Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 21 de mayo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Exención por categorías de determinadas ayudas a los sectores agrícola y forestal — Reglamento (UE) n.º 702/2014 — Ayudas destinadas a compensar los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural — Reducción del importe de la ayuda en caso de que no se haya suscrito un seguro que cubra al menos el 50 % de la producción anual media o de los ingresos derivados de la producción, así como los riesgos climáticos más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate — Artículo 25, apartado 9 — Imposibilidad para el beneficiario de la ayuda de suscribir el seguro requerido »
En los asuntos acumulados C‑52/25 [Binanrier], (i) y C‑53/25 [Beaudeluc], i
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons, Bélgica), mediante resoluciones de 21 de enero de 2025, recibidas en el Tribunal de Justicia el 28 de enero de 2025, en los procedimientos entre
RZ,
GT (asunto C‑52/25),
AX,
UI (asunto C‑53/25)
y
Région wallonne,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. A. Kumin, en funciones de Presidente de Sala, y los Sres. S. Gervasoni y M. Bošnjak (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. A. Biondi;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre del Gobierno belga, por el Sr. P. Cottin y las Sras. C. Pochet y M. Van Regemorter, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. X. Drion, avocat;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Bouquet, C. Kovács y S. Verschraegen, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de enero de 2026;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 25, apartado 9, del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] (DO 2014, L 193, p. 1).
2        Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos litigios entre, el primero, RZ y GT (asunto C‑52/25) y, el segundo, AX y UI (asunto C‑53/25), agricultores, por un lado, y la Région wallonne (Región Valona, Bélgica), por otro, en relación con la indemnización de los daños que sufrieron como consecuencia de una sequía.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        Los considerandos 10, 42 y 54 del Reglamento n.º 702/2014, en vigor en la fecha de los hechos de los litigios principales y posteriormente sustituido, tenían el siguiente tenor:
«(10)      Las condiciones generales de aplicación del presente Reglamento deben definirse sobre la base de un conjunto de principios comunes que garanticen que las ayudas contribuyen a un objetivo de interés común, tienen un efecto incentivador claro, son apropiadas y proporcionadas, se conceden con plena transparencia y están sujetas a un mecanismo de control y a una evaluación periódica y no alteran las condiciones de los intercambios comerciales de forma contraria al interés común.
[…]
(42)      Estas categorías de ayudas deben englobar, en particular, […] las ayudas para la gestión del riesgo y las crisis (ayudas para compensar las pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos asimilables a desastres naturales […]). El principal objetivo de estas ayudas debe ser aumentar la competitividad y la viabilidad de todo el sector agrícola.
[…]
(54)      Una buena gestión del riesgo y las crisis constituye un instrumento esencial para un sector agrícola sostenible y competitivo. La producción agrícola primaria está expuesta a riesgos y crisis específicos de carácter natural, climático y sanitario. Por lo tanto, la ayuda para la gestión del riesgo y las crisis y la ayuda para el sector ganadero debe limitarse a las [pequeñas y medianas empresas (PYME)] dedicadas a la producción agrícola primaria. Las ayudas estatales para compensar las pérdidas causadas por fenómenos climáticos adversos asimilables a desastres naturales, las ayudas para luchar contra las enfermedades animales y las plagas vegetales y las ayudas para el pago de primas de seguros deben limitarse a ayudar a los beneficiarios que se enfrentan con dificultades particulares a pesar de haber realizado esfuerzos razonables para minimizar dichos riesgos. La ayuda estatal no debe incitar a los beneficiarios a correr riesgos innecesarios. Las propias PYME dedicadas a la producción agrícola primaria deben asumir las consecuencias de elecciones imprudentes de métodos de producción o productos.»
4        El artículo 3 de este Reglamento, titulado «Condiciones para la exención», señalaba lo siguiente:
«Los regímenes de ayudas, las ayudas individuales concedidas con arreglo a regímenes de ayudas y las ayudas ad
hoc serán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107 [TFUE], apartados 2 o 3, […] y quedarán exentos de la obligación de notificación establecida en el artículo 108 [TFUE], apartado 3, […] siempre que dichas ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en el capítulo I del presente Reglamento, así como las condiciones específicas aplicables a la categoría pertinente establecidas en el capítulo III del presente Reglamento.»
