62024CO0829
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 12 de febrero de 2025 (
*1
)
«Procedimiento acelerado»
En el asunto C‑829/24,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 TFUE, el 4 de diciembre de 2024,
Comisión Europea, representada por la Sra. L. Armati, los Sres. A. Bouchagiar y M. Mataija, la Sra. Zs. Teleki y el Sr. J. Tomkin, en calidad de agentes,
parte demandante,
contra
Hungría, representada por el Sr. M. Z. Fehér y la Sra. K. Szíjjártó, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
tras oír al Juez Ponente, el Sr. J. Passer, y a la Abogada General, la Sra. J. Kokott;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que Hungría ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE, del artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (DO 2000, L 178, p. 1), de los artículos 14, 16 y 19 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36), de los artículos 7, 8, 11, 12, 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los artículos 5, 6, 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1; corrección de errores en DO 2018, L 127, p. 3, y en DO 2021, L 74, p. 35), al adoptar la a nemzeti szuverenitás védelméről szóló 2023. évi LXXXVIII. törvény (Ley LXXXVIII de 2023, de Protección de la Soberanía Nacional; en lo sucesivo, «Ley controvertida»).
2
Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de diciembre de 2024, la Comisión solicitó a este que tramitara el presente asunto mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 133 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
3
En apoyo de su solicitud, la Comisión expone, en primer lugar, que la Ley controvertida tiene por objeto proteger la soberanía nacional de Hungría y establece, a tal fin, una «Oficina de Protección de la Soberanía Nacional» (en lo sucesivo, «Oficina»). Precisa que esta Oficina se encarga de identificar las actividades que puedan comprometer o amenazar dicha soberanía, así como a las organizaciones que recurren al apoyo desde el extranjero y que llevan a cabo o respaldan actividades que pueden influir en la voluntad de los electores o en el resultado de las elecciones. La Comisión señala también que la Oficina disfruta, en determinados aspectos, de un régimen jurídico de excepción con respecto al Derecho común, en especial por lo que se refiere a sus facultades de investigación, que son particularmente amplias y, al mismo tiempo, no están sujetas a control por parte de los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo.
4
En segundo lugar, la Comisión alega, en esencia, que, en vista de su naturaleza, el presente asunto debe resolverse en breve plazo.
5
A este respecto, sostiene, en primer término, que la Ley controvertida se estructura según una distinción binaria entre los intereses nacionales y los intereses extranjeros que no tiene en cuenta la pertenencia de Hungría a la Unión. Como consecuencia de esta distinción, la aplicación de esta Ley puede obstaculizar las libertades fundamentales de circulación que permiten a los ciudadanos de la Unión y a entidades como organizaciones de la sociedad civil o prestadores de servicios de comunicación seguir desarrollando sus actividades, incluidas las económicas, en Hungría, en particular estableciéndose en dicho Estado miembro, prestando en él servicios o transfiriendo capitales a Hungría. Además, la aplicación de la citada Ley puede vulnerar diversos derechos fundamentales garantizados a las personas físicas o jurídicas afectadas, como el derecho al respeto de la vida privada, el derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho a la tutela judicial efectiva o incluso las libertades de asociación, de expresión y de información, que son esenciales para el buen funcionamiento de una sociedad pluralista y democrática.
6
En segundo término, la Comisión alega, en esencia, que la Ley controvertida puede tener consecuencias prácticas y económicas y para la reputación de las personas físicas o jurídicas a las que se aplica, en particular para las organizaciones de la sociedad civil y los prestadores de servicios de comunicación, y, por tanto, para el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación, consecuencias de carácter clave y, al mismo tiempo, en el caso de algunas de ellas, difícilmente reversible. Según la Comisión, la Oficina tiene la facultad de llevar a cabo investigaciones relativas a estas personas y, al término de sus investigaciones, de publicar informes que califiquen sus actividades de «amenazas» o de «ataques» a la soberanía nacional. Además, la Ley controvertida permite bloquear o, al menos, hacer mucho más difícil la financiación de tales actividades.
7
En tercer y último lugar, la Comisión observa que la situación derivada de la adopción de la Ley controvertida provoca infracciones muy graves y de gran alcance de un amplio conjunto de disposiciones de Derecho primario y de Derecho derivado de la Unión, entre las que figuran varias disposiciones que consagran libertades o derechos fundamentales que constituyen la base de una sociedad democrática y pluralista.
