61994C0085
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GEORGIOS COSMAS
presentadas el 15 de junio de 1995 (
*1
)
1.
En el presente asunto, por segunda vez en el mismo litigio, se ha solicitado al Tribunal de Justicia que interprete el artículo 30 del Tratado CE y el artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final (
1
) (en lo sucesivo, «Directiva 79/112»).
I. Hechos y procedimiento
2.
Expondré sucintamente los hechos, habida cuenta de que fueron descritos en el informe para la vista en el asunto Piageme y otros. (
2
)
3.
Las demandantes en el litigio principal, es decir, el Groupement des producteurs, importateurs et agents généraux d'eaux minérales étrangères (Piageme), la Société générale des grandes sources d'eaux minérales françaises (SGGSEMF) y las sociedades Evian, Apollinaris y Vittel, que importan y distribuyen agua mineral en Bélgica, demandaron a la sociedad Peeters ante el Rechtbank van koophandel te Leuven alegando que la demandada, que comercializa agua mineral en la región flamenca, infringe la legislación belga, ya que las botellas que pone en venta están etiquetadas o bien en francés, o bien en alemán, cuando, según la legislación belga, en dicha región las indicaciones deben figurar en neerlandés.
En efecto, el artículo 10 del Real Decreto de 2 de octubre de 1980, que fue sustituido por el artículo 11 del Real Decreto de 13 de noviembre de 1986, establece que «las indicaciones prescritas en el artículo 2, así como las prescritas por normativas especiales, deberán figurar, por lo menos, en la lengua o las lenguas de la región lingüística en la que se ponen en venta los productos alimenticios». La demandada alega en su defensa que tal disposición es contraria al Derecho comunitario, en particular al artículo 30 del Tratado y al artículo 14 de la Directiva 79/112.
4.
Mediante resolución de 5 de diciembre de 1989, el órgano jurisdiccional remitente suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «El artículo 10 del Real Decreto de 2 de octubre de 1980, sustituido actualmente por el artículo 11 del Real Decreto de 13 de noviembre de 1986, ¿es o no compatible con el artículo 30 del Tratado CEE y con el artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE, de 18 de diciembre de 1978?».
5.
Mediante sentencia de 18 de junio de 1991, (
3
) el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la mencionada cuestión prejudicial. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia reformulo la cuestión prejudicial.
Así, declaró que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional belga pretendía saber, fundamentalmente, si el artículo 30 del Tratado y el artículo 14 de la Directiva 79/112 obstan a que la legislación de un Estado miembro exija el empleo de la lengua de la región lingüística en la que se comercializan los productos alimenticios y se oponga al posible empleo de otra lengua fácilmente inteligible para los compradores o a cualquier excepción en el caso de que la información al comprador quede asegurada por otros medios.
6.
Como respuesta a la cuestión prejudicial así reformulada, el Tribunal de Justicia declaró en su citada sentencia de 18 de junio de 1991 que el artículo 30 del Tratado y el artículo 14 de la Directiva 79/112 «se oponen a que una normativa nacional imponga exclusivamente la utilización de una lengua determinada para el etiquetado de los productos alimenticios, sin tener en cuenta la posibilidad de que se utilice otra lengua fácilmente inteligible para los compradores o de que la información del comprador quede asegurada por otros medios».
7.
Mientras tanto, el 15 de febrero de 1990, las demandantes en el litigio principal apelaron ante el Hof van beroep te Brussel contra la citada resolución del Rechtbank van koophandel te Leuven. En la apelación, las demandantes impugnaron la remisión de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Como consecuencia de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1991, adujeron que la respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión prejudicial, que había sido reformulada, no permitía afirmar con certeza que la disposición controvertida fuera incompatible con el Derecho comunitario, en particular, porque, al contrario de lo que el Tribunal de Justicia parece estimar en dicha sentencia, el legislador belga no impone el uso exclusivo de la lengua o de las lenguas de la región en que se vende el producto. Seguidamente, las apelantes señalan que, aunque la disposición controvertida fuera considerada contraria a las normas del Derecho comunitario, las indicaciones contenidas en tales productos no están redactadas en una lengua fácilmente inteligible para los compradores y la parte apelada no indica cuáles son los otros medios adoptados para garantizar la información de éstos.
