62022TJ0681
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima ampliada)
de 11 de junio de 2025 (
*1
)
«Política pesquera común — Artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/2336 — Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 — Métodos y criterios para determinar las zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o en las que sea probable que existan — Elaboración de una lista de zonas en las que se ha demostrado o es probable la presencia de ecosistemas marinos vulnerables — Establecimiento de zonas de protección — Excepción de ilegalidad — Proporcionalidad»
En el asunto T‑681/22,
Reino de España, representado por las Sras. A. Gavela Llopis y M. J. Ruiz Sánchez, en calidad de agentes,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por el Sr. A. E. Dawes y la Sra. I. Galindo Martín, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyada por
Parlamento Europeo, representado por el Sr. I. Terwinghe y las Sras. C. A. Ionescu Dima y C. Burgos, en calidad de agentes,
y por
Consejo de la Unión Europea, representado por la Sra. L. Hamtcheva y los Sres. F. Naert y G. Rugge, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima ampliada),
integrado por el Sr. S. Papasavvas, Presidente, y la Sra. K. Kowalik-Bańczyk, los Sres. E. Buttigieg e I. Dimitrakopoulos (Ponente) y la Sra. B. Ricziová, Jueces;
Secretaria: Sra. P. Núñez Ruiz, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 4 de julio de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante recurso basado en el artículo 263 TFUE, el Reino de España solicita la anulación del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2022, por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan (DO 2022, L 242, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»), en lo que respecta al establecimiento de esta lista, objeto del artículo 2 y del anexo II de dicho Reglamento.
Antecedentes del litigio
2
El Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO 2013, L 354, p. 22), determina, en particular, los objetivos y los principios de la Política Pesquera Común (PPC). Prevé, entre otras cosas, la adopción de medidas para la conservación y la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos.
3
El Reglamento (UE) 2016/2336 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, por el que se establecen condiciones específicas aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas en el Atlántico Nororiental y disposiciones relativas a la pesca en aguas internacionales del Atlántico Nororiental y se deroga el Reglamento (CE) n.o 2347/2002 del Consejo (DO 2016, L 354, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), tiene por objeto contribuir al logro de los objetivos del Reglamento n.o 1380/2013 por lo que respecta a las especies y hábitats de aguas profundas, a saber, garantizar que las actividades pesqueras sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios en el ámbito económico, social y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios.
4
El artículo 7, apartado 1, del Reglamento de base dispone que, a más tardar el 13 de julio de 2017, los Estados miembros a cuyos buques se haya concedido un permiso de pesca en alta mar de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 2347/2002 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por el que se establecen las modalidades específicas de acceso y otras condiciones aplicables a la pesca de poblaciones de aguas profundas (DO 2002, L 351, p. 6), y en lo que respecta a actividades de pesca de buques que capturen más de diez toneladas por año civil, informarán a la Comisión Europea, a través de datos del sistema de localización de buques (SLB) o, si tales datos no estuvieran disponibles, de otros medios de información pertinentes y verificables, de los lugares en los que se hayan desarrollado las actividades de pesca de especies de aguas profundas de dichos buques durante los años civiles de referencia de 2009 a 2011.
5
El artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base dispone que la Comisión adoptará actos de ejecución con objeto de establecer una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables (en lo sucesivo, «EMV») o sea probable que existan. Según el artículo 9, apartado 9, de dicho Reglamento, se prohibirá la pesca con artes de fondo en todas las zonas incluidas en la lista de conformidad con el apartado 6.
6
En abril de 2017, la Comisión solicitó datos, con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento de base. En respuesta a esa solicitud, los Estados miembros transmitieron datos SLB y otros datos pertinentes y verificables sobre el lugar de las actividades de pesca de especies de aguas profundas llevadas a cabo por dichos buques durante los años civiles 2009‑2011.
7
En julio de 2017, sobre la base de los datos facilitados por los Estados miembros, la Comisión solicitó al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) que emitiera un dictamen para determinar las zonas de pesca en aguas profundas existentes y establecer una lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan.
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El 5 de enero de 2021, tras haber obtenido de los Estados miembros datos adicionales sobre los EMV y el SLB relativos a un período que abarcaba hasta 2018 e incluso, para algunos datos, hasta 2020, el CIEM emitió un dictamen en el que determinó las zonas existentes de pesca en aguas profundas para los artes de fondo a una profundidad comprendida entre 400 y 800 metros y estableció una lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o la posibilidad de que existan (en lo sucesivo, «dictamen del CIEM de 2021»).
9
El 17 de noviembre de 2021, la Comisión solicitó al CIEM que emitiese un dictamen adicional que incluyera las coordenadas de las zonas de pesca en aguas profundas existentes y la lista de zonas con EMV en aguas de la Unión Europea únicamente del Atlántico Nororiental. Dicho dictamen fue emitido el 7 de febrero de 2022.
10
El 15 de septiembre de 2022, a partir de esa información, la Comisión adoptó el Reglamento impugnado, cuyo fundamento está constituido esencialmente por el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base.
11
El artículo 2, apartado 1, del Reglamento impugnado dispone lo siguiente:
«La lista de zonas en las que se conoce la existencia de [EMV] o la posibilidad de que existan se establece de acuerdo con las coordenadas establecidas en el anexo II.»
Pretensiones de las partes
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El Reino de España solicita al Tribunal General que:
–
Anule el Reglamento impugnado, en cuanto concierne al establecimiento de la lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, objeto del artículo 2 y del anexo II de dicho Reglamento de Ejecución.
–
Con carácter subsidiario, declare la invalidez del artículo 9, apartados 6 y 9, del Reglamento de base, con arreglo al artículo 277 TFUE.
–
Condene en costas a la Comisión.
13
La Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso por ser parcialmente inadmisible y, en todo caso, infundado.
–
Condene en costas al Reino de España.
14
El Consejo de la Unión Europea solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el segundo motivo, relativo a la excepción de ilegalidad del artículo 9, apartados 6 y 9, del Reglamento de base.
–
Condene en costas al Reino de España.
15
El Parlamento Europeo solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el segundo motivo, basado en la supuesta ilegalidad del artículo 9, apartados 6 y 9, del Reglamento de base, por ser parcialmente inadmisible y, en cualquier caso, infundado.
–
Condene en costas al Reino de España.
Fundamentos de Derecho
16
El Reino de España invoca dos motivos en apoyo de su recurso. El primer motivo se basa en la infracción del Reglamento de base y en la vulneración del principio de proporcionalidad por el Reglamento impugnado, por cuanto establece la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan.
17
Mediante el segundo motivo, el Reino de España propone, con carácter subsidiario, una excepción de ilegalidad del artículo 9, apartados 6 y 9, del Reglamento de base.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del Reglamento de base y en la vulneración del principio de proporcionalidad por cuanto el Reglamento impugnado establece las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan
18
Este motivo consta de dos partes, basadas en que la Comisión infringió el Reglamento de base y vulneró el principio de proporcionalidad, por un lado, al no haber analizado el impacto de los artes de pesca fijos en aguas profundas y, por otro lado, en razón del método utilizado.
Sobre la primera parte, basada en la infracción del Reglamento de base y en la vulneración del principio de proporcionalidad, al no haberse realizado un análisis del impacto de los artes de pesca fijos en aguas profundas
19
El Reino de España sostiene que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento impugnado infringe las disposiciones del Reglamento de base y vulnera el principio de proporcionalidad en la medida en que establece una lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan sin basarse en un análisis del impacto de los artes de pesca fijos. Sobre este particular, el Reino de España subraya que el objetivo del Reglamento de base y, a tal efecto, de la lista de dichas zonas es, según el artículo 1 de este Reglamento, prevenir repercusiones adversas«significativas» en los EMV en el contexto de la pesca en aguas profundas y garantizar la conservación a largo plazo de las poblaciones de peces de aguas profundas. El Reino de España aduce que este enfoque también se desprende de los diferentes instrumentos internacionales a los que remite el Reglamento de base, como las Resoluciones 61/105 y 64/72 adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas o las Directrices Internacionales para la Ordenación de las Pesquerías de Aguas Profundas en Alta Mar de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de 29 de agosto de 2008 (en lo sucesivo, «Directrices de la FAO de 2008»). El Reino de España sostiene que, en dicho Reglamento de Ejecución, la Comisión determinó las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan sobre la base del dictamen del CIEM de 2021, que, según indica, utilizó una metodología ponderada basada en la valoración de diversos posibles enfoques de gestión de la pesca, pero omitió apreciar el impacto de una parte fundamental de la actividad pesquera, a saber, la que utiliza artes fijos. Según el Reino de España, esta metodología no es conforme ni con el Reglamento de base ni con el principio de proporcionalidad, habida cuenta de los pilares de la PPC relativos a la generación de beneficios en los ámbitos económico, social y de empleo.
20
La Comisión, apoyada por el Consejo y por el Parlamento, rebate las alegaciones del Reino de España.
21
En cuanto atañe a la imputación relativa a la infracción del Reglamento de base, procede señalar que la cuestión planteada se refiere a la interpretación del artículo 9, apartado 6, de dicho Reglamento, en particular para determinar si es necesario examinar, en el marco de la adopción por la Comisión de un reglamento que establezca la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, las repercusiones adversas significativas de los artes fijos en cada zona incluida en dicha lista, en el contexto de un enfoque de gestión de la pesca que incluya la evaluación de las consecuencias de las medidas de protección de los EMV en las actividades pesqueras y en la vida económica y social.
22
A la vista de las mencionadas alegaciones del Reino de España (véase el apartado 19 anterior), procede interpretar el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, a fin de definir los criterios de determinación de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan que son objeto del anexo II del Reglamento impugnado y, en particular, determinar si dicha disposición exige una evaluación de las repercusiones adversas de la pesca con artes fijos en tales zonas.
23
En primer lugar, cabe señalar que esa interpretación debe hacerse a la luz de determinadas definiciones que se desprenden directamente del artículo 4 del Reglamento de base y que este artículo remite a las definiciones que figuran en el artículo 4 del Reglamento n.o 1380/2013 y en el artículo 2 del Reglamento (CE) n.o 734/2008 del Consejo, de 15 de julio de 2008, sobre la protección de los ecosistemas marinos vulnerables de alta mar frente a los efectos adversos de la utilización de artes de fondo (DO 2008, L 201, p. 8).
24
Sobre este particular, por un lado, el artículo 4, apartado 2, letra j), del Reglamento de base dispone que se entenderá por «indicadores de [EMV]» los enumerados en el anexo III de este Reglamento. El artículo 4, apartado 2, letra h), de dicho Reglamento establece que se considerará «hallazgo» la captura de una cantidad tal de una especie indicadora de un EMV que supere los límites establecidos en el anexo IV del mismo Reglamento. Más concretamente, en el citado anexo III figura, en primer término, una lista de los tipos de hábitats de EMV que incluye los taxones con más probabilidades de encontrarse en esos hábitats que se consideran indicadores de EMV. A continuación, el anexo IV antes mencionado, letras a) y b), define el hallazgo de un posible EMV, bien para un lance de arrastre y otros artes de pesca distintos de los palangres (en cuyo caso es relevante la presencia de más de 30 kg de coral vivo o de 400 kg de esponja viva de indicadores de EMV), bien para un calado de palangre (siendo en este caso relevante la presencia de indicadores de EMV en 10 anzuelos por segmento de 1000 anzuelos o por sección de 1200 metros de palangre, eligiendo la más corta). Por tanto, con arreglo a estas disposiciones, la presencia de EMV se demuestra o se indica mediante elementos relacionados con la naturaleza y la cantidad de las especies «halladas» tanto por artes móviles como por artes fijos. Dichos elementos son pertinentes e importantes no solo para la aplicación del artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento de base, sino también para el establecimiento de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, de conformidad con el artículo 9, apartados 4 y 6, del mismo Reglamento, como se analizará a continuación (véanse los siguientes apartados 36 a 44).
