Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANDREA BIONDI
presentadas el 26 de marzo de 2026 (1)
Asuntos acumulados C‑266/24 P, C‑269/24 P y C‑289/24 P
Comisión Europea
contra
Ryanair DAC (C‑266/24 P),
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
contra
Ryanair DAC,
Comisión Europea (C‑269/24 P)
y
Société Air France,
Air France-KLM
contra
Ryanair DAC,
Comisión Europea (C‑289/24 P)
« Recurso de casación — Ayuda de Estado — Ayuda otorgada por los Países Bajos a KLM en el contexto de la pandemia de COVID-19 — Garantía estatal para un préstamo bancario y un préstamo subordinado del Estado — Decisión por la que se declara la ayuda compatible con el mercado interior — Determinación del beneficiario de la ayuda en el contexto de un grupo de sociedades »
I.      Introducción
1.        Los presentes recursos de casación forman parte de los asuntos, ya bastante abundantes, en los que los órganos jurisdiccionales de la Unión han examinado la compatibilidad de las medidas nacionales adoptadas para aliviar las trágicas consecuencias de la pandemia de COVID-19 con el sistema del Derecho de la Unión en materia de ayudas de Estado.
2.        En este contexto, el Tribunal de Justicia ha aceptado explícitamente las alegaciones de los Estados miembros según las cuales estos tienen derecho, en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 2, letra b), (2) o del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), (3) a apoyar a determinadas empresas nacionales, y no a otras, debido a sus características estructuralmente esenciales para la economía de dicho Estado miembro, por ejemplo, en términos de conectividad, empleo e infraestructura.
3.        Puede haber un momento y un contexto adecuados para reconsiderar la coherencia de las sentencias del Tribunal de Justicia sobre la aplicación de los principios del Derecho de la Unión a las medidas adoptadas en situaciones de emergencia graves, así como la viabilidad de dichas medidas, en particular a la luz de los conocimientos adquiridos, más sofisticados, sobre el impacto de esas medidas en el mercado. El control de las ayudas de Estado, al igual que el Derecho de la competencia, es sin duda un proceso dinámico. Sin embargo, su finalidad última es en todo caso evitar el fraccionamiento nacional, no permitir que el comportamiento de las empresas perjudique la competencia genuina y sin distorsiones en el mercado interior y la consecución de objetivos comunes.
4.        Ahora bien, los presentes recursos de casación exigen que el Tribunal de Justicia se centre exclusivamente en la correcta aplicación de algunos de los conceptos fundamentales del Derecho en materia de ayudas de Estado. En particular, plantean la cuestión de los criterios que deben aplicarse para determinar el beneficiario de una medida de ayuda estatal en el marco de un grupo de sociedades. La Comisión Europea (asunto C‑266/24 P), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (en lo sucesivo, «KLM») (asunto C‑269/24 P) y Air France-KLM S.A. (en lo sucesivo, «Air France-KLM») y Société Air France S.A. (en lo sucesivo, «Air France») (asunto C‑289/24 P) solicitan la anulación de la sentencia dictada en el asunto T‑146/22 (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que el Tribunal General anuló la Decisión C(2021) 5437 final de la Comisión, de 16 de julio de 2021 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), (4) por la que se autorizaban medidas de apoyo a favor de la compañía aérea KLM. Estos recursos de casación se inscriben en una serie de siete recursos de casación, todos ellos relativos a medidas a favor de sociedades del grupo Air France-KLM. (5)
II.    Antecedentes del litigio, Decisión controvertida y sentencia recurrida
5.        KLM forma parte del grupo Air France-KLM, dirigido por Air France-KLM. (6) Air France, que pertenece en su totalidad a Air France-KLM, es otra filial del grupo y una sociedad hermana de KLM. (7)
6.        El 26 de junio de 2020, el Reino de los Países Bajos notificó a la Comisión una ayuda a favor de KLM, consistente, por una parte, en una garantía estatal para un préstamo que le concedía un consorcio bancario y, por otra parte, en un préstamo del Estado (en lo sucesivo, «medida en cuestión»). El presupuesto total de la ayuda ascendía a 3 400 millones de euros. El objetivo de la medida en cuestión era proporcionar temporalmente a KLM liquidez, que necesitaba para hacer frente a los efectos negativos de la pandemia de COVID-19. El Reino de los Países Bajos consideraba que, dada la importancia de KLM para su economía y para su conectividad aérea, la insolvencia de esta compañía habría exacerbado aún más la grave perturbación causada en su economía por la mencionada pandemia. (8)
7.        Mediante Decisión de 13 de julio de 2020, la Comisión declaró que la medida en cuestión, por un lado, constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y, por otro, era compatible con el mercado interior sobre la base del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b). (9) Según dicha Decisión, KLM era la única beneficiaria de la ayuda, con exclusión de las demás sociedades del grupo Air France-KLM. (10)
8.        Mediante la sentencia de 19 de mayo de 2021, Ryanair/Comisión (KLM; COVID-19), (11) el Tribunal General anuló la Decisión inicial, por adolecer de falta de motivación respecto a la determinación del beneficiario de la medida en cuestión. Decidió además suspender los efectos de la anulación de la citada Decisión hasta que la Comisión adoptase una nueva decisión con arreglo al artículo 108 TFUE. (12)
9.        El 16 de julio de 2021, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, en la que consideró que la medida en cuestión constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, pero era compatible con el mercado interior sobre la base del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), y que KLM era la única beneficiaria de la ayuda, con exclusión de las demás sociedades del grupo Air France‑KLM.
10.      Ryanair DAC (en lo sucesivo, «Ryanair») solicitó la anulación de la Decisión controvertida por considerar, en particular, que la Comisión había incurrido en error al señalar que KLM era la única beneficiaria de la ayuda. En la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó este motivo y concluyó que deberían haberse considerado beneficiarias de la medida de ayuda en cuestión Air France, Air France-KLM y KLM. En consecuencia, el Tribunal General anuló la Decisión controvertida en su totalidad sin examinar los demás motivos invocados por Ryanair. (13)
III. Pretensiones de las partes
11.      La Comisión, KLM, Air France-KLM y Air France solicitan al Tribunal de Justicia, mediante sus respectivos recursos de casación, con carácter principal, que anule la sentencia recurrida, dicte sentencia definitiva y condene en costas a Ryanair o, con carácter subsidiario, que devuelva el asunto al Tribunal General para que dicte sentencia y que reserve su decisión sobre las costas en el presente procedimiento.
12.      La República Francesa y el Reino de los Países Bajos solicitan al Tribunal de Justicia que estime los recursos de casación y anule la sentencia recurrida. El Reino de los Países Bajos solicita además al Tribunal de Justicia que condene en costas a Ryanair.
13.      Ryanair solicita al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de casación y condene en costas a la Comisión, KLM, Air France-KLM y Air France.
IV.    Sobre los recursos de casación
14.      La Comisión invoca dos motivos de casación en apoyo de su recurso. Mediante su primer motivo, alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al aplicar un criterio incorrecto para definir al beneficiario de la ayuda dentro de un grupo de sociedades. Mediante su segundo motivo, la Comisión sostiene que el Tribunal General sustituyó la apreciación de la propia Comisión por la suya propia, sin demostrar suficientemente que su razonamiento adoleciera de un error manifiesto de apreciación.
15.      KLM (en el asunto C‑269/24 P) y Air France-KLM y Air France (en el asunto C‑289/24 P) invocan tres motivos de casación en apoyo de sus recursos. Los dos primeros están basados en los mismos errores de Derecho invocados por la Comisión en su recurso de casación en el asunto C‑266/24 P. Mediante su tercer motivo, KLM, Air France-KLM y Air France aducen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar erróneamente el marco jurídico relativo al concepto de «ventajas indirectas de una ayuda de Estado».
A.      Primer motivo de casación
16.      Mediante su primer motivo de casación, dirigido contra los apartados 54 a 159 de la sentencia recurrida, la Comisión, KLM, Air France-KLM y Air France (en lo sucesivo, conjuntamente, «recurrentes»), apoyadas por la República Francesa y el Reino de los Países Bajos, reprochan al Tribunal General haber aplicado un criterio erróneo para determinar qué empresa calificar de beneficiaria de la ayuda concedida por la medida en cuestión. Más concretamente, en opinión de las recurrentes, el Tribunal General asimiló erróneamente el análisis de lo que constituye una «[única] unidad económica» al análisis del «beneficiario» de una medida de ayuda en el contexto de un grupo de sociedades, al centrarse en los factores que permiten demostrar la existencia de tal unidad en lugar de determinar qué empresa se beneficia efectivamente de la medida de ayuda.
17.      Las ayudas públicas pueden concederse a personas físicas o jurídicas. Sin embargo, las normas sobre ayudas estatales solo se aplican a las empresas. (14) Más concretamente, el artículo 107 TFUE, apartado 1, presupone, entre otras condiciones, la existencia de una ventaja otorgada a una empresa. (15) Esos dos conceptos engloban un tercero, que, aunque no se mencione específicamente en el artículo 107 TFUE, apartado 1, es esencial en el Derecho en materia de ayudas de Estado: el del beneficiario. El concepto de beneficiario —que es pertinente no solo para la recuperación de la ayuda, sino también para el análisis de si una medida nacional está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 107, apartado 1, y de su compatibilidad con el mercado interior— se refiere a la empresa que disfruta efectivamente de la ayuda. (16)
18.      Según el criterio bien establecido del Tribunal de Justicia, el concepto de empresa se refiere a cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación, (17) y debe entenderse en el sentido de que designa una unidad económica, aunque, desde el punto de vista jurídico, dicha unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. (18)
19.      El concepto de empresa como unidad económica, desarrollado por el Tribunal de Justicia a principios de la década de 1970 en el contexto de lo que actualmente es el artículo 101 TFUE, se ha trasladado, acertadamente, a otros ámbitos estrechamente relacionados del Derecho de la Unión, como el de las ayudas de Estado. (19) En palabras similares a las del Abogado General Jacobs, en aras de la coherencia y uniformidad, los mismos conceptos en ámbitos próximos del Derecho de la Unión que persiguen los mismos objetivos, como regla general, deben tener idéntico significado, a no ser que se justifique otra cosa. (20)
20.      Por tanto, varias entidades jurídicamente independientes pueden formar parte de una sola empresa a efectos de determinar el perímetro del beneficiario de una ayuda estatal cuando puede considerarse que disfrutan, como unidad económica, de la medida en cuestión. (21)
21.      Está claro que esto no significa que, cada vez que el beneficiario de una ayuda de Estado forme parte de un grupo de sociedades, todo el grupo deba considerarse automáticamente beneficiario efectivo. Para delimitar el perímetro de la empresa —entendida como una unidad económica— que disfruta de una medida de ayuda dentro de tal grupo de sociedades, deben tenerse en cuenta diversos factores que permiten determinar en cada caso los efectos económicos previsibles de dicha medida y de las ventajas que concede. Se trata, por tanto, de un ejercicio de carácter prospectivo.
