Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 15 de mayo de 2025 (1)
Asunto C‑428/23
ROGON GmbH & Co. KG,
MVI Management GmbH,
DC
contra
Deutscher Fußballbund e. V. (DFB)
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania)]
« Procedimiento prejudicial — Competencia — Artículo 101 TFUE — Jurisprudencia Meca Medina — Reglamento de una federación deportiva — Fútbol profesional — Actividades de los agentes de jugadores»
I.      Introducción
1.        En varios asuntos recientes, a saber, sentencia ISU, (2) Superleague, (3) Royal Antwerp (4) y FIFA, (5) el Tribunal de Justicia ha tenido que controlar la compatibilidad de determinadas normas adoptadas por federaciones deportivas internacionales o nacionales con las disposiciones de la Unión relativas a la competencia y el mercado interior.
2.        El presente asunto constituye una continuación natural de esos asuntos. En efecto, el litigio principal versa sobre el reglamento de una federación deportiva nacional (en lo sucesivo, «Reglamento controvertido») que regula las actividades de los agentes de los jugadores (en lo sucesivo, «agentes»). Mediante sus cuestiones prejudiciales el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia, que proporcione indicaciones adicionales sobre el alcance de su jurisprudencia que, a raíz de la sentencia dictada en el asunto Wouters, (6) se ha aplicado posteriormente a las actividades relacionadas con el deporte, primero en el asunto Meca Medina, (7) y que se ha mencionado más recientemente en los asuntos ISU, Superleague y Royal Antwerp, así como en algunas sentencias posteriores (en lo sucesivo, «jurisprudencia Meca Medina»). (8)
3.        Otros dos procedimientos prejudiciales, a saber, los relativos a los asuntos RRC Sports (C‑209/23) (9) y CD Tondela y otros (C‑133/24), (10) en los que presento mis conclusiones en el día de hoy, plantean, asimismo, cuestiones jurídicas en gran medida similares o relacionadas. Por tanto, las presentes conclusiones deben leerse conjuntamente con esas otras dos. En aras de la economía procesal, y con el fin de facilitar su lectura, intentaré evitar repeticiones innecesarias en las tres conclusiones y, a tal fin, realizaré una serie de referencias cruzadas entre ellas.
II.    Hechos, litigio principal y cuestiones prejudiciales
4.        El litigio principal tiene su origen en las solicitudes de órdenes de cesación formuladas por tres demandantes —dos empresas que prestan servicios de asesoramiento y representación a los jugadores de fútbol y el gerente de una de ellas— contra la Deutscher Fußballbund e. V. (Federación Alemana de Fútbol; en lo sucesivo, «DFB»). La DFB es una federación deportiva que agrupa a veintisiete federaciones alemanas de fútbol, con aproximadamente veinticinco mil clubes y más de siete millones de miembros, y que forma parte, a su vez, de la Fédération internationale de football association (en lo sucesivo, «FIFA»).
5.        En virtud del artículo 16a de los estatutos de la DFB, los partidos de las dos ligas profesionales más importantes [Bundesliga (Liga Federal de Fútbol; en lo sucesivo, «Bundesliga») y 2. Bundesliga (Segunda Liga Federal de Fútbol; en lo sucesivo, «Segunda Bundesliga»)] son organizados por Deutsche Fußball Liga e. V. (Liga alemana de fútbol; en lo sucesivo, «DFL»). DFL es una asociación que agrupa a los clubes de las dos ligas profesionales alemanas más importantes. Como miembros ordinarios de DFL, los clubes que participan en partidos de la Bundesliga o de la Segunda Bundesliga están sujetos a los estatutos de la DFB y vinculados a su reglamento. Para poder jugar en la Bundesliga o en la Segunda Bundesliga, los jugadores deben firmar con DFL un contrato de licencia que también los obliga a cumplir la normativa aplicable de la federación. Como miembro de la FIFA, la DFB está sujeta a su normativa y obligada a aplicar sus decisiones.
6.        A raíz de la adopción por la FIFA de su Reglamento sobre las relaciones con los agentes de los jugadores, la DFB adoptó el Reglement für die Spielervermittlung (Reglamento por el que se regula la actividad de los agentes de jugadores; en lo sucesivo, «RfSV»), que entró en vigor el 1 de abril de 2015. El RfSV se dirige a los clubes y a los jugadores, que están obligados a cumplir con él. Regula la utilización por los jugadores y los clubes de los servicios de los agentes para la celebración de contratos de jugadores profesionales y de acuerdos de traspaso. Entre otras cosas, el RfSV establece lo siguiente:
–        la obligación de registro para los agentes (artículos 2, punto 3, y 3, puntos 2 y 3);
–        la obligación de presentación de una declaración del agente que prevea el sometimiento del agente a los diversos estatutos, reglamentos y normas de la FIFA, de la DFB y de DFL, incluido el sometimiento a la jurisdicción federativa (artículos 2, punto 2, y 3, puntos 2 y 3, y anexos 1 y 2);
–        la obligación adicional de alta impuesta a una persona física con ocasión del alta de personas jurídicas (anexo 2);
–        la prohibición de que, en el caso de un traspaso por el que un jugador se incorpora a un club, el agente participe en los futuros ingresos que obtenga ese club por un traspaso futuro de ese jugador (artículo 7, punto 3);
–        la prohibición de percibir comisiones por la representación de menores (artículo 7, punto 7); y
–        la obligación de comunicar los honorarios y pagos que se efectúan a los agentes (artículo 6, punto 1).
7.        Las infracciones del Reglamento pueden sancionarse como comportamiento antideportivo (artículo 9 del RfSV). El anexo del Reglamento contiene formularios preimpresos para la presentación de la declaración que se exige a los agentes. Este Reglamento fue incorporado mediante la Circular n.º 62, dirigida por DFL GmbH (filial participada al 100 % por DFL) el 12 de enero de 2018 a los directivos de los clubes y sociedades de capital de la Bundesliga y de la Segunda Bundesliga, con el fin de informarlos, en particular, de los acuerdos de salida de un jugador mediante traspaso a otro club. (11)
8.        Mediante sus escritos de demanda, los demandantes en el litigio principal se opusieron a determinadas normas previstas en el RfSV y solicitaron la adopción de medidas cautelares.
9.        El Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania) estimó parcialmente las demandas. A raíz del recurso de apelación interpuesto por los demandantes, el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania) estimó otras pretensiones y desestimó el resto del recurso de apelación interpuesto por los demandantes y la propia apelación de la DFB.
10.      Mediante sus recursos de casación ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), los demandantes insisten en las pretensiones de cesación y la DFB en su pretensión de desestimación de los recursos. Dicho órgano jurisdiccional, al albergar dudas sobre la correcta interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión invocadas por las partes, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Son de aplicación a un reglamento de una federación deportiva (que está dirigido a sus miembros y regula la utilización de servicios de empresas ajenas a dicha federación en un mercado situado en una fase de producción o comercialización anterior a la actividad de la federación) los principios desarrollados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las sentencias [Wouters] y [Meca Medina] según los cuales, al aplicar la prohibición de prácticas colusorias:
–      deberán tenerse en cuenta el contexto global en que se adoptó la decisión de que se trate o en que produce sus efectos y, más en particular, sus objetivos
–      y, a continuación, deberá examinarse si los efectos restrictivos de la competencia que resultan de la decisión son inherentes a la consecución de dichos objetivos
–      y si son proporcionales a estos (en lo sucesivo, “criterio Meca Medina”)?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial: ¿debe aplicarse en el presente asunto el criterio Meca Medina a todas las disposiciones del mencionado reglamento, o dependerá ello de criterios de fondo, como la proximidad o la lejanía de la disposición concreta con respecto a la actividad deportiva de la federación?»
11.      Han presentado observaciones escritas una de las partes demandantes en el litigio principal (ROGON GmbH & Co. KG), la DFB, los Gobiernos alemán y francés y la Comisión Europea.
