Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 23 de abril de 2026 (*)
« Recurso de casación — Ayuda de Estado — Artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b) — Mercado alemán del transporte aéreo — Ayuda otorgada por la República Federal de Alemania en favor de una compañía aérea en el contexto de la pandemia de COVID‑19 — Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal — Recapitalización de Deutsche Lufthansa AG — Decisión de la Comisión Europea de no formular objeciones — Ayuda destinada
a poner remedio a una grave perturbación en la economía »
En el asunto C‑457/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 20 de julio de 2023,
Deutsche Lufthansa AG, con domicilio social en Colonia (Alemania), representada inicialmente por los Sres. J. Burger, H.‑J. Niemeyer, C. Sielmann y C. Wilken, Rechtsanwälte, posteriormente por los Sres. P. Heuser, H.‑J. Niemeyer, C. Sielmann y M. Wilken, Rechtsanwälte,
parte recurrente,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Ryanair DAC, con domicilio social en Swords (Irlanda), representada inicialmente por los Sres. F.‑C. Laprévote y E. Vahida, avocats, y por
los Sres. D. Pérez de Lamo y S. Rating, abogados, posteriormente por los Sres. F.‑C. Laprévote y E. Vahida, avocats, y por el Sr. S. Rating, abogado,
Condor Flugdienst GmbH, con domicilio social en Neu-Isenburg (Alemania), representada inicialmente por los Sres. A. Israel y J. Lang, Rechtsanwälte, por la Sra. G. J. Dietrich, Barrister, y por la Sra. E. Wright, avocate, posteriormente por los Sres. A. Israel y J. Lang, Rechtsanwälte, y por la Sra. G. J. Dietrich, Barrister, posteriormente por los Sres. A. Israel y J. Lang, Rechtsanwälte, y por la Sra. T. Peevska, avocate, y, por último, por los Sres. A. Israel y J. Lang, Rechtsanwälte, y por la Sra. M. Álvarez-Requejo Heredero, abogada,
partes demandantes en primera instancia,
Comisión Europea, representada por los Sres. L. Flynn y J. Carpi Badía y por la Sra. F. Tomat, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
República Federal de Alemania, representada inicialmente por los Sres. J. Möller y P.‑L. Krüger, posteriormente por el Sr. J. Möller, en calidad de agentes,
República Francesa,
partes coadyuvantes en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei y los Sres. S. Rodin (Ponente), N. Piçarra y N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Biondi;
Secretario: Sr. Longar, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de mayo de 2025;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de octubre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso de casación, Deutsche Lufthansa AG (en lo sucesivo, «DLH») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 10 de mayo de 2023, Ryanair y Condor Flugdienst/Comisión (Lufthansa; COVID‑19) (T‑34/21 y T‑87/21; en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:248), mediante la que dicho Tribunal anuló la Decisión C(2020) 4372 final de la Comisión, de 25 de junio de 2020, relativa a la ayuda estatal SA 57153 (2020/N) — Alemania — COVID‑19 — Ayuda en favor de Lufthansa, en su versión rectificada por la
Decisión C(2021) 9606 final de la Comisión, de 14 de diciembre de 2021 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
Marco jurídico
Reglamento (CEE) n.º 95/93
2        El artículo 2 del Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO 1993, L 14, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 793/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004 (DO 2004, L 138, p. 50), dispone lo siguiente:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a)      “franja horaria”: el permiso dado por un coordinador de conformidad con el presente Reglamento para utilizar toda la infraestructura aeroportuaria necesaria con fines de aterrizaje y despegue en una fecha y hora determinadas asignadas por un coordinador de conformidad con el presente Reglamento, para la prestación de un servicio aéreo en un aeropuerto coordinado;
[…]».
Marco Temporal
3        La Comunicación de la Comisión Europea sobre el marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID‑19 (2020/C-91 1/01, DO 2020, C 91 I, p. 1) se publicó el 20 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Unión Europea antes de ser modificada en siete ocasiones. Los puntos
44, 49, 51, 54, 59, 60 a 63, 67 a 70 y 72 de esta Comunicación, en su versión modificada por la Comunicación de la Comisión, de 8 de mayo de 2020 (2020/C‑164/03, DO 2020, C 164, p. 3) (en lo sucesivo, «Marco temporal»), establecían lo siguiente:
«3.11.      Medidas de recapitalización
44.      El presente Marco Temporal expone los criterios con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en virtud de los cuales los Estados miembros pueden aportar apoyo público en forma de instrumentos de capital y/o de instrumentos híbridos de capital a las empresas que atraviesan dificultades financieras debido a la pandemia de COVID‑19
[…] Su objetivo es garantizar que la perturbación de la economía no tenga como resultado la salida innecesaria del mercado de empresas que eran viables antes del brote de COVID‑19. Por tanto, las recapitalizaciones no deben superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario, ni exceder del restablecimiento de la estructura de capital del beneficiario a la situación anterior al brote de COVID‑19. Las grandes empresas deben informar de cómo apoya sus actividades la ayuda recibida, en consonancia con los objetivos de la UE y las obligaciones nacionales vinculadas a la transformación ecológica y digital, incluido el objetivo de la UE de neutralidad climática para 2050.
[…]
3.11.2.      Condiciones de subvencionabilidad y entrada
49.      Las medidas de recapitalización en el contexto de la COVID‑19 deben cumplir las siguientes condiciones:
a)      sin la intervención estatal, el beneficiario cesaría en su actividad o tendría graves dificultades para mantenerse en funcionamiento. Estas dificultades podrán demostrarse por el deterioro, en particular, del coeficiente deuda/capital del beneficiario o por indicadores similares;
[…]
c)      el beneficiario no puede conseguir financiación en los mercados en condiciones asequibles y las medidas horizontales existentes en el Estado miembro en cuestión para cubrir las necesidades de liquidez son insuficientes para garantizar su viabilidad, […]
[…]
51.      Los requisitos de la presente sección y de las secciones 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 y 3.11.7 se aplican tanto a los regímenes de medidas de recapitalización en el contexto de la COVID‑19 como a las medidas de ayuda individual. Al aprobar un régimen, la Comisión solicitará una notificación separada de las ayudas individuales que superen el umbral de 250 millones
[de euros]. En relación con estas notificaciones, la Comisión evaluará si la financiación en el mercado o las medidas horizontales existentes para cubrir las necesidades de liquidez son insuficientes para garantizar la viabilidad del beneficiario; que los instrumentos de recapitalización elegidos y las condiciones a las que están supeditados son adecuados para resolver las graves dificultades del beneficiario; que la ayuda es proporcionada; y que se cumplen las condiciones establecidas en la presente sección y en las secciones 3.11.4, 3.11.5, 3.11.6 y 3.11.7.
[…]
3.11.4.      Importe de la recapitalización
54.      A fin de garantizar la proporcionalidad de la ayuda, el importe de la recapitalización en el contexto de la COVID‑19 no puede superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario, y no debe ir más allá del restablecimiento de la estructura de capital del beneficiario previa a la pandemia de COVID‑19, es decir, de la situación a 31 de diciembre de 2019. Al evaluar la proporcionalidad de la ayuda, se tendrá en cuenta la ayuda estatal recibida o prevista en el contexto de la pandemia COVID‑19.
[…]
3.11.5.      Remuneración y salida del Estado
Principios generales
[…]
59.      Como alternativa a las metodologías de remuneración que figuran a continuación, los Estados miembros pueden notificar regímenes o medidas individuales en los que el método de remuneración se adapte en función de las características y la prelación del instrumento de capital, siempre y cuando estos conduzcan, en términos globales, a un resultado similar en lo que se refiere a los efectos incentivadores para la salida del Estado y tengan una incidencia global similar en la remuneración del Estado.
Remuneración de los instrumentos de capital
60.      La aportación de capital por parte del Estado
—o intervención equivalente—
debe realizarse a un precio no superior al precio medio de la acción del beneficiario durante los quince días anteriores a la solicitud de aportación de capital. Si el beneficiario no es una sociedad cotizada, debe realizarse una estimación de su valor de mercado recurriendo a un experto independiente o mediante otros medios proporcionados.
61.      Toda medida de recapitalización ha de incluir un mecanismo de ajuste al alza que incremente la remuneración del Estado con el fin de incentivar al beneficiario a recomprar las aportaciones de capital del Estado. Este incremento en la remuneración puede adoptar la forma de acciones adicionales […] concedidas al Estado o de otros mecanismos, y debe consistir en un aumento mínimo del 10 % de la remuneración del Estado (por la participación resultante de la aportación estatal de capital en el contexto de la COVID‑19 que no se haya reembolsado) en cada una de las fases del ajuste al alza:
a)      En caso de que, transcurridos cuatro años desde la aportación de capital en el contexto de la COVID‑19, el Estado no haya vendido al menos el 40 % de su participación en el capital resultante de su aportación de capital en el contexto de la COVID‑19, se activará el mecanismo de ajuste al alza.
b)      En caso de que, transcurridos seis años desde la aportación de capital en el contexto de la COVID‑19, el Estado no haya vendido la totalidad de su participación en el capital resultante de su aportación de capital en el contexto de la COVID‑19, se activará de nuevo el mecanismo de ajuste al alza.
[…]
Si el beneficiario no es una sociedad cotizada, los Estados miembros pueden decidir aplicar cada una de las dos fases un año más tarde, es decir, cinco años y siete años después de la concesión de la aportación de capital en el contexto de la COVID‑19, respectivamente.
62.      La Comisión puede aceptar mecanismos alternativos, siempre y cuando estos conduzcan, en términos globales, a un resultado similar en lo que se refiere a los efectos incentivadores para la salida del Estado y tengan una incidencia global similar en la remuneración del Estado.
63.      El beneficiario debe tener en todo momento la posibilidad de recomprar la participación en el capital que el Estado haya adquirido. Para garantizar que el Estado reciba una remuneración adecuada por la inversión, el precio de recompra debe ser el más alto de los dos importes siguientes: i) la inversión nominal del Estado incrementada por una remuneración anual por intereses 200 puntos básicos superior a la que se presenta en el cuadro 1 […], o ii) el precio de mercado en el momento de la recompra.
[…]
Remuneración de los instrumentos híbridos de capital
[…]
67.      La conversión de instrumentos híbridos de capital en capital se efectuará a un nivel inferior en un 5 % o más al precio teórico sin derechos de suscripción en el momento de la conversión.
68.      Tras la conversión en capital, se ha de aplicar un mecanismo de ajuste al alza que incremente la remuneración del Estado con el fin de incentivar a los beneficiarios a recomprar las aportaciones de capital del Estado. En caso de que, transcurridos dos años desde la conversión en capital, el capital resultante de la intervención del Estado en el contexto de la COVID‑19 siga siendo propiedad del Estado, este recibirá una participación adicional en el capital del beneficiario, que se añadirá a su participación restante resultante de la conversión de los instrumentos híbridos de capital relacionados con la COVID‑19 en favor del Estado. Esta participación adicional en el capital del beneficiario será como mínimo del 10 % de la participación restante resultante de la conversión de los instrumentos híbridos de capital relacionados con la COVID‑19 en favor del Estado. La Comisión puede aceptar mecanismos de ajuste al alza alternativos siempre que estos tengan los mismos efectos incentivadores y una incidencia global similar en la remuneración del Estado.
69.      Los Estados miembros pueden optar por una fórmula de fijación de precios que incluya cláusulas adicionales de ajuste al alza o devolución. Tales características deben determinarse de manera que incentiven la finalización temprana del apoyo estatal a la recapitalización del beneficiario. La Comisión puede también aceptar metodologías alternativas de fijación de precios, siempre que estas den lugar a remuneraciones superiores o similares a las resultantes de la metodología antes descrita.
70.      Dado que la naturaleza de los instrumentos híbridos varía considerablemente, la Comisión no ofrece orientaciones para todos los tipos de instrumentos. Los instrumentos híbridos se regirán en cualquier caso por los principios antes mencionados, con una remuneración que refleje el riesgo inherente a cada instrumento.
[…]
72.      Si el beneficiario de una medida de recapitalización en el contexto de la COVID‑19 de más de 250 millones
[de euros] es una empresa con poder de mercado significativo en al menos uno de los mercados de referencia en los que opera, los Estados miembros deben proponer medidas adicionales para proteger la competencia efectiva en dichos mercados. […]»
Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
4        Los antecedentes del litigio, tal como se desprenden de la sentencia recurrida, pueden resumirse del siguiente modo.
