Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 26 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Artículo 82 TFUE, apartado 2 — Competencia legislativa de la Unión — Directiva 2012/29/UE — Normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos — Artículo 2, apartado 1, letra a) — Concepto de “víctima” — Competencia extraterritorial de los órganos jurisdiccionales penales de un Estado miembro — Inaplicabilidad de la citada Directiva »
En el asunto C‑239/24 [Aurnois], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 12 de diciembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de abril de 2024, en el procedimiento iniciado por
FP,
LD,
con intervención de:
Procureur fédéral,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei y los Sres. S. Rodin, N. Piçarra (Ponente) y N. Fenger, Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de FP y LD, por la Sra. M. Alié, avocate;
–        en nombre del Procureur fédéral, por el Sr. A. d’Oultremont, magistrat fédéral;
–        en nombre del Gobierno checo, por la Sra. A. Pagáčová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por la Sra. L. Fiandaca, avvocato dello Stato;
–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. J. Hottiaux y J. Vondung, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo (DO 2012, L 315, p. 57; corrección de errores en DO 2014, L 353, p. 23).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento iniciado en Bélgica por FP y LD contra varios dirigentes del Reino de Arabia Saudí por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos contra su hermana, SX, nacional saudí y militante de los derechos de las mujeres.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Derecho primario
3        El artículo 82 TFUE, apartado 2, establece:
«En la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Estas normas mínimas tendrán en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los Estados miembros.
Estas normas se referirán a:
a)      la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros;
b)      los derechos de las personas durante el procedimiento penal;
c)      los derechos de las víctimas de los delitos;
d)      otros elementos específicos del procedimiento penal, que el Consejo habrá determinado previamente mediante una decisión. Para la adopción de esta decisión, el Consejo se pronunciará por unanimidad, previa aprobación del Parlamento Europeo.
La adopción de las normas mínimas contempladas en el presente apartado no impedirá que los Estados miembros mantengan o instauren un nivel más elevado de protección de las personas.»
Directiva 2012/29
4        Según los considerandos 3, 4, 13 y 50 de la Directiva 2012/29:
«(3)      El artículo 82 [TFUE], apartado 2, […] prevé el establecimiento de normas mínimas aplicables en los Estados miembros, en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, en particular por lo que respecta a los derechos de las víctimas de delitos.
(4)      […] El objeto de la presente Directiva es revisar y complementar los principios establecidos en la Decisión marco 2001/220/JAI [del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (DO 2001, L 82, p. 1),] y avanzar de forma significativa en la protección de las víctimas en el conjunto de la Unión, en particular en el marco de los procesos penales.
[…]
(13)      La presente Directiva se aplica en relación con los delitos penales cometidos en la Unión y con los procesos penales que tienen lugar en la Unión. Confiere derechos a las víctimas de infracciones extraterritoriales únicamente en relación con los procesos penales que tienen lugar en la Unión. Las denuncias presentadas ante autoridades competentes fuera de la Unión, como por ejemplo las embajadas, no generan las obligaciones previstas en la presente Directiva.
[…]
(50)      La obligación prevista en la presente Directiva de transmitir las denuncias no debe afectar a la competencia de los Estados miembros de iniciar el procedimiento, y se ha de entender sin perjuicio de las normas en materia de conflictos de jurisdicción establecidas en la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales [DO 2009, L 328, p. 42].»
5        A tenor de su artículo 1, apartado 1, párrafo primero, la finalidad de esta Directiva es garantizar que las víctimas de delitos reciban información, apoyo y protección adecuados y que puedan participar en procesos penales.
6        El artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva establece, en particular, las siguientes definiciones:
«a)      “víctima”,
i)      la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal,
ii)      los familiares de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que hayan sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona;
b)      “familiares”, el cónyuge, la persona que convive con la víctima y mantiene con ella una relación personal íntima y comprometida, en un hogar común y de manera estable y continua, los familiares en línea directa, los hermanos y hermanas, y las personas a cargo de la víctima».
Derecho belga
7        El artículo 10 de la loi contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale (Ley que contiene el título preliminar del Código Procesal Penal), de 17 de abril de 1878 (Moniteur belge de 25 de abril de 1878, p. 1265), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «TPCPP»), dispone:
«A excepción de los casos previstos en los artículos 6 y 7, apartado 1, podrá ser juzgado en Bélgica el extranjero que hubiera cometido fuera del territorio del Reino:
[…]
1o bis una grave violación del Derecho internacional humanitario contemplada en el libro II, título I bis, del Code pénal [(Código Penal)], cometida contra una persona que, en el momento de los hechos, fuera nacional belga o tuviera reconocido el estatuto de refugiado en Bélgica y tuviera allí su residencia habitual, en el sentido de la [Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951] [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.º 2545 (1954), que entró en vigor el 22 de abril de 1954 y fue completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, que, a su vez, entró en vigor el 4 de octubre de 1967], o una persona que, al menos durante tres años, residiera efectiva, habitual y legalmente en Bélgica.
