62023TJ1095
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada)
de 23 de julio de 2025 (
*1
)
«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania — Inmovilización de fondos — Lista de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos — Mantenimiento del nombre del demandante en la lista — Artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145/PESC — Error de apreciación — Derecho de defensa — Proporcionalidad»
En el asunto T‑1095/23,
OT, representado por los Sres. J.‑P. Hordies y P. Blanchetier, abogados,
parte demandante,
contra
Consejo
de la Unión Europea, representado por el Sr. V. Piessevaux y la Sra. M.‑C. Cadilhac, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada),
integrado por el Sr. R. Mastroianni, Presidente, y la Sra. M. Brkan (Ponente) y los Sres. I. Gâlea, T. Tóth y S. L. Kalėda, Jueces;
Secretaria: Sra. P. Núñez Ruiz, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:
–
el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 21 de noviembre de 2023;
–
la resolución de 28 de febrero de 2024 por la que se acoge la solicitud de anonimato del demandante;
–
el escrito de adaptación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 18 de mayo de 2024;
celebrada la vista el 26 de marzo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, el demandante, OT, solicita la anulación, en primer término, de la Decisión (PESC) 2023/1767 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 104), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1765 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 3) (en lo sucesivo, «actos de septiembre de 2023»), y, en segundo término, de la Decisión (PESC) 2024/847 del Consejo, de 12 de marzo de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2024/847), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/849 del Consejo, de 12 de marzo de 2024, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L, 2024/849) (en lo sucesivo, «actos de marzo de 2024»), en la medida en que estos actos (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos impugnados») mantienen su nombre en las listas anexas a ellos.
I. Antecedentes del litigio
2
El demandante es un nacional chipriota.
3
El presente asunto se inscribe en el contexto de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea motivadas por acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
4
A raíz de la anexión de Crimea por la Federación de Rusia, el Consejo de la Unión Europea adoptó, el 17 de marzo de 2014, la Decisión 2014/145/PESC, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16), sobre la base del artículo 29 TUE.
5
En esa misma fecha, el Consejo adoptó, con fundamento en el artículo 215 TFUE, apartado 2, el Reglamento (UE) n.o 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6).
6
El 25 de febrero de 2022, ante la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo adoptó, por un lado, la Decisión (PESC) 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 50, p. 1), y, por otro lado, el Reglamento (UE) 2022/330, por el que se modifica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 51, p. 1), con el objetivo principal de modificar los criterios con arreglo a los cuales las personas físicas o jurídicas, las entidades o los organismos podían ser objeto de las medidas restrictivas en cuestión.
7
El artículo 2, apartados 1 y 2, de la Decisión 2014/145, modificada por la Decisión 2022/329, establece:
«1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
[…]
d)
personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o se beneficien de ellos;
[…]
g)
los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania,
[…]
2.   No se pondrán fondos ni recursos económicos, directa ni indirectamente, a disposición ni en beneficio de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se incluyan en la lista del anexo.»
8
Las modalidades de esta inmovilización de fondos se definen en los apartados siguientes del artículo 2 de la Decisión 2014/145, en su versión modificada.
9
El Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, imponía la adopción de medidas de inmovilización de fondos y definía las modalidades de dicha inmovilización en términos sustancialmente idénticos a los de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. En efecto, en particular, el artículo 3, apartado 1, letras a) a g), de dicho Reglamento reproducía en lo esencial el artículo 2, apartado 1, letras a) a g), de la citada Decisión.
10
Mediante la Decisión (PESC) 2022/429 del Consejo, de 15 de marzo de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 87 I, p. 44), y mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/427 del Consejo, de 15 de marzo de 2022, por el que se aplica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 87 I, p. 1) (en lo sucesivo, «actos iniciales»), se añadió el nombre del demandante a las listas anexas a la Decisión 2014/145 y a dicho Reglamento (en lo sucesivo, «listas controvertidas»).
11
El 13 de abril de 2022, el Consejo remitió al demandante el expediente WK 3073/2022 INIT.
12
Mediante la Decisión (PESC) 2022/1530 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 239, p. 149), y la Decisión (PESC) 2023/572 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2023, L 75 I, p. 134), así como mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1529 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por el que se aplica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 239, p. 1), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/571 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por el que se aplica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2023, L 75 I, p. 1), el Consejo mantuvo el nombre del demandante en las listas controvertidas.
13
Mediante escrito de 22 de diciembre de 2022, el Consejo remitió al demandante el expediente WK 17621/2022 INIT.
14
Mediante escrito de 9 de mayo de 2023, el demandante presentó una solicitud de reconsideración ante el Consejo.
15
El 5 de junio de 2023, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2023/1094, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2023, L 146, p. 20), y el Reglamento (UE) 2023/1089, por el que se modifica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2023, L 146, p. 1).
16
La Decisión 2023/1094 modificó los criterios de inclusión de los nombres de las personas afectadas por la inmovilización de fondos. El texto del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145 fue sustituido por el texto siguiente:
«g)
los principales empresarios que operen en Rusia y sus familiares directos, u otras personas físicas que se beneficien de ellos, o empresarios, personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania […]».
17
El Reglamento 2023/1089 modificó de forma similar el Reglamento n.o 269/2014.
18
Mediante escrito de 19 de junio de 2023, el Consejo comunicó al demandante su intención de mantener su nombre en las listas controvertidas sobre la base de los motivos modificados.
19
Mediante escrito de 29 de junio de 2023, el demandante envió al Consejo una nueva solicitud de reconsideración.
20
Mediante escrito de 5 de julio de 2023, el demandante presentó, sobre la base del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43), una solicitud de acceso al expediente del Consejo con el fin de obtener documentos que permitieran identificar a los Estados miembros que habían propuesto incluir su nombre en las listas controvertidas.
21
Mediante escrito de 10 de julio de 2023, el Consejo remitió al demandante el expediente WK 5142/2023 INIT, de 20 de abril de 2023, que contenía información sobre el entorno empresarial y la economía de Rusia.
22
Mediante escrito de 18 de agosto de 2023, el Consejo remitió al demandante los expedientes WK 10555/2023 INIT, de 14 de agosto de 2023, y WK 5142/2023 ADD 1, de 16 de agosto de 2023, que contenían información adicional sobre el entorno empresarial y la economía de Rusia.
23
Mediante escrito de 28 de agosto de 2023, en respuesta a la solicitud de acceso al expediente basada en el Reglamento n.o 1049/2001, el Consejo comunicó al demandante determinados documentos e indicó que no era posible trasladarle otros —en particular, los expedientes WK 10524/2023, de 9 de agosto de 2023, y WK 10524/2023 REV 1, de 10 de agosto de 2023— por motivos de protección de los datos personales y de las relaciones internacionales.
24
Mediante escrito de 29 de agosto de 2023, el demandante presentó una nueva solicitud de reconsideración en la que solicitaba también la transmisión del expediente WK 10524/23 REV 1, mencionado en el escrito del Consejo de 18 de agosto de 2023, que no le había sido comunicado.
25
Mediante escrito de 1 de septiembre de 2023, el demandante presentó, sobre la base del Reglamento n.o 1049/2001, una solicitud confirmatoria de acceso a los documentos.
26
Mediante la adopción de los actos de septiembre de 2023, el nombre del demandante se mantuvo en las listas controvertidas por los siguientes motivos:
«[El demandante] es uno de los principales accionistas del consorcio Alfa Group, que incluye el Alfa Bank, uno de los mayores contribuyentes de Rusia. Se lo considera una de las personas más influyentes de Rusia. Tiene vínculos bien establecidos con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Vladimir Putin recompensó la lealtad de Alfa Group a las autoridades rusas ofreciendo apoyo político a sus planes de inversión en el extranjero.
La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, filial de Alfa Group, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia (Rosgvardia), cuyas unidades operan en las regiones de Ucrania bajo control ruso, así como la escolta de los vehículos del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Por otra parte, X5 Retail Group, otra filial de Alfa Group Consortium, coopera con JSC Voentorg, una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería, así como uniformes militares, a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto, [el demandante] ha apoyado activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se ha beneficiado de ellos. Es también un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.»
27
Mediante escrito de 15 de septiembre de 2023, el Consejo informó al demandante del mantenimiento de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas y respondió a sus solicitudes de reconsideración.
28
Mediante escrito de 23 de octubre de 2023, en respuesta a la solicitud confirmatoria del demandante, el Consejo le comunicó determinados documentos e indicó que se denegaba el acceso a otros, en particular a los expedientes WK 10524/2023 y WK 10524/2023 REV 1, sobre la base del artículo 4, apartado 1, letras a), tercer guion, y b), del Reglamento n.o 1049/2001.
29
Mediante escrito de 26 de octubre de 2023, el Consejo remitió al demandante el expediente WK 10524/2023 REV 1.
30
Los actos de 15 de marzo de 2022 mencionados en el anterior apartado 10 y los actos de 14 de septiembre de 2022 mencionados en el apartado 12 de la presente sentencia fueron objeto de un recurso de anulación, que fue desestimado mediante la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo (T‑193/22, EU:T:2023:716).
II. Hechos posteriores a la interposición del recurso
31
Mediante escrito de 8 de febrero de 2024, el Consejo informó al demandante de su intención de mantener la inclusión de su nombre en las listas controvertidas y le remitió los expedientes WK 1303/2024 INIT y WK 5142/2023 ADD 2, ambos de 29 de enero de 2024, que contenían información adicional sobre el entorno empresarial y la economía de Rusia.
32
Mediante escrito de 18 de febrero de 2024, el demandante solicitó al Consejo que reconsiderara el mantenimiento de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas.
33
Mediante escrito de 21 de febrero de 2024, el Consejo recordó al demandante su intención de mantener la inclusión de su nombre en las listas controvertidas.
34
Mediante escrito de 27 de febrero de 2024, el demandante solicitó al Consejo que reconsiderara el mantenimiento de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas.
35
Mediante los actos de marzo de 2024, el nombre del demandante se mantuvo en las listas controvertidas por los siguientes motivos:
«[El demandante] es uno de los principales accionistas de Alfa Group Consortium. Se lo considera una de las personas más influyentes de Rusia. Vladimir Putin recompensó la lealtad de Alfa Group a las autoridades rusas ofreciendo apoyo político a sus planes de inversión en el extranjero.
La compañía de seguros AlfaStrakhovanie, filial de Alfa Group Consortium, asegura los vehículos del Servicio Federal de la Guardia Nacional de la Federación de Rusia (Rosgvardia), cuyas unidades están activas las regiones ocupadas de Ucrania bajo control ruso, así como los vehículos de escolta del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin.
AlfaStrakhovanie ha asegurado empresas como la sociedad anónima Kalashnikov Concern (JSC Kalashnikov Concern) y el Central Scientific — Research Institute for Precision Machine Engineering (TsNIITochMash), cuyas armas utiliza de forma generalizada el ejército ruso en Ucrania, también durante las atrocidades cometidas en Bucha.
Por otra parte, X5 Retail Group, otra filial de Alfa Group Consortium, coopera con la sociedad anónima Voentorg (JSC Voentorg), una entidad sujeta a medidas restrictivas que presta servicios de restauración y lavandería y provee de uniformes militares a las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y cuya filial vende camisetas con el símbolo militar “Z” utilizado por los propagandistas rusos para promover la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por lo tanto, [el demandante] ha apoyado activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se ha beneficiado de ellos.
Es también un empresario destacado con actividad en Rusia y en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.»
36
Mediante escrito de 15 de marzo de 2024, el Consejo informó al demandante del mantenimiento de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas y respondió a sus solicitudes de reconsideración.
37
Mediante escrito de 10 de abril de 2024, tras dictarse las sentencias de 10 de abril de 2024, Aven/Consejo (T‑301/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:214), y de 10 de abril de 2024, Fridman/Consejo (T‑304/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:215), el demandante presentó una solicitud de reconsideración.
38
Los actos de 13 de marzo de 2023 mencionados en el apartado 12 de la presente sentencia fueron objeto de un recurso de anulación, que fue desestimado mediante la sentencia de 11 de septiembre de 2024, OT/Consejo (T‑286/23, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:606).
III. Pretensiones de las partes
39
El demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule los actos impugnados en la medida en que le afectan.
–
Ordene al Consejo que retire su nombre de las listas controvertidas.
–
Condene en costas al Consejo.
40
El Consejo solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas al demandante.
IV. Fundamentos de Derecho
A. Sobre la competencia del Tribunal General para conocer de la segunda pretensión del demandante
41
Mediante su segunda pretensión, el demandante solicita al Tribunal General que ordene al Consejo retirar su nombre de las listas controvertidas. Así pues, mediante esta pretensión, solicita, en esencia, que el Tribunal General dirija una orden conminatoria al Consejo.
42
A este respecto, basta con recordar que, en el marco del control de legalidad basado en el artículo 263 TFUE, el Tribunal General carece de competencia para dictar órdenes conminatorias contra las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea [véanse el auto de 26 de octubre de 1995, Pevasa e Inpesca/Comisión, C‑199/94 P y C‑200/94 P, EU:C:1995:360, apartado 24 y jurisprudencia citada; véanse también, en este sentido, las sentencias de 9 de junio de 2021, Borborudi/Consejo, T‑580/19, EU:T:2021:330, apartado 34 (no publicado), y de 8 de marzo de 2023, Prigozhina/Consejo, T‑212/22, no publicada, EU:T:2023:104, apartado 19 y jurisprudencia citada], aunque esta se refiera a las modalidades de ejecución de sus sentencias (autos de 22 de septiembre de 2016, Gaki/Comisión, C‑130/16 P, no publicado, EU:C:2016:731, apartado 14, y de 19 de julio de 2016, Trajektna luka Split/Comisión, T‑169/16, no publicado, EU:T:2016:441, apartado 13).
