Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 5 de febrero de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo — Directiva
2013/32/UE — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Artículo 33 — Motivos de inadmisibilidad — Artículo 38 — Concepto de “tercer país seguro” — Requisitos para su aplicación — Relación entre el solicitante y el tercer país en cuestión — Criterios — Métodos de evaluación — Artículo 46 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea »
En el asunto C‑718/24 [Aleb], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Sofía, Bulgaria), mediante resolución de 9 de octubre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de octubre de 2024, en el procedimiento entre
NP
y
Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. K. Jürimäe (Ponente), Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. F. Schalin, M. Gavalec y Z. Csehi, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de NP, por el Sr. T. A. Iliev, advokat;
–        en nombre del Gobierno búlgaro, por las Sras. S. Ruseva y T. Tsingileva, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Azéma y M. Debieuvre y el Sr. I. Zaloguin, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 33, apartado 2, letra c), y 38 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60), en relación con el considerando 46 de dicha Directiva.
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre NP, un nacional sirio, y el Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (presidente de la Agencia Nacional de Refugiados, Bulgaria; en lo sucesivo, «DAB»), en relación con la legalidad de la decisión por la que dicho presidente denegó la solicitud de protección internacional de NP.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2011/95/UE
3        El artículo 2, letra f), de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9), dispone lo siguiente:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
f)      “persona con derecho a protección subsidiaria”: un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplica el artículo 17, apartados 1 y 2, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país […]».
4        El artículo 15, letra c), de dicha Directiva tiene el siguiente tenor:
«Constituirán daños graves:
[…]
c)      las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.»
Directiva 2013/32
5        Los considerandos 18, 43, 44 y 46 de la Directiva 2013/32 enuncian lo siguiente:
«(18)      En interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de protección internacional, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de que se efectúe un examen suficiente y completo.
[…]
(43)      Los Estados miembros deben examinar todas las solicitudes refiriéndose al fondo, es decir, evaluando si el solicitante en cuestión cumple los requisitos para la protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95], salvo cuando la presente Directiva disponga otra cosa, en particular cuando pueda razonablemente suponerse que otro país efectuaría dicho examen o garantizaría de manera suficiente la protección. En particular, los Estados miembros no deben estar obligados a evaluar el fondo de una solicitud de protección internacional cuando un primer país de asilo hubiere concedido al solicitante el estatuto de refugiado u otro tipo de protección suficiente, y el solicitante sea readmitido en dicho país.
(44)      Los Estados miembros no deben estar obligados a evaluar el fondo de una solicitud de protección internacional en la cual el solicitante, debido a una conexión suficiente con un tercer país tal como se define en el Derecho nacional, podría razonablemente buscar protección en dicho tercer país, y hay razones para considerar que el solicitante será admitido o readmitido en dicho país. Los Estados miembros deben proceder sobre esa base únicamente cuando dicho solicitante en concreto estuviera seguro en el tercer país de que se trate. A fin de evitar movimientos secundarios por parte de los solicitantes, deben establecerse principios comunes para la consideración o designación por los Estados miembros de terceros países como seguros.
[…]
(46)      En caso de que los Estados miembros apliquen los conceptos de país seguro en casos individuales o de países designados como seguros mediante la elaboración de listas a tal efecto, deben tener en cuenta, entre otros, las directrices y manuales operativos y la información sobre los países de origen y las actividades, con inclusión de la metodología de informes de información de país de origen de la [Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)] a que se refiere el Reglamento (UE) n.º 439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo [(DO 2010, L 132, p. 11)], y las correspondientes directrices del [Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)].»
6        El capítulo II de la Directiva 2013/32, titulado «Principios y garantías fundamentales», comprende los artículos 6 a 30 de esta.
7        El capítulo III de dicha Directiva, con el epígrafe «Procedimientos en primera instancia», contiene los artículos 31 a 43 de esta.
8        El artículo 32 de la referida Directiva, con la rúbrica «Solicitudes infundadas», dispone:
«1.      Sin perjuicio del artículo 27, los Estados miembros solo podrán considerar una solicitud como infundada cuando la autoridad decisoria haya resuelto que el solicitante no tiene derecho a la protección internacional con arreglo a la Directiva [2011/95].
2.      En los casos de solicitudes infundadas en que sean de aplicación cualesquiera de las circunstancias enumeradas en el artículo 31, apartado 8, los Estados miembros también podrán considerar que una solicitud es manifiestamente infundada cuando se defina así en su legislación nacional.»
9        El artículo 33 la Directiva 2013/32, que lleva por título «Solicitudes inadmisibles», establece:
«1.      Además de los casos en que la solicitud no se examine con arreglo al Reglamento (UE) n.º 604/2013 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31)], los Estados miembros no estarán obligados a examinar si el solicitante cumple los requisitos para la protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95] cuando una solicitud se considere inadmisible con arreglo al presente artículo.
2.      Los Estados miembros podrán considerar inadmisible una solicitud de protección internacional solo si:
[…]
c)      un país que no sea un Estado miembro se considera tercer país seguro para el solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38;
[…]».
10      El artículo 38 de la Directiva 2013/32, titulado «Concepto de tercer país seguro», dispone lo siguiente en sus apartados 1 a 4:
«1.      Los Estados miembros solo podrán aplicar el concepto de tercer país seguro cuando las autoridades competentes tengan la certeza de que el solicitante de protección internacional recibirá en el tercer país un trato conforme a los siguientes principios:
a)      su vida o su libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política;
b)      no hay riesgo de daños graves tal como se definen en la Directiva [2011/95];
c)      se respeta el principio de no devolución de conformidad con la [Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.º 2545 [1954]), que entró en vigor el 22 de abril de 1954 y fue completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, y que entró en vigor el 4 de octubre de 1967 (en lo sucesivo, “Convención de Ginebra”)];
d)      se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho de no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecido en el Derecho internacional;
e)      existe la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra.
