Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANDREA BIONDI
presentadas el
15 de enero de 2026 (1)
Asuntos acumulados C‑52/25 y C‑53/25 [Binanrier] (i)
RZ,
GT (C‑52/25)
AX,
UI (C‑53/25)
contra
Région wallonne
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons, Bélgica)]
« Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Reglamento (UE) n.º 702/2014 — Exención por categorías de determinadas ayudas a los sectores agrícola y forestal — Ayudas destinadas a compensar los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural — Reducción del importe de la ayuda en caso de no suscripción de un seguro — Imposibilidad de que el beneficiario de la ayuda suscriba el seguro requerido »
I.      Introducción
1.        Mediante las peticiones de decisión prejudicial presentadas en estos dos asuntos acumulados, la Cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons, Bélgica, órgano jurisdiccional remitente) plantea al Tribunal de Justicia tres cuestiones relativas a la interpretación del artículo
25 del Reglamento n.º 702/2014, (2) disposición relativa a las ayudas destinadas a compensar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) dedicadas a la producción agrícola primaria por los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural. Las ayudas que cumplan todas las condiciones establecidas en dicho artículo y en el capítulo I del mismo Reglamento están exentas de la obligación de notificación a la Comisión prevista en el artículo
108 TFUE, apartado 3.
2.        Más concretamente, las tres cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se refieren al apartado 9 de dicho artículo, que establece que las indemnizaciones que constituyen estos tipos de ayudas «se reducirán un 50 %, a menos que se concedan a los beneficiarios que hayan suscrito un seguro que cubra, al menos, un 50 % de la producción anual media o de los ingresos derivados de la producción y los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate para los que se proporciona cobertura de seguros». (3)
3.        Las cuestiones prejudiciales se han planteado en el contexto de litigios relativos a solicitudes de indemnización presentadas por varios empresarios (RZ, GT, AX y UI; en lo sucesivo, «recurrentes») que sufrieron daños causados por la sequía que se produjo en Bélgica desde agosto de 2016 hasta junio de 2017. Las autoridades belgas reconocieron esta sequía como catástrofe agrícola que daba derecho a indemnización. A efectos del cálculo de la indemnización, la Administración belga aplicó una disposición nacional (4) de ejecución del artículo
25, apartado
9, del Reglamento n.º 702/2014, a tenor de la cual el importe de la indemnización se reduce un 50 % «si el damnificado no ha contratado un seguro que cubra al menos el 50 % de su producción contra los riesgos climáticos».
4.        En el presente caso, al no haber suscrito los recurrentes ningún seguro contra los riesgos climáticos, las autoridades belgas competentes redujeron su indemnización un 50 % con arreglo a la disposición nacional anteriormente citada.
5.        No obstante, los recurrentes interpusieron un recurso ante los tribunales belgas alegando que no habían podido suscribir un seguro porque, en el momento en el que se produjo el daño, en Bélgica no era posible asegurar sus explotaciones contra determinados riesgos climáticos, como la sequía.
6.        Tras diversas vicisitudes procesales, la Cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons) entró a conocer de los litigios principales. De la resolución de remisión resulta: en primer lugar, que el riesgo de sequía no se encuentra entre los riesgos climáticos más frecuentes en Bélgica, ya que el riesgo climático más frecuente en este Estado miembro es el granizo; en segundo lugar, que en el momento en el que ocurrieron los hechos no existía en Bélgica un seguro contra la sequía, sino contra el granizo; y, en tercer lugar, que los recurrentes han alegado que sus explotaciones están constituidas por pastos permanentes y temporales, así como terrenos herbáceos destinados a la alimentación del ganado y que, como tales, estos prados y terrenos no pueden ser objeto de un seguro contra el riesgo de granizo.
7.        En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear tres cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo
25, apartado
9, del Reglamento n.º 702/2014.
