Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. RIMVYDAS NORKUS
presentadas el 15 de enero de 2026 (1)
Asunto C‑657/24
Kyberg Pharma Vertriebs-GmbH
contra
Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania)]
« Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Seguridad alimentaria — Declaraciones de propiedades saludables — Condiciones específicas de uso — Obligaciones de etiquetado — Complemento alimenticio que es objeto de publicidad escrita »
1.        El presente asunto versa sobre la interpretación de las normas en materia de etiquetado y publicidad de los alimentos —en particular, de los complementos alimenticios— que deben respetar los operadores de empresas alimentarias que deseen incluir declaraciones de propiedades saludables en sus productos. Las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente instan al Tribunal de Justicia a determinar, por un lado, si estas normas exigen cumplir las obligaciones en cuanto a la información que debe acompañar a esas declaraciones de propiedades saludables únicamente en el etiquetado de los alimentos y, por otro, si el concepto de «etiquetado» comprende el de «publicidad», y concretamente el de publicidad escrita.
I.      Marco jurídico
2.        Son pertinentes en el presente asunto el considerando 17 y los artículos 2, letra a), 6, apartados 2 y 3, 7, párrafo primero, y 8 de la Directiva 2002/46/CE; (2) el artículo 2, letra a), de la Directiva 2006/114/CE; (3) los considerandos 1 a 4, 9, 10 y 19, y los artículos 1, apartados 1 y 2, y 2, apartados 1, letra d), y 2, puntos 1 y 5, 3 a 7 y 10 a 17 del Reglamento (CE)
n.º 1924/2006; (4) el considerando 10 y los artículos 1, apartados 1 y 2, 2, apartado 1, letra g), 7, último párrafo, 14, apartado 1, y 53, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE)
n.º 1169/2011, (5) y el punto 2 del anexo de la Decisión de Ejecución 2013/63/UE. (6)
II.    Hechos del litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
3.        La sociedad Kyberg Pharma comercializa, en forma de cápsulas compuestas, en particular, de glucomanano (manano de konjac), un complemento alimenticio (en lo sucesivo, «producto en cuestión») en cuyo envase se incluía una declaración que subrayaba la importancia de una alimentación variada y equilibrada y de un modo de vida saludable.
4.        Durante el año 2020, la sociedad Kyberg Pharma difundió en la prensa escrita un anuncio publicitario destinado a promocionar el producto en cuestión, en el que se realizaban, en particular, las declaraciones siguientes: «Perder peso de forma saludable» y «El glucomanano contribuye a la pérdida de peso dentro de una dieta baja en calorías». Las partes del litigio principal están de acuerdo en que dicho anuncio no contenía la declaración indicada en el punto anterior de las presentes conclusiones.
5.        Por considerar que estas declaraciones debían estar acompañadas de la información recogida en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006, la Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV, una asociación profesional de Derecho alemán que tiene por objeto, según sus estatutos, la lucha contra la competencia desleal, presentó una
demanda ante el Landgericht München (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich, Alemania) mediante la que solicitaba, en particular, que se ordenase a Kyberg Pharma, bajo pena de multa coercitiva, que dejase de promocionar, en el ámbito comercial y con fines publicitarios, el producto en cuestión, mediante las declaraciones controvertidas en el litigio principal, sin mencionar, sin embargo, la importancia de una alimentación variada y equilibrada y de un modo de vida saludable.
6.        Contra la sentencia estimatoria del Landgericht München (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich), Kyberg Pharma interpuso recurso de apelación ante el Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich, Alemania), que fue desestimado mediante sentencia de 20 de julio de 2023.
7.        Kyberg Pharma interpuso recurso de casación contra la sentencia del Oberlandesgericht München (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Múnich) ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente.
8.        El órgano jurisdiccional remitente considera que el éxito del recurso de que conoce depende de si el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006 debe interpretarse en el sentido de que Kyberg Pharma cumplió la obligación de información que le incumbe en virtud de dicha disposición al indicar, en el envase del producto en cuestión, la información enunciada en la citada disposición, o de si Kyberg Pharma también estaba obligada a hacer constar esa información en el anuncio publicitario destinado a promocionar su producto.
9.        En tales circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, del Reglamento [n.º 1924/2006] en el sentido de que el concepto de “etiquetado” de un alimento comprende también la publicidad escrita del alimento, de manera que la realización de una declaración de propiedades saludables en ella requiere el cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en dicha disposición?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, del Reglamento [n.º 1924/2006] en el sentido de que al realizar declaraciones de propiedades saludables en la publicidad de un alimento deben cumplirse las obligaciones de información establecidas en dicha disposición en la publicidad del alimento, aun cuando el etiquetado de dicho alimento ya contenga la información requerida?»
10.      La resolución de remisión de 26 de septiembre de 2024 fue recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de octubre de 2024. Han presentado observaciones escritas las partes del litigio principal y la Comisión Europea. Con arreglo al artículo 76, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia ha decidido no celebrar vista oral.
III. Análisis
A.      Observaciones preliminares
11.      Antes de abordar el análisis jurídico, conviene formular algunas observaciones preliminares para permitir una mejor comprensión de las cuestiones planteadas en el presente asunto.
12.      A este respecto, procede señalar que el presente análisis partirá de la premisa adoptada por el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, según la cual el producto de que se trata es un alimento en forma de complemento alimenticio.
13.      En primer lugar, habida cuenta del carácter técnico de la normativa aplicable en el presente asunto, es preciso describir brevemente el marco jurídico pertinente.
14.      De conformidad con su artículo 1, apartado 2, el Reglamento
n.º 1924/2006 se aplica a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables efectuadas en las comunicaciones comerciales de los alimentos que se suministren como tales al consumidor final, incluidos los complementos alimenticios, tal como resulta del artículo 2, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, en relación con el artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/46.
