PARDINI 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 26 de junio de 1980 ' 
En el asunto 808/79, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo 
al artículo 177 del Tratado CEE, por el Presidente del Tribunale di Lucca, 
destinada a obtener, en el procedimiento pendiente ante dicho órgano 
jurisdiccional nacional en el marco de un recurso por el que se solicita la 
anulación y la sustitución de un título nominativo, instado por 
Fratelli Pardini SpA, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación y la validez del apartado 7 del 
artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 193/75 de la Comisión, de 17 de enero de 
1975, por el que se establecen disposiciones comunes del régimen de 
certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los 
productos agrícolas (DO L 25, p. 10), 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait, 
Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie 
Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces; 
Lengua de procedimiento: italiano. 
637
SENTENCIA DE 26.6.1980 - ASUNTO 808/79 
Abogado General: Sr. G. Reischl; 
Secretario: Sr. A. Van Houtte; 
dicta la siguiente 
Sentencia 
(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 
Fundamentos de Derecho 
1 Mediante resolución de 28 de noviembre de 1979, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 3 de diciembre siguiente, el Presidente del Tribunale di Lucca 
planteó, con carácter prejudicial, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, 
dos cuestiones relativas a la interpretación y a la validez del apartado 7 del 
artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 193/75 de la Comisión, de 17 de enero 
de 1975, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del 
régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada 
para los productos agrícolas (DO L 25, p. 10). Dicho apartado 7 dispone que 
los duplicados eventualmente expedidos en caso de pérdida de los certificados 
no pueden presentarse a efectos de realizar las operaciones de importación y 
exportación. 
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un procedimiento iniciado por 
una empresa italiana que se declara víctima de un robo, entre otras cosas, de un 
certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución, relativo a 
12.500 toneladas de sémola de trigo duro, y que tiene por objeto que se anule 
y se sustituya el certificado robado para poder efectuar la exportación al 
amparo del nuevo documento solicitado en las mismas condiciones que las 
previstas en el certificado robado. 
3 A tenor del artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 2727/75 del Consejo, de 29 
de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados 
en el sector de los cereales (DO L 281, p. 1 ; EE 03/09, p. 13), toda importación 
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PARDINI 
a la Comunidad o exportación fuera de la misma de los productos mencionados 
estará sujeta a la presentación de un certificado válido en toda la Comunidad 
y cuya expedición estará subordinada a la prestación de una fianza como 
garantía de la obligación de importar o de exportar mientras dure el período de 
validez del certificado. Del duodécimo considerando del Reglamento citado se 
desprende que el sistema de expedición de certificados debe permitir a las 
autoridades competentes «seguir de manera permanente el movimiento de los 
intercambios, con objeto de poder apreciar la evolución del mercado y aplicar, 
en su caso, las medidas previstas en el [...] Reglamento que fueran necesarias». 
Además, cuando la exacción reguladora o la restitución se fijen con antelación, 
dicha fijación, con arreglo al artículo 12 del Reglamento, se consignará sobre 
el certificado que sirva de justificante de la misma. De ello se deduce que los 
certificados de fijación anticipada pueden adquirir una gran importancia 
cuando el tipo de la exacción reguladora o de la restitución aplicable el día de 
la operación difiera sensiblemente del tipo fijado con antelación. 
4 El apartado 2 del artículo 12 prevé que el período de validez de los certificados 
y demás modalidades de aplicación de dicho artículo quedarán establecidos con 
arreglo al procedimiento llamado del Comité de Gestión. De conformidad con 
dicha disposición y con las correspondientes de los Reglamentos relativos a 
otros productos agrícolas, la Comisión adoptó el citado Reglamento n° 193/75, 
cuyo apartado 7 de su artículo 17 dispone lo siguiente: 
«En caso de pérdida del certificado o del extracto del certificado, los 
organismos emisores, con carácter excepcional, podrán expedir al interesado 
un duplicado de dichos documentos, extendido y visado, como los documentos 
originales y conteniendo claramente la mención "duplicado" en cada ejemplar. 
