62023CJ0572
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 5 de febrero de 2026 (
*1
)
«Recurso de casación — Derecho institucional — Miembros del Parlamento Europeo — Privilegios e inmunidades — Decisión de suspensión de la inmunidad parlamentaria de miembros del Parlamento — Artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Principio de buena administración — Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento — Exigencia de imparcialidad del ponente»
En el asunto C‑572/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 15 de septiembre de 2023,
Carles Puigdemont i Casamajó, con domicilio en Waterloo (Bélgica),
Antoni Comín i Oliveres, con domicilio en Waterloo,
Clara Ponsatí i Obiols, con domicilio en Waterloo,
representados por los Sres. P. Bekaert y S. Bekaert, advocaten, y por el Sr. G. Boye, abogado,
partes recurrentes en casación,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Parlamento Europeo, representado por los Sres. N. Görlitz, N. Lorenz y J.‑C. Puffer, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
Reino de España, representado por la Sra. A. Gavela Llopis, en calidad de agente,
parte coadyuvante en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente) y los Sres. S. Rodin, N. Piçarra y N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de septiembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y D.a Clara Ponsatí i Obiols (en lo sucesivo, «recurrentes») solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 5 de julio de 2023, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento (T‑272/21, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2023:373), mediante la que se desestimó la demanda que presentaron con la pretensión de que se anulasen las Decisiones P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 y P9_TA(2021)0061 del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, sobre los suplicatorios de suspensión de su inmunidad (en lo sucesivo, «Decisiones controvertidas»).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Protocolo (n.o 7)
2
El artículo 9 del Protocolo (n.o 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Protocolo n.o 7») dispone:
«Mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán:
a)
en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;
b)
en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial.
Gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este.
No podrá invocarse la inmunidad en caso de flagrante delito ni podrá esta obstruir el ejercicio por el Parlamento Europeo de su derecho a suspender la inmunidad de uno de sus miembros.»
Reglamento interno
3
El Reglamento interno del Parlamento Europeo, aplicable a la novena legislatura (2019‑2024), en su versión anterior a su modificación mediante la Decisión del Parlamento de 17 de enero de 2023 (en lo sucesivo, «Reglamento interno»), establecía en su artículo 5, titulado «Privilegios e inmunidades», lo siguiente:
«1.   Los diputados gozan de los privilegios y las inmunidades establecidos en el Protocolo n.o 7 […].
2.   En el ejercicio de sus prerrogativas con respecto a los privilegios y las inmunidades, el Parlamento actuará para mantener su integridad como asamblea legislativa democrática y para garantizar la independencia de los diputados en el ejercicio de sus funciones. La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados.
[…]»
4
El artículo 6 del Reglamento interno, titulado «Suspensión de la inmunidad», establecía:
«1.   Todo suplicatorio de suspensión de la inmunidad se examinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 del Protocolo [n.o 7] y con los principios a los que se refiere el artículo 5, apartado 2, del presente Reglamento interno.
[…]»
5
El artículo 9 del Reglamento interno, titulado «Procedimientos relativos a la inmunidad», preceptuaba:
«1.   Todo suplicatorio dirigido al presidente [del Parlamento] por una autoridad competente de un Estado miembro con objeto de suspender la inmunidad de un diputado, o toda solicitud de un diputado o un antiguo diputado con objeto de que se amparen sus privilegios e inmunidades, se comunicará al Pleno y se remitirá a la comisión competente.
[…]
13.   La comisión establecerá principios para la aplicación del presente artículo.
[…]»
Comunicación n.o 11/2019
6
El punto 6 de la Comunicación a los miembros relativa a los principios en materia de expedientes de inmunidad, de 19 de noviembre de 2019 (en lo sucesivo, «Comunicación n.o 11/2019»), adoptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (en lo sucesivo, «Comisión JURI»), señala:
«La Comisión [JURI] designará un ponente para cada expediente de inmunidad.»
7
El punto 7 de la Comunicación n.o 11/2019 indica:
«A tal efecto, cada grupo político presentará un diputado como ponente de turno para los expedientes de inmunidad, que debería ser el coordinador, para garantizar que los expedientes de inmunidad sean tratados por diputados con la debida experiencia. Los grupos políticos se asegurarán de designar a ponentes de turno de la máxima integridad.»
8
A tenor del punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019:
«La responsabilidad de ser ponente en los expedientes de inmunidad rotará en igualdad de condiciones entre los grupos políticos. No obstante, el ponente no podrá pertenecer al mismo grupo, o haber sido elegido en el mismo Estado miembro, que el diputado cuya inmunidad se examina.»
9
Según el punto 43 de la Comunicación n.o 11/2019:
«Cuando el procedimiento en cuestión no se refiera a opiniones expresadas ni a votos emitidos en el ejercicio de las funciones parlamentarias, procede la suspensión de la inmunidad salvo que la intención subyacente en el procedimiento judicial sea la de perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución (fumus persecutionis).»
Antecedentes del litigio
10
Los antecedentes del litigio figuran en los apartados 2 a 19 de la sentencia recurrida y, a los efectos de la presente sentencia, pueden resumirse como sigue.
11
El Sr. Puigdemont i Casamajó ocupaba el cargo de presidente de la Generalidad de Cataluña y el Sr. Comín i Oliveres y la Sra. Ponsatí i Obiols eran consejeros del Gobierno autonómico de Cataluña cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación (DOGC n.o 7449A, de 6 de septiembre de 2017, p. 1), y la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (DOGC n.o 7451A, de 8 de septiembre de 2017, p. 1), y cuando se realizó, el 1 de octubre de 2017, el referéndum de autodeterminación previsto en la primera de estas Leyes, cuyas disposiciones habían sido entretanto suspendidas por resolución del Tribunal Constitucional.
12
A raíz de la aprobación de dichas Leyes y de la celebración de ese referéndum, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y el partido político VOX incoaron un proceso penal contra varias personas, entre ellas los recurrentes, al considerar que habían cometido hechos que encajaban, dependiendo de las personas en cuestión, en particular en los delitos de rebelión, de sedición y de malversación de caudales públicos (en lo sucesivo, «proceso penal de que se trata»).
13
El 21 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo dictó un auto de procesamiento de los recurrentes por presuntos delitos de rebelión y de malversación de caudales públicos. Mediante auto de 9 de julio de 2018, el Tribunal Supremo los declaró rebeldes, al haber huido de España, y suspendió el proceso penal de que se trata hasta que fueran hallados.
14
Los recurrentes presentaron su candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron en España el 26 de mayo de 2019.
15
El 14 de octubre de 2019, el magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó orden de detención nacional, orden de detención europea y orden de detención internacional contra el Sr. Puigdemont i Casamajó a fin de que pudiera ser juzgado en el proceso penal de que se trata. El 4 de noviembre de 2019, ese mismo magistrado dictó sendas órdenes de detención similares contra el Sr. Comín i Oliveres y la Sra. Ponsatí i Obiols.
16
En la sesión plenaria de 13 de enero de 2020, el Parlamento tomó nota, a raíz de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), de la elección al Parlamento de los Sres. Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres con efectos desde el 2 de julio de 2019.
17
El 13 de enero de 2020, el presidente del Tribunal Supremo remitió al Parlamento el suplicatorio de 10 de enero de 2020, que le había transmitido el presidente de la Sala de lo Penal de dicho Tribunal y obrante en un auto de la misma fecha del magistrado instructor de la referida Sala, con el objeto de que se suspendiera la inmunidad de los Sres. Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres.
