61986J0305
INFORME PARA LA VISTA
presentado en los asuntos acumulados C-305/86 y C-160/87 (
*1
)
I. Exposición de los hechos
En octubre de 1985, el Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (en lo sucesivo, «Gimelec»), apoyado por otras cuatro asociaciones nacionales de electrónica, presentó a la Comisión una petición de reconsideración de determinadas medidas antidumping, con arreglo al artículo 14 del Reglamento (CEE) n° 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (DO L 201, p. 1; EE 11/21, p. 3). Esta petición pretendía que se reconsideraran las resoluciones de aceptar los compromisos de precios suscritos por los exportadores afectados por un procedimiento antidumping anterior relativo a las importaciones de motores eléctricos polifásicos normalizados con una potencia superior a 0,75 kW hasta 75 kW inclusive (en lo sucesivo_«motores eléctricos»), originarios de Bulgaria, de Polonia, de la República Democrática Alemana, de Rumania y de Checoslovaquia [Reglamento (CEE) n° 2075/82 del Consejo, de 28 de julio de 1982 (DO L 220, p. 36)], de Hungría [Reglamento (CEE) n° 724/82 de la Comisión, de 30 de marzo de 1982 (DO L 85, p. 9)] y de la Unión Soviética [Decisión 84/189/CEE de la Comisión, de 2 de abril de 1984 (DO L 95, p. 28)].
Ante dicha petición de reconsideración, la Comisión emitió en noviembre de 1985 un dictamen de reapertura de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de motores eléctricos originarios de los países antes citados (DO C 305, p. 2) y abrió una investigación.
El 30 de septiembre de 1986, el Consejo, mediante el Reglamento (CEE) n° 3018/86, derogó su Reglamento n° 2075/82 relativo a la aceptación de los compromisos suscritos por los exportadores de Bulgaria, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania y Checoslovaquia (DO L 280, p. 66). Mediante Reglamento (CEE) n° 3019/86, del mismo día, la Comisión derogó su Reglamento n° 724/82 y su Decisión 84/189 relativa a la aceptación de los compromisos suscritos por los exportadores húngaros y soviéticos respectivamente y estableció un derecho antidumping provisional respecto a las importaciones de motores eléctricos originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Rumania, Checoslovaquia y Unión Soviética (DO L 280, p. 68). Por tratarse de importaciones procedentes de países que no tienen una economía de mercado, el valor normal se determinó basándose en los precios vigentes en el mercado sueco. Con arreglo al apartado 3 del artículo 2 de dicho Reglamento, el importe del derecho antidumping en el caso de importadores asociados a un exportador, para cada tipo de motor, corresponderá a la diferencia entre el precio al que se vuelva a vender por primera vez el producto importado a un comprador independiente y el precio mencionado en el anexo B del Reglamento.
Mediante el Reglamento (CEE) n° 254/87 del Consejo, de 26 de enero de 1987 (DO L 26 p. 1), se prorrogó la validez del derecho provisional por un período de dos meses.
A petición de las asociaciones de productores comunitarios antes citadas, la Comisión, en noviembre de 1986, extendió el procedimiento antidumping a las importaciones de motores eléctricos originarios de Yugoslavia (DO C 282, p. 2).
El 23 de marzo de 1987, el Consejo adoptó el Reglamento (CEE) n° 864/87, por el que se establece un derecho antidumping definitivo respecto de las importaciones de motores eléctricos, originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética, y por el que se establece la percepción definitiva de los importes garantizados en concepto de derecho provisional (DO L 83, p. 1). El valor normal de las importaciones de referencia se estableció basándose en la media ponderada de los precios de venta interiores de los productores yugoslavos. Por lo que respecta a los precios de exportación, en el noveno considerando del Reglamento se expone que se tuvieron en cuenta «los precios realmente pagados o por pagar para su exportación a cada uno de los principales mercados de la Comunidad» y que «éste ha sido el caso incluso para los importadores relacionados, teniendo en cuenta el hecho de que una comparación entre el valor normal y los precios de transferencia hacía surgir tales márgenes de dumping que incluso una reconstrucción de los precios a la exportación no habría influido en el nivel de la medida finalmente adoptada». Conforme al apartado 3 del artículo 1 de dicho Reglamento, el importe del derecho antidumping corresponderá para cada tipo de motor a la diferencia entre el precio unitario neto, franco frontera de la Comunidad, sin despacho de aduana, y el precio mínimo que se menciona en el anexo. En el caso de importadores asociados, el precio unitario neto franco frontera de la Comunidad corresponderá, con arreglo al apartado 4 de dicha disposición, al valor en aduana tal y como sería determinado conforme al artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 1224/80 del Consejo, de 28 de mayo de 1980, referente al valor en aduana de las mercancías (DO L 134, p. 1; EE 02/06, p. 224). Si el valor en aduana de las mercancías no se pudiese determinar (de este modo) se determinará conforme al apartado 3 del artículo 2 del ùltimo Reglamento.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de diciembre de 1986, la sociedad alemana Neotype Techmashexport GmbH (en lo sucesivo, «Neotype»), de la que es accionista la sociedad soviètica exportadora de motores eléctricos Energomachexport, interpuso, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, un recurso con el fin de obtener la anulación del citado Reglamento n° 3019/86 de la Comisión, que establece un derecho antidumping provisional con respecto a las importaciones de motores eléctricos originarios de la Unión Soviética y de algunos otros países de Europa del Este (asunto C-305/86).
Mediante auto de 8 de mayo de 1987, el Tribunal de Justicia admitió la intervención de Gimelec en el asunto C-305/86, en apoyo de las pretensiones de la parte demandada.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de junio de 1987, Neotype interpuso, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, un recurso con el fin de obtener la anulación del citado Reglamento n° 864/87 del Consejo, por el que se establece un derecho antidumping definitivo respecto de las importaciones de motores eléctricos originarios de Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana, Checoslovaquia y la Unión Soviética, y por el que se establece la percepción definitiva de los importes garantizados en concepto de derecho provisional (asunto C-160/87).
Mediante autos de 30 de septiembre y 15 de octubre de 1987, el Tribunal de Justicia admitió la intervención de Gimelec y de la Comisión de las Comunidades Europeas en el asunto C-160/87, en apoyo de las pretensiones de la parte demandada.
Mediante auto de 11 de noviembre de 1987, el Tribunal de Justicia acumuló los asuntos C-305/86 y C-160/87 a efectos de la fase oral y de la sentencia, como también la excepción de inadmisibilidad presentada por Gimelec en cuanto al fondo del asunto C-305/86, sin perjuicio de la admisibilidad de la presente demanda.
Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia acordó atribuir el asunto a la Sala Quinta y decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.
II. Pretensiones de las partes
1. En el asunto C-305/86
Neotype solicita al Tribunal de Justicia:
—
Anule el artículo 2 del Reglamento n° 3019/86 de la Comisión, de 30 de septiembre de 1986, en la medida en que afecta a la importación por parte de la demandante de motores eléctricos originarios de la Unión Soviética.
—
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
La parte coadyuvante Gimelec solicita al Tribunal de Justicia:
—
Acuerde la inadmisión del recurso.
—
Subsidiariamente, desestime el recurso por infundado.
—
Condene en costas a la demandante.
2. En el asunto C-160/87
Neotype solicita al Tribunal de Justicia:
—
Anule el artículo 1 del Reglamento n° 864/87 del Consejo, de 23 de marzo de 1987, en la medida en que afecta a la importación por parte de la demandante de motores eléctricos originarios de la Unión Soviética.
—
Anule el artículo 2 de dicho Reglamento en la medida en que se refiere a las importaciones originarias de la Unión Soviética y tiene por objeto la percepción definitiva de las cantidades depositadas como garantía por la demandante.
—
Condene en costas al Consejo.
El Consejo, apoyado por Gimelec y la Comisión, solicita al Tribunal de Justicia:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
III. Motivos y alegaciones de las partes
Dado que los motivos y alegaciones son en parte idénticos en los dos asuntos, sólo se hará referencia al asunto C-305/86 en la medida en que éstos difieran del asunto C-160/87.
1. Sobre la admisibilidad
a) En el asunto C-305/86
La Comisión expresa sus dudas sobre si la demandante tiene interés en ejercitar la acción con respecto al Reglamento n° 3019/86 de la Comisión (en lo sucesivo, «Reglamento provisional»). El Reglamento n° 864/87 del Consejo (en lo sucesivo, «Reglamento definitivo») sustituyó al Reglamento provisional, que, por tanto, ya no producirá efectos jurídicos directos ni tendrá valor normativo propio después de la percepción definitiva de los derechos provisionales en virtud del Reglamento definitivo. La cuestión de si, y en qué medida, debe producir efectos el Reglamento provisional para que puedan ser percibidos los derechos provisionales podría examinarse con carácter incidental durante el procedimiento del asunto 160/87, relativo al Reglamento definitivo (véase el artículo 184 del Tratado CEE).
Dado que la Comisión está obligada a respetar la apreciación jurídica que el Tribunal de Justicia realice en este último asunto, es dudoso asimismo que exista, en este caso, un interés para ejercitar la acción por parte de la demandante fundándose en un riesgo de reclamación. A diferencia de las decisiones que cita la demandante (Fiender, 74/81, Rec. 1982, p. 395, y Simmenthai, 92/78, Rec. 1979, p. 777), que resolvieron definitivamente la cuestión de que se trataba, el Reglamento provisional fue seguido por un Reglamento definitivo.
Por lo demás, la demandante no ha facilitado pruebas que demuestren que el Reglamento provisional pueda producirle otros inconvenientes que la percepción en concepto de derecho, mediante el Reglamento definitivo, de las cantidades depositadas en concepto de garantía. Tales inconvenientes deberían exponerse y discutirse, en sìa caso, en el marco de un procedimiento distinto, con arreglo al artículo 215 del Tratado.
Por lo que respecta a la relación entre la fijación de un derecho provisional y su percepción definitiva, la Comisión considera que la cuestión decisiva estriba en si los errores cometidos por su parte, que —intrínsecamente— implicarían la nulidad del Reglamento que estableció un derecho provisional, pueden corregirse por medio de las posteriores comprobaciones realizadas por el Consejo en el Reglamento que establece la percepción definitiva del derecho provisional.
En este contexto, la Comisión alega que, por más que siempre estuvo obligada a precisar los datos de cualquier dumping con arreglo al Reglamento n° 2176/84, las exigencias a las que debe responder la determinación de los hechos serán menos severas para la imposición de un derecho provisional y que la apreciación de los hechos, en un primer momento, podría llevar a un resultado distinto del derivado de la determinación definitiva de los hechos. El Reglamento provisional solamente podría adolecer de un vicio que produjera su nulidad e impidiera la percepción definitiva del derecho provisional en la medida en que los principios jurídicos establecidos por el Reglamento n° 2176/84 no permitieran, a partir de investigaciones provisionales, declarar la existencia de una práctica de dumping y un perjuicio.
Respecto a las normas procesales, la Comisión considera que la violación del principio del derecho de defensa, en general, no produce efecto en la percepción del derecho provisional, cuando se produce una regularización —por ejemplo en forma de posterior estimación de las alegaciones de la parte interesada— durante el procedimiento administrativo existente entre la fijación del derecho provisional y su percepción definitiva (véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Hoffmann-La Roche, 85/76, Rec. 1979, pp. 461 y ss., especialmente pp. 510 a 513). Dado que la demandante no ha expuesto en el asunto 160/87 ningún motivo fuera del control incidental del Reglamento provisional, ya no es necesario proseguir el asunto 305/86 ni procede, por tanto, resolver sobre el mismo, según la Comisión.
En sus observaciones, la parte coadyuvante Gimelec plantea una excepción de inadmisibilidad derivada del hecho de que el establecimiento de un derecho antidumping provisional presenta todas las características de una medida intermedia y por tanto no es recurrible, con arreglo al artículo 173 del Tratado. Además, la posible anulación del Reglamento n° 3019/86 de la Comisión, que establece un derecho antidumping provisional, en nada prejuzga la validez del Reglamento n° 864/87 del Consejo, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y la percepción definitiva de las cantidades abonadas en concepto de derecho provisional.
La demandante considera que el Reglamento que establece un derecho antidumping provisional, por el que tuvo que prestar la correspondiente garantía, es una medida que produce efectos jurídicos obligatorios que afectan a sus intereses y contra la que cabe interponer recurso de anulación. El Reglamento provisional no quedó privado de objeto por causa de la adopción del Reglamento definitivo, porque la percepción supone que existía una obligación de entregar las cantidades percibidas en garantía del derecho antidumping provisional. En el supuesto de que el Reglamento provisional fuera nulo, la percepción de estas cantidades produciría un efecto retroactivo ilícito, como contrario al apartado 4 del artículo 13 del Reglamento n° 2176/84.
