SENTENCIA DE 13.12.1990 — ASUNTO T-l 15/89 
2. El Tribunal de Primera Instancia debe 
examinar de oficio si la institución de­
mandada cumplió la obligación que le in­
cumbía de motivar la decisión impug­
nada. 
3. La obligación que recae sobre los tribu­
nales de concursos con arreglo al sexto 
párrafo del artículo 5 del anexo III del 
Estatuto de redactar un informe moti­
vado, que ha de acompañar a la lista de 
aptitud dirigida a la autoridad facultada 
para proceder a los nombramientos tiene 
por finalidad permitir a la AFPN hacer 
un uso racional de su libertad de elección 
y valorar si las decisiones del tribunal del 
concurso fueron conformes a Derecho o 
si, a causa de la posible irregularidad en 
que haya podido incurrir el tribunal, 
debe hacer caso omiso de los resultados 
del concurso y convocar uno nuevo. A 
este respecto, el citado informe debe 
contener la indicación tanto acerca de los 
criterios generales sustentados por el tri­
bunal como sobre la aplicación que de 
los mismos hizo a los candidatos. 
4. El tribunal del concurso debe precisar 
cuáles de los requisitos establecidos en la 
convocatoria de concurso se reputan no 
cumplidos por el candidato. Sin embargo, 
con el fin de tener en cuenta las dificulta­
des prácticas que se presentan en un con­
curso al que se hayan presentado muchos 
candidatos, el tribunal del mismo puede, 
en un primer momento, no comunicar a 
los candidatos más que los criterios y el 
resultado de la selección, sin perjuicio de 
dar ulteriormente explicaciones indivi­
duales a aquellos candidatos que lo soli­
citen expresamente. 
5. Cuando la valoración de la experiencia 
profesional de un candidato supone una 
apreciación que se enmarca en las com­
petencias específicas de los miembros del 
tribunal, el Tribunal de Primera Instancia 
debe limitarse a verificar si el ejercicio de 
dicha facultad no adolece de un error 
manifiesto. 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta) 
13 de diciembre de 1990* 
En el asunto T-115/89, 
José María González Holguera, funcionario del Parlamento Europeo, representado 
por Me Blanche Moutrier, Abogado de Luxemburgo, que designa como domicilio 
en Luxemburgo el despacho de ésta, 16, avenue de la Porte-Neuve, 
parte demandante, 
* Lengua de procedimiento: francés. 
II - 832
GONZALEZ HOLGUERA / PARLAMENTO 
contra 
Parlamento Europeo, representado por el Sr. Jorge Campinos, Jurisconsulto, y el 
Sr. Manfred Peter, Jefe de División, en calidad de Agentes, que designa como 
domicilio en Luxemburgo la sede de la Secretaría General del Parlamento Euro­
peo, Kirchberg, 
parte demandada, 
que tiene por objeto la anulación de la decisión del tribunal del concurso-oposi­
ción general n° PE/126/LA (Consejero Lingüístico de lengua española) de no ad­
mitir al demandante para que participara en dicho concurso-oposición, 
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta), 
integrado por los Sres. C. P. Briët, Presidente; H. Kirschner y J. Biancarelli, Jue­
ces, 
Secretaria: Sra. B. Pastor, administradora 
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de 
octubre de 1990, 
dicta la siguiente 
Sentencia 
Hechos 
(omissis) 
21 El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que : 
1) Acuerde la admisión del recurso y lo declare fundado. 
2) Anule la decisión del tribunal del concurso-oposición general n° PE/126/LA, 
denominado «Consejero Lingüístico de lengua española», mediante la cual se 
excluyó al demandante de participar en las pruebas del mismo. 
II - 833
SENTENCIA DE 13.12.1990 — ASUNTO T-115/89 
3) Declare que, en la decisión que habrá de dictarse, será preciso tener en cuenta 
la anterior experiencia profesional del demandante en el ámbito de la traduc­
ción y en relación con la traducción. 
