Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 13 de mayo de 2026 (1)
Asunto C‑227/25 P
DR,
DS
contra
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)
« Recurso de casación — Función pública — Recurso por responsabilidad extracontractual de la Unión Europea interpuesto como consecuencia del incumplimiento por parte de una institución de su obligación de proteger los datos personales — Daño moral sufrido por el agente y su esposa — Fundamento jurídico del recurso interpuesto por la esposa del agente — Inadmisibilidad del recurso basado en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE — Derecho u obligación del miembro de la familia de interponer su recurso sobre la base del artículo 270 TFUE »
I.      Introducción
1.        El presente recurso de casación se ha interpuesto contra el auto del Tribunal General de 17 de enero de 2025, DR y DS/AESPJ, (2) mediante el que este último declaró la inadmisibilidad del recurso por responsabilidad extracontractual de la Unión, interpuesto por un agente de la Unión, DR, así como por su esposa, DS, debido a la supuesta divulgación de sus datos personales por parte de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) durante el control de ética y la investigación administrativa a los que fue sometido DR.
2.        Este recurso de casación insta al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre las consecuencias que el Tribunal General ha extraído de los principios establecidos por aquel en la sentencia de 5 de mayo de 2022, Comisión/Missir Mamachi di Lusignano, (3) en relación con los requisitos de admisibilidad de los recursos de indemnización interpuestos por los miembros de la familia de un funcionario o agente con ocasión de un litigio que tiene su origen en la relación de empleo que vincula a este último con la institución de que se trate.
3.        Propondré al Tribunal de Justicia que estime el presente recurso de casación y anule el auto recurrido,
en la medida en que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto por DS por considerarlo interpuesto sobre una base
jurídica errónea. Explicaré las razones por las que el auto se fundamenta, en mi opinión, en una interpretación equivocada de los términos de la citada sentencia, ya que la facultad que el Tribunal de Justicia reconoce a los miembros de la familia de un funcionario o agente de actuar sobre la base del artículo 270 TFUE se transforma, en dicho auto, en una obligación cuyo incumplimiento conlleva la declaración de inadmisibilidad del recurso.
II.    Antecedentes del litigio
4.        A efectos del presente recurso de casación, los antecedentes del litigio, expuestos en los apartados 2 a 30 del auto recurrido, pueden resumirse del modo siguiente.
5.        El 16 de septiembre de 2017, DR fue contratado como agente en el servicio de «Supervisión» de la AESPJ tras haber cumplimentado una declaración de conflictos de intereses. Iniciado, el 7 de diciembre de 2018, un procedimiento de control de ética respecto a él, DR comunicó, mediante correos electrónicos de 14 de enero de 2019 y de 10 de marzo de 2019, información relativa a las sociedades A, B y C, (4) invocando el carácter confidencial de los datos transmitidos y precisando que no podían ser divulgados a otras personas de la AESPJ sin su consentimiento previo. A raíz del informe de evaluación remitido por el responsable de cuestiones éticas en la AESPJ, el director ejecutivo de dicha autoridad inició, el 22 de julio de 2019, una investigación administrativa contra DR con el fin de determinar la naturaleza de sus actividades externas. El 30 de septiembre de 2019, la investigadora externa encargada de esta investigación presentó su informe y DR fue destituido de sus funciones en la AESPJ mediante decisión de 17 de diciembre de 2019.
6.        El 13 de enero de 2020, DR presentó una primera reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo con el fin de denunciar la ilegalidad de su despido. La reclamación fue declarada inadmisible al no haber agotado DR todas las vías de recurso internas. En consecuencia, el 3 de febrero de 2020, DR presentó una reclamación ante la AESPJ contra la decisión de despido en la que, en primer lugar, impugnó la legalidad de su traslado a otro servicio y de la decisión de despido; en segundo lugar, denunció varias irregularidades en el tratamiento de sus datos personales; en tercer lugar, alegó la existencia de conductas constitutivas de acoso contra él y, por último, en cuarto lugar, solicitó el pago de una indemnización económica por el perjuicio supuestamente sufrido.
7.        Mediante decisión de 2 de junio de 2020, la AESPJ desestimó la reclamación relativa a la decisión de despido.
8.        El 16 de septiembre de 2020, DR presentó una segunda reclamación ante el Defensor del Pueblo, quien la desestimó al considerar que carecía de motivos suficientes para iniciar una investigación.
9.        El 30 de septiembre de 2020, DR se dirigió al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) para denunciar el tratamiento ilícito por parte de la AESPJ de sus datos personales, de los de DS y de los de las sociedades de que se trata.
