62020CV0001(01)
DICTAMEN 1/20 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 16 de junio de 2022
«Dictamen emitido con arreglo al artículo 218 TFUE, apartado 11 — Solicitud de dictamen — Proyecto de Tratado sobre la Carta de la Energía modernizado — Artículo 26 — Mecanismo de solución de controversias — Admisibilidad»
En el procedimiento de dictamen 1/20,
que tiene por objeto una solicitud de dictamen presentada por el Reino de Bélgica, el 2 de diciembre de 2020, con arreglo al artículo 218 TFUE, apartado 11,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y J.‑C. Bonichot y las Sras. L. S. Rossi (Ponente) y O. Spineanu-Matei, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno belga, por los Sres. S. Baeyens y J.‑C. Halleux y las Sras. C. Pochet y M. Van Regemorter, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno checo, por las Sras. K. Najmanová y H. Pešková y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y D. Klebs, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno helénico, por los Sres. K. Boskovits y G. Karipsiadis, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno español, por las Sras. S. Centeno Huerta, A. Gavela Llopis y M. J. Ruiz Sánchez, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno francés, por la Sra. A. Daniel y el Sr. W. Zemamta, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno croata, por la Sra. G. Vidović Mesarek, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por el Sr. P. Garofoli, avvocato dello Stato;
–
en nombre del Gobierno lituano, por los Sres. K. Dieninis y R. Dzikovič, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Z. Fehér y la Sra. K. Szíjjártó, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. M. K. Bulterman y el Sr. J. M. Hoogveld, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno esloveno, por la Sra. N. Pintar Gosenca, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. B. Ricziová, en calidad de agente;
–
en nombre del Consejo de la Unión Europea, por el Sr. B. Driessen y la Sra. A. Lo Monaco, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. L. Armati y O. Beynet y los Sres. F. Erlbacher, M. Kellerbauer, T. Maxian Rusche y R. Vidal Puig, en calidad de agentes;
oído el Abogado General;
emite el siguiente
Dictamen
1
La solicitud de dictamen presentada al Tribunal de Justicia por el Reino de Bélgica está formulada en los siguientes términos:
«¿Es compatible con los Tratados, en particular con los artículos 19 TUE y 344 TFUE, el proyecto de Tratado sobre la Carta de la Energía modernizado:
–
en lo que respecta al artículo 26 de dicho acuerdo, en caso de que ese artículo pueda interpretarse en el sentido de que permite que se aplique el mecanismo de solución de controversias dentro de la Unión Europea;
–
en la medida en que, si el artículo 26 del citado acuerdo debiera interpretarse en el sentido de que permite que se aplique el mecanismo de solución de controversias dentro de la Unión Europea, ese acuerdo no establece ninguna regla específica expresa ni cláusula de desconexión explícita, en particular en las definiciones de inversión y de inversor del artículo 1 del acuerdo previsto, que disponga la no aplicabilidad del mecanismo general del citado artículo 26 entre los Estados miembros?»
Marco jurídico
2
El Tratado sobre la Carta de la Energía, firmado en Lisboa el 17 de diciembre de 1994 (DO 1994, L 380, p. 24; en lo sucesivo, «TCE»), fue aprobado en nombre de las Comunidades Europeas mediante la Decisión 98/181/CE, CECA, Euratom del Consejo y de la Comisión, de 23 de septiembre de 1997, relativa a la conclusión, por parte de las Comunidades Europeas, del Tratado sobre la Carta de la Energía y el Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia energética y los aspectos medioambientales relacionados (DO 1998, L 69, p. 1). Consta de un preámbulo y de ocho partes, entre ellas la parte I, titulada «Definiciones y objetivo», que comprende los artículos 1 y 2, y la parte V, titulada «Solución de controversias», que comprende los artículos 26 a 28 de dicho Tratado.