4) Anule las pruebas del concurso-oposición y el nombramiento efectuado en base 
al mismo, respectivamente. 
5) Condene en costas a la parte demandada. 
22 El Parlamento solicita al Tribunal de Primera Instancia que: 
— Desestime el recurso. 
— Resuelva sobre las costas, de acuerdo con las disposiciones estatutarias perti­
nentes. 
Fondo 
23 En apoyo de su recurso, el demandante alega cuatro motivos que este Tribunal de 
Primera Instancia considera que debe examinar en el orden lógico siguiente: en 
primer lugar, el tribunal no tuvo en cuenta que, en anteriores concursos, se le 
había admitido a participar, especialmente, en el concurso interno n° LA/103; en 
segundo lugar, la motivación de la decisión del tribunal resulta insuficiente e inco­
rrecta; en tercer lugar, el tribunal no tuvo en cuenta su experiencia profesional, y, 
en cuarto lugar, la decisión del tribunal resulta discriminatoria hacia él en relación 
con los demás candidatos al concurso-oposición. 
Primer motivo, fundado en que se había admitido la participación del demandante en 
anteriores concursos similares 
(omissis) 
29 Este Tribunal de Primera Instancia considera que es preciso señalar que, con arre­
glo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el supuesto de que varias convo­
II - 834
GONZALEZ HOLGUERA / PARLAMENTO 
catorias sucesivas de concursos establecieran requisitos de admisión formulados en 
los mismos términos, un candidato no puede ser objeto de una valoración menos 
favorable que la que recibió con ocasión de un concurso anterior, a menos que la 
motivación de la decisión justifique claramente esta diferencia de valoración (sen­
tencias del Tribunal de Justicia de 5 de abril de 1979, Kobor contra Comisión, 
112/78, Rec. 1979, p. 1573, 1578 y ss.; y de 12 de julio de 1989, Belardinelli 
contra Tribunal de Justicia, 225/87, Rec. 1989, p. 2353). Sin embargo, para que 
sea aplicable esta postura jurisprudencial, es preciso que los requisitos exigidos 
para ser admitido a tomar parte en el concurso anterior hayan sido los mismos o 
más estrictos que los exigidos en el concurso controvertido (véase la sentencia del 
Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1985, De Santis contra Tribunal de Cuen­
tas, 108/84, Rec. 1985, pp. 947, 959). Por consiguiente, es preciso examinar si tal 
es el caso en lo relativo a los concursos que indica el demandante. 
30 Por lo que se refiere al concurso interno n° LA/103 (Jefe de División), convocado 
por el Parlamento, hay que observar que tenía por objeto cubrir un puesto distinto 
de aquél para el cual se convocó el concurso-oposición controvertido. Del examen 
de la convocatoria de ambos concursos se deduce que se trataba de dos puestos del 
mismo grado, pero que las tareas que debían desempeñarse en los mismos sólo 
eran parcialmente comparables. Entre las funciones de Jefe de División predomina­
ban claramente las tareas de organización y de gestión de los trabajos de la Divi­
sión. Por su parte, el Consejero Lingüístico debía meramente «asistir» al Jefe de 
División en los trabajos de gestión pero, con carácter principal, en el ámbito 
lingüístico, sobre todo en lo relativo al control de la calidad de los textos traduci­
dos, la revisión y la traducción de textos complejos, así como la formación profe­
sional. Por consiguiente, entre las funciones de Consejero, predominaban clara­
mente las de índole puramente lingüística. 
