Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. RIMVYDAS NORKUS
presentadas el 2 de octubre de 2025 (1)
Asunto C‑516/24 [Winderwill] (i)
BC, debidamente representado por su representante legal,
contra
LG
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Schleswig (Tribunal de lo Civil y Penal de Schleswig, Alemania)]
« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia — Recurso a un órgano jurisdiccional — Presentación de una solicitud de asistencia jurídica gratuita con el fin interponer una solicitud de modificación de la pensión de alimentos — Interposición posterior de una solicitud de modificación de la pensión de alimentos ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro »
1.        El presente asunto prejudicial se inscribe en el contexto jurídico del Reglamento (CE) n.º 4/2009. (2) En el marco jurídico y fáctico del presente asunto, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente invitará al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre la interpretación del concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda, en el sentido del artículo 9, letra a), de dicho Reglamento. En particular, el Tribunal de Justicia deberá pronunciarse sobre la cuestión de si una solicitud de asistencia jurídica gratuita, (3) presentada por el acreedor de alimentos con el fin de demandar al deudor ante los tribunales, puede estar comprendida en este concepto.
I.      Marco jurídico
A.      Derecho internacional público
2.        Según el artículo 3, apartado 1, del Protocolo de La Haya: (4)
«Las obligaciones alimenticias se regirán por la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor, salvo que este Protocolo disponga otra cosa.»
3.        El artículo 4 de ese Protocolo establece normas especiales a favor de determinados acreedores de alimentos, aplicables, en particular, a las obligaciones de alimentos de los padres a favor de sus hijos. El apartado 3 de este artículo dispone lo siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el artículo 3, se aplicará la ley del foro si el acreedor ha acudido a la autoridad competente del Estado de la residencia habitual del deudor. Sin embargo, se aplicará la ley del Estado de la residencia habitual del acreedor si este no puede obtener alimentos del deudor en virtud de la ley del foro.»
B.      Derecho de la Unión
Reglamento n.º 4/2009
4.        El considerando 1 del Reglamento n.º 4/2009 indica que este fue adoptado por el legislador de la Unión con el fin de alcanzar su objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del cual estuviera garantizada la libre circulación de personas.
5.        Según su considerando 9, el Reglamento tiene por objeto facilitar la obtención de una resolución en materia de alimentos que tenga automáticamente fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin ninguna otra formalidad.
6.        De conformidad con su considerando 36 y su capítulo V, titulado «Acceso a la justicia», el citado Reglamento tiene por objeto establecer un régimen especial de asistencia jurídica gratuita para las obligaciones de alimentos que prevea la asunción total de los costes ligados a los procedimientos iniciados a través de las autoridades centrales relacionados con las obligaciones de alimentos respecto de menores de veintiún años.
7.        El considerando 44 del mismo Reglamento señala que este está llamado a objeto modificar el Reglamento (CE) n.º 44/2001, (5) sustituyendo las disposiciones de este aplicables en materia de obligaciones de alimentos.
8.        El artículo 3 del Reglamento n.º 4/2009 dispone:
«Serán competentes para resolver en materia de obligaciones de alimentos en los Estados miembros:
a)      el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual, o
b)      el órgano jurisdiccional del lugar donde el acreedor tenga su residencia habitual, o
[…]».
9.        Según recoge el artículo 9 (titulado «Recurso a un órgano jurisdiccional») de dicho Reglamento en su letra a):
«A efectos del presente capítulo, se considerará que un órgano jurisdiccional conoce de un litigio:
a)      desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para que se entregue al demandado la cédula de emplazamiento […]».
10.      Según el artículo 12 (titulado «Litispendencia») de dicho Reglamento:
«1.      Si se formulasen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se haya formulado la segunda demanda suspenderá de oficio el proceso hasta que se declare competente el órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso la primera.
2.      Cuando el tribunal ante el cual se interpuso la primera demanda se declare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquel.»
11.      A tenor del artículo 15 del mismo Reglamento:
«La ley aplicable a las obligaciones de alimentos se determinará de acuerdo con el [Protocolo de La Haya de 2007] en los Estados miembros que estén vinculados por este instrumento.»
C.      Derecho alemán
1.      FamFG
12.      La Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Ley de Procedimiento en Materia de Familia y de Jurisdicción Voluntaria)
(en lo sucesivo, «FamFG») enuncia en su artículo 76, apartado 1:
«Las disposiciones de la Ley de Procedimiento Civil relativas a la asistencia jurídica gratuita se aplicarán mutatis mutandis a la concesión de [asistencia jurídica gratuita prevista por la FamFG], salvo que se disponga lo contrario a continuación.»
13.      El artículo 77, apartado 1, de la FamFG dispone:
«Antes de conceder la [asistencia jurídica gratuita], el tribunal podrá brindar a las demás partes interesadas la oportunidad de presentar observaciones. En los procedimientos ex parte, la parte demandada deberá tener la oportunidad de pronunciarse sobre si considera que se cumplen los requisitos para la concesión de la asistencia jurídica gratuita, salvo que ello resulte inadecuado por razones especiales».
14.      El artículo 113, apartado 1, de la FamFG dispone:
«En materia matrimonial y familiar […], se aplicarán mutatis mutandis
las normas generales y particulares de la Ley de Procedimiento Civil relativas a los procedimientos incoados ante los tribunales.»
2.      ZPO
15.      La Zivilprozessordnung (Ley de Procedimiento Civil)
(en lo sucesivo, «ZPO») enuncia en su artículo 114, apartado 1:
«Si una parte, a causa de su situación personal y económica, no pudiera hacer frente a los gastos del proceso, o solo pudiera hacerlo en parte o en varios pagos, obtendrá asistencia jurídica gratuita, previa solicitud, si la acción o la defensa jurídica propuesta presenta perspectivas suficientes de éxito y no resulta temeraria. En el caso de la asistencia jurídica gratuita transfronteriza dentro de la Unión Europea, serán de aplicación, además, los artículos 1076 a 1078.»
16.      El artículo 117 de la ZPO establece:
«1.      La solicitud de concesión de la asistencia jurídica gratuita se presentará ante el órgano jurisdiccional que conozca del asunto; dicha solicitud podrá presentarse mediante declaración ante la secretaría del tribunal. La solicitud deberá exponer los elementos del litigio e indicar los medios de prueba. […]
2.      La solicitud se acompañará de una declaración de la parte sobre su situación personal y económica (situación familiar, profesión, patrimonio, ingresos y cargas) y de los documentos acreditativos correspondientes. La declaración y los documentos justificativos solo podrán comunicarse a la parte contraria con el consentimiento de la parte, a menos que, en virtud del Derecho civil, la parte contraria tenga derecho a obtener información sobre los ingresos y el patrimonio del solicitante. El solicitante deberá tener la posibilidad de presentar sus observaciones antes de que su declaración sea transmitida a la parte contraria. Se le informará de la transmisión de su declaración.
3.      Con el fin de simplificar y uniformizar el procedimiento, el Ministerio Federal de Justicia estará facultado para establecer, mediante reglamento y con el consentimiento del Bundesrat (Cámara Alta del Parlamento, Alemania), formularios de declaración. […]
4.      En la medida en que se hayan establecido formularios para la declaración contemplada en el apartado 2, la parte deberá utilizarlos. […]»
17.      Según el artículo 118, apartado 1, de la ZPO:
«La parte contraria deberá tener la posibilidad de pronunciarse sobre si considera que se cumplen los requisitos para obtener una asistencia jurídica gratuita, salvo que ello resulte inadecuado por razones especiales. Esta declaración de la parte contraria podrá realizarse ante la secretaría del tribunal. El tribunal podrá convocar a las partes a una vista si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo; el tribunal deberá consignar el acuerdo transaccional en un acta judicial. No se reembolsarán los gastos en que haya incurrido la parte contraria. Los gastos en que se haya incurrido por la audiencia de testigos o peritos de conformidad con el apartado 2, tercera frase, correrán a cargo de la parte condenada en costas. El artículo 128a se aplicará mutatis mutandis a la audiencia celebrada en los términos de la tercera frase.»
