62009CC0460_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
I. Introducción
1. Mediante su recurso de casación, Inalca SpA – Industria Alimentari Carni (en lo sucesivo, «Inalca») y Cremonini SpA (en lo sucesivo, «Cremonini») solicitan la anulación del auto del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 4 de septiembre de 2009, Inalca y Cremonini/Comisión (T-174/06; en lo sucesivo, «auto recurrido»), por el que dicho Tribunal desestimó el recurso de aquéllas en el que solicitaban la reparación del perjuicio que supuestamente habían sufrido a raíz de que la Comisión de las Comunidades Europeas comunicara a las autoridades italianas, el 6 de julio de 1998, las conclusiones de una investigación que les afectaban (en lo sucesivo, «escrito de la Comisión de 6 de julio de 1998»). (2)
2. Procede subrayar que las recurrentes, Inalca y Cremonini, sostienen, sin que se oponga la Comisión, que han quedado libres de toda sospecha a raíz de los procedimientos nacionales que se iniciaron como consecuencia de dicho escrito de la Comisión. Por ello, en 2006, la Comisión puso fin al procedimiento de recuperación frente a las recurrentes en relación con los elementos mencionados en el escrito de la Comisión de 6 de julio de 1998.
3. En el presente asunto, el Tribunal de Justicia ha de pronunciarse concretamente sobre el plazo de prescripción aplicable a la acción de responsabilidad extracontractual de la Unión Europea, y en particular sobre los criterios que determinan el inicio del cómputo de dicho plazo en el caso de autos.
II. Hechos y procedimientos nacionales y comunitarios
4. Inalca y Cremonini forman parte de un grupo de sociedades que se dedica a la restauración y a la producción y distribución de productos destinados a la restauración.
5. A raíz de una investigación desarrollada en Jordania en los meses de febrero y marzo de 1998, en el marco del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas, la Comisión, mediante escrito de 6 de julio de 1998, informó a las autoridades italianas de que, sobre un total de 37.978 toneladas de carne de vacuno exportadas fuera de la Comunidad Europea sin ninguna declaración aduanera de comercialización en Jordania, 2.272 toneladas procedían de Italia. En dicho escrito, la Comisión solicitó a las autoridades italianas que investigaran el nombre del exportador para iniciar procedimientos de recuperación de las restituciones por exportación y, si se acreditaba la complicidad, actuaciones penales.
6. Mediante sendos escritos de 15 de enero de 1999, la Administración italiana competente notificó a Inalca y a Cremonini las decisiones de recuperación de las restituciones relativas a las exportaciones controvertidas (en lo sucesivo, «decisiones de recuperación de 15 de enero de 1999»). (3) Las recurrentes interpusieron recursos contencioso-administrativos contra dichas decisiones, que fueron desestimados mediante resoluciones de 7 de marzo de 2000.
7. El 16 de febrero de 1999, las autoridades italianas comunicaron al tribunal italiano competente los resultados de la investigación de la Comisión, dando lugar así al inicio de un proceso penal contra los representantes legales de las recurrentes.
8. El 30 de noviembre de 1999, las recurrentes otorgaron dos contratos de fianza («polizze fideiussorie»)
con el fin de que se suspendiera el procedimiento de recuperación de las cantidades objeto de restitución.
9. La denuncia que dio origen a la instrucción penal fue archivada el 18 de diciembre de 2002. Mediante sentencia civil dictada el 16 de enero de 2004, se declaró que las imputaciones formuladas contra Inalca, en apoyo de la decisión de recuperación de 15 de enero de 1999, carecían de fundamento y que Inalca no adeudaba el importe cuyo reembolso se reclamaba. La sentencia civil de 27 de abril de 2005 llegó a conclusiones análogas en favor de Cremonini.
10. Mediante escritos de 22 y 23 de marzo de 2004, respectivamente, las autoridades italianas acogieron la solicitud de Inalca de revocar la decisión de recuperación de 15 de enero de 1999 que la afectaba y se liberó la fianza constituida por esta sociedad. Asimismo, en los escritos de 22 y 23 de diciembre de 2004, respectivamente, se acogió la solicitud de Cremonini de revocar la decisión de recuperación de 15 de enero de 1999 que la afectaba y se liberó la fianza constituida por esta sociedad.
11. Mediante escrito de 27 de enero de 2005, Inalca solicitó a la Comisión la reparación de los perjuicios que alegaba haber sufrido como consecuencia de la investigación iniciada por la Comisión y de las conclusiones que ésta comunicó a las autoridades italianas. En un escrito de 15 de abril de 2005, la Comisión (4) comunicó a Inalca que no podía atender esa solicitud de reparación, puesto que, a su juicio, el eventual derecho a indemnización había prescrito en todo caso con arreglo al artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia.
