AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 12 de febrero de 2015 (*)
«Procedimiento acelerado»
En los asuntos acumulados C‑568/14 a C‑570/14,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, mediante autos de 1 de diciembre, de 27 de noviembre y de 1 de diciembre de 2014, respectivamente, recibidos en el Tribunal de Justicia el 9 de diciembre de 2014, en los procedimientos entre
Ismael Fernández Oliva
y
Caixabank, S.A. (asunto C‑568/14),
y entre
Jordi Carné Hidalgo,
Anna Aracil Gracia
y
Catalunya Banc, S.A. (asunto C‑569/14),
y entre
Nuria Robirosa Carrera,
César Romera Navales
y
Banco Popular Español, S.A. (asunto C‑570/14),
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
vista la propuesta del Sr. A. Tizzano, Juez Ponente;
oído el Abogado General, Sr. M. Wathelet;
dicta el siguiente
Auto
1        Las tres peticiones de decisión prejudicial se refieren a la interpretación del artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29).
2        En el asunto C‑568/14, la petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Fernández Oliva y Caixabank, S.A., sobre la validez de una cláusula, relativa al tipo de interés, que figuraba en un contrato de préstamo hipotecario suscrito entre estas partes el 6 de julio de 2006.
3        La petición presentada en el asunto C‑569/14 tiene su origen en un litigio entre el Sr. Carné Hidalgo y la Sra. Aracil Gracia, por una parte, y Catalunya Banc, S.A., por otra, sobre la validez de una cláusula, relativa al tipo de interés, que figuraba en un contrato de subrogación en un préstamo hipotecario suscrito entre estas partes el 21 de junio de 2005.
4        Por último, la petición relativa al asunto C‑570/14 se ha planteado en el contexto de un litigio entre la Sra. Robirosa Carrera y el Sr. Romera Navales, por una parte, y el Banco Popular Español, S.A., por otra, sobre la validez de una cláusula, relativa al tipo de interés, que figuraba en un contrato de préstamo hipotecario suscrito entre estas partes el 21 de junio de 2005.
5        Mediante resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2015 se han acumulado estos tres asuntos a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
6        Se desprende de los autos de remisión que los demandantes en los litigios principales han presentado unas demandas individuales en las que, invocando en particular el carácter abusivo de la cláusula «suelo», incluida en los respectivos contratos de préstamo hipotecario suscritos por ellos y que garantiza a la entidad financiera correspondiente que el tipo de interés mínimo no será en ningún caso inferior a un valor predeterminado, solicitan que se declare la nulidad de dicha cláusula.
7        En el contexto de estos litigios, las entidades financieras, partes demandadas en los litigios principales, han indicado que una acción colectiva con el mismo objeto estaba pendiente ante el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid. Por esta razón, han solicitado la suspensión de los procedimientos en los litigios principales, proponiendo la «excepción de prejudicialidad civil» prevista en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ha sido desestimada por el órgano jurisdiccional remitente.
8        En el procedimiento que ha dado lugar al asunto C‑569/14, la parte demandada en el litigio principal ha impugnado esta decisión desestimatoria ante el mismo órgano jurisdiccional, proponiendo, esta vez, una excepción de litispendencia en la que solicitaban, no la suspensión de los procedimientos en los litigios principales, sino su sobreseimiento, basándose en el hecho de que, con arreglo al Derecho español, el resultado de la acción colectiva pendiente ante el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid vincularía a los demandantes en los litigios principales.
9        En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, según el artículo 421 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando un juez aprecia una excepción de litispendencia, debe proceder al sobreseimiento del procedimiento individual en curso, lo que puede resultar perjudicial para los intereses de los consumidores de que se trate. En efecto, el demandante que ha presentado una demanda individual no puede obtener ya una respuesta específica a su pretensión, sino que queda sometido al resultado de la acción colectiva de que se trate, aunque haya decidido no intervenir en ella.
10      El órgano jurisdiccional remitente explica que el Tribunal de Justicia ya está conociendo de una petición de decisión prejudicial relativa precisamente a la compatibilidad del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el artículo 7 de la Directiva 93/13, planteada por otro órgano jurisdiccional español, el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona. El órgano jurisdiccional remitente señala, no obstante, que el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no le permite suspender de oficio, en tales circunstancias, los procedimientos en los litigios principales. En consecuencia, dicho órgano jurisdiccional expresa sus dudas sobre la compatibilidad de esta disposición nacional con el sistema de protección de los consumidores establecido por el artículo 7 de la Directiva 93/13.
11      Las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren también a la conformidad con la Directiva 93/13 del artículo 721, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la medida en que esta disposición de Derecho nacional le prohíbe adoptar de oficio medidas cautelares a fin de mitigar los efectos negativos para los consumidores, demandantes en los litigios principales, de una duración excesiva del procedimiento.
