AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 21 de julio de 2025 (*)
« Recurso de anulación — Política económica y monetaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Dispositivo de resolución respecto de Banco Popular Español — Incompetencia manifiesta parcial — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno »
En el asunto T‑600/17,
Remolcadores Nosa Terra, S. A., con domicilio social en Vigo (Pontevedra),
Grupo Nosa Terra 2000, S. L. U., con domicilio social en Vigo,
Hospital Povisa, S. A., con domicilio social en Vigo,
Industrias Lácteas Asturianas, S. A., con domicilio social en Madrid,
representadas por el Sr. J. M. Otero Novas, abogado,
partes demandantes,
contra
Comisión Europea, representada por las Sras. P. Němečková, A. Steiblytė y A. Manzaneque Valverde, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. J. Rivas Andrés, abogado,
y
Junta Única de Resolución (JUR), representada por las Sras. H. N. K. Ehlers, M. S. Fernández Rupérez y A. R. Lapresta Bienz y por el Sr. J. Rius Riu, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. B. Meyring, F. B. Fernández de Trocóniz Robles y T. E. Klupsch y por la Sra. S. Ianc, abogados,
partes demandadas,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. A. Kornezov, Presidente, y los Sres. G. De Baere (Ponente) y D. Petrlík, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado la fase escrita del procedimiento, en particular:
–        la decisión de suspender el procedimiento de 27 de junio de 2018;
–        la diligencia de ordenación del procedimiento de 24 de octubre de 2024 mediante la que se instaba a las partes a presentar sus observaciones sobre las consecuencias que procede extraer, para el presente asunto, de las sentencias de 4 de octubre de 2024, Aeris Invest/Comisión y JUR (C‑535/22 P, EU:C:2024:819), y de 4 de octubre de 2024, García Fernández y otros/Comisión y JUR (C‑541/22 P, EU:C:2024:820), y las respuestas de estas últimas;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, las demandantes, Remolcadores Nosa Terra, S. A., Grupo Nosa Terra 2000, S. L. U., Hospital Povisa, S. A., e Industrias Lácteas Asturianas, S. A., solicitan la anulación de la Decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por la que se aprueba el régimen de resolución respecto del Banco Popular Español, S. A. (DO 2017, L 178, p. 15; corrección de errores en DO 2017, L 320, p. 31, y en DO 2018, C 410, p. 7) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
Antecedentes del litigio
2        Las demandantes poseían acciones de Banco Popular Español, S. A. (en lo sucesivo, «Banco Popular»), antes de que se adoptara un dispositivo de resolución respecto de dicha entidad.
3        En el marco del procedimiento de resolución de Banco Popular, el 5 de junio de 2017, la Junta Única de Resolución (JUR) redactó una primera valoración, con arreglo al artículo 20, apartado 5, letra a), del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1), que tenía por objeto informar la determinación de si se cumplían las condiciones para iniciar un procedimiento de resolución, tal como quedan definidas en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.º 806/2014.
4        El 6 de junio de 2017, el Banco Central Europeo (BCE), previa consulta a la JUR, llevó a cabo una evaluación para determinar si Banco Popular estaba en graves dificultades o probablemente fuera a estarlo, con arreglo al artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 806/2014.
5        El BCE, a la luz, en particular, de las excesivas cancelaciones de depósitos, de la rapidez a la que el banco perdía liquidez y de la incapacidad de este para generar más liquidez, consideró que existían elementos objetivos que indicaban que Banco Popular probablemente no estaría en condiciones en un futuro cercano de hacer frente a sus deudas o demás pasivos a su vencimiento. El BCE concluyó que Banco Popular estaba en graves dificultades o que, en cualquier caso, probablemente iba a estarlo en un futuro cercano, en el sentido del artículo 18, apartados 1, letra a), y 4, letra c), del Reglamento n.º 806/2014.
6        El 6 de junio de 2017, el Consejo de Administración de Banco Popular comunicó al BCE que había llegado a la conclusión de que el banco probablemente iba a estar en graves dificultades.
7        También el 6 de junio de 2017, un valorador independiente remitió a la JUR una segunda valoración (en lo sucesivo, «valoración 2»), elaborada con arreglo al artículo 20, apartado 10, del Reglamento n.º 806/2014. La valoración 2 tenía por objeto estimar el valor del activo y del pasivo de Banco Popular, ofrecer una estimación del tratamiento que habrían recibido los accionistas y acreedores si Banco Popular hubiera iniciado un procedimiento de insolvencia ordinario, así como informar la decisión sobre las acciones y los instrumentos de propiedad que habían de transmitirse y el concepto de la JUR en cuanto a las condiciones comerciales cuando se aplique el instrumento de venta del negocio.
8        El 7 de junio de 2017, la Sesión Ejecutiva de la JUR adoptó la Decisión SRB/EES/2017/08, relativa a un dispositivo de resolución respecto de Banco Popular (en lo sucesivo, «dispositivo de resolución»), con fundamento en el Reglamento n.º 806/2014.
9        Según el artículo 1 del dispositivo de resolución, la JUR, al considerar que se cumplían las condiciones del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.º 806/2014, decidió someter a Banco Popular a un procedimiento de resolución a partir de la fecha de la resolución.
