62020CO0403
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 3 de marzo de 2021 (
*1
)
«Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Acuerdo Monetario entre la Unión Europea y el Principado de Andorra — Supuesta negligencia de la Comisión Europea en relación con el contenido del Acuerdo — Supuesta negligencia de la Comisión en el control de la aplicación del Acuerdo — Recurso de indemnización — Desestimación del recurso — Relación de causalidad — Inexistencia — Recurso de casación en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado»
En el asunto C‑403/20 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 26 de agosto de 2020,
CF, con domicilio en Andorra la Vieja (Andorra),
TB, con domicilio en Andorra la Vieja,
LO, S. A., con domicilio social en Andorra la Vieja,
UM, S. L., con domicilio social en Andorra la Vieja,
representados por el Sr. J. Álvarez González y la Sra. S. San Felipe Menéndez, abogados,
partes recurrentes,
y en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión Europea,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. A. Kumin, Presidente de Sala, el Sr. A. Arabadjiev (Ponente), Presidente de la Sala Segunda, y el Sr. P. G. Xuereb, Juez;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 181 de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso de casación, CF, TB, LO, S. A., y UM, S. L., solicitan la anulación del auto del Tribunal General de 25 de junio de 2020, Noguer Enríquez y otros/Comisión (T‑22/19, no publicado, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2020:295), por el que este desestimó su solicitud de reparación del perjuicio que supuestamente habían sufrido como consecuencia de la negligencia de la Comisión Europea, por un lado, en el control de la aplicación del Acuerdo Monetario entre la Unión Europea y el Principado de Andorra (DO 2011, C 369, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo Monetario Unión/Andorra»), firmado en Bruselas el 30 de junio de 2011, y, por otro lado, en relación con el contenido de dicho Acuerdo.
Marco jurídico
2
El artículo 10 del Acuerdo Monetario Unión/Andorra establece:
«1.   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá competencia exclusiva para resolver cualquier litigio entre las Partes que pueda derivarse de la aplicación del presente Acuerdo y que no haya podido solucionar el Comité Mixto.
2.   Si la Unión Europea, representada por la Comisión Europea y a instancia de una recomendación de la delegación de la UE en el Comité Mixto, o el Principado de Andorra consideran que la otra Parte no ha cumplido alguna obligación establecida en el presente Acuerdo podrán someter el asunto al Tribunal de Justicia. La sentencia del Tribunal será vinculante para ambas Partes, que adoptarán las medidas necesarias para darle cumplimiento en el plazo fijado en la misma por el Tribunal, y no será objeto de recurso.
3.   En caso de que la Unión Europea y el Principado de Andorra no adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia en el plazo fijado, la otra Parte podrá poner fin al Acuerdo, con un preaviso de tres meses.»
3
El artículo 11, apartados 1 a 3, de este Acuerdo dispone:
«1.   Se creará un Comité Mixto compuesto de representantes del Principado de Andorra y de la Unión Europea. La delegación de la Unión Europea estará compuesta por representantes de la Comisión Europea (que ocupará la presidencia), el Reino de España y la República Francesa, junto con representantes del Banco Central Europeo.
2.   El Comité Mixto se reunirá como mínimo una vez al año. La Presidencia alternará anualmente entre un representante de la Unión Europea y un representante del Principado de Andorra. El Comité Mixto adoptará sus decisiones por unanimidad.
3.   El Comité Mixto intercambiará impresiones e información y adoptará las decisiones contempladas en los artículos 3 y 8. En particular, la delegación de la Unión Europea informará al Principado de Andorra de cualquier iniciativa legislativa de la Unión Europea que entre en el ámbito de aplicación del artículo 8. Además, estudiará las medidas adoptadas por el Principado de Andorra y se esforzará por solucionar cualquier posible conflicto que se derive de la aplicación del presente Acuerdo.»
4
El artículo 12 del Acuerdo Monetario Unión/Andorra precisa que «sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, apartado 3, cada Parte podrá poner fin al presente Acuerdo con un año de preaviso».
