WALSH 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. FRANCESCO CAPOTORTI 
presentadas el 27 de marzo de 1980 * 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
1. En el presente asunto prejudicial se 
pide a este Tribunal de Justicia que interpre­
te no sólo dos disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1408/71, relativo a la aplicación 
de los regímenes de Seguridad Social a los 
trabajadores por cuenta ajena y a sus fami­
lias que se desplazan dentro de la Comuni­
dad, sino también, y bajo diversos aspectos, 
el artículo 8 del Reglamento (CEE) 
n° 574/72, de 21 de marzo de 1972, por el 
que se establecen las modalidades de apli­
cación del Reglamento anterior. En relación 
con este artículo se ha planteado también 
una cuestión de validez, poniéndose en 
duda su conformidad con el artículo 51 del 
Tratado CEE. 
Los hechos pueden resumirse de la siguiente 
forma. 
La Sra Margaret Walsh, demandante del 
litigio principal, que comenzó a trabajar en 
Gran Bretaña, estuvo inscrita hasta el 21 de 
julio de 1967 en el régimen británico de 
Seguridad Social. Durante el período com­
prendido entre agosto de 1973 y enero de 
1974, trabajó en Irlanda y pagó a la institu­
ción irlandesa de Seguridad Social las coti­
zaciones previstas. A continuación, volvió 
al Reino Unido, donde ejerció una actividad 
laboral por cuenta ajena desde enero hasta 
octubre de 1974, época en la que se trasladó 
de nuevo a Irlanda, fue también en Irlanda 
donde dio a luz el 31 de julio de 1975, pero 
el 21 de agosto siguiente regresó a Inglate­
rra y el 3 de octubre de 1975 solicitó a la 
institución británica de Seguridad Social (el 
Insurance Officer) que le abonara la presta­
ción de maternidad, con arreglo a las cotiza­
ciones que había pagado. 
La institución británica denegó esta solici­
tud debido a que se había presentado con un 
retraso injustificado. La interesada formuló 
una reclamación contra esta denegación ante 
el Local Tribunal de Liverpool, el cual, 
mediante resolución de 3 de marzo de 1976, 
confirmó, no obstante, la decisión negativa 
del Insurance Officer. Posteriormente la 
Sra. Walsh interpuso recurso (con fecha 26 
de mayo de 1976) ante el National Insuran­
ce Commissioner. Mediante resolución de 
* Lengua original: italiano. 
593
CONCLUSIONES DEL SR. CAPOTORTI - ASUNTO 143/79 
11 de septiembre de 1979, este órgano 
jurisdiccional suspendió el procedimiento y 
pidió al Tribunal de Justicia que se pronun­
ciara, con carácter prejudicial, sobre una 
serie de cuestiones de interpretación. Estas 
tienen por objeto, en primer lugar, el signifi­
cado del término «trabajador» que figura en 
los Reglamentos nos 1408/71 y 574/72 del 
Consejo; a continuación, el artículo 8 del 
Reglamento n° 574/72 bajo el aspecto de 
sus requisitos de aplicación y, por último, el 
artículo 86 del Reglamento n° 1408/71, 
relativo al traslado de las solicitudes de 
prestaciones de seguro por las autoridades 
de un Estado miembro a las de otro Estado 
miembro. 
2. Mediante la primera cuestión, el órgano 
jurisdiccional británico pregunta al Tribunal 
de Justicia «si la persona que satisface los 
requisitos de cotización de un Estado miem­
bro (en el presente asunto, el Reino Unido) 
para causar derecho a prestaciones de ma­
ternidad (en el presente asunto, a tipo redu­
cido) que cubren todo el período respecto al 
que se solicita el disfrute de las prestaciones 
de maternidad en dicho Estado es un «trabaja­
dor», a efectos a) del Reglamento (CEE) 
n° 1408/71 y b) del Reglamento (CEE) 
n° 574/72, a pesar de que, durante dicho 
período, no ha cotizado ni está obligada a 
hacerlo». 
A este respecto, es necesario precisar que la 
Sra. Walsh solicitó en Gran Bretaña las 
prestaciones de maternidad correspondien­
tes a un parto que tuvo lugar en Irlanda, 
basándose en el hecho de que, anteriormen­
te, había trabajado en Gran Bretaña y había 
totalizado así una cantidad de cotizaciones 
semanales suficiente para darle derecho a 
las prestaciones de maternidad, aunque 
fuera a tipo reducido (tal como se deduce, 
entre otras, de la decisión del Secretario de 
Estado para los Servicios Sociales, de fecha 
24 de agosto de 1978, que se adjunta como 
anexo a la resolución de remisión). No 
obstante, sigue abierto el problema de si una 
persona que se encuentra en tales circuns­
tancias posee la condición de trabajador, a 
efectos de los Reglamentos comunitarios 
antes mencionados, en relación con un 
período durante el cual no cotizó ni estuvo 
obligada a cotizar. 
