62024CJ0063
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 30 de abril de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Artículo 12, apartado 2, letra b) — Artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Exclusión del estatuto de refugiado — Causas — Comisión de un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitido como refugiado — Incidencia del hecho de que se haya cumplido la condena»
En el asunto C‑63/24 [Galte], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), mediante resolución de 24 de enero de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de enero de 2024, en el procedimiento entre
K. L.
y
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y N. Piçarra, la Sra. O. Spineanu-Matei y el Sr. N. Fenger, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno lituano, por las Sras. V. Kazlauskaitė-Švenčionienė y E. Kurelaitytė, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno belga, por las Sras. M. Jacobs y M. Van Regemorter, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard y la Sra. O. Duprat‑Mazaré, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. K. Bulterman y A. Hanje, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. F. Blanc, M. Debieuvre y J. Jokubauskaitė, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9), en relación con el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre K. L. y el Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Departamento de Migración del Ministerio del Interior de la República de Lituania; en lo sucesivo, «Departamento de Migración»), en relación con la negativa de este último a concederle al primero el estatuto de refugiado.
Marco jurídico
Derecho internacional
3
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954)], entró en vigor el 22 de abril de 1954. Fue completada y modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, que a su vez entró en vigor el 4 de octubre de 1967 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra»).
4
A tenor del artículo 1, sección F, de la Convención de Ginebra:
«Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:
[…]
b) que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada;
[…]».
5
El artículo 33 de esta Convención establece:
«1.   Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
2.   Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.»
Derecho de la Unión
6
El considerando 4 de la Directiva 2011/95 tiene el siguiente tenor:
«La Convención de Ginebra […] constituy[e] la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de refugiados.»
7
El artículo 12, apartado 2, de dicha Directiva dispone:
«Los nacionales de terceros países o los apátridas quedarán excluidos de ser refugiados en caso de que existan motivos fundados para considerar que:
[…]
b) han cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitidos como refugiados; es decir, antes de la expedición de un permiso de residencia basado en la concesión del estatuto de refugiado; los actos especialmente crueles, incluso si su comisión persigue un supuesto objetivo político, podrán catalogarse como delitos comunes graves;
[…]».
8
El artículo 21, apartado 1, de la referida Directiva establece:
«Los Estados miembros respetarán el principio de no devolución con arreglo a sus obligaciones internacionales.»
Derecho lituano
9
A tenor del artículo 86, apartado 1, de la Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX‑2206 (Ley de la República de Lituania n.o IX‑2206 sobre el Estatuto Jurídico de los Extranjeros), de 29 de abril de 2004 (Žin., 2004, n.o 73‑2539), en su versión aplicable al litigio principal:
«Se concederá el estatuto de refugiado al solicitante de asilo que, debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del Estado de su nacionalidad y no pueda o tema acogerse a la protección de dicho Estado, o que, sin tener la nacionalidad de un Estado extranjero, se encuentre fuera del Estado de su residencia habitual y, por los mismos motivos que los mencionados, no pueda o tema regresar a él, siempre que no esté comprendido en las causas de exclusión previstas en el artículo 88, apartados 1 y 2, de esta Ley.»
10
El artículo 88, apartado 2, punto 3, de la referida Ley dispone:
«Al solicitante de asilo que cumpla los criterios establecidos en el artículo 86, apartado 1, de la presente Ley no se le concederá el estatuto de refugiado si existen motivos fundados para considerar que, antes de entrar en la República de Lituania, ha cometido un grave delito común (habida cuenta de que los actos particularmente crueles, incluso si su comisión persigue un supuesto objetivo político, podrán catalogarse como delitos comunes graves), si ha sido declarado culpable de actos contrarios a las finalidades y los principios de las Naciones Unidas, o ha incitado a la comisión de tales delitos o actos, o bien ha participado en su comisión.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
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El 17 de febrero de 2022, tras cruzar ilegalmente la frontera entre Bielorrusia y Lituania, K. L., nacional de un tercer país, presentó una solicitud de asilo y de permiso de residencia temporal en dicho Estado miembro. Declaró que había sido condenado en tres ocasiones, sin fundamento, por las autoridades de su país de origen, y que el verdadero motivo de tales condenas habían sido sus actividades de oposición política. K. L. indicó que había abandonado su país de origen porque agentes del orden de ese país habían interrogado a otras personas, lo que interpretó como un indicio de la preparación de una nueva causa penal en su contra por la difusión de información política y la organización de mítines.
