Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 21 de mayo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Medicamentos para uso humano — Directiva 2001/83/CE — Artículo
85
quater, apartados
1 y 2 — Medicamentos no sujetos a receta médica — Prohibición de venta a distancia al público, mediante servicios de la sociedad de la información, de una categoría de medicamentos no sujetos a receta médica — Protección de la salud pública »
En el asunto C‑604/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado, Grecia), mediante resolución de 16 de julio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de septiembre de 2024, en el procedimiento entre
Farmakeio YZ & Sia OE
e
Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon,
Ypourgos Ygeias,
con intervención de:
Panellinios Farmakeftikos Syllogos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias y B. Smulders (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Farmakeio YZ & Sia OE, por el Sr. K. Chrysogonos, dikigoros;
–        en nombre de Panellinios Farmakeftikos Syllogos, por el Sr. I. Dimitrellos, dikigoros;
–        en nombre del Gobierno helénico, por el Sr. K. Georgiadis y las Sras. V. Karra y K. Konsta, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por la Sra. E. Cicatelli, procuratore dello Stato, y la Sra. M. Russo, avvocato dello Stato;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. M. Konstantinidis, la Sra. E. Mathieu y los Sres. A. Spina y J. Szczodrowski, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de diciembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 85
quater, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO 2001, L 311, p. 67), en su versión modificada por la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011 (DO 2011, L 174, p. 74)
(en lo sucesivo, «Directiva 2001/83»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por un lado, Farmakeio YZ & Sia OE, sociedad griega, y, por otro, el Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon (ministro de Desarrollo e Inversión, Grecia) y el Ypourgos Ygeias (ministro de Sanidad, Grecia), en relación con un recurso de anulación interpuesto por dicha sociedad contra un decreto ministerial que define las categorías de medicamentos que pueden ser objeto de venta a distancia al público, mediante servicios de la sociedad de la información, por farmacias en línea certificadas.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2011/62
3        Los considerandos 21 a 24 de la Directiva 2011/62 están redactados en los siguientes términos:
«(21)      La venta ilegal de medicamentos al público a través de internet supone una amenaza importante para la salud pública, ya que por esta vía pueden llegar al público medicamentos falsificados. Hay que hacer frente a esta amenaza. Para ello, debe tenerse presente que no se han armonizado a escala de la Unión [Europea] las condiciones específicas aplicables al despacho al por menor de medicamentos al público, por lo que los Estados miembros pueden imponer condiciones al suministro de medicamentos al público dentro de los límites que marca el Tratado [FUE].
(22)      Al examinar la compatibilidad del Derecho de la Unión con las condiciones aplicables al despacho de medicamentos al por menor, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“el Tribunal de Justicia”) ha reconocido el peculiar carácter de los medicamentos, cuyos efectos terapéuticos los distinguen sustancialmente de otras mercancías. El Tribunal de Justicia también ha afirmado que la salud y la vida de las personas ocupan el primer puesto entre los bienes e intereses protegidos por el TFUE, y que cada Estado miembro puede decidir qué nivel de protección de la salud pública pretende asegurar y de qué manera debe alcanzarse ese nivel. Dado que ese nivel puede variar de un Estado miembro a otro, es preciso reconocer a los Estados miembros un margen de apreciación […] en lo que respecta a las condiciones aplicables al suministro en su territorio de medicamentos al público.
(23)      En particular, y habida cuenta de los riesgos para la salud pública y de los poderes otorgados a los Estados miembros para determinar el nivel de protección de la salud pública, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha reconocido que los Estados miembros pueden reservar la venta de medicamentos al por menor, en principio, exclusivamente a los farmacéuticos […].
(24)      Por consiguiente, y en vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados miembros deben poder supeditar la distribución al por menor de los medicamentos ofrecidos por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información a condiciones justificadas por la protección de la salud pública. Esas condiciones no deben limitar indebidamente el funcionamiento del mercado interior.»
