Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 12 de febrero de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Cruce de las fronteras exteriores de los Estados miembros — Reglamento (UE) 2018/1806 — Normativa nacional que obliga a un nacional de varios terceros países que se acogió a un régimen de exención de visado a presentar un documento complementario para obtener un permiso de residencia temporal — Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea, por otra — Efecto directo »
En el asunto C‑634/24 [Lenaimon], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), mediante resolución de 25 de septiembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de septiembre de 2024, en el procedimiento entre
M. P.
y
Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei y los Sres. S. Rodin, N. Piçarra, y N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre del Gobierno lituano, por el Sr. K. Dieninis y la Sra. V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. F. Blanc, el Sr. C. Hermes y la Sra. J. Jokubauskaitė, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 30.6 del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Bruselas el 30 de octubre de 2016 [(DO 2017, L 11, p. 23), también conocido por su acrónimo «CETA» (Comprehensive Economic and Trade Agreement); en lo sucesivo, «CETA»], y del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO 2018, L 303, p. 39).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre M. P. y el Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Departamento de Migración del Ministerio del Interior de la República de Lituania; en lo sucesivo, «Departamento de Migración») en relación con la legalidad de la resolución adoptada por este por la que se deniega a aquel un permiso de residencia temporal en territorio lituano (en lo sucesivo, «resolución controvertida en el litigio principal»).
Marco jurídico
Derecho internacional
3        El artículo 1.2 del CETA estipula:
«A los efectos del presente Acuerdo y salvo que se especifique lo contrario, se entenderá por:
ciudadano:
a)      en el caso de Canadá, toda persona física que sea ciudadana de Canadá en virtud de la legislación canadiense;
[…]».
4        El capítulo diez de dicho Acuerdo se titula «Entrada y estancia temporal de personas físicas con fines empresariales» y contiene los artículos 10.1 a 10.10 del Acuerdo.
5        El artículo 10.1 del citado Acuerdo establece:
«A efectos del presente capítulo, se entenderá por:
[…]
personal clave: personas en visita de negocios con fines de inversión, inversores, o personas trasladadas dentro de la misma empresa:
[…]
b)      inversores: personas físicas que crean, desarrollan o gestionan la explotación de una inversión con una función de vigilancia o ejecutiva, y en la que dichas personas o la empresa que da empleo a dichas personas han comprometido o están en proceso de comprometer una cantidad de capital considerable; y
[…]
personas físicas con fines empresariales: personal clave, prestadores de servicios contractuales, profesionales independientes o personas en visita de negocios de breve duración que sean ciudadanas de una Parte.»
6        El artículo 10.2 de ese mismo Acuerdo estipula:
«1.      El presente capítulo refleja la relación comercial preferencial entre las Partes, así como el objetivo común de facilitar el comercio de servicios y la inversión al permitir la entrada y la estancia temporal de personas físicas con fines empresariales y al garantizar la transparencia del proceso.
2.      El presente capítulo es aplicable a las medidas adoptadas o mantenidas por una Parte respecto a la entrada y la estancia temporal en su territorio de personal clave, prestadores de servicios contractuales, profesionales independientes y personas en visita de negocios de breve duración. El presente capítulo no se aplicará a las medidas que afecten a personas físicas que traten de acceder al mercado de trabajo de una Parte ni a las medidas en materia de ciudadanía, residencia o empleo con carácter permanente.
3.      Ninguna disposición del presente capítulo impedirá a una Parte aplicar medidas para regular la entrada de personas físicas o su estancia temporal en su territorio, incluidas las medidas necesarias para proteger la integridad y garantizar un desplazamiento ordenado de las personas físicas a través de sus fronteras, a condición de que tales medidas no se apliquen de manera que anule o menoscabe los beneficios que correspondan a alguna de las Partes de conformidad con el presente capítulo. No se considera que el mero hecho de exigir un visado a las personas físicas de un país determinado y no a las de otros anula o menoscaba las ventajas resultantes del presente capítulo.
4.      En la medida en que no se asumen compromisos en el presente capítulo, seguirán aplicándose todos los demás requisitos legales de las Partes relativos a la entrada y la estancia, incluidos los relativos a la duración de la estancia.
[…]»
7        A tenor del artículo 10.3, apartado 1, del CETA:
«De conformidad con el presente capítulo, cada Parte permitirá la entrada temporal de personas físicas con fines empresariales de la otra Parte que cumplan de otro modo las medidas de la Parte en materia de inmigración que sean aplicables a la entrada temporal.»