10.      El 1 de diciembre de 2021, DR presentó una tercera reclamación ante el Defensor del Pueblo.
11.      Mediante decisión de 9 de septiembre de 2022, el SEPD consideró que la AESPJ había infringido los artículos 4, apartado 1, letra a), y 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2018/1725, (5) ya que, durante la investigación administrativa, no había informado correctamente a DR de la base jurídica del tratamiento de sus datos personales. En consecuencia, el SEPD decidió apercibir a la AESPJ, con arreglo al artículo 58, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento.
12.      Mediante decisión de 25 de mayo de 2023, a raíz de la tercera reclamación de DR, el Defensor del Pueblo consideró que, en el momento de su contratación, la AESPJ no había gestionado con la debida diligencia la cuestión relativa a sus conflictos de intereses, lo que había originado un supuesto de mala administración. Además, el Defensor del Pueblo señaló que la AESPJ no había llevado a cabo de manera minuciosa y rigurosa el control de ética y la investigación administrativa.
III. Procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión
A.      Procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido
13.      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 4 de abril de 2024, los recurrentes interpusieron un recurso con arreglo al artículo 268 TFUE y basado en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, con el fin de obtener una indemnización por el daño moral que consideran haber sufrido como consecuencia del comportamiento ilegal de la AESPJ en relación con el tratamiento de sus datos personales en el control de ética y en la investigación administrativa de los que fue objeto DR.
14.      Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal General el 2 de julio de 2024, la AESPJ formuló una excepción de inadmisibilidad. En particular, alegó que el recurso interpuesto por DR y su esposa, DS, tiene su origen en la relación laboral del primero, de modo que el objeto del recurso está manifiestamente comprendido en el artículo 270 TFUE y en los artículos 90 y 91 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, (6) y no en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo. En sus observaciones sobre dicha excepción de inadmisibilidad, los recurrentes reiteraron y defendieron expresamente la elección de ese fundamento jurídico a la luz de los términos del Reglamento 2018/1725.
15.      Mediante el auto recurrido, adoptado sobre la base del artículo 130, apartados 1 y 7, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto tanto por DR como por DS.
B.      Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
16.      El 24 de marzo de 2025, los recurrentes interpusieron un recurso de casación contra el auto recurrido. En sus pretensiones, solicitan al Tribunal de Justicia que anule dicho auto, estime las pretensiones que formularon ante el Tribunal General, declare tanto que la AESPJ cometió una infracción suficientemente grave de normas jurídicas que confieren derechos a los particulares, en concreto, de los artículos 8 y 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Reglamento 2018/1725, como que sufrieron un daño moral derivado de las ilegalidades cometidas por aquella, ordene que se compense dicho daño, condene a la AESPJ al pago de la totalidad de las costas de ambas instancias o, en su defecto, devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre el fondo.
17.      La AESPJ solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a los recurrentes.
IV.    Análisis
18.      En apoyo de su recurso de casación, los recurrentes invocan dos motivos basados, en primer término, en la falta de motivación del apartado 74 del auto recurrido y, en segundo término, en un error de Derecho relativo al alcance del concepto de «personas a quienes se aplica el Estatuto» en el sentido del artículo 91, apartado 1, de este. (7)
19.      Dado que el fallo de dicho auto, en cuanto se refiere al recurso interpuesto por DS, se basa en su condición de «persona a quien se aplica el Estatuto», examinaré en primer lugar el segundo motivo de casación.
A.      Sobre el segundo motivo de casación, basado en una interpretación errónea del alcance del concepto de «personas a quienes se aplica el Estatuto» en el sentido del artículo 91, apartado 1, del Estatuto
1.      Auto recurrido
20.      En el apartado 38 del auto recurrido, el Tribunal General declaró, con carácter preliminar, que los recurrentes basan su recurso en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo.
21.      En los apartados 39 a 47 de dicho auto, el mencionado
Tribunal citó los principios y la jurisprudencia pertinente relativos al alcance del artículo 270 TFUE, refiriéndose, en particular, a la sentencia Comisión/Missir Mamachi di Lusignano.
22.      Así, en el apartado 43 del citado auto, el Tribunal General recordó que de esta jurisprudencia se desprende que, cuando el litigio tenga su origen en la relación de empleo que vincula a un funcionario o agente con una institución de la Unión, no solo ese funcionario o agente, sino también cualquier otra persona a quien se aplique el Estatuto, en el sentido del artículo 91, apartado 1, del Estatuto, «podrá actuar contra una institución de la Unión, sobre la base del artículo 270 TFUE, para impugnar la legalidad de un acto que le sea lesivo».