3i Esta diferencia en la naturaleza de las funciones se vuelve a encontrar en los requi­
sitos de admisión a ambos concursos. En particular, el requisito relativo a la expe­
riencia profesional se hallaba definido en términos más generales en la convocato­
ria del concurso n° LA/103 que en la del concurso-oposición n° PE/126/LA. En 
el concurso n° LA/103, bastaba, para ser admitido a participar, acreditar una ex­
periencia profesional en los ámbitos «lingüístico, de la traducción, de la revisión o 
de la terminología». Por el contrario, la experiencia profesional que se exigía para 
participar en el concurso-oposición convocado para cubrir el puesto de Consejero 
Lingüístico se refería únicamente a los ámbitos «de la traducción y de la revisión», 
es decir, de una forma cumulativa y no alternativa. De esu forma, mientras que la 
experiencia profesional exigida para el puesto de Jefe de División podía haber sido 
adquirida bien en uno sólo de los cuatro ámbitos que se mencionaban en la convo­
catoria de concurso, o bien en varios de ellos, cualquiera que fuera la combina­
ción, la exigencia contenida en la convocatoria del concurso-oposición controver-
II - 835
SENTENCIA DE 13.12.1990 — ASUNTO T-115/89 
tido, de una experiencia acumulada en dos ámbitos bien definidos, pone de mani­
fiesto que las aptitudes exigidas en este último caso debían ser más específicas que 
las que se exigían en la primera convocatoria de concurso. Por consiguiente, este 
Tribunal de Primera Instancia ha tenido que llegar a la conclusión de que los 
requisitos de admisión al concurso convocado para cubrir el puesto de Jefe de 
División no eran ni los mismos ni más estrictos que los establecidos en la convoca­
toria del concurso-oposición controvertido. 
32 Por lo que se refiere al resto de los concursos en los que participó el demandante, 
hay que manifestar, en primer lugar, que los dos procedimientos organizados por 
el Parlamento, a saber, el procedimiento de selección n° PE/26/LA y el concurso 
PE/101/LA, iban destinados a cubrir puestos de traductores principales, de un 
nivel, por consiguiente, claramente distinto de aquél para el cual se convocó el 
concurso-oposición controvertido. Por lo que se refiere al concurso general 
n° EUR/LA/7, convocado por la Comisión, el demandante no ha presentado 
prueba alguna que permita verificar si este concurso era similar al concurso-oposi­
ción n° PE/LA/126, en lo relativo tanto al nivel de los puestos a cubrir como a los 
respectivos requisitos de admisión. Finalmente, no puede tenerse en cuenta el con­
curso-oposición n° CES/LA/4/89, dado que sólo fue convocado en abril de 1989, 
por consiguiente, con posterioridad a la decisión impugnada por el demandante. 
33 De esto se deduce que el demandante no ha acreditado que la valoración realizada 
sobre él al decidir no admitirle al concurso-oposición controvertido se halle en 
contradicción con la que se realizó sobre él al admitirle en concursos anteriores. 
Por consiguiente, carece de fundamento el primero de los motivos expuestos por el 
demandante. 
Segundo motivo, rektivo a L· insuficiente motivación de la decisión impugnada 
(omissis) 
37 A juicio de este Tribunal de Primera Instancia, hay que señalar, con carácter preli­
minar, que el apartado 2 del artículo 42 del Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal de Justicia, aplicable mutatis mutandis al procedimiento ante el Tribunal 
de Primera Instancia, establece que, en el curso del proceso, no podrán invocarse 
motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que 
hayan aparecido durante la fase escrita del procedimiento. No obstante, este Tri­
II - 836
GONZALEZ HOLGUERA / PARLAMENTO 
bunal de Primera Instancia está obligado a examinar de oficio si el Parlamento 
cumplió la obligación que le incumbía de motivar su decisión (véanse las sentencias 
del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 1959, Nold contra Alta Autoridad, 
18/57, Rec. V, pp. 91, 115; y de 1 de julio de 1986, Usinor contra Comisión, 
185/85, Rec. 1986, pp. 2079, 2098; así como la sentencia de este Tribunal de 
Primera Instancia de 20 de septiembre de 1990, Hanning, T-37/89, Rec. 1990, 
p. 11-463). 
