Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 11 de septiembre de 2025 (1)
Asunto C‑376/24
MT
contra
Comité de direction de l’Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA)
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de apelación de Bruselas, Bélgica)]
« Procedimiento prejudicial — Servicios financieros — Reglamento (UE) n.º 596/2014 — Comunicación de información privilegiada
y abuso de mercado — Carácter ilícito de la comunicación de información privilegiada — Excepciones — Artículo 10 — Revelación de una información privilegiada en el normal ejercicio de una profesión
o funciones — Artículo 21 — Publicación de información privilegiada en el marco de actividades periodísticas — Libertad de prensa y libertad de expresión — Difusión por un dirigente político de información privilegiada sobre la privatización de una empresa pública »
1.        En el litigio que da origen a este reenvío prejudicial se dirime la validez de la sanción impuesta a un dirigente político que, en entrevistas con medios de comunicación, dio a conocer una información supuestamente
calificable de privilegiada, en el sentido de la Directiva 2003/6/CE (2) y del Reglamento (UE) n.º 596/2014. (3)
2.        La información controvertida se refería a la privatización inminente de una importante empresa pública belga. Quien la dio a conocer afirma haber actuado para suscitar un debate sobre esta cuestión de interés general y en el ejercicio de su función de responsable político.
3.        En el fondo del
reenvío prejudicial se enfrentan,
por un lado, el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información (de un dirigente político, en este caso) y, por otro lado, el interés de proteger la integridad de los mercados financieros, concretado
en la prohibición de revelar informaciones privilegiadas.
I.      Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
1.      Directiva 2003/6
4.        Según su considerando cuadragésimo cuarto:
«La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios establecidos en particular en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [(en lo sucesivo, “Carta”)],
especialmente en su artículo 11, y en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos [(en lo sucesivo, “CEDH”)]. A este respecto, la presente Directiva no impide en modo alguno a los Estados miembros la aplicación de sus normas constitucionales relativas a la libertad de prensa y a la libertad de expresión en los medios de comunicación».
5.        El artículo 2 estipula:
«1.      Los Estados miembros prohibirán a cualquier persona de las citadas en el párrafo segundo que posea información privilegiada utilizar dicha información adquiriendo o cediendo o intentando adquirir o ceder, por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, instrumentos financieros a que se refiera dicha información.
El primer párrafo se aplicará a cualquier persona que esté en posesión de esa información:
[…]
c)      por tener acceso a dicha información debido al ejercicio de su trabajo, de su profesión o de sus funciones, o
[…]».
6.        El artículo 3 dispone:
«Los Estados miembros prohibirán a las personas sujetas a las prohibiciones establecidas en el artículo 2:
a)      revelar información privilegiada a cualquier persona, a menos que se haga en el ejercicio normal de su trabajo, profesión o funciones;
b)      recomendar a otra persona que adquiera o ceda, o inducirle a ello, basándose en información privilegiada, instrumentos financieros a que se refiere dicha información».
2.      Reglamento n.º 596/2014
7.        El considerando septuagésimo séptimo
declara:
«El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta […]. Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios. En particular, cuando el presente Reglamento se refiera a las normas que rigen la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación, así como a las normas o los códigos que regulan la profesión periodística, dichas libertades han de tenerse en cuenta, ya que están garantizadas en la Unión y en los Estados miembros y reconocidas en virtud del artículo 11 de la Carta y otras disposiciones pertinentes».
8.        El artículo 7 («Información privilegiada») reproduce esencialmente las definiciones que figuraban en las Directivas 2003/6 y 2003/124/CE. (4)
9.        El artículo 8 («Operaciones con información privilegiada») indica:
«1.      A efectos del presente Reglamento, las operaciones con información privilegiada son las realizadas por una persona que dispone de información privilegiada y que la utiliza adquiriendo, transmitiendo o cediendo, por cuenta propia o de terceros, directa o indirectamente, los instrumentos financieros a los que se refiere esa información. Se considerará asimismo como operación con información privilegiada la utilización de este tipo de información cancelando o modificando una orden relativa al instrumento financiero al que se refiere la información, cuando se hubiese dado la orden antes de que el interesado tuviera conocimiento de la información privilegiada. […]
[…]
4.      El presente artículo se aplicará a cualquier persona que posea información privilegiada por encontrarse en alguno de los supuestos siguientes:
[…]
c)      tener acceso a dicha información en el ejercicio de su trabajo, profesión o funciones, o
[…].
El presente artículo se aplicará también a toda persona que posea información privilegiada en circunstancias distintas de las mencionadas en el párrafo primero cuando dicha persona sepa o deba saber que se trata de información privilegiada.
[…]».
10.      El artículo 10 («Comunicación ilícita de información privilegiada») establece:
«1.      A efectos del presente Reglamento, existe comunicación ilícita de información privilegiada cuando una persona posee información privilegiada y la revela a cualquier otra persona, excepto cuando dicha revelación se produce en el normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones.
El presente apartado será de aplicación a cualquier persona física o jurídica que se encuentre en las situaciones o circunstancias a que se hace referencia en el artículo 8, apartado 4.
[…]».
11.      El artículo 21 («Publicación o difusión de información en los medios de comunicación») proclama:
«A efectos del artículo 10
[…], cuando se publique o difunda información o se emitan o difundan recomendaciones por motivos (5) periodísticos o de expresión de otro tipo en los medios de comunicación, tales publicación o difusión de información se evaluarán teniendo en cuenta las normas que regulan la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación, así como las normas o códigos que regulan la profesión periodística, salvo que:
a)      las personas afectadas o las personas estrechamente vinculadas con ellas obtengan, directa o indirectamente, una ventaja o beneficio de la publicación o difusión de la información en cuestión, o
b)      la publicación o difusión se lleve a cabo con la intención de inducir a confusión o engaño al mercado en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los instrumentos financieros».
B.      Derecho nacional. Loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (6)
12.      El artículo 2 define la noción de «información privilegiada» en los mismos términos que las Directivas 2003/6 y 2003/124 y, por tanto, que el Reglamento n.º 596/2014.
13.      Con arreglo al artículo 25:
«§ 1.      Se prohíbe a toda persona:
1.º      que posea información que sabe o debería saber que es de carácter privilegiado:
a)      adquirir o ceder, o intentar adquirir o ceder, por su propia cuenta o por cuenta de otro, directa o indirectamente, los instrumentos financieros a los que se refiera la información;
b)      revelar tal información a cualquier otra persona, a menos que se haga en el ejercicio normal de su trabajo, profesión o funciones;
[…]
4.º      difundir informaciones o rumores a través de los medios de comunicación, Internet o por otra vía, que proporcionen o sean susceptibles de dar indicaciones falsas o engañosas sobre instrumentos financieros, cuando [la persona] sabía o habría debido saber que las informaciones eran falsas o engañosas.
En el caso de periodistas que actúan en el ámbito de su profesión, esta difusión de información debe ser evaluada teniendo en cuenta la normativa aplicable a su profesión, a menos que estas personas obtengan, directa o indirectamente, una ventaja o beneficios de la difusión de dichas informaciones».
II.    Hechos, litigio y preguntas prejudiciales
14.      En el año 2016, Bpost, una sociedad anónima de derecho público de cuyo capital el Estado tenía más del 50 % de acciones, era el principal operador del sector postal en Bélgica y sus acciones cotizaban en la Bolsa de Bruselas (Bélgica) (Euronext).
