62020CJ0577_RES
Asunto C‑577/20
A
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto‑oikeus (Finlandia)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 16 de junio de 2022
«Procedimiento prejudicial — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Directiva 2005/36/CE — Artículo 2 — Ámbito de aplicación — Artículo 13, apartado 2 — Profesiones reguladas — Requisitos para la obtención del derecho de acceso al título de psicoterapeuta en un Estado miembro sobre la base de un título en psicoterapia expedido por una universidad establecida en otro Estado miembro — Artículos 45 TFUE y 49 TFUE — Libertades de circulación y establecimiento — Apreciación de la equivalencia de la formación en cuestión — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Principio de cooperación leal entre los Estados miembros — Cuestionamiento, por el Estado miembro de acogida, del grado de conocimientos y de cualificaciones que un título expedido en otro Estado miembro permite presumir — Requisitos»
Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Ámbito de aplicación de la Directiva 2005/36/CE — Profesiones reguladas — Incumplimiento del requisito relativo al ejercicio de la profesión en cuestión en otro Estado miembro — Solicitud de reconocimiento presentada en el Estado miembro de acogida — Exclusión — Restricciones derivadas de la normativa del Estado miembro de acogida relativa al ejercicio de determinadas actividades — Obligación de dicho Estado miembro de examinar la correspondencia entre los títulos y cualificaciones exigidos por el Derecho nacional y los obtenidos por el solicitante
(Arts. 45 TFUE y 49 TFUE; Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 13, ap. 2)
(véanse los apartados 34, 35, 37 y 40 a 44 y el punto 1 del fallo)
Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Trabajadores — Reconocimiento de las cualificaciones profesionales — Derecho de ejercer una profesión regulada en el Estado miembro de acogida — Autoridad competente de dicho Estado miembro que debe considerar verídico un título expedido por la autoridad de otro Estado miembro — Dudas serias, basadas en elementos concretos, albergadas por dicha autoridad en cuanto al grado de conocimientos y cualificaciones supuestamente adquiridos por el solicitante — Derecho de la autoridad en cuestión a solicitar a la autoridad emisora que examine de nuevo la procedencia de la expedición del título — Elementos que pueden consistir en información transmitida por personas distintas de los organizadores de la formación de que se trata o por las autoridades de otro Estado miembro en el marco de sus funciones — Margen de apreciación de la autoridad emisora del título en cuestión
(Art. 4 TUE, ap. 3; Artículos 45 TFUE y 49 TFUE)
(véanse los apartados 46 a 52, 54, 55 y 57 y el punto 2 del fallo)
Resumen
A, una nacional finlandesa, cursó una formación en psicología organizada en Finlandia y en lengua finesa por una universidad del Reino Unido, en colaboración con una sociedad finlandesa, al término de la cual, en noviembre de 2017, dicha universidad le expidió un título de tercer ciclo. Solicitó entonces al Sosiaali‑ ja terveysalan lupa‑ ja valvontavisasto (Oficina de Autorización y Supervisión en Materia Social y Sanitaria, Finlandia; en lo sucesivo, «Valvira») el derecho a utilizar el título profesional de psicoterapeuta, que está protegido por la normativa finlandesa. Ese mismo año, los antiguos participantes en dicha formación se habían puesto en contacto con Valvira, señalando posibles insuficiencias en relación con su contenido efectivo.
En 2018, el Valvira denegó la solicitud de A, por considerar que no podía asegurarse de que dicha formación cumpliera las exigencias aplicables a la formación de psicoterapeuta en Finlandia. En abril de 2019, el Helsingin hallinto-oikeus (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Helsinki, Finlandia) desestimó el recurso interpuesto por A contra dicha resolución, confirmando la interpretación adoptada por el Valvira.
A recurrió entonces en casación ante el órgano jurisdiccional remitente, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia). Dicho órgano jurisdiccional señala que la profesión de psicoterapeuta no está regulada en el Reino Unido y que la interesada, que no ha ejercido la profesión de psicoterapeuta en otro Estado miembro en el que la profesión no esté regulada, como exige el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2005/36, (
1
) no puede reivindicar el derecho a acceder a esta profesión en Finlandia sobre la base de dicha Directiva. No obstante, se pregunta si la situación de A debería examinarse también a la luz de los principios de libre circulación de los trabajadores (
2
) y de libertad de establecimiento (
3
) y, en caso afirmativo, si la autoridad competente del Estado miembro de acogida puede basarse, en el marco del examen de la equivalencia de los conocimientos y cualificaciones, en información distinta de la facilitada por la universidad que expidió el título de que se trata.
