62025CO0411
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación)
de 18 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Admisión a trámite de recursos de casación — Artículo 170 ter del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Solicitud que demuestra la importancia de una cuestión para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión — Admisión a trámite del recurso de casación»
En el asunto C‑411/25 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 20 de junio de 2025,
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. D. Gája y D. Hanf y por la Sra. D. Stoyanova-Valchanova, en calidad de agentes,
parte recurrente en casación,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Versiontech Inc., con domicilio social en Brooklyn (Estados Unidos),
parte recurrente en primera instancia,
Verizon Trademark Services LLC, con domicilio social en Washington D. C. (Estados Unidos),
parte coadyuvante en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación)
integrado por el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, y los Sres. M. Gavalec y Z. Csehi (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la propuesta del Juez Ponente y oído el Abogado General, Sr. A. Rantos;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 30 de abril de 2025, Versiontech/EUIPO — Verizon Trademark Services (VersionTech) (T‑242/24, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2025:422), por la que este anuló la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 6 de marzo de 2024 (asunto R 31/2023‑1; en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa a un procedimiento de nulidad entre Verizon Trademark Services LLC y Versiontech Inc.
Sobre la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación
2
Con arreglo al artículo 58 bis, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el examen de los recursos de casación interpuestos contra las resoluciones del Tribunal General relativas a una resolución de una sala de recurso independiente de la EUIPO está supeditado a su previa admisión a trámite por el Tribunal de Justicia.
3
Conforme al artículo 58 bis, párrafo tercero, del citado Estatuto, el recurso de casación se admitirá a trámite, total o parcialmente, según las modalidades fijadas en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando suscite una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión.
4
A tenor del artículo 170 bis, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en las situaciones contempladas en el artículo 58 bis, párrafo primero, del referido Estatuto, la parte recurrente adjuntará a su recurso de casación una solicitud de admisión a trámite de dicho recurso, en la que expondrá la cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión que el recurso suscita y en la que figurarán todos los datos necesarios para permitir que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre esa solicitud.
5
Con arreglo al artículo 170 ter, apartados 1 y 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia se pronunciará con la mayor rapidez posible sobre la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación mediante auto motivado.
Alegaciones de la parte recurrente
6
En apoyo de su solicitud de admisión a trámite del recurso de casación, la EUIPO alega que el motivo único de su recurso de casación, basado en la infracción del artículo 72, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), en relación con los artículos 8, apartado 1, letra b), y 1, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión.
7
En primer lugar, la EUIPO sostiene que el Tribunal General incurrió en error, en el apartado 69 de la sentencia recurrida, al considerar que se cumplían los requisitos para ejercer su facultad de modificación de la resolución de la Sala de Recurso en virtud del artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. A este respecto, le reprocha haber considerado que la Sala de Recurso se había pronunciado sobre la cuestión de si existe riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, entre las marcas en liza, pese a que dicha Sala había examinado esta cuestión, tal y como se desprende de los apartados 22 y 60 de la sentencia recurrida, exclusivamente en relación con la percepción de la parte de habla alemana del público pertinente de la Unión Europea, sin llevar a cabo una apreciación fáctica o jurídica de esta cuestión para la parte de habla no alemana de dicho público.
8
En segundo lugar, según la EUIPO, el Tribunal General ejerció, por consiguiente, en el apartado 70 de la sentencia recurrida, su facultad de modificación infringiendo el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001. Al no haberse demostrado ningún elemento de hecho ni de Derecho por lo que respecta al riesgo de confusión para la parte de habla no alemana del público pertinente, el Tribunal General no podía determinar que la Sala de Recurso estaba obligada a declarar que no existe riesgo de confusión en la Unión entre las marcas de que se trata.
9
A este respecto, la EUIPO precisa que, si bien la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, podía basarse de forma válida exclusivamente en la percepción del público de habla alemana como parte no desdeñable del público pertinente, no puede decirse lo mismo de la apreciación del Tribunal General, que figura en el apartado 64 de la sentencia recurrida, sobre la inexistencia de riesgo de confusión, ya que tal apreciación requiere excluir previamente tal riesgo para el conjunto del público pertinente de la Unión. A este respecto, la EUIPO hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2008, Armacell/OAMI (C‑514/06 P, EU:C:2008:511), apartados 54 a 57, y a la sentencia del Tribunal General de 25 de octubre de 2023, Quantic Dream/EUIPO — Quentia (Q) (T‑458/21, EU:T:2023:671), apartado 73. Según la EUIPO, el hecho de haber desestimado la solicitud de nulidad presentada contra la marca VersionTech, sin haber considerado que se había demostrado que se excluía la existencia de riesgo de confusión entre esta marca y la marca anterior de la Unión VERIZON en todo el territorio de protección de esta última, priva a la marca anterior de la protección conferida por el Reglamento n.o 207/2009.