12
El Departamento de Migración consideró que K. L. tenía derecho al estatuto de refugiado en Lituania. En efecto, dicho departamento estimó que la crítica pública, por parte del interesado, de las autoridades de su país de origen constituía una posible causa de persecución contra él. Según el referido departamento, es muy probable que K. L. sea detenido en ese país y procesado penalmente por sus publicaciones en las redes sociales.
13
Dicho esto, habida cuenta de las causas penales de las que K. L. había sido objeto en el pasado y del alcance de las penas impuestas, el mismo departamento consideró que había cometido actos que debían calificarse de «grave delito común», en el sentido del artículo 88, apartado 2, punto 3, de la Ley de la República de Lituania n.o IX‑2206 sobre el Estatuto Jurídico de los Extranjeros, en su versión aplicable al litigio principal.
14
Por tanto, mediante decisión de 16 de enero de 2023, el Departamento de Migración denegó la solicitud de protección internacional de K. L. No obstante, dicho departamento le expidió un permiso de residencia temporal, debido a que estaba prohibido devolverle a su país de origen, donde podía ser perseguido por sus opiniones políticas.
15
Mediante sentencia de 30 de marzo de 2023, el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Vilna, Lituania) desestimó el recurso interpuesto por K. L. contra la referida decisión. El Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), que es el órgano jurisdiccional remitente, conoce de un recurso interpuesto por K. L. contra la antedicha sentencia.
16
K. L. alega ante dicho órgano jurisdiccional que ya ha cumplido una condena por el delito por el que el Departamento de Migración le denegó el estatuto de refugiado. Por consiguiente, basándose en publicaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), sostiene que la cláusula de exclusión del estatuto de refugiado que figura en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95 ya no es aplicable.
17
El Departamento de Migración, al considerar que de la Directiva 2011/95 y de la legislación lituana no se desprende ninguna definición clara del concepto de «grave delito común», por su parte, se basó, por un lado, en el documento de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) de octubre de 2021, titulado «Guía práctica de la EASO sobre exclusión por delitos (comunes) graves», para calificar uno de los delitos cometidos por el interesado como «grave delito común», y, por otro lado, en la página 35 del documento de la EASO de enero de 2017, titulado «Guía práctica: Exclusión», para concluir que, en el supuesto de que el solicitante de protección internacional haya cumplido su condena, la autoridad competente dispone de una facultad de apreciación en cuanto a la aplicación del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95.
18
Según el órgano jurisdiccional remitente, la incidencia de tal circunstancia no se ha explicado hasta ahora ni en las sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 2010, B y D (C‑57/09 y C‑101/09, EU:C:2010:661), y de 13 de septiembre de 2018, Ahmed (C‑369/17, EU:C:2018:713), que precisan el alcance del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95, ni en los documentos de la EASO. El documento de enero de 2016, titulado «Exclusión: artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento (2011/95/UE)» no se pronuncia sobre la cuestión, y el de octubre de 2021, titulado «Guía práctica de la EASO sobre exclusión por delitos (comunes) graves», no establece una lista exhaustiva de los criterios de identificación de un delito grave.
19
Además, aun considerando que el cumplimiento de la pena impuesta, por su naturaleza, no guarda relación con la gravedad del acto cometido por el solicitante de protección internacional o con su responsabilidad individual, el referido órgano jurisdiccional se pregunta sobre la incidencia de esta circunstancia en la aplicabilidad del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95, a la luz del punto 157 del documento HCR/1P/4/FRE/REV.4 del ACNUR, de febrero de 2019, titulado «Manual sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado y directrices sobre protección internacional en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados», así como de la página 35 del documento de la EASO de enero de 2017, titulado «Guía práctica: Exclusión», de los que se desprende, a su juicio, que el hecho de que el solicitante de protección internacional ya haya cumplido su condena, haya sido indultado o se haya beneficiado de una amnistía puede ser pertinente a efectos de la aplicación de dicha disposición.
