Auto del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de julio de 2012 — Tate & Lyle Investments
(Asunto C-384/11)
«Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento — Artículo 63 TFUE — Normativa fiscal — Distribución de dividendos — Retención en origen — Medidas para evitar o atenuar la imposición en cadena — Diferencia de trato entre las sociedades beneficiarias residentes y las sociedades beneficiarias no residentes»
Libre circulación de capitales y libertad de pagos — Restricciones — Legislación tributaria — Impuesto sobre sociedades — Normativa nacional que somete los dividendos distribuidos, a raíz de una operación de escisión, por una sociedad residente
a una sociedad no residente a una imposición más elevada que la que grava los dividendos distribuidos en cualquier caso a
las sociedades residentes en el Estado miembro de que se trate — Improcedencia — Límites — Neutralización de los efectos de la restricción imputando el impuesto retenido en origen al impuesto debido en el otro Estado
miembro, en aplicación de un convenio para evitar la doble imposición — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional (Art. 63 TFUE) (véanse los apartados 18 a 46 y el fallo)
Objeto
Petición de decisión prejudicial — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interpretación del artículo 63 TFUE — Restricciones
a la libre circulación de capitales — Legislación tributaria — Impuesto de sociedades — Imposición de los dividendos — Normativa
nacional que prevé una retención en origen del 10 % sobre los dividendos distribuidos por sociedades residentes y sobre los
ingresos asimilados — Imputación del importe de dicha retención sobre el impuesto de sociedades sólo posible para las sociedades
residentes.
Fallo
El artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro como la controvertida
en el procedimiento principal, que somete a una retención en origen los dividendos repartidos por una sociedad residente entre
las sociedades beneficiarias residentes y no residentes que son titulares de una participación inferior al 10 % en el capital
de esa sociedad distribuidora de dividendos, pero cuyo valor de adquisición alcance 1.200.000 euros, y que únicamente prevé
para las sociedades beneficiarias residentes un mecanismo que permite atenuar la imposición en cadena. Cuando un Estado miembro
invoca un convenio para evitar la doble imposición celebrado con otro Estado miembro, corresponde al órgano jurisdiccional
nacional determinar si dicho convenio debe ser tenido en cuenta en el litigio de que conoce y, en su caso, verificar si permite
neutralizar los efectos de la restricción a la libre circulación de capitales.