43
De ello resulta que, en el marco de un recurso interpuesto sobre la base del artículo 263 TFUE, incluso en el supuesto de que se anulen los actos por los que se adoptan o mantienen medidas restrictivas respecto de una persona física, una persona jurídica, una entidad o un organismo, el Tribunal General carece de competencia para ordenar la retirada de la inclusión del nombre de esa persona física, persona jurídica, entidad u organismo de las listas controvertidas.
44
De las consideraciones anteriores se desprende que la segunda pretensión debe desestimarse por falta de competencia.
B. Sobre el fondo
45
En apoyo de su recurso, el demandante invoca tres motivos, basados, el primero, en un error de apreciación; el segundo, en la vulneración del principio de proporcionalidad y, el tercero, en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva.
46
El Tribunal General considera oportuno examinar, antes de nada, el tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva, a continuación, el primer motivo, basado en un error de apreciación, y, por último, el segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad.
1.
Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva
47
Procede examinar, en primer término, las alegaciones del demandante relativas a los actos de septiembre de 2023 y, a continuación, en segundo término, las relativas a los actos de marzo de 2024.
a)
Sobre los actos de septiembre de 2023
48
El demandante considera que su derecho de defensa y su derecho a la tutela judicial efectiva fueron menoscabados debido a que el Consejo no le comunicó determinadas pruebas, pese a que estas se le habían requerido en una solicitud de acceso a los documentos.
49
Además, el demandante reprocha al Consejo no haber tenido en cuenta las alegaciones expuestas en sus solicitudes de reconsideración, no haber individualizado las respuestas a dichas solicitudes, no haberle transmitido un expediente de pruebas sólidas, sino únicamente un expediente incompleto, y haberle denegado una audiencia.
50
El demandante aduce que el Consejo no tuvo en cuenta el hecho de que las pruebas aportadas no bastaban para sustentar los motivos invocados en su contra para justificar el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas.
51
El Consejo rechaza las alegaciones del demandante.
52
A este respecto, en primer lugar, procede recordar que el derecho a ser oído en todo procedimiento, consagrado en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), que forma parte del respeto del derecho de defensa, garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses (sentencias de 27 de julio de 2022, RT France/Consejo, T‑125/22, EU:T:2022:483, apartado 75, y de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 79).
53
Es preciso recordar asimismo que, en el caso de actos por los que se mantenga en las listas que imponen medidas restrictivas el nombre de una persona o entidad que ya figuraba en ellas, el efecto sorpresa ya no es necesario para garantizar la eficacia de las medidas, de modo que, en principio, antes de que se adopten dichos actos, es preciso comunicar a la persona o entidad afectada las pruebas de cargo y darle la oportunidad de ser oída [véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, apartado 62; de 1 de octubre de 2020, Makhlouf/Consejo, C‑157/19 P, no publicada, EU:C:2020:777, apartado 44, y de 18 de mayo de 2022, Foz/Consejo, T‑296/20, EU:T:2022:298, apartado 66 (no publicado)].
54
Por otra parte, el respeto del derecho de defensa comprende también el derecho a acceder al expediente dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad, consagrado en el artículo 41, apartado 2, letra b), de la Carta (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 99, y de 12 de junio de 2024, Shammout/Consejo, T‑649/22, no publicada, EU:T:2024:376, apartado 36).
55
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que resulta fundamental y esencial para el derecho de defensa la protección que confieren el requisito de comunicar las pruebas de cargo y el derecho de presentar observaciones antes de la adopción de actos por los que se mantiene el nombre de una persona o entidad en una lista de personas o entidades sujetas a medidas restrictivas. Ello resulta especialmente cierto cuando las medidas restrictivas en cuestión tienen gran repercusión en los derechos y libertades de las personas y grupos a los que se aplican [sentencias de 21 de diciembre de 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, apartado 64, y de 18 de mayo de 2022, Foz/Consejo, T‑296/20, EU:T:2022:298, apartado 67 (no publicado)].
56
En efecto, con la regla que obliga a ofrecer al destinatario de una decisión lesiva la oportunidad de formular sus observaciones antes de la adopción de la decisión se pretende que la autoridad competente pueda tomar en consideración oportunamente todos los datos pertinentes. Para garantizar una protección efectiva del destinatario, el objetivo principal de dicha regla es que este último pueda corregir un error o invocar datos relativos a su situación personal que militen en favor de que se adopte la decisión, de que no se adopte o de que tenga un contenido u otro (sentencias de 21 de diciembre de 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, apartado 65, y de 24 de noviembre de 2021, Aman Dimashq/Consejo, T‑259/19, EU:T:2021:821, apartado 69).
57
En el presente asunto, procede señalar que los motivos de inclusión en las listas que figuran en los actos de septiembre de 2023 fueron modificados parcialmente respecto de los motivos de los actos anteriores, si bien se mantuvo el motivo de que el demandante era «uno de los principales accionistas» del consorcio Alfa Group, formulación que corresponde, en esencia, a la de «accionista mayoritario» que figura en los motivos de los actos iniciales o a la de «principal accionista» que figura en los actos de 13 de marzo de 2023 mencionados en el anterior apartado 12. En efecto, en los actos de septiembre de 2023, el Consejo aplicó al demandante las disposiciones previstas en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2023/1094, a saber, las relativas a los «principales empresarios que operen en Rusia» [en lo sucesivo, «primera parte del criterio g) modificado»] y las relativas a los «empresarios implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia» [en lo sucesivo, «tercera parte del criterio g) modificado»].
58
Debe señalarse que, mediante el escrito de 19 de junio de 2023, el Consejo había informado al demandante de su intención de mantener la inclusión de su nombre en las listas controvertidas sobre la base de un proyecto de motivos modificado. Posteriormente, mediante el escrito de 18 de agosto de 2023, el Consejo confirmó al demandante su intención de mantener la inclusión de dicho nombre en las listas controvertidas sobre la base de un proyecto de motivos modificado. Mediante este último escrito, indicó al demandante que adjuntaba los expedientes WK 10524/2023 REV 1, de 10 de agosto de 2023, WK 10555/2023 INIT, que contenía datos relativos a su situación personal, y WK 5142/23 ADD 1, que contenía información adicional sobre el entorno empresarial y la economía de Rusia.
59
Mediante escrito de 29 de agosto de 2023, enviado al Servicio de Relaciones Exteriores del Consejo encargado de la reconsideración de las medidas restrictivas, el demandante informó a dicho Servicio de que no se le había comunicado el expediente WK 10524/2023 REV 1 y solicitó que se le transmitiera lo antes posible.
60
Cabe señalar, habida cuenta, en particular, de las respuestas dadas en la vista, que el Consejo no ha demostrado que el expediente WK 10524/2023 REV 1 hubiera sido comunicado al demandante antes de la adopción de los actos de septiembre de 2023. Así pues, a la vista de la información que obra en los autos, procede considerar que dicho expediente no fue comunicado al demandante hasta el 26 de octubre de 2023, es decir, más de un mes después de la adopción de los referidos actos.
61
Por consiguiente, al no haber comunicado al demandante el expediente WK 10524/2023 REV 1 antes de la adopción de los actos de septiembre de 2023, el Consejo vulneró el derecho de defensa del demandante, en particular su derecho a ser oído y su derecho de acceso al expediente, garantizados en el artículo 41, apartado 2, letras a) y b), de la Carta.
62
No obstante, es preciso recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, para que una vulneración del derecho de defensa dé lugar a la anulación del acto impugnado, es preciso que el procedimiento hubiera podido llevar a un resultado diferente de no concurrir tal irregularidad, extremo que corresponde acreditar a la persona que alega tal vulneración (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de junio de 2020, Vnesheconombank/Consejo, C‑731/18 P, no publicada, EU:C:2020:500, apartado 73 y jurisprudencia citada).
63
En el caso de autos, ha de precisarse que, en la demanda y en la réplica, el demandante no expuso las razones por las que, si se le hubiera comunicado el expediente WK 10524/2023 REV 1 antes de la adopción de los actos de septiembre de 2023, el procedimiento de reconsideración de las medidas impuestas contra él habría podido llevar a un resultado diferente. En efecto, la argumentación del demandante no se refiere específicamente a las consecuencias de la falta de comunicación de dicho expediente durante el procedimiento de reconsideración de tales medidas, sino que se centra, en esencia, en impugnar el escrito del servicio del Consejo encargado del acceso del público a los documentos de las instituciones de 23 de octubre de 2023, mediante el que se denegó el acceso a determinados documentos sobre la base del artículo 4, apartado 1, letras a), tercer guion, y b), del Reglamento n.o 1049/2001.
64
Además, debe recordarse que, como se desprende de los apartados 54 a 56 de la presente sentencia, el derecho de acceso al expediente de una persona o de una entidad sujeta a medidas restrictivas tiene por objeto permitirle formular observaciones sobre los elementos que se le imputan. De ello se sigue que tal derecho se limita estrictamente a la persona o entidad afectada por las medidas restrictivas con el fin de garantizar su defensa en el marco del procedimiento de reconsideración de las medidas adoptadas en su contra. En el presente asunto, el demandante reprocha en particular al Consejo no haberle transmitido el expediente con la referencia WK 10524/2023 INIT, a saber, una versión anterior del expediente WK 10524/2023 REV 1. Pues bien, esta alegación no puede prosperar, dado que el Consejo no se basó en el expediente WK 10524/2023 INIT para justificar el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas en septiembre de 2023.
65
En efecto, para justificar el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas en septiembre de 2023, el Consejo se basó, en particular, en los expedientes WK 3073/2022 INIT de 12 de marzo de 2022 y WK 17621/2022 INIT de 14 de diciembre de 2022, que habían sido comunicados al demandante tras la adopción de los actos de 15 de marzo de 2022 mencionados en el anterior apartado 10 y en el marco del procedimiento de reconsideración que condujo a la adopción de los actos de 13 de marzo de 2023 mencionados en el anterior apartado 12. También se basó en los expedientes WK 10555/2023 INIT de 14 de agosto de 2023 y WK 10524/2023 REV 1. Si bien es cierto que este último expediente no fue comunicado al demandante hasta después de la adopción de los actos de septiembre de 2023, no lo es menos que, en sus escritos, el demandante no ha expuesto por qué no puede excluirse que el resultado del procedimiento de reconsideración habría sido diferente si se le hubiera comunicado tal expediente antes de la adopción de estos últimos actos. Asimismo, cuando se le interrogó sobre este punto en la vista, el demandante se limitó a alegar de manera abstracta que habría podido formular observaciones sobre los documentos contenidos en el expediente en cuestión sin explicar por qué la toma en consideración de dichas observaciones habría podido conducir a un resultado diferente.
66
Por consiguiente, a la luz de la jurisprudencia evocada en el apartado 62 de la presente sentencia, procede considerar que la vulneración del derecho de acceso al expediente y del derecho a ser oído no implica la anulación de los actos de septiembre de 2023.
67
En lo que atañe a las alegaciones del demandante relativas a la negativa a comunicarle determinados documentos relativos a la inclusión y al mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas, en particular la información relativa a los Estados miembros que propusieron la adopción de medidas restrictivas contra él, que le fue dirigida por el servicio del Consejo encargado del acceso del público a los documentos sobre la base del Reglamento n.o 1049/2001, es preciso establecer una distinción entre, por un lado, las normas relativas al derecho de acceso del público a los documentos en poder de las instituciones establecidas en el Reglamento n.o 1049/2001 y, por el otro, el respeto del derecho de defensa, consagrado en el artículo 41, apartado 2, de la Carta, que comprende el derecho a ser oído y el derecho de acceso al expediente dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad. En efecto, los beneficiarios y los objetivos del derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones sobre la base del Reglamento n.o 1049/2001 difieren sensiblemente de los beneficiarios y de la finalidad del derecho de acceso al expediente en el contexto de un procedimiento de reconsideración de las medidas restrictivas aplicadas a una persona.
68
De conformidad con su considerando 1, el Reglamento n.o 1049/2001 se inscribe en la voluntad, expresada en el artículo 1 TUE, párrafo segundo, de que las decisiones sean tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible. Como recuerda el segundo considerando de dicho Reglamento, el derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones está ligado al carácter democrático de estas (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de julio de 2008, Suecia y Turco/Consejo, C‑39/05 P y C‑52/05 P, EU:C:2008:374, apartado 34). Para alcanzar estos objetivos, en virtud del artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento, todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones. De ello se desprende que el Reglamento persigue garantizar el acceso de todos a los documentos públicos, y no solo el acceso del demandante a los documentos que le afectan (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2005, Sisón/Consejo, T‑110/03, T‑150/03 y T‑405/03, EU:T:2005:143, apartado 50). En efecto, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del citado Reglamento, el que solicita acceso no está obligado a demostrar interés alguno en tener acceso a los documentos solicitados, de modo que su solicitud debe examinarse de la misma manera en que se examinaría una solicitud procedente de cualquier otra persona (sentencias de 6 de julio de 2006, Franchet y Byk/Comisión, T‑391/03 y T‑70/04, EU:T:2006:190, apartado 82, y de 20 de diciembre de 2023, OCU/JUR, T‑496/18, no publicada, EU:T:2023:857, apartado 43). Además, procede recordar que el interés particular que puede alegar un solicitante para acceder a un documento que le afecta personalmente no debe tomarse en consideración en el marco de la aplicación de las excepciones obligatorias establecidas en el artículo 4, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento (sentencia de 26 de abril de 2005, Sisón/Consejo, T‑110/03, T‑150/03 y T‑405/03, EU:T:2005:143, apartado 52).