Los duplicados no podrán presentarse con el fin de realizar operaciones de 
importación o de exportación.» 
5 Junto a esta disposición controvertida, es oportuno citar, a efectos del presente 
asunto, el apartado 1 del artículo 20 del mismo Reglamento, el cual establece: 
«Cuando la importación o la exportación no pueda efectuarse durante el 
período de validez del certificado por causa de fuerza mayor, el organismo 
competente del Estado miembro emisor del certificado decidirá, a petición del 
titular, o bien que se anule la obligación de importar o de exportar, quedando 
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SENTENCIA DE 26.6.1980 - ASUNTO 808/79 
libre la fianza, o bien que se prorrogue el período de validez del certificado por 
el plazo que se estime necesario en razón de la circunstancia alegada. 
[••·] 
La eventual prórroga del certificado será objeto de un visado por parte del 
organismo emisor que figurará en el certificado y, en su caso, en sus extractos 
y adaptaciones necesarias.» 
6 A este respecto también procede recordar la sentencia de 3 0 de enero de 1974, 
Kampffmeyer (158/73,« Rec. p. 101) donde, respondiendo a cuestiones 
prejudiciales planteadas en el marco de un litigio relativo a la liberación de la 
garantía en caso de pérdida de un certificado, el Tribunal de Justicia declaró 
que «la pérdida de un certificado de importación constituye un caso de fuerza 
mayor a efectos del artículo 18 del Reglamento n° 1373/70 [disposición 
correlativa al artículo 20 del Reglamento n° 193/775] cuando se produce a 
pesar de haber adoptado el titular del certificado todas las precauciones que se 
deben esperar de un comerciante prudente y diligente». Por lo tanto es evidente 
que, si el titular no puede llevar a cabo la operación a raíz de una pérdida del 
certificado sobrevenida en tales circunstancias, puede obtener la liberación de 
la fianza. Además puede, según las normas generales, obtener un nuevo 
certificado con una nueva fijación anticipada, en su caso, pero en tal supuesto, 
al tipo aplicable el día en que se presente la solicitud del nuevo certificado. 
Sobre la interpretación del apartado 7 del artículo 17 
7 La primera cuestión planteada por el Juez de remisión es la siguiente: 
«Los párrafos primero y segundo del apartado 7 del artículo 17 del Reglamento 
CEE n° 193/75 ¿deben interpretarse en el sentido de que un exportador a quien 
hayan robado un certificado de exportación, válido para toda la Comunidad, 
con fijación anticipada del importe de la restitución, no puede ya solicitar ni 
obtener un nuevo título ni un documento equivalente, expedido por una 
autoridad nacional, que le permita realizar las operaciones de exportación antes 
o después de la expiración del período de validez del título robado, sufriendo 
de este modo la pérdida integral de las restituciones fijadas con antelación en 
base a dicho título?» 
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8 La demandante en el litigio principal alega que el apartado 7 del artículo 17 del 
Reglamento n° 193/75 regula exclusivamente la situación de un operador que, 
habiendo perdido el certificado, no quiere cumplir las obligaciones que se 
derivan de él y pretende además obtener la liberación de la fianza. Por el 
contrario, el caso del operador que quiere efectuar la operación a pesar de 
haber perdido el certificado no se contempla más que en el artículo 20 del 
Reglamento y únicamente de modo general, sin que exista ninguna regulación 
específica para dicho caso. 
9 El propio tenor de los artículos de que se trata permite desestimar este 
argumento. En efecto, del artículo 20 se desprende claramente que éste no se 
refiere a la expedición de un duplicado o de un nuevo certificado que pueda 
presentarse para realizar la operación en las mismas condiciones que las 
previstas en el certificado perdido. La única disposición relativa a la expedición 
de dichos documentos es, por el contrario, el apartado 7 del artículo 17, cuyo 
párrafo segundo establece expresamente que los duplicados, expedidos con 
arreglo al párrafo primero, no podrán presentarse para realizar operaciones de 
importación o de exportación. 