23.      A efectos de determinar las personas no funcionarios o agentes que puedan considerarse «personas a quienes se aplica el Estatuto», el Tribunal General señaló, en el apartado 44 del auto recurrido, que, según la jurisprudencia citada, la finalidad del Estatuto y del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «ROA») es regular las relaciones jurídicas entre las instituciones de la Unión y sus funcionarios o agentes y que, para cumplir dicha finalidad, establecen no solo una serie de derechos y obligaciones recíprocos entre estas instituciones y sus funcionarios o agentes, sino que además confieren derechos y ventajas a determinados miembros de sus familias.
24.      Así, en el apartado 45 del citado auto, el Tribunal General declaró que, por lo que respecta al cónyuge de un funcionario o agente, los artículos 42 ter y 55 bis del Estatuto y el artículo 16 del ROA le permiten, en caso de que se vea afectado por una enfermedad grave o una seria discapacidad, beneficiarse de la ayuda del funcionario o agente, dando a este último la posibilidad de ejercer su derecho a una licencia familiar o al trabajo a tiempo parcial. Además, el artículo 70 del Estatuto y el artículo 35 del ROA conceden al cónyuge supérstite, en determinadas condiciones, el derecho a ciertas prestaciones en caso de fallecimiento del funcionario o agente.
25.      En el apartado 46 de dicho auto, el Tribunal General concluyó de ello que el cónyuge de un funcionario o agente es una persona a quien se aplica el Estatuto, en el sentido del artículo 91, apartado 1, del Estatuto, y que, por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia citada, «podrá», al igual que el funcionario o agente del que es cónyuge, interponer un recurso de indemnización contra una institución de la Unión sobre la base del artículo 270 TFUE cuando el litigio tenga su origen en la relación de empleo que vincula a ese funcionario o agente con la institución.
26.      A este respecto, el Tribunal General señaló, en el apartado 47 del auto recurrido, que, en el sentido de la jurisprudencia citada, «el derecho de las personas a quienes se aplica el Estatuto a actuar sobre la base del artículo 270 TFUE no está supeditado al requisito de que dichas personas dispongan efectivamente, en cada caso concreto, de los derechos y ventajas que les confieren el Estatuto y el ROA. En efecto, basta con que, en virtud de los vínculos que las unen a un funcionario o agente, el Estatuto se aplique a esas personas».
27.      A la luz de estos principios establecidos, en particular, en la sentencia Comisión/Missir Mamachi di Lusignano, el Tribunal General concluyó, en el apartado 48 del referido auto, que, «dado que el recurso de indemnización interpuesto por un funcionario o agente y por su cónyuge tiene su origen en la relación de empleo que vincula a ese funcionario o agente con una institución de la Unión, dicho recurso está comprendido, so pena de que se declare la inadmisibilidad, en el ámbito del artículo 270 TFUE, tal como lo aplica el artículo 91, apartado 1, del Estatuto, y no puede basarse en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo».
28.      Por consiguiente, para apreciar la admisibilidad del recurso tanto respecto de DR como de DS, el Tribunal General examinó, en los apartados 51 a 61 del auto recurrido, el origen del litigio para determinar si se inscribe en la relación de empleo que vinculaba a DR con la AESPJ. Tras constatar que así era efectivamente, el Tribunal General concluyó, en el apartado 62 de dicho auto, que, de conformidad con la jurisprudencia citada, el recurso debía considerarse inadmisible en la medida en que se basaba en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo.
29.      En el apartado 63 del auto mencionado, el Tribunal General señaló que, «en cualquier caso», aun cuando el recurso pudiera interpretarse en el sentido de que se basaba en el artículo 270 TFUE y su objeto pudiera coincidir con el de la reclamación relativa a la decisión de despido de DR, procedía declararlo inadmisible ya que los recurrentes no habían iniciado un procedimiento administrativo previo ante la AESPJ, de conformidad con los artículos 90 y 91 del Estatuto.
30.      En el apartado 64 del auto recurrido, el Tribunal General declaró que esta conclusión no quedaba desvirtuada por las alegaciones formuladas por los recurrentes en sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad.
2.      Alegaciones de las partes
31.      Mediante su segundo motivo de casación, los recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que a DS debía reconocérsele la condición de «persona a quien se aplica el Estatuto» en el sentido del artículo 91, apartado 1, del Estatuto y que, en tal condición, debía interponer su recurso de indemnización sobre la base del artículo 270 TFUE.
32.      Citando el apartado 52 de la sentencia Comisión/Missir Mamachi di Lusignano, los recurrentes sostienen que el concepto de «personas a quienes se aplica el Estatuto», en el sentido del artículo 91, apartado 1, de dicho texto, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, incluye a los miembros de la familia a los que se refiere el Estatuto al habérseles conferido derechos y ventajas específicos y estar facultados
para reclamar tales derechos y ventajas con independencia de que su reclamación sea fundada. Así, en el asunto que dio lugar a esa sentencia, el Estatuto confería expresamente derechos y ventajas a los miembros de la familia del funcionario fallecido. Ahora bien, según los recurrentes, no es el caso de DS. Esta no invoca ni pretende beneficiarse de ningún derecho o ventaja conferido por el Estatuto y su recurso tiene por objeto denunciar el tratamiento ilegal de sus datos personales,
con infracción del Reglamento 2018/1725.
