Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 21 de mayo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.º 655/2014 — Procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil — Requisitos para dictar la orden — Artículo 7, apartado 1 — Urgencia — Riesgo real de que, sin tal orden, la ejecución ulterior del crédito del acreedor se vea impedida o resulte considerablemente más difícil — Naturaleza de ese riesgo — Circunstancias que pueden demostrar la existencia del citado riesgo — Actos anteriores del deudor — Obstáculos al cobro en el Estado miembro del domicilio de este — Normativa de un Estado miembro que establece la inadmisibilidad de toda acción judicial relativa a la legalidad de la prestación de servicios de juegos de azar desde dicho Estado miembro, autorizada por la normativa de este, y la obligación de que los tribunales del referido Estado miembro denieguen el reconocimiento y la ejecución de cualquier resolución judicial extranjera dictada a raíz de tal acción »
En el asunto C‑198/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional de lo Civil de Viena, Austria), mediante resolución de 8 de marzo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de marzo de 2024, en el procedimiento entre
TQ
y
Mr Green Limited,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, el Sr. F. Biltgen, Presidente de la Sala Primera, en funciones de Juez de la Sala Cuarta, y el Sr. N. Jääskinen (Ponente), la Sra. R. Frendo y el Sr. M. Bošnjak, en funciones de Juez de la Sala Cuarta, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretaria: Sra. E. Sartori, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de junio de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de TQ, por el Sr. S. R. Thorstensen, Rechtsanwalt;
–        en nombre de Mr Green Limited, por el Sr. C. Leitgeb, Rechtsanwalt;
–        en nombre del Gobierno belga, por las Sras. M. Jacobs y M. Van Regemorter, en calidad de agentes, asistidas por los Sres. R. Verbeke y Ph. Vlaemminck, advocaten;
–        en nombre del Gobierno maltés, por la Sra. A. Buhagiar, en calidad de agente, asistida por el Sr. D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, y los Sres. D. Inguanez y K. Sammut, avukati;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. S. Noë y la Sra. L. Wildpanner, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de octubre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO 2014, L 189, p. 59).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre TQ, una persona física residente en Austria, y Mr Green Limited, un operador de juegos de azar en línea con domicilio social en Malta, en relación con una solicitud de orden europea de retención de cuentas de dicho operador.
Marco jurídico
3        Los considerandos 5, 11 y 14 del Reglamento n.º 655/2014 enuncian lo siguiente:
«(5)      Los procedimientos nacionales para la obtención de medidas cautelares como las órdenes de retención de cuentas existen en todos los Estados miembros, pero las condiciones para la concesión de tales medidas y la eficacia de su aplicación varían considerablemente. Además, el recurso a las medidas cautelares nacionales puede resultar engorroso en los casos con repercusión transfronteriza y, en particular, cuando el acreedor desea retener varias cuentas localizadas en diferentes Estados miembros. Por consiguiente, se considera necesario y oportuno adoptar un instrumento jurídico de la Unión que sea vinculante y directamente aplicable, por el que se establezca un nuevo procedimiento de la Unión [Europea] que permita, en los asuntos transfronterizos, la eficaz y rápida retención de los activos que se tengan en cuentas bancarias.
[…]
(11)      El procedimiento para solicitar una orden de retención ha de ser accesible al acreedor que, antes de que se inicie el procedimiento sobre el fondo del asunto y en cualquier fase de dicho procedimiento, desee asegurar la ejecución de la resolución judicial posterior sobre el fondo del asunto. Ha de ser accesible igualmente al acreedor que haya obtenido ya una resolución judicial, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva por el que se exija al deudor el pago de la deuda al acreedor.
[…]
(14)      Los requisitos para dictar la orden de retención deben procurar un equilibrio adecuado entre el interés del acreedor en obtener una orden y el interés del deudor en evitar que se abuse de esta.
[…]
Además, debe exigirse al acreedor en todas las situaciones, incluso cuando ya haya obtenido una resolución judicial, que demuestre al órgano jurisdiccional que su pretensión necesita urgentemente protección judicial y que, sin la orden, la ejecución de la resolución judicial existente o futura puede verse impedida o resultar considerablemente más difícil por existir un riesgo real de que, cuando el acreedor logre que se ejecute dicha resolución, el deudor haya dilapidado, ocultado o destruido sus bienes, o los haya enajenado por un valor inferior al real, en una proporción inusual o por un medio no habitual.
