62021TJ0509
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada)
de 4 de septiembre de 2024 (
*1
)
«Normativa financiera de la Unión Europea — Ejecución del presupuesto de la Unión en régimen de gestión indirecta por una organización internacional — Decisión por la que se deniega a una persona jurídica el reconocimiento del estatuto de organización internacional — Recurso de anulación — Regularidad del poder otorgado a los abogados del demandante — Admisibilidad — Decisión adoptada en ejecución de una sentencia del Tribunal de Justicia — Artículo 266 TFUE — Fuerza de cosa juzgada — Principio de buena administración — Seguridad jurídica — Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 — Artículo 58 — Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 — Artículo 43 — Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 — Artículo 156 — Conceptos de “organización internacional” y de “acuerdo internacional” — Errores de Derecho — Error manifiesto de apreciación — Responsabilidad extracontractual»
En el asunto T‑509/21,
International Management Group (IMG), con sede en Bruselas (Bélgica), representado por la Sra. L. Levi y el Sr. J.‑Y. de Cara, abogados,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por los Sres. J. Baquero Cruz y J.‑F. Brakeland y por las Sras. S. Delaude y L. Puccio, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada),
integrado por el Sr. L. Truchot (Ponente), Presidente, y el Sr. H. Kanninen, la Sra. R. Frendo, el Sr. M. Sampol Pucurull y la Sra. T. Perišin, Jueces;
Secretario: Sr. L. Ramette, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular la decisión de 11 de enero de 2022 de suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia adoptase la resolución que pusiera fin al proceso en el asunto que dio lugar a la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión (C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722);
celebrada la vista el 22 de noviembre de 2023;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso, el demandante, International Management Group (IMG), solicita, por una parte, sobre la base del artículo 263 TFUE, la anulación de la decisión de 8 de junio de 2021 por la que la Comisión Europea le denegó, con efecto retroactivo desde el 16 de diciembre de 2014, el reconocimiento del estatuto de organización internacional previsto por la normativa financiera de la Unión Europea para la ejecución de los fondos de la Unión conforme al régimen de gestión indirecta (en lo sucesivo, «decisión impugnada») y, por otra parte, sobre la base del artículo 268 TFUE, la reparación de los perjuicios material y moral que alega haber sufrido.
I. Antecedentes del litigio
A. Antecedentes administrativos
2
El demandante, inicialmente denominado International Management Group — Infrastructure for Bosnia and Herzegovina (IMG-IBH), cuya sede principal se encuentra ahora en Belgrado (Serbia), se creó el 25 de noviembre de 1994 con el objetivo de que los Estados y las organizaciones internacionales participantes en la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina pudieran disponer de una entidad dedicada a tal fin. Desde entonces, fue ampliando progresivamente sus actividades en los ámbitos de la reconstrucción y el desarrollo.
3
El 7 de noviembre de 2013, la Comisión adoptó, sobre la base del artículo 84 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento n.o 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1), la Decisión de Ejecución C(2013) 7682 final, relativa al programa de acción anual de 2013 en favor de Myanmar/Birmania con financiación a cargo del presupuesto general de la Unión. Esta decisión preveía, en particular, un programa de desarrollo del comercio cuyo coste, estimado en 10 millones de euros, debía ser financiado por la Unión y cuya puesta en marcha debía realizarse en régimen de gestión conjunta con el demandante.
4
El 17 de febrero de 2014, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) informó a la Comisión de la apertura de una investigación relativa al estatuto jurídico del demandante. El 15 de diciembre de 2014, la Comisión recibió el informe elaborado por la OLAF al término de su investigación (en lo sucesivo, «informe de la OLAF»), junto con una serie de recomendaciones. En ese informe, la OLAF consideró, en esencia, que el demandante no era una organización internacional, en el sentido del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO 2002, L 248, p. 1), y del Reglamento n.o 966/2012. Además, la OLAF recomendó a la Comisión que impusiera sanciones al demandante y que procediera a la recuperación de los importes que le había abonado en tal condición.
5
El 16 de diciembre de 2014, la Comisión decidió delegar la ejecución, en régimen de gestión indirecta, del programa de desarrollo del comercio previsto en la Decisión de Ejecución C(2013) 7682 final, mencionada en el apartado 3 anterior, a una organización distinta del demandante (en lo sucesivo, «decisión de 16 de diciembre de 2014»).
6
Por último, el 8 de mayo de 2015, la Comisión remitió al demandante un escrito que tenía por objeto informarle del curso que pretendía dar al informe de la OLAF, en el que le indicaba que, si bien se abstenía de aplicar la mayor parte de las recomendaciones de la OLAF, había decidido, en particular, que, hasta que existiera una certeza absoluta acerca de su estatuto de organización internacional, sus servicios no celebrarían con él ningún nuevo convenio de delegación conforme al régimen de gestión indirecta previsto en el Reglamento n.o 966/2012 (en lo sucesivo, «decisión de 8 de mayo de 2015»).
B. Antecedentes judiciales
7
Mediante una primera demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 21 de enero de 2015 y registrada con el número T‑29/15, y posteriormente mediante una segunda demanda presentada el 14 de julio de 2015 y registrada con el número T‑381/15, el demandante interpuso un recurso en el que solicitaba, en primer lugar, la anulación de la decisión de 16 de diciembre de 2014 y, en segundo lugar, la anulación de la decisión de 8 de mayo de 2015 y la reparación de los daños causados por esta.
8
Mediante las sentencias de 2 de febrero de 2017, International Management Group/Comisión (T‑29/15, no publicada, EU:T:2017:56), y de 2 de febrero de 2017, IMG/Comisión (T‑381/15, no publicada, EU:T:2017:57), el Tribunal General desestimó los recursos del demandante contra las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015.
9
Mediante dos recursos de casación interpuestos el 11 de abril de 2017 y registrados con los números C‑183/17 P y C‑184/17 P, el demandante solicitó la anulación de las dos sentencias mencionadas en el apartado 8 anterior.
10
Mediante sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), el Tribunal de Justicia, en primer lugar, anuló las dos sentencias mencionadas en el apartado 8 anterior; en segundo lugar, anuló las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015, y, en tercer lugar, devolvió el asunto T‑381/15 al Tribunal General para que se pronunciara sobre la pretensión de reparación del demandante relativa a los daños supuestamente causados por la decisión de 8 de mayo de 2015.
11
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de enero de 2020, el demandante solicitó a dicho Tribunal que interpretara los puntos 1 a 3 del fallo de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78). Mediante auto de 9 de junio de 2020, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P‑INT, EU:C:2020:507), el Tribunal de Justicia declaró la inadmisibilidad manifiesta de esta demanda de interpretación.
C. Medidas administrativas adoptadas a raíz de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P)
12
Mediante escrito de 6 de mayo de 2019, la Comisión instó al demandante, en el marco de la ejecución de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), a presentar determinados documentos para que demostrase que respondía efectivamente a las exigencias requeridas para poder trabajar con ella conforme al régimen de gestión indirecta.
13
Mediante escrito de 25 de junio de 2019, el demandante pidió esencialmente a la Comisión que dejara de cuestionar su estatuto de organización internacional.
14
Mediante escrito de 18 de julio de 2019 (en lo sucesivo, «escrito de 18 de julio de 2019»), la Comisión alegó que la ejecución de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), no exigía «el reconocimiento automático [del demandante] como organización internacional, sino una nueva evaluación de su estatuto jurídico a la luz de la información disponible y de las normas financieras aplicables». Así pues, la Comisión reiteró su solicitud al demandante de que aportara los documentos mencionados en el escrito de 6 de mayo de 2019, a la que se hace referencia en el apartado 12 anterior, y precisó que, en caso de negativa por su parte, se dirigiría directamente a los Estados que el demandante había considerado miembros suyos.
15
El 26 de noviembre de 2019, la Comisión preguntó a Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Canadá, Noruega, Rusia, Suiza y Turquía si consideraban que el demandante era una organización internacional, si eran miembros de dicha organización y si habían firmado un acuerdo internacional o intergubernamental por el que se instituyera al demandante como organización internacional. En caso afirmativo, la Comisión pidió a dichos Estados que le enviaran una copia certificada de dicho acuerdo y la prueba de que sus signatarios tenían plenos poderes para firmarlo, o una copia del instrumento de ratificación de este acuerdo.
16
El 27 de enero y de nuevo el 11 de marzo de 2020, la Comisión reiteró la solicitud de información de 26 de noviembre de 2019, mencionada en el apartado 15 anterior, a Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Austria, Suecia, Reino Unido, Canadá y Turquía.
17
El 25 de mayo de 2020, la Comisión reiteró una vez más la solicitud de información de 26 de noviembre de 2019, mencionada en el apartado 15 anterior, a Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Suecia, Canadá y Turquía, y, posteriormente, el 14 de octubre de 2020, a Alemania y Turquía.
18
Mediante escrito de 19 de febrero de 2021, la Comisión informó al demandante de su intención de adoptar una decisión por la que se le denegaba el reconocimiento del estatuto de organización internacional y le invitó a presentar observaciones.
19
Los días 5 y 30 de marzo de 2021, el demandante presentó observaciones escritas en respuesta al escrito de la Comisión de 19 de febrero de 2021 mencionado en el apartado 18 anterior.
20
El 8 de junio de 2021, la Comisión adoptó la decisión impugnada.
D. Medidas judiciales adoptadas a raíz de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P)
21
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 26 de septiembre de 2019 y registrada con el número T‑645/19, el demandante interpuso un recurso en el que solicitaba, por una parte, la anulación del escrito de 18 de julio de 2019 y, por otra parte, la reparación de los perjuicios material y moral supuestamente causados por dicho escrito.
22
Mediante auto de 9 de septiembre de 2020, IMG/Comisión (T‑645/19, no publicado, EU:T:2020:388), el Tribunal General declaró la inadmisibilidad de este recurso.
23
Además, mediante sentencia de 9 de septiembre de 2020, IMG/Comisión (T‑381/15 RENV, EU:T:2020:406), el Tribunal General desestimó la pretensión del demandante de reparación de los perjuicios supuestamente causados por la decisión de 8 de mayo de 2015.
24
El 19 de noviembre de 2020, el demandante interpuso dos recursos de casación, registrados con los números C‑619/20 P y C‑620/20 P, dirigidos a la anulación del auto y de la sentencia mencionados, respectivamente, en los apartados 22 y 23 anteriores.
II. Hechos posteriores a la interposición del recurso
25
Mediante sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión (C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722), el Tribunal de Justicia, en primer lugar, desestimó el recurso de casación en el asunto C‑619/20 P interpuesto contra el auto mencionado en el apartado 22 anterior; en segundo lugar, anuló parcialmente la sentencia mencionada en el apartado 23 anterior, y, en tercer lugar, devolvió el asunto T‑381/15 RENV al Tribunal General para que se pronunciara sobre la pretensión del demandante de reparación del perjuicio material supuestamente causado por la decisión de 8 de mayo de 2015.
III. Pretensiones de las partes
26
El demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule la decisión impugnada.
–
Condene a la Comisión a abonarle la cantidad de 23671903 euros en concepto de reparación de diversos perjuicios materiales y morales.
–
Condene en costas a la Comisión.
27
La Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas al demandante.
IV. Fundamentos de Derecho
A. Sobre la admisibilidad
28
Corresponde al Tribunal General examinar la cuestión de la regularidad del poder otorgado por el demandante a sus abogados, antes de apreciar la admisibilidad de los anexos A.24 de la demanda y C.1 del escrito de réplica que, según la Comisión, son inadmisibles.
1.
Sobre la cuestión de la regularidad del poder otorgado por el demandante a sus abogados
29
En la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal General sobre el órgano competente del demandante para ejercitar una acción judicial, la Comisión alegó que el poder de 12 de agosto de 2021 otorgado por el demandante a sus abogados, que figura en el anexo A.3 de la demanda, no hacía referencia a una decisión de su Comité Permanente, por lo que cabía dudar de la existencia de dicha decisión.
30
El demandante rebate el fundamento de las alegaciones de la Comisión.
31
A ese respecto, procede recordar que las cuestiones referidas a la admisibilidad del recurso tienen carácter de orden público, por lo que incumbe a los órganos jurisdiccionales de la Unión examinarlas en todo momento, incluso de oficio (véase la sentencia de 21 de septiembre de 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products y otros/Comisión, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, apartado 42 y jurisprudencia citada).
32
En particular, con arreglo al artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es de aplicación al Tribunal General conforme al artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, y al artículo 51, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, las personas jurídicas distintas de los Estados miembros, las instituciones de la Unión, los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), y el Órgano de Vigilancia de la AELC a que se refiere dicho Acuerdo deben comparecer ante los órganos jurisdiccionales de la Unión representadas por un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el citado Acuerdo (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products y otros/Comisión, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, apartado 91).
33
Así pues, en caso de impugnación de la regularidad del poder conferido por una parte a su abogado, dicha parte debe demostrar la regularidad de dicho poder, extremo que corresponde comprobar al Tribunal General (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products y otros/Comisión, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, apartado 93 y jurisprudencia citada).
34
No obstante, aun cuando los órganos jurisdiccionales de la Unión deban exigir que una parte demuestre la regularidad del poder conferido a su abogado en caso de impugnación por otra parte, esa exigencia ha lugar únicamente cuando tal impugnación se basa en indicios suficientemente concretos y precisos (sentencia de 21 de septiembre de 2023, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products y otros/Comisión, C‑478/21 P, EU:C:2023:685, apartado 97).
35
En el presente asunto, en primer lugar, el artículo 18, letra d), de los estatutos del demandante indica, sin más precisiones, que este dispone de la capacidad jurídica necesaria para el desempeño de sus funciones y la consecución de sus objetivos y, en particular, de capacidad procesal.
36
En segundo lugar, al limitarse a señalar en la vista que el poder otorgado por el demandante a sus abogados no hacía referencia a una decisión de su Comité Permanente, la Comisión no basó su impugnación de la regularidad de dicho poder en indicios suficientemente concretos y precisos.
37
Por consiguiente, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad basada en la irregularidad del poder otorgado por el demandante a sus abogados.
2.
Sobre la admisibilidad del anexo A.24 de la demanda
38
En la vista, la Comisión planteó la inadmisibilidad del anexo A.24 de la demanda, en la medida en que incluía el dictamen de su servicio jurídico de 16 de enero de 2015, cuya divulgación no había autorizado.
39
El demandante rebate el fundamento de esta excepción de inadmisibilidad.
40
A este respecto, procede recordar que el principio que prevalece en el Derecho de la Unión es el de la libre apreciación de la prueba, que implica que, si un elemento de prueba se ha obtenido lícitamente, no puede impugnarse su admisibilidad ante el Tribunal General (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión, C‑99/17 P, EU:C:2018:773, apartado 65 y jurisprudencia citada).
41
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, sería contrario al interés público, que exige que las instituciones puedan hacer uso de los dictámenes emitidos con absoluta independencia por sus servicios jurídicos, admitir que tales documentos internos pueden presentarse en el marco de un litigio ante un órgano jurisdiccional de la Unión sin que la institución de que se trate lo haya autorizado o sin que lo haya ordenado el órgano jurisdiccional (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartado 136 y jurisprudencia citada).
42
En efecto, mediante la presentación no autorizada de tal dictamen jurídico, la parte demandante opone a la institución de que se trata, en el procedimiento relativo a la validez de un acto impugnado, un dictamen emitido por su propio servicio jurídico con ocasión de la elaboración de dicho acto. Pues bien, en principio, admitir que dicha parte demandante aporte a los autos un dictamen jurídico de una institución cuya divulgación esta no ha autorizado contraviene las exigencias de un proceso justo y supone eludir el procedimiento de solicitud de acceso a dicho documento establecido por el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43) (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C‑156/21, EU:C:2022:97, apartado 54 y jurisprudencia citada).
43
Ciertamente, debe tenerse en cuenta el principio de transparencia, recogido en el artículo 1 TUE, párrafo segundo, y en el artículo 10 TUE, apartado 3, así como en el artículo 15 TFUE, apartado 1, y en el artículo 298 TFUE, apartado 1, que permite, en particular, garantizar una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la Administración para con los ciudadanos en un sistema democrático. Así pues, al permitir que se debatan abiertamente las divergencias entre varios puntos de vista, la transparencia contribuye a aumentar la confianza de los ciudadanos (véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C‑156/21, EU:C:2022:97, apartado 55 y jurisprudencia citada).
44
Sin embargo, solo con carácter excepcional el principio de transparencia puede justificar la divulgación en el marco de un procedimiento judicial de un documento de una institución que no se ha hecho accesible al público y que contiene un dictamen jurídico. Es por ello por lo que el mantenimiento, en los autos de un asunto, de un documento que contenga un dictamen jurídico de una institución no está justificado por ningún interés público superior cuando, por una parte, dicho dictamen no se refiere a un procedimiento legislativo que exija una mayor transparencia y, por otra parte, el interés de la parte demandante afectada en que se mantenga en los autos consiste únicamente en poder invocar dicho dictamen jurídico en el marco de un litigio. En efecto, en tal supuesto, la presentación de tal dictamen jurídico parece estar guiada por los propios intereses de la parte demandante en sustentar su argumentación y no por un interés público superior, como el de hacer público el procedimiento que condujo al acto impugnado (véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, C‑156/21, EU:C:2022:97, apartado 56 y jurisprudencia citada).
45
En primer lugar, en el presente asunto, procede señalar que el dictamen del servicio jurídico de la Comisión de 16 de enero de 2015 mencionado en el apartado 38 anterior, cuya divulgación dicha institución no ha autorizado, no se refiere a un procedimiento legislativo que exija una mayor transparencia.
46
En segundo lugar, en respuesta a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, el demandante no ha alegado un interés distinto del de poder invocar dicho dictamen jurídico en el marco del presente litigio, por lo que su presentación no parece estar guiada por un interés público superior, sino por sus propios intereses.
47
En estas circunstancias, procede estimar la excepción de inadmisibilidad basada en la inadmisibilidad del anexo A.24 y declarar la inadmisibilidad de dicho anexo.
3.
Sobre la admisibilidad del anexo C.1 del escrito de réplica
48
La Comisión alega que el demandante no justificó el retraso en la presentación de la certificación de la presidenta de su Comité Permanente de 13 de octubre de 2022, que figura en el anexo C.1 del escrito de réplica (en lo sucesivo, «certificación de 13 de octubre de 2022»), incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 85, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
49
A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 85, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, en los escritos de réplica y de dúplica, las partes principales podrán aún aportar pruebas o proponer pruebas en apoyo de sus alegaciones, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen.
50
Según la jurisprudencia, si bien, conforme a la regla de caducidad prevista en el artículo 85 del Reglamento de Procedimiento, las partes deben motivar el retraso producido en la presentación de sus nuevas pruebas o proposición de prueba, incumbe al Tribunal General controlar el fundamento del motivo del retraso en la presentación de dichas pruebas o proposición de prueba y excluirlas si tal presentación extemporánea no está suficientemente justificada con arreglo a Derecho o fundada. La presentación tardía, por una parte, de pruebas o de una proposición de prueba puede estar justificada, en particular, por el hecho de que esa parte no pudiera disponer anteriormente de las pruebas en cuestión o si las presentaciones tardías de la parte contraria justifican que se completen los autos, de modo que se garantice el respeto del principio de contradicción (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de septiembre de 2020, BP/FRA, C‑669/19 P, no publicada, EU:C:2020:713, apartado 41 y jurisprudencia citada).
51
En el presente asunto, procede señalar que, en el apartado 51 del escrito de réplica, el demandante no justificó la presentación extemporánea de la certificación de 13 de octubre de 2022, que fue expedida por la presidenta de su Comité Permanente y que adjuntó a dicho escrito «en la medida en que [fuera] necesario».
52
Es cierto que la certificación de 13 de octubre de 2022 fue expedida después de que su firmante, antigua miembro del cuerpo diplomático francés que declara haber participado en la aprobación, en 1995, de los estatutos del demandante, fuera elegida para la presidencia de su Comité Permanente el 29 de junio de 2022 y, por lo tanto, con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, a saber, el 18 de agosto de 2021.
53
Sin embargo, en el punto 25, quinto guion, de la demanda, el demandante afirma haber presentado a la OLAF, así como al Tribunal General, una declaración y un correo electrónico procedentes de esa misma diplomática fechados, respectivamente, el 20 de mayo y el 19 de septiembre de 2014, en los que se certifica que esta efectivamente participó en la firma de sus estatutos en el momento de su creación.
54
Además, en el punto 104, primer guion, de la demanda, el demandante alega que dicha diplomática había confirmado en declaraciones anteriores que todos los Estados participantes en la reunión de 25 de noviembre de 1994 habían firmado su acta constitutiva, por lo que todos ellos debían ser considerados sus miembros fundadores.
55
Así pues, la certificación de 13 de octubre de 2022 no fue expedida por su firmante debido a un elemento nuevo relacionado con sus nuevas funciones de presidenta del Comité Permanente del demandante, sino por su participación en la fundación de este último en 1994 y 1995, por lo que no contiene ninguna novedad de la que el demandante no tuviera conocimiento con anterioridad.
56
Por otra parte, la certificación de 13 de octubre de 2022 tampoco constituye una prueba en contrario aportada a raíz de una nueva prueba que la Comisión haya adjuntado al escrito de contestación.
57
En consecuencia, procede rechazar el anexo C.1 por ser extemporáneo y, en consecuencia, inadmisible.
B. Sobre las pretensiones de anulación
58
En apoyo de sus pretensiones de anulación, el demandante invoca cuatro motivos, basados, el primero, en varios errores de Derecho, en particular en la infracción del artículo 266 TFUE, en la inobservancia de la fuerza de cosa juzgada y en la vulneración del principio de irretroactividad; el segundo, en la vulneración del derecho a una buena administración, en particular en el incumplimiento de las obligaciones de motivación y de diligencia; el tercero, en la vulneración del principio de seguridad jurídica, y, el cuarto, en errores manifiestos de apreciación y otros errores de Derecho.
59
En particular, el segundo motivo consta esencialmente de tres partes, basadas, la primera, en el incumplimiento de la obligación de motivación; la segunda, en el incumplimiento del deber de diligencia, y, la tercera, en el incumplimiento de la obligación de imparcialidad.
60
La Comisión rebate el fundamento de estos motivos.
61
El Tribunal General examinará la primera parte del segundo motivo, basada en el incumplimiento de la obligación de motivación, a continuación, los motivos primero, tercero y cuarto, antes de examinar las partes segunda y tercera del segundo motivo, basadas respectivamente en el incumplimiento de los deberes de diligencia y de imparcialidad.
