62021TJ0483
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera ampliada)
de 25 de septiembre de 2024 (
*1
)
«Energía — Mercado interior de la electricidad — Metodología común de coordinación regional de la seguridad de la operación — Rechazo de la propuesta de los gestores de redes — Región de cálculo de capacidad de intercambio — Región CORE — Compatibilidad con los Reglamentos (UE) 2019/942, (UE) 2019/943 y (UE) 2017/1485»
En el asunto T‑483/21,
Polskie sieci elektroenergetyczne S.A., con domicilio social en Konstancin-Jeziorna (Polonia), representada por la Sra. S. Goldberg, Solicitor, y los Sres. A. Galos y E. White, abogados,
parte demandante,
apoyada por
República de Polonia, representada por los Sres. B. Majczyna y M. Rzotkiewicz, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
contra
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), representada por los Sres. P. Martinet, Z. Vujasinovic y E. Tremmel, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. P. Goffinet y por las Sras. M. Shehu y L. Bersou, abogados,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera ampliada),
integrado por el Sr. F. Schalin, Presidente, y la Sra. P. Škvařilová-Pelzl, el Sr. I. Nõmm, la Sra. G. Steinfatt y el Sr. D. Kukovec (Ponente), Jueces;
Secretaria: Sra. I. Kurme, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 14 de junio de 2023;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Poslkie sieci elektroenergetyczne S.A., solicita la anulación de la resolución de la Sala de Recurso de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) de 28 de mayo de 2021 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») por la que se confirma la Decisión n.o 33/2020 de la ACER, de 4 de diciembre de 2020, sobre la propuesta de los gestores de redes de transporte de electricidad (en lo sucesivo, «GRT») de la región establecida para el cálculo de la capacidad de intercambio denominada «CORE», que incluye Bélgica, la República Checa, Alemania, Francia, Croacia, Luxemburgo, Hungría, los Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia (en lo sucesivo, «región CORE»), relativa a la metodología común de coordinación regional de la seguridad de la operación [en lo sucesivo, «metodología de seguridad (ROSC)»], y por la que se desestima su recurso en el asunto A‑007‑2021 (consolidado).
Antecedentes del litigio
2
La demandante es el GRT responsable de la gestión, del mantenimiento y del desarrollo de la red eléctrica en Polonia. Como empresa pública, el único accionista de la demandante es el Tesoro Público polaco, representado por el ministro plenipotenciario de Infraestructuras Estratégicas de la Energía.
3
El 17 de noviembre de 2016, la ACER adoptó la Decisión n.o 06/2016 relativa a la determinación de las regiones de cálculo de capacidad de intercambio. El artículo 1 y el anexo I de dicha Decisión enumeran los territorios de los Estados miembros incluidos en la región CORE.
4
De conformidad con los artículos 5, apartado 1, 6, apartado 3, letra b), y 76 del Reglamento (UE) 2017/1485 de la Comisión, de 2 de agosto de 2017, por el que se establece una directriz sobre la gestión de la red de transporte de electricidad (DO 2017, L 220, p. 1), los GRT de cada región de cálculo de la capacidad presentarán, a efectos de su aprobación, a las autoridades reguladoras nacionales (en lo sucesivo, «ANR») una metodología de seguridad (ROSC), a más tardar tres meses después de la aprobación de la metodología de coordinación del análisis de seguridad operacional [en lo sucesivo, «metodología de análisis (CSAM)»] a que se refiere el artículo 75, apartado 1, de dicho Reglamento.
5
Dado que se aprobó la metodología de análisis (CSAM) el 19 de junio de 2019 mediante la Decisión n.o 07/2019 de la ACER, los GRT debían presentar una propuesta de metodología de seguridad (ROSC) a más tardar el 19 de septiembre de 2019. Al no haber presentado los GRT esta propuesta dentro de dicho plazo, informaron a la Comisión Europea de su retraso y esta aceptó prorrogar el plazo hasta el 21 de diciembre de 2019.
6
El 19 de diciembre de 2019, los GRT de la región CORE presentaron a las ARN una propuesta de «metodología común de coordinación regional de la seguridad de la operación desarrollada por los GRT de la región CORE de conformidad con el artículo 76 del Reglamento 2017/1485» (en lo sucesivo, «propuesta de los GRT»). La última ARN en recibir la propuesta de los GRT lo hizo el 31 de enero de 2020.
7
La propuesta de los GRT iba acompañada de una nota explicativa.
8
De conformidad con el artículo 6, apartado 7, del Reglamento 2017/1485, las ARN debían alcanzar un consenso y tomar una decisión sobre la propuesta de los GRT en un plazo de seis meses a partir de la llegada de esta propuesta a la ARN que la recibiera en último lugar. Con arreglo al artículo 6, apartado 8, del citado Reglamento, en caso de que las ARN no hayan alcanzado un acuerdo en el referido plazo, o por solicitud conjunta de tales autoridades, la ACER debe adoptar una decisión sobre dicha propuesta en un plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 6, apartado 10, del Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (DO 2019, L 158, p. 22).
9
El 5 de junio de 2020, el presidente del Foro de los Reguladores de la Energía de la región CORE comunicó a la ACER, en nombre de las ARN de dicha región, que estas habían acordado solicitar a dicha Agencia que se pronunciara sobre la propuesta de los GRT, conforme al artículo 6, apartado 8, del Reglamento 2017/1485. Esta solicitud, remitida por correo electrónico, iba acompañada de un documento informal de las ARN de la región CORE en el que dichas autoridades exponían su punto de vista sobre la propuesta de los GRT.
10
A raíz de esta solicitud, la ACER se declaró competente para adoptar una decisión individual sobre una metodología de seguridad (ROSC) para la región CORE, de conformidad con el artículo 6, apartado 10, párrafo segundo, letra b), del Reglamento 2019/942.
11
Tras un extenso período de cooperación, consultas y debates entre la ACER, todas las ARN y todos los GRT de la región CORE sobre la propuesta de metodología para el reparto de costes presentada por los GRT y sobre las sucesivas modificaciones introducidas a esta propuesta con ocasión de una serie de reuniones y rondas de votación, el Consejo de Reguladores de la ACER, compuesto por representantes de las ARN, adoptó la Decisión n.o 33/2020. El anexo I de esta Decisión contiene la metodología de seguridad (ROSC) para la región CORE, de conformidad con el artículo 76 del Reglamento 2017/1485 [en lo sucesivo, «metodología de seguridad (ROSC) impugnada»].
12
El 4 de febrero de 2021, la demandante interpuso un recurso de anulación contra la Decisión n.o 33/2020 ante la Sala de Recurso de la ACER, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento 2019/942. Otro GRT de la región CORE, a saber, TransnetBW GmbH, también recurrió dicha Decisión. El 18 de febrero de 2021, la Sala de Recurso consolidó los dos recursos en un único asunto con el número A‑007‑2021 (consolidado).
13
Mediante la resolución impugnada de 28 de mayo de 2021, la Sala de Recurso de la ACER confirmó la Decisión n.o 33/2020 y desestimó en su totalidad estos dos recursos de anulación interpuestos contra dicha Decisión.
Pretensiones de las partes
14
La demandante, apoyada por la República de Polonia, solicita al Tribunal General que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Condene en costas a la ACER.
15
La ACER solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso en su totalidad.
–
Condene en costas a la demandante y a la República de Polonia.
Fundamentos de Derecho
16
En apoyo de su recurso, la demandante invoca seis motivos. El primer motivo se basa en que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al considerar, en esencia, que la ACER era competente para ampliar el ámbito de aplicación y el alcance de la coordinación regional. El segundo se basa en que la resolución impugnada adolece de una motivación insuficiente. El tercero se basa en que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al estimar que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, pese a su ámbito de aplicación excesivamente amplio, era conforme con el artículo 35 del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad (DO 2019, L 158, p. 54) y con el artículo 40 de la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO 2019, L 158, p. 125). El cuarto se basa en que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al apreciar que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no incidía en la posibilidad de que los GRT empleen el modelo de despacho central. El quinto se basa en que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al considerar que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no se había abstenido de fijar normas equitativas en materia de comercio transfronterizo de electricidad ni de establecer incentivos adecuados para la gestión de las congestiones e inversiones rentables en medidas correctoras asociadas a los equipos. El sexto se basa en que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al concluir que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no suponía un obstáculo para la observancia de los límites de seguridad de la operación, en particular, los límites de tensión y, por ende, que esta metodología era conforme con las disposiciones jurídicas pertinentes.
17
El Tribunal General considera oportuno comenzar examinando los motivos primero y tercero de manera conjunta y, a continuación, examinar por este orden los motivos cuarto, quinto, sexto y segundo formulados por la demandante.
Observaciones preliminares sobre el proceso de evaluación regional de la seguridad de la operación
18
Según el artículo 3 de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, la coordinación regional de la seguridad de la operación regulada por dicha metodología comprende, por una parte, el análisis regional de la seguridad de la operación y, por otra parte, el proceso de evaluación de la seguridad de la operación a nivel regional (en lo sucesivo, «proceso CROSA»), llevado a cabo por los centros regionales de coordinación (en lo sucesivo, «centros regionales»), de conformidad con el artículo 78, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1485, que conduce a la preparación coordinada de medidas correctoras de conformidad con el artículo 76, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.
19
Antes de proceder al examen en cuanto al fondo de los motivos y alegaciones formulados por la demandante, es necesario explicar cómo funciona el proceso CROSA en pro de una mejor comprensión del contexto del presente procedimiento y, por ende, de los motivos técnicos invocados por la demandante.
20
El proceso CROSA es un proceso que tiene lugar, por una parte, una vez la víspera del día de entrega de la electricidad y, por otra, al menos tres veces el día de la entrega, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada.
21
Con arreglo a los artículos 13 y 14, apartado 1, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, este proceso se inicia con la evaluación de la seguridad de la operación a nivel local, efectuada por cada GRT en su propia red.
22
Esta evaluación da lugar a la creación por cada GRT de un modelo de red individual, definido en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones (DO 2015, L 197, p. 24) como, en particular, «un conjunto de datos que describen las características de un sistema energético (generación, carga y topología de la red)».
23
En el modelo de red individual, cuando un flujo que transita por una línea supera el flujo máximo, se produce una congestión física, la cual constituye una vulneración de la seguridad. En tal situación, es necesario preparar y aplicar una medida correctora para respetar los límites de seguridad de la operación.
24
A este respecto, el artículo 2, punto 13, del Reglamento 2015/1222 define la «medida correctora» como «cualquier medida aplicada por uno o varios GRT, manual o automáticamente, para mantener la seguridad operativa». Se trata, en particular, del redespacho, que se define en el artículo 2, punto 26, del Reglamento 2019/943 como la «medida, incluida la reducción, activada por uno o varios [GRT] […] a través de la alteración de la generación, el diagrama de carga, o ambos, a fin de cambiar los flujos físicos del sistema eléctrico y aliviar una congestión física o asegurar de otra manera la seguridad del sistema», o del intercambio compensatorio, definido en punto 27 de ese mismo artículo como el «intercambio entre zonas iniciado por los gestores de las redes entre dos zonas de oferta para aliviar la congestión física».
25
Cuando prepara el modelo de red individual y detecta una congestión, el GRT ya puede programar la activación de medidas correctoras, casi en tiempo real, para resolver estas vulneraciones de la seguridad de la operación, de conformidad con el artículo 14, apartado 2, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada. Estas medidas pueden o no tener relevancia transfronteriza.
26
Como dispone el artículo 9, apartado 2, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, constituyen medidas correctoras de relevancia transfronteriza todas aquellas medidas que, al menos en algunos casos, son aptas para resolver una congestión en los elementos a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), a saber, todos los elementos críticos de red que se tienen en cuenta para el cálculo de la capacidad interzonal, tal como resultan de las metodologías para el cálculo de capacidad, y los demás elementos de red con una tensión igual o superior a 220 kilovoltios (kV). Sin embargo, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, letra d), incisos i) e ii), de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, cada GRT puede excluir de forma unilateral proceso CROSA determinados elementos de red del. Además, en virtud del artículo 5, apartado 1, letra b), de dicha metodología, los GRT también pueden excluir por unanimidad del proceso CROSA cualquier elemento de la red, con excepción de los elementos críticos de esta.
