Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 13 de noviembre de 2025 (1)
Asunto C‑544/24
Nekilnojamojo turto valdymas BUAB
contra
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Comisión de Litigios Tributarios del Gobierno de la República de Lituania)]
« Procedimiento prejudicial — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido
(IVA) — Directiva
2006/112/CE — Artículo 273 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo
49, apartado 3 — Obligaciones consideradas necesarias para garantizar la correcta recaudación del IVA y para evitar el fraude — Normativa nacional que prevé el pago de intereses de demora por deudas tributarias vencidas en materia de IVA que, con independencia de la naturaleza y de la gravedad de las infracciones, conllevan un elemento sancionador fijo
que la Administración tributaria no puede reducir — Principio de proporcionalidad »
I.      Introducción
1.        La presente petición de decisión prejudicial planteada por la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Comisión de Litigios Tributarios del Gobierno de la República de Lituania) versa, en esencia, sobre la interpretación del artículo 325 TFUE y del artículo 273 de la Directiva 2006/112/CE (2) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «Directiva del IVA»), en relación con los artículos 49 y 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2.        Esta petición tiene su origen en un litigio entre Nekilnojamojo turto valdymas BUAB (en lo sucesivo, «recurrente»), una sociedad de responsabilidad limitada lituana, y la Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Inspección Tributaria del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda de la República de Lituania; en lo sucesivo, «Administración tributaria»), que tiene por objeto la decisión por la que esta última denegó a la recurrente la exención solicitada en lo que respecta al pago de intereses de demora sobre el IVA y de la multa impuesta contra ella por fraude fiscal.
3.        Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en el análisis de la segunda cuestión prejudicial, relativa a la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión antes mencionadas, en relación con el artículo 49, apartado 3, de la Carta. Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, acerca de la compatibilidad con dichas disposiciones de una normativa nacional que prevé el pago de intereses de demora por deudas tributarias vencidas en materia de IVA que, con independencia de la naturaleza y de la gravedad de las infracciones, conllevan un elemento sancionador fijo, sin que sea posible reducir ese elemento mediante la aplicación de un tipo de interés de demora inferior al tipo previsto por la ley o renunciar a ese elemento sancionador de los intereses de demora.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
4.        A tenor del artículo 273 de la Directiva del IVA:
«Los Estados miembros podrán establecer otras obligaciones que estimen necesarias para garantizar la correcta recaudación del IVA y prevenir el fraude, siempre que respete el principio de igualdad de trato de las operaciones interiores y de las operaciones efectuadas entre Estados miembros por sujetos pasivos, a condición que dichas obligaciones no den lugar, en los intercambios entre los Estados miembros, a formalidades relacionadas con el paso de una frontera.
[…]»
B.      Derecho lituano
1.      Ley del IVA
5.        El artículo 123 de la Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Ley de la República de Lituania relativa al impuesto sobre el valor añadido), de 5 de marzo de 2002, (3) en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley del IVA»), titulado «Incumplimiento del procedimiento de pago del IVA», prevé en su apartado 1 que los contribuyentes que infrinjan las disposiciones de dicha Ley estarán obligadas a pagar intereses de demora, que se calcularán con arreglo al procedimiento establecido por la Administración tributaria.
2.      Ley de Gestión Tributaria
6.        El artículo 95 de la Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Ley de la República de Lituania sobre Gestión Tributaria), de 13 de abril de 2004, (4) en su redacción aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Gestión Tributaria»), titulado «Instrumentos encaminados a garantizar la ejecución de las obligaciones tributarias», enumera entre estos instrumentos, en su apartado 1, punto 1, los intereses de demora.
7.        El artículo 96 de dicha Ley, titulado «Intereses de demora», establece en su apartado 1, punto 2:
«Los intereses de demora se calcularán con respecto al contribuyente por:
[…]
2)      los impuestos no declarados o no calculados […] que no hayan sido pagados o no se hayan pagado a tiempo según lo determinado por la Administración tributaria en el marco de una inspección tributaria;
[…]»
8.        El artículo 97 de la citada Ley, titulado «Inicio del cómputo de los intereses de demora», dispone lo siguiente en su apartado 2:
«En el supuesto previsto en el artículo 96, apartado 1, punto 2, de la presente Ley, los intereses de demora se computarán desde el día siguiente a aquel en que debió abonarse el impuesto a la Hacienda Pública, de conformidad con la legislación tributaria vigente en ese momento, hasta el día en que se formalizó el acta de inspección y, en caso de impago del impuesto en el plazo establecido en el artículo 81, apartado 2, de la presente Ley […], el cálculo de los intereses de demora continuará desde el día siguiente a la expiración de dicho plazo.»
9.        El artículo 99 de la referida Ley, titulado «Tipo de interés de demora», en su versión modificada, con efectos a partir del 1 de mayo de 2023, por la Ley n.º XIV-1658, de 13 de diciembre de 2022, establece en su apartado 1:
«El tipo de interés de demora, que en cualquier caso no podrá ser inferior a cero, y el procedimiento para calcularlo serán determinados por el Ministro de Hacienda, teniendo en cuenta la rentabilidad en el mercado secundario, el último día hábil del trimestre natural anterior, del título público cuyo período de amortización sea el más próximo a un período de doce meses (por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2024, esa rentabilidad era del 3,708 %). El tipo de interés de demora se determinará incrementando el tipo indicado anteriormente en siete puntos porcentuales.»
