62016CC0133
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 6 de abril de 2017 (
1
)
Asunto C‑133/16
Christian Ferenschild
contra
JPC Motor SA
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons, Bélgica)]
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 1999/44/CE — Bienes de segunda mano — Derechos del consumidor en caso de falta de conformidad del bien con el contrato — Plazo durante el cual el vendedor será responsable directo de la falta de conformidad del bien con el contrato — Plazos de prescripción»
I. Introducción
1.
Mediante la presente remisión prejudicial, la Cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons, Bélgica) desea saber si la disposición establecida en el artículo 5, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 1999/44/CE, (
2
) en virtud de la cual el plazo de prescripción (
3
) de la acción basada en una falta de conformidad del bien no puede expirar en el curso de los dos años siguientes a la entrega de dicho bien, se aplica también al comercio de bienes de consumo de segunda mano.
2.
Al responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional, el Tribunal de Justicia podrá precisar si, y en qué medida, está protegido un consumidor que adquiere bienes de segunda mano. La expiración de los plazos de prescripción a los que hace referencia la petición de decisión prejudicial puede traer como consecuencia la extinción de un derecho o la imposibilidad de ejercerlo. Si el consumidor es titular de un derecho pero no puede ejercerlo, ello podría resultar más problemático para él que si no dispusiera en modo alguno de tal derecho. (
4
)
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
3.
A tenor de los considerandos 16 y 17 de la Directiva 1999/44:
«(16)
[...] la naturaleza específica de los bienes de segunda mano hace generalmente imposible sustituirlos; [...] por lo tanto, para esos bienes no se puede aplicar por regla general el derecho del consumidor a la sustitución; [...] para los citados bienes los Estados miembros pueden permitir que las partes acuerden un período de responsabilidad de menor duración;
(17)
[...] conviene limitar el plazo durante el cual el vendedor será responsable de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega de los bienes; [...] los Estados miembros pueden también establecer la limitación del plazo durante el cual los consumidores pueden ejercer sus derechos, siempre que dicho plazo no expire antes de transcurridos dos años a contar del día de la entrega; [...] cuando, con arreglo a la legislación nacional, el momento en que comienza el plazo de prescripción no sea el mismo que el de la entrega del bien, la duración total del plazo de prescripción que establezca la legislación nacional no puede ser inferior a dos años contados a partir del día de la entrega».
4.
El artículo 2 de la Directiva, titulado «Conformidad con el contrato», establece en su apartado 1:
«El vendedor estará obligado a entregar al consumidor un bien que sea conforme al contrato de compraventa.»
5.
Las consecuencias de una falta de conformidad se describen en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 1999/44, titulado «Derechos del consumidor»:
«1.   El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien.
2.   En caso de falta de conformidad, el consumidor podrá exigir que los bienes sean puestos en conformidad mediante la reparación o la sustitución del bien sin cargo alguno, de conformidad con el apartado 3, o una reducción adecuada del precio o la resolución del contrato respecto de dicho bien, de conformidad con los apartados 5 y 6.»
6.
El artículo 5, apartado 1, de esta misma Directiva, titulado «Plazos», dispone:
«El vendedor deberá responder de conformidad con el artículo 3 cuando la falta de conformidad se manifieste dentro de un plazo de dos años a partir de la entrega del bien. Si, con arreglo a la legislación nacional, los derechos previstos en el apartado 2 del artículo 3 están sujetos a un plazo de prescripción, éste no podrá ser inferior a dos años desde la entrega del bien.»
7.
De conformidad con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 1999/44:
«Las cláusulas contractuales o los acuerdos celebrados con el vendedor, antes de que se indique a éste la falta de conformidad, que excluyan o limiten directa o indirectamente los derechos conferidos por la presente Directiva, no vincularán al consumidor, con arreglo a lo establecido en el Derecho nacional.
Los Estados miembros podrán disponer que, tratándose de bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán establecer cláusulas o acuerdos contractuales que fijen un plazo de responsabilidad por parte del vendedor menor que el establecido en el apartado 1 del artículo 5. Dicho plazo no podrá ser inferior a un año.»
B. Derecho belga
8.
El artículo 1649 quater del Código civil belga, introducido en el ordenamiento jurídico belga mediante la Ley de 1 de septiembre de 2004, (
5
) transpone el artículo 3, apartado 1, el artículo 5, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 1999/44. Esta disposición prevé:
«1.   El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien y que se manifieste dentro de un plazo de dos años a partir de ese momento.
[…]
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el vendedor y el consumidor podrán acordar un plazo inferior a dos años para los bienes de segunda mano, sin que dicho plazo pueda ser inferior a un año.
[…]
3.   La acción del consumidor prescribirá en un plazo de un año a partir del momento en que constate la falta de conformidad, sin que este plazo pueda expirar antes de que finalice el plazo de dos años previsto en el apartado 1.»
III. Litigio principal
9.
El 21 de septiembre de 2010, el Sr. Christian Ferenschild adquirió a JPC Motor SA (en lo sucesivo, «JPC») un vehículo de segunda mano de la marca Volvo, por un precio de 14000 euros.
10.
El 22 de septiembre de 2010, se denegó al Sr. Ferenschild la matriculación de este vehículo debido a que figuraba como «robado» en el Sistema de Información Schengen.
11.
En última instancia, se puso de manifiesto que el vehículo comprado por el Sr. Ferenschild nunca había sido robado. Sin embargo, la documentación del vehículo había sido robada en 2007 para «maquillar» el origen fraudulento de un vehículo similar en Italia.
12.
El 7 de enero de 2011, el vehículo del Sr. Ferenschild pudo ser matriculado.
13.
El 12 de marzo de 2012, el Sr. Ferenschild interpuso una demanda ante el tribunal de commerce de Mons (Tribunal Mercantil de Mons, Bélgica) contra JPC por la que solicitó que se condenase a ésta a abonarle la cantidad de 5499,83 euros, a saber, 2000,00 euros en concepto de depreciación derivada del precio de compra excesivo del vehículo, 2999,83 euros en concepto de alquiler de un vehículo de sustitución durante el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2010 y el 14 de enero de 2011, y 500 euros en concepto de gastos administrativos y otros gastos.
14.
El tribunal de commerce de Mons (Tribunal Mercantil de Mons) desestimó todas las pretensiones de la demanda.
15.
A raíz del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Ferenschild, la Cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons) declaró que el vehículo presentaba una falta de conformidad en el sentido de las disposiciones del Código civil belga que transponen la Directiva 1999/44. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente declaró que se había subsanado dicha falta mediante la matriculación del vehículo. Al mismo tiempo, se ordenó de oficio la reapertura de los debates a fin de permitir que las partes formulasen sus pretensiones sobre la prescripción de la acción y el alcance de los daños y perjuicios.
16.
En la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional nacional manifiesta que alberga dudas sobre la prescripción de la acción basada en la falta de conformidad del vehículo adquirido por el Sr. Ferenschild.
17.