12.      Mediante diligencia de 19 de marzo de 2024, el Tribunal de Justicia instó a las partes interesadas, sobre la base del artículo 62, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, a presentar sus observaciones sobre la incidencia de las sentencias ISU, Superleague y Royal Antwerp en la respuesta que debe darse a las cuestiones prejudiciales planteadas en el presente asunto. La DFB, los Gobiernos alemán y francés, ROGON y la Comisión atendieron a esta petición.
13.      Las partes citadas, a excepción del Gobierno francés, formularon, asimismo, observaciones orales en la vista celebrada el 12 de febrero de 2024.
III. Análisis
14.      Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente solicita aclaraciones acerca del alcance de los principios desarrollados en el marco de la jurisprudencia Meca Medina y de la forma concreta en que deben aplicarse dichos principios en un asunto relacionado con el reglamento adoptado por una federación deportiva.
A.      Primera cuestión prejudicial: ámbito de aplicación de la jurisprudencia Meca Medina
15.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la jurisprudencia Meca Medina es aplicable al reglamento de una federación deportiva, dirigido a sus miembros, por el que se regula la utilización de los servicios de empresas ajenas a la federación en un mercado situado en una fase de producción o comercialización anterior a la actividad que esta desarrolla.
16.      Para responder a esta cuestión, recordaré, en primer lugar, las grandes líneas de la jurisprudencia Meca Medina (1), posteriormente trataré de identificar su génesis en el marco del sistema del Derecho de la competencia de la Unión (2) y, por último, aclararé la lógica que la sustenta, así como su ámbito de aplicación (3). Sobre la base de tales consideraciones abordaré las cuestiones específicas planteadas por el órgano jurisdiccional remitente (4).
17.      Antes de nada, debo precisar que en las presentes conclusiones abordaré las cuestiones jurídicas planteadas por el órgano jurisdiccional remitente sobre la base de mi interpretación de la jurisprudencia Meca Medina, en el estado actual del Derecho a raíz de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en los asuntos mencionados en el punto 1 de las presentes conclusiones.
1.      Los principales postulados de la jurisprudencia Meca Medina
18.      Los apartados 183 a 187 de la sentencia dictada en el asunto Superleague resumen la jurisprudencia Meca Medina. En primer lugar, el Tribunal de Justicia recordó que, según reiterada jurisprudencia, no todo acuerdo entre empresas ni toda decisión de una asociación de empresas ni toda práctica concertada que restrinja la libertad de acción de las empresas que son parte del acuerdo de que se trate están comprendidos, necesariamente, en el ámbito de aplicación de la prohibición que establece el artículo 101 TFUE, apartado 1. En efecto, el Tribunal de Justicia señaló asimismo que «el examen del contexto económico y jurídico en el que se inscriben algunos de estos acuerdos y algunas de estas decisiones puede llevar a que se aprecie, en primer término, que estos están justificados por perseguir uno o varios objetivos legítimos de interés general que no son, en sí mismos, contrarios a la competencia; en segundo término, que los medios concretos empleados para perseguir estos objetivos son realmente necesarios para ello, y, en tercer término, que, aunque se concluya que estos medios tienen por efecto inherente restringir o falsear, cuando menos potencialmente, la competencia, este efecto inherente no va más allá de lo necesario, en particular eliminando cualquier competencia».
19.      Estos principios pueden ser aplicables, prosigue el Tribunal de Justicia, «en particular, a los acuerdos o decisiones que revisten la forma de normas adoptadas por una asociación, como una de índole profesional o deportivo, con vistas a alcanzar determinados objetivos de naturaleza ética o deontológica y, en términos más generales, a regular el ejercicio de una actividad profesional, siempre que la asociación en cuestión demuestre que se cumplen los requisitos que acaban de mencionarse».
20.      En cambio, según el Tribunal de Justicia, ese criterio jurisprudencial no es aplicable «respecto de comportamientos que, con independencia de si proceden o no de una asociación de este tipo y de los objetivos legítimos de interés general que podrían invocarse para justificarlos, infringen por su propia naturaleza [las disposiciones de la Unión en materia de competencia]». Por consiguiente, el Tribunal de Justicia concluyó que la jurisprudencia Meca Medina no es aplicable a aquellos acuerdos que tienen por objeto restringir la competencia.
2.      Génesis de la jurisprudencia Meca Medina
21.      La doctrina ha dedicado un considerable esfuerzo para explicar el significado que tiene y la lógica que subyace a la jurisprudencia Meca Medina. Por ejemplo, algunos autores consideran que introduce en el Derecho de la competencia de la Unión una especie de rule of reason, inspirada en el Derecho de la competencia estadounidense, mientras que otros han establecido paralelismos con la lógica seguida en la jurisprudencia en materia de libre circulación (que permite justificaciones basadas en diversos intereses de orden público) y otros la han considerado como una variante de la doctrina de las «restricciones accesorias», calificándola, así, de «accesoriedad normativa». (12)
22.      En mi opinión, la jurisprudencia Meca Medina puede explicarse si se dejan al margen sus particularidades y se aprecia en el contexto más amplio del modo en que se han interpretado y aplicado, al menos en las últimas décadas, las disposiciones de la Unión en materia de competencia. (13)
23.      En efecto, una serie de sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia durante este período ha dejado muy claro que la correcta aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE obliga a las autoridades a evitar el exceso de formalismo y a examinar correctamente todos los aspectos jurídicos y económicos pertinentes de la situación objeto de examen.Con independencia de que un comportamiento sea multilateral o unilateral y de que se sospeche que constituye una restricción «por el objeto» o «por el efecto», su compatibilidad con el Derecho de la competencia de la Unión no puede apreciarse en términos puramente abstractos, sino que siempre depende de un contexto más amplio.(14) Este principio también fue afirmado expresamente en el apartado 42 de la sentencia Meca Medina.
24.      Por esta razón, un acuerdo entre empresas o una decisión de una asociación de empresas puede restringir, a veces de forma significativa, la libertad de acción de las empresas de que se trate, sin que dicho acuerdo o decisión sean contrarios a la competencia. Aun a riesgo de afirmar lo que resulta evidente, me gustaría subrayar, una vez más, que el objetivo de las normas de la Unión en materia de defensa de la competencia no consiste en proteger el ejercicio sin trabas del comercio por parte de los operadores económicos, sino en garantizar que los mercados de la Unión funcionen de manera adecuada y eficiente, contribuyendo, así, a la distribución óptima de los recursos y al bienestar de los ciudadanos de la Unión. (15)
25.      En términos extremadamente sencillos, un acuerdo o decisión es contrario a la competencia, y por tanto, está prohibido por el artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando, efectiva o potencialmente, (16) impide, obstaculiza o disuade a distintas empresas de competir entre sí, como lo habrían hecho en otras circunstancias y, de este modo, repercute negativamente en el bienestar de los consumidores. Así sucede, por lo general, cuando el comportamiento de que se trata puede provocar directamente, a corto o medio plazo, un aumento de los precios o una reducción de la producción, o frenar la innovación. También puede ser cuando el comportamiento altera la estructura competitiva del mercado, creando barreras a la entrada, aumentando la concentración del mercado, etc., de modo que sea probable que conduzca, en el futuro, a la situación descrita anteriormente. (17)
26.      En cambio, un acuerdo o una decisión que, considerados en su conjunto, no tengan efectos contrarios a la competencia en el mercado no están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1. Esto es así a pesar de la inclusión de determinados elementos que, considerados aisladamente y en abstracto, tienen, o parecen tener, determinados efectos restrictivos, como por ejemplo las cláusulas de no competencia o las cláusulas de exclusividad, entre otras. En este sentido, los acuerdos de franquicia y los acuerdos de distribución selectiva son buenos ejemplos de ello.
27.      Además, algunos asuntos más recientes han vuelto a confirmar este planteamiento: el mero hecho de que un acuerdo contenga una cláusula que, considerada aisladamente, pueda disuadir la entrada de nuevos competidores en el mercado (CB), (18) que produzca una mayor uniformidad de los precios entre los competidores existentes (Budapest Bank)(19) o que dé lugar a acuerdos de reparto de mercados (EDP) (20) no ha sido considerado suficiente por el Tribunal de Justicia para concluir que ese acuerdo, como tal, es incompatible con el artículo 101 TFUE. A tal fin, consideró que era necesaria una apreciación más detallada, en el contexto jurídico y económico apropiado, de la medida en cuestión.
