Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 12 de marzo de 2026 (*)
« Recurso de casación — Función pública — Agente temporal — Art. 266 TFUE — Decisión adoptada en ejecución de una sentencia del Tribunal General por la que se anula una decisión de no renovación de un contrato por tiempo indefinido y se condena a la reparación del daño causado — Pretensión de anulación y de indemnización — Desnaturalización de los autos — Artículo 151, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Solicitud de exclusión de un documento de los autos — Confidencialidad de las comunicaciones entre abogados — Alcance »
En el asunto C‑209/24 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 17 de marzo de 2024,
VP, con domicilio en Múnich (Alemania), representada por el Sr. J. Menze y la Sra. H. Tettenborn, Rechtsanwälte,
parte recurrente,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), representado por el Sr. T. Bontinck y la Sra. A. Guillerme, avocats,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias, y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de junio de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso de casación, VP solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 7 de febrero de 2024, VP/Cedefop (T‑563/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2024:72), mediante la que dicho Tribunal desestimó su recurso por el que solicitaba, por una parte, la anulación de la decisión del director ejecutivo del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) de 17 de diciembre de 2021 (en lo sucesivo, «decisión controvertida») y de la decisión de la comisión de recursos del Cedefop de 17 de junio de 2022 (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria de la reclamación») y, por otra parte, el pago de una indemnización de 100 000 euros en concepto de reparación del daño moral que alega haber sufrido. Además, VP solicita que se condene al Cedefop a abonarle una indemnización de 5 000 000 de euros en concepto de reparación del daño moral que alega haber sufrido.
Antecedentes del litigio
2        El Tribunal General expuso los antecedentes del litigio en los apartados 2 a 15 de la sentencia recurrida y pueden resumirse del modo indicado a continuación.
3        La recurrente fue contratada por el Cedefop el 16 de noviembre de 2007 como agente temporal para ejercer las funciones de asesor jurídico. Su contrato fue renovado hasta el 15 de noviembre de 2017.
4        El 10 de marzo de 2017, la recurrente dirigió al director ejecutivo del Cedefop en aquel momento una solicitud de renovación de su contrato, sobre la base del artículo 90, apartado 1, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), aplicable a los agentes temporales en virtud del artículo 46 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «solicitud de renovación de contrato»).
5        Mediante decisión de 12 de mayo de 2017, dicho director ejecutivo denegó esa solicitud e informó a la recurrente de que su contrato no sería renovado.
6        Mediante decisión de 1 de diciembre de 2017, la comisión de recursos del Cedefop (en lo sucesivo, «comisión de recursos») desestimó la reclamación presentada por la recurrente contra la decisión de 12 de mayo de 2017.
7        Mediante sentencia de 16 de diciembre de 2020, VP/Cedefop (T‑187/18, en lo sucesivo, «sentencia de anulación», EU:T:2020:613), el Tribunal General anuló la decisión de 12 de mayo de 2017 (punto 1 del fallo) y la decisión de 1 de diciembre de 2017 (punto 2 del fallo) (en lo sucesivo, conjuntamente, «decisiones anuladas»). Además, el Tribunal General condenó al Cedefop a abonar un importe de 30 000 euros en concepto de reparación del daño material causado a la recurrente (punto 3 del fallo), así como un importe de 10 000 euros en concepto de reparación del daño moral causado (punto 4 del fallo). El Tribunal General desestimó el recurso en todo lo demás (punto 5 del fallo) y condenó en costas al Cedefop (punto 6 del fallo).
8        De los fundamentos de Derecho de la sentencia de anulación se desprende que el Tribunal General declaró que la decisión de 12 de mayo de 2017 adolecía de un error manifiesto de apreciación ya que justificaba dicha medida por la supresión prevista del servicio jurídico del Cedefop. Además, el Tribunal General consideró que no podía excluirse que dicha decisión hubiera podido basarse en un motivo distinto, basado en la pérdida de confianza del director ejecutivo del Cedefop en la recurrente. Declaró que dicha decisión, en la medida en que se basaba en esa pérdida de confianza, se había adoptado vulnerando el derecho a ser oído, el derecho de defensa e infringiendo el artículo 26 del Estatuto.
9        El 8 de enero de 2021, la recurrente instó al Cedefop a ejecutar la sentencia de anulación, de conformidad con el artículo 266 TFUE (en lo sucesivo, «pretensión de ejecución de la sentencia de anulación»). Para ello, solicitó al Cedefop que renovara su contrato por tiempo indefinido a partir del 16 de noviembre de 2017.
10      Mediante escrito de 2 de marzo de 2021, el director ejecutivo del Cedefop respondió a la recurrente que la ejecución de la sentencia de anulación solo exigía el pago de 40 000 euros en concepto de reparación de los daños materiales y morales causados a la recurrente, además de las costas, puesto que los efectos de la ilegalidad declarada por el Tribunal General se compensaban mediante el pago de esa indemnización.
11      El 28 de abril de 2021, la recurrente formuló una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra la referida decisión de 2 de marzo de 2021. Alegó de nuevo que el Cedefop no había ejecutado los puntos 1 y 2 del fallo de la sentencia de anulación.
12      El 29 de julio de 2021, el presidente de la comisión de recursos remitió a la recurrente un escrito en el que indicaba que dicha comisión había decidido, en su reunión de 16 de julio de 2021, estimar su reclamación de 28 de abril de 2021 y «anular» la referida decisión de 2 de marzo de 2021, en la medida en que la recurrente no había tenido la oportunidad de formular comentarios sobre ella.