Según las comprobaciones efectuadas por el órgano jurisdiccional remitente, el Sr. Ferenschild recibió el vehículo el 21 de septiembre de 2010, comprobó la falta de conformidad el 22 de septiembre de 2010 e interpuso la demanda antes mencionada el 12 de marzo de 2012.
18.
En Derecho belga, la acción del consumidor basada en una falta de conformidad prescribe en principio en un plazo de un año contado a partir del momento en que constate la falta de conformidad del bien (artículo 1649 quater, apartado 3, del Código civil belga).
19.
Dado que la demanda fue interpuesta el 12 de marzo de 2012, aproximadamente 17 meses después de la constatación de la falta de conformidad, debería considerarse prescrita la acción del Sr. Ferenschild. (
6
)
20.
El artículo 1649 quater, apartado 3, del Código civil belga, antes citado, dispone in extenso que la acción del consumidor prescribirá en un plazo de un año a partir del momento en que constate la falta de conformidad, sin que este plazo pueda expirar antes de que finalice el plazo de dos años previsto en el apartado 1.
21.
Cabría deducir de ello que la acción ejercitada el 12 de marzo de 2012 no había prescrito todavía. En esta fecha, el plazo de dos años contados a partir de la fecha de entrega no había expirado aún.
22.
Al transponer el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44, el legislador belga estableció, en el artículo 1649 quater, apartado 1, párrafo tercero, del Código civil belga, que las partes de un contrato de compraventa de bienes de segunda mano pueden pactar, respecto a cualquier falta de conformidad, un plazo de garantía inferior a dos años para los bienes de segunda mano, sin que dicho plazo pueda ser en ningún caso inferior a un año.
23.
En el presente asunto, las partes celebraron un acuerdo en tal sentido al pactar que el vendedor respondería de toda falta de conformidad del bien durante un plazo de un año contado a partir del día de entrega.
24.
El órgano jurisdiccional remitente ha señalado que, de conformidad con la interpretación en cuyo espíritu se realizaron los trabajos preparatorios relativos a la transposición de la Directiva 1999/44, si las partes acuerdan un plazo de garantía inferior a dos años (por ejemplo, un año), la referencia al apartado 1 («sin que este plazo pueda expirar antes de que finalice el plazo de dos años previsto en el apartado 1»), efectuada en el artículo 1649 quater, apartado 3, del Código civil belga, debe entenderse en el sentido de que hace referencia a un plazo de un año.
IV. Cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
25.
En estas circunstancias, la Cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Deben interpretarse las disposiciones conjuntas de los artículos [5, apartado 1], y [7, apartado 1, párrafo segundo], de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, en el sentido de que se oponen a una disposición de Derecho nacional interpretada en el sentido de que ésta permite, respecto de los bienes de segunda mano, que el plazo de prescripción de la acción [del] consumidor expire antes de que finalice el plazo de dos años a partir del momento de la entrega del bien no conforme cuando el vendedor y el consumidor hayan acordado un plazo de garantía inferior a dos años?»
26.
La petición de decisión prejudicial fue recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de marzo de 2016.
27.
Han presentado observaciones escritas el Sr. Ferenschild, los Gobiernos belga y austriaco y la Comisión Europea.
V. Análisis
28.
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el artículo 5, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 1999/44 se oponen a unas disposiciones de Derecho nacional interpretadas en el sentido de que permiten, respecto de los bienes de segunda mano, que el plazo de prescripción expire antes de que finalice el plazo de dos años a partir del momento de la entrega del bien, cuando las partes hayan acordado que, respecto a toda falta de conformidad, el plazo de garantía —en principio de dos años a partir del momento de la entrega— se limitará a un año.
29.
Para responder de forma útil al órgano jurisdiccional remitente, ha de optarse entre dos posibilidades.
30.
La primera parte del principio de que el plazo durante el cual el vendedor será responsable de cualquier falta de conformidad, establecido en el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva 1999/44, determina el período durante el cual el «plazo de prescripción» previsto en el artículo 5, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 1999/44 no puede expirar. Limitar el primero de estos plazos equivale así a limitar el segundo.
31.
La segunda posibilidad consiste en esencia en partir del principio de que la norma en virtud de la cual el «plazo de prescripción» de las acciones basadas en una falta de conformidad no puede expirar en ningún caso antes del final de un período de dos años a partir de la entrega del bien es un elemento del modelo mínimo de protección de los consumidores resultante de la Directiva 1999/44, incluso en la medida en que afecta a los bienes de segunda mano. Por consiguiente, aun cuando las partes acuerden que el vendedor debe responder —en el caso de los bienes de segunda mano— de toda falta de conformidad comprobada durante el año que sigue a la fecha de la entrega, ello no significa que el plazo de prescripción pueda expirar antes del final de un período de dos años a partir de dicha fecha.
A. Sobre la admisibilidad de la cuestión prejudicial
32.
Antes de proseguir, desearía formular algunas observaciones preliminares. En virtud del carácter singular de la falta de conformidad de que supuestamente adolecía el vehículo del Sr. Ferenschild, es lícito albergar dudas de que el presente asunto quede comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 1999/44. Si bien de la conclusión a la que llegaré más tarde se desprende que estos temores son infundados, las observaciones relativas a esta cuestión pueden ser útiles para el órgano jurisdiccional nacional en el supuesto de que considere que la Directiva, al menos directamente, no regula la situación sobre la que versan los hechos del presente asunto.
33.
El órgano jurisdiccional remitente señala que el Sr. Ferenschild, al intentar eludir la prescripción de la acción, no invocó las disposiciones sobre la responsabilidad por vicios ocultos hasta la reapertura de los debates, como se desprende de la información recogida en la petición de decisión prejudicial.
34.
En determinados sistemas jurídicos, incluido el Derecho belga, además de la responsabilidad por falta de conformidad en el sentido del artículo 3 de la Directiva 1999/44, existe también una responsabilidad por vicios ocultos. (
7
) El órgano jurisdiccional nacional considera no obstante que, aun cuando la acción ejercitada por el Sr. Ferenschild hubiera estado fundada en tal base jurídica, no habría dejado de ser extemporánea.
35.
Ha de dejarse al órgano jurisdiccional nacional la tarea de apreciar los efectos de los actos procesales realizados por la parte interesada sobre la base de las disposiciones procesales nacionales. No obstante, ese tribunal considera que la respuesta del Tribunal de Justicia le será indispensable para resolver el litigio. A mi juicio, por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente estima que la simple invocación de otra base jurídica no ha entrañado una modificación de la acción que excluya la aplicación de las disposiciones que transponen la Directiva. En efecto, el resto de la petición de decisión prejudicial versa únicamente sobre la interpretación de las disposiciones de la Directiva.
36.
Ha de subrayarse asimismo que la Directiva 1999/44 no establece una distinción clara entre la responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de entregar un bien conforme y la responsabilidad por incumplimiento de la obligación de entregar un bien sin vicios ocultos. (
8
) En el marco del modelo adoptado en la Directiva, estas dos categorías son consideradas como supuestos de falta de conformidad en el sentido del artículo 3 de dicha Directiva. (
9
)
37.
