62024CJ0048_RES
Asunto C‑48/24
VšĮ Vilniaus tarptautinė mokykla
contra
Valstybinė kalbos inspekcija
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de febrero de 2026
«Procedimiento prejudicial — Artículo 49 TFUE — Libertad de establecimiento — Ámbito de aplicación — Actividad económica — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Directiva 2005/36/CE — Artículo 53 — Conocimientos lingüísticos — Normativa nacional que establece un requisito de dominio de la lengua oficial por los profesores y los miembros del personal administrativo en comunicación regular con el público y con las autoridades administrativas, empleados de un centro de enseñanza privado — Artículo 4 TUE, apartado 2 — Identidad nacional de los Estados miembros — Defensa y promoción de la lengua oficial de los Estados miembros — Centro de enseñanza privado que imparte programas internacionales de educación — Requisito de necesidad — Principio de proporcionalidad — Requisito de dominio de la lengua oficial sin posibilidad de excepción o de flexibilización»
Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación — Centro de enseñanza privado establecido en un Estado miembro — Nacional de otro Estado miembro que participa en su capital, lo que le permite influir en sus decisiones y determinar sus actividades — Inclusión — Requisitos — Programas de educación impartidos de manera estable y a cambio de una remuneración
(Art. 49 TFUE)
(véanse los apartados 30 a 35 y 42 a 44 y el punto 1 del fallo)
Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Disposiciones del Tratado — Examen de una medida nacional que se refiere a esas dos libertades fundamentales — Criterios de determinación de las normas aplicables — Medida que afecta de manera preponderante a la libertad de establecimiento — Exclusión del ámbito de aplicación de la libre circulación
(Arts. 45 TFUE y 49 TFUE)
(véanse los apartados 37 a 41)
Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Restricciones — Requisito de dominio de la lengua oficial de un Estado miembro — Personal de un centro de enseñanza privado en comunicación regular con el público y con las autoridades administrativas — Obligación que incumbe al centro de velar por el respecto de este requisito — Procedencia — Justificación por el objetivo legítimo de defensa y promoción de la lengua oficial del Estado miembro — Proporcionalidad — Verificación por el órgano jurisdiccional remitente
(Art. 49 TFUE)
(véanse los apartados 45 a 71 y el punto 2 del fallo)
Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Trabajadores — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Directiva 2005/36/CE — Conocimientos lingüísticos — Centro de enseñanza privado que imparte programas internacionales de educación — Normativa nacional que exige el dominio de la lengua oficial por los profesores y el personal en comunicación regular con el público y las autoridades administrativas — Obligación que incumbe al centro de velar por el respecto de este requisito — Procedencia — Justificación por el objetivo legítimo de defensa y promoción de la lengua oficial del Estado miembro — Proporcionalidad — Verificación por el órgano jurisdiccional remitente
(Art. 49 TFUE; Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 53, ap. 1)
(véanse los apartados 73 a 80 y el punto 3 del fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), se pronuncia, en particular, sobre la conformidad con el artículo 49 TFUE de una normativa nacional que impone a una escuela internacional privada la obligación de comprobar que su personal cumple el requisito de dominio de la lengua lituana.
La Vilniaus tarptautinė mokykla (Escuela Internacional de Vilna, Lituania) (en lo sucesivo, «VTM»), un centro de enseñanza privado cuyo capital pertenece mayoritariamente a una nacional finlandesa y a una nacional danesa, imparte, en inglés, los programas de educación primaria e intermedia del bachillerato internacional y un programa internacional de educación secundaria.
En mayo de 2022, la Valstybinė kalbos inspekcija (Inspección nacional de la lengua, Lituania) (en lo sucesivo, «VKI») llevó a cabo una inspección en la VTM para comprobar que esta cumplía los requisitos establecidos en la normativa lituana sobre la lengua oficial. Concluyó que dieciocho empleados de la escuela, entre ellos cinco nacionales de la Unión Europea, no habían superado un examen que acreditara un nivel intermedio de dominio de la lengua lituana o no habían presentado los documentos exigidos.
Posteriormente, la VKI adoptó un requerimiento obligando a la VTM a velar por que los dieciocho empleados de que se trata, incluidos tanto profesores como miembros del personal administrativo, superaran el examen del Estado sobre el conocimiento de la lengua oficial antes de una determinada fecha, so pena de sanciones.
Al haberse desestimado el recurso de anulación interpuesto por la VTM contra dicho requerimiento, esta interpuso recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente, que decidió suspender el procedimiento y preguntar al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de la normativa nacional con el Derecho de la Unión.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, una restricción a la libertad de establecimiento solo puede admitirse si, en primer lugar, está justificada por una razón imperiosa de interés general y, en segundo lugar, respeta el principio de proporcionalidad.