27
Con arreglo al artículo 13, apartado 1, de esta misma metodología, el GRT también debe indicar en su modelo de red individual la disponibilidad de todas las medidas correctoras de relevancia transfronteriza.
28
A continuación, de acuerdo con el artículo 18 de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, se hacen llegar los modelos de red individuales a los centros regionales y estos fusionan esos modelos con vistas a crear un modelo de red común para todas las horas del día. Según el artículo 2, apartado 2, del Reglamento 2015/1222, el modelo de red común es, en particular, «un conjunto de datos de toda la Unión, acordados por diversos GRT, que describen las características principales de una red energética (generación, cargas y topología de la red)».
29
En efecto, aunque cada GRT proporcione un modelo individual de red sin congestión, debido a las medidas correctoras programadas los flujos en los elementos de red pueden cambiar en el momento de la fusión de los distintos modelos individuales en el modelo de red común y pueden aparecer nuevas congestiones.
30
En consecuencia, el objetivo del proceso CROSA es coordinar, validar y aplicar las medidas correctoras de relevancia transfronteriza de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra b), de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada. Más concretamente, con arreglo a los artículos 20, 23, 24 y 27, apartado 1, de esta metodología, el algoritmo dentro del proceso CROSA denominado «optimización de las medidas correctoras» determina, para cada hora del modelo de red común, una combinación óptima de todas las medidas correctoras de relevancia transfronteriza de que disponen los GRT, con el fin de resolver todas las congestiones detectadas en los elementos de red de relevancia transfronteriza en el modelo de red común, sin generar nuevas congestiones.
31
Conforme al artículo 31, apartado 1, de esta misma metodología, las referidas medidas correctoras se aplicarán a lo largo del día siguiente, tan próximas al tiempo real como sea posible.
32
La misma lógica se aplica al proceso CROSA denominado «intradiario», que tiene lugar el día de la entrega de electricidad. Los centros regionales deben presentar, al menos tres veces al día, medidas correctoras de relevancia transfronteriza coordinadas dirigidas a los GRT.
33
Sin embargo, según el artículo 33, apartado 2, letra b), de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, en el supuesto de que, al realizar el análisis de la seguridad de la operación local, un GRT detecte una nueva vulneración de la seguridad de la operación entre dos iteraciones del proceso CROSA, o tras la iteración más reciente de este, dicho GRT podrá resolver dicha vulneración con arreglo al procedimiento de activación rápida, al margen del proceso CROSA.
Motivos primero y tercero, relativos a la competencia de la ACER y al ámbito de aplicación de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada
34
En el marco del primer motivo, la demandante, apoyada por la República de Polonia, comienza alegando que la ACER no era competente para apartarse de la propuesta de los GRT relativa al ámbito de aplicación de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada y para ampliarlo. A continuación, sostiene que las competencias de la ACER no están «delimitadas con precisión» conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puesto que la Sala de Recurso señaló, en el apartado 484 de la resolución impugnada, que las competencias de la ACER solo están limitadas por los principios de proporcionalidad y de subsidiariedad, en el sentido de los artículos 4 TUE y 5 TUE. Por último, la demandante cita a modo ilustrativo varios pasajes extraídos de la resolución impugnada que, en su opinión, demuestran que la Sala de Recurso aceptó, e incluso aplaudió, que la ACER se saliera del marco de sus competencias aun cuando carecía de base jurídica para ello.
35
En su tercer motivo, la demandante, apoyada por la República de Polonia, alega que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al considerar que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada y, en particular, su definición de los elementos de red y de las medidas correctoras eran conformes con el artículo 35, apartado 5, del Reglamento 2019/943 y con el artículo 40, apartado 1, letra d), de la Directiva 2019/944. Según la demandante, la citada metodología atribuye relevancia transfronteriza a prácticamente todos los elementos de su red y todas las medidas correctoras, lo que priva a los GRT de su capacidad para gestionar los flujos de electricidad en sus redes y para cumplir las obligaciones que les incumben, limitando así su capacidad para garantizar la seguridad de la operación. De este modo, la metodología de seguridad (ROSC) impugnada pasa por alto la distinción, establecida en el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1485, entre las vulneraciones de la seguridad de la operación que «requieren» ser gestionadas de forma coordinada y las que no lo «requieren», e infringe el artículo 76, apartado 2, de dicho Reglamento, del que deriva esta distinción.
36
En el escrito de réplica, la demandante alega asimismo que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no es compatible con el artículo 16 de la metodología de análisis (CSAM), que establece que, al diseñar la metodología de seguridad (ROSC), los GRT deben determinar una serie de «normas que regulen un proceso para la elaboración de una lista común de las medidas correctoras de relevancia transfronteriza y para la identificación de los GRT afectados por el impacto de dichas medidas correctoras, de conformidad con el artículo 15» de la metodología de análisis (CSAM). Pues bien, en la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, la ACER introdujo una presunción de relevancia transfronteriza que solo podían refutar los GRT de forma unánime.
37
La ACER rebate las alegaciones de la demandante y las de la República de Polonia, y solicita que estos motivos sean desestimados.
38
En este contexto, la ACER impugna la admisibilidad de los motivos primero y tercero. Por lo que se refiere al primer motivo, la ACER alega, por una parte, que este no es suficientemente claro y preciso a efectos del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, de modo que impide al Tribunal General proporcionar una respuesta útil, y, por otra parte, que constituye un motivo nuevo que no fue previamente invocado ante la Sala de Recurso. Por su parte, el tercer motivo se basa, por un lado, en unas alegaciones idénticas a las ya formuladas ante la Sala de Recurso y, por otro, en una nueva alegación basada en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento 2017/1485.
Sobre la admisibilidad de los motivos primero y tercero
39
En cuanto atañe a la falta de claridad y precisión suficientes de que, en opinión de la ACER, adolece el primer motivo a efectos del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, procede observar que se desprende, en particular, del escrito de contestación de dicha Agencia que esta comprendió todas las imputaciones formuladas por la demandante en ese contexto y respondió a ellas de manera útil, permitiendo así al Tribunal General ejercer su control, por lo que debe desestimarse esta alegación de inadmisibilidad.
40
En cuanto al carácter novedoso de este primer motivo, es cierto que no parece que la demandante cuestionara de forma expresa ante la Sala de Recurso la competencia de la ACER para adoptar una decisión apartándose de la propuesta de los GRT relativa al ámbito de aplicación de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, de modo que procedería declarar la inadmisibilidad de este motivo. En efecto, como dispone el artículo 29 del Reglamento 2019/942, solo se podrá interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra una decisión emitida por la ACER si se ha agotado previamente el procedimiento ante la Sala de Recurso a que se refiere el artículo 28 de este mismo Reglamento, lo que implica, en principio, que los motivos no invocados ante dicha Sala de Recurso no pueden alegarse por primera vez ante el Tribunal General con ocasión de un recurso de anulación. En efecto, dado que este se refiere exclusivamente a la resolución de dicha Sala de Recurso, debe interponerse teniendo en cuenta el marco fáctico y jurídico de los litigios tal como se plantearon ante esa Sala de Recurso (sentencia de 16 de marzo de 2022, MEKH y FGSZ/ACER, T‑684/19 y T‑704/19, EU:T:2022:138, apartado 48). En cualquier caso, por las razones que se exponen más adelante, este primer motivo es infundado y, por consiguiente, debe desestimarse.
41
Por lo que respecta a las alegaciones formuladas en apoyo del tercer motivo, que son idénticas a las ya invocadas por la demandante ante la Sala de Recurso, se ha de tener en cuenta que la demandante está legitimada para cuestionar ante el Tribunal General el razonamiento seguido por la Sala de Recurso en la resolución impugnada y, más concretamente, para tratar de demostrar que dicho razonamiento adolece de errores de Derecho, apoyándose, si lo considera necesario, en imputaciones ya formuladas ante esa Sala de Recurso, pero desestimadas por ella. De lo contrario, se privaría al procedimiento ante el Tribunal General de una parte de su sentido. En el presente asunto, en el apartado 566 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso concluyó su análisis del ámbito de aplicación de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, declarándolo conforme con el artículo 35, apartado 5, del Reglamento 2019/943, el artículo 40, apartado 1, letra d), de la Directiva 2019/944 y con el artículo 21, apartado 1, del Reglamento 2017/1485. De ello se deduce que son admisibles las alegaciones formuladas por la demandante para refutar dicha conclusión alcanzada por la Sala de Recurso en la resolución impugnada.
42
En cuanto al carácter supuestamente novedoso de la alegación basada en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento 2017/1485, invocada por la demandante en apoyo del tercer motivo, debe señalarse que la Sala de Recurso, al examinar el concepto de «medida correctora de relevancia transfronteriza» en los apartados 552 a 566 de la resolución impugnada, fundamentó su razonamiento, en particular, en la citada disposición. De ello se deduce que, contrariamente a cuanto sostiene la ACER, esta alegación no puede calificarse de nueva y, por lo tanto, es admisible.
Sobre el fundamento del primer motivo
43
Por lo que se refiere al fundamento del primer motivo, procede señalar que el artículo 6, apartado 10, del Reglamento 2019/942 y el artículo 6, apartado 8, del Reglamento 2017/1485 habilitan a la ACER para, en un plazo de seis meses, resolver el asunto o para adoptar decisiones individuales sobre cuestiones o problemas de regulación que tengan repercusiones en el comercio transfronterizo o en la seguridad de los sistemas transfronterizos y que sean competencia de las ARN, como la adopción de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, en particular cuando las ARN competentes no hayan alcanzado un acuerdo en el plazo que se les haya concedido para ello o cuando las ARN competentes le hayan remitido una solicitud conjunta en tal sentido.
44
En el presente asunto, consta que, mediante correo electrónico de 5 de junio de 2020, las ARN de la región CORE, por mediación del presidente del Foro de los Reguladores de la Energía de dicha región, solicitaron conjuntamente a la ACER, con arreglo al artículo 6, apartado 8, del Reglamento 2017/1485, que se pronunciara acerca de la propuesta de los GRT.
45
Así pues, la competencia de la ACER para resolver el caso o adoptar una decisión definitiva sobre la metodología de seguridad (ROSC) impugnada se basa, en el presente asunto, en la circunstancia, contemplada en el artículo 6, apartado 10, párrafo segundo, letra b), del Reglamento 2019/942 y en el artículo 6, apartado 8, del Reglamento 2017/1485, de que todas las ARN habían solicitado conjuntamente a dicha Agencia que se pronunciara acerca de esa metodología.
46
A este respecto, debe recordarse que, teniendo en cuenta en particular el tenor del artículo 6 del Reglamento 2019/942, pero también el contexto y los objetivos perseguidos por dicha normativa, el Tribunal General, en los apartados 39 a 61 de su sentencia de 15 de febrero de 2023, Austrian Power Grid y otros/ACER (T‑606/20, recurrida en casación, EU:T:2023:64), declaró que la ACER no está vinculada por la posición adoptada por las ARN competentes y que, dados los poderes decisorios propios que le han sido atribuidos para que pueda cumplir sus funciones reguladoras de modo efectivo, puede modificar, antes de su aprobación, las propuestas de los GRT. Habida cuenta de su formulación, el artículo 6, apartado 8, del Reglamento 2017/1485, que se inscribe en el mismo contexto que el Reglamento 2019/942 y persigue objetivos análogos a los de este Reglamento, debe interpretarse en el mismo sentido, puesto que habilita a la ACER para resolver ella misma acerca de las propuestas que le presenten las ARN, como ocurre en el presente asunto en relación con la metodología de seguridad (ROSC) impugnada.
47
De lo anterior deriva que las competencias de la ACER a este respecto quedan delimitadas con precisión por el artículo 6, apartado 10, del Reglamento 2019/942 y por el artículo 6, apartado 8, del Reglamento 2017/1485, lo que permite rechazar la imputación por la que la demandante mantiene lo contrario.
48
De lo anterior también se infiere que, contrariamente a lo alegado por la demandante, la ACER era competente, sobre la base del artículo 6, apartado 10, del Reglamento 2019/942 y del artículo 6, apartado 8, del Reglamento 2017/1485, para apartarse de la propuesta de los GRT relativa al ámbito de aplicación de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada y disponía de una base jurídica para ello.
