SENTENCIADE 16.12.1960— ASUNTO 6/60
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 16 de diciembrede 1960*
En el asunto 6/60,
Jean-E. Humblet, funcionario de la CECA, asistido por MePaul Orianne,
Abogado de la cour d'appelde Bruxelles, que designacomo domicilio en
Luxemburgo 7, rue du Fort-Reinsheim,
parte demandante,
contra
État belge, representadopor elMinistre desfinances,por quienactúacomo
Agenteel Sr. GeorgesLaloux, conseilleradjoint delaadministrationcentrale
des contributions directesdel ministère desfinances,asistido por MeJules
Fally, Abogado de la Cour de cassationde Belgique, que designa como
domicilio en Luxemburgo el de la Embajadade Bélgica, 9, boulevard du
Prince-Henri,
parte demandada,
quetienepor objeto un recursorelativo ala interpretacióndelo dispuestoen
la letra b) del artículo 11 del Protocolo sobre los Privilegios y las
Inmunidadesde la CECA,
* Lenguade procedimiento:francés.
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HUMBLET / ÉTAT BELGE
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: A. M. Donner, Presidente;Ch. L. Hammes y N.
Catalano,Presidentesde Sala;O. Riese(Ponente)y R. Rossi, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Lagrange;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentesde hecho.)
Fundamentos de Derecho
I. Sobre la basey el alcance de la competencia del Tribunal de Justicia
1. Considerando que, en virtud del artículo 16 del Protocolo sobre los
Privilegios y las Inmunidades de la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero, en relación con el artículo 43 del Tratado CECA, el Tribunal de
Justicia es competente para pronunciarse sobre cualquier controversia
relativa a la interpretación o la aplicación de dicho Protocolo;
que, en el presente caso, la parte demandada alegó, no obstante, la
incompetenciadelTribunal deJusticia,sosteniendoqueellitigio no serefiere
a la interpretación del Protocolo, sino a la correcta aplicación de la
legislaciónbelga a los rendimientosde la esposadel demandante,la cual no
esfuncionaría de la Comunidad.
Considerandoque el Tribunal de Justiciano puedeacoger estatesis;
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que,enrealidad, el litigio serefiere a la cuestiónde si lo dispuestoenla letra
b) del artículo 11 del Protocolo permite a los Estados miembros tener en
cuentalas retribuciones deun funcionario dela Comunidadparafijar el tipo
impositivo aplicablea los rendimientospercibidospor sumujer; que,por lo
demás,el propio demandadoen su escrito de contestaciónprecisó en este
sentido el objeto del litigio;
que se trata, en consecuencia,de resolver una controversia relativa a la
interpretación o la aplicacióndel Protocolo y, enparticular, de lo dispuesto
enla letra b) de su artículo 11;
que, en consecuencia,debedesestimarsela excepciónde incompetencia.
2. Considerando, por otra parte, que el Tribunal de Justicia no tiene
competencia para anular actoslegislativos o administrativos de uno de los
Estadosmiembros;
que,en efecto, el Tratado CECA seinspiraenel principio deunaseparación
estricta de competenciasentrelas de las Instituciones comunitariasy las de
los órganos de los Estadosmiembros;
que el Derecho comunitario no otorga a las Instituciones de la Comunidad
el derecho de anular actos legislativos o administrativos de los Estados
miembros;
que,deestemodo, la Alta Autoridad, si estimaqueun Estadohaincumplido
una de las obligaciones quele incumbenenvirtud del Tratado al adoptar o
mantenerdisposicionescontrariasa éste,no puede anular ni derogar por sí
mismadichasdisposiciones,sino solamentehacerconstar,deacuerdocon el
artículo 88 del Tratado, la existencia de un incumplimiento, e iniciar a
continuación el procedimiento en él previsto para obligar al Estado de que
setrate a revocar por sí mismolas medidasque habíaadoptado;
que lo mismo sucedecon el Tribunal de Justicia,el cual, en cuanto garante
del respeto del Derecho comunitario, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 31 del Tratado, es competente, en virtud del artículo 16 del
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Protocolo, para pronunciarse sobre cualquier controversia relativa a su
interpretación o su aplicación, pero no puede,sin embargo,envirtud de su
propia autoridad, anular o derogar leyesnacionalesde un Estado miembro
ni actosadministrativos de susautoridades;
que dicha conclusión sobre los límites de la competenciadel Tribunal de
Justiciapuedesustentarseasimismoenun argumentobasadoenlos Tratados
de Roma, en particular en los artículos 171 del Tratado CEE y 143 del
Tratado CEEA, quesólo atribuyenun efectodeclarativoalasdecisionesdel
Tribunal de Justicia en caso de incumplimiento de los Tratados, si bien
obligan a los Estados miembros a adoptar las medidasnecesariaspara la
ejecuciónde la sentencia;
que el Tribunal de Justicia no considerafundada la tesis del demandante
segúnla cual la protección de los privilegios y lasinmunidadesestablecidos
enelProtocolo seríaineficazy la sentenciadel Tribunal deJusticiaquedaría
reducidaaun simpledictamensiésteno pudieraanularlos actosilegales,que
emanan de la Administración nacional y condenar al Estado a la
indemnizaciónde los dañosy perjuicios que de tales actos sederiven;
quela parte demandantebasasurazonamientoenel tenor del artículo 16del
Protocolo sobrelos Privilegios y lasInmunidades,enrelación con el artículo
43 del Tratado CECA, alegandoqueel artículo 16,antescitado, no sólo se
refiereala interpretación, sinotambiénala «aplicación»dedicho Protocolo;
que, no obstante, sería erróneo admitir que dicha disposición faculta al
Tribunal de Justicia para injerirse directamente en la legislación o la
Administración de los Estadosmiembros;
que,enefecto, siel Tribunal deJusticiadeclaraenunasentenciaqueun acto
legislativo o administrativo que emanade las autoridades de un Estado
miembro es contrario al Derecho comunitario, dicho Estado estáobligado,
envirtud del artículo 86 del Tratado CECA, tanto a revocar el acto de que
setrate como a repararlos efectosilícitos queéstehayaproducido; queesta
obligación se deriva del Tratado y del Protocolo, que, tras su ratificación,
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tienenfuerza deLey enlos Estadosmiembrosy prevalecensobreel Derecho
interno;
que,enconsecuencia,enelcasodequeel Tribunal deJusticiadebadeclarar,
enel presentecaso,la ilegalidaddela liquidacióntributaria controvertida, de
ello sederivaría queel Gobiernobelgaestaríaobligado aadoptarlasmedidas
necesariasparaanulary devolveraldemandantelassumasqueeventualmente
hayapercibido de maneraindebida;
que,por todas estasrazones,laspretensionesde la parte demandante,enla
medida en que tienen por objeto que se anule la liquidación tributaria
controvertida y que se condenea la parte demandadaa devolver las sumas
pagadas,son inadmisibles,ya que el Tribunal de Justiciano escompetente
para pronunciarse al respecto;que lo mismo sucedepor lo que atañea la
pretensión que tiene por objeto que se declare nula de pleno Derecho la
referida liquidación tributaria.
