Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 21 de mayo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas incompatible con el mercado interior — Normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE — Reglamento (UE) 2015/1589 — Recuperación de la ayuda — Obligación de recuperación — Artículo 16, apartado 3 — Ejecución inmediata y efectiva — Autonomía reconocida a los Estados miembros en materia de procedimiento — Suspensión del procedimiento de ejecución tributaria nacional — Requisito relativo a la constitución de una garantía adecuada — Compatibilidad »
En el asunto C‑545/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario de Funchal, Portugal), mediante resolución de 9 de agosto de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de agosto de 2024, en el procedimiento entre
Utiledulci — Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. — Zona Franca da Madeira
y
Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. K. Jürimäe, Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. F. Schalin, Z. Csehi (Ponente) y M. Bošnjak, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Biondi;
Secretaria: Sra. L. Carrasco Marco, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 1 de octubre de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Utiledulci — Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. Zona Franca da Madeira, por la Sra. A. Cantanhede Gonçalves, el Sr. P. Dewerbe, la Sra. M. J. Faria y los Sres. A. M. Gaspar y L. M. Soares Romão, advogados;
–        en nombre de l’Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira, por las Sras. M. R. Correia Baroca y A. C. Garcês Rodrigues, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno belga, por el Sr. P. Cottin y la Sra. M. Van Regemorter, en calidad de agentes, y por la Sra. S. Hamerijck, experte;
–        en nombre del Gobierno español, por la Sra. A. Pérez‑Zurita Gutiérrez, en calidad de agente;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. I. Barcew y P. Caro de Sousa y la Sra. M. Lagrue, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de diciembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE] (DO 2015, L 248, p. 9), y del artículo 5 de la Decisión (UE) 2022/1414 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2020, sobre el régimen de ayudas SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) aplicado por Portugal para la Zona Franca de Madeira (ZFM) — Régimen III (DO 2022, L 217, p. 49; en lo sucesivo, «Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 2020»).
2        Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Utiledulci — Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda. — Zona Franca da Madeira (en lo sucesivo, «Utiledulci») y la Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira (Autoridad Tributaria y de Asuntos Fiscales de la Región Autónoma de Madeira, Portugal; en lo sucesivo, «Administración tributaria»), relativo a un procedimiento de ejecución tributaria dirigido contra Utiledulci para la recuperación de las ayudas de Estado que se habían otorgado a esta sociedad en forma de reducción del tipo del impuesto sobre sociedades.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        El considerando 25 del Reglamento 2015/1589 tiene el siguiente tenor:
«En caso de ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, debe restablecerse la competencia efectiva. Para ello es necesario que la ayuda, con sus correspondientes intereses, se recupere sin demora. Conviene que dicha recuperación se efectúe con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional. La aplicación de estos procedimientos no debe, impidiendo la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión [Europea], entorpecer el restablecimiento de la competencia efectiva. Para lograr este resultado, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que la decisión de la Comisión surta efecto.»
4        El artículo 16 de este Reglamento, titulado «Recuperación de la ayuda», establece en sus apartados 1 y 3:
«1.      Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda […] La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho de la Unión.
[…]
3.      Sin perjuicio de lo que el Tribunal de Justicia de las Unión Europea pueda disponer, de conformidad con el artículo 278 [TFUE], la recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión. Para ello y en caso de procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales, los Estados miembros de que se trate tomarán todas las medidas necesarias previstas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, incluidas las medidas provisionales, sin perjuicio del Derecho de la Unión.»
Derecho portugués
Ley General Tributaria
5        El artículo 52 de la Lei Geral Tributária (Ley General Tributaria), aprobada mediante el Decreto-Lei n.º 398/98 (Decreto-ley n.º 398/98), de 17 de diciembre de 1998 (Diário da República, I serie‑A, n.º 290, de 17 de diciembre de 1998), en su versión aplicable al litigio principal, dispone:
«1.      La recaudación de la prestación tributaria quedará suspendida en el procedimiento ejecutivo tributario en caso de pago fraccionado o de reclamación, recurso judicial en primera o segunda instancia y oposición a la ejecución por ilegalidad o inexigibilidad de la deuda ejecutable, así como durante los procedimientos de resolución de conflictos en virtud del [Convenio 90/436/CEE, de 23 de julio de 1990, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (DO 1990, L 225, p. 10),] de diferentes Estados miembros.
2.      La suspensión de la ejecución a que se refiere el apartado anterior estará supeditada a la prestación de una garantía adecuada de conformidad con la legislación fiscal.