Las diligencias, incluida la instrucción, solo podrán iniciarse a instancia del Fiscal Federal, a quien corresponde examinar las posibles denuncias.
Al conocer de una denuncia con arreglo a los párrafos anteriores, el Fiscal Federal solicitará al juez de instrucción que investigue dicha denuncia, a menos que:
1º      la denuncia sea manifiestamente infundada; o
2º      los hechos señalados en la denuncia no correspondan a uno de los delitos tipificados en el libro II, título I bis, del Código Penal; o
3º      esa denuncia no pueda dar lugar a una acción penal admisible; o
[…]
En caso de que el Fiscal Federal considere que concurren una o varias de las circunstancias establecidas en el párrafo tercero, números 1º, 2º y 3º, solicitará a la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles [(Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica)] que declare, según el caso, que no procede ejercer la acción penal o que la acción penal no es admisible. Solo se oirá al Fiscal Federal.
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
8        El 2 de diciembre de 2021, FP y LD (en lo sucesivo, «denunciantes») presentaron una denuncia ante la Fiscalía Federal contra varios dirigentes del Reino de Arabia Saudí por crímenes de lesa humanidad contemplados en el Código Penal belga, presuntamente cometidos contra su hermana, SX, nacional saudí y activista de los derechos de las mujeres. De este modo, denunciaban la represión ejercida por el régimen saudí no solo contra su hermana, sino también contra muchas otras personas presuntamente víctimas de arrestos y detenciones arbitrarias e ilegales, torturas, tratos inhumanos, desapariciones forzadas y asesinatos.
9        De la resolución de remisión se desprende que las denunciantes sostienen que no solo tienen la condición de víctimas indirectas, sino también de víctimas directas de las violaciones graves del Derecho internacional humanitario presuntamente cometidas contra su hermana. En efecto, en cuanto personas cercanas a una persona afectada por tales violaciones, pueden sufrir lesiones mentales o daños emocionales, debido al impacto psicológico y al trauma causados por dichas violaciones, así como un perjuicio económico, en particular en caso de incapacidad laboral resultante de tal trauma.
10      Las denunciantes alegan, por lo tanto, ser «víctimas», en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 2012/29, y argumentan que ese concepto está comprendido en el de «persona contra la que se ha cometido una grave violación del Derecho internacional humanitario», según resulta del artículo 10, párrafo primero, número 1 bis, del TPCPP. Por otra parte, al haberse producido los hechos denunciados entre 2018 y 2021, es decir, con posterioridad al registro de las denunciantes en Bélgica como residentes, estas consideran asimismo que cumplen los criterios establecidos en esta última disposición para ejercer en Bélgica una acción penal contra una persona que no sea un nacional por hechos cometidos fuera del territorio nacional.
11      Al conocer de la denuncia mencionada en el apartado 8 de la presente sentencia, el Procureur fédéral (Fiscal Federal, Bélgica) propuso a la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas), que es el órgano jurisdiccional remitente, declarar la falta de competencia de los órganos jurisdiccionales belgas y la inadmisibilidad de la acción penal, de conformidad con el artículo 10, párrafo cuarto, del TPCPP. En su opinión, no se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo primero, número 1 bis, de dicho artículo, por tratarse de infracciones cometidas en Arabia Saudí contra la hermana de las denunciantes. Así pues, el Fiscal Federal se negó a reconocerles la condición de «personas contra las que se ha cometido una grave violación del Derecho internacional humanitario», conforme al artículo 10, párrafo primero, número 1 bis, del TPCPP.
12      El órgano jurisdiccional remitente explica que, con arreglo al artículo 10, párrafo primero, número 1 bis, del TPCPP, la competencia sobre la base del principio de personalidad pasiva de los órganos jurisdiccionales belgas respecto de los delitos cometidos fuera del territorio nacional por una persona distinta de un nacional se admite cuando, por una parte, los hechos denunciados constituyen una grave violación del Derecho internacional humanitario y, por otra parte, esa violación se ha cometido contra una persona de nacionalidad belga o una persona que goza del estatuto de refugiado en Bélgica o que reside en ese Estado miembro al menos durante tres años.