18.      El artículo 167 (titulado «Efecto retroactivo de la notificación») de la ZPO dispone:
«Cuando la notificación tenga por objeto cumplir un plazo, hacer correr un nuevo plazo de prescripción o suspender dicho plazo de conformidad con el artículo 204 del [Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil)], dicho efecto se producirá desde el momento de la recepción de la solicitud o de la declaración, si esta se notifica sin demora».
19.      El artículo 261 de la ZPO establece:
«(1)      La interposición de la demanda da lugar a la litispendencia del litigio.
[…]
(3)      La litispendencia tiene los siguientes efectos:
1.      mientras dure la litispendencia, ninguna de las partes podrá someter el litigio a otro tribunal;
[…]».
3.      Código Civil
20.      El Código Civil establece en su artículo 204 («Suspensión de la prescripción por el ejercicio de acciones judiciales»), apartado 1, punto 14:
«1)      La prescripción se suspenderá por
[…]
La notificación de la solicitud inicial de concesión de asistencia jurídica gratuita; si la solicitud se notifica sin demora después de su presentación, la prescripción se suspenderá a partir de la fecha de presentación de la solicitud».
II.    Hechos del litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
21.      BC, demandante en el procedimiento principal, es hijo del demandado en el procedimiento principal, LG. BC tiene su residencia habitual en Suecia, mientras que LG vive en Alemania.
22.      El 17 de diciembre de 2021, BC presentó ante el Amtsgericht Schleswig (Tribunal de lo Civil y Penal de Schleswig, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, una solicitud de asistencia jurídica gratuita con el fin de presentar una solicitud de modificación de la pensión de alimentos de un menor. BC adjuntó a dicha solicitud un borrador de dicha demanda de modificación, precisando que la presentaría formalmente en caso de que se le concediera la asistencia jurídica gratuita.
23.      El 28 de enero de 2022, es decir, antes de que el órgano jurisdiccional remitente se pronunciara sobre la solicitud de asistencia jurídica gratuita, LG presentó una solicitud de modificación de la pensión de alimentos adeudada a BC ante el Eskilstuna
tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Eskilstuna, Suecia).
24.      Mediante resolución de 29 de marzo de 2022, el órgano jurisdiccional remitente denegó la concesión de la asistencia jurídica gratuita a BC, al considerar que carecía de competencia internacional. Tras el recurso interpuesto por BC, el Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Schleswig-Holstein, Alemania) anuló, mediante resolución de 27 de mayo de 2022, la resolución dictada por el órgano jurisdiccional remitente y concedió asistencia jurídica gratuita a BC.
25.      Posteriormente, BC presentó la solicitud de modificación de la pensión de alimentos ante el órgano jurisdiccional remitente, que fue notificada a LG el 21 de julio de 2022.
26.      Entretanto, la solicitud de modificación presentada por LG ante el Eskilstuna tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Eskilstuna) había sido desestimada por falta de competencia internacional. El Högsta domstolen (Tribunal Supremo, Suecia) anuló esa resolución y devolvió el asunto al órgano jurisdiccional de primera instancia. Este último, mediante auto de 6 de mayo de 2024, suspendió el procedimiento, en aplicación del artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.º 4/2009.
27.      El órgano jurisdiccional remitente estima necesario determinar la competencia del tribunal ante el cual se interpuso la primera demanda, en el sentido del artículo 12 del Reglamento n.º 4/2009. En lo que respecta a la solicitud de asistencia jurídica gratuita, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si puede tener la consideración de documento equivalente a un escrito de interposición de la demanda, en el sentido del artículo 9, letra a), de dicho Reglamento, a fin de verificar su propia competencia. Dado que esta cuestión aún no ha sido abordada por el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente considera que solo una interpretación uniforme del Reglamento n.º 4/2009 permitiría garantizar una seguridad jurídica suficiente.
28.      En estas circunstancias, el Amtsgericht Schleswig (Tribunal de lo Civil y Penal de Schleswig) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Constituye una solicitud de [asistencia jurídica gratuita] a la que acompaña, únicamente como borrador, una solicitud de modificación de la pensión de alimentos, que se presentará formalmente en caso de que se conceda dicha [asistencia], un “documento equivalente” en el sentido del artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009, de manera que se considera presentada una demanda ante un órgano jurisdiccional nacional y con ello queda constituida la competencia de este tribunal?»
29.      La resolución de remisión, de 22 de julio de 2024, fue recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 24 de julio de 2024. Las partes demandante y demandada en el procedimiento principal y los Gobiernos alemán y checo, así como la Comisión Europea, presentaron observaciones escritas. El 18 de junio de 2025 se celebró una vista, en la que la Comisión y el Gobierno alemán formularon observaciones orales.
III. Análisis
A.      Sobre las enseñanzas que han de extraerse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de «escrito de interposición de la demanda» o de «documento equivalente» en el marco de otros instrumentos jurídicos
30.      Con carácter preliminar, ha de señalarse que, dado que en el presente asunto se solicita por primera vez al Tribunal de Justicia que interprete el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda, que figura en el artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009, procede preguntarse si pueden encontrarse algunas indicaciones para la reflexión, e incluso elementos de respuesta, en instrumentos similares y en su interpretación por el Tribunal de Justicia. En efecto, los conceptos de «escrito de interposición de la demanda» y, en particular, de «documento equivalente» son conceptos transversales que se encuentran en varios convenios internacionales u otros instrumentos jurídicos relativos a la competencia judicial en materia civil. Así pues, estos conceptos ya han sido interpretados por el Tribunal de Justicia, lo que permite esbozar sus contornos en el contexto de dichos convenios internacionales e instrumentos jurídicos, recordatorio este que me parece indispensable antes de abordar el examen de la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia en el presente asunto.
