61995TO0006_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto T-6/95 R,
Cantine dei colli Berici coop. arl, cooperativa italiana, con domicilio social en Lonigo (Italia), representada por la Sra. Ivone Cacciavillani, Abogada de Venecia, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
parte demandante,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Eugenio de March, Consejero Jurídico, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Alberto Dal Ferro, Abogado de Vicenza, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Georgios Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandada,
que tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecución del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 3151/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, por el que se establece una excepción a posteriori en relación con la entrega por parte de los productores de cantidades de vino de mesa con destino a la destilación obligatoria de la campaña 1993/1994 (DO L 332, p. 32),
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
dicta el siguiente
Auto
Motivación de la sentencia
Antecedentes de hecho
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de enero de 1995, Cantine dei colli Berici coop. arl interpuso, con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en lo sucesivo, "Tratado CE"), un recurso de anulación del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) nº 3151/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, por el que se establece una excepción a posteriori en relación con la entrega por parte de los productores de cantidades de vino de mesa con destino a la destilación obligatoria de la campaña 1993/1994 (DO L 332, p. 32; en lo sucesivo, "Reglamento nº 3151/94"), así como una demanda de anulación de cualquier otro acto conexo con dichas disposiciones y/o previo a las mismas alegando, con carácter incidental, con arreglo al artículo 184 del mismo Tratado, la ilegalidad del apartado 4 del artículo 39 del Reglamento (CEE) nº 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 84, p. 1; en lo sucesivo, "Reglamento nº 822/87"), y del cuarto guión del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 441/88 de la Comisión, de 17 de febrero de 1988, por el que se establecen las modalidades de aplicación para la destilación obligatoria prevista en el artículo 39 del Reglamento (CEE) nº 822/87 del Consejo (DO L 45, p. 15; en lo sucesivo, "Reglamento nº 441/88").
2 Mediante escrito separado registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el mismo día, la parte demandante formuló asimismo, al amparo del artículo 185 del Tratado CE, una demanda de suspensión de la ejecución del apartado 1 de dicho artículo 1 del Reglamento nº 3151/94. Durante la comparecencia de las partes, la demandante solicitó, con carácter subsidiario, la modificación del objeto de su pretensión inicial en el procedimiento de medidas provisionales, en el sentido de que únicamente solicitaba la suspensión de la ejecución de la mencionada norma en la medida en que ésta limita a 140 días la prórroga del plazo concedido a los productores sujetos a la destilación obligatoria para entregar el vino de mesa a una destilería.
3 La Comisión presentó sus observaciones escritas sobre la presente demanda de medidas provisionales el 26 de enero de 1995. Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de febrero de 1995, la Institución demandada propuso una excepción de inadmisibilidad en el asunto principal, con arreglo al apartado 1 del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento.
4 En el marco del procedimiento de medidas provisionales, las explicaciones de las partes fueron oídas el 10 de febrero de 1995.
5 El marco normativo y los hechos esenciales que originaron el presente litigio, según resulta de los escritos que han presentado las partes y de las explicaciones dadas durante la comparecencia, pueden resumirse del siguiente modo.
6 La norma cuya suspensión solicita la demandante, corregida por la rectificación al Reglamento nº 3151/94, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30 de diciembre de 1994 (DO L 341, p. 76), establece que:
"En la campaña 1993/94, no obstante lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 343/94 y en el párrafo segundo del apartado 4 y en el apartado 5 del artículo 12 del Reglamento (CEE) nº 441/88, los productores sujetos a la destilación obligatoria prevista en el artículo 39 del Reglamento (CEE) nº 822/87 podrán entregar el vino de mesa a una destilería a más tardar 140 días después de la fecha del 11 de septiembre de 1994 en las siguientes condiciones:
° precio de compra de vino de mesa:0,42 ECU/% vol/hl,
° importe de la ayuda que puede recibir
el destilador:nulo,
° precio que debe pagar al destilador el
organismo de intervención por el alcohol
bruto entregado obligatoriamente:0,75 ECU/% vol/hl."