15.      MT era un responsable político socialista. Había sido ministro de Empresas Públicas en el Gobierno federal desde enero de 2013 a octubre de 2014. A raíz de las elecciones legislativas
de 2014, el Partido Socialista pasó a la oposición y, en 2016, MT ostentaba cargos de dirección en ese partido y en la Union nationale des mutualités socialistes — Solidaris.
16.      En el año 2015, el nuevo Gobierno belga se mostraba dispuesto a reducir la participación del Estado en las empresas públicas por debajo del 50 %, sobre lo que hubo debate en el Parlamento belga. La aprobación de una nueva ley
de empresas públicas, en diciembre de 2015, (7) fue criticada por un dirigente sindical en estos términos, recogidos por un diario belga: «la adopción, ayer jueves, en la Cámara del proyecto de ley que permite la privatización, sin necesidad de minoría de bloqueo, de empresas públicas cotizadas en la Bolsa, a saber, Bpost y Proximus, significa el fin de la empresa pública». (8)
17.      Los estatutos de Bpost se modificaron en las juntas generales, ordinaria y extraordinaria, de 11 de mayo de 2016, con objeto de permitir la privatización de Bpost. (9) El 12 de mayo de 2016, al comentar el resultado de estas juntas de accionistas, un diario belga se refería a la «privatización de Bpost». (10)
18.      El 27 de mayo de 2016, en respuesta a una pregunta formulada durante el programa de radio
Matin Première de la RTBF, MT indicó que Bpost
iba a perder su carácter público de manera inminente y declaró que
«el Estado se dispone a vender una parte de sus acciones […] realmente es cuestión de horas».
La pérdida del estatuto de empresa pública se produciría, añadió, en el marco de una operación de acercamiento a otro operador postal europeo, pues se estaba negociando la venta del 10 % de las
acciones de Bpost al operador postal neerlandés PostNL.
19.      MT corroboró y completó esta información el mismo día a un periodista del portal de internet www.lavenir.net y en una entrevista al periódico Le Soir.
20.      El 27 de mayo de 2016, Bpost solicitó a la Autorité belge des services et des marchés financiers (FSMA) (Autoridad de Servicios y Mercados Financieros, Bélgica) que suspendiera la cotización de sus títulos en bolsa. Las conversaciones para la fusión entre Bpost y PostNL
se paralizaron y la fusión no se llegó a realizar. (11)
21.      El 28 de julio de 2016, la FSMA inició un expediente sobre las declaraciones de MT, quien fue invitado a formular sus observaciones, al igual que SL, secretario general del sector postal de la Centrale Générale des Services Publics (CGSP). (12)
22.      Según la decisión de reenvío, (13) la FSMA reprochó a MT haber revelado, en la mañana del 27 de mayo de 2016:
«a)      la existencia de un proyecto de privatización inminente de Bpost a [un] periodista radiofónico en el programa Matin Première emitido en directo por la RTBF y, en consecuencia, a todos los oyentes de dicho programa; y
b)      la información según la cual el Estado se disponía a deshacerse de una decena de puntos porcentuales en Bpost en el marco de una asociación empresarial con otro operador europeo, a un periodista del sitio web www.lavenir.net y, por tanto, a todos los lectores del artículo que recogió estas declaraciones».
23.      Tras diversas resoluciones preliminares, que fueron recurridas por MT
sin éxito, la Comisión de Sanciones de la FSMA decidió finalmente el 11 de mayo de 2023:
«[…]
2)      declarar que MT ha infringido el artículo 25, apartado 1, punto 1.º, letra b), de la Ley de 2 de agosto de 2002, al revelar una información que sabía o debería haber sabido que era de carácter privilegiado al margen del ejercicio de su trabajo, profesión o funciones;
3)      con arreglo al artículo 72, apartado 3, de la Ley de 2 de agosto de 2002, imponer a MT una multa de 12 500 [euros] […]».
24.      MT ha interpuesto un recurso contra la resolución de 11 de mayo de 2023 ante la Cour d’appel de Bruxelles, section Cour des marchés (Tribunal de apelación de Bruselas, Sección de Mercados, Bélgica).
La FSMA se ha opuesto a ese recurso.
25.      Según MT:
–        No ha infringido el artículo 25 de la Ley de 2 de agosto de 2002 porque la difusión de información privilegiada se refiere a la revelación a «cualquier persona», a menos que se haga en el «ejercicio normal de su trabajo, profesión o funciones». En su caso, reveló la información al público de forma general e indiscriminada y, a fortiori,  la información revelada de esta manera no pretendía inducir a error a los inversores.
–        La prohibición de comunicar información privilegiada no se aplica a quienes actúen en el ejercicio normal de sus funciones, lo que sucedía en este caso.
–        Incluso de admitir que ha divulgado información privilegiada, le sería aplicable la excepción a la prohibición de difundir este tipo de información (artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014) para garantizar la libertad de expresión.
La publicación o la difusión de información «en los medios de comunicación» debe interpretarse en el sentido de que no se limita a la publicación de información por parte de periodistas.
–        Sus declaraciones públicas las hizo
en el ejercicio de sus funciones como antiguo ministro de Empresas Públicas y miembro del comité nacional del Partido Socialista. No obtuvo ninguna ventaja, más bien al contrario, y no tenía la intención de inducir a error al mercado. Además, eran declaraciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones y actividades políticas y suponen un ejercicio de su libertad de expresión, amparada por el artículo 11 de la Carta y por el artículo 10
del CEDH.
26.      Según la FSMA:
–        El artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 contiene una excepción a la prohibición de difusión de información privilegiada, que se aplica exclusivamente a los periodistas o, como mucho, a las publicaciones efectuadas con fines periodísticos y, por tanto, sólo puede afectar a quienes, aunque no ejerzan la profesión de periodista, demuestren que ejercen un trabajo, una profesión o una función equivalentes.
–        Esa excepción no se puede extender a los discursos o declaraciones de las personas que afirman ser figuras políticas y que actúan con «fines políticos».
–        La divulgación de la operación que Bpost se preparaba a realizar no era necesaria ni proporcionada a efectos de la oposición «política» a una «política» gubernamental de privatización de las empresas públicas. MT podría haberse opuesto a la privatización de una empresa pública belga de una forma distinta a la divulgación de información privilegiada.
–        La excepción del artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 requiere la existencia de un vínculo estrecho entre la revelación de la información privilegiada y el ejercicio por parte de la persona de su trabajo, su profesión o sus funciones.