El órgano jurisdiccional debe valorar las pruebas aportadas por el acreedor para acreditar la existencia de ese riesgo. Esta valoración podría tener por objeto, por ejemplo, la conducta del deudor respecto de la reclamación del acreedor o en un litigio anterior entre las partes, el historial crediticio del deudor, la naturaleza de los activos del deudor y cualquier actuación reciente de este en relación con sus activos. Al valorar las pruebas, el órgano jurisdiccional puede considerar que los movimientos para retirar fondos de cuentas y los gastos que realice el deudor en el ejercicio normal de su actividad o sus gastos familiares recurrentes no son, en sí mismos, inusuales. El solo impago o impugnación del crédito, o el mero hecho de que el deudor tenga más de un acreedor, no deben, por sí mismos, considerarse prueba suficiente que justifique que se dicte una orden. Tampoco debe considerarse motivo suficiente para dictar una orden el mero hecho de que el deudor padezca dificultades financieras o sufra un deterioro de su situación financiera. No obstante, el órgano jurisdiccional puede tener en cuenta estos factores en la valoración general de la existencia del riesgo.»
4        El artículo 1 de dicho Reglamento, titulado «Objeto», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«El presente Reglamento establece un procedimiento de la Unión que permite a un acreedor obtener una orden europea de retención de cuentas (“orden de retención” u “orden”) para evitar que la transferencia o retirada de fondos, hasta la cuantía especificada en la orden, que el deudor u otra persona por cuenta de este posean en una cuenta bancaria mantenida en un Estado miembro, ponga en peligro la ulterior ejecución de su crédito.»
5        El artículo 7 de dicho Reglamento, con la rúbrica «Requisitos para dictar una orden de retención», establece en su apartado 1:
«El órgano jurisdiccional dictará la orden de retención cuando el acreedor le haya presentado pruebas suficientes para convencerle de que existe la necesidad urgente de una medida cautelar en forma de orden de retención por existir un riesgo real de que, sin dicha medida, la ejecución ulterior del crédito frente al deudor se verá impedida o resultará considerablemente más difícil.»
6        El artículo 8 del mismo Reglamento, titulado «Solicitud de orden de retención», establece:
«1.      La solicitud de orden de retención se presentará por medio del formulario establecido de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 52, apartado 2.
2.      La solicitud comprenderá los siguientes datos:
[…]
j)      una descripción de todas las circunstancias pertinentes que justifiquen que se dicte la orden de retención de conformidad con el artículo 7, apartado 1;
[…]».
7        El artículo 17 del Reglamento n.º 655/2014, titulado «Resolución sobre la solicitud de la orden de retención», dispone en su apartado 1:
«El órgano jurisdiccional al que se solicite una orden de retención examinará si reúne las condiciones y los requisitos establecidos en el presente Reglamento.»
8        A tenor del artículo 22 de dicho Reglamento, titulado «Reconocimiento y fuerza ejecutiva»:
«Una orden de retención dictada en un Estado miembro con arreglo al presente Reglamento será reconocida en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno y tendrá fuerza ejecutiva en los demás Estados miembros sin necesidad de una declaración de fuerza ejecutiva.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
9        TQ, que reside en Austria, jugó desde el territorio de dicho Estado miembro a juegos de azar en línea propuestos por Mr Green, una sociedad con domicilio social en Malta que dispone de una licencia maltesa de juegos de azar en línea, pero no de la correspondiente licencia austriaca con arreglo a la Bundesgesetz zur Regelung des Glücksspielwesens (Glücksspielgesetz — GSpG) [Ley federal por la que se regulan los juegos de azar (Ley de Juegos de Azar — GSpG)], de 28 de noviembre de 1989 (BGBl. I, 620/1989). Durante el período comprendido entre el 3 de enero de 2017 y el 25 de abril de 2019, sufrió pérdidas por un importe total de 62 878 euros.
10      TQ presentó ante el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional de lo Civil de Viena, Austria), que es el órgano jurisdiccional remitente, una demanda contra Mr Green para reclamar el reembolso de las pérdidas antes mencionadas, alegando que, como Mr Green no era titular de una licencia con arreglo a la citada Ley Federal de Juegos de Azar, el contrato de juego subyacente era nulo de pleno derecho, lo que implicaba la obligación de dicha sociedad de restituir las apuestas que había perdido. Mediante sentencia de 2 de diciembre de 2021, dicho órgano jurisdiccional estimó esa demanda y condenó a Mr Green a restituir el importe de 62 878 euros, más intereses, costas y gastos.