Tampoco creo que existan otros motivos que permitan concluir que la remisión prejudicial carece de relevancia a efectos del Derecho de la Unión. Aun suponiendo que la Directiva 1999/44 no verse sobre los vicios jurídicos —y la entrega al comprador de un vehículo acompañado de los documentos que han servido para «maquillar» un vehículo similar pueda considerarse comprendida en este concepto—, la cuestión prejudicial seguiría siendo, en mi opinión, admisible.
38.
En algunos Estados miembros existe, además de los vicios materiales, un caso particular de anomalía que afecta a la cosa vendida, designado con el término «vicio jurídico» (Rechtsmängel). Ocurre, no obstante, que los legisladores no atribuyen efectos normativos a la distinción así establecida, de manera que resulta difícil trazar el límite entre el vicio material y el vicio jurídico. En ocasiones, esta distinción sólo se recoge en la doctrina. En cualquier caso, la producción de un vicio jurídico afecta por regla general a una situación en la que la cosa vendida pertenece a un tercero o está gravada con un derecho en beneficio de un tercero. (
10
)
39.
No estoy convencido de que el presente asunto verse sobre un vicio jurídico así entendido. Además, me pregunto si la Directiva se aplica efectivamente a los vicios jurídicos en el sentido en el que este concepto se ha definido más arriba.
40.
No obstante, comparto la opinión del órgano jurisdiccional remitente según la cual se da en el caso de autos una falta de conformidad del bien en el sentido del artículo 3 de la Directiva 1999/44. La Directiva impone al vendedor la obligación de entregar un bien conforme al contrato, por lo cual habrá de entenderse sobre todo la entrega de un bien en un estado que permita su utilización conforme a su destino. (
11
) La imposibilidad de matricular un vehículo impide en principio que se haga un uso normal de éste.
41.
Sin embargo, aun suponiendo que en el presente asunto el vehículo adolezca de un vicio jurídico, y que tal vicio no quede comprendido en el concepto de «falta de conformidad del bien con el contrato» en el sentido de la Directiva 1999/44, el Tribunal de Justicia debería, de todas formas, declararse competente para responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional. El legislador belga estaba facultado para adoptar las soluciones previstas en la Directiva con el fin de definir los derechos del consumidor, incluidos los casos que no contempla la propia Directiva. La necesidad de garantizar una interpretación uniforme del Derecho de la Unión, cualesquiera que sean las circunstancias en las que éste se aplica, aboga —en virtud de la jurisprudencia inaugurada por el Tribunal de Justicia con la sentencia Dzodzi— (
12
) por la admisibilidad de la presente remisión prejudicial. (
13
)
42.
A la vista de las consideraciones que preceden, estimo que la remisión prejudicial realizada por la Cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons) es admisible, lo cual me permite continuar mi análisis; pero, antes de ello, comenzaré formulando unas observaciones preliminares. Creo que permitirán al Tribunal de Justicia examinar el presente asunto de forma más completa.
B. Observaciones preliminares
43.
Las normas en materia de responsabilidad del vendedor por falta de conformidad del bien, establecidas en la Directiva 1999/44, constituyen un elemento esencial del sistema de protección de los consumidores en el seno de la Unión.
44.
Si bien esta Directiva se basa en el modelo de armonización mínima, ha contribuido a la consecución de un alto nivel de protección de los consumidores en todos los Estados miembros. Ha hecho así posible la concreción de uno de los principales objetivos de la política de la Unión. (
14
)
45.
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 1999/44, en relación con el artículo 2, apartado 1, de esta misma Directiva, es la expresión del principio pacta sunt servanda. En virtud de estas disposiciones, el vendedor responde por toda falta de conformidad del bien con el contrato de compraventa, siempre que esta falta de conformidad exista en el momento de la entrega del bien. La comprobación de un defecto en una fecha posterior no modifica en nada este principio. El momento pertinente a efectos de la apreciación de la existencia de una falta de conformidad sigue siendo la fecha de entrega del bien.
46.
En el marco de las disposiciones relativas a la responsabilidad del vendedor, procede distinguir dos instituciones relativas al transcurso del tiempo: el plazo de garantía aplicable por falta de conformidad y el plazo durante el cual es posible ejercer los derechos basados en la falta de conformidad, también denominado «plazo de prescripción» (Verjährungsfrist, limitation period).
47.
El plazo al que se refiere el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva 1999/44 determina el período durante el cual debe manifestarse la falta de conformidad. La comprobación de tal falta tras la expiración de dicho plazo no genera la responsabilidad del vendedor.
48.
Por otro lado, el plazo de prescripción establecido en el artículo 5, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 1999/44 determina el período durante el cual el consumidor puede ejercer sus derechos frente al vendedor en virtud de la falta de conformidad.
49.
Por consiguiente, las disposiciones que definen el comienzo y el final del plazo de garantía facilitan una respuesta a la cuestión del momento en el que la falta de conformidad debe manifestarse para que el comprador disfrute a este respecto de derechos específicos frente al vendedor. Las normas relativas a los plazos de prescripción establecen el momento en el que, como muy tarde, el consumidor puede ejercer los derechos nacidos durante el plazo de garantía.
C. Diferencias entre los plazos de garantía y los plazos de prescripción en el marco del modelo de protección de los consumidores establecido por la Directiva 1999/44
50.
A la vista de las disposiciones de la Directiva 1999/44, el plazo durante el cual el vendedor es responsable de toda falta de conformidad y el plazo previsto en el artículo 5, apartado 1, segunda frase, de dicha Directiva tienen finalidades diferentes.
51.
El artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva 1999/44 prevé que «el vendedor deberá responder de conformidad con el artículo 3 cuando la falta de conformidad se manifieste dentro de un plazo de dos años a partir de la entrega del bien». (
15
) El artículo 5, apartado 1, segunda frase, establece, por su parte, la norma relativa a los plazos de prescripción: «si, con arreglo a la legislación nacional, los derechos previstos en el apartado 2 del artículo 3 están sujetos a un plazo de prescripción, éste no podrá ser inferior a dos años desde la entrega del bien».
52.
La Directiva 1999/44 exige el establecimiento de un plazo de al menos dos años durante el cual el vendedor será responsable de toda falta de conformidad. Además, deja a los legisladores nacionales la tarea de decidir sobre el plazo en el cual los consumidores pueden ejercer los derechos vinculados a tal defecto, introduciendo plazos de prescripción. La Directiva tampoco interfiere en la duración de estos plazos. No obstante, si se introducen tales plazos, no podrán ser inferiores, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 1999/44, a dos años desde la entrega del bien.
53.
A mi juicio, el propio tenor del artículo 5, apartado 1, segunda frase, de la Directiva apunta a la inexistencia de un vínculo entre estos plazos. Esta disposición no vincula el plazo de prescripción al plazo de garantía establecido en el artículo 5, apartado 1, primera frase, sino a un plazo de dos años a partir de la entrega. El artículo 5, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 1999/44 no remite en modo alguno a la primera frase de esta disposición, que versa sobre el plazo durante el cual el vendedor deberá responder de toda falta de conformidad.