27.      En esta tesitura, la Cour d’appel de Bruxelles, section Cour des marchés (Tribunal de apelación de Bruselas, Sección de Mercados) eleva al Tribunal de Justicia
estas preguntas prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 3 de la Directiva 2003/6, a la luz de los artículos 11 y 52 de la Carta […], del artículo 10 CEDH y del principio de igualdad, en la medida en que se refiere a la prohibición de “revelar información privilegiada a cualquier persona, a menos que se haga en el ejercicio normal de su trabajo, profesión o funciones”, en el sentido de que prohíbe la revelación de información privilegiada en los medios de comunicación (radio y páginas web de medios de prensa escrita) por una persona que tenga la condición de político, antiguo ministro y miembro de un partido de oposición, que intervenga en los medios de comunicación en tal condición y que pretenda mediante esta difusión suscitar un debate público sobre una cuestión de interés general con el fin de criticar un proyecto de privatización, a pesar de que su función no implique normalmente este tipo de difusión de información privilegiada en los medios de comunicación?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 […], a la luz de los principios expuestos en la cuestión precedente, en el sentido de que tiene un ámbito de aplicación limitado a la publicación o difusión de información privilegiada por parte de periodistas, o resulta también aplicable a la publicación o difusión de información privilegiada en los medios de comunicación por una persona, como un político, antiguo ministro y miembro de un partido de oposición, que pretenda mediante esta difusión suscitar un debate público sobre una cuestión de interés general con el fin de criticar un proyecto de privatización?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
28.      La petición de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 28 de mayo de 2024.
29.      Han presentado observaciones escritas MT, la FSMA y la Comisión Europea, quienes intervinieron en la vista celebrada el 22 de mayo de 2025.
IV.    Apreciación
30.      Las dos preguntas prejudiciales pueden responderse de manera conjunta.
Habrá de determinarse previamente qué norma del derecho de la Unión resulta aplicable ratione temporis al litigio.
A.      Normativa aplicable
31.      El tribunal de reenvío se refiere indistintamente a la Directiva 2003/6 y al Reglamento n.º 596/2014.
32.      Los artículos 10 y 21 del Reglamento n.º 596/2014 son aplicables desde el 3 de julio de 2016. (14) Cuando se produjo la presunta revelación de información privilegiada (el 27 de mayo de 2016), aún estaba vigente la Directiva 2003/6, cuyo artículo 3 sería, por tanto, el precepto decisivo para fallar el litigio.
33.      El tribunal de reenvío parece sugerir la posibilidad de aplicar los artículos 10 y 21 del Reglamento n.º 596/2014 porque contendrían un régimen jurídico «menos severo» que el precedente. (15)
34.      La retroactividad de la ley posterior más favorable sería viable si el derecho belga así lo dispusiera en relación con las conductas ilícitas cuya represión se lleva a cabo por la vía del derecho administrativo sancionador. Eso es algo que compete resolver al tribunal a quo.
35.      De acoger el derecho interno esa solución, los artículos 10 y 21 del Reglamento n.º 596/2014 afectarían, retroactivamente, a hechos acaecidos antes de que esos preceptos fueran aplicables, siempre que su contenido fuera más favorable que el del artículo 3 de la Directiva 2003/6.
36.      El
artículo 3, letra a), de la Directiva 2003/6 tiene una dicción equiparable a la del artículo 10, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.º 596/2014. Ambos sancionan la comunicación ilícita de información privilegiada a terceras personas, salvo que se haga en el ejercicio normal de su trabajo, profesión o funciones. Por tanto, los dos contienen, en este aspecto, una excepción similar. (16)
37.      Ahora bien, el artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 ha añadido una especificación que protege con mayor intensidad la publicación o difusión de información en los medios de comunicación. Al evaluar si una persona ha incurrido en la conducta castigada en virtud del artículo 10 de ese Reglamento (comunicación ilícita de información privilegiada), hay que tener en cuenta
las normas que regulan la libertad de prensa y la libertad de expresión.
38.      Para el Tribunal de Justicia, el artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 y el artículo 3 de la Directiva 2003/6 no tienen «el mismo sentido y alcance, por lo que respecta a la comunicación de información privilegiada por un periodista». (17) Ha declarado, además, que, en función de la interpretación que se dé al artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014, podrá apreciarse si sus «disposiciones […] son menos severas […] que las previstas en la Directiva 2003/6». (18)
39.      A mi juicio, el régimen establecido para la comunicación de información privilegiada en el ejercicio de la actividad periodística (artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014) es más favorable que el aplicable, con carácter general, a otros profesionales en el marco de sus trabajos, profesiones o funciones. (19)
40.      Me centraré, por consiguiente, en analizar si, cuando un dirigente político hace declaraciones que, eventualmente, revelan al público una información privilegiada en el sentido del artículo 10 del Reglamento n.º 596/2014, puede beneficiarse de las previsiones de su artículo 21.
B.      Respuesta a las cuestiones prejudiciales
41.      Mi exposición seguirá este esquema: a) analizaré, en primer lugar, la interpretación del artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014, en sí mismo y en relación con las circunstancias de este caso; y b) me ocuparé, en segundo lugar, de la incidencia que pudiera tener el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.º 596/2014, incluyendo las exigencias derivadas de la protección a las libertades de expresión y de información. (20)
1.      Interpretación del artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014
a)      Consideraciones generales
42.      El artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 introduce una regla específica para evaluar la existencia de una «comunicación ilícita de información privilegiada» cuando se publique o difunda información con fines periodísticos o de expresión de otro tipo en los medios de comunicación.
43.      En esas hipótesis, la publicación o difusión de información se evaluarán:
–        «teniendo en cuenta las normas que regulan la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación, así como las normas o códigos que regulan la profesión periodística»;
–        no atendiendo a esas normas sobre libertad de prensa y de expresión, si las personas afectadas (o las personas estrechamente vinculadas con ellas) obtienen, directa o indirectamente, una ventaja o beneficio de la publicación o difusión de la información en cuestión; o cuando la publicación o difusión se lleve a cabo con la intención de inducir a confusión o engaño al mercado en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los instrumentos financieros.
44.      El Tribunal de Justicia ya ha interpretado los artículos 10 y 21 del Reglamento n.º 596/2014 en relación con la publicación de informaciones con fines periodísticos. (21) Ha declarado, en síntesis, que la excepción del artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 ampara la difusión de información privilegiada que se realice en el marco de las actividades periodísticas, entendidas en sentido amplio. (22)
45.      Salvo error por mi parte, no se ha dictado aún ninguna sentencia sobre la comunicación de informaciones privilegiadas con fines de «[…] expresión de otro tipo en los medios de comunicación»,
a los efectos del artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014. Como el precepto no remite al derecho nacional, requiere una interpretación uniforme en el marco del derecho de la Unión, teniendo en cuenta «no sólo su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte». (23)
46.      Las partes que han presentado observaciones defienden posiciones opuestas sobre la frase objeto de exégesis:
–        MT y la Comisión sugieren una interpretación amplia, de manera que se aplique no solo a los periodistas, sino también a la revelación de información privilegiada por parte de políticos o expertos,
cuando intervienen en el marco de actividades periodísticas desarrolladas en los medios de comunicación.
–        Por el contrario, la FMSA considera que esta frase se limita y aplica únicamente a los periodistas y a las actividades necesarias y proporcionadas para el desarrollo de su actividad. En su opinión, sólo los periodistas pueden ser independientes y respetar las normas y códigos reguladores de la profesión periodística.
47.      La interpretación propuesta por la Comisión y MT me parece la más adecuada, por las razones que paso a exponer.
48.      Desde el punto de vista literal, la referencia a los fines de «expresión de otro tipo en los medios de comunicación», como alternativa a la de «fines periodísticos», alude a la difusión de informaciones que: a) se lleva a cabo en medios de comunicación, entendidos éstos en un sentido amplio; b) no se circunscribe a la efectuada por los periodistas; y c) puede abarcar fines de expresión no directamente periodísticos, esto es, «de otro tipo».
