Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GÉNÉRAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 14 de julio de 2022 (1)
Asuntos C‑31/22 P(I), C‑32/22 P(I) y C‑74/22 P(I)
Atlas Copco Airpower,
Atlas Copco AB [C‑31/22 P(I)]
Anheuser-Busch Inbev,
Ampar [C‑32/22 P(I)]
Soudal NV,
Esko-Graphics BVBA [C‑74/22 P(I)]
contra
Magnetrol International
y Comisión Europea
«Recurso de casación — Intervención — Recurso de casación interpuesto en relación con una intervención — Admisión de las intervenciones en el marco de un procedimiento de casación contra una sentencia del Tribunal General — Anulación de dicha sentencia y devolución del asunto al Tribunal General — Exclusión implícita por parte del Tribunal General de las partes coadyuvantes en el procedimiento de casación como partes del procedimiento posterior a la devolución»
I.      Introducción
1.        Los presentes asuntos plantean expresamente la cuestión inédita del mantenimiento de la condición de parte coadyuvante, admitida por el Tribunal de Justicia en el procedimiento de casación, en la fase de devolución ante el Tribunal General. Asimismo, brindan al Tribunal de Justicia la oportunidad de pronunciarse sobre las normas relativas a la admisibilidad de los recursos de casación contra resoluciones desestimatorias de demandas de intervención.
II.    Marco jurídico
A.      Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
2.        El artículo 39, párrafo primero, del Protocolo (n.º 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea») prevé:
«El Presidente del Tribunal de Justicia podrá mediante un procedimiento abreviado al que, en lo que sea necesario, no se aplicarán algunas de las normas contenidas en el presente Estatuto y que se regulará en el Reglamento de Procedimiento, decidir sobre las pretensiones que tengan por objeto la suspensión prevista en el artículo 278 [TFUE] y en el artículo 157 del Tratado CEEA, la concesión de medidas provisionales de conformidad con el artículo 279 [TFUE], o la suspensión de la ejecución forzosa con arreglo al párrafo cuarto del artículo 299 [TFUE] o al párrafo tercero del artículo 164 del Tratado CEEA.»
3.        El artículo 40, párrafos primero, segundo y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene el siguiente tenor:
«Los Estados miembros y las instituciones de la Unión podrán intervenir como coadyuvantes en los litigios sometidos al Tribunal de Justicia.
El mismo derecho tendrán los órganos y organismos de la Unión y cualquier otra persona siempre que puedan demostrar un interés en la solución de un litigio sometido al Tribunal de Justicia. Las personas físicas y jurídicas no podrán intervenir en los asuntos entre los Estados miembros, entre instituciones de la Unión, o entre Estados miembros, por una parte, e instituciones de la Unión, por otra.
[…]
Las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes.»
4.        En virtud del artículo 56, párrafos primero y tercero, de dicho Estatuto:
«Contra las resoluciones del Tribunal General que pongan fin al proceso, así como contra las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución impugnada.
[…]
Salvo en los litigios entre la Unión y sus agentes, el recurso de casación podrá interponerse también por los Estados miembros y las instituciones de la Unión que no hayan intervenido en el litigio ante el Tribunal General. Dichos Estados miembros e instituciones estarán en una posición idéntica a la de los Estados miembros o instituciones que hayan intervenido en primera instancia.»
5.        El artículo 57 de dicho Estatuto está redactado en los siguientes términos:
«Cualquier persona cuya demanda de intervención hubiere sido desestimada, podrá interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la decisión del Tribunal General que desestime su demanda de intervención, en un plazo de dos semanas a partir de la notificación de la resolución desestimatoria.
Las partes en el procedimiento podrán interponer un recurso de casación contra cualquier resolución del Tribunal General adoptada en virtud de los artículos 278 [TFUE], 279 [TFUE] o del párrafo cuarto del artículo 299 [TFUE] o en virtud del artículo 157 o del párrafo tercero del artículo 164 del Tratado CEEA, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.
El recurso de casación contemplado en los párrafos primero y segundo del presente artículo se resolverá de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 39.»
6.        El artículo 61, párrafos primero y segundo, del citado Estatuto dispone:
«Cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
En caso de devolución, el Tribunal General estará vinculado por las cuestiones de derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Justicia.»
B.      Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia
7.        El artículo 172 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, titulado «Partes autorizadas a presentar un escrito de contestación», establece:
«Todas las partes en el asunto de que se trate ante el Tribunal General que tengan interés en la estimación o en la desestimación del recurso de casación podrán presentar un escrito de contestación dentro de un plazo de dos meses a partir de la notificación del recurso. No se concederá ninguna prórroga del plazo de contestación.»
C.      Reglamento de Procedimiento del Tribunal General
8.        El artículo 1, apartado 2, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General prevé:
«2.      A efectos de aplicación del presente Reglamento:
[…]
c)      por “parte” y “partes” se entenderá, cuando los términos no vayan acompañados de otras indicaciones, cualquiera de las partes procesales, incluidos los coadyuvantes;
[…]»
9.        El artículo 142 de dicho Reglamento de Procedimiento, titulado «Objeto y efectos de la intervención», dispone:
«1.      La intervención no podrá tener otro fin que apoyar, total o parcialmente, las pretensiones de una de las partes principales. La intervención no otorgará derechos procesales idénticos a los de las partes principales, en particular, el de solicitar la celebración de una vista.
2.      La intervención será accesoria con respecto al litigio principal. Quedará sin objeto cuando el asunto sea archivado y eliminado del registro del Tribunal General, a causa de un desistimiento o de un acuerdo entre las partes principales, o cuando se declare la inadmisibilidad de la demanda.
3.      El coadyuvante aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.»
10.      El artículo 143, apartado 1, del citado Reglamento de Procedimiento, titulado «Demanda de intervención», tiene el siguiente tenor:
«1.      La demanda de intervención solo podrá presentarse dentro de un plazo de seis semanas a partir de la publicación del anuncio contemplado en el artículo 79.»