15.      El Reglamento
n.º 1924/2006, que establece normas específicas para el uso de las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en alimentos que se suministren como tales al consumidor final, pretendía, principalmente, complementar la Directiva 2000/13/CE, (7) que contenía disposiciones generales, en particular, en materia de etiquetado. (8) Esta Directiva fue derogada por el Reglamento
n.º 1169/2011, (9) que codificó y simplificó, en un único texto, la legislación en materia de etiquetado de alimentos y, con carácter más general, de información a los consumidores sobre dichos alimentos. (10) Por tanto, en la medida en que las declaraciones a que se refiere el Reglamento
n.º 1924/2006 constituyen información sobre los alimentos, incluidos los complementos alimenticios, dicho Reglamento, como instrumento jurídico complementario, debe interpretarse a la luz del Reglamento
n.º 1169/2011.
16.      A mayor abundamiento, cabe añadir que, habida cuenta de su naturaleza particular, los complementos alimenticios también están sujetos a un régimen jurídico específico, establecido por la Directiva 2002/46. A este respecto, el Reglamento
n.º 1169/2011 dispone, en su artículo 29, apartado 1, letra a), que las normas relativas al contenido de la información nutricional previstas en dicho Reglamento no se aplicarán a los complementos alimenticios. En efecto, tal información debe proporcionarse conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 2002/46. No obstante, estos instrumentos jurídicos se interpretan de forma complementaria, a menos que prevean una excepción expresa relativa a la aplicación de otras normas en materia de etiquetado e información alimentaria. (11)
17.      En segundo lugar, es preciso exponer la naturaleza particular de la información que constituyen las declaraciones de que se trata.
18.      Con carácter general, el artículo 2, apartado 2, punto 1, del Reglamento
n.º 1924/2006 define «declaración» como «cualquier mensaje o representación que no sea obligatorio con arreglo a la legislación comunitaria o nacional, incluida cualquier forma de representación pictórica, gráfica o simbólica, que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento posee unas características específicas». Los elementos que llaman especialmente mi atención al realizar una lectura conjunta de estas definiciones son los siguientes. Una declaración es, ante todo, una información facultativa (o incluso no obligatoria) sobre las características particulares de un alimento. En otras palabras, los operadores de empresas alimentarias proporcionan esta información de manera voluntaria, y no porque así lo exija la legislación de la Unión. (12)
19.      Las declaraciones de propiedades saludables, objeto del presente asunto, se definen en el artículo 2, apartado 2, punto 5, del Reglamento
n.º 1924/2006 como «cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que existe una relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes, y la salud». Según el Tribunal de Justicia, se trata de un concepto amplio. (13)
20.      Dicho esto, y en aras de una mejor comprensión del contexto de las cuestiones planteadas en el presente asunto, me parece especialmente importante otro elemento implícito de las definiciones expuestas, a saber, los fines para los que se utilizan las referidas declaraciones. A este respecto, de los trabajos preparatorios del Reglamento
n.º 1924/2006 se desprende ya que, pese a reconocer el efecto positivo de la evolución de la utilización de las declaraciones en la transmisión de la información al consumidor, el legislador de la Unión tomó en consideración que las declaraciones sirven también como instrumento de comercialización. (14)
21.      Además, muchos autores observan tendencias que no han dejado de intensificarse desde hace varios años, en particular, los considerables esfuerzos realizados por los operadores de empresas alimentarias para llamar la atención de los consumidores sobre sus productos, por sus beneficios para la nutrición o la salud, tratando de diferenciarse de sus competidores e incluso de poner en valor sus innovaciones en materia alimentaria. (15)
22.      A este respecto, el considerando 19 del Reglamento
n.º 1924/2006 reconoce la imagen positiva que pueden conferir a los alimentos las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables, así como el impacto potencial que pueden tener estos alimentos en los hábitos dietéticos y la ingesta total de nutrientes. El Tribunal de Justicia también ha señalado que las declaraciones orientan las decisiones alimentarias de los consumidores. (16)
23.      Así pues, cabe señalar que el Reglamento
n.º 1924/2006 es sobre todo un instrumento jurídico importante para enmarcar el uso, en particular, de las declaraciones de propiedades saludables destinadas a promover los alimentos entre los consumidores. Sin embargo, pese a ser un importante instrumento para la protección de los consumidores, el citado Reglamento también pretende crear unas condiciones de competencia equitativas en la industria alimentaria (17) y, por tanto, equilibrar estos dos objetivos de distinta naturaleza mediante el establecimiento de normas que deben respetarse para poder hacer uso de las citadas declaraciones.
24.      En efecto, para ser autorizadas, las declaraciones a que se refiere el Reglamento
n.º 1924/2006 deben cumplir los requisitos generales establecidos en el capítulo II de dicho Reglamento. Las declaraciones sobre propiedades saludables, que son objeto del presente asunto, deben respetar también las condiciones específicas establecidas en el capítulo IV del mismo Reglamento. (18) El artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006, cuya interpretación solicita el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, forma parte de este último capítulo, que procede analizar a continuación en el examen de las cuestiones prejudiciales planteadas.
B.      Sobre las cuestiones prejudiciales
25.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el alcance del concepto de «etiquetado» de un alimento en el sentido del artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006. Más concretamente, en la medida en que dicho órgano jurisdiccional pregunta si el concepto de «etiquetado» comprende también el de «publicidad» escrita, solicita que se delimiten ambos conceptos en la legislación que regula las declaraciones de propiedades saludables.
26.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el alcance de las obligaciones de información establecidas en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006 y, en particular, si estas obligaciones deben cumplirse en la publicidad cuando ya se cumplen en el etiquetado del alimento de que se trate.
