Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 11 de septiembre de 2025 (1)
Asunto C‑471/24
J.J.
contra
PKO BP S. A.
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunal Regional de Częstochowa, Polonia)]
« Procedimiento prejudicial — Cláusulas contractuales abusivas — Directiva 93/13/CEE — Contrato de préstamo hipotecario a tipo de interés variable — Cláusula contractual que establece la determinación del tipo de interés sobre la base de un índice de referencia con arreglo al Reglamento (UE) 2016/1011 — Índice de referencia crucial — Índice de referencia WIBOR — Exigencia de transparencia »
1.        La presente petición de decisión prejudicial versa sobre la compatibilidad con la Directiva 93/13/CEE de las cláusulas contractuales que establecen un tipo de interés variable basado en el índice de referencia Warsaw Interbank Offered Rate (Tipo de Interés Interbancario de Oferta de Varsovia; en lo sucesivo, «WIBOR») en los contratos de préstamo hipotecario. (2) Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre J. J., un consumidor, y PKO BP S. A. (en lo sucesivo, «PKO»), un banco con sede en Polonia, en relación, por una parte, con el reembolso de una parte de las cantidades abonadas por dicho consumidor al banco en virtud de un contrato de préstamo hipotecario con tipo de interés variable y, por otra parte, con la inoponibilidad o nulidad de la cláusula contenida en ese contrato relativa a la determinación del tipo de interés.
2.        La novedad del presente asunto reside en el hecho de que el contrato de préstamo hipotecario utiliza un índice de referencia crucial en el sentido del Reglamento (UE) 2016/1011, (3) a saber, el índice WIBOR. En los préstamos hipotecarios suscritos desde 2013, el WIBOR se utiliza como índice de referencia en el 98,5 % de los préstamos a hogares concedidos en Polonia. Resulta evidente que el presente asunto reviste especial importancia para el sector hipotecario polaco, en particular, en la medida en que este sector se basa en el WIBOR. (4)
I.      Marco jurídico
3.        A los efectos de las presentes conclusiones, basta con remitirse a la Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Ley sobre el Préstamo Hipotecario y la Supervisión de los Intermediarios y Agentes de Préstamos Hipotecarios, de 23 de marzo de 2017), (5) cuyo artículo 29, apartados 1 y 2, establece lo siguiente:
«1.      […]
El contrato de préstamo hipotecario especificará los elementos enumerados en el artículo 69, apartado 2, de la ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe
(Ley Bancaria de 29 de agosto de 1997), (6) y
8)      el método y las condiciones de fijación del tipo de interés sobre cuya base se calculan las cuotas de capital y los intereses.
[…]
2.      Si las partes no han acordado un tipo hipotecario fijo, el método de determinación del tipo de interés a que se refiere el apartado
1, punto 8, se conformará como el valor del índice de referencia y el importe del margen establecido en el contrato de préstamo hipotecario.»
II.    Hechos que dieron lugar al litigio principal y cuestiones prejudiciales
4.        Como se desprende de la resolución de remisión, el 18 de junio de 2019 el demandante en el litigio principal, J. J., un consumidor, se puso en contacto con PKO BP S. A. al objeto de contratar un préstamo hipotecario por importe de 400 000 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 96 700 euros). En esa ocasión se le informó, en particular, de los riesgos que, en general, presentan los préstamos con un tipo de interés variable. No se le facilitó información sobre el funcionamiento del índice de referencia concreto aplicable.
5.        El 1 de agosto de 2019, las partes en el litigio principal celebraron un contrato de préstamo hipotecario por un importe total de 413 436,69 PLN (aproximadamente 100 000 euros) a veinte años, destinado a la adquisición de una vivienda (en lo sucesivo, «contrato controvertido»). Dicho préstamo estaba sujeto a un tipo de interés variable, calculado sobre la base del índice WIBOR 6M, que, en la fecha de celebración del contrato, era del 1,79 %, incrementado en un margen fijo del 1,85 %, adaptándose el tipo variable aplicable semestralmente, en función de la evolución de dicho índice (en lo sucesivo, «cláusula contractual controvertida»).
6.        En las condiciones generales del contrato controvertido, el índice WIBOR 6M se describe como el índice de referencia para los depósitos en eslotis a seis meses en el mercado interbancario polaco, cuyo valor se determina de conformidad con las normas relativas, en particular, al WIBOR, que se publican en el sitio informativo del «administrador» de ese índice, (7) GPW Benchmark S. A.
En las condiciones particulares del contrato controvertido se señala que PKO informó al prestatario del riesgo que entrañan los tipos de interés variable, lo que, en caso de una subida en el índice de referencia da lugar a un aumento del importe de los intereses adeudados, y por tanto, de las cuotas mensuales. Las condiciones generales también contienen información en este sentido.
7.        Posteriormente, las partes en el litigio principal celebraron un acuerdo adicional al contrato controvertido en el que establecieron con detalle las normas aplicables en caso de que el índice WIBOR 6M experimentase una modificación sustancial o dejase de publicarse. Tras haber formulado infructuosamente una reclamación ante PKO relativa a la legalidad de la cláusula contractual controvertida, J. J. presentó una demanda contra dicho banco.
El Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunal Regional de Częstochowa, Polonia), órgano jurisdiccional remitente, señala que, según las alegaciones de J. J., PKO no le proporcionó información fiable, comprensible y completa sobre el riesgo que entraña un tipo de interés variable ni sobre el método utilizado para determinar el índice WIBOR 6M. El demandante sostiene que así sucede, en particular, por lo que respecta a la influencia que los bancos, entre ellos PKO, pueden ejercer a la hora de determinar ese índice, con independencia de las condiciones económicas reales existentes en el mercado interbancario y de la realidad económica, garantizándose, de este modo, un «margen oculto». Alega, asimismo, que, por el contrario, las condiciones contractuales relativas a los tipos de interés variable únicamente deberían basare en indicadores objetivos, sobre los cuales las partes no puedan ejercer ninguna influencia. Como consecuencia de ello, en opinión de J. J., PKO tiene la posibilidad de influir en la configuración de su obligación de pagar los intereses y considera que el banco le transmitió, en tanto que consumidor, la totalidad del riesgo de tipo de interés.
8.        Asimismo, J. J. sostiene que PKO no le proporcionó información sustancial sobre el índice WIBOR 6M, de modo que no estaba en condiciones de poder valorar las consecuencias económicas de los compromisos que asumía.
9.        PKO se opone a las alegaciones de J. J. relativas a la disociación entre el índice WIBOR 6M y las operaciones reales en las que se utiliza, a la capacidad de los bancos de manipular dicho índice y a la existencia de un acuerdo entre ellos, contrario a la competencia, para fijar los valores del WIBOR. Sostiene, en esencia, que J. J. fue correctamente informado de los riesgos que conlleva la celebración de un contrato de préstamo hipotecario a tipo de interés variable.
