62020CO0456
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 16 de junio de 2021 (
*1
)
«Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Política económica y monetaria — Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Artículo 18, apartado 1 — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Tareas específicas encomendadas al Banco Central Europeo (BCE) — Imposición de una sanción pecuniaria administrativa por incumplimiento de los requisitos prudenciales — Reglamento (UE) n.o 575/2013 — Artículo 26, apartado 3 — Requisitos de fondos propios — Instrumentos de capital — Emisiones de acciones ordinarias — Clasificación como elementos del capital de nivel 1 ordinario (CET 1) — Falta de autorización previa de la autoridad competente — Infracción por negligencia»
En los asuntos acumulados C‑456/20 P a C‑458/20 P,
que tienen por objeto tres recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 21 de septiembre de 2020,
Crédit agricole SA, con domicilio social en Montrouge (Francia) (C‑456/20 P),
Crédit agricole Corporate and Investment Bank, con domicilio social en Montrouge (Francia) (C‑457/20 P),
CA Consumer Finance, con domicilio social en Massy (Francia) (C‑458/20 P),
partes recurrentes,
representadas por las Sras. A. Champsaur y A. Delors, avocats,
y en los que la otra parte en el procedimiento es:
Banco Central Europeo (BCE), representado por las Sras. C. Hernández Saseta y A. Pizzolla y por el Sr. D. Segoin, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, el Sr. E. Regan (Ponente), Presidente de la Sala Quinta, y el Sr. I. Jarukaitis, Juez;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír a la Abogada General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 181 de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante sus recursos de casación, Crédit agricole SA (C‑456/20 P), Crédit agricole Corporate and Investment Bank (C‑457/20 P) y CA Consumer Finance (C‑458/20 P) solicitan la anulación de las sentencias del Tribunal General de 8 de julio de 2020, respectivamente, Crédit agricole/BCE (T‑576/18, en lo sucesivo, primera sentencia recurrida, EU:T:2020:304), Crédit agricole Corporate and Investment Bank/BCE (T‑577/18, en lo sucesivo, segunda sentencia recurrida, no publicada, EU:T:2020:305) y CA Consumer Finance/BCE (T‑578/18, en lo sucesivo, tercera sentencia recurrida, no publicada, EU:T:2020:306) (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias recurridas»), por las que aquel desestimó sus recursos de anulación de las Decisiones ECB/SSM/2018-FRCAG-75, ECB/SSM/2018-FRCAG-76 y ECB/SSM/2018-FRCAG-77 del Banco Central Europeo (BCE), de 16 de julio de 2018 (en lo sucesivo, «Decisiones controvertidas»), adoptadas con arreglo al artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63), y mediante las que se les impuso una sanción pecuniaria administrativa por un importe de 4300000 euros, 300000 euros y 200000 euros, respectivamente, por el incumplimiento continuado de los requisitos de capital establecidos en el artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1, y correcciones de errores en DO 2013, L 208, p. 68, y DO 2013, L 321, p. 6).
Marco jurídico
Reglamento n.o 575/2013
2
Contenido en la parte segunda, sobre «Fondos propios», en el título I, con la rúbrica «Elementos de los fondos propios», capítulo 2, a su vez titulado «Capital de nivel 1 ordinario», del Reglamento (UE) n.o 575/2013, en su versión anterior a la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019 (DO 2019, L 150, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 575/2013»), su artículo 26, bajo el epígrafe «Elementos del capital de nivel 1 ordinario», establecía en su apartado 3:
«Las autoridades competentes evaluarán si las emisiones de los instrumentos del capital de nivel 1 ordinario cumplen los criterios establecidos en el artículo 28 o, cuando proceda, en el artículo 29. Con respecto a las emisiones posteriores al 28 de junio de 2013, las entidades clasificarán los instrumentos de capital como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario solo tras la concesión de la autorización por las autoridades competentes, que podrán consultar a la [Autoridad Bancaria Europea (ABE)].
Para los instrumentos de capital, con la excepción de las ayudas estatales, que la autoridad competente califique como capital de nivel 1 ordinario, pero respecto de los cuales la ABE considere que es materialmente complejo determinar el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 28 o, cuando proceda, en el artículo 29, la autoridad competente deberá explicar su razonamiento a la ABE.
Basándose en la información facilitada por cada autoridad competente, la ABE elaborará, mantendrá y publicará una lista de las formas de instrumento de capital en cada Estado miembro que clasifique entre los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario. La ABE elaborará y publicará por primera vez esa lista a más tardar el [1 de febrero de 2015].
[…]»
3
El artículo 26 del Reglamento n.o 575/2013, en su versión modificada por el Reglamento 2019/876 (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 575/2013 en su versión modificada»), aplicable a partir del 27 de junio de 2019, establece en su apartado 3:
«Las autoridades competentes evaluarán si las emisiones de instrumentos de capital cumplen los criterios establecidos en el artículo 28 o, cuando proceda, en el artículo 29. Las entidades clasificarán las emisiones de instrumentos de capital como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario solo después de que las autoridades competentes hayan concedido la autorización correspondiente.
Como excepción a lo dispuesto en el párrafo primero, las entidades podrán clasificar como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario las emisiones posteriores de un tipo de instrumento de capital de nivel 1 ordinario para el que ya hayan recibido la autorización correspondiente, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a)
las disposiciones por las que se rigen las emisiones posteriores son sustancialmente las mismas que aquellas por las que se rigen las emisiones para las que las entidades ya han recibido la autorización;
b)
las entidades han informado a las autoridades competentes de las emisiones posteriores con una antelación suficiente a su clasificación como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario.