5        El artículo 25 del citado Reglamento, bajo el título «Ayudas destinadas a compensar los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural», preveía:
«1.      Las ayudas destinadas a compensar a las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria por los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural serán compatibles con el mercado interior, a tenor del artículo 107 [TFUE], apartado 3, letra c), […] y estarán exentas de la obligación de notificación prevista en [el] artículo 108 [TFUE], apartado 3, si cumplen las condiciones de los apartados 2 a 10 del presente artículo y del capítulo I.
[…]
9.      Las ayudas concedidas en virtud del presente artículo se reducirán un 50 %, a menos que se concedan a los beneficiarios que hayan suscrito un seguro que cubra, al menos, un 50 % de la producción anual media o de los ingresos derivados de la producción y los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate para los que se proporciona cobertura de seguros.
[…]»
Derecho belga
6        El artículo 6 del arrêté du gouvernement wallon considérant comme une calamité agricole la sécheresse d’août 2016 à juin 2017, délimitant l’étendue géographique de cette calamité et déterminant l’indemnisation des dommages (Decreto del Gobierno valón que considera catástrofe agrícola la sequía que se produjo entre agosto de 2016 y junio de 2017, delimita la extensión geográfica de dicha catástrofe y determina la indemnización por daños y perjuicios), de 23 de agosto de 2018 (Moniteur belge de 4 de septiembre de 2018, p. 68445; en lo sucesivo, «Decreto de 23 de agosto de 2018»), prevé:
«A efectos de la compensación, los importes resultantes de la aplicación del artículo [5] se reducirán un 50 % cuando la persona damnificada no haya suscrito un seguro que cubra al menos el cincuenta por ciento de su producción contra los riesgos climáticos.»
Litigios principales, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
7        Los recurrentes en los litigios principales, cuyas explotaciones agrícolas están constituidas por pastos permanentes y temporales y por terrenos herbáceos destinados a la alimentación del ganado, sufrieron daños durante los períodos de sequía que tuvieron lugar entre agosto de 2016 y junio de 2017. Mediante el Decreto de 23 de agosto de 2018, el Gobierno valón (Bélgica) reconoció esta sequía como catástrofe agrícola que daba derecho a una indemnización en virtud del Derecho nacional. Los recurrentes en los litigios principales presentaron solicitudes de indemnización por este motivo.
8        El 31 de octubre de 2018, el gobernador de la Provincia de Luxemburgo (Bélgica) propuso conceder a los recurrentes en los litigios principales indemnizaciones por un importe reducido a la mitad, con arreglo al artículo 6 del Decreto de 23 de agosto de 2018, alegando que no habían suscrito un seguro que cubriera al menos el 50 % de su producción contra los riesgos climáticos.
9        Los recurrentes en los litigios principales cuestionaron la procedencia de esta propuesta alegando que los seguros disponibles en Bélgica no ofrecían la posibilidad de cubrir las explotaciones agrícolas contra el riesgo de sequía. No obstante, mediante dos resoluciones de 10 de diciembre de 2018, el gobernador de la Provincia de Luxemburgo concedió a los recurrentes en los litigios principales indemnizaciones por un importe reducido a la mitad.
10      Mediante dos sentencias de 15 de marzo de 2021, la cour d’appel de Liège (Tribunal de Apelación de Lieja, Bélgica) desestimó los recursos de apelación interpuestos contra estas dos resoluciones por los recurrentes en los litigios principales, basándose en que el artículo 6 del Decreto de 23 de agosto de 2018 es conforme con el artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014, en virtud del cual las ayudas se reducirán un 50 %, a menos que se concedan a los beneficiarios que hayan suscrito un seguro que cubra, al menos, un 50 % de la producción anual media o de los ingresos derivados de la producción y los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate. Dado que el acontecimiento climático más frecuente en Bélgica es el granizo y que en ese Estado miembro existen seguros que cubren los riesgos vinculados a este tipo de acontecimiento climático, dicho órgano jurisdiccional consideró que los recurrentes en los litigios principales habrían podido suscribir un seguro de ese tipo.