69
Por consiguiente, en la medida en que el demandante pretende impugnar el hecho de que, mediante la Decisión de 23 de octubre de 2023, adoptada en virtud del Reglamento n.o 1049/2001, el Consejo le denegó indebidamente el acceso a determinados documentos, basta con señalar que no solicita la anulación de dicha Decisión en sus pretensiones.
70
En segundo lugar, debe observarse que las disposiciones del Derecho de la Unión en las que se basan las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante, a saber, la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y el Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada, no confieren a los interesados el derecho a una audiencia formal. Del mismo modo, del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta tampoco se desprende que la audiencia formal constituya la única manera de garantizar, de forma adecuada y efectiva, que el interesado pueda ejercitar su derecho a ser oído (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de mayo de 2022, Boshab/Consejo, C‑242/21 P, no publicada, EU:C:2022:375, apartado 62, y de 9 de febrero de 2023, Boshab/Consejo, C‑708/21 P, no publicada, EU:C:2023:84, apartado 54). De ello se desprende que el demandante no tiene motivos para alegar que la falta de organización de una audiencia oral vulnerase su derecho de defensa.
71
En tercer lugar, también debe desestimarse la alegación del demandante según la cual el Consejo no tuvo en cuenta las observaciones que le trasladó y no individualizó las respuestas a sus solicitudes. En efecto, además de que el Consejo no está obligado a responder punto por punto a las observaciones y los documentos transmitidos (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de octubre de 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consejo, T‑256/07, EU:T:2008:461, apartado 95), el hecho de que no respondiera a todas las observaciones y documentos enviados por el demandante no demuestra que no los tuviera en cuenta al reconsiderar su situación. Por otra parte, de su escrito de 15 de septiembre de 2023 se desprende que el Consejo se refirió a la similitud de las alegaciones formuladas por el demandante en la solicitud de reconsideración y en el asunto que dio lugar a las sentencias de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo (T‑193/22, EU:T:2023:716), y de 11 de septiembre de 2024, OT/Consejo (T‑286/23, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:606), y se remitió a los escritos y observaciones que había presentado en dicho asunto. Además, en ese escrito respondió expresamente a las observaciones del demandante relativas a la sociedad AlfaStrakhovanie.
72
En cuarto lugar, procede recordar que el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta, exige que el interesado pueda conocer los motivos de la resolución adoptada con respecto a él, bien mediante la lectura de la propia resolución, bien mediante la notificación de la motivación de esta efectuada a petición suya, sin perjuicio de la facultad del juez competente de exigir a la autoridad de que se trate que comunique tal motivación, a fin de permitir que el interesado defienda sus derechos en las mejores condiciones posibles y decida con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez competente, así como para poner a este último en condiciones de ejercer plenamente el control de la legalidad de la resolución de que se trate (sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 100).
73
En el presente asunto, a más tardar el 26 de octubre de 2023, el Consejo había comunicado al demandante todos los elementos en los que se había basado para adoptar los actos de septiembre de 2023, incluido el expediente WK 10524/2023 REV 1. Así pues, el demandante dispuso de toda la información pertinente aproximadamente un mes antes de que expirara el plazo de recurso para impugnar la legalidad de dichos actos y más de tres semanas antes de la interposición efectiva del recurso. En cualquier caso, la falta de comunicación, antes de la interposición de un recurso, del expediente de pruebas sobre cuya base el Consejo prorrogó la aplicación de medidas restrictivas no afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de la persona afectada, siempre que dicho expediente se comunique al demandante para que este pueda pronunciarse sobre él en la réplica (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de junio de 2024, Shammout/Consejo, T‑649/22, no publicada, EU:T:2024:376, apartados 52 y 53). Por consiguiente, la alegación del demandante según la cual el Consejo vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta al comunicarle el expediente WK 10524/2023 REV 1 tras la adopción de los actos de septiembre de 2023 carece de fundamento, dado que disponía de dicho expediente antes de interponer el recurso para impugnar la legalidad de dichos actos en el contexto del presente procedimiento judicial.
74
De las consideraciones anteriores se desprende que el tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva, debe desestimarse en la medida en que tiene por objeto impugnar la legalidad de los actos de septiembre de 2023.
b)
Sobre los actos de marzo de 2024
75
El demandante reprocha al Consejo no haber respondido a su solicitud de reconsideración por la que solicitó la retirada de su nombre de las listas controvertidas, a raíz del pronunciamiento de las sentencias de 10 de abril de 2024, Aven/Consejo (T‑301/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:214), y de 10 de abril de 2024, Fridman/Consejo (T‑304/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:215).
76
El Consejo rebate las alegaciones del demandante.
77
A este respecto, basta con señalar que las alegaciones del demandante basadas en la vulneración del derecho de defensa se fundamentan en un escrito enviado al Consejo tras la adopción de los actos de marzo de 2024, a saber, el 11 de abril de 2024. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó ese acto [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2021, Aman Dimashq/Consejo, T‑259/19, EU:T:2021:821, apartado 110 (no publicado) y jurisprudencia citada]. Por consiguiente, la falta de respuesta del Consejo a dicho escrito no puede poner en entredicho la legalidad de los actos de marzo de 2024.
78
Por consiguiente, el demandante no ha demostrado la vulneración de su derecho de defensa en el marco del procedimiento de reconsideración que dio lugar a la adopción de los actos de marzo de 2024.
79
En consecuencia, procede desestimar en su totalidad el tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva.
2.
Primer motivo, basado en un error de apreciación
80
El demandante alega que el Consejo incurrió en error de apreciación al mantener su nombre en las listas controvertidas mediante la adopción de los actos de septiembre de 2023 y de marzo de 2024.
81
El Consejo rebate las alegaciones del demandante.
a)
Consideraciones preliminares
82
Con carácter preliminar, procede recordar que si bien es cierto que el Consejo dispone de cierta facultad de apreciación para determinar en cada caso si se cumplen los criterios jurídicos en los que se basan las medidas restrictivas de que se trata, no es menos cierto que los tribunales de la Unión deben garantizar un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 121).
83
La efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta exige, en particular, que el juez de la Unión se asegure de que la decisión mediante la cual se adoptaron o mantuvieron medidas restrictivas, que constituye un acto de alcance individual para la persona o entidad afectada, dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa dicha decisión, de modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que examine la cuestión de si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar tal decisión, están o no respaldados por hechos (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 119, y de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 122).
84
Tal apreciación ha de efectuarse examinando los elementos de prueba y de información no de forma aislada, sino atendiendo al contexto en el que se insertan. En efecto, el Consejo cumple la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto ante el juez de la Unión un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la persona sometida a una medida de inmovilización de fondos y el régimen o, en general, las situaciones que se pretende combatir (véanse las sentencias de 20 de julio de 2017, Badica y Kardiam/Consejo, T‑619/15, EU:T:2017:532, apartado 99 y jurisprudencia citada, y de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 124).
85
Es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos admitidos contra la persona afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos. No se exige para ello que el Consejo presente ante el juez de la Unión todos los datos y pruebas inherentes a los motivos expuestos en el acto cuya anulación se solicita. Es preciso que los datos o pruebas presentados respalden los motivos invocados contra la persona o la entidad afectada (sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 121 y 122, y de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Fulmen y Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, apartados 66 y 67; véase también la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 123 y jurisprudencia citada).
86
En este supuesto, corresponde al juez de la Unión verificar la exactitud material de los hechos alegados a la vista de tales datos o pruebas y evaluar la fuerza probatoria de estos últimos en función de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta las eventuales observaciones presentadas por la persona o la entidad afectada (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 124).
87
Por lo que respecta, más concretamente, al control de la legalidad ejercido sobre los actos de mantenimiento del nombre de la persona afectada en una lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, es preciso recordar que tales medidas tienen carácter cautelar y, por definición, provisional, y que su validez se supedita siempre a que se mantengan las circunstancias de hecho y de Derecho que dieron lugar a su adopción, así como a la necesidad de su mantenimiento para la consecución del objetivo al que se asocian. De este modo, corresponde al Consejo, al reconsiderar periódicamente tales medidas, llevar a cabo una apreciación actualizada de la situación y hacer un balance de los efectos de esas medidas, con miras a determinar si han permitido alcanzar los objetivos perseguidos con la inclusión inicial de los nombres de las personas y entidades afectadas en la lista controvertida o si todavía es posible llegar a la misma conclusión en relación con esas personas y entidades (véanse las sentencias de 27 de abril de 2022, Ilunga Luyoyo/Consejo, T‑108/21, EU:T:2022:253, apartado 55 y jurisprudencia citada, y de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 67).
88
De las consideraciones anteriores resulta que, para justificar el mantenimiento del nombre de una persona en una listas de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, no se prohíbe al Consejo basarse en los mismos elementos de prueba que justificaron la inclusión inicial, la nueva inclusión o el mantenimiento anterior del nombre de la persona afectada en tales listas, siempre que, por un lado, los motivos de inclusión no hayan cambiado y, por otro, el contexto no haya evolucionado de tal manera que esos elementos de prueba hayan quedado obsoletos (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de septiembre de 2020, Kaddour/Consejo, T‑510/18, EU:T:2020:436, apartado 99). A este respecto, la evolución del contexto incluye la toma en consideración, por un lado, de la situación del país respecto del cual se ha fijado el régimen de medidas restrictivas y de la situación particular de la persona afectada (sentencia de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 78; véase también, en este sentido, la sentencia de 23 de septiembre de 2020, Kaddour/Consejo, T‑510/18, EU:T:2020:436, apartado 101) y, por el otro, del conjunto de circunstancias pertinentes y, en particular, de que no se habían cumplido los objetivos contemplados por las medidas restrictivas (sentencia de 27 de abril de 2022, Ilunga Luyoyo/Consejo, T‑108/21, EU:T:2022:253, apartado 56; véase también, en este sentido y por analogía, la sentencia de 12 de febrero de 2020, Amisi Kumba/Consejo, T‑163/18, EU:T:2020:57, apartados 82 a 84 y jurisprudencia citada).
89
Procede examinar a la luz de estos principios si, mediante la adopción de los actos de septiembre de 2023, y posteriormente mediante la adopción de los actos de marzo de 2024, el Consejo incurrió en un error de apreciación al decidir mantener el nombre del demandante en las listas controvertidas.
90
A este respecto, del tenor literal de los actos impugnados se desprende que el nombre del demandante se mantuvo en las listas controvertidas sobre la base del criterio relativo a la prestación de apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania [artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada (en lo sucesivo, «criterio d)»]. También se le incluyó sobre la base de las partes primera y tercera del criterio g) modificado.
91
El Tribunal General considera oportuno examinar, antes de nada, si el Consejo incurrió en un error de apreciación al mantener el nombre del demandante sobre la base de las partes primera y tercera del criterio g) modificado.
b)
Sobre los actos de septiembre de 2023
92
Mediante sus alegaciones dirigidas a impugnar la legalidad de los actos de septiembre de 2023, el demandante alega que las pruebas aportadas por el Consejo no son fidedignas y sostiene que su nombre se mantuvo erróneamente en las listas controvertidas sobre la base de las partes primera y tercera del criterio g) modificado.
1) Sobre el carácter fidedigno de las pruebas
93
El demandante sostiene que gran parte de las fuentes utilizadas por el Consejo son de mala calidad y cuestiona específicamente el carácter fidedigno de determinadas pruebas.
94
El Consejo rechaza las alegaciones del demandante.
95
A este respecto, es preciso recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, la actuación del juez de la Unión se rige por el principio de libre apreciación de la prueba y el único criterio de apreciación del valor de las pruebas aportadas reside en su credibilidad. A este respecto, para apreciar el valor probatorio de un documento, es necesario comprobar la verosimilitud de la información que en él se contiene y tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno [véanse las sentencias de 31 de mayo de 2018, Kaddour/Consejo, T‑461/16, EU:T:2018:316, apartado 107 y jurisprudencia citada, y de 12 de febrero de 2020, Amisi Kumba/Consejo, T‑163/18, EU:T:2020:57, apartado 95 (no publicado) y jurisprudencia citada].
96
Al carecer de competencias de investigación en los países terceros, la apreciación de las autoridades de la Unión debe basarse, por ello, en fuentes de información accesibles al público, informes, artículos de prensa, informes de los servicios secretos, u otras fuentes de información similares (sentencias de 14 de marzo de 2018, Kim y otros/Consejo y Comisión, T‑533/15 y T‑264/16, EU:T:2018:138, apartado 107, y de 1 de junio de 2022, Prigozhin/Consejo, T‑723/20, no publicada, EU:T:2022:317, apartado 59).