El término «trabajador» está definido en el 
inciso ii) de la letra a) del artículo 1 del 
Reglamento n° 1408/71, en el sentido de 
que comprende, entre otras, a toda persona 
«que esté asegurada con carácter obligatorio 
contra una o varias contingencias corres­
pondientes a las ramas a las cuales se aplica 
el presente Reglamento, en el marco de un 
régimen de Seguridad Social que sea de 
aplicación a todos los residentes o al con­
junto de la población activa, cuando los 
modos de gestión o de financiación de este 
régimen permitan identificarla como traba­
jador por cuenta ajena [...]». Este mismo 
significado sirve también a los efectos del 
Reglamento n° 574/72, en el cual la letra c) 
del artículo 1 precisa que «los términos 
definidos en el artículo 1 del Reglamento 
n° 1408/71 tienen la significación que les 
atribuye en dicho artículo». Los represen­
tantes de la Comisión y de la institución 
británica de Seguridad Social han destacado 
acertadamente que, con la fórmula que 
acaba de citarse, no se exige que la persona 
esté asegurada con carácter obligatorio en la 
época en que se produce la contingencia 
594
WALSH 
cubierta por el seguro. De ello se deduce 
que la condición de trabajador corresponde 
también a la persona que cotizó de forma 
obligatoria con anterioridad a la fecha de tal 
contingencia, tal como ocurrió en el caso de 
autos. 
En apoyo de esta interpretación puede 
. invocarse el artículo 2 del propio Reglamen­
to n° 1408/71, relativo a su «campo de 
aplicación personal». El apartado 1 de dicho 
artículo establece que el Reglamento «se 
aplicará a los trabajadores que estén o ha­
yan estado sometidos a la legislación de uno 
o varios Estados miembros [...]»; el uso del 
pretérito (hayan estado) indica que pueden 
ser considerados trabajadores también 
aquéllos que no cotizaban de forma obliga­
toria en el momento de producirse la contin­
gencia cubierta por el seguro, por supuesto 
siempre que lo hubieran hecho en una época 
anterior. Puedo añadir que, si se acogiese 
una interpretación más restrictiva del térmi­
no «trabajador», haciendo depender tal 
condición del requisito de que se sigan 
abonando cotizaciones obligatorias, el 
Reglamento n° 1408/71 no podría aplicarse 
ni a los jubilados ni a los trabajadores en 
paro, conclusión manifiestamente inadmisi­
ble, ya que dicho Reglamento (artículo 25 y 
siguientes) tiene en cuenta expresamente 
ambas categorías. 
No parece que los términos de la cuestión se 
modifiquen si se toma también en conside­
ración el Anexo V del Reglamento 
n° 1408/71 (Modalidades particulares de 
aplicación de las legislaciones de ciertos 
Estados miembros), en su versión modifica­
da y completada por el Acta de adhesión, 
concretamente por el punto 1 de la Sección 
I (Reino Unido). En éste se establece que 
«se considerará trabajador con arreglo al 
inciso ii) de la letra a) del artículo 1 del 
Reglamento cualquier persona que ' esté 
obligada a cotizar como trabajador por 
cuenta ajena». En la sentencia de 29 de 
septiembre de 1976, Brack (17/76, Rec. 
p. 1429), este Tribunal de Justicia tuvo ya 
ocasión de afirmar que dicha disposición 
«tiene por objeto [...] garantizar al inciso ii) 
de la letra a) del artículo 1 una aplicación 
amplia, precisando que, a efectos del primer 
guión de dicho inciso, los modos de gestión 
o de financiación del régimen británico 
permiten considerar como trabajadores por 
cuenta ajena a todos aquéllos que están 
obligados a cotizar como tales» (apartado 
II de los fundamentos de Derecho). En mi 
opinión, este precedente jurisprudencial no 
se opone en modo alguno a la interpretación 
que he defendido anteriormente; en efecto, 
el Tribunal de Justicia, lejos de atribuir a la 
norma del Anexo V antes mencionada un 
significado restrictivo o el valor de una 
excepción respecto al inciso ii) de la letra a) 
del artículo 1 del Reglamento, consideró 
que aquélla representa solamente una preci­
sión del contenido de dicho inciso. 
La circunstancia de que el concepto de 
trabajador, tal como se define en el Regla­
mento n° 1408/71, no exige que se sigan 
abonando cotizaciones obligatorias en el 
momento de producirse la contingencia 
cubierta por el seguro queda indirectamente 
confirmada por la sentencia del Tribunal de 
Justicia de 12 de octubre de 1978, Belbouab 
(10/78," Rec. p. 1915). En dicha sentencia 
se afirma que la condición de ser nacional 
de un Estado miembro debe subsistir duran-
595
CONCLUSIONES DEL SR. CAPOTORTI - ASUNTO 143/79 
te los períodos en que el interesado haya 
ejercido su propia actividad laboral y haya 
pagado las cotizaciones correspondientes, 
adquiriendo los consiguientes derechos, y 
no en el momento en que se solicita la 
prestación de seguro. En mi opinión, esta 
afirmación responde a la misma lógica que 
la interpretación del concepto de trabajador 
que he defendido: en efecto, en ambos casos 
se trata de apreciar la existencia de los 
requisitos de los que depende el derecho a 
la prestación de seguro y, a tal efecto, debe 
hacerse referencia al período de ejercicio de 
la actividad laboral, no al momento en el 
que el interesado alega su derecho. 