8
Hungría cuestiona la procedencia de la solicitud de procedimiento acelerado de la Comisión formulando, en esencia, las siguientes alegaciones.
9
Antes de nada, según Hungría, la Comisión se limita a afirmar, de forma general y abstracta, que la aplicación de la Ley controvertida puede tener consecuencias prácticas y económicas y para la reputación de las personas físicas o jurídicas a las que se aplica, que son considerables y, en el caso de algunas de ellas, difícilmente reversibles, pero no aporta ninguna prueba que demuestre que tales consecuencias están comprobadas o, al menos, que son probables.
10
A continuación, la invocación de supuestos obstáculos a las libertades fundamentales de circulación garantizadas por el Derecho de la Unión o de repercusiones en la actividad económica de las personas físicas o jurídicas a las que se aplica la Ley controvertida no reviste carácter excepcional en el contexto de un recurso por incumplimiento mediante el cual la Comisión pretende demostrar la infracción de las disposiciones del Derecho de la Unión que consagran estas libertades fundamentales, por lo que no constituye, como tal, una situación de extraordinaria urgencia que justifique que un asunto determinado pueda tramitarse mediante el procedimiento acelerado.
11
Por lo demás, en el marco de sus alegaciones acerca de la existencia de vulneraciones de los derechos fundamentales, la Comisión obvia, a juicio de Hungría, las garantías que establece la Ley controvertida. Concretamente, cualquier persona objeto de una investigación llevada a cabo por la Oficina y del informe publicado al término de esta tiene la posibilidad de acudir a un órgano jurisdiccional para que, en particular, se declare la existencia de una infracción cometida por la Oficina, para lograr el cese de tal infracción o para que se le conceda una indemnización que resarza el daño que dicha infracción le haya causado. Además, según Hungría, las conclusiones expuestas en los informes publicados por la Oficina no constituyen, como tales, una sanción y carecen directamente de fuerza jurídica vinculante, como se desprende de la resolución del Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional, Hungría) de 15 de noviembre de 2024, dictada en el asunto IV/02551/2024.
12
En cuanto a la supuesta existencia de un cúmulo de infracciones de un amplio conjunto de disposiciones de Derecho primario y de Derecho derivado de la Unión, Hungría considera que no justifica la aplicación del procedimiento acelerado, sino, por el contrario, un examen profundo y completo de las numerosas imputaciones formuladas por la Comisión —que, por lo demás, revisten un carácter complejo— siguiendo los procedimientos normalmente aplicables en virtud del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Reglamento de Procedimiento.
13
Por último, Hungría señala que, aunque presentó ante Tribunal de Justicia una solicitud para que el presente asunto se tramitara mediante el procedimiento acelerado, la Comisión no aplicó, en el procedimiento administrativo previo, plazos más breves que los habituales, lo que, a su juicio, demuestra el carácter no urgente del presente asunto. Además, la conducta de la citada institución durante el procedimiento administrativo previo difiere de la seguida en otros asuntos, en los cuales aplicó plazos más breves que los habituales, pero sin solicitar después al Tribunal de Justicia que esos asuntos se tramitaran por el procedimiento acelerado.
14
A este respecto, es preciso recordar que, a tenor del artículo 133, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, a instancia de la parte demandante o de la parte demandada, el Presidente del Tribunal de Justicia puede, tras oír a la otra parte, decidir tramitar un asunto mediante un procedimiento acelerado cuando la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo.
