61995CJ0361_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-361/95,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Dimitrios Gouloussis, Consejero Jurídico, y la Sra. Blanca Vilá Costa, funcionaria nacional adscrita al Servicio Jurídico de la Comisión, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandante,
contra
Reino de España, representado por el Sr. Alberto José Navarro González, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y la Sra. Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, del Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de España, 4-6, boulevard E. Servais,
parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, al no haber adoptado y puesto en vigor, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228, p. 1), o, con carácter subsidiario, al no haber comunicado a la Comisión tales disposiciones,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Quinta),
integrado por los Sres.: C. Gulmann, Presidente de Sala; M. Wathelet, J.C. Moitinho de Almeida (Ponente), P. Jann y L. Sevón, Jueces;
Abogado General: Sr. A. La Pergola;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 15 de mayo de 1997;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 17 de junio de 1997;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de noviembre de 1995, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CE, con objeto de que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE, al no haber adoptado y puesto en vigor, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), o, con carácter subsidiario, al no haber comunicado a la Comisión tales disposiciones.
2 El artículo 57 de la Directiva dispone que los Estados miembros han de adoptar, a más tardar el 31 de diciembre de 1993, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva y que deben informar de ello inmediatamente a la Comisión.
3 Al no haber recibido comunicación alguna de las disposiciones adoptadas por el Reino de España para dar cumplimiento a la Directiva, la Comisión requirió a este último, mediante escrito de 10 de febrero de 1994, para que le presentara sus observaciones dentro de un plazo de dos meses.
4 Puesto que la Comisión no recibió ninguna comunicación que le permitiera inferir que el Reino de España había cumplido las obligaciones derivadas de la Directiva, dicha Institución dirigió al Reino de España, el 24 de octubre de 1994, un dictamen motivado, instándole a adoptar las medidas necesarias para atenerse a él dentro de un plazo de dos meses.
5 Mediante escrito de 18 de enero de 1995, las autoridades españolas indicaron que estaban preparando las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva.
6 Dado que no recibió, después de dicho escrito, ninguna comunicación que le permitiera llegar a la conclusión de que el Reino de España había cumplido las obligaciones derivadas de la Directiva, la Comisión interpuso el presente recurso.
7 Ha de señalarse, en primer lugar, que, tal como se desprende del escrito de interposición del recurso y de las observaciones orales de la Comisión, el presente recurso versa sobre la falta de adaptación del Derecho interno a la Directiva dentro del plazo señalado o, con carácter subsidiario, la falta de comunicación de las medidas de adaptación.
8 En segundo lugar, procede observar que el Reino de España rechaza la existencia del incumplimiento que se le imputa y afirma que, para determinar si se ha producido o no la adaptación del Derecho interno a la Directiva, ha de examinarse no sólo la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (BOE nº 268, de 9 de noviembre de 1995, p. 32480; en lo sucesivo, «Ley 30/1995»), por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al contenido de la Directiva, sino también el Reglamento de Ordenación del Seguro Privado, aprobado por el Real Decreto nº 1.348/1985, de 1 de agosto (BOE nº 185, de 3 de agosto de 1985), y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE nº 285, de 27 de noviembre de 1992), a los que se remite la Ley 30/1995, así como la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 (BOE nº 363, de 28 de diciembre de 1956).
9 El Reino de España alega, además, que, por lo que respecta a los artículos 17, 21 y 22 de la Directiva, relativos a la obligación general de constituir provisiones técnicas, a los activos aptos para cubrir tales provisiones y a determinadas normas relativas a la diversificación de dichos activos, la Comisión desconocía el régimen transitorio que prevé el artículo 50 de la Directiva, a tenor del cual:
«Hasta el 31 de diciembre de 1996 para España y hasta el 31 de diciembre de 1998 para Grecia y Portugal, dichos países disfrutarán del régimen transitorio que figura a continuación para los contratos que cubran riesgos situados exclusivamente en uno de esos Estados miembros y distintos de los contemplados en la letra d) del artículo 5 de la Directiva 73/239/CEE;
a) [...]
