62023CC0416
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 5 de septiembre de 2024 (
1
)
Asunto C‑416/23
Österreichische Datenschutzbehörde
con intervención de:
FR,
Bundesministerin für Justiz
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria)]
«Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículo 57, apartado 4 — Funciones de la autoridad de control — Solicitud — Concepto — Solicitudes excesivas — Concepto — Artículo 77, apartado 1 — Derecho a presentar una reclamación — Pago de una tasa razonable basada en los costes administrativos o negativa de la autoridad de control a actuar respecto de la solicitud — Criterios que pueden orientar la decisión de la autoridad de control»
I. Introducción
1.
El artículo 57, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), (
2
) brinda a las autoridades de control, cuando se enfrentan a solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas debido en particular a su carácter repetitivo, la posibilidad de establecer una tasa razonable basada en los costes administrativos o de negarse a actuar respecto de tales solicitudes.
2.
La lógica que subyace a este instrumento procesal se basa en la idea de que, si bien es cierto que los interesados deben poder exigir fácilmente a las autoridades de control el respeto de los derechos que les confiere el RGPD, estas deben poder, por su parte, reservar un tratamiento específico a las solicitudes excesivas para garantizar su buen funcionamiento y preservar su capacidad para ejercer plenamente sus funciones.
3.
Es preciso definir además en qué consiste el exceso a este respecto. Este es el problema principal que plantea la presente petición de decisión prejudicial.
4.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Österreichische Datenschutzbehörde (Autoridad de Protección de Datos, Austria; en lo sucesivo, «DSB») y FR, en relación con la negativa de esta autoridad, basada en el artículo 57, apartado 4, del RGPD, a actuar respecto de una reclamación presentada por FR en virtud del artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento.
II. Litigio principal y cuestiones prejudiciales
5.
El 17 de febrero de 2020, FR presentó ante la DSB una reclamación en virtud del artículo 77, apartado 1, del RGPD por vulneración de su derecho de acceso con arreglo al artículo 15 de dicho Reglamento, alegando que el responsable del tratamiento no había respondido a su solicitud de acceso en el plazo de un mes.
6.
Sobre la base del artículo 57, apartado 4, del citado Reglamento, la DSB se negó, mediante decisión de 22 de abril de 2020, a actuar respecto de dicha reclamación, calificándola de «excesiva». A este respecto, señaló, en particular, que el interesado le había dirigido, en un intervalo de aproximadamente veinte meses, setenta y siete reclamaciones dirigidas a impugnar la falta de respuesta en el plazo de un mes, por parte de distintos responsables del tratamiento, a sus solicitudes de acceso o de supresión. (
3
) Además, FR contactó regularmente a dicha autoridad por teléfono para exponer hechos adicionales y consultarla con miras a la posible presentación de otras reclamaciones.
7.
FR interpuso recurso contra la mencionada decisión ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo, Austria). Mediante sentencia de 22 de diciembre de 2022, este órgano jurisdiccional estimó el recurso y anuló dicha decisión. Declaró, en esencia, que el carácter excesivo en el sentido del artículo 57, apartado 4, del RGPD no presupone únicamente la reiteración frecuente de las solicitudes, sino también un carácter manifiestamente frívolo o abusivo de estas. Pues bien, según dicho órgano jurisdiccional, la motivación expuesta por la DSB para negarse a tramitar la reclamación de FR no revelaba la existencia de una actuación abusiva por parte de este. Además, esta autoridad no puede optar discrecionalmente entre el establecimiento de una tasa razonable por una solicitud «excesiva» y la negativa a tramitar tal solicitud. Dicha autoridad debe justificar tal elección, lo que no sucede en el presente asunto.
8.
El Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria), órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, que conoce de un recurso de casación interpuesto por la DSB contra dicha sentencia, se pregunta, en primer lugar, si el concepto de «reclamación» que figura en el artículo 77, apartado 1, del RGPD puede asimilarse al de «solicitud(es)», en el sentido del artículo 57, apartado 4, de dicho Reglamento.
9.
A este respecto, dicho órgano jurisdiccional señala que una respuesta negativa a esta cuestión tendría como consecuencia que una autoridad de control no podría negarse, sobre la base de esta disposición, a actuar respecto de las reclamaciones o a establecer una tasa razonable para tramitarlas, con independencia de su eventual carácter infundado o excesivo. Pues bien, según este órgano jurisdiccional, los argumentos más sólidos abogan por la inclusión de las reclamaciones mencionadas en el artículo 77, apartado 1, del RGPD en el ámbito de aplicación del artículo 57, apartado 4, de dicho Reglamento.
10.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre el significado que debe darse al concepto de «solicitudes excesivas», en el sentido de esta última disposición. En particular, dicho órgano jurisdiccional indica que, si se cita el carácter repetitivo de las solicitudes como ejemplo de solicitudes excesivas, debería tenerse en cuenta que la posibilidad de que una autoridad de control se niegue a actuar respecto de una reclamación supone un menoscabo significativo de la protección a la que tienen derecho los interesados en virtud del RGPD. Así pues, ello sería contrario al objetivo de dicho Reglamento de garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales. Como excepción a la obligación que incumbe a las autoridades de control de tramitar las reclamaciones que se les presenten, la posibilidad de negarse a actuar a raíz de una reclamación debe interpretarse de manera restrictiva.
11.
De este modo, dicho órgano jurisdiccional duda de que el mero hecho de que un interesado utilice las posibilidades que ofrece el RGPD presentando un número muy elevado de reclamaciones en comparación con otros interesados, en particular cuando esas reclamaciones se refieren a diferentes responsables del tratamiento, pueda bastar para que las solicitudes puedan calificarse de «excesivas», a falta de otras circunstancias que demuestren la existencia de una intención abusiva.
12.
Asimismo, según el órgano jurisdiccional remitente, el mero hecho de que la tramitación de determinadas reclamaciones constituya una carga en términos de trabajo y de tiempo superior a la media para la autoridad de control no puede justificar el cobro de una tasa o la negativa a actuar respecto de ellas con arreglo al artículo 57, apartado 4, del RGPD.
13.
En tercer lugar, este órgano jurisdiccional se pregunta si una autoridad de control puede optar libremente, en caso de solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, entre establecer una tasa razonable basada en los costes administrativos o negarse a actuar respecto de tales solicitudes.
14.