15
En el caso de autos, Hungría niega la procedencia de la solicitud de la Comisión de que el presente asunto se tramite mediante tal procedimiento acelerado, cuestionando, en particular, la exposición realizada por dicha institución sobre las consecuencias perjudiciales derivadas de la Ley controvertida. Sin embargo, este Estado miembro no niega que la citada Ley tenga por objeto proteger su soberanía nacional ni el hecho de que establece, a tal efecto, la Oficina, encargada, en esencia, de investigar las actividades que puedan comprometer o amenazar dicha soberanía y a las organizaciones que recurren al apoyo desde el extranjero y que llevan a cabo o respaldan actividades que pueden influir en la voluntad de los electores o en el resultado de las elecciones. Por lo demás, este objetivo se desprende expresamente de la exposición de motivos de esa misma Ley, que alude, en particular —como se deduce del recurso de la Comisión, sin que Hungría indique lo contrario—, a la necesidad de «garantizar el debate democrático y la transparencia de los procesos públicos y sociales de toma de decisiones, [así como] de hacer públicos los intentos de injerencia desde el extranjero y de evitar cualquier tentativa similar». Por otra parte, también en su recurso, la Comisión señala que, según el artículo 11 de la Ley controvertida, «si la Oficina se percata de hechos o descubre circunstancias que puedan conllevar la incoación o tramitación de un procedimiento sancionador, de un proceso penal, de un procedimiento administrativo o de otro procedimiento, comunicará a estos efectos a la autoridad facultada para sustanciar el procedimiento los datos y hechos de los que haya tenido conocimiento». Además, en virtud de la modificación del Código Penal húngaro prevista en el artículo 32 de la citada Ley, se pueden imponer penas a determinadas personas vinculadas a estas organizaciones por el recurso a apoyo extranjero prohibido en el marco de sus actividades. Pues bien, Hungría no discute esta exposición de la Ley controvertida.
16
Por consiguiente, debe entenderse que dicho Estado miembro no cuestiona el contenido de las disposiciones mencionadas en el apartado anterior como tal, sino más bien, en esencia, si las consecuencias que de ellas se derivan están comprobadas y son perjudiciales. Pues bien, tal cuestionamiento no basta para desestimar la alegación de la Comisión acerca de la necesidad de determinar en breve plazo si esas disposiciones son contrarias o no al Derecho de la Unión, para impedir que se produzcan, en su caso, dichas consecuencias.
17
En vista de los elementos expuestos, ha de considerarse que el interés general exige que la cuestión de la conformidad de la Ley controvertida con el Derecho de la Unión se resuelva lo antes posible, de modo que se disipe cualquier incertidumbre que pueda resultar perjudicial a este respecto y, por tanto, que Hungría pueda aplicar plenamente y sin obstáculos dicha Ley en el ejercicio de sus competencias nacionales y de su soberanía, en el supuesto de que esta resulte conforme con dicho Derecho, o bien, en el supuesto contrario, que pueda adoptar las medidas necesarias.
18
En efecto, en otros contextos ya se ha declarado que, cuando un asunto prejudicial suscite graves incertidumbres que afecten a cuestiones fundamentales de Derecho constitucional nacional y de Derecho de la Unión, puede ser necesario, a la vista de sus circunstancias particulares, resolverlo en breve plazo conforme al artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento (autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de octubre de 2018, Wightman y otros, C‑621/18, EU:C:2018:851, apartado 10, y de 29 de noviembre de 2024, LC y CP, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2024:1012, apartado 8). De igual manera, en el caso de autos, que tiene por objeto un recurso directo, dado que el presente asunto afecta a las relaciones de orden constitucional entre la Unión y sus Estados miembros en el ámbito esencial y sensible de la vida pública y democrática, es necesario resolverlo en breve plazo, conforme al artículo 133, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.
19
Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de Hungría acerca de la complejidad de las imputaciones formuladas por la Comisión. En efecto, si bien es cierto, como alega Hungría, que el carácter complejo o sensible de las cuestiones planteadas por un asunto determinado puede llevar a considerar, teniendo en cuenta el contexto jurídico y fáctico que caracterice a dicho asunto, que este no se presta bien al procedimiento acelerado (sentencia de 18 de mayo de 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România y otros, C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 y C‑397/19, EU:C:2021:393, apartado 105), esta circunstancia no excluye, como tal, que se recurra a dicho procedimiento, cuyas normas de aplicación permiten tener en cuenta todas las características propias de cada asunto (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de abril de 2016, Consejo/Frente Polisario, C‑104/16 P, EU:C:2016:232, apartado 17), en asuntos en los que sea necesario recurrir a tal procedimiento, ni que se proceda a realizar el examen exigido de las imputaciones complejas.
20
Resulta, por tanto, que la naturaleza del presente asunto exige resolverlo en breve plazo. Por consiguiente, procede tramitarlo mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 133 del Reglamento de Procedimiento.
En virtud de todo lo expuesto, el Presidente del Tribunal de Justicia resuelve:
1)
Tramitar el asunto C‑829/24 mediante el procedimiento acelerado establecido en el artículo 133 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
2)
Reservar la decisión sobre las costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: húngaro.