61987J0301
INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-301/87 (
*1
)
I. Hechos
1.
El 12 de julio de 1983, la Comisión solicitó, por télex, información sobre las ayudas que se habían concedido a la SA Compagnie Boussac Saint Frères (en lo sucesivo, la «CBSF») en el sector de la producción de papel higiénico.
2.
Por télex de 22 de febrero de 1984, la Comisión reiteró su petición.
3.
El 22 de marzo de 1984, las autoridades francesas respondieron que la CBSF preveía la construcción de una nueva unidad de producción «Peaudouce» en Roanne y que no se había previsto ninguna ayuda pública concreta para la inversión de 120 millones de FF en «Peaudouce», efectuada bajo los auspicios de la Société de participation et restructuration industrielle (en lo sucesivo, «Sopari»), filial del Institut de développement industriel (en lo sucesivo, «IDI»). El Estado era titular del 44 % de las acciones del IDI.
4.
Por télex de 12 de julio de 1984, la Comisión solicitó a las autoridades francesas una lista de todas las intervenciones del IDI en favor de la CBSF desde diciembre de 1981 y recordó al Gobierno francés que la Comisión puede verse obligada a exigir la restitución de las ayudas otorgadas cuando sean incompatibles con el mercado común.
5.
Por carta de 23 de agosto de 1984, las autoridades francesas informaron a la Comisión de que en 1982 el IDI participó en la constitución del capital de la CBSF con 100,1 millones de FF. Esta participación fue transferida después a la Sopari. Esta aportó, a principios de 1984, 180 millones de FF a la CBSF, en forma de cuentas corrientes de accionistas. Y estaba a punto de abonarse una nueva aportación de 200 millones de FF en la misma forma.
6.
El 3 de diciembre de 1984, la Comisión decidió iniciar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE.
7.
El 4 de febrero de 1985, el Gobierno francés envió a la Comisión su respuesta a este requerimiento, precisando las condiciones en las que se había encontrado una solución industrial para el grupo Boussac, alegando, en particular, que las operaciones entraban, en cualquier caso, en el marco de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE.
8.
El 14 de marzo de 1985, la Comisión solicitó informes complementarios. Al no recibir respuesta, la Comisión reiteró su petición el 14 de mayo de 1985.
El 4 de junio de 1985, las autoridades francesas facilitaron informaciones suplementarias. Por iniciativa propia, las completaron y actualizaron, en particular, por cartas de 11 de octubre de 1985, 5 de febrero de 1986 y 19 de junio de 1986, así como por una nota de 4 de julio de 1986, transmitida por carta de 21 de julio. Asimismo, tuvieron lugar tres reuniones entre los servicios de la Comisión y los representantes del Gobierno francés, el 18 de octubre de 1985 y los días 14 de mayo y 4 de julio de 1986.
Tanto el Ministro de Industria, Correos, Telecomunicaciones y Turismo, como el Primer Ministro, intervinieron por cartas de 10 de noviembre y 8 de diciembre de 1986, respectivamente. Este último señaló que seguían existiendo divergencias de análisis sobre los hechos de este asunto entre los servicios de la Comisión y la Administración francesa, y que «un nuevo examen debería permitir superarlas». El 20 de enero de 1987, la Comisión comunicó al Gobierno francés que, el 17 de diciembre anterior, había decidido concluir su estudio del expediente en breve plazo y entablar, con este fin, nuevos contactos con aquél.
9.
Por carta de 19 de febrero de 1987, el Primer Ministro designó un «interlocutor de la Comisión para todos los aspectos de este asunto». Éste comunicó dos escritos dirigidos a la Comisión el 24 de marzo y el 14 de mayo de 1987, transmitidos por cartas de 27 de marzo y de 21 de mayo respectivamente.
En la carta que acompaña al primer escrito, el interlocutor precisa: «A mi juicio, resaltan tres hechos nuevos con relación a la exposición que se ha hecho hasta hoy». Estos tres elementos son:
a)
la amplitud del esfuerzo de reestructuración realizado, así como la importancia de las reducciones de capacidad, confirmadas por los últimos datos recogidos;
b)
la comprobación de que, si se situaban las intervenciones financieras criticadas en su contexto real, las inversiones públicas se acompañaban de un esfuerzo paralelo de inversiones privadas;
c)
la actual situación de la empresa.
Según el interlocutor, estos tres elementos inciden directamente en la calificación y la compatibilidad de las intervenciones de que se trata.
10.
La Comisión adoptó, el 15 de julio de 1987, la decisión impugnada. Los dos primeros artículos de la misma rezan así:
«Artículo 1
Son ilegales, por haber sido concedidas en infracción de las disposiciones del apartado 3 del artículo 93 del Tratado, las ayudas en forma de aportaciones de capital por un importe de 633,1 millones de FF realizadas por la Sopari, previa transferencia por parte del IDI, de préstamos por valor de 331,8 millones de FF a tipos de interés reducido y de reducciones de las cargas sociales por valor de 35 millones de FF, en el marco de un sistema de ayudas a la industria textil y de la confección, concedidas a Boussac Saint Frères, importante fabricante de productos textiles, de la confección y derivados del papel, durante el período comprendido entre 1982 y 1985, y sobre las que el Gobierno francés informó a la Comisión con retraso mediante télex de 22 de marzo y carta de 23 de agosto de 1984 y, en el marco del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93, mediante cartas de 4 de febrero, 4 de junio y 11 de octubre de 1985, 5 de febrero, 19 de junio y 21 de julio de 1986 y 27 de marzo y 21 de mayo de 1987. Estas ayudas son también incompatibles con el mercado común a tenor del artículo 92 del Tratado.
Artículo 2
De las citadas cantidades, que representan un beneficio económico que asciende a 685,86 millones de FF, deberá reembolsarse un importe total de 338,56 millones de FF.»
11.
Por diferentes sentencias, pronunciadas por órganos jurisdiccionales franceses en 1981, casi todas las sociedades del grupo Boussac Saint Frères fueron declaradas en suspensión de pagos. En 1981, las instancias jurisdiccionales encargaron al gabinete de expertos Arthur D. Little efectuar un análisis profundo de la situación de la empresa. Éste, después de haber concluido que las deficiencias de la gestión habían provocado dificultades en la empresa, pero que sus ramas textil y de higiene tenían un sólido potencial industrial y comercial, propuso una solución de recuperación.
