Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 16 de abril de 2026 (1)
Asunto C‑36/25
Energia Group Holdings (ROI) DAC,
Energia Customer Solutions Limited,
Wind Generation Ireland Limited,
Holyford Windfarm Limited,
Cornavarrow Windfarm Limited,
Eshmore Limited,
GR Wind Farms 1 Limited,
CNOC Windfarms Limited,
TRA Investments Limited,
Ballybane Windfarms Limited,
Beam Wind Limited,
Meenaward Wind Farm Limited,
Cordal Windfarms Limited,
Sigatoka Limited,
Glanaruddery Windfarms Limited,
Glencarbry Windfarm Limited,
Gortahile Windfarm Limited,
Killala Community Windfarm Designated Activity Company,
Kill Hills Windfarm Limited,
Knocknacummer Wind Farm Limited,
Knocknalour Wind Farm Limited,
Seahound Wind Developments Limited,
Lisdowney Wind Farm Limited,
Monaincha Wind Farm Limited,
Ronaver Energy Limited,
Tullynamoyle Wind Farm II Limited
contra
The Commission for Regulation of Utilities,
con intervención de:
Eirgrid plc,
The Attorney General
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda)]
« Procedimiento prejudicial — Mercado interior de la electricidad — Normas comunes — Reglamento (UE) 2019/943 — Artículo 13, apartado 7 — Productores de electricidad a partir de fuentes de energía renovables — Despacho prioritario — Redespacho a la baja no basado en el mercado — Derecho a una compensación financiera — Métodos de cálculo — Compensación adecuada — Efecto directo — Requisitos »
Índice
I.
Introducción
II.
Marco jurídico
A.
Reglamento 2019/943, del mercado interior de la electricidad
B.
Directiva 2019/944, del mercado interior de la electricidad
III.
Hechos, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
IV.
Apreciación jurídica
A.
Alcance del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 (primera cuestión prejudicial)
1.
Observaciones previas
2.
Criterios y funcionamiento del mecanismo de compensación del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 [primera cuestión prejudicial, letra a)]
a)
Interpretación literal
b)
Interpretación sistemática, teleológica e histórica
c)
Conclusión provisional sobre la primera cuestión prejudicial, letra a)
3.
Alcance del criterio «compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada» [primera cuestión prejudicial, letra b)]
4.
Admisibilidad de actos nacionales de aplicación que supeditan el derecho a la compensación financiera al disfrute del despacho prioritario [primera cuestión prejudicial, letra c)]
B.
Efecto directo del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 (segunda cuestión prejudicial)
1.
Criterios del efecto directo en contraposición a la aplicación directa
2.
Cumplimiento de los criterios del efecto directo
3.
Conclusión provisional
C.
Otras vías de recurso (tercera cuestión prejudicial)
V.
Otras cuestiones (cuarta cuestión prejudicial)
1.
Diferimiento del cumplimiento del derecho a la compensación financiera [cuarta cuestión prejudicial, letras a) y b)]
2.
Limitación o ampliación del ámbito de aplicación personal del derecho a la compensación financiera [cuarta cuestión prejudicial, letra c)]
a)
Sobre la primera parte: ¿exclusión de los pequeños productores?
b)
Sobre la segunda parte: ¿derecho de los intermediarios a compensación?
3.
Pagos por encima del precio de mercado en virtud de CCCE como «ayuda financiera» [cuarta cuestión prejudicial, letra d)]
VI.
Conclusión
I.      Introducción
1.        El mercado interior de la electricidad, liberalizado y armonizado, entre otros, por el Reglamento (UE) 2019/943 (2) y la Directiva (UE) 2019/944, (3) se basa fundamentalmente en las reglas del mercado. (4) Sin embargo, al mismo tiempo fomenta la producción sostenible y descarbonizada de electricidad, (5) por lo que, en principio, se da preferencia al suministro de electricidad de los productores de energías renovables («despacho prioritario»). Sin embargo, el complejo funcionamiento de los mercados de la electricidad requiere, en ocasiones, intervenciones no basadas en el mercado por parte de los gestores de la red, como el redespacho a la baja objeto de litigio en el presente asunto, por motivos de la respuesta de la demanda y de seguridad del sistema. Tal redespacho tiene como consecuencia que el productor de energías renovables de que se trate, por ejemplo, de energía eólica, no pueda inyectar temporalmente en la red la cantidad de electricidad que ha producido o que puede producir y, por ello, tiene derecho a una compensación financiera frente al gestor de la red. Sin embargo, este derecho también surge cuando el gestor de la red ordena un redespacho al alza, es decir, cuando ordena al productor en cuestión que produzca más electricidad, y la inyecte en la red, de lo que habría hecho en función del mercado.
2.        En el procedimiento principal que da lugar a la presente petición de decisión prejudicial, es controvertida la aplicación de las normas nacionales y de la Unión relativas al cálculo de la compensación financiera por un redespacho a la baja no basado en el mercado. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia tiene por primera vez la oportunidad de pronunciarse sobre los complejos criterios del Derecho de la Unión relativos al derecho a la compensación financiera previsto en este caso.
II.    Marco jurídico
3.        El marco jurídico de la Unión está constituido esencialmente por el Reglamento 2019/943 y la Directiva 2019/944.
A.      Reglamento 2019/943, del mercado interior de la electricidad
4.        Según el artículo 2, punto 26, del Reglamento 2019/943, el redespacho se define como «una medida, incluida la reducción, activada por uno o varios gestores de redes de transporte o gestores de redes de distribución a través de la alteración de la generación, el diagrama de carga, o ambos, a fin de cambiar los flujos físicos del sistema eléctrico y aliviar una congestión física o asegurar de otra manera la seguridad del sistema». (6)
5.        El artículo 12 del Reglamento 2019/943 regula el despacho de generación y la respuesta de la demanda. Según el apartado 1, «el despacho de instalaciones de generación de electricidad y de respuesta de la demanda será no discriminatorio, transparente y, a menos que se disponga otra cosa en virtud del artículo 12, apartados 2 a 6, basado en el mercado». Los apartados 2 a 6 regulan el «despacho prioritario» para las instalaciones de generación de energía renovable. (7) De conformidad con el apartado 2, sin perjuicio de los artículos 107 TFUE, 108 TFUE y 109 TFUE, los Estados miembros «velarán por que, cuando despachen […], los gestores de redes darán prioridad a las instalaciones de generación que utilicen energía procedente de fuentes renovables en tanto en cuanto el funcionamiento seguro de la red eléctrica nacional lo permita y con arreglo a criterios transparentes y no discriminatorios, y cuando esas instalaciones de generación de electricidad [tengan, entre otras] […] una capacidad eléctrica instalada de menos de 400 kW». De conformidad con el apartado 4, los Estados miembros podrán prever el despacho también para instalaciones de generación de electricidad que utilicen cogeneración de alta eficiencia con esa misma capacidad eléctrica instalada. Según el apartado 6, las instalaciones de generación de electricidad que utilicen energía procedente de fuentes renovables o cogeneración de alta eficiencia que fueran puestas en servicio antes del 4 de julio de 2019 y que, al ser puestas en servicio, fueran objeto de despacho prioritario con arreglo al artículo 15, apartado 5, de la Directiva 2012/27/UE (8) o al artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2009/28/CE (9) seguirán beneficiándose de despacho prioritario.
6.        El artículo 13 del Reglamento 2019/943, titulado «Redespacho», establece, entre otras cosas:
«1.      El redespacho de la generación y el redespacho de la respuesta de la demanda se basarán en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Estarán abiertos a todas las tecnologías de generación, almacenamiento de energía y respuesta de la demanda, incluidos los operadores del mercado situados en otros Estados miembros, a no ser que sea técnicamente inviable.
2.      Los recursos redespachados se seleccionarán entre las instalaciones de generación, de almacenamiento de energía o de respuesta a la demanda utilizando mecanismos de mercado, y tendrán compensación financiera. […]
3.      El redespacho de la generación, del almacenamiento de energía y de la respuesta de la demanda no basados en el mercado solo podrán emplearse cuando:
a)      no exista una alternativa basada en el mercado;
b)      todos los recursos disponibles basados en el mercado hayan sido utilizados;
c)      el número de instalaciones de generación de electricidad, de almacenamiento de energía o de respuesta de la demanda disponibles sea demasiado bajo para garantizar una competencia eficaz en la zona donde estén situadas las instalaciones adecuadas para la provisión del servicio; o
d)      la situación actual de la red eléctrica lleve a una congestión tan regular y previsible que el redespacho basado en el mercado daría lugar a ofertas estratégicas regulares que aumentarían el nivel de congestión interna […].