12. En virtud de la Decisión nº 2006/678/CE, de 3 de octubre de 2006 (5) (en lo sucesivo, «Decisión de la Comisión de 3 de octubre de 2006»), las irregularidades en las restituciones por exportación de carne de vacuno destinada a Jordania comunicadas a la República Italiana fueron excluidas por la Comisión de la lista de notificaciones previstas en los artículos 3 y 5 del Reglamento (CEE) nº 595/91 del Consejo, de 4 de marzo de 1991, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agraria común, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 283/72 (DO L 67, p. 11).
13. Mediante escrito de 9 de marzo de 2006, las recurrentes solicitaron a la Comisión la indemnización de los perjuicios sufridos, valorados en un total de 2.861.000 euros. La Comisión no dio curso a esta solicitud.
III. Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y auto recurrido
14. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de junio de 2006, las recurrentes interpusieron un recurso ante dicho Tribunal por el que solicitaban que se declarara la responsabilidad extracontractual de la Comunidad y se condenara a la Comisión a indemnizar los perjuicios supuestamente sufridos, valorados en 2.861.000 euros, y a pagar los intereses compensatorios correspondientes y los eventuales intereses de demora.
15. Mediante escrito separado de 18 de septiembre de 2006, la Comisión formuló una excepción de inadmisibilidad con arreglo al artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, alegando que el recurso era inadmisible debido a la prescripción prevista en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia.
16. En lo que respecta a la admisibilidad, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 46 del auto recurrido, que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual de la Comunidad empieza a correr cuando concurren todos los requisitos a los que está supeditada la obligación de indemnización, en particular cuando se concreta el daño objeto de indemnización. En el apartado 47 del auto recurrido, ese Tribunal señaló que en el caso en que la responsabilidad de la Comunidad se debe a un acto normativo, el plazo de prescripción empieza a correr cuando se producen los efectos perjudiciales de tal acto. Especificó que en los litigios que se deriven de actos individuales, como sucede en caso de autos, dicho plazo sólo comienza a contar a partir del momento en que el perjuicio se produce efectivamente. De ello dedujo el referido Tribunal, en el apartado 49 del auto recurrido, que el momento preciso en el que las recurrentes sufren efectivamente los efectos perjudiciales alegados debía determinarse examinando sucesivamente el perjuicio material y el daño moral cuya indemnización solicitaban las recurrentes.
17. En lo que atañe al perjuicio material, el Tribunal de Primera Instancia declaró antes de nada, en el apartado 51 del auto recurrido, que el perjuicio relacionado con la celebración de contratos de fianza con una compañía de seguros se había producido de forma cierta desde el 30 de noviembre de 1999, fecha en que las recurrentes celebraron dichos contratos, desestimando así la alegación de éstas de que los efectos perjudiciales del escrito controvertido sólo se habían producido de forma cierta al adoptarse la Decisión de la Comisión de 3 de octubre de 2006. Sin embargo, ese Tribunal precisó, en los apartados 59 y 64 del auto recurrido, que el perjuicio derivado de los gastos de celebración de los contratos de fianza tenía carácter continuado y que el recurso mediante el que se solicita la indemnización de dicho perjuicio era admisible en lo que respecta a los contratos renovados después del 27 de junio de 2001.
18. En cuanto a los gastos soportados por los servicios de asistencia y asesoramiento jurídico, y los gastos de personal ocasionados por la gestión de los expedientes de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 71 y 73 del auto recurrido, que los perjuicios causados por esos gastos habían tenido carácter instantáneo y que, por consiguiente, el recurso de indemnización de dichos perjuicios había prescrito.
19. Por último, en lo tocante a la pretensión de indemnización del daño supuestamente sufrido por lucro cesante como consecuencia de la reducción de los recursos financieros disponibles a raíz del pago de las primas de los contratos de fianza y de los gastos de asistencia y asesoramiento jurídico, así como de los gastos de personal, el Tribunal de Primera Instancia estimó, en el apartado 74 del auto recurrido, que la pretensión de las recurrentes no tenía la precisión necesaria y debía declararse inadmisible.
20. Por lo que se refiere al daño moral, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 77 del auto recurrido, que el recurso había prescrito a ese respecto, puesto que el daño alegado se había producido con ocasión del inicio de los procedimientos, en 1999 y 2000, es decir, más de cinco años antes de interponerse el recurso. En el apartado 78 del auto recurrido, rechazó el argumento de las recurrentes según el cual ese perjuicio tuvo carácter continuado hasta que se dictó la sentencia de 27 de abril de 2005, y añadió, en el apartado 79 del auto recurrido, que en todo caso las recurrentes se limitaron a alegar un perjuicio a su reputación comercial sin aportar la menor indicación al respecto. El citado Tribunal dedujo de ello, en el apartado 81 del auto recurrido, que el recurso sólo era admisible respecto a la indemnización del perjuicio resultante del pago de las primas por la celebración de los contratos de fianza desde el 27 de junio de 2001.
