62022CC0227
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PRIIT PIKAMÄE
presentadas el 13 de julio de 2023 (
1
)
Asunto C‑227/22
IL
contra
Regionalna direktsia Avtomobilna administratsia Pleven
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad — Gabrovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Gabrovo, Bulgaria)]
«Procedimiento prejudicial — Transportes — Directiva 2006/126/CE — Permiso de conducción — Aptitud física y mental para conducir — Frecuencia de los reconocimientos médicos para acreditar la aptitud psíquica y mental de los conductores — Documento que acredita la aptitud psicológica de los conductores»
I. Introducción
1.
La presente petición de decisión prejudicial, planteada por el Administrativen sad — Gabrovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Gabrovo, Bulgaria), en virtud del artículo 267 TFUE, tiene por objeto la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción. (
2
)
2.
Dicha petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre IL, nacional búlgaro, y la Regionalna direktsia Avtomobilna administratsia Pleven (Dirección Regional de Gestión de Automóviles de la Ciudad de Pleven, Bulgaria), sobre una resolución que imponía a IL una sanción administrativa por no haber podido presentar un certificado de aptitud psicológica válido, tal como exige el Derecho nacional, con ocasión de un control de carretera.
3.
El presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la posibilidad de pronunciarse sobre el grado de armonización que la Directiva 2006/126 pretende alcanzar y sobre la competencia de los Estados miembros para adoptar medidas más estrictas con el fin de garantizar la seguridad vial. El Tribunal de Justicia deberá determinar si el certificado de aptitud psicológica que exige la legislación búlgara constituye una medida acorde con los mecanismos establecidos por la Directiva o bien si debe considerarse un obstáculo a la libre circulación de personas y, por ende, una medida incompatible con uno de los objetivos principales del legislador de la Unión Europea. Un aspecto fundamental del presente asunto consistirá en definir la función del certificado de aptitud psicológica y en determinar si es un documento superfluo, toda vez que el permiso de conducción tiene ya fuerza probatoria.
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
4.
El artículo 7 de la Directiva 2006/126 establece:
«1.   La expedición del permiso de conducción estará subordinada a las condiciones siguientes:
a)
haber aprobado una prueba de control de aptitud y comportamiento, una prueba de control de conocimientos, así como cumplir determinadas normas médicas, con arreglo a lo dispuesto en los Anexos II y III;
[…]
2.
a)
A partir del 19 de enero de 2013, los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros referentes a las categorías AM, A1, A2, A, B, B1 y BE tendrán una validez de 10 años.
Los Estados miembros podrán optar por expedir dichos permisos con una validez de hasta 15 años.
b)
A partir del 19 de enero de 2013, los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros referentes a las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E tendrán una validez de 5 años.
[…]
3.   La renovación del permiso de conducción a la expiración de su validez administrativa estará sujeta a las siguientes condiciones:
a)
el respeto continuado de las normas mínimas de aptitud física y mental para conducir que figuran en el anexo III para los permisos de conducción de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, y
[…]
Los Estados miembros podrán limitar el período de validez administrativa establecido en el apartado 2 para los permisos de conducción expedidos a conductores principiantes en cualquiera de las categorías a fin de aplicar medidas específicas a dichos conductores destinadas a mejorar la seguridad en carretera.
Los Estados miembros podrán limitar a 3 años el período de validez administrativa del primer permiso expedido a los conductores principiantes para las categorías C y D, para poder aplicar medidas específicas a estos conductores a fin de mejorar su seguridad en carretera.
Los Estados miembros podrán limitar el período de validez administrativa establecido en el apartado 2 para permisos de conducción concretos de cualquier categoría en caso de que se considere necesario aplicar una mayor frecuencia de revisiones médicas u otras medidas específicas tales como las restricciones para los infractores de las normas de tráfico.
[…]»
5.
El anexo III de la Directiva, titulado «Normas mínimas relativas a la aptitud física y mental para la conducción de vehículos de motor», dispone:
«DEFINICIONES
1.
Con arreglo al presente Anexo, los conductores se clasificarán en dos grupos:
1.1.
Grupo 1
conductores de vehículos de las categorías A, A1 A2, AM, B, B1 y BE.
1.2.
Grupo 2
conductores de vehículos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E.
[…]
RECONOCIMIENTO MÉDICO
[…]
4.
Grupo 2
Los candidatos deberán pasar un reconocimiento médico antes de la expedición inicial de un permiso; posteriormente, se comprobará que los conductores se ajustan a lo estipulado en el sistema nacional correspondiente en vigor en el Estado miembro de residencia normal cada vez que renueven su permiso de conducción.
5.
En el momento de la expedición de un permiso de conducción o de cualquier renovación posterior, los Estados miembros podrán exigir normas más rígidas que las mencionadas en el presente Anexo.
[…]
TRANSTORNOS MENTALES
Grupo 1
13.1.
No debe expedirse ni renovarse el permiso de conducción a ningún candidato o conductor:
—
que padezca trastornos mentales graves, congénitos o adquiridos por enfermedad, traumatismo o intervenciones de neurocirugía;
—
que padezca un retraso mental grave;
—
que padezca trastornos de conducta graves por senilidad o trastornos graves de la capacidad de raciocinio, de comportamiento y de adaptación relacionados con la personalidad,
excepto si la solicitud está acompañada de un dictamen médico autorizado y siempre que, si es necesario, se realicen revisiones médicas regulares.
Grupo 2
13.2.
Las autoridades médicas competentes tendrán en cuenta los riesgos o peligros adicionales relacionados con la conducción de vehículos incluidos en este grupo.
[…]»
B.
Derecho búlgaro
6.
El artículo 51, apartado 4, de la Zakon za balgarskite lichni dokumenti (Ley de Documentos de Identidad Búlgaros) dispone:
«La validez de los permisos de conducción de las clases С, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E y Т será de cinco años»
7.
El artículo 8, apartado 1, del Naredba no 36 ot 15.05.2006 za iziskvaniyata za psikhologicheska godnost i usloviyata i reda za provezhdane na psikhologicheskite izsledvaniya na kandidati za pridobivane na pravosposobnost za upravlenie na MPS, na vodachi na MPS i na predsedateli na izpitni komisii i za izdavane na udostovereniya za registratsiya za izvarshvane na psikhologicheski izsledvaniya (Reglamento n.o 36, de 15 de mayo de 2006, en que se establecen los requisitos de aptitud psicológica, las condiciones y el procedimiento para la realización de revisiones psicológicas a los candidatos al permiso de conducción, conductores y presidentes de comisiones examinadoras de conductores, así como para la expedición de certificados de inscripción relativos a la realización de revisiones psicológicas) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 36»), dispone:
«Al aceptar un empleo y al emprender una actividad como taxista o conductor en el transporte público de personas o mercancías o como presidente de una comisión examinadora de conductores, el interesado deberá presentar un certificado de aptitud psicológica.»