11      Mediante sentencias de 19 de enero de 2023, la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Bélgica) anuló esas dos sentencias, basándose en que la cour d’appel de Liège (Tribunal de Apelación de Lieja) no había tenido en cuenta la alegación de los recurrentes en los litigios principales según la cual les había resultado imposible suscribir un seguro contra el granizo, ya que este no cubría los daños causados a los pastos permanentes y temporales.
12      Los asuntos fueron remitidos a la cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente. Ante dicho órgano jurisdiccional, los recurrentes en los litigios principales alegan, por una parte, que en Bélgica, en el momento en que tuvieron lugar las sequías en cuestión, no era posible asegurar una explotación agrícola contra un riesgo de ese tipo. Por otra parte, los recurrentes en los litigios principales afirman que, si bien es cierto que existían seguros que cubrían el riesgo de granizo, no tuvieron acceso a ellos, ya que sus terrenos agrícolas no eran asegurables contra tal riesgo, habida cuenta de sus características particulares. Consideran que el artículo 6 del Decreto de 23 de agosto de 2018 es discriminatorio en la medida en que no permite a los agricultores demostrar que no podían asegurar más de la mitad de su producción contra el riesgo de que se trata, ni tampoco contra el riesgo climático estadísticamente más frecuente en Bélgica.
13      El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca del alcance del artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014 y acerca de la conformidad del artículo 6 del Decreto de 23 de agosto de 2018 con dicho Reglamento. A este respecto, observa que el artículo 6 no tiene en cuenta el hecho de que un damnificado podría no haber estado en condiciones de asegurarse contra el riesgo climático específico que le ha causado perjuicio, en este caso la sequía, o de asegurar su explotación agrícola contra los demás riesgos climáticos.
14      En esas circunstancias, la cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Es aplicable el artículo 25, [apartado] 9, del [Reglamento n.º 702/2014], que prevé que las ayudas destinadas a compensar a las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria por los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural se reducirán un 50 %, a menos que se concedan a los beneficiarios que hayan suscrito un seguro que cubra, al menos, un 50 % de la producción anual media o de los ingresos derivados de la producción y los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate para los que se proporciona cobertura de seguros, si la ayuda se destina a compensar a los agricultores por los daños causados por un fenómeno climático considerado un desastre natural (en los presentes asuntos, una sequía) que no está incluido entre los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro de que se trate (en los presentes asuntos, [el Reino de] Bélgica)?
2)      ¿Se aplica la reducción prevista en dicho artículo [25] si la ayuda se destina a compensar a los agricultores por los daños causados por un fenómeno climático considerado un desastre natural (en los presentes asuntos, una sequía) que no está incluido entre los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro de que se trate (en los presentes asuntos, [el Reino de] Bélgica), aun cuando existan pólizas de seguro que cubran otros riesgos climáticos, estadísticamente más frecuentes (en los presentes asuntos, el granizo), que el agricultor beneficiario de la ayuda podría haber suscrito?
3)      ¿Permite ese mismo artículo que el Estado miembro de que se trate no reduzca la ayuda destinada a compensar a los agricultores por los daños causados por un fenómeno climático considerado un desastre natural cuando el beneficiario de la ayuda demuestre que, en el Estado miembro de que se trate (en los presentes asuntos, [el Reino de] Bélgica), el tipo de producción de su explotación (en los presentes asuntos, pastos permanentes y temporales, así como terrenos de hierba destinados a la alimentación del ganado, y no cultivos) no puede ser objeto de un seguro que proporcione una cobertura contra los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes de, al menos, un 50 % de la producción anual media o de los ingresos derivados de la producción de su explotación?»
15      Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 24 de febrero de 2025, se acordó la acumulación de los asuntos C‑52/25 y C‑53/25 a efectos de la fase escrita del procedimiento y de la sentencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
16      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014 debe interpretarse en el sentido de que una ayuda destinada a compensar a una PYME dedicada a la producción agrícola primaria por los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural debe reducirse a la mitad cuando dicha PYME no esté asegurada contra los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate, en una situación en la que la ayuda en cuestión tenga por objeto indemnizar un daño causado por un fenómeno climático de ese tipo que, por una parte, no esté comprendido en esos riesgos y, por otra parte, no constituya un riesgo asegurable en ese Estado miembro o en la región de que se trate.