[…]
5.      Sin perjuicio de los requisitos relativos al mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad de la red, basados en criterios transparentes y no discriminatorios establecidos por las autoridades reguladoras, los operadores de sistemas de transporte y los operadores de sistemas de distribución deberán:
a)      garantizar la capacidad de las redes de transporte y de distribución para transportar electricidad procedente de fuentes de energía renovables o cogeneración de alta eficiencia con el mínimo redespacho posible […];
b)      adoptar las medidas oportunas en relación con la operación de la red y el mercado con objeto de minimizar el redespacho a la baja de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables o de cogeneración de alta eficiencia;
[…]
6.      Cuando se haga uso de redespacho a la baja no basado en el mercado, se seguirán los siguientes principios:
a)      las instalaciones de generación de electricidad que utilicen fuentes de energía renovables solo estarán sujetas a redespacho a la baja si no existe otra alternativa o si otras soluciones darían lugar a costes desproporcionados significativos o riesgos graves para la seguridad de la red;
b)      la electricidad generada por un proceso de cogeneración de alta eficiencia solo estará sujeta a redespacho a la baja si, aparte del redespacho a la baja de las instalaciones de generación de electricidad que utilizan fuentes de energía renovables, no existe otra alternativa o si otras soluciones darían lugar a costes desproporcionados o riesgos graves para la seguridad de la red;
c)      la electricidad autogenerada a partir de instalaciones de generación que utilizan fuentes de energía renovables o cogeneración de alta eficiencia que no alimente la red de transporte o distribución no podrá ser objeto de un redespacho a la baja a menos que ninguna otra solución pueda resolver los problemas de seguridad de la red;
d)      el redespacho a la baja con arreglo a las letras a), b) y c) deberá estar debidamente justificado de manera transparente […]
7.      Cuando se haga uso del redespacho no basado en el mercado, dará lugar a una compensación financiera por parte del gestor de red que solicite el redespacho al operador de la instalación de generación, de almacenamiento de energía o de respuesta de la demanda que sea objeto de redespacho, excepto en el caso de los productores que hayan aceptado un acuerdo de conexión en el que no se garantice la entrega firme de energía. Esa compensación financiera será, como mínimo, igual al más elevado de los siguientes elementos o una combinación de ambos si la aplicación del más elevado de ellos da lugar a una compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada:
a)      los costes de funcionamiento adicionales causados por el redespacho, como los costes adicionales de combustible en caso de redespacho al alza, o el suministro de calor de apoyo en caso de redespacho a la baja de las instalaciones de generación de electricidad que utilicen cogeneración de alta eficiencia;
b)      los ingresos netos procedentes de la venta en el mercado diario de la electricidad que la instalación de generación, de almacenamiento de energía o de respuesta de la demanda habría generado sin la solicitud de redespacho; cuando se conceda ayuda financiera a instalaciones de generación de electricidad, de almacenamiento de energía o de respuesta de la demanda sobre la base del volumen de electricidad generado o consumido, el apoyo financiero que se hubiera recibido sin la solicitud de redespacho se considerará parte de los ingresos netos.»
7.        El artículo 19 bis del Reglamento 2019/943 regula la promoción de los «contratos de compra de electricidad» (en lo sucesivo, «CCE»).
8.        El artículo 19 quinquies de dicho Reglamento regula los «sistemas de apoyo directo a los precios en forma de contratos bidireccionales por diferencias para inversiones» en nuevas instalaciones de generación de energías renovables.
B.      Directiva 2019/944, del mercado interior de la electricidad
9.        El artículo 59 de la Directiva 2019/944 regula las obligaciones y competencias de la autoridad reguladora. Según el apartado 1, letra a), la autoridad reguladora debe «establecer o aprobar, de conformidad con criterios transparentes, las tarifas de transporte o distribución o sus metodologías o las dos cosas».
III. Hechos, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
10.      La petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda) se refiere a dos recursos de apelación en los que se discute la interpretación del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943. En estos procedimientos intervienen, como recurrente, la Commission for Regulation of Utilities (Comisión de Regulación de los Servicios Públicos, Irlanda; en lo sucesivo, «CRU»), la National Regulatory Authority (Autoridad Reguladora Competente para el Mercado de la Electricidad, Irlanda; en lo sucesivo, «NRA»), el Attorney General (Fiscal General, Irlanda), el Transmission System Operator (Gestor de la Red de Transporte, Irlanda; en lo sucesivo, «TSO» o «gestor de red»), Eirgrid plc, así como las recurridas en apelación y demandantes en primera instancia, que son productoras de energías renovables o sus intermediarios.
11.      En la isla de Irlanda existe un mercado único de la electricidad (Single Electricity Market; en lo sucesivo «SEM») con una supervisión separada para la parte irlandesa y la parte norirlandesa. La autoridad reguladora competente para Irlanda del Norte es la Northern Ireland Authority for Utility Regulation (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para Irlanda del Norte; en lo sucesivo, «NIAUR»). Con el fin de ejercer las funciones de supervisión conjuntas de la CRU y la NIAUR, se creó el Single Electricity Market Committee (Comité del Mercado Único de la Electricidad; en lo sucesivo, «SEMC»). Eirgrid, junto con el gestor de la red de transporte responsable de Irlanda del Norte —System Operator for Northern Ireland Ltd (SONI)—, es el operador del mercado único de la electricidad (Single Energy Market Operator).
12.      El SEMC adoptó el 22 marzo de 2022, de conformidad con el artículo 59 de la Directiva 2019/944, un «Documento decisorio sobre despacho, redespacho y compensación con arreglo al Reglamento (UE) 2019/943» (SEM‑22‑009) [Decision Paper on Dispatch, Redispatch and Compensation Pursuant to Regulation (EU) 2019/943] (en lo sucesivo, «Documento decisorio controvertido»). Para transponer los requisitos establecidos, entre otros, en el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 y conceder una compensación financiera a las instalaciones de generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables en caso de redespacho no basado en el mercado, el Documento decisorio controvertido establece los siguientes principios: (10)
«a)      Para las instalaciones de energía renovable puestas en servicio después del 4 de julio de 2019, la compensación basada en la mayor cifra entre los ingresos ex ante de la instalación y el apoyo perdido no se ha de considerar “injustificadamente elevada”, a no ser que existan razones sólidas para lo contrario […]
Cualquier ayuda perdida para dichas instalaciones debe proceder, por regla general, de programas de ayuda competitivos basados en subastas, en los que las ofertas reflejen los ingresos del mercado, incluidos los introducidos por el artículo 13, apartado 7.
b)      Para las instalaciones de energía renovable puestas en servicio antes del 4 de julio de 2019, la compensación basada en la mayor cifra entre los ingresos ex ante de la instalación y el apoyo perdido se ha de considerar «injustificadamente elevada», a no ser que existan razones sólidas para lo contrario […]
Cualquier ayuda perdida para dichas instalaciones debe proceder, por regla general, de programas en los que la ayuda se base en los costes medios de la electricidad procedente de diversas fuentes de energía renovables.»
13.      En los recursos interpuestos contra el Documento decisorio controvertido, las recurridas en apelación habían alegado que, en caso de un redespacho no basado en el mercado, las pérdidas resultantes para los productores de electricidad debían compensarse plenamente, de modo que la perspectiva de un redespacho les resultara «indiferente» o «neutra». Señalaron que el Documento Decisorio restringía su derecho a una compensación financiera, en particular en caso de redespacho a la baja, de manera incompatible con el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, y difería indebidamente la concesión de las compensaciones.
14.      La High Court (Tribunal Superior, Irlanda) dictó una resolución anulando el Documento decisorio controvertido.
15.      El órgano jurisdiccional remitente, la Supreme Court (Tribunal Supremo), que conoce del recurso de apelación, tiene dudas sobre la interpretación del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 y se pregunta si esta disposición es directamente aplicable. Señala que el Documento decisorio controvertido excluye de la compensación financiera, entre otros, a los denominados productores de minimis, que no participan en el mercado diario, es decir, en el comercio de electricidad para el día siguiente. Además, destaca la gran importancia económica del apoyo financiero a los productores de energías renovables, entre otras cosas mediante la promoción de los contratos corporativos de compra de electricidad (Corporate Power Purchase Agreements; en lo sucesivo, «CCCE»). (11) Mediante estos contratos, los compradores se comprometen a adquirir electricidad a un precio acordado («precio de ejercicio»), que puede ser superior o inferior al precio de mercado de cada momento. El órgano jurisdiccional remitente indica que estos CCCE normalmente adquieren la forma de contratos por diferencias, en que, si el precio de mercado es superior al de ejercicio, la instalación de generación de electricidad paga la diferencia al comprador, y, si el precio de mercado de referencia es menor, el comprador compensa la diferencia a la instalación de generación de electricidad. Sin embargo, según la CRU, el derecho de una instalación de generación de electricidad al precio de ejercicio superior al precio de mercado no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 13, apartado 7, letra b), del Reglamento 2019/943, por lo que no debe compensarse en caso de redespacho a la baja.
16.      La Supreme Court (Tribunal Supremo) ha suspendido el procedimiento y ha solicitado al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo tercero, que responda a las siguientes cuestiones:
«1)      a)      ¿Exige el artículo 13, apartado 7, del Reglamento [2019/943] que las instalaciones de generación de electricidad con acceso firme que sean objeto de despacho a la baja por el gestor de la red sean plenamente compensadas por la pérdida de ingresos sufrida a causa del redespacho (incluida, en su caso, la pérdida de apoyo financiero), de manera que se sitúe a la instalación de generación de electricidad en la misma posición financiera en que se hallaría si no hubiese sido objeto de redespacho y sea indiferente a la perspectiva de ser objeto de redespacho?
b)      En ese contexto, ¿qué significa la expresión “compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada” y con arreglo a qué criterios o referentes debe valorarse si una compensación es “injustificadamente baja o injustificadamente elevada”?
c)      En particular, ¿permite el artículo 13, apartado 7, la adopción de un acto de aplicación que diferencie entre las instalaciones de generación de electricidad, en relación con su derecho a compensación, en función de si se benefician de despacho prioritario o no?
2)      a)      ¿Es suficientemente claro, preciso e incondicional el artículo 13, apartado 7, del Reglamento [2019/943], ya sea en sus propios términos o con la ayuda de una petición de decisión prejudicial en virtud del artículo 267 [TFUE], como para tener efecto directo en el Derecho nacional?
b)      ¿En qué medida exige o permite el artículo 13, apartado 7, la adopción de actos nacionales de transposición o aplicación?
3)      a)      En caso de que el artículo 13, apartado 7, del Reglamento [2019/943] no tenga efecto directo, ¿puede ser invocado, no obstante, ante un órgano jurisdiccional nacional para impugnar la legalidad de una disposición de Derecho nacional, incluidos supuestos actos nacionales de transposición, que se considere incompatible con él, y como fundamento para anular o dejar inaplicada dicha disposición o acto si se determina que es incompatible con él, o queda excluido el ejercicio de tal competencia por un órgano jurisdiccional nacional en virtud de la sentencia Popławski? (12)
b)      En caso de que el artículo 13, apartado 7, no tenga efecto directo ni pueda ser invocado ante un órgano jurisdiccional nacional al objeto mencionado en la tercera cuestión prejudicial, letra a), ¿qué vías de recurso asisten a una empresa que alegue que un supuesto acto nacional de transposición restringe indebidamente su derecho a compensación derivado del artículo 13, apartado 7, sea en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, del artículo 47 de la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea] o con otro fundamento?
