62022TO0628
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
de 21 de junio de 2023 (
*1
)
«Recurso de anulación — Medio ambiente — Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 — Taxonomía — Actividades económicas relacionadas con el gas fósil y con la energía nuclear — Inclusión en las actividades económicas sostenibles — Miembro del Parlamento Europeo — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad»
En el asunto T‑628/22,
René Repasi, con domicilio en Karlsruhe (Alemania), representado por los Sres. H.‑G. Kamann y D. Fouquet, abogados, y por los Sres. F. Kainer y M. Nettesheim, profesores,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por los Sres. F. Erlbacher, A. Nijenhuis y G. von Rintelen, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
integrado por la Sra. M. J. Costeira, Presidenta, y el Sr. P. Zilgalvis (Ponente) y la Sra. E. Tichy-Fisslberger, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, el demandante, el Sr. René Repasi, solicita la anulación del Reglamento Delegado (UE) 2022/1214 de la Comisión, de 9 de marzo de 2022, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 en lo que respecta a las actividades económicas en determinados sectores energéticos y el Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 en lo que respecta a la divulgación pública de información específica sobre esas actividades económicas (DO 2022, L 188, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»).
Antecedentes del litigio
2
El 18 de junio de 2020, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO 2020, L 198, p. 13), que establece los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión.
3
El artículo 3 del Reglamento 2020/852 fija una serie de criterios aplicables a las actividades económicas medioambientalmente sostenibles considerando seis objetivos medioambientales determinados en el artículo 9 de este Reglamento.
4
El artículo 4 del Reglamento 2020/852 prevé que los Estados miembros y la Unión Europea apliquen los criterios enumerados en el artículo 3 de dicho Reglamento para determinar si una actividad económica tiene la consideración de medioambientalmente sostenible, a efectos de cualesquiera medidas que establezcan requisitos para los participantes en los mercados financieros o para los emisores con respecto a los productos financieros o las emisiones de renta fija privada que se ofrezcan como medioambientalmente sostenibles.
5
De conformidad con el artículo 9 del Reglamento 2020/852, son objetivos medioambientales la mitigación del cambio climático, la adaptación a este cambio, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.
6
Asimismo, a tenor del considerando 41 del Reglamento 2020/852:
«Además de la utilización de energía sin efectos sobre el clima y de más inversiones en actividades y sectores económicos que ya sean de bajas emisiones de carbono, la transición necesita reducciones importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero en otras actividades y sectores económicos para los que no existan alternativas ni tecnológica ni económicamente viables de bajas emisiones de carbono. Debe considerarse que las actividades económicas de transición cuyas emisiones de gases de efecto invernadero sean muy inferiores a las de la media del sector o la industria, que no obstaculicen el desarrollo y la implantación de alternativas de bajas emisiones de carbono y que no conlleven la retención de activos incompatibles con el objetivo de neutralidad climática, teniendo en cuenta la vida económica de dichos activos, contribuyen de forma sustancial a la mitigación del cambio climático. Los criterios técnicos de selección aplicables a dichas actividades económicas de transición deben garantizar que las actividades transitorias tengan una trayectoria creíble hacia la neutralidad climática, y deben ajustarse en consecuencia a intervalos regulares.»
7
Por lo que respecta a estas actividades económicas de transición, el artículo 10, apartado 3, del Reglamento 2020/852 dispone que la Comisión Europea adoptará un acto delegado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de este Reglamento, por un lado, con el fin de establecer criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático y, por otro lado, para establecer criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo medioambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección causa un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.
8
El 4 de junio de 2021, la Comisión adoptó el Reglamento Delegado (UE) 2021/2139, por el que se completa el Reglamento 2020/852 y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales (DO 2021, L 442, p. 1).
9
El Reglamento Delegado 2021/2139 establece una serie de criterios técnicos de selección que abarcan diversos sectores y actividades económicos capaces de contribuir a los objetivos de mitigación del cambio climático y de adaptación a él. Prevé, para cada una de esas actividades, criterios técnicos de selección, cuantitativos o cualitativos, para determinar si la actividad clasificada contribuye sustancialmente a los objetivos de mitigación del cambio climático y de adaptación a él y si no causa un perjuicio significativo a los demás objetivos contemplados en el Reglamento 2020/852.
10
El 9 de marzo de 2022, la Comisión adoptó el Reglamento impugnado, que tiene por objeto, en particular, establecer criterios técnicos de selección para incluir determinadas actividades de los sectores de la energía nuclear y del gas en el ámbito de las actividades de transición en el sentido del artículo 10, apartado 2, del Reglamento 2020/852.
11
El demandante es diputado al Parlamento Europeo.
Pretensiones de las partes
12
El demandante solicita esencialmente al Tribunal General que:
–
Anule el Reglamento impugnado.