5        DLH es la sociedad matriz a la cabeza del grupo Lufthansa, que comprende en particular, las compañías aéreas Lufthansa Passenger Airlines, Brussels Airlines SA/NV, Austrian Airlines AG, Swiss International Air Lines Ltd y Edelweiss Air AG.
6        El 12 de junio de 2020, la República Federal de Alemania notificó a la Comisión, de conformidad con el artículo
108 TFUE, apartado
3, un proyecto de medida de ayuda individual en forma de una recapitalización de un importe de 6 000 millones de euros en favor de DLH (en lo sucesivo, «medida controvertida»).
7        Basada en el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), y en el Marco temporal, la medida controvertida tenía por objeto restablecer la posición patrimonial y de liquidez de las empresas del grupo Lufthansa en la situación excepcional causada por la pandemia de COVID‑19. La financiación y la gestión de la ayuda por cuenta del Gobierno alemán corría a cargo del Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Fondo de Estabilización de la Economía, Alemania), un organismo público que proporcionaba apoyo financiero a corto plazo a las empresas alemanas afectadas por la pandemia de COVID‑19.
8        La medida controvertida se dividía en las tres partes siguientes:
–        una participación en el capital de 306 044 326,40 euros (en lo sucesivo, «participación en el capital»);
–        una «participación sin voto» de 4 693 955 673,60 euros, que constituía un instrumento híbrido, al que las normas contables internacionales daban el tratamiento de fondos propios (en lo sucesivo, «participación sin voto I»);
–        una «participación sin voto» de mil millones de euros con las características de una obligación convertible (en lo sucesivo, «participación sin voto II»).
9        La medida controvertida formaba parte de un vasto paquete de medidas de apoyo en favor del grupo Lufthansa, que podía resumirse del siguiente modo en el momento en que se adoptó la Decisión controvertida:
–        una garantía del Estado de hasta el 80 % sobre un préstamo de 3 mil millones de euros que la República Federal de Alemania tenía previsto conceder a DLH en virtud de un régimen de ayuda ya aprobado por la Comisión [Decisión C(2020) 1886 final de la Comisión, de 22 de marzo de 2020, relativa a la ayuda de Estado SA.56714 (2020/N) — Alemania — medidas COVID‑19];
–        una garantía del Estado de hasta el 90 % sobre un préstamo de 300 millones de euros que la República de Austria tenía previsto conceder a Austrian Airlines en virtud de un régimen de ayudas ya aprobado por la Comisión [Decisión C(2020) 2354 final de la Comisión, de 8 de abril de 2020, relativa a la ayuda de Estado SA.56840 (2020/N), Austria COVID‑19: régimen austriaco de ayuda a la liquidez];
–        un préstamo de 150 millones de euros que la República de Austria tenía previsto conceder a Austrian Airlines para indemnizar a esta última por los daños producidos por la cancelación o la reprogramación de sus vuelos en el contexto de la pandemia de COVID‑19;
–        250 millones de euros de liquidez y un préstamo de 40 millones de euros que el Reino de Bélgica tenía previsto conceder a Brussels Airlines; y
–        una garantía del Estado del 85 % sobre un préstamo de 1 400 millones de euros concedido por la Confederación Suiza a Swiss International Air Lines y a Edelweiss Air.
10      El 25 de junio de 2020, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, en la que, tras considerar que la medida controvertida constituía una «ayuda de Estado» con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1, y valorar su compatibilidad con el mercado interior a la luz del Marco temporal, decidió que dicha medida era compatible con el mercado interior en el sentido del 107 TFUE, apartado
3, letra b), y, por tanto, no formuló objeciones al respecto.
Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
11      Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General los días 22 de enero y 12 de febrero de 2021, respectivamente, Ryanair DAC (en lo sucesivo, «Ryanair») y Condor Flugdienst GmbH (en lo sucesivo, «Condor») interpusieron sendos recursos de anulación de la Decisión controvertida.
12      En apoyo de su recurso en el asunto T‑34/21, Ryanair formuló cinco motivos, basados: el primero, en una aplicación errónea del Marco temporal y en una desviación de poder; el segundo, en una aplicación errónea del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b); el tercero, en la infracción de algunas disposiciones del TFUE y la vulneración de principios generales del Derecho de la Unión; el cuarto, en la no incoación, por parte de la Comisión, del procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, y, el quinto, en el incumplimiento de la obligación de motivación.
13      En apoyo de su recurso en el asunto T‑87/21, Condor formuló tres motivos, basados: el primero, en el incumplimiento, por parte de la Comisión, de su obligación de incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2; el segundo, en un error manifiesto de apreciación al haber considerado la Comisión que la medida controvertida era compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), y, el tercero, en un incumplimiento de la obligación de motivación.
14      Con carácter preliminar, en los apartados
15 a 67 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró admisibles los recursos interpuestos por Ryanair y Condor y consideró, por un lado, que eran partes interesadas legitimadas activamente para salvaguardar los derechos procedimentales que les confería el artículo
108 TFUE, apartado
2, y, por otro lado, que habían demostrado que la Decisión controvertida las afectaba directa e individualmente, en el sentido del artículo
263 TFUE, párrafo cuarto, y les permitía cuestionar la justificación en Derecho de
dicha Decisión.
15      Al examinar posteriormente, en los apartados
68 a 503 de la sentencia recurrida, estos recursos en cuanto al fondo, el Tribunal General reagrupó, en un primer momento, en los apartados
70 y 71 de la citada sentencia, los motivos invocados en apoyo de los recursos y declaró, en particular, que todas las cuestiones planteadas por el primer motivo del recurso en el asunto T‑34/21 y los motivos primero y segundo del recurso en el asunto T‑87/21 podían reagruparse en seis problemáticas relativas: en primer término, al cumplimiento de los requisitos para que DLH pudiera ser beneficiaria de la ayuda de Estado; en segundo término, a la existencia de otras medidas más apropiadas y que generaban menos falseamientos de la competencia; en tercer término, al importe de la ayuda; en cuarto término, a la remuneración y a la salida del Estado; en quinto término, a la prohibición de una expansión comercial con cargo a la medida controvertida, y, en sexto término, a la existencia de un poder de mercado significativo (en lo sucesivo, «PMS») del beneficiario en los mercados de referencia y a los compromisos estructurales.
16      Más tarde, el Tribunal General realizó, en los apartados
73 a 87 de la sentencia recurrida, algunas observaciones preliminares, por un lado, sobre la intensidad del control que los órganos jurisdiccionales de la Unión ejercen sobre las consideraciones económicas complejas que la Comisión efectúa en materia de ayudas de Estado cuando aprecia la compatibilidad de las medidas de ayuda con el mercado interior con arreglo al artículo
107 TFUE, apartado
3, y, por otro
lado, sobre el valor probatorio de los informes de expertos en los que se basó Ryanair en el recurso en el asunto T‑34/21.
17      Por último, al examinar, en los apartados
88 a 503 de la sentencia recurrida, los motivos y las problemáticas mencionados en el apartado
15 de la presente sentencia, el Tribunal General declaró que la Decisión controvertida adolecía de errores de Derecho en lo que respecta:
–        al cumplimiento de los requisitos para que el beneficiario pudiera acceder a la medida controvertida con arreglo al punto 49, letra c), del Marco temporal, en los términos contemplados en la primera parte del primer motivo en el asunto T‑34/21 y en la segunda parte del primer motivo en el asunto T‑87/21 (apartados 112 a 138 de la sentencia recurrida);
–        a la falta de un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado o de un mecanismo similar con arreglo a los puntos 61, 62, 68 y 70 del Marco temporal, objeto de la cuarta parte del primer motivo en el asunto T‑34/21 (apartados 242 a 271 de la sentencia recurrida);
–        al precio de las acciones en el momento de la conversión de la participación sin voto II, con arreglo al punto 67 del Marco temporal, objeto de la cuarta parte del primer motivo en el asunto T‑34/21 (apartados 272 a 288 de la sentencia recurrida);
–        a la existencia de un PMS en los aeropuertos en los que DLH dispone de base (en lo sucesivo, «aeropuertos pertinentes») distintos de los de Fráncfort (Alemania) y Múnich (Alemania) y, en cualquier caso, en los aeropuertos de Düsseldorf (Alemania) y Viena (Austria), durante la temporada IATA de verano 2019, a la que se refieren la quinta parte del primer motivo en el asunto T‑34/21 y la primera parte del primer motivo en el asunto T‑87/21 (apartados 373 a 412 de la sentencia recurrida); y
–        a los aspectos de los compromisos mencionados en la quinta parte del primer motivo en el asunto T‑34/21 y en la primera parte del primer motivo en el asunto T‑87/21 (apartados 467 a 480 y 494 a 502 de la sentencia recurrida).
18      Por tanto, tras declarar, en el apartado
505 de la sentencia recurrida, que cada uno de los mencionados errores podía, por sí mismo, fundamentar la anulación de la Decisión controvertida, el Tribunal General anuló esta Decisión, sin examinar los demás motivos y alegaciones invocados por las recurrentes.
Pretensiones de las partes en el recurso de casación
19      Mediante su recurso de casación, DLH solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Desestime los recursos interpuestos en primera instancia.
–        Condene a Ryanair y a Condor a cargar con las costas correspondientes tanto al procedimiento de primera instancia como al de casación.
20      Ryanair y Condor solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas a la recurrente.
21      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Condene a Ryanair y a Condor a cargar con las costas correspondientes al procedimiento de primera instancia y al de casación.
22      La República Federal de Alemania solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Condene a Ryanair y a Condor al pago de las costas correspondientes al procedimiento de casación.
–        Condene a Ryanair al pago de las costas correspondientes al procedimiento de primera instancia en el asunto T‑34/21.
Sobre el recurso de casación
23      En apoyo de su recurso de casación, DLH formula seis motivos. El primer motivo de casación se basa en un error de Derecho, en la desnaturalización de los hechos y en la vulneración, por parte del Tribunal General, de los límites de su control jurisdiccional, al haber considerado erróneamente que la Comisión había incumplido el punto
49, letra c), del Marco temporal. El segundo motivo de casación se basa en un error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General al considerar que la Comisión había incumplido los puntos
62 y 68 del Marco temporal no exigiendo que la participación en el capital y la participación sin voto II
llevaran asociado un mecanismo de ajuste al alza que incrementase la remuneración del Estado o un mecanismo similar. El tercer motivo de casación se fundamenta en el error de Derecho cometido por el Tribunal General al considerar que la Comisión había incumplido el punto
67 del Marco temporal. El cuarto motivo de casación se fundamenta en que el Tribunal General
incurrió en errores de Derecho en su sentencia y sobrepasó los límites de su control jurisdiccional al declarar que la Comisión no había apreciado correctamente si DLH disponía de un PMS en los aeropuertos pertinentes. El quinto motivo de casación se basa en un error de Derecho del Tribunal General al considerar que la Comisión había incurrido en su Decisión en un error manifiesto de apreciación al excluir a los competidores que ya poseían una base en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich de la primera etapa del procedimiento de cesión de las franjas horarias que debían liberarse. El sexto motivo de casación se basa en un error de Derecho del Tribunal General al declarar que la Comisión había incumplido la obligación de motivación que le incumbe por no precisar las razones por las que la cesión de las franjas horarias de DLH debía realizarse a título oneroso y no afectaba al atractivo de los compromisos relativos a las franjas horarias.
Sobre el primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
24      Mediante su primer motivo de casación, que comprende tres partes, DLH reprocha al Tribunal General haber incurrido, en los apartados
112 a 138 de la sentencia recurrida, en error de Derecho, haber desnaturalizado los hechos y haber vulnerado los límites de su control jurisdiccional al declarar que la Comisión había incumplido el punto
49, letra c), del Marco temporal,
en la medida en que consideró que DLH no podía conseguir financiación en los mercados en condiciones asequibles y no tuvo en cuenta todos los elementos pertinentes a este respecto.
