62023TJ1081_EXT
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 23 de julio de 2025 (
*1
)
«Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Servicios transeuropeos de telemática entre administraciones — Ampliación de nueva generación (TESTA‑ng II Ext) — Directiva 2014/24/UE — Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 — Decisión de modificar el contrato en vigor sin publicación de un nuevo anuncio de licitación — Circunstancias imprevisibles — Recurso de anulación — Legitimación activa — Afectación individual — Admisibilidad»
En el asunto T‑1081/23,
BT Global Services Belgium, con domicilio social en Machelen (Bélgica), representada por las Sras. V. Dor, A. Lepièce y M. Vilain XIIII, abogadas,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por las Sras. L. André y M. Ilkova y por el Sr. S. Romoli, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. R. da Silva Passos, Presidente, y la Sra. T. Pynnä (Ponente) y el Sr. H. Cassagnabère, Jueces;
Secretario: Sr. P. Cullen, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 27 de febrero de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia (
1
)
[omissis]
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad
22
La Comisión alega que el recurso es inadmisible debido a la falta de legitimación activa de la demandante y, más concretamente, a su falta de afectación individual con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
[omissis]
31
En el presente asunto, la Decisión impugnada es un anuncio de modificación de contrato, publicado en el Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea.
32
Dado que procede considerar que la demandante no es destinataria de la Decisión impugnada y que tal Decisión no constituye un acto reglamentario de alcance general, se ha de comprobar si la demandante se ve afectada directa e individualmente por dicha Decisión.
33
En primer lugar, por lo que atañe a la cuestión de si la Decisión impugnada afecta directamente a la demandante, procede recordar que el requisito de que la medida objeto del recurso afecte directamente a una persona física o jurídica, establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, exige el cumplimiento de dos requisitos acumulativos, a saber, que dicha medida, por un lado, surta efectos directamente en la situación jurídica de esa persona y, por otro, no deje ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener esta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias (véase la sentencia de 21 de febrero de 2024, Inivos/Comisión, T‑38/21, EU:T:2024:100, apartado 60 y jurisprudencia citada).
34
Procede examinar sucesivamente si la demandante cumple cada uno de estos dos requisitos.
35
En primer término, debe examinarse si la Decisión impugnada produce directamente efectos en la situación jurídica de la demandante.
36
A este respecto, la Decisión impugnada tuvo por efecto privar definitivamente a la demandante de la posibilidad de participar en un procedimiento. Así pues, la Decisión impugnada surtió efectos directamente en la situación jurídica de la demandante. Además, esta última opera en el mercado de que se trata.
37
En segundo término, la Decisión impugnada modificó definitivamente el contrato DIGIT/A3/PN/2019/026 con efecto inmediato y vinculante. Puesto que esa Decisión produce efectos jurídicos a este respecto sin que se requiera ninguna medida complementaria, se cumple el segundo requisito mencionado en el anterior apartado 33.
38
De ello resulta que la Decisión impugnada afectó directamente a la demandante. Por lo demás, la Comisión tampoco niega este extremo.
39
En segundo lugar, por lo que se refiere a la cuestión de si la Decisión impugnada afecta individualmente a la demandante, de jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se desprende que los sujetos distintos de los destinatarios de una decisión solamente pueden alegar que esta los afecta individualmente cuando dicha decisión los concierne en razón de ciertas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, los individualiza de una manera análoga a la del destinatario (véase la sentencia de 21 de febrero de 2024, Inivos/Comisión, T‑38/21, EU:T:2024:100, apartado 68 y jurisprudencia citada).
40
Por lo tanto, debe comprobarse si la Decisión impugnada afecta a la demandante en razón de ciertas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualquier otra persona, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 39 anterior.
41
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, cuando la decisión afecta a un grupo de personas identificadas o identificables en el momento de la adopción del acto y en función de criterios que caracterizan a los miembros del grupo, esas personas pueden considerarse individualmente afectadas por dicho acto, en la medida en que forman parte de un círculo restringido de operadores económicos (véase la sentencia de 21 de febrero de 2024, Inivos/Comisión, T‑38/21, EU:T:2024:100, apartado 70 y jurisprudencia citada).
42
En materia de contratación pública, el Tribunal de Justicia ha declarado que de las disposiciones de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO 1989, L 395, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (DO 2014, L 94, p. 1), resulta que la tutela judicial efectiva exige que los licitadores no seleccionados dispongan de una posibilidad real de interponer un recurso [véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2022, Telefónica de España/Comisión, C‑478/22 P(R), EU:C:2022:914, apartado 47].
