62018TJ0031_RES
Asunto T‑31/18
Luisa Izuzquiza
y
Arne Semsrott
contra
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 27 de noviembre de 2019
«Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Documentos relativos a una operación naval llevada a cabo en el Mediterráneo central en 2017 por Frontex — Embarcaciones desplegadas — Denegación de acceso — Artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1049/2001 — Excepción relativa a la protección del interés público en materia de seguridad pública»
Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Ámbito de aplicación — Solicitud de acceso destinada a conseguir una búsqueda en bases de datos — Inclusión — Concepto de documento existente — Documento elaborado a partir de la información contenida en una base de datos utilizando las herramientas de búsqueda existentes — Inclusión
[Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, letra a)]
(véanse los apartados 51 a 54)
Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Obligación de motivación — Alcance — Prueba de la existencia de un riesgo razonablemente previsible y no meramente hipotético de menoscabo de un interés protegido
[Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 11 y art. 4]
(véanse los apartados 58 a 62 y 74)
Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección del interés público — Control jurisdiccional — Alcance — Límites
[Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 63 a 65)
Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección del interés público — Seguridad pública — Alcance — Ponderación de la obligación de comunicación con las necesidades de la seguridad pública
[Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 1049/2001, art. 4, ap. 1, letra a), primer guion, y (UE) 2016/1624, arts. 8, ap. 3, y 74, ap. 2]
(véanse los apartados 91 a 93)
Instituciones de la Unión Europea — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Excepciones al derecho de acceso a los documentos — Protección del interés público — Seguridad pública — Denegación de acceso — Obligación de motivación — Alcance
[Art. 296 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 1, letra a), primer guion]
(véanse los apartados 107, 108 y 112)
Resumen
En la sentencia de 27 de noviembre de 2019, Izuzquiza y Semsrott/Frontex (T‑31/18), el Tribunal desestimó el recurso interpuesto contra la negativa de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) a permitir el acceso a documentos que contenían información relativa a la operación Tritón, basándose en la excepción relativa a la protección del interés público en materia de seguridad pública.
En el presente asunto, la Sra. Luisa Izuzquiza y el Sr. Arne Semsrott, los demandantes, presentaron a Frontex una solicitud de acceso a los documentos que contuvieran información relativa al nombre, al pabellón y al tipo de embarcaciones que dicha Agencia había desplegado entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2017 en el Mediterráneo central, en el marco de la operación Tritón. Esta operación tenía por objeto mejorar la vigilancia y el control de la seguridad en las fronteras mediante patrullas conjuntas y equipo facilitados por los Estados miembros. Frontex denegó a los demandantes el acceso a los documentos que contenían dicha información sobre la base de la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a), primer guion, del Reglamento n.o 1049/2001, (
1
) relativo a la protección del interés público en materia de seguridad pública.
En primer lugar, por lo que respecta a la alegación formulada por los demandantes de que Frontex no había examinado si cada documento solicitado estaba comprendido en la excepción de seguridad pública, el Tribunal recordó que, si bien el derecho de acceso a los documentos de las instituciones solo se refiere a los documentos existentes y efectivamente en poder de la institución de que se trate, la distinción entre un documento existente y un documento nuevo, por lo que respecta a las bases de datos electrónicas, debe hacerse sobre la base de un criterio adaptado a las especificidades técnicas de dichas bases. Por ello, toda la información que pueda extraerse de una base de datos electrónica en su uso normal utilizando herramientas de búsqueda preprogramadas debe calificarse de documento existente, aunque esta información no se haya visualizado todavía de esta forma o no haya sido objeto de una búsqueda por parte de los funcionarios de las instituciones. En consecuencia, cuando se genera un documento que contiene dicha información, la institución o la agencia de que se trate no está obligada a realizar un examen individual de cada uno de los documentos de los que proceden los datos solicitados, ya que lo esencial es que la información contenida en ese documento haya sido examinada de tal manera.
A continuación, el Tribunal subrayó que, dado que las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001 invalidan el principio del mayor acceso posible del público a los documentos, cuando la institución de que se trate decide denegar el acceso a un documento cuya comunicación se le ha solicitado, debe, en principio, explicar las razones por las que el acceso a dicho documento puede menoscabar concreta y efectivamente el interés protegido por una excepción. Además, el riesgo de tal menoscabo debe ser razonablemente previsible y no meramente hipotético.
Por último, el Tribunal señaló que la institución o agencia demandada, cuando deba examinar una solicitud de divulgación de determinada información, no está obligada a desvelar, en la motivación del acto impugnado, elementos que, si dicha información se divulgara, causarían un perjuicio al interés público protegido por la excepción invocada por tal institución o agencia. Si tal obligación existiera, la institución u agencia, al proporcionar esas explicaciones sobre el posible uso de la información solicitada, crearía ella misma una situación en la que, con su actuación, pondría en peligro la seguridad pública que dicha institución u agencia es responsable de proteger. En el presente asunto, Frontex alegó que, si se divulgara la información solicitada, sería posible conocer la posición de las embarcaciones patrulleras combinando la información contenida en los documentos solicitados con información disponible públicamente en determinadas páginas web e instrumentos marítimos y que, al disponer de esta información, las redes delictivas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de seres humanos podrían adaptar su modus operandi para eludir la vigilancia fronteriza. Estas explicaciones permitían a los demandantes comprender las razones por las que se les denegó el acceso a la información solicitada.
(
1
)	Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).