Sobre la base de este diagnóstico, el IDI y los principales acreedores privilegiados (bancos) decidieron crear la CBSF, que tomó en arrendamiento el negocio comercial textil y de higiene de las sociedades en suspensión de pagos. En 1983, el IDI cedió su participación en el capital de la CBSF a la Sopari.
12.
La Comisión facilitó, en diferentes momentos, orientaciones referentes a la aplicación de los artículos 92 y 93 a la adquisición de participaciones en el capital de las empresas. Así lo hizo, en particular, en los informes sobre la competencia de 1972 y 1977. El 17 de septiembre de 1984 añadió orientaciones contenidas en una comunicación [SG (84) D 11839], titulada «Aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CEE a la adquisición de participaciones por parte de las autoridades públicas» (publicada en el Boletín CE 9-1984, p. 29). También puso en circulación unas «orientaciones textiles», en forma de comunicación y de carta, dirigidas a todos los Estados miembros, respectivamente, en julio de 1971 [SEC(71) 363 final] y el 4 de febrero de 1977 [SG(77) D 1198]. Estas normas fueron elaboradas por la Comisión con la ayuda de expertos nacionales.
II. Procedimiento
1.
El recurso del Gobierno francés se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de octubre de 1987.
2.
Por auto de 16 de marzo de 1988, el Tribunal de Justicia admitió la intervención del Reino Unido en apoyo de las pretensiones de la Comisión. El Reino Unido presentó sus observaciones en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de julio de 1988.
3.
La fase escrita siguió su curso reglamentario.
4.
Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. No obstante, decidió pedir a la Comisión que aportara las comunicaciones recibidas de terceros. La Comisión realizó dicha aportación dentro del plazo señalado.
III. Conclusiones de las partes
1.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Declare nula de pleno derecho la Decisión 87/585/CEE de la Comisión, de 15 de julio de 1987, sobre ayudas concedidas por el Gobierno francés a la empresa Boussac Saint Frères, fabricante de productos textiles, de la confección y de derivados del papel (DO L 352, p. 42).
—
Condene en costas a la demandada.
2.
La parte demandada, apoyada por la coadyuvante, solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime el recurso por infundado.
—
Condene en costas a la parte demandante.
IV. Motivos y argumentos de las partes
El Gobierno francés estima que la decisión de la Comisión, de 15 de julio de 1987, adolece de ilegalidad. En apoyo de su recurso de anulación, invoca cuatro motivos derivados de la infracción:
a)
De las normas de procedimiento del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE.
b)
Del artículo 190 del Tratado CEE.
c)
Del artículo 92 del Tratado CEE.
d)
Del principio general de proporcionalidad.
A. Infracción de las normas de procedimiento del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE
1.
El Gobierno francés estima que las aportaciones de capital y los préstamos que se concedieron a la CBSF no se pueden considerar ayudas del Estado y, por consiguiente, no se pueden considerar ilegales por el mero hecho de que no fueran notificadas previamente en el sentido del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE. A falta de una definición precisa, dada por el Tratado, de las ayudas en el sentido del artículo 92 del Tratado CEE, el Gobierno se basó en las indicaciones dadas por la Comisión en sus orientaciones de 17 de septiembre de 1984 [SG(84) D 11839].
2.
Aun en el caso en que las intervenciones de que se trata pudieran ser analizadas como ayudas, a lo que se opone el Gobierno francés, éste cree conveniente señalar que:
—
Cumplió sus obligaciones de información a la Comisión.
—
El apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE no impone ningún requisito de forma para informar a ésta con «la suficiente antelación».
—
La Comisión no actuó en un plazo razonable, atentando así al principio general de seguridad jurídica.
—
Posibles irregularidades de procedimiento no pueden producir automáticamente la ilegalidad de las ayudas públicas.
3.
El Gobierno francés alega que puso en conocimiento de la Comisión las ayudas públicas decididas en favor de la CBSF. La respuesta de las autoridades francesas de 22 de marzo de 1984 citaba las inversiones realizadas en la rama «Peaudouce». La Comisión recibió suficientes informaciones sobre la financiación, la situación de la empresa, el plan de reestructuración seguido y el resultado del mismo, que le habían debido permitir apreciar la compatibilidad de la asistencia financiera con las disposiciones del Tratado CEE.
La Comisión hizo caso omiso de elementos de información de los que tuvo conocimiento, como la posibilidad de suspensión prevista en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE, o como los datos precisos relativos a la reestructuración de la empresa (endeudamiento, exportaciones, inversiones, reducción de la capacidad de producción). Estas informaciones se transmitieron regularmente y, en particular, por nota de 4 de junio de 1985.
4.
Las autoridades francesas subrayan que los requisitos formales establecidos por carta de la Comisión de 2 de octubre de 1981 [SG(81) 12740], titulada «Notificación previa de los proyectos de ayuda estatal y examen de los mismos por la Comisión», dirigida a todos los Estados miembros, son exclusivamente indicativos y no normativos. A falta de un reglamento del Consejo, único órgano competente a tenor del artículo 94 del Tratado para dictar un reglamento de aplicación del artículo 93 del Tratado CEE, corresponde al Tribunal de Justicia determinar, caso por caso, el punto de partida razonable del plazo para el examen previo de la ayuda notificada.
