62024CJ0902
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 22 de enero de 2026 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1 — Contrato de préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera que contiene cláusulas abusivas — Efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula — Nulidad del contrato — Jurisprudencia nacional que establece el nacimiento de dos créditos de restitución independientes — Acción del consumidor por la que solicita la restitución de las cuotas mensuales abonadas en virtud del contrato — Crédito del profesional correspondiente al importe del préstamo — Recuperación — Derecho del profesional a formular una excepción de compensación de su crédito con el del consumidor — Régimen de reparto de las costas — Efecto disuasorio de la prohibición de las cláusulas abusivas — Principio de efectividad — Obligación de interpretación conforme con el Derecho de la Unión»
En el asunto C‑902/24 [Herchoski], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 19 de diciembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de diciembre de 2024, en el procedimiento entre
RM,
EM
y
Santander Bank Polska S.A.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. M. Condinanzi, Presidente de Sala, y el Sr. N. Jääskinen y la Sra. R. Frendo (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de RM y EM, por la Sra. B. Sobierajska, radca prawny;
–
en nombre de Santander Bank Polska S.A., por los Sres. J. Kowalczyk y P. Litwiński, la Sra. Valirakis-Wołyńska y el Sr. R. Wechman, radcowie prawni;
–
en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno portugués, por las Sras. A. Pimenta y A. Rodrigues, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Kienapfel y la Sra. B. Sasinowska, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), así como de los principios de efectividad, de equivalencia, de seguridad jurídica y de proporcionalidad.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre RM y EM, dos consumidores residentes en Polonia, y Santander Bank Polska S.A. (en lo sucesivo, «SBP»), un banco establecido en Polonia, en relación con la pretensión de esos consumidores de que se les restituyan las cantidades abonadas a SBP en cumplimiento de un contrato de préstamo hipotecario declarado nulo y con la excepción formulada por SBP, con carácter subsidiario, dirigida a obtener la compensación de ese crédito con aquel del que él dispone frente a dichos consumidores, correspondiente al importe del mencionado préstamo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El vigesimocuarto considerando de la Directiva 93/13 señala que «los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores».
4
El artículo 6, apartado 1, de esta Directiva dispone:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
5
El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva establece:
«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
Derecho polaco
Código Civil
6
A tenor del artículo 58, apartado 1, de la ustawa — Kodeks cywilny (Ley por la que se aprueba el Código Civil), de 23 de abril de 1964 (Dz. U. de 1964, n.o 16, posición 93), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil»):
«Serán nulos y sin valor ni efecto alguno los actos jurídicos contrarios a la ley o que tengan por objeto eludir la ley, a menos que una disposición pertinente disponga otra cosa, en particular, que establezca que las disposiciones inválidas del acto jurídico sean sustituidas por las disposiciones pertinentes de la ley.»
7
El artículo 405 de este Código dispone:
«Quien sin título jurídico haya obtenido un beneficio patrimonial a expensas de otra persona deberá restituir el beneficio en especie y, cuando no fuera posible, devolver su valor.»
8
El artículo 410 del referido Código prevé:
«1.   Las disposiciones de los artículos anteriores resultarán de aplicación, en particular, a las prestaciones indebidas.
2.   Una prestación será indebida cuando quien la haya realizado no estuviera obligado en absoluto a realizarla o no estuviera obligado a realizarla a favor de la persona beneficiaria de la prestación, cuando la causa de la prestación haya decaído o no se haya alcanzado el fin pretendido con ella o cuando el negocio jurídico que obliga a la prestación sea nulo y no haya sido subsanado tras la prestación.»
9
El artículo 455 del mismo Código está redactado en los siguientes términos:
«Cuando el plazo para la realización de una prestación no esté definido ni resulte de la naturaleza de la obligación, la prestación deberá ser realizada inmediatamente después del requerimiento hecho al deudor a tal fin.»
10
En virtud del artículo 498, apartados 1 y 2, del Código Civil:
«1.   Cuando dos personas sean deudoras y acreedoras entre sí al mismo tiempo, cada una de ellas podrá compensar su crédito con el crédito de la otra parte, si el objeto de ambos créditos es dinero u objetos de la misma naturaleza designados solo por su especie, y ambos créditos son exigibles y pueden hacerse valer ante un tribunal u otra autoridad estatal.
2.   Por efecto de la compensación, los dos créditos se compensarán hasta el importe del crédito menos elevado.»
11
El artículo 499 de este Código tiene el siguiente tenor:
«La compensación se llevará a cabo mediante una declaración presentada a la otra parte. La declaración tendrá efecto retroactivo desde el momento en que la compensación se hizo posible.»
Código de Procedimiento Civil
12
El artículo 98, apartado 1, de la ustawa Kodeks postępowania cywilnego (Ley por la que se aprueba el Código de Procedimiento Civil), de 17 de noviembre de 1964 (Dz. U. de 1964, n.o 43, posición 296), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código de Procedimiento Civil»), establece:
«La parte que haya visto desestimadas sus pretensiones deberá reembolsar a la parte contraria, a petición de esta, los gastos necesarios para hacer valer eficazmente sus derechos o para defenderse eficazmente (costas).»
