62021CC0613
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 22 de septiembre de 2022 (
1
)
Asunto C‑613/21 P
Parlamento Europeo
contra
Fernando Carbajo Ferrero
«Recurso de casación — Función pública — Funcionarios — Procedimiento para el nombramiento de un puesto de director — Anuncio de vacante — Desestimación de la candidatura del demandante y nombramiento de otro candidato — Irregularidad del procedimiento de selección — Error manifiesto de apreciación — Transparencia — Igualdad de trato — Desestimación de la candidatura — Recurso de anulación y de indemnización»
I. Introducción
1.
La selección de los altos funcionarios se rige por el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto de los funcionarios») (
2
) y, cuando proceda, por los instrumentos internos de la institución de que se trate. En general, el objetivo de los procesos de selección es permitir a la Administración tomar una decisión informada sobre cuál es el candidato más apto para el puesto, garantizando la transparencia del procedimiento de selección y la igualdad de trato de todos los candidatos. El presente recurso de casación, con el que el Parlamento Europeo impugna la sentencia del Tribunal General de 14 de julio de 2021, Carbajo Ferrero/Parlamento (T‑670/19, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida, EU:T:2021:435), se refiere a aspectos concretos del procedimiento de selección de los altos funcionarios de las instituciones de la Unión y, en particular, a la interrelación entre los criterios aplicados en el curso de dicho procedimiento en el análisis comparativo de los méritos de cada candidato. Se trata de una cuestión importante, pues determina el grado de facultad de apreciación de que goza la Administración durante el procedimiento de selección.
II. Antecedentes del litigio
2.
Los antecedentes del litigio fueron expuestos en los apartados 1 a 18 de la sentencia recurrida y, a efectos del presente procedimiento, pueden resumirse como se indica a continuación.
3.
El Sr. Fernando Carbajo Ferrero es un funcionario que entró al servicio del Parlamento el 21 de abril de 1986. Dentro de esta institución, desempeñó diversas funciones en los ámbitos de prensa, información, cultura y medios de comunicación.
4.
Con el fin de cubrir un puesto de director en la Dirección General de Comunicación — Dirección de Medios de Comunicación (en lo sucesivo, «director de Medios de Comunicación»), el 27 de febrero de 2018, el Parlamento publicó un anuncio de vacante con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto de los funcionarios (en lo sucesivo, «anuncio de vacante»). La fecha límite para presentar las candidaturas era el 23 de marzo de 2018. El Sr. Carbajo Ferrero respondió al anuncio de vacante el 22 de marzo de 2018.
5.
El Parlamento recibió tres candidaturas en respuesta al anuncio de vacante publicado. Sin embargo, a fin de poder efectuar la selección entre un mayor número de candidatos al puesto de director de Medios de Comunicación, el 27 de marzo de 2018 el Parlamento publicó un anuncio de traslado con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto de los funcionarios (en lo sucesivo, «anuncio de traslado»). Además, el 13 de abril de 2018, el Parlamento publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio de contratación con arreglo al artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios (DO 2018, C 132 A, p. 1) (en lo sucesivo, «anuncio de contratación»).
6.
El plazo para presentar las candidaturas, según se indicaba en el anuncio de contratación, concluía el 27 de abril de 2018. En total, se presentaron dieciséis candidaturas, tres de ellas en respuesta al anuncio de vacante, una en respuesta al anuncio de traslado y doce más en respuesta al anuncio de contratación. De estos candidatos, A presentó su candidatura en respuesta al anuncio de contratación el 26 de abril de 2018.
7.
En junio de 2018, cuando aún no había sido nombrado el director de Medios de Comunicación, se asignaron al Sr. Carbajo Ferrero, con carácter temporal, responsabilidades vinculadas a dicho puesto, a fin de asegurar la continuidad del servicio dentro de la Dirección de Medios de Comunicación.
8.
Con motivo del nombramiento de un director de Medios de Comunicación, se constituyó un comité consultivo sobre el nombramiento de altos funcionarios (en lo sucesivo, «comité consultivo») de conformidad con la decisión de la Mesa del Parlamento (en lo sucesivo, «Mesa»), de 16 de mayo de 2000, por la que se establecieron las distintas etapas del procedimiento de nombramiento de altos funcionarios, en su versión modificada por la decisión de la Mesa de 18 de febrero de 2008 (en lo sucesivo, «decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento»).
9.
En su sesión de 4 de octubre de 2018, el comité consultivo adoptó los criterios para el examen comparativo de los méritos de los candidatos (en lo sucesivo, «criterios de evaluación comparativa»). Aplicando dichos criterios, el comité consultivo elaboró una lista de candidatos y formuló una recomendación a la Mesa sobre cuáles de ellos debían ser invitados a una entrevista. La Mesa aprobó esta recomendación por unanimidad. El Sr. Carbajo Ferrero, que había respondido al anuncio de vacante; A, que lo había hecho al anuncio de contratación, y B, el único candidato que había respondido al anuncio de traslado, figuraban entre los candidatos invitados a una entrevista.
10.
Antes de reunirse con los candidatos, el comité consultivo eligió siete temas como base de las entrevistas, a fin de examinar las candidaturas y clasificar a los candidatos tras la realización de las entrevistas.
11.
Las entrevistas tuvieron lugar el 19 de noviembre de 2018.
12.
