62024CJ0573
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 2 de octubre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Directiva 2005/36/CE — Artículo 2 — Ámbito de aplicación personal — Directiva 2004/38/CE — Artículo 3 — Concepto de “beneficiarios” — Nacional de país tercero que es cónyuge de un ciudadano de la Unión que no ha ejercido su libertad de circulación — Inaplicabilidad — Inadmisibilidad»
En el asunto C‑573/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Oldemburgo, Alemania), mediante resolución de 8 de agosto de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de agosto de 2024, en el procedimiento entre
B
y
Niedersächsischer Zweckverband zur Approbationserteilung (NiZzA),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. S. Rodin, Presidente de Sala, y los Sres. N. Piçarra y N. Fenger (Ponente), Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Torró Molés, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno francés, por las Sras. B. Dourthe y M. Guiresse, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por la Sra. E. Cicatelli, procuratore dello Stato, y el Sr. E. Feola, avvocato dello Stato;
–
en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. K. Bulterman y M. H. S. Gijzen, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch, la Sra. J. Schmoll y el Sr. P. Selim, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. L. Armati y los Sres. M. Noll‑Ehlers y J. Szczodrowski, en calidad de agentes;
–
en nombre del Órgano de Vigilancia de la AELC, por la Sra. J. Førde, el Sr. K. Isaksen y la Sra. M.‑M. Joséphidès, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 3, apartado 3, y 21, apartado 1, y del anexo V, punto 5.1.1, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO 2005, L 255, p. 22).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre B y Niedersächsischer Zweckverband zur Approbationserteilung (NiZzA) (Entidad de Baja Sajonia de Habilitación para el Ejercicio Profesional), en relación con la negativa de esta a conceder a aquella la autorización para ejercer la medicina en Alemania o, en su defecto, a permitirle realizar una prueba de aptitud.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2004/38/CE
3
A tenor del artículo 2 (titulado «Definiciones») de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35):
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
2)
“Miembro de la familia”:
a)
el cónyuge;
[…]».
4
El artículo 3 de dicha Directiva (titulado «Beneficiarios») dispone lo siguiente en su apartado 1:
«La presente Directiva se aplicará a cualquier ciudadano de la Unión que se traslade a, o resida en, un Estado miembro distinto del Estado del que tenga la nacionalidad, así como a los miembros de su familia, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, que le acompañen o se reúnan con él.»
5
El artículo 24 de la referida Directiva (titulado «Igualdad de trato») establece lo siguiente en su apartado 1:
«Con sujeción a las disposiciones específicas expresamente establecidas en el Tratado y el Derecho derivado, todos los ciudadanos de la Unión que residan en el Estado miembro de acogida en base a la presente Directiva gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales de dicho Estado en el ámbito de aplicación del Tratado. El beneficio de este derecho se extenderá a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro, beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.»
Directiva 2005/36
6
El artículo 2 de la Directiva 2005/36 (titulado «Ámbito de aplicación») dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2:
«1.   La presente Directiva se aplicará a todos los nacionales de un Estado miembro, incluidos los miembros de las profesiones liberales, que se propongan ejercer una profesión regulada en un Estado miembro distinto de aquel en el que obtuvieron sus cualificaciones profesionales, por cuenta propia o ajena.
2.   Los Estados miembros podrán permitir en su territorio, según su normativa, el ejercicio de una profesión regulada, tal como se define en el artículo 3, apartado 1, letra a), a los nacionales de los Estados miembros que posean cualificaciones profesionales no obtenidas en un Estado miembro. Para las profesiones correspondientes al título III, capítulo III, este primer reconocimiento deberá realizarse cumpliendo las condiciones mínimas de formación que se establecen en dicho capítulo.»
7
Según el artículo 3 de la citada Directiva (titulado «Definiciones»):
«1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
c)
“título de formación”: los diplomas, certificados y otros títulos expedidos por una autoridad de un Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de dicho Estado, que sancionan una formación profesional adquirida de manera preponderante en la Comunidad. Cuando la primera frase de la presente definición no sea de aplicación, los títulos de formación a que se hace referencia en el apartado 3 quedarán equiparados a un título de formación;
[…]
3.   Quedará equiparado a un título de formación cualquier título de formación expedido en un tercer país siempre que su titular tenga, en la profesión de que se trate, una experiencia profesional de tres años en el territorio del Estado miembro que haya reconocido dicho título de formación con arreglo al artículo 2, apartado 2, certificada por este.»
