62023CC0789
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 22 de mayo de 2025 (
1
)
Asunto C‑789/23 [Tatrauskė] (
i
)
I. J.
contra
Registrų centras
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania)]
«Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Derecho a la libre circulación y a la libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Requisitos de inscripción en el registro nacional de unas capitulaciones matrimoniales celebradas en otro Estado miembro — Exigencia de mencionar, en dichas capitulaciones, el número de identificación personal de al menos una de las partes en dichas capitulaciones»
I. Introducción
1.
El legislador lituano ha establecido que, cuando unas capitulaciones matrimoniales se hayan celebrado en un Estado extranjero, podrán inscribirse en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales si contienen el número de identificación personal facilitado por el Censo de Población de Lituania (en lo sucesivo, «número de identificación personal lituano») de al menos uno de los cónyuges. Pues bien, no es posible incluir dicho número en una certificación en extracto de matrimonio expedida en Italia, en la que se indica que los cónyuges han optado por el régimen de separación de bienes. En esta situación, ¿es conforme con el Derecho de la Unión denegar la inscripción en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales administrado en Lituania de la información relativa al régimen económico matrimonial elegido por unos ciudadanos de la Unión que han contraído matrimonio en Italia, uno de los cuales tenía asignado un número de identificación personal lituano, por el único motivo de que el documento en que debe basarse dicha inscripción no incluía dicho número?
2.
Esta es la pregunta que se plantea el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto. La cuestión planteada brinda así al Tribunal de Justicia una ocasión de desarrollar su jurisprudencia sobre los derechos relativos a la ciudadanía de la Unión en el ámbito del reconocimiento de determinados documentos emitidos en un Estado miembro con ocasión de su inscripción en los registros públicos nacionales de otro Estado miembro.
II. Derecho lituano
3.
El artículo 3.101 del Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Código Civil de la República de Lituania; en lo sucesivo, «Código Civil»), titulado «Capitulaciones matrimoniales», dispone:
«Las capitulaciones matrimoniales son un acuerdo celebrado por los cónyuges que establece sus derechos y obligaciones económicas durante el matrimonio, así como en caso de divorcio o de separación.»
4.
El artículo 3.103 del Código Civil, titulado «Forma de las capitulaciones matrimoniales», dispone:
«1.   Las capitulaciones matrimoniales se celebrarán mediante escritura notarial.
2.   Las capitulaciones matrimoniales, así como sus modificaciones, se inscribirán en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales […]
3.   Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones solo podrán oponerse frente a terceros si han sido inscritas en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales. Esta norma no se aplicará si, en el momento de la celebración de un acto jurídico, los terceros tenían conocimiento de las capitulaciones o de sus modificaciones.»
5.
La organización y funcionamiento del Registro de Capitulaciones Matrimoniales, a que se refiere el artículo 3.103, apartado 2, del Código Civil, se regirán por el Vedybų sutarčių registro nuostatai (Reglamento del Registro de Capitulaciones Matrimoniales), aprobado por la Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1284 «Dėl Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo» (Resolución n.o 1284 del Gobierno de la República de Lituania de 13 de agosto de 2002«por la que se aprueba el Reglamento del Registro de Capitulaciones Matrimoniales»). La versión del Reglamento del Registro de Capitulaciones Matrimoniales aplicable al litigio principal es la de 10 de septiembre de 2015, modificada por la Resolución n.o 773 del Gobierno de la República de Lituania de 8 de julio de 2020 (en lo sucesivo, «Reglamento del Registro»).
6.
Los puntos 2 y 8 del Reglamento del Registro disponen, respectivamente, que «la finalidad del Registro consiste en inscribir los actos y hechos a que se refiere el punto 13 del Reglamento del Registro» y que «la administración del Registro corresponde al VĮ Registrų centras [(Centro de Registros, Lituania)]».
7.
El punto 13 de dicho Reglamento establece que:
«Serán objeto de inscripción en el Registro:
13.1. Las capitulaciones matrimoniales,
[…]
13.3. El reparto de bienes previsto en el [Código Civil].»
8.
El punto 67 de dicho Reglamento establece:
«Cuando las capitulaciones matrimoniales o los contratos de convivencia se celebren en un Estado extranjero, podrán inscribirse en el Registro si contienen el número de identificación personal de al menos uno de los contrayentes, facilitado por el Censo de Población de Lituania.»
9.
A tenor del apartado 68 del mismo Reglamento:
«Cuando uno de los cónyuges o convivientes desee inscribir capitulaciones matrimoniales o contratos de convivencia autorizados en un Estado extranjero, modificaciones introducidas en dichos acuerdos o datos relativos a la extinción de esas capitulaciones o contratos, podrá presentar la información pertinente en el Registro en persona o a través de un tercero autorizado, por correo postal o por medios electrónicos, de conformidad con el procedimiento que establezca el administrador del Registro.»
10.
Mediante el Decreto n.o 1263 de 14 de diciembre de 2022, (
2
) se modificó el Reglamento del Registro, con efectos desde el 1 de enero de 2023, y, a partir de esta última fecha, la inscripción de las capitulaciones matrimoniales o de un contrato entre convivientes celebrado en el extranjero deja de estar supeditada al requisito de incluir el número de identificación personal lituano de al menos una de las partes en dichas capitulaciones o contrato.
III. Litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
11.
La recurrente en el litigio principal, I. J., es ciudadana de la Unión y está inscrita en el Censo de Población de Lituania. (
3
)
12.
Durante el año 2006, la recurrente en el litigio principal y C. B., nacional italiano, contrajeron matrimonio en Italia. El matrimonio se inscribió en la sección de Matrimonios del Registro Civil de un municipio de Italia. La certificación en extracto de matrimonio contiene una anotación donde se indica que el régimen de separación de bienes, elegido por los cónyuges, consta en el acta de matrimonio.
13.
El matrimonio de que se trata fue inscrito en el Registro Civil en Lituania.