13      El 7 de septiembre de 2021, el director ejecutivo del Cedefop dirigió a la recurrente un escrito en el que le informaba de que, pronunciándose de nuevo a raíz de la decisión de la comisión de recurso mencionada en el apartado anterior, no tenía previsto adoptar las medidas adicionales solicitadas por la recurrente, en particular en su solicitud de ejecución de la sentencia de anulación, puesto que, en su opinión, la sentencia de anulación ya había sido ejecutada en su totalidad. Con el fin de respetar el derecho de la recurrente a ser oída, le invitaba a presentar sus observaciones sobre la decisión prevista.
14      En respuesta a dicho escrito, la recurrente presentó sus observaciones el 15 de octubre de 2021.
15      Mediante la decisión controvertida, adoptada el 17 de diciembre de 2021, el director ejecutivo del Cedefop indicó a la recurrente que, dado que dicha agencia había abonado la totalidad de las cantidades cuyo pago había ordenado el Tribunal General en la sentencia de anulación, no procedía adoptar medidas adicionales en ejecución de dicha sentencia.
16      El 3 de marzo de 2022, la recurrente presentó una reclamación contra dicha decisión, que fue desestimada mediante la decisión desestimatoria de la reclamación.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
17      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 2 de septiembre de 2022, la recurrente solicitó la anulación de la decisión controvertida y de la decisión desestimatoria de la reclamación, la reparación del daño moral que alegaba haber sufrido como consecuencia de dichas decisiones y la condena en costas del Cedefop.
18      En apoyo de sus pretensiones de anulación, la recurrente invocó cinco motivos, basados, el primero, en la incompetencia de la comisión de recurso; el segundo, en la infracción del artículo 266 TFUE y en un error manifiesto de apreciación; el tercero, en el incumplimiento del deber de asistencia y protección; el cuarto, en la violación de los principios de protección de la confianza legítima, de igualdad de trato y de no discriminación, y, el quinto, en una desviación de poder.
19      En la vista ante el Tribunal General, la recurrente retiró el primer motivo.
20      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó los otros cuatro motivos por infundados.
21      Por lo que respecta, en particular, al segundo motivo, basado en la infracción del artículo 266 TFUE y en un error manifiesto de apreciación, tras haber señalado, en el apartado 34 de la sentencia recurrida, que el Cedefop estaba obligado, en ejecución de la sentencia de anulación, a reconsiderar la solicitud de renovación de contrato y a adoptar una nueva decisión en sustitución de las decisiones anuladas, el Tribunal General declaró, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que el Cedefop había cumplido esta obligación. dado que, como se desprendía de la motivación de la decisión desestimatoria de la reclamación, había examinado, en la fase de examen de la reclamación de la recurrente, si procedía estimar dicha solicitud y había considerado, al término de dicho examen, que no procedía reincorporar a la recurrente por consideraciones relativas a la organización interna de la referida agencia.
22      En los apartados 43 y 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, por una parte, que la recurrente no había impugnado la fundamentación del motivo basado en la evolución de la organización interna del Cedefop y, por otra parte, que este motivo bastaba por sí solo para justificar la decisión de no renovar el contrato de la recurrente.
Pretensiones de las partes en el recurso de casación
23      Mediante su recurso de casación, VP solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Condene al Cedefop a reparar el daño moral que alega haber sufrido, evaluado ex aequo et bono en 5 000 000 de euros.
–        Condene al Cedefop al pago de las costas tanto del procedimiento de casación como del procedimiento ante el Tribunal General.
24      El Cedefop solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas a VP.
Sobre la solicitud de retirada de un documento de los autos
Alegaciones de las partes
25      En su escrito de contestación, el Cedefop solicitó, sobre la base del artículo 151 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la retirada de la correspondencia que figura en el anexo C.1 del escrito de interposición del recurso de casación (en lo sucesivo, «anexo C.1»).
26      Según el Cedefop, ese anexo C.1, en la medida en que contiene un correo electrónico enviado el 2 de abril de 2021 que reproduce, en los mismos términos, un escrito enviado en una fecha indeterminada por su asesor jurídico a la antigua asesora jurídica de la recurrente, relativo a la posibilidad de entablar conversaciones entre las partes para resolver el litigio de manera amistosa (en lo sucesivo, «escrito del asesor jurídico del Cedefop»), está amparado, en su conjunto, por la protección de la confidencialidad de la correspondencia entre abogados, con arreglo a las normas deontológicas belgas, que el legislador belga ha hecho obligatorias. Pues bien, a su juicio, la protección de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes, reconocida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, se extiende a la correspondencia entre abogados, cuando el Derecho nacional reconoce la protección de la confidencialidad de dicha correspondencia.
27      La recurrente alega que esta pretensión es inadmisible porque no se presentó mediante escrito separado, infringiendo el artículo 151 del Reglamento de Procedimiento.
28      Considera, por otra parte, que dicha pretensión carece de fundamento en la medida en que, por una parte, la jurisprudencia invocada por el Cedefop no es pertinente para fundamentar el supuesto «secreto profesional entre abogados» y, en cualquier caso, no se cumplen los requisitos enunciados por dicha jurisprudencia. Señala, por otra parte, que el anexo C.1 constituye un elemento de prueba esencial a efectos del presente recurso de casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
29      En primer lugar, es preciso señalar que, como se desprende del artículo 151, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, solo cuando una parte solicita que el Tribunal de Justicia resuelva sobre una excepción o un incidente sin entrar en el fondo del asunto deberá presentar esa solicitud mediante escrito separado. De ello se deduce que el Cedefop solo debería haber presentado su solicitud de supresión del anexo C.1 mediante escrito separado si dicha agencia hubiera solicitado que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre tal solicitud sin entrar en el fondo del asunto, lo que no ha sucedido. Por consiguiente, debe desestimarse la excepción de inadmisibilidad de dicha solicitud, planteada por la recurrente.