8
El artículo 21 de la referida Directiva (titulado «Principio de reconocimiento automático») dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Los Estados miembros reconocerán los títulos de formación de médico que den acceso a las actividades profesionales de médico con formación básica y médico especialista, de enfermero responsable de cuidados generales, de odontólogo, de odontólogo especialista, de veterinario, de farmacéutico y de arquitecto, mencionados, respectivamente, en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 y 5.7.1 del anexo V, que se ajusten a las condiciones mínimas de formación contempladas en los artículos 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 y 46, otorgándoles, para el acceso a las actividades profesionales y su ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los títulos de formación que ese Estado miembro expide.
Tales títulos de formación deberán ser expedidos por los organismos competentes de los Estados miembros y, en su caso, ir acompañados de un certificado, ambos mencionados en los puntos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 y 5.7.1 del anexo V.
[…]»
9
El punto 5.1.1 del anexo V de la Directiva 2005/36 (titulado «Título de formación básica de médico») enumera para cada Estado miembro los títulos de formación que permiten obtener el acceso a la profesión médica, los organismos facultados para expedir dichos títulos y, en su caso, los certificados que acompañan a dichos títulos de formación.
Derecho alemán
10
El artículo 3, apartados 1 a 3, de la Bundesärzteordnung (Ley Federal de la Profesión Médica), en la redacción aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «BÄO»), tiene el siguiente tenor:
«(1)   Se expedirá autorización para ejercer la medicina, previa solicitud, si el solicitante:
[…]
4.
Tras cursar estudios de Medicina, […] hubiera superado el examen de Estado en Medicina en el ámbito de aplicación de la presente Ley,
[…]
A efectos del punto 4, […] se considerará “formación” la formación en Medicina completada en otro Estado miembro de la Unión Europea […]
[…]
No se expedirá la autorización cuando, con carácter definitivo, no se logre superar el examen de Estado en Medicina o alguna parte de este, de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4, apartado 1.
No se aplicará la séptima frase cuando el solicitante posea un título de formación que se haya de reconocer de conformidad con la Directiva [2005/36].
(2)   De no cumplirse el requisito del apartado 1, primera frase, punto 4, se expedirá autorización para el ejercicio profesional a los solicitantes que hubieran completado […] su formación en Medicina en otro Estado miembro de la Unión Europea […] si se acredita que el nivel de formación es equivalente.
[…]
De existir diferencias sustanciales, […] los solicitantes deberán demostrar que poseen los conocimientos y capacidades necesarios para el ejercicio de la medicina.
A tal fin, se realizará una prueba de aptitud que se habrá de centrar en las diferencias sustanciales constatadas.
[…]
Las frases segunda a novena se aplicarán asimismo a los solicitantes que posean un título de formación en Medicina expedido por un Estado que no sea uno de los mencionados en la primera frase (Estado tercero) y reconocido por un Estado de los mencionados en la primera frase.
(3)   De no cumplirse el requisito del apartado 1, primera frase, punto 4, se expedirá autorización para el ejercicio profesional a los solicitantes que posean un título de formación en Medicina expedido en un Estado que no sea uno de los mencionados en el apartado 2, primera frase (Estado tercero), si se acredita que el nivel de formación es equivalente.
Las frases segunda a sexta, octava y novena del apartado 2 se aplicarán por analogía a la acreditación de la equivalencia.
A fin de demostrar los conocimientos y capacidades exigidos, se deberá superar una prueba que se habrá de centrar en el contenido del examen final de Estado.
[…]»
11
El artículo 36, apartado 1, del Approbationsordnung für Ärzte (Reglamento de Habilitación para el Ejercicio de la Medicina) dispone lo siguiente en la redacción aplicable al litigio principal:
«La prueba de aptitud a que se refiere el artículo 3, apartado 2, séptima frase, de la [BÄO] se habrá de centrar en las asignaturas […] en las que la autoridad competente hubiera constatado diferencias sustanciales a efectos del artículo 3, apartado 2, octava frase, de la [BÄO].