1.
Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en el incumplimiento de la obligación de motivación
62
El demandante sostiene que la decisión impugnada está insuficientemente motivada, en la medida en que la Comisión no mencionó que hubiera rechazado mantener cualquier reunión, debate o intercambio con él, a pesar de sus reiteradas peticiones. También reprocha a la Comisión no haber explicado por qué los documentos que obraban en su poder no permitían concluir, con el grado de seguridad jurídica requerido, que sus Estados supuestamente miembros habían consentido válidamente instituirlo en calidad de organización internacional y no haber aportado elementos que justificasen la nueva evaluación de su estatuto, a falta de modificación de su situación fáctica y jurídica.
63
A este respecto, del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), se desprende que el derecho a una buena administración incluye, en particular, la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus decisiones.
64
Según constante jurisprudencia, la motivación de los actos de las instituciones de la Unión exigida por el artículo 296 TFUE y el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de todas las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de junio de 2020, Hungría/Comisión, C‑456/18 P, EU:C:2020:421, apartado 57 y jurisprudencia citada, y de 3 de mayo de 2018, Malta/Comisión, T‑653/16, EU:T:2018:241, apartado 53 y jurisprudencia citada).
65
Por otra parte, la inexistencia de motivación puede declararse incluso aunque la decisión controvertida incluya determinadas explicaciones. Así pues, una motivación contradictoria o incomprensible equivale a la inexistencia de motivación. Lo mismo ocurre cuando las explicaciones que figuran en la decisión en cuestión son tan deficientes que en modo alguno permiten a su destinatario, en el contexto en el que se adoptó dicha decisión, entender el razonamiento de su autor (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2020, Comisión/Di Bernardo, C‑114/19 P, EU:C:2020:457, apartado 55 y jurisprudencia citada).
66
En el presente asunto, de la decisión impugnada se desprende que esta consta de un escrito, fechado el 8 de junio de 2021, dirigido por la Comisión al demandante, y de un anexo de una veintena de páginas titulado «Evaluación final del estatuto jurídico de IMG a efectos de su admisibilidad para el régimen de gestión indirecta» (en lo sucesivo, «evaluación final»), estando dicho anexo acompañado a su vez de dos anexos.
67
En primer lugar, en el escrito de 8 de junio de 2021, la Comisión informó al demandante de que, al término de la evaluación final, había llegado a la conclusión de que no podía optar a la ejecución del presupuesto de la Unión conforme al régimen de gestión indirecta como organización internacional, de conformidad con las normas financieras aplicables al presupuesto de la Unión y a los fondos europeos de desarrollo.
68
Además, la Comisión precisó que la evaluación final y su conclusión constituían la ejecución de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), y que la decisión impugnada se aplicaba a partir del 16 de diciembre de 2014, fecha correspondiente a la fecha de efecto de una de las decisiones anuladas por dicha sentencia del Tribunal de Justicia.
69
En segundo lugar, de la evaluación final se colige que esta consta de cuatro partes, relativas, la primera, a la ocasión que la Comisión ofreció al demandante de presentar sus observaciones sobre el proyecto de decisión; la segunda, en la evaluación de las observaciones del demandante; la tercera, en los comentarios del demandante sobre las respuestas de los Estados interrogados por la Comisión, y, la cuarta, en la conclusión.
70
En primer término, en la primera subparte de la primera parte de la evaluación final, la Comisión indicó que, mediante la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), el Tribunal de Justicia había anulado las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 basándose principalmente en que las dudas de la Comisión en cuanto al estatuto de organización internacional del demandante resultaban de las posiciones adoptadas por una minoría de los miembros de este último, a saber, cinco de los dieciséis Estados, y que, por lo tanto, era necesaria una nueva evaluación completa de su estatuto jurídico para ejecutar dicha sentencia, con el fin de determinar si podía optar, como organización internacional, a la ejecución del presupuesto de la Unión en régimen de gestión indirecta.
71
En segundo término, en las subpartes tercera y cuarta de la primera parte de la evaluación final, la Comisión recordó las sucesivas disposiciones de la normativa financiera de la Unión que establecen las condiciones de admisibilidad para la ejecución de los fondos de la Unión en régimen de gestión indirecta por parte de organizaciones internacionales desde el 16 de diciembre de 2014.
72
A este respecto, la Comisión consideró que la definición del concepto de «organización internacional», mencionado en la normativa financiera de la Unión, debía interpretarse de conformidad con el artículo 2, párrafo 1, letra i), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1155, p. 331; en lo sucesivo, «Convención de Viena»), y de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra a), del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales adoptado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en su 63.o período de sesiones, en 2011, y presentado a la Asamblea General en el marco de su informe sobre los trabajos de dicho período de sesiones (A/66/10) [Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 2011, vol. II(2); en lo sucesivo, «proyecto de artículos»].
73
La Comisión dedujo de ello que, para poder optar a la gestión indirecta prevista por la normativa de la Unión, una organización internacional debía haber sido creada por un acuerdo intergubernamental o internacional, tal como se define en los artículos 2, párrafo 1, letra a), 7, párrafo 1, 8 y 11 de la Convención de Viena.
74
Así pues, la Comisión indicó que, para poder optar a la gestión indirecta como organización internacional, la entidad de que se trata debía haber sido establecida como tal en virtud de un tratado regido por el Derecho internacional y celebrado por al menos dos Estados, cuyo consentimiento debía ser expresado por representantes con plenos poderes, o según las formalidades previstas en el artículo 11 de la Convención de Viena.
75
En tercer término, en la quinta subparte de la primera parte de la evaluación final, la Comisión se remitió a los apartados 94 y 95 de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), y dedujo de ello que, si los Estados supuestamente miembros de una organización declarasen no haber dado un consentimiento válido para adherirse al tratado o al acuerdo constitutivo de dicha organización, o que no son o han dejado de ser miembros, la Comisión carecería de base jurídica para considerar, por su propia iniciativa, que dicha entidad constituye una organización internacional en el sentido de la normativa financiera de la Unión.
76
En particular, la Comisión consideró que, si un solo Estado reconociera plenamente su participación en una organización internacional o reconociera haber consentido en quedar vinculado por el tratado constitutivo de dicha organización, tales circunstancias serían insuficientes para permitirle considerar que dicha entidad era una organización internacional con arreglo a la normativa financiera de la Unión, dado que la existencia de tal organización y de un acuerdo internacional requería la participación de al menos dos Estados.
77
En cuarto término, en la sexta subparte de la primera parte de la evaluación final, relativa a los documentos que la Comisión recibió y tuvo en cuenta para la nueva evaluación del estatuto jurídico del demandante, la Comisión recordó que el interesado no había aportado ninguno de los documentos que le había solicitado en los escritos de 6 de mayo y 18 de julio de 2019 mencionados, respectivamente, en los apartados 12 y 14 anteriores, y que, en la medida en que los documentos que obraban en su poder no le permitían concluir, con el grado de seguridad jurídica requerido, que los supuestos miembros de la organización demandante habían consentido válidamente instituirlo en calidad de organización internacional y eran miembros suyos, había interrogado, en noviembre de 2019, a las autoridades de los Estados mencionados en el sitio de Internet del demandante y que presentaba como sus miembros.
78
En quinto término, en la séptima subparte de la primera parte de la evaluación final (en lo sucesivo, «subparte A.7»), relativa a la evaluación preliminar de la admisibilidad del demandante para el régimen de gestión indirecta en calidad de organización internacional, la Comisión examinó, por una parte, la cuestión de si ella misma había participado efectivamente en la creación del demandante y, por otra parte, las respuestas de los Estados a los que había interrogado en las circunstancias mencionadas en los apartados 15 a 17 anteriores.
79
En lo que atañe, por una parte, a la cuestión de su participación en la creación del demandante, la Comisión constató que ni la Comunidad Europea ni la Unión que la sucedió habían celebrado un acuerdo internacional conforme a las disposiciones inicialmente previstas en el artículo 228 TCE, apartado 2, para instituir al demandante como organización internacional y que, por lo tanto, no podía considerarse que la Unión fuera miembro de dicha organización. La Comisión añadió que, aun en el caso de que hubiera celebrado un acuerdo para instituir al demandante como organización internacional, tal acuerdo solo podría considerarse un acuerdo internacional si se hubieran adherido a él al menos dos Estados.
80
Por otra parte, por lo que se refiere a las respuestas de los Estados supuestamente miembros del demandante, la Comisión constató que ninguno de esos Estados reconocía haber firmado un acuerdo internacional o intergubernamental por el que se instituyera al demandante como organización pública internacional, haber enviado signatarios con poderes para firmar, en su nombre, un acuerdo internacional o intergubernamental que tuviera tal objeto, haber aplicado procedimientos internos con vistas a ratificar un acuerdo internacional o intergubernamental a tal efecto, ni haber instituido al demandante como organización pública internacional.
81
Además, la Comisión precisó que solo Austria había reconocido ser miembro del demandante y que, según las autoridades de dicho Estado, este era, en el momento de su creación, un órgano internacional temporal e independiente, dotado de una capacidad jurídica limitada, y no una organización internacional.
82
La Comisión consideró asimismo que, si bien algunas organizaciones internacionales no habían sido creadas formalmente por un tratado, sino que habían adquirido dicho estatuto en la práctica, estas organizaciones eran clara y ampliamente reconocidas como tales por sus Estados miembros y por distintos organismos internacionales, lo que no sucedía en el caso del demandante.
83
Además, al tiempo que mencionaba específicamente las respuestas de Bélgica, Italia, Austria y Finlandia, la Comisión consideró que las declaraciones realizadas por algunos de los Estados consultados, según las cuales confirmaban haber firmado el documento de 25 de noviembre de 1994 relativo a la creación del IMG-IBH (en lo sucesivo, «resolución de 25 de noviembre de 1994»), haber participado en la reunión celebrada el mismo día en la que se adoptó dicho documento y haber sido miembros del Comité de Gobernanza del demandante, no podían demostrar que este fuera una organización internacional creada en virtud de un acuerdo internacional.
84
En sexto lugar, en las partes segunda y tercera de la evaluación final, la Comisión examinó las objeciones formuladas por el demandante en su escrito de 30 de marzo de 2021 y consideró que ninguna de ellas podía cuestionar la conclusión preliminar de que no reunía los requisitos para que se le reconociera el estatuto de organización internacional y, en consecuencia, no podía optar a la ejecución de los fondos de la Unión en régimen de gestión indirecta por parte de organizaciones internacionales desde el 16 de diciembre de 2014.
85
A la luz de todos estos elementos, procede declarar que la decisión impugnada expone suficientemente las consideraciones jurídicas y fácticas en las que se basaba y que permitían al demandante apreciar su legalidad y al Tribunal General ejercer su control.
86
En tercer lugar, las alegaciones del demandante según las cuales algunos de los motivos de la decisión impugnada son insuficientemente precisos no pueden cuestionar la conclusión expuesta en el apartado 85 anterior.
87
En un primer momento, por lo que se refiere a la falta de indicación en la decisión impugnada de un rechazo por parte de la Comisión a mantener cualquier reunión, debate o intercambio con el demandante, a pesar de las reiteradas peticiones de este, tal actitud, aun suponiéndola acreditada, carece de pertinencia para determinar si dicha decisión está suficientemente motivada.
88
En efecto, la mención de eventuales intercambios entre la Comisión y el demandante antes de la adopción de la decisión impugnada se refiere al procedimiento de adopción de dicha decisión, y no a su fundamento. Por consiguiente, dado que tal indicación carece de pertinencia a la luz de los fundamentos de hecho y de Derecho en los que se basa la conclusión a la que llegó la Comisión en la decisión impugnada, el demandante no puede reprocharle válidamente una motivación insuficiente debido a su silencio sobre este punto.
89
En un segundo momento, en lo tocante a las alegaciones del demandante según las cuales la Comisión no explicó las razones por las que los documentos que obraban en su poder eran insuficientes para determinar si tenía el estatuto de organización internacional, de la decisión impugnada, en particular de la sexta subparte de la primera parte de la evaluación final, se desprende que la Comisión consideró que esos documentos, que enumeró en la nota 23 de dicha evaluación, no presentaban, en su opinión, el grado de seguridad jurídica requerido, lo que constituye una motivación ciertamente breve, pero suficiente.
90
En un tercer momento, por lo que respecta a las alegaciones del demandante según las cuales la Comisión no presentó elementos que justificasen la nueva evaluación de su estatuto jurídico a falta de una modificación de su situación fáctica y jurídica, de la decisión impugnada, en particular de la primera subparte de la primera parte de la evaluación final, se infiere que la Comisión consideró que esa nueva evaluación era necesaria para ejecutar la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78).
91
Por consiguiente, debe desestimarse por infundada la primera parte del segundo motivo, basada en la insuficiencia de motivación de la decisión impugnada.
2.
Sobre el primer motivo, basado en varios errores de Derecho, en particular en la infracción del artículo 266 TFUE, en la inobservancia de la fuerza de cosa juzgada y en la vulneración del principio de irretroactividad
92
El primer motivo consta, en esencia, de tres partes, basadas, la primera, en la infracción del artículo 266 TFUE y en la inobservancia de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia de 31 de enero de 2019, Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78); la segunda, en la infracción de la normativa financiera de la Unión y de las Directrices de la Comisión, de 7 de enero de 2015, sobre la evaluación del estatuto de las organizaciones internacionales y la posibilidad de asimilar las organizaciones sin ánimo de lucro a las organizaciones internacionales (en lo sucesivo, «Directrices»), así como en la vulneración de diversos principios, en particular el principio de irretroactividad, y, la tercera, en la vulneración del principio de igualdad.
a)
Sobre la primera parte, basada en la infracción del artículo 266 TFUE y en la inobservancia de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P)
93
La primera parte del primer motivo consta de dos imputaciones, basadas, la primera, en la infracción del artículo 266 TFUE y, la segunda, en la inobservancia de la fuerza de cosa juzgada.
1) Sobre la primera imputación, basada en la infracción del artículo 266 TFUE
94
El demandante sostiene que el artículo 266 TFUE solo obliga a la institución que ha adoptado un acto anulado a adoptar un nuevo acto que tenga alcance retroactivo si dicha institución se encuentra en una situación de competencia reglada, extremo que el Tribunal de Justicia confirmó en el apartado 113 de la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión (C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722). Así pues, a raíz de la anulación de las decisiones resultantes de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), la Comisión no podía, según el demandante, volver a examinar legalmente a posteriori la calificación de organización internacional que se le reconocía.
95
Según reiterada jurisprudencia, del artículo 266 TFUE resulta que la institución de la que emane el acto anulado está obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia que anuló dicho acto y, para adecuarse a dicha sentencia y darle plena ejecución, a respetar no solo su fallo, sino también los fundamentos de Derecho que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en ese fallo (véase la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 101 y jurisprudencia citada).
96
Sin embargo, dado que el artículo 266 TFUE no especifica la naturaleza de las medidas que, para cumplir la obligación mencionada en el apartado 95 anterior, debe adoptar el autor del acto anulado, corresponde a este identificar tales medidas, disponiendo de un amplio margen de apreciación a la hora de elegirlas, siempre y cuando se atenga al fallo de la sentencia en la que se anuló dicho acto y a los fundamentos de Derecho que constituyen su sustento necesario (véase la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 102 y jurisprudencia citada).
97
En particular, de la jurisprudencia se desprende que una medida adoptada para la ejecución de una sentencia anulatoria puede, con carácter excepcional, tener carácter retroactivo cuando lo exija el fin perseguido, es decir, cuando la decisión retroactiva pretenda satisfacer al menos un fin de interés general y se respete debidamente la confianza legítima de los interesados (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2016, Éditions Odile Jacob/Comisión, C‑514/14 P, no publicada, EU:C:2016:55, apartado 50 y jurisprudencia citada).
98
Así pues, una decisión retroactiva adoptada en ejecución de una sentencia anulatoria y que tiene por objeto subsanar la ilegalidad censurada por dicha sentencia pretende satisfacer un fin de interés general, a saber, el respeto por la Administración de la legalidad y de la fuerza de cosa juzgada (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2014, Éditions Odile Jacob/Comisión, T‑471/11, EU:T:2014:739, apartado 106).
99
En efecto, de la jurisprudencia se desprende que la anulación de un acto por el juez de la Unión tiene como consecuencia eliminar retroactivamente dicho acto del ordenamiento jurídico y que, cuando el acto anulado ya ha sido ejecutado, la eliminación de sus efectos exige restablecer la situación jurídica en que se encontraba la parte demandante antes de la adopción del acto (véase la sentencia de 21 de septiembre de 2022, Casanova/BEI, T‑266/21, no publicada, EU:T:2022:566, apartado 85 y jurisprudencia citada).
100
Además, también se ha declarado que, si una sentencia tiene por efecto anular un acto con carácter retroactivo, no obliga, sin embargo, a la Administración a adoptar una nueva decisión cuyo fondo sería diferente del relativo a la decisión anulada, siempre que esa nueva decisión y el procedimiento por el que se adopte no adolezcan de los mismos vicios que dieron lugar a la anulación de la primera decisión o de vicios nuevos (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2022, Darment/Comisión, T‑92/21, no publicada, EU:T:2022:341, apartado 49).
101
En el presente asunto, de los apartados 57 a 59, 61 y 88 a 90 de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), se desprende que la Comisión tiene la obligación de cerciorarse de que las entidades en las que ha delegado o pretende delegar competencias de ejecución presupuestaria, en virtud de la normativa financiera de la Unión relativa a la gestión indirecta del presupuesto de la Unión por organizaciones internacionales, poseen tal condición en el sentido de dicha normativa. Por otra parte, esa institución, en caso de dudas al respecto, tiene la obligación de disiparlas y de reunir todos los elementos necesarios para justificar su decisión tanto fáctica como jurídicamente, dadas las consecuencias jurídicas de dicha decisión sobre la entidad afectada (sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 111).
102
Además, de los apartados 92 a 97 y 104 de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), cuyo contenido se recordó en los apartados 22 y 23 del auto de 9 de junio de 2020, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P‑INT, EU:C:2020:507), resulta que las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 no estaban justificadas fáctica ni jurídicamente (sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 112).
103
Habida cuenta de estas apreciaciones y constataciones, que constituyen el sustento del fallo de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), la Comisión no estaba obligada a reconocer, con efecto retroactivo, el estatuto de organización internacional que el demandante reivindica, sino que podía cumplir su obligación de ejecutar dicha sentencia adoptando medidas de procedimiento que le permitieran subsanar la irregularidad constatada por el Tribunal de Justicia y, potencialmente, adoptar un nuevo acto, destinado a sustituir las decisiones anuladas por dicho Tribunal, tras recabar los elementos necesarios para fundamentar fáctica y jurídicamente ese nuevo acto (sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 113).
104
Así pues, de los fundamentos de Derecho de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), cuyos sentido y alcance recordó el Tribunal de Justicia en el auto de 9 de junio de 2020, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P‑INT, EU:C:2020:507), se desprende que la Comisión no tenía vedado realizar ulteriormente, a raíz de dicha sentencia, una nueva evaluación de la condición de organización internacional del demandante, teniendo en cuenta todos los elementos fácticos y jurídicos pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 142).
105
Por lo tanto, al llevar a cabo una nueva evaluación retroactiva del estatuto jurídico del demandante a raíz de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), la Comisión no infringió el artículo 266 TFUE, por lo que la primera imputación debe desestimarse por infundada.
2) Sobre la segunda imputación, basada en la inobservancia de la fuerza de cosa juzgada
106
El demandante considera que la fuerza de cosa juzgada de los apartados 94 y 104 de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), se oponía a la nueva evaluación de su estatuto en lo referente al pasado.
107
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, la fuerza de cosa juzgada no solo se atribuye al fallo de la resolución judicial de que se trate, sino que se extiende también a los fundamentos de Derecho de esta en los que necesariamente se basa el fallo, por lo que son indisociables de este (véase la sentencia de 17 de septiembre de 2020, Alfamicro/Comisión, C‑623/19 P, no publicada, EU:C:2020:734, apartado 37 y jurisprudencia citada).
108
Además, la fuerza de cosa juzgada solo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjados por una resolución judicial (véase la sentencia de 17 de septiembre de 2020, Alfamicro/Comisión, C‑623/19 P, no publicada, EU:C:2020:734, apartado 38 y jurisprudencia citada).
109
Como se ha indicado en el apartado 102 anterior, de los apartados 92 a 97 y 104 de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), se desprende que las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 no estaban justificadas fáctica ni jurídicamente, por lo que fueron anuladas por el Tribunal de Justicia.
110
En particular, en los apartados 92 a 97 de la sentencia de 31 de enero de 2019, Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), el Tribunal de Justicia estimó los motivos de los dos recursos de casación en los que el demandante reprochaba al Tribunal General haber declarado que la Comisión no había incurrido en error de Derecho ni en error manifiesto de apreciación al justificar las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 basándose en la existencia de ciertas dudas sobre su condición de organización internacional en el sentido de la normativa financiera de la Unión.
111
En efecto, el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General había incurrido en error de Derecho al limitarse a afirmar que las alegaciones y las pruebas presentadas por el demandante no disipaban las dudas de la Comisión en cuanto a su condición de organización internacional y al abstenerse de controlar la legalidad de las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 a la luz del concepto de «organización internacional» en el sentido de la normativa financiera de la Unión.
112
En este contexto, el Tribunal de Justicia señaló, en particular, que ninguno de los tres elementos en los que se había basado la Comisión para adoptar las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 podía fundamentar legalmente dudas en cuanto a la condición de organización internacional del demandante.
113
Según estos tres elementos, en un primer momento, cinco Estados miembros de la Unión, que el demandante presentaba como miembros suyos, no consideraban tener tal condición; en un segundo momento, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había indicado que el demandante no era una agencia especializada de la ONU y, en un tercer momento, existían incertidumbres acerca de los poderes de las personas que habían representado a determinados Estados presentes en la firma del acta constitutiva del demandante.
114
Así pues, el Tribunal de Justicia declaró que estos tres elementos únicamente se referían a cinco Estados que el demandante había presentado como miembros o antiguos miembros suyos y a los poderes de las personas que representaron a esos Estados en la firma de su acta constitutiva, y no a todos los Estados miembros del demandante o a la propia condición de este último.