20
Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente recuerda que, en virtud del artículo 18 de la Carta, se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra y de conformidad con el Tratado UE y con el Tratado FUE, y señala que el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 50 de la sentencia de 2 de mayo de 2018, K. y H. F. (Derecho de residencia y alegaciones de crímenes de guerra) (C‑331/16 y C‑366/16, EU:C:2018:296), que las causas de denegación del estatuto de refugiado establecidas en el artículo 1, sección F, de la Convención de Ginebra y en el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2011/95 fueron instituidas con el fin de excluir de dicho estatuto a las personas consideradas indignas de la protección inherente a este.
21
Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, tener en cuenta obligatoriamente, a efectos del artículo 12, apartado 2, letra b), de la mencionada Directiva, el cumplimiento de una condena impuesta, un indulto o una amnistía podría contravenir tal objetivo. A su entender, esta toma en consideración podría, en efecto, relegar a un segundo plano la apreciación de la gravedad del delito o de la responsabilidad individual del solicitante de asilo.
22
Dicho esto, según dicho órgano jurisdiccional, las causas de exclusión, como excepciones o limitaciones a la aplicación de normas humanitarias, deben interpretarse con particular cautela. A este respecto, a su entender, el punto 18 del documento EC/47/SC/CRP. 29 del Comité Ejecutivo del ACNUR, de 30 de mayo de 1997, titulado «Nota sobre las Cláusulas de Exclusión», menciona la exigencia de sopesar el delito cometido con el grado de persecución al que probablemente tendrá que hacer frente la persona de que se trate en su país de origen. Dicho órgano jurisdiccional considera que esa exigencia se cumple cuando, como en el caso de autos, se garantiza al solicitante el principio de no devolución incluso en el supuesto de que no se le conceda el asilo.
23
En estas circunstancias, el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva [2011/95], en relación con el artículo 18 de la [Carta], en el sentido de que, al valorar si los actos de una persona que, por lo demás, cumple los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado están comprendidos en la causa de exclusión del estatuto de refugiado prevista en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95, existe la obligación de tomar en consideración la condena ya cumplida por esa persona, el indulto o la amnistía que se le haya concedido, o cualquier otra circunstancia de naturaleza similar?»
Sobre la cuestión prejudicial
24
Con carácter preliminar, procede observar que de la petición de decisión prejudicial se desprende que el solicitante de protección internacional de que se trata en el litigio principal alega que ha cumplido la condena por el delito por el que el Departamento de Migración le denegó el estatuto de refugiado. A la vista de los elementos aportados por el órgano jurisdiccional remitente, no ha habido ningún indulto ni amnistía.
25
Por tanto, por lo que respecta a estas circunstancias, no es necesaria una respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión planteada para resolver el litigio principal.
26
Así pues, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95, en relación con el artículo 18 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, al valorar si los actos de un solicitante de protección internacional que, por lo demás, cumple los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado están comprendidos en la causa de exclusión del estatuto prevista en el referido artículo 12, apartado 2, letra b), las autoridades y, en su caso, los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de que se trate deben tomar en consideración que el mencionado solicitante cumplió la condena que se le impuso por los actos cometidos.
27
Es preciso recordar que, en virtud del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95, los nacionales de terceros países o los apátridas quedarán excluidos de ser refugiados en caso de que existan motivos fundados para considerar que han cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitidos como refugiados.
28
Según reiterada jurisprudencia, conforme a las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad, el tenor de una disposición de este Derecho que, como ocurre con el mencionado artículo 12, apartado 2, letra b), no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Delito de especial gravedad), C‑402/22, EU:C:2023:543, apartado 23 y jurisprudencia citada].
29
A este respecto, dado que ni el citado artículo 12, apartado 2, letra b), ni ninguna otra disposición de la Directiva 2011/95 definen los términos «grave delito», estos deben interpretarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo también en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de la que forman parte [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Delito de especial gravedad), C‑402/22, EU:C:2023:543, apartado 24 y jurisprudencia citada].
30
En primer lugar, conforme al tenor del mismo artículo 12, apartado 2, letra b), el objetivo de la causa de exclusión que allí se establece es sancionar actos cometidos en el pasado (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2010, B y D, C‑57/09 y C‑101/09, EU:C:2010:661, apartado 103).
