62016TJ0244_RES
Asuntos acumulados T‑244/16 y T‑285/17
Viktor Fedorovych Yanukovych
contra
Consejo de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 11 de julio de 2019
«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania — Inmovilización de fondos — Lista de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos — Mantenimiento del nombre del demandante en la lista — Obligación del Consejo de comprobar que se respetaron los derechos de defensa y de tutela judicial efectiva en la adopción de la decisión por una autoridad de un Estado tercero»
Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Exposición sumaria de los motivos invocados — Remisión global a otros escritos adjuntos a la demanda — Inadmisibilidad
[Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 76, ap. 1, letra d)]
(véanse los apartados 56 y 57)
Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania — Inmovilización de fondos de las personas implicadas en apropiaciones indebidas de fondos públicos y de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas — Alcance del control
[Art. 275 TFUE, párr. 2, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Decisiones (PESC) del Consejo 2016/318 y 2017/381; Reglamentos de Ejecución (UE) del Consejo 2016/311 y 2017/374]
(véanse los apartados 73 y 74)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania — Decisión de inmovilización de fondos — Adopción o mantenimiento sobre la base de un procedimiento judicial incoado por las autoridades de un Estado tercero en materia de apropiación indebida de fondos públicos — Procedencia — Requisito — Decisión nacional adoptada respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva — Obligación de comprobación que incumbe al Consejo — Obligación de motivación — Alcance — Estado tercero que se adhirió al Convenio Europeo de Derechos Humanos — Irrelevancia
[Decisiones (PESC) del Consejo 2016/318 y 2017/381; Reglamentos de Ejecución (UE) del Consejo 2016/311 y 2017/374]
(véanse los apartados 75 a 80, 85 a 87 y 91 a 95)
Resumen
En las sentencias Yanukovych/Consejo (T‑244/16 y T‑285/17) y Klymenko/Consejo (T‑274/18), dictadas el 11 de julio de 2019, el Tribunal anuló varios actos del Consejo (
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) relativos a las medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania que habían prorrogado la duración de la lista de las personas, entidades y organismos afectados por esas medidas restrictivas, (
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) en la medida en que se habían mantenido en dicha lista los nombres de los demandantes, el antiguo presidente y el antiguo ministro de Hacienda de Ucrania. La inclusión había sido decidida porque los demandantes eran objeto de investigaciones preliminares en Ucrania por delitos relacionados con la apropiación indebida de fondos públicos y su transferencia ilegal fuera de Ucrania y, posteriormente, se prorrogó debido a que los demandantes eran objeto de procedimientos penales por las autoridades de dicho país por apropiación indebida de fondos o activos públicos.
El Tribunal, aplicando los principios jurisprudenciales dimanantes de la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo, (
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) recuerda, en primer lugar, en ambos asuntos, que los órganos jurisdiccionales de la Unión deben llevar a cabo un control de todos los actos de la Unión desde el punto de vista del respeto de los derechos fundamentales. Aun cuando el Consejo pueda fundamentar la adopción o el mantenimiento de las medidas restrictivas en una decisión de un Estado tercero, debe comprobar por sí mismo que tal decisión se ha adoptado respetando, en particular, el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva en dicho Estado. A este respecto, se precisa que, si bien es cierto que la circunstancia de que el Estado tercero en cuestión se haya adherido al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH») supone un control, por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «Tribunal EDH»), de los derechos garantizados por el CEDH, tal circunstancia no hace que, sin embargo, resulte superflua la exigencia de comprobación antes mencionada. Además, incumbe al Consejo, para cumplir con su obligación de motivación, mostrar en la decisión mediante la que se imponen medidas restrictivas que comprobó que la decisión del Estado tercero en que basa dichas medidas fue adoptada respetando los derechos mencionados. Por otra parte, el Consejo está obligado a realizar dicha comprobación con independencia de cualquier prueba aportada por los demandantes.
El Tribunal señala a continuación que, aunque el Consejo alega que en Ucrania se ejerce un control judicial durante la tramitación de los procedimientos penales y que varias resoluciones judiciales adoptadas en este contexto demuestran que ha podido comprobar el respeto de los derechos en cuestión, tales decisiones no pueden, por sí mismas, demostrar que la decisión de las autoridades ucranianas de tramitar los procedimientos penales en los que se basa el mantenimiento de las medidas restrictivas se haya adoptado respetando el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto, todas las resoluciones judiciales mencionadas por el Consejo se inscriben en el marco de los procesos penales que justificaron la inclusión y el mantenimiento del nombre del demandante en la lista y no son sino incidentes en el marco de esos procesos penales, en la medida en que tienen o bien naturaleza cautelar, o bien naturaleza procesal.
