62023CJ0460_RES
Asunto C‑460/23 [Kinsa] (
i
)
OB
contra
Procura della Repubblica
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bologna)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de junio de 2025
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Directiva 2002/90/CE — Tipificación general de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares — Artículo 1, apartado 1, letra a) — Interpretación conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 7 — Respeto de la vida privada y familiar — Artículo 24 — Derechos del niño — Artículo 52, apartado 1 — Vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales — Artículo 18 — Derecho de asilo — Persona que introduce ilegalmente en el territorio de un Estado miembro a menores nacionales de terceros países que la acompañan y sobre los que ejerce la custodia efectiva»
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de inmigración — Represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares — Tipificación general de la ayuda a la entrada irregular — Concepto — Persona que introduce ilegalmente en el territorio de un Estado miembro a menores nacionales de terceros países sobre los que ejerce la custodia efectiva — Exclusión — Normativa nacional que sanciona penalmente tal comportamiento — Improcedencia — Derecho al respeto de la vida familiar — Obligación de tener en cuenta el interés superior del niño
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 7, 18, 24 y 52, ap. 1; Directiva 2002/90/CE del Consejo, art. 1, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 43 a 73 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, que conoce del asunto planteado por el Tribunale di Bologna (Tribunal de Bolonia, Italia), precisa, por una parte, que una interpretación conforme con los artículos 7 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 (
1
) tiene como consecuencia excluir del ámbito de aplicación de la infracción de ayuda a la entrada irregular, en el sentido de dicha disposición, el comportamiento de una persona que, infringiendo las normas para el cruce de personas por las fronteras, introduce en el territorio de un Estado miembro a menores nacionales de terceros países que la acompañan y sobre los que ejerce la custodia efectiva. El Tribunal de Justicia estima, por otra parte, que dichos artículos se oponen a una normativa nacional que sancione penalmente tal comportamiento.
El 27 de agosto de 2019, OB, nacional de un tercer país, acompañada de dos menores, nacionales del mismo tercer país, se presentó con pasaportes falsos en la frontera aeroportuaria de Bolonia (Italia), a la llegada de un vuelo procedente de un tercer país. Estos menores eran su hija y su sobrina, cuya custodia asumió a raíz del fallecimiento de su madre.
El 28 de agosto de 2019, OB fue detenida y ambas menores fueron ingresadas en un centro de acogida. Se inició un procedimiento contra OB ante el Tribunal de Bolonia, que es el órgano jurisdiccional remitente, por el delito de ayuda a la entrada irregular de nacionales de un tercer país, previsto en el artículo 12, apartado 1, del texto único sobre inmigración, (
2
)que transpone al ordenamiento jurídico italiano el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 (
3
), así como por el delito de posesión de documentos de identidad falsos, previsto en el Código Penal italiano. En cambio, no se incoó un proceso penal contra OB por entrada ilegal en territorio italiano.
El 29 de agosto de 2019, en la vista de validación de su detención ante el juez de instrucción penal del Tribunal de Bolonia, OB declaró que había huido de su país de origen para ponerse a salvo de las amenazas de muerte de su antigua pareja y que temía por la integridad física de las menores que la acompañaban.
El juez de instrucción validó la detención de OB, pero denegó la solicitud del Ministerio Fiscal de que se acordara su ingreso en prisión preventiva.
El 9 de octubre de 2019, OB presentó una solicitud de protección internacional.
De las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que las menores estaban bajo la «responsabilidad» y la «protección» de OB. Dicho órgano jurisdiccional considera que el comportamiento de OB corresponde al delito previsto en el artículo 12, apartado 1, del texto único sobre inmigración y no está comprendido en la excepción prevista en el apartado 2 de dicho artículo. (
4
) Se pregunta si tal comportamiento podría, no obstante, calificarse de acto cometido con fines de «ayuda humanitaria» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2002/90 (
5
) y no estar comprendido en la infracción general de ayuda a la entrada irregular prevista en el artículo 1, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, ya que tiene por objeto facilitar a los menores afectados el ejercicio de sus derechos garantizados por la Carta. (
6
)
Tras señalar que la Directiva 2002/90 se limita a establecer el derecho, y no la obligación, de los Estados miembros de no tipificar como delito los comportamientos dirigidos a prestar ayuda a la entrada irregular en su territorio cuando estos tengan por objeto prestar «ayuda humanitaria», el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en particular, sobre la validez de su artículo 1 a la luz de la Carta, así como sobre la interpretación de esta última con el fin de determinar si se opone a las disposiciones nacionales de transposición.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia recuerda que todo acto de la Unión debe interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con el conjunto del Derecho primario y, en particular, con las disposiciones de la Carta. Habida cuenta de los hechos del litigio principal, los artículos 7, 18 y 24 de la Carta (
7
) revisten una importancia determinante para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas. Además, estas se basan en la premisa de que el comportamiento controvertido en el litigio principal está comprendido en la infracción general de ayuda a la entrada irregular, tal como se define en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90.