38 Habiendo podido comprobar este Tribunal de Primera Instancia, en la respuesta 
dada al primer motivo, la existencia de diferencias entre los concursos en que el 
demandante participó anteriormente y el concurso-oposición controvertido, de 
esto se deduce que la admisión del demandante a los concursos anteriores no ha 
tenido ninguna influencia, en el caso de autos, sobre el alcance de la obligación de 
motivar la desestimación de su candidatura (véanse las sentencias del Tribunal de 
Justicia de 5 de agosto de 1979, Kobor; de 21 de marzo de 1985, De Santis, y de 
12 de julio de 1989, Belardinelli, ya citadas). 
39 Por lo que se refiere a la primera parte de este motivo, a saber, el pretendido 
incumplimiento por el tribunal del concurso-oposición de la obligación establecida 
en el sexto párrafo del artículo 5 del anexo III del Estatuto, de motivar su informe, 
es preciso poner de relieve que esta imputación no afecta a la motivación de la 
decisión del tribunal de cara a los candidatos, sino únicamente con respecto a la 
AFPN (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1989, Caturla-
Poch y De la Fuente Pascual, 361/87 y 362/87, Rec. 1989, p. 2471). Como lo 
estableció el Tribunal de Justicia en dicha sentencia, la exigencia de un informe 
motivado, cuando se trata de la valoración realizada sobre los candidatos incluidos 
en la lista de aptitud, tiene por finalidad permitir a la AFPN hacer un uso racional 
de su libertad de elección. A este fin, esta última debe ser informada tanto sobre 
los criterios generales empleados por el tribunal como sobre la aplicación que éste 
hace de los mismos a los candidatos. El Tribunal de Justicia consideró que, a este 
efecto, es suficiente que el informe del tribunal contenga la indicación de los resul­
tados cifrados obtenidos por los candidatos y que correspondan a los criterios de 
valoración. 
40 Por el contrario, cuando se trata de la exclusión de determinados candidatos a un 
concurso, como ocurre en el caso de autos, la exigencia de motivación tiene como 
finalidad permitir a la AFPN valorar si las decisiones del tribunal del concurso 
fueron conformes a Derecho o bien si debe hacer caso omiso de los resultados del 
concurso y convocar uno nuevo, a causa de la posible irregularidad en que haya 
podido incurrir el tribunal (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de 
octubre de 1986, Schwiering contra Tribunal de Cuentas, 321/85, Rec. 1986, 
pp. 3177, 3199, y Hoyer contra Tribunal de Cuentas, 322/85 y 323/85, 
Rec. 1986, p. 3215). A este respecto, la AFPN debe también ser informada acerca 
de los criterios generales sustentados por el tribunal en lo relativo a los requisitos 
de admisión y acerca de la aplicación que de los mismos hizo a los candidatos. 
II - 837
SENTENCIA DE 13.12.1990 — ASUNTO T-115/89 
4i En el caso de autos, el informe indicaba el número de años de experiencia que 
exigía el tribunal y aclaraba que esta experiencia debía acreditarse mediante docu­
mentos justificativos. Por consiguiente, la AFPN se hallaba en condiciones de con­
trolar si los criterios empleados por el tribunal se atenían a la convocatoria del 
concurso-oposición. A continuación, el tribunal acompañaba a su informe la lista 
de candidatos que no habían sido admitidos a participar indicando, en forma de 
código cifrado, el requisito de admisión que no se cumplía. Si bien es cierto que el 
informe no contenía una valoración expresa de los documentos presentados por 
cada candidato, sin embargo, las indicaciones dadas por el tribunal resultaban sufi­
cientes para que, en caso de impugnación, la AFPN pudiera verificar si las decisio­
nes del tribunal relativas a la admisión o sobre la negativa a la admisión a concu­
rrir de los distintos candidatos eran o no conformes a Derecho. Por consiguiente, 
el informe del tribunal cumple la exigencia de motivación establecida en el sexto 
párrafo del artículo 5 del anexo III del Estatuto. 
