62023CJ0454
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 27 de febrero de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo — Protección internacional — Directiva 2011/95/UE — Estatuto de refugiado — Artículo 14, apartados 4, letra a), y 5 — Revocación o denegación del estatuto de refugiado en caso de peligro para la seguridad del Estado miembro de acogida — Comportamientos y actos anteriores a la entrada del solicitante en el territorio del Estado miembro de acogida — Procedencia — Validez — Artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 78 TFUE, apartado 1 — Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (“Convención de Ginebra”)»
En el asunto C‑454/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para la Protección Internacional, Chipre), mediante resolución de 19 de junio de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de julio de 2023, en el procedimiento entre
K. A. M.
y
República de Chipre,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. D. Gratsias (Ponente), E. Regan, J. Passer y B. Smulders, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de K. A. M., por la Sra. N. Charalambidou, dikigoros;
–
en nombre de la República de Chipre, por las Sras. F. Sotiriou y E. Symeonidou, en calidad de agentes;
–
en nombre de la República Federal de Alemania, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;
–
en nombre del Parlamento Europeo, por la Sra. I. Anagnostopoulou y el Sr. R. van de Westelaken, en calidad de agentes;
–
en nombre del Consejo de la Unión Europea, por la Sra. M. Balta y los Sres. M. Moore y K. Pleśniak, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. T. Adamopoulos y las Sras. A. Azéma, F. Blanc, J. Hottiaux y A. Katsimerou, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto, por un lado, la interpretación de los artículos 12 y 14, apartado 4, letra a), de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9), y del artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y, por otro lado, la validez del citado artículo 14, apartado 4, letra a), a la luz del artículo 78 TFUE, apartado 1, y del artículo 18 de la Carta.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre K. A. M. y la República de Chipre, representada por el Ypiresia Asylou (Servicio de Asilo, Chipre), en relación con la denegación por este de la solicitud presentada por aquel para que se le concediera el estatuto de refugiado, al considerar que el solicitante constituía un peligro para la seguridad de este Estado miembro.
Marco jurídico
Derecho internacional
3
El artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954)], que entró en vigor el 22 de abril de 1954 y fue completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, que entró a su vez en vigor el 4 de octubre de 1967 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra»), titulado «Definición del término “refugiado”», enuncia lo siguiente en su sección F:
«Las disposiciones de [la Convención de Ginebra] no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:
a)
que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b)
que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en él como refugiada;
c)
que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas.»
4
El artículo 33 de esta Convención, que lleva por título «Prohibición de expulsión y de devolución […]», establece:
«1.   Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
2.   Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.»
Derecho de la Unión
5
Los considerandos 21, 31 y 37 de la Directiva 2011/95 exponen lo siguiente:
«(21)
El reconocimiento del estatuto de refugiado es un acto declaratorio.
[…]
(31)
Los actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas se mencionan en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas y se incorporan, entre otros actos, en las Resoluciones de las Naciones Unidas relativas a las medidas adoptadas para combatir el terrorismo, en las que se declara que “los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas” y que “financiar intencionalmente actos de terrorismo, planificarlos e incitar a su comisión también es contrario a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.
[…]
(37)
El concepto de seguridad nacional y de orden público incluye también los casos en que un nacional de un tercer país pertenece a una asociación que apoya el terrorismo internacional o la respalda.»
6
El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Definiciones», dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
d)
“refugiado”: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12;
[…]».
7
El capítulo II de dicha Directiva, que lleva por título «Evaluación de las solicitudes de protección internacional» y comprende los artículos 4 a 8 de la Directiva, recoge los elementos pertinentes para acreditar la necesidad de protección internacional del solicitante. El capítulo III de la misma Directiva, que lleva por título «Requisitos para ser refugiado» y comprende los artículos 9 a 12 de la Directiva, enumera los criterios relativos a la condición de refugiado.
8
El artículo 12 de la Directiva 2011/95, titulado «Exclusión», establece en su apartado 2:
«Los nacionales de terceros países o los apátridas quedarán excluidos de ser refugiados en caso de que existan motivos fundados para considerar que:
a)
han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b)
han cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitidos como refugiados; es decir, antes de la expedición de un permiso de residencia basado en la concesión del estatuto de refugiado; los actos especialmente crueles, incluso si su comisión persigue un supuesto objetivo político, podrán catalogarse como delitos comunes graves;
c)
se han hecho culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas establecidos en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la carta de las Naciones Unidas.»
9
A tenor del artículo 13 de esta Directiva, titulado «Concesión del estatuto de refugiado»:
«Los Estados miembros concederán el estatuto de refugiado a los nacionales de terceros países o apátridas que reúnan los requisitos para ser refugiados con arreglo a los capítulos II y III.»
10
El artículo 14 de dicha Directiva, titulado «Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto [de refugiado]», enuncia lo siguiente en sus apartados 4 a 6:
«4.   Los Estados miembros podrán revocar el estatuto concedido a un refugiado por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o disponer la finalización de dicho estatuto o negarse a renovarlo, en caso de que:
a)
existan motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra;
b)
habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro.
5.   En las situaciones descritas en el apartado 4, los Estados miembros podrán decidir que se deniegue el estatuto en caso de que la decisión no se haya tomado aún.
6.   Las personas a las que se apliquen los apartados 4 o 5 gozarán de los derechos contemplados en los artículos 3, 4, 16, 22, 31, 32 y 33 de la Convención de Ginebra o de derechos similares a condición de que se encuentren en el Estado miembro.»
11
El artículo 21 de la misma Directiva, titulado «Protección contra la devolución», dispone:
«1.   Los Estados miembros respetarán el principio de no devolución con arreglo a sus obligaciones internacionales.
2.   Cuando no esté prohibido por las obligaciones internacionales mencionadas en el apartado 1, los Estados miembros podrán devolver a un refugiado, reconocido formalmente o no, si:
a)
existen motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra, o
b)
habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro.