28.      Estos principios constituyen, asimismo, la base de la jurisprudencia relativa a las restricciones accesorias. Como recordó el Tribunal de Justicia en su sentencia de septiembre de 2024, Booking.com, «si una operación o una actividad determinada no está comprendida en el principio de prohibición previsto en el artículo 101 TFUE, apartado 1, por su neutralidad o por su efecto positivo en el ámbito de la competencia, una restricción de la autonomía comercial de uno o varios de los participantes en dicha operación o actividad tampoco está comprendida en dicho principio si tal restricción es necesaria objetivamente para la puesta en marcha de la mencionada operación o actividad y proporcionada a los objetivos de una u otra».(21)
29.      De ello se desprende que, «cuando no es posible disociar tal restricción de la operación o de la actividad principal sin comprometer la existencia y el objeto de esa operación o de esa actividad, se debe examinar la compatibilidad de dicha restricción con el artículo 101 TFUE conjuntamente con la compatibilidad de la operación o de la actividad principal de la cual es accesoria, aun cuando, tomada de forma aislada, dicha restricción pudiera parecer, a primera vista, comprendida en el principio de prohibición del artículo 101 TFUE, apartado 1». (22)
30.      Así pues, para que una restricción pueda calificarse de «restricción accesoria» deben cumplirse tres requisitos principales: i) la operación principal no debe tener un carácter contrario a la competencia; ii) la restricción debe ser «necesaria» para la realización de dicha operación (ya que su ausencia impediría, por tanto, la realización de la operación principal), y iii) la restricción debe ser «proporcionada» a los objetivos que subyacen a la operación de que se trate (es decir, que no existen alternativas realistas menos restrictivas de la competencia).
31.      Estos tres requisitos presentan una llamativa semejanza con los tres requisitos que, como se ha indicado en el punto 18 de las presentes conclusiones, constituyen el criterio Meca Medina. Naturalmente, no se trata de una casualidad. La jurisprudencia Meca Medina comparte claramente su ADN con la jurisprudencia sobre las restricciones accesorias, (23) puesto que ambas se derivan del principio fundamental del Derecho de competencia de la Unión según el cual, a efectos de constatar si un determinado comportamiento es contrario a la competencia, es preciso apreciar ese comportamiento en su contexto económico y jurídico apropiado. A la luz de su lógica, de la que me ocuparé a continuación, me parece que la expresión «accesoriedad normativa» es bastante pertinente en relación con la jurisprudencia Meca Medina.
3.      Lógica y alcance de la jurisprudencia Meca Medina
32.      Como he señalado en mis conclusiones presentadas en el asunto RCC Sports, (24) existen ámbitos en los que las autoridades, ya sean de la Unión o nacionales, pueden elegir abstenerse de regular determinados aspectos de una actividad económica concreta y dejar a los operadores económicos afectados la tarea de establecer por sí mismos, a través de organismos autónomos, federaciones profesionales o asociaciones que los representen, las normas necesarias y, en su caso, de hacerlas respetar y de resolver posibles discrepancias. Existen varias razones, que no es necesario recordar aquí, (25) por las que la elección de las autoridades de dejar ciertas cuestiones a la autorregulación puede ser beneficiosa para los poderes públicos, los operadores del mercado de que se trate y, por último y sobre todo, para los clientes de estos.
33.      Lo mismo cabe decir incluso de aquellas medidas que, como he señalado, pueden dar lugar a determinados efectos restrictivos. Las medidas de autorregulación que, por ejemplo, tienen por objeto garantizar unos requisitos mínimos de calidad o evitar conflictos de intereses, fraudes o abusos pueden, ciertamente, aumentar la confianza de los consumidores en los operadores del mercado y, por consiguiente, mejorar así la eficiencia de este. En estas situaciones es probable que el mercado crezca y que, en general, sea más competitivo.
34.      Además, en la jurisprudencia tradicional en materia de restricciones accesorias, las empresas persiguen un objetivo comercial que, en su conjunto, no es contrario a la competencia. (26) Esto significa que el objetivo de la operación consiste en mejorar la competencia o, al menos, ser neutral en este sentido. En cualquier caso, se trata de un objetivo dirigido a promover los intereses económicos de las empresas de que se trata. (27) En cambio, en los asuntos del tipo Meca Medina, el objetivo vinculado al mercado, si existe, se persigue de forma paralela o coincidente con «uno o varios objetivos legítimos de interés general», (28) como garantizar la buena administración de justicia (Wouters), (29) preservar la «salud [de los atletas], la integridad y objetividad de la competición, así como los valores éticos en el deporte» (Meca Medina), (30) salvaguardar la «buena administración en materia de contabilidad de la empresa y de fiscalidad» (OTOC), (31) proteger a los consumidores (Consiglio nazionale dei geologi) (32) y garantizar la seguridad vial (API). (33)
35.      Pues bien, tal aceptación, ya sea formal o informal, explícita o implícita, por parte de los poderes públicos, de las facultades de autorregulación ejercidas por los entes privados y de la responsabilidad que de ellas se deriva, asumida por estos, (34) implica, necesariamente, el reconocimiento de un cierto margen de apreciación a dichos entes para establecer las reglas y normas pertinentes. En efecto, pueden existir diversas soluciones lícitas, con un impacto sobre la competencia, en gran medida, equivalente, que dichos entes pueden adoptar para alcanzar los objetivos de que se trata.
36.      Esto se refleja en la sentencia Wouters, en la que el Tribunal de Justicia subrayó que el organismo autorregulador «pudo considerar razonablemente que [la medida en cuestión], a pesar de los efectos restrictivos de la competencia que le son inherentes, era necesaria para el buen ejercicio de la abogacía tal y como está organizada en el Estado miembro de que se trata». (35)
37.      Soy consciente de que el término «razonable» no aparece en las sentencias ISU, Superleague, Royal Antwerp ni FIFA. Sin embargo, en algunas de estas sentencias, el Tribunal de Justicia expresó el mismo concepto de otra manera, al precisar que:
«[el requisito del carácter necesario de la medida] implica apreciar y comparar la incidencia respectiva de este comportamiento y de las medidas alternativas que puedan realmente contemplarse, para determinar si los incrementos de eficiencia que se esperan de dicho comportamiento pueden alcanzarse a través de medidas menos restrictivas para la competencia. En cambio, este requisito no puede llevar a optar, siguiendo un criterio de oportunidad, entre tal comportamiento y tales medidas alternativas en el supuesto de que estas no resulten menos restrictivas para la competencia». (36)
38.      Al mismo tiempo, sin embargo, el ejercicio de tal margen de apreciación debe estar delimitado y, en caso de duda, no puede quedar sin control. Es evidente que las reglas y normas establecidas por estos organismos pueden referirse a cuestiones (tarifas, condiciones de entrada, etc.) que, al menos potencialmente, pueden plantear problemas desde el punto de vista de la competencia. Aun cuando estas reglas se adopten para alcanzar un objetivo legítimo de interés general, los efectos concretos sobre la competencia pueden, no obstante, ser problemáticos y requerir, por tanto, una correcta apreciación en el marco establecido por el artículo 101 TFUE. (37) Esto explica por qué la jurisprudencia Meca Medina admite que determinadas medidas de autorregulación no están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, pero únicamente cuando se cumple una serie de requisitos.
39.      Cuando no es así, eso no significa que la medida en cuestión sea necesariamente incompatible con el Derecho de la Unión. En efecto, el artículo 101 TFUE, apartado 3, prevé la posibilidad de que las medidas restrictivas de la competencia puedan quedar exentas de la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando los beneficios económicos que reporten prevalezcan sobre los efectos negativos. (38)
40.      Dicho esto, quisiera añadir algunas consideraciones adicionales, con el fin de aclarar de manera más completa el alcance de la jurisprudencia Meca Medina.