2.      La aplicación del concepto de tercer país seguro estará sujeta a las disposiciones previstas en el Derecho nacional, entre ellas:
a)      normas que requieran una relación entre el solicitante y el tercer país de que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país;
b)      normas sobre el método por el que las autoridades competentes tienen la certeza de que se puede aplicar el concepto de tercer país seguro a un país o a un solicitante concretos. Dicho método incluirá el estudio para cada caso concreto sobre la seguridad del país para cada solicitante concreto y/o la relación nacional de los países considerados generalmente como seguros;
c)      normas, con arreglo al Derecho internacional, que permitan realizar un estudio individual de que el país de que se trate es seguro para cada solicitante concreto que, como mínimo, permita que el solicitante impugne la aplicación del concepto de tercer país seguro alegando que el tercer país no es seguro en sus circunstancias particulares. Se permitirá asimismo al solicitante impugnar la existencia de una relación entre él mismo y el tercer país de conformidad con la letra a).
3.      Cuando ejecuten una resolución únicamente basada en el presente artículo, los Estados miembros:
a)      informarán de ello al solicitante, y
b)      le entregarán un documento en el que se informe a las autoridades del tercer país, en la lengua de dicho país, [de] que no se estudió el contenido de la solicitud.
4.      Cuando el tercer país no autorice al solicitante a entrar en su territorio, los Estados miembros garantizarán que tendrá acceso a un procedimiento con arreglo a los principios y garantías fundamentales descritos en el capítulo II.»
11      El capítulo V de la Directiva 2013/32, titulado «Procedimientos de recurso», incluye su artículo
46, titulado a su vez «Derecho a un recurso efectivo». A tenor de los apartados 1 y 3 de dicho artículo:
«1.      Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes tengan derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra lo siguiente:
a)      una resolución adoptada sobre su solicitud de protección internacional, incluida:
i)      la decisión de considerar infundada una solicitud en relación con el estatuto de refugiado y/o el estatuto de protección subsidiaria,
ii)      la decisión de considerar inadmisible una solicitud de conformidad con el artículo 33, apartado 2,
[…]
3.      Para cumplir el apartado 1, los Estados miembros garantizarán que un recurso efectivo suponga el examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95], al menos en los recursos ante un juzgado o tribunal de primera instancia.»
Derecho búlgaro
ZUB
12      El artículo
9, apartado
1, de la Zakon za ubezhishteto i bezhantsite (Ley de Asilo y Refugiados) (DV n.º 54, de 31 de mayo de 2002), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «ZUB»), establece:
«Se concederá el estatuto humanitario a los extranjeros que no reúnan los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado y que no puedan o no deseen obtener la protección de su país de origen porque puedan verse expuestos a un riesgo real de sufrir daños graves, tales como:
1)      la pena de muerte o la ejecución, o
2)      la tortura, las penas o tratos inhumanos o degradantes, o
3)      las amenazas graves contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.»
13      El artículo
13, apartado
1, punto 14, y apartados
4 y 5, de la ZUB dispone:
«(1)      Se desestimará la solicitud de protección internacional de un nacional extranjero por ser manifiestamente infundada cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo
8, apartados
1 y 9, o en el artículo
9, apartados
1, 6 y 8, y el extranjero:
[…]
14.      proceda de un tercer país seguro, a condición de que sea admitido en él;
[…]
(4)      La circunstancia contemplada en el apartado
1, punto 14, solo podrá constituir un motivo autónomo de desestimación de la solicitud por ser manifiestamente infundada si se cumplen los siguientes requisitos:
1.      que exista una relación entre el extranjero y el tercer país de que se trate que justifique su retorno en el marco de un examen individual de la seguridad de dicho país para el nacional extranjero;
2.      que se entregue al extranjero un documento en la lengua del tercer país seguro con el fin de informar a las autoridades de dicho tercer país de que su solicitud no ha sido examinada en cuanto al fondo.
(5)      Si el extranjero no es admitido en el territorio del tercer país seguro, se le concederá acceso a un procedimiento de concesión de protección internacional en Bulgaria.»
14      El artículo 98, apartados 1 y 2, de la ZUB está redactado en los siguientes términos:
«(1)      El presidente de la DAB, de acuerdo con el Ministro de Asuntos Exteriores, podrá, en su caso, presentar al Consejo de Ministros listas nacionales de países de origen seguros y de terceros países seguros.
(2)      Al adoptar las listas, el Consejo de Ministros, con referencia a fuentes de información procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, de la [EASO], del [ACNUR], del Consejo de Europa y de otras organizaciones internacionales, tendrá en cuenta en qué medida el Estado ofrece protección contra la persecución y los tratos inhumanos o degradantes mediante:
1.      las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país y la manera en que se aplican;
2.      el respeto de los derechos y libertades garantizados por el Convenio [Europeo] para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 […], o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [adoptado el 16 de diciembre de 1966 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976], o en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [adoptada el 10 de diciembre de 1984 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que entró en vigor el 26 de junio de 1987];
3.      el respeto del principio de no devolución, de conformidad con la [Convención de Ginebra];
4.      la existencia de un sistema de vías de recurso eficaces contra las violaciones de dichos derechos y libertades.»
15      De conformidad con el artículo 99 de la ZUB:
«Un nacional extranjero que haya presentado una solicitud de protección internacional podrá desvirtuar la presunción de seguridad del país que figure en la lista contemplada en el artículo 98.»
16      El apartado
1, punto
9, de las disposiciones complementarias de la ZUB contiene la siguiente definición:
«“Tercer país seguro”: un país, distinto del país de origen, en el que el extranjero que haya presentado una solicitud de protección internacional haya residido y en el que
a)      no tenga motivos para temer por su vida o su libertad por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas;
b)      esté protegido contra la devolución al territorio de un Estado en el que existan condiciones de persecución y amenaza para sus derechos;
c)      no esté expuesto a un riesgo de persecución o de daños graves, como la tortura, los tratos o las penas inhumanos o degradantes;
d)      tenga la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de que se le conceda, de recibir protección internacional como refugiado;
e)      existan motivos suficientes para pensar que será admitido en el territorio de dicho Estado.»
Decisión n.º 247
17      El punto
2 de la Decisión n.º 247 del Consejo de Ministros de la República de Bulgaria, de 3 de abril de 2024, por la que se adopta la lista de países de origen seguros y la lista de terceros países seguros para los solicitantes de protección (en lo sucesivo, «Decisión n.º 247»), está redactado en los siguientes términos:
«Adopta la lista de terceros países seguros para los solicitantes de protección [internacional] de conformidad con el anexo n.º 2 […] Asia: República Popular de Bangladesh, República Islámica de Irán, Europa Sudoriental: República de Turquía».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
18      NP, un nacional sirio, menor no acompañado, presentó una solicitud de protección internacional en Bulgaria el 2 de noviembre de 2023.