14.
El 15 de febrero de 2022, la recurrente en el litigio principal presentó ante el Centro de Registros una solicitud de inscripción en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales de un hecho jurídico relativo a su régimen económico matrimonial (a saber, el reparto de los bienes entre los cónyuges, en lo sucesivo «reparto de bienes»).
15.
Mediante resolución de 9 de marzo de 2022, el Centro de Registros denegó esta solicitud basándose, en particular, en los puntos 13, 67 y 68 del Reglamento del Registro. Aclaró que la certificación en extracto de matrimonio presentada por la recurrente en el litigio principal podía inscribirse como capitulaciones en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales si la recurrente presentaba un suplemento (anexo) a la certificación de matrimonio, autorizado por un notario o por cualquier otro funcionario competente en Italia, en el que figurase el número de identificación personal lituano de al menos uno de los cónyuges. Por otra parte, precisó que las personas físicas no son declarantes a efectos de la inscripción del reparto de bienes y que, por consiguiente, dicho reparto de bienes no podía inscribirse en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales.
16.
La recurrente en el litigio principal aportó una copia de un correo electrónico del que se desprende que había solicitado a la oficina del Registro Civil de Italia competente que expidiera un ejemplar de la certificación de matrimonio que indicara su número de identificación personal lituano, consignado en su documento de identidad, pero que este le había denegado su solicitud por considerar que no podía incluirse dicho número en la certificación en extracto de matrimonio, al tratarse de un dato que no podía certificar. La recurrente en el litigio principal también presentó una certificación notarial italiana con arreglo a la cual, en virtud del artículo 162, apartado 2, del Codice civile (Código Civil), la elección del régimen de separación de bienes de los cónyuges también puede elegirse mediante declaración reflejada en el acta de matrimonio.
17.
La recurrente en el litigio principal interpuso recurso impugnando la resolución de 9 de marzo de 2022 ante el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Vilna, Lituania). Mediante sentencia de 29 de junio de 2022, el tribunal mencionado desestimó el recurso por infundado. En la motivación de su resolución, dicho tribunal señaló que no se cumplían los requisitos para inscribir en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales unas capitulaciones celebradas en el extranjero establecidos en el punto 67 del Reglamento del Registro y, en particular, que las capitulaciones matrimoniales no incluían el número de identificación personal lituano de al menos una de las partes en dichas capitulaciones.
18.
La recurrente en el litigio principal interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), el órgano jurisdiccional remitente.
19.
La Sala Ampliada de dicho órgano jurisdiccional considera que, en realidad, lo que la recurrente en el litigio principal pretende que se inscriba en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales no es un reparto de bienes, sino sus capitulaciones matrimoniales, (
4
) y que su situación se rige por el punto 68 del Reglamento del Registro, con arreglo al cual uno de los cónyuges podrá solicitar la inscripción en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales de unas capitulaciones autorizadas en el extranjero. También señala que, con arreglo al punto 67 de dicho Reglamento, la inscripción de unas capitulaciones celebradas en el extranjero estaba, sin embargo, supeditada al requisito de que contuvieran el número de identificación personal lituano de, al menos, una de las partes en dichas capitulaciones.
20.
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, según el Derecho italiano, en la certificación de matrimonio también puede constar el régimen económico matrimonial. Ahora bien, la certificación en extracto de matrimonio de la recurrente en el litigio principal, expedida en Italia, no menciona los números de identificación personal de los cónyuges. Si bien la omisión de dichos números no fue obstáculo para la transcripción del matrimonio en el Registro Civil de Lituania, sí se exigió que se hicieran constar a efectos de la inscripción de las capitulaciones celebradas por los cónyuges en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales.
21.
El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en cuanto a si las normas establecidas por el Reglamento del Registro pueden restringir la libre circulación de los ciudadanos de la Unión en el sentido del artículo 21 TFUE.
22.
En estas circunstancias, el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 21 [TFUE], apartado 1, en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual unas capitulaciones matrimoniales celebradas en otro Estado miembro de la Unión Europea no pueden inscribirse en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales si en dichas capitulaciones no se indica el número de identificación personal [lituano] de al menos una de las partes de las capitulaciones […], cuando, en circunstancias como las del presente asunto, las autoridades competentes del Estado miembro en el que se celebraron las capitulaciones matrimoniales se niegan a facilitar un extracto de esas capitulaciones al que se añada un suplemento en el que figuren los datos de identificación personal pertinentes?»
23.
El Gobierno lituano y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas. No se ha celebrado vista.
IV. Análisis
A. Sobre la admisibilidad
24.
El Gobierno lituano sostiene que la petición de decisión prejudicial es inadmisible. Alega que la normativa en vigor desde el 1 de enero de 2023 no establece que unas capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero deban especificar el número de identificación personal lituano de al menos una de las partes en las capitulaciones para poder acceder al Registro de Capitulaciones Matrimoniales. Por lo tanto, según dicho Gobierno, la cuestión prejudicial carece de pertinencia y, por consiguiente, no es necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre ella.
25.
En respuesta a una solicitud de información del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente precisó que, como norma general, el juez ejerce el control de la legalidad y la fundamentación de una decisión de la Administración a la vista de la situación fáctica y jurídica existente en la fecha de su adopción. De ello deduce que, en circunstancias como las del litigio principal, la modificación de la normativa de que se trata carece, de por sí, de incidencia en el examen de dicho asunto. El órgano jurisdiccional remitente también ha señalado que la recurrente en el litigio principal no había desistido de su recurso y que, según la información de que disponía, tampoco había presentado una nueva solicitud después del 1 de enero de 2023. En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente afirma que sigue teniendo que examinar el recurso y, dado que este tiene por objeto esencialmente la anulación de la resolución de 9 de marzo de 2022, que resolver sobre la legalidad y la fundamentación de esa decisión administrativa.
26.