Además, la demandante tiene interés en que se declare contrario a Derecho el Reglamento provisional por haber sufrido un daño no insignificante y existir un riesgo de reclamación (véanse las sentencias Fiender, 74/81, y Simmenthal, 92/78, antes citadas). Dado que en procedimientos anteriores ya se habían establecido derechos antidumping sobre los motores eléctricos originarios de la Unión Soviética, sólo la anulación del Reglamento provisional puede alejar el riesgo de que la Comisión vuelva a cometer los errores que se le imputan en el presente caso, siempre según la demandante.
Añade ésta que, en el supuesto de que resultara exacto el punto de vista de la Comisión, el artículo 173 del Tratado quedaría neutralizado con respecto a los derechos antidumping provisionales. Si, por lo demás, no se tratara de conseguir el aplazamiento de la ejecución a través de medidas provisionales, en razón de que los gastos de constitución de la garantía no representan un perjuicio grave e irreparable, y si los mismos recursos dejaran de tener objeto en un breve plazo, los actos de la Comisión en este ámbito escaparían a todo control del Tribunal de Justicia.
b) En el asunto C-160/87
La parte coadyuvante Gimelec duda de la admisibilidad de los motivos alegados por Neotype sobre las comprobaciones de la existencia de una práctica de dumping. Estas comprobaciones no afectan directamente a la demandante, dado que en el presente caso la existencia del dumping se ha determinado en función de los precios de exportación de los exportadores afectados y no en función de los precios de reventa practicados por los importadores (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de febrero de 1984, Allied Corporation, asuntos acumulados 239/82 y 275/82, Rec. 1984, p. 1005).
2. Sobre el fondo
a) En el asunto C-305/86
i) Información de la demandante
La demandante imputa a la Comisión el no haberle advertido de la reapertura del procedimiento antidumping hasta nueve meses después de ésta, es decir, 34 días antes de adoptarse el Reglamento provisional, y haberlo adoptado en una fecha en la que las observaciones de la demandante, presenta- das dentro del plazo debido, ya no pudieron ser examinadas. Tal procedimiento constituye una infracción de la letra b) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento n° 2176/84, que obliga a la Comisión a comunicar (la apertura) a los importadores que aquélla sepa que están afectados. La publicación de un anuncio en el Diario Oficial no la exime de esta obligación. La Comisión sabía que la demandante poseía el carácter de importador afectado, dado que había estado implicada en los procedimientos antidumping anteriores y fue mencionada, en particular, en el Reglamento n° 2075/82 del Consejo, antes citado.
Además, la Comisión violó el principio del derecho de defensa. Sólo si es informada de la (re)apertura de un procedimiento una parte afectada puede poner en práctica y ejercer eficazmente los derechos de que dispone a tenor de las normas de procedimiento. En este contexto, la demandante niega que fuera informada de la reapertura del presente procedimiento por el exportador soviético Energomachexport.
Por último, la demandante alega una violación del principio de igualdad de trato, porque la Comisión no puso la petición de reconsideración, en que se basaba la reapertura del procedimiento antidumping, a su disposición como hizo con los demás importadores afectados, sin que éstos tuvieran que pedírselo. Si la demandante hubiera dispuesto a tiempo de una copia de esta petición, le habría sido posible plantear su posición de un modo mucho más preciso y substancial que basándose en el aviso de reapertura que le fue notificado.
La Comisión responde que anunció la reapertura del procedimiento antidumping mediante su publicación en el Diario Oficial de hs Comunidades Europeas. Todos los productores, exportadores e importadores afectados tuvieron conocimiento de ella, así como de la posibilidad de que se estableciera un derecho antidumping provisional. Por consiguiente, tuvieron la posibilidad de comunicar a la Comisión cualquier información de interés.
La demandante no figuraba entre los «importadores a quienes, de acuerdo con los datos de que disponga la Comisión, afecte tal medida», en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 7 citado, por el hecho de no haber sido identificada en la petición de reconsideración. La Comisión considera que podía basarse con razón en las indicaciones contenidas en esta petición, a falta de conocimiento efectivo de hechos diferentes. Aunque fuera verdad que la demandante ya había sido parte en otros procedimientos antidumping, la Comisión no podía conformarse con la simple presunción de que seguía siendo un importador asociado al exportador soviético. La Comisión no podía estar obligada a comprobar las indicaciones que figuraban en una petición para determinar la posible existencia de otras partes interesadas. Además, no estaba obligada ni podía llevar un registro de empresas eventualmente afectadas.
En realidad, la demandante estaba al corriente, según la Comisión, de la reapertura del procedimiento por su condición de importador estrechamente asociado con el exportador soviético Energomachexport. De las propias observaciones de la demandante se deduce claramente que ella es una prolongación de esta última. Así pues, sería contradictorio mantener que no hubo transmisión de informaciones entre el exportador soviético y la demandante. Por lo demás, Energomachexport habría debido comunicar a la Comisión la lista de todos los importadores asociados interesados, y ello no sólo en respuesta a una petición de la Comisión en este sentido, dirigida a los exportadores el 29 de julio de 1986, sino ya en una fase anterior del procedimiento. El derecho de defensa fue respetado en todo caso, pues la demandante fue oída a continuación en el procedimiento y se examinaron sus alegaciones.
Con respecto a la pretendida discriminación sufrida por la demandante, la Comisión afirma que se hizo llegar una copia de la petición de reconsideración a los exportadores e importadores en ella indicados. Este procedimiento se explica por motivos de simplificación administrativa, sin que a este respecto exista ningún deber jurídico, pues la experiencia ha demostrado que los operadores económicos identificados en la petición solicitan, en general, una copia y participan posteriormente en el procedimiento. Por lo que respecta a las otras partes asociadas posteriormente al procedimiento, esta transmisión no se efectuó en todos los casos. Cuando las demás partes interesadas se manifestaron en respuesta a la mencionada publicación en el Diario Oficial, generalmente solicitaron una copia de la petición. La demandante no consideró necesario hacerlo.
ii) Sobre la elección de Suécia como país análogo
La demandante considera que la Comisión cometió errores manifiestos en la apreciación de los hechos y descuidó algunos puntos esenciales, al calcular el valor normal y, en particular, al elegir un tercer país de economía de mercado con arreglo al apartado 5 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84. Aunque el derecho provisional presuponía que el examen estaba en una fase menos avanzada que la de medidas definitivas, el criterio jurídico no'obstante era idéntico en los dos casos.
