62023CJ0409
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 17 de octubre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 2008/48/CE — Ámbito de aplicación — Contratos de crédito al consumo — Excepciones — Artículo 2, apartado 2, letra f) — Contratos de crédito concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos o que prevean gastos mínimos — Servicio de pago aplazado “Compre ahora, pague después” — Demora en el pago — Intereses de demora y gastos de cobro extrajudicial»
En el asunto C‑409/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), mediante resolución de 30 de junio de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de julio de 2023, en el procedimiento entre
Riverty GmbH, sucesora legal de Arvato Finance BV,
y
MI,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de la Sala Tercera, en funciones de Presidente de la Sala Cuarta, el Sr. S. Rodin y la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Riverty GmbH, sucesora legal de Arvato Finance BV, por la Sra. I. M. A. Lintel, advocate;
–
en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. K. Bulterman y M. H. S. Gijzen, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, la Sra. S. Šindelková y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y M. Hellmann y por la Sra. J. Simon, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch y las Sras. J. Schmoll y M. Winkler-Unger, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. M. Pere, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno noruego, por las Sras. K. H. Aarvik y M. I. R. Norum y por el Sr. S. Runde, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Ondrůšek y la Sra. F. van Schaik, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 2, letra f), y 3, letra g), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en DO 2011, L 234, p. 46).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Riverty GmbH, como sucesora legal de Arvato Finance BV (en lo sucesivo, «Arvato»), proveedora de un servicio de pago aplazado, y MI, una consumidora que optó por ese servicio en una compra en línea.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
Los considerandos 10 y 13 de la Directiva 2008/48 señalan:
«(10)
Las definiciones que contiene la presente Directiva determinan el alcance de la armonización. La obligación de los Estados miembros de aplicar las disposiciones de la presente Directiva debe limitarse, por consiguiente, al ámbito de aplicación que dichas definiciones determinan. No obstante, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros, conforme al Derecho comunitario, apliquen las disposiciones de la misma a aspectos que no pertenezcan a su ámbito de aplicación. Por lo tanto, un Estado miembro podría mantener o adoptar normas nacionales que correspondan a las disposiciones de la presente Directiva o a algunas de sus disposiciones en materia de contratos de crédito al margen del ámbito de aplicación de la presente Directiva, por ejemplo en materia de contratos de crédito para cantidades inferiores a 200 [euros] o superiores a 75000 [euros]. […]
[…]
(13)
La presente Directiva no debe aplicarse a determinados tipos de contratos de crédito, como las tarjetas de débito diferido, en virtud de los cuales el crédito deba reembolsarse en el plazo de tres meses y por los que solo se deban pagar unos gastos mínimos.»
4
De acuerdo con el artículo 2 de esta Directiva, que lleva por título «Ámbito de aplicación»:
«1.   La presente Directiva se aplicará a los contratos de crédito.
2.   La presente Directiva no se aplicará a:
[…]
c)
los contratos de crédito cuyo importe total sea inferior a 200 [euros] o superior a 75000 [euros];
[…]
f)
los contratos de crédito concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos, y los contratos de crédito en virtud de los cuales el crédito deba ser reembolsado en el plazo de tres meses y por los que solo se deban pagar unos gastos mínimos;
[…]».
5
De conformidad con el artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Definiciones»:
«A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones:
[…]
c)
“contrato de crédito”: contrato mediante el cual un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito en forma de pago aplazado, préstamo u otra facilidad de pago similar […];
[…]
g)
“coste total del crédito para el consumidor”: todos los gastos, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de crédito y que sean conocidos por el prestamista, con excepción de los gastos de notaría; el coste de los servicios accesorios relacionados con el contrato de crédito, en particular las primas de seguros, se incluye asimismo en este concepto si, además, la celebración del contrato de servicios es obligatoria para obtener el crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas;
[…]
i)
“tasa anual equivalente”: el coste total del crédito para el consumidor, expresado como porcentaje anual del importe total del crédito concedido, más los costes contemplados en el artículo 19, apartado 2, si procede;
[…]».