30      En segundo lugar, es preciso recordar que el principio de igualdad de armas, que es un corolario del concepto mismo de proceso justo, garantizado en particular por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), implica la obligación de ofrecer a cada parte una oportunidad razonable de presentar su causa, incluidas sus pruebas, en condiciones que no la coloquen en una situación clara de desventaja con respecto a su adversario (sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartado 128 y jurisprudencia citada).
31      Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha consagrado el principio de libre apreciación de la prueba por el juez de la Unión, que implica, en particular, que la admisibilidad de una prueba presentada dentro de plazo solo puede impugnarse ante dicho juez basándose en que se ha obtenido o aportado de manera ilícita (véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartado 129 y jurisprudencia citada).
32      Cuando ha quedado acreditado que una prueba se ha obtenido o aportado de manera ilícita, el juez de la Unión solo puede declararla admisible si, tras haberlos ponderado, resulta que los intereses del recurrente que ha aportado esas pruebas, habida cuenta, en particular, de su utilidad para apreciar el fondo del recurso interpuesto por dicho recurrente, deben prevalecer sobre los intereses de la parte contraria a los que podría perjudicar de manera concreta y efectiva el mantenimiento de dichas pruebas en los autos (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartado 131).
33      En el presente asunto, del anexo C.1 se desprende que, por una parte, el 30 de marzo de 2021, la antigua asesora jurídica de la recurrente indicó a esta última y a su nuevo asesor jurídico que el escrito del asesor jurídico del Cedefop era confidencial y que, por otra parte, dicha antigua asesora jurídica de la recurrente no le comunicó los términos de dicho escrito hasta después de que, el 1 de abril de 2021, la recurrente le indicara que «como abogada y su cliente, reafirmo que la información facilitada sigue siendo absolutamente confidencial».
34      Dado que la propia recurrente había reconocido por tanto la confidencialidad del contenido del escrito del asesor jurídico del Cedefop y se había comprometido formalmente a respetarla, la presentación, en la fase del presente recurso de casación, del correo electrónico que reproducía sus términos, vicia tal aportación de prueba de una irregularidad.
35      Pues bien, habida cuenta de que el Tribunal General no se basó en dicho escrito, o en el correo electrónico que reproducía sus términos, para justificar su decisión y de que tal documento no ocupa un lugar central en la argumentación expuesta por la recurrente, los intereses de esta en que dicho documento se mantenga en los autos no pueden prevalecer sobre los del Cedefop en que se respete la confidencialidad de dicho escrito.
36      Por consiguiente, y habida cuenta de que los demás elementos que figuran en el anexo C.1 están relacionados con el contexto en el que se envió a la recurrente el correo electrónico de 2 de abril de 2021, procede estimar la solicitud del Cedefop y retirar el anexo C.1 de los autos.
Sobre el recurso de casación
37      En apoyo de su recurso de casación la recurrente invoca nueve motivos de casación.
38      El primer motivo de casación se basa en una desnaturalización de los elementos obrantes en autos. El segundo motivo de casación se basa en el incumplimiento de la obligación de comprobar de oficio la competencia de la comisión de recurso para adoptar una decisión relativa a la ejecución de la sentencia de anulación. El tercer motivo de casación se basa en no que no se hubiera constatado tal falta de competencia de la comisión de recurso. El cuarto motivo de casación se basa en la violación del principio del «juez establecido por la ley», reconocido en el artículo 47 de la Carta. El quinto motivo de casación se basa en la falta de competencia para anular la sentencia de anulación. El sexto motivo de casación se basa en la infracción del artículo 266 TFUE. El séptimo motivo de casación se basa en la infracción de las sentencias de 25 de octubre de 2013, Comisión/Moschonaki (T‑476/11 P, EU:T:2013:557), y de 16 de octubre de 2019, ZV/Comisión (T‑684/18, EU:T:2019:748). El octavo motivo de casación se basa en el incumplimiento de la obligación de motivación. El noveno motivo de casación se basa en la vulneración del derecho a ser oído, consagrado en el artículo 47 de la Carta.
39      En su recurso de casación, la recurrente solicita asimismo que se condene al Cedefop al pago de una indemnización por el daño moral que alega haber sufrido como consecuencia de la persistente negativa de dicha agencia a ejecutar la sentencia de anulación, fijada ex aequo et bono en 5 millones de euros.
Sobre la admisibilidad de la pretensión de indemnización
40      Con arreglo al artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, «las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General tal y como figura en el fallo de dicha resolución». Además, con arreglo al artículo 170, apartado 1, de ese Reglamento de Procedimiento, las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto que, en el caso de que se declare fundado, se estimen, total o parcialmente, las pretensiones aducidas en primera instancia, sin incluir ninguna pretensión nueva.
41      En el caso de autos, la segunda pretensión del recurso de casación de la recurrente tiene por objeto que se condene al Cedefop al pago de una indemnización en reparación del daño moral que alega haber sufrido como consecuencia de la persistente negativa de dicha agencia a ejecutar la sentencia de anulación, fijada ex aequo et bono en 5 millones de euros.
42      Pues bien, ante el Tribunal General, la recurrente solicitó que se condenara al Cedefop a abonarle una indemnización en reparación de ese daño, que entonces estimaba en 100 000 euros ex aequo et bono.
43      De ello se deduce que la segunda pretensión del recurso de casación de la recurrente constituye una pretensión nueva, en la medida en que, mediante esta pretensión, la recurrente pretende obtener una indemnización de un importe superior al de 100 000 euros cuyo pago solicitaba por el mismo motivo en primera instancia. Por consiguiente, dicha pretensión es inadmisible en esta medida, sin perjuicio de la posibilidad de que el Tribunal de Justicia, en caso de que se declare fundado el recurso de casación, haga uso de la competencia jurisdiccional plena que el artículo 91, apartado 1, del Estatuto confiere al juez de la Unión en los litigios de carácter pecuniario.
