62023CC0483
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 10 de julio de 2025 (
1
)
Asunto C‑483/23
D,
A,
B,
C,
T
contra
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Comitato di Sicurezza Finanziaria,
Agenzia del Demanio
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal regional de lo contencioso administrativo del Lacio, Italia)]
«Procedimiento prejudicial — Política exterior — Medidas restrictivas contra la Federación de Rusia por sus acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania — Reglamento (UE) n.o 269/2014 — Inmovilización de fondos o recursos económicos colocados en un trust — Reconocimiento de un trust constituido en una jurisdicción offshore — Constituyente de un trust designado en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014 — Propiedad, posesión y tenencia de los recursos económicos y fondos del trust — Control de los recursos económicos y fondos del trust — Trust asociado a una persona sancionada»
1.
Este reenvío prejudicial tiene como telón de fondo la adopción de medidas restrictivas de inmovilización de recursos económicos y fondos, adoptadas por la Unión Europea contra la Federación de Rusia con objeto de reprimir las acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
2.
En síntesis, el órgano de reenvío quiere saber si las medidas de inmovilización pueden extenderse a los bienes o recursos económicos aportados a un trust (
2
) por una persona (el constituyente del trust) nominalmente designada en la lista del anexo I del Reglamento (UE) n.o 269/2014. (
3
)
3.
El Tribunal de Justicia ha de dirimir hasta qué punto un trust puede servir de instrumento para eludir la aplicación de las medidas restrictivas. La respuesta implicará tener en cuenta la complejidad y la flexibilidad de los trust, figura jurídica acogida por algunos Estados miembros, pero no todos, en su derecho interno.
I. Marco jurídico
A.
Derecho internacional. Convenio de La Haya de 1 de julio de 1985 sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento (
4
)
4.
Con arreglo a su artículo 2:
«A los efectos del presente Convenio, el término “trust” se refiere a las relaciones jurídicas creadas —por acto inter vivos o mortis causa— por una persona, el constituyente, mediante la colocación de bienes bajo el control de un trustee en interés de un beneficiario o con un fin determinado.
El trust posee las características siguientes:
a)
los bienes del trust constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio del trustee;
b)
el título sobre los bienes del trust se establece en nombre del trustee o de otra persona por cuenta del trustee;
c)
el trustee tiene la facultad y la obligación, de las que debe rendir cuenta, de administrar, gestionar o disponer de los bienes según las condiciones del trust y las obligaciones particulares que la ley le imponga.
El hecho de que el constituyente conserve ciertas prerrogativas o que el trustee posea ciertos derechos como beneficiario no es incompatible necesariamente con la existencia de un trust».
5.
El artículo 6, párrafo primero, enuncia:
«El trust se regirá por la ley elegida por el constituyente. La elección tendrá que ser expresa o resultar de las disposiciones del instrumento por el que se crea el trust o se prueba su existencia, interpretadas, cuando sea necesario, a la luz de las circunstancias del caso».
6.
El artículo 11 prescribe:
«Será reconocido como tal todo trust creado de conformidad con la ley a que se refiere el capítulo precedente.
Este reconocimiento implicará como mínimo que los bienes del trust sean distintos del patrimonio personal del trustee y que éste pueda actuar como demandante o demandado y pueda comparecer en calidad de trustee ante notario o cualquier persona que ejerza una función pública.
En la medida en que la ley aplicable al trust así lo exija o establezca, este reconocimiento implicará en particular:
a)
que los acreedores personales del trustee no podrán recurrir a medidas de aseguramiento contra los bienes del trust;
b)
que los bienes del trust no formarán parte del patrimonio del trustee en caso de insolvencia o quiebra de éste;
c)
que los bienes del trust no formarán parte del régimen patrimonial del matrimonio ni de la sucesión del trustee;
d)
que se podrán reivindicar los bienes del trust en caso de que el trustee, con infracción de las obligaciones derivadas del trust, hubiere confundido los bienes del trust con los suyos personales o hubiere procedido a su enajenación. Sin embargo, los derechos y obligaciones del tercero que ostente la posesión de bienes del trust seguirán rigiéndose por la ley que determinen las normas de conflicto del foro».
B.
Derecho de la Unión
1. Reglamento n.o 269/2014
7.
El artículo 1 estipula:
«A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
[…]
d)
“recursos económicos”: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios;
e)
“inmovilización de recursos económicos”: el hecho de impedir el uso de recursos económicos con fines de obtención de capitales, bienes o servicios, y en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca;
f)
“inmovilización de fondos”: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera de valores;
g)
“fondos”: los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:
[…]».
8.
El artículo 2 (
5
) recoge:
«1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I.
2.   No se pondrá a disposición directa ni indirecta de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I, ni se utilizará en su beneficio, ningún fondo o recurso económico».
9.
El artículo 9 indica:
«Queda prohibido participar de manera consciente y deliberada en acciones cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas a que se refiere el artículo 2».
2. Reglamento de Ejecución 2022/336
10.
Conforme a su artículo 1, «las personas y la entidad que se enumeran en el anexo del presente Reglamento se añadirán a la lista que figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 269/2014».
3. Directiva (UE) 2015/849 (
6
)
11.
El artículo 3 dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
6)
“titular real”: la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad, con inclusión, como mínimo, de:
[…]
b)
en el caso de los fideicomisos (del tipo “trust”), todas las personas siguientes:
i)
el fideicomitente o fideicomitentes,
ii)
el fiduciario o fiduciarios,
iii)
el protector o protectores, de haberlos,
iv)
los beneficiarios o, cuando las personas beneficiarias del instrumento o entidad jurídicos aún no hayan sido determinadas, la categoría de personas en cuyo beneficio principal se haya constituido o actúe el instrumento o entidad jurídicos,
v)
cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso (del tipo “trust”) a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios;
c)
si se trata de entidades jurídicas como las fundaciones, y de instrumentos jurídicos análogos a los fideicomisos (del tipo “trust”), estarán incluidas en esta categoría la persona o personas físicas que ejerzan un cargo equivalente o similar a los contemplados en la letra b);
[…]».
C.
Derecho italiano
1. Decreto legislativo 109/2007 (
7
)
12.
Mediante el artículo 3 se creó el Comitato di Sicurezza Finanziaria (Comité de Seguridad Financiera, Italia), órgano del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministerio de Economía y Hacienda, Italia) que adopta las medidas de inmovilización establecidas por las Naciones Unidas, la Unión y el Ministerio de Economía y Hacienda.
13.
El artículo 5 contiene la prohibición de transferencia, disposición o utilización de los recursos inmovilizados, así como la de facilitar directa o indirectamente fondos o recursos económicos a las entidades designadas o en su beneficio.
2. Decreto legislativo 90/2017 (
8
)
14.
Según la redacción que acoge el auto de renvío, su artículo 2, apartado primero, al modificar el artículo 22, apartado 5, del Decreto legislativo 231/2007, estipula:
«Los fiduciarios [(trustees)] de los trust expresos, regulados en la Ley n.o 364, de 16 de octubre de 1989, así como las personas que ejercen derechos, poderes y facultades equivalentes en institutos jurídicos análogos, en la medida en que estén establecidos o residan en el territorio de la República Italiana, obtendrán y conservarán informaciones adecuadas, exactas y actualizadas sobre la titularidad efectiva del trust, o del instituto jurídico análogo, entendiéndose por tales las informaciones relativas a la identidad del constituyente o de los constituyentes, del fiduciario o de los fiduciarios, del protector o de los protectores o de otra persona por cuenta del fiduciario, cuando existan, del beneficiario o clases de beneficiarios y de otras personas físicas que ejerzan el control sobre el trust o sobre el instituto jurídico análogo y de cualquier otra persona física que ejercite, en último término, el control sobre los bienes aportados al trust o al instituto jurídico análogo a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios».
3. Ley 364/1989 (
9
)
15.
Con esta ley, Italia ratificó el Convenio de la Haya de 1985.
II. Hechos, litigio y preguntas prejudiciales
16.
Los trust como el que es objeto del litigio carecen de publicidad y no hay un registro público en el que conste su estructura y sus modificaciones. Por eso, como elementos fácticos de este asunto hay que considerar los que el tribunal de remisión ha expuesto, completados en su caso con los que derivan de los documentos aportados a los autos y de las indagaciones de las autoridades italianas.
17.
A reserva de la verificación final que corresponderá al tribunal a quo, el Tribunal de Justicia ha de partir de los hechos así establecidos para responder útilmente a las preguntas que se le plantean.
18.
Las sociedades recurrentes B, A, C y D ejercen actividades comerciales en Italia, donde tienen su sede. (
10
) Su capital pertenece a una sociedad de las islas Bermudas (
11
) cuyos activos, a su vez, fueron aportados a un trust por una persona física (el constituyente). (
12
)
19.