A este respecto, es preciso recordar que corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio principal apreciar la necesidad de una decisión prejudicial y la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia, que gozan de una presunción de pertinencia. Por consiguiente, en principio, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse siempre que la cuestión planteada se refiera a la interpretación o a la validez de una norma del Derecho de la Unión, salvo si resulta manifiesto que la interpretación solicitada no guarda relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio, si el problema es de naturaleza hipotética o si el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder adecuadamente a tal cuestión prejudicial. (
5
)
27.
En este caso, a tenor de las informaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente, la cuestión de la interpretación del artículo 21 TFUE, apartado 1, es pertinente a la vista del litigio planteado ante dicho órgano jurisdiccional y requiere de una respuesta del Tribunal de Justicia para resolver el litigio principal de una manera conforme al Derecho de la Unión.
28.
En estas circunstancias, considero que la cuestión prejudicial es admisible.
B. Sobre el fondo
29.
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 21 TFUE, apartado 1, se opone a la normativa de un Estado miembro en virtud de la cual unas capitulaciones matrimoniales celebradas en otro Estado miembro no pueden inscribirse en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales que gestiona en el primer Estado miembro por el único motivo de que no se indica en ellas el número de identificación personal facilitado por el Censo de Población del primer Estado miembro de al menos una de las partes en las capitulaciones, cuando las autoridades competentes del Estado miembro en el que se celebraron las capitulaciones matrimoniales se niegan a facilitar un extracto de esas capitulaciones que mencione el referido número.
30.
Con el fin de dar respuesta a esta cuestión prejudicial, procede examinar, en un primer momento, si la situación de la recurrente en el litigio principal está incluida en el ámbito de aplicación material del Derecho de la Unión y, en particular, en las normas que regulan el ejercicio, por parte de un ciudadano de la Unión, del derecho a la libre circulación. En caso afirmativo, deberá examinarse, en un segundo momento, si la aplicación de la normativa nacional de que se trata constituye una restricción a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión y, de ser así, si tal restricción está justificada.
1.
Sobre el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión
31.
La cuestión prejudicial planteada en el presente asunto tiene como tela de fondo la normativa de un Estado miembro, a saber, la República de Lituania, relacionada con la gestión de un registro de capitulaciones matrimoniales.
32.
A este respecto, debe señalarse que, en el estado actual del Derecho de la Unión, la creación de registros de capitulaciones matrimoniales y las normas relativas a su funcionamiento son competencia de los Estados miembros. Si bien las cuestiones relativas a la competencia, a la ley aplicable y al reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes matrimoniales están reguladas en el seno de la Unión por el Reglamento (UE) 2016/1103, (
6
) dicho Reglamento no se aplica al litigio principal, dado que la República de Lituania no participa en la cooperación reforzada que en él se establece. Por otra parte, dicho Reglamento no incluye disposiciones que se refieran directamente a la gestión de los registros de capitulaciones matrimoniales. De ello se sigue, en particular, que, para determinar la ley aplicable al régimen económico matrimonial y a los requisitos y consecuencias de la inscripción de las capitulaciones matrimoniales en esos registros, los tribunales lituanos seguirán aplicando las normas de Derecho lituano en materia de conflictos de leyes, normas cuyo contenido no ha sido trasladado por el órgano jurisdiccional remitente. (
7
)
33.
No obstante, consta que, aunque la normativa de un determinado ámbito sea competencia de los Estados miembros, estos deben respetar el Derecho de la Unión al ejercer dicha competencia, y, en particular, las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libertad, reconocida a todo ciudadano de la Unión, de circular y residir en el territorio de los Estados miembros. (
8
)
34.
En este contexto, deseo recordar, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia ha subrayado, en numerosas ocasiones, que la vocación del estatuto de ciudadano de la Unión es convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros (
9
) y que un nacional de un Estado miembro que ha ejercido, en su condición de ciudadano de la Unión, su libertad de circulación y de residencia en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de origen puede invocar los derechos inherentes a dicha condición, en particular los contemplados en el artículo 21 TFUE, apartado 1, también, en su caso, en relación con su Estado miembro de origen. (
10
)
35.
En segundo lugar, por lo que atañe a los derechos particulares inherentes a la condición de ciudadano de la Unión, debo recordar también que es evidente que una legislación nacional que resulte desfavorable para algunos nacionales de un Estado miembro por el mero hecho de haber ejercitado su libertad de circular y residir en otro Estado miembro constituye una restricción a las libertades que el artículo 21 TFUE, apartado 1, reconoce a todo ciudadano de la Unión. (
11
)
36.
En el presente caso, después de haber ejercido su libertad de circular y residir en otro Estado miembro, se denegó a la recurrente en el litigio principal, ciudadana de la Unión, la inscripción en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales lituano de las capitulaciones matrimoniales que había celebrado en Italia por no mencionarse en ellas el número de identificación personal lituano de al menos uno de los cónyuges. Pues bien, nada indica que, con arreglo al Derecho lituano, dicha mención en las capitulaciones matrimoniales sea un requisito de la existencia o de la validez de estas.
37.
Por otra parte, resulta de la petición de decisión prejudicial que, si la recurrente en el litigio principal hubiese celebrado las capitulaciones matrimoniales en Lituania, en ningún caso habría estado obligada a presentarlas en el Centro de Registros a efectos de su inscripción en el registro de que se trata. En efecto, en Lituania, el notario que autoriza la escritura es quien solicita dicha inscripción y a él le corresponde identificar correctamente a las personas que son parte en las capitulaciones y comunicar los datos exigidos por el Reglamento del Registro. (
12
)
38.
Habida cuenta de estas circunstancias, debe señalarse, por un lado, que no se ha puesto en duda que la recurrente en el litigio principal tiene interés en que se inscriba en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales lituano la información sobre su régimen económico matrimonial y, por otro lado, que la negativa a inscribir tal información era consecuencia directa de la aplicación de una disposición de Derecho nacional reservada a las capitulaciones celebradas en el extranjero. Por lo tanto, esta negativa estaba relacionada con el ejercicio, por parte de la recurrente en el litigio principal, de su derecho a circular y residir en otro Estado miembro.