En estas circunstancias, el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el concepto de “solicitud” o “solicitudes” utilizado en el artículo 57, apartado 4, del [RGPD] en el sentido de que también comprende las “reclamaciones” a efectos del artículo 77, apartado 1, del RGPD?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 57, apartado 4, del RGPD en el sentido de que, para que existan “solicitudes excesivas”, basta con que un interesado, en un determinado período de tiempo, simplemente haya presentado un cierto número de solicitudes (reclamaciones a efectos del artículo 77, apartado 1, del RGPD) a una autoridad de control, con independencia de si en cada una de ellas se trata de hechos diferentes y/o las solicitudes (reclamaciones) se refieren a distintos responsables, o, además del carácter repetitivo de las solicitudes (reclamaciones), es necesaria también una intención abusiva por parte del interesado?
3)
¿Debe interpretarse el artículo 57, apartado 4, del RGPD en el sentido de que la autoridad de control, en caso de solicitudes (reclamaciones) “manifiestamente infundadas” o “excesivas”, puede optar libremente entre exigir una tasa razonable basada en los costes administrativos de su tramitación o denegar de antemano la tramitación? En caso de respuesta negativa, ¿qué circunstancias y criterios debe tener en cuenta la autoridad de control, en particular, si está obligada a dar preferencia al cobro de una tasa razonable, como medida menos gravosa, y solo en caso de que carezca de perspectivas de éxito el cobro de la tasa para evitar solicitudes (reclamaciones) manifiestamente infundadas o excesivas está facultada para denegar su tramitación?»
15.
Han presentado observaciones escritas FR, la DSB, la Bundesministerin für Justiz (Ministra Federal de Justicia, Austria), los Gobiernos austriaco y checo y la Comisión Europea.
III. Análisis
A.
Sobre la primera cuestión prejudicial
16.
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente al Tribunal de Justicia si el concepto de «solicitud(es)» que figura en el artículo 57, apartado 4, del RGPD comprende las «reclamaciones» contempladas en el artículo 57, apartado 1, letra f), y en el artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento. (
4
)
17.
En efecto, al negarse, con arreglo al artículo 57, apartado 4, del RGPD, a actuar respecto de la reclamación presentada por FR debido a la supuesta vulneración de su derecho de acceso en virtud del artículo 15 de dicho Reglamento, la DSB adoptó una decisión que se basa en la hipótesis de que las reclamaciones de los interesados formuladas de conformidad con el artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento deben asimilarse a las «solicitudes», en el sentido del artículo 57, apartado 4, del mismo Reglamento.
18.
El órgano jurisdiccional remitente considera que es necesario comprobar ante el Tribunal de Justicia si esta hipótesis es correcta, puesto que, de no ser así, una autoridad de control no podría negarse a actuar respecto de las reclamaciones ni establecer una tasa razonable para su tramitación con arreglo al artículo 57, apartado 4, del RGPD.
19.
Con carácter preliminar, procede recordar, por una parte, que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance debe normalmente ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión. (
5
) Por otra parte, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, han de tenerse en cuenta no solo el tenor de esta conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, sino también su contexto y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de la que forma parte. (
6
)
20.
La interpretación literal, contextual y teleológica del artículo 57, apartado 4, del RGPD me lleva a considerar que el concepto de «solicitud(es)» a que se refiere la citada disposición comprende las «reclamaciones» contempladas en el artículo 57, apartado 1, letra f), y en el artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento.
21.
Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor del artículo 57, apartado 4, del RGPD, esta disposición establece que, «cuando las solicitudes sean manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, la autoridad de control podrá establecer una tasa razonable basada en los costes administrativos o negarse a actuar respecto de la solicitud. La carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de la solicitud recaerá en la autoridad de control».
22.
Por su parte, el artículo 77, apartado 1, del RGPD dispone que, «sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular en el Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el presente Reglamento».
23.
Ninguna disposición del RGPD define el concepto de «solicitud(es)» en el sentido del artículo 57, apartado 4, de dicho Reglamento. Si me refiero al sentido habitual de este concepto en el lenguaje corriente, este es particularmente amplio. Engloba potencialmente cualquier solicitación realizada por una persona o entidad. El diccionario Larousse define así el concepto de «solicitud» como la «acción de comunicar que se desea obtener algo; hecho de pedir; escrito que lo expresa», citando, entre sus sinónimos, el término «reclamación». Por lo tanto, las reclamaciones formuladas con arreglo al artículo 77, apartado 1, del RGPD constituyen, en mi opinión, una categoría de «solicitud(es)» en el sentido del artículo 57, apartado 4, de dicho Reglamento.
24.
Este análisis textual se ve corroborado, en segundo lugar, por el contexto en el que se inscribe esta disposición. A este respecto, ha de señalarse que el artículo 57 del RGPD describe las funciones de las autoridades de control y las condiciones en las que deben actuar. Entre estas funciones:
–
el artículo 57, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento dispone que cada una de esas autoridades debe «controlar la aplicación [de dicho] Reglamento y hacerlo aplicar»;
–
el artículo 57, apartado 1, letra e), del RGPD prevé que incumbirá a cada una de esas autoridades, «previa solicitud, facilitar información a cualquier interesado en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Reglamento y, en su caso, cooperar a tal fin con las autoridades de control de otros Estados miembros», y (
7
)
–
el artículo 57, apartado 1, letra f), del citado Reglamento establece que cada autoridad de control deberá «tratar las reclamaciones presentadas por un interesado o por un organismo, organización o asociación de conformidad con el artículo 80, e investigar, en la medida oportuna, el motivo de la reclamación e informar al reclamante sobre el curso y el resultado de la investigación en un plazo razonable, en particular si fueran necesarias nuevas investigaciones o una coordinación más estrecha con otra autoridad de control». (
8
)
25.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 57, apartado 2, del RGPD, «cada autoridad de control facilitará la presentación de las reclamaciones contempladas en el apartado 1, letra f), mediante medidas como un formulario de presentación de reclamaciones que pueda cumplimentarse también por medios electrónicos, sin excluir otros medios de comunicación». (
9
)
26.
Además, el artículo 57, apartado 3, del citado Reglamento establece el principio según el cual «el desempeño de las funciones de cada autoridad de control será gratuito para el interesado y, en su caso, para el delegado de protección de datos».
27.