Las autoridades competentes consultarán a la ABE antes de autorizar que nuevos tipos de instrumentos de capital sean clasificados como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario. Las autoridades competentes tendrán debidamente en cuenta el dictamen de la ABE y, cuando decidan apartarse de dicho dictamen, lo comunicarán por escrito a la ABE en un plazo de tres meses a partir de la fecha de su recepción, exponiendo los motivos por los que se apartan del mismo. El presente párrafo no se aplica a los instrumentos de capital a que se refiere el artículo 31.
A partir de la información facilitada por las autoridades competentes, la ABE elaborará, mantendrá y publicará una lista de todos los tipos de instrumentos de capital de cada Estado miembro que se puedan clasificar como instrumentos de capital de nivel 1 ordinario. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO 2010, L 331, p. 12)], la ABE podrá recopilar cualquier información relacionada con los instrumentos de capital de nivel 1 ordinario que considere necesaria para determinar el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 28 o, en su caso, en el artículo 29 del presente Reglamento, y para mantener y actualizar la lista a que se refiere el presente párrafo.
[…]»
Reglamento n.o 1024/2013
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El capítulo III del Reglamento n.o 1024/2013, titulado «Competencias del BCE», incluye, en particular, una sección 2, relativa a las «competencias de supervisión específicas», que comprende los artículos 14 a 18 de este Reglamento. Según el artículo 18 de dicho Reglamento, bajo la rúbrica «Sanciones administrativas»:
«1.   Con el fin de desempeñar las funciones que le atribuye el presente Reglamento, cuando una entidad de crédito, una sociedad financiera de cartera o una sociedad financiera mixta de cartera, deliberadamente o por negligencia, incumpla un requisito establecido en un acto directamente aplicable del Derecho de la Unión, en relación con el cual las autoridades competentes estarán facultadas para imponer sanciones pecuniarias administrativas con arreglo al Derecho aplicable de la Unión, el BCE podrá imponer sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble de la cantidad correspondiente a los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas como resultado del incumplimiento, en caso de que puedan determinarse estos, o de hasta el 10 % del volumen de negocios total anual, según lo defina el Derecho aplicable de la Unión, de la persona jurídica en el ejercicio anterior, u otras sanciones pecuniarias contempladas en el Derecho pertinente de la Unión.
[…]
3.   Las sanciones aplicadas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. […]
[…]»
Hechos que originaron el litigio
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Mediante las Decisiones controvertidas, el BCE impuso a las recurrentes, entidades de crédito sujetas a su supervisión prudencial directa, sendas sanciones pecuniarias administrativas, con arreglo al artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1024/2013, por haber infringido, al menos por negligencia, el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013, al haber clasificado entre sus instrumentos de capital de nivel 1 ordinario (en lo sucesivo, «instrumentos de CET 1») instrumentos de capital resultantes de varias emisiones de acciones ordinarias (en lo sucesivo, «emisiones controvertidas»), sin haber obtenido previamente la autorización de la autoridad competente.
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A este respecto, el BCE refutó, en particular, la alegación formulada por las recurrentes basada en que estas acciones ordinarias figuraban en la lista publicada por la ABE, en aplicación del párrafo tercero de ese artículo 26, apartado 3 (en lo sucesivo, «lista publicada por la ABE»). Consideró, en esencia, que la presencia de un instrumento en esa lista no dispensaba a una entidad de crédito de obtener la autorización previa de la autoridad competente, con arreglo al párrafo primero del citado artículo 26, apartado 3.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencias recurridas
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Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 25 de septiembre de 2018, las recurrentes interpusieron sendos recursos en los que solicitaban la anulación de las Decisiones controvertidas que les afectaban respectivamente.
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En apoyo de sus recursos, las recurrentes invocaban dos motivos. El primer motivo, basado en un vicio de incompetencia, se articulaba en tres partes. En la primera parte se alegaba la infracción del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013. La segunda parte versaba sobre la infracción del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1024/2013 y la vulneración del principio de seguridad jurídica. La tercera parte se refería a la proporcionalidad de la sanción pecuniaria administrativa que se les había impuesto. El segundo motivo se basaba en la violación del derecho a ser oído.
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Mediante las sentencias recurridas, el Tribunal General desestimó estos motivos en la medida en que tenían por objeto cuestionar la legalidad de las Decisiones controvertidas por cuanto en estas se consideraba que las recurrentes habían infringido el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013.
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En cambio, al examinar, con carácter preliminar y de oficio, el cumplimiento de la obligación de motivación respecto de las sanciones pecuniarias administrativas impuestas en virtud del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1024/2013, el Tribunal General declaró, en particular en los apartados 144 y 156 de la primera sentencia recurrida, en los apartados 127 y 139 de la segunda sentencia recurrida y en los apartados 130 y 141 de la tercera sentencia recurrida, que las citadas Decisiones adolecían, en esa medida, de una motivación insuficiente, debido, en esencia, a la falta de precisiones en ellas relativas a la metodología aplicada para determinar el importe de dichas sanciones. Por lo tanto, el Tribunal General consideró que debían anularse las sanciones, sin que fuera necesario pronunciarse sobre las alegaciones de las recurrentes, basadas, en particular, en que tales sanciones eran contrarias a los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad.
