Asunto C‑60/17
Ángel Somoza HermoeIlunión Seguridad, S.A.,
contra
Esabe Vigilancia, S.A._yFondo de Garantía Salarial (Fogasa)
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia)
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1 — Transmisión de empresa — Artículo 3, apartado 1 — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Subrogación en los contratos de trabajo por imperativo de lo pactado en un convenio colectivo — Convenio colectivo que excluye la obligación de que el cedente y el cesionario de la empresa respondan solidariamente de las obligaciones, incluidas las salariales, derivadas de los contratos de trabajo antes de la transmisión de dicha empresa»
Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 11 de julio de 2018
1.        Política social — Aproximación de las legislaciones — Transmisiones de empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Directiva 2001/23/CE — Ámbito de aplicación — Contrato de prestación de servicios de vigilancia de instalaciones celebrado entre un arrendatario de servicios y una empresa — Resolución por el arrendatario de servicios de dicho contrato, seguida de la celebración de un nuevo contrato con otra empresa, a efectos de la ejecución de esta prestación — Asunción por esta última empresa de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal de la primera empresa — Inclusión — Requisito — Transmisión de una entidad económica entre las dos empresas afectadas
(Directiva 2001/23/CE del Consejo, art. 1, ap. 1)
2.        Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Alcance — Examen de la conformidad de una disposición de un convenio colectivo con una disposición legislativa nacional — Exclusión
(Art. 267 CE; Directiva 2001/23/CE del Consejo, art. 1)
1.      El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de [transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que esta Directiva se aplica a una situación en la que un arrendatario de servicios ha resuelto el contrato de prestación de servicios de vigilancia de instalaciones celebrado con una empresa y, a efectos de la ejecución de la prestación, ha celebrado un nuevo contrato con otra empresa que se hace cargo, en virtud de un convenio colectivo, de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que la primera empresa destinaba a la ejecución de dicha prestación, siempre y cuando la operación vaya acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las dos empresas afectadas.
Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en la medida en que, en determinados sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económica, ha de admitirse que dicha entidad puede mantener su identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea. En este supuesto, el nuevo empresario adquiere en efecto el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las actividades o algunas actividades de la empresa cedente de forma estable (sentencia de 20 de enero de 2011, CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, apartado 35 y jurisprudencia citada).
De este modo, una actividad de vigilancia de un museo, como la que es objeto del litigio principal, que no exige el uso de materiales específicos, puede considerarse una actividad que descansa fundamentalmente en la mano de obra y, por consiguiente, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común de vigilancia puede, a falta de otros factores de producción, constituir una entidad económica. No obstante, en este supuesto es preciso además que dicha entidad mantenga su identidad aun después de la operación de que se trate (véase, por analogía, la sentencia de 20 de enero de 2011, CLECE, C‑463/09, EU:C:2011:24, apartado 39).
(véanse los apartados 34, 35 y 39 y el punto 1 del fallo)
2.      Véase el texto de la resolución.
(véanse los apartados 40 y 44 a 46 y el punto 2 del fallo)