25
Por otro lado, los conceptos de «artes de fondo» y de «efectos adversos significativos» forman parte integrante de la definición del EMV, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento n.o 734/2008, al que remite el artículo 4 del Reglamento de base.
26
En primer término, según el artículo 2, letra d), del Reglamento n.o 734/2008, son artes de fondo los «artes desplegados en contacto con el fondo marino en el transcurso normal de operaciones de pesca», que en dicho artículo se ilustran mediante ejemplos («incluidos las redes de arrastre de fondo, las dragas, las redes de enmalle de fondo, los palangres de fondo, las nasas y los lazos»). De ello se desprende claramente que los «artes de fondo», en el sentido de la definición mencionada, comprenden los artes de fondo fijos, incluidos los palangres.
27
En segundo término, a tenor del artículo 2, letra b), del Reglamento n.o 734/2008, los «efectos adversos significativos» que ponen en peligro la integridad del ecosistema, según las precisiones contenidas en el artículo 2, letra c), del mismo Reglamento, resultan de un contacto físico del fondo marino con los artes de fondo en general, en el transcurso normal de operaciones de pesca. En este contexto, la expresión «en el transcurso normal de operaciones de pesca» está vinculada a la de «contacto físico con artes de fondo», que figura en el artículo 2, letra b), de dicho Reglamento, y no implica una evaluación de las actividades de pesca realizadas en los espacios marítimos de que se trate. Esta interpretación se ve corroborada por el artículo 2, letra d), del Reglamento en cuestión, según el cual los «artes de fondo» son los «artes desplegados en contacto con el fondo marino en el transcurso normal de operaciones de pesca».
28
En tercer término, la definición que figura en el artículo 2, letra b), del Reglamento n.o 734/2008 incluye también una enumeración no taxativa de los EMV, que comprenden «los arrecifes, los montes marinos, las fuentes hidrotermales, los corales de aguas frías o los campos de esponjas de aguas frías». A este último respecto, como sostiene la Comisión ante el Tribunal General, sin que haya sido rebatido, dicha enumeración corresponde a los tipos de hábitats de EMV mencionados en el anexo III del Reglamento de base que, como se ha indicado anteriormente, se definen a partir de taxones representativos, con independencia del tipo de artes de pesca que puedan afectarlos. Por tanto, la caracterización de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan resulta de la aplicación de criterios objetivos vinculados a la presencia verificada o probable de especies protegidas como las enumeradas, cuya protección se garantiza frente a los peligros vinculados a los efectos de una pesca mediante «artes de fondo» en general. En efecto, el tipo, móvil o fijo, de los artes de fondo no tiene incidencia en los indicadores de estas zonas ni en los tipos de hábitats de EMV identificados por el legislador en el anexo III del Reglamento de base. De ello se desprende, como sostuvo fundadamente la Comisión en la vista, que esta no disponía de una facultad de apreciación acerca de si los hábitats marinos expresamente incluidos en la enumeración de la definición antes mencionada [artículo 2, letra b), del Reglamento n.o 734/2008] y reproducidos en el anexo III del Reglamento de base constituían o no EMV en función de los datos relativos a los tipos de artes de fondo utilizados durante el transcurso normal de las operaciones de pesca realizadas en las zonas de que se trata.
29
En cuarto término, según el artículo 2, letra c), del Reglamento n.o 734/2008, los «efectos adversos significativos» a los que antes se ha hecho mención son evaluados individualmente, en combinación o de forma acumulativa. En consecuencia, no es necesario examinar por separado los efectos adversos de los artes de fondo fijos, en la medida en que los efectos adversos significativos en zonas en las que se conoce la existencia de EMV ya pueden constatarse o son previsibles sobre la base de los artes móviles y, por tanto, a lo sumo, solo se reforzarían en caso de que se constataran efectos adversos adicionales debidos a los artes fijos. Como se ha indicado en el apartado 28 anterior, la presencia verificada o probable de las especies protegidas lleva a calificar las zonas pertinentes de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, de forma que se garantice su protección contra los «artes de fondo» en general.
30
Procede concluir de ello que, en contra de lo alegado por el Reino de España, según el artículo 2 del Reglamento n.o 734/2008, una zona puede calificarse de zona en la que se conoce la existencia de EMV o en la que sea probable que existan en razón de los efectos adversos significativos provocados por la utilización de artes de fondo móviles únicamente o por la utilización de artes de fondo en general, sin que esta calificación pueda ponerse en tela de juicio en relación con los artes de fondo fijos, habida cuenta de sus efectos (potencialmente menos) adversos en el ecosistema de que se trate.
31
En segundo lugar, en la medida en que el Reino de España sostiene que el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base remite a las Directrices de la FAO de 2008, a efectos de la evaluación anual de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, procede señalar que los factores que deberían utilizarse como criterios para la identificación de los EMV se desprenden de los apartados 14, 15 y 42 de dichas Directrices.
32
En particular, se indica que esos factores, vinculados a las características de los ecosistemas propiamente dichos, concretamente a sus aspectos biológicos y estructurales, son los siguientes:
–
unicidad y rareza [i];
–
importancia funcional del hábitat [ii];
–
fragilidad [iii];
–
características del ciclo biológico de las especies que componen ese hábitat y que dificultan su recuperación [iv];
–
complejidad estructural [v].
33
De ello se desprende que la clasificación de un ecosistema marino como vulnerable no presupone un examen de los efectos adversos de los artes de fondo fijos. Es cierto que, de conformidad con el apartado 15 de las Directrices de la FAO de 2008, la vulnerabilidad de un ecosistema se aprecia en relación con las actividades antrópicas y puede variar en función de los tipos de artes de pesca utilizados. Sin embargo, ello no implica que la clasificación de un ecosistema como vulnerable presuponga la apreciación de su fragilidad atendiendo específicamente a cada tipo de arte utilizado o que pueda limitarse a determinados tipos de artes, con exclusión de otros, dado que dicha clasificación se basa en las características del ecosistema propiamente dicho, que no varían en función del efecto de cada tipo de arte utilizado.
34
Además, de los apartados 17, 18 y 47 de las Directrices de la FAO de 2008 se desprende que la evaluación de los efectos adversos de la pesca realizada o prevista en las zonas de que se trata es posterior a la identificación de los EMV y forma parte de una fase ulterior del procedimiento relativo a su protección, que concierne a la adopción de medidas de gestión y conservación adecuadas, destinadas a evitar cualquier efecto adverso significativo sobre los EMV.
35
Por tanto, las Directrices de la FAO de 2008 no aportan elementos de interpretación que puedan sustentar la tesis formulada por el Reino de España sobre la necesidad de evaluar la eventual incidencia de todo tipo de pesca y de los artes que se utilicen.
36
En tercer lugar, debe realizarse un análisis teleológico y sistémico del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base.
37
En primer término, cabe señalar que la identificación por los Estados miembros de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, que la Comisión tendrá en cuenta a efectos de la elaboración de la lista de tales zonas, se basa, en particular, en la información biogeográfica y en la información sobre los hallazgos de EMV, que dependen de la cantidad de determinadas especies (véanse las disposiciones de los anexos III y IV de dicho Reglamento) capturadas en el transcurso de una operación pesquera. Así pues, se trata de información que, más que a las características o los efectos de los diferentes artes de fondo utilizados, se refiere a las características biológicas y estructurales de los hábitats afectados.
38
En segundo término, debe considerarse que, aun cuando el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, en la medida en que se refiere al hecho de establecer una lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, instaura un requisito de conservación de los EMV, se trata, no obstante, de un elemento distinto del relativo a la adopción de medidas específicas para la conservación y la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos.
39
A este respecto, como se desprende, en particular, de los artículos 4, apartado 1, punto 20, y 7, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 1380/2013, el tipo de artes de pesca utilizados o sus características, relativas a su utilización, pueden ser objeto de «medidas técnicas» para regular los efectos de las actividades pesqueras en los componentes de los ecosistemas. Constituye una medida de este tipo, que forma parte de la «gestión de la pesca», la prevista en el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base, según el cual «se prohibirá la pesca con artes de fondo en todas las zonas incluidas en la lista de conformidad con el apartado 6».
40
En ese mismo sentido, la posibilidad, establecida en el artículo 9, apartado 6, segunda frase, del Reglamento de base, de eliminar una zona de la lista de EMV, sobre la base de una evaluación de impacto y tras la adopción de medidas de conservación y de gestión adecuadas que garanticen la prevención de las repercusiones adversas significativas en los EMV en esa zona, presupone precisamente que se hayan adoptado tales medidas. Así pues, contrariamente a cuanto sostiene el Reino de España, no cabe deducir de esta disposición que deba aplicarse un enfoque de gestión, que incluya la exigencia de evaluar las consecuencias de las medidas de protección de los EMV sobre las actividades pesqueras y sobre la vida económica y social (véase el apartado 19 anterior), en relación con el establecimiento de la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan.
41
En tercer término, tal enfoque, preconizado por el Reino de España, sería incompatible con el concepto de «acto de ejecución», puesto que modificaría o completaría el Reglamento de base en sus elementos esenciales respecto a la protección de los EMV (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartados 44 y 48 a 51) e iría mucho más allá de la facultad conferida a la Comisión por el artículo 9, apartado 6, primera frase, del Reglamento de base.
42
Esta consideración no queda desvirtuada por el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, en virtud del cual la evaluación de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan se efectuará según el criterio de precaución en materia de gestión de la pesca a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 8, del Reglamento n.o 1380/2013, según el cual «la falta de información científica suficiente no debe servir de justificación para posponer o para no adoptar medidas de gestión destinadas a conservar las especies principales, así como las especies asociadas o dependientes, las especies acompañantes y el medio en el que se encuentran». En efecto, la aplicación de dicho criterio, en cuanto al establecimiento de la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, se justifica, por una parte, por el hecho de que la identificación de esas zonas forma parte integrante de su protección y, por otra parte, por la probabilidad de que no existan datos científicos suficientes (o suficientemente fiables y creíbles) sobre las características de los ecosistemas afectados, que deben tomarse en consideración para la identificación de los EMV. Este criterio implica que la falta de tales datos no debe excluir que la Comisión, al ejercer su facultad de apreciación en este ámbito (véase, por analogía, la sentencia de 22 de junio de 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Comisión, C‑259/22 P, no publicada, EU:C:2023:513, apartado 45), califique las zonas afectadas de zonas en las que sea probable que existan EMV, tomando en consideración, en su caso, elementos relativos a las actividades de pesca llevadas a cabo, con el fin de apreciar la probabilidad de la existencia continuada de EMV.