42 Por lo que se refiere a la segunda parte del motivo, fundada en la infracción de la 
obligación, establecida en el apartado 2 del artículo 25 del Estatuto, de motivar 
cualquier decisión lesiva adoptada en aplicación del Estatuto, es jurisprudencia rei­
terada que esta obligación tiene como finalidad, de un lado, indicar al demandante 
los datos necesarios para saber si la decisión resulta fundada o no, y de otro, hacer 
posible el control jurisdiccional (véanse, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de 
Justicia de 21 de junio de 1984, Lux contra Tribunal de Cuentas, 69/83, 
Rec. 1984, p. 2447, 2467, y de 13 de julio de 1989, Jaenicke Cendoya contra 
Comisión, apartado 10, 108/88, Rec. 1989, p. 2711, y la sentencia de este Tribu­
nal de Primera Instancia de 20 de septiembre de 1990, Hanning, T-37/89, ya ci­
tada, apartado 39). 
43 Más en particular, por lo que se refiere a las decisiones por las que se excluye la 
participación en el concurso, el Tribunal de Justicia ha precisado que, a este 
efecto, es necesario que el tribunal del concurso indique concretamente cuáles de 
los requisitos establecidos en la convocatoria del concurso se reputan no cumplidos 
por el candidato (véanse, por ejemplo, las sentencias de 30 de noviembre de 1978, 
Salerno contra Comisión, 4/78, 19/78 y 28/78, Rec. 1978, pp. 2403, 2416; y de 
21 de marzo de 1985, De Santis, 108/84, ya citada, p. 958). Sin embargo, a este 
respecto debe recordarse que el tribunal de un concurso al que se hayan presen­
tado muchos candidatos puede, en un primer momento, no comunicar a éstos más 
que los criterios y el resultado de la selección, sin perjuicio de dar ulteriormente 
explicaciones individuales complementarias a aquellos candidatos que lo soliciten 
expresamente (véase, en último término, la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 
de julio de 1989, Belardinelli, 225/87, antes citada). Por consiguiente, no se le 
puede reprochar al tribunal haber informado al demandante acerca de la decisión 
de no admitirle a tomar parte en el concurso-oposición enviándole la carta tipo de 
fecha 21 de noviembre de 1988, en la cual se indicaban con precisión suficiente 
cuáles eran los requisitos de la convocatoria del concurso-oposición que, a juicio 
del tribunal, no se cumplían. 
II - 838
GONZALEZ HOLGUERA / PARLAMENTO 
44 La caita que el presidente del tribunal dirigió al demandante el 19 de diciembre de 
1988, en respuesta a su solicitud de que se revisara su candidatura, precisaba, por 
su parte, la duración que había fijado el tribunal, en lo relativo a la práctica de la 
traducción y de la revisión como actividad principal y regular, con objeto de deter­
minar si la experiencia profesional de los candidatos cumplía los requisitos señala­
dos en la convocatoria del concurso-oposición. La carta indicaba, además, que los 
documentos justificativos que el demandante acompañó al formulario de su candi­
datura no habían permitido al tribunal comprobar si cumplía los citados requisitos. 
Estas indicaciones permitieron al demandante comparar los documentos que había 
aportado con los criterios adoptados por el tribunal. De ello podía deducir las 
razones por las cuales el tribunal consideró insuficientes tales certificados y apre­
ciar si la desestimación de su candidatura estaba fundada o no. Además, las alega­
ciones del demandante en el presente recurso ponen de manifiesto que conocía el 
conjunto de datos necesarios para garantizar eficazmente la defensa de sus dere­
chos. 
45 En virtud de todo lo expuesto, es preciso señalar que la decisión de no admitir al 
demandante para que participara en el concurso-oposición controvertido no ado­
lece de una motivación insuficiente y que debe desestimarse el segundo motivo. 