27.      En otras palabras, las cuestiones prejudiciales se refieren al alcance de las obligaciones de información. Procede, por tanto, examinarlas conjuntamente. No obstante, dado que el alcance del concepto de «etiquetado» resulta pertinente una vez que se establezca el de las obligaciones de información previstas en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006, considero oportuno comenzar el presente análisis jurídico examinando el alcance de las obligaciones de información.
1.      Alcance de las obligaciones de información
28.      Del tenor y de la estructura gramatical del artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006 se desprende que este último supedita el cumplimiento de las obligaciones de información en el contexto, en particular, de la publicidad de un alimento a la falta de etiquetado de este último.
29.      En efecto, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006 establece, en la primera parte de la frase, según la cual «solamente se permitirán las declaraciones de propiedades saludables si se incluye la siguiente información en el etiquetado», que el etiquetado debe cumplir las obligaciones de información. Solo a falta de dicho etiquetado las obligaciones de información deben cumplirse en los lugares especificados en la segunda parte de la frase: «o, de no existir este, en la presentación y la publicidad». Por tanto, la idea de supeditar el cumplimiento de las obligaciones de información, en particular en la publicidad del producto alimenticio, a la falta de etiquetado viene introducida por la expresión «de no existir este».
30.      En mi opinión, la presencia, en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006, de la conjunción coordinante «o» ante la expresión «de no existir este» no puede dar lugar a una interpretación según la cual la obligación de incluir información en el etiquetado y, en particular, en la publicidad tenga carácter alternativo, a menos que se prive de todo sentido lógico a esta última expresión. En efecto, habida cuenta de la expresión «de no existir este» que la sigue, esta conjunción coordinante debe considerarse exclusiva, de modo que el artículo se refiere a la inclusión de la información a que se hace referencia en el mismo artículo 10, apartado 2, ya sea en la presentación o en la publicidad. (19)
31.      Dicho esto, he de señalar, al igual que el órgano jurisdiccional remitente, que las versiones lingüísticas del artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006 presentan diferencias en el uso de las conjunciones coordinantes en la segunda parte de la frase. Así, la versión en lengua francesa («la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci») utiliza la conjunción coordinante «o» entre los términos «presentación» y «publicidad», lo que da a entender que los operadores de empresas alimentarias disponen de cierto margen de apreciación para cumplir las obligaciones de información cuando un alimento no lleva etiquetado. Por consiguiente, la información prevista en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006 debería incluirse bien en la presentación, bien en la publicidad de dicho alimento.
32.      En cambio, las versiones en lengua alemana («die Aufmachung der Lebensmittel und die Lebensmittelwerbung»), inglesa («the presentation and
advertising»), española («en la presentación y la publicidad») y lituana («pateikime ir
reklamoje»), en particular, (20) emplean la conjunción coordinante «y» entre los términos «presentación» y «publicidad». Esta conjunción sugiere, por tanto, que, a falta de etiquetado en el que se incluyan las declaraciones preceptivas, estas deben figurar tanto en la presentación como en la publicidad.
33.      Si bien es cierto que debe admitirse que la diferencia lingüística es evidente, no resulta determinante, puesto que, con independencia de la versión lingüística del artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006, del tenor de la primera parte de la frase se desprende que las obligaciones de información en caso de que se formulen declaraciones de propiedades saludables deben cumplirse prioritariamente en el etiquetado del alimento. En cambio, si no existe tal etiquetado, estas obligaciones deben cumplirse, en particular, en la publicidad del alimento, de conformidad con la segunda parte de la frase de dicha disposición. El empleo de las conjunciones coordinantes «y» u «o» antes del término «publicidad» en las distintas versiones lingüísticas no influye en el hecho de que dicho término está incluido en la segunda parte de la frase, que solo debe tenerse en cuenta cuando un alimento no dispone de etiquetado. Pues bien, consta que, en el asunto principal, el producto en cuestión lleva un etiquetado que contiene la declaración obligatoria que indica la importancia de una alimentación variada y equilibrada y de un modo de vida saludable. En efecto, solo se reprocha al fabricante que esta declaración no se incluya en la publicidad del producto, a que se refiere la segunda parte de la frase de la disposición citada.
34.      En cualquier caso, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición, ni se le puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. Las disposiciones del Derecho de la Unión deben ser interpretadas y aplicadas de modo uniforme a la luz de las versiones en todas las lenguas de la Unión. En caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición de Derecho de la Unión, esta debe interpretarse en función del contexto y de la finalidad de la normativa en que se integra. (21) Pues bien, en mi opinión, el contexto y la finalidad del Reglamento
n.º 1924/2006 confirman la interpretación literal del artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento, según la cual las obligaciones de información deben cumplirse,
ante todo, en el etiquetado de los alimentos y, únicamente a falta de este, en particular, en la publicidad de ese alimento.
35.      En lo tocante al contexto en el que se inscriben las obligaciones de información previstas en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006, procede señalar lo siguiente.
36.      Es cierto, como observa el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, que el considerando 4 del Reglamento
n.º 1924/2006 señala que este Reglamento «debe aplicarse a todas las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables efectuadas en las comunicaciones comerciales, incluidas entre otras las campañas publicitarias colectivas y las campañas de promoción, tales como las patrocinadas, total o parcialmente, por las autoridades públicas». A este respecto, cabe añadir que el artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento establece asimismo que su ámbito de aplicación comprende «las comunicaciones comerciales, [efectuadas] ya sea en el etiquetado, la presentación o la publicidad de los alimentos».
