62021TJ0383
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada)
de 20 de diciembre de 2023 (
*1
)
«Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2021 — Obligación de motivación — Principio de buena administración — Principio de tutela judicial efectiva — Excepción de ilegalidad — Limitación de los efectos de la sentencia en el tiempo»
En el asunto T‑383/21,
La Banque postale, con domicilio social en París (Francia), representada por el Sr. A. Gosset-Grainville y la Sra. M. Trabucchi, abogados,
parte demandante,
contra
Junta Única de Resolución (JUR), representada por el Sr. J. Kerlin, la Sra. C. De Falco y el Sr. C. Flynn, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. H.‑G. Kamann, F. Louis y P. Gey y por la Sra. V. del Pozo Espinosa de los Monteros, abogados,
parte demandada,
apoyada por
Parlamento Europeo, representado por los Sres. J. Etienne, O. Denkov y M. Menegatti, en calidad de agentes,
por
Consejo de la Unión Europea, representado por las Sras. E. d’Ursel y A. Westerhof Löfflerová y por el Sr. J. Bauerschmidt, en calidad de agentes,
y por
Comisión Europea, representada por los Sres. D. Triantafyllou y A. Nijenhuis y por la Sra. A. Steiblytė, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada),
integrado por el Sr. A. Kornezov, Presidente, y los Sres. G. De Baere, D. Petrlík (Ponente) y K. Kecsmár y la Sra. S. Kingston, Jueces;
Secretaria: Sra. S. Jund, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 10 de marzo de 2023;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, La Banque postale, solicita la anulación de la Decisión SRB/ES/2021/22 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 14 de abril de 2021, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2021 al Fondo Único de Resolución (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), en lo que a ella se refiere.
I. Antecedentes del litigio
2
La demandante es una entidad de crédito con domicilio social en Francia.
3
Mediante la Decisión impugnada, la JUR fijó, con arreglo al artículo 70, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1), las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR) (en lo sucesivo, «aportaciones ex ante») para 2021 (en lo sucesivo, «período de contribución 2021») de las entidades comprendidas en el artículo 2, en relación con el artículo 67, apartado 4, de dicho Reglamento (en lo sucesivo, «entidades»), entre ellas la demandante.
4
Mediante acuerdo recaudatorio de 28 de abril de 2021, la Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) (Autoridad de Control Prudencial y de Resolución, Francia), en calidad de autoridad nacional de resolución en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 3, del Reglamento n.o 806/2014, requirió a la demandante el pago de su aportación ex ante correspondiente al período de contribución 2021, tal como quedó fijada por la JUR.
II. Decisión impugnada
5
La Decisión impugnada incluye el texto de la propia resolución y tres anexos.
6
La Decisión impugnada describe, en su texto, el proceso de determinación de las aportaciones ex ante para el período de contribución 2021, aplicable a todas las entidades.
7
Más concretamente, en la sección 5 de dicha Decisión, la JUR determinó el objetivo de financiación anual a que se refiere el artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que especifica condiciones uniformes de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 en lo que respecta a las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (DO 2015, L 15, p. 1), para el período de contribución 2021 (en lo sucesivo, «objetivo de financiación anual»).
8
La JUR explicó que establecía ese objetivo de financiación anual en una octava parte del 1,35 % del importe medio de los depósitos garantizados, calculado trimestralmente, del conjunto de entidades en 2020 (en lo sucesivo, «importe medio de los depósitos garantizados en 2020»), que había obtenido a partir de los datos comunicados por los sistemas de garantía de depósitos con arreglo al artículo 16 del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44).
9
En la sección 6 de la Decisión impugnada, la JUR describió el método conforme al cual debían calcularse las aportaciones ex ante correspondientes al período de contribución 2021. A este respecto, en el considerando 59 de dicha Decisión, precisó que, para ese período, el 13,33 % de las aportaciones ex ante se había calculado sobre la «base nacional», es decir, a partir de los datos comunicados por entidades autorizadas en el territorio del Estado miembro participante en cuestión (en lo sucesivo, «base nacional»), de conformidad con el artículo 103 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27), y con arreglo al artículo 4 del Reglamento Delegado 2015/63. El resto de las aportaciones ex ante (esto es, el 86,67 %) se calculó sobre la «base de la unión bancaria», esto es, a partir de los datos comunicados por todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes en el Mecanismo Único de Resolución (MUR) (en lo sucesivo, «base de la unión bancaria»), de conformidad con los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014 y con el artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81.
10
A continuación, la JUR calculó las aportaciones ex ante de las entidades, incluida la demandante, siguiendo las siguientes fases principales.
11
En la primera fase, la JUR calculó, con arreglo al artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, la contribución anual de base de cada entidad a prorrata del importe de los pasivos de la entidad en cuestión, con exclusión de sus fondos propios y depósitos con cobertura, con respecto a los pasivos totales, con exclusión de los fondos propios y los depósitos con cobertura, de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes. De conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, la JUR dedujo determinados tipos de pasivos del pasivo total de la entidad que debía tenerse en cuenta para determinar dicha contribución.
12
En la segunda fase del cálculo de la aportación ex ante, la JUR procedió a ajustar la contribución anual de base al perfil de riesgo de la entidad en cuestión, con arreglo al artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n.o 806/2014. Evaluó este perfil de riesgo con arreglo a los cuatro pilares de riesgo contemplados en el artículo 6 del Reglamento Delegado 2015/63, los cuales constan de diversos indicadores de riesgo. Con el fin de clasificar a las entidades según su nivel de riesgo, para empezar, la JUR estableció —para cada indicador de riesgo aplicado respecto al período de contribución 2021— una serie de intervalos (grupos de riesgo) a los que fueron asignadas las entidades, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de dicho Reglamento Delegado, bajo el epígrafe «Etapa 2», punto 3. En relación con cada indicador de riesgo, se atribuyó a las entidades integrantes de un mismo intervalo un valor común, denominado «valor discretizado». Combinando los valores discretizados de cada indicador de riesgo, la JUR calculó el «multiplicador de ajuste al riesgo» de la entidad en cuestión (en lo sucesivo, «multiplicador de ajuste»). Multiplicando la contribución anual de base de la entidad por su multiplicador de ajuste, la JUR obtuvo la «contribución anual de base ajustada al riesgo» de dicha entidad.
13
Seguidamente, la JUR sumó todas las contribuciones anuales de base ajustadas al riesgo para obtener el «denominador común», utilizado para calcular la parte del objetivo de financiación anual que debía pagar cada entidad.
14
Por último, la JUR calculó la aportación ex ante de cada entidad repartiendo el objetivo de financiación anual entre todas las entidades con arreglo al ratio existente entre la contribución anual de base ajustada al riesgo, por un lado, y el denominador común, por otro.
15
El anexo I de la Decisión impugnada contiene una ficha individual para cada entidad sujeta al pago de aportaciones ex ante, entre ellas la demandante, que incluye los resultados del cálculo de la aportación ex ante correspondiente a cada una de esas entidades (en lo sucesivo, «ficha individual»). Cada una de estas fichas indica el importe de la contribución anual de base de cada entidad, así como el valor de su multiplicador de ajuste, tanto sobre la base de la unión bancaria como sobre la base nacional, mencionando, para cada indicador de riesgo, el número del intervalo al que ha sido asignada la entidad en cuestión. Además, la ficha individual expone una serie de datos que se utilizan para calcular las aportaciones ex ante de todas las entidades afectadas, que la JUR determinó adicionando o combinando los datos individuales de todas esas entidades. Por último, la referida ficha incluye datos declarados por cada entidad en el formulario de declaración, que son utilizados para el cálculo de su aportación ex ante.
16
El anexo II de la Decisión impugnada recoge una serie de datos estadísticos referentes al cálculo de las aportaciones ex ante para cada Estado miembro participante, en forma resumida y agregada. Dicho anexo precisa, en particular, el importe global de las aportaciones ex ante que deben pagar las entidades afectadas en cada uno de esos Estados miembros. Por otra parte, ese mismo anexo enumera, para cada indicador de riesgo, el número de intervalos, el número de entidades incluidas en cada uno de los intervalos y los valores mínimos y máximos de estos intervalos. En el caso de los intervalos relativos a la base nacional, por razones de confidencialidad, dichos valores se encuentran deflactados o inflados con una cantidad aleatoria, manteniéndose la distribución original de las entidades.
17
En el anexo III de la Decisión impugnada, titulado «Análisis de los comentarios presentados en el marco de la consulta sobre las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución para 2021», se examinan las observaciones presentadas por las entidades durante el procedimiento de consulta tramitado por la JUR entre los días 5 y 19 de marzo de 2021 con vistas a la adopción de la Decisión impugnada.
III. Pretensiones de las partes
18
La demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule la Decisión impugnada en la medida en que la afecta.
–
Condene en costas a la JUR.
19
La JUR solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
–
Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal General estimase los motivos de recurso sexto, séptimo u octavo, anule únicamente la sección 11 de la Decisión impugnada, relativa a los compromisos de pago irrevocables (en lo sucesivo, «CPI»).
–
Con carácter subsidiario, en caso de anulación de la Decisión impugnada, mantenga los efectos de dicha Decisión hasta que sea sustituida o, al menos, durante un período de seis meses desde la fecha en que la sentencia sea firme.
20
El Parlamento Europeo solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso en cuanto que se basa en las excepciones de ilegalidad del Reglamento n.o 806/2014.
–
Condene en costas a la demandante.
21
El Consejo de la Unión Europea solicita al Tribunal General que desestime el recurso.
22
La Comisión Europea solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
IV. Fundamentos de Derecho
23
En apoyo de su recurso, la demandante invoca ocho motivos, basados, el primero, en la violación del principio de igualdad de trato; el segundo, en la violación del principio de proporcionalidad; el tercero, en la violación del principio de seguridad jurídica; el cuarto, en la violación del principio de buena administración; el quinto, en la violación del principio de tutela judicial efectiva; el sexto, en el incumplimiento de la obligación de motivación de la Decisión impugnada en lo que respecta al recurso a los CPI; el séptimo, en errores manifiestos de apreciación de la JUR al fijar el límite del recurso a los CPI en el 15 % del importe de las aportaciones ex ante y al aceptar únicamente como garantía el dinero en efectivo y, el octavo, en un error de Derecho por lo que se refiere a la limitación del recurso a los CPI.
24
En la vista, la demandante indicó que retiraba el sexto motivo.
A. Sobre las causas de inadmisión
25
Los cinco primeros motivos contienen excepciones de ilegalidad de varias disposiciones del Reglamento n.o 806/2014, del Reglamento Delegado 2015/63 y del Reglamento de Ejecución 2015/81.
26
La Comisión considera que procede declarar inadmisibles las excepciones de ilegalidad propuestas en apoyo de los tres primeros motivos.
27
La JUR no ha planteado ninguna causa de inadmisión en el presente asunto.
28
Pues bien, dado que la Comisión, en su condición de parte coadyuvante, solo está legitimada para plantear causas de inadmisión en la medida en que la parte a la que apoya haya propuesto tales causas de inadmisión (véanse, en este sentido, por analogía, las sentencias de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión, C‑313/90, EU:C:1993:111, apartados 20 a 22; de 17 de junio de 1998, Svenska Journalistförbundet/Consejo, T‑174/95, EU:T:1998:127, apartados 77 y 78, y de 7 de marzo de 2013, Cindu Chemicals y otros/ECHA, T‑95/10, EU:T:2013:108, apartado 32), lo que no sucede en el presente asunto, las causas de inadmisión planteadas por la Comisión son inadmisibles.
29
Sin embargo, procede examinar de oficio la admisibilidad de las excepciones de ilegalidad propuestas por la demandante, toda vez que las referidas causas de inadmisión son de orden público.
30
Según estas, la Comisión considera que la demandante no acredita la existencia de una conexión entre la Decisión impugnada y las disposiciones impugnadas y que carece de interés en obtener una declaración de ilegalidad de dichas disposiciones.
31
A este respecto, por una parte, de la jurisprudencia se desprende que una excepción de ilegalidad planteada de manera incidental al amparo del artículo 277 TFUE, con ocasión de la impugnación de la legalidad de otro acto mediante la pretensión principal, solo es admisible cuando exista una conexión entre el acto impugnado y la norma cuya supuesta ilegalidad se alega (sentencias de 30 de abril de 2019, Wattiau/Parlamento, T‑737/17, EU:T:2019:273, apartado 56, y de 16 de junio de 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Comisión, T‑126/19, EU:T:2021:360, apartado 33).
32
En el presente asunto, de la Decisión impugnada se desprende que todas las disposiciones cuya ilegalidad invoca la demandante se aplican en dicha Decisión, bien en la medida en que constituyen el fundamento de las aportaciones ex ante reclamadas a la demandante, como ocurre con el artículo 70, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 806/2014, bien en la medida en que determinan los parámetros para el cálculo de dichas aportaciones, como sucede con los artículos 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63. En consecuencia, contrariamente a lo que alega la Comisión, existe una relación jurídica directa entre la Decisión impugnada y las disposiciones impugnadas.
33
Por otra parte, en efecto, un recurso de anulación promovido por una persona física o jurídica solo es admisible en la medida en que esta tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Un interés de este tipo supone que la anulación de dicho acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas o que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto. El interés de la parte demandante en ejercitar la acción ha de ser efectivo y actual. No puede hacer referencia a una situación futura e hipotética (véase la sentencia de 5 de mayo de 2021, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA, T‑611/18, EU:T:2021:241, apartados 139 y 141 y jurisprudencia citada).
34
Así las cosas, en el presente asunto, todas las disposiciones a las que se refieren las excepciones de ilegalidad o bien constituyen el fundamento de las aportaciones ex ante que se reclamaron a la demandante para el año 2021, o bien determinan los parámetros para el cálculo de dichas aportaciones, de modo que la demandante tiene un interés efectivo y actual en que se declare su ilegalidad. En efecto, en el supuesto de que prosperaran las pretensiones de la demandante, tales aportaciones carecerían de fundamento jurídico. Por consiguiente, contrariamente a lo que alega la Comisión, la demandante tiene interés en obtener la declaración de ilegalidad de esas disposiciones.
35
En consecuencia, deben rechazarse las causas de inadmisión planteadas por la Comisión.
B. Sobre las excepciones de ilegalidad del Reglamento n.o 806/2014, del Reglamento Delegado 2015/63 y del Reglamento de Ejecución 2015/81.
1.
Sobre el primer motivo, basado en la violación del principio de igualdad de trato
36
Mediante su primer motivo, la demandante sostiene que el artículo 70, apartados 1 y 2, párrafo segundo, letras a) y b), del Reglamento n.o 806/2014 y los artículos 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 violan el principio de igualdad de trato. Las alegaciones en apoyo de este motivo se dividen en cuatro partes, basadas, la primera, en que no se tuvieron en cuenta las diferencias de situación entre las entidades de la unión bancaria; la segunda, en el carácter injustificado de la exclusión de los depósitos con cobertura de la base de cálculo de la contribución anual de base; la tercera, en el carácter injustificado de la falta de deducción de los pasivos admisibles y, la cuarta, en el carácter inapropiado de los criterios de ajuste de la contribución anual de base en función del perfil de riesgo.
37
Con carácter preliminar, se ha de precisar que ninguna de estas partes puede entenderse en el sentido de que la demandante alega en realidad que las disposiciones antes mencionadas adolecen de un error de apreciación por las razones indicadas en el anterior apartado 36. En la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal General, la demandante confirmó en efecto que, mediante el primer motivo en su conjunto, alega únicamente la violación del principio de igualdad de trato y no un error de apreciación.
38
Por otro lado, por lo que respecta a la violación del principio de igualdad de trato, procede recordar que este principio, como principio general del Derecho de la Unión, exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (sentencia de 3 de febrero de 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, apartado 95).
39
Dado que la violación del principio de igualdad de trato ha sido invocada por la demandante, corresponde a esta identificar con precisión las situaciones comparables que, a su juicio, han sido tratadas de manera diferente o las situaciones diferentes que, a su parecer, han sido tratadas de manera idéntica [sentencia de 12 de abril de 2013, Du Pont de Nemours (France) y otros/Comisión, T‑31/07, no publicada, EU:T:2013:167, apartado 311].
40
Según reiterada jurisprudencia, el carácter comparable de situaciones diferentes debe apreciarse sobre la base del conjunto de elementos que las caracterizan. Estos elementos deben determinarse y valorarse, en particular, a la luz del objeto y la finalidad del acto que establece la distinción de que se trate. Además, deben tenerse en cuenta los principios y objetivos del ámbito al que pertenece el acto en cuestión (véase la sentencia de 3 de febrero de 2021, Fussl Modestraße Mayr, C‑555/19, EU:C:2021:89, apartado 99 y jurisprudencia citada).
41
Por lo que respecta al objeto y a la finalidad del Reglamento n.o 806/2014 y del Reglamento Delegado 2015/63, es preciso recordar que, al igual que la Directiva 2014/59, estos actos se inscriben en el ámbito del MUR, cuya creación pretende, de conformidad con el considerando 12 del Reglamento n.o 806/2014, garantizar un enfoque neutral ante las entidades en graves dificultades, reforzar la estabilidad de las entidades de los Estados miembros participantes y evitar que, en su caso, las crisis tengan repercusiones en los Estados miembros no participantes en dicho mecanismo, con el fin de facilitar el funcionamiento del mercado interior en su conjunto.
42
Con vistas a asegurar la financiación de las actividades del MUR, la Directiva 2014/59, el Reglamento n.o 806/2014 y el Reglamento Delegado 2015/63 establecieron las aportaciones ex ante cuya naturaleza específica estriba, como se infiere de los considerandos 105 a 107 de la citada Directiva 2014/59 y del considerando 41 del Reglamento n.o 806/2014, en garantizar, siguiendo un sistema de tipo contributivo, que el sector financiero proporcione recursos financieros suficientes al MUR para que este pueda cumplir sus funciones y en incentivar a las entidades para que operen con arreglo a modelos menos arriesgados (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 113).
43
El examen de la legalidad de las disposiciones cuya ilegalidad invoca la demandante debe hacerse a la luz de estas consideraciones.
44
Entre dichas disposiciones figura, en primer lugar, el artículo 70, apartados 1 y 2, párrafo segundo, letras a) y b), del Reglamento n.o 806/2014, que establece la definición del objetivo de financiación anual que debe repartirse entre las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes.
