62012CJ0309
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 28 de noviembre de 2013 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Directiva 80/987/CEE — Directiva 2002/74/CE — Protección de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empresario — Instituciones de garantía — Limitación de la obligación de pago de las instituciones de garantía — Créditos salariales vencidos más de seis meses antes del ejercicio de una acción de declaración de insolvencia del empresario»
En el asunto C‑309/12,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Central Administrativo Norte (Portugal), mediante resolución de 30 de marzo de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de junio de 2012, en el procedimiento entre
Maria Albertina Gomes Viana Novo,
Ezequiel Martins Dias,
Gabriel Inácio da Silva Fontes,
Marcelino Jorge dos Santos Simões,
Manuel Dourado Eusébio,
Alberto Martins Mineiro,
Armindo Gomes de Faria,
José Fontes Cambas,
Alberto Martins do Alto,
José Manuel Silva Correia,
Marilde Marisa Moreira Marques Moita,
José Rodrigues Salgado Almeida,
Carlos Manuel Sousa Oliveira,
Manuel da Costa Moreira,
Paulo da Costa Moreira,
José Manuel Serra da Fonseca,
Ademar Daniel Lourenço Dias,
Ana Mafalda Azevedo Martins Ferreira
y
Fundo de Garantia Salarial IP,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, y los Sres. E. Juhász (Ponente), A. Rosas, D. Šváby y C. Vajda, Jueces;
Abogado General: Sr. Y. Bot;
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de mayo de 2013;
consideradas las observaciones presentadas:
—
en nombre de la Sra. Gomes Viana Novo y otros, por el Sr. J. Trocado da Costa, advogado;
—
en nombre del Fundo de Garantia Salarial IP, por la Sra. J. Pereira, advogada;
—
en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Inez Fernandes y J. Quintela Coelho, en calidad de agentes;
—
en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. T. Henze y J. Möller, en calidad de agentes;
—
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. M. Afonso y el Sr. J. Enegren, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 20 de junio de 2013;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4 y 10 de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219; en lo sucesivo, «Directiva 80/987, en su versión inicial»), en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 270, p. 10; en lo sucesivo, «Directiva 80/987, en su versión modificada»).
2
Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre, por un lado, la Sra. Gomes Viana Novo y otras diecisiete personas (en lo sucesivo, conjuntamente, «Gomes Viana Novo y otros») y, por otro lado, el Fundo de Garantia Salarial IP (en lo sucesivo, «FGS»), en relación con la cobertura por éste de los créditos salariales exigibles por los recurrentes del litigio principal contra su antiguo empresario, en situación de insolvencia.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El artículo 3 de la Directiva 80/987, en su versión inicial, disponía lo siguiente:
«1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio del artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales y que se refieran a la retribución correspondiente al período anterior a una fecha determinada.
2.   La fecha prevista en el apartado 1 será, a elección de los Estados miembros:
—
bien la del momento en que se produce la insolvencia del empresario,
—
o la del [preaviso de despido] del trabajador asalariado afectado, dado en razón de la insolvencia del empresario,
—
o la del momento en que se produce la insolvencia del empresario o la terminación del contrato de trabajo o de la relación laboral del trabajador asalariado afectado, producida en razón de la insolvencia del empresario.»
4
El artículo 4 de la Directiva 80/987, en su versión inicial, era del siguiente tenor:
«1.   Los Estados miembros tendrán la facultad de limitar la obligación de pago de las instituciones de garantía, prevista en el artículo 3.
2.   Cuando los Estados miembros hagan uso de la facultad citada en el apartado 1, deberán:
—
en el caso citado en el primer guión del apartado 2 del artículo 3, asegurar el pago de los créditos impagados relativos a la retribución correspondiente a los tres últimos meses del contrato de trabajo o de la relación laboral, dentro de un período de seis meses anteriores a la fecha en que se produce la insolvencia del empresario,
—
en el caso citado en el segundo guión del apartado 2 del artículo 3, asegurar el pago de los créditos impagados relativos a la retribución correspondiente a los tres últimos meses del contrato de trabajo o de la relación laboral que preceden a la fecha del preaviso de despido del trabajador asalariado, efectuado en razón de la insolvencia del empresario,
—
en el caso citado en el tercer guión del apartado 2 del artículo 3, asegurar el pago de los créditos impagados relativos a la retribución correspondiente a los dieciocho últimos meses del contrato de trabajo o de la relación laboral que preceden a la fecha en que se produce la insolvencia del empresario o la fecha de terminación del contrato de trabajo o de la relación laboral del trabajador asalariado, producida en razón de la insolvencia del empresario. En estos casos, los Estados miembros podrán limitar la obligación de pago a la retribución correspondiente a un período de ocho semanas o a varios períodos parciales, que tengan en total la misma duración.»
