Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANDREA BIONDI
presentadas el 30 de abril de 2026 (1)
Asunto C‑157/25
Administratie Douane & Accijnzen — Regio Antwerpen,
Openbaar Ministerie
Proceso penal
contra
NV Jas Forwarding Worldwide (Belgium),
Gerlach & Co. NV,
BO BayWa r.e. Solar Systems SARL,
BO bejulo,
BO Memodo,
BO Densys pv5,
BO HelioActive Rendszerintegrator,
BO Donauer Solar Systems
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunal de Primera Instancia de Amberes, Bélgica)]
« Procedimiento prejudicial — Política comercial — Derechos antidumping y derechos compensatorios — Reglamentos de Ejecución (UE) 2016/184, 2016/185, 2017/366 y 2017/367 — Importación de módulos fotovoltaicos montados en Corea del Sur o Vietnam con células fotovoltaicas fabricadas en Malasia o Taiwán — Concepto de “procedentes de Malasia y Taiwán” — Declaraciones aduaneras — País de expedición — Indicación del código de la mercancía — Prueba de exención »
I.      Introducción
1.        En el actual contexto del comercio internacional, caracterizado por la posibilidad de deslocalizar fácilmente los procesos de producción o partes de ellos, cada vez resulta más sencillo realizar actuaciones, como la realización de operaciones de montaje de escasa importancia, dirigidas a eludir medidas de defensa comercial, como derechos antidumping o antisubvenciones. En estas circunstancias, es fundamental que la Unión Europea disponga de instrumentos de defensa comercial eficaces que garanticen el restablecimiento de condiciones de competencia equitativas en el mercado interior y neutralicen las ventajas desleales resultantes de prácticas de dumping o de subvenciones de gobiernos extranjeros que ocasionen un perjuicio a la industria de la Unión. (2)
2.        En ese contexto, las medidas antielusión adoptadas por la Unión, como las que constituyen el objeto del presente asunto, desempeñan una función fundamental. No obstante, la aplicación de estas medidas puede generar dificultades considerables en la práctica para los Estados miembros y crear situaciones de inseguridad jurídica en circunstancias caracterizadas por importantes implicaciones económicas y consecuencias potencialmente graves, incluso de carácter penal, para los operadores afectados, en particular para los importadores.
3.        La presente petición de decisión prejudicial constituye un buen ejemplo de esas dificultades. En particular, se solicita al Tribunal de Justicia que aclare hasta qué punto pueden aplicarse medidas antielusión consistentes en derechos antidumping y en derechos compensatorios sobre módulos fotovoltaicos cuando esos módulos no se hayan enviado directamente desde los países sujetos a las medidas antielusión (expedición indirecta). El presente asunto brinda también al Tribunal de Justicia la oportunidad de aclarar la relación, a veces compleja, entre la normativa aduanera, por una parte, y la normativa antidumping y antisubvenciones, por otra. Como es sabido, estos regímenes tienden a solaparse ya que, en la mayoría de los casos, las mismas autoridades, es decir, las autoridades aduaneras de los Estados miembros, recaudan en el mismo momento tanto los derechos de aduana como los derechos antidumping o antisubvenciones.
4.        Las cuestiones prejudiciales objeto del presente asunto se han planteado en el contexto de un proceso penal incoado contra ocho sociedades (3) (en lo sucesivo, «sociedades encausadas») ante el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunal de Primera Instancia de Amberes, Bélgica), órgano jurisdiccional remitente, en relación con la elusión del abono de derechos sobre la importación de módulos fotovoltaicos procedentes de Malasia y Taiwán.
5.        En 2013, el Consejo estableció un derecho antidumping (4) y un derecho compensatorio (5) sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China.
6.        En 2016, tras constatar que las medidas compensatorias y antidumping antes mencionadas se estaban eludiendo a través de Malasia y Taiwán, la Comisión decidió ampliar los citados derechos a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) procedentes de Malasia y de Taiwán tanto si se declaran originarios de Malasia o de Taiwán como si no, mediante la adopción de los Reglamentos de Ejecución 2016/184 (6) y 2016/185. (7) (8)
7.        Los Reglamentos de Ejecución 2016/184 y 2016/185, antes citados, enumeraban las sociedades productoras malasias y taiwanesas que, al haber cooperado en la investigación, habían sido eximidas de esos derechos antidumping y derechos compensatorios, y asignaban a cada una de ellas un código TARIC adicional. (9)
8.        Esos Reglamentos de Ejecución también establecían que la aplicación de las exenciones concedidas a las mencionadas empresas estaba condicionada a la presentación a las autoridades aduaneras de los Estados miembros de una factura comercial válida, emitida por el productor o el expedidor, en la que figurase una declaración que debía atenerse a los requisitos formales previstos en ellos. (10) En lo que respecta a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino, entre esos requisitos se incluía la indicación del código TARIC adicional tanto del productor de los módulos como del productor de las células fotovoltaicas. Los mencionados Reglamentos de Ejecución preveían expresamente que, si no se presentaba dicha factura y/o no se facilitaba uno o los dos códigos TARIC adicionales en la declaración arriba mencionada, se aplicaría el tipo de derecho compensatorio o de derecho antidumping aplicable a «las demás empresas» respectivamente establecidos mediante los Reglamentos de Ejecución de 2013 antes citados. Además, los Reglamentos de Ejecución 2016/184 y 2016/185 enunciaban que, salvo que se dispusiera otra cosa, eran aplicables las disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana. (11)
9.        En 2017, a raíz de dos procedimientos de reconsideración por expiración de las medidas compensatorias y antidumping iniciales, la Comisión adoptó los Reglamentos de Ejecución 2017/366 (12) y 2017/367 (13) mediante los cuales se prorrogaron excepcionalmente durante 18 meses las medidas antidumping y compensatorias establecidas en 2013, transcurridos los cuales esas medidas no se volvieron a prorrogar. (14) Esos Reglamentos de Ejecución mantuvieron las exenciones para los productores exportadores de Malasia y Taiwán que ya estaban exentos de los derechos antidumping y de los derechos compensatorios en virtud de los Reglamentos 2016/184 y 2016/185. (15) A efectos de la aplicación de esas exenciones, dichas normas establecieron los mismos requisitos formales que los que se indican en el punto 8 de las presentes conclusiones, y también se remitían a las disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana. (16)
10.      De hecho, entre el 1 de noviembre de 2016 y el 4 de septiembre de 2018, las sociedades encausadas presentaron 481 declaraciones de importación de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino (en lo sucesivo, «módulos fotovoltaicos»). Esos módulos estaban compuestos por células solares fabricadas en Malasia o Taiwán y transportadas desde allí a Corea del Sur o Vietnam para ser montadas en módulos fotovoltaicos. A continuación, esos módulos se transportaban desde Corea del Sur o Vietnam a la Unión.
11.      En sus declaraciones, las sociedades encausadas indicaron, en la mayoría de los casos, (17) que los módulos eran originarios de Corea del Sur o de Vietnam y «procedentes» de Corea del Sur o Vietnam, o bien originarios de Malasia o Taiwán, pero «procedentes» de Corea del Sur o Vietnam. Además, dichas sociedades no utilizaron los códigos TARIC correspondientes a los módulos importados de Malasia o Taiwán. (18) Por otra parte, los módulos fotovoltaicos no siempre iban acompañados de una factura comercial que contuviera la declaración exigida por los Reglamentos de Ejecución 2016/184, 2016/185, 2017/366 y 2017/367 (en lo sucesivo, conjuntamente, «Reglamentos de Ejecución controvertidos») y a que se hace referencia en el punto 8 de las presentes conclusiones.