El trust fue constituido mediante escritura de 18 de julio de 2007. Se rige por la legislación de las islas Bermudas, territorio británico de ultramar. En el trust se prevé un trustee (
13
) (primero fue la sociedad H y luego la sociedad T) (
14
) y un protector, que es un tercero persona física. (
15
) Los titulares de estos órganos han cambiado a lo largo del tiempo. El director general de la sociedad H (sociedad que actuaba como trustee hasta el 1 de abril de 2021) fue también protector del trust desde 2014. Antes había sido protector una persona de la total confianza del constituyente. (
16
)
20.
Los beneficiarios del trust eran, originariamente, el constituyente y familiares suyos. También aparecían como beneficiarios desde la constitución del trust el trustee y el protector hasta 2014. Tras la adopción por la Unión de sanciones contra Rusia a causa de la anexión de Crimea, el acto constitutivo del trust fue modificado el 28 de diciembre de 2014. Continuaron como beneficiarios el constituyente y otros dos miembros de su familia. Se previó que el protector podía discrecionalmente revocar y reemplazar al trustee, que el constituyente podía añadir otros protectores y que el trustee, con el consentimiento del protector, podía añadir beneficiarios, pero siempre que fueran personas no sancionadas por la Unión.
21.
En virtud de una escritura de 19 de diciembre de 2017, el trustee y el protector (
17
) determinaron qué personas sancionadas por la Unión debían considerarse personas excluidas del trust. En consecuencia, la hermana y un sobrino del constituyente fueron excluidos como beneficiarios del trust.
22.
El 19 de junio de 2019, el director general de una sociedad fiduciaria con sede en Suiza (la sociedad T) fue nombrado protector del trust y, el 1 de abril de 2021, designado como trustee.
23.
El constituyente fue excluido como beneficiario mediante una escritura de 7 de febrero de 2022, veintiún días antes de su inserción nominal en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014, efectuada en virtud de la Decisión (PESC) 2022/337 y del Reglamento de Ejecución 2022/336.
24.
El protector inicial continuó como único beneficiario tras la modificación del trust de 7 de febrero de 2022, en la que el constituyente se excluyó del círculo de beneficiarios. En la actualidad, el Gobierno italiano no sabe determinar con certeza quiénes son los beneficiarios del trust. En la vista, los abogados de las sociedades recurrentes indicaron que lo son unas instituciones benéficas.
25.
Las sociedades B, A, C y D tenían cuentas abiertas en una sucursal de un banco en Milán. Entre el 17 de abril de 2013 y el 7 de junio de 2017, esas sociedades indicaron a la entidad bancaria que su titular real era el constituyente del trust.
26.
El 14 de marzo de 2022, el Comité de Seguridad Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda notificó a las sociedades B, A, C y D que, con arreglo al artículo 2 del Reglamento n.o 269/2014 y al Decreto legislativo n.o 109/2007, había ordenado la inmovilización de las participaciones sociales y de los bienes propiedad de esas sociedades, por cuanto «pueden atribuirse indirectamente [al constituyente]».
27.
El 11 de mayo de 2022, las sociedades B, A, C y D y la sociedad T (el trustee) impugnaron ante el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal regional de lo contencioso administrativo del Lacio, Italia) la medida de inmovilización adoptada.
28.
En el litigio ante ese tribunal:
–
Las sociedades demandantes alegan, en síntesis, que los bienes inmovilizados están fuera de la esfera de influencia de la persona designada en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014, es decir, del constituyente del trust. Mediante la aportación de la sociedad dominante al trust, esta se separó del patrimonio del constituyente. En virtud de la escritura de constitución y de la legislación aplicable, no existe ninguna facultad (directa o indirecta) de gestión y control atribuible al constituyente, quien no puede ya ejercer su influencia.
–
Las autoridades italianas alegan, por el contrario, que la aportación a un trust, al no tener efecto traslativo, no supone una ruptura completa de la relación entre el constituyente y los bienes aportados. Aducen asimismo la Directiva 2015/849, cuyo artículo 3, punto 6, letra b), inciso i), incluye a los constituyentes de trust en la categoría de «titulares reales». Observan, además, que, aunque el constituyente ya no sea beneficiario del trust, los bienes pueden «volver» a su propiedad o a estar a su disposición, si no se transmiten finalmente a los beneficiarios (por ejemplo, por renuncia de estos o por disolución anticipada del trust).
29.
En este contexto, el Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal regional de lo contencioso administrativo del Lacio) dirige al Tribunal de Justicia estas preguntas prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 2, [apartado] 1, del Reglamento [n.o 269/2014] en el sentido de que se puede adoptar una medida de inmovilización también respecto a bienes o recursos aportados a un fideicomiso (trust) por un fideicomitente que figura en el anexo I de dicho Reglamento (persona designada o incluida en la lista), que debe considerarse el propietario de los bienes o recursos?
2)
En caso de respuesta negativa, ¿debe interpretarse el artículo 2, [apartado] 1, del Reglamento [n.o 269/2014] en el sentido de que se puede adoptar una medida de inmovilización también respecto a bienes o recursos aportados a un fideicomiso (trust) por un fideicomitente que figura en el anexo I de dicho Reglamento (persona designada o incluida en la lista), que debe considerarse asociado al propietario de los bienes o recursos?
3)
En caso de respuesta negativa, ¿debe interpretarse el artículo 2, [apartado] 1, del Reglamento [n.o 269/2014] en el sentido de que se puede adoptar una medida de inmovilización también respecto a bienes o recursos aportados a un fideicomiso (trust) por un fideicomitente que figura en el anexo I de dicho Reglamento (persona designada o incluida en la lista), que debe considerarse como la persona que controla los bienes o recursos?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
30.
La petición de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 26 de julio de 2023.
31.
Han presentado observaciones escritas las sociedades demandantes, los Gobiernos belga, francés, italiano, neerlandés y finlandés, así como la Comisión Europea.
32.
En la vista celebrada el 8 de mayo de 2025 participaron las sociedades demandantes, los Gobiernos belga, alemán e italiano y la Comisión.
IV. Apreciación
33.
Antes de ofrecer una respuesta a las preguntas prejudiciales, (
18
) estimo que la mejor comprensión de la controversia requiere hacer un somero repaso del instituto del trust, así como de las normas que rigen los trust constituidos según el derecho de las islas Bermudas.
A.
Consideraciones generales sobre los trust
34.
El trust es una figura jurídica desarrollada en los países del common law, cuyos contornos no siempre son fáciles de determinar y cuya aceptación en otros Estados ha generado polémica. (
19
)
35.
En el derecho de la Unión no hay una regulación específica de los trust. El Tribunal de Justicia, sin embargo, se ha referido a ellos en litigios relativos a la fiscalidad y al mercado interior. En la sentencia Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, (
20
) subrayó estos tres rasgos del trust:
–
En los países de common law, el término trust se refiere en principio a una operación triangular, mediante la que el constituyente transmite los bienes a una persona, el trustee, para que los gestione según el acto constitutivo del trust en beneficio de una tercera persona (el beneficiario).
–
La propiedad de los bienes que constituyen el trust se reparte entre la propiedad jurídica y la propiedad económica («legal ownership and economic ownership»), que corresponden al trustee y al beneficiario, respectivamente.
–
Aun cuando el trust está reconocido por la ley y produce efectos jurídicos, carece de personalidad jurídica propia y debe actuar a través de su trustee. Los bienes que constituyen el trust no pasan al patrimonio del trustee, que debe gestionarlos «como patrimonio separado, diferenciado de su propio patrimonio». La obligación esencial del trustee es cumplir las condiciones y las cargas estipuladas en el acto constitutivo del trust y el derecho de manera general.
36.
Esta caracterización del trust (
21
) es, en lo sustancial, coincidente con la del Convenio de la Haya de 1985, cuyo artículo 2 he transcrito anteriormente.
37.
La concepción del trust que dimana del artículo 2 del Convenio de La Haya de 1985 es amplia (
22
) y se diseñó así para incluir los trust del derecho anglosajón y figuras afines de los países con sistemas de derecho civil, (
23
) como el fideicomiso, la fiducia o el treuhand alemán. De esta manera, los países del common law se aseguraban el reconocimiento de los trust en Estados con sistemas de derecho civil (donde los trust no existían) y estos últimos el reconocimiento de sus figuras afines en los países del common law. (
24
)
38.
El Convenio de La Haya de 1985 entró en vigor en enero de 1992 y son partes en él solamente trece Estados y territorios de ultramar. (
25
)
39.
El trust implica la creación de «fondos separados» (
26
) de los titulares de los bienes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad de su creador (constituyente). Esos fondos separados, cuya administración corresponde a los trustees, son, en principio, inmunes frente a los acreedores de los constituyentes, de los trustees y de los beneficiarios, salvo contadas excepciones. (
27
)
40.
El trust supone la separación de la propiedad, la administración y el beneficio económico de un bien. El trust, pues, permite disociar la titularidad, el aprovechamiento de la propiedad y la responsabilidad patrimonial. (
28
)
41.
