61994C0227
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. CARL OTTO LENZ
presentadas el 13 de julio de 1995 (
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)
A. Introducción
1.
El presente asunto versa sobre el cálculo de una pensión de invalidez con arreglo al Derecho neerlandés. La parte demandante en el litigio principal, la Sra. E. Olivieri-Coenen, residió en los Países Bajos desde su nacimiento, en 1927, hasta 1959. Del 1 de septiembre de 1946 al 29 de enero de 1959 trabajó en dicho país como maestra en una escuela privada en virtud de un contrato de trabajo de Derecho privado. Según se ha expuesto en la vista, la Sra. Olivieri-Coenen inicialmente poseía la nacionalidad neerlandesa. Tras su matrimonio con un nacional italiano adquirió la nacionalidad italiana y en 1959 se estableció en Italia. En dicho país trabajó con su marido en un hotel de su propiedad. Estuvo asegurada en Italia desde marzo de 1960 a julio de 1981.
2.
En 1979, la demandante dejó de trabajar por motivos de salud. El organismo italiano competente le concedió una pensión italiana de invalidez con efectos a 1 de febrero de 1982. La Sra. Olivieri-Coenen solicitó asimismo una prestación proporcional por incapacidad laboral con arreglo a la legislación neerlandesa. Para una buena comprensión de este modo de proceder señalo que, en casos como el presente, según las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario, en primer lugar se determina el importe total de la pensión de invalidez que se deba pagar y a continuación se calcula qué parte del mismo corre por cuenta de los respectivos Estados miembros.
3.
El organismo neerlandés competente, la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (en lo sucesivo, «parte demandada en el litigio principal»), comunicó a la Sra. Olivieri-Coenen, el 13 de marzo de 1991, que con efectos a 1 de febrero de 1982 se le había concedido una prestación proporcional con arreglo a la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Ley relativa al Seguro contra la Incapacidad para el Trabajo; en lo sucesivo, «WAO»). Sin embargo, para el cálculo de esta prestación sólo se tomó en consideración el período de empleo anterior al 1 de septiembre de 1947.
4.
Para comprender este proceder es preciso tener en mente las disposiciones pertinentes del Derecho neerlandés en materia de Seguridad Social. En los Países Bajos la protección contra las consecuencias económicas de la incapacidad laboral está regulada en dos leyes: la mencionada WAO, que entró en vigor el 1 de julio de 1967, y la Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Ley relativa a la Incapacidad Laboral; en lo sucesivo, «AAW»). La cuantía de las prestaciones con arreglo a la WAO o a la AAW depende de la duración de los períodos de seguro cubiertos. En cambio, los funcionarios y el personal asimilado están asegurados contra la incapacidad laboral por la Algemene Burgerlijke Pensioenwet (Ley relativa a las Pensiones Civiles de la Función Pública; en lo sucesivo, «ABPW»). En el caso de autos, de las dos leyes mencionadas en primer lugar sólo interesa la WAO, por lo que no es preciso que entre a examinar la AAW y la relación existente entre estas dos leyes. (
1
)
La ABPW entró en vigor el 1 de enero de 1966. Con anterioridad a esta fecha, por lo que se refiere a los funcionarios y al personal asimilado, estuvo en vigor la Pensioenwet de 1922, que fue sustituida por la ABPW. Al mismo tiempo se estableció un régimen transitorio para quienes al amparo de la Pensioenwet de 1922 tuvieran expectativas de una pensión de invalidez. Según este régimen, las expectativas se mantuvieron cinco años, hasta el 1 de enero de 1971. Si la incapacidad laboral se producía con posterioridad a esta fecha, el interesado ya no podía, por estos motivos, hacer valer sus derechos a la pensión de invalidez.
5.
La Sra. Olivieri-Coenen estuvo sometida a la Pensioenwet de 1922 desde el 1 de septiembre de 1947. Por consiguiente, tenía derecho a una pensión de invalidez con arreglo a esta Ley. Sin embargo, este derecho caducó al expirar el período transitorio establecido en la ABPW.
6.
La parte demandada en el litigio principal, para calcular la pensión proporcional que debía concederse a la Sra. Olivieri-Coenen, se basó en las disposiciones del Reglamento (CEE) no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, (
2
) en la versión que estaba vigente a 1 de febrero de 1982, fecha en la que la Sra. Olivieri-Coenen obtuvo el derecho a una pensión italiana de invalidez. No es preciso examinar las disposiciones del Título III (Disposiciones particulares para las diferentes categorías de prestaciones) del Reglamento no 1408/71 aplicables al presente caso, ya que las partes del litigio principal no discrepan al respecto y dichas disposiciones no tienen importancia para la apreciación de la cuestión prejudicial. Por consiguiente, basta con señalar que la prestación proporcional por incapacidad laboral, que la parte demandada en el litigio principal debía conceder a la Sra. Olivieri-Coenen, debía calcularse con arreglo al apartado 2 del artículo 46 del Reglamento no 1408/71, aplicable al presente caso.
