62018TJ0150_RES
Asuntos acumulados T‑150/18 y T‑345/18
BNP Paribas
contra
Banco Central Europeo
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda ampliada) de 9 de septiembre de 2020
«Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Contribución al sistema de garantía de depósitos o al Fondo Único de Resolución mediante compromisos de pago irrevocables — Funciones atribuidas al BCE — Facultades específicas de supervisión del BCE — Artículos 4, apartado 1, letra f), y 16, apartados 1, letra c), y 2, letra d), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Medida que exige deducir del importe acumulado de compromisos de pago irrevocables pendientes el capital de nivel 1 ordinario — Inexistencia de examen individual»
Política económica y monetaria — Política económica — Supervisión del sector financiero de la Unión — Mecanismo Único de Supervisión — Supervisión prudencial de los grupos de entidades de crédito en base consolidada — Requisitos de capital — Amplitud del control y de la evaluación efectuados por el Banco Central Europeo
[Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra f), y 16, aps. 1, letra c), y 2, letra d)]
(véanse los apartados 55 a 60)
Política económica y monetaria — Política económica — Supervisión del sector financiero de la Unión — Mecanismo Único de Supervisión — Supervisión prudencial de los grupos de entidades de crédito en base consolidada — Requisitos de capital — Amplitud del control y de la evaluación efectuados por el Banco Central Europeo — Obligación de llevar a cabo un examen prudencial individual
[Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra f), y 16, aps. 1, letra c), y 2, letra d)]
(véanse los apartados 61 y 75 a 82)
Política económica y monetaria — Política económica — Supervisión del sector financiero de la Unión — Mecanismo Único de Supervisión — Supervisión prudencial de los grupos de entidades de crédito en base consolidada — Requisitos de capital — Amplitud del control y de la evaluación efectuados por el Banco Central Europeo — Fondos que pueden ser objeto de una medida que exija el establecimiento de una política específica o de un determinado tratamiento — Concepto — Compromisos de pago irrevocables (CPI) — Inclusión
[Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra f), y 16, aps. 1, letra c), y 2, letra d)]
(véanse los apartados 69 y 70)
Resumen
La demandante, BNP Paribas, es una entidad de crédito clasificada como «significativa» y, como tal, sometida a la supervisión prudencial directa del Banco Central Europeo (BCE). En el marco de la financiación del Fondo Único de Resolución, la demandante optó por una contribución mediante compromisos de pago irrevocables (en lo sucesivo, «CPI»). (
1
) En ejercicio de su función de supervisión prudencial, el BCE adoptó, el 19 de diciembre de 2017, una decisión (
2
) que obligaba a la demandante a deducir del capital de nivel 1 ordinario (Common Equity Tier 1, CET 1) (
3
) los importes acumulados de sus CPI (en lo sucesivo, «medida impugnada»).
El BCE basó esta decisión en la apreciación de que la demandante trataba sus CPI como elementos fuera de balance y causaba un riesgo de sobrevaloración de sus CET 1. En efecto, los CPI no se hallaban contabilizados en el pasivo del balance de la demandante y, como la garantía accesoria a ellos no estaba disponible hasta su transferencia al Fondo Único de Resolución, no cabía recurrir a ella para cubrir posibles pérdidas vinculadas a la actividad de la demandante. El BCE consideraba que esta situación no daba una idea exacta de la solidez financiera de la demandante, pues existía una diferencia entre el importe de CET 1 mostrado por la demandante y el importe real de las pérdidas que podía soportar.
A raíz de un recurso interpuesto por la demandante ante el Comité Administrativo de Revisión del BCE, este último sustituyó su decisión de 19 de diciembre de 2017 por una decisión de 26 de abril de 2018, (
4
) cuya sección relativa a los CPI no ha variado. Esta última decisión fue sustituida el 1 de marzo de 2019 por una decisión de 14 de febrero de 2019, (
5
) que impuso a la demandante una medida idéntica a la medida impugnada. La demandante presentó ante el Tribunal dos recursos de anulación parcial contra las decisiones del BCE que le imponían dicha medida.
En su sentencia de 9 de septiembre de 2020, constituido en Sala ampliada y previa acumulación de los dos recursos (T‑150/18 y T‑345/18), el Tribunal ha anulado parcialmente las decisiones del BCE debido a que no había realizado un examen prudencial individual del perfil de riesgo de la demandante antes de imponerle la medida impugnada.