7 Las circunstancias en las que los productores de vino de mesa están sujetos a la obligación de destilación se definen en términos generales en el artículo 39 del Reglamento nº 822/87, cuyo párrafo primero del apartado 1 dispone:
"Cuando, para una campaña vitícola, el mercado de los vinos de mesa y de los vinos aptos para la obtención de vinos de mesa presente una situación de grave desequilibrio se decidirá la destilación obligatoria de vino de mesa."
8 Según el apartado 6 del artículo 1 del Reglamento nº 822/87, modificado por el Reglamento (CEE) nº 1734/91 del Consejo, de 13 de junio de 1991 (DO L 163, p. 6), debe entenderse por campaña vitícola el período comprendido entre el 1 de septiembre de cada año y el 31 de agosto del año siguiente.
9 El 15 de febrero de 1994, la Comisión adoptó el Reglamento nº 343/94, por el que se decide iniciar la destilación obligatoria contemplada en el artículo 39 del Reglamento nº 822/87 del Consejo y se establecen casos de excepción a algunas de las normas de aplicación correspondientes durante la campaña 1993/1994 (DO L 44, p. 9; en lo sucesivo, "Reglamento nº 343/94").
10 El apartado 2 del artículo 1 del Reglamento nº 343/94, fija en 18.200.000 hl para el conjunto de la Comunidad, la cantidad total de vino de mesa que debe destilarse durante la campaña 1993/1994. El apartado 3 del mismo artículo dispone que la cantidad que debe destilarse en la región 4 es de 12.150.000 hl. Con arreglo al apartado 2 del artículo 4 del Reglamento nº 441/88, que delimita las regiones de producción a que se refiere el apartado 3 del artículo 39 del Reglamento nº 822/27, la región 4 corresponde a Italia. La cantidad que debe destilarse se divide entre los diferentes productores de vino de mesa de cada región de producción, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 39 del Reglamento nº 822/87. Para los productores sujetos a la obligación de destilar, la cantidad que debe destilarse será igual a un porcentaje que se determine de su producción de vino de mesa, que resultará de un baremo progresivo establecido en función del rendimiento por hectárea.
11 El apartado 4 del artículo 12 del Reglamento nº 441/88 establece que:
"La entrega del vino de mesa se efectuará a más tardar:
° el 31 de julio cuando se efectúe en una destilería,
° el 15 de julio cuando se efectúe en un elaborador de vino encabezado.
La entrega podrá efectuarse también en un plazo de quince días después de las fechas contempladas anteriormente. En ese caso, al precio de compra de las cantidades de que se trate se le restará un importe correspondiente al 50 % de la ayuda fijada para la campaña de que se trate. A la ayuda, así como al precio del alcohol que se obtenga y entregue al organismo de intervención, se les restará idéntico importe."
A tenor del apartado 5 del mismo artículo, las operaciones de destilación no podrán tener lugar después del final de la campaña de que se trate, es decir, del 31 de agosto.
12 El 29 de abril de 1994, junto con otros 42 productores de la región de Venecia, la demandante interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, para que se anulara, entre otras disposiciones de carácter reglamentario relativas a la destilación obligatoria en el sector vitivinícola, el cuarto guión del apartado 3 del artículo 1 del Reglamento nº 343/94. Dicho asunto se registró en la Secretaría con el número T-183/94, hallándose aún pendiente. También en este asunto, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad con arreglo al apartado 1 del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento. El 24 de mayo de 1994, las demandantes presentaron una demanda de suspensión de la ejecución de las disposiciones reglamentarias objeto de dicho recurso de anulación. El 25 de mayo de 1994, las mismas demandantes obtuvieron del Juez nacional (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ° Tribunal administrativo regional del Lacio) una resolución por la que se acuerda la suspensión de la ejecución de las disposiciones nacionales referentes a la destilación obligatoria para la campaña 1993/1994. Aunque el 16 de julio de 1994, el Consejo de Estado italiano estimó el recurso de apelación formulado por las autoridades italianas contra dicho auto, mientras tanto, las demandantes desistieron de su demanda de medidas provisionales ante el Tribunal de Primera Instancia. El 11 de julio de 1994, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia ordenó el archivo del asunto T-183/94 R.