49.      El precepto está concebido para englobar la difusión de informaciones que, aun no anunciadas por los periodistas, se divulgan en los medios de comunicación
por personas que ostentan otras cualidades (por ejemplo, políticos, expertos o comentaristas).
50.      A mi modo de ver, encaja en este precepto un dirigente
político que hace declaraciones de contenido informativo, con interés para el público en general, a través de la radio, la prensa escrita o los medios digitales, declaraciones que son recogidas y difundidas por cualquiera de esos medios de comunicación.
51.      Ciertamente, la actividad periodística la realizan, en principio, los propios periodistas. Pero el artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 no ha querido limitar a los periodistas la protección que dispensa, sino que la ha extendido a quienes revelan determinadas informaciones en
los medios de comunicación.
52.      Es, justamente, la «publicación o difusión de información en los medios de comunicación» lo que se protege, en términos objetivos y no subjetivos. Tanto da, a estos efectos, que la lleven a cabo directamente los periodistas
como otras personas que acuden a esos medios para comunicarlas.
53.      La referencia a «las normas o códigos que regulan la profesión periodística» no implica, a mi juicio, que la aplicación del artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 deba ceñirse a los periodistas. El precepto habla, es verdad, de
las normas y códigos referentes a la profesión periodística, pero también de las que «regulan la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación». Esas otras normas no son únicamente las deontológicas que se aplican a los periodistas como tales, sino las que, con carácter general, rigen la actividad de cualquier medio de comunicación.
54.      La interpretación sistemática y finalista de la expresión controvertida me lleva al mismo resultado.
55.      El objetivo del Reglamento n.º 596/2014 es garantizar la integridad de los mercados financieros de la Unión y aumentar la confianza de los inversores. Esa confianza se sustenta, entre otros factores, en que los inversores estarán en igualdad de condiciones y protegidos contra el uso ilícito de información privilegiada. (24)
56.      A primera vista, tal objetivo quedaría mejor salvaguardado si la protección (a título del artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014) contra las sanciones por comunicación de información privilegiada se limitase a los periodistas, negándosela a quienes no ostentan esa condición. De esta manera, se cerraría la posibilidad de que personas que no son periodistas, como dirigentes políticos o expertos, pudieran beneficiarse del privilegio
que ampara el artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014.
57.      Sin embargo, esa visión olvidaría que los objetivos de la protección de la integridad de los mercados financieros de la Unión y de la confianza de los inversores deben alcanzarse
respetando «la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación, […] ya que están garantizadas en la Unión y en los Estados miembros y reconocidas en virtud del artículo 11 de la Carta […]». (25)
58.      La importancia de las libertades fundamentales en una sociedad democrática exige interpretar ampliamente los conceptos que las toman como referentes. El artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014, al introducir una excepción específica (a la prohibición de difusión de informaciones privilegiadas) para la divulgación con fines periodísticos, o con fines de expresión de otro tipo en los medios de información, la relaciona con la libertad de prensa y la libertad de expresión. (26)
59.      El Tribunal de Justicia ha interpretado la expresión «tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos» que contenía el artículo 9 de la Directiva 95/46
empleando unos criterios muy abiertos: (27)
–        Las «actividades periodísticas» son las que tienen por finalidad divulgar al público información, opiniones o ideas, por cualquier medio de transmisión. (28)
–        La excepción no se limita a las empresas de medios de comunicación, sino que se aplica a toda persona que ejerza una actividad periodística. (29)
–        Que una persona no sea periodista profesional no permite excluir que la grabación de un video y su ulterior publicación en un sitio de internet no pueda acogerse a la excepción relativa a las actividades periodísticas. (30)
–        El soporte en el que se transmiten los datos, clásico como el papel o las ondas de radio, o electrónico, como internet, no es determinante para apreciar si se trata de una actividad «con fines exclusivamente periodísticos». (31)
60.      Pues bien, si esta doctrina se ha establecido en relación con un precepto que limitaba su aplicación a los fines exclusivamente periodísticos, con mayor razón habrá de extenderse a otro (como el artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014) que prescinde de ese adverbio y se refiere, en términos mucho más generosos, a la difusión de informaciones «por motivos periodísticos
o de expresión de otro tipo en los medios de comunicación». (32)
61.      Desde esta perspectiva, la aplicación del artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 a los dirigentes políticos que intervienen en los medios de comunicación (ya sea a través de entrevistas, ruedas de prensa o actos análogos) y, en ese contexto, revelan una información supuestamente privilegiada de interés general encuentra también apoyo en la jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 10 del CEDH.
62.      El sentido y el alcance del artículo 10 del
CEDH, en cuanto corresponde al artículo 11 de la Carta, (33) deben guiar la interpretación de este precepto de la Carta, a tenor de su artículo 52, apartado 3, en cuanto nivel mínimo de protección. (34)
63.      El TEDH ha reconocido de forma reiterada el papel crucial de los medios de comunicación para facilitar y fomentar el derecho del público a recibir y comunicar informaciones e ideas. (35) También ha declarado que la función de crear distintas «plataformas para el debate público no se limita a la prensa [convencional] […]». (36)
64.      A esta jurisprudencia acudiré ulteriormente para corroborar que no sería compatible con el artículo 11 de la Carta una interpretación del artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014
que impidiese a los dirigentes políticos divulgar a través de los medios de comunicación informaciones de interés público, en circunstancias como las de autos.
65.      Cuando un dirigente político divulga una información de interés público
durante
una entrevista en un programa de radio o en declaraciones a un periódico, sea escrito o digital, lleva a cabo o bien una actividad con fines periodísticos
(en el sentido antes expuesto), o bien, en última instancia, una actividad con otros fines de expresión en los medios de comunicación.
b)      Consideraciones ad casum
66.      MT pretendía informar al público sobre la inminente privatización de la empresa Bpost (cuyo capital era mayoritariamente estatal)
mediante su parcial integración con la empresa PostNL. Trataba así de suscitar en la opinión pública un debate sobre la conveniencia de esas actuaciones del Gobierno belga.
67.      El tribunal de reenvío considera que tal información, en sí misma, podía calificarse de privilegiada, a los efectos del Reglamento n.º 596/2014. En concreto, rechaza los argumentos de MT relativos a que la privatización de Bpost fuera ya una información pública.
68.      A
juicio del tribunal de reenvío, las modificaciones de la ley de empresas públicas (diciembre de 2015) y de los estatutos sociales (11 de mayo de 2016) hacían posible la privatización de Bpost, pero «eso no implicaba que existiera un proyecto concreto para poner en práctica la privatización de la empresa». (37)
69.      Como señaló la FSMA en la vista, las declaraciones de MT revelaron elementos precisos sobre la privatización de Bpost, mencionando su inminencia, su vinculación con otro operador postal europeo y la venta de una décima parte de las acciones del Estado belga en esta empresa pública. Estas precisiones pueden, en principio, avalar la tesis del órgano de reenvío sobre el carácter privilegiado de la información revelada por MT.
70.      Dado que la petición de decisión prejudicial no incluye ninguna pregunta sobre la naturaleza de la información divulgada, el Tribunal de Justicia ha de respetar la valoración del órgano judicial de reenvío sobre este punto. (38)
71.      Asumiendo, pues, que se tratase de una información privilegiada, su publicación o difusión en los medios de comunicación sería lícita si se atuviera a las condiciones (positivas y negativas) que prescribe el artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014.