3
El artículo 1 del TCE, titulado «Definiciones», define, a efectos de este Tratado, una serie de términos entre los que figuran, en los puntos 6 y 7, los de «inversión» e «inversor».
4
El artículo 26 del TCE, titulado «Solución de controversias entre un inversor y una Parte contratante», establece lo siguiente:
«1.   En la medida de lo posible, se resolverán amigablemente las controversias entre una Parte contratante y un inversor de otra Parte contratante respecto al supuesto incumplimiento por parte de aquella de una obligación derivada de la parte III relativa a una inversión de este en el territorio de la primera.
2.   Si dichas controversias no pueden resolverse con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 en un plazo de tres meses a partir de la fecha en la que cualquiera de las partes en conflicto hubiera solicitado una solución amigable, el inversor afectado podrá optar por someter una controversia para su solución:
a)
ante los tribunales ordinarios o administrativos de la Parte contratante implicada en la controversia, o
b)
de acuerdo con un procedimiento de solución de controversias previamente acordado, o
c)
de acuerdo con los siguientes apartados del presente artículo.
3. a)   Salvo lo establecido en las letras b) y c), las Partes contratantes consienten incondicionalmente en someter sus controversias a arbitraje o conciliación internacional de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.
[…]
4.   En el caso de que un inversor opte por someter la controversia para su solución con arreglo a la letra c) del apartado 2, dicho inversor deberá asimismo presentar su consentimiento por escrito de que la controversia se someta:
a)
i)
al Centro internacional para el arreglo de diferencias relativas a inversiones, creado en virtud del Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados, abierto a la firma en Washington, el 18 de marzo de 1965 (en adelante denominado “Convenio CIADI”), en caso de que tanto la Parte contratante del inversor como la Parte contratante en litigio sean Parte en el Convenio CIADI; o
ii)
al Centro internacional para el arreglo de diferencias relativas a inversiones, creado en virtud del Convenio mencionado en el inciso i) de la letra a), de acuerdo con las normas por las que se rige el mecanismo adicional de aplicación de procedimientos por la secretaría del Centro (en adelante denominadas “normas sobre el mecanismo adicional”), en caso de que o la Parte contratante del inversor o la Parte contratante en litigio, pero no ambas, sean Parte en el Convenio CIADI;
b)
un único árbitro internacional o tribunal de arbitraje ad hoc establecidos en virtud del reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho mercantil internacional (en adelante denominado “CNUDMI”), o
c)
un procedimiento de arbitraje por parte del Instituto de arbitraje de la cámara de comercio de Estocolmo;
[…]».
5
El artículo 34 del TCE, titulado «Conferencia sobre la Carta de la Energía», dispone en su apartado 1:
«Las Partes contratantes se reunirán periódicamente en la Conferencia sobre la Carta de la Energía (aquí denominada “Conferencia sobre la Carta”), en la cual cada Parte contratante tendrá derecho a un representante. Las reuniones ordinarias se celebrarán con una periodicidad que determinará la Conferencia sobre la Carta.»
El acuerdo previsto
6
Dado que el TCE no ha sido objeto de ninguna revisión sustancial desde su entrada en vigor el 16 de abril de 1998, la Secretaría de la Carta de la Energía propuso su modernización. Tras una serie de conversaciones acerca de esta cuestión, la Conferencia sobre la Carta adoptó, el 27 de noviembre de 2018, una lista de diferentes materias abiertas a la discusión para iniciar las negociaciones sobre la modernización (en lo sucesivo, «lista de materias abiertas a la negociación»).