25      Mediante la primera parte del primer motivo de casación, DLH sostiene que, al estimar, en el apartado
125 de la sentencia recurrida, que el considerando 22 de la Decisión controvertida partía «de una premisa errónea, según la cual la financiación que pueda conseguirse en los mercados debe cubrir necesariamente todas las necesidades del beneficiario», el Tribunal General desnaturalizó las alegaciones de la Comisión. En su opinión, la simple lectura de los términos empleados en este considerando no permite concluir que la Comisión estimara que la financiación en los mercados privados debía cubrir
necesariamente siempre todas las necesidades del beneficiario.
26      Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, DLH reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al considerar, en los apartados
125 y siguientes de la sentencia recurrida, que la Comisión, en la fase de examen de la subvencionabilidad con arreglo al punto
49, letra c), del Marco temporal, debía determinar si una parte significativa de las necesidades de financiación del beneficiario podía satisfacerse mediante financiación procedente de los mercados.
27      En primer término, sostiene que el tenor amplio y abierto del punto
49, letra c), del Marco temporal contradice tal interpretación.
28      En segundo término, alega que de ese tenor se desprende que el criterio jurídico aplicable consiste en preguntarse si el beneficiario no puede conseguir la financiación en los mercados en condiciones asequibles y si las medidas nacionales para cubrir sus necesidades de liquidez son insuficientes para garantizar su viabilidad. Estima que, por tanto,
se han de tener en cuenta todas las necesidades de liquidez expresadas por el beneficiario.
29      En tercer término, aduce que, en el apartado
129 de la sentencia recurrida, el Tribunal General ignoró el objetivo del punto
49, letra c), del Marco temporal, a saber, impedir la utilización excesiva de recursos públicos, y aplicó erróneamente, en el apartado
130 de la sentencia recurrida, el principio del mínimo necesario propio del control de proporcionalidad de la medida en la etapa de subvencionabilidad. Por otro lado, sostiene que, al desestimar, en los apartados
150 a 217 de la sentencia recurrida, todas las alegaciones de las partes demandantes en primera instancia basadas en el importe de la ayuda, pese a estimar, en los apartados
208 y 217 de dicha sentencia, que el importe total de 6 000 millones de euros se limitaba al mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario, el Tribunal General incurrió en contradicción en su motivación. Por último, alega que la interpretación del punto
49, letra c), del Marco temporal adoptada por el Tribunal General también contradice su propia jurisprudencia en otros asuntos, violando con ello el principio de igualdad de trato.
30      Mediante la tercera parte del primer motivo de casación, DLH reprocha al Tribunal General, por un lado, haber incurrido en error de Derecho y sobrepasado los límites de su control jurisdiccional al considerar, en los apartados
117 y 131 a 135 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había tenido en cuenta todos los elementos necesarios en el examen
de
la
condición establecida en el punto
49, letra c), del Marco temporal. Por otro lado, imputa al Tribunal General haber desnaturalizado, en el apartado
120 de la sentencia recurrida, la Decisión controvertida, el escrito de contestación de la Comisión y el escrito de formalización de la intervención de DLH, al declarar que la Comisión y DLH no ponían en duda la exactitud y la fiabilidad de los datos aportados por el experto Oxera de Ryanair en su primer informe titulado «Assessment of the Commission’s analysis of the proportionality of the aid to DLH» («Evaluación del análisis llevado a cabo por la Comisión sobre la proporcionalidad de la ayuda otorgada a DLH»), de fecha 21 de enero de 2021.
31      La República Federal de Alemania y la Comisión apoyan, en esencia, las alegaciones formuladas por DLH en su primer motivo de casación y consideran que procede estimar este motivo de casación.
32      Ryanair y Condor rebaten tal argumentación y sostienen que el primer motivo de casación debe ser desestimado por ser, al menos parcialmente, inadmisible en lo que respecta a su tercera parte y, a juicio de Ryanair, también en cuanto a la primera parte. Según aquellas, este motivo de casación ha de ser desestimado en todo caso por infundado. Solicitan, en esencia, que se confirmen los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida a los que se refiere este motivo de casación, ya que el Tribunal General, precisamente, no sobrepasó los límites de su control jurisdiccional.
Apreciación del Tribunal de Justicia
33      Con carácter preliminar, procede señalar que el punto
49, letra c), del Marco temporal supedita la subvencionabilidad de las medidas de recapitalización a la condición de que, por un lado, el beneficiario de tales medidas no pueda conseguir financiación en los mercados en condiciones asequibles y, por otro
lado, las medidas horizontales existentes en el Estado miembro en cuestión para cubrir las necesidades de liquidez de ese beneficiario sean insuficientes para garantizar su viabilidad.
34      De una lectura conjunta de los apartados
125 a 132 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General interpretó este punto 49, letra c), en el sentido de que, para determinar si un beneficiario cumple tal condición, la Comisión debe examinar si dicho beneficiario puede financiar una parte significativa de sus necesidades en los mercados o en virtud de las medidas horizontales mencionadas.
35      En apoyo de este razonamiento, el Tribunal General recordó, por una parte, en el apartado
129 de la sentencia recurrida, que el punto
49, letra c), del Marco temporal tenía como objetivo limitar la intervención estatal únicamente a aquellos casos en los que el beneficiario es incapaz de encontrar financiación en los mercados financieros en condiciones asequibles y, por otra parte, en el apartado
130 de dicha sentencia, que esta disposición debía interpretarse a la luz del principio de proporcionalidad. Según el Tribunal General, de ello resulta la obligación de la Comisión de examinar si el beneficiario puede acudir a los mercados para conseguir una parte significativa de la financiación que necesita.
36      A este respecto, en primer término, de una interpretación literal de todo el punto
49, letra c), del Marco temporal se desprende que dicho punto
tiene por objeto excluir del ámbito de los beneficiarios de las medidas de recapitalización a las empresas que, sin tales medidas, pueden obtener efectivamente suficiente financiación en los mercados o gracias a las medidas horizontales existentes en el Estado miembro en cuestión.
37      En segundo término, procede señalar que el referido punto figura en la subsección 3.11.2 del Marco temporal, relativa a las
condiciones de subvencionabilidad y entrada. Así, la condición descrita en el apartado
33 de la presente sentencia aparece junto a otras condiciones, como la mencionada en el punto
49, letra a), del Marco temporal, según el cual, sin la intervención estatal, el beneficiario cesaría en su actividad o tendría graves dificultades para mantenerse en funcionamiento. Por tanto, hay que considerar que la condición establecida en el punto
49, letra c), del Marco temporal se refiere a la existencia de una necesidad de financiación destinada a garantizar la viabilidad de la empresa que no puede satisfacerse en condiciones asequibles en los mercados o mediante las medidas horizontales nacionales.
38      Esta interpretación se ve corroborada por la tercera frase del punto
51 del Marco temporal que, aunque solo se refiere a las notificaciones de los Estados miembros relativas a las ayudas individuales que superen el umbral de 250 millones de euros, retoma y explicita la condición que figura en el punto
49, letra c), del Marco temporal al indicar que la financiación del beneficiario de la ayuda o las medidas horizontales existentes para cubrir sus necesidades de liquidez deben ser insuficientes para garantizar su viabilidad.
39      En tercer término, del punto
54 del Marco temporal, que figura en su subsección 3.11.4, titulada «Importe de la recapitalización», se desprende que, a fin de garantizar la observancia del principio de proporcionalidad de la ayuda, el importe de la medida no puede superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario. Pues bien, el examen de la subvencionabilidad del beneficiario a la luz de las condiciones establecidas en el punto
49 del Marco temporal debe distinguirse del control de proporcionalidad del importe de la ayuda efectuado con arreglo al punto
54 de dicho Marco. El punto 51 de este también distingue expresamente entre, por una parte, la condición de subvencionabilidad, según la cual la financiación del beneficiario de la ayuda o las medidas horizontales existentes para cubrir sus necesidades de liquidez deben ser insuficientes para garantizar su viabilidad, y, por otra parte, el requisito de que la ayuda debe ser proporcionada.
40      Así pues, de la interpretación literal y contextual del punto
49, letra c), del Marco temporal resulta que este último debe ser interpretado en el sentido de que, para que una empresa pueda acogerse a
las medidas de recapitalización,
se requiere que exista una necesidad de financiación, sin que sea preciso, en esta fase de su apreciación, que la Comisión evalúe el importe concreto de la financiación que esas medidas
deben garantizar ni, por tanto, que determine si el beneficiario puede recurrir a los mercados o a las medidas horizontales para cubrir una parte,
significativa o no, de sus necesidades de financiación.
41      Pues bien, aunque el Tribunal General señaló acertadamente que el punto
49, letra c), del Marco temporal tiene por objeto limitar las medidas de recapitalización únicamente a las empresas que presentan una necesidad de financiación insatisfecha, las consideraciones que figuran en los apartados
129 y 130 de la sentencia recurrida, según las cuales este objetivo se vería comprometido si se movilizaran recursos públicos para financiar necesidades que
pueden financiarse parcialmente en los mercados, están relacionadas con la apreciación del importe de la ayuda y no con la apreciación de la subvencionabilidad del beneficiario de dicha ayuda. Lo mismo sucede con las consideraciones relativas al principio de proporcionalidad.
42      De ello se deduce que, al considerar, en los apartados
132 y 137 de la sentencia recurrida, que, puesto que no se examinó si el beneficiario hubiera podido
acudir a los mercados para conseguir al menos una parte de la financiación que necesitaba, la Comisión no había tenido en cuenta el conjunto de elementos pertinentes en el examen de la condición establecida en el punto
49, letra c), del Marco temporal, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
43      Por otro lado, si bien el Tribunal General consideró, en los apartados
123 y 124 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había examinado la existencia de garantías que permitieran a DLH obtener en los mercados una financiación que se correspondiera con sus necesidades, de las apreciaciones de hecho que figuran en el apartado
119 de la sentencia recurrida resulta que, en todo caso, DLH solo habría podido movilizar, usando sus aviones y las piezas de recambio como garantías, entre 1 000 y 3 700 millones de euros en los mercados para
satisfacer
unas necesidades de liquidez que la Decisión controvertida estimaba, tal como se indica en el apartado
115 de la sentencia recurrida, en casi
9 000 millones de euros. En estas circunstancias, el hecho de que la Comisión no examinara la existencia de garantías que permitieran a DLH obtener financiación en los mercados carece, en el presente asunto, de relevancia en el examen de la subvencionabilidad del beneficiario con arreglo al punto
49, letra c), del Marco temporal.
44      De cuanto precede resulta que la segunda parte del primer motivo de casación está fundada. Por tanto, procede estimar este motivo de casación, sin que sea necesario examinar sus otras partes ni, consecuentemente, las cuestiones de admisibilidad relativas a ellas.
Sobre el segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
45      Mediante su segundo motivo de casación, que consta de dos partes, DLH alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados
242 a 271 de la sentencia recurrida, que la Comisión había incumplido, en particular, los puntos
61, 62, 68 y 70 del Marco temporal no exigiendo que la participación en el capital y la participación sin voto II llevaran asociado un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado o un mecanismo similar.
46      Mediante la primera parte del segundo motivo de casación, DLH alega que, a diferencia de lo declarado por el Tribunal General en los apartados
252 a 263 de la sentencia recurrida, la Comisión podía considerar fundadamente que la participación en el capital, habida cuenta de la estructura global de las medidas de recapitalización y de sus componentes estrechamente interconectados, llevaba asociado un mecanismo análogo al mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado.
47      En primer término, aduce que el enfoque seguido por el Tribunal General a este respecto en cuanto a la interpretación del punto
62 del Marco temporal es erróneo y formalista, en la medida en que consideró, en particular, en el apartado
263 de la sentencia recurrida, que la Comisión no podía tener en cuenta los efectos combinados de las medidas de recapitalización como conducentes a efectos incentivadores para la salida del Estado del capital de DLH. En su opinión, esta interpretación contradice el punto
59 del Marco temporal, que autoriza precisamente «alternativa[s] a las metodologías de remuneración que figuran a continuación». Sostiene que, al adoptar esa interpretación, el Tribunal General ignoró la amplia facultad de apreciación de que dispone la Comisión en el marco de las consideraciones económicas complejas y sobrepasó los límites de su control jurisdiccional.