4)      Por lo que respecta al correcto significado y efecto del artículo 13, apartado 7:
a)      Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 71 del Reglamento [2019/943], ¿estaba facultada la [NRA] para adoptar un acto de aplicación que difería hasta 2024 el pago de la compensación prevista en el artículo 13, apartado 7?
b)      ¿Estaba facultada la NRA para adoptar un acto de aplicación que difería la decisión sobre el pago de la compensación (si se hacía y por qué importe) prevista en el artículo 13, apartado 7, respecto al apoyo financiero perdido?
c)      ¿Permite el artículo 13, apartado 7, la adopción de un acto de aplicación que i) limite la compensación a las instalaciones de generación de electricidad que participen en el mercado ex ante (diario), excluyendo así a las instalaciones de generación de electricidad de minimis de la posibilidad de ser compensadas en caso de ser objeto de redespacho, o ii) prevea el pago de la compensación a los proveedores de electricidad, que pueden ser intermediarios, en lugar de a las instalaciones de generación de electricidad que han sido objeto de redespacho?
d)      En el supuesto de que una instalación de generación de electricidad renovable que sea parte de un [CCCE] sea objeto de redespacho a la baja, ¿la compensación prevista en el artículo 13, apartado 7, debe incluir una compensación por la pérdida de los pagos a los que hubiera tenido derecho en virtud del CCCE (de no haber sido objeto de redespacho) al superar el precio de ejercicio el precio de mercado pertinente, o constituyen dichos pagos una forma de apoyo financiero no comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 13, apartado 7, letra b)?
17.      »Mediante resolución de 9 de abril de 2025, el Presidente del Tribunal de Justicia desestimó la solicitud del órgano jurisdiccional remitente de que la petición de decisión prejudicial se tramitara mediante un procedimiento acelerado con arreglo al artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
18.      En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, las recurridas en apelación, la CRU, Irlanda, la República Helénica y la Comisión Europea presentaron sus observaciones por escrito. Estas partes también participaron en la vista oral celebrada el 15 de enero de 2026 y respondieron a las preguntas escritas y orales del Tribunal de Justicia.
IV.    Apreciación jurídica
19.      La petición de decisión prejudicial hace hincapié en la interpretación de los criterios (controvertidos) establecidos en el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 para determinar una compensación financiera a favor de los productores de energías renovables afectados por un redespacho a la baja no basado en el mercado. A ello se une la cuestión de si esta disposición es directamente aplicable y, por lo tanto, si debe ser aplicada por un órgano jurisdiccional nacional en un procedimiento como el presente, en su caso, con preferencia sobre la legislación nacional contraria.
20.      En primer lugar, examinaré el alcance de esta disposición y sus criterios (primera cuestión prejudicial) (sección A). De ello se deriva el asunto de si cumple los requisitos del efecto directo (segunda cuestión prejudicial) (sección B) o cuáles son las vías de recurso de que disponen los productores afectados (tercera cuestión prejudicial) (sección C). Por último, examinaré las restantes cuestiones (cuarta cuestión prejudicial) (sección D).
A.      Alcance del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 (primera cuestión prejudicial)
1.      Observaciones previas
21.      Las partes en el procedimiento discrepan, principalmente, sobre si el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 confiere a los productores de energías renovables un derecho a una compensación financiera «plena» frente al gestor de la red en un supuesto de redespacho no basado en el mercado, en este caso a la baja. Se refiere a una compensación que sitúe a estos productores en la misma situación económica en la que se encontrarían si el redespacho no hubiera tenido lugar y hubieran podido suministrar y recibir una remuneración por la electricidad que generan en las condiciones y normas de mercado vigentes (teniendo en cuenta el despacho prioritario que les es aplicable).
22.      Las partes coinciden en que el mecanismo de compensación por un redespacho a la baja no basado en el mercado, según el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, se fundamenta en una consideración hipotética o contrafáctica. Esto se desprende, en particular, del artículo 13, apartado 7, letra b), según el cual la compensación debe determinarse, entre otras cosas, sobre la base de «los ingresos netos procedentes de la venta en el mercado diario de la electricidad» que el productor afectado «habría generado sin la solicitud de redespacho». En el caso de dicho redespacho, la situación económica resultante debe compararse con la que se habría producido si la cantidad de electricidad afectada se hubiera inyectado en la red y se hubiera podido vender en el mercado diario.
23.      Por lo tanto, procede examinar con más detalle los criterios que deben tenerse en cuenta en el marco de esta comparación. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en particular, por el alcance de la expresión «compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada» del artículo 13, apartado 7, segunda frase, del Reglamento 2019/943 [primera cuestión prejudicial, letra b)].
24.      Para comprender mejor el alcance de estos criterios, es necesario examinar el mecanismo de compensación del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 en su conjunto.
25.      A este respecto, debe tenerse en cuenta que el derecho del productor afectado a una compensación financiera no solo surge en caso de redespacho a la baja (es decir, una reducción de la cantidad de electricidad inyectada), sino también en el caso del redespacho al alza (es decir, un aumento de la cantidad de electricidad inyectada), que no es objeto de controversia en el presente asunto, en cuyo caso, en principio, no es necesario realizar una comparación contrafáctica. (13) Además, no se discute que, por una parte, el derecho a la compensación requiere un acuerdo de conexión a la red con garantía de entrega, (14) que parece existir en el presente caso, y, por otra, que la «ayuda financiera» concedida a dicho productor sobre la base de la cantidad de electricidad producida o consumida se considera parte de sus ingresos netos. (15)
2.      Criterios y funcionamiento del mecanismo de compensación del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 [primera cuestión prejudicial, letra a)]
26.      En la medida en que la primera cuestión prejudicial, letra a), se refiere a una compensación «plena» de los ingresos perdidos por el productor de energías renovables, me parece que está formulada de manera algo confusa. En mi opinión, la comparación basada en los criterios (variables) y los métodos de cálculo previstos en el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 no garantiza una compensación financiera que neutralice plenamente el redespacho desde el punto de vista económico. Más bien, esta compensación solo pretende aproximarse lo más posible a la situación económica hipotética que se daría en caso de no haberse producido el redespacho. Esto se desprende ya de una interpretación literal.
a)      Interpretación literal
27.      De conformidad con el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, cuando se haga uso de un redespacho no basado en el mercado, se efectuará una compensación financiera mínima («como mínimo, igual»). Para el cálculo de esta compensación, se prevén dos métodos de cálculo diferentes (prioritario y subordinado), que en principio se aplican tanto al redespacho al alza como al redespacho a la baja. (16)
28.      Ambos métodos de cálculo tienen en común que se basan en dos parámetros variables, a saber, por un lado, el importe de los «costes de funcionamiento adicionales» [letra a)] y, por otro, los «ingresos netos procedentes de la venta en el mercado diario de la electricidad» que el productor «habría generado sin la solicitud de redespacho» [letra b)]. El concepto de «ingresos netos» perdidos no se define con más detalle en el Reglamento 2019/943. Por lo tanto, en primer lugar, debe partirse de la interpretación general del término, según la cual los «ingresos netos», a diferencia de los «ingresos brutos», son ingresos ajustados en función de los costes e impuestos. (17)
29.      Según el primer método de cálculo, que es el prioritario, la compensación se calcula sobre la base del mayor de los dos importes mencionados en las letras a) y b) («igual al más elevado de los siguientes elementos»).
30.      Solo si este método da lugar a una «compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada», se combinarán los importes mencionados en las letras a) y b) en el marco del segundo método de cálculo («una combinación de ambos»). (18) El término «combinación» tampoco se precisa en el Reglamento 2019/943. Podría entenderse en el sentido de la mediana, la moda o, más concretamente, la media aritmética de los dos importes obtenidos en el marco del primer método de cálculo [según las letras a) y b)]. Sin embargo, esto no es obligatorio. La suma de ambos importes también estaría comprendida en este concepto. En cualquier caso, los costes de funcionamiento (adicionales) y los ingresos netos (hipotéticos) perdidos deben relacionarse de alguna manera. Esto indica que el gestor de la red dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto a la forma de combinar ambos importes.
31.      En mi opinión, los criterios variables «costes de funcionamiento adicionales» [en la letra a)] e «ingresos netos» [en la letra b)], que constituyen la base de ambos métodos de cálculo, ya contradicen la tesis de la compensación «plena» defendida por las recurridas en apelación.
32.      En efecto, es concebible que el productor afectado por un redespacho a la baja incurra en costes de funcionamiento adicionales que puedan alcanzar o incluso superar el importe de los ingresos netos perdidos. Según el primer método de cálculo del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, en todos los casos este productor solo puede exigir como compensación (mínima) el mayor de los dos importes, salvo que la compensación sea injustificadamente baja o injustificadamente elevada y, por lo tanto, requiera una corrección. Por consiguiente, aun cuando, en tales circunstancias, el productor tenga derecho a una compensación por la pérdida de ingresos netos, incluida la pérdida de la ayuda financiera, ello no tiene como consecuencia, contrariamente a lo que suponen las recurridas en apelación, colocarlo financieramente en la situación en la que se encontraría de no haberse producido el redespacho o en una situación en la que este fuera totalmente indiferente o neutro para él. Ello se debe a que los costes de funcionamiento adicionales eventualmente generados por el redespacho no están necesariamente cubiertos de manera suficiente. Por lo tanto, tal resultado podría conducir a una «compensación injustificadamente baja» y a la aplicación del segundo método de cálculo.
33.      El artículo 13, apartado 7, letra a), del Reglamento 2019/943 aborda expresamente esta situación utilizando el ejemplo del redespacho a la baja de la generación de electricidad que utilice cogeneración de alta eficiencia. Esto puede suponer costes de funcionamiento adicionales para los operadores de centrales eléctricas afectados en relación con el suministro de calor de apoyo. En efecto, a pesar de la reducción ordenada de la generación e inyección de electricidad, así como de las pérdidas conexas, dichos operadores tendrían que cumplir sus obligaciones contractuales de suministro de calor. Este calor debería generarse sin que los costes de funcionamiento que ello conlleva puedan cubrirse con la venta de la electricidad cogenerada automáticamente.