21. En cuanto al fondo, después de recordar la reiterada jurisprudencia según la cual la generación de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, con arreglo al artículo 288 CE, párrafo segundo, está supeditada a que concurran una serie de requisitos, a saber, la ilegalidad del comportamiento reprochado a la institución, la realidad del perjuicio y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado, el Tribunal de Primera Instancia precisó en el apartado 85 del auto recurrido que, al no cumplirse uno de los tres requisitos para que se genere la responsabilidad de la Comunidad, debían desestimarse las pretensiones de indemnización, sin que fuera necesario examinar si concurrían los otros dos requisitos.
22. En el apartado 90 del auto recurrido, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, sin que fuera necesario pronunciarse sobre la cuestión de la imputabilidad a la Comunidad del perjuicio causado por las decisiones de recuperación de 15 de enero de 1999, el daño resultante de la celebración de los contratos de fianza no había sido ocasionado directamente por el escrito de la Comisión de 6 de julio de 1998.
23. Habida cuenta de lo que precede, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 94 del auto recurrido, que el recurso de indemnización interpuesto por las recurrentes, aunque era admisible, debía desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
IV. Recurso de casación y adhesión a la casación
24. Mediante su recurso de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que anule el auto recurrido y devuelva el asunto al Tribunal General, y que condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento y del procedimiento relativo al asunto T-174/06. Las recurrentes formulan siete motivos en apoyo de su recurso de casación.
25. En su escrito de contestación, la Comisión responde a estos siete motivos de casación.
26. Además, la Comisión se adhiere a la casación basándose en un error de Derecho y solicita al Tribunal de Justicia que anule el auto recurrido, en la medida en que declara admisible parcialmente el recurso en primera instancia, y que ponga fin al litigio declarando la inadmisibilidad de dicho recurso en su totalidad y, en todo caso, que condene a las recurrentes a cargar con las costas de las dos instancias.
V. Análisis
27. Habida cuenta de su carácter determinante, procede examinar en primer lugar la adhesión a la casación formulada por la Comisión.
A. Sobre la adhesión a la casación de la Comisión
1. Alegaciones de la Comisión
28. Mediante su adhesión a la casación, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que clarifique su jurisprudencia sobre la fecha a partir de la cual comienza a correr el plazo de prescripción con respecto a las acciones de daños y perjuicios en los asuntos en los que la responsabilidad no se deriva de un acto normativo.
29. Con carácter principal, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al declarar, en los apartados 46 y 47 del auto recurrido, que la fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de prescripción en el caso de autos es aquella en que se producen los efectos perjudiciales del acto. Recuerda que se ha establecido un régimen especial para el caso de que la responsabilidad de la Unión se derive de un acto normativo. Dicha institución aduce que este sistema se explica por las características específicas del perjuicio derivado de un acto normativo que produce sus efe ctos frente a los particulares únicamente con posterioridad, pero no se aplica en otros supuestos en los que la responsabilidad dimana de actos o hechos materiales.
30. Con carácter subsidiario, la Comisión sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al declarar, en el apartado 47 del auto recurrido, que la demanda de indemnización de que conocía se refería a un litigio derivado de actos individuales en el sentido de la sentencia Holcim (Deutschland)/Comisión, (6) cuando en realidad no se trataba de un acto individual que produjera efectos obligatorios frente a su destinatario.
31. Con carácter subsidiario de segundo grado, la Comisión estima que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al modificar arbitrariamente los criterios adoptados en la sentencia Holcim (Deutschland)/Comisión, antes citada. Dicha institución considera que, en el caso de autos, el plazo de prescripción empieza a contar a partir de la fecha del hecho perjudicial, a saber, a partir del 6 de julio de 1998, fecha del escrito de la Comisión, o bien, a más tardar, a partir de la fecha en que las recurrentes tuvieron conocimiento de dicho escrito, en concreto a través de las decisiones de recuperación de 15 de enero de 1999. (7)
32. Además, cuando los perjuicios invocados presentan carácter continuado, la Comisión señala que, en la práctica, la acción de responsabilidad podría quedar abierta, a efectos de una indemnización incluso parcial, durante un período muy prolongado, hasta que terminara el quinto año a partir del momento en que la recurrente hubiera denunciado las últimas consecuencias perjudiciales del acto reprochado. Según dicha institución, el plazo de prescripción no tiene ya la función de obstaculizar el ejercicio de la acción, sino solamente de limitar la cuantía del perjuicio indemnizable a los daños sufridos durante los cinco años que precedieron a la interposición del recurso.
33. Las recurrentes consideran que procede desestimar la adhesión a la casación de la Comisión.
2. Análisis
34. En el marco de la adhesión a la casación, el Tribunal de Justicia tiene que verificar si el Tribunal de Primera Instancia declaró fundadamente que el plazo de prescripción empezaba a contar desde el momento señalado en el auto recurrido.
35. En lo que respecta al momento de inicio del cómputo del plazo de prescripción, procede recordar que, conforme al artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, «las acciones contra la Unión en materia de responsabilidad extracontractual prescribirán a los cinco años de producido el hecho que las motivó».