11      Mr Green interpuso recurso de apelación contra esta sentencia ante el Oberlandesgericht Wien (Tribunal Superior Regional de Viena, Austria), que lo desestimó mediante sentencia de 21 de febrero de 2022. Tanto esta última sentencia como la anterior adquirieron firmeza y fuerza ejecutiva el 13 de abril de 2022.
12      Al no serle restituidos los importes antes mencionados, TQ presentó el 13 de febrero de 2024 ante el Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunal de Distrito de Viena Centro, Austria) una solicitud de orden europea de retención (en lo sucesivo, «orden de retención»), con arreglo al Reglamento n.º 655/2014, relativa al crédito reconocido en las sentencias de 2 de diciembre de 2021 y de 21 de febrero de 2022 y que tenía por objeto cuentas bancarias en Irlanda, Luxemburgo, Malta y Suecia cuyo titular, según TQ, era Mr Green.
13      Ante dicho órgano jurisdiccional, TQ alegó esencialmente que, a efectos de adoptar dicha orden, debía tenerse en cuenta que, después de que, hacia enero de 2021, los tribunales austriacos dictaran varias sentencias que autorizaban la ejecución forzosa en procedimientos parecidos al que dio lugar a la sentencia de 2 de diciembre de 2021 del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional de lo Civil de Viena), instados contra Mr Green por otros jugadores residentes en Austria, esta última sociedad había resuelto el contrato celebrado con Dimoco Europe GmbH (en lo sucesivo, «Dimoco»), un proveedor de servicios de pago austriaco con el que mantenía un saldo acreedor y que, en su condición de tercero deudor, pagaba las deudas de Mr Green hasta principios de febrero de 2021. Por consiguiente, según TQ, existía el riesgo de que Mr Green actuara de la misma manera en los Estados miembros mencionados en el apartado anterior de la presente sentencia para ocultar sus activos a sus acreedores transfiriéndolos a Malta, donde, desde junio de 2023, una ley prohíbe la ejecución de resoluciones extranjeras contra operadores de juegos de azar titulares de una licencia maltesa.
14      Mediante resolución de 15 de febrero de 2024, el Bezirksgericht Innere Stadt Wien (Tribunal de Distrito de Viena Centro) denegó la solicitud de orden de retención presentada por TQ debido a que, por una parte, los hechos acaecidos en 2021 no permitían concluir que la ejecución del crédito de este se viera impedida o resultara considerablemente más difícil en 2024 y a que, por otra parte, no parecía existir urgencia, puesto que TQ no había presentado dicha solicitud hasta tres años después de la obtención del título que exigía a Mr Green el pago de la deuda de que se trata. Además, dicho órgano jurisdiccional consideró, en relación con la alegación de TQ sobre la normativa maltesa, que, si bien era cierto que los tribunales malteses de primera instancia denegaban la ejecución de sentencias austriacas, no se había acreditado que los órganos jurisdiccionales superiores de dicho Estado miembro también se pronunciaran en ese sentido.
15      TQ interpuso ante el órgano jurisdiccional remitente un recurso contra esa resolución, solicitando su modificación de modo que se estimara su solicitud de adopción de una orden de retención de las cuentas bancarias en cuestión de Mr Green.
16      A este respecto, dicho órgano jurisdiccional indica, en primer lugar, que, según su interpretación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014, deben cumplirse dos requisitos para que se adopte la orden de retención, a saber, por una parte, que esa retención sea urgente y, por otra, que exista el riesgo de que, sin esa retención, la ejecución de los créditos de que se trate pueda verse impedida o resultar considerablemente más difícil. Según el referido órgano jurisdiccional, de conformidad con el considerando 14 del citado Reglamento, la existencia de tal riesgo debe demostrarse mediante un acto realizado por el deudor y que haya tenido lugar poco antes de presentarse la solicitud de retención de cuentas bancarias. Pues bien, aunque tras la resolución del contrato entre Mr Green y Dimoco no prosperaron los procedimientos de ejecución forzosa iniciados en Austria contra Mr Green, debido a que esta última sociedad se negó a efectuar pagos sobre la base de resoluciones austriacas que ordenaban el reembolso de los créditos de que se trata, dicha resolución no es una «actuación reciente», en el sentido del referido considerando 14, puesto que TQ presentó su solicitud de orden de retención un poco más de tres años después de dicha resolución y, para justificar la necesidad de tal orden, no invocó otras actuaciones de Mr Green. Además, según el mismo órgano jurisdiccional, el impago de la deuda de que se trata tampoco puede constituir una «actuación reciente», que pudiera tenerse en cuenta en el sentido del citado considerando 14. Así pues, el órgano jurisdiccional remitente considera que, al no existir urgencia, no procede autorizar la retención de las cuentas bancarias del deudor sobre la base de actuaciones de este último que se remontan a tres o más años.