48      En segundo término, DLH alega que el Tribunal General consideró erróneamente, en los apartados
254 a 256 de la sentencia recurrida, que el importante descuento con el que el Estado había entrado en el capital de DLH no guardaba una relación suficientemente estrecha con el objeto ni con el fin del mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado. Imputa
al Tribunal General haber incurrido, en particular, en error de Derecho al estimar, en el apartado
255 de la sentencia recurrida, que la participación adicional en el capital adquirida por el Estado en esa sociedad y la remuneración correspondiente no podían ser tenidas en consideración, simplemente porque el precio inicial de compra estaba regulado por el punto
60 del Marco temporal. Además, reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado la finalidad de los puntos 60 a 62 del Marco temporal al considerar, en el apartado 256 de la sentencia recurrida, que también los propios mecanismos alternativos de ajuste al alza de la remuneración del Estado debían comprender sistemáticamente tanto una remuneración que,
a la larga, tendiera a aumentar
como
un efecto incentivador
ex post para una salida a tiempo del Estado. DLH añade que un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado como el previsto en el punto
61 del Marco temporal no habría podido aplicarse, como tal, a la participación en el capital. Además, según DLH, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir, en el apartado
260 de la sentencia recurrida, que, en su evaluación con arreglo al punto 62 del Marco temporal, la Comisión no podía tener en cuenta los tipos de interés crecientes de las participaciones sin voto I y II. Por último, aduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, de modo similar, que,
en la evaluación con arreglo al punto 62 del Marco temporal, no podían considerarse los compromisos de comportamiento previstos en la subsección 3.11.6 del Marco temporal.
49      Mediante la segunda parte del segundo motivo de casación, DLH sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados
265 y siguientes de la sentencia recurrida, que la participación sin voto II, tras su conversión en capital, tampoco llevaba asociada ningún «mecanismo alternativo de ajuste al alza de la remuneración del Estado», en el sentido del punto
68 del Marco temporal. A este respecto, en su opinión, el Tribunal General estimó erróneamente, en particular, en el apartado
266 de la sentencia recurrida, que el punto
70 del Marco temporal carecía de pertinencia en el caso de autos. Este punto establece, según DLH, que la Comisión está obligada a seguir los principios generales previstos en los demás puntos del Marco temporal y que, dado que la naturaleza de los instrumentos híbridos varía considerablemente y que esa institución goza de una amplia facultad de apreciación para examinarlos, también debe evaluar caso por caso el riesgo de los instrumentos híbridos.
50      DLH
sostiene que, en cualquier caso,
la Comisión pudo válidamente concluir, en el considerando 161 de la Decisión controvertida, que los niveles de remuneración de las participaciones sin voto I y II, el precio muy por debajo de su cotización
—que incluía los efectos de una participación mayor e «indeseable» en el capital—
y los efectos incentivadores adicionales integrados para la salida reflejaban el riesgo vinculado a la participación sin voto II tras su conversión en capital, y que estos componentes interconectados de la medida de recapitalización constituían un «mecanismo alternativo», en el sentido del punto
68 del Marco temporal, también por lo que respecta a la participación sin voto II.
51      La República Federal de Alemania y la Comisión apoyan, en esencia, la argumentación formulada por DLH en su segundo motivo de casación y consideran que procede estimar este motivo de casación.
52      Ryanair y Condor rebaten tal argumentación y esta última sociedad sostiene que el segundo motivo de casación debe ser desestimado por ser, al menos parcialmente, inadmisible, debido a que, a diferencia de lo que afirma DLH, la Comisión no dispone de una amplia facultad de apreciación en virtud del Marco temporal y a que, en cualquier caso, no debía llevarse a cabo ninguna consideración económica compleja. Según aquellas, este motivo de casación debe ser desestimado en cuanto al fondo por infundado. Solicitan, en esencia, que se confirmen los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida a los que se refiere este motivo de casación, al no haber sobrepasado el Tribunal General, en particular, los límites del control jurisdiccional que le incumbe ejercer.
Apreciación del Tribunal de Justicia
53      Con carácter preliminar, procede desestimar la imputación de Condor basada en la inadmisibilidad parcial del segundo motivo de casación. En efecto, mediante este motivo, DLH reprocha, en esencia, al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al usurpar la amplia facultad de apreciación de que, según DLH, dispone la Comisión. Pues bien, la cuestión de si la Comisión disponía o no de esa facultad de apreciación y debía realizar, en tal contexto, consideraciones económicas complejas forma parte del examen sobre el fondo de este presunto error de Derecho, para el que el Tribunal de Justicia es competente en casación. De ello se deduce que el segundo motivo de casación es admisible en su totalidad.
54      En cuanto al fondo, procede subrayar, por lo que respecta a los instrumentos de capital, que del punto
61 del Marco temporal se desprende que toda medida de recapitalización ha de incluir un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado con el fin de incentivar al beneficiario a recomprar las aportaciones de capital del Estado. Este mecanismo puede adoptar la forma de acciones adicionales concedidas al Estado u otras formas y debe consistir en un aumento mínimo del 10 % de la remuneración del Estado en cada una de las fases del ajuste al alza, en caso de que, transcurridos cuatro años desde la aportación de capital, el Estado no haya vendido al menos el 40 % de su participación y,
en caso de que, transcurridos seis años desde la aportación de capital, el Estado no haya vendido la totalidad de su participación en el capital correspondiente a la aportación de capital. A tenor del punto 62 del citado Marco, la Comisión puede aceptar mecanismos alternativos, siempre y cuando estos conduzcan, en términos globales, a un efecto similar en lo que se refiere a los efectos incentivadores para la salida del Estado y tengan una incidencia global similar en la remuneración del Estado.
55      Por lo que respecta a los instrumentos híbridos de capital, del punto
68 del Marco temporal se desprende que, tras la conversión en capital, se ha de aplicar un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado con el fin de incentivar a los beneficiarios a recomprar las aportaciones de capital del Estado. En caso de que, transcurridos dos años desde la conversión en capital, el capital resultante de la intervención estatal siga siendo propiedad del Estado, este recibirá una participación del beneficiario, que se añadirá a su participación restante resultante de la conversión de los instrumentos híbridos de capital en favor del Estado. Esta participación adicional en el capital del beneficiario será como mínimo del 10 % de dicha participación restante. El mismo punto precisa que la Comisión puede aceptar mecanismos alternativos de ajuste al alza de la remuneración del Estado siempre que estos tengan los mismos efectos incentivadores y una incidencia global similar en la remuneración del Estado.
56      En ese sentido, de la reiterada jurisprudencia a la que se refiere el Tribunal General en los apartados
74 y 75 de la sentencia recurrida se desprende que, a efectos de la apreciación de la compatibilidad de las medidas de ayuda con el mercado interior, con arreglo al artículo
107 TFUE, apartado
3, la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación, cuyo ejercicio implica consideraciones complejas de orden económico y social (véase la sentencia de 19 de julio de 2016, Kotnik y otros, C‑526/14, EU:C:2016:570, apartado
38 y jurisprudencia citada).
57      De ello se deduce que el control jurisdiccional debe limitarse en este punto a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos,
y la ausencia de error manifiesto de apreciación
y de desviación de poder (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2008, Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, apartado 78 y jurisprudencia citada).
58      No obstante, al adoptar reglas de conducta como las establecidas por el Marco temporal con el fin de determinar los criterios sobre cuya base la Comisión se propone evaluar la compatibilidad con el mercado interior de las medidas de ayuda proyectadas por los Estados miembros, y al anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los casos previstos en ellas, esta institución se autolimita en el ejercicio de la facultad de apreciación conferida al efecto, en particular, por el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), y no puede ya apartarse de tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del Derecho, como la igualdad de trato o la protección de la confianza legítima (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de julio de 2016, Kotnik y otros, C‑526/14, EU:C:2016:570, apartados 39 y 40, y de 31 de enero de 2023, Comisión/Braesch y otros, C‑284/21 P, EU:C:2023:58, apartado 90).
59      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también se desprende que, si bien, en el ámbito de las ayudas de Estado, la Comisión está vinculada, en principio, por las normas de conducta que adopta, como el Marco temporal, la adopción de tales normas no libera a la Comisión de su obligación de examinar las circunstancias específicas excepcionales que un Estado miembro invoca en un caso concreto para solicitar la aplicación directa del artículo
107 TFUE, apartado
3, letra b). Por tanto, los Estados miembros conservan la facultad de notificar a la Comisión los proyectos de ayudas que no se ajusten a los requisitos establecidos en esas normas de conducta y ella puede autorizarlos en circunstancias excepcionales (véanse, en este sentido, las sentencias de 31 de enero de 2023, Comisión/Braesch y otros, C‑284/21 P, EU:C:2023:58, apartados 92 y 93, y de 7 de noviembre de 2024, Ryanair/Comisión, C‑588/22 P, EU:C:2024:935, apartados 59 y 60).
60      A pesar de que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el apartado
58 de la presente sentencia, la Comisión, al adoptar el Marco temporal, se autolimitó en el ejercicio de su facultad de apreciación, es preciso señalar que dicho Marco establece expresamente en sus puntos
62 y 68, además de la existencia de los mecanismos de ajuste al alza de la remuneración del Estado que se detallan en el citado Marco, la posibilidad de recurrir a alternativas que conduzcan, en términos globales, a efectos similares.
61      A la luz del criterio de similitud global así determinado
por el Marco temporal, no cabe exigir que un mecanismo alternativo sea idéntico al previsto en el Marco temporal, ya sea en su concepción o en sus efectos.
62      Además, de la jurisprudencia recordada en los apartados
56 y 57 de la presente sentencia se desprende que el error de apreciación cometido por la Comisión en cuanto a si un mecanismo alternativo conduce, en términos globales, a efectos similares a los de los mecanismos de ajuste al alza de la remuneración del Estado que se detallan en los puntos
61 y 68 del Marco temporal, solo puede dar lugar a la anulación de una decisión de esa institución por un órgano jurisdiccional de la Unión si dicho error tiene carácter manifiesto.
63      En el ejercicio de la referida facultad, un error manifiesto puede acreditarse mediante datos que priven de plausibilidad a la apreciación de los hechos plasmada por la Comisión en su decisión. En cambio, el motivo debe desestimarse si, pese a las pruebas presentadas por las partes recurrentes, la apreciación cuestionada no resulta viciada por tal error (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de mayo de 2020, BTB Holding Investments y Duferco Participations Holding/Comisión, C‑148/19 P, EU:C:2020:354, apartado 72).
64      Sin embargo, el juez de la Unión no solo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos (sentencia de 24 de octubre de 2013, Land Burgenland y otros/Comisión, C‑214/12 P, C‑215/12 P y C‑223/12 P, EU:C:2013:682, apartado
79 y jurisprudencia citada).
65      Además, y más genéricamente, el Tribunal General no puede sustituir la motivación del autor del acto impugnado por la suya propia (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de septiembre de 2023, Ryanair/Comisión, C‑320/21 P, EU:C:2023:712, apartado
117 y jurisprudencia citada).
66      En los apartados
267 y 268 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la participación en el capital y la participación sin voto II, cuando se produce su conversión en capital, no llevaban consigo
ningún mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado o un mecanismo similar con arreglo a los puntos
62 y 68 del Marco temporal, cuyo contenido se recuerda en los apartados
54 y 55 de la presente sentencia.
67      A este respecto, del apartado 248 de la sentencia recurrida se desprende que, para apreciar que la estructura global del mecanismo constituía, de conformidad con el punto 62 del Marco temporal, un mecanismo comparable a un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado previsto en el punto 61 del citado Marco, la Comisión se basó, en primer lugar, en el precio muy por debajo de su cotización por el que la República Federal de Alemania había adquirido las acciones de DLH; en segundo lugar, en que la presencia del Estado en la participación de DLH habría sido indeseable para el beneficiario; en tercer lugar, en que las participaciones sin voto I y II devengaban tipos de interés crecientes y en que la probabilidad de conversión en capital de una parte de la participación sin voto II hubiera aumentado a lo largo del tiempo, lo cual habría contribuido a la dilución de las participaciones existentes en favor del Estado, y, en cuarto lugar, en los compromisos de observar ciertos comportamientos, especialmente, la prohibición de pagar dividendos, que habrían seguido estando en vigor hasta la devolución total de la ayuda.