11.      A tenor de lo dispuesto en el artículo 217, apartado 1, de dicho Reglamento de Procedimiento:
«Si la resolución anulada por el Tribunal de Justicia se adoptó después de que el Tribunal General declarase terminada la fase escrita del procedimiento sobre el fondo del asunto seguido ante él, las partes en el procedimiento ante el Tribunal General podrán presentar sus observaciones escritas sobre las conclusiones que para la solución del litigio procede extraer de la resolución del Tribunal de Justicia, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de esta última resolución. Este plazo no podrá ser prorrogado.»
12.      El artículo 219 del citado Reglamento, titulado «Costas», está redactado en los siguientes términos:
«El Tribunal General decidirá sobre las costas relativas, por una parte, a los procedimientos entablados ante dicho Tribunal General y, por otra, al procedimiento de casación seguido ante el Tribunal de Justicia.»
III. Antecedentes del litigio
13.      Mediante la Decisión (UE) 2016/1699 de la Comisión, de 11 de enero de 2016, sobre el régimen de ayudas estatales en la forma de exención de los beneficios extraordinarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicado por Bélgica (DO 2016, L 260, p. 61; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), la Comisión Europea constató que las exenciones concedidas por el Reino de Bélgica constituían un régimen de ayudas, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, que era incompatible con el mercado interior y que se ejecutó infringiendo el artículo 108 TFUE, apartado 3. La Comisión ordenó recuperar de sus beneficiarios las ayudas así concedidas, beneficiarios cuya lista definitiva debía elaborar el Reino de Bélgica con posterioridad.
IV.    Procedimiento ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia y pretensiones formuladas por las partes
14.      Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General los días 22 de marzo y 25 de mayo de 2016, respectivamente, el Reino de Bélgica y Magnetrol International NV interpusieron sendos recursos de anulación contra la Decisión controvertida.
15.      El Tribunal General decidió acumular los asuntos T‑131/16, Bélgica/Comisión, y T‑263/16, Magnetrol International/Comisión, a efectos de la fase oral del procedimiento y de la resolución que pusiera fin al proceso.
16.      Mediante su sentencia de 14 de febrero de 2019, Bélgica y Magnetrol International/Comisión (T‑131/16 y T‑263/16, EU:T:2019:91), el Tribunal General anuló la Decisión controvertida.
17.      El 24 de abril de 2019 la Comisión interpuso recurso de casación contra esta sentencia.
18.      Mediante autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2019, se admitieron las intervenciones de Soudal NV, Esko-Graphics BVBA, Flir Systems Trading Belgium BVBA, Anheuser-Busch InBev SA/NV, Ampar BVBA, Atlas Copco Airpower SAS, Atlas Copco AB, Wabco Europe BVBA y Celio International NV en apoyo de las pretensiones de Magnetrol International.
19.      Mediante la sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), el Tribunal de Justicia:
–        Anuló la sentencia del Tribunal General de 14 de febrero de 2019, Bélgica y Magnetrol International/Comisión (T‑131/16 y T‑263/16, EU:T:2019:91).
–        Desestimó los motivos primero y segundo del recurso en el asunto T‑131/16 y el primer motivo y la primera parte del tercer motivo del recurso en el asunto T‑263/16.
–        Devolvió el asunto al Tribunal General para que se pronunciase sobre los motivos tercero a quinto del recurso en el asunto T‑131/16 y sobre el segundo motivo, las partes segunda y tercera del tercer motivo y el cuarto motivo en el asunto T‑263/16.
–        Reservó la decisión sobre las costas.
20.      Soudal y Esko-Graphics, Atlas Copco Airpower y Atlas Copco, y Anheuser-Busch Inbev y Ampar remitieron al Tribunal General observaciones sobre las conclusiones que, en su opinión, cabe extraer de la sentencia de 16 de septiembre 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741) para la resolución del litigio mediante escritos de los días 16 y 25 de noviembre de 2021 respectivamente.
21.      El 17 de diciembre de 2021, Atlas Copco Airpower, Atlas Copco, Anheuser-Busch Inbev, Ampar Soudal y Esko-Graphics recibieron un escrito de la Secretaría del Tribunal General, de 6 de diciembre de 2021, en el que se les informaba de que, puesto que estas observaciones no constituían un documento previsto por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Presidente de la Sala del Tribunal a la que se había sometido el asunto había decidido no incorporarlas a los autos.
22.      Mediante escrito de 29 de diciembre de 2021, dirigido al Presidente del Tribunal General y a sus miembros, estas seis sociedades, remitiéndose a la motivación del auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:915), y a la jurisprudencia del Tribunal General, solicitaron, por una parte, la corrección del «error» (oversight) cometido por el Tribunal General al negarse a incorporar sus observaciones a los autos y, por otra parte, una confirmación de su condición de partes coadyuvantes ante el Tribunal General.
23.      En dicho escrito, estas seis sociedades solicitaban una respuesta en el plazo de cinco días, en la medida en que se verían obligadas a interponer un recurso de casación, en los plazos establecidos, contra toda eventual negativa implícita a concederles la condición de partes coadyuvantes en dicho asunto.
24.      El 10 de enero de 2022, Atlas Copco Airpower y Atlas Copco y Anheuser-Busch Inbev y Ampar interpusieron recursos de casación, respectivamente, en los asuntos C‑31/22 P y C‑32/22 P.
25.      Mediante escrito de 11 de enero de 2022, el Secretario del Tribunal General acusó recibo del escrito de Soudal y de Esko-Graphics de 29 de diciembre de 2021, y llamó la atención de dichas sociedades sobre el hecho de que la presentación de observaciones en el asunto T‑263/16 RENV por las partes coadyuvantes cuyas intervenciones habían sido admitidas en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia en el asunto C‑337/19 P no estaba prevista por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
26.      El 28 de enero de 2022, Soudal y Esko-Graphics interpusieron el recurso de casación en el asunto C‑74/22 P.
27.      Atlas Copco Airpower y Atlas Copco solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la decisión contenida en el escrito del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021 dirigido a ellas.