Basándose en las entrevistas mantenidas con los candidatos preseleccionados, el comité consultivo presentó a la Mesa un informe motivado para que esta decidiese. En el informe se clasificaba a los candidatos por orden de méritos, e iba acompañado de una recomendación sobre aquellos más cualificados para el puesto de director de Medios de Comunicación. La Mesa discutió el informe en una sesión celebrada el 10 de diciembre de 2018. En las actas de dicha sesión se indicó que el comité consultivo había propuesto, por orden de preferencia, a tres candidatos para cubrir la vacante, de los que A ocupaba el primer lugar, el Sr. Carbajo Ferrero el segundo y B el tercero. La Mesa, en su condición de autoridad facultada para proceder a los nombramientos, decidió seguir la recomendación del comité consultivo y seleccionó a A para el puesto en cuestión.
13.
El 11 de diciembre de 2018, el director general de la DG Comunicación informó al personal que el procedimiento de selección había concluido y agradeció al Sr. Carbajo Ferrero que hubiera asumido temporalmente las responsabilidades que le habían sido asignadas desde junio de 2018.
14.
Mediante correo electrónico de 12 de diciembre de 2018, el secretario general comunicó al Sr. Carbajo Ferrero la decisión de desestimar su candidatura y de nombrar a A para el puesto de director de Medios de Comunicación (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).
15.
El 8 de marzo de 2019, el recurrente presentó una reclamación contra la decisión impugnada, con arreglo al artículo 90, párrafo segundo, del Estatuto de los funcionarios. Dicha reclamación fue denegada.
III. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
16.
El 1 de octubre de 2019, el Sr. Carbajo Ferrero interpuso un recurso ante el Tribunal General en virtud del artículo 270 TFUE, en el que solicitaba, en primer lugar, la anulación de la decisión impugnada y, en segundo lugar, una indemnización por los daños y perjuicios que afirmaba haber sufrido.
17.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General anuló la decisión impugnada y condenó al Parlamento a pagar al recurrente, en concepto de indemnización del perjuicio material, la suma de 40000 euros.
18.
En apoyo de su recurso, el recurrente había invocado cinco motivos. En su escrito de contestación al recurso, el Parlamento había solicitado al Tribunal General que desestimase el recurso, en parte, por inadmisible y, en parte, por infundado o, con carácter subsidiario, que desestimase el recurso por infundado.
19.
En el apartado 43 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó, en primer lugar, la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Parlamento respecto al segundo motivo invocado por el Sr. Carbajo Ferrero. A continuación, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, desestimó la primera parte del segundo motivo invocado por el Sr. Carbajo Ferrero, en el que este alegaba la ilegalidad de la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento y del artículo 6 del anuncio de contratación. Asimismo, el Tribunal General desestimó, en el apartado 106 de la sentencia recurrida, el primer motivo invocado por el Sr. Carbajo Ferrero, en que alegaba el incumplimiento de la obligación de motivación.
20.
Acto seguido, el Tribunal General examinó la segunda parte del segundo motivo invocado por el Sr. Carbajo Ferrero, donde se aducía que el procedimiento de selección infringía el artículo 27 del Estatuto de los funcionarios y vulneraba los principios de seguridad jurídica, transparencia, buena administración e igualdad de trato.
21.
El Tribunal General comenzó recordando, en primer lugar, en el apartado 111 de la sentencia recurrida, que el respeto del principio de igualdad de trato en el curso del procedimiento de selección de los altos funcionarios exige que los criterios de evaluación comparativa se establezcan antes de que comience dicho procedimiento. (
3
)
22.
En segundo lugar, el Tribunal General declaró, en el apartado 112 de la sentencia recurrida, que los criterios del examen comparativo de los méritos de los candidatos no deben cambiar en el curso del procedimiento de selección, para evitar que se adapten en función de las candidaturas recibidas.
23.
En tercer lugar, en el apartado 113 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que los criterios de la evaluación comparativa se deben notificar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de modo que esta conozca la forma en que se van a valorar los méritos en la fase de preselección de candidatos para la entrevista y en la propia fase de entrevistas.
24.
En cuarto lugar, el Tribunal General declaró, en el apartado 114 de la sentencia recurrida, que, aunque la Administración goce de una amplia facultad de apreciación en cuanto a las modalidades del procedimiento de selección, corresponde a los tribunales de la Unión Europea garantizar que los candidatos reciban un trato equitativo de la Administración. (
4
)
25.
Tras estas observaciones, el Tribunal General afirmó, en el apartado 117 de la sentencia recurrida, que la evaluación de las respuestas dadas por los candidatos durante las entrevistas a las preguntas que les formuló el comité consultivo, basándose en la lista de siete temas, no tuvo en cuenta los tres criterios de evaluación comparativa establecidos en las bases de los anuncios de vacante, traslado y contratación en la primera etapa del procedimiento de selección.
26.
A continuación, en el apartado 118 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, aunque exista la posibilidad de formular preguntas a los candidatos, estas no pueden convertirse en nuevos criterios de evaluación comparativa.
27.
Además, en el apartado 123 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la Mesa, en su condición de autoridad facultada para proceder a los nombramientos, no fue informada de que los criterios de evaluación comparativa se sustituirían por los siete temas utilizados en las entrevistas.
28.
Partiendo de estas consideraciones, el Tribunal General, en el apartado 125 de la sentencia recurrida, estimó la segunda parte del segundo motivo invocado en apoyo del recurso del Sr. Carbajo Ferrero y declaró que la decisión impugnada se había adoptado siguiendo un procedimiento de selección irregular.
29.