97
Además, es preciso señalar que la situación de conflicto armado en la que están implicadas la Federación de Rusia y Ucrania dificulta particularmente en la práctica el acceso a determinadas fuentes, la indicación expresa de la fuente primaria de determinada información y la posible obtención de testimonios por parte de personas que acepten ser identificadas. Las dificultades de investigación que de ello se derivan pueden impedir así que se aporten pruebas concretas y datos objetivos (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 116 y jurisprudencia citada).
98
En el caso de autos, para justificar el mantenimiento de la inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas sobre la base de las partes primera y tercera del criterio g) modificado, el Consejo se basó en los elementos del expediente WK 3073/2022 INIT de 12 de marzo de 2022, en particular en un artículo titulado «Why Mueller named a Russian Oligarch in Court», publicado el 6 de abril de 2018 en el sitio de Internet de The Daily Beast (documento n.o 1).
99
El Consejo también tuvo en cuenta uno de los elementos del expediente WK 17621/2022 INIT para justificar el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas sobre la base de las partes primera y tercera del criterio g) modificado, a saber, una página de Internet del sitio «Putin’s list», relativa al demandante, consultada el 23 de noviembre de 2022 (documento n.o 2).
100
Asimismo, el Consejo tomó en consideración, para corroborar la justificación del mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas sobre la base de las partes primera y tercera del criterio g) modificado, determinados elementos del expediente WK 10524/2023 REV 1 de 10 de agosto de 2023, a saber:
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una presentación de AlfaStrakhovanie publicada en el sitio de Internet de esta sociedad, consultado el 25 de mayo de 2023 (documento n.o 2);
–
un artículo titulado «AlfaStrakhovanie ruled out the sale of business to third-party buyers», publicado el 4 de mayo de 2023 en el sitio de Internet de Radio Liberty (documento n.o 9);
–
una presentación del accionariado de X5 Retail Group publicada en el sitio de Internet de dicha sociedad, consultada el 1 de junio de 2023 (documento n.o 10);
–
una página del sitio de Internet de Rupep relativa a las relaciones comerciales del demandante, consultada el 12 de junio de 2023 (documento n.o 17);
–
un artículo titulado «AlfaStrakhovanie confirmed the change of ownership of the company», publicado el 4 de mayo de 2023 en el sitio de Internet de Vedomosti (documento n.o 19);
–
un artículo titulado «Fridman’s Alfa Group to exit all Russian assets», publicado el 5 de mayo de 2023 en el sitio de Internet de bne IntelliNews (documento n.o 20).
101
Del mismo modo, el Consejo tuvo en cuenta, para justificar el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas sobre la base de las partes primera y tercera del criterio g) modificado, determinados elementos del expediente WK 10555/2023 INIT de 14 de agosto de 2023, a saber:
–
un escrito del Banco Central de Ucrania de 5 de junio de 2023, dirigido a la Comisión Europea, en el que se expresaba la preocupación de Ucrania por los intentos de eludir las sanciones (documento n.o 1);
–
un comunicado de prensa del Banco Central de Ucrania relativo al Sense Bank, publicado el 20 de julio de 2023 (documento n.o 2).
102
Con carácter preliminar, procede señalar que, en la vista, el demandante renunció a sus alegaciones relativas al carácter no fidedigno de la fuente de información TAdviser.
103
Además, en lo concerniente a las alegaciones del demandante por las que sostiene, sobre la base de un artículo publicado por Politico anexo a la demanda, que gran parte de las fuentes utilizadas por el Consejo son de mala calidad, procede señalar que dicho artículo no cuestiona, de manera sistemática, todos los elementos de los expedientes de pruebas preparados por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), sino que únicamente plantea interrogantes en cuanto al carácter fidedigno de determinadas fuentes de información, como las redes sociales, los blogs o la información generada por inteligencia artificial.
104
Pues bien, ha de observarse que el artículo de que se trata no se refiere a los expedientes de pruebas que invoca el Consejo en el presente asunto y que el demandante no ha demostrado que las pruebas mencionadas en los apartados 98 a 101 procedan de fuentes cuyo carácter fidedigno pone en duda dicho artículo.
105
En lo que atañe a las alegaciones del demandante según las cuales, en esencia, la información que le concierne recogida en los documentos n.os 19 y 20 del expediente de pruebas WK 10524/2023 REV 1 no es fidedigna porque se basa en fuentes anónimas, ha de precisarse que estos documentos constituyen artículos procedentes de medios de comunicación especializados en economía, a saber, Vedomosti y bne IntelliNews, que se basan en hechos mencionados en un artículo de la BBC, en las declaraciones de un miembro del Consejo de Administración de ABH Holdings que ponen de manifiesto la necesidad de reubicar los activos de esta sociedad y en fuentes anónimas. Pues bien, el mero hecho de que alguna información de dichos documentos proceda de fuentes periodísticas anónimas no puede privarlos de carácter fidedigno. En efecto, dado que se trata de fuentes internas de las empresas afectadas por las investigaciones de estos medios especializados en economía, exigir que los periodistas revelen sistemáticamente al público la identidad de dichas fuentes podría contravenir la protección de las fuentes periodísticas.
106
Las alegaciones del demandante que cuestionan el carácter fidedigno del documento n.o 1 del expediente de pruebas WK 5142/2023 ADD 1 relativo a las pruebas sobre el entorno empresarial y la economía de Rusia, a saber, una investigación publicada en el sitio de Internet «Proekt», deben desestimarse por inoperantes, dado que el Consejo no se basó en dicho documento para justificar el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas sobre la base de las partes primera y tercera del criterio g) modificado.
107
A la luz de todo lo anterior, habida cuenta del contexto que caracteriza la situación de la Federación de Rusia, y dado que el Consejo carece de competencias de investigación en los países terceros (véanse los apartados 96 y 97 anteriores), el demandante no ha aportado elementos que puedan cuestionar el valor probatorio de los documentos del expediente de pruebas mencionados en los apartados 98 a 101 de la presente sentencia.
2) Sobre la aplicación al demandante de las partes primera y tercera del criterio g) modificado
108
El demandante alega que el Consejo mantuvo erróneamente su nombre en las listas controvertidas sobre la base de las partes primera y tercera del criterio g) modificado.
109
En primer lugar, el demandante sostiene que el Consejo incurrió en error de apreciación al considerarlo uno de los principales accionistas del consorcio Alfa Group, que incluye a Alfa Bank, Alfrastrakhovanie y X5 Retail Group.
110
Antes de nada, el demandante considera que el consorcio Alfa Grupo no tiene estructura ni existencia jurídica. A continuación, aduce que aportó las pruebas de la cesión de sus participaciones, por un lado, en ABH Holdings, propietaria de Alfa Bank Rusia, Alfa Bank Ucrania y AlfaStrakhovanie, y, por el otro, en CTF Holdings, propietaria de A1, X5 Retail Group e IDS Borjomi. En su opinión, el Consejo no puede sostener que no cedió dichas participaciones al Sr. [confidencial]. (
1
)
111
Además, el demandante afirma que la cesión de sus participaciones en CTF Holdings ha quedado demostrada válidamente mediante un extracto del registro de titulares reales de dicha sociedad.
112
El demandante reprocha asimismo al Consejo haber descartado el valor probatorio de los documentos aportados para respaldar la cesión de las participaciones invocando un hecho no fundamentado, según el cual se había firmado un contraescrito con el comprador de sus participaciones, el Sr. [confidencial]. Estima, por tanto, que el Consejo le está exigiendo la presentación de una prueba negativa para demostrar la cesión de las participaciones de que se trata.
113
Por añadidura, el demandante rebate las alegaciones del Consejo según las cuales controla a AlfaStrakhovanie, por considerar que la información de que dispone el Consejo es hipotética.
114
En segundo lugar, el demandante alega, en esencia, que es el único empresario cuyo nombre está incluido en las listas controvertidas sin tomar en consideración las funciones directivas desempeñadas en la actualidad o en el pasado. A este respecto, sostiene que el Consejo debería haber tenido en cuenta el hecho de que no ejerció funciones directivas durante los diez años anteriores a la inclusión inicial de su nombre en dichas listas.
115
En tercer lugar, el demandante subraya que no ejerce una actividad económica en uno o varios sectores que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia y afirma, por tanto, que no puede ser considerado un empresario de primer orden en Rusia. A su juicio, de la jurisprudencia sobre el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y de la reciente jurisprudencia relativa a las medidas restrictivas adoptadas en el contexto de la invasión de Ucrania se desprende que la mera tenencia de acciones no puede autorizar al Consejo a considerar que ejerce una actividad en un sector económico.
116
En cuarto lugar, el demandante aduce que la presunción de dependencia mutua entre los empresarios de primer orden y el Gobierno ruso que figura en las disposiciones del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, no le es aplicable. Considera que los documentos de los expedientes WK 5142/2023 INIT y WK 5142/2023 ADD1 que contienen información sobre el entorno empresarial y la economía de Rusia no lo mencionan y que determinados documentos relativos a las empresas del consorcio Alfa Group demuestran que Alfa Bank no pertenece al círculo estrecho de agentes económicos dominantes próximos al Sr. Putin. Afirma que ni él ni las sociedades de dicho consorcio ni sus socios pertenecen a una de las categorías de empresarios interdependientes, no son amigos del Sr. Putin vinculados al KGB o a la red del Sr. Putin en San Petersburgo (Rusia), no operan en los sectores controlados por el Estado y no se benefician de contratos públicos, de ventajas fiscales ni de un trato especial. Del mismo modo, en su opinión, ninguna de las empresas de dicho consorcio ha contado en su consejo de administración con ministros del Gobierno ruso ni con fiduciarios personales.
117
En quinto lugar, en la vista, el demandante señaló que Rosvodokanal no proporcionaba una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia debido a que esta sociedad solo representaba entre el 25 % y el 30 % del sector privado del suministro de agua y tratamiento de las aguas residuales en Rusia, que únicamente supone el 10 % del conjunto de este sector.
118
El Consejo rechaza las alegaciones del demandante.
119
En lo que atañe al contexto general de la situación en Ucrania, es preciso señalar que, en la fecha de adopción de los actos de septiembre de 2023, la situación en Ucrania seguía siendo grave. Asimismo, las medidas restrictivas seguían estando justificadas a la luz del objetivo perseguido consistente en ejercer la máxima presión sobre las autoridades rusas para que pusieran fin a sus acciones y políticas de desestabilización de Ucrania y a la agresión militar contra ese país, y en aumentar el coste de las acciones de la Federación de Rusia destinadas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
120
Debe precisarse que, antes de la modificación del criterio g), este se refería únicamente a los «principales empresarios […] implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia». La modificación introducida en este criterio por la Decisión 2023/1094 tuvo como efecto ampliar su alcance a los «principales empresarios que operen en Rusia» [primera parte del criterio g) modificado] y a los «empresarios implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia» [tercera parte del criterio g) modificado].
121
En primer lugar, en lo atinente a la primera parte del criterio g) modificado, procede señalar que el concepto de «principales empresarios» se refiere a la importancia de estos últimos a la luz, en particular, de sus estatutos profesionales, de la relevancia de sus actividades económicas, de la amplitud de su participación en el capital o de sus funciones en el seno de una o varias empresas en las que ejercen dichas actividades (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 143).
122
De la primera parte del criterio g) modificado se desprende que la modificación del criterio g) inicial solo tenía por objeto ampliar el ámbito de aplicación de las medidas restrictivas para que se aplicaran a todos los empresarios principales que operen en Rusia, incluidos los que no están implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.
123
Las razones que justifican la ampliación del criterio previsto en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, se exponen en el considerando 4 de la Decisión 2023/1094. Este considerando describe el funcionamiento de la economía rusa, que se caracteriza por la existencia de una relación de dependencia mutua entre empresarios destacados que operan en Rusia y el Gobierno de la Federación de Rusia. Así pues, al dirigirse contra estos empresarios, el Consejo pretende utilizar la influencia que pueden ejercer sobre el régimen ruso e incitarles a presionar a dicho Gobierno para que modifique su política respecto a Ucrania.
124
A efectos de la aplicación de la primera parte del criterio g) modificado a la situación individual de cada persona cuyo nombre está incluido en las listas controvertidas, corresponde al Consejo demostrar, por un lado, que una persona física puede ser calificada de «principal empresario» en el sentido indicado en el anterior apartado 121 y, por el otro, que esa persona física opera en Rusia. A este respecto, conviene señalar que la mera circunstancia de pertenecer a la categoría de principales empresarios que operan en Rusia basta para permitir la adopción de las medidas restrictivas necesarias sobre la base de la citada primera parte, sin que se requiera aportar la prueba de un vínculo entre la condición de principal empresario y el régimen ruso, ni tampoco entre el de principal empresario y el apoyo a ese régimen o el beneficio que obtienen de él (véanse, por analogía, la sentencia de 9 de julio de 2020, Haswani/Consejo, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, apartado 66, y el auto de 6 de septiembre de 2022, Haikal/Consejo, C‑113/21 P, no publicado, EU:C:2022:640, apartado 41).
125
En el caso de autos, por lo que respecta a la situación personal del demandante, de los motivos de inclusión se desprende que se le considera uno de los principales accionistas del consorcio Alfa Group.