–        Ordene que Atlas Copco Airpower y Atlas Copco conserven su condición de partes coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV tras la devolución del asunto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia.
28.      Anheuser-Busch Inbev y Ampar solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la decisión contenida en el escrito del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021 dirigido a ellas.
–        Ordene que Anheuser-Busch Inbev y Ampar conserven su condición de partes coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV tras la devolución del asunto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia.
29.      Soudal y Esko-Graphics solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la decisión contenida en el escrito del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021 dirigido a ellas.
–        Ordene la incorporación a los autos de sus observaciones escritas.
–        Declare que Soudal y Esko-Graphics conservan su condición de partes coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV tras la devolución del asunto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia.
30.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Declare la inadmisibilidad de los recursos de casación.
–        Con carácter subsidiario, desestime los recursos de casación por infundados.
–        Condene en costas a las recurrentes.
31.      No se ha celebrado vista.
V.      Análisis
A.      Sobre la admisibilidad
1.      Sobre la admisibilidad de los recursos de casación en los asuntos C‑31/22 P y C‑32/22 P
32.      La Comisión sostiene que los recursos de casación en los asuntos C‑31/22 P y C‑32/22 P son inadmisibles en la medida en que se basan en el artículo 57 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta disposición permite la interposición de un recurso de casación contra una decisión del Tribunal General que desestime una demanda de intervención: pues bien, según dicha institución, en estos dos asuntos el Tribunal General no adoptó ninguna decisión de este tipo. El Tribunal General se limitó a decidir no incorporar a los autos del asunto T‑263/16 RENV las observaciones escritas presentadas por Atlas Copco Airpower y Atlas Copco y por Anheuser-Busch Inbev y Ampar.
33.      He de señalar antes de nada, al igual que la Comisión, que la finalidad del escrito del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021 era informar a Atlas Copco Airpower y Atlas Copco y a Anheuser-Busch Inbev y Ampar del hecho de que las observaciones que habían presentado no habían sido registradas, pues no constituían documentos previstos por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Además, es cierto que Atlas Copco Airpower y Atlas Copco no han presentado un escrito de formalización de la intervención, como tampoco lo han hecho Anheuser-Busch Inbev y Ampar. Desde un punto de vista formal, la decisión contenida en el escrito impugnado no es, por lo tanto, la desestimación de una demanda de intervención y no parece, a primera vista, poder ser objeto de un recurso de casación con arreglo al artículo 57 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
34.      Sin embargo, no me convence una lectura formalista de esta disposición. Habida cuenta del contexto muy especial de estos asuntos, que se caracteriza concretamente por el hecho de que las sociedades en cuestión podían legítimamente creer que conservaban su condición de parte coadyuvante en la fase de devolución del asunto, el mero hecho de que la decisión del Tribunal General no rechace de manera expresa la condición de parte coadyuvante no me parece, por sí solo, poder excluir que ese era en realidad implícitamente el caso.
35.      En efecto, tanto Atlas Copco Airpower y Atlas Copco como Anheuser-Busch Inbev y Ampar presentaron observaciones ante el Tribunal General «en virtud del artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General», que se refiere a las partes en el procedimiento ante él. En este sentido, estas sociedades invocan tal condición como partes coadyuvantes.
36.      En estas condiciones, la decisión del Tribunal General de no incorporar estas observaciones a los autos contiene implícita pero necesariamente una decisión que consiste en negar que Atlas Copco Airpower y Atlas Copco y Anheuser-Busch Inbev y Ampar tengan la condición de partes coadyuvantes.
37.      Puesto que esta decisión implícita surte, a mi modo de ver, los mismos efectos que una resolución denegatoria de una demanda de intervención o que una decisión por la que se pone fin a una intervención, puede, al igual que esta última, ser objeto de un recurso de casación con arreglo al artículo 57 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
38.      Ello es tanto más cierto cuanto que la interpretación que propongo de esta disposición es, en realidad, la única que permite garantizar la tutela judicial efectiva de las personas que solicitan intervenir en los procedimientos cuya condición de parte coadyuvante ha sido reconocida ante el Tribunal de Justicia e, in fine, garantizar la efectividad del derecho a intervenir consagrado en el artículo 40 de dicho Estatuto, en la medida en que no disponen de otra vía de recurso.
39.      Por un lado, considero que no puede exigirse a una parte que tenga la condición de parte coadyuvante ante el Tribunal de Justicia que presente una solicitud formal de intervención ante el Tribunal General, con el único fin de poder a continuación interponer un recurso de casación contra la resolución desestimatoria de esta solicitud, que tendrá lugar sistemáticamente. En efecto, la solicitud estaría en todo caso sujeta a prescripción, dado que, evidentemente, no se habrá presentado dentro del plazo de seis semanas a partir de la publicación de la demanda que inicie el proceso en cuestión, como exige el artículo 143 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
40.      Por otro lado, tampoco constituye una vía de recurso viable un recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal General que ponga fin al proceso, en la medida en que únicamente pueden interponer tal recurso las partes en el procedimiento ante el Tribunal General y, por lo tanto, las partes a las que ya se les ha reconocido la condición de parte coadyuvante ante él.
41.      En estas condiciones, soy de la opinión de que procede declarar la admisibilidad de los recursos de casación en los asuntos C‑31/22 P y C‑32/22 P.
2.      Sobre la admisibilidad del recurso de casación en el asunto C‑74/22 P
42.      La Comisión alega que procede declarar la inadmisibilidad del recurso de casación en el asunto C‑74/22 P. Señala, por una parte, que la decisión a que se refiere el recurso de casación no pertenece a ninguna de las categorías contempladas en el artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que Soudal y Esko-Graphics no pueden basar su recurso de casación en esta disposición.