10.      El órgano jurisdiccional remitente considera que, a pesar de que la Ley de Préstamo Hipotecario no menciona expresamente el nombre del índice de referencia, a la luz, en particular, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368, (8) no cabe ninguna duda de que es el índice de referencia crucial WIBOR el que debe entenderse como «índice de referencia», en el sentido del artículo 29, apartado 2, de dicha Ley. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente solicita aclaraciones sobre el alcance de la obligación de informar al consumidor que incumbe al prestamista, a fin de determinar si este debe incluir información relativa a los siguientes aspectos: a) el método para determinar el índice de referencia; b) los factores que influyen en su valor; c) los posibles problemas de transparencia en relación con el índice; (9) d) el grado de discrecionalidad de los bancos a la hora de proporcionar la información pertinente; e) los criterios utilizados por los bancos para recabar tal información; f) el hecho de que sea el propio prestamista el que facilite la información; y g) la manera en que el prestamista recopila y elabora esa información.
11.      En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunal Regional de Częstochowa) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1.      ¿Debe interpretarse el artículo
1, apartado
2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en el sentido de que permite el examen de las cláusulas contractuales relativas a un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR?
2.      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo
4, apartado
2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en el sentido de que permite el examen de las cláusulas contractuales relativas a un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR?
3.      En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, ¿debe interpretarse el artículo
3, apartado
1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en el sentido de que una cláusula contractual relativa a un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR pueda resultar contraria a las exigencias de la buena fe y dar lugar a un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones contractuales de las partes en perjuicio del consumidor, por no haberse informado debidamente al consumidor de que se exponía al riesgo de un tipo de interés variable, en particular, por no haberle indicado el método con el que se determina el índice de referencia en el que se basa el tipo de interés variable y qué incertidumbres conlleva su falta de transparencia, así como la distribución desigual de dicho riesgo entre las partes del contrato?
4.      En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales anteriores, ¿debe interpretarse el artículo
6, apartado
1, en relación con los artículos 3, apartados 1 y 2, segunda frase, y 2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en el sentido de que, cuando se considere abusiva una cláusula contractual relativa a un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR, es posible que subsista un contrato en el que el tipo de interés sobre el importe del capital del préstamo se base en un segundo componente del tipo de interés que figura en el contrato, a saber, un margen bancario fijo, lo que haría que el tipo de interés del préstamo pasara de variable a fijo?»
12.      Han presentado observaciones escritas J. J., PKO, los Gobiernos checo, polaco y portugués y la Comisión Europea. El 11 de junio de 2025, dichas partes, salvo el Gobierno checo, presentaron observaciones en la vista oral celebrada ante el Tribunal de Justicia.
III. Análisis
13.      Conforme a una petición del Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones únicamente abordarán las cuestiones prejudiciales primera, segunda y tercera.
14.      Con carácter preliminar, debe precisarse que, como se confirmó en la vista, J. J. no pretende cuestionar la compatibilidad del WIBOR con el Derecho nacional ni con el de la Unión, a saber, el Reglamento 2016/1011, como tal. No pone en entredicho la metodología empleada para determinar el valor de dicho índice, ni, en principio, la utilización del WIBOR en los contratos de préstamo a tipo de interés variable. J. J. alega, en cambio, que el hecho de que se reconozca el WIBOR como un índice de referencia crucial no permite a PKO soslayar el derecho del consumidor a recibir información precisa, completa y fiable sobre el coste de la hipoteca.
A.      Introducción
15.      A modo de introducción, procede explicar el concepto de «referencia» o, como se ha empleado en las presentes conclusiones, «índice de referencia», en el sentido del Reglamento 2016/1011. El artículo
3, apartado
1, punto 3, de dicho Reglamento define «índice de referencia» como «todo índice que se utilice como referencia para determinar el importe a pagar en relación con un instrumento financiero o un contrato financiero, o el valor de un instrumento financiero […]». Del artículo
34, apartados
1, letra a) y 6, letra b), del mismo Reglamento se desprende que la autorización para administrar índices de referencia, como el WIBOR, se concede mediante decisión administrativa de una autoridad competente —en Polonia, la Komisja Nadzoru Finansowego (Comisión de Supervisión Financiera, en lo sucesivo «KNF»)—
tras haber examinado la conformidad del índice de referencia de que se trate con los requisitos del Reglamento. (10) Sin perjuicio de la comprobación que efectúe el órgano jurisdiccional remitente, resulta que el objetivo de la Decisión de la
Comisión de Supervisión Financiera consiste en determinar que el proceso de elaboración del índice WIBOR por parte de su administrador, comprendida su regulación, (11) cumple los requisitos del Derecho de la Unión.
16.      En particular, la metodología utilizada para determinar el índice de referencia del WIBOR (12) prevé, en esencia, que los «índices de referencia» se determinan sobre la base del tipo al que los bancos pueden prestar a otros bancos u obtener préstamos de otros bancos durante determinados períodos de tiempo. El administrador, GPW Benchmark, fija estos tipos de referencia sobre la base de «cotizaciones firmes» proporcionadas por los bancos participantes durante un proceso denominado fixing. (13) Para establecer un tipo son necesarias, como mínimo, seis cotizaciones bancarias. Las normas detalladas sobre las cotizaciones, los criterios de selección de los participantes y sus obligaciones se describen en el «Código de Conducta» disponible en el sitio de Internet de GPW Benchmark. (14) El fixing tiene lugar todos los días hábiles. Los tipos de referencia se determinan para las siguientes «plazos de depósito»: «1 día hábil — día siguiente (O/N)», «1 día hábil — mañana día siguiente (T/N)», «1 semana (SW)», «2 semanas (2W)», «1 mes (1M)», «3 meses (3M)», «6 meses (6M)», que es el plazo de depósito controvertido en el litigio principal, «9 meses (9M)» y «1 año (1Y)». (15) Por regla general, los datos para el cálculo del WIBOR deben referirse a transacciones reales, pero si esos datos no están disponibles o no son adecuados, pueden utilizarse en su lugar datos no transaccionales verificables, es decir, cotizaciones o «tipos de oferta». (16) El WIBOR se determina utilizando un método de promediación basado en el número de cotizaciones presentadas por los bancos participantes. (17) Por último, los tipos del WIBOR se publican todos los días hábiles y están a disposición del público. (18)
B.      Primera cuestión prejudicial. ¿Es aplicable la Directiva 93/13?
17.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
1, apartado
2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que excluye de su ámbito de aplicación una cláusula contenida en un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional que establece que el tipo de interés aplicable a dicho contrato se compone de un índice de referencia —en este caso, el WIBOR—
y del margen fijo del banco.
18.      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la propia aplicabilidad de la Directiva 93/13, habida cuenta, por una parte, de sus observaciones relativas a la disposición de Derecho nacional aplicable, (19) y, por otra parte, del hecho de que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 excluye de su ámbito de aplicación, en particular, «las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas».