12.      La Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (Administración General de Aduanas e Impuestos Especiales, Bélgica) (en lo sucesivo, «autoridad aduanera») recriminó a las sociedades encausadas no haber declarado los módulos fotovoltaicos como originarios y procedentes de Malasia o de Taiwán, la utilización de códigos TARIC erróneos y el incumplimiento de los requisitos de forma previstos en los Reglamentos de Ejecución controvertidos.
13.      En consecuencia, a instancias de la autoridad aduanera se incoo el proceso penal de que se trata contra las sociedades encausadas ante el órgano jurisdiccional remitente. En consecuencia, las sociedades encausadas son objeto de enjuiciamiento penal ante el órgano jurisdiccional remitente por eludir derechos antidumping por un total de 17 millones de euros y derechos compensatorios por un total de 3,66 millones de euros, en relación con la importación de módulos fotovoltaicos de Taiwán y Malasia, en particular, por haber incurrido en alguno de los siguientes comportamientos: declarar erróneamente que el país de origen era Corea del Sur o Vietnam, declarar erróneamente que el país de «procedencia» era Corea del Sur o Vietnam, utilizar un código TARIC incorrecto y no presentar los documentos comerciales requeridos.
14.      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente debe determinar la responsabilidad penal de las sociedades encausadas por esos comportamientos. Partiendo de la premisa de que los módulos fotovoltaicos en cuestión debían declararse como originarios de Malasia y de Taiwán al haber sido fabricados con células con ese origen, ese órgano jurisdiccional se pregunta si dichos módulos fotovoltaicos debían declararse como «procedentes» de Malasia o de Taiwán en el sentido de los Reglamentos de Ejecución controvertidos, utilizando los códigos TARIC aplicables a los módulos fotovoltaicos importados de Malasia o de Taiwán.
15.      El órgano jurisdiccional remitente considera que, en virtud de las remisiones que los citados Reglamentos de Ejecución hacen a la normativa aduanera, puede tenerse en cuenta lo dispuesto en relación con la casilla 15 del anexo 9, apéndice C. 1, título II. C (19) del Reglamento Delegado 2016/341 (20) titulada «país de expedición/exportación». De conformidad con esa disposición, como resultado, en primer lugar, de la transacción comercial y, en segundo lugar, de una parada no relacionada con el transporte, el «país de expedición» de los módulos fotovoltaicos ya no debería ser Malasia o Taiwán, sino Corea del Sur o Vietnam.
16.      El órgano jurisdiccional remitente señala, a continuación, que según un dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión de 10 de abril de 2019 dirigido a la OLAF, (21) la expresión «procedente de» que se emplea en los Reglamentos de Ejecución 2016/184 y 2016/185 debe interpretarse en sentido amplio, englobando las expediciones indirectas de células solares procedentes de Malasia o Taiwán montadas en terceros países para convertirse en módulos fotovoltaicos.
17.      Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, esta interpretación parece apartarse de lo dispuesto en el Reglamento Delegado 2016/341 y también ser difícilmente compatible con el régimen de exenciones previsto en los Reglamentos de Ejecución controvertidos. En efecto, para que los módulos fotovoltaicos puedan acogerse a dichas exenciones, la declaración debe indicar obligatoriamente dos códigos TARIC adicionales, a saber, el código del productor de los módulos y el del productor de las células. No obstante, no puede indicarse el código TARIC adicional del productor de los módulos fotovoltaicos cuando únicamente han sido fabricadas en Malasia o Taiwán las células que los componen.
18.      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta además si las declaraciones que figuran en las facturas emitidas por las sociedades encausadas cumplen los requisitos formales exigidos por los Reglamentos de Ejecución controvertidos y si todos los aspectos de la declaración son esenciales para su validez o si los importadores pueden aportar otras pruebas para demostrar que las declaraciones son correctas.
19.      En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento penal y plantear al Tribunal de Justicia tres cuestiones prejudiciales. A petición del Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán, no obstante, en las cuestiones prejudiciales primera y tercera, mediante las cuales el órgano jurisdiccional pregunta lo siguiente:
«1.      ¿Debe considerarse que los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino montados en Corea del Sur o Vietnam con células fotovoltaicas fabricadas en Malasia o Taiwán, y a continuación importados en la Unión desde Corea del Sur o Vietnam, son “procedentes de Malasia y de Taiwán” en el sentido de los Reglamentos de Ejecución 2016/184, 2016/185, 2017/366 y 2017/367, que exigen que los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino se declaren con Malasia o Taiwán como “país de expedición” y con los códigos de mercancías pertinentes para los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino “importados de Malasia o Taiwán”? […]
3.      En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿debe la declaración recogida en la factura comercial válida incluir los términos exactos y los requisitos (de forma) del artículo 4, apartado 2, de los Reglamentos de Ejecución 2017/366 y 2017/367 y del artículo 1, apartado 2, de los Reglamentos de Ejecución 2016/184 y 2016/185, o puede desviarse de dichos términos y requisitos (de forma), estén o no respaldados por otras pruebas que corroboren que la declaración recogida en la factura es correcta y auténtica?»
II.    Análisis
A.      Sobre la primera cuestión prejudicial
20.      La primera cuestión prejudicial puede dividirse en dos partes. Por un lado, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la interpretación de la expresión «procedentes de Malasia y de Taiwán», tal como se utiliza en los Reglamentos de Ejecución controvertidos, (22) por lo que respecta a los módulos fotovoltaicos montados en Corea del Sur o Vietnam con células fotovoltaicas fabricadas en Malasia o en Taiwán y a continuación importados en la Unión desde Corea del Sur o Vietnam. Por otro lado, el citado órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que determine las consecuencias que de la interpretación de esa expresión se derivan para las obligaciones de carácter aduanero (concretamente, con respecto a la indicación del país de expedición y al uso de los códigos pertinentes) para la importación a la Unión de los citados módulos.
21.      Con carácter preliminar, procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente ha determinado que los módulos fotovoltaicos en cuestión, pese a haber sido montados en Corea del Sur o en Vietnam, son originarios de Malasia y de Taiwán. En efecto, el origen de los módulos fotovoltaicos viene determinado por el de las células fotovoltaicas, (23) que, en el presente asunto, son originarias de Malasia y de Taiwán. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente únicamente alberga dudas en cuanto a sí, en las circunstancias del presente asunto, esos módulos deben considerarse también «procedentes de Malasia y Taiwán» en el sentido de los Reglamentos de Ejecución controvertidos.