22.      En consecuencia, para determinar si las críticas formuladas por las recurrentes están fundadas, procede examinar brevemente las etapas del razonamiento seguido respectivamente por la Comisión y por el Tribunal General a efectos de la identificación del beneficiario de la medida de ayuda en cuestión.
23.      En los apartados 107 a 110 de la Decisión controvertida, la Comisión recordó, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal General, en primer lugar, que las sociedades pertenecientes a un mismo grupo pueden ser tratadas como una sola empresa a efectos de las ayudas de Estado cuando forman una sola unidad económica, lo cual debe apreciarse sobre la base de factores relacionados con la existencia de vínculos entre esas sociedades, en particular, la existencia de control directo o indirecto de una sola entidad, de vínculos orgánicos y funcionales, de actividades económicas idénticas o paralelas y de cláusulas contractuales específicas. (22) En segundo lugar, la Comisión, remitiéndose a la sentencia de 3 de julio de 2003, Bélgica/Comisión, (23) señaló que el mero hecho de que varias sociedades pertenezcan al mismo grupo no significa necesariamente que todas ellas sean automáticamente beneficiarias de una ayuda de Estado, puesto que la ayuda puede limitarse a entidades específicas dentro del grupo. Con arreglo a esos criterios, en los apartados 112 a 117 de la Decisión controvertida, la Comisión pasó a analizar, en primer término, los vínculos funcionales, económicos y orgánicos entre Air France, KLM y Air France-KLM, y, en segundo término, los contratos relativos a la medida en cuestión y al riesgo de desvío de la ayuda entre esas tres entidades. Al término de su análisis, la Comisión precisó, por un lado, que, aunque existían determinados vínculos funcionales, económicos y orgánicos, (24) KLM disfrutaba en la práctica de una autonomía funcional, financiera y operativa considerable, gestionaba sus necesidades de financiación y liquidez de manera independiente —sin que Air France-KLM ejerciera ningún control sobre sus fondos— y efectuaba operaciones intragrupo en condiciones de mercado. (25) Por otro lado, la Comisión consideró que los mecanismos contractuales de la medida en cuestión incluían múltiples salvaguardias, (26) que garantizaban que los fondos se canalizarían exclusiva y efectivamente hacia KLM, a la que serían transferidos directamente sin pasar por el holding y sin poderse desviar a Air France. En consecuencia, la Comisión concluyó que KLM constituía una unidad económica distinta de su sociedad matriz y de Air France, y que era la única beneficiaria de dicha medida.
24.      En la sentencia recurrida, en primer lugar, el Tribunal General examinó los vínculos de capital, orgánicos, funcionales y económicos entre Air France-KLM, Air France y KLM y sus respectivas filiales, y dedujo de ellos que dichas entidades formaban una sola unidad económica a efectos de la aplicación de las normas en materia de ayudas de Estado. (27) En particular, el Tribunal General declaró que i) Air France-KLM ejercía un control interviniendo directa o indirectamente en la gestión de Air France y de KLM, (28) que ii) la conclusión a la que llegó la Comisión, a saber, que Air France y KLM gozaban de autonomía funcional, carecía de fundamento, (29) y que iii) existía cierta interdependencia económica y financiera entre Air France-KLM y sus filiales, así como cierto grado de integración económica y cierta cooperación entre Air France y KLM. (30) En segundo lugar, el Tribunal General, tras examinar los contratos sobre cuya base se había concedido la medida en cuestión, concluyó que los mecanismos contractuales previstos en ellos no permitían constatar que la única beneficiaria de la medida de ayuda en cuestión fuera KLM (31) (apartado 132). Además, el Tribunal General examinó el tipo de medida concedida y el contexto en el que se inscribía, y declaró que la Comisión no había tenido en cuenta la Decisión Air France-KLM y Air France en dicho contexto. (32)
25.      He de reconocer que las críticas de las recurrentes al razonamiento del Tribunal General me parecen excesivamente formalistas y contrarias al criterio global de funcionalidad aplicable al Derecho en materia de ayudas de Estado. En inglés corriente, y espero que en el resto de lenguas oficiales de la Unión, no logro apreciar ninguna diferencia real entre el planteamiento expuesto por la Comisión en la Decisión controvertida y el razonamiento del Tribunal General.
26.      Tanto la Decisión controvertida como la sentencia recurrida se basan en una apreciación individual y global de los mismos elementos, examinados exactamente en el mismo orden. Ninguna de las recurrentes cuestiona la pertinencia de ninguno de estos elementos ni afirma que el Tribunal General no tuviera en cuenta otros igualmente pertinentes. En particular, reconocen que el análisis de los vínculos económicos, funcionales y orgánicos existentes entre las distintas entidades de un grupo de sociedades constituye el punto de partida para determinar el beneficiario de una medida de ayuda dentro de dicho grupo, puesto que permite, en particular, verificar el grado de autonomía decisoria de esas entidades.
27.      Tanto la Decisión controvertida como la sentencia recurrida se basan en el mismo concepto de empresa como unidad económica y, en esencia, en la misma jurisprudencia para determinar la presencia o la ausencia de tal unidad en el ámbito de las ayudas de Estado. (33) Una vez más, las demandantes no cuestionan la pertinencia de ese concepto o de esa jurisprudencia para definir el perímetro del beneficiario de una ayuda de Estado dentro de un grupo de sociedades.
28.      La Comisión, remitiéndose al apartado 66 de la sentencia AceaElectrabel, (34) subraya que el concepto de «[única] unidad económica» en materia de ayudas de Estado puede ser distinto del que se aplica en otros sectores del Derecho de la competencia. Sin embargo, este argumento no me parece convincente.
29.      Al igual que el concepto de «empresa», el de «[única] unidad económica» tiene un carácter funcional. La calificación de varias entidades como una sola unidad económica a efectos del Derecho de la competencia —y, en particular, en materia de ayudas de Estado— está supeditada al objetivo específico perseguido por dicha calificación y depende del contexto examinado. Por tanto, a la hora de identificar al beneficiario de una ayuda de Estado determinada, cabe considerar que varias entidades constituyen un todo indivisible, aunque no sean calificadas como tales por lo que respecta a otros ámbitos del Derecho de la competencia.
30.      Las recurrentes alegan asimismo que el Tribunal General no tuvo en cuenta la jurisprudencia según la cual el beneficiario de una ayuda de Estado puede limitarse a una de las sociedades que forman parte de un grupo, con exclusión de las demás, y, por tanto, se basó en un marco jurídico erróneo o incompleto. Se remiten, en particular, a la sentencia Verlipack, en la que el Tribunal de Justicia precisó que la Comisión puede tener en cuenta la formulación de cláusulas de aplicación en caso de préstamo público y concluir que el beneficiario de la ayuda no es el prestatario, sino otra entidad, a la que aquel está obligado a trasladar los fondos que le han sido prestados. Sostienen, en esencia, que de la sentencia mencionada se desprende que la concesión de una ayuda a una entidad perteneciente a un grupo de sociedades puede estar sujeta a restricciones de acceso a los fondos o relativas a las finalidades para las que puede utilizarse la ayuda, de modo que, según las circunstancias de cada caso concreto, dicha entidad puede considerarse una unidad autónoma a efectos de la identificación del beneficiario de la ayuda.
31.      A este respecto, he de observar, antes de nada, que el mero hecho de que, a diferencia de la Comisión en la Decisión controvertida, (35) el Tribunal General omitiera citar la sentencia Verlipack cuando se refirió, en los apartados 54 a 61 de la sentencia recurrida, a la jurisprudencia que consideraba pertinente y expuso los criterios que iba a aplicar no significa que excluyera la posibilidad de que el perímetro del beneficiario de una ayuda de Estado dentro de un grupo de sociedades se limite a una sola entidad.
32.      En efecto, esa posibilidad solo puede constatarse tras una apreciación que tenga en cuenta todos los elementos pertinentes a los que se ha hecho referencia anteriormente, a la luz de las particularidades de cada caso concreto. Por consiguiente, el razonamiento del Tribunal General no puede quedar en entredicho únicamente sobre la base de dicha omisión, cuando sí se ha llevado a cabo tal apreciación. Por otra parte, el Tribunal General no tomó en consideración la sentencia Verlipack, ni las sentencias de 25 de junio de 1998, British Airways y otros/Comisión, (36) y de 11 de mayo de 2005, Saxonia Edelmetalle y ZEMAG/Comisión, (37) a las que también se refieren las recurrentes. Sin embargo, señaló que los asuntos que dieron lugar a las referidas sentencias no eran comparables a los que originaron el asunto del que estaba conociendo y concluyó que, a diferencia de aquellas, no podía considerarse que el beneficiario de la medida de ayuda en cuestión se limitara a una sola sociedad del grupo al que pertenecía. (38)
33.      La Comisión alega que la omisión, en los apartados 54 a 62 de la sentencia recurrida, de cualquier referencia a la sentencia Verlipack y las referencias al apartado 11 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal (39) y a la sentencia AceaElectrabel, en los apartados 57 y 58 de aquella sentencia, indican que el Tribunal General tuvo en cuenta un marco jurídico erróneo. La Comisión aduce que, si bien algunos factores como la existencia de una participación de control y de otros vínculos funcionales, económicos y orgánicos, en los que se basan dicha Comunicación y la sentencia AceaElectrabel, son adecuados tanto para determinar si varias entidades forman parte de una sola empresa como para identificar al beneficiario de la ayuda, el peso y la importancia de estos factores varían según se pretenda definir la «empresa» en su conjunto o el «beneficiario». Admito que no alcanzo a comprender esta crítica.
