62019TJ0671_RES
Asunto T‑671/19
Qualcomm, Inc.
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera ampliada) de 18 de septiembre de 2024
«Competencia — Abuso de posición dominante — Mercado de microchips de banda base UMTS — Decisión por la que se declara una infracción del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo EEE — Precios predatorios — Competencia del autor del acto — Derecho de defensa — Definición del mercado pertinente — Posición dominante — Abuso — Reconstrucción de los precios — Determinación de los costes de referencia — Análisis de precios y costes — Inexistencia de la obligación de demostrar efectos concretos — Intención de expulsar a un competidor — Justificación objetiva — Cálculo del importe de la multa — Directrices para el cálculo de las multas de 2006 — Valor de las ventas — Importe adicional — Competencia jurisdiccional plena»
Procedimiento judicial — Intervención — Traslado de las actuaciones y escritos procesales a las partes coadyuvantes — Excepción — Trato confidencial — Petición de confidencialidad — Competencia del juez de la Unión para pronunciarse sobre los aspectos no cuestionados de la petición de confidencialidad — Desestimación de la petición relativa a algunos de estos aspectos — Requisitos — Información que no puede tener la consideración de secreta o confidencial — Información necesaria para la comprensión de la sentencia por el público
(Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 66 y 144, ap. 2)
(véanse los apartados 89 a 94)
Competencia — Procedimiento administrativo — Obligaciones de la Comisión — Observancia de un plazo razonable — Criterios de apreciación — Examen de una práctica que requiere análisis complejos de numerosos datos — Conducta de las partes durante el procedimiento administrativo
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 1)
(véanse los apartados 99 a 106 y 109 a 115)
Competencia — Procedimiento administrativo — Obligaciones de la Comisión — Observancia de un plazo razonable — Anulación de la decisión por la que se declara la existencia de una infracción debido a la duración excesiva del procedimiento — Requisito — Vulneración del derecho de defensa de las empresas de que se trata — Requisito no cumplido
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 1)
(véanse los apartados 107, 108 y 116 a 121)
Competencia — Procedimiento administrativo — Respeto del derecho de defensa — Acceso al expediente — Carácter suficientemente completo y preciso de un expediente — Facultad de apreciación de la Comisión
(Art. 101 TFUE)
(véanse los apartados 124 a 132)
Competencia — Procedimiento administrativo — Solicitud de información — Exigencia de que la información requerida resulte necesaria para la investigación de la infracción — Margen de apreciación de la Comisión — Inexistencia de error manifiesto de apreciación
[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 18]
(véanse los apartados 140 a 143)
Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Carácter provisional — Consecuencias
[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 27, ap. 1]
(véanse los apartados 144 a 151, 416 y 417)
Competencia — Procedimiento administrativo — Facultades de la Comisión — Facultad de recabar declaraciones — Declaraciones relativas al objeto de una investigación — Obligación que incumbe a la Comisión de registrar íntegramente, del modo que elija, toda entrevista que realice — Falta de registro de la totalidad de determinadas entrevistas — Traslado tardío de ciertos registros a la empresa investigada — Anulación de la decisión adoptada por la Comisión al término de la investigación — Requisito — Posibilidad de que la empresa afectada hubiera ejercido mejor su defensa sin las irregularidades de procedimiento — Requisito no cumplido
[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 19, ap. 1; Reglamento (CE) n.o 773/2004 de la Comisión, art. 3]
(véanse los apartados 174 a 197)
Posición dominante — Mercado afectado — Delimitación — Criterios — Intercambiabilidad — Mercado de microchips de banda base UMTS — Facultad de apreciación de la Comisión — Toma en consideración de distintos elementos de apreciación — Procedencia
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 200 a 205, 209 a 221, 225 a 227 y 231 a 239)
Posición dominante — Existencia — Indicios — Posesión de cuotas de mercado extremadamente altas — Indicio generalmente suficiente