31.      A este respecto, cabe señalar que, en sus primeras sentencias relativas a su interpretación en el marco del Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), (6) el Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de precisar que el concepto de «escrito de interposición de la demanda» (tras cuya presentación se producirá la entrega de la «cédula de emplazamiento») o «documento equivalente» designa el documento o los documentos cuya notificación al demandado, efectuada de forma regular y con tiempo suficiente, coloca a este en condiciones de invocar sus derechos antes de que se dicte en el Estado de origen una sentencia ejecutoria. (7)
32.      Sobre la base de esta definición, el Tribunal de Justicia consideró como escrito de interposición de la demanda una
orden judicial de pago de Derecho alemán (Zahlungsbefehl), cuya notificación faculta al demandante, en el supuesto de que no se formule oposición, para obtener una resolución ejecutoria, (8) así como una
orden conminatoria de pago de Derecho italiano (decreto ingiuntivo) notificada conjuntamente con la demanda. (9)
33.      Por el contrario, el Tribunal de Justicia consideró que no quedaba comprendida en el concepto de «escrito de interposición de la demanda» una resolución de Derecho alemán por la que se decreta la ejecución (Vollstreckungsbefehl), dictada a continuación de la notificación de la orden judicial de pago y por sí misma ejecutoria. (10)
34.      Sobre la base de las enseñanzas que han de extraerse de la jurisprudencia citada, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el marco de los procedimientos de requerimiento de pago, en lo que respecta al Convenio de Lugano II, (11) que, en caso de sucederse dos procedimientos, cada uno de los cuales permite obtener, a su finalización, una resolución ejecutoria sobre la misma obligación, el arranque del primero únicamente puede reconocerse como escrito de interposición de la demanda para el segundo si hay unidad funcional entre ambos. (12)
35.      A este respecto, es importante señalar que el criterio de unidad funcional antes mencionado se hace eco de otros ejemplos de la jurisprudencia relativa a la interpretación de los conceptos de «escrito de demanda» o «documento equivalente», en particular la sentencia Schlömp,
(13) que también versa sobre la interpretación del Convenio de Lugano II. (14)
36.      Con esa sentencia, el Tribunal de Justicia no solo consagró un enfoque funcional para considerar, en esencia, que la fecha en la que se ha iniciado un procedimiento obligatorio de conciliación ante un órgano de conciliación de Derecho suizo es la fecha en la que se considera que un «tribunal» conoce del litigio. También subrayó que, habida cuenta del paralelismo existente entre los mecanismos para resolver los casos de litispendencia establecidos por el Convenio de Lugano II y, en particular, el Reglamento n.º 44/2001 (15) y a la vista del objetivo de interpretación uniforme de las disposiciones equivalentes de dicho Convenio y del citado Reglamento, una situación de litispendencia reviste un carácter objetivo y automático y se basa en el orden cronológico en que se presentan las demandas ante los tribunales, (16) al igual que lo había hecho ya otra importante sentencia en la materia, a saber, la sentencia HanseYachts.
(17)
37.      En esta última, el Tribunal de Justicia tuvo que pronunciarse sobre si, en caso de litispendencia, el escrito mediante el que se inicia un procedimiento dirigido a obtener una diligencia de prueba anterior a cualquier proceso es un «escrito de interposición de la demanda» o un «documento equivalente», o si esta calificación solo corresponde al escrito mediante el cual se inicia el procedimiento contencioso, (18) es decir, el procedimiento «sobre el fondo». (19)
38.      Basándose en el contexto del artículo 30 del Reglamento n.º 44/2001, su objetivo, (20) el carácter autónomo del primer procedimiento de prueba con respecto al segundo procedimiento «sobre el fondo» y la existencia de una clara distinción entre ambos procedimientos, el Tribunal de Justicia consideró que, en caso de litispendencia, la fecha en la que se ha iniciado un procedimiento dirigido a obtener una diligencia de prueba antes de cualquier proceso no podía constituir la fecha en la que «se considerará que conoce de un litigio», en el sentido del artículo 30, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001, un órgano jurisdiccional que ha de pronunciarse sobre una demanda «en cuanto al fondo» en el Estado miembro con posterioridad al resultado de dicha diligencia. (21)
39.      En otras palabras, según el Tribunal de Justicia, el escrito por el que se solicita a un órgano jurisdiccional una diligencia, antes de cualquier proceso, no puede calificarse de escrito de interposición de la demanda o de documento equivalente, dado que, en esencia, el procedimiento iniciado mediante dicho escrito es autónomo con respecto al procedimiento «sobre el fondo».
40.      A este respecto, pueden extraerse las enseñanzas siguientes de la jurisprudencia citada. Por una parte, el escrito de interposición de la demanda, o documento equivalente, debe notificarse a la parte contraria para darle la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. (22) Este requisito implica lógicamente que dicho escrito informe a la parte contraria de la incoación del procedimiento en su contra y de los elementos esenciales del litigio, permitiéndole así comprender si debe preparar su defensa. (23) Dado que la incoación del procedimiento conduce a la adopción de una resolución judicial, el respeto del derecho de defensa y, en general, de una fase contradictoria reviste una importancia particular. En efecto, ello se explica a la luz de los instrumentos jurídicos relativos a la competencia internacional, que velan por que los procedimientos que conducen a la adopción de resoluciones judiciales cuyo reconocimiento y ejecución deben garantizarse en todos los Estados partes en dichos instrumentos se desarrollen en el respeto del principio de contradicción. Este respeto justifica el enfoque liberal en materia de reconocimiento y ejecución. (24)
41.      Por otra parte, un escrito de interposición de la demanda o documento equivalente debe conducir a la adopción de una resolución ejecutoria y, por lo tanto, se refiere, en principio, al procedimiento «sobre el fondo». Cuando menos, debe referirse a un procedimiento previo y obligatorio en el Derecho nacional antes incluso de iniciar dicho procedimiento contencioso «sobre el fondo» (25) o a un procedimiento que permita crear una unidad funcional o, en cualquier caso, que no sea autónomo respecto de dicho procedimiento «sobre el fondo».
42.      Dicho esto, cabe señalar que ninguno de estos ejemplos extraídos de la jurisprudencia se refiere directamente a la interpretación del concepto de «escrito de interposición de la demanda» o «documento equivalente» en el sentido del Reglamento n.º 4/2009. Por lo tanto, ha de procederse a la interpretación del concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda, sobre el que el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en el sentido del artículo 9, letra a), de dicho Reglamento, examinando, en su caso, si puede establecerse una analogía con las enseñanzas extraídas de la jurisprudencia citada en los puntos 31 a 39 de las presentes conclusiones.
B.      Sobre la interpretación del concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda en el sentido del artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009
1.      Hacia una precisión de los criterios de interpretación del concepto de «documento equivalente» a la luz de la jurisprudencia existente
43.      Con carácter preliminar, ha de recordarse que es reiterada jurisprudencia que las disposiciones relativas a las reglas de competencia deben interpretarse de manera autónoma atendiendo, por una parte, a los objetivos y al sistema del Reglamento considerado, así como, por otra parte, a los principios generales que se deducen de todos los sistemas jurídicos nacionales. (26)
44.      El capítulo II del Reglamento n.º 4/2009, titulado «Competencia», comprende el artículo 9, que establece las normas que permiten determinar el momento en que se considera que un órgano jurisdiccional conoce de un litigio. Este momento es crucial para determinar la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un litigio transfronterizo. En efecto, en una situación de litispendencia, es decir, cuando se formulan demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se haya formulado la segunda demanda suspenderá de oficio el proceso hasta que se declare competente el órgano jurisdiccional ante el cual se interpuso la primera. (27) De conformidad con este artículo 9, letra a), en esencia, se considerará que un órgano jurisdiccional conoce de un litigio desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente.
45.      Sin embargo, el Reglamento n.º 4/2009 no define el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda (ni tampoco el del propio escrito de interposición de la demanda), sobre el que el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia en el presente asunto. Del tenor del artículo 9, letra a), de dicho Reglamento se desprende que este documento equivalente inicia el procedimiento. Así pues, tanto el concepto de «escrito de demanda» como el de «documento equivalente» remiten a la idea general de que se trata de un escrito que pone en marcha el procedimiento. (28)
46.      En lo que respecta al presente asunto, el término de «procedimiento» debe entenderse como referido a los procedimientos «sobre el fondo», cuyo objeto es determinar los derechos y obligaciones de las partes del litigio mediante la adopción de una resolución judicial que ponga fin al procedimiento, susceptible de ser reconocida y ejecutada. Así pues, el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda debe interpretarse en el sentido de que plantea el litigio ante un tribunal en cuanto al fondo y, (29) en el caso de autos, en materia de obligaciones de alimentos.