Sobre el fundamento del tercer motivo
49
En cuanto al fundamento del tercer motivo, se ha de observar que el artículo 35, apartado 5, del Reglamento 2019/943 dispone que los GRT son responsables de gestionar los flujos de electricidad y garantizar una red eléctrica segura, fiable y eficiente de conformidad con el artículo 40, apartado 1, letra d), de la Directiva 2019/944, mientras que los centros regionales completan el papel de los GRT llevando a cabo tareas de alcance regional que se les hayan asignado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento 2019/943.
50
El artículo 37, apartado 1, letra b), del Reglamento 2019/943 establece que los centros regionales son responsables de llevar a cabo el proceso CROSA de acuerdo con las metodologías elaboradas en virtud del Reglamento 2017/1485. De conformidad con el artículo 42, apartado 2, del Reglamento 2019/943, dichos centros regionales, en el marco de esta competencia, presentan medidas coordinadas dirigidas a los GRT, los cuales las aplican, salvo cuando su aplicación pudiera suponer una vulneración de los límites de seguridad de la operación determinados por cada GRT.
51
Ahora bien, según la demandante, el artículo 21, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1485 circunscribe la coordinación por parte de los centros regionales únicamente a la gestión de las vulneraciones de la seguridad de la operación que «requieran» ser gestionadas de forma coordinada, mientras que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada también incluye vulneraciones que no «requieren» ser gestionadas de tal manera.
52
De entrada, procede observar que, por lo que se refiere a la definición de las vulneraciones de la seguridad de la operación que requieren ser gestionadas de forma coordinada, el artículo 21, apartado 1, del Reglamento 2017/1485 no determina de manera autónoma las vulneraciones de la seguridad de la operación que requieren ser gestionadas de forma coordinada y las que no, sino que se remite a este respecto al artículo 76 del Reglamento 2017/1485 y a la metodología de seguridad (ROSC) adoptada sobre la base de dicho artículo. Por otro lado, la propia demandante sostiene que el criterio jurídico pertinente para definir las medidas correctoras que «requieren» ser gestionadas de forma coordinada es el contemplado en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485.
53
De ello resulta que, para examinar el fundamento del tercer motivo, es preciso, para empezar, verificar si la metodología de seguridad (ROSC) impugnada se basa en una interpretación errónea del artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485, para, a continuación, examinar la imputación basada en el menoscabo de las competencias de los GRT que derivan del artículo 35 del Reglamento 2019/943 y del artículo 40 de la Directiva 2019/944 y, por último, la imputación formulada por la demandante en su escrito de réplica, basada en la aplicación supuestamente incorrecta del artículo 16 de la metodología de análisis (CSAM).
– Sobre la interpretación errónea del artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485
54
El artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485 establece que, al determinar si la congestión tiene relevancia transfronteriza, los GRT tendrán en cuenta la congestión que se produciría en ausencia de intercambio de energía entre zonas de control.
55
Las partes coinciden en que todos los elementos de red con una tensión igual o superior a 220 kV pueden tener relevancia transfronteriza. La discrepancia entre las partes se refiere únicamente a la cuestión de qué congestiones específicas detectadas en tales elementos deben ser gestionadas de forma coordinada por el proceso CROSA, de conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485.
56
En la resolución impugnada, la Sala de Recurso confirmó a este respecto la posición de la ACER según la cual, con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485, todas las congestiones en los elementos de red con una tensión igual o superior a 220 kV, independientemente de su origen, deben ser gestionadas de forma coordinada mediante el proceso CROSA, lo que comprende tanto las congestiones causadas por los intercambios transfronterizos programados, a saber, los flujos asignados, como las derivadas de flujos no programados, a saber, los flujos en bucle y los resultantes de la activación de medidas correctoras destinadas a aliviar otras congestiones ocasionadas por los flujos asignados.
57
La demandante cuestiona esta interpretación alegando que, atendiendo a la literalidad del artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485, solo las congestiones causadas por intercambios transfronterizos programados, esto es, los flujos asignados, deben ser gestionadas de forma coordinada. Así, cuando no hay intercambios transfronterizos programados, la gestión de las congestiones que se producen sobre la red controlada por un GRT puede abordarse mejor por dicho GRT que por el proceso CROSA. En consecuencia, según la demandante, no todas las congestiones identificadas en un mismo elemento de red con una tensión superior a 220 kV deben ser siempre gestionadas de forma coordinada.
58
A este respecto, es necesario, en un primer momento, establecer el criterio jurídico pertinente para el establecimiento de la metodología de seguridad (ROSC) y, en un segundo momento, verificar si la Sala de Recurso aplicó correctamente ese criterio en la mencionada metodología.
59
El artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485 preceptúa que, «al determinar si la congestión tiene relevancia transfronteriza, los GRT tendrán en cuenta la congestión que se produciría en ausencia de intercambio de energía entre zonas de control».
60
Desde el punto de vista literal, esta disposición no proporciona ningún elemento útil para identificar las medidas correctoras que requieren ser gestionadas de forma coordinada o para definir con precisión el ámbito de aplicación de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada. De ello se deduce que no se puede aceptar la interpretación literal realizada por la demandante, puesto que no es posible interpretar la citada disposición con independencia del contexto normativo en el que esta se inscribe.
61
Atendiendo a su contexto, el artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485 debe interpretarse a la luz de este mismo artículo considerado en su conjunto y de las disposiciones a las que remite directa o indirectamente, a saber, en particular, el artículo 76, apartado 1, letra b), inciso iii), del Reglamento 2017/1485 y el artículo 35 del Reglamento 2015/1222, al que remite el artículo 76, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1485.
62
Por lo que respecta, en primer término, al artículo 76, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1485, debe señalarse que, si bien del tenor de esta disposición se desprende que la metodología de seguridad (ROSC) debe prever la preparación de medidas correctoras gestionadas de forma coordinada, en modo alguno resulta que, para determinar el ámbito de aplicación de dicha metodología, deba establecerse una distinción en función del origen de las vulneraciones de seguridad, como las congestiones, que requieren de medidas correctoras coordinadas.
63
Además, cabe señalar que el texto del artículo 76, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1485 impone, en esencia, que la coordinación de la preparación de las medidas correctoras esté justificada, por una parte, «considerando su relevancia transfronteriza», determinada de conformidad con el artículo 35 del Reglamento 2015/1222, y, por otra parte, «teniendo en cuenta los requisitos de los artículos 20 a 23 [del Reglamento 2017/1485]», lo que confirma la interpretación realizada del artículo 76, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1485 en el anterior apartado 62.
64
A este respecto, procede observar asimismo que el artículo 35, apartado 4, del Reglamento 2015/1222 dispone que el redespacho y el intercambio compensatorio de relevancia transfronteriza deben aplicarse de forma coordinada. Al disponer el artículo 76, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1485 la coordinación de la preparación no solo del redespacho y del intercambio compensatorio, sino también de otras medidas correctoras no costosas, este criterio de la relevancia transfronteriza también se aplica a estas medidas correctoras, dada la referencia explícita que figura en dicha disposición.
65
Además, el artículo 35, apartado 2, del Reglamento 2015/1222 establece que los GRT de cada región pueden aliviar de forma eficaz la congestión física en su zona de control, independientemente de que esté causada o no por motivos que queden principalmente fuera de su ámbito de control.
66
La necesidad de coordinar las medidas correctoras cuando tienen relevancia transfronteriza también resulta del artículo 16, apartado 1, tercera frase, del Reglamento 2019/943, que dispone que, «al adoptar medidas operativas que garanticen que su red de transporte permanezca en su estado normal, el [GRT] tendrá en cuenta el efecto de dichas medidas en las zonas de control vecinas y las coordinará con las de otros [GRT] afectados conforme a lo dispuesto en el Reglamento […] 2015/1222».
67
Además, cabe señalar que esta interpretación también se ve corroborada por el contenido de los artículos 20 a 23 del Reglamento 2017/1485, que deben ser tenidos en cuenta por la metodología de seguridad (ROSC) de conformidad con el artículo 76, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1485.
68
A este respecto, el artículo 23, apartado 2, del Reglamento 2017/1485 dispone, en particular, que, al preparar y activar una medida correctora, incluidos el redespacho o el intercambio compensatorio en virtud de los artículos 25 y 35 del Reglamento 2015/1222, el GRT de que se trate evaluará, en coordinación con los GRT afectados, el impacto de dicha medida correctora dentro y fuera de su zona de control.
69
Dicha disposición establece también que esta evaluación del impacto de la medida correctora debe hacerse de conformidad, primero, con el artículo 75, apartado 1, del Reglamento 2017/1485, que prevé la adopción de la metodología de análisis (CSAM); a continuación, con el artículo 76, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, que prevé la adopción de la metodología de seguridad (ROSC), y, por último, con el artículo 78, apartados 1, 2 y 4, del Reglamento 2017/1485, que regulan la cooperación entre los GRT y los centros regionales.
70
Así pues, la lectura combinada del artículo 35 del Reglamento 2015/1222, por una parte, y de los artículos 20 a 23 del Reglamento 2017/1485, por otra, pone de manifiesto que, contrariamente a lo alegado por la demandante, la metodología de seguridad (ROSC) debe prever la coordinación de las medidas correctoras no en función del origen de la congestión que estas medidas pretenden aliviar, sino en función de la relevancia transfronteriza que dichas medidas puedan tener.
71
Por lo que respecta, en segundo término, al artículo 76, apartado 1, letra b), inciso iii), del Reglamento 2017/1485, este establece que la metodología de seguridad (ROSC) determina las medidas correctoras más eficientes y rentables en caso de que se produzcan vulneraciones de la seguridad de la operación con arreglo al artículo 22 del Reglamento 2017/1485, que describe las diferentes categorías de medidas correctoras.
72
De lo anterior se deduce que uno de los objetivos de la metodología de seguridad (ROSC) es hallar las medidas correctoras óptimas para toda la red de cada región de cálculo de la capacidad. En consecuencia, al determinar el ámbito de aplicación de la referida metodología, la ACER debía prever la identificación de las medidas correctoras cuya gestión podía abordarse mejor de forma coordinada mediante el proceso CROSA, habida cuenta de su relevancia transfronteriza.
73
A la luz de estas disposiciones, procede declarar que el criterio jurídico contemplado en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485 implica, primero, que se identifiquen todos los elementos de red en los que sea necesaria una gestión coordinada de las medidas correctoras debido a la relevancia transfronteriza de estas; segundo, que la coordinación permita aliviar de forma eficaz la congestión física independientemente del origen de esta, y, tercero, que la coordinación regional permita dar con la solución óptima.
74
En este contexto, el artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485 debe interpretarse en el sentido de que identifica los elementos de red en los que, en principio, se produce una «congestión con relevancia transfronteriza», que debe ser gestionada mediante la aplicación de medidas correctoras, las cuales, a su vez, debe considerarse que tienen relevancia transfronteriza.
75
Por lo tanto, es necesario examinar si, en el presente asunto, la Sala de Recurso aplicó correctamente este criterio al considerar que debían ser gestionadas de forma coordinada por la metodología de seguridad (ROSC) todas las medidas correctoras activadas que, al menos en algunos casos, son aptas para resolver las vulneraciones de los límites de corriente en los elementos de red con una tensión igual o superior a 220 kV.
76
A este respecto, debe recordarse que la determinación de los elementos de red de relevancia transfronteriza remite a la definición establecida por la metodología de análisis (CSAM), adoptada sobre la base del artículo 75 del Reglamento 2017/1485. En efecto, el artículo 76, apartado 1, segunda frase, del Reglamento 2017/1485 dispone que la metodología de seguridad (ROSC) debe ajustarse a la metodología de análisis (CSAM), la cual contempla determinados elementos para la adopción de la metodología de seguridad (ROSC).
77
Pues bien, el artículo 15, apartado 1, de la metodología de análisis (CSAM) establece que se considerarán elementos de red de relevancia transfronteriza todos los elementos críticos de la red y todos los elementos de red con una tensión superior a un nivel fijado por los GRT, con excepción de aquellos elementos de red que, por decisión unánime de los GRT, carecen de relevancia transfronteriza.