13      El referido órgano jurisdiccional constata que SX, hermana de las denunciantes, fue víctima de delitos que podían constituir, prima facie, una grave violación del Derecho internacional humanitario, pero que, en el momento de los hechos, no poseía la nacionalidad belga, no gozaba del estatuto de refugiado en Bélgica y no residía en el territorio de ese Estado miembro. En estas circunstancias, considera que la competencia extraterritorial de los órganos jurisdiccionales belgas queda excluida en virtud del artículo 10, párrafo primero, número 1 bis, del TPCPP.
14      El mencionado órgano jurisdiccional subraya que, para fundamentar la competencia extraterritorial de los órganos jurisdiccionales belgas, el citado artículo 10, párrafo primero, número 1 bis, no se refiere al concepto de «víctima», directa o indirecta, sino al de «persona contra la que se ha cometido una grave violación del Derecho internacional humanitario» y que, «en el momento de los hechos, fuera nacional belga o tuviera reconocido el estatuto de refugiado en Bélgica y tuviera allí su residencia habitual». Precisa que este último concepto exige un vínculo de conexión estricto con Bélgica para impedir la presentación de denuncias por personas que se establecen en el territorio nacional con el único fin de acudir a los órganos jurisdiccionales de este último por los delitos de los que afirman haber sido víctimas fuera de dicho territorio.
15      En la medida en que las denunciantes alegaron, por una parte, que deben calificarse de «víctimas», en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2012/29, y, por otra parte, que este concepto debe entenderse incluido en el de «persona contra la que se ha cometido una grave violación del Derecho internacional humanitario», según se desprende del artículo 10, párrafo primero, número 1 bis, del TPCPP, el órgano jurisdiccional remitente estima que la interpretación de dicho artículo 2, apartado 1, letra a), es necesaria para determinar el alcance de este último concepto y, por tanto, para decidir si, en el presente asunto, se cumplen los requisitos para que se pueda ejercitar una acción penal en Bélgica.
16      No obstante, dicho órgano jurisdiccional señala que la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Bélgica), en una sentencia de 17 de diciembre de 2003, declaró que no existe ninguna norma de Derecho internacional que obligue al Reino de Bélgica a ejercer una competencia universal en materia de crímenes de lesa humanidad y constata, además, que tanto el artículo 5 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1465, p. 85, n.º 24841 (1987)], como el artículo 9 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 20 de diciembre de 2006 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 2716, p. 3, n.º 48088 (2010)], prevén la posibilidad de que los Estados Parte establezcan su competencia jurisdiccional pasiva solo «cuando lo consideren apropiado».
17      En estas circunstancias, la cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva [2012/29] en el sentido de que incluye en el concepto de “víctimas” y de que confiere los derechos definidos en esa Directiva a los familiares cercanos de una persona que, en el contexto de una grave violación del Derecho internacional humanitario, ha sido objeto de desaparición forzada o tortura, teniendo en cuenta la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas [de 20 de diciembre de 2006] y la Convención [contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 10 de diciembre de 1984]?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), de [la] Directiva [2012/29] en el sentido de que incluye en el concepto de “víctimas” y de que confiere los derechos definidos en esa Directiva a los familiares que han sufrido lesiones a su integridad mental o emocional, o un perjuicio económico directamente causado por una grave violación del Derecho internacional humanitario cometida principalmente contra un familiar cercano?»
Sobre el procedimiento ante el Tribunal de Justicia
18      Por medio de una solicitud de información de 29 de mayo de 2024, el Tribunal de Justicia instó al órgano jurisdiccional remitente a precisar las razones por las que consideraba que existe un vínculo entre el litigio principal, relativo a la competencia extraterritorial prevista por el Derecho belga para conocer de los crímenes de lesa humanidad, y las disposiciones de la Directiva 2012/29.
19      Mediante escrito recibido en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de julio de 2024, el órgano jurisdiccional remitente informó al Tribunal de Justicia de que había fijado una vista para el 12 de noviembre de 2024 con el fin de someter la cuestión planteada por el Tribunal de Justicia al debate contradictorio entre las partes del litigio principal, precisando que solo podría responder a dicha solicitud de información una vez celebrada la vista.
20      El 12 de julio de 2024, el Presidente del Tribunal de Justicia, tras oír a la Abogada General y al Juez Ponente, decidió suspender el procedimiento hasta la recepción de la respuesta del órgano jurisdiccional remitente a la referida solicitud de información.