43.      Aduce, por otra parte, que suponiendo que el recurso de casación pueda recalificarse como «recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 57 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», extremo con el que no está de acuerdo, también procedería desestimarlo por las mismas razones que se han expuesto en el marco de los asuntos C‑31/22 P y C‑32/22 P. Según la Comisión, dicho recurso de casación es, en cualquier caso, extemporáneo.
44.      Considero que procede declarar la inadmisibilidad del recurso de casación, en la medida en que se basa en el artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puesto que la decisión impugnada ni pone fin al proceso ni a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad.
45.      Por una parte, ha de señalarse que el examen del asunto T‑263/16 RENV se prosigue ante el Tribunal General después de la adopción de la decisión impugnada, que no resuelve ningún aspecto de la cuestión de fondo.
46.      Por otra parte, si bien es cierto que los desacuerdos relativos a una demanda de intervención constituyen un incidente procesal, no se refieren sin embargo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, únicos incidentes procesales contemplados en el artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En efecto, las excepciones de incompetencia o de inadmisibilidad están sujetas, tanto ante el Tribunal General como ante el Tribunal de Justicia, a normas específicas (2) y su finalidad es que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto ponga fin a un litigio sin entrar en el fondo. El hecho de que puedan tener por efecto poner fin al proceso justifica, además, la decisión de someter los recursos de casación interpuestos contra estas resoluciones al mismo régimen que se aplica a los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones que ponen fin al proceso después de que el órgano jurisdiccional haya conocido del fondo del asunto en cuestión.
47.      En cambio, los incidentes relativos a una intervención tienen una naturaleza diferente. Como se indica en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la intervención será accesoria con respecto al litigio principal, (3) y las resoluciones adoptadas al respecto no pueden en modo alguno poner fin al mismo.
48.      En estas condiciones, considero que la decisión impugnada no puede ser objeto de un recurso de casación con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de modo que procede declarar la inadmisibilidad a este respecto del recurso de casación en el asunto C‑74/22 P.
49.      No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende asimismo que el juez puede, a fin de dar efecto útil a una demanda, sobre la base de una apreciación de su conjunto, interpretar un recurso más allá de la denominación expresa que le dé el demandante. (4) Del mismo modo, el Tribunal de Justicia ya ha examinado asimismo dos fundamentos alternativos de un recurso de casación, sin limitarse al fundamento indicado por la parte recurrente. (5)
50.      Habida cuenta de lo anterior, considero que el Tribunal de Justicia puede, a fin de dar efecto útil al recurso de casación, calificar el recurso de casación controvertido en el presente asunto de «recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 57 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», puesto que de las pretensiones de las partes se desprende claramente que, mediante este recurso de casación, estas impugnan una decisión del Tribunal General por la que este les niega la condición de partes coadyuvantes.
51.      Sin embargo, esta recalificación no permite, desde mi punto de vista, aceptar la admisibilidad del recurso de casación en el asunto C‑74/22 P. Al igual que la Comisión, considero que este recurso de casación es, en cualquier caso, extemporáneo.
52.      Con arreglo al artículo 57 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Soudal y Esko-Graphics deberían haber interpuesto su recurso de casación en un plazo de dos semanas a partir de la resolución desestimatoria de la demanda de intervención o que pone fin a la intervención, ampliado en un plazo único de diez días por razón de la distancia.
53.      Pues bien, la resolución desestimatoria en cuestión figura en el escrito del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021, que fue notificado a las partes el 17 de diciembre de 2021. En efecto, el Tribunal General negó, implícita pero necesariamente, la condición de parte coadyuvante a Soudal y Esko-Graphics mediante dicho escrito, de modo que el recurso de casación debería haberse interpuesto, a más tardar, el 10 de enero de 2022.
54.      En consecuencia, considero que procede declarar la inadmisibilidad del recurso de casación debido a su carácter extemporáneo.
55.      Esta conclusión no queda desvirtuada por ninguna de las alegaciones de las partes en las que se señala, por una parte, que el punto de partida del plazo para la interposición del recurso de casación no es el escrito de 6 de diciembre de 2021, sino el de 11 de enero de 2022, y, por otra parte, la existencia de un error excusable por parte de Soudal y Esko-Graphics.
56.      Por lo que se refiere, en primer lugar, al punto de partida del plazo para la interposición del recurso de casación, he de señalar que el segundo escrito del Tribunal General de 11 de enero de 2022 reviste un carácter puramente confirmativo. De reiterada jurisprudencia se desprende que una decisión es meramente confirmatoria de una decisión anterior si no introduce ningún elemento nuevo en relación con un acto anterior y no ha sido precedida de una reconsideración de la situación del destinatario de dicho acto anterior. (6)
57.      Pues bien, el escrito de 11 de enero de 2022 es una respuesta a la solicitud de Soudal y Esko-Graphics de confirmación de que seguían interviniendo en el procedimiento como partes coadyuvantes, en el que el Tribunal General se limita a reiterar las conclusiones contenidas en el escrito de 6 de diciembre de 2021. Además, es preciso observar que las propias Soudal y Esko-Graphics subrayan, en respuesta a las preguntas del Tribunal de Justicia, «el segundo escrito confirma el contenido del primero».
58.      A resultas de ello, el escrito de 11 de enero de 2022 no es más que una decisión confirmatoria del escrito de 6 de diciembre de 2021 y, en consecuencia, no cabe considerar que constituya el punto de partida para la interposición de un recurso de casación.