b) el importe de las provisiones técnicas correspondientes a dichos contratos se determinará, bajo la supervisión del Estado miembro de que se trate, de acuerdo con las reglas que dicho Estado haya fijado o, en su defecto, de conformidad con las prácticas establecidas en el mismo y con lo dispuesto en la presente Directiva. La representación de dichas provisiones mediante activos equivalentes y congruentes, así como la localización de dichos activos, se llevarán a cabo bajo la supervisión de dicho Estado miembro y de acuerdo con sus normas o prácticas, adoptadas de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.»
10 El Reino de España deduce de ello que, en esta materia, no existe obligación de adaptación del Derecho interno hasta el 31 de diciembre de 1996 y que las normas o prácticas que haya establecido deben ser adoptadas o aplicadas de conformidad con la Directiva únicamente en lo que se refiere a la representación de las provisiones técnicas por activos equivalentes y a la localización de dichos activos.
11 Por otra parte, considera que, dado que la materia prevista por los artículos 18 y 23 de la Directiva se refiere a las provisiones técnicas, también les es aplicable el régimen transitorio previsto en el artículo 50 de la Directiva.
12 La Comisión afirma que la Ley 30/1995 constituye una adaptación del Derecho interno a la Directiva realizada fuera de plazo y de forma parcial. En particular, considera que los artículos 6, 7, 17, 18, 21 a 24 y 56 de la Directiva no fueron objeto de las medidas de adaptación del Derecho interno exigidas.
13 Por lo que respecta, en primer lugar, a las disposiciones de la Directiva a las que, según el Reino de España, se adaptó el Derecho interno a través de la Ley 30/1995, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, la existencia de un incumplimiento debe ser apreciada en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado y que los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por este Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 17 de septiembre de 1996, Comisión/Italia, C-289/94, Rec. p. I-4405, apartado 20).
14 Pues bien, en el presente asunto, la Ley 30/1995 se adoptó una vez finalizado el plazo señalado por el dictamen motivado, de manera que el Tribunal de Justicia no puede tenerla en cuenta. Por consiguiente, procede considerar que los artículos de la Directiva a los que, según el Reino de España, se adaptó el Derecho interno a través de la Ley 30/1995, no fueron objeto de tal adaptación dentro del plazo señalado.
15 Por lo que se refiere, en segundo lugar, a las disposiciones de la Directiva a las que el Reino de España considera adaptado el Derecho interno mediante normas vigentes con anterioridad al plazo señalado por la Comisión, ha de hacerse constar que, tal como señaló esta última acertadamente, en el presente asunto es necesario adoptar un acto positivo de adaptación del Derecho interno, ya que el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 57 de la Directiva prevé expresamente la obligación de los Estados miembros de asegurar que las disposiciones de adaptación del Derecho interno a la citada Directiva hagan referencia a esta última o vayan acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de noviembre de 1997, Comisión/Alemania, C-137/96, aún no publicada en la Recopilación, apartado 8). Pues bien, las normas invocadas por el Reino de España, mencionadas en el apartado 8 de la presente sentencia, no reúnen este requisito.
16 Finalmente, por lo que respecta a las disposiciones de la Directiva comprendidas, según el Reino de España, en el régimen transitorio previsto por el artículo 50 de la Directiva, procede señalar que, tal como indicó acertadamente la Comisión, dicho régimen sólo puede aplicarse en el marco de la adaptación total del Derecho interno a la Directiva y de conformidad con ella.
17 En estas circunstancias, procede afirmar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
Decisión sobre las costas
Costas
18 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. La Comisión solicitó que se condenara en costas al Reino de España. Por haber sido desestimados los motivos formulados por este último, procede condenarlo en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Quinta)
decide:
1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida), al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
2) Condenar en costas al Reino de España.