1.      Interpretación de la expresión «procedentes de Malasia y de Taiwán» en el sentido de los Reglamentos de Ejecución controvertidos
22.      Ante el Tribunal de Justicia se han propuesto, en esencia, dos posibles interpretaciones de la expresión «procedentes de Malasia y de Taiwán», tal y como se utilizan en los Reglamentos de Ejecución controvertidos. Conforme a un primer planteamiento, defendido por las sociedades encausadas ante el órgano jurisdiccional remitente, esa expresión debería interpretarse de manera estricta, en el sentido de que se refiere exclusivamente a la «expedición» directa de módulos fotovoltaicos desde Malasia o desde Taiwán. Según dichas partes, esa interpretación es coherente con el concepto de «país de expedición/exportación» en el sentido de la normativa aduanera (24) e implica, por consiguiente, que las importaciones de que se trata queden excluidas del ámbito de aplicación de los Reglamentos de Ejecución controvertidos.
23.      Conforme a un segundo enfoque, defendido por la Comisión y el Reino de Bélgica, procedería en cambio adoptar una interpretación amplia de esa expresión que no solo incluyera los casos en los que la expedición se efectúe directamente desde Malasia o desde Taiwán, sino también aquellos, como los que constituyen el objeto de los litigios de que conoce el órgano jurisdiccional remitente, en los que los módulos fotovoltaicos, compuestos de células fotovoltaicas fabricadas en alguno de esos dos países, se monten en terceros países y a continuación sean expedidos a la Unión.
24.      Procede pues interpretar la expresión «procedentes de Malasia y de Taiwán» según figura en los Reglamentos de Ejecución controvertidos. A este respecto, con arreglo a reiterada jurisprudencia, para ello debe tenerse en cuenta no solo el tenor literal de una disposición del Derecho de la Unión, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (25)
a)      Interpretación literal
25.      En lo que respecta, en primer lugar, a la interpretación literal, procede señalar que el examen de las diferentes versiones lingüísticas de las disposiciones pertinentes de los Reglamentos de Ejecución controvertidos pone de manifiesto ciertas divergencias terminológicas significativas.
26.      En efecto, un primer grupo (mayoritario) de versiones lingüísticas emplea términos que parecen hacer referencia al propio acto del «envío» o de la «expedición» comercial. Así, por ejemplo, la versión inglesa recoge la expresión «consigned from Malaysia and Taiwan», la alemana, la expresión «aus Malaysia und Taiwan versandte Einfuhren» y la neerlandesa, lengua del órgano jurisdiccional remitente, la expresión «verzonden uit Maleisië en Taiwan». (26)
27.      Un segundo grupo (minoritario) de versiones lingüísticas de los Reglamentos de Ejecución controvertidos, entre las que se incluye la italiana (pero también la española y la griega), (27) emplea en cambio el término «procedente» que no hace referencia al acto de la expedición sino a la «procedencia» de los módulos fotovoltaicos.
28.      La versión francesa, por su parte, se diferencia en que emplea ambas expresiones. En efecto, esa versión utiliza, en línea con las versiones del primer grupo, la expresión «expédiés de» para referirse a Malasia y Taiwán, pero recurre a la expresión «en provenance de», de acuerdo con las versiones lingüísticas del segundo grupo, para hacer referencia a la República Popular China, a pesar de que las restantes versiones lingüísticas utilizan la misma expresión para referirse tanto a Malasia y Taiwán como a la República Popular China.
29.      En consecuencia, el análisis literal de las diferentes versiones lingüísticas de la expresión de que se trata no permite llegar a una conclusión precisa sobre el significado que debe atribuirse a la expresión «procedentes de Malasia y Taiwán» en el sentido de los Reglamentos de Ejecución controvertidos. Aunque en la mayoría de las versiones lingüísticas se utilice la expresión «expedición», en línea con la primera de las posibles interpretaciones que se han defendido ante el Tribunal de Justicia mencionadas en el punto 22 de las presentes conclusiones, otras recurren en cambio al concepto de «procedencia», más próximo de la segunda interpretación propuesta.
30.      En ese contexto, de la jurisprudencia se desprende que, para garantizar una interpretación y una aplicación uniformes de un mismo texto cuya versión en una lengua de la Unión Europea diverge de las redactadas en las demás lenguas, la norma de que se trate debe interpretarse en función del contexto y de la finalidad de la normativa en la que se integra. (28)
b)      Interpretación contextual
31.      Por lo que respecta al análisis sistemático, la expresión en cuestión se integra en la normativa de la Unión contra la elusión de los derechos antidumping y de los derechos compensatorios. En efecto, como se desprende de los puntos 6 y 9, los Reglamentos de Ejecución 2016/184 y 2016/185 son reglamentos contra la elusión, mientras que los Reglamentos de Ejecución 2017/366 y 2017/367 son reglamentos que, tras un procedimiento de reconsideración, (29) han prorrogado medidas antidumping y compensatorias iniciales relativas a la República Popular China y que prevén además la prórroga de las medidas antielusión previstas por los Reglamentos de Ejecución de 2016 para Malasia y Taiwán.
32.      A este respecto, procede señalar que la normativa en materia de elusión constituye un marco reglamentario que, en el contexto de la normativa antidumping de la Unión, tiene unas características propias por lo que constituye un régimen jurídico especial en ese ámbito. (30) Cabe formular consideraciones análogas con respecto a la normativa antielusión de la Unión en materia de medidas antisubvenciones. (31)
33.      De ello resulta que los conceptos y términos empleados en el contexto normativo particular de las medidas antielusión — ya sean estas antidumping o antisubvenciones — deben interpretarse en función del sistema de esa normativa y, por lo tanto, a la luz de las finalidades específicas que persiguen esas disposiciones y las medidas adoptadas con base en ellas.
34.      En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, no obstante, sobre la interacción entre las medidas antielusión en materia antidumping y antisubvenciones y las disposiciones del Derecho aduanero. Señala que, en neerlandés (como ocurre en las otras versiones lingüísticas mencionadas en el punto 26 de las presentes conclusiones), los términos utilizados en los Reglamentos de Ejecución coinciden con los empleados en la normativa aduanera, ya que ambos hacen referencia a la «expedición» en sentido físico. La interpretación amplia, mencionada en el punto 23 de las presentes conclusiones, sería pues contraria a las disposiciones del Derecho aduanero que emplean términos análogos a los que se usan en los Reglamentos de Ejecución controvertidos.
35.      A este respecto conviene señalar que las normas antidumping y antisubvenciones, por un lado, y la normativa aduanera, por otro, pese a tener en común que ambas guardan relación con las importaciones a la Unión, constituyen regulaciones distintas.
36.      En primer lugar, es cierto que ambas son competencia exclusiva de la Unión, pero son autónomas (32) y tienen bases jurídicas que no coinciden completamente. (33) En segundo lugar, persiguen objetivos diferentes. Como ya se ha señalado anteriormente, las normas antidumping y antisubvenciones de la Unión son instrumentos de defensa comercial dirigidos, en esencia, a garantizar el restablecimiento de condiciones de competencia leal en el mercado interior, neutralizando las ventajas indebidas resultantes de prácticas de dumping o de subvenciones de gobiernos extranjeros que ocasionen un perjuicio a la industria de la Unión. (34) En cambio, el Derecho aduanero comprende todas las normas y procedimientos aplicables a las mercancías que entren o salgan del territorio aduanero de la Unión, asegurando, por una parte, una correcta aplicación de las exacciones previstas por el código aduanero (35) y, por otra parte, la aplicación uniforme de la normativa aduanera en todo el territorio de la Unión. (36)
37.      Por consiguiente, el Tribunal de Justicia ha aclarado que, pese a la existencia de una independencia funcional de las medidas antidumping en relación con el arancel aduanero común, (37) la normativa aduanera es, no obstante, aplicable a derechos antidumping o a derechos compensatorios siempre y cuando los reglamentos que establezcan tales derechos así lo prevean. (38) Así sucede en el presente asunto en el que, como se ha señalado en los puntos 8 y 9 de las presentes conclusiones, los Reglamentos de Ejecución controvertidos remiten expresamente a las «disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana».