43
Además, el Reino de España invoca también el artículo 9, apartado 8, del Reglamento de base, según el cual «se exigirán nuevas evaluaciones de impacto en caso que de que haya cambios significativos en las técnicas utilizadas para llevar a cabo la pesca con artes de fondo, o si existe información científica nueva que indique la presencia de [EMV] en una zona determinada». Aduce que si las diferentes técnicas utilizadas para llevar a cabo la pesca con artes de fondo son un elemento relevante a efectos de revisar la lista de zonas en que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, necesariamente debe ser un elemento de máxima relevancia en el establecimiento de esa lista. No obstante, procede desestimar esta alegación. En efecto, el artículo 9, apartado 8, del Reglamento de base exige nuevas «evaluaciones de impacto», pero tales evaluaciones no son necesarias para el establecimiento de dichas zonas con arreglo al artículo 9, apartado 6, primera frase, de dicho Reglamento, sino más bien para la eliminación de una zona de la lista, con arreglo a la segunda frase de esta disposición, que establece requisitos procedimentales y materiales.
44
De todas estas consideraciones que figuran en los anteriores apartados 19 a 43 se desprende que, contrariamente a lo que sostiene el Reino de España, el artículo 9, apartado 6, primera frase, del Reglamento de base no exige ni una evaluación de los efectos adversos significativos de los artes fijos en cada zona en la que se conoce la existencia de EMV o en la que sea probable que existan incluida en la lista de que se trata, ni un enfoque de gestión de la pesca, o de una gestión que incluya la evaluación de las consecuencias de las medidas de protección de los EMV en las actividades pesqueras y en la vida económica y social.
45
Por cuanto concierne a la imputación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad, al que remite el Reglamento n.o 1380/2013 (véase el apartado 42 anterior), mencionado a su vez en el Reglamento de base, cabe recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, el principio de proporcionalidad forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión y exige que los medios que aplica una disposición del Derecho de la Unión sean aptos para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlos (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2010, Vodafone y otros, C‑58/08, EU:C:2010:321, apartado 51 y jurisprudencia citada).
46
A este respecto, debe recordarse que el principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones de la Unión no rebasen los límites de lo que resulta adecuado y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate (véase la sentencia de 11 de enero de 2017, España/Consejo, C‑128/15, EU:C:2017:3, apartado 71 y jurisprudencia citada). Según jurisprudencia reiterada, para ajustarse al criterio de proporcionalidad, una medida debe ser idónea para contribuir al objetivo perseguido, y no necesariamente para lograrlo por sí sola (sentencia de 13 de junio de 2018, Deutscher Naturschutzring, C‑683/16, EU:C:2018:433, apartado 49 y jurisprudencia citada).
47
En el presente asunto, en la medida en que el Reino de España centra sus alegaciones en la cuestión de si los «efectos negativos» en el medio ambiente marino de los diferentes tipos de artes de pesca, en particular de los artes fijos, eran «significativos» o incluso «considerables», de modo que pusieran en peligro la integridad del ecosistema (véase también el apartado 19 anterior), lo que excluiría que se tomaran en consideración estos últimos artes, y en cuanto a su alegación formulada en la réplica, según la cual no era razonable aceptar la premisa de que la vulnerabilidad de los ecosistemas es una cuestión inherente a estos y objetiva que solo depende del ecosistema y de sus características, ya se ha señalado en el apartado 33 anterior que, al establecer la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, procedía basarse en las características de los ecosistemas propiamente dichos, incluida su fragilidad, teniendo en cuenta el riesgo de daños relacionados con los efectos adversos significativos que resultan, en general, de la utilización de «artes de fondo». Así pues, el hecho de que el CIEM y la Comisión no analizaran los efectos adversos de los artes fijos en las zonas incluidas en la citada lista que figura en el anexo II del Reglamento impugnado tampoco constituye una vulneración del principio de proporcionalidad.
48
Por las razones indicadas en los anteriores apartados 21 a 47, el Reino de España no puede sostener fundadamente que, a la luz de la PPC y del principio de proporcionalidad, no procedía desarrollar un pilar, el relativo al medio ambiente, sin tomar en consideración los otros dos, a saber, el económico y el social. En particular, ha de señalarse asimismo que la Comisión, al establecer la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, con arreglo al artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, no podía proceder, en el marco de las competencias que se le habían atribuido para adoptar un reglamento de ejecución, a una ponderación entre la protección de los EMV y otros objetivos de la PPC (véase el apartado 41 anterior). Así pues, no puede acogerse la alegación del Reino de España según la cual «el veto a la pesca con artes fijos generado por el Reglamento de Ejecución [impugnado] no se justifica por el objetivo de protección de los [EMV], al no haberse evidenciado un impacto adverso significativo» y resulta «desproporcionado respecto a dicho objetivo y al resto de finalidades de la PPC, frustrando la posibilidad de generar riqueza económica y disponibilidad de productos alimenticios de una parte sustancial de la flota pesquera».
49
A este respecto, procede añadir que, contrariamente a lo que alega el Reino de España, la opción 1 del escenario 2, que figura en el dictamen del CIEM de 2021 y que con posterioridad fue adoptada por la Comisión en el Reglamento impugnado, no se basa en una ponderación entre la protección de los EMV y otros objetivos de la PPC ni tampoco en un enfoque de gestión de la pesca.
50
En efecto, de dicho dictamen del CIEM se desprende que su base de datos contiene dos tipos de datos, a saber, los que confirman la existencia de EMV, registrados como hábitats de EMV, y los que no proporcionan la misma certeza en cuanto a la presencia de EMV, al no proceder de la observación directa del fondo marino, sino de muestras tomadas a distancia. Para estos registros, el CIEM ha aplicado un método destinado a combinar registros individuales dentro de una zona marina específica (un «cuadrado C»), sobre la base de los criterios de la FAO y de todos los datos disponibles sobre la abundancia en un «índice EMV» que presenta una probabilidad alta, media y baja de un «cuadrado C» que contenga un hábitat real de EMV.
51
Sobre esta base, el dictamen del CIEM de 2021 identifica varios «enfoques de gestión» vinculados a la elaboración de la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan.
52
De conformidad con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Directrices de la FAO de 2008, el CIEM elaboró dos escenarios, cada uno de ellos con dos opciones. Como se desprende del cuadro 1 del dictamen del CIEM de 2021, este estableció cuatro maneras diferentes de delimitar las zonas con EMV (según el escenario y la opción pertinentes), en la primera columna del cuadro, así como las implicaciones para su gestión, en su segunda columna.
53
De estos elementos del dictamen del CIEM de 2021 y de las explicaciones que los acompañan se desprende que el nivel de actividad pesquera no se tuvo en cuenta en el marco de un enfoque de gestión de la pesca o de ponderación de los intereses concurrentes, sino más bien para apreciar la probabilidad de la existencia de un EMV en las zonas con un índice «bajo» de presencia, que ya podía estar dañado de manera irreversible, de modo que la continuación de las actividades pesqueras no pueda causar otros efectos adversos significativos. En particular, del dictamen del CIEM de 2021 se desprende que el escenario 2 tenía en cuenta los límites «swept-area ratio» (coeficiente de superficie barrida; en lo sucesivo, «SAR»), que habían sido establecidos sobre la base de datos empíricos, para el nivel de actividad pesquera, vinculados a las repercusiones negativas significativas y que, por tanto, permitían evaluar los efectos de la pesca sobre la presencia o la inexistencia de EMV. Como se ha explicado en el anterior apartado 44, tal enfoque es compatible con el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base.
54
Aun teniendo en cuenta la segunda columna del cuadro 1 del dictamen del CIEM de 2021, relativa a la opción 1 del escenario 2 y, en particular, a las «implicaciones para la gestión», no puede deducirse una lógica diferente. En efecto, en ella se menciona que esta opción «da prioridad a la protección de los EMV cuando su presencia está “verificada” o es “probable”» e incluye «los cuadrados C con bajo índice de EMV en los que la actividad pesquera es también baja y las repercusiones negativas significativas (SAI) debidas a la actividad pesquera pasada son menos probables». Tales elementos muestran, en su conjunto, un enfoque vinculado a las características de las zonas de que se trata. En cualquier caso, la parte final de esta descripción de las implicaciones para la gestión, según la cual se «ofrece una protección del EMV de bajo coste para el pescador y una protección máxima de los EMV en la huella pesquera», constituye simplemente una apreciación de los efectos de dicho escenario en cuanto a la protección de los EMV y a su incidencia en la pesca, que, sin embargo, no se utilizó como factor adicional para determinar las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, además de los elementos indicados en la página 5 del dictamen del CIEM de 2021, que coinciden con los demás factores indicados en el apartado 32 anterior y en la primera columna del cuadro 1, que figura en la página 6 de dicho dictamen.
55
Asimismo, procede añadir, por lo que respecta al método utilizado por el CIEM, que de su dictamen de 2021 se desprende que este indicó expresamente que solo había podido tener en cuenta la intensidad de la pesca en relación con los artes móviles, ya que estos eran los únicos sobre los que disponía de información pertinente (es decir, datos relativos a la intensidad de la pesca), aun cuando se había constatado de manera expresa que faltaba tal información en relación con los artes fijos. Pues bien, el Reino de España no rebate, de manera clara y precisa, la falta de información suficientemente concreta respecto a la intensidad de la pesca mediante artes fijos en el medio marino de que se trata.
56
Por lo que respecta a la alegación del Reino de España de que, en esencia, el CIEM tomó la decisión, en relación con determinadas zonas del entorno de las Azores (Portugal), de no incluirlas en su dictamen de 2021 sobre el establecimiento de la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, a pesar de que se trataba precisamente de las zonas en las que la pesca se realizaba principalmente con artes fijos, basta señalar que, por una parte, lo que resultaba pertinente era la falta de información suficiente que permitiese determinar la existencia, o la probable existencia, de dichas zonas, y, por otra parte, como indicó la Comisión ante el Tribunal General, sin que haya sido rebatido, se solicitó al CIEM un análisis adicional, en esta zona geográfica, de manera que en el futuro pudiera prepararse una lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan. Así pues, el hecho de que no se incluyera esta zona en la lista de zonas de que se trata que figura en el anexo II del Reglamento impugnado no permite demostrar que se vulnere de algún modo el principio de proporcionalidad.
57
Por último, en cuanto a la alegación del Reino de España de que, en esencia, la Comisión disponía de alternativas distintas de la que finalmente adoptó, sobre la propia base del dictamen del CIEM de 2021, que preveía expresamente «la posibilidad de combinar diferentes escenarios en distintas zonas, en función de las diferentes características de las mismas, en particular de los datos sobre las actividad pesquera», y de la propuesta del Reino de España de valorar la elección de «escenario y opción, de modo que las zonas con bajos indicadores de presencia de [EMV] y actividad pesquera con artes fijas no quedaran cerradas», de conformidad con los objetivos de la PPC y con el principio de proporcionalidad, procede señalar que la opción así preconizada por el Reino de España se basa en un enfoque de gestión de la pesca y no en un enfoque orientado a la designación de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan a la vista de sus características inherentes. Además, el Reino de España no demuestra que la metodología seguida no fuera adecuada, que no pudiera contribuir al objetivo perseguido (en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 46 anterior), ni tampoco que otra metodología habría sido más eficaz para la delimitación de dichas zonas.
58
Habida cuenta de cuanto antecede, procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo, basada en la infracción del Reglamento de base y en la vulneración del principio de proporcionalidad debido a la falta de análisis del impacto de los artes de pesca fijos en aguas profundas.
Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en que el método de determinación de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan infringe el Reglamento de base y vulnera el principio de proporcionalidad
59
Las alegaciones del Reino de España en el marco de la presente parte del primer motivo pueden dividirse en cuatro imputaciones. En primer lugar, según el Reino de España, algunas de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, designadas por la Comisión en el Reglamento impugnado, se encuentran a menos de 400 metros de profundidad, lo que es contrario al Reglamento de base. En segundo lugar, el Reino de España critica la metodología utilizada en el dictamen del CIEM de 2021, basada en la unidad «cuadrado C». En tercer lugar, el Reino de España impugna el establecimiento de las buffer zones (zonas de protección), que consisten, en esencia, en añadir «medio cuadrado C» a los «cuadrados C» respecto de los que se ha determinado que contienen EMV. En cuarto lugar, el Reino de España critica el cierre a la pesca de las zonas, supuestamente sin presencia de EMV, encerradas entre «cuadrados C» respecto de los que se ha determinado que contienen EMV.
– Sobre la primera imputación, relativa a las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan que se encuentran a menos de 400 metros de profundidad
60
El Reino de España subraya que el artículo 2 del Reglamento impugnado establece, por remisión a su anexo II, la lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, con arreglo al artículo 9 del Reglamento de base. Dicho artículo 9, apartado 1, se aplica a las actividades pesqueras con artes de fondo a más de 400 metros de profundidad. Por otra parte, el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base dispone que se prohibirá la pesca con artes de fondo en todas las zonas incluidas en la lista de conformidad con el apartado 6 del mismo artículo. No obstante, el Reino de España alega que el Reglamento impugnado parece establecer una prohibición generalizada de pesca con artes de fondo en las zonas incluidas en la lista, con independencia de si la profundidad supera los 400 metros. Añade que algunas zonas, entre ellas las zonas 4, 6, 17, 23, 31, 35, 39, 40, 48 y 78, incluidas en el anexo II de dicho Reglamento de Ejecución, se encuentran a menos de 400 metros de profundidad. Considera que, por tanto, no se les debe aplicar el artículo 9 del Reglamento de base, y, más concretamente, la prohibición de pesca con artes de fondo establecida en su apartado 9. A su juicio, la inclusión de estas zonas en la lista va más allá de lo permitido por el Reglamento de base, que únicamente sujeta a la aplicación del artículo 9, en su totalidad, las zonas situadas a más de 400 metros de profundidad.
61
La Comisión rebate estas alegaciones.
62
A este respecto, procede recordar que, si bien el tenor del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base no contiene ninguna referencia a una limitación de la profundidad de las zonas incluidas en la lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, el artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento dispone que se aplicará a las actividades pesqueras con artes de fondo a más de 400 metros de profundidad. El artículo 9, apartado 2, de este Reglamento alude a esta misma categoría de actividades pesqueras e indica los datos que deben tenerse en cuenta para la evaluación y la identificación de los EMV. De ello cabe deducir que las zonas mencionadas en el artículo 9, apartado 6, de dicho Reglamento deben encontrarse, al menos en parte, a una profundidad superior a 400 metros, como, por otro lado, admite la Comisión.
63
En efecto, en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal General en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, la Comisión afirmó que todas las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, tal como se delimitan en el anexo II del Reglamento impugnado, incluidas las puestas de relieve por el Reino de España, se encuentran, al menos en parte, a más de 400 metros de profundidad. Ninguna de ellas se encuentra, en su totalidad, a 400 metros o menos de profundidad. La Comisión adjuntó a su respuesta un cuadro en el que se indica la profundidad mínima y máxima de cada una de las zonas enumeradas en el anexo II del Reglamento impugnado con arreglo a los datos de la Red Europea de Observación y Datos Marinos (EMODnet), que también estaban a disposición de los Estados miembros.
64
Además, como se desprende, en particular, del considerando 6 del Reglamento impugnado, el dictamen del CIEM de 2021 tenía por objeto enumerar los EMV «según un índice de presencia alta, media y baja en cuadrados C a una profundidad comprendida entre 400 y 800 metros». El dictamen del CIEM de 2021 explica las razones por las que, en algunos casos, determinadas partes de los «cuadrados C» podían encontrarse en profundidades no comprendidas entre 400 y 800 metros.
65
La Comisión sostuvo también que, si bien las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, enumeradas en el anexo II del Reglamento impugnado, engloban todas aquellas en las que sea probable o cierta la presencia de EMV, la prohibición de pesca solo se aplica, en cambio, a una profundidad superior a 400 metros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartados 1 y 9, del Reglamento de base. En la vista, la Comisión confirmó además que esta misma lógica se aplicaba tanto a los «cuadrados C» como a las zonas tapón.
66
De los datos y de la información facilitada por la Comisión se desprende que, si bien es cierto que la profundidad de las zonas designadas como zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan puede variar, de modo que una parte de ellas pueda incluso encontrarse fuera del límite de los 400 a 800 metros, ninguna de las zonas de que se trata está situada en su conjunto a una profundidad comprendida entre 0 y 400 metros. Pues bien, los datos referidos, aportados por la Comisión, no han sido cuestionados de manera concreta y precisa por el Reino de España. Por consiguiente, no se ha demostrado que el criterio de profundidad establecido en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento de base (véase el apartado 62 anterior) no haya sido tenido en cuenta en el presente asunto.
67
En estas circunstancias, debe desestimarse la primera imputación del Reino de España, en la medida en que se refiere a la supuesta inclusión, por la Comisión, en la lista de que se trata (conforme a las coordenadas indicadas en el anexo II del Reglamento impugnado) de zonas completamente situadas a una profundidad no comprendida entre 400 y 800 metros.
– Sobre la segunda imputación, relativa a la metodología utilizada en el dictamen del CIEM de 2021, basada en la unidad «cuadrado C»
68
El Reino de España critica el dictamen del CIEM de 2021 por cuanto utiliza una metodología corroborada, en esencia, por el Reglamento impugnado, basada en la unidad «cuadrado C», a 0,05 grados, que, según indica, crea celdas de entre 15 a 25 kilómetros cuadrados, dependiendo de la latitud. Alega que, en esencia, como reconoce el propio CIEM, tal sistema supone que las celdas no son uniformes en función de la latitud. El Reino de España sostiene que esta metodología cierra zonas excesivamente amplias alrededor de donde se hayan detectado EMV, particularmente en zonas de plataforma continental estrecha, como en el norte de España, a diferencia de las zonas de gran extensión, como la plataforma continental del mar del Norte. A su juicio, con esta metodología, los puntos de presencia de EMV, definidos por vídeo o foto (en el caso de hábitats) o por otras técnicas como los arrastres (en el caso de indicadores físicos de EMV), se combinan con la cuadrícula de celdas de «cuadrados C» para generar los polígonos de cierre. El Reino de España alega que todo ello supone que un mismo «cuadrado C» puede tomar en consideración diversos indicadores de EMV, zonas de pesca y batimetrías. Afirma que esta falta de resolución empobrece todo tipo de análisis. En su opinión, el propio dictamen del CIEM de 2021 admite que esta metodología tiene importantes limitaciones sobre la consecuencia potencial de una escala menor de separación entre la existencia de EMV y el solapamiento con la actividad pesquera.
69
El Reino de España sostiene que el Reglamento de base exige que la lista elaborada por la Comisión a efectos de su artículo 9 se limite a las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, pues fuera de ellas el Reglamento permite la pesca bajo el régimen de autorización. Afirma que nada justifica un cierre indiscriminado, debido a la utilización de una metodología poco precisa que no tiene en cuenta la mejor información científica y técnica disponible, de zonas adyacentes en las que tales ecosistemas no han sido localizados. Según el Reino de España, existía una información más precisa y se encontraba a disposición del CIEM para la elaboración de su dictamen.
70
La Comisión rebate las alegaciones del Reino de España.
71
Con carácter preliminar, procede señalar que el Reglamento impugnado se basa en el dictamen del CIEM de 2021, del que se desprende que:
«El sistema de cuadrados C es un sistema de cuadrícula. El CIEM utiliza una resolución de cuadrado C de 0,05° de longitud [por] 0,05° de latitud [aproximadamente 15 km2 (3 km × 5 km) a una latitud de 60° Norte]. Esta resolución constituye una escala práctica para recopilar, explorar y evaluar los datos relativos a las actividades pesqueras en el medio marino.»
72
Procede observar, además, que el artículo 9 del Reglamento de base (incluidas las Directrices de la FAO de 2008 a las que remite) no contiene normas específicas en cuanto a la metodología concreta que se debe utilizar para elaborar la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, en particular en lo que respecta al sistema de cuadrícula técnica o al sistema de coordenadas que tienen que utilizarse como referencia cartográfica. Por tanto, debe considerarse que el uso de estos está comprendido en el margen de apreciación de que dispone la Comisión en cuanto a la aplicación de los criterios de elaboración de la lista de dichas zonas (véase el apartado 42 anterior). En este contexto, a fin de que pueda cumplir eficazmente el objetivo que se le ha marcado, y en consideración a las complejas valoraciones técnicas que debe efectuar, es preciso reconocer a la Comisión una amplia facultad de apreciación (véase, por analogía, la sentencia de 19 de enero de 2012, Xeda International y Pace International/Comisión, T‑71/10, no publicada, EU:T:2012:18, apartado 69 y jurisprudencia citada). Habida cuenta de estos elementos, tan solo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, en relación con el objetivo que la Comisión pretenda conseguir, puede afectar a la legalidad de tal medida, en el marco del examen, por parte del Tribunal General, del respeto del principio de proporcionalidad (véase, por analogía, la sentencia de 9 de septiembre de 2020, Eslovenia/Comisión, T‑626/17, EU:T:2020:402, apartado 173).
73
Tales son las consideraciones que se deben tener en cuenta al examinar las alegaciones del Reino de España.
74
En primer lugar, el CIEM explicó en su dictamen de 2021 que, en esencia, el enfoque en cuestión, a saber, la utilización del sistema de «cuadrados C», de una resolución de 0,05° de longitud por 0,05° de latitud [aproximadamente 15 km2 (3 km × 5 km) a una latitud de 60° Norte], constituía una escala práctica para recopilar, explorar y evaluar los datos relativos a las actividades pesqueras en el medio marino (véase el apartado 71 anterior). En este contexto, hizo referencia a los datos de batimetría de EMODnet modelizados, así como a los trabajos de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO), destacando efectivamente algunas imprecisiones o insuficiencias derivadas de la utilización de la metodología de los «cuadrados C». No obstante, el CIEM concluyó a este respecto que determinadas variaciones criticables, resultantes de la utilización de la metodología en cuestión, «no se [podían] resolver con los datos disponibles y [requerían] modificaciones fundamentales en la solicitud de datos del SLB del CIEM [o] en el análisis a escala precisa por parte de los diferentes Estados miembros de la Unión».