47.      Estimo que el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda se refiere inevitablemente a los efectos equivalentes que produce la incoación del procedimiento, es decir, el inicio de un procedimiento judicial con el objetivo de obtener una resolución ejecutoria que satisfaga las pretensiones del demandante. (30) Ahora bien, dado que el procedimiento conduce a la adopción de una resolución judicial, el documento que lo inicia debe inscribirse en el marco de un procedimiento contradictorio, es decir, debe permitir a la parte contraria preparar su defensa antes de que se dicte una resolución ejecutoria en su contra.
48.      Esta interpretación se ve reforzada por el tenor del artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009, según el cual se considerará que un órgano jurisdiccional conoce de un litigio desde el momento en que se le hubiere presentado el documento equivalente al escrito de demanda, a lo cual debe seguir la entrega al demandado de la cédula de emplazamiento.
49.      El contexto en que se inscribe el artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009, que acentúa la importancia atribuida al respeto del principio de contradicción, permite corroborar esta interpretación y, por lo demás, garantizar una interpretación uniforme del concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda en el propio Reglamento. En efecto, el artículo 19, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, (31) relativo al «Derecho a solicitar un reexamen» de la resolución ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen por un demandado que no haya comparecido en dicho Estado miembro, pone de relieve la situación de falta de notificación del escrito de interposición de la demanda o de su equivalente con antelación suficiente y de manera tal que la parte contraria pueda
defenderse. En tal situación, el demandado tendría derecho a solicitar un reexamen, precisamente porque no se habría respetado su derecho de defensa al adoptarse una resolución judicial en su contra. Otro tanto cabe decir respecto al artículo 24 del mismo Reglamento, (32) titulado «Motivos de denegación del reconocimiento», que establece, en su apartado 1, letra b), que se denegará el reconocimiento de una resolución si no se ha notificado al demandado en ausencia el escrito de interposición de la demanda o documento equivalente con antelación suficiente y de manera tal que pudiera preparar su defensa.
50.      Además, los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 4/2009, que son facilitar en la mayor medida posible el cobro de los créditos alimenticios internacionales, (33) preservar los intereses de los acreedores de alimentos y favorecer una buena administración de justicia, (34) no pueden alcanzarse menoscabando, de cualquier manera que sea, el derecho de defensa. (35) Por esta razón, la conclusión de que, en esencia, al interpretar el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda, en el sentido del artículo 9, letra a), de dicho Reglamento, han de buscarse efectos equivalentes a los que crea la interposición de la demanda con el fin de obtener una resolución ejecutoria que estime las pretensiones del demandante me parece conforme con los objetivos perseguidos por dicho Reglamento. Además, esta conclusión presenta la ventaja de reforzar la previsibilidad de los criterios de interpretación del concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda, ya que dichos criterios coinciden con los de un escrito presentado con el fin de obtener el resultado esperado en un procedimiento «sobre el fondo».
51.      Es, además, en este sentido en el que pueden extrapolarse al presente asunto las enseñanzas que han de extraerse de la jurisprudencia citada en los puntos 31 a 39 de las presentes conclusiones.
52.      A este respecto, ha de subrayarse que el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que su jurisprudencia sobre las disposiciones relativas a la competencia en materia de obligaciones de alimentos que figuran en el Convenio de Bruselas y en el Reglamento n.º 44/2001, que se enmarca en la línea del Convenio de Bruselas, sigue siendo pertinente para analizar las disposiciones correspondientes del Reglamento n.º 4/2009. (36) Así, las enseñanzas de la jurisprudencia, resumidas en el punto 40 de las presentes conclusiones, pueden, en mi opinión, extrapolarse de manera directa, a pesar de las diferencias de contexto y de instrumentos jurídicos a los que se refiere dicha jurisprudencia.
53.      Además, la importancia de una interpretación convergente del Convenio de Lugano II y de otros instrumentos jurídicos, en particular del Reglamento n.º 44/2001 —lo cual ha de entenderse como igualmente referido al Reglamento n.º 4/2009, (37) que contiene disposiciones equivalentes—, ha sido confirmada en varias ocasiones en la jurisprudencia. (38) Pues bien, la (casi total) identidad de la terminología empleada en estos instrumentos jurídicos interpretados en la jurisprudencia citada en los puntos 35 a 39 de las presentes conclusiones aboga por una aproximación entre la interpretación dada por el Tribunal de Justicia a dichos instrumentos y la del Reglamento n.º 4/2009 que el Tribunal de Justicia deberá realizar en el presente asunto. Además, la interpretación convergente de estas disposiciones se justifica a la luz de los objetivos perseguidos por estos mismos instrumentos, que, en general, tienen por objeto garantizar la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (39)
54.      Por otra parte, cabe señalar que, tal y como se desprende de los trabajos preparatorios, el artículo 9 del Reglamento n.º 4/2009 reprodujo íntegramente el texto del antiguo artículo 30 del Reglamento n.º 44/2001. Esta circunstancia refleja, en mi opinión, la voluntad del legislador de armonizar la interpretación de este artículo con la de los instrumentos jurídicos en materia de competencia judicial anteriores al Reglamento n.º 4/2009. (40)
55.      No obstante, ha de subrayarse que los criterios establecidos para la interpretación del concepto de «escrito de interposición de la demanda» o «documento equivalente» que se han expuesto en los puntos 31 a 39 de las presentes conclusiones se derivan de una interpretación realizada caso por caso. Ciertamente, este enfoque viene justificado por las particularidades de los sistemas nacionales propios de los documentos controvertidos en esos asuntos. Sin embargo, ha dado lugar a la elaboración de criterios que, en mi opinión, presentan un cierto nivel de abstracción, en particular en lo que se refiere a la unidad funcional entre dos procedimientos o al carácter autónomo de uno respecto al otro. Por lo tanto, para extrapolar estos criterios al presente asunto, el Tribunal de Justicia deberá inevitablemente considerar la posibilidad de precisar su alcance. Considero que esta precisión es deseable en lo que respecta a la extrapolación de la jurisprudencia más reciente.
56.      En este sentido, me inclinaría por recomendar un enfoque basado en la naturaleza del procedimiento iniciado mediante el documento examinado, que permitiría determinar si existe unidad funcional o autonomía entre los dos procedimientos. En particular, lo que me parece decisivo es determinar si el procedimiento al que se refiere el documento cuya calificación se solicita es un procedimiento «sobre el fondo» y, por lo tanto, tiene efectos idénticos o equivalentes a los que produce la incoación de un procedimiento con el fin de obtener una sentencia ejecutoria que satisfaga las pretensiones del demandante.
57.      Así, los criterios relacionados, entre otros, con i) la notificación o la entrega a la parte contraria de un escrito de que contenga los elementos esenciales del litigio para informarla de la incoación de un procedimiento en su contra, ii) dejándole también la posibilidad de preparar su defensa, en la medida en que el objetivo del procedimiento es llegar a una resolución que satisfaga las pretensiones del demandante, iii) antes de la adopción de una sentencia ejecutoria que estime o no las pretensiones del demandante, así como iv) la posibilidad concedida a dicha parte contraria de impugnar dicha sentencia, me parece que indican a las claras la existencia de los efectos que produciría un procedimiento «sobre el fondo». A estos criterios podrían añadirse otros que permitieran, en su caso, tener en cuenta situaciones específicas, como el carácter facultativo u obligatorio de un procedimiento, independientemente de su naturaleza precontenciosa o contenciosa.
