62011CC0492_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
I. Introducción
1. La petición de decisión prejudicial que ha dado lugar al presente procedimiento tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. (2)
2. El trasfondo de las cuestiones prejudiciales son las disposiciones italianas adoptadas para transponer esta Directiva, (3) que prescribían un procedimiento de mediación para determinados litigios civiles. Según la normativa italiana, el intento de mediación era en esos casos condición necesaria para la admisibilidad de una posterior demanda. Asimismo, la normativa italiana incluía disposiciones relativas a los efectos del procedimiento de mediación sobre el procedimiento judicial posterior. Por ejemplo, el juez podía inferir prueba en contra de la parte que no hubiera participado en el procedimiento de mediación obligatorio.
3. El órgano jurisdiccional remitente se planteó si tal régimen es compatible con el Derecho de la Unión y, en concreto, con la Directiva sobre mediación.
4. No obstante, tras concluir la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional italiano dictó una sentencia mediante la que se declararon inconstitucionales numerosas disposiciones del DL 28/2010, entre ellas la disposición que obligaba a tramitar un procedimiento de mediación. Por tanto, procede cuestionarse si la petición de decisión prejudicial ha quedado sin objeto.
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
5. La normativa de la Unión aplicable al caso de autos es la Directiva 2008/52. Su ámbito de aplicación se determina en el artículo 1, que, entre otras cosas, dispone:
«1. El objetivo de la presente Directiva es facilitar el acceso a modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial.
[...]»
6. El artículo 3 de la Directiva sobre mediación se titula «Definiciones» y dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) “mediación”: un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador. Este procedimiento puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro. Incluye la mediación llevada a cabo por un juez que no sea responsable de ningún procedimiento judicial vinculado a dicho litigio. No incluye las gestiones para resolver el litigio que el órgano jurisdiccional o el juez competentes para conocer de él realicen en el curso del proceso judicial referente a ese litigio;
[…]».
B. Normativa italiana
7. La Directiva sobre mediación se transpuso en la legislación italiana mediante el DL 28/2010. (4) El artículo 5 de este Decreto dispone que, en determinados casos, el procedimiento de mediación constituye un requisito de admisibilidad de la demanda. El apartado 1 reza:
«Quien desee ejercitar en juicio una acción relativa a una controversia en materia de copropiedad, derechos reales, proindivisos, sucesión hereditaria, pactos de familia, alquiler, comodato, arrendamiento de empresa, indemnización por daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos y embarcaciones, por responsabilidad médica y por difamación a través de la prensa u otro medio de publicidad, contratos de seguros, bancarios y financieros estará obligado, con carácter preliminar, a interponer un procedimiento de mediación de conformidad con lo dispuesto en este Decreto [...]. El intento de mediación constituye un requisito para la admisibilidad de la demanda judicial. [...] Si el juez advirtiere que la mediación se ha iniciado pero no concluido, fijará la fecha para la siguiente vista después de transcurrido el plazo señalado en el artículo 6. Deberá proceder de igual modo cuando no se haya intentado la mediación, concediendo a las partes un plazo de quince días para que presenten la solicitud de mediación. [...]»
8. El artículo 6 del DL 28/2010 regula la duración del procedimiento de mediación y dispone:
«1. El procedimiento de mediación no podrá prolongarse más de cuatro meses.
[...]»
9. El artículo 8 contiene normas sobre el desarrollo del procedimiento y, en su apartado 5, prevé cuanto sigue:
«5. En caso de no participación en el procedimiento de mediación sin causa justificada, el juez podrá inferir elementos de prueba en el subsiguiente litigio con arreglo al artículo 116, apartado 2, del codice di procedura civile (código procesal civil). En los supuestos previstos en el artículo 5, el juez condenará a la parte que no hubiera participado en el procedimiento sin causa justificada a pagar a favor del Tesoro público una cantidad por importe equivalente a la tasa unificada adeudada por el procedimiento judicial».
10. El artículo 11 se refiere a la solución de conflictos en el marco de la mediación y dispone:
«1. Si se alcanzara un acuerdo amistoso, el mediador levantará acta a la que se adjuntará el texto del acuerdo. Cuando no se llegue a un acuerdo, el mediador podrá formular una propuesta de conciliación. En todo caso, el mediador formulará una propuesta de conciliación cuando las partes se lo soliciten conjuntamente en cualquier fase del procedimiento. Antes de formular su propuesta, el mediador informará a las partes de las eventuales consecuencias previstas en el artículo 13.