68      A los efectos de pronunciarse sobre estos motivos, el Tribunal General concluyó, en primer término, en los apartados
253 a 257 de la sentencia recurrida, que el descuento del 71,9 % del precio de las acciones, que, según la Decisión controvertida, permitía ofrecer una remuneración superior a la que habría podido obtener la República Federal de Alemania, de no haber existido descuento, por la mera aplicación de un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración, como se establece en el punto
61 del Marco temporal, no guardaba una relación suficientemente estrecha con el objeto y el fin del mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado. En segundo término, el Tribunal General desestimó, en el apartado
258 de la sentencia recurrida, la alegación de que la participación en el capital sería «indeseable» por ser un elemento subjetivo y carente de pertinencia. En tercer término, en los apartados
260 y 262 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que el hecho de que el tipo de interés que remuneraba las participaciones sin voto I y II aumentara con el tiempo y de que DLH fuera objeto de compromisos de comportamiento estaba comprendido en los demás requisitos del Marco temporal. Por lo que respecta a la participación sin voto II, el Tribunal General, en el apartado
265 de la sentencia recurrida, desestimó, por las mismas razones, las alegaciones de la Comisión y consideró, en el apartado
266 de dicha sentencia, que esta institución no había demostrado suficientemente que la medida controvertida
llevase consigo un mecanismo alternativo capaz de producir efectos comparables al mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado.
69      De este modo, el Tribunal General desestimó todos los argumentos formulados por la Comisión en la Decisión controvertida, debido, por una parte, a su falta de relación con el mecanismo de ajuste al alza de la remuneración propuesto y, por otra parte, al hecho de que se referían a requisitos diferentes de los previstos en el Marco temporal.
70      Pues bien, la circunstancia de que algunos de los elementos considerados por la Comisión con arreglo a los puntos
62 y 68 del Marco temporal se refirieran asimismo
a
otros requisitos previstos en dicho Marco no puede privarlos, por sí sola, de toda pertinencia. En efecto, no puede excluirse que el elemento de una medida que cumple
inmediatamente uno de los requisitos del Marco temporal también pueda contribuir a que se materialice el objetivo específico de otro requisito previsto en el citado Marco.
71      En este contexto, para llegar a la conclusión, en los apartados
251 y 252 de la sentencia recurrida, de que no existía ningún mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado o mecanismos alternativos con arreglo a los puntos
62 y 68 del Marco temporal, el Tribunal General no demostró que la Comisión se hubiera equivocado manifiestamente en cuanto a la eficacia de los diferentes elementos en los que se había basado en la Decisión controvertida, hasta el punto de privar de plausibilidad a su análisis de la similitud global de los efectos producidos por el mecanismo alternativo examinado.
72      Más concretamente, de los apartados
253 a 257 de la sentencia recurrida no se desprende que carezca de plausibilidad la conclusión de que el precio muy por debajo de su cotización por el que la República Federal de Alemania había adquirido las acciones de DLH pudiera contribuir a producir efectos incentivadores para la salida del Estado del capital.
73      De los apartados
258 a 269 de la sentencia recurrida tampoco se desprende que el incremento progresivo de los tipos de interés que remuneraban las participaciones sin voto I y II, el aumento de la probabilidad de conversión en capital
de una parte de la participación sin voto II o el hecho de que DLH fuera objeto de compromisos de comportamiento no pudieran
conducir manifiestamente, en términos globales, a efectos comparables a los mecanismos descritos en los puntos
61 y 68, frases primera y segunda, del Marco temporal.
74      Además, el Tribunal General no consideró la acumulación de los efectos de los diferentes elementos tenidos en cuenta por la Comisión para demostrar la existencia de un mecanismo alternativo a un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado, de conformidad con los puntos
62 y 68 del Marco temporal, a pesar de que esta institución se basó precisamente en los efectos combinados de los diferentes elementos mencionados en los dos apartados anteriores.
75      En estas circunstancias, el Tribunal General no demostró que la Comisión hubiera incurrido en error manifiesto de apreciación al considerar que la medida controvertida llevaba asociada, tanto por lo que respecta a la participación en el capital como a la participación sin voto II, mecanismos alternativos que cumplían el requisito de similitud global con un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración del Estado y, por tanto, vició su sentencia con un error de Derecho.
76      De lo anterior resulta que procede estimar las dos partes del segundo motivo de casación.
Sobre el tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
77      Mediante su tercer motivo de casación, DLH reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al considerar, en los apartados
272 a 288 de la sentencia recurrida, que la Comisión había incumplido el punto
67 del Marco temporal al estimar que una parte de la participación sin voto II, concretamente la participación sin voto II‑A, podía convertirse en acciones por un precio fijo de 2,56 euros por acción y que otra parte de la participación sin voto II, esto es, la participación sin voto II‑B, podía convertirse en acciones por el precio de mercado de las acciones en el momento de la conversión, menos el 10 o el 5,25 %, en función del acontecimiento que la activaba.
78      A este respecto, alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta que la Comisión, en virtud del punto
59 del Marco temporal, puede aceptar «alternativas diferentes a las metodologías de remuneración que figuran en
[dicho] Marco» y, por consiguiente, a la alternativa que aparece en el punto
67 del Marco. Pues bien, sostiene que, dado que en el presente asunto no habría podido calcularse un «precio teórico sin derechos de suscripción» (en lo sucesivo, «TERP»), es decir, el precio teórico de las acciones en el mercado tras una nueva emisión de derechos, era indispensable una alternativa diferente. Según DLH, para incentivar al mercado de capitales a ejercer sus derechos de suscripción, el emisor concede un descuento sobre el precio de mercado de las nuevas acciones que se pueden suscribir en el momento de la emisión paralela de derechos. Alega que el TERP se calcula entonces sobre la base del precio de mercado, tras la dilución por la emisión de los derechos. Sin embargo,
en el contexto de un derecho de conversión como el previsto en el contexto de la participación sin voto II, no existe ninguna emisión paralela adicional de derechos (descontados) en el mercado que pueda tomarse como punto de referencia para calcular el precio de emisión de los derechos de conversión.
79      DLH expone que, ante la imposibilidad de calcular un TERP, la República Federal de Alemania propuso remitirse, por una parte, al precio mínimo de emisión de 2,56 euros aplicable a DLH por la conversión de la participación sin voto II‑A y, por otra parte, al precio de mercado de DLH con un descuento del 5,25 % o del 10 %
en función del acontecimiento que la activase, por la conversión de la participación sin voto II‑B. Según DLH, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, cabía esperar, como se había considerado en la Decisión controvertida, que los dos precios de conversión fueran conformes al requisito establecido en el punto
67 del Marco temporal.
80      Así pues,
fue imposible tomar como referencia un TERP, a diferencia de lo considerado por el Tribunal General en los apartados
276 a 279 de la sentencia recurrida, de modo que la Comisión aceptó fundadamente una remuneración alternativa con arreglo al punto
59 del Marco temporal, que conducía al mismo resultado que si hubiera podido tener en cuenta un TERP.
81      DLH alega que, contrariamente a lo considerado por el Tribunal General en los apartados
280 a 285 de la sentencia recurrida, tal conclusión no queda desvirtuada por
el hecho de que la Decisión controvertida exigía, en su considerando 158, que la República Federal de Alemania se comprometiera a solicitar el acuerdo de la Comisión en relación con el ejercicio de la opción de conversión, si la conversión no se realizaba a un nivel inferior o igual al 5 %
del TERP. Subraya que el riesgo de incumplimiento solo era teórico y la autorización de la Comisión pretendía garantizar el máximo cumplimiento de las condiciones. Criticando el apartado
283 de la sentencia recurrida, DLH sostiene, en particular, que el objetivo no consistía en «establecer excepciones» al punto
67 del Marco temporal o en suspender una decisión sobre este particular, sino en garantizar un nivel de seguridad adicional y en asegurarse de que la República Federal de Alemania cumplía su obligación, al tratarse de una conversión que debía tener lugar necesariamente después de la recapitalización (ex post).
82      La República Federal de Alemania y la Comisión defienden, en esencia, las alegaciones de DLH en apoyo de su tercer motivo de casación y consideran que procede estimar este motivo de casación.
83      Ryanair y Condor rebaten dichas alegaciones y sostienen que el tercer motivo de casación debe ser desestimado por ser, al menos parcialmente, inadmisible,
puesto que pretende cuestionar las apreciaciones de hecho
del Tribunal General. Entienden que este motivo de casación debe ser desestimado en todo caso por infundado. Solicitan, en esencia, que se confirmen los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida a los que se refiere este motivo de casación, ya que el Tribunal General, precisamente, no sobrepasó los límites del control jurisdiccional que le incumbe ejercer.
Apreciación del Tribunal de Justicia
84      Es preciso hacer hincapié, por lo que respecta a la remuneración de los instrumentos híbridos de capital, en que, a tenor del punto
67 del Marco temporal, la conversión de tales instrumentos en capital se efectúa a un nivel inferior en un 5 % o más al TERP en el momento de la conversión.
85      En el apartado 275 de la sentencia recurrida, el Tribunal General comenzó recordando que, en la Decisión controvertida, la Comisión había subrayado que una parte de la participación sin voto II, a saber, la participación sin voto II‑A, podía convertirse en acciones por un precio fijo de 2,56 euros por acción, mientras que otra parte de la participación sin voto II, a saber, la participación sin voto II‑B, podía serlo por el precio de mercado de las acciones en el momento de la conversión, menos el 10 o el 5,25 %, en función del acontecimiento que la activaba. La Decisión controvertida también mencionaba que cabía «esperar que todos los precios fueran conformes al requisito establecido en el punto 67 del Marco temporal», pero que «podría existir un precio por debajo del cual no se cumpliera [este] requisito […]», y que, en tal caso, la República Federal de Alemania se comprometía a solicitar la autorización de la Comisión antes de ejercer su derecho de conversión.
86      Posteriormente, en los apartados
276 a 278 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que el precio de las acciones en el momento de la conversión no estaba determinado con arreglo al TERP, tanto
en cuanto a la participación sin voto II‑A,
como consecuencia de que el precio fijo por acción elegido no se ajustaba al método definido en el punto
67 del Marco temporal, como a la participación sin voto II‑B, para la que el precio se basaba en el precio de mercado en el momento de la conversión.
87      Por último, el Tribunal General declaró que la Comisión no había justificado por qué había recurrido a un método de cálculo alternativo y que, al establecer un régimen de autorización ex post, en caso de precio no conforme, esta institución se había limitado a aplazar su decisión, incumpliendo el mencionado
punto 67.
88      En este contexto, debe precisarse que, a tenor del punto
59 del Marco temporal, como alternativa a las metodologías de remuneración que figuran en los puntos
60 a 70 del Marco, los Estados miembros pueden notificar regímenes o medidas individuales en los que el método de remuneración del Estado se adapte en función de las características y la prelación del instrumento de capital, siempre y cuando estos conduzcan, en términos globales, a un resultado similar en lo que se refiere a los efectos incentivadores para la salida del Estado y tengan una incidencia global similar en su remuneración.
89      Por tanto, DLH puede lícitamente alegar que la Comisión podía basarse, sin tener que invocar a tal efecto una razón específica o una circunstancia excepcional, en un mecanismo alternativo al descrito en el punto
67 del Marco temporal. Sin embargo, ese mecanismo alternativo solo será conforme
con los requisitos derivados del Marco temporal en la medida en que conduzca, en términos globales, a un resultado similar al resultado del mecanismo descrito en el
citado punto 67.
90      Pues bien, de los apartados
277, 278 y 280 a 286 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General concluyó que el método de cálculo alternativo definido en el considerando 158 de la Decisión controvertida podía dar lugar a una determinación de precios que no se correspondiera con los precios resultantes de aplicar el método definido en el punto
67 del Marco temporal. Para llegar a tal conclusión, el Tribunal General se basó, en particular, en el propio tenor de la Decisión controvertida recordado en el apartado
85 de la presente sentencia.
91      En el presente recurso de casación, no se discute la apreciación del Tribunal General según la cual el resultado de la aplicación de este método alternativo difiere del resultado de aplicar el método definido en el punto
67 del Marco temporal.
92      En tal contexto, no puede prosperar la alegación de la recurrente
relativa a la imposibilidad de calcular un TERP en el presente asunto.