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 303 a 311)
Posición dominante — Abuso — Venta de productos a precios predatorios — Reconstrucción de los precios efectivamente pagados a la empresa dominante — Análisis de precios y costes realizado a efectos de la apreciación del comportamiento predatorio — Análisis basado en datos contables de la empresa dominante — Ajustes realizados en dichos datos para reflejar la realidad económica — Procedencia
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 324 a 344, 355 a 361, 380 a 395 y 399 a 405)
Posición dominante — Abuso — Venta de productos a precios predatorios — Análisis de precios y costes realizado a efectos de la apreciación del comportamiento predatorio — Utilización de los costes incrementales medios a largo plazo como costes de referencia — Procedencia
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 432 a 443)
Posición dominante — Abuso — Venta de productos a precios predatorios — Análisis de precios y costes realizado a efectos de la apreciación del comportamiento predatorio — Precios inferiores a los costes totales medios del productor pero superiores a los costes variables medios — Calificación como precios abusivos — Requisito — Precios fijados con el fin de expulsar a un competidor — Necesidad de examinar la existencia de efectos anticompetitivos — Inexistencia
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 520 a 527)
Posición dominante — Abuso — Venta de productos a precios predatorios — Análisis de precios y costes realizado a efectos de la apreciación del comportamiento predatorio — Precios inferiores a los costes totales medios del productor pero superiores a los costes variables medios — Calificación como precios abusivos — Requisito — Precios fijados con la intención de expulsar a un competidor — Conjunto de indicios sólidos y concordantes que demuestren esta intención
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 536 a 579)
Posición dominante — Abuso — Justificación objetiva — Requisitos — Comportamiento justificado por ventajas favorables a la competencia — Comportamiento objetivamente necesario — Requisitos alternativos — Reparto de la carga de la prueba
[Art. 102 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 2]
(véanse los apartados 588 a 604)
Posición dominante — Abuso — Adopción por la Comisión de una comunicación sobre las prioridades — Consecuencias — Autolimitación de su facultad de apreciación
(Art. 102 TFUE; Comunicación 2009/C 45/02 de la Comisión)
(véanse los apartados 611 a 622)
Posición dominante — Abuso — Venta de productos a precios predatorios — Comportamiento predatorio limitado a un segmento específico del mercado pertinente — Falta de pertinencia
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 642 y 643)
Competencia — Procedimiento administrativo — Examen de las denuncias — Denuncia en la que se critica un abuso de posición dominante — Facultad de apreciación de la Comisión — No vinculación de la Comisión por el marco y las apreciaciones jurídicas que formuló el denunciante
(Art. 102 TFUE; Comunicación 2004/C 101/05 de la Comisión, punto 55)
(véanse los apartados 644 y 645)
Recurso de anulación — Motivos — Falta de motivación o motivación insuficiente — Motivo distinto del que impugna la legalidad en cuanto al fondo
(Arts. 263 TFUE y 296 TFUE)
(véanse los apartados 737, 739 y 741)
Competencia — Multas— Importe — Determinación — Fijación del importe de base — Determinación del valor de las ventas — Año de referencia — Utilización de datos relativos a las ventas realizadas por año natural — Procedencia
[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 23, aps. 2 y 3; Comunicación 2006/C 210/02 de la Comisión, puntos 13, 15 y 16]
(véanse los apartados 763 a 768)
Competencia — Multas — Importe — Determinación — Fijación del importe de base — Duración de la infracción — Multiplicación del importe determinado en función del valor de las ventas por el número de años de participación en la infracción — Inaplicación de este método — Obligación de la Comisión de motivar esta inaplicación — Obligación de notificar la motivación al mismo tiempo que la decisión de imposición de la multa
[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 23, aps. 2 y 3; Comunicación de la Comisión 2006/C 210/02, puntos 24 y 37]
(véanse los apartados 769 a 778)