A continuación, en el apartado 145 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó la segunda parte del tercer motivo invocado por el Sr. Carbajo Ferrero y, por consiguiente, estimó dicho motivo en su totalidad, en la medida en que en él se alegaba que la decisión impugnada adolecía de un error manifiesto de apreciación. A juicio del Tribunal General, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos seleccionó a A para el puesto sin haber sido debidamente informada de la experiencia profesional del Sr. Carbajo Ferrero.
30.
En consecuencia, en el apartado 146 de la sentencia recurrida, el Tribunal General decidió anular la decisión impugnada sin examinar los demás motivos invocados por el demandante.
31.
Por último, en los apartados 173 y 174 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó la pretensión de indemnización del demandante en cuanto al perjuicio material sufrido a causa de la decisión impugnada y condenó al Parlamento a pagarle la suma de 40000 euros.
IV. Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
32.
Mediante su recurso de casación, el Parlamento solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, devuelva el asunto al Tribunal General y reserve la decisión sobre las costas.
33.
A título subsidiario, el Parlamento solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, desestime el recurso del Sr. Carbajo Ferrero y le condene a soportar las costas del procedimiento en su totalidad.
34.
La otra parte en el procedimiento considera que el Tribunal de Justicia ha de desestimar el recurso de casación y condenar al Parlamento a soportar todas las costas del procedimiento.
V. Examen selectivo del recurso de casación
35.
En apoyo de sus pretensiones, el Parlamento invoca dos motivos de casación. Con el primero de ellos aduce errores de Derecho y la desnaturalización de los hechos respecto a la apreciación de una irregularidad en el procedimiento de selección. Con el segundo, pretende demostrar que el Tribunal General incurrió en error de Derecho y en la desnaturalización de los hechos y las pruebas respecto a la afirmación de que la decisión impugnada adolece de un error manifiesto de apreciación. Con carácter subsidiario, el Parlamento aduce que el Tribunal General incumplió el deber de motivación y vulneró el principio de proporcionalidad al no examinar las consecuencias de la anulación de la decisión impugnada.
36.
Conforme a la petición del Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se van a limitar a analizar el primer motivo de casación y el motivo formulado a título subsidiario.
A.
Primer motivo de casación: errores de Derecho y desnaturalización de los hechos respecto a la apreciación de una irregularidad en el procedimiento de selección
37.
El primer motivo de casación se divide en cuatro partes, que analizaré conjuntamente, dado que están interrelacionadas.
38.
En la primera parte del primer motivo de casación, el Parlamento alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en cuanto atañe a la interpretación de la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento, así como que los motivos en que se basó la sentencia son contradictorios. En primer lugar, el Parlamento aduce que los criterios de evaluación comparativa solo se aplican en la primera etapa del procedimiento de selección. Para el procedimiento de selección controvertido, el comité consultivo estableció tres criterios de evaluación comparativa (
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) y, posteriormente, siete temas para tratar durante las entrevistas. (
6
) Sostiene que, en consecuencia, en los apartados 118 y 119 de la sentencia recurrida, el Tribunal General criticó erróneamente al comité consultivo por alterar los criterios de evaluación comparativa en la fase de entrevistas. En segundo lugar, el Parlamento alega que la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento no requiere que el comité consultivo comunique información alguna a la Mesa en la segunda fase del procedimiento. Por lo tanto, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al censurar, en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida, que el comité consultivo no informase a la Mesa del cambio en los criterios de la evaluación comparativa en la fase de entrevistas. En tercer lugar, respecto a este error de Derecho, el Parlamento afirma que el razonamiento formulado en la sentencia recurrida es contradictorio.
39.
Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, el Parlamento alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar y aplicar el principio de igualdad de trato. En primer lugar, el Parlamento rebate la pertinencia de la sentencia Booss y Fischer/Comisión, (
7
) a la que se remitió el Tribunal General al considerar, en los apartados 111 y 112 de la sentencia recurrida, que los criterios de evaluación comparativa no deben cambiar en el curso del procedimiento de selección. Asimismo, el Parlamento aduce que una prohibición general de alterar los criterios de evaluación comparativa en el curso del procedimiento de selección no es compatible con el artículo 5, párrafos primero y tercero, del anexo III del Estatuto de los funcionarios. En segundo lugar, el Parlamento alega que el Tribunal General no examinó si los temas tratados en la entrevista guardaban relación con las condiciones establecidas en el anuncio de contratación ni si se otorgaba a algunos candidatos una ventaja sobre los demás.
40.
En la tercera parte del primer motivo de casación, el Parlamento se opone a la interpretación y la aplicación que el Tribunal General hace del principio de transparencia. Critica la conclusión extraída por el Tribunal General, en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida, de que el comité consultivo no informó a la Mesa del cambio en los criterios de la evaluación comparativa en la fase de entrevistas. Además, el Parlamento alega que el Tribunal General resolvió ultra petita, dado que la vulneración del principio de transparencia alegado por el demandante se refería a los candidatos, y no a la Mesa.
41.
Mediante la cuarta parte del primer motivo de casación, el Parlamento reprocha al Tribunal General que desnaturalizase los hechos. Critica la apreciación que el Tribunal General hace, en el apartado 119 de la sentencia recurrida, según la cual la clasificación por los méritos no podía basarse «únicamente» en las respuestas que los candidatos dieron sobre los siete temas tratados durante la entrevista. Alega que, aunque los criterios de evaluación comparativa no se utilizasen en la segunda etapa del procedimiento, la información de que dispone el Tribunal de Justicia no contiene ningún elemento que sugiera que dichos criterios no se tuviesen en cuenta a efectos de la clasificación de los candidatos por sus méritos.
42.