75
En segundo lugar, es cierto que el Reino de España sostiene que disponía de información más precisa, procedente en su mayoría de los proyectos Indemares e Intemares, de conocimientos del medio marino para la gestión de los espacios de la Red Natura 2000 cofinanciados por la Unión y de las campañas de investigación destinadas a responder a las estrategias marinas. Según indica, esta información georreferenciada y precisa fue comunicada a EMODnet, que da acceso a datos marinos europeos clasificados en siete disciplinas (batimetría, biología, química, geología, actividades humanas, física y hábitats del fondo marino), y a la base de datos OSPAR, mecanismo mediante el cual quince Gobiernos y la Unión cooperan para proteger el medio marino del Atlántico Nororiental. El Reino de España alega que la Comisión reconoce también que el método basado en los «cuadrados C» no es el más preciso que podría existir ni da respuesta al diferente tamaño que se genera en la cuadrícula por razón de la latitud, en detrimento del Reino de España. Por último, según el Reino de España, las alegaciones de la Comisión relativas a la comunicación supuestamente tardía de los datos al CIEM por los Estados miembros no eran pertinentes. La decisión unilateral del CIEM de basar sus dictámenes exclusivamente en su propia base de datos sobre los EMV, ignorando los datos aportados por los Estados miembros a través de diferentes redes e infraestructuras de intercambio de datos de la Unión, constituye, a juicio del Reino de España, una nueva limitación en la utilización de la mejor información científica y técnica disponible.
76
Ahora bien, estos elementos no bastan para considerar que la Comisión excediera manifiestamente su margen de apreciación al utilizar la metodología del «cuadrado C», es decir, la tomada en consideración por el CIEM en su dictamen de 2021, o que no utilizara la mejor información científica y técnica disponible (véanse los anteriores apartados 69 y 75, in fine). En efecto, la Comisión se basa en su argumentación no solo en el hecho de que estaba obligada a utilizar los datos disponibles, constituidos mediante dicha metodología, sino también en que su enfoque tomaba en consideración las características de la pesca de fondo y la necesidad de garantizar una aplicación uniforme del Reglamento de base. A este respecto, hizo referencia al método basado en los «cuadrados C», utilizado tanto por los Estados miembros para determinar las actividades pesqueras como por organizaciones como la Comisión de Pesquerías del Atlántico del Nordeste (CPANE), de la que es miembro la Unión, para delimitar prohibiciones de pesca en relación con los EMV, similares a la prohibición establecida por el Reglamento de base. Por otro lado, el Reino de España no indica ninguna alternativa eficaz y realista, atendiendo a la necesidad de armonizar los enfoques de los Estados miembros y de aplicar de manera uniforme el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base.
77
Tampoco se desprende de los métodos propuestos por el Reino de España (véase el apartado 75 anterior) que tales métodos sean más precisos para el conjunto de los espacios marítimos pertinentes, tomados en consideración por el CIEM en su dictamen de 2021 y por la Comisión en el Reglamento impugnado, en particular en la fecha de adopción de este último, o tan siquiera que uno o varios datos concretos, utilizados por el CIEM y por la Comisión, hagan que la metodología utilizada sea manifiestamente inadecuada sobre la base de la información facilitada por el Reino de España o debido a la posibilidad de utilizar otros métodos, como el método «Kernel», al que se ha hecho referencia en la vista como método de estimación de densidad, método cuantitativo que permite determinar la distribución y la extensión de las zonas en las que existen EMV supuestamente utilizado por la NAFO. Además, procede señalar que, contrariamente a lo que sostiene el Reino de España (véase el apartado 75 anterior), en su dictamen de 2021, el CIEM se basó, en particular, en datos de batimetría extraídos precisamente de la base de datos de EMODnet, puesta de relieve por el Reino de España. Por otro lado, como señaló la Comisión en la vista, sin que el Reino de España la contradijera, pese a que, con arreglo al artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, los Estados miembros podían elaborar una lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o sea probable que existan en la que la Comisión pudiera basarse (además del dictamen del CIEM), el Reino de España no propuso tal lista a la Comisión.
78
Por tanto, procede desestimar por infundada la segunda imputación del Reino de España, que critica la metodología que se utiliza en el dictamen del CIEM de 2021 basada en la unidad «cuadrado C».
– Sobre la tercera imputación, relativa al establecimiento de las zonas de protección mediante la agregación de «medio cuadrado C» a los «cuadrados C»
79
Según el Reino de España, los «cuadrados C» donde se localizan EMV se ven complementados por unas zonas contiguas de seguridad de «medio cuadrado C» para asegurar la protección de los hábitats situados en el límite del «cuadrado C». Indica que se trata de una distancia de seguridad que supera la recomendada en otros informes previos de entre dos y tres veces la profundidad de la zona en cuestión. El Reino de España alega que la razón de tales cierres se basa en consideraciones claramente asociadas a los artes móviles de pesca. Aduce que de ello resulta una lista de zonas que en la práctica conlleva cierres mucho más extensos de los que procederían de acuerdo con el Reglamento de base, de modo que se infringen sus disposiciones y se vulnera el principio de proporcionalidad. El Reino de España sostiene que el Reglamento de base solo permite el cierre de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, teniendo en cuenta los efectos adversos significativos que las actividades pesqueras pueden tener sobre dichos ecosistemas. Afirma, además, que el cierre de zonas tapón de «medio cuadrado C» en torno a cada «cuadrado C» frustra el objetivo de mantener una actividad de pesca sostenible y generar beneficios económicos y sociales, así como el de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios a precios razonables.
80
La Comisión rebate las alegaciones del Reino de España.
81
Con carácter preliminar, procede señalar que, por lo que respecta a los tapones espaciales alrededor de los «cuadrados C» cerrados, el dictamen del CIEM de 2021 indica lo siguiente:
«Los sistemas de navegación modernos proporcionan una ubicación muy precisa de los buques de pesca marítima. No obstante, cuando faenan en profundidades comprendidas entre 400 y 800 metros, la ubicación de los artes de pesca puede diferir sustancialmente de la ubicación del buque. El CIEM considera que un tapón de la mitad de un cuadrado C alrededor de cada cuadrado C sería adecuado para garantizar la protección de los hábitats de EMV distribuidos en los márgenes del cuadrado C. La elección de un tapón de medio cuadrado C en lugar de otra distancia se hizo principalmente atendiendo a la facilidad de su aplicación (CIEM, 2020b). Anteriormente, el CIEM había recomendado (CIEM, 2013) […], para los EMV presentes en los fondos marinos planos o no, una zona tapón de aproximadamente dos veces (inferior a 500 m de profundidad) o tres veces (superior a 500 m de profundidad) la profundidad local […]. Dada la complejidad de la aplicación de esta recomendación en el dictamen actual, el CIEM ha optado por un tapón de medio cuadrado C alrededor de cada cuadrado C.»
82
En el presente asunto, procede señalar que el establecimiento de zonas de protección era necesario para garantizar el efecto útil del artículo 9, apartados 6 y 9, del Reglamento de base y la protección eficaz de los EMV que se pretende lograr mediante la aplicación combinada de estas disposiciones. En efecto, a la vista de las explicaciones pertinentes que figuran en el dictamen del CIEM de 2021, el establecimiento de esas zonas tapón tiene por objeto garantizar, de conformidad con el principio de precaución, la protección de los posibles hábitats de EMV que estén adyacentes a los «cuadrados C» y que, por tanto, podrían verse amenazados por las actividades pesqueras de los buques que se encontraran en las proximidades de esos «cuadrados C», debido a la probable diferencia entre la ubicación del buque y la del arte de pesca, potencialmente significativa, habida cuenta de las profundidades de que se trata (entre 400 y 800 metros).
83
Por consiguiente, aun cuando dichas zonas tapón no contienen indicadores de EMV y, en consecuencia, según los datos accesibles al CIEM y a la Comisión, no es probable que en ellas existan EMV, su establecimiento, como parte esencial de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, es conforme con los objetivos de protección de los EMV que pretende lograr el artículo 9 del Reglamento de base y es necesario para su aplicación eficaz y uniforme. Así, la imputación del Reino de España según la cual la inclusión de las zonas tapón en las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, establecidas por el Reglamento impugnado, infringe el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, no puede prosperar.
84
Además, dado que la protección de los EMV a que se refiere el artículo 9 del Reglamento de base concierne al riesgo vinculado a la pesca con artes de fondo en general, el hecho de que afecte en mayor medida a los artes móviles que a los fijos no puede excluir ni limitar la posibilidad de que la Comisión establezca tales zonas. En cualquier caso, como se desprende de los anteriores apartados 135 y 138, no puede excluirse que, debido a las corrientes de agua o a los movimientos laterales en el momento de su recuperación, los artes fijos puedan desplazarse (o incluso perderse) accidentalmente, de modo que causen daños en los EMV.
85
Por lo que respecta a la imputación del Reino de España, recordada en el apartado 79 anterior, relativa a la vulneración del principio de proporcionalidad (véanse también los anteriores apartados 45 y 46), debido a la extensión de las zonas tapón, procede observar, en primer lugar, que estas zonas son aptas para alcanzar el objetivo legítimo perseguido por la normativa de que se trata, que está relacionado con la prevención del riesgo vinculado a la pesca con artes de fondo, como se ha recordado en el apartado 82 anterior.
86
En segundo lugar, en cuanto al carácter desmesurado de esas zonas en relación con el objetivo antes mencionado, habida cuenta del carácter esencialmente técnico de este elemento de la metodología seguida por la Comisión, el control del Tribunal General se limita, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 72 anterior, a un examen del carácter manifiestamente desproporcionado del tamaño de dichas zonas en relación con el objetivo de su establecimiento, relativo a la prevención del riesgo probable vinculado a la pesca con artes de fondo en general. Sin embargo, el Reino de España no ha demostrado el carácter manifiestamente desproporcionado del tamaño de las zonas de que se trata. A este último respecto, la única alegación concreta formulada por el Reino de España se basa en las diferencias existentes en los dictámenes consecutivos del CIEM, en cuanto a la extensión de las zonas tapón. Esta alegación debe desestimarse por infundada. En efecto, tales diferencias parecen estar vinculadas a un método alternativo de cálculo, que sirve de base para la delimitación de las zonas tapón. En particular, como también se desprende del dictamen del CIEM de 2021 (véase el apartado 81 anterior), mientras que, anteriormente, la cuestión se trataba en función de la profundidad que presentaban las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan (dictamen del CIEM de 2013), con posterioridad, la zona de seguridad se delimitó con referencia a «medio cuadrado C» adicional principalmente por la facilidad y, por tanto, la eficacia de la aplicación de dicha medida. En cualquier caso, la modificación de un elemento de la metodología propuesta en los dictámenes del CIEM no es de por sí suficiente para demostrar que la medida controvertida vaya manifiestamente más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de que se trata.
87
En estas circunstancias, el Reino de España no ha aportado suficientes elementos concretos y detallados a partir de los cuales pueda deducirse que el enfoque relativo a la opción consistente en añadir una zona tapón de «medio cuadrado C» alrededor de cada «cuadrado C», basado en la diferencia, potencialmente significativa, entre la ubicación del buque y la del arte de pesca, en la pesca efectuada a profundidades comprendidas entre 400 y 800 metros, vulnerase el principio de proporcionalidad.
88
Por tanto, procede desestimar por infundada la tercera imputación del Reino de España, relativa al establecimiento de las zonas de protección mediante la agregación de «medio cuadrado C» a los «cuadrados C».