3.   Los Estados miembros podrán revocar o poner fin al permiso de residencia, o negarse a renovarlo o a concederlo a un refugiado al que se aplique el apartado 2.»
12
El artículo 24 de la Directiva 2011/95, titulado «Permisos de residencia», enuncia lo siguiente en su apartado 1:
«Tan pronto como sea posible después de la concesión de la protección internacional, salvo en caso de que se opongan a ello motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público, y sin perjuicio del artículo 21, apartado 3, los Estados miembros expedirán a los beneficiarios del estatuto de refugiado un permiso de residencia válido como mínimo por tres años y renovable.
[…]»
Derecho chipriota
13
El artículo 5 de la Peri Prosfygon Nómos tou 2000 (Ley sobre Refugiados de 2000) [EE, anexo 6 (I), n.o 3383, 28.1.2000, p. 1], en su versión modificada (en lo sucesivo, «Ley sobre Refugiados»), titulado «Exclusión del solicitante», dispone:
«1)   El solicitante quedará excluido del estatuto de refugiado:
[…]
c)
en caso de que existan motivos fundados para considerar que:
i)
ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los convenios internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos; o
ii)
ha cometido un grave delito común en otro país antes de la expedición de un permiso de residencia basado en el reconocimiento del estatuto de refugiado; a efectos del presente inciso, el concepto de grave delito común incluye actos especialmente crueles, incluso si su comisión persigue un supuesto objetivo político; o
iii)
se ha hecho culpable de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas enunciados en el preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas; o
iv)
ha incitado a la comisión de alguno de los delitos o actos mencionados en los incisos i) a iii) o ha participado en ella de cualquier otro modo.
[…]»
14
El artículo 6A de la Ley sobre Refugiados establece:
«1)   Se revocará la condición de refugiado en caso de que el jefe del [Servicio de Asilo]:
[…]
c)
considere que, por motivos razonables, el interesado constituye un peligro para la seguridad de la República; o
d)
considere que el interesado constituye un peligro para la sociedad chipriota por haber sido objeto de una condena firme por un delito particularmente grave.
1A)   Cuando una persona perteneciente a una las categorías a que se refiere el apartado 1, letras c) y d), presente una solicitud, el jefe del [Servicio de Asilo] denegará, mediante resolución, la solicitud de concesión del estatuto de refugiado.
2)   Si, tras tramitar el expediente aplicando por analogía el procedimiento ordinario de examen de solicitudes establecido en el artículo 13, el jefe [del Servicio de Asilo] comprobase que se da alguna de las circunstancias mencionadas en el apartado 1, revocará la condición de refugiado del interesado mediante resolución escrita y motivada, en la que indicará los fundamentos de hecho y de Derecho en que se basa la resolución e informará al interesado de su derecho a recurrir contra ella […]
[…]
5)   Las personas a las que se aplique lo dispuesto en los apartados 1, letra b), o 1A gozarán, mientras se encuentren en los territorios bajo control del Gobierno de la República, de los derechos contemplados en los artículos 3, 4, 16, 22, 31, 32 y 33 de la [Convención de Ginebra].»
15
A tenor del artículo 29 de la Ley sobre Refugiados, titulado «Expulsión de los beneficiarios de protección internacional»:
«1)   El director del [Tmima Archeiou Plithysmou kai Metanastefsis (Servicio del Registro de Población e Inmigración, Chipre)] podrá decidir expulsar a un beneficiario de protección internacional en caso de que:
a)
existan motivos razonables para considerar que la persona de que se trate constituye un peligro para la seguridad de la República; […]
[…]
4)   Estará prohibido adoptar una orden de expulsión de un refugiado […] hacia un país donde peligre su vida o su libertad o donde esa persona corra el riesgo de sufrir tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes, o persecución por causa de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas, conflicto armado o catástrofe ecológica.
[…]
6)   Las personas a las que se aplique lo dispuesto en el apartado 1 gozarán, mientras se encuentren en los territorios bajo control del Gobierno de la República, de los derechos contemplados en los artículos 3, 4, 16, 22, 31, 32 y 33 de la [Convención de Ginebra].»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
16
El demandante en el litigio principal, K. A. M., nacional marroquí que entró ilegalmente en el territorio de la República de Chipre el 29 de diciembre de 2018, presentó, el 10 de enero de 2019, una solicitud de protección internacional ante el Servicio de Asilo.
17
El 28 de enero de 2019, la Grafeio Katapolemisis tis Tromokratias (Oficina de Lucha contra el Terrorismo, Chipre) envió una carta confidencial al Servicio de Asilo, en la que destacaba la peligrosidad del demandante en el litigio principal.
18
Según los datos comunicados al demandante en el litigio principal, a los que este hace referencia en sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia, dicha carta indicaba, en primer lugar, que la información obtenida por las autoridades de la República de Chipre identificaba al interesado como una persona que actuaba en favor de un grupo terrorista; en segundo lugar, que el interesado había incurrido en contradicciones, en particular acerca de los desplazamientos que había realizado con anterioridad a su entrada en el territorio nacional, y, en tercer lugar, que el demandante en el litigio principal era conocido por las autoridades policiales belga, española y francesa por diversas infracciones y había amenazado con poner una bomba en la embajada de Bélgica en Marruecos.
