AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
De 10 de julio de 2018 (*)
«Procedimiento sobre medidas provisionales — Acuerdo de subvención celebrado en el marco del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) — Recuperación de los importes abonados — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»
En el asunto T‑104/18 R,
Fundación Tecnalia Research & Innovation, con domicilio social en San Sebastián (Gipuzkoa), representada por la Sra. P. Palacios Pesquera y el Sr. M. Rius Coma, abogados,
parte demandante,
contra
Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), representada por las Sras. S. Payan-Lagrou y V. Canetti, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. J. Rivas Andrés, abogado,
parte demandada,
que tiene por objeto una demanda basada en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE por la que se solicita la suspensión de la ejecución de la decisión de la REA de pedir la devolución de la totalidad de la subvención concedida por el proyecto Food-Watch,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
dicta el siguiente
Auto
Antecedentes del litigio, procedimiento y pretensiones de las partes
1        El 15 de noviembre de 2012, un consorcio de entidades de investigación y desarrollo entre las que figuraba la demandante, la Fundación Tecnalia Research & Innovation, solicitó acoger el proyecto FP7-SME 2013 605879 (Food-Watch) al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) [Decisión n.º 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 412, p. 1)].
2        El acuerdo de subvención n.º 605 879 aprobó la financiación del proyecto Food-Watch a cargo de los fondos del Séptimo Programa Marco, con un período previsto de ejecución del proyecto comprendiendo entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de julio de 2016.
3        El 12 de agosto de 2015, la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) suspendió la ejecución del proyecto Food-Watch para comprobar si se habían cometido errores sustanciales, irregularidades, fraude o incumplimientos de obligaciones.
4        Mediante escrito de 4 de mayo de 2016, la REA resolvió el acuerdo de subvención n.º 605 879 del proyecto Food-Watch por entender que el consorcio le había ocultado información relativa a la existencia del proyecto Bread-Guard, que, según la REA, presentaba fuertes similitudes con el proyecto Food-Watch en términos de objetivos, metodología de trabajo y resultados esperados.
5        Mediante escrito de 22 de diciembre de 2017 dirigido al coordinador del proyecto Food-Watch en el marco del procedimiento contradictorio de recuperación financiera, la REA indicó que había decidido solicitar la devolución de la totalidad de la subvención abonada para el proyecto Food-Watch (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).
6        Se adjuntó a la decisión impugnada una nota de adeudo que instaba al coordinador del proyecto Food-Watch a pagar un importe de 893 550 euros.
7        Asimismo, en la decisión impugnada, la REA solicitaba al coordinador del proyecto Food-Watch que indicara, antes de la fecha límite establecida en la nota de adeudo, los importes abonados a cada uno de los miembros del consorcio, con objeto de evitar que la totalidad de esos importes le fueran reclamados a él.
8        El 2 de febrero de 2018, se informó al coordinador del proyecto Food-Watch de que la nota de adeudo contra él sería cancelada, de que se enviarían escritos de información previa individuales para cada uno de los beneficiarios del proyecto Food-Watch y de que, posteriormente, se emitirían notas de adeudo dirigidas a cada uno de los beneficiarios afectados, en función de los importes que ya se les hubieran abonado.
9        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 22 de febrero de 2018, la demandante interpuso un recurso solicitando, en esencia, la anulación de la decisión impugnada.
10      El 4 de mayo de 2018, la REA informó a la demandante de que emitiría una nota de adeudo con objeto de recuperar un importe de 187 307,63 euros concediéndole un plazo de quince días para presentar sus observaciones.
11      Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de mayo de 2018, la demandante interpuso la presente demanda de medidas provisionales, en la que, en esencia, solicita al Presidente del Tribunal que:
–        Suspenda la ejecución de decisión impugnada.
–        Condene en costas a la REA.
12      En sus observaciones sobre la demanda de medidas provisionales, presentadas en la Secretaría del Tribunal el 28 de mayo de 2017, la REA solicita, en esencia, al Presidente del Tribunal que:
–        Declare la inadmisibilidad de la demanda de medidas provisionales o, con carácter subsidiario, la desestime por infundada.