Considerandoque estaconclusiónseaplica, asimismo,a la pretensiónque
tiene por objeto que secondenea la parte demandadaal pago de intereses
compensatorios por los impuestos indebidamente percibidos; que
correspondea la legislacióninterna determinarsi la percepciónindebidade
impuestosda derecho a interesescompensatorios;
Considerandoqueestasmismasreglasseoponenaqueseacojala pretensión
dedevolución de la multa impuestaal demandantepor haberefectuadouna
declaraciónincompleta desusrentas.
II. Sobre la admisibilidad del recurso
Considerandoque, por lo querespectaa la admisibilidad,procedeexaminar
en primer lugar: a) si un particular puede interponer ante el Tribunal de
Justicia, en su propio nombre, un recurso basado en el artículo 16 del
Protocolo, y ello b) antesde haberagotadolos recursosy el procedimiento
establecidospor el Derecho comunitario o laslegislacionesnacionales;
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que,sibien esteproblemano ha sido suscitadopor laspartesdurantela fase
escrita del procedimiento, el Tribunal de Justicia debe, no obstante,
examinarlo de oficio, en la medida en que afecta a la admisibilidad del
recurso.
1. Considerandoque del examende las disposicionespertinentes a estos
efectosprocedeformular los siguientesrazonamientos:
a) Considerando que, al reconocer un derecho de recurso basado en el
artículo 16 del Protocolo, resulta manifiesto que los autores de éste
pretendieron garantizar el respeto de los privilegios e inmunidadesen él
establecidos,y ello eninterésno sólo dela Comunidady desusInstituciones,
sino también de las personasa las que se otorgaron dichos privilegios e
inmunidadesy, por otra parte, en interés de los Estadosmiembrosy de su
Administración, que deben ser protegidos contra una interpretación
demasiadoampliade los referidos privilegios e inmunidades;
que, en consecuencia,esperfectamenteadmisibleque un funcionario de la
Comunidadsepresenteanteel Tribunal deJusticiacomodemandantecontra
el Gobierno de su país de origen, al igual que algunas empresas,que han
intervenido enapoyodela Alta Autoridad, ya sehanopuestoanteel Tribunal
de Justicia a las alegacionesformuladaspor el Gobierno de su país;
que, si bien es cierto que los privilegios e inmunidades se otorgaron
«exclusivamenteeninterésdela Comunidad»,no debeperdersedevista que
se concedieron de modo expreso «a favor de los funcionarios de las
Instituciones de la Comunidad»;
queel hechodequelosprivilegios, inmunidadesy facilidadesseestablecieran
enarasdelinteréspúblico comunitariojustifica, sindudala facultadotorgada
a la Alta Autoridad de determinarlascategoríasdefuncionariosa las que se
aplican(artículo 12)o desuspender,ensucaso,la inmunidad(apartado2 del
artículo 13), pero no significa que dichos privilegios se otorgaran a la
Comunidad y no de forma directa a sus funcionarios; por lo demás,esta
interpretación sedesprendeclaramentedel tenor de las disposicionesantes
citadas;
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queel Protocolo crea,por consiguiente,un derechosubjetivoenfavor delas
personasa lasque seaplica,cuyo respetoestágarantizadopor el derechode
recurso previsto en el artículo 16del propio Protocolo.
b) Considerandoque el artículo 16 del Protocolo, de acuerdocon el cual
«cualquier controversia relativa a la interpretación o la aplicación del
presente Protocolo será sometida al Tribunal de Justicia», no contiene
ninguna referencia a ningúnprocedimiento que deba iniciarse y concluirse
con carácterprevio a la interposicióndel recusoanteel órganojurisdiccional
comunitario; que, de acuerdo con el texto de dicho artículo, cualquier
persona que considere lesionadossus derechospor la interpretación o la
aplicación del Protocolo puedesometerel litigio al Tribunal de Justicia sin
necesidadde formalidadesprevias;
que, por tanto, los funcionarios de la Comunidad están facultados para
ejercerante el Tribunal deJusticiauna accióncontra el Gobierno de supaís
basada en el artículo 16 del Protocolo, sin estar obligados a recurrir
previamentealprocedimientoestablecidopor otrasdisposicionesdeDerecho
comunitario o de Derechonacional.