5
Los artículos 3 y 4 de la Directiva 80/987, en su versión inicial, fueron modificados por la Directiva 2002/74. Conforme al artículo 2, apartado 1, de esta última Directiva, los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la mencionada Directiva antes del 8 de octubre de 2005 y aplicar las referidas disposiciones a todo estado de insolvencia de un empresario producido después de la entrada en vigor de dichas disposiciones.
6
La Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (DO L 283, p. 36), codificó y derogó la Directiva 80/987, en su versión modificada. Sin embargo, teniendo en cuenta la fecha en que se produjo el estado de insolvencia del empresario de Gomes Viana Novo y otros, debe aplicarse esta última Directiva.
7
El artículo 3 de la Directiva 80/987, en su versión modificada, establece:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo o de relaciones laborales, incluidas las indemnizaciones debidas al término de la relación laboral, cuando así lo disponga el Derecho interno.
Los créditos tenidos en cuenta por la institución de garantía serán las remuneraciones impagadas correspondientes a un período situado antes o, en su caso, después de una fecha determinada por los Estados miembros, o antes y después de la misma.»
8
El artículo 4 de esta Directiva establece:
«1.   Los Estados miembros tendrán la facultad de limitar la obligación de pago de las instituciones de garantía prevista en el artículo 3.
2.   Cuando los Estados miembros hagan uso de la facultad prevista en el apartado 1, establecerán la duración del período que dé lugar al pago de los créditos impagados por la institución de garantía. Esa duración no podrá, sin embargo, ser inferior a un período correspondiente a la remuneración de los tres últimos meses de la relación laboral situados antes y/o después de la fecha contemplada en el artículo 3. Los Estados miembros podrán incluir ese período mínimo de tres meses en un período de referencia cuya duración no podrá ser inferior a seis meses.
Los Estados miembros que establezcan un período de referencia de al menos dieciocho meses podrán limitar a ocho semanas el período que dé lugar al pago de los créditos impagados por la institución de garantía. En ese caso, para el cálculo del período mínimo se considerarán los períodos más favorables para el trabajador.
3.   Además, los Estados miembros podrán establecer límites a los pagos efectuados por la institución de garantía. Esos límites no podrán ser inferiores a un umbral socialmente compatible con el objetivo social de la presente Directiva.
Cuando los Estados miembros hagan uso de esta facultad comunicarán a la Comisión los métodos utilizados para establecer dicho límite.»
Derecho portugués
9
El artículo 380 de la Ley 99/2003, de 27 de agosto de 2003, por la que se adopta el Código de Trabajo, en su versión aplicable en el litigio principal, precisa, bajo el título «Garantía de pago»:
«El pago de los créditos de los trabajadores resultantes de los contratos de trabajo y de su vulneración o extinción que no puedan ser abonados por el empresario por causa de insolvencia o situación económica difícil será asumido y garantizado por el [FGS], en los términos previstos en la legislación especial.»
10
La Ley 35/2004, de 29 de julio de 2004, fija el estatuto del FGS. A tenor de su artículo 317, el FGS «garantiza al trabajador, en caso de incumplimiento del empresario, el pago de los créditos resultantes de los contratos de trabajo y de su vulneración o resolución en los términos definidos por los artículos siguientes».
11
El artículo 318 de esta Ley, que determina las situaciones cubiertas por la garantía, prevé:
«1.   El [FGS] garantiza el pago de los créditos a que se refiere el artículo anterior en los casos en que se declare judicialmente la insolvencia del empresario.
2.   El [FGS] garantiza asimismo el pago de los créditos mencionados en el apartado anterior cuando se haya instado el procedimiento de conciliación previsto en el Decreto-ley 316/98, de 20 de octubre.