Aunque en los procedimientos antidumping anteriores la Comisión había escogido Austria y Brasil como países análogos, en el Re-glamento provisional se basó una vez más en otro mercado, que fue el sueco, sin dar una motivación suficiente con arreglo al artículo 190 del Tratado. La Comisión no estudió la posibilidad de referirse al mercado brasileño, que no habría presentado los inconvenientes que luego encontró en el mercado sueco, en especial por el tamaño del mercado y el número de fabricantes. Prescindió también del hecho de que el nivel de los costes de la mano de obra en Suécia es más alto que la media y que el nivel de precios de los motores eléctricos es excepcionalmente elevado en este país a causa del pequeño número de unidades producidas, lo que se traduce en precios de coste más altos. Por lo demás, el carácter comparable del volumen de producción es uno de los criterios determinantes en que se concreta el requisito de «una manera apropiada y no irrazonable» que figura en el apartado 5 del citado artículo 2. Además, la Comisión ni examinó ni mencionó en el Reglamento impugnado la cuestión del carácter comparable de las normas técnicas en los distintos países.
La Comisión considera que la elección de Suécia como país de referencia era apropiada y no irrazonable y se refiere a la motivación expuesta en el duodécimo considerando del Reglamento provisional. Se envió una copia de la queja a todas las partes conocidas, incluido el exportador soviético Energomachexport, en la que se proponían Austria y Suécia como países análogos. Ninguno de los exportadores afectados se opuso a la elección del mercado sueco en los plazos
previstos de la fase preliminar de la investigación. Dado que Brasil no había sido propuesto como mercado de referencia, habría sido superfluo examinar esta cuestión en los considerandos del Reglamento impugnado. Además, la elección de un país análogo al establecer un derecho antidumping provisional deriva de un examen previo y siempre se vuelve a considerar antes de imponer un derecho definitivo, a la luz de las posibles objeciones formuladas al respecto por las partes interesadas (véanse los apartados 6 y 7 del Reglamento definitivo). Sin embargo, la demandante no presentó ninguna objeción en los plazos previstos y sobre todo no propuso elegir el mercado brasileño o cualquier otro mercado. No se puede reprochar a la Comisión el no haber tomado en consideración hechos que no le eran conocidos en el momento de promulgar el Reglamento provisional.
Según la Comisión, las alegaciones de la demandante sobre los costes de la mano de obra y el nivel de precios finales son demasiado vagas para poder ser tenidas en cuenta. Además, no son de aplicación aquí, dado que en el presente caso el valor normal no se determinó basándose en los costes, sino en los precios del mercado sueco, que está influido por las importaciones y los demás factores de la competencia. Por último, carecen de interés las comprobaciones hechas por la propia Comisión respecto al cálculo del valor normal, pues fueron completadas o sustituidas por las comprobaciones del Reglamento definitivo.
iii) Diferencias de características físicas
La demandante considera que la Comisión olvidó determinadas diferencias importantes de las características físicas de los productos afectados al hacer el cálculo del valor normal y la comparación con el precio de exportación. Ya se expuso en la carta dirigida a la Comisión el 26 de septiembre de 1986 que los motores eléctricos soviéticos no eran comparables a los motores eléctricos de Europa occidental, especialmente los suecos, y que por lo tanto no eran productos similares. La Comisión no tuvo en cuenta las diferencias de calidad (no conformidad con las normas DIN) ni las profundas transformaciones necesarias para obtener, a partir de un motor eléctrico soviético, un motor eléctrico normalizado (comprobación del funcionamiento y calidad, cambio de rodamientos a bolas, equilibrado, roscado de las extremidades de los ejes, mejora del aislamiento y protección). Por lo demás, la Comisión ya tenía conocimiento de estas circunstancias desde que se produjeron los anteriores procedimientos antidumping relativos a los motores eléctricos soviéticos, todo ello según la demandante.
La Comisión considera que hay que distinguir el concepto de productos similares en el sentido de la letra a) del apartado 5 de artículo 2 del Reglamento n° 2176/84 del de diferencia de características físicas (apartados 9 y 10 del artículo 2 del mencionado Reglamento). Tratándose, por un lado, de motores eléctricos normalizados, en principio todos los motores que se ajusten al patrón internacional son intercambiables y similares, independientemente de su origen. Por otro lado, si existieran diferencias en las características físicas de determinados motores, correspondería a las partes interesadas solicitar un reajuste, conforme a las citadas disposiciones, aportando la prueba de que esta solicitud está justificada. Sin embargo, el exportador soviético, que participó en la investigación desde el principio, no presentó una solicitud en este sentido y la Comisión no está obligada, en virtud del apartado 1 del artículo 11 del Reglamento n° 2176/84, a proceder de oficio a dichos reajustes. Las circunstancias alegadas en la carta de la demandante de 26 de septiembre de 1986 no constituyen prueba suficiente y debían haber sido recordadas en una fase anterior del procedimiento para poder ser tomadas en consideración, en su caso, en el Reglamento provisional. En todo caso, la cuestión de las diferencias de características físicas fue examinada detalladamente, prosigue la Comisión, del noveno al decimocuarto considerando del Reglamento definitivo, en los que el Consejo, entre otras cosas, trató de las cuestiones suscitadas por la demandante e incluso, en ciertos casos, adoptó el parecer de ésta.
iv) Perjuicio
Además de las alegaciones presentadas en el asunto C-160/87, la demandante alega que la Comisión ha descuidado un aspecto fundamental en sus pretensiones sobre los márgenes de subvaloración de los precios. Al comparar los precios de reventa de los motores importados con el precio final de los productores de la Comunidad, la Comisión —añade la demandante— no respetó la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento n° 2176/84 y, por ello, no demostró la existencia de una subvaloración de los precios verdaderamente comparable dentro de la Comunidad.
La Comisión responde que, en un caso como el presente, en el que los precios de venta de los fabricantes comunitarios bajaron a consecuencia de las importaciones, estos mismos precios están influidos por factores constitutivos de un perjuicio. En tales situaciones, sería adecuado basar la comparación de los precios para determinar una subvaloración en precios-objetivo o bien en los precios finales.
v) Tipo variable de derecho antidumping
Además de las alegaciones presentadas en el asunto 160/87, la demandante sostiene que el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento provisional es impreciso y contrario al principio de seguridad jurídica. De las directivas del Consejo en materia aduanera se deriva que el tiempo decisivo para la fijación del importe de la deuda aduanera es el momento de la petición de despacho de aduanas. En este momento, sin embargo, aún no se sabe a qué precio será revendida la mercancía importada a un comprador independiente. Además, la demandante suscita algunas cuestiones (almacenamiento a largo plazo, modificación de la mercancía importada, disposición cuando hay constituida una garantía, consumo para uso propio, reexportación) que no contempla el Reglamento impugnado y respecto a las que es imposible la determinación justa del derecho provisional.