10.      El artículo 100 de la Ley de Gestión Tributaria, titulado «Exención del pago de intereses de demora», dispone en su apartado 1, punto 3:
«El contribuyente podrá quedar exento, total o parcialmente, del pago de intereses de demora devengados (calculados) pero no pagados (no cobrados), cuando:
[…]
3)      concurra uno de los motivos recogidos en el artículo 141, apartado 1, de la presente Ley;
[…]»
11.      El artículo 141 de dicha Ley, titulado «Exoneración de la obligación de pago de multas», enuncia en su apartado 1:
«Los motivos de exoneración de la obligación de pago de multas impuestas en virtud de los artículos 139 y 140 de la presente Ley serán los siguientes:
1)      si el contribuyente demuestra que no ha incurrido en culpa por lo que respecta a la infracción;
2)      si la infracción de la legislación tributaria fue originada por circunstancias ajenas al contribuyente que este no podía prever ni previó. Las acciones u omisiones del contribuyente o de sus empleados y la insolvencia del contribuyente no se considerarán tales circunstancias;
3)      si un acto separado del contribuyente, pese a ser contrario a lo dispuesto en una ley tributaria, no supone ningún perjuicio al presupuesto;
4)      si el contribuyente ha infringido una ley tributaria debido a que la Administración tributaria ha dado una explicación general errónea de dicha ley o proporcionado información fiscal errónea por escrito o por teléfono en caso de que la consulta haya sido documentada conforme al procedimiento establecido por la Administración tributaria nacional y sea posible identificar a la persona que realiza la llamada como el contribuyente (o a su representante).»
III. Procedimiento principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
12.      La Administración tributaria llevó a cabo una inspección para comprobar si la recurrente había calculado, declarado y liquidado correctamente el IVA correspondiente al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016. A raíz de dicha inspección, constató que la recurrente había infringido la Ley del IVA ya que había deducido el IVA que figuraba en facturas que carecían de valor jurídico y había participado en operaciones que implicaban un fraude en el IVA.
13.      Mediante decisión de 4 de septiembre de 2018, por la que se aprobaba el mencionado informe de inspección, la Administración tributaria fijó en 6 517 901,36 euros el importe del IVA y en 2 431 505,31 euros el importe de los intereses de demora sobre el IVA adeudados por la recurrente. Además, le impuso
el pago de una multa tributaria por un importe de 1 862 257 euros.
14.      Al término del litigio tributario derivado de estos hechos, el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), confirmó, mediante sentencia de 9 de septiembre de 2020, las conclusiones de la inspección tributaria antes citada.
15.      El 18 de enero de 2021, la recurrente presentó ante la Administración tributaria una solicitud de exención del pago de los intereses de demora y de la multa que se le habían impuesto.
16.      Mediante decisión de 16 de marzo de 2021, la Administración tributaria denegó a la recurrente la exención del pago de 2 835 125,75 euros en concepto de intereses de demora
sobre el IVA. Declaró que no cumplía ninguno de los requisitos establecidos en el artículo
141, apartado 1, de la Ley de Gestión Tributaria, y que la recurrente tampoco había acreditado la existencia de circunstancias excepcionales que llevaran a aplicar los criterios de razonabilidad y equidad.
17.      Dado que la recurrente no cumplió las obligaciones tributarias adicionales que se le impusieron en materia de IVA, el importe total de los intereses de demora calculados en la decisión de la Administración tributaria de 4 de septiembre de 2018 y devengados durante el litigio tributario, esto es, en el período comprendido entre el 26 de enero de 2013 y el 4 de abril de 2021, se fijó en 3 150 660,79 euros y la multa en 1 838 812,44 euros.
18.      La recurrente presentó una nueva solicitud de exención del pago de los intereses de demora y de la multa. A este respecto, solicitó que se la eximiera del pago del «elemento sancionador» de los intereses de demora sobre el IVA que se le impusieron, que representa dos tercios del importe total de dichos intereses.
19.      Mediante decisión de 13 de mayo de 2024, la Administración tributaria denegó esta nueva solicitud alegando, en esencia, que los intereses de demora habían sido calculados con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Gestión Tributaria. En efecto, señaló que dicha Ley no concede ninguna posibilidad de eximir a la recurrente del pago de intereses de demora por motivos distintos de los previstos en su artículo 100, apartado 1. La citada Ley establece de forma imperativa los procedimientos de cálculo del tipo de interés de demora y la Administración tributaria solo puede adoptar una decisión en materia de intereses de demora dentro de los límites fijados en dicha Ley. Señaló además que, según reiterada jurisprudencia nacional, los intereses de demora son un instrumento destinado a garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria y no pueden considerarse una sanción de carácter penal. Señaló, por otra parte, que en el supuesto de que dicha Administración estimara la solicitud de la recurrente y aplicara un tipo de interés diferente del previsto por la Ley de Gestión Tributaria, vulneraría el principio de igualdad de los contribuyentes ante la ley.
20.      El 4 de junio de 2024, la recurrente interpuso un recurso ante la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Comisión de Litigios Tributarios del Gobierno de la República de Lituania), esto es, el órgano jurisdiccional remitente, mediante el que solicitaba la anulación de la decisión de la Administración tributaria de 13 de mayo de 2024.
21.      El órgano jurisdiccional remitente señala que la función principal de los intereses de demora es garantizar el cumplimiento de una obligación tributaria, y que pretenden, ante todo, compensar al Estado por los costes en que haya incurrido y no sancionar a la persona afectada. (5) Sin embargo, el tipo de interés de demora incluye también un elemento sancionador, puesto que se determina incrementando en siete puntos porcentuales la parte compensatoria relacionada con los costes de endeudamiento del Estado, que se calcula teniendo en cuenta la rentabilidad de un título público en el mercado secundario. Dicho órgano jurisdiccional se remite, a este respecto, a la reiterada jurisprudencia del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), según la cual la esencia de los intereses de demora, como instrumento que pretende garantizar la ejecución de una obligación tributaria, es que su imposición o la posibilidad de imponerlos fomenten la ejecución voluntaria y correcta de la obligación tributaria por parte de los contribuyentes, mientras que, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso, cubren el pago de la deuda del contribuyente con la
Hacienda Pública
y las pérdidas patrimoniales del Estado. (6) Según esa jurisprudencia, exigir al contribuyente el pago de intereses de demora cuando no este no cumple en plazo sus obligaciones tributarias no puede considerarse una sanción de carácter penal.