Por lo que respecta a la existencia de una razón imperiosa de interés general, la normativa nacional controvertida parece estar destinada a defender y promover el empleo de la lengua oficial de la República de Lituania, lo que constituye un objetivo legítimo que puede justificar, en principio, una restricción a las libertades fundamentales previstas por el Derecho de la Unión.
En cuanto a si la normativa nacional controvertida es adecuada para garantizar la consecución de dicho objetivo, si no va más allá de lo necesario para alcanzarlo y si no es desproporcionada en relación con este objetivo, corresponde en última instancia al órgano jurisdiccional remitente, que es el único competente para apreciar los hechos del litigio principal e interpretar la normativa nacional, determinar si tal normativa cumple tales requisitos y en qué medida.
No obstante, el Tribunal de Justicia indica, en primer lugar, que esta normativa parece adecuada para garantizar la consecución del objetivo de defensa y promoción de la lengua oficial del Estado miembro de que se trata, puesto que favorece la práctica de dicha lengua por las personas sujetas a ese requisito lingüístico en sus relaciones con los alumnos, los padres de los alumnos y el público en general, así como, por lo que respecta más concretamente al personal administrativo, con las autoridades administrativas nacionales. Además, la referida normativa se aplica no solo a todos los centros de enseñanza situados en Lituania, sino también a todos sus trabajadores cuyo empleo implique, en particular, una comunicación regular con otras personas y la necesidad de cumplimentar formularios normalizados oficiales.
En segundo lugar, por lo que respecta al carácter necesario de la normativa nacional controvertida, el Tribunal de Justicia recuerda que las medidas restrictivas de una libertad fundamental no pueden estar justificadas cuando el objetivo perseguido puede alcanzarse con medidas menos restrictivas. En efecto, si bien los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación al elegir las medidas que permitan alcanzar los objetivos de su política de protección de la lengua oficial, dado que tal política constituye la expresión de la identidad nacional, en el sentido del artículo 4 TUE, apartado 2, este margen de apreciación no puede justificar que se vulneren gravemente los derechos que los particulares obtienen de las disposiciones de los Tratados que consagran sus libertades fundamentales.
En el caso de autos, el Tribunal de Justicia considera que la exigencia lingüística en cuestión parece cumplir el requisito de necesidad, dado que no se ha demostrado que medidas menos restrictivas puedan garantizar un nivel de eficacia equivalente en la consecución del objetivo de defensa y promoción de la lengua oficial.
No obstante, las modalidades de prueba exigidas por la normativa nacional para demostrar que se cumple el requisito lingüístico parecen ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo legítimo perseguido. En efecto, la obligación impuesta a las personas afectadas de presentar un certificado expedido por un organismo lituano sobre la base de pruebas lingüísticas organizadas en territorio lituano excluye cualquier toma en consideración del grado de conocimientos que permite presumir un certificado o un diploma obtenido en otro Estado miembro, habida cuenta de la naturaleza y la duración de los estudios cuya realización acredita.
En tercer lugar, por lo que respecta a la proporcionalidad en sentido estricto, el Tribunal de Justicia considera que, cuando un Estado miembro pretende imponer, a efectos del objetivo de defensa y promoción de su lengua oficial, un requisito lingüístico a los profesores y a determinados miembros del personal administrativo de los centros de enseñanza privados, le corresponde efectuar una ponderación equilibrada entre este objetivo de interés general y los derechos derivados del artículo 49 TFUE. A modo de ejemplo, tal ponderación equilibrada podría realizarse mediante una normativa nacional que prevea la posibilidad de una adquisición progresiva del nivel de dominio de la lengua oficial después de la contratación, de una flexibilización del nivel de dominio requerido en función de la duración del empleo o incluso de la introducción de una exención de este requisito lingüístico, justificada por circunstancias adecuadas, en particular cuando ningún candidato plenamente cualificado se presente para puesto vacante.
Pues bien, en el caso de autos, el Tribunal de Justicia observa que el requisito lingüístico en cuestión se impone, desde su entrada en funciones y con independencia de la duración de su contrato de trabajo, a todos los profesores y miembros del personal administrativo en comunicación regular con el público y con las autoridades administrativas, empleados de un centro de enseñanza privado, y ello sin que se prevea excepción o flexibilización alguna a este respecto.
Por lo tanto, la normativa nacional controvertida no parece respetar el principio de proporcionalidad, en sentido estricto, en el sentido de que resulta desproporcionada en relación con el objetivo perseguido, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.