En su respuesta, en relación con la interpretación que el Tribunal General hace de la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento, el Sr. Carbajo Ferrero alega que, si bien la Administración goza de una amplia facultad de apreciación en cuanto a las modalidades del procedimiento de selección, debe respetar el principio de igualdad de trato de todos los candidatos. A su parecer, dicha decisión no permite la aplicación de diferentes criterios de evaluación comparativa en cada etapa del procedimiento. Respecto al principio de transparencia, observa que el artículo 4, letra c), de dicha decisión exige que el comité consultivo informe a la Mesa de los criterios de evaluación comparativa. En consecuencia, sostiene que no procede acoger la postura del Parlamento según la cual dicha decisión no impone la obligación de informar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en caso de cambio en dichos criterios durante el procedimiento.
43.
Respecto a la interpretación del principio de igualdad de trato, el Sr. Carbajo Ferrero aduce que el Tribunal General actuó fundadamente al remitirse, en el apartado 111 de la sentencia recurrida, a la sentencia Booss y Fischer/Comisión. (
8
) En cambio, considera que las sentencias Mavridis/Parlamento (
9
) y Verros/Parlamento, (
10
) citadas por el Parlamento en su recurso de casación, carecen de pertinencia. Asimismo, aduce que la interpretación del Tribunal General no es contraria al anexo III del Estatuto de los funcionarios. Por último, el Sr. Carbajo Ferrero alega que el Parlamento no aludió ante el Tribunal General a la cuestión de si los nuevos criterios de evaluación comparativa adoptados en la fase de entrevistas podían favorecer a ciertos candidatos.
44.
Respecto a la interpretación del principio de transparencia, el Sr. Carbajo Ferrero señala que en su recurso interpuesto ante el Tribunal General formuló un motivo referido a la supuesta infracción del principio de buena administración, por lo que el Tribunal General no resolvió ultra petita.
45.
En cuanto concierne a la alegación referida a la desnaturalización de los hechos, el Sr. Carbajo Ferrero considera que es infundada. A este respecto, aduce que de las actas de la sesión de 10 de diciembre de 2018 se deduce que el comité consultivo propuso el nombramiento de tres candidatos al puesto en cuestión «por orden de preferencia», y no «en función de si reunían las habilidades y competencias necesarias para el puesto».
46.
La controversia entre las partes gira en torno a la cuestión de si el Tribunal General interpretó correctamente la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento cuando declaró, en el apartado 112 de la sentencia recurrida, que los criterios de evaluación comparativa no debían sufrir modificaciones en el curso del procedimiento de selección. El punto de partida del análisis de esta cuestión viene dado por el tenor de los artículos 4 y 5 de la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento con respecto a los puestos de alto nivel. (
11
) La primera etapa consiste en que el comité consultivo, sobre la base del anuncio de vacante, (
12
) establezca los criterios de evaluación comparativa. La segunda consiste en el análisis comparativo de los méritos de cada candidato por parte del comité consultivo y en la elaboración, por este mismo comité, de la lista de candidatos que recomienda que sean invitados a la entrevista. La tercera la constituye la notificación a la Mesa, en su condición de autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de la lista elaborada por el comité consultivo y de los criterios de evaluación comparativa adoptados por este. La cuarta consiste en la adopción por la Mesa de la lista de candidatos invitados a la entrevista. La quinta consiste en que el comité consultivo lleve a cabo dichas entrevistas y elabore el informe correspondiente. La sexta es la notificación de este informe por el secretario general, junto con una recomendación, al presidente del Parlamento y a la Mesa. La séptima y última etapa del procedimiento consiste en que la Mesa adopte una decisión respecto al candidato elegido, a propuesta del presidente.
47.
El Parlamento alega que del tenor de dicha decisión se desprende que el procedimiento de selección de los altos funcionarios consta esencialmente de dos etapas. La primera de ellas es el análisis comparativo de los méritos de los candidatos y la aprobación de la lista de candidatos a los que la Mesa ha de invitar a una entrevista. La segunda consiste en mantener entrevistas con los candidatos incluidos en dicha lista. A juicio del Parlamento, los criterios de evaluación comparativa solo se aplican en la primera etapa del procedimiento, mientras que en la segunda nada exige que se apliquen los mismos criterios o, dicho de otra manera, nada prohíbe que se utilicen nuevos criterios para la entrevista. Por lo tanto, a su parecer, el Tribunal General concluyó erróneamente que el procedimiento de selección adolecía de una irregularidad.
48.
A este respecto, cabe señalar que la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento está constituida por una secuencia de etapas, que se describe en el punto 46 de las presentes conclusiones. Dicha decisión no divide estas etapas en fases específicas o separadas. Por el contrario, todas ellas están interrelacionadas y, en su conjunto, conforman un único procedimiento de selección que se establece en el anuncio de vacante (o, en su caso, en el anuncio de contratación). El objetivo último de estas fases es el mismo en cada procedimiento de selección. En concreto, el artículo 27, apartado 1, del Estatuto de los funcionarios dispone que el reclutamiento tendrá como objetivo garantizar a la institución los servicios de funcionarios que posean las más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad, seleccionados según una base geográfica lo más amplia posible entre los nacionales de los Estados. (
13
)
49.