7
Esta lista comprende las siguientes materias:
–
la preinversión;
–
la definición de «Carta»;
–
la definición de «actividad económica en el sector de la energía»;
–
la definición de «inversor»;
–
la definición de «inversión»;
–
el derecho a regular;
–
la definición de trato justo y equitativo;
–
la cláusula de la nación más favorecida;
–
la aclaración del concepto de «protección y seguridad completas»;
–
la definición de expropiación indirecta;
–
la responsabilidad por pérdidas;
–
la cláusula paraguas;
–
la denegación de beneficios;
–
las transferencias relativas a inversiones;
–
las reclamaciones insustanciales;
–
la transparencia;
–
la seguridad respecto a los costes;
–
la evaluación de los daños;
–
la financiación por terceros;
–
el desarrollo sostenible y la responsabilidad social de las empresas;
–
la definición de tránsito;
–
el acceso a la infraestructura (incluida la denegación de acceso y las capacidades disponibles);
–
la definición y los principios de fijación de tarifas;
–
la Organización Regional de Integración Económica (ORIE), y
–
las disposiciones obsoletas.
8
El 6 de noviembre de 2019, la Conferencia sobre la Carta creó el Grupo de Modernización y le encomendó la tarea de entablar negociaciones sobre la modernización del TCE, con el fin de concluir rápidamente dicho proceso. Esta Conferencia precisó que las negociaciones atenderían a la lista de materias abiertas a la negociación, así como a las opciones políticas sugeridas por las Partes contratantes.
9
La primera ronda completa de negociaciones se celebró del 6 al 9 de julio de 2020; la segunda, del 8 al 11 de septiembre de 2020 y, la tercera, del 3 al 6 de noviembre de 2020.
10
El 15 de julio de 2019, el Consejo de la Unión Europea confirió mandato a la Comisión Europea para iniciar negociaciones sobre la modernización del TCE y adoptó las Directrices de negociación correspondientes. En octubre de 2019, la Unión Europea sugirió opciones políticas para la modernización y, posteriormente, en mayo de 2020, presentó propuestas de enmienda del TCE.
11
Entre las opciones políticas y las enmiendas propuestas por la Unión figura una propuesta de modificación del artículo 26 del TCE destinada a reafirmar el compromiso de la Unión por una reforma estructural de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados en el ámbito internacional.
12
No obstante, la Secretaría de la Carta de la Energía y varias Partes contratantes recordaron que el acuerdo alcanzado entre las Partes contratantes para la modernización del TCE únicamente se refiere a la lista de materias abiertas a la negociación. Así pues, se acordó que cualquier materia adicional a las incluidas en dicha lista debía ser objeto de consenso entre las partes contratantes.
13
Durante la segunda ronda de negociaciones, la Unión presentó propuestas de reforma del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados relativas a materias no incluidas en la citada lista. Sin embargo, no se alcanzó ningún consenso sobre estas propuestas.
14
Las negociaciones sobre las ORIE, comprendidas entre las materias incluidas en esa misma lista, figuraban en el orden del día de la tercera ronda de negociaciones. En esta ronda, la República de Kazajistán propuso ampliar la inaplicación de determinadas disposiciones del TCE entre los miembros de una ORIE y, para ello, modificar el artículo 26 del TCE estableciendo expresamente que las disposiciones relativas a la solución de controversias en materia de inversiones no se aplicasen entre los miembros de una ORIE.
15
Sin embargo, la Comisión no disponía de un mandato que le permitiera respaldar esta propuesta. En efecto, la Unión no solicitó la inclusión de las ORIE en la lista de materias abiertas a la negociación y las Directrices de negociación del Consejo indican que «la Unión no apoya la modificación de la disposición sobre la organización regional de integración económica en el proceso de modernización del TCE».
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
16
El 2 de diciembre de 2020, el Reino de Bélgica formuló la presente solicitud de dictamen.
17
El 8 de octubre de 2021, con arreglo al artículo 62, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la Juez Ponente y el Abogado General preguntaron al Reino de Bélgica si, habida cuenta de la sentencia de 2 de septiembre de 2021, República de Moldavia (C‑741/19, EU:C:2021:655), y en particular de sus apartados 40 a 66, deseaba mantener su solicitud de dictamen.