36. El inicio del plazo de prescripción de cinco años ha sido especificado en la jurisprudencia con respecto a los distintos supuestos. Por lo tanto, en aquellos casos en que la responsabilidad de la Unión traiga causa de un acto normativo, el plazo de prescripción no puede empezar a correr antes de que se hayan producido los efectos perjudiciales de dicho acto y, por tanto, antes del momento en que los interesados hayan sufrido un perjuicio cierto. (8) En el caso de contenciosos nacidos de actos individuales, el plazo de prescripción empieza a correr cuando la decisión haya producido sus efectos con respecto a las personas a las que se refiere. (9) En los demás casos, el plazo de prescripción no se puede comenzar a computar antes de que concurran todos los requisitos de los que depende la obligación de reparación y, en particular, antes de que se concrete el daño que debe repararse. (10)
37. Han de realizarse dos observaciones relativas, por una parte, a las modalidades de cómputo del plazo de prescripción y, por otra, al momento exacto de inicio del cómputo.
38. En cuanto a las modalidades de cómputo del plazo de prescripción, procede comenzar por señalar que el Tribunal de Primera Instancia, en el auto recurrido, parte de la idea de que la fecha decisiva para analizar si la pretensión de indemnización de daños y perjuicios ha prescrito o no se determina en función de la fecha de interposición del recurso ante dicho Tribunal. Según este planteamiento, la fecha que ha de tenerse en cuenta es aquella anterior en cinco años a la fecha de interposición del recurso. Dado que el recurso fue interpuesto el 27 de junio de 2006, el Tribunal de Primera Instancia consideró el 27 de junio de 2001 como momento de inicio del cómputo del plazo de prescripción.
39. Pues bien, tal planteamiento basado en una «cronología invertida» no carece de riesgos en el caso de autos. Procede recordar que el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia se refiere, por el contrario, al orden cronológico normal, definiendo el momento de inicio del cómputo del plazo de prescripción en función de la fecha en que se produjo el hecho que ocasionó el daño. (11)
40. Por lo tanto, es preciso identificar el acto o acontecimiento imputable a una institución de la Unión que pueda desencadenar el inicio del cómputo del plazo de prescripción. A este respecto, procede observar lo siguiente.
41. La Comisión considera que en el presente asunto el plazo de prescripción empieza a correr a partir de la fecha del hecho dañoso, es decir, a partir del escrito de la Comisión de 6 de julio de 1998, o, en cualquier caso, a partir de la fecha en que las recurrentes tuvieron conocimiento de dicho escrito, es decir, la fecha de las decisiones de recuperación de 15 de enero de 1999.
42. Según la exposición de hechos probados realizada por el Tribunal de Primera Instancia, la fecha del escrito de la Comisión de 6 de julio de 1998 parece ser la primera fecha en que la Comisión interviene en el presente asunto.
43. El efecto dañoso, suponiendo que esté acreditado, puede efectivamente vincularse al escrito de la Comisión de 6 de julio de 1998. Pues bien, no se trata de un acto normativo ni de un acto individual, ni tampoco de un acto impugnable. El Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de analizar este tipo de documentos en el asunto Nutral/Comisión. (12) Este Tribunal declaró efectivamente que se trata de una forma especial de cooperación entre la Comisión y un Estado miembro. Puede ser considerada como una recomendación de la Comisión al Estado miembro, que se traduce en obligaciones concretas de los operadores económicos afectados, individualizados mediante la adopción de una decisión nacional.
44. Así pues, si bien el escrito de la Comisión de 6 de julio de 1998 fue ciertamente el origen de los daños invocados por las recurrentes, no es menos cierto que, a la vista de la naturaleza y del carácter incompleto de ese documento, no podía, por sí solo, desencadenar el inicio del cómputo del plazo de prescripción en el presente asunto. Dicho escrito tuvo necesariamente que ser concretado e individualizado mediante otras medidas, a saber, en el caso de autos, las decisiones de recuperación de 15 de enero de 1999. Estas decisiones concretaron el perjuicio eventual al establecer la obligación de restitución y al individualizar a las recurrentes. A partir de la recepción de dichas decisiones, las recurrentes estaban plenamente informadas de la situación y de las consecuencias económicas que podían derivarse de ella. El efecto dañoso del escrito de la Comisión de 6 de julio de 1998 se manifestó únicamente por el cambio de la situación jurídica de las recurrentes conforme al Derecho nacional a raíz de la recepción de las decisiones de recuperación de 15 de enero de 1999. Así, en el presente asunto, debe considerarse la fecha de recepción de las decisiones de recuperación de 15 de enero de 1999 como el momento de inicio del cómputo del plazo de prescripción a efectos de la exigencia de responsabilidad a la Unión.