41.      En primer lugar, si bien la jurisprudencia Meca Medina no se asemeja en modo alguno a una casilla del Monopoly de «Salir de la cárcel» otorgada a los órganos autorreguladores, les deja, no obstante, un margen de maniobra algo más amplio que a otras empresas y asociaciones de empresas que persiguen objetivos puramente comerciales. Como he explicado anteriormente, este trato relativamente benévolo se explica por la elección de los poderes públicos de dejar que la regulación de determinados aspectos de una actividad profesional o comercial se rija por normas que emanan de los órganos representativos de las empresas afectadas o, al menos, de un grupo de empresas que representa y actúa para el conjunto de todas ellas.
42.      Por consiguiente, considero que, si bien no es estrictamente necesario que las autoridades competentes (ya sean de la Unión o nacionales) hayan confiado formalmente al organismo en cuestión la responsabilidad de perseguir, en el marco de sus actividades legales, un objetivo legítimo de interés general, dichas autoridades deben, al menos, haber reconocido y aceptado la actividad de autorregulación de ese organismo. (39) Encuentro algunos elementos que apuntan en este sentido en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de la Unión en los asuntos Wouters, (40) Meca Medina, (41) API, (42) ONP (43) y FIFA. (44) Además, toda la jurisprudencia reciente en la materia se refiere a las medidas adoptadas por las asociaciones profesionales o federaciones deportivas. (45) Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Superleague, la jurisprudencia Meca Medina «puede ser aplicable, en particular, a los acuerdos o decisiones que revisten la forma de normas adoptadas por una asociación, como una de índole profesional o deportivo, con vistas a alcanzar determinados objetivos de naturaleza ética o deontológica y, en términos más generales, a regular el ejercicio de una actividad profesional, siempre que la asociación en cuestión demuestre que se cumplen los requisitos que acaban de mencionarse». (46)
43.      En mi opinión, en el estado actual del Derecho, no corresponde a las empresas decidir por sí mismas, actuando de forma unilateral, por iniciativa propia y sin la «bendición» de los poderes públicos, si la competencia en un mercado determinado debe verse perjudicada en aras de la consecución de un determinado interés público y, en su caso, en qué medida. Esto es así, en particular, cuando el objetivo perseguido por dicho organismo no está estrechamente relacionado con su actividad principal.
44.      A las asociaciones deportivas, solo por poner un ejemplo, se les puede permitir cierto margen de apreciación a la hora de decidir la mejor manera de luchar contra el dopaje (47) o de proteger a los deportistas jóvenes. (48) Sin embargo, no hay ninguna razón para hacerlo cuando se trata de medidas destinadas a proteger el medio ambiente o a luchar contra la evasión fiscal. (49) Toda medida de esa naturaleza, en cualquier caso encomiable, que pueda tener un impacto claro sobre la competencia entre empresas de la Unión debe examinarse en el marco tradicional del Derecho de la competencia.
45.      Es cierto que, en un momento en el que los poderes públicos incitan cada vez más a las empresas privadas a adoptar planes y estrategias de responsabilidad social, los acuerdos entre ellas podrían contribuir de forma eficaz a alcanzar objetivos importantes de interés general. Además, en los mercados modernos se observa, más que en el pasado, cómo empresas rivales aúnan sus esfuerzos para cooperar en distintas cuestiones de interés común, al tiempo que siguen siendo duras competidoras en el mercado. Cierta doctrina ha acuñado un nuevo término para referirse a este fenómeno, la «comperación», que consideran que a menudo estimula el progreso y refuerza la eficacia en los mercados. (50) Sin embargo, ello no resta importancia al hecho de que, en el supuesto de objetivos de interés general en pugna —la necesidad de garantizar mercados competitivos, por un lado, y otros intereses generales, por otro— corresponde, en primer lugar y ante todo, a las autoridades encontrar el medio óptimo de alcanzar un equilibrio. (51)
46.      En segundo lugar, si los organismos privados pretenden regular, con la aprobación de los poderes públicos, ciertos aspectos de una determinada actividad económica, en aras de un determinado interés general, me parece evidente que deben hacerlo de manera transparente. Esto permite a los poderes públicos llevar a cabo la supervisión necesaria y, en su caso, adoptar medidas correctoras. Por tanto, considero firmemente que la jurisprudencia Meca Medina no puede invocarse al objeto de justificar acuerdos o decisiones ocultos o confidenciales.
47.      En tercer lugar, en mi opinión, la expresión «objetivo legítimo de interés general», utilizada en la jurisprudencia, implica necesariamente que el interés en cuestión se identifique como tal en la legislación o en la jurisprudencia pertinentes de la Unión. En efecto, en virtud del artículo 3 TFUE, apartado 1, letra b), el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior es competencia exclusiva de la Unión. Así pues, si una medida adoptada por una asociación privada se encuentra en condiciones de producir, efectiva o potencialmente, determinados efectos restrictivos en el mercado interior, tal medida solo puede justificarse si el interés se considera digno de protección por el ordenamiento jurídico de la Unión.
48.      En cuarto lugar, no se puede dar por hecho que una determinada medida adoptada por entidades privadas, como las federaciones deportivas y las asociaciones profesionales, persiga realmente un interés general de carácter público. Como señaló acertadamente el Abogado General Szpunar en sus conclusiones presentadas el asunto Royal Antwerp Football Club, las asociaciones privadas, como es el caso de las federaciones deportivas, se crean, sobre todo, para perseguir objetivos de carácter económico y privado que pueden, o no, conciliarse fácilmente con intereses públicos de carácter no económico. Como es natural, tales asociaciones «actuarían irracionalmente si intentasen promover objetivos públicos directamente contrarios a sus [propios] intereses comerciales». (52)
49.      Además, como señaló ROGON en la vista, diversos hechos acaecidos en los últimos años demuestran que algunas federaciones deportivas presentan modelos de gobernanza imperfectos, con unos controles internos y salvaguardias limitados para evitar que se produzcan situaciones de mala gestión. (53)
50.      Por consiguiente, toda afirmación de que una medida está destinada a perseguir determinados objetivos de interés general debe ser verificable y únicamente puede aceptarse si está respaldada por pruebas concretas. En efecto, sospecho efectivamente que, para casi cualquier medida adoptada por una federación deportiva, se puede componer rápidamente ex post, una vez que surja la necesidad de justificar la medida, algún tipo de interés de carácter general supuestamente perseguido. (54) Sin embargo, esto no es suficiente. En mi opinión, debe quedar inequívocamente claro, por la propia medida o por el contexto en el que se adopta, cuál es el interés específico perseguido y la medida en cuestión debe estar realmente concebida para que constituya una contribución significativa a la consecución de ese interés. (55)
51.      Considero que apenas resulta necesario añadir que un objetivo económico puramente privado no puede constituir un «objetivo legítimo de interés general», en el sentido de la jurisprudencia Meca Medina. (56) Ahora bien, ningún elemento de la jurisprudencia indica que un acuerdo solo deba perseguir el objetivo que esté comprendido en el ámbito de aplicación de la jurisprudencia Meca Medina. Por el contrario, en el asunto Meca Medina, los órganos jurisdiccionales de la Unión confirmaron que el hecho de que una medida persiga un doble objetivo —uno de carácter económico y privado y otro de carácter general y público— no excluye que esa jurisprudencia sea aplicable. (57) Sin embargo, esto es así siempre y cuando el objetivo económico privado no sea, en sí mismo, contrario a la competencia. Esto me lleva a la quinta y última consideración.
52.      En quinto lugar, me parece razonable que los acuerdos o las decisiones que son restrictivos de la competencia «por el objeto» no puedan estar comprendidos en el ámbito de aplicación de la excepción establecida por la jurisprudencia Meca Medina. Como he explicado con más detalle en mis conclusiones presentadas en el asunto CD Tondela, los acuerdos o las decisiones son restrictivos «por su objeto» cuando su lógica económica, o una de sus motivaciones principales, es intrínsecamente contraria a la competencia. (58) En tal caso, no puede considerarse que los efectos restrictivos sean «accesorios». En otras palabras, esos efectos no son el resultado colateral, desafortunado, pero por desgracia inevitable, de escasa importancia, de una operación comercial legítima que es favorable a la competencia o, al menos, neutra en el mercado. Son, por el contrario, el resultado de una operación cuya justificación económica subyacente es fundamentalmente contraria a los objetivos perseguidos por el Derecho de la competencia de la Unión. En estas circunstancias, no puede decirse que la operación en cuestión quede absolutamente excluida del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, sino que requiere una apreciación correcta, con arreglo a los apartados 1 y 3 de dicho artículo.