31
Por lo que respecta al sentido habitual de los términos utilizados, si bien la palabra «delito» remite a circunstancias fácticas inamovibles del pasado, a saber, al momento en que se cometió dicho delito, el calificativo «grave» añade un elemento de apreciación que, en cambio, puede evolucionar con el tiempo. Así pues, no cabe excluir que la apreciación de la gravedad de un delito pueda ser diferente en el momento en que se cometió y en el momento del examen de una solicitud de protección internacional.
32
En segundo lugar, por lo que respecta a la interpretación contextual, procede señalar que, en virtud del artículo 18 de la Carta, se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto, en particular, de las normas de la Convención de Ginebra.
33
Como se señala, en particular, en el considerando 4 de la Directiva 2011/95, la Convención de Ginebra constituye la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de refugiados. Por consiguiente, la interpretación de las disposiciones de dicha Directiva debe efectuarse no solo a la luz de la estructura general de esta Directiva, sino respetando igualmente la antedicha Convención [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Conversión religiosa posterior), C‑222/22, EU:C:2024:192, apartado 27 y jurisprudencia citada].
34
En este contexto, los documentos elaborados por el ACNUR gozan de una relevancia especial visto el papel confiado a este por la Convención de Ginebra [sentencia de 16 de enero de 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Mujeres víctimas de violencia doméstica), C‑621/21, EU:C:2024:47, apartado 38 y jurisprudencia citada].
35
Por lo que respecta al artículo 1, sección F, letra b), de dicha Convención, cuyos términos son análogos a los del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95, el punto 157 del documento HCR/1P/4/FRE/REV.4 del ACNUR, de febrero de 2019, titulado «Manual sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado y directrices sobre protección internacional en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados» señala que «la circunstancia de que un solicitante condenado por un grave delito común haya cumplido ya su condena, o haya sido indultado o amnistiado, ha de ser también tenida en cuenta».
36
En tercer lugar, la finalidad de las causas de exclusión de la Directiva 2011/95 es preservar la credibilidad del sistema de protección previsto por esta dentro del respeto de la Convención de Ginebra (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2010, B y D, C‑57/09 y C‑101/09, EU:C:2010:661, apartado 115).
37
A este respecto, en primer término, el artículo 12, apartado 2, letra b), de la referida Directiva persigue un doble objetivo, consistente en excluir del estatuto de refugiado a las personas consideradas indignas de la protección inherente a este y en evitar que la concesión de dicho estatuto permita a los autores de determinados delitos graves eludir la responsabilidad penal [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de mayo de 2018, K. y H. F. (Derecho de residencia y alegaciones de crímenes de guerra), C‑331/16 y C‑366/16, EU:C:2018:296, apartado 50 y jurisprudencia citada].
38
Pues bien, tener en cuenta el hecho de que el solicitante de protección internacional haya cumplido la condena que se le impuso por los actos que cometió no contraviene ese doble objetivo. Por una parte, en efecto, la exclusión del estatuto de refugiado de una persona que ya ha cumplido la condena que se le impuso por el delito de que se trate no puede justificarse por el objetivo consistente en evitar que pueda eludir su responsabilidad penal por dicho delito. Por otra parte, en lo que atañe al objetivo de excluir del estatuto de refugiado a las personas consideradas indignas de la protección inherente a este, la comisión de actos graves en un determinado momento de la vida de una persona no puede hacerla necesariamente indigna de la protección internacional de manera perpetua, sin que se tenga en cuenta, en particular, su posible rehabilitación.
39
En segundo término, la exclusión del estatuto de refugiado con arreglo a la causa establecida en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95 está ligada a la gravedad de los actos cometidos, que debe ser de tal grado que la persona interesada no pueda aspirar legítimamente a obtener la protección inherente al estatuto de refugiado (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2010, B y D, C‑57/09 y C‑101/09, EU:C:2010:661, apartado 108).