10      Así, la JUR consideró, en primer término, que Banco Popular estaba en graves dificultades o que probablemente iba a estarlo; en segundo término, que no existían perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector privado o de supervisión pudieran impedir la inviabilidad de Banco Popular en un plazo de tiempo razonable, y, en tercer término, que una medida de resolución en forma de instrumento de venta del negocio de Banco Popular era necesaria en aras del interés público. A este respecto, la JUR indicó que la resolución era necesaria y proporcionada para la consecución de dos objetivos contemplados en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento n.º 806/2014, a saber, garantizar la continuidad de las funciones esenciales del banco y evitar repercusiones negativas importantes sobre la estabilidad financiera.
11      La JUR decidió amortizar y convertir los instrumentos de capital de Banco Popular con arreglo al artículo 21 del Reglamento n.º 806/2014 y aplicar el instrumento de venta del negocio de conformidad con el artículo 24 del Reglamento n.º 806/2014 mediante la transmisión de las acciones a un adquirente.
12      La JUR decidió cancelar el 100 % de las acciones de Banco Popular, convertir y amortizar todo el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 emitidos por Banco Popular y convertir todo el importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 emitidos por Banco Popular en «acciones nuevas II». Al término de un proceso de venta transparente y abierto tramitado por la autoridad de resolución española, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las «acciones nuevas II» fueron transmitidas a Banco Santander, S. A., por el precio de un euro. Posteriormente, el 28 de septiembre de 2018, en el marco de una fusión por absorción, Banco Santander sucedió a título universal a Banco Popular.
13      El 7 de junio de 2017, a las 6.30 h, la Comisión Europea adoptó la Decisión impugnada, por la que se aprobaba el dispositivo de resolución, cuyo considerando 4 indica lo siguiente:
«La Comisión aprueba el régimen de resolución. En particular, está de acuerdo con las razones por las que es necesaria una resolución en aras del interés general, aducidas por la JUR de conformidad con el artículo 18, apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 806/2014.»
Pretensiones de las partes
14      Las demandantes solicitan al Tribunal General que:
–        Declare que tienen derecho a percibir un importe correspondiente al valor de sus acciones de Banco Popular, atendiendo al patrimonio que poseía esta entidad a 6 de junio de 2017, o a ser indemnizadas en ese importe, más los intereses legales devengados desde el 7 de junio de 2017.
–        Anule o complemente la Decisión impugnada.
–        Condene a la JUR y a la «Unión Europea» a comunicarles, en lengua española, el texto íntegro del dispositivo de resolución, el informe de valoración y cualquier otro documento que haya servido de base para la adopción del referido dispositivo, así como la estimación de la JUR sobre la indemnización que debe abonarse a las demandantes por la resolución de Banco Popular.
–        Tras efectuarse la comunicación de los citados documentos, por un lado, les conceda un plazo no inferior a tres meses desde la recepción de esos documentos, para que las demandantes puedan manifestar a la JUR su criterio sobre el importe que se les debe abonar y esta última se pronuncie sobre dicho importe en una decisión susceptible de recurso y proceda a pagárselo, con sus intereses; por otro lado, con carácter subsidiario, reabra el plazo para recurrir, de modo que puedan impugnar el dispositivo de resolución, ordenando que dicho plazo se compute a partir de los dos meses siguientes a la referida comunicación de la JUR.
–        Condene en costas a la Comisión y a la JUR.
15      La Comisión y la JUR solicitan al Tribunal General que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a las demandantes.
Fundamentos de Derecho
16      A tenor del artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal General podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
17      En el presente asunto, el Tribunal General considera que la documentación que obra en autos le ofrece información suficiente y, de conformidad con dicho artículo, decide resolver sin continuar el procedimiento.
Sobre la competencia del Tribunal General
18      Mediante la primera de sus pretensiones, las demandantes solicitan al Tribunal General que declare que tienen derecho a percibir un importe correspondiente al valor de las acciones que poseían de Banco Popular.
19      A este respecto, se ha de señalar que tal pretensión implica una constatación o una declaración del Tribunal General.
20      Basta con recordar que de reiterada jurisprudencia se desprende que, en el marco del control de legalidad basado en el artículo 263 TFUE, el Tribunal General no es competente para pronunciar sentencias declarativas (véase la sentencia de 13 de septiembre de 2018, DenizBank/Consejo, T‑798/14, EU:T:2018:546, apartado 135 y jurisprudencia citada).
21      A mayor abundamiento, basta con señalar que, dado que las demandantes no han presentado ningún argumento que demuestre que se cumplen los requisitos para que se genere la responsabilidad de la Comisión o de la JUR en el sentido del artículo 340 TFUE, esta pretensión no puede considerarse una pretensión indemnizatoria.
22      Sea como fuere, según reiterada jurisprudencia, las pretensiones de indemnización de un perjuicio material o moral deben desestimarse cuando están estrechamente vinculadas con unas pretensiones de anulación que, a su vez, han sido declaradas inadmisibles o desestimadas por infundadas (véanse la sentencia de 4 de julio de 2002, Arne Mathisen/Consejo, T‑340/99, EU:T:2002:174, apartado 134 y jurisprudencia citada; el auto de 4 de febrero de 2021, Germann Avocats/Comisión, T‑352/18, no publicado, EU:T:2021:64, apartado 109 y jurisprudencia citada, y la sentencia de 1 de septiembre de 2021, KN/CESE, T‑377/20, EU:T:2021:528, apartado 222 y jurisprudencia citada).