45. Dicho esto, el plazo de prescripción, que empezó a correr en enero de 1999, finalizó cinco años más tarde, es decir, en enero de 2004. La finalidad de este plazo es fijar por anticipado un período durante el cual pueda exigirse la responsabilidad de la Unión. Toda persona que hubiera pretendido exigir la responsabilidad de la Unión por el escrito de la Comisión de 6 de julio de 1998, que fue seguido por las decisiones de recuperación de 15 de enero de 1999 adoptadas por las autoridades italianas, debía haber actuado durante el período de los cinco años siguientes a la recepción de dichas decisiones. La única forma eficaz de interrumpir ese plazo era interponer un recurso. En efecto, el artículo 340 TFUE no impide acudir al Tribunal de Justicia para que éste declare en principio la responsabilidad de la Unión por perjuicios inminentes y previsibles con una certeza suficiente, aunque el perjuicio no pueda ser aún valorado con exactitud. (13)
46. En consecuencia, el inicio del cómputo del plazo de prescripción debe fijarse, en el presente asunto, en la fecha en que las recurrentes tuvieron conocimiento de las respectivas decisiones de recuperación de 15 de enero de 1999.
47. Pues bien, como ya he indicado, el plazo de prescripción de cinco años, que empezó a correr en enero de 1999 a raíz de la recepción de las decisiones de recuperación de 15 de enero de 1999, terminó en enero de 2004. Por consiguiente, el recurso, interpuesto el 27 de junio de 2006 ante el Tribunal de Primera Instancia, debe considerarse extemporáneo.
48. Por lo tanto, procede acoger la adhesión a la casación de la Comisión –desestimándola en todo lo demás– por cuanto el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al considerar, en los apartados 46 y 47 del auto recurrido, que en el caso de autos el plazo de prescripción comenzó a correr únicamente cuando el perjuicio derivado del escrito de la Comisión de 6 de julio de 1998 se produjo efectivamente y por cuanto dicho Tribunal calificó las renovaciones anuales de los contratos de fianza como hechos dañosos distintos, susceptibles de prolongar el plazo de prescripción.
49. De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia cometió asimismo un error de Derecho, en el apartado 75 del auto recurrido, al declarar la admisibilidad parcial del recurso.
50. Habida cuenta de todo lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que:
– en lo que respecta a la adhesión a la casación, anule el auto recurrido en la medida en que declara parcialmente admisible el recurso en primera instancia;
– desestime el recurso en primera instancia por ser inadmisible en su totalidad.
B. Sobre los seis primeros motivos del recurso de casación principal
51. Mediante su recurso de casación, las recurrentes invocan motivos basados respectivamente en una motivación contradictoria, en una vulneración de la jurisprudencia comunitaria, en una infracción del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en una desnaturalización de las alegaciones formuladas y en un error de Derecho.
52. En la medida en que propongo al Tribunal de Justicia acoger la adhesión a la casación de la Comisión y desestimar el recurso al ser inadmisible en su totalidad por extemporáneo, ya no es necesario examinar en la sentencia los seis primeros motivos del recurso de casación principal.
53. Por tanto, en las presentes conclusiones los examinaré sólo con carácter subsidiario y en aras de la exhaustividad. Además, dado que los motivos de casación segundo, tercero y cuarto se refieren al perjuicio relacionado con el lucro cesante y al daño moral, procede tratarlos conjuntamente.
1. Sobre el primer motivo de casación
54. El primer motivo del recurso de casación principal de las recurrentes se basa en el carácter contradictorio de la motivación y en la vulneración de la jurisprudencia comunitaria en lo que respecta a la distinción entre el criterio procesal relativo al inicio del plazo de prescripción y la verificación de la existencia de los requisitos de la responsabilidad.
55. Según las recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia erró al no tener en cuenta, en el apartado 55 del auto recurrido, la Decisión de la Comisión de 3 de octubre de 2006. Las recurrentes aducen que, hasta el momento de la adopción de esta Decisión, se encontraban en una situación de inseguridad jurídica respecto de la existencia y la cuantía del perjuicio sufrido, que no se materializó definitivamente hasta 2006. Las recurrentes alegan que dicho Tribunal se basó también erróneamente, en el apartado 55 del auto recurrido, en una confusión entre el criterio procesal relativo al inicio del plazo de prescripción y la constatación de la existencia de los requisitos de la responsabilidad.
56. Según las recurrentes, el Tribunal de Primera Instancia debería haber considerado la fecha de 3 de octubre de 2006, fecha en que la Comisión adoptó la decisión que daba término al procedimiento.
57. Las recurrentes sostienen, por tanto, que el plazo de prescripción empezó a correr mucho después de la manifestación de los daños.
58. Pues bien, esta tesis debe rechazarse por varias razones.
59. De entrada, de los escritos de las propias recurrentes se desprende que éstas sufrieron los daños mucho antes de la Decisión de la Comisión de 3 de octubre de 2006. Las recurrentes mencionan, a modo de ejemplo, la celebración de los contratos de fianza, que tuvo lugar en 1999 y que supuso el pago de primas en las fechas indicadas en tales contratos. A este respecto, no cabe afirmar válidamente que, pese a la existencia de un daño, aun suponiéndola probada, el plazo de prescripción sólo comienza a correr siete años más tarde, en 2006. Por lo tanto, la fecha pertinente no puede ser la propuesta por las recurrentes.