El Gobierno francés observa que la Comisión no respetó las exigencias derivadas, en particular, de las sentencias de 11 de diciembre de 1973 (Lorenz, 120/73, Rec. 1973, p. 1471) y de 20 de marzo de 1984 (República Federal de Alemania contra Comisión, 84/82, Rec. 1984, p. 1451), que imponían a la Comisión el deber de actuar con diligencia, durante la fase previa de examen de las ayudas a que se refiere el apartado 3 del artículo 93, en un plazo razonable de dos meses, a falta de lo cual el Estado miembro puede poner en vigor las medidas proyectadas, después de dirigir un preaviso a la Comisión. Ésta no inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE hasta el 3 de diciembre de 1984, es decir, ocho meses después de haber sido informada el 22 de marzo de 1984. Suponiendo que la carta de 23 de agosto de 1984 deba considerarse como punto de partida para el procedimiento previsto por el apartado 2 del artículo 93, resultaría que transcurrieron tres meses y medio, y no dos meses, antes de que se iniciara el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE. Además, entre el requerimiento de 3 de diciembre de 1984 y la decisión impugnada de 15 de julio de 1987 transcurrió un plazo inaceptable de 31 meses. La Comisión no puede vincular su decisión al envío del escrito del mes de mayo de 1987, puesto que, como se ha acreditado, el procedimiento previsto por el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE se había iniciado dos años y medio antes. En la sentencia de 24 de noviembre de 1987 (RSV contra Comisión, 223/85, Rec. 1987, p. 4617), el Tribunal sancionó a la Comisión en una hipótesis parecida.
5.
Además, el Gobierno francés observa que no pudo tener conocimiento de las observaciones de otros cuatro Estados miembros, seis federaciones y una empresa individual recibidas por la Comisión, motivo por el que se vulneraron los derechos de la defensa.
6.
El Gobierno francés pone en duda que la falta de respeto a las normas previstas por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE convierta en ilegales per se las intervenciones de que se trata y prive de objeto al examen de fondo. En cualquier caso, dicha ilegalidad es insuficiente para determinar la incompatibilidad de las ayudas de que se trata. En efecto, en la sentencia de 20 de marzo de 1984, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que la fase previa de examen «tiene únicamente por objeto permitir que la Comisión se forme una primera opinión sobre la compatibilidad parcial o total con el Tratado de los proyectos de ayudas que le son notificados»(traducción provisional). Así pues, la Comisión debe proceder a un examen a fondo y medir el alcance de sus obligaciones basando su decisión en un estudio de la compatibilidad de fondo de las intervenciones de que se trata. Este estudio es necesario, máxime cuando es difícil imaginar ayudas compatibles con el mercado común pero ilegales por vicio de forma.
Además, el razonamiento basado exclusivamente en el procedimiento es insuficiente para fundamentar la decisión de la Comisión en el presente caso, pues no se comprende por qué la Comisión no sancionó inmediatamente el pretendido vicio de forma, prosiguiendo, en cambio, una larga investigación.
Por lo demás, el artículo 94 del Tratado CEE concibe ayudas para las que no se aplican las normas de procedimiento del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE. Los requisitos de procedimiento exigidos por la Comisión exceden de lo requerido por el texto del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE.
7.
La Comisión califica de «ayudas» la asistencia financiera de que se trata. Dejar exclusivamente en manos de un Estado miembro la tarea de efectuar esta calificación sería inaceptable y haría que esta apreciación vanara de un Estado miembro a otro. La Comisión, como guardiana del Tratado, debe proceder a efectuar esta apreciación.
8.
La Comisión estima haber promulgado, por carta de 2 de octubre de 1981 [SG(81) 12740], antes citada, normas referentes a la notificación de los proyectos de ayuda en interés general de la Comunidad. Los Estados miembros deberían sujetarse a ellas con un espíritu de cooperación leal, como se desprende del artículo 5 del Tratado CEE. Esta obligación impuesta a los Estados miembros es la contrapartida de las obligaciones de la Comisión derivadas de la sentencia de 11 de diciembre de 1973, antes citada.
La Comisión señala que la información de 22 de marzo de 1984 afecta a la rama «Peaudouce» y guarda silencio sobre todas las intervenciones que se discuten en el presente litigio. Asimismo, la comunicación de 23 de agosto de 1984 es incompleta, en particular, en datos numéricos. Nada dice con respecto al plan de reestrucutración de la CBSF. Las primeras informaciones (escasas, inconexas y no cifradas) facilitadas por las autoridades francesas fueron dadas en un momento en que las ayudas ya se habían otorgado parcialmente. Las informaciones dadas a continuación fueron voluminosas y detalladas, pero contradictorias e incompletas, necesitándose aclaraciones, informaciones suplementarias, notificaciones y reuniones. La Comisión estima haber examinado en su decisión todos los aspectos de la reestructuración de la empresa, como el endeudamiento, las exportaciones, las inversiones y la reducción de la capacidad de producción, comunicados por el Gobierno francés y centrados en los temas de las reducciones de capacidad y de empleos y las inversiones en la modernización del equipo.
En cualquier caso, las autoridades francesas no respetaron el efecto suspensivo previsto por el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE. Tampoco dieron el «preaviso», en el sentido de la sentencia Lorenz. Por lo demás, la cuestión de las fechas iniciales de cómputo no es pertinente, pues la falta de notificación de las ayudas con la suficiente antelación y en la fase de proyecto hace que el Gobierno francés no pueda alegar los plazos de rigor resultantes de la sentencia Lorenz.
La Comisión estima que actuó con diligencia, que no dejó transcurrir un plazo excesivo entre la iniciación del procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE y la adopción de su decisión impugnada de 15 de julio de 1987, y ello teniendo en cuenta, en particular, la fecha de recepción del escrito del interlocutor especial en mayo de 1987. Asimismo tuvo en cuenta las cartas del Primer Ministro y del Ministro de Industria, Correos, Telecomunicaciones y Turismo, solicitando con cierta insistencia un nuevo examen del expediente. Hay que perdonar a la Comisión que se tomara cierto tiempo para efectuar este reexamen. La Comisión concluye afirmando que no resultó perjudicial el plazo transcurrido entre diciembre de 1984 y julio de 1987, pues el Gobierno francés no esperaba una decisión sobre un proyecto de ayudas, mantenido en suspenso de acuerdo con el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE, sino sobre ayudas ya otorgadas.
La Comisión alega que, contrariamente a la opinión de la demandante, la sentencia de 24 de noviembre de 1987 antes citada, RSV contra Comisión, permite pensar que puede estar justificado un plazo, aunque sea muy largo, y que así sucede en el presente asunto.
9.