Debido a estas características (el pragmatismo en su concepción, su naturaleza de fondo separado, la inmunidad frente a los acreedores, la flexibilidad en su constitución y la confidencialidad que pueden albergar), los trust se han utilizado tanto para conseguir objetivos legítimos (
29
) como para evadir impuestos, blanquear dinero o eludir sanciones internacionales. (
30
)
42.
De hecho, determinados trust pueden calificarse de puramente aparentes («sham trust»), cuando quienes intervienen en su constitución pretendan dar una falsa impresión a terceros, enmascarando que el constituyente sigue siendo, en realidad, el propietario de los bienes aportados al trust.
43.
El riesgo del uso indebido de esta figura es mayor cuando se trata de trust constituidos en ciertas jurisdicciones de conformidad con la legislación de un Estado tercero, (
31
) que deben ser reconocidos de conformidad con el Convenio de La Haya de 1985. (
32
) En este tipo de trust, sus rasgos se «adecuan» a las necesidades y deseos del constituyente. (
33
)
44.
El mal uso de los trust explica que la Directiva 2015/849 se haya ocupado de ellos al regular las medidas destinadas a prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Su artículo 3, punto 6, incluye entre los «titulares reales» de los bienes a todas las personas que intervienen en un trust (constituyente, trustee, protector, beneficiario), así como a cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del trust a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios.
45.
En lo que respecta a las medidas restrictivas impuestas en el marco del Reglamento n.o 269/2014, el uso de trust para eludir su aplicación por las personas incluidas en la lista de su anexo I lo han acreditado diversos análisis. (
34
) Al menos uno de esos supuestos ha dado lugar a la sentencia del Tribunal General de 8 de mayo de 2024. (
35
)
B.
El trust en el derecho de las islas Bermudas
46.
El litigio de origen no puede desligarse del reconocimiento en Italia, por aplicación del Convenio de La Haya de 1985, de un trust constituido de conformidad con el derecho de las islas Bermudas. Por consiguiente, las normas sustantivas aplicables a ese trust son las de las islas Bermudas.
47.
Las normas de las islas Bermudas relativas a los trust se basan en el derecho inglés y se plasman en una legislación específica: la Trust (Special Provisions) Act de 1989 y la Trustee Act de 1975, reformadas en varias ocasiones, junto con la Trust (Regulation of Trust Business) Act de 2011 y la Exemption Order de 2002. (
36
)
48.
Según la sección 2, subsección 2, de la Trust (Special Provision) Act de 1989, son características del trust en las islas Bermudas las siguientes:
–
los bienes del trust constituyen un fondo separado, que no es parte del patrimonio del trustee;
–
el título de los bienes del trust se pone a nombre del trustee o de otra persona que este determine;
–
el trustee está investido del poder y tiene la obligación de administrar y de disponer de los bienes del trust en favor de los beneficiarios, según los términos del acto constitutivo del trust, conforme a las obligaciones que le impone la ley.
49.
La sección 2, subsección 3, añadida en una reforma de 2014, permite que el constituyente pueda ser cobeneficiario del trust y cotrustee. (
37
) Ninguna de estas dos circunstancias conlleva la invalidez del trust, impide que el trust despliegue efectos según sus términos o provoca la incorporación de los bienes del trust al patrimonio del constituyente (sección 2A, subsección 1).
50.
El derecho de las islas Bermudas ofrece, pues, una gran flexibilidad a los trust y favorece y protege considerablemente la posición de los constituyentes.
C.
Primera pregunta prejudicial
1. Precisión preliminar
51.
El tribunal de reenvío desea saber si es posible adoptar una medida de inmovilización respecto de los bienes y recursos económicos aportados a un trust por un constituyente (designado en la lista del anexo I del Reglamento n.o 269/2014) «que debe considerarse el propietario de los bienes o recursos».
52.
Las autoridades italianas afirman que el constituyente es el titular real de la sociedad matriz y que ésta sigue bajo su control. Los abogados de las sociedades demandantes discrepan de esta apreciación. (
38
)
53.
Corresponde al tribunal de reenvío dilucidar si, en cuanto hecho relevante para el litigio, el constituyente aportó al trust los activos de la sociedad matriz (con sede en las islas Bermudas) a la que pertenecen las sociedades cuyos bienes y recursos se han inmovilizado.
54.
A los efectos de la respuesta prejudicial, el Tribunal de Justicia no puede sino partir de esa circunstancia (la aportación al trust de los activos de la sociedad matriz). A ello conducen, al menos, dos factores:
–
Por un lado, las sociedades que operan en Italia reconocieron, entre el 17 de abril de 2013 y el 7 de junio de 2017, que su titular real era el constituyente del trust.
–
Por otro lado, el tribunal a quo afirma que la persona física inscrita en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014 (el constituyente) ha constituido el trust al que ha aportado la sociedad matriz que controla las sociedades demandantes. El tribunal de reenvío asevera, pues, que el constituyente aportó al trust los bienes y recursos económicos controvertidos. Fijada esta premisa, quiere saber si el constituyente mantiene con esos bienes y recursos una relación a título de propietario (primera pregunta prejudicial). (
39
)
2. Respuesta a la pregunta
55.
Centrada así la controversia, debo afrontar la alegación efectuada por el Gobierno alemán en la vista, sobre la que las demás partes e intervinientes también se pronunciaron.
56.
Según el Gobierno alemán, sólo se pueden imponer medidas restrictivas a las sociedades controladas por el constituyente del trust si tales sociedades se incluyen de modo expreso en la lista de personas, entidades y organismos del anexo I del Reglamento n.o 269/2014. Apoya esta tesis en argumentos similares a los acogidos en la sentencia del Tribunal General Melli Bank/Consejo, (
40
) que, a mi juicio, no ha corroborado ulteriormente el Tribunal de Justicia. (
41
)
57.
La alegación del Gobierno alemán podría, eventualmente, aceptarse para las sociedades con participaciones no mayoritarias (control parcial) de personas sometidas a medidas restrictivas. Por el contrario, no es asumible cuando se trate de aplicar medidas restrictivas a sociedades que pertenecen íntegramente a la persona incluida en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014 o están controladas por ella.
58.
En el caso de sociedades íntegramente pertenecientes a (o controladas por) una persona física inscrita en la lista del anexo I del Reglamento n.o 269/2014, entiendo que la inserción de las denominaciones de cada una de esas sociedades en esa lista es innecesaria a efectos de aplicar el artículo 2 del Reglamento n.o 269/2014. Su inclusión dificultaría enormemente el trabajo del legislador de la Unión y menoscabaría la rapidez y el efecto sorpresa con los que deben aplicarse las medidas restrictivas. (
42
)
59.
Basta, a mi juicio, que la integridad del capital de una sociedad pertenezca a (o sea controlado por) la persona física designada en la lista del anexo I del Reglamento n.o 269/2014 para que ese activo se englobe, sin más, en la categoría de todos los fondos y recursos económicos de esa persona física que se pueden inmovilizar. (
43
)
60.
El precepto determinante para responder a la primera pregunta prejudicial es el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014: «se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I».
61.
Esta disposición tiene un alcance muy amplio, tanto desde el punto de vista objetivo (bienes y recursos susceptibles de inmovilización) como subjetivo (personas físicas o jurídicas cuya relación con esos bienes se traduce en su propiedad, posesión, tenencia o control). También es muy amplia la definición de «inmovilización de recursos económicos» y la de «inmovilización de fondos», contenidas en las letras e) y f) del artículo 1 del Reglamento n.o 269/2014.
62.
El objetivo del legislador de la Unión al definir con tanta amplitud la vinculación entre la persona (contra la que se adopta la medida restrictiva) y los bienes es conseguir la inmovilización de todos sus fondos y recursos económicos. La medida le impedirá obtener (de esos fondos y recursos) beneficios económicos, así como recurrir a instrumentos que le permitan eludir su impacto. (
44
)
63.
Se trata de saber si, en un asunto como el ahora controvertido, el constituyente del trust, que aporta a éste ciertos bienes o recursos económicos hasta entonces de su propiedad, sigue manteniendo con ellos una de las relaciones jurídicas que, con arreglo al Reglamento n.o 269/2014, determinan su obligada inmovilización.
64.
Como es lógico, corresponde al tribunal de reenvío discernir cuál es, exactamente, la posición del constituyente del trust en este litigio. Dado que la configuración de los trust es muy heterogénea, flexible y variable, resulta necesaria una apreciación caso por caso. La opacidad y la falta de publicidad de los trust dificulta, sin duda, esa valoración. Aunque la apreciación compete al órgano de reenvío, el Tribunal de Justicia puede ofrecerle algunas indicaciones útiles.
65.
El artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 no define, sino que enumera ciertas nociones jurídicas, y tampoco remite a otras normas de la Unión o a los derechos nacionales. Se trata, pues, de conceptos autónomos del derecho de la Unión que requieren una interpretación uniforme aplicable en todos los Estados miembros.