59.      En lo tocante, en segundo lugar, a la existencia de un error excusable por lo que se refiere al plazo para interponer el recurso de casación con arreglo al artículo 57 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia ha declarado de modo reiterado que, en el marco de las normas relativas a los plazos para recurrir, el concepto de «error excusable» que permite no aplicarlas únicamente se refiere a circunstancias excepcionales en las cuales, particularmente, la institución interesada haya adoptado un comportamiento que pueda provocar, por sí solo o de modo determinante, una confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que acredite haber actuado con toda la diligencia exigible a un operador medio cuidadoso. (7)
60.      En mi opinión, no concurren tales circunstancias. Es cierto que la decisión del Tribunal General contenida en el escrito de 6 de diciembre de 2021, en la medida en que no rechaza explícitamente la condición de parte coadyuvante de Soudal y Esko-Graphics, es ambigua. No obstante, esta ambigüedad por sí sola no basta para provocar una confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que acredite haber actuado con toda la diligencia exigible a un operador medio cuidadoso.
61.      En particular, he de señalar que Soudal y Esko-Graphics, en respuesta al escrito del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021, dirigieron a este una solicitud que tiene por objeto que corrija la omisión que llevó a no admitir sus observaciones y confirme su condición de parte coadyuvante.
62.      De manera más importante aún, es preciso subrayar que, mediante su escrito dirigido al Tribunal General el 29 de diciembre de 2021, Soudal y Esko-Graphics solicitaron al Tribunal que respondiese a su solicitud de confirmación de su condición de parte interesada en un plazo de cinco días, en la medida en que, en caso de negativa por parte del Tribunal General, «se verían obligadas a interponer un recurso de casación, en los plazos establecidos, contra toda eventual negativa implícita a concederles la condición de partes coadyuvantes».
63.      En consecuencia, procede inferir de estos elementos que no solo Soudal y Esko-Graphics interpretaron acertadamente el escrito del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021 en el sentido de que les negaba implícita pero necesariamente la condición de parte interesada, sino sobre todo, que tenían pleno conocimiento de los plazos que rigen la interposición de un recurso de casación contra dicha decisión, puesto que su intención original era interponerlo en los plazos establecidos.
64.      El hecho de que dicho recurso de casación se haya interpuesto fuera de estos plazos no trae causa, por lo tanto, de un error excusable provocado por la ambigüedad de la decisión del Tribunal General contenida en el escrito de 6 de diciembre de 2021, sino únicamente del comportamiento de Soudal y Esko-Graphics.
65.      En estas condiciones, considero que procede declarar la inadmisibilidad del recurso de casación en el asunto C‑74/22 P como consecuencia de su carácter extemporáneo.
B.      Sobre el fondo
66.      Antes de nada, he de subrayar que las consideraciones relativas al fondo que expondré a continuación únicamente son válidas para los asuntos C‑31/22 P y C‑32/22 P, en la medida en que considero que procede declarar la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto en el asunto C‑74/22 P. No obstante, conviene subrayar que, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia no esté de acuerdo con mi análisis, las consideraciones siguientes son asimismo extrapolables a ese asunto.
67.      En apoyo de sus recursos de casación, Atlas Copco Airpower, Atlas Copco, Anheuser-Busch Inbev y Ampar (en lo sucesivo, «recurrentes») invocan un motivo único, que se divide en dos partes. En el marco de la primera parte del motivo único, alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no tomar en consideración su propia jurisprudencia, en virtud de la cual las partes admitidas a intervenir en el procedimiento de casación conservan su condición en el procedimiento posterior a la devolución al Tribunal General. En el marco de la segunda parte del motivo único, las recurrentes subrayan también que el Tribunal General infringió el artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. En su opinión, de la jurisprudencia del Tribunal General se desprende que esta disposición debe interpretarse en el sentido de que la expresión «partes en el procedimiento ante el Tribunal General», que se refiere a las partes autorizadas a presentar sus observaciones tras la devolución efectuada por el Tribunal de Justicia, también incluye a las partes admitidas a intervenir en el procedimiento de casación.
68.      Puesto que las dos partes del motivo único se refieren a la cuestión de la continuidad de la condición de parte coadyuvante, las examinaré conjuntamente.
69.      Comenzaré mi análisis subrayando que, si bien es cierto que los textos aplicables a la intervención no son unívocos por lo que se refiere a la cuestión de la continuidad de la condición de parte coadyuvante (sección 1), la jurisprudencia relativa a la intervención ofrece no obstante indicaciones útiles en favor de la conservación de la condición de parte coadyuvante en la fase de devolución (sección 2). Expondré que, desde mi punto de vista, esta conservación trae causa asimismo de la continuidad funcional de los procedimientos de casación y de devolución (sección 3). Por último, añadiré algunas consideraciones relativas a la articulación entre la solución que propongo y la práctica de los asuntos denominados «pilotos» (sección 4).
1.      Sobre la ambigüedad de los textos relativos a la intervención
70.      La cuestión de la continuidad de la condición de parte coadyuvante reconocida ante el Tribunal de Justicia en la fase del procedimiento posterior a la devolución está directamente vinculada a la interpretación del artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que regula el procedimiento de devolución que sigue a una anulación.
71.      Esta disposición autoriza a «las partes en el procedimiento ante el Tribunal General» a presentar sus observaciones escritas sobre las consecuencias que cabe extraer de la decisión de devolución adoptada por el Tribunal de Justicia (8) cuando la fase escrita del procedimiento sobre el fondo del asunto se haya declarado terminada antes del procedimiento de casación. Si bien la expresión «partes ante el Tribunal General» se refiere asimismo a las partes coadyuvantes ante el Tribunal General, (9) queda por saber si designa a las partes coadyuvantes admitidas a intervenir en el procedimiento de casación por el Tribunal de Justicia.
72.      Pues bien, los textos que regulan la intervención no aportan una respuesta clara a esta cuestión y, a falta de una disposición expresa que prevea la continuidad de la intervención admitida en el procedimiento de casación, es legítimo preguntarse si el silencio de los textos debe interpretarse como una confirmación implícita de su finalización al término del procedimiento ante el Tribunal de Justicia.