La Comisión declaró, en la decisión impugnada, que «otros cuatro Estados miembros, seis federaciones y una empresa presentaron sus observaciones en el marco del procedimiento». Alega que los derechos de la defensa fueron plenamente respetados, puesto que las diversas comunicaciones recibidas de terceros no contienen ni nuevas informaciones, desconocidas por el Gobierno francés, ni argumentos o razonamientos incluidos en la motivación de la decisión impugnada. Ni siquiera prescindiendo de las observaciones recibidas, la decisión habría podido tener un contenido diferente.
10.
La Comisión alega que las ayudas en litigio fueron concedidas infringiendo las disposiciones del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE. Estas disposiciones, que establecen una prohibición clara y absoluta, son imperativas, tienen carácter de orden público y determinan la ilegalidad per se de las ayudas en litigio.
La reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular las sentencias de 19 de julio de 1973 (Capolongo, 77/72, Rec. 1973, p. 611), de 22 de marzo de 1977 (Steinike y Weinlig contra Comisión, 78/76, Rec. 1977, p. 595) y de 11 de diciembre de 1973 (Lorenz, antes citada), sobre la cuestión del efecto directo de los artículos 92 y 93 del Tratado CEE, confirma la tesis de que la prohibición produce efectos en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros. Así pues, los particulares pueden dirigirse a los órganos jurisdiccionales nacionales para comprobar la compatibilidad de una ayuda existente o de una nueva ayuda establecida infringiendo el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE. De ello se deriva que dichas ayudas son ilegales per se.
El Tribunal de Justicia no puede regularizar a posteriori los vicios de que adolecen las ayudas. La Comisión da mucha importancia a que el Tribunal deduzca todas las consecuencias de la infracción de las normas de procedimiento del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE y no proceda al examen de los demás motivos relativos a la pretendida vulneración de las normas de fondo del apartado 3 del artículo 92. Este enfoque da lugar a importantes economías de tiempo y de trabajo en el procedimiento de investigación de las ayudas del apartado 2 del artículo 92, y, sobre todo, tiene la ventaja, por un lado, de disuadir a los Estados miembros que demasiado a menudo se sustraen a las obligaciones que impone el apartado 3 del artículo 93 y, por otro, de resolver con anterioridad los problemas relacionados con la recuperación de las ayudas ¡legales.
11.
La parte coadyuvante estima que las autoridades francesas no notificaron una propuesta de ayudas y, hasta el 4 de julio de 1986, no declararon la asistencia financiera completa que se había otorgado a la CBSF. De este modo, la Comisión no fue informada con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones.
12.
El Gobierno del Reino Unido alega que hay que tener en cuenta las indicaciones suministradas por la Comisión en su carta de 2 de octubre de 1981 [SG(81) 12740], aunque no tengan un valor normativo, para determinar si un Estado miembro, de conformidad con la obligación que le impone el artículo 5 del Tratado CEE, ha adoptado todas las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Tratado.
13.
Mantiene, a continuación, que el Gobierno francés no confirmó hasta el 23 de agosto de 1984 la participación del IDI y la Sopari en el capital de la CBSF, y que no se puede reprochar a la Comisión el haber esperado hasta el 3 de diciembre de 1984 para iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE.
El período de tiempo transcurrido del 3 de diciembre de 1984 al 15 de julio de 1987, fecha de la decisión impugnada, no se puede imputar solamente a la Comisión, órgano que, al menos hasta el 4 de julio de 1986, tropezó con dificultades para obtener las informaciones necesarias. Más tarde, el Gobierno francés, por carta de 8 de diciembre de 1986, solicitó un nuevo examen del expediente y, el 19 de febrero de 1987, designó a un nuevo representante que dirigió a la Comisión dos voluminosos escritos.
El Gobierno francés no podía creer razonablemente que, como consecuencia del retraso de la Comisión, las ayudas no encontrarían objeciones por parte de ésta.
14.
La parte coadyuvante añade que la Comisión, en el presente caso, no estaba obligada a divulgar el contenido de las observaciones presentadas por los terceros interesados, de conformidad con el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE.
B. Infracción del artículo 190 del Tratado CEE
15.
El Gobierno francés considera insuficientemente motivada la decisión de la Comisión de 15 de julio de 1987, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En especial, la Comisión no demostró en su decisión el efecto real de las ayudas concedidas.
16.
Por una parte, la decisión de la Comisión debería contener indicaciones suficientemente concretas sobre la naturaleza de los perjuicios eventualmente sufridos por la competencia y sobre la influencia en los intercambios entre Estados miembros. Ahora bien, la decisión en litigio contenía informaciones inexactas sobre la cuota de mercado de la empresa y sobre las corrientes de intercambios.
Así, las exportaciones de la CBSF disminuyeron en vez de aumentar entre 1981 y 1985, siendo sus exportaciones a los demás Estados miembros del orden del 16 % solamente, lo que corresponde a una cuota del mercado europeo inferior al 0,5 %. Al mismo tiempo, aumentó la penetración en Francia de productos originarios de la CEE. Considerar, como hace la Comisión en la decisión impugnada, que las exportaciones textiles hacia otros Estados miembros aumentaron en un 32 % en el período de 1982 a 1984 supone ignorar que habría que excluir las exportaciones de «Peaudouce», que nunca contó con asistencia financiera, y tener en cuenta el aumento coyuntural de la actividad en el sector del lino en los años 1983 y 1984.
17.
Por otra parte, el Gobierno francés, citando la sentencia de 14 de noviembre de 1984 (Intermills contra Comisión, 323/82, Rec. 1984, p. 3809), estima que la decisión en litigio debe indicar cómo se modificaron las condiciones de los intercambios hasta tal punto que hubiera sido preferible liquidar la empresa antes que sanearla. En su decisión, la Comisión parece suponer que la liquidación habría sido preferible a los esfuerzos de restructuración y financieros, más racionales desde el punto de vista sectorial, menos dañosos para la competencia y más equitativos para los asalariados y acreedores.
18.
Además, el Gobierno francés considera que la decisión en litigio es contradictoria, pues tiene en cuenta las reducciones de efectivos o capacidades cuando se cerraron 13 centros transferidos a sociedades independientes, pero no tiene en cuenta las reducciones producidas dentro de la misma empresa, pese a que éstas fueron el corolario de importantes reducciones de capacidad. El Gobierno francés niega que la CBSF haya anunciado importantes aumentos de capacidad.