17      A continuación, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la pertinencia, en el marco de la apreciación de los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014, de la modificación, efectuada el 12 de junio de 2023, de la Ley de Juegos de Azar maltesa (en lo sucesivo, «modificación de la Ley de Juegos de Azar maltesa»), que introdujo un artículo 56 A (en lo sucesivo, «artículo 56 A»), en virtud del cual se prohíbe, por ser contraria al orden público, toda acción contra operadores de juegos de azar titulares de una licencia maltesa y los tribunales de Malta deben denegar todo reconocimiento o ejecución en ese Estado miembro de una sentencia o resolución extranjera dictadas a raíz de tal acción.
18      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente considera que, por una parte, a la vista de su tenor, el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014 podría entenderse en el sentido de que el «riesgo real» de que, sin la retención, la ejecución de los créditos se vea impedida o resulte considerablemente más difícil no depende únicamente de las actuaciones del deudor, sino que también puede resultar de la conducta de terceros. Así pues, la modificación de la Ley de Juegos de Azar maltesa podría influir en el litigio principal, en la medida en que su tenor es contrario al artículo 22 de dicho Reglamento y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta como impedimento a la ejecución del crédito de TQ en Malta.
19      Por otra parte, según el órgano jurisdiccional remitente, el considerando 14 del Reglamento n.º 655/2014 reconoce una importancia determinante a la ponderación de los intereses del acreedor y del deudor y hace referencia, a efectos del riesgo de que se trate, a una conducta imputable al deudor, sin mencionar las actuaciones de terceros. Así, dado que ni el acreedor ni el deudor influyeron en la adopción de la modificación de la Ley de Juegos de Azar maltesa, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la posibilidad de tener en cuenta la conducta del legislador maltés en el marco del litigio principal.
20      Por último, según el órgano jurisdiccional remitente, en situaciones comparables, otros demandantes austriacos intentaron la ejecución en Malta de sentencias dictadas a su favor en asuntos relativos a los juegos de azar y la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili [Tribunal de lo Civil (Sala de Competencia General), Malta] se negó a plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre si la modificación de la Ley de Juegos de Azar maltesa era contraria al Derecho de la Unión. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente indica que es imposible determinar si las resoluciones así dictadas adquirieron fuerza de cosa juzgada o si la ejecución de sentencias austriacas en asuntos relativos a los juegos de azar ha sido denegada en Malta mediante resoluciones que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada.
21      En tales circunstancias, el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional de lo Civil de Viena) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, del Reglamento [n.º 655/2014] en el sentido de que no deben tenerse en cuenta las actuaciones del deudor que se remontan a tres o más años ni los impedimentos a la ejecución de la resolución que existan en el Estado miembro del deudor?»
Sobre las solicitudes de reapertura de la fase oral del procedimiento
22      Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia los días 21 y 24 de noviembre de 2025, respectivamente, el Gobierno maltés y Mr Green solicitaron que se ordenara la reapertura de la fase oral del procedimiento, con arreglo al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
23      En apoyo de su solicitud, Mr Green alega, en esencia, que, en el punto 66 de sus conclusiones, el Abogado General presentó de manera inexacta la posición de dicha sociedad en lo que respecta a su supuesta intención de invocar el artículo 56 A para oponerse a la ejecución en Malta de las resoluciones de que se trata.
24      El Gobierno maltés, por su parte, alega en apoyo de su solicitud que las conclusiones del Abogado General presentan varias inexactitudes en lo que respecta a la aplicación, por los órganos jurisdiccionales malteses, del artículo 56 A y al hecho de que esta disposición permite «ocultar» al acreedor los fondos del deudor.
25      A este respecto, es preciso recordar, por una parte, que, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. El Tribunal de Justicia no está vinculado por estas conclusiones ni por la motivación que el Abogado General desarrolla para llegar a ellas (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de diciembre de 2025, Storstockholms Lokaltrafik, C‑422/24, EU:C:2025:980, apartado 21, y de 29 de enero de 2026, Keladis I y Keladis II, C‑72/24 y C‑73/24, EU:C:2026:51, apartado 63 y jurisprudencia citada).
