62024CJ0488_RES
Asunto C‑488/24
D. V.
contra
MB Kigas
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de mayo de 2026
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 2011/83/UE — Artículo 5, apartado 1, letras a) y c) — Requisitos de información de los contratos distintos de los contratos a distancia o los celebrados fuera del establecimiento — Obligación del comerciante de informar al consumidor de las características principales del servicio — Derechos de aduana — Obligación del comerciante de informar al consumidor sobre el precio total del servicio — Gastos adicionales — Contenido de la información que debe facilitarse al consumidor — Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (CMR) — Artículos 6 y 11»
Protección de los consumidores — Contratos celebrados con consumidores — Directiva 2011/83/UE — Requisitos de información de los contratos distintos de los contratos a distancia o los celebrados fuera del establecimiento — Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera — Obligación del comerciante de informar al consumidor de las características principales y del precio total de los bienes o servicios — Alcance — Obligación de informar al expedidor consumidor de la posible exigencia de formalidades aduaneras y derechos de aduana — Inclusión — Obligación de facilitar información detallada sobre los documentos que deben presentarse en aduana y de indicar los tipos e importes de los derechos de aduana aplicables — Exclusión
[Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 5, ap. 1, letras a) y c)]
(véanse los apartados 43 a 50, 52 y 54 a 58 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania), se pronuncia, por primera vez, sobre el alcance de las obligaciones de información de los comerciantes frente a los consumidores en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2011/83, (
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)en el marco de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera.
D. V., un consumidor, celebró por teléfono con la sociedad Kigas un contrato de transporte de bienes que le pertenecían de Noruega a Lituania. En respuesta a una pregunta formulada por dicha sociedad, D. V. indicó que los bienes transportados estaban destinados a su uso personal, de modo que no era necesario presentar una declaración en aduana. Sin embargo, con ocasión de un control fronterizo a la entrada en el territorio de la Unión, las autoridades aduaneras consideraron que dichos bienes debían declararse en aduana y fijaron un importe de derechos de aduana que Kigas pagó.
En consecuencia, Kigas remitió a D. V. una factura que incluía el importe acordado por el servicio de transporte de mercancías y los derechos de aduana. Además, entregó todos los bienes que se le habían confiado salvo uno, que retuvo a la espera del pago de la factura.
D. V. presentó entonces una demanda ante los tribunales, mientras que Kigas presentó una demanda reconvencional. Tanto el órgano jurisdiccional de primera instancia como el tribunal de apelación aplicaron el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera y condenaron a D. V. a pagar a Kigas los importes reclamados, ordenando a esta última que restituyera el bien retenido.
El órgano jurisdiccional remitente, que conoce de un recurso de casación, pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si, en caso de celebración de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera, el comerciante está obligado a informar al consumidor de las formalidades aduaneras y de los derechos de aduana que pueden ser exigibles, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, letras a) y c), de la Directiva 2011/83.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia señala que, en el marco de un contrato de transporte internacional de mercancías, el alcance de la información que un comerciante debe comunicar previamente ha de apreciarse, en particular, en función de la naturaleza del servicio. A este respecto, señala que, habida cuenta del carácter transfronterizo de dicho contrato y del hecho de que la importación de mercancías de un tercer país está habitualmente sujeta a derechos de aduana, las formalidades aduaneras constituyen una de las características principales de este tipo de contrato de las que debe informarse al consumidor antes de su celebración.
Por lo tanto, el transportista comerciante está obligado a informar al consumidor de que la importación de las mercancías transportadas puede exigir el cumplimiento de formalidades aduaneras. Sin embargo, cuando se encarga exclusivamente del transporte de mercancías sin llevar a cabo un servicio de corretaje de aduanas, no está obligado a facilitar información detallada sobre los documentos que deben presentarse en aduana, lo que se ve corroborado por el artículo 11, apartado 2, del Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera.
En segundo lugar, por lo que respecta a la obligación del comerciante de informar al consumidor del precio total del servicio, el Tribunal de Justicia observa que, con independencia de la mención del precio total o del modo de cálculo de dicho precio, deben tenerse en cuenta los gastos adicionales que pueden añadirse al precio total del servicio y que, si bien no pueden calcularse de antemano, deben indicarse al consumidor como exigibles.
Así, el Tribunal de Justicia considera que, en el marco de los contratos de transporte internacional de mercancías, los derechos de aduana constituyen gastos adicionales que se añaden al precio total del servicio, ya que son exigibles no por la ejecución del servicio de transporte, sino por la introducción en el territorio aduanero de la Unión de las mercancías transportadas. Ahora bien, en este tipo de contrato, el comerciante no siempre puede calcular el precio total del servicio «incluidos los impuestos» antes de la celebración del contrato, ya que el importe exacto de los derechos de aduana puede depender de determinados elementos que pueden no conocerse de antemano.
Por consiguiente, el comerciante está obligado a informar al consumidor únicamente de que pueden ser exigibles derechos de aduana, que constituyen gastos adicionales a cargo del consumidor y que no pueden calcularse razonablemente de antemano e integrarse en el precio del servicio de transporte.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia concluye que, en el marco de un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera con origen en un tercer país y con destino a un Estado miembro de la Unión, la obligación de información que incumbe al comerciante en virtud del artículo 5, apartado 1, letras a) y c), de la Directiva 2011/83 implica informar al remitente-consumidor de que la importación de las mercancías en el territorio de la Unión puede requerir el cumplimiento de formalidades aduaneras y de que pueden exigirse derechos de aduana a su cargo. En cambio, el comerciante no está obligado a facilitar información detallada sobre los documentos que deben presentarse en aduana ni a indicar los tipos e importes de los derechos de aduana aplicables.
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)	Texto consolidado: Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64).