62024CO0881
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación)
de 29 de abril de 2025 (
*1
)
«Recurso de casación — Cláusula compromisoria — Admisión a trámite de recursos de casación — Artículo 170 ter del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Solicitud de admisión a trámite que demuestra la importancia de una cuestión para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión — Admisión parcial a trámite del recurso de casación»
En el asunto C‑881/24 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 19 de diciembre de 2024,
SC, representada por la Sra. A. Kunst, Rechtsanwältin,
parte recurrente,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Eulex Kosovo, con domicilio social en Pristina (Kosovo),
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación),
integrado por el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, y los Sres. N. Jääskinen y M. Condinanzi (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la propuesta del Juez Ponente y oída la Abogada General, Sra. J. Kokott;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso de casación, SC solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de noviembre de 2024, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV‑OP, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2024:772), por la que dicho Tribunal anuló la sentencia en rebeldía de 19 de octubre de 2022, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17 RENV, EU:T:2022:637), y desestimó las pretensiones de SC.
Sobre la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación
2
Con arreglo al artículo 58 bis, párrafo segundo, letra b), del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el examen de los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal General relativas a la ejecución de un contrato que contenga una cláusula compromisoria, en el sentido del artículo 272 TFUE, está supeditado a su previa admisión a trámite por el Tribunal de Justicia.
3
Conforme al artículo 58 bis, párrafo tercero, del citado Estatuto, el recurso de casación se admitirá a trámite, total o parcialmente, según las modalidades fijadas en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando suscite una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.
4
A tenor del artículo 170 bis, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en las situaciones contempladas en el artículo 58 bis, párrafo segundo, del referido Estatuto, la parte recurrente adjuntará a su recurso de casación una solicitud de admisión a trámite de dicho recurso, en la que expondrá la cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión que el recurso suscita y en la que figurarán todos los datos necesarios para permitir que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre esa solicitud.
5
Con arreglo al artículo 170 ter, apartados 1 y 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia se pronunciará con la mayor rapidez posible sobre la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación mediante auto motivado.
Alegaciones de la parte recurrente
6
En apoyo de su solicitud de admisión a trámite del recurso de casación, la recurrente alega que los motivos primero, segundo y cuarto de este, basados en la infracción del artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y el tercer motivo de dicho recurso de casación, basado en la vulneración del derecho de defensa, plantean cuestiones importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.
7
Por lo que respecta a los motivos de casación primero y segundo, la recurrente alega que el Tribunal General incumplió la exigencia de imparcialidad, tanto objetiva como subjetiva, derivada del artículo 41, apartado 1, de la Carta.
8
En primer lugar, sostiene, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al efectuar, en los apartados 56 y 57 de la sentencia recurrida, un examen conjunto, a la luz del artículo 41, apartado 1, de la Carta, de los motivos segundo y tercero del recurso en primera instancia, relativos, respectivamente, a la supuesta existencia de un conflicto de intereses y a una supuesta violación del principio de imparcialidad. A este respecto, alega que, en los apartados 65 y 66 de la sentencia recurrida, el Tribunal General exigió erróneamente que demostrase la existencia de «indicios objetivos, pertinentes y concordantes» de un conflicto de intereses o de parcialidad, cuando el criterio pertinente, establecido por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 21 de octubre de 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863), apartado 54, y de 11 de enero de 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5), apartados 47 y 52, es el de la «duda legítima» en cuanto a un eventual conflicto de intereses o a una falta de imparcialidad por parte de un funcionario.
9
En segundo lugar, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en la medida en que ignoró la jurisprudencia derivada de la sentencia de 21 de octubre de 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863), apartados 59 y 63, relativa a la falta de imparcialidad objetiva, de la que, en su opinión, se desprende que el conocimiento previo de los hechos del caso de autos y la participación previa en los procedimientos administrativos de un superior jerárquico pueden suscitar dudas legítimas en cuanto a la imparcialidad de este. Así pues, la recurrente aduce que, en el caso de autos, el Tribunal General no tuvo en cuenta ni el conocimiento previo de los hechos del caso por parte de la superior jerárquica de la demandante ni la circunstancia de que, como consecuencia de ese conocimiento, esta podía tener una opinión negativa preconcebida de la recurrente.
10
Según la recurrente, los motivos de casación primero y segundo plantean, por una parte, la cuestión del grado de prueba adecuado para apreciar la existencia de un conflicto de intereses, como «variante» de la falta de imparcialidad de un funcionario. Esta cuestión es importante, en su opinión, para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión, en la medida en que se plantea también en otros ámbitos del Derecho de la Unión.
11
Por otra parte, la recurrente señala que estos motivos se refieren a la cuestión, también importante, a su juicio, para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión, de si la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de las sentencias de 21 de octubre de 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863), y de 11 de enero de 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5), se aplica no solo a las investigaciones administrativas en el marco de procedimientos disciplinarios, sino también a cualquier otro tipo de procedimientos administrativos, incluido el que es objeto del presente asunto.