126
Según la información que figura, en particular, en el documento n.o 1 del expediente WK 3073/2022 INIT, el demandante es cofundador del consorcio Alfa Group, que es un gran grupo industrial y financiero privado de Rusia con intereses en diferentes sectores económicos.
127
Asimismo, ha de observarse que la presentación del consorcio Alfa Group por Alfa Bank Ucrania, de junio de 2019, adjunta al anexo B.2 del escrito de contestación, menciona a las sociedades de dicho consorcio, entre las que figuran, en particular, ABH Holdings, AlfaStrakhovanie, X5 Retail Group y A1, y corrobora la información que figura en el documento n.o 2 del expediente WK 17621/2022 INIT (sentencia de 11 de septiembre de 2024, OT/Consejo, T‑286/23, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:606, apartado 94). Esta información también se ve confirmada por el documento n.o 2 del expediente WK 10524/2023 REV 1, según el cual, el 26 de mayo de 2023, dicho consorcio estaba formado, en particular, por Alfa Bank, AlfaStrakhovanie, Rosvodokanal, X5 Retail Group y A1.
128
Además, de los documentos n.os 9 y 19 del expediente WK 10524/2023 REV 1 se desprende, y las partes no discuten, que ABH Holdings, con domicilio social en Luxemburgo, es titular indirecta, por un lado, de Alfa Bank Rusia, en particular a través de ABH Financial, establecida en Chipre, y AB Holding, establecida en Rusia, y, por el otro, de AlfaStrakhovanie, en particular a través de AlfaStrakhovanie Holdings, establecida en Chipre, y Yuns-Holdings, establecida en Rusia. Debe precisarse que, como se deduce, en particular, del documento n.o 17 del expediente WK 10524/2023 REV 1, el demandante no niega haber sido titular del 16,3239 % de ABH Holdings.
129
Además, del documento n.o 10 del expediente WK 10524/2023 REV 1 resulta que el 47,86 % de X5 Retail Group pertenece a CTF Holdings, establecida en Luxemburgo, extremo que el demandante no discute. Por otra parte, en la vista, las partes coincidieron en que esta última también era titular indirecta de A1, a través de sociedades establecidas en Chipre y en Rusia. En efecto, de los autos se desprende que CTF Holdings posee indirectamente A1, a través de A1 Investment Holding, establecida en Luxemburgo, de A1 Capital, establecida en Chipre, y de Management Company Group A1, establecida en Rusia. El demandante no niega ser uno de los fundadores de CTF Holdings, como se infiere del documento n.o 2 del expediente de pruebas WK 17621/2022 INIT, ni haber sido titular participaciones en dicha sociedad, establecida en Luxemburgo. En la vista, el demandante refutó la afirmación del Consejo de que poseía el 11 % de las participaciones de dicha sociedad a través de Intertrust Trustees, si bien reconoció, como resulta del anexo C12 de la réplica, que había sido titular de aproximadamente el [confidencial] % del capital de CTF Holdings.
130
Así pues, el Consejo considera que el demandante, a la vista de sus participaciones en ABH Holdings y en CTF Holdings, era uno de los principales accionistas del consorcio Alfa Group.
131
El demandante reprocha al Consejo, por un lado, no haber tenido en cuenta el hecho de que cedió sus participaciones en ABH Holdings y en CTF Holdings en marzo de 2022 y, por el otro, haber invertido la carga de la prueba al solicitar la presentación de pruebas adicionales que demuestren que ya no es titular de ninguna participación en el capital del consorcio Alfa Group.
132
Así pues, es preciso comprobar, por una parte, si el Consejo invierte indebidamente la carga de la prueba al exigir que el demandante aporte pruebas para demostrar la cesión de sus participaciones en el capital y, por otra parte, habida cuenta de las pruebas aportadas por el demandante, si el Consejo incurrió en error de apreciación al considerar que era todavía uno de los principales accionistas del consorcio Alfa Group.
133
Por lo que respecta a la alegación del demandante relativa a la inversión de la carga de la prueba, es cierto que, como se ha recordado en el apartado 85 de la presente sentencia, corresponde al Consejo acreditar que los motivos admitidos contra la persona o entidad cuyo nombre se incluye en las listas controvertidas son fundados. No obstante, cuando una persona sujeta a medidas restrictivas, como el demandante, alega que su situación personal ha cambiado respecto de los hechos probados por el Consejo, le incumbe aportar las pruebas que demuestren la realidad de tal cambio y, por consiguiente, la existencia de un error de apreciación de esas pruebas por parte del Consejo.
134
En el presente asunto, como se colige de los anteriores apartados 126 a 130, el Consejo disponía de un conjunto de indicios que demostraban que el demandante era uno de los principales accionistas del consorcio Alfa Group debido a sus participaciones en el capital de varias sociedades de dicho consorcio, en particular a través de ABH Holdings y de CTF Holdings. En consecuencia, corresponde al demandante demostrar que se ha desprendido efectivamente de sus participaciones en dichas sociedades y que ha renunciado efectivamente a sus prerrogativas como accionista de estas y de las entidades vinculadas a ellas. Tal exigencia no supone una inversión indebida de la carga de la prueba, puesto que es el demandante quien invoca el cambio de su situación personal que le incumbe demostrar, a saber, la cesión de sus participaciones en las sociedades del consorcio Alfa Group (véanse, por analogía, las sentencias de 11 de septiembre de 2019, HX/Consejo, C‑540/18 P, no publicada, EU:C:2019:707, apartado 50, y de 27 de junio de 2024, Servier y otros/Comisión, C‑201/19 P, EU:C:2024:552, apartado 124). Pues bien, dado que las pruebas relativas a los procedimientos, las modalidades y las condiciones de cesión de participaciones en sociedades son documentos a los que no tienen acceso ni el Consejo ni los Estados miembros, el demandante es quien mejor puede aportar tales pruebas en apoyo del cambio de su situación personal (véase, por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2024, Timchenko y Timchenko/Consejo, T‑644/22, recurrida en casación, EU:T:2024:621, apartado 64).
135
En el caso de autos, según el demandante, sus participaciones de aproximadamente el 16 % en ABH Holdings y del [confidencial] % en CTF Holdings fueron transmitidas al supuesto cesionario el 14 de marzo de 2022, es decir, el día anterior a la inclusión de su nombre en las listas controvertidas. Además, como alega el demandante, el supuesto cesionario de dichas participaciones también adquirió, al mismo tiempo, aproximadamente el [confidencial] % de las participaciones de ABH Holdings y aproximadamente el [confidencial] % de las participaciones de CTF Holdings de las que era titular otro accionista. En consecuencia, afirma que el mismo cesionario, el Sr. [confidencial], adquirió simultáneamente no solo alrededor del 36 % de las participaciones de ABH Holdings, sino también alrededor del 54 % de las participaciones de CTF Holdings. Habida cuenta de los activos en poder de ABH Holdings, a saber, Alfa Bank Rusia y AlfaStrakhovanie, y de CTF Holdings, a saber, la sociedad de distribución X5 Retail Group y la sociedad de inversión rusa A1, el demandante confirmó en la vista que las supuestas cesiones fueron por un importe elevado.
136
Por consiguiente, en las circunstancias particulares del presente asunto y dado que el demandante invoca, en particular, un cambio de su situación personal que se produjo el día anterior a la inclusión de su nombre en las listas controvertidas, le incumbía aportar pruebas que demuestren que, antes de dicha inclusión, las supuestas cesiones condujeron a la transmisión efectiva de la propiedad de sus participaciones a un cesionario identificable e independiente del cedente. Así pues, las pruebas de las transmisiones de las participaciones del demandante en ABH Holdings y en CTF Holdings en favor del supuesto cesionario debían permitir acreditar la conformidad de la cesión con las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de medidas restrictivas, lo que suponía, en el caso de autos, demostrar que las transmisiones de las participaciones se habían producido efectivamente, de conformidad con el Derecho nacional y las disposiciones estatutarias aplicables, con anterioridad a la entrada en vigor de las medidas de inmovilización de fondos que afectan al demandante. De este modo, en el caso de autos, las pruebas de las transmisiones efectivas de las participaciones en esas dos sociedades de cartera debían incluir, en particular, los actos relativos a las cesiones de dichas participaciones, las disposiciones pertinentes del Derecho nacional aplicable y las disposiciones estatutarias de las sociedades de cartera en cuestión.
137
Además, para demostrar la renuncia efectiva a sus prerrogativas de accionista, el demandante debía aportar pruebas sobre las condiciones, las modalidades y las contrapartidas de las supuestas cesiones, en particular sobre el precio de transmisión de las participaciones. Contrariamente a lo que sostuvo el demandante en la vista, tales pruebas relativas al precio de transmisión son necesarias para apreciar si las supuestas cesiones de sus participaciones implican una renuncia efectiva a sus prerrogativas de accionista de ABH Holdings y de CTF Holdings. En efecto, en el caso de que un cedente venda sus participaciones a un precio manifiestamente inferior al valor de los activos objeto de la cesión, no podrá considerarse que esta se haya efectuado en favor de un tercero independiente (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2023, Mordashov/Consejo, T‑248/22, no publicada, EU:T:2023:573, apartado 101), puesto que, en tales circunstancias, debido a la ventaja que constituiría tal precio para el cesionario, el cedente podría seguir ejerciendo a través de él una influencia en los asuntos de la sociedad cuyas participaciones se transmitieron, lo que podría poner en entredicho la credibilidad de tal cesión (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2025, Ponomarenko/Consejo, T‑249/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2025:202, apartado 130). Por consiguiente, en el caso de autos, las pruebas aportadas también debían contener indicaciones sobre el precio al que se cedieron las participaciones y sobre las modalidades de pago de estas.
138
Conviene subrayar que, en las circunstancias del presente asunto, la presentación de las pruebas mencionadas en los anteriores apartados 136 y 137 no puede constituir una carga excesiva o que implique la divulgación indebida de datos confidenciales. En efecto, el demandante es quien mejor puede aportar las pruebas de la transmisión efectiva de sus participaciones en ABH Holdings y en CTF Holdings, así como de la renuncia efectiva a sus prerrogativas de accionista de dichas sociedades y de las entidades vinculadas a ellas (véase el apartado 134 de la presente sentencia).
139
Además, en circunstancias como las del presente asunto, que se caracteriza por las importantes transmisiones de participaciones que supuestamente se realizaron el día anterior a la entrada en vigor de las medidas de inmovilización de fondos que afectan al demandante (véase el anterior apartado 135) y por la utilización de estructuras jurídicas que implican a sociedades establecidas en varios Estados (véanse los anteriores apartados 128 y 129), la eficacia y la efectividad de las medidas restrictivas podrían cuestionarse si se tuvieran en cuenta las supuestas cesiones de participaciones sin que se hayan aportado pruebas que demuestren que realmente se llevaron a cabo.
140
En lo que atañe a las pruebas aportadas en el marco del presente recurso, procede examinar si son suficientes para demostrar que el demandante había transmitido de manera efectiva sus participaciones en ABH Holdings y en CTF Holdings y renunciado de manera efectiva a sus prerrogativas de accionista de dichas sociedades y de las entidades vinculadas a ellas y, por tanto, que el Consejo incurrió en error de apreciación al considerar que todavía era uno de los principales accionistas del consorcio Alfa Group.
141
En primer término, por lo que respecta a la supuesta cesión de sus participaciones en CTF Holdings al Sr. [confidencial], el demandante sostiene que esta se produjo el día anterior al de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas, esto es, el 14 de marzo de 2022.
142
No obstante, como se desprende del apartado 136 de la presente sentencia, incumbe al demandante aportar, en particular, las pruebas que demuestren que la transmisión en cuestión se efectuó de conformidad con las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de medidas restrictivas.
143
De conformidad con el artículo 2 de la Decisión 2022/429 y el artículo 2 del Reglamento de Ejecución 2022/427, las medidas restrictivas contra el demandante entraron en vigor en la fecha de la publicación de esos actos en el Diario Oficial de la Unión Europea, a saber, el 15 de marzo de 2022, es decir, el día siguiente a la supuesta cesión de las participaciones del demandante en CTF Holdings.
144
A este respecto, el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 establece, en particular, que se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas que figuren en las listas controvertidas. A tenor del artículo 1, letra f), de dicho Reglamento, el concepto de «inmovilización de fondos» se define como «el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera de valores». En virtud del artículo 1, letra g), del citado Reglamento, el concepto de «fondos» se refiere a los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza, entre los que se incluyen, con carácter no exhaustivo, conforme al inciso iii) de esta disposición, los valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, garantías, obligaciones y contratos relacionados con productos financieros derivados.
145
Así pues, en el presente asunto, a partir del 15 de marzo de 2022, todos los fondos cuya propiedad, tenencia o control en el territorio de la Unión correspondían al demandante, incluidas las participaciones en sociedades establecidas en la Unión de las que era titular, se inmovilizaron y ya no podían ser objeto de ningún movimiento, transmisión, modificación, disposición o acceso que tuviera como consecuencia, en particular, un cambio de su propiedad, su posesión o cualquier otra modificación que permitiera su uso. Por consiguiente, las únicas posibilidades de liberar las participaciones poseídas por el demandante eran la retirada de su nombre de las listas controvertidas o la concesión por las autoridades competentes de una de las excepciones previstas por el Reglamento n.o 269/2014.