13
El artículo 100 del Código de Procedimiento Civil dispone:
«En caso de que las pretensiones solo se estimen parcialmente, las costas se reducirán mutuamente o se distribuirán de forma proporcional. No obstante, el órgano jurisdiccional podrá condenar a una de las partes a soportar la totalidad de las costas si la parte contraria solo ha visto desestimada una parte insignificante de sus pretensiones o si la fijación de la cantidad que le corresponde dependía de la determinación de obligaciones recíprocas o de la apreciación del órgano jurisdiccional.»
14
A tenor del artículo 102 de este Código:
«En casos especialmente justificados, el órgano jurisdiccional podrá condenar a la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones únicamente a una fracción de las costas o no condenarla en costas.»
15
De conformidad con el artículo 203, apartado 1, de dicho Código:
«Será posible desistir de la demanda sin solicitar el consentimiento de la parte demandada hasta el comienzo de la vista o, si el desistimiento implica la renuncia a la acción, hasta el momento en que se dicte la sentencia.»
16
El artículo 2031 del mismo Código tiene el siguiente tenor:
«1.   Las excepciones de compensación solo podrán basarse en un crédito:
1)
del demandado que se derive de la misma relación jurídica que el crédito invocado por el demandante, salvo si el crédito no ha sido impugnado, ha sido constatado mediante una resolución judicial firme, mediante una resolución de un tribunal de arbitraje, mediante un acuerdo transaccional celebrado ante un órgano jurisdiccional o un tribunal de arbitraje, un acuerdo concluido ante un mediador y ratificado por un órgano jurisdiccional, o si dicho crédito resulta creíble debido a la existencia de un documento que confirme su reconocimiento por parte del demandante;
2)
relativo a la restitución de una prestación a la que tenga derecho alguno de los deudores solidarios frente a los demás codeudores.
2.   El demandado podrá invocar la excepción de compensación a más tardar en el momento de la interposición de la demanda sobre el fondo del asunto o en el plazo de dos semanas desde la fecha en que su crédito resulte exigible.
3.   La excepción de compensación solo podrá invocarse mediante escrito procesal. Se aplicarán a dicho escrito mutatis mutandis las disposiciones relativas a la demanda, salvo las normas sobre las costas.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
17
El 28 de agosto de 2008, RM y EM celebraron con SBP un contrato de préstamo hipotecario, denominado en francos suizos, con arreglo al cual este les concedió un préstamo por un importe de 360000 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 84634 euros), con un plazo de amortización de 360 meses (en lo sucesivo, «contrato controvertido»).
18
El contrato controvertido contenía varias cláusulas relativas a las condiciones de conversión entre el franco suizo y el esloti polaco (en lo sucesivo, «cláusulas de conversión»).
19
Entre el 5 de septiembre de 2008 y el 15 de marzo de 2022, SBP percibió un importe total de 327338 PLN (aproximadamente 76956 euros) de RM y EM en concepto de cuotas mensuales de reembolso de dicho préstamo.
20
El 17 de noviembre de 2022, RM y EM presentaron una demanda ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, por la que solicitaban que se declarara la nulidad del contrato controvertido basándose en el carácter supuestamente abusivo de las cláusulas de conversión, que se constatara que este contrato no podía subsistir sin ellas y que se condenara SBP a restituirles 327338 PLN (aproximadamente 76956 euros), correspondientes a las cuotas mensuales abonadas en cumplimiento de dicho contrato, más los intereses de demora al tipo legal, a partir del 7 de septiembre de 2022, así como a soportar las costas.
21
Ante el órgano jurisdiccional remitente, SBP sostuvo que el contrato controvertido era válido y solicitó la desestimación de la demanda y la condena en costas de RM y EM.
22
El 18 de julio de 2024, SBP requirió a RM y a EM para que le restituyeran, a más tardar el 5 de agosto de 2024, la cantidad de 360000 PLN (aproximadamente 84634 euros) que habían recibido en cumplimiento del contrato controvertido.
23
El 9 de agosto de 2024, SBP notificó a RM y a EM una declaración en la que los informaba de su intención de compensar su crédito de 360000 PLN (aproximadamente 84634 euros) con el crédito invocado por estos ante el órgano jurisdiccional remitente.
24
El 14 de agosto de 2024, SBP formuló ante dicho órgano jurisdiccional una excepción de compensación entre ambos créditos, a la que RM y EM se opusieron.
25
El 19 de diciembre de 2024, el órgano jurisdiccional remitente dictó una sentencia parcial en la que declaró la nulidad del contrato controvertido sobre la base del artículo 58, apartado 1, del Código Civil, por considerar que las cláusulas de conversión eran abusivas y que dicho contrato no podía subsistir sin ellas.
26
Por lo demás, en lo que atañe a la excepción de compensación planteada por SBP y a las consecuencias derivadas de una resolución que la estime, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la interpretación de las disposiciones del Derecho nacional que lo lleve a pronunciarse en este sentido es incompatible con el Derecho de la Unión.
27
Según dicho órgano jurisdiccional, la declaración de nulidad de un contrato implica que, con arreglo al artículo 405 del Código Civil, en relación con su artículo 410, cada parte haya de reembolsar a la otra todas las prestaciones efectuadas en virtud de dicho contrato que deban considerarse indebidas a resultas de esa declaración.