93      En efecto, además de contradecir la Decisión controvertida, que contempla expresamente una comparación entre el resultado del método de cálculo alternativo y el obtenido en caso de utilizar el método basado en el TERP, tal alegación pretende, en definitiva, como alegan Ryanair y Condor, instar al Tribunal de Justicia a que realice él mismo determinadas apreciaciones de hecho, sin afirmar que el Tribunal General haya desnaturalizado las pruebas que se le presentaron.
94      Pues bien, de jurisprudencia reiterada se desprende que, en casación, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal General haya admitido en apoyo de estos. La facultad de control del Tribunal de Justicia sobre las apreciaciones de hecho efectuadas por el Tribunal General se extiende, en particular, a la desnaturalización de los hechos, esto es, a la inexactitud material de estas apreciaciones que se desprenda de los documentos que obren en autos, a la desnaturalización de las pruebas, a la calificación jurídica de estas y a la cuestión de si se han respetado las reglas en materia de carga y de práctica de la prueba [sentencia de 11 de septiembre de 2025, Austria/Comisión (Central nuclear Paks II), C‑59/23 P, EU:C:2025:686, apartado 58 y jurisprudencia citada].
95      Por tanto, el tercer motivo de casación es inadmisible en la medida en que insta al Tribunal de Justicia a que declare que la sentencia recurrida adolece de error al no haber tenido en cuenta la imposibilidad de calcular un TERP en el presente asunto.
96      Por otro lado, a diferencia de lo que sostiene la Comisión, la obligación de la República Federal de Alemania de solicitar, en caso de que el precio de conversión de los instrumentos híbridos de capital no fuera conforme
al requisito contemplado en el punto
67 del Marco temporal, autorización de la Comisión, como se establece en el considerando 158 de la Decisión controvertida, no basta para garantizar la conformidad de tal considerando con dicho requisito.
97      En efecto, como señaló el Tribunal General en el apartado
284 de la sentencia recurrida, la República Federal de Alemania no se comprometió a asegurarse de que, en cualquier caso, el precio fuera conforme
al requisito
expuesto en el punto
67 del Marco temporal, sino únicamente a obtener la autorización de la Comisión en cuanto al nivel de precios acordado. Ningún elemento determina los criterios con arreglo a los cuales la Comisión debería examinar, en su caso, un proyecto de conversión de instrumentos híbridos de capital de la República Federal de Alemania en el supuesto de que no se cumpliera lo dispuesto en el punto
67 del Marco temporal. De ello se desprende que no existe ninguna garantía de que se respeten tales requisitos.
98      Asimismo, se ha de considerar, como hizo el Tribunal General en los apartados
280 a 286 de la sentencia recurrida, que las ayudas de Estado son objeto de un régimen de autorización previa con arreglo al artículo
108 TFUE, apartado
3, de modo que una medida de ayuda debe declararse compatible con el mercado interior antes de ser ejecutada. Así pues, no le está permitido a la Comisión aplazar a una fecha posterior a la de la adopción de su decisión relativa a la compatibilidad de una medida de ayuda de Estado la apreciación de un elemento directamente relacionado con el examen de tal compatibilidad. En efecto, correspondía a la Comisión posicionarse, en la Decisión controvertida, acerca de las modalidades de determinación del precio en caso de conversión de los instrumentos híbridos en cuestión, sin poder limitarse a aceptar un método de cálculo que no garantizaba, en todo caso, que se respetase el requisito que figura en el punto
67 del Marco temporal.
99      Además, si bien la Comisión sostiene que el considerando 158 de la Decisión controvertida solo autoriza la medida controvertida a condición de que el precio de conversión sea, al final, conforme
con el punto
67 del Marco temporal, es preciso señalar que esa afirmación no encuentra apoyo en dicho considerando, que establece un control ex post sin definir los parámetros de tal control.
100    De ello se sigue que procede desestimar el tercer motivo de casación por ser en parte inadmisible y en parte infundado.
Sobre el cuarto motivo de casación
Alegaciones de las partes
101    Mediante su cuarto motivo de casación, que consta de dos partes, DLH reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho y haber vulnerado los límites de su control jurisdiccional al declarar, en los apartados
373 a 412 de la sentencia recurrida, que la Comisión había incurrido en
error manifiesto de apreciación cuando verificó si DLH disponía de un PMS en los aeropuertos pertinentes.
102    Mediante la primera parte del cuarto motivo de casación, DLH alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho y sobrepasó los límites de su control jurisdiccional al declarar, en los apartados
373 a 387 de la sentencia recurrida, que la Comisión había incurrido en
error manifiesto de apreciación por haber considerado únicamente criterios esencialmente
referidos a los obstáculos a la entrada y a la extensión de nuevos competidores, así como a la «capacidad aeroportuaria», sin tener en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos para apreciar la existencia de un PMS de DLH en los aeropuertos pertinentes.
103    A este respecto, DLH aduce que la identificación de un PMS está comprendida en
el análisis de orden económico complejo en cuyo marco la Comisión goza de una amplia facultad de apreciación y que el Tribunal General sobrepasó los límites del control jurisdiccional que puede ejercer en relación con la decisión adoptada por la Comisión en este contexto. Más concretamente, estima que, en el apartado
385 de la sentencia recurrida, el razonamiento del Tribunal General es demasiado vago y solo menciona brevemente la potencial pertinencia de las cuotas de mercado del beneficiario «en términos de frecuencias (número de vuelos) y de asientos ofrecidos con origen y con destino en los aeropuertos pertinentes» para llegar a la conclusión de que la Comisión no había considerado todos los elementos pertinentes. A este respecto, según DLH, la Comisión acertadamente no tuvo en cuenta este último elemento. Subraya que los criterios aplicados bastaban, en el caso de autos, para analizar con precisión los efectos de la medida controvertida de conformidad con el punto
72 del Marco temporal y son compatibles con el marco analítico que la Comisión utiliza en los asuntos de concentración en los que están implicadas compañías aéreas. Más aún,
los efectos potenciales para la competencia de la medida controvertida no se refieren a una ruta concreta, sino más bien a la capacidad de DLH para conservar, o incluso ampliar, las franjas horarias que poseía en los aeropuertos pertinentes. Concluye que se trata, pues, de evaluar la compatibilidad de la ayuda con la situación competitiva en su conjunto.
104    Por otro lado, DLH sostiene que las consideraciones del Tribunal General que figuran en el apartado
379 de la sentencia recurrida no demuestran que el análisis de las cuotas de mercado en términos de frecuencias y de asientos ofrecidos haya sido más útil que los criterios adoptados por la Comisión para apreciar la existencia de un PMS. De ello deduce DLH que esta institución no estaba obligada a completar dicho análisis con una estimación de las cuotas de mercado en términos de frecuencias o de asientos ofrecidos, ni
considerando todos los demás «elementos pertinentes».
105    Mediante la segunda parte del cuarto motivo de casación, DLH alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho y sobrepasó los límites de su control jurisdiccional al declarar, en los apartados
388 a 412 de la sentencia recurrida, que la Comisión había incurrido en
error manifiesto de apreciación al declarar que DLH no disponía de un PMS en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena.
106    A este respecto, DLH sostiene que, dado que la Comisión goza de una amplia facultad para analizar los datos de mercado a efectos de apreciar la existencia de un PMS, el Tribunal General sobrepasó los límites de su control jurisdiccional al sustituir el análisis de la Comisión de esos datos por el suyo propio. Más concretamente, aduce que, en el apartado
411 de la sentencia recurrida, el razonamiento del Tribunal General es demasiado vago sobre este punto, en la medida en que afirma que la Comisión había constatado erróneamente que DLH no disponía de un PMS en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena «al menos durante la temporada IATA de verano 2019». Para DLH, no basta una motivación de este tipo para declarar que la Comisión ha cometido un error manifiesto de apreciación, pues se ven afectados otros períodos, como la temporada IATA de invierno 2019/2020.
107    Según DLH, la Comisión había declarado fundadamente que dicha compañía no poseía un PMS en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena. DLH subraya que los criterios de evaluación del PMS, en lo que respecta a estos dos últimos aeropuertos,
son muy diferentes de los referidos a los aeropuertos de Fráncfort y de Múnich y efectivamente permiten demostrar que no disponía de un PMS en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena. Criticando, a este respecto, el apartado
397 de la sentencia recurrida, DHL invoca
datos y cifras relativos, en particular, a las franjas horarias que poseía en los aeropuertos de Düsseldorf, Viena, Fráncfort y Múnich para demostrar que el Tribunal General consideró erróneamente que la Comisión no podía llegar a la conclusión de que dicha compañía no disponía de un PMS en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena.
108    La República Federal de Alemania y la Comisión apoyan, en esencia, las alegaciones formuladas por DLH en su cuarto motivo de casación y consideran que procede estimar dicho
motivo de casación.
109    Ryanair y Condor rebaten dichas alegaciones y sostienen que la segunda parte del cuarto motivo de casación debe ser desestimada por ser, al menos parcialmente, inadmisible, debido a que, mediante esta parte, DLH pretende cuestionar ciertas apreciaciones de hecho del Tribunal General, además de que, según Ryanair, las alegaciones de DLH relativas a la insuficiente motivación de la sentencia recurrida y las basadas en la jurisprudencia y en la práctica decisoria de la Comisión son inadmisibles. Según aquellas, este motivo de casación debe ser desestimado en todo caso por infundado. Solicitan, en esencia, que se confirmen los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida a los que se refiere este motivo de casación, ya que el Tribunal General, precisamente, no sobrepasó los límites del control jurisdiccional que le incumbe ejercer.
Apreciación del Tribunal de Justicia
110    Por lo que respecta a la primera parte del cuarto motivo de casación, procede señalar que, en los apartados
373 a 387 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó los criterios utilizados por la Comisión para evaluar si DLH disponía de un PMS en los aeropuertos pertinentes.
111    El Tribunal General comenzó recordando, en el apartado 373 de la sentencia recurrida, que, en el considerando 179 de la Decisión controvertida, la Comisión había señalado que se basaba a tal efecto en tres criterios: en primer término, la cuota de franjas horarias que poseía el grupo al que pertenece DLH en dichos aeropuertos, definida, en el apartado
376 de la citada sentencia, como la relación entre el número de franjas horarias que tiene un transportista aéreo (o los transportistas aéreos que forman parte del mismo grupo) en un aeropuerto y el número total de franjas horarias disponibles en ese aeropuerto; en segundo término, el «nivel de congestión» de tales aeropuertos evaluado, como se desprende, en esencia, del referido apartado de la sentencia recurrida, a la luz de la proporción de franjas horarias asignadas a todos los transportistas aéreos en el aeropuerto de que se trate en relación con la capacidad global de ese aeropuerto en términos de franjas horarias, y, en tercer término, la cuota de franjas horarias en manos de los competidores del beneficiario. Según el Tribunal General, estos criterios se referían, por tanto, principalmente a la «capacidad aeroportuaria» y al acceso a la infraestructura.
112    No obstante, el Tribunal General estimó, en el apartado
378 de la sentencia recurrida, que otros factores, relativos a las cuotas de mercado en manos del beneficiario y de sus competidores en el mercado de los servicios de transporte aéreo de pasajeros, habrían sido pertinentes a efectos de apreciar la existencia de un PMS. A este respecto, el Tribunal General precisó, en particular, en el apartado
379 de la citada sentencia, que, por un lado, debido a los distintos tamaños de los aviones explotados por los transportistas aéreos en las franjas horarias que les son asignadas, el número de asientos ofrecidos por ellos podía variar notablemente dentro de una determinada franja y, por otro lado, los transportistas aéreos podían efectuar un número diferente de vuelos en una misma franja horaria. Pues bien, la información que facilitan estos criterios adicionales permite apreciar la importancia de las cuotas de mercado de los transportistas aéreos implicados. En el caso de autos, en el apartado
380 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que las cuotas de mercado de DLH, expresadas en términos de frecuencias (número de vuelos) y de asientos ofrecidos en origen y con destino en los aeropuertos pertinentes sobrepasaban, en ocasiones de forma considerable, las cuotas de franjas que poseía, identificadas en la Decisión controvertida.