8.        A petición del Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centran en la tercera cuestión prejudicial, mediante la cual el órgano jurisdiccional remitente pregunta cuanto sigue:
«¿Permite [el artículo
25, apartado
9, del Reglamento n.º 702/2014] que el Estado miembro de que se trate no reduzca la ayuda destinada a compensar a los agricultores por los daños causados por un fenómeno climático considerado un desastre natural cuando el beneficiario de la ayuda demuestre que, en el Estado miembro de que se trate (en [los presentes asuntos], Bélgica), el tipo de producción de su explotación (en [los presentes asuntos], pastos permanentes y temporales, así como terrenos de hierba destinados a la alimentación del ganado, y no cultivos) no puede ser objeto de un seguro que proporcione una cobertura contra los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes de, al menos, un 50 % de la producción anual media o de los ingresos derivados de la producción de su explotación?»
II.    Examen
9.        Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
25, apartado
9, del Reglamento n.º 702/2014 debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede estar autorizado a no reducir en un 50 % las ayudas destinadas a compensar los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural, cuando el beneficiario de la ayuda demuestre que no ha sido posible cubrir mediante un seguro el tipo de producción de su explotación contra los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes, por no poder ser objeto de un seguro en dicho Estado miembro.
10.      Para responder a la tercera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente, es preciso proceder a interpretar el artículo
25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014.
11.      Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión deben tenerse en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (5)
12.      Por lo que se refiere, en primer lugar, al tenor del artículo
25, apartado
9, del Reglamento n.º 702/2014, recordado en el punto
2 de las presentes conclusiones, esta disposición establece que las ayudas en cuestión se reducirán en un 50 % a menos que el beneficiario haya suscrito un seguro que debe cumplir dos requisitos.
13.      En primer término, dicho seguro debe cubrir al menos un 50 % de la producción anual media o de los ingresos correspondientes; en segundo término, debe cubrir los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate para los que se proporciona cobertura de seguros.
14.      Por lo que respecta al segundo requisito, del tenor de la disposición en cuestión (en la mayoría de las versiones lingüísticas, como se señala en el posterior punto 17 de las presentes conclusiones) resulta expresamente que la cobertura de seguros para los riesgos climáticos más frecuentes debe proporcionarse. En mi opinión, de ello se deduce a contrario que si no se proporciona cobertura de seguros para tales riesgos climáticos más frecuentes, no puede aplicarse la condición relativa a la necesidad de suscribir un seguro y, por consiguiente, tampoco puede aplicarse la reducción de la ayuda. Por otro lado, dicha condición parece un requisito razonable: en efecto, parece ilógico exigir como condición para obtener una parte de la indemnización la celebración de un contrato de seguro que no puede suscribirse porque no se proporciona la cobertura del riesgo que se ha de asegurar.
15.      Por lo tanto, el examen literal de la disposición en cuestión parecería llevar a interpretarla en el sentido de que la reducción de la indemnización no se aplica cuando se demuestre que no era posible suscribir un seguro
—suscripción que resulta
condición necesaria para no aplicar dicha reducción—, en la medida en que no se proporciona al beneficiario cobertura de seguros para los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes.
16.      A este respecto, cabe hacer dos observaciones adicionales.
17.      En primer lugar, no todas las versiones lingüísticas de la disposición de que se trata coinciden plenamente. Sin embargo, la versión italiana de la disposición de la que he deducido la interpretación anteriormente expuesta se ve confirmada por el texto de algunas otras versiones lingüísticas, entre ellas la inglesa, que se refiere a «risks […] for which insurance coverage is provided», la alemana, que menciona «risiken […] für die Versicherungsschutz gegeben ist», y la española, cuyo texto se refiere a «riesgos […] para los que se proporciona cobertura de seguros». También otras diversas versiones lingüísticas de la disposición van en el mismo sentido. (6) La versión francesa es menos clara en este aspecto, pero su texto no es incompatible con la interpretación de la referida disposición considerada en el anterior punto 15. (7)
18.      En segundo lugar, dicha interpretación se ve confirmada por la comunicación de la Comisión relativa a las Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales. (8)
19.      El punto 363 de las Directrices de 2014, relativo a las ayudas para compensar los daños sufridos por la producción agrícola o por los medios de producción agrícola y para prevenir daños, establece expresamente que «solamente se admitirán excepciones a esta condición cuando el Estado miembro pueda demostrar de manera convincente que, a pesar de todos los esfuerzos razonables, en la época en que se produjeron los daños no se disponía de seguros a precios asequibles para cubrir los riesgos meteorológicos con mayor frecuencia estadística en el Estado miembro o la región considerados». (9)
20.      Por lo tanto, de este punto de las citadas Directrices resulta que la única excepción posible a la condición de suscribir un seguro para evitar la reducción del 50 % de la indemnización consiste en la falta de disponibilidad, en la fecha en que se produjo el daño, de un seguro que cubriera los riesgos en cuestión, a pesar de haber realizado el damnificado todos los esfuerzos razonablemente posibles para intentar
contratar una póliza de ese tipo.