54.
Este argumento queda asimismo corroborado por el considerando 17 de la Directiva, donde se menciona dos veces la duración del plazo de dos años aplicable a los plazos de prescripción: en primer lugar, en un contexto más general, mediante la confirmación de que podrán establecerse dichos plazos en la legislación nacional y, en segundo lugar, mediante una referencia al caso en el que el legislador nacional haya optado por hacer que este plazo comience en un momento distinto del de la entrega del bien.
55.
Soy consciente de que la similitud entre las duraciones mínimas de los plazos de garantía y de prescripción, las cuales, en principio, no pueden ser inferiores a dos años desde la entrega del bien, puede llevar a concluir que existe un vínculo estrecho entre ambas.
56.
No obstante, ha de precisarse que el plazo de dos años durante el cual el vendedor será responsable de toda falta conformidad se deriva de un compromiso dirigido a conciliar los diferentes planteamientos seguidos en este ámbito por cada uno de los Estados miembros. (
16
) Sin embargo, aunque este plazo sea considerablemente más corto que los plazos que cumplen una función análoga en el Derecho de determinados Estados miembros, se ha considerado que bastaría, a la vista del modelo de armonización mínima adoptado, para establecer la protección los consumidores al nivel considerado deseable. (
17
)
57.
La propia duración del plazo de garantía al que hace referencia el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva 1999/44 se inspira en las disposiciones de la Convención de la Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, de 11 de abril de 1980, (
18
) cuyo artículo 39, apartado 2, tiene el siguiente tenor: «En todo caso, el comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al vendedor en un plazo máximo de dos años contados desde la fecha en que las mercaderías se pusieron efectivamente en poder del comprador, a menos que ese plazo sea incompatible con un período de garantía contractual».
58.
El modelo de la convención —en el que se inspiró el legislador de la Unión— no se basa en la premisa según la cual la acción del comprador no puede haber prescrito antes de la expiración del plazo de garantía. (
19
)
59.
Tampoco considero que el legislador de la Unión haya pretendido vincular estos plazos partiendo del principio de que una acción no puede prescribir antes de la cesación de la responsabilidad. Existe un vínculo entre los plazos de garantía y los plazos de prescripción únicamente en la medida en que una acción, para poder prescribir, debe nacer durante el plazo de garantía. En cambio, nada justifica la relación inversa. Las disposiciones de la Directiva tampoco permiten establecerla.
60.
Si se pretende explicar la duración, fijada en la Directiva 1999/44, del período durante el cual la acción no puede prescribir, sólo cabe suponer que se consideró suficiente un plazo de dos años para garantizar a los consumidores un nivel de protección mínimo.
61.
A la vista de las consideraciones que preceden, estoy convencido de que la norma en virtud de la cual la acción de un consumidor por falta de conformidad de un bien con un contrato no puede prescribir antes de la expiración de un plazo de dos años a partir de la entrega del bien es un elemento de la protección de los consumidores garantizada por el Derecho de la Unión.
D. Interpretación del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44 en cuanto disposición que establece una excepción
62.
Tengo la convicción de que el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44, que prevé la posibilidad de limitar el plazo de garantía en el caso de los bienes de segunda mano, no justifica la adopción de una interpretación diferente.
1.
Alcance de la remisión que figura en el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44
63.
La interpretación del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44, que establece que «los Estados miembros podrán disponer que, tratándose de bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán establecer cláusulas o acuerdos contractuales que fijen un plazo de responsabilidad por parte del vendedor menor que el establecido en el apartado 1 del artículo 5» y que «dicho plazo no podrá ser inferior a un año», reviste una importancia crucial para la presente remisión prejudicial.
64.
No obstante, en sus observaciones escritas, la Comisión subraya que la remisión efectuada por el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, al «plazo» fijado en el artículo 5, apartado 1, resulta más bien desafortunada, porque no indica claramente a qué plazo se refiere. Se desconoce si se trata del plazo durante el cual debe manifestarse la falta de conformidad (artículo 5, apartado 1, primera frase) o del plazo de prescripción (artículo 5, apartado 1, segunda frase). (
20
)
65.
En algunas versiones lingüísticas de la Directiva, el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, prevé la posibilidad de fijar un plazo más corto para la responsabilidad del vendedor (liability of the seller, responsabilità del venditore). Las mismas expresiones se utilizan en el artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva en lo relativo al plazo en el que debió manifestarse la falta de conformidad. (
21
) No tengo, pues, ninguna duda acerca de que el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva versa únicamente sobre el plazo de garantía mencionado en el artículo 5, apartado 1, primera frase, y no sobre el plazo de prescripción previsto en el artículo 5, apartado 1, segunda frase.
66.
Este planteamiento resulta igualmente corroborado por el análisis del procedimiento legislativo que dio lugar a la adopción de la Directiva 1999/44. En virtud de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la génesis de una disposición de Derecho de la Unión también puede ofrecer elementos pertinentes para su interpretación. (
22
)
67.
La propuesta de Directiva inicial (
23
) no contenía disposiciones relativas a las operaciones con bienes de segunda mano.
68.
En esta fase, se adoptó un plazo de garantía uniforme de dos años, que se aplicaba al conjunto de los bienes comprendidos en el ámbito de la Directiva.
69.
Con posterioridad a estos trabajos, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) observó que el plazo de garantía de dos años podía ser a veces demasiado largo a la vista del «carácter especial del bien vendido». El CESE propuso que, como excepción al plazo de dos años, las partes pudieran «limitar a un año dicha garantía». (
24
)
70.
Por último, en el marco de una posición común, el Consejo y el Parlamento optaron por un planteamiento conforme a este espíritu al permitir, en cuanto atañe a los bienes de ocasión, limitar contractualmente el plazo previsto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, siempre que dicha posibilidad se prevea en el Derecho nacional. No obstante, este plazo no puede ser inferior a un año (artículo 7, apartado 1, párrafo segundo). Tanto en los trabajos preparatorios (
25
) como en el considerando 16 de la versión definitiva del texto de la Directiva 1999/44, esta excepción está justificada por la naturaleza específica de los bienes de segunda mano («tiene en cuenta sus características especiales»).
71.
Considero que se trata ahí de una referencia a la posición del CESE, que explicó la introducción de una norma análoga por la necesidad de distinguir los plazos de garantía a la vista del carácter específico de determinados bienes. Estoy convencido, pues, de que la norma establecida en el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, trata sobre el plazo de garantía mencionado en el artículo 5, apartado 1, primera frase, en concordancia con las modificaciones iniciadas mediante la propuesta del CESE, que versaban sobre los plazos de garantía («el plazo de […] la garantía»).
72.
A modo de conclusión intermedia, ha de constarse, pues, que en virtud del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44, los legisladores nacionales pueden introducir normas que, al regular la venta de bienes de segunda mano, permitan a las partes limitar a solamente un año el plazo de garantía previsto en el artículo 5, apartado 1, primera frase, de esta Directiva.