19
El 16 de abril de 2019, el Servicio de Asilo notificó al demandante en el litigio principal la denegación de la solicitud de protección internacional. A este respecto, dicho servicio «observ[ó] que exist[ían] motivos fundados para considerar que, si [K. A. M.] regresa[ba] a Marruecos, este sería objeto de persecución grave, tanto por parte de las autoridades del país como por parte de la sociedad», en razón de sus opiniones, y concluyó de ello que «de las mencionadas alegaciones de [K. A. M.] parec[ía] desprenderse que concurr[ían], por lo que a él se refer[ía], los elementos subjetivos y objetivos que permit[ían] acreditar que ha[bía] huido de su país de origen y que no dese[aba] regresar a él debido a temores fundados a ser perseguido por uno de los motivos contemplados en el artículo 3, apartado 1, de las Leyes sobre Refugiados de 2000 y de 2018». Sin embargo, habida cuenta de que las autoridades competentes identificaban al interesado como una persona peligrosa para la sociedad chipriota y para la seguridad de la República de Chipre, el citado servicio consideró que se daban las circunstancias previstas en el artículo 6A, apartados 1, letra c), y 1A, de la Ley sobre Refugiados y, en consecuencia, denegó la concesión del estatuto de refugiado.
20
El demandante en el litigio principal interpuso ese mismo día un recurso administrativo contra esa resolución ante la Anatheoritiki Archi Prosfygon (Autoridad de Recurso en Materia de Refugiados, Chipre; en lo sucesivo, «Autoridad de Recurso»), que confirmó dicha resolución el 30 de julio de 2019. Por motivos análogos a los expuestos en tal resolución, la Autoridad de Recurso consideró que «proced[ía] revocar el estatuto de refugiado [de K. A. M.] con arreglo al artículo 6A, apartados 1, letra c), y 1A, de las Leyes sobre Refugiados de 2000 y de 2018».
21
El 14 de octubre de 2019, el demandante en el litigio principal interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para la Protección Internacional, Chipre), que es el órgano jurisdiccional remitente, con objeto de que se anulara la resolución de la Autoridad de Recurso, de 30 de julio de 2019.
22
En el marco de dicho recurso, el demandante en el litigio principal sostiene, en esencia, que el órgano jurisdiccional remitente debe presentar una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia con el fin de que se dilucide si el artículo 14, apartado 4, letra a), de la Directiva 2011/95 puede interpretarse en el sentido de que permite revocar el estatuto de refugiado basándose en un comportamiento pasado o en actos supuestamente cometidos por el refugiado antes de entrar en el país de protección y fuera de este que no figuran entre los que constituyen motivos de exclusión del estatuto de refugiado y tampoco están incluidos en el artículo 33 de la Convención de Ginebra como comportamientos pasados anteriores a la entrada del interesado en el país de protección, y si, en caso de respuesta afirmativa a esa cuestión, tal interpretación de dicha disposición supone una ampliación de la lista exhaustiva de casos en que se permite excluir el estatuto de refugiado en virtud de la Convención de Ginebra.
23
La República de Chipre rebate ante el órgano jurisdiccional remitente la pertinencia de las cuestiones propuestas por el demandante en el litigio principal y aduce, además, que el concepto de «peligro para la seguridad del Estado» ya ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia y que los aspectos relativos a la seguridad nacional son de competencia exclusiva de los Estados miembros.
24
El órgano jurisdiccional remitente comienza señalando que es pacífico entre las partes del litigio principal que los hechos en que se basa la denegación de la concesión del estatuto de refugiado al demandante en el litigio principal guardan relación con un comportamiento pasado o con actos pasados de este, anteriores a su entrada en el territorio nacional.
25
A continuación, el órgano jurisdiccional remitente indica que, si bien el Tribunal de Justicia ya ha tratado cuestiones análogas a las planteadas en el presente asunto, dicho Tribunal no ha respondido aún específicamente a estas últimas.
26
A este respecto, por un lado, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de mayo de 2019, M y otros (Revocación del estatuto de refugiado) (C‑391/16, C‑77/17 y C‑78/17, EU:C:2019:403), se planteó al Tribunal de Justicia la cuestión de si las disposiciones de la Directiva 2011/95, en particular el artículo 14, apartados 4 a 6, de esta, que permiten a los Estados miembros retirar o denegar el estatuto de refugiado, constituían una cláusula de revocación o de exclusión no incluida en la Convención de Ginebra y si dichas disposiciones eran válidas a la luz de las normas de la Carta y del Tratado FUE en virtud de las cuales la política de asilo de la Unión Europea debe ser conforme con la Convención de Ginebra.
27
Además, el órgano jurisdiccional remitente apunta que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que las citadas disposiciones eran válidas y subrayó, más concretamente, que la revocación y la denegación del estatuto de refugiado no tienen por efecto privar a una persona que tiene temores fundados a ser perseguida en su país de origen de la condición de refugiado ni de los derechos que la Convención de Ginebra asocia a dicha condición, operando así una distinción entre el concepto de «condición de refugiado», en el sentido de la Convención de Ginebra, y el concepto de «estatuto de refugiado», tal como este viene definido en la Directiva 2011/95.
28
Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente observa que, en los apartados 100 a 105 de la sentencia de 9 de noviembre de 2010, B y D (C‑57/09 y C‑101/09, EU:C:2010:661), el Tribunal de Justicia consideró que los motivos de exclusión contemplados en el artículo 12, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (DO 2004, L 304, p. 12), cuya refundición ha efectuado la Directiva 2011/95, tienen por objeto sancionar actos cometidos en el pasado, pero precisó que cualquier peligro actual que represente eventualmente un refugiado para el Estado miembro de que se trate puede tomarse en consideración, no en el ámbito de dicha disposición, sino en el de los artículos 14, apartado 4, letra a), o 21, apartado 2, de tal Directiva.