78
Los GRT entendieron, con arreglo a esta disposición, en la página 8 de la nota explicativa de la metodología de seguridad (ROSC) (véase el apartado 7 de la presente sentencia), que los elementos de red más pertinentes para el proceso CROSA eran aquellos con una tensión de 220 kV y de 380 kV, «dado que dichos elementos se [utilizaban] para facilitar el intercambio de energía entre zonas de oferta del sistema energético europeo». En cambio, los GRT no consideraron que todas las medidas correctoras activadas sobre estos elementos debían ser gestionadas de forma coordinada mediante el proceso CROSA.
79
Pues bien, al identificar las medidas correctoras que requerían ser gestionadas de forma coordinada, la ACER consideró, como se desprende del considerando 12 de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, que, dado el carácter muy mallado de la red interconectada de la región CORE, generalmente no era posible identificar un elemento de red que se viera afectado únicamente por medidas correctoras sin repercusiones sobre otros elementos de red de relevancia transfronteriza, de modo que debía considerarse que todas aquellas medidas correctoras que, al menos en algunos casos, eran aptas para aliviar una congestión en los elementos de la red con una tensión igual o superior a 220 kV tenían relevancia transfronteriza y, por ende, debían ser gestionadas de forma coordinada mediante el proceso CROSA.
80
En la vista, la demandante explicó que se oponía más concretamente a que se coordinaran mediante el proceso CROSA aquellas medidas correctoras cuyo impacto físico sobre dichos elementos de red presentaba un «factor de influencia», esto es, una desviación de flujos en un elemento de red de relevancia transfronteriza tras producirse una contingencia resultante de la aplicación de una medida correctora, normalizada por la carga permanente admisible en el elemento de red de relevancia transfronteriza asociado [«a flow deviation on a XNEC resulting from the application of a remedial action, normalised by the permanent admissible loading (PAL) on the associated XNE»], inferior al 5 %. Sin embargo, la ACER explicó, sin que se le contradijera sobre este extremo, que, dado el carácter muy mallado de la red interconectada de la región CORE, no era posible determinar ex ante si una medida correctora superaría o no dicho umbral, ya que su impacto real en un momento dado dependía de las demás medidas correctoras activadas en la red y de los flujos en los elementos de red.
81
Por lo tanto, basándose en esta apreciación técnica, la Sala de Recurso, para empezar, consideró correctamente, atendiendo al criterio jurídico aplicable, que deben ser coordinadas mediante el proceso CROSA todas las medidas correctoras que, al menos en algunos casos, son aptas para aliviar una congestión en los elementos con una tensión igual o superior a 220 kV. A continuación, acertó al confirmar la posición de la ACER según la cual la metodología de seguridad (ROSC) debe prever la coordinación mediante el proceso CROSA de las medidas correctoras necesarias para aliviar una congestión física, independientemente de su origen, en todos los elementos de red con una tensión igual o superior a 220 kV. Por último, confirmó sin incurrir en error manifiesto de apreciación que la solución óptima para toda la red interconectada de la región CORE solo podía hallarse entre todas las medidas correctoras activadas en los elementos de red con una tensión igual o superior a 220 kV.
82
Así pues, la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho ni en error manifiesto de apreciación al considerar que todas las congestiones en los elementos de red con una tensión igual o superior a 220 kV debían gestionarse de forma coordinada mediante el proceso CROSA, de conformidad con la metodología de seguridad (ROSC).
83
En consecuencia, procede desestimar la imputación de la demandante basada en la infracción del artículo 76, apartado 2, del Reglamento 2017/1485.
– Sobre el menoscabo de las competencias de los GRT en virtud del artículo 35 del Reglamento 2019/943 y del artículo 40 de la Directiva 2019/944
84
Por lo que se refiere a la alegación de la demandante de que la definición de los elementos de red y de las medidas correctoras recogida en la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 35, apartado 5, del Reglamento 2019/943 y en el artículo 40, apartado 1, letra d), de la Directiva 2019/944, procede recordar que, del análisis efectuado en los apartados 52 a 82 de la presente sentencia, se desprende que la ACER aplicó correctamente el criterio jurídico pertinente y no incluyó en el ámbito de aplicación de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada medidas correctoras que no «requirieran» ser gestionadas de forma coordinada mediante el proceso CROSA.
85
De ello deriva que, contrariamente a lo alegado por la demandante y tal como declaró acertadamente la Sala de Recurso en la resolución impugnada, la definición del ámbito de aplicación de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada respeta las competencias de los GRT en materia de seguridad de la operación de sus redes, establecidas en el artículo 35, apartado 5, del Reglamento 2019/943 y en el artículo 40, apartado 1, letra d), de la Directiva 2019/944.
86
Por añadidura, en primer término, debe señalarse que, frente a lo aducido por la demandante, no todos los elementos de red ni todas las medidas correctoras de que esta dispone se incluyen, por defecto, en la metodología de seguridad (ROSC) impugnada. Por una parte, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra b), de dicha metodología, no se incluyeron en ella los elementos de red con una tensión inferior a 220 kV. Además, los GRT tienen la posibilidad de excluir, ya sea de forma unilateral o por unanimidad, determinados elementos de red del ámbito de aplicación de la referida metodología, enumerados en su artículo 7, apartado 3, letra d), incisos i), ii) y iii). Por otra parte, con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, no se incluyen en esta determinadas categorías de medidas correctoras contempladas en el artículo 22 del Reglamento 2017/1485. Cabe añadir que, en virtud del artículo 9, apartado 2, de esa misma metodología, los GRT pueden excluir por unanimidad determinadas medidas correctoras sin relevancia transfronteriza.
87
Por otro lado, cabe señalar que la demandante no ha aportado elemento alguno que permita concluir que ya no dispone de ninguna medida correctora para garantizar la seguridad de la operación de su red.
88
En segundo término, procede observar que los GRT siguen siendo los únicos responsables de activar las medidas correctoras de relevancia transfronteriza para garantizar la seguridad de la operación de sus redes.
89
En efecto, en el supuesto de que una medida correctora recomendada pueda implicar la vulneración de la seguridad de la operación de la red de un GRT, este puede descartar dicha medida en la fase de coordinación con ocasión de cada iteración del proceso CROSA, de conformidad con el artículo 27 de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada y con el artículo 42, apartado 2, del Reglamento 2019/943.
90
Del mismo modo, en virtud del artículo 33 de dicha metodología, cuando se produzca una vulneración de la seguridad de la operación que no haya sido prevista por el proceso CROSA, el GRT afectado puede utilizar el procedimiento acelerado para activar, sin la intervención del centro regional y en estrecha coordinación con los GRT afectados, una medida correctora de relevancia transfronteriza para garantizar la seguridad operativa de su red. En consecuencia, nada permite presumir que la coordinación regional suponga un riesgo para la seguridad de la operación.
91
De lo anterior deriva que debe desestimarse la alegación formulada por la demandante según la cual le resulta imposible garantizar la seguridad de la operación de su red y, por ende, ejercer las competencias que le reconocen el artículo 35 del Reglamento 2019/943 y el artículo 40 de la Directiva 2019/944.
92
Por estas mismas razones, procede rechazar asimismo la alegación de la República de Polonia según la cual la demandante no puede garantizar la seguridad energética de dicho Estado miembro debido a que, por una parte, la metodología de seguridad (ROSC) impugnada limita el catálogo de medidas correctoras a disposición de los GRT y, por otra parte, la demandante se ve privada de herramientas importantes para ejercer sus competencias, contrariamente al principio de solidaridad, tal como fue interpretado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 15 de julio de 2021, Alemania/Polonia (C‑848/19 P, EU:C:2021:598).
93
Por lo tanto, procede desestimar la imputación de la demandante basada en la infracción del artículo 35, apartado 5, del Reglamento 2019/944 y del artículo 40, apartado 1, letra d), de la Directiva 2019/944.
– Sobre la aplicación incorrecta del artículo 16 de la metodología de análisis (CSAM)
94
La demandante también alega que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no es compatible con el artículo 16 de la metodología de análisis (CSAM).
95
A este respecto, debe señalarse que, en virtud del artículo 76, apartado 1, del Reglamento 2017/1485, la metodología de seguridad (ROSC) debe ser efectivamente coherente con la metodología de análisis (CSAM), adoptada sobre la base del artículo 75 de dicho Reglamento.
96
Según el considerando 3 de la metodología de análisis (CSAM), esta comprende, en particular, las disposiciones para el establecimiento de medidas correctoras que deben ser gestionadas de forma coordinada por los GRT y para facilitar la coordinación regional efectiva de las medidas correctoras, de conformidad con la metodología regional que deben adoptar los GRT sobre la base del artículo 76, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1485.
97
Además, el artículo 15, apartado 3, de la metodología de análisis (CSAM) establece que, en el contexto de la metodología de seguridad (ROSC), los GRT, al efecto de determinar si las medidas correctoras tienen relevancia transfronteriza, deben adoptar una serie de normas de procedimiento que deben basarse en uno de los enfoques —cualitativo o cuantitativo— descritos en los apartados 4 a 6 de este mismo artículo de la metodología de análisis (CSAM).
98
En su propuesta, los GRT establecieron tales procedimientos para evaluar la relevancia transfronteriza de sus posibles medidas correctoras, la cual se determinaría, en relación con cada medida correctora individual, mediante acuerdo unánime de los GRT. En su documento oficioso, las ARN de la región CORE pactaron, por otro lado, un enfoque cualitativo y cuantitativo, pero también reconocieron la necesidad de aclaraciones adicionales, ya que la propuesta de los GRT no se había completado ni estaba suficientemente detallada.
99
Posteriormente, la ACER consideró, sobre la base de una apreciación técnica expuesta en los considerandos 12 y 13 de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, que debía considerarse que toda medida correctora que, al menos en algunos casos, fuese apta para resolver las vulneraciones de los límites de corriente en un elemento de red con una tensión igual o superior a 220 kV, esto es, un elemento de red de relevancia transfronteriza, tenía en sí misma relevancia transfronteriza, a menos que los GRT determinaran lo contrario. En cambio, la ACER modificó los enfoques cualitativo y cuantitativo con el fin de utilizarlos para identificar a los GRT afectados por la activación de medidas correctoras de relevancia transfronteriza, en particular a efectos del procedimiento de activación rápida.
100
Pues bien, procede observar que el artículo 16 de la metodología de análisis (CSAM) plantea un procedimiento de elaboración de la metodología de seguridad (ROSC) que obliga a los GRT de la región CORE a elaborar conjuntamente una propuesta de metodología de seguridad (ROSC) que contenga una serie de normas para la determinación de la relevancia transfronteriza de las medidas correctoras y de los GRT afectados por esas medidas correctoras con carácter general.
101
Así pues, no se puede reprochar a la Sala de Recurso que no haya garantizado el cumplimiento de la citada disposición, puesto que el procedimiento establecido por la metodología de seguridad (ROSC) impugnada establece los criterios para la elaboración por los GRT de una lista de elementos de red de relevancia transfronteriza y para la identificación de la relevancia transfronteriza de una posible medida correctora y, por otro lado, dispone asimismo una serie de normas específicas relativas a la exclusión de elementos de red y de medidas correctoras sin relevancia transfronteriza.
102
Por lo tanto, procede desestimar la imputación de la demandante basada en la incompatibilidad entre el ámbito de aplicación de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada y el artículo 16 de la metodología de análisis (CSAM).
103
De lo anterior se desprende que la demandante no ha logrado demostrar que la Sala de Recurso cometiera un error de Derecho o un error manifiesto de apreciación al no declarar, en la resolución impugnada, que se había infringido el artículo 35, apartado 5, del Reglamento 2019/943 y del artículo 40, apartado 1, letra d), de la Directiva 2019/944. En consecuencia, procede desestimar los motivos primero y tercero.