39.
En estas circunstancias, considero que la situación de la recurrente en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 21 TFUE, apartado 1.
2.
Sobre la restricción a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión
a)
Sobre los registros de capitulaciones matrimoniales
40.
El Tribunal de Justicia no ha tenido aún ocasión de interpretar el artículo 21 TFUE, apartado 1, en relación con disposiciones de Derecho nacional relativas a la administración de registros de capitulaciones matrimoniales.
41.
En cambio, sí ha tenido la ocasión de interpretar dicha disposición en relación con disposiciones de Derecho nacional relativas a la inscripción en registros nacionales de distintas informaciones relativas a la identidad de las personas y a su estatuto. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado, en particular, sobre la inscripción en el Registro Civil del apellido de una persona (
13
) o de su identidad de género (
14
) en una situación en que existían diferencias entre las anotaciones de esos datos en los registros administrados en diferentes Estados miembros.
42.
En cuanto a los apellidos, el Tribunal de Justicia ha declarado, en particular, que la negativa de las autoridades de un Estado miembro a reconocer y a inscribir en los registros civiles el apellido de un ciudadano de la Unión, tal como se determina en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros reconocido en el artículo 21 TFUE, debido a la confusión e inconvenientes que puede generar una discrepancia entre dos apellidos aplicados a una misma persona, puesto que numerosas acciones de la vida cotidiana, tanto en el ámbito público como en el privado, requieren probar la propia identidad. (
15
) Lo mismo ocurre con la negativa de las autoridades de un Estado miembro a modificar y reconocer la identidad de género que uno de sus nacionales ha adquirido legalmente en otro Estado miembro. (
16
)
43.
De esta manera se plantea la cuestión de si la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que acabo de recordar (
17
) es extrapolable al presente asunto. Para darle respuesta, procede examinar si los registros de capitulaciones matrimoniales son comparables a los registros civiles o a los censos de población.
44.
Señalaré, de entrada, que, en materia de regímenes económicos matrimoniales, las soluciones jurídicas adoptadas en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros divergen de manera significativa. En efecto, si bien los Derechos nacionales presentan similitudes, los mecanismos particulares establecidos por ellos presentan importantes diferencias. (
18
)
45.
Así, mientras que todos los Estados miembros parecen reconocer el principio de que los cónyuges pueden elegir un régimen económico matrimonial distinto del régimen legal, las soluciones relativas a la publicidad de las capitulaciones matrimoniales que reflejen esta elección pueden diferir. A este respecto debe señalarse que algunos ordenamientos jurídicos prevén que las capitulaciones matrimoniales se inscriban en un registro público especial creado a tal efecto, mientras que otros no lo prevén. (
19
) Por otra parte, en esta primera categoría de ordenamientos jurídicos, algunos autorizan la inscripción de las capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero, (
20
) mientras que otros no contemplan esta posibilidad. (
21
)
46.
La creación de un registro público de capitulaciones matrimoniales está intrínsecamente vinculada con las normas de Derecho nacional relativas a la determinación de quién es el propietario de un bien adquirido constante matrimonio y a la responsabilidad de los cónyuges en relación con las obligaciones nacidas durante el matrimonio. Como norma general, si un ordenamiento jurídico prevé que los cónyuges puedan exceptuar la aplicación del régimen legal mediante la celebración de capitulaciones matrimoniales, también prevé que dichas capitulaciones solo puedan oponerse frente a terceros si estos han tenido conocimiento de ellas. Un registro de capitulaciones matrimoniales constituye un instrumento que permite garantizar la publicidad de esas capitulaciones, que contribuye de forma significativa a la protección de los intereses patrimoniales de los cónyuges y, de modo más general, a la seguridad jurídica. En efecto, en principio, la inscripción de capitulaciones matrimoniales en un registro de este tipo hace que dichas capitulaciones puedan oponerse frente a terceros, con independencia de si estos últimos conocen efectivamente su celebración o no.
47.
Así ocurre en Derecho lituano. Como prevé el artículo 3.103, apartado 3, del Código Civil, las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones solo podrán oponerse frente a terceros si han sido inscritas en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales, salvo que los terceros tuvieran conocimiento de las capitulaciones o de sus modificaciones en el momento de la celebración de un acto jurídico. No hay nada en el artículo 3.103 del Código Civil que indique que la posibilidad de inscribir unas capitulaciones matrimoniales en el registro de que se trata dependa del lugar de celebración de dichas capitulaciones o de otras circunstancias que puedan constituir un punto de conexión que determine la ley aplicable al régimen económico matrimonial.
48.
De ello se infiere que, en Derecho lituano, la inscripción de unas capitulaciones matrimoniales en el registro de que se trata tiene por efecto, en particular, que esas capitulaciones sean oponibles frente a terceros. Tal inscripción puede, por tanto, afectar a la situación jurídica de los cónyuges frente a terceros.
49.
Aclarado lo anterior, debe señalarse que la importancia de inscribir unas capitulaciones matrimoniales en el registro en cuestión no es comparable a la de inscribir el nombre o el género de una persona en el registro civil nacional. Las consecuencias de esas inscripciones son de distinta naturaleza.
50.
Para empezar, los registros de capitulaciones matrimoniales no constituyen una fuente de información sobre el estado civil de las personas, por cuanto el hecho de que unas capitulaciones no estén inscritas en dicho registro no crea ningún riesgo de confusión en cuanto a los datos de estado civil de una persona; si no hay una inscripción de capitulaciones matrimoniales en el registro, se presume que se aplica el régimen legal a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Además, no existe un registro de este tipo en todos los ordenamientos jurídicos de la Unión que contemplan la posibilidad de que los cónyuges celebren unas capitulaciones matrimoniales. Por añadidura, la validez de unas capitulaciones no depende, por norma general, de su inscripción en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales. Por último, y al menos en Derecho lituano, la inscripción de unas capitulaciones matrimoniales en ese registro no es el único medio de garantizar su oponibilidad frente a terceros: cuando se celebra un acto jurídico con una persona, informarle de la existencia de unas capitulaciones matrimoniales produce el mismo efecto jurídico, aunque solamente inter partes.