2.
Interpretación del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44
73.
A la luz del artículo 5, apartado 1, primera frase, de la Directiva 1999/44, el plazo de dos años durante el cual el vendedor será responsable de la falta de conformidad constituye un elemento fundamental del nivel de protección mínimo de los consumidores garantizado por el Derecho de la Unión. Como se desprende del artículo 7, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva, las partes no podrán limitar este plazo o establecer excepciones al mismo.
74.
Sin embargo, se permite a los Estados miembros, con carácter excepcional, establecer en su Derecho nacional una norma según la cual las partes podrán pactar un plazo de garantía más corto en el caso de los bienes de segunda mano. Con todo, este plazo no podrá ser inferior a un año (artículo 7, apartado 1, párrafo segundo).
75.
Por ello, el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, que permite fijar plazos de garantía más breves por cualquier falta de conformidad, debe ser objeto, en cuanto disposición que establece una excepción, de una interpretación estricta que no puede ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo para el cual se estableció dicha disposición. (
26
)
76.
Dado que, con carácter excepcional, los legisladores nacionales tienen la facultad de autorizar a las partes a pactar plazos de garantía más cortos, no es posible emplear esta facultad de manera que comprenda también la posibilidad de alterar las disposiciones relativas al plazo de prescripción al que hace referencia el artículo 5, apartado 1, segunda frase, de la Directiva. Por consiguiente, el Derecho nacional no puede autorizar a las partes de un contrato de compraventa a excluir la norma en virtud de la cual el plazo de prescripción de los derechos del consumidor no podrá ser inferior a dos años desde la entrega del bien.
77.
Considero que la Directiva también impide la adopción de otras soluciones que produzcan resultados análogos. En particular, la exigencia de una interpretación estricta del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44 se opone a que el momento en el que el plazo de prescripción puede expirar esté vinculado al plazo de garantía, si este último puede ser limitado a un año por las propias partes.
78.
Estas consideraciones me llevan a concluir que el carácter excepcional del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44 se opone a una interpretación de las disposiciones de Derecho nacional que diera lugar a una violación de la norma en virtud de la cual el plazo de prescripción no podrá ser inferior a dos años desde la entrega del bien.
E. Objetivo de la excepción prevista en el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44
79.
A la vista del objetivo perseguido por el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44, no considero que sea necesario interpretar las excepción prevista por esta disposición de un modo diferente, más amplio que el ya expuesto.
1.
Excepción prevista en el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva y el equilibrio contractual
80.
De las observaciones formuladas en los puntos 69 y 70 de las presentes conclusiones se desprende que el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva permite tener en cuenta el carácter específico de los bienes de segunda mano.
81.
A mi juicio, este objetivo es antes de nada el reflejo de un intento de equilibrar los intereses del vendedor y los del comprador de forma que el alcance de la responsabilidad del vendedor no resulte desproporcionado respecto a la naturaleza de los bienes de segunda mano. El análisis del considerando 17 de la Directiva me lleva a concluir que la propia introducción del plazo de garantía de dos años vino motivada por el temor de que los límites de la responsabilidad del vendedor se determinasen de forma excesivamente laxa. Considero que este mismo argumento debió de pesar en la adopción de un enfoque relativo a los bienes de segunda mano que permitiera una limitación más importante de la responsabilidad del vendedor.
82.
Estimo, pues, que el objetivo de la excepción prevista en el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44 no es tanto tener en cuenta el carácter específico de los bienes de segunda mano como permitir a las partes gestionar el riesgo contractual. Se trata de permitir a las partes, pese a la celebración de un contrato sobre bienes de segunda mano, establecer excepciones a determinadas disposiciones de la Directiva. Imponer a las partes la obligación de respetar todas las exigencias establecidas en la Directiva podría constituir un obstáculo al desarrollo del mercado de bienes de segunda mano. El mantenimiento de un alto nivel de protección de los consumidores entraña costes de transacción relativamente elevados, lo cual puede disuadir a las empresas de desarrollar este tipo de actividad. Si dichos costes debieran quedar incluidos en el precio y ser soportados por el consumidor, el mercado de bienes de segunda mano perdería su característica principal, a saber, la capacidad de ofrecer a los consumidores bienes a precios atractivos.
83.
Por consiguiente, sin dejar de velar por el mantenimiento de un alto nivel de protección de los consumidores, no ha de perderse de vista que, para que el mercado interior se desarrolle, debe mantenerse un equilibrio entre los intereses de las partes de un contrato de compraventa. La argumentación expuesta por el Tribunal de Justicia en el marco de su interpretación de las disposiciones de la Directiva 1999/44, en la que reconoce la necesidad de proteger los intereses económicos del vendedor, es conforme a este espíritu. (
27
)
84.
Se plantea la cuestión de si el objetivo del mantenimiento del equilibrio necesario entre los intereses de las partes de un contrato de compraventa justifica un enfoque en virtud del cual la limitación del plazo de garantía implica una reducción del período de dos años durante el cual no puede expirar el plazo de prescripción.
85.
A mi juicio, esta cuestión ha de responderse de forma negativa.
86.
La propia Directiva 1999/44 establece un cierto número de soluciones que traducen la preocupación de mantener el equilibrio contractual. Además del plazo de garantía de dos años aplicable al supuesto de falta de conformidad, mencionado anteriormente, ha de citarse entre éstos —como recordó el Tribunal de Justicia en la sentencia Quelle— (
28
) la facultad, que atribuye el artículo 3, apartado 3, de la Directiva, de negarse a sustituir el bien en el caso de que tal modo de saneamiento imponga al vendedor costes que no sean razonables. En la sentencia Gebr. Weber y Putz, el Tribunal de Justicia completó esta lista indicando que el artículo 4 de la Directiva confiere al vendedor el derecho a entablar una acción de repetición contra el productor, un vendedor anterior o cualquier otro intermediario. (
29
)
87.
Por consiguiente, si bien la Directiva pretende mantener el equilibrio contractual, privar al consumidor de todo derecho es un último recurso que el legislador de la Unión quiere evitar.
88.
El análisis de las disposiciones de la Directiva que versan sobre los bienes de segunda mano permite llegar a conclusiones idénticas.
89.
Así, en la propia Directiva —además de la posibilidad de limitar el plazo de garantía—, veo otros dos ejemplos de soluciones potencialmente pertinentes en cuanto a los bienes de segunda mano.
90.
El considerando 16 de la Directiva 1999/44 subraya que la naturaleza específica de los bienes de segunda mano hace generalmente imposible sustituirlos. En la parte dispositiva de la Directiva, esta idea viene expresada en el artículo 3, apartado 3, en virtud del cual, el vendedor puede rechazar la sustitución del bien si ello resulta imposible.
91.