19.
La Comisión estima suficientemente motivada su decisión de 15 de julio de 1987.
En el marco de los artículos 92 y 93 del Tratado CEE, la Comisión se vio obligada a pronunciarse sobre proyectos de ayudas, lo que excluía toda apreciación del efecto real actualizado de las ayudas sobre las exportaciones de la CBSF o sobre la cuota de mercado de ésta, o sobre si afectaban a los intercambios o perjudicaban la competencia. Seguir el razonamiento del Gobierno francés cuando afirma que la Comisión estaba obligada a demostrar el efecto real de las ayudas ya concedidas llevaría a favorecer a los Estados miembros que, infringiendo el deber de notificación del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE, concedieran ayudas ilegalmente. Según la Comisión, basta demostrar que la empresa recibe asistencia financiera de los poderes públicos, quedando así descargada de costes y gastos que debería soportar y que, por el contrario, soportan las empresas de la competencia.
20.
La Comisión alega que hay que considerar el período durante el que se otorgaron las ayudas controvertidas, es decir, de 1982 a 1984, y no el período, arbitrariamente considerado por la demandante, de 1981 a 1985. Durante el período de 1982 a 1984, las exportaciones de productos textiles a los demás Estados miembros aumentaron en un 32 %. La CBSF exportó un 16 % de su producción textil a los demás Estados miembros y un 9 % a terceros países.
21.
Para la Comisión, la sentencia Intermills, antes citada, se refiere a un caso particular que reúne condiciones distintas de las del presente y, por tanto, el argumento de la falta de motivación deducido de esta jurisprudencia no debe tenerse en cuenta. La decisión de 15 de julio de 1987 no admitió la existencia de una verdadera reestructuración que hubiera podido permitir eventualmente considerar que las ayudas, al facilitar el desarrollo económico de la actividad textil, no iban a afectar a los intercambios en una medida contraria al interés común. Por lo demás, la decisión en litigio abordó la cuestión de la posible desaparición de la CBSF.
22.
La Comisión estima que la decisión en litigio no es contradictoria.
La ayuda a los centros cerrados y a aquellos donde se detuvo la producción textil puede considerarse suprimida.
Una reducción de efectivos en la empresa, acompañada de una modernización, no lleva necesariamente a reducir la capacidad de producción o a reducir la producción. Por lo demás, la Comisión tuvo en cuenta las reducciones de capacidad. Además, frente a las objeciones de la parte demandante sobre la alegación contenida en la decisión de que la empresa había anunciado importantes aumentos de capacidad, se puede considerar que la inversión en cuestión se efectuó sin aumento de capacidad y, en este caso, habría que explicar cómo se conciliaria el mantenimiento de la capacidad existente con las afirmaciones de reducciones de capacidad a las que procedió la CBSF en el marco de su pretendida reestructuración.
23.
La parte coadyuvante precisa que las exportaciones francesas de productos textiles (excluidos los productos higiénicos) a los demás Estados miembros aumentó durante el período de 1982 a 1984, pasando de 456 a 600 millones de FF, es decir, con un incremento del 32 % (las exportaciones al Reino Unido aumentaron un 41 % en dicho período).
Añade que las ayudas no corresponden a una verdadera reestructuración, pues, conforme a la decisión impugnada, la asistencia financiera sólo se dirigía a modernizar las instalaciones productivas con el fin de mantener su actividad, sin aportar ningún cambio fundamental, y sí afectaron a las condiciones de los intercambios.
Por último, según el Gobierno del Reino Unido, es prácticamente imposible afirmar que la producción sufrió una disminución interna real, pues, como indica la Comisión en la decisión impugnada, hay que recurrir al método según el cual las cifras correspondientes a las reducciones de capacidad deben relacionarse con el volumen real de negocios de la sociedad, a precios constantes de 1982, y tener en cuenta la transferencia de 27 centros y 4730 asalariados a otros productores que continúan fabricando productos textiles.
C. Infracción del artículo 92 del Tratado CEE
24.
El Gobierno francés estima que las intervenciones criticadas no son ayudas en el sentido del artículo 92 del Tratado CEE.
25.
En primer lugar, el Gobierno francés recuerda el documento de la Comisión de 17 de septiembre de 1984 [SG(84) D 11839], en el que ésta concreta su posición general sobre la adquisición de participaciones por los poderes públicos, para alegar, a continuación, que las ayudas financieras fueron prestadas a la CBSF en las condiciones propias de una economía de mercado, de acuerdo con el comportamiento normal de un inversor privado en las mismas circunstancias.
Los poderes públicos, en este caso el IDI y la Sopari, adoptaron su decisión después de analizar el mercado, a la vista de un informe de expertos independientes, en función de un plan concreto de recuperación y con intervención de bancos e inversores privados. El diagnóstico de los expertos concluyó que la empresa era viable. Sería rentable en un plazo razonable siempre que se reestructurara mediante la supresión del exceso de capacidad en la rama textil y la conversión de las actividades textiles no rentables en actividades rentables. El plan de reestructuración fue debidamente aplazado en noviembre de 1983 y en enero de 1984. Además, la inversión pública se produjo a la par que la privada, pues, según la Comisión, al lado de los 999,9 millones de FF invertidos por los poderes públicos, el sector privado invirtió 1401 millones de FF. Los buenos resultados de la empresa demostraron a posteriori que la elección de los poderes públicos fue acertada.
26.
A continuación, el Gobierno francés estima que el razonamiento económico de la Comisión yerra cuando considera que la compra de la empresa por un franco simbólico demuestra que las intervenciones oficiales eran ayudas. De hecho, en virtud de los acuerdos de compra de noviembre de 1984, los nuevos adquirentes privados efectuaron en 1985 una aportación de capital de 400 millones de FF. Hasta esa fecha, el principal accionista de la CBSF había aportado más de 573 millones de FF.
27.
Por último, el Gobierno francés considera que las ayudas en cuestión no responden a los dos criterios enunciados por el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CEE, a saber, que afecten a los intercambios entre los Estados miembros y que falseen o amenacen falsear la competencia, para que una ayuda sea incompatible con el mercado común.