58.      Con todo, ha de subrayarse que, con el razonamiento anterior, no pretendo delimitar de manera completa todos los criterios pertinentes para calificar un documento de equivalente al escrito de interposición de la demanda o los únicos que lo serían. Mi objetivo es únicamente proporcionar ejemplos no exhaustivos de criterios concretos que, a la luz de la jurisprudencia existente, permitirían aclarar la determinación de los efectos que debería producir un procedimiento iniciado mediante la presentación de un documento que pudiera quedar comprendido en el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda. A este respecto, he de subrayar también que reviste una importancia significativa el examen de la naturaleza del procedimiento de que se trate y del documento en sí, así como de los efectos que pueden producir.
59.      Es a la luz de estas consideraciones como procede determinar si una solicitud de asistencia jurídica gratuita queda comprendida en el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda.
2.      Consecuencias de la aplicación de los criterios de interpretación del concepto de «documento equivalente» a una solicitud de asistencia jurídica gratuita
60.      De la ZPO, interpretada en relación con la FamFG, se desprende que, en el Derecho alemán, se puede conceder asistencia jurídica gratuita a una parte que, a causa de su situación personal y financiera, no pudiera hacer frente a los gastos del proceso, si la acción o defensa jurídica propuesta presenta perspectivas suficientes de éxito y no resulta temeraria. (41) La solicitud deberá exponer los elementos del litigio e indicar los medios de prueba. (42) La parte contraria deberá tener la posibilidad de pronunciarse sobre si considera que se cumplen los requisitos para obtener esta asistencia. (43) Ahora bien, esta posibilidad concedida a la parte contraria de tomar conocimiento de la presentación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita, exponiendo así los elementos del litigio, es precisamente la particularidad del Derecho alemán que suscita dudas sobre la calificación de esta solicitud a la luz del artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009.
61.      Con carácter preliminar, ha de observarse que parece pacífico que el Derecho alemán no prevé que una solicitud de asistencia jurídica gratuita pueda, por sí sola, dar lugar a la incoación de un procedimiento. Por las razones expuestas en los puntos 44 a 58 de las presentes conclusiones, procede determinar los efectos que pueden producir la solicitud de asistencia jurídica gratuita y el procedimiento que esta pone en marcha. En otras palabras, se trata de preguntarse si el procedimiento iniciado por dicha solicitud puede producir efectos equivalentes a los de la incoación de un procedimiento «sobre el fondo», para considerar así que el procedimiento iniciado mediante dicha solicitud presenta unidad funcional o bien falta de autonomía con respecto al procedimiento «sobre el fondo».
62.      En estas circunstancias, procede, en primer lugar, examinar el contenido de la solicitud de asistencia jurídica gratuita en la que se basan el Gobierno alemán y la parte demandante en el procedimiento principal para considerar que dicha solicitud queda comprendida en el concepto de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda. A este respecto, es evidente que dicha solicitud debe contener una exposición de los elementos del litigio y una indicación de los medios de prueba, adjuntos en forma de borrador. Así, como sostiene dicho Gobierno, en esencia, este procedimiento presenta cierta proximidad o relación con la incoación de un procedimiento «sobre el fondo».
63.      Sin embargo, la presentación de estos elementos en un borrador adjunto a la solicitud de asistencia jurídica gratuita persigue un objetivo totalmente distinto al de su presentación en un escrito que inicia un procedimiento sobre el «fondo» en el sentido estricto del término, es decir, una demanda. En efecto, estos elementos deben permitir al juez que conoce de la solicitud de asistencia jurídica gratuita asegurarse del cumplimiento de los requisitos relativos a las perspectivas suficientes de éxito y a la ausencia de carácter temerario de la acción prevista tras la concesión de dicha asistencia. Por el contrario, no se analiza la pertinencia del «fondo» de la acción prevista y no se adopta ninguna resolución judicial en cuanto al «fondo» sobre los derechos y obligaciones de las partes.
64.      Lógicamente, la presentación de estos elementos no obliga en modo alguno al acreedor de alimentos a ajustarse a ellos al pie de la letra si decide iniciar el procedimiento «sobre el fondo» tras la concesión de la asistencia jurídica gratuita. Por lo tanto, el contenido de la demanda en materia de obligaciones de alimentos puede variar, en este procedimiento, con respecto al indicado en la solicitud de asistencia jurídica gratuita. (44) Además, el examen principal de esta se centrará, en particular, en el análisis de la situación personal y financiera del solicitante de la asistencia jurídica gratuita, ya que el procedimiento relativo a la concesión de dicha asistencia tiene por objeto garantizar la igualdad en materia de protección jurídica y garantizar a las personas sin recursos económicos la posibilidad de invocar sus derechos ante los tribunales.
65.      Pues bien, en tales circunstancias, los efectos de la posibilidad que tiene la parte contraria, en virtud del Derecho alemán, de definir su postura sobre el cumplimiento de los requisitos de obtención de asistencia jurídica gratuita no pueden, en mi opinión, asimilarse a los que produciría el ejercicio del derecho de defensa en el marco de un procedimiento «sobre el fondo», debido a las diferencias en los objetivos que persiguen estos dos tipos de procedimiento. (45) Así pues, en sentido estricto y sin perjuicio de la particularidad procesal del Derecho alemán, el procedimiento de asistencia jurídica gratuita afecta unilateralmente solo al solicitante. Por lo tanto, no produce ningún efecto frente a la parte contraria.
66.      En segundo lugar, procede examinar las consecuencias de las modalidades de transmisión de la solicitud de asistencia jurídica gratuita, es decir, la información a la parte contraria sobre la presentación de dicha solicitud, acompañada del borrador de la solicitud de modificación de la prestación de alimentos, modalidades en las que se basan el Gobierno alemán y la parte demandante en el litigio principal para abogar por una respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial. A este respecto, tal y como se aclaró en la vista, no se trata de una notificación o de una entrega a en sentido estricto, sino de una simple información, de carácter informal, a la parte contraria.
67.      Pues bien, tales modalidades de transmisión de la solicitud de asistencia jurídica gratuita no permiten conferirle efectos equivalentes a los que produce la comunicación oficial mediante notificación o entrega de un escrito de interposición de la demanda. Por el contrario, subrayan aún más la naturaleza diferente de estos efectos, es decir, que la transmisión de la solicitud de asistencia jurídica gratuita tiene por objeto brindar a la parte contraria la posibilidad de definir su postura sobre el cumplimiento de los requisitos de la concesión de asistencia jurídica gratuita a la vista de la solicitud presentada en este sentido. Por el contrario, la notificación de un escrito de interposición de la demanda tiene por objeto garantizar el respeto del derecho de defensa de la otra parte del litigio.
68.      Así pues, la conclusión de que los efectos de la posibilidad prevista en el Derecho alemán, en virtud de la cual la parte contraria puede definir su postura sobre el cumplimiento de los requisitos de admisión de la solicitud de asistencia jurídica gratuita, no pueden asimilarse a los que produce un escrito que inicia un procedimiento «sobre el fondo» se impone con tanta más firmeza a la luz de las modalidades de transmisión de la solicitud de asistencia jurídica gratuita.