Sobre el fondo
Primer motivo de casación
–       Alegaciones de las partes
44      Mediante su primer motivo de casación, que se dirige contra los apartados 22, 37 y 38 de la sentencia recurrida, la recurrente alega, en esencia, que, al considerar que la decisión desestimatoria de la reclamación constituía una decisión relativa a la ejecución de la sentencia de anulación y, en concreto, una decisión adoptada en sustitución de las decisiones anuladas, el Tribunal General desnaturalizó los elementos obrantes en autos, en particular la decisión desestimatoria de la reclamación.
45      La recurrente alega que, para llegar a esta conclusión, el Tribunal General se basó en el hecho de que, en la decisión desestimatoria de la reclamación, la comisión de recurso se refirió a consideraciones relacionadas con el funcionamiento interno del Cedefop. No obstante, según la recurrente, la única referencia, en dicha decisión, a la organización interna del Cedefop figura en la página 16 de dicha decisión. Pues bien, la recurrente niega que esta referencia pueda llevar a considerar que la comisión de recurso adoptó de ese modo una decisión en sustitución de las resoluciones anuladas.
46      Considera, además, que los autos del presente asunto no contienen ningún documento del que se desprenda que el Cedefop tenía la intención de adoptar, o que efectivamente adoptó, una decisión en sustitución de las decisiones anuladas. Considera, por el contrario, que lo único que se desprende de dicho expediente es la persistente negativa del Cedefop a adoptar tal decisión.
47      El Cedefop sostiene que el Tribunal General señaló acertadamente que, en la decisión desestimatoria de la reclamación, la comisión de recurso declaró, en primer lugar, que, en la sentencia de anulación, el Tribunal General no se había pronunciado sobre la cuestión de la organización interna del Cedefop o del restablecimiento del servicio jurídico; en segundo lugar, que las discusiones relativas al restablecimiento del puesto de asesor jurídico interno que tuvieron lugar durante el año 2021 no estaban vinculadas al caso particular de la recurrente y, en tercer lugar, que el procedimiento de selección de un asesor jurídico interno estaba estrechamente vinculado al resultado del procedimiento de selección de un nuevo director de recursos humanos.
48      Pues bien, sobre la base de todos estos elementos fácticos, que, a su juicio, figuran en las páginas 16 a 17 de la decisión desestimatoria de la reclamación, la comisión de recurso concluyó expresamente que «el Cedefop pretend[ía] reorganizar la manera en que se garantiza la función jurídica en el seno de la agencia con el fin de limitar los riesgos, sin tener la intención de restablecer a personas u organizaciones de trabajo anteriores».
49      Por consiguiente, en su opinión, la comisión de recurso indicó claramente a la recurrente que, con carácter principal, consideraba que el Cedefop no estaba necesariamente obligado a volver a examinar la solicitud de renovación de contrato, ya que dicha agencia ejecutó íntegramente la sentencia de anulación mediante el pago de una compensación económica por la totalidad del daño sufrido como consecuencia de las decisiones anuladas, y que, con carácter subsidiario, había no obstante examinado dicha solicitud y la había desestimado por las razones expuestas en los apartados 47 y 48 de la presente sentencia.
50      En su escrito de réplica, la recurrente subraya que, contrariamente a lo que sostuvo reiteradamente el Cedefop en los asuntos que dieron lugar al auto de 20 de mayo de 2022, VP/Cedefop (T‑534/21, EU:T:2022:327), y a la sentencia recurrida, esta agencia alega por primera vez, en la fase de casación, que se adoptó una decisión en sustitución de las decisiones anuladas, sin aportar pruebas que respalden esa afirmación.
51      En su escrito de dúplica, el Cedefop sostiene que el Tribunal General no desnaturalizó los hechos, ya que se limitó a hacer referencia al tenor claro de la decisión desestimatoria de la reclamación, sin intentar interpretarlo.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
52      Según reiterada jurisprudencia, existe desnaturalización de las pruebas cuando el Tribunal General haya sobrepasado manifiestamente los límites de una apreciación razonable de dichas pruebas. La desnaturalización debe resultar manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. A este respecto, no basta con demostrar que un documento pueda ser objeto de una interpretación diferente de la realizada por el Tribunal General (sentencia de 5 de marzo de 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, apartado 96 y jurisprudencia citada).
53      Para comprobar la procedencia del presente motivo de casación, procede recordar que, en el apartado 34 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, sobre la base de la jurisprudencia citada en los apartados 31 a 33 de dicha sentencia, concluyó que el Cedefop estaba obligado, en ejecución de la sentencia de anulación, a reconsiderar la solicitud de renovación de contrato y a adoptar una decisión en sustitución de las decisiones anuladas.
54      A este respecto, en los apartados 35 a 38 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, basándose en los elementos de la motivación de la decisión desestimatoria de la reclamación resumidos en el apartado 37 de dicha sentencia, consideró que el Cedefop había cumplido tal obligación, puesto que, en dicha decisión, la comisión de recurso había, por una parte, confirmado la conclusión a la que había llegado el director ejecutivo del Cedefop cuando adoptó la decisión controvertida, a saber, que, a raíz del pago de las indemnizaciones a las que dicha agencia había sido condenada mediante la sentencia de anulación, esta última había sido ejecutada íntegramente, de modo que el Cedefop no debía adoptar ninguna otra medida de ejecución adicional de dicha sentencia, sino que también, por otra parte, había reexaminado la solicitud de renovación de contrato y denegado dicha solicitud por consideraciones relacionadas con la organización interna del Cedefop, adoptando así una decisión en sustitución de las decisiones anuladas. Como se desprende del apartado 43 de la sentencia recurrida, según el Tribunal General, esta última decisión se basaba, en particular, en la consideración de que el Cedefop pretendía hacer evolucionar su organización interna y reorganizar la manera en que se garantizaba la función jurídica en su seno.