53.      Con independencia de si este criterio, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Superleague, «ya se deduce[,] implícita pero necesariamente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia», (59) cuestión que ha sido debatida por la doctrina reciente, (60) me parece que, en cualquier caso, dicho criterio se desprende de la propia lógica del sistema que establecen las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de competencia. (61)
54.      A la luz de estos principios examinaré, a continuación, los temas planteados por el órgano jurisdiccional remitente.
4.      Temas planteados por el órgano jurisdiccional remitente
55.      En su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente explica por qué alberga dudas en cuanto a si la jurisprudencia Meca Medina puede aplicarse en una situación como la controvertida en el litigio principal.
56.      El órgano jurisdiccional remitente señala que, en asuntos anteriores, el Tribunal de Justicia tuvo que controlar las decisiones de asociaciones profesionales y federaciones deportivas que, al limitar el comportamiento económico de sus propios miembros, podían afectar a la competencia entre ellos. En cambio, el Reglamento controvertido en el presente asunto tiene un efecto restrictivo en un mercado situado en una fase de producción o comercialización anterior a aquel en el que operan los miembros de la asociación o federación: (62) el de los servicios de los agentes. Para poder operar en este mercado, los agentes deben respetar necesariamente las normas establecidas en dicho Reglamento. De lo contrario, corren el riesgo de que, bajo la presión de ser sancionados por la DFB, los jugadores y los clubes dejen de utilizar sus servicios.
57.      En este sentido, el órgano jurisdiccional remitente señala, no obstante, ciertas apreciaciones fácticas realizadas por el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno), cuya resolución es el objeto del recurso de casación pendiente ante el primero de ambos órganos jurisdiccionales. El Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno) dictaminó, en particular, que la actividad de los agentes estaba directamente vinculada a las competiciones deportivas organizadas por la DFB. En concreto, esta actividad influye, de manera significativa, en la composición de los equipos, su continuidad y su capacidad deportiva, afectando así a la equidad de las competiciones y al rendimiento y la salud de los deportistas. El Reglamento controvertido tiene por objeto evitar la dependencia entre agentes, jugadores y clubes. Según dicho órgano jurisdiccional, tal dependencia puede comprometer la integridad y la equidad de las competiciones deportivas. En este sentido, señaló que, en el pasado, los jugadores y los clubes, en ocasiones, se vieron perjudicados financiera y profesionalmente por las prácticas de los agentes, derivándose incluso consecuencias penales.
58.      En este contexto, debo señalar que los puntos de vista del Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno) parecen estar ampliamente compartidos por el Parlamento Europeo, que, en su Resolución de 23 de noviembre de 2021 sobre «Política de deportes de la UE: evaluación y posibles vías de actuación», entre otras cosas, «señal[ó] la necesidad de regular las actividades de los agentes y reconoc[ió] que las recientes reformas en el mercado de traspasos de futbolistas, en particular […] la creación de un sistema de licencias para los agentes y la fijación de límites a las comisiones de los agentes, [ib]an en la dirección correcta; inst[ó] a las autoridades deportivas competentes a que garanti[zara]n la pronta aplicación de estas reformas y pid[ió] a la Comisión que supervis[ara] los progresos al respecto». (63) Ciertos estudios encargados en el pasado por las instituciones de la Unión parecen confirmar el papel fundamental que desempeñan los agentes en el sector económico del deporte, así como la existencia de prácticas reprobables en las que han participado algunos de ellos. (64)
59.      Además, el órgano jurisdiccional remitente señala que en la doctrina se han expresado puntos de vista divergentes sobre si los reglamentos adoptados por una federación que restringen la libertad de acción económica de empresas no asociadas pueden estar justificados a la luz de la jurisprudencia Meca Medina.
60.      Según una primera tesis, la jurisprudencia Meca Medina puede aplicarse al reglamento adoptado por una federación deportiva solo si persigue objetivos puramente deportivos o específicos del deporte. En cambio, esa jurisprudencia no es aplicable a aquellos reglamentos cuyo objeto no afecta directamente al propio deporte, puesto que regulan las actividades económicas de empresas que no son miembros de la federación deportiva y que, por tanto, no pueden influir en el contenido del reglamento deportivo.
61.      Desde otro punto de vista, la aplicabilidad de la jurisprudencia Meca Medina no depende de si el reglamento de una federación deportiva se refiere solo a los aspectos puramente deportivos de sus actividades o si incide directamente en otros mercados. Por el contrario, lo fundamental es si existe algún vínculo entre el reglamento de la federación y la organización y el desarrollo correcto de una competición deportiva. Desde este punto de vista, el único supuesto en el que la jurisprudencia Meca Medina no es aplicable es aquel en el que el reglamento impugnado persiga objetivos puramente comerciales (de la federación), sin que pueda identificarse ningún objetivo vinculado con el deporte en relación con la competición deportiva concreta.
62.      En mi opinión, la respuesta correcta a la primera cuestión prejudicial se sitúa, en cierto modo, a medio camino entre las dos tesis que se acaban de describir brevemente. La primera parece demasiado estricta y la segunda demasiado amplia.
63.      He explicado que la lógica de la jurisprudencia Meca Medina consiste en permitir que los poderes públicos dejen determinadas cuestiones a la autorregulación por las entidades que desarrollan las actividades económicas de que se trata. (65) Por tanto, me parece que resulta evidente que el mandato de los poderes públicos otorgado a asociaciones privadas, y que se manifiesta mediante una delegación o un apoderamiento formal, o que simplemente se tolera, (66) debe, en principio, limitarse a aquellas actividades que desarrollen las empresas representadas en la asociación de que se trate. No hay ninguna justificación jurídica para extender la facultad de ese organismo para actuar en ámbitos de actividad económica que vayan más allá de su misión, tal como esta se define en los estatutos de la asociación.
64.      Sin embargo, me parece que está igualmente claro que la normativa que emana de tales asociaciones puede, efectivamente, afectar, en distinto grado, a las actividades económicas vinculadas a aquellas que están plenamente comprendidas en el ámbito de la misión principal de la asociación. Esto puede ser inevitable. Por ejemplo, en el asunto Wouters, la medida controvertida —la prohibición de que los abogados colaboren de forma integrada con los auditores— fue adoptada por el Colegio de Abogados de los Países Bajos. No obstante, esa medida afectaba tanto a la actividad profesional de los auditores como a la de los abogados.
65.      Una situación así me parece que puede ser incluso más probable en mercados que no solo están relacionados entre sí, sino que, en realidad, son interdependientes y en los que resulta indispensable una cooperación a distintos niveles para garantizar la propia existencia del producto final. (67) En particular, en el «ecosistema» del fútbol, diversas categorías de operadores económicos, —clubes, federaciones nacionales e internacionales, jugadores, agentes, patrocinadores, medios de comunicación que retransmiten partidos, etc.— tienen que interactuar y, en cierta medida, colaborar para garantizar que el sistema sea viable y atractivo para los consumidores finales, que son los aficionados. Ciertamente, son quienes, en última instancia, financian directa e indirectamente todo el sector del fútbol. En caso de que el producto final —los partidos y los campeonatos de fútbol— no fuera atractivo, muchos de los operadores que están implicados en este ecosistema «tendría que cerrar el negocio».
66.      Así pues, en la medida en que, como ha considerado acreditado el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno), la actividad de los agentes puede tener una influencia directa y significativa sobre la equidad de las competiciones y el rendimiento y la salud de los deportistas, no me resulta difícil concluir que los reglamentos sobre las actividades de los agentes pueden tocar a la esfera de la misión de una federación deportiva. Naturalmente, esto solo es así cuando la normativa de que se trata regula aspectos de las actividades de los agentes respecto de los cuales se cumple el citado criterio de la «influencia directa y significativa».