10 En segundo lugar, la demandante en el litigio principal afirma que el apartado 
7 del artículo 17 no prevé el caso de robo. Según la demandante, el Derecho 
italiano establece una distinción entre la pérdida, la sustracción -comprendida 
en ella el robo- y la destrucción y, bajo este punto de vista, el Derecho italiano 
coincide con el de otros Estados miembros. Como todos los ordenamientos 
jurídicos contemplan la reproducción de documentos y reconocen a sus copias 
un efecto esencialmente igual al del título original, el apartado 7 del artículo 
17 tiene, en su opinión, un carácter excepcional y, por lo tanto, debe ser objeto 
de interpretación restrictiva. Además, desde el punto de vista del control, el 
caso de un robo no implica el mismo riesgo que una pérdida propiamente 
dicha, porque el robo se pone en conocimiento de la policía mediante una 
denuncia, la cual abre a su vez una investigación. 
11 El término «pérdida», a los efectos del apartado 7 del artículo 17, debe 
interpretarse teniendo en cuenta la función que dicho apartado cumple en el 
sistema comunitario de los certificados. Según éste, la presentación efectiva del 
certificado se requiere no solamente para realizar cualquier operación, sino 
también para liberar la fianza (apartados 2 y 3 del artículo 17). Si dicho 
certificado se ha perdido después de realizar la operación, el duplicado 
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SENTENCIA DE 26.6.1980 - ASUNTO 808/79 
extendido con arreglo al apartado 7 del artículo 17y visado por el despacho en 
el que se hayan cumplimentado las formalidades aduaneras, permite obtener la 
liberación de la fianza. Del mismo modo, en caso de robo ocurrido después de 
que la operación se haya realizado, la posesión de un certificado es necesaria 
para poder liberar la fianza. Por lo tanto, no hay razón para no incluir dicho 
caso en el ámbito de aplicación del párrafo primero del apartado 7 del artículo 
17. Si bien la expedición de un duplicado, que únicamente sirve para liberar la 
fianza, no puede dar lugar a una duplicidad en su utilización, la situación sería 
totalmente distinta en el caso de un duplicado que pudiera servir para realizar 
la propia operación. No cabe descartar que la operación se haya realizado ya 
en base al certificado perdido. Si la operación aún no se ha realizado y si el 
período de validez aún no ha expirado, en principio el certificado perdido sigue 
pudiendo presentarse en toda la Comunidad para realizar la operación. Por tal 
motivo, el párrafo segundo del apartado controvertido prohibe proceder a la 
operación en base a un duplicado. El problema se presenta del mismo modo 
para un certificado robado. Por lo tanto, procede interpretar el segundo párrafo, 
en función de su finalidad, en el sentido de que incluye el caso de robo. 
12 Procede responder, por lo tanto, a la primera cuestión que el apartado 7 del 
artículo 17 del Reglamento n° 193/75 debe interpretarse en el sentido de que 
un exportador a quien haya sido robado un certificado de exportación o de 
fijación anticipada no puede conseguir un nuevo título o documento 
equivalente que le permita realizar las operaciones de exportación en las 
condiciones previstas en el certificado robado. 
Sobre la validez del apartado 7 del artículo 17 
13 En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, el órgano jurisdiccional 
de remisión solicita al Tribunal de justicia que se pronuncie sobre la siguiente 
cuestión: 
«El apartado 7 del artículo 17 del citado Reglamento n° 193/75, que establece 
una sanción muy grave para el operador que, sin culpa por su parte, se haya 
visto desposeído de un certificado de exportación ¿es compatible con el 
principio de proporcionalidad considerado a la luz de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, teniendo en cuenta el hecho 
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PARDINI 
de que el Reglamento impugnado es un Reglamento de la Comisión y no un 
Reglamento del Consejo de Ministros de la CEE?» 