72.      De las condiciones positivas ya me he ocupado en los puntos precedentes: concurren cuando quien publica o difunde información lo hace con fines periodísticos o de expresión de otro tipo en los medios de comunicación. Así sucedió en este caso.
73.      En cuanto a las condiciones negativas, la aplicación del artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 requiere: a) que las personas afectadas o las personas estrechamente vinculadas con ellas no obtengan, directa o indirectamente, una ventaja o beneficio de la publicación o difusión de la información en cuestión; o
b) que la publicación o difusión no se lleve a cabo con la intención de inducir a confusión o engaño al mercado en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los instrumentos financieros.
74.      El tribunal de reenvío afirma, de manera explícita, que esas condiciones negativas concurren en este caso: «no se discute que [MT] no obtuvo ninguna ventaja o beneficio de la divulgación que se le imputa, ni tampoco la realizó con la intención de inducir a error al mercado». (39)
75.      El tribunal de reenvío
parece también descartar (ahora implícitamente) que la revelación de la información privilegiada conllevara para MT, su partido político y la organización mutual a la que pertenecía una ventaja o beneficio indirectos, consistente en que se abortó la operación de privatización de Bpost.
76.      Considero que la «ventaja o beneficio» a los que se refiere el artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 tienen primordialmente un carácter económico, esto es, inciden en la situación patrimonial de quien difunde la noticia o de las personas vinculadas con él. El rédito político eventualmente obtenido por MT al difundir la noticia no es catalogable, por tanto, como beneficio en el sentido del artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014. La interpretación contraria restringiría considerablemente el ámbito de aplicación de esta excepción, porque casi cualquier revelación de información puede tener algún tipo de beneficio indirecto, no necesariamente económico, para el informante.
77.      El tribunal de reenvío se hace eco de la tesis propugnada por MT para plantearse:
–        si «el artículo 21 del Reglamento [n.º 596/2014] podría serle aplicable, como disposición legal más favorable y en la medida en que [MT] alega haber actuado en el marco de una función de antiguo ministro y de figura política de un partido de la oposición, y con el objetivo de alertar a la opinión pública sobre un proyecto de privatización de una empresa pública de primer orden» o
–        si, «de manera general, […] puede prevalerse de la excepción relativa a una divulgación efectuada en el marco de sus funciones, teniendo en cuenta en cada caso que la revelación de la que se le acusa es una divulgación a los medios de comunicación, que dice haber realizado con el objetivo de suscitar un debate político». (40)
78.      La respuesta a ese doble planteamiento deberá ser afirmativa, si la divulgación de la información ha respetado las condiciones que el artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 prescribe.
79.      Al revelar la información sobre una futura actuación del Gobierno en cuanto titular de la mayoría del capital de Bpost, MT actuaba en calidad de dirigente de un partido político de oposición, (41) contrario a la privatización de esa empresa pública. No desvelaba una información meramente empresarial adoptada por los órganos representativos de una sociedad privada, sino una inminente decisión política del Gobierno y lo hacía con el ánimo de suscitar, cuando aún había remedio, un «debate político» sobre ella.
80.      Esta circunstancia traslada la controversia al campo político, en el que no deben restringirse, salvo por razones
imperiosas, las tomas de posición de unos y otros partidos sobre las cuestiones relevantes para la vida pública.
2.      Incidencia del artículo 10 del Reglamento n.º 596/2014
81.      El artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 es una regla especial (lex specialis) que trata de manera más favorable uno de los supuestos comprendidos en la excepción general de su
artículo 10.
82.      El artículo 10 del Reglamento n.º 596/2014 define qué se entiende por comunicación ilícita de información privilegiada («cuando una persona posee información privilegiada y la revela a cualquier otra persona») e introduce una excepción de contornos muy amplios: «excepto cuando dicha revelación se produce en el normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones». (42)
83.      Esta excepción adquiere tintes especiales en el artículo 21 del Reglamento
n.º 596/2014 para la publicación o difusión de información con fines periodísticos o de expresión de otro tipo en los medios de comunicación.
El artículo 21 individualiza, por su especial importancia, una actividad (la periodística, en sentido amplio) que debe beneficiarse de la excepción, a fin de proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión.
84.      Las consideraciones que el Tribunal de Justicia hizo en la sentencia Autorité des marchés financiers sobre la relación entre los artículos 10 y 21 del Reglamento n.o 596/2014 se completan en sus apartados
78 y 81 afirmando que los requisitos generales de necesidad y de proporcionalidad (de la revelación de una información privilegiada) (43) han de respetarse y que deben apreciarse a la luz del artículo 11 de la Carta. (44)
85.      Desde esta perspectiva abordaré el examen de ambos requisitos.
a)      Necesidad
86.      La necesidad de difundir una información privilegiada, cuando quien la divulga es un dirigente político que interviene en una actividad periodística, estará en función de que esa difusión sea el medio más apropiado para dar a conocer a la opinión pública un dato relevante de la propia vida política.
87.      No se trata, pues, de valorar la necesidad en abstracto, sino en las circunstancias singulares de cada caso. Así, en la sentencia Autorité des marchés financiers, el Tribunal de Justicia se refirió a la necesidad de verificar la información de la que el periodista había tenido conocimiento. (45)
88.      La información revelada por MT
podía incidir en la cotización bursátil
de la empresa pública Bpost, aunque, al parecer, su repercusión efectiva no fue significativa. La alternativa a anunciar que esa empresa iba a ser privatizada de modo inmediato era esperar a que Bpost así lo comunicara a la autoridad financiera y a la opinión pública.
89.      Ahora bien, MT era un dirigente político, perteneciente a un partido de oposición, y entendió que sus responsabilidades como tal le inducían a desvelar con antelación
la inminencia de la privatización de Bpost, que iba a llevarse a cabo por decisión gubernativa. Intentaba así suscitar un debate público al respecto y, en función de sus convicciones políticas,
evitar esa privatización.
90.      ¿El normal ejercicio de sus responsabilidades políticas hacía necesaria la revelación de la información privilegiada de la que MT disponía respecto a Bpost?
91.      La FSMA aduce que la revelación de la información privilegiada por MT no era necesaria, porque la polémica sobre la privatización de empresas públicas ya había tenido lugar en Bélgica, en el curso de los debates previos a la aprobación de la ley de 16 de diciembre de 2015 relativa a la reforma de las empresas públicas. Añade que MT podía haber «resucitado» nuevamente ese debate en 2016 sin tener por qué difundir en los medios de comunicación una información tan precisa como la que reveló.
92.      MT defiende la posición contraria y considera que la manera más adecuada para conseguir el objetivo de suscitar el debate público sobre la privatización y la (parcial) fusión de Bpost con PostNL era sacar a la luz y difundir la negociación secreta en curso.
93.      Compete al tribunal de reenvío decir la última palabra sobre la necesidad de la divulgación de la noticia. Sin ánimo de sustituirle en su apreciación, entiendo que esa divulgación puede calificarse de necesaria, si se atiende a la finalidad que MT trataba de lograr al revelar la inminente privatización de Bpost.