22.      Por consiguiente, en tales circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en particular, sobre la conformidad de los artículos 96 a 99 de la Ley de Gestión Tributaria con el artículo 325 TFUE y con el artículo 273 de la Directiva del IVA, en relación con los artículos 49, apartado 3, y 50 de la Carta, en la medida en que las citadas disposiciones nacionales no garantizan la coordinación de los procedimientos administrativos de imposición de intereses de demora con los procedimientos penales de modo que la carga adicional resultante de la acumulación de tales medidas se reduzca a lo estrictamente necesario y que la severidad del conjunto de sanciones impuestas corresponda a la gravedad de la infracción de que se trate, y tampoco fijan ningún límite, a efectos de la imposición de sanciones penales, a la aplicación del elemento punitivo de dichos intereses de demora, cuando los hechos que los originan también dan lugar a procedimientos penales.
23.      En esas circunstancias, la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Comisión de Litigios Tributarios del Gobierno de la República de Lituania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Deben interpretarse el artículo 325 TFUE, el artículo 273 de la Directiva del IVA y el artículo 50 de la Carta en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que permite imponer intereses de demora, de los cuales una parte tiene naturaleza de sanción de infracciones fiscales que ya son objeto de un procedimiento de enjuiciamiento penal, sin establecer ninguna norma que garantice una coordinación que limite a lo estrictamente necesario la carga adicional que supone para los interesados la acumulación de procedimientos o que permita garantizar que la severidad del conjunto de las sanciones impuestas corresponda a la gravedad de la infracción en cuestión?
2)      ¿Deben interpretarse el artículo 325 TFUE, el artículo 273 de la Directiva del IVA y el artículo 49, apartado 3, de la Carta en el sentido de que se oponen a un procedimiento de imposición de intereses de demora que, con independencia de la naturaleza y de la gravedad de las infracciones, establece una parte fija de sanción en los intereses de demora, sin que sea posible reducir dicha parte, es decir, imponer un tipo de interés de demora inferior al tipo previsto por la ley o renunciar a ella?»
24.      Han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia la recurrente, los Gobiernos lituano y polaco, y la Comisión Europea.
IV.    Análisis
A.      Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
25.      Antes de proceder al análisis de la segunda cuestión prejudicial, en la que el Tribunal de Justicia ha solicitado que se centren las presentes conclusiones, es preciso abordar la excepción de inadmisibilidad planteada por el Gobierno lituano. Este último sostiene, en sus observaciones escritas, que la petición de decisión prejudicial es inadmisible en su totalidad debido a que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente no guardan relación alguna con el objeto del litigio principal.
26.      A este respecto, dicho Gobierno observa que el pago de los intereses de demora y de la multa tributaria impuestos a la recurrente en virtud de la decisión de la Administración tributaria de 4 de septiembre de 2018 fue confirmado por una sentencia firme del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania) dictada el 9 de septiembre de 2020. Considera, de este modo, que la responsabilidad tributaria de la recurrente fue declarada mediante una resolución firme, que no puede ser objeto de recurso. Por consiguiente, a su juicio, el litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente únicamente tiene por objeto los requisitos para la exención del pago de intereses de demora con arreglo al Derecho nacional aplicable.
27.      Con carácter preliminar, he de recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado. (7)
28.      En el caso de autos, como se ha expuesto en el punto 18 de las presentes conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente conoce de un recurso interpuesto por la recurrente contra la decisión de la Administración tributaria de 13 de mayo de 2024, mediante la que esta denegó su solicitud de exención del pago de intereses de demora relativos al IVA y de la multa que se le había impuesto. En este contexto, dicho órgano jurisdiccional se pregunta, en esencia, sobre la conformidad con el artículo 325 TFUE y el artículo 273 de la Directiva del IVA, del mecanismo de imposición de intereses de demora previsto por la Ley de Gestión Tributaria.
29.      Pues bien, he de señalar, por un lado, que un mecanismo de pago de los intereses de demora correspondientes a deudas tributarias vencidas en materia de IVA, como el establecido por los artículos 95 a 99 de la Ley de Gestión Tributaria, constituye una aplicación de las disposiciones de la Directiva del IVA y, más concretamente, de su artículo 273, puesto que tiene por objeto garantizar la percepción de las cuotas de IVA que no hayan sido abonadas de conformidad con las demás disposiciones de dicha Directiva. Por otro lado, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia no resulta evidente que la interpretación solicitada del artículo 273 de la citada Directiva no guarde relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal o que el problema sea de naturaleza hipotética. En efecto, dado que la segunda cuestión prejudicial se refiere, esencialmente, al respeto del principio de proporcionalidad en el contexto de la determinación de los intereses de demora en cuestión, parece ser pertinente para la resolución del litigio principal.
30.      En estas circunstancias, y en la medida en que el Tribunal de Justicia dispone de todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le han planteado, procede declarar la admisibilidad de la presente petición de decisión prejudicial.