14 Procede señalar, con carácter preliminar, que las disposiciones reglamentarias 
de referencia no pueden entenderse en el sentido de imponer al operador, en 
caso de pérdida del certificado, una «sanción» propiamente dicha. Se trata, en 
realidad, de apreciar las consecuencias que el legislador comunitario ha 
vinculado al hecho de la pérdida de un certificado, sean cuales sean sus causas 
en cada caso y con independencia de la responsabilidad que eventualmente 
pueda incumbir al operador interesado. A este respecto, en la misma 
formulación literal de su cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión indica 
las dos consideraciones que le llevan a dudar de la validez de la disposición 
controvertida: el problema de la proporcionalidad y el de los posibles límites 
de la facultad que el Reglamento atribuye a la Comisión. 
15 En lo que respecta a este último aspecto, la demandante en el litigio principal 
establece una distinción entre el derecho a efectuar una operación de 
importación o de exportación y el documento que sirve para acreditar dicho 
derecho. A su juicio, el primero está regulado por los Reglamentos del 
Consejo, mientras que estos últimos facultan a la Comisión para regular las 
cuestiones de forma y las modalidades de aplicación relativas al documento. 
A este respecto, según la demandante, es significativo comprobar que, para 
delegar en la Comisión la competencia de regular el período de validez de los 
certificados se ha considerado necesario hacerlo en términos explícitos. La 
Comisión no tiene, pues, competencia para disponer que la pérdida del 
documento implica la extinción del derecho. 
16 El apartado segundo del artículo 12 del Reglamento n° 2727/75 del Consejo 
establece que «el período de validez de los certificados y demás modalidades 
de aplicación del presente artículo quedarán establecidos con arreglo al 
procedimiento previsto en el artículo 26» (procedimiento llamado del Comité 
de Gestión). De este texto se desprende que el Consejo ha atribuido a la 
Comisión una amplia facultad con vistas a poner en práctica el sistema de 
certificados introducido por dicho artículo 12. De ello se deduce, sobre todo, 
que el período de validez de los certificados sólo constituye un ejemplo de las 
modalidades que la Comisión puede adoptar. Por otra parte, la función que el 
apartado primero del artículo 12 atribuye a los certificados no permite 
establecer distinción entre el derecho a realizar la operación y el documento 
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SENTENCIA DE 26.6.1980 - ASUNTO 808/79 
que sólo sirve de soporte a ese derecho. El primer apartado subordina en 
principio toda operación con países terceros a la presentación de un certificado 
para poner a las autoridades competentes en situación de seguir 
permanentemente el movimiento de los intercambios. Por añadidura, en caso 
de fijación anticipada, el mismo apartado atribuye al certificado la función de 
servir de justificante de la fijación anticipada. Teniendo en cuenta esta función 
esencial del documento mismo, el control de su utilización adquiere una 
importancia particular. Si la norma controvertida resulta necesaria para 
garantizar un control eficaz, no procede pues suponer que la Comisión haya 
sobrepasado sus competencias al adoptarla. 
17 Para determinar si la disposición impugnada es compatible con el principio de 
proporcionalidad, hay que analizar en primer lugar los objetivos de la 
normativa controvertida. Como el Tribunal de Justicia ha tenido ya la ocasión 
de subrayar refiriéndose al régimen de la fianza, es necesario que las 
autoridades encargadas de la gestión de las organizaciones comunes de 
mercados dispongan de regulaciones precisas sobre las importaciones y las 
exportaciones futuras. Si dicho objetivo exige que el cumplimiento de la 
obligación de exportar o de importar de conformidad con los certificados 
expedidos se garantice por los medios apropiados, supone también la necesidad 
de velar por que los certificados se empleen solamente para las operaciones 
cubiertas por los mismos. En el caso de certificados con fijación anticipada, 
esta necesidad es tanto más imperiosa cuanto que una doble utilización de 
dichos certificados puede suponer ventajas injustificadas para los operadores 
y, por lo tanto, gravosas cargas financieras para la Comunidad. 