8.
El artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 36 prevé:
«El certificado de aptitud psicológica será válido durante un período de tres años desde su expedición […].»
9.
El artículo 8, apartado 4, de este Reglamento establece:
«Cada tres años desde la fecha de expedición del último certificado, las personas mencionadas en el apartado 1 se someterán a una revisión psicológica.»
10.
El artículo 13, apartado 1, del Naredba no 1‑157 ot 1.10.2002 za usloviyata i reda za izdavane na svidetelstvo za upravlenie na motorni prevozni sredstva, otcheta na vodachite i tyahnata distsiplina (Reglamento n.o 1‑157, de 1 de octubre de 2002, en que se establecen las condiciones y el procedimiento para la expedición de permisos de conducción, así como el registro de conductores y su régimen disciplinario) (en lo sucesivo «Reglamento n.o 1‑157»), tiene el siguiente tenor:
«La primera expedición del permiso de conducción se realizará sobre la base de un acta original del examen de conducción superado, remitida de oficio por el departamento regional correspondiente de la Darzhavna avtomobilna inspektsyia [(Inspección Estatal de Vehículos, Bulgaria)]; el interesado deberá presentar:
1. un formulario de solicitud, al que adjuntará los documentos establecidos en la Pravilnik za izdavane na balgarskite lichni dokumenti [(Circular relativa a la Expedición de Documentos de Identidad Búlgaros)];
[…]
3. un certificado de aptitud física del conductor/candidato al permiso de conducción, expedido por un médico de familia, por los comités médicos de los distritos de tráfico o por el Transportna Tsentralna lekarska [(Comité Médico Central de Tráfico, Bulgaria)];
4. una copia del certificado de aptitud psicológica para la expedición de un permiso de conducción de las clases C1, C, D1, D y Ttm (tranvías);
5. una copia del certificado que acredite haber completado un curso de primeros auxilios en accidentes de tráfico para conductores;
6. una declaración [del interesado] de no tener su residencia habitual en otro Estado miembro de la [Unión] ni estar en posesión de un permiso de conducción válido expedido por otro Estado miembro de la [Unión];
7. una copia del certificado de haber completado, al menos, el primer ciclo de la educación secundaria; en caso de formación en el extranjero, un certificado expedido con arreglo al artículo 110, apartado 2, del Naredba no 11 ot 1 septembri 2006 g. za otsenyavane na rezultatite ot obuchenieto na uchenitsite (Reglamento n.o 11, de 1 de septiembre de 2016, relativo a la Valoración de las Calificaciones Escolares) […]».
11.
El artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 1‑157 establece:
«Para la renovación [del permiso de conducción] con arreglo al apartado 1, el conductor deberá presentar la documentación mencionada en el artículo 13, apartado 1, puntos 1, 3 y 6, además del permiso antiguo.»
12.
Con arreglo al artículo 178c, apartado 5, de la Zakon za Dvizhenieto po patishtata (Ley de Transporte por Carretera), quien, sin disponer de un certificado válido de aptitud psicológica, efectúe transportes en taxi, transportes por cuenta propia o transportes públicos de personas o mercancías será sancionado con multa de 500 levas (BGN) (unos 255 euros).
13.
Según el artículo 35, punto 3, de las Dopalnitelnite razporedbi na Zakona za izmenenie i dopalnenie na Zakona za dvizhenieto po patishtata (Disposiciones Adicionales a la Ley de Modificación y Complemento de la Ley de Transporte por Carretera), la Ley de Transportes por Carretera transpone las exigencias de la Directiva 2006/126.
III. Hechos que originaron el litigio, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
14.
IL es titular de un permiso de conducción válido para vehículos de las clases A, A1, А2, АМ, В, В1, С, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E y TCT. Su permiso de conducción es válido del 28 de noviembre de 2019 al 28 de noviembre de 2024.
15.
El 4 de agosto de 2021, la autoridad de control le dio el alto para efectuar determinados controles cuando conducía un vehículo articulado compuesto de una cabeza tractora y un semirremolque con el que efectuaba un transporte público de mercancías. Las inspecciones practicadas revelaron que no estaba en posesión de un certificado de aptitud psicológica válido. El certificado más reciente le había sido expedido el 7 de octubre de 2017 y era válido hasta el 7 de diciembre de 2020.
16.
La autoridad inspectora levantó un acta de infracción administrativa por infracción del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 36, debido a que IL no había presentado un certificado de aptitud psicológica válido. A raíz de dicha acta, el 24 de agosto de 2021 el director de la Dirección Regional de Gestión de Automóviles de la Ciudad de Pleven dictó una resolución administrativa sancionadora por la que imponía a IL una multa de 500 BGN (unos 255 euros) por infracción del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 36, sobre la base del artículo 178c, apartado 5, de la Ley de Transporte por Carretera.
17.
IL recurrió la multa ante el Rayonen sad Sevlievo (Tribunal de Primera Instancia de Sevlievo, Bulgaria). Alegaba, en esencia, que el artículo 8 del Reglamento n.o 36 y la disposición sancionadora del artículo 178c, apartado 5, de la Ley de Transporte por Carretera son contrarios a las disposiciones de la Directiva 2006/126. Dicho órgano jurisdiccional, invocando el anexo III, punto 4, de dicha Directiva, declaró que los Estados miembros están facultados para imponer exigencias adicionales más estrictas en cuanto al plazo de las revisiones periódicas. Sobre la base de ese razonamiento, el Rayonen sad Sevlievo (Tribunal de Primera Instancia de Sevlievo) llegó a la conclusión de que no existía contradicción entre el Derecho nacional y el Derecho de la Unión y, mediante sentencia de 10 de diciembre de 2021, confirmó la resolución que había impuesto a IL la sanción administrativa.
18.
IL recurrió en casación ante el tribunal remitente, el Administrativen sad — Gabrovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Gabrovo), alegando que el tribunal de instancia había aplicado erróneamente la Directiva 2006/126.
19.
El órgano jurisdiccional remitente considera que las disposiciones de la Directiva 2006/126 son ambiguas y, en cierta medida, contradictorias. Por una parte, señala que, de conformidad con el considerando 9 de dicha Directiva, la prueba de que los conductores de vehículos de transporte de personas o mercancías que cumplen las normas mínimas relativas a la aptitud física y mental para la conducción debe aportarse cuando se expida el permiso de conducción y, posteriormente, con regularidad. Dicho considerando recomienda expresamente que las revisiones médicas a este respecto coincidan con la renovación del permiso de conducción y, por tanto, estén determinadas por el período de validez del permiso. Por otra parte, el tribunal remitente precisa que el punto 4 del anexo III de la Directiva 2006/126 permite a los Estados miembros establecer, en su normativa nacional, la periodicidad de los reconocimientos médicos que consideren oportuna para los conductores de vehículos del grupo 2 (categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E) y que esta periodicidad puede no coincidir con el período de validez del permiso de conducción.
