62023TJ0503
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
de 4 de septiembre de 2024 (
*1
)
«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Siria — Inmovilización de capitales — Restricciones a la entrada en el territorio de los Estados miembros — Mantenimiento del nombre del demandante en las listas de personas, entidades y organismos afectados — Criterio del vínculo con miembros de las familias Assad o Makhlouf — Excepción de ilegalidad — Errores de apreciación — Responsabilidad extracontractual»
En el asunto T‑503/23,
Ammar Sharif, con domicilio en Beirut (Líbano), representado por el Sr. G. Karouni y la Sra. K. Assogba, abogados,
parte demandante,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por la Sra. S. Lejeune y el Sr. V. Piessevaux, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),
integrado por los Sres. J. Svenningsen, Presidente, y J. Laitenberger y J. Martín y Pérez de Nanclares (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. L. Ramette, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 16 de abril de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia (
1
)
1
Mediante su recurso, el demandante, el Sr. Ammar Sharif, solicita, por una parte, sobre la base del artículo 263 TFUE, la anulación de la Decisión (PESC) 2023/1035 del Consejo, de 25 de mayo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2023, L 139, p. 49), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1027 del Consejo, de 25 de mayo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (DO 2023, L 139, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos impugnados»), en la medida en que dichos actos lo afectan, y, por otra parte, sobre la base del artículo 268 TFUE, la indemnización del perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia de la adopción de los actos impugnados. Con carácter incidental, solicita, sobre la base del artículo 277 TFUE, que se declaren inaplicables los artículos 27, apartados 2, letra b), y 3, y 28, apartados 2, letra b), y 3, de la Decisión 2013/255/PESC del Consejo, de 31 de mayo de 2013, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (DO 2013, L 147, p. 14), en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2015/1836 del Consejo de 12 de octubre de 2015 (DO 2015, L 266, p. 75), y el artículo 15, apartado 1 bis, letra b), del Reglamento (UE) n.o 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 442/2011 (DO 2012, L 16, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/1828 del Consejo, de 12 de octubre de 2015 (DO 2015, L 266, p. 1).
I. Antecedentes del litigio
[omissis]
A. Sobre la inclusión inicial del nombre del demandante en las listas controvertidas y sobre el mantenimiento de dicha inscripción hasta el 1 de junio de 2019
11
Mediante la Decisión de Ejecución (PESC) 2016/1897 del Consejo, de 27 de octubre de 2016, por la que se aplica la Decisión 2013/255 (DO 2016, L 293, p. 36), y mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1893 del Consejo, de 27 de octubre de 2016, por el que se aplica el Reglamento n.o 36/2012 (DO 2016, L 293, p. 25) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de 2016»), se incluyó el nombre del demandante en la línea 212 de la lista que figura en el anexo I, sección A («Personas»), de la Decisión 2013/255 y en la línea 212 de la lista que figura en el anexo II, sección A («Personas»), del Reglamento n.o 36/2012 (en lo sucesivo, «listas controvertidas»), con indicación de los motivos siguientes:
«Destacado hombre de negocios que opera en Siria, en los sectores de banca, seguros y hostelería. Socio fundador de Byblos Bank Syria, principal accionista de Unlimited Hospitality Ltd y miembro directivo de Solidarity Alliance Insurance Company y Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.»
[omissis]
13
El 29 de mayo de 2017, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión (PESC) 2017/917, por la que se modifica la Decisión 2013/255 (DO 2017, L 139, p. 62), que prorrogó la aplicación de esta última Decisión hasta el 1 de junio de 2018, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/907, por el que se aplica el Reglamento n.o 36/2012 (DO 2017, L 139, p. 15) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de 2017»).
[omissis]
15
El 28 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2018/778, por la que se modifica la Decisión 2013/255 (DO 2018, L 131, p. 16), que prorrogó la aplicación de esta última Decisión hasta el 1 de junio de 2019, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/774, por el que se aplica el Reglamento n.o 36/2012 (DO 2018, L 131, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de 2018»).