En primer término, el Tribunal ha declarado que las decisiones adoptadas por el BCE no carecían de fundamento jurídico, pues este había intervenido en el marco de sus facultades de revisión y evaluación supervisoras, que le autorizan a exigir a las entidades que apliquen una política específica de dotación de provisiones o un determinado tratamiento de los activos en cuanto a requisitos de fondos propios. (
6
)
En segundo término, tras exponer que las sumas depositadas en garantía para el pago de los CPI (
7
) eran indisociables de los propios CPI, el Tribunal ha desestimado la alegación de la demandante de que los mismos no podían ser objeto de una medida de supervisión prudencial que impusiera un determinado tratamiento en cuanto a requisitos de fondos propios debido a su tratamiento como elementos fuera de balance. En efecto, el Tribunal ha expuesto que, aunque la medida impugnada no se refiriese directamente a los CPI sino a las sumas depositadas en garantía de su pago, su indisociabilidad permitía extender esa medida a los CPI.
En cambio, recurrir a una medida de este tipo obligaba al BCE a llevar a cabo un examen individual del perfil de riesgo de la demandante y, en particular, de las estructuras, estrategias y mecanismos establecidos para hacer frente al riesgo resultante del tratamiento contable de los CPI. A este respecto, el Tribunal ha declarado, en primer lugar, que el BCE determinó el nivel de exposición de la demandante al riesgo generado por haber suscrito los CPI. Sin embargo, el Tribunal ha considerado que el razonamiento seguido por el BCE, según el cual el tratamiento contable de los CPI fuera de balance era, en sí mismo, problemático, pues implicaba por definición una sobrevaloración de los CTE 1, ponía de manifiesto consideraciones genéricas que pueden aplicarse a cualquier entidad de crédito que opte por un tratamiento similar de los CPI. Por tanto, el Tribunal ha declarado que las decisiones impugnadas no transmitían ningún examen individual del BCE para verificar si la demandante había establecido estructuras, estrategias y mecanismos para hacer frente a los riesgos prudenciales vinculados al tratamiento de los CPI fuera de balance.
Por otra parte, basándose en que la medida impugnada había sido adoptada en el contexto del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES; Supervisory Review and Evaluation Process), el Tribunal ha llegado a la conclusión de que esa circunstancia no implicaba necesariamente que se hubiera efectuado un examen individual que tuviera en cuenta las circunstancias específicas de la demandante. Además, el Tribunal ha considerado que, si bien el estudio de impacto realizado con carácter previo a la adopción de las decisiones impugnadas puede resultar útil para apreciar la proporcionalidad de la medida impugnada, persigue una lógica y un objetivo diferentes de los de un examen individual y no puede asimilarse a este.
En consecuencia, el Tribunal ha concluido que, sin un examen que vaya más allá de la mera apreciación del riesgo potencial generado por los CPI tratados fuera de balance, de un examen de las circunstancias concretas de la demandante, en particular su perfil de riesgo y su nivel de liquidez, y de la consideración de los posibles factores que atenuaran el riesgo potencial, el BCE incumplió su obligación de llevar a cabo un examen prudencial individual de la demandante. (
8
)
(
1
)	Las contribuciones que han de transferir las entidades de crédito al Fondo Único de Resolución pueden abonarse mediante un pago inmediato o un CPI. En virtud del artículo 70, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1), las entidades de crédito se comprometen a transferir el importe de la contribución al Fondo Único de Resolución al primer requerimiento de la autoridad de resolución.
(
2
)	La Decisión del BCE de 19 de diciembre de 2017, ECB/SSM/2017-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/248.
(
3
)	Estos fondos se destinan a garantizar la continuidad de las actividades de las entidades de crédito y a prevenir las situaciones de insolvencia.
(
4
)	La Decisión del BCE de 26 de abril de 2018, ECB-SSM-2018-FRBNP-17.
(
5
)	La Decisión del BCE de 14 de febrero de 2019, ECB-SSM-2019-FRBNP-12.
(
6
)	En virtud de los artículos 16, apartados 1, letra c), y 2, letra d), del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).
(
7
)	Estas sumas revisten la forma de un depósito en efectivo de importe equivalente al de los CPI, puesto a disposición de las autoridades de resolución.
(
8
)	En los términos establecidos en los artículos 4, apartado 1, letra f), y 16, apartados 1, letra c), y 2, letra d), del Reglamento n.o 1024/2013.