21.      Aunque un documento como las Directrices solo es vinculante para la Comisión (10) y, por lo tanto, no vincula necesariamente al Tribunal de Justicia ni a los tribunales nacionales para la interpretación de la disposición de que se trata, constituye sin embargo una importante fuente de interpretación. Esto es especialmente cierto en casos como los presentes, en los que se interpreta un reglamento adoptado precisamente por la Comisión. En tales circunstancias, en efecto, un documento como las Directrices constituye la interpretación del acto efectuada por la propia institución que lo ha adoptado.
22.      La interpretación del artículo
25, apartado
9, del Reglamento n.º 702/2014 expuesta en el punto
15 de las presentes conclusiones parece venir confirmada por el examen tanto contextual como teleológico.
23.      Desde un punto de vista contextual, dicha disposición debe situarse en el contexto general de la Política Agrícola Común (PAC), en la que la gestión del riesgo se ha convertido en un elemento esencial, con el objetivo de aumentar la resiliencia de las explotaciones agrícolas frente a riesgos crecientes, en particular asociados a catástrofes cada vez más frecuentes relacionadas con el cambio climático, favoreciendo al mismo tiempo la difusión de prácticas que refuercen la prevención y la adaptación a los riesgos. Dichos objetivos se han considerado fundamentales tanto en el período de programación actual 2023‑2027 que prevé un sistema integrado de gestión del riesgo, (11) como en el período precedente (2014‑2022). (12) La adaptación al cambio climático y el aumento de la resiliencia de las explotaciones en tal contexto se consideran, por otra parte, prioridades fundamentales en el marco de la PAC, a cuya luz debe abordarse la gestión del riesgo. (13)
24.      El Reglamento n.º 702/2014 y el nuevo Reglamento 2022/2472 se inscriben en este marco y constituyen la ejecución de esos objetivos programáticos. En el ámbito de estos Reglamentos, las ayudas para compensar las pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos asimilables a desastres naturales mencionadas en el artículo
25 del Reglamento n.º 702/2014 se inscriben en el marco de las «ayudas para la gestión del riesgo y las crisis», junto con las ayudas para los costes de la prevención y erradicación de las enfermedades animales y las plagas vegetales y las ayudas para el pago de primas de seguros. (14)
25.      En este contexto, desde un punto de vista teleológico, como han subrayado las partes interesadas que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, (15) la finalidad específica del artículo
25, apartado
9, del Reglamento n.º 702/2014 consiste en animar a los agricultores a suscribir seguros contra los riesgos climáticos que causan la mayor parte de los daños indemnizables, con el fin de reducir la carga financiera impuesta a la colectividad mediante la concesión de ayudas agrícolas en concepto de indemnización por los daños asociados a fenómenos climáticos adversos.
26.      Dicha finalidad de la disposición en cuestión resulta del considerando 54 del Reglamento n.º 702/2014, del que se deduce que «una buena gestión del riesgo y las crisis constituye un instrumento esencial para un sector agrícola sostenible y competitivo», dado que «la producción agrícola primaria está expuesta a riesgos y crisis específicos de carácter natural[ y climático]». Por lo tanto, en este contexto, «las ayudas estatales para compensar las pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos asimilables a desastres naturales[…] deben limitarse a ayudar a los beneficiarios que se enfrentan con dificultades particulares a pesar de haber realizado esfuerzos razonables para minimizar dichos riesgos».