Competencia — Normas de la Unión — Ámbito de aplicación territorial — Competencia de la Comisión — Procedencia según el Derecho internacional público — Realización o efectos cualificados de las prácticas abusivas en el EEE — Cauces alternativos — Criterio de la realización
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 785 a 793)
Posición dominante — Abuso — Afectación del comercio entre los Estados miembros — Criterios de apreciación — Prácticas que tienen por objeto eliminar del mercado al principal competidor establecido en el mercado interior — Prácticas relativas a productos semiterminados destinados a aparatos comercializados en la Unión — Prácticas que pueden afectar al comercio entre los Estados miembros
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 796 a 800)
Competencia — Multas — Importe — Determinación — Facultad de apreciación de la Comisión — Control jurisdiccional — Competencia jurisdiccional plena del juez de la Unión — Alcance — Determinación del importe de la multa impuesta — Criterios de apreciación — Gravedad y duración de la infracción — Respeto de los principios de proporcionalidad y de individualización de las sanciones — Aplicación de las Directrices de la Comisión para el cálculo de las multas
[Arts. 101 TFUE, ap. 1, y 261 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, arts. 23, ap. 3, y 31; Comunicación de la Comisión 2006/C 210/02]
(véanse los apartados 802 a 819)
Resumen
La Sala Primera ampliada del Tribunal General, que conoce del recurso de anulación interpuesto por Qualcomm Inc. contra la Decisión de la Comisión Europea por la que se le impuso una multa por abuso de posición dominante en el mercado de microchips UMTS, (
1
) confirma la conclusión de la Comisión según la cual Qualcomm abusó de su posición dominante en el mercado al aplicar, de manera selectiva a algunos clientes esenciales, precios inferiores a los costes con el fin de expulsar a un competidor. No obstante, en virtud de su competencia jurisdiccional plena, el Tribunal General reduce ligeramente la cuantía de la multa impuesta a Qualcomm.
Qualcomm es una empresa estadounidense que opera en el sector de las tecnologías móviles e inalámbricas, y desarrolla y suministra, junto con sus filiales, microchips de banda base. Sus microchips se venden a empresas que los utilizan para incorporarlos a teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, módulos de datos y otros aparatos electrónicos de consumo.
El 30 de junio de 2009, Icera Inc. presentó ante la Comisión una denuncia contra Qualcomm por infracción de las normas sobre competencia, que posteriormente fue sustituida por una versión revisada y actualizada de fecha 8 de abril de 2010, sobre la base de la cual la Comisión inició una investigación.
En 2012, Nvidia Corp., que había adquirido Icera, facilitó información adicional, completando la denuncia y alegando que Qualcomm había aplicado precios predatorios.
Entre junio de 2010 y julio de 2015, la Comisión remitió varias solicitudes de información a Qualcomm, a Icera o a Nvidia, así como a otros operadores del sector de microchips de banda base.
El 16 de julio de 2015, la Comisión incoó un procedimiento contra Qualcomm relativo a la presunta explotación abusiva de su posición dominante a través de precios predatorios en el mercado de microchips UMTS. En diciembre de 2015, se remitió a Qualcomm un pliego de cargos, al que siguió, en particular, una audiencia y varias medidas de investigación adoptadas por la Comisión.
En julio de 2018, se remitió un pliego de cargos adicional a Qualcomm, en el que se alegó una menor duración del comportamiento predatorio y se utilizó un método revisado para comparar los precios y costes de esta empresa correspondientes a las ventas presuntamente predatorias en cuestión.
Después de recibir la respuesta de Qualcomm, organizar una nueva audiencia y enviar otra solicitud de información y un escrito de exposición de los hechos a esta última, la Comisión declaró, mediante la Decisión de 18 de julio de 2019, (
2
) que Qualcomm había abusado de su posición dominante en el mercado de microchips UMTS al suministrar, entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2011, determinadas cantidades de tres de sus microchips UMTS a dos de sus principales clientes, a saber Huawei y ZTE, a precios inferiores a los costes, con el fin de eliminar a Icera, su principal competidor en ese momento en el segmento de vanguardia del mercado de microchips UMTS. Así pues, la Comisión impuso a Qualcomm una multa de 242042000 euros.