19      En la entrevista mantenida el 1 de diciembre de 2023, NP afirmó haber vivido en la provincia de Alepo (Siria) y haberla abandonado, de dos a tres meses antes, con dos de sus hermanos debido a la guerra. NP permaneció aproximadamente un mes en Turquía antes de entrar ilegalmente en territorio búlgaro. Afirma que sus hermanos permanecieron en Turquía, donde vivían también tres de sus hermanas con sus respectivos cónyuges.
20      Mediante decisión de 18 de junio de 2024, el presidente de la DAB desestimó la solicitud de NP, denegándole la concesión tanto del estatuto de refugiado como del estatuto humanitario. Consideró que, si bien NP no cumplía los requisitos para ser considerado refugiado, debido al conflicto armado interno y a la violencia indiscriminada en Siria, estaba expuesto a una amenaza real para su vida o su integridad física. Sin embargo, el presidente de la DAB consideró que la República de Turquía era un «tercer país seguro» en el que NP podía establecerse de forma segura. En efecto, a su juicio, NP había vivido en territorio turco durante un mes sin riesgo para su seguridad y varios de sus hermanos y hermanas aún vivían allí. Había tenido la posibilidad legal de registrarse ante las autoridades turcas y regularizar su estancia, cosa que no hizo. En este contexto, el presidente de la DAB dedujo de la información obtenida de fuentes accesibles al público que los apátridas y los refugiados procedentes de Siria, llegados a Turquía a causa de los acontecimientos acaecidos en Siria desde el 28 de abril de 2011, gozaban de protección temporal por parte del Gobierno turco. Los beneficiarios de esa protección supuestamente están protegidos contra el retorno forzoso a Siria. Además, se satisfacen sus necesidades básicas.
21      NP interpuso un recurso de anulación de la decisión de 18 de junio de 2024 ante el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Sofía, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente.
22      En respuesta a una solicitud de información del órgano jurisdiccional remitente, el presidente de la DAB le informó de que, en primer término, la DAB aplicaba la Decisión n.º 247, en virtud de la cual la República de Turquía se consideraba un tercer país seguro. En segundo término, indicó que la DAB no había desarrollado ningún método con arreglo al artículo
38, apartado
2, letra b), de la Directiva 2013/32. En tercer término, reconoció que no se había informado explícitamente a NP de la posibilidad de impugnar la aplicación respecto a él del concepto de tercer país seguro o la existencia de una relación entre él y el tercer país en cuestión.
23      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente considera necesario obtener precisiones sobre la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2013/32 relativas al concepto de «tercer país seguro». En efecto, señala que el artículo
38 de dicha Directiva no ha sido íntegramente transpuesto en el ordenamiento jurídico búlgaro y este concepto da lugar a aplicaciones divergentes a nivel nacional.
24      Más concretamente, en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si las disposiciones de la citada Directiva permiten denegar una solicitud de protección internacional basándose en dicho concepto en el marco de un procedimiento ordinario con arreglo al capítulo III de la misma Directiva, y ello una vez que, al examinar el fondo de dicha solicitud, la autoridad competente haya constatado que el solicitante cumple los requisitos para que se le conceda el estatuto de protección subsidiaria. Precisa que la jurisprudencia del Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria) permite tal práctica.
25      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre los requisitos de aplicación del concepto de «tercer país seguro» previstos en el artículo
38, apartado
2, letras a) y b), de la Directiva 2013/32. Por una parte, señala que, en virtud del artículo
38, apartado
2, letra b), de dicha Directiva, los Estados miembros están obligados a elaborar y aplicar un «método» para garantizar que este concepto pueda aplicarse a un país o a un solicitante concretos. Se pregunta si, cuando, como sucede en el litigio principal, el Derecho nacional no prevé tal método, dicho concepto puede aplicarse, en su caso sobre la base de información procedente de fuentes accesibles al público y de un acto del poder ejecutivo como la Decisión n.º 247. Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional señala que el Derecho búlgaro no establece criterios que permitan considerar que existe una relación entre el solicitante y el tercer país de que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país, y que el artículo
38, apartado
2, letra a), de la Directiva 2013/32 tampoco precisa esos criterios. Se pregunta, por lo tanto, si esta disposición obliga a los Estados miembros a establecer tales criterios en su Derecho nacional.
26      Por último, el órgano jurisdiccional remitente desea obtener precisiones sobre el control jurisdiccional requerido. En virtud del artículo
38, apartado
2, letra c), de la Directiva 2013/32, los Estados miembros deben permitir al solicitante impugnar judicialmente la existencia de una relación entre él y un tercer país que se considere seguro con respecto a él. Pues bien, el Derecho búlgaro no prevé tal control jurisdiccional. Por lo tanto, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si, en el marco del examen de un recurso contra una decisión basada en el concepto de «tercer país seguro», está obligado a declararse competente y a examinar la existencia de tal relación, sobre la base de la referida disposición.
27      En tales circunstancias, el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      En el contexto de una interpretación amplia del considerando 46 y del artículo 33, apartado 2, letra c), [de la Directiva 2013/32] en relación con el artículo 38, de [esta], ¿cabe estimar que las normas establecidas en dichas disposiciones, que permiten considerar inadmisible una solicitud de protección internacional y que se refieren al concepto de “tercer país seguro” en el sentido del artículo 38 de [la Directiva 2013/32], deben aplicarse en un procedimiento tramitado con arreglo al capítulo III de dicha Directiva de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II de la misma, es decir, en el examen en cuanto al fondo de una solicitud de protección internacional?
