AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 20 de abril de 2026 (*)
« Recurso de casación — Artículo 181 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Recurso por responsabilidad extracontractual dirigido contra un Estado miembro — Incompetencia manifiesta de los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea — Recurso por incumplimiento de un Estado miembro interpuesto por un particular — Recurso de casación manifiestamente infundado »
En el asunto C‑624/25 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 18 de septiembre de 2025,
Miguel Ángel Navarro Riofrío, con domicilio en Madrid, representado por el Sr. M. Á. Navarro Fernández, abogado,
parte recurrente,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Reino de España,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. M. Condinanzi, Presidente de Sala, y el Sr. N. Jääskinen (Ponente) y la Sra. R. Frendo, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Biondi;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 181 de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante su recurso de casación, D. Miguel Ángel Navarro Riofrío solicita la anulación del auto del Tribunal General de 12 de septiembre de 2025, Navarro Riofrío/España (T‑346/25, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2025:885), por el que este desestimó su recurso dirigido, en esencia, a obtener la reparación del perjuicio que alegaba haber sufrido como consecuencia de supuestas violaciones graves, estructurales o sistemáticas del Derecho de la Unión por parte del Reino de España.
Antecedentes del litigio
2        El Sr. Navarro Riofrío es un nacional español con una discapacidad del 93 % cuyo patrimonio está protegido, desde marzo de 2016, en virtud de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, con el fin de satisfacer sus necesidades vitales.
3        Afirma que este patrimonio, constituido, en particular, por una vivienda que ha sido ocupada ilegalmente, ha sufrido graves daños, lo que le ha llevado, al igual que a sus padres, a incoar tres procedimientos judiciales ante los órganos jurisdiccionales españoles.
4        Según el recurrente, por una parte, el Ministerio Fiscal, al no intervenir en estos procedimientos, ha incumplido su misión de velar por el respeto de la ley y defender los derechos de las personas vulnerables, garantizados por el Derecho español, el Derecho de la Unión y el Derecho internacional.
5        Por otra parte, el recurrente alega que los órganos jurisdiccionales españoles han vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva al negarse sistemáticamente a plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial en el marco de dichos procedimientos.
6        En este contexto, el recurrente indica que, el 16 de mayo de 2015, presentó ante la Comisión Europea dos denuncias formales, en las que informaba a dicha institución de la existencia de violaciones estructurales y persistentes del Derecho de la Unión por parte del Reino de España. Sin embargo, hasta la fecha, dicha institución no ha respondido al recurrente ni ha adoptado ninguna medida contra el Reino de España.
Procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido
7        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 27 de mayo de 2025, el recurrente interpuso un recurso, basado en los artículos
268 TFUE, 340 TFUE y 265 TFUE, en relación con los artículos 4 TUE, apartado
3, y
19 TUE, así como con el artículo
47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), por el que solicitaba, en esencia, que se condenara al Reino de España a reparar el perjuicio que alegaba haber sufrido como consecuencia de violaciones «graves, estructurales o sistemáticas» del Derecho de la Unión y de un incumplimiento, por parte de dicho Estado miembro, de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión.
8        El recurrente solicitaba al Tribunal General que:
–        Estimara el recurso y declarara la responsabilidad extracontractual del Reino de España por violaciones «graves y sistemáticas» del Derecho de la Unión.
–        Estimara asimismo el recurso por inacción «estructural» del Reino de España por violaciones «sistemáticas y flagrantes» del Derecho de la Unión en perjuicio de las personas con discapacidad, sus derechos y su patrimonio.
–        Condenara al Reino de España a reparar íntegramente el daño patrimonial, moral y personal sufrido por el recurrente.
–        Ordenara al Reino de España adoptar medidas cautelares para que cesaran las violaciones imputadas y garantizar su no repetición.
–        Comunicara el recurso a la Comisión para la interposición de un recurso con arreglo al artículo
258 TFUE.
–        Ordenara al Reino de España la revisión de los actos procesales indicados.
–        Declarara la infracción del artículo
267 TFUE debido a la negativa reiterada de los tribunales españoles a plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.