El Tribunal de Justicia responde afirmativamente a la primera de estas cuestiones, al considerar que una solicitud de acceso a una profesión regulada presentada en estas circunstancias debe apreciarse a la luz de los artículos 45 TFUE o 49 TFUE. Por otra parte, declara que la autoridad competente del Estado miembro de acogida que conozca de tal solicitud está obligada a considerar verídico un título expedido por la autoridad de otro Estado miembro. Solo cuando albergue serias dudas, basadas en determinados elementos concretos cuyo alcance precisa el Tribunal de Justicia, dicha autoridad puede solicitar a la autoridad emisora que examine de nuevo la procedencia de la expedición de dicho título y, en su caso, que lo revoque. De no revocarse este título, la autoridad del Estado miembro de acogida solo puede cuestionar la procedencia de su expedición con carácter excepcional, en el supuesto de que las circunstancias del caso concreto pongan de manifiesto de manera evidente la falta de veracidad del título.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia precisa que la situación de que se trata está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/36, ya que el título académico en cuestión fue expedido en un Estado miembro distinto del Estado miembro de acogida. Sin embargo, la interesada no cumple la exigencia, prevista en el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2005/36, de haber ejercido la profesión de psicoterapeuta durante el período mínimo contemplado en dicha disposición, de modo que no puede invocar ningún régimen de reconocimiento de las cualificaciones profesionales establecido por dicha Directiva.
Apreciando la situación de A a la luz de los artículos 45 TFUE y 49 TFUE, el Tribunal de Justicia recuerda que la realización de la libre circulación de personas implica que los Estados miembros no pueden denegar el disfrute de las libertades reconocidas por estas dos disposiciones a sus nacionales que hayan adquirido cualificaciones profesionales en otro Estado miembro. Además, las autoridades de un Estado miembro que conozcan de una solicitud de autorización para ejercer una profesión regulada están obligadas a tomar en consideración todos los diplomas, certificados y otros títulos, así como la experiencia pertinente del interesado, efectuando una comparación entre, por una parte, las aptitudes acreditadas por dichos títulos y dicha experiencia y, por otra, los conocimientos y la capacitación exigidos por la legislación nacional. Dado que este principio es inherente a las libertades fundamentales consagradas por el Tratado FUE, la adopción de directivas relativas al reconocimiento mutuo de títulos, entre ellas la Directiva 2005/36, no puede dificultar el reconocimiento de los diplomas, certificados y otros títulos en las situaciones no cubiertas por ellas. Así, en una situación en la que no puede invocarse ninguno de los regímenes de reconocimiento de cualificaciones profesionales establecidos por la Directiva 2005/36, el Estado miembro de acogida de que se trate debe cumplir sus obligaciones en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales a la luz de los artículos 45 TFUE y 49 TFUE.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia indica que el procedimiento de examen comparativo de los distintos títulos y experiencias antes citado debe permitir a las autoridades del Estado miembro de acogida comprobar objetivamente si el título extranjero acredita que el titular posee conocimientos y cualificaciones, si no idénticos, al menos equivalentes a los acreditados por el título nacional. Esta apreciación de la equivalencia del título extranjero debe hacerse tomando en consideración exclusivamente el grado de conocimientos y cualificaciones que ese título permite presumir en el titular, habida cuenta de la naturaleza y duración de los estudios y de la formación práctica correspondiente. Dado que esta comparación presupone la confianza mutua entre los Estados miembros en los títulos expedidos, la autoridad del Estado miembro de acogida está obligada, en principio, a considerar verídico un título expedido por la autoridad de otro Estado miembro. Solo cuando albergue dudas serias, basadas en elementos concretos constitutivos de un conjunto de indicios concordantes que induzcan a pensar que el título que invoca el solicitante no refleja el grado de conocimientos y cualificaciones que permite presumir que este ha obtenido, dicha autoridad puede solicitar a la autoridad emisora que vuelva a examinar, a la luz de esos elementos, la procedencia de la expedición de dicho título y, en su caso, a revocarlo. Entre dichos elementos concretos pueden figurar, en particular, información transmitida por personas distintas de los organizadores de la formación de que se trate. Cuando la autoridad emisora haya vuelto a examinar, a la luz de dichos elementos, la procedencia de la expedición de dicho título, sin revocarlo, la autoridad del Estado miembro de acogida solo podrá cuestionar la procedencia de su expedición con carácter excepcional, en el supuesto de que las circunstancias del caso concreto pongan de manifiesto de manera evidente la falta de veracidad del título de que se trate.
(
1
)	Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO 2005, L 255, p. 22).
(
2
)	El principio de libre circulación de los trabajadores está establecido en el artículo 45 TFUE.
(
3
)	Por su parte, el principio de libertad de establecimiento se rige por el artículo 49 TFUE.