37.      Sin embargo, como resulta de las referidas disposiciones del Reglamento
n.º 1924/2006, estas se refieren a las declaraciones de propiedades saludables como tales. De ello no puede deducirse que las normas relativas a la información que debe acompañar a tales declaraciones estén sujetas al mismo régimen. En efecto, como se indica en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento, para ser autorizadas, las declaraciones de propiedades saludables deben ajustarse a los requisitos generales del capítulo II, titulado «Principios generales», y a los requisitos específicos del capítulo IV, relativo a las «declaraciones de propiedades saludables». En particular, esas declaraciones deben ser autorizadas de conformidad con el citado Reglamento e incluidas en las listas de declaraciones autorizadas previstas en los artículos 13 y 14 relativos, respectivamente, a las «declaraciones de propiedades saludables distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad» y a las «declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad». Dicho de otro modo, se trata de condiciones vinculadas a las propias declaraciones de propiedades saludables, pero no a la información que debe acompañarlas ni, sobre todo, al lugar en el que debe incluirse obligatoriamente tal información. Así pues, a mi juicio, aquí es donde radica la diferencia entre, por un lado, las normas específicas establecidas en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento
n.º 1924/2006, relativas a las propias declaraciones de propiedades saludables, y, por otro, las normas específicas aplicables a la información que debe acompañar a esas declaraciones para que puedan ser autorizadas, previstas en el artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento.
38.      Además, el artículo 10, apartado 4, del Reglamento
n.º 1924/2006 contempla expresamente la posibilidad de adoptar directrices para la aplicación de dicho artículo. En consecuencia, considero que la Decisión de Ejecución 2013/63 constituye un elemento importante para la interpretación contextual del artículo 10, apartado
2, del Reglamento
n.º 1924/2006.
39.      Pues bien, el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/63
recoge expresamente que el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006 exige que se indique la información obligatoria en el etiquetado del producto alimenticio respecto del que se hace una declaración de propiedades saludables. Cuando no exista «etiquetado», esa información deberá figurar en la publicidad y la presentación de los productos alimenticios. (22) En efecto, esto se explica a la luz de los objetivos perseguidos tanto por el propio Reglamento
n.º 1924/2006 como por otros instrumentos jurídicos relativos al etiquetado de los alimentos, entre ellos, en particular, el Reglamento
n.º 1169/2011, que el Reglamento
n.º 1924/2006 completa. Estos instrumentos jurídicos aseguran un funcionamiento correcto del mercado interior, al tiempo que garantizan un alto nivel de protección de los consumidores mediante la puesta a su disposición de la información alimentaria necesaria para que puedan tomar decisiones de compra informadas. (23)
40.      El órgano jurisdiccional remitente duda que pueda alcanzarse el objetivo de un alto nivel de protección por lo que respecta, en particular, a los alimentos comercializados en línea, a menos que su publicidad incluya la información obligatoria.
41.      A este respecto, he de señalar que el Reglamento
n.º 1924/2006 no contiene disposiciones relativas a la autorización de declaraciones de propiedades saludables en los alimentos en función del lugar en el que se vendan, esto es, en un punto de venta físico o a distancia. En efecto, las normas en materia de autorización se aplican en función de la información proporcionada, a saber, cada vez que se efectúe, en una comunicación de carácter comercial relativa a un alimento, una declaración nutricional o de propiedades saludables y cuando dicho alimento esté destinado como tal al consumidor final. (24) Por lo demás, para que el consumidor pueda tomar una decisión alimentaria con pleno conocimiento de causa, lo importante es que la información obligatoria se ponga a su disposición antes de que se realice la compra.
42.      Así pues, es en este sentido en el que deben interpretarse, en particular, las normas relativas a la puesta a disposición y a la ubicación de la información obligatoria y las relativas a la venta a distancia, contempladas en los artículos 12 y 14 del Reglamento
n.º 1169/2011, que se mencionan en el apartado 2.1, letra b), del anexo de la Decisión de Ejecución 2013/63. En particular, el artículo 12 del Reglamento
n.º 1169/2011 establece el principio según el cual el consumidor debe disponer en todo caso de la información obligatoria sobre un alimento antes de tomar su decisión. Con arreglo al artículo 14 de dicho Reglamento, en el caso de las ventas a distancia, esta información deberá figurar en el soporte de la venta a distancia o facilitarse a través de otros medios apropiados determinados por el operador de empresas alimentarias. Este régimen especial se aplica también a la venta a distancia de alimentos respecto de los cuales se hayan efectuado declaraciones de propiedades saludables.
43.      En este contexto, el apartado 2.1, letra b), del anexo de la Decisión de Ejecución 2013/63 precisa que, si durante la venta a distancia de alimentos en los que se incluyen declaraciones de propiedades saludables el acceso al etiquetado está limitado, (25) tal información deberá incluirse también en la presentación y la publicidad de los alimentos. Sin embargo, de las disposiciones expuestas se desprende claramente que estas se refieren al supuesto específico de una venta a distancia, que no puede extenderse por defecto a toda venta de alimentos provistos de declaraciones de propiedades saludables. Por tanto, no puede modificar el régimen general de obligaciones de información previsto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006.
44.      Cabe recordar que los consumidores tienen interés por la relación entre la alimentación y la salud, y por la elección de una dieta adecuada a las necesidades individuales. (26) A este respecto, procede considerar que el etiquetado constituye un importante medio de información al consumidor. Ciertamente, un etiquetado «adecuado puede orientar a los consumidores hacia la dirección adecuada para adoptar una dieta sana y facilitar que elijan de forma positiva» (27) para su salud. Así pues, para garantizar un alto nivel de protección del consumidor en el ámbito de la alimentación, el etiquetado debe servir, según el legislador de la Unión, para facilitar al consumidor la información esencial relativa a los alimentos. (28) En efecto, la publicidad solo interviene en un segundo plano, para paliar la inexistencia de etiquetado y de la información esencial sobre el alimento que debe incluirse en dicho etiquetado antes de la compra.