45
Por otro lado, la demandante cuestiona la legalidad de los artículos 6 y 7 del Reglamento Delegado 2015/63, que precisan los criterios de adaptación de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo de las entidades, establecidos por el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2013/59. Más concretamente, el artículo 6 de dicho Reglamento Delegado enumera los pilares e indicadores de riesgo que la JUR debe tomar en consideración para evaluar los perfiles de riesgo de las entidades, mientras que el artículo 7 de ese mismo Reglamento Delegado precisa la ponderación relativa de cada pilar e indicador de riesgo que debe aplicar la JUR al evaluar el perfil de riesgo de cada entidad.
46
Por último, la demandante invoca la ilegalidad del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, que detalla las diferentes etapas del método de cálculo utilizado por la JUR para determinar el importe de las aportaciones ex ante y enuncia las fórmulas matemáticas que debe aplicar la JUR.
a)
Sobre las partes primera y segunda, basadas en la falta de consideración de las diferencias de situación entre las entidades de la unión bancaria y en el carácter injustificado de la exclusión de los depósitos con cobertura de la base de cálculo de la contribución anual de base
47
La primera parte del primer motivo se articula en dos alegaciones, basadas, la primera, en la falta de consideración de las diferencias de situación entre los sectores bancarios de los Estados miembros participantes y, la segunda, en la incoherencia asociada a la falta de consideración de los criterios de evaluación utilizados en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS).
48
Mediante la segunda parte del primer motivo, la demandante sostiene, en esencia, que el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014 viola el principio de igualdad de trato por cuanto establece una exclusión de los depósitos con cobertura del pasivo que se tiene en cuenta para calcular la contribución anual de base.
49
La JUR, el Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten estas alegaciones.
1) Primera alegación de la primera parte, basada en la falta de consideración de las diferencias de situación entre los sectores bancarios de los Estados miembros participantes, y segunda parte, relativa al carácter injustificado de la exclusión de los depósitos con cobertura de la base de cálculo de la contribución anual de base
50
En primer lugar, en el marco de la primera alegación de la primera parte, la demandante sostiene que la distribución de las aportaciones ex ante entre las diferentes entidades de la unión bancaria, efectuada sobre la base del artículo 70, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 806/2014 y de los artículos 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, se aplica con arreglo a criterios cuyas modalidades de cálculo obvian las diferencias de situación entre los sectores bancarios de los Estados miembros participantes. En particular, aduce que las citadas disposiciones no tuvieron en cuenta las características propias y el perfil singular de las entidades con domicilio social en Francia (en lo sucesivo, «entidades francesas»), como la demandante. Así, mientras que la situación en que se encuentran estas entidades es diferente de las que tienen su domicilio social en otros Estados miembros participantes (en lo sucesivo, «entidades de los demás Estados miembros»), reciben un trato idéntico en lo que respecta al cálculo del importe de las referidas aportaciones.
51
A este respecto, la demandante alega que las entidades francesas se diferencian de las entidades de los demás Estados miembros por el hecho de que, aunque en general cuentan con un importe total de pasivos elevado, la suma de depósitos con cobertura de que disponen es relativamente baja.
52
La demandante sostiene que presenta esta característica para exponer que ella misma resulta afectada por una violación del principio de igualdad de trato. Tal violación se debe a que el reducido importe al que ascienden sus depósitos con cobertura no le permite reducir su contribución anual de base y, por ende, aumenta «de manera artificial» el peso relativo de esta contribución en el cálculo del total de su aportación ex ante.
53
Así pues, la alegación de la demandante debe entenderse en el sentido de que, en esencia, se encuentra en una posición de desventaja respecto a las entidades que disponen de un elevado importe de depósitos con cobertura, las cuales están establecidas, en particular, en los otros Estados miembros, debido a que estas tienen la posibilidad de beneficiarse de una mayor deducción del pasivo considerado para calcular la aportación ex ante, de modo que, en realidad, la demandante debería recibir un trato diferente del aplicado a esas otras entidades.
54
Esta alegación se solapa con las formuladas en el marco de la segunda parte del primer motivo, basada en el carácter injustificado de la exclusión de los depósitos con cobertura de la base de cálculo de la contribución anual de base. Por consiguiente, deben examinarse conjuntamente.
55
A este respecto, procede señalar, para empezar, que la exclusión de los depósitos con cobertura de la base de cálculo de la contribución anual de base, establecida en el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, se aplica del mismo modo a todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta disposición, incluidas, pues, las entidades francesas, entre ellas la demandante, y las entidades de los demás Estados miembros, con independencia del importe al que asciendan sus depósitos con cobertura.
56
A continuación, por lo que respecta a la cuestión de si las entidades francesas, entre ellas la demandante, se encuentran en una situación comparable a la de las entidades de los demás Estados miembros a efectos de la aplicación de dicha exclusión, procede recordar que, como se ha indicado en el anterior apartado 42, la Directiva 2014/59 y el Reglamento n.o 806/2014 pretenden, en particular, garantizar, siguiendo un sistema de tipo contributivo, que el sector financiero proporcione recursos financieros suficientes al MUR para que este pueda cumplir sus funciones. Como contrapartida de su obligación de pago de aportaciones ex ante, todas las entidades se benefician de estas aportaciones gracias a la estabilidad del sistema financiero que asegura el FUR. Este beneficio existe independientemente del importe de los depósitos con cobertura de que dispongan las entidades y de la medida en que puedan excluir ese importe de la base de cálculo de su contribución anual de base.
57
Así las cosas, el mero hecho de que las entidades dispongan de distintos importes de depósitos con cobertura no las coloca en situaciones diferentes a la luz del objeto y la finalidad de la Directiva 2014/59 y del Reglamento n.o 806/2014.
58
Por último, la circunstancia de que el empleo de estos criterios resulte para la demandante en una aportación ex ante de importe diferente al de las demás entidades se debe simplemente a los distintos importes de depósitos con cobertura de que disponen.
59
Pues bien, aun suponiendo que el importe de depósitos con cobertura de que disponen las entidades francesas, entre ellas la demandante, sea inferior al de las entidades de los demás Estados miembros, esta circunstancia no basta para demostrar una violación del principio de igualdad de trato.
60
A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que la adopción por el legislador de la Unión de una normativa en un ámbito de actuación particular puede tener repercusiones diferentes para determinados operadores económicos en lo que respecta a su situación individual o a las normas nacionales a las que, por otro lado, están sometidos, sin que tal consecuencia pueda considerarse una violación del principio de igualdad de trato cuando dicha normativa se base en criterios objetivos y adaptados a las finalidades perseguidas por ella (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 19 de septiembre de 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C‑373/11, EU:C:2013:567, apartado 34 y jurisprudencia citada).
61
En el presente asunto, por un lado, procede señalar que la exclusión de los depósitos con cobertura de la base de cálculo de la contribución anual de base se fundamenta en criterios objetivos. A este respecto, del artículo 3, apartado 1, punto 11, del Reglamento n.o 806/2014, que remite al artículo 2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO 2014, L 173, p. 149), se desprende que el concepto de «depósitos con cobertura», en el sentido del Reglamento n.o 806/2014, corresponde, a efectos de la exclusión de dichos depósitos de la base de cálculo de la contribución anual de base, al concepto de «depósitos garantizados» en el marco del sistema de garantía de depósitos (SGD). Pues bien, este último concepto se define sobre la base de los criterios establecidos en los artículos 2, puntos 3 y 4, y 6 de la Directiva 2014/49, que tienen carácter objetivo.
62
Por otro lado, debe señalarse que la referida exclusión se sustenta en criterios adaptados a las finalidades perseguidas por el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014. En efecto, como explicó la JUR, esta exclusión tiene por objeto, en particular, evitar un efecto de doble cómputo de los depósitos con cobertura. A este respecto, procede recordar que las entidades están obligadas a pagar, atendiendo a esos depósitos, contribuciones a los SGD a los que estén afiliadas, con arreglo a la Directiva 2014/49. Pues bien, si, como afirma la demandante, los depósitos con cobertura no estuvieran excluidos de la base de cálculo de las aportaciones ex ante, las entidades estarían obligadas a pagar, atendiendo a esos mismos depósitos con cobertura, las aportaciones ex ante de forma paralela a las contribuciones que sirven para financiar los SGD.
63
En estas circunstancias, puede considerarse que la elección realizada por el legislador de la Unión, en el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, de excluir los depósitos con cobertura del total del pasivo de las entidades que debe tenerse en cuenta para calcular la contribución anual de base responde a criterios objetivos y adaptados a las finalidades perseguidas por dicha disposición.
64
En consecuencia, procede desestimar el primer argumento formulado por la demandante en apoyo de la primera alegación de la primera parte del primer motivo, así como la segunda parte de este motivo.
65
En segundo lugar, la demandante arguye que el método de cálculo establecido en las disposiciones a que se refiere el anterior apartado 50 da lugar a unas aportaciones ex ante considerablemente más elevadas para las entidades francesas que para las entidades de los demás Estados miembros y que dichas aportaciones han aumentado de manera sustancial desde 2016.
66
A este respecto, para empezar, la demandante no niega que los criterios para el cálculo de estas aportaciones ex ante se aplican del mismo modo a las entidades francesas, de las que forma parte, y a las entidades de los demás Estados miembros.
67
A continuación, la demandante no explica cómo incide la circunstancia evocada en el anterior apartado 65 en el examen de la cuestión de si se halla en una situación diferente a la de las entidades de los demás Estados miembros.
68
Por último, y en cualquier caso, el elevado importe de las aportaciones ex ante de las entidades francesas se debe a diversos factores que no han sido rebatidos por la demandante.
69
En primer término, la JUR precisó, sin que se le haya replicado, que, con carácter general, la proporción que representan los pasivos totales de las entidades francesas es mayor que la de las entidades de los demás Estados miembros, equivalente a más de una tercera parte de estos pasivos durante el período pertinente para el cálculo de las aportaciones ex ante.
70
Tal circunstancia repercute notablemente en el importe de la contribución anual de base de las entidades afectadas y, en consecuencia, en el importe de sus aportaciones ex ante. En efecto, de conformidad con el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59 y con el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, la contribución anual de base de cada entidad corresponde a la proporción que represente el pasivo de la entidad en cuestión, con exclusión de sus fondos propios y depósitos con cobertura, con respecto a los pasivos totales, con exclusión de los fondos propios y los depósitos con cobertura, de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes. La aplicación de estas disposiciones conduce, pues, a que las contribuciones anuales de las entidades francesas sean normalmente más elevadas que las de las entidades de los demás Estados miembros.
71
Pues bien, la demandante no ha impugnado la legalidad del artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59 y del artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, en virtud de los cuales el legislador de la Unión decidió basar el cálculo de las aportaciones ex ante en el importe de los pasivos de las entidades.
72
En segundo término, la demandante tampoco ha cuestionado la afirmación de la JUR de que, entre 2016 y 2021, el tamaño de los balances y los pasivos de las entidades francesas había aumentado, lo que supuso un incremento de la contribución anual de base de dichas entidades y, por ende, de las aportaciones ex ante adeudadas por la demandante.
73
En tercer término, la JUR explicó, sin ser contradicha, que el incremento de las aportaciones ex ante de las entidades francesas se había visto acelerado por el mecanismo de escalonamiento progresivo del cálculo de dichas aportaciones establecido en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81 (en lo sucesivo, «mecanismo de escalonamiento progresivo»). Según este mecanismo, aplicable, por otro lado, a todas las entidades afectadas, un porcentaje cada vez mayor de las aportaciones ex ante de las entidades se calcula sobre la base de la unión bancaria y no sobre la base nacional, porcentaje este que, a efectos del cálculo de las aportaciones ex ante para el período de 2021, ascendía al 86,67 %.
74
A este respecto, la JUR precisó que tal circunstancia implica que el perfil de riesgo de las entidades francesas se mide cada vez más por referencia al de las entidades de los demás Estados miembros. Así, habida cuenta de la proporción que representan los pasivos totales de las entidades francesas con respecto a los pasivos totales de las entidades de los demás Estados miembros, como se ha indicado en el apartado 69 anterior, el mecanismo de escalonamiento progresivo explica por qué —de acuerdo con las mismas aclaraciones aportadas por la JUR que no han sido rebatidas— el importe de las aportaciones ex ante de las entidades francesas, entre ellas la demandante, aumentó entre 2016 y 2021 en mayor medida que el de las entidades de los demás Estados miembros.
75
En consecuencia, el incremento de la aportación ex ante de las entidades francesas, como la demandante, se debe a un conjunto de factores objetivos, entre ellos el importe cada vez mayor de sus pasivos, y no por una supuesta desigualdad de trato de la que fueran objeto dichas entidades.
76
En estas circunstancias, la demandante no ha demostrado que las disposiciones a que se refiere el anterior apartado 50 vulneren el principio de igualdad de trato.
77
En tercer lugar, tampoco puede prosperar el argumento de la demandante según el cual, en esencia, el mecanismo de escalonamiento progresivo conduce a obviar las características propias de cada sector bancario y a crear una distorsión entre los sectores bancarios en detrimento del sector francés.
78
En efecto, este argumento pretende cuestionar la existencia misma del mecanismo de escalonamiento progresivo sin que la demandante invoque la ilegalidad de la disposición que lo establece, a saber, el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81.
79
En cualquier caso, esta disposición afecta a todas las entidades, entre ellas la demandante. Así pues, el mecanismo de escalonamiento progresivo se aplica de manera idéntica a las entidades francesas, incluida la demandante, y a las entidades de los demás Estados miembros. Además, en el supuesto de que la crítica de la demandante deba entenderse en el sentido de que las entidades francesas no se encuentran en una situación comparable a la de las entidades de los demás Estados miembros en el marco del mecanismo de escalonamiento progresivo, procede señalar que la demandante no ha aportado al Tribunal General prueba concreta alguna que demuestre que, en el marco de este mecanismo, la situación en la que se hallan las primeras difiera efectivamente de la de las segundas.
80
En cuarto lugar, la demandante sostiene que, además de no presentar el mismo riesgo que las entidades de los demás Estados miembros, es poco probable que pueda beneficiarse del FUR, habida cuenta del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL) al que está sujeta y de la necesaria aplicación del instrumento de recapitalización interna a una escala considerable y antes de cualquier intervención del FUR.
81
Para empezar, procede recordar que, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, punto 40, del Reglamento n.o 806/2014, los fondos propios corresponden a los recursos puestos a disposición de una entidad por sus accionistas u otros inversores y a los beneficios obtenidos por dicha entidad y no distribuidos.
82
A continuación, según el artículo 3, apartado 1, punto 49, del Reglamento n.o 806/2014, los «pasivos [admisibles]» son los pasivos e instrumentos de capital no calificados como instrumentos de capital de determinadas categorías y que no están excluidos del ámbito de aplicación del instrumento de recapitalización interna.
83
Además, el artículo 12, apartado 16, párrafo primero, letras a) a f), del Reglamento n.o 806/2014 establece que un pasivo admisible emitido para cumplir el MREL en el sentido del apartado 1 de esta misma disposición debe ser un instrumento emitido y plenamente desembolsado; que no debe tratarse de un pasivo que se le adeude a la propia entidad ni garantizado por ella; que la adquisición del instrumento no debe haber sido financiada directa o indirectamente por la entidad; que el pasivo debe tener un período de vencimiento restante de al menos un año y que el pasivo no debe surgir de un derivado ni de un depósito que goce de preferencia en la jerarquía nacional de insolvencia.
84
Por último, procede recordar que, como se desprende del considerando 73 y del artículo 27 del Reglamento n.o 806/2014, el instrumento de recapitalización interna limita los costes de la resolución de un ente en graves dificultades asumidos por los contribuyentes garantizando que los accionistas y los acreedores del ente en graves dificultades sufran las pérdidas pertinentes y asuman la parte correspondiente de los costes derivados de la inviabilidad del ente. Del mismo modo, del considerando 83 del Reglamento n.o 806/2014 se desprende que, para garantizar la eficacia del instrumento de recapitalización interna, el artículo 12 de este mismo Reglamento establece que las entidades deben poseer una cantidad de fondos propios y pasivos admisibles suficiente para absorber pérdidas y recapitalizar las entidades en graves dificultades.
85
Dicho esto, la demandante no niega que el Reglamento n.o 806/2014 y el Reglamento Delegado 2015/63 la tratan del mismo modo que a las demás entidades afectadas por lo que respecta a la toma en consideración de los requisitos en materia de MREL y a la aplicación del instrumento de recapitalización interna.
86
En estas circunstancias, en el supuesto de que la argumentación de la demandante deba entenderse en el sentido de que en realidad sostiene que se vio perjudicada por el hecho de que el Reglamento n.o 806/2014 y el Reglamento Delegado 2015/63 no tuvieron suficientemente en cuenta los requisitos en materia de MREL y a la aplicación del instrumento de recapitalización interna a efectos del cálculo del importe de las aportaciones ex ante, procede señalar lo siguiente.
87
Ante todo, la demandante no ha aportado al Tribunal General ningún dato concreto para rebatir la afirmación de la JUR de que las entidades que poseen unos pasivos elevados, como la demandante, son las que más pueden beneficiarse de los mecanismos de resolución establecidos por el Reglamento n.o 806/2014, y ello pese a los requisitos en materia de MREL u otros requisitos prudenciales a los que están sujetas. Respecto a este extremo, el considerando 5 del Reglamento Delegado 2015/63 señala además que, cuanto mayor sea una entidad, mayor será la probabilidad de que, en caso de dificultades, la autoridad de resolución considere de interés público proceder a su resolución y recurrir al FUR para garantizar una aplicación efectiva de los instrumentos de resolución.
88
A continuación, el artículo 6, apartado 2, letra a), del Reglamento Delegado 2015/63 establece un indicador de riesgo basado, en particular, en los requisitos relativos a los fondos propios y pasivos admisibles en el contexto de la evaluación del perfil de riesgo de las entidades, a efectos de calcular el importe de su aportación ex ante. Pues bien, la demandante no ha sostenido que se atribuyera un peso insuficiente a este indicador de riesgo en el cálculo de las aportaciones ex ante.
89
A este respecto, procede añadir que, si bien es cierto que el artículo 20 del Reglamento Delegado 2015/63 permite a la JUR no tener en cuenta, con carácter transitorio, el referido indicador de riesgo al calcular la aportación ex ante, la demandante no ha impugnado la validez de esta disposición.
