62024CJ0340
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 20 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Libre circulación de personas — Artículos 45 TFUE y 49 TFUE — Reconocimiento de cualificaciones profesionales — Derecho a ejercer la profesión de docente de apoyo educativo en un Estado miembro — Nacionales de ese Estado miembro que han obtenido un título de formación expedido por un centro de enseñanza superior privado en otro Estado miembro — Título que no es legalmente reconocido y que no da acceso a la profesión correspondiente en este último Estado miembro — Obligación del primer Estado miembro de tomar en consideración todos los diplomas, certificados y otros títulos de que disponga el interesado — Excepción»
En los asuntos acumulados C‑340/24 y C‑442/24 [Artollisi y Lescolanno], (
i
)
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), mediante resoluciones de 3 de mayo y de 17 de junio de 2024, recibidas en el Tribunal de Justicia los días 9 de mayo y 21 de junio de 2024, respectivamente, en los procedimientos entre
EW (C‑340/24),
LO (C‑442/24)
y
Ministero dell’Istruzione e del Merito (C‑340/24 y C‑442/24),
Ministero dell’Università e della Ricerca (C‑340/24),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por la Sra. O. Spineanu-Matei, Presidenta de Sala, y los Sres. S. Rodin (Ponente) y N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de LO, por las Sras. S. Berengan y B. Celletti y por el Sr. F. Vannicelli, avvocati;
–
en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por las Sras. D. D’Alberti y M. T. Lubrano Lobianco, avvocati dello Stato;
–
en nombre del Gobierno francés, por las Sras. B. Dourthe y M. Guiresse, en calidad de agentes;
–
en nombre del Reino de Noruega, por el Sr. A. Narvestad y la Sra. I. Collett, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. L. Armati y los Sres. P. A. Messina y J. Szczodrowski, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 13 de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO 2005, L 255, p. 22), en su versión modificada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013 (DO 2013, L 354, p. 132) (en lo sucesivo, «Directiva 2005/36»).
2
Estas peticiones se han presentado en el contexto de sendos litigios entre, en un litigio, EW, por un lado, y el Ministero dell’Istruzione e del Merito (Ministerio de Educación y del Mérito, Italia) y el Ministero dell’Università e della Ricerca (Ministerio de Universidades e Investigación, Italia), por otro lado, y, en el otro litigio, LO y el Ministerio de Educación y del Mérito, en relación con la desestimación de las solicitudes de EW y LO para que se les reconociera un título denominado «Curso Superior de Especialización en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo», expedido por la Universidad Cardenal Herrera — CEU de Valencia, con el fin de ejercer la profesión de docente especializado en apoyo educativo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El considerando 41 de la Directiva 2005/36 indica lo siguiente:
«La presente Directiva no prejuzga la aplicación del artículo [45], apartado 4, ni del artículo [49 TFUE] […].»
4
A tenor del artículo 1 de esta Directiva:
«La presente Directiva establece las normas según las cuales un Estado miembro que subordina el acceso a una profesión regulada o su ejercicio, en su territorio, a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales (en lo sucesivo denominado “Estado miembro de acogida”) reconocerá para el acceso a dicha profesión y su ejercicio las cualificaciones profesionales adquiridas en otro u otros Estados miembros (en lo sucesivo denominado “Estado miembro de origen”) y que permitan al titular de las mencionadas cualificaciones ejercer en él la misma profesión.»
5
El artículo 2, apartado 1, párrafo primero, de dicha Directiva dispone lo siguiente:
«La presente Directiva se aplicará a todos los nacionales de un Estado miembro, incluidos los miembros de las profesiones liberales, que se propongan ejercer una profesión regulada en un Estado miembro distinto de aquel en el que obtuvieron sus cualificaciones profesionales, por cuenta propia o ajena.»
6
El artículo 3, apartado 1, letras c) y d), de la misma Directiva contiene las siguientes definiciones:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
c)
“título de formación”, los diplomas, certificados y otros títulos expedidos por una autoridad de un Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de dicho Estado, que sancionan una formación profesional adquirida de manera preponderante en la [Unión]. […]
d)
“autoridad competente”: toda autoridad u organismo investido de autoridad por los Estados miembros, habilitado, en particular, para expedir o recibir títulos de formación y otros documentos o información, así como para recibir solicitudes y para tomar decisiones contempladas en la presente Directiva».