55      Así pues, de los apartados de la sentencia recurrida mencionados en el apartado anterior se desprende que, según el Tribunal General, a raíz de la solicitud de ejecución de la sentencia de anulación, el Cedefop simultáneamente, por una parte, se negó a dar curso a dicha solicitud por considerar que esta última sentencia ya había sido ejecutada en su totalidad y que, por tanto, no procedía adoptar ninguna otra medida de ejecución adicional, como el reexamen de la solicitud de renovación de contrato y, con mayor motivo, la renovación efectiva de este último y, por otra parte, atendió pese a ello en cierta medida dicha solicitud, ya que procedió a revisar la solicitud de renovación de contrato, pero la denegó por consideraciones relacionadas con la organización interna del Cedefop. De este modo, el Tribunal General consideró que dicha agencia adoptó una decisión en sustitución de las decisiones anuladas, decisión que constituye una medida de ejecución de la sentencia de anulación.
56      Procede señalar que la mera lectura de la decisión desestimatoria de la reclamación permite constatar que, como alega acertadamente la recurrente, las consideraciones que figuran en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que llevaron al Tribunal General a estimar que el Cedefop había adoptado una decisión en sustitución de las decisiones anuladas, solo pudieron extraerse de la parte de la motivación de la decisión desestimatoria de la reclamación que figura a partir del cuarto párrafo de la página 16 de dicha decisión hasta el segundo párrafo de la página 17 de esta decisión, mediante la cual dicha comisión justificó la desestimación del motivo basado en la infracción del artículo 266 TFUE invocado por la recurrente en su reclamación. En efecto, solo en esta parte de la motivación de la decisión desestimatoria de la reclamación, que consta de un total de cuatro párrafos (en lo sucesivo, «parte controvertida de la motivación»), se hace referencia a tales consideraciones.
57      Más concretamente, de la parte controvertida de la motivación se desprende que, para considerar, en los apartados 37, 38 y 43 de la sentencia recurrida, que el Cedefop había adoptado una decisión en sustitución de las decisiones anuladas basándose en consideraciones relacionadas con su organización interna, el Tribunal General se basó necesariamente únicamente en el segundo párrafo de la página 17 de la decisión desestimatoria de la reclamación, que constituye el cuarto y último párrafo de la parte controvertida de la motivación. En efecto, en ese párrafo, la comisión de recurso indicó, en concreto, lo siguiente: «sobre la base de un examen exhaustivo y transparente del statu quo realizado en 2021 a partir de los datos de 2020, el Cedefop tiene la intención de reorganizar la forma en que se garantiza la función jurídica para limitar los riesgos identificados, sin tener la intención de reincorporar a personas u organizaciones de trabajo anteriores».
58      Pues bien, en primer lugar, los términos del segundo párrafo de la página 17 de la decisión desestimatoria de la reclamación son demasiado imprecisos para permitir deducir claramente de ellos que la comisión de recurso procede de ese modo al nuevo examen de la solicitud de renovación de contrato de la recurrente y la rechaza, adoptando así una decisión en sustitución de las decisiones anuladas, para ejecutar, con carácter subsidiario, la sentencia de anulación.
59      Así pues, en segundo lugar, procede comprobar si, interpretado en su contexto, ese segundo párrafo podía entenderse razonablemente en este sentido.
60      A este respecto, en primer lugar, debe precisarse que, en la decisión desestimatoria de la reclamación, la parte controvertida de la motivación se introduce con el término «además» y figura inmediatamente después de la motivación de dicha decisión, enunciada en sus páginas 14 y 15, relativa al pago de las indemnizaciones a las que se condenó al Cedefop mediante la sentencia de anulación. Pues bien, a tenor de esa motivación, la comisión de recurso concluyó sin reservas que, como se desprendía de la decisión controvertida, la ejecución de dicha sentencia por el Cedefop era plenamente conforme con el artículo 266 TFUE, sin que fuera necesario que dicha agencia adoptara otra decisión.
61      Seguidamente, nada en el tenor de los tres primeros párrafos de la parte controvertida de la motivación permite considerar que, pese a esta conclusión, la comisión de recurso pretendiera, no obstante, proceder, con carácter subsidiario, al reexamen de la solicitud de renovación de contrato y a la adopción de una decisión en sustitución de las decisiones anuladas y, por tanto, de medidas adicionales en ejecución de la sentencia de anulación.
62      En efecto, basta con señalar que, por una parte, en el primer párrafo de la parte controvertida de la motivación, que corresponde al cuarto párrafo de la página 16 de la decisión desestimatoria de la reclamación, la comisión de recurso se limitó a exponer, en esencia, las razones por las que estimaba que no podía deducirse de la sentencia de anulación que el Cedefop estuviera obligado a reincorporar a la recurrente o a renovar su contrato. Por otra parte, en los párrafos segundo y tercero de la parte controvertida de la motivación, que corresponden, respectivamente, al quinto párrafo de la página 16 y al primer párrafo de la página 17 de la decisión desestimatoria de la reclamación, la comisión de recurso, refiriéndose a las conclusiones del comité ejecutivo del Cedefop, de 3 de marzo de 2021, relativas al restablecimiento del puesto de asesor jurídico en dicha agencia (en lo sucesivo, «decisión del comité ejecutivo de 3 de marzo de 2021»), afirmó, en esencia, que esta última decisión «no guardaba relación alguna» con el caso concreto de la recurrente y con la sentencia de anulación. que «se ejecutó íntegramente mediante el pago de indemnizaciones y costas procesales» y que, por lo tanto, «no puede hablarse de una contradicción entre el restablecimiento del puesto y la reincorporación de la recurrente ni el hecho de evitar su reincorporación».