18
El 10 de febrero de 2020, de resultas de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, que había tenido lugar el 31 de enero de 2020, el Parlamento tomó nota de la elección de la Sra. Ponsatí i Obiols con efectos desde el 1 de febrero de 2020.
19
Ese 10 de febrero de 2020, el presidente del Tribunal Supremo remitió al Parlamento el suplicatorio de 4 de febrero de 2020, que le había transmitido el presidente de la Sala de lo Penal de dicho Tribunal y obrante en un auto de la misma fecha del magistrado instructor de la referida Sala, con el objeto de que se suspendiera la inmunidad de la Sra. Ponsatí i Obiols.
20
El vicepresidente del Parlamento comunicó en sesión plenaria los suplicatorios de suspensión de la inmunidad mencionados en los apartados 17 y 19 de la presente sentencia y los remitió a la Comisión JURI.
21
El 23 de febrero de 2021, la Comisión JURI aprobó los informes A 9‑0020/2021, A 9‑0021/2021 y A 9‑0022/2021, sobre estos suplicatorios.
22
Mediante las Decisiones controvertidas, el Parlamento concedió dichos suplicatorios.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
23
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 19 de mayo de 2021, los recurrentes interpusieron recurso de anulación contra las Decisiones controvertidas.
24
Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal General el 26 de mayo de 2021, los recurrentes interpusieron una demanda de medidas provisionales, sobre la base de los artículos 278 TFUE y 279 TFUE, en la que solicitaban la suspensión de la ejecución de las Decisiones controvertidas.
25
Mediante auto de 2 de junio de 2021, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento (T‑272/21 R, no publicado), el Vicepresidente del Tribunal General ordenó suspender la ejecución de las Decisiones controvertidas hasta que se dictara el auto que pusiera fin al procedimiento sobre medidas provisionales. Mediante auto de 30 de julio de 2021, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento (T‑272/21 R, EU:T:2021:497), el Vicepresidente del Tribunal General desestimó la demanda de medidas provisionales mencionada en el apartado anterior de la presente sentencia y revocó el auto de 2 de junio de 2021.
26
Mediante auto de 24 de mayo de 2022, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento y España [C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413], el Vicepresidente del Tribunal de Justicia anuló el auto de 30 de julio de 2021, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento (T‑272/21 R, EU:T:2021:497), ordenó la suspensión de la ejecución de las Decisiones controvertidas y reservó la decisión sobre las costas de los recurrentes correspondientes al procedimiento de primera instancia.
27
En apoyo de sus recursos, los recurrentes formularon ocho motivos.
28
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó dicho recurso tras rechazar:
–
En primer lugar, el primer motivo, basado en la insuficiencia de motivación de las Decisiones controvertidas.
–
En segundo lugar, el segundo motivo, fundado en la falta de competencia de la autoridad nacional que emitió y transmitió al Parlamento los suplicatorios de suspensión de la inmunidad de los recurrentes.
–
En tercer lugar, el quinto motivo, fundamentado en la violación de los principios de seguridad jurídica y de cooperación leal, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa por falta de claridad de las Decisiones controvertidas.
–
En cuarto lugar, el sexto motivo, en la medida en que se basaba en la infracción del artículo 343 TFUE, del artículo 9 del Protocolo n.o 7 y del artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno y en la vulneración de diversos derechos fundamentales de los recurrentes.
–
En quinto lugar, el sexto motivo, en la medida en que se fundaba en errores de hecho y de Derecho que viciaban el examen, por el Parlamento, del fumus persecutionis, y el séptimo motivo, fundado en la violación de los principios de buena administración y de igualdad de trato y en errores manifiestos del Parlamento al apreciar el fumus persecutionis.
–
En sexto lugar, el octavo motivo, fundamentado en la violación de los principios de buena administración y de igualdad de trato en la medida en que el Parlamento rehusó aplicar lo dispuesto en el artículo 9, apartado 7, del Reglamento interno.
–
En séptimo lugar, el cuarto motivo, fundado esencialmente en la vulneración del derecho a ser oído.
–
En octavo lugar, el tercer motivo, basado en la violación del principio de imparcialidad.
Pretensiones de las partes en casación
29
Mediante su recurso de casación, los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Anule las Decisiones controvertidas o, subsidiariamente, devuelva el asunto al Tribunal General.
–
Condene en costas al Parlamento y al Reino de España o, subsidiariamente, reserve la decisión sobre las costas.
30
El Parlamento y el Reino de España solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a los recurrentes.
Sobre el recurso de casación
31
En apoyo del recurso de casación, los recurrentes formulan diez motivos, basados:
–
El primero, en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar el primer motivo de anulación basándose en que las Decisiones controvertidas no incumplieron la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE y en el artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
–
El segundo, en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar el segundo motivo de anulación declarando que no le correspondía a él, como tampoco al Parlamento, controlar la legalidad del suplicatorio de suspensión de la inmunidad, en particular su admisibilidad, de conformidad con la sentencia de 19 de diciembre de 2018, Berlusconi y Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023).
–
El tercero, en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que no se había vulnerado su derecho a que el Parlamento trate sus asuntos imparcial y equitativamente.
–
El cuarto, en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el Parlamento no había vulnerado su derecho a ser oído, consagrado en el artículo 41, apartado 2, de la Carta.
–
El quinto, en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar el quinto motivo de anulación, basado en la violación del principio de seguridad jurídica por falta de claridad de las Decisiones controvertidas.
–
El sexto, en que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al desestimar el sexto motivo de anulación, basado en la vulneración de las inmunidades contempladas en el artículo 343 TFUE y en el artículo 9 del Protocolo n.o 7, en relación con los artículos 6, 39, apartado 2, y 45 de la Carta y con el artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno, y al desestimar el séptimo motivo de anulación, basado en la violación de los principios de buena administración y de igualdad de trato.
–
El séptimo motivo, en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho por desnaturalización de pruebas al desestimar el octavo motivo de anulación, relativo a las decisiones precedentes del Parlamento de las que resulta que esta institución no suspende la inmunidad de sus miembros cuando existe riesgo de que sean detenidos sin previa condena, y en el marco de su apreciación de la aplicación del artículo 9, apartado 7, del Reglamento interno.
–
El octavo, en que el Tribunal General violó el artículo 47 de la Carta, a la luz del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como el artículo 296 TFUE y los artículos 36 y 53 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al incurrir en error de Derecho por falta de motivación suficiente y adecuada de la sentencia recurrida.
–
El noveno, en que el Tribunal General violó el artículo 47 de la Carta, a la luz de los artículos 6 y 13 del CEDH, al rehusar la adopción de las diligencias de ordenación del procedimiento y las diligencias de prueba que solicitaron.
–
El décimo, en que el Tribunal General violó el principio de seguridad jurídica por el error de Derecho en que incurrió al no examinar de oficio si aún procedía pronunciarse sobre el recurso de anulación, habida cuenta, en particular, del auto de 12 de enero de 2023 del magistrado instructor del Tribunal Supremo.
32
Ha de señalarse que el tercer motivo de casación se divide en cuatro partes.
33
Mediante la primera parte del tercer motivo de casación, los recurrentes sostienen que, en los apartados 234 a 238 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la designación de un único ponente para los tres expedientes de suspensión de la inmunidad parlamentaria no contravenía los artículos 39, apartado 2, y 41, apartado 1, de la Carta ni los puntos 6 y 8 de la Comunicación n.o 11/2019.