–
Condene en costas a la Comisión.
13
La Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Declare el recurso inadmisible.
–
Condene en costas al demandante.
14
En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, el demandante solicita que esta se desestime.
Fundamentos de Derecho
15
En virtud del artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, si la parte demandada lo solicita, el Tribunal General puede decidir sobre la excepción de inadmisibilidad sin entrar en el fondo del asunto. Con arreglo al artículo 130, apartado 6, de dicho Reglamento, el Tribunal General puede decidir abrir la fase oral del procedimiento sobre esa solicitud.
16
En el presente asunto, el Tribunal General estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente y decide que no procede abrir la fase oral del procedimiento.
17
La Comisión sostiene que el Reglamento impugnado no afecta directamente al demandante.
18
La Comisión alega, en esencia, que reconocer un derecho de recurso al demandante sería contrario al equilibrio institucional, al principio democrático de la adopción de decisiones por mayoría y a la exclusión de la acción popular.
19
La Comisión añade que el principio del derecho a la tutela judicial efectiva y el respeto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros no pueden invocarse en apoyo del reconocimiento de un derecho de recurso del demandante para alegar la vulneración de prerrogativas del Parlamento.
20
El demandante mantiene, en esencia, que el estatuto jurídico de miembro del Parlamento le confiere, en virtud del Derecho de la Unión y del principio de democracia representativa, derechos de voto y de iniciativa, un derecho a participar en un procedimiento legislativo regular, derechos procedimentales a que se cumplan las disposiciones en materia de competencia y de procedimiento y un derecho a defender las atribuciones democráticas del Parlamento.
21
El demandante subraya que, en contra de lo que afirma la Comisión, reconocerle legitimación activa como diputado conduciría a proteger el equilibrio institucional garantizando un derecho de recurso para controlar que la elección del procedimiento de adopción de un acto no contravenga los derechos de los diputados, sin que ello suponga admitir la acción popular.
22
El demandante arguye así esencialmente que, al adoptar el Reglamento impugnado, la Comisión se extralimitó en su potestad de adopción de actos delegados que se le atribuye en virtud del artículo 290 TFUE, de modo que el Reglamento impugnado quebrantó la competencia legislativa del Parlamento y, por tanto, los derechos del demandante como miembro de este. El demandante deduce de ello que debe considerarse que el Reglamento impugnado lo afecta directa e individualmente.
23
A este respecto, se ha de recordar que la admisibilidad de un recurso interpuesto por una persona física o jurídica contra un acto del que no es destinataria, con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, está subordinada al requisito de que se le reconozca la legitimación activa, lo que ocurre en dos supuestos. Por una parte, puede interponer tal recurso a condición de que dicho acto la afecte directa e individualmente. Por otra parte, puede interponer un recurso contra un acto reglamentario que no incluya medidas de ejecución si este la afecta directamente (sentencias de 19 de diciembre de 2013, Telefónica/Comisión, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, apartado 19, y de 13 de marzo de 2018, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, apartado 39).
24
El requisito de que el acto objeto de recurso afecte directamente a una persona física o jurídica, como se establece en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, exige que se reúnan dos criterios acumuladamente, a saber, que la medida impugnada, por un lado, surta efectos directamente en la situación jurídica del particular y, por otro, no deje ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener esta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de mayo de 1998, Glencore Grain/Comisión, C‑404/96 P, EU:C:1998:196, apartado 41, y de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci, C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, apartado 42).
25
Ha de recordarse asimismo que, de conformidad con el artículo 289 TFUE, el procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión (véase la sentencia de 14 de abril de 2015, Consejo/Comisión, C‑409/13, EU:C:2015:217, apartado 69).
26
Además, del artículo 290 TFUE, apartado 1, se desprende que un acto legislativo puede delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. Según el párrafo segundo de esta disposición, el acto legislativo que confiere la delegación delimitará de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación de poderes. Esta exigencia implica que la atribución de un poder delegado tiene como objeto la adopción de normas que se encuadran dentro del marco normativo definido por el acto legislativo de base (sentencia de 17 de marzo de 2016, Parlamento/Comisión, C‑286/14, EU:C:2016:183, apartado 30).
27
La posibilidad de delegar poderes que prevé el artículo 290 TFUE tiene como finalidad permitir al legislador concentrar su esfuerzo en la regulación de los elementos esenciales de la legislación, así como de los elementos no esenciales sobre los que considere oportuno legislar, al mismo tiempo que confía a la Comisión la labor de «completar» determinados elementos no esenciales del acto legislativo adoptado o incluso de «modificar» tales elementos dentro del marco de la delegación que le ha sido conferida (sentencia de 17 de marzo de 2016, Parlamento/Comisión, C‑286/14, EU:C:2016:183, apartado 54).
