PRIMERO. - Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia
nº 10 de A Coruña, se dictó Auto en fecha 13 de noviembre de 20007
cuya parte dispositiva dice como sigue:
"Se confiere fuerza ejecutoria en España la sentencia dictada por el
Tribunal de Primera Instancia de Ginebra (Suiza) de 16 de diciembre de
1999.
Cada parte pagará sus costas procesales, siendo las comunes por mitad."
SEGUNDO. - Notificado dicho Auto a las partes, se interpuso contra el
mismo en tiempo y forma, recurso de apelación por el demandado, que
le fue admitido en ambos efectos, y remitidas las actuaciones a este
Tribunal, y realizado el trámite oportuno se señaló para deliberación de la
Sala el día 9 de septiembre de 2009, fecha en la que tuvo lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
No se aceptan los de la resolución recurrida.
PRIMERO. - Frente al Auto de fecha 13 de noviembre de 2007 - que
confiere fuerza ejecutoria en España a la sentencia dictada por el Tribunal
de Primera Instancia de Ginebra (Suiza) de 16 de septiembre de 1999
- interpuso recurso de apelación la representación de don Bartolomé
interesando la revocación de dicha resolución con desestimación íntegra
de la demanda de reconocimiento de la referida sentencia con imposición
de costas de ambas instancias a la parte contraria. Fundamentó el
recurrente su recurso en las siguientes alegaciones: Que la parte
solicitante incumplió su deber de aportar testimonio debidamente
legalizado de las actuaciones judiciales seguidas ante el Tribunal de origen
con expresión de las circunstancias bajo las que se intentó la notificación
al demandado rebelde. Que la carga de la prueba de que la rebeldía fue
voluntaria incumbe a la solicitante de exequátur. Indebida aplicación de
las presunciones.
SEGUNDO. - Antes de entrar a resolver el recurso planteado, es preciso
hacer una serie de consideraciones en cuanto a la normativa aplicable.
La reclamación de alimentos en el extranjero se regula en España
por diversos Convenios Internacionales, bilaterales y multilaterales,
que inciden tanto sobre la determinación de la competencia para el
conocimiento de los litigios cuando exista en la reclamación un elemento
"extranjero", como sobre los procedimientos aplicables para lograr la
ejecución de las resoluciones extranjeras en esta materia. La diversidad
de textos convencionales en esta materia provoca problemas de
determinación de la norma aplicable a los casos concretos y dificultades
en su correcta aplicación. Los Convenios aplicables a estas situaciones son
básicamente, además de los bilaterales: el Convenio de Nueva York para
la reclamación internacional de alimentos de 20 de Junio de 1956, los
Convenios de la Haya sobre ley aplicable a las obligaciones alimenticias
y sobre reconocimiento y ejecución de la resoluciones relativas a las
obligaciones alimenticias de 2 de Octubre de 1973, el Convenio de
Bruselas relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y ejecución
de decisiones en materia civil y comercial de 27 de septiembre de
1968, y el de Lugano de 16 de Septiembre de 1988. Por otro lado, debe
recordarse que el Convenio de Bruselas ha sido sustituido entre los
Estados miembros vinculados a ambos Convenios por el Reglamento 44/
2001 conocido como (Bruselas I) relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil.
Sentado lo que antecede, decir que la mayoría de los Convenios citados
remiten a la legislación nacional para la determinación del procedimiento
a seguir para lograr la ejecución de la resolución judicial extranjera, por
lo que en España habrá que aplicar bien la Ley de Enjuiciamiento Civil
para la presentación de demandas declarativas o bien la regulación sobre
reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras (exequátur), que
se encuentra en los artículos 951 a 958 de la LEC DE 1881, conforme a lo
dispuesto en la Disposición derogatoria de la Ley 1/2000 de 7 de enero.
Algunos Convenios como el Convenio de Bruselas de 1968 y por supuesto
el Reglamento 44/01 crean a su vez prácticamente un procedimiento de
exequátur singular como un sistema completo y autónomo.
Así las cosas, la primera cuestión que ha de resolverse consiste, pues,
en la determinación de la norma que ha de regular el reconocimiento en
España y la declaración de ejecutoriedad de la sentencia extranjera de
que se trata, y, en particular, si resulta aplicable al caso el Convenio de
Lugano de 16 de septiembre de 1988, del que son parte tanto España,
como la Confederación Helvética, y que entró en vigor, en las relaciones
entre ambos Estados, el 1 de noviembre de 1994.