Por último, añade la demandante que el Reglamento impugnado es contrario también al principio de la claridad de los actos administrativos, al hacer depender el importe del derecho antidumping de un dato que, en general, no se puede determinar en el momento previsto para el cálculo.
La Comisión sostiene que, en virtud de la letra b) del apartado 8 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84, está legitimada para poner en relación el tipo del derecho antidumping con el precio de reventa de los productos importados. Además, la deuda aduanera puede originarse en una fecha en que su importe no se haya determinado aún, pues esta determinación no es necesaria hasta que el derecho sea efectivamente percibido. El importe fijado con relación al precio de reventa se determina con efectos de la «fecha de referencia». Semejante cálculo no es contrario al principio de seguridad jurídica, dado que los principios conforme a los que se calcula la deuda aduanera están firmemente establecidos desde el primer momento. Además, la aplicación de las disposiciones generales en materia de derechos de aduana, prevista por el apartado 5 del artículo 2 del Reglamento impugnado, permite resolver los distintos casos particulares que cita la demandante (véanse también las alegaciones presentadas a este respecto en el asunto C-160/87).
b) En el asunto C-160/87
i) Cálculo del valor normal
La demandante reprocha al Consejo haber cometido, al efectuar el cálculo del valor normal y en particular al escoger el país análogo, errores manifiestos en la apreciación de los hechos y haber descuidado aspectos esenciales. Mientras que en los anteriores reglamentos antidumping fueron elegidos Austria, Brasil y Suécia como países de referencia, el Consejo eligió esta vez un cuarto país, Yugoslavia, como base de comparación. El Consejo no ha justificado en absoluto por qué no eligió como base de comparación el mercado brasileño, que había resultado relativamente adecuado, conforme a la solicitud ya presentada por la demandante en su carta de 26 de septiembre de 1986 y todavía en el marco del asunto C-305/86. Así pues, el Consejo incumplió la obligación de motivación que le incumbe en virtud del artículo 190 del Tratado.
Además, prosigue la demandante, el Reglamento definitivo no contiene comentario alguno sobre el tamaño y el carácter adecuado del mercado de referencia elegido. El mercado yugoslado es relativamente pequeño y en todo caso menor que los mercados austriaco, brasileño o sueco, por sus cifras de ventas. Al contrario que en estos últimos mercados, en el mercado yugoslavo no existen prácticamente importaciones que puedan producir algún tipo de competencia. Por lo demás, Yugoslavia no es un país de economía de mercado en el sentido del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84, por el hecho de existir un sistema de control de precios, organizado por el Estado, que los mantiene a un nivel artificialmente elevado. Del mismo modo, los precios de los motores eléctricos en el mercado yugoslavo no los determinan la oferta y la demanda y, por ello, no constituyen una base adecuada para la determinación del valor normal.
Por otra parte, el Consejo tampoco tuvo en cuenta la tasa de inflación yugoslava, que alcanzó el 80 % en 1985 y se situó por encima de la tasa de inflación brasileña.
Por último, el Consejo no tuvo en cuenta que el tipo de cambio oficial del dinar yugoslavo no es conforme con el valor real de esta divisa. Los bancos sólo pagan de 0,15 a 0,17 DM por 100 dinares, mientras que el tipo oficial de compra se sitúa en 0,27 DM. A diferencia del asunto Ñachi (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1987, 255/84), en el que el valor normal se calculó en la misma moneda que la del fabricante, en el presente caso el valor normal para las exportaciones soviéticas se calculó en función de los precios en un tercer país, basándose en un tipo de cambio irreal, siempre según la demandante.
El Consejo, apoyado por la Comisión, y Gimelec consideran que las instituciones no están obligadas a elegir siempre el mismo país como base de comparación en procedimientos antidumping análogos. El mercado yugoslavo —dicen— es más importante que el mercado sueco, empleado para efectuar las comprobaciones provisionales. Por lo demás, ninguna de las partes propuso a su debido tiempo, en el marco del procedimiento administrativo ante la Comisión, elegir el mercado brasileño como base de referencia. Las vagas alusiones de la demandante en su carta de 26 de septiembre de 1986 no bastan para ser consideradas como una propuesta seria. La propuesta formulada por la demandante en el asunto C-305/86 se produjo en un momento en que las comprobaciones definitivas ya estaban muy avanzadas.
Además, el Consejo afirma no estar obligado a pasar revista a todos los mercados que se pueden tener en cuenta o motivar su negativa a elegir uno u otro. Basta que motive la elección del país escogido como base de comparación (véase el octavo considerando del Reglamento definitivo). Del mismo modo, el Tribunal de Justicia no debe comprobar si otros países podían constituir también una base válida para determinar el valor normal, sino sólo si la elección de Yugoslavia no fue razonable y adecuada.
Con relación al carácter de la economía yugoslava, el Consejo alega que la letra a) del apartado 5 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84 no exige la elección de una economía de libre mercado, pues cierto grado de coordinación también es inherente a las economías sociales de mercado de los países occidentales. Además, la demandante no precisó si los productos de referencia habían sido verdaderamente objeto de medidas intervencionistas.
Añade el Consejo, con respecto a la inflación en Yugoslavia, que la demandante sólo se refirió a un alza teórica de precios durante el período de investigación, sin mantener por ello que los productos de referencia hubieran experimentado las alzas de precio correspondientes. En la medida en que la inflación tiene cierta incidencia en las condiciones de pago (plazos de pago), las diferencias que produjo se tomaron en consideración en el marco de los reajustes solicitados y justificados con arreglo al apartado 10 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84.
Por último, afirma el Consejo que la utilización de los tipos de cambio oficiales para calcular el valor normal fue confirmada por el Tribunal de Justicia en la citada sentencia de 7 de mayo de 1987. Al igual que en dicho asunto, el tipo oficial sirvió en el presente para determinar el contravalor para el cálculo del valor normal, mientras que los precios de exportación se determinaron —como en el asunto Ñachi— basándose en las monedas de diferentes Estados miembros. Según el Consejo, la demandante no indicó sobre qué otra base de conversión se debía haber operado. Por lo demás, los tipos de cambio oficial del rublo son también imperfectos porque tampoco corresponden exactamente al valor real de la moneda soviética.