Por lo que respecta a la repercusión en los intercambios, la parte demandante señala que la cuota de mercado de rama textil de la CBSF es sólo del 0,3 % del mercado textil europeo, situándose en torno a los 800000 millones de FF. El mayor productor europeo de productos textiles, Coats Paton, posee una cuota de mercado del 2 %. Las exportaciones de la CBSF descendieron un 33 % entre 1982 y 1986, y el mercado francés continuó abriéndose a las importaciones de los demás Estados miembros. Es erróneo mantener, como hace la Comisión, que las exportaciones aumentaron un 32 % entre 1982 y 1984, por lo que debe corregirse esta cifra. En fin, deben tenerse también en cuenta los años 1985 y 1986.
Según el Gobierno francés, la competencia no fue falseada, ni amenazada por las ayudas de referencia, y la Comisión no demostró lo contrario, como era su obligación. En primer lugar, si se aprecia la competencia de modo concreto, y no in abstracto, la única solución posible era la liquidación de la empresa a falta de las intervenciones en litigio. Los competidores habrían comprado el activo de la empresa a precios irrisorios y el efecto subvención habría sido superior. Por otra parte, la CBSF no adoptó un comportamiento contrario a la competencia, pues sus precios de venta siguieron una evolución normal al alza, de modo que no contribuyó a una brusca caída de los precios del mercado común.
Por último, el Gobierno francés alega que el cálculo, realizado por la Comisión, de la subvención equivalente a las intervenciones de que se trata, es erróneo, pues aquélla no consideró: a) las incidencias fiscales; b) el exceso de pagos convenidos; c) las indemnizaciones por despido que habría tenido que soportar la colectividad en caso de liquidación judicial.
28.
Subsidiariamente, el Gobierno francés solicita al Tribunal de Justicia que examine la compatibilidad de las ayudas de referencia con las disposiciones del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE.
Un examen detallado de las ayudas llegaría a la conclusión de que los intercambios no fueron afectados, la recuperación de la empresa era innegable y la financiación había facilitado el desarrollo y la reconversión de las actividades industriales de la CBSF en el sentido de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE. El plan de reestructuración ejecutado permitió:
—
Suprimir el exceso de capacidad de producción textil, mediante el cierre de 30 centros de producción, la venta de otros 27 entre 1981 y 1986 y la reducción de la capacidad de producción en un 48,07 % para los hilados, en un 2,30 % para los tejidos, un 16,29 % para el ennoblecimiento y la manipulación y un 37,69 % para la confección.
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Reducir los efectivos en 14130 asalariados, es decir, una disminución del 68 %, cuyo coste fue de 1443 millones de FF.
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Convertir actividades textiles no rentables o correspondientes a subsectores muy vulnerables en actividades textiles rentables y actividades no textiles (de higiene, en particular).
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Racionalizar la producción y mejorar la productividad mediante la adquisición de tecnologías avanzadas.
El plan de reestructuración se detalló, en particular, en los escritos de 25 de marzo y 14 de mayo de 1987. Corresponde a la definición de reestructuración dada por la Comisión. El examen de las cifras de esta reestructuración, financiada por los sectores públicos y privados, habría debido desembocar en la aplicación de las disposiciones de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE; al rechazar su aplicación al caso presente, la Comisión comete un manifiesto error de apreciación económica.
El Gobierno francés estima que la asistencia se presta, en el sentido de la letra c) del apartado 3 del artículo 92, en regiones en las que el nivel de desempleo es muy alto con relación a la media nacional o comunitaria.
29.
Para concluir, y con respecto al motivo consistente en la infracción del artículo 92 del Tratado CEE, la parte demandante alega que la Comisión no puede eximirse de proceder a un examen concreto de las contribuciones con arreglo a las orientaciones por ella misma establecidas y cuyo objeto es servir de guía a los gobiernos de los Estados miembros y a la Comisión. Las contribuciones eran conformes con estas orientaciones.
En primer lugar, se reunían las condiciones establecidas por las «orientaciones textiles» establecidas en 1971 y 1977. En efecto, las contribuciones financieras en cuestión no tuvieron por resultado mantener artificialmente la actividad de una empresa, pues el dictamen realizado por el gabinete de expertos Arthur D. Little concluyó que la empresa era viable y ello fue corroborado por las inversiones privadas y los recientes resultados de la CBSF. Además, el período durante el que se aplicaron las intervenciones financieras debe apreciarse en función de la amplitud de las actividades de que se trata; la disminución total de efectivos fue de 14150, entre 1981 y 1986, y el plazo de seis meses, como se indica en las orientaciones, no fue realista, dada la amplitud de las reestructuraciones operadas. Por lo demás, los resultados de explotación atestiguan un innegable progreso y, por último, las contribuciones financieras se sitúan en un programa de reestructuración y rentabilización de la empresa que responde a las orientaciones relativas a las ayudas a la industria textil.
A continuación, el Gobierno francés alega que se respetaron las condiciones impuestas para autorizar el plan de reducción de las cargas sociales. La CBSF no se benefició de un plan sectorial de reducción de cargas sociales ni en 1984 ni posteriormente.
Por último, estima que las inversiones financieras no son ayudas de salvamento. No se trata de ayudas de tesorería, pues forman parte de un plan de restructuración, y, aunque éste fuera el caso, los préstamos se concedieron con tipos progresivos y ajustados a un índice de variación, que suponía una importante carga de reembolso, a la que se añadía la cláusula de vuelta a mejor fortuna. De este modo la empresa debe devolver en los próximos años 1011,8 millones de FF a Sopari y a los poderes públicos.
30.
La Comisión observa que, en el terreno de las ayudas, disfruta de facultades discrecionales para juzgar sobre la compatibilidad de un régimen de ayudas del Estado con las exigencias del mercado común, cuyo ejercicio implica apreciaciones de orden económico y social que deben efectuarse en un marco comunitario.
31.