[…]
4.      La Administración tributaria podrá dispensar al deudor ejecutado que lo solicite de la prestación de garantía en caso de que tal prestación le cause un perjuicio irreparable o en caso de falta manifiesta de recursos económicos, puesta de manifiesto por la insuficiencia de bienes embargables para el pago de la deuda ejecutable y de los eventuales incrementos de esta, siempre que no existan indicios serios de que la insuficiencia o inexistencia de bienes se debe a una conducta dolosa del interesado.
[…]»
Código de Procedimiento Tributario
6        El artículo 169 del Código de Procedimento e de Processo Tributário (Código de Procedimiento Tributario), aprobado mediante el Decreto‑Lei n.º 433/99 (Decreto-ley n.º 433/99), de 26 de octubre de 1999 (Diário da República, I serie‑A, n.º 255, de 26 de octubre de 1999), que entró en vigor el 1 de enero de 2000, en su versión aplicable al litigio principal, establece:
«1.      Se suspenderá la ejecución hasta que se resuelva el litigio en caso de reclamación administrativa o recurso judicial en primera o segunda instancia relativos a la legalidad de la deuda ejecutable, así como durante los procedimientos de resolución de conflictos en virtud del [Convenio 90/436], o de un convenio para evitar la doble imposición, siempre que se haya constituido una garantía con arreglo al artículo 195 o se haya prestado tal garantía con arreglo al artículo
199 o que el embargo garantice la totalidad de la deuda ejecutable y de los eventuales incrementos de esta, hecho que el funcionario competente deberá hacer constar en el expediente.
[…]
13.      Se considerará que tienen regularizada su situación fiscal aquellos contribuyentes que hayan obtenido la suspensión del procedimiento ejecutivo tributario conforme al presente artículo, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la dispensa de garantía.
[…]»
7        El artículo 199 del Código de Procedimiento Tributario, en su versión aplicable al litigio principal, dispone:
«1.      En caso de que aún no se haya constituido garantía, el ejecutado deberá ofrecer, junto a la solicitud, una garantía adecuada, consistente en aval bancario, fianza, seguro de caución o cualquier medio capaz de garantizar los créditos del ejecutante.
2.      La garantía adecuada a que se refiere el apartado anterior podrá consistir también, a petición del ejecutado y con el acuerdo de la Administración tributaria, en una prenda o una hipoteca voluntaria, aplicándose mutatis mutandis lo dispuesto en el artículo 195.
[…]»
Litigio principal y cuestión prejudicial
8        El 4 de diciembre de 2020, la Comisión adoptó la Decisión 2022/1414, por la que declaró el régimen de ayudas «Zona Franca de Madeira (ZFM) — Régimen III» (en lo sucesivo, «Régimen III») incompatible con el mercado interior, en la medida en que fue aplicado por Portugal contraviniendo las Decisiones aprobatorias de la Comisión de 27 de junio de 2007 y de 2 de julio de 2013 dictadas en los asuntos N 421/2006 y SA.34160 (2011/N), respectivamente, y por tanto infringiendo el artículo 108 TFUE, apartado 3.
9        El artículo 5 de la Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 2020 precisaba que la recuperación de las ayudas incompatibles con el mercado interior otorgadas en el marco del Régimen III debía ser «inmediata y efectiva» y que la República Portuguesa debía aplicar dicha Decisión «en el plazo de ocho meses a partir de la fecha de su notificación». Este plazo expiró el 5 de agosto de 2021.
10      Sobre la base de dicha Decisión, la Administración tributaria inició un procedimiento de ejecución tributaria contra Utiledulci con vistas a la recuperación de las ayudas de Estado que se habían otorgado a esa sociedad en el marco del Régimen III en forma de reducción del tipo del impuesto sobre sociedades aplicable a las sociedades beneficiarias.
11      El ordenamiento jurídico portugués no prevé ningún régimen específico que regule la recuperación de las ayudas de Estado. No existe ninguna norma, cuando se trata de la recuperación de las ayudas de Estado, que excluya la aplicación de garantías de procedimiento establecidas por el Derecho tributario portugués, en particular las relativas a la suspensión del procedimiento de ejecución tributaria. En tales circunstancias, el procedimiento administrativo aplicable a la recuperación de tales ayudas es un procedimiento de ejecución tributaria.