8        El artículo 10.6, apartado 1, de dicho Acuerdo estipula:
«El presente Acuerdo no obliga a ninguna Parte respecto a sus medidas en materia de inmigración, excepto la señaladas específicamente en el presente capítulo y en el capítulo Veintisiete (Transparencia).»
9        El artículo 10.7 del citado Acuerdo establece:
«1.      Cada Parte permitirá la entrada y la estancia temporales de personal clave de la otra Parte, sujeta a las reservas y excepciones enumeradas en el anexo 10‑B.
2.      Las Partes no adoptarán ni mantendrán limitaciones numéricas sobre el total de personal clave de la otra Parte cuya entrada temporal se permite, ni en forma de restricción cuantitativa ni mediante una prueba de necesidades económicas.
[…]
4.      Cada Parte permitirá el empleo temporal en su territorio de personas trasladadas dentro de la misma empresa y de inversores de la otra Parte.
5.      La duración admisible de la estancia del personal clave será la siguiente:
[…]
c)      inversores: un año, con posibilidad de prórroga en función de la apreciación de la Parte que concede la entrada y la estancia temporales;
[…]».
10      El artículo 28.3, apartado 2, de ese mismo Acuerdo estipula:
«A efectos de los capítulos […] diez (Entrada y presencia temporal de personas físicas con fines empresariales), […] a condición de que dichas medidas no se apliquen de forma que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre las Partes cuando prevalezcan condiciones similares o una restricción encubierta del comercio de servicios, ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará de modo que impida que cualquiera de las Partes adopten o hagan cumplir las medidas necesarias:
a)      para proteger la seguridad pública y la moral pública o para mantener el orden público;
b)      para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales; o
c)      para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos que no sean incompatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, incluso los relativos a:
[…]
iii)      la seguridad.»
11      El artículo 28.6 del CETA dispone:
«Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de:
[…]
b)      impedir a cualquiera de las Partes que adopte las medidas que estime necesarias para la protección de sus intereses esenciales de seguridad:
[…]
ii)      adoptadas en tiempo de guerra u otras emergencias en las relaciones internacionales; o
[…]
c)      impedir a cualquier Parte que adopte medidas a fin de cumplir sus obligaciones internacionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.»
12      A tenor del artículo 30.6 de dicho Acuerdo:
«1.      Ninguna disposición del presente Acuerdo se interpretará en el sentido de que conceda derechos o imponga obligaciones a personas, distintos de los creados entre las Partes en virtud del Derecho internacional público, ni en el sentido de que el presente Acuerdo pueda invocarse directamente en los ordenamientos jurídicos internos de las Partes.
2.      Ninguna de las Partes podrá prever un derecho de recurso con arreglo a su Derecho interno contra la otra Parte aduciendo que una medida de la otra Parte es incompatible con el presente Acuerdo.»
Derecho de la Unión
Decisión (UE) 2017/38
13      Según los considerandos 4 y 6 de la Decisión (UE) 2017/38 del Consejo, de 28 de octubre de 2016, relativa a la aplicación provisional del Acuerdo Económico y Comercial Global [(CETA)] entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra (DO 2017, L 11, p. 1080):
«(4)      Las partes del Acuerdo de la competencia de la Unión [Europea] pueden aplicarse de forma provisional, a la espera de la finalización de los procedimientos necesarios para su celebración.
[…]
(6)      De conformidad con el artículo 30.6, apartado 1, del Acuerdo, este no concede derechos u obligaciones que puedan invocarse directamente ante los órganos jurisdiccionales de la Unión o de los Estados miembros.»
14      El artículo 1 de dicha Decisión dispone:
«1.      El [CETA] se aplicará de forma provisional por la Unión, como dispone su artículo 30.7, apartado 3, a la espera de que concluyan los procedimientos necesarios para su celebración, y a reserva de los elementos siguientes
[…]».
Código de fronteras Schengen
15      A tenor del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) (DO 2016, L 77, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2018/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de septiembre de 2018 (DO 2016, L 236, p. 1) (en lo sucesivo, «código de fronteras Schengen»):
«Para estancias previstas en el territorio de los Estados miembros de una duración que no exceda de 90 días dentro de cualquier período de 180 días, lo que implica tener en cuenta el período de 180 días que precede a cada día de estancia, las condiciones de entrada para los nacionales de terceros países serán las siguientes:
[…]
b)      estar en posesión de un visado válido, cuando así lo exija el Reglamento [2018/1806], salvo que sean titulares de un permiso de residencia válido o de un visado de larga duración válido;
[…]».