Tercer motivo, rehtivo a k valoración por el tribunal del concurso-oposición de la 
experiencia profesional del demandante 
(omissis) 
52 Este Tribunal de Primera Instancia entiende que se debe examinar si el tribunal del 
concurso-oposición, al excluir la candidatura del demandante, se excedió en el uso 
de la facultad de apreciación que le confería la convocatoria del concurso-oposi­
ción n° PE/126/LA o si incurrió en un error manifiesto en la valoración de las 
cualificaciones individuales del demandante (véanse las sentencias del Tribunal de 
Justicia de 26 de febrero de 1981, Authié contra Comisión, 34/80, Rec. 1981, 
pp. 665, 677, y de 4 de febrero de 1987, Maurissen contra Tribunal de Cuentas, 
417/85, Rec. 1987, pp. 551, 563). 
53 A este respecto, procede subrayar que incumbía al tribunal establecer, en el marco 
de la convocatoria de concurso-oposición, los criterios para admitir a los candida­
tos (sentencia de 26 de febrero de 1981, Authié, 34/80, ya citada, p. 678). En el 
caso de autos, los criterios adoptados por el tribunal se ajustan a la convocatoria 
II - 839
SENTENCIA DE 13.12.1990 — ASUNTO T-l 15/89 
del concurso-oposición. Por lo demás, el demandante no ha impugnado la decisión 
del tribunal del concurso-oposición de exigir, como requisito de admisión, una 
experiencia de tres años en el ámbito de la traducción y una experiencia suplemen­
taria de dos años en la revisión, es decir, un mínimo de cinco años de experiencia 
en el ámbito de la traducción y de la revisión. 
s* Por lo que se refiere a la valoración de la experiencia profesional del demandante, 
es preciso observar que dicha valoración lleva consigo una apreciación que se en­
marca en las competencias lingüísticas que posee el tribunal, necesarias a la hora 
de determinar si las funciones anteriormente desempeñadas por el demandante se 
corresponden con los citados criterios. Al controlar la conformidad a Derecho de 
tal enjuiciamiento, que se enmarca en la amplia facultad de apreciación de que 
dispone el tribunal en la materia, no incumbe a este Tribunal de Primera Instancia 
sustituir al tribunal del concurso. Este Tribunal de Primera Instancia debe limitarse 
a examinar si la decisión del tribunal adolece de un manifiesto error de apreciación 
(véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 1987, Maurissen, 
417/85, ya citada). 
55 El 1 de noviembre de 1988, tomado como día de referencia por el tribunal del 
concurso-oposición, el demandante acreditaba una experiencia profesional de dos 
años y casi diez meses en los ámbitos de la traducción y de la revisión dentro del 
Parlamento. Esta experiencia, por sí sola, resultaba insuficiente, vistos los criterios 
adoptados por el tribunal, con arreglo a los cuales se requería una experiencia total 
de cinco años en tales actividades. Sin embargo, dado que el trabajo del deman­
dante dentro del Parlamento podría considerarse como una práctica de la revisión 
durante un período superior a dos años, hay que examinar si el tribunal incurrió en 
un error manifiesto al no tener en cuenta la anterior experiencia profesional del 
demandante como experiencia en el ámbito de la traducción. 