34.      Como se ha indicado anteriormente, el concepto de «empresa» y el de «unidad económica» están subordinados al objetivo específico perseguido. Esto significa que, al determinar si, dentro de un grupo de sociedades, el beneficiario de una medida de ayuda es solo una de las entidades que componen el grupo, una unidad formada por varias de esas entidades o el grupo en su conjunto, deben tenerse en cuenta todos los elementos pertinentes, que pueden ser diferentes en cada caso. En consecuencia, las mismas entidades pueden considerarse una unidad económica en relación con una medida de ayuda determinada y no en relación con otra. (40)
35.      Por tanto, en circunstancias como las que concurren en los presentes asuntos acumulados, la cuestión no es qué peso o importancia deben atribuirse a los vínculos económicos, orgánicos y funcionales existentes entre las entidades que componen el grupo, que procede examinar de manera exhaustiva y objetiva, sino si, a la luz de las particularidades del caso, una o varias de esas entidades pueden, a pesar de dichos vínculos, considerarse una empresa independiente y la única beneficiaria de la ayuda de que se trata. En mi opinión, el Tribunal General siguió exactamente este razonamiento en la sentencia recurrida.
36.      Las recurrentes también alegan, mediante argumentos que se solapan, que el Tribunal General excluyó la posibilidad de que un Estado miembro recurriera a salvaguardias contractuales para limitar el beneficio de una ayuda a determinadas entidades dentro de un grupo de sociedades. En mi opinión, esta alegación carece de fundamento.
37.      El Tribunal General no solo reconoció expresamente que «los contratos sobre cuya base se concedió la medida de ayuda» forman parte de los distintos elementos que deben tenerse en cuenta en el marco de una apreciación global para determinar si puede considerarse que varias entidades jurídicas distintas forman una sola unidad económica a efectos de la aplicación de las normas en materia de ayudas de Estado. (41) También examinó minuciosamente el contenido de los mecanismos contractuales establecidos por los contratos sobre cuya base se concedió la medida de ayuda en cuestión y declaró que la Comisión no había demostrado que dichos mecanismos fueran suficientes para evitar que los fondos concedidos a KLM se transfirieran, directa o indirectamente, a otros miembros del grupo.
38.      A este respecto, considero indiscutible, como precisó el Tribunal General en el apartado 134 de la sentencia recurrida, que la idoneidad de tales mecanismos contractuales para dirigirse a una sola entidad de un grupo de sociedades depende de su contenido concreto y de las particularidades del asunto. Una conclusión diferente, que las propias recurrentes no defienden, haría de la identificación del beneficiario efectivo de una medida de ayuda, en contextos como el de los presentes asuntos acumulados, un ejercicio puramente formalista.
39.      La sentencia Verlipack, lejos de invalidar este enfoque casuístico, lo confirma. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia admitió que era solo «posible» que el análisis de las cláusulas de aplicación en cuestión condujera a la conclusión de que el beneficiario de los préstamos controvertidos era distinto del prestatario. Con carácter más general, si bien es cierto que la sentencia Verlipack puede interpretarse en el sentido de que reconoce la pertinencia de las condiciones en las que un Estado miembro concede una ayuda determinada para identificar a la empresa que se beneficia efectivamente de ella, su alcance no debería, a mi juicio, entenderse de manera excesivamente amplia. (42) En particular, no puede interpretarse en el sentido de que los acuerdos contractuales deben prevalecer de manera incondicional sobre la realidad económica y la eficacia del control de las ayudas de Estado.
40.      He de recordar, además, que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los efectos de la medida en cuestión son el único factor relevante a fin de apreciar su eventual carácter de «ayuda de Estado». (43) Este principio fundamental del Derecho en materia de ayudas de Estado sirve también de guía para identificar al beneficiario de una ayuda estatal. El asunto que dio lugar a la sentencia Verlipack es una aplicación del criterio basado en los efectos que impregna el Derecho en materia de ayudas de Estado y no puede invocarse para avalar un método que atribuya un peso excesivo a los mecanismos contractuales que acompañan la concesión de la ayuda sin analizar en profundidad su contenido y sus efectos.
41.      En conclusión, considero que lo que las recurrentes califican de aplicación de un marco jurídico erróneo o incompleto y de aplicación o interpretación erróneas de la jurisprudencia pertinente o del «peso» que debe atribuirse a los criterios aplicables no constituye más que una diferencia en las conclusiones alcanzadas por la Comisión y el Tribunal General sobre la base de los hechos y de las pruebas pertinentes. En mi opinión, tanto el Tribunal General como la Comisión aplicaron el mismo criterio jurídico.
42.      A la vista de todas las consideraciones anteriores, propongo que se desestime el primer motivo de casación en todos los presentes asuntos acumulados.
B.      Sobre el segundo motivo de los recursos de casación
43.      Las recurrentes, apoyadas por la República Francesa y el Reino de los Países Bajos, sostienen que, al comprobar el análisis del beneficiario de la medida en cuestión en la Decisión controvertida, el Tribunal General excedió los límites de su control marginal en materia económica y sustituyó la apreciación de los hechos y de las pruebas realizada por la Comisión por la suya propia, sin demostrar suficientemente que el razonamiento de esta última adoleciera de un error manifiesto de apreciación. Con carácter principal, alegan que el Tribunal General llegó a una conclusión opuesta a la alcanzada por la Comisión en la Decisión controvertida, si bien no declaró la existencia de un error manifiesto de apreciación en ninguna de las etapas del análisis de la Comisión. Esta alegación —que, contrariamente a lo que aduce Ryanair, es admisible en su conjunto— se divide en cuatro argumentos principales, que examinaré por separado. Antes de proceder a mi análisis, puede ser útil recordar brevemente los principios que rigen el nivel de control jurisdiccional aplicable en las circunstancias de los presentes asuntos acumulados.
44.      El Tribunal de Justicia ha reconocido que la Comisión dispone de un amplio margen de apreciación para determinar si entidades distintas forman una unidad económica a efectos de definir al beneficiario de una ayuda determinada. (44) Ciertamente, la identificación del beneficiario de una ayuda de Estado, en el contexto de un grupo de sociedades, puede implicar apreciaciones económicas complejas y, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el control de estas apreciaciones es limitado. Concretamente, se limita a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, así como a controlar la exactitud material de los hechos alegados y la ausencia de error de Derecho, de error manifiesto en la apreciación de los hechos o de desviación de poder. No corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Unión sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia.
45.      No obstante, el Tribunal de Justicia ha precisado que la facultad de apreciación de que dispone la Comisión a la hora de realizar complejas valoraciones de orden económico, en particular en el ámbito de las ayudas de Estado, no implica que el juez de la Unión deba abstenerse de controlar la interpretación de datos de naturaleza económica efectuada por la Comisión. (45) El juez de la Unión no solo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino, entre otras cosas, también comprobar si tales elementos constituyen la totalidad de los datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sustentar las conclusiones que se deducen de los mismos. (46) Como ya he tenido ocasión de señalar, la intensidad del control jurisdiccional de las apreciaciones económicas depende en realidad de su grado de complejidad y de si implican elecciones políticas u objetivas. Por consiguiente, el criterio del «control marginal de las apreciaciones económicas complejas» no debería convertirse en una fórmula general que llevara a restringir indebidamente el ejercicio, por el juez de la Unión, de un control jurisdiccional suficientemente intenso de categorías enteras de apreciaciones. (47) Esto es tanto más cierto en el caso de las apreciaciones efectuadas en la fase de determinación de los elementos que contribuyen a constatar la existencia de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y en la delimitación de su perímetro, como puede ser la identificación de la empresa beneficiaria de la ayuda.
46.      Como reconocen las propias recurrentes, el Tribunal General precisó correctamente, en los apartados 59 y 60 de la sentencia recurrida, los límites de su control jurisdiccional en los asuntos de que conoce, remitiéndose a la jurisprudencia recordada anteriormente.
a)      Primer argumento: el Tribunal General excedió los límites de su control jurisdiccional por lo que respecta a los vínculos de capital, orgánicos y funcionales
47.      Las recurrentes sostienen, en esencia, que las conclusiones del Tribunal General acerca de los vínculos de capital, orgánicos y funcionales no están en contradicción con las que extrajo la Comisión en la Decisión controvertida y que la sentencia recurrida no identificó un error manifiesto en las apreciaciones de la Comisión relativas a dichos vínculos.
48.      A mi juicio, este argumento —que engloba varias imputaciones, algunas de las cuales son inadmisibles, como expondré a continuación— no está respaldado por una lectura atenta de dicha sentencia.