11
Al estimar, en el apartado 157 de la primera sentencia recurrida, en el apartado 140 de la segunda sentencia recurrida y en el apartado 142 de la tercera sentencia recurrida, que las apreciaciones realizadas por el BCE sobre los importes de las sanciones pecuniarias administrativas podían separarse del resto de las Decisiones controvertidas, el Tribunal General, por un lado, anuló, en el punto 1 del fallo de esas sentencias, las Decisiones controvertidas en la medida en que se imponía a las recurrentes tal sanción y, por otro lado, desestimó, en el punto 2 del fallo, los recursos en todo lo demás.
Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
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Mediante sus recursos de casación, cada una de las recurrentes solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule el punto 2 del fallo de aquella de las sentencias recurridas que le afecta.
–
Estime su recurso presentado en primera instancia.
–
Condene al BCE a cargar con la totalidad de las costas.
13
El BCE solicita que se desestimen los recursos de casación y que se condene en costas a las recurrentes.
14
Mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de octubre de 2020, se acordó la acumulación de los asuntos C‑456/20 P a C‑458/20 P a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
Sobre los recursos de casación
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En virtud del artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea, en todo o en parte, manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, aquel podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, desestimar total o parcialmente el recurso de casación mediante auto motivado.
16
Procede aplicar esa disposición en el marco de los presentes recursos de casación.
Sobre el primer motivo de casación en el asunto C‑456/20 P
Sobre la primera parte
– Alegaciones de las partes
17
Mediante la primera parte de su primer motivo de casación, Crédit agricole alega que, al considerar que había cometido una infracción en el segundo trimestre del año 2016 correspondiente a las dos primeras emisiones controvertidas, realizadas los días 23 de junio y 12 de noviembre de 2015, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en relación con la interpretación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 que él mismo llevó a cabo en los apartados 41 a 63 de la primera sentencia recurrida, según la cual una entidad de crédito puede clasificar un instrumento de capital entre sus instrumentos de CET 1 cuando haya obtenido previamente la autorización en este sentido de la autoridad competente.
18
Así pues, Crédit agricole sostiene que obtuvo, el 26 de julio de 2016, la autorización del BCE para clasificar esas dos emisiones controvertidas como instrumentos de CET 1. Pues bien, añade que las citadas emisiones, que fueron clasificadas como tales el 30 de junio de 2016 en su declaración trimestral consolidada sobre los fondos propios y los requisitos de fondos propios, así como en su publicación de información del tercer pilar, fueron comunicadas al BCE y publicadas el 12 de agosto de 2016. Por tanto, considera que no se le puede imputar infracción alguna.
19
El BCE aduce que estas alegaciones son inoperantes y, en cualquier caso, infundadas.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
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Del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (sentencia de 2 de marzo de 2021, Comisión/Italia y otros, C‑425/19 P, EU:C:2021:154, apartado 55 y jurisprudencia citada).
21
En el caso de autos, procede señalar que, en el apartado 92 de la primera sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que las tres emisiones controvertidas habían sido clasificadas como instrumentos de CET 1, para el segundo trimestre del año 2016, el 30 de junio de 2016 y, por tanto, antes de que el BCE autorizara tal clasificación, el 26 de julio de 2016.
22
Pues bien, mediante las alegaciones en apoyo de la primera parte de su primer motivo de casación, Crédit agricole, pese a indicar de manera explícita que esa clasificación tuvo lugar efectivamente el 30 de junio de 2016, sugiere que la fecha pertinente para determinar si incumplió la obligación de obtener la autorización previa prevista en el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 no es la de 30 de junio de 2016, sino la de 12 de agosto de 2016, correspondiente a la notificación de dicha clasificación al BCE y a su publicación.
23
No obstante, procede señalar que Crédit agricole no explicita en modo alguno en qué consiste el error de Derecho que el Tribunal General cometió a este respecto al considerar, en el apartado 92 de la primera sentencia recurrida, la fecha del 30 de junio de 2016 a efectos de la constatación de la existencia de una infracción de esa disposición.
24
En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta de la primera parte del primer motivo de casación en el asunto C‑456/20 P.
Sobre la segunda parte
– Alegaciones de las partes
25
Mediante la segunda parte de su primer motivo de casación, Crédit agricole sostiene que, al considerar que había cometido una infracción durante el segundo trimestre de 2016, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho consistente en la vulneración del principio de retroactividad de la ley penal más favorable, consagrado en el artículo 49, apartado 1, tercera frase, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por excluir la aplicación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 en su versión modificada para llegar a la conclusión de que se había cometido una infracción relativa a la tercera emisión controvertida, realizada el 21 de junio de 2016. Así pues, aduce que esta nueva disposición constituye una ley penal menos severa, ya que prevé, siempre que se cumplan determinados requisitos, que las emisiones posteriores que tengan los mismos términos que emisiones ya autorizadas no están sujetas entonces a autorización previa, sino a mera notificación.
26
Pues bien, en el caso de autos, Crédit agricole alega que la tercera emisión controvertida cumple los requisitos establecidos en el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 en su versión modificada, puesto que esta emisión se rige por las mismas disposiciones que las dos primeras emisiones controvertidas, para las que se había obtenido el 26 de julio de 2016 una autorización para su clasificación como instrumentos de CET 1, y que los términos de esta tercera emisión fueron notificados al BCE el 22 de junio de 2016, es decir, casi dos meses antes de la clasificación de esta emisión como instrumento de CET 1, el 12 de agosto de 2016.