26      Por otra parte, ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento prevén la posibilidad de que las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 de dicho Estatuto presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General. Por consiguiente, el hecho de que una parte interesada no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no constituye en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuáles sean las cuestiones que examine en sus conclusiones (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de diciembre de 2025, Storstockholms Lokaltrafik, C‑422/24, EU:C:2025:980, apartado 22, y de 29 de enero de 2026, Keladis I y Keladis II, C‑72/24 y C‑73/24, EU:C:2026:51, apartado 64 y jurisprudencia citada).
27      De ello se deduce que, en la medida en que, mediante sus respectivas solicitudes de reapertura de la fase oral del procedimiento, el Gobierno maltés y Mr Green intentan responder a la posición adoptada por el Abogado General en sus conclusiones y precisar determinados elementos de hecho, procede desestimar esas solicitudes.
28      Es cierto que, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede ordenar en cualquier momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular cuando estime que la información de que dispone es insuficiente, cuando una parte haya invocado ante él, tras la finalización de esta fase del procedimiento, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución o cuando el asunto deba resolverse sobre la base de un argumento que no haya sido debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
29      No obstante, en este caso, el Tribunal de Justicia considera que dispone, al término de la fase escrita del procedimiento y de la vista celebrada ante él, de todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial. Además, las circunstancias invocadas por el Gobierno maltés y por Mr Green en apoyo de sus respectivas solicitudes de reapertura de la fase oral del procedimiento no constituyen hechos nuevos que puedan influir decisivamente en la resolución que debe dictar en el presente asunto.
30      Por lo que respecta, más concretamente, a los elementos de hecho que figuran en los apartados 23 y 24 de la presente sentencia, procede recordar que no incumbe al Tribunal de Justicia determinar si los hechos alegados han quedado acreditados, sino únicamente interpretar las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión. En efecto, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión son planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y no corresponde al Tribunal de Justicia verificar su exactitud [véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartado 41 y jurisprudencia citada].
31      A la vista de lo anterior, el Tribunal de Justicia considera, tras oír al Abogado General, que no ha lugar a ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
Sobre la cuestión prejudicial
32      Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014 debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de una solicitud de orden de retención puede tener en cuenta, para determinar si es urgente adoptar dicha orden, por un lado, una conducta del deudor que tuvo lugar varios años antes de la presentación de la referida solicitud y, por otro, la existencia, en el Estado miembro en el que está establecido el deudor, de una ley que puede obstaculizar la ejecución del crédito de que se trata.
33      En virtud de su artículo 1, el Reglamento n.º 655/2014 establece en el ámbito de la Unión un procedimiento que permite a un acreedor obtener una orden de retención de cuentas, para evitar que la transferencia o retirada de fondos, hasta la cuantía especificada en la orden que el deudor u otra persona por cuenta de este posean en una cuenta bancaria mantenida en un Estado miembro, ponga en peligro la ulterior ejecución de su crédito. La referida orden de retención estará a disposición del acreedor como alternativa a las medidas cautelares previstas en el Derecho nacional.
34      De conformidad con el artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento, el órgano jurisdiccional al que se solicita una orden de retención examinará si reúne las condiciones y los requisitos establecidos en el referido Reglamento.
35      Los requisitos para dictar una orden de retención se enuncian en el artículo 7 del Reglamento n.º 655/2014.
36      A tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014, el órgano jurisdiccional dictará la orden de retención cuando el acreedor le haya presentado pruebas suficientes para convencerle de que existe la necesidad urgente de una medida cautelar en forma de orden de retención por existir un riesgo real de que, sin dicha medida, la ejecución ulterior del crédito frente al deudor se verá impedida o resultará considerablemente más difícil.
37      Como ha declarado el Tribunal de Justicia, el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014 establece que, para obtener la emisión de una orden de retención con arreglo a esta disposición, el acreedor únicamente debe demostrar el carácter urgente de dicha medida debido a la existencia de un peligro inminente en cuanto a la ejecución ulterior de su crédito [véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de noviembre de 2019, K.H.K. (Retención de cuentas), C‑555/18, EU:C:2019:937, apartado 40, y de 20 de abril de 2023, Starkinvest, C‑291/21, EU:C:2023:299, apartado 50].