34
Mediante la segunda parte del tercer motivo de casación, los recurrentes arguyen que, en los apartados 239 a 257 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho y desnaturalizó las pruebas al declarar carentes de fundamento sus alegaciones basadas en la falta de imparcialidad del ponente y violó los artículos 39, apartado 2, y 41, apartado 1, de la Carta, así como los principios derivados del punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019.
35
Mediante la tercera parte del tercer motivo de casación, los recurrentes argumentan que, en los apartados 258 a 262 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho y desnaturalizó las pruebas al declarar carente de fundamento su alegación basada en la falta de imparcialidad del presidente de la Comisión JURI.
36
Mediante la cuarta parte del tercer motivo de casación, los recurrentes mantienen que, al interpretar erróneamente la cuarta parte del tercer motivo de anulación y desestimarla, el Tribunal General, en los apartados 219 y 262 de la sentencia recurrida, incurrió en error de Derecho y en error de razonamiento, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa e incumplió su obligación de motivación.
37
El Tribunal de Justicia considera oportuno examinar la segunda parte del tercer motivo de casación.
Alegaciones de las partes
38
Los recurrentes comienzan el tercer motivo de casación observando que la naturaleza «política» de las Decisiones controvertidas, como la calificó el Tribunal General, tiene que entenderse necesariamente como dimanante de la «naturaleza política» del Parlamento, que en nada se distingue de la del Consejo de la Unión Europea o de la Comisión Europea, que son instituciones políticas. Según los recurrentes, el Parlamento estaba, por tanto, absolutamente obligado a respetar los 39, apartado 2, y 41, apartado 1, de la Carta.
39
La segunda parte del tercer motivo de casación se divide en cinco imputaciones.
40
Mediante la primera imputación, los recurrentes alegan que, en los apartados 244 a 246 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al afirmar que no contravenía el artículo 41, apartado 1, de la Carta, a la luz del punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019, el hecho de que el ponente encargado de examinar los suplicatorios de suspensión de la inmunidad perteneciera al mismo grupo político que los diputados del partido político nacional que ejerció la acción popular en el proceso penal de que se trata y, así, promovió dicho proceso penal (en lo sucesivo, «partido político que promovió el proceso penal de que se trata»).
41
A este respecto, los recurrentes recuerdan que la exigencia de imparcialidad impuesta por el artículo 41, apartado 1, de la Carta comprende la imparcialidad subjetiva y la imparcialidad objetiva.
42
Argumentan que, habida cuenta del tenor del punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019 y en contra de lo que afirmó el Tribunal General en el apartado 244 de la sentencia recurrida, el propio Parlamento ha estimado que la mera pertenencia a un grupo político en esta institución tiene incidencia en la apreciación de la imparcialidad del ponente. En efecto, de dicho punto 8 resulta con claridad que el Parlamento considera que el hecho de que un ponente forme parte del mismo grupo político que el diputado objeto del suplicatorio de suspensión de la inmunidad suscita objetivamente dudas legítimas en cuanto a la imparcialidad de ese ponente. Según los recurrentes, contrariamente a lo que estimó el Tribunal General en los apartados 245 y 246 de la sentencia recurrida, lo mismo cabe afirmar cuando el ponente es miembro del grupo político al que pertenecen los diputados del partido político que promovió el proceso penal de que se trata.
43
Además, según los recurrentes, en el apartado 246 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho e interpretó erradamente las observaciones que formularon, al considerar que habían afirmado que el único motivo para rechazar que un miembro del grupo político al que pertenecen los diputados de ese partido pueda ejercer de ponente son sus afinidades políticas. Según los recurrentes, es posible que los miembros de grupos políticos diferentes compartan tales afinidades. Por consiguiente, no pueden situarse en el mismo plano el argumento de que el ponente no puede ser miembro del mismo grupo político que los diputados de dicho partido y el argumento de que una persona no puede ser ponente por el mero hecho de que comparte afinidades políticas con ese grupo.
44
Mediante la segunda imputación, los recurrentes mantienen que, en los apartados 247 a 251 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se negó a reconocer que el hecho de que el ponente organizara un evento que se celebró el 6 de marzo de 2019 en el recinto del Parlamento (en lo sucesivo, «evento de 6 de marzo de 2019»), en el que un interviniente profirió el eslogan «¡Puigdemont, a prisión!», demostraba su parcialidad o, cuando menos, suscitaba dudas legítimas en cuanto a su imparcialidad. Según los recurrentes, es irrelevante a este respecto que dicho ponente no expresara su apoyo verbalmente, como subraya el Tribunal General en el apartado 250 de la sentencia recurrida, sino aplaudiendo esa intervención.
45
En primer lugar, alegan que, en los apartados 249 y 250 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó pruebas y, por ende, incurrió en error de Derecho, al no tener en cuenta que el ponente no solo organizó el referido evento, sino que estuvo presente en la mesa de oradores y apoyó expresamente la intervención mencionada en el apartado anterior, aplaudiéndola.
46
En segundo lugar, los recurrentes sostienen que, en el apartado 251 de la sentencia recurrida, el Tribunal General también desnaturalizó las pruebas al afirmar que dicho evento versó exclusivamente, en vista de su título, sobre «la situación política de Cataluña», cuando más de la mitad del discurso del orador se dedicó a los procesos penales incoados en España, entre otras personas, contra ellos.
47
En tercer lugar, los recurrentes mantienen que, en dicho apartado 251, el Tribunal General incurrió en error de Derecho en tanto en cuanto dio a entender que la falta de imparcialidad del ponente solo habría sido pertinente si el Parlamento hubiera estado obligado a determinar si los hechos imputados se habían acreditado.
48
Mediante la tercera imputación, los recurrentes sostienen que, en los apartados 253 y 254 de la sentencia recurrida, el Tribunal General violó, por una parte, el artículo 85, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento y el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, a la vista de los artículos 39, apartado 2, y 41, apartado 1, de la Carta, y, por otra parte, su obligación de motivación, en la medida en que declaró inadmisible una prueba consistente en una entrevista del ponente publicada en un diario búlgaro por no haberse justificado su presentación extemporánea.
49
Mediante la cuarta imputación, los recurrentes arguyen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que los elementos mencionados en el apartado 255 de la sentencia recurrida, que este desnaturalizó, y los demás elementos anteriormente invocados no permitían demostrar la falta de imparcialidad del ponente.
50
Mediante la quinta imputación, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho en el apartado 256 de la sentencia recurrida al afirmar que no habían esgrimido un interés personal del ponente que pudiera afectar a su imparcialidad. En cualquier caso, para constatar la violación, en el presente asunto, de los artículos 39, apartado 2, y 41, apartado 1, de la Carta, basta con la falta de imparcialidad objetiva.
51
En su escrito de réplica, los recurrentes insisten en que sus alegaciones sobre la falta de imparcialidad del ponente no se fundamentaban en la existencia de una mera oposición política a ellos, sino en la situación muy particular que se deriva de la implicación directa en el proceso penal de que se trata de un partido político cuyos miembros en el Parlamento estaban adscritos al mismo grupo político que el ponente.
52
Los recurrentes entienden que, además de tratarse de una situación objetivamente comparable a la contemplada en el punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019, es evidente que el conflicto de intereses que resulta de que el ponente y los diputados de dicho partido político pertenezcan al mismo grupo político dejó a dicho ponente sin apariencia de imparcialidad alguna.