2. Considerandoque, no obstante,procedeexaminarel problematambién
a la luz del sistemadel Tratado y de las normasde Derecho generalmente
aceptadasen los Estadosmiembros.
a) Considerandoque, enprimer lugar, deberesolverseel problemade si el
ejercicio de la acción de unfuncionario de la Comunidadque estimaque se
hanlesionadosusderechospor unainfracción delProtocolo cometidapor un
Estado miembro le correspondede modo exclusivo a la Comunidad o a la
Institución a la que pertenezcael interesado;
que el examende estacuestiónestanto másnecesariopor cuanto ninguna
disposición del Tratado CECA permite a los particulares recurrir
directamenteal Tribunal deJusticiainvocandounavulneracióndel Tratado
cometidapor un Estado miembro,sinoque,por el contrario, correspondeen
principio a la Alta Autoridad reaccionar contra semejantevulneración
aplicando el procedimiento previsto al efecto en el artículo 88 del Tratado.
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Considerando,no obstante,queciertamentea los autoresdel Tratado no se
lesescapóquelas«controversias»quepuedensuscitarseenrelación con «la
interpretación o la aplicación» del Protocolo sederivarían, sobretodo, de
discrepanciasentrelas personasa las que elProtocolo confiereprivilegios e
inmunidades y las autoridades que tienen interés en una interpretación
restrictiva de dichos privilegios e inmunidades;
que, a esterespecto, las partesdel presentelitigio sepresentantípicamente
como partes deun «controversia»a efectosdel artículo 16.
Considerando,además,que, tal como ya seha indicado anteriormente,los
privilegios establecidosmedianteel Protocolo confieren a susbeneficiarios
derechos subjetivos, como lo atestiguan los equivalentes en alemán y
neerlandésdel término «privilegio» («Vorrechte, voorrechten»); que es
normal suponerqueun derechomaterialtiene sucorolario enla facultad del
beneficiario de invocarlo medianteel ejercicio de una acciónjudicial por sí
mismo,y no por medio de un tercero.
Considerandoque,enestascircunstancias,procedeaplicarel principio según
el cual, en caso de duda, una disposición que establece garantías
jurisdiccionalesno puedeinterpretarsedemanerarestrictiva enperjuicio del
justiciable;
que, por último, no puede ignorarse el hecho de que el artículo 16 no
contienelas limitaciones establecidasen el artículo 33 del Tratado.
b) Considerando que procede examinar, asimismo, si el recurso no es
inadmisible también por el hecho de que el demandantedebería haber
agotado previamentelos recursosadministrativosy jurisdiccionales que se
encuentrena su disposición de conformidad con la legislaciónnacionala la
queestésujeto.
Considerando que, por lo que respecta a la vía administrativa, procede
señalar,en efecto, que, en el estadoactual del procedimiento, ha quedado
agotada,una vez que el directeur descontributions directesde la Provincia
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deLieja desestimó,mediantedecisiónde 15dejunio de 1960,la reclamación
presentadapor el demandantecontra la liquidación tributaria controvertida.
Considerandoque, por lo querespectaa la víajudicial, delasobservaciones
delaspartessedesprendequeel demandanterecurrió antela cour d'appelde
Liège; que, en consecuencia,en el estadoactual del procedimiento, la vía
judicial belga seha iniciado pero no agotado.
Considerando, no obstante, que los Tratados constitutivos de las
ComunidadesEuropeas no superpusieronen modo alguno el Tribunal de
Justiciade dichasComunidadesalos órganosjurisdiccionalesnacionales,en
el sentido de que las decisionesadoptadaspor dichos órganospuedan ser
impugnadasante el Tribunal de Justicia;
que, por el contrario, por lo que respectaa la interpretación del Protocolo,
el Tribunal de Justicia tieneuna competenciaexclusiva;que,tal como seha
indicadoanteriormente,losTratadosseinspiranenelprincipio deseparación
estricta entre las atribucionesdel Tribunal de Justicia,por un lado, y las de
los órganosjurisdiccionales nacionales,por otro; que de ello se desprende
que estáexcluida cualquiersuperposiciónentrelascompetenciasconferidas
a estosdiferentes órganosjurisdiccionales;
que, por consiguiente, enla medida enque existecompetenciadel Tribunal
de Justicia, no puede exigirse el «agotamiento» previo de la vía judicial
nacional, lo que equivaldría a someter una misma cuestión primero a la
decisióndelos órganosjurisdiccionalesnacionalesy despuésala del Tribunal
de Justicia;
que, en consecuencia,dado que el Tribunal de Justicia escompetentepara
resolver la cuestión jurídica que se le ha planteado dentro de los límites
anteriormente precisados,el hechode que el demandanteno haya agotado
la vía judicial ante los órganosjurisdiccionales de su paísno seopone a la
admisibilidad del recurso.
Considerandoque de todo lo anterior sedesprendeque no puedediscutirse
la legitimación activa del demandante;que, en consecuencia,el recurso es
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admisibleen la medida en que suspretensionesestáncomprendidasdentro
de la competenciadel Tribunal de Justicia.