146
Para demostrar la cesión de sus participaciones en CTF Holdings, el demandante presentó tres documentos.
147
Para empezar, en el documento presentado como extracto del registro de accionistas de CTF Holdings (anexo A.27 del escrito de demanda), el demandante hace constar, con fecha de 16 de mayo de 2023, el número de acciones poseídas en términos absolutos por cada una de las dos sociedades establecidas en Chipre mencionadas en dicho documento, sin ninguna otra indicación. Pues bien, sin que proceda pronunciarse sobre la fuerza probatoria de dicho documento, basta con señalar que no permite demostrar que la cesión de las participaciones del demandante en CTF Holdings hubiera tenido lugar antes del 15 de marzo de 2022.
148
A continuación, el demandante presentó una declaración de propiedad de una sociedad establecida en Liechtenstein que confirma, según él, que, el 18 de enero de 2022, era el titular último y accionista de dicha sociedad (anexo C.10 del escrito de réplica). Pues bien, sin que proceda pronunciarse sobre la fuerza probatoria de dicha declaración, basta con señalar que carece de pertinencia para demostrar que la propiedad de las participaciones del demandante en CTF Holdings fuera transmitida antes del 15 de marzo de 2022. En efecto, la referida declaración, fechada el 18 de enero de 2022, se limita a indicar que el demandante era el titular último de dicha sociedad, establecida en Liechtenstein, antes del supuesto cambio de propiedad esta.
149
Por último, el demandante presenta un extracto del registro de titulares reales de CTF Holdings emitido por el Luxembourg Business Register (anexo C.11 del escrito de réplica) en el que consta, en efecto, que los Sres. [confidencial] y [confidencial] eran titulares indirectos de la totalidad de las participaciones del capital de dicha sociedad.
150
No obstante, ha de observarse que el extracto en cuestión no contiene ninguna indicación sobre la fecha en la que las participaciones del demandante en CTF Holdings fueron transmitidas al Sr. [confidencial] ni sobre las condiciones de dicha transmisión. En consecuencia, la información que recoge sobre los titulares reales no permite determinar que el demandante transmitiera de forma efectiva la propiedad de tales participaciones antes de la entrada en vigor de las medidas restrictivas adoptadas en su contra el 15 de marzo de 2022.
151
A raíz de una pregunta formulada por el Tribunal General en la vista sobre el hecho de que el extracto en cuestión no precisaba la fecha de transmisión efectiva de sus participaciones en CTF Holdings y de que dicho extracto indicaba que la información había sido modificada el 25 de abril de 2023, es decir, más de un año después de la entrada en vigor de la inmovilización de sus fondos que tuvo lugar el 15 de marzo de 2022, el demandante precisó que ese extracto acreditaba que la transmisión de las participaciones era anterior a esta última fecha debido a que el encargado del registro había llevado a cabo una verificación de la información declarada. Pues bien, al no haber fundamentado esta alegación demostrando, en particular sobre la base de la normativa nacional aplicable a ese registro, que dicho encargado está obligado a realizar una verificación sistemática de las declaraciones que se presentan ante él, cabe considerar que el extracto en cuestión no permite demostrar que las participaciones se hubieran cedido de manera efectiva antes de esa última fecha.
152
Por consiguiente, cabe concluir que las pruebas aportadas por el demandante no permiten demostrar que transfiriera de manera efectiva sus participaciones en CTF Holdings antes de la entrada en vigor, el 15 de marzo de 2022, de las medidas restrictivas adoptadas contra él.
153
Además, habida cuenta de la proximidad de la supuesta cesión y la fecha de la inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas, procede señalar que la presentación de un contrato de compraventa anterior al 15 de marzo de 2022 no basta, por sí sola, para demostrar que la propiedad de las participaciones del demandante en CTF Holdings se transmitió de manera efectiva antes de la entrada en vigor de las medidas de inmovilización de fondos que le afectan. Por un lado, para considerar que la transmisión de la propiedad se produjo de forma efectiva y conforme con el Derecho de la Unión, debe demostrarse que tuvo lugar antes de la entrada en vigor de dichas medidas con arreglo a las normas de Derecho nacional y las disposiciones estatutarias aplicables. Por otro lado, dado que el demandante reconoció en la vista que todavía no había recibido el pago del precio de tales participaciones, también ha de demostrar que las disposiciones contractuales que regulan la cesión no iban acompañadas de una condición resolutoria en caso de impago o pago aplazado del precio de venta.
154
Por lo demás, procede recordar que, a partir del 15 de marzo de 2022, todas las participaciones del demandante en sociedades establecidas en la Unión habían sido inmovilizadas, de modo que, a partir de esa fecha, cualquier movimiento, transferencia o modificación de sus participaciones en sociedades establecidas en Luxemburgo habría requerido la obtención de una autorización de las autoridades competentes (véanse los apartados 143 a 145 de la presente sentencia). Pues bien, es preciso señalar que el demandante no invoca ninguna excepción concedida por las autoridades competentes para obtener la liberación de las participaciones tras la adopción de las medidas restrictivas contra él.
155
De ello se sigue que, a falta de pruebas de la conformidad de la supuesta cesión de las participaciones del demandante en CTF Holdings con las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de medidas restrictivas, así como de pruebas de una cesión efectiva, no sujeta a disposiciones contractuales de carácter resolutorio, el Consejo no incurrió en error de apreciación al considerar que, en el momento de la adopción de los actos de septiembre de 2023, el demandante era accionista de dicha sociedad.
156
En segundo término, por lo que respecta a la supuesta cesión de sus participaciones en ABH Holdings, el demandante alega que esta tuvo lugar el día anterior a la inclusión de su nombre en las listas controvertidas, es decir, el 14 de marzo de 2022.
157
Ciertamente, de los documentos n.os 9, 19 y 20 del expediente WK 10524/2023 REV 1, esto es, artículos de prensa en los que se informa de una transmisión de activos rusos propiedad de ABH Holdings a Rusia en la que supuestamente estaba implicado el demandante, se desprende que este último transmitió sus participaciones en dicha sociedad al Sr. [confidencial] en marzo de 2022. Sin embargo, estos artículos no contienen ninguna indicación sobre la fecha precisa en la que la propiedad de las acciones del demandante fue transmitida de manera efectiva al Sr. [confidencial] y, en particular, sobre si dicha transmisión se había completado antes de que se adoptaran las medidas restrictivas que afectan al demandante.
158
Asimismo, en lo que atañe a las pruebas procedentes del Banco Nacional de Ucrania, del documento n.o 1 del expediente WK 17621/2022 INIT y del documento n.o 2 del expediente WK 10555/2023 INIT, a saber, dos comunicados de prensa de dicha institución publicados respectivamente el 28 de octubre de 2022 y el 20 de julio de 2023, se desprende que el Sr. [confidencial] (
2
) era titular de una participación cualificada del 40,9614 % en Sense Bank (anteriormente Alfa Bank Ucrania, del que era titular ABH Holdings) tras la supuesta transmisión de las participaciones que poseían en esta última sociedad el demandante y otro accionista. Dicho esto, los comunicados de prensa del Banco Nacional de Ucrania también subrayan que la adquisición de tales participaciones se había realizado sin su autorización previa. Además, de un escrito del mismo banco de 5 de junio de 2023, dirigido a la Comisión (documento n.o 1 del expediente WK 10555/2023 INIT), resulta que, con arreglo al Derecho ucraniano, el acuerdo por el que se autoriza la adquisición, por el Sr. [confidencial], de una participación significativa en Sense Bank debía considerarse nulo de pleno Derecho.
159
En cuanto a la resolución del Banco Nacional de Ucrania de 15 de abril de 2022, adjunta a la réplica (anexo C.3 del escrito de réplica), debe señalarse que, en el punto 1 de la parte dispositiva de dicha resolución, la referida institución confirma que el Sr. [confidencial] había adquirido una participación significativa de Sense Bank incumpliendo el Derecho ucraniano, el cual, en principio, obliga a toda persona que tenga previsto adquirir una participación significativa en una entidad financiera ucraniana a informar previamente al Banco Nacional de Ucrania y a esperar a obtener la autorización previa de este. Además, ni la parte dispositiva ni la motivación de dicha resolución declaran expresamente que el Sr. [confidencial] hubiera adquirido la propiedad de las participaciones del demandante en ABH Holdings el 14 de marzo de 2022. Así pues, por lo que respecta a los activos de esta última sociedad situados en Ucrania, el Banco Nacional de dicho país únicamente declaró que esa transmisión se había efectuado infringiendo el Derecho bancario ucraniano.
160
De ello se deduce que la resolución del Banco Nacional de Ucrania de 15 de abril de 2022 no puede demostrar que la propiedad de las participaciones del demandante en ABH Holdings se hubiera transmitido al Sr. [confidencial] antes del 15 de marzo de 2022.
161
Procede señalar que el resto de las pruebas aportadas por el demandante tampoco demuestran que la propiedad de sus participaciones en ABH Holdings se hubiera transmitido de manera efectiva al Sr. [confidencial] antes del 15 de marzo de 2022.
162
En lo atinente al certificado emitido por auditores de ABH Holdings (anexo A.30 del escrito de demanda) y al certificado emitido por el despacho de abogados de dicha sociedad (anexo A.25 del escrito de demanda), debe precisarse que ninguno de ellos concluye inequívocamente que la transmisión de la propiedad de las participaciones del demandante en la citada sociedad fuera efectiva antes de dicha fecha. Por un lado, el primero de estos certificados señala que, «en marzo de 2022, el demandante vendió todas sus acciones y dejó de tener la condición de accionista de [la sociedad en cuestión]», sin indicar expresamente la fecha exacta de la transmisión efectiva de dichas acciones. Por otro lado, el segundo de los certificados se limita a confirmar la libertad de voto de los accionistas. Es cierto que este certificado enumera una serie de documentos, entre los que figuran, en particular, los documentos transaccionales relativos a la venta de las participaciones del demandante en dicha sociedad al Sr. [confidencial] el 14 de marzo de 2022, los estatutos de la sociedad en cuestión, un pacto de accionistas, información sobre las relaciones contractuales entre dicha sociedad y personas designadas y un acto de compromiso celebrado el 25 de abril de 2022 entre la misma sociedad y el Sr. [confidencial]. Sin embargo, al no haberse aportado estos documentos, que no se adjuntan al certificado, no es posible determinar si la transmisión de la propiedad de las participaciones se produjo de manera efectiva antes del 15 de marzo de 2022.
163
En cuanto al certificado emitido el 6 de abril de 2022 por el director de ABH Holdings (anexo A.30 del escrito de demanda), según el cual el demandante dejó de tener títulos de propiedad a raíz de la venta de sus participaciones en la sociedad a un tercero realizada, supuestamente, el 14 de marzo de 2022, cabe señalar, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 95 de la presenten sentencia, que el valor probatorio de este certificado, que emana del director de esa sociedad de la que el demandante era accionista, debe relativizarse (sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 153). Por tanto, a falta de otras pruebas que respalden tal afirmación, este certificado no demuestra, por sí solo, que la transmisión de la propiedad de las participaciones fuera efectiva desde el 14 de marzo de 2022.
164
Por lo que respecta al extracto del registro de titulares reales de ABH Holdings elaborado por el Luxembourg Business Register, con independencia del carácter fidedigno de dicho documento, que no contiene la firma del encargado del registro, debe observarse que se menciona como última fecha de modificación el 22 de marzo de 2022, que se sitúa una semana después de la entrada en vigor de las medidas de inmovilización de fondos del demandante. Pues bien, en las circunstancias del presente asunto, que se caracteriza por las importantes transmisiones de participaciones que supuestamente se realizaron el día anterior a la entrada en vigor de las citadas medidas (véase el anterior apartado 135), dicho extracto no es suficiente para demostrar que el demandante había transmitido de manera efectiva la propiedad de sus participaciones en dicha sociedad antes de que los fondos fueran inmovilizados. En efecto, por las mismas razones que las expuestas en el apartado 151 de la presente sentencia, este extracto no permite demostrar que la transmisión de propiedad de dichas participaciones fuera efectiva antes del 15 de marzo de 2022.
165
Además, habida cuenta de la proximidad de la supuesta cesión y la fecha de la inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas, la presentación de un contrato de compraventa anterior al 15 de marzo de 2022 no basta, por sí sola, para demostrar la transmisión efectiva de la propiedad de las participaciones del demandante en ABH Holdings antes de la entrada en vigor de las medidas de inmovilización de fondos. Por un lado, para que la transmisión de la propiedad sea conforme con el Derecho de la Unión, debe demostrarse que la transmisión se completó antes de la entrada en vigor de dichas medidas con arreglo a las normas de Derecho nacional y las disposiciones estatutarias aplicables. Por otro lado, dado que el demandante reconoció en la vista que todavía no había recibido el pago del precio de transmisión de las participaciones, también debe demostrar que las disposiciones contractuales que regulan la cesión no iban acompañadas de una condición resolutoria en caso de impago del precio de venta o en el supuesto de pago aplazado.
166
Por consiguiente, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 157 a 165 de la presente sentencia, el Consejo no incurrió en error de apreciación al considerar que, en el momento de la adopción de los actos de septiembre de 2023, el demandante era accionista de ABH Holdings.