13 El Reglamento (CE) nº 1960/94 de la Comisión, de 27 de julio de 1994, por el que se establece una excepción relativa a la entrega por parte de los productores de cantidades de vino de mesa con destino a las destilaciones obligatorias y apoyo durante la campaña 1993/1994 (DO L 198, p. 96; en lo sucesivo, "Reglamento nº 1960/94"), no obstante lo dispuesto en el primer guión del párrafo primero del apartado 4 del artículo 12 del Reglamento nº 441/88, prorrogó por primera vez el plazo de entrega del vino de mesa a una destilería hasta el 27 de agosto de 1994 a más tardar. En virtud del párrafo segundo del apartado 4 del artículo 12 de dicho Reglamento, aún era posible entregar vino de mesa a una destilería en un plazo de quince días después de la fecha indicada, o sea, en el caso de autos, hasta el 11 de septiembre, con una reducción del precio de compra de un importe equivalente al 50 % de la ayuda prevista para la destilación. La parte demandante no ha presentado recurso judicial alguno contra dicho Reglamento.
14 El 21 de diciembre de 1994, la Comisión adoptó el Reglamento nº 3151/94, cuyo artículo 1 es objeto del presente procedimiento, para tener en cuenta las dificultades propias de determinadas regiones de producción vitícola en las que no se habían podido cumplir las obligaciones de entrega antes de la fecha límite prevista. Concede una nueva prórroga del plazo aplicable a la entrega de vino de mesa por parte de los productores sujetos a la destilación obligatoria, así como del plazo aplicable a las operaciones de destilación acordadas para la campaña 1993/1994, aparejadas de medidas de penalización adecuadas. Según la demandante, los viticultores de la región de Venecia presentaron también ante el Juez nacional una demanda de suspensión de la aplicación de este Reglamento.
Fundamentos de Derecho
15 En virtud de lo dispuesto en los artículos 185 y 186 del Tratado CE, en relación con el artículo 4 de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), modificada por la Decisión 93/350/Euratom, CECA, CEE del Consejo, de 8 de junio de 1993 (DO L 144, p. 21), el Tribunal de Primera Instancia podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución del auto impugnado u ordenar las medidas provisionales necesarias.
16 El apartado 2 del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento dispone que las demandas relativas a las medidas provisionales previstas en los artículos 185 y 186 del Tratado especificarán las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada. Las medidas solicitadas han de revestir carácter provisional, en el sentido de que no deben prejuzgar la decisión sobre el fondo (véase, como más reciente, el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de julio de 1994, EISA/Comisión, T-239/94 R, Rec. p. II-703, apartado 9).
Alegaciones de las partes
17 La demandante considera que tiene legitimación para formular la presente demanda de medidas provisionales porque la norma impugnada, aunque se adoptó en forma de Reglamento, le afecta directa e individualmente. Alega que el objetivo de esta norma es establecer una excepción especial a las modalidades de aplicación del artículo 39 del Reglamento nº 822/87, previstas por el artículo 12 del Reglamento nº 441/88, y ampliar el efecto de los Reglamentos por los que se establece la destilación obligatoria para la campaña vitivinícola 1993/1994. La demandante considera que, en la medida en que está sujeta a la obligación de destilación para dicha campaña, una disposición que reviste carácter instrumental en relación con esta obligación le afecta directa e individualmente. Por lo demás, afirma que la Comisión adoptó la norma impugnada precisamente con el fin de regularizar la situación de los productores sujetos, entre los cuales figura, que interpusieron un recurso contra la obligación impuesta para la campaña 1993/1994, lo cual, a su juicio, queda confirmado por la referencia que en el quinto considerando del Reglamento nº 3151/94 se hace a los motivos especiales de algunas regiones vitícolas en las que no ha sido posible dar cumplimiento a las obligaciones de entrega en la fecha límite prevista.
18 En el contexto de la modificación del objeto de su demanda de medidas provisionales, propuesta con ocasión de la comparecencia de 10 de febrero de 1995, la demandante explica que la suspensión de la ejecución que pretende obtener debe considerarse como una prórroga del plazo que señalan las disposiciones comunitarias para cumplir sus obligaciones en materia de destilación, hasta que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie en el procedimiento principal. La concesión de esta medida provisional la protegería de las sanciones que mientras tanto podrían imponerle las autoridades italianas a causa del incumplimiento de las obligaciones de que se trata, y para ella, reviste un interés evidente.