29
En estas circunstancias, el Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo para la Protección Internacional) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Puede interpretarse el artículo 14, apartado 4, letra a), de la Directiva [2011/95], que prevé que el estatuto de refugiado podrá ser revocado cuando existan motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un peligro para la seguridad del Estado de protección, a la luz del artículo 78 TFUE, apartado 1, de la [Convención de Ginebra] y del artículo 18 de la [Carta], sobre el derecho de asilo, en el sentido de que permite la revocación del estatuto de refugiado en relación con comportamientos pasados o con presuntos actos cometidos por el refugiado antes de su entrada en el país de protección, que han tenido lugar fuera del país de protección y que no están comprendidos en la conducta que constituye motivo de exclusión del estatuto de refugiado, a la luz del artículo 1[, sección F,] de la [Convención de Ginebra] y del artículo 12 de la Directiva 2011/95, sobre la exclusión, que definen taxativamente los motivos por los que una persona puede quedar excluida del estatuto de refugiado?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la [primera cuestión prejudicial]: ¿es compatible el artículo 14, apartado 4, letra a), [de la Directiva 2011/95], así interpretado, con el artículo 18 de la Carta y con el artículo 78 TFUE, apartado 1, que prevén, entre otras cosas, la conformidad del Derecho derivado [de la Unión] con la Convención de Ginebra, cuya cláusula de exclusión, prevista en el artículo 1, sección F, [de esta], está formulada en términos taxativos y debe interpretarse de forma restrictiva?
3)
¿Cómo debe interpretarse el concepto de “peligro para la seguridad del Estado”, en el marco de la aplicación del artículo 14, apartado 4, letra a), de la Directiva [2011/95], a la luz del nivel extraordinariamente elevado del mismo concepto, previsto en el artículo 33, apartado 2, de la Convención de Ginebra, y de las graves consecuencias para el refugiado cuyo estatuto se revoca? En particular, ¿puede incluir dicho artículo una evaluación del peligro en relación con presuntos actos o comportamientos anteriores a la entrada en el país de protección? ¿Puede incluir el concepto de “peligro para la seguridad del Estado”, en el marco de la aplicación del artículo 14, apartado 4, letra [a)], de la Directiva [2011/95], actos o comportamientos del refugiado que no se hayan realizado en dicho Estado?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
30
Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al juez remitente una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce y, desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones que se le han planteado (sentencia de 5 de diciembre de 2023, Nordic Info, C‑128/22, EU:C:2023:951, apartado 46 y jurisprudencia citada).
31
Con carácter preliminar, cabe recordar que, conforme a las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad, el tenor de una disposición de este Derecho que, como ocurre con el artículo 14, apartados 4 y 5, de la Directiva 2011/95, no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme [véase, por analogía, la sentencia de 6 de julio de 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Delito de especial gravedad), C‑402/22, EU:C:2023:543, apartado 23 y jurisprudencia citada].
32
A este respecto, del tenor del artículo 14, apartado 4, de dicha Directiva se desprende claramente que la revocación del estatuto de refugiado implica que, previamente, ese estatuto haya sido «concedido a un refugiado por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial». En cambio, la posibilidad de denegar el estatuto de refugiado, prevista en el apartado 5 del citado artículo, presupone que la decisión sobre la concesión de tal estatuto «no se haya tomado aún».
33
En el presente asunto, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente únicamente solicita la interpretación del artículo 14, apartado 4, letra a), de la Directiva 2011/95, relativo a la revocación del estatuto de refugiado.
34
Ahora bien, de la resolución de remisión se desprende que el Servicio de Asilo, mediante resolución notificada el 16 de abril de 2019, denegó la solicitud de protección internacional presentada por el demandante en el litigio principal el 10 de enero de 2019. Como confirmó el órgano jurisdiccional remitente en la respuesta a una petición de información del Tribunal de Justicia, dicha resolución no fue precedida por ninguna otra resolución anterior mediante la que un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial de la República de Chipre hubiera concedido el estatuto de refugiado al demandante en el litigio principal, en el sentido del artículo 14, apartado 4, de la Directiva 2011/95.
35
Es cierto que, en su respuesta a la petición de información del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente indicó que el Servicio de Asilo terminó denegando la solicitud de protección internacional del demandante en el litigio principal tras concluir que concurrían los elementos necesarios que permitían acreditar que esa persona albergara temores fundados a ser perseguida en su país de origen, es decir, tras decidir reconocerle el estatuto de refugiado y, por ende, aceptar su solicitud de dicho estatuto. Según el órgano jurisdiccional remitente, de ello resultaba que la denegación final de esa solicitud podía considerarse una «revocación». Además, el órgano jurisdiccional remitente señaló que la resolución de la Autoridad de Recurso revocó expresamente dicho estatuto.
36
Sin embargo, cabe recordar que, como ha declarado el Tribunal de Justicia, el artículo 14, apartados 4 y 5, de la Directiva 2011/95 no puede interpretarse en el sentido de que, en el contexto del sistema establecido por esta Directiva, la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de su concesión tenga por efecto que el nacional de un tercer país o el apátrida en cuestión que reúna los requisitos que figuran en el artículo 2, letra d), de dicha Directiva, en relación con las disposiciones del capítulo III de esta, pierda la condición de refugiado, en el sentido del citado artículo 2, letra d), y del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra. En efecto, la circunstancia de que la persona de que se trate esté comprendida en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 14, apartados 4 y 5, de la Directiva 2011/95 no significa que deje de cumplir los requisitos materiales de los que depende la condición de refugiado, relativos a la existencia de temores fundados a ser perseguido en su país de origen [sentencia de 14 de mayo de 2019, M y otros (Revocación del estatuto de refugiado), C‑391/16, C‑77/17 y C‑78/17, EU:C:2019:403, apartados 97 y 98].