19.      La jurisprudencia del Tribunal de Justicia precisa que la exclusión antes citada es de interpretación estricta. (20) Para que esta exclusión sea aplicable, deben concurrir dos requisitos: la cláusula contractual debe reflejar una disposición legal o reglamentaria y esta disposición debe ser imperativa. Para determinar si concurren los mencionados requisitos, el Tribunal de Justicia ha declarado que incumbe al juez nacional comprobar si la cláusula contractual de que se trata refleja normas de Derecho nacional que se apliquen entre las partes contratantes de manera imperativa con independencia de su elección o normas de naturaleza dispositiva y, por tanto, aplicables con carácter supletorio, es decir, cuando las partes no hayan pactado otra cosa. (21)
20.      Según la jurisprudencia, para que una cláusula contractual «refleje» una disposición legal o reglamentaria imperativa y, por tanto, no esté comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, debe poder considerarse que expresa, de manera concreta, la misma norma jurídica contemplada por esa disposición imperativa. (22)
21.      El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en relación con los índices de referencia, la exclusión prevista en el artículo
1, apartado
2, de la Directiva 93/13 no se aplica si la normativa nacional se limita a establecer un marco general para fijar el tipo de interés del contrato de crédito al tiempo que deja al profesional un margen de apreciación en lo que atañe tanto a la elección del índice de referencia de ese tipo como a la importancia del margen fijo que puede añadirse a dicho tipo. (23)
22.      De la resolución de remisión se desprende que, en virtud del contrato controvertido, el tipo de interés se basaba en el índice WIBOR 6M combinado con un margen fijo del 1,85 %. (24)
23.      Se plantea la cuestión de si puede considerarse que esta cláusula contractual refleja una disposición imperativa en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el punto
19 de las presentes conclusiones. El artículo
29, apartado
2, de la Ley de Préstamo Hipotecario establece que, cuando las partes no hayan acordado un tipo de interés fijo para un préstamo hipotecario, el método de determinación del tipo de interés se basará en el valor del índice de referencia y en el importe del margen fijado en el contrato de préstamo hipotecario. De este modo, establece un marco general para la fijación del tipo de interés de un contrato de préstamo hipotecario a tipo variable, en la medida en que establece que el tipo de interés variable se compone de un índice de referencia y del margen fijo del banco, sin que la Ley prevea el índice específico que debe aplicarse. Esta disposición no parece imponer el uso del índice de referencia WIBOR. La elección por el legislador nacional de una formulación general para determinar las modalidades de utilización de un tipo de interés variable, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, parece indicar que el artículo
29, apartado
2, de la Ley de Préstamo Hipotecario debe ser tratado como una disposición general que deja un cierto margen de apreciación a los participantes en el mercado para adoptar un índice específico, su tipo y el margen fijo exacto. En este sentido, la cláusula contractual controvertida, que precisa que el tipo de interés se basará en el WIBOR y en el tipo 6M, en combinación con un margen fijo del 1,85 %, no parece reproducir textualmente el contenido de la disposición nacional antes mencionada. Por último, no existe ninguna obligación en el Derecho de la Unión de utilizar un índice determinado. El propio Reglamento 2016/1011 no impone la utilización de un índice determinado ni, en particular, del WIBOR 6M.
24.      Por estas razones, y sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, el artículo
29, apartado
2, de la Ley de Préstamo Hipotecario no parece establecer, de manera clara e inequívoca, la utilización de un índice de referencia específico y de su tipo y, en particular, del índice WIBOR 6M. No impone a los prestamistas el uso obligatorio del WIBOR en los contratos de préstamo hipotecario ni, por otra parte, ningún otro tipo de referencia específico. Como también alegó la Comisión en la vista, parece que los prestamistas no se enfrentan a ningún obstáculo jurídico a la utilización de un índice distinto del WIBOR y que, si bien este índice ocupa una posición dominante en el mercado polaco, no es el único disponible. De nuevo, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente lo compruebe, parece que existen otros índices que potencialmente podrían haberse utilizado, como el Warsaw Interest Rate Overnight (WIRON), (25) el índice de referencia POLONIA, (26) o incluso cualquier otro índice aprobado por la autoridad competente. Por consiguiente, en el momento de la celebración del contrato, PKO disponía de cierto margen de discrecionalidad, en particular por lo que respecta al índice de referencia y a su tipo, al incluir en dicho contrato una cláusula contractual que contemplaba un tipo de interés variable.
25.      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente no alberga dudas en cuanto a que el índice de referencia que contempla el artículo
29, apartado
2, de la Ley de Préstamo Hipotecario debe entenderse que es el WIBOR. Además, señala que hasta el 90 % de los contratos de préstamo al consumo en Polonia se basan en un tipo de interés variable y utilizan el WIBOR como índice de referencia.
26.      Como se ha indicado anteriormente, una cláusula contractual queda excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 si refleja una disposición legal o reglamentaria imperativa. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha precisado que, tal como resulta del decimotercero considerando de la Directiva 93/13, la exclusión del ámbito de aplicación de esta Directiva prevista en su artículo
1, apartado
2, se extiende a las disposiciones de Derecho nacional aplicables a las partes contratantes con independencia de su elección. Tal exclusión se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibrio que el legislador de la Unión ha querido expresamente preservar. (27)
27.      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que solo una decisión clara del legislador de introducir una disposición imperativa específica puede, en el sentido del artículo
1, apartado
2, de la Directiva 93/13, justificar la presunción de que efectivamente se mantiene el equilibrio entre el conjunto de derechos que el Derecho de la Unión pretende proteger. La práctica de los profesionales que actúan en el mercado, aunque sea dominante, no puede producir tales efectos.
28.      Como se ha explicado en el punto
16 de las presentes conclusiones, el índice de referencia se determina no solo mediante la elección de un índice, sino también mediante la elección de la clase de su tipo de referencia. En virtud del Reglamento 2016/1011, el administrador del índice de referencia publicará o pondrá a disposición, en particular, los elementos clave de la metodología que emplee para cada uno de los índices de referencia elaborados. (28) Sin perjuicio de la comprobación que efectúe el órgano jurisdiccional remitente, conforme a la información disponible al público, el administrador del WIBOR ha establecido tal metodología para distintos tipos de referencia del WIBOR, como el WIBOR 1M, el WIBOR 3M, el WIBOR 6M y el WIBOR 1Y. (29) En consecuencia, la metodología adoptada por el administrador del índice de referencia, al objeto de cumplir los requisitos del Reglamento 2016/1011, deja a los prestamistas un cierto grado de discrecionalidad en cuanto a la elección del índice de referencia específico o del tipo específico del índice.
29.      De las consideraciones anteriores y, como ha señalado acertadamente el Gobierno checo, dado que la exclusión que figura en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe ser objeto de una interpretación estricta, resulta que no es posible excluir del ámbito de aplicación de esta Directiva situaciones distintas de aquellas en las que la cláusula contractual refleja una disposición legal o reglamentaria imperativa. (30) El hecho de que el WIBOR esté incluido en la lista de índices de referencia cruciales, con arreglo al artículo 20, apartado 1, del Reglamento 2016/1011, (31) no justifica por sí mismo la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 de la cláusula contractual que hace referencia al WIBOR. Esta inclusión es un reconocimiento de la importancia del WIBOR en el mercado (32) y no una expresión de la elección del legislador nacional en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia analizada anteriormente.
30.      Además, del artículo
1 y del considerando 6 del Reglamento 2016/1011 se desprende que uno de los principales objetivos del establecimiento de un marco regulador común para los índices de referencia a escala de la Unión es lograr una elevada protección de los consumidores («a efectos de garantizar la exactitud e integridad de los índices utilizados como índices de referencia en los […] contratos financieros»). Sería contrario a ese objetivo que la utilización de tal índice de referencia, en una situación en la que un prestamista mantiene cierto margen de apreciación en cuanto a la elección del índice concreto y del tipo de dicho índice que deben utilizarse en la cláusula contractual controvertida, se oponga a un control judicial del posible carácter abusivo de esa cláusula contractual.