III. Sobre el fondo
Considerando que la Administración Tributaria belga basó la liquidación
tributaria controvertida en las disposiciones del arrêté du régent (Real
Decreto) de 15 de enero de 1948por el que serefundenlasleyesy decretos
relativos a los impuestos sobrela renta (Moniteur belge de 21 de enero de
1948;en lo sucesivo,«texto refundido»);
que,enparticular, la Administración Tributaria belgaaplicó los artículos46
y 43 de dicho texto; que en el artículo 46 se estableceque el tipo del
impuesto complementario personal, un impuesto adicional que grava el
conjunto de los rendimientos obtenidos por un contribuyente, se fija en
función de sucesivostramos derenta;quedichadisposiciónseinspira enun
sistema denominado progresivo en el sentido de que el porcentaje del
impuesto aumenta a medida que los ingresostotales del contribuyente se
sitúanenun tramo máselevado;
que en el artículo 43, antes citado, se dispone, por su parte, que «se
acumularánlos rendimientosde los cónyuges»,estableciendode estemodo
la unidad patrimonial de los cónyugesa efectosfiscales.
Considerandoque, al aplicar dichas disposicionesen el caso de autos, la
Administración belga tuvo en cuenta los emolumentos abonados al
demandantepor la CECA, sumándolosa los rendimientosimponiblesde su
esposa,y obteniendoasíun importe que, debido al sistemade tramos fijado
en el artículo 46, hizo recaer sobredichos rendimientosun tipo impositivo
sensiblementesuperior al que hubiera correspondido si, para su cálculo, se
hubierahechoabstraccióndelosemolumentospercibidospor el demandante;
queésteaducequedicho procedimientocontradicelo dispuestoenla letrab)
del artículo 11 del Protocolo.
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Considerandoque, en consecuencia,el litigio versa sobre si la letra b) del
artículo 11del Protocolo permiteala Administración Tributaria belgatener
en cuentalos sueldos,salariosy emolumentosabonadosaun funcionario de
la Comunidadpor éstaa efectosdedeterminarel tipo impositivo aplicablea
los rendimientos de su esposasujetos al impuesto complementario belga
sobrela renta.
Considerando que, de este modo, las pretensiones formuladas por el
demandanteplantean al Tribunal de Justicia el problema general de si, al
prohibir cualquier tipo de tributación sobre los referidas rendimientos, lo
dispuestoen la letra b) del artículo 11 del Protocolo prohíbe asimismo,en
particular, tenerlos en cuenta para calcular el tipo del impuesto
complementariosobrela renta,tal como seestableceenla legislaciónbelga;
que, en consecuencia, procede examinar, en primer lugar, el problema
general, para deducir así el principio cuya aplicación permitirá resolver el
casoespecialplanteado enel presenteasunto.
1. Considerandoque,por lo querespectaal Derechoaplicable,el problema
generaldeberesolversedeacuerdo con el Derecho comunitario, y, másen
particular, mediantela interpretacióndel artículo 11 del Protocolo, y no de
acuerdocon el Derecho belga;
que,enconsecuencia,ni lalegislacióny lajurisprudenciabelgasni la práctica
seguida en casos análogos por la Administración belga pueden resultar
determinantesenel presentecaso,ya queresuelvenel problemasobrelabase
del Derecho interno.
2. Considerandoquela partedemandadaalegaqueenla letrab) delartículo
11 del Protocolo no se establecela inmunidad total de las retribuciones
abonadasa los funcionarios por la Comunidad,sino que selimita a declarar
alos funcionarios personalmenteexentosdeimpuestos;que,deello, la parte
demandadadeduceque nosetrata de«rendimientosinmunes»,sino sólo de
«contribuyentes exentos de impuestos», para concluir que dichas
retribuciones, en principio sujetasa impuestos,«debentenerseen cuentaa
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efectos de la correcta determinación de la capacidad contributiva del
interesado»;
que el Tribunal de Justiciano puedeacogeresterazonamiento;
que,enefecto, por un lado, no sehademostradoquelos términos«exentos»
e «inmunes» se utilicen en la terminología tributaria internacional para
designarconceptosdiferentes;
que,por otro, del título del Capítulo V del Protocolo, «Miembros dela Alta
Autoridad y funcionariosdelasInstitucionesdelaComunidad»,sedesprende
que se trataba de regular en su conjunto la situación jurídica de dichas
personas,lo que explica por qué los autores del Protocolo optaron por el
método consistenteen vincular los diferentes aspectosenumeradosen las
letras a) a d) del artículo 11 a la personade los beneficiarios más que al
objeto de los diferentesprivilegios e inmunidades.
Considerandoquela interpretación literal deltexto sustentalatesissostenida
por el demandante;
que, en efecto, la expresión «estarán exentos de los impuestos sobre los
sueldos,salariosy emolumentos»denota de un modo claro e inequívoco la
exención de cualquier tipo de tributación basada tanto directa como
indirectamenteen las retribuciones exentas;
que no cabe objetar que la expresión «sobre los sueldos, salarios y
emolumentos» indica, a contrario, que el artículo 11 no prohíbe una
tributación sobreotros rendimientosy quecorrespondaaun tipo impositivo
máselevado debido a que setengan en cuentalas retribuciones de que se
trata;
que dicha tributación seríacontraria a la exenciónestablecidaen el artículo
11,ya que, aunen esesupuesto,la retribución comunitaria, que estáexenta
de impuestos,constituiría la causajurídica de la tributación de que setrata.