[omissis]
17
Mediante la sentencia de 4 de abril de 2019, Sharif/Consejo (T‑5/17, EU:T:2013:216), el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por el demandante contra los actos de 2016, 2017 y 2018 en la medida en que estos actos lo afectaban. El Tribunal General consideró en el apartado 70 de dicha sentencia que la inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas estaba justificada por el hecho de que el Consejo hubiera presentado un conjunto de indicios concretos, precisos y concordantes que ponían de manifiesto que el demandante era un destacado hombre de negocios que operaba en Siria. El demandante no recurrió en casación dicha sentencia.
B. Sobre el mantenimiento del nombre del demandante en las listas controvertidas
18
El 17 de mayo de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2019/806, por la que se modifica la Decisión 2013/255 (DO 2019, L 132, p. 36), que prorrogó la aplicación de esta última Decisión hasta el 1 de junio de 2020, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/798, por el que se aplica el Reglamento n.o 36/2012 (DO 2019, L 132, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de 2019»). En estos actos no figura el nombre del demandante ni se modifican los motivos de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas.
[omissis]
20
El 28 de mayo de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2020/719, por la que se modifica la Decisión 2013/255 (DO 2020, L 168, p. 66), que prorrogó la aplicación de esta última Decisión hasta el 1 de junio de 2021, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/716, por el que se aplica el Reglamento n.o 36/2012 (DO 2020, L 168, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de 2020»).
21
En virtud de los actos de 2020, los motivos de inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas, tal y como resultaban de los actos de 2016, 2017, 2018 y 2019, fueron reemplazados por el motivo siguiente:
«Asociado a un miembro de la familia Makhlouf (cuñado [del Sr.] Rami Makhlouf).»
[omissis]
23
Mediante la sentencia de 28 de abril de 2021, Sharif/Consejo (T‑540/19, no publicada, EU:T:2013:220), el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por el demandante contra los actos de 2019 y 2020 en la medida en que estos actos lo afectaban. El Tribunal General consideró en el apartado 144 de dicha sentencia que los motivos de inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas, tal y como resultaban de los actos de 2019, estaban suficientemente respaldados por hechos, de modo que, a la luz del criterio del destacado hombre de negocios que opera en Siria, la inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas estaba efectivamente fundada. Por otro lado, el Tribunal General declaró en el apartado 174 de esa misma sentencia que el motivo de inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas en virtud de los actos de 2020 estaba suficientemente respaldado por hechos, de modo que, a la luz del criterio del vínculo con miembros de las familias Assad o Makhlouf, la inclusión del nombre del demandante en dichas listas estaba efectivamente fundada. El demandante no recurrió en casación la sentencia antes mencionada.
24
El 25 de mayo de 2023, el Consejo adoptó los actos impugnados. El motivo indicado para la inclusión del nombre del demandante es el mismo que el recogido en los actos de 2020. Mediante escrito de 26 de mayo de 2023, el Consejo informó al representante del demandante acerca del mantenimiento del nombre de este en las listas controvertidas.
II. Pretensiones de las partes
25
El demandante solicita al Tribunal General que:
–
Declare la ilegalidad de los artículos 27, apartados 2, letra b), y 3, y 28, apartados 2, letra b), y 3, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, y del artículo 15, apartado 1 bis, letra b), del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828, y que los declare inaplicables frente al propio demandante, en la medida en que lo afectan.
–
Anule los actos impugnados, en la medida en que lo afectan.
–
Condene al Consejo al pago de la cantidad de 10000 euros en concepto de indemnización por todos los daños y perjuicios sufridos.
–
Condene en costas al Consejo.
26
El Consejo solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas al demandante.
–
Con carácter subsidiario, en el supuesto de que se anulen los actos impugnados, ordene que se mantengan los efectos de la Decisión 2023/1035 en lo que respecta al demandante hasta que surta efecto la anulación parcial del Reglamento de Ejecución 2023/1027.
III. Fundamentos de Derecho
A. Sobre las pretensiones de anulación
[omissis]
1.