34.      Por lo tanto, el primer método de cálculo (aritmético) no puede, en todos los casos, proporcionar una compensación financiera «plena» como defienden las recurridas en apelación.
35.      Esto es aún más cierto en el marco del segundo método de cálculo. Este prevé la posibilidad de corregir el importe de la compensación al alza o a la baja, siempre que el gestor de la red considere que dicho importe es «injustificadamente» bajo o elevado. La «combinación» de ambos importes según las letras a) y b) solo constituye el punto de partida para determinar la compensación financiera. En relación con la expresión «compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada», que hace aplicable el segundo método de cálculo, se deduce además que esta requiere una valoración. En otras palabras, debe permitir alcanzar una compensación «justificada», es decir, adecuada. (19)
36.      El segundo método de cálculo es, por tanto, una construcción subsidiaria para determinar la situación económica (hipotética) en ausencia del redespacho ordenado. Esto también queda claro en el caso del redespacho al alza, que no es objeto de controversia en el presente asunto. Aunque el aumento de la cantidad de electricidad inyectada que ello conlleva proporciona, en principio, ingresos adicionales al productor de electricidad afectado, el artículo 13, apartado 7, letra a), del Reglamento 2019/943 reconoce también para este caso que pueden surgir costes de funcionamiento adicionales, por ejemplo, costes de combustible, que pueden o superar estos ingresos (20) o reducirlos de manera tan inadecuada que sea desproporcionada.
37.      Por lo tanto, el gestor de la red, que determina la compensación financiera adecuada según el segundo método de cálculo en cada caso concreto, dispone de un margen de apreciación doble en el marco de la comparación contrafáctica requerida, que se expresa en los conceptos jurídicos indeterminados de «combinación de ambos [elementos]» e «injustificadamente». Por un lado, se refiere a la evaluación de la cuestión de si el primer método de cálculo da lugar a una «compensación [financiera] injustificadamente baja o injustificadamente elevada», es decir, cuyo importe es tan inadecuado que resulta desproporcionadamente bajo o elevado, y, por otro, a la evaluación conexa de la adecuación de esta compensación mediante la «combinación de ambos [elementos]». Esta evaluación depende de las circunstancias de cada caso concreto, no tiene por qué conducir a una equiparación total de la situación económica de los productores con la que habrían tenido sin el redespacho.
38.      En consecuencia, el derecho «a una compensación financiera» regulado en el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 no se precisa con mayor detalle mediante el término «pleno» (full compensation). (21) Tampoco se habla en este contexto de la garantía de una ganancia
mínima, sino solo de una compensación mínima (véase el punto 27 anterior). (22) Contrariamente a lo que opinan las recurrentes en apelación, el legislador de la Unión, como demuestra el análisis histórico (véase el punto 43 posterior), ha renunciado deliberadamente a tal precisión y solo ha regulado el derecho a una compensación financiera. (23) Por lo tanto, el importe de este derecho se limita a la cantidad que se deriva de las hipótesis comparativas y los métodos de cálculo previstos en dicha disposición. Su importe no coincide necesariamente con el que se habría obtenido con la inyección y la venta de la cantidad de electricidad reducida por el redespacho a la baja, sino que, como reconocieron las recurridas en apelación en la vista oral, entre otras cosas, en referencia al principio de proporcionalidad, solo debe aproximarse lo más posible a ese resultado.
39.      El resultado de esta interpretación literal se ve confirmado por consideraciones sistemáticas y teleológicas, así como por la génesis del Reglamento 2019/943.
b)      Interpretación sistemática, teleológica e histórica
40.      Desde un punto de vista sistemático, el Reglamento 2019/943 no establece ningún umbral mínimo para las ganancias o para la compensación por la pérdida de ingresos que no pueda superarse en ningún caso. La posibilidad prevista en el artículo 10, apartado 2, de fijar «límites armonizados a los precios de casación máximos y mínimos para los horizontes temporales diario e intradiario» (24) constituye una excepción a este respecto y no es extrapolable al redespacho regulado en el artículo 13.
41.      Además, el hecho de que, en el primer método de cálculo de la compensación financiera previsto en el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, el legislador de la Unión exija que los costes de funcionamiento adicionales a que se refiere la letra a) y las pérdidas de ingresos netos contempladas en la letra b) se determinen por separado, con el fin de establecer dicha compensación sobre la base del mayor de los dos elementos (véanse los puntos 28 y 32 anteriores), también aboga en contra del supuesto de un umbral mínimo de ganancias. De lo contrario, tampoco tendría sentido la eventual corrección del resultado del primer método de cálculo, en la medida en que esta dé lugar a una compensación financiera injustificadamente baja o elevada, mediante el segundo método de cálculo. Este último presupone precisamente que la compensación deba, en su caso, corregirse al alza o incluso a la baja. Por lo tanto, la expresión «como mínimo, igual al más elevado de los siguientes elementos o una combinación de ambos» no se refiere a tal umbral mínimo. Se refiere únicamente al hecho de que uno de los dos importes mencionados en las letras a) y b) puede ser más elevado y, por tanto, debe utilizarse, en principio, como criterio válido para el cálculo de la compensación financiera.
42.      Por lo demás, contrariamente a lo que sostienen las recurridas en apelación, no puedo deducir de los objetivos del Reglamento 2019/943 ningún otro elemento que pueda justificar el derecho a una compensación financiera «plena» que estas propugnan. El objetivo de la respuesta de la demanda, en principio basada con el mercado, al tiempo que se fomenta la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, incluso mediante su despacho prioritario, también se ve cumplido si, en caso de redespacho no basado en el mercado, se concede una compensación financiera lo más cercana posible a una remuneración en condiciones de mercado. En mi opinión, eso es precisamente lo que debe lograr en última instancia el mecanismo de compensación previsto en el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943.
43.      La génesis del Reglamento 2019/943 apunta en la misma dirección. En su propuesta, la Comisión había limitado el derecho a la compensación financiera al caso del redespacho a la baja no basado en el mercado, así como al 90 % de los ingresos netos (hipotéticos) procedentes de la venta de electricidad en el mercado diario. (25) Aunque posteriormente el Consejo suprimió la referencia al límite del 90 %, de modo que solo se mencionaran los ingresos netos (hipotéticos) perdidos, el acuerdo finalmente alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo eliminó los ingresos netos como único criterio para el cálculo de la compensación financiera y, en su lugar, introdujo los criterios adicionales para ambos métodos de cálculo [«los costes de funcionamiento adicionales» en la letra a), incluyendo el redespacho al alza, y los «ingresos netos» perdidos en la letra b), así como la «combinación de ambos» en caso de «una compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada»). (26) Por lo tanto, el legislador de la Unión partió del principio de que, en el marco del análisis comparativo hipotético que se impone en caso de redespacho a la baja no basado en el mercado, no es posible, desde un punto de vista aritmético, lograr una equiparación económica totalmente «neutra» de los productores de energías renovables, sino únicamente obtener un valor aproximado con el fin de indemnizarlos en la medida de lo posible.
c)      Conclusión provisional sobre la primera cuestión prejudicial, letra a)
44.      Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial, letra a), que el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 confiere a los productores que disfrutan de un acceso fijo a la red y de una garantía de entrega que se ven afectados por un redespacho a la baja no basado en el mercado un derecho a una compensación financiera que corresponde en la medida de lo posible a los ingresos hipotéticos (incluida la pérdida de apoyo financiero) que habrían tenido en caso de entrega de la cantidad de electricidad de que se trate en condiciones de mercado, pero que no los neutraliza necesariamente de manera plena desde el punto de vista económico.
3.      Alcance del criterio «compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada» [primera cuestión prejudicial, letra b)]
45.      La respuesta a la primera cuestión prejudicial, letra a), contiene los criterios esenciales para la interpretación de la expresión «compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada» del artículo 13, apartado 7, segunda frase, del Reglamento 2019/943, sobre la que el órgano jurisdiccional remitente pregunta en particular [primera cuestión prejudicial, letra b)].
46.      Esta expresión se refiere, en el caso del redespacho a la baja, (27) al resultado del primer método de cálculo y hace que el segundo método de cálculo sea aplicable. El gestor de la red debe comprobar en primer lugar, sobre la base de todos los datos disponibles, (28) si el primer método de cálculo da lugar a una «compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada», es decir, si es (in)adecuada. A este respecto, dispone de un margen de apreciación (véase el punto 37 anterior).
47.      Si considera que la compensación es inadecuada, el gestor de la red deberá determinar, en el marco de su margen de apreciación, una compensación financiera adecuada mediante una «combinación de los elementos» contemplados en las letras a) y b).
48.      A tal fin, el gestor de la red puede, en un primer momento, basarse en la media de los dos importes determinados, sumarlos o establecer otra relación entre los costes de funcionamiento adicionales y la pérdida de ingresos netos (hipotéticos). En un segundo momento, en función de las circunstancias del caso concreto, entre ellas la evolución de los precios en el mercado diario durante el redespacho, el gestor de la red debe determinar el importe adecuado de la compensación (véase el punto 30 anterior).
49.      De conformidad con las consideraciones expuestas en los puntos 27 y siguientes de las presentes conclusiones, el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 no permite, en principio, basarse en porcentajes o presunciones rígidas que se desvíen de los criterios establecidos de manera exhaustiva en él o los modifiquen de tal modo que limiten de manera inadmisible el margen de apreciación reconocido al gestor de la red a este respecto (véanse, para mayor concreción, los puntos 64 y 65 posteriores). Esto también tiene en cuenta el hecho de que, dadas la posición y la competencia especiales que le atribuye el citado Reglamento de velar por el buen funcionamiento del mercado de la electricidad bajo la supervisión de la autoridad reguladora nacional, el gestor de la red (29) es el más indicado para determinar una compensación adecuada. El órgano jurisdiccional nacional también debe tenerlo en cuenta a la hora de controlar la adecuación de dicha compensación. Esto confirma, a su vez, que el importe de la compensación determinado por el gestor de la red no se corresponde necesariamente con exactitud con la situación económica en la que se habría encontrado el productor de no haberse ordenado el redespacho, sino que solo debe aproximarse lo más posible a ella (véase el punto 38 anterior).