63      Por último, debe tenerse en cuenta que la parte controvertida de la motivación constituye la respuesta dada por la comisión de recurso a una alegación específica formulada ante ella por la recurrente en apoyo de su motivo basado en la infracción del artículo 266 TFUE. En particular, mediante esta alegación, la recurrente, al considerar que la correcta ejecución de la sentencia de anulación exigía la renovación de su contrato a partir del 16 de noviembre de 2017, alegaba que su reincorporación al Cedefop, en ejecución de dicha sentencia, no plantearía dificultades en la organización interna de dicha agencia, puesto que, por lo que respecta a las funciones de asesor jurídico, esta organización no difería de la que existía en esa fecha. A este respecto, la recurrente sostenía que, mediante la decisión del comité ejecutivo de 3 de marzo de 2021, cuya adopción había coincidido con la presentación de la solicitud de ejecución de la sentencia de anulación, el Cedefop había decidido restablecer el puesto de asesor jurídico interno en dicha agencia. En este contexto, la recurrente alegaba que la negativa del director ejecutivo del Cedefop a renovar su contrato y a reincorporarla, pese a que el puesto de asesor jurídico interno había sido restablecido a raíz de su solicitud de ejecución de la sentencia de anulación y que, debido al restablecimiento de ese puesto, la organización interna del Cedefop no se vería afectada por su reincorporación, no tenía ninguna justificación racional y demostraba que tal negativa solo respondía a una decisión ad personam de dicho director, constitutiva, por tanto, de una desviación de poder.
64      Así pues, interpretados a la luz de dicha alegación de la recurrente, del tenor de los tres primeros párrafos de la parte controvertida de la motivación se desprende sin ambigüedad posible que, mediante estos últimos, la comisión de recurso pretendía responder a la misma alegación desestimando la existencia de vínculo alguno entre, por una parte, la decisión del comité ejecutivo de 3 de marzo de 2021 y, por otra parte, la sentencia de anulación y la solicitud de ejecución de dicha sentencia formulada por la recurrente, en el sentido de que esa decisión se adoptó a efectos de la ejecución de dicha sentencia a raíz de esa solicitud y que la decisión controvertida fue adoptada por el director ejecutivo del Cedefop por razones personales y, por tanto, constituía una desviación de poder.
65      Por consiguiente, a falta de cualquier elemento, en los tres primeros párrafos de la parte controvertida de la motivación, que permita considerar, siquiera implícitamente, que la comisión de recurso tenía la intención de apartarse de su conclusión de que la sentencia de anulación había sido ejecutada íntegramente con arreglo al artículo 266 TFUE mediante el pago de las indemnizaciones mencionadas en el fallo de dicha sentencia, de modo que no procedía adoptar otras medidas adicionales de ejecución —conclusión a la que acababa de llegar y sobre la que incluso había insistido en el tercer párrafo de la parte controvertida de la motivación— no puede entenderse el segundo párrafo de la página 17 de la decisión desestimatoria de la reclamación, sin desnaturalizar su alcance, en el sentido de que la comisión de recurso volvería a examinar en ella, con carácter subsidiario, la solicitud de renovación de contrato y adoptaría en ella una decisión en sustitución de las decisiones anuladas.
66      Por el contrario, interpretado en su contexto, ese segundo párrafo solo puede entenderse razonablemente en el sentido de que se inscribe en la prolongación de las consideraciones relativas a la respuesta dada por la comisión de recurso a la alegación de la recurrente relativa a la decisión del comité ejecutivo de 3 de marzo de 2021. Así pues, las consideraciones relativas a la organización interna del Cedefop adoptadas por la comisión de recurso constituyen un elemento invocado por esta no para justificar la no renovación del contrato de la recurrente, tras un nuevo examen de su solicitud de renovación, como consideró el Tribunal General en el apartado 38 de la sentencia recurrida, sino la inexistencia de vínculo alguno entre, por una parte, la decisión del comité ejecutivo de 3 de marzo de 2021 y, por otra parte, la sentencia de anulación y la pretensión de ejecución de dicha sentencia.
67      En tercer lugar, el hecho de que estas consideraciones relacionadas con la organización interna del Cedefop resulten, según los términos del segundo párrafo de la página 17 de la decisión desestimatoria de la reclamación, de un examen «del statu quo efectuado en 2021 a partir de los datos de 2020», corrobora el hecho de que dichas consideraciones no están vinculadas a una revisión de la solicitud de renovación de contrato, realizada en el marco de la ejecución de la sentencia de anulación, puesto que tal revisión debería haberse efectuado poniéndose en la situación existente en la fecha de adopción de las decisiones anuladas (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de marzo de 1971, Leno Merken 22/70, EU:T:1971:32, apartado 60).
68      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede declarar que, al considerar que la decisión desestimatoria de la reclamación constituía una decisión relativa a la ejecución de la sentencia de anulación y, en concreto, una decisión adoptada en sustitución de las decisiones anuladas, el Tribunal General desnaturalizó los elementos obrantes en autos, en particular la decisión desestimatoria de la reclamación.
69      Por consiguiente, dado que el primer motivo de casación es fundado, procede anular la sentencia recurrida, sin que sea necesario examinar los motivos segundo a noveno.
Sobre el recurso ante el Tribunal General
70      Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación y el Tribunal de Justicia anule la resolución del Tribunal General, podrá, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
71      En el presente asunto, dado que el recurso de la recurrente ante el Tribunal General se basa en motivos que fueron objeto de un debate contradictorio ante ese Tribunal y cuyo examen no requiere la adopción de ninguna diligencia adicional de ordenación del procedimiento o de instrucción de los autos, el Tribunal de Justicia considera que procede resolver definitivamente el recurso pues su estado así lo permite (véase, por analogía, la sentencia de 5 de marzo de 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, apartado 112 y jurisprudencia citada).