33.      La AESPJ sostiene que este motivo de casación es manifiestamente infundado. En primer lugar, aduce que, como cónyuge de un antiguo agente temporal de la AESPJ, a DS el Estatuto le confiere una serie de derechos pecuniarios, como la cobertura por el régimen común de seguro de los funcionarios y otros agentes. En segundo lugar, la AESPJ alega que carece de relevancia si, en el presente asunto, DS invoca derechos y ventajas en virtud del Estatuto, puesto que el artículo 13 de este hace referencia expresa a los cónyuges de funcionarios. (8)
3.      Apreciación
34.      Considero que este motivo de casación es fundado. En efecto, estimo que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al calificar a DS de «persona a quien se aplica el Estatuto», lo que implicaba que estaba obligada a interponer su recurso por responsabilidad sobre la base del artículo 270 TFUE.
35.      Procede señalar que, en los apartados 43, 44 y 47 del auto recurrido, la referencia a los apartados 46 a 48 y 51 a 55 de la sentencia Comisión/Missir Mamachi di Lusignanova precedida de la expresión «véase, en este sentido». No obstante, cabe apreciar que, en dicho auto, el Tribunal General va más allá de una mera aplicación particular de esta sentencia, ya que amplía el concepto de «personas a quienes se aplica el Estatuto», tal como había sido definido por el Tribunal de Justicia, y erige en requisito de admisibilidad de los recursos por responsabilidad extracontractual de la Unión que aquellas interponen la obligación de acudir al Tribunal General sobre la base del artículo 270 TFUE. Es el efecto combinado de estos dos aspectos del referido auto lo que plantea una dificultad al extraer el Tribunal General consecuencias procesales irrazonables de dicha sentencia, ya que ninguna disposición ni jurisprudencia exige que el cónyuge de un funcionario o agente interponga su recurso sobre tal fundamento jurídico. Si bien los recurrentes no desarrollan el segundo de estos aspectos en apoyo de su segundo motivo de casación, dicho aspecto está estrechamente vinculado a su impugnación, tal como se expresa en el apartado 47 de su recurso de casación.
36.      Como señalan los recurrentes, la situación controvertida en el presente asunto difiere de la que dio lugar a la sentencia Comisión/Missir Mamachi di Lusignano. Como se desprende de los apartados 48, 51, 52 y 54 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia define el concepto de «personas a quienes se aplica el Estatuto» a la luz, en particular, de los «derechos y ventajas» que el Estatuto les
confiere, ya que los miembros de la familia del funcionario disfrutan, en efecto, de derechos y ventajas pecuniarios específicos en caso de fallecimiento de este último. El Tribunal de Justicia añadió que no es necesario determinar si estos disponen efectivamente de tales derechos y ventajas en el caso concreto, y ello con el fin de evitar que, para pronunciarse sobre la competencia del órgano jurisdiccional, resulte necesario examinar previamente la procedencia de la demanda. (9) Sin embargo, precisamente porque, en virtud del Estatuto, podían beneficiarse de ventajas pecuniarias como consecuencia del fallecimiento del funcionario, el Tribunal de Justicia pudo asimilarlos a las «personas a quienes se aplica el Estatuto».
37.      Ahora bien, en el litigio principal, el Estatuto no confiere al cónyuge del funcionario o agente ningún derecho ni ninguna ventaja relacionados con el tratamiento de sus datos personales. En el apartado 45 del auto recurrido, el Tribunal General se refiere a las disposiciones estatutarias que permiten, bien al funcionario o agente disfrutar del derecho a una licencia familiar o al trabajo a tiempo parcial en caso de enfermedad grave o seria discapacidad del cónyuge, bien a este último beneficiarse de prestaciones en caso de fallecimiento del funcionario o agente. Estas disposiciones no guardan relación alguna con un eventual derecho o ventaja que el Estatuto pudiera reconocer al cónyuge del funcionario o agente en caso de tratamiento ilegal de sus datos personales. Del mismo modo, en su escrito de contestación, la AESPJ se refiere al artículo 13 del Estatuto, en virtud del cual el funcionario está obligado a declarar la actividad lucrativa ejercida profesionalmente por su cónyuge. No obstante, este artículo establece una obligación estatutaria a cargo del funcionario o agente que debe distinguirse de un derecho o ventaja en favor de los miembros de su familia en los que se basa la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
38.      Una interpretación tan amplia del concepto de «personas a quienes se aplica el Estatuto» y la ampliación del ámbito de aplicación ratione personae del artículo 270 TFUE que conlleva no plantearían necesariamente dificultades concretas si no viniera acompañada, en el auto recurrido, de un endurecimiento de los requisitos de admisibilidad de los recursos de indemnización interpuestos por los miembros de la familia de un funcionario o agente. (10) En efecto, la facultad que el Tribunal de Justicia reconoce a los miembros de la familia de un funcionario o agente de actuar sobre la base del artículo 270 TFUE se convierte, para el Tribunal General, en una obligación, lo que conduce a viciar dicho auto de un error de Derecho.