38      En efecto, como también subrayó el Abogado General en el punto 49 de sus conclusiones, del tenor de dicho artículo 7, apartado 1, se desprende inequívocamente que este establece la obligación de que el acreedor demuestre que existe una «necesidad urgente» de que se adopte una orden de retención, urgencia que se caracteriza por la existencia de un «riesgo real» de que, sin esa medida, la ejecución ulterior del crédito se verá impedida o resultará considerablemente más difícil. El carácter urgente de la necesidad de dictar tal orden y ese «riesgo real» constituyen, por tanto, dos aspectos indisociables de un único requisito y no dos requisitos distintos.
39      Por consiguiente, el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014 debe interpretarse en el sentido de que es urgente dictar una orden de retención si existe un riesgo real de que, sin tal orden, el cobro del crédito cuando el acreedor pueda obtener la ejecución de una resolución existente o futura se verá impedido o resultará considerablemente más difícil.
40      De lo anterior se desprende que la pertinencia de las circunstancias mencionadas por el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión prejudicial debe apreciarse en relación con el requisito de la necesidad urgente de adoptar una orden de retención, caracterizada por la existencia de tal riesgo real. A este respecto, es preciso determinar el concepto de «riesgo real» en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014 y examinar, más concretamente, cuáles son las circunstancias que puede tener en cuenta el órgano jurisdiccional que conoce de una solicitud de orden de retención para comprobar si se cumple este requisito.
41      Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe esta disposición y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado 12; de 18 de diciembre de 2025, E. (Compensación de créditos), C‑481/24, EU:C:2025:996, apartado 29, y de 22 de enero de 2026, NOVIS, C‑18/24, EU:C:2026:33, apartado 49].
42      A este respecto, en lo que atañe, en primer lugar, al concepto de «riesgo real» en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014 y, concretamente, al tenor de esta disposición, procede señalar que de dicho tenor y, en particular, del empleo del adjetivo calificativo «real» se desprende claramente que este concepto debe interpretarse en el sentido de que se refiere a un riesgo concreto y actual en el momento en que se presenta la solicitud de retención y, por tanto, no solo a un riesgo potencial o eventual.
43      En lo que atañe al contexto en el que se inscribe dicho artículo 7, apartado 1, procede señalar que el considerando 14 del Reglamento n.º 655/2014 aporta precisiones en cuanto al alcance de dicho concepto.
44      A este respecto, del párrafo tercero de dicho considerando 14 se desprende, en esencia, que, para convencer al órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que es urgente la protección judicial de su crédito, el acreedor debe demostrar que existe un riesgo real de que, cuando el acreedor logre que se ejecute dicha resolución, el deudor haya dilapidado, ocultado o destruido sus bienes o los haya enajenado por un valor inferior al real, en una proporción inusual o por un medio no habitual. El párrafo cuarto de dicho considerando 14 añade que el mero hecho de que el deudor tenga más de un acreedor o de que padezca dificultades financieras o sufra un deterioro de su situación financiera no deben, por sí mismos, considerarse prueba suficiente que justifique que se dicte una orden de retención.
45      Sobre la base de una lectura conjunta de los párrafos tercero y cuarto del mismo considerando 14, el «riesgo real», en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014, debe entenderse como un riesgo que tiene su origen en una actuación deliberada del deudor y, en particular, en la adopción por este de medidas como la dilapidación, la ocultación o la destrucción de bienes o su enajenación por un valor inferior al real, destinadas a eludir el pago de su deuda, y no en cualquier otra amenaza para la ejecución del crédito en cuestión que no sea resultado de tal actuación del deudor.
46      Esta interpretación se ve corroborada por los trabajos preparatorios del Reglamento n.º 655/2014 y, en particular, por la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la orden europea de retención de cuentas para simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil [COM(2011) 445 final]. En efecto, de estos trabajos se desprende que el legislador de la Unión no adoptó la formulación más amplia del requisito del periculum in mora sobre el riesgo relativo a las dificultades de ejecutar el crédito en cuestión, que se refiere a todos los casos en los que existe un riesgo de mera disminución del patrimonio del deudor.