115
En particular, en el apartado 94 de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:
«En efecto, por lo que se refiere al primero de estos elementos, referido a la cuestión de si varios Estados que IMG presenta como miembros suyos lo eran en realidad, de las propias constataciones del Tribunal General se desprende que las dudas de la Comisión a este respecto solo afectaban a “algunos” de los miembros de IMG y, más concretamente, a cinco de ellos de un total de dieciséis. Pues bien, tales dudas, suponiendo que estuvieran fundadas, no tienen en Derecho internacional como consecuencia privar a la entidad de la que esos Estados pudieran no ser o haber dejado de ser miembros de la condición de “organización internacional”, mucho menos cuando, como en el caso de autos, los Estados de que se trata no forman sino una parte netamente minoritaria de la entidad en cuestión.»
116
Por último, el Tribunal de Justicia consideró, en los apartados 98 a 106 de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), en primer lugar, que la constatación de los errores de Derecho cometidos por el Tribunal General implicaba anular íntegramente las sentencias de 2 de febrero de 2017, International Management Group/Comisión (T‑29/15, no publicada, EU:T:2017:56), y de 2 de febrero de 2017, IMG/Comisión (T‑381/15, no publicada, EU:T:2017:57); en segundo lugar, que el estado de ambos litigios permitía su resolución en la medida en que el demandante solicitaba la anulación de las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015; en tercer lugar, que estas dos decisiones adolecían de ilegalidad del mismo modo que las sentencias antes mencionadas, por lo que también debían ser anuladas en su totalidad, y, en cuarto lugar, que, en cambio, el estado de la pretensión de reparación de los perjuicios causados al demandante por la decisión de 8 de mayo de 2015 no permitía su resolución y, por lo tanto, debía ser devuelta al Tribunal General.
117
Así, en el apartado 104 de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:
«En el caso de autos, procede que el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente los dos recursos de anulación, pues su estado así lo permite. En efecto, como se desprende de los apartados 92 a 96 de la presente sentencia, las Decisiones controvertidas son ilegales, habida cuenta de que los elementos invocados por la Comisión en apoyo de las mismas no ponen en cuestión que IMG tenga la condición de organización internacional, en el sentido de las normativas financieras de 2002 y de 2012. Por lo tanto, procede anular dichas Decisiones en su integridad.»
118
En primer lugar, de lo anterior resulta que los fundamentos de Derecho que figuran en los apartados 94 y 104 de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), no pueden leerse aisladamente de los apartados 92 a 96 de la misma sentencia, a los que se remite el apartado 104 de dicha sentencia, en los que necesariamente se basa el fallo por el que el Tribunal de Justicia anuló las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015. De ello se desprende que la fuerza de cosa juzgada que se atribuye, en particular, al apartado 94 de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), se extiende también al apartado 104 de dicha sentencia.
119
En segundo lugar, de la motivación de la decisión impugnada, tal como se resume en los apartados 66 a 84 anteriores, no se desprende que dicha decisión se base en ninguno de los tres elementos que suscitaron las dudas de la Comisión y la llevaron a adoptar las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015.
120
Así pues, dado que la Comisión basó la decisión impugnada en motivos distintos de los que sirvieron de apoyo a las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015, que el Tribunal de Justicia declaró ilegales en la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), el demandante alega infundadamente que la decisión impugnada no observa la fuerza de cosa juzgada que se atribuye, en particular, a los apartados 94 y 104 de dicha sentencia. Por lo tanto, procede desestimar esta imputación por infundada, así como la primera parte del presente motivo en su totalidad.
b)
Sobre la segunda parte, basada en la vulneración del principio de buena fe, en la vulneración del adagio nemo auditur propriam turpitudinem allegans y en la vulneración del principio de irretroactividad
121
Esta parte consta de dos imputaciones, basadas, la primera, en la vulneración del principio de buena y en la vulneración del adagio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (en lo sucesivo, «adagio nemo auditur») y, la segunda, en la vulneración del principio de irretroactividad de los actos de la Unión.
122
El Tribunal General debe examinar, antes de nada, la segunda imputación, basada en la vulneración del principio de irretroactividad de los actos de la Unión, y, a continuación, la primera imputación.
1) Sobre la segunda imputación, basada en la vulneración del principio de irretroactividad de los actos de la Unión
123
El demandante sostiene que la decisión impugnada vulnera el principio de irretroactividad de los actos de la Unión, puesto que no había nada que justificase la nueva evaluación retroactiva de su estatuto. Además, alega que la retroactividad de la decisión impugnada no está justificada por los hechos del asunto, sino por hechos nuevos, analizados a la luz de nuevas normas.
124
A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia, la exigencia fundamental de seguridad jurídica, en sus diferentes manifestaciones, tiene por finalidad garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas que entran dentro del ámbito del Derecho de la Unión. El principio de seguridad jurídica se opone, en particular, a que la entrada en vigor de un acto de la Unión se fije en una fecha anterior a su publicación (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Galeote y Watson/Parlamento, C‑715/21 P y C‑716/21 P, no publicada, EU:C:2023:190, apartado 113 y jurisprudencia citada).
125
No obstante, como se desprende de la jurisprudencia citada en los apartados 97 a 99 anteriores, una medida adoptada para la ejecución de una sentencia anulatoria puede, con carácter excepcional, tener carácter retroactivo, por una parte, cuando lo exija el fin perseguido, es decir, cuando la decisión retroactiva persiga al menos un fin de interés general, y, por otra parte, cuando se respete debidamente la confianza legítima de los interesados.
126
Por lo tanto, es preciso determinar si, en el presente asunto, se cumplen los dos requisitos mencionados en el apartado 125 anterior.
127
En primer lugar, por lo que respecta al primer requisito relativo a la satisfacción de un fin de interés general, de la jurisprudencia citada en los apartados 98 y 99 anteriores se desprende que una decisión retroactiva adoptada en ejecución de una sentencia anulatoria y que tiene por objeto subsanar la ilegalidad censurada por dicha sentencia pretende satisfacer un fin de interés general, ya que la anulación de un acto por el juez de la Unión obliga a su autor a colmar el vacío jurídico nacido por la anulación de dicho acto y a restablecer la situación jurídica en la que se encontraba la parte demandante antes de la adopción de dicho acto (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 5 de septiembre de 2014, Éditions Odile Jacob/Comisión, T‑471/11, EU:T:2014:739, apartado 106).
128
En el presente asunto, del examen de la primera parte del presente motivo, en particular del apartado 103 anterior, se desprende que la Comisión podía cumplir su obligación de ejecutar la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), adoptando medidas de procedimiento que le permitieran subsanar la irregularidad constatada por el Tribunal de Justicia y, potencialmente, adoptar un nuevo acto, destinado a sustituir las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 anuladas por dicho Tribunal, tras haber recabado los elementos necesarios para fundamentar fáctica y jurídicamente ese nuevo acto.
129
Así pues, dado que la Comisión adoptó la decisión impugnada para subsanar la ilegalidad de las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 y evitar un vacío jurídico a raíz de su anulación por el Tribunal de Justicia, se encontraba en la situación excepcional en la que podía conferir efecto retroactivo a la decisión impugnada.
130
Además, esta retroactividad era tanto más necesaria cuanto que, como se desprende del apartado 23 del auto de 9 de junio de 2020, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P‑INT, EU:C:2020:507), el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), no había resuelto en modo alguno la cuestión de si, sobre la base de un análisis que no adolecía de error de Derecho y del conjunto de los elementos pertinentes, debía considerarse o, por el contrario, excluirse que el demandante tuviera el estatuto de organización internacional en el momento de la adopción de las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015.
131
Así pues, el hecho de que la decisión impugnada no tuviera carácter retroactivo habría dejado que subsistiera una duda en cuanto a la posibilidad de que el demandante reivindicara, durante el período comprendido entre el 16 de diciembre de 2014 y la fecha de adopción de la decisión impugnada, el estatuto de organización internacional que le habría permitido, de conformidad con la normativa financiera de la Unión, ejecutar el presupuesto de la Unión en régimen de gestión indirecta.
132
Pues bien, de los apartados 57 a 59, 61 y 88 a 90 de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), así como del apartado 111 de la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión (C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722), se desprende claramente que la Comisión tiene la obligación de cerciorarse de que las entidades en las que ha delegado o pretende delegar competencias de ejecución presupuestaria, en virtud de la normativa financiera de la Unión relativa a la gestión indirecta del presupuesto de la Unión por organizaciones internacionales, poseen tal condición en el sentido de dicha normativa.
133
En efecto, habida cuenta de la función y de la responsabilidad que el artículo 310 TFUE, apartado 5, el artículo 317 TFUE, párrafo primero, y la normativa financiera atribuyen a la Comisión en relación con la ejecución del presupuesto de la Unión, esta institución está encargada de velar por el respeto del principio de buena gestión financiera. De ello se deduce que, en el supuesto de que la Comisión elija aplicar un modo de ejecución presupuestaria que implique recurrir a un tercero, está obligada a velar, durante esa aplicación y posteriormente a lo largo de la ejecución de las competencias de que se trate, por el respeto de las condiciones aplicables, en particular las que rigen la concesión de los fondos correspondientes y su posterior utilización (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 151 y jurisprudencia citada).
134
En consecuencia, la aclaración del estatuto jurídico del demandante y la obligación de subsanar la ilegalidad de las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 constituían fines de interés general que permitían a la Comisión adoptar una nueva decisión con efectos retroactivos a partir de la decisión de 16 de diciembre de 2014, por lo que se cumple el primero de los requisitos mencionados en el apartado 125 anterior.
135
En segundo lugar, por lo que se refiere al segundo requisito relativo al respeto de la confianza legítima, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la constatación de la violación de dicho principio implica que las autoridades competentes de la Unión hayan dado al interesado garantías concretas, incondicionales y concordantes, que emanen de fuentes autorizadas y fiables (véase, en este sentido, el auto de 2 de junio de 2022, Arnautu/Parlamento, C‑573/21 P, no publicado, EU:C:2022:448, apartado 34 y jurisprudencia citada).
136
En este contexto, corresponde al Tribunal General comprobar si los actos de una autoridad administrativa generaron, en un operador económico prudente y diligente, una confianza razonable y, de ser así, determinar el carácter legítimo de esta confianza (véase el auto de 2 de junio de 2022, Arnautu/Parlamento, C‑573/21 P, no publicado, EU:C:2022:448, apartado 35 y jurisprudencia citada).
137
Pues bien, de los autos no se desprende que, a raíz de la sentencia de 31 de diciembre de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), la Comisión diera al demandante garantías concretas, incondicionales y concordantes en cuanto a la adopción de una decisión destinada a reconocerle, de manera retroactiva, el estatuto de organización internacional a partir del 16 de diciembre de 2014.
138
En consecuencia, no puede considerarse que la adopción de la decisión impugnada haya supuesto una violación del principio de confianza legítima, por lo que, al cumplirse los dos requisitos mencionados en el apartado 125 anterior, tampoco puede considerarse que vulnerara el principio de irretroactividad.
139
En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación de que la retroactividad de la decisión impugnada está justificada, no por los hechos del asunto, sino por hechos nuevos, analizados a la luz de nuevas normativas, es cierto que la nueva evaluación del estatuto jurídico del demandante fue iniciada formalmente por la Comisión tras la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), y que las respuestas de los Estados interrogados en el marco de este procedimiento son, por lo tanto, posteriores a las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015.
140
A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que, en caso de adopción de una decisión de carácter retroactivo, la observancia de los principios que rigen la aplicación de la ley en el tiempo y las exigencias relativas a los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima obligan a aplicar las normas sustantivas vigentes en la fecha de los hechos de que se trate, aun cuando dichas normas no estén ya en vigor en el momento de la adopción de dicha decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2016, Comisión/McBride y otros, C‑361/14 P, EU:C:2016:434, apartado 40 y jurisprudencia citada).
141
En particular, en el marco de un procedimiento de sustitución de un acto anulado, la institución de que se trate debe situarse en la fecha en la que adoptó dicho acto anulado para adoptar el acto de sustitución, sin perjuicio de la posibilidad de invocar, en su nueva decisión, motivos distintos de aquellos sobre los que había basado su primera decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2014, Éditions Odile Jacob/Comisión, T‑471/11, EU:T:2014:739, apartado 58 y jurisprudencia citada).
142
Así pues, el demandante puede sostener fundadamente que el principio de irretroactividad, que constituye uno de los componentes del principio de seguridad jurídica, se opone a que, cuando una institución proceda a ejecutar una sentencia anulatoria, dicha institución adopte una decisión retroactiva basándose en hechos que no eran pertinentes en relación con el ámbito de aplicación temporal de esa decisión o en normas sustantivas que no estaban en vigor durante el período al que se refiere dicha decisión.
143
Sin embargo, en el presente asunto, el demandante no demuestra que la decisión impugnada, en la medida en que tiene carácter retroactivo, se base en normas sustantivas que no estuvieran en vigor durante el período al que se refiere dicha decisión o en hechos posteriores a las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015.
144
Por una parte, de la motivación de la decisión impugnada se desprende que la Comisión se basó en las disposiciones de la normativa financiera de la Unión aplicables al demandante el 16 de diciembre de 2014 y, posteriormente, en las disposiciones de la misma normativa aplicables al período posterior a esa fecha.
145
En efecto, de la tercera subparte de la primera parte de la evaluación final resulta que la Comisión aplicó, para el período comprendido entre el 16 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, el artículo 58 del Reglamento n.o 966/2012 y el artículo 43 del Reglamento Delegado (UE) n.o 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento n.o 966/2012 (DO 2012, L 362, p. 1); para el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de agosto de 2018, los mismos Reglamentos en sus versiones modificadas, respectivamente, por el Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015 (DO 2015, L 286, p. 1), y el Reglamento Delegado (UE) 2015/2462 de la Comisión, de 30 de octubre de 2015 (DO 2015, L 342, p. 7), y, para el período a partir del 2 de agosto de 2018, los artículos 62 y 156 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1).
146
Por otra parte, el demandante no demuestra que las posiciones adoptadas por los Estados respecto de los que afirma que son o fueron miembros suyos y que la Comisión tuvo en cuenta para adoptar la decisión impugnada hayan cambiado entre el 16 de diciembre de 2014 y la fecha de adopción de dicha decisión en cuanto a la cuestión de si constituía una organización internacional.
147
Es cierto que, para adoptar la decisión impugnada, la Comisión procedió, después de que se dictase la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), a consultar a los Estados que consideraba que eran o habían sido miembros del demandante. Sin embargo, del examen de las respuestas de estos Estados se desprende que, si bien no están redactadas exactamente en los mismos términos que las respuestas dadas por los mismos Estados cuando fueron interrogados por la OLAF en 2014, su contenido es esencialmente idéntico.
148
En consecuencia, las posiciones adoptadas por los Estados en respuesta al procedimiento de consulta previo a la adopción de la decisión impugnada no contienen hechos nuevos en los que la Comisión se haya basado de manera retroactiva. Tales posiciones reflejan la opinión de esos Estados sobre la cuestión de si el demandante es una organización internacional, tal como dicha opinión había sido formulada ante la OLAF antes de la adopción de la decisión de 16 de diciembre de 2014.
149
En estas circunstancias, procede desestimar la segunda imputación por infundada.
2) Sobre la primera imputación, basada en la vulneración del principio de buena fe y en la vulneración del adagio nemo auditur
150
En apoyo de la primera imputación, el demandante alega que la decisión impugnada, en la medida en que se niega a reconocerle el estatuto de organización internacional desde el 16 de diciembre de 2014, vulnera el principio de buena fe y vulnera el adagio nemo auditur.
151
Procede recordar que el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento establece que la demanda presentada en primera instancia deberá contener los «motivos y [las] alegaciones invocados y una exposición concisa de dichos motivos». Así pues, según reiterada jurisprudencia, no incumbe al juez de la Unión responder a las alegaciones de una parte que no sean suficientemente claras y precisas por no haber sido desarrolladas y no estar acompañadas de una argumentación específica que las fundamente (véase la sentencia de 18 de noviembre de 2021, Grecia/Comisión, C‑107/20 P, no publicada, EU:C:2021:937, apartado 76 y jurisprudencia citada).
152
En primer lugar, procede señalar que el demandante se abstuvo de dar explicaciones sobre la incidencia en la legalidad de la decisión impugnada del adagio nemo auditur, según el cual «no se escucha a quien alega su propia torpeza».
153
Así, la alegación basada en la vulneración del adagio nemo auditur está insuficientemente fundamentada a la luz de las exigencias que se derivan del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento.
154
En cualquier caso, suponiendo que el demandante hubiera pretendido sostener que la Comisión cometió una falta al basarse en la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), para justificar a posteriori las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015, resulta del examen, por una parte, de la segunda imputación de la primera parte del primer motivo que la decisión impugnada no se basa en los mismos motivos que esas decisiones y, por otra parte, de la segunda imputación de la presente parte que la Comisión no violó el principio de irretroactividad de los actos de la Unión.
155
En consecuencia, no cabe sino desestimar la alegación basada en la vulneración del adagio nemo auditur.
156
En segundo lugar, por lo que respecta al principio de buena fe, procede señalar asimismo que el demandante tampoco ha definido el alcance de dicho principio ni las disposiciones en las que se basa.
157
En un primer momento, suponiendo que el demandante pretendiera referirse a la obligación que incumbe a las partes de un contrato de ejecutar de buena fe las estipulaciones de dicho contrato que las vinculan, procede señalar que la decisión impugnada no se adoptó en el marco de un contrato celebrado con la Comisión.
158
Además, debe precisarse que la anulación por parte del Tribunal de Justicia de las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 no influye en la falta de relaciones contractuales entre el demandante y la Comisión desde el 16 de diciembre de 2014.
159
En efecto, la decisión de 16 de diciembre de 2014 tenía por objeto retirar al demandante su condición de destinatario de la Decisión de Ejecución C(2013) 7682 final, relativa al programa de acción anual de 2013 en favor de Myanmar/Birmania, y, por lo tanto, impedirle que celebrara un convenio a tal fin con la Comisión.
160
De igual modo, la decisión de 8 de mayo de 2015 tenía por objeto suspender la participación del demandante en nuevos proyectos financiados por la Unión hasta que la Comisión hubiera aclarado su estatuto jurídico.
161
De este modo, la anulación de las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015 no tuvo por efecto restablecer los vínculos contractuales entre la Comisión y el demandante, sino que se limitó a permitirles celebrar un convenio para la aplicación del programa de desarrollo del comercio en Myanmar/Birmania y, en su caso, otros convenios en materia de reconstrucción y desarrollo, siempre que la Comisión, al término de una nueva evaluación del estatuto jurídico del demandante, le reconociera la condición de organización internacional.
162
En un segundo momento, suponiendo que el demandante pretendiera referirse al principio de buena fe, en la medida en que corresponde a un principio consuetudinario del Derecho internacional público, procede recordar que dicho principio, tal como se prevé en el artículo 18 de la Convención de Viena, obliga a un Estado a abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin del tratado antes de su entrada en vigor, si ha firmado el tratado o ha canjeado instrumentos que constituyen el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte en el tratado, o si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado.
163
Pues bien, aunque es cierto que el principio de buena fe se impone a las instituciones de la Unión (véase la sentencia de 17 de enero de 2007, Grecia/Comisión, T‑231/04, EU:T:2007:9, apartado 85 y jurisprudencia citada), el demandante no ha demostrado, ni siquiera alegado, en el marco de sus escritos relativos al presente motivo, que la Unión hubiera firmado un tratado que lo instituyera como organización internacional o hubiera canjeado instrumentos que constituyen tal tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, o, incluso, que hubiera manifestado su consentimiento en obligarse por dicho tratado.
164
A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que la parte demandante está obligada a exponer de manera suficientemente clara la argumentación jurídica y fáctica que pueda justificar cada uno de los motivos que invoca, sin que el Tribunal General se vea obligado, debido a la falta de estructura de la demanda o a una insuficiencia de precisión o de rigor del razonamiento, a reconstituir dicha argumentación recabando diversos elementos dispersos de la demanda, con el riesgo de reconstruir tal motivo dándole un alcance que la parte demandante no pretendía atribuirle. No entenderlo así sería contrario tanto a una buena administración de la justicia como al principio dispositivo y al derecho de defensa de la parte demandada (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, no publicada, EU:C:2020:918, apartados 60 y 61).
165
Por consiguiente, procede desestimar la alegación basada en la vulneración del principio de buena fe por estar insuficientemente fundamentada a la luz de las exigencias del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento y, en consecuencia, la primera imputación de la presente parte en su totalidad.
c)
Sobre la tercera parte, basada en la vulneración del principio de igualdad
166
En el escrito de réplica, el demandante sostiene que, a diferencia de numerosas entidades jurídicas que no son reconocidas por la Comisión como organizaciones internacionales, sino que son organismos públicos, ha dejado de beneficiarse, debido a las dudas de la Comisión a raíz de la investigación de la OLAF que le atañía, de cualquier contrato conforme al régimen de gestión indirecta, así como de cualquier contrato atribuible directamente en aplicación de otras disposiciones de la normativa financiera previstas para las situaciones de crisis o emergencia, sin conocer las razones de ese trato discriminatorio.
167
El demandante alega asimismo que la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no está reconocida como organización internacional por todos los Estados que han contribuido a su creación y a sus actividades ni dispone de un instrumento jurídico de constitución según el Derecho internacional, y que tales circunstancias no impidieron a la Comisión reconocer su estatuto de organización internacional.
168
A este respecto, procede recordar que el principio de igualdad de trato, consagrado en el artículo 20 de la Carta, constituye un principio general del Derecho de la Unión que exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (véase la sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 95 y jurisprudencia citada).
169
La exigencia relativa al carácter comparable de las situaciones para determinar si existe una violación del principio de igualdad de trato debe apreciarse atendiendo a todos los aspectos que las caracterizan y, en especial, a la luz del objeto y de la finalidad perseguida por el acto que establece la distinción de que se trate, entendiéndose que deben tenerse en cuenta, a estos efectos, los principios y objetivos del ámbito al que pertenezca ese acto. Siempre y cuando las situaciones no sean comparables, una diferencia de trato de las situaciones de que se trate no vulnera la igualdad ante la ley establecida en el artículo 20 de la Carta (véase la sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros, C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557, apartado 96 y jurisprudencia citada).
170
En primer lugar, debe señalarse que la decisión impugnada tiene por único objeto denegar al demandante el reconocimiento del estatuto de organización internacional previsto por la normativa financiera de la Unión para la ejecución de los fondos de la Unión conforme al régimen de gestión indirecta, sin perjuicio de la posibilidad de que este último se acoja a otras modalidades definidas por esta normativa con vistas a su eventual participación en la ejecución de dicho presupuesto.