3. Las cuestiones segunda a quinta se 
refieren, todas ellas, al artículo 8 del Regla­
mento n° 574/72, titulado «Normas aplica­
bles en caso de acumulación de derechos a 
prestaciones de maternidad en virtud de las 
legislaciones de .varios Estados miembros». 
Según dicho artículo, «si un trabajador [...] 
puede alegar derechos al disfrute de presta­
ciones de maternidad en virtud de las legis­
laciones de dos o varios Estados miembros, 
estas prestaciones le serán concedidas al 
amparo, exclusivamente, de la legislación 
de aquél de los Estados miembros en cuyo 
territorio se haya producido el parto [...]». 
Mediante la segunda cuestión, el National 
Insurance Commissioner pregunta al Tribu­
nal de Justicia «si el trabajador que satisface 
los requisitos de cotización para las presta­
ciones de maternidad (al 100% o a tipo 
reducido) en virtud de la legislación de dos 
o varios Estados miembros (en el presente 
asunto, el Reino Unido y la República de 
Irlanda) debe ser considerado, a los efectos 
del artículo 8 del Reglamento n° 574/72, 
como "titular de un derecho al disfrute de 
las prestaciones de maternidad" al amparo 
de dichas legislaciones, a) tanto si el traba­
jador se encuentra excluido del disfrute de 
estas prestaciones en virtud de la legislación 
de uno o varios Estados miembros, debido 
a la presentación de la solicitud fuera de 
plazo o a otras razones, como si no, o bien, 
b) únicamente si la solicitud del trabajador 
puede satisfacerse de hecho con arreglo a la 
legislación de todos los Estados miembros». 
En mi opinión, la opción correcta es la 
indicada en la letra b): ésta encuentra su 
justificación en la ratio del principio comu­
nitario que prohibe la acumulación, que 
tiene una de sus expresiones en el artículo 8 
antes citado. Es sabido que, conforme a 
dicho principio, la misma persona no debe 
recibir dos o más prestaciones de seguro de 
diferentes Estados miembros por la misma 
contingencia y durante el mismo período. 
Naturalmente, para que el principio pueda 
operar es necesario encontrarse ante una 
acumulación de prestaciones que deba ser 
eliminada, es decir, ante un trabajador que, 
efectivamente, puede alegar un doble dere­
cho. Por el contrario, si un trabajador podía, 
en abstracto, obtener al mismo tiempo dos 
prestaciones en virtud de dos ordenamientos 
jurídicos distintos, pero después, en concre­
to, ha perdido uno de los dos derechos (por 
ejemplo, por no haber presentado a tiempo 
su solicitud a la institución competente, tal 
como establecía el ordenamiento jurídico 
que le reconocía el derecho, bajo pena de 
caducidad), el trabajador sólo tendrá dere­
cho a la prestación de seguro contemplada 
por el otro ordenamiento jurídico. En tal 
supuesto, la función de la norma que prohi­
be la acumulación desaparece: el resultado 
se determina fuera de la norma del artículo 
596
WALSH 
8 antes citada. En consecuencia, razonando 
a contrario, el artículo 8 es aplicable única­
mente cuando la solicitud del trabajador que 
satisface los requisitos de cotización para 
tener derecho a las prestaciones de materni­
dad, a efectos de las legislaciones de los 
Estados miembros, habría tenido efectiva­
mente un resultado positivo con arreglo a 
una u otra legislación. 
En mi opinión, esta interpretación del ar­
tículo 8 está plenamente justificada también 
en el plano lógico. En efecto, si se siguiera 
la teoría según la cual el artículo 8 debe 
operar aun cuando no exista un doble dere­
cho efectivo, el asegurado que, por un moti­
vo procesal, perdiera el derecho a las presta­
ciones de maternidad en el Estado en el que 
tuvo lugar el parto, no podría reclamarlas 
después en el ámbito de la legislación del 
otro Estado, que, no obstante, le reconocía 
un derecho similar. Es evidente que suponer 
esta consecuencia, gravemente perjudicial 
para los derechos del trabajador, significaría 
admitir la posibilidad de que las normas 
comunitarias en materia de Seguridad Social 
supongan un empeoramiento de la situación 
en la que se encontraba el trabajador en 
función de la legislación de un solo Estado 
miembro: esto basta para demostrar que la 
teoría anteriormente desarrollada es abe­
rrante y debe rechazarse. 