45.      El cumplimiento de las obligaciones de información en el etiquetado y, solo de no existir este, en particular, en la publicidad, se explica también desde un punto de vista práctico. Aunque la publicidad puede realizarse en los puntos de venta de los alimentos y, por tanto, con cierta proximidad a estos, (29) por lo general no se percibe como un medio de transmisión de información a proximidad de los alimentos. Es cierto que la publicidad tiene por objeto llamar la atención sobre el producto en cuestión, pero también se concibe como una herramienta destinada a influir en las actitudes de los consumidores y en sus decisiones incluso antes de que se encuentren ante el propio alimento. Siguiendo esta misma lógica de permitir que la publicidad alcance su finalidad de promover la compra, y de conformidad con el objetivo del Reglamento
n.º 1924/2006, que no solo pretende garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, sino también preservar el funcionamiento eficaz del mercado interior, me parece perfectamente concebible que los operadores de empresas alimentarias queden dispensados del cumplimiento de las obligaciones de información previstas en el artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento en la publicidad, dado que la información requerida figura en el etiquetado que, en principio, se ubica cerca del alimento. (30)
46.      Considero, por tanto, que las obligaciones de información previstas en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006 deben cumplirse en el etiquetado de los alimentos y únicamente a falta de tal etiquetado, en particular, en la publicidad de los alimentos.
47.      Una vez establecido el alcance de las obligaciones de información recogidas en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006, procede analizar a continuación si el concepto de «etiquetado» de los alimentos, en el sentido de dicho artículo, comprende el de «publicidad», y concretamente el de publicidad escrita, de modo que el cumplimiento de las obligaciones en el etiquetado presupone que la información prevista en ese artículo se incluya también en la referida publicidad.
2.      Delimitación de los conceptos de «etiquetado» y de «publicidad»
48.      A este respecto, debe observarse que el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006, que, como indica su título, establece las condiciones específicas relativas al uso de las declaraciones de propiedades saludables, no define los conceptos de «etiquetado» y de «publicidad». Según dicho artículo, que enumera las condiciones que deben concurrir para que se autoricen las declaraciones de propiedades saludables, tales declaraciones no se autorizarán a menos que la información que se enumera en dicho artículo se incluya en el etiquetado o, de no existir este, en particular, en la publicidad. Así pues, el empleo de la expresión «de no existir» denota la existencia de una relación de subsidiariedad entre los conceptos mencionados. (31)
49.      Por tanto, el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006 debe interpretarse en relación con el artículo 2, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento. Esta disposición remite a la definición del término «etiquetado» establecida en la Directiva 2000/13, que en la actualidad debe entenderse hecha a la definición que figura en el Reglamento
n.º 1169/2011. Conforme a esta definición, el etiquetado se refiere a «las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un alimento y que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho alimento». (32) Se trata de una definición amplia, que engloba un amplio abanico de elementos visuales que pueden proporcionar información sobre un alimento y cuya presencia en diversos soportes de información, ya acompañen o se refieran al alimento, constituye un requisito para la calificación de este a efectos del artículo 2, apartado 1, letra d), del Reglamento
n.º 1924/2006, en relación con el artículo 2, letra j), del Reglamento
n.º 1169/2011.
50.      En cambio, el Reglamento
n.º 1924/2006 no contiene ninguna definición de «publicidad», ni se remite a la definición de dicho término contenida en otro instrumento jurídico. No obstante, en la medida en que el citado Reglamento completa el Reglamento
n.º 1169/2011, considero que el concepto de «publicidad» al que este último hace referencia constituye un elemento de la interpretación literal del artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006. (33)
51.      A tenor
del artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento
n.º 1169/2011, la definición de «publicidad» a la que procede remitirse en lo que atañe a las normas sobre la información alimentaria facilitada al consumidor es la que figura en la Directiva 2006/114, a saber, «toda forma de comunicación realizada en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, los derechos y las obligaciones». (34) A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que, teniendo en cuenta esta definición especialmente amplia, la publicidad puede presentarse bajo muy variadas formas y que, por lo tanto, en modo alguno se limita a las formas de publicidad clásica. (35)
52.      Dicho esto, la cuestión que se plantea es si, habida cuenta de
la amplitud de las definiciones de «etiquetado» y de «publicidad», existe una posibilidad de solapamiento parcial entre al menos una forma de publicidad —a saber, la publicidad escrita— y el etiquetado. A este respecto, considero que la interpretación literal del artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento y con el artículo 2, apartado 1, letra g), del Reglamento
n.º 1169/2011, milita en contra de tal conclusión. En efecto, procede señalar, por un lado, que la definición del concepto de «publicidad», evocada en el punto anterior, engloba todas las formas de comunicación, entre las que se encuentra, en particular, la publicidad escrita. En otras palabras, no hay nada en el tenor de los citados artículos que sugiera que una forma específica de publicidad pueda ser tratada de manera diferente a las demás, por ejemplo, debido a su posible solapamiento con otras definiciones dadas por dicho Reglamento.
53.      Por otro lado, considerar que la publicidad escrita está comprendida en el concepto de «etiquetado» tendría como resultado no tener en cuenta los elementos esenciales de las definiciones de ambos conceptos. En efecto, la definición legal del etiquetado hace hincapié en la naturaleza de distintos elementos relacionados con un alimento y en el lugar en el que figuran. La definición legal de «publicidad», por su parte, subraya la importancia de la finalidad promocional.
54.      Además, el contexto en el que se enmarca el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006 y los objetivos perseguidos por este Reglamento abogan también a favor de una respuesta negativa en cuanto a la existencia de un posible solapamiento entre los conceptos de que se trata.