27.      En el mismo sentido, las citadas Directrices de la Comisión (16) subrayan que «al objeto de mejorar la gestión del riesgo, se deberá animar a los beneficiarios a suscribir seguros siempre que sea posible».
28.      Teniendo en cuenta dicha finalidad, para que no se aplique la reducción es preciso, por lo tanto, que los beneficiarios de la ayuda hayan realizado todos los esfuerzos razonablemente necesarios para limitar los riesgos asociados a los daños derivados del fenómeno climático adverso. No obstante, una vez demostrado esto, y como resulta de las propias Directrices de la Comisión, se debería conceder la intensidad máxima de ayuda a las empresas que no pueden ser cubiertas por un seguro para esas pérdidas. (17)
29.      El examen de la finalidad del artículo
25, apartado
9, del Reglamento n.º 702/2014 confirma la interpretación según la cual la reducción de la indemnización no se aplica cuando se demuestre que no era posible suscribir el seguro en cuestión porque no se proporcionaba cobertura de seguros para los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes. No obstante, añade la condición adicional de que también se demuestre que los beneficiarios de las ayudas han realizado todos los esfuerzos razonablemente necesarios para suscribir tal seguro para limitar los riesgos asociados a los daños derivados del fenómeno climático adverso.
30.      Los argumentos expuestos por la Comisión en sus observaciones no se oponen a esta interpretación del artículo
25, apartado
9, del Reglamento n.º 702/2014.
31.      En efecto, en primer lugar, como se desprende de los puntos
12 a 21 de las presentes conclusiones, dicha interpretación es conforme con el tenor normativo de la disposición, la cual, si bien no se refiere, como subraya la Comisión, a los motivos de la falta de seguro, establece expresamente que debe proporcionarse cobertura de seguros.
32.      En segundo lugar, la interpretación del artículo
25, apartado
9, del Reglamento n.º 702/2014 que propongo no es contraria a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia conforme a la cual las disposiciones de un reglamento de exención por categorías en materia de ayudas de Estado y las condiciones establecidas en él deben interpretarse de manera estricta. (18) En efecto, tal interpretación no atribuye a la disposición normativa ni a las condiciones que se establecen en ella un alcance más amplio que el derivado de su tenor literal. Por el contrario, la interpretación propuesta, de conformidad con el tenor de la propia disposición, evita una posible interpretación que, como se ha señalado en el punto
14 de las presentes conclusiones, conduciría a una aplicación irrazonable de las condiciones que en ella se establecen.
33.      En tercer lugar, dicha interpretación no es contraria a la exigencia, subrayada por la Comisión, de garantizar una interpretación uniforme del Reglamento en cuestión en los distintos Estados miembros. En efecto, garantiza la aplicación de la disposición sobre la base de criterios objetivos (a saber, la demostración de la situación de imposibilidad y la realización de todos los esfuerzos razonablemente necesarios por parte del beneficiario) que son aplicables de la misma manera en los Estados miembros, aunque puedan variar las situaciones fácticas (como la posibilidad de suscribir o no un seguro en un caso determinado).
34.      En cuarto lugar, la Comisión recuerda en sus observaciones la obligación del Estado miembro de notificar a la Comisión una ayuda más favorable a los agricultores para tener en cuenta que les resulta imposible asegurarse contra los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes.
35.      A este respecto, cabe señalar que el Tribunal de Justicia ha manifestado que el Reglamento n.º 702/2014, que fue adoptado en aplicación del artículo
108 TFUE, apartado
4, establece, en su artículo
3, que, con independencia de la obligación general de notificar toda medida dirigida a establecer o modificar una «nueva ayuda», en el sentido del artículo
108 TFUE, apartado
3, que es uno de los elementos fundamentales del sistema de control de las ayudas de Estado, un Estado miembro puede invocar la exención de su obligación, de acuerdo con este Reglamento, si la medida de ayuda que ha adoptado o el proyecto de ayuda que pretende adoptar cumplen las condiciones establecidas en él. (19)
36.      Por lo tanto, una interpretación del artículo
25 del Reglamento n.º 702/2014 que, a falta de notificación por el Estado miembro, denegase la compensación prevista en dicho artículo a un beneficiario que cumpla las condiciones contempladas en dicha disposición para la concesión de la ayuda sería contraria a la lógica interna de dicho Reglamento.