28
Dicho órgano jurisdiccional precisa que cada parte dispone de un crédito frente a la otra en concepto de restitución de la prestación indebida. En particular, según la denominada teoría de las «dos pretensiones», comúnmente aplicada en la jurisprudencia polaca, los créditos de ambas partes, resultantes de la nulidad de un contrato, existen de forma independiente. De este modo, cada parte puede hacer valer su crédito frente a la otra en el marco de un procedimiento distinto. En cambio, el órgano jurisdiccional que conozca de una acción de reclamación de cantidad presentada por una de las partes no tiene la facultad de compensar de oficio sus créditos recíprocos. No obstante, la parte que desee proceder a la compensación de estos créditos puede formular una excepción de compensación, en las condiciones previstas en el artículo 2031 del Código de Procedimiento Civil.
29
Según el órgano jurisdiccional remitente, en el presente asunto, la excepción de compensación planteada por SBP cumple estas condiciones y se basa en una declaración de compensación conforme con los requisitos establecidos en los artículos 498 y 499 del Código Civil. Así pues, esta excepción de compensación debe estimarse.
30
Este órgano jurisdiccional considera que, en consecuencia, solo debería estimar parcialmente la pretensión de devolución de RM y EM, deduciendo de la cantidad que se les adeuda el importe que es objeto de la compensación solicitada por SBP. En el presente caso, la cantidad que este debería reembolsar a RM y EM asciende a 401195 PLN (aproximadamente 94263 euros), esto es, 327338 PLN (aproximadamente 76956 euros) en concepto de devolución de las cuotas mensuales abonadas, más los intereses devengados entre el 7 de septiembre de 2022 y el 5 de agosto de 2024, por un importe de 73857 PLN (aproximadamente 17363 euros). De esta manera, tras la compensación con su crédito de 360000 PLN (aproximadamente 84634 euros), SBP debería ser condenado a pagar a RM y a EM 41195 PLN (aproximadamente 9685 euros), más los intereses de demora al tipo legal desde el 6 de agosto de 2024 hasta la fecha de pago. En cuanto a las costas, dicho órgano jurisdiccional considera que debería repartirlas teniendo en cuenta la proporción en la que cada parte haya visto desestimadas sus pretensiones.
31
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente duda de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de tal decisión.
32
En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que, por un lado, la desestimación, en un grado significativo, de la pretensión de RM y EM puede comprometer el efecto restitutorio y el efecto disuasorio que, de conformidad con la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartados 62 y 63, pretenden atribuir los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 a la declaración del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos celebrados con los consumidores.
33
Por otro lado, privar totalmente al profesional de la posibilidad de invocar una excepción de compensación podría violar los principios de equivalencia, de proporcionalidad y de seguridad jurídica, así como el derecho de este profesional a la tutela judicial efectiva. En efecto, esta privación supondría una limitación importante de su capacidad de defenderse ante los tribunales, tanto más cuanto que las disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil le permiten oponer dicha excepción. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente señala que el Tribunal de Justicia, en particular en la sentencia de 14 de diciembre de 2023, Getin Noble Bank (Plazo de prescripción de las acciones de restitución) (C‑28/22, EU:C:2023:992), apartado 87, ha descartado que un profesional pueda alegar una excepción de retención en unas circunstancias que le parecen similares a las que concurren en el presente caso.
34
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que la jurisprudencia polaca admite la posibilidad de que un profesional invoque, con carácter subsidiario, una excepción de compensación cuando alegue, con carácter principal, que el crédito invocado por el consumidor no está justificado en cuanto a su fundamento o a su importe.
35
A este respecto, este órgano jurisdiccional señala que tal excepción coloca al consumidor en una situación procesal que podría ser incompatible con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 y con el principio de efectividad. En efecto, el consumidor, al oponérsele una excepción de compensación válidamente presentada por el profesional, en principio debería desistir de su reclamación de cantidad, sobre la base del artículo 203, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, en la práctica resulta difícil para el consumidor efectuar dicho desistimiento, toda vez que su reclamación de cantidad forma parte de la demanda por la que se solicita la declaración de nulidad del contrato celebrado con el profesional. Ahora bien, de no producirse dicho desistimiento, el consumidor corre el riesgo de que su demanda sea parcialmente desestimada y, por consiguiente, de ser condenado al pago de una parte de las costas.
36
Según el órgano jurisdiccional remitente, la situación procesal del consumidor es menos compleja si el profesional invoca una excepción de compensación a la vez que reconoce, de forma incondicional, la nulidad del contrato de préstamo celebrado con este consumidor y la existencia de un crédito de este último frente a él por un importe equivalente a las cuotas mensuales del préstamo. Sin embargo, este órgano jurisdiccional se pregunta si la exclusión de la posibilidad de que el profesional formule una excepción de compensación con carácter subsidiario puede vulnerar los principios de equivalencia, de proporcionalidad y de seguridad jurídica, así como su derecho a la tutela judicial efectiva.
37
Asimismo, este órgano jurisdiccional indica que, ciertamente, según la jurisprudencia polaca, del artículo 455 del Código Civil se desprende que un crédito derivado de la obligación de restituir una prestación indebida realizada en el marco de un contrato nulo resulta exigible, a efectos del artículo 498, apartado 1, de este Código, tras un requerimiento de pago de un importe concreto. Dicho esto, tal crédito presupone la nulidad de ese contrato.