Cuarto motivo, basado en la infracción de las disposiciones que garantizan la posibilidad de utilizar el modelo de despacho central para gestionar las congestiones internas o para llevar a cabo tareas de balance
104
En el marco del cuarto motivo, la demandante, apoyada por la República de Polonia, alega que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada incide en la posibilidad de que los GRT utilicen el modelo de despacho central y, en particular, el proceso de programación integrado que figura en dicho modelo, puesto que, una vez activada una medida correctora de relevancia transfronteriza, ya no les es posible acceder a los recursos de generación afectados y modificar por sí mismos las consignas de generación. Según la demandante, el proceso de programación integrado llevado a cabo en el marco del modelo de despacho central es un proceso continuo que se inicia antes que el proceso CROSA y que se actualiza de forma periódica en tiempo real, puesto que suele actualizarse más de cincuenta veces al día, mientras que en el proceso CROSA solo hay una iteración diaria y tres iteraciones intradiarias. Según la demandante, al negarse a admitir la existencia de tal infracción, la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho e interpretó de forma incorrecta el artículo 4, apartado 2, letra e), del Reglamento 2017/1485 y el artículo 12, apartado 1, del Reglamento 2019/943.
105
La demandante sostiene, en esencia, que, dada la amplitud de su ámbito de aplicación, la metodología de seguridad (ROSC) impugnada supone un obstáculo para la utilización del modelo de despacho central al no permitirle gestionar por sí misma en Polonia las congestiones, por una parte, y el balance, por otra, lo que le impide garantizar la seguridad de la operación de su red. A este respecto, la demandante explica que, en el modelo de despacho central, lleva a cabo las tareas de balance de manera concomitante con la gestión de congestiones en un proceso integrado, mientras que en el modelo de despacho descentralizado estos dos procesos se desarrollan por separado.
106
La ACER rebate las alegaciones de la demandante y las de la República de Polonia, y solicita que este motivo sea desestimado.
107
En este contexto, la ACER cuestiona la admisibilidad del cuarto motivo aduciendo que este se basa en unas alegaciones idénticas a las ya formuladas ante la Sala de Recurso.
108
Con carácter preliminar, por lo que respecta a la admisibilidad del cuarto motivo, procede recordar que la demandante tiene derecho a cuestionar ante el Tribunal General el razonamiento seguido por la Sala de Recurso en la resolución impugnada, apoyándose, si lo considera necesario, en imputaciones ya formuladas ante esa Sala de Recurso (véase el apartado 41 de la presente sentencia). En el presente asunto, en el apartado 600 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no incidía en la posibilidad de que los GRT utilizaran el mecanismo del modelo de despacho central. Del mismo modo, del apartado 609 de la resolución impugnada se desprende que la mencionada Sala de Recurso concluyó, en particular, basándose en el razonamiento desarrollado en los apartados 583 a 608 de esa misma resolución, que las limitaciones derivadas del proceso CROSA no menoscababan las responsabilidades de los GRT derivadas del artículo 4, apartado 2, letra e), del Reglamento 2017/1485. De ello se deduce que son admisibles las imputaciones formuladas por la demandante con objeto de refutar las consideraciones en las que se basó la Sala de Recurso en la resolución impugnada.
109
En cuanto al fundamento del cuarto motivo, es necesario precisar que, a tenor del artículo 4, apartado 2, letra e), del Reglamento 2017/1485, las autoridades competentes deben «respetar la responsabilidad asignada al GRT relevante para garantizar la seguridad del sistema, incluidas las disposiciones aplicables de la legislación nacional». Por su parte, el artículo 12, apartado 1, del Reglamento 2019/943 se refiere a la responsabilidad de los GRT por lo que respecta al despacho de instalaciones de generación de electricidad y de respuesta de la demanda, estableciendo que este debe ser no discriminatorio, transparente y, a menos que se disponga otra cosa en virtud de los apartados 2 a 6 de este mismo artículo, basado en el mercado.
110
Los GRT pueden acometer tal responsabilidad utilizando el método de despacho central, el cual se define en el artículo 2, punto 18, del Reglamento (UE) 2017/2195 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, por el que se establece una directriz sobre el balance eléctrico (DO 2017, L 312, p. 6) como «un modelo de programación y despacho en el que los programas de generación y los programas de consumo, así como el despacho de las instalaciones de generación de electricidad y las instalaciones de demanda, en referencia a las instalaciones despachables, están determinados por un GRT dentro del proceso de programación integrado».
111
Para empezar, procede señalar que ni el artículo 4, apartado 2, letra e), del Reglamento 2017/1485, ni el artículo 12, apartado 1, del Reglamento 2019/943 implican que la metodología de seguridad (ROSC), adoptada sobre la base del artículo 76, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1485, carezca de incidencia sobre las actividades de los GRT, incluida la utilización del modelo de despacho central a que se refieren las citadas disposiciones. Sin embargo, la interpretación de esta disposición no puede dar lugar a que se obvie la responsabilidad expresa de los GRT de garantizar la seguridad de la operación de sus redes enunciada, en particular, en el artículo 4, apartado 2, letra e), del Reglamento 2017/1485.
112
Por consiguiente, debe examinarse si la metodología de seguridad (ROSC) impugnada tiene por efecto, como alega la demandante, privar a esta de la posibilidad de utilizar el modelo de despacho central para gestionar congestiones internas y llevar a cabo tareas de balance, atentando así contra su responsabilidad de garantizar la seguridad de su red.
Sobre la infracción de las disposiciones que garantizan la posibilidad de utilizar el modelo de despacho central para la gestión de congestiones en el modelo de red individual
113
Por lo que respecta, en primer lugar, a la gestión de las congestiones internas, la demandante alega, en esencia, que las iteraciones menos frecuentes del proceso CROSA constituyen un obstáculo para las iteraciones, más frecuentes, del proceso de programación integrado, en el sentido del artículo 2, punto 19, del Reglamento 2017/2195, puesto que, de conformidad con el artículo 14, apartado 2, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, tras la iteración diaria del proceso CROSA, no es posible introducir modificaciones adicionales a los programas de generación o de consumo.
114
A este respecto, debe desestimarse de entrada la alegación de la demandante según la cual, por una parte, únicamente existe una iteración diaria del proceso CROSA y, por otra, las medidas correctoras de relevancia transfronteriza solo pueden aplicarse antes del proceso CROSA diario, mientras que el proceso de programación integrado se ejecuta, según la demandante, más de cincuenta veces al día.
115
En efecto, de conformidad con el artículo 31, apartado 1, de la metodología de seguridad (ROSC), las medidas correctoras de relevancia transfronteriza se activan casi en tiempo real, y no antes del horizonte temporal diario del proceso CROSA, que comienza a las 18.00 horas del día anterior al de la entrega.
116
Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la imputación de la demandante según la cual las condiciones de la red pueden cambiar muy rápidamente, lo que podría resolverse eficazmente mediante el proceso de programación integrado, debe señalarse que el proceso CROSA ofrece las debidas salvaguardias para asegurar que los GRT cumplan con su obligación de garantizar la seguridad de la operación de su red.
117
En este sentido, en primer término, el artículo 27, apartado 2, letra a), de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada establece que, en el supuesto de que una medida correctora de relevancia transfronteriza suponga una vulneración de la seguridad de la operación, el GRT afectado y el GRT responsable de activar la medida correctora pueden descartar esta medida. La letra b) de la citada disposición contempla esta misma posibilidad para el caso de que esa misma medida deje de estar disponible, o lo que es lo mismo, ya no pueda desplegarse.
118
En segundo término, el artículo 33 de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada establece un procedimiento de activación rápida para resolver las vulneraciones de la seguridad de la operación que se detecten tanto entre dos iteraciones del proceso CROSA, cuando no sea posible esperar al siguiente horizonte temporal, como una vez completado el proceso CROSA más reciente.
119
El procedimiento de activación rápida constituye, por consiguiente, un procedimiento subsidiario, al margen del proceso CROSA, que prevé una coordinación más restringida, limitada exclusivamente a los GRT afectados por las medidas correctoras que deben activarse para hacer frente a nuevas vulneraciones de la seguridad de la operación que no hayan podido resolverse mediante el proceso CROSA. Este procedimiento permite al GRT garantizar de forma unilateral la seguridad de la operación de su propia red en caso de que el proceso CROSA no sea capaz de detectar una vulneración de dicha seguridad operativa.
120
Habida cuenta de lo anterior, también procede desestimar la imputación formulada por la República de Polonia según la cual la aplicación del proceso CROSA en lo que respecta a las redes con un modelo de despacho central genera información incorrecta sobre las medidas correctoras que deben aplicarse, puesto que dicho proceso no dispone de la información más reciente sobre el estado de la red. En efecto, aun suponiendo que el proceso CROSA sea ineficaz, extremo que no ha demostrado la República de Polonia, esta no ha acreditado que las garantías mencionadas en los apartados 116 a 118 de la presente sentencia no sean adecuadas para que los GRT puedan garantizar la seguridad de la operación de sus propias redes cuando el proceso CROSA no sea capaz de detectar una vulneración de la seguridad de la operación y de recomendar una solución coordinada.
121
En consecuencia, procede concluir que la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al declarar que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no priva a la demandante de la posibilidad de gestionar las congestiones en el modelo de despacho central, de modo que la Sala de Recurso no infringió ni el artículo 4, apartado 2, letra e), del Reglamento 2017/1485 ni el artículo 12, apartado 1, del Reglamento 2019/943.
Sobre la infracción de las disposiciones que garantizan la posibilidad de utilizar el modelo de despacho central para llevar a cabo tareas de balance
122
La demandante reprocha asimismo a la Sala de Recurso que esta confirmara en la resolución impugnada la metodología de seguridad controvertida (ROSC) aun cuando esta le impedía llevar a cabo tareas de balance.
123
No obstante, como bien argumenta la ACER, la demandante puede modificar el programa de generación de un módulo de generación de electricidad para fines de balance, aun cuando dicho módulo de generación de electricidad esté afectado por una medida correctora de relevancia transfronteriza, hasta el momento en que esa medida correctora se active en el referido módulo.
124
Es cierto que, en esencia, del artículo 21, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1485 se desprende que un GRT no puede «diseñar, preparar y activar» medidas correctoras de relevancia transfronteriza de forma no coordinada o fuera del proceso CROSA. Del mismo modo, del artículo 35, apartado 4, del Reglamento 2015/1222 resulta que los GRT no pueden «aplicar, con carácter unilateral o no coordinado» medidas correctoras de relevancia transfronteriza.
125
Sin embargo, la prohibición de aplicar nuevas medidas correctoras de relevancia transfronteriza tras la última iteración del proceso CROSA se aplica a las medidas de gestión de la congestión sin que ello afecte negativamente a las medidas adoptadas con fines de balance.
126
En efecto, como sostiene acertadamente la ACER, incluso una vez finalizado el proceso CROSA, el proceso de programación integrado puede seguir su curso y modificar los programas de generación y de consumo de los módulos de generación de electricidad, siempre que las modificaciones tengan por objeto el balance. A este respecto, en la vista, la demandante admitió que, si bien es complicado distinguir las medidas de redespacho aplicadas con fines de gestión de la congestión de las aplicadas con fines de balance, tal distinción no es imposible.
127
Además, aunque es cierto que, debido a la falta de disponibilidad de los módulos de generación de electricidad sobre los que se activan medidas correctoras de relevancia transfronteriza en función de los resultados del proceso CROSA, la demandante dispone de menos recursos que antes para llevar a cabo sus tareas de balance, esta mera apreciación no basta para determinar la existencia de una infracción del artículo 4, apartado 2, letra e), del Reglamento 2017/1485 y del artículo 12, apartado 1, del Reglamento 2019/943.
128
A este respecto, por una parte, procede recordar que está en la lógica de la coordinación regional que los GRT no pueden disponer libremente de todos sus recursos, siempre que tengan relevancia transfronteriza.
129
Por otra parte, debe señalarse que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada contempla varias salvaguardias específicas relativas al balance. En particular, dicha metodología establece en su artículo 25 que el proceso CROSA debe garantizar que las medidas correctoras de relevancia transfronteriza optimizadas no causen desvíos en el sistema eléctrico. Además, como bien argumenta la ACER, según el artículo 31, apartado 2, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, un GRT puede, en el marco del proceso de activación rápida, solicitar una nueva valoración de la medida correctora de relevancia transfronteriza ordenada cuando, a raíz de las modificaciones de los valores de consigna resultantes del proceso de programación integrado, ya no sea necesario activar dicha medida.
130
En consecuencia, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que vulnerara las competencias de los GRT relativas a la utilización del modelo de despacho central para garantizar la seguridad de la operación y el balance, contempladas en el artículo 4, apartado 2, letra e), del Reglamento 2017/1485 y en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento 2019/943.