– Sobre la cuarta imputación, relativa al cierre de las zonas supuestamente sin EMV entre «cuadrados C» identificados como espacios donde se localizan zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan
89
Según el Reino de España, a los elementos que critica en sus tres primeras imputaciones se suma el cierre de las zonas «de menos de tres cuadrados C» sin EMV que quedan encerradas entre zonas cerradas, por considerarse que «“no son prácticas” zonas abiertas de menos de tres cuadrados C». Además de invocar, por analogía, los argumentos recordados en el apartado 79 anterior, el Reino de España aduce, más en concreto, que tales cierres se basan en consideraciones claramente asociadas a los artes de pesca móviles.
90
La Comisión rebate las alegaciones del Reino de España.
91
Así, por una parte, las explicaciones dadas por el CIEM en el dictamen de 2021 se refieren al hecho de que es poco probable que los buques pesqueros puedan pescar eficazmente en zonas muy pequeñas sin riesgo de que ello tenga efectos en zonas cerradas adyacentes y a que debe evitarse el riesgo de perjuicio en las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan a causa de actividades pesqueras efectuadas en las zonas adyacentes (véase el dictamen del CIEM de 2021, p. 16). Por tanto, estas consideraciones son análogas a las ya analizadas en el contexto de las zonas tapón de «medio cuadrado C» y conciernen al objetivo de garantizar un efecto útil para la protección de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan.
92
Por otra parte, del dictamen del CIEM de 2021 se desprende también que en las zonas delimitadas en cuestión «era mayor la probabilidad de que contuvieran EMV que en otras zonas sobre las que no se disponía de datos, puesto que estaban rodeadas de zonas (cuadrados C) con EMV». De ello se dedujo que podían presentar simplemente una falta de datos en relación con los EMV existentes. Tal explicación en cuanto a las razones del cierre de estas zonas es suficiente a la luz del principio de precaución, teniendo también en cuenta el margen de apreciación de que disponía la Comisión en este ámbito (véase el apartado 42 anterior).
93
A la vista de cuanto antecede, no se ha demostrado que la Comisión infringiera el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base o vulnerase el principio de proporcionalidad al incluir las zonas antes mencionadas en el anexo II del Reglamento impugnado. En estas circunstancias, procede desestimar la cuarta imputación del Reino de España.
94
De lo anterior resulta que procede desestimar también la segunda parte del primer motivo y, en consecuencia, este en su totalidad.
Sobre el segundo motivo, basado en la excepción de ilegalidad del artículo 9, apartados 6 y 9, del Reglamento de base
Consideraciones preliminares sobre la excepción de ilegalidad
95
En el marco del segundo motivo, el Reino de España propone una excepción de ilegalidad del Reglamento de base en el supuesto de que no se estime el primer motivo. Este segundo motivo se articula en dos partes. La primera parte se basa en la infracción del artículo 291 TFUE, por cuanto el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base remite a un acto de ejecución para completar los elementos esenciales que establece. La segunda parte se basa en la infracción de las normas de la PPC y en la vulneración del principio de proporcionalidad, debido a la prohibición indiscriminada de la pesca con artes de fondo en las zonas determinadas por el artículo 9, apartado 9, del mismo Reglamento.
96
El Reino de España aduce que existe una relación de conexión entre el Reglamento impugnado y las normas cuya ilegalidad se alega. Sostiene que, por una parte, la Comisión adoptó dicho Reglamento de Ejecución para aplicar el artículo 9 del Reglamento de base, más concretamente su apartado 6, que le confía la elaboración de la lista de zonas en las que se conoce la existencia de EMV o sea probable que existan, y, que, por otra parte, la inclusión en esa lista, de conformidad con el artículo 9, apartado 9, de dicho Reglamento, conlleva la prohibición de la pesca con artes de fondo en la zona de que se trate.
97
La Comisión, apoyada por el Consejo y el Parlamento, considera que el segundo motivo es inadmisible en la medida en que propone, con arreglo al artículo 277 TFUE, una excepción de ilegalidad del artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base. Sostiene que, en esencia, el artículo 2 del Reglamento impugnado se basa únicamente en el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base.
98
De la jurisprudencia se desprende que, dado que el artículo 277 TFUE no tiene como finalidad permitir a una parte cuestionar la aplicabilidad de cualquier acto de alcance general mediante cualquier recurso, el acto cuya ilegalidad se alega debe ser aplicable, directa o indirectamente, al asunto objeto del recurso (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 1966, Italia/Consejo y Comisión, 32/65, EU:C:1966:42, p. 594; véase también la sentencia de 16 de marzo de 2023, Comisión/Calhau Correia de Paiva, C‑511/21 P, EU:C:2023:208, apartado 45 y jurisprudencia citada).
99
Por otra parte, existe en particular un vínculo jurídico directo entre el acto impugnado y el acto de alcance general cuya ilegalidad se invoca cuando el acto de alcance general constituye la base jurídica de la medida, individual o reglamentaria, directamente impugnada (véase la sentencia de 17 de diciembre de 2020, BP/FRA, C‑601/19 P, no publicada, EU:C:2020:1048, apartado 29, en relación con las medidas individuales).
100
En el presente asunto, cabe señalar que no se discute que el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base constituye la base jurídica del artículo 2 del Reglamento impugnado, que se refiere a él en su preámbulo, lo que hace que la excepción de ilegalidad sea admisible respecto a dicha disposición, de conformidad con la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 98 y 99.
101
En cambio, por lo que respecta a la causa de inadmisión propuesta por la Comisión, así como por el Consejo y el Parlamento, en cuanto a la excepción de ilegalidad del artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base, el Tribunal General considera oportuno apreciar la fundamentación de dicha excepción sin examinar la cuestión de su admisibilidad.
Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 291 TFUE por cuanto el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base remite a un acto de ejecución para completar sus elementos esenciales
102
En primer lugar, según el Reino de España, debe ponerse de relieve la inconsistencia interna del Reglamento de base. A este respecto, el Reino de España precisa que el artículo 17, apartados 2, 3 y 6, de dicho Reglamento se refiere de forma reiterada a los «actos delegados» del artículo 9, apartado 6, del mismo Reglamento. Señala que, no obstante, del tenor de sus considerandos 13 y 14 se desprende que el Reglamento de base pretendía delegar poderes en la Comisión, en los términos del artículo 290 TFUE, para la modificación de la lista de indicadores de EMV del anexo III, mencionada en el artículo 9, apartado 7, del Reglamento de base. A juicio del Reino de España, el artículo 17 de este Reglamento se refiere al apartado 7 de dicho artículo 9, y no a su apartado 6. El Reino de España sostiene que, sin embargo, a falta de modificación o rectificación, para adoptar cualquiera de los actos contemplados en el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, la Comisión debió haber sometido dicho acto al trámite de objeciones del Parlamento y del Consejo, lo que no hizo.
103
En segundo lugar, el Reino de España considera que, aun cuando se acepte que el Reglamento de base remite a un acto de ejecución, tal atribución de poderes infringe el artículo 291 TFUE, apartado 2, que, según indica, limita los actos de ejecución a los supuestos en los que se requieran condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión. Añade que, en particular, en el ámbito de la PPC, constituye una decisión política fundamental la decisión de proteger los EMV frente a las diferentes actividades pesqueras en función del grado de conservación deseado, en atención a la ponderación de intereses que representa el objetivo primordial de la PPC, a saber, una actividad pesquera sostenible en la Unión. Según el Reino de España, en el presente asunto, para determinar las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, la Comisión eligió uno de los diferentes escenarios propuestos en el dictamen del CIEM de 2021, precisamente mediante la ponderación de diferentes grados de protección de los ecosistemas y de paralela afectación de las actividades pesqueras, si bien sin tomar en consideración los diferentes artes de pesca existentes. El Reino de España alega, además, que la Comisión adoptó determinadas decisiones relativas al establecimiento de la lista de dichas zonas que evidencian el ejercicio de facultades discrecionales de apreciación, lo que va más allá del ejercicio prescrito por el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, en particular al excluir las zonas del entorno de las Azores, así como algunas otras zonas en las que pueden existir EMV. Por tanto, en su opinión, el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base atribuye indebidamente poderes a la Comisión para determinar un elemento esencial de los regímenes de la protección de los EMV.
104
La Comisión, apoyada por el Consejo y por el Parlamento, rebate las alegaciones del Reino de España.
105
A este respecto, en primer lugar, a la vista del claro tenor del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, que remite a un acto de ejecución, así como a la luz de los considerandos 13 y 14 de dicho Reglamento, la referencia que hace el Reino de España al artículo 17 del mismo Reglamento, relativo a la adopción de actos delegados por la Comisión, y a su tenor literal (véase el apartado 102 anterior) no puede llevar a la constatación de una incoherencia interna del Reglamento de base ni, por consiguiente, a la de la procedencia de la excepción de ilegalidad. Por otro lado, este último artículo ha sido entretanto objeto de una rectificación, con el fin de sustituir la mención inicialmente errónea del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base por la del artículo 9, apartado 7, del mismo Reglamento [corrección de errores del Reglamento 2016/2336 (DO 2023, L 39, p. 63)].
106
En segundo lugar, en cuanto a los límites de las competencias de ejecución que se mencionan en el artículo 291 TFUE, apartado 2, conviene recordar que la adopción de las normas esenciales de una materia está reservada a la competencia del legislador de la Unión. De ello se deriva que las disposiciones que establecen los elementos esenciales de una normativa de base, cuya adopción hace necesarias decisiones políticas que forman parte de las responsabilidades propias de dicho legislador, no pueden ser adoptadas mediante actos de ejecución ni tampoco mediante los actos delegados a que se refiere el artículo 290 TFUE (sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartado 41).
107
Por otra parte, la identificación de los elementos de una materia que deben calificarse de esenciales ha de basarse en criterios objetivos que puedan ser objeto de control judicial y exige tener en cuenta las características y las particularidades del ámbito de que se trate (sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartado 42).
108
Las competencias de ejecución conferidas a la Comisión y al Consejo al amparo del artículo 291 TFUE, apartado 2, comprenden, en esencia, la facultad de adoptar medidas que sean necesarias o útiles para la aplicación uniforme de las disposiciones del acto legislativo en el que se fundan y que se limiten a precisar el contenido de este, respetando los objetivos generales esenciales perseguidos por el acto legislativo, sin modificar ni completar sus elementos esenciales ni sus elementos no esenciales (sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartado 49).
109
En particular, procede considerar que una medida de ejecución se limita a precisar las disposiciones del acto legislativo de que se trate cuando únicamente vaya dirigida, con carácter general o para determinados casos particulares, a clarificar el alcance de esas disposiciones o a determinar su modo de aplicación, siempre que, no obstante, dicha medida evite cualquier contradicción respecto a los objetivos de dichas disposiciones y no altere de ninguna forma el contenido normativo o el ámbito de aplicación de ese acto legislativo (sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartado 50).
110
En el marco del análisis de la excepción de ilegalidad del artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, es necesario examinar si este último pretende establecer elementos que excedan de cuanto propugna la jurisprudencia antes mencionada.
111
Así pues, en el presente asunto, procede examinar si el artículo 9 del Reglamento de base efectúa una remisión a un acto de ejecución únicamente para precisar sus disposiciones o para completar sus elementos esenciales, o incluso no esenciales, infringiendo de ese modo el artículo 291 TFUE, como sostiene el Reino de España.