167
Así pues, dado que el Consejo consideró acertadamente que el demandante era accionista de CTF Holdings (véase el anterior apartado 155) y de ABH Holdings (véase el anterior apartado 166), no se le puede reprochar que cometiera un error de apreciación cuando lo calificó de uno de los principales accionistas del consorcio Alfa Group en el momento de adopción de los actos de septiembre de 2023.
168
Pues bien, no se discute que Alfa Bank Rusia es uno de los mayores bancos comerciales y de negocios privados rusos, que AlfaStrakhovanie es una de las mayores compañías de seguros en Rusia y que X5 Retail Group es una de las empresas más importantes del sector del comercio minorista en Rusia. En cuanto a A1 (anteriormente Alfa-Eco), parece que se trata de una sociedad de inversiones con sede en Rusia.
169
En consecuencia, dada la importancia de las actividades en Rusia de las sociedades del consorcio Alfa Group, el Consejo podía considerar, sin incurrir en error de apreciación, que el demandante era uno de los principales empresarios que operan en Rusia en el sentido de la primera parte del criterio g) modificado.
170
Las demás alegaciones del demandante no desvirtúan esta conclusión.
171
En primer término, no puede prosperar la alegación del demandante según la cual el ejercicio de funciones directivas es un requisito necesario para ser considerado uno de los «principales» empresarios en el sentido de la primera parte del criterio g) modificado. En efecto, dado que la mera posesión de participaciones significativas en el capital de una o varias sociedades importantes puede ser suficiente para considerar que una persona es uno de los principales empresarios, el ejercicio de funciones directivas no es un requisito necesario para calificar a una persona física como «principal» empresario (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 151). Por consiguiente, el hecho de que, varios años antes de la adopción de los actos iniciales, el demandante ya no ejerciera funciones directivas en las entidades vinculadas al consorcio Alfa Group carece de pertinencia.
172
En segundo término, procede desestimar también la alegación del demandante de que no ejercía ninguna actividad en Rusia debido a que de la jurisprudencia en materia de IVA se desprende que la mera tenencia de acciones, real o presunta, no constituye, en sí misma, el ejercicio de una «actividad económica». En efecto, basta con recordar que el concepto de «actividad económica» en materia de IVA forma parte de un contexto jurídico distinto de aquel en el que se enmarca el criterio g) modificado, cuya primera parte se refiere a los principales empresarios «que operan en Rusia» (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2024, OT/Consejo, T‑286/23, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:606, apartado 92).
173
En tercer término, deben rechazarse las alegaciones del demandante de que no está comprendido en la presunción de dependencia mutua entre los principales empresarios y el Gobierno ruso debido a que no pertenece a la categoría de empresarios próximos al Sr. Putin y a que ninguna de sus empresas ha recibido un trato preferente por parte de los poderes públicos. A este respecto, ha de hacerse constar antes de nada que la primera parte del criterio g) modificado únicamente tiene por objeto establecer un criterio objetivo, autónomo y suficiente, que permita justificar la inclusión del nombre de determinadas personas en las listas controvertidas, que requiere que el Consejo aporte la prueba de dos elementos acumulativos, a saber, por un lado, que la persona de que se trate sea uno de los principales empresarios y, por el otro, que dicha persona opere en Rusia. Por tanto, el demandante no puede alegar que la referida primera parte establezca una presunción (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 9 de julio de 2020, Haswani/Consejo, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, apartado 79 y jurisprudencia citada). A continuación, como se ha señalado en el apartado 124 de la presente sentencia, para justificar dicha inclusión sobre la base de la citada parte, no es necesario aportar la prueba de un vínculo entre el demandante y el régimen ruso ni la prueba de un apoyo a ese régimen o del beneficio que obtiene de él. De este modo, a efectos de la aplicación de la misma primera parte, carece de pertinencia la cuestión de si el demandante pertenece al círculo cercano del Sr. Putin y está vinculado al KGB o a la red de San Petersburgo, si opera en los sectores controlados por el Estado o si se ha beneficiado de contratos públicos, de ventajas fiscales o de un trato especial. Lo mismo cabe afirmar respecto del hecho de que ninguna de sus empresas haya contado en su consejo de administración con ministros del Gobierno ruso ni con fiduciarios personales.
174
En cuarto término, en la medida en que el demandante aduce que el Consejo incurrió en error de apreciación debido a que el consorcio Alfa Group carece de personalidad jurídica, por lo que no es posible ser accionista de dicho consorcio, tales alegaciones no pueden prosperar. En efecto, la condición de accionista de dicho consorcio puede referirse al conjunto de empresas que forman parte de él (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2024, OT/Consejo, T‑286/23, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:606, apartado 116). Por otra parte, como se desprende del documento n.o 2 del expediente WK 10524/2023 REV 1, a saber, una página del sitio de Internet de AlfaStrakhovanie, esta sociedad se presenta como perteneciente al «consorcio financiero e industrial Alfa Group».
175
De lo anterior resulta que el demandante no ha demostrado que el Consejo haya incurrido en error de apreciación al mantener, mediante la adopción de los actos de septiembre de 2023, la inclusión de su nombre en las listas controvertidas sobre la base de la primera parte del criterio g) modificado.
176
A mayor abundamiento, debe observarse, en segundo lugar, que, a diferencia del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145 en su versión inicial resultante de la Decisión 2022/329 y de la primera parte del criterio g) modificado, que designan específicamente a los«principales empresarios», la tercera parte del criterio g) modificado amplía el ámbito de aplicación personal de las medidas restrictivas, al dejar de exigir que los empresarios tengan la condición de «principales» empresarios.
177
Es preciso subrayar que, habida cuenta del objetivo perseguido por el Consejo, recordado en el considerando 4 de la Decisión 2023/1094, de ejercer la máxima presión sobre las autoridades rusas para que pongan fin a sus acciones y políticas de desestabilización de Ucrania, el concepto de «empresarios» se refiere únicamente a las personas físicas que ejercen una actividad económica cualitativa o cuantitativamente no desdeñable en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia y cuya inclusión en la lista en cuestión pueda aumentar el coste de las acciones de la Federación de Rusia destinadas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y, por consiguiente, incrementar la presión ejercida sobre la Federación de Rusia, responsable de la invasión de Ucrania (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2025, Vinokurov/Consejo, T‑1106/23, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2025:106, apartado 48).
178
Además, en lo que atañe a los sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, del tenor de la tercera parte del criterio g) modificado resulta inequívocamente que es el sector económico y no la persona física o jurídica cuyo nombre figura en las listas controvertidas el que debe proporcionar una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia. Es cierto que la Decisión 2014/145, en su versión modificada, no define el concepto de «fuente sustancial de ingresos». Sin embargo, el empleo del adjetivo calificativo «sustancial», que se refiere al grupo nominal «fuente de ingresos», implica que dicha fuente de ingresos debe ser significativa y, por tanto, no desdeñable (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de enero de 2025, Vinokurov/Consejo, T‑1106/23, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2025:106, apartado 49).
179
En el presente asunto, el demandante reconoce que, en el momento de la adopción de los actos de septiembre de 2023, seguía siendo accionista de Rosvodokanal. Procede señalar que, en el documento de presentación del consorcio Alfa Group (anexo B.2 del escrito de contestación), dicha sociedad se describe como uno de los mayores operadores privados rusos en el ámbito del suministro y saneamiento del agua, que presta servicios a alrededor de 5 millones de clientes, opera en siete ciudades rusas y emplea a alrededor de 10000 personas. Además, en el documento n.o 2 del expediente de pruebas WK 10524/2023 REV 1 se menciona que esta sociedad pertenece al citado consorcio.
180
Por consiguiente, cabe considerar que, por el mero hecho de ser accionista de Rosvodokanal, el demandante ejerce una actividad económica cualitativa o cuantitativamente no desdeñable, de modo que debe calificarse de empresario en el sentido de la tercera parte del criterio g) modificado.
181
Pues bien, según la jurisprudencia, el sector del abastecimiento y saneamiento del agua proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de Rusia, en la medida en que generó unos ingresos fiscales de más de 94 millones de rublos rusos (RUB) (aproximadamente 967 millones de euros) en 2022 (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2024, OT/Consejo, T‑286/23, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:606, apartados 126 y 127).
182
No puede prosperar la alegación del demandante, formulada en la vista, de que los impuestos pagados por Rosvodokanal solo representan una parte muy reducida del importe total de los impuestos recaudados en este sector. En efecto, como se ha recordado en el apartado 178 de la presente sentencia, lo relevante son los ingresos generados por el sector y no los impuestos pagados por la persona o entidad de que se trate.
183
De lo anterior se deduce que el mero hecho de que el demandante fuera accionista de Rosvodokanal en el momento de la adopción de los actos de septiembre de 2023 bastaba para que su situación personal estuviera comprendida en la tercera parte del criterio g) modificado.
184
A la luz de cuanto antecede, el Consejo no incurrió en error de apreciación al considerar, en la fecha de adopción de los actos de septiembre de 2023, que el demandante era uno de los principales empresarios que operaban en Rusia en el sentido de la primera parte del criterio g) modificado, así como un empresario implicado en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia en el sentido de la tercera parte del criterio g) modificado.
185
Pues bien, según la jurisprudencia, en cuanto al control de la legalidad de una decisión por la que se adoptan medidas restrictivas, habida cuenta del carácter preventivo de estas, si el juez de la Unión considera que al menos uno de los motivos mencionados es lo bastante preciso y concreto, que está respaldado por hechos y que constituye, por sí solo, una base suficiente para fundamentar la decisión, la circunstancia de que otros de esos motivos no presenten tales características no puede justificar la anulación de dicha decisión (sentencias de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 72, y de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 186).
186
Por consiguiente, sin que sea necesario examinar el resto de las alegaciones del demandante dirigidas a impugnar el mantenimiento de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas sobre la base del criterio d), procede desestimar el primer motivo basado en un error de apreciación cometido por el Consejo al decidir mantener el nombre del demandante en dichas listas mediante la adopción de los actos de septiembre de 2023.
c)
Sobre los actos de marzo de 2024
187
El demandante alega que, desde marzo de 2022, ya no es accionista del consorcio Alfa Group, puesto que cedió sus participaciones en Alfa Bank Rusia, AlfaStrakhovania Rusia y CTF Holdings.
188
Habida cuenta de las sentencias de 10 de abril de 2024, Aven/Consejo (T‑301/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:214), y de 10 de abril de 2024, Fridman/Consejo (T‑304/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:215), el demandante considera que el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas constituye una diferencia de trato injustificada entre su situación personal y la de las partes demandantes en los asuntos que dieron lugar a tales sentencias.
189
El Consejo rechaza las alegaciones del demandante.
190
En lo que atañe al contexto general que justificó la adopción por el Consejo de las medidas restrictivas en cuestión (véase el apartado 88 de la presente sentencia), es preciso señalar que, en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2024, la situación en Ucrania seguía siendo grave. Asimismo, esas medidas seguían estando justificadas a la luz del objetivo perseguido, esto es, ejercer la máxima presión sobre las autoridades rusas para que pusieran fin a sus acciones y políticas de desestabilización de Ucrania y a la agresión militar contra ese país y aumentar el coste de las acciones de la Federación de Rusia destinadas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
191
En cuanto a la situación personal del demandante, en los motivos de inclusión de los actos de marzo de 2024 ya no se le califica como «uno de los mayores accionistas del consorcio Alfa Group», sino como «uno de los principales accionistas de Alfa Group Consortium». Por tanto, procede considerar que, en esencia, se trata de los mismos motivos que los actos de septiembre de 2023.
192
A este respecto, debe observarse que, en el procedimiento de reconsideración que condujo a la adopción de los actos de marzo de 2024, el demandante no aportó pruebas nuevas para demostrar que ya no era un accionista principal del consorcio Alfa Group.
193
En el escrito de adaptación, con el fin de demostrar que ya no era accionista principal del consorcio Alfa Group a través de ABH Holdings, el demandante presentó un extracto del registro de titulares reales de dicha sociedad, expedido por el Luxembourg Business Register (anexo E.5 del escrito de adaptación), que, a diferencia del extracto que figura en el anexo A.28 de la demanda, sí está firmado por el encargado del registro.
194
En primer término, en lo concerniente a la aplicación al demandante de la primera parte del criterio g) modificado, conviene precisar que el demandante no ha aportado nuevas pruebas que demuestren que la transmisión de la propiedad de sus participaciones en CTF Holdings fuera efectiva antes de la fecha de entrada en vigor de las medidas restrictivas adoptadas en su contra. En consecuencia, por las mismas razones que las expuestas en los apartados 142 a 155 de la presente sentencia, procede declarar que el Consejo no cometió un error de apreciación al considerar que el demandante era accionista de dicha sociedad en el momento de la adopción de los actos de marzo de 2024.
195
En lo que atañe a la supuesta cesión de sus participaciones en ABH Holdings, dado que el extracto del registro de titulares reales en el que figura la firma del encargado del registro no indica la fecha exacta en la que dichas participaciones fueros transmitidas al cesionario, es preciso considerar, por las mismas razones que las expuestas en los apartados 164 y 165 de la presente sentencia, que este extracto no basta para demostrar que la propiedad de las participaciones se había transmitido de manera efectiva antes del 15 de marzo de 2022. Del mismo modo, dado que el cesionario no había cumplido su obligación de pago, también debe demostrarse que las disposiciones contractuales que regulan la cesión no iban acompañadas de una condición resolutoria en caso de impago del precio. En consecuencia, por las mismas razones que las expuestas en los apartados 157 a 166 de la presente sentencia, procede declarar que el Consejo no incurrió en error de apreciación al considerar que el demandante era accionista de dicha sociedad en el momento de la adopción de los actos de marzo de 2024.