2. La propuesta de conciliación se comunicará a las partes por escrito. Las partes comunicarán al mediador por escrito su acuerdo o rechazo dentro de los siete días siguientes. De no comunicar su respuesta en el plazo previsto se entenderá que la propuesta ha sido rechazada. Salvo que las partes acuerden otra cosa, la propuesta no podrá contener ningún tipo de referencia a las declaraciones efectuadas o a la información obtenida durante el procedimiento.
[…]
4. Si la conciliación no tuviera éxito, el mediador levantará acta en la que se indicará la propuesta; dicha acta se firmará por las partes y por el mediador, quien certificará la firma de las partes o su imposibilidad para firmar. En el acta, el mediador dará fe de la no participación de una de las partes en el procedimiento de mediación.
5. El acta se presentará en la secretaría del organismo y se emitirá una copia de la misma para las partes que lo soliciten».
11. El artículo 13 dispone cuanto sigue sobre las costas del procedimiento de mediación:
«1. Cuando la resolución que ponga fin al litigio se corresponda íntegramente con el contenido de la propuesta, el juez denegará el reembolso de las costas soportadas por la parte vencedora que haya rechazado la propuesta, correspondientes al período posterior a la formulación de tal propuesta, y la condenará al reembolso de las costas soportadas por la parte perdedora durante ese mismo período, así como a pagar a favor del Tesoro público una cantidad adicional por importe equivalente a la tasa unificada adeudada. Resultarán aplicables los artículos 92 y 96 del codice di procedura civile. Lo dispuesto en este apartado se aplicará asimismo a las costas derivadas de la compensación al mediador y de la retribución del perito según lo previsto en el artículo 8, apartado 4.
2. Cuando la resolución que ponga fin al litigio no se corresponda íntegramente con el contenido de la propuesta, el juez, cuando concurran motivos graves y excepcionales, también podrá denegar el reembolso de las costas soportadas por la parte vencedora por la compensación al mediador y la retribución del perito según lo previsto en el artículo 8, apartado 4. [...]»
C. Sentencia del Tribunal Constitucional italiano
12. El 24 de octubre de 2012 el Tribunal Constitucional italiano dictó la sentencia nº 272/2012, mediante la que se declararon inconstitucionales partes del DL 28/2010, en concreto el artículo 5, apartado 1, el artículo 8, apartado 5, y el artículo 13 (con excepción de la remisión que efectúa dicho precepto a los artículos 92 y 96 del codice di procedura civile, la cual, no obstante, carece de relevancia para el presente procedimiento).
III. Hechos y cuestiones prejudiciales
13. El procedimiento principal trata de una demanda de indemnización por daños y perjuicios derivada de un hecho ilícito. El vehículo del Sr. Ciro Di Donna resultó dañado por una carretilla elevadora propiedad de la mercantil SIMSA srl (5) en las instalaciones de esta última. SIMSA no discute ni el siniestro ni su responsabilidad, pero considera que su compañía de seguros debería cubrir los daños, por lo que hasta la fecha no ha realizado ningún pago al Sr. Di Donna. Al no poder recurrir directamente contra la compañía de seguros, el Sr. Di Donna presentó una demanda de reclamación de cantidad contra SIMSA. Ésta solicitó el aplazamiento de la primera vista oral para requerir la intervención en el litigio de su compañía de seguros.
14. El órgano jurisdiccional remitente expone que, según el artículo 5, apartado 1, del DL 28/2010, antes de la citación de comparecencia debe celebrarse un procedimiento de mediación entre SIMSA y la compañía de seguros. Por consiguiente, se planteó la cuestión relativa a los plazos que han de observarse para señalar la primera vista oral, si únicamente el plazo de 45 días previsto en el Derecho procesal civil italiano para las citaciones de comparecencia o, adicionalmente, también el plazo de cuatro meses contemplado en el artículo 6, apartado 1, del DL 28/2010 como duración máxima del procedimiento de mediación.
