lo largo de un período de cuatro o cinco años determina que el ciudadano de la Unión no esté comprendido en el artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva?
2.      ¿El hecho de que un ciudadano o ciudadana de la Unión perciba la prestación por desempleo del [DEASP] en Irlanda significa que ha quedado “en paro involuntario debidamente acreditado” en ese Estado, a los efectos del artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva [2004/38]?
3.      ¿Está obligado el [Ministro], en virtud del principio general de Derecho de la Unión plasmado en el artículo 41 de la Carta, o con carácter alternativo, en virtud de la Directiva [2008/34] interpretada a la luz de ese principio general, a proporcionar el expediente al [solicitante] (en caso necesario, adecuadamente expurgado):
a)      antes de adoptar una decisión sobre el mantenimiento de los derechos de residencia o la tarjeta de residencia, con arreglo al artículo 14 de la Directiva [2004/38], en relación con los artículos 13 o 7, apartado 3, de la Directiva [2004/38], o
b)      cuando el demandante pretenda impugnar tal decisión interponiendo un recurso ante los órganos jurisdiccionales?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
24      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
7, apartado
3, letra b), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que la expresión «durante más de un año» que figura en él se refiere a un período único y continuo de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia de más de un año o a un período de más de un año que puede estar compuesto por varios períodos más cortos de tal actividad, acumulados a lo largo de varios años.
25      A este respecto, es preciso recordar que, según el artículo
7, apartado
3, letra b), de la Directiva 2004/38, el ciudadano de la Unión que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantiene la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia si, habiendo quedado en situación de paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo.
26      Esta disposición no contiene ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar el sentido y el alcance de la expresión «durante más de un año». Además, la Directiva 2004/38 no contiene ninguna definición de esta expresión. En estas circunstancias, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que la misma disposición debe interpretarse normalmente de manera autónoma y uniforme en toda la Unión, teniendo en cuenta no solo el sentido habitual de sus términos, sino también el contexto en el que se enmarca y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [sentencia de 15 de septiembre de 2022, Minister for Justice and Equality (Nacional de un tercer país primo de un ciudadano de la Unión), C‑22/21, EU:C:2022:683, apartado 19 y jurisprudencia citada).
27      Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor del artículo
7, apartado
3, letra b), de la Directiva 2004/38, debe señalarse que, según su sentido habitual en el lenguaje corriente, la expresión «un año» se refiere a un período de doce meses, que no coincide necesariamente con un año civil, y que se basa en la duración de una revolución de la tierra alrededor del sol. Sin embargo, ni del tenor de esta disposición ni del de otras disposiciones de la Directiva 2004/38 se desprende que ese período de «un año» deba referirse necesariamente a doce meses consecutivos o que deba ser ininterrumpido.
28      Como señaló el Abogado General en el punto
27 de sus conclusiones, en la medida en que el tenor de la Directiva 2004/38 no contiene más precisiones sobre lo que debe entenderse por la expresión «durante más de un año», es preciso, en segundo lugar, proceder a una interpretación contextual de dicha expresión.
29      A este respecto, debe recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 2004/38 garantiza a todo ciudadano de la Unión que se halle en una situación de inactividad temporal el mantenimiento de su condición de trabajador, y consiguientemente de su derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, y establece asimismo una graduación respecto de las condiciones del mantenimiento, que depende, por un lado, de la causa de su inactividad, en su caso en función de si está en situación de incapacidad laboral por razón de enfermedad o accidente, en paro involuntario o en formación profesional, y, por otro lado, de la duración inicial de su período de actividad en el Estado miembro de acogida, es decir, en función de que dicha duración sea superior o inferior a un año (sentencia de 11 de abril de 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, apartado 43).
30      De este modo, el ciudadano de la Unión que ha ejercido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida mantiene su condición de trabajador sin límite temporal en los siguientes supuestos: primero, si sufre de una incapacidad temporal resultante de una enfermedad o accidente, con arreglo al artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38; segundo, si, tras haber ejercido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida durante más de un año, queda en situación de paro involuntario, conforme al artículo 7, apartado 3, letra b), de la referida Directiva, o, tercero, si sigue una formación profesional, con arreglo al artículo 7, apartado 3, letra d), de la misma Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, apartado 44).