53
Por otra parte, los recurrentes arguyen, en lo que respecta al evento de 6 de marzo de 2019, que la presentación edulcorada de los hechos que realizó el Tribunal General, que llegó hasta omitir la verdadera temática y la naturaleza de ese evento, buscaba dar la impresión de que se trató de un evento neutro.
54
El Parlamento rebate las alegaciones que los recurrentes exponen en la segunda parte del tercer motivo de casación.
55
En su escrito de contestación, el Parlamento, en primer lugar, rebate las alegaciones de los recurrentes contra las consideraciones del Tribunal General relativas a la naturaleza política de las Decisiones controvertidas, que figuran en los apartados 243 a 246 de la sentencia recurrida.
56
Por una parte, considera carentes de fundamento las alegaciones de los recurrentes relativas al apartado 244 de la sentencia recurrida. La situación a que se refiere el punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019 no puede compararse con aquella en la que el ponente forma parte de un grupo políticamente opuesto al diputado objeto del suplicatorio de suspensión de la inmunidad. El Parlamento sostiene que, como recordó el Tribunal General en los apartados 225 y 226 de la sentencia recurrida, las decisiones relativas a los suplicatorios de suspensión de la inmunidad tienen naturaleza política y los diputados, miembros de la Comisión JURI, por definición, no son políticamente neutros. Si solo pudiera designarse como ponente a los miembros políticamente neutros de dicha Comisión, esta devendría inoperativa. En efecto, como los recurrentes han concitado la atención del público sobre su causa, podría considerarse que todos los miembros de la referida Comisión han tomado una posición política favorable o contraria a ellos y su causa.
57
Por otra parte, el Parlamento considera inadmisibles las alegaciones imprecisas de los recurrentes referentes al apartado 246 de la sentencia recurrida, en las que sostienen que la imputación que formularon no se basaba solo en las afinidades políticas, sino también en los intereses económicos, financieros y estratégicos que comparten los miembros de un grupo político. En cualquier caso, dichas alegaciones son infundadas, ya que, en primera instancia, los recurrentes se limitaron a mencionar que el ponente era miembro del grupo político al que pertenecen los miembros del partido político VOX.
58
En segundo lugar, el Parlamento rebate las alegaciones contra las consideraciones del Tribunal General relativas al evento de 6 de marzo de 2019, que figuran en los apartados 247 a 251 de la sentencia recurrida.
59
Con carácter preliminar, el Parlamento subraya que dicho evento tuvo lugar en otra legislatura, antes incluso de que el ponente pudiera saber que resultaría electo para el Parlamento en las elecciones de 2019 y, en cualquier caso, bastante antes de que fuera designado ponente de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad en cuestión.
60
En primer término, el Parlamento considera inadmisibles las alegaciones de los recurrentes relativas a los apartados 249 y 250 de la sentencia recurrida, según las cuales el Tribunal General incurrió en desnaturalización de pruebas, ya que, en esencia, los recurrentes solicitan una nueva apreciación de los hechos. En cualquier caso, esas alegaciones carecen de fundamento, puesto que, como señaló el Tribunal General, el secretario general del partido político VOX concluyó su discurso proclamando «Viva España, viva Europa y Puigdemont, a prisión» y en la grabación del evento de 6 de marzo de 2019 no hay nada que indique que el ponente aprobara específicamente estas tres últimas palabras del discurso. Esa grabación muestra más bien un gesto de cortesía habitual con un orador al cierre de una intervención.
61
En segundo término, el Parlamento sostiene que no es irrelevante la consideración del Tribunal General, en el apartado 250 de la sentencia recurrida, según la cual el ponente no tomó la palabra en dicho evento.
62
En tercer término, el Parlamento mantiene que las alegaciones de los recurrentes según las cuales, en el apartado 251 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas al afirmar que el tema del evento de 6 de marzo de 2019 consistía simplemente en «la situación política en Cataluña» se basan en una lectura errónea de dicha sentencia, dado que el Tribunal General no excluyó en modo alguno que ese tema incluyera también el proceso penal de que se trata. Por añadidura, el Tribunal General no desnaturalizó la grabación de dicho evento al presentar sucintamente el tema sobre el que versó. En cualquier caso, las referidas alegaciones son inadmisibles porque los recurrentes solicitan una nueva apreciación de los hechos.
63
En cuarto término, el Parlamento arguye que las alegaciones de los recurrentes que impugnan las frases tercera y cuarta del apartado 251 de la sentencia recurrida son inoperantes, ya que las consideraciones que ahí se exponen se formularon con carácter subsidiario. En cualquier caso, esas alegaciones deben desestimarse. Para empezar, la alegación de los recurrentes según la cual el Tribunal General ignoró diversos criterios pertinentes para apreciar el fumus persecutionis se fundamenta en una lectura errónea de la sentencia recurrida. A continuación, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al subrayar, en esencia, en esas frases tercera y cuarta, que las cuestiones discutidas en el evento de 6 de marzo de 2019 no eran aquellas que corresponde dilucidar al Parlamento en un procedimiento de suspensión de la inmunidad. Por último, el Parlamento sostiene que, en la medida en que los recurrentes alegan que el ponente aprobó, con sus aplausos, el mensaje de que las Decisiones controvertidas, las órdenes de detención europeas y las descripciones en el Sistema de Información de Schengen, consideradas en su conjunto, los exponían a un elevado riesgo de detención, tal alegación es inadmisible porque solicitan al Tribunal de Justicia esencialmente que realice una apreciación fáctica. En cualquier caso, dicha alegación carece de fundamento, dado que el ponente no aplaudió ese mensaje.
64
En tercer lugar, el Parlamento se opone a las alegaciones de los recurrentes contra las consideraciones del Tribunal General sobre otros acontecimientos, que figuran en los apartados 252 a 255 de la sentencia recurrida. Por una parte, se opone a la alegación de los recurrentes según la cual el Tribunal General transgredió el artículo 85, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento y la obligación de motivación que le incumbe al declarar inadmisibles sus alegaciones basadas en una entrevista del ponente publicada en un diario búlgaro. Por otra parte, rebate la alegación de los recurrentes según la cual el Tribunal General incurrió en error de Derecho y desnaturalizó las pruebas al declarar que las reacciones del partido político VOX a la adopción de las Decisiones controvertidas no demostraban la falta de imparcialidad del ponente.
65
En cuarto lugar, el Parlamento rebate las alegaciones de los recurrentes contra las consideraciones del Tribunal General según las cuales no concurría conflicto de intereses en el ponente, expuestas en el apartado 256 de la sentencia recurrida. Por una parte, la alegación de los recurrentes según la cual el Tribunal General consideró que la parcialidad solo puede expresarse con declaraciones se basa en una lectura errónea de dicho apartado 256. Por otra parte, al no haberse probado la alegación de los recurrentes relativa a la existencia de un interés personal del ponente capaz de afectar a su imparcialidad, tal alegación es inadmisible. En cualquier caso, carece de fundamento.
66
En su escrito de dúplica, el Parlamento alega, en primer lugar, que, aunque los recurrentes aluden a la acción del partido político VOX ejercida contra ellos ante los tribunales españoles, no indican en modo alguno cómo puede reprocharse el comportamiento de dicho partido al grupo político al que pertenece el ponente. Habida cuenta de que en ese grupo había diputados que apoyaban la causa de los recurrentes y otros que se oponían a ella, el mero hecho de que el ponente perteneciera a ese grupo no respalda la afirmación de que dicho ponente no era imparcial.