27
A este respecto, Crédit agricole sostiene que el Tribunal General incurrió en error al declarar, en el apartado 72 de la primera sentencia recurrida, que el principio de retroactividad de la ley penal más favorable no resulta pertinente para controlar la legalidad de un acto que fue adoptado antes de la modificación del marco jurídico. Asevera que de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que, si la ley penal vigente en el momento de la comisión de la infracción y las leyes penales posteriores adoptadas antes de dictarse sentencia firme son diferentes, el juez debe aplicar aquella cuyas disposiciones sean las más favorables para el acusado (TEDH, sentencia de 18 de julio de 2013, Maktouf y Damjanović c. Bosnia y Herzegovina, ECHR: 2013: 0718JUD000231208, apartado 65). Por lo tanto, considera que, como la sanción no era firme en la fase de recurso ante el Tribunal General, este debería haber tenido en cuenta dicha modificación, ya que tuvo como efecto hacer desaparecer el carácter infractor de los hechos imputados en relación con la tercera emisión controvertida y, en consecuencia, impedir la imposición de una sanción.
28
El BCE estima que estas alegaciones carecen de todo fundamento.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
29
Procede recordar, al igual que el Tribunal General en los apartados 69 y 70 de la primera sentencia recurrida, que el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable constituye un principio general del Derecho de la Unión (véase, en ese sentido, la sentencia de 11 de marzo de 2008, Jager, C‑420/06, EU:C:2008:152, apartado 59 y jurisprudencia citada), que actualmente se consagra en el artículo 49, apartado 1, tercera frase, de la Carta (véase, en ese sentido, la sentencia de 7 de agosto de 2018, Clergeau y otros, C‑115/17, EU:C:2018:651, apartado 26 y jurisprudencia citada).
30
En el caso de autos, consta que, en el momento en que Crédit agricole procedió a clasificar la tercera emisión controvertida como instrumento de CET 1, no había obtenido la autorización previa de la autoridad competente exigida por el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013, aplicable en el momento de los hechos, a saber, una autorización previa específica para la clasificación como tal de esa tercera emisión, autorización que fue concedida posteriormente, el 29 de agosto de 2016, de modo que el BCE consideró acertadamente que esta recurrente había infringido esa disposición.
31
No obstante, es cierto, como por lo demás declaró el Tribunal General en el apartado 67 de la primera sentencia recurrida, que el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 fue modificado por el legislador de la Unión en el transcurso del procedimiento de primera instancia.
32
En efecto, el artículo 26, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 575/2013 en su versión modificada establece ahora que, como excepción a la norma consagrada en el párrafo primero de esa disposición, que establece el principio de que las entidades de crédito deben obtener una autorización previa para clasificar emisiones de instrumentos de capital como instrumentos de CET 1, esas entidades podrán clasificar como tales las emisiones posteriores de un tipo de instrumentos de CET 1 para los que ya hayan recibido la autorización, siempre que, por una parte, las disposiciones por las que se rigen esas emisiones posteriores sean sustancialmente las mismas que aquellas por las que se rigen las emisiones para las que ya han recibido la autorización y, por otra parte, dichas entidades hayan informado a las autoridades competentes de las emisiones posteriores con una antelación suficiente antes de clasificarlas como instrumentos de CET 1.
33
Pues bien, procede señalar que Crédit agricole, mediante la argumentación que desarrolla en apoyo de la segunda parte de su primer motivo de casación, se basa en una premisa errónea, a saber, que ya había recibido, con arreglo a esta nueva disposición, la autorización para clasificar como instrumento de CET 1 las dos primeras emisiones controvertidas en el momento en que, a su juicio, se clasificó como tal la tercera emisión controvertida el 12 de agosto de 2016.
34
En efecto, esta premisa, que contradice las propias afirmaciones realizadas por Crédit agricole en apoyo de la primera parte de su primer motivo de casación, expuestas en el apartado 18 del presente auto, relativas a la fecha de esa última clasificación, debe descartarse por razones idénticas a las de los apartados 21 a 24 de este auto, toda vez que esta recurrente tampoco explica, en la presente parte, en qué consiste el error de Derecho en que incurrió el Tribunal General al considerar, en el apartado 92 de la primera sentencia recurrida, que la citada clasificación tuvo lugar, respecto al segundo trimestre de 2016, el 30 de junio de 2016.
35
Pues bien, consta que, en esta última fecha, Crédit agricole no había recibido la autorización para clasificar las dos primeras emisiones controvertidas como instrumentos de CET 1, autorización que se le concedió posteriormente, el 26 de julio de 2016.
36
De ese modo, resulta que Crédit agricole no cumplió, en cualquier caso, la obligación de obtener una autorización previa, prevista tanto en el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013, aplicable en el momento de los hechos, como en el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 en su versión modificada, que entró en vigor en el transcurso del procedimiento ante el Tribunal General, viciando así irremediablemente la clasificación de todas las emisiones controvertidas, con independencia de cuál fuera la disposición aplicable ratione temporis.
37
Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del primer motivo de casación en el asunto C‑456/20 P por ser manifiestamente infundada y, por lo tanto, desestimar este primer motivo en su totalidad.