171
Así pues, dado que la decisión impugnada no se opone a que el demandante participe en la gestión indirecta del presupuesto de la Unión con arreglo a disposiciones distintas de las previstas por la normativa financiera de la Unión para las organizaciones internacionales, no puede reprochar válidamente a dicha decisión que haya dado lugar a un supuesto trato discriminatorio como el descrito en el apartado 166 anterior.
172
En consecuencia, las alegaciones del demandante resumidas en el apartado 166 anterior, aun suponiendo que estuvieran fundadas, no inciden en la legalidad de la decisión impugnada y son, por lo tanto, inoperantes.
173
En segundo lugar, aparte de que de los documentos obrantes en autos no se desprende que la Comisión haya reconocido a la OSCE como organización internacional a efectos de la gestión indirecta del presupuesto de la Unión, procede señalar que el demandante no ha demostrado encontrarse en una situación comparable a la de dicha organización.
174
En efecto, el demandante no ha rebatido las alegaciones de la Comisión según las cuales, a diferencia de él, la OSCE está reconocida como organización internacional por un gran número de sujetos de Derecho internacional, en particular por la mayoría de los miembros de dicha organización.
175
Por consiguiente, sin que sea necesario pronunciarse sobre su admisibilidad (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de mayo de 2022, TK/Comisión, T‑435/21, no publicada, EU:T:2022:303, apartado 42; véase también, por analogía, la sentencia de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, apartado 52), procede desestimar la tercera parte, al igual que, en consecuencia, el primer motivo en su totalidad.
3.
Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración del principio de seguridad jurídica
176
El demandante sostiene que, al haber recurrido, antes de la adopción de la decisión impugnada, a un procedimiento de investigación en determinados Estados que presentaba como sus miembros, a pesar de que la Comisión disponía de los documentos pertinentes y del método de evaluación definido en las Directrices, dicha institución vulneró el principio de seguridad jurídica.
177
A este respecto, en primer lugar, como se recuerda en el apartado 124 anterior, la exigencia fundamental de seguridad jurídica, en sus diferentes manifestaciones, tiene por finalidad garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas que entran dentro del ámbito del Derecho de la Unión.
178
Pues bien, si bien esta exigencia se opone, en principio, a que un acto de la Unión entre en vigor en una fecha anterior a su publicación, del examen del primer motivo, en particular del apartado 149 anterior, se desprende que la decisión impugnada no se adoptó vulnerando el principio de irretroactividad, que es una expresión específica del principio de seguridad jurídica.
179
En consecuencia, suponiendo que el demandante haya pretendido invocar la vulneración del principio de seguridad jurídica en la medida en que abarca el principio de irretroactividad de los actos de las instituciones de la Unión, el presente motivo debe desestimarse por infundado.
180
En segundo lugar, del principio de seguridad jurídica también se desprende que la legislación de la Unión debe ser precisa y su aplicación previsible para los justiciables, y que este imperativo de seguridad jurídica se impone con especial rigor cuando se trata de una normativa que puede implicar consecuencias económicas, a fin de permitir que los interesados conozcan con exactitud el alcance de las obligaciones que se les imponen (véase la sentencia de 9 de julio de 2015, Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei, C‑144/14, EU:C:2015:452, apartado 34 y jurisprudencia citada).
181
No obstante, debe considerarse que, en el presente asunto, la decisión impugnada no está comprendida en el ámbito de aplicación de la legislación o de la normativa de la Unión en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 180 anterior, sino que constituye una decisión de carácter individual adoptada en aplicación de la legislación o de la normativa financiera de la Unión.
182
Además, de la motivación de la decisión impugnada se infiere que la nueva evaluación del estatuto jurídico del demandante, a la que procedió la Comisión, no resulta de una modificación sustancial de la normativa financiera de la Unión que regula las condiciones de ejecución del presupuesto de la Unión en régimen de gestión indirecta ni de una nueva interpretación de dicha normativa por parte de la Comisión.
183
En efecto, cabe recordar que los artículos 53, letra c), y 53 quinquies del Reglamento n.o 1605/2002, así como el artículo 58, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 966/2012 y el artículo 62 del Reglamento 2018/1046, atribuyen a la Comisión la responsabilidad de ejecutar el presupuesto de la Unión, estableciendo al mismo tiempo varios modos de ejecución de este presupuesto, uno de los cuales, denominado «gestión conjunta con organizaciones internacionales» en el primero de esos Reglamentos, y «régimen de gestión indirecta» en los otros dos, permite a dicha institución delegar competencias de ejecución del presupuesto en tales organizaciones, en cuyo marco goza de una amplia facultad de apreciación (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 148).
184
Pues bien, el concepto de «organización internacional» recogido en el artículo 53, letra c), y en el artículo 53 quinquies del Reglamento n.o 1605/2002, en el artículo 58, apartado 1, letra c), inciso ii), y apartado 8, del Reglamento n.o 966/2012, y en el artículo 62, apartado 1, letra c), inciso ii), del Reglamento 2018/1046 se definió, con términos casi idénticos, en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento n.o 1605/2002 (DO 2002, L 357, p. 1), y, posteriormente, en el artículo 43, apartado 1, del Reglamento Delegado n.o 1268/2012, que derogó y sustituyó al Reglamento n.o 2342/2002, y en el artículo 156 del Reglamento 2018/1046. Así pues, en virtud de estas tres últimas disposiciones, están comprendidas en ese concepto las organizaciones de Derecho internacional público creadas por acuerdos internacionales (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión, C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78, apartado 91).
185
En consecuencia, suponiendo que el demandante haya pretendido invocar la vulneración del principio de seguridad jurídica, tal como se define en el apartado 180 anterior, no podría sostener fundadamente que la decisión impugnada se deriva de una legislación o de una normativa de la Unión incierta, o constituye una aplicación imprevisible de la legislación o de la normativa financiera de la Unión.
186
En tercer lugar, del apartado 111 de la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión (C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722), mencionado en el apartado 101 anterior, y del principio de buena gestión financiera se desprende que la Comisión tiene la obligación de cerciorarse de que las entidades en las que ha delegado o pretende delegar competencias de ejecución presupuestaria, en virtud de la normativa financiera relativa a la gestión indirecta del presupuesto de la Unión por organizaciones internacionales, poseen tal condición en el sentido de dicha normativa.
187
Pues bien, por una parte, el demandante no ha explicado las razones por las que el principio de seguridad jurídica impediría, en una situación como la del presente asunto, que, de conformidad con el principio de buena gestión financiera, la Comisión consultase a los Estados supuestamente miembros de una organización internacional para comprobar si esta tiene tal condición y responde a las exigencias de la normativa financiera de la Unión relativa a la gestión indirecta del presupuesto de la Unión.
188
Por otra parte, suponiendo que el demandante pretendiera, al invocar el principio de seguridad jurídica, referirse al principio de confianza legítima, del examen del primer motivo se desprende que la decisión impugnada no se adoptó vulnerando dicho principio.
189
En consecuencia, procede desestimar el presente motivo por infundado.
4.
Sobre el cuarto motivo, basado en errores manifiestos de apreciación y en otros errores de Derecho
190
El cuarto motivo consta, en esencia, de tres partes, basadas en errores manifiestos de apreciación y en errores de Derecho resultantes, por lo que respecta a la primera parte, del hecho de que la Comisión no identificó correctamente a los miembros del demandante; por lo que respecta a la segunda parte, del hecho de que se negó a calificar el acta constitutiva del demandante de acuerdo internacional por el que se instituye una organización internacional, y, por lo que respecta a la tercera parte, del hecho de que se negó a reconocer al demandante el estatuto de organización internacional a pesar de la práctica ulterior de sus miembros y del reconocimiento de dicho estatuto por la Unión y algunos Estados terceros.
191
Con carácter preliminar, procede recordar que, como se ha indicado en el apartado 183 anterior, la Comisión goza de una amplia facultad de apreciación cuando ejerce su responsabilidad de ejecutar el presupuesto de la Unión, en particular cuando opta por ejecutar dicho presupuesto conforme al régimen de gestión indirecta, y que, con arreglo a esta modalidad de gestión, delega competencias de ejecución presupuestaria a organizaciones internacionales.
192
Así pues, cuando la Comisión ejerce las prerrogativas definidas en el apartado 191 anterior, las decisiones lesivas que adopta en ese contexto están sujetas a un control que se circunscribe al error manifiesto de apreciación por parte del Tribunal General, sin perjuicio del examen de los demás motivos de ilegalidad que puedan invocarse en un recurso de anulación, con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo segundo.
193
No obstante, cuando, como en el presente asunto, la Comisión se niega a delegar a una organización competencias de ejecución presupuestaria conforme al régimen de gestión indirecta debido a que dicha organización no tiene el estatuto de organización internacional, la legalidad de tal decisión está sujeta al control del Tribunal General acerca tanto del error de Derecho como del error manifiesto de apreciación.
194
En efecto, por una parte, en tal caso, la aplicación por parte de la Comisión de las normas de carácter general que permiten definir e identificar a las organizaciones internacionales es objeto de un control del error de Derecho.
195
Por otra parte, la interpretación de las normas propias de la organización que afirma ser una organización internacional para la ejecución del presupuesto de la Unión conforme al régimen de gestión indirecta y la interpretación de las posiciones adoptadas por sus miembros, que pueden revestir cierta complejidad, están sujetas a un control que se circunscribe al error manifiesto de apreciación.
196
Hechas estas precisiones, es necesario que el Tribunal General, antes de examinar las alegaciones del demandante, precise la definición del concepto de «organización internacional» tal como está previsto en la normativa financiera de la Unión para la ejecución del presupuesto de la Unión conforme al régimen de gestión indirecta.
a)
Sobre la definición del concepto de «organización internacional» previsto en la normativa financiera de la Unión
197
Con carácter preliminar, procede recordar que están comprendidas en el concepto de «organización internacional», tal como se define en las sucesivas disposiciones de la normativa financiera de la Unión, mencionadas en el apartado 184 anterior, las organizaciones de Derecho internacional público creadas por acuerdos internacionales.
198
Pues bien, a falta de una definición más precisa de los conceptos de «organización internacional» y de «acuerdo internacional», debe considerarse que dichos conceptos utilizados por la normativa financiera de la Unión corresponden a los del Derecho internacional (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto IMG/Comisión, C‑620/20 P, EU:C:2022:158, punto 50).
199
En efecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que el Derecho de la Unión debe interpretarse a la luz de las normas pertinentes del Derecho internacional, puesto que tal Derecho forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión y resulta vinculante para sus instituciones (véase la sentencia de 15 de enero de 2015, Evans, C‑179/13, EU:C:2015:12, apartado 35 y jurisprudencia citada).
200
No obstante, en la medida en que los conceptos de «organización internacional» y de «acuerdo internacional» se utilizan en la normativa financiera de la Unión con vistas a la finalidad específica de la ejecución de su presupuesto, deben ser objeto de una interpretación estricta, y ello con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión (véanse, por analogía, las sentencias de 2 de julio de 2015, Demmer, C‑684/13, EU:C:2015:439, apartado 85, y de 20 de diciembre de 2017, Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse, C‑516/16, EU:C:2017:1011, apartado 58; véanse también, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto IMG/Comisión, C‑620/20 P, EU:C:2022:158, punto 51).
201
Así, en un litigio como el del presente asunto, el Tribunal General debe aplicar los conceptos de Derecho internacional público a los que se refiere la normativa financiera de la Unión recurriendo a los instrumentos de ese Derecho que definen estos conceptos, tal como han sido interpretados por la jurisprudencia.
202
En particular, en el presente asunto, los conceptos de «organización internacional» y de «acuerdo internacional» previstos por la normativa financiera de la Unión para la ejecución de su presupuesto en régimen de gestión indirecta deben interpretarse a la luz de los principios consuetudinarios del Derecho internacional público recogidos, en particular, en la Convención de Viena y en el proyecto de artículos.
203
A este respecto, del artículo 2, párrafo 1, letra i), de la Convención de Viena se desprende que por la expresión «organización internacional» se entiende una organización intergubernamental. Por otra parte, el artículo 2, letra a), del proyecto de artículos precisa que esta expresión designa a toda organización instituida por un tratado u otro instrumento regido por el Derecho internacional y dotada de personalidad jurídica internacional propia y que, además de Estados, una organización internacional puede contar entre sus miembros entidades distintas de los Estados.
204
En primer lugar, por lo que respecta al requisito relativo a la institución por un tratado u otro instrumento regido por el Derecho internacional, del artículo 2, párrafo 1, letra a), de la Convención de Viena se desprende que por la expresión «tratado» se entiende un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.
205
Así pues, ese o esos instrumentos pueden constituir la expresión del concurso de voluntades de dos o de varios sujetos de Derecho internacional que tales instrumentos formalizan [véase, en este sentido, el Dictamen 1/13 (Adhesión de Estados terceros al Convenio de La Haya), de 14 de octubre de 2014, EU:C:2014:2303, apartado 37].
206
Además, de la jurisprudencia de los tribunales internacionales se desprende que, cualquiera que sea su importancia en términos políticos, un documento firmado por Estados no puede constituir un acuerdo internacional si no contiene ninguna disposición que cree derechos u obligaciones respecto de los que dichos Estados hayan prestado su consentimiento [véase la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico (Bolivia c. Chile), de 1 de octubre de 2018, CIJ Recopilación 2018, p. 507, puntos 105 y 106 y jurisprudencia citada].
207
En segundo lugar, en lo tocante al requisito de contar con personalidad jurídica internacional propia, en primer término, de la jurisprudencia de los tribunales internacionales se colige que el reconocimiento de una organización internacional está supeditado a que la organización de que se trate tenga personalidad jurídica.
208
En efecto, una entidad instituida por Estados y, en su caso, por una o varias organizaciones internacionales no tiene, a falta de personalidad jurídica propia, carácter de organización internacional, sino de órgano dependiente de los Estados que la han constituido [véase, en este sentido, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Ciertas tierras fosfáticas en Nauru (Nauru c. Australia), de 26 de junio de 1992, excepciones preliminares, CIJ Recopilación 1992, p. 240, punto 47], o de una organización internacional de la que forma parte dicha entidad [véase, en este sentido, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, fallo n.o 2867 del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo con motivo de la demanda presentada contra el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de 1 de febrero de 2012, CIJ Recopilación 2012, p. 10, puntos 57 y 61].
209
En segundo término, de la jurisprudencia de los tribunales internacionales se desprende también que las organizaciones internacionales gozan, en principio, de privilegios e inmunidades necesarios para el desempeño de sus funciones [véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal Permanente de Arbitraje, Dr. Reineccius y otros c. Banco de Pagos Internacionales, de 22 de noviembre de 2002, asunto n.o 2000-04, punto 108; la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, fallo n.o 2867 del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo con motivo de la demanda presentada contra el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, de 1 de febrero de 2012, CIJ Recopilación 2012, p. 10, punto 58, y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Plantas de celulosa sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), de 20 de abril de 2010, CIJ Recopilación 2010, p. 14, punto 88].
210
En efecto, a diferencia de la inmunidad de jurisdicción de los Estados, basada en el principio par in parem non habet imperium, las inmunidades de las organizaciones internacionales se confieren, en principio, por los tratados constitutivos de estas organizaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2020, Supreme Site Services y otros, C‑186/19, EU:C:2020:638, apartado 61 y jurisprudencia citada) y tienen carácter funcional, en la medida en que pretenden evitar que se obstaculice el funcionamiento y la independencia de las organizaciones de que se trata [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 17 de diciembre de 2020, Comisión/Eslovenia (Archivos del BCE), C‑316/19, EU:C:2020:1030, apartado 73 y jurisprudencia citada].
211
En tercer término, de la jurisprudencia se desprende que los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales son tratados de tipo particular, en la medida en que tienen por objeto crear nuevos sujetos de Derecho, dotados de cierta autonomía, a los que las partes confían la tarea de lograr objetivos comunes. Así pues, las organizaciones internacionales se rigen por el principio de especialidad, es decir, están dotadas por los Estados que las crean de competencias de atribución cuyos límites dependen de los intereses comunes cuya promoción esos Estados les han encomendado y que son normalmente objeto de una formulación expresa en su instrumento constitutivo [véanse, en este sentido, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, Legalidad del uso de armas nucleares por un Estado en un conflicto armado, de 8 de julio de 1996, CIJ Recopilación 1996, p. 66, puntos 19 y 25, y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, Frontera terrestre y marítima entre el Camerún y Nigeria, de 11 de junio de 1998, excepciones preliminares, CIJ Recopilación 1998, p. 275, puntos 64 a 67, y Plantas de celulosa sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), de 20 de abril de 2010, CIJ Recopilación 2010, p. 14, punto 89].
212
Así pues, una organización internacional no puede ser reducida a un simple mecanismo facultativo puesto a disposición de las partes que cualquiera de ellas pueda utilizar discrecionalmente. En efecto, al crear una organización internacional y dotarla de todos los medios necesarios para su funcionamiento, sus fundadores manifiestan su voluntad de dar las mejores garantías de estabilidad, de continuidad y de eficacia al ejercicio de las funciones encomendadas a dicha organización, de modo que no puede salir unilateralmente de este mecanismo en el momento en que lo juzguen oportuno ni reemplazarlo con otros canales de comunicación [véase, en este sentido, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Plantas de celulosa sobre el río Uruguay (Argentina c. Uruguay), de 20 de abril de 2010, CIJ Recopilación 2010, p. 14, puntos 90 y 91].
213
El Tribunal General debe examinar el fundamento de la argumentación expuesta por el demandante en apoyo del presente motivo a la luz de estas definiciones y principios.
b)
Sobre la primera parte, basada en errores manifiestos de apreciación y en errores de Derecho relativos a la identificación de los miembros del demandante
214
La primera parte consta, en esencia, de tres imputaciones, basadas, la primera, en un error manifiesto de apreciación derivado del hecho de que la Comisión efectuó una distinción artificial entre los Estados fundadores del demandante, los Estados contribuyentes, los miembros de su Comité de Gobernanza y los miembros del grupo gubernamental de apoyo (en lo sucesivo, «GSG»); la segunda, en el error manifiesto de apreciación en que incurrió la Comisión al interpretar las posiciones adoptadas por Bélgica y Austria, y, la tercera, en errores de Derecho y un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión consideró que la Unión no era miembro del demandante.
1) Sobre la primera imputación, basada en un error manifiesto de apreciación derivado de una distinción artificial entre los Estados fundadores del demandante, los Estados contribuyentes y los miembros de su Comité de Gobernanza
215
El demandante reprocha, en esencia, a la Comisión haber identificado erróneamente a sus miembros al efectuar una distinción artificial entre sus Estados fundadores, los Estados contribuyentes, los miembros de su Comité de Gobernanza y los miembros del GSG. Así, según el demandante, debe considerarse que todos los Estados y organizaciones internacionales o regionales que contribuyen financieramente o en especie a las operaciones que lleva a cabo y los miembros del GSG, que son sus miembros fundadores, son miembros de su Comité de Gobernanza y, por lo tanto, miembros suyos, aunque no formen parte efectivamente de dicho Comité.
216
En primer lugar, cabe señalar que de la motivación de la decisión impugnada no se desprende que la Comisión haya establecido formalmente una distinción entre los Estados fundadores del demandante, los Estados contribuyentes, los miembros de su Comité de Gobernanza, que se convirtió en Comité Permanente con ocasión de la modificación de sus estatutos en 2012, y los miembros del GSG.
217
Así pues, en la decisión impugnada, la Comisión se limita a señalar que ninguno de los Estados a los que consultó a raíz de la sentencia de 31 de enero de 2019, Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), excepto Austria, reconoció ser miembro de la organización demandante desde el 16 de diciembre de 2014.
218
En segundo lugar, aun suponiendo que la decisión impugnada pudiera interpretarse en el sentido de que establece una distinción entre los Estados fundadores del demandante, los Estados contribuyentes, los miembros de su Comité de Gobernanza y los miembros del GSG, en primer término, procede recordar que, a tenor de la resolución de 25 de noviembre de 1994, solo los miembros del Comité de Gobernanza del demandante debían asumir la obligación de contribuir financieramente a su presupuesto o a sus operaciones, y no el conjunto de los miembros del GSG a los que se invitó a firmar dicha resolución.
219
Así, la resolución de 25 de noviembre de 1994 no imponía a sus signatarios ninguna obligación de convertirse en miembros del Comité de Gobernanza del demandante o de adherirse a él, sino que les dejaba plena libertad a tal efecto.
220
En segundo término, esta libertad de que disponían los Estados y las organizaciones internacionales signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 para adherirse al demandante queda confirmada por las declaraciones realizadas por el presidente de la sesión de 25 de noviembre de 1994 en la que se adoptó la resolución de ese mismo día, tal como se transcriben en el acta de dicha reunión de 29 de noviembre de 1994 (en lo sucesivo, «acta de 29 de noviembre de 1994»).
221
En efecto, del acta de 29 de noviembre de 1994 se desprende que el presidente de la sesión de 25 de noviembre de 1994, en la que se adoptó la resolución de ese mismo día, insistió en que, al firmar dicho documento, los Estados que participaban en esa reunión como miembros del GSG no se convertirían automáticamente en miembros del Comité de Gobernanza del demandante.
222
En consecuencia, el demandante no puede sostener fundadamente que el mero hecho de que un Estado o una organización internacional haya sido miembro del GSG y haya participado, al firmar la resolución de 25 de noviembre de 1994, en su fundación convierta a ese Estado o a esa organización en uno de sus miembros.
223
En tercer término, de los estatutos del demandante resulta que estos no definen ni la condición de los miembros del demandante ni el procedimiento de adhesión a este, así como tampoco el procedimiento al término del cual un Estado o una organización internacional pierde su condición de miembro del demandante.
224
Sin embargo, los estatutos del demandante crearon, mediante el Comité de Gobernanza, que se convirtió en Comité Permanente en 2012, un órgano decisorio del que pueden formar parte los Estados y las organizaciones internacionales, un procedimiento de admisión a dicho órgano y un procedimiento de reexamen de la condición de miembro de ese mismo órgano.
225
En particular, en su redacción resultante de la modificación de 2012 de los estatutos del demandante, el artículo 5 de dichos estatutos define a los miembros de su Comité Permanente y establece un procedimiento de admisión de los miembros de dicho órgano decisorio, así como un procedimiento de revisión y de revocación de la condición de miembro de dicho órgano.