17      Con arreglo al artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.º 702/2014, las ayudas destinadas a compensar a las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria por los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural serán compatibles con el mercado interior, a tenor del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), y estarán exentas de la obligación de notificación prevista en el artículo 108 TFUE, apartado 3, si cumplen las condiciones previstas, en particular, en los apartados 2 a 10 del propio artículo 25.
18      Entre las disposiciones contempladas figura el artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014, con arreglo al cual las ayudas concedidas en virtud del artículo 25 se reducirán un 50 %, a menos que se concedan a los beneficiarios que hayan suscrito un seguro que cubra, al menos, un 50 % de la producción anual media o de los ingresos derivados de la producción y los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate para los que se proporciona cobertura de seguros.
19      Para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, deben tenerse en cuenta, además de su tenor, su contexto y, en particular, su objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2025, JYSK, C‑117/24, EU:C:2025:872, apartado 23 y jurisprudencia citada).
20      Por lo que respecta al tenor del artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014, este precisa que las ayudas concedidas en virtud de dicho artículo se reducirán, en principio, a la mitad, a menos que el beneficiario haya suscrito un seguro que cubra, «al menos, un 50 % de la producción anual media o de los ingresos derivados de la producción» y, por lo que se refiere a la definición de los riesgos cubiertos, «los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate».
21      Así pues, esta disposición enuncia los dos requisitos acumulativos que ha de cumplir el seguro que el beneficiario de una ayuda debe haber suscrito para que no se le aplique una reducción a la mitad del importe de dicha ayuda. No se hace ninguna referencia al riesgo climático que, en concreto, origina el daño que da lugar a la concesión de una ayuda ni a la suscripción de un seguro que cubra específicamente ese riesgo. Por lo tanto, de una interpretación literal del artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014 se desprende que ni la cuestión de cuál es la naturaleza del riesgo climático que, en concreto, origina un daño indemnizable ni la de si ese riesgo específico, en el caso de autos la sequía, era efectivamente asegurable resultan pertinentes a la hora de comprobar si la ayuda de que se trata debe reducirse o no a la mitad en virtud de la citada disposición. La única comprobación que las autoridades nacionales competentes deben llevar a cabo en este contexto consiste en determinar si el beneficiario potencial de la ayuda ha suscrito o no un seguro que cumpla los requisitos antes mencionados, en particular si se ha asegurado contra un riesgo que figure entre los riesgos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate.
22      Tal interpretación resulta plenamente conforme con el objetivo perseguido por el artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014.
23      Como se desprende del considerando 54 de ese Reglamento, las ayudas destinadas a compensar los daños causados por fenómenos climáticos adversos asimilables a desastres naturales se inscriben en la perspectiva de una buena gestión del riesgo y las crisis y tienen por objeto ayudar a las PYME que se enfrentan con dificultades específicas a pesar de haber realizado esfuerzos razonables para minimizar los riesgos, en particular climáticos, a los que está expuesta la producción agrícola primaria. De los considerandos 10 y 42 de dicho Reglamento también se desprende que tales ayudas deben tener un claro efecto incentivador y aumentar al mismo tiempo la competitividad y la viabilidad de todo el sector agrícola de la Unión.
24      De este modo, el objetivo de la reducción prevista en el artículo 25, apartado 9, del mismo Reglamento consiste en incentivar a las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria a suscribir seguros que cubran los riesgos climáticos a los que están estadísticamente más expuestas. Al supeditar la concesión del importe total de la ayuda al requisito de que los potenciales beneficiarios de esta hayan suscrito un seguro que pueda minimizar las consecuencias económicas de los riesgos climáticos previsibles sobre su actividad agrícola, el legislador de la Unión ha intentado reducir la dependencia económica de las PYME afectadas respecto de las ayudas agrícolas concedidas en el marco de los regímenes de indemnización de los daños causados por fenómenos climáticos adversos asimilables a un desastre natural, limitando, de manera global, el volumen total de esas ayudas.
25      Pues bien, el hecho de reducir a la mitad, en virtud del artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014, el importe de una ayuda concedida en concepto de daños causados por un fenómeno climático en una situación en la que tal fenómeno, por un lado, no forma parte de los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate y, por otro, no es asegurable en estos, no resulta contrario a ese objetivo. En cambio, si se considerase que, en tal situación, el beneficiario de que se trate no verá reducido a la mitad el importe de la ayuda, se correría el riesgo de atenuar el efecto incentivador global tendente a que todo el sector agrícola primario buscase una cobertura de seguro lo más completa posible.