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Considerandoque, por otro lado, el Protocolo CECA (como, por lo demás,
los Protocolos CEE y CEEA) no contieneningunadisposiciónen la que se
preciseque la exención de lasretribucionescomunitariasno seoponea que
dichosrendimientospuedanincluirseenlabasedeotro impuestoconefectos
análogosal del impuesto complementariobelga,mientrasque la mayoríade
los acuerdosinternacionalesmás recientesen materia de doble imposición
contienende modo expresoestareserva;
que,entre los conveniosquecontienendichareserva,algunodeellosfueron
celebradospor diversosEstadosmiembrospoco antes(véanse,por ejemplo,
el apartado 1del artículo XIX del Conveniode29 deabril de 1948entrelos
PaísesBajos y Estados Unidos de América, así como el artículo 6 del
Convenio de 25 de septiembrede 1948entreBélgica y los PaísesBajos) o
poco despuésdela firma delTratado CECA [véanse,por ejemplo,la letra d)
del artículo XVI del Convenio de 27 de marzo de 1953 entre Bélgica y el
ReinoUnido, el artículo 18del Conveniode 1deabril de 1953entreBélgica
y Suecia, etc.] y en todo caso antes de la firma de los Tratados CEE y
CEEA;
que, en estascircunstancias,si efectivamentelas Altas PartesContratantes
hubierantenido la intenciónde permitir a lasautoridadesnacionalesteneren
cuenta los emolumentos comunitariosa efectos de la fijación del tipo del
impuesto complementarioo de otros impuestosde una naturalezaanáloga,
no se puede explicar por qué omitieron una reserva expresasimilar a la
contenida en los Convenios antes citados, habida cuenta de que este
problemano podía serignoradopor lasdelegacionesqueelaboraroneltexto
sometido al examendel Tribunal de Justicia.
Considerandoque, no obstante,el Tribunal de Justiciano puedelimitarse a
una interpretación literal, y que considera necesariocomprobar si dicha
interpretación seve confirmadapor otros criterios relativos, enparticular, a
la voluntad común de lasAltas Partescontratantesy a la ratio legis;
3. Considerando que, a esterespecto, hay que señalarque no es posible
percibir una actitud común de los Estados miembros que pueda servir de
criterio de interpretación dela letra b) del artículo 11 del Protocolo;
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quelasexposicionesdemotivos presentadaspor los Gobiernoscon ocasión
de los debatesparlamentariosrelativos al Tratado CECA no sepronuncian
sobreestacuestión;
quelo mismo sucediócon ocasióndela votación delosParlamentosrelativa
a los Tratados CEE y CEEA, que contienenuna disposiciónmaterialmente
idéntica,ya quela mayoríadelasexposicionesdemotivos de los Gobiernos
no hacenningunareferenciaa estacuestión,con excepciónde la exposición
de motivos luxemburguesarelativa a la CEEA, en la que se afirma que la
disposición adoptada «no impedirá a las Administraciones Tributarias
nacionalestener encuentalos importes exentosaefectosdel cálculo del tipo
impositivo aplicable a los rendimientos no exentos, es decir, a los
rendimientosprocedentesde otras fuentes que los emolumentosabonados
por la Comunidad»;
que estepasaje,aunhaciendoabstraccióndel hechode que serefiere a los
Protocolos anexosa los Tratados de Roma y no al Protocolo CECA, no
basta para demostrar por sí solo que todos los autores de los Tratados
estabandeacuerdoconla interpretaciónasíformulada;que,por el contrario,
vuelve a plantear la cuestión de si la voluntad común de las Partes
Contratantes se refería también a los efectos menores de la exención
otorgada, que hansido debatidosdurante el presenteprocedimiento;
quela comparacióndelasdiferenteslegislacionesnacionalesvieneareforzar
estasdudas;
que, en efecto, si bien escierto que la Ley de Presupuestosde la República
Francesase inspiró en las mismasideasque la jurisprudencia y la práctica
belgas,de la legislación de la RepúblicaFederalde Alemania sedesprende
que ésta interpretó el Protocolo en el sentido de la tesis defendidapor el
demandante; que la Ley alemana relativa al impuesto sobre la renta
(Einkommensteuergesetz),en las versiones de 23 de septiembrede 1958
(BGBl. I, p. 672) y de 11 de octubre de 1960 (BGBl. I, p. 789) adaptó el
Derechointerno alemánala letrab) del artículo 11delProtocolo incluyendo,
en el número 34 de su apartado 3, los rendimientos a que se refiere dicha
disposición entre los rendimientosinmunes;
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que, por tanto, el legislador alemán no comparte el criterio de la
Administración belgasegúnelcualelProtocolo no establecela inmunidadde
los rendimientos, sino sólo una exención en favor de los funcionarios
contribuyentes.
4. Considerandoque en el párrafoprimero del artículo 13delProtocolo se
dispone que «los privilegios, inmunidades y facilidades a favor de los
funcionarios de las Instituciones de la Comunidad se otorgarán
exclusivamente en interés de esta última»; que, en consecuencia,debe
examinarse cuál es el interés de la Comunidad en que se exima a sus
funcionarios delos impuestossobrelos sueldos,salariosy emolumentosque
lesabona.