31.      Habida cuenta de lo anterior, propongo responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo
1, apartado
2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional que establece como tipo de interés aplicable al préstamo un tipo variable basado en el índice de referencia WIBOR 6M está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva cuando la normativa nacional no contempla la aplicación obligatoria de ese índice ni de su tipo específico, con independencia de la elección de las partes contratantes.
C.      Segunda cuestión prejudicial. Exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales
32.      Si el Tribunal de Justicia coincide con mi respuesta a la primera cuestión prejudicial, procede examinar la segunda cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente. Mediante esta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
4, apartado
2, de la Directiva 93/13 permite apreciar el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato de préstamo hipotecario, celebrado entre un consumidor y un profesional, que prevé la aplicación a ese contrato de un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR.
33.      El artículo
4, apartado
2, de la Directiva 93/13 establece que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se refiere a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. Por tanto, el órgano jurisdiccional remitente puede controlar el carácter abusivo de una cláusula, que se refiera a la definición del objeto principal del contrato, si dicha cláusula no es clara y comprensible. (33)
34.      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo
4, apartado
2, de la Directiva 93/13 establece una excepción al mecanismo de control del fondo de las cláusulas abusivas previsto en el sistema de protección de los consumidores que establece esa Directiva, por lo que dicha disposición debe ser objeto de interpretación estricta. (34) Por consiguiente, para que el órgano jurisdiccional remitente pueda apreciar el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual es preciso determinar si dicha cláusula está comprendida en el concepto de «objeto principal del contrato» y si se cumple la exigencia de transparencia (redacción clara y comprensible).
1.      Sobre el concepto de «objeto principal del contrato»
35.      Por lo que se refiere, más en concreto, a la categoría de cláusulas contractuales incluidas en el concepto de «objeto principal del contrato», en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ha declarado que debe entenderse que son aquellas que regulan las prestaciones esenciales del contrato y que, como tales, lo caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter accesorio respecto de las que definen la esencia misma de la relación contractual no pueden formar parte de este concepto. (35)
36.      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar, atendiendo a la naturaleza, al sistema general y a las estipulaciones del contrato controvertido, así como a su contexto jurídico y fáctico, si la cláusula a la que se refiere dicho órgano jurisdiccional en su cuestión prejudicial constituye un componente esencial de la prestación del deudor que consiste en la devolución del importe que haya puesto a su disposición el prestamista. (36) Dicho esto, incumbe, no obstante, al Tribunal de Justicia deducir del artículo
4, apartado
2, de la Directiva 93/13 los criterios aplicables al llevar a cabo tal examen. (37)
37.      Las prestaciones esenciales de un contrato de crédito consisten en que el prestamista se compromete, principalmente, a poner a disposición del prestatario una determinada cantidad de dinero, y este, por su parte, se compromete principalmente a reembolsar, por regla general con intereses, esa cantidad en los plazos previstos. (38) En un contrato de préstamo hipotecario a tipo de interés variable, la obligación esencial del prestatario de reembolsar la cantidad de dinero puesta a su disposición por el prestamista se determina por referencia a dicho tipo de interés. Así pues, la devolución del préstamo por referencia a un tipo de interés variable se refiere, en principio, directamente a la propia naturaleza de la prestación del deudor, constituyendo así un elemento esencial del contrato de préstamo hipotecario.
38.      La cláusula contractual controvertida establece que el contrato de préstamo hipotecario se remunera con intereses calculados sobre la base de un tipo variable referenciado al índice WIBOR. El órgano jurisdiccional remitente indica que el artículo
69, apartado
2, punto 5, de la Ley Bancaria de 29 de agosto de 1997 menciona expresamente que las cláusulas relativas al tipo de interés y cualquiera de sus modificaciones deben formar parte del contrato de préstamo. Además, el Gobierno polaco ha explicado, en sus observaciones escritas, que en virtud del artículo
29, apartado
1, punto 8, de la Ley de Préstamo Hipotecario, los contratos de préstamo hipotecario deben indicar el método y las condiciones para determinar el tipo de interés sobre cuya base se calculan los pagos de capital y de los intereses.
39.      Sin perjuicio de las comprobaciones que realice el órgano jurisdiccional remitente, puede considerarse que la cláusula contractual controvertida está comprendida en el concepto de «objeto principal del contrato» y, por tanto, forma parte de las prestaciones esenciales del prestatario en virtud de tal contrato.
2.      Sobre el concepto de «lenguaje claro y comprensible» y la exigencia de transparencia
40.      No obstante, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la exigencia de redacción clara y comprensible se aplica incluso cuando una cláusula está comprendida en el concepto de «objeto principal del contrato», en el sentido del artículo
4, apartado
2, de la Directiva 93/13. Las cláusulas contempladas en esa disposición solo quedan eximidas de la apreciación de su carácter abusivo en la medida en que el órgano jurisdiccional competente considere, tras un examen del caso concreto, que fueron redactadas por el profesional de manera clara y comprensible (39) (exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales).
41.      Por lo que respecta a la transparencia de las cláusulas contractuales, el Tribunal de Justicia ha declarado que esta exigencia, que se contempla también en el artículo
5 de la Directiva 93/13, no puede reducirse exclusivamente a su carácter comprensible en un plano formal y gramatical. Toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo relativo, en particular, al nivel de información, la mencionada exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales y, por tanto, de transparencia, a que obliga la propia Directiva, debe interpretarse de manera extensiva. (40)
42.      En la sentencia Gómez del Moral Guasch I, el Tribunal de Justicia analizó la exigencia de transparencia relativa a una cláusula contractual que, en un contrato de préstamo hipotecario, estipulaba la retribución del préstamo mediante intereses calculados según un tipo variable establecido por referencia a un índice oficial. El Tribunal de Justicia declaró que la exigencia de transparencia se ha de entender, por tanto, como la obligación no solo de que la cláusula considerada sea comprensible para el consumidor en un plano formal y gramatical, sino también de que posibilite que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo de dicho tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de tal cláusula sobre sus obligaciones financieras. (41)
43.      Dado que la competencia del Tribunal de Justicia comprende exclusivamente la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión, en el presente asunto, en particular, de la Directiva 93/13, corresponde solo al órgano judicial remitente llevar a cabo las comprobaciones necesarias a este respecto, a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que figuran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista en el marco de la negociación del contrato controvertido. Más concretamente, incumbe al juez nacional, al tener en cuenta el conjunto de circunstancias que rodearon la celebración del contrato, verificar que, en el asunto de que se trata, se hubieran comunicado al consumidor todos los elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar, en particular, el coste total de su préstamo. (42)
44.      En la sentencia Gómez del Moral Guasch I, el Tribunal de Justicia consideró pertinente, a efectos de dicho examen, la circunstancia de que los elementos principales relativos al cálculo del índice de referencia aplicable al contrato en ese asunto fueran fácilmente asequibles a cualquier persona que tuviera intención de contratar un préstamo hipotecario. (43) El Tribunal de Justicia también consideró pertinente para evaluar la transparencia de la cláusula controvertida en ese asunto la circunstancia de que, según la normativa nacional vigente, las entidades de crédito estuvieran obligadas a informar a los consumidores de cuál había sido la evolución anterior del índice pertinente. (44)
45.      El Tribunal de Justicia concluyó que incumbía al órgano jurisdiccional remitente comprobar si en el contexto de la celebración del contrato controvertido en dicho asunto, la entidad prestamista había cumplido efectivamente con todas las obligaciones de información establecidas por la normativa nacional. (45)
46.      En la sentencia Kutxabank, (46) el Tribunal de Justicia declaró que la información acerca de determinados aspectos del contrato necesaria para que los potenciales prestatarios comprendan el alcance de la aceptación de una propuesta de contrato de préstamo puede provenir de elementos no facilitados directamente por el prestamista profesional, siempre que esos elementos estén públicamente disponibles y pueda accederse a ellos, en su caso, a través de ciertas indicaciones dadas en tal sentido por ese profesional.