Código de visados
16      El artículo 1, apartados 1 y 3, del Reglamento (CE) n.º 810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre visados (código de visados) (DO 2009, L 243, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2019/1155 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 (DO 2019, L 188, p. 25) (en lo sucesivo, «código de visados»), establece:
«1.      El presente Reglamento establece los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados para las estancias previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a noventa días en cualquier período de 180 días.
[…]
3.      El presente Reglamento determina asimismo los terceros países a cuyos nacionales se exige estar en posesión de un visado de tránsito aeroportuario, como excepción al principio de libre tránsito consagrado en el anexo 9 del Convenio [de Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 15, n.º 102) y que entró en vigor el 4 de abril de 1947], y establece los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados para transitar por las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos de los Estados miembros.»
17      El artículo 2 del código de visados dispone:
«A efectos del presente Reglamento se aplicarán las siguientes definiciones:
[…]
2)      “visado”: la autorización expedida por un Estado miembro a efectos de:
a)      una estancia prevista en el territorio de los Estados miembros que no sea superior a 90 días en cualquier período de 180 días; o
b)      tránsito por las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos de los Estados miembros;
[…]».
Reglamento 2018/1806
18      El artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2018/1806 dispone:
«Los nacionales de los terceros países enumerados en la lista del anexo I deberán estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros [(en lo sucesivo, “visado Schengen”)].»
19      El artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento establece:
«Los nacionales de los terceros países enumerados en la lista del anexo II estarán exentos de la obligación prevista en el artículo 3, apartado 1, para estancias no superiores a 90 días por período de 180 días.»
20      El artículo 6 del citado Reglamento dispone:
«1.      Los Estados miembros podrán establecer excepciones a la obligación de visado establecida en el artículo 3, o a la exención de visado establecida en el artículo 4 por lo que se refiere a:
a)      los titulares de pasaportes diplomáticos, pasaportes de servicio u oficiales, o pasaportes especiales;
b)      la tripulación civil de aviones y buques en el ejercicio de sus funciones;
c)      la tripulación civil de buques cuando desembarque y esté provista de un documento de identidad de la gente de mar expedido con arreglo [al Convenio (n.º 108) relativo a los Documentos Nacionales de Identidad de la Gente de Mar, adoptado el 13 de mayo de 1958 en la cuadragésima primera reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que entró en vigor el 19 de febrero de 1961,] y [con el Convenio (n.º 185) sobre los Documentos de Identidad de la Gente de Mar (revisado), adoptado el 19 de junio de 2003 en la nonagésima primera reunión de la Conferencia General de la OIT y que entró en vigor el 9 de febrero de 2005], o al Convenio [para facilitar el tráfico marítimo internacional, hecho en Londres el 9 de abril de 1965 y que entró en vigor el 5 de marzo de 1967 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 591, n.º 265)];
d)      la tripulación y miembros de las misiones de emergencia o rescate en caso de catástrofe o accidente;
e)      la tripulación civil de buques que operen en las vías fluviales internacionales;
f)      los titulares de documentos de viaje expedidos por organizaciones internacionales intergubernamentales a las que pertenezca al menos un Estado miembro o por otras entidades sujetas al Derecho internacional reconocidas por parte del Estado miembro afectado, así como los funcionarios de dichas organizaciones o entidades.
[…]
3.      Los Estados miembros podrán establecer excepciones a la exención de visado establecida en el artículo 4 para las personas que ejerzan una actividad remunerada durante su estancia.»
21      El anexo I de ese mismo Reglamento determina la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros. La Federación de Rusia figura entre esos terceros países.
22      En el anexo II del Reglamento 2018/1806 determina la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros para estancias inferiores a 90 días por período de 180 días. Canadá y el Estado de Israel figuran entre esos terceros países.
Derecho lituano
Ley de Extranjería
23      El artículo 40, apartado 1, punto 16, de la Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties Nr. IX‑2206 (Ley n.º IX‑2206 de la República de Lituania, sobre el Estatuto Jurídico de los Extranjeros), de 29 de abril de 2004 (Žin., 2004, n.º 73‑2539), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Extranjería»), dispone que podrá expedirse o renovarse un permiso de residencia temporal cuando el interesado sea nacional de Australia, Japón, el Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda o Corea del Sur y tenga la intención de trabajar o ejercer otra actividad lícita en Lituania.
