62022CJ0339_RES
Asunto C‑339/22
BSH Hausgeräte GmbH
contra
Electrolux AB
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Svea Hovrätt)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de febrero de 2025
«Procedimiento prejudicial — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 4, apartado 1 — Competencia general — Artículo 24, punto 4 — Competencias exclusivas — Competencia en materia de inscripciones o validez de patentes — Acción por violación de patente — Patente europea validada en algunos Estados miembros y en un Estado tercero — Impugnación de la validez de la patente por vía de excepción — Competencia internacional del órgano jurisdiccional ante el que se haya ejercitado la acción por violación de patente»
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Determinación de la competencia internacional de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro — Competencias exclusivas — Litigios en materia de inscripciones o validez de patentes — Conceptos autónomos del Derecho de la Unión — Interpretación uniforme — Norma o procedimiento nacional sobre la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión — Irrelevancia
[Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 24, punto 4]
(véanse los apartados 25 y 26)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Disposiciones de este Reglamento calificadas de equivalentes a las del Reglamento (CE) n.o 44/2001 y a las del Convenio de Bruselas — Interpretación de dichas disposiciones con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al Reglamento (CE) n.o 44/2001 y al Convenio de Bruselas — Competencias exclusivas — Litigios en materia de inscripciones o validez de patentes — Concepto — Interpretación autónoma — Interpretación estricta
[Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 16, punto 4; Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 24, punto 4; Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, art. 22, punto 4]
(véanse los apartados 28 y 43)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Determinación de la competencia internacional de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro — Competencias exclusivas — Litigios en materia de inscripciones o validez de patentes — Alcance — Control incidental de la validez de una patente expedida en un Estado miembro en el contexto de una acción por violación de patente ejercitada en otro Estado miembro — Exclusión
[Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4, ap. 1, 24, punto 4, y 27]
(véanse los apartados 35 a 37)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Determinación de la competencia internacional de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro — Ámbito de aplicación — Competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado — Acción por violación de una patente europea validada en varios Estados miembros — Impugnación de la validez de la patente por el demandado — Litigios en materia de inscripciones o validez de patentes — Competencia exclusiva — Obligación del órgano jurisdiccional del domicilio del demandado ante el que se ha ejercitado la acción por violación de patente de declararse incompetente — Inexistencia
[Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4, ap. 1, 24, punto 4, y 27]
(véanse los apartados 38 a 42, 44 a 48 y 52 y el punto 1 del fallo)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Determinación de la competencia internacional de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro — Competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado — Litigios en materia de inscripciones o validez de patentes — Violación de patentes expedidas en un Estado tercero — Alcance — Control incidental por el órgano jurisdiccional que conoce de la validez de la patente expedida en un Estado tercero — Inclusión
[Convenio de 30 de octubre de 2007, art. 22, punto 4; Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4, ap. 1, 24, punto 4, 33, 34 y 73, aps. 1 y 3]
(véanse los apartados 55 a 57, 61 a 76 y el punto 2 del fallo)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Ámbito de aplicación — Existencia de un elemento de extranjería — Litigio entre partes domiciliadas en Estados miembros — Elemento de extranjería situado en el territorio de un país tercero — Inclusión
[Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 1]
(véanse los apartados 58 a 60)
Resumen
Preguntado con carácter prejudicial por el Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, como Tribunal de Apelación en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia), el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1215/2012. (
1
) Declara que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro seguirá siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de la citada patente, mientras que la competencia para pronunciarse sobre dicha validez corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro.
BSH es titular de una patente europea que protege una invención en el sector de las aspiradoras. Esta patente fue validada en Suecia y en otros Estados miembros, así como en el Reino Unido y en Turquía, lo que dio lugar a la expedición de patentes nacionales en esos Estados.
En febrero de 2020, BSH ejercitó una acción contra Electrolux por violación de todas las partes nacionales de dicha patente europea ante el Patent- och marknadsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil, Suecia). Electrolux planteó la inadmisibilidad de las pretensiones relativas a las violaciones de las partes nacionales de la patente distintas de la parte sueca alegando, tanto en virtud del Reglamento Bruselas I bis como de la Ley sueca de Patentes, (
2
) que las patentes extranjeras eran nulas y que, por tanto, los órganos jurisdiccionales suecos no eran competentes para pronunciarse sobre su violación.
El Tribunal de Primera Instancia en Materia de Patentes, Marcas y Mercantil se declaró incompetente para conocer de la acción por violación de patentes distintas de la validada en Suecia. BSH recurrió en apelación la referida resolución ante el tribunal remitente.
Este se pregunta si el artículo 24, punto 4, (
3
) del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro sigue siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugna, por vía de excepción, la validez de la patente. También se pregunta si el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros y les confiere, por consiguiente, competencia exclusiva para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre el ámbito de aplicación respectivo de las normas de competencia de los órganos jurisdiccionales afectados, tal como resultan de los artículos 4, apartado 1, (
4
) y 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis. Empieza señalando que del tenor del artículo 24, punto 4, de dicho Reglamento se desprende que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de expedición de la patente son exclusivamente competentes para conocer de una impugnación en materia de inscripción o de validez de esa patente, independientemente de que tal impugnación se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción como motivo de oposición en el marco de una acción por violación de patente ejercitada ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro. Esta solución se justifica por el hecho de que la expedición de las patentes implica la intervención de la administración nacional y por el hecho de que esos órganos jurisdiccionales, que se pronuncian con arreglo a su Derecho nacional, se encuentran en mejores condiciones para decidirlo. El interés en una buena administración de justicia es tan importante que varios Estados miembros han instaurado un sistema de tutela judicial específico y reservan este tipo de litigios a tribunales especializados.