Qualcomm interpuso un recurso de anulación contra dicha Decisión ante el Tribunal General.
Apreciación del Tribunal General
Sobre las irregularidades de procedimiento supuestamente cometidas por la Comisión
En apoyo de su recurso, Qualcomm invocaba varias irregularidades de procedimiento supuestamente cometidas por la Comisión, entre ellas, en particular, la duración excesiva de la investigación.
Sobre este particular, el Tribunal General recuerda que, considerada globalmente, es cierto que la investigación duró aproximadamente siete años desde que la Comisión recibió la información que le permitió iniciar su investigación sobre el comportamiento imputado. Sin embargo, a la luz de las circunstancias del asunto y, en particular, de su complejidad, esa duración no fue excesiva.
Asimismo, la conducta de Qualcomm incidió también en la duración de este procedimiento, puesto que se dirigió en nueve ocasiones al consejero auditor y solicitó varias prórrogas de plazo, el aplazamiento de una audiencia y la celebración de una audiencia adicional. Qualcomm no podía ignorar que, al interponer, además, un recurso de anulación contra una solicitud de información de la Comisión y posteriormente un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General por la que se desestimó dicho recurso, la investigación se vería necesariamente ralentizada.
En todo caso, aun suponiendo que la duración de la investigación pudiera considerarse excesiva, esta vulneración del principio del plazo razonable no puede conllevar la anulación de la Decisión impugnada, ya que Qualcomm no ha demostrado en qué manera esta irregularidad de procedimiento alegada pudo repercutir negativamente en sus posibilidades de defensa.
El Tribunal General rechaza asimismo las diversas críticas formuladas por Qualcomm contra el expediente que la Comisión le trasladó durante el procedimiento administrativo.
A este respecto, Qualcomm alegaba, en particular, que la Comisión había incumplido su obligación de tomar notas detalladas de todas las reuniones, conversaciones telefónicas y entrevistas mantenidas, en particular con terceros, con el fin de recopilar información sobre el objeto de su investigación, y de facilitarle debidamente dichas notas. Sin embargo, dado que Qualcomm no ha demostrado que podría haber ejercido mejor su defensa sin las irregularidades de procedimiento alegadas, el Tribunal General declara que, si bien es cierto que la Comisión no registró dichas reuniones, conversaciones telefónicas y entrevistas, y que algunas las notas al respecto son demasiado sucintas para subsanar la falta de registro, esta circunstancia no puede en ningún caso entrañar la anulación de la Decisión impugnada.
Sobre la definición del mercado pertinente en el sentido del artículo 102 TFUE
En cuanto al fondo, el Tribunal General desestima, en particular, la alegación de Qualcomm según la cual la Comisión debería haber empleado el criterio del «small but significant and non-transitory increase in price» (incremento ligero pero significativo y no transitorio del precio) para definir el mercado pertinente a efectos de la aplicación del artículo 102 TFUE, que prohíbe la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo.
A este respecto, el Tribunal General señala que, si bien este criterio constituye un método reconocido para definir el mercado pertinente en el marco del examen de la existencia de un abuso de posición dominante, no es el único método que la Comisión puede aplicar. La Comisión dispone, además, de un cierto margen de apreciación a este respecto.
Por tanto, para definir el mercado pertinente a efectos de la aplicación del artículo 102 TFUE, la Comisión puede tener en cuenta igualmente otros instrumentos, como estudios de mercado o una evaluación de los puntos de vista de los consumidores y de los competidores, sin que esté obligada a observar un orden jerárquico entre los distintos elementos de apreciación de que dispone.