38.      De ello se deduce que, en determinadas circunstancias, el marco jurídico específico del Derecho aduanero de la Unión también puede ser pertinente para interpretar las disposiciones antidumping o antisubvenciones. No obstante, en la medida en que los términos que deban interpretarse sean términos propios y específicos de la normativa antidumping y antisubvenciones, tendrán un contenido autónomo y distinto, específico de esas normativas, y perseguirán los objetivos propios de las mismas. Por lo tanto, no deben coincidir necesariamente (pese a ser similares) con otros propios de la normativa aduanera y la interpretación de su significado sobre la base de tales objetivos no puede alterarse en aras de la coherencia con la terminología propia del Derecho aduanero. (39) Ello es así, con mayor razón cuando, una interpretación coherente con el Derecho aduanero perjudique los objetivos propios de la normativa de defensa comercial de la Unión, en particular, la normativa antielusión.
39.      Cuando surjan dudas interpretativas con respecto a conceptos propios del Derecho antidumping o antisubvenciones y conceptos similares del Derecho aduanero, debe prevalecer, en consecuencia, la interpretación que se base en la finalidad de las normas antidumping o antisubvenciones. Por lo demás, en el presente asunto, ese extremo queda confirmado por el carácter general de la remisión que efectúan los Reglamentos de Ejecución controvertidos a la normativa aduanera, que es aplicable «salvo que se disponga otra cosa» en esos Reglamentos.
40.      En conclusión, de todo lo anterior se desprende que la expresión «procedentes de Malasia y Taiwán» que se emplea en los Reglamentos de Ejecución controvertidos y se utiliza en el contexto normativo de las medidas antielusión antidumping y antisubvenciones, debe interpretarse a la luz de los objetivos específicos de esas normas y de las medidas adoptadas sobre esa base.
c)      Interpretación teleológica
41.      En lo que respecta a la finalidad de las normas antielusión, de reiterada jurisprudencia resulta que el único objeto de un Reglamento por el que se amplía un derecho antidumping es asegurar la eficacia de este y evitar que sea eludido. En consecuencia, una medida mediante la que se amplíe un derecho antidumping definitivo está dirigida a proteger que las medidas definitivas antidumping se apliquen de manera eficaz. (40)
42.      Por lo tanto, las disposiciones antielusión de la Unión y las expresiones empleadas en las medidas adoptadas sobre su fundamento deben interpretarse a la luz de ese objetivo, a saber, garantizar la eficacia de las medidas antidumping adoptadas por la Unión y evitar que sean eludidas. (41) Esos principios también son válidos con respecto a las medidas antisubvenciones. (42)
43.      De ello resulta que una interpretación que permita a los operadores esquivar fácilmente la ampliación del derecho definitivo (antidumping o compensatorio) a través de operaciones de montaje en países terceros, poniendo en riesgo la eficacia de las disposiciones y medidas antielusión de la Unión, es contraria a la finalidad de esas disposiciones y medidas. (43)
44.      En el presente asunto, los Reglamentos de Ejecución controvertidos establecen una presunción iuris tantum conforme a la cual toda célula fotovoltaica procedente de Taiwán o Malasia elude las medidas antidumping o antisubvenciones relativas a las células y módulos fotovoltaicos originarios o procedentes de la República Popular China. Solo se aplica una excepción a dicha presunción para las células y módulos fabricados por empresas que han colaborado en la investigación antidumping y antisubvenciones y han demostrado no haber incurrido en prácticas ilícitas. (44) Se trata de productores de buena fe que no pueden ser considerados responsables de haber eludido las medidas antidumping y compensatorias iniciales impuestas a los productos chinos.
45.      La interpretación estricta que se propone de la expresión «procedentes de Malasia y Taiwán», según se emplea en los Reglamentos de Ejecución controvertidos, implicaría incluir únicamente en el ámbito de aplicación de los citados Reglamentos las «expediciones directas» a la Unión — de células malasias o taiwanesas o de módulos que las contengan — llevadas a cabo desde Malasia y Taiwán. Conforme a este enfoque, simplemente con añadir en la ruta hacia la Unión un país tercero en el que se efectúe una transformación no sustancial, a saber, el montaje de las células fotovoltaicas malasias o taiwanesas en módulos fotovoltaicos que a continuación sean expedidos a la Unión, se privaría de eficacia a la citada presunción establecida por los Reglamentos de Ejecución controvertidos. En efecto, aunque los módulos de que se trata tuvieran como componente principal — que les atribuye su origen (45) —, células malasias o taiwanesas sujetas a la medida antielusión, podrían esquivar esa medida. Por consiguiente, semejante interpretación pondría en entredicho la eficacia de las medidas antielusión, cuyo objetivo consiste en garantizar la eficacia de los derechos antidumping y antisubvenciones sobre las células y los módulos e impedir su elusión. En consecuencia, iría en contra de los objetivos de los Reglamentos de Ejecución controvertidos.
46.      Por el contrario, una interpretación amplia de la expresión «procedentes de Malasia y Taiwán», que coincida con el concepto de «procedencia» y que no se limite a la mera «expedición directa» e incluya en el ámbito de aplicación de las medidas antielusión los supuestos de «expedición indirecta» mencionados en el punto anterior, permite garantizar la plena eficacia de esas medidas, de acuerdo con los objetivos que persiguen los Reglamentos de Ejecución controvertidos.
47.      A este respecto, conviene señalar que, aunque de la sentencia Kolachi resulta que el concepto de «procedencia», en el contexto de la normativa antielusión de los derechos antidumping, y el concepto de «origen», en el sentido del Derecho aduanero, no coinciden, (46) se desprende no obstante de esa misma sentencia que el concepto de «procedencia» es más flexible y amplio que el de «origen», (47) y que está dirigido a aligerar la carga de probar la elusión que pesa sobre las instituciones de la Unión. (48) En ese contexto, cabe considerar que el concepto de procedencia incluye el de «origen». Si un producto es «originario» de un país, con mayor razón será «procedente» de ese país. Prueba de ello es que los Reglamentos de Ejecución controvertidos se aplican «tanto si [las células o los módulos fotovoltaicos] se declaran originarios de Malasia o de Taiwán como si no». Como ocurrió en el asunto que dio lugar a la sentencia Kolachi, no es necesario que las instituciones demuestren que las células y los módulos son originarios de Malasia o de Taiwán, sino que basta con que estos «procedan» de esos países. Ahora bien, si los módulos son originarios de dichos países, con mayor razón procederán de ellos, de modo que se aplicarán las normas antielusión.