5
A tenor del artículo 12, apartado 4, del Acuerdo Monetario entre la Unión y el Principado de Mónaco (DO 2012, C 310, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo Monetario Unión/Mónaco»), firmado en Bruselas el 29 de noviembre de 2011:
«Todas las cuestiones relativas a la validez de las decisiones de las instituciones u organismos de la Unión Europea adoptadas en aplicación del presente Acuerdo serán competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En especial, cualquier persona física o jurídica que tenga su domicilio en el territorio del Principado de Mónaco podrá ejercer las vías de recurso abiertas a las personas físicas y jurídicas instaladas en el territorio de Francia en contra de los actos jurídicos de los que dicha persona sea destinataria, cualquiera que sea la forma o la naturaleza de estos.»
Antecedentes del litigio
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Los recurrentes eran accionistas de Banca Privada de Andorra, S. A. (en lo sucesivo, «BPA»), de la que poseían el 75,52 % de las acciones.
7
BPA era un banco andorrano que operaba a escala internacional.
8
El 10 de marzo de 2015, la Financial Crimes Enforcement Network (Red de Control de Delitos Financieros, Estados Unidos) decidió clasificar a BPA entre las instituciones financieras extranjeras objeto de máxima preocupación en materia de blanqueo de capitales. Ese mismo día, en una propuesta de regulación, dicha autoridad propuso prohibir a las instituciones financieras que abrieran, mantuvieran o administraran cuentas en los Estados Unidos en nombre o por cuenta de BPA.
9
A raíz de estos acontecimientos, BPA acusó dificultades financieras.
10
El 26 de marzo de 2015, BPA presentó una declaración de solicitud de suspensión de pagos con la apertura del correspondiente procedimiento judicial de insolvencia.
11
El 2 de abril de 2015, el Principado de Andorra aprobó la Llei 8/2015 de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries (Ley 8/2015, de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias), de 2 de abril de 2015 (BOPA n.o 31, de 16 de abril de 2015, p. 1; en lo sucesivo, «Ley 8/2015»), con la que se transpone parcialmente la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190). La Ley 8/2015, que entró en vigor el 16 de abril de 2015, creó la Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias, Andorra; en lo sucesivo, «AREB»).
12
El 27 de abril de 2015, la AREB abrió el proceso de resolución de BPA, poniendo así fin al procedimiento concursal.
13
El 21 de abril de 2016, la AREB adoptó la decisión de resolución de BPA, que, entre otras medidas, redujo su capital a cero.
14
Mediante escrito de 29 de diciembre de 2017, los recurrentes solicitaron a la Comisión que llevara a cabo diversas actuaciones a fin de que cesaran los supuestos incumplimientos del Acuerdo Monetario Unión/Andorra en que había incurrido el Principado de Andorra a causa de la transposición parcial e incorrecta de la Directiva 2014/59 mediante la adopción de la Ley 8/2015. En dicho escrito, solicitaban asimismo a la Comisión que reconociera su responsabilidad extracontractual por los daños que les había causado debido a su negligencia.
15
Mediante escrito de 5 de marzo de 2018, la Comisión rechazó las alegaciones de los recurrentes y cualquier responsabilidad en cuanto a los perjuicios que supuestamente habían sufrido (en lo sucesivo, «escrito de 5 de marzo de 2018»).
16
Mediante escritos de 10 y 21 de diciembre de 2018, los recurrentes reiteraron sus peticiones dirigidas a la Comisión en su escrito de 29 de diciembre de 2017. La Comisión no respondió a dichos escritos.
Procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido
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Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 11 de enero de 2019, los recurrentes interpusieron un recurso por el que se solicitaba la reparación del perjuicio que presuntamente habían sufrido como consecuencia de la negligencia de la Comisión, por un lado, en el control de la aplicación del Acuerdo Monetario Unión/Andorra y, por otro, en relación con el contenido de dicho Acuerdo.
18
El Tribunal General desestimó el recurso, mediante el auto recurrido, por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Pretensiones de los recurrentes
19
Los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que anule el auto recurrido y condene en costas a la Comisión y que, con carácter principal, devuelva el asunto al Tribunal General o, con carácter subsidiario, estime el recurso.
Sobre el recurso de casación
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A tenor del artículo 181 de su Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea, en todo o en parte, manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, desestimar total o parcialmente el recurso de casación mediante auto motivado.
21
En el presente asunto, procede aplicar la citada disposición.