Sobre el segundo motivo del recurso ante el Tribunal General
Alegaciones de las partes
72      Mediante su segundo motivo, la recurrente alega que, a raíz de la sentencia de anulación, correspondía al Cedefop volver a examinar la solicitud de renovación de contrato y adoptar una nueva decisión en sustitución de las decisiones anuladas. Según la recurrente, al término de esa revisión, la única medida que el Cedefop podía adoptar legalmente consistía en renovar su contrato. La recurrente deduce de ello que, al no adoptar una decisión relativa a la renovación de su contrato, el Cedefop infringió el artículo 266 TFUE e incurrió en un error manifiesto de apreciación. Precisa que el hecho de que, en la sentencia de anulación, el Tribunal General condenara al Cedefop al pago de una indemnización no tiene ninguna incidencia con respecto a la obligación que le incumbía de adoptar tal decisión a efectos de la ejecución de la sentencia de anulación.
73      El Cedefop sostiene, en esencia, que, al adoptar la decisión controvertida, confirmada por la decisión desestimatoria de la reclamación, dicha agencia cumplió debidamente la obligación que le incumbía en virtud del artículo 266 TFUE de ejecutar la sentencia de anulación. La indemnización concedida por la pérdida de oportunidad sufrida por la recurrente subsanó, en su opinión, los efectos de la ilegalidad declarada, de modo que no era necesaria ninguna otra medida para ejecutar la sentencia de anulación. Por consiguiente, según el Cedefop, el segundo motivo es infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
74      En virtud del artículo 266 TFUE, la institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado estarán obligados a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia que anuló dicho acto.
75      Para adecuarse a dicha sentencia y darle plena ejecución, la institución, órgano u organismo de que se trate está obligado a respetar no solo su fallo, sino también los fundamentos de Derecho que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en ese fallo. En efecto, esos motivos identifican, por un lado, la concreta disposición considerada ilegal, y revelan, por otro lado, las causas precisas de la ilegalidad declarada en el fallo, que la institución afectada habrá de tener en cuenta a la hora de sustituir el acto anulado (véase la sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA, C‑587/21 P, EU:C:2024:1017, apartados 22 y 23 y jurisprudencia citada).
76      En cuanto a los efectos de la anulación de un acto declarada por el juez de la Unión, procede recordar que esta opera ex tunc y, por tanto, elimina retroactivamente el acto anulado del ordenamiento jurídico de la Unión, de modo que se considera que dicho acto nunca ha existido (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de mayo de 2013, Abdulrahim/Consejo y Comisión, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, apartado 68).
77      Dado que el artículo 266 TFUE no especifica la naturaleza de las medidas que, para cumplir dicha obligación, debe adoptar el autor del acto anulado, corresponde a este identificar tales medidas, disponiendo de un amplio margen de apreciación a la hora de elegirlas, siempre y cuando se atenga al fallo de la sentencia en la que se anuló dicho acto y a los fundamentos de Derecho que constituyen su sustento necesario (sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA, C‑587/21 P, EU:C:2024:1017, apartado 24 y jurisprudencia citada).
78      Más concretamente, el procedimiento para sustituir un acto anulado debe reanudarse a partir del momento preciso en el que se produjo la ilegalidad, dado que la anulación de un acto no afecta, en principio, a la validez de las medidas preparatorias de ese acto, anteriores a la fase en que se detectó dicho vicio (sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA, C‑587/21 P, EU:C:2024:1017, apartado 25 y jurisprudencia citada).
79      Por consiguiente, para garantizar la correcta ejecución de una sentencia de anulación y cumplir así la obligación que le incumbe en virtud del artículo 266 TFUE, la institución, órgano u organismo del que emane el acto anulado está obligado a adoptar las medidas necesarias para eliminar los efectos de las ilegalidades declaradas, lo que, en el caso de un acto que ya ha sido ejecutado, implica devolver las cosas al estado en que se encontrarían de no haber existido la ilegalidad declarada.
80      De lo anterior resulta que, a efectos de la ejecución de la sentencia de anulación, el Cedefop estaba obligado a examinar de nuevo la solicitud de renovación de contrato y a adoptar una decisión en sustitución de las decisiones anuladas, situándose, para ello, en la situación existente en la fecha de adopción de dichas decisiones y teniendo en cuenta los fundamentos de Derecho de la sentencia de anulación.
81      Contrariamente a lo que sostiene el Cedefop, el hecho de que, en la sentencia de anulación, el Tribunal General la condenara al pago de una indemnización por el daño material sufrido por la recurrente como consecuencia de la pérdida de la oportunidad de que se renovara su contrato no le dispensaba en modo alguno de cumplir esas obligaciones.
82      En efecto, tal dispensa no se desprende de ninguno de los fundamentos de Derecho de la sentencia de anulación y la indemnización a cuyo pago el Tribunal General condenó al Cedefop constituye una compensación pecuniaria adeudada a la recurrente por la pérdida de una oportunidad, sin perjuicio de las demás obligaciones que incumben a dicha agencia derivadas de la ejecución de la sentencia de anulación, tal como se han recordado en el apartado 80 de la presente sentencia.
83      En cualquier caso, aun suponiendo que, al conceder a la recurrente una indemnización por la pérdida de la oportunidad de que se renovara su contrato al mismo tiempo que ordenó la anulación de la decisión de no renovar dicho contrato, el Tribunal General hubiera incurrido en error de Derecho, tal error solo habría podido plantearse en el marco de un recurso de casación contra la sentencia de anulación. Sin embargo, al no haber interpuesto el Cedefop tal recurso de casación, dicha sentencia adquirió firmeza.
84      Por consiguiente, al negarse a adoptar medidas de ejecución de la sentencia de anulación distintas del pago de las indemnizaciones a que se refiere dicha sentencia, el Cedefop infringió el artículo 266 TFUE.