48.      Por otra parte, a diferencia de lo que han sostenido algunas de las sociedades encausadas ante el órgano jurisdiccional remitente, una interpretación amplia no da lugar a extender ilegalmente a Corea del Sur y a Vietnam las medidas antielusión establecidas para Malasia y Taiwán. En efecto, esas medidas no se hacen extensivas a Corea del Sur y Vietnam sino que únicamente se ofrece una interpretación de los Reglamentos de Ejecución controvertidos que permite evitar «la elusión de las medidas antielusión». Los productores surcoreanos y vietnamitas de células o de módulos no se ven directamente afectados por las medidas antielusión de los derechos antidumping y antisubvenciones. No se establece para ellos ninguna presunción similar a la prevista para Malasia y Taiwán. Esos países solo se ven afectados por esta interpretación amplia si fabrican módulos fotovoltaicos utilizando como componentes principales células fotovoltaicas malasias o taiwanesas sujetas a las medidas antielusión. En ese caso, dado que los módulos fotovoltaicos deben considerarse originarios de Malasia y de Taiwán, la normativa antielusión aplicable a esos países entrará en juego. Tal interpretación dista de no ser razonable frente a los fabricantes de esos países que exportan módulos fotovoltaicos a la Unión.
49.      Además, no sería correcto sostener, como hacen algunas de las sociedades encausadas ante el órgano jurisdiccional remitente, que el legislador nunca tuvo la intención de que módulos fotovoltaicos montados en terceros países quedaran sujetos a las medidas antielusión. De hecho, los Reglamentos de Ejecución controvertidos no solo se refieren a los módulos fotovoltaicos sino también a las células fotovoltaicas como elemento principal de esos módulos. Como ya se ha señalado, adoptar una interpretación estricta privaría a esas medidas de su efecto útil. En lo que respecta a los referidos Reglamentos de Ejecución, la intención del legislador, sin duda pertinente a la hora de interpretar las disposiciones del Derecho de la Unión, (49) — era evitar la elusión de las medidas antidumping y antisubvenciones.
50.      Esa interpretación amplia también es coherente con el sistema antielusión que, según se deduce de la jurisprudencia, se fundamenta en la responsabilidad del importador, que siempre tiene la posibilidad de demostrar que las importaciones de que se trata no están comprendidas en el ámbito de aplicación de las medidas antielusión o que están cubiertas por una de las exenciones previstas por esas medidas, a saber, en el presente asunto, que los módulos fotovoltaicos contengan células fabricadas por uno de los productores malasios o taiwaneses exentos. (50) Esa interpretación no va en modo alguno en contra de la jurisprudencia citada por las sociedades encausadas. (51)
51.      En conclusión, la interpretación de la expresión «procedentes de Malasia y Taiwán» que figura en los Reglamentos de Ejecución controvertidos, en el contexto de las disposiciones y medidas antielusión antidumping y antisubvenciones, a la luz de la finalidad de tales disposiciones y medidas, apunta a la conveniencia de llevar a cabo una interpretación amplia de la citada expresión, en el sentido de que se refiere a la «procedencia» y no a la «expedición» en sentido estricto.
2.      Sobre las consecuencias para las obligaciones de declaración en aduana
52.      Mediante la segunda parte de la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se diluciden las consecuencias prácticas que se derivan de la interpretación de la expresión «procedentes de Malasia y Taiwán» para las obligaciones aduaneras que incumben a los importadores en el marco de la importación de módulos fotovoltaicos como los que constituyen el objeto del presente litigio. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en particular, si esos módulos deben declararse con Malasia o Taiwán como «país de expedición» y sobre los códigos de mercancías que deben utilizarse al efecto. El mencionado órgano jurisdiccional duda de que los importadores puedan cumplir en la práctica los requisitos formales que imponen los Reglamentos de Ejecución controvertidos.
53.      A este respecto, en línea con lo indicado en el punto 50 de las presentes conclusiones, en un sistema basado en la responsabilidad del importador, incumbe a este último, para poder acogerse a las exenciones, demostrar que las mercancías importadas en la Unión pueden quedar exentas de las medidas antidumping o antisubvenciones. Por lo tanto, es responsabilidad suya cumplir los requisitos formales exigidos por la normativa pertinente e indicar los distintos códigos TARIC pertinentes. Por lo tanto, en el presente asunto, para poder acogerse a las exenciones de que se trata, de la declaración aduanera debe desprenderse, sin ninguna duda, que los módulos fotovoltaicos en cuestión contenían células fabricadas en Malasia y Taiwán de productores exentos, en el sentido de los Reglamentos de Ejecución controvertidos, y debía facilitarse además toda la documentación correspondiente incluyendo, en la medida de lo posible, la totalidad de la información solicitada.
54.      No obstante, las sociedades encausadas plantean una serie de cuestiones que el órgano jurisdiccional remitente retoma en su resolución de remisión.
55.      En primer lugar, se plantea la cuestión de la indicación del «país de expedición/exportación» en la casilla 15 del anexo 9 del Reglamento Delegado n.º 2016/341.
56.      A este respecto, en algunas versiones lingüísticas, como la inglesa o la italiana, en las que se emplean expresiones distintas en los Reglamentos de Ejecución controvertidos y en la normativa aduanera, (52) esa cuestión no parece ser problemática. Sin embargo, en las versiones lingüísticas en las que se utiliza la misma terminología en ambas normativas, como por ejemplo en la francesa o en la de la lengua de procedimiento, es decir, en la neerlandesa, (53) el empleo de las mismas expresiones puede dar efectivamente lugar a confusión.
57.      En este contexto, considero que, a pesar de esas incoherencias lingüísticas, está claro que el «país de expedición» a que se refiere la casilla 15, antes mencionada, es aquel desde el cual se expiden materialmente los módulos — que no corresponde necesariamente con el de «procedencia», en el sentido de las medidas antielusión —, es decir, en el presente asunto, Corea del Sur o Vietnam. Como ha señalado acertadamente el órgano jurisdiccional remitente, así se desprende tanto de las notas de la casilla 15 (54) como del empleo de una misma terminología, en otras versiones lingüísticas, como la inglesa y la italiana.
58.      Dicho esto, como señaló la Comisión en la vista, para acreditar de manera inequívoca que los módulos fotovoltaicos en cuestión contenían células fabricadas en Malasia y en Taiwán por productores exentos, era perfectamente posible, e incluso necesario, indicar en la casilla 33, relativa al «código de las mercancías», junto con el código pertinente de los módulos fotovoltaicos, el código TARIC relativo a las células fabricadas por los productores malasios o taiwaneses exentos pertinentes bajo el código TARIC adicional relativo al productor específico indicado en los Reglamentos de Ejecución en cuestión.
59.      En segundo lugar, algunas de las sociedades encausadas aducen que era imposible cumplimentar y adjuntar las declaraciones exigidas por los Reglamentos de Ejecución controvertidos, en particular porque no existía un código TARIC adicional para los productores surcoreanos o vietnamitas de módulos fotovoltaicos. Sin embargo, de la lectura del artículo 1, apartado 2, de los Reglamentos 2016/184 y 2016/185 y del artículo 4, apartado 2, de los Reglamentos 2017/366 y 2017/367, respectivamente, no se desprende que, en el caso de autos, fuera imposible efectuar y adjuntar tales declaraciones. En primer término, esas declaraciones deben ser redactadas por «el productor o el expedidor» que ha emitido la factura. En el presente asunto, esa entidad parece poder ser el productor surcoreano o vietnamita que fabricó el módulo fotovoltaico en lugar del productor malasio o taiwanés que fabricó las células. No logro apreciar por qué razón esa entidad no está en condiciones de redactar una declaración de ese tipo. En segundo término, en lo que concierne al contenido de la declaración, aunque no se pudiera indicar un código TARIC adicional relativo al productor surcoreano o vietnamita —que no existe dado que los Reglamentos de ejecución controvertidos no contemplan a esos productores— podía y debía indicarse, en cambio, según se exige expresamente, el código TARIC adicional (junto con la denominación y la dirección) del productor malasio o taiwanés de las células fotovoltaicas integradas en el módulo, exento de las medidas antielusión.