10
La EUIPO añade que, aunque hubiera de entenderse la apreciación del Tribunal General que figura en el apartado 64 de la sentencia recurrida en el sentido de que el Tribunal General también tuvo en cuenta, implícita pero necesariamente, la percepción de la parte de habla no alemana del público pertinente, la modificación de la resolución controvertida por la sentencia recurrida conduce a sustituir dicha resolución sobre la base de una apreciación fáctica y jurídica del riesgo de confusión entre las marcas en liza para la parte de habla no alemana del público pertinente, cuando tal apreciación aún no había sido realizada por la Sala de Recurso.
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A la vista de estos elementos, la EUIPO sostiene que la facultad de modificación no puede llevar al Tribunal General a apreciar por primera vez hechos o pruebas que la Sala de Recurso aún no haya examinado (véase, en particular, la sentencia de 23 de enero de 2025, EUIPO/Neoperl, C‑93/23 P, EU:C:2025:33, apartado 70), ni, a fortiori, a modificar una resolución de la Sala de Recurso que no incluya el examen de tales hechos o pruebas, como los relativos, en el presente asunto, a la percepción de las marcas en liza por el público pertinente de habla no alemana de la Unión.
12
Asimismo, la EUIPO afirma, por un lado, que la sentencia recurrida menoscaba uno de los intereses jurídicamente protegidos de esta Oficina, ya que el Tribunal General, al modificar la resolución controvertida, pasa por alto y priva definitivamente a la Sala de Recurso del ejercicio de su facultad exclusiva y específica de revisar la resolución de la División de Anulación por lo que respecta a la constatación por esta última de la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en liza para la parte de habla no alemana del público pertinente. La EUIPO alega, por otro lado, que dicha sentencia también menoscaba la tutela judicial efectiva y particular conferida por el Derecho de marcas a la parte coadyuvante en primera instancia, ya que la modificación de la resolución controvertida priva a esta parte de dicho examen independiente por la Sala de Recurso.
13
Por lo que respecta a la importancia de la cuestión suscitada por su recurso de casación, en el sentido del artículo 58 bis, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la EUIPO señala, con carácter preliminar, que, mediante el auto de 11 de julio de 2023, EUIPO/Neoperl (C‑93/23 P, EU:C:2023:601), apartados 24 a 38, el Tribunal de Justicia consideró que la determinación del alcance y de los requisitos de ejercicio de la facultad de modificación del Tribunal General con arreglo al artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 constituye una cuestión que excede del alcance de la sentencia recurrida y, en definitiva, del alcance del recurso de casación, en la medida en que plantea «una cuestión importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión».
14
A este respecto, la EUIPO alega, en primer término, que el recurso de casación plantea una cuestión horizontal de carácter procesal que afecta a todos los asuntos en los que las resoluciones de las salas de recurso de la EUIPO en materia de marcas y de dibujos o modelos son objeto de un control de legalidad por parte del Tribunal General.
15
En segundo término, según la EUIPO, dicha cuestión es de naturaleza constitucional. A su juicio, el Tribunal General, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 13 TUE, apartado 2, tiene la obligación legal de actuar dentro de los límites de las atribuciones que le confieren el artículo 263 TFUE y el artículo 72 del Reglamento 2017/1001.
16
En tercer término, la EUIPO considera que la cuestión suscitada se refiere al papel específico de las salas de recurso independientes dentro del sistema de protección jurídica completa, eficaz y en varios niveles contra las resoluciones de la EUIPO.
17
En cuarto término, la EUIPO alega que esta cuestión reviste una importancia estructural para el sistema específico de protección jurídica contra sus resoluciones. Por un lado, el hecho de que el Tribunal General se haya extralimitado en el ejercicio de su facultad de modificación vulnera la competencia originaria exclusiva de las salas de recurso de la EUIPO en materia de control de las resoluciones de dicha Oficina. Por otro lado, este hecho restringe la protección jurídica de las personas afectadas por las resoluciones de la EUIPO, privándolas de un órgano de revisión específico.
18
En quinto término, la EUIPO considera que el enfoque adoptado por el Tribunal General en la sentencia recurrida genera un riesgo de inseguridad jurídica, en la medida en que dicha sentencia se dictó a pesar de la reciente y explícita aclaración realizada por el Tribunal de Justicia en los apartados 70 y 71 de la sentencia de 23 de enero de 2025, EUIPO/Neoperl (C‑93/23 P, EU:C:2025:33). Arguye que el Tribunal de Justicia ha declarado que la facultad de modificación prevista en el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 no puede llevar al Tribunal General, sin ignorar de forma manifiesta el marco institucional vinculante en el que se inscribe dicha facultad, a apreciar por primera vez hechos o pruebas que la Sala de Recurso aún no haya examinado.