31      En cambio, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, letra c), de la Directiva 2004/38, el ciudadano de la Unión que ha ejercido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida durante un período inferior a un año mantiene su condición de trabajador solamente durante un período cuya duración puede determinar dicho Estado miembro, siempre que no sea inferior a seis meses (sentencia de 11 de abril de 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, apartado 45).
32      La constatación recordada en el apartado
29 de la presente sentencia
—según la cual la graduación en las condiciones del mantenimiento de la condición de trabajador garantizado al ciudadano de la Unión, establecida en el artículo
7, apartado
3, de la Directiva 2004/38, se efectúa en función de «la duración inicial» del período de actividad en el Estado miembro de acogida—
se deriva, más concretamente, del hecho de que la letra b) de esta disposición se refiere a una actividad profesional ejercida por el ciudadano de la Unión «durante más de un año» y de que su letra c) se refiere a los contratos de trabajo cuya duración determinada sea «inferior a un año» o a que tal ciudadano ha quedado en situación de paro involuntario durante los «primeros doce meses» de su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida.
33      Pues bien, esa referencia a los «primeros doce meses» aboga en favor de una interpretación del artículo
7, apartado
3, de la Directiva 2004/38 según la cual los períodos de empleo o de actividad por cuenta propia a los que se refiere deben ser períodos únicos y continuos de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, de modo que el período de «más de un año» mencionado en la letra b) de esta disposición no puede estar compuesto por varios períodos de actividad más cortos, acumulados a lo largo de varios años.
34      Es preciso añadir que esta interpretación también es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual el segundo supuesto contemplado en el artículo
7, apartado
3, letra c), de la Directiva 2004/38 abarca todas las situaciones en las que un trabajador se haya visto obligado, por razones ajenas a su voluntad, a cesar su actividad en el Estado miembro de acogida «antes de que transcurra un año», cualesquiera que sean la naturaleza de la actividad ejercida y el tipo de contrato de trabajo celebrado a tal efecto (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, apartado 48). En efecto, esta expresión «antes de que transcurra un año» se refiere necesariamente a un período de doce meses consecutivos e ininterrumpido.
35      Por lo que respecta, en tercer lugar, a los objetivos perseguidos por la Directiva 2004/38, debe recordarse, por un lado, que la finalidad primordial de esta es reforzar el derecho de libre circulación y residencia de todos los ciudadanos de la Unión y, por otro, que el objetivo específicamente perseguido por su artículo 7, apartado 3, es garantizar
—mediante el mantenimiento de la condición de trabajador—
el derecho de residencia de quienes han dejado de ejercer su actividad profesional como consecuencia de una falta de trabajo debida a circunstancias ajenas a su voluntad (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, apartado 49 y jurisprudencia citada).
36      Es preciso añadir que la Directiva 2004/38 también tiene como objetivo alcanzar un justo equilibrio entre la salvaguardia de la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, por un lado, y la garantía de que el sistema de seguridad social del Estado miembro de acogida no soporte una carga excesiva, por otro (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, apartado 50).
37      Pues bien, debe señalarse que, como destacó el Abogado General, en esencia, en los puntos
32 y 33 de sus conclusiones, una interpretación de la expresión «durante más de un año» según la cual esta no se refiere a un período único y continuo, sino a un período de un año en total que puede estar compuesto por varios períodos, acumulados a lo largo de varios años, de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia inferiores a un año, equivaldría a cuestionar el carácter gradual de las condiciones para el mantenimiento de la condición de trabajador establecidas en el artículo
7, apartado
3, de la Directiva 2004/38, mencionado en el apartado
29 de la presente sentencia, y, además, pondría en entredicho el equilibrio recordado en el apartado
36 de la presente sentencia.