56 A este respecto, el demandante alega, principalmente, que su actividad como lector 
durante tres años y un mes en la Universidad de Rouen debe considerarse como 
una experiencia en el ámbito de la traducción. Por lo que se refiere a las activida­
des desempeñadas por el demandante durante tal período, de una certificación que 
le expidió el Director del Instituto de español de esta Universidad, el 23 de octubre 
de 1985, se deduce que «sus aptitudes en la traducción hicieron que se le confiaran 
cursos de traducción inversa al más alto nivel, especialmente para la preparación 
de oposiciones a cátedra». Este documento demuestra, además, que el demandante 
se ocupó del cine-club y del equipo de teatro de este Instituto y que realizó investi­
gaciones; en particular, publicó un artículo sobre Miguel de Unamuno. Las funcio­
nes del demandante incluían la enseñanza de la traducción al español, otras activi­
dades relativas a la enseñanza de la lengua y de la cultura española así como la 
II - 840
GONZALEZ HOLGUERA / PARLAMENTO 
investigación en este ámbito. El resto de los documentos justificativos presentados 
por el demandante relativos a su actividad de lector sólo acreditan la duración de 
la misma sin indicar las tareas que llevó a cabo. 
57 En el marco del control jurisdiccional que este Tribunal de Primera Instancia está 
llamado a ejercer acerca de la valoración de tales documentos efectuada por el 
tribunal del concurso-oposición, es preciso señalar que los documentos obrantes en 
poder del tribunal relativos a la actividad realizada por el demandante en la Uni­
versidad de Rouen se referían, claramente y conforme cabe deducir de su tenor 
literal, a una experiencia profesional de docente universitario y no de traductor 
con carácter regular y principal. Además, ponían de manifiesto que el abanico de 
funciones desempeñadas por el demandante había sido a la vez más amplio y me­
nos específico que la experiencia de traducción y de revisión que exigía la convo­
catoria del concurso-oposición. Hay que añadir que el expediente individual del 
demandante, consultado por el tribunal, no contiene ningún documento que pueda 
llevar a una valoración distinta. En esta situación, es preciso señalar que el tribu­
nal, en la primera fase del concurso-oposición general externo controvertido, no 
incurrió en error manifiesto de apreciación al considerar que la experiencia profe­
sional adquirida por el demandante en la Universidad de Rouen no constituía una 
experiencia profesional principal y regular en el ámbito de la traducción. 
58 Por lo que se refiere a los anteriores trabajos desempeñados por el demandante en 
varias Universidades del Reino Unido y de Irlanda, de las certificaciones relativas a 
los mismos que constan en su expediente personal, se deduce que suponían, espe­
cialmente, tareas de enseñanza de la lengua española. Finalmente, las indicaciones 
que se hallan en el citado expediente relativas a los libros traducidos por el deman­
dante no ponen de manifiesto que ésta fuera su actividad principal y regular. De 
esto se deduce que el tribunal no incurrió tampoco en ningún error manifiesto de 
apreciación a este respecto. 
59 Por consiguiente, no cabe considerar que la valoración efectuada por el tribunal, 
con arreglo a la cual la experiencia profesional del demandante no cumplía los 
requisitos establecidos por la convocatoria del concurso-oposición, adolezca de un 
error manifiesto. De esto se deduce que carece de fundamento el tercer motivo del 
recurso. 
Último motivo del recurso 
60 Alegó también el demandante que el tribunal del concurso-oposición le discriminó 
en relación a los demás candidatos del mismo. Ello no obstante, debe señalarse 
II - 841
SENTENCIA DE 13.12.1990 — ASUNTO T-l 15/89 
que, ni en la fase escrita ni en la vista se ha presentado ningún medio de prueba 
que permita apreciar que esté fundado este motivo. Por consiguiente, sólo cabe 
desestimarlo (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 1989, 
Kerzmann contra Tribunal de Cuentas, 198/87, Rec. 1989, p. 2083). 
De cuanto antecede se desprende que debe desestimarse el presente recurso. 
Costas 
(omissis) 
En virtud de todo lo expuesto, 
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta) 
decide : 
1) Desestimar el recurso. 
2) Cada parte cargará con sus propias costas, incluidas las del procedimiento sobre 
medidas provisionales. 
Briet Kirschner Biancarelli 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de diciembre de 1990. 
El Secretario 
H. Jung 
El Presidente 
C. P. Briët 
II - 842