196
De lo anterior se desprende que el Consejo podía considerar que el demandante era un accionista principal del consorcio Alfa Group en el momento de la adopción de los actos de marzo de 2024, de modo que el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas sobre la base de la primera parte del criterio g) modificado era fundado.
197
En cualquier caso, dado que el demandante reconoció en la vista que seguía siendo accionista de Rosvodokanal en el momento de la adopción de los actos de marzo de 2024, por las mismas razones que las expuestas en los apartados 179 a 183 de la presente sentencia, esa única circunstancia justificaba el mantenimiento de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas sobre la base de la tercera parte del criterio g) modificado.
198
Además, el demandante no puede sostener que el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas constituye una diferencia de trato injustificada con respecto a la situación de los Sres. Fridman y Aven, debido a que los actos que afectaban a estos últimos fueron anulados por las sentencias de 10 de abril de 2024, Aven/Consejo (T‑301/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:214), y de 10 de abril de 2024, Fridman/Consejo (T‑304/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:215). En efecto, como se desprende de los fundamentos de Derecho de las sentencias de 10 de abril de 2024, Aven/Consejo (T‑301/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:214), y de 10 de abril de 2024, Fridman/Consejo (T‑304/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2024:215), la inclusión del nombre de las partes demandantes respectivas en las listas controvertidas en los asuntos que dieron lugar a dichas sentencias no se basaba en el criterio g) inicial ni en el criterio g) modificado.
199
A la luz de las consideraciones anteriores, el Consejo no incurrió en error de apreciación al considerar, en la fecha de adopción de los actos de marzo de 2024, que el demandante era uno de los principales empresarios que operaban en Rusia en el sentido de la primera parte del criterio g) modificado, así como un empresario implicado en un sector económico que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia en el sentido de la tercera parte del criterio g) modificado.
200
Pues bien, según la jurisprudencia, en cuanto al control de la legalidad de una decisión por la que se adoptan medidas restrictivas, habida cuenta del carácter preventivo de estas, si el juez de la Unión considera que al menos uno de los motivos mencionados es lo bastante preciso y concreto, que está respaldado por hechos y que constituye, por sí solo, una base suficiente para fundamentar la decisión, la circunstancia de que otros de esos motivos no presenten tales características no puede justificar la anulación de dicha decisión (sentencias de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 72, y de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 186).
201
Por consiguiente, sin que sea necesario examinar el resto de las alegaciones del demandante dirigidas a impugnar el mantenimiento de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas sobre la base del criterio d), procede desestimar el primer motivo basado en un error de apreciación al adoptar los actos de marzo de 2024.
202
En consecuencia, el primer motivo, basado en un error de apreciación, debe desestimarse en su totalidad.
3.
Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad
203
El demandante considera que las medidas restrictivas adoptadas en su contra vulneran el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 5 TUE, apartado 4. En su opinión, dado que el nombre de Alfa Bank fue incluido en las listas controvertidas mediante los actos de 13 de marzo de 2023 mencionados en el apartado 12 de la presente sentencia, sería inadecuado mantener las medidas restrictivas adoptadas en su contra para alcanzar los objetivos perseguidos. Sostiene que dado que nunca dirigió la referida sociedad afectada por las medidas restrictivas, que no reside en Rusia y que no es contribuyente en ese país, el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas no puede alcanzar el objetivo perseguido de ejercer presión sobre los políticos rusos. También aduce que puesto que ya no es accionista de las sociedades y no ocupa ningún puesto de gestión o de dirección en ninguna de ellas, no puede ejercer influencia sobre estas.
204
Por otra parte, el demandante alega que las excepciones en virtud de las cuales es posible solicitar la liberación de determinados fondos para hacer frente a necesidades esenciales no son eficaces, dados los obstáculos que encuentra en su aplicación por las autoridades nacionales y en la provisión de fondos por las entidades financieras.
205
Además, el demandante opina que, habida cuenta de los proyectos de la Comisión de adoptar normas que permitan decomisar y embargar los bienes inmovilizados, ya no puede considerarse que las medidas restrictivas carezcan de carácter temporal, cautelar y preventivo.
206
El demandante también reprocha al Consejo no haber realizado un balance de los efectos de las medidas restrictivas, con miras a determinar si realmente habían contribuido a alcanzar los objetivos perseguidos. En su opinión, los objetivos perseguidos por las medidas restrictivas no se han cumplido en este caso, dado que la guerra se ha perdido.
207
El Consejo rechaza las alegaciones del demandante.
208
Debe recordarse que el principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión y que se recoge en el artículo 5 TUE, apartado 4, exige que los medios que aplica una disposición del Derecho de la Unión sean aptos para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de la que se trata y no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzarlos (sentencias de 15 de noviembre de 2012, Al-Aqsa/Consejo y Países Bajos/Al-Aqsa, C‑539/10 P y C‑550/10 P, EU:C:2012:711, apartado 122, y de 1 de junio de 2022, Prigozhin/Consejo, T‑723/20, no publicada, EU:T:2022:317, apartado 133).
209
La jurisprudencia precisa a este respecto que, por lo que se refiere al control jurisdiccional de la observancia del principio de proporcionalidad, es preciso reconocer una amplia facultad discrecional al legislador de la Unión en los ámbitos en que se ve obligado a elegir entre diversas opciones de carácter político, económico y social y en los que debe llevar a cabo apreciaciones complejas. Por tanto, únicamente puede afectar a la legalidad de una medida adoptada en uno de estos ámbitos el hecho de que sea manifiestamente inadecuada para alcanzar el objetivo perseguido por la institución competente (véase la sentencia de 30 de noviembre de 2016, Rotenberg/Consejo, T‑720/14, EU:T:2016:689, apartado 179 y jurisprudencia citada).
210
En el caso de autos, procede señalar que las medidas restrictivas en cuestión responden a un objetivo de interés general, reconocido como tal por la Unión, que puede justificar las consecuencias negativas, aun cuando sean considerables, que dichos actos tengan para determinados agentes (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 150). En efecto, tienen por objeto ejercer presión sobre las autoridades rusas para que pongan fin a sus acciones y a sus políticas de desestabilización de Ucrania. En particular, mediante la adopción de medidas restrictivas dirigidas a los principales empresarios que operan en Rusia y a los empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, el Consejo pretende, por un lado, utilizar la influencia que estas personas pueden ejercer sobre el régimen ruso e incitarlas a presionar a dicho Gobierno para que modifique su política y, por el otro, aumentar el coste de las acciones de la Federación de Rusia destinadas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Así pues, resulta que la Unión pretende mermar los ingresos del Estado ruso y presionar al Gobierno de Rusia, con el fin de disminuir su capacidad de financiar las acciones de este que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y ponerles fin con vistas a preservar la estabilidad europea y mundial. Pues bien, es este un objetivo que forma parte de los objetivos de la política exterior y de seguridad común mencionados en el artículo 21 TUE, apartado 2, letra c), como el mantenimiento de la paz, la prevención de los conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional.
211
En consecuencia, debe considerarse que las medidas restrictivas adoptadas con respecto al demandante no son manifiestamente inadecuadas en relación con los objetivos perseguidos. La inclusión del nombre de Alfa Bank en las listas controvertidas no desvirtúa esta conclusión. En efecto, dado que el demandante está comprendido en las partes primera y tercera del criterio g) modificado, el mero hecho de que una entidad a la que está vinculado también sea objeto de medidas restrictivas no hace que las medidas que le afectan sean manifiestamente inadecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos, dado que sus fondos personales no pueden confundirse con los de dicha sociedad. Ha de observarse, además, que el consorcio Alfa Group no se limita a esta sociedad, sino que comprende también AlfaStrakhovanie, X5 Retail Group, A1 y Rosvodokanal.
212
En lo que se refiere a la necesidad de las medidas restrictivas de que se trata, es preciso hacer constar que medidas alternativas y menos gravosas, como un sistema de autorización previa o una obligación de justificación a posteriori del uso de los fondos transferidos, no permiten alcanzar tan eficazmente los objetivos perseguidos, recordados en el apartado 210 de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de noviembre de 2016, Rotenberg/Consejo, T‑720/14, EU:T:2016:689, apartado 182 y jurisprudencia citada).
213
A este respecto, en la medida en que el demandante sostiene que la inclusión del nombre de Alfa Bank en las listas controvertidas puede constituir una medida alternativa menos restrictiva para alcanzar tan eficazmente los objetivos perseguidos, tal alegación debe desestimarse. En efecto, el patrimonio del demandante se distingue del de dicha sociedad y no se limita únicamente a los activos que posee esa entidad financiera.
214
Por añadidura, procede recordar que las medidas restrictivas constituyen restricciones temporales y reversibles, que pueden estar sujetas a excepciones.
215
El demandante no puede desvirtuar esta apreciación alegando que encuentra dificultades a la hora de aplicar las excepciones previstas en el artículo 2, apartados 3 y 4, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y en los artículos 4, apartado 1, 5, apartado 1, y 6, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014. A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, corresponde únicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes controlar la validez de las medidas nacionales de ejecución de los actos de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 1996, Branco/Comisión, T‑271/94, EU:T:1996:103, apartado 53, y de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo, T‑200/14, no publicada, EU:T:2016:216, apartado 268). Así pues, en caso de que los órganos jurisdiccionales nacionales encuentren dificultades para interpretar las excepciones mencionadas, pueden plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE. Del mismo modo, el Tribunal General no es competente, en virtud del artículo 263 TFUE, para conocer de los litigios entre el demandante y las entidades financieras que no pongan fondos a su disposición cuando la autoridad nacional competente haya concedido una autorización.
216
El carácter temporal y reversible de las medidas restrictivas tampoco queda desvirtuado por el proyecto de la Comisión de decomisar los bienes inmovilizados. En efecto, como señala el Consejo, la normativa en vigor en el momento de la adopción de los actos de septiembre de 2023 y de marzo de 2024 no prevé la posibilidad de decomisar los fondos de las personas sujetas a las medidas restrictivas a menos que se hayan infringido las disposiciones del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada. A este respecto, es preciso señalar que el artículo 15, apartado 1, de dicho Reglamento establece «medidas adecuadas» de decomiso del producto de las infracciones del citado Reglamento. De ello resulta que el Consejo ha atribuido cierto margen de apreciación a las autoridades nacionales en cuanto a la definición, a la naturaleza y al alcance de ese decomiso (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2024, Timchenko y Timchenko/Consejo, T‑644/22, recurrida en casación, EU:T:2024:621, apartado 104). Por otra parte, conviene precisar que el demandante no alega que las medidas restrictivas adoptadas en su contra implicaran un decomiso de sus fondos. Por consiguiente, el demandante no puede sostener fundadamente que dichas medidas carecen de carácter temporal y reversible.
217
De lo anterior resulta que, en el caso de autos, los inconvenientes causados al demandante no son manifiestamente desmesurados en relación con la importancia de los objetivos perseguidos por los actos impugnados.
218
Por último, el demandante tampoco puede sostener fundadamente que el Consejo no realizó un balance de los efectos de las medidas restrictivas y que, en el momento de la adopción de los actos impugnados, al haberse perdido la guerra, ya no estaba justificado mantener medidas restrictivas adoptadas en su contra. En efecto, como se desprende del considerando 3 de la Decisión 2023/1767 y del considerando 4 de la Decisión 2024/847, en ese momento persistía la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, lo que justificaba la prórroga de las medidas restrictivas por un período de seis meses. Además, contrariamente a lo que alega el demandante, su situación personal fue reconsiderada de forma periódica, lo que llevó al Consejo a mantener las medidas restrictivas adoptadas contra él. Pues bien, como resulta del examen del primer motivo, el Consejo ha demostrado válidamente que el demandante pertenecía a las categorías de personas contempladas en las partes primera y tercera del criterio g) modificado.
219
De las consideraciones anteriores se desprende que debe desestimarse el segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad.
220
Por consiguiente, procede desestimar el recurso en su totalidad.
V. Costas
221
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones del demandante, procede condenarlo a cargar, además de con sus propias costas, con las del Consejo, conforme a lo solicitado por este.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a OT.
Mastroianni
Brkan
Gâlea
Tóth
Kalėda
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de julio de 2025.
Firmas
Índice
I. Antecedentes del litigio
II. Hechos posteriores a la interposición del recurso
III. Pretensiones de las partes
IV. Fundamentos de Derecho
A. Sobre la competencia del Tribunal General para conocer de la segunda pretensión del demandante
B. Sobre el fondo
1. Tercer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva
a) Sobre los actos de septiembre de 2023
b) Sobre los actos de marzo de 2024
2. Primer motivo, basado en un error de apreciación
a) Consideraciones preliminares
b) Sobre los actos de septiembre de 2023
1) Sobre el carácter fidedigno de las pruebas
2) Sobre la aplicación al demandante de las partes primera y tercera del criterio g) modificado
c) Sobre los actos de marzo de 2024
3. Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad
V. Costas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.
(
1
)	Datos confidenciales ocultos.
(
2
)	Datos confidenciales ocultos.