131
Las demás imputaciones formuladas por la demandante en apoyo del cuarto motivo no permiten desvirtuar esta conclusión.
132
Por lo que se refiere, en primer término, a la imputación de la demandante basada en que, al confirmar la metodología de seguridad (ROSC) impugnada y el proceso CROSA, la Sala de Recurso interfirió de forma ilícita en su competencia de llevar a cabo tareas de balance, por un lado, debe señalarse que la demandante no ha demostrado de qué modo el denominado paradigma de la «placa de cobre» del modelo de mercado zonal que esta invoca, utilizado en el proceso de cálculo de capacidad, es pertinente para apreciar la legalidad de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada. La demandante explica, en efecto, que el modelo de mercado zonal aplicado en Europa se basa en el paradigma de la placa de cobre, y precisa que esto significa que, desde la perspectiva del mercado mayorista, no existen restricciones a las actividades comerciales dentro de la zona de oferta, es decir, no existen restricciones a los intercambios entre los equipos de generación y de carga eléctrica situados en una misma zona de oferta, y que el comercio interzonal está limitado por la disponibilidad de capacidad de transporte de electricidad entre las zonas de oferta. Pues bien, es preciso observar que la demandante no explica en absoluto de qué forma el hecho de que el modelo de mercado zonal aplicado en Europa se base en dicho paradigma tiene como consecuencia impedirle utilizar módulos de generación de electricidad para tareas de balance cuando se activan medidas correctoras de relevancia transfronteriza en esos módulos.
133
Por otro lado, no cabe censurar a la Sala de Recurso haber confirmado en la resolución impugnada que los centros regionales podían participar en la operación en tiempo real de la red eléctrica, de conformidad con el considerando 55 del Reglamento 2019/943. En efecto, del funcionamiento del proceso CROSA se desprende claramente que los centros regionales se limitan a recomendar medidas correctoras coordinadas, mientras que los GRT siguen siendo los responsables últimos de la activación de estas medidas en tiempo real, como se desprende del artículo 42, apartado 2, del Reglamento 2019/943 y del artículo 78, apartado 4, del Reglamento 2017/1485.
134
Por lo que respecta, en segundo término, a la imputación de la demandante basada en una supuesta discriminación de los GRT que operan con arreglo al modelo de despacho central respecto de los que operan con arreglo al modelo de despacho descentralizado, esta no fue formulada ni ante la Sala de Recurso ni en la demanda ante el Tribunal General, sino únicamente en el escrito de réplica. Pues bien, de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de Procedimiento, no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento, salvedad esta que no ha invocado la demandante. En consecuencia, esta imputación es extemporánea y, por lo tanto, inadmisible.
135
En cualquier caso, procede señalar que la demandante no ha demostrado de qué forma el hecho de tratar de igual modo el modelo de despacho centralizado y el modelo de despacho descentralizado vulnera el principio de igualdad de trato.
136
En efecto, la demandante no rebate el hecho de que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no establece distinción alguna entre esos dos modelos y, por ende, que reciben un trato idéntico.
137
En el presente procedimiento, la ACER explicó, sin que la demandante la contradijera, que las restricciones derivadas de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada se aplican, en principio, de la misma manera al modelo de despacho central y al modelo de despacho descentralizado, ya que afectan no solo a la gestión de la congestión, sino también a otros procesos de gestión de la red. En este contexto, la ACER precisó que los GRT que operan con arreglo a un modelo de despacho descentralizado también deben tener en cuenta estas restricciones, por ejemplo, al adquirir capacidad de balance. Así pues, una capacidad de balance utilizada como medida correctora de relevancia transfronteriza ya no está plenamente disponible con fines de balance ni para los GRT que operan con arreglo al modelo de despacho descentralizado ni para los que operan con arreglo al modelo de despacho central, sin discriminación. Además, la ACER sostiene que los dos modelos persiguen los mismos objetivos, alegación esta que tampoco rebate la demandante.
138
Pues bien, de conformidad con reiterada jurisprudencia, el principio general de no discriminación o de igualdad de trato exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (véase la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine y otros, C‑127/07, EU:C:2008:728, apartado 23 y jurisprudencia citada).
139
De ello se infiere que, en el presente asunto, para probar la existencia de discriminación, la demandante debería haber demostrado que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada afectaba de manera distinta a la gestión de uno de los dos modelos respecto del otro, cosa que no hizo.
140
De lo anterior resulta que la demandante no ha logrado demostrar que la Sala de Recurso incurriera en error de Derecho al no apreciar, en la resolución impugnada, una infracción de las disposiciones que garantizan que los GRT puedan utilizar el modelo de despacho central para gestionar las congestiones internas o para llevar a cabo tareas de balance. En consecuencia, procede desestimar el cuarto motivo.
Quinto motivo, basado en un error de Derecho en que incurrió la Sala de Recurso al apreciar que la metodología de seguridad (ROSC) no se había abstenido de fijar normas equitativas en materia de comercio transfronterizo de electricidad ni de establecer incentivos adecuados para la gestión de las congestiones e inversiones rentables en medidas correctoras asociadas a los equipos, como los transformadores desfasadores
141
La demandante alega que la Sala de Recurso de la ACER incurrió en error de Derecho al confirmar la interpretación realizada por la ACER del artículo 1, letra c), del Reglamento 2019/943 y del artículo 4, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1485, según la cual la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no había omitido, por una parte, fijar normas equitativas para el comercio transfronterizo de electricidad y, por otra parte, establecer incentivos adecuados, relativos a la gestión de las congestiones y a las inversiones, para la adopción de medidas correctoras asociadas a los equipos, como los transformadores desfasadores, los cuales permiten aliviar una congestión al «forzar» el paso de la electricidad de una línea eléctrica saturada a otra línea eléctrica menos afectada.
142
A este respecto, la demandante observa que, tras el inicio del proceso CROSA contemplado por la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, los GRT ya no pueden aplicar de forma individual las medidas correctoras de relevancia transfronteriza que están a su disposición debido a las inversiones que ya han realizado en determinados equipos, como los transformadores desfasadores. La metodología cuestionada limita así la posibilidad de que los GRT activen individualmente medidas correctoras no costosas en el ámbito local.
143
La demandante recuerda que las medidas correctoras seleccionadas para reducir la congestión en determinados elementos de red en virtud del proceso CROSA pueden ser diferentes de las medidas correctoras que solo abordan congestiones locales puntuales o de las medidas correctoras de ámbito local, lo que plantea dificultades cuando se producen varias congestiones simultáneas e interdependientes en diferentes partes de una misma región. Añade que la existencia de estas congestiones simultáneas es aún más problemática cuando se utilizan transformadores desfasadores, instalados para reducir la congestión en un elemento de red, ya que estos, en el contexto de una medida correctora de relevancia transfronteriza, podrían tener que utilizarse a la inversa y, según la demandante, de manera contraria a la lógica, para aumentar los flujos en los elementos congestionados con el fin de mitigar una congestión transfronteriza.
144
Además, un GRT podría verse obligado, en el contexto de una medida correctora de relevancia transfronteriza, a aplicar una solución regional que implique la combinación de medidas que utilizan transformadores desfasadores y medidas de redespacho, lo que le haría sufragar costes de redespacho aun cuando podría haber utilizado, sin incurrir en gastos, un transformador desfasador en el que hubiera invertido previamente para descongestionar sus elementos de red. Pues bien, en opinión de la demandante, ninguna disposición del Derecho de la Unión obliga a los GRT a actuar en interés de otros operadores establecidos en otros Estados miembros.
145
La demandante concluye que la resolución impugnada, al confirmar la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, además de infringir el artículo 1, letra c), del Reglamento 2019/943 y el artículo 4, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1485, es contraria al artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2019/942, en relación con el artículo 19 del Reglamento 2019/943, en la medida en que la Decisión n.o 33/2020 no contribuye a una aplicación coherente, eficiente y eficaz del Derecho de la Unión, sino que complica o incluso suprime los esfuerzos por cumplir el artículo 19 del Reglamento 2019/943 en lo que respecta a la asignación de los ingresos derivados de la congestión a inversiones que permitan reducir la congestión de los interconectores.
146
La ACER rebate las alegaciones de la demandante y solicita que se desestime este motivo.
147
En este contexto, la ACER impugna la admisibilidad del quinto motivo basándose en que este se dirige contra la metodología de seguridad (ROSC) impugnada establecida por la Decisión n.o 33/2020 y no contra la resolución impugnada.
148
Con carácter preliminar, por lo que respecta a la admisibilidad del quinto motivo, cabe comenzar señalando que la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber cometido un error de Derecho en la resolución impugnada al confirmar la interpretación del artículo 1, letra c), del Reglamento 2019/943 y del artículo 4, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1485 realizada por la ACER en la Decisión n.o 33/2020. A continuación, es preciso advertir que, en su escrito de demanda, la demandante impugna expresamente, en apoyo del quinto motivo, determinados apartados específicos de la resolución impugnada. Por último, cabe observar que, en los apartados 643 a 651 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso expuso los motivos por los que consideraba que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no infringía el artículo 1, letra c), del Reglamento 2019/943 ni el artículo 4, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1485, en particular por no tener como consecuencia disuadir a los GRT de realizar inversiones en determinados equipos, como los transformadores desfasadores. De ello deriva que, contrariamente a lo que alega la ACER, mediante su quinto motivo la demandante impugna la resolución impugnada y no la Decisión n.o 33/2020. En consecuencia, dicho motivo es admisible.
149
En cuanto al fundamento del quinto motivo, por una parte, es preciso señalar que el artículo 1, letra c), del Reglamento 2019/943 fija el objetivo de establecer normas equitativas para el comercio transfronterizo de electricidad, y que el artículo 4, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1485 persigue la finalidad de promover la coordinación de la operación del sistema y de la programación de la operación.
150
A su vez, el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2019/942, formula para la ACER el objetivo, en particular, de contribuir a la aplicación coherente, eficiente y eficaz del Derecho de la Unión con el fin de alcanzar los objetivos de la Unión en materia de clima y energía. En cuanto atañe al artículo 19 del Reglamento 2019/943, este regula, en esencia, la asignación de los ingresos derivados de la asignación de capacidad interzonal y dispone, en la letra b) de su apartado 2, que el procedimiento de asignación de dichos ingresos está destinado, en particular, a «cubrir los costes derivados de las inversiones en la red pertinentes para reducir la congestión de los interconectores».
151
Por otra parte, procede observar que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada puede tener el efecto de limitar la posibilidad de que los GRT activen individualmente medidas correctoras no costosas en el ámbito local, en particular en caso de congestiones simultáneas e interdependientes en diferentes partes de la región CORE, extremo que la ACER no discute. Sin embargo, como recordó la ACER, el proceso CROSA solo puede modificar la configuración de un transformador desfasador para resolver las congestiones detectadas en el modelo de red común y no está destinado a crear nuevas congestiones o a recrear antiguas, de conformidad con el artículo 23 de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada. Por otro lado, las congestiones «causadas» por la aplicación de las medidas correctoras recomendadas por el proceso CROSA, por ejemplo, la modificación de los parámetros de un transformador desfasador, también son resueltas por el proceso CROSA, de modo que los costes del redespacho que haya sido necesario para resolver tales congestiones se imputan a los elementos de red congestionados en el modelo de red común.
152
Además, cabe señalar que, en sus escritos procesales, la ACER reconoció que el proceso CROSA puede implicar para los GRT la asunción de ciertos costes de redespacho para aliviar las congestiones «causadas», en particular, por la modificación de la configuración de los transformadores desfasadores recomendada por el proceso CROSA, cuando una solución óptima a nivel de la región CORE exija tanto modificar la configuración de los transformadores desfasadores como activar medidas correctoras costosas, como el redespacho. Por lo tanto, la demandante alega acertadamente que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada puede generar costes adicionales para determinados GRT, como la demandante, que ya hayan invertido en equipos como transformadores desfasadores.