19 En cuanto al fumus boni iuris, la demandante invoca sustancialmente tres motivos en apoyo de su recurso de anulación de la disposición impugnada. En primer lugar, a su juicio, dicha norma es inválida, en la medida en que no cumple con el requisito legal que exige que la función de la destilación obligatoria sea paliar el desequilibrio de la campaña vitícola vigente, como prescribe el apartado 1 del artículo 39 del Reglamento nº 822/87. Habida cuenta de que la medida de prórroga que establece permite el cumplimiento de la obligación de destilación relativa a la campaña 1993/1994 cuando ya hubiera finalizado dicha campaña y la campaña 1994/1995 se encontrara en pleno desarrollo, según la demandante, esta medida no puede considerarse un instrumento adecuado para el saneamiento del mercado en el marco de la campaña a la que se refiere. En consecuencia, el hecho de que la norma impugnada establezca el cumplimiento de la obligación de destilación relativa a la campaña 1993/1994 en enero de 1995 infringe la normativa comunitaria relativa a la organización común del mercado vitivinícola, ya que dicha medida no podrá alcanzar su objetivo, a saber, la eliminación de la oferta excedentaria en relación con la demanda prevista para dicha campaña de comercialización. En segundo lugar, la demandante alega que, tal como se impone, la obligación de destilación de que se trata, se adoptó en violación de los principios de no discriminación y de confianza legítima, debido a un reparto injusto de las cantidades que debían destilarse entre los productores interesados y al carácter erróneo e ilegal de los cálculos sobre los que se basa dicho reparto, los cuales reflejan un error de 8.239.000 hl entre la cantidad prevista de existencias de vino de mesa para 1993 y la cantidad efectivamente almacenada. Según la demandante, la cantidad asignada a Italia era desproporcionada en relación con la cantidad total de vino de mesa que debía destilarse en la Comunidad; además, la consideración en el marco de la campaña 1993/1994 de cantidades que diversos viticultores italianos hubieran dejado de destilar ilegalmente durante la campaña 1992/1993 constituye una discriminación grave con respecto a los viticultores que, como la demandante, habían cumplido sus obligaciones; por último, afirma que la falta de mecanismos de evaluación y de medida adecuados al rendimiento por hectárea en lo que a la región 4 (Italia) se refiere falseó las estimaciones sobre cuya base se calcularon las obligaciones de destilación impuestas a los productores italianos. En tercer lugar, la demandante sostiene que la normativa controvertida viola en principio de proporcionalidad. Considera que la ilegalidad de que adolece la imposición de la obligación de destilación, ya que no parece "apropiada y necesaria" para el objetivo de saneamiento del mercado en el marco de la campaña 1993/1994, determina la de la actual medida de prórroga de la misma obligación comunitaria.
20 En lo que a la urgencia se refiere, la demandante alega que, si ahora tuviera que hacerse con la cantidad total de vino que la normativa comunitaria le obliga a entregar a la destilación, incurriría en gastos muy considerables, que podrían amenazar la existencia misma de su explotación vitivinícola. Alega que, gracias a la calidad del vino producido, pudo comercializar la totalidad de su producción durante la campaña 1993/1994, lo cual le obligaría a comprar vino mediocre a los productores excedentarios para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa controvertida, en un mercado caracterizado por una alza continua y anormal de los precios. Con ocasión de la comparecencia de 10 de febrero de 1995, la demandante agregó que, además de las dificultades derivadas de la necesidad de encontrar una financiación para las compras de vino que ascendían a 6.000 millones de LIT, sufriría un perjuicio irreparable debido a que, a causa de la sanción prevista en el artículo 22 del Reglamento nº 441/88, perdería los beneficios comunitarios que hubiera podido obtener en le marco de la campaña vitivinícola en curso.