20.
A la luz de lo anterior, el tribunal remitente se pregunta si, de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2006/126, los Estados miembros están facultados para obligar a los conductores de dichas categorías a someterse a reconocimientos médicos para determinar su aptitud psíquica y mental a intervalos más breves que el período de validez del permiso de conducción y a exigir un documento aparte, distinto del permiso de conducción, que acredite dicha aptitud, o si estar en posesión de un permiso de conducción válido de dichas categorías es suficiente para acreditar la aptitud, que ya se demostró cuando se expidió o renovó el permiso de conducción.
21.
El órgano jurisdiccional remitente indica que también se planteó ante él la cuestión de si la sanción prevista por la normativa búlgara para un conductor cuyo permiso de conducción de las categorías C, CE, Cl, C1E, D, DE, D1, D1E y Tkt es válido, pero que no puede presentar a las autoridades de control un certificado de aptitud psicológica, por haber caducado este, es contraria al período administrativo sincronizado de validez de los permisos de conducción y de los reconocimientos médicos de aptitud física y mental prevista en la Directiva 2006/126, o si la aplicación de las normas nacionales por la autoridad sancionadora da lugar a una infracción del Derecho de la Unión.
22.
En tales circunstancias, el Administrativen sad — Gabrovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Gabrovo) resolvió suspender el procedimiento y someter al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Permiten las disposiciones de la Directiva 2006/126 a los Estados miembros exigir a los conductores de vehículos de las clases C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E que se sometan a revisiones médicas para determinar su aptitud psíquica y mental a intervalos más breves que la duración de la validez del permiso de conducción y que, a este respecto, se les obligue a presentar otro documento (aparte del permiso de conducción) que acredite su aptitud? ¿Acredita, por el contrario, la posesión de un permiso válido de conducción de las mencionadas clases la aptitud psíquica y mental del conductor por haber sido esta comprobada ya en el momento de la expedición o renovación del permiso de conducción?
2)
¿Permiten el artículo 7, apartado 1, y los considerandos 8 y 9 de la Directiva 2006/126 una normativa nacional, como la controvertida en el presente litigio, que establece requisitos adicionales, que van más allá de las exigencias mínimas para el examen del permiso de conducción (anexo II de la Directiva 2006/126) y de las normas mínimas relativas a la aptitud física y mental (anexo III de la Directiva 2006/126), con los que se pretende determinar la aptitud psicológica de los conductores que transportan pasajeros o mercancías?
3)
Si la respuesta a la [segunda] cuestión es afirmativa, ¿están sometidos los mencionados requisitos al régimen establecido por la Directiva 2006/126 (en particular por el considerando 9, cuarta frase, y el artículo 7, apartado 3) en materia de sincronización del período de validez administrativa de los permisos de conducción y de los reconocimientos médicos en el contexto de la aplicación de las normas mínimas relativas a la aptitud física y mental?»
IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
23.
La resolución de remisión, de fecha 22 de marzo de 2022, se recibió en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 31 de marzo de 2022.
24.
Mediante resolución de 27 de mayo de 2022, inscrita en la Secretaría el 30 de mayo de 2022, el tribunal remitente envió un complemento a su resolución de remisión.
25.
IL, el Gobierno búlgaro y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas en el plazo señalado en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
26.
De conformidad con el artículo 61, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, el 14 de febrero de 2023, el Tribunal de Justicia invitó al Gobierno búlgaro a responder por escrito a una pregunta. La respuesta a dicha pregunta se presentó dentro del plazo señalado.
27.
En la vista de 3 de mayo de 2023, el abogado de IL y los agentes del Gobierno búlgaro y de la Comisión formularon observaciones.
V. Análisis jurídico
A.
Observaciones preliminares
28.
Las normas en materia de permisos de conducción son un elemento esencial de la política común de transportes, que contribuyen a mejorar la seguridad de la circulación vial y facilitan la libre circulación de personas. El Tribunal de Justica ha señalado en su jurisprudencia que la posesión de un permiso de conducción debidamente reconocido por el Estado de acogida puede tener una incidencia sobre el ejercicio efectivo, por parte de las personas sujetas al Derecho de la Unión, de un gran número de actividades profesionales, por cuenta ajena o por cuenta propia. (
3
) El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que el titular de un permiso de conducción puede utilizarlo para acreditar su nacionalidad ante las autoridades del Estado de acogida como si se tratara de un documento equivalente a un documento de identidad o un pasaporte válido. (
4
) Es importante destacar este aspecto, ya que estar en posesión de dichos documentos es un requisito formal, establecido en la legislación, para poder ejercer el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Visto así, puede afirmarse que el permiso de conducción contribuye al pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos de la Unión en el mercado interior.
29.
A pesar de los progresos realizados en la armonización de las normas sobre permisos de conducción, subsisten diferencias significativas entre los Estados miembros en lo que respecta a las disposiciones relativas a la frecuencia de renovación de los permisos y a las subcategorías de vehículos, lo que ha hecho necesario avanzar hacia una mayor armonización para contribuir a la aplicación de las políticas de la Unión. Este es el objetivo que el legislador de la UE se propuso con la adopción de la Directiva 2006/126. Es comprensible, por tanto, que las medidas nacionales que parecen desviarse de las establecidas en esta Directiva sean objeto de un examen más detenido. Esta apreciación es particularmente cierta en el caso de los requisitos relativos a la expedición del permiso de conducción, sin que sea óbice para ello la facultad reconocida a los Estados miembros de imponer en determinados casos requisitos más estrictos.
30.
Como he indicado en la introducción, el tribunal remitente desea saber, en esencia, cuáles son los requisitos impuestos por la Directiva 2006/126 y si el certificado de aptitud psicológica exigido por la legislación búlgara es acorde con los mecanismos previstos por dicha Directiva o si, por el contrario, debe considerarse un obstáculo injustificado a la libre circulación de las personas y, por tanto, una medida incompatible con uno de los objetivos legislativos antes mencionados. (
5
) Dependerá fundamentalmente de la función que se atribuya al documento. La segunda cuestión, planteada con posterioridad por el órgano jurisdiccional remitente, parece aportar algunas precisiones a la primera, mientras que la tercera cuestión solo se plantea para el caso de que el Tribunal de Justicia responda en sentido afirmativo a la segunda. Considero lógico examinar las preguntas en el orden en que fueron formuladas.
B.
Sobre la primera cuestión prejudicial
31.
Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente solicita que se dilucide si las disposiciones del Derecho de la Unión, en particular la Directiva 2006/126, confieren a los Estados miembros la facultad de obligar a los conductores de vehículos de las clases C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E a someterse a reconocimientos médicos para determinar su aptitud psíquica y mental a intervalos más breves que la duración de la validez del permiso de conducción y de exigir a este respecto otro documento, que acredite su aptitud, o confirmar que la posesión de un permiso de conducción acredita también la aptitud psíquica y mental del conductor, puesto que esta se comprobó ya al expedir o renovar dicho permiso.
32.
Para examinar esta cuestión, debe dilucidarse en primer lugar si la Directiva 2006/126 es aplicable al requisito de aptitud psicológica establecido en la legislación búlgara. Solo una vez aclarado este punto será necesario, en un segundo momento, determinar a qué exigencias debe ajustarse la legislación búlgara en cuestión.
1. Aplicabilidad ratione materiae de la Directiva 2006/126
a) Reconocimientos médicos para determinar la aptitud física y mental para conducir vehículos de motor
33.
Según el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2006/126, el permiso de conducción autoriza a conducir vehículos de motor de las categorías que se definen en la propia Directiva. En otras palabras, es necesario que el conductor esté en posesión de un permiso de conducción de la categoría correspondiente para ejercer actividades profesionales en el ámbito del transporte de personas y mercancías por carretera.
34.
En virtud del artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/126, el permiso de conducción solo se expide a los candidatos que hayan aprobado una prueba de control de aptitud y comportamiento y una prueba de control de conocimientos y que cumplan, además, las normas mínimas de aptitud física y mental que figuran en el anexo III de la Directiva. Además, el artículo 7, apartado 3, letra a), de la Directiva exige que la renovación del permiso de conducción esté supeditada al cumplimiento de las normas mínimas de aptitud física y mental para los titulares de permisos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E.
35.
De la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Directiva 2006/126 se desprende que la aptitud mental de los titulares de permisos de conducción de vehículos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E y, en particular, de las personas que trabajan como conductores profesionales ya ha sido evaluada y acreditada en el momento de la expedición y renovación de dichos permisos. En vista de ello, resulta extraño exigir a los titulares de un permiso de conducción válido que estén, además, en posesión de otro certificado distinto de aptitud mental.
36.
La exigencia de estar en posesión de dicho certificado constituye una restricción adicional, dado que los objetivos de estos certificados ya están cubiertos por los reconocimientos médicos relativos a la salud mental exigidos por la Directiva 2006/126. En efecto, la necesidad de cumplir los imperativos de seguridad de la circulación vial, la libre circulación de personas, la necesidad de evitar falseamientos de la competencia y la responsabilidad concreta de los conductores —todos ellos objetivos mencionados en los considerandos 8 y 9 de la Directiva 2006/126 que justifican la necesidad de demostrar que se cumplían las normas mínimas de aptitud mental en el momento de expedir un permiso de conducción— ya están protegidos de manera armonizada en virtud del artículo 7, apartados 1 y 3, y del anexo III de esta Directiva.
37.
No hay ninguna razón objetiva para suponer que la actividad de conductor profesional plantee problemas específicos de seguridad vial que no estén ya cubiertos por la prueba de aptitud mental prevista en la Directiva 2006/126. A este respecto, debe señalarse que, en su mayor parte, los titulares de los permisos de conducción de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E obtienen dichos permisos precisamente para ejercer una actividad de conductor profesional. Dado que la Directiva 2006/126 establece también normas mínimas sobre la aptitud mental de los conductores de vehículos de las mencionadas categorías, es evidente que estos requisitos también comprenden las normas que los conductores deben cumplir en el aspecto mental para llevar a cabo sus actividades profesionales
38.
Tampoco puede mantenerse que la armonización efectuada por la Directiva 2006/126 deje margen para introducir requisitos relativos a la «aptitud psicológica» que no estén comprendidos en la categoría de la aptitud mental. La salud mental y, por consiguiente, la aptitud mental incluye en definitiva el bienestar emocional, psicológico y social y, por tanto, los conceptos de «salud psíquica» y «aptitud psíquica».
39.
La Directiva 2006/126 tiene por objeto armonizar las normas mínimas relativas a la aptitud mental y específica, en los puntos 13.1 y 13.2 de su anexo III, los trastornos mentales que deben tenerse en cuenta a este respecto. Más en concreto, el punto 13.1 se refiere específicamente a «trastornos mentales graves […], traumatismo», pudiendo interpretarse el término «traumatismo» en sentido amplio, que comprende, en particular, un episodio agudo o crónico de carácter emocional, psicológico o social. Esto demuestra, por una parte, que la «aptitud psicológica» es un elemento que puede estar comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva como parte de la «aptitud mental» y, por otra, que el legislador de la Unión ya ha evaluado en qué medida deben tenerse en cuenta los trastornos mentales a efectos de la expedición de permisos de conducción.
b) Normativa búlgara sobre el examen de aptitud psicológica
40.
Los argumentos expuestos por el Gobierno búlgaro no invalidan esta conclusión, como paso a explicar acto seguido.
41.
En primer lugar, el Gobierno búlgaro alega que la «aptitud psicológica» en el sentido de la normativa nacional no debe entenderse como «salud mental» y ausencia de trastorno o enfermedad mental, sino como aptitud para ejercer una profesión o actividad. Según el Gobierno búlgaro, los exámenes psicológicos no son reconocimientos médicos. Se trata de un procedimiento distinto y de un tipo de evaluación por entero diferente. Más en concreto, es un procedimiento de selección profesional, llevado a cabo según criterios puramente psicológicos y no médicos, por psicólogos, que utilizan métodos de psicología experimental y diferencial.
42.
No obstante, debe señalarse que el Gobierno búlgaro admite que la finalidad de la normativa búlgara «es comprobar la aptitud psicológica para conducir vehículos de motor sin riesgo de causar accidentes de tráfico, en relación con las cualidades psicológicas relevantes en el plano profesional». Por consiguiente, el examen de aptitud psicológica también parece tener por objeto acreditar el bienestar emocional, psicológico y social del interesado, exigencia indispensable para poder conducir un vehículo de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E. Puesto que ambos tipos de examen están intrínsecamente relacionados con la conducción de un vehículo concreto, su finalidad es garantizar la seguridad vial. Desde este punto de vista, no parece que nada esencial distinga el tipo de prueba de aptitud psicológica que exige la normativa búlgara de la prueba prevista en la Directiva 2006/126.
43.