a) Considerando que procede señalar que sólo la exención de las
retribucionesabonadaspor laComunidaddetodos los impuestosnacionales
permitealasInstituciones comunitariasejercereficazmentesuderechoafijar
el importe efectivo de las retribucionesde susfuncionarios, derechoque le
reconoceel Tratado (artículo 78 del Tratado CECA y artículos 15y 16 del
Protocolo sobre el Estatuto CECA del Tribunal de Justicia);
que, en efecto, si los Estadosmiembrosmantuvieranel derechode someter
al impuesto las retribucionesde los funcionarios de la CECA de acuerdoen
cadacasocon supropio sistematributario, la Comunidadseveríaprivadade
la posibilidad de fijar los ingresosnetos de susfuncionarios;
que, sin embargo, la fijación de estosingresosnetosesla quepermite a las
Instituciones evaluar los serviciosde susfuncionarios y a éstosapreciar la
situación que seles ofrece;
que,enconsecuencia,la aplicacióndelaslegislacionestributariasnacionales
a las retribuciones abonadaspor la Comunidad menoscabaríala facultad
exclusivade éstapara fijar la cuantíade dichasretribuciones;
quetal razonamiento seveconfirmado por los Tratadosconstitutivos de la
CEE y la CEEA, que, al mismotiempo queprevénla tributación enfavor de
las Comunidades de las retribuciones abonadaspor éstas, reservan, sin
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embargo,el establecimientode dichos impuestos,al igual que la fijación de
las retribuciones, a una Institución de la Comunidad, a saber,los Consejos
(CEE, CEEA, párrafo primero del artículo 12 de los Protocolos sobre los
Privilegios, artículo 212 del Tratado CEE y artículo 186delTratado CEEA);
que,por tanto, consideradoslos tres Tratados en su conjunto, en el ámbito
de que setrata, tienen,en común el hecho de que sustraenlas retribuciones
abonadasa los funcionarios de las Comunidadesa la soberaníatributaria de
los Estadosmiembros;
que, de estemodo, los Tratados persiguenreforzar la independenciade las
estructuras administrativas de la Comunidad con respecto a los poderes
nacionales.
b) Considerando que al argumento antes expuesto se añade una razón
perentoria, a saber, el hecho de que la exención total de los impuestos
nacionales es indispensablepara garantizar la igualdad de trato entre
funcionarios de nacionalidadesdiferentes;que seríasumamenteinjusto que
dos funcionarios para los cualesla Institución comunitariaha establecidola
mismaretribución bruta percibanretribucionesnetasdiferentes;
que la diferencia de retribuciones netas podría dificultar la selección de
funcionarios nacionalesde determinadosEstadosmiembros,estableciendo
de estemodo una discriminación con respectoa las posibilidadesrealesde
acceso a las funciones comunitarias de los nacionalesde los diferentes
Estadosmiembros.
c) Considerandoque, puesto que los funcionarios estáninteresadosno en
la retribución bruta, sino enla retribución neta, si no sehubieragarantizado
la exención fiscal de las retribucionescomunitarias sehubieradebido tener
en cuenta la carga tributaria a la hora de fijar los emolumentos de los
funcionarios; que,deestemodo, dichacargahubieragravado, endefinitiva,
el presupuestode la Comunidad; que, por otro lado, la tributación de las
retribuciones de que se trata en los Estados miembros hubiera podido
menoscabarla igualdad entre los Estadosmiembros;que, en efecto, podría
tener como consecuencia que las empresas de determinados Estados
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miembros, que aportan a la Comunidad un volumen de contribuciones
relativamenteelevado,acabaranfinanciandoindirectamentea algunosotros
Estados cuya legislación tributaria establece,en su caso, una tributación
particularmente onerosa.
Considerando que la exención de las retribuciones abonadas por la
Comunidad corresponde,por tanto, a un interéslegítimo cuya salvaguardia
estáaseguradapor lo dispuestoen la letra b) del artículo 11del Protocolo.
5. Considerandoque la tesisformulada por la parte demandanteva contra
la realización de los objetivos antesexpuestos;
que, en efecto, es contraria al principio reconocido por el Derecho de las
ComunidadesEuropeas,queestableceunaclaradistinciónentrelos ingresos
sujetos al imperio de las Administraciones Tributarias nacionalesde los
Estadosmiembros,por un lado,y lasretribucionesdelos funcionarios de la
Comunidad,por otro, detal modo que,con arreglo alos TratadosdeRoma,
estasúltimas seencuentransujetasexclusivamente,por lo querespectaa su
eventual tributación, al Derecho comunitario, mientras que los otros
rendimientosde los funcionariossiguensujetosa tributación enlos Estados
miembros;
que este reparto de las competenciastributarias recíprocas debe excluir
cualquier tributación, no sólo directa sino incluso indirecta, de los ingresos
no sometidosa la competenciade los Estadosmiembros.
a) Considerandoqueel sistemapracticadopor la Administración Tributaria
belgapor lo que respectaala aplicacióndel impuestocomplementarioa los
funcionarios de la CECA constituye una tributación indirecta de las
retribuciones comunitarias.
Considerandoque el demandadosostuvoque dicho sistemano escontrario
a las disposicionesde la letra b) del artículo 11 del Protocolo, ya que, a su
entender,las retribuciones abonadaspor la Comunidadno están sujetasa
ningúnimpuesto;que,segúnsostiene,elimpuestogravaúnicamentelosotros
428
HUMBLET / ÉTAT BELGE
rendimientos,sibienaplicandoeltipo quecorresponderíaaltramo resultante
de la sumaficticia a tales rendimientosde la retribución comunitaria;
que este razonamiento ignora algunasde las consecuenciasderivadasdel
sistemaimpositivo establecido en la legislación belga sobre el impuesto
complementario (o por sistemas similares vigentes en otros Estados
miembros), en virtud del cual la renta imponible se divide en tramos que
tributan a tipos impositivos progresivamentemáselevados;
quelaaplicacióndeestatécnicatributaria nocausaningunadificultad cuando
todos los rendimientosdel contribuyenteestánsujetosa impuestos;que, en
efecto,la aplicacióndetipos impositivos diferentesalosdiferentestramosno
impidela percepcióndeun solo impuestoglobal quegraveel conjunto delos
rendimientos percibidos, lo que tiene como consecuencia que el tipo
impositivo más elevado aplicado al tramo superior grava también, en
realidad,la totalidad de la renta;
que,normalmente,poco importa, por tanto, queun determinadorendimiento
seincluya enlos tramos inferioreso enlostramossuperiores,ya quela cuota
delimpuestoglobal aplicadoal conjunto delos rendimientosesentodo caso
la misma;
que, por el contrario, el sistemapracticado por las autoridades tributarias
belgascon respectoa los funcionariosdela CECA implica, por motivos que
no tienenjustificación posible,la clasificacióndelos ingresosdistintos delas
retribucionescomunitariasenlostramossuperiores,y laaplicacióndeuntipo
impositivo más elevado que el que seles hubiera aplicado si no sehubiera
tenido en cuentala retribución comunitaria;
que,por estehecho,los rendimientosdistintos dela retribución comunitaria
tributan a un tipo impositivo queno esel quecorrespondea su cuantíareal;
que,por consiguiente,seproduceunatributación indirecta de la retribución
comunitaria, ya que sólo por el hecho de tenerla en cuenta es posible la
aplicaciónalosrestantesrendimientosdelsujetopasivodeuntipo impositivo
máselevadoque el que leshubierasido aplicable.