90
Por último, de los artículos 22 y 27 del Reglamento n.o 806/2014 se desprende que, en el contexto de la adopción de una resolución con arreglo al citado Reglamento, el instrumento de recapitalización interna se aplica por igual a todas las entidades antes de recurrir al FUR. Además, la posibilidad de aplicar el instrumento de recapitalización interna no excluye la posibilidad de utilizar el FUR. En estas circunstancias, la demandante no ha demostrado que las entidades francesas se encuentren en una situación diferente a la de las entidades de los demás Estados miembros debido a sus MREL y a la posibilidad de que disponen de aplicar el instrumento de recapitalización interna.
91
En quinto lugar, la demandante afirma que, en su reunión de 9 de diciembre de 2014, el Consejo alcanzó un acuerdo político según el cual las «aportaciones francesas y alemanas» debían estar al mismo nivel durante el período transitorio.
92
Sin embargo, del acta de esta reunión del Consejo, publicada en su sitio de Internet, no se infiere que tal acuerdo exista.
93
Por consiguiente, procede desestimar el argumento de la demandante.
94
En sexto lugar, la demandante considera que fue tratada de forma desigual, por cuanto no pudo beneficiarse del régimen de cálculo de las aportaciones ex ante aplicable a las pequeñas y medianas entidades.
95
El artículo 10 del Reglamento Delegado 2015/63 y el artículo 8, apartado 5, del Reglamento de Ejecución 2015/81 establecen regímenes especiales en beneficio de las pequeñas y medianas entidades, de los que se desprende, por un lado, que las aportaciones ex ante de las entidades pequeñas están constituidas, en principio y a menos que concurran circunstancias específicas, por importes a tanto alzado y, por otro lado, que una parte de las aportaciones ex ante de las entidades medianas es un importe a tanto alzado y la otra parte puede calcularse con arreglo a las normas aplicables a todas las demás entidades. No obstante, habida cuenta de las consideraciones expuestas en el anterior apartado 87, las entidades de gran tamaño con un importe de los pasivos muy elevado, como la demandante, no presentan, por lo que respecta a la utilización del FUR, un perfil de riesgo equivalente o inferior al de las pequeñas y medianas entidades. Así pues, estas dos categorías de entidades no se encuentran en una situación comparable a efectos del cálculo de las aportaciones ex ante.
96
Por lo tanto, y habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, la demandante no ha demostrado que el artículo 70, apartados 1 y 2, párrafo segundo, letras a) y b), del Reglamento n.o 806/2014 y los artículos 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 violen el principio de igualdad de trato.
97
En consecuencia, procede desestimar por infundadas la primera alegación de la primera parte y la segunda parte del primer motivo.
2) Segunda alegación de la primera parte, basada en la incongruencia asociada a la falta de consideración de los criterios de evaluación empleados en el marco del MUS
98
La demandante sostiene que, habida cuenta de la continuidad y de la estrecha relación entre el MUS y el MUR, es incongruente evaluar el riesgo que presenta una entidad en el marco del MUR sin tomar en consideración los criterios de evaluación empleados en el marco del MUS, que permiten garantizar que las entidades con mayor probabilidad de recurrir al FUR sean las que más contribuyan a su financiación. Aduce que la falta de consideración de los criterios de evaluación empleados en el marco del MUS conduce así a penalizar a las entidades que presentan una menor probabilidad de recurrir al FUR, habida cuenta, en particular, de su reconocida solidez en el marco del MUS.
99
A este respecto, procede comenzar señalando que, pese a las exigencias derivadas de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 38 y 39, la demandante no explica con suficiente claridad por qué, para determinar si resultó afectada por una violación del principio de igualdad de trato, es pertinente la supuesta exigencia de congruencia con los criterios a que se refiere el anterior apartado 98.
100
En el caso de que, en estas circunstancias, la alegación de la demandante deba entenderse en el sentido de que realmente sostiene que recibe el mismo trato que las demás entidades que presentan un perfil de riesgo más elevado a la luz de los criterios de evaluación empleados en el marco del MUS, pese a que, según estos criterios, presenta una menor probabilidad de recurrir al FUR, procede señalar lo siguiente.
101
Es cierto que, como se desprende de los considerandos 11, 13, 15 y 52 del Reglamento n.o 806/2014, existe una relación de complementariedad entre las normas establecidas en el marco del MUR y las adoptadas en el marco del MUS.
102
En particular, algunos de los criterios de evaluación empleados en el marco del MUR son similares a los contemplados en el marco del MUS, establecidos, en particular, en el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1).
103
Varios criterios de la normativa relativa al MUR utilizan conceptos que se corresponden con los de la normativa adoptada en el marco del MUS e incluso se definen mediante referencia expresa a esta última. Es lo que sucede, en particular, con los conceptos de «fondos propios», «coeficiente ratio de apalancamiento» o «ratio de capital de nivel 1 ordinario» que son determinantes para la aplicación de los indicadores de riesgo enumerados en el artículo 6, apartado 2, letras a) a c), del Reglamento Delegado 2015/63 y que se definen, en el artículo 3 de este, por referencia al Reglamento n.o 575/2013.
104
No obstante, pese a esta relación de complementariedad, es preciso señalar que, como alega la JUR, sin que se le haya replicado en este punto, los objetivos perseguidos por la normativa relativa al MUR en materia de resolución de entidades son distintos de los que persigue la normativa relativa al MUS en cuanto a los requisitos en materia de supervisión.
105
Así, por un lado, como se desprende del anterior apartado 42, el objetivo de la normativa de la Unión en materia de resolución de entidades es, por lo que respecta a las aportaciones ex ante, garantizar, siguiendo un sistema de tipo contributivo, que el sector financiero proporcione recursos financieros suficientes al MUR para que este pueda cumplir sus funciones e incentivar a las entidades para que operen con arreglo a modelos menos arriesgados.
106
Por otro lado, los objetivos de la normativa de la Unión relativa a los requisitos prudenciales son, según el considerando 32 del Reglamento n.o 575/2013, fomentar las actividades bancarias económicamente útiles que sirvan al interés general y desalentar la especulación financiera insostenible sin un valor añadido real, pero también, en virtud del considerando 42 de este mismo Reglamento, aplicar mejores métodos de gestión y de medición del riesgo y emplearlos asimismo a efectos de los fondos propios reglamentarios.
107
De ello se deduce, más concretamente, que los objetivos perseguidos al evaluar el riesgo difieren según esta evaluación se efectúe con arreglo a la normativa relativa al MUR o en el marco del MUS. Así pues, la evaluación del riesgo en el marco del pilar II del MUS se efectúa con el fin de cumplir los requisitos prudenciales establecidos por este para garantizar que una determinada entidad disponga de fondos propios suficientes para hacer frente a cualquier riesgo específico que no esté cubierto por el pilar I del MUS, que corresponde a la evaluación transversal del riesgo de una entidad. El resultado de tal evaluación sirve para determinar los requisitos prudenciales que debe cumplir una entidad determinada para evitar su inviabilidad.
108
En cambio, la evaluación del riesgo en el marco del ajuste de la contribución anual de base en función del perfil de riesgo, prevista en el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n.o 806/2014 y en los artículos 5 a 9 del Reglamento Delegado 2015/63, se efectúa con el fin de distribuir las aportaciones ex ante entre todas las entidades afectadas. El resultado de tal evaluación sirve para apreciar no solo el riesgo de que una entidad determinada se encuentre en graves dificultades, sino también, de manera más amplia, el riesgo de que una entidad en graves dificultades recurra al FUR.
109
Además, la normativa relativa al MUR obedece a una lógica particular en el sentido de que el perfil de riesgo de una entidad determinada se evalúa también a la luz del perfil de riesgo de las demás entidades afectadas en su conjunto.
110
Habida cuenta de los respectivos objetos y fines específicos de las normativas relativas al MUS y al MUR y de la lógica comparativa en que se inscribe la normativa relativa al MUR, no puede apreciarse violación alguna del principio de igualdad de trato por el mero hecho de que el marco jurídico que regula el cálculo de las aportaciones ex ante del MUR no incorpore, como tales, los criterios de evaluación del riesgo establecidos en el marco del MUS.
111
De ello resulta que procede desestimar por infundada la segunda alegación de la primera parte del primer motivo y, con ella, esta parte en su totalidad.
b)
Sobre la tercera parte, basada en el carácter injustificado de la falta de deducción de los pasivos admisibles que cumplen los requisitos prudenciales del MREL
112
La demandante sostiene que el artículo 70, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 806/2014 y los artículos 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 violan el principio de igualdad de trato porque ni el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014 ni el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 contemplan la deducción de los pasivos admisibles del pasivo que se tiene en cuenta para calcular la contribución anual de base. Alega que esta normativa debería haber previsto tal deducción, puesto que los pasivos admisibles constituyen «fondos asimilables a fondos propios» que se destinan a cumplir los requisitos prudenciales del MREL y sirven para absorber pérdidas y para aplicar el instrumento de recapitalización interna.
113
La JUR, el Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten esta alegación.
114
Habida cuenta de las precisiones efectuadas por la demandante en la vista, procede señalar que esta sostiene, en esencia, en primer lugar, que la violación del principio de igualdad de trato deriva del hecho de que los pasivos admisibles se encuentran en una situación comparable a la de los fondos propios, pero reciben un trato diferente en la medida en que, con arreglo al artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, no están excluidos del pasivo que se tiene en cuenta para calcular la contribución anual de base.
115
A este respecto, procede recordar que, en virtud del artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, los fondos propios son excluidos del pasivo que se tiene en cuenta para calcular la contribución anual de base. En cambio, ni el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 ni el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, que establecen la exclusión de determinados pasivos del cálculo de la contribución anual de base, excluyeron los pasivos admisibles de dicho pasivo.
116
Procede examinar conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 40 si, a la luz del objeto y de la finalidad del Reglamento n.o 806/2014, los pasivos admisibles se encuentran en una situación comparable a la de los fondos propios, de modo que deberían excluirse del cálculo de la contribución anual de base.
117
En relación con este extremo, debe señalarse que, con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 y al artículo 48, apartado 1, de la Directiva 2014/59, al aplicar el instrumento de recapitalización interna a una entidad en un procedimiento de resolución, las autoridades nacionales de resolución ejercen las competencias de amortización y conversión de créditos en primer lugar en relación con los fondos propios y, a continuación —«únicamente en el caso de que» los fondos propios disponibles no hayan sido suficientes para absorber las pérdidas—, en relación con los pasivos admisibles.
118
Además, en virtud del artículo 21, apartados 1 y 7 bis, del Reglamento n.o 806/2014, la JUR ejerce las competencias de amortización o conversión de pasivos admisibles independientemente de la medida de resolución únicamente en relación con los pasivos admisibles que cumplan las condiciones específicas y restrictivas que figuran en el artículo 12 octies, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, salvo la condición relativa al vencimiento residual de los pasivos mencionada en el artículo 72 quater, apartado 1, del Reglamento n.o 575/2013. Estas disposiciones demuestran que la posibilidad de que la JUR proceda, al margen de una medida de resolución, a la amortización y la conversión de los pasivos admisibles depende del cumplimiento de unas condiciones específicas y restrictivas, a diferencia de lo que sucede con respecto a los fondos propios.
119
Por último, el artículo 27, apartado 5, del Reglamento n.o 806/2014 establece que, en circunstancias excepcionales, en el supuesto de se aplique el instrumento de recapitalización interna, determinados pasivos admisibles podrán excluirse total o parcialmente de la aplicación de las facultades de amortización o de conversión. Ahora bien, tal posibilidad no existe en lo que respecta a los fondos propios.
120
Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la demandante, los pasivos admisibles no tienen la misma capacidad que los fondos propios para absorber las pérdidas de las entidades.
121
En estas circunstancias, procede concluir que, pese a las exigencias derivadas de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 39, la demandante no ha demostrado que los pasivos admisibles se encuentren en una situación comparable a la de los fondos propios en cuanto atañe a su capacidad para absorber pérdidas y para aplicar el instrumento de recapitalización interna.
122
En segundo lugar, la demandante critica que el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 no contemple la deducción de los pasivos admisibles del pasivo utilizado como base de cálculo para determinar la contribución anual de base.
123
A este respecto, ha de señalarse que esta disposición tampoco establece la exclusión de los fondos propios del pasivo que se emplea como base de cálculo para determinar la contribución anual de base, exclusión que establece el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014.
124
Además, de la jurisprudencia se desprende que la consideración del principio de igualdad de trato no permite justificar la deducción de los pasivos admisibles del pasivo utilizado como base de cálculo para determinar la contribución anual de base, puesto que el Reglamento Delegado 2015/63 estableció una distinción entre situaciones que presentan notables particularidades, directamente relacionadas con los riesgos que presentan los pasivos de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, apartado 95).
125
De lo anterior resulta que el hecho de no haber contemplado en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 la deducción de los pasivos admisibles del pasivo empleado como base de cálculo para determinar la contribución anual de base no constituye una violación del principio de igualdad de trato.
126
En consecuencia, debe desestimarse por infundada la tercera parte del primer motivo.
c)
Sobre la cuarta parte, basada en que las aportaciones ex ante no son representativas del riesgo realmente soportado, debido a los criterios empleados para calcular el multiplicador de ajuste
127
Mediante la cuarta parte del primer motivo, la demandante alega que el artículo 70, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 806/2014 y los artículos 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 violan el principio de igualdad de trato por cuanto las aportaciones ex ante no son representativas del riesgo realmente soportado debido a los criterios empleados para calcular el multiplicador de ajuste. A este respecto, la demandante formula tres alegaciones basadas, la primera, en que no se tuvo en cuenta el perfil de riesgo intrínseco global de cada entidad; la segunda, en la falta de apreciación de los factores de riesgo a la luz de cualquier exigencia impuesta por la autoridad de supervisión en el marco del MUS y, la tercera, en la imposibilidad de tener en cuenta globalmente cada especificidad individual de cada entidad.
1) Primera alegación de la cuarta parte, basada en la falta de consideración del perfil de riesgo intrínseco global de cada entidad
128
La demandante sostiene que los criterios establecidos en los «artículos 6 y siguientes» del Reglamento Delegado 2015/63 tienen en cuenta factores de riesgo considerados individualmente y no tienen en cuenta el perfil de riesgo intrínseco global de cada entidad.
129
La JUR, el Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten esta alegación.
130
Para empezar, procede señalar que, en contra de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 39, la demandante no ha identificado con precisión las situaciones comparables que, en su opinión, fueron tratadas de manera diferente o las situaciones diferentes que supuestamente fueron tratadas de manera idéntica en lo que respecta a la determinación por el legislador de la Unión de los criterios de ajuste de la contribución anual de base en función del perfil de riesgo.
131
A continuación, consta que los criterios para calcular el multiplicador de ajuste, que conducen al ajuste de la contribución anual de base en función del criterio de riesgo, se aplican a todas las entidades afectadas, como la demandante, quedando a salvo aquellas que pueden optar al pago de una contribución a tanto alzado en virtud del artículo 10 del Reglamento Delegado 2015/63 y las mencionadas en el artículo 11 de dicho Reglamento Delegado. En estas circunstancias, la demandante no recibe un trato diferente por lo que respecta a estos criterios.
132
Además, la demandante no ha sostenido —y menos aún demostrado— que la violación del principio de igualdad de trato derive del hecho de que no deba ser tratada del mismo modo que las demás entidades en lo que respecta a la aplicación de los criterios de cálculo del multiplicador de ajuste antes mencionados.
133
Por otro lado, aun suponiendo que la crítica de la demandante deba entenderse en el sentido de que esta no se encuentra en una situación comparable a la de las demás entidades y debe ser tratada de manera diferente, es preciso señalar que la demandante no ha aportado al Tribunal General prueba concreta alguna que acredite que se halla en tal situación.
134
Por último, y en cualquier caso, la argumentación de la demandante se basa en premisas erróneas. En primer lugar, la demandante sostiene erróneamente que los criterios establecidos por el Reglamento Delegado 2015/63 no tienen en cuenta el perfil de riesgo intrínseco global de las entidades. En efecto, varios de los cuatro pilares de riesgo mencionados en el artículo 6 del Reglamento Delegado 2015/63, en particular el relativo a la importancia de la entidad para la estabilidad del sistema financiero o de la economía, permiten tal análisis global.
135
En segundo lugar, procede desestimar las críticas formuladas por la demandante contra los criterios establecidos en los «artículos 6 y siguientes» del Reglamento Delegado 2015/63, por cuanto consideran las cifras de los bancos regionales pequeños, lo que, en su opinión, genera un sesgo negativo en perjuicio de las entidades grandes, debido a que esos bancos regionales disponen de un importe considerable de depósitos con cobertura, a diferencia de las grandes entidades, como la demandante, cuyas actividades no implican, sin embargo, mayores riesgos.
136
En efecto, por una parte, de los anteriores apartados 51 a 63 resulta que la demandante no ha demostrado que excluir los depósitos con cobertura a los efectos del cálculo de la aportación ex ante vulnere el principio de igualdad de trato. Por otra parte, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 94 y 96, las entidades grandes con un importe de los pasivos muy elevado, como la demandante, no presentan un perfil de riesgo equivalente o inferior al de las entidades pequeñas y medianas. Así pues, estas dos categorías de entidades no se encuentran en una situación comparable a efectos de la apreciación que debe efectuar la JUR para calcular las aportaciones ex ante.
137
En consecuencia, procede desestimar la presente alegación por infundada.
2) Segunda alegación de la cuarta parte, basada en la falta de apreciación de los factores de riesgo a la luz de las exigencias impuestas por la autoridad de supervisión en el marco del MUS
138
La demandante sostiene que el método de ajuste de la contribución anual de base en función del perfil de riesgo conduce a que los factores de riesgo sean evaluados al margen de cualquier exigencia impuesta por la autoridad de supervisión en el marco del MUS. Pues bien, conforme a los criterios empleados en el marco del MUS, las entidades francesas son las que menor riesgo presentan de la unión bancaria, mientras que, según los criterios de evaluación establecidos en el Reglamento Delegado 2015/63, son las de mayor riesgo.
139
La JUR y el Consejo rebaten esta argumentación.
140
La presente alegación coincide en esencia con la segunda alegación de la primera parte del primer motivo, que ha sido desestimada en los apartados 100 a 110 de la presente sentencia.
141
Así pues, la presente alegación debe desestimarse por los mismos motivos.
3) Tercera alegación de la cuarta parte, basada en la imposibilidad de tener en cuenta globalmente cada especificidad individual de cada entidad
142
La demandante considera que el artículo 70, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 806/2014 y los artículos 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 violan el principio de igualdad de trato debido a que, en el marco de un proceso aplicado de manera uniforme a todas las entidades y con vistas a distribuir de manera igual y proporcional entre ellas el importe correspondiente al objetivo de financiación anual, no es posible tener en consideración globalmente cada especificidad individual de cada entidad.