12      Las disposiciones del Derecho portugués que regulan este procedimiento de ejecución tributaria prevén la facultad de solicitar la suspensión de dicho procedimiento en caso de impugnación de la deuda tributaria o de oposición a los actos de ejecución y en caso de pago fraccionado, siempre que se aporte una garantía adecuada o cualquier otro medio adecuado para garantizar el cobro del crédito tributario, o bien, a falta de tal garantía, cuando el contribuyente demuestre que no le es posible aportarla.
13      Utiledulci solicitó acogerse a tal suspensión. La Administración tributaria denegó la solicitud invocando el principio de primacía del Derecho de la Unión. Utiledulci impugnó esta resolución desestimatoria ante el Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario de Funchal, Portugal), que es el órgano jurisdiccional remitente.
14      Este órgano jurisdiccional alberga dudas sobre la interpretación que debe darse al artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2015/1589 y al artículo 5 de la Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 2020. Considera, en esencia, que la cuestión que debe resolverse es la de si la ejecución inmediata y efectiva de la citada Decisión requiere excluir la aplicación de las disposiciones del Derecho tributario portugués relativas a la suspensión del procedimiento de ejecución tributaria.
15      En tales circunstancias, el Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y de lo Tributario de Funchal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse la expresión “recuperación […] inmediata y efectiva” que figura en el artículo 5 de la [Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 2020] y la expresión “la recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión” que figura en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento [2015/1589], en el sentido de que deben dejarse sin aplicación las normas del Derecho portugués relativas a las garantías procesales previstas en los procedimientos ejecutivos tributarios, en particular las relativas a la suspensión del procedimiento ejecutivo tributario, o, por el contrario, en el sentido de que la [Administración tributaria] sigue estando obligada a observar todas las garantías procesales previstas en el Derecho tributario portugués, con independencia de que se trate de la recuperación de ayudas de Estado declaradas ilegales por la [Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 2020]?»
Sobre la cuestión prejudicial
16      Con carácter preliminar, procede recordar que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio que se le ha planteado. Desde esta perspectiva, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular la cuestión prejudicial que se le ha planteado (sentencias de 17 de julio de 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, apartados 22 y 23; de 28 de noviembre de 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, apartado 18, y de 3 de junio de 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, apartado 34).
17      En el presente asunto, procede señalar que las disposiciones del Derecho portugués que regulan el procedimiento de ejecución tributaria, aplicables cuando la República Portuguesa procede a la recuperación de una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior, establecen la facultad de solicitar la suspensión de dicho procedimiento, en particular, en caso de impugnación de la deuda tributaria o de oposición a los actos de ejecución y en caso de pago fraccionado, siempre que se aporte una garantía consistente en aval bancario, fianza, seguro de caución, prenda, hipoteca voluntaria o cualquier otro medio adecuado para garantizar el cobro del crédito tributario. El contribuyente que lo solicite podrá quedar dispensado de la prestación de tal garantía cuando esta le cause un perjuicio irreparable o en caso de falta manifiesta de recursos financieros.
18      Así pues, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2015/1589 debe interpretarse en el sentido de que obliga a las autoridades nacionales competentes y a los órganos jurisdiccionales nacionales a excluir la aplicación de disposiciones nacionales que permitan la suspensión de un procedimiento de ejecución tributaria dirigido a recuperar una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior si el beneficiario de la ayuda aporta garantías tales como aval bancario, fianza, seguro de caución, prenda, hipoteca voluntaria o cualquier otro medio adecuado para garantizar el cobro del crédito de quien insta la ejecución, o bien a raíz de una solicitud de dicho beneficiario de que se le dispense de la obligación de aportar tal garantía.
19      A este respecto, conviene recordar que el artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2015/1589 establece que, sin perjuicio de lo que el Tribunal de Justicia pueda disponer de conformidad con el artículo 278 TFUE, la recuperación de una ayuda de Estado se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de recuperación de la Comisión. Para ello y en caso de procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales, los Estados miembros de que se trate tomarán todas las medidas necesarias previstas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, incluidas las medidas provisionales, sin perjuicio del Derecho de la Unión.
20      El considerando 25 de este Reglamento indica que, en caso de ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, debe restablecerse la competencia efectiva y que, para ello es necesario que la ayuda se recupere sin demora. La aplicación de los procedimientos nacionales no debe, impidiendo la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de recuperación de la Comisión, entorpecer el restablecimiento de la competencia efectiva. Para lograr este resultado, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que dicha decisión surta efecto.