6
A tenor del artículo 5 de la misma Directiva, titulado «Información precontractual»:
«1.   Con la debida antelación, y antes de que el consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito, el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deberán facilitar al consumidor, sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su caso, de las preferencias manifestadas y de la información facilitada por el consumidor, la información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre la suscripción de un contrato de crédito. Esta información, en papel o en cualquier otro soporte duradero, se facilitará mediante la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo que figura en el anexo II. […]
Dicha información deberá especificar:
[…]
g)
la tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el consumidor […];
[…]
l)
el tipo de interés de demora[,] así como las modalidades para su adaptación y, cuando proceda, los gastos por impago;
[…]».
7
El artículo 10 de la Directiva 2008/48, titulado «Información que debe mencionarse en los contratos de crédito», prevé en su apartado 2:
«El contrato de crédito deberá especificar, de forma clara y concisa, los siguientes datos:
[…]
g)
la tasa anual equivalente y el importe total adeudado por el consumidor […];
[…]
l)
el tipo de interés de demora aplicable en el momento de la celebración del contrato de crédito y los procedimientos para su ajuste y, cuando proceda, los gastos por impago;
[…]».
8
De conformidad con el artículo 19 de dicha Directiva, titulado «Cálculo de la tasa anual equivalente»:
«1.   La tasa anual equivalente, que iguala, sobre una base anual, el valor actual de todos los compromisos (disposiciones del crédito, reembolsos y gastos) existentes o futuros, asumidos por el prestamista y por el consumidor, se calculará de acuerdo con la fórmula matemática que figura en la parte I del anexo I.
2.   Para calcular la tasa anual equivalente se determinará el coste total del crédito para el consumidor, exceptuando los gastos que este tendría que pagar por el incumplimiento de alguna de sus obligaciones con arreglo al contrato de crédito y los gastos, distintos del precio de compra, que corran por cuenta del consumidor en la adquisición de bienes o servicios, tanto si la transacción se paga al contado como a crédito.
Los costes de mantenimiento de una cuenta que registre a la vez operaciones de pago y de disposición del crédito, los costes relativos a la utilización de un medio de pago que permita ambas operaciones, así como otros costes relativos a las operaciones de pago, se incluirán en el coste total del crédito para el consumidor, salvo en caso de que la apertura de la cuenta sea opcional y los costes de esta se hayan especificado de forma clara y por separado en el contrato de crédito o cualquier otro contrato suscrito con el consumidor.
3.   El cálculo de la tasa anual equivalente se realizará partiendo del supuesto básico de que el contrato de crédito estará vigente durante el período de tiempo acordado y que el prestamista y el consumidor cumplirán sus obligaciones en las condiciones y en los plazos que se hayan acordado en el contrato de crédito.
[…]»
9
El artículo 22 de la citada Directiva, que lleva por título «Armonización y carácter obligatorio de la presente Directiva», dispone en su apartado 3 lo siguiente:
«Los Estados miembros garantizarán […] que las disposiciones que adopten para dar cumplimiento a la presente Directiva no puedan eludirse de resultas del modo en que se formulen los contratos, especialmente como consecuencia de la integración de operaciones de disposición de fondos o contratos de crédito sujetos a la presente Directiva en contratos de crédito cuyo carácter u objetivo permita sustraerlos a su ámbito de aplicación.»
10
El anexo II de la misma Directiva se titula «Información normalizada europea sobre el crédito al consumo». Este anexo incluye una serie de información que debe facilitarse al consumidor, en particular, sobre la identidad y los datos de contacto del prestamista o del intermediario del crédito, las características principales del producto de crédito, así como los costes del crédito y los costes relacionados. En el marco de este último punto figuran los costes que debe soportar el consumidor en caso de pagos atrasados.
Derecho neerlandés
11
El Burgerlijk Wetboek (Código Civil) dispone en su artículo 57, apartados 1, letra g), y 2, del libro 7:
«1.   A efectos del presente título, se entenderá por:
[…]
g)
“coste total del crédito para el consumidor”: todos los gastos, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de crédito y que sean conocidos por el prestamista, con excepción de los gastos de notaría; […]
[…]
2.   El coste total del crédito para el consumidor contemplado en el apartado 1, letra g), incluirá también el coste de los servicios accesorios relacionados con el contrato de crédito, en particular las primas de seguros, si la celebración del contrato de servicios es obligatoria para obtener el crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas.»