Al prever la posibilidad de que las autoridades de control, cuando se enfrentan a solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, establezcan una tasa razonable basada en los costes administrativos o se nieguen a actuar respecto de una solicitud, el artículo 57, apartado 4, de dicho Reglamento prevé una excepción al principio de gratuidad establecido en el artículo 57, apartado 3, del mismo Reglamento, así como a la obligación que incumbe a dichas autoridades de actuar respecto de las solicitudes que se les presenten.
28.
Contrariamente a lo que sostiene FR, de la yuxtaposición de estas diferentes disposiciones no puede deducirse, en mi opinión, que el artículo 57, apartado 4, del RGPD, en la medida en que utiliza el concepto de «solicitud(es)», deba aplicarse únicamente a las solicitudes contempladas en el artículo 57, apartado 1, letra e), de dicho Reglamento. En otras palabras, no creo que pueda deducirse de la constatación de que en la referida disposición se utiliza el concepto de «solicitud(es)» que el ámbito de aplicación del artículo 57, apartado 4, del citado Reglamento deba limitarse a la función de las autoridades de control que esta prevé. Por otra parte, el hecho de que el artículo 57, apartado 2, del mismo Reglamento se refiera a las «reclamaciones» no significa que se trate de la única disposición destinada a regular las condiciones de presentación de reclamaciones ante las autoridades de control.
29.
En efecto, ha de señalarse que el artículo 57, apartado 3, del RGPD, que establece el principio de gratuidad del desempeño de sus funciones por parte de las autoridades de control, se aplica a todas las funciones de estas, incluida la tramitación de las reclamaciones prevista en el artículo 57, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento. Con toda lógica y por simetría, el artículo 57, apartado 4, de ese Reglamento, en la medida en que establece una excepción al citado principio de gratuidad, sin limitarla a determinadas funciones particulares de estas autoridades, debería aplicarse también a la tramitación de las reclamaciones.
30.
Ello es así máxime si se considera que la tramitación de las reclamaciones, prevista en el artículo 57, apartado 1, letra f), del RGPD, constituye una función esencial de las autoridades de control. (
10
) Por otra parte, el principio de gratuidad y la obligación de facilitar la presentación de reclamaciones, previstos en el artículo 57, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento, tienen por objeto permitir a cualquier interesado reclamar a una autoridad de control el respeto de los derechos que le confiere el citado Reglamento.
31.
Por consiguiente, la interpretación según la cual el concepto de «solicitud(es)» a que se refiere el artículo 57, apartado 4, del RGPD solo cubre las solicitudes comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 57, apartado 1, letra e), de dicho Reglamento y no las reclamaciones a que se refieren el artículo 57, apartado 1, letra f), y el artículo 77, apartado 1, del citado Reglamento privaría a la primera de esas disposiciones de gran parte de su efecto útil.
32.
Además, las reclamaciones contempladas en el artículo 57, apartado 1, letra f), y en el artículo 77, apartado 1, del RGPD me parecen más susceptibles de ser calificadas, en su caso, como «manifiestamente infundadas» que las solicitudes formuladas con arreglo al artículo 57, apartado 1, letra e), de dicho Reglamento, mediante las que los interesados pretenden obtener de las autoridades de control información sobre el ejercicio de los derechos que les confiere el citado Reglamento.
33.
Ha de añadirse que la interpretación según la cual el artículo 57, apartado 4, del RGPD abarca también la tramitación de las reclamaciones presentadas con arreglo al artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento es adoptada por el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), que se refiere a la primera de estas disposiciones en relación con la admisibilidad de las reclamaciones. (
11
)
34.
Por consiguiente, si bien es cierto que, en la medida en que establece una excepción al principio de gratuidad y a la obligación que incumbe a las autoridades de control de actuar respecto de las solicitudes que se les presenten, el artículo 57, apartado 4, de dicho Reglamento debe ser objeto de una interpretación estricta, (
12
) ello no puede, a mi modo de ver, tener por efecto excluir la aplicación de esta disposición a las reclamaciones presentadas en virtud de dicho Reglamento.
35.
En tercer lugar, la interpretación que propongo al Tribunal de Justicia que adopte permite, a mi juicio, alcanzar los objetivos perseguidos por el RGPD. A este respecto, procede señalar que ese Reglamento tiene por finalidad, como indican sus considerandos 10 y 11, garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de las personas físicas dentro de la Unión y reforzar y especificar los derechos de los interesados. (
13
)
36.
Ciertamente, como subraya el órgano jurisdiccional remitente, la interpretación según la cual las reclamaciones están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 57, apartado 4, del RGPD podría parecer, a primera vista, contraria a dichos objetivos y a las obligaciones que incumben a las autoridades de control.
37.
En efecto, como he indicado anteriormente, en virtud del artículo 57, apartado 1, letra f), del RGPD, incumbirá a cada autoridad de control, en su territorio, tratar las reclamaciones que cualquier persona pueda presentar, de conformidad con el artículo 77, apartado 1, del antedicho Reglamento, si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe el referido Reglamento y examinar su objeto en la medida en que sea necesario. La autoridad de control debe proceder al tratamiento de esas reclamaciones con toda la diligencia exigible. (
14
)
38.
Así pues, el procedimiento de reclamación se concibe como un mecanismo capaz de proteger de manera eficaz los derechos y los intereses de los interesados. (
15
)
39.
Por lo tanto, la inclusión de las reclamaciones en el ámbito de aplicación del artículo 57, apartado 4, del RGPD tiene como consecuencia conferir a las autoridades de control la facultad de restringir la obligación que les incumbe de tramitar dichas reclamaciones y de aplicar a su tratamiento el principio de gratuidad.
40.
Sin embargo, cuando una autoridad de control se enfrenta a solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, la posibilidad de establecer una tasa razonable o de negarse a actuar respecto de una solicitud puede, a mi juicio, garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales.
41.
En efecto, la consecución de este objetivo requiere garantizar el buen funcionamiento de las autoridades de control evitando que este se vea obstaculizado por la presentación de reclamaciones manifiestamente infundadas o excesivas, en el sentido del artículo 57, apartado 4, del RGPD. De este modo, la referida disposición ofrece a las autoridades de control la posibilidad de tramitar de manera específica tales reclamaciones, aligerando la carga que estas pueden suponerles. Por consiguiente, estas autoridades pueden decidir no someter las reclamaciones manifiestamente infundadas o excesivas a una tramitación normal que, al movilizar sin motivo legítimo los recursos de que disponen dichas autoridades, podría tener efectos negativos en la duración y la calidad de la tramitación de las solicitudes que presenten paralelamente otros interesados y, por lo tanto, en el nivel de protección que se les debe garantizar.