40
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la autoridad competente del Estado miembro de que se trate solo puede invocar la causa de exclusión prevista en el artículo 12, apartado 2, letra b), de la referida Directiva tras haber procedido, en cada caso individual, a evaluar los hechos concretos de los que ha tenido conocimiento con el fin de determinar si existen motivos fundados para pensar que los actos cometidos por el interesado —que, por otra parte, reúne los requisitos para obtener el estatuto solicitado— están comprendidos en esta causa de exclusión, exigiéndose que se realice un examen completo de todas las circunstancias específicas del caso concreto para apreciar la gravedad del delito de que se trate [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Delito de especial gravedad), C‑402/22, EU:C:2023:543, apartado 30 y jurisprudencia citada].
41
Por consiguiente, la decisión de excluir a una persona del estatuto de refugiado no puede adoptarse de manera automática (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de noviembre de 2010, B y D, C‑57/09 y C‑101/09, EU:C:2010:661, apartados 91 y 93, y de 13 de septiembre de 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, apartado 49).
42
A este respecto, procede señalar que la circunstancia de que el Tribunal de Justicia haya declarado que la exclusión del estatuto de refugiado en aplicación del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95 no está supeditada ni al hecho de que el interesado represente un peligro actual para el Estado miembro de acogida [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de mayo de 2018, K. y H. F. (Derecho de residencia y alegaciones de crímenes de guerra), C‑331/16 y C‑366/16, EU:C:2018:296, apartado 50 y jurisprudencia citada] ni a un examen de proporcionalidad que implique apreciar de nuevo el nivel de gravedad de los actos cometidos (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2010, B y D, C‑57/09 y C‑101/09, EU:C:2010:661, apartado 109) no se opone a que se tenga en cuenta el hecho de que el interesado haya cumplido su condena para determinar si está comprendido o no en esa causa de exclusión.
43
De estas consideraciones resulta que el hecho de que el solicitante de protección internacional haya cumplido su condena constituye un elemento que la autoridad competente del Estado miembro de que se trate debe necesariamente tener en cuenta al examinar todas las circunstancias propias del caso concreto que tenga que resolver.
44
Dicho esto, ha de precisarse que, como han señalado, en esencia, los Gobiernos lituano, francés y neerlandés y la Comisión Europea en sus observaciones escritas, esta circunstancia no impide en absoluto, en sí misma, la aplicación del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95.
45
En efecto, el hecho de que el solicitante de protección internacional haya cumplido su condena no es más que una de las circunstancias que deben tenerse en cuenta para determinar si ha de considerarse que dicho solicitante está comprendido en la causa de exclusión establecida en la mencionada disposición. Para apreciar la gravedad del delito de que se trate, la autoridad competente deberá examinar, en particular, el tipo de acto de que se trate, la pena tipificada e impuesta, el período transcurrido desde el comportamiento delictivo, el comportamiento del interesado durante dicho período y el arrepentimiento que, en su caso, haya manifestado.
46
Por otra parte, es preciso recordar que la exclusión de una persona del estatuto de refugiado con arreglo al artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2011/95 no implica tomar posición sobre una cuestión distinta, como es determinar si esa persona puede ser expulsada a su país de origen (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2010, B y D, C‑57/09 y C‑101/09, EU:C:2010:661, apartado 110).
47
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95, en relación con el artículo 18 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, al valorar si los actos de un solicitante de protección internacional que, por lo demás, cumple los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado están comprendidos en la causa de exclusión del estatuto prevista en el referido artículo 12, apartado 2, letra b), las autoridades y, en su caso, los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de que se trate deben tomar en consideración que el mencionado solicitante cumplió la condena que se le impuso por los actos cometidos, sin que esta circunstancia impida, por sí misma, que dicho solicitante quede excluido del estatuto de refugiado en virtud de la citada disposición.
Costas
48
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, en relación con el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que,
al valorar si los actos de un solicitante de protección internacional que, por lo demás, cumple los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado están comprendidos en la causa de exclusión del estatuto prevista en el referido artículo 12, apartado 2, letra b), las autoridades y, en su caso, los órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro de que se trate deben tomar en consideración que el mencionado solicitante cumplió la condena que se le impuso por los actos cometidos, sin que esta circunstancia impida, por sí misma, que dicho solicitante quede excluido del estatuto de refugiado en virtud de la citada disposición.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: lituano.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.