23      Mediante la segunda de sus pretensiones, las demandantes solicitan al Tribunal General, en particular, que complemente la Decisión impugnada.
24      Basta con señalar que, en el marco del control de legalidad basado en el artículo 263 TFUE, el Tribunal General no es competente para modificar ni para complementar la Decisión impugnada. Con arreglo al artículo 264 TFUE, el Tribunal General solo puede anular el acto impugnado (véase la sentencia de 9 de abril de 2019, Sopra Steria Group/Parlamento, T‑182/15, EU:T:2019:228, apartado 52 y jurisprudencia citada).
25      Mediante sus pretensiones tercera y cuarta, las demandantes solicitan en esencia al Tribunal General que ordene a la JUR y a la «Unión Europea» que les transmitan, en lengua española, una serie de documentos y, acto seguido, que se les conceda un plazo para que puedan comunicar a la JUR su criterio sobre el importe que se les debe pagar y, con carácter subsidiario, se reabra el plazo para recurrir de suerte que puedan impugnar el dispositivo de resolución.
26      A este respecto, basta con señalar que, en el marco del control de legalidad basado en el artículo 263 TFUE, el Tribunal General no es competente para dictar órdenes conminatorias contra las instituciones, órganos y organismos de la Unión, aunque se refieran a las modalidades de ejecución de sus sentencias [véase la sentencia de 6 de noviembre de 2024, Crédit agricole y otros/Comisión (Bonos supranacionales, soberanos y de agencia),
T‑386/21 y T‑406/21, EU:T:2024:776, apartado 65 y jurisprudencia citada].
27      De ello se sigue que el recurso debe ser examinado únicamente en cuanto que tiene por objeto la anulación de la Decisión impugnada.
Sobre la pretensión de anulación de la Decisión impugnada
28      En apoyo de su pretensión de anulación de la Decisión impugnada, las demandantes invocan en esencia tres motivos, basados, el primero, en la vulneración del derecho de propiedad, el segundo, en la vulneración del derecho de defensa y, el tercero, en una desviación de poder.
29      Con carácter preliminar, procede observar, en primer lugar, que las demandantes sostienen que la anulación solicitada se sustenta en la inaplicación en España de las disposiciones de Derecho derivado en las que se fundan el dispositivo de resolución y la Decisión impugnada. Alegan que cualquier medida o decisión de los órganos de la Unión solo será válida, en lo que respecta a España, si respeta los preceptos de la Constitución española. En apoyo de su pretensión de anulación, las demandantes invocan diversas disposiciones de la Constitución y de la legislación españolas, junto con resoluciones de los tribunales españoles.
30      Pues bien, es jurisprudencia reiterada que el principio de primacía del Derecho de la Unión impone a todos los órganos e instituciones de los Estados miembros garantizar la plena eficacia de las diferentes normas de la Unión, sin que el Derecho de los Estados miembros pueda afectar a la eficacia reconocida a esas distintas normas en el territorio de dichos Estados. De esta jurisprudencia se desprende que, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, las disposiciones de Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional, no pueden afectar a la unidad y a la eficacia del Derecho de la Unión [véase la sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartados 50 y 51 y jurisprudencia citada].
31      Según jurisprudencia reiterada, al Derecho nacido del Tratado
UE y del Tratado FUE, por su propia naturaleza, no se le puede oponer ninguna norma del Derecho nacional, sin que se cuestione el fundamento jurídico de la Unión misma. Por lo tanto, no puede invocarse válidamente una disposición nacional en apoyo de un recurso de anulación dirigido contra un acto de la Unión (véase la sentencia de 28 de mayo de 2013, Trabelsi y otros/Consejo, T‑187/11, EU:T:2013:273, apartado 61 y jurisprudencia citada).
32      Así pues, las demandantes no pueden pretender válidamente que el Reglamento n.º 806/2014, en el que se basan el dispositivo de resolución y la Decisión impugnada, no sea aplicable en España, ni que la validez de estos últimos se aprecie a la luz de la Constitución o de la legislación españolas.
33      En segundo lugar, en su escrito de demanda, las demandantes exponen argumentos que hacen referencia a resoluciones adoptadas por la autoridad española de resolución, el FROB, en el marco de la ejecución del dispositivo de resolución.
34      Las competencias del Tribunal General son las enumeradas en el artículo 256 TFUE, con las precisiones que introduce el artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con arreglo a estas disposiciones, el Tribunal General será competente para conocer de los recursos que se interpongan, sobre la base del artículo 263 TFUE, solamente contra los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión.
35      Pues bien, las resoluciones adoptadas por el FROB tienen un carácter puramente nacional y no son imputables a la Unión.
36      Basta con señalar que el Tribunal General carece de competencia para conocer de los recursos que pretenden obtener la anulación de resoluciones puramente nacionales (véase, por analogía, el auto de 14 de julio de 1998, Glasoltherm/Comisión y otros, C‑399/97, EU:C:1998:362, apartado 9). En efecto, según reiterada jurisprudencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional nacional competente controlar la validez de las medidas nacionales de ejecución de los actos de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 1996, Branco/Comisión, T‑271/94, EU:T:1996:103, apartado 53).