67.      Con mayor razón, no veo ningún fundamento para las alegaciones según las cuales tales reglamentos solo pueden referirse a la deontología de sus miembros o a las reglas del juego y a la forma en que se desarrollan las competiciones. En este sentido, considero que esos argumentos pueden obedecer a una confusión conceptual. Por un lado, el Tribunal de Justicia ha considerado que ciertas «normas puramente deportivas» quedan fuera del ámbito de aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de competencia, ya que, como he explicado en mis conclusiones presentadas en el asunto RRC Sports, (68) esas normas no se refieren a los aspectos económicos del deporte ni tienen efectos restrictivos de cierta importancia en las actividades económicas de que se trata. Por otro lado, medidas como las examinadas en la jurisprudencia Meca Medina afectan directamente a actividades económicas y pueden, efectivamente, repercutir en su ejercicio, con posibles consecuencias para la competitividad de los mercados. Como tales, estas medidas, en principio, están comprendidas en el ámbito de aplicación de las disposiciones de la Unión en materia de competencia. El Tribunal de Justicia se limitó a declarar que, cuando se cumplen determinados requisitos, tales medidas no están comprendidas en el ámbito de aplicación de las prohibiciones contempladas en los artículos 101 TFUE, apartado 1, y 102 TFUE.
68.      En mi opinión, existen tres cuestiones principales para que un órgano jurisdiccional determine si los reglamentos adoptados por una federación deportiva cuyos efectos van más allá de las actividades esenciales de la propia federación pueden examinarse a la luz de la jurisprudencia Meca Medina. En primer lugar, ¿puede reconocerse, con arreglo al Derecho de la Unión, que el interés protegido por tales normas constituye realmente una cuestión de interés público? En segundo lugar, en caso afirmativo, la consecución de ese objetivo ¿está comprendida, con carácter general, en la misión de la federación, tal como la reconocen o aceptan los poderes públicos competentes? En tercer lugar, de ser así, los reglamentos de la federación ¿persiguen verdaderamente el interés de que se trata?
69.      Si la respuesta a estas tres preguntas es afirmativa, considero que los reglamentos en cuestión, en principio, pueden examinarse a la luz del criterio Meca Medina, aun cuando también afecten a la actividad económica de empresas que no están representadas en la federación ni por ella.
70.      Sin embargo, una vez más, no puede considerarse que ello suponga dar un cheque en blanco a las federaciones deportivas. El grado de vinculación entre las actividades esenciales de la federación y las actividades de los terceros —en este caso, los servicios de los agentes— no es, en absoluto, irrelevante. Por el contrario, incide de forma evidente en cuanto a la aplicación de la jurisprudencia Meca Medina, habida cuenta de que se refiere al carácter necesario y proporcionado de los reglamentos en cuestión. Y lo hace mediante una función doble y complementaria.
71.      Por una parte, cuanto menor sea el grado de influencia que terceros pueden ejercer sobre las actividades y la toma de decisiones de la federación que ha adoptado los reglamentos de que se trata, menos probable será que estos puedan considerarse necesarios o proporcionados para alcanzar los objetivos perseguidos.
72.      Por otra parte, cuanto mayor sea el impacto que los reglamentos en cuestión tengan sobre la actividad económica de los terceros, mayor será la probabilidad de que esos reglamentos puedan considerarse innecesarios o desproporcionados para alcanzar los objetivos perseguidos.
73.      En este contexto, huelga añadir que una participación real y significativa de los terceros interesados en el procedimiento de adopción de los reglamentos de que se trata contribuiría, ciertamente, a garantizar su necesidad y su carácter proporcionado, además de reforzar su legitimidad.
74.      A la luz de lo anterior, considero que procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 101TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la jurisprudencia Meca Medina es de aplicación al reglamento de una federación deportiva que se refiere a la utilización de servicios de empresas que operan en mercados situados en una fase de producción o comercialización anterior o posterior a la actividad de la federación (o de sus miembros) siempre que dichos servicios puedan tener una influencia directa y significativa en las actividades esenciales de la federación.
75.      Una vez propuesta una respuesta a la primera cuestión prejudicial y antes de proceder al examen de la segunda, quisiera añadir una última observación.
76.      Entiendo que el Reglamento impugnado por los demandantes en el litigio principal es, en gran medida, similar al que fue impugnado en el litigio que llevó al Landgericht Mainz (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Maguncia, Alemania) a plantear su petición de decisión prejudicial en el asunto RRC Sports. En mis conclusiones presentadas en dicho asunto he tratado de ayudar al órgano jurisdiccional remitente proporcionando algunas indicaciones sobre el modo en que debe aplicarse la jurisprudencia Meca Medina a la normativa controvertida en dicho procedimiento, que, según mi entender, es similar al Reglamento controvertido en el presente asunto. (69) Por tanto, espero que las consideraciones expuestas en aquellas conclusiones también puedan ser útiles para el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal).
B.      Segunda cuestión prejudicial
77.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el criterio Meca Medina debe aplicarse a todas las normas del Reglamento, consideradas en su conjunto, o a cada una de ellas por separado habida cuenta de sus características específicas, como su proximidad o lejanía con respecto a las actividades de la federación.
78.      En este sentido, comparto la opinión de la Comisión de que, en principio, cada norma contenida en un reglamento adoptado por un órgano profesional o una federación deportiva debe examinarse por separado. El objeto de esas normas puede ser diferente y puede referirse a mercados y categorías de empresas diferentes, o tener consecuencias para mercados o categorías de mercados diferentes. Este planteamiento quedó claramente confirmado en la sentencia Superleague, en la que el Tribunal de Justicia examinó individualmente la compatibilidad de las distintas normas en cuestión.
79.      No obstante, pueden existir situaciones en las que resulte artificial dividir un conjunto de normas —un reglamento completo o algunas de sus partes— en sus diferentes componentes o subcomponentes, dado que constituyen un todo indivisible, y los efectos de ese conjunto de normas no pueden apreciarse de forma significativa a menos que se consideren en su conjunto. Lo que importa es el mecanismo creado por esas normas y el hecho de que pueda ser introducido por una o por varias normas es una formalidad.
80.      Del mismo modo, pueden existir normas que, individualmente consideradas, no restrinjan notoriamente la competencia, pero que, consideradas en su conjunto, pueden tener un impacto más significativo en la competitividad del mercado de que se trate.
81.      En las dos situaciones antes descritas, considero que una apreciación correcta, a la luz del Derecho de la Unión en materia de competencia, del reglamento de una federación obliga a las autoridades competentes a realizar un análisis en el que se evalúen conjuntamente todas o algunas de las normas.
82.      Asimismo, debo añadir que, al examinar, en el marco del criterio Meca Medina, cada una de las normas o el grupo de normas de que se trate, debería tenerse en cuenta el grado de proximidad, o de lejanía, entre la actividad de la federación y la actividad de las empresas afectadas por las normas de la federación, a pesar de que estén activas en un mercado distinto, aunque relacionado. Como he explicado en los puntos 70 a 72 de las presentes conclusiones, se trata de un elemento que resulta especialmente pertinente a la hora de apreciar si las normas de que se trata son necesarias y proporcionadas, habida cuenta de la contribución al fomento del interés general que persigue el reglamento.
83.      Sobre la base de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la segunda cuestión prejudicial que el criterio Meca Medina debe aplicarse, en principio, a cada una de las normas contenidas en una normativa adoptada por una asociación profesional o federación deportiva, a menos que, debido a determinadas circunstancias particulares, una evaluación útil requiera valorar todas o algunas de ellas de forma conjunta. En este contexto, el grado de proximidad o de lejanía entre la actividad de la asociación o federación y la actividad de las terceras empresas afectadas por esa normativa constituye un elemento pertinente para valorar si las normas en cuestión son necesarias y proporcionadas en función del objetivo legítimo de interés público perseguido.