38
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente tiene dudas sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de un plazo de reembolso tan breve como el de dos semanas que exigió SBP en su requerimiento. A este respecto, afirma que de la jurisprudencia polaca resulta que la expresión «inmediatamente», que figura en el artículo 455 del Código Civil, debe entenderse en el sentido de que, respecto de las situaciones ordinarias, la prestación debe realizarse en un plazo de catorce días desde el requerimiento. Dado que SBP actuó de conformidad con esta jurisprudencia, debe considerarse que desde este punto de vista su crédito es exigible.
39
En particular, este órgano jurisdiccional se pregunta si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el principio de efectividad se oponen a que un profesional pueda requerir a un consumidor para que pague, en un plazo breve, un importe que parece elevado a la vista de los recursos de que dispone este último. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente indica que, en el presente asunto, él mismo había informado a RM y a EM de las consecuencias de la nulidad del contrato controvertido y, especialmente, sobre la obligación de restituir el importe equivalente al capital prestado.
40
En cuarto y último lugar, el órgano jurisdiccional remitente recuerda que RM y EM ya han visto estimadas sus pretensiones en lo que respecta a la nulidad del contrato controvertido. Así pues, en el supuesto de que desestimara la excepción de compensación formulada por SBP y concediera a RM y a EM la totalidad del importe que reclaman, SBP vería sus pretensiones íntegramente desestimadas y, en consecuencia, debería soportar la totalidad de las costas, de conformidad con el artículo 98, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil.
41
En cambio, si estimara esta excepción de compensación, no podría imponer la totalidad de las costas a SBP, sino que debería condenar a RM y a EM a cargar con una parte de las mismas por cuanto habrían alegado erróneamente que dicha excepción debía desestimarse. A resultas de tal reparto efectuado con arreglo al artículo 100, primera frase, del Código de Procedimiento Civil, tan solo se concedería a RM y a EM la cantidad de 5504 PLN (aproximadamente 1293 euros) en concepto de costas recuperables, pese a que sus gastos ascienden en realidad a 17334 PLN (aproximadamente 4071 euros).
42
El órgano jurisdiccional remitente duda de que tal resultado sea compatible con los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, así como con el principio de efectividad. No obstante, tiene la posibilidad de adoptar una decisión sobre las costas más favorable para RM y EM basándose en el artículo 102 del Código de Procedimiento Civil.
43
En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse, en el contexto de la declaración de nulidad de un contrato de préstamo hipotecario en su totalidad, debido a que este no puede subsistir tras suprimirse las cláusulas abusivas del mismo, los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva [93/13], así como los principios de efectividad, equivalencia, proporcionalidad y seguridad jurídica, en el sentido de que se oponen a un criterio jurisprudencial de interpretación de las disposiciones nacionales con arreglo al cual:
–
en un procedimiento iniciado mediante demanda de un consumidor contra un banco reclamando la devolución del equivalente a las cuotas del préstamo, el banco puede alegar eficazmente la compensación de su crédito de devolución del equivalente del principal del préstamo con el crédito del consumidor;
–
el banco puede formular eficazmente la citada alegación de compensación también como alegación subsidiaria, mientras que por lo general en el procedimiento alega que el contrato de préstamo es válido y que no incluye cláusulas abusivas;
–
el banco puede requerir eficazmente a un consumidor que restituya el equivalente del principal del préstamo desembolsado en ejecución de un contrato nulo (como consecuencia de lo cual ese crédito del banco resulta exigible), mientras que el banco alega con carácter general en el procedimiento que el contrato de préstamo es válido y que no contiene cláusulas abusivas;
–
el banco puede imponer al consumidor un plazo de dos semanas para que devuelva el equivalente de todo el principal del préstamo (como consecuencia de lo cual resulta exigible el crédito del banco para que se devuelva el equivalente de todo el principal del préstamo); [y]
–
el consumidor será condenado al pago de una parte de las costas procesales en la medida en que la pretensión de reclamación de cantidad sea desestimada, al haberse estimado la alegación de compensación formulada por el banco?»
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
44
El Gobierno portugués alega que el Tribunal de Justicia no es competente para conocer de la petición de decisión prejudicial, puesto que, mediante esta, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que interprete el Derecho nacional.
45
Sin embargo, de la redacción de la cuestión prejudicial se desprende que esta tiene efectivamente por objeto la interpretación de disposiciones y principios del Derecho de la Unión.
46
Por consiguiente, habida cuenta de que el Tribunal de Justicia es competente para interpretar las disposiciones y los principios del Derecho de la Unión, también lo es para conocer de la petición de decisión prejudicial y para responder a la cuestión prejudicial que le ha planteado el órgano jurisdiccional remitente.
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
47
El Gobierno polaco alega que la parte de la cuestión prejudicial que se refiere a la posibilidad de que el profesional, en el marco del litigio que lo enfrenta al consumidor que solicita la anulación del contrato de préstamo hipotecario que han celebrado entre sí, formule, con carácter subsidiario, una excepción de compensación, a la vez que afirma, con carácter principal, que dicho contrato es válido, es inadmisible. En efecto, a su entender el órgano jurisdiccional remitente ya ha determinado, mediante la sentencia parcial mencionada en el apartado 25 de la presente sentencia, que el contrato controvertido era nulo.