II. Las cuestiones prejudiciales
8.
En estas circunstancias, el Hof van beroep te Brussel, mediante resolución de 24 de febrero de 1994, sometió nuevamente al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales complementarias que pretenden, esencialmente, aclarar la respuesta que el Tribunal de Justicia había dado a la cuestión prejudicial precedente en su sentencia de 18 de junio de 1991. Estas nuevas cuestiones son las siguientes: (
4
)
«1)
El artículo 30 del Tratado CEE y el artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE, considerando lo establecido en los artículos 128 y 129 A del Tratado CE, modificado por el Tratado de la Unión Europea, ¿se oponen a que, en relación con la exigencia de uso de una lengua fácilmente inteligible para el consumidor, un Estado miembro imponga la utilización de la lengua dominante en la región en la que se vende el producto, sin excluir por ello el uso de otra lengua?
2)
Para determinar si, conforme al requisito establecido en el artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE, determinada indicación de una etiqueta figura en una “lengua fácilmente inteligible”, ¿deben tenerse en cuenta exclusivamente todas las indicaciones contenidas en el envase original o pueden tomarse también en consideración aquellos elementos de los que razonablemente pueda deducirse que los consumidores podrían familiarizarse con el producto, como por ejemplo, la amplia difusión del producto o las campañas de información ampliamente difundidas?
3)
Los “otros medios” para informar al comprador, a que se refiere el artículo 14 de la citada Directiva, ¿deben interpretarse en el sentido de que pueden y tienen que referirse, desde el punto de vista conceptual, sólo a la inteligibilidad de los datos que figuren en la etiqueta de una determinada presentación de un producto, o pueden referirse asimismo a todo el contexto concreto en que el producto se ofrece en venta, siempre y cuando todas las indicaciones previstas en el artículo 3 y en el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 79/112/CEE figuren de una manera fácilmente inteligible para el consumidor?»
9.
La primera de las tres cuestiones prejudiciales citadas plantea nuevamente si los artículos 30 del Tratado y 14 de la Directiva 79/112 se oponen a una disposición como la del artículo 11 del controvertido Real Decreto belga. A este respecto, el Hof van beroep te Brussel estimó que la sentencia de 18 de junio de 1991 no respondía de forma precisa a la cuestión planteada al Tribunal de Justicia por el órgano que conoció del litigio en primera instancia, dado que declaró que los citados artículos 30 del Tratado y 14 de la Directiva se oponen a que una normativa nacional imponga exclusivamente la utilización de una lengua determinada, pero no indicó si dichos artículos deben interpretarse en el sentido de que asimismo prohiben normas nacionales, como la controvertida, que impongan el uso de la lengua de una región sin, no obstante, prohibir el uso de otras lenguas. Por lo tanto, en el asunto presente, según las disposiciones citadas, se pretende saber esencialmente si el legislador puede imponer en el etiquetado de productos el uso obligatorio, aunque no exclusivo, de la lengua oficial de la región en que se venden los productos cuando los consumidores de dicha región comprenden fácilmente una o varias lenguas distintas de aquélla.
Como resulta de los fundamentos de la resolución de remisión, la segunda cuestión pretende que se defina el sentido de la expresión «lengua fácilmente inteligible» para el comprador.
Mediante la tercera cuestión se solicita que se definan los criterios que el Juez nacional debe adoptar en un caso concreto para determinar el sentido de la expresión «información por otros medios» que, según el artículo 14 de la Directiva, garantiza al comprador una información análoga a la proporcionada por las indicaciones redactadas en una lengua fácilmente inteligible para dicho comprador.
III. Marco legal y jurisprudencial
10.