67
En segundo lugar, el Parlamento sostiene que el Tribunal General no desnaturalizó el tema del evento de 6 de marzo de 2019. Subraya que, si bien la grabación de dicho evento a la que remiten los recurrentes en los anexos a su demanda en primera instancia se titulaba «Cataluña es España», la reunión, en la cual intervino el secretario general del partido político VOX, tuvo como tema «El papel de los Estados nación en la Unión Europea y la defensa de las libertades civiles». El Parlamento precisa que las órdenes de detención europeas a las que se refirió el secretario general de dicho partido en su intervención no eran las que se emitieron después de que los recurrentes fueran electos diputados.
68
El Reino de España rebate las alegaciones que los recurrentes exponen en la segunda parte del tercer motivo de casación.
69
Con carácter preliminar, el Reino de España subraya que, en el procedimiento para tramitar un suplicatorio de suspensión de la inmunidad, el Parlamento debe respetar los artículos 39 y 41, apartado 1, de la Carta, como ocurrió con la adopción de las Decisiones controvertidas.
70
En primer lugar, el Reino de España sostiene que los argumentos de los recurrentes relativos a un supuesto error de Derecho en la interpretación del punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019, en relación con el artículo 41 de la Carta, no sirven para desvirtuar el razonamiento contenido en los apartados 245 y 246 de la sentencia recurrida, que no son sino una conclusión alcanzada sobre la base de los apartados 242 a 244 de dicha sentencia, que no han sido impugnados. En esos apartados 242 a 244, el Tribunal General explicó que la mera pertenencia a un grupo político no tiene incidencia en el carácter imparcial del individuo que pertenece a él.
71
En segundo lugar, el Reino de España señala que, aunque los recurrentes argumentan que el Tribunal General incurrió en desnaturalización de los hechos en los apartados 249 a 251 de la sentencia recurrida, sus argumentos no permiten acreditar un error manifiesto por parte del Tribunal General en la apreciación de esos hechos.
72
En tercer lugar, el Reino de España indica que el argumento de los recurrentes relativo a un pretendido error de Derecho del Tribunal General en la última parte del apartado 251 de la sentencia recurrida se refiere a una consideración formulada a mayor abundamiento.
73
En cuarto lugar, el Reino de España sostiene que los argumentos de los recurrentes mediante los que reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al declarar inadmisible un documento que aportaron en la réplica no se exponen con la suficiente precisión y deben desestimarse.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Observaciones preliminares
74
Como resulta de la primera frase del artículo 343 TFUE, la Unión goza en el territorio de los Estados miembros de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimiento de su misión, en las condiciones establecidas en el Protocolo n.o 7.
75
Este Protocolo pretende garantizar a las instituciones de la Unión una protección completa y efectiva contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento y a su independencia (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, apartado 82).
76
En el caso del Parlamento, este objetivo no solo implica que, conforme al principio de democracia representativa, que concreta el valor de democracia mencionado en el artículo 2 TUE y desarrollado en el artículo 14 TUE, apartado 3, la composición de esta institución refleje, de forma fiel y completa, la libre expresión de las preferencias manifestadas por los ciudadanos de la Unión en cuanto a las personas por las que desean ser representados durante una legislatura determinada, sino también que el Parlamento quede protegido, conforme al principio de separación de poderes, en el ejercicio de sus actividades contra cualquier impedimento o riesgo de menoscabo que pueda afectar a su buen funcionamiento. Las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento tienen por objeto garantizar la independencia de esta institución desde esta doble vertiente (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, apartados 63, 83 y 84).
77
Este objetivo de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento también se menciona en el artículo 5 del Reglamento interno. Tras indicar, en su apartado 1, que los diputados gozan de los privilegios e inmunidades establecidos en el Protocolo n.o 7, este artículo dispone, en su apartado 2, que, en el ejercicio de sus prerrogativas con respecto a los privilegios y las inmunidades, el Parlamento actuará para mantener su integridad como asamblea legislativa democrática y para garantizar la independencia de los diputados en el ejercicio de sus funciones y que la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados.
78
En virtud del artículo 9, párrafo tercero, del Protocolo n.o 7, el Parlamento tiene derecho a suspender la inmunidad de uno de sus miembros. El procedimiento de suspensión de la inmunidad se desarrolla así en el seno del Parlamento. Aunque lo tramitan responsables políticos, este procedimiento y la decisión mediante la que el Parlamento decide suspender la inmunidad no tienen naturaleza política, como afirmó el Tribunal General en los apartados 112, 225 y 242 de la sentencia recurrida, sino naturaleza jurídica.
79
Es cierto que, habida cuenta de que la decisión de suspender la inmunidad es competencia del Parlamento, esta institución dispone de una amplia facultad de apreciación para determinar las normas aplicables en la tramitación de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad. Así, esas normas son adoptadas y aplicadas por miembros del Parlamento, que pertenecen a grupos políticos constituidos en su seno.
80
No obstante, conforme a los valores del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos que se consagran en el artículo 2 TUE, el Parlamento está obligado, en el examen de un suplicatorio de suspensión de la inmunidad, a respetar las normas y principios jurídicos que se aplican a esta inmunidad, así como la Carta, cuyas disposiciones están dirigidas al Parlamento en cuanto una de las instituciones de la Unión a que se refiere su artículo 51, apartado 1. El ejercicio, por el diputado afectado, de su mandato, que constituye el principal atributo de la condición de miembro del Parlamento y se deriva del hecho de ser elegido por sufragio universal directo, libre y secreto contemplado en el Derecho de la Unión (sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, apartado 65), puede verse obstaculizado por una decisión de suspensión de la inmunidad. De lo anterior se deduce que los suplicatorios de suspensión de la inmunidad, que pueden afectar tanto al mandato del diputado afectado como, tal y como se ha recordado en el apartado 76 de la presente sentencia, al buen funcionamiento del Parlamento en su conjunto, deben examinarse teniendo en cuenta los derechos del individuo de que se trate y los principios de democracia representativa y de separación de poderes, y no en función de orientaciones políticas.
81
Las consideraciones que anteceden deben guiar el análisis de las imputaciones primera y segunda de los recurrentes, mediante las que esencialmente reprochan al Tribunal General haber violado el artículo 41, apartado 1, de la Carta, respectivamente, en los apartados 244 a 246 de la sentencia recurrida y en los apartados 247 a 251 de esta, al declarar carente de fundamento sus alegaciones basadas en la falta de imparcialidad del ponente encargado, en la Comisión JURI, de examinar los suplicatorios de suspensión de la inmunidad librados contra ellos.
Sobre la primera imputación
82
En el apartado 244 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó, en esencia, que la imparcialidad del ponente, que interviene en la fase de instrucción del suplicatorio de suspensión de la inmunidad tramitado por una comisión parlamentaria, no puede, en principio, apreciarse a la luz de su ideología política ni a la luz de una comparación entre su ideología política y la del diputado objeto del suplicatorio de suspensión de la inmunidad. Precisó, para empezar, que la pertenencia del ponente a un partido político nacional o a un grupo político constituido en el seno del Parlamento, sean cuales sean los valores e ideas defendidos por estos últimos, y aun suponiendo que esos valores e ideas pudieran revelar sensibilidades a priori desfavorables hacia la situación de ese diputado, es irrelevante para la apreciación de la imparcialidad del ponente. Basándose en su jurisprudencia, el Tribunal General consideró que la diferencia de ideología política entre dicho ponente y dicho diputado no puede, por sí sola, poner en tela de juicio la regularidad del procedimiento de adopción de las Decisiones controvertidas.