38      En particular, como subrayó el Abogado General en el punto
33 de sus conclusiones, tal interpretación podría ser incompatible con la distinción establecida en las letras b) y c), respectivamente, del apartado 3 del artículo
7 de la Directiva 2004/38, en cuanto al período durante el cual un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia mantiene tal condición, a saber, según que la duración inicial de su período de actividad en el Estado miembro de acogida sea superior o inferior a un año.
39      Por consiguiente, procede concluir que la expresión «durante más de un año» que figura en el artículo
7, apartado
3, letra b), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que se refiere a un período único y continuo de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia de más de un año.
40      Por otra parte, esta interpretación no impide que quienes hayan experimentado una interrupción involuntaria de su actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida antes de que finalice el período inicial de un año puedan beneficiarse de la protección derivada del mantenimiento de su condición de trabajadores, puesto que, si no pueden acogerse a lo dispuesto en el artículo
7, apartado
3, letra b), de la Directiva 2004/38, podrán acogerse a lo dispuesto en su artículo
7, apartado
3, letra c), si se encuentran en una de las situaciones mencionadas en el apartado
34 de la presente sentencia.
41      A este respecto, es preciso añadir que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el criterio contemplado, en particular, en el artículo
7, apartado
3, letra c), de la Directiva 2004/38, que permite a los interesados conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones, puede garantizar, por consiguiente, un alto grado de seguridad jurídica y de transparencia en el contexto de la concesión de prestaciones de asistencia social del seguro básico, a la vez que se ajusta al principio de proporcionalidad (sentencia de 15 de septiembre de 2015, Alimanovic, C‑67/14, EU:C:2015:597, apartado 61).
42      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo
7, apartado
3, letra b), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que la expresión «durante más de un año» que figura en él se refiere a un período único y continuo de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia de más de un año.
Segunda cuestión prejudicial
43      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
7, apartado
3, letra b), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un ciudadano de la Unión que reside en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional perciba un subsidio por desempleo a cargo de ese Estado miembro debe ser reconocido como prueba, por la autoridad de dicho Estado miembro competente para expedir las tarjetas de residencia, de que ese ciudadano de la Unión se encuentra en situación de paro involuntario «debidamente acreditado», a efectos de dicha disposición.
44      Con carácter preliminar, es preciso señalar que de la petición de decisión prejudicial se desprende que las preguntas del órgano jurisdiccional remitente se limitan a si el hecho de que tal ciudadano de la Unión perciba un subsidio por desempleo a cargo de la autoridad nacional competente es suficiente para considerar que el carácter involuntario del paro está «debidamente acreditado», a efectos de dicha disposición, y no se refieren a las otras dos condiciones acumulativas establecidas en esta última, a saber, por un lado, haber estado empleado durante más de un año y, por otro, haberse inscrito como demandante de empleo en el servicio de empleo competente.
45      A este respecto, es preciso manifestar, por un lado, que, como señaló el Abogado General en el punto
50 de sus conclusiones, la Directiva 2004/38 no define la expresión «debidamente acreditado» ni contiene disposición alguna referente a los criterios o condiciones con arreglo a los cuales proceda «debidamente acreditar» que una persona se encuentra en situación de paro involuntario. Pues bien, a falta de normas de la Unión en esta materia y en virtud del principio de autonomía de procedimiento, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer las normas relativas a esos criterios y condiciones, siempre que dichas normas no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véase en este sentido, la sentencia de 27 de junio de 2018, Diallo, C‑246/17, EU:C:2018:499, apartados 45 y 59 y jurisprudencia citada).
46      Por otro lado, como se desprende de sus considerandos 1 a 4, la Directiva 2004/38 pretende facilitar el ejercicio del derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que el artículo 21 TFUE, apartado 1, confiere directamente a los ciudadanos de la Unión, y tiene por objeto, en particular, reforzar ese derecho (sentencia de 11 de abril de 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, apartado 23 y jurisprudencia citada). También tiene como objetivo, como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado
36 de la presente sentencia, alcanzar un justo equilibrio entre la salvaguardia de la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y la garantía de que el sistema de seguridad social del Estado miembro de acogida no soporte una carga excesiva.