112
Tal como afirma la Comisión, apoyada por el Consejo y el Parlamento, procede señalar que los actos de ejecución mencionados en el artículo 9, apartado 6, primera frase, del Reglamento de base, relativos al establecimiento de una lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o sea probable que existan, se limitan a precisar esas zonas y, por tanto, a concretar ratione loci el régimen de protección de los EMV adoptado por dicho artículo, teniendo en cuenta las realidades sobre el fondo marino y los entornos marinos resultantes de los datos disponibles, sobre la base del procedimiento y con arreglo a los criterios materiales establecidos en dicho artículo. A este respecto, procede recordar que los elementos esenciales relativos a la definición y a los criterios de identificación de un EMV (Reglamento n.o 734/2008, Directrices de la FAO de 2008 y principio de precaución), los indicadores de EMV (anexos III y IV del Reglamento de base) y el procedimiento de elaboración de la lista de estos ecosistemas (teniendo en cuenta la mejor información científica y técnica disponible, así como las evaluaciones e identificaciones llevadas a cabo por los Estados miembros y el organismo científico consultivo de la Comisión) ya se desprenden del artículo 9 del Reglamento de base. Como sostiene fundadamente el Consejo, para responder a la necesidad de establecer condiciones uniformes de aplicación de las medidas de protección introducidas por dicho artículo, estas debían determinarse a escala de la Unión.
113
La Comisión elaboró la lista de las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o sea probable que existan, contemplada en el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base, con arreglo a criterios materiales de los EMV suficientemente claros y precisos y siguiendo un procedimiento igualmente definido por el Reglamento de base. Si bien es cierto que dicha disposición le confirió un cierto margen de apreciación en cuanto a la aplicación de esos criterios, esto es compatible con su facultad de ejecución, de conformidad con la jurisprudencia según la cual, en el marco de la ejecución del Reglamento de base, la Comisión no está desprovista de toda facultad de apreciación, en particular al establecer la metodología precisa relativa a la aplicación de los criterios establecidos por el legislador en dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de septiembre de 2015, Países Bajos/Comisión, T‑261/13 y T‑86/14, EU:T:2015:671, apartado 44).
114
Además, contrariamente a las alegaciones del Reino de España, según las cuales, en esencia, en el presente asunto, la Comisión adoptó decisiones políticas y económicas, debido a la atribución de facultades que infringen el artículo 291 TFUE (véanse las alegaciones recordadas en el apartado 103 anterior), como ya se ha señalado en el marco del primer motivo, la Comisión no estaba facultada para adoptar tales decisiones relativas a la conservación de los ecosistemas marinos y de los recursos (véanse los anteriores apartados 37 y 44). Por otra parte, en la medida en que tales alegaciones del Reino de España se refieren a la actuación efectivamente emprendida por la Comisión al adoptar el Reglamento impugnado, son inoperantes en el marco de la excepción de ilegalidad relativa al Reglamento de base.
115
De manera más general, por lo que respecta a las alegaciones formuladas por el Reino de España en cuanto a las facultades de gestión de la política pesquera que supuestamente se atribuyeron a la Comisión, (véase el apartado 103 anterior), ya se ha señalado, en el primer motivo, que la Comisión actuaba efectivamente en el marco de sus facultades de ejecución y no de gestión de la política pesquera (véanse, en particular, los anteriores apartados 42 y 44). En este contexto, también se ha indicado que la Comisión podía tener en cuenta elementos relativos a las operaciones de pesca llevadas a cabo a fin de apreciar la probabilidad de la existencia (continuada) de EMV cuya integridad pudiera verse amenazada por los artes de fondo con efectos adversos significativos. Tal enfoque responde al objetivo de tomar en consideración las realidades sobre el fondo marino y los entornos marinos resultantes de los datos disponibles (véase el apartado 112 anterior).
116
En estas circunstancias, la primera parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 291 TFUE por cuanto el artículo 9, apartado 6, del Reglamento de base remite a un acto de ejecución para completar sus elementos esenciales, debe ser desestimada.
Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en la infracción de las normas de la PPC y en la vulneración del principio de proporcionalidad debido a la prohibición indiscriminada de la pesca con artes de fondo en todas las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, así como en la insuficiencia de motivación a este respecto
117
En el marco de la segunda parte del segundo motivo, el Reino de España alega, en esencia, que la prohibición indiscriminada establecida por el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base es incompatible con las normas de la PPC y con el principio de proporcionalidad, porque el legislador la adoptó sin establecer una distinción entre los artes de pesca en función de sus repercusiones, ponderando los diferentes objetivos de la PPC, fijados por el artículo 2 del Reglamento n.o 1380/2013. Tal alegación también puede interpretarse en el sentido de que se formula una crítica según la cual el legislador incumplió su obligación de motivar la elección de la medida de que se trata. Según el Reino de España, la citada disposición del Reglamento de base establece una prohibición sin conocer siquiera de antemano cuál será su concreción en el medio marino, en relación con su impacto económico y social.
118
A este respecto, el Reino de España aduce que el cierre de zonas de pesca en las que se faena históricamente con artes fijos supone un impacto sustancial, tanto social como económico, en las poblaciones costeras de esas zonas, que basan su desarrollo en una pesca artesanal y sostenible. Señala que el sector implicado no ha tenido la oportunidad de aportar su evaluación y sus datos de impacto, incluido un desplazamiento de la flota hacia otras zonas en las que ya existe actividad pesquera, debido a la falta de cualquier consulta a tal efecto. Según el Reino de España, por lo que se refiere a la estimación de la Comisión de que el impacto del Reglamento impugnado es solo del 17 % de las aguas a las que se aplica, ese cierre de las zonas de pesca puede tener un impacto real significativo si las zonas cerradas son zonas en las que las capturas tienen un gran valor económico, extremo que, a su juicio, no ha sido realmente valorado por la Comisión.
119
Por consiguiente, el Reino de España sostiene que el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base, que fue aplicado por el Reglamento impugnado, debe declararse contrario a las normas de la PPC y al principio de proporcionalidad.
120
La Comisión, apoyada por el Consejo y por el Parlamento, rebate las alegaciones del Reino de España.
121
A este respecto, procede señalar, con carácter preliminar, que de los artículos 2, apartados 1 a 3 y 5, letras a), f), i) y j), y 4, apartado 1, puntos 8 y 9, del Reglamento n.o 1380/2013 se desprende, en esencia, que la sostenibilidad a largo plazo, desde el punto de vista medioambiental, de las actividades pesqueras implica reducir al mínimo el impacto de dichas actividades en el ecosistema marino, aplicando el criterio de precaución a la gestión pesquera, así como un enfoque ecosistémico.
122
En particular, en cuanto concierne a la sostenibilidad, al criterio de precaución y al enfoque ecosistémico, el artículo 2 del Reglamento n.o 1380/2013, que se titula «Objetivos», está redactado en los siguientes términos:
«1.   La PPC deberá garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios.
2.   La PPC aplicará el criterio de precaución a la gestión pesquera y procurará asegurar que la explotación de los recursos biológicos marinos vivos restablezca y mantenga las poblaciones de especies capturadas por encima de los niveles que puedan producir el rendimiento máximo sostenible.
[…]
3.   La PPC aplicará a la gestión de la pesca un enfoque ecosistémico a fin de garantizar que las actividades pesqueras tengan un impacto negativo mínimo en el ecosistema marino, y se esforzará por garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura eviten la degradación del medio marino.
[…]»
123
El artículo 4, apartado 1, puntos 9 y 20, del Reglamento n.o 1380/2013, titulado «Definiciones», tiene el siguiente tenor:
«1.   A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
9)
“enfoque ecosistémico de la gestión de la pesca”, un enfoque integrado de la gestión de la pesca dentro de límites ecológicamente significativos, que procura gestionar el uso de los recursos naturales, teniendo en cuenta las actividades pesqueras y otras actividades humanas, a la vez que se conservan la riqueza biológica y los procesos biológicos necesarios para salvaguardar la composición, la estructura y el funcionamiento de los hábitats del ecosistema de que se trate, teniendo en cuenta los conocimientos y las incertidumbres en cuanto a los componentes bióticos, abióticos y humanos de los ecosistemas;
[…]
20)
“medidas técnicas”, las medidas que regulan la composición de las capturas por especies y tallas y sus efectos en los ecosistemas como resultado de las actividades pesqueras, a través del establecimiento de condiciones relativas a la utilización y la estructura de los artes de pesca y restricciones de acceso a zonas de pesca;
[…]».
124
El artículo 6 del Reglamento n.o 1380/2013, con el epígrafe «Disposiciones generales», incluido en el título «Medidas de conservación», establece, en su apartado 1, lo siguiente:
«Para alcanzar los objetivos de la PPC respecto de la conservación y explotación sostenible de los recursos biológicos marinos establecidos en el artículo 2, la Unión adoptará medidas de conservación con arreglo al artículo 7.»
125
A tenor del artículo 7 del Reglamento n.o 1380/2013, titulado «Tipos de medidas de conservación»:
«1.   Las medidas de conservación y explotación sostenible de los recursos biológicos marinos podrán incluir, entre otros, los siguientes elementos:
[…]
b)
objetivos para la conservación y la explotación sostenible de las poblaciones, y medidas conexas para minimizar la repercusión de la pesca en el medio marino;
[…]
j)
medidas técnicas según lo dispuesto en el apartado 2.
2.   Las medidas técnicas podrán incluir, entre otros, los siguientes elementos:
a)
las características de los artes de pesca y las normas relativas a su utilización;
[…]
c)
las limitaciones o prohibiciones en la utilización de determinados artes de pesca y en las actividades pesqueras, en determinadas zonas o durante determinados períodos;
[…]».
126
En el marco de la ponderación de los intereses en juego, que es inherente a la adopción de las medidas de conservación de los recursos biológicos marinos (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2021, Países Bajos/Consejo y Parlamento, C‑733/19, no publicada, EU:C:2021:272, apartado 52), el legislador goza de un amplio margen de apreciación, que corresponde a las responsabilidades políticas que le atribuyen los artículos 40 TFUE a 43 TFUE. Su decisión de adoptar tales medidas, para reducir al mínimo el impacto de las actividades pesqueras en el ecosistema marino, aplicando el criterio de precaución a la gestión pesquera y el enfoque ecosistémico, está sujeta al control del juez de la Unión, que debe limitarse a examinar si la medida en cuestión adolece de error manifiesto o de desviación de poder o si el legislador ha sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2024, Friends of the Irish Environment (Posibilidades de pesca superiores a cero), C‑330/22, EU:C:2024:19, apartado 80].
127
Más concretamente, en dicho marco, el legislador no está obligado a realizar una ponderación específica y motivada del interés de la protección del medio marino, vinculado a la explotación sostenible de los recursos biológicos marinos, con los intereses de las personas que llevan a cabo actividades pesqueras y los aspectos socioeconómicos de esas actividades. En efecto, en el contexto de las medidas técnicas, el autor del acto no está obligado a formular una motivación específica para su decisión si el acto impugnado pone de manifiesto la parte esencial del fin perseguido [sentencia de 16 de noviembre de 2023, España/Consejo (Medidas de conservación complementarias en el Mediterráneo occidental), C‑224/22, no publicada, EU:C:2023:891, apartados 36 y 44]. Por cuanto el Reino de España parece alegar, poniendo de relieve que el legislador no ha distinguido entre los artes de pesca en función de su impacto (véase el apartado 117 anterior), que este incumplió su obligación de motivar la elección de la medida controvertida, evaluando específicamente los efectos de los artes de fondo fijos en los EMV, con el fin de ponderar el interés de la protección del medio ambiente marino frente a esos efectos con los aspectos socioeconómicos de las actividades pesqueras mediante dichos artes y las consecuencias socioeconómicas de la prohibición controvertida, debe desestimarse esta imputación.