TERCERO. - Hechas las anteriores precisiones, debe procederse al análisis
y comprobación en autos del cumplimiento de las formas imperativamente
determinadas en el ámbito convencional internacional para la concesión
del "exequátur", es decir, si concurren los presupuestos formales precisos
para que este sea viable y en consecuencia otorgue el exequátur,
o si por el contrario, este debe ser denegado, al no ajustarse a las
exigencias formales legalmente establecidas. A tal efecto, y con carácter
imperativo el Convenio de Bruselas establece en su artículo 27.2 "que
las resoluciones no se conocerán cuando se dictaren en rebeldía del
demandado, si no se hubiere entregado o notificado al mismo la cédula de
emplazamiento, de forma regular y con tiempo eficiente para defenderse",
y en su artículo 46.2 " que la parte que invocare el conocimiento o
instare la ejecución de una resolución deberá presentar: si se tratare de
resolución dictada en rebeldía, el original o copia auténtica del documento
que acredite la entrega o notificación de la demanda o de documento
equivalente a la parte declarada en rebeldía".
En consecuencia, debe acreditarse el respeto a los derechos
fundamentales y libertades públicas que la CE garantiza en su art.
24, como son el derecho de audiencia (no consta en el presente caso
documento alguno que acredite la entrega o notificación de la demanda
a la parte declarada en rebeldía), y teniendo en cuenta la doctrina
establecida al respecto por el Tribunal Constitucional que dice: "Que
el concepto de orden público del foro, como límite al reconocimiento
y ejecución de las decisiones judiciales extranjeras, ha adquirido una
nueva dimensión a partir de la vigencia de la CE en la que sin discusión,
el conjunto de principios que inspira el ordenamiento constitucional y,
entre ellos, muy especialmente, los derechos fundamentales y libertades
públicas, de forma que, aunque los derechos y libertades públicas que
la CE garantiza solo alcanzan plena eficacia allí donde rige el ejercicio
de la soberanía española, las autoridades públicas, incluidos los Jueces
y Tribunales, no pueden reconocer ni recibir resoluciones dictadas por
autoridades extranjeras que supongan vulneración de los derechos
fundamentales y libertades públicas garantizadas constitucionalmente
a los españoles o, en su caso, a los españoles y extranjeros, el orden
público del foro ha adquirido, así, un contenido peculiar impregnado por
las exigencias de la CE y, en particular por las exigencias que impone
el artículo 24 de la CE " (S.T.C. de fecha 17 de junio de 1991, entre
otras),por lo que ya se puede anticipar la estimación del recurso de
apelación.
Como datos precisos para la resolución del actual recurso hay que tener
en cuenta lo siguiente:
A).- Se pretende la declaración de ejecutoriedad de una sentencia de
separación matrimonial dictada por el Tribunal de Primera Instancia de
Ginebra con fecha 16 de diciembre de 1999, en la que se condena al
demandado a pagar a Amelia, madre y representante legal de la menor
Marta, las prestaciones alimenticias. La solicitud de homologación se
dedujo al amparo del Convenio de Nueva York de 20 de junio de 1956.
Al respecto indicar que para el caso de que la persona que pida los
alimentos tenga a su favor una sentencia dictada en el Estado en el que
reside condenando al obligado que se encuentra bajo la jurisdicción de
otro Estado a satisfacerle una pensión alimenticia, "podrá" (número 2
del artículo 5º) acompañarse esta sentencia con la solicitud de alimentos
deducida en base al Convenio, completando la documentación acreditativa
de su derecho a la prestación alimenticia.
Y si así lo hiciera, incluyendo entre la documentación la sentencia, la
Institución Intermediara, en su intento de lograr el cobro del obligado
al pago de la prestación alimenticia a favor del solicitante, además de la
gestión extrajudicial, deberá en vía judicial optar por una de estas dos
posibilidades:
1ª. Ejercitar la pretensión alimenticia de los artículos 142 a 153 del
Código Civil -configurada en el Convenio como la opción ordinaria o
normal-.
En este caso la sentencia extranjera no pasa de ser un documento público
(artículo 600 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881) que, junto con
los demás que se acompañan con la solicitud alimenticia, sirven para que
prospera la pretensión alimenticia.
2ª. Pedir el "exequatur" de la sentencia firme extranjera en base a lo
dispuesto en los artículos 951 a 958 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
de 1881. Y, para optar por una de las dos alternativas, deberá estarse
a las directrices del solicitante de alimentos (el número 1 del artículo
6º impone a la Institución Intermediaria actuar siempre dentro de las
facultades que le haya conferido el solicitante de alimentos), y, en su
defecto (lo habitual y normal ya que el solicitante ignorará el derecho
del otro Estado), decidirá la Institución Intermediaria teniendo en cuenta
lo más conveniente para el solicitante y que la alternativa ordinaria o
normal es el ejercicio de la pretensión alimenticia y no el "exequatur"
de la sentencia extranjera. Véanse los artículos 5º y 6º del Convenio.
El Convenio de Nueva York de 20 de junio de 1956, sobre obtención de
alimentos en el extranjero, determina que los medios jurídicos a que se
refiere no son sustitutivos, sino adicionales de los que puedan utilizarse
conforme el Derecho interno o el Derecho Internacional (artículo primero,
párrafo dos).