143
La JUR y el Consejo rebaten esta alegación.
144
Para empezar, procede señalar que, al formular su argumento, la propia demandante reconoce que el método de cálculo de las aportaciones ex ante criticado se aplica del mismo modo a todas las entidades.
145
A continuación, en el supuesto de que la crítica de la demandante deba entenderse en el sentido de que no se encuentra en una situación comparable a la de las demás entidades y debe ser tratada de manera diferente, debe señalarse que la demandante no ha aportado al Tribunal General prueba concreta alguna que acredite que se halla en tal situación.
146
Por último, y en cualquier caso, la alegación de la demandante equivale a sostener, en realidad, que los criterios de ajuste de la contribución anual de base en función del perfil de riesgo no son adecuados. Pues bien, la demandante no ha aportado al Tribunal General ningún dato pormenorizado para demostrar de manera concreta el carácter inadecuado de dichos criterios, limitándose a formular afirmaciones sin ninguna base.
147
Por consiguiente, debe desestimarse la tercera alegación y, con ella, la cuarta parte del primer motivo y este motivo en su totalidad.
2.
Sobre el segundo motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
148
La demandante sostiene que el artículo 70, apartados 1 y 2, párrafo segundo, letras a) y b), del Reglamento n.o 806/2014 y los artículos 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 establecen una metodología para el cálculo de las aportaciones ex ante que viola el principio de proporcionalidad.
149
La JUR, el Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten esta alegación.
150
El principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, exige que los actos de las instituciones de la Unión sean idóneos para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar tales objetivos, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos (sentencias de 4 de mayo de 2016, Philip Morris Brands y otros, C‑547/14, EU:C:2016:325, apartado 165, y de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR, T‑758/18, EU:T:2021:28, apartado 142; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2010, Vodafone y otros, C‑58/08, EU:C:2010:321, apartado 51).
151
Por lo que se refiere al control judicial de los requisitos a que se refiere el anterior apartado 150, procede recordar que el legislador de la Unión goza de una amplia facultad discrecional al determinar el método de cálculo de las aportaciones ex ante, puesto que debe intervenir en un ámbito que implica que se pronuncie sobre opciones de naturaleza política y económica y realice apreciaciones complejas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartados 117 y 118).
152
Del mismo modo, en el contexto de un poder delegado en el sentido del artículo 290 TFUE, la Comisión goza, en el ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas, de una amplia facultad de apreciación cuando su acción implica, en particular, realizar apreciaciones y evaluaciones complejas (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, apartado 53 y jurisprudencia citada).
153
Este es, particularmente, el caso del Reglamento Delegado 2015/63, mediante el cual la Comisión precisó las normas de ajuste de las aportaciones ex ante en función del perfil de riesgo, con arreglo al artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59.
154
En efecto, como se desprende de los documentos relativos a la adopción del Reglamento Delegado 2015/63, en particular los documentos «JRC technical work supporting Commission second level legislation on risk based contributions to the (single) resolution fund» [Estudio técnico del JRC en apoyo de la legislación de segundo nivel de la Comisión sobre las contribuciones al Fondo (Único) de Resolución basadas en el riesgo; en lo sucesivo, «estudio técnico del JRC»], y «Commission Staff Working Document: estimates of the application of the proposed methodology for the calculation of contributions to resolution financing arrangements» (Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: estimaciones de la aplicación del método propuesto para el cálculo de las aportaciones a los mecanismos de financiación de resoluciones), la elaboración de tales normas suponía para la Comisión la realización de apreciaciones y evaluaciones complejas en la medida en que dicha institución debía examinar los diferentes factores que definían los diversos tipos de riesgo en el sector bancario y financiero.
155
En estas circunstancias, y conforme a la jurisprudencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de mayo de 2016, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑358/14, EU:C:2016:323, apartados 79, 96 y 97 y jurisprudencia citada, y de 21 de diciembre de 2022, Firearms United Network y otros/Comisión, T‑187/21, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2022:848, apartados 122 y 123 y jurisprudencia citada), el control por el Tribunal General del respeto del principio de proporcionalidad debe limitarse a examinar si las medidas adoptadas por el legislador de la Unión y por la Comisión son manifiestamente inadecuadas a la vista del objetivo perseguido, si no exceden manifiestamente de lo necesario para alcanzarlo o si no conllevan inconvenientes manifiestamente desproporcionados con dicho objetivo.
156
A este respecto, la demandante formula, en esencia, tres argumentos.
157
En primer lugar, debe examinarse el argumento de la demandante según el cual el artículo 70, apartados 1 y 2, párrafo segundo, letras a) y b), del Reglamento n.o 806/2014 y los artículos 6 y 7 y anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 violan el principio de proporcionalidad debido a que el cálculo de la aportación ex ante de cada entidad depende de la situación de otras entidades, sin que se respete el objetivo de distribución equilibrada en función del riesgo. En particular, la demandante sostiene que el sector bancario francés soporta una carga desproporcionada a causa de esta interdependencia entre entidades.
158
Por lo que respecta, para empezar, al carácter adecuado del método de cálculo de las aportaciones ex ante, por un lado, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha admitido que el legislador de la Unión, dentro del marco de su amplia facultad de apreciación, podía optar por un método de cálculo de las aportaciones ex ante basado especialmente en un análisis comparativo de la situación financiera de cada entidad autorizada en los Estados miembros participantes (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 118).
159
Por otro lado, la demandante no ha invocado dato alguno que permita cuestionar los fundamentos en que se sustenta esta constatación o la afirmación de la JUR de que tal método de cálculo pretende incentivar a las entidades para que operen con arreglo a modelos menos arriesgados alentándolas, en particular, a mejorar su posición respecto a la de las demás entidades.
160
En estas circunstancias, la demandante no puede sostener que el cálculo de las aportaciones ex ante sobre la base del análisis comparativo de la situación financiera de cada entidad constituye una medida manifiestamente inadecuada para alcanzar el objetivo mencionado en el anterior apartado 159.
161
En cuanto al carácter necesario del método a que se refiere el anterior apartado 159, la demandante alega que las aportaciones ex ante podrían haberse calculado mediante otro método basado únicamente en los datos propios de la entidad en cuestión. No obstante, aun suponiendo que la aplicación de tal método diera como resultado una aportación ex ante menos elevada y, por ende, menos onerosa para las entidades, no se ha demostrado que permita alcanzar el objetivo enunciado en el anterior apartado 159 con la misma eficacia que el método de cálculo comparativo establecido por el legislador de la Unión y la Comisión.
162
Habida cuenta del tenor de los argumentos de la demandante, no se ha demostrado que el método de cálculo exceda manifiestamente de lo necesario para alcanzar el objetivo referido en el anterior apartado 159.
163
Por último, la demandante no ha demostrado que el cálculo de las aportaciones ex ante sobre la base del análisis comparativo de la situación financiera de cada entidad ocasione inconvenientes manifiestamente desproporcionados con el objetivo perseguido, descrito en el anterior apartado 159.
164
En segundo lugar, la demandante sostiene que la evaluación del perfil de riesgo de las entidades a efectos del cálculo de las aportaciones ex ante se basa en criterios que no guardan relación con los que se aplican en el marco del MUS. Alega que, debido a esta falta de correlación, está sujeta a una aportación ex ante cuyo importe es artificialmente elevado y desproporcionado.
165
Por lo que respecta, en primer término, a la idoneidad de los criterios de evaluación del perfil de riesgo de las entidades, establecidos en el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59 —al que remite además el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n.o 806/2014— y en los artículos 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, del contenido de estas disposiciones y de los considerandos 107 de la Directiva 2014/59, 109 del Reglamento n.o 806/2014 y 5 del Reglamento Delegado 2015/63 se desprende que dichos criterios tienen por objeto garantizar que las entidades que operan con arreglo a modelos más arriesgados tengan que pagar aportaciones ex ante de mayor cuantía que las que hayan optado por operar conforme a modelos menos arriesgados.
166
Pues bien, la demandante no ha presentado al Tribunal General ningún dato concreto que ponga en duda que dichos criterios permiten alcanzar tal objetivo. A este respecto, se ha limitado a afirmar sin ninguna base que los criterios empleados para evaluar el riesgo en el marco del MUS son más adecuados para garantizar que las entidades que presentan un riesgo elevado sean las que más aporten al FUR. Pues bien, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 104 a 111, tal argumento no puede acogerse por cuanto los objetivos de la normativa relativa al MUR son distintos de los que persigue la normativa relativa al MUS.
167
Así pues, procede desestimar la argumentación formulada por la demandante con objeto de demostrar que las disposiciones a que se refiere el anterior apartado 165, que establecen los criterios de ajuste de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo de las entidades, son manifiestamente inadecuadas en relación con el objetivo recordado en ese mismo apartado.
168
Por lo que respecta, a continuación, al carácter necesario de la consideración de los criterios contenidos en las disposiciones a que se refiere el anterior apartado 165, la demandante afirma que la eventual consideración de los criterios empleados en el marco del MUS para calcular las aportaciones ex ante podría dar lugar a cargas menos onerosas para las entidades afectadas.
169
No obstante, como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), apartado 113, los criterios establecidos en las disposiciones mencionadas en el anterior apartado 165 tienen por objeto distribuir el importe del objetivo de financiación anual entre todas las entidades afectadas. Así, si bien unos criterios alternativos a los contenidos en dichas disposiciones, como los empleados en el marco del MUS, darían lugar a unas cargas menos onerosas para determinadas entidades, acarrearían al mismo tiempo mayores cargas para otras entidades. Aun así, la demandante no ha explicado de qué modo el empleo de dichos criterios alternativos resultaría en unas cargas menos onerosas para todas las entidades afectadas.
170
Además, aun suponiendo que tales criterios dieran lugar a una aportación ex ante de menor cuantía para las entidades, la demandante no precisa de qué modo el empleo de esos criterios permitiría alcanzar el objetivo indicado en el anterior apartado 165 con la misma eficacia que la aplicación de los criterios contenidos en las disposiciones citadas en ese mismo apartado, a pesar de que, como resulta de los anteriores apartados 104 a 111, los objetivos perseguidos por el MUS y, más concretamente, por la normativa de la Unión relativa a los requisitos de supervisión son distintos de los perseguidos por la normativa propia de la resolución de entidades.
171
De ello se sigue que la demandante no ha demostrado de qué modo los criterios establecidos por las disposiciones a que se refiere el anterior apartado 165 exceden manifiestamente de lo necesario para alcanzar el objetivo enunciado en ese mismo apartado.
172
Por último, la demandante tampoco ha demostrado que el ajuste de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo de las entidades a la luz de los criterios establecidos por las disposiciones a que se refiere el anterior apartado 165 ocasione inconvenientes manifiestamente desproporcionados con el objetivo perseguido, descrito en ese mismo apartado.
173
En tercer lugar, la demandante alega que se vulnera el principio de proporcionalidad, ya que el importe de las aportaciones ex ante viene determinado casi exclusivamente por la contribución anual de base. En su opinión, el principal parámetro de las aportaciones ex ante sigue siendo el tamaño del balance y no el multiplicador de ajuste, que, en la medida en que varía de 0,8 a 1,5, tiene un peso limitado. Aduce que tal mecanismo conlleva una sobrevaloración de las contribuciones anuales de base de las entidades grandes aun cuando estas presenten un perfil de riesgo menor en el marco del MUS.
174
A este respecto, del artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, en relación con el considerando 5 de Reglamento Delegado 2015/63, se desprende que la contribución anual de base de cada entidad corresponde a la proporción del importe de los pasivos de la entidad, con exclusión de sus fondos propios y los depósitos con cobertura, con respecto a los pasivos totales, con exclusión de los fondos propios y los depósitos con cobertura, de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes, de modo que dicha contribución se basa en el tamaño de la entidad.
175
Por lo que respecta a la idoneidad de tener en cuenta el tamaño de las entidades a efectos del cálculo de la contribución anual de base, procede recordar, habida cuenta de las consideraciones expuestas en el anterior apartado 87, que las entidades con pasivos elevados —y, por consiguiente, de gran tamaño— son las que más probabilidades tienen de que se les aplique un instrumento de resolución y, por tanto, de acogerse a la financiación del FUR.
176
Pues bien, el legislador de la Unión y la Comisión quisieron salvaguardar los objetivos recordados en el anterior apartado 42, que consisten, por una parte, en proporcionar al MUR recursos financieros suficientes para una aplicación eficiente de los instrumentos de resolución y, por otra, en incentivar a las entidades para que operen con arreglo a modelos menos arriesgados reduciendo, en particular, sus pasivos, basándose en el criterio del importe de los pasivos de las entidades —y, por ende, en el tamaño de estas—.
177
A este respecto, la demandante no ha demostrado que, al basar el cálculo de la contribución anual de base en el tamaño de las entidades, el legislador de la Unión y la Comisión hayan propugnado una medida manifiestamente inapropiada para alcanzar los objetivos indicados en el apartado 176 anterior.
178
En cuanto al carácter necesario del criterio relativo al tamaño, la demandante sostiene, en esencia, que si el cálculo de las aportaciones ex ante atribuyera mayor peso al multiplicador de ajuste que al tamaño de las entidades, el importe de estas aportaciones sería menos elevado, ya que reflejaría el bajo perfil de riesgo de las entidades.
179
Pues bien, aunque la alegación de la demandante deba interpretarse en el sentido de que reclama la aplicación de una escala del multiplicador de ajuste más amplia que la establecida en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento Delegado 2015/63, a saber, una escala que comprenda también valores superiores a 1,5, no se ha demostrado que el cálculo de las aportaciones ex ante sobre la base de tal escala resulte en unas cargas menos onerosas para las entidades. En efecto, en tal supuesto, el multiplicador de ajuste podría fijarse en un valor superior a 1,5, de modo que el importe de estas aportaciones aumentaría.
180
Así pues, no cabe alegar que, al conceder un mayor peso al tamaño de las entidades que al multiplicador de ajuste, a efectos del cálculo de las aportaciones ex ante, el método de cálculo de dichas aportaciones previsto por el legislador de la Unión y precisado por la Comisión exceda manifiestamente de lo necesario para alcanzar el objetivo mencionado en el anterior apartado 176.
181
Por lo tanto, la demandante no ha demostrado que la consideración del tamaño de las entidades a efectos del cálculo de las aportaciones ex ante ocasione inconvenientes manifiestamente desproporcionados con los objetivos perseguidos.
182
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el segundo motivo por infundado.
3.
Sobre el tercer motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica
183
Mediante su tercer motivo, la demandante sostiene que los artículos 69, apartados 1 y 2, y 70, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 806/2014, los artículos 4, apartado 2, 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 y el artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81 violan el principio de seguridad jurídica. Las alegaciones en apoyo de este motivo se dividen en tres partes basadas, la primera, en la imposibilidad para las entidades de conocer de antemano el importe de las aportaciones ex ante; la segunda, en la falta de consideración de determinados indicadores de riesgo y, la tercera, en el carácter inadecuado de la metodología para determinar el «índice de aumento de los depósitos con cobertura» que sirve para fijar el objetivo de financiación anual. En el marco del presente motivo, la demandante formula asimismo una cuarta parte basada en la infracción del artículo 290 TFUE.
184
Con carácter preliminar, procede precisar el alcance de la presente excepción de ilegalidad.
185
A este respecto, debe señalarse que, aun cuando la demandante plantea formalmente una excepción de ilegalidad contra todas las disposiciones indicadas en el anterior apartado 183, su argumentación en apoyo de esta excepción solo alude a la conformidad de los artículos 6 y 7 y del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 con el principio de seguridad jurídica. Así pues, la demandante no formula alegación alguna relativa específicamente a la legalidad, a la luz de dicho principio, de los artículos 69, apartados 1 y 2, y 70, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 806/2014, del artículo 4, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 y del artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81. En estas circunstancias, procede considerar que, en realidad, la presente excepción de ilegalidad solamente se refiere a los artículos 6 y 7 y al anexo I del Reglamento Delegado 2015/63.
a)
Sobre la primera parte, basada en la imposibilidad de conocer de antemano el nivel de la aportación ex ante
186
La demandante sostiene, en esencia, que los artículos 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 violan el principio de seguridad jurídica, puesto que no le es posible conocer con suficiente antelación el importe de la aportación ex ante que se le impondrá. Para empezar, aduce que el método de cálculo en su totalidad es opaco. A continuación, que el ajuste de la contribución anual de base al perfil de riesgo depende de la metodología prevista en dichas disposiciones, que es opaca. Por último, que su asignación a los diferentes intervalos se hace de manera unilateral y opaca.
187
Además, la fijación de las aportaciones ex ante se basa en la utilización de datos que no han sido publicados. Para concluir, sostiene que el importe de las aportaciones ex ante depende de la evolución de la situación de las demás entidades, lo que genera marcadas interdependencias entre los importes de las aportaciones individuales de las distintas entidades, cosa que imposibilita calcular de antemano la aportación ex ante exacta.
188
La JUR, el Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten estas alegaciones.
189
El principio de seguridad jurídica exige, por un lado, que las normas jurídicas sean claras y precisas y, por otro, que su aplicación sea previsible para los justiciables, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables. Dicho principio exige, en particular, que una normativa permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que estos puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (sentencias de 29 de abril de 2021, Banco de Portugal y otros, C‑504/19, EU:C:2021:335, apartado 51, y de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑157/21, EU:C:2022:98, apartado 319).
190
No obstante, estos requisitos no pueden interpretarse en el sentido de que se oponen a que una institución de la Unión, al adoptar una norma, emplee un concepto jurídico abstracto ni en el sentido de que exigen que tal norma abstracta mencione los distintos supuestos concretos en los que podrá aplicarse, ya que dicha institución no puede determinar por anticipado todos esos supuestos (véanse, por analogía, las sentencias de 20 de julio de 2017, Marco Tronchetti Provera y otros, C‑206/16, EU:C:2017:572, apartados 39 y 40, y de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑157/21, EU:C:2022:98, apartado 320).
191
En consecuencia, una disposición de un acto de la Unión solo viola el principio de seguridad jurídica, debido a su falta de claridad, si adolece de una ambigüedad tal que impide que los justiciables disipen con suficiente certeza sus eventuales dudas sobre el alcance o el sentido de dicha disposición (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de abril de 2005, Bélgica/Comisión, C‑110/03, EU:C:2005:223, apartado 31, y de 22 de mayo de 2007, Mebrom/Comisión, T‑216/05, EU:T:2007:148, apartado 108).