37
Por lo tanto, contrariamente a lo que parece considerar el órgano jurisdiccional remitente, el hecho de que, en la motivación de una resolución mediante la que se deniega la concesión del «estatuto» de refugiado, la autoridad competente afirme que el solicitante de protección internacional de que se trate cumple los requisitos materiales de la Directiva 2011/95 de los que depende la «condición» de refugiado no significa necesariamente que dicha resolución deba analizarse como una revocación de ese «estatuto». A pesar de tal afirmación, cuando los Estados miembros aún no han concedido dicho estatuto, tienen precisamente la facultad de denegarlo, sobre la base del artículo 14, apartado 5, de esa Directiva, en particular en caso de que existan motivos razonables para considerar que el solicitante de que se trate constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra, en el sentido del artículo 14, apartado 4, letra a), de dicha Directiva.
38
En estas circunstancias, procede considerar que, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente se refiere tanto al supuesto de revocación del estatuto de refugiado como a la denegación de tal estatuto en la situación descrita en el artículo 14, apartado 4, letra a), de la Directiva 2011/95 y que, por consiguiente, no solo solicita la interpretación de esta disposición, sino también la del artículo 14, apartado 5, de esta Directiva. Corresponderá pues al órgano jurisdiccional remitente comprobar, sobre la base de las indicaciones proporcionadas en los apartados 32 a 37 de la presente sentencia, si la resolución inicial del Servicio de Asilo y la resolución de la Autoridad de Recurso controvertidas en el litigio principal deben considerarse resoluciones de revocación del estatuto de refugiado o resoluciones de denegación de tal estatuto.
Cuestiones prejudiciales primera y tercera
39
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, en esencia, si el artículo 14, apartados 4, letra a), y 5, de la Directiva 2011/95, en relación con el artículo 78 TFUE, apartado 1, y el artículo 18 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede revocar el estatuto de refugiado o decidir que se deniegue cuando los motivos razonables para considerar que el refugiado constituye un peligro para la seguridad de ese Estado miembro se basen en actos o comportamientos de aquel anteriores a su entrada en el territorio de dicho Estado miembro, habida cuenta, por un lado, del hecho de que esos actos o comportamientos no constituyen motivos de exclusión del estatuto de refugiado expresamente contemplados en el artículo 1, sección F, de la Convención de Ginebra y en el artículo 12 de la Directiva y, por otro lado, de las condiciones aplicables al concepto de «peligro para la seguridad del país» establecidas en el artículo 33, apartado 2, de la citada Convención y de las graves consecuencias que se derivan de ellas para el refugiado.
40
En primer lugar, por lo que respecta a la cuestión de si la expresión «motivos razonables para considerar que [el refugiado] constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra», en el sentido del artículo 14, apartado 4, letra a), de la Directiva 2011/95, puede referirse a actos o comportamientos del refugiado anteriores a su entrada en el territorio del Estado miembro de que se trate, debe señalarse que ninguna disposición de esta Directiva define el sentido y el alcance de esta expresión. Por lo tanto, esta debe interpretarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta igualmente el contexto en el que se utiliza y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de la que forma parte [véase, por analogía, la sentencia de 6 de julio de 2023, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Delito de especial gravedad), C‑402/22, EU:C:2023:543, apartado 24 y jurisprudencia citada].
41
Para empezar, en cuanto al sentido habitual en el lenguaje corriente de la expresión «motivos razonables para considerar que [el refugiado] constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra», ha de indicarse que, habida cuenta de su carácter general, esa expresión no parece referirse a ninguna limitación de los «motivos razonables» geográfica, temporal o relativa a la naturaleza de los hechos en que se basan tales motivos (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság y otros, C‑159/21, EU:C:2022:708, apartado 89 y jurisprudencia citada).
42
A continuación, en cuanto al contexto en el que se utiliza dicha expresión, hay que subrayar que, a diferencia del artículo 14, apartado 4, letra b), de la Directiva 2011/95, que se refiere a dos elementos acumulativos relativos a la existencia, por un lado, de una condena por sentencia firme por un delito de especial gravedad y, por otro lado, de un peligro para la comunidad del Estado miembro en el que se encuentre el nacional de un tercer país de que se trate, el artículo 14, apartado 4, letra a), de esta Directiva permite retirar el estatuto de refugiado a un nacional de un tercer país que constituya un peligro para la seguridad de ese Estado miembro con independencia de que exista una condena [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Refugiado que ha cometido un delito grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, apartados 30 y 40].
43
Por último, en cuanto al objetivo del artículo 14, apartado 4, letra a), de la Directiva 2011/95, procede señalar que, al referirse a «un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra», esta disposición pretende evitar el riesgo de menoscabo de esa seguridad que podría producirse por la presencia del interesado en el territorio de ese Estado miembro en el momento en que la autoridad competente se pronuncia o en un momento posterior.
44
Por otra parte, esta disposición constituye una excepción a la norma, enunciada en el artículo 13 de la citada Directiva, según la cual los Estados miembros concederán el estatuto de refugiado a los nacionales de terceros países que reúnan los requisitos para ser refugiados y, por consiguiente, debe ser objeto de una interpretación estricta [véase, por analogía, la sentencia de 6 de julio de 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Refugiado que ha cometido un delito grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, apartado 32 y jurisprudencia citada].
45
Sin embargo, ciertos actos o comportamientos pasados imputables a esa persona pueden constituir circunstancias pertinentes para determinar su tendencia a mantener en el futuro tales comportamientos o a reiterar tales actos, habida cuenta, en especial, de la gravedad de esos comportamientos o de esos actos, del tiempo que haya transcurrido desde su realización y de los eventuales acontecimientos posteriores [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Refugiado que ha cometido un delito grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, apartados 63 y 64 y jurisprudencia citada].
46
Así pues, la autoridad competente no puede excluir tomar en consideración actos o comportamientos pasados imputables al refugiado por el mero hecho de que se produjeron antes de la entrada de este en el territorio del Estado miembro en el que se encuentra.