El artículo 14 de la Directiva 79/112 dispone lo siguiente: «Los Estados miembros se abstendrán de precisar, aparte de lo previsto en los artículos 3 a 11, el modo en que deberán proporcionarse las indicaciones prescritas en el artículo 3 y en el apartado 2 del artículo 4. No obstante, los Estados miembros prohibirán en su territorio el comercio de productos alimenticios si las indicaciones previstas en el artículo 3 y en el apartado 2 del artículo 4 no figuran en una lengua fácilmente inteligible para los compradores a no ser que la información del comprador quede asegurada por otros medios. Esta disposición no impedirá que dichas indicaciones figuren en varias lenguas.»
11.
Como destacó el Tribunal de Justicia en su citada sentencia de 18 de junio de 1991, esta disposición debe interpretarse de modo que tenga en cuenta el objetivo de la Directiva, que, según sus tres primeros considerandos, pretende, especialmente, suprimir las diferencias que existen entre las disposiciones nacionales y que obstaculizan la libre circulación de los productos. (
5
)
También hay que destacar que la disposición del artículo 14, a la vista, además, del objetivo de la Directiva, no puede interpretarse de forma tal que de ella resulte una limitación de los derechos que los particulares deducen directamente del artículo 30 del Tratado. En consecuencia, la respuesta a la cuestión prejudicial planteada debe basarse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a esta última disposición.
12.
El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 30 del Tratado prohibe los obstáculos a la libre circulación de mercancías que resulten de normativas restrictivas relativas a los requisitos que deben cumplir dichas mercancías (como los que se refieren a su denominación, su forma, sus dimensiones, su peso, su composición, su presentación, su etiquetado, su envasado). Dichas normas están prohibidas aunque sean indistintamente aplicables a todos los productos, siempre que su aplicación no pueda ser justificada por un objetivo de interés general que pueda prevalecer sobre las exigencias de la libre circulación de mercancías.
Cuando exista tal justificación, la normativa controvertida deberá ser proporcionada a la finalidad perseguida. Así, se permite aplicar disposiciones restrictivas que estén justificadas por ser imprescindibles para satisfacer exigencias imperativas, siempre que dichas normas sean proporcionales al objetivo perseguido y que este objetivo no pueda lograrse aplicando medidas que restrinjan en menor medida el comercio intracomunitário. (
6
)
13.
Una de las razones de interés general que puede justificar las restricciones a la libre circulación de mercancías es la protección de los consumidores. (
7
)
A este respecto, cabe señalar que, desde la entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea, el fortalecimiento de la protección de los consumidores constituye uno de los ámbitos de acción de la Comunidad enumerados en el artículo 3 del Tratado CE [véase, en particular, la letra s) del artículo 3 de dicho Tratado]. Además, el artículo 129 A, que el Tratado de Maastricht añadió en la tercera parte del Tratado CE, relativa a las políticas de la Comunidad, establece que ésta «contribuirá a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores».
Esta protección contiene, en primer lugar, la obligación de informar a los consumidores de modo que éstos escojan el producto que tienen intención de comprar conociendo perfectamente sus particularidades y sus características. De ello se deduce, evidentemente, que la información debe ser proporcionada de forma que permita a los consumidores comprender su contenido. Esta obligación de protección tiene una importancia muy especial cuando se trata de productos alimenticios, dado que las posibles lagunas en la información del consumidor podrían poner en peligro su salud.
14.
El Tribunal de Justicia, en su sentencia de 7 de marzo de 1990, (
8
) pudo confirmar el estrecho vínculo que existe entre la protección y la información del consumidor y declaró que la información de los consumidores está considerada como una de las principales exigencias del Derecho comunitario.
La importancia fundamental de dicha exigencia también está subrayada por la propia Directiva, que indica, en su sexto considerando, que «cualquier regulación relativa al etiquetado de los productos alimenticios debe fundarse, ante todo, en el imperativo de la información y la protección de los consumidores».
15.