Sobre el segundo motivo de casación en el asunto C‑456/20 P y los primeros motivos de casación en los asuntos C‑457/20 P y C‑458/20 P
Sobre la primera parte
– Alegaciones de las partes
38
Mediante la primera parte de estos motivos de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho e incumplió su obligación de motivación, en los apartados 119, 121 y 122 de la primera sentencia recurrida, en los apartados 102, 104 y 105 de la segunda sentencia recurrida y en los apartados 106, 108 y 109 de la tercera sentencia recurrida, al no responder al motivo basado en la vulneración, por el BCE, del principio de seguridad jurídica, por considerar que era necesario comprender previamente la motivación de las Decisiones controvertidas y, por tanto, examinar si estas estaban suficientemente motivadas. En efecto, aducen que el respeto de este principio es independiente del cumplimiento de la obligación de motivación, ya que dicho principio exige únicamente la existencia de una base legal clara para la imposición de la sanción. A este respecto, afirman que no es necesario comprender los motivos que llevaron al BCE a adoptar esa sanción ni a fijar su importe.
39
El BCE estima que estas alegaciones carecen de fundamento.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
40
Procede recordar que, como ya se ha indicado en los apartados 10 y 11 del presente auto, el Tribunal General anuló las Decisiones controvertidas por adolecer de motivación insuficiente, en la medida en que se imponían sendas sanciones pecuniarias administrativas a las recurrentes.
41
En estas circunstancias, procede declarar que el Tribunal General consideró acertadamente, en el apartado 156 de la primera sentencia recurrida, en el apartado 139 de la segunda sentencia recurrida y en el apartado 141 de la tercera sentencia recurrida, que ya no era necesario examinar el resto de alegaciones formuladas por las recurrentes, entre ellas la basada en la vulneración del principio de seguridad jurídica.
42
En efecto, consta que, como se desprende del apartado 119 de la primera sentencia recurrida, del apartado 102 de la segunda sentencia recurrida y del apartado 106 de la tercera sentencia recurrida, las recurrentes habían formulado esta alegación únicamente con el fin de cuestionar la legalidad del importe de las sanciones pecuniarias administrativas impuestas por el BCE en las Decisiones controvertidas.
43
Dado que el Tribunal General anuló esas Decisiones por motivación insuficiente en la medida en que se imponían tales sanciones, la eventual vulneración del principio de seguridad jurídica ya no podía tener incidencia alguna en el alcance de la anulación de las citadas Decisiones por el Tribunal General, por lo que la alegación basada en la vulneración de ese principio pasó a ser inoperante. De ello se deduce que el Tribunal General ya no estaba obligado a responder al motivo basado en la vulneración, por el BCE, de dicho principio.
44
En consecuencia, procede desestimar la primera parte del segundo motivo de casación en el asunto C‑456/20 P y de los primeros motivos de casación en los asuntos C‑457/20 P y C‑458/20 P por ser manifiestamente infundada.
Sobre la segunda parte
– Alegaciones de las partes
45
Mediante la segunda parte de dichos motivos de casación, las recurrentes alegan que el Tribunal General vulneró el principio de seguridad jurídica. Sostienen que el Tribunal General reconoció, en los apartados 47, 49, 88, 89, 94 y 95 de la primera sentencia recurrida y en los apartados 44, 74, 75, 81 y 72 de las sentencias recurridas segunda y tercera, el carácter ambiguo del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013. Añaden que esta falta de claridad también fue invocada por la ABE en un dictamen publicado en su sitio de Internet el 23 de mayo de 2017 en el marco de la revisión de ese Reglamento. Aducen que el legislador de la Unión estimó de ese modo que era necesario modificar el citado artículo 26, apartado 3.
46
Pues bien, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal como en su opinión se desprende, en particular, de la sentencia de 12 de diciembre de 1990, Vandemoortele/Comisión (C‑172/89, EU:C:1990:457), apartado 9, una sanción, incluso de carácter no penal, solo puede imponerse si se fundamenta en una base legal clara y desprovista de ambigüedad. Añaden que, dado que el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 no constituía una base legal clara y desprovista de ambigüedad, el BCE no pudo declarar la existencia de una infracción de dicha disposición sin vulnerar el principio de seguridad jurídica. Por consiguiente, consideran que, por esa razón, las Decisiones controvertidas deberían ser anuladas.
47
El BCE estima que estas alegaciones carecen de fundamento.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
48
En la medida en que las recurrentes pretenden, mediante la argumentación presentada en apoyo de la segunda parte de los presentes motivos de casación, reprochar al BCE haber vulnerado el principio de seguridad jurídica al haber declarado, en las Decisiones controvertidas, que se había infringido el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013, a pesar del carácter ambiguo de esta base legal, procede recordar que, conforme a la jurisprudencia mencionada en el apartado 20 del presente auto, un motivo de casación debe tener por objeto, so pena de que se declare su inadmisibilidad, la anulación, no de la decisión impugnada en primera instancia, sino de la sentencia cuya anulación se solicita, incluyendo una alegación con la que se pretenda identificar específicamente el error de Derecho de que adolece esa sentencia.
49
Así, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un motivo que se limite a reproducir los motivos y las alegaciones que ya se han formulado ante el Tribunal General es, en realidad, un recurso dirigido a obtener un mero reexamen de la demanda presentada ante el Tribunal General, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2020, Austria/Comisión, C‑594/18 P, EU:C:2020:742, apartado 91 y jurisprudencia citada).