42.
Así pues, habida cuenta de la importancia que reviste el derecho a presentar reclamaciones en relación con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales y del lugar esencial que ocupa la tramitación de dichas reclamaciones en las funciones que se atribuyen a las autoridades de control, es importante evitar un uso manifiestamente infundado o excesivo de ese derecho, que podría tener como efecto, a falta de la posibilidad de utilizar los instrumentos procesales previstos en el artículo 57, apartado 4, del RGPD, impedir que las autoridades de control lleven a cabo sus funciones. De ello se deduce que una interpretación que excluya las reclamaciones del ámbito de aplicación de esta disposición podría comprometer el buen funcionamiento de las autoridades de control y, en consecuencia, el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de los derechos que dicho Reglamento confiere a los interesados.
43.
Por otra parte, debo señalar que la aplicación de dicha disposición va acompañada de garantías procesales que permiten delimitar estrictamente su aplicación por parte de las autoridades de control. Así pues, la carga de probar el carácter manifiestamente infundado o excesivo de las solicitudes incumbe a la autoridad de control. Además, la decisión de dicha autoridad de establecer una tasa razonable o de negarse a actuar respecto de una solicitud puede ser objeto de un recurso judicial efectivo, de conformidad con el artículo 78, apartado 1, del RGPD. Del mismo modo, cuando una autoridad de control no tramite una reclamación, sin adoptar una decisión al respecto, el interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 78, apartado 2, de dicho Reglamento.
44.
Asimismo, todo interesado tendrá derecho, a tenor del artículo 79, apartado 1, del RGPD, a la tutela judicial efectiva cuando considere que sus derechos en virtud de dicho Reglamento han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales.
45.
Como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, (
16
) los artículos 77, apartado 1, 78, apartado 1, y 79, apartado 1, del RGPD, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que permiten un ejercicio concurrente e independiente de las vías de recurso previstas, por una parte, en los citados artículos 77, apartado 1, y 78, apartado 1, y, por otra parte, en el referido artículo 79, apartado 1. (
17
)
46.
A la vista de estos elementos, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial que el concepto de «solicitud(es)» que figura en el artículo 57, apartado 4, del RGPD comprende las «reclamaciones» contempladas en el artículo 57, apartado 1, letra f), y en el artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento.
B.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
47.
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente al Tribunal de Justicia si las solicitudes pueden calificarse de «excesivas», en el sentido del artículo 57, apartado 4, del RGPD, únicamente en razón de su número a lo largo de un período determinado o si también debe demostrarse una intención abusiva por parte del interesado que presenta tales solicitudes a una autoridad de control.
48.
Para responder a esta cuestión, comenzaré examinando el tenor de esta disposición, a partir del cual extraigo las siguientes conclusiones.
49.
En primer lugar, dado que el RGPD no define el concepto de «solicitudes excesivas», procede referirse al sentido habitual de este concepto en el lenguaje corriente. Así pues, el adjetivo «excesivo» designa algo que excede de la medida ordinaria o razonable (diccionario Larousse), o que supera la medida deseable o permitida (diccionario Le Robert). Hacer algo en exceso significa hacer algo sin medidas.
50.
En segundo lugar, procede subrayar que el tenor del artículo 57, apartado 4, del RGPD no está, sin embargo, exento de indicaciones puesto que, al mencionar las «solicitudes […] excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo», esta disposición da a entender que este carácter repetitivo permite caracterizar la existencia de solicitudes excesivas.
51.
En tercer lugar y en relación con lo que acaba de exponerse, en la medida en que el adverbio «especialmente» indica que el carácter repetitivo de las solicitudes solo constituye un ejemplo de solicitudes excesivas, esto significa que estas últimas abarcan otros supuestos distintos del número de solicitudes.
52.
Dicho esto, no me parece necesario abordar aquí de manera exhaustiva todos los supuestos en los que las solicitudes podrían calificarse de «excesivas». Centraré más bien mi análisis en la cuestión específica que el órgano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia, que pretende obtener precisiones sobre el alcance que debe darse a esta mención del carácter repetitivo de las solicitudes como ejemplo de solicitudes excesivas. Así pues, se trata de determinar si un número elevado de reclamaciones basta por sí solo para calificar las solicitudes de «excesivas» debido a su carácter repetitivo.
53.
En efecto, de los datos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que la DSB se basó en el número de reclamaciones presentadas por FR durante un período determinado para negarse, considerando que su número era muy elevado, a actuar respecto de una reclamación calificándola de «excesiva». En resumen, esta autoridad consideró que se había alcanzado un umbral cuantitativo aceptable de reclamaciones, por lo que procedía dejar de actuar respecto de las reclamaciones que le había presentado FR. Dicha autoridad justificó también su decisión por el temor de que FR siguiera presentando un número considerable de reclamaciones en el futuro. Sin embargo, en modo alguno cuestionó el fundamento de las reclamaciones que FR le había presentado hasta entonces.
54.
Al igual que FR, la Ministra Federal de Justicia, el Gobierno austriaco y la Comisión, considero que el número de solicitudes presentadas por un interesado ante una autoridad de control, por elevado que sea, no puede constituir, por sí solo y contrariamente a lo que podría deducirse, a primera vista, del tenor del artículo 57, apartado 4, del RGPD, un criterio suficiente para concluir que existen «solicitudes excesivas», en el sentido de esta disposición. Baso esta opinión en el examen del contexto en el que se inscribe la mencionada disposición y en los objetivos que persigue dicho Reglamento.
55.
Por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 57, apartado 4, del RGPD, es preciso señalar que el artículo 12 de este Reglamento establece obligaciones generales que incumben al responsable del tratamiento en lo que respecta a la transparencia de la información y de la comunicación, así como las modalidades de ejercicio de los derechos del interesado.
56.
El artículo 15 del RGPD, que se inscribe en el capítulo III, sección 2, que se refiere a la información y al acceso a los datos personales, completa el marco de transparencia de dicho Reglamento al conceder al interesado un derecho de acceso a sus datos personales y un derecho de información sobre el tratamiento de tales datos.
57.