12
Mediante el tercer motivo de casación, que se refiere a la entrevista relativa al concurso interno del año 2016, la recurrente sostiene que el Tribunal General vulneró el derecho de defensa al considerar, en el apartado 79 de la sentencia recurrida, que no procedía ordenar que se comunicaran notas de entrevista legibles, por ser supuestamente ilegibles las anotaciones manuscritas de su superior jerárquica, ni explicaciones sobre la manera en que se habían atribuido las calificaciones.
13
Mediante el cuarto motivo de casación, la recurrente alega que la comunicación previa de la composición de un tribunal de concurso, al menos a petición de un candidato, está comprendida en la exigencia de imparcialidad establecida en el artículo 41, apartado 1, de la Carta. Tal comunicación previa permite a los candidatos impugnar la composición de un tribunal de concurso si sospechan la existencia de un sesgo o de un conflicto de intereses y presentar una reclamación en una fase temprana. Según la recurrente, la cuestión así planteada excede del marco del cuarto motivo de casación, en la medida en que la apreciación del Tribunal de Justicia puede proporcionar indicaciones importantes para otros asuntos.
Apreciación del Tribunal de Justicia
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Con carácter preliminar, procede señalar que incumbe a la parte recurrente demostrar que las cuestiones planteadas mediante su recurso de casación son importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión (auto de 10 de diciembre de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, apartado 20 y jurisprudencia citada).
15
Además, tal como se desprende del artículo 58 bis, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con los artículos 170 bis, apartado 1, y 170 ter, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe contener todos los datos necesarios para permitir que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso de casación y determine, en caso de admisión a trámite parcial de este último, los motivos o las partes del recurso de casación que deberán tratarse en el escrito de contestación. En efecto, dado que el mecanismo de previa admisión a trámite de los recursos de casación previsto en el artículo 58 bis del citado Estatuto se propone limitar el control del Tribunal de Justicia a las cuestiones que revistan importancia para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia solo deberá examinar en casación los motivos que susciten tales cuestiones y que hayan sido debidamente fundamentados por el recurrente (autos de 10 de diciembre de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, apartado 21, y de 30 de enero de 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, apartado 11).
16
Así, una solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe, en cualquier caso, enunciar de manera clara y precisa los motivos en los que basa el recurso, identificar con la misma precisión y claridad la cuestión de Derecho suscitada por cada motivo, precisar si tal cuestión es importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión y exponer de manera específica las razones por las cuales esa cuestión es importante a la luz del criterio invocado. En lo que respecta, en particular, a los motivos del recurso de casación, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe precisar la disposición del Derecho de la Unión o la jurisprudencia que la sentencia o el auto recurridos en casación supuestamente han quebrantado, exponer de manera sucinta en qué consiste el error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General e indicar en qué medida este error ha influido en el resultado de la sentencia o del auto recurridos. Cuando el error de Derecho invocado resulte de la vulneración de la jurisprudencia, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe exponer, de manera sucinta pero clara y precisa, en primer lugar, dónde se encuentra la contradicción alegada, identificando tanto los apartados de la sentencia o del auto recurrido en casación cuestionados por el recurrente como los de la resolución del Tribunal de Justicia o del Tribunal General supuestamente conculcados, y, en segundo lugar, las razones concretas por las que tal contradicción suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión (autos de 10 de diciembre de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, apartado 22, y de 30 de enero de 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, apartado 12).
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De conformidad con el principio de que la carga de la prueba recae sobre el autor de una solicitud de admisión a trámite de un recurso de casación, el recurrente debe demostrar que suscita una o varias cuestiones importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión, al exceder el alcance de estos criterios el marco de la sentencia recurrida en casación y, en definitiva, el de su recurso (véanse, en este sentido, los autos de 16 de noviembre de 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, apartado 32, y de 30 de enero de 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, apartado 15).
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Esta demostración requiere acreditar tanto la existencia como la importancia de dichas cuestiones, por medio de elementos concretos y propios del asunto, y no simplemente por medio de un análisis de carácter general (véanse, en este sentido, los autos de 16 de noviembre de 2022, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P, EU:C:2022:908, apartado 33, y de 30 de enero de 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, apartado 16).
19
En el caso de autos, procede señalar, en primer lugar, que la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación enuncia con precisión y claridad los cuatro motivos invocados en el marco del recurso de casación, que se basan en la infracción del artículo 41, apartado 1, de la Carta (motivos primero, segundo y cuarto) y en la vulneración del derecho de defensa (tercer motivo).
20
En segundo lugar, por lo que respecta a los motivos de casación primero y segundo, relativos al supuesto desconocimiento por parte del Tribunal General de la exigencia de imparcialidad derivada del artículo 41, apartado 1, de la Carta, procede considerar que la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación expone suficientemente en qué consisten los supuestos errores de Derecho cometidos por el Tribunal General, como consecuencia de la alegada inobservancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en qué medida esos supuestos errores influyeron en el resultado de la sentencia recurrida y las razones concretas por las que cada uno de estos errores, suponiendo que quedasen acreditados, suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.