Directiva 2001/83
4        A tenor de los considerandos 2 a 5 de la Directiva 2001/83:
«(2)      Toda regulación en materia de producción, distribución o utilización de los medicamentos debe tener por objetivo esencial la salvaguardia de la salud pública.
(3)      No obstante, los medios que se utilicen para la consecución de este objetivo no deben obstaculizar el desarrollo de la industria farmacéutica ni los intercambios de medicamentos en el seno de la Comunidad [Europea].
(4)      Las disparidades que presentan determinadas disposiciones nacionales y, en particular, las disposiciones referentes a los medicamentos […] obstaculizan los intercambios de medicamentos en el seno de la Comunidad y por esta razón, repercuten directamente en el funcionamiento del mercado interior.
(5)      Es importante, en consecuencia, suprimir estos obstáculos, y para alcanzar este objetivo es necesario proceder a una aproximación de las disposiciones correspondientes.»
5        En el título VII bis de esta Directiva, denominado «Venta a distancia al público», el artículo
85
quater establece, en sus apartados
1 y 2, lo siguiente:
«1.      Sin perjuicio de la legislación nacional que prohíba la oferta al público de medicamentos sujetos a receta médica por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información, los Estados miembros velarán por que los medicamentos se ofrezcan al público por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información tal y como se definen en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información [(DO 1998, L 204, p. 37)], con las condiciones siguientes:
a)      la persona física o jurídica que ofrece los medicamentos está autorizada o facultada para facilitar medicamentos al público, también a distancia, de conformidad con la legislación nacional del Estado miembro en que esté establecida dicha persona;
b)      la persona mencionada en la letra a) comunicará al Estado miembro en que esté establecida dicha persona, como mínimo, las informaciones siguientes:
[…]
c)      los medicamentos cumplirán la legislación nacional del Estado miembro de destino de conformidad con el artículo 6, apartado 1;
d)      sin perjuicio de los requisitos en materia de información recogidos en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) [(DO 2000, L 178, p. 1)], el sitio web que ofrezca los medicamentos contendrá, como mínimo, lo siguiente:
[…]
2.      Los Estados miembros podrán imponer condiciones justificadas por razón de protección de la salud pública en relación con la distribución al por menor en su territorio de medicamentos ofrecidos al público por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información.
[…]»
Derecho griego
6        El ypourgiki apofasi G.P. oik. 22609 «Tropopoiisi tou arthrou 116 tis ypo stoicheia D.YG3a/G.P.32221/2013 koinis apofaseos ton Ypourgon Anaptyxis, Antagonistikotitas, Ypodomon, Metaforon kai Diktyon kai Ygeias […]» (Decreto Ministerial G.P. oik. 22609, por el que se modifica el artículo
116 del Decreto conjunto D.YG3.a/G.P.32221/2013, de los ministros de Desarrollo, Competitividad, Infraestructuras, Transportes y Redes, por una parte, y de Sanidad, por otra
[…]), de 19 de abril de 2022, adoptado conjuntamente por el ministro de Desarrollo e Inversión y el ministro de Sanidad (FEK B’ 1965/20.4.2022) (en lo sucesivo, «Decreto Ministerial»), especifica las categorías de medicamentos que las farmacias en línea pueden vender a distancia al público, mediante servicios de la sociedad de la información. A tenor del artículo 1 de dicho Decreto Ministerial:
«Queda prohibida la venta a distancia al público de medicamentos sujetos a receta médica. Respecto de los demás medicamentos, se autoriza la venta a distancia al público mediante servicios de la sociedad de la información por las farmacias en línea que hayan sido certificadas a estos efectos por [el Panellinios Farmakeftikos Syllogos (Consejo de Farmacéuticos de Grecia)] con arreglo al [koini apofasi G5(b)/G.P. oik. 20293 ton Ypourgon Oikonomias, Anaptyxis kai Tourismou kai Ygeias “Orismos armodias Archis gia tin Pistopoiisi ilektronikon katastimaton farmakeion” [Decreto conjunto G5(b)/G.P. oik. 20293 de los ministros de Economía, Desarrollo y Turismo, por un lado, y de Sanidad, por otro, sobre “Designación de la autoridad competente para la certificación de las farmacias en línea”], de 15 de marzo de 2016 (FEK B’ 787/23.3.2016)], solo de aquellos medicamentos que, a tenor de su autorización de comercialización, estén o hayan estado clasificados en la subcategoría de los productos farmacéuticos de libre acceso (medicamentos de libre acceso
[…]) dentro de la categoría de medicamentos no sujetos a receta médica (MNR), conforme a lo dispuesto por el [apofasi G5(a)51194 tou Ypourgou Ygeias [Decreto G5(a)51194 del Ministro de Sanidad], de 14 julio de 2016 (FEK B’ 2219/18.7.2016)].