47
Como subraya el Gobierno alemán, la necesidad de tener en cuenta tales actos o comportamientos parece imponerse con mayor motivo cuando la autoridad competente ha de pronunciarse por primera vez sobre una solicitud de concesión del estatuto de refugiado presentada por un solicitante de protección internacional que ha entrado en el territorio poco tiempo antes. En efecto, de no ser así, la evaluación del peligro que puede representar el refugiado para la seguridad del Estado miembro de que se trate podría resultar excesivamente difícil en la práctica. En ese supuesto, el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2011/95, que, precisamente, autoriza a los Estados miembros a denegar el estatuto de refugiado en dicha situación, quedaría privado de parte de su efecto útil.
48
En segundo lugar, por lo que respecta a la naturaleza de los actos o comportamientos anteriores a la entrada del refugiado en el territorio de un Estado miembro que pueden tenerse en cuenta con el fin de evaluar el peligro para la seguridad de ese Estado miembro, debe subrayarse que el artículo 14, apartado 4, letra a), de la Directiva 2011/95 se refiere a un tipo de peligro distinto del que es objeto del artículo 14, apartado 4, letra b), de esta Directiva, que se refiere a un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro [sentencia de 6 de julio de 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Refugiado que ha cometido un delito grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, apartado 41].
49
Más precisamente, el concepto de «seguridad del Estado miembro en el que se encuentra [el refugiado]» al que hace referencia el artículo 14, apartado 4, letra a), de la Directiva 2011/95 corresponde al de «seguridad nacional» que se menciona en el artículo 24, apartado 1, de esta Directiva. A este respecto, procede tomar en consideración el criterio jurisprudencial del Tribunal de Justicia según el cual el concepto de «seguridad pública», en el sentido del artículo 28, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35), comprende tanto la seguridad interior de un Estado miembro como su seguridad exterior, de modo que, por ende, el ataque al funcionamiento de las instituciones y de los servicios públicos esenciales o a la supervivencia de la población, el riesgo de una perturbación grave de las relaciones exteriores o de la coexistencia pacífica de los pueblos o también el ataque a intereses militares pueden afectar a la seguridad pública (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2015, T., C‑373/13, EU:C:2015:413, apartado 78 y jurisprudencia citada).
50
En particular, como se indica en el considerando 37 de la Directiva 2011/95, el concepto de «seguridad nacional» incluye también los casos en que un nacional de un tercer país pertenece a una asociación que apoya el terrorismo internacional o la respalda.
51
Por consiguiente, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente determinar si la información que la Oficina de Lucha contra el Terrorismo transmitió al Servicio de Asilo, en la que se hacía referencia al comportamiento del demandante en el litigio principal y a hechos que le atañían acaecidos antes de su entrada en el territorio nacional, puede hacer temer un riesgo de ataque a la seguridad interior o exterior del Estado miembro de que se trata, tal como ha sido definido por el criterio jurisprudencial recordado en el apartado 49 de la presente sentencia.
52
Por otra parte, el hecho de que el artículo 14, apartado 4, letra a), de la Directiva 2011/95 haga referencia a «motivos razonables para considerar» que el solicitante de protección internacional constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro de que se trate, mientras que el artículo 14, apartado 4, letra b), de esta Directiva se refiere al supuesto en que, habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, dicho solicitante «constituye» un peligro para la comunidad de ese Estado miembro, tiende a indicar que la primera disposición puede cubrir no solo un peligro real y actual, sino también un peligro potencial [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 2 de abril de 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa (Mecanismo temporal de reubicación de solicitantes de protección internacional), C‑715/17, C‑718/17 y C‑719/17, EU:C:2020:257, apartado 157 y jurisprudencia citada, y de 6 de julio de 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Refugiado que ha cometido un delito grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, apartados 52 y 53].
53
Sin embargo, al aplicar el artículo 14, apartados 4, letra a), y 5, de la Directiva 2011/95, incumbe a la autoridad competente proceder, en cada caso individual, a una evaluación de todas las circunstancias propias de ese caso [sentencia de 6 de julio de 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Refugiado que ha cometido un delito grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, apartado 61 y jurisprudencia citada], teniendo en cuenta, en particular, los aspectos a que se ha hecho referencia en el apartado 45 de la presente sentencia.
54
En efecto, del tenor de dichas disposiciones resulta que la autoridad competente debe disponer de un margen de apreciación para decidir si consideraciones relativas a la seguridad nacional del Estado miembro de que se trate deben dar lugar a la revocación del estatuto de refugiado o a la denegación de este, lo que excluye que la constatación de la existencia de un peligro para dicha seguridad implique automáticamente tal decisión. Además, el alcance de la información facilitada por órganos encargados de funciones especializadas relacionadas con la seguridad nacional y la pertinencia de tal información para dicha decisión deben ser apreciados libremente por la citada autoridad (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság y otros, C‑159/21, EU:C:2022:708, apartados 81 y 83).
55
En tercer lugar, la consideración de actos o comportamientos pasados imputables al refugiado o al solicitante de protección internacional no puede verse limitada por el hecho de que dichos actos o comportamientos no constituyan motivos de exclusión del estatuto de refugiado contemplados expresamente en el artículo 1, sección F, de la Convención de Ginebra y en el artículo 12 de la Directiva 2011/95.
56
A este respecto, procede recordar que, aunque la Unión no sea parte contratante en la Convención de Ginebra, el artículo 78 TFUE, apartado 1, y el artículo 18 de la Carta la obligan a cumplir las normas de esta Convención. Así pues, la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2011/95 debe efectuarse con observancia de la Convención de Ginebra y de los demás tratados pertinentes a los que se hace referencia en el artículo 78 TFUE, apartado 1, y de los derechos reconocidos en la Carta, en particular en el artículo 18 de esta [véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de marzo de 2016, Alo y Osso, C‑443/14 y C‑444/14, EU:C:2016:127, apartado 29 y jurisprudencia citada, y de 14 de mayo de 2019, M y otros (Revocación del estatuto de refugiado), C‑391/16, C‑77/17 y C‑78/17, EU:C:2019:403, apartado 74].