47      En cambio, de la lectura tanto de la exposición de motivos como de las disposiciones de la Directiva 2004/38 se desprende claramente que esta no pretende armonizar la atribución de los subsidios por desempleo, las modalidades de su concesión o los criterios con arreglo a los cuales debe declararse que el paro de un ciudadano de la Unión tiene carácter involuntario. Pues bien, en tal situación, procede comprobar si la legislación nacional de que se trata puede vulnerar los objetivos de la Directiva 2004/38 o privar de eficacia a sus disposiciones.
48      En el caso de autos, a pesar de que, como señaló el Abogado General en los puntos
52 y 53 de sus conclusiones, la petición de decisión prejudicial no permite saber exactamente con arreglo a qué criterios
—para conceder los subsidios por desempleo de que se trata en el litigio principal, a saber, el subsidio para demandantes de empleo—
el organismo nacional competente concede tal subsidio, basta con señalar que, en sus observaciones, Irlanda indicó, al igual que el Ministro ante la High Court (Tribunal Superior), que, conforme a las disposiciones nacionales aplicables, el DEASP, que es el organismo nacional competente para conceder ese subsidio para demandantes de empleo, no está obligado a investigar las razones por las que una persona en paro dejó su empleo y, por lo tanto, tampoco está obligado a examinar si dicho paro es «involuntario» o no.
49      Pues bien, si resultara
—extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente—
que el DEASP no está efectivamente obligado a investigar las razones por las que una persona está en paro y puede conceder el subsidio para demandantes de empleo sin que esté demostrado que dicho paro es «involuntario», a efectos del artículo
7, apartado
3, de la Directiva 2004/38, procedería concluir que la concesión de ese subsidio para demandantes de empleo carece de toda relación con el carácter involuntario o no del paro de la persona afectada y, en cualquier caso, no puede constituir una prueba del carácter involuntario o no de la pérdida de su empleo. En tales circunstancias, el hecho de que la autoridad nacional competente para expedir las tarjetas de residencia no tome en consideración la decisión de concesión del subsidio en cuestión como prueba de que dicha persona se encuentra en situación de paro involuntario «debidamente acreditado», a efectos de la citada disposición, no puede evidentemente poner en entredicho los objetivos de la Directiva 2004/38 o la eficacia de sus disposiciones.
50      En cambio, si, tras las comprobaciones que le incumbe realizar, el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que el organismo nacional competente para la concesión del subsidio por desempleo condiciona esta concesión a
que dichas personas se encuentren en situación de «paro involuntario», a efectos del artículo
7, apartado
3, de la Directiva 2004/38, es decir, que el cese de la actividad por cuenta ajena o por cuenta propia de las personas afectadas se ha producido por razones
—o debido a circunstancias—
ajenas a su voluntad (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2019, Tarola, C‑483/17, EU:C:2019:309, apartados 46 a 49 y jurisprudencia citada), y que dicho organismo comprueba efectivamente que esas razones o circunstancias son ajenas a la voluntad de dichas personas, la autoridad nacional competente para expedir las tarjetas de residencia debería tener en cuenta la decisión de concesión del subsidio de demandante de empleo como, al menos,
una prueba tendente a demostrar que la persona afectada se encuentra en situación de paro involuntario «debidamente acreditado», a efectos de la citada disposición.
51      Por consiguiente, y a falta de indicaciones más precisas por parte del órgano jurisdiccional remitente sobre si, con arreglo a las disposiciones nacionales pertinentes, la autoridad nacional competente para expedir las tarjetas de residencia está obligada o no a tener debidamente en cuenta la decisión de concesión del subsidio para demandantes de empleo como prueba tendente a demostrar que la persona de afectada se encuentra en situación de paro involuntario «debidamente acreditado», corresponde al órgano jurisdiccional remitente, único competente para interpretar y aplicar el Derecho nacional, comprobar si la aplicación de esas disposiciones nacionales respeta los principios de equivalencia y de efectividad del Derecho de la Unión y, por lo tanto, no pone en entredicho el objetivo de la Directiva 2004/38 o la eficacia de sus disposiciones.