Otro argumento en favor del punto de vista 
que he defendido se deduce de la orienta­
ción que siguió el Tribunal de Justicia al 
interpretar el artículo 76 del Reglamento 
n° 1408/71, es decir, la norma que prohibe 
la acumulación en materia de prestaciones 
familiares. Dicho artículo establece que «El 
derecho a las prestaciones [...] familiares 
[...] será suspendido en el supuesto de que el 
ejercicio de una actividad profesional origi­
ne también derecho a las prestaciones [...] 
familiares en virtud de la legislación del 
Estado miembro en cuyo territorio residen 
los miembros de la familia». También a este 
respecto se ha planteado el problema de si 
la norma que prohibe la acumulación fun­
ciona solamente cuando se da una duplica­
ción efectiva de derechos y el Tribunal de 
Justicia ha destacado, en la sentencia de 20 
de abril de 1978, Ragazzoni (134/77, Rec. 
p. 963), que la norma puede operar sola­
mente en la medida en que las prestaciones 
sean efectivamente adeudadas en ambos 
Estados. En el mismo sentido, se puede citar 
también la sentencia de 6 de marzo de 1979, 
Rossi (100/78,-Rec. p. 831). 
4. La tercera cuestión se refiere al signifi­
cado que debe atribuirse a la expresión 
«legislación de dos o varios Estados miem­
bros», que figura en el artículo 8 del Regla­
mento n° 574/72, anteriormente citado. En 
relación con dicha expresión, el órgano 
jurisdiccional remitente quiere saber si 
«debe considerarse que a) incluye o b) 
excluye los Reglamentos de la CEE». 
En mi opinión, los representantes de la 
Comisión y del Insurance Officer tienen 
razón al afirmar que, en el contexto del 
Reglamento comunitario sobre Seguridad 
Social, la expresión «legislaciones de los 
Estados miembros» incluye también los 
Reglamentos comunitarios. 
597
CONCLUSIONES DEL SR. CAPOTORTI - ASUNTO 143/79 
A primera vista, esta teoría queda desmenti­
da por la clara distinción que se hace entre 
Derecho comunitario y Derechos de los 
Estados miembros. No obstante, es necesa­
rio tener en cuenta que los Reglamentos 
comunitarios producen sus efectos obliga­
torios, generales e inmediatos, en los mis­
mos ámbitos en los que operan las legisla­
ciones de los Estados miembros y que los 
derechos subjetivos que dichas legislacio­
nes reconocen a los particulares se suman a 
los que derivan, en favor de los mismos 
sujetos, de la normativa comunitaria. En 
consecuencia, el disfrute de las prestaciones 
es a menudo el resultado de lo que dispo­
nen tanto las legislaciones nacionales como 
las disposiciones comunitarias, operando 
conjuntamente. 
Por otra parte, si se rechazase la interpreta­
ción defendida, en nombre de la distinción 
formal entre los dos sistemas jurídicos, se 
plantearían situaciones irracionales en mate­
ria de acumulación de prestaciones sociales. 
En efecto, no se ve por qué motivo debe 
considerarse admisible la acumulación 
cuando viene determinada por normas 
comunitarias y, por el contrario, debe que­
dar excluida cuando su origen se encuentra 
únicamente en disposiciones nacionales. En 
mi opinión, los principios comunitarios en 
materia de Seguridad Social van en direc­
ción opuesta: en efecto, cuando el derecho 
a las prestaciones en relación con diversos 
Estados existe en virtud de la normativa 
comunitaria y, en particular, del mecanismo 
de totalización de las cotizaciones, se reco­
noce, fundamentalmente, la necesidad de 
corregir este resultado ampliamente favora­
ble para el trabajador, evitando que éste 
pueda obtener dos veces la misma presta­
ción y, de esta manera, deducir un beneficio 
excesivo de las normas comunitarias. 
La solución adoptada se adecúa a la juris­
prudencia del Tribunal de Justicia. En efec­
to, en la sentencia de 7 de noviembre de 
1973, Śmieja (51/73,- Rec. p. 1213), éste 
tuvo ocasión de precisar, en relación con los 
Reglamentos nos 3 y 1408/71 del Consejo, 
que la expresión «legislaciones de uno o de 
varios Estados miembros», que figura en el 
apartado 1 del artículo 10 de ambos Regla­
mentos, se refiere «a las disposiciones legis­
lativas nacionales teniendo en cuenta la 
aplicación de las disposiciones del Derecho 
comunitario [...]». 
5. Mediante la cuarta cuestión, la autori­
dad judicial británica pregunta al Tribunal 
de Justicia «si, en el caso de un trabajador 
que puede alegar derechos al disfrute de las 
prestaciones de maternidad en virtud de las 
legislaciones de dos o varios Estados miem­
bros, a efectos del artículo 8 del Reglamen­
to (CEE) n° 574/72, la disposición de dicho 
artículo según la cual dichas prestaciones se 
conceden exclusivamente al amparo de 
aquél de los Estados miembros en cuyo 
territorio se haya producido el parto (en el 
presente asunto, la República de Irlanda), 
produce el efecto de excluir a la solicitante 
del disfrute de las asignaciones por materni­
dad en los Estados miembros en los que no 
se ha producido el parto (en el presente 
asunto, el Reino Unido), a) únicamente en 
relación con el período respecto al cual la 
solicitante puede alegar derechos al disfrute 
de las prestaciones de maternidad al amparo 
de la legislación del Estado miembro en el 
que se ha producido el parto, o bien b) en 
598
WALSH 
relación con todas las prestaciones de ma­
ternidad relativas a dicho parto en aquéllos 
de los Estados miembros en los que éste no 
se ha producido». 