21      Aunque la formulación del artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2015/1589 refleja las exigencias del principio de efectividad, de él resulta también que la aplicación del Derecho del Estado miembro interesado para la recuperación de una ayuda ilegal tiene lugar conforme al principio de la autonomía procesal de este, en defecto de disposiciones del Derecho de la Unión en la materia, y con respeto de los derechos fundamentales, en especial del derecho a un proceso equitativo, incluido el derecho de defensa (sentencia de 11 de septiembre de 2014, Comisión/Alemania, C‑527/12, EU:C:2014:2193, apartado 39).
22      La libertad de los Estados miembros para elegir los medios de recuperación de tal ayuda está no obstante limitada, ya que esos medios no pueden tener el resultado de que sea prácticamente imposible la recuperación exigida por el Derecho de la Unión. Así, la aplicación de los procedimientos nacionales está sujeta a la condición de que estos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de recuperación de la Comisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2006, Comisión/Francia,
C‑232/05, EU:C:2006:651, apartado 49, y de 11 de septiembre de 2014, Comisión/Alemania, C‑527/12, EU:C:2014:2193, apartado 41 y jurisprudencia citada).
23      Un Estado miembro que, en virtud de una decisión de la Comisión, resulta obligado a recuperar una ayuda ilegal solo podrá cumplir dicha obligación si las medidas que adopta son idóneas para restablecer las condiciones normales de competencia que fueron falseadas al otorgar esa ayuda ilegal (sentencias de 12 de diciembre de 2002, Comisión/Alemania, C‑209/00, EU:C:2002:747, apartado 35, y de 11 de septiembre de 2014, Comisión/Alemania, C‑527/12, EU:C:2014:2193, apartado 42).
24      En efecto, el objetivo de la recuperación de una ayuda de Estado ilegal es restablecer la situación que existía en el mercado interior antes del pago de dicha ayuda. Ese objetivo se logra una vez que la referida ayuda, más, en su caso, los intereses de demora, ha sido devuelta por el beneficiario o, en otros términos, por las empresas que la han disfrutado efectivamente. A través de esta devolución, el beneficiario pierde, en efecto, la ventaja de que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores y queda restablecida la situación anterior al pago de la misma ayuda (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Aer Lingus y Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P y C‑165/15 P, EU:C:2016:990, apartados 89 y 90; de 19 de octubre de 2023, Ministar na zemedelieto, hranite i gorite, C‑325/22, EU:C:2023:793, apartado 47, y de 29 de julio de 2024, Koiviston Auto Helsinki/Comisión, C‑697/22 P, EU:C:2024:641, apartado 79 y jurisprudencia citada).
25      A este respecto, debe precisarse además, como señaló el Abogado General, en esencia, en los puntos 16 y 17 de sus conclusiones, que la obligación que incumbe al Estado miembro destinatario de una decisión de recuperación de la Comisión, con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Reglamento 2015/1589, de tomar todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda constituye una obligación de resultado [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2025, Comisión/Bulgaria (Permutas de terrenos forestales II), C‑632/23, EU:C:2025:890, apartado 64]. Esta obligación debe además cumplirse en los plazos señalados por la Comisión [véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de diciembre de 2010, Comisión/Italia, C‑304/09, EU:C:2010:812, apartado 32, y de 13 de noviembre de 2025, Comisión/Bulgaria (Permutas de terrenos forestales II), C‑632/23, EU:C:2025:890, apartado 33 y jurisprudencia citada].
26      En conclusión, como señaló el Abogado General en el punto 21 de sus conclusiones, la autonomía procesal reconocida a los Estados miembros en materia de recuperación de ayudas de Estado ilegales está delimitada por la necesidad de garantizar la efectividad de la actuación de las autoridades administrativas encargadas de llevarla a cabo. Por consiguiente, incumbe tanto a los órganos jurisdiccionales nacionales como, bajo el control de estos, a dichas autoridades garantizar una ejecución conforme con la finalidad perseguida por la decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación de esas ayudas, que consiste en evitar cualquier distorsión del funcionamiento del mercado resultante de la concesión de ayudas de Estado perjudiciales para la competencia. Procede recordar a este respecto que, según jurisprudencia reiterada, un Estado miembro no puede invocar disposiciones de su ordenamiento jurídico nacional, ni siquiera constitucionales, para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de mayo de 2015, Comisión/Alemania, C‑674/13, EU:C:2015:302, apartado 59 y jurisprudencia citada).