–        Condenara en costas al Reino de España.
–        Adoptara cuantas medidas fueran necesarias para restituir los derechos del recurrente.
9        Mediante el auto recurrido, el Tribunal General, de conformidad con el artículo
126 de su Reglamento de Procedimiento, desestimó dicho recurso por incompetencia manifiesta de los órganos jurisdiccionales de la Unión.
10      El Tribunal General, tras haber considerado, en el apartado
4 del auto recurrido, que la demanda del recurrente pretendía, en esencia, obtener la reparación del perjuicio que supuestamente había sufrido como consecuencia de violaciones del Derecho de la Unión por parte del Reino de España, recordó, en el apartado
5 de dicho auto, que, en virtud de los artículos
268 TFUE y 340 TFUE, párrafos segundo y tercero, su competencia en materia de responsabilidad extracontractual se limita a los recursos de indemnización por los daños causados por las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión Europea o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones.
11      Tras declarar, en el apartado
6 del auto recurrido, que el autor del comportamiento que supuestamente ocasionó un daño al recurrente no es ni una institución ni un órgano u organismo de la Unión, el Tribunal General declaró, en consecuencia, en el apartado
7 de dicho auto, la inadmisibilidad del recurso por incompetencia manifiesta.
Pretensiones del recurrente ante el Tribunal de Justicia
12      Mediante su recurso de casación, el recurrente solicita al Tribunal de Justicia, con carácter principal, que:
–        Anule el auto recurrido y resuelva él mismo el litigio.
–        Declare, en consecuencia, que el recurrente cumplió con el requisito del artículo 265 TFUE, apartado 2, al presentar denuncias formales ante la Comisión y que esta estaba obligada a pronunciarse motivadamente sobre ellas; que los tribunales españoles incumplieron la obligación del artículo 267 TFUE, apartado 3, al denegar reiteradamente el planteamiento de una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia, generando así la responsabilidad del Reino de España, y que la inadmisión global dictada por el Tribunal General vulneró el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 47 de la Carta, el artículo 19 TUE, el principio pro actione y el deber de motivación previsto en el artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
–        Ordene a la Comisión emitir una respuesta expresa y motivada a las denuncias presentadas por el recurrente en cumplimiento del artículo 265 TFUE y del principio pacta sunt servanda.
–        Acuerde la adopción de medidas provisionales o cautelarísimas, con arreglo a los artículos 278 TFUE y 279 TFUE, para proteger de manera inmediata el patrimonio del recurrente frente a daños graves e irreparables.
13      Con carácter subsidiario, el recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule el auto recurrido y devuelva el asunto al Tribunal General para que este se pronuncie sobre el fondo de todas las pretensiones formuladas, incluido el recurso por responsabilidad extracontractual interpuesto contra el Reino de España, el recurso por omisión dirigido contra la Comisión y la infracción del artículo
267 TFUE, apartado
3, por parte de los tribunales españoles.
14      El recurrente solicita al Tribunal de Justicia, en todo caso, que declare, por una parte, en virtud de los artículos 2 TUE y 19 TUE y del artículo
47 de la Carta, que el sistema jurisdiccional de la Unión debe garantizar un recurso efectivo frente a situaciones de denegación «estructural» de la justicia y, por otra parte, que, en los casos en que las víctimas pertenezcan a colectivos especialmente protegidos, como el de las personas con discapacidad, los órganos jurisdiccionales de la Unión tienen un deber reforzado de motivación, claridad procesal y eliminación de obstáculos formales.
15      Por otra parte, el recurrente solicita al Tribunal de Justicia que condene en costas al Reino de España y, en su caso, a la Comisión si se persona en el procedimiento.
Sobre el recurso de casación
16      En virtud del artículo 181 de su Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso de casación sea, en todo o en parte, manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, desestimar total o parcialmente el recurso de casación mediante auto motivado.