Ley de Medidas Restrictivas
24      En virtud del artículo 1 de la Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymas Nr. XIV‑1888 (Ley XIV‑1888 de la República de Lituania, por la que se establecen medidas restrictivas a raíz de la agresión militar contra Ucrania), de 20 de abril de 2023 (TAR, 2023, n.º 2023‑7804) (en lo sucesivo, «Ley de Medidas Restrictivas»), esta Ley tiene por objeto proteger los intereses en materia de seguridad nacional y de política exterior de la República de Lituania y alcanzar los objetivos definidos en el artículo 1, apartado 1, de la Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas Nr. IX‑2160 (Ley n.º IX‑2160 de la República de Lituania, sobre Sanciones Internacionales), de 22 de abril de 2004 (Žin., 2004, n.º 68‑2369), mediante el establecimiento de medidas restrictivas aplicadas en Lituania a raíz de la agresión militar cometida por Estados extranjeros contra Ucrania.
25      A tenor del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Ley de Medidas Restrictivas, por una parte, se suspende la aceptación de solicitudes de visado de los nacionales de la Federación de Rusia y de la República de Bielorrusia por parte de las oficinas de visados de la República de Lituania en el extranjero, salvo en los casos en que el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Lituania actúe como intermediario para la presentación de la solicitud de que se trate y, por otra parte, se suspende la aceptación de las solicitudes de visado nacional de los nacionales de la Federación de Rusia y de la República de Bielorrusia a través de proveedores externos de servicios situados en el extranjero.
26      El artículo 3, apartado 3, de la citada Ley dispone que se suspende la aceptación de solicitudes de permiso de residencia temporal en Lituania presentadas por ciudadanos de la Federación de Rusia a través de proveedores externos de servicios situados en el extranjero, salvo para ciudadanos de la Federación de Rusia con los que una autoridad facultada por el Gobierno lituano actúe como intermediaria, en casos definidos por el Gobierno lituano. La aceptación de dichas solicitudes se suspende asimismo en Lituania, salvo para solicitudes de nacionales de la Federación de Rusia que sean titulares de un visado Schengen o nacional, válido y expedido en el extranjero o en Lituania por la oficina de visados de la República de Lituania, o de un permiso de residencia válido expedido por la República de Lituania u otro Estado miembro de la Unión.
27      El artículo 4, apartado 1, de la citada Ley precisa que, salvo por la contemplada en su artículo 3, apartado 2, las medidas restrictivas previstas en su artículo 3 se aplicarán durante un año contado desde la fecha de entrada en vigor de esa Ley.
28      A tenor del artículo 5 de la Ley de Medidas Restrictivas, esta entró en vigor el 3 de mayo de 2023 y mantuvo su vigencia hasta el 2 de mayo de 2024.
Ley de 25 de abril de 2024
29      El artículo 2 de la Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV‑1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV‑2581 (Ley n.º XIV‑2581, por la que se modifican los artículos 3, 4 y 5 de la Ley n.º XIV‑1888 de la República de Lituania, por la que se establecen medidas restrictivas a raíz de la agresión militar contra Ucrania), de 25 de abril de 2024 (TAR, 2024, n.º 2024‑8222k) (en lo sucesivo, «Ley de 25 de abril de 2024»), modificó, en particular, el artículo 4, apartado 1, de la Ley de Medidas Restrictivas, de modo que las medidas restrictivas previstas en dicho artículo 3, salvo por la contemplada en su apartado 8, fueran aplicables del 3 de mayo de 2024 al 2 de mayo de 2025.
30      El artículo 3 de la Ley de 25 de abril de 2024 modificó el artículo 5 de la Ley de Medidas Restrictivas, previendo que esta mantendría su vigencia hasta el 2 de mayo de 2025.
31      El artículo 4, apartado 1, de la Ley de 25 de abril de 2024 precisa que dicha Ley entró en vigor el 3 de mayo de 2024, salvo por sus artículos 1, apartado 5, y 4, apartado 3.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
32      M. P., a la vez nacional canadiense, ruso e israelí, entró en Lituania al amparo de un pasaporte canadiense. Por consiguiente, las autoridades lituanas competentes no le exigieron que dispusiera de visado para entrar en el territorio de dicho Estado miembro.
33      El 13 de octubre de 2023, M. P. presentó una solicitud para obtener urgentemente un permiso de residencia temporal en Lituania, invocando el artículo 40, apartado 1, punto 16, de la Ley de Extranjería. Alegó que era nacional canadiense, que poseía participaciones en una empresa que ejercía su actividad en Lituania y que se había desplazado a dicho país con el fin de trabajar en él. Entre otros documentos, el demandante en el litigio principal había adjuntado copias de sus pasaportes canadiense, ruso e israelí.
34      El 19 de octubre de 2023, la sección de Klaipėda (Lituania) del Departamento de Migración aceptó tramitar su solicitud.