Gimelec añade que es práctica corriente y legítima de las instituciones comunitarias determinar el valor normal de los países de comercio de Estado afectados basándose en el precio de mercado de un país de economía de mercado contemplado en la misma investigación. Esta práctica se explica por un deseo de economía administrativa.
Añade Gimelec, además, que la demandante no tiene interés alguno en oponerse a la elección de Yugoslavia como país de referencia dado que, en definitiva, esta elección produce un margen de dumping (de 131 %) sensiblemente inferior al que resulta de la elección del mercado sueco (193 %). La demandante tampoco hizo constar que la elección de otro país habría llevado a un margen de dumping inferior al tipo de derecho antidumping definitivo.
ii) Perjuicio
La demandante sostiene que el Consejo cometió también errores manifiestos al determinar el perjuicio. En 1985, las importaciones fueron inferiores a las de 1977 y 1978, y sobre todo a las de 1979 y 1981, años en los que las importaciones sobrepasaron la cifra de un millón de unidades. En cambio, en 1985 cayeron por debajo del 75 % de esta cifra. Si sólo comparó las cifras de importación de los años 1982 a 1985, el Consejo olvidó la considerable reducción de las importaciones respecto al período precedente.
Además, la cuota de mercado de las importaciones procedentes de los Estados afectados pasó de 23,3 % en 1982 a 20,3 % en 1985, lo que significa una disminución —según la demandante— del 13 %. Con relación a 1978, la cuota de mercado llegó a disminuir en un 27,5 %. Al partir de una cuota de mercado en constante elevación, el Consejo no tiene debidamente en cuenta esta disminución. El Consejo, por otra parte, cometió errores en la apreciación de los hechos, puesto que en el considerando dieciocho del Reglamento impugnado cita las cifras 23,2 % y 20,3 % como cuotas de mercado de 1982 y 1985, mientras que en el considerando treinta y uno menciona las cifras de 23,0 % y 19,6 %.
Por último, el Consejo habría debido calcular las cuotas de mercado basándose en las ventas en la Comunidad, y no en las cifras de importaciones, dado que para los productores comunitarios también se tuvieron en cuenta asimismo las cifras de ventas y no las cantidades producidas. Los motores importados por la demandante permanecieron regularmente en depósito aduanero durante un tiempo bastante largo, explicándose la duración del almacenaje por la gran variedad de tipos de motores. Las cifras de ventas ascendieron a 7439 unidades solamente en 1982 y a 7955 unidades en 1984.
El Consejo precisa que la investigación tenía por objeto comprobar la situación desde el establecimiento, en 1982, del derecho definitivo y desde la aceptación de los compromisos de precios que le sucedió, pues las cifras relativas al período anterior ya se habían tenido en cuenta en el marco de estas medidas. En cuanto a las distintas cifras de cuotas de mercado alegadas por la demandante, de la formulación de los considerandos dieciocho y treinta y uno, antes citados, se deduce que el primero reproduce el resultado de las estimaciones provisionales, mientras que el último expone las comprobaciones definitivas.
Respecto al cálculo de las cuotas de mercado —añade el Consejo— las alegaciones de la demandante sobre las diferencias existentes entre las cifras de las importaciones y de las ventas no son convincentes, pues los ejemplos citados están fuera de su contexto. Además, sólo se trata de un problema de tiempo, dado que, en un período prolongado, es claro que la demandante no importará más motores que los que pueda vender. Dado que las comprobaciones relativas al perjuicio abarcan un período bastante largo, estas posibles diferencias entre las importaciones y las ventas se equilibran esencialmente.
Teniendo en cuenta la totalidad de factores a considerar para determinar el perjuicio, el resultado es que, a pesar de un aumento de la producción comunitaria y de cierta disminución de la cuota de mercado de las importaciones procedentes de los países afectados, éstos ejercieron una presión a la baja sobre los precios de los productos comunitarios.
Gimelec considera que se deben analizar los aspectos del perjuicio a la luz del objeto del. presente procedimiento, que no es examinar de nuevo si se reúnen los requisitos para la imposición de un derecho antidumping, sino determinar si las medidas antidumping anteriormente en vigor eran suficientemente eficaces. Eh efecto, la reconsideración demostró que los compromisos de precios aceptados en 1984 no habían puesto fin a las prácticas de importante subvaloración de los precios de coste de los productores comunitarios por parte de las importaciones de que se trata. A causa de estas prácticas, dichos productores sufrieron sensibles pérdidas en sus ventas de motores eléctricos. A pesar de las medidas antidumping anteriormente en vigor, las importaciones discutidas aumentaron en cifras absolutas entre 1982 y 1985 y siguen ocupando una porción del mercado comunitario del 20 %, con máximos del 45 % en determinados Estados miembros.
iii) Tipo variable de derecho antidumping
La demandante alega que la fijación del derecho antidumping basándose en la diferencia entre el valor de aduana, en el sentido del artículo 6 del Reglamento n° 1224/89, y el precio mencionado en el anexo del Reglamento impugnado no es un modo de fijación suficientemente preciso y constituye, pues, una infracción del Derecho comunitario. Ni la letra b) del apartado 8 del artículo 2 ni los apartados 7 u 8 del artículo 13 del Reglamento n° 2176/84 ofrecen base suficiente para definir un derecho antidumping basándose en el precio de reventa.
Refiriéndose a las versiones alemana y neerlandesa del Reglamento definitivo, la demandante sostiene que la diferencia de modos gramaticales en las dos frases del párrafo 2 de la letra a) del apartado 4 del artículo 1 indica que el Consejo partió de la base de que el citado artículo 6 era ya aplicable en principio, de manera que era superflua la remisión a los efectos jurídicos. Ello no es así por norma general, dado que, según los apartados 1 y 2 del artículo 2 del Reglamento n° 1224/80, los métodos de cálculo mencionados en los artículos 3, 4, 5 y, en su caso, 7 tienen prioridad, por este orden. Sin embargo, en estos casos no existe un precio sobre el que se pueda calcular el derecho, pues el Reglamento impugnado no se refiere a los demás artículos citados del Reglamento sobre el valor en aduana.