226
Así pues, de los estatutos del demandante resulta que el procedimiento de admisión de un Estado o de una organización internacional a su Comité de Gobernanza, convertido en Comité Permanente, equivale, para el Estado o la organización internacional de que se trate, a un procedimiento de adhesión al demandante.
227
Además, los estatutos del demandante deben interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de los procedimientos de revisión y de revocación de la condición de miembro del Comité Permanente, los Estados y las organizaciones internacionales que habían sido admitidos en él eran libres de dejar de formar parte del mismo sin tener que cumplir ninguna formalidad específica.
228
En efecto, del hecho de que en los estatutos del demandante no figure una cláusula que establezca un procedimiento de renuncia voluntaria a la condición de miembro de su Comité de Gobernanza no puede deducirse que los Estados u organizaciones internacionales que han sido admitidos en dicho órgano lo hayan sido con carácter definitivo, sin posibilidad alguna de abandonar dicha organización.
229
Por lo demás, esta interpretación se ve corroborada por las posiciones adoptadas por varios Estados que han declarado que ya no son miembros del Comité de Gobernanza del demandante, a pesar de que en los estatutos de este último no se recoge una cláusula que defina un requisito formal específico que deba cumplirse para renunciar voluntariamente a la condición de miembro de su Comité de Gobernanza.
230
En estas circunstancias, únicamente debían ser considerados miembros de la organización demandante en la fecha en que la decisión impugnada surtió efecto los Estados y las organizaciones internacionales que habían solicitado su admisión al Comité de Gobernanza o al Comité Permanente del demandante, cuya solicitud no había dado lugar a objeciones por parte de los miembros de dicho órgano decisorio, y que seguían formando parte de este a 16 de diciembre de 2014 y, en su caso, con posterioridad.
231
Por consiguiente, el demandante no puede reprochar fundadamente a la Comisión que no considerase que determinados Estados y organizaciones internacionales eran miembros suyos si dichos Estados u organizaciones no formaban parte de su Comité de Gobernanza o de su Comité Permanente desde el 16 de diciembre de 2014, aun cuando hubieran participado en el GSG o contribuyeran o hubieran contribuido financieramente o en especie a su presupuesto o a sus operaciones.
232
De ello se deduce que esta alegación debe desestimarse por infundada.
2) Sobre la segunda imputación, basada en un error manifiesto de apreciación en la interpretación de las posiciones adoptadas por Bélgica y Austria
233
El demandante alega, en esencia, que del análisis de las respuestas de los Estados interrogados se desprende que al menos dos de ellos, a saber, Bélgica y Austria, reconocen que es una organización internacional y que son o han sido miembros fundadores, por lo que justifica que cuente entre sus miembros con al menos dos Estados y debe ser reconocido como organización internacional.
234
Procede examinar por separado las alegaciones que componen esta imputación y que se refieren a la interpretación de las respuestas de las autoridades belgas y austriacas.
i) Sobre la primera alegación, basada en un error manifiesto de apreciación en la interpretación de la respuesta de las autoridades austriacas
235
De la respuesta de Austria de 8 de abril de 2020 a la solicitud de consulta de la Comisión se desprende que dicho Estado reconoció ser miembro del demandante.
236
Pues bien, de la motivación de la decisión impugnada, tal como se recuerda en el apartado 81 anterior, resulta que la Comisión no impugnó esta posición adoptada por las autoridades austriacas.
237
Por otra parte, de la respuesta de las autoridades austriacas de 8 de abril de 2020 se infiere también que consideraban que, según la resolución de 25 de noviembre de 1994, que en su opinión no constituía un acuerdo internacional, el demandante era en el momento de su fundación un órgano internacional, independiente, temporal y dotado de capacidad jurídica limitada, y no una organización internacional. Sin embargo, las mismas autoridades consideraron también que la práctica ulterior, consistente en la celebración de acuerdos de sede y otros tratados internacionales, y el carácter actualmente permanente del demandante parecían indicar que tenía personalidad jurídica internacional en la medida necesaria para el desempeño de sus funciones. Sobre esta base, consideraron que el demandante era una organización internacional.
238
Pues bien, de la motivación de la decisión impugnada resulta que la Comisión reprodujo fielmente el contenido de la respuesta de las autoridades austriacas, al tiempo que consideró que dicha respuesta no cuestionaba la conclusión a la que había llegado en la subparte A.7, letra b), de la evaluación final, según la cual el demandante no cumplía los requisitos establecidos por la normativa financiera de la Unión para beneficiarse de la gestión indirecta. En efecto, por una parte, el demandante no había sido instituido por un acuerdo internacional en calidad de organización internacional y, por otra parte, de las respuestas de los Estados consultados por la Comisión se desprendía que la práctica ulterior no acreditaba un reconocimiento amplio y claro de su estatuto de organización internacional por parte de los Estados y organizaciones internacionales que supuestamente eran miembros suyos.
239
De ello se deduce que la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación al interpretar la respuesta de las autoridades austriacas de 8 de abril de 2020. Por lo tanto, procede desestimar esta primera alegación por infundada.
ii) Sobre la segunda alegación, basada en un error manifiesto de apreciación en la interpretación de la respuesta de las autoridades belgas
240
En primer lugar, de la respuesta de las autoridades belgas de 30 de junio de 2020 se desprende que, si bien dichas autoridades confirmaron su participación en la reunión de 25 de noviembre de 1994 en la que fue creado el demandante, Bélgica no se consideraba miembro de la organización demandante. Las autoridades belgas indicaron también que, desde su punto de vista, el demandante podía considerarse una organización internacional, razón por la cual Bélgica y el demandante firmaron el 13 de junio de 2012 un acuerdo de sede que, sin embargo, no concedía a este último la totalidad de los privilegios fiscales habitualmente concedidos a las organizaciones internacionales.
241
Pues bien, de la motivación de la decisión impugnada resulta que la Comisión reprodujo fielmente el contenido de la respuesta de las autoridades belgas, al tiempo que consideró que dicha respuesta no cuestionaba la conclusión a la que había llegado en la subparte A.7, letra b), de la evaluación final, tal como se ha resumido en el apartado 238 anterior.
242
En particular, la Comisión consideró que el reconocimiento del estatuto de organización internacional del demandante, en forma de un acuerdo de sede celebrado, en particular, por Bélgica, no podía demostrar que dicha organización constituyera una organización internacional, puesto que las autoridades belgas habían indicado a la Comisión que Bélgica no era miembro de esta.
243
En segundo lugar, en apoyo de su alegación de que Bélgica debía considerarse uno de sus miembros, el demandante invoca una nota de análisis del servicio jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores belga de 9 de noviembre de 2009, que figura en el anexo del informe de la OLAF.
244
Sin embargo, aunque de dicha nota se desprende que Bélgica consideraba entonces que el demandante tenía carácter de organización internacional, esta no se pronuncia sobre la cuestión de si dicho Estado era miembro del demandante el 9 de noviembre de 2009.
245
Además, el demandante censura que la Comisión no tuvo suficientemente en cuenta el hecho de que Bélgica había participado, por una parte, en la reunión de 25 de noviembre de 1994 en la que se creó y, por otra parte, en las reuniones de su Comité de Gobernanza hasta 2013.
246
Ahora bien, dado que la decisión impugnada no surtió efecto hasta el 16 de diciembre de 2014, la participación de las autoridades belgas en la creación del demandante el 25 de noviembre de 1994 y en las reuniones de su Comité de Gobernanza, convertido en Comité Permanente, hasta 2013, no puede demostrar que Bélgica fuera miembro de dicha organización en la fecha en que surtió efecto tal decisión y, en su caso, con posterioridad a esa fecha.
247
En estas circunstancias, la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación en la decisión impugnada al considerar, a la vista de la respuesta de las autoridades belgas de 30 de junio de 2020, que, en la fecha en que surtió efecto la decisión impugnada y con posterioridad a esa fecha, Bélgica no era miembro del demandante.
248
En consecuencia, procede desestimar esta segunda alegación por infundada y, por lo tanto, la segunda imputación en su totalidad.
3) Sobre la tercera imputación, basada en los errores de Derecho y en el error manifiesto de apreciación en que supuestamente incurrió la Comisión al negarse a reconocer la adhesión de la Unión al demandante
249
La tercera imputación consta, en esencia, de tres alegaciones. En apoyo de la primera alegación, el demandante invoca un error de Derecho basado en que la Comisión consideró que la Unión no podía adherirse a una organización internacional si esta no contaba con al menos dos Estados entre sus miembros. En apoyo de la segunda alegación, invoca un error manifiesto de apreciación basado en que la Comisión consideró que la Unión nunca había llegado a ser uno de sus miembros. En apoyo de la tercera alegación, invoca un error de Derecho basado en que la Comisión estimó que no podía considerarse que la Unión se hubiera adherido válidamente a la resolución de 25 de noviembre de 1994, al no haber recurrido al procedimiento de celebración de acuerdos internacionales entonces previsto por los Tratados.
250
A este respecto, debe recordarse que no existe ninguna disposición de los Tratados que obligue al juez de la Unión a examinar, en cualquier caso, el fundamento de los motivos o alegaciones formulados en apoyo de las pretensiones de las que conoce. Por el contrario, el juez de la Unión puede, en particular, por razones relativas a una administración eficaz de la justicia, abstenerse de examinar el fundamento de los motivos que deben declararse inadmisibles o inoperantes (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 29 de septiembre de 2022, HIM/Comisión, C‑500/21 P, no publicada, EU:C:2022:741, apartados 72 y 73).
251
En particular, de reiterada jurisprudencia se desprende que las alegaciones dirigidas contra los fundamentos jurídicos innecesarios del acto cuya legalidad se impugna no pueden dar lugar a la anulación de dicho acto y son, por lo tanto, inoperantes [véase, por analogía, el auto de 28 de septiembre de 2023, QI/Comisión, C‑32/23 P, no publicado, EU:C:2023:722, apartado 4 (que se remite al punto 34 de la opinión del Abogado General, así como a la jurisprudencia citada en dicho punto)].
252
En el presente asunto, en el marco de la presente imputación, el demandante pretende demostrar su estatuto de organización internacional basándose en que, en la fecha en que surtió efecto la decisión impugnada, contaba al menos con dos miembros, a saber, por una parte, Austria y, por otra parte, la Unión, que se adhirió regularmente a la resolución de 25 de noviembre de 1994 y formaba parte de su Comité de Gobernanza y, posteriormente, de su Comité Permanente.
253
Pues bien, por una parte, sin que sea necesario examinar la cuestión de si la Comisión se adhirió regularmente a la resolución de 25 de noviembre de 1994, de las indicaciones concordantes de las partes se desprende que la Comisión dejó de formar parte del Comité de Gobernanza del demandante a partir del 20 de mayo de 2003.
254
En estas circunstancias, como se desprende del examen de la primera imputación de la presente parte, no puede considerarse que la Unión fuera miembro del demandante durante el período de vigencia de la decisión impugnada.
255
Por otra parte, el demandante no demuestra, y ni siquiera sostiene, que, en la fecha en que surtió efecto la decisión impugnada, contara entre sus miembros con otra organización internacional.
256
A este respecto, aunque la resolución de 25 de noviembre de 1994 y el artículo 5, apartado 1, de los estatutos del demandante prevén que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es miembro de derecho de su Comité de Gobernanza, de una carta del secretario general del ACNUR de 25 de febrero de 2014 se desprende que el ACNUR dejó de contribuir financieramente a los proyectos ejecutados por el demandante a partir del año 2000, dejó de participar en las reuniones de dicho Comité de Gobernanza y dejó de formar parte de dicho órgano a partir de 2010.
257
En estas circunstancias, dado que ni la Unión ni ninguna otra organización internacional, en particular el ACNUR, pueden considerarse miembros de la organización demandante a partir del 16 de diciembre de 2014, la presente imputación, aun suponiendo que esté fundada, no incide en la legalidad de la decisión impugnada y debe ser desestimada. En consecuencia, procede desestimar también la primera parte del presente motivo en su totalidad.
c)
Sobre la segunda parte, basada en errores de Derecho en la negativa de la Comisión a calificar la resolución de 25 de noviembre de 1994 de acuerdo internacional por el que se instituye una organización internacional
258
La segunda parte consta esencialmente de dos imputaciones, basadas, la primera, en errores de Derecho en la medida en que la Comisión se negó a calificar la resolución de 25 de noviembre de 1994 de acuerdo internacional y, la segunda, en un error de interpretación en cuanto a la intención de los signatarios de dicha resolución de conceder al demandante el estatuto de organización internacional.
1) Sobre la primera imputación, basada en errores de Derecho resultantes de la negativa de la Comisión a calificar la resolución de 25 de noviembre de 1994 de acuerdo internacional
259
La primera imputación consta esencialmente de tres alegaciones, basadas, la primera, en que la Comisión incurrió en error de Derecho en cuanto al carácter jurídicamente vinculante de la resolución de 25 de noviembre de 1994; la segunda, en que la Comisión incurrió en error de Derecho en cuanto a la exigencia de que dicha resolución fuera firmada por representantes facultados para ello, y, la tercera, en que la Comisión incurrió en error de Derecho en cuanto a la exigencia de instrumentos de firma o de ratificación de dicha resolución.
i) Sobre la primera alegación, basada en un error de Derecho en cuanto al carácter jurídicamente vinculante de la resolución de 25 de noviembre de 1994
260
En apoyo de esta alegación, el demandante aduce, en esencia, que la Comisión incurrió en error de Derecho en la decisión impugnada al adoptar la postura de Austria, Finlandia y Suecia según la cual la resolución de 25 de noviembre de 1994 constituía una declaración política carente de carácter jurídicamente vinculante, por lo que no podía calificarse de acuerdo internacional.
261
A este respecto, de la motivación de la decisión impugnada, en particular de la subparte A.7, letra c), de la evaluación final, se desprende que, en apoyo de la conclusión de que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no era un acuerdo internacional, la Comisión se basó en los documentos de toma de postura de Austria y de Finlandia fechados respectivamente el 8 de abril y el 23 de enero de 2020.
262
Así pues, de la respuesta de Austria de 8 de abril de 2020 se colige que, si bien los representantes de dicho Estado firmaron la resolución de 25 de noviembre de 1994, las autoridades austriacas consideran que dicha resolución no constituye un acuerdo internacional.
263
Además, en su respuesta de 23 de enero de 2020, las autoridades finlandesas indicaron que, en la reunión de 25 de noviembre de 1994, los representantes de Finlandia habían firmado la resolución de ese mismo día considerando que se trataba de una declaración de carácter político que no tenía carácter jurídicamente vinculante.
264
Además, aunque de la decisión impugnada no se desprende que la Comisión se basara expresamente en la toma de postura de las autoridades suecas sobre la cuestión de si la resolución de 25 de noviembre de 1994 constituía un acuerdo internacional, de la respuesta de dicho Estado de 2 de julio de 2020 se infiere que estas autoridades también consideran, al igual que las autoridades austriacas y finlandesas, que dicha resolución no reviste el carácter de acuerdo internacional.
265
Pues bien, como se ha indicado en el apartado 206 anterior, un documento firmado por Estados no puede constituir un acuerdo internacional si no contiene ninguna disposición que cree derechos u obligaciones respecto de los que dichos Estados hayan prestado su consentimiento. Así pues, en el presente asunto, incumbe al Tribunal General examinar el contenido y el alcance de la resolución de 25 de noviembre de 1994, con el fin de determinar si dicho documento conlleva compromisos jurídicamente vinculantes para sus signatarios (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de noviembre de 2008, Grecia/Comisión, C‑203/07 P, EU:C:2008:606, apartado 56).
266
En primer término, el punto 1 de la resolución de 25 de noviembre de 1994 hace referencia al acuerdo de los representantes de los Gobiernos y de las organizaciones internacionales que participaron en la reunión del mismo día sobre el hecho de formalizar, a partir de esa fecha, el establecimiento del demandante, como se había previsto durante las reuniones preliminares celebradas en Ginebra desde julio de 1993, de conformidad con el acta adjunta a dicha resolución.
267
En segundo término, el punto 2 de la resolución de 25 de noviembre de 1994 confirmaba el nombramiento del director general del demandante.
268
En tercer término, el punto 3 de la resolución de 25 de noviembre de 1994 preveía la creación de un Comité de Gobernanza, al que podían adherirse los gobiernos y las organizaciones internacionales que contribuyeran financieramente o en especie, de forma regular, al presupuesto o a las operaciones del demandante y en el que participarían de pleno derecho el ACNUR y la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR). Además, dicho Comité era competente para, entre otras cosas, adoptar sus propias normas por mayoría de dos tercios, establecer directrices, adoptar el presupuesto del demandante y decidir sobre sus necesidades de personal, nombrar al director general por mayoría absoluta, invitar a expertos o representantes de otras organizaciones internacionales y reexaminar la necesidad de mantener la actividad del demandante por períodos de seis meses. Por último, el GSG debía reunirse dos veces al año para supervisar las operaciones y actividades del demandante.
269
En cuarto término, el punto 4 de la resolución de 25 de noviembre de 1994 precisaba que la firma de ese documento no implicaba obligación alguna de contribuir al presupuesto o a las operaciones del demandante, ya que tal obligación debía ser asumida por los miembros de su Comité de Gobernanza.
270
En quinto término, el punto 5 de la resolución de 25 de noviembre de 1994 recogía el acuerdo de los participantes en la reunión del mismo día sobre el hecho de que, una vez que se adoptara un marco global para la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina, el demandante debía integrarse en dicho marco global o poner fin progresivamente a sus actividades, de conformidad con una decisión a tal efecto del GSG. Mientras tanto, las actividades del demandante debían llevarse a cabo de forma integrada en las del ACNUR y en estrecha relación con las de UNPROFOR.
271
Así pues, de los términos de la resolución de 25 de noviembre de 1994 se desprende que sus signatarios aprobaron las normas de organización del demandante, en particular confirmando el nombramiento de su director general y decidiendo la creación de un Comité de Gobernanza en su seno.
272
En particular, si bien la resolución de 25 de noviembre de 1994 no imponía a sus signatarios ninguna obligación de convertirse en miembros del demandante, no es menos cierto que su punto 5 establecía la obligación de los Estados miembros del GSG de decidir si se integraba al demandante en el marco global para la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina o si se ponía fin progresivamente a sus actividades.
273
Así pues, la resolución de 25 de noviembre de 1994 contenía al menos un compromiso jurídicamente vinculante para sus signatarios, por lo que no puede considerarse una declaración cuyo alcance fuera exclusivamente político.
274
Por consiguiente, la Comisión incurrió en error de Derecho en la decisión impugnada al adoptar la postura de Austria y Finlandia, que, como resulta del apartado 264 anterior, también correspondía a la postura de Suecia, según la cual la resolución de 25 de noviembre de 1994 constituía una declaración política carente de carácter jurídicamente vinculante. Por lo tanto, procede estimar esta primera alegación.
ii) Sobre la segunda alegación, basada en un error de Derecho en cuanto a la exigencia de que la resolución de 25 de noviembre de 1994 fuera firmada por representantes facultados para ello
275
En apoyo de la segunda alegación, el demandante sostiene que, desde el punto de vista formal, la Comisión incurrió en error de Derecho en la decisión impugnada en relación con las normas establecidas en el artículo 7, párrafo 1, de la Convención de Viena, al exigir a los Estados interrogados sobre su estatuto jurídico que presentaran los poderes que facultaban a los negociadores para adoptar la resolución de 25 de noviembre de 1994.
276
Con carácter preliminar, procede recordar que el Derecho internacional de los tratados está codificado esencialmente en la Convención de Viena (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de marzo de 2015, Oberto y O’Leary, C‑464/13 y C‑465/13, EU:C:2015:163, apartado 35).
277
En particular, el artículo 7, párrafo 1, de la Convención de Viena, relativo a los plenos poderes, prevé que, para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado si presenta los adecuados plenos poderes, o si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes.
278
Sin embargo, no obstante lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 1, de la Convención de Viena, el párrafo 2 del mismo artículo exime de la exigencia de presentar plenos poderes a los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; a los jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados, y a los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia, organización u órgano.
279
Así pues, un documento que ha sido firmado por personas que carecen de los poderes necesarios para obligar a los Estados a los que pertenecen, de conformidad con el artículo 7, párrafo 1, de la Convención de Viena, no podrá ser considerado un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, a menos que dichas personas estén facultadas para obligar a dichos Estados sin tener que presentar plenos poderes, con arreglo al párrafo 2 de dicho artículo [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Delimitación de la frontera marítima en el golfo de Bengala (Bangladesh/Myanmar), de 14 de marzo de 2012, TIDM Recopilación 2012, p. 4, puntos 96 y 98].
280
Además, de conformidad con el artículo 8 de la Convención de Viena, citado por la Comisión en la cuarta subparte de la primera parte de la evaluación final, un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7 de dicha Convención, no puede considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado.
281
A este respecto, de los comentarios de la Comisión de Derecho Internacional al proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados (Anuario de la Comisión de Derecho International, 1966, vol. II., pp. 210‑211), que, de conformidad con las normas de interpretación de los tratados establecidas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, pueden tenerse en cuenta a efectos de la interpretación del artículo 8 de dicha Convención, se desprende que, a pesar de la falta inicial de autorización de su representante, el Estado puede suscribir posteriormente el acto realizado y acreditar así su consentimiento en obligarse por el tratado, y que también se considerará que lo ha hecho implícitamente si invoca las disposiciones del tratado o actúa de manera que parezca considerar aceptado el acto de su representante.
282
En primer lugar, de las respuestas de los Estados interrogados por la Comisión que habían enviado representantes a la reunión de 25 de noviembre de 1994 se colige que ninguno de esos Estados pudo presentar los plenos poderes que se habrían concedido a dichos representantes para autorizarlos, con arreglo al artículo 7, párrafo 1, de la Convención de Viena, a firmar la resolución del mismo día.
283
Además, de estas respuestas no resulta una práctica de dichos Estados u otras circunstancias que establecieran su intención de considerar a los participantes en la reunión de 25 de noviembre de 1994 como sus representantes a efectos de la firma de la resolución de ese mismo día y de no exigir la presentación de plenos poderes.
284
En segundo lugar, de la respuesta de Suecia de 2 de julio de 2020 se desprende ciertamente que la resolución de 25 de noviembre de 1994 fue firmada posteriormente por el ministro de Asuntos Exteriores sueco, por lo que puede considerarse que dicho Estado se acogió a la exención de la exigencia de presentar plenos poderes prevista en el artículo 7, párrafo 2, letra a), de la Convención de Viena.