12      En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona ha decidido suspender el procedimiento y plantear ciertas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Dicho órgano jurisdiccional ha solicitado igualmente al Tribunal de Justicia que tramite estos asuntos mediante un procedimiento acelerado, con arreglo al artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
13      Según esta disposición del Reglamento de Procedimiento, a instancia del órgano jurisdiccional remitente o, excepcionalmente, de oficio, el Presidente del Tribunal podrá, tras oír al Juez Ponente y al Abogado General, decidir tramitar una petición de decisión prejudicial mediante un procedimiento acelerado que establezca excepciones a las disposiciones de dicho Reglamento, cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo.
14      En apoyo de su solicitud, el órgano jurisdiccional remitente afirma que en el presente caso es necesaria una cierta rapidez, puesto que las cláusulas «suelo» objeto de los litigios principales figuran en contratos de préstamo hipotecario celebrados por los demandantes en los asuntos principales para la compra de sus respectivas viviendas habituales, y la aplicación de tales cláusulas incide notablemente en el importe de las mensualidades que los demandantes deben abonar por ese concepto. En este contexto, a su juicio, la adopción de medidas cautelares evitaría, por una parte, que la aplicación de las mencionadas cláusulas comprometiera las posibilidades de pago de dichas mensualidades por parte de los demandantes en los litigios principales y, por otra, que las entidades financieras iniciaran ejecuciones hipotecarias en base a cantidades que finalmente podrían revelarse indebidas.
15      Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente sostiene que la respuesta del Tribunal de Justicia a la petición de decisión prejudicial podría tener importantes consecuencias en España, habida cuenta de que un número excepcionalmente elevado de consumidores ha presentado en los últimos meses demandas individuales en las que se plantean problemas similares.
16      No obstante, procede recordar, en primer lugar, que el mero interés de los demandantes en el litigio principal en que se determine con la mayor rapidez posible el alcance de los derechos que les confiere el Derecho de la Unión no basta para acreditar la existencia de una circunstancia excepcional capaz de justificar la aplicación del procedimiento acelerado (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia Križan y otros, C‑416/10, EU:C:2010:720, apartado 9). Del mismo modo, si bien es cierto que los intereses económicos mencionados por el órgano jurisdiccional remitente ponen de relieve la especial importancia de los litigios principales para los demandantes en esos asuntos, dichos intereses no permiten sin embargo considerar satisfecho, por tal motivo, el requisito relativo a la existencia de una circunstancia excepcional (véase, por analogía, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia KÖGÁZ y otros, C‑283/06 y C‑312/06, EU:C:2006:602, apartado 9).
17      Además, tampoco constituye tal circunstancia excepcional el hecho de que los litigios principales se refieran a la validez de unas cláusulas incluidas en contratos de préstamo hipotecario suscritos para financiar la compra de la vivienda habitual de los consumidores demandantes en esos litigios, ya que, en los procesos pendientes ante el órgano jurisdiccional remitente, esos consumidores no corren un riesgo inminente de perder su vivienda (véase el auto del Presidente del Tribunal de Justicia Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2014:2367, apartado 11).
18      Por último, en lo que respecta al número excepcionalmente elevado de consumidores que han interpuesto demandas individuales similares a las presentadas por los demandantes en los litigios principales, basta con recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el elevado número de personas o de situaciones jurídicas susceptibles de verse afectadas por la resolución que debe dictar un órgano jurisdiccional remitente, tras haber solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial, no puede constituir, como tal, una circunstancia excepcional capaz de justificar la aplicación del procedimiento acelerado (véanse, entre otros, los autos del Presidente del Tribunal de Justicia KÖGÁZ y otros, EU:C:2006:602, apartado 9; Plantanol, C‑201/08, EU:C:2008:385, apartado 10; Abdullahi, C‑394/12, EU:C:2012:623, apartado 11, y Sánchez Morcillo y Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:1388, apartado 10).
19      Dadas estas circunstancias, no cabe aceptar las solicitudes del órgano jurisdiccional remitente de que los asuntos C‑568/14, C‑569/14 y C‑570/14 se tramiten mediante el procedimiento acelerado.
En virtud de todo lo expuesto, el Presidente del Tribunal de Justicia resuelve:
Desestimar las solicitudes del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona de que los asuntos C‑568/14, C‑569/14 y C‑570/14 se tramiten mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
Dictado en Luxemburgo, a 12 de febrero de 2015.
El Secretario
El Presidente
A. Calot Escobar
V. Skouris
* Lengua de procedimiento: español.