49.      Contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, del razonamiento que subyace a los apartados 63 a 107 de la sentencia recurrida (48) se desprende que el Tribunal General no aceptó la constatación de la Comisión según la cual, pese a la existencia de «determinados vínculos funcionales, económicos y orgánicos entre Air France, KLM y [Air France-KLM]» (apartado 112 de la Decisión controvertida), «Air France y KLM [gozaban] de facto de una gran autonomía funcional, económica y orgánica, tanto una respecto de la otra como respecto de su matriz» (apartado 113 de la Decisión controvertida). En cambio, el Tribunal General concluyó que esos vínculos, tanto si se examinaban por separado como conjuntamente, constituían elementos que indicaban que esas tres entidades no podían considerarse independientes a efectos de la medida de ayuda en cuestión. (49)
50.      Las recurrentes también se equivocan al afirmar que el Tribunal General no halló ningún error manifiesto de apreciación en el razonamiento de la Comisión o en sus conclusiones. El Tribunal General examinó los apartados 112 y 113 de la Decisión controvertida y consideró, a la luz de la información contenida en dicha Decisión, así como de las alegaciones formuladas y de las pruebas presentadas ante él —cuya disponibilidad para la Comisión en el momento de la adopción de la Decisión controvertida y cuya pertinencia no han sido cuestionadas por las recurrentes—, (50) que las constataciones de la Comisión relativas a la intensidad de los vínculos funcionales, económicos y orgánicos que presentaban Air France y KLM una respecto de la otra y respecto de su sociedad matriz no estaban suficientemente fundadas. Por tanto, se mantuvo dentro de los límites del control jurisdiccional que puede ejercer sobre las apreciaciones económicas complejas de la Comisión en el ámbito de las ayudas de Estado, como se desprende de la jurisprudencia recordada en el punto 45 de las presentes conclusiones.
51.      El hecho, señalado por las recurrentes, de que el Tribunal General no mencionara expresamente la categoría del «error manifiesto de apreciación» hasta más adelante en la sentencia recurrida (51) y en una única ocasión no desvirtúa esta conclusión, ya que ello supondría dar prioridad a las decisiones léxicas del Tribunal General sobre el fondo de su razonamiento.
52.      Por las mismas razones expuestas anteriormente, considero que no cabe acoger la alegación de las recurrentes de que el Tribunal General sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya propia.
53.      El Tribunal General se centró en el control de la apreciación por la Comisión de los vínculos económicos, orgánicos y funcionales existentes entre Air France-KLM, Air France y KLM a la luz de las alegaciones y pruebas presentadas ante él y concluyó que las posiciones de la Comisión no podían estimarse. En la medida en que esa alegación se basa en el carácter excesivamente exhaustivo del análisis del Tribunal General, resulta demasiado simplista y parte de una concepción errónea y restrictiva del papel de los órganos jurisdiccionales de la Unión en el control de las apreciaciones económicas de la Comisión. El hecho de que dicho control pueda tener un alcance limitado no significa que los órganos jurisdiccionales mencionados no puedan, o incluso deban, llevarlo a cabo en profundidad.
54.      En particular, contrariamente a lo que sostienen Air France-KLM y Air France, el Tribunal General no sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya propia por lo que respecta a la cooperación entre Transavia France y Transavia Netherlands, a la que se refiere en el apartado 82 de la sentencia recurrida. Para concluir que existía cierta cooperación funcional y comercial entre estas sociedades a pesar de que cada una de ellas disponía de sus propias licencias, certificados, derechos de tráfico, franjas horarias, activos, personal y dirección, el Tribunal General no se basó exclusivamente en el hecho de que ambas compartían una marca y un sitio de Internet. Subrayó que «Transavia» se presentaba, en el mercado y en los documentos del grupo Air France-KLM —en particular, en los documentos de registro universal 2019 y 2020—, como un operador único que constituía el segmento low cost de la actividad comercial de dicho grupo. (52) A este respecto, procede recordar que la unidad de comportamiento en el mercado es lo que caracteriza típicamente a varias entidades jurídicamente independientes como una «sola unidad económica». (53)
55.      El resto de las alegaciones formuladas por las recurrentes son, a mi juicio, infundadas o inadmisibles, en la medida en que tienen por objeto obtener del Tribunal de Justicia realice una nueva apreciación de los hechos o de las pruebas examinados por el Tribunal General, lo cual, a falta de prueba de que se ha producido una desnaturalización, excede de la competencia del Tribunal de Justicia. (54)
56.      En primer lugar, es cierto, como subraya KLM, que, en el apartado 89 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se basó erróneamente en el apartado 41 de la Decisión controvertida, que recoge la explicación del Reino de los Países Bajos relativa a los vínculos funcionales dentro del grupo Air France-KLM y no forma parte de la apreciación de la Comisión. Sin embargo, la afirmación del Reino de los Países Bajos según la cual KLM y Air France eran «funcionalmente autónomas» es respaldada por la Comisión, (55) que, en su apreciación, se remite en gran medida a tales explicaciones. (56)
57.      En segundo lugar, la alegación de KLM de que, dentro de un grupo de sociedades, debe esperarse un determinado nivel de vínculos funcionales y de que, pese a la existencia de cierta coordinación, las filiales aún pueden operar de manera autónoma, incluso en el seno de una sola unidad económica, es inoperante, puesto que es precisamente la conclusión de que KLM disfrutaba de tal autonomía operativa lo que el Tribunal General consideró carente de fundamento.
58.      En tercer lugar, la alegación de las recurrentes de que los derechos de veto y de aprobación de Air France-KLM no van más allá de las prerrogativas habituales de que goza toda sociedad matriz que controle a sus filiales, aunque sea exacta desde el punto de vista fáctico, no es, en mi opinión, determinante para la cuestión de qué entidad, dentro del grupo Air France-KLM, podría considerarse que se beneficia efectivamente, directa o indirectamente, de la medida en cuestión.
59.      En cuarto lugar, contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, en el apartado 104 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no declaró que el hecho de que las relaciones comerciales entre Air France y KLM, así como entre esas filiales y su sociedad matriz, se llevaran a cabo en «condiciones normales de mercado» solo fuera pertinente a efectos de la imposición fiscal. En cambio, consideró que tal circunstancia no bastaba para demostrar que dichas entidades tenían autonomía económica dentro del grupo Air France-KLM, habida cuenta de los elementos indicados en los apartados 100 a 103 de la referida sentencia. (57) Por añadidura, como se desprende del apartado 105 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la medida en cuestión tenía por efecto reforzar la posición financiera del grupo Air France-KLM en su conjunto, al poner a disposición de cuantías importantes de liquidez que no habrían estado disponibles en condiciones normales de mercado y evitar el riesgo de quiebra. Así pues, dicha ventaja estaba más vinculada a los efectos beneficiosos que el restablecimiento de la liquidez y de la viabilidad de KLM habría tenido en Air France-KLM y Air France que al riesgo de transmisión de la ayuda mediante operaciones entre estas sociedades en condiciones no de mercado. Por tanto, el hecho de que tales operaciones se llevaran a cabo en condiciones normales de mercado no era esencial en el razonamiento del Tribunal General.
60.      En quinto lugar, las alegaciones de KLM y de Air France-KLM y Air France dirigidas a rebatir la afirmación, antes mencionada, que figura en el apartado 105 de la sentencia recurrida sobre los efectos de la medida en cuestión en el conjunto del grupo Air France-KLM no están fundamentadas y, en cualquier caso, son inadmisibles, en la medida en que equivalen a solicitar al Tribunal de Justicia que compruebe la apreciación de los hechos y de las pruebas efectuada por el Tribunal General, sin invocar su desnaturalización. (58) Por lo que respecta a la afirmación, que figura en el apartado 106 de dicha sentencia, de que «KLM probablemente no habría podido continuar con sus actividades y, por ello, habría puesto también en peligro la continuidad de las actividades llevadas a cabo en común con Air France», también cuestionada por las recurrentes, me limitaré a recordar que, según la Decisión controvertida, la medida en cuestión estaba prevista y autorizada para hacer frente a la grave falta de liquidez de KLM y evitar su quiebra. (59) Por tanto, el Tribunal General no incurrió en error al considerar que, sin esa medida, KLM probablemente no habría podido desarrollar sus actividades, incluidas las realizadas en coordinación con Air France. (60)
61.      De todas las consideraciones anteriores resulta que, en mi opinión, el primer argumento esgrimido por las recurrentes, relativo a los vínculos funcionales y económicos orgánicos dentro del grupo Air France-KLM, debe desestimarse.
b)      Segundo argumento: el Tribunal General excedió los límites de su control jurisdiccional por lo que respecta a los acuerdos sobre cuya base se concedió la medida en cuestión
62.      Las recurrentes, apoyadas por la República Francesa y el Reino de los Países Bajos, sostienen que el Tribunal General no demostró que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación al concluir, en el apartado 114 de la Decisión controvertida, que las salvaguardias contenidas en los acuerdos sobre cuya base se concedió (61) la medida en cuestión permitían canalizar eficaz y exclusivamente el beneficio efectivo de dicha medida a KLM, al igual que una cláusula de aplicación. Este segundo argumento, que contiene varias imputaciones diferentes, se dirige contra los apartados 108 a 132 de la sentencia recurrida.
63.      Como se ha indicado en las presentes conclusiones, la existencia de cláusulas de aplicación o de acuerdos contractuales que acompañan la concesión de una ayuda estatal a una entidad de un grupo de empresas puede permitir a la Comisión circunscribir el perímetro del beneficiario a esa única entidad, que constituye una empresa independiente a efectos de dicha ayuda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, como también he observado en las presentes conclusiones, este resultado depende del contenido concreto de tales cláusulas o acuerdos contractuales y de las circunstancias generales del caso.