37.      A este respecto, ha de señalarse que, por otra parte, la condición relativa a la celebración del contrato de seguro establecida en el apartado
9 de dicho artículo no se refiere a la concesión de la ayuda, sino a la cuantía de la ayuda concedida.
38.      Desde esa misma perspectiva, una interpretación de dicha disposición en el sentido de que, a falta de notificación por el Estado miembro, un beneficiario que cumpliera todas las condiciones exigidas en ella no podría recibir la totalidad de la ayuda, aun cuando se acreditase judicialmente que, en el momento en el que se produjo el daño, no estaba objetivamente a disposición de dicho beneficiario un seguro que cubriera los riesgos climáticos más frecuentes, no solo sería contraria al tenor de esa disposición, como se desprende de los anteriores puntos
12 a 21. También sería contraria a la lógica interna del Reglamento n.º 702/2014 en la medida en que denegaría la totalidad de la compensación a un beneficiario que cumpliera las condiciones mencionadas en el artículo
25, apartado
1, de ese mismo Reglamento para recibir la ayuda. Esta
interpretación iría también más allá de los objetivos perseguidos por dicho Reglamento, mencionados en los anteriores puntos
25 a 29, y sería contraria al principio de proporcionalidad, mencionado en el considerando 8 del Reglamento n.º 702/2014.
39.      En conclusión, de las consideraciones anteriores se desprende que el artículo
25, apartado
9, del Reglamento n.º 702/2014 debe interpretarse, en mi opinión, en el sentido de que la reducción en un 50 % de la indemnización en concepto de ayudas destinadas a compensar los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural, establecida en dicha disposición, no se aplica cuando el beneficiario de la ayuda demuestre que, pese a haber hecho todos los esfuerzos razonablemente necesarios para suscribir un seguro a fin de limitar los riesgos asociados a los daños derivados del fenómeno climático adverso, no ha sido posible suscribirlo, ya que no se proporcionaba cobertura de seguros para el tipo de producción de su explotación para los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes.
40.      En los presentes casos, los recurrentes sostienen que, si bien, en general, cuando se produjo el suceso dañoso en Bélgica existía la posibilidad de obtener cobertura de seguros para los riesgos climáticos más frecuentes, a saber, el granizo, tal cobertura no era posible para el tipo específico de producción de los recurrentes.
41.      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar esas circunstancias fácticas y determinar que los recurrentes hicieron todos los esfuerzos razonablemente necesarios para suscribir un seguro a fin de limitar los riesgos asociados a los daños derivados del fenómeno climático adverso y que el tipo de producción de los recurrentes no era efectivamente objeto de seguro en el Estado miembro de que se trata contra los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes.
III. Conclusión
42.      Sobre la base de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la tercera cuestión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons, Bélgica):
«El artículo 25, apartado 9, del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, debe interpretarse en el
sentido de que:
la reducción en un 50 % de la indemnización en concepto de ayudas destinadas a compensar los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural, establecida en dicha disposición, no se aplica cuando el beneficiario de la ayuda demuestre que, pese a haber hecho todos los esfuerzos razonablemente necesarios para suscribir un seguro a fin de limitar los riesgos asociados a los daños derivados del fenómeno climático adverso, no ha sido posible suscribirlo, ya que no se proporcionaba cobertura de seguros para el tipo de producción de su explotación para los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar in concreto estas circunstancias fácticas.»
1      Lengua original: italiano.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2014, L 193, p. 1). Este Reglamento se aplicó hasta el 31 de diciembre de 2022 y fue sustituido, a partir del 1 de enero de 2023, por el Reglamento (UE) 2022/2472 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2022, L 327, p. 1; corrección de errores en DO L, 2024/90203).