7
El artículo 13 de la Directiva 2005/36, cuyo epígrafe es «Condiciones para el reconocimiento», establece en su apartado 1 lo siguiente:
«En caso de que, en un Estado miembro de acogida, el acceso a una profesión regulada o su ejercicio estén supeditados a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales, la autoridad competente de dicho Estado miembro concederá a los solicitantes el acceso a esa profesión y su ejercicio, en las mismas condiciones que los nacionales, siempre que posean el certificado de competencia o el título de formación contemplado en el artículo 11 exigidos por otro Estado miembro para acceder a esa misma profesión en su territorio o ejercerla en el mismo.
Los certificados de competencia o los títulos de formación serán expedidos por una autoridad competente en un Estado miembro, designada de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado miembro.»
Derecho italiano
8
La profesión de enseñanza de apoyo es una profesión regulada en Italia. En virtud del artículo 4 de la legge n. 124 — Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (Ley n.o 124, por la que se adoptan disposiciones urgentes en materia de personal docente), de 3 de mayo de 1999 (GURI n.o 107, de 10 de mayo de 1999), solo las personas que hayan obtenido el título de docente especializado en apoyo educativo pueden ser incluidas en las listas provinciales mediante las que se asignan las suplencias anuales.
9
El artículo 7, apartado 4, letra e), de la ordinanza ministeriale n. 60 — Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6‑bis e 6‑ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo (Orden Ministerial n.o 60, por la que se regulan los procedimientos para la elaboración de las listas provinciales y listas de centro a que se refiere el artículo 4, apartados 6‑bis y 6‑ter, de la Ley n.o 124, de 3 de mayo de 1999, y de asignación de suplencias de personal docente), de 10 de julio de 2020, prevé que los candidatos que soliciten su inclusión en estas listas provinciales deben adjuntar a su solicitud «los títulos de acceso exigidos, obtenidos a más tardar al expirar el plazo de presentación de la solicitud, con la indicación exacta de las instituciones que los hayan expedido», y que «cuando el título de acceso haya sido obtenido en el extranjero y reconocido por el Ministerio, deberán indicarse también los datos de la resolución de reconocimiento de dicho título».
10
Además, el órgano jurisdiccional remitente precisa que el título de docente especializado en apoyo educativo a los alumnos con discapacidad, obtenido en Italia tras una especialización concreta, o un título análogo de docente especializado en apoyo educativo obtenido en el extranjero y reconocido en Italia, permite acceder a los puestos de apoyo educativo que han de asignarse mediante concurso.
11
La legge n. 148 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno (Ley n.o 148, relativa a la ratificación y ejecución del Convenio sobre Reconocimiento de Cualificaciones relativas a la Educación Superior en la Región Europea, hecho en Lisboa el 11 de abril de 1997, y normas de adaptación del ordenamiento jurídico interno), de 11 de julio de 2002 (GURI n.o 173, de 25 de julio de 2002, suplemento ordinario n.o 151), preceptúa en su artículo 2 lo siguiente:
«1.   La competencia para el reconocimiento de los ciclos y períodos de estudios realizados en el extranjero y de los títulos académicos extranjeros, a efectos del acceso a la enseñanza superior, de la realización de estudios universitarios y de la obtención de títulos universitarios italianos corresponde a las universidades y a los centros de enseñanza universitaria, que la ejercen en el marco de su autonomía y de conformidad con sus respectivas normas, sin perjuicio de los acuerdos bilaterales en la materia.»
12
El artículo 5 de esta Ley prescribe lo siguiente:
«1.   El reconocimiento de los títulos académicos para fines distintos de los contemplados en el artículo 2 será efectuado por las Administraciones del Estado, respetando las disposiciones vigentes en materia de reconocimiento profesional y de acceso al empleo público, según los procedimientos que se establezcan mediante reglamento de ejecución.»
13
El decreto legislativo n. 206 — Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania (Decreto Legislativo n.o 206, por el que se transpone la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, y la Directiva 2006/100/CE, por la que se adaptan determinadas directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía), de 9 de noviembre de 2007 (GURI n.o 261, de 9 de noviembre de 2007, suplemento ordinario n.o 228), en su versión modificada por el decreto legislativo n. 15 — Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI») [Decreto Legislativo n.o 15, por el que se transpone la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»)], de 28 de enero de 2016 (GURI n.o 32, de 9 de febrero de 2016) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 206/2007»), regula, en virtud de su artículo 1, en particular, «el reconocimiento, para el acceso a las profesiones reguladas y su ejercicio, […] de las cualificaciones profesionales ya adquiridas en uno o varios Estados miembros de la Unión Europea, que permiten a su titular ejercer en el Estado miembro de origen la profesión correspondiente».