50
De ello se deduce que estas alegaciones, en la medida en que con ellas las recurrentes reprochan al BCE haber vulnerado el principio de seguridad jurídica al declarar, en las Decisiones controvertidas, que se había infringido el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013, no son admisibles en la fase de los presentes recursos de casación.
51
Por lo demás, al reprochar las recurrentes al Tribunal General, en esta misma parte, que él mismo había vulnerado el principio de seguridad jurídica al desestimar sus alegaciones con las que pretendían impugnar la constatación efectuada por el BCE de que se había infringido el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013, procede señalar que sus críticas se basan íntegramente en la premisa de que el Tribunal General reconoció, en los apartados de las sentencias recurridas mencionados en el apartado 45 del presente auto, que esa disposición revestía un carácter ambiguo.
52
No obstante, esa premisa es errónea.
53
En primer lugar, a diferencia de lo que sostienen las recurrentes, el Tribunal General no consideró en absoluto, en el apartado 47 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 44 de las sentencias recurridas segunda y tercera, que el artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 fuera ambiguo, sino que se limitó a señalar, en esos apartados, a modo de observación previa a la interpretación de esa disposición, que las modalidades de manifestación de la autorización de la autoridad competente, a la que se hace referencia en la misma, para que una entidad de crédito pueda clasificar sus instrumentos de capital como instrumentos de CET 1 no podían deducirse únicamente del tenor de la citada disposición.
54
Aplicando la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, recordada en el apartado 45 de la primera sentencia recurrida y en el apartado 42 de las sentencias recurridas segunda y tercera, según la cual, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte, el Tribunal General, tras una interpretación contextual y teleológica del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013, efectuada en los apartados 51 a 60 de la primera sentencia recurrida y en los apartados 48 a 57 de las sentencias recurridas segunda y tercera, llegó a la conclusión de que esa disposición exigía la concesión, por esa autoridad, de una autorización previa, no global por categoría de instrumentos de capital, como sostenían las recurrentes, sino individual.
55
A continuación, en los apartados 88 y 89 de la primera sentencia recurrida y en los apartados 75 y 76 de las sentencias recurridas segunda y tercera, el Tribunal General, al no abordar, en esa parte de las sentencias recurridas, la cuestión de la legalidad de la infracción del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 cometida por las recurrentes, limitándose a responder a las alegaciones formuladas por estas basadas en la inexistencia de negligencia, en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1024/2013, no se pronunció sobre el tenor de dicho artículo 26, apartado 3, sino sobre el contenido de una cláusula incluida en la lista publicada por la ABE.
56
Por último, en los apartados 94 y 95 de la primera sentencia recurrida y en los apartados 80 y 81 de las sentencias recurridas segunda y tercera, el Tribunal General se limitó a señalar, también en el marco de su respuesta a las mismas alegaciones relativas al carácter negligente de la infracción reprochada, que algunos operadores habían podido encontrar dificultades de interpretación en relación con el alcance del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013.
57
En cualquier caso, procede subrayar que, en los apartados 89 a 92 y 95 de la primera sentencia recurrida, así como en los apartados 75 a 78 y 81 de las sentencias recurridas segunda y tercera, el Tribunal General expuso detalladamente, extremo sobre el que las recurrentes guardan silencio, las razones por las que las circunstancias señaladas en los apartados 55 y 56 del presente auto no podían desvirtuar la conclusión de que una lectura atenta del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 permitía disipar las posibles dificultades de interpretación suscitadas por esa disposición, refutando de este modo punto por punto las alegaciones con las que las recurrentes pretendían demostrar que no habían incurrido en negligencia, en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1024/2013.
58
De ello se deduce que las alegaciones de las recurrentes, al basarse en una interpretación errónea de las sentencias recurridas, carecen de todo fundamento.
59
En consecuencia, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo de casación en el asunto C‑456/20 P y de los primeros motivos de casación en los asuntos C‑457/20 P y C‑458/20 P por ser, en parte, manifiestamente inadmisible y, en parte, manifiestamente infundada. Por lo tanto, estos motivos de casación deben desestimarse en su totalidad.
Sobre el tercer motivo de casación en el asunto C‑456/20 P y los segundos motivos de casación en los asuntos C‑457/20 P y C‑458/20 P
Alegaciones de las partes
– Sobre el tercer motivo de casación en el asunto C‑456/20 P, el segundo motivo de casación en el asunto C‑457/20 P y la primera parte del segundo motivo de casación en el asunto C‑458/20 P
60
Mediante estos motivos y alegaciones, las recurrentes alegan que el Tribunal General infringió el artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1024/2013 e incumplió la obligación de motivación que le incumbía, al no haber demostrado que incurrieran en negligencia. Sostienen que el mero hecho de que el BCE y el Tribunal General efectuaran una interpretación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 distinta de la que defendían no significa que ellas fueran negligentes. Así pues, aducen que, en los apartados 87 a 89 y 93 a 95 de la primera sentencia recurrida y en los apartados 73 a 75 y 79 a 81 de las sentencias recurridas segunda y tercera, el Tribunal General admitió que una lectura de esta disposición basada en la posición oficial expresada por la ABE en un documento publicado había sido aceptada por algunas autoridades nacionales y por numerosas entidades de crédito. Añaden que el Tribunal General también reconoció que un pasaje de la lista publicada por la ABE respaldaba su interpretación y que aquel tampoco demostró en qué era previsible, en el momento de los hechos, la interpretación adoptada por el BCE, siendo así que no existía ninguna posición publicada, ya fuera administrativa o judicial, en apoyo de esta interpretación.