Sobre la explotación abusiva por Qualcomm de su posición dominante a través de precios predatorios
Habida cuenta de que, según la Decisión impugnada, el abuso de posición dominante imputado a Qualcomm se derivaba del hecho de que había suministrado ciertas cantidades de tres de sus microchips UMTS a dos de sus principales clientes a precios inferiores a sus costes con el fin de expulsar a Icera del mercado, Qualcomm impugnaba tanto el análisis de precios y costes de los microchips en cuestión efectuado por la Comisión como las conclusiones de esta sobre la expulsión de Icera del mercado.
A. Sobre el análisis de precios y costes de los microchips UMTS en cuestión
En lo que respecta al análisis de precios y costes de los microchips UMTS realizado en la Decisión impugnada, Qualcomm criticaba, en particular, que la Comisión eligiera utilizar, como costes de referencia, los costes incrementales medios a largo plazo (en lo sucesivo, «LRAIC»).
Sobre este punto, el Tribunal General precisa que, según reiterada jurisprudencia, los precios inferiores a los costes variables medios (en lo sucesivo, «AVC») de la empresa de que se trata deben considerarse, en principio, abusivos, en el sentido del artículo 102 TFUE, en la medida en que, al aplicar tales precios, se presume que una empresa en situación de posición dominante no persigue otra finalidad económica que eliminar a sus competidores (primer supuesto). En cambio, los precios inferiores a los costes totales medios (en lo sucesivo, «ATC»), pero superiores a los AVC, solamente deben considerarse abusivos cuando están fijados en el marco de un plan que tenga por objetivo la eliminación de un competidor (segundo supuesto).
Pues bien, dado que la Decisión impugnada se inscribe en el segundo supuesto mencionado, el Tribunal General señala que no cabe reprochar a la Comisión haber utilizado los LRAIC en lugar de los ATC como costes de referencia a efectos de su análisis de precios y costes, siendo así que los primeros son menos elevados y, por consiguiente, más favorables a Qualcomm que los últimos. Por lo demás, no era necesario que Comisión determinara si los precios de Qualcomm eran también inferiores a los AVC o a los LRAIC, ya que, en todo caso, había elegido comprobar la intención de Qualcomm de expulsar a un competidor.
Por otra parte, dado que el cálculo de los precios basado únicamente en los costes variables no es adecuado para detectar la existencia de precios predatorios en el sector de los semiconductores, que se caracteriza por unos costes fijos elevados, en particular en materia de investigación y desarrollo, la utilización de los LRAIC como costes de referencia es apropiada para determinar la existencia de precios predatorios en este sector.
B. Sobre la expulsión de Icera del mercado
En lo que atañe a las conclusiones de la Comisión acerca de la expulsión de Icera del mercado, Qualcomm reprochaba a esta, en particular, no haber realizado un análisis del llamado competidor «igualmente eficiente» en el mercado pertinente y no haber examinado si el porcentaje del mercado cubierto por la práctica criticada tenía una magnitud suficiente para poder producir efectos contrarios a la competencia.
Sobre este último extremo, el Tribunal General subraya que, contrariamente a lo que alega Qualcomm, la Comisión no está obligada, al efectuar su examen de la eventual existencia de precios predatorios aplicados por una empresa que ocupa una posición dominante, a analizar si el porcentaje del mercado cubierto por la práctica criticada tiene una magnitud suficiente para que esa práctica produzca efectos contrarios a la competencia.