52      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo
7, apartado
3, letra b), de la Directiva 2004/38 debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un ciudadano de la Unión que reside en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional perciba un subsidio por desempleo a cargo de ese Estado miembro no debe ser reconocido, como tal, por la autoridad de dicho Estado miembro competente para expedir las tarjetas de residencia, como prueba suficiente de que esa persona se encuentra en situación de paro involuntario «debidamente acreditado», a efectos de dicha disposición.
Tercera cuestión prejudicial
53      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 2004/38, a la luz del principio general de buena administración, debe interpretarse en el sentido de que implica que la autoridad nacional competente para expedir las tarjetas de residencia está obligada a comunicar su expediente a un solicitante nacional de un tercer país, en su caso de forma debidamente expurgada, ya sea antes de adoptar una decisión sobre el mantenimiento de su derecho de residencia o de la tarjeta de residencia con arreglo al artículo
14 de dicha Directiva, en relación con sus artículos
7 y 13, ya sea únicamente cuando se recurra dicha decisión ante los órganos jurisdiccionales, si los documentos del expediente en cuestión, en los que se basó la autoridad nacional competente para denegar la tarjeta de residencia y cuya comunicación solicitó dicho nacional, contienen información relativa, en particular, a los períodos de empleo de su exesposa, ciudadana de la Unión, y esta, tras habérselo solicitado ese nacional, se negó a remitirle dicha información.
54      A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que la Directiva 2004/38
—en particular su artículo
7, relativo al derecho de residencia por más de tres meses, su artículo
10, relativo a la expedición de la tarjeta de residencia, su artículo
13, relativo al mantenimiento del derecho de residencia de los miembros de la familia en caso de divorcio, anulación del matrimonio o fin de la unión registrada, y su artículo
14, relativo al mantenimiento del derecho de residencia—
establece, en esencia, que incumbe a los solicitantes aportar los elementos necesarios para demostrar que cumplen las condiciones para gozar de los derechos reconocidos en dichos artículos y no impone ninguna obligación expresa a cargo de las autoridades nacionales de facilitar a los solicitantes la información de la que ya disponen y que estos podrían necesitar para demostrar que cumplen dichas condiciones.
55      Por lo tanto, debe señalarse que la Directiva 2004/38 no establece expresamente una «obligación de cooperación» a cargo de las autoridades de los Estados miembros en la fase de determinación de los elementos pertinentes de una solicitud de permiso de residencia y ello la distingue de una directiva como la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO 2004, L 304, p. 12), que impone tal obligación de cooperación en su artículo 4, apartado 1, [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2023, International Protection Appeals Tribunal y otros (Atentado en Pakistán), C‑756/21, EU:C:2023:523, apartado 48].
56      En segundo lugar, es preciso recordar que el artículo
41 de la Carta, que recoge el derecho a una buena administración y establece, en su apartado
2, que este derecho incluye, en particular, el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente [letra a)]; el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial [letra b)], así como la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones [letra c)], no va dirigido a los Estados miembros, sino únicamente a las instituciones, órganos y organismos de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de noviembre de 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, apartado 44 y jurisprudencia citada).
57      Por lo tanto, el solicitante de un permiso de residencia no puede obtener directamente del artículo 41, apartado 2, letras a) y b), de la Carta un derecho a ser oído en todo procedimiento relativo a su solicitud o un derecho de acceso al expediente en el marco de un procedimiento nacional (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de julio de 2014, YS y otros, C‑141/12 y C‑372/12, EU:C:2014:2081, apartado 67, y de 5 de noviembre de 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, apartado 44).
58      En cambio, el derecho a una buena administración recogido en el artículo
41 de la Carta refleja un principio general del Derecho de la Unión que debe aplicarse a los Estados miembros cuando apliquen tal derecho (véase la sentencia de 13 de julio de 2023, Azienda Ospedale-Università di Padova, C‑765/21, EU:C:2023:566, apartado 43 y jurisprudencia citada).