285
En tercer lugar, sin embargo, de la convocatoria a la reunión de 25 de noviembre de 1994, dirigida por el ACNUR el 15 de noviembre de 1994 al jefe de la delegación permanente de la Comisión ante las organizaciones internacionales en Ginebra, de la certificación de un antiguo funcionario de la Comisión de 16 de enero de 2020, que figura en el anexo A.43 de la demanda, y de la certificación de un antiguo funcionario del Gobierno danés de 30 de julio de 2019, que figura en el anexo A.44 de la demanda, se deduce que la resolución de 25 de noviembre de 1994 fue negociada y adoptada por los representantes de los Estados que formaban parte del grupo de trabajo encargado de las cuestiones humanitarias de la Conferencia internacional sobre la ex Yugoslavia y con ocasión de una reunión de dicho grupo de trabajo.
286
Así pues, a falta de aprobación de la resolución de 25 de noviembre de 1994 por todos los representantes de los Estados acreditados ante la Conferencia internacional sobre la ex Yugoslavia, la citada resolución, adoptada en el marco de un grupo de trabajo, no puede considerarse un tratado adoptado en el marco de dicha Conferencia, con arreglo al artículo 7, párrafo 2, letra c), de la Convención de Viena.
287
En cuarto lugar, y en cualquier caso, de los autos y, específicamente, de las respuestas de los Estados interrogados por la Comisión se infiere que, además del reconocimiento por Austria de su condición de miembro del demandante, algunos de ellos participaron, el 10 de marzo de 1995, en la adopción de sus estatutos (en lo sucesivo, «estatutos iniciales»), en particular Francia, cuya representante firmó dichos estatutos en calidad de presidenta del Comité de Gobernanza, y Finlandia, y que algunos de estos Estados formaron parte de su Comité de Gobernanza o de su Comité Permanente, en particular Dinamarca, Francia, Países Bajos, Suecia y Noruega, habiendo firmado los representantes de estos dos últimos Estados los estatutos del demandante adoptados en 2008 y en 2012 en calidad de presidentes de su Comité de Gobernanza, convertido en Comité Permanente.
288
Así pues, mediante su participación en la adopción de los estatutos iniciales o posteriores del demandante o al formar parte de su Comité de Gobernanza o de su Comité Permanente, los Estados mencionados en el apartado 287 anterior actuaron de manera que parecieron considerar aceptados los actos de firma de la resolución de 25 de noviembre de 1994 por sus representantes y, de este modo, ulteriormente confirmaron, en el sentido del artículo 8 de la Convención de Viena, la firma de esta resolución que tenía por objeto instituir al demandante.
289
En estas circunstancias, la Comisión incurrió en error de Derecho en la decisión impugnada al negarse a calificar la resolución de 25 de noviembre de 1994 de acuerdo internacional debido a la falta de plenos poderes de los participantes en la reunión del mismo día, dado que la firma de dicha resolución fue confirmada ulteriormente por al menos dos Estados. Por lo tanto, procede estimar la presente alegación.
iii) Sobre la tercera alegación, basada en errores de Derecho en cuanto a la exigencia de instrumentos de firma o de ratificación de la resolución de 25 de noviembre de 1994
290
En apoyo de la tercera alegación, el demandante sostiene que la Comisión incurrió en errores de Derecho en la decisión impugnada en relación con determinados principios de Derecho internacional público enunciados en la Convención de Viena, al exigir a los Estados interrogados sobre su estatuto jurídico que aportaran la prueba de la firma de su acta constitutiva o que presentaran un instrumento de ratificación, siendo así que del expediente a disposición de la Comisión se desprendía que la resolución de 25 de noviembre de 1994 había sido debidamente aprobada y firmada por sus Estados fundadores y que, en la práctica, una organización internacional no siempre se crea mediante un acuerdo formal.
291
En primer lugar, es preciso recordar que, de conformidad con el artículo 11 de la Convención de Viena, el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido.
292
En particular, el artículo 12, párrafo 1, de la Convención de Viena dispone que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la firma del representante de ese Estado cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto; cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto, o cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación.
293
Además, el artículo 12, párrafo 2, de la Convención de Viena establece que, para los efectos del párrafo 1 del mismo artículo, la rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los Estados negociadores así lo han convenido y la firma ad referendum por el representante de un Estado equivaldrá a la firma definitiva del tratado si la confirma dicho Estado.
294
En el presente asunto, del punto 6 de la resolución de 25 de noviembre de 1994 y del acta de 29 de noviembre de 1994 se desprende que los participantes en la reunión de 25 de noviembre de 1994 fueron invitados a firmar dicha resolución.
295
Así pues, en la medida en que la firma de un acuerdo constituye, según la Convención de Viena, una de las formas de expresión del consentimiento de un Estado en obligarse por dicho acuerdo, la Comisión no incurrió en error de Derecho, a la luz del artículo 12 de dicha Convención, al interrogar a los Estados supuestamente miembros del demandante sobre esta cuestión y al solicitar la presentación de eventuales instrumentos de firma.
296
En segundo lugar, el artículo 14, párrafo 1, de la Convención de Viena prevé que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación cuando el tratado disponga que tal consentimiento debe manifestarse mediante la ratificación; cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que se exija la ratificación; cuando el representante de ese Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificación, o cuando la intención de dicho Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación.
297
En el presente asunto, ni de la resolución de 25 de noviembre de 1994 ni del acta de 29 de noviembre de 1994 se desprende que los participantes en la reunión de 25 de noviembre de 1994 tuvieran la intención de proceder a una ratificación de dicha resolución.
298
Sin embargo, esa voluntad de proceder mediante ratificación podría haber sido expresada por los representantes de los Estados y de las organizaciones internacionales interesados durante la negociación o en el momento de la firma, de conformidad con las hipótesis previstas en el artículo 14, párrafo 1, letras b) a d), de la Convención de Viena.
299
En consecuencia, el demandante tampoco puede reprochar fundadamente a la Comisión haber interrogado a los Estados que presumía miembros suyos sobre la existencia de un instrumento de ratificación, con el fin de determinar la existencia de un consentimiento por su parte en obligarse por la resolución de 25 de noviembre de 1994.
300
Por lo tanto, procede desestimar esta tercera alegación por infundada.
iv) Sobre la incidencia del fundamento de las alegaciones primera y segunda de la presente imputación sobre la legalidad de la decisión impugnada
301
De los apartados 274 y 289 anteriores se colige que la Comisión incurrió en errores de Derecho en la decisión impugnada al considerar que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no constituía un acuerdo internacional.
302
Sin embargo, estos errores de Derecho siguen siendo, en esta fase del examen de la argumentación del demandante, irrelevantes para la legalidad de la decisión impugnada, puesto que no afectan al requisito establecido por la normativa financiera de la Unión según el cual el demandante, para poder beneficiarse de la ejecución del presupuesto de la Unión conforme al régimen de gestión indirecta previsto para las organizaciones internacionales, debe haber sido fundado por un acuerdo internacional cuyo objeto fuera instituirlo en calidad de organización internacional.
303
Por consiguiente, las ilegalidades constatadas en los apartados 274 y 289 anteriores no pueden dar lugar por sí solas a la anulación de la decisión impugnada.
2) Sobre la segunda imputación, basada en un error de interpretación en cuanto a la intención de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 de conceder al demandante el estatuto de organización internacional
304
En apoyo de la presente imputación, el demandante alega, en esencia, que la Comisión incurrió en error de Derecho en la decisión impugnada en relación con el contenido de la resolución de 25 de noviembre de 1994, en la medida en que consideró que el objeto de dicho acto no era instituir una organización internacional, sino un mecanismo temporal de financiación conjunta.
305
A este respecto, cabe recordar que, conforme al artículo 31 de la Convención de Viena, que es expresión del Derecho consuetudinario internacional, un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos de dicho tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin (véase la sentencia de 11 de marzo de 2015, Oberto y O’Leary, C‑464/13 y C‑465/13, EU:C:2015:163, apartado 37 y jurisprudencia citada).
306
En primer lugar, cabe señalar que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no califica al demandante de organización internacional ni define su estatuto jurídico.
307
En segundo lugar, debe observarse asimismo que la resolución de 25 de noviembre de 1994 ni siquiera reconocía personalidad jurídica al demandante mediante una cláusula que le confiriera capacidad para celebrar acuerdos o capacidad procesal.
308
En tercer lugar, la resolución de 25 de noviembre de 1994 tampoco preveía que el demandante pudiera gozar de inmunidades para el ejercicio de sus actividades, mientras que, con arreglo a la jurisprudencia citada en los apartados 209 y 210 anteriores, las organizaciones internacionales gozan, en principio, para el desempeño de sus funciones, de inmunidades previstas en sus tratados constitutivos.
309
En cuarto lugar, de los términos de la resolución de 25 de noviembre de 1994 se desprende que sus signatarios no pretendían, al fundar al demandante, instituir una organización dotada de todos los medios necesarios para su funcionamiento y de las mejores garantías de estabilidad, de continuidad y de eficacia para el ejercicio de sus funciones, sino un mecanismo facultativo puesto a disposición de las partes, que cualquiera de ellas podría utilizar discrecionalmente.
310
En primer término, en efecto, por lo que respecta a la estabilidad y a la continuidad de las funciones del demandante, el punto 3 de la resolución de 25 de noviembre de 1994 establecía que el Comité de Gobernanza debía reexaminar cada seis meses la necesidad de mantener la actividad del demandante, mientras que, con arreglo a su punto 5, los Estados parte en la resolución de 25 de noviembre de 1994 debían decidir si lo integraban en el marco global para la reconstrucción de Bosnia-Herzegovina o si ponían fin progresivamente a sus actividades.
311
En segundo término, en cuanto a la eficacia de las funciones del demandante, si bien el punto 3 de la resolución de 25 de noviembre de 1994 se refiere al pago regular de contribuciones a su favor, procedente de los Estados y de las organizaciones internacionales parte en dicha resolución, esta no exige que dichos Estados y organizaciones realicen contribuciones obligatorias al presupuesto del demandante. Por el contrario, la resolución prevé expresamente el carácter facultativo de las contribuciones, financieras o en especie, de los miembros del demandante.
312
En tercer término, la resolución de 25 de noviembre de 1994 no preveía ninguna transferencia de competencias obligatorias de los Estados y organizaciones parte en dicha resolución al demandante, siendo así que dichos Estados y organizaciones tenían, por el contrario, libertad para adherirse a ella, para salir unilateralmente de esta en el momento en que lo juzgasen oportuno y para reemplazarla con otros canales de comunicación.
313
En quinto lugar, la interpretación de los términos y de la finalidad de la resolución de 25 de noviembre de 1994, de la que se desprende que sus autores no tenían la intención de instituir una organización internacional cuando fundaron al demandante, se ve corroborada por el contexto en el que se adoptó, como se desprende de varios documentos obrantes en autos.
314
En primer término, del acta de 29 de noviembre de 1994 se desprende que, en la reunión de 25 de noviembre de 1994 del grupo de trabajo encargado de las cuestiones humanitarias de la Conferencia internacional sobre la ex Yugoslavia, varios Estados, en particular Alemania, Finlandia, Noruega y Rusia, así como la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), expresaron reticencias ante una iniciativa que habría conducido a la creación de un nuevo organismo institucionalizado e insistieron en el carácter temporal de la actividad del demandante. Además, ninguno de los participantes en dicha reunión calificó al demandante de organización internacional.
315
En segundo término, el demandante invoca un documento titulado en inglés «Terms of reference of IMG-IBH» (Pliego de condiciones de IMG-IBH), que el Tribunal General entiende como un anexo a la resolución de 25 de noviembre de 1994. En particular, este documento enumera las funciones del demandante consistentes, en el territorio de Bosnia-Herzegovina y en los ámbitos de la energía, de los servicios públicos, del alojamiento y de la vivienda, en recabar información, evaluar las necesidades básicas de la población, determinar los sectores prioritarios que requerían una asistencia internacional rápida, identificar y elaborar programas o proyectos susceptibles de ser financiados por la comunidad internacional y asistir a los Estados y a las instituciones internacionales con vistas a la financiación de programas o proyectos.
316
Sin embargo, el pliego de condiciones de IMG-IBH no se pronuncia sobre el estatuto jurídico del demandante ni le confiere la facultad de celebrar acuerdos internacionales.
317
En tercer término, la certificación de 14 de diciembre de 1994 redactada por el coordinador de la operación especial del ACNUR en la ex Yugoslavia, que había presidido la reunión de 25 de noviembre de 1994 en la que se adoptó la resolución del mismo día, se limita a dejar constancia de la creación formal del demandante en dicha reunión, sin precisar si esta iniciativa tenía por objeto dotar al demandante de personalidad jurídica y, en su caso, conferirle el estatuto de organización internacional.
318
En cuarto término, de la convocatoria a la reunión de 25 de noviembre de 1994 se colige que dicha reunión tenía por objeto examinar la reestructuración de la entidad que había dado lugar al demandante y su futuro estatuto, y no crear una organización internacional.
319
En consecuencia, la Comisión no incurrió en error de Derecho en la decisión impugnada al considerar que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no tenía por objeto ni como efecto conferir al demandante el estatuto de organización internacional, por lo que procede desestimar la presente imputación por infundada y, por lo tanto, la segunda parte del cuarto motivo en su totalidad.
d)
Sobre la tercera parte, basada en errores de Derecho en cuanto a la práctica ulterior de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 y al reconocimiento del estatuto de organización internacional por la Unión y determinados Estados
320
La tercera parte del cuarto motivo consta, en esencia, de tres imputaciones, basadas, la primera, en un error de Derecho en la medida en que la Comisión se negó a reconocer al demandante su estatuto de organización internacional a pesar de la práctica ulterior de sus miembros; la segunda, en un error de Derecho en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta el reconocimiento del estatuto de organización internacional del que se había beneficiado el demandante por parte de la Unión y de determinados Estados, y, la tercera, en un error de Derecho en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que sus miembros no lo habían disuelto y el hecho de que cumplía el principio de especialidad.
1) Sobre la primera imputación, basada en un error de Derecho en cuanto a la práctica ulterior de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994
321
En apoyo de esta imputación, el demandante alega, en esencia, que, aun suponiendo que no hubiera sido instituido como organización internacional por su acta constitutiva, la Comisión incurrió en error de Derecho al negarse a admitir que había adquirido progresivamente el estatuto de organización internacional permanente, habida cuenta de la práctica ulterior de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 y, en particular, de sus miembros. En efecto, indica que sus estatutos iniciales fueron modificados en 2008 y 2012 para dotarlo de los medios y privilegios de una organización internacional, que eran adecuados para la continuación de su acción y el desarrollo de sus actividades.
322
Con carácter preliminar, procede recordar que, en la decisión impugnada, la Comisión consideró que de las respuestas de los Estados consultados se desprendía que la práctica ulterior, que siguió a la adopción de la resolución de 25 de noviembre de 1994, no acreditaba un reconocimiento amplio y claro del estatuto de organización internacional del demandante por parte de los Estados y de las organizaciones internacionales que supuestamente eran miembros suyos.
323
A este respecto, cabe recordar que, de conformidad con el artículo 31, párrafo 3, letras a) y b), de la Convención de Viena, debe tenerse en cuenta, en particular para los efectos de la interpretación de un tratado, y junto con el contexto de este, todo acuerdo posterior celebrado entre las partes relativo a la interpretación del tratado o a la aplicación de sus disposiciones y toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación de dicho tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Consejo/Frente Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:973, apartado 120).
324
En particular, de la jurisprudencia se desprende que los instrumentos no podrán considerarse constitutivos de un acuerdo ulterior o de una práctica ulterior por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación de un tratado, en el sentido del artículo 31, párrafo 3, letras a) y b), de la Convención de Viena, cuando se hayan adoptado sin el apoyo de todos los Estados parte en dicho tratado [véanse, en este sentido, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, Caza de la ballena en el Antártico (Australia c. Japón; interviniente: Nueva Zelanda), de 31 de marzo de 2014, CIJ Recopilación 2014, p. 226, punto 83].
325
Además, en virtud del artículo 32 de la Convención de Viena, se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 de la misma Convención, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con dicho artículo 31 deje, en particular, ambiguo u oscuro el sentido, o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
326
En tal caso, de conformidad con las conclusiones de la Comisión de Derecho Internacional sobre los acuerdos y la práctica ulteriores anejas a la Resolución 73/202 de la Asamblea General de 20 de diciembre de 2018 [texto adoptado por la Comisión de Derecho Internacional en su 70o período de sesiones, en 2018, y presentado a la Asamblea General en el contexto de su informe sobre los trabajos de dicho período de sesiones (A/73/10)], una práctica ulterior consiste en el comportamiento de una o más partes en el tratado después de su celebración en relación con su aplicación.
327
Es a la luz de estas disposiciones y principios que el Tribunal General debe examinar si, en apoyo de la presente imputación, el demandante puede invocar fundadamente la práctica ulteriormente seguida por sus miembros, como se desprende de sus estatutos iniciales y de sus modificaciones en 2008 y en 2012.
328
Del examen de la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo se desprende que, en la medida en que no instituían al demandante como organización internacional, las disposiciones de la resolución de 25 de noviembre de 1994 carecen de toda oscuridad o ambigüedad y no conducen a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable, en el sentido del artículo 32 de la Convención de Viena.
329
Así pues, la demostración de que los acuerdos ulteriores o una práctica ulterior de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 han modificado la interpretación de las disposiciones de dicha resolución con el fin de conferir al demandante el estatuto de organización internacional está supeditada al requisito de que todos los signatarios de dicha resolución o, al menos, todos los miembros del demandante hayan aprobado tal modificación, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 324 anterior.
330
En el presente asunto, es cierto que, por una parte, los estatutos iniciales del demandante le confirieron personalidad jurídica y establecieron que una parte de su personal disfrutaría del régimen de inmunidades del que goza el ACNUR y que, por otra parte, el artículo 1 de sus estatutos de 2012 la calificaba de organización internacional.
331
Sin embargo, el demandante no ha demostrado que sus estatutos iniciales y sus estatutos de 2012 reflejaran la voluntad de todos los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 o, al menos, de sus miembros, de conferirle el estatuto de organización internacional, por lo que la Comisión debería haber reconocido que dichos instrumentos constituían acuerdos ulteriores o una práctica ulterior en el sentido del artículo 31, párrafo 3, letras a) y b), de la Convención de Viena.
332
Por el contrario, en primer lugar, por lo que respecta a los estatutos iniciales, del acta de la reunión del Comité de Gobernanza del 13 de febrero de 1995 en la que participaron, bajo los auspicios del ACNUR, representantes de Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Noruega y la Comunidad Europea, con vistas a redactar dichos estatutos, se desprende que, a raíz de una pregunta de Finlandia, un agente del ACNUR subrayó que el demandante había sido creado para llevar a cabo una misión temporal, que no estaba previsto crear una organización internacional de pleno derecho y que los estatutos del demandante no tendrían, para los Estados que los aprobaran, el mismo carácter jurídicamente vinculante que el que habría resultado de la aplicación de un procedimiento de ratificación de su acta constitutiva por parte de todos los Estados afectados.
333
Además, de un escrito de las autoridades finlandesas de 29 de abril de 2014 se desprende que, en la reunión del Comité de Gobernanza de 10 de marzo de 1995, en la que se aprobaron los estatutos iniciales por la mayoría exigida de dos tercios de los miembros de dicho Comité, el representante de Finlandia no firmó dichos estatutos por albergar dudas sobre la naturaleza jurídica de dicho documento y que, debido a las garantías dadas por el agente del ACNUR mencionado en el apartado 332 anterior, Finlandia firmó finalmente dichos estatutos en la reunión del Comité de Gobernanza de 19 de junio de 1995 formulando una declaración según la cual consideraba que los estatutos del demandante eran de carácter político.
334
Así, teniendo en cuenta las posiciones del ACNUR y de Finlandia cuando se adoptaron los estatutos iniciales del demandante, de las circunstancias en las que se adoptaron dichos estatutos no se desprende que reflejen la voluntad de todos los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994, ni de los miembros del demandante, de conferirle el estatuto de organización internacional.
335
En segundo lugar, en relación con los estatutos del demandante adoptados en 2012, este último sostuvo en la vista que habían sido firmados por Francia, Italia, Finlandia, Suecia y Noruega.
336
Pues bien, en primer término, es preciso señalar que, aun considerando fundadas las alegaciones del demandante, de ello resultaría que los estatutos de 2012 no fueron adoptados con el apoyo de todos los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994.
337
En segundo término, de los documentos obrantes en auto tampoco se desprende que, cuando se adoptaron los estatutos del demandante en 2012, sus únicos miembros fueran Francia, Italia, Finlandia, Suecia y Noruega, de modo que deba considerarse que dichos estatutos reflejan el acuerdo unánime de los miembros del demandante en esa fecha para reconocerle la condición de organización internacional.
338
En tercer término, aun suponiendo que, cuando se adoptaron los estatutos de 2012, los únicos miembros del demandante fueran los cinco Estados mencionados en el apartado 335 anterior, de las posiciones adoptadas por dichos Estados en respuesta a la investigación de la OLAF y al procedimiento de consulta iniciado por la Comisión con vistas a la adopción de la decisión impugnada se desprende que contradicen la cláusula de los estatutos de 2012 que reconoce al demandante la condición de organización internacional.
339
En efecto, por una parte, del escrito dirigido el 23 de junio de 2014 por las autoridades suecas a la OLAF y de la respuesta de estas autoridades a la Comisión de 2 de julio de 2020 se colige que Suecia considera que el demandante no es una organización internacional, a pesar de que consta que el embajador sueco en Belgrado firmó los estatutos de 2012 del demandante, en calidad de presidente de su Comité de Gobernanza, convertido en Comité Permanente.
340
Por otra parte, de las respuestas dadas en el marco de la investigación de la OLAF por Francia, Italia, Finlandia y Noruega, así como de sus respuestas a la Comisión fechadas, respectivamente, el 22 de julio, el 13 de marzo, el 14 de enero de 2020 y el 20 de diciembre de 2019, se infiere que estos Estados consideran que el demandante no es una organización internacional.
341
Así pues, teniendo en cuenta las posiciones adoptadas por Francia, Italia, Finlandia, Suecia y Noruega, de los autos no se desprende que la cláusula de los estatutos de 2012, en virtud de la cual el demandante es una organización internacional, refleje la voluntad clara e inequívoca de dichos Estados de conferirle tal estatuto.