73.      Esta interpretación puede quedar reforzada por el hecho de que las disposiciones pertinentes confirman expressis verbis la continuidad de la intervención en supuestos análogos. Por una parte, no cabe duda, con arreglo al artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, de que las partes admitidas a intervenir en el procedimiento sobre el fondo ante el Tribunal General están autorizadas a intervenir en el procedimiento posterior a la devolución. Por otra parte, el artículo 172 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia prevé que las partes que intervengan en el procedimiento sobre el fondo ante el Tribunal General pueden intervenir en el procedimiento de casación, siempre que tengan interés en el mismo. La falta de una disposición equivalente en la situación inversa, que confirmaría inequívocamente la continuidad de la intervención admitida por el Tribunal de Justicia en el procedimiento de casación, podría interpretarse a contrario, como prueba de su finalización.
74.      Sin embargo, desde mi punto de vista, esta interpretación es cuestionable. Antes de nada, del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende claramente que el derecho a intervenir está supeditado a que la parte coadyuvante tenga un interés en la solución del litigio. Pues bien, si ese interés existe en la fase del procedimiento de casación, lo que el artículo 172 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia prevé explícitamente, nada permite suponer que se extinga en el momento de la devolución, toda vez que la solución del litigio sigue estando por definición indeterminada. (10)
75.      A continuación, si bien es cierto que, con arreglo al artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con su artículo 56, párrafo tercero, las partes coadyuvantes «privilegiadas», que son los Estados miembros y las instituciones de la Unión, podrán intervenir en todo caso en el procedimiento de casación, (11) no cabe deducir a contrario de esta disposición que las partes no privilegiadas no puedan intervenir en ningún caso, sino únicamente que esta intervención está supeditada a la existencia de un interés en la solución del litigio.
76.      Por último, habida cuenta del interés acreditado de la parte coadyuvante en la solución del litigio, confirmado por el Tribunal de Justicia en el procedimiento de casación, la imposibilidad de presentar útilmente una nueva demanda de intervención en el procedimiento posterior a la devolución so pena de caducidad (12) puede interpretarse como una confirmación implícita del carácter continuo de la intervención.
77.      En estas condiciones, me parece que los textos no permiten, por sí solos, responder a la cuestión de la continuidad de la condición de parte coadyuvante en el procedimiento posterior a la devolución. Por lo tanto, procederé a examinar la cuestión relativa a la duración de la intervención a la luz de la jurisprudencia, que contiene, a mi modo de ver, elementos útiles para la solución de la cuestión sometida al Tribunal de Justicia.
2.      Sobre la jurisprudencia relativa a la duración de la intervención
78.      A primera vista, las soluciones adoptadas por la jurisprudencia pueden parecer contradictorias. No obstante, se articulan de una manera coherente a la luz del interés en la solución del litigio que subyace al derecho de intervención.
79.      La primera de estas soluciones resulta de la jurisprudencia del Tribunal General invocada por las recurrentes, según la cual las partes admitidas a intervenir en el recurso de casación conservan su condición en el procedimiento posterior a la devolución, lo que les permite, en particular, presentar sus observaciones sobre las conclusiones que procede extraer de la sentencia del Tribunal de Justicia. Contrariamente a lo que afirma la Comisión en sus observaciones escritas, esta solución no se basa en dos sentencias aisladas que la hayan consagrado y confirmado de manera explícita, (13) sino que también puede deducirse del trato reservado a las partes coadyuvantes en numerosos asuntos devueltos al Tribunal General. (14) De conformidad con los motivos esgrimidos por el Tribunal General en el asunto que dio lugar a la sentencia España y otros/Comisión, (15) esta solución se basa en consideraciones de buena administración de la justicia, en la medida en que favorece la continuidad del debate contencioso tras la devolución efectuada por el Tribunal de Justicia.
80.      La segunda de estas soluciones jurisprudenciales permite a las partes del litigio invocar la inadmisibilidad de una intervención admitida en una fase anterior del procedimiento. Así pues, la admisión previa de la parte coadyuvante en el litigio no se opone a que se proceda a un nuevo examen de la admisibilidad de su intervención, ya sea con ocasión del procedimiento en cuanto al fondo (16) o bien en el marco del procedimiento de casación. (17) De ello se desprende que el derecho de intervención no se adquiere en ningún caso de manera definitiva y que puede ser cuestionado en caso de que cambien las circunstancias que dan lugar a la pérdida del interés en la solución del litigio. (18)
81.      He de subrayar que estas soluciones jurisprudenciales no se desprenden expresamente de los textos que regulan el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. En cambio, quedan respaldadas por la lógica subyacente al derecho de intervención, cuyo reconocimiento se basa en la existencia de un interés directo y actual en la solución del litigio. (19) En efecto, si el Tribunal General puede admitir en el procedimiento posterior a la devolución a las partes coadyuvantes admitidas en el recurso de casación es porque este interés sigue siendo actual, en principio, hasta la solución definitiva del litigio. Y, debido a la posible pérdida de este interés durante el curso del procedimiento, provocada por un cambio eventual de circunstancias, las partes pueden impugnar en cualquier momento del procedimiento la admisibilidad de una intervención admitida previamente.
82.      En consecuencia, de los textos y de la jurisprudencia relativa a la intervención se desprende que la condición de parte coadyuvante confiere al interesado un derecho procesal y las garantías procesales correspondientes, que reflejan su interés en la solución del litigio, y que esta condición puede ser cuestionada en el caso de que un cambio posterior de circunstancias le haga perder el interés en cuestión.
83.      En el supuesto de una anulación parcial de la decisión del Tribunal General seguida de una devolución, esto implica, desde mi punto de vista, que la parte admitida en el procedimiento de casación debe conservar, en principio, su legitimación para intervenir, en la medida en que el interés que esta tiene en el resultado del recurso de casación sigue siendo necesariamente actual hasta la solución definitiva del asunto.