26      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014 debe interpretarse en el sentido de que una ayuda destinada a compensar a una PYME dedicada a la producción agrícola primaria por los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural debe reducirse a la mitad cuando dicha PYME no esté asegurada contra los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate, en una situación en la que la ayuda en cuestión tenga por objeto indemnizar un daño causado por un fenómeno climático de ese tipo que, por una parte, no esté comprendido en esos riesgos y, por otra parte, no constituya un riesgo asegurable en ese Estado miembro o en la región de que se trate.
Tercera cuestión prejudicial
27      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014 debe interpretarse en el sentido de que una ayuda destinada a compensar a una PYME activa en la producción agrícola primaria por los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural debe reducirse a la mitad cuando dicha PYME no haya podido suscribir un seguro que cumpla los requisitos de la citada disposición para el tipo de producción de su explotación, habida cuenta de la oferta disponible en el mercado de seguros pertinente.
28      Del apartado 21 de la presente sentencia se desprende que el artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014 se limita a enunciar los dos requisitos que ha de cumplir el seguro que el beneficiario de una ayuda concedida en virtud del citado artículo 25 debe haber suscrito para que dicha ayuda no se reduzca a la mitad, de conformidad con la mencionada disposición.
29      Así pues, el tenor del artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014 no permite, por sí solo, determinar si, antes de reducir una ayuda con arreglo a esa disposición, las autoridades nacionales competentes están obligadas a comprobar si, habida cuenta de la oferta disponible en el mercado de seguros pertinente, el beneficiario de la ayuda estaba efectivamente en condiciones, para el tipo de producción de su explotación, de suscribir un seguro que cumpliera los requisitos establecidos en dicha disposición. En particular, este tenor no permite concluir, de manera inequívoca, que la reducción de la ayuda a la mitad, prevista como regla general, no sea aplicable cuando el beneficiario no tenga acceso a tal seguro. En estas circunstancias, la respuesta a la tercera cuestión prejudicial requiere una interpretación teleológica del citado artículo 25, apartado 9.
30      A este respecto, como se desprende del apartado 24 de la presente sentencia, el objetivo de la reducción prevista en esta disposición consiste en incentivar a las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria a suscribir seguros que cubran los riesgos climáticos a los que están estadísticamente más expuestas, de modo que se reduzca su dependencia económica de las ayudas agrícolas concedidas en el marco de los regímenes de indemnización de los daños causados por fenómenos climáticos adversos asimilables a un desastre natural.
31      En el marco de una buena gestión del riesgo y las crisis, la suscripción de un seguro que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014 forma parte de los esfuerzos razonables que pueden exigírseles legítimamente a las PYME dedicadas a la producción agrícola primaria con el fin de minimizar las consecuencias financieras de los riesgos climáticos previsibles en su actividad. Cuando el beneficiario de una ayuda no ha realizado tales esfuerzos y no ha asegurado debidamente su explotación, la reducción sustancial de la ayuda prevista en el artículo 25, apartado 9, de dicho Reglamento está justificada como consecuencia directa de ese comportamiento.
32      No obstante, como señaló, en esencia, el Abogado General en los puntos 28 y 29 de sus conclusiones, tal consecuencia no puede imponerse en el supuesto excepcional de que en el mercado de que se trate no esté disponible un seguro que cumpla los requisitos del artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014. En ese caso, no puede reprocharse al beneficiario de la ayuda no haber realizado todos los esfuerzos razonables para minimizar las consecuencias financieras de los riesgos climáticos previsibles sobre su actividad suscribiendo un seguro de ese tipo. En efecto, ese beneficiario no podía reducir, por iniciativa propia, su dependencia económica de los regímenes de indemnización, de modo que el objetivo incentivador que subyace a la reducción de la ayuda queda sin objeto. Esta conclusión se impone tanto más cuanto que el beneficiario de la ayuda sigue expuesto a todas las consecuencias financieras de los perjuicios que haya sufrido y que la ayuda a la que puede acogerse pretende compensar.