Sobre el primer motivo, basado en la excepción de ilegalidad por violación del principio de igualdad de trato
28
El demandante invoca la ilegalidad de los artículos 27, apartados 2, letra b), y 3, y 28, apartados 2, letra b), y 3, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, y del artículo 15, apartado 1 bis, letra b), del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828, en la medida en que, en esencia, dichos artículos violan el principio de igualdad de trato.
29
El Consejo rebate las alegaciones del demandante.
30
Según el artículo 277 TFUE, cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el párrafo segundo del artículo 263 TFUE.
31
El artículo 277 TFUE constituye la expresión de un principio general que garantiza a cualquiera de las partes, para obtener la anulación de una decisión de la que sea destinataria, el derecho a impugnar por vía incidental la validez de los actos de alcance general que constituyan la base jurídica de esa decisión, si la parte en cuestión no disponía del derecho a interponer, al amparo del artículo 263 TFUE, un recurso directo contra dichos actos, cuyas consecuencias sufriría de este modo sin haber tenido la posibilidad de solicitar su anulación. El acto general cuya ilegalidad se invoca debe ser aplicable, directa o indirectamente, al caso objeto del recurso y debe existir un vínculo jurídico directo entre la decisión individual impugnada y el acto general de que se trate (véase la sentencia de 17 de febrero de 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo, T‑14/14 y T‑87/14, EU:T:2017:102, apartado 55 y jurisprudencia citada).
32
Por lo que respecta a la intensidad del control jurisdiccional, según reiterada jurisprudencia, los tribunales de la Unión deben, de conformidad con las competencias de que están investidos con arreglo al Tratado FUE, garantizar un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos de la Unión desde el punto de vista de los derechos fundamentales que forman parte integrante de los principios generales del Derecho de la Unión. Esta exigencia se consagra expresamente en el artículo 275 TFUE, párrafo segundo (véanse las sentencias de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Fulmen y Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, apartado 58 y jurisprudencia citada, y de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 65 y jurisprudencia citada).
33
No obstante, como ha recordado acertadamente el Consejo, este último dispone de una amplia facultad de apreciación para definir con carácter general y abstracto los criterios jurídicos y las modalidades de adopción de las medidas restrictivas (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, apartado 41 y jurisprudencia citada). Pues bien, contrariamente a lo que sostiene el demandante, para determinar el alcance del control jurisdiccional, resulta pertinente definir la dimensión de la facultad de apreciación de que dispone el Consejo. En efecto, habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que goza el Consejo, las normas de alcance general que definen dichos criterios y modalidades de adopción de las medidas restrictivas, como las disposiciones de los actos impugnados que establecen el criterio controvertido a que se refiere el presente motivo, son objeto de un control jurisdiccional limitado que se circunscribe a la comprobación de la observancia de las normas de procedimiento y de motivación, así como a la exactitud material de los hechos y a la inexistencia de error de Derecho, de error manifiesto en la apreciación de los hechos y de desviación de poder [véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de julio de 2009, Melli Bank/Consejo, T‑246/08 y T‑332/08, EU:T:2009:266, apartados 44 y 45, y de 12 de febrero de 2020, Amisi Kumba/Consejo, T‑163/18, EU:T:2020:57, apartado 149 (no publicado)].
34
En el caso de autos, el nombre del demandante está incluido en las listas controvertidas por la asociación de este al Sr. Rami Makhlouf, que es su cuñado.
35
De lo anterior procede deducir que el nombre del demandante se mantuvo en las listas por estar este asociado a un miembro de la familia Makhlouf. Dicho de otro modo, la inclusión del nombre del demandante se basa en el criterio establecido en la última parte de la frase de los apartados 2 respectivos de los artículos 27 y 28 de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, en relación con el criterio definido en el apartado 2, letra b), de cada una de estas disposiciones, recogido, por lo que respecta a la inmovilización de capitales, en el artículo 15, apartado 1 bis, última parte de la frase, del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828, en relación con el criterio especificado en el apartado 1 bis, letra b), de este último precepto, a saber, el criterio del vínculo con miembros de las familias Assad o Makhlouf.