Estima que carece de relevancia el hecho de que las intervenciones se decidieran basándose en un informe de expertos. Lo mismo ocurre ocurre con la mejora de la situación de la empresa. Esta circunstancia tiende a demostrar más bien la existencia de ayudas. Los esfuerzos de modernización y de racionalización no constituyen una verdadera reestructuración que pueda considerarse que contribuye al desarrollo económico sin alterar los intercambios. La Comisión no vio el plan de reestructuración. Las inversiones privadas tuvieron lugar en 1984, con posterioridad a las ayudas públicas, cosa que no niega la parte demandante.
32.
La Comisión considera que los intercambios quedaron afectados realmente.
El «mercado relevante» a los efectos del presente asunto no es del orden de 800000 millones de FF (115000 millones de ecus), pues esta cifra engloba sectores en los que Boussac nunca desarrolló ni desarrolla actividad alguna. Estos sectores representan el 70 % del total de la industrial textil. La conclusión que se deriva de ello es que la CBSF desarrolla la mayor parte de su actividad en un sector que representa el 30 % de la actividad total de la industria textil.
Hay que considerar la particular estructura de la industrial textil y de la confección, en cuyo mercado la CBSF pretende ocupar una cuota del 0,3 %, siendo el tercer productor de Francia y el quinto de la Comunidad. La cuota de mercado de la mayor empresa textil de la Comunidad, Coats Paton, es únicamente del 0,8 %, y la cifra de 2 % presentada por la parte demandante, se refiere a la sociedad Coats Viyella, fruto de la fusión en 1987 de Coats Paton y de Coats Viyella. Estas cifras pueden parecer modestas. Pero hay que tener en cuenta que en la Comunidad hay más de 15000 empresas con más de veinte asalariados y con un volumen medio de negocios de 7,7 millones de ecus por empresa. La CBSF tiene un volumen de negocios de 437 millones de ecus.
Por consiguiente, el examen del grado en que fueron afectados los intercambios exclusivamente desde el punto de vista de la cuota del mercado comunitario de la CBSF falsea la realidad.
Por último, la corrección del período, como propone la demandante, no corresponde a ningún elemento real. Además, la demanda conyuntural de lino, por ejemplo, afectó a todo el sector, y no sólo al francés, ni menos aún a la CBSF.
33.
Según la Comisión, la competencia fue falseada por las ayudas criticadas. La Comisión se opone a la tesis del Gobierno francés, según la cual la Comisión debería apreciar, caso por caso, los efectos negativos concretos de las ayudas sobre la competencia. Si fuera necesario exigir tal demostración, con cifras en la mano, el Tribunal de Justicia la habría incluido en la sentencia de 13 de marzo de 1985 (Países Bajos y Leeuwarder Papierwarenfabriek contra Comisión, asuntos acumulados 296/82 y 318/82 Rec. 1985, p. 809), en la que éste marcó los límites de las exigencias de motivación en este terreno. Ahora bien, el Tribunal de Justicia no lo hizo.
34.
La Comisión observa que los cálculos de su estimación del valor económico de las ayudas son exactos y se basan en los datos comunicados por la demandante en los escritos de marzo y mayo de 1987.
35.
En cuanto a la pretensión subsidiaria de examen de la compatibilidad de las ayudas con el apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, la Comisión se remite a su facultad discrecional para solicitar la desestimación de la demanda.
Con respecto a la excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, no hubo verdadera reestructuración de la empresa, es decir, una reorganización fundamental de la misma mediante el ajuste de su tamaño, de su calidad y de su organización con el fin de aumentar, mantener o restablecer su competitividad y su viabilidad. Ello se traduciría en cambios en varios o en todos los campos de la actividad de la empresa, como la mano de obra, la gestión, el capital, el hecho de procurarse medios de producción, el proceso de producción, los productos, la capacidad de producción, la distribución y los mercados. Por el contrario, la modernización de la empresa implicó la mera adaptación de los medios de producción, sin cambio fundamental en los ámbitos de actividad de la empresa. En conjunto, no puede considerarse que las medidas adoptadas hayan constribuido a una verdadera reestructuración de la empresa, que autorice la aplicación de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE. El contenido de la nota de 4 de junio de 1985 no puede servir de base a la afirmación de la realidad de un programa de reestructuración, pues: a) la división entre «negocios sanos» y «negocios con dificultades» no se evalúa más que en términos de volumen de negocios y empleo; b) las reducciones de empleos se evalúan en términos de una cifra global correspondiente a tres años; c) sólo se facilitan algunas informaciones sobre las inversiones realizadas que se acompañaron de una reducción de un 5 °/o, entre 1981 y 1985, de las actividades del grupo que atravesaban dificultades y «el cierre de 25 centros» (no precisados). A propósito de las reducciones de efectivos, la Comisión subraya que no son tan impresionantes, pues:
—
Existía un exceso de efectivos, por lo que las reducciones eran necesarias.
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Otras empresas del sector textil procedieron a ajustes masivos, que llegaron a suprimir más de un millón de empleos.
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Nos encontramos ante una modernización pura y simple de una empresa, que inevitablemente y por razones tecnológicas, lleva a una reducción de efectivos.
Por último, la Comisión considera que tuvo en cuenta las medidas de reconversión o saneamiento adoptadas por la CBSF y que motivó ampliamente su negativa al pretendido plan de reestructuración.
Acerca de la excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, la Comisión añade que no considera que las regiones citadas por la parte demandante sean regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o exista un grave subempleo. En apoyo de esta opinión cita la sentencia de 14 de octubre de 1987 (República Federal de Alemania contra Comisión, 248/84, Rec. 1987, p. 4013) de la que resulta que la excepción prevista en la letra a) sólo afecta a las regiones cuya situación económica sea sumamente desfavorable con relación al conjunto de la Comunidad.
36.
La Comisión explica que las orientaciones generales dirigidas a todos los Estados miembros fueron ultimadas con la ayuda de expertos nacionales. Al dictar orientaciones sin valor normativo, la Comisión ejerció una parte de su facultad discrecional. La no conformidad de las ayudas con estas orientaciones constituye una mera prueba adicional de su incompatibilidad con el mercado común.