60. Además, el plazo de prescripción no se computa a partir del momento en que el acto que ocasionó el perjuicio es suprimido del ordenamiento jurídico. Así lo recordó el Tribunal de Justicia en la sentencia Holcim (Deutschland)/Comisión (14) con respecto a una decisión anulada por el juez de la Unión, observando que, para que se inicie el plazo de prescripción, resulta indiferente que el comportamiento ilegal de la Unión haya sido declarado por una resolución judicial.
2. Sobre el segundo motivo de casación
61.
Las recurrentes sostienen, en cuanto a la prescripción de las pretensiones relativas a los gastos de asistencia y asesoramiento jurídico y a los gastos de personal que soportaron, que la motivación del auto recurrido es manifiestamente contradictoria y que el Tribunal de Primera Instancia vulneró una reiterada jurisprudencia.
62. No procede acoger este motivo. En el apartado 71 del auto recurrido, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que el perjuicio derivado de los gastos de asistencia y asesoramiento jurídico así como de los gastos de personal soportados por las recurrentes presentaba un carácter instantáneo, deduciendo de ello la extemporaneidad del recurso al respecto. Las recurrentes confunden el plazo aplicable a la interposición del recurso y el acaecimiento del daño. Si el Tribunal de Justicia sigue mi tesis relativa al inicio del cómputo del plazo de prescripción, el recurso de indemnización debería haber sido interpuesto, a más tardar, en enero de 2004, también en lo que respecta a los mencionados perjuicios, lo que no fue el caso. (15)
3. Sobre los motivos de casación tercero, cuarto y quinto
63. Los motivos de casación tercero, cuarto y quinto se refieren a los perjuicios supuestamente sufridos por lucro cesante y por daño moral.
64. Mediante su tercer motivo de casación, las recurrentes arguyen que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó las alegaciones y vulneró el artículo 44, apartado 1, letra c), de su Reglamento de Procedimiento al declarar inadmisible la pretensión de indemnización de los perjuicios que sufrieron por lucro cesante.
65. Además, según el cuarto motivo de casación, el Tribunal de Primera Instancia vulneró la jurisprudencia y efectuó una motivación manifiestamente ilógica acerca de la prescripción de la pretensión de indemnización del daño moral.
66. Por último, mediante el quinto motivo de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal de Primera Instancia vulneró el artículo 44, apartado 1, letra c), de su Reglamento de Procedimiento y la jurisprudencia en materia de daño moral, y que la motivación de dicho Tribunal es manifiestamente ilógica, por considerar que la pretensión de indemnización del daño moral era en todo caso inadmisible.
67. Ha de señalarse de inmediato que, en lo tocante a la admisibilidad de las pretensiones de indemnización de los perjuicios alegados por lucro cesante y por daño moral, tampoco cabe acoger las alegaciones de las recurrentes. El Tribunal de Primera Instancia desestimó tales pretensiones en los apartados 74 y 80 del auto recurrido basándose en su carácter abstracto. Por su falta de precisión, no se atienen al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Pues bien, según la jurisprudencia, es necesario aportar pruebas suficientes en apoyo de las pretensiones relativas a la indemnización de los perjuicios por lucro cesante y por daño moral. En efecto, también para este tipo de perjuicios incumbe a las recurrentes aportar la prueba tanto de la existencia del perjuicio como de los datos en los que se basa la valoración. (16)
68. Por otra parte, en cuanto al carácter supuestamente continuado del daño moral invocado, el Tribunal de Primera Instancia lo descartó acertadamente en los apartados 77 y 78 del auto recurrido.
4. Sobre el sexto motivo de casación
69. Mediante el sexto motivo de casación, las recurrentes aducen que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho con respecto al requisito de causalidad al considerar que no existía una relación de causalidad entre el comportamiento reprochado a la Comisión y el perjuicio alegado en lo atinente a la pretensión de indemnización del perjuicio derivado del pago de las primas relacionadas con la celebración de los contratos de fianza, en la medida en que dicha pretensión fue declarada admisible.
70. La Comisión, por su parte, estima que, en todo caso, este motivo de casación carece manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
71. A este respecto, procede observar que este motivo de casación se refiere a la única parte del recurso que fue declarada admisible por el Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, si el Tribunal de Justicia sigue mi tesis sobre el inicio del cómputo del plazo de prescripción, el auto recurrido deberá ser anulado en todo caso en este punto también sobre la base de la adhesión a la casación de la Comisión.