Además, con arreglo al artículo 5, apartado 3, de la Directiva 1999/44, es posible desvirtuar la presunción en virtud de la cual las faltas de conformidad que se manifiesten en un período de seis meses a partir de la entrega del bien ya existían en esa fecha cuando esta presunción no sea compatible con la naturaleza del bien. Incluso antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva, la doctrina ya había señalado que esta disposición podía aplicarse a los bienes de segunda mano. (
30
) El legislador belga también ha hecho uso de esta posibilidad. El artículo 1649 quater, apartado 4, del Código civil belga establece una condición relativa a la incompatibilidad de la presunción «con la naturaleza del bien» al nivel del Derecho nacional, y añade que, para apreciar esta incompatibilidad, ha de tenerse en cuenta el carácter nuevo o de segunda mano del bien.
92.
En cualquier caso, la toma en consideración del carácter específico de los bienes de segunda mano no busca privar al consumidor de la protección que se le garantiza, sino únicamente limitar el abanico de derechos de que dispone (artículo 3, apartado 3, de la Directiva 1999/44) o la atenuación de la carga de la prueba (artículo 5, apartado 3).
93.
Sin embargo, la adopción de una solución en virtud de la cual la limitación del plazo de garantía implicaría la reducción del período durante el cual plazo de prescripción no puede expirar puede privar al consumidor de todo derecho incluso antes de la expiración de los dos años siguientes a la entrega del bien.
94.
A la vista de las consideraciones que preceden, considero que la necesidad de tomar en cuenta los intereses de las dos partes de un contrato de compraventa no permite establecer una excepción a la norma en virtud de la cual la acción de un consumidor no puede prescribir antes de la expiración de un plazo de dos años a partir de la entrega del bien.
2.
Toma en consideración del carácter específico de los bienes de segunda mano en cuanto objetivo directo de la excepción prevista en el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44
95.
Como ya he indicado, la excepción prevista en el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 1999/44 está dirigida a tener en cuenta el carácter específico de los bienes de segunda mano.
96.
En sus observaciones escritas, el Gobierno austriaco señala que, puesto que la introducción del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva persigue el objetivo que acaba de describirse, ha de ajustarse el período durante el cual los derechos del consumidor no pueden prescribir al plazo de garantía aplicable por falta de conformidad, tal como queda reducido. Al desarrollar este argumento, considera, habida cuenta de la naturaleza de los bienes de segunda mano —que se trata de bienes de los que ya se ha hecho uso— que, por una parte, la probabilidad de que exista una falta de conformidad en el momento de la compra aumenta y que, por otra parte, puede resultar más difícil, con el transcurso del tiempo, probar que tal falta de conformidad existía en ese mismo momento.
97.
No obstante, no creo que estas consideraciones justifiquen el punto de vista según el cual el plazo previsto en el artículo 5, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 1999/44 debe ajustarse al plazo de garantía aplicable por falta de conformidad.
98.
Así, en cuanto atañe a la mayor probabilidad de que se produzca una falta de conformidad, la limitación de la responsabilidad del vendedor de forma que sólo afecte a los vicios manifestados en el plazo de un año a partir de la compra ya tiene suficientemente en cuenta el carácter específico de los bienes de segunda mano. Sin embargo, esta responsabilidad, al menos en el contexto de la mayor probabilidad de que un vicio se manifieste a medida que el tiempo transcurre, no se extiende por el mero hecho de la fijación de plazos de prescripción más largos. En efecto, sólo los derechos que nacen durante el plazo de garantía pueden prescribir. No obstante, la necesidad de despejar la incertidumbre del vendedor sobre si el consumidor decidirá utilizar los derechos de que dispone es una cuestión distinta.
99.
Tampoco me convence el argumento basado en las dificultades de prueba vinculadas al transcurso del tiempo.
100.
El presente asunto trata sobre plazos relativamente breves. Dan fe de ello las circunstancias del procedimiento principal, en el que el plazo de un año a partir de la compra del bien se superó en menos de seis meses. (
31
)
101.
De igual modo, considero que la existencia de obstáculos en materia de prueba como los que señala el Gobierno austriaco no vulnera los intereses del vendedor. Sólo el consumidor se expone, por el hecho del transcurso del tiempo, a dificultades de prueba vinculadas a la demostración de que la falta de conformidad ya existía en el momento de la compra del bien. En cuanto atañe a los bienes de segunda mano, el consumidor puede, pese a todo, enfrentarse a esta clase de dificultades. El hecho de que un bien sea de segunda mano puede significar que el consumidor no podrá basarse en la presunción en virtud de la cual la falta de conformidad existía en el momento de la entrega del bien, aun cuando esta falta se manifestase en un plazo de seis meses a partir de la entrega. (
32
)
102.
Considero, pues, que el objetivo de mantener un equilibrio entre las partes de un contrato de compraventa no justifica la adopción de una interpretación de las disposiciones de la Directiva 1999/44 que supedite la duración del plazo previsto en el artículo 5, apartado 1, segunda frase, de esta Directiva a la duración del plazo mencionado en el artículo 5, apartado 1, primera frase, si este último queda limitado a un año por las propias partes.
103.
A la vista de cuanto precede, estimo que la norma en virtud de la cual el consumidor no puede ser privado de la posibilidad de ejercer los derechos de que dispone frente al vendedor en caso de falta de conformidad del bien con el contrato antes de la expiración de un plazo de dos años a partir de la entrega es un elemento del modelo mínimo de protección de los consumidores resultante de la Directiva 1999/44.
VI. Conclusión
104.
A la luz de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del modo siguiente a la cuestión planteada por la Cour d’appel de Mons (Tribunal de Apelación de Mons, Bélgica):
«De conformidad con el artículo 5, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo, la norma en virtud de la cual el consumidor no puede ser privado de la posibilidad de ejercer los derechos de que dispone frente al vendedor en caso de falta de conformidad del bien con el contrato antes de la expiración de un plazo de dos años a partir de la entrega es un elemento del modelo mínimo de protección de los consumidores garantizado por el Derecho de la Unión, incluido en cuanto atañe a los bienes de segunda mano.»
(
1
)	Lengua original: polaco.
(
2
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO 1999, L 171, p. 12). Esta Directiva fue modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores (DO 2011, L 304, p. 64). No obstante, ésta sólo es aplicable a los contratos celebrados después del 13 de junio de 2014 (artículo 28, apartado 2). Además, las modificaciones introducidas no afectan a las cuestiones que revisten una importancia significativa en el presente procedimiento prejudicial.
(
3
)	Esta nota sólo afecta a la versión polaca de las presentes conclusiones.
(
4
)	Parafraseo aquí las palabras de E. Łętowska, quien subraya que la protección de los consumidores, en su condición de parte más débil de la relación contractual, no puede limitarse a la actividad legislativa. Debe garantizarse asimismo que los consumidores dispongan de un derecho a un recurso efectivo, pues «tener un derecho (teórico) y no poder ejercerlo es una privación incluso mucho más grave (una desesperanza nacida de la impotencia) que no tener tal derecho en absoluto». Łętowska, E., «Wirtualizacja sądowej ochrony słabszych», Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, ed. M. Boratyńska, Varsovia, Wolters Kluwer SA, 2016, p. 73.