3.      Conclusión sobre la primera cuestión prejudicial
60.      De todas las consideraciones anteriores resulta que la expresión «procedentes de Malasia y Taiwán» que figura en los Reglamentos de Ejecución controvertidos debe interpretarse en el sentido de que hace referencia a la procedencia de los módulos fotovoltaicos en cuestión. Por lo tanto, debe considerarse que los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino que hayan sido montados en Corea del Sur o Vietnam con células fotovoltaicas fabricadas en Malasia o Taiwán y a continuación importados en la Unión desde Corea del Sur o Vietnam, son «procedentes de Malasia y de Taiwán», en el sentido de los citados Reglamentos de Ejecución. Esos módulos o paneles fotovoltaicos deben declararse con Corea del Sur o Vietnam como «país de expedición», en el sentido de la casilla 15 del anexo 9, apéndice C. 1, título II. C del Reglamento Delegado 2016/341, y haciendo constar los códigos de mercancías correspondientes a los módulos o paneles fotovoltaicos «importados de Malasia o de Taiwán».
B.      Sobre la tercera cuestión prejudicial
61.      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la declaración recogida en la factura comercial en la debida forma debe incluir los términos exactos y los requisitos formales exigidos por los Reglamentos de Ejecución controvertidos, (55) o si los importadores pueden desviarse de ellos, basándose o no en otras pruebas que corroboren que la declaración recogida en la factura es correcta y auténtica.
62.      A este respecto, de la jurisprudencia resulta que las disposiciones que prevén exenciones de derechos antidumping y de derechos compensatorios deben interpretarse en sentido estricto. En efecto, esas exenciones solo pueden concederse conforme a determinados requisitos, en los casos previstos específicamente, y constituyen, en consecuencia, excepciones al régimen normal de los derechos antidumping y de los derechos compensatorios. (56)
63.      Según esa jurisprudencia, las disposiciones pertinentes de los reglamentos de ejecución que establecen requisitos formales específicos para poder acogerse a las exenciones previstas en ellos deben interpretarse en sentido estricto. De ello se desprende que, en principio, no pueden admitirse excepciones a esos requisitos de forma, que tienen como finalidad acreditar la veracidad de la información relativa a los productos importados que se benefician de esas exenciones. La declaración recogida en la factura comercial en la forma debida prevista en esas disposiciones debe, por lo tanto, incluir, en la medida de lo posible, todos los elementos y datos cuya mención exigen esas disposiciones. Por lo tanto, no podrán aceptarse, en principio, aquellas declaraciones que no incluyan toda la información requerida.
64.      Sentado lo anterior, una interpretación de dichas disposiciones que impida que se concedan exenciones a un importador por no haber indicado en la documentación exigida un dato que no es posible facilitar porque no existe, no sería razonable, a mi juicio, e iría en contra del principio de proporcionalidad. Así pues, como ya se ha indicado en el punto 59 de las presentes conclusiones, en este asunto los importadores no podían materialmente indicar, en la declaración exigida por las disposiciones pertinentes, el código TARIC adicional del productor surcoreano o vietnamita, que no existe dado que los Reglamentos de ejecución controvertidos no contemplan a esos productores. En esas circunstancias, desde mi punto de vista, no indicar el código TARIC adicional en la citada declaración no puede dar lugar a que se deniegue la exención en cuestión, siempre que las autoridades nacionales competentes puedan comprobar, eventualmente sobre la base de otras pruebas, la veracidad de las afirmaciones contenidas en dicha declaración. Tales pruebas pueden ser, por ejemplo, facturas de adquisición por parte del productor vietnamita o surcoreano de las células fotovoltaicas al productor malasio o taiwanés exento.
65.      Por consiguiente, en mi opinión, procede responder a la tercera cuestión prejudicial en el sentido de que el artículo 1, apartado 2, de los Reglamentos de Ejecución 2016/184 y 2016/185 y el artículo 4, apartado 2, de los Reglamentos de Ejecución 2017/366 y 2017/367 deben interpretarse en el sentido de que las declaraciones a que se refieren deben incluir todos los elementos y datos cuya mención exigen dichas disposiciones, a excepción de aquellos que no sea materialmente posible facilitar porque no existen. En tal caso, las autoridades nacionales competentes podrán, cuando sea necesario y apropiado, comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acogerse a las exenciones previstas en esos Reglamentos de Ejecución basándose, en su caso, en otras pruebas.
C.      Algunas consideraciones sobre el litigio principal
66.      Más allá de las respuestas a las cuestiones prejudiciales, considero oportuno formular algunas observaciones adicionales que podrían ayudar al tribunal remitente a resolver la controversia que se ha suscitado ante él.
67.      Según reiterada jurisprudencia, en el procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que puedan serle útiles para resolver el asunto del que conoce, con independencia de que el órgano jurisdiccional remitente haya hecho o no referencia a ellos en el enunciado de su cuestión prejudicial.(57)
68.      A este respecto, conviene recordar que la controversia que se ha sometido a la consideración del órgano jurisdiccional remitente guarda relación con un procedimiento penal incoado contra las sociedades encausadas por los comportamientos indicados en el punto 13 de las presentes conclusiones.
69.      Ahora bien, de las consideraciones desarrolladas en las presentes conclusiones se desprende claramente que la interpretación de la expresión «procedentes de» (en todas las lenguas, incluido, desde luego, el neerlandés) en el contexto de las medidas antielusión de que se trata no es clara, en particular, debido a su solapamiento terminológico con la expresión «país de expedición» empleada en la normativa aduanera. (58) Esa incertidumbre podría pues afectar a la correcta utilización de los códigos de mercancías correspondientes y, por ende, al alcance y proporcionalidad de las sanciones que deben imponerse ante tales infracciones.
70.      Naturalmente, conforme a consolidada jurisprudencia, incumbe al Estado miembro establecer la naturaleza de las sanciones (administrativas o penales) que han de imponerse en caso de infracción de la normativa de la Unión. Esas sanciones deben ser en cualquier caso efectivas, proporcionadas y disuasivas. (59)
71.      Recordado lo anterior, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, en función de las circunstancias y de los elementos concretos del asunto sobre el que debe pronunciarse, y sobre la base de las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, si la eventual incertidumbre jurídica en cuanto al significado que debe atribuirse a la expresión «procedentes de Malasia y Taiwán» en neerlandés puede justificar que se imponga una sanción penal en el litigio principal por incurrir en los comportamientos en cuestión o si, en su caso, puede constituir una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal.