37      Por lo tanto, el Tribunal General no es competente para examinar las alegaciones de las demandantes que se refieren a las resoluciones de ejecución adoptadas por el FROB.
Primer motivo, basado en la vulneración del derecho de propiedad
38      Las demandantes alegan que la adopción del dispositivo de resolución supuso una vulneración de su derecho de propiedad, que está reconocido en el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), ya que la JUR las privó del valor de sus acciones sin indemnizarlas, lo cual constituye una «expropiación». Las demandantes entienden que tienen derecho a que se les indemnice en un importe correspondiente al valor real de sus acciones.
39      Según reiterada jurisprudencia, el derecho de propiedad garantizado por el artículo 17, apartado 1, de la Carta no constituye una prerrogativa absoluta y su ejercicio puede ser objeto de restricciones justificadas por objetivos de interés general perseguidos por la Unión. Por consiguiente, tal como se desprende del artículo 52, apartado 1, de la Carta, pueden imponerse restricciones al ejercicio del derecho de propiedad, siempre y cuando estas restricciones respondan efectivamente a la consecución de objetivos de interés general y no constituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho así garantizado [véanse las sentencias de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 488 y jurisprudencia citada, de 1 de junio de 2022, Algebris (UK) y Anchorage Capital Group/Comisión, T‑570/17, EU:T:2022:314, apartado 391 y jurisprudencia citada, y de 1 de junio de 2022, Aeris Invest/Comisión y JUR, T‑628/17, EU:T:2022:315 apartado 159 y jurisprudencia citada].
40      En primer lugar, procede señalar que, como se ha indicado en los anteriores apartados 9 y 10, en el dispositivo de resolución, la JUR concluyó que se daban las condiciones establecidas por el artículo 18 del Reglamento n.º 806/2014 y que la resolución era necesaria y proporcionada para la realización de los objetivos fijados en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento n.º 806/2014. Indicó que la liquidación de Banco Popular a través de un procedimiento de insolvencia ordinario no habría permitido alcanzar esos objetivos en la misma medida. En la Decisión impugnada, la Comisión indicó que estaba de acuerdo con el dispositivo de resolución y, en particular, con las razones aducidas por la JUR para justificar la necesidad de una medida de resolución en aras del interés público.
41      A este respecto, el Tribunal General ya ha declarado que el dispositivo de resolución, en la medida en que pretendía preservar o restablecer la situación financiera de Banco Popular y, en particular, constituía una alternativa a su liquidación, respondía a un objetivo de interés general en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta, a saber, garantizar la estabilidad de los mercados financieros [sentencias de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 502, y de 1 de junio de 2022, Algebris (UK) y Anchorage Capital Group/Comisión, T‑570/17, EU:T:2022:314, apartado 405].
42      Además, según el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 806/2014, relativo a los principios generales que rigen la resolución, los accionistas de la entidad objeto de resolución asumen las primeras pérdidas.
43      El Tribunal General ya ha declarado que la decisión del dispositivo de resolución de amortizar y convertir los instrumentos de capital de Banco Popular de los que eran titulares las partes demandantes es consecuencia de que los accionistas de una entidad deben soportar los riesgos inherentes a sus inversiones y de que, al ser dicha entidad objeto de resolución debido a sus graves dificultades, deben soportar las consecuencias económicas de esta (sentencias de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 495, y de 1 de junio de 2022, Aeris Invest/Comisión y JUR, T‑628/17, EU:T:2022:315, apartado 466).
44      El Tribunal General ha considerado que las medidas de amortización y conversión de los instrumentos de capital de Banco Popular contenidas en el dispositivo de resolución estaban comprendidas en el marco del objetivo de interés general dirigido a garantizar la estabilidad de los mercados financieros (sentencia de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 503).
45      Por un lado, se ha de señalar que las demandantes no niegan que se dieran las condiciones establecidas por el artículo 18 del Reglamento n.º 806/2014, que justifican la adopción del dispositivo de resolución. Por otro lado, las demandantes no presentan argumentos para demostrar que la amortización y conversión de los instrumentos de capital decidida por la JUR, que constituye la medida que puede vulnerar su derecho de propiedad, no se atiene a las disposiciones del artículo 21 del Reglamento n.º 806/2014 y que, por tanto, la Comisión no debería haberla aprobado.
46      De ello se desprende que las demandantes no han alegado nada que permita cuestionar, por un lado, que la decisión de la JUR de amortizar y convertir los instrumentos de capital de Banco Popular era conforme con las condiciones previstas por el Reglamento n.º 806/2014 y, por otro lado, que dicha decisión era necesaria para la consecución de un objetivo general que justificaba una restricción al derecho de propiedad.
47      En segundo lugar, conviene observar que el Reglamento n.º 806/2014 prevé un mecanismo de indemnización de los accionistas y acreedores de una entidad objeto de una medida de resolución, sobre la base del principio enunciado en el artículo 15, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 806/2014, que establece que los acreedores no deben sufrir más pérdidas que las que habrían sufrido si la entidad objeto de resolución hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios (sentencia de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 510).