B).- El demandado no compareció el día señalado para la audiencia de
introducción, ni a las audiencias posteriores por lo que el juicio siguió
en su ausencia, dictándose sentencia con fecha 16 de diciembre de
1999, cuyo reconocimiento y ejecución en España se ha pretendido en el
procedimiento del que trae causa este recurso.
En consecuencia, se trata de una resolución dictada en rebeldía, por lo
que la solución del recurso planteado pasa por no desconocer lo que
dispone el El Convenio de Lugano de 16 de Septiembre de 1988 en su
artículo 46 "La parte que invocare el reconocimiento o instare la ejecución
de una resolución deberá presentar:
1. Una copia auténtica de dicha resolución.
2. Si se tratare de una resolución dictada en rebeldía, el original o una
copia auténtica del documento que acreditare la entrega o notificación de
la demanda o de documento equivalente a la parte declarada en rebeldía"
y en su artículo 47 "La parte que instare la ejecución deberá presentar
además:
1. Cualquier documento que acreditare que, según la ley del Estado de
origen, la resolución es ejecutoria y ha sido notificada.
2. Un documento justificativo de que el solicitante goza, en su caso, del
beneficio de justicia gratuita en el Estado de origen".
A tenor de lo expuesto, tratándose de una resolución dictada en
rebeldía, debería constar el original o una copia auténtica del documento
que acreditara la entrega o notificación de la demanda o documento
equivalente a la parte declarada en rebeldía; sin embargo, no constan
en autos la documentación correspondiente, no aparece el original o
la copia auténtica del documento acreditativo de la efectiva entrega
o notificación de la demanda al demandado, por lo que no puede
considerarse cumplido el tenor del citado precepto del Convenio de
Lugano. A mayor abundamiento, decir que la documentación obrante
en autos ninguna se refiere a notificación de actuación judicial de fecha
anterior a la sentencia objeto del exequátur, por lo que no puede partirse
nunca de la consideración de que consta documentalmente acreditada
en autos, en la forma exigida por el citado artículo 46. Los documentos
aportados por la parte solicitante no sirven para ello, pues un detenido
examen de su contenido permite apreciar que ninguno de ellos contiene
una indicación inequívoca de los actos objeto de notificación, ni de los
documentos que habían de ser entregados al demandado, de ahí que lo
procedente sea denegar la declaración de ejecutoriedad de la sentencia
extranjera.
Asimismo, no puede desconocerse que el art. 954-2ª de la LEC de 1881
exige que la ejecutoria "no haya sido dictada en rebeldía". Ante tal
requisito, que se dirige a evitar la producción de efectos de sentencias
recaídas en procedimientos en los que la parte demandada no ha
comparecido y, por lo tanto, no ha podido hacer valer en él su derecho
de defensa con la debida extensión, se han diferenciado los posibles
tipos de rebeldía en función de las diferentes causas a que obedece la
incomparecencia, y así se han distinguido los casos en los que aquélla,
debidamente citada y emplazada -es decir, regularmente, conforme a
la ley rectora del procedimiento, y en tiempo útil para defenderse-, no
comparece voluntariamente, ya sea porque no reconoce la competencia
del Juez de origen, ya sea porque no le conviene o, simplemente, porque
deja transcurrir los plazos para la personación, de aquellos otros en los
que la falta de presencia de la demandada se debe al desconocimiento de
la existencia del proceso, tipo de rebeldía éste que por lo que representa
para el adecuado respeto de los derechos de defensa, se erige en un
obstáculo para el reconocimiento de la sentencia extranjera (AATS
28.10.97, 23.12.97, 17.2.98, 7- 4-98, 2.2.99, 22.6.99, 7.9.99, 28.9.99,
16.5.2000, 3.10.2000, 23.1.2001, 27.3.2001, 10.4.2001, 24.4.2001,
18.9.2001, 30.10.2001, 6.11.2001, 29.1.2002, 30.4.2002, 14.5.2002,
18.6.2002, 25.6.2002, 2- 7-2002, 17.9.2002, 20.10.2002, 5.11.2002,
11.2.2003 y 11.3.2003, entre otros).
Sobre esta base, se ha de advertir que la acreditación de tal requisito
incumbe a la parte solicitante del exequátur, lo que aquí no ha tenido
lugar, pues es quien pide la ejecución de la sentencia el obligado a
acreditar el debido cumplimiento de los requisitos del Convenio.
Por lo tanto, la solución no puede ser otra más que debe prosperar el
recurso objeto de la presente alzada pues no se han aportado a los autos
los documentos referidos, ya que, tratándose de una resolución dictada en
rebeldía, debería constar el original o una copia auténtica del documento
que acreditare la entrega o notificación de la demanda o de documento
equivalente a la parte declarada en rebeldía, sin que baste con que en la
sentencia en cuestión se indique que el demandado a pesar de haber sido
citado regularmente, no estuvo presente en la audiencia de introducción
y de comparecencia personal de 27 de enero de 1999, ni acudió a las
convocatorias posteriores del Tribunal.