94.      La privatización de una empresa pública de la importancia de Bpost, principal operador postal de Bélgica, acompañada de una disminución del capital social en manos del Estado, era una cuestión políticamente sensible que afectaba al interés general. El normal ejercicio de la función de un dirigente político conlleva, entre otras cosas, suscitar debates sobre este tipo de problemas.
95.      Es también inherente a las responsabilidades de un político en la oposición revelar la inminencia de decisiones gubernativas de interés general que se ocultan a la opinión pública con vistas a presentarlas, más tarde, como un hecho consumado. Si, para evitar su consumación, la vía más eficaz era hacer pública la noticia a través de los medios de comunicación, la divulgación puede reputarse necesaria.
96.      Ante la situación que se produjo, volver nuevamente a discutir de manera genérica la conveniencia de la privatización de Bpost no habría tenido el mismo impacto que revelar, como hizo MT, que el Gobierno se proponía, de manera inminente, acordarla.
b)      Proporcionalidad
97.      En el análisis de la proporcionalidad, emplearé el mismo enfoque que llevó a cabo la sentencia Autorité des marchés financiers.
98.      Para determinar cuándo la difusión de la información supuestamente privilegiada respeta el canon de proporcionalidad, se ha de «examinar si la restricción a la libertad de prensa que ocasionaría la prohibición de esa comunicación sería excesiva en relación con el perjuicio que esa comunicación podría ocasionar a la integridad de los mercados financieros». (46)
99.      En cuanto al perjuicio
(a la integridad de los mercados financieros), el tribunal de reenvío hace una afirmación que, cuando menos, permite dudar de que efectivamente se hubiera producido.
Aun con ciertas reservas, evoca la posibilidad de que, en realidad, lo que se hubiera puesto en peligro al difundir la noticia no fuera la integridad del mercado, sino el interés de Bpost en mantener, por el momento, oculta la operación que proyectaba. (47)
100. Si el tribunal de reenvío apreciara la posibilidad de un perjuicio a la integridad de los mercados, le corresponderá de nuevo sopesar hasta qué punto la prohibición de difundir la noticia suponía una restricción excesiva de la libertad de prensa, en relación con tal perjuicio. Como ya he avanzado, no creo que, ante la inminencia de la privatización de Bpost, sea exigible que un dirigente político guarde silencio, si reputa
esa operación aún más perjudicial que su divulgación a la opinión pública.
101. En la hipótesis de que el tribunal de reenvío resolviera, al término de su análisis sobre los criterios de necesidad y de proporcionalidad, que existían razones para la prohibición de difundir la información privilegiada, habrá de dilucidar si la conducta controvertida estaba justificada por el ejercicio de la libertad de expresión.
c)      Prevalencia de la libertad de expresión
102. La imposición de una multa por la divulgación de la noticia en los medios de comunicación constituye una restricción a las libertades de expresión y de información. MT ve limitado su derecho a ejercer esas libertades en el marco del «periodismo político».
103. Procede, por tanto, determinar si, con arreglo al artículo 11 de la Carta y al artículo 10 del CEDH, esa restricción está justificada. La justificación podría ampararse, en principio, tanto en el artículo 10, apartado 2, del CEDH como en el artículo 52, apartado 1, de la Carta.
104. No creo que sea necesario insistir en que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y pluralista y forma parte de los valores en los que se basa la Unión Europea, con arreglo al artículo 2 TUE, (48) al que la Carta (artículo 11) atribuye el rango de derecho fundamental. La interpretación de este artículo de la Carta ha de hacerse, como ya he indicado, teniendo en cuenta el muy similar artículo 10 del CEDH y la jurisprudencia del TEDH relativa a él. (49)
105. El TEDH se ha mostrado particularmente exigente en la defensa de este derecho: «la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de [una sociedad democrática], así como una de las condiciones primordiales para su progreso y para la realización de cada individuo. Con sujeción al apartado 2 del artículo 10 [del CEDH], se aplica no sólo a “informaciones” o “ideas” acogidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino a todas aquellas que ofenden, desconciertan o molestan. Tales son, en efecto, las exigencias del pluralismo, la tolerancia y la amplitud de espíritu sin las cuales no puede haber una “sociedad democrática”». (50)
106. Como ha recordado el Tribunal de Justicia al remitirse a diversos pronunciamientos del TEDH, este último «destaca el papel fundamental que en una sociedad democrática desempeña la prensa, de manera que las garantías que deben reconocerse a esta revisten especial importancia. Aunque la prensa no debe traspasar determinados límites, referentes, en particular, a la protección de la reputación o de los derechos de terceros, le incumbe no obstante comunicar, con observancia de sus deberes y responsabilidades, informaciones e ideas sobre todos los asuntos de interés general. De lo contrario, la prensa no podría cumplir su indispensable función de
public watchdog. Así pues, ha de darse gran importancia al interés de la sociedad democrática en garantizar y mantener la libertad de prensa cuando se trata de determinar, como exige el artículo 10, apartado 2, del
CEDH, si la injerencia en cuestión es proporcionada al fin legítimo perseguido». (51)
107. Es verdad que el ejercicio de este derecho puede sujetarse a restricciones, (52) pero las injerencias admisibles deberán pasar el triple filtro de estar legalmente previstas, orientarse a la salvaguardia de un interés legítimo de los mencionados en el artículo 10, apartado 2, del CEDH y ser necesarias en una sociedad democrática.
108. En lo que atañe al derecho de la Unión, la libertad de expresión y de información consagrada en el artículo 11 de la Carta puede limitarse en los términos de su artículo 52, apartado 1. La Carta «[…] admite limitaciones del ejercicio de estos derechos y libertades, siempre que esas limitaciones sean establecidas por la ley, respeten el contenido esencial de esos derechos y libertades y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás». (53)
109. En este asunto, la restricción impuesta a la libertad de expresión de MT: a) está prevista por ley, es decir, por el Reglamento n.º 596/2014 y por la Ley de 2 de agosto de 2002; b) respeta el contenido esencial del derecho, ya que la prohibición de revelar información privilegiada no se impone de forma absoluta; (54) y c) persigue, en principio, el objetivo de interés general de proteger la integridad de los mercados financieros.
110. Las dudas se plantean al cohonestar esa restricción con la salvaguarda del derecho fundamental a la libertad de expresión, que comprende el derecho de un dirigente político a comunicar al público informaciones sobre cuestiones de interés general.
111. Las restricciones a la libertad de expresión de un dirigente político han de juzgarse con criterios particularmente exigentes, según la jurisprudencia del TEDH.
El artículo 10, apartado 2, del CEDH «apenas deja lugar a las restricciones de la libertad de expresión en el ámbito del discurso político o de las cuestiones de interés general». (55)
112. Sentada esta premisa, creo que debe prevalecer la libertad de expresión de un dirigente político de la oposición que, al revelar que el Gobierno va a proceder a la privatización de una importante empresa pública, primer operador postal de Bélgica, trata de generar un debate en la opinión pública sobre esa cuestión. (56)
V.      Conclusión
113. A tenor de lo expuesto, propongo responder a la Cour d’appel de Bruxelles, section Cour des marchés (Tribunal de apelación de Bruselas, Sección de Mercados, Bélgica) de la manera siguiente:
«Los artículos 10 y 21 del Reglamento n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión, en relación con el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que:
1)      El artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 se aplica a la difusión de una información privilegiada por un dirigente político, antiguo ministro y miembro de un partido de oposición, que interviene en los medios de comunicación en tal condición y que pretende,
de este modo, suscitar un debate público sobre una cuestión de interés general, con el fin de criticar la inminente privatización del principal operador postal nacional, en cuyo capital era mayoritaria, hasta entonces, la participación estatal.