IV.    Conclusión
84.      En conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania) que el artículo 101 TFUE debe interpretarse en el sentido de que:
1)      La jurisprudencia Meca Medina es de aplicación al reglamento de una federación deportiva que se refiere a la utilización de servicios de empresas que operan en mercados situados en una fase de producción o comercialización anterior o posterior a la actividad de la federación (o de sus miembros) siempre que dichos servicios puedan tener una influencia directa y significativa en las actividades esenciales de la federación.
2)      Los requisitos establecidos por la jurisprudencia Meca Medina
deben aplicarse, en principio, a cada una de las normas contenidas en una normativa adoptada por una asociación profesional o federación deportiva, a menos que, debido a determinadas circunstancias particulares, una evaluación útil requiera valorar todas o algunas de ellas de forma conjunta. En este contexto, el grado de proximidad o de lejanía entre la actividad de la asociación o federación y la actividad de las terceras empresas afectadas por esa normativa constituye un elemento pertinente para valorar si las normas en cuestión son necesarias y proporcionadas en función del objetivo legítimo de interés público perseguido.
1      Lengua original: inglés.
2      Sentencia de 21 de diciembre de 2023, International Skating Union/Comisión (C‑124/21 P, EU:C:2023:1012) (en lo sucesivo, «sentencia ISU»).
3      Sentencia de 21 de diciembre de 2023, European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2023:1011) (en lo sucesivo, «sentencia Superleague»).
4      Sentencia de 21 de diciembre de 2023, Royal Antwerp Football Club (C‑680/21, EU:C:2023:1010) (en lo sucesivo, «sentencia Royal Antwerp»).
5      Sentencia de 4 de octubre de 2024, FIFA (C‑650/22, EU:C:2024:824) (en lo sucesivo, «sentencia FIFA»).
6      Sentencia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2002:98) (en lo sucesivo, «sentencia Wouters»).
7      Sentencia de 18 de julio de 2006, Meca Medina y Majcen/Comisión (C‑519/04 P, EU:C:2006:492) (en lo sucesivo, «sentencia Meca Medina»).
8      Véanse las sentencias de 18 de enero de 2024, Lietuvos notarų rūmai y otros (C‑128/21, EU:C:2024:49), apartados 97 a 105, y de 25 de enero de 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71), apartados 21 a 35 y 42 a 54.
9      C‑209/23 (en lo sucesivo, «conclusiones RRC Sports»).
10      C‑133/24 (en lo sucesivo, «conclusiones CD Tondela»).
11      En dicha circular se indicaba que era posible acordar un pago a tanto alzado único o una remuneración escalonada por el canon de transferencia obtenido por el servicio de salida de un jugador a otro club mediante traspaso, a condición, no obstante, de que no representara un porcentaje de participación.
12      Véanse, en particular, y con otras referencias, Monti, G., «Article 81 EC and public policy», Common Market Law Review, vol. 39, n.º 5, 2002, pp. 1068 y 1087 a 1090; Komninos, A.P., «Non-competition concerns: Resolution of conflicts in the integrated Article 81 EC», Working Paper (L) 08/05, The University of Oxford Centre for Competition Law and Policy, pp. 10 y ss.; Nazzini, R., «Article 81 EC between time present and time past: A normative critique of “restriction of competition” in EU law», Common Market Law Review, vol. 43, n.º 2, 2006, pp. 521 y ss., y Whish, R., Competition Law, 6.ª ed., Oxford University Press, 2006, pp. 126 a 131.
13      Véase, por analogía, la sentencia de 18 de septiembre de 2001, M6 y otros/Comisión (T‑112/99, EU:T:2001:215), apartados 75 a 77.
14      Solo por citar algunas de ellas, véanse las sentencias de 11 de septiembre de 2014, CB/Comisión (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204); de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (C‑413/14 P, EU:C:2017:632); de 2 de abril de 2020, Budapest Bank y otros (C‑228/18, EU:C:2020:265); de 30 de enero de 2020, Generics (UK) y otros (C‑307/18, EU:C:2020:52), y de 10 de septiembre de 2024, Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping) (C‑48/22 P, EU:C:2024:726).
15      Véanse, con más detalle, mis conclusiones presentadas en el asunto RCC Sports, punto 26.
16      Véase, en particular, la sentencia de 5 de diciembre de 2024, Tallinna Kaubamaja Grupp y KIA Auto (C‑606/23, EU:C:2024:1004), apartados 22 y ss.
17      En este sentido, véase, por ejemplo, la sentencia de 4 de junio de 2009, T-Mobile Netherlands y otros (C‑8/08, EU:C:2009:343), apartados 3  a 39.
18      Sentencia de 11 de septiembre de 2014, CB/Comisión (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204), apartados 48 a 87.
19      Sentencia de 2 de abril de 2020, Budapest Bank y otros (C‑228/18, EU:C:2020:265), apartados 51 a 86.
20      Sentencia de 26 de octubre de 2023, EDP — Energias de Portugal y otros (C‑331/21, EU:C:2023:812), apartados 87 a 94.
21      Sentencia de 19 de septiembre de 2024, Booking.com y Booking.com (Deutschland) (C‑264/23, EU:C:2024:764), apartado 51.
22      Ibidem, apartado 52.
23      En efecto, tanto en la sentencia Wouters (apartado 109) como en la sentencia Meca Medina (apartados 42 y 47), el Tribunal de Justicia consideró como un precedente pertinente la sentencia de 15 de diciembre de 1994, DLG (C‑250/92, EU:C:1994:413), en la que se entendió aplicable la teoría de la restricción accesoria. Véanse también, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Rantos presentadas en el asunto European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2022:993), puntos 87 a 92.
24      Véase el punto 30 de esas conclusiones.
25      A este respecto, me limitaré a remitirme a las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en los asuntos acumulados Pavlov y otros (C‑180/98 a C‑184/98, EU:C:2000:151), punto 92: «He sostenido que las características específicas de los mercados de servicios profesionales requieren algún tipo de regulación. Los detractores de la autorregulación profesional insisten en que el Estado, o al menos algún organismo regulador controlado por el Estado, es el que debe regular las profesiones liberales, pues existen riesgos de abuso de las competencias reglamentarias. Sin embargo, de nuevo desde un punto de vista económico, se plantea un problema de información. La naturaleza compleja de dichos servicios y su permanente evolución como consecuencia de los rápidos cambios en los conocimientos y del desarrollo técnico dificultan la adopción por los Parlamentos y los Gobiernos de las normas detalladas y actualizadas que se necesitan. Muchas veces, resultará más adecuada la autorregulación por miembros expertos de las profesiones liberales, ya que permite reaccionar con la necesaria flexibilidad. Por consiguiente, el principal reto que debe afrontar cualquier sistema de Derecho de la competencia consiste en evitar los abusos de las competencias reglamentarias sin eliminar la autonomía reguladora de las profesiones liberales».
26      Para distinguirla de la «accesoriedad normativa» de Meca Medina, a veces se hace referencia a esta jurisprudencia como relativa a la «accesoriedad comercial». Véase, por ejemplo, Whish, R., nota 12, op. cit., p. 128.
27      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 25 de octubre de 1977, Metro SB-Großmärkte/Comisión (26/76, EU:C:1977:167), apartado 22, y de 28 de enero de 1986, Pronuptia de Paris (161/84, EU:C:1986:41), apartados 15 a 27.
28      Véase la sentencia Superleague, apartado 183 y jurisprudencia citada (el subrayado es mío).
29      Apartado 97 de la sentencia.
30      Apartados 43 y 45 de la sentencia. Véase también el artículo 165 TFUE, apartado 2.
31      Sentencia de 28 de febrero de 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (C‑1/12, EU:C:2013:127) (en lo sucesivo, «sentencia OTOC»), apartado 95.
32      Sentencia de 18 de julio de 2013 (C‑136/12, EU:C:2013:489), apartados 55 y 56.
33      Sentencia de 4 de septiembre de 2014, API y otros (C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 y C‑208/13, EU:C:2014:2147), apartados 50 y 51.