21 Desde el punto de vista del equilibrio de los intereses contrapuestos, la demandante considera que, en el caso de que el Tribunal de Primera Instancia concediera la suspensión solicitada, permitiéndole disfrutar de una "prórroga adicional" del plazo señalado en el Reglamento nº 3151/94, no se podrían considerar lesionados el interés público comunitario ni la organización común del mercado vitivinícola, ya que la actual prórroga, tal como ha sido fijada por la disposición controvertida, difiere ya el plazo de cumplimiento de la obligación de destilación hasta la nueva campaña. Considera asimismo que dicha suspensión no puede perturbar las condiciones del mercado de que se trata, habida cuenta de que los productores de vino destinado a la destilación probablemente conservarán su producción hasta que se pronuncie la sentencia en el procedimiento principal, ya que la calidad de dicho vino no permite su normal comercialización. Por el contrario, la suspensión de la ejecución de la norma impugnada permitiría a la demandante reunir los medios necesarios para cumplir sus obligaciones y la dispensaría de tener que comprar vino a precios anormalmente elevados.
22 La Comisión considera que a primera vista no procede admitir la presente demanda de medidas provisionales debido a la manifiesta inadmisibilidad del recurso de anulación del procedimiento principal con el que tiene relación inmediata. La Comisión observa que, tanto desde un punto de vista formal como material, el acto impugnado es un Reglamento que contiene normas de alcance general aplicables a una categoría de operadores que pueden definirse de forma abstracta por su condición objetiva de operadores económicos en el sector de la producción del vino.
23 Además, la Comisión sostiene que no procede admitir el recurso ni, por lo tanto, la demanda de suspensión de la ejecución de la norma impugnada por falta manifiesta de interés de la demandante para ejercitar la acción. Señala que el objetivo del Reglamento nº 3151/94 únicamente consiste en ofrecer a los operadores que, °como la demandante° no hayan efectuado la destilación antes de la expiración del plazo fijado al 11 de septiembre de 1994, la posibilidad de cumplir su obligación antes del 29 de enero de 1995, con una penalización moderada, pero sin incurrir en las sanciones que establece el artículo 22 del Reglamento nº 441/88 o las disposiciones nacionales en la materia. Si se anulara esta medida, la fecha límite en la cual hubiera debido cumplirse la obligación de destilación sería el 27 de agosto de 1994, como preveía el Reglamento nº 1960/94, que no ha sido impugnado por la demandante. Además, considera la Comisión que si bien el objetivo de la demandante no es obtener la suspensión del plazo señalado por el Reglamento nº 3151/94, sino la suspensión y la declaración de la ilegalidad de la propia obligación de destilación, su demanda tiene el mismo objeto que la que formuló en los asuntos T-183/94 y T-183/94 R y, por lo tanto, no procede admitirla dado que el primero de dichos asuntos aún se halla pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia.
24 En lo que se refiere a los argumentos expuestos por la demandante para sostener sus alegaciones respecto a la ilegalidad de la norma impugnada, la Comisión considera que, a primera vista, carecen de fundamento. En primer lugar, niega que de la prórroga del plazo para proceder a la destilación obligatoria relativa a la campaña 1993/1994 derive la consecuencia de que dicha destilación se efectúe con el producto de la cosecha 1994/1995. La Institución demandada sostiene que, por el contrario, el objetivo del Reglamento nº 3151/94 es agotar las cantidades destinadas a la destilación en la campaña 1993/1994 absorbiendo el excedente de vino existente para dicho año. En segundo lugar, la diferencia observada entre los datos previstos en los que se sustenta el resultado provisional, y los datos reales no refleja un error de cálculo sino una mera variación normal, que obedece a numerosos factores, de diversa extracción, que deben tenerse en cuenta. Sobre el particular, la Comisión recuerda que incumbe a los Estados miembros verificar la exactitud de los datos de que se trata, lo cual parece reconocer la demandante. La Institución demandada señala que, en la medida en que, sobre la base de un cálculo provisional que resultó ser parcialmente incorrecto, los productores italianos habían destilado cantidades insuficientes, estos mismos productores deben necesariamente asumir al año siguiente la carga de una destilación adicional para alcanzar el objetivo de la destilación obligatoria, es decir, el mantenimiento o establecimiento de una situación normal en el mercado. En tercer lugar, en lo que atañe al carácter supuestamente discriminatorio de la normativa de que se trata, la Comisión considera que la cantidad de vino para destilar asignada a Italia se justifica objetivamente por el hecho de que la casi totalidad de su producción vinícola está constituida por vino de mesa y que el criterio del rendimiento por hectárea, aplicable al reparto de las cantidades que deben destilarse entre los viticultores de una misma región, se basa también en un criterio de igualdad. En cuanto a la discriminación de que son víctimas los viticultores que han cumplido sus obligaciones de destilación en comparación con los productores que no lo han hecho, la Comisión llama la atención sobre las graves sanciones que pueden imponerse a estos últimos con arreglo a las disposiciones nacionales y comunitarias pertinentes. Por último, la Comisión subraya que la consideración, para la campaña siguiente, de cantidades de vino que, de forma ilegal, no hayan sido destiladas durante la campaña anterior es imperativamente necesaria para retirar dicho vino del mercado y evitar que los viticultores que hayan cumplido sus obligaciones respecto a la destilación obligatoria se vean privados de los beneficios de este mecanismo en lo tocante a la mejora del mercado.