192
Del mismo modo, el hecho de que un acto de la Unión confiera una facultad de apreciación a las autoridades responsables de su aplicación no infringe en sí mismo la exigencia de previsibilidad, siempre que el alcance y la forma de ejercicio de dicha facultad se definan con la suficiente claridad, a la vista del fin legítimo en cuestión, para proporcionar una protección adecuada contra la arbitrariedad (véase la sentencia de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑157/21, EU:C:2022:98, apartado 321 y jurisprudencia citada).
193
Así pues, conforme a la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 191 y 192, procede examinar, en el presente asunto, si la normativa aplicable adolece de una ambigüedad tal que impide que las entidades disipen con suficiente certeza eventuales dudas sobre el alcance o el sentido de los artículos 6 y 7 y del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, cuya ilegalidad denuncia la demandante.
194
En primer lugar, por lo que respecta al supuesto carácter opaco del método de cálculo en su totalidad, corresponde a la demandante identificar la falta de claridad, las imprecisiones o la falta de previsibilidad en las normas jurídicas que cuestiona. Pues bien, la demandante no las ha identificado, limitándose a formular afirmaciones generales y sin ninguna base.
195
En cualquier caso, de la jurisprudencia se desprende que la normativa aplicable no ha de permitir necesariamente a las entidades comprobar la exactitud del cálculo de su aportación ex ante, puesto que tal exigencia traería consigo necesariamente prohibir al legislador de la Unión y a la Comisión que instauren un método de cálculo de esta contribución que incluya datos cuyo carácter confidencial esté protegido por el Derecho de la Unión y, por tanto, reducir excesivamente la amplia facultad de apreciación de que deben disponer el legislador y la Comisión en la materia, impidiéndoles, en particular, elegir un método que logre una financiación del FUR adaptada a la evolución del sector financiero, especialmente mediante un análisis comparativo de la situación financiera de cada entidad autorizada en el territorio de un Estado miembro participante en el FUR (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 118).
196
Así pues, basta con que las personas afectadas por una decisión por la que se fijan aportaciones ex ante puedan acceder, sin que se les transmitan datos protegidos por el secreto comercial, al método de cálculo utilizado por la JUR y dispongan de información suficiente para comprender, en esencia, de qué manera se tuvo en cuenta su situación individual, a efectos del cálculo de su contribución ex ante, en relación con la situación del resto de las entidades afectadas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 122).
197
Entre los datos que deben ponerse, pues, a disposición de las entidades figuran, en particular, los valores límite de cada intervalo y los indicadores de riesgo correspondientes, sobre cuya base la contribución ex ante al FUR de las entidades se ajustó al perfil de riesgo de estas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 167).
198
Además, el Reglamento Delegado 2015/63 no impide en modo alguno que la JUR divulgue, en forma colectiva y anonimizada, información suficiente que permita a una entidad comprender de qué manera se ha tenido en cuenta su situación individual a la hora de calcular su contribución ex ante en relación con la situación del resto de las entidades afectadas (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 139).
199
A la vista de lo anterior, procede desestimar la primera alegación.
200
En segundo lugar, por lo que se refiere al ajuste de la contribución anual de base de las entidades en función del perfil de riesgo, procede señalar que la demandante se limita a sostener que los artículos 6 y 7 del Reglamento Delegado 2015/63 son «opacos debido a su amplitud» y, por tanto, a alegar, con carácter general, que la falta de claridad de que adolecen los conceptos utilizados en dichas disposiciones es tal que conlleva una violación del principio de seguridad jurídica.
201
Ahora bien, la demandante no ha aportado al Tribunal General ningún dato concreto para cuestionar la legalidad de los artículos 6 y 7 del Reglamento Delegado 2015/63 por su supuesta falta de claridad, imprecisión o falta de previsibilidad.
202
En estas circunstancias, no puede acogerse la segunda alegación.
203
En tercer lugar, en cuanto atañe a la alegación de la demandante de que el llamado método de discretización, descrito en el siguiente apartado 204, en particular la asignación a los diferentes intervalos, se aplica de manera unilateral y opaca, procede señalar lo siguiente.
204
Con arreglo a lo dispuesto en el epígrafe «Etapa 2» del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, corresponde a la JUR calcular, en una primera etapa, un número de intervalos con el fin de comparar las entidades a la luz de los distintos indicadores y subindicadores de riesgo. En una segunda etapa, incumbe a la JUR asignar las entidades a cada intervalo. En una tercera etapa, corresponde a la JUR asignar a todas las entidades de un determinado intervalo un mismo valor, denominado «indicador discretizado», que dicha autoridad debe tener en cuenta en adelante para calcular el multiplicador de ajuste de esas entidades.
205
Por otro lado, el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 detalla, en particular, las diferentes fases del método de discretización y enuncia las fórmulas matemáticas que debe aplicar la JUR.
206
Pues bien, la demandante no ha aportado al Tribunal General ningún dato concreto para identificar una falta de claridad, de precisión o de previsibilidad en relación con esas diferentes fases o esas fórmulas.
207
En cualquier caso, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 195 a 197, la Comisión no tenía la obligación de prescribir que se facilitaran a las entidades todos los datos que les permitieran comprobar, de un modo completo, la exactitud de la aplicación del método de discretización.
208
Además, el Reglamento Delegado 2015/63 no impide en modo alguno que la JUR divulgue, al efecto de cumplir las exigencias a que se refieren los anteriores apartados 196 y 197, los valores límite de cada intervalo y los indicadores correspondientes, con el fin de permitir a la entidad de que se trate cerciorarse, en particular, de que la clasificación que se le atribuyó en la operación de discretización de los indicadores, tal como se define en el anexo I de dicho Reglamento Delegado, corresponde efectivamente a su situación económica, que tal discretización se ha realizado de conformidad con el método definido por el citado Reglamento Delegado sobre la base de datos verosímiles y que se han tenido efectivamente en cuenta todos los factores de riesgo que deben considerarse con arreglo al Reglamento n.o 806/2014 y al citado Reglamento Delegado.
209
En cuarto lugar, la demandante no puede invocar, en apoyo de la presente excepción de ilegalidad, que la herramienta de cálculo que la JUR puso a disposición de las entidades antes de adoptar la Decisión impugnada no permitió controlar los análisis efectuados por dicha autoridad para asignar las entidades a los distintos intervalos. En efecto, la normativa aplicable, más concretamente el Reglamento Delegado 2015/63, no contempla dicha herramienta de cálculo. En consecuencia, tal crítica se refiere a la legalidad de los actos de la JUR y no a la legalidad del citado Reglamento Delegado.
210
Suponiendo que la referida alegación deba entenderse en el sentido de que cuestiona la legalidad de la Decisión impugnada, basta con señalar que la demandante no explica cómo afectan a la validez de dicha Decisión unos datos supuestamente insuficientes incluidos en la herramienta de cálculo a que se refiere el apartado 209 anterior, facilitada a las entidades por la JUR pese a que la normativa aplicable no la obliga a hacerlo y pese a que la comunicación de dicha herramienta tuvo lugar antes de que se adoptara esta Decisión. En cualquier caso, de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 195 y 196 se desprende que la JUR no está obligada a divulgar datos protegidos por el secreto comercial relativos a la situación económica de cada una de las demás entidades afectadas.
211
En quinto lugar, la demandante señala que no basta con publicar determinados datos confidenciales en forma colectiva en las decisiones por las que se fijan las aportaciones ex ante de un año determinado, puesto que la JUR sigue sin hacer públicos otros elementos no confidenciales necesarios para comprender los cálculos adecuadamente y predecir su resultado.
212
Pues bien, mediante tal alegación, la demandante tampoco cuestiona las disposiciones de la normativa aplicable, mencionadas en el apartado 186 anterior, cuya ilegalidad denuncia a la luz del principio de seguridad jurídica.
213
En efecto, se limita a criticar la falta de publicación por la JUR, antes de la adopción de las decisiones por las que se fijan las aportaciones ex ante, de determinados datos no confidenciales necesarios para el cálculo de estas aportaciones. Por consiguiente, esta alegación no se refiere a la legalidad de la normativa aplicable, sino a la manera en que la JUR aplica dicha normativa.
214
Suponiendo que esta alegación deba entenderse en el sentido de que con ella se cuestiona la legalidad de la Decisión impugnada, la demandante no explica con suficiente claridad qué datos concretos debía publicar la JUR para cumplir las exigencias que derivan de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 195 y 196, que quedaron incumplidas, al parecer. A este respecto, de esa misma jurisprudencia se desprende, por añadidura, que sería excesivo exigir a la JUR que comunique cada uno de los elementos cuantificados en que se basa el cálculo de la aportación ex ante de cada entidad afectada (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 123 y jurisprudencia citada).
215
En sexto lugar, en cuanto atañe a la alegación de la demandante según la cual el cálculo de las aportaciones ex ante de una entidad depende de los datos confidenciales relativos a la situación de las demás entidades, lo que aumenta la imprevisibilidad del método de cálculo, procede señalar que no constan argumentos de la demandante al respecto.
216
En cualquier caso, esta alegación contradice la doctrina derivada de la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), que se refiere, ciertamente, al cumplimiento de la obligación de motivación, pero es igualmente válida en lo atinente al respeto del principio de seguridad jurídica.
217
En la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), el Tribunal de Justicia admitió que el principio mismo del método de cálculo de las aportaciones ex ante, tal como se deduce de la Directiva 2014/59 y del Reglamento n.o 806/2014, implica la utilización por la JUR de datos de otras entidades protegidos por el secreto comercial (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 114).
218
De esta manera, por una parte, la demandante no puede basarse únicamente en la circunstancia de que no puede calcular de antemano su aportación ex ante debido a que no se le comunican los datos de las demás entidades.
219
Por otra parte, como se ha señalado en el anterior apartado 198, el Reglamento Delegado 2015/63 no impide en modo alguno que la JUR divulgue, en forma colectiva y anonimizada, información suficiente que permita a una entidad comprender de qué manera se tuvo en cuenta su situación individual, a la hora de calcular su contribución ex ante, en relación con la situación del resto de las entidades afectadas.
220
En consecuencia, procede desestimar la primera parte del tercer motivo.
b)
Sobre la segunda parte, basada en la falta de previsibilidad en cuanto a la aplicación de determinados indicadores de riesgo
221
La demandante sostiene que, al calcular las aportaciones ex ante para el período de contribución 2021, no se aplicaron determinados indicadores de riesgo, a saber, la «ratio de financiación estable neta», el MREL y la «complejidad» y la «viabilidad de la resolución». Aduce que la falta de consideración de estos indicadores de riesgo y la falta de previsibilidad en cuanto a su aplicación son contrarias al principio de seguridad jurídica, en la medida en que la demandante no puede anticipar su aplicación.
222
Además, el hecho de que, en sus disposiciones transitorias, el Reglamento Delegado 2015/63 conceda a la JUR la posibilidad de no utilizar determinados indicadores de riesgo, permitiendo no obstante ajustar la contribución anual de base en función del perfil de riesgo, genera inseguridad jurídica.
223
La JUR y la Comisión rebaten esta alegación.
224
Conforme a la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 189 y 192, procede examinar, en el presente asunto, si la normativa aplicable adolece de una ambigüedad tal que impide que las entidades disipen con suficiente certeza eventuales dudas sobre la aplicación de determinados indicadores de riesgo, como la «ratio de financiación estable neta», el MREL y la «complejidad» y la «viabilidad de la resolución».
225
Las situaciones en las que la JUR puede decidir, con carácter transitorio, no aplicar tales indicadores de riesgo se establecen en el artículo 20, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, según el cual «cuando la información exigida por un indicador específico, según se contempla en el anexo II [del presente Reglamento Delegado], no forme parte de las obligaciones de información con fines de supervisión aplicables a que se refiere el artículo 14 [de este mismo Reglamento Delegado] respecto del año de referencia, dicho indicador de riesgo no se aplicará hasta tanto la obligación de información no sea aplicable».
226
Así pues, el artículo 20, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 establece dos condiciones en las que la JUR no aplica, con carácter transitorio, alguno de los indicadores de riesgo, a saber, en primer lugar, que la información exigida por el indicador de que se trate no forme parte de las obligaciones de información con fines de supervisión a que se refiere el artículo 14 de dicho Reglamento Delegado y, en segundo lugar, que ese indicador figure en el anexo II de dicho Reglamento Delegado, titulado «Datos que deben presentarse a las autoridades de resolución» y que contiene quince categorías de datos. Pues bien, la demandante no ha sostenido —y menos aún demostrado— que estas condiciones adolezcan de una ambigüedad tal que impidan que las entidades disipen con suficiente certeza sus eventuales dudas sobre la aplicación de determinados indicadores de riesgo.
227
Por lo tanto, deben desestimarse las alegaciones formuladas por la demandante para demostrar que el Reglamento n.o 806/2014 o el Reglamento Delegado 2015/63 son ilegales debido a la supuesta violación del principio de seguridad jurídica que resulta de la falta de previsibilidad en cuanto a la aplicación de los indicadores de riesgo.
228
En consecuencia, procede desestimar la segunda parte del tercer motivo.
c)
Sobre la tercera parte, basada en las modalidades para determinar el «índice de aumento de los depósitos con cobertura»
229
La demandante considera que el nivel fijado como objetivo final —equivalente al 1 % del importe de los depósitos con cobertura de la unión bancaria— implica que, cada año, la JUR evalúa un «índice de aumento de estos depósitos con cobertura» que se determina de forma opaca y cuya evolución es difícilmente previsible para las entidades.
230
La JUR rebate esta alegación.
231
Debe señalarse que la demandante no ha aportado al Tribunal General prueba concreta alguna para demostrar que las disposiciones mencionadas en el anterior apartado 183 adolecen de una ambigüedad tal que impiden que las entidades disipen con suficiente certeza sus eventuales dudas sobre la determinación del nivel fijado como objetivo final o del objetivo de financiación anual.
232
Además, mediante una parte de su argumentación, la demandante critica, en realidad, la falta de motivación de la Decisión impugnada en lo que respecta a la determinación del objetivo de financiación anual. Esta imputación no se refiere a la legalidad de las disposiciones a que se refiere el anterior apartado 183 y se examinará en los siguientes apartados 271 a 308.
233
Por consiguiente, procede desestimar la tercera parte del tercer motivo en la medida en que la demandante impugna la legalidad de dichas disposiciones.
d)
Sobre la cuarta parte, basada en la infracción del artículo 290 TFUE a través de los criterios de cálculo definidos por el Reglamento Delegado 2015/63
234
En el marco del tercer motivo, la demandante también considera que el hecho de que los criterios esenciales de cálculo hayan sido definidos por el Reglamento Delegado 2015/63, y no por el Reglamento n.o 806/2014, supone una infracción del artículo 290 TFUE. En la vista, la demandante precisó que, mediante esta alegación, sostiene que la Directiva 2014/59 únicamente estableció las grandes categorías de riesgo, que agrupó en cuatro pilares de riesgo, pero que no determinó los propios criterios, los cuales fueron definidos por la Comisión en el Reglamento Delegado 2015/63.
235
El Parlamento cuestiona la procedencia de esta parte del tercer motivo y alberga dudas sobre su admisibilidad, puesto que no fue invocada de manera suficientemente clara y precisa en la demanda.
236
A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que, a fin de garantizar la seguridad jurídica y la recta administración de la justicia, es preciso, para que un recurso sea admisible, que las razones esenciales de hecho y de Derecho en las que se basa aparezcan, al menos sucintamente, pero de forma coherente y comprensible, en el propio texto de la demanda. Así pues, todo motivo de recurso que no se presente suficientemente estructurado en la demanda se considerará inadmisible. Exigencias análogas se aplican cuando se formula una imputación en apoyo de un motivo. Corresponderá al juez de la Unión apreciar de oficio dicha causa de inadmisión de la demanda por motivos de orden público (véanse las sentencias de 30 de junio de 2021, Italia/Comisión, T‑265/19, no publicada, EU:T:2021:392, apartado 33 y jurisprudencia citada, y de 7 de julio de 2021, Bateni/Consejo, T‑455/17, EU:T:2021:411, apartado 135 y jurisprudencia citada).
237
En el presente asunto, la demanda se limita, por una parte, a indicar, en el apartado 125, que la «función eminentemente estructuradora y determinante de los criterios de cálculo definidos por el Reglamento Delegado [2015/63] conduce a considerar que estos criterios son, por definición, consustanciales al [Reglamento n.o 806/2014], lo que supone una infracción del artículo 290 TFUE» y, por otra, a afirmar, en el apartado 139, que «el hecho de que se hayan establecido criterios esenciales de cálculo en el marco del Reglamento Delegado y no del [Reglamento n.o 806/2014] es contrario al artículo 290 TFUE[, apartado 1]».
238
Estas afirmaciones no vienen acompañadas de argumentación alguna en la demanda. En este sentido, la demandante no ha indicado, en particular, las disposiciones del Reglamento Delegado 2015/63 que, en su opinión, contienen elementos esenciales en el sentido del artículo 290 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, segunda frase, que deberían haber figurado en la Directiva 2014/59. Del mismo modo, la demandante no ha precisado qué elementos concretos de esas disposiciones revisten un carácter «esencial» ni ha formulado alegaciones a estos efectos.
239
Por último, la falta de claridad de esta parte viene agravada por el hecho de que se ha planteado en el marco de un motivo basado en la vulneración de una norma jurídica diferente, a saber, el principio de seguridad jurídica.
240
En consecuencia, procede declarar que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se sustenta la alegación basada en la infracción del artículo 290 TFUE no aparecen, al menos sucintamente, en el propio texto de la demanda. Así pues, tal alegación no cumple los requisitos enunciados en el anterior apartado 236.
241
En estas circunstancias, la argumentación de la demandante en la vista no puede considerarse una ampliación de la alegación enunciada en los apartados 125 y 139 de la demanda, ya que tal alegación no fue válidamente invocada.
242
Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la cuarta parte del tercer motivo.
4.
Sobre los motivos cuarto y quinto, basados en la violación de los principios de buena administración y de tutela judicial efectiva, en la medida en que contienen una excepción de ilegalidad
243
La demandante considera que tanto los artículos 4, apartado 2, 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 como la Decisión impugnada, que se basa en estas disposiciones, violan el principio de buena administración, que abarca la obligación de motivación, y el principio de tutela judicial efectiva. Según la demandante, las entidades carecen de acceso a todos los datos esenciales que les permiten comprender y verificar la Decisión impugnada. En particular, las entidades desconocen el procedimiento detallado del cálculo del «índice de ajuste de los depósitos con cobertura», lo que les impide cerciorarse de la validez de los cálculos realizados por este concepto.