72.      A este respecto, no obstante, me limitaré a señalar que, conforme a reiterada jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica exige, por una parte, que las normas jurídicas sean claras y precisas y, por otra, que su aplicación sea previsible para los justiciables, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables. Dicho principio exige, en concreto, que una normativa permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que estos puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia. (60)
73.      También se desprende de la jurisprudencia que el principio de legalidad en materia penal, reconocido en el artículo 49, apartado 1, de la Carta, y que constituye una manifestación específica del principio general de seguridad jurídica, implica, concretamente, que la ley debe definir claramente las infracciones y las penas que las castigan. Este requisito se cumple cuando el justiciable puede saber, a partir del texto de la disposición pertinente y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los tribunales, qué acciones y omisiones desencadenan su responsabilidad penal. (61)
74.      Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente extraer, en su caso, las consecuencias concretas que se derivan de estos principios jurisprudenciales en el litigio principal.
III. Conclusión
75.      Sobre la base de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales primera y tercera planteadas por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Tribunal de Primera Instancia de Amberes, Bélgica) de la siguiente manera:
«La expresión “procedentes de Malasia y Taiwán” que figura en los Reglamentos de Ejecución 2016/184, 2016/185, 2017/366 y 2017/367 debe interpretarse en el sentido de que hace referencia a la “procedencia” de los módulos fotovoltaicos en cuestión. Por lo tanto, debe considerarse que los módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino que hayan sido montados en Corea del Sur o Vietnam con células fotovoltaicas fabricadas en Malasia o Taiwán y a continuación importados en la Unión desde Corea del Sur o Vietnam, son “procedentes de Malasia y Taiwán”, en el sentido de los citados Reglamentos de Ejecución. Esos módulos o paneles fotovoltaicos deben declararse con Corea del Sur o Vietnam como “país de expedición”, en el sentido de la casilla 15 del anexo 9, apéndice C. 1, título II. C del Reglamento Delegado 2016/341, y haciendo constar los códigos de mercancías correspondientes a los módulos o paneles fotovoltaicos “importados de Malasia o de Taiwán”.
El artículo
1, apartado
2, de los Reglamentos de Ejecución 2016/184 y 2016/185 y el artículo
4, apartado
2, de los Reglamentos de Ejecución 2017/366 y 2017/367 deben interpretarse en el sentido de que las declaraciones a que se refieren deben incluir todos los elementos y datos cuya mención exigen dichas disposiciones, a excepción de aquellos que no sea materialmente posible facilitar porque no existen. En tal caso, las autoridades nacionales competentes podrán, cuando sea necesario y apropiado, comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acogerse a las exenciones previstas en esos Reglamentos de Ejecución basándose, en su caso, en otras pruebas.»
1      Lengua original: italiano.
2      A este respecto, véanse asimismo las conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Comisión/Kolachi Raj Industrial (C‑709/17 P, EU:C:2019:303), punto 1.
3      NV Jas Forwarding Worldwide (Belgium), Gerlach & Co NV, BO Baywa r.e. Solar Systems, BO Bejulo, BO Memodo, BO Densys pv5, BO HelioActive Rendszerintegrátor y BO Donauer Solar Systems.
4      Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1238/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se cobra definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (DO 2013, L 325, p. 1).
5      Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1239/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (DO 2013, L 325, p. 66).
6      Reglamento de Ejecución (UE) 2016/184 de la Comisión, de 11 de febrero de 2016, por el que se amplía el derecho compensatorio definitivo establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1239/2013 del Consejo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) procedentes de Malasia y de Taiwán, tanto si se declaran originarios de Malasia o de Taiwán como si no (DO 2016, L 37, p. 56).
7      Reglamento de Ejecución (UE) 2016/185 de la Comisión, de 11 de febrero de 2016, por el que se amplía el derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento (UE) n.º 1238/2013 del Consejo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) procedentes de Malasia y de Taiwán, tanto si se declaran originarios de Malasia o de Taiwán como si no (DO 2016, L 37, p. 76).
8      Véase el artículo 1, apartado 1, de los Reglamentos 2016/184 y 2016/185.
9      Véase el artículo 1, apartado 1, de los Reglamentos de Ejecución 2016/184 y 2016/185.
10      Véase, más concretamente, el artículo 1, apartado 2, de los Reglamentos 2016/184 y 2016/185.
11      Véase el artículo 1, apartado 4, de los Reglamentos 2016/184 y 2016/185.
12      Reglamento de Ejecución (UE) 2017/366 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se establecen derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China, tras una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 18, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se da por concluida la investigación de reconsideración provisional parcial con arreglo al artículo 19, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1037 (DO 2017, L 56, p. 1) (DO 2018, L 183, p. 1).
13      Reglamento de Ejecución (UE) 2017/367 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China tras una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se da por concluida la investigación de reconsideración provisional parcial con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1036 (DO 2017, L 56, p. 131) (DO 2018, L 183, p. 1).
14      Véanse los considerandos 783 y 784 del Reglamento de Ejecución 2017/366, y los considerandos 372 y 373 del Reglamento de Ejecución 2017/367.
15      Véase el considerando 786 y el artículo 4, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2017/366 y el considerando 375 y el artículo 4, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2017/367.
16      Véase el artículo 4, apartado 3, de los Reglamentos de Ejecución 2017/366 y 2017/367.
17      Solo en dos ocasiones se declaró que los módulos fotovoltaicos eran originarios y procedentes de Taiwán. Véase el apartado 3 de la resolución de remisión.
18      Salvo los dos casos mencionados en la nota anterior.
19      Titulado «formalidades relativas al despacho a libre práctica, el destino final, el perfeccionamiento activo, la importación temporal, y el depósito aduanero».
20      Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del código aduanero de la Unión mientras no estén operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 (DO 2016, L 69, p. 1).
21      OCM(2019)10202.
22      Véase el título, los considerandos 5, 6, 17 y 18 y el artículo 1, apartados 1 y 3, de los Reglamentos de Ejecución 2016/184 y 2016/185, así como el artículo 4, apartado 1, de los Reglamentos de Ejecución 2017/366 y 2017/367.
23      El órgano jurisdiccional remitente se refiere a la sentencia de 20 de mayo de 2021, Renesola UK (C‑209/20, EU:C:2021:400), relativa al Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1357/2013 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, que modifica el Reglamento (CEE) n.º 2454/93 por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario (DO 2013, L 341, p. 47). Esta cuestión se rige actualmente por el artículo 32 del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del código aduanero de la Unión (DO 2015, L 343, p. 1).
24      Véase la casilla 15 citada en el punto 15 de las presentes conclusiones.
25      Véase, entre otras muchas, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Comisión/Kolachi Raj Industrial (C‑709/17 P, en lo sucesivo, «sentencia Kolachi», EU:C:2019:717), apartado 82 y jurisprudencia citada.
26      Parecen pertenecer a este primer grupo las versiones portuguesa («expedidos da Malásia e de Taiwan»), eslovaca («odosielaných z Malajzie a Taiwanu»), checa («odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu»), búlgara («изпращан от Малайзия и Тайван»), croata («poslanih iz Malezije i Tajvana»), estonia («Malaisiast ja Taiwanist lähetatud»), letona («kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas»), lituana («siunčiamiems iš Malaizijos ir Taivano»); sueca («avsända från Malaysia och Taiwan»), danesa («afsendt fra Malaysia og Taiwan»); húngara («Malajziában és Tajvanon feladott»), polaca («wysyłanych z Malezji i z Tajwanu»), eslovena («poslanih iz Malezije ali s Tajvana»), finlandesa («Malesiasta ja Taiwanista lähetettyjen») y rumana («expediate din Malaysia și din Taiwan»).