72. A todos los efectos útiles, he de señalar que, sobre la relación de causalidad, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente en el apartado 92 del auto recurrido, por analogía con la sentencia Holcim (Deutschland)/Comisión, antes citada, que la decisión de celebrar un contrato de fianza quedaba a la libre apreciación de las recurrentes y no obligaba a ello la adopción de las decisiones de recuperación de 15 de enero de 1999. En efecto, si las recurrentes hubieran optado por el reembolso inmediato de las subvenciones por exportación habrían evitado pagar los gastos derivados de la celebración de dichos contratos de fianza. Y, como señaló la Comisión en la vista, en ese supuesto las cantidades correspondientes habrían sido devueltas a las recurrentes con intereses. Por lo tanto, el sexto motivo de casación carece manifiestamente de todo fundamento, por lo que propongo desestimarlo también.
73. Así pues, ninguno de los seis motivos de casación mencionados en el punto 51 de las presentes conclusiones es fundado. Por consiguiente, procede desestimarlos en todo caso por infundados.
C. Sobre el séptimo motivo de casación
74. Mediante el último motivo de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que anule el auto recurrido por vulnerar el principio de duración razonable del procedimiento.
75. Con carácter principal, las recurrentes alegan que, habida cuenta de los antecedentes fácticos y procesales del caso de autos, no procede aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, en caso de duración excesiva del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, supedita la posibilidad de obtener la anulación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia al requisito de que se demuestre que la duración excesiva del procedimiento ha tenido incidencia en la solución del litigio, sin perjuicio de la posibilidad de obtener la indemnización de los perjuicios causados por la excesiva duración del procedimiento con arreglo a los artículos 235 CE y 288 CE.
76. Con carácter subsidiario, las recurrentes afirman que la duración excesiva del procedimiento ha tenido, en todo caso, incidencia en el resultado final del asunto.
77. La Comisión se opone a tales alegaciones invocando su inadmisibilidad.
78. Es preciso señalar que el motivo basado en que se ha sobrepasado la duración razonable del procedimiento, en lo que se refiere al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, no fue formulado ante dicho Tribunal. (17) En efecto, las recurrentes ni siquiera tuvieron la oportunidad de formularlo ante el Tribunal de Primera Instancia, puesto que éste se pronunció mediante auto sin celebrar vista.
79. Procede recordar que, si bien es cierto que la inobservancia, por parte del Tribunal General, de una duración razonable del procedimiento puede dar lugar, suponiendo que esté probada, a una petición de indemnización mediante un recurso interpuesto contra la Unión en virtud del artículo 268 TFUE, en relación con el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, no lo es menos que el artículo 113, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia dispone que las pretensiones del recurso de casación deben tener por objeto la anulación total o parcial de la resolución del Tribunal General y, en su caso, la estimación total o parcial de las pretensiones aducidas en primera instancia. (18) Pero no sucede así en el presente asunto.
80. No obstante, si el hecho de no haber respetado la duración razonable del procedimiento ha tenido incidencia en la solución del litigio ante el Tribunal General, ello puede invocarse en apoyo de un motivo de anulación en el marco del recurso de casación. Pues bien, en el presente asunto, a falta de cualquier indicio de que la duración del procedimiento haya tenido alguna incidencia en la solución del litigio, el motivo basado en que el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia no respetó el plazo razonable no puede dar lugar a la anulación del auto dictado por dicho Tribunal, por lo que procede declarar su inadmisibilidad. (19)
81. En estas circunstancias, debe declararse la inadmisibilidad de la pretensión de anulación que las recurrentes han formulado en el séptimo motivo del presente recurso de casación.
VI. Conclusión
82. En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que acuerde cuanto sigue:
1) Anular el auto del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 4 de septiembre de 2009, Inalca y Cremonini/Comisión (T-174/06), en la medida en que, en su apartado 75, declara la admisibilidad del recurso en lo que respecta a las pretensiones de indemnización del perjuicio material derivado de las pérdidas ocasionadas por el pago de las primas relacionadas con la celebración de los contratos de fianza, adeudadas a partir del 27 de junio de 2001.
2) Desestimar el recurso de casación principal y desestimar la adhesión a la casación en todo lo demás.
3) Declarar inadmisible en su totalidad el recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas por Inalca SpA – Industria Alimentari Carni y Cremonini SpA en el asunto T-174/06.
4) Condenar a Inalca SpA – Industria Alimentari Carni y a Cremonini SpA a soportar, además de sus propias costas, las costas de la Comisión Europea, tanto en primera instancia como en el presente recurso de casación.
(1) .
(2)  –	Dicha investigación fue realizada por la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF) de la Comisión con objeto de comprobar la legitimidad de algunas restituciones a la exportación de carne de vacuno destinada a Jordania.
(3) – Dichas decisiones citan el artículo 8 del Reglamento (CEE) nº 729/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 94, p. 13; EE 03/03, p. 220), el cual dispone en su apartado 1 que «los Estados miembros, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, adoptarán las medidas necesarias para [...] asegurarse de la realidad y de la regularidad de las operaciones financiadas por el Fondo, [...] prevenir y perseguir las irregularidades [y] recuperar las sumas perdidas como consecuencia de irregularidades o de negligencias». Según el párrafo segundo de ese apartado, los Estados miembros informaran a la Comisión acerca de las medidas adoptadas con tal fin, y en particular del estado de los procedimientos administrativos y judiciales.