244
La JUR rebate estas alegaciones.
245
En primer lugar, procede recordar que el principio de buena administración, en los casos en los que, como en el presente asunto, las instituciones u órganos de la Unión gozan de margen discrecional, exige el respeto de las garantías otorgadas por el ordenamiento jurídico de la Unión en los procedimientos administrativos, entre las que figura, en particular, la obligación de la institución u órgano competente de examinar, detenida e imparcialmente, todos los elementos pertinentes del asunto de que se trate (sentencias de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, apartado 14; de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container Line y otros/Comisión, T‑191/98, T‑212/98 a T‑214/98, EU:T:2003:245, apartado 404, y de 9 de abril de 2019, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, T‑371/17, no publicada, EU:T:2019:232, apartado 200).
246
En segundo lugar, según reiterada jurisprudencia, la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») exige que el interesado pueda conocer los motivos de la resolución adoptada con respecto a él, bien mediante la lectura de la propia resolución, bien mediante la notificación de la motivación de esta efectuada a petición del interesado, sin perjuicio de la facultad del juez competente de exigir a la autoridad en cuestión que comunique tal motivación, a fin de permitir que el interesado defienda sus derechos en las mejores condiciones posibles y decida con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez competente, así como para poner a este último en condiciones de ejercer plenamente el control de la legalidad de la resolución nacional de que se trate (véanse las sentencias de 26 de abril de 2018, Donnellan, C‑34/17, EU:C:2018:282, apartado 55, y de 24 de noviembre de 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 y C‑226/19, EU:C:2020:951, apartado 43).
247
Además, habida cuenta del principio de contradicción, que forma parte del derecho de defensa a que se refiere el artículo 47 de la Carta, las partes en un proceso deben tener derecho a conocer y discutir todos los escritos y alegaciones presentados al juez para influir en su decisión. En efecto, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no permite basar una resolución judicial en hechos y documentos de los cuales las propias partes, o una de ellas, no han podido tener conocimiento y sobre los cuales no han podido, por tanto, presentar sus observaciones (véanse las sentencias de 4 de junio de 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, apartados 55 y 56, y de 23 de octubre de 2014, Unitrading, C‑437/13, EU:C:2014:2318, apartado 21).
248
No obstante, en determinados casos excepcionales, una autoridad de la Unión puede oponerse a que se comuniquen al interesado, con precisión y por extenso, las razones que constituyan el fundamento de una resolución adoptada en su contra, invocando para ello motivos relativos a la protección de datos confidenciales. En tal caso, es preciso aplicar técnicas y normas de Derecho procesal que le permitan conciliar, por una parte, las legítimas consideraciones relativas a la protección de información confidencial tenida en cuenta para adoptar una resolución de ese tipo y, por otra, la necesidad de garantizar en grado suficiente al justiciable el respeto de sus derechos procedimentales, tales como el derecho a ser oído y el principio de contradicción (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartados 115 a 120; véase asimismo, en este sentido, por analogía, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 125).
249
Habida cuenta de la naturaleza específica de las aportaciones ex ante, tal conciliación debe efectuarse también en el caso del cálculo de dichas aportaciones. En efecto, estas, como se infiere de los considerandos 105 a 107 de la Directiva 2014/59 y del considerando 41 del Reglamento n.o 806/2014, tienen por objeto garantizar, siguiendo un sistema de tipo contributivo, que el sector financiero proporcione recursos financieros suficientes al MUR para que este pueda cumplir sus funciones, incentivando al mismo tiempo que las entidades afectadas operen con arreglo a modelos menos arriesgados. Así pues, el cálculo de estas aportaciones se basa no en la aplicación de un tipo porcentual a una base dada, sino, conforme a los artículos 102 y 103 de la Directiva 2014/59 y a los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014, en la definición de un nivel fijado como objetivo final que debe alcanzarse mediante la suma de esas mismas aportaciones que se recauden antes de que finalice el período inicial de ocho años que comenzó a correr el 1 de enero de 2016 (en lo sucesivo, «período inicial» y «nivel fijado como objetivo final») más un nivel fijado como objetivo anual que debe repartirse entre las entidades autorizadas en los territorios de todos los Estados miembros participantes (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 113).
250
Dado que el nivel fijado como objetivo final que debe alcanzarse se define en el 1 % del importe de los depósitos con cobertura de todas esas entidades y que la contribución anual de base de cada entidad corresponde a la proporción que represente su pasivo (excluidos los fondos propios), menos los depósitos con cobertura, respecto de los pasivos agregados (excluidos los fondos propios), menos los depósitos con cobertura, de todas las entidades autorizadas en los territorios de todos los Estados miembros participantes, resulta que el principio mismo del método de cálculo de las aportaciones ex ante, tal como se deduce de la Directiva 2014/59 y del Reglamento n.o 806/2014, implica la utilización por la JUR de datos protegidos por el secreto comercial (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 114).
251
Pues bien, las instituciones y organismos de la Unión están obligados, en principio, con arreglo al imperativo de la protección del secreto comercial, que constituye un principio general del Derecho de la Unión concretado en particular en el artículo 339 TFUE, a no revelar a los competidores de un operador privado la información confidencial que este les haya facilitado (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartados 109 y 114 y jurisprudencia citada).
252
A la vista de lo anterior, incumbía a la Comisión y al Consejo, al establecer el sistema de cálculo de las aportaciones ex ante mediante el Reglamento Delegado 2015/63 y el Reglamento de Ejecución 2015/81, conciliar el respeto del secreto comercial con el principio de tutela judicial efectiva, de modo que los datos protegidos por el secreto comercial no pudieran comunicarse a los interesados y, en particular, no pudieran incluirse en la motivación de las decisiones por las que se fija el importe de las aportaciones ex ante.
253
Esta característica del sistema de cálculo de las aportaciones ex ante no impide, sin embargo, el ejercicio de un control jurisdiccional efectivo por el juez de la Unión.
254
En efecto, por una parte, no hay nada en las disposiciones cuya ilegalidad invoca la demandante que se oponga a que, al adoptar su decisión por la que se fijan las aportaciones ex ante, la JUR divulgue, con arreglo al artículo 88, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 806/2014, información confidencial que haya obtenido en el marco de su actividad, en forma resumida o colectiva, de manera que no pueda identificarse a las entidades afectadas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 136).
255
Por otra parte, cuando se ha debido limitar la motivación de una decisión con el fin de proteger datos confidenciales, corresponde al autor de la decisión en cuestión, en caso de recurso ante los órganos jurisdiccionales de la Unión para cuestionar tales datos, justificarse ante estos últimos en el marco de la instrucción jurisdiccional (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de julio de 2008, Chronopost y La Poste/UFEX y otros, C‑341/06 P y C‑342/06 P, EU:C:2008:375, apartado 110, y de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 145).
256
En su caso, con el fin de ejercer una tutela judicial efectiva conforme a las exigencias del artículo 47 de la Carta, el juez de la Unión podrá solicitar a la JUR que presente datos que justifiquen los cálculos cuya exactitud se ha impugnado en el correspondiente procedimiento, garantizando si fuera necesario la confidencialidad de esos datos (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 146).
257
Además, incumbe al juez de la Unión verificar, mediante un examen de todos los datos de hecho y de Derecho aportados por la JUR, si son fundadas las razones que dicha autoridad ha invocado para oponerse a la comunicación de los datos manejados para calcular la aportación ex ante (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 126).
258
Si resulta que las razones invocadas por la JUR se oponen efectivamente a la comunicación de datos o de pruebas presentados ante el juez de la Unión, es necesario alcanzar un equilibrio apropiado entre las exigencias derivadas del derecho a una tutela judicial efectiva, y en particular del respeto del principio de contradicción, y las derivadas de la protección del secreto comercial (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 128).
259
De lo anterior se desprende que el cálculo de las aportaciones ex ante sobre la base de datos protegidos por el secreto comercial, de conformidad con los artículos 4, apartado 2, 6 y 7 y el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, y sin que dichos datos se pongan a disposición de los interesados, no implica en sí mismo que estas disposiciones sean incompatibles con los principios de buena administración y de tutela judicial efectiva.
260
Tal conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones de la demandante.
261
A este respecto, en primer término, la demandante no puede apoyarse en las sentencias de 28 de noviembre de 2019, Portigon/JUR (T‑365/16, EU:T:2019:824), y de 23 de septiembre de 2020, Landesbank Baden-Württemberg/JUR (T‑411/17, EU:T:2020:435). Por una parte, esta última sentencia fue anulada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), en la que fueron censuradas las consideraciones relativas al principio de tutela judicial efectiva invocadas por la demandante. Por otra parte, la sentencia de 28 de noviembre de 2019, Portigon/JUR (T‑365/16, EU:T:2019:824), contrariamente a lo que alega la demandante, no contiene análisis alguno relativo específicamente al principio de tutela judicial efectiva.
262
En segundo término, la demandante no puede impugnar la legalidad del Reglamento Delegado 2015/63 basándose en que ni el Reglamento n.o 806/2014 ni la Directiva 2014/59 imponen un método de cálculo de las aportaciones ex ante según el cual primero se defina un nivel fijado como objetivo y, a continuación, se lleve a cabo una distribución relativa de esas mismas aportaciones entre las entidades.
263
A este respecto, basta con recordar que, como se ha señalado en los anteriores apartados 254 a 258, el Tribunal de Justicia ha admitido la posibilidad de que el legislador de la Unión recurra a un método de cálculo basado en la definición de un objetivo y, después, de un objetivo de financiación anual que debe repartirse entre todas las entidades, sin que ello implique quebrantar la obligación de motivación o el principio de tutela judicial efectiva (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartados 136, 145 y 146).
264
De este modo, el Reglamento Delegado 2015/63 también podía instaurar tal método.
265
En tercer término, la demandante considera que las entidades no tienen acceso a todos los datos que son esenciales para que puedan comprender y verificar la Decisión impugnada.
266
A este respecto, por un lado, basta con recordar que las disposiciones evocadas en el anterior apartado 243 no impiden en modo alguno que la JUR divulgue, a efectos de cumplir las exigencias a que se refieren los apartados 245 a 258 anteriores, la información necesaria que permita a las entidades afectadas asegurarse, en particular, de que tienen acceso a todos los datos esenciales para comprender y verificar la Decisión impugnada.
267
Por otra parte, teniendo en cuenta que dicha alegación se refiere a la legalidad de la Decisión impugnada, la demandante no ha formulado ante el Tribunal General ningún argumento en tal sentido.
268
Por consiguiente, tal alegación no puede prosperar.
269
En cuarto término, por lo que se refiere a la alegación de la demandante relativa a la falta, en la Decisión impugnada, de datos relativos a la fijación del «índice de ajuste de los depósitos con cobertura» utilizado para determinar el objetivo de financiación anual, tal alegación no pone en tela de juicio las disposiciones a que se refiere el anterior apartado 243, cuya ilegalidad invoca la demandante a la luz de los principios de buena administración y de tutela judicial efectiva, sino la legalidad de la Decisión impugnada. Así pues, dicha alegación se examinará en los siguientes apartados 309 a 314.
270
En consecuencia, procede desestimar los motivos cuarto y quinto en la medida en que se invocan en apoyo de la excepción de ilegalidad de los artículos 4, apartado 2, 6 y 7 y del anexo I del Reglamento Delegado 2015/63.
C. Sobre los motivos relativos a la legalidad de la Decisión impugnada
1.
Sobre la motivación de la determinación del objetivo de financiación anual
271
Como se ha indicado en el anterior apartado 232, mediante la tercera parte del tercer motivo, la demandante critica, en realidad, la falta de motivación de la Decisión impugnada en lo que respecta a la determinación del objetivo de financiación anual.
272
A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, al término del período inicial, los recursos financieros disponibles del FUR deberán alcanzar el nivel fijado como objetivo final, que corresponderá al menos al 1 % del importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades autorizadas en los territorios de todos los Estados miembros participantes.
273
Según el artículo 69, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, durante el período inicial, las aportaciones ex ante se escalonarán de la forma más uniforme posible hasta alcanzar el nivel fijado como objetivo final a que se refiere el anterior apartado 272, pero teniendo debidamente en cuenta la fase del ciclo económico y las repercusiones que las aportaciones procíclicas puedan tener en la situación financiera de las entidades.
274
El artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 precisa que, cada año, las aportaciones debidas por todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes no excederán del 12,5 % del nivel fijado como objetivo final.
275
Por lo que respecta a la determinación de las aportaciones ex ante, el artículo 4, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 establece que la JUR fijará su importe sobre la base del objetivo de financiación anual, habida cuenta del nivel fijado como objetivo final, y sobre la base del importe medio de los depósitos garantizados del año anterior, calculado trimestralmente, de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes.
276
Asimismo, según el artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81, la JUR calculará la aportación ex ante adeudada por cada entidad basándose en el objetivo de financiación anual, que debe establecerse por referencia al nivel fijado como objetivo final y de conformidad con el método establecido en el Reglamento Delegado 2015/63.
277
En el presente asunto, como se desprende del considerando 48 de la Decisión impugnada, la JUR fijó el importe del objetivo de financiación anual para el período de contribución 2021 en 11287677212,56 euros.
278
En los considerandos 36 y 37 de la Decisión impugnada, la JUR explicó, en esencia, que el objetivo de financiación anual debía determinarse sobre la base de un análisis relativo a la evolución de los depósitos garantizados a lo largo de los años anteriores, a todo cambio pertinente de la situación económica y a un análisis sobre los indicadores relativos a la fase del ciclo económico y a las repercusiones que tendrían las aportaciones procíclicas en la situación financiera de las entidades. A continuación, la JUR consideró adecuado fijar un coeficiente basado en este análisis y en los recursos financieros disponibles en el FUR (en lo sucesivo, «coeficiente»). La JUR aplicó este coeficiente a una octava parte del importe medio de los depósitos garantizados en 2020, con el fin de obtener el objetivo de financiación anual.
279
La JUR expuso el modus operandi seguido para fijar el coeficiente en los considerandos 38 a 47 de la Decisión impugnada.
280
En el considerando 38 de la Decisión impugnada, la JUR constató una tendencia constante al alza de los depósitos garantizados de todas las entidades de los Estados miembros participantes. En particular, el importe medio de estos depósitos en 2020, calculado trimestralmente, ascendía a 6,689 billones de euros.
281
En los considerandos 40 y 41 de la Decisión impugnada, la JUR presentó un pronóstico de la evolución de los depósitos garantizados durante los últimos tres años del período inicial, a saber, de 2021 a 2023. Consideró que los índices de crecimiento de los depósitos garantizados hasta el final del período inicial se situarían entre el 4 % y el 7 %.
282
En los considerandos 42 a 45 de la Decisión impugnada, la JUR presentó una evaluación de la fase del ciclo económico y del potencial efecto procíclico que las aportaciones ex ante podrían tener en la situación financiera de las entidades. Para ello, señaló que había tenido en cuenta varios indicadores, tales como la previsión de crecimiento del producto interior bruto de la Comisión y las proyecciones del Banco Central Europeo (BCE) a este respecto o el porcentaje que representa el crédito del sector privado en relación con el producto interior bruto.
283
En el considerando 46 de la Decisión impugnada, la JUR concluyó que, si bien cabía esperar que los depósitos garantizados siguieran creciendo en la unión bancaria, el ritmo de crecimiento sería inferior al del año 2020. A este respecto, la JUR indicó, en el considerando 47 de la Decisión impugnada, que había adoptado un «enfoque prudente» en lo referente a las tasas de crecimiento de los depósitos garantizados para los años siguientes hasta 2023.
284
Habida cuenta de estas consideraciones, la JUR fijó, en el considerando 48 de la Decisión impugnada, el valor del coeficiente en el 1,35 %. A continuación, calculó el importe del objetivo de financiación anual, multiplicando el importe medio de los depósitos garantizados en 2020 por dicho coeficiente y dividiendo por ocho el resultado, de conformidad con la siguiente fórmula matemática, que figura en el considerando 48 de la citada Decisión:
«Objetivo0 [importe del objetivo de financiación anual] = Total depósitos garantizados2020 * 0,0135 * ⅛ = 11287677212,56 euros».
285
No obstante, en la vista, la JUR indicó que había determinado el objetivo de financiación anual para el período de contribución 2021 como se expone a continuación.
286
En primer lugar, sobre la base de un análisis prospectivo, la JUR fijó el importe de los depósitos garantizados de todas las entidades autorizadas en el territorio de los todos los Estados miembros participantes, pronosticado para el final del período inicial, en unos 7,5 billones de euros. Para obtener este resultado, la JUR tuvo en cuenta el importe medio de los depósitos garantizados en 2020, esto es, 6,689 billones de euros, una tasa de crecimiento anual de los depósitos garantizados del 4 % y el número de períodos de contribución restantes hasta el final del período inicial, a saber, tres.
287
En segundo lugar, de conformidad con el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, calculó el 1 % de esos 7,5 billones de euros para obtener una estimación del importe del nivel fijado como objetivo final que debía alcanzarse al término del período inicial, esto es, alrededor de 75000 millones de euros.
288
En tercer lugar, la JUR dedujo de este último importe los recursos financieros ya disponibles en el FUR en 2021, esto es, alrededor de 42000 millones de euros, para obtener el importe que quedaba por recaudar durante los períodos de contribución restantes del período inicial, a saber, de 2021 a 2023. Este importe ascendía a unos 33000 millones de euros.
289
En cuarto lugar, la JUR dividió este último importe entre tres para distribuirlo uniformemente entre los tres períodos de contribución restantes. Así, el objetivo de financiación anual para el período de contribución 2021 se fijó en el importe indicado en el anterior apartado 277, esto es, en cerca de 11287 millones de euros.
290
La JUR afirmó asimismo en la vista que había publicado determinada información en la que se basaba el método de cálculo descrito en los anteriores apartados 286 a 289 y que, en su opinión, permitía a la demandante comprender de qué modo se había determinado el objetivo de financiación anual. En particular, precisó que, en mayo de 2021, es decir, tras la adopción de la Decisión impugnada, pero antes de la interposición del presente recurso, había publicado en su sitio de Internet una ficha denominada «Fact Sheet 2021» (en lo sucesivo, «ficha técnica») en la que se indicaba el importe estimado del nivel fijado como objetivo final. Del mismo modo, la JUR afirmó que el importe de los recursos financieros disponibles en el FUR podía consultarse tanto en su sitio de Internet como en otras fuentes de información públicas mucho antes de la adopción de la Decisión impugnada.