B.      Sobre la segunda cuestión prejudicial
31.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, en la que el Tribunal de Justicia ha solicitado que se centren las presentes conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 325 TFUE y el artículo 273 de la Directiva del IVA, en relación con el artículo 49, apartado 3, de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que prevé el pago de intereses de demora por deudas tributarias vencidas en materia de IVA que, con independencia de la naturaleza y de la gravedad de las infracciones, establece una parte fija de sanción, sin que sea posible reducir dicha parte mediante la imposición de un tipo de interés de demora inferior al tipo previsto por la ley o renunciar a ella. Por tanto, dicho órgano jurisdiccional solicita que se dilucide, por un lado, en qué medida los intereses de demora correspondientes a las deudas tributarias vencidas en materia de IVA que se impusieron a la recurrente al término de un procedimiento administrativo de inspección tributaria revisten carácter penal, en el sentido del artículo 49, apartado 3, de la Carta, y, por el otro, si tal normativa nacional es conforme al principio de proporcionalidad tal como ha sido interpretado y aplicado en relación con el artículo 325 TFUE y el artículo 273 de la Directiva del IVA.
1.      Sobre la aplicabilidad del artículo 49, apartado 3, de la Carta
32.      Con carácter preliminar, debo recordar que el artículo 49, apartado 3, de la Carta, según el cual la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción, se refiere a las sanciones de carácter penal.
33.      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 50 de la Carta y trasladada al artículo 49, apartado 3, de esta, tres criterios (en lo sucesivo, «criterios Engel») (8) son pertinentes para apreciar el carácter penal de una sanción, a saber: la calificación jurídica de la infracción en Derecho interno, la propia naturaleza de la infracción y el grado de severidad de la sanción que puede imponerse al interesado. (9) Además, según dicha jurisprudencia, incluso en el caso de infracciones que el Derecho nacional no califique de «penales», tal carácter puede derivarse, no obstante, de la propia naturaleza de la infracción de que se trate y del grado de severidad de las sanciones que esta pueda implicar. (10)
34.      En lo que atañe al primer criterio relativo a la calificación de la infracción en Derecho interno, tanto del tenor del artículo 95, apartado 1, de la Ley de Gestión Tributaria como de la jurisprudencia nacional mencionada en la resolución de remisión —en particular la del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania) mencionada en el punto 21 de las presentes conclusiones—
se desprende que, en Derecho lituano, el devengo de intereses de demora sobre deudas tributarias vencidas en caso de impago o de pago extemporáneo de un impuesto adeudado no se considera una sanción de carácter penal. (11)
35.      Por lo que respecta al segundo criterio, relativo a la propia naturaleza de la infracción, este implica comprobar si la sanción de que se trate tiene concretamente una finalidad represiva. De ello resulta que una sanción que persiga una finalidad represiva es de naturaleza penal y que la mera circunstancia de que persiga igualmente una finalidad preventiva no puede privarla de la calificación de sanción penal. En cambio, una medida que se limite a reparar el perjuicio causado por la infracción de que se trate no reviste carácter penal. (12)
36.      A este respecto, procede subrayar que, si bien en el contexto de su jurisprudencia en materia de litigios en materia tributaria el TEDH pudo considerar de naturaleza penal los procedimientos a raíz de los cuales se habían impuesto sanciones tributarias aun cuando dichos procedimientos pudieran no ser considerados de naturaleza penal en Derecho interno, esta calificación no se ha adoptado en lo que atañe a medidas análogas a las que son objeto del presente asunto. Más concretamente, el TEDH ha declarado que «los intereses de demora no tienen la finalidad esencial de castigar a los contribuyentes con el fin de evitar que se repitan las actuaciones imputadas, sino que persiguen principalmente la reparación pecuniaria de un perjuicio, a saber, el perjuicio económico derivado del transcurso del tiempo y del retraso en el pago del impuesto». (13) Así pues, en virtud de esa jurisprudencia, no tienen connotación penal ni los procedimientos de liquidación complementaria o de regularización fiscal destinados únicamente al cobro del importe íntegro del impuesto, sin que dicha regularización lleve aparejado recargo alguno, ni los procedimientos relativos a intereses de demora, con independencia de su cuantía. (14)
37.      Es preciso señalar, además, que el carácter no represivo de los intereses de demora también ha sido puesto de relieve en el marco de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de IVA en asuntos análogos al litigio principal. Aunque dichos asuntos no se referían directamente a la cuestión de si los intereses de demora correspondientes a deudas tributarias vencidas en materia de IVA tenían naturaleza penal en el sentido del artículo 49, apartado 3, de la Carta, el Tribunal de Justicia declaró que la recaudación de intereses de demora tiene, por un lado, carácter preventivo, al incitar al contribuyente a cumplir la obligación tributaria lo antes posible tras la expiración de los plazos establecidos, (15) y, por
otro, carácter compensatorio (o una función indemnizatoria), ya que tales intereses pretenden compensar la pérdida económica soportada por el Estado debido a la falta de pago o al pago extemporáneo del impuesto. (16)
38.      En cambio, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una medida que se limita a reparar el perjuicio causado por una infracción no tiene carácter penal. (17) Por tanto, los intereses de demora, que pretenden compensar la pérdida económica soportada por el Estado miembro de que se trate debido a la falta de pago o al pago extemporáneo de un impuesto, no pueden considerarse una medida represiva.
39.      He de precisar, a este respecto, que el hecho de que el órgano jurisdiccional remitente se refiera a un «elemento sancionador fijo» no puede conferir a los intereses de demora en cuestión en el litigio principal connotación penal alguna. (18) En efecto, aunque la utilización de la expresión «elemento sancionador fijo», empleada por dicho órgano jurisdiccional en su resolución de remisión, pueda, en cierta medida, prestarse a confusión, y más allá de la circunstancia de que los intereses de demora (incluido ese «elemento») podrían ser entendidos por el contribuyente como una forma de sanción o penalización, su finalidad es incitar al deudor a pagar el importe adeudado al acreedor en el plazo establecido, y en caso de que no lo haga dicho importe se incrementará. En consecuencia, el análisis realizado por el órgano jurisdiccional remitente para determinar qué parte del tipo de los intereses de demora tiene una función compensatoria y cuál tiene una función punitiva carece de pertinencia en el presente asunto.