El apartado 3 del artículo 2 del Reglamento n° 1224/80, aplicable en el supuesto de que el valor en aduana no pueda determinarse con arreglo al artículo 6 de dicho Reglamento, aún sería admisible para el cálculo normal del valor en aduana, por tratarse de una disposición subsidiaria de otros cinco métodos de cálculo, pero no es lo bastante preciso para permitir el cálculo de un derecho antidumping —como en el presente asunto— en un número muy grande de casos. El principio de claridad de los actos administrativos exige que se adopte una normativa más precisa que la simple remisión a los «métodos adecuados», que en ningún modo facilitan a los servicios aduaneros criterios que permitan determinar el precio diferencial.
Al margen de la intención del Consejo, expuesta en el considerando treinta y ocho del Reglamento impugnado y que consiste en calcular el derecho antidumping refiriéndose al precio al que el importador revende la mercancía de que se trata al primer comprador independiente, el mencionado artículo 6 permite también basarse en el precio al que otros venden mercancías idénticas o similares a personas que no están vinculadas con ellos. Por ello, es inexacto suponer que la demandante puede influir en el importe del derecho mediante la fijación de sus precios de reventa. Este método no está amparado por la motivación citada del Consejo y, por lo demás, es inadmisible vincular un derecho variable con el comportamiento de terceras empresas.
El Consejo, apoyado por la Comisión, considera que el Reglamento n° 2176/84, en particular el apartado 8 de su artículo 13, ofrece una base suficiente para fijar el derecho antidumping con arreglo al precio de reventa. Además, según el considerando quince de dicho Reglamento y el apartado 7 de su artículo 13, el Consejo puede adoptar determinadas disposiciones que se aparten de la normativa aduanera general y de las disposiciones comunes para su aplicación.
En el presente caso, la imposición de un derecho antidumping basándose en la diferencia entre los «precios-objetivo» y los precios de reventa efectivos pareció ser el medio adecuado, en el supuesto de importadores vinculados, para suprimir el perjuicio. Para simplificar el cálculo del derecho, el Consejo se basó en las normas relativas al cálculo del valor en aduana y, en particular, en el citado artículo 6, pero sin que esta referencia fuera indispensable. Sin embargo, la referencia explícita estableció de manera unívoca y sin posible riesgo de error el método para la determinación del precio de reventa.
La elección de la forma gramatical alegada por la demandante demuestra que se hace referencia al apartado 3 del artículo 2 del Reglamento n° 1224/80 como simple disposición subsidiaria, solamente aplicable en los supuestos en que no se puede determinar el derecho aplicando el artículo 6. Las distinciones que la demandante cree poder hacer en la versión alemana del Reglamento impugnado no encuentra respaldo en los textos publicados en las demás lenguas oficiales. Además, la demandante no precisa por qué considera que en gran numero de casos no es posible calcular el precio de reventa con arreglo al artículo 6. Se podría poner en duda razonablemente si las mercancías importadas o las mercancías idénticas o similares importadas fueron vendidas en la Comunidad en un plazo de 90 días después de la importación.
En resumidas cuentas, la demandante pudo determinar de manera unívoca el derecho antidumping que debe pagarse. Si el precio de reventa de la demandante se situara a nivel de los precios mínimos, indicados en el anexo del Reglamento impugnado, o por encima de estos valores, ella no debería pagar derecho alguno.
Gimeiec comprueba que, según el considerando treinta y ocho del Reglamento provisional, el sistema de protección establecido en 1982 y 1984 podía ser fácilmente eludido por los importadores vinculados a las empresas exportadoras. Éstos podrían escapar al derecho antidumping revendiendo con pérdidas, respetando al mismo tiempo los precios mínimos fijados en los compromisos. Así pues, fue preciso recurrir al sistema establecido por el Reglamento impugnado. Por lo demás, la demandante no tiene ningún interés legítimo para oponerse al método de cálculo del derecho antidumping fijado por el Reglamento impugnado, puesto que la única solución alternativa razonable, es decir, la imposición de un derecho específico, le habría resultado menos favorable por cuanto que, a diferencia de un derecho variable, no le habría permitido evitar el pago de este derecho, aumentando los precios de reventa.
Además, tanto según la letra b) del apartado 8 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84 como según la práctica de las instituciones en materia de devolución de derechos antidumping, las instituciones están legitimadas para tener en cuenta el nivel de los precios de reventa a los primeros compradores independientes para la percepción de los derechos antidumping. El método adoptado por el Reglamento impugnado no da lugar a ninguna incertidumbre especial sobre la determinación del derecho, dado que la demandante podría evitar, con toda legalidad, la percepción del derecho fijando sus precios de reventa conforme a la tabla indicativa de precios mínimos de reventa insertado en el Reglamento impugnado.
iv) Percepción definitiva del derecho provisional
La demandante considera que la percepción definitiva de las cantidades garantizadas, prevista en el artículo 2 del Reglamento definitivo, es contraria a Derecho por cuanto el Reglamento provisional carecía de efecto jurídico. Si el Reglamento que establecía un derecho provisional fuera nulo, no se habría aplicado ningún derecho de este tipo y tampoco se habría podido decidir la percepción definitiva del derecho provisional. Un reglamento nulo de la Comisión tampoco puede quedar subsanado por un reglamento válido del Consejo que establezca un derecho antidumping definitivo, pues éste sólo surte efectos de cara al futuro. El hecho de que el dumping y el perjuicio deban ser declarados tanto por la Comisión como por el Consejo confirma que la conformidad a Derecho del Reglamento provisional de la Comisión constituye un requisito previo para la percepción de un derecho provisional.
El Consejo replica que un análisis del Reglamento n° 2176/84 demuestra que la percepción del derecho provisional sólo está subordinada en casos excepcionales a la validez del Reglamento provisional. La resolución de percibir definitivamente el derecho provisional es un acto jurídico separado cuya conformidad a Derecho procede controlar de manera intrínseca. El Reglamento que establece un derecho provisional se basa en un examen preliminar del dumping, sin que sea estrictamente necesario que la misma Comisión proceda a efectuar estimaciones respecto al perjuicio, siempre que la queja contenga suficientes medios de prueba. Sin embargo, el Consejo sólo puede decidir la percepción definitiva si de la comprobación definitiva de los hechos se deduce que existía dumping, así como un perjuicio. El Reglamento provisional constituye pues una medida preventiva destinada a evitar un perjuicio en la fase de la investigación, a reserva de su confirmación por el Consejo. Las comprobaciones definitivas del Consejo sustituyen a las estimaciones provisionales en las que se basaba el Reglamento provisional, y, por ello, estas comprobaciones subsanan los errores producidos dentro del examen provisional.