36
Con carácter preliminar, procede señalar que el demandante invoca la ilegalidad de los artículos 27, apartado 2, letra b), y 28, apartado 2, letra b), de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, y del artículo 15, apartado 1 bis, letra b), del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828, referidos al criterio de los miembros de las familias Assad o Makhlouf. Sin embargo, de los escritos procesales del demandante se desprende inequívocamente, sin que ello haya sido cuestionado por el Consejo, que el demandante pretendía cuestionar la legalidad del criterio de inclusión con arreglo al cual se mantuvo su nombre en las listas controvertidas, esto es, el criterio del vínculo con miembros de las familias Assad o Makhlouf. En consecuencia, procede considerar que la excepción de ilegalidad propuesta por el demandante, además de referirse a los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, abarca también la última parte de la frase de los apartados 2 respectivos de estos mismos artículos, en relación, respectivamente, con el apartado 2, letra b), de cada una de esas disposiciones de la citada Decisión, y el artículo 15, apartado 1 bis, última parte de la frase, del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828, en relación con el apartado 1 bis, letra b), de dicho artículo.
37
El demandante alega que se ha violado el principio de igualdad de trato, en la medida en que, contrariamente a las demás categorías de personas contempladas en los apartados 2 respectivos de los artículos 27 y 28 de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, y en el artículo 15, apartado 1 bis, del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828, a quienes se aplica lo dispuesto en los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de dicha Decisión, las personas incluidas en las listas controvertidas debido a sus vínculos con miembros de las familias Assad o Makhlouf se hallan en la imposibilidad, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, de refutar la presunción de existencia de un vínculo con el régimen sirio.
38
A este respecto, procede recordar que el principio de igualdad de trato, que constituye un principio fundamental del Derecho, prohíbe que situaciones semejantes sean tratadas de modo diferente o que situaciones diferentes sean tratadas de modo igual, a no ser que la diferencia de trato esté objetivamente justificada (sentencia de 9 de julio de 2009, Melli Bank/Consejo, T‑246/08 y T‑332/08, EU:T:2009:266, apartado 135).
39
Pues bien, del tenor de los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, se desprende claramente que estas disposiciones se aplican a todas las categorías de personas contempladas en los apartados 2 respectivos de los referidos artículos, incluidas, por consiguiente, en tanto en cuanto figuran en ellos, las personas incluidas en las listas controvertidas debido a sus vínculos con miembros de las familias Assad o Makhlouf.
40
En consecuencia, procede desestimar la alegación formulada por el demandante relativa a la imposibilidad, desde el punto de vista teórico, para las personas incluidas en las listas controvertidas debido a sus vínculos con miembros de las familias Assad o Makhlouf, de acogerse a lo dispuesto en los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836.
41
En cuanto a la alegación relativa a esta misma imposibilidad desde el punto de vista práctico, es ciertamente exacto que, como sostiene el demandante y admite el Consejo, los vínculos familiares no pueden, en principio, disolverse. Sin embargo, por una parte, del tenor de los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, no se desprende que se exija a las personas incluidas en las listas controvertidas debido a su vínculo familiar con miembros de las familias Assad o Makhlouf que aporten necesariamente la prueba de disolución de ese vínculo familiar para demostrar que no están vinculadas al régimen sirio o han dejado de estarlo o que ni ejercen influencia alguna sobre este ni plantean un riesgo real de elusión de las medidas.
42
Además, es preciso señalar que, de ser así, los miembros de las familias Assad o Makhlouf no podrían acogerse en modo alguno a lo dispuesto en los apartados 3 respectivos de los artículos 27 y 28 de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836. Ello equivaldría, por ende, a establecer frente a ellos una presunción iuris et de iure de su vínculo con el régimen sirio. Pues bien, se ha declarado que la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, no establece contra los miembros de las familias Assad o Makhlouf una presunción iuris et de iure de apoyo al régimen sirio o de vinculación con este, en la medida en que los nombres de las personas que forman parte de estas familias no se incluyen en la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas cuando se comprueba que esas personas no están vinculadas a dicho régimen o han dejado de estarlo (sentencia de 1 de octubre de 2020, Makhlouf/Consejo, C‑157/19 P, no publicada, EU:C:2020:777, apartado 98). Así pues, si tales personas pueden acogerse a lo dispuesto en los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, también pueden hacerlo las personas vinculadas a ellas.