En cuanto a las alegaciones basadas en la supuesta inaplicación del criterio del competidor «igualmente eficiente» en el mercado pertinente, el Tribunal General observa que, en el marco de una investigación relativa a potenciales precios predatorios, el análisis por el que la Comisión compara, como en el presente asunto, los precios aplicados por una empresa en situación de posición dominante con algunos de sus costes con el fin de evaluar si esa empresa aplicó precios inferiores a los ATC, pero superiores a los AVC, incluye ya un análisis del competidor «igualmente eficiente». En efecto, en la medida en que la empresa que ocupe una posición dominante fije sus precios a un nivel inferior a los ATC, pero superior a los AVC, un competidor «igual de eficiente» que dicha empresa no tendrá, en principio la posibilidad, debido a su menor capacidad financiera, de competir con dichos precios sin incurrir en pérdidas insoportables a largo plazo. Tales precios pueden, por tanto, excluir a un competidor «igualmente eficiente», que es la demostración que debe realizar la Comisión en el marco de la aplicación del criterio del competidor «igualmente eficiente» a fin de probar el potencial efecto excluyente de una práctica contraria a la competencia.
En lo que respecta a la conclusión recogida en la Decisión impugnada acerca de la intención de Qualcomm de expulsar a Icera del mercado de que se trata, el Tribunal General indica, además, que la Comisión fundamentó dicha conclusión aportando elementos de prueba tanto directos como indirectos. Dado que Qualcomm puso en tela de juicio, en este contexto, la interpretación dada por la Comisión a varios intercambios de correos electrónicos internos, el Tribunal General señala que Qualcomm no había cuestionado los demás elementos de prueba directos ni el conjunto de elementos de prueba indirectos en los que se había basado la Comisión, siendo así que estos elementos bastan, por sí solos, para demostrar la intención de Qualcomm de expulsar a Icera del mercado. En todo caso, los intercambios de correos electrónicos controvertidos constituyen también, según el Tribunal General, un conjunto de indicios sólidos y concordantes que permiten acreditar la intención de Qualcomm de expulsar a Icera.
Sobre el respeto por la Comisión de su Comunicación sobre las prioridades (
3
)
Asimismo, el Tribunal General desestima las diversas objeciones basadas en el incumplimiento por la Comisión de su propia Comunicación sobre las prioridades.
Según el Tribunal General, si bien la citada Comunicación limita la facultad de apreciación de la Comisión de modo que esta no puede apartarse de ella en un caso particular sin aportar una motivación, Qualcomm no ha demostrado que, en la Decisión impugnada, la Comisión se apartase del marco general de análisis establecido en la Comunicación sobre las prioridades.
Invocando la referida Comunicación y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General coincide con la Comisión en esta que tenía derecho a sancionar, en la Decisión impugnada, un comportamiento circunscrito a un segmento del mercado pertinente, sin estar obligada a definir con precisión los límites de ese segmento, como está obligada a hacer con respecto al mercado pertinente a fin de comprobar la existencia de una posición dominante.
Sobre la supuesta falta de relación entre el abuso de posición dominante constatado por la Comisión y las alegaciones de infracción del artículo 102 TFUE que constituyen el objeto de la denuncia
Contrariamente a lo que sostenía Qualcomm, la supuesta falta de relación entre la explotación abusiva de su posición dominante mediante precios predatorios, constatada en la Decisión impugnada, y las alegaciones que constituyen el objeto de la denuncia inicial no puede tampoco cuestionar la legalidad de la Decisión impugnada.
En este contexto, Qualcomm criticaba más concretamente el hecho de que Nvidia no formulara las primeras alegaciones de precios predatorios hasta 2012, es decir, tres años después de la presentación de la denuncia contra Qualcomm.
Sobre este particular, el Tribunal General señala, sin embargo, que permitir al denunciante desarrollar las alegaciones formuladas en la denuncia para tener en cuenta la primera reacción de la Comisión, como sucede en el presente asunto, constituye una práctica habitual de la Comisión.
Además, de la necesidad de velar eficazmente por la aplicación de las normas en materia de competencia resulta que la Comisión no puede quedar vinculada por el marco y las apreciaciones jurídicas que formuló un denunciante.