En segundo lugar, el Gobierno búlgaro alega que la normativa nacional controvertida ya estaba en vigor antes de que se adoptara esta Directiva. Si bien el Gobierno búlgaro explica que la normativa nacional controvertida «no hace referencia alguna a la Directiva 2006/126», no indica si las autoridades búlgaras llevaron a cabo un examen de compatibilidad, cuando se transpuso la Directiva al Derecho interno, para determinar si la normativa controvertida está comprendida en los mecanismos previstos por aquella. A falta de tal examen de compatibilidad, subsisten dudas a este respecto.
44.
En tercer lugar, he de señalar una cierta incoherencia en la argumentación del Gobierno búlgaro, ya que, por una parte, explica que, en el examen psicológico previsto por la normativa nacional, «los conductores profesionales deben presentar un permiso de conducción válido, lo que presupone implícitamente el cumplimiento de todos los requisitos básicos, incluidas las normas mínimas de aptitud física y mental para conducir». Por otra parte, el Gobierno búlgaro insiste en la necesidad de una evaluación psicológica para obtener un pronóstico sobre el comportamiento futuro de la persona al volante y el riesgo de que cause accidentes.
45.
El argumento expuesto por el Gobierno búlgaro para apoyar la afirmación de que la prueba de aptitud psicológica sujeta a la legislación nacional es significativamente diferente de la prueba de aptitud mental prevista en la Directiva 2006/126 no me parece convincente, ya que es indudable que existe un solapamiento de funciones entre los dos tipos de documentos (el permiso de conducción y el certificado de aptitud psicológica) y, en consecuencia, un riesgo de confusión en cuanto a su utilidad práctica. Pues bien, esta circunstancia compromete de forma significativa la función del permiso de conducción como documento que acredita la aptitud para conducir un vehículo de motor. En efecto, como confirmó el Gobierno búlgaro en la vista, en el territorio de la República de Bulgaria se exige estar en posesión de ambos documentos, mientras que para estar autorizado a conducir un vehículo de motor en todo el territorio de la Unión debería bastar únicamente con el permiso de conducción.
46.
Por tanto, puesto que la normativa búlgara controvertida regula, en sustancia, aspectos que ya son objeto de una armonización mínima, debe considerarse que dicha normativa está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2006/126. Habida cuenta de que esta Directiva armoniza las normas mínimas de aptitud mental para conducir vehículos de la categoría antes mencionada, no veo ninguna razón objetiva que justifique imponer requisitos adicionales cuando la conducción constituye una actividad profesional.
47.
Como explicaré más detenidamente, considero que el artículo 7, apartados 1 y 3, y el anexo III de la Directiva 2006/126 no permiten adoptar medidas nacionales que exigen a los conductores que prestan determinados servicios de transporte estar también en posesión de un certificado complementario y distinto de aptitud mental, toda vez que la posesión de un permiso de conducción válido ya acredita la aptitud mental del conductor.
2. Exigencias que la Directiva 2006/126 impone a las legislaciones nacionales
a) Posibilidad de exigir una prueba adicional de aptitud psíquica y mental con ocasión de la renovación del permiso de conducción
48.
La aptitud psíquica y mental del conductor se comprueba normalmente cuando se expide el permiso de conducción. Sin embargo, ha de examinarse la cuestión de si los Estados miembros pueden exigir una prueba de aptitud psíquica y mental adicional en un momento posterior, en concreto al renovar el permiso de conducción.
49.
A este respecto, procede señalar que el anexo III, punto 4, de la Directiva 2006/126 establece (en la versión en lengua francesa) que «les candidats doivent faire l’objet d’un examen médical avant la délivrance initiale d’un permis et [que], par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l’État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire» (en la versión en lengua española: «los candidatos deberán pasar un reconocimiento médico antes de la expedición inicial de un permiso; posteriormente, se comprobará que los conductores se ajustan a lo estipulado en el sistema nacional correspondiente en vigor en el Estado miembro de residencia normal cada vez que renueven su permiso de conducción»). Un análisis comparativo de las distintas versiones lingüísticas lleva a la conclusión de que esta frase debe interpretarse en el sentido de que el examen en cuestión debe realizarse cuando se renueva el permiso de conducción. (
6
)
50.
Cabe señalar que la versión en lengua búlgara de esta disposición no coincide por entero con las demás versiones lingüísticas de la Directiva 2006/126, ya que falta la última frase. Sin embargo, esta omisión no puede dar lugar a una interpretación diferente del Derecho de la Unión. Según reiterada jurisprudencia, la necesidad de aplicar y, por tanto, de interpretar uniformemente un acto de la Unión excluye la posibilidad que considerarlo aisladamente en una de sus versiones y exige, por el contrario, que sea interpretado en función tanto de la voluntad real de su autor como del objetivo perseguido por este, tomando en consideración, en particular, las versiones redactadas en todas las lenguas. (
7
)
51.
Por consiguiente, a pesar de la omisión de dicha frase en el texto búlgaro de esta disposición, de las demás versiones lingüísticas de la Directiva 2006/126 se desprende claramente que el legislador de la Unión pretende que los reconocimientos médicos coincidan con la renovación del permiso de conducción. Como señaló acertadamente el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial, la cuarta frase del considerando 9 de la Directiva corrobora esta interpretación cuando establece expresamente que «dichas revisiones deben coincidir con la renovación del permiso de conducción y estar, por lo tanto, determinadas por la duración del período de validez del permiso».
52.
No existe, por consiguiente, contradicción entre el considerando 9 y el punto 4 del anexo III de la Directiva 2006/126, ya que ambas disposiciones se refieren a la necesidad de que los reconocimientos médicos coincidan con la renovación de los permisos de conducción.
b) Posibilidad de exigir una prueba adicional de aptitud psíquica y mental a intervalos más breves que el período de validez del permiso de conducción
53.
A continuación, es necesario examinar si esta circunstancia se opone a que los Estados miembros exijan pruebas adicionales de aptitud psíquica y mental a intervalos más breves que el período de validez del permiso de conducción. (
8
)
54.
A este respecto, es necesario distinguir entre las diferentes categorías de vehículos. De conformidad con el artículo 7, apartado 2, letra b), de la Directiva 2006/126, los permisos expedidos por los Estados miembros para las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E, que constituyen el punto central del presente asunto, tienen una validez de cinco años.
55.
Como he señalado en las presentes conclusiones, el punto 4 del anexo III de la Directiva 2006/126 establece que «los candidatos deberán pasar un reconocimiento médico antes de la expedición inicial de un permiso; posteriormente, se comprobará que los conductores se ajustan a lo estipulado en el sistema nacional correspondiente en vigor […] cada vez que renueven su permiso de conducción». Partiendo del postulado de que el tenor literal de una disposición es el punto de partida de cualquier interpretación, ha de reconocerse que una lectura combinada de las disposiciones mencionadas no deja, a mi juicio, ningún margen de interpretación. Las disposiciones en cuestión no mencionan la posibilidad de que los Estados miembros establezcan intervalos más breves entre los reconocimientos médicos de los conductores del grupo 2.