47      La interpretación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014 que figura en el apartado 45 de la presente sentencia también se ve corroborada por los objetivos de dicho Reglamento, que no solo tiene por objeto establecer un procedimiento a escala de la Unión, a disposición del acreedor como alternativa a las medidas cautelares previstas por el Derecho nacional, que permita, mediante disposiciones vinculantes y directamente aplicables, proceder, de manera eficaz y rápida, a la retención de fondos mantenidos en las cuentas bancarias de que se trate, sino que también pretende establecer un justo equilibrio entre los intereses del acreedor y los del deudor [véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de noviembre de 2019, K.H.K. (Retención de cuentas), C‑555/18, EU:C:2019:937, apartados 31 y 32, y de 20 de abril de 2023, Starkinvest, C‑291/21, EU:C:2023:299, apartados 49 y 50].
48      En efecto, habida cuenta del impacto potencialmente negativo de una orden de retención en el patrimonio del deudor y, en particular, en su facultad de disponer libremente de él, una interpretación del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014 según la cual cualquier amenaza para la ejecución del crédito constituiría un «riesgo real», en el sentido de dicha disposición, podría menoscabar el equilibrio mencionado en el apartado anterior de la presente sentencia.
49      Por lo que respecta a las circunstancias que pueden demostrar la existencia de un «riesgo real», tal como ha sido definido en los apartados 42 y 45 de la presente sentencia, procede recordar, en primer lugar, que el artículo 8 del Reglamento n.º 655/2014, que regula la solicitud de una orden de retención, establece en su apartado 2, letra j), que corresponde al acreedor proporcionar al órgano jurisdiccional que conoce de la solicitud una descripción de todas las circunstancias pertinentes que justifiquen que se dicte tal orden.
50      A este respecto, el considerando 14 del Reglamento n.º 655/2014 contiene, en su párrafo cuarto, una lista de circunstancias que el acreedor puede invocar para justificar que se dicte la orden de retención y que el órgano jurisdiccional que conoce de la solicitud puede tener en cuenta en el marco de la evaluación de la existencia de un «riesgo real» en el sentido del artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento.
51      La referida lista incluye la conducta del deudor respecto de la reclamación del acreedor o en un litigio anterior entre las partes, el historial crediticio del deudor, la naturaleza de sus activos y cualquier actuación reciente de este en relación con esos activos. Además, en el citado considerando 14 figura otra serie de circunstancias que el órgano jurisdiccional que conoce de la solicitud también puede tener en cuenta, aunque no deban considerarse, por sí mismas, suficientes para justificar que se dicte una orden de retención.
52      Asimismo, habida cuenta de los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 655/2014, tal como se han recordado en el apartado 47 de la presente sentencia, procede señalar que, por una parte, para garantizar el respeto de un justo equilibrio entre los intereses del acreedor y los del deudor, así como el efecto útil del artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento, no cabe exigir un estándar de prueba tal que obligue al acreedor a aportar la prueba de la intención del deudor de eludir el pago de la deuda, ya que tal exigencia sería a menudo difícil de cumplir en la práctica.
53      Por otro lado, la solicitud del acreedor de que se dicte dicha orden debe basarse en indicios concretos que demuestren la probabilidad de que, sin dicha orden, cuando se adoptaran las eventuales medidas de ejecución forzosa, el deudor podría haber dilapidado, ocultado o destruido sus bienes o haberlos enajenado por un valor inferior al real.
54      Por consiguiente, tanto del tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014 como del contexto en el que se inscribe esta disposición y de la finalidad perseguida por dicho Reglamento se desprende que el órgano jurisdiccional que conoce de una solicitud de orden de retención puede llevar a cabo una valoración global de las circunstancias invocadas por el acreedor, incluidos, en su caso, los factores mencionados en el apartado 51 de la presente sentencia, para determinar si, sobre la base de esas circunstancias, existe un «riesgo real» de que, sin una orden de retención, el deudor pueda tomar medidas tales como la dilapidación, la ocultación o la destrucción de bienes o su enajenación por un valor inferior al real, de suerte que, cuando el acreedor pueda obtener la ejecución de una resolución judicial existente o futura, la ejecución del crédito se verá impedida o, cuando menos, resultará considerablemente más difícil.
55      Habida cuenta de lo anterior, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, único competente para pronunciarse sobre los hechos, llevar a cabo una valoración global de las circunstancias invocadas por TQ en apoyo de su solicitud de orden de retención de cuentas y determinar si tales circunstancias constituyen indicios suficientes de la existencia de tal «riesgo real».