28
De ello resulta que las normas esenciales de la materia de que se trate deben adoptarse en la normativa de base y no pueden ser objeto de delegación (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de septiembre de 2012, Parlamento/Consejo, C‑355/10, EU:C:2012:516, apartado 64, y de 10 de septiembre de 2015, Parlamento/Consejo, C‑363/14, EU:C:2015:579, apartado 46).
29
Por otra parte, un poder delegado debe respetar, en cualquier caso, los elementos esenciales del acto habilitante y debe encuadrarse dentro del marco normativo definido por el acto legislativo de base (sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, apartado 53).
30
A este respecto, se ha de recordar que, ciertamente, de la jurisprudencia resulta que un acto del Parlamento que afecte a las condiciones de ejercicio de las funciones parlamentarias de sus miembros es un acto que afecta directamente a la situación jurídica de estos (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de junio de 2004, Front national/Parlamento, C‑486/01 P, EU:C:2004:394, apartado 35, y de 2 de octubre de 2001, Martinez y otros/Parlamento, T‑222/99, T‑327/99 y T‑329/99, EU:T:2001:242, apartados 60 a 65).
31
Sin embargo, esta jurisprudencia se refiere a las medidas de organización internas del Parlamento que afectan directamente a sus miembros y no es extrapolable al caso de autos, en el que los derechos invocados por el demandante, como miembro del Parlamento, tan solo podrían verse afectados de forma indirecta por el quebrantamiento de la competencia legislativa del Parlamento que se alega.
32
Aun suponiendo que, al adoptar el Reglamento impugnado, la Comisión se extralimitara en la potestad de adopción de actos delegados que se le atribuye en virtud del artículo 290 TFUE, los derechos del demandante mencionados en el anterior apartado 20 tan solo se verían afectados de forma indirecta por tal quebrantamiento de la competencia legislativa del Parlamento. En efecto, el haz de derechos del demandante asociado al ejercicio de la competencia legislativa del Parlamento solo puede ejercerse en el marco de los procedimientos internos del Parlamento.
33
Por tanto, contrariamente a lo que sostiene el demandante, no puede considerarse que un quebrantamiento de las prerrogativas del Parlamento afectaría directamente a la situación jurídica de sus miembros en el sentido de la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 24.
34
En consecuencia, el derecho a participar en un procedimiento legislativo regular, a la observancia de las disposiciones en materia de competencia y de procedimiento y a defender las atribuciones democráticas del Parlamento, así como los derechos de voto, de iniciativa y de participación para ejercer influencia política, que invoca el demandante, no pueden considerarse directamente afectados por la adopción del Reglamento impugnado.
35
El principio de democracia representativa y el principio del Estado de Derecho, invocados por el demandante, no desvirtúan esta conclusión. En efecto, como se desprende del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, el Parlamento dispone de derecho a interponer recurso contra los actos del Derecho de la Unión, de modo que el respeto de estos principios está garantizado por el sistema de vías de recurso establecido en los Tratados.
36
Por el mismo motivo, no cabe admitir la interpretación del demandante según la cual debe considerarse que los actos que afectan a normas de competencia o disposiciones fundamentales del procedimiento legislativo o los actos constitutivos de desviación de poder afectan directamente a los miembros del Parlamento.
37
Por último, como las alegaciones del demandante relativas al equilibrio institucional o al derecho a la protección jurídica de la minoría no permiten demostrar que el Reglamento impugnado afecte directamente a su propia situación jurídica, también deben desestimarse.
38
En caso de que la argumentación del demandante haya de entenderse en el sentido de que insta al Tribunal General a reconocer a los miembros del Parlamento un derecho de recurso específico, desligado de los requisitos del artículo 263 TFUE y destinado a defender las atribuciones democráticas del Parlamento y a constituir un instrumento de oposición sobre el fondo, basta con señalar que el Tratado FUE no contempla tal recurso y que no corresponde al Tribunal General crear tipos de recurso que no se contemplen en los Tratados (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, apartado 45).
39
En consecuencia, el recurso es inadmisible.
40
En estas circunstancias, procede sobreseer la demanda de intervención presentada por la República Francesa, de conformidad con el artículo 142, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
Costas
41
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que vea desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
42
Al haberse desestimado las pretensiones del demandante, procede condenarlo en costas, conforme a lo solicitado por la Comisión.
43
En virtud del artículo 144, apartado 10, del Reglamento de Procedimiento, la República Francesa cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
resuelve:
1)
Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2)
Sobreseer la demanda de intervención presentada por la República Francesa.
3)
El demandante cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.
4)
La República Francesa cargará con sus propias costas.
Dictado en Luxemburgo, a 21 de junio de 2023.
El Secretario
V. Di Bucci
La Presidenta
M. J. Costeira
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.