153
Así pues, procede examinar si los costes adicionales que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada puede ocasionar en determinados casos a los GRT que ya hayan invertido en equipos como transformadores desfasadores ponen de manifiesto el carácter no equitativo de las normas establecidas por dicha metodología y tienen como consecuencia disuadir a los GRT de invertir en tales equipos, como alega la demandante, hasta el punto de infringir el artículo 1, letra c), del Reglamento 2019/943, el artículo 4, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1485 y el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2019/942, en relación con el artículo 19 del Reglamento 2019/943.
154
En cuanto al supuesto carácter no equitativo de las normas establecidas por la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, cabe señalar que los costes en que se incurre debido a la aplicación de la solución regional seleccionada por el proceso CROSA forman parte de la coordinación regional y constituyen una emanación concreta del principio de solidaridad energética.
155
Como recordó el Tribunal de Justicia en el apartado 73 de la sentencia de 15 de julio de 2021, Alemania/Polonia (C‑848/19 P, EU:C:2021:598), la aplicación del principio de solidaridad energética no significa que la política energética de la Unión no deba, en ningún caso, tener un impacto negativo en los intereses particulares de un Estado miembro en materia de energía. No obstante, las instituciones de la Unión y los Estados miembros están obligados a tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dicha política, los intereses tanto de la Unión como de los diferentes Estados miembros que puedan verse afectados y ponderar estos intereses en caso de conflicto.
156
A este respecto, cabe señalar que los costes en que se incurre debido a la aplicación de la solución regional son precisamente los que se repartirán entre los GRT en función de su contribución a la congestión, de conformidad con la metodología para el reparto de costes adoptada sobre la base del artículo 74 del Reglamento 2015/1222. Además, debe subrayarse que uno de los objetivos del proceso CROSA es resolver estas congestiones y otras vulneraciones de la seguridad de la operación de la manera más eficiente y rentable a nivel regional.
157
Por otro lado, se ha de tener en cuenta el hecho de que el artículo 35 de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada prevé un sistema de seguimiento con arreglo al cual, si, en el marco del proceso CROSA, se comprobara que un mismo GRT se ve afectado periódica o sistemáticamente por costes más elevados, podría quedar justificada la modificación de dicha metodología, de conformidad con el artículo 7, apartado 4, del Reglamento 2017/1485.
158
En consecuencia, debe considerarse que el mero hecho de que un GRT pueda verse obligado a sufragar costes más elevados de resultas de la coordinación regional no significa que las normas establecidas por la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no sean equitativas —y, por ende, que esta metodología infrinja el artículo 1, letra c), del Reglamento 2019/943— o que dichas normas sean inadecuadas para promover la coordinación regional en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1485.
159
Por lo que se refiere a la alegación de la demandante de que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada disuade a los GRT de invertir en equipos como los transformadores desfasadores, la demandante no ha aportado ninguna información concreta sobre el impacto económico derivado de la asignación de los costes de redespacho que permita demostrar que dicha metodología supone un verdadero obstáculo para la inversión en tales equipos.
160
Pues bien, como señaló la ACER sin que la demandante la rebatiera, los GRT pueden seguir beneficiándose de la inversión que hayan realizado en equipos como los transformadores desfasadores, siempre que estos equipos reduzcan los costes que los GRT deben sufragar para resolver las congestiones en su modelo de red individual antes de iniciarse el proceso CROSA.
161
En la medida en que no se ha demostrado, en el presente asunto, que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada disuada a los GRT de invertir en equipos como los transformadores desfasadores, debe desestimarse la imputación de la demandante, basada en la infracción del artículo 1, letra c), del Reglamento 2019/943, del artículo 4, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1485 y del artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2019/942, en relación con el artículo 19 del Reglamento 2019/943.
162
De las consideraciones anteriores se deriva que la demandante no ha logrado demostrar que la Sala de Recurso incurriera en error de Derecho al apreciar que la metodología de seguridad (ROSC) no se había abstenido de fijar normas equitativas en materia de comercio transfronterizo de electricidad ni de establecer incentivos adecuados para la gestión de las congestiones e inversiones rentables en medidas correctoras asociadas a los equipos, como los transformadores desfasadores. En consecuencia, procede desestimar el quinto motivo.
Sexto motivo, basado en la infracción de los artículos 76 y 77 del Reglamento 2017/1485, en relación con el artículo 25 y con el artículo 4, apartados 1, letras d) y h), y 2, letra e), de dicho Reglamento, que garantizan la observancia de los límites de seguridad de la operación, en particular, los de tensión, a nivel local y a nivel regional.
163
La demandante alega que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al considerar que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no suponía un obstáculo para que los GRT respetaran los límites de seguridad de la operación, en particular los de tensión. Así pues, según la demandante, la Sala de Recurso consideró erróneamente que la citada metodología no era contraria a los artículos 76 y 77 del Reglamento 2017/1485, relativos, respectivamente, a la propuesta que deben presentar los GRT para la coordinación regional de la seguridad de la operación y a las disposiciones comunes sobre la organización de la coordinación regional de la seguridad de la operación que debe incluir dicha propuesta, artículos que deben interpretarse en relación, en primer término, con el artículo 25 del Reglamento 2017/1485, que versa sobre los límites de la seguridad operación que deben ser definidos por cada GRT; en segundo término, con el artículo 4, apartado 1, letras d) y h), de dicho Reglamento, que establece como objetivos, por una parte, asegurar las condiciones de mantenimiento de la seguridad de la operación en toda la Unión y, por otra parte, contribuir a la eficiencia de la gestión y el desarrollo de la red de transporte de electricidad y del sector eléctrico de la Unión, y, en tercer término, con el artículo 4, apartado 2, letra e), del mismo Reglamento, según el cual los Estados miembros, las autoridades competentes y los gestores de redes deben respetar la responsabilidad asignada al GRT relevante para garantizar la seguridad del sistema, incluidas las disposiciones aplicables de la legislación nacional.
164
A este respecto, la demandante sostiene, en esencia, que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no ofrece a los GRT la posibilidad de utilizar medidas correctoras suficientes para gestionar la tensión a nivel local, ni a los centros regionales la posibilidad de gestionar la tensión a nivel regional.
165
La ACER rebate las alegaciones de la demandante y solicita que se desestime este motivo.
166
En particular, cuestiona la admisibilidad del sexto motivo basándose en que este es la réplica exacta de un motivo ya formulado por la demandante ante la Sala de Recurso.
167
Con carácter preliminar, por lo que respecta a la admisibilidad del sexto motivo, procede recordar que la demandante tiene derecho a cuestionar ante el Tribunal General el razonamiento seguido por la Sala de Recurso en la resolución impugnada, apoyándose, si lo considera necesario, en imputaciones ya formuladas ante esa Sala de Recurso (véase el apartado 41 de la presente sentencia). En el presente asunto, en los apartados 677 a 690 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso expuso los motivos por los que consideraba que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no suponía un obstáculo para que los GRT respetaran los límites de seguridad de la operación, en particular, los de tensión, y, por ende, que dicha metodología no era contraria a los artículos 76 y 77 del Reglamento 2017/1485, en relación con el artículo 25 y el artículo 4, apartados 1, letras d) y h), y 2, letra e), del citado Reglamento.
168
De ello deriva que son admisibles las imputaciones formuladas por la demandante con objeto de refutar estas conclusiones a las que llegó la Sala de Recurso en la resolución impugnada.
Sobre la infracción de las disposiciones que garantizan la observancia de los límites de tensión a nivel local
169
Con carácter preliminar, cabe señalar que, como sostiene acertadamente la demandante, tanto los GRT como los centros regionales están obligados a respetar los límites de tensión. Esta obligación se deriva, por lo que respecta a los GRT, de los artículos 27, apartado 1, y 34, apartado 2, del Reglamento 2017/1485 y, por cuanto atañe a los centros regionales, del artículo 78, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1485, el cual obliga a dichos centros a llevar a cabo el proceso CROSA sobre la base de los límites de la seguridad de la operación definidos por los GRT de conformidad con el artículo 25 de dicho Reglamento, en relación con el artículo 72 del mismo Reglamento.
170
Del mismo modo, procede señalar que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada establece que las medidas correctoras de relevancia transfronteriza, que son coordinadas por los centros regionales, tienen por objeto reducir los flujos sobre los elementos de red de relevancia transfronteriza. De ello se desprende que esta metodología se centra en resolver las vulneraciones de la seguridad de la operación que revisten la forma de problemas de límite de corriente, mientras que los GRT siguen siendo los principales responsables de garantizar la observancia de los límites de tensión.
171
Este reparto de obligaciones entre los centros regionales y los GRT deriva de la propuesta de los GRT. En efecto, de la página 5 de la nota explicativa de los GRT (véase el apartado 7 de la presente sentencia) resulta que estos consideraron que las demás vulneraciones de la seguridad de la operación, como los límites de tensión y de corriente de cortocircuito a que se refiere el artículo 25 del Reglamento 2017/1485, podían mitigarse mejor a nivel local.
172
A este respecto, la demandante sostiene, en esencia, que las medidas correctoras de relevancia transfronteriza objeto de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, por una parte, y las medidas correctoras para garantizar la observancia de los límites de tensión a nivel local, por otra, pueden entrar en conflicto, ya que las primeras tienen por objeto reducir los flujos, mientras que las segundas pueden requerir su aumento. La demandante añade que este «conflicto» no se ha tenido suficientemente en cuenta en la metodología de seguridad (ROSC) impugnada.
173
Pues bien, la metodología de seguridad (ROSC) impugnada prevé una serie de salvaguardias en el proceso CROSA que tienen precisamente por objeto garantizar la observancia de los límites de tensión mediante medidas correctoras de relevancia transfronteriza adoptadas a raíz de dicho proceso.
174
En primer lugar, de conformidad con el artículo 22, apartado 4, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, para resolver las vulneraciones de los límites de seguridad de la operación, como la superación de los límites de tensión, de corriente de cortocircuito o de estabilidad, está previsto que cada GRT de la región CORE realice una evaluación a nivel local y un análisis de la seguridad de la operación a largo plazo. En particular, estas vulneraciones pueden abordarse en el marco del proceso CROSA, durante la fase de coordinación de las medidas correctoras de relevancia transfronteriza a que se refiere el artículo 27 de la mencionada metodología, especialmente mediante la aplicación de restricciones adicionales a las medidas correctoras de relevancia transfronteriza.
175
A este respecto, la demandante alega que el artículo 27 de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada solo contempla la posibilidad, y no la obligación, de abordar tales vulneraciones de los límites de tensión en el marco del proceso CROSA. Pues bien, dado que la consideración de esta posibilidad incumbe a los GRT, estos pueden velar por que este proceso respete los límites de tensión en sus respectivas redes.
176
En segundo lugar, el artículo 22, apartado 5, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada establece que los GRT pueden aplicar restricciones del sistema adicionales que reflejen otros límites de seguridad de la operación a que se refiere el apartado 4 del mismo artículo, a saber, los límites de tensión destinados a garantizar que el proceso CROSA, en la medida en que tiene por objeto optimizar las medidas correctoras, no genere nuevas vulneraciones de la seguridad de la operación subyacentes ni las agrave. No obstante, no corresponde al proceso CROSA resolver estas vulneraciones subyacentes, las cuales deben resolverse de conformidad con el artículo 22, apartado 4, de la mencionada metodología.
177
La demandante, aunque invoca esta disposición en apoyo de su alegación de que las medidas correctoras coordinadas por el proceso CROSA no se pueden utilizar para resolver vulneraciones de los límites de tensión, no demuestra que dicha disposición impida a los GRT resolver vulneraciones de los límites de tensión a nivel local. Por el contrario, el artículo 22, apartado 5, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada garantiza que las medidas correctoras de relevancia transfronteriza no incidan negativamente en la posibilidad de que los GRT resuelvan las vulneraciones de los límites de tensión. Asimismo, la demandante no demuestra de qué modo el artículo 22, apartado 5, de la referida metodología no permite a los GRT garantizar el cumplimiento de los límites de tensión a nivel local, por una parte, ni por qué dicha metodología debería prever el establecimiento de medidas correctoras de relevancia transfronteriza para resolver las vulneraciones de los límites de tensión por otra parte.