2)      La difusión de esa información a través de los medios de comunicación puede entenderse realizada en el ejercicio normal de las funciones de un dirigente político, con arreglo al artículo 10 del Reglamento n.º 596/2014. Corresponde al tribunal de reenvío dilucidar si tal difusión resulta necesaria y proporcionada para la consecución de sus objetivos y, en todo caso, si prevalecen la libertad de expresión y de información garantizadas por el artículo 11 de la Carta».
1      Lengua original: español.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (DO 2003, L 96, p. 16).
3      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO 2014, L 173, p. 1).
4      Directiva de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, a efectos de la aplicación de la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la definición y revelación pública de la información privilegiada y la definición de manipulación del mercado (DO 2003, L 339, p. 70).
5      La mayoría de las versiones lingüísticas que he consultado ponen el acento en los «fines», más que en los «motivos», término éste que emplea la versión en español: en inglés, «for the purpose of journalism or other form of expression in the media»; en francés, «à des fins journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias»; en alemán, «für journalistische Zwecke oder andere Ausdrucksformen in den Medien»; en italiano, «ai fini dell’attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d’informazione»; en portugués, «para fins jornalísticos ou outra forma de expressão nos meios de comunicação social»; en rumano, «în scopuri jurnalistice sau sub altă formă de exprimare în presă». En estas conclusiones emplearé el vocablo «fines», en vez de «motivos», salvo en las citas literales de la norma. La versión española de otras disposiciones análogas, como el artículo 9 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31), se alinea con el resto de versiones al incluir la expresión «fines periodísticos» y no «motivos periodísticos».
6      Ley de 2 de agosto de 2002 relativa a la supervisión del sector financiero y a los servicios financieros (en lo sucesivo, «Ley de 2 de agosto de 2002»).
7      La decisión de reenvío (apartado 64) asevera que «un cambio legislativo acaecido en diciembre de 2015 hacía posible la privatización».
8      Anexo 6 de las observaciones escritas de MT.
9      Decisión de reenvío, apartado 64.
10      Anexo 8 de las observaciones escritas de MT.
11      Estaba prevista la publicación de un comunicado de prensa el 6 de junio de 2016 para anunciar públicamente la fusión.
12      SL era uno de los cinco representantes sindicales nacionales permanentes empleados por Bpost en el momento de los hechos. En tal condición, había sido informado por la dirección de la empresa sobre la existencia de un proyecto de asociación entre Bpost y PostNL.
13      Apartado 60, que transcribe el punto 53 del informe del auditeur.
14      Así lo precisa el artículo 39 («Entrada en vigor y aplicación») del Reglamento n.º 596/2014.
15      En el segundo de los apartados que llevan el número 72 de la decisión de reenvío, el tribunal a quo cita, a estos efectos, los apartados 59, 66 y 78 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2022, Autorité des marchés financiers (C‑302/20, EU:C:2022:190; en lo sucesivo, «sentencia Autorité des marchés financiers»). En el tercero de los apartados que llevan el número 72 de esa misma decisión, el tribunal de reenvío se refiere al artículo 21 del Reglamento n.º 596/2014 como «disposición legal más favorable».
16      Así lo consideró el Tribunal de Justicia en la sentencia Autorité des marchés financiers, apartado 76.
17      Sentencia Autorité des marchés financiers, apartado 59.
18      Sentencia Autorité des marchés financiers, apartado 59.
19      Ese régimen jurídico es, por lo demás, diferente del fijado por la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión (DO 2019, L 305, p. 17). La Directiva 2019/1937 se aplica a las personas que trabajan para una organización pública o privada y que conocen infracciones del derecho de la Unión perjudiciales para el interés público. La figura de los denunciantes («whistleblowers», «lanceurs d’alerte») ha sido tratada también por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») con apoyo en el artículo 10 del
CEDH. Véase, en particular, la sentencia de 14 de febrero de 2023, Halet c. Luxemburgo (CE:ECHR:2023:0214JUD002188418).
20      Aunque la libertad de expresión y la libertad de información no son totalmente coincidentes, el artículo 11 de la Carta engloba en el «derecho a la libertad de expresión» la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.
21      Sentencia Autorité des marchés financiers, apartados 64 y 68: «los términos “por motivos periodísticos” se refieren a la comunicación de información que tenga como finalidad la actividad periodística y, por tanto, no necesariamente a la publicación de información en cuanto tal en sentido estricto, sino también a aquellas comunicaciones que forman parte del proceso que conduce a tal publicación» (apartado 64); y «[…] no solo las publicaciones sino también los actos preparatorios de una publicación, como la recogida de información y las actividades de búsqueda e investigación de un periodista, son inherentes a la libertad de prensa» (apartado 68).
22      Para una visión global de la protección de la libertad de expresión de los periodistas en el derecho de la Unión, véase el análisis de Tinière, R., «La protection de la liberté d’expression des journalistes par l’Union européenne», en Maubernard, C., Platon, S., y Tinière R. (dirs.), Les mutations de la liberté d’expression dans l’Union européenne, Bruylant, Bruselas, 2025, pp. 174 a 188.
23      Sentencia Autorité des marchés financiers, apartado 63.
24      Sentencias de 11 de marzo de 2015, Lafonta (C‑628/13, EU:C:2015:162), apartado 21; y de 23 de diciembre de 2009, Spector Photo Group y Van Raemdonck (C‑45/08, EU:C:2009:806), apartado 48.
25      Considerando septuagésimo séptimo del Reglamento n.º 596/2014.
26      Véase Martucci, F., «L’équilibre bancal entre liberté de la presse et régulation financière dans la mise en œuvre du règlement MAR», Maubernard, C., Platon, S., y Tinière, R. (dirs.), Les mutations de la liberté d’expression dans l’Union européenne, Bruylant, Bruselas, 2025, pp. 275 a 298.
27      Sentencia de 14 de febrero de 2019, Buivids (C‑345/17, EU:C:2019:122; en lo sucesivo «sentencia Buivids»). En aquel asunto se interpretó la Directiva 95/46 en relación con la actividad de una persona que publicó en el sitio de internet www.youtube.com un vídeo grabado en una comisaría de policía.
28      Sentencia Buivids, apartado 53, con cita de la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia (C‑73/07, EU:C:2008:727; en lo sucesivo, «sentencia Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia»), apartado
61. Respecto a la sentencia Buivids y a la sentencia de 29 de julio de 2019, Spiegel Online (C‑516/17, EU:C:2019:625), véase Smartt, U., «Are bloggers and YouToubers journalists?», European Intellectual Property Review, 2020, pp. 728 a 737.
29      Sentencias Buivids, apartado 52, y Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, apartado 58.
30      Sentencia Buivids, apartado 55.
31      Sentencias Buivids, apartado 57; y Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia, apartado 60.
32      Sentencias Buivids, apartados 51 y 57; y Autorité des marchés financiers, apartados 66 y 67.
33      La libertad de los medios de comunicación y su pluralismo están específicamente protegidos por el artículo 11, apartado 2, de la Carta.