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En apoyo de su recurso de casación, los recurrentes invocan, en esencia, cinco motivos mediante los que impugnan las apreciaciones del Tribunal General en el auto recurrido sobre, primero, la admisibilidad de sus alegaciones relativas a los principios de seguridad jurídica y transparencia, los principios esenciales sobre los que pivota la integración europea, la credibilidad de la Comisión y los derechos fundamentales; segundo, la admisibilidad de sus alegaciones relativas al escrito de 5 de marzo de 2018; tercero, la supuesta negligencia de la Comisión en relación con el contenido del Acuerdo Monetario Unión/Andorra; cuarto, la supuesta negligencia de la Comisión en el control de la aplicación del referido Acuerdo, y, quinto, la procedencia de dar por terminado el procedimiento mediante auto.
Segundo motivo de casación, que se refiere a la apreciación por el Tribunal General de la admisibilidad de las alegaciones de los recurrentes relativas al escrito de 5 de marzo de 2018
Alegaciones de los recurrentes
23
Mediante su segundo motivo de casación, que ha de ser examinado en primer lugar, los recurrentes alegan que debe anularse el fundamento jurídico del auto impugnado según el cual procede declarar la inadmisibilidad de su razonamiento relativo al escrito de 5 de marzo de 2018 por cuanto no especificaron en absoluto las razones por las cuales —si es que pretendían sostener tal argumento— dicho escrito generaba la responsabilidad extracontractual de la Unión.
24
En efecto, los recurrentes sostienen que en modo alguno se ha pretendido que el escrito de 5 de marzo de 2018 haya generado responsabilidad extracontractual de la Unión y que sus alegaciones sobre este extremo en primera instancia tenían por objeto únicamente adelantarse a lo que sabían que la Comisión aduciría en su escrito de contestación a la demanda. Por consiguiente, entienden que debería haberse declarado la admisibilidad del recurso en cuanto a los motivos que contiene.
Apreciación del Tribunal de Justicia
25
Mediante su segundo motivo de casación, los recurrentes afirman de manera explícita que su demanda no contenía ningún motivo o alegación que sugiriera que el escrito de 5 de marzo de 2018 hubiera generado la responsabilidad extracontractual de la Unión.
26
Por consiguiente, este motivo, que tiene por objeto impugnar la apreciación del Tribunal General sobre la admisibilidad de tal motivo o alegación, no puede beneficiar a los recurrentes. En efecto, por un lado, según las propias aseveraciones de estos últimos, dicha demanda no contiene un motivo ni una alegación en tal sentido que puedan ser declarados admisibles. Por otro lado, esa apreciación del Tribunal General no afecta en absoluto a la admisibilidad de otras alegaciones formuladas en la referida demanda que fueron examinadas de forma separada por el Tribunal General.
27
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la existencia de un interés en el ejercicio de la acción requiere que, por su resultado, el recurso de casación pueda beneficiar a la parte que lo ha interpuesto (sentencia de 24 de junio de 2015, Fresh Del Monte Produce/Comisión y Comisión/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P y C‑294/13 P, EU:C:2015:416, apartado 46).
28
De ello se sigue que, a falta de un interés de los recurrentes en ejercitar la acción, el segundo motivo de casación debe ser declarado manifiestamente inadmisible.
Cuarto motivo, relativo a la apreciación por el Tribunal General de la supuesta negligencia de la Comisión en el control de la aplicación del Acuerdo Monetario Unión/Andorra
Alegaciones de los recurrentes
29
Mediante su cuarto motivo de casación, que debe examinarse en segundo lugar, los recurrentes alegan que, con la firma del Acuerdo Monetario Unión/Andorra, la Comisión adquirió unos compromisos concretos de control, supervisión y denuncia del Acuerdo, compromisos inherentes a su función de garante respecto del mismo, que se incardinan dentro de la obligación institucional que le asigna el artículo 17 TUE.
30
Los recurrentes sostienen que, sin embargo, la Comisión incumplió sus obligaciones cuando, teniendo pleno conocimiento de la transposición parcial de la Directiva 2014/59 operada mediante la Ley 8/2015, eludió su deber de actuar, en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos andorranos y de la Unión, y que tal elusión les irrogó unos importantísimos perjuicios. Pues bien, para los recurrentes, no existe ningún margen de discrecionalidad con respecto al cumplimiento de estas obligaciones en el que la Comisión pueda ampararse para justificar su negligencia y su pasividad.