En la sentencia Klymenko/Consejo (T‑274/18), el Tribunal señala, en particular, que el Consejo no explica cómo la existencia de dichas decisiones permite considerar que se garantizó la protección de los derechos en cuestión, cuando lo cierto es que el proceso penal ucraniano, que era el fundamento de las medidas restrictivas de que se trata en 2014, se encontraba aún en la fase de investigación preliminar. A este respecto, el Tribunal se remite al CEDH (
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) y a la Carta de los Derechos Fundamentales, (
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) de los que resulta que el principio del derecho a la tutela judicial efectiva incluye, en particular, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. El Tribunal indica que el TEDH ya ha señalado que la violación de este principio puede declararse, en particular, cuando la fase de instrucción de un procedimiento penal se caracterizaba por cierto número de fases de inactividad imputables a las autoridades competentes para dicha instrucción. El Tribunal recuerda también que, cuando una persona es objeto de medidas restrictivas desde hace varios años debido a la existencia del mismo proceso penal seguido en el Estado tercero de que se trata, el Consejo está obligado a profundizar en la cuestión de la posible vulneración de los derechos fundamentales de dicha persona por parte de las autoridades. Por lo tanto, el Consejo debería haber indicado, como mínimo, las razones por las que podía considerar que se habían respetado esos derechos en lo que respecta a la cuestión de si la causa del demandante había sido oída en un plazo razonable.
Antes de pronunciarse sobre el fondo, en ese mismo asunto, el Tribunal desestimó la causa de inadmisión que el Consejo había basado en que el demandante, al apoyarse en la sentencia Azarov, había invocado un motivo nuevo. A este respecto, el Tribunal General señala, en primer lugar, que, en la sentencia Azarov, el Tribunal de Justicia, tras anular la sentencia de 7 de julio de 2017, Azarov/Consejo, (
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) consideró que el estado del asunto permitía su resolución y anuló los actos controvertidos, declarando el incumplimiento de la obligación de motivación, que es un motivo de orden público que, como tal, puede ser invocado en cualquier momento. En segundo lugar, el Tribunal General señala que, en cualquier caso, las alegaciones que el demandante basa en la sentencia Azarov presentan un vínculo estrecho con determinados aspectos de la demanda y, por tanto, también son admisibles por este motivo. En tercer lugar, el Tribunal General indica que, al haber anulado el Tribunal de Justicia la jurisprudencia del Tribunal General que existía en el momento en que el demandante había interpuesto su recurso, la sentencia Azarov constituye un elemento de Derecho que puede justificar la presentación de un motivo o una imputación nueva.
(
1
)	En el caso de autos, se solicitaba la anulación, en los asuntos T‑244/16 y T‑285/17, de la Decisión (PESC) 2016/318 del Consejo, de 4 de marzo de 2016 (DO 2016, L 60, p. 76), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016 (DO 2016, L 60, p. 1), de la Decisión (PESC) 2017/381 del Consejo, de 3 de marzo de 2017 (DO 2017, L 58, p. 34), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/374 del Consejo, de 3 de marzo de 2017 (DO 2017, L 58, p. 1), y, en el asunto T‑274/18, de la Decisión (PESC) 2018/333 del Consejo, de 5 de marzo de 2018 (DO 2018, L 63, p. 48), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/326 del Consejo, de 5 de marzo de 2018 (DO 2018, L 63, p. 5).
(
2
)	A saber, las personas, entidades y organismos a los que se aplica el artículo 1 de la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2014, L 66, p. 26), en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2015/143, de 29 de enero de 2015 (DO 2015, L 24, p. 16), y el artículo 2 del Reglamento (UE) n.o 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014 (DO 2014, L 66, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/138 de 29 de enero de 2015 (DO 2015, L 24, p. 1).
(
3
)	Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 2018, Azarov/Consejo (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031).
(
4
)	Artículo 6, apartado 1.
(
5
)	Artículo 47.
(
6
)	Sentencia del Tribunal de 7 de julio de 2017, Azarov/Consejo (T‑215/15, EU:T:2017:479).