64.      En primer lugar, las recurrentes aducen que el Tribunal General se centró erróneamente, en los apartados 112 a 118 de la sentencia recurrida, en la función y las prerrogativas de Air France-KLM en virtud del acuerdo marco e interpretó erróneamente la naturaleza de esa implicación. Destacan que Air France-KLM era parte en dicho acuerdo únicamente como accionista de KLM y para garantizar el cumplimiento por parte de KLM de las obligaciones que le incumbían de resultas de la medida de ayuda. Esta alegación se basa, en mi opinión, en una comprensión errónea del razonamiento del Tribunal General. (62)
65.      Contrariamente a lo que parecen sugerir las recurrentes, en los apartados 112 a 118 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no trató de demostrar que, por su condición de parte del acuerdo marco, Air France-KLM podía beneficiarse de la ayuda en cuestión y frustrar de este modo los esfuerzos de las autoridades neerlandesas por canalizar dicha ayuda únicamente hacia KLM. Por el contrario, consideró que la implicación de Air France-KLM en la concesión y la ejecución de la medida en cuestión demostraba que dicha sociedad no era una mera intermediaria, sino un parte contratante activa. (63)
66.      En este contexto, es comprensible que el Tribunal General, aunque sea criticado por las recurrentes por ello, no precisara de manera más detallada la naturaleza de los derechos que asistían a Air France-KLM como consecuencia de su participación en el acuerdo marco, que parecen ser principalmente derechos de aprobación en el marco del cumplimiento de las condiciones impuestas por las autoridades neerlandesas para la concesión de la medida en cuestión. Tal precisión no era necesaria para el razonamiento del Tribunal General, según el cual la Comisión no tomó en consideración, o no tuvo debidamente en cuenta, la implicación activa de Air-France-KLM (64) en la concesión y en la ejecución (65) de la medida en cuestión al determinar el beneficiario de dicha medida.
67.      En segundo lugar, las recurrentes sostienen que las cláusulas contractuales incluidas en los acuerdos sobre cuya base se concedió la medida en cuestión —a saber, las cláusulas que estipulaban que la ayuda debía utilizarse exclusivamente para satisfacer las necesidades corporativas de KLM, que los préstamos a otras partes del grupo Air France-KLM estaban prohibidos, que los fondos procedentes de la medida no podían utilizarse en beneficio directo de Air France-KLM y que debía nombrarse a un agente del Estado para garantizar el cumplimiento de esas obligaciones— impedían que entidades distintas de KLM se beneficiaran directamente de la ayuda, al tiempo que evitaban cualquier desviación indirecta de la ayuda de KLM hacia otras sociedades del grupo. Afirman que, al llegar a una conclusión diferente, el Tribunal General sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya propia.
68.      En primer término, la Comisión alega que el Tribunal General incurrió en error al analizar estas cláusulas de manera aislada y sin examinar el efecto de la medida en cuestión en su conjunto. A mi juicio, esta alegación carece de fundamento. El Tribunal General examinó los mecanismos contractuales contemplados en la Decisión controvertida tanto de manera individual (véanse los apartados 120, 122, 128 y 130 de la sentencia recurrida) como en su conjunto, y concluyó que no permitían constatar que el único beneficiario de la medida en cuestión fuera KLM (véase el apartado 132 de la sentencia recurrida).
69.      En segundo término, la Comisión sostiene que el Tribunal General descartó estos mecanismos contractuales por el mero hecho de que no podían impedir a Air-France-KLM y Air France beneficiarse de ventajas indirectas que no constituyen ayudas indirectas, sino que son, a lo sumo, efectos económicos secundarios. Asimismo, KLM aduce que el Tribunal General no concretó la naturaleza de estas ventajas indirectas ni justificó las razones por las que la Comisión debería haber considerado que era probable o suficientemente plausible en su apreciación ex ante que tales ventajas se materializaran, basándose, por tanto, en escenarios hipotéticos. Estas imputaciones se examinarán con más detalle en el análisis del tercer motivo de casación en los asuntos C‑269/24 P y C‑289/24 P.
70.      En tercer término, la Comisión argumenta que el Tribunal General no apreció los efectos combinados de los mecanismos contractuales mencionados a la luz de la estructura empresarial y de gobernanza del grupo Air France-KLM. La Comisión se remite al apartado 116 de la Decisión controvertida, en el que expuso que tal estructura impedía el riesgo de que la ayuda recibida por KLM se transfiriera a Air France mediante acuerdos de cooperación financiera o comercial en condiciones ventajosas. Sin embargo, como se ha indicado en el punto 59 de las presentes conclusiones, según el Tribunal General, los efectos de la medida en cuestión sobre Air France-KLM y KLM no dependían de la posibilidad de que la ayuda se transmitiera mediante operaciones llevadas a cabo en condiciones no de mercado. Por consiguiente, también debe desestimarse dicha imputación.
71.      En cuarto término, Air France-KLM y Air France alegan que el Tribunal General ignoró la «apreciación económica compleja y discrecional» realizada por la Comisión en la sección 2.5.3 de la Decisión controvertida, que pone de relieve la importancia de las salvaguardias contractuales. A este respecto, he de señalar, por un lado, que los apartados 48 a 53 de dicha Decisión, que forman parte de la referida sección, recogen simplemente las explicaciones facilitadas por las autoridades neerlandesas en relación con esas medidas de salvaguardia y no contienen ninguna apreciación por parte de la Comisión. (66) Por otro lado, como se ha señalado en el punto 68 de las presentes conclusiones, el Tribunal General tuvo en cuenta los mecanismos contractuales previstos en la Decisión controvertida y consideró que no eran suficientes para fundamentar las conclusiones de la Comisión sobre el perímetro del beneficiario de la medida en cuestión.
72.      A la luz de lo anterior, considero que también debe desestimarse el segundo argumento invocado por las recurrentes.
c)      Tercer argumento: el Tribunal General incurrió en varios errores de Derecho al examinar el tipo de medida de ayuda concedida y el contexto en el que se concedió
73.      Las recurrentes, apoyadas por la República Francesa y el Reino de los Países Bajos, sostienen que el Tribunal General reprochó erróneamente a la Comisión no haber tenido en cuenta, en su apreciación de la medida en cuestión, la Decisión Air France y la Decisión Air France-KLM y Air France. (67) Este tercer argumento tiene por objeto los apartados 140 a 146 de la sentencia recurrida.
74.      En primer lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General reprochó incorrectamente y de manera contradictoria a la Comisión no haber examinado con mayor detalle la Decisión Air France, al tiempo que reconoció expresamente, en el apartado 141 de la sentencia recurrida, que la Comisión había considerado que dicha Decisión no era pertinente para apreciar la medida en cuestión.
75.      A este respecto, he de señalar que del apartado 144 de dicha sentencia se desprende que, según el Tribunal General, aunque la Comisión sí mencionó la Decisión Air France, no había examinado el efecto acumulativo de la medida en cuestión y las medidas que eran objeto de la Decisión Air France y de la Decisión Air France-KLM y Air France, dado que entre ellas existía un vínculo cronológico, estructural y económico. No veo ninguna contradicción en ese razonamiento.
76.      Es más, el mero hecho de que la Comisión hubiera llegado a la conclusión de que las tres medidas mencionadas tenían beneficiarios diferentes, correspondientes a entidades diferentes o a distintas configuraciones de entidades pertenecientes al mismo grupo, no cuestiona por sí mismo su obligación de examinar los efectos de tales medidas en la posición del grupo en su conjunto. Cuando varias entidades beneficiarias de ayudas de Estado operan en el mercado como una sola unidad, sería artificial y contrario a la eficacia del control de las ayudas de Estado considerar, sin más análisis, que, debido a que dichas ayudas estaban destinadas individualmente a cada una de esas entidades, no producen ningún efecto en la unidad en su conjunto. (68)
77.      En segundo lugar, las recurrentes aducen que el Tribunal General incurrió en error al reprochar a la Comisión no haber examinado la Decisión Air France-KLM y Air France, adoptada tras la Decisión inicial, que fue anulada por la sentencia de 19 de mayo de 2021. Afirman que, dado que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a raíz de tal anulación, la Comisión debía colocarse en la situación en la que se encontraba en el momento de la adopción de la Decisión inicial, dicha institución actuó correctamente al no tener en cuenta la ayuda objeto de la Decisión Air France-KLM y Air France, posterior a la fecha pertinente para la Decisión controvertida.
78.      A este respecto, es indudablemente cierto que el Tribunal de Justicia ha afirmado reiteradamente que el procedimiento destinado a sustituir una medida que ha sido anulada puede reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad. (69) Sin embargo, en mi opinión, esta constatación tiene principalmente implicaciones procedimentales y no puede justificar que, en el marco de la revisión de la compatibilidad de una ayuda de Estado tras la anulación de su decisión anterior, la Comisión no tome en consideración una medida que, aunque aún no haya sido notificada en el momento de la adopción de la decisión anulada, presente vínculos muy estrechos con dicha ayuda y se dirija a entidades pertenecientes al mismo grupo de sociedades.
79.      Además, el Tribunal de Justicia también ha precisado que, para adecuarse a una sentencia de anulación y darle plena ejecución, la institución de que se trate está obligada a respetar no solo el fallo de la sentencia, sino también los motivos precisos de la ilegalidad declarada en el fallo y que la institución habrá de tener en cuenta a la hora de sustituir el acto anulado. (70) En su sentencia de 19 de mayo de 2021 por la que se anuló la Decisión inicial, el Tribunal General, pese a no mencionar la Decisión Air France-KLM, que acababa de adoptarse, se refirió al especial rigor con el que la Comisión debe examinar los vínculos entre sociedades que pertenecen a un mismo grupo, cuando exista un temor fundado respecto a los efectos de una acumulación de ayudas de Estado en el seno del mismo grupo sobre la competencia, (71) y reprochó a la Comisión no haber aportado motivación alguna sobre la posibilidad de que la ayuda otorgada anteriormente a Air France y autorizada en virtud de la Decisión Air France se utilizara, aunque solo fuera parcialmente, para las necesidades de KLM. (72) En ese contexto, el Tribunal General rechazó el mismo razonamiento defendido por la Comisión en su recurso de casación, a saber, que, dado que no era uno de los beneficiarios de las ayudas de Estado otorgadas a Air France y Air France-KLM, KLM no estaba obligada a aportar explicaciones sobre los efectos acumulativos de las distintas medidas en la situación del grupo France-KLM en su conjunto. (73)
80.      Por tanto, considero que, en las circunstancias específicas de los presentes asuntos, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al concluir que incumbía a la Comisión tener en cuenta la Decisión Air France y la Decisión Air France-KLM y Air France, como parte del contexto de la medida en cuestión.
d)      Cuarto argumento: el Tribunal General no excedió los límites de su control jurisdiccional por lo que respecta a la ponderación por parte de la Comisión de los factores tomados en consideración
81.      Las recurrentes alegan que ninguno de los elementos considerados por el Tribunal General se refiere a la apreciación efectuada en el apartado 117 de la Decisión controvertida, en el que la Comisión, en ejercicio de su amplia discrecionalidad en la apreciación de cuestiones económicas complejas, ponderó los elementos pertinentes previamente identificados en dicha Decisión para decidir si la existencia de vínculos de control y funcionales, económicos y orgánicos entre KLM, Air France-KLM y Air France tuvo como consecuencia que estas dos últimas sociedades también se beneficiaran de la medida de ayuda, a pesar de la estructura y la gobernanza del grupo y de las medidas contractuales contenidas en los acuerdos sobre cuya base se concedió y ejecutó la ayuda. A juicio de las recurrentes, el Tribunal General no pudo hallar ningún error manifiesto de apreciación en el ejercicio de tal ponderación y, por tanto, sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya propia.