14
A tenor del artículo 2 del Decreto Legislativo n.o 206/2007, este último «se aplicará a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea que deseen ejercer en el territorio nacional, por cuenta ajena o por cuenta propia, incluidos los miembros de profesiones liberales, una profesión regulada sobre la base de cualificaciones profesionales obtenidas en un Estado miembro de la Unión Europea y que les habiliten para el ejercicio de dicha profesión en el Estado de origen.»
15
El artículo 3, apartados 1 y 2, del Decreto Legislativo n.o 206/2007 estipula lo siguiente:
«1.   El reconocimiento de cualificaciones profesionales efectuado en virtud del presente Decreto Legislativo permitirá acceder, si se cumplen los requisitos específicamente previstos, a la profesión correspondiente para la que las personas a las que se refiere el artículo 2, apartado 1, están cualificadas en el Estado miembro de origen y ejercerla en las mismas condiciones que las previstas por el ordenamiento italiano.
2.   A efectos del artículo 1, apartado 1, la profesión que el interesado ejercerá en el territorio italiano será aquella para la que esté cualificado en su Estado miembro de origen, siempre que las actividades sean comparables (sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5‑septies en materia de acceso parcial).»
16
El artículo 4 del Decreto Legislativo n.o 206/2007 precisa que el concepto de «cualificaciones profesionales» se refiere a las «cualificaciones acreditadas por un título de formación, un certificado de competencia […] o una experiencia profesional» y que las personas que hayan obtenido en el extranjero un título de cualificación, a saber, un título que figure entre los «diplomas, certificados y otros títulos expedidos por una universidad u otro organismo acreditado conforme a disciplinas específicas que acreditan haber completado una formación profesional adquirida de manera preponderante en el territorio de la [Unión]» que, sobre la base de este Decreto Legislativo, les confiera una cualificación profesional y les habilite para ejercer esa profesión en el Estado de origen, podrán iniciar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales previsto por dicho Decreto Legislativo.
Litigios principales, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
17
Cada una de las demandantes en los litigios principales presentó ante la autoridad competente italiana, en 2021, una solicitud de reconocimiento de cualificaciones profesionales adquiridas en otro Estado miembro, a efectos de ejercer la profesión de docente especializado en apoyo educativo. El reconocimiento solicitado se refería al título denominado «Curso Superior de Especialización en Atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo», expedido por la Universidad Cardenal Herrera — CEU de Valencia.
18
La autoridad competente italiana desestimó las solicitudes de estas demandantes debido a que, según la información recibida de las autoridades competentes españolas a raíz de una solicitud efectuada a través del Sistema de Información del Mercado Interior, previsto por el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión («Reglamento IMI») (DO 2012, L 316, p. 1), el título en cuestión, al tratarse únicamente de un título propio de la universidad que lo había expedido, no era un título oficial en España y no permitía ejercer en ese Estado miembro la profesión regulada de «maestro de educación primaria» en las especialidades de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, a saber, las cualificaciones exigidas para la educación especial en dicho Estado miembro.
19
Por consiguiente, la autoridad competente italiana concluyó que ese título, que no era reconocido por el Estado español, no era válido y no producía efectos en España, de modo que no podía ser reconocido sobre la base de ninguna normativa italiana.
20
En consecuencia, las demandantes en los litigios principales interpusieron ante el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente, un recurso de anulación de las resoluciones desestimatorias de sus respectivas solicitudes.
21
El citado órgano jurisdiccional considera que subsiste una duda en cuanto a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la interpretación dada a la legislación nacional pertinente por la jurisprudencia nacional, que da lugar a que se imponga a las autoridades nacionales competentes la obligación de apreciar siempre el contenido de la formación seguida en el Estado miembro de origen comparándolo con el previsto por el Derecho del Estado miembro de acogida, en particular en una situación en la que el título cuyo reconocimiento se solicita en el Estado miembro de acogida no es legalmente reconocido en el Estado miembro de origen como un título oficial que dé acceso a la profesión en cuestión.