56.
Si bien el punto 5 del anexo III de la Directiva 2006/126 dispone que «en el momento de la expedición de un permiso de conducción o de cualquier renovación posterior, los Estados miembros podrán exigir normas más rígidas que las mencionadas en el presente Anexo» (el subrayado es mío), debe precisarse que esta disposición se refiere a la posibilidad de imponer normas que vayan más allá de las «normas mínimas relativas a la aptitud física y mental para la conducción de vehículos de motor», establecidas en dicho anexo. En otras palabras, el propio título del anexo revela qué aspectos son objeto de la armonización mínima que lleva a cabo la Directiva 2006/126. Se trata de las normas relativas a la aptitud física y mental. (
9
)
57.
Por consiguiente, los Estados miembros pueden determinar la forma en que deben realizarse los reconocimientos médicos y ser más estrictos en lo que respecta a la aptitud mental de los conductores del grupo 2, con el fin de tener en cuenta las necesidades específicas de seguridad de esa categoría de vehículos. En cambio, no es posible fijar unilateralmente un período de validez del permiso de conducción distinto del establecido en el artículo 7, apartado, 2, letra b), de la Directiva 2006/126 para exigir la prueba de aptitudes psíquicas y mentales adicionales.
58.
Aunque el artículo 7, apartado 3, quinto párrafo, de la Directiva 2006/126 autoriza excepcionalmente a los Estados miembros a limitar el período de validez administrativa del permiso de conducción en circunstancias concretas para cualquier categoría «en caso de que se considere necesario aplicar una mayor frecuencia de revisiones médicas» a fin de garantizar la seguridad vial, conviene poner de relieve que esta disposición confirma el principio, ya mencionado, de que los reconocimientos médicos deben coincidir con la renovación del permiso de conducción y, por tanto, estar determinados por el período de validez de este permiso.
59.
De lo anterior se desprende que los Estados miembros no están facultados para exigir pruebas de aptitud psíquica y mental adicionales a intervalos más breves que el período de validez del permiso de conducción.
c) Posibilidad de exigir otro documento (distinto del permiso de conducción) que acredite la aptitud psíquica y mental
60.
Las conclusiones del análisis anterior permiten responder a la cuestión de si los Estados miembros están autorizados para exigir otro documento (distinto del permiso de conducción) que acredite la aptitud psíquica y mental.
61.
En primer lugar, como he explicado en las presentes conclusiones, los objetivos del certificado de aptitud mental que exige la normativa búlgara ya están cubiertos por los reconocimientos médicos de salud mental previstos por la Directiva 2006/126. Por consiguiente, el permiso de conducción, tal como está regulado por dicha Directiva, tiene el valor probatorio necesario para acreditar la aptitud psíquica y mental para conducir un vehículo de motor de la categoría correspondiente.
62.
En segundo lugar, he indicado que la Directiva 2006/126 exige que los reconocimientos médicos se efectúen antes de la primera expedición del permiso de conducción. Por tanto, no cabe, a mi juicio, expedir un documento como el certificado de aptitud psicológica en un momento distinto del que establece dicha Directiva.
63.
En tercer lugar, debe señalarse que, si bien la Directiva 2006/126 solo establece una armonización mínima de las disposiciones nacionales relativas a los requisitos que deben cumplirse para que pueda expedirse un permiso de conducción, lleva a cabo una armonización exhaustiva de los documentos que acreditan la existencia de un derecho a conducir y que deben ser reconocidos por los Estados miembros con arreglo al artículo 2, apartado 1, de esta. (
10
) Esta circunstancia excluye lógicamente que el permiso de conducción pueda coexistir con ningún otro documento nacional que cumpla la misma función.
64.
A la luz de las consideraciones anteriores, parece innecesario exigir a los conductores que presenten un documento aparte que acredite su aptitud psíquica y mental. Es más, no cabe excluir, a mi modo de ver, que la exigencia de estar en posesión de dicho certificado se convierta en una carga administrativa adicional, que podría ser un obstáculo injustificado y, por tanto, afectar a la libre circulación de personas, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. La existencia de tal obstáculo es manifiesta cuando el procedimiento administrativo exige el pago de una tasa adicional, (
11
) como sucede en el caso de autos, según confirmó el Gobierno búlgaro en la vista en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia.
3. Respuesta a la primera cuestión prejudicial
65.
A la luz de las consideraciones anteriores, propongo que se responda a la primera cuestión prejudicial que el artículo 7, apartados 1 y 3, y el anexo III de la Directiva 2006/126 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro obligue al titular de un permiso de conducción válido para las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E a someterse a un reconocimiento médico para determinar su aptitud mental a intervalos más breves que el período de validez de su permiso de conducción y a que exija a este respecto otro documento, además del permiso de conducción, que acredite su aptitud mental.
C.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
1. Facultad de los Estados miembros de adoptar medidas más estrictas
66.
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2006/126 es compatible con una normativa nacional que establece requisitos adicionales —además de los requisitos mínimos de los exámenes de conducción (anexo II de la Directiva) y de las normas mínimas relativas a la aptitud física y mental para conducir vehículos de motor (anexo III de la Directiva)— con el fin de acreditar la aptitud psicológica de los conductores de vehículos destinados al transporte de personas o de mercancías.
67.
De entrada, debe observarse que la fundamentación de las razones que llevaron al órgano jurisdiccional remitente a formular las dos cuestiones complementarias es muy breve, lo que dificulta su comprensión. Sin embargo, es evidente que la finalidad de la segunda cuestión es reformular y aclarar la primera. Parece, por tanto, que el órgano jurisdiccional remitente desea obtener información sobre la naturaleza de los exámenes que un Estado miembro puede introducir en su legislación nacional, como sucede en el asunto principal. Sobre la base de esta información, el tribunal remitente podrá apreciar si la normativa nacional es conforme con las disposiciones de la Directiva 2006/126. El hecho de que ese órgano jurisdiccional declare expresamente que la normativa búlgara controvertida establece «requisitos adicionales» a los previstos por dicha Directiva es, a mi juicio, un dato importante que debe tenerse en cuenta al examinar esta cuestión.
68.
Como he indicado anteriormente, según el artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/126 el permiso de conducción solo se expide a los solicitantes que hayan aprobado una prueba de control de aptitudes y comportamientos y una prueba de control de conocimientos y que cumplan determinadas normas médicas, de conformidad con lo dispuesto en los anexos II y III de esa Directiva. El artículo 7, apartado 3, letra a), de la misma Directiva exige que la renovación del permiso de conducción esté supeditada al respeto continuado de las normas mínimas de aptitud física y mental para conducir que figuran en el anexo III de dicha Directiva.