40.      En lo tocante al tercer criterio, relativo al grado de severidad de la sanción, ningún dato de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia parece indicar que los intereses de demora en el presente asunto sean de tal importancia que les confieran carácter penal. (19) En cualquier caso, como se desprende de la jurisprudencia del TEDH expuesta en el punto 36 de las presentes conclusiones, se hace necesario recordar que, con independencia de su importe, no se ha considerado que medidas análogas a las examinadas en el litigio principal revistan un grado de severidad suficiente para conferirles naturaleza penal. (20)
41.      Habida cuenta de lo anterior, considero que no concurre ninguno de los tres criterios Engel que permiten apreciar el carácter penal de los intereses de demora en cuestión en el litigio principal, de modo que el artículo 49, apartado 3, de la Carta carece de pertinencia para responder a la segunda cuestión prejudicial.
2.      Sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en el marco de la interpretación del artículo 325 TFUE y del artículo 273 de la Directiva del IVA
42.      Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, resulta, en particular de los artículos 2, 250, apartado 1, y 273, párrafo primero, de la Directiva del IVA, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, que los Estados miembros tienen la obligación de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar que el IVA devengado se perciba íntegramente en sus respectivos territorios y para luchar contra el fraude. (21)
43.      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 273 de la Directiva del IVA, aparte de los límites que fija, no precisa ni los requisitos ni las obligaciones que los Estados miembros pueden establecer, y les confiere por tanto, un margen de apreciación en cuanto a los medios para garantizar que el IVA se perciba íntegramente en su territorio y para luchar contra el fraude. (22)
44.      Además, el artículo 325 TFUE, apartados 1 y 2, obliga a los Estados miembros a combatir las actividades ilegales que afecten a los intereses financieros de la Unión mediante medidas disuasorias y efectivas y les insta, en particular, a adoptar para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses. (23) El Tribunal de Justicia ha precisado que el artículo 325 TFUE impone a los Estados miembros la obligación de prever, en su legislación nacional, procedimientos efectivos que permitan recuperar los fondos del presupuesto de la Unión indebidamente percibidos. (24) A este respecto, los Estados miembros
están sujetos una obligación de resultado precisa que no está sujeta a condición alguna en cuanto a la aplicación de la norma enunciada en el artículo 325 TFUE, apartados 1 y 2. (25)
45.      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
aunque los Estados miembros
conservan un margen de apreciación respecto a la facultad de elegir las sanciones, deben velar por que las infracciones del Derecho de la Unión, incluidas las de las normas armonizadas resultantes de la Directiva sobre el IVA, sean sancionadas en condiciones de fondo y de procedimiento análogas a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional de naturaleza e importancia similares y que, en todo caso, confieran a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio. (26)
46.      Así pues, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, si bien los Estados miembros siguen siendo libres para determinar, en el ejercicio de su autonomía procesal, el importe y las modalidades de recaudación de los intereses de demora aplicados a las deudas tributarias vencidas en materia de IVA en caso de impago o de pago extemporáneo de dicho impuesto con arreglo a su Derecho nacional, las medidas adoptadas por estos últimos deben respetar los principios generales del Derecho, de los que forma parte el principio de proporcionalidad.
47.      En primer lugar, he de observar que, en la medida en que la legislación nacional en cuestión en el litigio principal tiene por objeto garantizar la correcta recaudación del IVA y prevenir el fraude, persigue un objetivo legítimo reconocido por el Derecho de la Unión. (27) En efecto, el Tribunal de Justicia ha señalado que la recaudación de intereses de demora contribuye a la lucha contra el impago en los plazos fijados de importes de IVA declarados, conforme a la obligación que incumbe a los Estados miembros, en virtud, en particular, del artículo 273 de la Directiva del IVA y del artículo 325 TFUE, apartado 1, de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar que el IVA devengado se perciba íntegramente en su territorio y para luchar contra el fraude. (28) En efecto, como se ha recordado en el punto 37 de las presentes conclusiones, los intereses de demora previstos por la Ley de Gestión Tributaria tienen una doble función consistente, por un lado, en garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria y asegurar la recaudación del impuesto adeudado, al incitar al contribuyente a cumplir esta obligación puntualmente, y, por el otro, en cubrir los costes generados a la Administración tributaria por el hecho de que el sujeto pasivo no haya cumplido en plazo sus obligaciones tributarias, compensando de este modo el perjuicio causado a la Hacienda Pública por la indisponibilidad de los importes correspondientes al impuesto adeudado. (29)
48.      En segundo lugar, una medida que establece intereses de demora, como los que son objeto del litigio principal, constituye sin duda alguna una herramienta adecuada para alcanzar el objetivo antes mencionado. En efecto, a falta de medidas como los intereses de demora, los contribuyentes no tendrían ningún incentivo concreto para cumplir sus obligaciones tributarias dentro del plazo establecido y podrían dar preferencia a otras transacciones comerciales. Por otra parte, habida cuenta del valor fluctuante
del dinero, los contribuyentes podrían incluso verse incitados a realizar estas otras transacciones en lugar de proceder al pago de sus deudas tributarias dentro del plazo previsto. La imposición de intereses de demora tiene el objetivo concreto de incitar a los contribuyentes a cumplimentar el pago de sus obligaciones tributarias con carácter prioritario, para no asumir el riesgo de que el importe de su deuda tributaria aumente proporcionalmente a la duración del impago de esta. La ausencia de intereses de demora llevaría, además, a favorecer a las personas que incumplen sus obligaciones tributarias dentro de los plazos señalados. En efecto, estas últimos disfrutarían, en particular, de liquidez adicional y de una ventaja económica derivada de la disminución, en el tiempo, del valor nominal real del importe de la deuda tributaria. Por tanto, los intereses de demora constituyen una medida adecuada y necesaria para alcanzar los objetivos perseguidos por la normativa nacional controvertida en el litigio principal.