22
En estas circunstancias, el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, que son idénticas en los dos asuntos principales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 13 de la Directiva [2005/36], interpretado a la luz del objetivo [de la Unión] de la supresión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre circulación de personas y servicios y de la libre circulación de personal docente, en el sentido de que, en relación con el reconocimiento entre los Estados miembros de cualificaciones profesionales, con especial referencia al título de especialización en materia de apoyo educativo, se opone a la interpretación y a la aplicación de una normativa nacional que permite considerar que se cumplen los requisitos para el reconocimiento aun cuando el título de formación especializada obtenido en el Estado miembro de origen no permite el ejercicio de la profesión correspondiente en dicho Estado y este no lo reconoce legalmente como título habilitante para dicho ejercicio?
2)
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿deben interpretarse las disposiciones del título III, capítulo I, de la Directiva 2005/36, por lo tanto, en el sentido de que las autoridades competentes en materia de reconocimiento de las cualificaciones, una vez recibida la correspondiente solicitud, están siempre y en todo caso obligadas a examinar el contenido de todos los documentos presentados por el interesado que puedan acreditar su cualificación profesional, aun cuando no se trate de un título que permita ejercer la profesión en el Estado miembro de origen, así como la conformidad de la formación que acreditan con los requisitos exigidos para obtener la cualificación profesional de que se trate en el Estado miembro de acogida y, en su caso, aplicar medidas compensatorias?»
23
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de septiembre de 2024, los asuntos C‑340/24 y C‑442/24 se acumularon a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
24
Con carácter preliminar, procede señalar que, mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente interroga al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 13 de la Directiva 2005/36. Pues bien, el reconocimiento de cualificaciones profesionales que prevé esta disposición implica que la persona que solicite tal reconocimiento disponga de un título de formación cualificándola, en el Estado miembro de origen, para ejercer en él una profesión regulada. En efecto, esta Directiva no se aplica a una situación en la que una persona que solicita el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales no ha obtenido tal título de formación (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 2021, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, C‑166/20, EU:C:2021:554, apartado 29), que es el caso de las demandantes en los litigios principales.
25
Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado (sentencias de 28 de noviembre de 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, apartado 18, y de 24 de junio de 2025, GR REAL, C‑351/23, EU:C:2025:474, apartado 61).
26
En este caso, de todos los elementos aportados por el órgano jurisdiccional remitente en la motivación de la petición de decisión prejudicial en el asunto C‑340/24, limitándose la resolución de remisión en el asunto C‑442/24 esencialmente a remitir a esa petición, se desprende que dicho órgano jurisdiccional pretende, en realidad, saber si el Derecho de la Unión impone, en el marco del examen de una solicitud de reconocimiento de cualificaciones profesionales adquiridas en otro Estado miembro, al Estado miembro de acogida la obligación de tomar en consideración un título de formación obtenido en el Estado miembro de origen que no es legalmente reconocido por este último y que no tiene ningún carácter oficial en este Estado.
27
Las demandantes en los litigios principales son nacionales italianas que realizaron un curso en una universidad española y utilizaron así su derecho a la libre circulación. Tras finalizar sus estudios, solicitaron el reconocimiento de sus títulos de formación españoles ante la autoridad competente italiana a fin de poder ejercer la profesión de docente especializado en apoyo educativo en Italia. Pues bien, el nacional de un Estado miembro, que ha residido y obtenido en otro Estado miembro un título universitario que pretende hacer valer en el Estado miembro cuya nacionalidad posee, está incluido en el ámbito de aplicación de los artículos 45 TFUE o 49 TFUE [véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2022, Sosiaali‑ ja terveysalan lupa‑ ja valvontavirasto (Formación básica de médico), C‑634/20, EU:C:2022:149, apartado 40 y jurisprudencia citada].
28
Por consiguiente, ha de considerarse que, mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si los artículos 45 TFUE y 49 TFUE deben interpretarse en el sentido de que imponen al Estado miembro de acogida la obligación de tomar en consideración, en el marco del examen de una solicitud de reconocimiento de cualificaciones profesionales, un título de formación obtenido en otro Estado miembro que no es legalmente reconocido por este Estado y no tiene ningún carácter oficial en este.