113    El Tribunal General dedujo de ello, en el apartado
386 de la sentencia recurrida, que, habida cuenta de la importancia de las cuotas de mercado para determinar la existencia de un PMS, recordada en el apartado
383 de la sentencia recurrida, la Comisión, al no considerar este elemento, no había tenido en cuenta todos los factores pertinentes.
114    A este respecto, procede subrayar, en primer lugar, que de la definición del concepto de «franja horaria» que figura en el artículo
2, letra a), del Reglamento n.º 95/93, en su versión modificada por el Reglamento n.º 793/2004, se desprende que esta expresión designa «el permiso dado por un coordinador […]
para utilizar toda la infraestructura aeroportuaria necesaria con fines de aterrizaje y despegue en una fecha y hora determinadas asignadas por un coordinador […], para la prestación de un servicio aéreo en un aeropuerto coordinado».
115    De esta definición resulta, en esencia, que una franja horaria es el derecho a efectuar un vuelo. Por tanto, la Comisión estableció acertadamente, en la Decisión controvertida, una relación directa entre el número de franjas horarias en poder del beneficiario de la medida controvertida y el número de vuelos que este puede organizar, mientras que, al considerar, en el apartado
379 de la sentencia recurrida, que la posesión de una sola franja horaria permite organizar varios vuelos, el Tribunal General incurrió en error de Derecho en su interpretación del concepto de «franjas horarias». De ello se deduce que, a diferencia de lo declarado por el Tribunal General, la consideración del criterio de la frecuencia de los vuelos no resulta indispensable para poder apreciar en qué medida un operador dispone de una posibilidad efectiva de competir con DLH en un aeropuerto determinado.
116    En segundo lugar, por lo que respecta a los criterios relativos a la frecuencia y al número de asientos ofrecidos, mencionados por el Tribunal General en el apartado
380 de la sentencia recurrida, y que, según él, la Comisión debió haber tenido en cuenta, si bien es cierto que no cabe excluir que tales criterios puedan contribuir a evaluar la capacidad de un transportista aéreo para prestar servicios desde un aeropuerto determinado, tal circunstancia no permite demostrar, por sí sola, que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación. en el sentido de la jurisprudencia recordada en los apartados
56 y 57 de la presente sentencia, puesto que dicha capacidad, que la institución consideró decisiva para apreciar la existencia de un PMS en un aeropuerto, también puede determinarse a la luz de un criterio equivalente, como el reparto de las franjas horarias entre los operadores.
117    A la vista de lo anterior, toda vez que el Tribunal General no demostró de modo suficiente en Derecho que
el criterio elegido por la Comisión, a saber, el reparto de las franjas horarias, no permitía
manifiestamente evaluar correctamente esa capacidad,
a efectos de apreciar la existencia de un PMS,
y privaba de plausibilidad al análisis efectuado por dicha institución, le reprochó erróneamente, en los apartados 380 y 382 de la sentencia recurrida, no haber evaluado, en la Decisión controvertida, la capacidad de un transportista aéreo para prestar sus servicios sobre la base de un criterio vinculado a la frecuencia y al número de asientos ofrecidos, esto es, un criterio diferente del adoptado por la Comisión en esa Decisión.
118    En tercer lugar, el Tribunal General tampoco demostró, en los apartados
373 a 387 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había podido
considerar válidamente que el nivel de congestión de un aeropuerto y el reparto de las franjas horarias entre los diferentes operadores activos con origen en ese aeropuerto constituían parámetros idóneos para determinar el grado de utilización de un aeropuerto por un operador y la capacidad de un operador para organizar más vuelos desde dicho aeropuerto durante el período pertinente. Por consiguiente, el Tribunal General no demostró que la Comisión no pudiera basarse en esos diferentes parámetros para evaluar la competencia, tanto real como potencial, a la que DLH estaba expuesta en ese período.
119    Así pues, a diferencia de lo que declaró en el apartado
386 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no demostró de modo suficiente en Derecho, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en los apartados
56 a 64 de la presente sentencia, que la Comisión había incurrido en un error manifiesto de apreciación al basar su análisis del PMS en los criterios recordados en el apartado
111 de la presente sentencia y al no haber tenido en cuenta en su evaluación las cuotas de mercado expresadas en términos de frecuencias y de asientos ofrecidos. De ello se deduce que la primera parte del cuarto motivo de casación debe acogerse.
120    Por lo que respecta a la segunda parte del cuarto motivo de casación, procede recordar, en cuanto a la cuestión de su admisibilidad, por un lado, que el incumplimiento por parte del Tribunal General de la obligación de motivación que le incumbe y la vulneración de los límites de su control jurisdiccional son cuestiones de Derecho para las que el Tribunal de Justicia es competente en casación (sentencias de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6, apartado
47, y de 26 de mayo de 2016, Rose Vision/Comisión, C‑224/15 P, EU:C:2016:358, apartado
26 y jurisprudencia citada). La cuestión de si las alegaciones de DLH, en lo relativo al incumplimiento de la obligación de motivación, están suficientemente fundamentadas o si, en lo relativo a la vulneración de los límites del control jurisdiccional, contravienen la jurisprudencia o la práctica decisoria de la Comisión forma parte del fondo de la argumentación y no puede tener ninguna repercusión
sobre la admisibilidad.
121    Por otro lado, habida cuenta de que, como se ha recordado en el apartado
94 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos, procede observar que, en la medida en que DLH insta al Tribunal de Justicia a que compruebe, a la luz de los elementos de hecho que le presenta, que la Comisión declaró fundadamente que DLH no poseía ningún PMS en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena o que el Tribunal General apreció erróneamente los hechos, la segunda parte del cuarto motivo de casación es inadmisible, al no haber invocado DLH ninguna desnaturalización de los hechos por parte del Tribunal General.
122    En cuanto al fondo, es preciso señalar que, tras declarar, en el apartado
410 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había tenido en cuenta todos los criterios pertinentes y había incurrido con ello en error manifiesto de apreciación, el Tribunal General añadió, en el apartado
411 de dicha sentencia, que, en cualquier caso, la Comisión no podía, basándose únicamente en los criterios que utilizó, concluir válidamente que el grupo Lufthansa no disponía de un PMS en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena, al menos durante la temporada IATA de verano 2019.
123    Para llegar a esta conclusión, por lo que respecta al aeropuerto de Düsseldorf, el Tribunal General comenzó constatando, en el apartado
397 de la sentencia recurrida, que la cuota media de las franjas horarias de que disponía el grupo Lufthansa en ese aeropuerto durante la temporada IATA de verano 2019, a saber, entre el 40 y el 50 %, superaba el umbral del 40 %, lo que debería haber constituido un primer indicio que se debía tener en cuenta para demostrar la existencia de un PMS. A continuación, el Tribunal General señaló, en el apartado
398 de la sentencia recurrida, que la media del nivel de congestión en dicho aeropuerto durante la temporada IATA de verano 2019 había sido muy elevada, a saber, entre el 80 y el 90 %, que había pasado a una horquilla
comprendida entre el 90 y el 100 % durante las horas punta, cuando un nivel superior al 60 % ya habría sido problemático. Por último, el Tribunal General hizo hincapié, en el apartado 399 de la sentencia recurrida, en la escasa competencia entre los operadores presentes en el mismo aeropuerto y fundamentó tal apreciación en la enumeración del número de aeronaves que tenía cada uno. El Tribunal General dedujo de ello, en el apartado 401 de la sentencia recurrida. que, basándose solo en esos criterios, la Comisión no podía concluir válidamente que el grupo Lufthansa no disponía de un PMS en el aeropuerto de Düsseldorf, cuando menos durante la temporada IATA de verano 2019.
124    A la vista de razones análogas, mutatis mutandis, a las mencionadas en el apartado anterior, el Tribunal General dedujo, en el apartado
408 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había podido concluir válidamente que el grupo Lufthansa no disponía de un PMS en el aeropuerto de Viena, al menos durante la temporada IATA de verano 2019.
125    De este modo, el Tribunal General no examinó los fundamentos que figuran en los considerandos 203, 204, 211 y 212 de la Decisión controvertida. Pues bien, estos fundamentos concretaban las razones por las que la Comisión había interpretado los datos de que disponía en el sentido de que no permitían demostrar la existencia de un PMS del grupo Lufthansa en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena. Por lo que respecta al aeropuerto de Düsseldorf, la Comisión había considerado, en particular, que la cuota más elevada de franjas horarias de DLH no superaba entre el 55 y el 65 %
en
ningún intervalo horario, con la consecuencia de que cabía la posibilidad de que los competidores de DLH constituyeran una importante cartera de franjas horarias utilizando las que no habían sido asignadas al grupo Lufthansa, y, en lo relativo al tamaño de la flota desplegada, que los competidores de DLH se encontraran en mejor posición en Düsseldorf que en Fráncfort o Múnich. Por lo que respecta al aeropuerto de Viena, la Comisión también se había basado en las circunstancias de que la cuota más elevada de las franjas horarias de DLH no superaba entre el 50 y el 60 %
en ningún intervalo horario, aún había
franjas horarias disponibles, dos competidores relativamente bien posicionados estaban implantados en el lugar y cabía la posibilidad de que los competidores de DLH constituyeran una importante cartera de franjas horarias utilizando las que no habían sido asignadas al grupo Lufthansa. Así, la Comisión había considerado que, con independencia de unos niveles de congestión más o menos similares en esos cuatro aeropuertos, la cuota de franjas horarias de DLH era claramente superior en Fráncfort y Múnich que en Düsseldorf y Viena y que, a la inversa, los competidores de DLH estaban mejor posicionados en Düsseldorf y Viena que en Fráncfort y Múnich.
126    No obstante, en los apartados
396 a 408 de la sentencia recurrida, fundándose en los mismos datos que la Comisión, el Tribunal General volvió a analizarlos para llegar finalmente, sobre la base de su apreciación global, a una conclusión diferente de la de aquella institución, sin cuestionar, no obstante, las constataciones de la Comisión que figuran en la Decisión controvertida.
127    De ello resulta que el Tribunal General no se limitó a controlar si la Comisión había incurrido en error manifiesto de apreciación, conforme a la jurisprudencia recordada en los apartados
56 a 64 de la presente sentencia, sino que sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya propia en un caso en el que, sin embargo, esta
última institución goza de un amplio margen de apreciación.
128    De ello se deduce que procede estimar la segunda parte del cuarto motivo de casación, al igual que, consecuentemente, el cuarto motivo de casación en su conjunto.
Sobre el quinto motivo de casación
Alegaciones de las partes
129    Mediante su quinto motivo de casación, DLH reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al considerar, en los apartados
467 a 480 de la sentencia recurrida, que la Comisión había incurrido en
error manifiesto de apreciación por haber excluido
desde la primera etapa del procedimiento de cesión de franjas horarias a determinados competidores que ya poseían una base en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich.
130    A este respecto, DLH sostiene que el Tribunal General, aunque reconoció que la Comisión disponía de una amplia facultad de apreciación para evaluar la suficiencia de los compromisos suscritos, ignoró su propia jurisprudencia resultante de la sentencia de 13 de mayo de 2015, Niki Luftfahrt/Comisión (T‑162/10, EU:T:2015:283), apartado
295, según la cual la circunstancia de que también habrían podido aceptarse otros compromisos o de que estos habrían sido más favorables para la competencia no puede dar lugar a la anulación de la Decisión de la Comisión, si esta podía concluir razonablemente que los compromisos recogidos en la citada Decisión permitían despejar las serias dudas existentes. De esta manera, según DLH, el Tribunal General usurpó la facultad de apreciación de la Comisión al descartar un compromiso por entender que un compromiso diferente habría sido más favorable para la competencia, sustituyendo con ello la apreciación de esa institución por la suya propia.
131    DLH expone que, como puso de manifiesto el Tribunal General en el apartado
421 de la sentencia recurrida, los efectos potenciales de las ayudas de Estado son más indirectos que los de las concentraciones, puesto que el beneficiario no adquiere un competidor y suprime de este modo una presión competitiva, sino que puede utilizar los recursos públicos adicionales de que dispone para mantener o reforzar su posición en el mercado. DLH estima que, con arreglo
al Marco temporal, fueron necesarios ciertos
compromisos para hacer frente a tal riesgo en los aeropuertos en los que poseía un PMS.