49.      Aunque se ha demostrado que una medida como la controvertida es adecuada y necesaria para alcanzar el objetivo de garantizar la correcta recaudación del IVA y prevenir el fraude de conformidad con el artículo 325 TFUE y el artículo 273 de la Directiva IVA, queda por examinar, en tercer y último lugar, si la legislación nacional de que se trata va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
50.      A este respecto, en primer término, aunque es posible concebir que los intereses de demora fijados de forma arbitraria o discrecional puedan ser desproporcionados, no parece que eso suceda en el presente asunto. En efecto, las disposiciones del Derecho nacional relativas al cálculo de intereses de demora se aplican a todos los contribuyentes en caso de impago o de pago extemporáneo, detectado durante una inspección tributaria, de un impuesto sujeto a declaración y no declarado o no sujeto a declaración y no calculado. (30) Por añadidura, debo observar, por un lado, que el tipo de interés eneste caso se establece previamente de forma clara y transparente, conforme a criterios objetivos y sobre la base de una metodología de cálculo descrita en la Ley de Gestión Tributaria, (31) y, por otro, que la facultad de toma de decisiones de la Administración tributaria en materia de imposición de intereses de demora está delimitada por lo dispuesto en esa misma Ley. (32) El importe de los intereses determinado de este modo permite tanto a los acreedores como a los deudores prever de manera precisa el importe futuro de sus derechos o, respectivamente, de sus obligaciones de índole económica. De este modo, queda garantizada también la seguridad jurídica. (33)
51.      En segundo término, es preciso reconocer que, en la medida en que los intereses de demora están vinculados a la ejecución o a la extinción de las obligaciones tributarias, son las acciones del sujeto pasivo las que determinarán el importe total de los intereses de demora que tendrá que pagar. Dicho de otro modo, la aplicación de intereses de demora impone a la persona que no ha cumplido sus obligaciones tributarias en el plazo señalado una obligación económica proporcional a la duración del impago de la deuda que los ha generado. (34) Por tanto, imponer intereses de demora como forma de garantizar el cumplimiento de obligaciones tributarias no constituye, en principio, una solución demasiado onerosa para el sujeto pasivo. (35)
52.      En tercer término, como se ha señalado en los puntos 36 y 37 de las presentes conclusiones, dado que los intereses de demora no tienen una finalidad represiva, circunstancias como la naturaleza y la gravedad del incumplimiento declarado, que, por regla general, son pertinentes para apreciar si una sanción como una multa tributaria son conformes con el principio de proporcionalidad, (36) no lo son necesariamente en lo que atañe a los intereses de demora.  En efecto, dichos intereses de demora se adeudan debido al impago o al pago extemporáneo del impuesto y no a causa de un fraude. (37) Procede subrayar, a este respecto, que los intereses de demora no solo se aplican en caso de fraude, sino que se utilizan con carácter más general, en el ámbito tributario, para garantizar la recaudación de todo tipo de impuestos.
53.      En cuarto término, si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si el importe de los intereses de demora aplicado en el litigio principal no va más allá de lo necesario para garantizar la eficacia de la recaudación del IVA y de la lucha contra el fraude, ningún elemento de los autos remitidos al Tribunal de Justicia parece indicar que el tipo de interés de demora previsto por la legislación nacional en el presente asunto sea desproporcionado en relación con los objetivos que esta persigue. (38)
54.      Así pues, cabe observar que, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, esencialmente, sobre la posibilidad de estimar la solicitud de la recurrente de que se le exima del pago del «elemento sancionador» de los intereses de demora del IVA, es decir, de dos tercios del importe total de los intereses de demora sobre el IVA que se le han impuesto, tal decisión equivaldría, en realidad, a reducir esos intereses a una cuantía particularmente reducida, al limitarlos a un solo elemento, a saber, el tipo de interés medio de los bonos del Tesoro. (39) Pues bien, tal posibilidad podría poner en peligro el objetivo de garantizar la recaudación del IVA dentro de los plazos señalados, dado que los contribuyentes ya no tendrían ningún incentivo para cumplir sus obligaciones tributarias prioritariamente y darían preferencia a otras transacciones comerciales en su lugar. (40)
55.      A mayor abundamiento, el hecho de que el importe de los intereses de demora se fije a tanto alzado y no permita ningún tipo de ajuste no significa en sí mismo que dicha medida sea desproporcionada. En efecto, la determinación, por la legislación nacional controvertida en el litigio principal, del importe de los intereses de demora, que la Administración tributaria no puede ajustar, salvo en algunos casos expresamente establecidos por la normativa tributaria aplicable, (41) protege a los sujetos pasivos de cualquier decisión arbitraria de dicha Administración, al tiempo que garantiza la igualdad de trato entre ellos. En efecto, la falta de regulación del margen de apreciación de que dispone la Administración tributaria podría dar lugar a una diferencia de trato injustificada entre sujetos pasivos que se encuentran en una situación tributaria comparable y, por tanto, a una situación que no puede tolerarse desde el punto de vista tributario.