43
Por otra parte, procede recordar que debe considerarse que la presunción de existencia de un vínculo con el régimen sirio queda desvirtuada si la parte demandante presenta argumentos o datos que puedan cuestionar seriamente la fiabilidad de los elementos de prueba presentados por el Consejo o su apreciación, en particular, a la luz de los requisitos establecidos en los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, o si presenta ante el juez de la Unión un conjunto de indicios sobre la inexistencia o la desaparición del vínculo con dicho régimen, sobre la nula influencia sobre dicho régimen o sobre la imposibilidad de que plantee un riesgo real de elusión de las medidas restrictivas, conforme a los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la referida Decisión (sentencia de 8 de julio de 2020, Zubedi/Consejo, T‑186/19, EU:T:2020:317, apartado 71).
44
Por consiguiente, el demandante dispone de distintos medios para refutar la presunción de existencia de un vínculo con el régimen sirio y, por tanto, sus opciones a este respecto no se circunscriben a demostrar la ruptura de los lazos familiares con el Sr. Rami Makhlouf ni a confiar en que se retire el nombre de este de las listas controvertidas.
45
Además, contrariamente a lo que alega el demandante por su conducta individual, las personas que poseen vínculos con miembros de las familias Assad o Makhlouf pueden distanciarse del régimen sirio y, de este modo, aportar una serie de indicios de que han dejado de estar asociadas a este. Lo mismo cabe decir respecto a las personas que, como el demandante, están unidas a esos miembros de las familias Assad o Makhlouf mediante enlace matrimonial. En efecto, el hecho de ser cuñado del Sr. Rami Makhlouf en absoluto impide al demandante demostrar, mediante la aportación de indicios sobre la interrupción de todo contacto con personas afines al régimen sirio y, en el presente asunto, con el Sr. Rami Makhlouf, que ha roto todo vínculo con el régimen sirio —por ejemplo, denunciando públicamente sus acciones, rebelándose contra ellas o negándose a seguir las instrucciones que haya podido recibir— o que no plantea un riesgo real de elusión de las medidas.
46
Pues bien, todos los integrantes de las distintas categorías de personas contempladas en los apartados 2 respectivos de los artículos 27 y 28 de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, y en el artículo 15, apartado 1 bis, del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828, pueden formular tales argumentos y aportar tales pruebas, las cuales pueden permitir a las personas incluidas en las listas controvertidas acogerse a lo dispuesto en los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de dicha Decisión.
47
Así, contrariamente a lo que alega el demandante, las personas que poseen vínculos con miembros de las familias Assad o Makhlouf no se enfrentan a la imposibilidad en la práctica de acogerse a lo dispuesto en los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836.
48
A este respecto, procede asimismo señalar que el demandante ha formulado en el contexto del presente recurso argumentos que, a su parecer, permitían refutar la presunción de existencia de un vínculo con miembros de las familias Assad o Makhlouf. El examen de esas alegaciones se efectuará con ocasión del análisis del segundo motivo, basado en la inexistencia de una base fáctica suficiente y en el error de apreciación.
49
En estas circunstancias, las personas que poseen vínculos con miembros de las familias Assad o Makhlouf reciben el mismo trato jurídico que las personas pertenecientes a las demás categorías contempladas en los artículos 27, apartado 2, y 28, apartado 2, de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, y en el artículo 15, apartado 1 bis, del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828,
50
En consecuencia, el demandante no ha demostrado que la última parte de la frase de los apartados 2 respectivos de los artículos 27 y 28 de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, en relación, respectivamente, con el apartado 2, letra b), de cada una de estas disposiciones, los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la primera Decisión citada y el artículo 15, apartado 1 bis, última parte de la frase, del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828, en relación con el apartado 1 bis, letra b), de dicho artículo, violen el principio de igualdad de trato.