Un examen detenido de las etapas del procedimiento demuestra que la primera de ellas es la base de todo el procedimiento que culmina con la elección del candidato más apto para el puesto. En efecto, en esta primera fase, el comité consultivo establece los criterios de evaluación comparativa basándose en el anuncio de vacante (o, en su caso, en el anuncio de contratación). El anuncio de vacante y los criterios de evaluación comparativa son elementos imprescindibles para que la Mesa apruebe la lista de candidatos a los que se ha de invitar a la entrevista, que solo se lleva a cabo una vez que la Mesa ha aprobado la lista de candidatos sobre la base de los mencionados criterios. Existe claramente un vínculo entre la preselección de los candidatos y sus respectivas entrevistas. Si estas etapas están interrelacionadas, también han de estarlo los criterios de evaluación aplicados en cada una de ellas. Por tanto, a mi parecer, el Parlamento traza una división artificial entre las distintas etapas del procedimiento de selección.
50.
En contra de lo alegado por el Parlamento, la concepción del procedimiento de selección como un continuo no hace superfluas las entrevistas a los candidatos ni priva a la Administración de un método de organización del procedimiento de selección. La Administración goza de una amplia facultad de apreciación respecto a los métodos empleados durante las distintas etapas del procedimiento de selección para evaluar los méritos de los candidatos, muy en particular con respecto a los puestos de alto nivel. Nadie cuestiona que el comité consultivo puede formular las preguntas que considere necesarias al entrevistar a los candidatos, y también estructurar dichas preguntas en distintos ámbitos temáticos. No se puede reprochar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos que pregunte a este tipo de candidatos, por ejemplo, sobre su concepción del puesto (
14
) o su idea de la dirección en que se encuadra, cuando trata de proveer tales puestos de alto nivel.
51.
No obstante, procede recordar, por un lado, que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, aunque la autoridad facultada para proceder a los nombramientos dispone de una amplia facultad de apreciación para comparar los méritos de los candidatos, y puede ejercerla fundamentalmente con vistas al puesto a cubrir, está obligada a hacerlo en el marco que ella misma se ha impuesto mediante la convocatoria de vacante. (
15
) Además, la amplia facultad de apreciación de la Administración debe ejercerse teniendo en cuenta todas las normas aplicables, incluidas, en su caso, las normas de procedimiento que ella misma haya adoptado. (
16
) En el presente asunto, el acto pertinente es la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento.
52.
Por otro lado, todos los temas tratados en la entrevista deben derivarse de los criterios de evaluación comparativa. En otras palabras, dichos temas no han de alterar los criterios originales, sino que deben guiar al comité consultivo durante la entrevista para valorar la aptitud de los candidatos respecto a cada uno de los criterios. En consecuencia, el Tribunal General señaló fundadamente, en el apartado 118 de la sentencia recurrida, que las preguntas formuladas en la entrevista no podían convertirse en «nuevos criterios» para la evaluación comparativa de los méritos de los candidatos adoptados durante el proceso de selección, una vez realizada la preselección de aquellos a los que procedía invitar a la entrevista.
53.
El Tribunal General actuó correctamente al orientarse a este respecto por la sentencia Booss y Fischer/Comisión, (
17
) la cual, a su vez, se basó en las sentencias Culin/Comisión (
18
) y Grassi/Consejo. (
19
) Partiendo de dicha jurisprudencia, el Tribunal General declaró, en los apartados 111 y 112 de la sentencia recurrida, que el principio de igualdad de trato de los candidatos exige que los criterios de evaluación comparativa se establezcan antes de comenzar el procedimiento de selección y que dichos criterios no se han de adaptar ni modificar en el curso del procedimiento.
54.
El Parlamento cuestiona la pertinencia de dicha jurisprudencia, alegando que versaba sobre una convocatoria para proveer una plaza vacante con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto de los funcionarios, mientras que en el presente asunto la Mesa decidió ampliar sus posibilidades de elección y publicó un anuncio de contratación sobre la base del apartado 2 de ese mismo artículo. El Parlamento alega que dicha disposición establece un procedimiento especial dentro del cual la autoridad facultada para proceder a los nombramientos pueda aplicar, en el curso del procedimiento, criterios que no hayan sido mencionados en la convocatoria. A este respecto se remite a las sentencias Mavridis/Parlamento (
20
) y Verros/Parlamento. (
21
)
55.
A mi parecer, estas dos últimas sentencias no apoyan la conclusión a la que llega el Parlamento, en el sentido de que durante el curso del procedimiento es posible modificar los criterios de evaluación comparativa. De dicha jurisprudencia se deduce que, en el marco del procedimiento especial previsto en el artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no está obligada a aplicar las disposiciones de su anexo III, relativo a las convocatorias de concurso. En consecuencia, en el curso del procedimiento puede aplicar criterios que no estén expresamente mencionados en el anuncio de vacante, y esto es igualmente válido para un comité de selección en el cual la autoridad haya delegado su facultad de selección.
56.
Sin embargo, en el presente asunto, el Tribunal General no ha reprochado al comité consultivo que ejerciese su facultad de establecer criterios de evaluación comparativa. (
22
) Tampoco ha criticado el establecimiento de temas que sirvan de guía al comité consultivo durante la entrevista. Dado que el Parlamento decidió aplicar la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento, el comité consultivo estaba obligado a establecer los criterios basándose exclusivamente en el tenor del anuncio de contratación. Además, cualesquiera temas elegidos para mantener las entrevistas habían de obtener su «legitimidad» de dichos criterios y, en último término, del anuncio de contratación. En el marco del procedimiento de selección controvertido, que se rige por el artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios y por las normas de conducta internas, el anuncio de contratación define los límites externos de todo el procedimiento de selección, y los criterios son la expresión concreta de estos límites. En consecuencia, ningún tema elegido para ser tratado en la entrevista puede ser totalmente ajeno a los criterios de evaluación comparativa fijados al inicio del procedimiento de selección, ya que tales temas son una ampliación o concreción de esos criterios. Corresponde al comité consultivo establecer la necesaria conexión entre los criterios y los temas tratados en la entrevista.