47.      Por lo que se refiere, en particular, a la accesibilidad de información no facilitada directamente por el profesional, es importante que ese profesional dé indicaciones suficientemente precisas y exactas a los potenciales prestatarios para que estos puedan adquirir conocimiento de esa información sin llevar a cabo una actividad que no puede exigírsele razonablemente a un consumidor medio. (47)
48.      En el litigio principal, la cláusula contractual controvertida hace referencia a un tipo de interés variable basado en el índice WIBOR 6M. Como ya se ha expuesto en el punto 10 de las presentes conclusiones y, en particular, en la nota 8 de estas, el WIBOR figura en la lista de índices de referencia cruciales con arreglo al artículo 20, apartado 1, del Reglamento 2016/1011. El proceso de reconocimiento del WIBOR como índice de referencia crucial se rige por dicho Reglamento, que, de conformidad con su artículo
1, se adoptó a efectos de garantizar la exactitud e integridad de los índices utilizados como índices de referencia en los contratos financieros.
49.      El Reglamento 2016/1011 tiene en cuenta la inferior capacidad de negociación de los consumidores frente a los prestamistas y el uso de cláusulas tipo en los contratos de crédito hipotecario y crédito al consumo que estén sujetos a un índice de referencia. El considerando 71 del Reglamento precisa que, en tales situaciones, sus posibilidades de elección del índice de referencia utilizado pueden ser limitadas. En el marco de un esfuerzo parar alcanzar el equilibrio, el legislador de la Unión considera que resulta necesario garantizar, al menos, que los prestamistas faciliten información adecuada a los consumidores. Para ello, los artículos 56 y 57 del Reglamento 2016/1011 modifican las Directivas 2008/48/CE (48) y 2014/17/UE (49) en consecuencia.
50.      Más concretamente, el Reglamento 2016/1011 añade un nuevo elemento de información —el nuevo artículo
13, apartado
1, letra e bis), de la Directiva 2014/17—, que debe facilitarse a los consumidores antes de la celebración de un contrato de préstamo hipotecario que utilice un índice de referencia. La información general facilitada por los prestamistas al celebrar tales contratos deberá incluir «el nombre del índice de referencia y de su administrador, así como las posibles implicaciones para el consumidor».
51.      Por lo que respecta al contrato controvertido, el órgano jurisdiccional remitente señala que contiene información relativa a la entidad que establece el índice de referencia y la base sobre la que se elabora dicho índice, al período de depósito de ese índice y al método de determinación del tipo de interés sobre la base de ese índice. No obstante, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas en cuanto a si también procede explicar cómo se determina el propio WIBOR y qué factores influyen en el cambio de su nivel. Esta cuestión se refiere a las alegaciones formuladas ante el órgano jurisdiccional remitente por J. J., que reprochaba no haber recibido ninguna explicación sobre la forma de elaborar el índice de referencia WIBOR, así como el hecho de que dicho índice se determina sobre la base de los datos que facilitan los propios bancos, los cuales disponen de cierto margen discrecional a la hora de proporcionarlos.
52.      A este respecto, procede señalar que el Reglamento 2016/1011 regula el método de elaboración de los índices de referencia para garantizar su fiabilidad y exactitud. De su considerando 26 se desprende que el legislador de la Unión es consciente del riesgo de manipulación que puede existir a la hora de suministrar los datos de cálculo. Reconoce que, por regla general, los administradores de índices de referencia deberían utilizar los datos de cálculo de operaciones reales. No obstante, cabe recurrir a datos adicionales, como establece dicho Reglamento, cuando los datos de operaciones no basten, o resulten inadecuados, para garantizar la integridad y exactitud de los índices. Esto queda reflejado en el artículo
11 del Reglamento 2016/1011, al establecer los requisitos relativos a los datos de cálculo para la elaboración de un índice de referencia: en particular, deben ser «suficientes para que puedan reflejar con exactitud y fiabilidad el mercado o la realidad económica a cuya medición se destina el índice de referencia» y deben ser «verificables».
53.      El considerando 27 del Reglamento 2016/1011 subraya la necesidad de adoptar un método transparente que garantice la fiabilidad y exactitud del índice. Este considerando precisa que la transparencia no debe entenderse como la publicación de la fórmula aplicada para determinar un índice de referencia dado, sino como la comunicación de los elementos necesarios para que los interesados puedan entender cómo se ha llegado a dicho índice de referencia y evaluar su representatividad, pertinencia e idoneidad para la utilización prevista. Esto queda reflejado en el artículo
13 del Reglamento, titulado «Transparencia y metodología», que obliga al administrador, en el sentido del propio Reglamento, a publicar o poner a disposición determinada información que se detalla en dicho artículo.
54.      De las consideraciones anteriores resulta que esta información, que permite a las partes interesadas, incluidos los consumidores, comprender el método aplicado para elaborar un índice de referencia con arreglo al Reglamento 2016/1011, debe formar parte de la información que el administrador está obligado a publicar o poner a disposición. En virtud del marco común establecido por el Reglamento 2016/1011, esta responsabilidad incumbe al administrador del índice.
55.      Además, el Reglamento 2016/1011 establece, en sus artículos
7, 8 y 9, un mecanismo de tramitación de reclamaciones, que, según su considerando 23, «permita a los interesados transmitir sus reclamaciones a los administradores de índices de referencia y garantizar que estos últimos determinen objetivamente si tales reclamaciones están fundadas». Dicho mecanismo establece una vía administrativa específica para que los interesados, incluidos los consumidores, inicien un procedimiento de reclamación en caso de duda sobre la conformidad de la determinación del índice con las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión.
56.      Cuando un prestamista propone a los consumidores un contrato de préstamo hipotecario que utiliza un índice de referencia, la obligación de información de dicho prestamista se establece específicamente en el artículo 13, apartado
1, letra e bis), de la Directiva 2014/17. Como se ha señalado anteriormente, la información que el prestamista debe facilitar al consumidor deberá especificar «el nombre del índice de referencia y de su administrador, así como las posibles implicaciones para el consumidor». Esta información debe facilitarse a los potenciales prestatarios de manera suficientemente precisa y exacta para que un consumidor medio pueda acceder a la información pertinente públicamente disponible y conocer los principales elementos relativos a la metodología en la que se basa la elaboración del índice de referencia. Las posibles implicaciones pertinentes para el consumidor son las derivadas de factores que pueden afectar al alcance del compromiso del consumidor, incluidos, en particular, el riesgo asociado a las fluctuaciones del tipo de interés variable y la información sobre los principales elementos que provocan tales fluctuaciones.