[omissis]
63
A la vista de cuanto antecede, procede desestimar la excepción de ilegalidad propuesta y, por tanto, el primer motivo.
2.
Sobre el segundo motivo, basado en la inexistencia de una base fáctica suficiente y en el error de apreciación
[omissis]
b)
Sobre la primera parte del motivo, basada en la inexistencia de una base fáctica suficiente
[omissis]
2) Sobre el fundamento de la primera parte del motivo
82
El demandante sostiene que, dado el motivo por el que se incluyó su nombre en las listas controvertidas, su suerte depende inexorablemente de la situación del Sr. Rami Makhlouf. Pues bien, afirma que la situación de este ha evolucionado incesantemente a lo largo de los últimos años hasta el punto de que ya no forma parte del núcleo de poder y es totalmente ajeno a la esfera económica, política y financiera de Siria. A este respecto, el demandante señala, en su escrito de réplica, que todo elemento fáctico nuevo que afecte a la situación del Sr. Rami Makhlouf debe repercutir en la suya propia.
83
Alega, en esencia, que los cambios en la situación del Sr. Rami Makhlouf constituyen hechos notorios que no pueden ser desconocidos para el Consejo, máxime teniendo en cuenta que han sido divulgados por los medios de comunicación de los que se sirve como referencia dicha institución sistemática y regularmente para documentar sus informes con ocasión de la inclusión o el mantenimiento del nombre de una persona en las listas controvertidas.
84
El Consejo rebate las alegaciones del demandante.
85
En el presente asunto, las alegaciones del demandante tienen por objeto que se declare que el Consejo no reconsideró debidamente la situación del Sr. Rami Makhlouf, cuando era su obligación. Pues bien, si el Consejo hubiera procedido a esa revisión, habría constatado el cambio de situación del Sr. Rami Makhlouf, lo que habría repercutido en la situación del demandante.
86
A este respecto, se ha de señalar, como hace el Consejo, que el control ejercido por el Tribunal General en el presente asunto solo puede referirse al fundamento de la inclusión del nombre del demandante en las listas controvertidas, por lo que no puede cuestionar la legalidad de las decisiones mediante las que el Consejo incluyó el nombre del Sr. Rami Makhlouf en dichas listas (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de mayo de 2017, Barqawi/Consejo, T‑303/15, no publicada, EU:T:2017:328, apartado 42, y de 18 de mayo de 2022, Foz/Consejo, T‑296/20, EU:T:2022:298, apartado 115).
87
La circunstancia invocada por el demandante de que su suerte depende de la suerte que se reserve al Sr. Rami Makhlouf no puede justificar un enfoque distinto, como tampoco su alegación según la cual no se le puede pedir que confíe en que el Sr. Rami Makhlouf interpondrá un recurso, so pena de privar a su propio recurso de todo su contenido.
88
En efecto, conforme a reiterada jurisprudencia, la presunción de legalidad de los actos de las instituciones de la Unión implica que dichos actos producen efectos jurídicos mientras no hayan sido revocados, anulados en el marco de un recurso de anulación o declarados inválidos a raíz de una cuestión prejudicial o de una excepción de ilegalidad (véase la sentencia de 18 de mayo de 2022, Foz/Consejo, T‑296/20, EU:T:2022:298, apartado 116 y jurisprudencia citada).
89
Pues bien, por una parte, el demandante no alega ser el destinatario de los actos mediante los cuales se incluyó el nombre del Sr. Rami Makhlouf en las listas controvertidas ni solicita su anulación mediante el presente recurso. Así pues, en el contexto del presente procedimiento, el demandante no puede invocar frente al Consejo el incumplimiento de la obligación de reconsiderar la situación del Sr. Rami Makhlouf ni la interpretación errónea del contenido de los anexos que él mismo aportó para demostrar que el Sr. Rami Makhlouf ya no mantenía vínculos con el régimen sirio.