55.      Por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006, este confirma la existencia de una delimitación entre los conceptos de «etiquetado» y de «publicidad». En efecto, del conjunto de dicho Reglamento se desprende que este distingue, en particular, los conceptos de «etiquetado» y de «publicidad». Aun cuando el citado Reglamento no define «publicidad» pero sí contiene una remisión al concepto de «etiquetado», utiliza ambos conceptos de manera diferenciada en varios artículos. En efecto, el artículo 1 del Reglamento
n.º 1924/2006, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», establece expresamente, en su apartado 2, que el Reglamento se aplicará «a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables efectuadas en las comunicaciones comerciales, ya sea en el etiquetado, la presentación o la publicidad de los alimentos». El artículo 3 de dicho Reglamento, que se refiere a los «principios generales para todas las declaraciones», también recoge estos tres conceptos de forma diferenciada, al enunciar que las declaraciones de propiedades saludables «podrán utilizarse en el etiquetado, la presentación y la publicidad de alimentos comercializados en la Comunidad solamente si se ajustan a las disposiciones del presente Reglamento». Además, en la medida en que el Reglamento
n.º 1924/2006 completa el Reglamento
n.º 1169/2011, el hecho de que este último defina los conceptos de «etiquetado» y de «publicidad» de manera diferenciada demuestra, en mi opinión, que estos tienen un ámbito de aplicación diferente. (36)
56.      Considero, además, que la Decisión de Ejecución 2013/63, mediante la cual la Comisión adoptó directrices para la aplicación de las condiciones específicas relativas a las declaraciones de propiedades saludables establecidas en el artículo 10 del Reglamento
n.º 1924/2006 (37) aporta elementos útiles para la reflexión. En particular, el apartado 2 de su anexo, relativo a la «información obligatoria que debe acompañar a las declaraciones de propiedades saludables autorizadas», establece una diferencia entre los conceptos de «etiquetado» y de «publicidad» en razón de sus finalidades. En efecto, según este apartado del anexo, el etiquetado tiene por objeto informar al consumidor final, mientras que la publicidad se refiere a la promoción de la venta de alimentos por el operador de la empresa alimentaria.
57.      De lo anterior se desprende que el etiquetado se refiere a la información sobre el alimento dirigida al consumidor para que este pueda tomar una decisión informada al comprarlo. Dicho de otro modo, tiene por objeto poner a disposición del consumidor información esencial sobre el alimento para que este pueda tomar su decisión alimentaria con conocimiento de causa. (38)
58.      En cambio, en lo concerniente a la publicidad, esta tiene por objeto promover la venta del alimento e incitar a la compra. A este respecto, procede señalar que la publicidad del alimento puede presentarse en formas muy variadas en función, en particular, de su soporte de difusión, (39) del mensaje transmitido, (40) del público al que se dirige y del objetivo consistente, en esencia, en promover el alimento, suscitar interés en una oferta e incitar a los consumidores a comprar. Ciertamente, no es posible excluir que, a la vista de esta variedad de formas de publicidad, pueda existir una cierta relación entre el etiquetado y la publicidad, en particular por lo que respecta a la información comunicada y a la forma en que se transmite a los consumidores. Sin embargo, del contexto expuesto anteriormente se desprende claramente que estos conceptos responden a dos lógicas diferentes de comunicación de la información: una informativa y otra promocional. Por consiguiente, aproximar ambos conceptos sobre la base de la información utilizada (la información relativa al alimento) y la forma de transmisión de dicha información (en el presente asunto, en un soporte escrito) sería, en mi opinión, artificial.
59.      Esta conclusión también me parece conforme con el objetivo del Reglamento
n.º 1924/2006, un objetivo que es, por otra parte, transversal, perseguido no solo por dicho Reglamento, cuya interpretación se solicita en el presente asunto, sino también por otros instrumentos jurídicos que el citado Reglamento completa, en particular, el Reglamento
n.º 1169/2011. (41)
60.      Como establece su artículo 1, apartado 1, en relación con su considerando 1, el Reglamento
n.º 1924/2006 tiene por objeto garantizar un funcionamiento eficaz del mercado interior a la vez que se proporciona un elevado nivel de protección de los consumidores y se les facilita elegir entre los diferentes alimentos al comercializar productos seguros que poseen un etiquetado adecuado. Además, según la jurisprudencia, la protección de la salud es uno de los principales objetivos de dicho Reglamento. (42) Este objetivo debe interpretarse, a mi juicio, en el sentido de que persigue garantizar que el consumidor sea protegido, en el presente asunto, frente a declaraciones sobre propiedades saludables inexactas, sin base científica o incluso engañosas, en la medida en que puedan influir en los hábitos alimentarios y en las cantidades totales de nutrientes absorbidas por el consumidor. (43) Sin embargo, dicho objetivo no puede extender el ámbito de aplicación de las normas relativas al etiquetado a las relativas a la publicidad, a menos que no se respete la voluntad del legislador de la Unión de delimitar ambos conceptos. En efecto, es evidente que, si el legislador de la Unión hubiera considerado que estos dos conceptos se solapaban, aunque solo fuera en lo que respecta al etiquetado y a la publicidad escrita, habría tenido la precaución de designarlos de la misma manera y no de forma diferenciada, como hace en el Reglamento
n.º 1924/2006.