48
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, la justificación de la remisión prejudicial no es la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino su necesidad para la resolución efectiva de un litigio [véanse las sentencias de 16 de diciembre de 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, apartado 18, y de 11 de septiembre de 2025, Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular III), C‑687/23, EU:C:2025:687, apartado 35].
49
En el presente asunto, es cierto que el órgano jurisdiccional remitente ha declarado la nulidad del contrato controvertido mediante una sentencia parcial. Sin embargo, decidió simultáneamente plantear la presente petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia, al considerar que necesitaba una interpretación de ciertas disposiciones y principios del Derecho de la Unión para poder pronunciarse, en el mismo procedimiento en el que dictó dicha sentencia parcial, sobre el resto de la demanda de RM y EM, a la vista de una excepción de compensación que, cuando se presentó, era un medio de defensa subsidiario con respecto a la alegación de la validez de ese contrato.
50
En estas condiciones, no resulta evidente que la respuesta a esta parte de la cuestión prejudicial sea de naturaleza hipotética. En efecto, esta respuesta podría ser necesaria para resolver el litigio principal y, en particular, para apreciar la conformidad del Derecho nacional con las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita.
51
Por lo tanto, la petición de decisión prejudicial es admisible en su totalidad.
Sobre la cuestión prejudicial
52
Con carácter preliminar, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio (véanse las sentencias de 29 de noviembre de 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, apartado 26, y de 25 de febrero de 2025, Alphabet y otros, C‑233/23, EU:C:2025:110, apartado 33 y jurisprudencia citada).
53
En el presente caso, la petición de decisión prejudicial no contiene una explicación que permita comprender por qué es pertinente el principio de equivalencia, que, no obstante, se menciona en la cuestión prejudicial planteada.
54
Así pues, procede considerar que, mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, así como el principio de efectividad, a la luz de los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad y del derecho a la tutela judicial efectiva, se oponen a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional que, en el marco de un procedimiento iniciado por un consumidor con el fin de obtener la anulación del contrato de préstamo hipotecario que celebró con un profesional, así como la restitución de las cuotas mensuales abonadas en cumplimiento de dicho contrato, permite que dicho profesional, a la vez que afirma, con carácter principal, que el mencionado contrato es válido, formule, con carácter subsidiario, una excepción de compensación basada en un crédito correspondiente al importe de dicho préstamo hipotecario, cuando dicho crédito debe considerarse exigible debido a la expiración del plazo de requerimiento de dos semanas que se había concedido a dicho consumidor y la estimación de esta excepción conlleva, debido a la oposición infructuosa del consumidor a la misma, el reparto de las costas de manera proporcional a la medida en la que se hayan desestimado las pretensiones de cada parte.
55
A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional.
56
Además, habida cuenta de la naturaleza y de la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de inferioridad en relación con los profesionales, y tal como se desprende del artículo 7, apartado 1, de esta Directiva, a la luz de su vigesimocuarto considerando, dicha Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores» (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980, apartado 56 y jurisprudencia citada).
57
Por consiguiente, el juez nacional está obligado a dejar sin aplicación una cláusula contractual abusiva que imponga el pago de importes que resulten ser indebidos. Tal obligación genera, en principio, el correspondiente efecto restitutorio en relación con esos mismos importes, dado que la exclusión de tal efecto restitutorio pondría en entredicho el efecto disuasorio que el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva, en relación con su artículo 7, apartado 1, pretende atribuir a la declaración del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos celebrados por un profesional con los consumidores [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato), C‑520/21, EU:C:2023:478, apartado 58 y jurisprudencia citada].
58
Sin embargo, la Directiva 93/13 no regula expresamente las consecuencias que conlleva la invalidez de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor tras la supresión de las cláusulas abusivas que contiene. Por lo tanto, corresponde a los Estados miembros determinar las consecuencias que conlleva tal declaración, en el bien entendido de que las normas que establezcan a este respecto deben ser compatibles con el Derecho de la Unión y, en particular, con los objetivos perseguidos por la citada Directiva [sentencia de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato), C‑520/21, EU:C:2023:478, apartado 64 y jurisprudencia citada].
59
En el presente asunto, en primer lugar, de la petición de decisión prejudicial se desprende que la situación que llevó al órgano jurisdiccional remitente a plantear esta remisión prejudicial al Tribunal de Justicia resulta de la denominada teoría de las «dos pretensiones», en virtud de la cual la nulidad de tal contrato da lugar al nacimiento de dos créditos, que pueden cobrarse de manera independiente.
60
A este respecto, para empezar, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional según la cual, cuando una cláusula de un contrato de préstamo calificada de abusiva invalida dicho contrato, el profesional tiene derecho a exigir al consumidor la restitución de la totalidad del importe nominal del préstamo obtenido, con independencia del importe de los reembolsos realizados por el consumidor en cumplimiento de ese contrato y del importe pendiente de reembolsar (sentencia de 19 de junio de 2025, Lubreczlik, C‑396/24, EU:C:2025:460, apartado 44).