21      El 29 de enero de 2025, en respuesta a esa solicitud de información, el órgano jurisdiccional remitente comunicó al Tribunal de Justicia las observaciones escritas que le habían presentado las denunciantes y el Fiscal Federal.
22      El 5 de febrero de 2025, el Presidente del Tribunal de Justicia, tras oír a la Abogada General y al Juez Ponente, decidió incorporar a los autos los documentos presentados por el órgano jurisdiccional remitente, notificarlos a las partes del litigio principal y a los interesados junto con la solicitud de información y reanudar el procedimiento.
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
23      El Fiscal Federal sostiene que la petición de decisión prejudicial es inadmisible. La Comisión también alberga dudas en cuanto a la admisibilidad de esta petición.
24      Según el Fiscal Federal, ninguna disposición de la Directiva 2012/29 tiene por objeto regular los requisitos de admisibilidad de la acción penal ejercitada ante los órganos jurisdiccionales nacionales por delitos cometidos fuera del territorio nacional, por lo que el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), de dicha Directiva, que es objeto de las cuestiones prejudiciales, no es aplicable en el litigio principal. En estas circunstancias, la cuestión de si esta disposición debe interpretarse en el sentido de que un familiar cercano de una víctima de una grave violación del Derecho internacional humanitario también pueda calificarse de «víctima» y, por lo tanto, disfrutar de los derechos definidos por la referida Directiva carece, en su opinión, de pertinencia para la solución de ese litigio.
25      La Comisión señala que la Directiva 2012/29 no contiene ninguna disposición relativa a la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en materia penal y que solo se aplica a los procedimientos penales respecto de los que ya se ha establecido tal competencia. Añade que, con carácter general, el Derecho de la Unión no contiene ninguna norma pertinente para la interpretación de una disposición de Derecho nacional que regule el ejercicio de la competencia jurisdiccional extraterritorial en materia penal, como la que es objeto del litigio principal.
26      Por otra parte, la Comisión basa sus dudas en cuanto a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial en el hecho de que, en respuesta a la solicitud de información mencionada en el apartado 18 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional remitente no se haya pronunciado de manera explícita sobre las razones por las que considera que existe un vínculo entre el litigio principal y las disposiciones de dicha Directiva, limitándose a transmitir las observaciones escritas de las denunciantes y del Fiscal Federal a este respecto.
27      Según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 38 y jurisprudencia citada).
28      En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, si el concepto de «persona contra la que se ha cometido una grave violación del Derecho internacional humanitario», según se desprende del artículo 10, párrafo primero, número 1 bis, del TPCPP, debe entenderse en el sentido de que incluye el de «víctima», definido en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Directiva 2012/29, cuya interpretación solicita para decidir si se cumplen los requisitos para que se pueda ejercitar una acción penal en Bélgica. En el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que esta Directiva es aplicable al litigio principal, la interpretación de ese concepto de «víctima» influirá en la solución de dicho litigio.
29      Puesto que no resulta evidente que la interpretación de la Directiva 2012/29 no guarda relación alguna con la realidad o el objeto del litigio principal, la objeción basada en la inaplicabilidad de dicha Directiva no se refiere a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, sino al fondo de las cuestiones prejudiciales planteadas [véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartado 67, y de 17 de octubre de 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, apartado 48].
Sobre las cuestiones prejudiciales
30      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 2012/29 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «víctima», al que se refiere dicha disposición, incluye a los familiares cercanos de una persona que haya sufrido una violación grave del Derecho internacional humanitario o, al menos, a aquellos que hayan sufrido lesiones mentales o daños emocionales o un perjuicio económico directamente causado por esa violación.
31      Como se ha señalado en el apartado 28 de la presente sentencia, dicho órgano jurisdiccional debe interpretar, en el marco del litigio del que conoce, una disposición de Derecho nacional, esto es, el artículo 10, párrafo primero, número 1 bis, del TPCPP, que establece la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales para conocer de graves violaciones del Derecho internacional humanitario cometidas fuera del territorio nacional contra una persona de nacionalidad belga o una persona que goce del estatuto de refugiado en Bélgica o que resida en ese Estado miembro al menos durante tres años. A tal fin, el citado órgano jurisdiccional desea saber, en esencia, si esa disposición debe interpretarse de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), de la Directiva 2012/29.
