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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 1 de septiembre de 2022 — Pharol
(Asunto C‑67/22)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Artículos 63 TFUE y 65 TFUE — Libre circulación de capitales — Impuesto sobre los beneficios de las personas jurídicas — Dividendos percibidos de una sociedad domiciliada en el Estado miembro de la sociedad beneficiaria — Dividendos percibidos de una sociedad domiciliada en un país tercero — Normativa nacional que persigue eliminar la doble imposición — Diferencia de trato — Restricción — Justificación — Eficacia de las inspecciones tributarias — Inexistencia de obligación convencional de comunicación de información fiscal»
Libre circulación de capitales y libertad de pagos — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto sobre los beneficios de las personas jurídicas — Tributación de los dividendos — Normativa nacional que persigue eliminar la doble imposición — Normativa que permite la deducción íntegra o parcial por parte de una sociedad residente en un Estado miembro de los dividendos distribuidos por una sociedad residente en el mismo Estado miembro — Normativa que no permite esa deducción en caso de sociedad distribuidora residente en un Estado tercero — Procedencia — Requisitos
(Arts. 63 TFUE y 65 TFUE)
(véanse los apartados 28 y 34 a 43 y el fallo)
Fallo
Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que persigue eliminar la doble imposición económica de los dividendos, en virtud de la cual una sociedad residente del Estado miembro de que se trate puede deducir de su beneficio imponible los dividendos que le haya distribuido otra sociedad residente, pero no puede deducir los dividendos distribuidos por una sociedad domiciliada en un tercer país, debido a que este no está vinculado con el Estado miembro de imposición por ninguna obligación convencional de comunicación de información fiscal, cuando tal deducción esté sometida al requisito relativo a la sujeción al impuesto de la sociedad distribuidora en ese tercer país y, como consecuencia de que dicho tercer país no tiene obligación convencional alguna de suministrar información, resulte imposible obtener tal información de ese país. Los Estados miembros no están obligados a conceder a los contribuyentes la posibilidad de presentar ellos mismos las pruebas que demuestren que se cumplen los requisitos necesarios para obtener tal deducción cuando, por no existir obligación convencional, dicho Estado miembro no puede verificar la veracidad de tales pruebas.