(
5
)	Esta ley entró en vigor después de que el Tribunal de Justicia declarase, en su sentencia de 19 de febrero de 2004, Comisión/Bélgica (C‑312/03, EU:C:2004:116), que el Reino de Bélgica había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho de la Unión, al no haber transpuesto la Directiva 1999/44, como muy tarde, el 1 de enero de 2002.
(
6
)	Me gustaría simplemente señalar de paso que, según el punto de vista expresado por el órgano jurisdiccional remitente en la petición de decisión prejudicial, el plazo de garantía de dos años quedó suspendido hasta el 7 de enero de 2011, cuando resultó posible matricular el vehículo. El órgano jurisdiccional nacional señala además que, según el Sr. Ferenschild, este plazo también fue suspendido durante los meses que siguieron a tal fecha, cuando las partes mantuvieron negociaciones sobre la falta de conformidad. El órgano jurisdiccional remitente ha hecho abstracción de estos hechos al formular la cuestión prejudicial y no pretende obtener precisiones relativas al efecto de las circunstancias antes descritas en los plazos de prescripción. La propia Directiva 1999/44 tampoco formula ninguna exigencia detallada en cuanto atañe a la suspensión de los plazos de prescripción. El considerando 18 de dicha Directiva se limita a señalar que «[…] los Estados miembros pueden disponer libremente la suspensión o la interrupción del período durante el cual cualquier falta de conformidad debe ponerse de manifiesto y del plazo de prescripción, cuando éstos sean aplicables y de acuerdo con sus legislaciones nacionales, cuando se trate de reparaciones, sustituciones o negociaciones entre vendedor y consumidor con el fin de llegar a una solución amistosa».
(
7
)	En el marco de la transposición de la Directiva 1999/44, véase Boden, D., «Le retard pris par la Belgique pour transposer la Directive 1999/44/CE “sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation”», Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, vol. 4, 2003‑2004, p. 192; Pinna, A., «La transposition en droit français», European Review of Private Law, vol. 9, n.o 2, 2001, pp. 224 a 231.
(
8
)	Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo, COM(95) 520 final — 96/0161(COD), p. 11.
(
9
)	En cierta medida, los efectos de la adopción de un concepto uniforme de «falta de conformidad del bien con el contrato» se atenúan en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva, a cuyo tenor la falta de conformidad no existirá si en el momento de la celebración del contrato el consumidor tenía conocimiento de esta defecto o no podía fundadamente ignorarlo. Véase Pelet, S., «L’impact de la directive 99/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français», Revue européenne de droit de la consommation, vol. 1, 2000, pp. 49 y 50.
(
10
)	Así, en virtud del artículo 435 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código civil alemán), la cosa está exenta de vicios jurídicos si los terceros no pueden invocar contra el comprador, a propósito de ella, ningún derecho o solamente derechos estipulados en el contrato. El artículo 923 del Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Código civil austriaco) establece, entre las circunstancias que dan lugar a la responsabilidad del vendedor, la venta de una cosa de otro, la ocultación al comprador de información sobre la existencia de derechos que gravan la cosa y formular respecto a este último declaraciones falsas sobre la inexistencia de derechos que graven la cosa. En cuanto atañe a la Sale of Goods Act 1979 (Ley británica de 1979 sobre la venta de bienes), en vigor en el Reino Unido hasta una época reciente, su artículo 12 preveía que el vendedor podía incurrir en responsabilidad si no estaba facultado para disponer del bien (o si no debía tener tal facultad en el momento en el que la propiedad del bien debía transmitirse al comprador), así como si, en el momento de la venta, el bien no estaba exento de cualquier derecho y no lo seguía estando hasta el momento en el que la propiedad del bien debía transmitirse al comprador. Hoy día —al menos en cuanto atañe a los contratos celebrados por consumidores— esta materia se rige de forma análoga por el artículo 17, apartado 2, de la Consumer Rights Act 2015 (Ley británica de 2015 sobre los derechos de los consumidores). En virtud del artículo 5563 del kodeks cywilny (Código civil polaco), el vendedor deberá responder ante el comprador si el bien vendido pertenece a un tercero o si está gravado con un derecho de un tercero. Por último, a tenor del artículo 41 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, adoptada el 11 de abril de 1980, que fue la fuente de inspiración del legislador de la Unión en los trabajos preparatorios de la Directiva 1999/44, como se verá más adelante, «el vendedor deberá entregar las mercaderías libres de cualesquiera derechos o pretensiones de un tercero». Estas disposiciones dieron lugar a normas modelo de Derecho privado europeo (Proyecto de Marco Común de Referencia) que fueron elaboradas recurriendo sobre todo a un enfoque de Derecho comparado. Según el artículo 2:305, primera frase, en relación con el artículo 2:301, letra d), que figura en el libro 4, parte A, de estas reglas, el hecho de que una cosa esté gravada por un derecho o una reclamación razonable de un tercero se considera un supuesto de falta de conformidad del bien («el bien deberá estar libre de cualesquiera derechos o pretensiones razonablemente fundadas de un tercero»). Véanse Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition, Ch. Von Bar, E. Clive, H. Schulte‑Nölke y otros (ed.), Múnich, Sellier European Law Publishers, 2009, p. 282.
(
11
)	Véase el artículo 2, apartado 2, letra c), de la Directiva 1999/44.
(
12
)	Véase la sentencia de 18 de octubre de 1990, Dzodzi (C‑297/88 y C‑197/89, EU:C:1990:360), apartados 38 a 41.
(
13
)	Véanse las sentencias de 17 de julio de 1997, Giloy (C‑130/95, EU:C:1997:372), apartado 28, y de 7 de enero de 2003, BIAO (C‑306/99, EU:C:2003:3), apartados 18 a 20 y 92 a 94.
(
14
)	Véase el considerando 1 de la Directiva 1999/44, en el que se encuentra una referencia al artículo 153 CE, sustituido por el artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y cuya importancia se ve a día de hoy aún más confirmada por el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(
15
)	El subrayado es mío.
(
16
)	Exposición de motivos de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo, COM(95) 520 final — 96/0161(COD), p. 12.
(
17
)	Véase la exposición de motivos de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo, COM(95) 520 final — 96/0161(COD), pp. 9 y 16.
(
18
)	Exposición de motivos de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo, COM(95) 520 final — 96/0161(COD), p. 13. El hecho de que esta convención haya constituido una fuente de inspiración para el legislador de la Unión en el marco los trabajos preparatorios de la Directiva 1999/44 también ha sido puesto de manifiesto por la doctrina. Véase en particular Magnus, U., «The CISG’s Impact on European Legislation», The 1980 Uniform Sales Law: Old Issues Revisited in the Light of Recent Experiences, ed. F. Ferrari, Milán, Sellier European Law Publishers, 2003, pp. 135 a 141; Montfort, C., «À la recherche d’une notion de conformité contractuelle. Étude comparée de la Convention de Vienne, de la Directive 1999/44 et de certaines transpositions nationales», European Review of Private Law, vol. 4, 2006, p. 499.