85      Por ello, procede declarar fundado el segundo motivo del recurso y anular tanto la decisión controvertida como la decisión desestimatoria de la reclamación.
Sobre las  pretensiones de indemnización
Alegaciones de las partes
86      La recurrente alega que la persistente negativa del Cedefop a ejecutar la sentencia de anulación constituye un incumplimiento manifiesto del Derecho de la Unión y una violación de la confianza que el sistema jurídico de la Unión debe inspirar con respecto a todo justiciable. Además, por lo que respecta a la situación personal de la recurrente, esta señala que, desde 2017, la incertidumbre persistente en cuanto a la cuestión de la renovación de su contrato provocó una situación de inseguridad y de tensión psicológica en relación con su futuro profesional, causándole estrés y ansiedad. Así pues, la anulación no puede constituir una reparación suficiente del daño moral que la recurrente alega haber sufrido como consecuencia de la falta de ejecución de la sentencia de anulación. En este contexto, solicita que se condene al Cedefop al pago de una indemnización de 100 000 euros.
87      Según el Cedefop, debe desestimarse la pretensión de indemnización de la recurrente. En efecto, considera que, por una parte, el daño moral derivado de la no renovación de su contrato ya ha sido reparado, puesto que, en la sentencia de anulación, el Tribunal General condenó al Cedefop a pagar, por este concepto, 10 000 euros, cantidad que ya ha pagado. Por otra parte, a su juicio, la recurrente no ha precisado los elementos que constituyen su daño moral.
Apreciación del Tribunal de Justicia
88      En primer lugar, procede señalar que, mediante sus pretensiones indemnizatorias, la recurrente solicita ser indemnizada por el daño moral que el Cedefop le causó al no garantizar la correcta ejecución de la sentencia de anulación. Por consiguiente, estas pretensiones están vinculadas a la ilegalidad de la decisión controvertida y de la decisión desestimatoria de la reclamación.
89      Así pues, el daño moral que la recurrente invoca en el marco del presente recurso es diferente de aquel por el que solicitaba reparación en el marco del recurso que dio lugar a la sentencia de anulación, que se basaba en la ilegalidad de las decisiones anuladas.
90      Por tanto, contrariamente a lo que sostiene el Cedefop, las presentes pretensiones indemnizatorias no tienen por objeto obtener la reparación de un daño que ya ha sido reparado.
91      En segundo lugar, cabe recordar que para que se genere la responsabilidad extracontractual de una agencia de la Unión es necesario que concurran un conjunto de requisitos, a saber, la ilicitud de la actuación imputada a esa agencia, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre esa actuación y el perjuicio invocado (véase, en ese sentido, la sentencia de 4 de junio de 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P, EU:C:2020:435, apartado 54 y jurisprudencia citada).
92      En primer lugar, dado que la decisión controvertida y la decisión desestimatoria de la reclamación fueron anuladas debido al incumplimiento, por parte del Cedefop, de la obligación que le incumbía en virtud del artículo 266 TFUE de ejecutar la sentencia de anulación, se cumple, por tanto, el primer requisito para que se genere la responsabilidad del Cedefop, a saber, la ilegalidad de la actuación imputada.
93      Seguidamente, por lo que respecta al requisito relativo a la realidad del daño, es preciso señalar que la negativa de una institución, órgano u organismo de la Unión a ejecutar una resolución dictada por un órgano jurisdiccional de la Unión constituye una vulneración de la confianza que todo justiciable debe tener en el sistema jurídico de la Unión, basada, en particular, en el respeto de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de la Unión. Por consiguiente, con independencia de cualquier daño material que pudiera derivarse de la inejecución de una sentencia, la negativa a adoptar las medidas necesarias para su correcta ejecución conlleva, por sí sola, un daño moral para la parte que ha obtenido una sentencia favorable.
94      Por otra parte, el comportamiento del Cedefop colocó indiscutiblemente y de forma duradera a la recurrente en la incertidumbre en cuanto a la cuestión de la renovación de su contrato, situación esta que constituye un daño moral.
95      Así pues, procede considerar que la realidad del daño ha quedado acreditada.
96      Por último, por lo que respecta a la relación de causalidad, basta con señalar que el daño moral sufrido por la recurrente se debe directamente a la negativa del Cedefop a adoptar medidas de ejecución de la sentencia de anulación distintas del pago de las indemnizaciones contempladas en dicha sentencia y que tal daño no se habría producido si el Cedefop hubiera ejecutado correctamente esa sentencia.
97      De ello resulta que queda acreditada la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento ilegal del Cedefop y el daño.
98      Habida cuenta de las circunstancias concretas del caso de autos, procede considerar que la asignación a la recurrente de un importe de 15 000 euros constituye una reparación adecuada de dicho daño.
Costas
99      De conformidad con el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
100    Conforme al artículo 138, apartado 1, de ese Reglamento, aplicable a los procedimientos de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
101    En el caso de autos, al haber solicitado la recurrente la condena en costas del Cedefop y al haber sido desestimadas las pretensiones de este en el marco tanto del recurso de casación como del procedimiento en primera instancia, procede condenar a dicha agencia a cargar, además de con sus propias costas, con la totalidad de las costas en que haya incurrido la recurrente, correspondientes a esos dos procedimientos.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)      Anular la sentencia del Tribunal General de 7 de febrero de 2024, VP/Cedefop (T‑563/22, EU:T:2024:72).
2)      Anular la decisión del director ejecutivo del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) de 17 de diciembre de 2021 y la decisión de la comisión de recursos del Cedefop de 17 de junio de 2022.
3)      Condenar al Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) a pagar la suma de 15 000 euros en concepto de indemnización por el daño moral causado a VP.
4)      Condenar al Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) a cargar, además de con sus propias costas, con la totalidad de las costas en que haya incurrido VP, tanto en el procedimiento en primera instancia como en el procedimiento de casación.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: inglés.