39.      Si bien el Tribunal General señaló acertadamente, en el apartado 46 del auto recurrido, que el cónyuge de un funcionario o agente «podrá» interponer un recurso de indemnización sobre la base del artículo 270 TFUE cuando el litigio tenga su origen en la relación de empleo que vincula a dicho funcionario o agente con la institución y se refirió correctamente, en el apartado 47 de dicho auto, al «derecho de las personas a quienes se aplica el Estatuto a actuar sobre la base del artículo 270 TFUE», consideró, acto seguido, en el apartado 48 del citado auto, que este tipo de recurso será declarado, en esencia, inadmisible si no se interpone sobre la base de dicho artículo. Pues bien, estas dos afirmaciones son contradictorias: o bien se trata de una facultad, o bien de una obligación. Dado que el Tribunal de Justicia optó claramente, en la sentencia Comisión/Missir Mamachi di Lusignano, por reconocer una mera facultad a favor de los miembros de la familia del funcionario, el Tribunal General, quien convirtió sin motivos dicha facultad en una obligación, no respetó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, de este modo, infringió el artículo 270 TFUE y el artículo 91, apartado 1, del Estatuto.
40.      En mi opinión, esta conclusión se ve corroborada por el hecho de que el Tribunal de Justicia, al interpretar de manera amplia la legitimación activa de los miembros de la familia de un funcionario o agente con arreglo al artículo 270 TFUE, no pretendió establecer un requisito de admisibilidad de los recursos de indemnización que interponen. Salvo error por mi parte, los términos empleados en los apartados 55 y 62 de la sentencia Comisión/Missir Mamachi di Lusignano únicamente ponen de manifiesto la voluntad del juez de la Unión de ofrecer a los miembros de la familia de un funcionario o agente la posibilidad de interponer un recurso de indemnización sobre la base del artículo 270 TFUE cuando el litigio tenga su origen en la relación de empleo que vincula a dicho funcionario o agente con la institución de que se trate, y no de excluir totalmente la posibilidad de interponer ese recurso sobre la base de
los
artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo.
41.      Los términos de la referida sentencia no son imperativos, como demuestra la expresión reiteradamente utilizada «podrán […] interponer un recurso» [«eine Schadensersatzklage erheben können», en alemán, «may […] bring an action», en inglés, o «possono […] proporre un ricorso», en italiano (el subrayado es mío)]. Esta expresión presupone el reconocimiento de una facultad de elección. Si bien los miembros de la familia de un funcionario o agente tienen la posibilidad de interponer un recurso de indemnización sobre la base del artículo 270 TFUE cuando el litigio tenga su origen en la relación de empleo que lo vincula a la institución de que se trate, la interposición de dicho recurso con arreglo a ese fundamento jurídico no constituye en modo alguno una obligación, ya que aquellos disponen de cierto margen de apreciación al respecto. Por lo tanto, también tienen la posibilidad de interponer su recurso sobre la base de los artículos 268 TFUE y 340 TFUE. Como ha recordado recientemente el Tribunal General, «el Estatuto es, en sí mismo, un instrumento autónomo, cuya única finalidad es regular las relaciones jurídicas entre las instituciones y sus funcionarios o agentes, estableciendo entre ellos derechos y obligaciones recíprocos». (11) En otras palabras, el Estatuto tiene efectos relativos: solo genera obligaciones entre las partes y se opone a que se impongan, en virtud del contrato, tales obligaciones a terceros que no han prestado su consentimiento en el contrato.
42.      La interpretación estricta que debe hacerse de los requisitos de admisibilidad de los recursos ante el juez, en la medida en que condicionan el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, así como la imperiosa necesidad de disponer de normas claras al respecto, se oponen a que el verbo «poder» se asimile aquí al verbo «deber» y se entienda en el sentido de que exige a los miembros de la familia de un funcionario o agente que interpongan su recurso sobre la base del artículo 270 TFUE, so pena de que se declare su inadmisibilidad. Tal evolución de la jurisprudencia habría requerido, al menos, una explicación mínima, en la medida en que se refiere a la interpretación de los requisitos de admisibilidad de los recursos interpuestos por los particulares ante el Tribunal General, cuya correcta interpretación es esencial para garantizar la tutela judicial efectiva.