31
Los recurrentes aducen que, de esta manera, la Comisión es responsable de haber permitido una transposición ilegal, interesada, retroactiva, parcial y dañina de la citada Directiva, incumpliendo tanto sus obligaciones institucionales como las que le incumben en virtud del Acuerdo Monetario Unión/Andorra, en particular, de los artículos 10, apartado 2, y 11, apartado 3, de este.
32
Para los recurrentes, en efecto, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General, interpretar el Acuerdo Monetario Unión/Andorra en el sentido de que no impone a la Comisión ninguna obligación de actuar ante incumplimientos del Principado de Andorra implica vaciar de contenido dicho Acuerdo e impide la consecución de los fines para los que se celebró. Los recurrentes añaden que, respecto del contenido del artículo 17 TUE, el Tribunal de Justicia ha declarado que la Comisión, en su condición de guardiana de los Tratados y de los acuerdos celebrados en virtud de estos, está obligada a cerciorarse del correcto cumplimiento por un tercer país de las obligaciones que ha contraído en virtud de un acuerdo celebrado con la Unión a través de los medios previstos en el acuerdo en cuestión o de las decisiones adoptadas en virtud de este.
33
En opinión de los recurrentes, esas obligaciones incumben particularmente a la Comisión porque al ciudadano andorrano no se le ha reconocido la posibilidad de invocar el efecto directo de las disposiciones de la Directiva 2014/59, ni tiene la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional nacional para solicitarle que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, ni puede interponer un recurso directo frente a actos que le resulten perjudiciales, como el que puede intentar el ciudadano monegasco en virtud del artículo 12, apartado 4, del Acuerdo Monetario Unión/Mónaco.
34
Los recurrentes sostienen que la inacción de la Comisión permitió así a las autoridades andorranas vulnerar su derecho de propiedad, lo que implica una vulneración del referido derecho imputable a aquella institución. Su omisión tuvo también por efecto un menoscabo de la confianza legítima de los recurrentes en el cumplimiento, por parte de la Comisión, de las obligaciones de control que le incumben con arreglo al Acuerdo Monetario Unión/Andorra.
35
Contrariamente a lo que declaró el Tribunal General, resulta claro, según los recurrentes, que el daño causado por tal inacción se concreta en la diferencia entre lo que han percibido estos tras la resolución de BPA y lo que hubieran recibido si la Comisión hubiera exigido que la Directiva 2014/59 se incorporase correctamente al Derecho andorrano, de modo que no puede negarse que se cumplen los requisitos para que nazca la responsabilidad de la Unión.
36
Los recurrentes señalan que, en efecto, aunque la deficiente transposición de esa Directiva, que generó el referido daño, fue llevada a cabo por el Principado de Andorra, tal deficiente transposición fue posible gracias a la inacción de la Comisión, debiendo asumir esta, por tanto, su responsabilidad.
37
Los recurrentes aducen que, a este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la Unión puede ser considerada responsable por el hecho de que sus instituciones dieran el visto bueno, aunque fuera de forma tácita, a actos que causaron daños a una parte demandante. Pues bien, si la Comisión hubiera cumplido con su labor, según los recurrentes, el Principado de Andorra se hubiera visto obligado a transponer de forma completa y fiel la Directiva 2014/59.
Apreciación del Tribunal de Justicia
38
Se ha de señalar, de entrada, que, por un lado, mediante las alegaciones resumidas en los apartados 29 a 34 del presente auto, los recurrentes impugnan las apreciaciones del Tribunal General relativas a la inexistencia de una violación caracterizada del Derecho de la Unión imputable a la Comisión, mientras que, por otro lado, mediante las alegaciones resumidas en los apartados 35 a 37 del presente auto, los recurrentes impugnan las apreciaciones del Tribunal General relativas a la inexistencia de una relación de causalidad entre las supuestas violaciones caracterizadas del Derecho de la Unión imputables a la Comisión y el daño que supuestamente se les irrogó.
39
Procede examinar, en primer lugar, las alegaciones relativas a esta relación de causalidad.