57.
Así pues, considero que el Tribunal General declaró fundadamente, en el apartado 119 de la sentencia recurrida, que la clasificación de los candidatos por orden de méritos no podía basarse solamente en las respuestas dadas sobre los siete temas tratados en la entrevista, pues de este modo no se satisfaría la exigencia de que los criterios de evaluación comparativa no varíen en el curso del procedimiento de selección.
58.
Respecto a la alegación del Parlamento según la cual el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida, que el procedimiento de selección fue irregular porque el comité consultivo no había informado a la Mesa del cambio en los criterios de selección, debo señalar que este argumento se basa en una premisa incorrecta. Como ya he expuesto, dicha premisa incorrecta es que los criterios de evaluación comparativa pueden modificarse durante el procedimiento de selección. El comité consultivo puede elegir preguntas que se deriven de los criterios establecidos en la primera etapa del procedimiento. Posteriormente, en su informe presentado a la Mesa, el comité consultivo debe aclarar por qué las respuestas a las preguntas demuestran la aptitud de los candidatos teniendo debidamente en cuenta dichos criterios.
59.
Además, el Parlamento alega erróneamente que el Tribunal General resolvió ultra petita, en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida, con respecto a la vulneración del principio de transparencia. El Tribunal General consideró que este principio había sido vulnerado en cuanto al incumplimiento del deber de informar a la Mesa de los temas de discusión en la entrevista y de la relación entre estos temas y los criterios de evaluación comparativa.
60.
En consecuencia, procede desestimar la alegación del Parlamento según la cual el Tribunal General incurrió en error de Derecho en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida.
61.
Tampoco me convence la alegación formulada por Parlamento que tilda de contradictoria la motivación de la sentencia recurrida en dichos apartados. Considero que esta crítica se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida. En los apartados 66 a 73 de dicha sentencia, el Tribunal General declaró que las instituciones gozan de una amplia facultad de apreciación al adoptar normas internas que regulen el procedimiento de selección de candidatos para puestos de alto nivel y que la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento constituye un amplio marco para el procedimiento de selección. En consecuencia, el Tribunal General declaró que no era oportuno establecer los criterios de evaluación comparativa en el cuerpo de dicha decisión. Al inicio de su razonamiento, el Tribunal General no entró a valorar la coherencia de los criterios aplicados a lo largo del procedimiento de selección ni de la obligación de informar a la Mesa. Por tanto, cuando en el apartado 74 de la sentencia recurrida desestimó la excepción de ilegalidad de la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento, no puso en entredicho la apreciación formulada en los puntos 120 a 124 de la sentencia recurrida acerca de la irregularidad del procedimiento seguido en el curso del procedimiento de selección concreto.
62.
A continuación, el Parlamento critica que el Tribunal General llegase a la conclusión de que existía una vulneración del principio de igualdad de trato sin examinar si los temas tratados en las entrevistas guardaban relación con las condiciones definidas en el anuncio de contratación. (
23
) A este respecto, debo señalar que el Parlamento no ha intentado establecer un vínculo entre los temas tratados en la entrevista, los criterios establecidos al inicio del procedimiento y el anuncio de contratación. Por ejemplo, el Parlamento no ha alegado que los temas utilizados en la fase de entrevistas fuesen la concreción de los criterios establecidos en la primera etapa y del anuncio de contratación. Por el contrario, lo que alega en su recurso de casación es que en la fase de entrevistas el comité consultivo ya no se encontraba vinculado por los criterios por él inicialmente establecidos. En consecuencia, el Parlamento yerra al afirmar que el Tribunal General debió haber examinado la existencia de una conexión que el propio Parlamento considera innecesaria.
63.
Considero que el Tribunal General declaró fundadamente, en el apartado 112 de la sentencia recurrida, que el cambio en los criterios de evaluación comparativa durante el procedimiento de selección entraña el riesgo de que estos criterios se adapten en atención a los candidatos al puesto. En esencia, el Parlamento alega que ese riesgo es insuficiente y que el Tribunal General debió haber examinado si los temas elegidos para la entrevista favorecían a algún candidato. En apoyo de su argumento, el Parlamento se remite a las sentencias Vlachou/Tribunal de Cuentas (
24
) y Caturla-Poch y de la Fuente Pascual/Parlamento. (
25
) De ambas sentencias se deduce que el sistema o método aplicado para valorar la cualificación de los candidatos no ha de ser objetivamente de tal naturaleza que trate favorablemente a algunos de ellos y desfavorablemente a otros. (
26
) Sin embargo, a mi parecer, la citada jurisprudencia no permite concluir que la apreciación de una infracción del principio de igualdad de trato en un procedimiento de selección requiera, en cada caso específico, el examen de si algunos candidatos han sido tratados favorablemente y otros desfavorablemente. Es más, la situación del presente asunto plantea una cuestión diferente, a saber, la de la relación entre los criterios y los temas tratados en la entrevista, elegidos con el fin de seleccionar al candidato más apto.
64.