43.      En las circunstancias específicas del asunto que dio lugar a la sentencia Comisión/Missir Mamachi di Lusignano, esta interpretación amplia de la competencia del juez de la Unión para examinar los recursos de indemnización interpuestos sobre la base del artículo 270 TFUE tenía como finalidad garantizar una mayor protección a los miembros de la familia del funcionario, habida cuenta de las obligaciones de diligencia y de asistencia y protección que incumben a la institución. También tenía como objetivo garantizar que los recursos relativos al mismo hecho derivado de la relación de empleo entre un funcionario y la institución de la que depende o dependía puedan acumularse en un único procedimiento judicial ante el mismo órgano jurisdiccional.
44.      Si bien comparto la preocupación por centralizar todos estos litigios, observo que, en el presente asunto, DS se ve, en última instancia, privada de la posibilidad de que se examine su pretensión de indemnización del daño que ha sufrido personalmente, y ello debido a su condición de familiar. Esta solución puede parecer especialmente severa en comparación con el tratamiento procesal que el Tribunal General dispensó al recurso de indemnización interpuesto el mismo día, a raíz de la comisión del mismo acto,
por una empresa de la que DR es propietario, fundador, representante legal y director general, así como por otra sociedad participada por esta. (12) Dicho recurso, mediante el cual estas personas jurídicas solicitaron la indemnización de los daños supuestamente sufridos durante el control de ética y la investigación administrativa a los que fue sometido DR sobre la base de los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, fue examinado en cuanto al fondo por el Tribunal General en su sentencia de 25 de marzo de 2026, DP y DQ/AESPJ.
(13)
45.      A la vista de lo anterior, considero que el auto recurrido adolece de un error de Derecho en la medida en que el Tribunal General declaró inadmisible el recurso interpuesto por DS por el hecho de estar basado en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo.
46.      En estas circunstancias, no procede, por lo tanto, analizar el primer motivo de casación, basado en la falta de motivación de dicho auto en cuanto al fundamento jurídico del recurso interpuesto por DS.
47.      No obstante, propongo examinar este primer motivo de casación no solo con carácter principal, en la medida en que se basa en la falta de motivación del auto recurrido en cuanto al fundamento jurídico del recurso interpuesto por DR, sino también con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere infundado el segundo motivo de casación, basado en una interpretación errónea del alcance del concepto de «personas a quienes se aplica el Estatuto», en el sentido del artículo 91, apartado 1, del Estatuto.
B.      Sobre el primer motivo de casación, basado en la falta de motivación del auto recurrido en lo relativo al fundamento jurídico del recurso interpuesto por DR y DS
1.      Auto recurrido
48.      En los apartados 64 a 78 del auto recurrido, el Tribunal General examinó las diferentes alegaciones formuladas por los recurrentes en sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad.
49.      En particular, en los apartados 72 a 75 de dicho auto, el Tribunal General examinó la segunda alegación, basada en la existencia de precedentes jurisprudenciales en los que el Tribunal General había declarado la admisibilidad de recursos interpuestos por infracción del Reglamento 2018/1725, (14) a pesar de que no habían sido interpuestos sobre la base del artículo 270 TFUE.
50.      En el apartado 74 del citado auto, el Tribunal General declaró que, «en el asunto que dio lugar a la sentencia de 1 de diciembre de 2021, JR/Comisión (T‑265/20, EU:T:2021:850), la parte demandante, que había presentado su candidatura a un concurso interno en la Comisión […] y que no había sido incluida en la lista de reserva, había solicitado la anulación de las decisiones de la Comisión que le denegaban el acceso a información relativa a dicho concurso. Así pues, esa sentencia se refiere a un recurso de anulación interpuesto sobre la base del artículo 263 TFUE y carece de pertinencia para apreciar si, en el presente asunto, los recurrentes tienen derecho a actuar contra la AESPJ sobre la base del artículo 340 TFUE, párrafo segundo».
2.      Alegaciones de las partes
51.      Mediante su primer motivo de casación, los recurrentes invocan la falta de motivación del auto recurrido.
52.      Alegan que el apartado 74 de ese auto no les permite comprender las razones por las que el artículo 270 TFUE constituye, en el sentido de la jurisprudencia citada por el Tribunal General en los apartados 39 a 41 de dicho auto, el recurso judicial para los litigios en materia de función pública. A este respecto, sostienen que el juez de la Unión admitió en la sentencia de 1 de diciembre de 2021, JR/Comisión, (15) a la que se refiere
el apartado 74, la admisibilidad de un recurso de anulación basado en el artículo 263 TFUE en un litigio similar, que tenía su origen en la relación de empleo que vinculaba al funcionario con la institución interesada y que versaba sobre una infracción del Reglamento 2018/1725.