18
Mediante escrito de 10 de noviembre de 2021, el Reino de Bélgica comunicó al Tribunal de Justicia su intención de mantener su solicitud.
Sobre la admisibilidad de la solicitud de dictamen
Apreciaciones formuladas por el Reino de Bélgica
19
El Reino de Bélgica expone que su solicitud de dictamen versa sobre la compatibilidad con los Tratados del artículo 26 del TCE, tal como se recoge en el proyecto de TCE modernizado (en lo sucesivo, «artículo 26 del TCE modernizado»), y del mecanismo de solución de controversias que establece, en el caso de que dicho mecanismo se considere aplicable a los litigios entre un inversor de un Estado miembro y otro Estado miembro (en lo sucesivo, «litigios intra-UE»), así como de los conceptos de «inversión» y de «inversor» que figuran en la propuesta de enmienda del artículo 1 del TCE.
20
A este respecto, el Reino de Bélgica precisa que, dado que no existe en la actualidad consenso alguno sobre la posible enmienda del artículo 26 del TCE, presupone que dicho artículo 26 se mantiene sin cambios.
21
Según el Reino de Bélgica, la presente solicitud de dictamen es, no obstante, admisible, toda vez que se refiere a un «acuerdo», que dicho acuerdo está «previsto» y que la solicitud no es prematura.
22
En primer lugar, alega que, al ser el proyecto de TCE modernizado un compromiso dotado de fuerza obligatoria, asumido por sujetos de Derecho internacional, constituye un «acuerdo» en el sentido del artículo 218 TFUE, apartado 11. En particular, el hecho de que dicho proyecto no sea formalmente un nuevo tratado, sino una modificación de un tratado anterior no le priva de su naturaleza de «acuerdo». Según dicho Estado miembro, en efecto, se desprende de la jurisprudencia, especialmente del dictamen 1/03 (Nuevo Convenio de Lugano), de 7 de febrero de 2006 (EU:C:2006:81), que el Tribunal de Justicia ya tuvo que examinar la revisión de un tratado existente, sin que ello condujese a preguntarse sobre la admisibilidad de la solicitud de dictamen relativa al nuevo tratado cuya celebración estaba prevista.
23
A continuación, el Reino de Bélgica sostiene que el proyecto de TCE modernizado es un acuerdo «previsto», en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. A este respecto, alega, por una parte, que dicho proyecto de tratado aún no se ha celebrado, de modo que se cumple el objetivo preventivo del procedimiento de dictamen, y, por otra parte, que el hecho de que la Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de las negociaciones y las Directrices de negociación no abordaran la aplicabilidad a los litigios intra-UE del TCE en general, y, más específicamente, del mecanismo de solución de controversias previsto en su artículo 26, no afecta a la admisibilidad de la presente solicitud de dictamen. Según dicho Estado miembro, en efecto, de la jurisprudencia resultante, en particular, de la sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Dinamarca (C‑467/98, EU:C:2002:625), apartado 39, se desprende que, al renegociar un acuerdo en su totalidad, las partes confirman las obligaciones derivadas del Tratado inicial que no forman parte de la renegociación o solo se modifican de manera marginal. Así pues, las actuales renegociaciones del TCE afectan a dicho Tratado en su totalidad e implican la confirmación de su artículo 26. El Reino de Bélgica añade que, en cualquier caso, la presente solicitud de dictamen se refiere asimismo a las definiciones de «inversor» y de «inversión» contenidas en el artículo 1 del TCE, que están explícitamente sujetas a modificación, de conformidad con la lista de materias abiertas a la negociación.