[…]»
12
El artículo 37, apartados 1 y 7, del citado Reglamento establece lo siguiente:
«(1)   La prueba se habrá de centrar en las asignaturas de Medicina Interna y Cirugía. […]
[…]
(7)
Se convocará la prueba de conocimientos al menos dos veces al año.
La prueba podrá repetirse dos veces. […]»
Litigio principal y cuestión prejudicial
13
B es de nacionalidad serbia y está casada con un nacional alemán. Completó nueve años de estudios de Medicina en Serbia y obtuvo en ese país, en 2008, un diploma en Medicina y, en 2010, el doctorado en Medicina, ambos expedidos por universidades serbias. Durante 2011 y 2012, trabajó como residente en un hospital serbio.
14
El 11 de abril de 2013, B solicitó ante la Bezirksregierung Düsseldorf (Autoridad Administrativa del Distrito de Düsseldorf, Alemania) autorización para ejercer la medicina en Alemania.
15
Mediante resolución de 6 de diciembre de 2013, la citada autoridad constató que no existía equivalencia entre el nivel de formación en Medicina que B había adquirido Serbia y el exigido por el Derecho alemán para la concesión de la referida autorización. En consecuencia, acordó que B debía superar una prueba de conocimientos para poder obtener esa autorización.
16
B intentó en tres ocasiones, sin éxito, superar la citada prueba de conocimientos. Por ello, mediante resolución de 11 de noviembre de 2016, el Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt (Oficina de la Administración del Estado Federado de Sajonia-Anhalt, Alemania) denegó a B la expedición de la mencionada autorización, al considerar que, con carácter definitivo, de conformidad con el Derecho alemán, no había superado dicha prueba.
17
En junio de 2017, B inició en Austria un procedimiento para el reconocimiento del nivel de formación en Medicina que había adquirido en Serbia.
18
Mediante resolución de 22 de octubre de 2018, la Universität Wien (Universidad de Viena, Austria) constató que existía equivalencia entre el título de formación en Medicina que B había obtenido en Serbia y el diploma austriaco en Medicina. En consecuencia, concluyó que B podía utilizar el título de doctora en Medicina.
19
Mediante escritos de 5 y 10 de diciembre de 2018, B presentó solicitud ante NiZzA al objeto de obtener autorización para ejercer la medicina y, en su defecto, de que se le permitiera realizar una prueba de aptitud.
20
Mediante resolución de 12 de julio de 2019, NiZzA desestimó la referida solicitud, con el argumento de que la Oficina de la Administración del Estado Federado de Sajonia-Anhalt ya había denegado con carácter definitivo, el 11 de noviembre de 2016, la solicitud de B de que se le concediera autorización para ejercer la medicina.
21
El 24 de julio de 2019, B interpuso recurso contra la referida resolución ante el Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Oldemburgo, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente.
22
El 1 de diciembre de 2019, B empezó a trabajar en un hospital austriaco en condición de residente en formación como especialista. Estuvo trabajando en dicho hospital más de tres años.
23
En el procedimiento que se sustancia ante el órgano jurisdiccional remitente, B alega que, a efectos de la Directiva 2005/36, posee un título de formación, al entender, en concreto, que había adquirido tres años de experiencia profesional en Austria, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, de dicha Directiva.
24
El órgano jurisdiccional remitente señala que, de conformidad con el Derecho alemán, las personas que posean un título de formación en Medicina expedido por un país tercero solo podrán obtener autorización para ejercer la medicina en Alemania si el nivel de formación que adquirieron en dicho país tercero se considera equivalente al exigido por el Derecho alemán para la concesión de dicha autorización o si, a falta de equivalencia, superan una prueba de conocimientos.
25
No obstante, cuando el título de formación en Medicina expedido por un país tercero hubiera sido reconocido por un Estado miembro que no sea la República Federal de Alemania y la autoridad alemana competente no hubiera podido constatar la existencia de equivalencia, quien posea dicho título de formación podrá obtener autorización para ejercer la medicina en Alemania mediante la superación de una prueba de aptitud.
26
El órgano jurisdiccional remitente precisa asimismo que, con arreglo al Derecho alemán, los solicitantes pueden presentarse tanto a la prueba de conocimientos como a la prueba de aptitud en un máximo de tres ocasiones. Además, indica que, de conformidad también con el Derecho alemán, no se expide autorización para ejercer la medicina en caso de que, con carácter definitivo, no se superen el examen de Estado en Medicina o alguna parte de este, y que así sucede en el caso de autos.