35      El 20 de octubre de 2023, el Departamento de Migración solicitó a M. P. que precisara en virtud de qué nacionalidad interesaba un permiso de residencia temporal en Lituania. M. P. indicó, una vez más, que interesaba dicho permiso en su condición de nacional canadiense.
36      Mediante la resolución controvertida en el litigio principal, notificada a M. P. el 30 de noviembre de 2023, el Departamento de Migración revocó la resolución de la sección de Klaipėda por la que se aceptaba tramitar la solicitud de permiso de residencia de M. P., debido a que no era únicamente nacional canadiense, sino también nacional ruso, y a que no había adjuntado a su solicitud ninguno de los documentos contemplados en el artículo 3, apartado 3, de la Ley de Medidas Restrictivas, a saber, un visado Schengen o nacional válido expedido por la oficina de visados de la República de Lituania o un permiso valido de residencia para el territorio de un Estado miembro.
37      M. P. recurrió ante el Regionų administracinio teismo Vilniaus rūmai (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo, Sala de Vilna, Lituania), solicitando, en particular, la anulación de la resolución controvertida en el litigio principal. A raíz de la desestimación de su recurso, mediante sentencia de 2 de abril de 2024, M. P. apeló ante el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo de Lituania), que es el órgano jurisdiccional remitente.
38      M. P. alega que, pese a que le habían reconocido la condición de nacional canadiense, le habían aplicado el régimen de exención de visado para su entrada en el territorio lituano y habían aceptado tramitar su solicitud de permiso de residencia temporal en Lituania en dicha condición, a continuación, las autoridades lituanas decidieron tener en cuenta su nacionalidad rusa para aplicarle las disposiciones de la Ley de Medidas Restrictivas. Pues bien, a su entender, ninguna norma prohíbe a una persona nacional de varios terceros países elegir de entre sus nacionalidades aquella que decide invocar para presentar una solicitud de permiso de residencia a las autoridades lituanas.
39      Según M. P., con ello se hace abstracción de su nacionalidad canadiense, mientras que, en virtud de los artículos 10.1 y 10.6 a 10.9 del CETA, las Partes en dicho Acuerdo deben permitir a determinados nacionales de dichas Partes, como los empresarios, los inversores, los directivos de empresas o determinados especialistas, entrar y residir en el país de que se trate, sin autorización adicional, así como trabajar en empresas establecidas en él o ejercer en él una actividad económica. M. P. estima que el CETA confiere a los nacionales canadienses que cumplan esas condiciones el derecho a obtener un permiso de residencia temporal en Lituania y que esa norma se aplica en el ámbito nacional mediante el artículo 40, apartado 1, punto 16, de la Ley de Extranjería. Afirma que, en caso de conflicto entre el CETA y el artículo 3, apartado 3, de la Ley de Medidas Restrictivas, debe prevalecer dicho Acuerdo.
40      El Departamento de Migración sostiene, por su parte, que la Ley de Medidas Restrictivas no excluye de su ámbito de aplicación a los nacionales rusos que tengan, además, la nacionalidad de otro país. Afirma que no le incumbe decidir cuál es la nacionalidad de la persona que haya presentado una solicitud de permiso de residencia temporal en Lituania, sino que debe limitarse a examinar los documentos adjuntos a dicha solicitud.
41      El órgano jurisdiccional remitente señala, en primer lugar, que, conforme al artículo 30.6 del CETA, ninguna disposición del citado Acuerdo podrá interpretarse en el sentido de que conceda derechos o imponga obligaciones a personas, distintos de los creados entre las Partes en virtud del Derecho internacional público, ni en el sentido de que el referido Acuerdo pueda invocarse directamente en los ordenamientos jurídicos internos de las Partes, lo que, a su juicio, confirmó el Tribunal de Justicia en el dictamen 1/17 (Acuerdo CETA UE‑Canadá), de 30 de abril de 2019 (EU:C:2019:341).
42      Para el órgano jurisdiccional remitente, ello no obstante, dado que el asunto que dio lugar a dicho dictamen presenta diferencias con el litigio principal, es preciso determinar si el artículo 30.6 del CETA debe interpretarse en el sentido de que se opone a que M. P. invoque las disposiciones de dicho Acuerdo ante el órgano jurisdiccional remitente.
43      En segundo lugar, el citado órgano jurisdiccional señala que, en virtud del artículo 3, apartado 1, y del anexo I del Reglamento 2018/1806, los nacionales rusos que deseen entrar en territorio lituano deben estar en posesión de un visado, mientras que, en virtud del artículo 4, apartado 1, y del anexo II de dicho Reglamento, los nacionales canadienses están exentos de tal obligación para estancias no superiores a 90 días por período de 180 días.