48      A fin de evaluar si los accionistas y acreedores habrían recibido mejor tratamiento si la entidad en cuestión hubiera iniciado un procedimiento de insolvencia ordinario, el artículo 20, apartado 16, del Reglamento n.º 806/2014 dispone que deberá realizarse una valoración con posterioridad a la resolución. Según el artículo 20, apartado 17, del mismo Reglamento, esta valoración deberá determinar si existe una diferencia entre el tratamiento que habrían recibido los accionistas y acreedores si la entidad hubiera sido sometida a un procedimiento de insolvencia ordinario en el momento en que se adoptó la decisión de resolución y el tratamiento que efectivamente recibieron en la resolución [sentencias de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 511, y de 1 de junio de 2022, Algebris (UK) y Anchorage Capital Group/Comisión, T‑570/17, EU:T:2022:314, apartado 413].
49      Si, a raíz de esta valoración, se demuestra que los accionistas o acreedores han incurrido, en el contexto de la resolución, en pérdidas mayores que aquellas en las que habrían incurrido en una liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios, el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 806/2014 establece que la JUR podrá recurrir al Fondo Único de Resolución (FUR) para pagarles una compensación [sentencias de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 512, y de 1 de junio de 2022, Algebris (UK) y Anchorage Capital Group/Comisión, T‑570/17, EU:T:2022:314, apartado 414].
50      El Tribunal General ya ha declarado que de ello se deduce que el Reglamento n.º 806/2014 instaura un mecanismo destinado a garantizar a los accionistas o acreedores de la entidad objeto de resolución una justa indemnización, con arreglo a las exigencias del artículo 17, apartado 1, de la Carta [sentencias de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 513, y de 1 de junio de 2022, Algebris (UK) y Anchorage Capital Group/Comisión, T‑570/17, EU:T:2022:314, apartado 415].
51      La circunstancia de que no obtuvieran una indemnización en la fecha del dispositivo de resolución no es suficiente para acreditar una violación de su derecho de propiedad, puesto que el artículo 17, apartado 1, de la Carta no prevé que la indemnización sea abonada simultáneamente a la restricción del derecho de propiedad, sino que se pague en un tiempo razonable [sentencias de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 515, y de 1 de junio de 2022, Algebris (UK) y Anchorage Capital Group/Comisión, T‑570/17, EU:T:2022:314, apartado 416].
52      Asimismo, contrariamente
a lo que sostienen las demandantes, el valor de su inversión no debe calcularse en función de la situación anterior a la adopción del dispositivo de resolución, sino que corresponde a su valor en el supuesto de que el dispositivo de resolución no se hubiera adoptado, lo que supone una situación de liquidación de Banco Popular [sentencias de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 523, y de 1 de junio de 2022, Algebris (UK) y Anchorage Capital Group/Comisión, T‑570/17, EU:T:2022:314, apartado 423].
53      Por consiguiente, procede considerar que la aplicación en el presente asunto del principio previsto en el artículo 15, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 806/2014, mencionado en el anterior apartado 48, en virtud del cual ningún acreedor debe sufrir un trato más desfavorable, garantiza a las demandantes una justa indemnización conforme a las exigencias del artículo 17, apartado 1, de la Carta [sentencias de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 522, y de 1 de junio de 2022, Algebris (UK) y Anchorage Capital Group/Comisión, T‑570/17, EU:T:2022:314, apartado 428].
54      De cuanto antecede resulta, primero, que las demandantes no niegan que las condiciones del artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.º 806/2014 se cumplían en este caso; segundo, que, como accionistas de Banco Popular, debían asumir el riesgo de sus
inversiones, y, tercero, que el Reglamento n.º 806/2014 ha previsto el eventual pago de una compensación con aplicación
del principio según el cual ningún acreedor debe sufrir un trato más desfavorable.
55      Por lo tanto, como ya ha declarado el Tribunal General, procede concluir que la decisión de amortizar y convertir los instrumentos de capital de Banco Popular en el dispositivo de resolución no constituye una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho de propiedad de las demandantes, sino que debe considerarse una restricción de su derecho de propiedad justificada y proporcionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, apartado 1, y 52, apartado 1, de la Carta [sentencias de 1 de junio de 2022, Del Valle Ruiz y otros/Comisión y JUR, T‑510/17, EU:T:2022:312, apartado 540; de 1 de junio de 2022, Algebris (UK) y Anchorage Capital Group/Comisión, T‑570/17, EU:T:2022:314, apartado 429, y de 1 de junio de 2022, Aeris Invest/Comisión y JUR, T‑628/17, EU:T:2022:315, apartado 471].
56      Las demás alegaciones de las demandantes no desvirtúan esta conclusión.
57      En primer lugar, las demandantes no pueden afirmar válidamente que la resolución debería ser sufragada por el conjunto de los contribuyentes y no únicamente por los accionistas y acreedores afectados.
58      En efecto, el Tribunal General ya ha declarado que tal alternativa, consistente en la concesión de una ayuda de Estado, sería contraria a los objetivos de la resolución, que pretende limitar el coste soportado por los contribuyentes. Debe recordarse que, según el artículo 14, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 806/2014, uno de los objetivos de la resolución es proteger los fondos públicos minimizando la dependencia respecto de ayudas financieras públicas extraordinarias (sentencia de 1 de junio de 2022, Eleveté Invest Group y otros/Comisión y JUR, T‑523/17, EU:T:2022:313, apartado 229).