69.      En tercer y último lugar, en lo que respecta a
la
presentación ante un juez de la solicitud de asistencia jurídica gratuita, me parece que, en principio, el juez agota su competencia una vez que dicta una resolución por la que acepta o deniega dicha solicitud. En efecto, para obtener una resolución judicial sobre el «fondo» del asunto, el acreedor de alimentos debe presentar una solicitud distinta de la dirigida a obtener asistencia jurídica gratuita. Es cierto que el acreedor de alimentos en el procedimiento principal ha ejercitado la acción sobre el fondo. Sin embargo, cabe señalar que quien obtiene asistencia jurídica gratuita no tiene ninguna obligación de presentar esta acción sobre el «fondo» una vez obtenida aquella. (46) La incoación del procedimiento «sobre el fondo» depende, en cualquier caso, de su voluntad, que sigue siendo, por naturaleza, aleatoria.
70.      En estas circunstancias, la existencia de relación o proximidad entre el procedimiento dirigido a obtener asistencia jurídica gratuita y el «de fondo» no basta por sí sola para considerar que este último se ha incoado desde el momento en que se inició el procedimiento de solicitud de asistencia jurídica gratuita en el Estado en cuestión. En realidad, los efectos que producen estos dos procedimientos son diferentes, tanto desde el punto de vista del acreedor de alimentos como desde el del deudor.
71.      Contrariamente a lo que sostiene el Gobierno alemán, el objetivo de la protección del acreedor de alimentos que persigue el Reglamento
n.º 4/2009, así como la elección del órgano jurisdiccional competente y, por consiguiente, de la ley aplicable que le confiere dicho Reglamento, no pueden desvirtuar la conclusión de que la solicitud de asistencia jurídica gratuita no es un documento equivalente al escrito de interposición de la demanda. Dicho esto, ha de reconocerse que, en este caso, existe efectivamente, en el Derecho alemán, un problema que coloca al acreedor de alimentos sin medios económicos en una situación potencialmente desfavorable frente a la parte contraria in futurum.
72.      Como explica, en esencia, ese Gobierno, la posibilidad que se brinda al deudor de alimentos para definir su postura sobre la pertinencia de la solicitud de asistencia jurídica gratuita del acreedor de alimentos puede privar a este de su elección del órgano jurisdiccional competente y, por consiguiente, de la ley aplicable. (47) Tal situación podría darse si dicho deudor entablara una acción sobre el «fondo» del asunto con el fin de aprovechar los conocimientos de que dispone, animado por el propósito de eludir la elección del acreedor, mientras que este se ve obligado, por falta de medios económicos, a esperar al
otorgamiento de la asistencia jurídica gratuita, revelando su intención de demandar eventualmente a dicho deudor ante los tribunales al presentar dicha solicitud.
73.      Sin embargo, este problema parece derivarse de la legislación alemana, que prevé una particularidad procesal relacionada con la posibilidad de que la parte contraria defina su postura en un procedimiento que, en principio, es unilateral y debe concernir exclusivamente al solicitante de la asistencia jurídica gratuita, como único destinatario de la resolución relativa a la concesión o denegación de dicha asistencia. (48)
74.      A este respecto, me parece que debe encontrarse cierto equilibrio en cuanto a la protección de los intereses respectivos del acreedor y del deudor de alimentos, teniendo en cuenta, en particular, las particularidades del procedimiento relativo a la obtención de asistencia jurídica gratuita. En efecto, la respuesta a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente debe sopesar inevitablemente los intereses de ambas partes del litigio. Es cierto que no se descarta que un deudor opte por una estrategia procesal destinada a eludir la elección por parte del acreedor de alimentos de la ley aplicable, tras haber tenido conocimiento de la intención de este de demandarlo ante los tribunales. No obstante, suponiendo que tal modo de proceder estuviera prohibido por el Reglamento n.º 4/2009, ningún elemento de la petición de decisión prejudicial permite dar por hecho que la actuación del deudor viniera motivada por una intención fraudulenta.
75.      Además, en el Derecho alemán parece existir un mecanismo de protección del acreedor de alimentos, parte considerada débil, contra el riesgo de instrumentalización del procedimiento por la parte contraria con fines estratégicos. En efecto, del artículo 77, apartado 1, de la FamFG se desprende que el juez tiene la facultad de no conceder a la parte contraria la posibilidad de definir su postura sobre el cumplimiento de los requisitos de obtención de asistencia jurídica gratuita si ello resulta inadecuado por razones especiales. Pues bien, en mi opinión, esta protección permitiría dar pleno efecto a los objetivos del Reglamento n.º 4/2009. (49)
76.      En cualquier caso, adoptar una posición contraria tendría como consecuencia práctica primordial una fragmentación del Derecho de la Unión en beneficio de las normas procesales propias de cada ordenamiento jurídico nacional, lo que no me parece justificado ni por el tenor ni por el contexto del artículo 9, letra a), del Reglamento
n.º 4/2009, ni tampoco por los objetivos que persigue este, que consisten, entre otras cosas, en garantizar la seguridad jurídica en la materia. Por esta razón, además, el Tribunal de Justicia viene subrayando desde hace mucho tiempo la importancia de una interpretación autónoma de las disposiciones relativas a las normas de competencia.
77.      En mi opinión, la solicitud de asistencia jurídica gratuita no es, por lo tanto, un «documento equivalente» en el sentido del artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009. Esta conclusión no puede quedar desvirtuada por el argumento del Gobierno alemán de que dicha solicitud es asimilable a la interposición de una demanda judicial debido al efecto suspensivo de la prescripción que conlleva. En efecto, la suspensión de la prescripción que se deriva de la presentación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita tiene por único objetivo garantizar que el derecho de las personas sin medios económicos a acudir a los tribunales quede protegido durante el tiempo necesario para realizar los trámites que les permitan obtener dichos recursos. En otras palabras, este efecto suspensivo me parece obligatorio en una situación de este tipo para garantizar la igualdad de trato de las personas en cuanto a su posibilidad de invocar sus derechos ante los tribunales.
78.      Con carácter complementario, ha de subrayarse que, ciertamente, en el Derecho alemán, cuando se presenta una solicitud de asistencia jurídica gratuita, el órgano jurisdiccional puede convocar a las partes a una vista si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, a menos que dicho procedimiento tenga carácter obligatorio, (50) lo que no parece ser el caso en el Derecho alemán, no permite equiparar los efectos del procedimiento relativo a la concesión de asistencia jurídica gratuita a los de un procedimiento «sobre el fondo», dado que la aplicación de tal procedimiento está sujeta a la facultad discrecional del juez.
79.      No obstante, debe precisarse que corresponde al juez nacional valorar si procede adoptar tal interpretación de su Derecho nacional, ya que, según jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el Derecho interno de un Estado miembro. (51)
80.      Por último, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre las consecuencias de la calificación de la solicitud de asistencia jurídica gratuita en las consideraciones relacionadas con el sometimiento a aquel del litigio y la determinación de su competencia, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y debe asumir la responsabilidad de la resolución jurisdiccional que debe adoptarse, valorar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. (52) Por lo tanto, sin prejuzgar la cuestión de la competencia internacional del órgano jurisdiccional remitente, propongo responder a la cuestión prejudicial como indico a continuación.
81.      A mi juicio, procede dar una respuesta negativa a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente al Tribunal de Justicia en el presente asunto, en el sentido de que una solicitud de asistencia jurídica gratuita a la que acompaña, únicamente como borrador, una solicitud de modificación de la pensión de alimentos, que se presentará formalmente en caso de que se conceda dicha asistencia, no es un «documento equivalente» en el sentido del artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009.
IV.    Conclusión
82.      Habida cuenta del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por el Amtsgericht Schleswig (Tribunal de lo Civil y Penal de Schleswig, Alemania) de la siguiente manera:
«Una solicitud de asistencia jurídica gratuita a la que acompaña, únicamente como borrador, una solicitud de modificación de la pensión de alimentos, que se presentará formalmente en caso de que se conceda dicha asistencia, no es un «documento equivalente» en el sentido del artículo 9, letra a), del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.»