Así, cuando se haya ejercitado ante un órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado, en virtud del Reglamento Bruselas I bis, (
5
) una acción por violación de una patente expedida por otro Estado miembro y la parte demandada impugne, por vía de excepción, la validez de esa patente, dicho órgano jurisdiccional no podrá constatar, con carácter incidental, la nulidad de dicha patente, sino que deberá declararse incompetente, de conformidad con el artículo 27 de ese Reglamento, (
6
) por lo que respecta a la cuestión de la validez de la patente, habida cuenta de la norma de la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de expedición de la patente establecida en el artículo 24, punto 4, del referido Reglamento.
No obstante, dado que esta norma de la competencia exclusiva se circunscribe a los litigios «en materia de inscripciones o validez de patentes», el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, en virtud del artículo 4, apartado 1, del mismo Reglamento, una acción por violación de una patente expedida en otro Estado miembro seguirá siendo competente para conocer de esa acción cuando el demandado impugne, por vía de excepción, la validez de la patente.
En segundo lugar, por lo que respecta a la cuestión de si el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros y les confiere, por ello, competencia exclusiva para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados, el Tribunal de Justicia observa que el tenor de esta disposición se refiere a la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y que el régimen establecido por el Reglamento Bruselas I bis es un régimen de competencia interno de la Unión Europea, que persigue objetivos propios, como el buen funcionamiento del mercado interior y el establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia. Dado que el artículo 24, punto 4, de dicho Reglamento no puede considerarse aplicable en una situación en la que las patentes de que se trate no se han expedido o validado en un Estado miembro, sino en un Estado tercero, (
7
) esta disposición no se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros ni confiere, por consiguiente, competencia alguna, exclusiva o no, a esos órganos jurisdiccionales por lo que respecta a la apreciación de la validez de una patente expedida o validada en ese Estado.
No obstante, si bien el principio de competencia del órgano jurisdiccional del domicilio del demandado establecido en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis puede verse limitado, por una parte, por normas especiales (
8
) y, por otra parte, por el Derecho internacional general, no parece que en el caso de autos deba tenerse en cuenta ninguna limitación establecida por estas últimas.
Por lo que respecta al Derecho internacional general, el Tribunal de Justicia recuerda que los actos adoptados en ejercicio de las competencias de la Unión, como el Reglamento Bruselas I bis, deben interpretarse, y su ámbito de aplicación circunscribirse, a la luz de las normas y principios del Derecho internacional general, que vinculan a las instituciones de la Unión. A este respecto, la competencia del órgano jurisdiccional del domicilio del demandado para pronunciarse sobre un litigio que esté vinculado, al menos parcialmente, a un Estado tercero, no es contraria al principio de Derecho internacional del efecto relativo de los tratados.
Por otro lado, esta competencia debe ejercerse respetando el principio de no injerencia. En el ejercicio de sus competencias, la concesión por un Estado de una patente nacional, que confiere a su titular derechos exclusivos de propiedad intelectual en su territorio, depende de la soberanía nacional de dicho Estado. Pues bien, dado que una resolución judicial relativa a una patente afecta a la existencia o al contenido de esos derechos exclusivos, únicamente los órganos jurisdiccionales competentes de ese Estado pueden dictar tal resolución.
En cambio, el órgano jurisdiccional del Estado miembro del domicilio del demandado ante el que se haya ejercitado, sobre la base del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, una acción por violación de patente en cuyo marco se suscite, por vía de excepción, la cuestión de la validez de una patente expedida o validada en un Estado tercero es competente para pronunciarse sobre esta cuestión si no resulta aplicable ninguna limitación. En efecto, puesto que la resolución solicitada a este respecto solo produce efectos inter partes, no puede afectar a la existencia o al contenido de dicha patente en ese Estado tercero ni conllevar la modificación del registro nacional de ese Estado.
El Tribunal de Justicia concluye sobre el particular que el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a los órganos jurisdiccionales de Estados terceros ni les confiere, por consiguiente, competencia alguna, exclusiva o no, para apreciar la validez de una patente expedida o validada en esos Estados.
(
1
)	Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I bis»).
(
2
)	Véase el artículo 61, párrafo segundo, de la patentlagen (1967:837) [Ley de Patentes (1967:837)].
(
3
)	Artículo 24 del Reglamento Bruselas I bis: «Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que se indican a continuación: […] 4) en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se haya suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los órganos jurisdiccionales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional. Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro serán los únicos competentes en materia de registro o validez de una patente europea expedida para dicho Estado miembro; […]
(
4
)	Artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis: «Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
(
5
)	En virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.
(
6
)	Artículo 27 del Reglamento Bruselas I bis: «El órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca a título principal de un litigio para el que los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro sean exclusivamente competentes en virtud del artículo 24 se declarará de oficio incompetente.»
(
7
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, IRnova (C-399/21, EU:C:2022:648, apartado 35).
(
8
)	Artículo 73 del Reglamento Bruselas I bis.