15. Las partes protestaron ante la excesiva prolongación de la duración del procedimiento que ello conllevaba. A petición de SIMSA, que cuestionaba la compatibilidad del DL 28/2010 con la Directiva sobre mediación, el Giudice di pace di Mercato S. Severino planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«¿Se oponen los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea […], la Directiva 2008/52/CE del Parlamento y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, el principio general del Derecho de la Unión de la tutela judicial efectiva y, con carácter general, el Derecho de la Unión en su conjunto, a que un Estado miembro adopte una normativa como la establecida en Italia mediante el Decreto legislativo nº 28/2010 y el Decreto ministeriale nº 180/2010, en su versión modificada por el Decreto ministeriale nº 145/2011, según la cual:
1) el juez puede inferir en el procedimiento posterior elementos de prueba en contra de la parte que no participó en el procedimiento de mediación obligatorio sin causa justificada;
2) el juez debe denegar el reembolso de las costas soportadas por la parte vencedora que haya rechazado una propuesta de conciliación, correspondientes al período posterior a la formulación de tal propuesta, y condenarla al reembolso de las costas soportadas por la parte perdedora durante ese mismo período, así como a pagar a favor del Tesoro público una cantidad adicional por importe equivalente al abonado en concepto de tributo adeudado (tasa unificada), cuando la sentencia que ponga fin al procedimiento iniciado tras la formulación de la propuesta rechazada se corresponda íntegramente con el contenido de dicha propuesta;
3) el juez, cuando concurran motivos graves y excepcionales, puede denegar el reembolso de las costas soportadas por la parte vencedora por la compensación al mediador y la retribución del perito, aun cuando la resolución que ponga fin al litigio no se corresponda íntegramente con el contenido de la propuesta;
4) el juez debe condenar a la parte que no haya participado en el procedimiento de mediación sin causa justificada a pagar a favor del Tesoro público una cantidad por importe equivalente a la tasa unificada adeudada por el procedimiento judicial;
5) el mediador puede o incluso debe formular una propuesta de conciliación aun cuando no exista acuerdo entre las partes e incluso cuando éstas no hayan participado en el procedimiento;
6) el plazo durante el que debe intentarse la mediación puede llegar a los cuatro meses;
7) incluso después del transcurso del plazo de cuatro meses desde el inicio del procedimiento, únicamente se podrá interponer una demanda tras haber obtenido de la secretaría del organismo de mediación el acta de falta de acuerdo, redactada por el mediador, en la que se indique la propuesta rechazada;
8) no se excluye que los procedimientos de mediación puedan multiplicarse (con la consiguiente multiplicación de los plazos de resolución de la controversia) tantas veces como nuevas pretensiones se propongan legítimamente en el procedimiento judicial iniciado entre tanto;
9) el coste del procedimiento de mediación obligatorio es, cuando menos, el doble del coste del procedimiento judicial que la mediación pretende evitar y dicha desproporción aumenta exponencialmente a medida que se incrementa la cuantía de la controversia (hasta el punto de que el coste de la mediación puede llegar a ser seis veces superior al del procedimiento judicial) o según se incrementa su complejidad (al resultar necesario en tal caso nombrar un perito que ayude al mediador en las controversias que requieran competencias técnicas específicas, perito que será retribuido por las partes en el procedimiento de mediación pero cuyo dictamen o la información que aporte no podrán utilizarse posteriormente en el procedimiento judicial)?»
IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
16. Tras concluir la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, el Tribunal Constitucional italiano dictó la sentencia nº 272/2012, mediante la que se declararon inconstitucionales algunas de las disposiciones del DL 28/2010, en concreto la disposición que preveía la obligación de tramitar un procedimiento de mediación con carácter preliminar a la interposición de la demanda judicial.
17. En este contexto, el Tribunal de Justicia exhortó al órgano jurisdiccional remitente mediante escrito de 14 de di ciembre de 2012 para que aclarara cómo influye la sentencia del Tribunal Constitucional italiano en la petición de decisión prejudicial y en el procedimiento judicial nacional. El órgano jurisdiccional remitente respondió mediante escrito de 17 de enero de 2013 que continúa teniendo interés en que el Tribunal de Justicia responda las cuestiones prejudiciales. No realizó otras aclaraciones sobre los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional italiano ni sobre los motivos por los que mantenía su petición.
18. En el procedimiento ante el Tribunal de Justicia han intervenido los Gobiernos italiano, francés y austriaco, así como la Comisión Europea.
V. Apreciación jurídica
19. Existen dudas sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial. La Comisión ha expuesto de manera convincente que algunas de las preguntas prejudiciales tienen carácter hipotético. En efecto, no está claro hasta qué punto la regulación del procedimiento de mediación, por ejemplo en materia de costas, es relevante para la resolución del caso de autos. En respuesta al exhorto del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente únicamente ha indicado, con respecto a la relevancia de las cuestiones planteadas, que tiene que pronunciarse sobre el señalamiento de la vista y, para ello, debe decidir si ha de incluir en el cómputo del plazo la duración del procedimiento de mediación.