59      Es preciso añadir, por un lado, que el derecho de acceso al expediente es, en particular, el corolario necesario del ejercicio efectivo del derecho de defensa (sentencia de 13 de septiembre de 2018, UBS Europe y otros, C‑358/16, EU:C:2018:715, apartado
61 y jurisprudencia citada) y que, cuando adoptan medidas comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, las administraciones de los Estados miembros están obligadas a respetar el derecho de defensa de los destinatarios de las decisiones que afecten considerablemente a los intereses de estos últimos (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de noviembre de 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, apartado 50 y jurisprudencia citada).
60      Por otro lado, en el marco del procedimiento judicial, el respeto del derecho de defensa garantizado en el artículo 47 de la Carta implica que el demandante pueda acceder no solo a los motivos de la resolución adoptada con respecto a él, sino también a todos los elementos del expediente en los que se haya basado la Administración, con el fin de manifestarse sobre dichos elementos [sentencia de 25 de abril de 2024, NW y PQ (Información clasificada), C‑420/22 y C‑528/22, EU:C:2024:344, apartado 92 y jurisprudencia citada].
61      En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial resulta que la decisión controvertida en el litigio principal se adoptó con arreglo al Reglamento de 2015, que transpuso la Directiva 2004/38 al Derecho irlandés. Dado que el Reglamento de 2015 aplica el Derecho de la Unión, las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva, del derecho de defensa y del derecho a una buena administración, entre ellas el derecho de acceso al expediente, tal como están garantizadas en el Derecho de la Unión, son aplicables al asunto principal.
62      Cabe añadir que la situación controvertida en el litigio principal se caracteriza por el hecho, por un lado, de que el solicitante pretende obtener un derecho de residencia derivado sobre la base de datos que no obran en su poder, debido a que se refieren a otra persona, a saber, su exesposa, que no le dio acceso a ellos, y, por otro lado, de que las autoridades nacionales competentes para expedir una tarjeta de residencia al solicitante ya disponen de esos datos y se basaron en ellos para denegar la renovación de la tarjeta de residencia del solicitante.
63      Pues bien, si, como parece estimar el órgano jurisdiccional remitente, no existe ningún otro medio para que el demandante obtenga esos datos que el de solicitar el acceso al expediente que le afecta, habría que considerar que unas disposiciones procesales nacionales que ponen, de hecho, al solicitante en una situación en la que le resulta imposible demostrar que, en el momento en el que se inició el procedimiento de divorcio, su exesposa cumplía las condiciones establecidas en el artículo
7, apartado
3, letra b), de la Directiva 2004/38 y que, por lo tanto, él goza de un derecho de residencia derivado en virtud de las disposiciones de esta Directiva,
ponen en entredicho la eficacia de los derechos que la citada Directiva puede conferir al solicitante y no permiten garantizar el respeto de sus derechos fundamentales, más concretamente de su derecho a la tutela judicial efectiva y de su derecho de defensa.
64      Es cierto que, en el caso de autos, los datos de que se trata, que figuran ya en el expediente del solicitante, no se refieren directamente a este último, sino a su exesposa, de modo que podría menoscabarse la protección de la confidencialidad que se atribuye a tales datos.
65      A este respecto, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que los derechos fundamentales no constituyen prerrogativas absolutas, sino que pueden ser objeto de restricciones, siempre y cuando estas respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la medida en cuestión y no impliquen, habida cuenta de la finalidad perseguida, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados (sentencia de 13 de septiembre de 2018, UBS Europe y otros, C‑358/16, EU:C:2018:715, apartado 62 y jurisprudencia citada).
66      Tales restricciones pueden tener por objeto, en particular, proteger las exigencias de confidencialidad o de secreto profesional, que el acceso a determinada información y a ciertos documentos puede menoscabar (véase la sentencia de 13 de septiembre de 2018, UBS Europe y otros, C‑358/16, EU:C:2018:715, apartado 63 y jurisprudencia citada).