12
A tenor del artículo 58, apartado 2, letra e), del libro 7 de dicho Código:
«[…]
2.   El presente título no se aplicará a:
[…]
e)
los contratos de crédito concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos y los contratos de crédito en virtud de los cuales el crédito deba ser reembolsado en el plazo de tres meses y por los que solo se deban pagar unos gastos mínimos; […]».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
13
Riverty es la sucesora legal de Arvato, que operaba con el nombre de AfterPay. AfterPay era el proveedor del servicio de pago aplazado del mismo nombre, que se ofrecía para compras en línea, a cambio de una comisión de pago de 1 euro.
14
Según las condiciones generales de pago utilizadas por Arvato, la elección de pagar mediante ese servicio implicaba que, tras la aceptación de la solicitud de uso del mismo, el comerciante cediese a AfterPay los derechos relativos al importe que el cliente adeudaba por el pedido que había realizado en línea. El cliente ya solo podía pagar de forma liberatoria a AfterPay y recibía, a tal efecto, una factura en la que se indicaba el importe adeudado, independientemente de la entrega de dicho pedido. El pago debía efectuarse en un plazo de catorce días a partir de la fecha de facturación, salvo que se hubiera acordado por escrito un plazo diferente.
15
Si el pago no se efectuaba en el plazo establecido, el importe adeudado era inmediatamente exigible, sin que fuera necesario dirigir al cliente ningún otro requerimiento adicional. En ese supuesto, Arvato se reservaba el derecho a cobrar los gastos administrativos, cuyo importe se incrementaba con cada requerimiento de pago, con los intereses legales mensuales sobre el importe adeudado y todos los gastos razonables en que se incurriera para obtener el pago por vía judicial o extrajudicial. El importe mínimo facturado en concepto de gastos de cobro extrajudicial ascendía a 40 euros.
16
El 27 de febrero de 2019 o poco antes de esa fecha, MI compró, actuando como consumidora, tres productos a un comercio en línea por un importe total de 37,97 euros (en lo sucesivo, «precio de compra de los productos»). En esa ocasión, eligió el servicio AfterPay como modalidad de pago.
17
Ese mismo día, Arvato envió un resumen de los pagos pendientes a la dirección de correo electrónico facilitada por la consumidora por un importe de 38,97 euros, que incluía el precio de compra de los productos y la comisión de pago de 1 euro, y en el que se fijaba el 13 de marzo de 2019 como fecha de vencimiento del pago. También se indicaba que la falta de pago en ese plazo conllevaría un aumento de 40 euros del importe adeudado, en concepto de gastos de cobro extrajudicial, de conformidad con la normativa neerlandesa aplicable en la materia.
18
Entre el 15 de marzo y el 6 de diciembre de 2019, Arvato envió a dicha consumidora seis requerimientos de pago por correo electrónico. En estos correos electrónicos se indicaba la obligación de pagar el precio de compra de los productos y se especificaban los gastos administrativos ocasionados por el incumplimiento de esta obligación, inicialmente, por un importe de 9,50 euros y, después, por un importe de 12,50 euros. En su último correo electrónico, enviado el 6 de diciembre de 2019, Arvato reclamaba a la mencionada consumidora el pago del precio de compra de los productos en el plazo de quince días a partir de la recepción de este último correo electrónico, sin perjuicio de que, en caso de impago, se le cobrase un importe adicional de 40 euros, en concepto de gastos de cobro.
19
Arvato presentó ante el Kantonrechter te Arnhem (juez cantonal de Arnhem, Países Bajos) una demanda por la que solicitaba que se condenara a MI al pago de la cantidad de 80,20 euros, más los intereses legales calculados sobre la cantidad de 38,97 euros, a partir del 9 de octubre de 2020. Posteriormente, Arvato redujo el importe reclamado, al haber renunciado dicha sociedad a su remuneración de 1 euro.
20
De conformidad con el Derecho nacional, el Kantonrechter te Arnhem (juez cantonal de Arnhem) planteó varias «cuestiones prejudiciales» al Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente. Entre estas cuestiones figuran las de si los intereses de demora, es decir, los intereses distintos de los relativos a la remuneración por la puesta a disposición del crédito, y los gastos de cobro extrajudicial debidos por un consumidor en caso de incumplimiento de un contrato de crédito forman parte de los costes del crédito o si procede tener en cuenta esos intereses y otro tipo de gastos para apreciar si el contrato de crédito en cuestión es un contrato concedido «[libre] de intereses y sin ningún otro tipo de gastos» o un contrato «por [el] que solo se deban pagar unos gastos mínimos», en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48, o incluso si procede tener en cuenta, en el marco del examen de dichas cuestiones, la naturaleza legal o convencional de esos intereses y otro tipo de gastos, así como sus importes en relación con los baremos legales.