Es evidente que, para informar al consumidor, determinadas denominaciones e indicaciones sobre el producto tienen una importancia muy particular, especialmente la lengua en la que figuran. Evidentemente, deben constar en una lengua que los consumidores puedan comprender. Sin embargo, no puede negarse que la exigencia según la cual las denominaciones y las indicaciones deben figurar de un modo determinado, por ejemplo, en la lengua o en las lenguas del Estado miembro en el que se comercializa la mercancía, aunque no excluya totalmente la importación de productos procedentes de otros Estados miembros, constituye un obstáculo al comercio intracomunitário, en la medida en que dificulta la venta de tales productos, en particular, cuando se trata de importaciones paralelas. En efecto, los productos procedentes de otros Estados miembros deben ir provistos de etiquetas diferentes, lo cual ocasiona gastos adicionales de envasado y de presentación complementarios. (
9
) Por consiguiente, tal exigencia debe ser considerada como contraria al artículo 30 del Tratado, salvo si está justificada por consideraciones de interés general relativas a la protección de los consumidores. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha afirmado que las razones de protección de los consumidores, que pueden justificar la exigencia de determinadas indicaciones, no existen en el caso de que las indicaciones que figuren en la etiqueta de origen del producto tengan un contenido informativo que incluya informaciones equivalentes a las prescritas por la normativa del Estado de importación y sean comprensibles para los consumidores de dicho Estado. (
10
)
16.
Por consiguiente, la interpretación de la Directiva, especialmente de su artículo 14, debe tener en cuenta las dos exigencias imperativas siguientes: garantizar la información correcta y la protección suficiente a los consumidores, al mismo tiempo, y la libre circulación de mercancías. A este respecto, cabe recordar que el artículo 15 prescribe que los Estados miembros no podrán prohibir el comercio de los productos alimenticios que se ajusten a las normas de la Directiva mediante la aplicación de disposiciones nacionales no armonizadas que regulen el etiquetado y la presentación de los productos alimenticios.
IV. Respuestas a las cuestiones prejudiciales
17.
Por consiguiente, según lo que he expuesto hasta ahora, para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas, habrá que considerar, por una parte, el interés en alcanzar el objetivo perseguido por la norma nacional controvertida, es decir, la información y la protección de los consumidores y, por otra, el interés en garantizar la Ubre circulación de mercancías. Por otro lado, es lo que exige el principio de proporcionalidad.
18.
Por lo que respecta a la primera cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia ya la ha respondido esencialmente en su sentencia de 18 de junio de 1991, antes citada. En dicha sentencia, subrayó que el artículo 14 se limita a exigir una lengua fácilmente inteligible para el comprador, previendo, además, que la entrada de los productos alimenticios en el territorio de un Estado miembro puede ser autorizada cuando las indicaciones pertinentes no figuran en una lengua fácilmente inteligible siempre que «la información del comprador quede asegurada por otros medios». En otros términos, el Tribunal de Justicia declaró que, por un lado, el hecho de imponer una obligación más estricta que la establecida por el artículo 14, como por ejemplo, utilizar exclusivamente la lengua de la región lingüística, y, por otro lado, el hecho de no tener en cuenta la posibilidad de asegurar la información del consumidor por otros medios van más allá de las exigencias del artículo 14. Añadió, además, que la obligación de utilizar exclusivamente la lengua de la región constituye una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa de las importaciones, prohibida por el artículo 30 del Tratado.
19.
Creo que en estas apreciaciones no ha influido el hecho de que la disposición nacional controvertida se limite a imponer la utilización de la lengua de la región sin por ello excluir paralelamente la utilización de otras lenguas. En verdad, la utilización de la lengua del Estado o de la región en que se comercializan los productos es un medio de información apropiado y, por consiguiente, un medio de protección del consumidor. Dicha lengua resulta la más fácilmente inteligible para los compradores y les permite comprender fácilmente las indicaciones que figuran en los productos.
20.