50.      Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial, letra b), que la expresión «compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada» del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 tiene por objeto garantizar una compensación financiera adecuada al productor afectado por un redespacho a la baja no basado en el mercado. A este respecto, el gestor de la red dispone de un margen de apreciación.
4.      Admisibilidad de actos nacionales de aplicación que supeditan el derecho a la compensación financiera al disfrute del despacho prioritario [primera cuestión prejudicial, letra c)]
51.      La primera cuestión prejudicial, letra c), tiene por objeto determinar si el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 permite la adopción de actos nacionales de aplicación que supediten el derecho a una compensación financiera a que el productor afectado por el redespacho a la baja no basado en el mercado disfrute por lo demás o no del despacho prioritario en el sentido del artículo 12, apartados 2 y 4, de dicho Reglamento (véase el punto 5 anterior). (30)
52.      Como alegan acertadamente la Comisión y las recurridas en apelación, las disposiciones del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 no establecen tal distinción. El artículo 13, apartado 1, regula más bien el principio, también válido en el ámbito de aplicación de su apartado 7, según el cual el redespacho debe realizarse con arreglo a criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios, y estar abierto a todas las tecnologías de generación (incluidos todos los tipos de almacenamiento de energía y respuesta de la demanda) dentro de lo técnicamente viable. Esto se aplica tanto al redespacho basado en el mercado, que debe remunerarse financieramente de conformidad con el artículo 13, apartado 2, como al redespacho no basado en el mercado, que da derecho a una compensación financiera con arreglo al artículo 13, apartado 7.
53.      Por lo tanto, los actos nacionales de aplicación correspondientes, en la medida en que llegan a ser necesarios, deben respetar estos principios. Consecuentemente, tales actos no pueden distinguir en función de si el productor afectado se beneficia o no de un despacho prioritario, habida cuenta de la concesión no discriminatoria del derecho a una compensación financiera debido a la orden de un redespacho (a la baja) no basado en el mercado. Este derecho solo está supeditado a la condición de que dicho productor, en virtud de un acuerdo de conexión, tenga garantizadas la entrega o la compra.
54.      Por lo tanto, procede responder a la primera cuestión prejudicial, letra c), que el derecho a una compensación financiera en virtud del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 no exige que el productor afectado por un redespacho a la baja no basado en el mercado se beneficie o no de un despacho prioritario, y que el cumplimiento de ese derecho no puede estar supeditado a tal diferenciación en los actos nacionales de aplicación.
B.      Efecto directo del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 (segunda cuestión prejudicial)
55.      Con la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si las disposiciones del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 son suficientemente claras, precisas e incondicionales y, por lo tanto, directamente aplicables [segunda cuestión prejudicial, letra a)], así como si exigen o permiten la adopción de actos nacionales de transposición y aplicación, y en qué medida [segunda cuestión prejudicial, letra b)]. Considero conveniente responder a estas cuestiones conjuntamente.
1.      Criterios del efecto directo en contraposición a la aplicación directa
56.      En primer lugar, las partes discuten si, en relación con las disposiciones del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, es siquiera necesario examinar los requisitos reconocidos por la jurisprudencia para el efecto directo, ya que los reglamentos son directamente aplicables en los Estados miembros con arreglo al artículo 288 TFUE, párrafo segundo. En este sentido, destacan la sentencia Popławski, (31) a la que también se refiere el órgano jurisdiccional remitente en la tercera cuestión prejudicial, letra a), así como la cuestión de si las disposiciones reglamentarias prevalecen sobre el Derecho nacional contrario por el mero hecho de su aplicación directa. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha respondido a esta última cuestión de forma clara y general en el sentido de que el principio de primacía del Derecho de la Unión solo obliga a las autoridades de los Estados miembros a dejar inaplicada una disposición contraria del Derecho nacional en la medida en que la disposición del Derecho de la Unión de que se trate, es decir, también la de un reglamento, cumpla los requisitos del efecto directo. (32) Las disposiciones reglamentarias de aplicación directa no son automáticamente aplicables por las autoridades de los Estados miembros. Más bien, debido a su estructura normativa, su carácter condicional o la discrecionalidad que se concede a dichas autoridades, pueden requerir la adopción de medidas (de ejecución) nacionales o de la Unión que las concreten, (33) es decir, precisamente no tener efecto directo. (34)
57.      Por lo tanto, en el presente caso procede examinar si el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 tiene efecto directo.
58.      Según reiterada jurisprudencia, una disposición del Derecho de la Unión (primario o derivado) solo tiene efecto directo si resulta, desde el punto de vista de su contenido, incondicional y suficientemente precisa. Una disposición es incondicional cuando establece una obligación que no está sujeta a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución o en sus efectos, a que se adopte ningún acto de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros. Debe considerarse suficientemente precisa para ser invocada por un justiciable y aplicada por el juez cuando establece esta obligación en términos inequívocos. (35) Siempre que se cumplan estos requisitos, los particulares están legitimados para invocar dicha disposición ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado miembro, aun cuando este la haya transpuesto incorrectamente. (36)
59.      El hecho de que una norma del Derecho de la Unión, como, en el presente caso, las disposiciones del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, conceda a las autoridades nacionales competentes cierto margen de apreciación o de discrecionalidad en cuanto a la apreciación de la existencia de sus requisitos y las medidas que deben adoptarse no pone necesariamente en entredicho su carácter suficientemente preciso e incondicional en el sentido del efecto directo. Según reiterada jurisprudencia, tal margen de apreciación o de discrecionalidad no es ni una condición ni un requisito adicional de aplicación o eficacia en el sentido de los principios mencionados en el punto 57 de las presentes conclusiones. (37)
60.      Por el contrario, según esta jurisprudencia, aun cuando dicha disposición deje a los Estados miembros un cierto margen de apreciación a la hora de su aplicación, puede considerarse que tiene carácter preciso y suficientemente incondicional cuando impone a estos, en términos inequívocos, una obligación de resultado precisa y que no está sometida a condición alguna en cuanto a la aplicación de la regla que recoge. (38) En definitiva, el Tribunal de Justicia equipara los requisitos del carácter incondicional de la obligación y de la precisión suficiente. De este modo, las obligaciones indeterminadas, que, en sí mismas, dejan un margen de apreciación a los Estados miembros, también pueden ser directamente aplicables. (39) Así sucede, en particular, cuando esta disposición establece un método para alcanzar la protección mínima o el resultado que prescribe. (40)
61.      En estas circunstancias, considero, como se demostrará a continuación, que las disposiciones del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 relativas al método de cálculo de una compensación financiera son directamente aplicables.
2.      Cumplimiento de los criterios del efecto directo
62.      Como se ha expuesto en los puntos 27 y siguientes, el método de cálculo previsto en el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, sobre la base de los criterios que en él se enuncian, está regulado de manera suficientemente clara, precisa e incondicional para ser aplicado directamente por la autoridad nacional competente, en particular el gestor de la red. El margen de apreciación concedido a dicha autoridad a efectos de la comparación contrafáctica no altera el hecho de que, en caso de redespacho (a la baja) no basado en el mercado, el productor afectado tiene derecho a una compensación financiera (adecuada). Esta debe, en definitiva, aproximarse a la situación económica en la que se habría encontrado el productor sin dicho redespacho, es decir, si hubiera vendido la cantidad de electricidad afectada en condiciones de mercado. A ello se contrapone la obligación inequívoca del gestor de la red de satisfacer este derecho de conformidad con los criterios y métodos de cálculo previstos en el artículo 13, apartado 7.
63.      Por consiguiente, tanto el objetivo de la compensación financiera que debe alcanzarse como los criterios y el método de cálculo están establecidos en estas disposiciones de forma suficientemente clara, precisa y exhaustiva, de modo que los productores afectados pueden invocarlos ante un tribunal, que puede comprenderlos y aplicarlos directamente.
64.      El hecho de que un Estado miembro, como Irlanda en el Documento decisorio controvertido, adopte actos de ejecución con el fin de ejercer la facultad de apreciación que le confiere el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 no modifica el efecto directo de dicha disposición. Otra cuestión, que no procede responder en el presente caso, es si dichos actos de ejecución respetan o sobrepasan los límites de los criterios que dicho artículo establece de manera suficientemente precisa, incondicional y exhaustiva, así como del margen de apreciación que esos criterios confieren.
65.      Sin embargo, existen dudas en lo que se refiere a los criterios establecidos en el Documento decisorio controvertido para calcular el derecho a la compensación financiera. En efecto, el método de cálculo regulado en él se basa, entre otras cosas, en «ingresos ex ante» (cuantificados con precisión) y en una presunción conexa de la existencia de un importe «injustificadamente» elevado o bajo que solo puede refutarse con «razones sólidas». Corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar la compatibilidad de estos criterios con las disposiciones directamente aplicables del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 y aclarar si debe reconocer primacía a estas últimas.
3.      Conclusión provisional
66.      Por lo tanto, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, aunque concede un margen de apreciación al gestor de la red, cumple los requisitos del efecto directo, sin prohibir que se adopten actos nacionales de transposición o de aplicación para ejercer dicho margen de apreciación. No obstante, estos actos no pueden infringir los criterios y métodos de cálculo establecidos en él y deben respetar los límites de dicho margen de apreciación, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional.
C.      Otras vías de recurso (tercera cuestión prejudicial)
67.      La tercera cuestión prejudicial se refiere a otras posibles vías de recurso y solo se plantea en la hipótesis de que el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 no tenga efecto directo. Por lo tanto, no es necesario responder a ella.