34      Como es natural, esta situación no puede extenderse a la atribución formal de facultades reglamentarias por parte de las autoridades de los Estados miembros a una asociación profesional, manteniendo, al mismo tiempo, la facultad de definir los criterios de interés general y los principios esenciales a los que deben atenerse las normas de la asociación, así como la facultad de tomar decisiones en última instancia. En efecto, en estos supuestos las normas adoptadas por la asociación profesional siguen siendo medidas estatales y no están comprendidas en el ámbito de aplicación de las normas del Tratado relativas a las empresas. Véase, en este sentido, la sentencia OTOC, apartado 54.
35      Apartado 110 de la sentencia (el subrayado es mío). Véanse, asimismo, los apartados 105 y 107 de la misma sentencia.
36      El subrayado es mío. Véanse las sentencias Superleague (apartado 197), Royal Antwerp (apartado 124) y FIFA (apartado 156).
37      Como señaló el Abogado General Léger en el asunto Wouters y otros (C‑309/99, EU:C:2001:390), el concepto mismo de «asociación de empresas» cumple una función concreta en el (actual) artículo 101 TFUE, apartado 1, ya que «tiene por objeto evitar que las empresas puedan escapar a las normas de la competencia simplemente en razón de la forma en que coordinan su conducta en el mercado. Para asegurar la eficacia de este principio, [el artículo 101 TFUE, apartado 1,] se opone no solo a las modalidades directas de coordinación de conductas entre empresas (los acuerdos y las prácticas concertadas), sino también a las formas institucionalizadas de cooperación, es decir[,] las situaciones en las que los operadores económicos actúan a través de una estructura colectiva o de un órgano común». Véase el punto 62 de dichas conclusiones.
38      En este sentido, véanse, en particular, las sentencias de 25 de octubre de 1977, Metro SB-Großmärkte/Comisión (26/76, EU:C:1977:167), apartado 21; de 26 de enero de 2005, Piau/Comisión (T‑193/02, EU:T:2005:22), apartados 100 a 106; de 23 de noviembre de 2006, Asnef-Equifax y Administración del Estado (C‑238/05, EU:C:2006:734), apartado 67, y de 25 de enero de 2024, Em akaunt BG (C‑438/22, EU:C:2024:71), apartado 33. He dedicado algunas consideraciones al artículo 101 TFUE, apartado 3, en los puntos 75 a 95 de mis conclusiones presentadas en el asunto RRC Sports.
39      Véase, en este sentido, Mavroidis, P. C., y Neven, D.: «Legitimate objectives in antitrust analysis: The FIFA regulation of agents and the right to regulate football in Europe», Concurrences n.º 1‑2024, art. n.º 117111.
40      Apartado 100 de la sentencia.
41      Sentencia de 30 de septiembre de 2004, Meca Medina y Majcen/Comisión (T‑313/02, EU:T:2004:282), apartados 38 y 46.
42      Sentencia de 4 de septiembre de 2014, API y otros (C‑184/13 a C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 y C‑208/13, EU:C:2014:2147), apartados 46 y 47.
43      Auto de 18 de septiembre de 2015, ONP y otros/Comisión (T‑90/11, EU:T:2015:725), apartado 347.
44      Apartado 99 de la sentencia.
45      Véase, en particular, la jurisprudencia citada en las notas 2 a 5 y 7 supra.
46      Apartado 183 de la sentencia.
47      Véase la sentencia en el asunto Meca Medina, apartados 43 a 45.
48      Véanse, en particular, las sentencias de 15 de diciembre de 1995, Bosman (C‑415/93, EU:C:1995:463), apartado 106, y de 16 de marzo de 2010, Olympique Lyonnais (C‑325/08, EU:C:2010:143), apartado 39.
49      Véase, en este sentido, la sentencia FIFA, apartado 99.
50      Brandenburger, A. M., y Nalebuff., B. J., Co-opetition: A Revolution Mindset that Combines Competition and Cooperation, Crown Business, 1996.
51      Véase también, en este sentido, el punto 91 de mis conclusiones presentadas en el asunto RRC Sports.
52      C‑680/21, EU:C:2023:188, puntos 56 a 60.
53      Véase, por ejemplo, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, «Informe Global sobre Corrupción en el Deporte», 2022 (disponible en línea), p. 3. Véase, asimismo, la Comunicación de la Comisión «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte», de 18 de enero de 2011, COM(2011) 12 final, sección 4.1. Sobre este tema, véase también el punto 94 de mis conclusiones presentadas en el asunto RRC Sports.
54      De forma similar, Van Rompuy, B., «EU Court of Justice Delineates the Scope of the Wouters Exception», Kluwer Competition Law Blog, 15 de enero de 2024.
55      Véanse, en este contexto, las conclusiones del Abogado General Rantos presentadas en el asunto European Superleague Company (C‑333/21, EU:C:2022:993), punto 89 y jurisprudencia citada.
56      Véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros (C‑403/08 y C‑429/08, EU:C:2011:631), apartados 134 a 146, y Superleague, apartados 210 a 241. En ninguno de los dos asuntos se consideró siquiera la posible aplicación de la jurisprudencia Meca Medina a las medidas examinadas.
57      Véase la sentencia de 30 de septiembre de 2004, Meca Medina y Majcen/Comisión (T‑313/02, EU:T:2004:282), apartado 57. En casación, véanse los apartados 46 y ss. de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Meca Medina.
58      Véanse los puntos 23 a 45 de dichas conclusiones.
59      Apartado 185 de dicha sentencia. En efecto, la jurisprudencia no era muy clara al respecto: compárese la sentencia de 23 de noviembre de 2017, CHEZ Elektro Bulgaria y FrontEx International (C‑427/16 y C‑428/16, EU:C:2017:890), apartado 53, con la jurisprudencia citada en el apartado 183 de la sentencia Superleague. Sin embargo, como he explicado anteriormente, este requisito ha sido mencionado sistemáticamente en la jurisprudencia relativa a la accesoriedad comercial.
60      Véase, por ejemplo, Weatherill, S., «The impact of the rulings of 21 December 2023 on the structure of EU sports law», International Sports Law Journal, 2023, vol. 23, 2023, pp. 409 a 415.
61      Es llamativo que haya quien ha indicado recientemente (Gryllos, G., «Anticompetitive object / effect: An overview of EU and national case law», 21 de marzo de 2025, e-Competitions, art. n.º 123946, p. 9) que los requisitos que implican, en el Derecho de la Unión en materia de competencia, que los objetivos legítimos de interés general no sean, en sí mismos, contrarios a la competencia y que la medida en cuestión no elimine toda competencia recuerdan la postura adoptada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en algunos asuntos relacionados con el deporte. En ellos, dicho órgano jurisdiccional denegó una exención específica de la Sherman Act que cubriera las restricciones al comercio impuestas por federaciones deportivas, las cuales alegaban que esas restricciones perseguían objetivos sociales de mayor importancia que la competencia. Véase recientemente, en ese sentido, la sentencia dictada el 21 de junio de 2021 por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos [141 S. Ct. 2141 (2021)].
62      En este mercado, los clubes y los jugadores solo intervienen como destinatarios de los servicios.
63      2021/2058(INI) (DO 2022, C 224, p. 2). El subrayado es mío. La expresión «recientes reformas» se refería, en mi opinión, a las que condujeron a la adopción del Reglamento de la FIFA sobre Agentes de Fútbol.
64      Véanse, por ejemplo, un estudio encargado por la Comisión Europea que lleva el título Study on sports agents in the European Union (Estudio sobre los agentes deportivos en la Unión Europea), de noviembre de 2009, pp. 3, 4, 168 y 169, y Parrish, R. et al., Promoting and Supporting Good Governance in the European Football Agents Industry — Final Report, publicado por la Comisión Europea, 2019, pp. 3, 4, 95, 96 y 127 a 129.
65      Véase el punto 32 de las presentes conclusiones.
66      Véase el punto 42 de las presentes conclusiones.
67      Véase, mutatis mutandis, la sentencia de 11 de abril de 2000, Deliège (C‑51/96 y C‑191/97, EU:C:2000:199), apartados 56 y 57.
68      Véanse los puntos 17 a 28 de dichas conclusiones.
69      Véanse los puntos 53 a 113 de dichas conclusiones.