Sea como fuere, Qualcomm no ha precisado en qué modo el hecho de que la denunciante desarrollase solo de forma relativamente tardía sus alegaciones de comportamiento predatorio podía poner en entredicho las conclusiones de la Comisión sobre este extremo, que fueron adoptadas al término de una investigación en profundidad llevada a cabo por esta última.
Sobre el cálculo de la multa impuesta a Qualcomm
En la Decisión impugnada, la Comisión decidió imponer a Qualcomm una multa calculada sobre la base de los principios enunciados en las Directrices de 2006. (
4
)
Para calcular el importe de base de esta multa, la Comisión determinó en primer lugar el valor de las ventas, en el sentido de dichas Directrices, sumando el valor de las ventas de microchips UMTS realizadas por Qualcomm entre el segundo trimestre del año 2009 y el primer trimestre del año 2011. A continuación, aplicó un factor de gravedad y añadió un importe adicional disuasorio. Por último, la Comisión estimó que no procedía ajustar el importe de base por no concurrir circunstancias agravantes o atenuantes.
A este respecto, el Tribunal General observa, por una parte, que la Comisión podía a calcular el importe de base basándose en los datos considerados más fiables facilitados por Qualcomm relativos al valor de sus ventas presentadas por año natural, y no por ejercicio fiscal.
En cambio, en lo que atañe, por otra parte, a la referencia de la Comisión a las ventas realizadas por Qualcomm a lo largo de toda la duración de la infracción, del punto 24 de las Directrices de 2006 se desprende que, con el fin de tener plenamente en cuenta la duración de la participación de cada empresa en la infracción, el importe determinado en función del valor de las ventas se multiplicará por el número de años de participación en la infracción.
De ello se deduce que, al sumar el valor de las ventas realizadas por Qualcomm durante toda la duración de la infracción en lugar de multiplicar el valor de las ventas efectuadas en el último año natural de la infracción por el número de años de participación, la Comisión contravino el punto 24 de las Directrices de 2006.
Sin embargo, si bien es cierto que el punto 37 de las Directrices de 2006 permite a la Comisión, con carácter general, apartarse del método establecido en las citadas Directrices, no es menos cierto que, en tal caso, está obligada a motivar particularmente su decisión de no aplicar dicho método y a notificar esta motivación al mismo tiempo que la Decisión impugnada, lo cual la Comisión no hizo en el caso de autos.
En consecuencia, el Tribunal General anula la Decisión impugnada en la medida en que fija el importe de la multa impuesta a Qualcomm en 242042000 euros.
Sobre la determinación por el Tribunal General del importe de la multa impuesta a Qualcomm
La competencia jurisdiccional plena faculta al Tribunal General, más allá del simple control de la legalidad de la sanción, que únicamente permite desestimar el recurso de anulación o anular el acto impugnado, a sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia y, en consecuencia, a reformar el acto impugnado teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, en particular a fin de modificar el importe de la multa, ya sea reduciéndolo o incrementándolo.
En ejercicio de esta competencia, el Tribunal General estima que procede aplicar el método establecido en las Directrices de 2006 a fin de determinar el importe de la multa para sancionar a Qualcomm en el caso de autos. Por consiguiente, con arreglo a este método, el Tribunal General fija en 238732659,33 euros el importe de la multa impuesta a Qualcomm por haber aplicado, durante dos años, precios predatorios selectivos con el fin de expulsar a Icera del mercado de microchips UMTS.
(
1
)	Los microchips UMTS son microchips de banda base que utilizan los estándares de comunicación de tercera generación (3G) basados en la tecnología «Universal Mobile Telecommunications System».
(
2
)	Decisión C(2019) 5361 final de la Comisión, de 18 de julio de 2019, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo EEE [asunto AT.39711 — Qualcomm (precios predatorios)] (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
(
3
)	Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo [102 TFUE] a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes (DO 2009, C 45, p. 7; en lo sucesivo, «Comunicación sobre las prioridades»).
(
4
)	Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2) (en lo sucesivo, «Directrices de 2006»).