19
En sexto término, la EUIPO afirma que la cuestión suscitada es importante por lo que respecta a la protección jurídica contra las resoluciones de otras agencias de la Unión para las que el legislador de la Unión, a los efectos del artículo 263 TFUE, apartado 5, ha previsto imperativamente un control específico, completo y previo por una sala de recurso independiente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
20
Con carácter preliminar, procede señalar que incumbe al recurrente demostrar que las cuestiones suscitadas mediante su recurso de casación son importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión (autos de 10 de diciembre de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, apartado 20, y de 29 de abril de 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, apartado 14).
21
Además, tal como se desprende del artículo 58 bis, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con los artículos 170 bis, apartado 1, y 170 ter, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe contener todos los datos necesarios para permitir que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la admisión a trámite del recurso de casación y determine, en caso de admisión a trámite parcial de este último, los motivos o las partes del recurso de casación que deberán tratarse en el escrito de contestación. En efecto, dado que el mecanismo previo de admisión a trámite de los recursos de casación previsto en el artículo 58 bis del citado Estatuto se propone limitar el control del Tribunal de Justicia a las cuestiones que revistan importancia para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión, solo los motivos que susciten tales cuestiones invocados por el recurrente deben ser examinados por el Tribunal de Justicia en el marco del recurso de casación (autos de 10 de diciembre de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, apartado 21, y de 29 de abril de 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, apartado 15).
22
Así, una solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe, en cualquier caso, enunciar de manera clara y precisa los motivos en los que se basa el recurso, identificar con la misma precisión y claridad la cuestión de Derecho suscitada por cada motivo, precisar si tal cuestión es importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión y exponer de manera específica las razones por las cuales esa cuestión es importante a la luz del criterio invocado. Por lo que respecta, en particular, a los motivos del recurso de casación, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe precisar la disposición del Derecho de la Unión o la jurisprudencia que, según el recurrente, ha sido vulnerada por la sentencia o el auto recurridos en casación, exponer de manera sucinta en qué consiste el error de Derecho supuestamente cometido por el Tribunal General e indicar en qué medida este error ha influido en el resultado de la sentencia o del auto recurridos. Cuando el error de Derecho invocado resulte de la vulneración de la jurisprudencia, la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación debe exponer, de manera sucinta pero clara y precisa, en primer lugar, dónde se encuentra la contradicción alegada, identificando tanto los apartados de la sentencia o del auto recurridos que el recurrente pone en cuestión como los de la resolución del Tribunal de Justicia o del Tribunal General que a su parecer se han conculcado, y, en segundo lugar, las razones concretas por las que tal contradicción suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión (autos de 10 de diciembre de 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, apartado 22, y de 29 de abril de 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, apartado 16).
23
De conformidad con el principio según el cual la carga de la prueba recae sobre el autor de una solicitud de admisión a trámite de un recurso de casación, el recurrente debe demostrar que, independientemente de las cuestiones de Derecho que invoca en su recurso de casación, este último suscita una o varias cuestiones importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión que exceden el marco de la sentencia recurrida en casación y, en definitiva, el de su recurso (véanse, en particular, los autos de 30 de enero de 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, apartado 15, y de 29 de abril de 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, apartado 17).
24
Esta demostración requiere a su vez acreditar tanto la existencia como la importancia de dichas cuestiones, por medio de elementos concretos y propios del asunto, y no simplemente por medio de alegaciones de carácter general (autos de 30 de enero de 2023, bonnanwalt/EUIPO, C‑580/22 P, EU:C:2023:126, apartado 16, y de 29 de abril de 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, apartado 18).
25
En el presente asunto, procede señalar, en primer lugar, que la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación expone con precisión y claridad el motivo único invocado en el marco del recurso de casación, que se basa en la infracción del artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, en relación con los artículos 8, apartado 1, letra b), y 1, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009.
26
En particular, en su solicitud de admisión a trámite, la EUIPO identifica tanto los apartados que impugna de la sentencia recurrida como las disposiciones del Derecho de la Unión que considera infringidas y el error de Derecho que, a su juicio, ha cometido el Tribunal General.
27
En efecto, como se ha señalado en el apartado 7 del presente auto, la EUIPO reprocha al Tribunal General, por un lado, haber estimado, en el apartado 69 de la sentencia recurrida, que concurrían los requisitos para el ejercicio de su facultad de modificación de la resolución controvertida en virtud del artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, al considerar que la Sala de Recurso se había pronunciado, en la resolución controvertida, sobre la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, entre las marcas en liza, pese a que dicha Sala había examinado esta cuestión, como se desprende de los apartados 22 y 60 de la sentencia recurrida, exclusivamente en relación con la percepción de la parte de habla alemana del público pertinente de la Unión, sin llevar a cabo una apreciación fáctica o jurídica de esta cuestión para la parte de habla no alemana de dicho público.