En particular, el artículo 15, apartado 1, del citado Reglamento establece que el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, el derecho de acceso a los datos personales y a la información relativa, en particular, a los fines del tratamiento y a los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados esos datos personales.
58.
Este derecho de acceso debe permitir al interesado cerciorarse de que los datos personales que le conciernen son exactos y de que son tratados lícitamente. (
18
)
59.
Como ha precisado el Tribunal de Justicia, el derecho de acceso previsto en el artículo 15 del RGPD es necesario para permitir al interesado ejercer, en su caso, su derecho de rectificación, su derecho de supresión («derecho al olvido») y su derecho a la limitación del tratamiento, reconocidos, respectivamente, en los artículos 16 a 18 de dicho Reglamento, su derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales, contemplado en el artículo 21 del citado Reglamento, así como su derecho a recurrir por los daños sufridos, previsto en los artículos 79 y 82 del mismo Reglamento. (
19
)
60.
Por consiguiente, el artículo 15 del RGPD forma parte de las disposiciones que tienen por objeto garantizar, en favor del interesado, este derecho de acceso y la transparencia de los modos de tratamiento de los datos personales, transparencia sin la cual este no podría apreciar la licitud del tratamiento de sus datos ni ejercer las prerrogativas previstas, en particular, en los artículos 16 a 18, 21, 79 y 82 de ese Reglamento. (
20
)
61.
Desde este punto de vista, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el principio de gratuidad de la primera copia de los datos y la innecesariedad de invocar un motivo específico que justifique la solicitud de acceso contribuyen indudablemente a facilitar el ejercicio por el interesado de los derechos que le confiere el RGPD. (
21
)
62.
Habida cuenta de la importancia que este Reglamento atribuye al derecho de acceso a los datos personales que son objeto de tratamiento, garantizado por su artículo 15, apartado 1, para alcanzar los objetivos perseguidos por este, el ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a requisitos demasiado estrictos.
63.
En mi opinión, lo mismo debe suceder con el derecho de los interesados a presentar reclamaciones con arreglo al artículo 77, apartado 1, del RGPD.
64.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12, apartado 3, de dicho Reglamento, el responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22 de ese mismo Reglamento y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Si el responsable del tratamiento no cumple esta obligación, la persona que haya presentado una solicitud ante él debe poder presentar una reclamación ante una autoridad de control, para que esta pueda, en su caso, ordenar al responsable del tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento, que atienda las solicitudes de ejercicio de los derechos del interesado en virtud del RGPD.
65.
Cuando una persona haya presentado una solicitud de acceso o de supresión a varios responsables del tratamiento, como parece ser el caso en el presente asunto, el número de reclamaciones presentadas ante una autoridad de control debe poder ser potencialmente idéntico al número de denegaciones que dichos responsables del tratamiento hayan formulado contra dicha persona. Resolver de otro modo, fijando un umbral a partir del cual una autoridad de control podría calificar tales reclamaciones de «excesivas» únicamente por razón de su número, menoscabaría los derechos garantizados por el RGPD que he enumerado anteriormente.
66.
Por otra parte, ha de señalarse que, como indica el considerando 63 del RGPD, este Reglamento concede expresamente a los interesados el derecho a acceder a los datos personales recogidos que le conciernan y a ejercer dicho derecho con facilidad y a intervalos razonables. Ello significa, en mi opinión, que estas personas pueden ejercer en varias ocasiones este derecho ante el mismo responsable del tratamiento, sin que el carácter reiterado de una solicitud pueda, como tal, calificarse de «excesivo». En el supuesto de que el responsable o los responsables del tratamiento a los que se haya acudido en varias ocasiones vulneren tal derecho, tales personas deberían, a mi juicio, poder presentar a una autoridad de control varias reclamaciones contra dicho responsable o responsables del tratamiento con arreglo al artículo 77, apartado 1, del RGPD.
67.
Por otra parte, es preciso observar que una disposición análoga al artículo 57, apartado 4, de dicho Reglamento figura en su artículo 12, apartado 5, que concede de manera similar, esta vez al responsable del tratamiento cuando se enfrente a solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, la posibilidad bien de cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o la comunicación o realizar la actuación solicitada, bien de negarse a actuar respecto de la solicitud. (
22
)
68.
En su sentencia de 26 de octubre de 2023, FT (Copias de la historia clínica), (
23
) el Tribunal de Justicia señaló que el artículo 12, apartado 5, del RGPD establece el principio según el cual el ejercicio del derecho de acceso del interesado a sus datos objeto de tratamiento y a la información relativa al mismo no genera ningún gasto para el interesado. Por otro lado, esta disposición contempla dos motivos por los que el responsable del tratamiento puede, bien cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos, bien negarse a actuar respecto de la solicitud. Según el Tribunal de Justicia, estos motivos se refieren a supuestos de abuso de derecho. (
24
) Sobre la base de esta constatación, el Tribunal de Justicia observó que, según el órgano jurisdiccional remitente, la solicitud del interesado no era abusiva. (
25
)
69.
En la medida en que los artículos 12, apartado 5, y 57, apartado 4, del RGPD están redactados de manera análoga y se basan en la misma lógica, que consiste en evitar imponer, según el caso, al responsable del tratamiento o a la autoridad de control una carga desproporcionada que impida su buen funcionamiento, considero que estas dos disposiciones deberían recibir la misma interpretación.
70.
Deduzco de ello que, para hacer uso de la facultad conferida por el artículo 57, apartado 4, de dicho Reglamento, la autoridad de control debe demostrar, a la vista de todas las circunstancias pertinentes de cada caso concreto, la existencia de una actuación abusiva por parte del interesado, (
26
) dado que el número de reclamaciones presentadas por este no es suficiente por sí solo.
71.
Desde este punto de vista, tanto el artículo 12, apartado 5, del RGPD como el artículo 57, apartado 4, de dicho Reglamento reflejan la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual, en el ordenamiento jurídico de la Unión existe un principio general del Derecho según el cual los justiciables no puedan invocar el Derecho de la Unión de forma abusiva o fraudulenta. (
27
) En el contexto de esta última disposición, la existencia de una actuación abusiva puede comprobarse cuando una persona presente reclamaciones sin que ello sea objetivamente necesario para la protección de los derechos que le confiere dicho Reglamento.
72.