44      En el caso de autos, mientras que las autoridades lituanas aplicaron a la entrada de M. P. en su territorio, en su condición de nacional canadiense, un régimen de exención de visado, a continuación, le impusieron, en su solicitud de permiso de residencia temporal en Lituania, la obligación de presentar bien un visado Schengen o nacional, bien un permiso de residencia válido expedido por la República de Lituania u otro Estado miembro. Por otra parte, de conformidad con el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Ley de Medidas Restrictivas, como nacional ruso, M. P. no podría obtener un visado nacional.
45      Además, según el órgano jurisdiccional remitente, M. P. no está comprendido en ninguna de las situaciones que pueden ser objeto de excepciones a la exención de visado y que menciona el artículo 6, apartado 1, letras a) a f), del Reglamento 2018/1806. Por otra parte, si bien el artículo 6, apartado 3, de dicho Reglamento permite también a los Estados miembros establecer tales excepciones para las personas que ejerzan una actividad remunerada durante su estancia, el fin con el que M. P. entró en territorio lituano carece de pertinencia a efectos de la aplicación de la Ley de Medidas Restrictivas. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente estima que dicho artículo 6, apartado 3, tampoco es aplicable al caso de autos.
46      En estas circunstancias, el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 30.6 del [CETA] en el sentido de que se opone a que una persona de nacionalidad canadiense, israelí y rusa pueda invocar las disposiciones de dicho Acuerdo en un recurso presentado ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con un permiso de residencia temporal en la República de Lituania en circunstancias como las del [litigio principal]?
2)      ¿Procede interpretar el artículo 4, apartado 1, del Reglamento [2018/1806], en relación con su anexo II, en el sentido de que es compatible con una normativa nacional válida durante un período limitado en virtud de la cual un ciudadano ruso que desea solicitar un permiso de residencia temporal en la República de Lituania está sujeto a la obligación de presentar un visado o un permiso de residencia válidos, a pesar de haberse acogido, para entrar en la República de Lituania, a un régimen de exención de visado como ciudadano de un [país] incluido en el anexo II del citado Reglamento, a la vez que se plantea la cuestión de la compatibilidad de dichas disposiciones del [citado Reglamento] con el CETA en circunstancias como las del [litigio principal]?»
47      Mediante escrito de 8 de julio de 2025, la Secretaría del Tribunal de Justicia trasladó al órgano jurisdiccional remitente una solicitud de aclaraciones. En respuesta a esta solicitud, el órgano jurisdiccional remitente indicó, en primer término, que, a su juicio, podía considerarse «inversor» a M. P., en el sentido del artículo 10.1 del CETA; en segundo término, que el artículo 3, apartado 3, de la Ley de Medidas Restrictivas no tenía por efecto suspender la admisión de las solicitudes de permiso de residencia temporal presentadas por nacionales rusos si disponían de un permiso de residencia en el territorio lituano o en el territorio de otro Estado miembro, y, en tercer término, que, en virtud de la Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV‑1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XV‑170 (Ley n.º XV‑170, por la que se modifican los artículos 3, 4 y 5 de la Ley n.º XIV‑1888 de la República de Lituania, por la que se establecen medidas restrictivas a raíz de la agresión militar contra Ucrania), de 17 de abril de 2025 (TAR, 2025, n.º 2025‑7432), las medidas previstas en dicho artículo 3, apartado 3, serían aplicables hasta el 2 de mayo de 2026.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
48      De la exposición dedicada por el órgano jurisdiccional remitente a su primera cuestión prejudicial en la petición de decisión prejudicial y de su respuesta a la solicitud de aclaraciones que le dirigió el Tribunal de Justicia se desprende que dicho órgano jurisdiccional se pregunta si las disposiciones del capítulo diez del CETA pueden ser invocadas ante él por un particular que tenga la condición de inversor canadiense, en el sentido del artículo 10.1 de dicho Acuerdo.
49      De ello se deduce que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente está preguntando, en esencia, si el artículo 30.6 del CETA debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones de dicho capítulo diez tienen efecto directo.