61
El BCE estima que estas alegaciones carecen de fundamento.
– Sobre la segunda parte del segundo motivo de casación en el asunto C‑458/20 P
62
Mediante la segunda parte de su segundo motivo de casación, CA Consumer Finance reprocha al Tribunal General haber vulnerado el principio de buena administración al desestimar, en el apartado 85 de la tercera sentencia recurrida, la alegación mediante la cual había puesto de relieve, a efectos de demostrar la inexistencia de negligencia, el carácter contradictorio de los requisitos del BCE y el carácter manifiestamente irrazonable del plazo en el que este había examinado los elementos comunicados para autorizar la clasificación de las emisiones controvertidas como instrumentos de CET 1.
63
A este respecto, la mencionada recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error al considerar que ella habría podido invocar el plazo excesivo en el que el BCE le respondió para el supuesto de que este la sancionara por no cumplir los requisitos de fondos propios impuestos al grupo Crédit agricole para la fecha del 30 de junio de 2016, pero que ese mismo plazo excesivo no resultaba, en cambio, pertinente para apreciar la validez de la sanción impuesta por el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013. Así pues, según la citada recurrente, el BCE no podía imponer un requisito de respeto en materia de fondos propios y retrasar él mismo la aplicación de este requisito empleando siete meses para autorizar, el 4 de enero de 2017, la clasificación de las emisiones controvertidas como instrumentos de CET 1.
64
El BCE considera que estas alegaciones son inadmisibles.
Apreciación del Tribunal de Justicia
65
Procede señalar que, a tenor del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1024/2013, el BCE, con el fin de desempeñar las funciones que le atribuye este Reglamento, podrá imponer sanciones pecuniarias administrativas cuando una entidad de crédito, deliberadamente o por negligencia, incumpla un requisito establecido en un acto directamente aplicable del Derecho de la Unión, en relación con el cual las autoridades competentes estarán facultadas para imponer tales sanciones con arreglo a ese Derecho.
66
Así pues, del propio tenor de la citada disposición se desprende que la existencia de una «negligencia», en el sentido de esta, por parte de una entidad de crédito, constituye un requisito para la imposición de una sanción pecuniaria administrativa en caso de infracción del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013.
67
En estas circunstancias, dado que el Tribunal General, mediante las sentencias recurridas, anuló por adolecer de una motivación insuficiente, como se ha indicado en los apartados 10 y 11 del presente auto, las Decisiones controvertidas en la medida en que se imponían sendas sanciones pecuniarias administrativas a las recurrentes, resulta que los fundamentos de Derecho por los que aquel desestimó, en los apartados 79 a 96 de la primera sentencia recurrida, en los apartados 63 a 82 de la segunda sentencia recurrida y en los apartados 65 a 86 de la tercera sentencia recurrida, las alegaciones que las recurrentes basaban en la inexistencia de negligencia, en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 1024/2013, se formularon a mayor abundamiento.
68
Pues bien, las alegaciones dirigidas contra fundamentos de Derecho formulados a mayor abundamiento en una sentencia del Tribunal General no pueden dar lugar a la anulación de esa sentencia y, por tanto, deben desestimarse por inoperantes (sentencia de 3 de septiembre de 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, no publicada, EU:C:2020:632, apartado 39 y jurisprudencia citada).
69
En consecuencia, procede desestimar por inoperantes el tercer motivo de casación en el asunto C‑456/20 P y los segundos motivos de casación en los asuntos C‑457/20 P y C‑458/20 P.
Sobre el cuarto motivo de casación en el asunto C‑456/20 P y los terceros motivos de casación en los asuntos C‑457/20 P y C‑458/20 P
Sobre la primera parte
– Alegaciones de las partes
70
Mediante la primera parte de estos motivos de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho e incumplió la obligación de motivación que le incumbe, al no responder al motivo basado en la vulneración por el BCE de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.
71
En particular, alegan que el Tribunal General consideró erróneamente, tanto en el apartado 122 de la primera sentencia recurrida como en el apartado 109 de las sentencias recurridas segunda y tercera, que, para poder pronunciarse sobre el motivo basado en la vulneración del principio de proporcionalidad, le era necesario, a título preliminar, examinar el carácter suficientemente motivado de las Decisiones controvertidas respecto de la determinación del importe de la sanción impuesta. Entienden que la cuestión de la falta de motivación relativa al importe de una sanción es independiente de la apreciación del respeto de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato en el propio principio de la imposición de esa sanción. Por otra parte, las recurrentes subrayan que, en su escrito de réplica presentado ante el Tribunal General, cuestionaron expresamente el hecho mismo de que pudiera imponérseles una sanción pecuniaria administrativa, cualquiera que sea el importe fijado, ya que tal sanción no era necesaria para alcanzar los objetivos perseguidos por el Reglamento n.o 575/2013 y vulneraba el principio de igualdad de trato.
72
El BCE estima que estas alegaciones carecen de fundamento.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
73
Procede señalar de entrada que, como, mediante la argumentación desarrollada en apoyo de la primera parte de los presentes motivos de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General no haber respondido a sus alegaciones basadas en la vulneración del principio de igualdad de trato, aquella debe desestimarse por carecer totalmente de fundamento, ya que tal alegación no se formuló en primera instancia. En particular, contrariamente a lo que sugieren las recurrentes, tal alegación no figura en modo alguno en su escrito de réplica presentado ante el Tribunal General.