291
Con el fin de examinar si la JUR cumplió su obligación de motivación en lo que respecta a la determinación del objetivo de financiación anual, procede recordar, para empezar, que una falta o insuficiencia de motivación constituye un motivo de orden público que puede, e incluso debe, ser examinado de oficio por el juez de la Unión (véase la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartado 34 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, el Tribunal General puede, e incluso debe, tener en cuenta también otros defectos de motivación distintos de los invocados por la demandante, en particular, cuando estos se ponen de manifiesto durante el procedimiento.
292
Con este propósito, las partes fueron oídas durante la fase oral del procedimiento en relación con todos los eventuales defectos de motivación que viciaran supuestamente la Decisión impugnada en cuanto a la determinación del objetivo de financiación anual. En particular, al ser interrogada expresamente sobre esta cuestión, la JUR confirmó el método que había aplicado realmente para determinar el objetivo de financiación anual para el período de contribución 2021, tal como se ha expuesto en los anteriores apartados 286 a 289.
293
A continuación, por lo que respecta al contenido de la obligación de motivación, de la jurisprudencia se desprende que la motivación de una decisión de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión reviste una importancia muy especial, por cuanto permite al interesado decidir con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de interponer un recurso contra esa decisión y al órgano jurisdiccional competente ejercer su control y porque constituye, en consecuencia, uno de los presupuestos necesarios para la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 103 y jurisprudencia citada).
294
Esa motivación debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y al contexto en el cual este se adoptó. A ese respecto, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que el carácter suficiente de la motivación debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate, y en particular con el interés que las personas afectadas por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. Por consiguiente, un acto lesivo está suficientemente motivado cuando tiene lugar en un contexto conocido por el interesado, permitiéndole comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 104 y jurisprudencia citada).
295
Por otro lado, la motivación debe estar, en particular, exenta de contradicciones para que los interesados puedan conocer la fundamentación real de la resolución, de modo que puedan defender sus derechos ante el órgano jurisdiccional competente y este último pueda ejercer su control (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, apartado 169 y jurisprudencia citada; de 22 de septiembre de 2005, Suproco/Comisión, T‑101/03, EU:T:2005:336, apartados 20 y 45 a 47, y de 16 de diciembre de 2015, Grecia/Comisión, T‑241/13, EU:T:2015:982, apartado 56).
296
Del mismo modo, cuando el autor de la decisión impugnada facilita determinadas explicaciones relativas a los motivos de esta durante el procedimiento ante el juez de la Unión, tales explicaciones deben ser coherentes con las consideraciones expuestas en dicha decisión (véanse, en este sentido las sentencias de 22 de septiembre de 2005, Suproco/Comisión, T‑101/03, EU:T:2005:336, apartados 45 a 47, y de 13 de diciembre de 2016, Printeos y otros/Comisión, T‑95/15, EU:T:2016:722, apartados 54 y 55).
297
En efecto, si las consideraciones expuestas en la decisión impugnada no son coherentes con las explicaciones aportadas durante el procedimiento judicial, la motivación de la decisión en cuestión no cumple los cometidos que se han recordado en los anteriores apartados 293 y 294. En particular, tal incoherencia impide, por un lado, que los interesados conozcan los motivos reales de la Decisión impugnada antes de interponer el recurso, y de preparar la defensa de sus intereses en relación con dichos motivos, y, por otro lado, que el juez de la Unión identifique los motivos que han constituido el verdadero soporte jurídico de esta decisión y examine su conformidad con las normas aplicables.
298
Por último, procede recordar que, cuando la JUR adopta una decisión por la que se fijan las aportaciones ex ante, debe poner en conocimiento de las entidades afectadas el método de cálculo de esas aportaciones (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 122).
299
Lo mismo debe hacerse con el método de determinación del importe del objetivo de financiación anual, que reviste una importancia decisiva en el sistema de tal decisión. En efecto, como se desprende del artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81, la forma de calcular las aportaciones ex ante consiste en distribuir dicho importe entre todas las entidades afectadas, de modo que su incremento o reducción implica el incremento o la reducción correspondiente de la aportación ex ante de cada una de esas entidades.
300
De lo anterior resulta que, si bien la JUR está obligada a proporcionar a las entidades, mediante la Decisión impugnada, explicaciones relativas al método de determinación del objetivo de financiación anual, tales explicaciones deben ser coherentes con las explicaciones facilitadas por la JUR durante el procedimiento judicial y relativas al método realmente aplicado.
301
Pues bien, no ha ocurrido así en el presente asunto.
302
En efecto, debe señalarse, de entrada, que, en el considerando 48 de la Decisión impugnada, se presentó una fórmula matemática como base para la determinación del importe del objetivo de financiación anual. Pues bien, se ha puesto de manifiesto que esta fórmula no integra los elementos del método realmente aplicado por la JUR tal como quedó explicitado en la vista. En efecto, como se infiere de los anteriores apartados 286 a 289, la JUR obtuvo el importe del nivel objetivo anual, en el marco de dicho método, deduciendo del nivel fijado como objetivo final los recursos financieros disponibles en el FUR, con el fin de calcular la cantidad que quedaba por recaudar hasta el final del período inicial y dividiendo esta última cantidad entre tres. Pues bien, estas dos etapas del cálculo no están en absoluto expresadas en dicha fórmula matemática.
303
Por otro lado, esta constatación no queda desvirtuada por la afirmación de la JUR según la cual, en mayo de 2021, publicó la ficha técnica, que contenía una horquilla de los posibles importes del nivel fijado como objetivo final y, en su sitio de Internet, el importe de los recursos financieros disponibles en el FUR. En efecto, al margen de la cuestión de si la demandante conocía efectivamente esos importes, estos no le permitían por sí solos inferir que la JUR había aplicado efectivamente las dos operaciones mencionadas en el anterior apartado 302, debiendo precisarse, por añadidura, que la fórmula matemática indicada en el considerando 48 de la Decisión impugnada ni siquiera las menciona.
304
Otras incoherencias similares afectan también al modo en que se fijó el coeficiente del 1,35 %, pese a que este desempeña una función esencial en la fórmula matemática a que se refiere el apartado 303 anterior. En efecto, este coeficiente podría entenderse en el sentido de que se basa, entre otros parámetros, en el pronóstico de crecimiento de los depósitos garantizados a lo largo de los años restantes del período inicial. Pues bien, esto es incoherente con las explicaciones facilitadas por la JUR en la vista, de las que se deduce que ese coeficiente se fijó de tal forma que pudiera justificar el resultado del cálculo del importe del objetivo de financiación anual, es decir, después de que la JUR hubiera determinado este importe siguiendo las cuatro etapas expuestas en los anteriores apartados 286 a 289 y, en particular, dividiendo entre tres el importe resultante de deducir los recursos financieros disponibles en el FUR del nivel fijado como objetivo final. Ahora bien, este modus operandi no se refleja en modo alguno en la Decisión impugnada.
305
Además, debe recordarse que, según la ficha técnica, la estimación del nivel fijado como objetivo final se situaba en un rango de entre 70000 y 75000 millones de euros. Pues bien, este rango no es coherente con el rango de la tasa de crecimiento de los depósitos garantizados de entre el 4 % y el 7 % que figura en el considerando 41 de la Decisión impugnada. En efecto, la JUR señaló en la vista que, a efectos de determinar el objetivo de financiación anual, tuvo en cuenta la tasa de crecimiento del 4 % de los depósitos garantizados —que era la tasa más baja del segundo rango mencionado— y que, de este modo, había estimado el nivel fijado como objetivo final en 75000 millones de euros, que constituía el valor más alto del primer rango mencionado. Así pues, se pone de manifiesto que existe una discordancia entre ambos rangos. En efecto, por un lado, el rango relativo a la tasa de evolución de los depósitos garantizados incluía asimismo valores superiores al 4 %, cuya aplicación habría dado como resultado un importe estimado del nivel fijado como objetivo final superior a los incluidos en el rango relativo a este nivel. Por otro lado, es imposible que la demandante comprenda el motivo por el que la JUR incluyó en el rango relativo al nivel fijado como objetivo final importes inferiores a 75000 millones de euros. En efecto, para obtener este importe, habría sido necesario aplicar una tasa inferior al 4 %, que, sin embargo, no se incluía en el rango relativo a la tasa de crecimiento de los depósitos garantizados. En tales circunstancias, la demandante no tenía la posibilidad de comprender el modo en que la JUR había empleado el rango relativo a la tasa de evolución de esos depósitos para calcular su estimación de nivel fijado como objetivo final.
306
De ello se deduce que, por lo que respecta al cálculo del objetivo de financiación anual, el método realmente aplicado por la JUR, tal como se expuso en la vista, no se corresponde con el descrito en la Decisión impugnada, de modo que ni las entidades ni el Tribunal General podían identificar, sobre la base de dicha Decisión, las verdaderas razones por las que se fijó ese objetivo.
307
Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que la Decisión impugnada adolece de vicios de motivación en lo que se refiere a la determinación del objetivo de financiación anual.
308
Así pues, debe acogerse la tercera parte del tercer motivo, en la medida en que se basa en la falta de motivación de la Decisión impugnada en cuanto a la determinación del objetivo de financiación anual. Habida cuenta de las cuestiones de naturaleza jurídica y económica que plantea el presente asunto, redunda en interés de una buena administración de la justicia continuar examinando los demás motivos del recurso.
2.
Sobre las restantes alegaciones de los motivos cuarto y quinto, basadas en la violación por la JUR, en la Decisión impugnada, de los principios de buena administración y de tutela judicial efectiva
309
Como se desprende del anterior apartado 269, mediante sus motivos cuarto y quinto, la demandante también critica la violación por la propia Decisión impugnada de los principios de buena administración y de tutela judicial efectiva.
310
La argumentación de la demandante se refiere más concretamente a la ausencia, en la Decisión impugnada, de datos relativos a la fijación del «índice de ajuste de los depósitos con cobertura» que sirve para determinar el objetivo de financiación anual, esto es, el coeficiente.
311
Tal como resulta del examen que figura en los anteriores apartados 271 a 308, la JUR incumplió su obligación de motivación en cuanto a la determinación del objetivo de financiación anual.
312
Además, del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta y de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 246 se desprende que la motivación de una decisión de un órgano de la Unión constituye uno de los presupuestos necesarios para la efectividad de los principios de buena administración y de tutela judicial efectiva.
313
De ello se sigue que el incumplimiento de la obligación de motivación en cuanto a la determinación del objetivo de financiación anual constituye también una violación de los principios de buena administración y de tutela judicial efectiva.
314
Por consiguiente, procede estimar los motivos cuarto y quinto en la medida en que se refieren a la violación de los principios de buena administración y de tutela judicial efectiva como consecuencia del incumplimiento de la obligación de motivación.
3.
Sobre los motivos séptimo y octavo, basados en errores manifiestos de apreciación y en el error de Derecho resultante de los límites impuestos a la utilización de CPI
315
Mediante el séptimo motivo, la demandante sostiene que la JUR incurrió en varios errores manifiestos de apreciación al evaluar el nivel de utilización de CPI y las garantías que debían aceptarse como contraprestación de esos CPI.
316
Mediante el octavo motivo, la demandante sostiene que la JUR infringió el artículo 70, apartado 3, del Reglamento n.o 806/2014 y el artículo 103, apartado 3, de la Directiva 2014/59 cuando fijó el nivel de utilización de CPI y las garantías que debían aceptarse como contraprestación de esos CPI.
317
La JUR rebate estas alegaciones.
318
Con carácter preliminar, procede recordar que las aportaciones ex ante pueden liquidarse bien mediante un pago inmediato en efectivo, bien mediante un CPI, conforme al artículo 70, apartado 3, del Reglamento n.o 806/2014. En caso de utilizar un CPI, la entidad celebra con la JUR un acuerdo mediante el cual se compromete a abonar al primer requerimiento la suma correspondiente, en concepto de pago parcial de su aportación ex ante.
319
A este respecto, debe precisarse que, en la Decisión impugnada, la JUR fijó el límite de utilización de CPI en el 15 % de la cantidad total de aportaciones ex ante adeudadas para el período de contribución 2021 y solo aceptó dinero en efectivo como garantía de los CPI.
320
Además, procede recordar que el artículo 70, apartado 3, del Reglamento n.o 806/2014 establece que los recursos financieros disponibles que se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel fijado como objetivo final podrán incluir CPI íntegramente garantizados por activos de bajo riesgo libres de cargas por derechos de terceros, asignados para el uso exclusivo de la JUR, precisándose que la parte de los CPI no superará el 30 % del importe total de las aportaciones ex ante cada año. Tal posibilidad también está prevista en el artículo 103, apartado 3, de la Directiva 2014/59.
321
Con arreglo al artículo 13, apartado 3, del Reglamento Delegado 2015/63, corresponderá a la JUR especificar, en la decisión relativa a las aportaciones ex ante correspondientes a un período de contribución determinado, la cuota de los CPI que cada entidad puede utilizar, y la JUR solo aceptará las garantías del tipo y en las condiciones que permitan su rápida realización, incluso en el supuesto de que la decisión de resolución se adopte en fin de semana.
322
Al determinar la cuota de dichos CPI, la JUR debe velar, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81, por que el recurso a CPI no afecte en modo alguno a la capacidad financiera y a la liquidez del FUR.
323
Por último, el artículo 8, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 indica que, durante el período inicial y en circunstancias normales, la JUR permitirá la utilización de CPI previa solicitud de las entidades y repartirá de forma uniforme la utilización de esos CPI entre las entidades que lo soliciten. Esta disposición precisa asimismo que los CPI no serán inferiores al 15 % del total de las obligaciones de pago de la entidad de que se trate y que, al calcular la aportación anual de cada entidad, la JUR garantizará que, el año de que se trate, la suma de esos CPI no sea superior al 30 % de la cantidad total de esas aportaciones.
324
De las disposiciones antes mencionadas resulta, por una parte, que la cuota específica de CPI concedidos a la entidad que lo solicite asciende, como mínimo, al 15 % del total de sus obligaciones de pago y, por otra parte, que la suma de todos los CPI autorizados no debe superar el límite máximo del 30 % de la cantidad total de las aportaciones ex ante correspondientes a todo el período de contribución de que se trate. Este último tope fijado por el legislador de la Unión pretende, como confirma el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81, que no se ponga en peligro la liquidez y la capacidad operativa del FUR.
325
Así, corresponde a la JUR fijar con precisión la cuota de CPI concedidos a la entidad que lo solicite, que no puede ser inferior al 15 % del total de sus obligaciones de pago, velando al mismo tiempo por que no se supere el tope a que se refiere el anterior apartado 324 relativo a la suma de todos los CPI autorizados. Además, si bien es cierto que estas disposiciones no contienen precisiones sobre la naturaleza de las garantías que deben aceptarse, no lo es menos que la JUR solo puede aceptar CPI si están garantizados por activos de bajo riesgo libres de cargas por derechos de terceros y en las condiciones que permitan su rápida realización.
326
Por lo tanto, la determinación de la cuota precisa de CPI concedida a la entidad que lo solicite y de la naturaleza de las garantías admisibles supone la realización de evaluaciones económicas y técnicas complejas, de modo que el control del juez de la Unión debe limitarse a examinar si, al ejercer la facultad de apreciación de que dispone, la JUR incurrió en error manifiesto o desviación de poder o si rebasó manifiestamente los límites de dicha facultad de apreciación.
327
Las alegaciones de la demandante deben examinarse a la luz de estas consideraciones.
328
En primer lugar, por lo que respecta a la limitación de utilización de CPI al 15 % del importe total de aportaciones ex ante, la demandante considera que tal limitación es contraria al espíritu, al contexto y a los objetivos del artículo 70, apartado 3, del Reglamento n.o 806/2014, al no facilitar la JUR a las entidades sin reservas la posibilidad de utilizar CPI por encima de ese umbral del 15 %.
329
A este respecto, como ya se ha indicado en el anterior apartado 320, el artículo 70, apartado 3, del Reglamento n.o 806/2014 precisa que la parte de CPI no podrá superar el límite máximo del 30 % de la cantidad total de aportaciones ex ante abonadas cada año. En cambio, esta disposición no establece que la JUR deba fijar la parte de CPI en el 30 % del total de las obligaciones de pago de la entidad que lo solicite.
330
Además, la determinación por la JUR de la cuota de CPI permitida a las entidades que lo soliciten debe basarse en una apreciación concreta de la situación de esas entidades y de la del FUR, velando al mismo tiempo por que la utilización de CPI no afecte en modo alguno a la capacidad financiera o a la liquidez del FUR, de conformidad con el considerando 16 y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81.
331
Pues bien, como se desprende, en particular, del considerando 150 de la Decisión impugnada, la JUR decidió no fijar la cuota de CPI en un nivel superior al 15 % de la cantidad total de aportaciones ex ante basándose en un examen concreto de todas las circunstancias que consideró pertinentes, en particular las relacionadas con la pandemia de COVID‑19, y de las consecuencias que acarrearía a largo plazo para la situación de las entidades la ejecución de CPI de mayor importe.
332
En estas circunstancias, la demandante no puede sostener que la limitación de utilización de CPI al 15 % del total de las obligaciones de pago de las entidades que lo solicitan sea contraria al artículo 70, apartado 3, del Reglamento n.o 806/2014.
333
En segundo lugar, por lo que respecta a la exigencia impuesta por la JUR de que las garantías en respaldo de los CPI se constituyeran en efectivo, la demandante alega que ni el artículo 103, apartado 3, de la Directiva 2014/59 ni el artículo 70, apartado 3, del Reglamento n.o 806/2014 dejan a la discrecionalidad de la JUR la definición del tipo de garantía que las entidades pueden prestar. Por lo tanto, según la demandante, la JUR va más allá de lo dispuesto en los preceptos legales que delimitan sus competencias al imponer, por principio y de manera cuasirreglamentaria, tal tipo de garantía.
334
A este respecto, como se ha señalado en el anterior apartado 326, de las disposiciones mencionadas en los anteriores apartados 320 a 323 se desprende que la JUR dispone de una facultad discrecional en cuanto al régimen de utilización de los CPI y a la naturaleza de las garantías que deban aceptarse como contrapartida.