50      En primer lugar, es preciso subrayar que, como ha señalado la Comisión Europea, el citado capítulo diez es competencia de la Unión y se aplica de forma provisional desde el 21 de septiembre de 2017, de conformidad con el artículo 1 de la Decisión 2017/38. Por lo tanto, la cuestión de si las disposiciones que figuran en ese mismo capítulo diez tienen efecto directo no debe ser resuelta exclusivamente por los órganos jurisdiccionales nacionales sobre la base de su Derecho nacional (sentencias de 14 de diciembre de 2000, Dior y otros, C‑300/98 y C‑392/98, EU:C:2000:688, apartado 48, de 11 de septiembre de 2007, Merck Genéricos — Produtos Farmacêuticos, C‑431/05, EU:C:2007:496, apartados 34 y 47, y de 8 de marzo de 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C‑240/09, EU:C:2011:125, apartados 32 y 33).
51      En segundo lugar, de reiterada jurisprudencia se desprende que, solo si el acuerdo internacional de que se trate no ha regulado la cuestión de su efecto directo, corresponderá al Tribunal de Justicia dirimirla, basándose en particular en el espíritu, el sistema o la letra de dicho acuerdo (sentencia de 13 de enero de 2015, Consejo y otros/Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, C‑401/12 P a C‑403/12 P, EU:C:2015:4, apartado 53 y jurisprudencia citada).
52      Pues bien, como señalan el Gobierno lituano y la Comisión, el artículo 30.6 del CETA excluye, inequívocamente, que las disposiciones de dicho Acuerdo puedan ser invocadas directamente por un particular ante un órgano jurisdiccional nacional. De ello se deduce que debe considerarse que las disposiciones del capítulo diez del citado Acuerdo carecen de efecto directo [véase, en este sentido, el dictamen 1/17 (Acuerdo CETA UE-Canadá), de 30 de abril de 2019, EU:C:2019:341, apartados 181 y 198].
53      En tercer lugar, es preciso añadir, no obstante, para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, que, cuando el litigio principal está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Derecho nacional aplicable debe interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con un acuerdo internacional que forme parte del Derecho de la Unión, aun cuando dicho acuerdo carezca de efecto directo [véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C‑212/04, EU:C:2006:443, apartado 113; de 8 de noviembre de 2022, Deutsche Umwelthilfe (Homologación de tipo de vehículos de motor), C‑873/19, EU:C:2022:857, apartado 66, y de 11 de enero de 2024, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD, C‑252/22, EU:C:2024:13, apartados 76 y 82 y jurisprudencia citada].
54      No obstante, tal obligación de interpretación conforme tiene determinados límites. Así, la obligación del juez nacional de utilizar como referencia el contenido de un acuerdo internacional cuando interpreta y aplica las normas pertinentes del Derecho interno está limitada por los principios generales del Derecho y no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho interno [véanse, por analogía, las sentencias de 20 de febrero de 2024, X (Omisión de causas de resolución), C‑715/20, EU:C:2024:139, apartado 70, y de 27 de febrero de 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2024:172, apartado 74].
55      De ello se deduce que, a pesar de la falta de efecto directo de las disposiciones que figuran en el capítulo diez del CETA, si una disposición de Derecho lituano que es pertinente para la resolución del litigio principal resultara incompatible con dichas disposiciones, correspondería al órgano jurisdiccional remitente examinar si es posible, respetando los límites recordados en el apartado anterior de la presente sentencia, interpretar su Derecho nacional de conformidad con dichas disposiciones, tomando en consideración la totalidad de ese Derecho nacional y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este (sentencia de 15 de octubre de 2024, KUBERA, C‑144/23, EU:C:2024:881, apartado 51).
56      Según resulta de todas las consideraciones anteriores, ha de responderse a la primera cuestión prejudicial que el artículo 30.6 del CETA debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones del capítulo diez de dicho Acuerdo no tienen efecto directo, lo que, no obstante, no excluye que puedan servir de base para una interpretación conforme de la normativa nacional de que se trate.
Segunda cuestión prejudicial
57      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 1, del Reglamento 2018/1806, en relación con su anexo II, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual la obtención, por un nacional ruso, de un permiso de residencia temporal en su territorio está supeditada a la presentación, por parte del citado nacional, de un visado expedido por las autoridades de ese Estado miembro o de un permiso de residencia expedido por cualquiera de los Estados miembros cuando dicho nacional entró en el territorio del primero de dichos Estados miembros, sin haber tenido que presentar un visado, debido a que también es nacional de uno de los países mencionados en el anexo II del citado Reglamento. El órgano jurisdiccional remitente se cuestiona asimismo la compatibilidad de dichas disposiciones del Reglamento 2018/1806 con el CETA.