74
Por lo demás, por las mismas razones expuestas en los apartados 40 a 44 del presente auto, deben desestimarse las alegaciones de las recurrentes, puesto que el Tribunal General anuló las Decisiones controvertidas por insuficiencia de motivación en la medida en que se imponían a aquellas sendas sanciones pecuniarias administrativas.
75
En efecto, el Tribunal General consideró acertadamente, en el apartado 156 de la primera sentencia recurrida, en el apartado 139 de la segunda sentencia recurrida y en el apartado 141 de la tercera sentencia recurrida, que, habida cuenta de tal anulación, ya no era necesario examinar el resto de alegaciones, como la basada en la vulneración del principio de proporcionalidad, formuladas por las recurrentes para cuestionar el importe de dichas sanciones, por lo que estas alegaciones pasaron a ser inoperantes.
76
En particular, debe subrayarse a este respecto que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno cuando declaró, en los apartados 135 y 136 de la primera sentencia recurrida, en los apartados 118 y 119 de la segunda sentencia recurrida y en los apartados 122 y 123 de la tercera sentencia recurrida, que, para poder controlar si las sanciones pecuniarias administrativas impuestas mediante las Decisiones controvertidas se ajustaban al principio de proporcionalidad y a los criterios establecidos en el artículo 18, apartado 3, del Reglamento n.o 1024/2013, que exige, entre otras cosas, que la sanción sea proporcionada, era necesario que la motivación de esas Decisiones mostrara, de modo suficiente en Derecho, la metodología seguida por el BCE para determinar el importe de esas sanciones. Por lo tanto, el Tribunal General consideró acertadamente, en los apartados 121 y 122 de la primera sentencia recurrida, en los apartados 104 y 105 de la segunda sentencia recurrida y en los apartados 108 y 109 de la tercera sentencia recurrida, que, para poder examinar las críticas de las recurrentes sobre este punto, debía examinar, a título preliminar, el carácter suficientemente motivado de esas Decisiones.
77
En consecuencia, procede desestimar la primera parte del cuarto motivo de casación en el asunto C‑456/20 P y de los terceros motivos de casación en los asuntos C‑457/20 P y C‑458/20 P por ser manifiestamente infundada.
Sobre la segunda parte
– Alegaciones de las partes
78
Mediante la segunda parte de dichos motivos de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber vulnerado los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato. Así pues, sostienen que, al anular las Decisiones controvertidas en la medida en que se les había impuesto una multa de un importe determinado y al desestimar, en todo lo demás, sus pretensiones, incluidas las alegaciones en las que se impugnaba el principio mismo de esa sanción, el Tribunal General admitió, al menos implícitamente, que la citada sanción era fundada en su principio y conforme con los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato. Añaden que, de ese modo, el Tribunal General se negó, en particular, a examinar los casos de otros bancos respecto de los cuales el BCE había adoptado una interpretación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento n.o 575/2013 que era conforme con la adoptada por las recurrentes.
79
El BCE estima que estas alegaciones carecen de fundamento.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
80
Procede señalar que las alegaciones de las recurrentes se basan íntegramente en la premisa de que el Tribunal General se pronunció implícita pero necesariamente, en las sentencias recurridas, sobre la conformidad de las sanciones pecuniarias administrativas que se les impusieron en las Decisiones controvertidas respecto de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato, al haber reconocido que esas sanciones estaban fundadas «en su principio».
81
Pues bien, procede recordar que, por un lado, las recurrentes no invocaron ante el Tribunal General la vulneración del principio de igualdad de trato, como se ha señalado en el apartado 73 del presente auto, y, por otro lado, el Tribunal General anuló las Decisiones controvertidas por insuficiencia de motivación en la medida en que se imponían a aquellas sendas sanciones pecuniarias administrativas.
82
De ello se deduce que el Tribunal General no se pronunció, en las sentencias recurridas, ni sobre la vulneración del principio de igualdad de trato ni sobre la del principio de proporcionalidad, como se desprende por otra parte, explícitamente, por lo que respecta a este último principio, del apartado 156 de la primera sentencia recurrida, del apartado 139 de la segunda sentencia recurrida y del apartado 141 de la tercera sentencia recurrida.
83
En consecuencia, procede desestimar la segunda parte del cuarto motivo de casación en el asunto C‑456/20 P y de los terceros motivos de casación en los asuntos C‑457/20 P y C‑458/20 P por ser manifiestamente infundada. Por lo tanto, estos motivos de casación deben desestimarse en su totalidad.
84
Por consiguiente, de todas las consideraciones anteriores resulta que los presentes recursos de casación deben desestimarse en su totalidad por ser, en parte, manifiestamente inadmisibles y, en parte, manifiestamente infundados.
Costas
85
Con arreglo al artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, se decidirá sobre las costas en el auto que ponga fin al proceso.
86
A tenor del artículo 138, apartado 1, del mencionado Reglamento, también aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado el BCE que se condene en costas a las recurrentes y al haberse desestimado los motivos de casación de estas, procede condenarlas en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) resuelve:
1)
Desestimar los recursos de casación por ser, en parte, manifiestamente inadmisibles y, en parte, manifiestamente infundados.
2)
Condenar en costas a Crédit agricole SA, a Crédit agricole Corporate and Investment Bank y a CA Consumer Finance.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.