2)      ¿Deben interpretarse el considerando 46 y el artículo [33], apartado 2, letra c), [de la Directiva 2013/32] en relación con el artículo 38 de [esta], en el sentido de que son admisibles una normativa nacional como la contemplada en el artículo 75, apartado 2, de la ZUB, así como una práctica administrativa y judicial, en virtud de las cuales una solicitud de protección internacional que ha sido examinada en cuanto al fondo puede ser denegada sin ser declarada manifiestamente infundada o inadmisible, únicamente porque el solicitante tiene la posibilidad de acogerse a la protección de un tercer país seguro, sin que se haya desarrollado y aplicado en el Derecho nacional el método previsto en el artículo 38, apartado 2, letra b), de la Directiva 2013/32, y si la autoridad administrativa reconoce que existe un conflicto armado en el país de origen del solicitante y se cumplen los requisitos del artículo 15, letra c), de la Directiva 2011/95?
3)      ¿Debe interpretarse el artículo 38, apartado 2, letra b), [de la Directiva 2013/32] en relación con el considerando 46 de [esta], en el sentido de que la autoridad administrativa que examina una solicitud de protección internacional en cuanto al fondo puede aplicar el concepto de “tercer país seguro” a un país o a un solicitante concretos únicamente sobre la base de la información procedente de fuentes de acceso público y de una decisión de un órgano del poder ejecutivo (el Consejo de Ministros) conforme a la cual un tercer país concreto es un tercer país seguro, sin que exista un método en el Derecho nacional, en el sentido de dicha disposición, en virtud del cual la autoridad administrativa tenga la certeza de que el concepto de “tercer país seguro” puede aplicarse a un país y a un solicitante concretos?
4)      ¿Debe interpretarse el artículo 38, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32 en el sentido de que los Estados miembros están obligados a establecer en su Derecho nacional criterios obligatorios que permitan considerar que existe una relación entre el solicitante y el tercer país de que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país?
5)      ¿Debe interpretarse el artículo 38, apartado 2, letra c), de la Directiva 2013/32, que regula la posibilidad de que el solicitante impugne ante los tribunales la existencia de una relación entre él y un tercer país al que se considera seguro de conformidad con el artículo 38, apartado 2, letra a), de dicha Directiva, en el sentido de que, a falta de una disposición de Derecho nacional que prevea el control jurisdiccional de la legalidad de la existencia de una relación entre el solicitante y el tercer país de que se trate, el tribunal que conoce de un recurso contra la decisión administrativa por la que se deniega al solicitante la protección internacional por considerar que hay un tercer país al que se reconoce como seguro para él, está obligado a declararse competente y pronunciarse sobre la legalidad de la existencia de tal relación, tal como la da por cierta la autoridad administrativa?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
28      Con carácter preliminar, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, el procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos la información relativa a la interpretación del Derecho de la Unión que estos requieren para la solución del litigio que deben dirimir [véanse el auto de 26 de enero de 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, apartado
7, y la sentencia de 15 de abril de 2021, État belge (Elementos posteriores a la decisión de traslado), C‑194/19, EU:C:2021:270, apartado 21].
29      Según jurisprudencia igualmente reiterada, en el marco de este procedimiento de cooperación, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones prejudiciales que se le han planteado (véanse las sentencias de 17 de julio de 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, apartados
22 y 23; de 28 de noviembre de 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, apartado
18, y de 3 de junio de 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, apartado 34).
30      A la luz de esta jurisprudencia, procede examinar conjuntamente las cuestiones prejudiciales primera y segunda, que se solapan en lo esencial. Por otra parte, en la medida en que la segunda cuestión prejudicial se refiere a la definición, en el Derecho nacional, del método relativo a la aplicación del concepto de «tercer país seguro», se confunde con la tercera cuestión prejudicial, relativa a dicho método. Así pues, no es necesario abordar este aspecto en relación con la segunda cuestión.
31      Por consiguiente, procede entender las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos
33, apartado
2, letra c), y
38 de la Directiva 2013/32 deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, el motivo de inadmisibilidad enunciado en el artículo
33, apartado
2, letra c), de dicha Directiva debe aplicarse necesariamente al examinar el fondo de una solicitud de protección internacional y de que, por otra parte, una solicitud examinada en cuanto al fondo puede desestimarse sin ser declarada manifiestamente infundada o inadmisible debido a que se considere que un tercer país es seguro para el solicitante, y ello aunque la autoridad competente haya comprobado que dicho solicitante cumple los requisitos para la concesión de protección internacional establecidos en la Directiva 2011/95.
32      A este respecto, es preciso recordar que, a tenor del artículo 33, apartado 1, de la Directiva 2013/32, además de los casos en que la solicitud no se examine con arreglo al Reglamento n.º 604/2013, los Estados miembros no están obligados a examinar si el solicitante cumple los requisitos para la protección internacional de conformidad con la Directiva 2011/95 cuando una solicitud se considere inadmisible con arreglo a dicho artículo. El artículo 33, apartado 2, de la Directiva 2013/32 enumera de forma exhaustiva las situaciones en las que los Estados miembros pueden considerar inadmisible una solicitud de protección internacional [sentencias de 19 de marzo de 2019, Ibrahim y otros, C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 y C‑438/17, EU:C:2019:219, apartado 76, y de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado 29].
33      Entre estas situaciones figura, en el artículo
33, apartado
2, letra c), de dicha Directiva, aquella en la que un tercer país se considera tercer país seguro para el solicitante en virtud del artículo
38 de la referida Directiva.
34      Así pues, del propio tenor del artículo 33, apartados 1 y 2, letra c), de la Directiva 2013/32 se desprende que los Estados miembros no están obligados a examinar si el solicitante interesado cumple los requisitos para la protección internacional de conformidad con la Directiva 2011/95 cuando se considere que un tercer país es un tercer país seguro para ese solicitante [véase, por analogía, la sentencia de 22 de febrero de 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unidad familiar — Protección ya concedida), C‑483/20, EU:C:2022:103, apartado 24].
35      Esta interpretación responde a la finalidad del artículo
33, apartado
2, de la Directiva 2013/32, que, como se desprende del considerando 43 de esta Directiva, consiste en relajar la obligación de los Estados miembros de examinar toda solicitud de protección internacional definiendo los supuestos en los que tal solicitud se considera inadmisible [sentencias de 17 de marzo de 2016, Mirza, C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, apartado
43; de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado
30, y de 18 de junio de 2024, Bundesrepublik Deutschland (Efecto de una resolución por la que se concede el estatuto de refugiado), C‑753/22, EU:C:2024:524, apartado 50].