53.      En particular, si bien los recurrentes afirman comprender perfectamente que un recurso de anulación basado en el artículo 263 TFUE es un procedimiento cuya naturaleza y alcance difieren de los de un recurso de indemnización basado en los
artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo, consideran que el Tribunal General no motivó suficientemente la razón por la que tal diferencia de procedimiento daría lugar a consecuencias procesales distintas en cuanto a la admisibilidad de esos dos recursos, interpuestos ambos a raíz de una infracción del Reglamento 2018/1725 por funcionarios o agentes en unos litigios que tienen su origen en la relación de empleo que los vincula con la institución de que se trate.
54.      Los recurrentes se refieren también a la sentencia de 6 de julio de 2022, OC/SEAE,
(16) citada en el apartado 70 del auto recurrido, en la que el Tribunal General reprochó, en esencia, a la demandante, funcionaria del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), no haber interpuesto un recurso de anulación sobre la base del artículo 263 TFUE contra la decisión de la Comisión de transmitir únicamente una versión resumida de determinados documentos que contenían datos personales, con infracción del Reglamento 2018/1725.
55.      La AESPJ sostiene que este motivo de casación es inoperante y, en cualquier caso, manifiestamente infundado.
3.      Apreciación
56.      Procede recordar, con carácter preliminar, que, según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General en virtud del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con su artículo 53, constituye un requisito sustancial de forma que debe distinguirse de la cuestión de
la
fundamentación de la motivación. (17) Además, la motivación de la sentencia recurrida debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. (18) No obstante, debo señalar que la obligación de motivación no exige al Tribunal General exponer exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes del litigio y, por lo tanto, la motivación puede ser implícita, siempre que permita que los interesados conozcan las razones por las que el Tribunal General no estimó sus alegaciones y que el Tribunal de Justicia disponga de datos suficientes para ejercer su control. (19)
57.      En el presente asunto, considero que el auto recurrido adolece de una motivación insuficiente, ya que no se pronuncia expresamente sobre la alegación que los recurrentes formularon en el apartado 42 de sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad. En efecto, estos últimos hacían referencia a la sentencia de 1 de diciembre de 2021, JR/Comisión, (20) precisamente por tratarse de un recurso de anulación. (21) La respuesta sucinta a esta alegación no permite apreciar las razones por las que el Tribunal General les opone, en el apartado 40 del auto recurrido, el principio según el cual el artículo 270 TFUE constituye un recurso judicial para los litigios en materia de función pública distinto del
de carácter general que constituye el recurso de anulación regulado por el artículo 263 TFUE, cuando existen precedentes jurisprudenciales que evidencian que este recurso específico no tiene carácter exclusivo. (22)
58.      Sin embargo, este vicio de motivación no afecta al fallo del auto recurrido en lo que respecta al recurso interpuesto tanto por DR como por DS, por lo que este motivo de casación debe ser declarado inoperante.
59.      Según reiterada jurisprudencia, cuando uno de los fundamentos de Derecho expuestos por el Tribunal General es suficiente para justificar el fallo de su sentencia, los vicios que pueda contener otro fundamento de Derecho al que también se ha hecho referencia en la sentencia de que se trata son, en cualquier caso, irrelevantes respecto a dicho fallo, de forma que el motivo que invoca esos vicios es inoperante y debe desestimarse. (23)
60.      Por otra parte, el apartado 74 del auto recurrido se enmarca en una argumentación que el Tribunal General inicia en su apartado 63 con la expresión «en cualquier caso». Pues bien, tal expresión indica que estas consideraciones constituyen fundamentos jurídicos de dicho auto expuestos a mayor abundamiento, ya que el Tribunal General basó la inadmisibilidad del recurso interpuesto por DR y DS en los fundamentos jurídicos y en las apreciaciones fácticas expuestos, respectivamente, en los apartados 39 a 42 y 51 a 61 de dicho auto, que los recurrentes no han impugnado en su recurso de casación.
V.      Conclusión
61.      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que anule el auto del Tribunal General de 17 de enero de 2025, DR y DS/AESPJ (T‑182/24, EU:T:2025:62), en la medida en que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso de indemnización interpuesto por DS al considerar que estaba obligada a interponerlo sobre la base del artículo 270 TFUE y que devuelva el asunto al Tribunal General.
1      Lengua original: francés.
2      T‑182/24, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2025:62.
3      C‑54/20 P, en lo sucesivo, «sentencia Comisión/Missir Mamachi di Lusignano», EU:C:2022:349.
4      DR era propietario y director general de A, la cual poseía el 100 % del capital de B y C, sociedades estas dos últimas que se fusionaron en 2018.
5      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39).