59      De igual forma, procede recordar que, cuando una entidad es objeto de una medida de resolución, la aplicación del principio según el cual los accionistas deben asumir las primeras pérdidas, al que se hace referencia en el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 806/2014, y el ejercicio de la competencia de amortización y conversión de los instrumentos de capital, prevista en el artículo 22, apartado 1, de dicho Reglamento, son consecuencia de que los accionistas de una entidad deben soportar los riesgos inherentes a sus inversiones y las consecuencias económicas vinculadas a la resolución de la entidad que está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo (sentencia de 4 de octubre de 2024, Aeris Invest/Comisión y JUR, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, apartado 235).
60      En segundo lugar, las demandantes señalan que la situación de Banco Popular se derivaba no de un problema de solvencia, sino de una falta de liquidez que podría haberse solucionado inyectando «fondos europeos» en la ejecución de la ampliación de capital que pretendía llevar a cabo Banco Popular. Alegan que habría sido posible una ampliación de capital de Banco Popular que habría sido suscrita por Banco Santander.
61      Basta con señalar que este argumento es puramente especulativo, ya que se apoya en la hipótesis de que se hubiera podido realizar la ampliación de capital que pretendía llevar a cabo Banco Popular antes de la adopción del dispositivo de resolución. Además, las demandantes no explican a qué tipo de medidas, cuya adopción sería competencia de la JUR o de la Comisión, hacen referencia ni cuáles son los «fondos europeos» que podrían haber participado en esa ampliación de capital, ni cuál habría sido la base jurídica de tal participación.
62      En cualquier caso, procede señalar que una ampliación de capital se basa en la hipótesis de que la falta de liquidez de Banco Popular se hubiera debido a una descapitalización. Pues bien, basta con recordar que la falta de liquidez de Banco Popular era consecuencia de una fuga masiva de depósitos provocada por una pérdida de confianza de los depositantes y que solo una medida que pudiera generar rápidamente liquidez suficiente para que Banco Popular pudiera hacer frente a sus pasivos el 7 de junio de 2017 podía considerarse una solución alternativa viable. Las demandantes no han demostrado que esto hubiera podido lograrse con la ampliación de capital que invocan, la cual, por otra parte, es puramente hipotética y, en cualquier caso, habría sido posterior a dicha fecha (sentencia de 1 de junio de 2022, Eleveté Invest Group y otros/Comisión y JUR, T‑523/17, EU:T:2022:313, apartado 194).
63      Por lo tanto, las demandantes no explican la manera en que tal ampliación de capital habría podido materializarse en un plazo suficientemente breve como para permitir una provisión de liquidez capaz de impedir la inviabilidad de Banco Popular o habría podido contener las fugas de depósitos y restablecer la posición de liquidez de Banco Popular a largo plazo. Así pues, las demandantes no han demostrado que una ampliación de capital constituyera una solución alternativa viable a la resolución de Banco Popular (sentencia de 1 de junio de 2022, Eleveté Invest Group y otros/Comisión y JUR, T‑523/17, EU:T:2022:313, apartado 206).
64      Por último, procede señalar que, en virtud del artículo 76, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 806/2014, en el marco del dispositivo de resolución, la JUR, al aplicar los instrumentos de resolución, podrá utilizar el FUR exclusivamente en la medida necesaria para la aplicación efectiva de los instrumentos de resolución para, entre otros fines, conceder préstamos a la entidad objeto de resolución. De ello se desprende claramente que esta posibilidad solo puede contemplarse en el marco de una medida de resolución y no constituye en ningún caso una medida alternativa a esta (sentencias de 1 de junio de 2022, Eleveté Invest Group y otros/Comisión y JUR, T‑523/17, EU:T:2022:313, apartado 227, y de 1 de junio de 2022, Aeris Invest/Comisión y JUR, T‑628/17, EU:T:2022:315, apartado 694).
65      De cuanto antecede resulta que el primer motivo debe desestimarse por ser manifiestamente infundado.
Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa
66      Las demandantes alegan que la resolución de Banco Popular se basa en la valoración 2 en cuanto al valor eventual de Banco Popular en caso de liquidación en el marco de un procedimiento concursal. Añaden que el dispositivo de resolución no indica a qué valor condujo esa valoración. Para las demandantes, no se entiende que se pueda privar a los accionistas de sus valores mobiliarios porque sus acciones valían cero euros según un informe «provisional». Las demandantes sostienen que el FROB, tras consultar a la JUR, se negó a facilitarles la valoración 2. Añaden que la información relativa a Banco Popular, a sus sociedades filiales, a su negocio y a sus activos, que se transmitieron a diversos bancos en el marco del proceso de venta iniciado por el FROB, no es confidencial frente a los accionistas y acreedores afectados por la resolución de Banco Popular.
67      Por un lado, procede observar que las demandantes no aducen que la JUR se negara a facilitarles la valoración 2 u otros documentos que figuraban en el expediente de la resolución. En efecto, no afirman haber presentado ante la JUR una solicitud de comunicación de documentos, sino que invocan únicamente una decisión que emanó del FROB.