69.
Dado que las disposiciones que figuran en los anexos II y III de la Directiva 2006/126 imponen obligaciones a los Estados miembros, considero necesario examinarlas detenidamente. El anexo II contiene los requisitos mínimos que deben cumplir los exámenes de conducción para garantizar que los candidatos poseen los conocimientos, las aptitudes y el comportamiento necesarios para conducir. El examen establecido a este respecto ha de incluir una prueba de control de conocimientos y una prueba de control de aptitudes y comportamiento.
70.
El anexo III de la Directiva 2006/126 establece las normas mínimas de aptitud física y mental. La sección sobre «trastornos mentales», puntos 13.1 y 13.2, define las normas mínimas relativas a la aptitud mental para conducir un vehículo de motor. El punto 13.1 especifica las circunstancias en las que no debe expedirse ni renovarse un permiso de conducción a los candidatos o conductores del grupo 1, es decir, en caso de trastorno mental grave, retraso mental grave, trastornos graves de la capacidad de raciocinio, de comportamiento y de adaptación relacionados con la personalidad. Solo puede expedirse o renovarse el permiso de conducción a estos candidatos o conductores «si la solicitud está acompañada de un dictamen médico autorizado y siempre que, si es necesario, se realicen revisiones médicas regulares».
71.
Por lo que respecta a los conductores del grupo 2, que son objeto de la petición de decisión prejudicial, el punto 13.2 de dicho anexo III completa la disposición del punto 13.1 y permite a las autoridades médicas competentes de los Estados miembros tener cuenta los riesgos o peligros adicionales relacionados con la conducción de los vehículos incluidos en este grupo.
72.
A la luz de lo anterior, cabe afirmar que la Directiva 2006/126 no impide a los Estados miembros introducir requisitos más estrictos para las pruebas de aptitud mental de los conductores de vehículos de las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E únicamente para los conductores del grupo 2, en la medida en que tales requisitos más estrictos sean necesarios para acreditar la ausencia de trastorno mental habida cuenta de los riesgos y peligros adicionales asociados a la conducción de dichas categorías de vehículos.
73.
En efecto, del punto 4 de dicho anexo III se desprende claramente que los conductores del grupo 2 están sujetos a los reconocimientos médicos periódicos previstos por la legislación nacional con ocasión de la renovación de su permiso de conducción. Sin embargo, lo más importante es el hecho de que el punto 5 del mismo anexo III disponga expresamente que las normas establecidas por los Estados miembros para la expedición o renovación posterior de un permiso de conducción pueden ser más rígidas que las mencionadas en el anexo.
74.
Por consiguiente, a la hora de determinar los reconocimientos médicos a los que deben someterse los conductores del grupo 2, los Estados miembros pueden exigir requisitos más estrictos para los conductores del grupo 2 que para los del grupo 1, con el fin de detectar posibles «trastornos mentales», como los que menciona el punto 13.2 del anexo III de la Directiva 2006/126. El objetivo de este planteamiento es adaptar los reconocimientos médicos dirigidos a acreditar la aptitud mental de los conductores a las necesidades específicas de seguridad de esta categoría de vehículos.
2. Límites que el Derecho de la Unión impone a las facultades de los Estados miembros
75.
Sería erróneo, no obstante, deducir de ello que la Directiva 2006/126 confiere una facultad ilimitada a los Estados miembros. Por el contrario, las medidas adoptadas por los Estados miembros deben ser coherentes con los objetivos de la Directiva. Una lectura combinada del artículo 7 y del anexo III de esta Directiva permite deducir que queda excluida, en particular, la imposición de requisitos adicionales arbitrarios distintos de los reconocimientos médicos previstos en la mencionada Directiva para acreditar la aptitud para conducir un vehículo de motor.
76.
Los Estados miembros tampoco pueden establecer nuevas categorías de requisitos distintas de las que figuran en los anexos II y III de la Directiva 2006/126, ya que si lo hicieran pondrían en peligro el objetivo de armonización de la Directiva. La segunda frase del considerando 8 indica expresamente que «hay que proceder a una armonización de las normas relativas a los exámenes que deben realizar los conductores y a la concesión del permiso de conducción». Ahora bien, si establecieran nuevos requisitos de aptitud mental, los Estados miembros irían precisamente en contra de este objetivo.
77.
Del mismo modo, es necesario tener presente que, si imponen requisitos que van más allá de una armonización mínima, los Estados miembros están obligados a atenerse a los principios generales del Derecho de la Unión, incluidos los derechos y libertades fundamentales del mercado interior. (
12
) Por consiguiente, si las autoridades nacionales deciden introducir un examen más estricto con el fin de garantizar la ausencia de trastornos mentales que puedan suponer un riesgo para la seguridad vial, deben asegurarse de que cualquier restricción a la libre circulación de personas resultante esté debidamente justificada y sea conforme con el principio de proporcionalidad. (
13
)
78.
A este respecto, procede señalar que, en el caso de autos, el Gobierno búlgaro parte de la premisa de que el test psicológico establecido en su normativa nacional difiere significativamente del control de aptitud mental previsto en la Directiva 2006/126, sin aportar, no obstante, prueba alguna de que esta afirmación sea cierta ni de que el test psicológico de que se trata aporte efectivamente un valor añadido para la seguridad en carretera. Además, debe señalarse que el Gobierno búlgaro no se ha pronunciado sobre la afirmación que hizo la Comisión en la vista en el sentido de que el Derecho de la Unión ya contiene una regulación suficiente, concretamente en el ámbito del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, para tener en cuenta las exigencias de seguridad relativas al transporte de mercancías y de pasajeros. (
14
) Por estas razones, la carga administrativa adicional que supondría para los conductores tener que estar en posesión un certificado de aptitud psicológica me parece, sin perjuicio de las comprobaciones que debe realizar el órgano jurisdiccional remitente, difícilmente justificable.
79.
Además, aun suponiendo que el test psicológico exigido en la normativa nacional búlgara fuera de hecho significativamente diferente del control de aptitud mental previsto en la Directiva 2006/126, cuestión que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente, dudo que la introducción de un test psicológico, destinado a obtener un pronóstico sobre el comportamiento futuro del interesado en carretera y sobre el riesgo de que cause accidentes y que no se basa en las exigencias de la Directiva 2006/126, pueda considerarse conforme con el Derecho de la Unión. En efecto, la finalidad del test psicológico de que se trata es crear una nueva categoría de requisitos y de exámenes que no son reconocimientos médicos dirigidos a comprobar la inexistencia de trastornos mentales que puedan representar un peligro para la seguridad vial, que es precisamente lo que excluye la Directiva 2006/126.
3. Respuesta a la segunda cuestión prejudicial
80.