3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de que no se continúe la tramitación del procedimiento de conciliación por denegación o extinción, conforme a los artículos 4 y 9 del Decreto-ley 316/98, de 20 de octubre, y los trabajadores de la empresa hayan reclamado el pago de créditos garantizados por el [FGS], éste deberá instar judicialmente la declaración de insolvencia de la empresa.
4.   Para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando las empresas de que se trate tengan trabajadores en plantilla, el [FGS] deberá recibir notificación:
a)
de los tribunales acerca de la sustanciación del procedimiento especial de insolvencia y de su respectiva declaración;
b)
del Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI) acerca de la solicitud de procedimiento de conciliación, así como de su denegación o extinción.»
12
El artículo 319 de dicha Ley identifica los créditos incluidos en la cobertura del siguiente modo:
«1.   El [FGS] garantizará el pago de los créditos previstos en el artículo 317 que hayan vencido dentro de los seis meses anteriores al ejercicio de la acción o a la presentación de la solicitud referida en el artículo anterior.
2.   Si no hay créditos vencidos en el período de referencia mencionado en el apartado anterior o su importe es inferior al límite máximo establecido en el apartado 1 del siguiente artículo, el [FGS] garantizará hasta este límite el pago de los créditos vencidos después del período de referencia mencionado.
3.   El [FGS] sólo garantizará el pago de los créditos que le sean reclamados con una antelación mínima de tres meses respecto de su prescripción.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
13
Después de que el empresario de Gomes Viana Novo y otros dejara de abonarles el salario a partir del mes de abril de 2003, éstos resolvieron sus respectivos contratos de trabajo el 15 de septiembre de 2003, conforme a la legislación nacional aplicable en esta materia, que les reconocía tal derecho. El 10 de febrero de 2004, Gomes Viana Novo y otros ejercitaron ante el Tribunal de Trabalho de Barcelos una acción para la determinación y cobro ejecutivo de sus créditos salariales, que fue estimada.
14
Dada la insuficiencia de los bienes que componían el patrimonio del empresario para satisfacer los créditos laborales impagados, Gomes Viana Novo y otros ejercitaron, el 28 de noviembre de 2005, ante el Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia una acción de declaración de insolvencia de dicho empresario. Tras declararse la insolvencia, se comunicaron los créditos salariales para su inclusión en la lista de acreedores.
15
El 26 de julio de 2006, Gomes Viana Novo y otros solicitaron ante el FGS el pago de sus créditos. Mediante decisiones de 21 y 26 de diciembre de 2006, el presidente del FGS denegó estas solicitudes por considerar que los créditos en cuestión habían vencido con anterioridad a los seis meses precedentes al ejercicio de la acción de declaración de insolvencia del empresario, es decir, en una fecha anterior al período de referencia previsto en el artículo 319, apartado 1, de la Ley 35/2004, de 29 de julio de 2004.
16
Mediante resolución de 18 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra dichas decisiones por Gomes Viana Novo y otros, quienes recurrieron contra esta resolución desestimatoria ante el órgano jurisdiccional remitente.
17
En este contexto, el Tribunal Central Administrativo Norte decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión en el ámbito concreto de la garantía de los créditos salariales por insolvencia del empresario –en especial, los artículos 4 y 10 de la Directiva 80/987 [en su versión modificada]– en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que únicamente garantiza los créditos vencidos dentro de los seis meses anteriores al ejercicio de la acción de declaración de insolvencia del empresario aun en el caso de que los trabajadores hayan actuado contra aquél ante el Tribunal do Trabalho al objeto de obtener la determinación judicial del importe adeudado y su cobro ejecutivo?»
Sobre la cuestión prejudicial
18
Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si la Directiva 80/987, en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no garantiza los créditos salariales vencidos antes de los seis meses que preceden al ejercicio de la acción de declaración de insolvencia del empresario, aun en el caso de que los trabajadores hayan entablado, antes del inicio de ese período de seis meses, un procedimiento judicial contra el empresario al objeto de obtener la determinación del importe de sus créditos y su cobro ejecutivo.