68      Por otro lado, las demandantes no indican cuáles son las explicaciones expuestas en el dispositivo de resolución que, a su modo de ver, son insuficientes para comprender su alcance. No especifican qué parte del razonamiento seguido por la JUR en el dispositivo de resolución o por la Comisión en la Decisión impugnada no es suficientemente clara. En consecuencia, las demandantes no han demostrado que el acceso a la valoración 2 o a otros documentos fuera necesario para el ejercicio de su derecho de defensa.
69      Por otra parte, debe señalarse que la alegación de las demandantes parte de una comprensión errónea de la metodología empleada para llevar a cabo la valoración 2. En efecto, dicha valoración está compuesta por dos partes: una contiene la valoración provisional de Banco Popular y la otra consiste en una simulación de liquidación. La primera parte tiene por objeto determinar el valor económico de Banco Popular en el marco de la aplicación del instrumento de venta del negocio. La segunda parte tiene por objeto determinar si los accionistas y acreedores habrían recibido mejor tratamiento en el supuesto de que Banco Popular se hubiera liquidado en el marco de un procedimiento de insolvencia ordinario con arreglo a la legislación española (sentencias de 1 de junio de 2022, Eleveté Invest Group y otros/Comisión y JUR, T‑523/17, EU:T:2022:313, apartado 333, y de 1 de junio de 2022, Aeris Invest/Comisión y JUR, T‑628/17, EU:T:2022:315, apartado 603).
70      La JUR adoptó el dispositivo de resolución teniendo en cuenta la primera parte de la valoración 2, que contenía la valoración propiamente dicha del activo y del pasivo de Banco Popular. En cambio, teniendo en cuenta que el valorador independiente precisó que no disponía de toda la información necesaria sino para realizar una estimación meramente indicativa en esa fase, la segunda parte de la valoración 2 corresponde a una primera simulación, de conformidad con el artículo 20, apartado 9, del Reglamento n.º 806/2014. La valoración definitiva, que tiene por objeto determinar si los accionistas y acreedores habrían recibido mejor tratamiento si Banco Popular se hubiera liquidado en el marco de un procedimiento de insolvencia ordinario, con arreglo al artículo 20, apartado 16, del Reglamento n.º 806/2014, se realizó con posterioridad a la resolución (sentencias de 1 de junio de 2022, Eleveté Invest Group y otros/Comisión y JUR, T‑523/17, EU:T:2022:313, apartado 334, y de 1 de junio de 2022, Aeris Invest/Comisión y JUR, T‑628/17, EU:T:2022:315, apartado 604).
71      Pues bien, en la primera parte de la valoración 2, en la que se basó la JUR para adoptar el dispositivo de resolución, el valorador tuvo en cuenta el valor de enajenación de Banco Popular y no un valor de liquidación (sentencias de 1 de junio de 2022, Eleveté Invest Group y otros/Comisión y JUR, T‑523/17, EU:T:2022:313, apartado 337, y de 1 de junio de 2022, Aeris Invest/Comisión y JUR, T‑628/17, EU:T:2022:315, apartado 605).
72      De ello se sigue que el argumento de las demandantes de que el valor de liquidación de Banco Popular no figuraba en el dispositivo de resolución es inoperante.
73      Procede recordar además que de los anteriores apartados 48 a 51 se desprende que el dispositivo de resolución no fija definitivamente el valor de las acciones de Banco Popular, que depende de la valoración definitiva que se lleva a cabo en virtud del artículo 20, apartado 16, del Reglamento n.º 806/2014, tras la resolución.
74      Por añadidura, las demandantes no explican en qué medida son pertinentes para impugnar el dispositivo de resolución y la Decisión impugnada los documentos facilitados por el FROB a diferentes bancos en el marco del proceso de venta que este último organizó.
75      A este respecto, conviene recordar que la evaluación que figura en la valoración 2 se refiere al valor de enajenación de Banco Popular y se corresponde con lo que un posible adquirente estaría dispuesto a pagar por Banco Popular en las circunstancias existentes en la fecha de adopción del dispositivo de resolución. Se trata, por tanto, del valor económico de Banco Popular y no de su valor contable (sentencia de 1 de junio de 2022, Aeris Invest/Comisión y JUR, T‑628/17, EU:T:2022:315, apartado 343).
76      De igual forma, debe advertirse que el Tribunal de Justicia consideró que el Tribunal General no había incurrido en error de Derecho, en la sentencia de 1 de junio de 2022, Eleveté Invest Group y otros/Comisión y JUR, (T‑523/17, EU:T:2022:313), al declarar que las partes demandantes no podían invocar un derecho de acceso a las versiones íntegras del dispositivo de resolución controvertido, de la valoración 2 y de otros documentos preparatorios, puesto que esas versiones íntegras contenían información confidencial (sentencia de 4 de octubre de 2024, García Fernández y otros/Comisión y JUR, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, apartado 117).
77      De ello se deduce que debe desestimarse el segundo motivo por ser manifiestamente infundado.
Tercer motivo, basado en una desviación de poder
78      Las demandantes indican que del derecho a una buena administración, reconocido en el artículo 41 de la Carta, se deriva la obligación de utilizar las facultades de las autoridades u organismos tan solo para los fines concretos para los que se han conferido dichas facultades. Alejarse de dichos fines, amén de cualquier otra ilegalidad cometida, constituye una desviación de poder. Afirman haber expuesto hechos y conductas que no son explicables a la vista de los fines perseguidos por el legislador.