67      Así pues, puede limitarse el derecho de defensa sobre la base de una ponderación entre, por un lado, el principio general de buena administración y el derecho a la tutela judicial efectiva de la persona afectada y, por otro lado, los intereses invocados para justificar la no divulgación de un elemento del expediente a esa persona [sentencia de 25 de abril de 2024, NW y PQ (Información clasificada), C‑420/22 y C‑528/22, EU:C:2024:344, apartado 94 y jurisprudencia citada].
68      Sin embargo, esta ponderación no puede llevar a privar de toda efectividad al derecho de defensa de la persona afectada y a vaciar de contenido su derecho a la tutela judicial efectiva derivado del artículo
47 de la Carta, en particular al no comunicarle o, en su caso, a su representante, al menos, la esencia de los datos relativos a los períodos de empleo de su excónyuge y en los que se basa la decisión adoptada con respecto a él [véase, por analogía, la sentencia de 25 de abril de 2024, NW y PQ (Información clasificada), C‑420/22 y C‑528/22, EU:C:2024:344, apartado 95 y jurisprudencia citada].
69      De este modo, en una situación como del litigio principal, incumbe a la autoridad nacional competente para expedir la tarjeta de residencia o, en su caso, al órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso en el contexto de dicha expedición, tener en cuenta los intereses divergentes de las personas afectadas y ponderar los intereses en juego a la luz de las circunstancias de cada situación y del tipo de procedimiento de que se trate, así como comunicar al solicitante, en esencia o de forma expurgada, los elementos del expediente a los que de otro modo no tiene acceso y que son decisivos para la determinación del mantenimiento de su derecho de residencia.
70      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que la Directiva 2004/38, a la luz del principio general de buena administración y del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo
47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que implica que la autoridad nacional competente para expedir las tarjetas de residencia está obligada a comunicar a un solicitante nacional de un tercer país, o a su representante, su expediente, en su caso de forma debidamente expurgada, antes de adoptar una decisión relativa al mantenimiento de su derecho de residencia o a la concesión de una tarjeta de residencia con arreglo al artículo
14 de dicha Directiva, en relación con sus artículos
7 y 13, si los documentos del expediente en cuestión, en los que se basó la autoridad nacional competente para denegar la tarjeta de residencia y cuya comunicación solicitó dicho nacional, contienen información relativa, en particular, a los períodos de empleo de su exesposa, ciudadana de la Unión, y esta, tras habérselo solicitado ese nacional, se negó a remitirle dicha información.
Costas
71      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)      El artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE,
debe interpretarse en el sentido de que
la expresión «durante más de un año» que figura en él se refiere a un período único y continuo de actividad por cuenta ajena o por cuenta propia de más de un año.
2)      El artículo 7, apartado 3, letra b), de la Directiva 2004/38
debe interpretarse en el sentido de que
el hecho de que un ciudadano de la Unión que reside en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional perciba un subsidio por desempleo a cargo de ese Estado miembro no debe ser reconocido, como tal, por la autoridad de dicho Estado miembro competente para expedir las tarjetas de residencia, como prueba suficiente de que esa persona se encuentra en situación de paro involuntario «debidamente acreditado», a efectos de dicha disposición.
3)      La Directiva 2004/38, a la luz del principio general de buena administración y del derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
implica que la autoridad nacional competente para expedir las tarjetas de residencia está obligada a comunicar a un solicitante nacional de un tercer país, o a su representante, su expediente, en su caso de forma debidamente expurgada. antes de adoptar una decisión relativa al mantenimiento de su derecho de residencia o a la concesión de una tarjeta de residencia con arreglo al artículo 14 de dicha Directiva, en relación con sus artículos 7 y 13, si los documentos del expediente en cuestión, en los que se basó la autoridad nacional competente para denegar la tarjeta de residencia y cuya comunicación solicitó dicho nacional, contienen información relativa, en particular, a los períodos de empleo de su exesposa, ciudadana de la Unión, y esta, tras habérselo solicitado ese nacional, se negó a remitirle dicha información.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: inglés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.