En este examen constituye un importante elemento de referencia la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia comunitario, interpretativa del
Convenio de Bruselas de 27 se septiembre de 1968, sobre Competencia
Judicial y Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil,
a cuya doctrina cabe estar para resolver las dudas hermenéuticas
planteadas en la interpretación y aplicación del Convenio de Lugano, como
se desprende del Protocolo y de las Declaraciones anejas a éste, en donde
se establecen ciertas garantías institucionales tendentes a asegurar una
interpretación uniforme de uno y otro instrumentos internacionales.
Este referente interpretativo conduce a considerar incluido en el ámbito
de aplicación del Convenio de Bruselas, y por extensión, del Convenio de
Lugano, los pronunciamientos relativos a las obligaciones de alimentos,
e, incluso, los relativos a pensiones compensatorias acordadas en
sentencias de separación o de divorcio, pues así se desprende de
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia comunitario. Desde esta
caracterización uniforme del ámbito de aplicación de los instrumentos
internacionales de referencia, el pronunciamiento de condena al abono de
una determinada cantidad en concepto de alimentos que se contiene en
la sentencia de cuyo reconocimiento y ejecución se trata, queda incluido
en el ámbito material del Convenio de Lugano, y habida cuenta de la
aplicación al caso del Convenio de Lugano, que sustituye al Convenio
entre España y la Confederación Helvética de 19 de noviembre de 1869
en las materias propias de aquél, según lo dispuesto en su artículo 55, y
que no se ve impedida por la concurrencia de otros Convenios especiales,
como el Convenio XXIII de La Haya, de 2 de octubre de 1973, sobre
reconocimiento y ejecución de resoluciones relativas a obligaciones
alimenticias, decir que el orden público, en su aspecto procesal, se
identifica con los derechos y garantías establecidos en el artículo 24
de la Constitución, y su contenido se encuentra condicionado por el de
tales derechos, tal y como ha sido configurado por la jurisprudencia
constitucional. Resulta, de este modo, que el derecho a la tutela judicial
sin indefensión, el derecho de defensa, y el más específico derecho
a utilizar los medios de impugnación dispuestos por el ordenamiento
procesal, tienen relevancia constitucional en la medida en que la
indefensión sea real y efectiva, no puramente nominal o formal, lo
que excluye de la protección constitucional a las situaciones lesivas de
los derechos de la parte originadas por su propia desidia, desinterés,
negligencia, y, en general, cuando es su propio comportamiento el que le
ha colocado en esa situación- Sentencias Tribunal Constitucional 122/98,
26/99 y 1/2000, entre otras muchas-. Es, pues, ese contenido de los
derechos fundamentales el que nutre el contenido del orden público
internacional, en su vertiente procesal, que se verá, por tanto, vulnerado
cuando se violen aquellos, con el contenido material que les es propio.
Lo hasta ahora expuesto, unido a esta configuración del orden público
determina que con lo obrante en autos en modo alguno puede llegarse a
la conclusión de que fue el propio demandado quien intencionadamente
buscó la situación procesal de rebeldía, lo que lleva a hablar de
vulneración de los derechos, y, por ende, del orden público considerado
en sentido internacional, lo que determina la estimación del recurso
planteado con revocación de la resolución recurrida.
PRIMERO. - Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de 1ª Instancia
nº 10 de A Coruña, se dictó Auto en fecha 13 de noviembre de 20007
cuya parte dispositiva dice como sigue:
"Se confiere fuerza ejecutoria en España la sentencia dictada por el
Tribunal de Primera Instancia de Ginebra (Suiza) de 16 de diciembre de
1999.
Cada parte pagará sus costas procesales, siendo las comunes por mitad."
SEGUNDO. - Notificado dicho Auto a las partes, se interpuso contra el
mismo en tiempo y forma, recurso de apelación por el demandado, que
le fue admitido en ambos efectos, y remitidas las actuaciones a este
Tribunal, y realizado el trámite oportuno se señaló para deliberación de la
Sala el día 9 de septiembre de 2009, fecha en la que tuvo lugar.
PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA: Estimar el recurso de apelación interpuesto por la
representación de don Bartolomé contra el Auto de fecha 13 de noviembre
de 2007, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de A
Coruña, y en consecuencia debemos revocar y revocamos la meritada
resolución acordando denegar el reconocimiento y ejecución en España
de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Ginebra de
fecha 16 de diciembre de 1999. Todo ello sin efectuar pronunciamiento
alguno en materia de costas procesales en ninguna de las dos instancias
procesales.