68.      Si el Tribunal de Justicia llegara a una conclusión diferente a la expuesta en el punto 66 en relación con la segunda cuestión, basta con remitir a su jurisprudencia reiterada, según la cual, incluso en ausencia de efecto directo, los tribunales de los Estados miembros deben interpretar, en la medida de lo posible, su Derecho interno de manera conforme con el Derecho de la Unión y reconocer a los particulares la posibilidad de obtener una reparación cuando sus derechos resulten lesionados por una violación del Derecho de la Unión imputable a un Estado miembro. (41)
V.      Otras cuestiones (cuarta cuestión prejudicial)
1.      Diferimiento del cumplimiento del derecho a la compensación financiera [cuarta cuestión prejudicial, letras a) y b)]
69.      Con la cuarta cuestión prejudicial, letras a) y b), el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el cumplimiento del derecho a una compensación financiera en virtud del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 puede diferirse hasta 2024 mediante un acto nacional de aplicación.
70.      Como alegan acertadamente las recurridas en apelación y la Comisión, en virtud de su artículo 71, apartado 1, el Reglamento 2019/943 entró en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial y es aplicable, en virtud de su artículo 71, apartado 2, desde el 1 de enero de 2020, sin que se hubiera previsto ninguna disposición transitoria o excepción para el artículo 13. Por lo tanto, el derecho a una compensación financiera frente al gestor de la red, basado en las disposiciones directamente aplicables y dotadas de primacía del artículo 13, apartado 7, existe a partir de esa fecha y debe ser satisfecho por dicho gestor. El diferimiento del cumplimiento de este derecho a una fecha posterior, en este caso 2024, es incompatible con lo anterior y sería contrario a la plena eficacia de estas disposiciones, también exigida por la jurisprudencia. (42)
71.      Por consiguiente, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial, letras a) y b), que el derecho a una compensación financiera en virtud de las disposiciones directamente aplicables del artículo 13 del Reglamento 2019/943 debe, de conformidad con su artículo 71, apartado 2, cumplirse desde el 1 de enero de 2020, sin que ello pueda ser diferido por actos nacionales de aplicación.
2.      Limitación o ampliación del ámbito de aplicación personal del derecho a la compensación financiera [cuarta cuestión prejudicial, letra c)]
a)      Sobre la primera parte: ¿exclusión de los pequeños productores?
72.      Mediante la primera parte de la cuarta cuestión prejudicial, letra c), el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 permite la adopción de actos nacionales de aplicación que limiten el derecho a una compensación financiera en caso de redespacho (a la baja y no basado en el mercado) a los productores que participan en el mercado ex ante (diario), de modo que queden excluidos los productores de minimis. Según las partes en el procedimiento, los productores de minimis que no están regulados por el presente Reglamento podrían ser pequeños productores que a menudo no participen en el mercado irlandés diario o intradiario.
73.      Como señalan acertadamente la Comisión y las recurridas en apelación, el derecho a una compensación financiera por parte del gestor de la red en virtud del artículo 13, apartado 7, primera frase, del Reglamento 2019/943 presupone únicamente que los productores afectados por un redespacho a la baja no basado en el mercado («operador de la instalación de generación, de almacenamiento de energía o de respuesta de la demanda») hayan aceptado un acuerdo de conexión en el que se garantice la entrega firme de energía. A este respecto, la capacidad de generación de electricidad o el volumen del suministro de electricidad carecen de importancia. El criterio de «ingresos netos procedentes de la venta en el mercado diario de la electricidad», previsto en el artículo 13, apartado 7, letra b), solo sirve, en este caso, para determinar el importe de la compensación financiera según el primer método de cálculo, pero no limita el derecho a la compensación en cuanto al fondo.
74.      Otra interpretación sería contraria a la sistemática y a los objetivos de los artículos 12 y 13 del Reglamento 2019/943. En efecto, el artículo 12, apartado 2, obliga a los Estados miembros a velar por que, en el despacho, los gestores de redes den prioridad a las instalaciones de generación de electricidad («despacho prioritario») (43) que utilicen energía de fuentes renovables con una capacidad eléctrica instalada de menos de
400 kW. Además, la continuidad de la garantía de principio del despacho prioritario está garantizada por el artículo 12, apartado 6. De ello se deduce que los pequeños productores de energías renovables también disfrutan del despacho prioritario que se deniega mediante un redespacho a la baja no basado en el mercado de conformidad con el artículo 13, apartado 6. Además, en virtud del artículo 13, apartado 6, letra a), tal redespacho solo está autorizado, en lo que respecta a la producción de electricidad a partir de energía de fuentes renovables, dentro de límites estrictos. Una diferenciación en función del volumen de generación, de inyección de electricidad o de participación en el mercado diario que diera lugar a que determinados productores (de energías renovables) quedaran excluidos del ámbito de aplicación personal del derecho a la compensación financiera sería incompatible con estas normas.
75.      Tal diferenciación también sería contraria a los principios consagrados en el artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento 2019/943. Por una parte, el apartado 1 establece que el redespacho se basará en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios y estará abierto a todas las tecnologías de generación (así como a todas las tecnologías de almacenamiento de energía y respuesta de la demanda) en la medida en que sea técnicamente viable (véase el punto 52 anterior). A este respecto, no se prevé ninguna diferenciación en función de la capacidad eléctrica. Por otra parte, en virtud del apartado 2, todos los productores (también) afectados por el redespacho basado en el mercado tendrán, en principio, derecho a una compensación financiera.
76.      Por consiguiente, procede responder a la primera parte de la cuarta cuestión prejudicial, letra c), que el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 no permite la adopción de actos nacionales de aplicación que, en caso de redespacho (a la baja y no basado en el mercado), limiten el derecho a una compensación financiera a los productores que participan en el mercado ex ante (diario) o excluyan de ella a los denominados productores de minimis.
b)      Sobre la segunda parte: ¿derecho de los intermediarios a compensación?
77.      Mediante la segunda parte de la cuarta cuestión prejudicial, letra c), el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 permite la adopción de actos nacionales de aplicación que amplíen el derecho a una compensación financiera en caso de redespacho (a la baja y no basado en el mercado) a los proveedores de electricidad que puedan ser solo intermediarios y no productores. Las recurridas en apelación rebaten parcialmente este extremo. Además, consideran que un gestor de red solo puede pagar la compensación directamente a un productor con derecho a ella.
78.      Como se ha indicado en el punto 73, el artículo 13, apartado 7, primera frase, del Reglamento 2019/943 limita el derecho a una compensación financiera por parte del gestor de la red a los productores de electricidad afectados por un redespacho no basado en el mercado («operador de la instalación de generación, de almacenamiento de energía o de respuesta de la demanda») que en un acuerdo de conexión hubieran aceptado una garantía de entrega firme. Además, solo estos productores tienen «costes de funcionamiento adicionales» en el sentido del artículo 13, apartado 7, letra a), del Reglamento 2019/943, que deben tenerse en cuenta en el marco de los dos métodos de cálculo para determinar dicha compensación. Esto excluye, por principio, del ámbito de aplicación personal del derecho a una compensación a los intermediarios que no sean productores ni exploten ninguna de las instalaciones mencionadas ni hayan celebrado un acuerdo de conexión con una garantía de entrega.
79.      Sin embargo, tal y como alegan la CRU y la Comisión, no parece totalmente descartable que los actos nacionales de aplicación regulen con mayor precisión la forma de abonar las compensaciones a los productores con derecho a ellas. Esto podría permitir, por razones técnicas, por ejemplo, a efectos de liquidación, la intervención de un intermediario como organismo pagador, siempre que ello no pusiera en peligro el cumplimiento del derecho a la compensación del productor y no diera lugar a un traslado injusto del riesgo de insolvencia, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
80.      Por lo tanto, procede responder a la segunda parte de la cuarta cuestión prejudicial, letra c), que el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 no permite la adopción de actos nacionales de aplicación que extiendan el derecho a la compensación financiera en caso de redespacho (a la baja y no basado en el mercado) a un intermediario que no cumpla los requisitos establecidos en la primera frase de dicha disposición. Esto no excluye que dicho intermediario actúe como organismo pagador, siempre que ello no ponga en peligro el cumplimiento del derecho a la compensación del productor y no dé lugar a un traslado injusto del riesgo de insolvencia, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
3.      Pagos por encima del precio de mercado en virtud de CCCE como «ayuda financiera» [cuarta cuestión prejudicial, letra d)]
81.      Con su cuarta cuestión prejudicial, letra d), el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el concepto de «ayuda financiera» del artículo 13, apartado 7, letra b), del Reglamento 2019/943, que de acuerdo con este se considera «parte de los ingresos netos», incluye los pagos superiores al precio de mercado a favor de un productor de energías renovables sobre la base de CCCE. (44)
82.      Esta cuestión es muy controvertida entre las partes. Según el órgano jurisdiccional remitente, la garantía del precio de ejercicio, que en su caso puede ser superior al precio de mercado, en los CCCE es un componente importante de la ayuda financiera a los productores de energías renovables (véase el punto 15 anterior). Sin embargo, en el Documento decisorio controvertido y por parte de la CRU no se reconoce como «ayuda financiera» en el sentido del artículo 13, apartado 7, letra b), del Reglamento 2019/943. La CRU considera que solo puede tratarse de una ayuda pública, en el sentido de una subvención estatal.
83.      Considero que este argumento de la CRU no es pertinente, tanto por el amplio concepto de «ayuda financiera» como por razones sistemáticas y teleológicas. En mi opinión, se refiere tanto a las ayudas financieras estatales como a las privadas, en su caso autorizadas o promovidas por el Estado.
84.      El término «ayuda financiera» no se define en el Reglamento 2019/943. Tampoco está sujeto, al menos de forma expresa, a la reserva de la aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, lo que podría indicar que solo se refiere a la ayuda estatal en el sentido del concepto de ayuda de Estado del artículo 107 TFUE, apartado 1. Sin embargo, esta reserva se aplica a los contratos de compra de electricidad regulados en el artículo 19 bis del Reglamento 2019/943, es decir, a los CCCE privados objeto de litigio en el presente asunto (artículo 19 bis, apartado 4), por lo que el razonamiento de la CRU parece erróneo ya solo por esta razón.