40
A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, en el sentido del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, es necesario que concurran tres requisitos cumulativos, a saber, la ilicitud de la actuación imputada a las instituciones de la Unión, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre esa actuación y el perjuicio invocado (sentencia de 25 de marzo de 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Comisión, C‑414/08 P, EU:C:2010:165, apartado 138).
41
En particular, el requisito relativo a la relación de causalidad establecido en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, entraña la existencia de una relación suficientemente directa de causa a efecto entre el comportamiento de las instituciones de la Unión y el daño, relación que corresponde probar al demandante, de modo que el comportamiento reprochado debe ser la causa determinante del perjuicio (sentencia de 13 de diciembre de 2018, Unión Europea/ASPLA y Armando Álvarez, C‑174/17 P y C‑222/17 P, EU:C:2018:1015, apartado 23).
42
En el presente asunto, de los apartados 64, 68, 72, 92, 99 y 101 del auto recurrido se desprende que el Tribunal General consideró, en primer lugar, que, aunque la Comisión hubiera examinado la Ley 8/2015 y hubiera sometido el asunto al Comité Mixto mencionado en los artículos 10, apartado 2, y 11, apartado 3, del Acuerdo Monetario Unión/Andorra, tal proceder no habría garantizado, por sí solo, que no se hubiera producido el supuesto perjuicio; en segundo lugar, que, aunque la Unión hubiera puesto fin a dicho Acuerdo, no es seguro que el Principado de Andorra hubiera modificado esa Ley; en tercer lugar, que lo mismo puede afirmarse respecto de una virtual modificación de los anexos de dicho Acuerdo, y, en cuarto lugar, que una actuación de la Comisión sobre la base del artículo 17 TUE, e incluso en razón de una eventual protección de la confianza legítima de los recurrentes o de la situación especial de los nacionales andorranos, no habría podido alcanzar ese objetivo, toda vez que dicha institución habría tenido que actuar a través de los medios previstos en ese mismo Acuerdo.
43
Ninguno de los argumentos expuestos por los recurrentes alcanza a poner en tela de juicio las anteriores apreciaciones del Tribunal General. En efecto, las alegaciones resumidas en los apartados 35 a 37 del presente auto no revelan error alguno del Tribunal General en la interpretación del Acuerdo Monetario Unión/Andorra, sino que presuponen que la Comisión puede imponer a las autoridades andorranas una transposición de la Directiva 2014/59 que los recurrentes consideren completa y correcta.
44
No obstante, como señaló acertadamente el Tribunal General en los apartados 62 a 64 del auto recurrido, del tenor del artículo 11, apartado 3, del Acuerdo Monetario Unión/Andorra se desprende, en primer término, que incumbe al Comité Mixto estudiar las medidas adoptadas por el Principado de Andorra y esforzarse por solucionar cualquier posible conflicto que se derive de la aplicación del citado Acuerdo. A continuación, del apartado 1 de dicho artículo se infiere que la Comisión no es la única representante de la Unión en el seno del Comité Mixto, sino que es un miembro más de una delegación que se compone también de representantes del Reino de España, de la República Francesa y del Banco Central Europeo (BCE). Por último, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, de dicho Acuerdo, si la Unión considerase que el Principado de Andorra ha incumplido una obligación establecida en el mismo Acuerdo, la Comisión solo podría someter el asunto al Tribunal de Justicia, en nombre de la Unión, a instancia de una recomendación de la delegación de la Unión en el seno del Comité Mixto.
45
Por lo tanto, las referidas disposiciones no atribuyen a la Comisión una potestad en virtud de la cual pueda obligar directamente al Principado de Andorra a que lleve a cabo una transposición específica de una directiva de la Unión.
46
De ello se sigue que la apreciación del Tribunal General según la cual no existe relación de causalidad entre las violaciones caracterizadas del Derecho de la Unión supuestamente cometidas por la Comisión y el perjuicio supuestamente sufrido por los recurrentes no adolece de error de Derecho.
47
En tales circunstancias, habida cuenta, en segundo lugar, de la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia en el apartado 40 del presente auto, las alegaciones resumidas en los apartados 29 a 34 del presente auto deben rechazarse por inoperantes.