27
Ese motivo de denegación no será, no obstante, aplicable, según el Derecho alemán, cuando el solicitante posea un título de formación que se haya de reconocer de conformidad con la Directiva 2005/36.
28
El órgano jurisdiccional remitente estima que B está comprendida en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 2005/36 (pese a que dicho ámbito de aplicación quede limitado a los nacionales de Estados miembros), que se establece en su artículo 2, apartado 1. Según dicho órgano jurisdiccional, B puede invocar la Directiva 2005/36, en su condición de cónyuge de un nacional alemán, merced a la igualdad de trato que establece la Directiva 2004/38.
29
Además, el citado órgano jurisdiccional considera que B cumple los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2005/36, puesto que obtuvo el reconocimiento por un Estado miembro que no es la República Federal de Alemania, en concreto la República de Austria, del título de formación que le había expedido un país tercero, y puesto que ha adquirido tres años de experiencia profesional en el segundo de ambos Estados miembros.
30
En ese contexto, el referido órgano jurisdiccional se pregunta si a B debería concedérsele autorización para ejercer la medicina en Alemania al amparo del artículo 21 de la citada Directiva.
31
Así las cosas, el Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Oldemburgo) acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, de la Directiva [2005/36] en el sentido de que el reconocimiento por un Estado miembro de un título de formación en Medicina de un Estado tercero, así como un certificado de al menos tres años de experiencia profesional en el territorio del Estado miembro y expedido por este, han de ser considerados por otro Estado miembro equivalentes a los títulos de formación mencionados en el anexo V, punto 5.1.1, de la Directiva [2005/36], por lo cual el otro Estado miembro, en virtud del principio de reconocimiento automático establecido en el artículo 21, apartado 1, de dicha Directiva, debe otorgar a los títulos a que se refiere el artículo 3, apartado 3, de esta, en cuanto al acceso a las actividades profesionales y su ejercicio, el mismo efecto en su territorio que a los títulos de formación que él expide?»
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
32
Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (véanse las sentencias de 8 de noviembre de 1990, Gmurzynska-Bscher, C‑231/89, EU:C:1990:386, apartados 19 y 20, y de 22 de octubre de 2024, Kolin Inșaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, apartado 36).
33
No obstante, incumbe al Tribunal de Justicia examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, a fin de verificar su propia competencia o la admisibilidad de la petición que se le presenta (sentencia de 22 de octubre de 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, apartado 37 y jurisprudencia citada).
34
En particular, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a examinar si las disposiciones del Derecho de la Unión a las que se refieren las cuestiones prejudiciales son aplicables al litigio principal. De no ser así, estas disposiciones carecen de pertinencia para la resolución de ese litigio y la decisión prejudicial solicitada no es necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente pueda emitir su fallo, de modo que procede declarar la inadmisibilidad de estas cuestiones (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de octubre de 2024, Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret, C‑652/22, EU:C:2024:910, apartado 38, y de 3 de abril de 2025, Swiftair, C‑701/23, EU:C:2025:237, apartado 28).
35
En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2005/36, en el contexto de un litigio sustanciado entre la nacional de un país tercero y las autoridades de un Estado miembro, debido a la negativa de estas a concederle a aquella la autorización para ejercer la medicina en dicho Estado miembro.
36
A tenor del artículo 2, apartado 1, de la citada Directiva, esta se aplicará a todos los nacionales de un Estado miembro, incluidos los miembros de las profesiones liberales, que se propongan ejercer una profesión regulada en un Estado miembro distinto de aquel en el que obtuvieron sus cualificaciones profesionales, por cuenta propia o ajena.
37
Dado que la citada disposición limita expresamente el ámbito de aplicación personal de la Directiva 2005/36 a los nacionales de los Estados miembros, los nacionales de países terceros no están comprendidos en dicho ámbito de aplicación.
38
Ello no obstante, el órgano jurisdiccional remitente contempla la posibilidad de que los nacionales de países terceros invoquen las normas sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, que establece la Directiva 2005/36, al amparo de la igualdad de trato que establece el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2004/38.