24
Por último, el Reino de Bélgica alega que la presente solicitud de dictamen no es prematura. En particular, sostiene que tanto el contenido de las disposiciones controvertidas del acuerdo previsto como el contexto en el que se enmarcan las negociaciones de dicho acuerdo son lo suficientemente conocidos como para que el Tribunal de Justicia pueda responder de forma útil a esta solicitud. En efecto, en primer lugar, señala que la propuesta de enmienda formulada por la Unión y sus Estados miembros se encuentra en un estadio lo suficientemente avanzado como para comprobar que no contiene aclaración alguna acerca de la aplicabilidad del artículo 26 del TCE modernizado a los litigios intra-UE. En segundo lugar, indica que, habida cuenta del desarrollo de la segunda ronda de negociaciones, no ha cristalizado consenso alguno en cuanto a la inclusión en el TCE modernizado del conjunto de las propuestas formuladas por la Unión. En tercer lugar, añade que, aunque la República de Kazajistán haya presentado, durante la tercera ronda de negociaciones, una propuesta dirigida a aclarar las relaciones jurídicas existentes, a la luz de dicho Tratado, entre las ORIE que son parte en el TCE y sus miembros, el mandato de negociación de la Comisión no le permite debatir sobre esa propuesta. En estas circunstancias, según el Reino de Bélgica, el TCE modernizado no contendrá aclaración alguna acerca de la aplicabilidad de su artículo 26 a los litigios intra-UE, lo que podría interpretarse como una confirmación de la situación actual.
Resumen de las principales observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
25
Todos los Estados miembros que han participado en la fase escrita del procedimiento, excepto Hungría, y la Comisión opinan que la presente solicitud de dictamen es admisible. Algunos de esos Estados, en particular la República Checa y la República de Eslovenia, subrayan que es necesario que el Tribunal de Justicia se posicione para disipar toda ambigüedad en la interpretación del artículo 26 del TCE. Señalan, en primer lugar, que los Estados miembros no interpretan unánimemente dicho artículo en el sentido de que no se aplica a los litigios intra-UE. Seguidamente, afirman que la mayoría de los procedimientos arbitrales entablados al amparo de dicho artículo se refieren precisamente a litigios intra-UE. Por último, en dichos procedimientos, los árbitros se niegan sistemáticamente a declararse incompetentes, incluso después de pronunciarse la sentencia de 6 de marzo de 2018, Achmea (C‑284/16, EU:C:2018:158).
26
Según la República Federal de Alemania, si, para declarar inadmisible una solicitud de dictamen, bastara con que esta se refiriese a una disposición cuyo contenido no se ha visto afectado por el acuerdo de modificación, se suscitarían, ya en la fase de examen de la admisibilidad de tal solicitud, complejas cuestiones de delimitación entre las «antiguas» y las «nuevas» disposiciones del acuerdo controvertido.
27
La República Francesa alega que la solicitud de dictamen no puede declararse inadmisible por referirse a un acuerdo ya celebrado. En efecto, por una parte, dicho Estado miembro considera que se pregunta al Tribunal de Justicia sobre el hecho de que el acuerdo previsto no incluya una cláusula que excluya expresamente los litigios intra-UE del mecanismo previsto en el artículo 26 del TCE modernizado. Pues bien, la inexistencia de tal cláusula en ese acuerdo podría dar lugar a un incumplimiento del Derecho de la Unión por otras estipulaciones de dicho acuerdo, que no serían contrarias al Derecho de la Unión de existir esa cláusula particular. Por otra parte, sostiene que la presente solicitud de dictamen versa sobre la renegociación de un acuerdo considerado en su conjunto, dado que el ámbito de la renegociación incluye todas las partes esenciales del TCE. Añade que es posible que el proyecto de TCE modernizado adopte finalmente la forma de un nuevo acuerdo íntegro que sustituya al TCE actualmente vigente. En tal caso, la Unión habría de confirmar sus compromisos respecto del TCE en su conjunto, constituyendo por tanto el proyecto de TCE modernizado, en particular por lo que respecta a su mecanismo de solución de diferencias, un acuerdo previsto y no un acuerdo celebrado.