90
Por otra parte, es verdad que el demandante propuso una excepción de ilegalidad respecto a la última parte de la frase de los apartados 2 respectivos de los artículos 27 y 28 de la Decisión 2013/255, en su versión modificada por la Decisión 2015/1836, en relación, respectivamente, con el apartado 2, letra b), de cada una de estas disposiciones, los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la citada Decisión 2013/255 en su versión modificada por la Decisión 2015/1836 y el artículo 15, apartado 1 bis, última parte de la frase, del Reglamento n.o 36/2012, en su versión modificada por el Reglamento 2015/1828, en relación con el apartado 1 bis, letra b), de dicho artículo. No obstante, para ello sostuvo que los referidos artículos violan el principio de igualdad de trato, en la medida en que la categoría de personas vinculadas a los miembros de las familias Assad o Makhlouf se halla en la imposibilidad, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, de acogerse a lo dispuesto en los artículos 27, apartado 3, y 28, apartado 3, de la Decisión 2013/255 en su versión modificada por la Decisión 2015/1836. Ciertamente, el demandante también adujo que el criterio de los miembros de las familias Assad o Makhlouf había dejado de ser pertinente. Sin embargo, esta alegación, desarrollada en la fase de réplica, ha sido desestimada por inadmisible, puesto que, en los anteriores apartados 59 y 62, se ha considerado que es nueva. En cualquier caso, procede señalar que la pertinencia y la legalidad de este criterio de inclusión, que se refiere a todos los miembros destacados de estas dos familias, no pueden ponerse en tela de juicio por la mera situación del Sr. Rami Makhlouf.
91
Además, los actos relativos al Sr. Makhlouf no han sido revocados y, por otro lado, sus efectos no han sido suspendidos a raíz de una demanda de medidas provisionales. Por consiguiente, los actos mediante los que se incluyó el nombre de Sr. Rami Makhlouf en las listas controvertidas siguen produciendo efectos jurídicos.
92
Por añadidura, en la vista, el demandante formuló una alegación según la cual, en el marco de la presente parte del motivo, el Tribunal General no tendría que comprobar la persistencia del vínculo entre el Sr. Rami Makhlouf y el régimen sirio, sino solamente si su situación ha cambiado. Tal alegación no puede prosperar. En efecto, por un lado, resulta contradictoria con la tesis sostenida por el demandante en sus escritos procesales, en los que, para empezar, insta, in fine, al Tribunal General a constatar que el Sr. Rami Makhlouf ya no forma parte del núcleo de poder, refiriéndose así al vínculo de este último con el régimen sirio; a continuación, reprocha al Consejo que no modificara el motivo de inclusión del Sr. Rami Makhlouf y, por último, menciona explícitamente la obligación del Consejo de reconsiderar la situación del Sr. Rami Makhlouf. Por otro lado, la mera constatación de un cambio de situación del Sr. Rami Makhlouf puede tener consecuencias —aunque solo sea en el plano del respeto del derecho de defensa y de la seguridad jurídica—, en la medida en que el Tribunal General se vería obligado, en cualquier caso, a emitir un juicio sobre la situación de un tercero en el presente litigio.
93
También debe añadirse que, si bien no incumbe al Tribunal General, en el contexto del presente recurso, pronunciarse sobre el fundamento de la inclusión del nombre del Sr. Rami Makhlouf en las listas controvertidas, nada impedía al demandante dirigirse al Consejo antes de la adopción de los actos impugnados con el fin de instar a dicha institución a reconsiderar su situación a la luz de la del Sr. Rami Makhlouf, proporcionándole las pruebas aportadas en el presente procedimiento. En efecto, como resulta del artículo 32, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 36/2012, el demandante puede, en cualquier momento, presentar una solicitud de reconsideración u observaciones (véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2021, Al-Imam/Consejo, T‑203/20, EU:T:2021:605, apartado 95). Pues bien, es obligado constatar que, como sostiene el Consejo sin ser rebatido por el demandante, este no aprovechó esa oportunidad.
94
A la vista de cuanto antecede, procede desestimar la primera parte del segundo motivo.
[omissis]
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas al Sr. Ammar Sharif.
Svenningsen
Laitenberger
Martín y Pérez de Nanclares
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de septiembre de 2024.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.
(
1
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.