27      En el presente asunto, como se ha indicado en los apartados 12 y 17 de la presente sentencia, las disposiciones del Derecho portugués aplicables cuando la República Portuguesa procede a la recuperación de una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior prevén la facultad de solicitar la suspensión del procedimiento, en particular en caso de impugnación de la deuda tributaria o de oposición a los actos de ejecución y en caso de pago fraccionado, siempre que se aporte una garantía consistente en aval bancario, fianza, seguro de caución, prenda, hipoteca voluntaria o cualquier otro medio adecuado para garantizar el cobro del crédito tributario, o bien, a falta de tal garantía, cuando el contribuyente demuestre que esta última le causaría un perjuicio irreparable o en caso de falta manifiesta de recursos financieros.
28      En consecuencia, debe examinarse si la aplicación de estas disposiciones, teniendo en cuenta el contexto general del Derecho nacional del que forman parte, resulta inconciliable con la obligación de una recuperación inmediata y efectiva de la ayuda de que se trate, establecida en el artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2015/1589 tal como se ha interpretado a la luz de la doctrina jurisprudencial recordada en los apartados 21 a 25 de la presente sentencia.
29      A este respecto, es preciso recordar, en primer lugar, que no puede considerarse que una normativa nacional que establece un efecto suspensivo automático de los recursos interpuestos contra una decisión dirigida a recuperar una ayuda ilegal permita la ejecución inmediata y efectiva de una decisión de la Comisión por la que se ordena la recuperación de dicha ayuda. Por el contrario, la concesión de tal efecto suspensivo puede demorar considerablemente la recuperación de la ayuda y prolongar así la ventaja indebida en materia de competencia que resulta de esta (véase, en este sentido la sentencia de 5 de octubre de 2006, Comisión/Francia, C‑232/05, EU:C:2006:651, apartados 46, 51 y 52). Tal normativa nacional, que establece un efecto suspensivo automático de los recursos interpuestos contra las decisiones dirigidas a recuperar una ayuda ilegal, debe dejarse por tanto inaplicada (sentencia de 5 de octubre de 2006, Comisión/Francia, C‑232/05, EU:C:2006:651, apartado 53).
30      En el presente asunto, el procedimiento nacional de ejecución tributaria se caracteriza también, como observó el Abogado General en el punto 24 de sus conclusiones, por cierto carácter sistemático y cierta automaticidad, en la medida en que las autoridades tributarias portuguesas no disponen de ningún margen de apreciación en lo que respecta, al menos, a la suspensión de la ejecución, si se cumple el requisito relativo a la constitución de una garantía.
31      Por lo tanto, debe señalarse que el carácter automático de la suspensión prevista en un procedimiento nacional de ejecución como el del litigio principal puede demorar significativamente la recuperación de una ayuda ilegal y, de este modo, prolongar la ventaja indebida en materia de competencia que obtuvo su beneficiario, incumpliendo así la obligación de recuperación inmediata y efectiva de dicha ayuda que impone el artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2015/1589.
32      En efecto, como observó el Abogado General en el punto 26 de sus conclusiones, instrumentos como una garantía bancaria, una fianza, un seguro de caución, una prenda o una hipoteca voluntaria no producen, a priori, el efecto de extraer la ayuda del patrimonio del beneficiario privándole de la ventaja que reportó dicha ayuda. Ni las consecuencias de tipo contable ni los gastos asociados a la prestación de una garantía pueden asimilarse, en cuanto a su incidencia en la situación económica del beneficiario, a la devolución de la ayuda percibida. El objetivo explícito de estos instrumentos es garantizar el crédito de quien insta la ejecución mientras dure la suspensión del procedimiento de ejecución, lo cual es diferente de la finalidad perseguida por la recuperación de las ayudas ilegales.
33      El resultado solo sería otro si la distorsión de la competencia quedara completamente eliminada, por ejemplo, mediante el embargo o el pago a través de una cuenta bloqueada del importe de la ayuda ilegal y de los correspondientes intereses, extremo que corresponderá verificar al órgano jurisdiccional remitente. En efecto, en tales supuestos, se alcanzaría el objetivo perseguido por la decisión de la Comisión de recuperar la ayuda ilegal en cuestión, a saber, el restablecimiento de las condiciones normales de competencia falseadas por la concesión de la ayuda.