Por consiguiente, los posibles defectos del Reglamento provisional sólo tendrían interés si éste no hubiera sido subsanado por el Reglamento definitivo del Consejo, es decir, si la misma resolución sobre la percepción definitiva del derecho provisional adoleciera de los mismos errores que el Reglamento provisional de la Comisión. Sin embargo, no se apreció ningún error en las comprobaciones definitivas relativas al dumping y al perjuicio.
En definitiva, prosigue el Consejo, una posible irregularidad en el procedimiento de audiencia no afecta a la percepción definitiva del derecho provisional. La demandante expuso su punto de vista durante el procedimiento administrativo que siguió al establecimiento del derecho provisional y sus alegaciones se tuvieron en cuenta al adoptarse el Reglamento definitivo. Por consiguiente, aunque la demandante no hubiera sido informada a su debido tiempo y antes de establecerse el derecho provisional, ello no podría repercutir en la percepción definitiva del mismo, dado que la demandante pudo exponer sus argumentos antes de que se produjera la resolución relativa a la percepción.
IV. Respuestas a las preguntas planteadas por el Tribunal de Justicia en el asunto C-160/87
1.
El Tribunal de Justicia instó a la Comisión y al Consejo a explicar la manera en que se tuvo en cuenta la tasa de inflación yugoslava al calcular el valor normal.
La Comisión y el Consejo responden que no se realizó ningún reajuste explícito y no pareció que fuera necesario a este respecto. El cálculo del valor normal se basó en la media ponderada de los precios de venta interiores de tres exportadores yugoslavos durante el período de referencia, es decir, el año 1985. En este contexto, las instituciones alegan que la diferencia entre las tasas de inflación de la CEE y de Yugoslavia se refleja en la evolución de los tipos de cambio mensual ecu-dinar en el transcurso de 1985, que pasó de 147,804 dinares por ecu en enero a 264,184 dinares por ecu en diciembre. La diferencia entre estas dos cifras representa un crecimiento del 78,7 % del valor del ecu respecto al dinar, lo que corresponde a la cifra del 80 % que la demandante presentó como tasa de inflación de Yugoslavia en 1985. Así pues, no fue necesario ningún otro ajuste para tener en cuenta la tasa de inflación yugoslava.
2.
Además, el Tribunal de Justicia instó a las partes a definir su postura sobre la cuestión de la admisibilidad de los recursos interpuestos por importadores asociados planteada en las observaciones de la parte coadyuvante Gimelec.
a)
Neotype se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia antidumping, según la cual no hay razón alguna para efectuar una distinción entre, por un lado, las empresas productoras y exportadoras y, por otro, las empresas importadoras asociadas a ellas jurídica o comercialmente. Unas y otras están directa e individualmente afectadas si pueden demostrar que fueron identificadas en las disposiciones de la Comisión o del Consejo o afectadas por las investigaciones preparatorias.
A este respecto, Neotype alega las siguientes razones por las que está directa e individualmente afectada por el Reglamento n° 864/87 del Consejo: la demandante fue identificada en este Reglamento, y no sólo en el considerando treinta y ocho, sino también en la letra b) del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento. La citada disposición fija un derecho de aduana especial para la demandante cuyo importe no es la diferencia entre el precio unitario neto franco frontera, sin despachar de aduana, y el precio citado en el anexo del Reglamento, como está previsto de un modo general en el apartado 3 del artículo 1, sino la diferencia entre el valor en aduana, determinado con arreglo al artículo 6 del Reglamento n° 1224/80, y el precio citado en el anexo.
Además, la demandante fue afectada por las investigaciones de la Comisión y del Consejo. En su análisis del perjuicio, tanto el Reglamento n° 3019/86 (del considerando veintidós al veinticuatro) de la Comisión como el citado Reglamento del Consejo (del considerando veintiuno al veinticuatro) comparan los precios de coste de los productores comunitarios con los precios de reventa de los motores de que se trata, es decir, los precios practicados por las empresas asociadas a los exportadores. Así pues, estos precios son el fundamento de la comprobación de un perjuicio, lo que incluso tiene como particular consecuencia que el derecho de aduana diferencial se calcula con arreglo al precio de reventa practicado por los importadores asociados. Así, pues, éstos están aún más afectados directa e individualmente que si los precios de exportación se hubieran calculado con arreglo a sus precios de reventa.
Por último, la Comisión aceptó, mediante su Decisión de 19 de junio de 1980 (DO L 153, p. 48), un compromiso de la demandante en el marco del procedimiento antidumping anterior relativo a las importaciones de motores eléctricos originarios de la Unión Soviética.
b)
El Consejo y la Comisión confirman que, por las razones expuestas en los considerandos del Reglamento impugnado, no se juzgó necesario, en la fase de la determinación del dumping, referirse a un precio de exportación calculado en los casos de los importadores asociados. No obstante, el Consejo estableció un método de cálculo específico aplicable a los importadores asociados al determinar el importe de los derechos antidumping devengados, en su caso, a la importación.
Según el apartado 4 del artículo 1 del Reglamento impugnado, en los casos de los importadores asociados se recurrió al método de «cálculo» del precio de exportación sirviéndose, con carácter de referencia, del precio pagado por el primer comprador no vinculado al exportador, con arreglo a la letra b) del apartado 8 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84. Este precio corresponde al valor en aduana determinado con arreglo al artículo 6 del Reglamento n° 1224/80 del Consejo.
El Consejo señala que no se limitó a fijar de un modo general y abstracto los criterios de cálculo para esta categoría de importadores, sino que aplicó estos criterios a los siete importadores designados por su nombre en la letra b) del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento impugnado, entre los que se encuentra Neotype. Así pues, estos importadores estaban individualizados en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, de este modo, quedaban afectados directa e individualmente por dicha disposición. La administración de aduanas nacional no podía ya efectuar ninguna elección, sino que tenía que aplicar respecto a ellos el derecho antidumping de un modo automático, tal como resulta de las diferencias entre los dos parámetros. Así pues, respecto a estos importadores nos encontramos en una situación totalmente comparable a la de los asuntos 138/79 (Roquette Frères contra Consejo, Rec. 1980, p. 3333) y 139/79 (Maizena contra Consejo, Rec. 1980, p. 3393), en los que el Tribunal de Justicia aceptó la admisibilidad de los recursos basándose en que el mismo Consejo había aplicado los criterios de que se trata a las empresas afectadas.
M. Zuleeg
Juez Ponente
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.