56      En el presente asunto, el referido órgano jurisdiccional alberga dudas sobre la pertinencia de unas actuaciones del deudor que tuvieron lugar varios años antes de la presentación de la solicitud de orden de retención y, en particular, de la rescisión, por parte de ese deudor, de la relación comercial que mantenía con un proveedor de servicios de pago que actuaba en su nombre en calidad de tercero deudor en el Estado miembro de domiciliación del acreedor, así como sobre la modificación de una ley del Estado miembro en el que está establecido el deudor que podría obstaculizar la ejecución del crédito.
57      En lo que atañe a la primera de estas circunstancias, procede señalar que, por una parte, como se desprende de los apartados 51 y 54 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional que conoce de la solicitud puede tener en cuenta la conducta pasada del deudor en el marco de la valoración global que deba efectuar para evaluar la necesidad de dictar con urgencia una orden de retención. Además, nada en el Reglamento n.º 655/2014 indica que la pertinencia de esa conducta dependa necesariamente del momento en el que se produjo. Asimismo, como subrayó el Abogado General en el punto 70 de sus conclusiones, dicho Reglamento no impone a un acreedor la obligación de presentar su solicitud en el mismo momento en que surja el riesgo alegado para la ejecución de su crédito, con el fin de lograr que se dicte esa orden. En efecto, para ello es pertinente saber si dicho riesgo persiste en el momento de la presentación de la solicitud.
58      Por otra parte, como observó el Abogado General en el punto 68 de sus conclusiones, para las sociedades que operan en línea y que no cuentan con activos materiales o que cuentan con activos limitados fuera de su Estado miembro de establecimiento, el saldo acreedor que se mantenga con un proveedor de pago puede ser uno de los pocos activos mediante los que el acreedor podría lograr el cobro de su crédito. Por consiguiente, la resolución del contrato con tal operador puede constituir un indicio de una estrategia más amplia del deudor consistente en eludir el pago de sus deudas en el Estado miembro de que se trate o, al menos, dificultar la ejecución de esos créditos.
59      Por lo que respecta, en segundo lugar, a la modificación de la Ley de Juegos de Azar maltesa que, según el acreedor, podría obstaculizar la ejecución de su crédito, especialmente en la medida en que obliga a los tribunales del Estado miembro en el que está establecido el deudor a no reconocer fuerza ejecutiva, en el territorio de este, a resoluciones judiciales extranjeras, como la que exige al deudor el pago de la deuda en cuestión, procede recordar que, como se desprende del apartado 45 de la presente sentencia, el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014 no se refiere a la existencia de cualquier amenaza para el cobro de un crédito, sino de un riesgo real relativo a la intención del deudor de eludir el pago de esa deuda. En cualquier caso, este riesgo debe ser concreto y presente en el momento de la presentación de la solicitud de orden de retención.
60      De ello se deduce que, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, la mera invocación por el acreedor de una normativa nacional como la descrita en el apartado anterior de la presente sentencia no basta para demostrar la existencia de un «riesgo real», en el sentido del citado artículo 7, apartado 1. Esta constatación es válida, a fortiori, por lo que respecta a la evaluación de la necesidad de que se dicte una orden de retención relativa a cuentas bancarias del deudor en Estados miembros distintos del que adoptó esa normativa.
61      No obstante, un órgano jurisdiccional que conoce de una solicitud de orden de retención con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014, cuando lleva a cabo una valoración global de las circunstancias pertinentes invocadas por el acreedor, puede tener en cuenta una normativa nacional, como la mencionada en el apartado 59 de la presente sentencia, en tanto que elemento contextual que permite apreciar el alcance de las actuaciones del deudor para determinar la existencia de su intención de eludir el pago de la deuda en cuestión.
62      De todo lo anterior se desprende que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 655/2014 debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de una solicitud de orden europea de retención puede tener en cuenta, con el fin de determinar si es urgente adoptar esa orden, por un lado, una conducta del deudor que tuvo lugar varios años antes de la presentación de dicha solicitud y, por otro, la existencia de una ley, en el Estado miembro en el que está establecido el deudor, que puede obstaculizar la ejecución del crédito de que se trata.
Costas
63      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
El artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil,
debe interpretarse en el sentido de que
un órgano jurisdiccional nacional que conoce de una solicitud de orden europea de retención puede tener en cuenta, con el fin de determinar si es urgente adoptar esa orden, por un lado, una conducta del deudor que tuvo lugar varios años antes de la presentación de dicha solicitud y, por otro, la existencia de una ley, en el Estado miembro en el que está establecido el deudor, que puede obstaculizar la ejecución del crédito de que se trata.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: alemán.