43
Además, el considerando 17 de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665 y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos (DO 2007, L 335, p. 31), indica que «los procedimientos de recurso deben ser accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción».
44
En la concreta situación en que el poder adjudicador acuda al procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación, debe considerarse que un operador que no fue invitado a participar en dicho procedimiento, pese a estar en condiciones de cumplir los criterios aplicados por el poder adjudicador para seleccionar a las empresas a las que enviaría una invitación a licitar, pertenece a un círculo restringido de competidores en disposición de presentar una oferta si se les hubiera invitado a participar en el procedimiento (sentencia de 21 de febrero de 2024, Inivos/Comisión, T‑38/21, EU:T:2024:100, apartado 71).
45
En el presente asunto, la Decisión impugnada es un anuncio de modificación de contrato. Por consiguiente, la demandante no puede aportar la prueba —como habría podido hacer, en su caso, en el supuesto de un procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación— de que estaba en condiciones de cumplir los criterios aplicados por el poder adjudicador para seleccionar a las empresas a las que enviar una invitación a licitar y, por tanto, de que pertenecía a un círculo restringido de competidores en disposición de presentar una oferta si se les hubiera invitado a participar en el procedimiento.
46
Sin embargo, en primer término, la demandante participó en la licitación restringida DIGIT/R2/PR/2011/039, que lleva por título «Servicios transeuropeos de telemática entre administraciones — Nueva generación (TESTA‑ng)», convocada en 2011. Además, participó en la licitación restringida DIGIT/A3/PR/2019/RP/010, titulada «Servicios transeuropeos de telemática entre administraciones (TESTA)», que se le adjudicó (véanse los anteriores apartados 3 y 5). Con independencia del hecho, invocado por la Comisión, de que efectivamente no es posible tener certeza de que la demandante habría obtenido una adjudicación posterior, no es menos cierto, como alega la demandante, que solo ella resultó adjudicataria en el último procedimiento de contratación abierto a la competencia en relación con los servicios de la red TESTA.
47
En segundo término, existe un estrecho vínculo entre la licitación DIGIT/A3/PR/2019/RP/010, adjudicada a la demandante, y el contrato DIGIT/A3/PN/2019/026, modificado por la Decisión impugnada. En efecto, el objetivo del contrato DIGIT/A3/PN/2019/026 era garantizar la continuidad del servicio de la red TESTA hasta la migración a un nuevo contratista, una vez concluido el procedimiento DIGIT/A3/PR/2019/RP/010 (véase el anterior apartado 6).
48
En tercer término, existe una relación directa entre la anulación de la licitación DIGIT/A3/PR/2019/RP/010, en la que la demandante había resultado adjudicataria, y la adopción de la Decisión impugnada, consistente en modificar el contrato DIGIT/A3/PN/2019/026. En efecto, la Comisión motivó la adopción de la Decisión impugnada alegando circunstancias imprevisibles, como las resultantes de los autos de 1 de abril de 2022, Telefónica de España/Comisión (T‑170/22 R, no publicado), de 22 de julio de 2022, Telefónica de España/Comisión [C‑478/22 P(R)‑R, no publicado, EU:C:2022:598], y de 14 de marzo de 2023, Telefónica de España/Comisión [C‑141/23 P (R)‑R, no publicado, EU:C:2023:292], dictados por los órganos jurisdiccionales de la Unión, que dieron lugar a la anulación de la licitación DIGIT/A3/PR/2019/RP/010, lo que imposibilitó la migración a una nueva red o el establecimiento de una nueva red plenamente operativa a la expiración del contrato (véase el anterior apartado 18).
49
Esta situación de hecho, que caracteriza a la demandante en relación con cualquier otra persona, permite individualizarla sobre la base de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 39.
50
La Comisión indicó, en la dúplica y en la vista, que la demandante habría podido estar legitimada para recurrir la Decisión impugnada si hubiera impugnado previamente la decisión de adjudicación del contrato DIGIT/A3/PN/2019/026. Procede rechazar esta alegación. En efecto, con independencia de la elección de la demandante de interponer o no un recurso contra dicha decisión, la demandante queda individualizada por la situación de hecho expuesta en los anteriores apartados 46 a 48.
51
De ello se deduce que debe desestimarse la alegación de la Comisión según la cual el recurso es inadmisible debido a la falta de legitimación activa de la demandante y, más concretamente, a su falta de afectación individual, y que el recurso es admisible.