En una Resolución de 1992, sobre las exigencias en materia de protección del consumidor y salud pública para la realización del mercado interior, el Parlamento Europeo declaró, entre otros considerandos, que «la verdadera protección del consumidor sólo puede conseguirse si éste dispone en todo momento de todas las informaciones en su propia lengua». (
11
)
Ahora bien, esto es verdad sobre todo para los países o regiones donde se utiliza una única lengua. En tal caso y sin perjuicio de otros medios posibles de información del comprador, es necesario proporcionarle las indicaciones sobre el producto en la lengua del país o de la región en que el producto se comercializa que, en tal caso es, por definición, la única lengua comprendida por los consumidores. Así, la prohibición de comercializar productos que no contengan indicaciones en dicha lengua puede ser considerada como compatible con el artículo 30 del Tratado y con el artículo 14 de la Directiva.
21.
Sin embargo, ello no es válido para las regiones en las que los compradores comprenden fácilmente otras lenguas, por ejemplo, en los países de tradición plurilingüe. En ese caso, basta formular las indicaciones sobre el producto en una sola de estas lenguas.
22.
A este respecto, hay que señalar que el apartado 2 del artículo 14 de la Directiva no intenta imponer la utilización de una lengua determinada. Su objetivo es eliminar las dificultades de comprensión, por parte del consumidor, del contenido de las indicaciones que figuran en el producto, de modo que se garantice la información completa y correcta de dicho consumidor. Evidentemente, dicha información se efectúa cuando las antedichas indicaciones están redactadas en una de las lenguas fácilmente inteligibles en la región.
23.
La obligación de redactar dichas indicaciones en una de estas lenguas, que puede ser caracterizada como la lengua oficial de la región, aunque no prohiba escribirlas paralelamente en otra lengua o en otras lenguas fácilmente inteligibles en la región, va más allá de las exigencias de la Directiva. Tal medida crearía obstáculos injustificados a la libre circulación de mercancías, en particular, de aquellas mercancías procedentes de otros países o de otras regiones de la Comunidad donde se habla y se utiliza una de esas otras lenguas de la región de que se trate. Semejante medida tendría esencialmente por efecto impedir, en la región en cuestión, la venta de productos en los que figuren indicaciones en otra lengua fácilmente inteligible para los compradores. Tal efecto no podría justificarse, evidentemente, por razones de protección de los consumidores y, por lo tanto, sería contrario tanto al artículo 30 del Tratado como al artículo 14 de la Directiva 79/112.
24.
En consecuencia, debería responderse a la primera cuestión del órgano jurisdiccional nacional que el artículo 30 del Tratado y el artículo 14 de la Directiva 79/112 se oponen a que una normativa nacional imponga el empleo obligatorio de una lengua determinada para el etiquetado de los productos alimenticios, aun cuando esta normativa no impida que también se utilicen otras lenguas fácilmente inteligibles para los compradores.
25.
La segunda cuestión prejudicial pretende que se determine el sentido de la expresión «lengua fácilmente inteligible para los compradores».
26.
En primer lugar, hay que señalar que, aparte de la Directiva 79/112, las exigencias lingüísticas relativas a la obligación de proporcionar al consumidor las informaciones sobre determinados productos, o en relación con éstos, aparecen también en otros textos legales comunitarios. En algunos casos, el propio texto enumera, en todas las lenguas oficiales, las denominaciones o las informaciones que deben figurar en dichos productos. Este fue el método seguido por la Directiva 91/321/CEE de la Comisión, de 14 de mayo de 1991, relativa a los preparados para lactantes y preparados de continuación, (
12
) que, en su artículo 7, indica, en todas las lenguas oficiales de la Comunidad, la denominación de venta en vigor para los referidos productos.
Otras normas de Derecho comunitario prevén que las informaciones pueden o deben proporcionarse en la lengua o en las lenguas del país en el que se comercializa el producto. Este es el caso de:
—
la Directiva 88/378/CEE del Consejo, de 3 de mayo de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estado miembros sobre la seguridad de los juguetes, (
13
) y
—
la Directiva 92/27/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa al etiquetado y al prospecto de los medicamentos de uso humano. (
14
)
27.