57.      Del análisis del marco del índice de referencia establecido por el Reglamento 2016/1011 se desprende que la exigencia de transparencia con arreglo a la Directiva 93/13, en relación con dicho Reglamento, no obliga al prestamista a facilitar directamente información sobre el método de determinación del índice de referencia más detallada que la exigida por el citado Reglamento. En efecto, la información general sobre el método utilizado puede encontrarse en el Reglamento 2016/1011 y el administrador debe publicar o poner a disposición del público la información específica.
58.      Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, no es menos cierto que el prestamista debe facilitar al consumidor la información pertinente relativa al nombre del índice de referencia y de su administrador, así como a las implicaciones para el consumidor de manera precisa y exacta. En mi opinión, si el prestamista solo indicara una parte de los elementos del método aplicado, de modo que dicho método y los principales elementos que provocan la fluctuación del tipo de índice no se divulgan íntegramente o dan una imagen distorsionada de la naturaleza del índice de referencia, ello sería contrario a las exigencias de transparencia y de buena fe que se derivan de la Directiva 93/13.
59.      En la vista, J. J. alegó que se le indujo a creer que el índice de referencia WIBOR se componía de datos de cálculo de operaciones relativos a los préstamos interbancarios cuando, en realidad, el 98,27 % de los datos consistían en estimaciones (cotizaciones) facilitadas por los bancos que participaban en el proceso de fixing. (50) J. J. alegó, asimismo, que PKO le facilitó información contraria a la legislación aplicable y a la realidad económica. PKO se opuso rotundamente a tales alegaciones. En la vista alegó que proporcionó información exacta y precisa. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia anteriormente citada, (51) incumbe al órgano jurisdiccional nacional, en el marco de su consideración de todas las circunstancias que rodean la celebración del contrato, comprobar si toda la información que puede incidir en el alcance del compromiso del consumidor le ha sido comunicada de manera suficientemente precisa y exacta para permitirle estimar, en particular, el coste total del préstamo.
60.      De ello resulta, en mi opinión, que procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo
4, apartado
2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que permite apreciar el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional que prevé la aplicación, a ese contrato, de un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR 6M, cuando dicha cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible (exigencia de transparencia). Para cumplir esta exigencia, el profesional debe informar al consumidor de manera suficientemente precisa y exacta del nombre del índice de referencia aplicado y del de su administrador, así como de las posibles implicaciones para el consumidor derivadas de la utilización de dicho índice, a fin de permitirle estimar, en particular, el coste total del préstamo. El prestamista debe facilitar la información de tal manera que esa información revele plenamente la metodología y los principales elementos que provocan la fluctuación del tipo del índice y no proporcione una imagen distorsionada de la naturaleza de ese índice.
D.      Tercera cuestión prejudicial. Carácter abusivo de la cláusula contractual controvertida
61.      Habida cuenta de que la apreciación de la exigencia de transparencia por el órgano jurisdiccional remitente puede dar lugar a la constatación de una falta de transparencia en relación con la cláusula contractual controvertida, el Tribunal de Justicia deberá abordar la tercera cuestión prejudicial. Mediante esta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea, en esencia, saber si una cláusula contractual que incorpora un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR puede ser abusiva, en el sentido del artículo
3, apartado
1, de la Directiva 93/13, debido a que el banco no haya facilitado al consumidor información suficiente y a la desigual distribución del riesgo entre las partes del contrato. (52)
62.      De conformidad con el artículo
3, apartado
1, de la Directiva 93/13, las cláusulas contractuales se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha señalado que, al referirse a los conceptos de «buena fe» y de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, el artículo
3, apartado
1, de la Directiva 93/13 delimita tan solo de manera abstracta los elementos que confieren carácter abusivo a una cláusula que no se haya negociado individualmente. (53)
63.      Para determinar si una cláusula genera, en detrimento del consumidor, un «desequilibrio importante» entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, es preciso tener en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes, de modo que se valore si —y, en su caso, en qué medida—
el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la contemplada por el Derecho nacional vigente. Por lo que respecta a una cláusula relativa al cálculo de los intereses con arreglo a lo dispuesto en un contrato de préstamo, también es pertinente comparar el modo de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por la referida cláusula y el tipo efectivo resultante con los modos de cálculo generalmente aplicados y el tipo legal de interés, así como con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato objeto del litigio principal en relación con un préstamo de un importe y una duración equivalentes a los del contrato de préstamo considerado. (54)
64.      En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «contrariamente a las exigencias de la buena fe», debe señalarse que, habida cuenta del decimosexto considerando de la Directiva 93/13, el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, este aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual. (55)
65.      Por otra parte, según el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración. De ello se desprende que, en esta perspectiva, deben apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del Derecho aplicable al contrato, lo que implica un examen del sistema jurídico nacional. (56)
66.      A este respecto, según la jurisprudencia, la competencia del Tribunal de Justicia comprende la interpretación del concepto de «cláusula abusiva», a la que se refiere el artículo
3, apartado
1, de la Directiva 93/13 y el anexo de esta, y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de la Directiva. Por tanto, incumbe a dicho juez pronunciarse, teniendo en cuenta esos criterios, sobre si una cláusula contractual específica es, efectivamente, abusiva en función de las circunstancias propias del caso. De ello se desprende que el Tribunal de Justicia ha de limitarse a dar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones que este debe tener en cuenta para apreciar el eventual carácter abusivo de la cláusula de que se trate. (57)
67.      En el litigio principal, la cuestión del carácter abusivo de una cláusula contractual se plantea en el contexto del suministro al consumidor de información supuestamente insuficiente o inexacta por parte del prestamista y del reparto desigual del riesgo que de ello se deriva entre las partes del contrato. Sin embargo, la mera circunstancia de que una cláusula no cumpla la exigencia de transparencia que, como ya he indicado, requiere proporcionar al consumidor información suficiente y precisa, no le confiere, por sí sola, carácter abusivo en el sentido del artículo
3, apartado
1, de la Directiva 93/13. (58) Para determinar el carácter abusivo de una cláusula contractual, el órgano jurisdiccional remitente está obligado a realizar una apreciación completa de los criterios derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
68.      A este respecto, procede señalar que las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente parecen centrarse en dos cuestiones diferentes. La primera de ellas se refiere al suministro de información adecuada al consumidor sobre el riesgo derivado de la aplicación del tipo variable al préstamo de que se trata, y la segunda, al suministro de información adecuada y precisa sobre la determinación del índice de referencia WIBOR.