61.      Por otra parte, procede recordar que el objetivo del Reglamento
n.º 1924/2006 se compone de dos elementos, a saber, garantizar un funcionamiento eficaz del mercado interior a la vez que se proporciona un elevado nivel de protección de los consumidores. (44) Pues bien, considero que extender el alcance del concepto de «etiquetado» al de «publicidad» escrita podría eclipsar, o incluso socavar, el primero de ellos. (45) Con carácter más general, podría generar inseguridad jurídica, o incluso conducir a un resultado absurdo: si la publicidad escrita estuviera comprendida en el concepto de «etiquetado», ¿sería igualmente cierto lo contrario, de modo que el etiquetado estaría comprendido en el concepto de «publicidad»? En particular, ¿por qué habría de ser el concepto de «etiquetado» el que englobase el de «publicidad» y no este último el que incluyera el primero? (46) Esto constituye, en mi opinión, una razón más para considerar que este solapamiento sería artificial, o incluso que instrumentalizaría las normas previstas por el Reglamento
n.º 1924/2006.
62.      Por consiguiente, considero que el concepto de «etiquetado» no comprende el de «publicidad», cualquiera que sea la forma de esta, en el sentido del artículo 10, apartado 2, en relación con el artículo 2, apartado 1, letra d), del Reglamento
n.º 1924/2006 y el artículo 2, apartado
1, letra g), del Reglamento
n.º 1169/2011.
63.      Por todas estas razones, propongo responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 10, apartado 2, del Reglamento
n.º 1924/2006 debe interpretarse en el sentido de que impone el cumplimiento de las obligaciones de información en el etiquetado de los alimentos. El concepto de «etiquetado» a que se refiere dicho artículo no engloba el de «publicidad», cualquiera que sea la forma de esta. A falta de etiquetado, las obligaciones de información deben cumplirse, en particular, en la publicidad de los alimentos.
IV.    Conclusión
A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania):
«El artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE)
n.º 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, en su versión modificada por el Reglamento (UE)
n.º 1047/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012
debe interpretarse en el sentido de que
impone el cumplimiento de las obligaciones de información en el etiquetado de los alimentos. El concepto de “etiquetado” a que se refiere dicho artículo no engloba el de “publicidad”, cualquiera que sea la forma de esta. A falta de etiquetado, las obligaciones de información deben cumplirse, en particular, en la publicidad de los alimentos.»
1      Lengua original: francés.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (DO 2002, L 183, p. 51).
3      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO 2006, L 376, p. 21).
4      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO 2006, L 404, p. 9; corrección de errores en DO 2007, L 12, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.º 1047/2012 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2012 (DO 2012, L 310, p. 36).
5      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión (DO 2011, L 304, p. 18), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015 (DO 2015, L 327, p. 1).
6      Decisión de Ejecución de la Comisión, de 24 de enero de 2013, por la que se adoptan directrices para la aplicación de las condiciones específicas relativas a las declaraciones de propiedades saludables establecidas en el artículo 10 del Reglamento (CE) n.º 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2013, L 22, p. 25).
7      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (DO 2000, L 109, p. 29).
8      Considerando 3 del Reglamento n.º 1924/2006.
9      Por consiguiente, toda referencia hecha en el Reglamento n.º 1924/2006 a la Directiva 2000/13 debe considerarse una referencia al Reglamento n.º 1169/2011, de conformidad con el artículo 53 de este último Reglamento.
10      Artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 1169/2011.
11      A este respecto, el considerando 17 de la Directiva 2002/46 precisa que esta se limita a establecer las disposiciones adicionales necesarias, puesto que las disposiciones generales y las definiciones se recogen en la Directiva 2000/13 (actualmente, en el Reglamento n.º 1169/2011).
12      No obstante, la inclusión de tal información facultativa hace obligatoria la indicación de otra información, como prevé el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.º 1924/2006.
13      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Deutsches Weintor (C‑544/10, en lo sucesivo, «sentencia Deutsches Weintor», EU:C:2012:526), apartados 35 y 36.
14      Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos [COM(2003) 424 final], apartado 9.
15      Véase, en este sentido, Nihoul, P., Van Nieuwenhuyze, Ellen: «L’étiquetage des denrées alimentaires: une pondération réussie entre intérêts contradictoires?», Journal de droit européen, 2012, n.º 192, pp. 237 a 243. Más recientemente, véase asimismo el Informe especial 23/2024 del Tribunal de Cuentas, adoptado el 28 de noviembre de 2024, relativo al «Etiquetado de los alimentos en la UE — Los consumidores pueden perderse en el laberinto de etiquetas» (DO 2024, C 7194, p. 1), en particular los apartados 7 y 47, que declaran la evolución constante de las prácticas de etiquetado de las empresas del sector alimentario que buscan nuevas formas de atraer a los consumidores.
16      Sentencia Deutsches Weintor, apartado 37.
17      Considerando 2 del Reglamento n.º 1924/2006.
18      En el presente asunto, no me parece necesario realizar una descripción detallada de estas condiciones generales y específicas, distintas de las contempladas en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.º 1924/2006.
19      Me parece que esta interpretación también puede verse confirmada por otras versiones lingüísticas, por ejemplo, las versiones en lengua inglesa [«health claims shall only be permitted if the following information is included in the labelling, or if no such labelling exists, in the presentation and advertising […]»] o incluso lituana [«teiginiai apie sveikatingumą leidžiami tik tuo atveju, jei toliau nurodyta informacija yra pateikta etiketėje, o jei etiketės nėra — pateikime ir reklamoje […]»].
20      El subrayado es mío.
21      Véase la sentencia de 12 de septiembre de 2019, A y otros (C‑347/17, EU:C:2019:720), apartado 38 y jurisprudencia citada.
22      Apartado 2.1., letras a)
y b), del anexo de la Decisión de Ejecución 2013/63.
23      Artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1924/2006 y artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1169/2011.