128
En efecto, por un lado, procede señalar que el considerando 1 del Reglamento de base hace referencia a un enfoque de precaución y ecosistémico.
129
Por otro lado, como se desprende del considerando 9 del Reglamento de base, la medida establecida en el artículo 9, apartado 9, de dicho Reglamento tiene precisamente por objeto reducir al máximo las posibles repercusiones de las actividades de pesca en aguas profundas en los EMV. Por tanto, se trata efectivamente de una medida comprendida en el marco de la aplicación de los enfoques fundamentales enunciados en el artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 1380/2013, a la que son aplicables las consideraciones que figuran en los anteriores apartados 126 y 127.
130
Sin embargo, el Reino de España no ha logrado demostrar que el legislador haya excedido manifiestamente los límites de su facultad de apreciación al adoptar la prohibición contemplada en el artículo 9, apartado 9, del Reglamento de base.
131
En primer lugar, como se desprende del artículo 9, apartado 1, del Reglamento de base, este solo se aplica a las actividades pesqueras con artes de fondo a más de 400 metros de profundidad. Por consiguiente, la prohibición establecida en el artículo 9, apartado 9, de dicho Reglamento no se aplica a la pesca con dichos artes a una profundidad inferior o igual a 400 metros.
132
En segundo lugar, las consideraciones del legislador según las cuales los artes fijos pueden tener efectos adversos para los EMV son inherentes a la definición establecida en el artículo 2 del Reglamento n.o 734/2008, al que remite el artículo 4 del Reglamento de base (véanse los apartados 25 y 29 anteriores). El Reino de España no cuestiona la legalidad de estas disposiciones, que, por lo demás, son coherentes con el enfoque adoptado por la CPANE en su Recomendación 19:2014, de 23 de junio de 2014 [Recommendation on area management measures for the protection of vulnerable marine ecosystems in the NEAFC Regulatory Area (Recomendación sobre las medidas de gestión de las zonas establecidas para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables en la zona de regulación del Convenio CPANE)].
133
En tercer lugar, ha de señalarse que el Reino de España no aporta ningún elemento que pueda poner en entredicho la posibilidad de que los artes fijos también puedan presentar riesgos de efectos adversos en los EMV, en particular durante su despliegue repetido y su recuperación. Además, la posible existencia de tales riesgos se menciona en el documento titulado «Seminario sobre la gestión de las poblaciones de peces de aguas profundas», de 7 de diciembre de 2007, del Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión del Parlamento, al que este último remite en sus escritos y que indica que «no solo los artes de pesca de arrastre, sino también las redes fijas y los palangres pueden dañar los corales de aguas frías», y que, «cuando se pierden en los fondos marinos, las redes suelen seguir capturando peces, dando lugar a un fenómeno conocido como pesca fantasma». Esta posibilidad también se ve confirmada en un primer dictamen del CIEM de 28 de junio de 2018 [Advice on locations and likely locations of VMEs in EU waters of the NE Atlantic, and the fishing footprint of 2009‑2011 (Recomendaciones sobre los emplazamientos y los emplazamientos potenciales de los EMV en aguas de la Unión del Atlántico Nororiental y sobre la huella de pesca 2009‑2011)]. De hecho, el Reino de España sostiene más bien que esos efectos son mucho menos importantes que los de los artes móviles, sin que, no obstante, ninguno de los elementos de prueba que presenta ante el Tribunal General demuestre la completa inexistencia de cualquier efecto significativo de los artes fijos (véase el siguiente apartado 138).
134
Así, en particular, el artículo de Pham, C. K., Diogo, H., Menezes, G., Porteiro, F., Braga-Henriques, A., Vandeperre, F., y Morato, T., «Deep-water longline fishing has reduced impact on Vulnerable Marine Ecosystems» (La pesca con palangre en aguas profundas tiene un impacto reducido en los EMV), Scientific reports, n.o 4/4837, de abril de 2014, que figura en el anexo 5 de la demanda, admite un cierto efecto adverso de los artes fijos (longlines, palangres), al tiempo que subraya, por una parte, que este riesgo es mucho menor que el de los artes móviles y, por otra parte, que los datos existentes sobre los palangres son limitados. Se constata, además, que el impacto de los palangres puede afectar, en particular, a organismos que presentan una morfología compleja, con efectos desestabilizadores en el ecosistema de que se trate.
135
Indicaciones similares en cuanto a los posibles efectos negativos vinculados a los artes fijos están presentes en otros elementos de prueba, como el artículo de Parker, S. J., «Identifying taxonomic groups vulnerable to bottom longline fishing gear in the Ross Sea region» (Identificación de grupos taxonómicos vulnerables a los artes de pesca con palangre de fondo en la región del mar de Ross), CCAMLR
Science, vol. 17, 2010, pp. 105 a 127, o el artículo de Clark, M. R., Althaus, F., Schlacher, T. A., Williams, A., Bowden, D. A., y Rowden, A. A., «The impacts of deep-sea fisheries on benthic communities: a review» (El impacto de la pesca en alta mar en las comunidades bénticas: un informe), ICES Journal of Marine Science, vol. 73, 2016, pp. i51 a i69, según el cual «estudios recientes sobre los palangres demuestran que su impacto es mucho menor que el de los artes móviles, pero que, no obstante, puede ser significativo». Según este mismo artículo, «en determinadas circunstancias, por ejemplo durante la recuperación, los artes fijos pueden desplazarse lateralmente a lo largo del fondo marino, lo que tiene efectos en el hábitat y la biota», y «se ha observado que los palangres tienen un impacto en los corales y en las esponjas […], al ser posible, por ejemplo, que los lastres los partan o las líneas los corten al desplazarse lateralmente durante la pesca o la recuperación».
136
Por último, elementos similares resultan de las presentaciones efectuadas en una audiencia sobre la pesca en aguas profundas que se celebró ante el Parlamento, el 17 de junio de 2013, a la que este hace referencia en sus escritos. Como se ha indicado, la Sra. L. D., de Fisheries Ecosystems Advisory Services (Marine Institute) (Servicio de consulta sobre ecosistemas marinos, Instituto Marino, Irlanda), declaró a modo de conclusión de su presentación que los palangres de fondo también pueden tener un impacto en los EMV. Una conclusión idéntica resulta de la presentación de Morato, T., y Pham, C. K., titulada «The impact of deep-water longline on epibenthic invertebrates» (El impacto de la pesca con palangre en aguas profundas en los invertebrados epibentónicos), presentada por el Parlamento.
137
Además, como se desprende de la definición que figura en el artículo 2 del Reglamento n.o 734/2008, los efectos adversos de los artes de fondo son evaluados individualmente, en combinación o de forma acumulativa. Por tanto, los efectos de los artes fijos pueden agravar los de los artes móviles, cuya importancia no es, por lo demás, rebatida por el Reino de España. Este enfoque permite la protección de los EMV de manera compatible con el criterio de precaución y el enfoque ecosistémico en materia de gestión de la pesca, que forman parte integrante de la PPC, en virtud del artículo 2 del Reglamento n.o 1380/2013.
138
Así pues, el Reino de España no ha aportado elementos de prueba suficientemente precisos y convincentes que demuestren que los artes fijos carecen de efectos adversos, de modo que sea posible, desde un enfoque ecosistémico y con arreglo al principio de precaución, excluir el riesgo, demostrado de modo suficiente en Derecho por los elementos indicados en los anteriores apartados 134 a 137, que dichos artes de pesca presentan en relación con los EMV. Tampoco pueden considerarse concluyentes a este respecto las referencias efectuadas en la vista al hecho de que los artes fijos, más concretamente los palangres, sean inmóviles y estén provistos de dispositivos de geolocalización. En efecto, como se ha señalado en los anteriores apartados 135 y 136, no puede excluirse que, debido a las corrientes de agua o a los movimientos laterales cuando se recuperan, puedan desplazarse (o incluso perderse) accidentalmente, de modo que causen daños a los EMV, a causa de su contacto con el fondo marino o con arrecifes que puedan ser especialmente sensibles (véanse los anteriores apartados 133 y 134).
139
Habida cuenta de lo anterior, el legislador de la Unión, ejerciendo su amplia facultad de apreciación en la materia (véase, por analogía, la sentencia de 23 de marzo de 2006, Unitymark y North Sea Fishermen’s Organisation, C‑535/03, EU:C:2006:193, apartado 57), podía considerar necesaria para evitar el riesgo de los efectos adversos de los artes fijos, pese a los probables efectos negativos en el ámbito socioeconómico, la prohibición de la pesca con artes de fondo en general en las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan. En este contexto, como se ha señalado en el apartado 127 anterior, el legislador no estaba obligado a realizar una ponderación específica y motivada del interés de la protección del medio ambiente marino con los intereses de las personas que llevan a cabo actividades pesqueras y los aspectos socioeconómicos de esas actividades. A este respecto, procede recordar que el objetivo de la sostenibilidad medioambiental a largo plazo de las actividades pesqueras constituye un objetivo fundamental de la PPC (artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 1380/2013), cuya consecución actúa a favor no solo de la protección del ecosistema marino, sino también de la viabilidad económica y social a largo plazo de las actividades pesqueras.
140
Cabe añadir que, como sostuvo la Comisión en la vista y como resulta igualmente de las alegaciones del Consejo y del Parlamento, el legislador actuó teniendo en cuenta el análisis de impacto preparado por la Comisión a partir de diversas opciones resultantes de su propuesta inicial, una de las cuales correspondía a la que finalmente fue elegida por él. El conjunto de estos elementos fue tomado en consideración por el legislador en el marco del ejercicio de su facultad de apreciación al adoptar las medidas de conservación.
141
En cuarto lugar, como sostiene el Parlamento, la decisión del legislador era similar a la adoptada en la normativa de la CPANE. El enfoque del legislador también correspondía, en esencia, al objetivo establecido en el apartado 83, letra c), de la Resolución 61/105 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
142
Procede concluir que el Reino de España no ha aportado elementos que permitan demostrar que el legislador vulnerase el principio de proporcionalidad, infringiera las normas de la PPC o incumpliese una supuesta obligación de motivación específica de las decisiones adoptadas, al prohibir la pesca con artes de fondo fijos a más de 400 metros de profundidad, en las zonas en las que se conoce la existencia de EMV o en las que sea probable que existan, con el fin de reducir al mínimo las repercusiones de las actividades de pesca llevadas a cabo en aguas profundas en los EMV, en el marco de la aplicación del principio de precaución y del enfoque ecosistémico de la gestión pesquera.
143
En estas circunstancias, sin que sea necesario examinar su admisibilidad, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo y, en consecuencia, el segundo motivo en su conjunto. Por consiguiente, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
144
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones del Reino de España, procede condenarlo a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión, conforme a lo solicitado por esta.
145
A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por consiguiente, el Parlamento y el Consejo cargarán con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima ampliada)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
El Reino de España cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
3)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.
Papasavvas
Kowalik-Bańczyk
Buttigieg
Dimitrakopoulos
Ricziová
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de junio de 2025.
El Secretario
V. Di Bucci
El Presidente
S. Papasavvas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.