Así pues, el artículo 57, apartado 4, del RGPD constituye una expresión del principio de proporcionalidad: si bien las autoridades de control están obligadas, en principio, a examinar cada reclamación con toda la diligencia exigible, no se les puede imponer tal carga más allá de lo necesario para proteger los derechos que dicho Reglamento confiere a los interesados. Por consiguiente, esta disposición permite a las referidas autoridades conciliar los intereses del reclamante con los de una buena administración.
73.
He de añadir que, como he señalado anteriormente, el artículo 57, apartado 4, del RGPD debe ser objeto de una interpretación estricta, lo que significa que su aplicación debe limitarse a lo estrictamente necesario para evitar obstaculizar el buen funcionamiento de las autoridades de control, que constituye el objetivo perseguido por dicha disposición. Pues bien, considero que tal interpretación estricta excluye que la mera toma en consideración del número de reclamaciones, por elevado que sea, baste para justificar la aplicación de dicha disposición por una autoridad de control.
74.
En efecto, de conformidad con el artículo 8, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales, el respeto de las normas en materia de protección de datos personales estará sujeto al control de una autoridad independiente. En este contexto, los Estados miembros están obligados, con arreglo al artículo 52, apartado 4, del RGPD, a garantizar que cada autoridad de control disponga en todo momento de los recursos humanos, técnicos y financieros, así como de los locales y las infraestructuras necesarios para el cumplimiento efectivo de sus funciones y el ejercicio de sus poderes. De ello se deduce que estos recursos deben adaptarse al uso que hagan los interesados de su derecho a presentar reclamaciones ante las autoridades de control. Sería paradójico que, pese a que el legislador de la Unión quiso, como se desprende del artículo 57, apartado 2, de dicho Reglamento, facilitar la presentación de estas reclamaciones, lo que equivale a incentivarlas, permitiera al mismo tiempo a tales autoridades negarse a actuar respecto de tales reclamaciones.
75.
Así pues, para demostrar la existencia de solicitudes excesivas debido a su carácter repetitivo, no basta con que una autoridad de control reciba un número de reclamaciones de un interesado significativamente superior a la media de reclamaciones presentadas por cada interesado, dando lugar así a una pesada carga de tramitación, superior a la media, para dicha autoridad. En efecto, corresponde a los Estados miembros proporcionar a las autoridades de control los medios adecuados para tramitar todas las reclamaciones que se presenten ante ellas, en su caso incrementando dichos medios con el fin de adaptarlos al uso que los interesados hagan de su derecho a presentar reclamaciones con arreglo al artículo 77, apartado 1, del RGPD. Por consiguiente, una autoridad de control no puede invocar, en apoyo de su negativa a actuar respecto de una reclamación con arreglo al artículo 57, apartado 4, de dicho Reglamento, el hecho de que un interesado que presenta un número elevado de reclamaciones moviliza considerablemente sus recursos, en detrimento de la tramitación de otras reclamaciones presentadas por otras personas.
76.
Además, las reclamaciones en virtud del artículo 77, apartado 1, del RGPD desempeñan un papel importante en el conocimiento que las autoridades de control pueden tener de las vulneraciones de los derechos protegidos por dicho Reglamento. (
28
) Por lo tanto, son esenciales para el desempeño adecuado de su función consistente en garantizar la correcta aplicación de dicho Reglamento. Por consiguiente, estas reclamaciones contribuyen de forma importante a garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de los interesados dentro de la Unión y a reforzar y especificar los derechos de estos interesados.
77.
En consecuencia, permitir a las autoridades de control constatar el carácter excesivo de las reclamaciones por el único motivo de que su número es elevado podría, en mi opinión, comprometer la consecución de este objetivo. En efecto, como he indicado anteriormente, un número elevado de reclamaciones puede ser la consecuencia directa de un gran número de supuestos en los que uno o varios responsables del tratamiento no han respondido a las solicitudes de acceso formuladas por un interesado para proteger sus derechos o no han actuado en virtud de estas. Además, es difícil fijar un umbral cuantitativo a partir del cual las reclamaciones podrían calificarse, debido a su número, de «excesivas». A este respecto, una toma en consideración aislada del número de reclamaciones podría dar lugar a un menoscabo arbitrario de la protección jurídica que el RGPD confiere a un interesado. Por ello, a mi modo de ver, procede someter la declaración de la existencia de solicitudes excesivas al requisito de que se demuestre una intención abusiva por parte de la persona que presenta tales reclamaciones.
78.
De los elementos anteriores se desprende que, en la medida en que la tramitación por parte de las autoridades de control de las reclamaciones que se les presentan con toda la diligencia exigible es la norma, estas autoridades solo deberían estar autorizadas a hacer uso del artículo 57, apartado 4, del RGPD en casos excepcionales, máxime cuando la ponderación de la carga de trabajo que conlleva el ejercicio del derecho a presentar reclamaciones con arreglo al artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento y del interés del interesado no es, en principio, pertinente para limitar el alcance de ese derecho. (
29
) Por lo tanto, las excepciones a esta obligación de tramitación de las reclamaciones por parte de las autoridades de control deben interpretarse de modo restrictivo, de tal forma que el interés público atendido por la tramitación de las reclamaciones debe ponderarse con el interés atendido por la negativa a tramitarlas. (
30
)
79.
Así pues, sobre la base de las circunstancias propias de cada asunto concreto, corresponde a la autoridad de control ante la que se presenta un gran número de reclamaciones demostrar que dicho número no está justificado por la voluntad del interesado de obtener la protección de los derechos que le confiere el RGPD, sino por otra finalidad, que no está relacionada con dicha protección. Así sucede, en particular, cuando estas circunstancias revelan que el elevado número de reclamaciones tiene por objeto obstaculizar el buen funcionamiento de dicha autoridad movilizando sus recursos sin ninguna razón legítima.
80.
A este respecto, la multiplicación de las reclamaciones puede ser un indicio de solicitudes excesivas por parte de un interesado cuando resulte que estas reclamaciones no están objetivamente justificadas por consideraciones relativas a la protección de los derechos que el RGPD confiere a dicho interesado. Tal puede ser el caso, por ejemplo, si las reclamaciones se dirigen al mismo responsable del tratamiento, tienen todas el mismo contenido, se refieren a las mismas obligaciones impuestas por dicho Reglamento y se presentan a intervalos exageradamente cortos sin que se produzca ningún cambio en las circunstancias de hecho que lo justifique, demostrando así la intención del interesado de interferir en el buen funcionamiento de la autoridad de control, en lugar de buscar la protección de los derechos que le confiere dicho Reglamento. Otro caso de solicitudes excesivas debido a su carácter repetitivo podría referirse a la situación en la que una persona presenta un número tan elevado de reclamaciones ante una autoridad de control, dirigidas contra una multitud de responsables del tratamiento con los que no tiene necesariamente ninguna relación, que este uso desproporcionado de su derecho a presentar reclamaciones demuestra, en relación con otros elementos como el contenido de esas reclamaciones, su intención de paralizar el funcionamiento de dicha autoridad saturándola de solicitudes.