28
La Comisión señala que no puede excluirse que la cuestión de la aplicabilidad del mecanismo de solución de controversias a los litigios intra-UE se plantee en el contexto de las materias para las que se abrieron las negociaciones y que están íntimamente relacionadas con las cuestiones suscitadas en la presente solicitud de dictamen. Por otra parte, advierte que la celebración del TCE modernizado sin modificar el artículo 26 del TCE, o sin determinar su interpretación mediante un instrumento de Derecho internacional público que vincule a los tribunales arbitrales, podría ser interpretada por algunos tribunales arbitrales en el sentido de que la Unión y los Estados miembros confirman, en un nuevo acuerdo internacional, la aplicabilidad del artículo 26 del TCE modernizado a los litigios intra-UE.
29
En este contexto, la Comisión recuerda que una solicitud de dictamen, cuyo ámbito de aplicación es relativamente amplio, puede estar guiada por el objetivo legítimo de una institución o de un Estado miembro de conocer el alcance de las competencias respectivas de la Unión y de los Estados miembros antes de decidirse a firmar y celebrar el acuerdo previsto. Pues bien, el hecho de no modificar el artículo 26 del TCE podría interpretarse como una aceptación de que los Estados miembros pueden incurrir directamente en responsabilidad internacional en una materia que es competencia exclusiva de la Unión. Ello equivaldría a incumplir la obligación que incumbe a los Estados miembros de garantizar, en sus respectivos territorios, la aplicación y el respeto del Derecho de la Unión, al permitir el ejercicio de una competencia nacional que prevalezca sobre las competencias de la Unión y las prerrogativas del Tribunal de Justicia, derivadas del artículo 19 TUE y del artículo 344 TFUE.
30
La Comisión señala que el dictamen del Tribunal de Justicia tendrá como efecto vincular a las instituciones y a los Estados miembros en la continuación de las negociaciones del TCE modernizado, actualmente en curso. En función del contenido de dicho dictamen, o bien la interpretación del Tribunal de Justicia habrá de traducirse en un acuerdo entre los Estados miembros y la Unión sobre la interpretación del artículo 26 del TCE modernizado o en un tratado entre los Estados miembros y la Unión por el que se modifique el artículo 26 del TCE modernizado inter se, o bien el Consejo deberá, previa recomendación modificada de la Comisión, ampliar el ámbito del mandato de negociación.
31
En cambio, Hungría considera que la presente solicitud de dictamen es inadmisible. Señala que, para que el Tribunal de Justicia pueda pronunciarse sobre la compatibilidad de las disposiciones de un acuerdo previsto con los Tratados, es necesario que disponga de elementos suficientes sobre el propio contenido de dicho acuerdo. Ahora bien, en el caso de autos, habida cuenta de los documentos y la información actualmente disponibles y del estado de desarrollo de las negociaciones, no se encuentran disponibles ni el texto íntegro ni el texto parcial del proyecto de TCE modernizado y no es posible deducir el desenlace de las negociaciones en curso. Según dicho Estado miembro, en primer lugar, las negociaciones se encuentran solo en su fase inicial, y además el Estado miembro autor de la presente solicitud de dictamen únicamente adjuntó a esta el texto del TCE actualmente en vigor. En segundo lugar, la lista de materias abiertas a la negociación no es exhaustiva y puede completarse. En tercer lugar, las observaciones sobre las opciones políticas de las Partes contratantes son las formuladas antes de la primera ronda oficial de negociaciones.
32
El Consejo también alberga dudas sobre la admisibilidad de la presente solicitud de dictamen debido, en particular, a la incertidumbre sobre el contenido del acuerdo previsto y a la posible modificación del artículo 26 del TCE, a la falta de consecuencias de un eventual dictamen negativo del Tribunal de Justicia y al hecho de que la jurisprudencia derivada de la sentencia de 5 de noviembre de 2002, Comisión/Dinamarca (C‑467/98, EU:C:2002:625), no es pertinente en el caso de autos, ya que dicha jurisprudencia se elaboró en el marco de un recurso por incumplimiento al amparo del artículo 258 TFUE.