A este respecto, las demandantes consideran que, tal como se produjeron los hechos, a saber, la adopción del dispositivo de resolución y de la Decisión impugnada, así como la venta de Banco Popular a Banco Santander por el FROB el mismo día, 7 de junio de 2017, resulta todo ello «increíble» y corrobora sus alegaciones de desviación de poder.
79      La Comisión arguye que este motivo es inadmisible, a la vista del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, por cuanto las demandantes no explican en su recurso en qué consiste la desviación de poder que invocan.
80      Es preciso recordar que, con arreglo al párrafo primero del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General, de conformidad con el artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y al artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, la demanda habrá de contener en particular la cuestión objeto del litigio y una exposición sumaria de los motivos invocados. De acuerdo con la jurisprudencia, tal exposición debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal General pronunciarse sobre el recurso, en su caso, sin apoyarse en otros datos. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en que se basa resulten de modo coherente y comprensible del propio texto de la demanda. La demanda debe, por tanto, precisar en qué consiste el motivo en el que se basa el recurso, de modo que una mera enunciación abstracta de dicho motivo no cumple los requisitos del Reglamento de Procedimiento (véanse las sentencias de 8 de marzo de 2023, Assaad/Consejo, T‑426/21, EU:T:2023:114, apartado 181 y jurisprudencia citada, y de 11 de septiembre de 2024, CQ/Tribunal de Cuentas, T‑386/19, EU:T:2024:613, apartado 464 y jurisprudencia citada).
81      Según reiterada jurisprudencia, un acto solo incurre en desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado exclusivamente o, al menos, de modo determinante para alcanzar fines distintos de aquellos para los que se ha conferido la facultad de que se trate o para eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado FUE para hacer frente a las circunstancias del caso (véanse las sentencias de 8 de diciembre de 2020, Hungría/Parlamento y Consejo, C‑620/18, EU:C:2020:1001, apartado 82 y jurisprudencia citada, y de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 208 y jurisprudencia citada).
82      Pues bien, en la demanda, las demandantes no invocan ninguna circunstancia que permita acreditar que la Comisión adoptó la Decisión impugnada con un objetivo que no era el de aprobar el dispositivo de resolución conforme a los fines previstos por el Reglamento n.º 806/2014, y tampoco indican cuál podría ser ese otro objetivo de la Comisión.
83      De igual forma, no presentan ningún argumento que demuestre cuál era ese objetivo distinto de los previstos por el Reglamento n.º 806/2014 que perseguía supuestamente la JUR al adoptar el dispositivo de resolución.
84      Procede recordar asimismo, como se ha indicado en el anterior apartado 37, que el Tribunal General no es competente respecto a las actuaciones del FROB.
85      Por otra parte, en lo atinente a la celeridad del procedimiento de resolución, basta con señalar que el Reglamento n.º 806/2014 lo ha previsto así y no constituye ninguna desviación de poder. En particular, el artículo 18, apartado 7, del Reglamento n.º 806/2014 establece que la Comisión deberá aprobar el dispositivo de resolución en un plazo de veinticuatro horas a partir de la transmisión de este por la JUR.
86      En cuanto a la afirmación de las demandantes según la cual la resolución de Banco Popular constituye una desviación de poder en la medida en que Banco Popular podría haber llevado a cabo una ampliación de capital, en la que Banco Santander habría podido suscribir 7 000 millones de euros, basta con recordar que se trata de un argumento puramente especulativo, ya que tal ampliación de capital, que no dependía ni de la JUR ni de la Comisión, no se llevó a cabo antes de que se adoptara el dispositivo de resolución.
87      De ello se sigue que este motivo ha sido meramente enunciado, sin argumentación que lo respalde, en contra de la regla establecida en el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, por lo que debe declararse su inadmisibilidad manifiesta.
88      Por lo tanto, la pretensión de anulación de la Decisión impugnada debe ser desestimada en su totalidad por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
89      En consecuencia, no ha lugar a pronunciarse sobre las demandas de intervención presentadas por el Reino de España, Banco Popular y Banco Santander.
Costas
90      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
91      Al haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes, procede condenarlas a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión y la JUR, conforme a lo solicitado por estas últimas.
92      Con arreglo al artículo 144, apartado 10, del Reglamento de Procedimiento, el Reino de España cargará con sus propias costas correspondientes a la demanda de intervención. Al haber sucedido a Banco Popular a título universal el 28 de septiembre de 2018, Banco Santander cargará con sus propias costas y con las de Banco Popular correspondientes a las demandas de intervención.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
resuelve:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Sobreseer las demandas de intervención del Reino de España, de Banco Santander, S. A., y de Banco Popular Español, S. A.
3)      Condenar a Remolcadores Nosa Terra, S. A., Grupo Nosa Terra 2000, S. L. U., Hospital Povisa, S. A., e Industrias Lácteas Asturianas, S. A., a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea y la Junta Única de Resolución (JUR).
4)      El Reino de España cargará con sus propias costas correspondientes a la demanda de intervención.
5)      Banco Santander cargará con sus propias costas y con las de Banco Popular Español correspondientes a las demandas de intervención.
Dictado en Luxemburgo, a 21 de julio de 2025.
El Secretario
El Presidente
V. Di Bucci
A. Kornezov
*      Lengua de procedimiento: español.