57
Sin embargo, la distinción existente entre, por un lado, las causas de exclusión del artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2011/95, que se encuentra en el capítulo III de esta, en virtud de las cuales los nacionales de un tercer Estado «quedarán excluidos de ser refugiados», y, por otro lado, los motivos de revocación o de denegación del estatuto de refugiado previstos en el artículo 14, apartados 4 y 5, de dicha Directiva refleja, en esencia, la distinción existente entre el artículo 1, sección F, de la Convención de Ginebra y el artículo 33, apartado 2, de esta [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Refugiado que ha cometido un delito grave), C‑8/22, EU:C:2023:542, apartado 34 y jurisprudencia citada].
58
En particular, del tenor del citado artículo 12, apartado 2, se desprende que, cuando se dan las circunstancias que en él se recogen, las personas interesadas «quedarán excluid[a]s» del estatuto de refugiado. Además, en el sistema de la Directiva 2011/95, el artículo 2, letra d), de esta subordina expresamente la condición de «refugiado» al hecho de que el interesado no esté comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 12 de dicha Directiva (véase, por analogía, con respecto a la Directiva 2004/83, la sentencia de 9 de noviembre de 2010, B y D, C‑57/09 y C‑101/09, EU:C:2010:661, apartado 107). En cambio, como se ha recordado en el apartado 36 de la presente sentencia, la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de su concesión, sobre la base del artículo 14, apartados 4 y 5, de la Directiva 2011/95, no tiene por efecto que el nacional de un tercer país de que se trate pierda la condición de refugiado, en el sentido del artículo 2, letra d), de esta Directiva y del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra.
59
En cuarto lugar, procede señalar que los supuestos en que los Estados miembros pueden revocar el estatuto de refugiado, con arreglo al apartado 4 del artículo 14 de la Directiva 2011/95, o decidir que se deniegue ese estatuto, de conformidad con el apartado 5 de ese mismo artículo, se corresponden esencialmente con los supuestos en que los Estados miembros pueden proceder a la devolución de un refugiado en virtud del artículo 21, apartado 2, de dicha Directiva y del artículo 33, apartado 2, de la Convención de Ginebra [sentencia de 14 de mayo de 2019, M y otros (Revocación del estatuto de refugiado), C‑391/16, C‑77/17 y C‑78/17, EU:C:2019:403, apartado 93].
60
Sin embargo, cuando la devolución de un refugiado comprendido en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 14, apartados 4 y 5, y en el artículo 21, apartado 2, de la Directiva 2011/95 lo ponga en riesgo de que se violen los derechos fundamentales que se le reconocen en los artículos 4 y 19, apartado 2, de la Carta, que prohíben en términos absolutos la tortura y las penas o los tratos inhumanos o degradantes, con independencia del comportamiento de la persona afectada, así como la expulsión a un Estado en el que exista un grave riesgo de que una persona sea sometida a tales tratos, el Estado miembro en cuestión no puede aplicar una excepción al principio de no devolución en virtud del artículo 33, apartado 2, de la Convención de Ginebra [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2019, M y otros (Revocación del estatuto de refugiado), C‑391/16, C‑77/17 y C‑78/17, EU:C:2019:403, apartados 94 y 95].
61
Así las cosas, habida cuenta de que el artículo 14, apartados 4 y 5, de la Directiva 2011/95 establece, en los supuestos que contempla, la posibilidad de que los Estados miembros revoquen el estatuto de refugiado o denieguen la concesión de este estatuto, mientras que el artículo 33, apartado 2, de la Convención de Ginebra permite, por su parte, la devolución del refugiado que se halla en alguno de esos supuestos a un país donde peligre su vida o su libertad, el Derecho de la Unión consagra una protección internacional de los refugiados en cuestión más amplia que la garantizada por dicha Convención [sentencia de 14 de mayo de 2019, M y otros (Revocación del estatuto de refugiado), C‑391/16, C‑77/17 y C‑78/17, EU:C:2019:403, apartado 96].
62
Por consiguiente, no puede considerarse que la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de este, con arreglo al artículo 14, apartados 4 y 5, de la Directiva 2011/95, implique tomar posición sobre una cuestión distinta, como es determinar si esa persona puede ser expulsada a su país de origen [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2023, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Refugiado que ha cometido un delito grave), C‑663/21, EU:C:2023:540, apartado 41 y jurisprudencia citada].
63
Por lo tanto, en el marco de la ponderación entre, por un lado, la apreciación del peligro que representa el refugiado para la seguridad del Estado miembro en el que reside con el fin de determinar si ese peligro justifica la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de este y, por otro lado, las consecuencias de esa revocación o de esa denegación en la situación del refugiado, no procede referirse a un nivel de gravedad del peligro tal que pueda autorizar la devolución del interesado a su país de origen en las condiciones definidas en el artículo 33, apartado 2, de la Convención de Ginebra.
64
Más particularmente, algunas circunstancias que no presentan un nivel de gravedad que autorice la devolución del solicitante pueden, no obstante, considerarse «motivos razonables» que justifiquen que se le deniegue un permiso de residencia (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2015, T., C‑373/13, EU:C:2015:413, apartado 75).
65
Efectivamente, la referencia a «motivos razonables» para considerar que el solicitante de protección internacional o el refugiado representa un peligro para la seguridad del Estado miembro de acogida otorga claramente un amplio margen de apreciación a dicho Estado [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 2 de abril de 2020, Comisión/Polonia, Hungría y República Checa (Mecanismo temporal de reubicación de solicitantes de protección internacional), C‑715/17, C‑718/17 y C‑719/17, EU:C:2020:257, apartado 156].