3.      Sobre la continuidad funcional del procedimiento tras su devolución
84.      Esta persistencia del interés en la solución del litigio resulta, además, de la continuidad funcional entre el procedimiento de casación y el procedimiento posterior a la devolución, puesto que el segundo sirve para extraer las consecuencias del primero.
85.      Por una parte, el artículo 219 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General pone de relieve esta continuidad, dado que reserva al Tribunal General la decisión sobre las costas en que haya incurrido la parte coadyuvante en el procedimiento de casación, en la medida en que los méritos de la intervención únicamente pueden apreciarse en el momento en que el litigio se resuelva definitivamente.
86.      Por otra parte, esta continuidad parece resultar asimismo de la posibilidad de que dispone el Tribunal de Justicia de resolver el fondo del asunto al término del procedimiento de casación, puesto que la devolución del asunto al Tribunal General únicamente se efectúa cuando el estado del litigio no permite resolverlo. Por consiguiente, dicha devolución depende completamente del progreso de la tramitación del asunto ante el Tribunal General y no cabe considerar, en mi opinión, que un asunto que es objeto de una devolución es distinto del procedimiento de casación en cuyo marco se ha ordenado su devolución, y ello a pesar de que el procedimiento debe considerarse necesariamente como único cuando lo resuelve el Tribunal de Justicia.
87.      Es preciso señalar a este respecto que, si debiera rechazarse el mantenimiento de la condición de parte coadyuvante en la fase devolución, de ello resultaría necesariamente una asimetría en el trato que se da a las partes que han sido admitidas a intervenir ante el Tribunal de Justicia, en función del estado en el que se encuentre el asunto al término del procedimiento de casación. En el caso de que el Tribunal de Justicia resuelva el fondo del asunto al término del procedimiento de casación, las partes autorizadas a intervenir en dicho procedimiento también estarían autorizadas a intervenir hasta la solución definitiva del litigio. En caso contrario, perderían su condición en el procedimiento posterior a la devolución. A mi modo de ver, nada justifica establecer esta diferencia por lo que se refiere a los derechos reconocidos a las partes coadyuvantes. Además, en el supuesto de que se interponga un segundo recurso de casación a raíz de una devolución, esta solución podría dar lugar a dos intervenciones sucesivas ante el Tribunal de Justicia, excluyendo al mismo tiempo a la parte interesada del debate que tendría lugar mientras tanto en el Tribunal General. La división del estatuto contencioso que resultaría de ello parece difícil de justificar habida cuenta del sistema general del derecho de intervención, que se basa en la consideración del interés de la parte coadyuvante en la solución del litigio, y en la continuidad funcional entre el procedimiento de casación y el procedimiento posterior a la devolución.
88.      En estas condiciones, las consideraciones sistémicas, basadas en la coherencia de las soluciones adoptadas por la jurisprudencia, y en la continuidad que se establece entre el procedimiento de casación y la devolución posterior abogan, en mi opinión, por el mantenimiento de la intervención tras la devolución efectuada por el Tribunal de Justicia, sin perjuicio de una pérdida eventual del interés en intervenir resultante de un cambio posterior de circunstancias.
4.      Consideraciones adicionales relativas a la práctica de los «asuntos piloto»
89.      Cabe recordar que la práctica de los asuntos denominados «piloto» consiste en garantizar un trato prioritario del asunto en cuestión, mientras que los procedimientos pendientes en los asuntos similares quedan suspendidos hasta que se resuelva el primero. Al favorecer la concentración del debate contencioso, esta práctica tiende a garantizar un tratamiento homogéneo y eficaz de un conjunto de asuntos similares, permitiendo al mismo tiempo racionar los medios empleados por el Tribunal General.
90.      Por lo tanto, el trato reservado en el presente asunto a las recurrentes puede explicarse por la voluntad del Tribunal General de evitar posibles retrasos resultantes de la admisión de las intervenciones en la fase de devolución. Sin embargo, la solución que propongo no me parece que pueda afectar al estatuto prioritario reconocido en el presente asunto al asunto Magnetrol International/Comisión (T‑263/16), designado por el Tribunal General como asunto piloto, y en el desean intervenir las recurrentes.
91.      En particular, me cuesta compartir la alegación de la Comisión, según la cual la admisión de las intervenciones en el asunto piloto objeto de devolución equivaldría a «eludir» la suspensión del procedimiento en los asuntos T‑278/16 y T‑370/16, iniciados por los recursos interpuestos por las recurrentes. La admisibilidad de una intervención se aprecia con independencia de la suerte reservada al interesado que actúe en calidad de parte principal en otro litigio, a menos que el resultado de dicho litigio incida en su interés en intervenir. En particular, de reiterada jurisprudencia se desprende que la preclusión del demandante, que le impide impugnar una decisión de la que sea destinatario mediante un recurso directo, no se opone a que intervenga en el marco de un procedimiento iniciado por otro destinatario de la misma decisión. (20) Si la demanda de intervención admitida en estas condiciones no se considera un intento de eludir el plazo contencioso es porque la admisibilidad de la intervención se aprecia a la luz exclusivamente del interés del solicitante en la solución del litigio.
92.      Habida cuenta de las observaciones anteriores, la preocupación por garantizar un tratamiento eficaz del asunto piloto (21) no me parece justificar la privación de la condición de parte coadyuvante, cuyo reconocimiento confiere al interesado un derecho a participar en el litigio y las garantías correspondientes.
93.      En una situación como la controvertida en el presente asunto, en la que las partes coadyuvantes figuran entre los destinatarios de la decisión impugnada en el asunto piloto, parece conveniente concentrar el debate contencioso admitiendo la intervención de las partes que invocan un interés directo en la solución del litigio, que resulta determinante respecto del curso que debe darse a los asuntos suspendidos.
