62024CJ0038_RES
Asunto C‑38/24 [Bervidi] (
i
)
G. L.
contra
AB SpA
(Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2025
«Procedimiento prejudicial — Política social — Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad — Artículos 2, 5 y 7 — Artículos 21, 24 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Artículo 1 — Artículo 2, apartados 1 y 2, letra b) — Prohibición de discriminación por motivo de discapacidad — Discriminación indirecta — Diferencia de trato con respecto a un trabajador que no es él mismo discapacitado, pero que se ocupa del cuidado de su hijo discapacitado — Artículo 5 — Obligación del empresario de realizar ajustes razonables»
Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Ámbito de aplicación — Condiciones de empleo y trabajo — Concepto — Disposición de los horarios de trabajo — Inclusión
[Directiva 2000/78/CE del Consejo, art. 3, ap. 1, letras a) y c)]
(véanse los apartados 41 a 44)
Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por motivos de discapacidad — Alcance — Discriminación con respecto a un trabajador que se ocupa del cuidado de su hijo discapacitado — Inclusión
[Art. 13 CE; art. 19 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 21, 24 y 26; Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arts. 2, 5 y 7; Directiva 2000/78/CE del Consejo, considerando 12 y arts. 1 y 2, párrs. 1 y 2, letras a) y b)]
(véanse los apartados 48 a 58 y 61 a 66 y el punto 1 del fallo)
Derechos fundamentales — Carta de los Derechos Fundamentales — Principio de no discriminación — Reconocimiento tanto por la Carta de los Derechos Fundamentales como por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos — Sentido y alcance idénticos — Nivel de protección garantizado por la Carta que no ha de menoscabar el garantizado por dicho Convenio
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 21, ap. 1, y 52, ap. 3)
(véase el apartado 59)
Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Ajustes razonables para el cuidador de un menor con discapacidad — Concepto — Asignación a otro puesto de trabajo — Inclusión — Requisito — Inexistencia de carga desproporcionada para el empleador
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 24 y 26; Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, arts. 2 y 7, ap. 1; Directiva 2000/78/CE del Consejo, considerando 21 y arts. 2, ap. 2, letra b), y 5]
(véanse los apartados 70 a 80 y el punto 2 del fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), desarrolla su jurisprudencia relativa al concepto de «discriminación por asociación» por motivos de discapacidad, en el sentido de la Directiva 2000/78, (
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) precisando tanto el alcance de este concepto como las obligaciones del empresario para garantizar el respeto del principio de igualdad de los trabajadores y de la prohibición de discriminación indirecta, en el caso de un trabajador que presta ayuda a su hijo discapacitado.
G. L. estaba empleada por la sociedad AB como «agente de estación» y se encargaba de la vigilancia y del control de una estación de metro.
Solicitó reiteradamente a la sociedad AB que la destinara, de forma permanente, a un puesto de trabajo con horarios fijos, para poder ocuparse de su hijo menor de edad, aquejado de una grave discapacidad, que necesita cuidados a hora fija.
La sociedad AB no dio curso a estas solicitudes. No obstante, concedió a G. L. determinados ajustes de las condiciones de trabajo con carácter provisional, como la designación de un lugar de trabajo fijo y la concesión de un régimen horario preferente respecto a los demás agentes.
El 5 de marzo de 2019, G. L. presentó una demanda ante el Tribunale di Roma (Tribunal Ordinario de Roma, Italia), solicitando que se declarara que la negativa de su empresario a acceder a su solicitud de ajuste permanente de sus condiciones de trabajo era discriminatoria. Dado que su recurso fue desestimado en primera instancia y en apelación, G. L. interpuso un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente.
Dicho órgano jurisdiccional, remitiéndose a los principios derivados de la sentencia Coleman, (
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) decidió preguntar al Tribunal de Justicia si un trabajador que no es él mismo discapacitado puede invocar ante los tribunales la protección contra toda discriminación indirecta por razones de discapacidad establecida en la Directiva 2000/78, debido a la asistencia que presta a su hijo aquejado de una discapacidad. En caso afirmativo, ese órgano jurisdiccional solicita que se determine si el empresario de la Sra. G. L. está obligado a realizar ajustes razonables en cuanto a ella, en el sentido de la citada Directiva, para subsanar la situación de discriminación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia considera, a la luz, en particular, de la sentencia Coleman, que la prohibición de discriminación, establecida en la Directiva 2000/78, se refiere también a la discriminación indirecta «por asociación» por motivos de discapacidad. Por consiguiente, esta prohibición se aplica a un trabajador que no es él mismo discapacitado, pero que es objeto de tal discriminación debido a la asistencia que presta a su hijo aquejado de una discapacidad y que le permite recibir la mayor parte de los cuidados que requiere su estado.