56.      Habida cuenta de lo anterior, propongo responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 325 TFUE y el artículo 273 de la Directiva del IVA, en relación con el artículo 49, apartado 3, de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación nacional que, con independencia de la naturaleza y de la gravedad de las infracciones constatadas por la Administración tributaria, establece el importe de los intereses de demora sin que dicha Administración pueda reducir ninguno de los elementos que componen ese importe e imponer en consecuencia un tipo de interés inferior al previsto por tal legislación o renunciar al referido elemento, y que establece que el contribuyente solo puede estar exento del pago de tales intereses de demora en los supuestos expresamente previstos en la citada legislación.
V.      Conclusión
57.      A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la segunda cuestión prejudicial planteada por la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Comisión de Litigios Tributarios del Gobierno de la República de Lituania):
«El artículo 325 TFUE y el artículo 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en relación con el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que:
no se oponen a una legislación nacional que, con independencia de la naturaleza y de la gravedad de las infracciones constatadas por la Administración tributaria, establece el importe de los intereses de demora sin que dicha Administración pueda reducir ninguno de los elementos que componen ese importe e imponer en consecuencia un tipo de interés inferior al previsto por tal legislación o renunciar al referido elemento, y que establece que el contribuyente solo puede estar exento del pago de tales intereses de demora en los supuestos expresamente previstos en la citada legislación.»
1      Lengua original: francés.
2      DO 2006, L 347, p. 1.
3      Žin.º 2002, n.º 35‑1271.
4      Žin.º 2004, n.º 63‑2243.
5      Dicho órgano jurisdiccional menciona, a este respecto, la sentencia del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), de 10 de marzo de 2020, en el asunto A-3247‑575/2020.
6      El mismo órgano jurisdiccional cita, en este sentido, la sentencia del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), de 18 de noviembre de 2011, en el asunto A-143‑2619/2011.
7      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2025, Fira (C‑215/24, EU:C:2025:695), apartado 36 y jurisprudencia citada.
8      Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»), sentencia de 8 de junio de 1976, Engel y otros c. Países Bajos, CE:EHCR:1976:0608JUD000510071, § 82.
9      Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 2023, Agenția Națională de Integritate (C‑40/21, EU:C:2023:367), apartado 34 y jurisprudencia citada.
10      Véase la sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico) (C‑439/19, EU:C:2021:504), apartado 88 y jurisprudencia citada.
11      De los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende, además, que esta medida se impone en el marco de un procedimiento administrativo.
12      Véase la sentencia de 4 de mayo de 2023, MV — 98 (C‑97/21, EU:C:2023:371), apartado 42 y jurisprudencia citada.
13      TEDH, sentencia de 6 de octubre de 2009, Poniatowski c. Francia, CE:ECHR:2009:1006DEC002949408. Del mismo modo, los meros intereses de demora, que presuponen la buena fe del contribuyente, no constituyen una acusación en materia penal en el sentido del artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950) (véase, a este respecto, la sentencia del TEDH de 14 de septiembre de 1999, J. B. c. Francia, CE:ECHR:1999:0914DEC003363496). Véanse también las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto Menci (C‑524/15, EU:C:2017:667), punto 50.
14      TEDH, sentencias de 3 de diciembre de 2002, Mieg de Boofzheim c. Francia (CE:ECHR:2002:1203DEC005293899), y de 17 de mayo de 2016, Société Oxygène Plus c. Francia (CE:ECHR:2016:0517DEC007695911), § 50.
15      Véase la sentencia de 13 de octubre de 2022, Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» (C‑1/21, en lo sucesivo, «sentencia Direktor na Direktsia», EU:C:2022:788), apartado 89 y jurisprudencia citada.
16      Véase la sentencia Direktor na Direktsia, apartado 91 y jurisprudencia citada. Una constatación similar en cuanto a la función indemnizatoria de los intereses de demora se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en asuntos relativos a la normativa aduanera de la Unión en los que se ha declarado que los intereses de demora tienen por objeto paliar las consecuencias derivadas del incumplimiento de un plazo de pago y compensar las ventajas que el operador económico obtiene indebidamente de la demora en el pago de una deuda fiscal, y no sancionar tal demora. Véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2024, Network One Distribution (C‑506/23, EU:C:2024:1003), apartado 32.
17      Véase la sentencia de 20 de marzo de 2018, Menci (C‑524/15, EU:C:2018:197), apartado 31 y jurisprudencia citada.
18      A este respecto, procede subrayar que la legislación nacional controvertida en el litigio principal establece que el tipo de los intereses de demora correspondientes a las deudas tributarias vencidas en materia de IVA se determinará incrementando el tipo de interés de las deudas frente a la Hacienda Pública en siete puntos porcentuales. El órgano jurisdiccional remitente considera que estos siete puntos porcentuales confieren a los intereses de demora un carácter punitivo.
19      He de señalar, como observó la Comisión en sus escritos, que el tipo de los intereses de demora en cuestión en el asunto Poniatowski c. Francia (del 0,75 % mensual, esto es, un 9 % anual), en el que el TEDH no reconoció una connotación penal, era similar al tipo aplicable en el caso de autos (el 0,03 % diario, es decir, un 10,708 % anual) (véase la sentencia del TEDH, de 6 de octubre de 2009, Poniatowski c. Francia, CE:ECHR:2009:1006DEC002949408).
20      Véanse TEDH, sentencias de 6 de octubre de 2009, Poniatowski c. Francia (CE:ECHR:2009:1006DEC002949408), y de 17 de mayo de 2016, Société Oxygène Plus c. Francia (CE:ECHR:2016:0517DEC007695911), § 50.
21      Véase la sentencia Direktor na Direktsia, apartado 60 y jurisprudencia citada.
22      Véase la sentencia Direktor na Direktsia, apartado 69 y jurisprudencia citada.
23      Véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2020, Úrad špeciálnej prokuratúry (C‑603/19, en lo sucesivo, «sentencia Úrad špeciálnej prokuratúry», EU:C:2020:774, apartados 48 y jurisprudencia citada.