El órgano rector de la [Ethnikos Organismos Farmakon (Oficina Nacional de Productos Farmacéuticos; en lo sucesivo, «EOF»)] impondrá a los infractores una multa de entre veinte mil (20 000) y cien mil (100 000) euros y, en caso de reincidencia, de entre cincuenta mil (50 000) y doscientos mil (200 000) euros.
Estas sanciones serán acumulables a cualquier otra sanción.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
7        La recurrente en el litigio principal explota una oficina de farmacia física en Grecia y también vende en línea bienes comercializados por una farmacia con arreglo a la legislación nacional aplicable en materia farmacéutica.
8        El 25 de mayo de 2022, interpuso ante el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado, Grecia), que es el órgano jurisdiccional remitente, un recurso de anulación contra el Decreto Ministerial, que modifica la normativa nacional anterior, debido a que autoriza, en lo sucesivo, a las farmacias en línea certificadas la venta a distancia al público, mediante servicios de la sociedad de la información, únicamente de una subcategoría de medicamentos no sujetos a receta médica, a saber, los medicamentos de libre acceso, con exclusión de los demás medicamentos no sujetos a receta médica. Según las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, la subcategoría de los medicamentos de libre acceso incluye medicamentos no sujetos a receta médica que pueden encontrarse no solo en farmacias, sino también en otros puntos de venta que no cuentan con la presencia de un farmacéutico o de un auxiliar de farmacia. Además, de la exposición del marco normativo nacional vigente antes de la adopción de dicho Decreto Ministerial, tal y como lo ha presentado el citado órgano jurisdiccional, se desprende que las farmacias en línea certificadas estaban autorizadas a vender al público, a través de Internet, sin distinción, todos los medicamentos no sujetos a receta médica y los medicamentos no financiados por los organismos de seguridad social.
9        En apoyo de su recurso, la recurrente en el litigio principal sostiene que la restricción introducida por el Decreto Ministerial con respecto a la normativa nacional anterior es contraria, en particular, al artículo
85
quater, apartado
1, de la Directiva 2001/83. Además, a su juicio, no existe ningún motivo de protección de la salud pública que justifique la medida restrictiva de que se trata, a efectos del artículo 85
quater, apartado 2, de dicha Directiva. Añade que la nueva normativa nacional introducida por el Decreto Ministerial es, en la práctica, letra muerta, puesto que, en el mercado griego, la autoridad nacional competente no ha clasificado ningún medicamento en la subcategoría de medicamentos de libre acceso.