27      «Procedentes de Malasia y Taiwán» en español, «προέλευσης Μαλαισίας και Ταϊβάν» en griego y «provenienti dalla Malaysia e da Taiwan» en italiano.
28      Sentencia Kolachi, apartado 88.
29      De conformidad con el artículo 11, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 21) y con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 55).
30      Véanse, a este respecto, las observaciones recogidas en los puntos 37 a 39 de las conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Comisión/Kolachi Raj Industrial (C‑709/17 P, EU:C:2019:303), donde se incluyen otras referencias jurisprudenciales.
31      En efecto, ni la normativa antielusión relativa a las medidas antisubvenciones ni la referida a las medidas antidumping tienen su base en normas de la OMC (véanse, por analogía, las observaciones del Abogado General Pitruzzella mencionadas en la nota anterior).
32      La normativa aduanera se inscribe en la competencia en el ámbito de la unión aduanera establecida en el artículo 3 TFUE, apartado 1, letra a), mientras que la legislación antidumping y antisubvenciones en el de la competencia en el ámbito de la política comercial común prevista en el artículo 3 TFUE, apartado 1, letra e).
33      Las normas antidumping y antisubvenciones se fundamentan en las competencias en materia de política comercial común (artículo 207 TFUE, apartado 2), mientras que el Derecho aduanero se basa también en las competencias en materia de unión y cooperación aduaneras (en particular, el artículo 33 TFUE) y de mercado interior (artículo 114 TFUE).
34      A este respecto, véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Profit Europe y Gosselin Forwarding Services (C‑362/20, EU:C:2021:612), apartado 67 y jurisprudencia citada, así como las conclusiones del Abogado General Hogan presentadas en el asunto Jebsen & Jessen (C‑543/19, EU:C:2020:555) puntos 43 y 52.
35      Véase, a este respecto, en el mismo sentido, sentencia de 27 de febrero de 2014, Greencarrier Freight Services Latvia (C‑571/12, EU:C:2014:102), apartado 32.
36      Véase, a este respecto, en el mismo sentido, la sentencia de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Söhlke (C‑48/98, EU:C:1999:548), apartado 48.
37      Véase, a este respecto, la sentencia de 15 de julio de 2021, Profit Europe y Gosselin Forwarding Services (C‑362/20, EU:C:2021:612), apartado 68.
38      Sentencia de 22 de mayo de 2019, Krohn & Schröder (C‑226/18, EU:C:2019:440), apartado 33.
39      En la sentencia Kolachi, apartado 90, se puso de manifiesto el carácter autónomo y distinto de los conceptos del Derecho antidumping respecto de los del Derecho aduanero. Véanse, asimismo, a ese respecto, las conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Comisión/Kolachi Raj Industrial (C‑709/17 P, EU:C:2019:303), punto 81.
40      Véase, en ese sentido, la sentencia Kolachi, apartado 96 y jurisprudencia citada.
41      Conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Comisión/Kolachi Raj Industrial (C‑709/17 P, EU:C:2019:303), punto 40.
42      Véase la sentencia de 4 de diciembre de 2024, PGTEX Morocco/Comisión (T‑246/22, EU:T:2024:880), apartado 42.
43      Véase, en ese sentido, la sentencia Kolachi, apartados 102, 103 y 104 y jurisprudencia citada.
44      Los productores exentos se enumeran en los artículos 1, apartado 1, de los Reglamentos de Ejecución 2016/184 y 2016/185 y en los artículos 4, apartado 1, de los Reglamentos de Ejecución 2017/366 y 207/367.
45      Véase, a este respecto, la sentencia de 20 de mayo de 2021, Renesola UK (C‑209/20, EU:C:2021:400), apartados 43 y 50.
46      Véase la sentencia Kolachi, apartado 90.
47      Conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Comisión/Kolachi Raj Industrial (C‑709/17 P, EU:C:2019:303), punto 81.
48      Véase, en tal sentido, la sentencia Kolachi, apartados 91 y 97.
49      Véase, a este respecto, la sentencia de 5 de septiembre de 2024, W. GmbH (C‑67/23, EU:C:2024:680), apartado 74.
50      Véase, en tal sentido, la sentencia Kolachi, apartados 92 y 97.
51      Esas sociedades se refieren, en primer lugar, a la sentencia de 5 de septiembre de 2024, W. GmbH (C‑67/23, EU:C:2024:680) que se inscribe, no obstante, en un contexto completamente distinto al de las medidas de defensa comercial, a saber, el del establecimiento de medidas restrictivas debido a las violaciones graves y continuadas de los derechos humanos por parte del régimen militar de Birmania/Myanmar. En segundo lugar, esas sociedades citan el auto del Tribunal General, de 26 de junio de 2017, Megasol Energie/Comisión (T‑152/16, EU:T:2017:446), en el que ese Tribunal se limitó, no obstante, a declarar la falta de interés en ejercitar la acción del demandante.
52      Así, en inglés, los Reglamentos de Ejecución controvertidos utilizan la expresión «consigned from Malaysia and Taiwan», mientras que la casilla 15 lleva por título «dispatch». En italiano, en los Reglamentos de Ejecución controvertidos figura la expresión «provenienti dalla Malaysia e Taiwan», mientras que la casilla 15 se titula «paese di spedizione».
53      Así, en la versión en francés de los Reglamentos de Ejecución controvertidos figura la expresión «expediés de Malesie et Taiwan», mientras que la casilla 15 lleva por título «pays d’expedition». En neerlandés, los Reglamentos de Ejecución controvertidos emplean la expresión «verzonden uit Maleisië en Taiwan», mientras que el título de la casilla 15 es «Land van verzending».
54      Véase el apartado 27 de la resolución de remisión.
55      Véase el artículo 1, apartado 2, de los Reglamentos de Ejecución 2016/184 y 2016/185, y el artículo 4, apartado 2, de los Reglamentos de Ejecución 2017/366 y 2017/36.
56      Sentencia de 22 de mayo de 2019, Krohn & Schröder (C‑226/18, EU:C:2019:440), apartado 46.
57      Sentencia de 9 de noviembre de 2023, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky (Ámbito de aplicación de la Directiva sobre retorno) (C‑257/22, EU:C:2023:852), apartado 31 y jurisprudencia citada.
58      En particular, en la casilla 15 del anexo 9, apéndice C. 1, título II. C del Reglamento Delegado 2016/341, antes mencionada.
59      Sentencia de 26 de octubre de 1995, Siesse (C‑36/94, EU:C:1995:351), apartados 20 y 24.
60      A este respecto véanse, entre otras muchas, las sentencias, de 22 de enero de 2026, AK Dlhopolec y otros (C‑590/24, EU:C:2026:41), apartado 73; de 29 de enero de 2026, Keladis I y Keladis II (C‑72/24 y C‑73/24, EU:C:2026:51), apartado 163 y jurisprudencia citada, y de 30 de abril de 2025, Alenopik (C‑745/23, EU:C:2025:294), apartado 31 y jurisprudencia citada.
61      Véase, a este respecto, la sentencia de 22 de enero de 2026, AK Dlhopolec y otros(C‑590/24, EU:C:2026:41), apartado 74 y jurisprudencia citada.