De este modo, el Tribunal de Justicia examina si el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, a la luz de los artículos 7, 18 y 24 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que el comportamiento de una persona que, infringiendo las normas para el cruce de personas por las fronteras, introduce en el territorio de un Estado miembro a menores nacionales de terceros países que la acompañan y sobre los que ejerce la custodia efectiva (
8
) no está comprendido en el ámbito de aplicación de la infracción general de ayuda a la entrada irregular.
Debido a su redacción abierta, la citada disposición de la Directiva 2002/90 se presta a diferentes interpretaciones. Si bien no se refiere expresamente al comportamiento controvertido en el litigio principal, tampoco excluye expresamente, como tal, una interpretación según la cual tal comportamiento forma parte de la infracción general que establece.
Sin embargo, no puede acogerse esta última interpretación.
En primer lugar, sería contraria a los objetivos de la Directiva 2002/90. En efecto, un comportamiento como el de OB no constituye una ayuda a la inmigración clandestina, sino que resulta de la asunción, por parte de esa persona, de la responsabilidad personal que le incumbe en virtud de la custodia que ejerce sobre esas menores.
En segundo lugar, en virtud de los artículos 7 y 24 de la Carta, a la luz de los cuales debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, el comportamiento en cuestión no puede estar comprendido en la infracción general de ayuda a la entrada irregular, ni siquiera cuando esa persona haya entrado a su vez de forma irregular en ese territorio.
Cualquier otra interpretación supondría una injerencia particularmente grave en el derecho al respeto de la vida familiar y de los derechos del niño, consagrados en los artículos antes citados de la Carta, hasta el punto de menoscabar el contenido esencial de esos derechos fundamentales, en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta.
En efecto, admitir que una persona pueda ser castigada simplemente por haber ayudado a menores sobre los que ejerce la custodia efectiva a entrar irregularmente en el territorio de un Estado miembro vulneraría ese contenido esencial.
Mediante tal comportamiento, una persona como OB se limita, en principio, a asumir concretamente una obligación inherente a su responsabilidad personal, basada en su relación familiar con esos menores, con el fin de garantizarles la protección y los cuidados necesarios para su bienestar y su desarrollo. El comportamiento de esa persona es la expresión concreta de su responsabilidad general frente a esos menores.
Por consiguiente, so pena de vulnerar el contenido esencial de los derechos consagrados en los artículos 7 y 24 de la Carta, el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 no puede tener por objeto que un comportamiento como el de OB se califique de «ayuda a la entrada irregular» en ese territorio y se sancione penalmente por este motivo.
Por último, esta interpretación se impone también a la luz del artículo 18 de la Carta, (
9
)que es pertinente cuando, al igual que OB, la persona de que se trata, una vez que ha entrado en el territorio del Estado miembro en cuestión, ha presentado una solicitud de protección internacional.
A este respecto, debe reconocerse el derecho de todo nacional de un tercer país a formular una solicitud de protección internacional en el territorio de un Estado miembro, incluso en sus fronteras o en sus zonas de tránsito, aun cuando se encuentre en situación irregular en dicho territorio, cualesquiera que sean las posibilidades de que prospere su solicitud. Desde la presentación de tal solicitud, no puede considerarse, en principio, que el solicitante está en situación irregular en el territorio del Estado miembro de que se trate mientras no se haya adoptado una decisión en primera instancia que resuelva sobre dicha solicitud, so pena de comprometer la efectividad del derecho de asilo, garantizado por el artículo 18 de la Carta. También pueden menoscabar la efectividad del derecho de asilo las medidas que, sin justificación razonable, conducen a disuadir a un nacional de un tercer país de formular su solicitud de protección internacional ante las autoridades competentes.