25 Puesto que se trata de la existencia de un perjuicio grave e irreparable, la Comisión señala que el daño que, en su caso, podría sufrir la demandante sería únicamente económico, y que su importe debería ser verificado. A este propósito recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, un perjuicio económico sólo se considera grave e irreparable si resulta evidente la imposibilidad de obtener su reparación íntegra en el caso de que prospere el recurso principal.
Apreciación del Juez competente para adoptar medidas provisionales
26 Ante todo, es preciso que el Juez competente para adoptar medidas provisionales se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente demanda de suspensión de la ejecución de la norma controvertida, en relación con las argumentaciones expuestas por la Comisión, por las que pretende demostrar la inadmisibilidad del recurso de anulación. En efecto, es reiterada jurisprudencia que, "si bien es cierto que [...] el problema de la admisibilidad del recurso principal no debe examinarse, en principio, en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, so pena de que se prejuzgue el fondo del asunto, [...] si lo que se plantea es la inadmisibilidad manifiesta del recurso, corresponde al Juez que entiende del procedimiento sobre medida provisionales comprobar que, a primera vista, el recurso presenta elementos que permiten declarar con cierta probabilidad su admisibilidad" (véanse, especialmente, los autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de junio de 1991, Bosman/Comisión, C-117/91 R, Rec. p. I-3353, y de 9 de julio de 1993, Donatab y otros/Comisión, C-64/93 R, Rec. p. I-3955, así como el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de diciembre de 1992, CCE Grandes Sources y otros/Comisión, T-96/92 R, Rec. p. II-2579).
27 A este respecto, procede señalar que, ni en sus escritos ni en la comparecencia de las partes, la demandante ha aportado ningún elemento que permita desvirtuar la conclusión de que, a primera vista, el recurso principal que ha interpuesto es manifiestamente inadmisible.
28 En efecto, el artículo 173 del Tratado y la jurisprudencia sobre este precepto excluyen, en principio, los recursos de los particulares contra actos de alcance general y que únicamente afectan a los destinatarios por su condición objetiva de operadores económicos en el sector objeto de la normativa de que se trate. Ahora bien, la norma impugnada no sólo se adoptó en forma de Reglamento sino que, a primera vista, su contenido es de carácter general y abstracto y solamente afecta a la demandante en la medida en que es un viticultor que forma parte de una categoría de operadores económicos configurada por circunstancias objetivas y, por lo tanto, "de la misma forma que cualquier otro operador económico que se encuentre en idéntica situación" (véase el auto del Tribunal de Primera Instancia de 28 de octubre de 1993, FRSEA y FNSEA/Consejo, T-476/93, Rec. p. II-1187, apartado 24). Además, debe recordarse que, como resulta de reiterada jurisprudencia, "la naturaleza reglamentaria de un acto no se pone en tela de juicio por la posibilidad de determinar el número o, incluso, la identidad de los sujetos de Derecho a los que se aplica en un momento dado, siempre que dicha aplicación se efectúe con arreglo a una situación objetiva de Derecho o de hecho, definida por el acto en relación con la finalidad de este último" (véase el citado auto FRSEA y FNSEA/Consejo, apartado 19). Por último, de la jurisprudencia se desprende que "la circunstancia de que una disposición de un acto pueda tener efectos concretos diferentes para los diversos sujetos de Derecho a los que se aplica no contradice su carácter reglamentario, siempre que esta situación esté determinada objetivamente" (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de febrero de 1995, Campo Ebro y otros/Consejo, T-472/93, Rec. p. II-0000, apartado 36). En estas circunstancias, en el caso de autos, el Juez competente para adoptar medidas provisionales no puede considerar, a primera vista que la norma controvertida afecta a la demandante individualmente ni que ésta está legitimada para pedir su anulación con arreglo al párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado.