21
En efecto, por una parte, como se ha señalado en el apartado 8 del presente auto, de dicha solicitud se desprende que el primer error de Derecho alegado consiste en que, a juicio de la recurrente, en los apartados 65 y 66 de la sentencia recurrida, el Tribunal General exigió, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la recurrente demostrase la existencia de «indicios objetivos, pertinentes y concordantes» de un conflicto de intereses o de parcialidad, siendo así que, en opinión de la recurrente, el criterio pertinente, tal como resulta de la referida jurisprudencia, es el de la «duda legítima», que no pueda ser disipada, en cuanto a un eventual conflicto de intereses o a una falta de imparcialidad por parte de un funcionario. Pues bien, según se afirma en la solicitud, si no se hubiera cometido tal error, se habrían estimado las pretensiones de la recurrente.
22
Además, al subrayar que la cuestión del grado de prueba adecuado para apreciar la existencia de un conflicto de intereses, como expresión de la falta de imparcialidad de un funcionario, se suscita también en otros ámbitos del Derecho de la Unión y que la aplicación uniforme de este grado de prueba contribuye a la coherencia del Derecho de la Unión, la recurrente alega que la cuestión de Derecho así planteada excede del marco de su recurso de casación, ya que la respuesta a esta cuestión puede tener consecuencias que vayan más allá del caso de autos. De este modo, la recurrente expone las razones concretas por las que esta cuestión es importante para la unidad y la coherencia del Derecho de la Unión.
23
Por otra parte, como se ha señalado en el apartado 9 del presente auto, de la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación se desprende que el segundo error de Derecho alegado se basa, en esencia, en que, a juicio de la recurrente, en los apartados 81 y 82 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no consideró, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que el conocimiento previo de los hechos del caso de autos y la participación previa en los procedimientos administrativos de un superior jerárquico pueden generar una duda legítima en cuanto a su imparcialidad.
24
Además, la recurrente señala que, mediante esta cuestión, se plantea también la de determinar si la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de las sentencias de 21 de octubre de 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863), y de 11 de enero de 2024, Hamers/Cedefop (C‑111/22 P, EU:C:2024:5), se aplica no solo a las investigaciones administrativas en el marco de procedimientos disciplinarios, sino también a cualquier otro tipo de procedimientos administrativos. Pues bien, es preciso señalar que el alcance de esta cuestión excede del contencioso en materia de función pública o de contratos de trabajo.
25
En cambio, y en tercer lugar, por lo que respecta al tercer motivo de casación, basado en la vulneración del derecho de defensa y relativo a la negativa del Tribunal General a ordenar la comunicación de notas de entrevista legibles y de explicaciones sobre la manera en que se atribuyeron las calificaciones, si bien es cierto que la recurrente invoca un error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General, no lo es menos que se limita a enunciar ese error y a presentar alegaciones de carácter general, sin exponer las razones concretas por las que tal error, suponiendo que quedase acreditado, plantearía una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión, que justificaría la admisión a trámite del recurso de casación. Por consiguiente, procede considerar que, a este respecto, la recurrente no respetó todas las exigencias mencionadas en el apartado 16 del presente auto.
26
Del mismo modo y en cuarto lugar, en cuanto al cuarto motivo de casación, relativo a la comunicación previa de la composición de un tribunal de concurso, al menos si un candidato lo solicita, como parte de la exigencia de imparcialidad establecida en el artículo 41, apartado 1, de la Carta, procede subrayar que la recurrente, por una parte, no identifica el error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General que lo llevó a infringir dicha disposición y, por otra parte, no expone las razones por las que tal error, suponiendo que quedase acreditado, plantearía una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión. En consecuencia, procede considerar que, a este respecto, la recurrente no respetó todas las exigencias mencionadas en los apartados 14 a 16 del presente auto.
27
Habida cuenta de las consideraciones expuestas por la recurrente, la presente solicitud de admisión a trámite del recurso de casación demuestra de modo suficiente en Derecho que los motivos de casación primero y segundo suscitan cuestiones importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.
28
A la luz de las consideraciones anteriores, procede admitir parcialmente a trámite el recurso de casación, limitando el examen de este a los motivos primero y segundo, que deberán tratarse en el escrito de contestación, y no admitirlo a trámite en todo lo demás.
Costas
29
A tenor del artículo 170 ter, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, cuando, con arreglo a los criterios formulados en el artículo 58 bis, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se admita a trámite, en todo o en parte, el recurso de casación, el procedimiento seguirá desarrollándose de conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 a 190 bis de dicho Reglamento.
30
En aplicación del artículo 137 del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.
31
Por consiguiente, al haberse estimado la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación, procede reservar la decisión sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación) resuelve:
1)
Admitir a trámite el recurso de casación en lo que respecta a los motivos de casación primero y segundo, que son los únicos que deberán tratarse en el escrito de contestación.
2)
No admitir a trámite el recurso de casación en todo lo demás.
3)
Reservar la decisión sobre las costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.