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Reglamento del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO 2009, L 7, p. 1; corrección de errores en DO 2013, L 8, p. 19).
3      En las presentes conclusiones, el uso de la expresión «asistencia jurídica gratuita» también comprende la ayuda para las costas del procedimiento,
en el sentido de las disposiciones pertinentes del Derecho nacional,
a la que se refiere el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial.
4      Este Protocolo figura en el anexo de la Decisión 2009/941/CE del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de La Haya, de 23 de noviembre de 2007, sobre la Ley aplicable a las obligaciones alimenticias (DO 2009, L 331, p. 17; en lo sucesivo, «Protocolo de La Haya de 2007»).
5      Reglamento del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
6      Convenio firmado en Bruselas (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), modificado por los sucesivos convenios relativos a la adhesión de los nuevos Estados miembros a dicho Convenio. A este respecto, cabe recordar que el Reglamento n.º 4/2009, sobre cuya interpretación se pregunta el órgano jurisdiccional remitente, sustituyó, en materia de obligaciones de alimentos, tal y como se desprende de sus artículos 68, apartado 1, y 75, apartado 2, al Reglamento n.º 44/2001, que a su vez había sustituido, entre los Estados miembros, al Convenio de Bruselas.
7      Sentencia de 13 de julio de 1995, Hengst Import (C‑474/93, en lo sucesivo, «sentencia Hengst Import», EU:C:1995:243), apartado 19.
8      Sentencia de 16 de junio de 1981, Klomps (166/80, EU:C:1981:137), apartado 9.
9      Sentencia Hengst Import, apartados 20 y 21.
10      Sentencia de 16 de junio de 1981, Klomps (166/80, EU:C:1981:137), apartado 9.
11      Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007, aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2009/430/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2008 (DO 2009, L 147, p. 1) (en lo sucesivo, «Convenio de Lugano II»).
12      Véase la sentencia de 30 de marzo de 2023, PT (Requerimiento de pago suizo), C‑343/22, EU:C:2023:276, apartado 35.
13      Sentencia de 20 de diciembre de 2017 (en lo sucesivo, «sentencia Schlömp»), C‑467/16, EU:C:2017:993.
14      La sección 9 del Convenio de Lugano II, titulada «Litispendencia — Conexidad», comprende el artículo 27. El apartado 2 de dicho artículo establece que, en caso de litispendencia, «cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquel». Según el artículo 30, punto 1, de dicho Convenio, en esencia, el momento en que un tribunal empieza a conocer de un litigio coincide con «el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar toda diligencia necesaria para que se entregare al demandado la cédula de emplazamiento».
15      A este respecto, cabe señalar que, en los apartados 41 y 42 de la sentencia Schlömp, el Tribunal de Justicia precisó que, tal como se desprende del artículo 68, apartado 1, del Reglamento n.º 4/2009, dicho Reglamento modifica el Reglamento n.º 44/2001, sustituyendo las disposiciones de este último aplicables en materia de obligaciones de alimentos. Ahora bien, en la medida en que el artículo 64, apartado 1, del Convenio de Lugano II hace referencia a cualquier modificación introducida en el Reglamento n.º 44/2001, dicha referencia debe entenderse en el sentido de que incluye el Reglamento n.º 4/2009, cuya interpretación es objeto del presente asunto.
16      Apartados 47 a 58 de la sentencia Schlömp.
17      Sentencia de 4 de mayo de 2017 (en lo sucesivo, «sentencia HanseYachts»), C‑29/16, EU:C:2017:343.
18      Apartado 20 de la sentencia HanseYachts.
19      En particular, el Tribunal de Justicia tuvo que interpretar el artículo 30 del Reglamento n.º 44/2001, relativo a la fecha en que debe considerarse que un tribunal conoce de un litigio, artículo este redactado en términos idénticos a los del artículo 9, letra a), del Reglamento n.º 4/2009.
20      A saber, solucionar los problemas derivados de las divergencias nacionales sobre la fecha en la que un asunto se considera pendiente, debiendo definirse esta fecha de manera autónoma, para reducir las incertidumbres jurídicas causadas por la gran variedad de sistemas existentes en los Estados miembros para determinar la fecha en la que un tribunal conoce de un litigio. Según el Tribunal de Justicia, el objetivo de este artículo es permitir identificar de manera simple y uniforme la fecha en la que un tribunal conoce de un litigio (véanse los apartados 30 y 35 de la sentencia HanseYachts).
21      Fallo de la sentencia HanseYachts.
22      Por el contrario, el hecho de que la parte contraria no haya actuado así no puede afectar a la calificación de este escrito, ya que el ejercicio de este derecho procesal depende de su voluntad.
23      A la vista del supuesto que se planteó en la sentencia Hengst Import, cabe citar el ejemplo del decreto ingiuntivo, respecto al cual se declaró que, en sí mismo, constituía un simple formulario y no podía entenderse sin el escrito de demanda. Recíprocamente, la notificación del escrito de demanda sin el decreto ingiuntivo no permitía a la parte contraria comprender si el juez había estimado o desestimado la demanda. Por consiguiente, se consideró que el escrito de interposición de la demanda venía constituido por el conjunto de ambos documentos (apartado 20 de dicha sentencia).
24      Véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 21 de mayo de 1980, Denilauler (125/79, EU:C:1980:130), apartado 13.
25      Como era el caso de un procedimiento de conciliación, sujeto al principio de contradicción y, en principio, obligatorio en el Derecho suizo, cuya inobservancia entraña la inadmisibilidad de la eventual demanda posterior (véase la sentencia Schlömp, apartado 53).
26      Sentencia de 18 de diciembre de 2014, Sanders y Huber (C‑400/13 y C‑408/13, EU:C:2014:2461), apartado 24.
27      Artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.º 4/2009.
28      Gaudemet-Talon, H., «Les conditions de régularité de la décision étrangère», Compétence et exécution des jugements en Europe, 7.ª ed., LGDJ, París-La Défense, 2024. Además, ha de subrayarse que el Convenio de Bruselas fue el primero en incluir la expresión «documento equivalente», en particular desde la adhesión al mismo de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en 1978, con el fin de tener en cuenta las particularidades procesales de los países del Common Law. En esta lógica, el concepto de «documento equivalente» no puede alejarse del de «escrito de interposición de la demanda», sino que tiende más bien a ajustarse a un significado similar.
29      Véase, en este sentido y por analogía, Law, S., «Article 32», en Requejo Isidro, M., (ed.), Brussels I bis: a commentary on Regulation (EU) n.º 1215/2012, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2022, pp. 500 a 505.
30      Huelga decir que, si bien el objetivo de la persona que interpone el recurso es precisamente ese, el procedimiento también puede darse por concluido mediante la desestimación de sus pretensiones.
31      Este artículo se encuentra en la sección 1, «Resoluciones dictadas en un Estado miembro vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007», comprendida a su vez en el capítulo IV, relativo al «Reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones».
32      Este artículo forma parte de la sección 2 de dicho capítulo IV, titulada «Resoluciones dictadas por un Estado miembro no vinculado por el Protocolo de La Haya de 2007».
33      Considerandos 31, 33 y 45 del Reglamento n.º 4/2009 y sentencia de 9 de febrero de 2017, S. (C‑283/16, EU:C:2017:104), apartado 33.