Por las razones expuestas, propongo que se responda a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 7, apartados 1 y 3, y el anexo III de la Directiva 2006/126 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una normativa nacional introduzca nuevas categorías de requisitos adicionales, además de las normas mínimas relativas a la aptitud mental establecidas en el anexo III, para acreditar la aptitud psicológica de los conductores de vehículos de motor destinados al transporte de personas y de mercancías.
D.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
81.
Mediante su tercera cuestión prejudicial, el tribunal remitente solicita que se dilucide si los requisitos adicionales autorizados por la Directiva 2006/126 deben tener la misma periodicidad que el período de validez de los permisos de conducción. Esta cuestión parece solaparse con la primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente y ya ha sido respondida en cuanto al fondo al examinar las cuestiones primera y segunda.
82.
El análisis de estas cuestiones ha puesto de manifiesto que cualquier requisito más estricto que se introduzca en el plano nacional —respetando los objetivos de la Directiva 2006/126 y el principio de proporcionalidad— (
15
) en relación con la aptitud física y mental de los conductores de vehículos destinados al transporte de viajeros y mercancías debe acompasarse con la validez administrativa de los permisos de conducción y con los reconocimientos médicos que se efectúen al expedirlos o renovarlos. (
16
)
83.
Habida cuenta del análisis detenido realizado en las presentes conclusiones y de las respuestas que propongo dar a las dos primeras cuestiones prejudiciales, no considero necesario dar una respuesta específica por separado a la tercera cuestión.
VI. Conclusión
84.
En virtud de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Administrativen sad — Gabrovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Gabrovo, Bulgaria):
«1)
El artículo 7, apartados 1 y 3, y el anexo III de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción,
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a que un Estado miembro obligue al titular de un permiso de conducción válido para las categorías C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 y D1E a someterse a un reconocimiento médico para determinar su aptitud mental a intervalos más breves que el período de validez de su permiso de conducción y a que exija a este respecto otro documento, además del permiso de conducción, que acredite su aptitud mental.
2)
El artículo 7, apartados 1 y 3, y el anexo III de la Directiva 2006/126
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a que una normativa nacional introduzca nuevas categorías de requisitos adicionales, además de las normas mínimas relativas a la aptitud mental establecidas en el anexo III, para acreditar la aptitud psicológica de los conductores de vehículos de motor destinados al transporte de personas y de mercancías. No obstante, ello no es óbice para que los Estados miembros adopten medidas más estrictas en lo que respecta a los reconocimientos médicos previstos en esta Directiva.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	DO 2006, L 403, p. 18; corrección de errores en DO 2016, L 74, p. 50.
(
3
)	Véase la sentencia de 29 de abril de 2004, Kapper (C‑476/01, EU:C:2004:261), apartado 71.
(
4
)	Véase la sentencia de 17 de febrero de 2005, Oulane (C‑215/03, EU:C:2005:95), apartados 28 a 35.
(
5
)	Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la armonización mínima no impide que los Estados miembros mantengan o adopten medidas más estrictas, siempre que estas no puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva de que se trate y que sean conformes con el Tratado FUE. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha indicado que tales medidas pueden estar justificadas, pese a su efecto restrictivo, siempre que respondan a una razón imperiosa de interés general, que sean adecuadas para garantizar que se alcance el objetivo que persiguen y que no vayan más allá de lo necesario para lograrlo (véase la sentencia de 7 de julio de 2016, Muladi, C‑447/15, EU:C:2016:533, apartados 43 y 44).
(
6
)	Véanse las versiones en lengua española («cada vez que renueven su permiso de conducción»); danesa («ved hver fornyelse af kørekortet»); alemana («bei jeder Erneuerung ihrer Fahrerlaubnis»); estonia («igal juhiloa uuendamisel»); inglesa («whenever their driving license is renewed»); italiana («in occasione del rinnovo della patente»); neerlandesa («bij elke verlenging van het rijbewijs»); polaca («przy okazji przedłużania ważności prawa jazdy») y portuguesa («sempre que a carta de condução seja renovada»).
(
7
)	Véanse las sentencias de 12 de diciembre de 2013, X (C‑486/12, EU:C:2013:836), apartado 19, y de 15 de mayo de 2014, Timmel (C‑359/12, EU:C:2014:325), apartado 63.
(
8
)	En su respuesta escrita, el Gobierno búlgaro indicó que la normativa nacional había sido modificada posteriormente, de modo que el período de validez del certificado de aptitud psicológica pasaba a ser indefinido. Además, el certificado solo podía ser invalidado y expedido de nuevo en determinados casos específicos. No obstante, como también explicó el Gobierno búlgaro, esta modificación normativa no hace que quede sin objeto el litigio principal, ya que no se refiere a casos como el del demandante en el litigio principal, en el que consta que este no se hallaba en posesión de un certificado válido cuando se le impuso la sanción administrativa. Por estas razones, considero que procede examinar las cuestiones prejudiciales conforme a la normativa nacional aplicable ratione temporis a las circunstancias que dieron lugar al litigio principal.
(
9
)	Véase, a este repecto, Rebler, A.: «Die gegenseitige Anerkennung von Fahrerlaubnissen in der EU», Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht, vol. 25, n.o 11, 2021, p. 517.
(
10
)	Véanse las sentencias de 26 de octubre de 2017, I (C‑195/16, EU:C:2017:815), apartado 57, y de 29 de abril de 2021, Stadt Pforzheim (Menciones sobre el permiso de conducción) (C‑56/20, EU:C:2021:333), apartado 42.
(
11
)	Véanse las sentencias de 15 de julio de 2010, Bâtiments et Ponts Construction y WISAG Produktionsservice (C‑74/09, EU:C:2010:431), apartado 54, y de 18 de junio de 2019, Austria/Alemania (C‑591/17, EU:C:2019:504), apartado 164, relativas a las restricciones a las libertades fundamentales derivadas de la percepción de una tasa y de la imposición de gastos administrativos adicionales o excesivos.
(
12
)	Véase, a este respecto, el punto 30 de las presentes conclusiones y jurisprudencia citada.
(
13
)	Véase, en este sentido, Szedło, M.: «EU Legislation on Driving Licenses: Does It Accelerate or Slow Down the Free Movement of Persons?», German Law Journal, vol. 13, n.o 3, 2012, p. 365.
(
14
)	La Comisión hizo referencia en concreto a la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n.o 3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del Consejo (DO 2003, L 226, p. 4). Esta Directiva, que estuvo en vigor hasta el 11 de enero de 2023, ha sido derogada y sustituida por la Directiva (UE) 2022/2561 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera (DO 2022, L 330, p. 46).
(
15
)	Véanse los puntos 75 y ss. de las presentes conclusiones.
(
16
)	Véanse los puntos 53 y ss. de las presentes conclusiones.