18 A este respecto, la prohibición recogida en el apartado 7 del artículo 17, de 
proceder a la operación sobre la base de meros duplicados, constituye una 
medida al mismo tiempo simple y eficaz. Por el contrario, esta prohibición 
implica para los operadores el riesgo de perder, incluso sin culpa por su parte, 
las ventajas vinculadas a los certificados originales. 
19 Es evidente que la única posibilidad de existencia simultánea de diversos 
documentos relativos a una misma operación que pueden presentarse para 
realizarla debe ir acompañada de un sistema de control. Si bien es verdad que 
todas las legislaciones nacionales prevén, como la demandante en el litigio 
principal lo subraya, sanciones penales muy graves en caso de fraude, la 
eficacia de tales sanciones depende precisamente de la eficacia del control que 
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PARDINI 
permite comprobar el fraude. Por añadidura, la doble utilización de un 
certificado no siempre procede necesariamente de una intención fraudulenta, 
sino que también puede deberse a un fallo del sistema de control interno de la 
sociedad titular del certificado. Igualmente, la imposición a la empresa que 
solicita un duplicado del certificado perdido o robado de una fianza 
complementaria, como propone la demandante en el litigio principal, tampoco 
suprime la necesidad de un control previo a la liberación de tal fianza. 
20 Por lo que respecta a los métodos de control, la Comisión señala que, en cada 
caso en que se hubiera expedido un duplicado que pudiera servir para realizar 
la operación, habría que proceder a comprobaciones referentes, en casi todos 
los Estados miembros, a decenas de millares de expedientes y, en todo caso, a 
un período que se extiende desde el día de la emisión del certificado hasta seis 
meses después de su fecha de expiración. Desde hace diez años la Comisión y 
los Estados miembros están discutiendo la posibilidad de establecer otros 
métodos de control, sin haber encontrado ningún sistema que ofrezca garantías 
suficientes contra el riesgo de la doble utilización. 
21 En tales circunstancias, hay que examinar la situación de los operadores a la 
luz de la normativa vigente. El riesgo que soportan deriva, en primer lugar, del 
sistema de fijación anticipada que ha sido creado en interés del comercio y que 
normalmente ofrece a los operadores considerables ventajas. Si, solicitando la 
fijación anticipada, los operadores se benefician de dichas ventajas, está 
justificado en tal caso que soporten los inconvenientes derivados de la 
necesidad que tiene la Comunidad de evitar cualquier abuso. Sobre todo, está 
justificado esperar que los titulares de los certificados tengan el mayor cuidado 
posible con ellos y que se aseguren contra los riesgos que no puedan excluirse, 
en la misma medida en que se aseguran contra otros riesgos comerciales. 
22 En virtud de todo lo expuesto, el riesgo soportado por los operadores a raíz de 
lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 17 del Reglamento n° 193/75 no es 
desproporcionado en relación con las exigencias de control. 
23 Por lo tanto, procede responder a la segunda cuestión que el examen de la 
disposición impugnada no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda 
afectar a su validez. 
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Costas 
24 Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Italiana y por la 
Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones 
ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el 
procedimiento tiene para el demandante en el litigio principal, el carácter de un 
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Presidente del Tribunale 
di Lucca mediante resolución de 28 de noviembre de 1979, declara: 
1) El apartado 7 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 193/75 de la 
Comisión, de 17 de enero de 1975, por el que se establecen 
disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de 
importación, de exportación y de fijación anticipada para los 
productos agrícolas, debe interpretarse en el sentido de que un 
exportador a quien hayan robado un certificado de exportación o de 
fijación anticipada no puede obtener un nuevo certificado ni 
documento equivalente que le permita realizar las operaciones de 
exportación en las condiciones previstas en el certificado robado. 
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PARDINI 
2) EI examen de la disposición controvertida no ha puesto de manifiesto 
ningún elemento que pueda afectar a su validez. 
Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore 
Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de junio de 1980. 
El Secretario 
A. Van Houtte 
El Presidente 
H. Kutscher 
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