34      Considerando 15 del Reglamento n.º 4/2009.
35      Véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 14 de diciembre de 2006, ASML (C‑283/05, EU:C:2006:787), apartado 24 y jurisprudencia citada.
36      Sentencia de 18 de diciembre de 2014, Sanders y Huber (C‑400/13 y C‑408/13, EU:C:2014:2461), apartado 23.
37      A este respecto, véanse las notas 6 y 15 de las presentes conclusiones.
38      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 2 de mayo de 2019, Pillar Securitisation (C‑694/17, EU:C:2019:345), apartado 27, y de 30 de septiembre de 2021, Commerzbank (C‑296/20, EU:C:2021:784), apartado 33. Con carácter más general, la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de las disposiciones de cualesquiera de estos instrumentos jurídicos es válida para las de los demás instrumentos jurídicos que puedan ser calificadas de «equivalentes» (sentencia de 6 de junio de 2024, Geterfer, C‑381/23, EU:C:2024:467, apartado 24).
39      Véanse el preámbulo del Convenio de Bruselas, el preámbulo del Convenio de Lugano II y el considerando 6 del Reglamento n.º 44/2001. A este respecto, cabe señalar que, para alcanzar los objetivos principales del Reglamento n.º 4/2009, recordados en el punto 50 de las presentes conclusiones, este tiene por objeto, inevitablemente, garantizar la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y, por lo tanto, comparte esta finalidad con otros instrumentos jurídicos interpretados por la jurisprudencia citada en los puntos 31 a 39 de las presentes conclusiones.
40      Véase la publicación de la propuesta legislativa de la Comisión [COM(2005) 0649]. A este respecto, cabe señalar que, durante el proceso de adopción del Reglamento n.º 4/2009, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo propuso suprimir el artículo 9, alegando que reproducía casi palabra por palabra el antiguo artículo 30 del Reglamento n.º 44/2001 y, por lo tanto, era innecesario. Sin embargo, esta sugerencia, recogida en la resolución legislativa del Parlamento Europeo de 13 de diciembre de 2007, no se incluyó en la versión definitiva de dicho Reglamento. Así pues, se observa una correlación muy estrecha entre ambos instrumentos jurídicos, lo cual justifica que las enseñanzas que han de extraerse de la interpretación del primero sean, en principio, extrapolables a la interpretación del segundo.
41      Artículo 114, apartado 1, de la ZPO.
42      Artículo 117, apartado 1, de la ZPO.
43      Artículo 118, apartado 1, de la ZPO.
44      El Gobierno alemán subrayó durante la vista que, en caso de concederse la asistencia jurídica gratuita, el procedimiento «sobre el fondo» se limitaría a los elementos invocados adjuntos a la solicitud de asistencia jurídica gratuita. A este respecto, entiendo que, sin duda, la asistencia jurídica concedida con vistas al ejercicio de una acción en materia de obligaciones de alimentos no podría utilizarse para una acción relativa, por ejemplo, a la protección del medio ambiente. Sin embargo, ¿se impondría también esta limitación en caso de que se completaran las pretensiones, se modificara la identidad de los deudores o se cambiaran otros datos que difirieran en el escrito de interposición de la demanda con respecto al borrador en el que se expone la solicitud de modificación de la prestación de alimentos, adjunta a la solicitud de asistencia jurídica gratuita, si el acreedor de alimentos considerara que tiene más perspectivas de éxito debido a estos cambios al entablar la acción judicial sobre el «fondo»? Dudo que sea así. Pues bien, si la solicitud de asistencia jurídica gratuita, a la que se adjunta únicamente en forma de borrador la solicitud de modificación de la prestación de alimentos que se presentará formalmente en caso de que se conceda dicha asistencia, se calificara como un documento equivalente al escrito de interposición de la demanda, ¿cómo convendría tratar entonces estos cambios? ¿Se considerarían modificaciones de dicho escrito? En caso afirmativo, ¿qué destino se les daría en el procedimiento «sobre el fondo»? Estos son solo algunos ejemplos de las dificultades prácticas que entrañaría calificar la solicitud de asistencia jurídica gratuita de «documento equivalente» al escrito de interposición de la demanda.
45      En general, no se descarta la posibilidad de preguntarse si realmente se puede hablar de una parte contraria en un procedimiento de este tipo relativo a la solicitud de asistencia jurídica, ya que no se formula ninguna pretensión contra dicha parte. No obstante, incluso si se considera a esta como parte contraria in futurum en el marco de un procedimiento relativo a la concesión de una solicitud de asistencia jurídica gratuita, tal cualidad no le confiere, en mi opinión, ningún derecho procesal que la acerque a un verdadero demandado en el sentido de un procedimiento contradictorio «sobre el fondo».
46      En efecto, puede, por ejemplo, decidir proceder mediante un arreglo amistoso o simplemente renunciar al ejercicio de toda acción.
47      A este respecto, cabe señalar que el Reglamento n.º 4/2009 establece criterios de competencia alternativos, como demuestra el empleo de la conjunción «o» después de la exposición de cada uno de ellos en el artículo 3 de dicho Reglamento [sentencia de 17 de septiembre de 2020, Landkreis Harburg (Subrogación de un organismo público en la posición del acreedor de alimentos) (C‑540/19, EU:C:2020:732), apartado 29], y no jerarquizados [sentencia de 5 de septiembre de 2019, R (Competencia en materia de responsabilidad parental y obligación de alimentos) (C‑468/18, EU:C:2019:666), apartado 45]. De este modo, ofrecen al acreedor de alimentos, cuando actúa en calidad de demandante, la posibilidad de presentar su demanda relativa a una obligación de alimentos sobre la base de diversos motivos de atribución de competencia, enumerados, en particular, en el artículo 3, letras a) y b), de dicho Reglamento, es decir, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde el demandado tenga su residencia habitual o ante el de su propia residencia habitual. Por otra parte, la importancia de esta elección con el fin de proteger al acreedor de alimentos es un eco del Protocolo de La Haya de 2007, con el que el Reglamento n.º 4/2009, según el Tribunal de Justicia, tiene estrechas relaciones (sentencia de 7 de junio de 2018, KP, C‑83/17, EU:C:2018:408, apartado 49). De ese modo, el Tribunal de Justicia ha declarado que dicho Protocolo permite al acreedor de alimentos, de hecho, determinar la ley aplicable a su demanda, al prever que sea la ley del foro, en vez de la ley del Estado de su residencia habitual, la que cabe aplicar prioritariamente cuando interpone su demanda ante la autoridad competente de la residencia habitual del deudor (véase, en este sentido, sentencia de 20 de septiembre de 2018, Mölk, C‑214/17, EU:C:2018:744, apartados 31 y 32).
48      A la luz de los debates que se entablaron en la vista, parece que no puede excluirse que esta peculiaridad sea estrictamente propia del Derecho alemán. No obstante, por cuanto conozco, se trata de un caso totalmente excepcional en el conjunto de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En cualquier caso, en mi opinión, ello no obsta para que corresponda a los Estados miembros garantizar la eficacia de los objetivos perseguidos por los reglamentos de la Unión en el marco de su Derecho nacional.
49      Así pues, también estaría garantizada una aplicación del Reglamento n.º 4/2009 conforme con el artículo 24, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el cual, en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2015, A, C‑184/14, EU:C:2015:479, apartado 46).
50      Véase, por analogía, el procedimiento obligatorio de conciliación en la sentencia Schlömp.
51      Apartado 34 de la sentencia HanseYachts.
52      Apartado 24 de la sentencia HanseYachts.