6      En su versión aplicable al litigio (en lo sucesivo, «Estatuto»).
7      El artículo 91, apartado 1, del Estatuto establece que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para resolver sobre los litigios que se susciten en la Unión y alguna de las personas a quienes se aplica el presente Estatuto, que tengan por objeto la legalidad de un acto que les sea lesivo a tenor del apartado 2, del [a]rtículo 90. En los litigios de carácter pecuniario, el Tribunal de Justicia tendrá competencia jurisdiccional plena».
8      El artículo 13 del Estatuto establece, en particular, que, «cuando el cónyuge de un funcionario ejerza profesionalmente una actividad lucrativa, este deberá declarar dicha circunstancia a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de su institución».
9      Véase la sentencia Comisión/Missir Mamachi di Lusignano (apartados 52 y 61). El apartado 52 de dicha sentencia está redactado en los siguientes términos: «Los expresados miembros de la familia del funcionario, al ser tomados en consideración de esa manera por el Estatuto, son personas «a las que se aplica el Estatuto» en el sentido del artículo 91, apartado 1, de este, con independencia de si el Estatuto confiere efectivamente a un demandante, en un caso concreto, un derecho o una ventaja [en la versión en inglés de dicha sentencia, este fragmento de la frase tiene el siguiente tenor: «irrespective of whether an applicant does in fact have, in the particular case under consideration, a right or benefit»] […] En efecto, la determinación de la competencia ratione personae de los órganos jurisdiccionales de la Unión prevista en el artículo 270 TFUE y en el artículo 91, apartado 1, del Estatuto es independiente de que [efectivamente] se conceda o no [«actual grant» en la versión en inglés] un derecho o una ventaja a la persona a la que se aplica el Estatuto que ha interpuesto un recurso ante dichos órganos jurisdiccionales». El subrayado es mío.
10      Comparto la preocupación por garantizar que los recursos relativos al mismo hecho derivado de la relación de empleo entre un funcionario y la institución de que se trate puedan acumularse en un único procedimiento judicial ante el mismo órgano jurisdiccional.
11      Véase el auto de 13 de marzo de 2025, RY/Comisión (T‑246/24, EU:T:2025:299), apartado 30 y jurisprudencia citada.
12      Así, el Tribunal General conoció de dos recursos por responsabilidad extracontractual interpuestos simultáneamente, a raíz de la comisión de un mismo acto que infringió, por una parte, normas relativas a la protección de datos personales (T‑182/24) y, por otra parte, normas relativas a la protección de datos de asuntos confidenciales (T‑183/24).
13      T‑183/24, EU:T:2026:221.
14      O por infracción del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1), al que sustituyó el Reglamento 2018/1725.
15      T‑265/20, EU:T:2021:850.
16      T‑681/20, EU:T:2022:422.
17      Véase la sentencia de 4 de octubre de 2024, UPL Europe e Indofil Industries (Netherlands)/Comisión (C‑262/23 P, EU:C:2024:862), apartado 134 y jurisprudencia citada.
18      Véase la sentencia de 26 de febrero de 2026, Martinair Holland/Comisión (C‑386/22 P, EU:C:2026:131), apartado 78 y jurisprudencia citada.
19      Véase la sentencia de 26 de febrero de 2026, Martinair Holland/Comisión (C‑386/22 P, EU:C:2026:131), apartado 79 y jurisprudencia citada.
20      T‑265/20, EU:T:2021:850.
21      En el apartado 42 de dichas observaciones, los recurrentes alegaron lo siguiente: «Además, en el asunto [que dio lugar a la sentencia de 1 de diciembre de 2021, JR/Comisión (T‑265/20, EU:T:2021:850)], la Comisión fue cuestionada por haber infringido varias disposiciones del Reglamento 2018/1725, entre ellas sus artículos 14 y 17, al no comunicar determinados datos personales relativos a las notas obtenidas en un concurso. El recurso de anulación interpuesto por la parte demandante, funcionaria de la Comisión, se basaba en el artículo 263 TFUE y no fue declarado inadmisible por el Tribunal General».
22      En su auto de 24 de febrero de 2026, RY/Comisión (C‑336/25 P, EU:C:2026:138), el Tribunal de Justicia recordó que, «en línea con [su] jurisprudencia, ha declarado reiteradamente que el artículo 270 TFUE […] instituye un recurso judicial para los litigios en materia de función pública distinto de los de carácter general, como el recurso de anulación del artículo 263 TFUE o el recurso de indemnización regulado en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafos segundo y tercero» (apartado 36 y jurisprudencia citada).
23      Véase la sentencia de 13 de noviembre de 2025, Al-Assad/Consejo (C‑779/24 P, EU:C:2025:880), apartado 94 y jurisprudencia citada.