48
En consecuencia, procede desestimar el cuarto motivo de casación por ser manifiestamente infundado.
Tercer motivo de casación, relativo a la apreciación por el Tribunal General de la supuesta negligencia de la Comisión en cuanto al contenido del Acuerdo Monetario Unión/Andorra
Alegaciones de los recurrentes
49
Mediante su tercer motivo de casación, que debe examinarse en tercer lugar, los recurrentes señalan que uno de los principales obstáculos con el que se encuentran es que no tienen vía directa para instar un análisis jurídico de la adecuación de la Ley 8/2015 a las disposiciones de la Directiva 2014/59 o un análisis del cumplimiento del Acuerdo Monetario Unión/Andorra y que tampoco pueden instar una revisión de tales análisis por el Tribunal de Justicia ni invocar el efecto directo de una directiva.
50
En efecto, habida cuenta de que, contrariamente a lo que afirmó el Tribunal General en el apartado 51 del auto recurrido, no existe una vía de recurso ante los tribunales andorranos que permita exigir una transposición correcta del Derecho de la Unión al ordenamiento jurídico andorrano, el único mecanismo de control de que el Principado de Andorra cumpla las obligaciones que le vienen impuestas por el Acuerdo Monetario Unión/Andorra consiste, según los recurrentes, en que la Comisión verifique, reaccione y lo denuncie o requiera y, en su caso, inste la intervención del Tribunal de Justicia.
51
Para los recurrentes, en consecuencia, el incumplimiento de las obligaciones que pesan sobre la Comisión se traduce directamente en una vulneración de sus derechos, como ciudadanos que se hallan en una situación en la que no pueden obtener la tutela efectiva de los tribunales andorranos a este respecto.
52
Los recurrentes alegan que, en cambio, el artículo 12, apartado 4, del Acuerdo Monetario Unión/Mónaco permite a cualquier persona física o jurídica que resida en el territorio del Principado de Mónaco acceder a todas las vías de recurso de que dispone un ciudadano de la Unión y establece la competencia directa del Tribunal de Justicia para conocer de todos los recursos concernientes a los actos de las instituciones de la Unión que tengan relación con dicho Acuerdo.
53
Según los recurrentes, al garantizar precisamente el derecho a la tutela judicial efectiva, tal disposición constituye una previsión absolutamente imprescindible en este tipo de acuerdos internacionales. De ahí que, al no introducir tal cláusula en el Acuerdo Monetario Unión/Andorra, la Comisión no actuó con la diligencia que se requería a la hora de negociar y firmar el referido Acuerdo. Para los recurrentes, dicho Acuerdo, consecuentemente, propicia una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva e implica una discriminación de los ciudadanos andorranos respecto de los ciudadanos monegascos, contrariamente a lo que afirmó indebidamente el Tribunal General en el apartado 50 del auto recurrido.
54
Los recurrentes añaden que, en particular, contrariamente a lo que afirmó el Tribunal General repetidas veces, el recurso ante el Tribunal General no se interpuso en razón del comportamiento de las autoridades andorranas, sino porque la Comisión había incumplido sus obligaciones.
Apreciación del Tribunal de Justicia
55
Contrariamente a lo que sostienen los recurrentes en su tercer motivo de casación, del tenor de los apartados 267 a 274 de la demanda en primera instancia se deduce que, mediante el motivo que formularon con carácter subsidiario, los recurrentes alegaban que la Comisión había incumplido su deber de diligencia a la hora de negociar y firmar el Acuerdo Monetario Unión/Andorra, en tanto en cuanto no había concertado la inclusión de una disposición que permitiera a cualquier persona física o jurídica domiciliada en Andorra ejercer, contra los actos andorranos, todas las vías de recurso abiertas a los ciudadanos de la Unión y que, por lo tanto, les permitiera acceder al Tribunal de Justicia, como hizo constar acertadamente el Tribunal General en el apartado 46 del auto recurrido.