3      Esta disposición se reproduce casi literalmente en el artículo 25, apartado 10, del nuevo Reglamento 2022/2472 (sin perjuicio de la modificación de la versión francesa mencionada en la posterior nota 7). De ello se deduce que, a efectos de los presentes asuntos, la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente no varía, ya se aplique el Reglamento antiguo o el nuevo a los hechos de los asuntos.
4      El artículo 6 del Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité agricole la sécheresse d’août 2016 à juin 2017, délimitant l’étendue géographique de cette calamité et déterminant l’indemnisation des dommages (Decreto del Gobierno valón que considera catástrofe agrícola la sequía que se produjo entre agosto de 2016 y junio de 2017, delimita la extensión geográfica de dicha catástrofe y determina la indemnización por daños y perjuicios).
5      Véase la sentencia de 19 de septiembre de 2024, Agrarmarkt Austria (C‑350/23, EU:C:2024:771), apartado 57 y jurisprudencia citada.
6      Además de las versiones lingüísticas ya mencionadas, las versiones búlgara, croata, maltesa, eslovaca, eslovena y finesa parecen también conformes con la versión italiana. Las versiones checa, polaca, portuguesa y sueca parecen corresponder a la versión francesa modificada mencionada en la nota siguiente y concuerdan con la interpretación propuesta.
7      En la versión francesa del artículo 25, apartado 10, del Reglamento 2022/2472 se modificó su última frase respecto del tenor del artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014. Tal modificación no se encuentra en las demás versiones lingüísticas. Mientras que la versión de la disposición del Reglamento n.º 702/2014 se refería a los «risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés, couverte par une assurance», la nueva versión se refiere a los «risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés que couvre l’assurance». Esta modificación va en el sentido de la interpretación que propongo de la disposición.
8      Comunicación de la Comisión «Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020» (DO 2014, C 204, p. 1; en lo sucesivo, «Directrices de 2014»); véase también la comunicación de la Comisión «Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales» (DO 2022, C 485, p. 1; en lo sucesivo, «Directrices de 2022»).
9      Véase el punto 363 de las Directrices de 2014. Véase también, en el mismo sentido, el punto 358 de las Directrices de 2022.
10      Véase la sentencia de 8 de marzo de 2016, Grecia/Comisión (C‑431/14 P, EU:C:2016:145), apartados 69 y 70.
11      Véase Comisión Europea, «Approved 28 CAP Strategic Plans (2023‑2027) Summary overview for 27 Member States — Facts and figures», junio 2023, disponible en: https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023‑06/approved-28-cap-strategic-plans-2023‑27.pdf, en particular la sección 4.2 «Better Market Orientation, Increased Competitiveness and Improved Position in the Value Chain», p. 27, y el apartado «Risk Management» p. 38.
12      Véanse, entre otros, el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487), en particular su artículo 36, titulado «Gestión del riesgo», y el anexo VI.
13      Véanse, al respecto, los considerandos 29 y 30 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 (DO 2021, L 435, p. 1).
14      Véanse los considerandos 42 y 54 del Reglamento n.º 702/2014. Véase también el considerando 43 del Reglamento 2022/2472.
15      A saber, la Comisión y el Reino de Bélgica.
16      Véase el punto 94 de las Directrices de 2014 (véase también el punto 97 de las Directrices de 2022).
17      En efecto, los puntos de las Directrices citados en la nota anterior establecen que, «respecto de las ayudas para la compensación de pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos que pueden asimilarse a un desastre natural, a fin de evitar el riesgo de falseamiento de la competencia, la intensidad máxima de ayuda solo se deberá conceder a las empresas cuyo seguro no cubra esas pérdidas».
18      Véase la sentencia de 20 de mayo de 2021, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (C‑128/19, EU:C:2021:401), apartado 42 y jurisprudencia citada.
19      Véanse la sentencia de 20 de mayo de 2021, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (C‑128/19, EU:C:2021:401), apartado 42, y, por analogía, la sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar (C‑349/17, EU:C:2019:172), apartado 59 y jurisprudencia citada.