33
No obstante, el Consejo no cuestiona la pertinencia de las razones expuestas por el Reino de Bélgica en apoyo de la admisibilidad de la presente solicitud de dictamen y estima que no puede excluirse que las negociaciones se amplíen finalmente al artículo 26 del TCE. Señala que, en tal caso, las Directrices de negociación del Consejo prevén que la Comisión velará por que el resultado se ajuste al Derecho de la Unión.
Opinión del Tribunal de Justicia
34
A tenor del artículo 218 TFUE, apartado 11, un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión podrán solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados de cualquier acuerdo previsto.
35
Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, esta disposición tiene por objeto evitar las complicaciones a que daría lugar la impugnación judicial de la compatibilidad con los Tratados de los acuerdos internacionales que obligan a la Unión. En efecto, una resolución judicial que declarara en su caso, tras la conclusión de un acuerdo internacional que obligara a la Unión, que tal acuerdo, a la vista de su contenido o del procedimiento seguido para su celebración, es incompatible con las disposiciones de los Tratados no dejaría de provocar, no solo en el plano interno de la Unión, sino también en el de las relaciones internacionales, serias dificultades y podría perjudicar a todas las partes interesadas, incluidos los terceros Estados [dictamen 1/19 (Convenio de Estambul), de 6 octubre de 2021, EU:C:2021:832, apartado 193 y jurisprudencia citada].
36
Ciertamente, la posibilidad de presentar una solicitud de dictamen en virtud del artículo 218 TFUE, apartado 11, no exige como condición previa un acuerdo definitivo entre las instituciones interesadas [dictamen 1/19 (Convenio de Estambul), de 6 de octubre de 2021, EU:C:2021:832, apartado 204 y jurisprudencia citada].
37
De ello se deduce que cabe presentar al Tribunal de Justicia una solicitud de dictamen cuando el objeto del acuerdo previsto sea conocido, aunque subsistan cierto número de alternativas aún abiertas y de divergencias sobre la redacción de determinadas cláusulas [dictamen 1/09 (Acuerdo por el que se crea un Sistema Unificado de Resolución de Litigios sobre Patentes), de 8 de marzo de 2011, EU:C:2011:123, apartado 53].
38
Así sucede, en particular, cuando la solicitud de dictamen solo se refiere a la cuestión de si la Unión dispone de competencia para celebrar un acuerdo previsto [véase, en este sentido, el dictamen 2/94 (Adhesión de la Comunidad al CEDH), de 28 de marzo de 1996, EU:C:1996:140, apartados 13 a 18].
39
Sin embargo, cuando la solicitud de dictamen se refiere a la cuestión de la compatibilidad de ese acuerdo con los Tratados, es necesario que el Tribunal de Justicia disponga de elementos suficientes sobre el propio contenido de dicho acuerdo [dictamen 2/94 (Adhesión de la Comunidad al CEDH), de 28 de marzo de 1996, EU:C:1996:140, apartado 19, y dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454, apartado 147].
40
Pues bien, por una parte, la presente solicitud de dictamen se refiere no ya a la competencia de la Unión para celebrar el TCE modernizado, sino a la compatibilidad de este, y en particular de su artículo 26, con los Tratados.
41
Por otra parte, el propio Reino de Bélgica reconoce que, en el momento de formularse la presente solicitud de dictamen, no existía ningún documento que contuviera el texto del TCE, en su versión modernizada, ni el de su artículo 26.
42
Según el Reino de Bélgica, esta circunstancia no ha de afectar a la admisibilidad de la solicitud de dictamen, ya que es notorio, en el estadio actual de las negociaciones, que no se contempla ninguna modificación del artículo 26 en la versión modernizada del TCE. En efecto, dicho Estado miembro señala que las negociaciones sobre la modernización del TCE únicamente se iniciaron con respecto a la lista de materias abiertas a la negociación, lista que no incluía el mecanismo de solución de controversias previsto en ese artículo.