83
A continuación, en el apartado 245 de la referida sentencia, el Tribunal General estimó que, en el caso de autos, la pertenencia del ponente al grupo político europeo de los conservadores y reformistas europeos era en principio irrelevante para la apreciación de su imparcialidad.
84
Por último, en el apartado 246 de dicha sentencia, el Tribunal General puntualizó que, ciertamente, de ese grupo político formaban parte los diputados del partido político VOX, que se encuentra en una situación muy particular en relación con los recurrentes, pues promovió el proceso penal de que se trata. No obstante, según el Tribunal General, esa situación particular concierne a los diputados que son miembros del partido político VOX, sin que pueda extenderse, por definición, al conjunto de los miembros del referido grupo político solo porque compartan, por formar parte del mismo grupo, afinidades políticas.
85
Como subrayó el Tribunal General en los apartados 225 y 226 de la sentencia recurrida, el procedimiento que puede desembocar en la adopción de una decisión de suspensión de la inmunidad debe ser compatible con el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41, apartado 1, de la Carta.
86
Este precepto de la Carta establece que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Este derecho, que se reconoce a cualquier persona, también ampara, por tanto, a todo miembro del Parlamento que sea objeto de un suplicatorio de suspensión de la inmunidad.
87
La exigencia de imparcialidad tiene dos vertientes: por una parte, la imparcialidad subjetiva, en virtud de la cual ninguno de los miembros de la institución interesada que esté a cargo del asunto debe tomar partido o tener prejuicios personales, y, por otra parte, la imparcialidad objetiva, con arreglo a la cual dicha institución debe ofrecer garantías suficientes para descartar cualquier duda legítima acerca de un posible prejuicio (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, España/Consejo, C‑521/15, EU:C:2017:982, apartado 91).
88
En el ejercicio de su amplia facultad de apreciación, mencionada en el apartado 79 de la presente sentencia, el Parlamento puede adoptar normas que concreten la protección frente al riesgo de parcialidad que se impone en virtud del artículo 41 de la Carta.
89
El Parlamento determinó así, en el artículo 6 del Reglamento interno, que todo suplicatorio de suspensión de la inmunidad tiene que examinarse de conformidad con el Protocolo n.o 7 y con los principios a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de dicho Reglamento.
90
El artículo 9 de dicho Reglamento precisa, en sus apartados 1 y 13, respectivamente, que todo suplicatorio dirigido al presidente del Parlamento por una autoridad competente de un Estado miembro con objeto de suspender la inmunidad de un diputado ha de comunicarse al Pleno y remitirse a la comisión competente, la cual ha de establecer los principios de aplicación de dicho artículo 9.
91
De esta manera, la Comisión JURI, designada para tramitar los suplicatorios de suspensión de la inmunidad, adoptó la Comunicación n.o 11/2019, aplicable en el momento de los hechos del caso de autos, que establece un conjunto de normas aplicables a dichos suplicatorios.
92
En dicha Comunicación se establecieron, por una parte, una serie de normas relativas al examen del fondo de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad. En el punto 43 de dicha Comunicación se determinó así, esencialmente, que cuando el suplicatorio se refiera a la suspensión de la inmunidad contemplada en el artículo 9 de este Protocolo, procede la suspensión de la inmunidad salvo que la intención subyacente al procedimiento judicial sea perjudicar la actividad política del diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución (fumus persecutionis).
93
Por otra parte, se establecieron una serie de normas de procedimiento para la tramitación de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad.
94
Para empezar, según el punto 6 de la Comunicación n.o 11/2019, la Comisión JURI tiene que designar un ponente para cada expediente de inmunidad.
95
A continuación, el punto 7 de dicha Comunicación determina, en particular, que, a tal efecto, cada grupo político ha de presentar como ponente de turno para los expedientes de inmunidad un diputado que sea de la máxima integridad.
96
Por último, conforme al punto 8 de dicha Comunicación, la responsabilidad de ser ponente en los expedientes de inmunidad tiene que rotar en igualdad de condiciones entre los grupos políticos, sin que, no obstante, el ponente pueda pertenecer al mismo grupo o haber sido elegido en el mismo Estado miembro que el diputado cuya inmunidad se examina.
97
Del punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019 resulta que el Parlamento estimó que un ponente que pertenezca al mismo grupo político que el diputado cuya inmunidad se examina no puede instruir el suplicatorio de suspensión de la inmunidad. Este planteamiento se fundamenta así en la consideración de que, debido a su pertenencia al mismo grupo político, ese ponente y ese diputado podrían compartir ciertas afinidades, en particular políticas, por lo que no cabría excluir la existencia de dudas legítimas en cuanto a un eventual prejuicio, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 87 de la presente sentencia, de dicho ponente favorable a dicho diputado. Por consiguiente, el Parlamento, en uso de su amplia facultad de apreciación, consideró necesario, para garantizar la imparcialidad del ponente, como exige el artículo 41, apartado 1, de la Carta, establecer una norma que impida que ese ponente pertenezca a un grupo político determinado.
98
La observancia del artículo 41, apartado 1, de la Carta requiere aplicar de manera coherente las garantías fijadas por la institución de que se trata para evitar cualquier duda legítima de parcialidad y para permitir la tramitación equitativa de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad.
99
A los efectos de tal aplicación, a la exigencia de imparcialidad concretada en el punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019 también se le debe dar efecto de modo que el ponente que pertenezca a un grupo político distinto de aquel del que forma parte el diputado cuya inmunidad se examina tenga apariencia de imparcialidad objetiva.
100
En efecto, habida cuenta de los objetivos de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento, que se han recordado en los apartados 75 a 77 de la presente sentencia, tal exigencia de imparcialidad del ponente significa que ese diputado no debe poder albergar dudas legítimas en cuanto a que el ponente encargado de instruir dicho suplicatorio no se guía por consideraciones que le impidan desempeñar con objetividad sus funciones en la preparación de la decisión del Parlamento sobre la eventual existencia de fumus persecutionis, mencionado en el apartado 92 de la presente sentencia.
101
Pues bien, aunque la oposición de tal ponente a las ideas políticas del diputado cuya inmunidad se examina no puede, en sí, implicar que dicho ponente no sea imparcial, no puede afirmarse lo mismo cuando el ponente pertenece al grupo político del que también forman parte diversos miembros de un partido político que ha promovido contra ese diputado el proceso penal del que trae causa el suplicatorio de suspensión de la inmunidad, partido este que tiene un interés particular en el resultado de dicho proceso.
102
Como se ha indicado en el apartado 97 de la presente sentencia, conforme a la norma recogida en el punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019, la pertenencia de un ponente a un grupo político determinado puede tener consecuencias en la posibilidad de designarlo ponente para instruir un suplicatorio de suspensión de la inmunidad en particular. No puede considerarse que la exigencia de imparcialidad recogida en dicha norma solo se imponga cuando el ponente pertenece al mismo grupo político que el diputado objeto del suplicatorio, excluyéndose cualquier situación en la que ese ponente pertenezca a otro grupo político.
103
De lo anterior se deduce que, habida cuenta de que el Parlamento estableció, en el punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019, la norma según la cual, en el sistema de rotación que se aplica a la designación del ponente, se excluye a cualquier ponente que pertenezca al mismo grupo político que el diputado objeto del suplicatorio de suspensión de la inmunidad, esta institución debe igualmente excluir, para respetar el artículo 41, apartado 1, de la Carta, a un ponente que forme parte de un grupo político al que pertenecen diversos diputados del partido político que ha promovido contra ese diputado el proceso penal del que trae causa ese suplicatorio, partido este que tiene un interés particular en el resultado de dicho proceso. En efecto, tal ponente podría percibirse como no imparcial, a los efectos de la jurisprudencia recordada en el apartado 87 de la presente sentencia.