82.      A este respecto, procede simplemente señalar, en primer lugar, que el apartado 117 de la Decisión controvertida es más una conclusión extraída por la Comisión sobre la base de sus apreciaciones anteriores expuestas en los apartados 112 a 116 que una ponderación motivada de los diferentes factores pertinentes y, (74) en segundo lugar, que el Tribunal General llegó a la conclusión de que el análisis de esos factores por parte de la Comisión era erróneo en cada fase, lo que inevitablemente menoscabó su ponderación.
e)      Conclusiones sobre el segundo motivo de casación
83.      Por las razones antes expuestas, considero que debe desestimarse el segundo motivo de casación invocado en cada uno de los presentes asuntos acumulados.
C.      Tercer motivo de casación en los asuntos C‑269/24 P y C‑289/24 P
84.      Air France-KLM y Air France, así como KLM, afirman que el Tribunal General no distinguió correctamente entre las ventajas indirectas y los efectos económicos secundarios. Aunque no están estructuradas como un motivo de casación distinto, sus alegaciones se solapan con las formuladas por la Comisión y expuestas en el punto 69 de las presentes conclusiones. Las alegaciones de las recurrentes se dirigen contra los apartados 147 a 158 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General desestimó la alegación de la Comisión según la cual la medida en cuestión solo tenía, a lo sumo, «meros efectos económicos secundarios» respecto a Air France-KLM y a Air France, que no podían calificarse de ventaja directa o indirecta en favor de estas últimas.
85.      Es cierto que el concepto de ventajas indirectas es bastante impreciso. La jurisprudencia sobre este punto es escasa. (75) Por su parte, el punto 116 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal señala que las ventajas indirectas deben distinguirse de los meros efectos económicos secundarios que son inherentes a casi todas las medidas de ayuda estatal. Con este fin, deben examinarse previamente los efectos previsibles de la medida. Por tanto, existe una ventaja indirecta si la medida está ideada de forma que canalice sus efectos secundarios «hacia empresas o grupos de empresas identificables». La nota 181 de esa misma Comunicación precisa que, por el contrario, un mero efecto económico secundario consistente en un incremento del rendimiento que no suponga ayuda indirecta puede darse cuando la ayuda simplemente se canaliza a través de una empresa, por ejemplo, un intermediario financiero, que lo repercute en su totalidad al beneficiario de la ayuda.
86.      He de reconocer que considero la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal una herramienta útil a efectos prácticos, pero delicada desde el punto de vista constitucional, puesto que se trata de un instrumento adoptado en el marco del artículo 107 TFUE, apartado 1, que define un concepto objetivo cuya interpretación corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Unión, mientras que los instrumentos no vinculantes deberían limitarse al resto de apartados del artículo 107 TFUE, cuya aplicación compete específicamente a la Comisión.
87.      Pese a esta dificultad, los órganos jurisdiccionales de la Unión tienden a basarse en la Comunicación, como sucede en la sentencia recurrida, (76) y han considerado que, al igual que cualquier instrumento no vinculante adoptado con el fin de precisar los criterios que la Comisión se propone aplicar en el ejercicio de su facultad de apreciación, tiene carácter vinculante para dicha institución. (77) Muy recientemente, el Tribunal de Justicia se refirió específicamente a la definición del citado punto 116 de la Comunicación relativa al concepto de ayuda estatal, al declarar que la Comisión está obligada a examinar tanto las ventajas indirectas como las ventajas directas, de modo que no puede basarse en un argumento específico para refutar la existencia de una ventaja directa sin examinar al mismo tiempo si esta también dio lugar a una desventaja indirecta. (78)
88.      Por consiguiente, está claro que las ventajas indirectas requieren una suerte de análisis de novo para determinar si se cumplen los criterios del artículo 107 TFUE, apartado 1, por lo que respecta a los beneficiarios distintos de los beneficiarios directos. Sin embargo, cuando una medida de ayuda de Estado confiere una ventaja a una sola unidad económica, el análisis que debe realizarse se limita, por definición, a tal unidad, sin que sea necesario examinar las ventajas indirectas para las entidades individuales que componen esa unidad.
89.      En los presentes asuntos acumulados, el Tribunal General consideró que la Comisión había incurrido en error al excluir a Air France-KLM y Air France del perímetro del beneficiario de la medida en cuestión, dado que los elementos pertinentes examinados indicaban que constituían, a efectos de la medida en cuestión, una sola unidad económica junto con KLM y que los acuerdos que acompañaban la concesión de dicha medida no eran suficientes, en particular habida cuenta del nivel de integración en el grupo Air France-KLM, para impedir que esas tres entidades se beneficiaran de ella en su conjunto. El Tribunal General añadió que Air France-KLM y Air France habían disfrutado, al menos, de ventajas indirectas. (79) Por tanto, las alegaciones formuladas por las recurrentes en el marco de su tercer motivo deben declararse inoperantes.
90.      En cualquier caso, considero que tales alegaciones no pueden prosperar. Las ventajas señaladas por el Tribunal General —a saber, los «efectos previsibles ex ante» que tendría i) mejorar la situación financiera y la estabilidad financiera de Air France-KLM y del grupo en su conjunto; ii) reforzar la capacidad de Air France-KLM para captar fondos en los mercados financieros destinados a satisfacer las necesidades de sus filiales, incluida Air France, y iii) garantizar la continuidad de las actividades de KLM, una de las principales filiales del grupo, y evitar que el riesgo de quiebra de KLM pudiese contaminar a Air France-KLM y a todo el grupo en su conjunto—, (80) que se dirigen específicamente al grupo Air France-KLM y a su holding y su filial Air France, no pueden considerarse, a la luz de todas las circunstancias del caso de autos, meros efectos económicos secundarios equiparables a los que pueden obtener los socios comerciales del beneficiario de una ayuda de Estado.
91.      Por consiguiente, considero que también debe desestimarse el tercer motivo de casación en los asuntos C‑269/24 y C‑289/24.
D.      Conclusiones sobre los recursos de casación
92.      Por las razones expuestas, considero que procede desestimar los presentes recursos de casación. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que condene a la Comisión, KLM, Air France-KLM y Air France a cargar con las costas de Ryanair correspondientes a los presentes recursos de casación, así como a la República Francesa, el Reino de los Países Bajos y la Comisión a cargar con sus propias costas, con arreglo a los artículos 138, apartado 1, y 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicables al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento.
V.      Conclusión
93.      A la luz de todas las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de casación y condene a la Comisión Europea, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Air France-KLM S.A. y Société Air France S.A. a cargar con las costas de Ryanair DAC correspondientes a los presentes recursos de casación, así como a la República Francesa, el Reino de los Países Bajos y la Comisión a cargar con sus propias costas, con arreglo a los artículos 138, apartado 1, y 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicables al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento.
1      Lengua original: inglés.
2      Véase la sentencia de 28 de septiembre de 2023, Ryanair/Comisión (C‑321/21 P, EU:C:2023:713), apartado 23.
3      Véase la sentencia de 30 de mayo de 2024, Ryanair/Comisión (C‑353/21 P, EU:C:2024:437), apartados 29 y 30.
4      Ayuda estatal SA.57116 (2020/N) — Países Bajos — COVID-19: Garantía estatal a un préstamo y préstamo del Estado a favor de KLM.
5      Además de la medida en cuestión en los presentes recursos de casación, se ven afectadas otras dos. La primera es una ayuda individual otorgada por la República Francesa a Air France en forma, por una parte, de una garantía estatal del 90 % sobre un préstamo de un importe de 4 000 millones de euros concedido por un consorcio de bancos y, por otra parte, de un préstamo de accionista de un importe de 3 000 millones de euros como máximo, aprobada el 4 de mayo de 2020 por la Decisión C(2020) 2983 final de la Comisión, relativa a la ayuda estatal SA.57082 (2020/N) — Francia — COVID-19: Marco Temporal [artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b)] — Garantía y préstamo de accionista en favor de Air France (en lo sucesivo, «Decisión Air France»). El Tribunal General anuló dicha Decisión mediante sentencia de 20 de diciembre de 2023, Ryanair y Malta Air/Comisión (Air France; COVID-19) (T‑216/21, EU:T:2023:822). Se han suspendido los recursos de casación interpuestos por la Comisión (C‑166/24 P) y por Air France-KLM y Air France (C‑192/24 P). La segunda medida es una ayuda individual otorgada por la República Francesa en forma de una recapitalización de Air France y de Air France-KLM
(en lo sucesivo, «Air France-KLM»), aprobada el 5 de abril de 2021 por la Decisión C(2021) 2488 final de la Comisión relativa a la ayuda estatal SA.59913 — Francia — COVID-19 — Recapitalización de [Air France] y [del]
holding Air France-KLM (en lo sucesivo, «Decisión Air France-KLM y Air France», que fue anulada por el Tribunal General mediante sentencia de 20 de diciembre de 2023,
Ryanair y Malta Air/Comisión (Air France-KLM y Air France; COVID-19) (T‑494/21, EU:T:2023:831). También se han suspendido los recursos de casación interpuestos por la Comisión (asunto C‑167/24 P) y Air France-KLM y Air France (asunto C‑193/24 P) contra dicha sentencia.