17      Procede aplicar esta disposición al presente recurso de casación.
18      En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca siete motivos, basados, el primero, en un error en la apreciación de la competencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión y en la tramitación procesal; el segundo, en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio pro actione; el tercero, en la deficiente motivación del auto recurrido; el cuarto, en que el Tribunal General no resolvió sobre determinadas pretensiones de la demanda presentada en primera instancia; el quinto, en la denegación «estructural» de justicia a una persona con discapacidad; el sexto, en la infracción del artículo
267 TFUE, apartado
3, y de la doctrina consolidada sobre la obligación de plantear una cuestión prejudicial, y, el séptimo, en la vulneración del principio pacta sunt servanda.
19      Procede examinar, en primer lugar, los motivos primero y tercero, así como la segunda parte del cuarto motivo; en segundo lugar, los motivos segundo y quinto; en tercer lugar, el séptimo motivo, y, en cuarto lugar, la primera parte del cuarto motivo y el sexto motivo.
Motivos de casación primero y tercero y segunda parte del cuarto motivo de casación
Alegaciones del recurrente
20      Mediante el primer motivo de casación y la segunda parte del cuarto motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, no haber examinado la pretensión relativa a la responsabilidad de la Unión por inacción de la Comisión. A este respecto, alega que la demanda en primera instancia contenía dos partes, a saber, una acción de responsabilidad frente al Estado español y una acción de responsabilidad extracontractual de la Unión por omisión institucional.
21      Mediante el tercer motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General haber incumplido su obligación de motivación, en la medida en que no expuso las razones por las que desestimó la parte del recurso interpuesto ante él relativa a la inacción de la Comisión.
Apreciación del Tribunal de Justicia
22      Procede recordar, por un lado, que, en el marco de un recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia tiene por objeto, en particular, examinar si el Tribunal General ha contestado de modo suficiente con arreglo a Derecho a todas las alegaciones formuladas por el recurrente y, por otro lado, que el motivo de casación basado en la falta de respuesta del Tribunal General a las alegaciones formuladas en primera instancia equivale, en esencia, a invocar un incumplimiento de la obligación de motivación que resulta del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto, y del artículo 117 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General (sentencia de 9 de marzo de 2017, Ellinikos Chrysos/Comisión, C‑100/16 P, EU:C:2017:194, apartado
31 y jurisprudencia citada).
23      Esta obligación de motivación no exige al Tribunal General que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio. La motivación puede ser, pues, implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (sentencia de 9 de marzo de 2017, Ellinikos Chrysos/Comisión, C‑100/16 P, EU:C:2017:194, apartado
32 y jurisprudencia citada).
24      En el caso de autos, procede señalar, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia mencionada en el apartado
22 del presente auto, que el motivo basado en la falta de respuesta del Tribunal General a la pretensión relativa a la responsabilidad de la Unión por inacción de la Comisión equivale, en esencia, a invocar un incumplimiento de la obligación de motivación del Tribunal General.
25      A este respecto, de la demanda presentada en primera instancia, en particular del título y del segundo punto de su petitum, se desprende que el recurso se dirigía exclusivamente contra el Reino de España. Más concretamente, el recurrente solicitaba al Tribunal General, como se desprende del apartado
8 del presente auto, por una parte, que estimara su recurso por responsabilidad dirigido contra el Reino de España por violaciones «sistemáticas y flagrantes» del Derecho de la Unión y por su inacción frente a violaciones «sistemáticas y flagrantes» de ese Derecho en perjuicio de las personas con discapacidad, de sus derechos y de su patrimonio y, por otra parte, que condenara a dicho Estado miembro a la reparación íntegra del perjuicio patrimonial, moral y personal sufrido por el recurrente. Por otro lado, ha de señalarse que, por lo que respecta al artículo
265 TFUE, el recurrente se limitó a invocar esta disposición, sin precisar, no obstante, en qué medida su recurso se basaba en una infracción de esta.
26      En estas circunstancias, no puede reprocharse al Tribunal General haber incumplido su obligación de motivación por no pronunciarse sobre una pretensión supuestamente dirigida contra la Comisión y sobre la pretensión mediante la que el recurrente intentó exigir la responsabilidad extracontractual de la Unión ni, con mayor razón, por no haber expuesto las razones por las que desestimó esas supuestas pretensiones.