Para comprender el alcance concreto de esta 
cuestión, procede precisar algunos elemen­
tos del litigio principal. Las legislaciones 
que se toman en consideración en dicho 
litigio son la irlandesa y la británica; ambas 
reconocen a la trabajadora, con ocasión del 
parto, una indemnización semanal de mater­
nidad, pero la conceden durante períodos de 
tiempo diferentes: la legislación británica, 
durante un período máximo de once sema­
nas antes del parto y siete después de éste 
(véase el apartado 2 del artículo 22 de la 
Social Security Act 1975); la legislación 
irlandesa durante seis semanas antes del 
parto y seis después de éste (véase la Social 
Welfare Act 1952). En ambos sistemas 
jurídicos, la obtención de la indemnización 
queda condicionada al pago de cotizaciones 
de seguro por un importe mínimo determi­
nado; además, el interesado debe presentar 
una solicitud a la autoridad competente. En 
el caso de autos, la solicitud se presentó a la 
autoridad inglesa el 3 de octubre de 1975, 
mientras que el parto había tenido lugar el 
31 de agosto del mismo afio. No parece que 
se haya presentado solicitud alguna a la 
autoridad irlandesa. 
El problema de carácter general que plantea 
esta situación se refiere a los límites dentro 
de los cuales está destinada a funcionar la 
norma que prohibe la acumulación del 
artículo 8. Hemos visto que, conforme a 
dicho artículo, el trabajador tiene derecho 
«exclusivamente» a las prestaciones previs­
tas por la legislación del Estado miembro en 
el que tiene lugar el parto. Evidentemente, 
cada vez que dos legislaciones de Seguridad 
Social reconocen, en relación con la contin­
gencia del parto, el derecho a prestaciones 
de distinto contenido y suponiendo que un 
trabajador pueda alegar derechos en virtud 
de ambas legislaciones, el mecanismo del 
artículo 8 lleva a ampliar o reducir los 
beneficios que éste podría obtener; en parti­
cular, la indemnización concedida por la 
legislación del lugar del parto, comparada 
con la prevista por otra legislación, pueda 
resultar más o menos elevada, o bien abo­
narse durante un período más o menos 
largo. En el caso de autos, se ha visto cómo 
la principal diferencia entre la legislación 
británica y la irlandesa se refiere precisa­
mente a la duración del disfrute de la in­
demnización: 18 semanas para la legislación 
británica y solamente 12 para la irlandesa. 
Ahora bien, si se interpreta literalmente el 
artículo 8, debe considerarse que las presta­
ciones de maternidad se rigen siempre poi­
ła legislación del país donde tiene lugar el 
parto, con exclusión de cualquier otra, 
prescindiendo por completo de la circuns­
tancia de que dicha legislación puede ser 
menos favorable para el trabajador que otra 
igualmente aplicable. En consecuencia, la 
Sra. Walsh quedaría automáticamente perju­
dicada por el hecho de haber dado a luz en 
Irlanda. 
En mi opinión, la lógica de la norma comu­
nitaria en materia de Seguridad Social lleva 
a considerar admisibles los posibles efectos 
perjudiciales para el trabajador sólo si 
quedan compensados con beneficios y no 
comprometen los objetivos del Tratado. 
Aplicando este criterio, creo que se puede 
599
CONCLUSIONES DEL SR. CAPOTORTI - ASUNTO 143/79 
afirmar que, cuando el derecho a determina­
das prestaciones deriva de normas comuni­
tarias (en el sentido de que no existiría 
sobre la sola base del ordenamiento jurídico 
del Estado miembro), el propio ordenamien­
to jurídico comunitario puede hacer que sea 
aplicable, de acuerdo con criterios objeti­
vos, una legislación nacional, excluyendo a 
otra, independientemente de que ello impli­
que, en casos concretos, un perjuicio para 
los trabajadores, en relación con el importe 
o la duración de las prestaciones. Cuando se 
trata de supuestos en los que el trabajador 
no tendría derecho a percibir indemnización 
alguna si no se aplicara la normativa comu­
nitaria, parece razonable y adecuado a los 
criterios del artículo 51 del Tratado que sea 
la propia normativa comunitaria la que 
limite, en su caso, los derechos del trabaja­
dor, mediante estrictas normas que prohiban 
la acumulación. Por el contrario, no debería 
admitirse perjuicio alguno cuando el dere­
cho del trabajador a las prestaciones más 
favorables, previstas por la legislación de un 
Estado miembro distinto de aquél en el que 
se produce la contingencia cubierta por el 
seguro, se adquiere en virtud de dicha 
legislación, sin recurrir a las normas 
comunitarias. 