24      Artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 1924/2006.
25      A este respecto, cabe señalar que, ciertamente, la formulación de la versión en lengua francesa es un tanto ambigua, en la medida en que utiliza la expresión «le consommateur ayant difficilement accès à l’“étiquetage”». No obstante, las demás versiones lingüísticas de ese apartado 2.1., letra b), del anexo de la Decisión de Ejecución 2013/63 permiten confirmar que la información obligatoria prevista en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.º 1924/2006 debe comunicarse en otros soportes cuando el acceso al etiquetado está limitado [véanse, por ejemplo, las versiones en lenguas inglesa («mandatory information shall be available to the consumer before purchase and in the cases of distance selling where access to the ‘labelling’ is restricted, mandatory information must be included in the presentation and advertising of the food, in the material supporting the distance selling whether this is a website, a catalogue, a leaflet, a letter, etc.»), española («la información obligatoria estará a disposición del consumidor antes de que se realice la compra y, en el caso de las ventas a distancia en las que el acceso al “etiquetado” está limitado, la información obligatoria deberá incluirse, en la presentación y la publicidad de los alimentos, en el soporte de la venta a distancia, ya se trate de un sitio web, de un catálogo, de un folleto, de una carta, etc.») y lituana («privaloma informacija pateikiama vartotojui prieš perkant, o tais nuotolinės Prekybos atvejais, kai prieiga prie «ženklinimo» yra ribota, privaloma informacija turi būti nurodyta «pateikime» bei «reklamoje» ir informacinėje medžiagoje, Kuria naudojamasi prekiaujant nuotoliniu būdu, kaip antai, tinklalapyje, kataloge, informaciniame lapelyje, rašte ir t. t»).
26      Considerando 10 del Reglamento n.º 1169/2011.
27      COM(2006) 0368 final.
28      Artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 1169/2011.
29      A modo de ejemplo, me refiero, entre otros, a los carteles publicitarios ubicados a la entrada de los supermercados o a los catálogos distribuidos en dichos supermercados.
30      Sin perjuicio de la facultad de los operadores de empresas alimentarias de incluir esta información en la publicidad, pese a no estar obligados a ello.
31      Véase, por analogía, la sentencia de 7 de julio de 2016, Ambisig (C‑46/15, EU:C:2016:530), apartado 33.
32      Artículo 2, apartado 2, letra j), del Reglamento n.º 1169/2011.
33      A mi juicio, esta conclusión se impone por razones de seguridad jurídica y de coherencia en materia de etiquetado de los alimentos.
34      Artículo 2, letra a), de la Directiva 2006/114.
35      Sentencia de 11 de julio de 2013, Belgian Electronic Sorting Technology (C‑657/11, EU:C:2013:516), apartado 35.
36      Es preciso añadir que la distinción entre los conceptos de «etiquetado» y de «publicidad» parece poderse deducir, de manera indirecta, ya de la Directiva 2000/13, que el Reglamento n.º 1924/2006 complementaba antes de que fuera derogada por el Reglamento n.º 1169/2011. En efecto, dicha Directiva distinguía las normas aplicables a cada uno de estos conceptos (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2004, Douwe Egberts, C‑239/02, EU:C:2004:445, apartado 34).
37      Véanse el considerando 37 y el artículo 10, apartado 4, del Reglamento n.º 1924/2006.
38      Sin perjuicio del hecho de que el etiquetado también puede contener información no esencial. Me refiero a información facultativa —como, por ejemplo, las declaraciones de propiedades saludables— que, como se ha expuesto anteriormente, informa, en efecto, al consumidor, pero tiene como objetivo principal llamar su atención y, en última instancia, incitarle a comprar. Por esta última razón, la inclusión de dicha información en el etiquetado de un alimento no solo debe estar respaldada por datos científicos [véase el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 1924/2006], sino que también debe acompañarse, habida cuenta de su finalidad promocional, de la información complementaria prevista en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.º 1924/2006, con vistas a proteger al consumidor contra la información engañosa e infundada.
39      Por ejemplo, publicidad escrita en anuncios de periódicos o carteles, publicidad audiovisual en televisión o radio, o publicidad digital, como la que suele realizarse en las redes sociales.
40      Por ejemplo, en función del tono y de la intención del mensaje, que pueden ser de carácter informativo, relativos a las características del producto; persuasivos, destinados a destacar las ventajas del producto y convencer al consumidor para que compre; o incluso emocionales, dirigidos a suscitar emociones que puedan influir en la compra.
41      Con arreglo al artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1169/2011, este tiene por objeto garantizar un alto nivel de protección de los consumidores en relación con la información alimentaria, teniendo en cuenta las diferencias en la percepción de los consumidores y sus necesidades de información, al mismo tiempo que se asegura un funcionamiento correcto del mercado interior.
42      Sentencia de 30 de enero de 2020, Dr. Willmar Schwabe, C‑524/18, EU:C:2020:60, apartados 35 y 55 y jurisprudencia citada.
43      Considerandos 14 y 19 del Reglamento n.º 1924/2006.
44      Artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1924/2006.
45      A este respecto, la publicidad constituye sin duda un medio para abrir oportunidades comerciales en el mercado interior de bienes y servicios que tanto los consumidores como los profesionales deben tener la posibilidad de aprovechar al máximo. Pues bien, obligar a un operador de empresas alimentarias a abandonar una técnica publicitaria que considere particularmente eficaz, en este caso la inclusión de una única declaración de propiedades saludables, debido a un solapamiento entre los conceptos de «etiquetado» y de «publicidad», impediría tales oportunidades y, por consiguiente, menoscabaría el funcionamiento eficaz del mercado interior.
46      Además, ¿tendrían entonces los operadores de empresas alimentarias la posibilidad de elegir el régimen jurídico aplicable? ¿Qué consecuencias podría tener tal solapamiento en el resto de instrumentos jurídicos que usan las mismas definiciones? Estos son solo algunos ejemplos de las dificultades prácticas que entrañaría admitir el solapamiento entre los conceptos de «etiquetado» y de «publicidad» escrita.