7.
En relación con esta disposición, en la sección correspondiente a los Países Bajos del Anexo V de la versión del Reglamento vigente, a la sazón, la letra a) del punto 4, establecía lo siguiente:
«Para la aplicación del apartado 2 del artículo 46 del Reglamento, son también considerados como períodos de seguro cubiertos bajo la legislación neerlandesa relativa al seguro contra la incapacidad para el trabajo, los períodos de trabajo por cuenta ajena y los períodos asimilados cubiertos en los Países Bajos antes del 1 de julio de 1967.»
8.
Por esta razón, la parte demandada en el litigio principal computó el período de empleo de la Sra. Olivieri-Coenen anterior al 1 de septiembre de 1947 para calcular la pensión proporcional neerlandesa. Sin embargo, se negó a computar el período de empleo comprendido entre el 1 de septiembre de 1947 y el 29 de enero de 1959 durante el cual la Sra. Olivieri-Coenen estuvo sometida a la Pensioenwet de 1922. Para ello alegó que éste era un régimen para funcionarios y personal asimilado, mientras que el Reglamento no 1408/71, con arreglo al apañado 4 del artículo 4, no es aplicable a «los regímenes especiales de los funcionarios o del personal asimilado».
9.
La Sra. Olivieri-Coenen recurrió contra dicha resolución por estimar que ésta se basaba en una interpretación errónea del Reglamento no 1408/71. El Arrondissementsrechtbank te Amsterdam planteó, pues, al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse la letra a) del punto 4 de la sección [...] (relativa a los Países Bajos) del Anexo V del Reglamento no 1408/71, tal como disponía su texto a 1 de febrero de 1982, en el sentido de que por período de empleo por cuenta ajena debe entenderse, en particular, el período en el que una persona ejerció una actividad de maestra en virtud de un contrato de trabajo celebrado con un centro escolar privado, aunque durante dicho período estuviera asegurada con arreglo a un régimen especial para funcionarios o personal asimilado?»
B. Toma de postura
10.
Antes de tratar la propia cuestión planteada quiero examinar la cuestión de qué versión de la disposición debe ser interpretada. No se discute que sea la versión vigente a 1 de febrero de 1982. Al adoptarse el Reglamento no 1408/71, la letra a) del punto 4 se encontraba en la sección F del Anexo V del mismo. Con motivo de la adhesión de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, en el Anexo V del Reglamento se introdujeron secciones relativas a los nuevos Estados miembros. De esta forma, la sección F, sin sufrir modificación alguna de su contenido, pasó a ser la sección H. (
3
) Una adaptación similar tuvo lugar cuando Grecia se adhirió a las Comunidades. En esa ocasión la sección H pasó a ser sección I. (
4
) Dado que ésta era la versión vigente a 1 de febrero de 1982, en lo sucesivo me basaré en ella. (
5
)
Para ser más exhausto señalaré que en el presente caso no tienen importancia las posteriores modificaciones del Reglamento no 1408/71. Este es especialmente el caso del Reglamento (CEE) no 1390/81 del Consejo, de 12 de mayo de 1981, por el que el Anexo V pasó a ser Anexo VI y se modificó el contenido de la sección I. (
6
) La Comisión ha señalado acertadamente en sus observaciones que este Reglamento entró en vigor el 1 de julio de 1982, es decir, después de la fecha que es determinante en el caso de autos. (
7
)
11.
En el presente caso, se trata de saber si se puede considerar como período de trabajo por cuenta ajena o período asimilado, con arreglo a la letra a) del punto 4 de la sección I del Anexo V del Reglamento no 1408/71 en su versión vigente a 1 de febrero de 1982, el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1947 y el 29 de enero de 1959, en el que la Sra. Olivieri-Coenen trabajó como maestra en una escuela privada neerlandesa y estuvo sometida a la Pensioenwet de 1922.
12.