6      Air France-KLM posee, directa o indirectamente, el 93,84 % del capital social de KLM, lo que representa el 99,7 % de los derechos económicos, es decir, de los derechos a los dividendos, y el 49 % de los derechos de voto. En el momento de la adopción de la Decisión C(2020) 4871 final, relativa a la ayuda estatal SA.57116 (2020/N) — Países Bajos — COVID-19: Garantía estatal y préstamo del Estado a favor de KLM (en lo sucesivo, «Decisión inicial»), la República Francesa y el Reino de los Países Bajos poseían, respectivamente, el 14,3 % y el 14 % de Air France-KLM.
7      En lo sucesivo, las referencias a KLM y a Air France deben entenderse hechas, respectivamente, a KLM y sus filiales y a Air France y sus filiales.
8      Sentencia recurrida, apartado 5.
9      Véase la Decisión inicial, mencionada en la nota 6.
10      Sentencia recurrida, apartado 7.
11      T‑643/20, en lo sucesivo, «sentencia de 19 de mayo de 2021», EU:T:2021:286.
12      Sentencia recurrida, apartado 9.
13      En apoyo de su recurso, Ryanair invocó otros cuatro motivos, basados, en esencia, i) en la vulneración de las disposiciones del Tratado FUE y en la violación de los principios generales del Derecho relativos a la no discriminación, a la libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento; ii) en la errónea aplicación del artículo 107 TFUE, apartado
3, letra b); iii) en la vulneración de sus derechos en el procedimiento administrativo, y iv) en el incumplimiento de la obligación de motivación.
14      Véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de marzo de 2006, Enirisorse (C‑237/04, EU:C:2006:197), apartados 26, 27 y 36, y de 20 de noviembre de 2025, Staten genom Sjöfartsverket (C‑401/24, EU:C:2025:902), apartado 21.
15      Véase la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Staten genom Sjöfartsverket
(C‑401/24, EU:C:2025:902), apartado 21.
16      Véanse, en particular, las sentencias de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión (C‑303/88, EU:C:1991:136), apartado 57, y de 29 de julio de 2024, Koiviston Auto Helsinki/Comisión (C‑697/22 P, EU:C:2024:641), apartado 79.
17      Véase, en particular, la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Staten genom Sjöfartsverket (C‑401/24, EU:C:2025:902), apartado
21 y jurisprudencia citada.
18      Véanse la sentencia de 12 de julio de 1984, Hydrotherm Gerätebau (170/83, EU:C:1984:271), apartado
11, y, recientemente, la sentencia de 13 de febrero de 2025, ILVA (Multa por infracción del RGPD) (C‑383/23, EU:C:2025:84), apartado
22 y jurisprudencia citada.
19      Véanse las sentencias de 14 de noviembre de 1984, Intermills/Comisión (323/82, EU:C:1984:345), apartado 11; de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros
(C‑222/04, EU:C:2006:8), apartados
112
a
114, y de 16 de diciembre de 2010, AceaElectrabel Produzione/Comisión (C‑480/09 P, en lo sucesivo, «sentencia AceaElectrabel», EU:C:2010:787), apartados
47
a
51. Véase también la sentencia de 22 de junio de 2006, Bélgica y Forum 187/Comisión (C‑182/03 y C‑217/03, EU:C:2006:416), apartado 102. Por lo que respecta a la jurisprudencia del Tribunal General, véase, en particular, la sentencia de 17 de marzo de 2015, Pollmeier Massivholz/Comisión (T‑89/09, EU:T:2015:153), apartado 122 y jurisprudencia citada. En el ámbito de las subvenciones, véase la sentencia de 28 de noviembre de 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics y Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Comisión (C‑269/23 P y C‑272/23 P, EU:C:2024:984), apartado 156.
20      Conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Cassa di Risparmio di Firenze y otros
(C‑222/04, EU:C:2005:655), nota 26.
21      La práctica de la Comisión también se orienta en este sentido. Véanse, por ejemplo, la Decisión (UE) 2017/1283 de la Comisión, de 30 de agosto de 2016, relativa a la ayuda estatal SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) concedida por Irlanda a Apple [notificada con el número C(2016) 5605] (DO 2017, L 187, p. 1), apartados 416 a 418, así como la Decisión (UE) 2016/1699 de la Comisión, de 11 de enero de 2016, sobre el régimen de ayudas estatales en la forma de exención de los beneficios extraordinarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicado por Bélgica [notificada con el número C(2015) 9837] (DO 2016, L 260, p. 61), apartados 183 a 186. Las sentencias del Tribunal General que confirman esta última Decisión en lo que atañe, en particular, al uso del concepto de unidad económica para definir el perímetro del beneficiario de una ayuda de Estado han sido recurridas en casación ante el Tribunal de Justicia [véanse las sentencias de 20 de septiembre de 2023, Dow Silicones y otros/Comisión (T‑858/16 y T‑867/16, EU:T:2023:570), apartados 111 a 119, y de 20 de septiembre de 2023,
Magnetrol International y otros/Comisión (T‑263/16 RENV, T‑265/16, T-311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 y T‑832/16, EU:T:2023:565), apartados 141 a 156].
22      La Comisión citó las sentencias de 14 de octubre de 2004, Pollmeier Malchow/Comisión (T‑137/02, EU:T:2004:304), apartados 50 y 51; de 8 de septiembre de 2009, AceaElectrabel/Comisión (T‑303/05, EU:T:2009:312), apartado 101, y de 19 de mayo de 2021, apartado 47.
23      C‑457/00, en lo sucesivo, «sentencia Verlipack», EU:C:2003:387.
24      La Comisión mencionó los siguientes vínculos: i) Air France y KLM forman parte del mismo grupo de empresas, controlado por Air France-KLM; ii) las empresas del grupo Air France-KLM ejercen una actividad económica paralela (es decir, actividades relacionadas con el transporte aéreo de pasajeros y mercancías); iii) Air France-KLM ayuda a sus filiales a coordinar algunas de sus actividades, en particular en el ámbito de las ventas y la gestión de los precios y de los ingresos; iv) Air France-KLM desarrolla funciones generales de apoyo a sus filiales del holding
en algunos ámbitos concretos; v) Air France-KLM presta determinados servicios financieros a sus filiales y puede (ocasionalmente) obtener capital en los mercados en beneficio de sus filiales; vi) Air France-KLM tiene determinados derechos de veto sobre los planes de negocio, los presupuestos y la remuneración, el nombramiento y la revocación de los altos directivos de KLM, y vii) Air France-KLM tiene derecho a aprobar las operaciones de financiación de KLM que superen los 150 millones de euros.
25      La Comisión señaló que Air France-KLM no prestaba apoyo financiero a KLM y que los costes de financiación y los gastos operativos que asumía en beneficio de sus filiales se compensaban mediante pagos y comisiones en condiciones de plena competencia.
26      Estas salvaguardias se enumeran en el apartado 53 de la Decisión controvertida.
27      Sentencia recurrida, apartados 63 a 107.
28      Sentencia recurrida, apartado 76.
29      Sentencia recurrida, apartado 96.
30      Sentencia recurrida, apartados 100 a 104.
31      Sentencia recurrida, apartados 108 a 132.
32      Sentencia recurrida, apartados 140 a 146.
33      Véanse la Decisión controvertida, apartados 107 y 108, y la sentencia recurrida, apartado 55. Por lo que respecta a la referencia a la sentencia Verlipack, véanse más detalladamente los puntos 28 a 32 de las presentes conclusiones.
34      En el apartado 66 de la sentencia AceaElectrabel, el Tribunal General desestimó las alegaciones formuladas por las recurrentes en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, según las cuales la Comisión no habría considerado que constituían una sola unidad económica con arreglo a las normas aplicables a las prácticas colusorias y las concentraciones.
35      Véanse los apartados 109 y 110 de la Decisión controvertida.
36      T‑371/94 y T‑394/94, EU:T:1998:140.
37      T‑111/01 y T‑133/01, EU:T:2005:166.
38      Sentencia recurrida, apartados 137 y 138.
39      Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107 TFUE, apartado 1 (DO 2016, C 262, p. 1). El punto 11 de esa Comunicación recuerda las sentencias del Tribunal de Justicia que aplican el concepto de «[única] unidad económica» en el ámbito de las ayudas estatales. Se remite a las sentencias AceaElectrabel, apartados 47 a 55, y de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros
(C‑222/04, EU:C:2006:8), apartado 112.
40      Véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:800), apartado 47, en la que el Tribunal de Justicia precisó que «una misma sociedad matriz puede formar parte de varias unidades económicas constituidas, en función de la actividad económica de que se trate, por ella misma y por distintas combinaciones de sus sociedades filiales pertenecientes todas ellas al mismo grupo de sociedades».
41      Sentencia recurrida, apartados 56 y 134.
42      Por otra parte, cabe señalar que los hechos del asunto que dio lugar a la sentencia Verlipack son particulares y muy diferentes de los que constituyen el objeto de los presentes asuntos acumulados. Los dos préstamos controvertidos en dicho asunto se concedieron para financiar la inversión del grupo alemán Heye en el grupo belga Verlipack. Heye, prestatario de tales préstamos, y Verlipack, su beneficiario efectivo, no pertenecían al mismo grupo de sociedades en el momento de la concesión de la medida de ayuda, pues su relación se limitaba a la asistencia técnica [véanse los apartados 12 y 107 de la Decisión de la Comisión 2001/856/CE, de 4 de octubre de 2000, relativa a las ayudas estatales en favor de Verlipack — Bélgica (DO 2001, L 320, p. 28)].