(
19
)	La convención no regula en modo alguno la prescripción de las acciones basadas en contratos de compraventa internacional de mercaderías. La falta de una disposición relativa a esta cuestión en la convención constituye una «laguna interna», es decir, una laguna para la cual procede buscar una solución en la ley designada por las normas de Derecho internacional privado. Magnus, U., «CISG vs. CESL», CISG vs. Regional Sales Law Unification: With a Focus on the New Common Sales Law, ed. U. Magnus, Múnich, 2012, pp. 112 y 113. En definitiva, la prescripción de las acciones basadas en un contrato comprendido en la convención se rige por las disposiciones del Derecho nacional. No es éste el lugar para exponer las diferentes normas adoptadas en cada uno de los Estados miembros. Ahora bien, no cabe ninguna duda de que se han seguido planteamientos diferenciados a este respecto. La cuestión de la prescripción también ha sido objeto de disposiciones convencionales separadas, recogidas en la Convención sobre la prescripción en materia de compraventa internacional de mercaderías, adoptada en Nueva York el 14 de junio de 1974. No es mi deseo detallar aquí el modo en que dicha convención puede resultar pertinente. En cualquier caso, puede aplicarse, en lugar del Derecho nacional, al examen de la prescripción de las acciones basadas en un contrato comprendido en el ámbito de aplicación de la Convención de 1980. En virtud del artículo 8 de la Convención de 1974, la regla es la de un plazo de prescripción de cuatro años. Esta observación resulta tanto más pertinente cuanto que una de las razones por las que se estableció una excepción a las disposiciones de la Convención de 1980 relativas a la prescripción era el supuesto según el cual, a este respecto, sería posible adaptar las disposiciones de la Convención sobre la prescripción de manera que resultasen complementarias. Kruisinga, S.A., «What consumer and commercial sales law have in common? A comparison of the EC Directive on consumer sales law and the UN Convention on contracts for the international sale of goods», European Review of Private Law, vol. 9, n.o 2, 2001, p. 185.
(
20
)	El artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la versión francesa de la Directiva 1999/44 hace referencia al artículo 5, apartado 1, utilizando el término «délai», el cual se emplea en la segunda frase de esta disposición en la expresión «délai de prescription». De igual modo, en la versión inglesa, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva remite a los plazos («period») establecidos en el artículo 5, apartado 1, en el que la expresión «limitation period» aparece en la segunda frase para designar los plazos de prescripción. La traducción polaca de la Directiva, que, en su artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, hace referencia a los «okresy» establecidos en el artículo 5, apartado 1, tampoco se libra de la ambigüedad a este respecto. En esta última disposición, el término «okres» sólo aparece para designar las normas relativas a los «okresy przedawnienia». En el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la versión española de la Directiva, se hace referencia al artículo 5, apartado 1, por medio de la expresión «plazo de responsabilidad por parte del vendedor menor que el establecido en el apartado 1 del artículo 5», pese a que el mismo término de «plazo» aparece en el artículo 5, apartado 1, para designar los plazos de prescripción («plazo de prescripción»). La versión italiana de la Directiva puede suscitar dudas. En esta versión, el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, hace referencia al artículo 5, apartado 1, utilizando la expresión «periodo di tempo». Ahora bien, este término no aparece en el artículo 5, apartado 1, que versa sobre la responsabilidad del vendedor por toda falta de conformidad que se manifieste en un plazo de dos años a partir de la entrega del bien (artículo 5, apartado 1, primera frase: «il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni») y sobre la producción de los efectos de la prescripción (artículo 5, apartado 1, segunda frase: «prescrizione, questa non può intervenire»). Ha de observarse que, en determinadas versiones lingüísticas, la remisión que figura en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 1999/44 no suscita tales dificultades de interpretación. Así, el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, de la versión lituana de la Directiva hace referencia al plazo de garantía previsto en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva («trumpesnis pardavėjo atsakomybės laikotarpis nei tas, kuris nurodytas 5 straipsnio 1 dalyje»), mientras que el artículo 5, apartado 1, segunda frase, de la versión lituana de la Directiva trata de los plazos de prescripción utilizando la expresión «senaties terminas».
(
21
)	En el caso de la versión alemana de la Directiva, el tenor del artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase, puede proporcionar indicaciones suplementarias. Mientras que el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, primera frase, prevé la posibilidad de limitar el período de garantía que vincula al vendedor, mencionada en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva («der Verkäufer weniger lange haftet als in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehen»), el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase, indica además que la referencia en cuestión remite al plazo de garantía (Haftungsdauer), que no puede ser inferior a un año.
(
22
)	Véase la sentencia de 2 de septiembre de 2015, Surmačs (C‑127/14, EU:C:2015:522), apartado 28.
(
23
)	Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo, COM(95) 520 final — 96/0161(COD), pp. 17 y ss.
(
24
)	Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la venta y las garantías de los bienes de consumo» (DO 1997, C 66, p. 5).
(
25
)	Véase la Posición Común (CE) n.o 51/98, de 24 de septiembre de 1998, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo (DO 1998, C 333, p. 46).
(
26
)	Véase la sentencia de 1 de marzo de 2012, González Alonso (C‑166/11, EU:C:2012:119), apartado 26 y jurisprudencia citada.
(
27
)	Sentencias de 17 de abril de 2008, Quelle (C‑404/06, EU:C:2008:231), apartado 42, y de 16 de junio de 2011, Gebr. Weber y Putz (C‑65/09 y C‑87/09, EU:C:2011:396), apartado 58. Véanse también las conclusiones presentadas por la Abogado General Trstenjak en el asunto Quelle (C‑404/06, EU:C:2007:682), punto 48 y las observaciones que figuran en la nota 32, y las presentadas por el Abogado General Mazák en el asunto Gebr. Weber (C‑65/09, EU:C:2010:274), puntos 30, 85 y 86.
(
28
)	Sentencia de 17 de abril de 2008, Quelle (C‑404/06, EU:C:2008:231), apartado 42.
(
29
)	Sentencia de 16 de junio de 2011, Gebr. Weber y Putz (C‑65/09 y C‑87/09, EU:C:2011:396), apartado 58.
(
30
)	No obstante, se ha subrayado que la renuncia a la presunción establecida en esta disposición podía afectar al tipo de faltas de conformidad que se deriva de la utilización del bien, pero no, como yo creo, a toda falta de conformidad como tal. Staudenmayer, D., «The Directive on the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees — A Milestone in the European Consumer and Private Law», European Review of Private Law, vol. 4, 2000, p. 561.
(
31
)	En el litigio principal que dio lugar a la remisión prejudicial, el demandante entabló una acción el 12 de marzo de 2012, el vehículo fue comprado el 21 de septiembre de 2010 y el vicio se detectó el 22 de septiembre de 2010.
(
32
)	Véase el punto 91 de las presentes conclusiones.