[omissis]
Sobre el fondo
[omissis]
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24 y del artículo 172, apartado 3, letra b), del Reglamento 2018/1046
[omissis]
– Sobre la primera parte del primer motivo
80
Mediante la primera parte de su primer motivo, la demandante invoca la infracción del artículo 72, apartado 1, letra c), inciso i), de la Directiva 2014/24, cuyo contenido se corresponde con el artículo 172, apartado 3, letra b), inciso i), del Reglamento 2018/1046. Alega que la modificación no fue necesaria por circunstancias que un poder adjudicador diligente no hubiera podido prever.
81
A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 72, apartado 1, letra c), inciso i), de la Directiva 2014/24 y el artículo 172, apartado 3, letra b), inciso i), del Reglamento 2018/1046, es posible modificar un contrato sin recurrir a un nuevo procedimiento de contratación cuando «la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que un poder adjudicador diligente no hubiera podido prever» y si se cumplen también otros requisitos establecidos en dichas disposiciones que no son objeto de la primera parte del primer motivo.
82
El considerando 109 de la Directiva 2014/24 enuncia lo siguiente:
«Los poderes adjudicadores pueden encontrarse con circunstancias ajenas que no podían prever cuando adjudicaron la concesión, en particular si la ejecución del contrato se extiende durante un largo período de tiempo. En este caso, hace falta cierto grado de flexibilidad para adaptar el contrato a esas circunstancias sin necesidad de un nuevo procedimiento de contratación. El concepto de circunstancias imprevisibles hace referencia a aquellas circunstancias que no podrían haberse previsto aunque el poder adjudicador hubiera preparado con razonable diligencia la adjudicación inicial, teniendo en cuenta los medios a su disposición, la naturaleza y las características del proyecto concreto, las buenas prácticas en el ámbito de que se trate y la necesidad de garantizar una relación adecuada entre los recursos empleados en la preparación de la adjudicación y su valor previsible. […]»
83
Como se desprende del propio tenor del considerando 109 de la Directiva 2014/24, son imprevisibles únicamente aquellas circunstancias ajenas que no podrían haberse previsto aunque el poder adjudicador hubiera preparado con razonable diligencia la adjudicación inicial, teniendo en cuenta los medios a su disposición, la naturaleza y las características del proyecto concreto, las buenas prácticas en el ámbito de que se trate y la necesidad de garantizar una relación adecuada entre los recursos empleados en la preparación de la adjudicación y su valor previsible (sentencia de 7 de diciembre de 2023, Obshtina Razgrad, C‑441/22 y C‑443/22, EU:C:2023:970, apartado 68).
84
En el presente asunto, el procedimiento de contratación relativo al contrato DIGIT/A3/PN/2019/026 se lanzó el 26 de junio de 2019 y este fue adjudicado el 29 de mayo de 2020 (véase el anterior apartado 6).
85
La Decisión impugnada dispone lo siguiente:
«La secuencia de acontecimientos que escaparon al control del órgano de contratación (como la pandemia de COVID‑19 y tres [autos] posteriores [dictados] por los tribunales de la Unión […] —el 1 de abril de 2022, el 22 de julio de 2022 y el 14 de marzo de 2023— y que ordenan la suspensión de la firma del contrato marco) que finalmente dieron lugar a la cancelación de TESTA RP en abril de 2023 hace imposible la migración a una nueva red o disponer de una nueva red plenamente operativa antes del vencimiento del contrato marco. En este contexto, es evidente que esta conclusión del proceso de licitación constituye una circunstancia excepcional que no podría haber sido prevista por un órgano de contratación diligente antes de la firma del contrato marco. La necesidad de continuar operando en la red TESTA‑ng actual hasta que la solución de reemplazo esté disponible y completamente operativa impulsa los cambios descritos en la sección VII.2.1).»
86
Así pues, durante la preparación del procedimiento de contratación de que se trata, convocado en junio de 2019, y en el momento de la adjudicación del correspondiente contrato, en mayo de 2020, la Comisión no podía prever ninguna de las circunstancias ajenas identificadas en la Decisión impugnada, a saber, ni la gravedad de la pandemia de COVID‑19, que, en el momento de la adjudicación del contrato, acababa de comenzar, ni la sucesión de los antecedentes procesales recordados en los apartados 8 a 15 de la presente sentencia, que constituye una situación particularmente inusual.
87
De este modo, del artículo 72, apartado 1, letra c), inciso i), de la Directiva 2014/24 y del artículo 172, apartado 3, letra b), inciso i), del Reglamento 2018/1046, interpretados a la luz del considerando 109 de la Directiva 2014/24, se desprende que, como alegó la Comisión, la pandemia de COVID‑19 y las resoluciones adoptadas por el Tribunal General y el Tribunal de Justicia entre abril de 2022 y marzo de 2023, que ordenaban la suspensión de la firma del contrato marco anterior, pueden considerarse circunstancias que un poder adjudicador diligente no hubiera podido prever, en el sentido de estas disposiciones.