66.
Para llevar a cabo esta interpretación uniforme, ha de atenderse al tenor literal del precepto, a su contexto y al objetivo de la normativa de la que forma parte. (
45
)
3. Criterio literal
67.
La interpretación gramatical del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 no se impone con evidencia, a causa de las diferencias entre las versiones lingüísticas. (
46
) Unas emplean cuatro tipos de relaciones (la versión italiana utiliza los términos «appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati», y la francesa «appartenant aux, possèdent, détiennent, contrôlent»), mientras que otras los reducen a tres (la versión española habla sólo de «propiedad, tenencia o control»).
68.
A mi juicio, no hay antinomia, sino complementariedad, entre esas versiones lingüísticas. En todas existen al menos tres modalidades de relación entre las personas y los bienes o recursos económicos que han de inmovilizarse: la propiedad («appartenant à»; «belonging to»; «appartenenti à»); la posesión o mera tenencia («possèdent», «détiennent»; «owned», «held»; «posseduti», «detenuti»), y el control («contrôlent»; «controlled»; «controllati»).
69.
Las nociones de propiedad y de posesión están próximos y muy relacionados entre sí, al suponer una relación jurídica directa entre las personas y sus bienes, mientras que el control puede ser más indirecto. Todas esas categorías coinciden, sin embargo, en ampliar el vínculo que una persona puede tener con los bienes, más allá de su mera titularidad, para que la inmovilización de éstos se acuerde. (
47
)
4. Criterios contextual y finalista
70.
Al dilucidar si, a los efectos de la aplicación del Reglamento n.o 269/2014, los bienes o recursos económicos colocados en un trust siguen siendo propiedad o estando bajo la tenencia (posesión) del constituyente, habrá que atender al objetivo de aquel Reglamento y a su engarce con otros instrumentos del derecho de la Unión.
71.
Desde la perspectiva de su finalidad, la interpretación que propondré está en consonancia con el objetivo de las normas adoptadas por la Unión para imponer medidas restrictivas a personas vinculadas con los dirigentes rusos por la agresión a Ucrania. (
48
) Ese objetivo se frustraría de autorizarse el empleo de figuras jurídicas que, mediante técnicas más o menos sofisticadas, permitan a esas personas eludir la aplicación eficaz de tales medidas.
72.
El criterio de interpretación teleológico auspicia, pues, una interpretación extensiva de las categorías reflejadas en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014, apta para conseguir la inmovilización de los activos correspondientes a las personas enumeradas en su anexo I.
73.
El análisis sistemático deberá partir de que, en general, los trust permiten una separación o desconexión de la titularidad legal y de la titularidad real (
49
) de los activos. La compleja estructura y la opacidad de estos instrumentos dificultan la identificación de los verdaderos titulares de los bienes colocados en un trust y exigen esfuerzos adicionales para determinar la auténtica naturaleza de las relaciones amparadas por esta figura jurídica. Además, el riesgo de uso indebido de los trust aumenta cuando el trust se ha constituido en una jurisdicción extranjera. (
50
)
74.
Será imprescindible, pues, tener en cuenta las normas específicas del derecho de la Unión sobre la eventual elusión de las medidas restrictivas mediante los trust o instrumentos jurídicos análogos. Desde el punto de vista sistemático también pueden ser útiles las normas contra el blanqueo de capitales adoptadas por la Unión. Analizo unas y otras a continuación.
a) El trust como medio de eludir las medidas restrictivas
75.
El artículo 9 del Reglamento n.o 269/2014 prohíbe participar de manera consciente y deliberada en acciones cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas restrictivas de inmovilización de recursos financieros y fondos adoptadas contra personas físicas y jurídicas incluidas en el anexo I de aquel Reglamento.
76.
Los trust, según ya he expuesto, pueden utilizarse con relativa facilidad para evitar la inmovilización de recursos económicos y fondos. Así lo constata la Comisión en la Guía para los operadores económicos sobre la elusión de las sanciones a Rusia. (
51
)
77.
Esta circunstancia explica la adopción de normas específicas del derecho de la Unión que tienden a impedir el empleo de los trust como medio de soslayar la aplicación de las medidas restrictivas:
–
En la Decisión 2014/512/PESC, (
52
) su artículo 1 undecies, apartados 1 y 2, prohíbe registrar, proporcionar un domicilio social, una dirección comercial o administrativa, así como servicios de gestión, a un trust o a cualquier instrumento jurídico similar que tenga como constituyente o beneficiario a varias categorías de personas (entre ellas, nacionales rusos o residentes en Rusia, personas jurídicas o entidades establecidas en Rusia o controladas directa o indirectamente por nacionales rusos). Igualmente prohíbe que esas personas puedan actuar como trustees o cargos similares.
–
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 2024/1226 (
53
) establece normas mínimas para la definición de los delitos y sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión. Con arreglo a él, se considerará delito la elusión de una medida restrictiva de la Unión (
54
) utilizando o transfiriendo a un tercero, o disponiendo de otro modo de ellos, fondos o recursos económicos que directa o indirectamente sean propiedad o estén en posesión o bajo el control de una persona, entidad u organismo designado y que deban ser inmovilizados de conformidad con una medida restrictiva de la Unión, para ocultar dichos fondos o recursos económicos. A mi juicio, este tipo delictivo se ha diseñado, entre otras cosas, para combatir el uso de trust y figuras jurídicas afines como instrumento que propicie la elusión de las medidas restrictivas.
b) Normas sobre el blanqueo de capitales
78.
Facilitan la interpretación sistemática y finalista del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014, en relación con los trust, las normas del derecho de la Unión que, aun adoptadas fuera del ámbito singular de las medidas restrictivas, tienen como fin la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales.
79.
Así es porque la elusión de las medidas restrictivas se puede llevar a cabo utilizando los mismos artificios, entramados y técnicas jurídicas a los que alude la Directiva 2015/849. Esta trata de evitar que flujos de dinero ilícito puedan dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero de la Unión y poner en peligro su mercado interior y el desarrollo internacional. (
55
)
80.
Una de las nociones claves de la Directiva 2015/849 (
56
) es la de «titular real» de los bienes. Pues bien, su artículo 3, punto 6, letra b), (
57
) obliga a catalogar como «titulares reales», en el caso de los trust, a cinco categorías de personas entre las que se hallan, en primer lugar, el constituyente o constituyentes. Esa misma obligación se extiende, según el artículo 31, apartado 1, de aquella Directiva, en su versión modificada por la Directiva 2019/2177, a los instrumentos jurídicos que tengan una estructura o funciones análogas a las de los trust.
81.
Es cierto que el artículo 3 de la Directiva 2015/849 incorpora esas definiciones a efectos de la aplicación de esta Directiva y que su propósito se circunscribe a la lucha contra el blanqueo de capitales. Ahora bien, desde una perspectiva sistemática del derecho de la Unión, la identificación del constituyente de un trust en cuanto «titular real» de los bienes (
58
) puede servir para interpretar las nociones análogas de la legislación dirigida a combatir otra conducta tan ilegítima como el blanqueo de capitales, a saber, la de haber prestado activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la agresión a Ucrania. (
59
)
c) Conclusión intermedia
82.
En resumen, la interpretación sistemática y finalista del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014, a la luz de otras disposiciones sobre este tipo de medidas restrictivas y de las normas más generales sobre el blanqueo de capitales, permite aseverar que el constituyente de un trust puede encajar, en principio, en las situaciones jurídicas que aquel precepto contempla.
83.
A partir de esta premisa, habrá que evaluar las circunstancias de hecho de cada trust y de las personas que intervienen en él para dilucidar si se ha utilizado como una vía de elusión de las medidas restrictivas. Esta apreciación, repito, compete al juez nacional, a quien el Tribunal de Justicia puede hacer las indicaciones que a continuación sugiero.
5. Relación del constituyente con los recursos económicos aportados al trust
84.
Corresponde al tribunal de reenvío apreciar qué relación mantiene el constituyente con los activos aportados al trust y determinar si este instrumento ha podido ser utilizado para eludir las medidas restrictivas impuestas en aplicación del Reglamento n.o 269/2014.
85.
En el litigio de origen se suscita un supuesto clásico de derecho internacional privado, a saber, el reconocimiento en Italia, al amparo de lo previsto en el Convenio de La Haya de 1985, de un trust constituido de conformidad con el derecho de las islas Bermudas.
86.
El derecho aplicable al trust es el de las islas Bermudas, circunstancia no discutida por las partes. El artículo 6 del Convenio de La Haya de 1985 estipula que «el trust se regirá por la ley elegida por el constituyente» y su artículo 8 dispone que dicha ley «regirá la validez del trust, su interpretación y sus efectos, así como su administración».
87.
Debe atenderse, pues, a las condiciones que el Convenio de La Haya de 1985 impone para el reconocimiento de los trust, en especial, las contenidas en sus artículos 2 y 11. Esta última disposición obliga a Italia a reconocer una serie de efectos de los trust en la medida en que la legislación de las islas Bermudas los prevea.