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Pues bien, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el hecho de estimar la excepción de compensación formulada por el profesional como reacción a la pretensión del consumidor de obtener la restitución de las prestaciones que ha realizado en cumplimiento de un contrato de préstamo hipotecario declarado nulo da lugar a una situación en la que únicamente la parte que dispone del crédito más elevado sigue siendo acreedora de la otra. Por consiguiente, en tal situación, se tienen efectivamente en cuenta el importe de los reembolsos efectuados por el consumidor en cumplimiento del contrato nulo y el importe pendiente de reembolsar, de manera que dicho consumidor no está obligado a restituir la totalidad del importe nominal del préstamo obtenido.
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En consecuencia, los principios mencionados en el apartado 60 de la presente sentencia no se oponen a una interpretación de las normas pertinentes del Derecho nacional que permita llegar a una situación en la que, tras la compensación entre dos créditos mutuos cuyos importes respectivos no son idénticos, únicamente se condene a la parte que continúe siendo deudora del importe no cubierto por su propio crédito frente a la otra parte a abonar dicho importe a esta última.
63
A continuación, es cierto que, según la jurisprudencia, los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz del principio de efectividad, se oponen a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional según la cual, cuando un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional no pueda subsistir tras la supresión de las cláusulas abusivas que figuren en él, el profesional puede invocar un derecho de retención que le permite supeditar la restitución de las prestaciones que ha recibido del consumidor a la presentación, por este último, de una oferta de restitución de las prestaciones que él haya recibido a su vez de dicho profesional o de una garantía de la restitución de estas últimas prestaciones, si el ejercicio, por ese mismo profesional, del derecho de retención acarrea al consumidor la pérdida del derecho a obtener intereses de demora [véanse, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2023, Getin Noble Bank (Plazo de prescripción de las acciones de restitución), C‑28/22, EU:C:2023:992, apartado 87, y el auto de 8 de mayo de 2024, Santander Bank PolskaC‑424/22, EU:C:2024:398, apartado 38].
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Sin embargo, el derecho de retención controvertido en los asuntos que dieron lugar a esa jurisprudencia consistía en que la primera parte supeditaba la restitución de una prestación de la que era deudora frente a la segunda parte a la condición de que esta última se comprometiera a restituir la prestación que había efectuado la primera parte en su beneficio. Además, de la petición de decisión prejudicial se desprende que, si se acogiera la excepción de compensación formulada por SBP, el importe del crédito principal de RM y EM se vería incrementado, en todo caso, en intereses de demora.
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En cambio, a reserva de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, se deduce de la petición de decisión prejudicial que, en el Derecho polaco, la compensación produce un efecto equivalente a la ejecución de las prestaciones de ambas partes.
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Así pues, en tales circunstancias, contrariamente al ejercicio del derecho de retención sobre el que versaban los asuntos citados en el apartado 63 de la presente sentencia, la compensación de los créditos respectivos del profesional y del consumidor no puede comprometer, en principio, la protección que garantiza a este último la Directiva 93/13.
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Por último, a los efectos de la apreciación de las consecuencias para la situación del consumidor provocadas por la anulación de un contrato en su totalidad, resulta determinante la voluntad expresada por este. En efecto, el sistema de protección concebido por la Directiva 93/13 no resulta aplicable si el consumidor se opone a ello. Tras haber sido informado por el juez nacional, el consumidor puede abstenerse de invocar el carácter abusivo y no vinculante de una cláusula, otorgando así un consentimiento libre e informado a la cláusula en cuestión y evitando con ello la anulación del contrato. Para que el consumidor pueda prestar su consentimiento libre e informado, corresponde al juez nacional indicar a las partes, en el marco de las normas procesales nacionales y a la luz del principio de equidad en los procedimientos civiles, de manera objetiva y exhaustiva, las consecuencias jurídicas que pueda entrañar la supresión de la cláusula abusiva. Tal información es aún más importante cuando la inaplicación de la cláusula abusiva pueda dar lugar a la anulación de todo el contrato, exponiendo eventualmente al consumidor a reclamaciones de reembolso [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2023, M. B. y otros (Efectos de la anulación de un contrato), C‑6/22, EU:C:2023:216, apartados 38 a 41 y jurisprudencia citada].
68
Dicho esto, cuando el consumidor, aunque haya recibido del órgano jurisdiccional competente la información relativa a las consecuencias que pueden derivarse de la anulación del contrato que le vincula al profesional, decida no oponerse a que dicho órgano jurisdiccional anule el mencionado contrato, se ha de considerar que el hecho de que dicho órgano jurisdiccional estime la pretensión de ese profesional de que los créditos respectivos de ambas partes, resultantes de dicha anulación, se compensen entre sí, no es contrario a la protección garantizada al consumidor por la Directiva 93/13. En efecto, tal compensación constituye una manera entre otras para que el profesional obtenga la restitución del capital prestado, a la que tiene derecho tras la anulación de dicho contrato.
69
Asimismo, tal mecanismo de compensación permite evitar que el profesional decida presentar una demanda separada para alegar su crédito frente al consumidor, lo que conllevaría una multiplicación de los procedimientos y, por tanto, gastos adicionales, lo que no redundaría en interés del consumidor.