36      De ello se deduce que el examen del motivo de inadmisibilidad enunciado en el artículo
33, apartado
2, letra c), de la Directiva 2013/32 debe preceder al examen en cuanto al fondo de una solicitud de protección internacional y, por lo tanto, no debe tener lugar necesariamente durante dicho examen. Esta interpretación se impone, particularmente, a la luz del objetivo de esta Directiva, señalado en su considerando 18, según el cual, en interés, en particular, de los solicitantes de protección internacional, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de que se efectúe un examen suficiente y completo (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges e Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio, C‑134/23, EU:C:2024:838, apartado 52 y jurisprudencia citada).
37      A falta de disposición en sentido contrario en la Directiva 2013/32, las consideraciones anteriores implican, del mismo modo, que una solicitud de protección internacional puede ser declarada inadmisible por uno de los motivos enunciados en el artículo
33, apartado
2, de dicha Directiva en un supuesto en el que, en su caso, se cumplan los requisitos para la concesión de protección internacional, o incluso después de que la autoridad decisoria haya procedido a un examen en cuanto al fondo de las necesidades de protección.
38      La interpretación expuesta en los apartados
36 y 37 de la presente sentencia se ve corroborada por el contexto del artículo
33 de la Directiva 2013/32.
39      A este respecto, procede subrayar que este artículo, que regula los supuestos de inadmisibilidad de una solicitud de protección internacional, viene precedido del artículo
32 de dicha Directiva, que se refiere a las solicitudes infundadas. Pues bien, según el artículo 32, apartado 1, de la referida Directiva, los Estados miembros solo podrán considerar una solicitud como infundada cuando la autoridad decisoria haya resuelto que el solicitante no tiene derecho a la protección internacional con arreglo a la Directiva 2011/95. Además, en virtud del artículo
32, apartado
2, de la Directiva 2013/32, una solicitud puede considerarse manifiestamente infundada, si se define como tal en la legislación nacional, en las situaciones enumeradas en el artículo
31, apartado
8, de dicha Directiva. Estas situaciones no se refieren a los motivos de inadmisibilidad enunciados en el artículo
33, apartado
2, de la referida Directiva.
40      Así pues, una lectura conjunta de los artículos
32 y 33 de la Directiva 2013/32 revela la voluntad unívoca del legislador de la Unión de distinguir claramente entre los motivos de inadmisibilidad de una solicitud de protección internacional y los motivos de denegación en cuanto al fondo de tal solicitud. Por otra parte, esta distinción se reproduce en el artículo
46, apartado
1, letra a), incisos i) y ii), de dicha Directiva, que se refiere al derecho a un recurso efectivo contra, respectivamente, las decisiones de considerar infundada una solicitud de protección internacional y las decisiones de considerar tal solicitud inadmisible.
41      De ello se deduce que, con arreglo al artículo
32 de la Directiva 2013/32, solo tras un examen en cuanto al fondo de la solicitud de protección internacional podrá, en su caso, denegarse dicha solicitud por ser infundada o manifiestamente infundada. En cambio, la aplicación de un motivo de inadmisibilidad, en el sentido del artículo
33, apartado
2, de la Directiva, solo puede dar lugar a que se declare la inadmisibilidad de la solicitud, con independencia de tal examen de esta.
42      En el presente asunto, de los elementos de Derecho nacional de que dispone el Tribunal de Justicia parece desprenderse que el artículo
13, apartado
1, punto 14, de la ZUB prevé la denegación de una solicitud de protección internacional por ser «manifiestamente infundada» debido a que el extranjero «procede de un tercer país seguro», es decir, por un motivo de inadmisibilidad, en el sentido del artículo
33, apartado
2, de la Directiva 2013/32, incumpliendo los requisitos que se derivan de los artículos
32 y 33 de esta. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, único competente para pronunciarse sobre el Derecho nacional, comprobar si este es el caso.
43      A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que los artículos
33, apartado
2, letra c), y 38 de la Directiva 2013/32 deben interpretarse en el sentido de que:
–        el motivo de inadmisibilidad enunciado en el artículo
33, apartado
2, letra c), de dicha Directiva no debe aplicarse necesariamente al examinar el fondo de una solicitud de protección internacional;
–        una solicitud examinada en cuanto al fondo puede declararse inadmisible debido a que se considere que un tercer país es seguro para el solicitante, aun cuando la autoridad competente haya comprobado que dicho solicitante cumple los requisitos para la concesión de protección internacional establecidos en la Directiva 2011/95. En cambio, tal solicitud solamente puede desestimarse por ser infundada, o incluso manifiestamente infundada, en las condiciones enunciadas en el artículo
32 de la Directiva 2013/32 y, en cualquier caso, no puede desestimarse por ser infundada en virtud del motivo de inadmisibilidad previsto en el artículo
33, apartado
2, letra c), de esta última Directiva.
Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta
Observaciones preliminares
44      Al referirse las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta a la interpretación del artículo 38, apartado 2, de la Directiva 2013/32, ha de recordarse, con carácter preliminar, que del artículo 38 de esta Directiva se desprende que la aplicación del concepto de «tercer país seguro» a efectos del artículo 33, apartado 2, letra c), de dicha Directiva está supeditada al cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados 1 a 4 del referido artículo 38.
45      En particular, en primer lugar, el artículo
38, apartado
1, de la Directiva 2013/32 exige que las autoridades competentes de los Estados miembros tengan la certeza de que el tercer país de que se trate respeta los principios expresamente enunciados en dicha disposición.
46      En segundo lugar, el artículo 38, apartado 2, de la misma Directiva, supedita la aplicación del concepto de «tercer país seguro» a las normas que establezca el Derecho nacional. Estas normas deben incluir, particularmente, en primer término, las que requieran la existencia de una relación entre el solicitante de protección internacional y el tercer país tal que sea razonable que dicho solicitante vaya a ese país. En segundo término, deben incluir las relativas al método aplicado por las autoridades competentes para garantizar que el concepto de «tercer país seguro» pueda aplicarse a un país o a un solicitante de protección internacional determinados, precisándose que tal método debe incluir un examen caso por caso de la seguridad del país para dicho solicitante o la designación por el Estado miembro de los países considerados generalmente seguros. En tercer término, deben incluir aquellas que, de conformidad con el Derecho internacional, permitan un examen individual para determinar si el tercer país de que se trate es seguro para un solicitante de protección internacional determinado y que permitan a dicho solicitante impugnar tanto la aplicación del concepto de «tercer país seguro» en relación con su situación particular como la existencia de una relación entre él mismo y ese país.