342
En tercer lugar, cabe señalar que, aun suponiendo que los estatutos iniciales del demandante y sus estatutos de 2012 hubieran sido adoptados con el apoyo de todos los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 o, al menos, de sus miembros, de la evolución de dichos estatutos se desprende que, si bien, con ocasión de la adopción de los nuevos estatutos en 2008 y 2012, dichos miembros del demandante quisieron asegurarle cierta estabilidad y garantizar la continuidad de su acción, no modificaron, sin embargo, su naturaleza de mecanismo facultativo de financiación conjunta, que cualquiera de ellos podría utilizar discrecionalmente.
343
En particular, cuando se adoptaron los estatutos de 2008 y de 2012, los miembros del demandante no modificaron su modo de financiación, basado en contribuciones voluntarias, ni le atribuyeron competencias obligatorias, por lo que siguen siendo libres de salir unilateralmente de él en el momento en que lo juzguen oportuno y de reemplazarlo con otros canales de comunicación.
344
En este contexto, debe considerarse que el sentido de las cláusulas de los estatutos iniciales, relativas a las inmunidades y a la personalidad jurídica del demandante, y de la cláusula de los estatutos de 2012, en virtud de la cual este es una organización internacional, sigue siendo ambiguo en el sentido del artículo 32 de la Convención de Viena.
345
Además, de las respuestas de los Estados consultados por la Comisión se deduce que, entre los miembros del demandante, solo Austria considera que este último puede ser reconocido como organización internacional.
346
En consecuencia, la Comisión no incurrió en error de Derecho al considerar en la decisión impugnada que la práctica ulterior, que siguió a la adopción de la resolución de 25 de noviembre de 1994 y después a la adopción de los estatutos iniciales y de los estatutos de 2012, no acreditaba un reconocimiento suficientemente amplio y claro de la condición de organización internacional del demandante, tanto por parte de los signatarios de dicha resolución como de los miembros del demandante.
347
En estas circunstancias, procede desestimar la presente imputación por infundada.
2) Sobre la segunda imputación, basada en errores de Derecho en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta el reconocimiento del estatuto de organización internacional del que se ha beneficiado el demandante por parte de la Unión y de determinados Estados
348
La presente imputación consta de dos alegaciones relativas, la primera, en la infracción de los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena y, la segunda, en un error de Derecho en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta acuerdos de sede celebrados por el demandante.
i) Sobre la primera alegación, basada en que la Comisión infringió los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena al dejar de reconocer el estatuto de organización internacional del demandante
349
En apoyo de la primera alegación, el demandante arguye que la celebración de convenios entre él y la Comisión en régimen de gestión conjunta o indirecta implicaba necesariamente la obligación por parte de esta institución de reconocer su estatuto de organización internacional con arreglo a los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena.
350
A este respecto, en primer lugar, conviene recordar que, de conformidad con sus artículos 1 y 2, párrafo 1, letra a), la Convención de Viena regula los acuerdos internacionales celebrados por escrito entre Estados y regidos por el Derecho internacional. Así pues, según el artículo 3 de dicha Convención, esta no se aplica a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de Derecho internacional, como la Unión.
351
Por consiguiente, el demandante no puede reprochar válidamente a la Comisión, en apoyo de la presente alegación, haber infringido los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena, cuyas disposiciones no son directamente aplicables a la Unión.
352
En segundo lugar, suponiendo que el demandante haya pretendido invocar los principios de Derecho internacional público que figuran en los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena, en particular en el artículo 27, párrafos 2 y 3, y en el artículo 46, párrafos 2 y 3, de la Convención de Viena, de 21 de marzo de 1986, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales (Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, vol. II, p. 91), de estos principios se desprende, por una parte, que una organización internacional parte en un tratado no podrá invocar las normas de la organización como justificación del incumplimiento del tratado y, por otra parte, que el hecho de que el consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de las normas de la organización concernientes a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicha organización como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental.
353
Pues bien, en primer término, dado que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no obligaba a sus signatarios a adherirse al demandante ni lo calificaba de organización internacional, no cabe reprochar a la Comisión, mediante la adopción de la decisión impugnada, no haber ejecutado dicha resolución, aun suponiendo que la hubiera aprobado o firmado debidamente.
354
Además, del examen de la primera imputación de la presente parte resulta que el demandante no puede invocar fundadamente el estatuto de organización internacional en virtud de la práctica ulterior que siguió a la resolución de 25 de noviembre de 1994 o a la adopción de sus estatutos.
355
En cualquier caso, del apartado 253 anterior se desprende que, dado que la Comisión dejó de formar parte del Comité de Gobernanza del demandante a partir del 20 de mayo de 2003, la Unión ya no era miembro de dicho Comité durante el período de vigencia de la decisión impugnada.
356
Así pues, aun cuando la Comisión se hubiera adherido regularmente al demandante en 1994 o posteriormente, en la fecha en que surtió efecto la decisión impugnada estaba exenta de cualquier obligación de reconocerle el estatuto de organización internacional que habría resultado de una eventual práctica ulterior que siguiera a la resolución de 25 de noviembre de 1994 o a la adopción de sus estatutos.
357
En segundo término, de la motivación de la decisión impugnada no se desprende que, aunque la Comisión niegue haberse adherido regularmente a la resolución de 25 de noviembre de 1994, adoptara tal decisión basándose en que su consentimiento en obligarse por dicha resolución se manifestó en violación de las normas de la Unión concernientes a la competencia para celebrar tratados internacionales.
358
En particular, de la motivación de la decisión impugnada no se infiere que esta se base en los principios enunciados en el artículo 46 de la Convención de Viena y en el artículo 46, párrafos 2 y 3, de la Convención de Viena, de 21 de marzo de 1986, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.
359
Por consiguiente, procede desestimar la presente alegación.
ii) Sobre la segunda alegación, basada en un error de Derecho en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta los acuerdos de sede celebrados por el demandante
360
En apoyo de la segunda alegación, el demandante sostiene que la Comisión incurrió en error de Derecho en la decisión impugnada al negarse a tener en cuenta las respuestas de Bélgica y Austria en la medida en que dichos Estados se refieren a los acuerdos de sede que había celebrado, ya que tales acuerdos expresan el reconocimiento de su estatuto de organización internacional por los Estados signatarios de los mismos, sean o no miembros de dicha organización. Así pues, invoca la firma de acuerdos de sede con Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Myanmar/Birmania y Serbia.
361
A este respecto, es cierto que, en su respuesta a la Comisión de 8 de abril de 2020, Austria declaró que la práctica ulterior que siguió a la adopción de la resolución de 25 de noviembre de 1994 y de los estatutos del demandante, en particular la celebración de acuerdos de sede, parecía mostrar que este último había obtenido personalidad jurídica internacional en la medida necesaria para el ejercicio de sus funciones. Además, en su respuesta a la Comisión de 30 de junio de 2020, Bélgica se refirió al acuerdo de sede que había celebrado con el demandante.
362
No obstante, de la motivación de la decisión impugnada se infiere que la Comisión consideró que el reconocimiento del estatuto de organización internacional del demandante por parte de Estados que no son miembros de dicha entidad no bastaba para demostrar que cumplía los criterios de definición de las organizaciones internacionales establecidos por el Derecho internacional, en particular por los principios enunciados en el proyecto de artículos.
363
A este respecto, de los apartados 204 a 212 y 323 a 325 anteriores se deduce que el reconocimiento del estatuto de organización internacional resulta del concurso de voluntades de los Estados y, en su caso, de las organizaciones internacionales que son parte en el acuerdo constitutivo de la organización de que se trate, y que esta intención debe desprenderse claramente de dicho acuerdo constitutivo, de acuerdos ulteriores o, incluso, de la práctica ulterior a dicho acuerdo constitutivo, siempre que esos acuerdos y esa práctica ulteriores expresen ese reconocimiento por todas las partes en el acuerdo constitutivo.
364
De este modo, el hecho de que los Estados que no se han adherido al acuerdo constitutivo de una organización y que no son, o han dejado de ser, miembros de esta la consideren una organización internacional no puede implicar obligación alguna, por parte de la Comisión, de reconocer a dicha organización el estatuto de organización internacional, con miras, en particular, a autorizarla a ejecutar el presupuesto de la Unión en régimen de gestión indirecta.
365
Por consiguiente, la Comisión no incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta, para la adopción de la decisión impugnada, los acuerdos de sede celebrados por el demandante con los Estados mencionados en el apartado 360 anterior, por lo que la presente alegación debe desestimarse por infundada.
3) Sobre la tercera imputación, basada en un error de Derecho en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que los miembros del demandante no lo habían disuelto y el hecho de que este cumplía el principio de especialidad
366
En apoyo de la tercera imputación, el demandante sostiene que la Comisión incurrió en error de Derecho en la decisión impugnada al no tener en cuenta, por una parte, el hecho de que los Estados que lo habían instituido nunca habían procedido a su disolución, a pesar de su carácter provisional inicial, y, por otra parte, el hecho de que cumplía el principio de especialidad.
367
A este respecto, es cierto que los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 que se adhirieron al demandante pretendieron, al adoptar los estatutos de 2008 y 2012, garantizarle cierta estabilidad y delegarle competencias especializadas en los ámbitos de la reconstrucción y el desarrollo, más allá del territorio de Bosnia-Herzegovina.
368
No obstante, del examen de la segunda imputación de la segunda parte del presente motivo y de la primera imputación de la presente parte se desprende que ni los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 ni los miembros del demandante manifestaron una intención unánime o, al menos, mayoritaria, de conferirle el estatuto de organización internacional.
369
Pues bien, el hecho de que los miembros del demandante no lo hayan disuelto y el hecho de que cumpla el principio de especialidad no bastan para demostrar tal intención y carecen, por lo tanto, de incidencia en la legalidad de la decisión impugnada.
370
Por consiguiente, procede desestimar la presente imputación, así como, en consecuencia, la tercera parte y el cuarto motivo en su totalidad.
5.
Sobre las partes segunda y tercera del segundo motivo, basadas en el incumplimiento, respectivamente, de la obligación de diligencia y de la obligación de imparcialidad
a)
Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en el incumplimiento de la obligación de diligencia
371
En apoyo de la segunda parte del segundo motivo, el demandante invoca, en esencia, siete imputaciones, basadas, la primera, en los errores en que incurrió la Comisión al identificar a los Estados que debían ser interrogados sobre su estatuto jurídico; la segunda, en los errores en que incurrió la Comisión en cuanto al alcance del acuerdo de sede que celebró con las autoridades belgas; la tercera, en los errores en que incurrió la Comisión en cuanto a la definición del concepto de «organización internacional»; la cuarta, en los errores en que incurrió la Comisión al no tener en cuenta documentos que ya obraban en su poder; la quinta, en los errores en que incurrió la Comisión debido al carácter incompleto del cuestionario que dirigió a los Estados que supuestamente eran sus miembros; la sexta, en los errores en que incurrió la Comisión debido a la inutilidad de la solicitud que dirigió a los Estados interrogados para que presentaran su acuerdo constitutivo debidamente firmado, y, la séptima, en los errores cometidos por la Comisión al no haber consultado por segunda vez a los Estados interrogados tras recibir sus observaciones de 5 y 30 de marzo de 2021.
372
Con carácter preliminar, debe recordarse que la obligación de diligencia, que es inherente al principio de buena administración recogido en el artículo 41 de la Carta y que se aplica en general a la actuación de la Administración de la Unión en sus relaciones con el público, exige a las instituciones de la Unión actuar con minuciosidad y prudencia examinando todos los elementos relevantes del asunto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 168 y jurisprudencia citada).
373
Así pues, habida cuenta del contenido de la obligación de diligencia, el motivo basado en el incumplimiento de dicha obligación con frecuencia coincide con el basado en el error manifiesto de apreciación (sentencia de 16 de junio de 2022, SGL Carbon y otros/Comisión, C‑65/21 P y C‑73/21 P a C‑75/21 P, EU:C:2022:470, apartado 32).
374
En efecto, la obligación de diligencia recae sobre las instituciones de la Unión en el ejercicio de su facultad de apreciación. Así pues, cuando una parte invoca un error manifiesto de apreciación cometido por la institución competente, el juez de la Unión debe verificar si dicha institución examinó, detenidamente y con prudencia, todos los elementos relevantes del asunto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2022, SGL Carbon y otros/Comisión, C‑65/21 P y C‑73/21 P a C‑75/21 P, EU:C:2022:470, apartados 30 y 31 y jurisprudencia citada).
375
En el presente asunto, debe señalarse que, en el marco del cuarto motivo, el demandante reprochó a la Comisión haber incurrido en varios errores manifiestos de apreciación y que esta argumentación coincide con la desarrollada en apoyo de la presente parte.
376
Pues bien, dado que del apartado 370 anterior resulta que el cuarto motivo, basado, en particular, en varios errores manifiestos de apreciación, debe desestimarse por infundado, el demandante no puede, en consecuencia, reprochar fundadamente a la Comisión no haber examinado su situación detenidamente y con prudencia y haber incumplido así la obligación de diligencia al adoptar la decisión impugnada.
377
En cualquier caso, en lo que atañe a la primera imputación, basada en que la Comisión, por una parte, interrogó erróneamente a Turquía sobre el estatuto jurídico del demandante y, por otra parte, no interrogó a Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Myanmar/Birmania y Serbia, procede recordar que, tras el pronunciamiento de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), el demandante se negó a comunicar a la Comisión la identidad de sus miembros.
378
En este contexto, no puede considerarse que la Comisión haya incumplido su obligación de diligencia al preguntar a los Estados que el demandante había identificado en su propio sitio de Internet, el 26 de noviembre de 2019, como sus miembros, y entre los que figuraba Turquía.
379
En lo tocante a Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Myanmar/Birmania y Serbia, respecto de los que no se discute que no son miembros del demandante, del examen de la segunda alegación de la segunda imputación de la tercera parte del cuarto motivo se desprende que las eventuales posiciones de dichos Estados sobre la cuestión de si el demandante era una organización internacional carecen de pertinencia para la adopción de la decisión impugnada.
380
Por lo que respecta a la segunda imputación, basada en un error de la Comisión en cuanto al alcance del acuerdo de sede celebrado entre las autoridades belgas y el demandante, del examen de la segunda alegación de la segunda imputación de la tercera parte del cuarto motivo se desprende asimismo que el alcance de dicho acuerdo carece de pertinencia para la adopción de la decisión impugnada, puesto que Bélgica ya no era miembro del demandante en la fecha en que surtió efecto la decisión impugnada, como se desprende del examen de la segunda alegación de la segunda imputación de la primera parte del cuarto motivo.
381
En cuanto a la tercera imputación, basada en un error de la Comisión en cuanto a la definición del concepto de «organización internacional», que diferiría de la prevista en las Directrices, del examen del cuarto motivo se desprende que la Comisión no incurrió en error de Derecho en la decisión impugnada al basarse en la definición de dicho concepto tal como resulta, en particular, de la Convención de Viena y del proyecto de artículos.
382
Además, de las Directrices no se desprende que la definición del concepto de «organización internacional» que figura en dicho documento sea diferente de la definición en la que se basó la Comisión para adoptar la decisión impugnada.
383
Por lo que respecta a la cuarta imputación, basada en que la Comisión no tuvo en cuenta documentos que ya obraban en su poder, del examen del cuarto motivo resulta que los diversos documentos presentados por el demandante y que, en su mayoría, se adjuntan al informe de investigación de la OLAF no demuestran la intención unánime o mayoritaria de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 o, al menos, de sus miembros de conferirle el estatuto de organización internacional.
384
En cuanto a la quinta imputación, basada en el carácter incompleto del cuestionario que la Comisión dirigió a los Estados que supuestamente eran miembros del demandante, de dicho cuestionario se desprende que la Comisión no solo preguntó a los Estados de que se trata si eran o habían sido miembros del demandante y si habían firmado un acuerdo internacional o intergubernamental que lo instituyera como organización internacional, sino también si consideraban que cumplía los requisitos para ser calificado de organización internacional en el sentido de la normativa financiera de la Unión, de modo que, a la luz de la definición del concepto de «organización internacional», recordada en los apartados 197 a 212 anteriores, dicha imputación debe desestimarse por infundada.
385
La sexta imputación, basada en la inutilidad de la solicitud que la Comisión dirigió a los Estados interrogados para que presentaran el acuerdo constitutivo del demandante debidamente firmado, también debe desestimarse por infundada, como resulta del examen de la tercera alegación de la primera imputación de la segunda parte del cuarto motivo.
386
En lo tocante a la séptima imputación, basada en que la Comisión no consultó por segunda vez a los Estados interrogados tras recibir las observaciones del demandante de 5 y 30 de marzo de 2021, del examen del cuarto motivo resulta que dichas observaciones, reiteradas en la demanda, no podían desvirtuar la conclusión de la Comisión de que el demandante no constituía una organización internacional.
387
En consecuencia, la Comisión no incumplió la obligación de diligencia al no consultar por segunda vez a los Estados a los que había interrogado, tras recibir las observaciones del demandante, por lo que esta imputación es infundada.
388
Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del tercer motivo por infundada.
b)
Sobre la tercera parte, basada en el incumplimiento de la obligación de imparcialidad
389
En apoyo de la tercera parte, el demandante invoca, en esencia, cuatro imputaciones, basadas en que la Comisión incumplió la obligación de imparcialidad, considerada en su dimensión objetiva, en primer término, al formular a los Estados a los que había elegido para interrogar cuestiones que no eran pertinentes, útiles o conformes a Derecho o a los elementos de los autos; en segundo término, al dar a la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), un alcance que manifiestamente no tenía y al afirmar que se veía obligada a proceder a una nueva evaluación del estatuto jurídico del demandante, lo que orientó las respuestas de dichos Estados; en tercer término, al realizar declaraciones inexactas sobre el demandante, y, en cuarto término, al ejercer presiones sobre dichos Estados con el fin de obtener respuestas redactadas de forma que apoyaran mejor su posición.
390
A este respecto, es preciso recordar que incumbe a las instituciones cumplir con el requisito de imparcialidad en sus dos vertientes, que son, por una parte, la imparcialidad subjetiva, en virtud de la cual ninguno de los miembros de la institución interesada debe tomar partido ni tener prejuicios personales, y, por otra parte, la imparcialidad objetiva, con arreglo a la cual la referida institución debe ofrecer garantías suficientes para descartar cualquier duda legítima acerca de un posible prejuicio [véase el auto de 24 de mayo de 2022, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento y España, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, apartado 199 y jurisprudencia citada].
391
En particular, cuando una parte demandante alega una violación de la imparcialidad objetiva, de la jurisprudencia se desprende que, para demostrar que la organización de un procedimiento administrativo no ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima en cuanto a un posible prejuicio, no se requiere acreditar la existencia de falta de imparcialidad, sino que basta con que exista una duda legítima a este respecto y que no pueda disiparse (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2019, August Wolff y Remedia/Comisión, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, apartado 37).
392
En primer lugar, por lo que respecta a la primera imputación, basada en que la Comisión formuló a los Estados interrogados cuestiones inútiles, carentes de pertinencia y no conformes a Derecho o a los elementos de los autos, de estos últimos no se desprende que, habida cuenta de la definición del concepto de «organización internacional» recordada en los apartados 197 a 212 anteriores, las cuestiones formuladas por la Comisión a los Estados a los que había elegido para interrogar y que se referían a una eventual firma o ratificación del acuerdo constitutivo del demandante, así como a la existencia de plenos poderes eventualmente otorgados a los signatarios de dicho acuerdo fueran inútiles, carentes de pertinencia y no conformes a Derecho o a los elementos de los autos.
393
Además, por lo que respecta a las demás formas en que los Estados pueden expresar su consentimiento en obligarse por la resolución de 25 de noviembre de 1994, es cierto que los escritos dirigidos a los Estados interrogados por la Comisión no mencionan otras formas que no sean la firma y la ratificación de dicho instrumento.
394
Sin embargo, esta circunstancia no permite demostrar que el procedimiento de consulta, puesto en marcha por la Comisión con los Estados que consideraba que eran o habían sido miembros del demandante, no ofreciera garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima en cuanto a un posible prejuicio o comportamiento parcial por su parte.
395
En efecto, en los escritos dirigidos a dichos Estados, la Comisión formulaba una pregunta general para saber si se consideraban miembros del demandante. Así pues, los Estados interrogados tenían la posibilidad, a falta de firma o de ratificación del acuerdo constitutivo del demandante, de indicar si habían manifestado de otro modo su consentimiento en obligarse por dicho acuerdo.
396
Por otra parte, de la definición del concepto de «organización internacional», recordada en los apartados 197 a 212 anteriores, y del examen de la segunda alegación de la segunda imputación de la tercera parte del cuarto motivo se desprende que el demandante no puede reprochar fundadamente a la Comisión no haber preguntado a los Estados a los que había interrogado si lo consideraban, trataban o calificaban de organización internacional con independencia de su condición de miembro de dicha organización.
397
Por consiguiente, procede desestimar la primera imputación de la tercera parte del segundo motivo por infundada.
398
En segundo lugar, procede desestimar por infundada la segunda imputación, basada en que la Comisión confirió a la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), un alcance que no tiene, como consecuencia de la desestimación de la primera parte del primer motivo, basada en la infracción del artículo 266 TFUE y en la vulneración de la fuerza de cosa juzgada de dicha sentencia, así como de la segunda alegación de la segunda parte del mismo motivo, basada en la vulneración del principio de irretroactividad de los actos de la Unión.
399
En efecto, de los apartados 105, 120 y 149 anteriores se desprende que la Comisión no incurrió en error en su interpretación de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), cuando consideró que la correcta ejecución de dicha sentencia le obligaba a volver a evaluar retroactivamente el estatuto jurídico del demandante.
400
En tercer lugar, en apoyo de la tercera imputación, basada en que la Comisión incurrió en varias inexactitudes en su correspondencia con los Estados a los que interrogó, en primer término, el demandante reprocha a la Comisión haber indicado, tanto en los escritos de 26 de noviembre de 2019 dirigidos a dichos Estados como en los escritos recordatorios de 11 de marzo de 2020, que estaba obligada a llevar a cabo una evaluación de su estatuto con arreglo al artículo 266 TFUE.
401
Pues bien, habida cuenta de la desestimación de la primera imputación de la primera parte del primer motivo, basada en la infracción del artículo 266 TFUE, el demandante tampoco puede sostener que esta indicación es incorrecta.