10      Las autoridades nacionales que adoptaron el Decreto Ministerial y el Consejo de Farmacéuticos sostienen, por su parte, que razones de interés general de protección de la salud pública exigían la adopción de esta nueva normativa nacional, de conformidad con el artículo 85
quater, apartado 2, de la Directiva 2001/83. Alegan, en particular, que la posibilidad, prevista por el régimen nacional anterior, de que las farmacias en línea vendieran indistintamente todos los medicamentos no sujetos a receta médica y los medicamentos no financiados tuvo por efecto que más de mil tipos de medicamentos estuvieran disponibles en línea, lo que dificulta el control de la polifarmacia, a saber, el consumo excesivo de medicamentos, y la lucha contra el tráfico de medicamentos falsificados o inadecuados. A su juicio, la venta en línea de medicamentos, incluso los que no están sujetos a receta médica, supone riesgos para la salud pública, puesto que, en esencia, priva al farmacéutico de la posibilidad de identificar al usuario final. Arguyen que el Decreto Ministerial también permite limitar el menoscabo de la «garantía de seguridad» asociada al despacho de medicamentos por un farmacéutico en persona, ya que dicho riesgo no se da en el caso de los medicamentos de libre acceso debido a sus características específicas. Además, en su opinión, el suministro, por las farmacias en línea, de todos los medicamentos no sujetos a receta médica y de los medicamentos no financiados no obedece a ninguna necesidad concreta en Grecia, habida cuenta de la distribución geográfica óptima y racional de las farmacias en el territorio griego. Por último, el Consejo de Farmacéuticos invoca, en apoyo de su argumentación, las normativas vigentes en Chipre y Portugal, que, según él, restringen la puesta a disposición por Internet de medicamentos no sujetos a receta médica.
11      El órgano jurisdiccional remitente considera que la cuestión de si el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que solo autoriza la venta a distancia al público por Internet de una subcategoría de medicamentos no sujetos a receta médica debe apreciarse, en particular, a la luz de las sentencias de 11 de diciembre de 2003, Deutscher Apothekerverband (C‑322/01, EU:C:2003:664), y de 29 de febrero de 2024, Doctipharma (C‑606/21, EU:C:2024:179). De esta jurisprudencia deduce que el artículo
85
quater, apartado
1, de la Directiva 2001/83 no puede interpretarse en el sentido de que permita al legislador nacional prohibir la venta por Internet de medicamentos no sujetos a receta médica. Por lo tanto, considera que debe anularse el Decreto Ministerial.
12      No obstante, a falta de jurisprudencia expresa del Tribunal de Justicia al respecto y habida cuenta de la argumentación del Consejo de Farmacéuticos basada en la existencia de las normativas chipriota y portuguesa en la materia, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre si el artículo
85
quater, apartado
2, de dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que permite a los Estados miembros prohibir, por razones de protección de la salud pública, la venta a distancia al público de determinados medicamentos no sujetos a receta médica, mediante servicios de la sociedad de la información.
13      En estas circunstancias, el Symvoulio tis Epikrateias (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Se opone el artículo 85
quater, apartado 1, de la [Directiva 2001/83] a una disposición reglamentaria nacional que no autoriza a las farmacias en línea la venta a distancia al público, mediante servicios de la sociedad de la información, de todos los medicamentos no sujetos a receta médica […], sino solo de una subcategoría de ellos (concretamente, los medicamentos de libre acceso […])?
2)      O, por el contrario, ¿permite el artículo 85
quater, apartado 2, de la [Directiva 2001/83] al legislador […] nacional prohibir a las farmacias en línea la venta a distancia al público, mediante servicios de la sociedad de la información, de determinados medicamentos no sujetos a receta médica […], por razones de protección de la salud pública?
3)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿constituyen los motivos invocados en este asunto por el [Gobierno] griego y por el Consejo de Farmacéuticos para justificar la restricción controvertida (combatir la polifarmacia y el tráfico de medicamentos falsificados o inadecuados, etc.) razones de protección de la salud pública, en el sentido del artículo 85
quater, apartado 2, de la [Directiva 2001/83]?
4)      En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión prejudicial, ¿debe el juez nacional controlar la proporcionalidad de la medida restrictiva desde el punto de vista negativo, es decir, comprobar únicamente si la restricción es manifiestamente inadecuada o manifiestamente innecesaria, o bien desde el punto de vista positivo, es decir, comprobar si se trata de una medida adecuada y absolutamente necesaria para la protección de la salud pública?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
14      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
85
quater, apartados
1 y 2, de la Directiva 2001/83 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, por razones de protección de la salud pública, prohíbe la venta a distancia al público, por farmacias en línea que utilizan servicios de la sociedad de la información, de medicamentos no sujetos a receta médica, con excepción de una subcategoría de estos.