27      De ello se deduce que el Tribunal General pudo considerar fundadamente, en el apartado
4 del auto recurrido, que la demanda del recurrente pretendía, en esencia, obtener la reparación del perjuicio que supuestamente había sufrido como consecuencia de violaciones del Derecho de la Unión por parte del Reino de España y declarar así la inadmisibilidad del recurso por incompetencia manifiesta.
28      Por consiguiente, los motivos de casación primero y tercero y la segunda parte del cuarto motivo de casación deben desestimarse por ser manifiestamente infundados.
Motivos de casación segundo y quinto
Alegaciones del recurrente
29      Mediante los motivos de casación segundo y quinto, el recurrente sostiene, en esencia, que el auto recurrido, unido a la inacción de la Comisión y a la negativa de los órganos jurisdiccionales nacionales a plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia, privó de facto al recurrente de todo remedio frente a las graves violaciones de los derechos fundamentales de las que supuestamente ha sido víctima, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio pro actione.
Apreciación del Tribunal de Justicia
30      Según reiterada jurisprudencia, los particulares deben poder disfrutar de una tutela judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (auto de 4 de octubre de 2010, Ivanov/Comisión, C‑532/09 P, EU:C:2010:577, apartado
42 y jurisprudencia citada).
31      No obstante, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo
47 de la Carta no puede crear una competencia para el Tribunal de Justicia cuando los Tratados la excluyen. Este artículo 47 tampoco tiene por objeto modificar el sistema de control judicial establecido en los Tratados, en particular las normas relativas a la admisibilidad de los recursos presentados directamente ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, tal como también se desprende de las explicaciones relativas a dicho artículo 47, las cuales deben tenerse en cuenta, con arreglo al artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo tercero, y al artículo 52, apartado 7, de la Carta, para la interpretación del referido artículo 47 (sentencia de 10 de septiembre de 2024, KS y otros/Consejo y otros, C‑29/22 P
y C‑44/22 P, EU:C:2024:725, apartado
71 y jurisprudencia citada).
32      De ello se deduce que el principio de tutela judicial efectiva no puede justificar que el juez de la Unión rebase las competencias que le han sido atribuidas con el único fin de paliar la supuesta negativa de los órganos jurisdiccionales nacionales a plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial en virtud del artículo
267 TFUE y la supuesta inacción de la Comisión frente al Estado miembro de que se trate (véase, en este sentido, el auto de 26 de marzo de 2020, Magnan/Comisión, C‑860/19 P, EU:C:2020:227, apartado
53). Se impone una apreciación idéntica con respecto a la alegación del recurrente basada en el principio pro actione.
33      En estas circunstancias, el Tribunal General ha declarado fundadamente que era manifiestamente incompetente para conocer de un recurso de indemnización interpuesto por una persona física contra un Estado miembro (auto de 17 de marzo de 2023, Asociación de Delineantes de Hacienda/España, C‑552/22 P, EU:C:2023:252, apartado
11 y jurisprudencia citada).
34      Por lo tanto, procede desestimar los motivos de casación segundo y quinto por ser manifiestamente infundados.
Séptimo motivo de casación
Alegaciones del recurrente
35      Mediante el séptimo motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, no haberse pronunciado sobre la aplicabilidad de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y aprobada en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009 (DO 2010, L 23, p. 35). Según el recurrente, esta omisión del Tribunal General le privó de la protección reforzada que el Derecho de la Unión reconoce a las personas con discapacidad, vulnerando el principio pacta sunt servanda, consagrado en el artículo
26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1155, p. 331), y reconocido como principio general del Derecho de la Unión.
Apreciación del Tribunal de Justicia
36      A este respecto, basta con señalar que, dado que, como se desprende de los apartados
27 y 33 del presente auto, el Tribunal General declaró fundadamente que era manifiestamente incompetente para conocer del recurso interpuesto ante él, toda vez que se dirigía contra el Reino de España, no estaba obligado a realizar ninguna apreciación en cuanto al fondo de las alegaciones que el recurrente formulaba para sustentar, en Derecho, la existencia de un comportamiento perjudicial de dicho Estado miembro con respecto a él.