En el caso de autos, OB goza de los derechos derivados de la formulación de tal solicitud y no puede estar expuesta a sanciones penales ni por su propia entrada irregular en territorio italiano ni por el hecho de haber estado acompañada, en el momento de dicha entrada, de su hija y de su sobrina, sobre las que ejerce la custodia efectiva.
El Tribunal de Justicia señala que, en estas circunstancias, no procede examinar la validez del artículo 1 de la Directiva 2002/90 ni interpretar su apartado 2, que se refiere a la exención de responsabilidad penal en los casos en que el comportamiento en cuestión tenga por objeto prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.
Además, a la vista de las dudas del órgano jurisdiccional remitente sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la disposición nacional que transpuso, en particular, el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 en el ordenamiento jurídico italiano, el Tribunal de Justicia recuerda que, al aplicar las medidas de transposición de una directiva, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben no solo interpretar su Derecho nacional de conformidad con dicha directiva, sino también procurar no basarse en una interpretación de esta que entre en conflicto con los derechos fundamentales tutelados por el ordenamiento jurídico de la Unión o con los demás principios generales reconocidos en este ordenamiento jurídico.
Por lo tanto, al transponer el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, que tiene por objeto definir de manera precisa la infracción de ayuda a la inmigración clandestina, los Estados miembros no pueden establecer en el Derecho nacional normas que vayan más allá del alcance de esta infracción tal como se define en dicha disposición, mediante la inclusión de comportamientos no contemplados en ella, contraviniendo los artículos 7, 24 y 52, apartado 1, de la Carta.
Por otra parte, estos artículos 7 y 24 son suficientes por sí solos y no deben ser precisados por disposiciones del Derecho de la Unión o del Derecho nacional para conferir a los particulares derechos invocables como tales. Por consiguiente, si el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que no es posible interpretar su Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión, estaría obligado a garantizar, en el marco de sus competencias, la protección jurídica que para los justiciables se deriva de dichos artículos y a garantizar su plena eficacia dejando, en caso necesario, sin aplicar el artículo 12 del texto único sobre inmigración.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
1
)	Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares (DO 2002, L 328, p. 17). El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Tipificación general», dispone en el apartado 1, letra a), que los Estados miembros adoptarán sanciones penales apropiadas «contra cualquier persona que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro a entrar en el territorio de un Estado miembro o a transitar a través de este, vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre entrada o tránsito de extranjeros».
(
2
)	Decreto Legislativo n.o 286 — Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto Legislativo n.o 286, por el que se aprueba el texto único de las disposiciones reguladoras de la inmigración y las normas sobre el estatuto del extranjero), de 25 de julio de 1998 (GURI n.o 191, de 18 de agosto de 1998, suplemento ordinario n.o 139), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal.
(
3
)	Así como el artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/946/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares (DO 2002, L 328, p. 1).
(
4
)	Esta disposición establece que «no constituyen delito las actividades de auxilio y ayuda humanitaria proporcionadas en Italia a los extranjeros en estado de necesidad y que ya estén presentes en el territorio del Estado».
(
5
)	A tenor de esta disposición, «los Estados miembros podrán decidir, en aplicación de su legislación y de sus prácticas nacionales, no imponer sanciones a la conducta definida en [el artículo 1, apartado 1, letra a)] en los casos en que el objetivo de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate».
(
6
)	A saber, en primer lugar, su derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad y a la seguridad, dado que esos derechos se ven amenazados en su país de origen; en segundo lugar, su derecho al respeto de la vida familiar, habida cuenta de los vínculos de filiación y de parentesco existentes entre OB y esas menores, y, en tercer lugar, su derecho de asilo, en relación con la solicitud de protección internacional presentada por OB.
(
7
)	Que consagran, respectivamente, el derecho al respeto de la vida familiar, el derecho de asilo y los derechos del niño.
(
8
)	En lo sucesivo, «tal comportamiento».
(
9
)	A tenor de esta disposición, se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra y de conformidad con el Tratado UE y con el Tratado FUE. El respeto de tales normas se impone a los Estados miembros en la aplicación tanto de la Directiva 2002/90 como de la Decisión Marco 2002/946.