335
Ciertamente, esta facultad está delimitada por la exigencia de que esas garantías sean activos de bajo riesgo libres de cargas por derechos de terceros, asignados para el uso exclusivo de la JUR, que no afecten en modo alguno a la capacidad financiera o a la liquidez del FUR.
336
No obstante, la demandante no ha aportado al Tribunal General dato alguno que permita demostrar qué otros tipos de activos presentan garantías comparables al dinero en efectivo a la vista de esos requisitos.
337
A la vista de lo anterior, la demandante no puede sostener que la JUR infringió el artículo 103, apartado 3, de la Directiva 2014/59 y el artículo 70, apartado 3, del Reglamento n.o 806/2014 al definir el tipo de garantía que las entidades deben prestar para responder de los CPI.
338
Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que la JUR justificara esta exigencia haciendo referencia, en el considerando 152 de la Decisión impugnada, a los CPI ya aceptados en los períodos de contribución anteriores, ya que tal circunstancia no afecta en modo alguno al error de Derecho alegado.
339
En tercer lugar, la demandante alega que la restricción de utilización de CPI es opaca, puesto que la JUR rechazó la solicitud que presentaron algunas entidades con objeto de que dicha autoridad les comunicara o publicara su Decisión SRB/ES/2020/71, de 16 de diciembre de 2020, por la que se fija la política sobre los CPI para el período de contribución 2021 (en lo sucesivo, «decisión por la que se fija la política sobre CPI»).
340
A este respecto, la demandante no explica suficientemente la incidencia de esta circunstancia en el examen del error de Derecho invocado en el marco de los presentes motivos.
341
Además, en la medida en que la presente alegación deba entenderse en el sentido de que pretende poner en entredicho la suficiencia de la motivación de la Decisión impugnada, debe señalarse que existe un solapamiento entre esta alegación y el sexto motivo, basado en la falta de motivación de la Decisión impugnada por lo que respecta a los CPI. Pues bien, en la vista, la demandante retiró este motivo, dando a entender que ya no impugna la motivación de la Decisión impugnada en lo que se refiere a la utilización de los CPI.
342
En cualquier caso, en respuesta a una diligencia de prueba del Tribunal General de 9 de noviembre de 2022, la JUR presentó las decisiones intermedias pertinentes para el cálculo de las aportaciones ex ante para el período de contribución 2021. Estas decisiones, que posteriormente fueron notificadas a la demandante en su versión no confidencial, contienen, en particular, la decisión por la que se fija la política sobre CPI. Además, la propia Decisión impugnada presenta, en sus considerandos 145 a 155, una motivación relativa a los CPI.
343
Por otra parte, la demandante no ha identificado en la decisión por la que se fija la política sobre CPI ningún dato que no figure en la propia Decisión impugnada.
344
Por consiguiente, nada indica que el hecho de que la decisión por la que se fija la política sobre CPI no se haya publicado incidiera en el grado de información de que disponía la demandante para poder comprobar la legalidad de la utilización de CPI.
345
En cuarto lugar, la demandante sostiene que la JUR incurrió en errores manifiestos de apreciación por lo que respecta a los riesgos de liquidez y a las repercusiones procíclicas de una utilización de CPI por encima del 15 % de las aportaciones ex ante. En efecto, contrariamente a la apreciación de la JUR, la utilización de CPI tenía por objeto mitigar las repercusiones procíclicas que podrían tener las aportaciones ex ante debido a su importe. Así, habida cuenta del contexto macroeconómico del año 2020, una mayor utilización de CPI habría permitido contrarrestar el incremento de dichas aportaciones impulsado por el aumento de los depósitos de las entidades.
346
A este respecto, es cierto que si la JUR fija la cuota de CPI de las entidades que lo solicitan en un nivel superior al 15 % del total de sus obligaciones de pago, este nivel puede suponer, como sostiene la demandante, un alivio a corto plazo para las entidades en cuestión, en la medida en que reduce la parte de la aportación ex ante que debe abonarse inmediatamente en efectivo.
347
Sin embargo, como señala en esencia la JUR, sin que se le haya replicado en este extremo, un nivel superior al 15 % podría tener repercusiones procíclicas en la posición de las entidades a largo plazo. En efecto, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81 establece que, cuando la medida de resolución implique la intervención del FUR con arreglo al artículo 76 del Reglamento n.o 806/2014, la JUR ejecutará parcialmente o en su totalidad los CPI para que los importes correspondientes se abonen al FUR. De ello se deduce que, en tal situación, las entidades que han recurrido a CPI deben ejecutarlos y pagar las cantidades correspondientes, lo que implica para ellas un riesgo de pérdidas importantes, que sería aún mayor si la cuota de CPI se fijara en un nivel elevado.
348
Y es que no se ha de olvidar que la Decisión impugnada fue adoptada en unas circunstancias particulares caracterizadas por la incertidumbre económica asociada a la pandemia de COVID‑19. En este contexto, las repercusiones derivadas de una posible ejecución de CPI para la posición de las entidades podrían haber sido aún mayores, como señala en esencia la JUR en los considerandos 150, 152 y 153 de la Decisión impugnada.
349
De lo anterior se infiere que la JUR podía considerar que un umbral más elevado de CPI podría tener repercusiones procíclicas a largo plazo en las entidades y aumentar sus pérdidas como consecuencia del pago de las cantidades correspondientes a los CPI en el marco de una eventual medida de resolución.
350
Por lo tanto, la demandante no ha demostrado que la JUR incurriera en error manifiesto de apreciación o en desviación de poder o que rebasara manifiestamente los límites de su facultad de apreciación al fijar la cuota de CPI en el 15 % de la cantidad total de aportaciones ex ante para el período de contribución 2021.
351
Esta conclusión no queda desvirtuada por las sentencias citadas por la demandante, a saber, las sentencias de 9 de septiembre de 2020, Société générale/BCE (T‑143/18, no publicada, EU:T:2020:389); de 9 de septiembre de 2020, Crédit agricole y otros/BCE (T‑144/18, no publicada, EU:T:2020:390); de 9 de septiembre de 2020, Confédération nationale du Crédit mutuel y otros/BCE (T‑145/18, no publicada, EU:T:2020:391); de 9 de septiembre de 2020, BPCE y otros/BCE (T‑146/18, no publicada, EU:T:2020:392); de 9 de septiembre de 2020, Arkéa Direct Bank y otros/BCE (T‑149/18, no publicada, EU:T:2020:393), y de 9 de septiembre de 2020, BNP Paribas/BCE (T‑150/18 y T‑345/18, EU:T:2020:394). Las citadas sentencias se refieren a decisiones del BCE por las que este exigió que se dedujeran del capital los importes acumulados de los CPI suscritos para el FUR o los SGD. En dichas sentencias, el juez de la Unión no se pronunció sobre la determinación por la JUR del umbral de utilización de CPI ni sobre las garantías que debían aceptarse en contrapartida a esos CPI.
352
En quinto lugar, la demandante sostiene que la JUR no explicó por qué existía un riesgo de liquidez en el caso de garantías constituidas exclusivamente en efectivo y denominadas en euros. A este respecto, el modelo de acuerdo sobre CPI establece un mecanismo que garantiza una elevada liquidez del FUR, ya que estipula, por una parte, que la JUR puede ingresar, en un plazo breve, el efectivo entregado como garantía de los CPI y, por otra parte, que la JUR adquiere ese efectivo en plena propiedad y que puede disponer de él libremente en caso de impago por la entidad de que se trate.
353
En la medida en que la presente alegación deba entenderse también en el sentido de que pretende poner en entredicho la suficiencia de la motivación de la Decisión impugnada en cuanto al riesgo de liquidez en el caso de garantías constituidas exclusivamente en efectivo y denominadas en euros, debe señalarse que existe un solapamiento entre esta alegación y el sexto motivo, basado en la falta de motivación de la Decisión impugnada por lo que respecta a los CPI. Pues bien, como se ha indicado en el anterior apartado 341, este motivo fue retirado en la vista por la demandante.
354
De igual forma, en el supuesto de que la argumentación de la demandante relativa a esta alegación deba entenderse en el sentido de que la JUR incurrió en error manifiesto de apreciación al establecer el límite de la cuota de CPI en el 15 % de la cantidad total de aportaciones ex ante cuando tales garantías se constituyen exclusivamente en efectivo y, por consiguiente, no presentan riesgo de liquidez a la luz del modelo de acuerdo sobre CPI, procede señalar lo siguiente.
355
Por un lado, aunque consta que las garantías relativas a los CPI constituidas exclusivamente en efectivo son activos de bajo riesgo, puesto que es posible liquidarlas a corto plazo, esta circunstancia no desvirtúa las apreciaciones expuestas en los anteriores apartados 347 a 349, según las cuales la JUR podía considerar, en las circunstancias particulares del período de que se trata, y sin incurrir en error manifiesto de apreciación, que una cuota de CPI superior al 15 % habría podido tener repercusiones procíclicas a largo plazo en las entidades.
356
Por otro lado, la demandante se apoya erróneamente en el modelo de acuerdo sobre CPI para sostener que la JUR debería haber autorizado una cuota de CPI superior al 15 %, dado que este modelo estipula que la JUR tiene la plena propiedad del efectivo transferido, de modo que dicho efectivo constituye un activo de bajo riesgo.
357
Es cierto que el modelo de acuerdo sobre CPI establece, en su cláusula 3.1, que, para garantizar el pago íntegro y puntual de las obligaciones garantizadas, la entidad constituirá una garantía en efectivo en favor de la JUR y transferirá a esta la plena propiedad de una cantidad en efectivo equivalente al importe de los CPI y, en su cláusula 3.5, que la JUR tendrá la plena propiedad del efectivo transferido y que tendrá derecho a disponer de él libremente, sin perjuicio de la obligación de reembolsar el importe correspondiente de la garantía en efectivo en caso de cumplimiento de las obligaciones garantizadas en su fecha de vencimiento.
358
No obstante, las cláusulas 2, 5 y 6 del modelo de acuerdo sobre CPI establecen un procedimiento mediante el cual la JUR reclama el pago del CPI, así como las consecuencias para la entidad de que se trate.
359
En las cláusulas 2.1 y 2.2 del modelo de acuerdo sobre CPI se establece que la JUR remitirá a la entidad de que se trate un requerimiento de pago del CPI. La cláusula 5 del mismo modelo de acuerdo establece que, en cuanto reciba el pago reclamado, la JUR reembolsará un importe de garantía en efectivo equivalente al importe del pago reclamado y satisfecho. La cláusula 6 del modelo de acuerdo sobre CPI dispone, en particular, que, en caso de impago de la entidad al primer requerimiento, la JUR tendrá derecho a liquidar la garantía en efectivo en ejecución de las obligaciones garantizadas y, en consecuencia, podrá compensar el importe de las obligaciones garantizadas impagadas con la obligación de reembolsar la garantía en efectivo.
360
Del análisis de las estipulaciones del acuerdo sobre CPI se desprende que, aunque la JUR goza de la plena propiedad del efectivo que garantiza los CPI, solo puede disponer de este, en favor del FUR, con arreglo a un procedimiento específico.
361
En estas circunstancias, la JUR podía estimar, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81, que tales CPI no ofrecen el mismo grado de garantía en materia de capacidad financiera y de liquidez del FUR que un pago inmediato en efectivo.
362
En sexto lugar, si bien la demandante arguye que la JUR no mencionó la posibilidad de utilizar otros tipos de activos distintos del efectivo, que también podrían considerarse de bajo riesgo y libres de cargas por derechos de terceros, no ha precisado qué otros tipos de activos ofrecerían garantías comparables al efectivo sin afectar a la capacidad financiera y a la liquidez del FUR, por lo que debe desestimarse dicho argumento.
363
Por cuanto antecede, la demandante no ha demostrado que la JUR incurrió en errores manifiestos de apreciación o en error de Derecho al fijar el límite de utilización de CPI en el 15 % de la cantidad total de aportaciones ex ante adeudadas para el período de contribución 2021 y aceptar únicamente dinero en efectivo como garantía de los CPI.
364
En consecuencia, procede desestimar los motivos séptimo y octavo.
D. Conclusión
365
Habida cuenta de la procedencia de la tercera parte del tercer motivo y de los motivos cuarto y quinto en la medida en que se dirigen directamente contra la Decisión impugnada, procede anular la Decisión impugnada, en la medida en que afecta a la demandante.
E. Sobre la limitación de los efectos de la sentencia en el tiempo
366
La JUR solicita al Tribunal General que, en caso de anulación de la Decisión impugnada, mantenga sus efectos hasta que sea sustituida o, al menos, durante un período de seis meses desde la fecha en que la sentencia adquiera firmeza.
367
La demandante señaló en la vista que una eventual anulación de la Decisión impugnada debido a una ilegalidad en cuanto al fondo debería conducir a la JUR a reembolsarle el importe de su aportación ex ante. Además, según la demandante, tal anulación no afectaría en modo alguno al funcionamiento de la JUR ni a la estabilidad financiera de la Unión, al hallarse la constitución del FUR en un estado muy avanzado.
368
Procede recordar que, a tenor del artículo 264 TFUE, párrafo segundo, el juez de la Unión podrá indicar, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos.
369
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, teniendo en cuenta las razones relacionadas con la seguridad jurídica, los efectos de tal acto pueden mantenerse, sobre todo, cuando los efectos inmediatos de su anulación entrañarían graves consecuencias negativas y cuando la legalidad del acto recurrido se haya impugnado no a causa de su finalidad o de su contenido, sino por razones de vicios sustanciales de forma (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 175 y jurisprudencia citada).
370
En este caso, la Decisión impugnada se adoptó incurriendo en vicios sustanciales de forma. En cambio, el Tribunal General no ha constatado en el presente procedimiento error alguno que afecte a la legalidad de la referida Decisión en cuanto al fondo.
371
Además, al igual que declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), apartado 177, procede señalar que anular la Decisión impugnada sin acordar el mantenimiento de sus efectos hasta que sea sustituida por un nuevo acto iría en perjuicio del cumplimiento de la Directiva 2014/59, del Reglamento n.o 806/2014 y del Reglamento Delegado 2015/63, que constituyen una parte esencial de la unión bancaria, la cual contribuye a la estabilidad de la zona euro.
372
Por todo ello, procede mantener los efectos de la Decisión impugnada, en lo que respecta a la demandante, hasta que entre en vigor, en un plazo razonable que no podrá exceder de seis meses desde la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia, una nueva decisión de la JUR por la que se fije la aportación ex ante al FUR de la demandante por el período de contribución 2021.
Costas
373
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la JUR, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la demandante, conforme a lo solicitado por esta última.
374
De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, el Parlamento, el Consejo y la Comisión cargarán con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada)
decide:
1)
Anular, en cuanto afecta a La Banque postale, la Decisión SRB/ES/2021/22 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 14 de abril de 2021, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2021 al Fondo Único de Resolución.
2)
Mantener los efectos de la Decisión SRB/ES/2020/22 en lo que respecta a La Banque postale hasta la entrada en vigor, en un plazo razonable que no podrá exceder de seis meses desde la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia, de una nueva decisión de la JUR por la que se fije la aportación ex ante al Fondo Único de Resolución de la referida entidad por el período de contribución 2021.
3)
La JUR cargará, además de con sus propias costas, con las de La Banque postale.
4)
El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.
Kornezov
De Baere
Petrlík
Kecsmár
Kingston
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de diciembre de 2023.
Firmas
Índice
I. Antecedentes del litigio
II. Decisión impugnada
III. Pretensiones de las partes
IV. Fundamentos de Derecho
A. Sobre las causas de inadmisión
B. Sobre las excepciones de ilegalidad del Reglamento n.o 806/2014, del Reglamento Delegado 2015/63 y del Reglamento de Ejecución 2015/81.
1. Sobre el primer motivo, basado en la violación del principio de igualdad de trato
a) Sobre las partes primera y segunda, basadas en la falta de consideración de las diferencias de situación entre las entidades de la unión bancaria y en el carácter injustificado de la exclusión de los depósitos con cobertura de la base de cálculo de la contribución anual de base
1) Primera alegación de la primera parte, basada en la falta de consideración de las diferencias de situación entre los sectores bancarios de los Estados miembros participantes, y segunda parte, relativa al carácter injustificado de la exclusión de los depósitos con cobertura de la base de cálculo de la contribución anual de base
2) Segunda alegación de la primera parte, basada en la incongruencia asociada a la falta de consideración de los criterios de evaluación empleados en el marco del MUS
b) Sobre la tercera parte, basada en el carácter injustificado de la falta de deducción de los pasivos admisibles que cumplen los requisitos prudenciales del MREL
c) Sobre la cuarta parte, basada en que las aportaciones ex ante no son representativas del riesgo realmente soportado, debido a los criterios empleados para calcular el multiplicador de ajuste
1) Primera alegación de la cuarta parte, basada en la falta de consideración del perfil de riesgo intrínseco global de cada entidad
2) Segunda alegación de la cuarta parte, basada en la falta de apreciación de los factores de riesgo a la luz de las exigencias impuestas por la autoridad de supervisión en el marco del MUS
3) Tercera alegación de la cuarta parte, basada en la imposibilidad de tener en cuenta globalmente cada especificidad individual de cada entidad
2. Sobre el segundo motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
3. Sobre el tercer motivo, basado en la violación del principio de seguridad jurídica
a) Sobre la primera parte, basada en la imposibilidad de conocer de antemano el nivel de la aportación ex ante
b) Sobre la segunda parte, basada en la falta de previsibilidad en cuanto a la aplicación de determinados indicadores de riesgo
c) Sobre la tercera parte, basada en las modalidades para determinar el «índice de aumento de los depósitos con cobertura»
d) Sobre la cuarta parte, basada en la infracción del artículo 290 TFUE a través de los criterios de cálculo definidos por el Reglamento Delegado 2015/63
4. Sobre los motivos cuarto y quinto, basados en la violación de los principios de buena administración y de tutela judicial efectiva, en la medida en que contienen una excepción de ilegalidad
C. Sobre los motivos relativos a la legalidad de la Decisión impugnada
1. Sobre la motivación de la determinación del objetivo de financiación anual
2. Sobre los motivos cuarto y quinto, basados en la violación por la JUR, en la Decisión impugnada, de los principios de buena administración y de tutela judicial efectiva
3. Sobre los motivos séptimo y octavo, basados en errores manifiestos de apreciación y en el error de Derecho resultante de los límites impuestos a la utilización de CPI
D. Conclusión
E. Sobre la limitación de los efectos de la sentencia en el tiempo
Costas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.