81.
Sobre la base de estas indicaciones, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la DSB pudo constatar fundadamente la existencia de «solicitudes excesivas», en el sentido del artículo 57, apartado 4, del RGPD.
82.
Ha de recordarse, a este respecto, que las reclamaciones presentadas por FR, que son setenta y siete, responden a solicitudes de acceso o de supresión presentadas por él ante diferentes responsables del tratamiento y que quedaron en su mayoría sin respuesta tras un plazo de un mes. A esta constatación se añade la relativa a los contactos frecuentes mantenidos por FR por teléfono con la DSB para saber si determinados hechos podrían dar lugar a reclamaciones.
83.
Según la DSB, al presentar constantemente nuevas reclamaciones cuyo número total es, en su opinión, considerable, el interesado acapara en su beneficio, en una medida desproporcionada en relación con los reclamantes que presentan menos reclamaciones, los recursos limitados en términos de personal de que dispone dicha autoridad desde hace aproximadamente un año y medio. Además, el creciente número de reclamaciones y las conversaciones telefónicas entre FR y la DSB hacen presagiar un recurso masivo a esta autoridad en el futuro. Por lo tanto, las setenta y siete reclamaciones presentadas debían calificarse de «solicitudes excesivas», en el sentido del artículo 57, apartado 4, del RGPD.
84.
Dudo que esta motivación sea suficiente para justificar tal calificación, en la medida en que no pone de manifiesto la existencia de una actuación abusiva por parte de FR, es decir, una actuación cuyo objeto no sea obtener la protección de los derechos que le confiere el RGPD, sino perturbar el buen funcionamiento de la autoridad de control. Del mismo modo, las previsiones de esta autoridad en cuanto al elevado número de reclamaciones que FR podría presentar en el futuro y la constatación de sus recursos limitados en términos de personal no me parecen pertinentes.
85.
De los elementos anteriores se desprende que el artículo 57, apartado 4, del RGPD debe, a mi juicio, interpretarse en el sentido de que las solicitudes no pueden calificarse de «excesivas», en el sentido de esta disposición, únicamente por razón de su número durante un período determinado, en la medida en que también corresponde a la autoridad de control demostrar una intención abusiva por parte de la persona que las presenta.
C.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
86.
Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 57, apartado 4, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que, cuando se enfrenta a solicitudes excesivas, la autoridad de control puede optar libremente entre establecer una tasa razonable basada en los costes administrativos o negarse a actuar respecto de ellas. En caso de respuesta negativa, este órgano jurisdiccional se pregunta sobre los criterios que debe tener en cuenta la autoridad de control y, en particular, sobre si dicha autoridad está obligada a dar preferencia al pago de la referida tasa, antes de negarse a actuar respecto de esa solicitud.
87.
El examen del tenor de esta disposición me lleva a constatar que las opciones que constituyen, por una parte, el establecimiento de una tasa razonable basada en los costes administrativos y, por otra parte, la negativa a actuar respecto de las solicitudes excesivas se enumeran sucesivamente y están separadas por la conjunción copulativa «o», sin que sea posible deducir de la formulación elegida un orden de prioridad entre una u otra de estas opciones. (
31
)
88.
Así pues, este tenor, al poner en pie de igualdad las dos opciones de que dispone la autoridad de control, parece abogar por la interpretación según la cual dicha autoridad tiene, una vez que ha demostrado el carácter excesivo de las solicitudes que se le presentan, la libertad de optar entre establecer una tasa razonable y negarse a actuar respecto de tales solicitudes.
89.
Dicho esto, habida cuenta del contexto en el que se inscribe el artículo 57, apartado 4, del RGPD y de los objetivos que persigue dicho Reglamento, una autoridad de control no puede ejercer esta elección de forma discrecional e injustificada. En efecto, habida cuenta de la importancia que reviste el derecho a presentar reclamaciones en relación con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales, del lugar esencial que ocupa la tramitación de dichas reclamaciones en las funciones que se atribuyen a las autoridades de control y de la obligación que incumbe a estas autoridades de tramitar tales reclamaciones con toda la diligencia exigible, corresponde a dichas autoridades tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes y velar por que la opción elegida sea adecuada y proporcionada. Estos elementos de juicio deben figurar en la motivación de la decisión de la autoridad de control que conoce del asunto.
90.
A este respecto, una autoridad de control podría considerar apropiado, en función de las circunstancias pertinentes y con el fin de interrumpir una práctica abusiva que puede perjudicar su buen funcionamiento, establecer una tasa razonable basada en los costes administrativos de la sobrecarga de trabajo causada por reclamaciones excesivas. En efecto, la función disuasoria de esta opción podría llevar a dicha autoridad a favorecerla en lugar de negarse de entrada a actuar respecto de tales reclamaciones.
91.
Ha de añadirse que el principio de proporcionalidad y el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales también deberían incitar a las autoridades de control a prever el establecimiento de una tasa razonable basada en los costes administrativos antes de negarse a actuar respecto de dichas reclamaciones, dado que se trata de una medida menos lesiva para los derechos que el RGPD confiere a los interesados.
92.
Sin embargo, no me parece que el artículo 57, apartado 4, del RGPD pueda interpretarse en el sentido de que llega incluso a obligar en todos los casos a una autoridad de control a aplicar prioritariamente la opción consistente en establecer una tasa razonable.
93.
Por consiguiente, considero que el artículo 57, apartado 4, del RGPD debe interpretarse en el sentido de que, cuando se enfrenta a solicitudes excesivas, una autoridad de control puede optar, mediante decisión motivada, entre establecer una tasa razonable basada en los costes administrativos o negarse a actuar respecto de ellas, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes y velando por que la opción elegida sea adecuada y proporcionada, sin que exista una relación de prioridad entre ambas opciones.