21
El órgano jurisdiccional remitente arguye que el concepto de «coste total del crédito para el consumidor», previsto en el artículo 3, letra g), de la Directiva 2008/48, ha sido transpuesto al Derecho neerlandés, «de la forma más literal posible», en el artículo 57, apartados 1, letra g), y 2, del libro 7 del Código Civil. Según dicho órgano jurisdiccional, el artículo 58, apartado 2, letra e), del libro 7 del citado Código reproduce el tenor del artículo 2, apartado 2, letra f), de esta Directiva, relativo a la exclusión de los contratos de crédito «concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos» y de los contratos «en virtud de los cuales el crédito deba ser reembolsado en el plazo de tres meses y por los que solo se deban pagar unos gastos mínimos», en el sentido de esta última disposición.
22
En respuesta a una parte de las cuestiones planteadas por el Kantonrechter te Arnhem (juez cantonal de Arnhem), el órgano jurisdiccional remitente considera que un contrato en el que se estipula un plazo de pago constituye un contrato de crédito cuando cumple los requisitos establecidos en la normativa nacional aplicable a efectos de tal calificación y que el concepto de «otro tipo de gastos», en el sentido del artículo 58, apartado 2, letra e), del libro 7 del Código Civil, debe «combinarse» con el de «coste total del crédito para el consumidor», en el sentido del artículo 57, apartado 1, letra g), del libro 7 de dicho Código.
23
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente estima que ni la Directiva 2008/48 ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a esta Directiva permiten responder a la cuestión de si los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial deben considerarse costes de crédito y si deben tenerse en cuenta para determinar si el contrato en cuestión constituye un contrato de crédito concedido «[libre] de intereses y sin ningún otro tipo de gastos» o un contrato de crédito «por [el] que solo se deban pagar unos gastos mínimos», en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra f), de dicha Directiva.
24
A este respecto, por lo que se refiere, en primer lugar, al marco jurídico nacional, dicho órgano jurisdiccional precisa que los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial en cuestión en el litigio principal hacen referencia a los intereses y gastos en que incurrió el prestamista para obtener el pago de su crédito por vía extrajudicial. De la petición de decisión prejudicial se desprende que, cuando el deudor es una persona física que actúa con fines que están al margen de su actividad comercial o profesional, el Código Civil establece que la compensación reclamada por los gastos de cobro extrajudicial corresponde a un porcentaje de la deuda principal y no puede ser inferior a 40 euros ni superior a 6775 euros.
25
Asimismo, de la petición de decisión prejudicial se desprende que, en materia de contratos de crédito comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48, la normativa neerlandesa prohíbe al prestamista exigir una remuneración del crédito superior a la remuneración máxima autorizada por la ley y que dicha remuneración máxima incluye los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial, de modo que el prestamista no puede reclamar una compensación por los gastos de cobro extrajudicial que tenga por efecto aumentar la remuneración del crédito por encima del máximo permitido.
26
Por lo que respecta, en segundo lugar, a las disposiciones pertinentes de la Directiva 2008/48, el órgano jurisdiccional remitente deduce de la lectura conjunta de los artículos 5, apartado 1, letra l), y 10, apartado 2, letra l), y del anexo II de dicha Directiva que los gastos debidos en caso de demora en el pago, que incluyen los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial reclamados en el presente asunto, deben incluirse en el «coste total del crédito para el consumidor» al que se refiere el artículo 3, letra g), de esa misma Directiva.
27
El órgano jurisdiccional remitente añade que, si bien del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 2008/48 se desprende que los gastos debidos en caso de incumplimiento de una obligación contractual no se tienen en cuenta en el cálculo de la tasa anual equivalente (TAE), ello no significa que dichos gastos no puedan incluirse en el coste total del crédito para el consumidor.