29 En este mismo contexto, debe también añadirse que la demandante tampoco logró demostrar ante el Juez competente para adoptar medidas provisionales que posea un interés para ejercitar una acción contra una norma que le concede una prórroga del plazo para cumplir la obligación de destilación que le imponen otras disposiciones con carácter de Reglamento y que, por ende, no parece que la perjudique. Si se otorgara la suspensión de la ejecución de la norma impugnada, el plazo aplicable sería, en efecto, el señalado en el Reglamento nº 1960/94, que expiró el 27 de agosto de 1994.
30 En cuanto a la petición formulada por el Abogado de la demandante durante la comparecencia, de que se modifique el alcance de la suspensión de la ejecución solicitada de forma que tal suspensión se aplique únicamente al plazo preciso previsto por la medida de prórroga impugnada, hay que poner asimismo de relieve que en ningún caso puede ser acogida. En primer lugar, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el efecto de semejante modificación no sería reducir el objeto de la demanda de medidas provisionales inicial, sino ampliar su alcance, puesto que la nueva medida solicitada permitiría que, hasta la adopción de la resolución definitiva en el procedimiento principal, la demandante continuara beneficiándose de la prórroga concedida por la disposición cuya suspensión se solicitó inicialmente. En segundo lugar, debe señalarse que la petición modificada según lo indicado es contraria a la argumentación de la demandante, en la medida en que ésta se ampara en la ilegalidad de la prórroga de la obligación de destilación relativa a la campaña 1993/1994. En efecto, mientras que la demandante alega que la ilegalidad de la norma impugnada deriva especialmente de la imposibilidad de paliar en 1995 el desequilibrio del mercado que se registró durante la campaña 1993/1994, la concesión de la suspensión de la ejecución que solicita no podría sino intensificar el carácter supuestamente ilegal de la norma de que se trata, ya que permitiría que la obligación de destilación controvertida pudiera cumplirse durante una de las campañas vitivinícolas posteriores. Por último, procede recordar que, como resulta de reiterada jurisprudencia, en principio, sólo puede declararse la admisibilidad de las medidas provisionales solicitadas si se integran en el marco de la decisión final que el Tribunal de Primera Instancia pueda adoptar con arreglo al artículo 173 en relación con el artículo 176 del Tratado CE, lo cual no es el caso de una medida provisional encaminada a mantener una medida de prórroga que, en sí misma, es objeto del recurso de anulación (véanse los autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 1993, Gestevisión Telecinco/Comisión T-543/93 R, Rec. p. II-1409, y de 2 de diciembre de 1994, Union Carbide/Comisión, T-322/94 R, Rec. p. II-0000).
31 Además, y en cualquier caso, procede señalar que no se cumple con el requisito de la existencia de un riesgo de perjuicio grave e irreparable. En efecto, el perjuicio alegado por la demandante es de carácter meramente económico. Ahora bien, la demandante, que afirma ser la mayor cooperativa vitivinícola italiana, no ha aportado elementos que, a primera vista, permitan demostrar que el perjuicio puede amenazar su supervivencia y que, en consecuencia, no pueda ser íntegramente reparado en el supuesto de que se estime el recurso sobre el fondo del asunto (véanse el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de diciembre de 1990, Compagnia italiana alcool/Comisión, C-358/90 R, Rec. p. I-4887, y el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 7 de julio de 1994, Geotronics/Comisión, T-185/94 R, Rec. p. II-519).
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
resuelve:
1) Desestimar la demanda de medidas provisionales.
2) Reservar la decisión sobre las costas.
Dictado en Luxemburgo, a 15 de marzo de 1995.