29
Según reiterada jurisprudencia, en una situación que no queda incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/36, sino que está comprendida en el ámbito de aplicación de los artículos 45 TFUE o 49 TFUE, las autoridades de un Estado miembro ante las que un nacional de la Unión haya presentado una solicitud de autorización para ejercer una profesión cuyo acceso está supeditado, según la legislación nacional, a la posesión de un título o de una cualificación profesional, o incluso a períodos de experiencia práctica, están obligadas a tomar en consideración todos los diplomas, certificados y otros títulos, así como la experiencia pertinente del interesado, y a efectuar una comparación entre, por un lado, las aptitudes acreditadas por dichos títulos y dicha experiencia y, por otro, los conocimientos y la capacitación exigidos por la legislación nacional [sentencia de 3 de marzo de 2022, Sosiaali‑ ja terveysalan lupa‑ ja valvontavirasto (Formación básica de médico), C‑634/20, EU:C:2022:149, apartado 38 y jurisprudencia citada].
30
Este procedimiento de examen comparativo presupone la confianza mutua entre los Estados miembros en los títulos que acrediten cualificaciones profesionales expedidos por cada Estado miembro. Por tanto, la autoridad del Estado miembro de acogida está obligada, en principio, a considerar verídico un documento como, en particular, un título de formación expedido por la autoridad de otro Estado miembro [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2022, Sosiaali‑ ja terveysalan lupa‑ ja valvontavirasto (Psicoterapeutas), C‑577/20, EU:C:2022:467, apartado 48].
31
Pues bien, en este caso, el Estado miembro de origen informó a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida de que el título controvertido en los litigios principales, al tratarse únicamente de un título propio de la universidad que lo había expedido, no era un título oficial en ese primer Estado y no permitía ejercer en este la profesión regulada a la que desean acceder las demandantes en los litigios principales. Además, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que, sin perjuicio de verificación por el órgano jurisdiccional remitente, el título en cuestión no da acceso a un nivel académico superior y no se inscribe en el sistema establecido por el proceso de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior.
32
De lo anterior se infiere que la confianza mutua en la que se basa el sistema de reconocimiento de cualificaciones profesionales en la Unión no puede invocarse en el supuesto de que el título de formación obtenido en el Estado miembro de origen se haya expedido por un organismo privado que no ha sido habilitado por las autoridades competentes de ese Estado para expedir títulos de formación que acrediten cualificaciones profesionales, de modo que el título expedido por tal organismo no se ha «expedido por un Estado miembro» y, por tanto, no solo no es reconocido en este, sino que no ofrece ninguna garantía en cuanto al nivel y a la calidad de la competencia que acredita.
33
Si bien, en una situación como la controvertida en los litigios principales, que no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/36, sino en el del artículo 45 TFUE o del artículo 49 TFUE, el Estado miembro de acogida de que se trate debe, tal como se desprende de los apartados 29 y 30 de la presente sentencia, tomar en consideración, en particular, un título expedido por el Estado miembro de origen, estos mismos artículos no pueden imponer al primer Estado miembro la obligación de tomar en consideración un título que no es expedido por el segundo Estado miembro y que no es reconocido en este. En efecto, las libertades de circulación no pueden imponer al Estado miembro de acogida la obligación de conceder a un título de formación expedido en el Estado miembro de origen más valor del que tiene en este último.
34
No obstante, el Estado miembro de acogida sigue siendo libre, en su caso, de tener en cuenta tal título en el marco del procedimiento de examen comparativo mencionado en el apartado 29 de la presente sentencia.
35
Por consiguiente, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que los artículos 45 TFUE y 49 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no imponen al Estado miembro de acogida la obligación de tomar en consideración, en el marco del examen de una solicitud de reconocimiento de cualificaciones profesionales, un título de formación obtenido en otro Estado miembro que no es legalmente reconocido por este Estado y no tiene ningún carácter oficial en dicho Estado.
Costas
36
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
Los artículos 45 TFUE y 49 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no imponen al Estado miembro de acogida la obligación de tomar en consideración, en el marco del examen de una solicitud de reconocimiento de cualificaciones profesionales, un título de formación obtenido en otro Estado miembro que no es legalmente reconocido por este Estado y no tiene ningún carácter oficial en dicho Estado.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.
(
i
)	La denominación de los presentes asuntos es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.