Comparto la opinión de la Comisión de que se debe responder afirmativamente a esta cuestión. Según la letra s) del artículo 1 del Reglamento no 1408/71, (
8
) la expresión «períodos de empleo» designa los períodos «definidos o admitidos como tales por la legislación bajo la cual hayan sido cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de empleo». Por consiguiente, se debe tomar esta definición para interpretar la disposición que ahora se examina. (
9
) Por tanto, se trata de saber si de conformidad con el Derecho neerlandés las actividades de la parte demandante en el litigio principal deben calificarse de «período de empleo» o de «período asimilado». Me parece que indudablemente éste es el caso. La propia parte demandada en el litigio principal ha señalado en sus observaciones que, según el Derecho neerlandés, se debe considerar como trabajador por cuenta ajena a la persona que ejerce su actividad en virtud de un contrato de trabajo. Por tanto, en mi opinión, el tiempo durante el cual la interesada ejerció su actividad debe considerarse como período de empleo (o período asimilado) en el sentido de la Disposición controvertida.
13.
A este respecto, no tiene importancia alguna el hecho de que la Sra. Olivieri-Coenen estuviera sometida a la Pensioenwet de 1922 durante el período controvertido. Ciertamente, esta Ley, así como la ABPW, constituye un «régimen especial de los funcionarios o del personal asimilado» que, con arreglo al apartado 4 del artículo 4 del Reglamento no 1408/71, no está comprendido en el ámbito de aplicación de este Reglamento. Pero esto no significa que el período controvertido no se pueda calificar de período de empleo o de período asimilado.
14.
La parte demandada en el litigio principal invoca la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Lohmann (
10
) para apoyar su postura contraria. Esta sentencia se refería a un nacional neerlandés que había sido funcionario y que a la sazón percibía una pensión de invalidez con arreglo a la ABPW. Al cabo de un tiempo, trasladó su residencia a Bélgica. Para su hija, que siguió residiendo en los Países Bajos, solicitó, con arreglo a la legislación neerlandesa, un subsidio familiar que, no obstante, le fue denegado. En el procedimiento que Lohmann inició ante el Juez neerlandés se suscitó la cuestión de si el demandante podía basar su solicitud en la letra a) del apartado 2 del artículo 77 del Reglamento no 1408/71. Esta disposición establece que en los casos en ella regulados el titular de una pensión debida en virtud de la legislación de un solo Estado miembro, tiene derecho a subsidio familiar con arreglo a la legislación de dicho Estado miembro. Sin embargo, el demandante sólo podía ampararse en esta disposición si la pensión de invalidez que percibía en virtud de la ABPW era una pensión en el sentido de dicha disposición. El Tribunal de Justicia respondió negativamente a esta cuestión. El Tribunal de Justicia declaró que, con arreglo al apartado 4 del artículo 4 del Reglamento no 1408/71, los regímenes especiales de los funcionarios y del personal asimilado están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento y de esto concluyó que una pensión concedida en virtud de semejante régimen especial no puede ser una pensión con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 77. (
11
) Esto es evidente. Dado que el Reglamento no 1408/71 no es aplicable a los regímenes especiales de los funcionarios y del personal asimilado, el hecho de que una persona tenga derecho a prestaciones con arreglo a tal régimen especial no puede llevar por sí mismo a que el Reglamento sea aplicable a dicha persona.
15.
Sin embargo, los hechos del presente caso no son comparables con los del caso Lohmann. El caso de autos no versa sobre las consecuencias de un derecho en virtud de un régimen especial de funcionarios o de personal asimilado a efectos de aplicabilidad del Reglamento no 1408/71. Por el contrario, consta que la Sra. Olivieri-Coenen no tiene derecho a tales prestaciones en virtud de la Pensioenwet de 1922 ni en virtud de la ABPW. Aquí sólo se trata de saber si un período en el que la demandante en el litigio principal estaba sometida a la Pensioenwet de 1922 debe ser considerado como período de empleo con arreglo a la disposición controvertida y si, por tanto, puede ser computado para calcular la pensión proporcional de invalidez de conformidad con el Derecho neerlandés. Una respuesta afirmativa a esta cuestión no es, en absoluto, contraria al apartado 4 del artículo 4 del Reglamento no 1408/71. Procede señalar una vez más que la Sra. Olivieri-Coenen, al final del período transitorio de la ABPW, en 1971, ya no tenía tal derecho en virtud de un régimen especial para funcionarios y personal asimilado. La demandante en el litigio principal se encuentra, pues, en una situación como si nunca hubiera estado sometida a las disposiciones de la Pensioenwet de 1922. Dado que de las disposiciones existentes se puede deducir esta conclusión, no es preciso, pues, que el legislador modifique previamente el apartado 4 del artículo 4, tal como opina la parte demandada en el litigio principal.
16.
