61994C0095
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GEORGIOS COSMAS
presentadas el 11 de mayo de 1995 (
*1
)
1.
Mediante el presente recurso, interpuesto con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido su obligación de adaptar el ordenamiento jurídico nacional a la Directiva 89/667/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, Duodécima Directiva en materia de Derecho de sociedades, relativa a las Sociedades de Responsabilidad Limitada de Socio Unico (en lo sucesivo, «Directiva»). (
1
)
2.
El artículo 8 de la Directiva establece lo siguiente:
«1.
Los Estados miembros adoptarán, antes del 1 de enero de 1992, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. Informarán de ello a la Comisión.
2.
[...]
3.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.»
3.
Después de expirar el plazo arriba indicado, el 20 de mayo de 1992 la Comisión dirigió al Gobierno español un escrito de requerimiento en el que llamaba su atención sobre el hecho de que hasta entonces no habían sido comunicadas las medidas de adaptación del ordenamiento jurídico nacional ni había sido transmitida ninguna otra información al respecto; asimismo, pedía al Gobierno español que presentara sus observaciones en el plazo de dos meses a partir de la fecha de recepción de dicho escrito.
4.
El 15 de abril de 1993, la Comisión emitió un dictamen motivado en el que instó al Reino de España a adoptar, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de su recepción, las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva.
5.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de marzo de 1994, la Comisión interpuso el presente recurso.
6.
En su escrito de contestación a la demanda, el Reino de España no niega no haber adoptado las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva. Aduce, sin embargo, lo siguiente:
i)
Desde 1989 se viene trabajando en una reforma global del régimen jurídico de las Sociedades de Responsabilidad Limitada, conforme a la citada Directiva comunitaria.
ii)
Estos trabajos no prosperaron debido a la convocatoria de elecciones generales el 6 de junio de 1993.
iii)
Después de las elecciones, se remitió a las Cortes Generales un Proyecto de Ley cuyo Capítulo XI reproduce la totalidad de las disposiciones de la Directiva.
7.
El 6 de abril de 1995, después de finalizar la fase escrita, el Gobierno español envió al Tribunal de Justicia el texto de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, «de Sociedades de Responsabilidad Limitada» (Boletín Oficial del Estado no 71, de 24 de marzo de 1995), alegando que esta Ley reproduce las disposiciones de la Directiva.
8.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas o situaciones de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y los plazos que resultan del Tratado CE y de las directivas comunitarias. (
2
)
9.
Por otra parte, es evidente que la Ley 2/1995, que fue publicada después de terminar la fase escrita, no puede ser tenida en cuenta a efectos de la presente fase. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en los recursos interpuestos con arreglo al artículo 169 del Tratado, la fecha determinante es aquella en la que expira el plazo impartido, en su dictamen motivado, por la Comisión al Estado miembro interesado para atenerse a este dictamen. (
3
) Los cambios legislativos adoptados por los Estados después de finalizar dicho plazo no pueden ser tomados en consideración. (
4
)
10.
Habida cuenta de lo anterior, puesto que el Reino de España no ha adaptado su ordenamiento jurídico nacional a la Directiva, ha incurrido en el incumplimiento invocado por la Comisión.
11.
En su introducción, el escrito de interposición del recurso parece referirse también a que el Reino de España no comunicó a la Comisión la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva. Aun cuando fuera posible considerar, interpretando dicha demanda, que la Comisión solicita que se declare también este último incumplimiento, el examen de esta pretensión sería innecesario, puesto que, en cualquier caso, el Reino de España no ha adoptado las medidas necesarias dentro del plazo fijado. (
5
)
Conclusión
Por consiguiente, propongo que el Tribunal de Justicia:
«1)
Declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE al no adoptar, dentro del plazo fijado, las disposiciones legales, reglamentarías y administrativas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico español a la Directiva 89/667/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, en materia de Derecho de sociedades, relativa a las Sociedades de Responsabilidad Limitada de Socio Unico.
2)
Condene en costas al Reino de España.»
(
*1
)	Lengua original: griego.
(
1
)	DO L 395, p. 40.
(
2
)	Véanse las sentencias de 28 de septiembre de 1994, Comisión/Bélgica (C-65/94, Rec. p. I-4627); de 15 de diciembre dc 1994, Comisión/España (C-94/94, Rec. p. I-5777); de 19 de enero de 1995, Comisión/Bélgica (C-66/94, Rec. p. I-149); dc 23 de marzo dc 1995, Comisión/Grecia (C-365/93, Rec. p. I-499), y de 6 de abril de 1995, Comisión/España (C-147/94, Rec. p. I-1015).
(
3
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 18 de mayo dc 1994, Comisión/Luxcmburgo (C-118/92, Rec. p. I-1891), apartador
(
4
)	Véanse las sentencias de 30 de mayo de 1991, Comisión/Alemania (C-361/88, Rec. p. I-2567), apartado 31; Comisión/Alemania (C-59/89, Rec. p. I-2607), apartado 35; dc 18 dc mimo dc 1992, Comisión/Grecia (C-29/90, Rec. p. I-1971), apartado 12, y dc 2 dc diciembre dI 1992, Comisión/Irlanda (C-280/89, Rec. p. I-6185), apartado 7.
(
5
)	Véase, de modo indicativo, la sentencia de 18 de mayo de 1994, Comisión/Italia (C-303/93, Rec. p. I-1901), apartado 6, y las citadas sentencias de 23 de marzo de 1995, Comisión/Grecia, apartado 12, y de 6 de abril de 1995, Comisión/España, apartado 7.