43      Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Aer Lingus y Ryanair Designated Activity (C‑164/15 P y C‑165/15 P, EU:C:2016:990), apartado 68.
44      Véase el apartado 63 de la sentencia AceaElectrabel. Hasta que se dictó esa sentencia, esta declaración solo aparecía en la jurisprudencia del Tribunal General (véase la sentencia de 8 de septiembre de 2009, AceaElectrabel/Comisión, T‑303/05, EU:T:2009:312, apartado 101 y jurisprudencia citada).
45      Véase la sentencia de 2 de septiembre de 2010, Comisión/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480), apartado 64.
46      Véanse, en materia de ayudas de Estado, en particular, las sentencias de 2 de septiembre de 2010, Comisión/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480), apartado 65, y de 20 de septiembre de 2018, España/Comisión (C‑114/17 P, EU:C:2018:753), apartado 104.
47      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Deutsche Lufthansa/Ryanair y otros (C‑457/23 P, EU:C:2025:802), puntos 18 y 19.
48      En los apartados 63 a 77 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó exhaustivamente el análisis de la Comisión a la luz de los datos en los que se basó y de las alegaciones y pruebas presentadas por Ryanair. Concluyó que estos vínculos indicaban, por un lado, que Air France-KLM ejercía efectivamente un control interviniendo directa o indirectamente en la gestión de Air France and KLM, al participar en la actividad económica desarrollada por ellas, y, por otro, que existían, a nivel de dicho grupo, un procedimiento de toma de decisiones centralizado y cierta coordinación, al menos en lo referente a la adopción de determinadas decisiones importantes. En lo tocante a los vínculos funcionales entre Air France-KLM, Air France y KLM, al término de un análisis igual de pormenorizado, desarrollado en los apartados 78 a 97 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que varios elementos ponían en entredicho la conclusión a la que llegó la Comisión de que Air France y KLM gozaban de autonomía funcional, a saber i) los derechos de veto de Air France-KLM en cuanto a la remuneración, el nombramiento y la revocación de los directivos de sus filiales; ii) su participación en decisiones importantes o estratégicas en materia de financiación, de inversión y de flota, y iii) la existencia de cierta integración y cooperación funcionales entre Air France y sus respectivas filiales.
Por último, en lo que atañe a los vínculos económicos entre Air France-KLM, Air France y KLM, el Tribunal General declaró, en los apartados 98 a 107 de la sentencia recurrida, que varios elementos derivados de la Decisión controvertida y de las pruebas aportadas ante él también contradecían la constatación de la Comisión de que estas tres entidades gozaban de facto de autonomía económica.
49      Véanse, respectivamente, los apartados 77, 97 y 107 de la sentencia recurrida.
50      A saber, los documentos de registro universal 2019 y 2020 de Air France-KLM, presentados ante la Autorité des marchés financiers (Autoridad de Mercados Financieros, Francia) con arreglo al Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (DO 2017, L 168, p. 12) (en lo sucesivo, «documentos de registro universal 2019 y 2020»). Las recurrentes no están de acuerdo con la importancia dada por el Tribunal General a dichos documentos. A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal General es exclusivamente competente para constatar y apreciar los hechos y para valorar las pruebas que los sustentan (véase, en particular, la sentencia de 9 de junio de 2016, PROAS/Comisión, C‑616/13 P, EU:C:2016:415, apartado 52). En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal General apreciar la importancia que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. Así pues, esta apreciación no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichos elementos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión, C‑551/03 P, EU:C:2006:229, apartado 52).
51      Véase el apartado 159 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General expuso su conclusión sobre la cuestión del beneficiario de la medida de ayuda en cuestión.
52      Véase el apartado 82 de la sentencia recurrida. En el apartado 102 de dicha sentencia, el Tribunal General también señaló que la Comisión había reconocido, en el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento, que Air France-KLM había negociado un pedido conjunto de aeronaves por cuenta de KLM, Transavia Netherlands y Transavia France.
53      Véase, en particular, la sentencia de 22 de enero de 2026, Semural Waste & Energy
(C‑812/24, EU:C:2026:38), apartado 44 y jurisprudencia citada.
54      Véase, en particular, la sentencia de 23 de noviembre de 2023, Ryanair y Airport Marketing Services (C‑758/21 P, EU:C:2023:917), apartado 124.
55      El apartado 113 de la Decisión controvertida señala que KLM y Air France «gozan de facto de una gran autonomía funcional».
56      («Gozan de facto de una gran autonomía funcional»).
57      A saber, que Air France-KLM generase sus ingresos únicamente de sus filiales; que este holding actuara en interés de sus filiales captando fondos para sus necesidades en los mercados financieros basándose en la posición financiera del grupo Air France-KLM en su conjunto, y que existieran acuerdos de reparto de costes entre Air France y KLM, así como actividades realizadas en común por ellas.
58      El Tribunal General basó sus afirmaciones sobre los efectos de la medida en cuestión a nivel del grupo Air France-KLM principalmente en los documentos de registro universal 2019 y 2020, presentados ante él.
59      Véanse los apartados 12 y 13 de la Decisión controvertida y el apartado 105 de la sentencia recurrida.
60      Lo mismo puede afirmarse respecto de la conclusión alcanzada por el Tribunal General en el apartado 126 de la sentencia recurrida.
61      La medida en cuestión debía concederse, entre otros, mediante los contratos siguientes, que se describen en el apartado 18 de la Decisión controvertida: i) un acuerdo marco celebrado entre el Estado neerlandés, KLM y Air France-KLM (en lo sucesivo, «acuerdo marco»); ii) un acuerdo sobre una línea de crédito renovable celebrado entre KLM y un consorcio bancario, y iii) un contrato que tenía por objeto un préstamo estatal celebrado entre el Estado neerlandés y KLM.
62      En los apartados 112 a 118 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que Air France-KLM era parte contratante del acuerdo marco y que, como tal, asumió «derechos y obligaciones contractuales» con respecto a las demás partes contratantes en el contexto de la concesión y la ejecución de la medida en cuestión. Además de la aprobación de la financiación procedente de la medida en cuestión (apartado 113), el Tribunal General mencionó el acuerdo relativo a un plan de reestructuración de KLM, la modificación de determinadas cláusulas de los acuerdos
celebrados entre el Reino de los Países Bajos, Air France-KLM y KLM en el momento de la aprobación de la concentración entre Air France y KLM en 2004, y la aplicación de otras condiciones referidas, en particular, al Derecho laboral, a la calidad de la red y a la sostenibilidad (apartados 114 a 117 de la sentencia recurrida).
63      Véase el apartado 153 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General pretendía distinguir el caso del que estaba conociendo del que dio lugar a la sentencia Verlipack.
64      Véanse los apartados 118 y 119 de la sentencia recurrida.
65      Air France-KLM y Air France parecen cuestionar la exactitud de la afirmación del Tribunal General según la cual Air France-KLM desempeñó alguna función en la ejecución de la medida en cuestión, sin invocar, no obstante, un error en la interpretación de las cláusulas contractuales pertinentes, y menos aún una desnaturalización de su contenido.
66      Tal apreciación se expone en los apartados 114 a 117 de la Decisión controvertida.
67      Véase la nota 5 de las presentes conclusiones.
68      En lo que atañe a la concesión de ayudas de Estado a entidades pertenecientes a un grupo de sociedades activo en varios Estados miembros, el Tribunal General recordó asimismo que la Comisión y los Estados miembros tienen un deber recíproco de cooperación leal y que deben colaborar de buena fe para garantizar el pleno respeto de las disposiciones del Tratado FUE (véase el apartado 164 de la sentencia recurrida).
69      Véase, en particular, la sentencia de 3 de octubre de 2000, Industrie des poudres sphériques/Consejo (C‑458/98 P, EU:C:2000:531), apartado 82, citada por la Comisión en sus escritos.
70      Véase la sentencia de 3 de octubre de 2000, Industrie des poudres sphériques/Consejo (C‑458/98 P, EU:C:2000:531), apartado 81.
71      Véase la sentencia de 19 de mayo de 2021, apartado 48.
72      Véase la sentencia de 19 de mayo de 2021, apartados 42, 43 y 72.
73      Véase la sentencia de 19 de mayo de 2021, apartado 37.
74      El apartado 117 de la Decisión controvertida señala que, «en definitiva, pese a los vínculos entre KLM, Air France y [Air France-KLM], la Comisión considera que, en general, sobre la base del conjunto de pruebas expuestas en la sección 2.5 y apreciadas en los […] apartados 112 a 116, la filial KLM es suficientemente autónoma desde el punto de vista legal y financiero para ser considerada una unidad distinta [de Air France-KLM] y Air France a efectos de la aplicación de las normas en materia de ayudas de Estado a la medida de ayuda notificada».
75      Véanse, en particular, las sentencias de 19 de septiembre de 2000, Alemania/Comisión (C‑156/98, EU:C:2000:467), apartados 26 y 27; de 13 de junio de 2002, Países Bajos/Comisión (C‑382/99, EU:C:2002:363), apartados 55 a 69, y de 28 de julio de 2011, Mediaset/Comisión (C‑403/10 P, EU:C:2011:533), apartados 73 a 83.
76      Sentencia recurrida, apartado 152.
77      Véase la sentencia de 10 de abril de 2024, Danske Slagtermestre/Comisión (T‑486/18 RENV, EU:T:2024:217), apartado 73.
78      Véase la sentencia de 16 de octubre de 2025, Países Bajos/Comisión (C‑59/24 P, EU:C:2025:798), apartados 91 y 92.
79      Ello se desprende claramente del razonamiento global del Tribunal General y, en particular, de los apartados 125 a 127 y 153 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General desestimó la alegación de la Comisión relativa a la existencia de meros efectos económicos secundarios sobre la base de la sentencia AceaElectrabel y del control ejercido por Air France-KLM sobre sus filiales, así como de los apartados 154 a 156.
80      Sentencia recurrida, apartados 125 a 127, 155 y 156.