34      Sentencias Autorité des marchés financiers, apartado 67; y de 12 de enero de 2023, Migracijos departamentas (Motivos de persecución basados en opiniones políticas) (C‑280/21, EU:C:2023:13), apartado 29.
35      TEDH, sentencia de 8 de noviembre de 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Hungría (CE:ECHR:2016:1108JUD001803011), § 165.
36      TEDH, sentencia de 8 de noviembre de 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Hungría, (CE:ECHR:2016:1108JUD001803011), §§ 166 y 168, que mencionan entre las entidades y personas
asimiladas a periodistas a las organizaciones no gubernamentales, a los investigadores universitarios y a los autores de obras sobre temas de interés general, porque contribuyen a difundir al público opiniones, informaciones e ideas.
37      Decisión de reenvío, apartado 64.
38      Podría discutirse si, en realidad, la divulgación de la noticia a través de un medio de comunicación introdujo algún género de desigualdad entre los potenciales inversores, que implicara ventajas para unos en detrimento del resto.
39      Decisión de reenvío, apartado 72. Es cierto que la revelación de la información privilegiada provocó la suspensión de la cotización de las acciones de Bpost, pero esto no equivale a la inducción a la confusión o al engaño de los inversores. En la vista, MT expuso la incidencia de la revelación de su información en las cotizaciones bursátiles de las acciones de Bpost y de PostNL, poniendo de manifiesto que las acciones del operador neerlandés aumentaron de precio y que las acciones de Bpost sufrieron una pequeña bajada en su cotización, de la que se recuperaron con rapidez.
40      Decisión de reenvío, tercero de los apartados que enumera con el guarismo 72.
41      En la vista se confirmó que MT era un destacado político con responsabilidades importantes en el Partido Socialista belga, así como en la mutualidad y el sindicato vinculados con ese partido.
42      La excepción general es necesaria, entre otras cosas, para no dificultar las actividades empresariales. El director general de una sociedad, por ejemplo, debe poder compartir informaciones sensibles con su comité ejecutivo, con su banco, con su despacho de abogados, con su auditor de cuentas o con su asesor fiscal, sin estar expuesto a la sanción por divulgar informaciones privilegiadas. Como es imposible mencionar todos los supuestos encuadrables en esta excepción, el legislador de la Unión ha optado por una cláusula general.
43      Para que se realice en el normal ejercicio de un trabajo, profesión o funciones, la revelación de información privilegiada debe perseguir un objetivo legítimo, ser adecuada y necesaria para conseguirlo y respetar el principio de proporcionalidad (Klöhn, L., «Financial journalism, unlawful disclosure of inside information and freedom of press: Mr A v. Autorité des marches financiers», Common Market Law Review, 2023, n.º 2, p. 566).
44      El apartado 80 de la sentencia Autorité des marchés financiers destaca que se ha de salvaguardar el efecto útil del artículo 21 del Reglamento n.o 596/2014, teniendo en cuenta la finalidad de esta disposición, a saber, el respeto de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en otros medios de comunicación, garantizadas, en particular, por el artículo 11 de la Carta [con cita de la sentencia de 29 de julio de 2019, Spiegel Online (C‑516/17, EU:C:2019:625), apartado 55].
45      Sentencia Autorité des marchés financiers, apartado 82.
46      Sentencia Autorité des marchés financiers, apartado 84.
47      Decisión de reenvío, apartado 72: «en relación con el criterio de proporcionalidad […] quizás cabe pensar que el objetivo de esta prohibición [de relevar la información privilegiada por parte de MT] no es tanto garantizar la protección de la integridad del mercado, sino, más bien, la [protección] de los intereses del emisor afectado (en este caso, Bpost), que […] deseaba posponer la información a los mercados para asegurar la negociación del proyecto con su socio al abrigo de cualquier interferencia».
48      Sentencias de 20 de septiembre de 2022 SpaceNet y Telekom Deutschland (C‑793/19 y C‑794/19, EU:C:2022:702), apartado 59; de 5 de abril de 2022, Commissioner of An Garda Síochána y otros (C‑140/20, EU:C:2022:258), apartados 42 y 43; y de 6 de septiembre de 2011, Patriciello (C‑163/10, EU:C:2011:543), apartado 31.
49      Sentencias Autorité des marchés financiers, apartado 67; y de 12 de enero de 2023, Migracijos departamentas (Motivos de persecución basados en opiniones políticas) (C‑280/21, EU:C:2023:13), apartado 29.
50      Sentencias de 7 de diciembre de 1976, Handyside c. Reino Unido, (CE:ECHR:1976:1207JUD000549372), § 24; y de 20 de octubre de 2015, Pentikäinen c. Finlandia (CE:ECHR:2015:1020JUD001188210), § 87. En la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de marzo de 2001, Connolly/Comisión (C‑274/99 P, EU:C:2001:127), apartado 39, se citan algunas de las sentencias del TEDH sobre esta cuestión.
51      Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C‑633/22, EU:C:2024:843), apartado 55, en el que se citan las sentencias del TEDH de 23 de septiembre de 1994, Jersild c.
Dinamarca (CE:ECHR:1994:0923JUD001589089), § 31; de 21 de enero de 1999, Fressoz y Roire c.
Francia (CE:ECHR:1999:0121JUD002918395), § 45; y de 16 de junio de 2015, Delfi AS c.
Estonia (CE:ECHR:2015:0616JUD006456909), § 132.
52      A tenor del artículo 10, apartado 2, del
CEDH, el ejercicio de la libertad de expresión, «que incluye deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la Ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial».
53      Sentencia de 4 de octubre de 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C‑633/22, EU:C:2024:843), apartado 48.
54      Cuando la difusión se realiza en el normal ejercicio de un trabajo, una función o una profesión, o con fines periodísticos o de expresión de otro tipo en los medios de comunicación, los artículos 10 y 21 del Reglamento n.º 596/2014 dan prevalencia a la libertad de expresión, como ya he explicado.
55      Sentencia de 22 de febrero
de 2008, Desjardin c. Francia (CE:ECHR:2007:1122JUD002256703), § 47: «[…] Ahora bien, la libertad de expresión, valiosa para todos, lo es especialmente para los partidos políticos y sus miembros activos […]. De hecho, la interferencia en la libertad de expresión de un miembro de la oposición, que representa a sus votantes, expresa sus preocupaciones y defiende sus intereses, requiere que el Tribunal realice el control más estricto». Véanse, asimismo, las sentencias de 17 de diciembre 2004, Pedersen y Baadsgaard c.
Dinamarca (CE:ECHR:2004:1217JUD004901799), § 71; de 23 de abril de 2015, Morice c.
Francia (CE:ECHR:2015:0423JUD002936910), §§ 124 y 125; y de 17 de enero de 2017, Tavares de Almeida Fernandes y Almeida Fernandes c. Portugal (CE:ECHR:2017:0117JUD003156613), § 55.
56      Para efectuar la ponderación entre otros derechos y el derecho a la libertad de expresión, el TEDH tiene en cuenta si el tipo de «discurso» o de información de que se trate tiene especial importancia, sobre todo, en el marco del debate político o de un debate que afecte al interés general. Sentencia de 10 de enero de 2013, Ashby Donald y otros c. Francia (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908), § 39.