20. No obstante, en el caso de autos no es preciso entrar a valorar si, por ese motivo, la petición de decisión prejudicial era inadmisible ab initio, cuando menos parcialmente. En efecto, la información de la que dispone el Tribunal de Justicia muestra que las cuestiones prejudiciales tienen en todo caso carácter hipotético desde que se dictó la sentencia del Tribunal Constitucional italiano.
21. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales prevista en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia y la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. (6) Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales se refieren a la interpretación de una disposición de Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. Sólo puede negarse a pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación o la apreciación de validez de una disposición del Derecho de la Unión solicitadas por éste no tienen relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. (7)
22. Sin embargo, en supuestos excepcionales, corresponde al Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que el órgano jurisdiccional nacional se dirige a él. (8) En efecto, el espíritu de colaboración que debe presidir el funcionamiento de la remisión prejudicial supone que, por su parte, el órgano jurisdiccional nacional tenga en cuenta la función encomendada al Tribunal de Justicia, que es la de contribuir a la administración de justicia en los Estados miembros y no la de formular dictámenes consultivos sobre cuestiones generales o hipotéticas. (9)
23. En respuesta al exhorto, el órgano jurisdiccional remitente ha indicado de forma general que sigue teniendo interés en que el Tribunal de Justicia responda a su petición de decisión prejudicial. Sin embargo, no ha precisado por qué las cuestiones prejudiciales planteadas son todavía necesarias para la resolución del litigio principal tras la sentencia del Tribunal Constitucional italiano. En cambio, la información de que dispone el Tribunal de Justicia pone de relieve que las preguntas planteadas tienen actualmente un carácter meramente hipotético. En efecto, bien se refieren directamente a disposiciones del DL 28/2010 declaradas inconstitucionales, bien han dejado de tener relevancia para la resolución del litigio principal al desaparecer la obligación de tramitar un procedimiento de mediación con carácter previo a la interposición de la demanda. No se observan indicios que apunten a que las disposiciones en cuestión, a pesar de haber sido declaradas inconstitucionales, continúen siendo relevantes para el litigio principal. Precisamente por este motivo otro órgano jurisdiccional italiano ha retirado una petición de decisión prejudicial comparable, que tenía asimismo por objeto la interpretación de la Directiva sobre mediación en el contexto de las disposiciones italianas que posteriormente han sido anuladas por el Tribunal Constitucional. (10)
Sobre las cuestiones prejudiciales primera a cuarta
24. Mediante las cuestiones prejudiciales primera a cuarta, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si determinadas medidas que puede adoptar el juez con arreglo al DL 28/2010 son compatibles con la Directiva sobre mediación y con el resto del Derecho de la Unión. Las cuestiones se refieren exclusivamente a disposiciones que han sido declaradas inconstitucionales. Las dudas acerca de la compatibilidad de las medidas citadas en las cuestiones primera a cuarta con el Derecho de la Unión tienen, por tanto, carácter meramente hipotético y ya no es necesario que el Tribunal de Justicia las responda.
25. Concretamente, la primera cuestión prejudicial se refiere a la posibilidad que tiene el juez nacional de inferir en el procedimiento judicial posterior a la mediación elementos de prueba en contra de una parte, en el supuesto de que ésta no haya participado en el procedimiento de mediación obligatorio sin causa justificada. Esta posibilidad estaba prevista en el artículo 8, apartado 5, primera frase, del DL 28/2010, que ha sido declarado inconstitucional.
26. La segunda cuestión prejudicial se refiere al artículo 13, apartado 1, del DL 28/2010, que preveía que el juez competente puede condenar en costas a la parte vencedora en caso de que dicha parte haya rechazado la propuesta del mediador y ésta se corresponda con la resolución judicial definitiva. No obstante, el artículo 13, apartado 1, también ha sido declarado inconstitucional.
27. Mediante la tercera cuestión debía aclararse si es compatible con el Derecho de la Unión que el juez nacional, cuando concurren motivos graves y excepcionales, pueda denegar el reembolso de las costas soportadas por la parte vencedora por la compensación al mediador y la retribución del perito, aun cuando la resolución que ponga fin al litigio no se corresponda íntegramente con el contenido de la propuesta del mediador. Esto se preveía en el artículo 13, apartado 2, del DL 28/2010, que asimismo ha sido declarado inconstitucional.