51.
Estas diferencias ponen de manifiesto que la jurisprudencia en materia de inscripción en los registros civiles nacionales del nombre o del género de una persona que haya ejercido su derecho a la libre circulación no es extrapolable a la inscripción de las capitulaciones en los registros de capitulaciones matrimoniales.
52.
No obstante, ello no puede significar que la negativa a inscribir en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales unas capitulaciones celebradas en otro Estado miembro no constituye una restricción a la libertad de circular y residir en otro Estado miembro, consagrada en el artículo 21 TFUE, apartado 1.
b)
Sobre la incidencia de las normas de inscripción en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales en el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión
53.
Deseo recordar que es de reiterada jurisprudencia que una normativa nacional que perjudica a determinados nacionales por el mero hecho de haber ejercitado su libertad de circular y residir en otro Estado miembro constituye una restricción de las libertades que el artículo 21 TFUE, apartado 1, reconoce a todo ciudadano de la Unión. (
22
) El Tribunal de Justicia también ha declarado que las facilidades concedidas por el Tratado en materia de circulación y de residencia no podrían producir plenos efectos si se pudiera disuadir a un nacional de un Estado miembro de hacer uso de aquellas por los obstáculos a su residencia en el Estado miembro de acogida derivados de una normativa de su Estado de origen que penaliza el hecho de haberlas ejercido. (
23
)
54.
Como he indicado, (
24
) en Derecho lituano, la inscripción de unas capitulaciones matrimoniales en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales produce un efecto jurídico concreto que consiste en permitir que los cónyuges se aseguren de que dichas capitulaciones son oponibles frente a terceros, con independencia de si estos últimos conocen o no su celebración. El hecho de denegar esta inscripción incide, en consecuencia, en la situación jurídica de los cónyuges en relación con el Derecho lituano, al privarlos de la posibilidad de beneficiarse de una medida de Derecho nacional que permite garantizar la protección de sus intereses patrimoniales y, más en general, que los beneficia desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Por lo tanto, los particulares tienen interés en que sus capitulaciones matrimoniales estén inscritas en el registro en cuestión.
55.
Ciertamente, en el estado actual del Derecho de la Unión, los Estados miembros no tienen la obligación de crear registros de capitulaciones matrimoniales. No obstante, cuando exista tal registro en un Estado miembro y la normativa aplicable contemple el derecho de inscribir en él unas capitulaciones matrimoniales celebradas en otro Estado miembro, (
25
) los requisitos para inscribir dichas capitulaciones deberían establecerse de forma que se garantizara el cumplimiento de las disposiciones del Tratado FUE, en particular, su artículo 21, apartado 1. Lo contrario podría disuadir a las personas incluidas ratione personae en el ámbito de aplicación de la normativa nacional de que se trata, como, en particular, los nacionales de dicho Estado miembro, de ejercer los derechos que les confiere el Tratado en materia de libre circulación y residencia por temor a perder los beneficios que resultan de tal inscripción.
56.
De ello se sigue que las normas para la inscripción de las capitulaciones matrimoniales celebradas en otro Estado miembro en el registro en cuestión pueden incidir en el ejercicio del derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión.
c)
Sobre el requisito de que se mencione el número de identificación personal
57.
En su versión aplicable al litigio principal, el Derecho lituano no se oponía a la inscripción de unas capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales, pero supeditaba dicha inscripción al requisito de que tales capitulaciones incluyeran el número de identificación personal lituano de al menos uno de los cónyuges (en lo sucesivo, «requisito controvertido»).
58.
El requisito controvertido no estaba formalmente establecido para las capitulaciones matrimoniales celebradas en Lituania. Ello obedece a que, con arreglo al Derecho nacional, esas capitulaciones matrimoniales se celebran mediante escritura notarial, lo cual implica que la comprobación y, muy probablemente, la indicación del número de identificación personal en dichas capitulaciones corre a cargo del notario, quien, por otra parte, se ocupa de que se inscriba en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales y de practicar las comunicaciones de datos necesarias al efecto. En este contexto, la exigencia de que dicho número se mencione en las capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero para poder ser inscritas en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales no parece suponer, a primera vista, una discriminación respecto de las personas que celebran capitulaciones matrimoniales en el extranjero en relación con aquellas que las celebran en Lituania.
59.
No obstante, cumplir con una exigencia establecida por una normativa de un Estado miembro relativa a la forma de un documento puede resultar difícil cuando dicho documento se otorga en otro Estado miembro y se rige, por tanto, por la ley de ese otro Estado miembro, que no necesariamente la prevé. En efecto, puede resultar complicado, incluso imposible, para los particulares exigir que por parte de una autoridad de otro Estado miembro se hagan constar en un documento público, redactado con arreglo a la normativa en vigor en ese otro Estado miembro, elementos cuya inclusión no se prevé por la normativa de este último.
60.
Pues bien, así ocurre en el presente asunto. Por un lado, las capitulaciones matrimoniales de que se trata en el litigio principal, en las que los cónyuges optaron por un régimen de separación de bienes, se otorgaron en virtud de una simple declaración incluida en el acta de matrimonio. Dichas capitulaciones no revisten, por lo tanto, la forma de una escritura notarial, por lo que no es posible incluir en ellas un número de identificación personal de los cónyuges. Por otro lado, si bien cabía la posibilidad de que el Centro de Registros anotara el régimen de separación de bienes basándose en una certificación en extracto de matrimonio expedida en Italia, ello se supeditaba a que se extendiera un anexo a la certificación de matrimonio, certificado por notario u otro cargo público italiano competente, en el que se mencionara el número de identificación personal. Pues bien, según el Derecho italiano no es posible extender tal anexo.