47      En tercer lugar, el artículo 38, apartados 3 y 4, de la referida Directiva, exige a los Estados miembros que ejecuten una decisión basada únicamente en el concepto de «tercer país seguro» que informen de ello al solicitante de protección internacional y que le entreguen un documento en el que se informe a las autoridades del tercer país, en la lengua de dicho país, que no se estudió el contenido de su solicitud. Los Estados miembros deben garantizar que ese solicitante pueda iniciar un procedimiento de conformidad con los principios y garantías fundamentales establecidos en el capítulo II de la referida Directiva cuando el tercer país no le autorice a entrar en su territorio.
48      Los requisitos establecidos en el artículo
38 de la Directiva 2013/32 son acumulativos, de modo que el motivo de inadmisibilidad al que hace referencia el artículo 33, apartado 2, letra c), de esta Directiva no puede aplicarse si falta alguno de esos requisitos [sentencia de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado
40 y jurisprudencia citada].
49      A la luz de estas observaciones preliminares, procede examinar sucesivamente la cuarta cuestión prejudicial y, a continuación, la tercera, que se refieren, respectivamente, a las letras a) y b) del artículo
38, apartado
2, de la Directiva 2013/32.
Cuarta cuestión prejudicial
50      Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
38, apartado
2, letra a), de la Directiva 2013/32 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros deben establecer, en su Derecho nacional, criterios que permitan considerar que existe una relación entre el solicitante de protección internacional y el tercer país de que se trate.
51      Como se ha recordado en el apartado
46 de la presente sentencia, esta disposición establece que la aplicación del concepto de «tercer país seguro» está supeditada a las normas establecidas en el Derecho nacional que requieran una relación entre el solicitante de protección internacional y el tercer país de que se trate, por la que sería razonable que dicho solicitante fuera a ese país.
52      Así pues, de la referida disposición, interpretada además a la luz del considerando 44 de la Directiva 2013/32, se desprende que corresponde a los Estados miembros definir, en su Derecho nacional, la relación requerida entre un solicitante de protección internacional y un tercer país seguro. A tal fin, y a falta de una definición del concepto de «relación» en dicha Directiva, los Estados miembros deben determinar los criterios pertinentes para establecer tal relación.
53      A este respecto, del considerando 44 se desprende también que dicha relación debe ser suficiente para que el traslado del solicitante a ese país resulte razonable [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado 46].
54      En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado, además, que la circunstancia de que un solicitante de protección internacional haya transitado por el territorio de un tercer país no puede, por sí sola, constituir una razón válida para considerar razonable que dicho solicitante regrese a ese país [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado 47].
55      En el caso de autos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el Derecho búlgaro define la «relación», en el sentido del artículo
38, apartado
2, letra a), de la Directiva 2013/32, debiendo observarse que del apartado
1, punto
9, de las disposiciones complementarias de la ZUB parece desprenderse que el Derecho búlgaro determina la existencia de tal vínculo mediante un criterio relativo a la «residencia» del solicitante de protección internacional en el tercer país de que se trate. De ser así, volvería a corresponder a dicho órgano jurisdiccional determinar si, habida cuenta de todas las circunstancias que caractericen una eventual estancia anterior del solicitante en cuestión en el tercer país de que se trate, tales como la duración y los motivos de esa residencia, así como la presencia, en ese tercer país, de miembros de la familia cercana del solicitante, dicha estancia es suficiente para considerar que existe entre el solicitante y ese tercer país una relación tal que permita considerar razonable que dicho solicitante regrese a ese país.
56      A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo
38, apartado
2, letra a), de la Directiva 2013/32 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros deben establecer, en su Derecho nacional, criterios que permitan considerar que existe una relación entre el solicitante de protección internacional y el tercer país de que se trate, precisándose que esa relación debe ser suficiente para que el traslado del solicitante a ese país resulte razonable.
Tercera cuestión prejudicial
57      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
38, apartado
2, letra b), de la Directiva 2013/32 debe interpretarse en el sentido de que la autoridad decisoria puede aplicar el concepto de «tercer país seguro» sobre la base de información procedente de fuentes accesibles al público y de una decisión del poder ejecutivo que establece una lista de terceros países seguros, sin que el Derecho nacional defina ningún «método» en el sentido de dicha disposición.
58      En primer lugar, como se ha recordado en el apartado
46 de la presente sentencia, el artículo
38, apartado
2, letra b), de la Directiva 2013/32 supedita la aplicación del concepto de «tercer país seguro» a las normas establecidas en el Derecho nacional relativas al método aplicado por las autoridades competentes para garantizar que dicho concepto pueda aplicarse a un país o a un solicitante de protección internacional determinados. Además, dicho método deberá incluir un estudio, en cada caso concreto, de la seguridad del país para ese solicitante y/o la relación nacional de los países considerados generalmente como seguros.
59      Así pues, del propio tenor de esta disposición, y muy en particular de la remisión al Derecho nacional, así como de la locución «y/o» que figura en la segunda frase de dicha disposición, se desprende que esta concede a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre diferentes métodos de aplicación del concepto de «tercer país seguro», que les corresponde definir en su Derecho nacional. Por lo tanto, parece que los Estados miembros pueden, en principio, prever bien un examen caso por caso de la seguridad del país para cada solicitante de protección internacional, bien la designación de los países considerados generalmente seguros, bien una combinación de estos dos métodos.
60      Por lo que respecta, más concretamente, al método consistente en prever la designación de países considerados como generalmente seguros, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 38 de la Directiva 2013/32, interpretado a la luz de los considerandos 44 y 46 de esta, autoriza a un Estado miembro a designar, en un acto de alcance general, a un tercer país como generalmente seguro para determinados solicitantes de protección internacional (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges e Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio, C‑134/23, EU:C:2024:838, apartados
43 a 45).
