Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 30 de abril de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea — Artículo 10 — Miembros del Comité Económico y Social Europeo (CESE) — Suspensión de la inmunidad — Miembro cuya inmunidad se ha suspendido en el marco de actuaciones judiciales por hechos sancionables penalmente — Nombramiento para una nueva legislatura — Ausencia de necesidad de una nueva suspensión de la inmunidad por los mismos hechos »
En el asunto C‑30/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 7 de enero de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de enero de 2025, en el proceso penal contra
FR,
con intervención de:
Auditeur du travail,
ZT,
GQ,
KH,
AN,
FU,
Comité Económico y Social Europeo,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei y los Sres. S. Rodin, N. Piçarra y N. Fenger (Ponente), Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre del auditeur du travail, por el Sr. M. Laurent, sustituto del auditeur du travail;
–        en nombre de ZT, por la Sra. N. de Montigny, avocate;
–        en nombre de GQ, KH, AN y FU, por el Sr. V. Bodson y la Sra. L. Levi, avocats;
–        en nombre del Comité Económico y Social Europeo, por el Sr. L. Camarena Januzec y las Sras. K. Gambino y
M. Pascua Mateo, en calidad de agentes;
–        en nombre de FR, por el Sr. M. Aboudi y la Sra. M. Casado García-Hirschfeld, avocats;
–        en nombre del Gobierno belga, por el Sr. P. Cottin y las Sras. L. Jans y
C. Pochet, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. M. Heller y S. Pardo Quintillán, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 12 de febrero de 2026;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 10 del Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (DO 2016, C 202, p. 266;
en lo sucesivo, «Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal incoado contra FR, miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE), por la supuesta comisión de actos de violencia o de acoso psicológico en el trabajo contra ZT, GQ, KH, AN y FU.
Marco jurídico
Tratado FUE
3        De conformidad con el artículo
300 TFUE, apartado
4, «los miembros del Comité Económico y Social […] no estarán vinculados por ningún mandato imperativo. Ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión [Europea].»
4        El artículo 343 TFUE dispone lo siguiente:
«La Unión gozará en el territorio de los Estados miembros de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de su misión, en las condiciones establecidas en el Protocolo […] sobre los privilegios y las inmunidades […]. Lo mismo se aplicará al Banco Central Europeo y al Banco Europeo de Inversiones.»
Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades
5        En virtud del artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades:
«Mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán:
a)      en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;
b)      en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial.
Gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este.
[…]»
6        El artículo 10 de este Protocolo está redactado en los siguientes términos:
«Los representantes de los Estados miembros que participen en los trabajos de las instituciones de la Unión, así como sus consejeros y expertos técnicos, gozarán, en el ejercicio de sus funciones y durante sus desplazamientos al lugar de reunión o cuando regresen de este, de los privilegios, inmunidades y facilidades habituales.
El presente artículo se aplicará igualmente a los miembros de los órganos consultivos de la Unión.»
Estatuto de los miembros del Comité Económico y Social Europeo
7        El Estatuto de los miembros del Comité Económico y Social Europeo, de enero de 2012, adoptado, en particular, sobre la base del Reglamento interno de dicho órgano consultivo, establecía en su artículo
9, titulado «Derecho a la protección y a la inmunidad en el ejercicio del cargo»:
«[…]
3.      Inmunidad
3.1.      Toda limitación de la libertad personal de los Consejeros cuya causa esté vinculada directa o indirectamente al ejercicio de sus funciones se someterá a la aprobación previa del Comité, salvo en el caso de que sean sorprendidos en flagrante delito.
[…]
4.      Procedimientos relativos a la inmunidad
4.1      Todo suplicatorio dirigido al Presidente por una autoridad competente de un Estado miembro con vistas a suspender la inmunidad de un Consejero se notificará a la Mesa.
[…]
6.      Deberes de la institución y de su Presidente
6.1      En el ejercicio de sus competencias en lo que respecta a los privilegios e inmunidades, el Comité velará fundamentalmente por mantener su integridad como órgano consultivo democrático y por garantizar la independencia de los Consejeros en el desempeño de sus funciones.
[…]»
Litigio principal y cuestión prejudicial
8        El 6 de diciembre de 2018, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) inició una investigación contra FR, miembro del CESE desde el 1 de mayo de 2004, por acusaciones de comportamiento sancionable penalmente contra miembros del personal de dicho órgano consultivo.
9        El 10 de enero de 2020, la OLAF remitió su informe de investigación al Ministerio Fiscal (Bélgica). Este informe trata sobre los comportamientos de abuso y actos de acoso de FR contra GQ, KH, AN y FU.