88.
A mi juicio, el derecho italiano y la jurisprudencia de este país en materia de trust, que el tribunal de remisión menciona en su auto, no pueden prescindir de que las normas sustantivas aplicables al trust son, en este asunto, las de las islas Bermudas. Con arreglo a ellas se ha de valorar, como cuestión de hecho, la relación del constituyente con los bienes del trust.
89.
Según la sección 2, subsección 2, de la Trust (Special Provision) Act de 1989, en las islas Bermudas los trust tienen las características habituales de dicha institución. Ahora bien, la normativa bermudeña es muy flexible y protectora del constituyente, confiriéndole una serie de prerrogativas que, a mi juicio, le permiten continuar siendo el «titular real» de los bienes aportados al trust.
90.
Entre dichas prerrogativas, que no impiden la constitución de un trust, (
60
) reconocidas por la legislación de las islas Bermudas, (
61
) el tribunal de reenvío puede tener en cuenta (y verificar si han sido puestas en práctica por el constituyente) las siguientes:
–
El constituyente dispone de la facultad de revocar total o parcialmente el trust. En tal caso, los bienes volverían a formar parte del patrimonio del constituyente. (
62
) Como alega el Gobierno italiano, esta previsión legal demuestra que el constituyente tiene la «titularidad real» sobre los bienes del trust.
–
El constituyente conserva el poder de dar instrucciones vinculantes con respecto a la compra, tenencia, venta u otras operaciones comerciales o de inversión con bienes del trust, o cualquier inversión o reinversión de dichos bienes, y para ejercer cualquier poder o derecho derivado de tales bienes.
–
El constituyente tiene la posibilidad de designar, añadir, retirar o sustituir a cualquier trustee o protector del trust.
–
El constituyente tiene la facultad de añadir, suprimir o excluir a un beneficiario o categoría de beneficiarios, así como la posibilidad de que el propio constituyente sea cobeneficiario del trust.
91.
La suma de estas características pone de manifiesto que el constituyente de un trust regido por el derecho de Bermudas puede mantener con los bienes y recursos económicos que ha aportado a éste una relación susceptible de convertir a esa persona en «titular real» de los activos aportados. Semejante relación se encuadra en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014, a los efectos de aplicar a esos bienes y recursos una medida de inmovilización.
92.
Lo hasta ahora expuesto me permite sugerir como respuesta a la primera pregunta prejudicial la siguiente: nada obsta a que, en función de las cláusulas singulares del acto de constitución, o de sus modificaciones, y del derecho aplicable a un determinado trust, los recursos económicos y los fondos colocados en él se sigan considerando bajo la propiedad o la posesión del constituyente, a los efectos del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014.
D.
Segunda pregunta prejudicial
93.
Dado que la contestación que propongo al primer interrogante del tribunal de reenvío es afirmativa, no resulta necesario analizar la segunda pregunta prejudicial, formulada para el caso de que la respuesta a la primera fuera negativa. Lo haré, en todo caso, a título subsidiario.
94.
Con su segunda pregunta, el tribunal a quo quiere saber si, de no ostentar el constituyente la condición de persona a la que pertenece el bien (aportado al trust), el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 sería aplicable, pues ese bien pertenecería a otra persona «asociada» a aquél (al constituyente).
95.
A juicio del tribunal de reenvío, el inciso personas físicas asociadas puede entenderse referido a «situaciones como la del asunto de autos, en las que el bien, aun no siendo atribuible nominalmente al sujeto indicado en el anexo I [del Reglamento n.o 269/2014], sigue manteniendo con este último un vínculo significativo, al menos hasta que no sea transferido a los beneficiarios».
96.
Añade el tribunal de reenvío que «en el caso del trust, la persona asociada sería, con toda evidencia, el trustee, que administra los bienes aportados en interés del constituyente. La vigencia continua del programa incorporado en el acto constitutivo no cambia el hecho de que tal programa ha sido querido por el constituyente a fin de realizar un interés propio y que los administradores del trust […] son elegidos por el constituyente o, en cualquier caso, por los sujetos designados por el constituyente en el acto constitutivo».
97.
De estas consideraciones se infiere que, para el tribunal de reenvío, puede existir un vínculo jurídico significativo entre constituyente y trustee, que permitirá calificar a ambos de personas asociadas, en el sentido del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014.
98.
El criterio de la «asociación» se utiliza a menudo en actos del Consejo relativos a medidas restrictivas, pero no está definido como tal y su significado depende de los diversos contextos y circunstancias. Puede entenderse que alude a personas físicas o jurídicas unidas, en general, por intereses comunes, sin que sea necesario que ejerzan una actividad económica compartida. Habitualmente, esta noción implicará la existencia de un vínculo que va más allá de una relación familiar. (
63
)
99.
Ahora bien, como subrayan la Comisión y varios de los Gobiernos que han intervenido en el procedimiento, el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014, cuando alude a las «personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados», exige que «figuren en el anexo I».
100.
La inclusión en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014 resulta, pues, imprescindible para que se adopte una medida de inmovilización de fondos y recursos económicos respecto del «asociado» de una persona física o jurídica. (
64
)
101.
Cabe preguntarse, no obstante, si la exigencia de que las personas asociadas deban también figurar en las listas del anexo I es coherente con los objetivos subyacentes en la ampliación del ámbito subjetivo de las medidas restrictivas, a tenor del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014.
102.
Desde esa perspectiva, se comprende la interpretación propuesta por el Gobierno italiano: la inclusión de una persona en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014 permite, sin duda, la aplicación automática de las medidas restrictivas, pero estas últimas también se pueden poner en práctica demostrando que existe el vínculo de asociación, aun en ausencia de tal inclusión.
103.
Por más que esa interpretación resulte atractiva, de lege lata el tenor de la norma no la consiente: el vínculo de asociación requiere la inclusión expresa en el anexo 1 del Reglamento n.o 269/2014 de la persona o entidad asociada.
104.
En el trust controvertido concurre, según el tribunal de reenvío, la asociación entre constituyente y el trustee, pero este último no figura incluido en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014.
105.
En ausencia de esa inclusión expresa, la estrecha relación entre el constituyente y el trustee o el protector habría que canalizarla a través de los conceptos de propiedad o posesión, analizados en la respuesta a la primera pregunta prejudicial, o de control, que abordaré en la respuesta a la tercera.
106.
Por tanto, considero que la medida de inmovilización podrá adoptarse respecto de recursos económicos o fondos aportados a un trust si la persona «asociada» se enumera, a su vez, en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014.
E.
Tercera pregunta prejudicial
107.
De nuevo con carácter subsidiario, el tribunal de reenvío quiere saber, para el caso de que la respuesta a la primera y segunda preguntas fuese negativa, si el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 sería aplicable en la medida en la que el constituyente controle los bienes o recursos aportados por él al trust.
108.
Habiendo sugerido una respuesta afirmativa a la primera pregunta, no es necesario abordar la tercera. Lo haré, sin embargo, ante la eventualidad de que el Tribunal de Justicia sostuviera una postura distinta respecto de la pregunta inicial.
109.
La inclusión en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 del término «control» de los fondos y recursos económicos complementa los criterios de la propiedad y la posesión de esos mismos bienes o recursos. Su inclusión obedece a la intención del legislador de la Unión de cerrar el círculo de posibles situaciones y evitar así la elusión de las medidas restrictivas.
110.
El criterio del control de los activos permite superar el empleo de artificios y entramados jurídicos mediante los que el titular de los bienes o recursos transfiere su propiedad a terceros, pero continúa decidiendo sobre su utilización y su destino. Es, además, especialmente adecuado para evitar el uso de trust constituidos bajo jurisdicciones extranjeras como vía de elusión de las medidas restrictivas de la Unión.
111.
La Comisión y el Consejo han dado directrices interpretativas a las autoridades competentes de los Estados miembros para aplicar las medidas restrictivas de inmovilización. En concreto, la Comisión ha indicado una serie de factores o criterios (
65
) que deben tenerse en cuenta al determinar si una entidad está controlada por otra persona o entidad, es decir, si esta última puede ejercer y ejerce efectivamente una influencia decisiva en el comportamiento de aquélla. (
66
)
112.
Me centraré en el análisis de algunos de esos criterios, que considero pertinentes. Su aplicación a los trust no siempre será posible, pero algunos son útiles para determinar si el constituyente mantiene el control sobre los fondos y recursos económicos por él aportados al trust. De nuevo será, finalmente, el tribunal de reenvío quien habrá de dilucidar si así sucede en el asunto de autos.
113.
El primero de esos criterios es «la facultad de designar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, dirección o supervisión» de la persona jurídica o entidad controlada. En los trust, dependiendo de su configuración, el constituyente controla a quienes intervienen en ellos: designa y puede cambiar al trustee, del mismo modo que puede nombrar y cambiar al protector. Es decir, la «alargada sombra» o longa manus del constituyente le permitirá, según los casos, ejercer su influencia sobre quienes administran el trust, que dependerán de la voluntad del constituyente para permanecer en su cargo.