Esta solución me parece coherente con la 
orientación de la jurisprudencia del Tribu­
nal de Justicia que, en repetidas ocasiones, 
ha afirmado la intangibilidad de los dere­
chos adquiridos por los particulares en 
materia de Seguridad Social sobre la base 
de una legislación nacional, admitiendo, por 
el contrario, la posibilidad de que los dere­
chos fundados en una legislación nacional 
completada por las normas comunitarias 
sobre la totalización de las cotizaciones, 
tengan una regulación adecuada. Como 
particularmente significativas a este respec­
to, recuerdo las sentencias de 21 de octubre 
de 1975, Petroni (24/75,« Rec. p. 1149); de 
3 de febrero de 1977, Strehi (62/76, Rec. 
p. 211); de 13 de octubre de 1977, Manzoni 
(112/76, Rec. p. 1647); de 13 de octubre de 
1977, Mura (22/77,« Rec. p. 1699), y de 13 
de octobre de 1977, Greco (37/77, Rec. 
p. 1711 ). Y vale la pena recordar que, en las 
sentencias Petroni, Strehi y Manzoni, el 
Tribunal de Justicia insistió en repetir que 
«no se alcanzaría la finalidad de los artícu­
los 48 a 51 (del Tratado CEE) si, como 
consecuencia de ejercitar su derecho a la 
libre circulación, los trabajadores hubiesen 
de perder los beneficios de Seguridad Social 
que, en todo caso, les garantiza la mera 
legislación de un Estado miembro». Por el 
contrario, «el Consejo, en el ejercicio de las 
competencias que le atribuye el artículo 51 
[...], tiene potestad para regular las modali­
dades de ejercicio de los derechos a presta­
ciones sociales que los interesados basan en 
el Tratado CEE, con observancia de las 
disposiciones de dicho Tratado» (apartado 
20 de los fundamentos de Derecho de la 
sentencia Petroni). 
En el presente asunto, la resolución de 
remisión no indica con claridad si los dere­
chos alegados por la Sra. Walsh ante el 
Insurance Officer existen también en virtud 
de la mera legislación británica y no es 
competencia del Tribunal de Justicia com­
probar este punto. Por el contrario, en 
relación con los derechos que corresponden 
a dicha trabajadora en virtud de la legisla­
ción irlandesa, resulta que las cotizaciones 
del seguro que ésta pagó en Irlanda no eran 
suficientes para adquirir, con arreglo a la 
600
WALSH 
mera legislación irlandesa, el derecho a las 
prestaciones de maternidad; en consecuen­
cia, la Sra. Walsh podría reclamar las pres­
taciones de maternidad a la autoridad irlan­
desa únicamente en virtud de la totalización 
de las cotizaciones de seguro, establecida en 
el artículo 18 del Reglamento n° 1408/71. 
En otras circunstancias, pienso que sería útil 
para el órgano jurisdiccional remitente que 
el Tribunal de Justicia considerara tanto el 
supuesto de que los derechos que corres­
ponden a la trabajadora en virtud de la 
legislación de un Estado miembro distinto 
de aquél en el que tuvo lugar el parto tienen 
su origen en la normativa nacional comple­
tada por la comunitaria como el otro, en el 
que estos mismos derechos se basan en la 
mera legislación nacional. Considero que, 
en el primer supuesto, el artículo 8 debe 
interpretarse en el sentido de que la legisla­
ción del lugar del parto es la única aplica­
ble, independientemente de que las dos 
legislaciones de que se trata concedan pres­
taciones de distinto valor y la trabajadora 
obtenga la prestación de menor entidad. 
Repito que el posible perjuicio causado al 
trabajador por esta solución es sólo aparen­
te, ya que afecta a situaciones individuales 
que, sin la normativa comunitaria, ni siquie­
ra habrían surgido. 
Queda el otro supuesto, es decir, aquél en el 
que el trabajador tiene derecho a prestacio­
nes superiores a las establecidas por la 
legislación aplicable de acuerdo con el 
artículo 8, en virtud de una legislación 
distinta de la del lugar del parto y como 
consecuencia de la mera disposición de esta 
última. Cuando es ésta la situación, pienso 
que debe darse prioridad a la conservación 
de los derechos adquiridos en virtud de la 
legislación del otro Estado miembro. Al 
aplicar este principio, es indispensable 
comparar las prestaciones concedidas por la 
legislación del lugar del parto con las con­
cedidas por una legislación distinta en cuyo 
ámbito adquirió la trabajadora el derecho a 
prestaciones de maternidad, para determinar 
si las segundas son de mayor entidad; en 
caso afirmativo, debe reconocerse a la 
trabajadora el derecho a obtener, en el 
Estado distinto de aquél en el que tuvo lugar 
el parto, la diferencia entre las prestaciones 
más elevadas y las de menor valor. Ello 
significa que el artículo 8 debe interpretarse 
en el sentido de que el adverbio «exclusiva­
mente» no perjudica los derechos ya adqui­
ridos en virtud de la mera legislación nacio­
nal de un Estado miembro distinto de aquel 
en el que tuvo lugar el parto. 