88
Por otra parte, la diligencia razonable con la que el poder adjudicador debe haber preparado el contrato inicial para poder invocar el artículo 72, apartado 1, letra c), inciso i), de la Directiva 2014/24 o el artículo 172, apartado 3, letra b), inciso i), del Reglamento 2018/1046 no exige que la Comisión haya tenido en cuenta, al preparar el contrato público de que se trate, la imposibilidad, provocada por esas circunstancias imprevisibles, de migrar a una nueva red o de establecer una nueva red plenamente operativa antes del vencimiento del contrato marco.
89
A la vista de todo lo anterior, debe desestimarse la primera parte del primer motivo.
– Sobre la segunda parte del primer motivo
90
Mediante la segunda parte de su primer motivo, la demandante invoca la infracción del artículo 72, apartado 1, letra c), inciso iii), de la Directiva 2014/24, en la medida en que, en su opinión, las modificaciones consecutivas introducidas en el contrato inicial tenían por objeto eludir la referida Directiva.
91
A este respecto, procede señalar que el artículo 72, apartado 1, letra c), inciso iii), de la Directiva 2014/24, relativo al hecho de que el posible incremento del precio no debe ser superior al 50 % del valor del contrato inicial, dispone que, «en caso de que se introduzcan varias modificaciones sucesivas, esta limitación se aplicará al valor de cada una de las modificaciones» y que «estas modificaciones consecutivas no deberán tener por objeto eludir las disposiciones de la [referida] Directiva». En cambio, la disposición equivalente en el Reglamento 2018/1046, a saber, el artículo 172, apartado 3, letra b), inciso ii), de ese Reglamento, no contiene tal precisión.
92
Habida cuenta de que la Directiva 2014/24 no resulta de aplicación a la Comisión, no cabe considerar que en el presente asunto se haya infringido el artículo 72, apartado 1, letra c), inciso iii), de la Directiva 2014/24.
93
En todo caso, como ha argumentado acertadamente la Comisión, la razón de ser de la limitación prevista en la última frase del artículo 72, apartado 1, letra c), inciso iii), de la Directiva 2014/24 es impedir cualquier uso abusivo de esta disposición y, en particular, evitar un supuesto en el que el poder adjudicador conciba varias modificaciones sucesivas de un mismo contrato con el fin de eludir las obligaciones derivadas de la Directiva 2014/24. Por lo tanto, esta limitación se aplica a las modificaciones consecutivas de un contrato determinado. No se extiende a los anteriores procedimientos de adjudicación de contratos.
94
Pues bien, en el presente asunto, la Comisión solo modificó el contrato una vez. Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del primer motivo.
[omissis]
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 172, apartado 3, letra a), del 2018/1046
97
Mediante su segundo motivo, la demandante alega que no se cumplían los requisitos para modificar el contrato de conformidad con el artículo 172, apartado 3, letra a), del Reglamento 2018/1046. Según ella, en la Decisión impugnada, la Comisión no precisa de qué modo se cumplen los requisitos establecidos en dicha disposición en el presente asunto.
[omissis]
105
Con carácter preliminar, es preciso señalar que la Decisión impugnada menciona tanto el artículo 172, apartado 3, letra a), del Reglamento 2018/1046 como el artículo 172, apartado 3, letra b), del referido Reglamento entre sus bases jurídicas. Además, parece que la referencia al artículo 172, apartado 3, letra a), del Reglamento 2018/1046 tiene carácter subsidiario (véanse los apartados 74 y 75 anteriores).
106
En efecto, la sección VII.2.2 de la Decisión impugnada, titulada «Justificación de la modificación», indica que la «necesidad de la modificación [se deriva] de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever», conforme al artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24 y, en términos casi idénticos, al artículo 172, apartado 3, letra b), del Reglamento 2018/1046.
107
Por lo tanto, el supuesto previsto en el artículo 172, apartado 3, letra b), del Reglamento 2018/1046 se presenta como el motivo principal. Por otra parte, la Decisión impugnada señala el artículo 172, apartado 3, letra a), del Reglamento 2018/1046 como base jurídica adicional, indicando que «algunas de las modificaciones necesarias se basan también en [el artículo 172, apartado 3, letra a)], del Reglamento [2018/1046]».