28
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente precisa que también es posible considerar que dichos gastos solo pueden incluirse en el «coste total del crédito para el consumidor» si las condiciones de concesión del crédito y las demás circunstancias que rodean la celebración del contrato permiten suponer que el derecho a cobrar estos gastos forma parte del modelo de negocio del prestamista.
29
Por lo que respecta a la excepción establecida en el artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48, dicho órgano jurisdiccional señala que podría quedar vacía de contenido si se declarase que los intereses y otro tipo de gastos previstos en esa disposición incluyen los intereses y los gastos de cobro extrajudicial adeudados conforme a la ley en caso de impago.
30
En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Forman parte del coste total del crédito para el consumidor, en el sentido del artículo 3, letra g), de la Directiva [2008/48], los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial y deben tenerse en cuenta a la hora de apreciar si existe un contrato de crédito concedido “libre de intereses y sin ningún otro tipo de gastos” o en virtud del cual “solo se deban pagar unos gastos mínimos”, en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra f), de [dicha Directiva]?
2)
¿Tiene alguna relevancia, a la hora de responder a la cuestión 1, si los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial se adeudan por imperativo legal o han sido estipulados en el contrato? En el caso de que se trate de intereses de demora y gastos de cobro extrajudicial estipulados contractualmente, ¿supone alguna diferencia el hecho de que estos intereses y gastos sean superiores a cuanto se adeudaría por imperativo legal sin la estipulación contractual?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
31
Con carácter preliminar, ha de señalarse que de las observaciones del Gobierno neerlandés se desprende que, según el Derecho nacional neerlandés, la Directiva 2008/48 resulta aplicable a los contratos de crédito en los que el importe total del crédito sea inferior a 200 euros.
32
Asimismo, cabe observar que, para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, procede examinar dos aspectos. El primero se refiere, en esencia, a la interpretación de los conceptos de «intereses» y de «otro tipo de gastos», en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48, así como a la cuestión de si el origen legal o convencional de los intereses de demora y de los gastos de cobro extrajudicial reclamados por el prestamista en caso de incumplimiento de la obligación de pago que incumbe al consumidor en virtud de un contrato de crédito y, en su caso, su importe constituyen criterios útiles para esa interpretación. El segundo se refiere a la interpretación del concepto de «coste total del crédito para el consumidor» previsto en el artículo 3, letra g), de dicha Directiva.
33
Como se desprende de la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente relaciona el concepto de «otro tipo de gastos», en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48, y el de «coste total del crédito para el consumidor», en el sentido del artículo 3, letra g), de esa Directiva, y se pregunta si los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial entran dentro de uno u otro concepto.
34
Dicho esto, el artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48 contribuye a delimitar el ámbito de aplicación de esta Directiva y puede hacer innecesario responder a la cuestión de si los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial están comprendidos en el concepto de «coste total del crédito para el consumidor», en el sentido del artículo 3, letra g), de dicha Directiva.
35
Por consiguiente, procede, de entrada, interpretar el artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48 y examinar la pertinencia de la naturaleza legal o convencional de los intereses y los gastos por impago y, eventualmente, de su importe a efectos de dicha interpretación, antes de examinar, a continuación, en su caso, el alcance del concepto de «coste total del crédito para el consumidor», en el sentido del artículo 3, letra g), de la citada Directiva.
Segunda parte de la primera cuestión prejudicial y segunda cuestión prejudicial
36
Mediante la segunda parte de la primera cuestión prejudicial y la segunda cuestión prejudicial, que procede examinar conjuntamente y en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial que debe abonar un consumidor en caso de demora o de incumplimiento de la obligación de pago que le incumbe en virtud de un contrato de crédito están comprendidos en los conceptos de «intereses» y de «otro tipo de gastos», en el sentido de dicha disposición. El referido órgano jurisdiccional también se pregunta si son elementos pertinentes a efectos de esa interpretación el origen legal o convencional de estos intereses y otro tipo de gastos y el hecho de que, en su caso, estos intereses y otro tipo de gastos de origen convencional fueran superiores a los que se adeudarían conforme a la ley.
37
A este respecto, debe precisarse que los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial en cuestión en el litigio principal constituyen, como señala el órgano jurisdiccional remitente, intereses y gastos por impago.