61.
En consecuencia, cabía la posibilidad de que el requisito controvertido, pese a corresponder a una exigencia prevista para las capitulaciones matrimoniales celebradas en Lituania, no pudiera cumplirse por parte de las personas titulares de un número de identificación personal lituano que hubieran celebrado unas capitulaciones matrimoniales en otro Estado miembro, con independencia de la voluntad y de los trámites llevados a cabo por los cónyuges. De esta manera, al mismo tiempo que contempla la posibilidad de que las personas que dispongan de un número de identificación personal lituano inscriban unas capitulaciones celebradas en el extranjero en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales, el legislador lituano ha supeditado dicha inscripción a un requisito que podía ser objetivamente imposible de cumplir y que podía impedir que unas personas que habían ejercido su derecho de libre circulación inscribieran sus capitulaciones matrimoniales en el registro de que se trata.
62.
En la medida en que el requisito controvertido podía constituir un obstáculo para la inscripción de unas capitulaciones matrimoniales celebradas en otro Estado miembro en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales lituano por parte de un ciudadano de la Unión titular de un número de identificación personal lituano y con derecho a inscribir dichas capitulaciones, según el Derecho lituano, mi opinión es que dicho requisito constituía una restricción a la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión, garantizada por el artículo 21 TFUE, apartado 1.
3.
Sobre la justificación de la restricción a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión
63.
No ofrece duda que una restricción a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión que, como ocurre en el litigio principal, es independiente de la nacionalidad de los sujetos afectados, puede justificarse si se basa en consideraciones objetivas de interés general y es proporcionada al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional. (
26
) De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deriva que una medida es proporcionada cuando, siendo adecuada para la realización del objetivo perseguido, no va más allá de lo necesario para alcanzarlo. (
27
)
a)
Sobre la identificación de una consideración objetiva de interés general
64.
En lo tocante a la justificación del requisito controvertido, el Gobierno lituano explica que el objetivo de este era garantizar una correcta identificación de las personas que han celebrado unas capitulaciones matrimoniales, así como la exactitud y veracidad de los datos que figuran en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales, los cuales dan fe mientras no se impugnen judicialmente. En cuanto a las capitulaciones matrimoniales celebradas en Lituania, dicho objetivo puede alcanzarse, pues son redactadas por un notario, el cual se ocupa de comunicar los datos exigidos al Registro de Capitulaciones Matrimoniales por medio de un programa informático específico. En cambio, la aportación de los datos relativos a unas capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero, los cuales no han sido transmitidos al sistema por un tribunal o un notario lituano, quedaba sometida al requisito controvertido con objeto de garantizar el control de la exactitud, veracidad y pertinencia de tales datos, puesto que no podían comprobarse ni certificarse por parte de un notario o un tribunal.
65.
Soy sensible a la justificación aducida por el Gobierno lituano. En efecto, cualquiera que sea la función de los diferentes registros públicos existentes a nivel nacional, su objetivo principal es contribuir a la seguridad jurídica. Con el fin de alcanzar dicho objetivo, es indispensable que los datos registrados sean correctos.
66.
Por lo tanto, el objetivo de garantizar la exactitud, la veracidad y la pertinencia de los datos que constan en un registro público y de contribuir a la seguridad jurídica puede, en mi opinión, constituir un objetivo de interés general que justifique la existencia del requisito controvertido.
b)
Sobre la proporcionalidad
67.
En esta situación, procede examinar si el requisito controvertido era proporcionado al objetivo legítimamente perseguido.
1) Sobre la aptitud
68.
Considero que el requisito controvertido era apto para la realización del objetivo perseguido.
69.
En efecto, a diferencia de lo que ocurría con las capitulaciones matrimoniales celebradas en Lituania, el número de identificación personal de quienes habían celebrado capitulaciones matrimoniales en el extranjero no era comunicado por el notario al Registro de Capitulaciones Matrimoniales. Dicho número tenía que ser registrado por un funcionario del Centro de Registros. El hecho de hacer constar dicho número en las capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero permitía asimismo indicarlo en el registro.
70.
Asimismo, suponiendo que los funcionarios del Centro de Registros hubieran tenido derecho a acceder al Censo Nacional de Población, el número de identificación personal también les permitía controlar la exactitud y la veracidad de otros datos de carácter personal relativos a la persona afectada y mencionados en las capitulaciones matrimoniales, comparando los datos que figuran en ese Censo con los que figuran en las capitulaciones matrimoniales.
71.
De ello se desprende que la mención del número de identificación personal podía permitir al Centro de Registros garantizar la exactitud de los datos que figuran en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales y su carácter completo.
72.
En consecuencia, no parece que pueda cuestionarse la aptitud del requisito controvertido para la consecución del objetivo.
2) Sobre la necesidad
73.
No ocurre así con lo que se refiere a la necesidad del requisito controvertido.
74.
En efecto, cualesquiera que sean las ventajas vinculadas al uso de los números de identificación personal, está claro que tal número no es el único dato que permite garantizar la correcta identificación de la persona que desea que sus capitulaciones matrimoniales se inscriban en el registro en cuestión. Datos tales como el nombre, el apellido, la fecha y el lugar de nacimiento, completados, en su caso, con el número de los documentos utilizados para la celebración de las capitulaciones matrimoniales, suelen ser suficientes para excluir un riesgo de confusión sobre las personas. En consecuencia, en este caso, el requisito controvertido no era necesario para comprobar si uno de los cónyuges era titular del número de identificación personal lituano e identificar correctamente a dicha persona.
75.