33      De ello se deduce que no procede reducir una ayuda concedida en virtud del artículo 25 del Reglamento n.º 702/2014 con arreglo a lo dispuesto en el apartado 9 de dicho artículo cuando se demuestre que, habida cuenta de la oferta disponible en el mercado de seguros pertinente, el beneficiario de la ayuda no estaba en condiciones de suscribir un seguro que cumpliera los requisitos establecidos en la citada disposición para el tipo de producción de su explotación. Incumbe, en su caso, al beneficiario de la ayuda acreditar las circunstancias fácticas y jurídicas que demuestren la existencia de una situación de ese tipo.
34      A este respecto, debe precisarse, por una parte, que tal interpretación del artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014 no es contraria a la exigencia de garantizar una interpretación uniforme de esta disposición. En efecto, como indicó el Abogado General, en esencia, en el punto 33 de sus conclusiones, la mencionada interpretación permite garantizar que la reducción de la ayuda aplicada en virtud de dicha disposición se realice sobre la base de un criterio objetivo y de conformidad con la exigencia de una buena gestión del riesgo y las crisis.
35      Por otra parte, nada permite pensar que tal interpretación pueda provocar distorsiones de la competencia en el sector agrícola primario de la Unión. Por el contrario, el hecho de que una ayuda concedida en virtud del artículo 25 del Reglamento n.º 702/2014 no deba reducirse de conformidad con lo dispuesto en el apartado 9 de dicho artículo en una situación en la que el beneficiario de dicha ayuda no estaba en condiciones de suscribir un seguro que cumpliera los requisitos establecidos en este último apartado puede paliar las desventajas que, para las PYME que operan en este sector, entraña la inexistencia de un mercado europeo de seguros capaz de ofrecer prestaciones de seguro completas y uniformes en cada Estado miembro.
36      En los presentes asuntos, de las resoluciones de remisión se desprende que, en Bélgica, el riesgo climático más frecuente es el granizo y que, en el momento de los hechos que dieron lugar a los litigios principales, existía en el mercado belga de seguros una cobertura de seguro contra ese riesgo. No obstante, los recurrentes en los litigios principales alegan que, habida cuenta de las particularidades de sus explotaciones, caracterizadas por pastos permanentes y temporales, así como por terrenos herbáceos destinados a la alimentación del ganado, les resultaba imposible suscribir un seguro contra el granizo que cubriera al menos el 50 % de su producción anual media o de los ingresos derivados de la producción.
37      Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, a la vista de todos los elementos de que dispone, puede demostrarse que, habida cuenta de la oferta disponible en el mercado de seguros pertinente, los recurrentes en los litigios principales no estaban efectivamente en condiciones de suscribir un seguro que cumpliera los requisitos establecidos en el artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014.
38      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014 debe interpretarse en el sentido de que una ayuda destinada a compensar a una PYME activa en la producción agrícola primaria por los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural no debe reducirse a la mitad cuando dicha PYME no haya podido suscribir un seguro que cumpla los requisitos de la citada disposición para el tipo de producción de su explotación, habida cuenta de la oferta disponible en el mercado de seguros pertinente.
Costas
39      Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
1)      El artículo 25, apartado 9, del Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE],
debe interpretarse en el sentido de que
una ayuda destinada a compensar a una pequeña o mediana empresa (PYME) dedicada a la producción agrícola primaria por los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural debe reducirse a la mitad cuando dicha PYME no esté asegurada contra los riesgos climáticos estadísticamente más frecuentes en el Estado miembro o la región de que se trate, en una situación en la que la ayuda en cuestión tenga por objeto indemnizar un daño causado por un fenómeno climático de ese tipo que, por una parte, no esté comprendido en esos riesgos y, por otra parte, no constituya un riesgo asegurable en ese Estado miembro o en la región de que se trate.
2)      El artículo 25, apartado 9, del Reglamento n.º 702/2014
debe interpretarse en el sentido de que
una ayuda destinada a compensar a PYME activa en la producción agrícola primaria por los daños causados por un fenómeno climático adverso asimilable a un desastre natural no debe reducirse a la mitad cuando dicha PYME no haya podido suscribir un seguro que cumpla los requisitos de la citada disposición para el tipo de producción de su explotación, habida cuenta de la oferta disponible en el mercado de seguros pertinente.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.
i      La denominación de los presentes asuntos es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en los procedimientos.