Aunque, a pesar de todo, se estimara que este planteamiento es incompatible con el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento, en mi opinión ello no obstaría para llegar al mismo resultado. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entre, por un lado, las disposiciones del Reglamento no 1408/71 y, por otro, las de su Anexo VI (anteriormente Anexo V) no existe «ninguna diferencia de rango». En efecto, todas estas disposiciones fueron adoptadas en aplicación del artículo 51 del Tratado CE y, por consiguiente, deben «ser interpretadas conjuntamente a la luz del objetivo de este artículo, que es el de contribuir al establecimiento de la más amplia libertad posible en el ámbito de la libre circulación de los trabajadores migrantes, principio que se inscribe en los fundamentos de la Comunidad». (
12
) Por consiguiente, el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento no 1408/71 tampoco obsta por estas razones a la interpretación propuesta. Por tanto, en el presente caso no tiene importancia la cuestión de la relación entre el apartado 4 del artículo 4 del Reglamento no 1408/71 y el apartado 4 del artículo 48 del Tratado CE. (
13
)
17.
Como ha alegado acertadamente la Comisión, esta interpretación es asimismo acorde con la equidad. Dado que en 1971 caducó el derecho, basado en la Pensioenwet de 1922, que asistía a la demandante en el litigio principal, el planteamiento contrario conduciría a que quedara fuera de consideración el período de empleo comprendido entre septiembre de 1947 y enero de 1959. Esto sería desfavorable para la Sra. Olivieri-Coenen, ya que el cómputo de este período no da lugar a acumulación de derechos. (
14
)
18.
Por último, hay que señalar que la demandada en el litigio principal, en sus observaciones tan bien fundadas como útiles, considera asimismo posible esta interpretación. Sin embargo, parece que ha pensado acertadamente en que la duda existente debe ser dilucidada con una decisión del Tribunal de Justicia.
C. Conclusión
19.
En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente forma a la cuestión prejudicial:
«La letra a) del punto 4 de la sección I del Anexo V del Reglamento no 1408/71, tal como disponía su texto a 1 de febrero de 1982, debe interpretarse en el sentido de que a los períodos de trabajo por cuenta ajena y a los períodos asimilados anteriores al 1 de julio de 1967 también pertenecen los períodos en los que una persona haya trabajado como maestra en virtud de un contrato de trabajo celebrado con una escuela privada, aunque durante dicho período estuviera asegurada en virtud de un régimen especial para funcionarios o personal asimilado.»
(
*1
)	Lengua original: alemán.
(
1
)	Estas cuestiones fueron abordadas en las conclusiones del Abogado General Sr. Tesauro en el asunto en el que recayó la sentencia de 20 de septiembre de 1994, Drake (C-12/93, Rec. p. I-4337).
(
2
)	DO L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98.
(
3
)	Artículo 29 del Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1972, L 73, pp. 14 y ss., especialmente p. 112).
(
4
)	Véase el artículo 21 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Helénica y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1979, L 291, pp. 17 y ss., especialmente p. 101).
(
5
)	Véase el texto de esta disposición en el punto 7 anterior.
(
6
)	DO L 143, p. 1.
(
7
)	Véanse los artículos 4 del Reglamento no 1390/81, y 5 del Reglamento (CEE) no 3795/81 del Consejo, de 8 de diciembre de 1981, por el que se extiende a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias el Reglamento (CEE) no 574/72 (DO L 378, p. 1).
(
8
)	En la versión vigente a 1 de febrero de 1982.
(
9
)	Mientras que en la versión alemana de ambas definiciones se emplea el término «Beschäftigungszeiten», en otras versiones lingüísticas se emplean términos ligeramente diferentes. Por ejemplo, en la versión neerlandesa de la letra s) del artículo 1 se nabla de «tijdvakken van arbeid» y en la versión francesa, de «périodes d'emploi». Sin embargo, ello no tiene diferencia material alguna.
(
10
)	Sentencia de 8 de marzo de 1979, Lohmann (129/78, Rec. p. 853).
(
11
)	Citada en la nota 10 supra, apartado 6.
(
12
)	Citada en la nota 1 supra.
(
13
)	En el asunto Vougioukas (C-443/93) actualmente pendiente, el Tribunal de Justicia tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión. Véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer de 1 de junio de 1995.
(
14
)	Es interesante señalar que, como ha expuesto en la vista el representante de la parte demandada en el litigio principal, con arreglo al Derecho neerlandés la Sra. Olivieri-Coenen habría tenido derecho incluso a una prestación superior por incapacidad laboral, si hubiera seguido residiendo en los Países Bajos (y hubiera seguido ejerciendo en este país la misma actividad).