70
En segundo lugar, debe señalarse que, si bien las supuestas víctimas de una infracción del Derecho de la Unión pueden invocar el derecho a un proceso equitativo, garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, este derecho también protege al demandado, incluso en los casos en los que anteriormente se haya declarado que este último incumplió la Directiva 93/13. En efecto, el derecho a un proceso equitativo protege a toda persona jurídica considerada individualmente. De esta manera, los litigios en materia de protección de los consumidores no se sustraen a las garantías procesales que resultan de este artículo [véase, por analogía con el artículo 101 TFUE, la sentencia de 11 de julio de 2024, Volvo (Emplazamiento en el domicilio social de una filial de la demandada), C‑632/22, EU:C:2024:601, apartado 54].
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Pues bien, si se privara al profesional de la posibilidad, prevista en el Derecho nacional aplicable, de oponer al consumidor una excepción de compensación, su derecho a la tutela judicial efectiva sufriría un menoscabo desproporcionado, habida cuenta de que no podría invocar este medio de defensa.
72
Por consiguiente, desde el momento en que un consumidor puede solicitar al juez competente que, si este último anula el contrato que dicho consumidor ha celebrado con un profesional, condene a ese profesional a la restitución de las prestaciones recibidas por dicho consumidor en virtud del mencionado contrato, el principio de igualdad de armas, que es un corolario del concepto mismo de proceso justo (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartado 128 y jurisprudencia citada), exige que dicho profesional disponga a su vez de tal posibilidad de obtener la restitución de las prestaciones que ha realizado al mismo consumidor, inclusive mediante una excepción de compensación formulada con carácter subsidiario para el caso de que el medio de defensa principal del mismo profesional, basado en la validez de dicho contrato, sea desestimado.
73
En este contexto, debe precisarse, no obstante, que de la jurisprudencia se desprende que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponen a una interpretación jurisprudencial del Derecho de un Estado miembro conforme a la cual, a raíz de la declaración de la nulidad de un contrato de préstamo hipotecario, el banco tiene derecho a solicitar al consumidor un importe que exceda de la devolución del capital abonado en cumplimiento de dicho contrato y del pago de los intereses de demora al tipo legal desde el requerimiento. Con esta reserva relativa a los intereses de demora al tipo legal, el banco no tiene derecho a recibir una remuneración por el uso de este capital por parte del consumidor [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2023, mBank (Declaración del consumidor), C‑140/22, EU:C:2023:965, apartados 62 y 63 y jurisprudencia citada].
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En el marco de una excepción de compensación formulada con carácter subsidiario, dicha reserva supone que, mientras el profesional alegue que el contrato celebrado con el consumidor es válido, ningún requerimiento que este notifique al consumidor para la restitución del capital prestado podrá producir efectos, en particular con respecto al pago de intereses de demora, hasta la anulación definitiva de dicho contrato.
75
En tercer lugar, en cuanto a la duración del plazo de pago que puede establecer el profesional en el requerimiento que envía al consumidor, debe considerarse que este plazo forma parte del conjunto de información relativa a las consecuencias de la anulación del contrato que el órgano jurisdiccional competente debe proporcionar a dicho consumidor, según la jurisprudencia mencionada en el apartado 67 de la presente sentencia, antes de que pueda efectuar tal anulación. Si bien la determinación de dicho plazo depende del Derecho nacional, no obstante, este órgano jurisdiccional debe velar, a la vista de todas las circunstancias pertinentes, por que no pueda tener el efecto de disuadir al consumidor de invocar la protección que le otorga la Directiva 93/13, o incluso de impedirle invocarla.
76
En cuarto y último lugar, en lo tocante a las consecuencias que puede tener la estimación de la excepción de compensación formulada por el profesional en las costas del procedimiento, debe señalarse que la distribución de las costas de un proceso judicial sustanciado ante los órganos jurisdiccionales nacionales pertenece a la esfera de la autonomía procesal de los Estados miembros, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad (sentencia de 22 de septiembre de 2022, Servicios Prescriptor y Medios de Pagos E. F. C., C‑215/21, EU:C:2022:723, apartado 34 y jurisprudencia citada).
77
En cuanto al principio de efectividad, que es el único que se contempla en las consideraciones formuladas por el órgano jurisdiccional remitente a este respecto, procede recordar que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de este ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los principios en los que se basa el sistema judicial nacional, como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento (sentencia de 22 de septiembre de 2022, Servicios Prescriptor y Medios de Pagos E. F. C., C‑215/21, EU:C:2022:723, apartado 35 y jurisprudencia citada).
78
Si bien el principio de efectividad no se opone, en general, a que el consumidor cargue con determinadas costas procesales cuando presenta una demanda dirigida a que se declare el carácter abusivo de una cláusula contractual (sentencia de 7 de abril de 2022, Caixabank, C‑385/20, EU:C:2022:278, apartado 51), ha de observarse asimismo que la Directiva 93/13 confiere al consumidor el derecho de acudir a un juez para que se declare el carácter abusivo de una cláusula contractual y para que se deje sin aplicar, derecho cuya efectividad debe preservarse. Por consiguiente, el sistema de reparto de las costas de tal procedimiento no debe disuadir al consumidor de ejercer este derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, Servicios Prescriptor y Medios de Pagos E. F. C., C‑215/21, EU:C:2022:723, apartado 37 y jurisprudencia citada).