Además, el legislador lituano podía prever que la persona que solicita la inscripción de sus capitulaciones matrimoniales pudiera indicar su número de identificación personal en un documento separado, como un formulario de inscripción, que lleve adjunto su documento de identidad. La comparación de los datos identificativos de la persona en cuestión, que figuran en las capitulaciones matrimoniales y en la copia del documento de identidad, habría bastado para determinar con certeza el número de identificación personal que debía inscribirse en el registro de que se trata. En el supuesto de que los funcionarios del Centro de Registros puedan tener acceso al Censo Nacional de Población, dicho dato podía comprobarse con facilidad.
76.
Estas consideraciones se ven corroboradas por la transcripción de la certificación de matrimonio de la recurrente en el litigio principal en el Registro Civil lituano. En efecto, resulta de la resolución de remisión que dicha transcripción se realizó sobre la base del mismo documento que fue presentado en apoyo de la solicitud de inscripción de las capitulaciones en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales. Si, de acuerdo con la legislación nacional, no era indispensable mencionar dicho número a efectos de la transcripción de la certificación de matrimonio en el Registro Civil, cuesta imaginar por qué sí lo era a efectos de la inscripción de las capitulaciones en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales.
77.
El factor determinante consiste, en mi opinión, en que la aplicación del requisito controvertido ha restringido la facultad de las personas titulares de un número de identificación personal lituano de inscribir sus capitulaciones en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales, cuando, como se desprende del punto 67 del Reglamento del Registro, se preveía que las personas que disponen de ese número tenían derecho a que se inscribieran sus capitulaciones matrimoniales. En efecto, el hecho de supeditar la inscripción de unas capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales no al requisito de que uno de los cónyuges disponga de un número de identificación personal lituano, sino al requisito de que dicho número se mencione en las capitulaciones ha provocado no solo que se limite ratione personae el ámbito de aplicación de la normativa de que se trata a las personas que disponen de dicho número, sino también que se imponga un requisito relativo al contenido de un documento extendido por una autoridad extranjera. Por lo tanto, en la medida en que era objetivamente imposible garantizar que las autoridades extranjeras tuvieran en cuenta ese requisito, la inscripción de unas capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero en el registro de que se trata era incierta y dependía de la buena voluntad de dichas autoridades o de los requisitos de forma establecidos en el lugar de celebración de las capitulaciones.
78.
Al haber tenido el efecto de limitar el acceso de las personas titulares de un número de identificación personal lituano al Registro de Capitulaciones Matrimoniales, debe señalarse que el requisito controvertido ha excedido de lo que era necesario para alcanzar el objetivo perseguido.
3) Conclusión sobre la proporcionalidad
79.
Habida cuenta de lo que antecede, mi parecer es que, en la medida en que una normativa nacional como la normativa de que se trata en el litigio principal, que establece el requisito controvertido, no era necesaria para alcanzar el objetivo perseguido y no era, por ende, proporcionada, la restricción a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión que resulta de la aplicación de dicho requisito no estaba justificada.
V. Conclusión
80.
A la vista de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania) del siguiente modo:
«El artículo 21 TFUE, apartado 1,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual unas capitulaciones matrimoniales celebradas en otro Estado miembro por un ciudadano de la Unión Europea que ha ejercido su libertad de circular y residir en ese otro Estado miembro no pueden inscribirse en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales gestionado en ese primer Estado miembro por el único motivo de que no se indica en ellas el número de identificación personal facilitado por el Censo Nacional de Población de ese primer Estado miembro de al menos una de las partes en dichas capitulaciones, a pesar de que una de esas personas dispone de dicho número.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
2
)	2022 m. gruodžio 14 d. nutarimas Nr. 1263 «Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1284 “Dėl Vedybų sutarčių registro reorganizavimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo” pakeitimo» (Resolución n.o 1263 del Gobierno de la República de Lituania, de 14 de diciembre de 2022, por el que se modifica la Resolución n.o 1284 del Gobierno de la República de Lituania de 13 de agosto de 2002, por la que se aprueba el Reglamento del Registro de Capitulaciones Matrimoniales).
(
3
)	A la vista del conjunto de circunstancias del asunto, es muy probable que la recurrente en el litigio principal sea una ciudadana lituana. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente no lo indica expresamente. Se ha limitado a señalar que la recurrente en el litigio principal es una ciudadana de la Unión que ha ejercido su derecho a la libre circulación (apartado 25 de la petición de decisión prejudicial). Sin embargo, de la resolución de remisión se desprende que la recurrente en el litigio principal dispone de un número de identificación personal asignado por el Censo de Población de Lituania y de un documento de identidad en el que consta el referido número (lo cual demuestra que debe de tratarse de un documento de identidad lituano).
(
4
)	Sobre este extremo, debo señalar que es difícil imaginar, en este caso, la inscripción del reparto de bienes, en el sentido del punto 13.3 del Reglamento del Registro (que parece referirse a acuerdos o decisiones relativas al reparto de bienes incluidos en la comunidad de gananciales). En efecto, por un lado, los cónyuges optaron por el régimen de separación de bienes y esta opción se realizó al celebrarse el matrimonio. En estas circunstancias, los bienes adquiridos por los cónyuges no han podido integrarse en una comunidad y ser luego objeto de un reparto. Por otro lado, no figura, en la petición de decisión prejudicial, ninguna mención relativa a un reparto de bienes por vía de un acuerdo o mediante una resolución judicial, o referida a un bien concreto que sea objeto de un eventual reparto.
(
5
)	Sentencia de 26 de septiembre de 2024, Energotehnica (C‑792/22, EU:C:2024:788), apartado 37 y jurisprudencia citada.
(
6
)	Reglamento del Consejo, de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales (DO 2016, L 183, p. 1).