104
A este respecto, no puede prosperar la alegación del Parlamento según la cual los vínculos entre sus miembros, integrantes de diversos partidos políticos nacionales, que se agrupan para constituir un grupo político en su seno, no son lo suficientemente estrechos como para poder quebrantar la imparcialidad objetiva de un miembro de ese grupo político al que corresponda actuar como ponente encargado de instruir un suplicatorio de suspensión de la inmunidad librado contra otro miembro de dicho grupo. En efecto, esta alegación se ve desvirtuada por el hecho de que el propio Parlamento consideró, al adoptar el punto 8 de la Comunicación n.o 11/2019, que la pertenencia del ponente al mismo grupo político que el diputado cuya inmunidad se examina es incompatible con la imparcialidad objetiva de dicho ponente.
105
Por consiguiente, cuando se designa ponente para instruir un suplicatorio de suspensión de la inmunidad, en la Comisión JURI, a un miembro perteneciente a un grupo político del que forman parte diversos miembros de un partido político que ha promovido contra ese diputado el proceso penal del que trae causa ese suplicatorio en una situación como la indicada en los apartados 101 y 103 de la presente sentencia, tal ponente no ofrece garantías suficientes para excluir toda duda legítima del diputado objeto de dicho suplicatorio en cuanto a un posible prejuicio hacia él y, por lo tanto, no puede ser considerado imparcial, conforme al estándar establecido por el propio Parlamento en uso de su amplia facultad, recordada en el apartado 97 de la presente sentencia. Tal designación debe reputarse realizada en violación del artículo 41, apartado 1, de la Carta.
106
Habida cuenta de todas las consideraciones que anteceden, procede considerar que los apartados 245 y 246 de la sentencia recurrida adolecen de error de Derecho, en la medida en que el Tribunal General declaró que el hecho de que el ponente, designado para instruir un suplicatorio de suspensión de la inmunidad de un diputado, pertenezca al mismo grupo político que los miembros de un partido político que ha promovido contra ese diputado el proceso penal del que trae causa dicho suplicatorio es irrelevante para la apreciación de la imparcialidad de ese ponente y, en esencia, que podía así designarse ponente a un miembro de ese grupo político.
107
En consecuencia, procede estimar la primera imputación de la segunda parte del tercer motivo de casación.
Sobre la segunda imputación
108
En el apartado 249 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró probado que, en el ámbito de sus funciones como miembro del Parlamento, el ponente organizó el evento de 6 de marzo de 2019, consistente en una intervención del secretario general del partido político VOX sobre el tema «Cataluña es España», quien concluyó su discurso proclamando «Viva España, viva Europa y Puigdemont, a prisión».
109
En el apartado 250 de dicha sentencia, el Tribunal General observó que de la grabación de ese evento resultaba que el ponente estaba presente en la mesa de oradores, junto con otros dos miembros del Parlamento y el mencionado secretario general, que fue el único que intervino oralmente.
110
En el apartado 251 de dicha sentencia, el Tribunal General estimó que la organización de tal evento podía considerarse una manifestación del apoyo del ponente a las ideas defendidas por el partido político VOX en lo relativo, en particular, habida cuenta del tema del evento, a la situación política de Cataluña, así como de su oposición a las ideas políticas propugnadas por los recurrentes.
111
Asimismo, en el apartado 251 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, aunque es cierto que los hechos que se imputan a los recurrentes en el proceso penal de que se trata guardan relación con la situación política en Cataluña en tanto en cuanto se refieren a la aprobación de las leyes mencionadas en el apartado 11 de la presente sentencia y a la realización del referéndum de autodeterminación a que se ha hecho referencia en ese mismo apartado, la manifestación por parte del diputado, futuro ponente de los expedientes de suspensión de la inmunidad de los recurrentes, de su posición sobre esa situación no basta, por las razones expuestas en los apartados 244 y 246 de la sentencia recurrida, para caracterizar una violación del principio de imparcialidad.
112
Sin embargo, los hechos que el Tribunal General declaró probados en los apartados 249 y 250 de la sentencia recurrida eran pertinentes para apreciar si, en el caso de autos, el comportamiento del ponente designado para instruir los suplicatorios de suspensión de la inmunidad librados contra los recurrentes podía quebrantar la exigencia de imparcialidad, por poder percibirse como la manifestación de un sesgo, y ello, en contra de lo que sostiene el Parlamento, aun cuando tales hechos se produjeran antes de que ese ponente pudiera saber que resultaría electo en las elecciones de 2019, antes de que se presentaran ante el Parlamento esos suplicatorios y antes de que el miembro en cuestión fuera designado, en el marco de la rotación en igualdad de condiciones entre los grupos políticos, ponente para instruir dichos suplicatorios. En efecto, era preciso tener en cuenta la existencia de esos hechos para valorar la posibilidad de designarlo ponente para instruir los referidos suplicatorios.
113
A este respecto, ha de señalarse que, en el apartado 251 de dicha sentencia, el Tribunal General consideró irrelevante que el ponente se hubiera manifestado a favor de la posición del partido político VOX sobre la situación en Cataluña, remitiéndose, para motivar su conclusión sobre la inexistencia de violación del principio de imparcialidad por la organización del evento de 6 de marzo de 2019, a los apartados 244 y 246 de la sentencia recurrida. Pues bien, por un lado, este último apartado adolece de error de Derecho, como se ha declarado en el apartado 106 de la presente sentencia. Por otro lado, la afirmación del Tribunal General, que remite al apartado 244 de dicha sentencia, según la cual es irrelevante que el ponente se manifestara a favor de esa posición no respondía a la argumentación de los recurrentes, que se refería no a la opinión del futuro ponente sobre la situación en Cataluña, sino al apoyo activo que dio a dicho partido político que promovió el proceso penal de que se trata.
114
Como se colige de la cronología de los antecedentes del litigio expuestos por el Tribunal General en la sentencia recurrida, en concreto los resumidos en los apartados 11 a 13 de la presente sentencia, en el momento en que se organizó el evento de 6 de marzo de 2019, ese partido político ya había entablado el proceso penal de que se trata. Por lo tanto, la organización de ese evento por parte de la persona a la que posteriormente se designaría ponente era indicativa no solo de un apoyo a las ideas políticas de dicho partido sobre la situación en Cataluña, sino también de una posición favorable al procesamiento de los recurrentes. Al excluir de su análisis este aspecto, el Tribunal General pasó por alto un elemento que era especialmente pertinente para valorar si el organizador de ese evento podía ser posteriormente designado, sin quebrantar la exigencia de imparcialidad, ponente del procedimiento de examen de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad librados sobre la base de ese procesamiento.
115
De las consideraciones que anteceden se deduce que la calificación jurídica de los hechos en el apartado 251 de la sentencia recurrida es errónea, en la medida en que el Tribunal General estimó, sobre la base, en particular, del apartado 246 de dicha sentencia —que también adolece de error de Derecho— y sin tener debidamente en cuenta la cronología de los antecedentes del litigio, que la organización del evento de 6 de marzo de 2019 por parte de la persona que sería posteriormente designada ponente no acarreaba su falta de idoneidad para tal función y, por tanto, no podía caracterizar un quebrantamiento de la exigencia de imparcialidad a los efectos del artículo 41, apartado 1, de la Carta.