38
De conformidad con el artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48, quedan excluidos del ámbito de aplicación de dicha Directiva los contratos de crédito «concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos» y los contratos de crédito «en virtud de los cuales el crédito deba ser reembolsado en el plazo de tres meses y por los que solo se deban pagar unos gastos mínimos».
39
Para interpretar esta disposición y, en particular, los conceptos de «intereses» y de «otro tipo de gastos» que figuran en ella, debe tomarse en consideración, según reiterada jurisprudencia, no solo el tenor de dicha disposición, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2024, Inditex, C‑361/22, EU:C:2024:17, apartado 43 y jurisprudencia citada).
40
Por lo que respecta, en primer término, al tenor del artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48, procede observar que esta disposición se limita a hacer referencia a los «intereses» y a «otro tipo de gastos», sin definir estos conceptos y sin remitir a otros conceptos que también se utilizan en el contexto de esta Directiva, en particular los de «gastos por impago», «gastos en caso de demora en el pago», «costes», «comisiones» o «impuestos».
41
Pues bien, el concepto de «intereses», en su sentido literal, se refiere tanto a los intereses devengados o adeudados sobre un capital invertido o prestado como a los intereses compensatorios o de demora, por lo que tiene varios significados posibles.
42
El concepto de «otro tipo de gastos» es también un concepto genérico, que puede abarcar varias categorías de gastos, de modo que tiene un contenido variable en función del contexto en el que se utilice.
43
Dicho esto, la comparación de las diferentes versiones lingüísticas del artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48 proporciona algunos indicios sobre la interpretación que debe darse a los conceptos de «intereses» y de «otro tipo de gastos», en el sentido de esta disposición. En particular, entre dichas versiones figuran las que, de manera más sucinta, se refieren únicamente a la inexistencia de intereses o de otro tipo de gastos, como las versiones en alemán («zins- und gebührenfreie Kreditverträge»), en griego («symvaseis pistosis oi opoies einai atokes kai choris alles epivarynseis»), en francés («contrats de crédit sans intérêt et sans autres frais») o en neerlandés («kredietovereenkomsten zonder rente en andere kosten»). En otras versiones lingüísticas, en particular en las versiones en español («los contratos de crédito concedidos libres de intereses y sin ningún otro tipo de gastos»), en inglés («where the credit is granted free of interest and without any other charges»), en croata («ugovore o kreditu prema kojima se kredit odobrava bez kamata i bez bilo kakvih drugih naknada»), en italiano («contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese») o en rumano («contractele de credit în baza cărora creditul este acordat fără dobândă și fără alte costuri»), se hace referencia explícita al hecho de que el crédito se concede sin que se prevean intereses u otro tipo de gastos.
44
Del tenor de esas otras versiones se desprende expresamente que la aplicabilidad del artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48 debe examinarse teniendo en cuenta los intereses y otro tipo de gastos previstos en el momento en que se celebró el contrato de crédito. Pues bien, el incumplimiento por parte de un consumidor de su obligación de pago y la duración de este posible incumplimiento son, en principio, imprevisibles en ese momento. Por lo tanto, los intereses y los gastos por impago no forman parte de los «intereses» ni del «otro tipo de gastos», en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48, y ello con independencia de que la aplicación y la cuantía de dichos intereses y gastos se prevean por la ley o se estipulen en el contrato de crédito.
45
Esta interpretación se ve corroborada por el contexto en el que se inscribe esta disposición y por los objetivos perseguidos por la Directiva 2008/48.
46
Así, por lo que respecta, en segundo término, al contexto en el que se inscribe la referida disposición, cabe señalar que, con arreglo al artículo 19, apartados 2 y 3, de la Directiva 2008/48, los gastos por impago quedan excluidos del cálculo de la TAE, ya que este cálculo se basa en el supuesto de que el contrato de crédito seguirá siendo válido durante el período de tiempo acordado y de que tanto el prestamista como el consumidor cumplirán sus obligaciones en las condiciones y en los plazos que se hayan acordado en dicho contrato. Por consiguiente, es preciso partir de este supuesto para interpretar el artículo 2, apartado 2, letra f), de la citada Directiva.