39
A tal respecto, no puede considerarse que el mero hecho de que el nacional de país tercero sea miembro de la familia de un ciudadano de la Unión implique que puede invocar los derechos conferidos por la Directiva 2004/38, entre los que está el de su artículo 24, apartado 1.
40
Ello es así puesto que, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38, quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva y son beneficiarios de los derechos que esta confiere los ciudadanos de la Unión que se trasladen a un Estado miembro distinto de aquel del que tengan la nacionalidad o residan en ese Estado, así como los miembros de sus familias, tal como se definen en el artículo 2, punto 2, de la citada Directiva, que los acompañen o se reúnan con ellos (sentencia de 10 de septiembre de 2019, Chenchooliah, C‑94/18, EU:C:2019:693, apartado 54 y jurisprudencia citada).
41
El Tribunal de Justicia ya ha declarado a ese respecto que de una interpretación literal, sistemática y teleológica de las disposiciones de la Directiva 2004/38 resulta que esta únicamente regula los requisitos de entrada y residencia de un ciudadano de la Unión en Estados miembros distintos de aquel del que es nacional y no puede dar soporte a un derecho de residencia derivado en favor de los nacionales de países terceros, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que este es nacional (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de noviembre de 2017, Lounes, C‑165/16, EU:C:2017:862, apartado 33, y de 5 de junio de 2018, Coman y otros, C‑673/16, EU:C:2018:385, apartado 20).
42
El Tribunal de Justicia también ha precisado que la citada Directiva no es de aplicación a una situación en la que el ciudadano de la Unión de que se trata no ha ejercido nunca su derecho de libre circulación y siempre ha residido en el Estado miembro cuya nacionalidad tiene. Si un ciudadano de la Unión no está incluido en el concepto de «beneficiario» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa misma Directiva, un miembro de su familia tampoco está incluido en ese concepto, ya que los derechos conferidos por esa Directiva a los miembros de la familia de un beneficiario de esta no son derechos propios de esos miembros, sino derechos derivados, adquiridos en su condición de miembros de la familia del beneficiario (véase, en ese sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, apartado 22 y jurisprudencia citada).
43
De ello se deduce que los nacionales de países terceros no pueden invocar su condición de miembros de la familia de ciudadanos de la Unión para reclamar acogerse, en un Estado miembro cuya nacionalidad tienen esos ciudadanos de la Unión, a la igualdad de trato con los nacionales de ese Estado miembro que establece el artículo 24, apartado 1, de esa misma Directiva.
44
En el caso de autos, para comenzar, la resolución de remisión indica que el litigio principal versa sobre la solicitud, por la nacional de un país tercero, de autorización para ejercer la medicina en el Estado miembro cuya nacionalidad tiene el ciudadano de la Unión con el que ella está casada.
45
Por tanto, ha considerarse que esa nacional de país tercero no puede acogerse al artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2004/38, de modo que no puede invocarse dicha Directiva para justificar la aplicación de la Directiva 2005/36 al litigio.
46
El órgano jurisdiccional remitente tampoco invoca otra disposición de Derecho de la Unión o algún elemento de extranjería que pudieran justificar la aplicación a ese mismo litigio de la Directiva 2005/36, cuya interpretación solicita.
47
Por último, la petición de decisión prejudicial no menciona en modo alguno que el Derecho nacional remita al contenido de la Directiva 2005/36.
48
Pues bien, en cualquiera de los casos, la citada remisión únicamente podría ser tenida en cuenta por el Tribunal de Justicia, para determinar que debe pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial, si se desprendiera de la resolución de remisión (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, apartado 54).
49
Habida cuenta de todos los factores anteriores, y especialmente del hecho de que la nacional de país tercero de la que se trata en el litigio principal no esté comprendida en el ámbito de aplicación personal de la Directiva 2005/36, procede declarar que la interpretación de los artículos 3, apartado 3, y 21, apartado 1, y del anexo V, punto 5.1.1, de esta no es necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente pueda dictar su sentencia.
50
De ello se deduce que la petición de decisión prejudicial es inadmisible.
Costas
51
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
La petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Oldenburg (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Oldemburgo, Alemania), mediante resolución de 8 de agosto de 2024, es inadmisible.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.