37      Por consiguiente, procede desestimar el séptimo motivo de casación por ser manifiestamente infundado.
Primera parte del cuarto motivo de casación y sexto motivo de casación
Alegaciones del recurrente
38      Mediante la primera parte del cuarto motivo de casación y el sexto motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, no haberse pronunciado sobre la alegación basada en la infracción, por parte de los órganos jurisdiccionales españoles de última instancia, del artículo
267 TFUE, en contra de lo dispuesto en el artículo
47 de la Carta, el artículo
19 TUE y el artículo
36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Apreciación del Tribunal de Justicia
39      A este respecto, es cierto que del auto recurrido se desprende que el Tribunal General no respondió a la pretensión formulada en la demanda en primera instancia de que se declarara el incumplimiento, por parte del Reino de España, de la obligación que los órganos jurisdiccionales españoles tenían supuestamente, en el caso de autos, de plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo
267 TFUE, apartado 3.
40      Sin embargo, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, aunque los fundamentos de Derecho de una resolución del Tribunal General incluyan una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal infracción no puede dar lugar a la anulación de dicha resolución y debe llevarse a cabo una sustitución de fundamentos de Derecho (véase, en este sentido, el auto de 17 de marzo de 2023, Asociación de Delineantes de Hacienda/España, C‑552/22 P, EU:C:2023:252, apartado
12 y jurisprudencia citada).
41      Pues bien, en el caso de autos, es evidente que esta falta de respuesta del Tribunal General no puede poner en entredicho el fallo del auto recurrido.
42      En efecto, el Tribunal General es manifiestamente incompetente para declarar que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión. El incumplimiento de los Tratados por parte de los Estados miembros puede ser objeto de control judicial, atribuido al Tribunal de Justicia, en el marco de los procedimientos previstos en los artículos 258 TFUE y 259 TFUE, que solo pueden iniciarse por la Comisión o por otro Estado miembro. En el sistema de vías de recurso previsto por el Tratado FUE, las personas físicas solo pueden impugnar las violaciones del Derecho de la Unión por un Estado miembro ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, a los que corresponde, en tal caso, garantizar la protección de las disposiciones del Derecho de la Unión, dirigiéndose, si fuera necesario, al Tribunal de Justicia mediante el procedimiento prejudicial. No obstante, tal control de los actos nacionales no puede efectuarse, en ningún caso, por los órganos jurisdiccionales de la Unión sobre la base de una acción ejercitada ante estos directamente por un particular (auto de 17 de marzo de 2023, Asociación de Delineantes de Hacienda/España, C‑552/22 P, EU:C:2023:252, apartado
14 y jurisprudencia citada).
43      Así pues, la pretensión de la demanda en primera instancia de que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión era manifiestamente inadmisible, de modo que no cabe cuestionar el fallo del auto recurrido por el hecho de que el Tribunal General no examinara esta pretensión (véase, por analogía, el auto de 17 de marzo de 2023, Asociación de Delineantes de Hacienda/España, C‑552/22 P, EU:C:2023:252, apartado
15 y jurisprudencia citada).
44      Por consiguiente, la primera parte del cuarto motivo de casación y el sexto motivo de casación deben desestimarse por ser manifiestamente infundados.
45      Al no haberse acogido ninguno de los motivos del recurso de casación, procede desestimarlo en su totalidad por ser manifiestamente infundado.
Costas
46      Con arreglo al artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, se decidirá sobre las costas en el auto que ponga fin al proceso. En este asunto, al haberse dictado el presente auto antes de la notificación del recurso de casación a la parte demandada en primera instancia y, en consecuencia, antes de que esta haya podido incurrir en gastos, procede decidir que el recurrente cargue con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) resuelve:
1)      Desestimar el recurso de casación por ser manifiestamente infundado.
2)      D. Miguel Ángel Navarro Riofrío cargará con sus propias costas.
Dictado en Luxemburgo, a 20 de abril de 2026.
El Secretario
El Presidente de Sala
A. Calot Escobar
M. Condinanzi
*      Lengua de procedimiento: español.