114.
Algo análogo sucede con el criterio de «influir en la estrategia empresarial, la política operativa, los planes empresariales, la inversión, la capacidad, la financiación, los recursos humanos y las cuestiones jurídicas». El constituyente puede predeterminar esos elementos en el acto de constitución, que vincula al trustee a la hora de gestionar y administrar los activos del trust. Además, es habitual que el constituyente designe un trustee de su absoluta confianza, por lo que nada impide que le indique consignas de administración del trust sin necesidad de darles publicidad alguna. El constituyente puede, además, incluir en el acto de constitución el deber de que se le facilite periódicamente información sobre la administración del trust.
115.
Como ya he señalado, el derecho de las islas Bermudas confiere amplias facultades al constituyente de un trust, que puede coadministrar el trust con el trustee y cambiar a la persona o sociedad que designa para ejercer esa función. Atañe al tribunal de reenvío discernir si, en este caso, concurren tales circunstancias, reveladoras de que el constituyente controla la gestión de los bienes del trust.
116.
Un indicio adicional (e indirecto) del control ejercido por el constituyente es que los recursos económicos y bienes del trust se destinen a actividades de las que él mismo, de facto, es el principal o único destinatario o beneficiario. (
67
)
117.
El control se manifiesta también en las posibilidades del constituyente de establecer mecanismos adicionales de supervisión. En particular, puede designar un protector del trust que vele por la correcta administración de los recursos y fondos. La previsión de la revocación del trust cuando no se cumplan los objetivos del acto de constitución confiere, en fin, al constituyente un control de último recurso.
118.
En suma, el derecho de las islas Bermudas, en especial tras la reforma de 2014 de la Trusts (Special Provisions) Act de 1989, atribuye notables prerrogativas al constituyente, que puede reservarse importantes poderes para controlar el trust.
119.
Añadiré que, como sugiere el tribunal de reenvío, (
68
) los cambios acaecidos en el trust objeto de litigio desde su constitución, incluso si van orientados a disminuir los poderes del constituyente, parecen depender de la voluntad de éste y revelar, una vez más, sus facultades de control. Esos cambios no modificarían, sino corroborarían, la capacidad del constituyente para controlar, directa o indirectamente, los bienes por él aportados al trust, sustituyendo a los trustees o a los protectores por otras personas de su confianza.
120.
Nada impide, pues, que el constituyente mantenga, en el sentido del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014, un control sobre los fondos y recursos económicos que aporta a un trust, ejerciendo una influencia decisiva (
69
) sobre ellos. Si así sucede en este asunto es algo que, insisto, el tribunal de reenvío habrá de verificar.
V. Conclusión
121.
A tenor de lo expuesto, sugiero responder al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Tribunal regional de lo contencioso administrativo del Lacio, Italia) de la manera siguiente:
«El artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 476/2014 del Consejo, de 12 de mayo de 2014, y aplicado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/336 del Consejo, de 28 de febrero de 2022,
debe ser interpretado en el sentido de que:
nada obsta a que, en función de las cláusulas singulares del acto de constitución, o de sus modificaciones, y del derecho aplicable a un determinado trust, los recursos económicos y los fondos colocados en él se sigan considerando bajo la propiedad o la mera tenencia del constituyente, a los efectos del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 269/2014».
(
1
)	Lengua original: español.
(
2
)	Adoptaré el término inglés «trust» con preferencia a otros que aluden a figuras próximas, pero no necesariamente coincidentes (los fideicomisos, por ejemplo).
(
3
)	Reglamento del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 476/2014 del Consejo, de 12 de mayo de 2014 (DO 2014, L 137, p. 1), y aplicado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/336 del Consejo, de 28 de febrero de 2022 (DO 2022, L 58, p. 1). La inclusión del constituyente del trust en la lista del anexo I tuvo lugar en virtud de la Decisión (PESC) 2022/337 del Consejo, de 28 de febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 59, p. 1), y del Reglamento de Ejecución 2022/336.
(
4
)	En lo sucesivo, «Convenio de la Haya de 1985». Texto español disponible en https://assets.hcch.net/docs/07ea0975-a3d8-43a6-be2f-4b55f8c3a996.pdf.
(
5
)	Redacción resultante de la modificación introducida por el Reglamento n.o 476/2014.
(
6
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 2015, L 141, p. 73), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2019 (DO 2019, L 334, p. 155).
(
7
)	Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 — Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (Decreto legislativo n.o 109, de 22 de junio de 2007, sobre medidas para prevenir, combatir y reprimir la financiación del terrorismo y las actividades de los países que amenazan la paz y la seguridad internacionales, en ejecución de la Directiva 2005/60/CE) (GURI n.o 172, de 26 de julio de 2007).
(
8
)	Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 — Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 [Decreto legislativo n.o 90, de 25 de mayo de 2017, sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE, y del Reglamento (UE) n.o 2015/847, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y que deroga al Reglamento (CE) n.o 1781/2006] (GURI n. 140, de 19 de junio de 2017, suplemento ordinario n.o 28).
(
9
)	Legge 16 ottobre 1989, n. 364 — Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1o luglio 1985 (Ley n.o 364, de 16 de octubre de 1989, relativa a la ratificación y ejecución del Convenio de La Haya de 1 de julio de 1985 sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento) (GURI n.o 261, de 8 de noviembre de 1989, suplemento ordinario n.o 84).
(
10
)	Las sociedades B y A, junto con la sociedad chipriota N, son propietarias de mansiones de lujo en Arzachena, en Costa Esmeralda, Cerdeña. La sociedad C se dedica al alquiler de coches y la sociedad D a la prestación de servicios turísticos. Hasta la adopción de la medida de inmovilización, las referidas mansiones habían sido sistemáticamente alquiladas al constituyente del trust, de manera exclusiva.
(
11
)	Así lo reconocen las sociedades demandantes en sus observaciones escritas (apartado 1): la sociedad matriz con sede en las islas Bermudas es titular de la totalidad de las participaciones sociales de las cuatro sociedades.
(
12
)	También denominado «settlor». En cuanto a la relación del constituyente con los activos aportados a la sociedad matriz, véanse los puntos 51 a 54 de estas conclusiones.
(
13
)	Adopto esta denominación, en vez de la de fideicomisario. El trustee, como después expondré, gestiona y administra los bienes aportados al trust, con arreglo a lo dispuesto en la escritura de constitución, y transfiere a los beneficiarios, una vez concluido el trust o de conformidad con él, los bienes aportados.
(
14
)	La sociedad T ejerció como trustee desde el 1 de abril de 2021, siéndolo antes la sociedad H, según informa el Gobierno italiano en sus observaciones escritas, apartados 4 y 10.
(
15
)	El protector tiene la función de velar por la correcta ejecución del programa previsto en el trust.
(
16
)	Esa persona desempeñó entre 2006 y 2013 el puesto de administrador delegado en una sociedad rusa, propiedad del constituyente del trust, que opera en los sectores del acero y de la minería. Desde 2013, es administrador delegado de otra sociedad rusa que controla las sociedades en las que el constituyente del trust y sus familiares son los principales accionistas.
(
17
)	Otra persona de confianza del constituyente ejerció la función de protector entre 2014 y 2021.
(
18
)	En sus observaciones escritas, el Gobierno italiano había alegado la inadmisibilidad del reenvío prejudicial, sobre la base del artículo 275 TFUE. En la vista, sin embargo, renunció expresamente a su objeción de inadmisibilidad, a la luz de la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 10 de septiembre de 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723), apartado 39.
(
19
)	Hayton, David, «Trust in Private International Law», Recueils de cours, Académie de droit international, 2013, pp. 9 a 98; Hayton, D. y otros (eds.), Principles of European Trust Law, Kluwer, 1999; Noseda, F., «Unpacking the trust concept: closing the common law-civil law gap», Trust & Trustees, 2024, pp. 1 a 9.
(
20
)	Sentencia de 14 de septiembre de 2017 (C‑646/15, EU:C:2017:682), apartados 3 a 5.
(
21
)	El artículo X.–1:201 de los Principios, Definiciones y Normas Modelo de Derecho Privado Europeo. Borrador del Marco Común de Referencia (Draft Common Frame of Reference, DCFR) ofrece la siguiente definición: «El trust es una relación jurídica en la cual una persona, el trustee, está obligada a administrar o enajenar uno o más activos (el fondo del trust) de acuerdo con los términos que rigen dicha relación jurídica (los términos del trust) en beneficio de otra persona, el beneficiario, o en interés público».
(
22
)	El artículo 3 del Convenio de La Haya de 1985 limita, no obstante, su aplicabilidad a los trust constituidos voluntariamente y cuya prueba conste por escrito.