56
Esto es lo que se desprende, en particular, de los apartados 271, 272 y 274 de la demanda en primera instancia, que están redactados en los siguientes términos:
«271
El daño provocado de forma directa por estas vulneraciones se concreta en la imposibilidad de [los recurrentes] de denunciar el incumplimiento flagrante del Principado de Andorra de la normativa comunitaria que debe transponer y, por tanto, del Acuerdo [Monetario Unión/Andorra]. El hecho de que el TJUE pudiera declarar la ilegalidad cometida por el Estado andorrano ya abriría una vía directa de reclamación de responsabilidad patrimonial del Principado de Andorra ante los tribunales nacionales andorranos […]
272
[…] De haber tenido que responder el Principado de Andorra por su responsabilidad patrimonial por aplicar ilegítimamente una norma retroactiva, ilegal y promulgada ad hoc en teórica transposición de la Directiva 2014/59 […] (la Ley 8/2015) a una compañía que se encontraba en concurso de acreedores […], se repondría a los [recurrentes] a la situación en que se hubieran encontrado de no haberse cometido ese ilegal procedimiento (esto es, a la del concurso de acreedores).
[…]
274
Por todo ello, […] se solicita [al] Tribunal General que declare la responsabilidad de [la Comisión] por su falta de diligencia en la firma del Acuerdo Monetario [Unión/Andorra], lo que ha provocado la imposibilidad de que los andorranos afectados por incumplimientos del mismo puedan denunciarlo ante el TJUE […]».
57
De ello se sigue, por un lado, que los recurrentes yerran al reprochar al Tribunal General no haber tenido en cuenta sus alegaciones en primera instancia y, por otro, que la argumentación que han formulado en su tercer motivo de casación debe ser declarada inadmisible, por cuanto va dirigida a reprochar al Tribunal General no haber hecho constar que la Comisión estaba obligada a incluir en el Acuerdo Monetario Unión/Andorra una disposición cuyo sentido no era el de permitir a cualquier persona física o jurídica domiciliada en Andorra ejercer, contra los actos andorranos, todas las vías de recurso abiertas a los ciudadanos de la Unión y permitirles así acceder al Tribunal de Justicia.
58
En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dado que, en el marco del recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia se limita a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos y alegaciones objeto de debate ante los jueces de primera instancia, una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia una alegación que no ha invocado ante el Tribunal General (sentencia de 26 de septiembre de 2018, Philips y Philips France/Comisión, C‑98/17 P, no publicada, EU:C:2018:774, apartado 42 y jurisprudencia citada).
59
A mayor abundamiento, cabe añadir que el Tribunal General concluyó, en el apartado 53 del auto recurrido, que los recurrentes no habrían tenido ninguna garantía de que, de haber podido ejercer las vías de recurso que ofrece el Derecho de la Unión contra los actos adoptados por las autoridades andorranas, por la violación del Acuerdo Monetario por el Principado de Andorra, el daño que invocan probablemente no se hubiera producido, y lo mismo puede afirmarse respecto de la inclusión en el Acuerdo Monetario Unión/Andorra de una cláusula como la establecida en el artículo 12, apartado 4, del Acuerdo Monetario Unión/Mónaco, aun cuando fuera interpretada en el sentido postulado por los recurrentes ante el Tribunal de Justicia.
60
Pues bien, habida cuenta igualmente de las apreciaciones efectuadas en los apartados 43 a 45 del presente auto, que indican que el Acuerdo Monetario Unión/Andorra no atribuye a la Comisión ninguna potestad directa coercitiva sobre las autoridades andorranas, es necesario señalar que los recurrentes no oponen ningún argumento que alcance a poner en tela de juicio la conclusión formulada por el Tribunal General en el apartado 53 del auto recurrido.
61
Por consiguiente, a la vista de la jurisprudencia mencionada en el apartado 40 del presente auto, sus alegaciones deben desestimarse, en cualquier caso, por inoperantes.
62
Por las razones que anteceden, procede declarar que el tercer motivo de casación es manifiestamente inadmisible y, en cualquier caso, manifiestamente infundado.