24      Véase, en este sentido, la sentencia Úrad špeciálnej prokuratúry, apartados 60 y 62.
25      Véase, en este sentido, la sentencia Úrad špeciálnej prokuratúry, apartado 50 y jurisprudencia citada.
26      Véase la sentencia de 2 de mayo de 2018, Scialdone (C‑574/15, EU:C:2018:295), apartado 28 y jurisprudencia citada.
27      Procede añadir que tanto la Unión como los Estados miembros tienen un interés económico en que los impuestos se paguen de forma íntegra y puntual. En efecto, como ha señalado el Gobierno lituano al referirse a una sentencia del Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Tribunal Constitucional de la República de Lituania), en caso de impago o de pago extemporáneo de los impuestos, la Hacienda Pública no percibe ingresos, con la consecuencia de que aumenta el déficit presupuestario y se limitan las posibilidades del Estado de cumplir sus funciones y misiones esenciales para sus ciudadanos y para el propio Estado.
28      Véase la sentencia Direktor na Direktsia, apartados 88, 89 y 92, y jurisprudencia citada.
29      Se trata, por ejemplo, de costes relacionados con el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias por los sujetos pasivos y con la adopción de medidas adecuadas a este respecto para recuperar los importes impagados.
30      Véase el punto 7 de las presentes conclusiones.
31      Véase el punto 9 de las presentes conclusiones.
32      Véanse los puntos 10 y 11 de las presentes conclusiones.
33      Véanse, por analogía, las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Nidera (C‑387/16, EU:C:2017:740), punto 29.
34      Esta carga corresponde a la remuneración a tanto alzado del acreedor tributario por la utilización ilegal del importe de la deuda tributaria durante el período en el que el sujeto pasivo no ha cumplido sus obligaciones. El importe de los intereses se destina, además, a cubrir los costes generados a la Administración tributaria por el hecho de que el sujeto pasivo no haya cumplido en el plazo establecido sus obligaciones tributarias.
35      A este respecto, cabe precisar que el hecho de que el importe de los intereses pueda alcanzar, o incluso superar la cuantía del impuesto adeudado, debido al transcurso de un largo período durante el cual el sujeto pasivo no ha cumplido sus obligaciones, no es más que la consecuencia de un sistema de indemnización a tanto alzado y no puede poner en entredicho el carácter proporcionado de la medida nacional que establece intereses de demora. Véase, por analogía, la sentencia de 28 de febrero de 2018, Nidera (C‑387/16, EU:C:2018:121), apartado 36.
36      Véase la sentencia de 17 de mayo de 2023, Cezam (C‑418/22, EU:C:2023:418), apartado 30 y jurisprudencia citada.
37      Sin que quepa excluir, evidentemente, los supuestos en que, como en el litigio principal, la imposición de intereses de demora se produce a raíz de la constatación de un fraude fiscal. En cualquier caso, aun cuando se considerase que la multa impuesta a la recurrente por fraude fiscal está vinculada a la imposición de intereses de demora sobre el IVA, no me parece que existan dudas de que la infracción cometida por esta presenta una gravedad cierta, a la vista, en particular, de la importancia que reviste la lucha contra el fraude en materia de IVA, como se ha recordado en el punto 42 de las presentes conclusiones. Por consiguiente, habida cuenta de la gravedad del perjuicio para el interés público resultante de los actos de fraude, el mecanismo de pago de intereses de demora sobre las deudas tributarias vencidas en materia de IVA previsto por la legislación nacional controvertida en el litigio principal no resulta, en principio, desproporcionado respecto de la infracción que pretende sancionar. En efecto, los intereses de demora a cargo de la recurrente corresponden a una fracción ínfima de la deuda tributaria impagada (a saber, el 0,03 %) y la cuantía de dichos intereses dependerá, en última instancia, del tiempo que perdure el impago del impuesto.
38      Querría destacar, a todos los efectos, que parece existir una gran divergencia entre los tipos de interés de demora de los distintos Estados miembros. En efecto, si bien cinco de ellos (a saber, Dinamarca, la República Checa, Eslovaquia, Letonia y Estonia) tienen tipos de interés superiores o muy superiores a los previstos por la legislación lituana controvertida en el litigio principal (casi del 25 % en el caso de Estonia), otros cuatro Estados miembros (a saber, Bélgica, Irlanda, Bulgaria y Grecia) se sitúan más o menos en el mismo nivel que el fijado por Lituania. Véase, a este respecto, el informe de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea (DG TAXUD), EU VAT Forum Subgroup. 7.2 — Administrative Sanctions and Interests Final Report, en particular, p. 33, disponible únicamente en lengua inglesa en la siguiente dirección: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f3c5fca5‑96e1‑11ed-b508‑01aa75ed71a1/. Por otra parte, como afirma la Comisión en sus escritos, el tipo de interés aplicable en el litigio principal (del 10,708 % anual) no resulta excesivo en comparación con los tipos de interés aplicados a determinados préstamos bancarios o con los tipos de interés de demora establecidos de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO 2011, L 48, p. 1), que, por lo general, superan el 10 %. Véase, a este respecto, el artículo 2, puntos 6 y 7, de dicha Directiva.
39      Los bonos del Tesoro, como instrumentos financieros considerados especialmente seguros, suelen tener tipos (significativamente) inferiores a los tipos medios de los préstamos bancarios.
40      Así sucedería, en particular, si el tipo de interés aplicado en caso de impago del IVA en los plazos fijados fuera significativamente inferior al establecido en caso de impago de las deudas comerciales.
41      Véanse los puntos 10 y 11 de las presentes conclusiones.