43
Pues bien, los elementos expuestos ante el Tribunal de Justicia no permiten considerar que el artículo 26 del TCE no será objeto de modificaciones al término de dichas negociaciones.
44
En efecto, en primer lugar, si bien es cierto que la Conferencia sobre la Carta ha identificado una lista de materias abiertas a la negociación y que esta lista no incluye el mecanismo de solución de controversias contemplado en el artículo 26 del TCE, no es menos cierto que, en la fecha de presentación de la presente solicitud de dictamen, las negociaciones se encontraban en una fase muy incipiente y aún no se había pronunciado la sentencia de 2 de septiembre de 2021, República de Moldavia (C‑741/19, EU:C:2021:655). De ello se deduce que habría podido, y podría aún, lograrse un consenso entre las partes contratantes en favor de la inclusión en dicha lista de la materia a la que pertenece el citado artículo. Por consiguiente, el desenlace de las eventuales negociaciones sobre esta materia no es suficientemente previsible y no cabe excluir que se modifique el artículo 26 del TCE.
45
En segundo lugar, como el propio Reino de Bélgica ha señalado, se han entablado negociaciones acerca de la definición de los conceptos de «inversión» y de «inversor», en el sentido del artículo 1 del TCE, conceptos que condicionan el alcance del mecanismo de solución de controversias previsto en el artículo 26 del TCE. Ahora bien, no solo no se ha adoptado hasta la fecha ningún texto modificativo de dicho artículo 1, sino que, además, la incidencia que podrían tener las posibles modificaciones de tales conceptos en ese mecanismo de solución de controversias no puede apreciarse si no existe ningún elemento que permita conocer con cierta precisión las normas que rigen dicho mecanismo.
46
A la vista de estas incertidumbres, el Tribunal de Justicia no dispone de elementos suficientes sobre el contenido y, más concretamente, sobre el ámbito de aplicación del artículo 26 que establecerá el TCE modernizado, siendo así que ese ámbito de aplicación es objeto de la presente solicitud de dictamen. Así pues, esta resulta prematura.
47
Por último, es preciso añadir que, por lo que respecta a las consideraciones de oportunidad, mencionadas en el apartado 25 del presente dictamen, que supuestamente justifican una toma de posición del Tribunal de Justicia sobre la cuestión de la compatibilidad del artículo 26 del TCE con los Tratados, basta con señalar, por una parte, que tales consideraciones son ajenas a la finalidad del procedimiento de dictamen recordada en el apartado 35 del presente dictamen, puesto que dicha disposición está ya en vigor. Por otra parte, y en cualquier caso, el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado sobre esta cuestión. En efecto, de la sentencia de 2 de septiembre de 2021, República de Moldavia (C‑741/19, EU:C:2021:655), y en particular de sus apartados 40 a 66, se desprende claramente que el respeto del principio de autonomía del Derecho de la Unión, consagrado en el artículo 344 TFUE, obliga a interpretar el artículo 26, apartado 2, letra c), del TCE en el sentido de que no es aplicable a las controversias entre un Estado miembro y un inversor de otro Estado miembro en relación con una inversión realizada por este en el primer Estado miembro.
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Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que el Tribunal de Justicia no dispone de elementos suficientes sobre el contenido mismo del acuerdo previsto y que, por lo tanto, la presente solicitud de dictamen, dado su carácter prematuro, debe considerarse inadmisible.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) emite el siguiente dictamen:
La solicitud de dictamen presentada por el Reino de Bélgica el 2 de diciembre de 2020 es inadmisible.
Lycourgos Rodin Bonichot
Rossi Spineanu-Matei
Dictado en Luxemburgo, a 16 de junio de 2022.
El Secretario El Presidente de la Sala Cuarta
A. Calot Escobar C. Lycourgos