Su análisis se basa también en la constatación de que el objeto de la Directiva 2000/78 consiste, en materia de empleo y ocupación, en luchar contra todas las formas de discriminación basadas en la discapacidad. En efecto, el principio de igualdad de trato que en esta materia consagra la citada Directiva no se aplica a una categoría determinada de personas, sino en función de los motivos contemplados en el artículo 1 de esa Directiva.
Además, según el considerando 12 y el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva, debe prohibirse «toda discriminación» directa o indirecta por motivos de discapacidad y el tenor del artículo 13 CE, que constituye la base jurídica de la Directiva 2000/78, al igual que el del artículo 19 TFUE, que lo ha sustituido, confiere competencia a la Unión para adoptar medidas adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad.
Por añadidura, la Directiva 2000/78 debe interpretarse a la luz de los artículos 21, 24 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Pues bien, el principio general de no discriminación consagrado en el artículo 21, apartado 1, de la Carta también se refiere a la discriminación indirecta «por asociación» por motivos de discapacidad. En efecto, este principio prohíbe «toda discriminación» basada, en particular, en una discapacidad, garantizando así una aplicación amplia de esta garantía fundamental.
Además, el artículo 21, apartado 1, de la Carta contiene, al menos, las mismas garantías que las previstas en el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, (
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) que deben tenerse en cuenta, en virtud del artículo 52, apartado 3, de la Carta, como nivel mínimo de protección.
Por otra parte, en virtud de la Convención de la ONU, (
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) que, al igual que la Carta, puede invocarse para interpretar la Directiva 2000/78, los Estados parte de esta prohíben «todas las formas de discriminación» por motivos de discapacidad. Garantizarán una protección jurídica igual y efectiva de las personas con discapacidad contra «cualquier tipo de discriminación» y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que los niños con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones con los demás niños, dando prioridad al interés superior del niño con discapacidad en todas las decisiones que los afecten.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia examina si, para garantizar el respeto del principio de igualdad de trato de los trabajadores y de la prohibición de discriminación indirecta establecida en el artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78, deben realizarse ajustes razonables, en el sentido del artículo 5 de esta, respecto de un trabajador, como el del caso de autos, que no está él mismo afectado por una discapacidad, pero que presta a su hijo discapacitado la asistencia que le permite recibir la mayor parte de los cuidados que requiere su estado.
Con vistas a una interpretación conforme con la Carta del artículo 5 de la Directiva 2000/78, el Tribunal de Justicia recuerda que de los artículos 24 y 26 de esta se desprende, por una parte, que los menores tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar y, por otra parte, que la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.
Además, los ajustes razonables definidos en el artículo 2 de la Convención de la ONU no se limitan a las necesidades de las personas con discapacidad en su lugar de trabajo, sino que también deben, en su caso, concederse al trabajador que preste asistencia que permita a la persona con discapacidad recibir la mayor parte de los cuidados que requiere su estado. Por otra parte, del artículo 7, apartado 1, de la Convención de la ONU se desprende que el trabajador debe estar en condiciones de prestar a su hijo discapacitado la asistencia que necesite, lo que implica la obligación del empresario de adaptar las condiciones de trabajo de tal trabajador.
El Tribunal de Justicia declara que, de no existir tal obligación, la prohibición de discriminación indirecta «por asociación» se vería privada de una parte importante de su efecto útil.
Por lo tanto, un empresario está obligado a realizar ajustes razonables en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2000/78 con respecto a un trabajador que, sin estar él mismo discapacitado, preste a su hijo aquejado de una discapacidad la asistencia que le permita recibir la mayor parte de los cuidados que requiere su estado, siempre que tales ajustes no impongan a dicho empresario una carga excesiva. Por lo que respecta a los tipos de ajustes razonables que se exigen al empresario de este tipo de cuidadores, el Tribunal de Justicia precisa que la reducción del tiempo de trabajo o, en determinadas condiciones, el cambio de destino a otro puesto de trabajo puede constituir una de las medidas de ajuste contempladas en el artículo 5 de la Directiva 2000/78. Para determinar si las medidas en cuestión dan lugar a una carga desproporcionada, deberían tenerse en cuenta, particularmente, los costes financieros y de otro tipo que estas impliquen, el tamaño, los recursos financieros y el volumen de negocios total de la organización o empresa y la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de ayuda.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
1
)	Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).
(
2
)	Sentencia de 17 de julio de 2008, Coleman (C‑303/06, EU:C:2008:415) (en lo sucesivo, «sentencia Coleman»). En esa sentencia, el Tribunal de Justicia determinó entre otras cosas que la Directiva 2000/78 y, en particular, sus artículos 1 y 2, apartados 1 y 2, letra a), deben interpretarse en el sentido de que la prohibición de acoso que establecen no se circunscribe exclusivamente a aquellas personas que sean ellas mismas discapacitadas (apartado 56 y punto 1 del fallo).
(
3
)	Convenio firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950.
(
4
)	Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008 (en lo sucesivo, «Convención de la ONU»).