15      A este respecto, procede recordar que el artículo
85
quater, apartado
1, de la Directiva 2001/83 dispone que, «sin perjuicio de la legislación nacional que prohíba la oferta al público de medicamentos sujetos a receta médica por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información, los Estados miembros velarán por que los medicamentos se ofrezcan al público por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información […], con las condiciones [enumeradas en las letras a) a d) de dicho apartado 1]».
16      De la segunda parte de la frase de esta disposición se desprende que los Estados miembros están obligados a velar por que «los medicamentos» se ofrezcan al público por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información. El carácter general de este término y el empleo del artículo determinado «los» en algunas versiones lingüísticas, como las versiones en español, griego, francés, italiano y portugués, parecen indicar que la obligación impuesta de este modo a los Estados miembros se refiere a todos los medicamentos. En efecto, esta parte de la frase no contiene ningún indicio de la voluntad del legislador de la Unión de distinguir entre eventuales categorías de medicamentos.
17      No obstante, la primera parte de la frase de esta disposición admite una excepción a esta obligación en la medida en que la oferta al público de medicamentos sujetos a receta médica por venta a distancia puede ser objeto de una prohibición en virtud de la legislación nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2025, Apothekerkammer Nordrhein,
C‑517/23, EU:C:2025:122, apartado 74).
18      Por consiguiente, del tenor del artículo
85
quater, apartado
1, de la Directiva 2001/83 se desprende que la obligación que establece se refiere a la oferta al público por venta a distancia, mediante servicios de la sociedad de la información, de todos los medicamentos no sujetos a receta médica (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Doctipharma
C‑606/21, EU:C:2024:179, apartado 41).
19      De ello se deduce que una normativa nacional que prohíbe la venta a distancia al público, mediante servicios de la sociedad de la información, de medicamentos no sujetos a receta médica, con excepción de una subcategoría de estos, incumple la obligación derivada del artículo
85
quater, apartado
1, de la Directiva 2001/83.
20      Por otra parte, tal normativa nacional no puede basarse en el artículo 85
quater, apartado 2, de dicha Directiva, según el cual los Estados miembros pueden imponer condiciones justificadas por razones de protección de la salud pública en relación con la distribución al por menor en su territorio de medicamentos ofrecidos al público por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información.
21      Si bien, debido al empleo del término «condición» tanto en el apartado
1 como en el apartado
2 del artículo
85
quater de dicha Directiva, puede considerarse que los Estados miembros disponen de la facultad de someter la venta a distancia al público de todos los medicamentos no sujetos a receta médica a requisitos adicionales a los expresamente enumerados en ese apartado
1, letras a) a d), procede señalar que una normativa nacional que prohíbe ofrecer al público,
mediante venta a distancia en línea, medicamentos no sujetos a receta médica, con excepción de una subcategoría de estos, como la normativa nacional controvertida en el litigio principal, no puede calificarse de «condición» para la distribución al por menor de medicamentos, en el sentido del artículo
85
quater, apartado
2, de la misma Directiva.
22      En efecto, tal normativa solo autoriza de manera parcial la oferta al público por venta a distancia, mediante servicios de la sociedad de la información, de medicamentos no sujetos a receta médica. Ahora bien, los requisitos establecidos en el artículo
85
quater, apartado
2, de la Directiva 2001/83 no pueden tener por efecto vaciar de contenido la obligación que incumbe a los Estados miembros, en virtud del apartado
1 de dicho artículo, de velar por que los medicamentos, al menos todos los medicamentos no sujetos a receta médica, se ofrezcan al público por venta a distancia, mediante servicios de la sociedad de la información, respetando los requisitos establecidos en esta última disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Doctipharma
C‑606/21, EU:C:2024:179, apartados 55 y 56).