116
En estas circunstancias, procede estimar asimismo la segunda imputación de la segunda parte del tercer motivo de casación.
117
Habida cuenta de que los errores de Derecho declarados en los apartados 106 y 115 de la presente sentencia pueden dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida, procede estimar el recurso de casación, sin que sea necesario examinar las demás imputaciones de la segunda parte del tercer motivo y los demás motivos de este.
Sobre el recurso ante el Tribunal General
118
Conforme al artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio cuando su estado así lo permita.
119
En el caso de autos, el Tribunal de Justicia considera que procede resolver definitivamente el presente litigio. Su estado lo permite, puesto que el recurso de anulación que los recurrentes interpusieron ante el Tribunal General se basa en motivos que fueron objeto de debate contradictorio ante este último y cuyo análisis no requiere la adopción de ninguna diligencia adicional de ordenación del procedimiento o de instrucción de los autos (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2020, Comisión y Consejo/Carreras Sequeros y otrosC‑119/19 P y C‑126/19 P, EU:C:2020:676, apartado 130).
120
Como se ha señalado en el apartado 28 de la presente sentencia, los recurrentes formularon ocho motivos en apoyo de su recurso ante el Tribunal General.
121
El tercer motivo de ese recurso, dividido en tres partes, se basa en la vulneración del derecho de los recurrentes a que sus asuntos sean tratados imparcial y equitativamente, de conformidad con el artículo 41, apartado 1, de la Carta, en relación con el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta.
122
Mediante la segunda parte del tercer motivo de su recurso de anulación, los recurrentes sostienen que el Parlamento violó los artículos 39, apartado 2, y 41, apartado 1, de la Carta y quebrantó un requisito sustancial de forma al designar un ponente parcial.
123
Mediante la primera imputación, los recurrentes alegan que la falta de imparcialidad de ese ponente es resultado de su pertenencia al mismo grupo político que diversos miembros del Parlamento integrantes del partido político VOX, que se opone a ellos y promovió el proceso penal de que se trata.
124
Mediante la segunda imputación, afirman que esa falta de imparcialidad se deriva del hecho de que dicho ponente organizó junto con ese partido político el evento de 6 de marzo de 2019, en cuyo marco apoyó el eslogan «Puigdemont, a prisión», aplaudiendo esa intervención.
125
El Parlamento, secundado por el Reino de España, rebate las alegaciones de los recurrentes. Por una parte, arguye que ninguna norma o principio se opone a que el ponente pertenezca a un grupo político del que también forman parte diversos diputados de un partido nacional que tiene objetivos políticos opuestos a los que persigue el diputado objeto de un suplicatorio de suspensión de la inmunidad. Señala que tal pertenencia es fruto de la naturaleza política del Parlamento y de las decisiones sobre tal suplicatorio y destaca la heterogeneidad de los grupos políticos que lo componen. Por otra parte, mantiene que, aun suponiendo que las alegaciones de los recurrentes sobre el comportamiento del ponente en cuestión sean admisibles, no bastan, en cualquier caso, para poner en tela de juicio su imparcialidad.
126
A este respecto, como se ha recordado en los apartados 86 y 87 de la presente sentencia, el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41, apartado 1, de la Carta, supone que toda persona tenga derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Esta exigencia de imparcialidad comprende la imparcialidad subjetiva y la imparcialidad objetiva.
127
Como se ha expuesto en el apartado 79 de la presente sentencia, el Parlamento dispone de una amplia facultad de apreciación en la tramitación de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad que implica la potestad para determinar las normas de procedimiento aplicables cuando deba pronunciarse sobre tales suplicatorios.
128
En ejercicio de su amplia facultad de apreciación, el Parlamento adoptó, en el marco de los trabajos de la Comisión JURI, la Comunicación n.o 11/2019, que define los principios aplicables en la tramitación de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad por dicha Comisión, entre ellos los recogidos en su punto 8, que regula la designación, en el contexto de la rotación en igualdad de condiciones entre los grupos políticos, del ponente encargado de instruir un suplicatorio en particular.
129
En el caso de autos, consta que el ponente encargado de instruir los suplicatorios de suspensión de la inmunidad relativos a los recurrentes era miembro del grupo político al que pertenecían diversos integrantes del partido político que promovió el proceso penal de que se trata.
130
Por las razones expuestas en los apartados 97 a 105 y 114 de la presente sentencia, procede declarar que dicho ponente no ofrecía garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima de los recurrentes en cuanto a un posible prejuicio desfavorable hacia ellos, por lo que no podía considerarse que cumpliera la exigencia de imparcialidad. Por consiguiente, la designación de ese ponente debe reputarse realizada en violación del artículo 41, apartado 1, de la Carta.
131
De lo anterior se sigue que dicha designación vició el procedimiento de adopción de los informes en la Comisión JURI. En consecuencia, los procedimientos de adopción de las Decisiones controvertidas adolecen de un vicio formal.
132
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, la vulneración de las normas de procedimiento relativas a la adopción de un acto lesivo constituye un vicio sustancial de forma, a los efectos del artículo 263 TFUE, párrafo segundo, de modo que, si el juez de la Unión comprueba que el acto impugnado no ha sido adoptado conforme a Derecho, le corresponde extraer las consecuencias de la existencia de un vicio sustancial de forma y, en consecuencia, anular ese acto (sentencia de 14 de marzo de 2024, D & A Pharma/Comisión y EMA, C‑291/22 P, EU:C:2024:228, apartado 158 y jurisprudencia citada). En el caso de autos, como las Decisiones controvertidas se adoptaron sobre la base de informes de la Comisión JURI que deberían haberse considerado nulos, dichas Decisiones también adolecen de nulidad.
133
En consecuencia, procede declarar fundada la segunda parte del tercer motivo de anulación y anular las Decisiones controvertidas, conforme a las pretensiones formuladas en tal sentido por los recurrentes ante el Tribunal General, sin que sea necesario examinar las demás partes del tercer motivo de anulación ni los demás motivos de anulación.
Costas
134
En virtud del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y resuelva él mismo definitivamente el litigio.
135
De conformidad con el artículo 138, apartado 1, de este Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
136
En el caso de autos, habida cuenta de que se han desestimado los motivos formulados por el Parlamento tanto en el procedimiento ante el Tribunal General como en el procedimiento de casación, procede condenarlo, conforme a lo solicitado por los recurrentes, a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de estos correspondientes a dichos procedimientos.
137
Por otra parte, con arreglo al artículo 184, apartado 4, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá decidir que, cuando no sea ella misma la parte recurrente en casación, una parte coadyuvante en primera instancia que haya participado en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento de casación cargue con sus propias costas. En el caso de autos, procede decidir que el Reino de España, parte coadyuvante en primera instancia que ha participado en la fase escrita del procedimiento de casación, cargue con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1)
Anular la sentencia del Tribunal General de 5 de julio de 2023, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento (T‑272/21, EU:T:2023:373).
2)
Anular las Decisiones P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 y P9_TA(2021)0061 del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021.
3)
El Parlamento Europeo cargará, además de con sus propias costas correspondientes tanto al procedimiento ante el Tribunal General como al procedimiento de casación, con las costas de D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y D.a Clara Ponsatí i Obiols en ambos procedimientos.
4)
El Reino de España cargará con sus propias costas correspondientes tanto al procedimiento ante el Tribunal General como al procedimiento de casación.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.