IV. Conclusión
94.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria) del siguiente modo:
«El artículo 57, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos),
debe interpretarse en el sentido de que:
–
el concepto de “solicitud(es)” que figura en esta disposición comprende las “reclamaciones” contempladas en el artículo 57, apartado 1, letra f), y en el artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento;
–
las solicitudes no pueden calificarse de “excesivas”, en el sentido del artículo 57, apartado 4, de dicho Reglamento, únicamente por razón de su número durante un período determinado, en la medida en que también corresponde a la autoridad de control demostrar una intención abusiva por parte de la persona que las presenta;
–
cuando se enfrenta a solicitudes excesivas, una autoridad de control puede optar, mediante decisión motivada, entre establecer una tasa razonable basada en los costes administrativos o negarse a actuar respecto de ellas, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes y velando por que la opción elegida sea adecuada y proporcionada, sin que exista una relación de prioridad entre ambas opciones.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	DO 2016, L 119, p. 1; en lo sucesivo, «RGPD».
(
3
)	Según la información contenida en la resolución de remisión, en 2018 se presentaron cuatro reclamaciones, en 2019 se presentaron cincuenta y tres reclamaciones y en el primer trimestre de 2020 se presentaron veinte reclamaciones. FR invocó el derecho de supresión en cuarenta y seis casos y el derecho de acceso en veintinueve casos.
(
4
)	En la medida en que el artículo 57, apartado 1, letra f), del RGPD constituye, en cierto modo, el reflejo del artículo 77, apartado 1, de dicho Reglamento, me parece adecuado añadirlo a las disposiciones cuya interpretación solicita el órgano jurisdiccional remitente.
(
5
)	Véase, en particular, la sentencia de 4 de mayo de 2023, Österreichische Post (Daños y perjuicios inmateriales relacionados con el tratamiento de datos personales) (C‑300/21, EU:C:2023:370), apartado 29 y jurisprudencia citada.
(
6
)	Véanse, en particular, las sentencias de 4 de mayo de 2023, Österreichische Datenschutzbehörde y CRIF (C‑487/21, EU:C:2023:369), apartado 19 y jurisprudencia citada; de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho) (C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958), apartado 48 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2024, Trade Express‑L y DEVNIA TSIMENT (C‑395/22 y C‑428/22, EU:C:2024:374), apartado 65 y jurisprudencia citada.
(
7
)	El subrayado es mío.
(
8
)	El subrayado es mío.
(
9
)	El subrayado es mío.
(
10
)	El Gobierno austriaco afirma que la tramitación de las reclamaciones representa la parte más importante de la carga de trabajo de las autoridades de control desde el punto de vista cuantitativo.
(
11
)	Véase Internal EDPB Document 6/2020 on preliminary steps to handle a complaint: admissibility and vetting of complaints, adoptado el 15 de diciembre de 2020, punto 15.
(
12
)	Véase, en particular, sobre la interpretación estricta de las excepciones previstas por las disposiciones del RGPD, la sentencia de 16 de enero de 2024, Österreichische Datenschutzbehörde (C‑33/22, EU:C:2024:46), apartado 37 y jurisprudencia citada.
(
13
)	Véase la sentencia de 26 de octubre de 2023, FT (Copias de la historia clínica) (C‑307/22, EU:C:2023:811), apartado 47.
(
14
)	Véanse, en particular, las sentencias de 6 de octubre de 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650), apartado 63, y de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho) (C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958), apartado 56 y jurisprudencia citada.
(
15
)	Véase, en particular, la sentencia de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho) (C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958), apartado 58 y jurisprudencia citada.
(
16
)	C‑132/21, EU:C:2023:2.
(
17
)	Véase la sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2), apartado 57.
(
18
)	Véase, en particular, la sentencia de 26 de octubre de 2023, FT (Copias de la historia clínica) (C‑307/22, EU:C:2023:811), apartado 73 y jurisprudencia citada.
(
19
)	Véase, en particular, la sentencia de 22 de junio de 2023, Pankki S (C‑579/21, EU:C:2023:501), apartado 58 y jurisprudencia citada.
(
20
)	Véase, en particular, la sentencia de 22 de junio de 2023, Pankki S (C‑579/21, EU:C:2023:501), apartado 59 y jurisprudencia citada.
(
21
)	Véase, en particular, la sentencia de 26 de octubre de 2023, FT (Copias de la historia clínica) (C‑307/22, EU:C:2023:811), apartado 50.
(
22
)	Véase, sobre el artículo 12, apartado 5, del RGPD, CEPD, Directrices 01/2022 sobre los derechos de los interesados — Derecho de acceso, adoptadas el 28 de marzo de 2023, puntos 175 a 195.
(
23
)	C‑307/22, EU:C:2023:811.
(
24
)	Véase la sentencia de 26 de octubre de 2023, FT (Copias de la historia clínica) (C‑307/22, EU:C:2023:811), apartado 31.
(
25
)	Véase la sentencia de 26 de octubre de 2023, FT (Copias de la historia clínica) (C‑307/22, EU:C:2023:811), apartado 32.
(
26
)	Véanse, sobre el concepto de «abuso de derecho», las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto McCarthy y otros (C‑202/13, EU:C:2014:345), puntos 108 a 114, y, sobre el uso indebido de los derechos recogidos en la normativa de protección de datos personales, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Nowak (C‑434/16, EU:C:2017:582), puntos 42 a 50.
(
27
)	Véase, en particular, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, BMW Bank y otros (C‑38/21, C‑47/21 y C‑232/21, EU:C:2023:1014), apartado 281 y jurisprudencia citada.
(
28
)	Véase Hijmans, H., «Article 57. Tasks», en Kuner, C., Bygrave, L. A., Docksey, C., y Drechsler, L., The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary, Oxford University Press USA, Nueva York, 2020, pp. 927 a 938, en particular, p. 935.
(
29
)	Véase, por analogía, en materia de acceso a documentos, la sentencia de 26 de octubre de 2011, Dufour/BCE (T‑436/09, EU:T:2011:634), apartado 122.
(
30
)	Véase, por analogía, en materia de acceso del público a la información medioambiental, la sentencia de 20 de enero de 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicaciones internas) (C‑619/19, EU:C:2021:35), apartado 33 y jurisprudencia citada.
(
31
)	Véase, por analogía, la sentencia de 12 de enero de 2023, Österreichische Post (Información relativa a los destinatarios de datos personales) (C‑154/21, EU:C:2023:3), apartado 31.