108
En otras palabras, en la medida en que las modificaciones del contrato pueden basarse únicamente en las circunstancias contempladas en el artículo 172, apartado 3, letra b), del Reglamento 2018/1046, puesto que la Comisión ha demostrado, en el marco del primer motivo, que tales circunstancias existían en el presente asunto, el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 172, apartado 3, letra a), del Reglamento 2018/1046, debe desestimarse por ser inoperante.
Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración de los principios de igualdad y transparencia
109
Mediante su tercer motivo, la demandante alega que, al aumentar el límite máximo del contrato relativo al acuerdo marco de 121,9 millones de euros a 160,9 millones de euros sin proceder a una nueva licitación, la Comisión vulneró los principios fundamentales de igualdad, competencia y transparencia consagrados en el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2014/24 y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
[omissis]
113
El considerando 107 de la Directiva 2014/24 tiene el siguiente tenor:
«Es preciso aclarar las condiciones en las que la modificación de un contrato durante su ejecución exige un nuevo procedimiento de contratación, teniendo en cuenta la correspondiente jurisprudencia del [Tribunal de Justicia]. Es obligatorio un nuevo procedimiento de contratación cuando se introducen en el contrato inicial cambios fundamentales, en particular referidos al ámbito de aplicación y al contenido de los derechos y obligaciones mutuos de las partes, incluida la distribución de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Tales cambios demuestran la intención de las partes de renegociar condiciones esenciales de dicho contrato. En concreto, así sucede si las condiciones modificadas habrían influido en el resultado del procedimiento, en caso de que hubieran formado parte del procedimiento inicial.
En todo momento debe ser posible introducir modificaciones en el contrato que representen un cambio menor de su valor hasta un determinado valor sin que sea necesario seguir un nuevo procedimiento de contratación. Para ello, con el fin de garantizar la seguridad jurídica, la presente Directiva debe disponer umbrales de minimis, por debajo de los cuales no sea necesario un nuevo procedimiento de contratación. Las modificaciones del contrato por encima de dichos umbrales deberían ser posibles sin la necesidad de seguir un nuevo procedimiento de contratación, en la medida en que cumplan las correspondientes condiciones establecidas en la presente Directiva.»
114
En otras palabras, la Directiva 2014/24 establece las condiciones en las que las modificaciones introducidas en un contrato en vigor no requieren un nuevo procedimiento de contratación, respetando los principios de igualdad y de transparencia recordados en su artículo 18, apartado 1. El mismo razonamiento puede aplicarse, por analogía, al Reglamento 2018/1046.
115
En los apartados 68 a 72 de la sentencia de 17 de junio de 2021, Simonsen & Weel (C‑23/20, EU:C:2021:490), citada por la demandante, el Tribunal de Justicia aclaró, en primer lugar, que el poder adjudicador originariamente parte en el acuerdo marco únicamente puede comprometerse hasta una determinada cantidad o un valor máximos y que, una vez alcanzado dicho límite, se agotarán los efectos de ese acuerdo. Así sucedió en el presente asunto, en el que el límite máximo del contrato se fijó en 121,9 millones de euros (véase el apartado 6 anterior).
116
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia precisó que están admitidas, no obstante, con arreglo al artículo 72 de la Directiva 2014/24, aquellas modificaciones del acuerdo marco que no tengan carácter sustancial, ya que el cumplimiento de tales condiciones permite garantizar el respeto de los principios de transparencia y de igualdad de trato enunciados en el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2014/24. Si bien el Tribunal de Justicia parece referirse al artículo 72, apartado 1, letra e), de la Directiva 2014/24, según el cual «los contratos y los acuerdos marco podrán modificarse sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento de contratación de conformidad con la presente Directiva […] cuando las modificaciones, con independencia de su valor, no sean sustanciales», el mismo razonamiento puede aplicarse, por analogía, a las situaciones previstas en el artículo 72, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2014/24 y en el artículo 172, apartado 3, letras a) y b), del Reglamento 2018/1046.
117
Pues bien, en el presente asunto, la Comisión ha demostrado, en el marco del primer motivo, que las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 172, apartado 3, letra b), del Reglamento 2018/1046 existían efectivamente. De ello se deduce que la modificación del contrato está comprendida en una de las situaciones previstas en el artículo 172 del Reglamento 2018/1046.
[omissis]
119
En este contexto, no cabe constatar ninguna vulneración de los principios de transparencia y de igualdad de trato.
[omissis]
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a BT Global Services Belgium.
da Silva Passos
Pynnä
Cassagnabère
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de julio de 2025.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
1
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.