34      En segundo lugar, por lo que respecta a la posibilidad de dispensar al deudor ejecutado de la prestación de una garantía, debe precisarse que las consideraciones relativas al perjuicio económico resultante de la devolución de la ayuda de que se trate no justifican que se demore el procedimiento de recuperación. Incluso aunque la ayuda ilegalmente obtenida deba recuperarse de empresas beneficiarias que están en dificultades o en situación de insolvencia, tal circunstancia no afecta a la obligación de recuperación de esa ayuda (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España, C‑610/10, EU:C:2012:781, apartado 71, y de 17 de enero de 2018, Comisión/Grecia, C‑363/16, EU:C:2018:12, apartado 36). De lo anterior se deduce que el Estado miembro está obligado, según los casos, a promover la liquidación de la sociedad beneficiaria o la contabilización de su crédito en el pasivo de esta o a adoptar cualquier otra medida que permita el reembolso de la referida ayuda (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2007, Comisión/Italia, C‑280/05, EU:C:2007:753, apartado 28).
35      En tercer lugar, por lo que respecta a la posibilidad de un pago fraccionado de las cantidades adeudadas, procede observar que tal modalidad de pago, si se autoriza una vez transcurrido el plazo de recuperación fijado por la Comisión, no es conciliable con la obligación de efectuar la recuperación sin demora, cuyo objeto es, en particular, garantizar la plena efectividad de la decisión de recuperación de la Comisión, en este caso la Decisión de la Comisión de 4 de diciembre de 2020, y permitir lograr una solución conforme con el objetivo perseguido por dicha Decisión, a saber, asegurarse de que el beneficiario de la ayuda no disponga, ni siquiera provisionalmente, de los fondos correspondientes a la ayuda ya devuelta (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de mayo de 2010, Scott y Kimberly Clark,
C‑210/09, EU:C:2010:294, apartado 29).
36      Por último, procede recordar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la supresión de una ayuda ilegal por la vía de la recuperación es la consecuencia lógica de la comprobación de que es ilegal. Por consiguiente, la recuperación de una ayuda estatal ilegalmente otorgada, para restablecer la situación anterior, no puede en principio considerarse desproporcionada en relación con los objetivos de las disposiciones del Tratado en materia de ayudas de Estado. La medida de recuperación de la ayuda ilegal solo vulnera el principio de proporcionalidad si el importe que debe reembolsar su beneficiario es superior al importe actualizado de la ayuda recibida (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, C‑142/87, EU:C:1990:125, apartado 66, y de 29 de julio de 2024, C‑697/22 P, EU:C:2024:641, apartados 79 y 80).
37      De ello se sigue que una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que establece un efecto suspensivo automático del pago fraccionado o de los recursos interpuestos contra una decisión dirigida a recuperar una ayuda ilegal, sin perjuicio de las comprobaciones que incumba efectuar al órgano jurisdiccional nacional que conoce del asunto, resulta incompatible con los objetivos de la supresión de las ayudas ilegales declaradas incompatibles con el mercado interior y con la obligación de garantizar la ejecución inmediata y efectiva de las decisiones por las que se ordena su recuperación. Por lo tanto, como se ha mencionado en el apartado 29 de la presente sentencia, tales disposiciones nacionales deben quedar inaplicadas.
38      Por cuantas consideraciones anteceden, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 16, apartado 3, del Reglamento 2015/1589 debe interpretarse en el sentido de que obliga a las autoridades nacionales competentes y a los órganos jurisdiccionales nacionales a excluir la aplicación de disposiciones nacionales que permitan la suspensión de un procedimiento de ejecución tributaria dirigido a recuperar una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior si el beneficiario de la ayuda aporta garantías tales como aval bancario, fianza, seguro de caución, prenda, hipoteca voluntaria o cualquier otro medio adecuado para garantizar el cobro del crédito de quien insta la ejecución, o bien a raíz de una solicitud de dicho beneficiario de que se le dispense de la obligación de aportar tal garantía, a menos que la prestación de la garantía prive al citado beneficiario de la ventaja competitiva ligada a la ayuda obtenida.
Costas
39      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
El artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE],
debe interpretarse en el sentido de que
obliga a las autoridades nacionales competentes y a los órganos jurisdiccionales nacionales a excluir la aplicación de disposiciones nacionales que permitan la suspensión de un procedimiento de ejecución tributaria dirigido a recuperar una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior si el beneficiario de la ayuda aporta garantías tales como aval bancario, fianza, seguro de caución, prenda, hipoteca voluntaria o cualquier otro medio adecuado para garantizar el cobro del crédito de quien insta la ejecución, o bien a raíz de una solicitud de dicho beneficiario de que se le dispense de la obligación de aportar tal garantía, a menos que la prestación de la garantía prive al citado beneficiario de la ventaja competitiva ligada a la ayuda obtenida.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: portugués.