Por último, soy del parecer de que la alegación del Parlamento en el sentido de que el Tribunal General distorsionó los hechos cuando, en el apartado 119 de la sentencia recurrida, declaró que la clasificación de los candidatos por orden de méritos no podía basarse únicamente en las respuestas dadas por estos sobre los siete temas tratados en la entrevista se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida. En primer lugar, el uso del término «únicamente» (en francés, «uniquement») se puede explicar por la apreciación, en el apartado 118 de la sentencia recurrida, de que las preguntas formuladas en la entrevista no debían convertirse en nuevos criterios de evaluación comparativa. Asimismo, se puede explicar por la apreciación, que figura en el apartado 123 de la sentencia recurrida, de que los criterios de evaluación comparativa no se utilizaron en la entrevista. En segundo lugar, incumbe al Parlamento demostrar que los criterios y los temas utilizados a lo largo del procedimiento estaban vinculados entre sí y fueron tenidos en cuenta en su conjunto por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.
65.
Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el primer motivo de casación.
B.
Motivo de casación subsidiario: error de Derecho al interpretar el principio de proporcionalidad respecto a las consecuencias de la anulación de la decisión impugnada
66.
A título subsidiario, el Parlamento alega que la anulación de la decisión de nombramiento de A para el puesto de director de Medios de Comunicación adolece de un error de Derecho consistente en la falta de motivación y en la vulneración del principio de proporcionalidad. Afirma que el Tribunal General anuló una decisión adoptada en beneficio de un tercero, a saber, A. Remitiéndose a la sentencia del Tribunal General en el asunto Spadafora/Comisión, (
27
) el Parlamento alega que el Tribunal General debió haber examinado, ponderando todos los intereses contrapuestos, si la sanción de anulación era excesiva.
67.
El Sr. Carbajo Ferrero observa que A no puede invocar el principio de protección de la confianza legítima habida cuenta de que la decisión de su nombramiento para el puesto controvertido fue impugnada y alega que, en cualquier caso, la anulación de la decisión no fue una penalización excesiva respecto a la irregularidad en cuestión.
68.
A mi entender, el Parlamento sostiene fundadamente que el Tribunal General, en el apartado 146 de la sentencia recurrida, anuló la decisión impugnada sin examinar si tal anulación era proporcionada. La sentencia del Tribunal General en el asunto Spadafora/Comisión (
28
) inicia una línea argumental que resulta sin duda pertinente para el presente litigio. En ella se declaró que, en principio, se ha de restablecer a la parte demandante en la situación en que se encontraba antes de que se produjese la irregularidad en el procedimiento de selección. Sin embargo, cuando este restablecimiento implica la anulación de actos de los que son destinatarios terceros y que son favorables a estos, procede examinar si la anulación no constituye una sanción excesiva respecto a la irregularidad de que se trate. En este contexto, es necesario tener en cuenta la naturaleza de la ilicitud cometida, el interés del recurrente, los intereses de terceros y el interés del servicio.
69.
En el presente asunto, es obvio que la anulación de la decisión impugnada puede afectar a A, que fue elegido o elegida para el puesto. En tales circunstancias, la anulación de su nombramiento requiere examinar previamente la proporcionalidad de la medida, lo que implica la ponderación de todos los intereses afectados. En consecuencia, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 146 de la sentencia recurrida, que procedía anular la decisión impugnada sin efectuar tal ponderación.
70.
Ha de recordarse, no obstante, que, aunque los fundamentos de Derecho de una sentencia del Tribunal General revelen una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal infracción no puede dar lugar a la anulación de dicha sentencia y debe llevarse a cabo una sustitución de fundamentos de Derecho. (
29
)
71.
Así ocurre en este caso. En efecto, la ponderación de todos los intereses afectados debería conducir a la anulación de la decisión impugnada, sin perjuicio de la obligación de la Administración de buscar una solución equitativa para A. En concreto, el procedimiento de selección está viciado por una irregularidad significativa. Como ya he expuesto al analizar el primer motivo de casación, el comité consultivo no debía modificar los criterios de evaluación comparativa durante el curso del procedimiento de selección. En cuanto al Sr. Carbajo Ferrero, su interés reside en la anulación de la decisión impugnada, a fin de que pueda obtener un beneficio de su recurso. En cuanto a la Administración, no veo perjuicio alguno para el interés del servicio. La anulación de la decisión impugnada no constituye una sustitución de la valoración de la Administración en cuanto al candidato que ha de cubrir el puesto. El Parlamento habrá de reiniciar el procedimiento omitiendo las irregularidades apreciadas en la sentencia recurrida. Al final de este nuevo procedimiento de selección, podrá elegir libremente al candidato más apto para el puesto de que se trata. Respecto a A, su situación es diferente. La anulación de la decisión impugnada genera para A un riesgo de que pierda el puesto para el que fue elegido o elegida. Además, A no es responsable de esta irregularidad. Aunque, como afirma el Sr. Carbajo Ferrero, A no pudiera ignorar que su nombramiento no era definitivo mientras hubiese un recurso pendiente ante el Tribunal General contra la decisión de su nombramiento, ello no cambia el hecho de que A no hizo nada incorrecto.
72.
Sin embargo, que los intereses de A se vean afectados no significa que el Tribunal de Justicia deba abstenerse de confirmar la anulación de la decisión impugnada en atención a la irregularidad apreciada. No obstante, la Administración está obligada a buscar una solución equitativa a la situación en lo que respecta al tercero afectado. Concretamente, si al final del nuevo procedimiento de selección se elige a otra persona para el puesto, el Parlamento habrá de salvaguardar los intereses de A.
73.
Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, considero que procede desestimar el motivo de casación invocado con carácter subsidiario por inoperante.
VI. Conclusión
74.
Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el primer motivo de casación y el motivo de casación invocado con carácter subsidiario.
