62019CO0483_INF
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 11 de diciembre de 2019 — Ville de Verviers
(Asunto C‑483/19) (
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)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusula 2 — Ámbito de aplicación del Acuerdo Marco — Posibilidad de que los Estados miembros excluyan las relaciones de formación profesional inicial y de aprendizaje y los contratos o relaciones de trabajo concluidas en el marco de un programa específico de formación, inserción y reconversión profesionales, de naturaleza pública o sostenido por los poderes públicos — Consecuencias»
1.
Cuestiones prejudiciales — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Aplicación del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento
(Art. 267 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 99)
(véanse los apartados 18 y 19)
2.
Política social — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Directiva 1999/70/CE — Ámbito de aplicación — Contrato o relación laboral definidos por la normativa o las prácticas nacionales — Normativa nacional que excluye una determinada categoría de contratos del ámbito de aplicación de la Directiva — Procedencia — Requisito — Obligación de adoptar medidas nacionales que garanticen a los trabajadores comprendidos en esa categoría de contratos el respeto de los objetivos perseguidos por el Acuerdo Marco — Inexistencia
[Directiva 1999/70/CE del Consejo, anexo, cláusula 2, apartados 1 y 2, letra b)]
(véanse los apartados 21 a 26 y 29 y el fallo)
Fallo
La cláusula 2, apartado 2, letra b), del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un legislador nacional, que, con arreglo a la facultad que le reconoce dicha disposición, ha excluido del ámbito de aplicación de la normativa nacional que transpone la Directiva 1999/70 y el Acuerdo Marco una determinada categoría de contratos, esté exento de adoptar medidas nacionales que permitan garantizar a los trabajadores comprendidos en esa categoría de contratos el respeto de los objetivos perseguidos por el Acuerdo Marco.
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)	DO C 288 de 26.8.2019.