79
En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente considera que, si estimara la excepción de compensación formulada por SBP, no podría aplicar el artículo 98, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil para condenarlo a soportar la totalidad de las costas del procedimiento, ya que se desestimaría parcialmente la pretensión de RM y EM de que se les restituyan las cantidades que pagaron a SBP en virtud del contrato controvertido, debido a que el importe de esta restitución debería reducirse en la suma correspondiente al importe del crédito de SBP frente a ellos. Precisa que habría podido basarse en esta disposición si RM y EM no se hubieran opuesto a la excepción de compensación formulada por SBP y hubieran desistido parcialmente de su pretensión. En estas circunstancias, este órgano jurisdiccional considera que está obligado a aplicar el artículo 100, primera frase, de este Código y a repartir las costas teniendo en cuenta la proporción en la que se hayan desestimado las pretensiones de cada parte. No obstante, dicho órgano jurisdiccional menciona la posibilidad de basarse en el artículo 102 del Código de Procedimiento Civil, que le permite condenar a la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones a cargar únicamente con una fracción de las costas o no condenarla en costas, para de este modo adoptar una decisión sobre las costas más favorable para dichos demandantes.
80
A este respecto, es preciso recordar que el principio de interpretación conforme del Derecho nacional con el Derecho de la Unión exige que los órganos jurisdiccionales nacionales, respetando, en particular, la prohibición de interpretación contra legem del Derecho nacional, hagan todo lo que sea de su competencia, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, a fin de garantizar la plena efectividad de la Directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, apartados 118 y 119, y de 15 de octubre de 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, apartado 51 y jurisprudencia citada).
81
En sus observaciones escritas, el Gobierno polaco indica que los órganos jurisdiccionales nacionales disponen de instrumentos jurídicos suficientes para garantizar la efectividad de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a los consumidores. En particular, afirma que estos órganos jurisdiccionales pueden ordenar el reembolso de los gastos, sobre la base del artículo 102 del Código de Procedimiento Civil, que establece un principio de equidad. En virtud del principio de interpretación conforme, dichos órganos jurisdiccionales pueden apartarse de una interpretación restrictiva de este artículo.
82
En definitiva, corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si la normativa nacional controvertida en el litigio principal puede ser objeto de una interpretación conforme con la Directiva 93/13 y, en caso afirmativo, extraer las correspondientes consecuencias jurídicas.
83
En particular, este órgano jurisdiccional debe garantizar, por una parte, la efectividad del derecho de RM y EM a obtener la anulación del contrato controvertido, que contiene cláusulas abusivas, y la restitución de las prestaciones indebidamente percibidas por el profesional, a la vez que evita que el régimen de reparto de las costas disuada a los consumidores de invocar los derechos que les confiere la Directiva 93/13.
84
Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional también debe poder apreciar todas las circunstancias del asunto del que conoce para tener en cuenta, en su caso, la posible mala fe de los consumidores que, a pesar de la información recibida del juez, se oponen sin fundamento a la compensación de los créditos recíprocamente adeudados entre esos consumidores y el profesional (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, Servicios Prescriptor y Medios de Pagos E. F. C., C‑215/21, EU:C:2022:723, apartados 42 y 43).
85
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el principio de efectividad, a la luz de los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad, así como del derecho a la tutela judicial efectiva, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional que, en el marco de un procedimiento iniciado por un consumidor con el fin de obtener la anulación del contrato de préstamo hipotecario que celebró con un profesional, así como la restitución de las cuotas mensuales abonadas en cumplimiento de dicho contrato, permite que dicho profesional, a la vez que afirma, con carácter principal, que el mencionado contrato es válido, formule, con carácter subsidiario, una excepción de compensación basada en un crédito correspondiente al importe de dicho préstamo hipotecario, siempre y cuando, por una parte, este último crédito no se considere exigible antes de que el órgano jurisdiccional competente anule el referido contrato y, por otra parte, el hecho de estimar tal excepción no dé lugar a una decisión sobre las costas del procedimiento que pueda disuadir al consumidor de ejercer los derechos que le confiere dicha Directiva.
Costas
86
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y el principio de efectividad, a la luz de los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad, así como del derecho a la tutela judicial efectiva,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una interpretación jurisprudencial del Derecho nacional que, en el marco de un procedimiento iniciado por un consumidor con el fin de obtener la anulación del contrato de préstamo hipotecario que celebró con un profesional, así como la restitución de las cuotas mensuales abonadas en cumplimiento de dicho contrato, permite que dicho profesional, a la vez que afirma, con carácter principal, que el mencionado contrato es válido, formule, con carácter subsidiario, una excepción de compensación basada en un crédito correspondiente al importe de dicho préstamo hipotecario, siempre y cuando, por una parte, este último crédito no se considere exigible antes de que el órgano jurisdiccional competente anule el referido contrato y, por otra parte, el hecho de estimar tal excepción no dé lugar a una decisión sobre las costas del procedimiento que pueda disuadir al consumidor de ejercer los derechos que le confiere dicha Directiva.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.