19
De los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que el FGS denegó el pago de los créditos salariales de Gomes Viana Novo y otros por haber vencido más de seis meses antes de la fecha de ejercicio de la acción de declaración de insolvencia del empresario, que, según la legislación nacional de transposición de la Directiva 80/987, en su versión modificada, constituye la fecha a partir de la cual debe calcularse el período de referencia mencionado en los artículos 3, párrafo segundo, y 4, apartado 2, de dicha Directiva.
20
La Directiva 80/987, en su versión inicial y en su versión modificada, pretende garantizar a todos los trabajadores por cuenta ajena un mínimo de protección en la Unión Europea en caso de insolvencia del empresario mediante el pago de los créditos impagados que resulten de contratos o de relaciones laborales y que se refieran a la retribución correspondiente a un período determinado (véanse las sentencias de 4 de marzo de 2004, Barsotti y otros, C-19/01, C-50/01 y C-84/01, Rec. p. I-2005, apartado 35; de 16 de julio de 2009, Visciano, C-69/08, Rec. p. I-6741, apartado 27, y de 17 de noviembre de 2011, van Ardennen, C-435/10, Rec. p. I-11705, apartado 27).
21
A estos efectos, el artículo 3 de la Directiva 80/987, en su versión modificada, obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía nacionales aseguren el pago de esos créditos impagados de los trabajadores por cuenta ajena.
22
Sin embargo, tanto la Directiva 80/987, en su versión inicial, como la Directiva 80/987, en su versión modificada, confieren a los Estados miembros la facultad de restringir la obligación de pago a través del establecimiento de un período de referencia o de un período de garantía y/o mediante la fijación de límites de pago.
23
A este respecto, del punto 3 del informe de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre la transposición y la aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva 2008/94 [COM(2011) 84 final], cuyos artículos 3 y 4 corresponden esencialmente a los de la Directiva 80/987, en su versión modificada, se desprende que un gran número de Estados miembros ha utilizado esta facultad de limitación en el tiempo de la obligación de pago y/o ha fijado límites para el pago.
24
La Directiva 80/987, en su versión inicial, facultaba a los Estados miembros, en su artículo 3, para elegir, entre varias posibilidades, la fecha antes de la cual se garantizarían las retribuciones impagadas. Teniendo en cuenta la elección así efectuada, el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva determinaba los créditos impagados que debían, en cualquier caso, quedar cubiertos por la obligación de garantía en el supuesto de que un Estado miembro decidiera, con arreglo al apartado 1 de dicho artículo, limitar esta obligación de garantía (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 1997, Maso y otros, C-373/95, Rec. p. I-4051, apartado 47).
25
Las modificaciones introducidas por la Directiva 2002/74 en el artículo 3 de la Directiva 80/987, en su versión inicial, suprimieron la mención a las tres fechas que figuraba inicialmente en dicha disposición, de modo que, conforme al párrafo segundo de ésta, los Estados miembros han pasado a fijar libremente la fecha antes y/o, en su caso, después de la cual se sitúa el período en el que los créditos correspondientes a las remuneraciones impagadas son asumidos por la institución de garantía (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de abril de 2013, Mustafa, C‑247/12, apartados 39 a 41).
26
En virtud del artículo 4, apartados 1 y 2, de la Decisión 80/987, en su versión inicial, cuando los Estados miembros deseaban optar por limitar la garantía asegurada por la institución, podían situar la garantía mínima de tres meses dentro de un período de seis meses anterior a la fecha de referencia. Tras la entrada en vigor de las modificaciones introducidas en la Directiva 80/987, en su versión inicial, por la Directiva 2002/74, es incluso posible situar este período con posterioridad a esta fecha de referencia. Los Estados miembros tienen también la facultad de prever una garantía mínima limitada a ocho semanas, a condición de que este período de ocho semanas se sitúe en el interior de un período de referencia más largo, de al menos dieciocho meses.
27
Por consiguiente, procede declarar que la Directiva 80/987, en su versión modificada, no se opone a que un Estado miembro fije como fecha a partir de la cual debe calcularse el período de referencia la fecha de ejercicio de la acción de declaración de insolvencia del empresario. Asimismo, si un Estado miembro desea hacer uso de la facultad de limitar la garantía mediante la fijación de un período de referencia, puede decidir restringir este período a seis meses, siempre que garantice el pago de la retribución de los tres últimos meses de la relación laboral.