66
De todas las consideraciones anteriores resulta que procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y tercera que el artículo 14, apartados 4, letra a), y 5, de la Directiva 2011/95, en relación con el artículo 78 TFUE, apartado 1, y el artículo 18 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede revocar el estatuto de refugiado o decidir que se deniegue cuando los motivos razonables para considerar que el refugiado constituye un peligro para la seguridad de ese Estado miembro, en el sentido del artículo 14, apartado 4, letra a), de esta Directiva, se basen en actos o comportamientos de aquel anteriores a su entrada en el territorio de dicho Estado miembro. Carece de incidencia que esos actos o comportamientos no constituyan motivos de exclusión del estatuto de refugiado expresamente contemplados en el artículo 1, sección F, de la Convención de Ginebra y en el artículo 12 de dicha Directiva. Para apreciar, por un lado, el nivel de gravedad del peligro que justifica la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de este y, por otro lado, las consecuencias de esa revocación o de esa denegación en la situación del refugiado, no procede referirse a las condiciones aplicables al concepto de «peligro para la seguridad del país» establecidas en el artículo 33, apartado 2, de la citada Convención ni a las graves consecuencias que se derivan de ellas para el refugiado.
Segunda cuestión prejudicial
67
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, en esencia, si, en caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y tercera, el artículo 14, apartados 4, letra a), y 5, de la Directiva 2011/95 es válido a la luz del artículo 78 TFUE, apartado 1, y del artículo 18 de la Carta, habida cuenta de que estas disposiciones exigen que se respete la Convención de Ginebra, en particular, el artículo 1, sección F, de esta.
68
Con carácter preliminar, procede recordar que, en virtud del artículo 78 TFUE, apartado 1, y del artículo 18 de la Carta, la Directiva 2011/95 debe ajustarse a las normas de la Convención de Ginebra [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2019, M y otros (Revocación del estatuto de refugiado), C‑391/16, C‑77/17 y C‑78/17, EU:C:2019:403, apartado 74 y jurisprudencia citada].
69
Sin embargo, como se ha recordado en el apartado 57 de la presente sentencia, debe tenerse en cuenta la distinción existente entre, por un lado, las causas de exclusión del artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2011/95, que se encuentra en el capítulo III de esta, en virtud de las cuales los nacionales de un tercer Estado «quedarán excluidos de ser refugiados», y, por otro lado, los motivos de revocación o de denegación del estatuto de refugiado previstos en el artículo 14, apartados 4 y 5, de dicha Directiva, que refleja, en esencia, la distinción existente entre el artículo 1, sección F, de la Convención de Ginebra y el artículo 33, apartado 2, de esta.
70
Así pues, habida cuenta de que, como se ha expuesto en el apartado 36 anterior, en la sentencia de 14 de mayo de 2019, M y otros (Revocación del estatuto de refugiado) (C‑391/16, C‑77/17 y C‑78/17, EU:C:2019:403), apartado 97, el Tribunal de Justicia declaró que la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de su concesión, sobre la base del artículo 14, apartados 4 y 5, de la Directiva 2011/95, no tiene por efecto que el nacional de un tercer país de que se trate pierda la condición de refugiado, en el sentido del artículo 2, letra d), de esta Directiva y del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra, no puede interpretarse que el citado artículo 14, apartados 4 y 5, añada nuevos motivos de exclusión de la condición de refugiado a los contemplados en el artículo 12, apartado 2, de dicha Directiva y en el artículo 1, sección F, de esta Convención.
71
Por lo demás, procede señalar que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia concluyó que el examen del artículo 14, apartados 4 a 6, de la Directiva 2011/95 no revelaba ningún elemento que pudiera afectar a la validez de esta disposición a la luz del artículo 78 TFUE, apartado 1, y del artículo 18 de la Carta [sentencia de 14 de mayo de 2019, M y otros (Revocación del estatuto de refugiado), C‑391/16, C‑77/17 y C‑78/17, EU:C:2019:403, apartado 112]. Pues bien, de las consideraciones anteriores resulta que el examen del artículo 14, apartados 4, letra a), y 5, de dicha Directiva en el presente asunto no ha revelado ningún elemento nuevo que pueda poner en entredicho esa conclusión por lo que respecta a esta última disposición.
72
Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede concluir que el examen del artículo 14, apartados 4, letra a), y 5, de la Directiva 2011/95 no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de esta disposición a la luz del artículo 78 TFUE, apartado 1, y del artículo 18 de la Carta.
Costas
73
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
1)
El artículo 14, apartados 4, letra a), y 5, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, en relación con el artículo 78 TFUE, apartado 1, y con el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
un Estado miembro puede revocar el estatuto de refugiado o decidir que se deniegue cuando los motivos razonables para considerar que el refugiado constituye un peligro para la seguridad de ese Estado miembro, en el sentido del artículo 14, apartado 4, letra a), de esta Directiva, se basen en actos o comportamientos de aquel anteriores a su entrada en el territorio de dicho Estado miembro. Carece de incidencia que esos actos o comportamientos no constituyan motivos de exclusión del estatuto de refugiado expresamente contemplados en el artículo 1, sección F, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, que entró en vigor el 22 de abril de 1954 y fue completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, que entró a su vez en vigor el 4 de octubre de 1967, y en el artículo 12 de dicha Directiva. Para apreciar, por un lado, el nivel de gravedad del peligro que justifica la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de este y, por otro lado, las consecuencias de esa revocación o de esa denegación en la situación del refugiado, no procede referirse a las condiciones aplicables al concepto de «peligro para la seguridad del país» establecidas en el artículo 33, apartado 2, de la citada Convención ni a las graves consecuencias que se derivan de ellas para el refugiado.
2)
El examen del artículo 14, apartados 4, letra a), y 5, de la Directiva 2011/95 no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de esta disposición a la luz del artículo 78 TFUE, apartado 1, y del artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: griego.