132    Según DLH, contrariamente a lo señalado por el Tribunal General en el apartado
472 de la sentencia recurrida,
la Comisión
indicó expresamente, en los apartados 226 y 227 de la Decisión controvertida, que restringir a los recién llegados el procedimiento de cesión de franjas horarias es beneficioso, ya que permite una competencia estructural con el grupo Lufthansa. En su opinión, esta institución tuvo en cuenta, en particular, los problemas de competencia vinculados a la ayuda a la recapitalización,
en virtud de su experiencia anterior en los asuntos de concentraciones y de prácticas colusorias en el sector de la aviación, para concluir que el compromiso del grupo Lufthansa de transferir una parte de sus actividades, con la finalidad de que los competidores pudieran implantarse, constituía la medida más eficaz para evitar falseamientos indebidos de la competencia.
133    Pues bien, DLH alega que el razonamiento del Tribunal General, en los apartados
472 a 477 de la sentencia recurrida, ignora por completo el hecho de que la Comisión, cuando debe optar entre dos estructuras de compromiso diferentes, dispone de una amplia facultad de apreciación para aplicar compromisos de menor alcance, ya que puede concluir razonablemente que los compromisos propuestos bastan para hacer frente a los riesgos causados, en el presente asunto, por el PMS de DLH en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich.
134    De igual forma, al analizar, en los apartados
473 a 476 de la sentencia recurrida, la estructura del mercado en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich y al referirse a otra estructura que no excluía a los competidores existentes del procedimiento de cesión de franjas horarias, el Tribunal General sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya propia, pese a tratarse, una vez más, de un análisis económico complejo.
135    Además, según DLH, habida cuenta de lo que declaró, en esencia, en los apartados
452 y 463 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en una contradicción en sus fundamentos de Derecho al considerar, en los apartados
473 a 476 de la sentencia recurrida, que los transportistas que disponen de una base en un aeropuerto se encuentran en mejor posición para mantener una competencia efectiva.
136    La República Federal de Alemania y la Comisión apoyan, en esencia, las alegaciones formuladas por DLH en su quinto motivo de casación y consideran que procede estimar dicho
motivo.
137    Ryanair y Condor rebaten estas alegaciones y sostienen que se debe desestimar el quinto motivo de casación. Solicitan, en esencia, que se confirmen los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida a los que se refiere este motivo de casación, ya que el Tribunal General, precisamente, no sobrepasó los límites del control jurisdiccional que le incumbe ejercer.
Apreciación del Tribunal de Justicia
138    Con carácter preliminar, procede recordar que, de conformidad con el punto
72 del Marco temporal, si el beneficiario de una medida de recapitalización dispone de un PMS en un mercado, el Estado miembro debe proponer medidas adicionales para proteger la competencia efectiva en dicho mercado. A este respecto, de los considerandos 71 y 72 de la Decisión controvertida se desprende que la República Federal de Alemania se comprometió a obligar al beneficiario de la medida de recapitalización controvertida a ceder un determinado número de franjas horarias diarias y de activos adicionales en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich. Se había previsto que, si después de tres temporadas, las franjas cedidas no eran asumidas por un recién llegado, se pondrían a disposición de los demás transportistas competidores que ya disponían de una base en esos aeropuertos.
139    En el apartado
479 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la Comisión no había examinado todos los elementos pertinentes relativos a los compromisos de la República Federal de Alemania destinados a proteger
la competencia efectiva en el mercado de referencia, apreciados en función de la estructura y de las características particulares de los mercados de referencia. Más concretamente, el Tribunal General declaró, en los apartados
472 a 478 de la sentencia recurrida, que correspondía a la Comisión examinar si la preferencia acordada a los recién llegados y la exclusión de los competidores ya existentes desde la primera etapa del procedimiento de asignación de las franjas horarias era apropiada y necesaria para proteger
la competencia efectiva.
140    En apoyo de esta conclusión, el Tribunal General indicó, en concreto, en los apartados
474 a 477 de la sentencia recurrida, que otras medidas consistentes, en particular, en ceder, con arreglo a requisitos distintos de los establecidos en los compromisos de la República Federal de Alemania, las franjas en cuestión a los competidores ya instalados podrían proteger mejor la competencia efectiva.
141    A este respecto, es preciso subrayar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en los apartados
56 a 64 de la presente sentencia se desprende que la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación para determinar si las medidas adicionales propuestas por los Estados miembros permiten cumplir los requisitos derivados del punto
72 del Marco temporal.
142    Además, a la vista del propio tenor del citado punto
72 y de los principios que rigen la disciplina de las ayudas de Estado, en su apreciación, la Comisión debe comprobar no si las medidas adicionales propuestas son las más eficaces posibles para favorecer la competencia en los mercados de referencia, sino únicamente si tales medidas bastan para proteger una competencia efectiva en esos mercados.
143    Por tanto, DLH puede sostener fundadamente que la circunstancia de que unas medidas distintas de las mencionadas en la Decisión controvertida permitieran favorecer una mayor competencia en los mercados de referencia, en cualquier caso, no conlleva la ilegalidad de dicha Decisión.
144    De ello se deduce que el Tribunal General no podía concluir válidamente que existía un error manifiesto de apreciación que viciaba la Decisión controvertida basándose en que la Comisión no había examinado los potenciales efectos positivos de un procedimiento de cesión de franjas horarias que no excluyese a los competidores existentes, aun cuando tal mecanismo hubiera favorecido una mayor competencia, sin haber constatado, dentro de los límites del control que le incumbe, que los compromisos mencionados en la Decisión controvertida bastaban para proteger una competencia efectiva en los mercados de referencia.
145    De ello se deduce que procede estimar el quinto motivo de casación.
Sobre el sexto motivo de casación
Alegaciones de las partes
146    Mediante su sexto motivo de casación, DLH reprocha al Tribunal General haber incurrido, en particular en el apartado
501 de la sentencia recurrida, en error de Derecho al considerar que la Comisión había incumplido su obligación de motivación en cuanto a su apreciación de que la cesión de las franjas horarias debía ser remunerada y no afectaba a la eficacia de los compromisos relativos a tales franjas.
147    DLH recuerda que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que una decisión como la Decisión controvertida, que se adopta en plazos breves, únicamente debe contener las razones por las que la Comisión considera que la medida que se le somete a examen no plantea dificultades serias y que le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que tengan una importancia esencial en la sistemática de la decisión de que se trate. Por tanto, para DLH,
el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir que la Comisión había incumplido su obligación de motivación.
148    DLH alega, además, que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, la Decisión controvertida estaba suficientemente motivada en Derecho, puesto que, por un lado, habida cuenta del número de alegaciones formuladas en relación con cada elemento de los compromisos relativos a las franjas horarias, examinadas por el Tribunal General en los apartados
413 a 493 de la sentencia recurrida, las partes demandantes en primera instancia pudieron manifiestamente impugnar la procedencia de la Decisión controvertida. Por otro lado,
la estructura particular de cada cesión de franjas horarias es diferente y conlleva evaluaciones extremadamente técnicas que no requieren, por tanto, una motivación adicional especial.
149    La República Federal de Alemania y la Comisión apoyan, en esencia, las alegaciones formuladas por DLH en su sexto motivo de casación y consideran que procede estimar este motivo de casación.
150    Ryanair y Condor rebaten dichas alegaciones y sostienen que se ha de desestimar el sexto motivo de casación. Solicitan, en esencia, que se confirmen los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida a los que se refiere este motivo de casación, ya que el Tribunal General, precisamente, no sobrepasó los límites del control jurisdiccional que le incumbe ejercer.
Apreciación del Tribunal de Justicia
151    Es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada, la motivación exigida por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados, así como del interés que los destinatarios del acto u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia de 23 de enero de 2025, Neos/Ryanair y Comisión, C‑490/23 P, EU:C:2025:32, apartado 34 y jurisprudencia citada).
152    Por lo que se refiere, más concretamente, como en el caso de autos, a una decisión, adoptada con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, de no formular objeciones a una medida de ayuda, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que tal decisión, que se adopta en plazos breves, únicamente debe contener las razones por las cuales la Comisión considera que no existen serias dificultades de apreciación de la compatibilidad de la ayuda controvertida con el mercado interior, y que procede considerar que incluso una motivación sucinta de dicha decisión cumple el requisito de motivación exigido en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, siempre que muestre de manera clara e inequívoca las razones por las cuales la Comisión consideró que no existían dificultades de ese tipo, siendo el aspecto de la fundamentación de tal motivación ajeno al citado requisito (véase, por analogía, la sentencia de 23 de enero de 2025, Neos/Ryanair y Comisión, C‑490/23 P, EU:C:2025:32, apartado 35 y jurisprudencia citada).
153    Procede examinar a la luz de los precedentes criterios si el Tribunal General incurrió en error de Derecho al resolver que la Decisión controvertida incumplía la obligación de motivación que incumbe a la Comisión en virtud del artículo 296 TFUE, párrafo segundo.
154    En el caso de autos, en los apartados
498 a 502 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que correspondía a la Comisión detallar, en la Decisión controvertida, las razones que la llevaron a considerar que la cesión de las franjas horarias en cuestión debía ser remunerada y no efectuada a título gratuito, ya que optar por una cesión a título oneroso podría tener como consecuencia reducir el atractivo de las franjas horarias propuestas y, con ello, la eficacia de los compromisos correspondientes.
155    A este respecto, al reprochar, en el apartado
501 de la sentencia recurrida, a la Comisión que no hubiera
aclarado, en la Decisión controvertida, las razones por las que no se había dado prioridad a la cesión a título gratuito de las franjas horarias en cuestión sobre su cesión a título oneroso, el Tribunal General exigió a dicha institución que justificara no solo, de manera positiva, la procedencia de optar por una cesión a título oneroso de las franjas horarias, confirmada por la Decisión controvertida, sino también, de manera negativa, la improcedencia de la opción contraria, a saber, una cesión a título gratuito.
156    Pues bien, dado que, como resulta del apartado
142 de la presente sentencia, incumbe únicamente a la Comisión, en virtud del Marco temporal, comprobar si las medidas adicionales propuestas bastan para proteger la competencia efectiva en los mercados de referencia, no cabe esperar que dicha institución, en virtud de su obligación de motivación, examine si otras medidas pueden favorecer más la competencia en esos mercados y exponga las razones por las que no exigió que se aplicasen esas otras medidas.
157    De cuanto antecede resulta que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado
501 de la sentencia recurrida, que la Comisión había incumplido su obligación de motivación al no haber explicado por qué la cesión de las franjas horarias en cuestión debía ser remunerada y no efectuada a título gratuito.
158    De ello se deduce que procede estimar el sexto motivo de casación.
Conclusión
159    Como acertadamente declaró el Tribunal General en el apartado
505 de la sentencia recurrida, sin que haya sido criticado en el presente recurso de casación, cada uno de los errores de que adolece la Decisión controvertida, señalados en el apartado
504 de esa sentencia, podía, por sí mismo, fundamentar la anulación de la citada Decisión. Por tanto, la anulación de la sentencia recurrida solo estaría justificada si se demostrara que el Tribunal General reconoció equivocadamente todos esos errores. De ello se deduce que solo cabe estimar el presente recurso de casación y anular la sentencia recurrida si todos los motivos de casación invocados por la recurrente son fundados.
160    Pues bien, habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, aunque proceda estimar los motivos primero, segundo y cuarto a sexto del recurso de casación, el tercer motivo de casación, en cambio,
debe ser
desestimado. Por consiguiente, el recurso de casación debe ser desestimado en su totalidad.
Costas
161    En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
162    A tenor del artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
163    Al haber solicitado Ryanair y Condor la condena en costas de DLH y haber sido desestimadas las pretensiones de esta última, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de Ryanair y Condor.
164    Asimismo, dado que se han desestimado las pretensiones de la República Federal de Alemania y de la Comisión, pero
Ryanair y Condor no han solicitado su condena en costas, procede decidir que la República Federal de Alemania y la Comisión carguen con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1)      Desestimar el recurso de casación.
2)      Condenar a Deutsche Lufthansa AG a cargar, además de con sus propias costas, con las de Ryanair DAC y Condor Flugdienst GmbH.
3)      La República Federal de Alemania y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: inglés.