Recurso interpuesto el 28 de julio de 2023 — Norddeutsche Landesbank — Girozentrale/JUR
(Asunto T-476/23)
Lengua de procedimiento: alemán
Partes
Demandante: Norddeutsche Landesbank — Girozentrale (representantes: J. Seitz y C. Marx, abogados)
Demandada: Junta Única de Resolución
Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
Anule la Decisión de la demandada de 2 de mayo de 2023 (SRB/ES/2023/23), incluidos los anexos correspondientes, en particular el anexo I, relativo a los «Resultados del cálculo con respecto a todas las entidades que entren dentro del ámbito del cálculo de las aportaciones ex ante correspondientes a 2023 establecidos por separado (por entidad) en los anexos armonizados», en la medida en que cada uno de ellos sea pertinente respecto de la demandante.
Condene en costas a la demandada.
Motivos y principales alegaciones
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los siguientes motivos.
Primer motivo: vulneración del derecho a ser oído.
Se alega que la demandada no concedió audiencia a la demandante antes de adoptar la Decisión impugnada, infringiendo con ello el artículo 41, apartados 1 y 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 1
Segundo motivo: la Decisión impugnada adolece de falta de motivación.
Se alega que la Decisión impugnada adolece de una motivación insuficiente, en contra de lo dispuesto en el artículo 296 TFUE; en particular, falta que se fundamente la conexión con el caso concreto y que se expongan las consideraciones esenciales por lo que respecta a la proporcionalidad y al margen de apreciación.
Además, no se comprenden los cálculos de la aportación anual, en particular debido al empleo de conceptos heterogéneos y a que no se han explicado importantes pasos intermedios.
Asimismo, se siguió sin poner a disposición los datos anonimizados de las otras entidades de crédito, pese a que ello no habría supuesto una vulneración de sus secretos comerciales.
Tercer motivo: vulneración del principio fundamental de tutela judicial efectiva, al no ser posible el control de la Decisión impugnada.
Se alega que la falta de motivación de la Decisión impugnada hace que para la demandante sea considerablemente más difícil lograr que dicha Decisión sea objeto de control judicial.
Según la demandante, la demandada vulnera con ello en particular el principio de contradicción, en virtud del cual deben poder ser objeto de debate contradictorio entre las partes tanto las circunstancias fácticas como las jurídicas que sean decisivas para el resultado del procedimiento.
Cuarto motivo: la aplicación del indicador SIP (sistema institucional de protección) vulnera el Reglamento Delegado (UE) 2015/63, 1 que debe ser interpretado a la luz de normas de rango superior.
En el marco del artículo 7, apartado 4, segunda frase, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63, la demandada debería haber tenido en cuenta que la demandante tiene derivados principalmente para la cobertura y gestión de riesgos.
Se alega que, al aplicar el indicador SIP, no se ha reconocido la importancia del hecho de que la demandante forme parte del sistema institucional de garantía del Grupo Financiero de Cajas de Ahorro.
Según la demandante, en virtud del artículo 6, apartado 5, segunda frase, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63, la demandada debería haber tenido en cuenta también la escasa probabilidad de que la entidad considerada entrara en proceso de resolución y la consiguiente probabilidad de que se hiciera uso del Fondo Único de Resolución, así como el principio de proporcionalidad.
Quinto motivo: la toma en consideración de la exposición total de los derivados en el marco del indicador de riesgo «actividades de negociación y exposiciones fuera de balance, derivados, complejidad y viabilidad de la resolución» vulnera el Derecho de rango superior.
Se alega que la demandada, de acuerdo con el principio de orientación por el perfil de riesgo, debería, al tener en cuenta la exposición total de los derivados en el marco de los artículos 6, apartados 5, primera frase, letra a), y 6, y 7, apartado 4, primera frase, letra a), del Reglamento Delegado (UE) 2015/63, haber considerado además el hecho de que, en el caso de la demandante, los derivados se asignan principalmente a los activos no destinados a actividades de negociación y se establecen de manera preponderante con fines de cobertura.
Sexto motivo: el hecho de no haber tomado en consideración el indicador de riesgo MREL (requisito mínimo relativo a los fondos propios y los pasivos admisibles) en el marco del pilar «Exposición al riesgo» infringe el Reglamento Delegado (EU) 2015/63.
Según la demandante, en el último año del período inicial, la demandada siguió sin tener en cuenta la ratio MREL de las entidades, pese a que habría sido posible.
Alega que, de conformidad con el artículo 6, apartados 1, letra a), y 2, letra a), del Reglamento Delegado, la demandada debería haber tenido en cuenta la ratio, superior a la media, de fondos propios y de pasivos elegibles de la demandante, del 51,54 %, que supera con creces la ratio mínima del 8 % fijada por la Junta Única de Resolución.
Séptimo motivo: la aplicación del multiplicador de ajuste al riesgo vulnera el Reglamento Delegado (EU) 2015/63, que debe interpretarse a la luz del Derecho de rango superior.
Se alega que la demandada, a la hora de fijar el multiplicador de ajuste al riesgo, debería haber tenido en cuenta la escasa probabilidad de incumplimiento de la demandante y su indicador de riesgo MREL superior a la media, de conformidad con el principio de orientación por el riesgo y con el derecho fundamental a la libertad de empresa reconocido en el artículo 16 de la Carta.
Octavo motivo (con carácter subsidiario): el artículo 7, apartado 4, segunda frase, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 vulnera el Derecho de rango superior.
Al establecer una ponderación relativa del indicador SIP, el artículo 7, apartado 4, segunda frase, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 vulnera el principio de igualdad de trato proclamado en el artículo 20 de la Carta y el principio de proporcionalidad, por cuanto entidades que están sometidas al mismo sistema de protección ―y expuestas, por tanto, a la misma probabilidad de incumplimiento― podrían ser objeto de un trato diferente.
Noveno motivo: el mecanismo de asignación a intervalos del Reglamento Delegado (EU) 2015/63 vulnera el Derecho de rango superior.
La asignación a intervalos de riesgo con arreglo a la etapa 2 del anexo I del Reglamento Delegado (EU) 2015/63 conduce a resultados evidentemente injustos e infringe, en consecuencia, la exigencia de tomar como base el perfil de riesgo y el principio general de igualdad de trato. Para evitar esto, la demandada debería haber aplicado un control manual tras la fórmula de cálculo para la asignación a un intervalo.
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1 DO 2012, C 326, p. 391.
1 Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44).