28
Por otro lado, como se ha expuesto en los apartados 8 a 11 del presente auto, la EUIPO reprocha al Tribunal General haber modificado, en consecuencia, en el apartado 70 de la sentencia recurrida, la resolución controvertida infringiendo el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001.
29
A este respecto, la EUIPO señala que, al no haber establecido las partes interesadas ningún elemento de hecho o de Derecho por lo que respecta al riesgo de confusión para la parte del público pertinente de lengua no alemana de la Unión, el Tribunal General no podía considerar que la Sala de Recurso estaba obligada a declarar la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas de que se trata.
30
Además, la EUIPO indica, remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de septiembre de 2008, Armacell/OAMI (C‑514/06 P, EU:C:2008:511), apartados 54 a 57, que, si bien la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, podía basarse de forma válida exclusivamente en la percepción del público de habla alemana como parte no desdeñable del público pertinente de la Unión, no puede decirse lo mismo de la apreciación del Tribunal General, que figura en el apartado 64 de la sentencia recurrida, en cuanto a la inexistencia de riesgo de confusión, apreciación que requiere previamente excluir tal riesgo para el conjunto del público pertinente de la Unión.
31
En segundo lugar, la EUIPO identifica la cuestión suscitada por su motivo único, que consiste, en esencia, en determinar el alcance y los requisitos de ejercicio de la facultad de modificación conferida al Tribunal General por el artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 y alega acertadamente que se refiere, más allá del presente caso, a la determinación de la competencia y de la intensidad del control ejercido por el juez de la Unión.
32
En tercer lugar, la EUIPO expone de manera suficiente las razones concretas por las que considera que la cuestión de Derecho suscitada por su recurso de casación es importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión.
33
En efecto, en primer término, la EUIPO subraya el carácter horizontal de la cuestión, de naturaleza procesal, consistente en determinar si el Tribunal General se extralimitó en el ejercicio de su facultad de modificación de las resoluciones de la Sala de Recurso en virtud del artículo 72, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, así como la pertinencia de esta cuestión para todos los asuntos relativos al control por el juez de la Unión de la legalidad de las resoluciones de la Sala de Recurso sobre el registro de marcas y de dibujos o modelos de la Unión.
34
En segundo término, señala acertadamente que la cuestión de la atribución de competencias constituye una cuestión importante de naturaleza constitucional, en la medida en que el Tribunal General está obligado a actuar dentro de los límites de las competencias que tiene atribuidas.
35
En tercer término, precisa que la cuestión de los requisitos y del alcance de la facultad de modificación conferida al Tribunal General reviste una importancia particular, en la medida en que la extralimitación en dicha facultad incide en la competencia exclusiva de las salas de recurso, en la protección jurídica de las personas afectadas por las resoluciones de la EUIPO y, de manera general, en la tutela judicial efectiva.
36
A este respecto, la EUIPO señala que el enfoque del Tribunal General en la sentencia recurrida genera un riesgo de inseguridad jurídica, puesto que no tiene en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre esta cuestión resultante de los apartados 70 y 71 de la sentencia de 23 de enero de 2025, EUIPO/Neoperl (C‑93/23 P, EU:C:2025:33).
37
En cuarto término, la EUIPO subraya que la cuestión de los requisitos y del alcance de la facultad de modificación conferida al Tribunal General constituye una cuestión importante en la medida en que no se limita al Derecho de la propiedad intelectual, sino que puede afectar también a las resoluciones de otras agencias de la Unión que están sometidas al control de legalidad del juez de la Unión.
38
Habida cuenta de los elementos expuestos por la EUIPO, la presente solicitud de admisión a trámite del recurso de casación demuestra de modo suficiente en Derecho que dicho recurso de casación suscita una cuestión importante para la unidad, la coherencia y el desarrollo del Derecho de la Unión.
39
A la vista de las consideraciones anteriores, procede admitir a trámite el recurso de casación.
Costas
40
A tenor del artículo 170 ter, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, cuando, con arreglo a los criterios formulados en el artículo 58 bis, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se admita a trámite, en todo o en parte, el recurso de casación, el procedimiento seguirá desarrollándose de conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 a 190 bis de dicho Reglamento.
41
Con arreglo al artículo 137 del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.
42
Por consiguiente, al haberse estimado la solicitud de admisión a trámite del recurso de casación, procede reservar la decisión sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala de Admisión a Trámite de Recursos de Casación) resuelve:
1)
Admitir a trámite el recurso de casación.
2)
Reservar la decisión sobre las costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.