Primer motivo de casación, relativo a la apreciación por el Tribunal General de la admisibilidad de las alegaciones de los recurrentes basadas en los principios de seguridad jurídica y de transparencia, los principios esenciales sobre los que pivota la integración europea, la credibilidad de la Comisión y los derechos fundamentales
Alegaciones de los recurrentes
63
Mediante su primer motivo de casación, que debe examinarse en cuarto lugar, los recurrentes sostienen que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General, su argumentación para demostrar la incidencia de la actuación de la Comisión, como actuación que no salvaguarda y exige el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos con terceros Estados, en el menoscabo de los principios de seguridad jurídica y de transparencia y de los principios esenciales sobre los que pivota la integración europea, así como en detrimento de la credibilidad de la Comisión y de los derechos fundamentales, era una argumentación detallada. En particular, los recurrentes alegan haber afirmado que una confiscación de su propiedad fundada en una transposición parcial y retroactiva, en su perjuicio, de una directiva menoscaba la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las personas.
64
En consecuencia, los recurrentes sostienen que el pronunciamiento del Tribunal General declarando inadmisibles estas alegaciones es contrario a Derecho y debe ser sustituido por una declaración de admisibilidad.
Apreciación del Tribunal de Justicia
65
Los recurrentes aducen que el Tribunal General incurrió en error al declarar inadmisibles la alegaciones con las que pretendían hacer constar la vulneración de los principios de seguridad jurídica y de transparencia, de los principios esenciales sobre los que pivota la integración europea, de la credibilidad de la Comisión y de los derechos fundamentales, derivada del incumplimiento, por la Comisión, de las obligaciones que le incumben destinadas a garantizar que un tercer Estado adopte un comportamiento ajustado a los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos celebrados con la Unión.
66
Es preciso, pues, observar que tales argumentos hacen referencia a ese mismo supuesto comportamiento de la Comisión criticado mediante el tercer motivo de casación. Ahora bien, a este respecto, se ha constatado en los apartados 43 a 46 del presente auto que ninguno de los argumentos expuestos por los recurrentes alcanza a poner en tela de juicio la conclusión del Tribunal General según la cual no existe relación de causalidad entre tal comportamiento y el perjuicio supuestamente sufrido por estos últimos.
67
En tales circunstancias, a la vista de la jurisprudencia recordada en el apartado 40 del presente auto, tampoco pueden acogerse las alegaciones formuladas en el marco del primer motivo de casación, por ser en todo caso inoperantes y, por tanto, manifiestamente infundadas.
Quinto motivo de casación, relativo a la apreciación por el Tribunal General de la procedencia de dar por terminado el procedimiento mediante auto
Alegaciones de los recurrentes
68
Mediante su quinto motivo de casación, los recurrentes sostienen que el Tribunal General consideró erróneamente que su recurso carecía manifiestamente de todo fundamento. Por tanto, entienden que el Tribunal General no debería haber adoptado el auto recurrido, sino que debería haber continuado el procedimiento, celebrado una vista y ordenado la aportación de las pruebas solicitadas por los recurrentes.
Apreciación del Tribunal de Justicia
69
Conforme al artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, este podrá decidir en cualquier momento, si estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente, resolver mediante auto motivado sobre la base de dicha disposición.
70
Según reiterada jurisprudencia, la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General no vulnera, en sí misma, el derecho a un proceso judicial equitativo y efectivo, puesto que esta disposición solo es aplicable a los asuntos en los que es manifiesto que el recurso interpuesto ante el Tribunal General no puede prosperar (sentencia de 5 marzo de 2020, Credito Fondiario/JUR, C‑69/19 P, EU:C:2020:178, apartado 56).
71
En el presente asunto, contrariamente a lo que afirman los recurrentes, la conformidad a Derecho de la elección del Tribunal General de recurrir al artículo 126 de su Reglamento de Procedimiento no resulta enervada por ninguna de las alegaciones planteadas por aquellos, como se infiere del examen de los motivos de casación primero a cuarto.
72
De ello se sigue que el quinto motivo de casación debe ser desestimado por ser manifiestamente infundado.
73
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, debe desestimarse el recurso de casación, por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.
Costas
74
Con arreglo al artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, se decidirá sobre las costas en el auto que ponga fin al proceso.
75
En este caso, al haberse adoptado el presente auto antes de que el recurso de casación se haya notificado a la Comisión y, en consecuencia, antes de que esta haya podido incurrir en costas, procede resolver que los recurrentes carguen con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) resuelve:
1)
Desestimar el recurso de casación por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente infundado.
2)
CF, TB, LO, S. A., y UM, S. L., cargarán con sus propias costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.