(4) – Dicho escrito fue enviado por el Director General de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), sucesora legal de la UCLAF.
(5) – Decisión de la Comisión relativa a las consecuencias financieras que, en el contexto de la liquidación de cuentas de los gastos financiados por la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), deben aplicarse como consecuencia de algunas irregularidades cometidas por agentes económicos (DO L 278, p. 24). Véase p. 31 de esta Decisión.
(6) – Sentencia de 19 de abril de 2007 (C-282/05 P, Rec. p. I-2941), apartado 29.
(7) – En el apartado 16 del escrito de contestación y de adhesión a la casación, la Comisión se refiere al 15 de julio de 1999. Sin embargo, me parece que se trata de un error tipográfico evidente y que hay que entender «15 de enero de 1999», como se indica en otros apartados de ese documento.
(8) – Véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 1984, Birra Wührer y otros/Consejo y Comisión (256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 y 282/82, Rec. p. 3693), apartado 15, y de 17 de julio de 2008, Comisión/Cantina sociale di Dolianova y otros (C-51/05 P, Rec. p. I-5341), apartado 54.
(9)  –	Véase, en este sentido, la sentencia Holcim (Deutschland)/Comisión, antes citada, apartado 30.
(10)  –	Véanse los autos del Tribunal de Primera Instancia de 4 de agosto de 1999, Fratelli Murri/Comisión (T-106/98, Rec. p. II-2553), apartado 25, y de 14 de septiembre de 2005, Ehcon/Comisión (T-140/04, Rec. p. II-3287), apartado 53, así como la sentencia del Tribunal General de 28 de septiembre de 2010, C-Content/Comisión (T-247/08), apartado 53. En cambio, la pérdida diaria de los intereses calculados a partir del valor del daño no interrumpe dicho plazo. En efecto, en la medida en que se calculan a partir del valor del daño en la fecha en que este último se concretó, los intereses tienen únicamente por objeto conseguir una indemnización actualizada del daño sufrido y no se pueden confundir con el hecho que motiva la acción, en el sentido del artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia, que constituye el momento a partir del cual comienza a correr el plazo de prescripción (véase el apartado 28 del auto Fratelli Murri/Comisión, antes citado).
(11)  –	Hay que distinguir esta situación de la que fue objeto de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de enero de 2002, Biret International/Consejo (T-174/00, Rec. p. II-17), apartado 41. En efecto, en esta última los efectos dañosos, supuestamente causados a la demandante, se debían a la adopción y mantenimiento en vigor del embargo de importación acordado por la Comunidad. En ese caso, el Tribunal de Primera Instancia precisó que, cuando el daño no se ha causado de manera instantánea, sino que ha continuado día a día durante cierto período por el hecho de mantener en vigor un acto ilegal, la prescripción prevista en el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia se aplica, en función de la fecha del acto que la interrumpió, al período anterior en más de cinco años a la referida fecha y no afecta a los derechos nacidos durante los períodos posteriores. Ahora bien, no sucede así en el presente asunto.
(12) – Sentencia de 23 de noviembre de 1995 (C-476/93 P, Rec. p. I-4125), apartado 30.
(13) – Véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de junio de 1976, Kampffmeyer y otros/CEE (56/74 a 60/74, Rec. p. 711), apartado 6, y de 14 de enero de 1987, Zuckerfabrik Bedburg y otros/Consejo y Comisión (281/84, Rec. p. 49), apartado 14, así como el auto del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 2005, Arizona Chemical y otros/Comisión (T-369/03, Rec. p. II-5839), apartado 106.
(14)  –	Antes citada, apartado 31.
(15)  –	Aun suponiendo que esa pretensión hubiera sido admisible, me cuesta admitir la posibilidad de exigir a la Comisión que asuma los gastos jurídicos correspondientes a los procedimientos nacionales, ya que es en el marco del procedimiento nacional donde debe resolverse quién ha de hacerse cargo de esos gastos (véase, a este respecto, la sentencia de 16 de julio de 2009, SELEX Sistemi Integrati/Comisión, C-481/07 P, apartados 20 a 26).
(16)  –	Véase la sentencia SELEX Sistemi Integrati/Comisión, antes citada, apartado 37. No obstante, es cierto que en determinados asuntos relativos al personal de las instituciones de la Unión, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea han acogido tales pretensiones aun sin precisar detalladamente en todos los casos los criterios utilizados para efectuar el cálculo.
(17)  –	Véase, a este respecto, la sentencia de 16 de julio de 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Comisión (C-385/07 P, Rec. p. I-6155), apartado 195.
(18) – Sentencia de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo y Comisión (C-120/06 P y C-121/06 P, Rec. p. I-6513), apartado 205.
(19)  –	Sentencia FIAMM y otros/Consejo y Comisión, antes citada, apartados 203 y 211.