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SENTENCIADE 16.12.1960— ASUNTO 6/60
b) Considerando que, por lo demás,atendiendoa criterios económicosy
financieros razonables, el conjunto de los ingresos de un contribuyente
constituye un todo orgánico; que las propias legislaciones nacionalesse
inspiran en dichos criterios;
que, desdeestepunto de vista, el hechode percibir impuestos«sobre»una
determinada categoría de rendimientos teniendo en cuenta los restantes
rendimientospercibidos aefectosdel cálculodel tipo impositivo equivale,al
menosmaterialmente,a la tributación directa de estosúltimos;
que,enefecto, entrela tributación directay la imputación indirecta existeun
elementocomún esencial,yaque,enamboscasos,hayunarelacióndecausa
a efecto entre los rendimientosdeque setrata y la cuantíaglobal por la que
debetributar el interesado.
c) Considerando que, en consecuencia,un Estado miembro infringe el
Protocolo si, en el casodeque el Derechotributario nacionalestablezcaun
sistematributario de carácterprogresivo, tiene en cuentalas retribuciones
abonadaspor la Comunidada susfuncionariosa efectosdela determinación
del tipo impositivo de los impuestoscorrespondientesa otros rendimientos
no exentos;
queel Derecho comunitarioseoponeaqueunfuncionario soporteunacarga
fiscal máselevadasobre susrendimientosprivados por el hechodepercibir
una retribución de la Comunidad,ya que la incidenciade dicho impuestose
traduce en una reducción cierta de dicha retribución, quebrando así la
igualdad de la prestación;
queno puedeoponerseaestaconclusiónla alegaciónsegúnla cualsemejante
tributación no vulneraría el principio de igualdad de la cargatributaria, ya
que sólo recaería sobre los funcionarios que cuenten con otros ingresos
ademásde los emolumentosabonadospor la Comunidad;
que estaargumentaciónignorael hechodeque la comparaciónesencialque
seimpone enla materia debehacerseentrelos funcionarios comunitariosde
diferentesnacionalidadesquepercibenla mismaretribución bruta y cuentan
430
HUMBLET / ÉTAT BELGE
además, en sus respectivos países, con ingresos adicionales sujetos a
impuestosde una cuantíasimilar;
que,silos Estadosmiembrospudieranincluir librementelasretribucionesde
los funcionarios comunitarios en la base de cálculo del tipo impositivo
aplicadoa susotros ingresos,la mencionadadiferenciaciónseríael resultado
no sólo de las divergencias existentesentre las escalastributarias de las
diferentes legislaciones nacionales y, por tanto, de factores ajenos a la
Comunidad, sino también de la aplicación de legislaciones nacionales
diferentesaingresosestablecidospor lalegislacióncomunitariaalosqueésta
última pretendedispensarun trato común.
d) Considerandoqueel sistemaestablecidopor la parte demandadaimpide,
desdeotro punto devista más,la libre fijación por parte dela Comunidadde
la retribución de sus funcionarios; que, en efecto, de acuerdo con este
sistema,un funcionario dela Comunidadestaríaobligado no sólo a declarar
su retribución al fisco, sino también a aplicar las deducciones habituales
(gastosprofesionalesy otros) correspondientesadicharetribución, conelfin
de evitar una excesivatributación de susrendimientospersonales;
que, cuando las autoridades fiscales nacionalestuvieran que examinar el
fundamento y la cuantía de dichas deducciones,deberíanproceder a una
apreciación de los diferentes elementos que integran la retribución
comunitaria; que, sin tener en cuenta las consecuenciasperniciosas que
podrían derivarse de las diferencias de apreciación entre las distintas
Administraciones Tributarias, ello menoscabaría el derecho de las
Instituciones comunitarias de fijar soberanamentelas retribuciones de sus
funcionarios y, por ende,de determinary justificar los diferenteselementos
queintegran la retribución global otorgada a cadafuncionario;
que,enconsecuencia,la tesissostenidapor la parte demandadaconduce,en
la práctica,a distorsionar, aunquesólo seaparcialmente,el sentidoquedebe
atribuirseala letra b) del artículo 11delProtocolo; que,enefecto,dichatesis
tendríacomo consecuenciano sólo sustraerlasretribucionescontrovertidas
a la Ley única y homogéneade la Comunidad,sinotambién someterlasa un
conjunto de ordenamientosjurídicos diferentese incluso dispares;
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SENTENCIADE 16.12.1960— ASUNTO 6/60
queel cómputo delasretribucionesa queserefierela letra b) del artículo 11
del Protocolo a efectos del cálculo del tipo impositivo aplicablea los otros
rendimientosdel propio interesadoes,por tanto, contrario al Tratado.