Las consideraciones precedentes deben 
completarse teniendo en cuenta la interpre­
tación del artículo 8 que, en mi opinión, 
debe defenderse en respuesta a la segunda 
cuestión. Recuerdo que el objeto de dicha 
cuestión me ha dado ocasión de precisar que 
la norma que prohibe la acumulación del 
artículo 8 se aplica únicamente cuando el 
trabajador tiene un derecho efectivo a las 
prestaciones de maternidad, de acuerdo con 
la legislación de dos o varios Estados miem­
bros interesados o, en otras palabras, cuan­
do aquél satisface los requisitos concretos 
para disfrutar de tales prestaciones en el 
marco de ambos ordenamientos jurídicos. 
En coherencia con esta toma de postura, 
creo que, en los casos en los que el derecho 
601
CONCLUSIONES DEL SR. CAPOTORTI - ASUNTO 14Ş/79 
a las prestaciones viene determinado por la 
incidencia de normas comunitarias en el 
ordenamiento jurídico del Estado miembro 
distinto de aquél en el que tiene lugar el 
parto (casos que, como se ha visto, determi­
nan, en principio, el funcionamiento del 
límite del artículo 8), la exclusividad de la 
legislación del Estado donde tiene lugar el 
parto puede afirmarse únicamente en rela­
ción con el período durante el cual el intere­
sado puede efectivamente obtener las pres­
taciones de maternidad de las autoridades 
de aquel Estado. Cuando, por el contrario, 
no se satisfacen los requisitos concretos 
para el nacimiento del derecho a las presta­
ciones de seguro, no hay que temer que 
surja el supuesto de la acumulación ni, en 
consecuencia, que deba oponérsele el límite 
fijado en el artículo 8. 
6. La quinta cuestión se refiere a la vali­
dez del artículo 8 del Reglamento 
n° 574/72. El órgano jurisdiccional a quo 
expresa la duda de que dicha norma, «en la 
medida en que produce el efecto de excluir 
a la solicitante del disfrute de las prestacio­
nes de maternidad en los Estados miembros 
en los que no se ha producido el parto» 
puede declararse viciada por haber sido 
adoptada ultra vires. De esta manera se 
expresa, fundamentalmente, la teoría de una 
incompatibilidad de la norma de que se trata 
con el artículo 51 del Tratado CEE. 
Si se acoge la interpretación del citado 
artículo 8 que he defendido en el párrafo 
anterior, la duda manifestada por el órgano 
jurisdiccional británico aparece sin funda­
mento. En efecto, considero esencial que la 
aplicación «exclusiva» de la legislación del 
lugar del parto no perjudique los derechos 
adquiridos en el ámbito de la legislación de 
otro Estado miembro,al amparo de sus 
meras disposiciones y con arreglo a las 
solas cotizaciones en él abonadas; en conse­
cuencia, desaparece el supuesto de un in­
cumplimiento del artículo 51 del Tratado. 
7. La sexta y última cuestión se refiere a la 
interpretación del artículo 86 del Reglamen­
to n° 1408/71. A tenor de dicha norma, «las 
peticiones, declaraciones o recursos que, 
según la legislación de un Estado miembro, 
deban ser presentados dentro de un plazo 
determinado ante una autoridad, institución 
u órgano jurisdiccional de dicho Estado, 
serán dados por admitidos siempre que sean 
presentados, dentro del mismo plazo, ante la 
autoridad, la institución o la jurisdicción 
correspondiente de cualquier otro Estado 
miembro. En tal caso, la autoridad, la insti­
tución o la jurisdicción que lo haya recibi­
do, trasladará sin demora las peticiones, 
declaraciones o recursos, a la autoridad, a la 
institución o a la jurisdicción competente 
del primer Estado [...]». El órgano jurisdic­
cional a quo pregunta al Tribunal de Justi­
cia si dichas disposiciones son aplicables 
«en el caso de una solicitud que, conforme 
a la legislación de un Estado miembro (en el 
presente asunto, la República de Irlanda) 
debería haber sido presentada dentro de un 
plazo determinado ante una autoridad, 
institución u órgano jurisdiccional de dicho 
Estado, pero no lo fue, sino que se presentó 
fuera de dicho plazo, ante una institución 
prevista por la Ley o ante un órgano juris­
diccional correspondiente de otro Estado 
miembro (en el presente asunto, el Depart-
602
WALSH 
ment of Health and Social Security de Lon­
dres, Reino Unido)». 
Esta cuestión afecta, en realidad, tal como 
observan acertadamente los representantes 
de la Comisión y del Insurance Officer, no 
solamente a las modalidades de presenta­
ción de la solicitud, sino también a la facul­
tad de decidir sobre su admisibilidad des­
pués de la expiración de un plazo fijado por 
la legislación de otro Estado miembro. En 
otras palabras, parece que,el órgano juris­
diccional remitente quiere saber si una 
solicitud presentada ante la autoridad de un 
Estado miembro distinto de aquél de acuer­
do con cuya legislación debe concederse la 
prestación debe ser examinada bajo el as­
pecto de la admisibilidad (por ejemplo, en 
relación con los plazos) por la propia autori­
dad ante la que se haya presentado -con la 
consecuencia de que, si se declarase inadmi­
sible, tampoco sería trasladada a la autori­
dad que debe conceder la prestación- o si el 
control de la admisibilidad corresponde 
únicamente a esta segunda autoridad, 
con la consecuencia de que la primera 
deberá encargarse en todo caso de efectuar 
el traslado. 