85.      En mi opinión, el artículo 13, apartado 7, letra b), de dicho Reglamento pretende, por el contrario, abarcar en principio cualquier forma de ayuda financiera a la producción de electricidad, en particular la procedente de energías renovables, independientemente de si procede de fondos públicos o privados. Así lo confirma la posible clasificación de los CCCE en las categorías de instrumentos autorizados para promover la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables y garantizar la seguridad del suministro previstas en los artículos 19 bis, 19 quinquies y 21 del Reglamento 2019/943.
86.      De conformidad con el artículo 19 bis, apartado 1, del Reglamento 2019/943, los Estados miembros fomentarán el uso de CCE con miras a asegurar previsibilidad de precios y a alcanzar los objetivos de descarbonización establecidos en sus planes nacionales integrados de energía y clima, también con respecto a la energía renovable. A este respecto, de conformidad con los apartados 3 y 4 de dicho artículo, los Estados miembros podrán establecer, de manera coordinada, sistemas de garantía respaldados por el Estado a
precios de mercado, destinados a reducir los riesgos financieros asociados al impago del comprador en el marco de los CCE, o garantías privadas o instrumentos o estructuras que agrupen la demanda de CCE. En ese sentido, «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE], si un sistema de garantía […] es respaldado por el Estado […], incluirá disposiciones para evitar la reducción de la liquidez en los mercados de la electricidad y no prestará apoyo a la compra de generación a partir de combustibles fósiles». De la resolución de remisión no se desprende si el precio de ejercicio garantizado en los CCCE, incluso potencialmente superior al precio de mercado, está cubierto por un sistema de garantía de este tipo respaldado por el Estado o si se trata únicamente de una garantía privada. En ambos supuestos existiría, en cualquier caso, una ayuda financiera autorizada en principio por el Reglamento 2019/943.
87.      Además, los CCCE podrían inscribirse en un sistema de apoyo directo a los precios en forma de contratos bidireccionales por diferencias para las inversiones en nuevas instalaciones de generación de energía renovable, de conformidad con el artículo 19 quinquies del Reglamento 2019/943, (45) cuyos ingresos deben distribuirse entre los clientes finales (apartado 5). (46) Por último, los CCCE podría formar parte de un mecanismo de capacidad en el sentido del artículo 21, apartado 1, de dicho Reglamento. (47)
88.      Por lo tanto, la «ayuda financiera» en el sentido del artículo 13, apartado 7, letra b), del Reglamento 2019/943 puede perfectamente resultar de un apoyo estatal o promovido por el Estado pero procedente de fondos privados. Incluso ya por razones sistemáticas y teleológicas, no hay razones para no tener en cuenta, en el marco del cálculo de la compensación financiera, los ingresos potencialmente superiores al precio de mercado derivados de los CCCE.
89.      En efecto, al igual que la orden de despacho prioritario establecida en el artículo 12, apartados 2 a 4, del Reglamento 2019/943, que también está supeditada al cumplimiento de las normas en materia de ayudas de Estado establecidas en los artículos 107 TFUE, 108 TFUE y 109 TFUE, la compensación financiera prevista en el artículo 13, apartado 7, tiene por objeto favorecer la producción y el suministro de energías renovables o protegerlas. Además, de la jurisprudencia un tanto cambiante del Tribunal de Justicia se desprende que una ayuda a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables impuesta por ley no está comprendida necesariamente en el concepto de ayuda de Estado, concretamente, cuando la ayuda no se obtiene precisamente mediante «fondos estatales». (48) El concepto amplio de «ayuda financiera», ya sea mediante fondos públicos o privados, tiene en cuenta esta idea. Más bien, parece haber sido elegido deliberadamente por el legislador de la Unión para abarcar las múltiples medidas de apoyo financiero a la producción de electricidad, en particular a partir de fuentes de energía renovables, con independencia de si cumplen o no el concepto de ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
90.      Por consiguiente, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial, letra d), que el concepto de «ayuda financiera» del artículo 13, apartado 7, letra b), del Reglamento 2019/943 abarca, en principio, pagos superiores al precio de mercado a favor de un productor de energía renovable sobre la base de contratos de compra de electricidad, como los CCCE, en el sentido del artículo 19 bis del Reglamento 2019/943.
VI.    Conclusión
91.      Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda):
«1)      a)      El artículo 13, apartado 7, del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad, confiere a los productores que disfrutan de un acceso fijo a la red y de una garantía de entrega que se ven afectados por un redespacho a la baja no basado en el mercado un derecho a una compensación financiera que corresponde en la medida de lo posible a los ingresos hipotéticos (incluida la pérdida de apoyo financiero) que habrían tenido en caso de entrega de la cantidad de electricidad de que se trate en condiciones de mercado, pero que no los neutraliza necesariamente de manera plena desde el punto de vista económico. La expresión “compensación injustificadamente baja o injustificadamente elevada” del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 tiene por objeto garantizar una compensación financiera adecuada al productor afectado por dicho redespacho. A este respecto, el gestor de la red dispone de un margen de apreciación.
b)      El derecho a una compensación financiera en virtud del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 no exige que el productor afectado por un redespacho a la baja no basado en el mercado se beneficie o no de un despacho prioritario, y el cumplimiento de ese derecho no puede estar supeditado a tal diferenciación en los actos nacionales de aplicación.
2)      a)      El artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, aunque concede un margen de apreciación al gestor de la red, cumple los requisitos del efecto directo, sin prohibir que se adopten actos nacionales de transposición o de aplicación para ejercer dicho margen de apreciación. No obstante, estos actos no pueden infringir los criterios y métodos de cálculo establecidos en él y deben respetar los límites de dicho margen de apreciación, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional.
3)      a)      El derecho a una compensación financiera en virtud de las disposiciones directamente aplicables del artículo 13 del Reglamento 2019/943 debe, de conformidad con su artículo 71, apartado 2, cumplirse desde el 1 de enero de 2020, sin que ello pueda ser diferido por actos nacionales de aplicación.
b)      El artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 no permite la adopción de actos nacionales de aplicación
–        que, en caso de redespacho (a la baja y no basado en el mercado), limiten el derecho a una compensación financiera a los productores que participan en el mercado ex ante (diario) o excluyan de ella a los denominados productores de minimis;
–        que extiendan el derecho a la compensación financiera en caso de redespacho (a la baja y no basado en el mercado) a un intermediario que no cumpla los requisitos establecidos en la primera frase de dicha disposición. Esto no excluye que dicho intermediario actúe como organismo pagador, siempre que ello no ponga en peligro el cumplimiento del derecho a la compensación del productor y no dé lugar a un traslado injusto del riesgo de insolvencia, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
c)      El concepto de “ayuda financiera” del artículo 13, apartado 7, letra b), del Reglamento 2019/943 abarca, en principio, pagos superiores al precio de mercado a favor de un productor de energía renovable sobre la base de contratos de compra de electricidad (Corporate Power Purchase Agreements), en el sentido del artículo 19 bis del Reglamento 2019/943.»
1      Lengua original: alemán.
2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad (DO 2019, L 158, p. 54), en su versión modificada por última vez por el Reglamento (UE) 2024/1747 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 2024/1747, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento 2019/943»).
3      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO 2019, L 158, p. 125), en su versión modificada por última vez por la Directiva (UE) 2024/1711 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024  (DO L, 2024/1711, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 2019/944»).
4      Véase el artículo 3 del Reglamento 2019/943 («Principios relativos a la operación de los mercados de la electricidad»), según el cual, entre otras cosas, los precios se forman en función de la oferta y la demanda [letra a)] y las normas del mercado alientan la libre formación de precios y evitan las acciones que impiden la formación de los precios sobre la base de la oferta y la demanda [letra b)].
5      Véase el artículo 3, letras c) y f), del Reglamento 2019/943.
6      Como señala acertadamente el órgano jurisdiccional remitente, las medidas de despacho basadas en el mercado previstas en el artículo 12 del Reglamento 2019/943 se distinguen, por tanto, de las medidas de redespacho basadas en el mercado y no basadas en el mercado previstas en el artículo 13 de dicho Reglamento. Según esta definición, el redespacho se aplica en caso de «congestión física» o cuando sea necesaria una «reducción» por motivos de seguridad del sistema. El redespacho a la baja no basado en el mercado de que se trata en el presente asunto tiene por objeto reducir en el sistema la cuota de la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables.
7      Según el artículo 2, punto 20, del Reglamento 2019/943, «despacho prioritario» significa «por lo que respecta al modelo de autodespacho, el despacho de las centrales generadoras con arreglo a criterios diferentes del orden económico de las ofertas y, por lo que respecta al modelo de despacho centralizado, el despacho de las centrales generadoras con arreglo a criterios diferentes del orden económico de ofertas y de las limitaciones de la red, dando prioridad al despacho de determinadas tecnologías de generación». Los términos «modelo de despacho central» y «modelo de despacho descentralizado» se definen en el artículo 2, puntos 29 y 30, de dicho Reglamento.
8      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE (DO 2012, L 315, p. 1).
9      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO 2009, L 140, p. 16).
10      Véanse las páginas 27 y 28 del Documento decisorio controvertido.
11      Véase también el artículo 19 bis del Reglamento 2019/943.
12      Sentencia de 24 de junio de 2019 (C‑573/17, EU:C:2019:530).
13      El artículo 13, apartado 7, letra b), del Reglamento 2019/943, relativo a la pérdida de «ingresos netos», solo se refiere al redespacho a la baja no basado en el mercado.
14      En virtud del artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, no existe derecho a compensación financiera «en el caso de los productores que hayan aceptado un acuerdo de conexión en el que no se garantice la entrega firme de energía» (el subrayado es mío).