23      Esta interpretación se ve corroborada tanto por la génesis del artículo
85
quater de la Directiva 2001/83 como por los objetivos perseguidos por esta Directiva.
24      Por lo que respecta, en primer lugar, a esa génesis, procede recordar que la Directiva 2011/62 introdujo, en la Directiva 2001/83, un título VII bis, denominado «Venta a distancia al público», en el que se incluye, en particular, el artículo
85
quater.
25      Del considerando 24 de la Directiva 2011/62, a la luz del cual debe interpretarse el artículo 85
quater, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83, se desprende que, si bien los Estados miembros deben poder imponer condiciones justificadas por razones de protección de la salud pública en lo que respecta a la venta al por menor de medicamentos ofrecidos por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información, dichas condiciones no pueden, sin embargo, limitar indebidamente el funcionamiento del mercado interior. Pues bien, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en el punto
35 de sus conclusiones, tal limitación podría producirse si un Estado miembro cuestionara unilateralmente el alcance de la obligación de autorizar la venta en línea de medicamentos no sujetos a receta médica.
26      En este contexto, procede recordar que, en los apartados
76 y 124 de su sentencia de 11 de diciembre de 2003, Deutscher Apothekerverband (C‑322/01, EU:C:2003:664), el Tribunal de Justicia calificó la prohibición de venta de medicamentos por correspondencia, en ese caso por Internet, prevista en una normativa nacional, como una «medida de efecto equivalente» a una restricción cuantitativa a la importación, en el sentido del artículo
28 CE, actualmente artículo
34 TFUE. También consideró que, si bien tal medida puede estar justificada en virtud de la protección de la salud, contemplada en el artículo
30 CE, actualmente artículo
36 TFUE, en la medida en que se refiera a los medicamentos sujetos a receta médica, este último artículo no puede invocarse para justificar una prohibición absoluta de venta por correspondencia de medicamentos que no estén sujetos a receta médica en el Estado miembro de que se trate.
27      De ello se desprende que el legislador de la Unión quiso tener en cuenta, al adoptar el artículo
85
quater, apartado
1, de la Directiva 2001/83, las enseñanzas extraídas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la comercialización en línea de medicamentos. En efecto, mediante esta disposición, el legislador de la Unión ha circunscrito en mayor medida el margen de apreciación reconocido a los Estados miembros en la materia, estableciendo la obligación de ofrecer al público, mediante servicios de la sociedad de la información, la venta a distancia de todos los medicamentos no sujetos a receta médica.
28      De ello se deduce que los Estados miembros no pueden basarse en el artículo
85
quater, apartado
2, de la Directiva 2001/83 para imponer requisitos justificados por razones de protección de la salud pública por lo que respecta a la distribución al por menor, en su territorio, de medicamentos no sujetos a receta médica ofrecidos al público por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información, cuando tales requisitos tengan por efecto privar de su efecto útil a la obligación establecida en el apartado
1 de dicho artículo 85
quater.
29      Por lo que respecta, en segundo lugar, a los objetivos perseguidos por la Directiva 2001/83, del considerando 2 de esta Directiva se desprende que su objetivo es proteger la salud pública, en particular, mediante la lucha contra la venta ilegal de medicamentos al público a través de Internet, como se indica en el considerando 21 de la Directiva 2011/62. Sin embargo, como se desprende del considerando 3 de la Directiva 2001/83, este objetivo de protección de la salud pública debe alcanzarse sin obstaculizar los intercambios de medicamentos en el seno de la Unión.