(
7
)	En consecuencia, es posible que el artículo 3.103 del Código Civil, que prevé la inscripción de las capitulaciones matrimoniales en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales y precisa las consecuencias de dicha inscripción, solo sea aplicable en la hipótesis de que se determine que el Derecho lituano es la ley aplicable al régimen económico matrimonial. No obstante, no puede excluirse de entrada la aplicabilidad de dicha disposición del Código Civil como ley aplicable al régimen económico matrimonial en el momento de la presentación de la solicitud de inscripción de unas capitulaciones matrimoniales en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales. Tampoco parece que pueda excluirse que el requisito de inscripción relativo al número de identificación personal lituano, establecido en el punto 67 del Reglamento del Registro, se aplique a todas las capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero cuya inscripción se solicite, con independencia de la ley aplicable al régimen económico matrimonial.
(
8
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2017, Freitag (C‑541/15, EU:C:2017:432), apartado 33 y jurisprudencia citada.
(
9
)	Sentencias de 20 de septiembre de 2001, Grzelczyk (C‑184/99, EU:C:2001:458), apartado 31, y de 4 de octubre de 2024, Mirin (C‑4/23, EU:C:2024:845), apartado 51 y jurisprudencia citada.
(
10
)	Sentencia de 14 de diciembre de 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (C‑490/20, EU:C:2021:1008), apartado 42 y jurisprudencia citada.
(
11
)	Sentencia de 22 de febrero de 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (C‑491/21, EU:C:2024:143), apartado 41 y jurisprudencia citada.
(
12
)	Aunque la petición de decisión prejudicial no lo aclare, doy por hecho que ese número de identificación personal también debe mencionarse en la escritura notarial autorizada por un notario lituano cuando las partes dispongan de él.
(
13
)	Véanse, en particular, las sentencias de 22 de diciembre de 2010, Sayn-Wittgenstein (C‑208/09, EU:C:2010:806), fallo; de 12 de mayo de 2011, Runevič-Vardyn y Wardyn (C‑391/09, EU:C:2011:291), fallo; de 2 de junio de 2016, Bogendorff von Wolffersdorff (C‑438/14, EU:C:2016:401), fallo, y de 8 de junio de 2017, Freitag (C‑541/15, EU:C:2017:432), fallo.
(
14
)	Sentencia de 4 de octubre de 2024, Mirin (C‑4/23, EU:C:2024:845), fallo.
(
15
)	Véase, en particular, la sentencia de 8 de junio de 2017, Freitag (C‑541/15, EU:C:2017:432), apartados 36 a 39 y jurisprudencia citada.
(
16
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Mirin (C‑4/23, EU:C:2024:845), apartados 55 a 57 y jurisprudencia citada.
(
17
)	Véase el punto 42 de las presentes conclusiones.
(
18
)	Véase, a este respecto, en particular, consorcio ASSER-UCL, «Estudio sobre los regímenes económico matrimoniales de las parejas casadas y sobre el patrimonio de las parejas no casadas en el Derecho internacional privado y en el Derecho interno de los Estados miembros de la Unión», pp. 22 y 23. Este estudio de 2003, elaborado a petición de la Comisión, presenta un panorama general de Derechos nacionales en la Unión de quince Estados miembros. Véase también la información incluida en la web del Consejo de los Notariados de la Unión, «Couples in Europe. The law for couples in 22 EU countries», https://www.coupleseurope.eu/fr/ (en lo sucesivo, «sitio de Internet “Couples in Europe”»).
(
19
)	Según los datos disponibles en el sitio de Internet «Couples in Europe», en Austria, Francia, Polonia y Eslovaquia, en particular, no existen registros de este tipo.
(
20
)	Según los datos disponibles en el sitio de Internet «Couples in Europe», en Alemania, Estonia, Letonia y Países Bajos, en particular, parece que es posible inscribir unas capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero en el registro especial nacional.
(
21
)	Según los datos disponibles en el sitio de Internet «Couples in Europe», en la República Checa, en Hungría y en Malta, en particular, parece que no es posible inscribir unas capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero en el registro especial nacional.
(
22
)	Véanse, en particular, las sentencias de 11 de julio de 2002, D’Hoop (C‑224/98, EU:C:2002:432), apartado 31; de 24 de octubre de 2013, Thiele Meneses (C‑220/12, EU:C:2013:683), apartado 22, y de 26 de mayo de 2016, Kohll y Kohll-Schlesser (C‑300/15, EU:C:2016:361), apartado 42.
(
23
)	Véanse las sentencias de 29 de abril de 2004, Pusa (C‑224/02, EU:C:2004:273), apartado 19; de 26 de octubre de 2006, Tas-Hagen y Tas (C‑192/05, EU:C:2006:676), apartado 30; de 22 de mayo de 2008, Nerkowska (C‑499/06, EU:C:2008:300), apartado 32, y de 14 de octubre de 2010, van Delft y otros (C‑345/09, EU:C:2010:610), apartado 97.
(
24
)	Véase el punto 48 de las presentes conclusiones.
(
25
)	Deseo subrayar que no prejuzgo si existe, para un Estado miembro, una obligación general de inscribir las capitulaciones matrimoniales celebradas en otro Estado miembro ni, por ende, si el Derecho lituano debería prever la posibilidad de que las personas que no tienen un número de identificación personal lituano puedan inscribir unas capitulaciones celebradas en el extranjero en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales. Por lo que se refiere al presente asunto, dichas cuestiones son hipotéticas, puesto que el Derecho lituano prevé la posibilidad de inscribir las capitulaciones matrimoniales celebradas en el extranjero en el Registro de Capitulaciones Matrimoniales y que la recurrente en el litigio principal dispone de un número de identificación personal lituano.
(
26
)	Sentencia de 5 de junio de 2018, Coman y otros (C‑673/16, EU:C:2018:385), apartado 41 y jurisprudencia citada.
(
27
)	Sentencias de 18 de julio de 2006, De Cuyper (C‑406/04, EU:C:2006:491), apartado 42; de 26 de octubre de 2006, Tas-Hagen y Tas (C‑192/05, EU:C:2006:676), apartado 35, y de 5 de junio de 2018, Coman y otros (C‑673/16, EU:C:2018:385), apartado 41.