15      Véase el artículo 13, apartado 7, letra b), segunda frase, del Reglamento 2019/943. Como se desprende de la cuarta cuestión prejudicial, letra d), el único punto controvertido en el presente asunto es si el precio de ejercicio garantizado por los CCCE, en la medida en que es superior al precio de mercado, constituye tal «ayuda financiera» (véanse los puntos 81 y ss. de las presentes conclusiones).
16      Véase el artículo 13, apartado 7, letra a), del Reglamento 2019/943 («los costes adicionales de combustible en caso de redespacho al alza, o el suministro de calor de apoyo en caso de redespacho a la baja»; el subrayado es mío).
17      Irlanda ha confirmado, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia en la vista oral, que la compensación financiera prevista en el artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943 también está sujeta a imposición en Irlanda.
18      Por el contrario, considero engañoso y poco útil el argumento esgrimido por la Comisión de que se debe de tratar de una «excepción» al primer método de cálculo.
19      Las diferentes versiones lingüísticas apenas difieren entre sí en este aspecto. Sin embargo, la versión francesa (indûment en lugar de injustifié) expresa más claramente que, en este sentido, debe realizarse una valoración en relación con la adecuación de la compensación.
20      Por lo tanto, no se trata de los «ingresos netos» (hipotéticos) perdidos en el sentido del artículo 13, apartado 7, letra b), del Reglamento 2019/943. Por otra parte, esto indica que, en tal caso, el primer método de cálculo no es en absoluto aplicable, sino únicamente el segundo.
21      Véase también el artículo 13, apartado 7, segunda frase, del Reglamento 2019/943 («esa compensación financiera»).
22      Tal garantía de ganancias mínimas solo está prevista, como excepción al principio enunciado en el artículo 10, apartado 1 («no habrá un límite máximo ni un límite mínimo para los precios al por mayor de la electricidad»), en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento 2019/943 («los NEMO podrán aplicar límites armonizados a los precios de casación máximos y mínimos para los horizontes temporales diario e intradiario»).
23      Del mismo modo, por lo que se refiere al redespacho basado en el mercado, el artículo 13, apartado 2, del Reglamento 2019/943 solo menciona el hecho de que «los recursos [utilizados a tal efecto] se seleccionarán entre las instalaciones de generación, de almacenamiento de energía o de respuesta a la demanda utilizando mecanismos de mercado, y tendrán compensación financiera» (el subrayado es mío).
24      Esto afecta al comercio de electricidad del día siguiente, así como al comercio de electricidad a corto plazo.
25      Véase el artículo 12, apartado 6, letra b), de la Propuesta de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, para un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al mercado interior de la electricidad [COM(2016) 861 final]: «90 % of the net revenues from the sale of electricity on the day-ahead market that the generating or demand facility would have generated without the curtailment or redispatching request».
26      Acuerdo para la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el mercado interior de la electricidad, de 18 de enero de 2019, documento interinstitucional [2016/0379 (COD)], p. 66, disponible en: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2019/01-23/4-provisional-agreement-karins-regulation-on-electricity-EN.pdf).
27      Como se indica ya en la nota 20, esto no se aplica necesariamente al redespacho al alza. En efecto, en tal caso, no puede haber una pérdida de «ingresos netos» (hipotéticos) en el sentido del artículo 13, apartado 7, letra b), del Reglamento 2019/943, de modo que solo cabe aplicar el segundo método de cálculo, teniendo en cuenta para ello los ingresos reales y los costes de funcionamiento adicionales.
28      Como también alegaron las recurridas en apelación en la vista oral, el TSO conoce la cantidad de electricidad cuya inyección prohíbe mediante el redespacho a la baja. Del mismo modo, deberían poder determinarse las ganancias de mercado obtenidas o que puedan obtenerse por esa cantidad en el mercado diario en el momento del redespacho. Por su parte, el productor dispone de la información relativa a sus propios costes de funcionamiento.
29      Véanse los artículos 8, 12 a 18 y 28 y ss. del Reglamento 2019/943.
30      Esta cuestión parece referirse más bien al artículo 12 que al artículo 13, apartado 7, del Reglamento 2019/943, tal y como alegan las recurridas en apelación y confirma la CRU en su escrito de observaciones. En efecto, el artículo 12, apartado 2, regula el despacho, que, en principio, es prioritario (tal como se define en el artículo 2, punto 20) para las instalaciones de generación de electricidad que utilicen energía procedente de fuentes renovables con una capacidad eléctrica instalada de menos de 400 kW. De conformidad con el artículo 12, apartado 4, los Estados miembros también pueden establecer lo anterior para las instalaciones de generación de electricidad que utilicen cogeneración de alta eficiencia y tengan esa misma capacidad eléctrica instalada. A este respecto, el artículo 12, apartado 6, garantiza que las instalaciones de generación de electricidad que utilicen energía procedente de fuentes renovables o que utilicen cogeneración de alta eficiencia, que entraron en funcionamiento antes del 4 de julio de 2019 y que, en el momento de su puesta en funcionamiento, se beneficiaron del despacho prioritario de acuerdo con las normas vigentes en dicho momento sigan disfrutando de un despacho prioritario en el futuro. El Documento decisorio controvertido en el procedimiento principal se basa en ello al prever diferentes métodos de cálculo para el derecho a la compensación financiera, dependiendo de si la instalación de generación entró en funcionamiento antes o después del 4 de julio de 2019.
31      Sentencia de 24 de junio de 2019 (C‑573/17, EU:C:2019:530), sobre la cuestión del efecto directo y la primacía de las disposiciones de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO 2008, L 327, p. 27).
32      Véanse las sentencias de 24 de junio de 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530), apartados 60 y ss., y de 18 de diciembre de 2025, Comisión/Polonia (Control ultra vires de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Primacía del Derecho de la Unión) (C‑448/23, EU:C:2025:975), apartados 114 a 117 y jurisprudencia citada.
33      Véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de enero de 2001, Monte Arcosu (C‑403/98, EU:C:2001:6), apartados 26 a 28; de 14 de abril de 2011, Vlaamse Dierenartsenvereniging y Janssens (C‑42/10, C‑45/10 y C‑57/10, EU:C:2011:253), apartados 47 y ss.; de 19 de diciembre de 2019, Coöperatieve Producentenorganisatie en Beheersgroep Texel (C‑386/18, EU:C:2019:1122), apartados 63 y 64, y de 30 de mayo de 2024, Expedia (C‑663/22, EU:C:2024:433), apartados 40 a 42 y jurisprudencia citada.
34      Véanse también las conclusiones del Abogado General Rantos presentadas en el asunto Electrabel y otros (C‑633/23, EU:C:2025:131), punto 34.
35      En este sentido, las sentencias de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo) (C‑205/20, EU:C:2022:168), apartado 18, y de 21 de diciembre de 2023, Papier Mettler Italia (C‑86/22, EU:C:2023:1023), apartado 76 y jurisprudencia citada.
36      En este sentido, sentencia de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657), apartado 52 y jurisprudencia citada. Véanse, también, mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados BCE y Comisión/Corneli (C‑777/22 P y C‑789/22 P, EU:C:2024:973), punto 87.
37      Véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657), apartado 53 y jurisprudencia citada, y de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo) (C‑205/20, EU:C:2022:168), apartado 19.
38      En este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2014, GMAC UK (C‑589/12, EU:C:2014:2131), apartado 32, y de 21 de diciembre de 2023, Papier Mettler Italia (C‑86/22, EU:C:2023:1023), apartado 77 y jurisprudencia citada. Véanse, también, mis conclusiones presentadas en el asunto Impact (C‑268/06, EU:C:2008:2), punto 96, y en los asuntos acumulados BCE y Comisión/Corneli (C‑777/22 P y C‑789/22 P, EU:C:2024:973), punto 89.
39      Véase Kokott, J., «Zur unmittelbaren Wirkung des Unionsrechts», Archiv des öffentlichen Rechts, 2023, vol. 148, pp. 496 y ss., en especial p. 501.
40      Véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657), apartado 53, y de 14 de enero de 2021, RTS infra y Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel (C‑387/19, EU:C:2021:13), apartado 49, así como las conclusiones del Abogado General Rantos presentadas en el asunto Electrabel y otros (C‑633/23, EU:C:2025:131), puntos 34 a 36.
41      Véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530), apartados 55 a 57 y jurisprudencia citada.
42      En este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530), apartados 53 a 58.
43      Véase el artículo 2, punto 20, del Reglamento 2019/943.
44      Corporate Power Purchase Agreements o contratos corporativos de compra de electricidad; véase el artículo 19 bis del Reglamento 2019/943 (véase el punto 15 anterior).
45      Según el órgano jurisdiccional remitente, los CCCE adoptan generalmente la forma de «contratos por diferencias» (véase el punto 15 anterior).
46      Por otra parte, la Comisión también debería apreciar tal sistema a la luz de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, de conformidad con el artículo 19 quinquies, apartado 3, del Reglamento 2019/943.
47      Véanse las pp. 59 y 60 del Plan Irlandés Relativo al Mecanismo de Capacidad, de 16 de diciembre de 2019 (disponible en updated_ireland_implementation_plan.pdf), según el cual el 15 % de la demanda de electricidad debe estar cubierto por CCCE. Dicho mecanismo de capacidad también está comprendido, en principio, en el ámbito de aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE; véase la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Tempus Energy y Tempus Energy Technology (C‑57/19 P, EU:C:2021:663).
48      Las cuestiones de delimitación que se plantean a este respecto, en particular en lo que se refiere al uso de «fondos estatales» y a su imputabilidad al Estado, son a menudo muy controvertidas y difíciles de evaluar; véanse las sentencias de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), apartados 57 y ss.; de 28 de marzo de 2019, Alemania/Comisión (C‑405/16 P, EU:C:2019:268), apartados 52 y ss., y de 26 de septiembre de 2024, Covestro Deutschland y Alemania/Comisión (C‑790/21 P y C‑791/21 P, EU:C:2024:792), apartados 84 y ss.