28
Dado que, en el marco del litigio principal, la normativa nacional garantiza la retribución correspondiente a los tres últimos meses de la relación laboral, debe reconocerse que el legislador nacional puede, al adoptar las disposiciones que prevé que el FGS garantiza el pago de los créditos salariales vencidos dentro de los seis meses precedentes al ejercicio de la acción de declaración de insolvencia del empresario y, en ciertas circunstancias, incluso después de esa fecha, hacer uso de la facultad que le confieren los artículos 3 y 4 de la Directiva 80/987, en su versión modificada, de limitar la obligación que incumbe a las instituciones de garantía.
29
Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 20 de la presente sentencia, la Directiva 80/987, en su versión modificada, sólo pretende una protección mínima de los trabajadores por cuenta ajena en caso de insolvencia del empresario. Las disposiciones que regulan la facultad ofrecida a los Estados miembros para limitar su garantía demuestran que el sistema establecido por la Directiva 80/987, en su versión modificada, tiene en cuenta la capacidad financiera de estos Estados y se propone preservar el equilibrio financiero de sus instituciones de garantía.
30
Esta circunstancia se manifiesta, en particular, en la facultad concedida a los Estados miembros para acortar el período de garantía si se prolonga el período mínimo de referencia conforme a lo establecido en el artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 80/987, en su versión modificada, así como en la facultad de fijar límites de pago en virtud del artículo 4, apartado 3, de la misma Directiva.
31
Debe señalarse que los casos en que se permite limitar la obligación de pago de las instituciones de garantía, previstos en el artículo 4 de la Directiva 80/987, en su versión modificada, han de ser objeto de interpretación estricta (véase, en este sentido, la sentencia van Ardennen, antes citada, apartado 34).
32
Sin embargo, una interpretación restrictiva de estos casos no puede tener por efecto privar de contenido a la facultad expresamente reservada a los Estados miembros para limitar dicha obligación de pago.
33
Procede declarar que esto es lo que sucedería si se interpretara la Directiva 80/987, en su versión modificada, en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no garantiza los créditos salariales vencidos más de seis meses antes del ejercicio de una acción de declaración de insolvencia del empresario.
34
Además, debe señalarse que, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 20 de la presente sentencia, la Directiva 80/987 pretende garantizar a los trabajadores una protección en caso de insolvencia del empresario. Por lo tanto, el sistema establecido por dicha Directiva supone la existencia de un vínculo entre la insolvencia y los créditos salariales impagados.
35
Sin embargo, de los datos obrantes en los autos remitidos al Tribunal de Justicia se deriva que no existe tal vínculo en las circunstancias del litigio principal.
36
De hecho, mientras que los créditos salariales que son objeto de dicho litigio resultan de la circunstancia de que el empresario para el que trabajaban Gomes Viana Novo y otros dejó de abonarles la retribución a partir del mes de abril de 2003 y de que éstos resolvieron su contrato de trabajo en septiembre de 2003 como consecuencia del impago, otros trabajadores del mismo empresario siguieron percibiendo su salario en los años 2004 a 2006 y hasta mayo de 2006 no se puso término a los contratos de estos últimos trabajadores a raíz de la insolvencia del empresario. Por lo tanto, pese a los retrasos en el pago de los salarios, el empresario mantuvo en plantilla y retribuyó a una parte importante de su personal hasta varios años después de la resolución de los contratos de trabajo de Gomes Viana Novo y otros.
37
Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que la Directiva 80/987, en su versión modificada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no garantiza los créditos salariales vencidos antes de los seis meses que preceden al ejercicio de la acción de declaración de insolvencia del empresario, aun en el caso de que los trabajadores hayan entablado, antes del inicio de dicho período, un procedimiento judicial contra el empresario al objeto de obtener la determinación del importe de sus créditos y su cobro ejecutivo.
Costas
38
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
La Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no garantiza los créditos salariales vencidos antes de los seis meses que preceden al ejercicio de la acción de declaración de insolvencia del empresario, aun en el caso de que los trabajadores hayan entablado, antes del inicio de dicho período, un procedimiento judicial contra el empresario al objeto de obtener la determinación del importe de sus créditos y su cobro ejecutivo.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: portugués.