47
En tercer término, la interpretación que figura en el apartado 44 de la presente sentencia responde a la finalidad del artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48, que, al igual que las demás disposiciones de dicho artículo, tiene por objeto delimitar el ámbito de aplicación de esta Directiva. Pues bien, si los intereses y los gastos por impago debieran tenerse en cuenta para determinar si un contrato está comprendido en el ámbito de aplicación de la mencionada Directiva, esta disposición quedaría en gran medida vacía de contenido y de efecto útil, ya que solo se aplicaría en los supuestos, muy improbables, en los que la demora en el pago o la falta del mismo no implicaran ninguna consecuencia jurídica para el prestatario, a saber, ni la imposición de intereses de demora ni de otro tipo de gastos por el incumplimiento de la obligación de pago.
48
En el presente asunto, Arvato reclama el pago del precio de compra de los productos de 37,97 euros más los intereses legales devengados a partir del 9 de octubre de 2024 y de los gastos de cobro extrajudicial conforme a la ley de 40 euros, cuyo importe se sitúa en el límite inferior de la horquilla prevista en la normativa neerlandesa. Estos intereses y gastos no están comprendidos, en principio, en los conceptos de «intereses» y de «otro tipo de gastos», en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48, y, por tanto, no deben tenerse en cuenta para determinar si el contrato de crédito en cuestión entra en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.
49
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente y el Gobierno neerlandés alegan que no puede excluirse que las circunstancias que rodearon la celebración del contrato en cuestión permitan suponer que el derecho a cobrar los gastos por impago forme parte del modelo de negocio del prestamista, situación en la que dichos gastos deben tenerse en cuenta para examinar la aplicabilidad del artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48.
50
A este respecto, procede recordar que el artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2008/48 obliga a los Estados miembros a velar por que las disposiciones que adopten para la aplicación de esta Directiva no puedan eludirse de resultas del modo en que se formulen los contratos (sentencia de 11 de septiembre de 2019, Lexitor, C‑383/18, EU:C:2019:702, apartado 30).
51
Por consiguiente, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, en realidad, el prestamista pretende eludir las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2008/48 anticipando, desde la celebración del contrato de crédito, el incumplimiento por parte del consumidor de la obligación de pago con el fin de buscar una ventaja económica en el derecho a cobrar intereses y gastos por impago. A tal efecto, corresponderá a dicho órgano jurisdiccional examinar todas las circunstancias que rodearon la celebración del contrato en cuestión y otros elementos pertinentes como, en particular, el origen legal o convencional de los intereses y gastos por impago, los plazos en los que esos intereses y gastos son exigibles y su importe.
52
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda parte de la primera cuestión prejudicial y a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de los supuestos en los que el prestamista anticipa, desde el momento de la celebración del contrato de crédito, el incumplimiento por parte del consumidor de la obligación de pago con el fin de buscar una ventaja económica, los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial que debe pagar un consumidor en caso de retraso o de incumplimiento de la obligación de pago que le incumbe en virtud de un contrato de crédito no están comprendidos en los conceptos de «intereses» y de «otro tipo de gastos», en el sentido de esta disposición, y ello con independencia, en principio, del hecho de que dichos intereses y otro tipo de gastos sean de origen legal o convencional, así como del hecho de que, en su caso, esos intereses y otro tipo de gastos de origen convencional sean superiores a los que se adeudarían conforme a la ley.
Primera parte de la primera cuestión prejudicial
53
Habida cuenta de la respuesta dada a la segunda parte de la primera cuestión prejudicial y a la segunda cuestión prejudicial, no procede responder a la primera parte de la primera cuestión prejudicial.
Costas
54
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
El artículo 2, apartado 2, letra f), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo,
debe interpretarse en el sentido de que,
sin perjuicio de los supuestos en los que el prestamista anticipa, desde el momento de la celebración del contrato de crédito, el incumplimiento por parte del consumidor de la obligación de pago con el fin de buscar una ventaja económica, los intereses de demora y los gastos de cobro extrajudicial que debe pagar un consumidor en caso de retraso o de incumplimiento de la obligación de pago que le incumbe en virtud de un contrato de crédito no están comprendidos en los conceptos de «intereses» y de «otro tipo de gastos», en el sentido de esta disposición, y ello con independencia, en principio, del hecho de que dichos intereses y otro tipo de gastos sean de origen legal o convencional, así como del hecho de que, en su caso, esos intereses y otro tipo de gastos de origen convencional sean superiores a los que se adeudarían conforme a la ley.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.