10      Durante el período al que se refieren las acusaciones de comportamiento sancionable penalmente, FR gozaba, como miembro del CESE, de inmunidad basada en el artículo
343 TFUE y en el artículo
10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades.
11      El 4 de junio de 2020, a raíz de la comunicación de la investigación realizada por la OLAF, el Auditorat du travail (Oficina del Ministerio Fiscal en materia laboral, Bélgica) solicitó al CESE la suspensión de la inmunidad de FR.
12      Mediante decisión de 15 de julio de 2020, el Pleno del CESE, con el acuerdo de FR, suspendió la inmunidad de este último. Esta decisión se aplica a todo el procedimiento basado en la investigación de la OLAF y a las actuaciones judiciales subsiguientes por delitos presuntamente cometidos durante el mandato ejercido en el período comprendido entre octubre de 2015 y septiembre de 2020.
13      El 21 de septiembre de 2020 comenzó una nueva legislatura y FR fue designado miembro del CESE para un nuevo mandato de cinco años.
14      Mediante citación notificada a FR el 20 de marzo de 2024, el Auditorat du travail (Oficina del Ministerio Fiscal en materia laboral) le emplazó ante el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Bélgica), órgano jurisdiccional remitente, por haber cometido actos de violencia o de acoso psicológico en el trabajo contra ZT, GQ, KH, AN y FU. Los hechos imputados tuvieron lugar entre el 1 de enero de 2011 y el 17 de julio de 2020.
15      FR alega que dispone de un nuevo mandato al que se vincula igualmente la inmunidad prevista en el artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades, por lo que el Auditorat du travail (Oficina del Ministerio Fiscal en materia laboral) debería, según él, haber solicitado y obtenido de nuevo la suspensión de su inmunidad tras este nuevo nombramiento.
16      El órgano jurisdiccional remitente precisa que la argumentación de FR podría hallar cierto sustento en la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), en la que el Tribunal de Justicia declaró, en relación con el artículo
9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades, que era necesario solicitar la suspensión de la inmunidad de una persona electa al Parlamento Europeo para poder mantener a esa persona en prisión provisional cuando el inicio de la prisión provisional y los hechos que la justificaban eran previos a dicha elección y, por tanto, al mandato que otorgaba la inmunidad a esa persona, lo que podría indicar que, cuando interviene un nuevo mandato, debe solicitarse de nuevo la suspensión de la inmunidad para que las actuaciones puedan continuar.
17      No obstante, dicho órgano jurisdiccional señala que esa sentencia no se refería, como en el caso de autos, a un representante de un Estado miembro, al que se aplica el artículo
10 de ese Protocolo, sino a un miembro del Parlamento Europeo, al que se aplica el artículo
9 del citado Protocolo.
18      En estas circunstancias, el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«Con el fin de que las instituciones europeas y sus miembros puedan llevar a cabo sus misiones y mandatos con plena independencia, sin limitaciones ni presiones indebidas, el artículo 10 del [Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades] exige que se suspenda la inmunidad de un representante de un Estado miembro que participe en los trabajos de las instituciones de la Unión antes de que se inicien acciones contra él ante un tribunal penal. ¿Debe presentarse una nueva solicitud de suspensión de la inmunidad ante la institución europea de que se trate si, tras la primera suspensión de la inmunidad y en el curso de la investigación, pero antes del inicio del procedimiento judicial, el afectado ha sido nombrado para un nuevo mandato en la misma institución europea, en el marco de una nueva legislatura?»
Sobre la cuestión prejudicial
19      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades debe interpretarse en el sentido de que, cuando el CESE ha suspendido la inmunidad de uno de sus miembros por hechos punibles penalmente determinados, debido a que tal suspensión no era contraria al interés de la Unión, es necesario presentar ante dicho órgano consultivo una nueva solicitud de suspensión de la inmunidad en el supuesto de que el interesado haya sido nombrado para un nuevo mandato en ese órgano consultivo, en una nueva legislatura.
20      En primer lugar, el artículo 343 TFUE establece que la Unión gozará en el territorio de los Estados miembros de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de su misión, en las condiciones establecidas en el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades.
21      Por otra parte, de la remisión efectuada por el artículo
10, párrafo segundo, de ese Protocolo al párrafo primero del citado artículo
10 se desprende que los miembros de un órgano consultivo de la Unión, como el CESE, gozarán, en el ejercicio de sus funciones y durante sus desplazamientos al lugar de reunión o cuando regresen de este, de los privilegios, inmunidades y facilidades habituales.