69.      No obstante, si bien los órganos jurisdiccionales nacionales, en asuntos civiles como el del litigio principal, pueden apreciar, en virtud de la Directiva 93/13, cláusulas contractuales basadas en índices de referencia como el WIBOR, (59)no pueden examinar la metodología para elaborar esos índices, en la medida en que tal examen no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13. Además, como se ha explicado anteriormente, (60) el Reglamento 2016/1011 establece un mecanismo específico de tramitación de reclamaciones destinado a garantizar a las partes interesadas, incluidos los consumidores, una vía administrativa específica para incoar un procedimiento de reclamación en caso de duda sobre la conformidad de la determinación del índice con las disposiciones pertinentes del Derecho nacional o del Derecho de la Unión. Como ha señalado la Comisión, permitir a los órganos jurisdiccionales civiles nacionales controlar el método de determinación del índice de referencia crucial mediante una apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual con arreglo a la Directiva 93/13 menoscabaría el sistema específico de gestión de los índices de referencia cruciales establecido por el legislador de la Unión en virtud del Reglamento 2016/1011.
70.      Por consiguiente, en el litigio principal, la apreciación del órgano jurisdiccional remitente debe limitarse a la cláusula contractual controvertida y a todas las circunstancias que concurrieron en la celebración del contrato, quedando excluidos del ámbito de dicha apreciación aquellos elementos que estén vinculados al sistema de gestión de los índices de referencia establecido por el Reglamento 2016/1011.
71.      En particular, corresponde al juez nacional comprobar que el profesional ha proporcionado al consumidor toda la información pertinente que le permita apreciar las consecuencias económicas de la cláusula contractual controvertida sobre sus obligaciones financieras. Así, procede recordar que la transparencia de una cláusula contractual, que exige la Directiva 93/13, es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si tal cláusula es abusiva. (61)
72.      En su resolución de remisión, el órgano jurisdiccional remitente indica que puede considerarse que las cláusulas contractuales relativas al tipo variable basado en el índice WIBOR son contrarias a las exigencias de la buena fe y que crean, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes contratantes, debido a que el consumidor no fue debidamente informado de su exposición al riesgo que entraña un tipo variable y a que ese riesgo estaba desigualmente repartido entre las partes. Asimismo, señala que PKO, como prestamista, tenía conocimiento del método de determinación del WIBOR y de las dudas existentes en cuanto a la transparencia de la determinación de dicho tipo, pero que optó por no informar de ello al consumidor. Según el órgano jurisdiccional remitente, esto puede considerarse una fuente de desequilibrio entre las partes contratantes en todos los aspectos relativos a dicho contrato. (62)
73.      En estas circunstancias, incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar el carácter abusivo de la cláusula contractual controvertida, en el sentido del artículo
3, apartado
1, de la Directiva 93/13, llevando a cabo una apreciación completa de los criterios derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Esta apreciación debe incluir, entre otras cosas, la cuestión de si existía una falta de información clara que pudiera menoscabar la capacidad de J. J. para comprender las consecuencias económicas del contrato controvertido. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar si la falta de información exacta y suficiente puede desplazar el equilibrio a favor del banco hasta el punto de crear, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato controvertido. El órgano jurisdiccional remitente debe apreciar, a tales efectos, si el prestamista (PKO), tratando de manera leal y equitativa con el consumidor (J.J.), podía suponer razonablemente que este último habría aceptado tal cláusula en el marco de una negociación individual. (63) A tal efecto debe comprobar si el consumidor ha dado su consentimiento al riesgo que supone el uso de la cláusula contractual controvertida tras haber recibido información exacta y suficiente.
74.      Además, el órgano jurisdiccional remitente debe apreciar si la información facilitada por el prestamista al consumidor se presentó de manera neutra y objetiva, sin inducir a este a creer que la elección de la cláusula contractual controvertida y del WIBOR le era favorable, cuando, de hecho, no lo era.
75.      De ello se deduce que procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo
3, apartado
1, de la Directiva 93/13 ha de interpretarse en el sentido de que el juez nacional debe apreciar si la cláusula contractual relativa a un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR causa, contrariamente a las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante, en detrimento del consumidor, entre los derechos y las obligaciones de las partes derivados del contrato. De este modo, el órgano jurisdiccional nacional, en el marco de su apreciación global del carácter abusivo de una cláusula contractual, debe comprobar si el prestamista, negociando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que este aceptaría tal cláusula en el marco de una negociación individual. Para ello es preciso comprobar si el consumidor ha dado su consentimiento al riesgo derivado de la utilización de la cláusula contractual controvertida tras haber recibido información exacta y suficiente. Sin embargo, esta apreciación no puede referirse al índice WIBOR como tal ni a su método de determinación.
IV.    Conclusión
76.      Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales primera, segunda y tercera, planteadas por el Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunal Regional de Częstochowa, Polonia), del siguiente modo:
«1)      El artículo
1, apartado
2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional, que establece como tipo de interés aplicable al préstamo un tipo variable basado en el índice de referencia WIBOR 6M, está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva cuando la normativa nacional no contempla la aplicación obligatoria de ese índice ni de su tipo específico, con independencia de la elección de las partes contratantes.
2)      El artículo
4, apartado
2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que permite apreciar el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional, que prevé la aplicación a ese contrato de un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR 6M, cuando esa cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible (exigencia de transparencia). Para cumplir esta exigencia, el profesional debe informar al consumidor de manera suficientemente precisa y exacta del nombre del índice de referencia aplicado y del de su administrador, así como de las posibles implicaciones para el consumidor derivadas de la utilización de dicho índice, a fin de permitirle estimar, en particular, el coste total del préstamo. El prestamista debe facilitar, directa o indirectamente, la información de forma que revele plenamente la metodología empleada y los principales elementos que provocan la fluctuación del tipo del índice y no ofrezca una imagen distorsionada de la naturaleza de dicho índice.
3)      El artículo
3, apartado
1, de la Directiva 93/13 obliga al juez nacional a apreciar si la cláusula contractual relativa a un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR, pese a las exigencias de la buena fe, causa, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato. De este modo, el órgano jurisdiccional nacional, en el marco de su apreciación global del carácter abusivo de una cláusula contractual, debe comprobar si el prestamista, negociando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que este aceptaría tal cláusula en una negociación individual. A tal efecto, debe comprobar si el consumidor ha dado su consentimiento informado al riesgo que entraña el uso de la cláusula contractual controvertida tras haber recibido información exacta y suficiente. No obstante, esta apreciación no puede referirse al índice WIBOR como tal ni al método empleado para su determinación.»
1      Lengua original: inglés.
2      Directiva del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
3      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.º 596/2014 (DO 2016, L 171, p. 1).
4      Véase el considerando 10 del Reglamento de Ejecución (EU) 2019/482 de la Comisión, de 22 de marzo de 2019, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368, por el que se establece una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2019, L 82, p. 26).
5      Dz. U. de 2017, posición 819, en su versión modificada; en lo sucesivo, «Ley de Préstamo Hipotecario».
6      Ley de Derecho Bancario de 29 de agosto de 1997 (Dz. U. de 2023, posición 2488, en su versión modificada).
7      Se entiende por «administrador» la persona física o jurídica bajo cuyo control se elabore un índice de referencia. Véase el artículo 3, apartado 1, punto 6, del Reglamento 2016/1011.
8      Reglamento de Ejecución (UE) de la Comisión, de 11 de agosto de 2016 por el que se establece una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2016, L 217, p. 1). El 22 de marzo de 2019, el WIBOR fue incluido de conformidad con el artículo 20, apartado 1, letra b), del Reglamento 2016/1011.