(
23
)	Von Overbeck, A. E., «Rapport explicatif sur la Convention de La Haye de 1985 relative au trust» (informe explicativo), en Actes et documents de la Quinzième session (1984), tomo II, Trusts — loi applicable et reconnaissance, La Haya, Imprimerie Nationale, 1985, pp. 370 a 415.
(
24
)	El Convenio de La Haya de 1985 no tenía como objetivo introducir la figura del trust en los países que lo desconocían, sino únicamente impulsar su reconocimiento.
(
25
)	Entre los Estados parte que aplican el Convenio se encuentran cinco Estados miembros de la Unión (Chipre, Italia, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos). Francia firmó el Convenio, pero no lo ha ratificado y la Unión no es parte en dicho Convenio. Sí lo son el Reino Unido y las islas Bermudas en su calidad de territorio de ultramar británico. Además de otros Estados con sistemas de common law (Australia, Canadá y Estados Unidos, que lo ha firmado, pero sin ratificarlo aún), son también partes en dicho Convenio Estados o micro-Estados que operan como centros financieros (Liechtenstein, Mónaco, Panamá, San Marino y Suiza). Los Estados parte en los que se aplica el Convenio pueden consultarse en https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/status-table/?cid=59.
(
26
)	Este es el término que emplea el artículo 2 del Convenio de la Haya de 1985.
(
27
)	El bien queda sustraído a la actuación de los acreedores personales tanto del constituyente como del trustee y del beneficiario. Los acreedores de este último sólo pueden embargar sus derechos frente al trust, y eso únicamente cuando no se trate de un trust discretionary, protective o spendthrift . En lo referente al gobierno de ese patrimonio separado, esto es, a las relaciones entre el constituyente, el trustee y el beneficiario, el trust se rige por normas más o menos próximas a las que regulan los contratos de mandato, comisión y agencia.
(
28
)	Véase Hansmann, H., y Mattei, U., «The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis», New York University Law Review, vol. 73, 1998, p. 434.
(
29
)	Traspasar la administración de un activo a un tercero con miras a organizar una sucesión; proteger los bienes de menores o de determinadas categorías de familiares o adultos vulnerables; administrar colectivamente un bien para un grupo de sociedades de capital; financiar un proyecto benéfico a través de un intermediario encargado de recaudar fondos; y realizar inversiones con miras a financiar un gasto en el futuro (por ejemplo, los gastos de estudios o la pensión de jubilación). Véase GAFI y Egmont Group, Ocultación de la identidad de los beneficiarios finales, julio 2018, disponible en https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/reports/SPANISH-FATF-Egmont-Concealment-Beneficial-Ownership.pdf.
(
30
)	Véanse los trabajos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, en particular, GAFI, Guía sobre beneficiario final y transparencia de otras estructuras jurídicas, París, 2024, disponible en https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/translations/reports/Spanish-Guidance%20on%20Beneficial%20Ownership%20and%20Transparency%20of%20Legal%20Arrangements.pdf.coredownload.inline.pdf.
(
31
)	GAFI y Egmont Group, Ocultación de la identidad de los beneficiarios finales, julio de 2018, apartado 50.
(
32
)	La doctrina habla de «offshore-inspired trusts» y pone de manifiesto el uso inapropiado de los trust para evadir impuestos y blanquear capitales. Véanse, entre otros, Samet, I., «On trust, hypocrisy and conscience», The Cambridge Law Journal, vol. 83, issue 1, 2024, pp. 158 a 183; Dagan, H., y Samet, I., «What’s Wrong with Massively Discretionary Trusts», Law Quarterly Review, vol. 138, 2022, p. 624; y Smith, L., «Massively Discretionary Trusts», Trusts & Trustees, vol. 25, 2019, p. 397.
(
33
)	Incluso los juristas de ciertas jurisdicciones offshore publicitan este tipo de ventajas, como puede verse, por ejemplo, en «Best Offshore Trust Jurisdiction — a Comparison», disponible en https://www.offshorecorporation.com/trust/.
(
34
)	Según la Multilateral Repo Task Force, «Global Advisory on Russian Sanctions Evasion», 9 de marzo de 2023, p. 3, disponible en https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-03/230309-repo-global-advisory_en.pdf, «specifically, REPO members have discovered trust arrangements that may have been designed to thwart sanctions enforcement. These arrangements may indicate that everyone involved in the trust —including law firms, grantors (also defined as protectors), trustees, settlors, and beneficiaries— may be involved in sanctions evasion. In some instances, sanctioned Russians individuals and entities and their proxies may involve relatives and close associates in these legal structures and arrangements to further obfuscate their ownership or relation to the assets. It is not uncommon for these legal entities and arrangements to be located in jurisdictions that are tax or corporate formation havens, which may afford a degree of secrecy to Russian elites and their proxies».
(
35
)	Asunto Ismailova/Consejo (T‑234/22, EU:T:2024:287), apartados 136 a 153. Esta sentencia ha sido recurrida en casación en el asunto C-506/24 P, aún pendiente.
(
36
)	Los textos actualizados de estas normas están disponibles en https://www.bermudalaws.bm/search/*/SPContentType:%C7%82%C7%82436f6e736f6c696461746564204c6177.
(
37
)	Sección 2, subsección 3, modificada por 2014: 22 s. 2, en vigor desde el 16 de julio de 2014: «The reservation or grant by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the existence of a trust».
(
38
)	Según los abogados de las sociedades demandantes, la sociedad matriz es, a su vez, propiedad de la sociedad T, sociedad fiduciaria de derecho suizo con sede en Suiza y actual trustee del trust.
(
39
)	Véase, en particular, el auto de renvío (página 8 del original italiano anonimizado): «la cuestión planteada en el presente reenvío prejudicial concierne a la posibilidad de considerar que los bienes, los recursos y las relaciones objeto de aportación [al trust] pueden entenderse como “pertenecientes” al constituyente, aun cuando este no sea el usuario o gestor de los bienes aportados ni beneficiario final de estos, o bien a un sujeto “asociado” al constituyente o, en último término, “controlados” por el propio constituyente, con el consiguiente efecto de que se puedan aplicar, en caso de bienes aportados al trust por el constituyente designado (o incluido en la lista), las medidas de inmovilización previstas en el artículo 2, apartado 1, del [Reglamento n.o 269/2014]».
(
40
)	Sentencia de 9 de julio de 2009, Melli Bank/Consejo (T‑246/08 y T‑332/08, EU:C:2009:266), apartado 146.
(
41
)	Sentencia de 13 de marzo de 2012, Melli Bank/Consejo (C‑380/09 P, EU:C:2012:137), apartados 76 y siguientes.
(
42
)	La necesidad de incluir en la lista del anexo I del Reglamento n.o 269/2014 a las sociedades pertenecientes (o controladas) íntegramente por una persona física llevaría a que esa misma regla se extendiese a otro tipo de activos, de manera que deberían identificarse y consignarse también en las listas todos y cada uno de los bienes sobre los que esa persona ejerce propiedad o control. Lógicamente, esta interpretación del artículo 2 del Reglamento n.o 269/2014 debe rechazarse.
(
43
)	En la vista, el Gobierno alemán reconoció que la inmovilización de los activos de una sociedad no incluida en la lista del anexo I del Reglamento n.o 269/2014 era viable cuando, a su vez, una persona sí incluida en esa lista ostenta la propiedad, tenencia o control de esos activos.
(
44
)	La sentencia de 11 de noviembre de 2021, Bank Sepah (C‑340/20, EU:C:2021:903), apartado 56, indica que, para conseguir los objetivos de las medidas restrictivas, no solo es legítimo, sino indispensable, que las definiciones de los conceptos de «bloqueo de fondos» y de «congelación de recursos económicos» reflejen una interpretación amplia, pues «se trata de impedir todo uso de los activos congelados que permita eludir los Reglamentos en cuestión y aprovechar las lagunas del sistema».
(
45
)	Sentencias de 16 de enero de 2025, VB II (Información sobre el derecho a un nuevo juicio) (C‑400/23, EU:C:2025:14), apartado 40; y de 30 de noviembre de 2021, LR Ģenerālprokuratūra (C‑3/20, EU:C:2021:969), apartado 79.
(
46
)	Las versiones en lengua inglesa («belonging to, owned, held, controlled»), alemana («Eigentum», «Besitz», «gehalten», «kontrolliert»), francesa («appartenant aux, possèdent, détiennent, contrôlent»), italiana («appartenenti a, posseduti, detenuti, controllati»), portuguesa («pertencentes, na posse ou que se encontram à disposição ou sob controlo»), rumana («aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate») y neerlandesa («toebehoren aan, eigendom, bezit, zeggenschap») utilizan cuatro términos diferentes. La versión en español menciona únicamente tres términos: «propiedad», «tenencia» y «control». Además, las versiones en alemán y español no contienen un término claramente equivalente a «appartenenti a», que está presente en las versiones inglesa, portuguesa y francesa.