VI.    Conclusión
94.      Habida cuenta de las observaciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso de casación en el asunto C‑74/22 P.
–        Anule la decisión del Tribunal General contenida en el escrito de 6 de diciembre de 2021 en los asuntos C‑31/22 P y C‑32/22 P.
1      Lengua original: francés.
2      Artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y artículo 151, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
3      Artículo 142, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
4      Auto de 28 de junio de 2011, Verein Deutsche Sprache/Consejo (C‑93/11 P, no publicado, EU:C:2011:429), apartados 20 y 21.
5      Sentencia de 29 de julio de 2019, Bayerische Motoren Werke y Freistaat Sachsen/Comisión (C‑654/17 P, EU:C:2019:634) apartados 27 y 28.
6      Sentencias de 14 de abril de 1970, Nebe/Comisión (24/69, EU:C:1970:22), apartado 145, y de 10 de diciembre de 1980, Grasselli/Comisión (23/80, EU:C:1980:284), y auto de 7 de diciembre de 2004, Internationaler Hilfsfonds/Comisión (C‑521/03 P, no publicado, EU:C:2004:778), apartado 41.
7      Sentencia de 15 de diciembre de 1994, Bayer/Comisión (C‑195/91 P, EU:C:1994:412), apartado 26, y auto de 14 de enero de 2010, SGAE/Comisión (C‑112/09 P, EU:C:2010:16), apartado 20.
8      Una disposición similar es aplicable en el caso de una devolución posterior a un reexamen (artículo 222, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General).
9      Artículo 1, apartado 2, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
10      Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el asunto se devolverá al Tribunal General al término del procedimiento de casación cuando el Tribunal de Justicia no resuelva él mismo definitivamente el litigio porque su estado no lo permita.
11      Véase, Muguet-Poullenec, G., y Domenicucci, D. P., «L’intervention devant le Tribunal après l’entrée en vigueur du nouveau règlement de procédure: entre droit d’ingérence et urgence judiciaire», Revue Lamy de la concurrence, n.º 45, 2015.
12      Artículo 143, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Véase, asimismo, el punto 39 de las presentes conclusiones.
13      Véanse las sentencias de 23 de marzo de 1993, Gill/Comisión (T‑43/89 RV, EU:T:1993:24), y de 23 de septiembre de 2020, España y otros/Comisión (T‑515/13 RENV y T‑719/13 RENV, EU:T:2020:434).
14      Véanse, en particular, las sentencias de 24 de septiembre de 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Comisión (T‑586/14 RENV, EU:T:2019:668); de 14 de diciembre de 2018, Hamas/Consejo (T‑400/10 RENV, EU:T:2018:966); de 21 de noviembre de 2018, Stichting Greenpeace Nederland y PAN Europe/Comisión (T‑545/11 RENV, EU:T:2018:817); de 25 de enero de 2017, Rusal Armenal/Consejo (T‑512/09 RENV, EU:T:2017:26); de 15 de diciembre de 2016, DEI/Comisión, T‑169/08 RENV, EU:T:2016:733); de 2 de julio de 2015, France y Orange/Comisión (T‑425/04 RENV y T‑444/04 RENV, EU:T:2015:450), y de 14 de abril de 2015, Ayadi/Comisión (T‑527/09 RENV, no publicada, EU:T:2015:205).
15      Sentencia de 23 de septiembre de 2020 (T‑515/13 RENV y T‑719/13 RENV, EU:T:2020:434), apartado 65.
16      Véanse las sentencias de 16 de diciembre de 1999, Acciaierie di Bolzano/Comisión (T‑158/96, EU:T:1999:335), apartado 33; de 10 de febrero de 2000, Nederlandse Antillen/Comisión (T‑32/98 y T‑41/98, EU:T:2000:36), apartado 30; de 9 de septiembre de 2009, Diputación Foral de Álava y otros/Comisión (T‑30/01 a T‑32/01 y T‑86/02 a T‑88/02, EU:T:2009:314), apartado 95, y de 12 de abril de 2019, Deutsche Lufthansa/Comisión (T‑492/15, EU:T:2019:252), apartado 98.
17      Véanse, en particular, la sentencia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión (C‑199/92 P, EU:C:1999:358), apartado 52, y las conclusiones presentadas en dicho asunto por el Abogado General Cosmas (EU:C:1997:358), puntos 10 a 17.
18      A modo de ejemplo, una sociedad matriz que intervenga en un litigio relativo a la ayuda estatal concedida a una de sus filiales podría perder su legitimación para intervenir a raíz de la cesión de la empresa que se haya beneficiado de la ayuda controvertida.
19      Véase, en particular, la sentencia de 13 de septiembre de 2010, Grecia y otros/Comisión (T‑415/05, T‑416/05 y T‑423/05, EU:T:2010:386), apartados 64 y 65.
20      Véase, a modo de ejemplo, el auto de 17 de febrero de 2010, Fresh Del Monte Produce/Comisión (T‑587/08, EU:T:2010:42), apartados 30 a 32.
21      En el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 2019, Consejo/K. Chrysostomides & Co. y otros (C‑597/18 P, no publicado, EU:C:2019:743), el Tribunal de Justicia menciona en ese contexto el riesgo que las intervenciones presentan para el tratamiento de los asuntos piloto. Sin embargo, las observaciones formuladas a este respecto en el apartado 19 de este auto no me parecen decisivas. El auto en cuestión se dictó en un contexto fáctico muy diferente de los asuntos examinados en el presente asunto, con ocasión de un litigio relativo a una solicitud de indemnización, ya que las demandas de intervención fueron desestimadas por la falta de interés directo de las partes demandantes en la solución del litigio (véanse los apartados 14 a 17 de dicho auto). El Tribunal de Justicia únicamente examinó la posible incidencia de las intervenciones en la tramitación del asunto piloto con carácter subsidiario.