–        Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
13      De una lectura conjunta de los artículos 278 TFUE y 279 TFUE, por un lado, y del artículo 256 TFUE, apartado 1, por otro, resulta que el juez de medidas provisionales puede, si considera que las circunstancias lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado ante el Tribunal u ordenar las medidas provisionales necesarias, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 156 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. Sin embargo, el artículo 278 TFUE sienta el principio de la falta de carácter suspensivo de los recursos, pues los actos adoptados por las instituciones de la Unión Europea disfrutan de una presunción de legalidad. Solo con carácter excepcional puede, por tanto, el juez de medidas provisionales ordenar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado ante el Tribunal u otras medidas provisionales (auto de 19 de julio de 2016, Bélgica/Comisión, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, apartado 12).
14      El artículo 156, apartado 4, primera frase, del Reglamento de Procedimiento dispone que las demandas de medidas provisionales deben especificar «el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada».
15      Así, el juez de medidas provisionales puede ordenar la suspensión de la ejecución y las demás medidas provisionales si se demuestra que a primera vista la concesión de las mismas resulta material y jurídicamente justificada (fumus boni iuris) y que tales medidas son urgentes, en el sentido de que es necesario otorgarlas y que surtan efectos antes de que se resuelva sobre el recurso principal para evitar que los intereses de la parte que las solicita sufran un perjuicio grave e irreparable. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben desestimarse cuando no concurra alguno de ellos. El juez de medidas provisionales debe proceder asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego (véase el auto de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, apartado 21 y jurisprudencia citada).
16      En el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la concurrencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma jurídica le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional [véase el auto de 19 de julio de 2012, Akhras/Consejo, C‑110/12 P(R), no publicado, EU:C:2012:507, apartado 23 y jurisprudencia citada].
17      Teniendo en cuenta los documentos obrantes en autos, el juez de medidas provisionales considera que dispone de todos los datos necesarios para pronunciarse sobre la presente demanda de medidas provisionales, sin necesidad de oír previamente las explicaciones orales de las partes.
18      En las circunstancias del presente asunto, y sin perjuicio del examen de la admisibilidad de la demanda de medidas provisionales, procede comenzar por examinar si concurre el requisito de urgencia.
19      A efectos de verificar si las medidas provisionales solicitadas son urgentes, es preciso recordar que la finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales consiste en garantizar la plena eficacia de la futura resolución definitiva, con objeto de evitar una laguna en la protección jurídica que ofrece el juez de la Unión. Para alcanzar este objetivo, la urgencia debe apreciarse, con carácter general, en relación con la necesidad de pronunciarse provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Incumbe a esa parte aportar la prueba de que no puede esperar a que se resuelva el procedimiento relativo al recurso sobre el fondo sin sufrir un perjuicio grave e irreparable (véase el auto de 14 de enero de 2016, AGC Glass Europe y otros/Comisión, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, apartado 27 y jurisprudencia citada).
20      Además, es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada, en caso de demanda de suspensión de la ejecución de un acto de la Unión, la concesión de la medida provisional solicitada solo se justifica si dicho acto es la causa determinante del perjuicio grave e irreparable alegado (véase el auto de 14 de enero de 2016, AGC Glass Europe y otros/Comisión, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, apartado 45 y jurisprudencia citada).
21      Conforme a jurisprudencia reiterada, un perjuicio de naturaleza pecuniaria no puede considerarse irreparable, salvo en circunstancias excepcionales, pues, por regla general, una compensación pecuniaria basta para que la persona perjudicada vuelva a encontrarse en la situación anterior a la realización del perjuicio. En particular, tal perjuicio puede repararse mediante un recurso de indemnización presentado sobre la base de los artículos 268 TFUE y 340 TFUE [véase el auto de 23 de abril de 2015, Comisión/Vanbreda Risks & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, apartado 24 y jurisprudencia citada].
22      Cuando el perjuicio alegado es de carácter económico, las medidas provisionales solicitadas se justifican si resulta que, de no adoptarse dichas medidas, la parte demandante se encontrará en una situación que podría poner en peligro su viabilidad financiera antes de que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento sobre el fondo o que sus cuotas de mercado se modificarán significativamente, habida cuenta, en particular, del tamaño y del volumen de negocios de su empresa y de las características del grupo al que pertenece (véase el auto de 12 de junio de 2014, Comisión/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, apartado 46 y jurisprudencia citada).
23      Por otra parte, a tenor del artículo 156, apartado 4, segunda frase, del Reglamento de Procedimiento, las demandas de medidas provisionales «contendrán [...] todas las pruebas y proposiciones de prueba disponibles que puedan justificar la concesión de las medidas provisionales».