(
47
)	Véase, por analogía, la sentencia de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), apartado 69: «la utilización de los términos “propiedad” y “bajo el control de” por parte del Reglamento n.o 961/2010 obedece a la necesidad de permitir que el Consejo adopte medidas eficaces contra todas las personas, entidades y organismos que se vinculen a sociedades implicadas en la proliferación nuclear. De ello se deriva que la titularidad o el control puedan ser directos o indirectos. En efecto, si dicho vínculo debiera determinarse únicamente sobre la base de la titularidad o el control directos de las personas mencionadas, las medidas se podrían eludir mediante una multitud de opciones contractuales o fácticas de control, que conferirían a una sociedad posibilidades de ejercer influencia sobre otras entidades tan amplias como las que resultan de la titularidad o el control directo». El Tribunal de Justicia continuó afirmando (apartado 70) que el concepto de «sociedad que es propiedad o está bajo control de otra entidad» no tiene, en el ámbito de las medidas restrictivas, el mismo alcance que el que contempla, en general, el derecho de sociedades, cuando se trata de identificar la responsabilidad mercantil de una sociedad que se encuentra jurídicamente bajo el control decisorio de otra entidad mercantil.
(
48
)	En palabras del Tribunal de Justicia, «la importancia de los objetivos perseguidos por los actos controvertidos, esto es, la protección de la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania y el promover una solución pacífica de la crisis del país, que se enmarcan […] en el objetivo, más amplio, de salvaguardar la paz y seguridad internacionales, de conformidad con los objetivos de la acción exterior de la Unión establecidos en el artículo 21 TUE, puede justificar las consecuencias negativas, aun cuando sean considerables, que dichos actos tengan para determinados agentes». Sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), apartado 150; y de 17 de septiembre 2020, Rosneft y otros/Consejo (C‑732/18 P, EU:C:2020:727), apartado 85.
(
49
)	El artículo 3, punto 6, letra b), de la Directiva 2015/849 utiliza, justamente, la noción de «titular real» de los bienes colocados en un trust.
(
50
)	Documento COM(2020) 560 final, de 16 de septiembre de 2020, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo por el que se evalúa si los Estados miembros han identificado debidamente y han sometido a las obligaciones establecidas en la Directiva (UE) 2015/849 a todos los trust e instrumentos jurídicos análogos que se rigen por sus leyes, p. 4.
(
51
)	Comisión Europea, Guidance for EU operators: Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention, 7 de septiembre de 2023, p. 9. Considera como un indicio claro de elusión («red flag») la utilización de «complex corporate or trust structures linked to countries friendly to Russia or whose complexity is not justified by the business profile of the customer. Use of trust arrangements or complex corporate structures involving offshore companies». Documento disponible en https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-12/guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention_en.pdf.
(
52
)	Decisión del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2014, L 229, p. 13), en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2022/884 del Consejo, de 3 de junio de 2022 (DO 2022, L 153, p. 128).
(
53
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2018/1673 (DO L, 2024/1226). Su plazo de incorporación a los derechos nacionales concluyó el 20 de mayo de 2025.
(
54
)	Su considerando décimo quinto afirma: «Un ejemplo de conducta que supone una elusión de las medidas restrictivas de la Unión que está cada vez más extendida es la práctica por parte de personas, entidades y organismos designados de utilizar, transferir a un tercero o disponer de otro modo de ellos, fondos o recursos económicos que, directa o indirectamente, sean propiedad o estén en posesión o bajo el control de dichas personas, entidades u organismos designados, con el fin de ocultar dichos fondos o recursos económicos. […] Por consiguiente, dicha conducta que eluda las medidas restrictivas de la Unión debe constituir un delito con arreglo a la presente directiva».
(
55
)	Sentencias de 18 de abril de 2024, Citadeles nekustamie īpašumi (C‑22/23, EU:C:2024:327), apartado 32; y de 17 de noviembre de 2022, Rodl & Partner (C‑562/20, EU:C:2022:883), apartado 34.
(
56
)	La Directiva 2015/849 se aplicará hasta el 10 de julio de 2027, fecha a partir de la cual será sustituida por el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (DO L, 2024/1624), y por la Directiva (UE) 2024/1640 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, y se modifica y se deroga la Directiva (UE) 2015/849 (DO L, 2024/1640). Estas normas mantienen la misma concepción amplia para determinar la titularidad real en los trust. En concreto, el artículo 58, apartado 1, del Reglamento 2024/1624 retoma de manera casi idéntica el contenido del artículo 3, punto 6, letra b), de la Directiva 2015/849.
(
57
)	Véase su transcripción en el punto 11 de estas conclusiones.
(
58
)	Recuerdo que las sociedades recurrentes comunicaron a la entidad bancaria con la que operaban que su titular real era el constituyente del trust.
(
59
)	Véanse, a este respecto, los motivos de inclusión en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014, tal como se exponen en la Decisión (PESC) 2022/337.
(
60
)	Trust (Special Provision) Act 1989, sección 2, subsección 3, modificada por 2014: 22 s. 2, en vigor desde el 16 de julio de 2014: «The reservation or grant by the settlor of certain rights and powers, and the fact that the trustee may himself have rights as a beneficiary, are not necessarily inconsistent with the existence of a trust».
(
61
)	Las prerrogativas del constituyente del trust aparecen mencionadas como «reserved powers» en la Trust (Special Provision) Act 1989, sección 2A, subsección 2.
(
62
)	El tribunal a quo habrá de dirimir si, en la hipótesis de que el trust se haya concebido como irrevocable, subsiste alguna posibilidad de acogerse a esta previsión normativa, por ejemplo, cuando no se cumplan los objetivos del acto de constitución.
(
63
)	El Tribunal de Justicia, en relación con el régimen de medidas restrictivas impuestas contra Birmania, consideró que una persona física no puede ser objeto de medidas restrictivas por el mero hecho de tener un vínculo familiar con personas que a su vez son objeto de tales medidas y sin tomar en consideración su comportamiento personal (sentencia de 13 de marzo de 2012, Tay Za/Consejo, C‑376/10 P, EU:C:2012:138, apartado 66). La abogada general Medina, en sus conclusiones del asunto Timchenko/Consejo (C‑703/23 P, EU:C:2025:273), punto 48, indica que, para ser calificadas de «asociadas» en el sentido del artículo 1, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145 (modificada), las personas físicas a las que se refiere ese artículo deben «presentar un vínculo que vaya más allá de una relación familiar», de modo que, cuando dos personas están vinculadas por tal relación, ha de acreditarse «la existencia objetiva de intereses comunes entrelazados». En aquellos casos, las personas asociadas estaban incluidas nominalmente en las listas de los reglamentos respectivos.
(
64
)	Según la Comisión Europea, Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014, 14 de mayo de 2024, p. 22, «strictly speaking, only the persons and entities who/which appear under the column “Name” in Annex I to Council Regulation (EU) 269/2014 are directly subject to an asset freeze and a prohibition to make funds and economic resources available to them or for their benefit. However, these restrictions can affect transactions with natural or legal persons, entities or bodies associated with them, some of which happen to be mentioned in the “Identifying information” and/or “Reasons” columns of Annex I to Council Regulation (EU) 269/2014».
(
65
)	Comisión Europea, Dictamen sobre el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 269/2014 del Consejo, documento C(2021) 4223 final, de 8 de junio de 2021. Estos factores son sustancialmente coincidentes con los indicados por el Consejo de la Unión Europea, Medidas restrictivas (sanciones) — Actualización de las prácticas recomendadas de la UE para la aplicación eficaz de medidas restrictivas, de 27 de junio de 2022, apartado 62, disponible en https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10572-2022-INIT/es/pdf.
(
66
)	En relación con la aplicación de las medidas restrictivas a Irán, la sentencia de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo (C‑123/18 P, EU:C:2019:694), apartado 75, afirmó que una sociedad podía ser calificada de «sociedad que es propiedad o está bajo control de otra entidad», cuando esta última entidad se encuentre en situación de poder influir en las decisiones de la primera, aun en caso de inexistencia, entre una y otra entidad económica, de cualquier vínculo jurídico, de propiedad o de participación en el capital.
(
67
)	Si se aporta al trust una sociedad cuyo objeto es la propiedad de una mansión de lujo y ésta es alquilada en exclusiva al constituyente, estamos ante un hecho revelador del control que él mismo ejerce sobre la sociedad y la mansión.
(
68
)	En el último apartado de su auto de remisión.
(
69
)	Véanse, por analogía, las sentencias de 31 de mayo de 2018, Ernst & Young, (C‑633/16, EU:C:2018:371), apartado 45; y de 4 de marzo de 2020, Marine Harvest/Comisión (C‑10/18 P, EU:C:2020:149), apartado 49, que definen el concepto de «control» como «la posibilidad, conferida por derechos, contratos u otros medios, de ejercer una influencia decisiva sobre una empresa». Tiene en cuenta, a estos efectos, el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (DO 2004, L 24, p. 1).