178
En tercer lugar, el artículo 27, apartados 2 y 5, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada contempla la posibilidad de que el GRT afectado descarte una medida correctora de relevancia transfronteriza recomendada por el proceso CROSA debido a que su aplicación conllevaría vulneraciones de la seguridad de la operación en su red. A este respecto, debe desestimarse la alegación de la demandante de que la citada disposición no permite a los GRT garantizar la observancia de los límites de tensión a nivel local dado que solo prevé la posibilidad de descartar medidas correctoras y no la de diseñar o recomendar tales medidas para solventar los problemas de tensión. En efecto, la demandante no ha demostrado de qué modo esta disposición no permite que los GRT garanticen la observancia de los límites de tensión a nivel local.
179
En cuarto lugar, el artículo 16, apartado 4, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada prevé la posibilidad de que los GRT completen esta metodología con disposiciones relativas a las restricciones de red, con el fin de resolver, en particular y en caso necesario, la superación de los límites de tensión.
180
De ello se deduce que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada pretende tener en cuenta las medidas correctoras adoptadas por los GRT a nivel local en el proceso CROSA, aunque sin exigir su coordinación a nivel regional.
181
Por lo tanto, la demandante no ha probado suficientemente conforme a Derecho que las salvaguardias examinadas en los apartados 175 a 180 de la presente sentencia no bastan para que los GRT garanticen la observancia de los límites de tensión a nivel local.
182
En cualquier caso, el mero hecho de que la demandante ya no pueda desplegar determinadas medidas correctoras para garantizar la observancia de los límites de tensión en su red, por estar dichas medidas reservadas al proceso CROSA, no basta para demostrar que le resulta imposible garantizar la seguridad de la operación en dicha red. En efecto, nada justifica que la metodología de seguridad (ROSC) contemple el uso de restricciones mínimas de flujos de potencia y de indisponibilidades planificadas, ya que se trata de medidas que corresponde activar a los GRT a nivel local.
183
En consecuencia, la demandante no puede reprochar a la Sala de Recurso que, mediante la resolución impugnada, confirmara una metodología que no ofrece a los GRT la posibilidad de utilizar las medidas correctoras necesarias para gestionar la tensión a nivel local.
Sobre la infracción de las disposiciones que garantizan la observancia de los límites de tensión a nivel regional
184
Por lo que se refiere a la supuesta infracción de las disposiciones que garantizan la observancia de los límites de tensión a nivel regional, en primer término, la demandante no aporta elemento alguno en respaldo de su afirmación de que la metodología de seguridad (ROSC) debería, con carácter general, contemplar la posibilidad de definir medidas correctoras de relevancia transfronteriza y las restricciones del sistema necesarias para mitigar las vulneraciones de los límites de tensión.
185
Por otro lado, la ACER señaló, en el apartado 95 de su escrito de dúplica, que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada ya incluye determinadas medidas correctoras para resolver los problemas de tensión de relevancia transfronteriza, teniendo en cuenta que determinadas medidas correctoras utilizadas para resolver las vulneraciones del límite de tensión a nivel regional también pueden calificarse de medidas de relevancia transfronteriza que deben ser coordinadas con arreglo a dicha metodología.
186
En segundo término, por lo que respecta, en particular, a las indisponibilidades planificadas, debe señalarse que, si bien el artículo 8 de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada excluye que las medidas correctoras a que se refiere el artículo 22, apartado 1, letras d), h), i) y j), del Reglamento 2017/1485 puedan utilizarse en el ámbito del proceso CROSA, no es el caso de las indisponibilidades planificadas a que se refiere el artículo 22, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, que, contrariamente a lo alegado por la demandante, podrían contemplarse en el marco del referido proceso.
187
Por otro lado, por lo que se refiere a las restricciones mínimas de flujos de potencia, procede señalar que, como indicó la ACER, sin que la demandante la contradijera, ni el artículo 75 del Reglamento 2017/1485 ni ninguna otra disposición del Derecho de la Unión exigen que se incluya tal medida en el ámbito del proceso CROSA. En cualquier caso, cualquier GRT puede contemplar esta restricción mínima en su modelo de red individual.
188
En tercer término, en la medida en que la demandante alega que las salvaguardias examinadas en los apartados 175 a 180 de la presente sentencia no garantizan una coherencia perfecta entre las medidas correctoras de relevancia transfronteriza, destinadas a resolver las vulneraciones de los límites de corriente, y las medidas correctoras locales, utilizadas para mitigar los problemas de tensión a nivel local, debe observarse que ninguna de las disposiciones que invoca, a saber, los artículos 25, 34, apartado 2, 72 y 76 del Reglamento 2017/1485, permite concluir que tal situación sea contraria a Derecho.
189
En consecuencia, la demandante no puede reprochar a la Sala de Recurso que, mediante la resolución impugnada, confirmara una metodología que no ofrece a los centros regionales medidas correctoras suficientes para gestionar la tensión a nivel regional.
190
De las consideraciones anteriores resulta que la demandante no ha logrado demostrar que la Sala de Recurso cometiera un error de Derecho al considerar en la resolución impugnada que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no suponía un obstáculo para la observancia a nivel local y regional de los límites de seguridad de la operación, en particular, los de tensión, y, por ende, que dicha metodología no era contraria a los artículos 76 y 77 del Reglamento 2017/1485, en relación con el artículo 25 y el artículo 4, apartados 1, letras d) y h), y 2, letra e), del citado Reglamento. En consecuencia, procede desestimar el sexto motivo.
Segundo motivo, basado en que la resolución impugnada adolece de una motivación insuficiente
191
La demandante afirma que la Sala de Recurso no motivó de manera suficiente la resolución impugnada, infringiendo así el artículo 296 TFUE y el artículo 28, apartado 4, del Reglamento 2019/942. En apoyo de esta alegación, cita, a título ilustrativo, cinco apreciaciones formuladas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada que, en su opinión, están insuficientemente motivadas y son cuestionables desde el punto de vista jurídico. Más concretamente, la demandante se refiere a los apartados 556, 559, 574, 605 y 644 de la resolución impugnada, que indica haber impugnado de manera más pormenorizada en sus diferentes motivos.
192
La ACER rebate las alegaciones de la demandante y solicita que se desestime este motivo.
193
A este respecto, debe recordarse que la motivación exigida por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véanse las sentencias de 15 de julio de 2004, España/Comisión, C‑501/00, EU:C:2004:438, apartado 73 y jurisprudencia citada, y de 29 de junio de 2017, E-Control/ACER, T‑63/16, no publicada, EU:T:2017:456, apartado 68 y jurisprudencia citada).
194
No obstante, no puede exigirse a la Sala de Recurso que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes ante ella. La motivación puede por tanto ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptó la resolución de la Sala de Recurso y al órgano jurisdiccional competente disponer de elementos suficientes para ejercer su control (véase la sentencia de 29 de junio de 2017, E‑Control/ACER, T‑63/16, no publicada, EU:T:2017:456, apartado 69 y jurisprudencia citada). De ello se desprende que no puede exigirse explícitamente a la Sala de Recurso que examine y motive la desestimación de cada una de las alegaciones formuladas en los procedimientos incoados ante ella.
195
También procede recordar que la obligación de motivar las decisiones constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues esta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. En efecto, la motivación de una decisión consiste en expresar formalmente los fundamentos en los que se basa dicha decisión. Si estos fundamentos incurren en errores, estos vician la legalidad de la decisión sobre el fondo, pero no su motivación, que puede ser suficiente aunque exprese una fundamentación equivocada (véase la sentencia de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, apartado 181 y jurisprudencia citada).
196
De ello deriva que los ejemplos de apreciaciones de la Sala de Recurso citados por la demandante como «cuestionables desde el punto de vista jurídico» carecen de toda pertinencia en la medida en que la demandante se refiere a ellos en apoyo de su segundo motivo, basado en una supuesta falta de motivación de la resolución impugnada.
197
Hecha esta salvedad, procede examinar a la luz de la jurisprudencia citada en los apartados 193 a 195 de la presente sentencia las apreciaciones de la Sala de Recurso citadas a modo ilustrativo por la demandante en apoyo del presente motivo.
198
Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso no respondió, en el apartado 556 de la resolución impugnada, a la imputación formulada ante ella basada en que la definición de medidas correctoras de relevancia transfronteriza adoptada en la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no cumple las exigencias establecidas por el artículo 21, apartado 1, del Reglamento 2017/1485, debe señalarse que, en los apartados 552 a 558 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso expuso las razones por las que la distinción establecida en el artículo 9 de la referida metodología entre las medidas correctoras de relevancia transfronteriza y las carentes de esta se ajusta a dicha disposición.
199
Por cuanto atañe, en segundo lugar, a la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso no analizó, en el apartado 559 de la resolución impugnada, la conformidad de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada con el Derecho de la Unión, puesto que no explicó de qué modo esta metodología respeta la propuesta de los GRT, procede señalar que, en dicho apartado, la Sala de Recurso expuso las razones por las que la referida metodología era conforme con la referida propuesta y, más concretamente, con su artículo 10, apartado 1.
200
En cualquier caso, de las apreciaciones formuladas en el apartado 46 de la presente sentencia, en el marco del examen del primer motivo, se desprende que la ACER no está vinculada por la posición adoptada por las ARN competentes y que, dados los poderes decisorios propios que le han sido atribuidos para que pueda cumplir sus funciones reguladoras de modo efectivo, puede modificar, antes de su aprobación, las propuestas de los GRT. De ello deriva que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada podía apartarse, de manera conforme con el Derecho de la Unión, de las propuestas de los GRT, por lo que la Sala de Recurso no estaba obligada a explicar con mayor detalle de qué modo respetaba esa metodología las propuestas de los GRT.
201
Por lo que se refiere, en tercer lugar, a la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso no respondió, en el apartado 574 de la resolución impugnada, a su imputación de que la metodología de seguridad (ROSC) impugnada priva a los GRT de las herramientas que les permiten ejercer su responsabilidad en materia de seguridad de la operación y de gestión de los flujos, procede señalar que la Sala de Recurso desarrolla su razonamiento sobre este particular en los apartados 553 a 559 y 568 a 573 de la resolución impugnada. En dichos apartados, la Sala de Recurso indica, en esencia, que no todas las medidas correctoras entran en el ámbito de aplicación de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada, y que cada uno de los GRT puede activar de manera individual determinadas medidas para ejercer su responsabilidad en materia de seguridad de la operación de su propia red.
202
En cuarto lugar, respecto a la alegación de la demandante de que las conclusiones alcanzadas por la Sala de Recurso en el apartado 605 de la resolución impugnada son «sencillamente incorrectas» puesto que el artículo 37, apartado 2, de la metodología de seguridad (ROSC) impugnada no prevé una evaluación regional coordinada de la seguridad de la operación intradiaria, cabe señalar que esta alegación tiene por objeto cuestionar el fundamento del razonamiento desarrollado por dicha Sala de Recurso en el apartado 605 de la resolución impugnada y no la motivación de la resolución. En consecuencia, y habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 195 de la presente sentencia, esta imputación debe desestimarse por carecer de pertinencia en apoyo del presente motivo.
203
Por cuanto atañe, en quinto lugar, a la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso sugirió, en el apartado 644 de la resolución impugnada, que la demandante se opone a la coordinación regional, cuando no es así, procede señalar que, en realidad, mediante esta alegación la demandante también pone en tela de juicio el fundamento de esta apreciación de la Sala de Recurso y no la motivación de la resolución impugnada, lo cual, por otra parte, admitió la demandante en su escrito de réplica cuando indicó que el «quinto ejemplo [que cita] refleja una divergencia de opiniones entre las partes y no una falta de motivación». Habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 195 de la presente sentencia, esta imputación carece de pertinencia en apoyo del presente motivo.
204
De lo anterior se desprende que la Sala de Recurso motivó suficientemente la resolución impugnada, de modo que el segundo motivo debe desestimarse.
205
De todas las apreciaciones anteriores resulta que el recurso de la demandante debe ser desestimado en su totalidad.
Costas
206
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la ACER.
207
Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por consiguiente, la República de Polonia, que ha intervenido en el presente recurso en apoyo de las pretensiones de la demandante, cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera ampliada)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Polskie sieci elektroenergetyczne S.A. cargará con sus propias costas y con las de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER).
3)
La República de Polonia cargará con sus propias costas.
Schalin
Škvařilová-Pelzl
Nõmm
Steinfatt
Kukovec
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de septiembre de 2024.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.