En el caso de la Directiva 79/112, el legislador comunitario, al ponderar las exigencias de la libre circulación de mercancías y las de la protección de los consumidores, no adoptó el criterio formal de la lengua oficial del Estado o de la región en que se comercializan los productos, sino el criterio material de la lengua fácilmente inteligible para el consumidor.
28.
Creo que debe considerarse que dicha lengua es la que permite al consumidor comprender inmediatamente el sentido exacto de las indicaciones que figuran en el producto sin riesgo de equivocarse acerca del contenido concreto de las indicaciones de la etiqueta. La lengua o, eventualmente, las lenguas del Estado o de la región en que se comercializan los productos alimenticios es, en realidad, la que garantiza al consumidor la comprensión correcta del etiquetado. Por otra parte, también así lo declaró el Tribunal de Justicia en su citada sentencia Meyhui, en la que subrayó que «el hecho de que los consumidores del Estado miembro en el que se comercializan los productos estén informados en el idioma o en los idiomas de dicho Estado constituye, pues, un medio de protección apropiado. A este respecto, es preciso declarar que tiene un carácter absolutamente marginal el supuesto evocado por el órgano jurisdiccional nacional, según el cual el comprador comprendería con mayor facilidad otro idioma» (apartado 19).
29.
Sin embargo no queda excluido que, efectivamente, determinados términos y expresiones concretas, aunque figuren en una lengua extranjera, puedan ser fácilmente inteligibles porque los consumidores están familiarizados con dichos términos o expresiones. En tal caso, debe considerarse que dichos términos y expresiones están incluidos en el concepto de lengua fácilmente inteligible, habida cuenta de que lo importante en el marco del artículo 14 de la Directiva 79/112 no es el empleo de una lengua determinada, sino la posibilidad de comprender el contenido concreto de las indicaciones de la etiqueta.
30.
Por el contrario, no pienso que este concepto incluya los supuestos en los que el contenido de las indicaciones de la etiqueta pueda ser comprendido por el comprador de forma indirecta, por ejemplo, tras la comparación con otros envoltorios del mismo producto o como consecuencia de mensajes publicitarios de amplia difusión. Esta comprensión indirecta de las indicaciones que figuran en los productos alimenticios no garantiza una protección apropiada del consumidor, dado que no excluye que el comprador pueda ser inducido a error debido a una información insuficiente.
31.
La tercera cuestión se refiere a la expresión «información del comprador por otros medios». Esta parte de la disposición del apartado 2 del artículo 14 está redactada en términos generales («[...] a no ser que la información del comprador quede asegurada por otros medios»), por lo que no restringe los medios que pueden utilizarse para garantizar la información del comprador. El artículo 14 no indica cuáles son los otros medios.
32.
Con respecto al objetivo de esta disposición de la Directiva, creo que los otros medios de información del comprador a que se refiere la mencionada disposición son los que se relacionan estrechamente con el producto concreto y que garantizan en el momento de su venta una información completa y correcta del consumidor de una manera directamente comprendida por éste. En efecto, para estar protegido eficazmente, el consumidor debe conocer perfectamente las particularidades y características del producto en el momento de la compra, lo que supone que debe tener la posibilidad de comprender directamente el contenido exacto de las informaciones que figuran en el producto. Tal es el supuesto, por ejemplo, cuando, en vez de palabras y expresiones, la etiqueta del producto contenga reproducciones, imágenes y símbolos fácilmente inteligibles, que pueden garantizar una información suficiente del comprador.
33.
En todo caso, hay que señalar que incumbe al órgano jurisdiccional nacional efectuar las apreciaciones de hecho necesarias para determinar en cada caso en qué medida las indicaciones que figuran en el producto están redactadas en una lengua fácilmente inteligible para el consumidor y si los otros medios de información escogidos garantizan efectivamente una información clara, completa y correcta de dicho consumidor en el momento de la compra.