Las ayudas de que se trata mantuvieron artificialmente la actividad de la CBSF, sin verdadera reestructuración. Tales ayudas de «salvamento» no previstas por las orientaciones afectan a la competencia sin mejorar la competitividad del sector. La viabilidad de la CBSF no resulta de inversiones del sector privado. La Comisión evaluó el problema de la «corta duración» prevista por las orientaciones, y motivó sus conclusiones. Las diferencias de opinión entre las partes a este respecto eran de orden económico, no habiéndose expuesto ningún motivo sobre la legalidad de la apreciación económica de la Comisión.
Por último, la Comisión añade que su decisión sobre el régimen de ayudas en forma de una reducción de las cargas sociales no puede contemplarse aisladamente de la decisión de la Comisión de retirar sus objeciones a la aplicación de un régimen francés de ayudas a la industria textil y de la confección. Así, las ayudas concedidas a una empresa individual en el marco de este régimen de ayudas sectoriales debían responder a determinados requisitos que no se daban en este caso. La decisión de 15 de julio de 1987 reviste a todos los argumentos expuestos a este respecto por el Gobierno francés.
La Comisión estima, por último, que las contribuciones financieras son ayudas de salvamento. Alega que tuvo en cuenta el tipo de interés de los préstamos, la cláusula de mejor fortuna y todos los demás elementos económicos expuestos por el Gobierno francés.
37.
La parte coadyuvante considera que la asistencia financiera de que se trata es una ayuda. Las deudas de la sociedad se cifraban en 3682 millones de FF en 1981. Era imposible contar con una remuneración normal en un plazo razonable en forma de dividendos o plusvalías. La CBSF no estaba en condiciones de procurarse los fondos necesarios en los mercados de capitales. Por lo que respecta al informe de los expertos independientes, conforme al que se decidieron las asistencias financieras, el Tribunal de Justicia no tuvo conocimiento de los elementos de referencia utilizados para la redacción de dicho informe.
38.
El Gobierno del Reino Unido considera que durante el período en litigio la CBSF exportaba el 16 % de su producción textil a otros Estados miembros y que las asistencias financieras pueden afectar a los intercambios entre los Estados miembros. Las ayudas falseaban o amenazaban falsear la competencia, pues la cuota de mercado debe ponerse en relación con el carácter fragmentario de la industria textil europea. Además, las ayudas otorgadas a la CBSF, de 1029,9 millones, eran sustanciales en comparación con la ayuda de 20 millones, que el Reino Unido contemplaba en aplicación del programa Cloft y al que renunció después de que la Comisión decidiera que el proyecto del Reino Unido era inaceptable, en razón (especialmente) de que el volumen de la ayuda era tan grande que amenazaban falsear la competencia.
La parte coadyuvante añade que la determinación de la subvención equivalente a la ayuda, tal como hizo la Comisión, es conforme con las normas en esta materia, conocidas por los Estados miembros por cuanto fueron publicadas, y nada permite concluir que los cálculos de la Comisión estén equivocados.
39.
A propósito de la posible aplicación de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, la parte coadyuvante se adhiere, en lo fundamental, a la postura de la Comisión.
En cuanto a la excepción prevista en la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CEE, el Reino Unido sostiene que la tasa de paro en las regiones en las que la CBSF posee centros de producción variaba, en 1986 entre el 10,5 % en los Vosgos y el 14,85 % en Roubaix, mientras que en el conjunto de la Comunidad era del 11,5 %.
Estas tasas no son excepcionalmente altas comparadas con las tasas de la demás regio- nes de la Comunidad donde se han instalado industrias textiles. A finales de junio de 1986, la tasa de paro en los condados del Reino Unido con mayor concentración de empresas textiles era la siguiente: Greater Manchester, 15 %; Lancashire, 13,7 %; Leicestershire, 9,9 %; Irlanda del Norte, 21,5 %; Tayside, 14,2 %; West Yorkshire, 13,8 %.
40.
El Gobierno del Reino Unido estima que las ayudas concedidas a la CBSF no cumplen los requisitos establecidos por la Comisión en las «orientaciones textiles».
D. Violación del principio general de proporcionalidad
41.
El Gobierno francés, basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, alega que la decisión controvertida viola el principio general de proporcionalidad.
42.
Por un lado, la decisión impugnada no tiene en cuenta los costes de reestructuración soportados por la empresa, lo que hace que la decisión sea excesiva y contradiga el objetivo de reestructuración.
43.
Por otra parte, la decisión no es proporcionada a los objetivos de racionalización del sector textil comunitario. Si la CBSF no se hubiera recuperado, habría sido liquidada judicialmente, lo que hubiera acarreado importantes consecuencias:
Para los acreedores privilegiados, que sólo habrían recuperado el 38 % de sus créditos, y para los acreedores ordinarios, que habrían perdido sus créditos.
Para la colectividad, que habría perdido sus créditos y habría tenido que soportar los costes sociales por las pérdidas de empleo.
En el ámbito social y regional, en el que se habría agravado la tasa de desempleo.
En el ámbito sectorial, en el que el mercado textil habría sufrido una perturbación por la reventa a bajo precio de existencias adquiridas con rebaja y en el que la adquisición de activos por debajo de su valor real habría llevado al mantenimiento del exceso de capacidades.
El Gobierno francés estima, por último, que la decisión impugnada no era necesaria gara alcanzar el objetivo de racionalización. Ésta se persiguió por medio de las contribuciones financieras, siendo la restitución exigida desproporcionada con relación a los pretendidos perjuicios a la competencia.
44.
La Comisión niega que en el presente caso se trate de una reestructuración y, por ello, la decisión de 15 de julio de 1987 no tiene en cuenta el coste de la pretendida reestructuración.
45.
La exigencia de la recuperación parcial de las ayudas concedidas tiene en cuenta el efecto de la misma en la viabilidad de la CBSF y no vulnera el principio general de proporcionalidad.
46.
La parte coadyuvante estima que los hechos de este caso difieren de los de los asuntos citados por la demandante. La decisión impugnada sólo exige la restitución de las ayudas cuya concesión constituye una violación del Tratado CEE, y se adoptó después de repetidas advertencias de la Comisión al Gobierno francés. Si la Comisión no hubiera exigido la restitución de las ayudas otorgadas, habría faltado al deber que le incumbe con arreglo al artículo 155 del Tratado CEE.
G. F. Mancini
Juez Ponente
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.