En mi opinión, es correcta la segunda 
opción. Desde el punto de vista textual, el 
artículo 86 se limita a prever la facultad de 
presentar la solicitud ante una autoridad 
distinta de aquélla del Estado miembro de 
acuerdo con cuya legislación debe conce­
derse la prestación y exige, como requisito 
para su admisibilidad, que la presentación 
se produzca dentro del mismo plazo que el 
fijado por esta última legislación y se efec­
túe ante una autoridad «correspondiente» a 
aquélla que es competente según esta misma 
legislación. No obstante, ello no implica que 
la autoridad ante la que se presenta la solici­
tud tenga facultad alguna para pronunciarse 
sobre su admisibilidad. Tampoco sería 
razonable reconocer a esta autoridad una 
ñinción que vaya más allá del simple trasla­
do del documento: en efecto, si se acogiese 
una interpretación diferente, se debería 
admitir que la autoridad receptora tiene la 
facultad excepcional de controlar la admisi­
bilidad del acto sobre la base del ordena­
miento jurídico de otro Estado. Pero, preci­
samente por tener carácter excepcional, 
dicha facultad debería ser reconocida de 
forma expresa, mientras que el artículo 86 
nada dice al respecto. 
8. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente 
forma a las cuestiones formuladas por el National Insurance Commissioner, 
mediante resolución de 11 de septiembre de 1979: 
1 ) Debe ser considerada como «trabajador», a efectos de los Reglamentos (CEE) 
nos 1408/71 y 574/72, una persona que tiene derecho a prestaciones de seguro 
con arreglo a cotizaciones pagadas anteriormente con carácter obligatorio, aun 
cuando, en el momento en que se produce la contingencia cubierta por el 
seguro y se solicitan las prestaciones, dicha persona ya no esté cotizando. 
603
CONCLUSIONES DEL SR. CAPOTORTI - ASUNTO 143/79 
2) El artículo 8 del Reglamento n° 574/72 debe interpretarse en el sentido de que 
únicamente se aplica cuando el trabajador tiene efectivamente derecho a las 
prestaciones de maternidad, a efectos de las legislaciones de los dos (o varios) 
Estados miembros interesados. 
3) La expresión «legislaciones de dos o varios Estados miembros», que figura en 
el artículo 8 del Reglamento n° 574/72, debe interpretarse en el sentido de que 
incluye también las disposiciones de los Reglamentos comunitarios. 
4) El artículo 8 del Reglamento n° 574/72 debe interpretarse en el sentido de que 
únicamente excluye el derecho del trabajador a obtener prestaciones de 
maternidad al amparo de la legislación de un Estado miembro distinto de aquél 
en el que tuvo lugar el parto si el derecho a tales prestaciones, reconocido al 
trabajador por las legislaciones de ambos Estados miembros, está basado, en 
el ámbito del Estado antes mencionado, en el principio comunitario de 
totalización de las cotizaciones del seguro. También en este caso, la legislación 
del Estado donde tiene lugar el parto se aplica de forma exclusiva solamente 
en relación con el período durante el cual el interesado puede obtener 
efectivamente prestaciones de maternidad de la autoridad de dicho Estado. Por 
otra parte, en el supuesto de que el trabajador haya adquirido, en el marco de 
la legislación de un Estado miembro distinto de aquél en el que tuvo lugar el 
parto, el derecho a las prestaciones de maternidad sobre la base de esta 
legislación únicamente y, en consecuencia, al margen del mecanismo de 
totalización, éste tendrá derecho, además de a las prestaciones previstas por la 
legislación del lugar del parto, a la posible diferencia entre las prestaciones que 
le concede la legislación del otro Estado miembro y las que le correspondan 
según la legislación del lugar del parto. 
5) El artículo 8 del Reglamento n° 574/72, interpretado en los términos anterior­
mente indicados, no puede considerarse contrario al artículo 51 del Tratado 
CEE. 
6) El artículo 86 del Reglamento n° 1408/71 debe interpretarse en el sentido de 
que cuando una solicitud, declaración o recurso se presenta ante una autoridad, 
una institución o un órgano jurisdiccional de un Estado miembro distinto de 
aquél en virtud de cuya legislación debe concederse la prestación, dicha 
autoridad, institución u órgano jurisdiccional no es competente para pronun­
ciarse sobre la admisibilidad de la solicitud, declaración o recurso de que se 
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WALSH 
trate. Esta facultad corresponde exclusivamente a la autoridad, la institución 
o el órgano jurisdiccional del Estado miembro en virtud de cuya legislación 
debe concederse la prestación y al que, en todo caso, debe trasladarse la 
solicitud, declaración o recurso. 
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