V. Conclusión
34.
Considerando lo que precede, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente del siguiente modo:
«1)
El artículo 30 del Tratado CE y el artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una normativa nacional imponga el empleo de una lengua determinada para el etiquetado de los productos alimenticios, aun cuando esta normativa no excluya que, en dichos productos alimenticios, figuren simultáneamente indicaciones en otras lenguas fácilmente inteligibles para los compradores.
2)
Según el apartado 2 del artículo 14 de la Directiva 79/112/CEE, la inclusión en los productos alimenticios de indicaciones redactadas en una lengua y la información a los consumidores por otros medios implican que el empleo de dicha lengua, o de estos otros medios de información, debe permitir a los compradores comprender inmediatamente, sin riesgo de error, el contenido exacto de las indicaciones que figuran en los productos alimenticios, garantizando de este modo al comprador una información completa y correcta en el momento de la compra de los productos alimenticios.
3)
Incumbe al Juez nacional efectuar las apreciaciones de hecho necesarias para determinar, en cada caso concreto, en qué medida las indicaciones que figuran en el producto están redactadas en una lengua fácilmente inteligible para el consumidor y si los otros medios de información escogidos garantizan efectivamente una información clara, completa y correcta en el momento de su compra.»
(
*1
)	Lengua original: griego.
(
1
)	DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162.
(
2
)	Sentencia de 18 de junio de 1991 (C-369/89, Rec. p. I-2971).
(
3
)	Antes cicada en la nota 2.
(
4
)	DO 1994, C 120, p. 14. Obsérvese que el original neerlandés de la resolución de remisión cita una Directiva 78/112/CEE, pero es evidente que se trata de la Directiva 79/112/CEE.
(
5
)	Apartado 15 de la sentencia.
(
6
)	Véanse, entre otras, las sentencias de 2 de febrero de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb (C-315/92, Rec. p. I-317), apartado 13; de 24 de noviembre de 1993, Keck y Mithouard (asuntos acumulados C-267/91 y C-268/91, Rec. p. I-6097), apartado 15; de 13 de diciembre de 1990, Pall (C-238/89, Rec. p. I-4827), apartados 11 y 12, y de 20 de febrero de 1979, Rewe Zentral (120/78, Rec. p. 649).
(
7
)	Véanse las sentencias Rewe Zentral y Pall, antes citadas.
(
8
)	GB-INNO-BM (C-362/88, Rec. p. I-667).
(
9
)	Por lo que respecta a la jurisprudencia reciente, véase la sentencia de 9 de agosto de 1994, Meyhui (C-51/93, Rec. p. I-3879).
(
10
)	Véanse, en particular, las sentencias de 22 de junio de 1982, Robertson y otros (220/81, Rec. p. 2349), apartados 11, 12 y 13, y de 16 de diciembre de 1980, Fietje (27/80, Rec. p. 3839), apartados 10, 11 y 12.
(
11
)	DO 1992, C 94, p. 217, considerando veintidós.
(
12
)	DO L 175, p. 35.
(
13
)	DO L 187, p. 1. El apartado 5 del artículo 11 de dicha Directiva dispone lo siguiente: «El Anexo IV contiene las advertencias y las indicaciones de las precauciones de empleo que deberán proporcionarse para determinados juguetes. Los Estados miembros podrán exigir que estas advertencias o indicaciones, o algunas de ellas, así como la información contemplada en el apañado 4, estén redactadas, en la fase de comercialización, en su(s) lengua(s) nacionales).»
(
14
)	DO L 113, p. 8. El artículo 8 de esta Directiva dispone lo siguiente: «El prospecto deberá estar redactado en términos claros y comprensibles para los usuarios, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de puesta en el mercado y de manera que resulte fácilmente legible. Esta disposición no será obstáculo para que el prospecto esté redactado en varias lenguas, siempre que en todas las lenguas utilizadas figure la misma información.»