61      Además, a tenor del considerando 46 de dicha Directiva, a efectos de la aplicación del concepto de «tercer país seguro», ya sea caso por caso o mediante la designación de tales países mediante actos de alcance general, los Estados miembros deben tener en cuenta, entre otras cosas, las directrices y los manuales operativos, así como la información sobre los países de origen y las actividades, incluida la metodología de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE), sucesora de la EASO, en relación con la presentación de informes sobre los países de origen, así como las orientaciones pertinentes del ACNUR.
62      Esta lista no exhaustiva de información agrupa información que presenta la característica común de ser accesible al público. Por lo tanto, procede considerar que, a efectos de la aplicación del concepto de «tercer país seguro», los Estados miembros pueden tener en cuenta la información procedente de fuentes accesibles al público.
63      De ello se deduce que nada se opone, en principio, a que la autoridad decisoria aplique el concepto de «tercer país seguro» sobre la base de información procedente de fuentes accesibles al público y de una decisión del poder ejecutivo que establezca, de conformidad con el Derecho nacional, una lista de terceros países seguros.
64      En segundo lugar, no obstante, también debe tenerse en cuenta el artículo
38, apartado
2, letra c), de la Directiva 2013/32. A tenor de dicha disposición, los Estados miembros deben establecer normas que permitan un estudio individual de que el país de que se trate es seguro para cada solicitante concreto, garantizándole, en particular, la posibilidad de impugnar la aplicación del concepto de «tercer país seguro» a la luz de su situación particular y la existencia de una relación entre él y ese país tercero (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Elliniko Symvoulio gia tous Prosfyges e Ypostirixi Prosfygon sto Aigaio, C‑134/23, EU:C:2024:838, apartado 44).
65      Por consiguiente, aun cuando, con arreglo al artículo
38, apartado
2, letra b), de la Directiva 2013/32, un Estado miembro opte, por lo que respecta al método relativo a la aplicación del concepto de «tercer país seguro», por prever la designación de los terceros países seguros mediante un acto de alcance general, le incumbe además, de conformidad con el artículo
38, apartado
2, letras b) y c), de dicha Directiva, definir el método aplicable para apreciar, en cada caso concreto, en función de las circunstancias particulares del solicitante de protección internacional, si el tercer país de que se trate cumple los requisitos para ser considerado seguro para ese solicitante, así como la posibilidad de que el solicitante impugne la existencia de tal relación, en el sentido de esta última disposición [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado 48].
66      A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo
38, apartado
2, letras b) y c), de la Directiva 2013/32 debe interpretarse en el sentido de que la autoridad decisoria puede aplicar el concepto de «tercer país seguro» sobre la base de información procedente de fuentes accesibles al público y de una decisión del poder ejecutivo que establezca una lista de terceros países seguros, siempre que el Derecho nacional defina también el método aplicable para apreciar, en cada caso concreto, en función de las circunstancias particulares del solicitante de protección internacional, si el tercer país de que se trate cumple los requisitos para ser considerado seguro para ese solicitante, así como la posibilidad de que dicho solicitante impugne la existencia de una relación, en el sentido del artículo
38, apartado
2, letra a), de la referida Directiva.
Quinta cuestión prejudicial
67      Con carácter preliminar, procede recordar que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo
267 TFUE, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas del Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (véanse las sentencias de 20 de marzo de 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, apartado 9, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 44).
68      En efecto, el hecho de que, desde un punto de vista formal, el órgano jurisdiccional remitente se haya referido, en sus cuestiones prejudiciales, a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no obsta para que el Tribunal de Justicia le proporcione todos los elementos de interpretación que puedan serle útiles para enjuiciar el litigio principal, extrayendo del conjunto de datos aportados por dicho órgano jurisdiccional, y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión, los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio principal (véanse las sentencias de 29 de noviembre de 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, apartado 26, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 45).
69      En el caso de autos, procede señalar que la quinta cuestión prejudicial versa formalmente solo sobre la interpretación del artículo
38, apartado
2, letra c), de la Directiva 2013/32. No obstante, de la motivación de la petición de decisión prejudicial y del propio tenor de dicha cuestión se desprende inequívocamente que, mediante esta, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se le aclare cuáles son las implicaciones del derecho a la tutela judicial efectiva de un solicitante de protección internacional cuya solicitud haya sido denegada con el argumento de que existe para él un tercer país seguro.
70      Por lo tanto, para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, procede tener en cuenta también lo dispuesto en el artículo
46, apartados
1 y 3, de dicha Directiva, así como en el artículo
47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva.
71      En estas circunstancias, la quinta cuestión prejudicial debe entenderse en el sentido de que, mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos
38, apartado
2, letra c), y 46, apartados
1 y 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo
47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso contra una decisión denegatoria de una solicitud de protección internacional en virtud del motivo de inadmisibilidad relativo al tercer país seguro, contemplado en el artículo
33, apartado
2, letra c), de dicha Directiva, debe comprobar la existencia de una relación, en el sentido del artículo
38, apartado
2, letra a), de la Directiva, entre el solicitante y el tercer país de que se trate, y ello aun cuando su Derecho nacional no le confiera tal facultad.
72      A este respecto, debe recordarse que el artículo 46, apartado 1, de la Directiva 2013/32 reconoce a los solicitantes de protección internacional el derecho a un recurso efectivo ante un órgano judicial contra las resoluciones relativas a sus solicitudes. El artículo 46, apartado 3, de dicha Directiva define el alcance del derecho a un recurso efectivo, precisando que los Estados miembros vinculados por esta Directiva garantizarán que el órgano jurisdiccional ante el que se impugne la decisión relativa a la solicitud de protección internacional proceda a un «examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, incluido cuando proceda un examen de las necesidades de protección internacional de conformidad con la Directiva [2011/95]» (sentencia de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 76 y jurisprudencia citada).
73      Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las características del recurso previsto en el artículo 46 de la Directiva 2013/32 deben determinarse de conformidad con el artículo 47 de la Carta, que constituye una reafirmación del principio de tutela judicial efectiva. Pues bien, el artículo 47 se basta a sí mismo y no es preciso que sea desarrollado por otras normas del Derecho de la Unión o del Derecho nacional para conferir a los particulares un derecho subjetivo invocable como tal. Lo mismo sucede, por consiguiente, con el artículo 46, apartado 3, de esta Directiva, en relación con el artículo 47 de la Carta (sentencias de 4 de octubre de 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, apartado
86, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 77).