9      En este sentido, se refiere al hecho de que el índice WIBOR 6M se basa en datos no transaccionales proporcionados por los propios bancos, es decir, que esos bancos no realizan entre ellos ninguna operación sobre la base de tales datos.
10      La Comisión de Supervisión Financiera adoptó tal decisión respecto del WIBOR el 16 de diciembre de 2020, al considerar que el proceso de elaboración del WIBOR por el administrador es conforme con las exigencias del Derecho de la Unión.
11      Véase el sitio de Internet de GPW Benchmark, en particular, Regulations for the WIBID and WIBOR Reference Rates, Varsovia, 30 de noviembre de 2017 (a efectos de las presentes conclusiones, en lo sucesivo, «Reglamento WIBOR»). (https://gpwbenchmark.pl/pub/BENCHMARK/files/Regulations_for_WIBID_and_WIBOR_Reference_Rates.pdf).
12      El WIBOR es un «índice de referencia de tipos de interés», en el sentido del artículo 3, apartado 1, puntos 22 y 25, del Reglamento 2016/1011. El WIBID es otro índice utilizado en Polonia, que significa Warsaw Interbank Bid Rate (Tipo de Interés Interbancario Ofrecido de Varsovia). Me baso en la información disponible en la sección «Reglamento» del sitio web de GPW Benchmark.
13      El artículo 11 del Reglamento 2016/1011 establece los requisitos relativos a los datos de cálculo para la elaboración de un índice de referencia (véase también el punto 52 de las presentes conclusiones). El artículo 12 del Reglamento describe los requisitos relativos a la metodología para la determinar los índices de referencia, como el WIBOR.
14      El artículo 15 del Reglamento 2016/1011 regula el código de conducta que deben respetar los contribuidores (por ejemplo, los bancos), y que debe contener, en particular, la política a seguir en relación con el ejercicio de la facultad discrecional en la aportación de datos subyacentes. Si fuera necesario introducir cambios significativos en la metodología o en la definición de los tipos de referencia, el administrador llevará a cabo consultas públicas con las partes interesadas, como los usuarios de los tipos, las autoridades pertinentes y el banco central polaco.
15      Reglamento WIBOR, p. 9.
16      Véase Kosiorowski, M., y Szczęsna, A.: WIBOR litigation, part 1: Can the WIBOR benchmark be challenged as the basis for setting variable interest rates?
12 de junio de 2025. (https://codozasady.pl/en/p/wibor-litigation-part-1-can-the-wibor-benchmark-be-challenged-as-the-basis-for-setting-variable-interest-rates-).
17      El método es el siguiente: i) en caso de diez o más cotizaciones: la media de los tipos tras excluir las dos más altas y las dos más bajas; ii) en caso de ocho o nueve cotizaciones: (iii) en caso de ocho o nueve cotizaciones, la media tras excluir la más alta y la más baja; iii) en caso de seis o siete cotizaciones: la media simple de todas ellas, y iv) en caso de cinco o menos cotizaciones: el WIBOR no se fija para este período.
18      Los tipos de referencia de un día hábil determinado se publican en el sitio web del administrador; véase el Reglamento WIBOR, cláusula 7.1.
19      Véase el punto 10 de las presentes conclusiones.
20      Véase la sentencia de 30 de mayo de 2024, Raiffeisen Bank (C‑176/23, EU:C:2024:443), apartado 22 y jurisprudencia citada.
21      Véase la sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch  (C‑125/18, en lo sucesivo, «sentencia Gómez del Moral Guasch I», EU:C:2020:138), apartados 31 y 32 y jurisprudencia citada.
22      Véase la sentencia de 30 de mayo de 2024, Raiffeisen Bank (C‑176/23, EU:C:2024:443), apartado 27 y jurisprudencia citada.
23      Ibidem, apartado 33. Véase también el apartado 36 de esa sentencia.
24      Véase la página 5 de la resolución de remisión (versión francesa, que, en lo sucesivo, se denominará simplemente, «resolución de remisión»).
25      Véase Sampławski, K.: WIBOR pod lupą TSUE — analiza prawna pytań prejudycjalnych — pytanie nr 1. (El WIBOR bajo el control del TJUE: análisis jurídico de las cuestiones preliminares — cuestión n.º 1), 11 de septiembre de 2024, https://www.bankowebezprawie.pl/wibor-pod-lupa-tsue-analiza-prawna-pytan-prejudycjalnych-pytanie-nr-1/.
26      Como indicó J. J. en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia.
27      Sentencia de 10 de junio de 2021, Prima banka Slovensko (C‑192/20, EU:C:2021:480), apartado 32 y jurisprudencia citada.
28      Artículo 13 del Reglamento 2016/101, titulado «Transparencia y metodología».
29      Véase el punto 15 de las presentes conclusiones.
30      Véase el punto 19 de las presentes conclusiones.
31      Mediante el Reglamento 2019/482.
32      Véase el considerando 10 del Reglamento 2019/482.
33      Véase la sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑609/19, EU:C:2021:469), apartado 27.
34      Ibidem, apartado 28.
35      Sentencia de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito) (C‑714/22, EU:C:2024:263), apartado 60.
36      Sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance  (C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470), apartado 53.
37      Ibidem, apartado 54.
38      Sentencia de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito) (C‑714/22, EU:C:2024:263), apartado 61.
39      Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros (C‑186/16, EU:C:2017:703), apartado 43.
40      Sentencia Gómez del Moral Guasch I, apartado 50.
41      Ibidem, apartado 51.
42      Ibidem, apartado 52.
43      Ibidem, apartado 53.
44      Ibidem, apartado 54.
45      Ibidem, apartado 55.
46      Sentencia de 12 de diciembre de 2024, Kutxabank (C‑300/23, EU:C:2024:1026), apartado 83.
47      Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2024, Kutxabank (C‑300/23, EU:C:2024:1026), apartados 84 y 90.
48      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66).
49      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO 2014, L 60, p. 34).
50      Véase el punto 16 de las presentes conclusiones.
51      Véase la nota 42 de las presentes conclusiones.
52      Véase, en particular, el apartado 1 de la sección 8 de la resolución de remisión, p. 26.
53      Sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C‑421/14, en lo sucesivo «sentencia Banco Primus», EU:C:2017:60), apartado 58 y jurisprudencia citada.
54      Véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial) (C‑265/22, EU:C:2023:578), apartado 65 y jurisprudencia citada.
55      Sentencia Banco Primus, apartado 60 y jurisprudencia citada.
56      Ibidem, apartado 61 y jurisprudencia citada.
57      Sentencia Banco Primus, apartado 57 y jurisprudencia citada.
58      Auto de 17 de noviembre de 2021, Gómez del Moral Guasch (C‑655/20, EU:C:2021:943), apartado 37.
59      Esto se debe a las respuestas que propongo dar a las cuestiones prejudiciales primera y segunda. No se excluye que, en otros Estados miembros, debido a su marco jurídico nacional, cláusulas contractuales similares queden efectivamente excluidas del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13.
60      Punto 55 de las presentes conclusiones.
61      Sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial) (C‑265/22, EU:C:2023:578), apartado 66.
62      Resolución de remisión, página 26, apartado 1 y siguientes.
63      Véase el punto 64 de las presentes conclusiones y la jurisprudencia citada.