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	Reglamento n.o 31 (CEE) 11 (CEEA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 1962, P. 45, p. 1385; EE 01/01, p. 19).
(
3
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 1993, Booss y Fischer/Comisión (T‑58/91, EU:T:1993:15), apartado 67.
(
4
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de marzo de 2008, Giannini/Comisión (T‑100/04, EU:T:2008:68), apartados 132 y 133 y jurisprudencia citada.
(
5
)	Los criterios eran los siguientes: «1) la experiencia específica en los ámbitos mencionados en la convocatoria de vacante o en el anuncio de contratación: dirección de una gran unidad en el ámbito de los medios de comunicación, prensa y telecomunicaciones; 2) administración o gestión: experiencia en gestión (en campos como derechos humanos, gerencia, presupuesto, finanzas, etc.); 3) experiencia internacional: experiencia de trabajo en un entorno de la Unión y/o internacional» (traducción libre del francés de las observaciones del recurrente).
(
6
)	Los temas eran los siguientes: «1) Motivos para postularse para el puesto y planteamiento estratégico y plan de trabajo para la Dirección; 2) Cómo garantizar que todos los canales de comunicación se utilicen para transmitir un mensaje coherente, en consonancia con el Marco de Ejecución Estratégica; 3) Prioridades de comunicación para el siguiente año electoral; 4) Cómo incrementar la repercusión de las visitas de alto nivel, los proyectos legislativos importantes y los plenos del Parlamento desde un punto de vista mediático; 5) Promoción de la política de igualdad de género; 6) Los problemas de interrumpir las actividades y la determinación de las prioridades negativas; 7) Cómo aprovechar las oportunidades de promocionar los puestos AST a puestos AD en un contexto de funciones de alto nivel y escasez de recursos» (traducción libre del francés de las observaciones del recurrente).
(
7
)	Sentencia de 3 de marzo de 1993, Booss y Fischer/Comisión (T‑58/91, EU:T:1993:15).
(
8
)	Sentencia de 3 de marzo de 1993, Booss y Fischer/Comisión (T‑58/91, EU:T:1993:15).
(
9
)	Sentencia de 19 de mayo de 1983, Mavridis/Parlamento (289/81, EU:C:1983:142).
(
10
)	Sentencia de 19 de mayo de 1983, Verros/Parlamento (306/81, EU:C:1983:143).
(
11
)	El texto de esta decisión se cita en el apartado 47 de la sentencia recurrida.
(
12
)	El texto de la decisión por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento solo hace referencia al anuncio de vacante. Sin embargo, en el presente asunto, según se desprende del apartado 50 de la sentencia recurrida, la decisión también era aplicable al procedimiento seguido sobre la base del anuncio de contratación.
(
13
)	Véase el apartado 67 de la sentencia recurrida.
(
14
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 1990, Kalavros/Tribunal de Justicia (T‑160/89 y T‑161/89, EU:T:1990:86), apartado 37.
(
15
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión (C‑343/87, EU:C:1990:49), apartado 19.
(
16
)	Véase la sentencia de 28 de septiembre de 2017, Hristov/Comisión y EMA (T‑495/16 RENV I y T‑495/16 RENV II, no publicada, EU:T:2017:676), apartado 139 y jurisprudencia citada.
(
17
)	Sentencia de 3 de marzo de 1993, Booss y Fischer/Comisión (T‑58/91, EU:T:1993:15), apartado 67.
(
18
)	Sentencia de 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión (C‑343/87, EU:C:1990:49), apartado 19.
(
19
)	Sentencia de 30 de octubre de 1974, Grassi/Consejo (188/73, EU:C:1974:112).
(
20
)	Sentencia de 19 de mayo de 1983, Mavridis/Parlamento (289/81, EU:C:1983:142), apartado 16.
(
21
)	Sentencia de 19 de mayo de 1983, Verros/Parlamento (306/81, EU:C:1983:143), apartado 16.
(
22
)	Por el contrario, en el apartado 69 de la sentencia recurrida, el Tribunal General confirmó la amplia facultad de apreciación de las instituciones en el procedimiento de selección basado en el artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios.
(
23
)	El Parlamento cita una serie de puntos de su escrito de contestación y de su escrito de dúplica en primera instancia. Sin embargo, en esos puntos no trata de establecer una conexión entre los diversos criterios y los temas en el curso del procedimiento de selección. El escrito de dúplica contiene un argumento que podría ser pertinente, mediante el que el Parlamento manifiesta que la «experiencia profesional» puede asociarse a varios elementos mencionados en los puntos 4 y 5 del anuncio de contratación. No obstante, en sus escritos no abunda en este argumento ni alega que los temas tratados en la entrevista estuviesen conectados con los criterios establecidos al inicio del procedimiento de selección.
(
24
)	Sentencia de 6 de febrero de 1986, Vlachou/Tribunal de Cuentas (143/84, EU:C:1986:55).
(
25
)	Sentencia de 13 de julio de 1989, Caturla-Poch y de la Fuente Pascual/Parlamento (361/87 y 362/87, EU:C:1989:317).
(
26
)	Sentencia de 6 de febrero de 1986, Vlachou/Tribunal de Cuentas (143/84, EU:C:1986:55), apartados 17 y 19.
(
27
)	Sentencia de 5 de diciembre de 2017, Spadafora/Comisión (T‑250/16 P, no publicada, EU:T:2017:866), apartado 110.
(
28
)	Ibidem.
(
29
)	Sentencia de 10 de febrero de 2021, RFA International/Comisión (C‑56/19 P, EU:C:2021:102), apartado 61.