74      Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que, incluso en el supuesto de un recurso contra una decisión mediante la que se deniega una solicitud de protección internacional por considerarla inadmisible, el órgano jurisdiccional que conoce de tal recurso está obligado a efectuar el examen completo y ex nunc contemplado en el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32 [sentencia de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado 66]. Efectivamente, los términos «cuando proceda», que se emplean en el pasaje «incluido, cuando proceda, un examen de las necesidades de protección internacional en virtud de la Directiva [2011/95]», destacan que el examen completo y ex nunc del órgano jurisdiccional no debe necesariamente tratar sobre el fondo de las necesidades de protección internacional y puede, por lo tanto, tratar sobre la admisibilidad de la solicitud de protección internacional cuando el Derecho nacional permita aplicar el artículo 33, apartado 2, de la Directiva 2013/32 [sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartado 115, y de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado 67].
75      En este contexto, por lo que respecta, en particular, a un recurso contra una decisión por la que se deniega una solicitud de protección internacional por considerarla inadmisible en virtud del motivo de inadmisibilidad relativo al tercer país seguro, contemplado en el artículo
33, apartado
2, letra c), de la Directiva 2013/32, el órgano jurisdiccional que conoce de tal recurso está obligado, en el marco del examen completo y actualizado que le incumbe, a comprobar, en particular, si el tercer país de que se trate puede considerarse un tercer país seguro para el solicitante de protección internacional [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado 68].
76      A efectos de esta comprobación, dicho órgano jurisdiccional debe examinar rigurosamente si se cumplen todos y cada uno de los requisitos acumulativos a los que está supeditada la aplicación de ese motivo de inadmisibilidad, como los establecidos en el artículo 38 de la Directiva 2013/32, instando, en su caso, a la autoridad decisoria a aportar toda la documentación y todos los elementos fácticos pertinentes, y cerciorarse, antes de adoptar una resolución, de que el solicitante ha tenido la ocasión de expresar en persona su punto de vista respecto de la aplicabilidad del motivo de inadmisibilidad a su situación particular [véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de julio de 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, apartados 121 y 124, y de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, apartado 69].
77      Pues bien, la existencia de una relación, en el sentido del artículo
38, apartado
2, letra a), de la Directiva 2013/32, constituye uno de estos requisitos acumulativos. Por lo demás, el artículo
38, apartado
2, letra c), de esta Directiva exige que todo solicitante de protección internacional cuya solicitud se deniegue por existir para él un tercer país seguro tenga derecho a impugnar la existencia de una relación entre él mismo y ese tercer país de conformidad con la primera de estas disposiciones.
78      Por lo tanto, en lo que atañe al litigio principal, corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar, en particular, la existencia de una relación entre NP y la República de Turquía. Habida cuenta de la jurisprudencia recordada en el apartado
73 de la presente sentencia, dicho órgano jurisdiccional debe proceder a ese examen incluso en el supuesto de que, como señala en la petición de decisión prejudicial, el Derecho búlgaro no le confiera tal facultad.
79      A la luz de todo lo anterior, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que los artículos 38, apartado
2, letra c), y 46, apartados
1 y 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo
47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso contra una decisión denegatoria de una solicitud de protección internacional en virtud del motivo de inadmisibilidad relativo al tercer país seguro, contemplado en el artículo
33, apartado
2, letra c), de dicha Directiva, debe comprobar la existencia de una relación, en el sentido del artículo
38, apartado
2, letra a), de la Directiva, entre el solicitante y el tercer país de que se trate, y ello aun cuando su Derecho nacional no le confiera tal facultad.
Costas
80      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)      Los artículos 33, apartado 2, letra c), y 38 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional,
deben interpretarse en el sentido de que
–        el motivo de inadmisibilidad enunciado en el artículo 33, apartado 2, letra c), de dicha Directiva no debe aplicarse necesariamente al examinar el fondo de una solicitud de protección internacional;
–        una solicitud examinada en cuanto al fondo puede declararse inadmisible debido a que se considere que un tercer país es seguro para el solicitante, aun cuando la autoridad competente haya comprobado que dicho solicitante cumple los requisitos para la concesión de protección internacional establecidos en la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida. En cambio, tal solicitud solamente puede desestimarse por ser infundada, o incluso manifiestamente infundada, en las condiciones enunciadas en el artículo 32 de la Directiva 2013/32 y, en cualquier caso, no puede desestimarse por ser infundada en virtud del motivo de inadmisibilidad previsto en el artículo 33, apartado 2, letra c), de esta última Directiva.
2)      El artículo 38, apartado 2, letra a), de la Directiva 2013/32
debe interpretarse en el sentido de que
los Estados miembros deben establecer, en su Derecho nacional, criterios que permitan considerar que existe una relación entre el solicitante de protección internacional y el tercer país de que se trate, precisándose que esa relación debe ser suficiente para que el traslado del solicitante a ese país resulte razonable.
3)      El artículo 38, apartado 2, letras b) y c), de la Directiva 2013/32
debe interpretarse en el sentido de que
la autoridad decisoria puede aplicar el concepto de «tercer país seguro» sobre la base de información procedente de fuentes accesibles al público y de una decisión del poder ejecutivo que establezca una lista de terceros países seguros, siempre que el Derecho nacional defina también el método aplicable para apreciar, en cada caso concreto, en función de las circunstancias particulares del solicitante de protección internacional, si el tercer país de que se trate cumple los requisitos para ser considerado seguro para ese solicitante, así como la posibilidad de que dicho solicitante impugne la existencia de una relación, en el sentido del artículo 38, apartado 2, letra a), de la referida Directiva.
4)      Los artículos 38, apartado 2 letra c), y 46, apartados 1 y 3, de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un recurso contra una decisión denegatoria de una solicitud de protección internacional en virtud del motivo de inadmisibilidad relativo al tercer país seguro, contemplado en el artículo 33, apartado 2, letra c), de dicha Directiva, debe comprobar la existencia de una relación, en el sentido del artículo 38, apartado 2, letra a), de la Directiva, entre el solicitante y el tercer país de que se trate, y ello aun cuando su Derecho nacional no le confiera tal facultad.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: búlgaro.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.