22      Dicho esto, las «inmunidades habituales» a que se refiere el artículo
10, párrafo primero, de dicho Protocolo, que remiten a las inmunidades previstas en la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, celebrada en Viena el 18 de abril de 1961, concedidas a los diplomáticos con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las misiones diplomáticas y consulares en el Estado de residencia, protegen a los representantes de los Estados miembros que participan en los trabajos de la Unión (sentencia de 30 de noviembre de 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20, EU:C:2021:969, apartado 43).
23      Pues bien, de conformidad con el artículo 300 TFUE, apartado 4, los miembros del CESE no estarán vinculados por ningún mandato imperativo y deben ejercer sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión.
24      Como ha subrayado la Abogada General en el punto
46 de sus conclusiones, los miembros del CESE no representan, pues, a los Estados miembros, respecto de los cuales actúan con total independencia.
25      De ello se deduce que la remisión, efectuada por el artículo
10, párrafo segundo, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades, a las inmunidades habituales, contempladas en el párrafo primero de dicho artículo, no puede significar que la inmunidad reconocida, en virtud del citado artículo
10, párrafo segundo, a los miembros del CESE sea de la misma naturaleza que la inmunidad que se concede, en virtud del referido artículo
10, párrafo primero, a los representantes de los Estados miembros que participan en los trabajos de la Unión.
26      En segundo lugar, del objetivo perseguido por el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades se desprende que los privilegios, inmunidades y facilidades reconocidos a la Unión por dicho Protocolo tienen carácter funcional, en la medida en que pretenden evitar que se obstaculice el funcionamiento y la independencia de la Unión, lo que implica, en particular, que los privilegios, inmunidades y facilidades concedidos a los miembros del CESE se conceden exclusivamente en interés de la Unión [véanse, por analogía, las sentencias de 30 de noviembre de 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20, EU:C:2021:969, apartado 57, y de 5 de febrero de 2026, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento (Suspensión de la inmunidad parlamentaria), C‑572/23 P, EU:C:2026:70, apartados 75 a 77].
27      De ello se deduce que un miembro del CESE debe disfrutar, en el ejercicio de sus funciones, de los privilegios, inmunidades y facilidades que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones de dicho órgano consultivo (véase, por analogía, la sentencia de 30 de noviembre de 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20, EU:C:2021:969, apartado 46).
28      Además, es inherente a la inmunidad concedida a los miembros del CESE que, cuando el interés de la Unión no exija que se mantenga la inmunidad de que goza el interesado, esta se suspenda. En efecto, habida cuenta de la obligación de cooperación leal que incumbe a las instituciones, órganos y organismos de la Unión respecto de los Estados miembros, una solicitud de suspensión de la inmunidad de un miembro de un órgano consultivo de la Unión debe concederse salvo que se demuestre que los intereses de la Unión se oponen a ello (sentencia de 30 de noviembre de 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20, EU:C:2021:969, apartado 74).
29      A este respecto, cabe señalar que la inmunidad funcional de los miembros del CESE no es absoluta y debe conciliarse con otros derechos e intereses públicos, en particular el principio del Estado de Derecho y, más concretamente, la necesidad de garantizar una instrucción y una sentencia independientes e imparciales de las infracciones penales y de evitar la impunidad de las personas que son objeto de investigaciones penales [véase, por analogía, la sentencia de 17 de diciembre de 2020, Comisión/Eslovenia (Archivos del BCE), C‑316/19, EU:C:2020:1030, apartado 103].
30      En el caso de autos, una autoridad competente de un Estado miembro presentó ante el CESE, de conformidad con el artículo
9 del Estatuto de los miembros del Comité Económico y Social Europeo, una solicitud de suspensión de la inmunidad de un miembro de dicho órgano consultivo en relación con supuestos hechos punibles penalmente y este estimó tal solicitud mediante decisión de 15 de julio de 2020.
31      Esa decisión, que no ha sido impugnada por FR, implica que el CESE consideró que el ejercicio de acciones penales contra ese miembro por tales hechos no era contrario al interés de la Unión.
32      Pues bien, ni de los Tratados de la Unión, ni del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades, ni de otros instrumentos del Derecho de la Unión se desprende que tal decisión de suspensión de la inmunidad tenga validez limitada en el tiempo o caduque en el supuesto de que un miembro del CESE cuya inmunidad haya sido suspendida sea nombrado para un nuevo mandato en ese órgano consultivo, en una nueva legislatura. Además, la propia decisión de suspensión de la inmunidad controvertida en el litigio principal tampoco parece estar limitada en el tiempo.
33      Como alegan, en esencia, el CESE y la Comisión en sus respectivas observaciones escritas, cuando el CESE consintió la suspensión de la inmunidad de uno de sus miembros y concluyó que el ejercicio de acciones penales contra él no era contrario al interés de la Unión, tal conclusión no puede verse alterada por el mero hecho de que el interesado haya sido nombrado para un nuevo mandato en el CESE, en el marco de una nueva legislatura, puesto que el interés que debe tenerse en cuenta no está vinculado, como tal, a esta circunstancia.