6) Considerandoque procedetener en cuentaque, en el presentecaso,se
trata no de la tributación delpatrimonio deun funcionario dela Comunidad,
sino del de su esposa, la cual no es funcionaría, de modo que la parte
demandadasostiene que el Protocolo no es aplicable a los rendimientos
personalesde ésta;
que, no obstante,la legislaciónfiscal belga consideraque el patrimonio de
dos cónyuges,aunqueestéseparadoa efectosdel Derecho civil, constituye
un todo a efectosfiscales;quela repercusióndel impuestoimpugnadosobre
los rendimientos conjuntosde los cónyugesesindiscutibley, por lo demás,
no ha sido discutida;
que, si está prohibido sometera tributación indirecta la retribución de un
funcionario de la Comunidadcomputándolaa efectosde la fijación del tipo
del impuesto en el caso de tributación de los cónyugespor separado,la
mismaprohibición debeaplicarseenel casodetributación conjunta,cuando
el funcionario essujeto pasivodel impuesto;
que, ciertamente, este principio seaplica en el casode que el marido esté
asimismopersonalmenteobligadoal pagodel impuestoquegravalos bienes
de su esposa;
queel sistemadetributación conjuntadeloscónyuges,tal como sederivadel
artículo 43 de la Ley refundidabelga,produce dicho efecto;
que,enconsecuencia,el demandadocarecedefundamentoal invocar la falta
de identidad entre la personabeneficiaríadel privilegio a que serefiere el
Protocolo y su esposacuyosingresosestángravadospor el impuesto;
que, por el contrario, el principio segúnel cual las retribuciones a que se
refiere la letra b) del artículo 11del Protocolo no puedentenerseen cuenta
a efectos de la determinación del tipo impositivo aplicable a los otros
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HUMBLET / ÉTAT BELGE
ingresos es válido asimismo cuando estos últimos ingresos han sido
percibidospor el cónyugedel funcionario exento.
Considerandoque, por todas las razonesexpuestas,son fundadas las dos
primeras pretensionesformuladas por el demandante,salvo por lo que
respectaa la pretensiónconsistenteenquesedeclarenulo depleno Derecho
la liquidación tributaria que sele ha practicado;
que,enconsecuencia,lasautoridadescompetentesbelgasestánobligadas,de
conformidad con el artículo 86 del Tratado CECA, a revocar los efectosde
los actosmediantelos cualesseestablecióy confirmó dicha liquidación.
Costas
Considerandoquesehanestimadolaspretensionesdeldemandanterespecto
dela interpretacióndelProtocolo y, por ende,delaspectoesencialdellitigio;
que, con arreglo al artículo 69 del Reglamento del Tribunal de Justicia,
procedecondenaren costasa la parte demandada;
vistaslas actuacionesy escritosdel procedimiento;
visto el informe del JuezPonente;
oídos los informes oralesde las partes;
oídaslas conclusionesdel Abogado General;
vistaslasdisposicionesdel Tratado CECA y, enparticular, los artículos 78,
86y 88, asícomo losartículos 11, 13y 16delProtocolo sobrelosPrivilegios
y lasInmunidadesde la Comunidad;
visto el Protocolo sobreel Estatuto del Tribunal de Justiciade la CECA;
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SENTENCIADE 16.12.1960— ASUNTO 6/60
visto el Reglamento del Tribunal de Justiciade las ComunidadesEuropeas
y, en particular, su artículo 69;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
desestimando cualesquieraotras pretensionesmás amplias o contrarias,
decide:
1) Desestimar la pretensión del demandante que tiene por objeto que
seanule la liquidación tributaria controvertida, que sedeclare que
ésta es nula de pleno derecho, y que se condene a la parte
demandada a la devolución delassumasabonadas, incluida la multa
impuesta por haber efectuado una declaración incompleta de sus
rentas, así como al pago de intereses compensatorios.
2) Por lo que respecta a las restantes pretensiones del recurso, estimar
que éste es admisible y fundado en la medida en que procede
declarar:
a) Que el Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero prohíbe a los
Estados miembros imponer a un funcionario de la Comunidad
cualquier tributación que tenga su origen, total o parcialmente,
en el pago de la retribución abonada por la Comunidad a dicho
funcionario.
b) Que el Protocolo prohíbe asimismo tener en cuenta dicha
retribución a efectos de la determinación del tipo impositivo
aplicable a los demásrendimientos de un funcionario.
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HUMBLET / ÉTAT BELGE
c) Que lo mismosucede,en el casode tributación conjunta de los
rendimientosdeun funcionario deDaComunidady desuesposa,
por lo que respecta a Dosimpuestos devengadossobre los
rendimientospercibidospor ésta.
d) Que, en consecuencia,escontraria al Protocolola liquidación
girada al demandanteel 18o 19dediciembrede 1959(artículos
913 y 321) por el receveurdescontributions de Engis por un
importe de9.035BFR, enla medidaenquedichaliquidación se
basaen la existenciade retribucionesy emolumentosabonados
al demandantepor la CECA.
3) Condenarencostasa Daparte demandada.
Pronunciadapor el TribunaldeJusticiaenLuxemburgo,a 16dediciembre
de1960.
Donner Hammes Catalano
Riese Rossi
Pronunciadaen audienciapública en Luxemburgo,a 16 de diciembre
de 1960.
El Secretario
A. VanHoutte
El Presidente
A.M. Donner
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