58      En primer lugar, del artículo 6, apartado 1, del código de fronteras Schengen se desprende, en primer término, que el permiso de residencia conferido por dicho código a los nacionales de terceros países únicamente los autoriza a permanecer en el territorio del espacio Schengen un máximo de 90 días dentro de cualquier período de 180 días [sentencia de 5 de febrero de 2020, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Enrolamiento de marinos en el puerto de Róterdam), C‑341/18, EU:C:2020:76, apartado 58].
59      En segundo término, dicho artículo 6 establece, además, la obligación de algunos de esos nacionales de terceros países de estar en posesión de un visado válido para poder disfrutar de tal derecho de estancia de corta duración.
60      Según se desprende del artículo 1 del código de visados, este código tiene por objeto establecer los procedimientos y las condiciones para la expedición de visados para tránsito o estancias previstas en el territorio de los Estados miembros no superiores a 90 días en cualquier período de 180 días. El artículo 2, punto 2, letras a) y b), de dicho código define el concepto de «visado», a efectos de dicho código, como «la autorización expedida por un Estado miembro», respectivamente, a efectos de «una estancia prevista en el territorio de los Estados miembros que no sea superior a 90 días en cualquier período de 180 días» y del «tránsito por las zonas internacionales de tránsito de los aeropuertos de los Estados miembros» (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de marzo de 2017, X y X, C‑638/16 PPU, EU:C:2017:173, apartado 41).
61      Desde esa misma perspectiva, el Reglamento 2018/1806 establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a tal obligación de visado o exentos de cumplirla.
62      De ese modo, el artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento dispone que los nacionales de los terceros países que enumera la lista del anexo II del citado Reglamento no estarán obligados a obtener un visado para cruzar las fronteras exteriores de la Unión a efectos de estancias no superiores a 90 días por período de 180 días.
63      De ello se deduce que la citada disposición exime a los nacionales de determinados países terceros, entre ellos Canadá, pero no la Federación de Rusia, de la necesidad de obtener un visado para una estancia de corta duración en el territorio del espacio Schengen.
64      Pues bien, a la vista de los elementos aportados por el órgano jurisdiccional remitente, lo controvertido en el litigio principal no es tal estancia de corta duración. En efecto, por una parte, de la resolución de remisión se desprende que M. P. interesa un derecho de residencia temporal para trabajar en Lituania durante un período manifiestamente más largo que el de la estancia concedida en virtud del código de fronteras Schengen. Por otra parte, de dicha resolución no se desprende en modo alguno que el litigio principal se refiera a la regularidad de la entrada de M. P. en el territorio lituano o a una resolución de las autoridades lituanas que pusiera fin anticipadamente a su derecho de corta duración en dicho territorio, tal como lo garantiza el código de fronteras Schengen.
65      Dado que el Reglamento 2018/1806 no se refiere a la concesión de un derecho de residencia temporal como el controvertido en el litigio principal (véase, por analogía, la sentencia de 16 de enero de 2018, E, C‑240/17, EU:C:2018:8, apartado 41), dicho Reglamento no puede oponerse a una normativa como la descrita en la segunda cuestión prejudicial.
66      De ello resulta, en segundo lugar, que no es necesario examinar, por lo demás, la conformidad del artículo 4, apartado 1, del Reglamento 2018/1806 y de su anexo II con el CETA.
67      Según resulta de todas las consideraciones anteriores, ha de responderse a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 1, del Reglamento 2018/1806, en relación con su anexo II, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual la obtención, por un nacional ruso, de un permiso de residencia temporal en su territorio está supeditada a la presentación, por parte del citado nacional, de un visado expedido por las autoridades de ese Estado miembro o de un permiso de residencia expedido por cualquiera de los Estados miembros cuando dicho nacional entró en el territorio del primero de dichos Estados miembros, sin haber tenido que presentar un visado, debido a que también es nacional de uno de los países mencionados en el anexo II del citado Reglamento.
Costas
68      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
1)      El artículo 30.6 del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Bruselas el 30 de octubre de 2016,
debe interpretarse en el sentido de que
las disposiciones del capítulo diez de dicho Acuerdo no tienen efecto directo, lo que, no obstante, no excluye que puedan servir de base para una interpretación conforme de la normativa nacional de que se trate.
2)      El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, en relación con su anexo II,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual la obtención, por un nacional ruso, de un permiso de residencia temporal en su territorio está supeditada a la presentación, por parte del citado nacional, de un visado expedido por las autoridades de ese Estado miembro o de un permiso de residencia expedido por cualquiera de los Estados miembros cuando dicho nacional entró en el territorio del primero de dichos Estados miembros, sin haber tenido que presentar un visado, debido a que también es nacional de uno de los países mencionados en el anexo II del citado Reglamento.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: lituano.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.