34      A este respecto, es preciso subrayar, por un lado, que la decisión de suspender la inmunidad incumbe al CESE como órgano de la Unión y no a las personas que lo componen en un momento determinado y, por otro lado, que, como se desprende de las consideraciones anteriores, esa decisión se adopta teniendo en cuenta exclusivamente el interés de la Unión y no el interés personal de los miembros del CESE.
35      Por otra parte, una decisión de suspensión de la inmunidad cuya validez no esté vinculada a la duración del mandato del miembro de que se trate puede contribuir a la eficacia de las acciones penales en los Estados miembros, que, en sí misma, puede estar directamente comprendida en los intereses de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de noviembre de 2021, LR Ģenerālprokuratūra,
C‑3/20, EU:C:2021:969, apartado 74).
36      En estas circunstancias, el hecho de que el CESE tenga nueva composición no implica que una decisión de suspensión de la inmunidad ya adoptada por este deba ser reexaminada por el mero hecho de que se haya renovado el mandato de uno de sus miembros o de que se haya modificado la composición del CESE.
37      En este contexto, las consideraciones anteriores no quedan desvirtuadas por la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115).
38      En efecto, esa sentencia versaba exclusivamente sobre si una persona que se encontraba en situación de prisión provisional en el momento de la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo gozaba, desde esa proclamación, de inmunidad en virtud del artículo 9, apartado 2, del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades, lo que habría implicado la revocación de la medida de prisión provisional, y no la suspensión de la inmunidad parlamentaria.
39      Pues bien, en el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la interpretación del artículo
10 de dicho Protocolo, relativo a la suspensión de la inmunidad de un miembro de un órgano consultivo, en el marco de la continuación de una instrucción penal por hechos respecto de los cuales ya se ha concedido una suspensión de la inmunidad, teniendo en cuenta que la continuación de la instrucción podía dar lugar a sanciones penales, sin plantearse la eventual imposición de una medida coercitiva nueva o distinta de la vigente en el anterior mandato.
40      Además, como ha señalado la Abogada General en los puntos
71 a 73 de sus conclusiones, debido a las diferencias estructurales y funcionales entre el CESE y el Parlamento, el régimen de inmunidad aplicable a los miembros del CESE no puede analizarse por analogía con el previsto en el artículo
9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades para los diputados europeos, tal como se interpreta en la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115).
41      Por último, es preciso recordar que la decisión de suspender la inmunidad de FR se adoptó a la vista de los hechos transmitidos al CESE por el Auditorat du travail (Oficina del Ministerio Fiscal en materia laboral) en su solicitud de suspensión de la inmunidad. En consecuencia, el CESE estimó, a la luz de las diligencias penales practicadas solo por esos hechos, que el ejercicio de acciones penales contra FR no era contrario al interés de la Unión, por lo que procedía suspender su inmunidad. En cambio, tal decisión de suspensión de la inmunidad no podría justificar que se ejercieran acciones penales contra ese miembro del CESE por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones distintos de los mencionados en la solicitud de suspensión de su inmunidad, lo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.
42      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo
10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades, en relación con el artículo
343 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el CESE ha suspendido la inmunidad de uno de sus miembros por hechos penalmente punibles determinados, debido a que tal suspensión no era contraria al interés de la Unión, no es necesario presentar ante dicho órgano consultivo una nueva solicitud de suspensión de la inmunidad en el supuesto de que el interesado haya sido nombrado para un nuevo mandato en ese órgano consultivo, en el marco de una nueva legislatura, siempre que no se haya ampliado, entretanto, el objeto del procedimiento penal. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el objeto del procedimiento penal en el litigio principal está efectivamente cubierto por la decisión del CESE por la que se suspende la inmunidad.
Costas
43      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 10 del Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, en relación con el artículo 343 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el Comité Económico y Social Europeo ha suspendido la inmunidad de uno de sus miembros por hechos penalmente punibles determinados, debido a que tal suspensión no era contraria al interés de la Unión Europea, no es necesario presentar ante dicho órgano consultivo una nueva solicitud de suspensión de la inmunidad en el supuesto de que el interesado haya sido nombrado para un nuevo mandato en ese órgano consultivo, en el marco de una nueva legislatura, siempre que no se haya ampliado, entretanto, el objeto del procedimiento penal. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el objeto del procedimiento penal en el litigio principal está efectivamente cubierto por la decisión del Comité Económico y Social Europeo por la que se suspende la inmunidad.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.