32      En este contexto, procede examinar, con carácter preliminar, si la Directiva 2012/29 es aplicable en un litigio relativo a la competencia de los órganos jurisdiccionales penales de un Estado miembro para conocer de hechos cometidos fuera de su territorio, lo que podría afectar al alcance de las disposiciones de Derecho nacional que establecen tal competencia.
33      Es preciso recordar que esa Directiva ha sido adoptada sobre la base del artículo 82 TFUE, apartado 2. Como se desprende del considerando 3 de la referida Directiva, esta disposición del Tratado FUE faculta al legislador de la Unión para establecer normas mínimas aplicables en los Estados miembros, en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, en particular por lo que respecta a los derechos de las víctimas de delitos, pero también a los derechos de las personas durante el procedimiento penal y a la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros, tal como se establece en el citado artículo 82, apartado 2, letras a) a c).
34      A este respecto, procede señalar que la Directiva 2012/29, de conformidad con su título, establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. El considerando 4 de dicha Directiva precisa que esta tiene por objeto revisar y complementar los principios establecidos en la Decisión Marco 2001/220 y avanzar de forma significativa en la protección de las víctimas en el conjunto de la Unión, en particular en el marco de los procesos penales.
35      A tenor de su artículo 1, apartado 1, párrafo primero, la Directiva 2012/29 tiene por objeto garantizar que las víctimas de delitos reciban información, apoyo y protección adecuados y que puedan participar en procesos penales.
36      A efectos de la aplicación de la mencionada Directiva, el concepto de «víctima» se define en su artículo 2, apartado 1, letra a), inciso i), como la persona física que haya sufrido un daño o perjuicio, en especial lesiones físicas o mentales, daños emocionales o un perjuicio económico, directamente causado por una infracción penal. Este concepto incluye, asimismo, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra a), inciso ii), de esta Directiva, a los familiares de una persona cuya muerte haya sido directamente causada por un delito y que hayan sufrido un daño o perjuicio como consecuencia de la muerte de dicha persona. Además, el artículo 2, apartado 1, letra b), de la misma Directiva define como «familiares» al cónyuge, a la persona que convive con la víctima y mantiene con ella una relación personal íntima y comprometida, en un hogar común y de manera estable y continua, a los familiares en línea directa, a los hermanos y hermanas, y a las personas a cargo de la víctima.
37      La Directiva 2012/29 enuncia, en esencia, una serie de derechos de los que deben disfrutar estas víctimas en los procesos penales nacionales. En primer lugar, en materia de información y apoyo, esa Directiva establece, en particular, el derecho a entender y a ser entendido, el derecho a recibir información desde el primer contacto con una autoridad competente e información sobre su causa. En segundo lugar, en cuanto a la participación en el proceso penal, la referida Directiva establece, entre otros, el derecho a ser oído y el derecho a la justicia gratuita. En tercer lugar, en lo que se refiere a la protección de las víctimas, incluidas aquellas con necesidad de protección especial y los menores de edad, la misma Directiva garantiza el derecho a evitar el contacto entre víctima e infractor, así como el derecho a la protección de la intimidad.
38      Únicamente el considerando 13 de la Directiva 2012/29 se refiere a las «víctimas de infracciones extraterritoriales», precisando que esta Directiva solo genera las obligaciones en ella previstas en los procesos penales que tienen lugar en la Unión. El reconocimiento de derechos a estas víctimas supone, por tanto, que los Estados miembros hayan ejercido su competencia para iniciar procedimientos penales. Como han señalado acertadamente el Fiscal Federal y la Comisión en sus observaciones escritas, la citada Directiva solo se aplica a los procedimientos penales respecto de los que se haya establecido previamente tal competencia.
39      Esta constatación se ve confirmada por el considerando 50 de la misma Directiva, del que se desprende que esta no afecta a la competencia de los Estados miembros para iniciar procedimientos penales ni a la aplicación de las normas en materia de conflictos de jurisdicción en los procesos penales, tal como se definen en la Decisión Marco 2009/948.
40      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Directiva 2012/29 debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable en un litigio relativo a la competencia de los órganos jurisdiccionales penales de un Estado miembro para conocer de hechos cometidos fuera del territorio de este y no puede afectar al alcance de las disposiciones de Derecho nacional que establecen tal competencia.
Costas
41      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
La Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo,
debe interpretarse en el sentido de que
no es aplicable en un litigio relativo a la competencia de los órganos jurisdiccionales penales de un Estado miembro para conocer de hechos cometidos fuera del territorio de este y no puede afectar al alcance de las disposiciones de Derecho nacional que establecen tal competencia.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia.
No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.