24      Así, una demanda de medidas provisionales debe permitir, por sí sola, a la parte demandada elaborar sus observaciones y al juez de medidas provisionales pronunciarse sobre la demanda, en su caso, sin necesidad de apoyarse en otros datos, pues deben deducirse del propio texto de la demanda las razones esenciales de hecho y de Derecho en las que se basa (véase el auto de 6 de septiembre de 2016, Inclusion Alliance for Europe/Comisión, C‑378/16 P‑R, no publicado, EU:C:2016:668, apartado 17 y jurisprudencia citada).
25      También es jurisprudencia reiterada que, para poder apreciar si se cumplen todos los requisitos indicados en los anteriores apartados 19 y 20, el juez de medidas provisionales debe disponer de información concreta y específica, respaldada por pruebas documentales detalladas y certificadas, que acredite la situación en que se encuentra la parte que solicita las medidas provisionales y que permita apreciar las consecuencias que se producirían con toda probabilidad de no concederse las medidas solicitadas. De ello se deduce que dicha parte, en particular cuando alega que se producirá un perjuicio de carácter económico, debe presentar, en principio, una imagen fiel y global de su situación financiera, con el debido apoyo documental (véase, en este sentido, el auto de 29 de febrero de 2016, ICA Laboratories y otros/Comisión, T‑732/15 R, no publicado, EU:T:2016:129, apartado 39 y jurisprudencia citada).
26      Si bien ciertos extremos específicos de la demanda de medidas provisionales pueden completarse mediante remisiones a documentos que figuren como anexos, estos no pueden paliar la falta de los elementos esenciales de la demanda. No incumbe al juez de medidas provisionales buscar, en vez de la parte interesada, los datos recogidos en los anexos de la demanda de medidas provisionales, en la demanda principal o en los anexos de la demanda principal que permitan confirmar la demanda de medidas provisionales. Por lo demás, una obligación de ese tipo a cargo del juez de medidas provisionales podría dejar sin efecto el artículo 156, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, que establece que la demanda de medidas provisionales debe presentarse mediante escrito separado (véase, en este sentido, el auto de 20 de junio de 2014, Wilders/Parlamento y otros, T‑410/14 R, no publicado, EU:T:2014:564, apartado 16 y jurisprudencia citada).
27      Para demostrar la urgencia, la demandante invoca las consecuencias financieras derivadas de la decisión impugnada. A este respecto, aduce lo siguiente:
«El perjuicio causado por la ejecución de la resolución y, por consiguiente, por el reintegro es especialmente grave [...]. Como bien es sabido, en un contexto de crisis económica generalizada, las ayudas e inversiones en investigación y desarrollo han decrecido drásticamente. Esa situación ha sido especialmente gravosa en España, donde el apoyo de instituciones y administraciones a proyectos de investigación y desarrollo ha sufrido un notable descenso en cuanto a financiación.
Además, cabe tener presente que, si bien el proyecto FoodWatch quedó interrumpido y finalmente suspendido por la REA, [la demandante] tenía comprometidos un conjunto de gastos y obligaciones financieras a las que debe seguir haciendo frente ahora, como es el caso de los costes del personal investigador vinculado al proyecto.»
28      A este respecto, procede señalar que, conforme a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 25, con objeto de acreditar un riesgo para su viabilidad financiera, la demandante debería haber presentado una imagen fiel y global de su situación financiera, con el debido apoyo documental.
29      Ahora bien, la demandante se limita a meras afirmaciones, no respaldadas por ninguna prueba y, por lo tanto, sigue sin demostrar la existencia de un riesgo para su viabilidad financiera.
30      Las meras referencias a la situación económica en España y la reducción drástica de las inversiones en investigación y desarrollo, así como a sus compromisos para la ejecución del proyecto Food-Watch, no permiten paliar la falta de indicaciones concretas respecto a su situación financiera, con el debido apoyo documental.
31      En estas circunstancias, procede estimar que la demandante no ha conseguido demostrar la urgencia a causa de un riesgo para su viabilidad financiera.
32      De cuanto antecede resulta que debe desestimarse la demanda de medidas provisionales, al no haber acreditado la demandante la urgencia, sin que sea necesario pronunciarse sobre el fumus boni iuris ni proceder a la ponderación de los intereses o examinar las causas de inadmisión formuladas por la REA.
33      En virtud del artículo 158, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, procede reservar la decisión sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
resuelve:
1)      Desestimar la demanda de medidas provisionales.
2)      Reservar la decisión sobre las costas.
Dictado en Luxemburgo, a 10 de julio de 2018.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
M. Jaeger
*      Lengua de procedimiento: español.