30      Desde esta última perspectiva, el artículo
85
quater, apartado
1, de la Directiva 2001/83 obliga a los Estados miembros a autorizar la venta a distancia al público, mediante servicios de la sociedad de la información, de todos los medicamentos no sujetos a receta médica. En el marco del objetivo de protección de la salud pública y teniendo en cuenta la sentencia de 19 de mayo de 2009, Apothekerkammer des Saarlandes y otros (C‑171/07 y C‑172/07, EU:C:2009:316), citada en notas a pie de página en los considerandos 22 y 23 de la Directiva 2011/62, en la que el Tribunal de Justicia reconoció a los Estados miembros la facultad de determinar el nivel de protección de la salud pública, esta disposición establece, en las letras a) a d), los requisitos relativos a las personas, los medicamentos y los sitios web a los que se supedita la venta a distancia al público de medicamentos mediante servicios de la sociedad de la información. A este respecto, dicha disposición reserva a los Estados miembros, de conformidad con la citada jurisprudencia, la competencia para determinar los requisitos que deben cumplir esas personas.
31      De ello se deduce que, como ha señalado el Abogado General en el punto
20 de sus conclusiones, cuando se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
85
quater, apartado
1, de la Directiva 2001/83, un Estado miembro no puede prohibir la oferta al público, mediante servicios de la sociedad de la información, de medicamentos no sujetos a receta médica.
32      Por lo tanto, si bien es cierto que el artículo
85
quater, apartado
2, de dicha Directiva permite a los Estados miembros imponer, por razones de protección de la salud pública, condiciones relativas a la distribución al por menor, en su territorio, de medicamentos ofrecidos al público por venta a distancia mediante servicios de la sociedad de la información, no puede interpretarse, sin embargo, una «condición», a efectos de esta disposición, en el sentido de que permite a los Estados miembros establecer, por tales razones, una prohibición de ofrecer al público por venta a distancia, mediante tales servicios, medicamentos no sujetos a receta médica, con excepción de una subcategoría de estos, ya que tal prohibición tendría como consecuencia comprometer los objetivos perseguidos por la citada Directiva, privando de efecto útil al artículo
85
quater, apartado
1, de esta.
33      Así pues, dado que las condiciones a que se refiere el artículo
85
quater, apartado
2, de la Directiva 2001/83 no pueden incidir ni en el alcance de la obligación establecida en el artículo
85
quater, apartado
1, de dicha Directiva ni en los requisitos enunciados en las letras a) a d) de esta última disposición, la competencia reconocida a los Estados miembros para determinar el contenido de las «condiciones justificadas por razón de protección de la salud pública en relación con la distribución al por menor», en el sentido de dicho apartado
2, está necesariamente circunscrita en la medida en que solo puede referirse a las modalidades de comercialización de esos medicamentos entre el público, a saber, las condiciones relativas a las operaciones efectuadas con vistas a la distribución al por menor de dichos medicamentos en su territorio.
34      Esas condiciones, que deben estar justificadas por razones de protección de la salud pública, pueden aplicarse a medidas destinadas a reducir los riesgos asociados a la venta en línea de medicamentos. Como sugiere la parte recurrente en el litigio principal, estas podrían consistir, por ejemplo, en el establecimiento de mecanismos eficaces de control del consumo de medicamentos, como la fijación de límites máximos de pedido por consumidor o la creación de un sistema en línea de identificación y registro de los datos relativos a la salud del consumidor con el fin de luchar contra la polifarmacia.
35      En este contexto, no cabe excluir que los Estados miembros sometan a tales requisitos una categoría específica de medicamentos no sujetos a receta médica, por ejemplo, debido a sus características terapéuticas particulares, siempre que tales requisitos no desvirtúen la posibilidad de ofrecer en venta esos medicamentos, como resulta del artículo
85
quater, apartado
1, de la Directiva 2001/83.
36      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo
85
quater, apartados
1 y 2, de la Directiva 2001/83 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, por razones de protección de la salud pública, prohíbe la venta a distancia al público, por farmacias en línea que utilizan servicios de la sociedad de la información, de medicamentos no sujetos a receta médica, con excepción de una subcategoría de estos.
Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta
37      Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, no procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta.
Costas
38      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
El artículo 85 quater, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que, por razones de protección de la salud pública, prohíbe la venta a distancia al público, por farmacias en línea que utilizan servicios de la sociedad de la información, de medicamentos no sujetos a receta médica, con excepción de una subcategoría de estos.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: griego.