402
En segundo término, el demandante reprocha a la Comisión que indicara, en los escritos de 26 de noviembre de 2019, que se había negado a facilitarle su acuerdo constitutivo.
403
En efecto, mediante escrito de 6 de mayo de 2019, la Comisión solicitó al demandante que le enviara, en particular, «una copia compulsada del acuerdo internacional (firmado) por el que se creó IMG como organización internacional», así como «cualquier documento que aún no obre en [su] poder […], que confirme el estatuto de IMG como organización internacional y la identidad de [sus] miembros actuales o antiguos».
404
Pues bien, en su respuesta de 25 de junio de 2019, el demandante impugnó el principio mismo de la solicitud de la Comisión, alegando que su reconocimiento previo como organización internacional, en particular por parte de la Unión, no podía cuestionarse en virtud de las normas del Derecho internacional público. Por consiguiente, no accedió a dicha solicitud.
405
Además, el demandante no respondió al escrito de la Comisión de 18 de julio de 2019 en el que reiteraba su solicitud.
406
En consecuencia, la afirmación de que el demandante se había negado a facilitar a la Comisión el acuerdo por el que se había creado no era inexacta.
407
Además, si bien el demandante sostiene que esta negativa a cooperar estaba justificada por el hecho de que la Comisión ya disponía de sus documentos constitutivos, tal justificación no aparece en su respuesta de 25 de junio de 2019.
408
A resultas de ello, la Comisión podía indicar a los Estados a los que había elegido para interrogar que el demandante se había negado a facilitarle su acuerdo constitutivo, sin que ello permita demostrar que dicho procedimiento de consulta no ofrecía garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima en cuanto a un posible prejuicio o comportamiento parcial por su parte.
409
En tercer término, el demandante reprocha a la Comisión haber precisado, en particular en los intercambios electrónicos que mantuvo con las autoridades turcas e italianas, que, mediante su auto de 9 de septiembre de 2020, IMG/Comisión (T‑645/19, no publicado, EU:T:2020:388), el Tribunal General había declarado que ejecutaba correctamente la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78).
410
A este respecto, en el apartado 69 del auto de 9 de septiembre de 2020, IMG/Comisión (T‑645/19, no publicado, EU:T:2020:388), el Tribunal General declaró, en esencia, que la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), no podía interpretarse en el sentido de que la Comisión, para ejecutarla, no podía proceder a un nuevo examen del estatuto de organización internacional del demandante, tras haber recabado la información que considere necesaria, sino, por el contrario, en el sentido de que la realización de un nuevo examen puede considerarse la consecuencia necesaria de dicha sentencia.
411
Además, mediante la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión (C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722), el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por el demandante contra el auto de 9 de septiembre de 2020, IMG/Comisión (T‑645/19, no publicado, EU:T:2020:388).
412
En consecuencia, la mención, que figura en diversos correos electrónicos en los que la Comisión reiteraba su solicitud, de que el Tribunal General declaró que la Comisión ejecutaba correctamente la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), no es inexacta, por lo que esta tercera imputación debe desestimarse por infundada.
413
En cuarto lugar, en apoyo de la cuarta imputación, basada en que la Comisión ejerció presiones sobre algunos de los Estados interrogados con el fin de obtener respuestas redactadas de forma que apoyaran mejor su conclusión, el demandante invoca los intercambios mantenidos entre la Comisión y las autoridades danesas los días 5 y 12 de junio de 2020, en los que la Comisión pidió a dichas autoridades que confirmaran si Dinamarca había firmado un acuerdo internacional por el que se instituyera al demandante como organización internacional, en la medida en que la Comisión temía que, en caso de recurso, el Tribunal General o el Tribunal de Justicia no consideraran la primera respuesta de dichas autoridades suficientemente concluyente.
414
A este respecto, del escrito del representante permanente de Dinamarca ante la Unión de 4 de junio de 2020 se desprende que, a la cuestión de si dicho Estado había firmado un acuerdo internacional por el que se instituyera al demandante como organización internacional, las autoridades danesas respondieron en primer lugar que no habían sido capaces de encontrar un documento firmado a tal efecto. A continuación, a raíz del intercambio de correos electrónicos mantenido entre la Comisión y dichas autoridades los días 5 y 12 de junio de 2020, mencionados en el apartado 413 anterior, la representación permanente de Dinamarca ante la Unión remitió, el 18 de junio de 2020, un nuevo escrito modificado conforme a lo solicitado por la Comisión.
415
Pues bien, las circunstancias descritas en el apartado 414 anterior ponen de manifiesto el interés de la Comisión en obtener una respuesta clara de las autoridades danesas a la cuestión de si Dinamarca había firmado un acuerdo internacional por el que se instituyera al demandante como organización internacional. En consecuencia, no permiten albergar dudas legítimas en cuanto a la existencia de un posible prejuicio por parte de la Comisión sobre la solución que debe adoptarse en relación con el estatuto del demandante.
416
Por consiguiente, procede desestimar la tercera imputación de la tercera parte del segundo por infundada, así como, a resultas de ello, la tercera parte en su conjunto y el segundo motivo en su totalidad.
417
De lo anterior se desprende que procede desestimar las pretensiones de anulación de la decisión impugnada.
C. Sobre las pretensiones de indemnización
418
En apoyo de las pretensiones de indemnización, el demandante presenta dos aspectos del perjuicio que constituyen dos partes distintas. En el marco de la primera parte, solicita una indemnización por importe de 20 000 euros como consecuencia de la duración irrazonable del procedimiento de adopción de la decisión impugnada. En el marco de la segunda parte, solicita una indemnización por importe de 23 651 903 euros en concepto de reparación de los perjuicios económicos y morales que imputa a las ilegalidades de que adolece la decisión impugnada, que sustituyó a las decisiones de 16 de diciembre de 2014 y de 8 de mayo de 2015.
419
La Comisión rebate el fundamento de las alegaciones del demandante.
1.
Sobre los requisitos para que se genere la responsabilidad de las instituciones de la Unión
420
Con carácter preliminar, en primer término, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para que pueda generarse la responsabilidad extracontractual de la Unión en un caso determinado, es necesario, entre otros requisitos, que la persona que solicita la reparación del perjuicio o de los perjuicios que estime haber sufrido como consecuencia de un comportamiento o de un acto de la Unión demuestre la existencia de una violación de una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares (véase la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 145 y jurisprudencia citada).
421
Además, esa violación debe estar suficientemente caracterizada, requisito que a su vez depende de la facultad de apreciación de que dispone la institución que haya infringido dicha norma y de si esta inobservó de forma manifiesta y grave los límites impuestos a dicha facultad, habida cuenta, en particular, del grado de claridad y de precisión de la referida norma, las dificultades de interpretación o de aplicación que puedan derivarse y la complejidad de la situación que debe ser regulada (véase la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión, C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722, apartado 146 y jurisprudencia citada).
422
En segundo término, cualquier perjuicio cuya reparación se solicite en un recurso de responsabilidad extracontractual de la Unión, con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo, debe ser real y cierto. En todo caso, incumbe a la parte que invoca la responsabilidad extracontractual de la Unión aportar pruebas concluyentes tanto, en particular, de la existencia como de la amplitud del perjuicio que alega (véase la sentencia de 5 de septiembre de 2019, Unión Europea/Guardian Europe y Guardian Europe/Unión Europea, C‑447/17 P y C‑479/17 P, EU:C:2019:672, apartado 135 y jurisprudencia citada).
423
Así pues, el juez de la Unión no puede plantearse la existencia de un perjuicio real y cierto de modo abstracto, sino que esta ha de apreciarse en función de las circunstancias de hecho precisas que caracterizan cada uno de los supuestos sometidos a dicho juez (véase la sentencia de 18 de noviembre de 2021, Mahmoudian/Consejo, C‑681/19 P, no publicada, EU:C:2021:933, apartado 32 y jurisprudencia citada).
424
En tercer término, el requisito relativo a la relación de causalidad entraña la existencia de una relación suficientemente directa de causa a efecto entre el comportamiento de la institución de que se trate y el perjuicio, relación que corresponde probar a la parte demandante, de modo que el comportamiento reprochado debe ser la causa determinante del perjuicio (véase la sentencia de 27 de abril de 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro y otros/Comisión, C‑549/21 P, no publicada, EU:C:2023:340, apartado 114 y jurisprudencia citada).
425
En efecto, incumbe a la parte que invoca la responsabilidad extracontractual de la Unión aportar pruebas concluyentes de la existencia de una relación directa de causa a efecto entre el comportamiento de la institución de que se trata y el perjuicio alegado (véase la sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, apartado 62 y jurisprudencia citada).
426
No obstante, según un principio general común a los sistemas jurídicos de los Estados miembros, aplicado también por los órganos jurisdiccionales de la Unión, la persona perjudicada debe dar pruebas de que ha adoptado una diligencia razonable para limitar la magnitud del perjuicio, si no quiere correr el riesgo de tener que soportar el daño ella sola (véase el auto de 12 de mayo de 2010, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Consejo y Comisión, C‑451/09 P, no publicado, EU:C:2010:268, apartado 39 y jurisprudencia citada).
427
En efecto, el nexo de causalidad puede romperse por un comportamiento negligente de la persona perjudicada si se comprueba que ese comportamiento constituye la causa determinante del perjuicio (sentencia de 18 de marzo de 2010, Trubowest Handel y Makarov/Consejo y Comisión, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, apartado 61).
428
El Tribunal General debe examinar las pretensiones de indemnización formuladas por el demandante a la luz de estos principios.
2.
Sobre la primera parte, dirigida a obtener la reparación del perjuicio causado por el incumplimiento del plazo razonable
429
En apoyo de la primera parte, el demandante alega que, a raíz del pronunciamiento de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), la Comisión tardó más de dos años en adoptar la decisión impugnada y que dicho plazo no es razonable, por lo que a dicha institución le incumbe una obligación de reparación por importe de 20000 euros.
430
A este respecto, conviene recordar que las instituciones de la Unión tienen la obligación de ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, en particular el principio de buena administración, actualmente consagrado expresamente en el artículo 41 de la Carta, cuyo apartado 1 dispone que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable (véase la sentencia de 12 de mayo de 2022, Klein/Comisión, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, apartado 87 y jurisprudencia citada).
431
Así pues, corresponde a la autoridad administrativa de que se trate pronunciarse, cuando deba hacerlo, y concluir un procedimiento abierto en un plazo razonable (véase la sentencia de 12 de mayo de 2022, Klein/Comisión, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, apartado 89).
432
Además, el carácter razonable de la duración del procedimiento no puede fijarse en relación con un límite máximo preciso determinado de forma abstracta. Debe apreciarse en función de las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la trascendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto y de las diferentes fases del procedimiento seguido por la institución de la Unión, así como del comportamiento de las partes durante el procedimiento. A este respecto, la lista de los criterios pertinentes no es exhaustiva y la apreciación del carácter razonable de esa duración no exige un examen sistemático, por parte del juez de la Unión, de las circunstancias del asunto en función de cada uno de esos criterios (véase la sentencia de 12 de mayo de 2022, Klein/Comisión, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, apartado 86 y jurisprudencia citada).
433
En el presente asunto, procede, en primer lugar, determinar si el tiempo empleado por la Comisión para adoptar la decisión impugnada constituye una superación de un plazo razonable, de modo que la Comisión habría incumplido los requisitos establecidos en los apartados 430 y 431 anteriores.
434
En primer término, debe señalarse que el plazo de tres meses transcurrido entre el pronunciamiento de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), y el escrito de 6 de mayo de 2019 por el que la Comisión instó al demandante a presentar determinados documentos no puede considerarse irrazonable habida cuenta de la complejidad jurídica del asunto y de dicha sentencia.
435
A este respecto, cabe recordar que, en los apartados 190 y 191 de la sentencia de 22 de septiembre de 2022, IMG/Comisión (C‑619/20 P y C‑620/20 P, EU:C:2022:722), el Tribunal de Justicia confirmó que el concepto de «organización internacional» al que se refería la normativa financiera de la Unión era un concepto general cuya interpretación, a efectos de esta normativa, podía plantear dificultades a falta, en particular, de jurisprudencia en la materia y que la aplicación de este concepto también podía, en el caso de autos, resultar compleja e implicar dificultades de calificación jurídica de los hechos, habida cuenta de la situación específica del demandante.
436
En segundo término, el demandante también reprocha infundadamente a la Comisión el plazo transcurrido entre el 6 de mayo y el 18 de julio de 2019, período durante el cual dicha institución intentó ejecutar la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), mediante intercambios escritos con él, y el plazo transcurrido entre el 18 de julio de 2019, fecha en la que la Comisión le reiteró su solicitud de 6 de mayo de 2019, y el 26 de noviembre de 2019, fecha en la que la Comisión envió sus solicitudes de información a los Estados que supuestamente eran miembros del demandante.
437
Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que el plazo global de dos años, cuatro meses y ocho días al término del cual se adoptó la decisión impugnada incluye el período de consulta de los Estados interrogados por la Comisión, como consecuencia de la negativa del demandante a facilitarle sus documentos constitutivos debidamente firmados y acompañados de justificantes.
438
Por consiguiente, esta parte del plazo controvertido, comprendida entre el 6 de mayo de 2019 y el 10 de febrero de 2021, fecha de la respuesta más tardía a la consulta iniciada por la Comisión, no es imputable a esta última, sino al demandante, que no mostró una diligencia razonable tras el pronunciamiento de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78).
439
En tercer término, no puede considerarse que la Comisión actuara con demora entre el 10 de febrero y el 19 de febrero de 2021, fecha en la que envió al demandante su proyecto de decisión para que presentara sus observaciones. Por otra parte, el demandante no puede quejarse fundadamente del plazo de algo más de tres meses, transcurrido entre el 19 de febrero y el8 de junio de 2021, que corresponde a la vez al plazo que se le concedió para presentar observaciones y al tiempo empleado por la Comisión para tener debidamente en cuenta sus observaciones, de conformidad con su derecho a ser oído.
440
Así, de lo anterior resulta que el plazo que tardó la Comisión en elaborar y adoptar la decisión impugnada no es irrazonable en el sentido de la jurisprudencia citada en los apartados 430 y 431 anteriores.
441
En segundo lugar, procede señalar que el demandante no ha demostrado la existencia de un perjuicio material o moral derivado del incumplimiento alegado en apoyo de esta pretensión.
442
En consecuencia, procede desestimar la presente parte por infundada.
3.
Sobre la segunda parte, dirigida a obtener la reparación de los perjuicios económicos y morales supuestamente ocasionados por la decisión impugnada
443
En apoyo de la segunda parte, el demandante solicita que se condene a la Comisión a abonarle la cantidad de 8651903 euros en concepto de reparación del perjuicio económico que imputa a la decisión impugnada y la cantidad de 15 millones de euros en concepto de reparación del daño moral.
444
A este respecto, del apartado 417 anterior se desprende que las pretensiones de anulación de la decisión impugnada han sido desestimadas, por lo que no se cumple el primer requisito mencionado en el apartado 420 anterior, que permite que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión y que se refiere a la existencia de una violación de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares.
445
Por otra parte, si bien es cierto que la Comisión incurrió en errores de Derecho en la decisión impugnada al negarse a calificar la resolución de 25 de noviembre de 1994 de acuerdo internacional, estos errores carecen de incidencia en la legalidad de dicha decisión y, en consecuencia, no pueden considerarse la causa directa y cierta de los perjuicios que el demandante le imputa.
446
Además, el demandante no invoca, en apoyo de las pretensiones de indemnización desarrolladas en el marco de la presente parte, motivos de ilegalidad que difieran de los que expuso en apoyo de sus pretensiones de anulación.
447
Por lo tanto, procede desestimar la segunda parte formulada en apoyo de las pretensiones de indemnización por infundada y, en consecuencia, dichas pretensiones en su totalidad.
V. Costas
448
Con arreglo al artículo 134, apartados 1 y 3, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte, y cada parte cargará con sus propias costas cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte. Por último, a tenor del artículo 135, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, si así lo exige la equidad, el Tribunal General podrá decidir que una parte que haya visto desestimadas sus pretensiones cargue únicamente, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte, o incluso que no debe ser condenada por este concepto.
449
En el presente asunto, el demandante ha visto desestimadas sus pretensiones. Sin embargo, ha quedado acreditado que la Comisión incurrió en error de Derecho en la motivación de la decisión impugnada al afirmar que la resolución de 25 de noviembre de 1994 no podía calificarse de acuerdo internacional, lo que pudo incitar al demandante a interponer el presente recurso con el fin de que se declarara dicha ilegalidad. En estas circunstancias, el Tribunal General considera equitativo condenar a cada parte a cargar con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Cada parte cargará con sus propias costas.
Truchot
Kanninen
Frendo
Sampol Pucurull
Perišin
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de septiembre de 2024.
Firmas
Índice
I. Antecedentes del litigio
A. Antecedentes administrativos
B. Antecedentes judiciales
C. Medidas administrativas adoptadas a raíz de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P)
D. Medidas judiciales adoptadas a raíz de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P)
II. Hechos posteriores a la interposición del recurso
III. Pretensiones de las partes
IV. Fundamentos de Derecho
A. Sobre la admisibilidad
1. Sobre la cuestión de la regularidad del poder otorgado por el demandante a sus abogados
2. Sobre la admisibilidad del anexo A.24 de la demanda
3. Sobre la admisibilidad del anexo C.1 del escrito de réplica
B. Sobre las pretensiones de anulación
1. Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en el incumplimiento de la obligación de motivación
2. Sobre el primer motivo, basado en varios errores de Derecho, en particular en la infracción del artículo 266 TFUE, en la inobservancia de la fuerza de cosa juzgada y en la vulneración del principio de irretroactividad
a) Sobre la primera parte, basada en la infracción del artículo 266 TFUE y en la inobservancia de la fuerza de cosa juzgada de la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P)
1) Sobre la primera imputación, basada en la infracción del artículo 266 TFUE
2) Sobre la segunda imputación, basada en la inobservancia de la fuerza de cosa juzgada
b) Sobre la segunda parte, basada en la vulneración del principio de buena fe, en la vulneración del adagio nemo auditur propriam turpitudinem allegans y en la vulneración del principio de irretroactividad
1) Sobre la segunda imputación, basada en la vulneración del principio de irretroactividad de los actos de la Unión
2) Sobre la primera imputación, basada en la vulneración del principio de buena fe y en la vulneración del adagio nemo auditur
c) Sobre la tercera parte, basada en la vulneración del principio de igualdad
3. Sobre el tercer motivo, basado en la vulneración del principio de seguridad jurídica
4. Sobre el cuarto motivo, basado en errores manifiestos de apreciación y en otros errores de Derecho
a) Sobre la definición del concepto de «organización internacional» previsto en la normativa financiera de la Unión
b) Sobre la primera parte, basada en errores manifiestos de apreciación y en errores de Derecho relativos a la identificación de los miembros del demandante
1) Sobre la primera imputación, basada en un error manifiesto de apreciación derivado de una distinción artificial entre los Estados fundadores del demandante, los Estados contribuyentes y los miembros de su Comité de Gobernanza
2) Sobre la segunda imputación, basada en un error manifiesto de apreciación en la interpretación de las posiciones adoptadas por Bélgica y Austria
i) Sobre la primera alegación, basada en un error manifiesto de apreciación en la interpretación de la respuesta de las autoridades austriacas
ii) Sobre la segunda alegación, basada en un error manifiesto de apreciación en la interpretación de la respuesta de las autoridades belgas
3) Sobre la tercera imputación, basada en los errores de Derecho y en el error manifiesto de apreciación en que supuestamente incurrió la Comisión al negarse a reconocer la adhesión de la Unión al demandante
c) Sobre la segunda parte, basada en errores de Derecho en la negativa de la Comisión a calificar la resolución de 25 de noviembre de 1994 de acuerdo internacional por el que se instituye una organización internacional
1) Sobre la primera imputación, basada en errores de Derecho resultantes de la negativa de la Comisión a calificar la resolución de 25 de noviembre de 1994 de acuerdo internacional
i) Sobre la primera alegación, basada en un error de Derecho en cuanto al carácter jurídicamente vinculante de la resolución de 25 de noviembre de 1994
ii) Sobre la segunda alegación, basada en un error de Derecho en cuanto a la exigencia de que la resolución de 25 de noviembre de 1994 fuera firmada por representantes facultados para ello
iii) Sobre la tercera alegación, basada en errores de Derecho en cuanto a la exigencia de instrumentos de firma o de ratificación de la resolución de 25 de noviembre de 1994
iv) Sobre la incidencia del fundamento de las alegaciones primera y segunda de la presente imputación sobre la legalidad de la decisión impugnada
2) Sobre la segunda imputación, basada en un error de interpretación en cuanto a la intención de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 de conceder al demandante el estatuto de organización internacional
d) Sobre la tercera parte, basada en errores de Derecho en cuanto a la práctica ulterior de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994 y al reconocimiento del estatuto de organización internacional por la Unión y determinados Estados
1) Sobre la primera imputación, basada en un error de Derecho en cuanto a la práctica ulterior de los signatarios de la resolución de 25 de noviembre de 1994
2) Sobre la segunda imputación, basada en errores de Derecho en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta el reconocimiento del estatuto de organización internacional del que se ha beneficiado el demandante por parte de la Unión y de determinados Estados
i) Sobre la primera alegación, basada en que la Comisión infringió los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena al dejar de reconocer el estatuto de organización internacional del demandante
ii) Sobre la segunda alegación, basada en un error de Derecho en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta los acuerdos de sede celebrados por el demandante
3) Sobre la tercera imputación, basada en un error de Derecho en la medida en que la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que los miembros del demandante no lo habían disuelto y el hecho de que este cumplía el principio de especialidad
5. Sobre las partes segunda y tercera del segundo motivo, basadas en el incumplimiento, respectivamente, de la obligación de diligencia y de la obligación de imparcialidad
a) Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en el incumplimiento de la obligación de diligencia
b) Sobre la tercera parte, basada en el incumplimiento de la obligación de imparcialidad
C. Sobre las pretensiones de indemnización
1. Sobre los requisitos para que se genere la responsabilidad de las instituciones de la Unión
2. Sobre la primera parte, dirigida a obtener la reparación del perjuicio causado por el incumplimiento del plazo razonable
3. Sobre la segunda parte, dirigida a obtener la reparación de los perjuicios económicos y morales supuestamente ocasionados por la decisión impugnada
V. Costas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.