28. También la cuarta cuestión prejudicial ha quedado sin objeto. Se refiere a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, segunda frase, del DL 28/2010, precepto declarado inconstitucional, que preveía la condena de la parte que no hubiera participado en el procedimiento de mediación sin causa justificada a pagar a favor del Tesoro público una cantidad por importe equivalente a la tasa unificada adeudada por el procedimiento judicial.
Sobre las cuestiones prejudiciales quinta a novena
29. La contestación de las restantes cuestiones prejudiciales también ha dejado de tener relevancia para la resolución del litigio principal tras la sentencia del Tribunal Constitucional italiano. Las cuestiones prejudiciales quinta a novena se refieren en concreto a la regulación de la tramitación y terminación de un procedimiento de mediación, así como a la duración del procedimiento y a las costas que se generan en éste, dándose la circunstancia de que dichas cuestiones parten de la obligatoriedad del procedimiento de mediación. Sin embargo, no está claro que en el caso de autos realmente vaya tramitarse un procedimiento de mediación.
30. Debido a la inconstitucionalidad del artículo 5, apartado 1, del DL 28/2010, las partes ya no están obligadas a participar en una mediación. Tal y como se desprende de la petición de decisión prejudicial, en el caso de autos tampoco están interesadas en tramitar voluntariamente tal procedimiento. Es más, protestaron por la excesiva prolongación de la duración del procedimiento que implicaría una mediación. De la información de que dispone el Tribunal de Justicia se deduce que el procedimiento de mediación únicamente iba a celebrarse porque las partes estaban obligadas a ello conforme a la normativa italiana.
31. En consecuencia, el Tribunal de Justicia conoce en el presente asunto de una petición de decisión prejudicial que ha quedado sin objeto debido a la modificación de las circunstancias de Derecho. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia debería declarar que ya no es necesario responder a la petición de decisión prejudicial. De este modo se tiene en cuenta el hecho de que las cuestiones prejudiciales no eran inicialmente inadmisibles, sino que quedaron sin objeto después de presentada la petición de decisión prejudicial, a pesar de lo cual el órgano jurisdiccional remitente no las ha retirado. (11)
VI. Conclusión
32. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones planteadas por el Giudice di Pace di Mercato S. Severino:
Ya no es necesario responder a la petición de decisión prejudicial.
(1) .
(2)  –	DO L 136, p. 3; en lo sucesivo, «Directiva sobre mediación».
(3)  –	Decreto legislativo nº 28 de 4 de marzo de 2010, de ejecución del artículo 60 de la Ley nº 69 de 18 de junio de 2009, sobre la mediación en asuntos civiles y mercantiles (en lo sucesivo, «DL 28/2010»).
(4)  –	Citado en la nota 3.
(5)  –	En lo sucesivo, «SIMSA».
(6)  –	Sentencias de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra (C-379/98, Rec. p. I-2099), apartado 38; de 23 de abril de 2009, Rüffler (C-544/07, Rec. p. I-3389), apartado 36; de 19 de noviembre de 2009, Filipiak (C-314/08, Rec. p. I-11049), apartado 40; de 7 de julio de 2011, Agafiţei y otros (C-310/10, Rec. p. I-5989), apartado 25, y de 15 de enero de 2013, Križan y otros (C-416/10), apartado 53.
(7)  –	Sentencias PreussenElektra (citada en la nota 6, apartado 39); Rüffler (citada en la nota 6, apartado 38); Filipiak (citada en la nota 6, apartado 42), Agafiţei y otros (citada en la nota 6, apartado 27) y Križan y otros (citada en la nota 6, apartado 54).
(8)  –	Sentencias PreussenElektra (citada en la nota 6, apartado 39), Rüffler (citada en la nota 6, apartado 37) y Filipiak (citada en la nota 6, apartado 41).
(9)  –	Sentencias de 20 de enero de 2005, García Blanco (C-225/02, Rec. p. I-523, apartado 28; de 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten (C-409/06, Rec. p. I-8015), apartado 38, y de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10), apartado 42.
(10)  –	Véase el auto de archivo del Tribunal de Justicia de 8 de febrero de 2013, Galioto (C-464/11, no publicado en la Recopilación).
(11)  –	Véanse, en este sentido, mis conclusiones presentadas el 28 de octubre de 2004 en el asunto García Blanco (citado en la nota 9), punto 36.