62006CJ0006_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C‑6/06 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 3 de enero de 2006,
Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo y otros,
representados por el Sr. M. Troncoso Ferrer, abogado,
partes recurrentes,
y en el que las otras partes en el procedimiento son:
Consejo de la Unión Europea,
representado por el Sr. F. Florindo Gijón y la Sra. M. Balta, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
Comisión de las Comunidades Europeas,
representada por el Sr. F. Jimeno Fernández, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,
y
República Francesa,
partes coadyuvantes en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. L. Bay Larsen, J. Makarczyk, P. Kūris (Ponente) y J.-C. Bonichot, Jueces;
Abogado General: Sra. V. Trstenjak,
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 4 de octubre de 2007;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1. Mediante su recurso de casación, la Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo y los demás recurrentes (en lo sucesivo, «recurrentes»), cuyos nombres figuran en el anexo de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 19 de octubre de 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo y otros/Consejo (T‑415/03, Rec. p. II‑4355; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), solicitan la anulación de dicha sentencia, por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso de indemnización dirigido a obtener la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por aquéllos como consecuencia de la autorización por el Consejo de la Unión Europea de la cesión a la República Francesa de una parte de la cuota de anchoa asignada a la República Portuguesa.
El recurso ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida
2. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de diciembre de 2003, los recurrentes interpusieron, con arreglo a los artículos 235 CE y 288 CE, párrafo segundo, un recurso que tenía por objeto que se declarase la responsabilidad extracontractual de la Comunidad Europea y que se condenase al Consejo a reparar el perjuicio supuestamente sufrido por ellos como consecuencia de la autorización por este último de la cesión a la República Francesa de una parte de la cuota de anchoa asignada a la República Portuguesa en la división IX del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (en lo sucesivo, «zona CIEM IX») para que pudiese ser pescada en la división VIII de dichas aguas (en lo sucesivo, «zona CIEM VIII»).
3. Dicho recurso fue desestimado en su totalidad mediante la sentencia recurrida por los motivos que se resumen a continuación.
4. En el apartado 20 de la referida sentencia, el Tribunal de Primera Instancia recordó que, mediante sentencia de 18 de abril de de 2002, España/Consejo (C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 y C‑22/01, Rec. p. I‑3439), el Tribunal de Justicia anuló, a instancias del Reino de España, la nota 3 del decimotercer apartado del anexo del Reglamento (CE) nº 3074/95 del Consejo, de 22 diciembre de 1995, por el que se fijan los totales admisibles de capturas de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces para 1996 y determinadas condiciones en las que pueden pescarse (DO L 330, p. 1), la nota 3 del decimocuarto apartado del anexo I del Reglamento (CE) nº 390/97 del Consejo, de 20 diciembre de 1996, por el que se fijan los totales admisibles de capturas de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces para 1997 y determinadas condiciones en que pueden pescarse (DO 1997, L 66, p. 1), la nota 3 del decimoquinto apartado del anexo I del Reglamento (CE) nº 45/98 del Consejo, de 19 de diciembre de 1997, por el que se fijan los totales admisibles de capturas de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces para 1998 y determinadas condiciones en que pueden pescarse (DO 1998, L 12, p. 1), la nota 3 del decimoquinto apartado del anexo I del Reglamento (CE) nº 48/1999 del Consejo, de 18 de diciembre de 1998, por el que se establecen, para 1999, los totales admisibles de capturas de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces y determinadas condiciones en que pueden pescarse (DO 1999, L 13, p. 1), la nota 2 del noveno apartado del anexo I D del Reglamento (CE) nº 2742/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establecen, para el año 2000, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sean necesarias limitaciones de capturas, y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 66/98 (DO L 341, p. 1), y la nota 2 del noveno apartado del anexo I D del Reglamento (CE) nº 2848/2000 del Consejo, de 15 de diciembre de 2000, que establece, para el año de 2001, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sean necesarias limitaciones de capturas (DO L 334, p. 1), que establecían, como excepción a la regla general según la cual las cuotas de anchoa asignadas a la República Portuguesa en las zonas CIEM IX, CIEM X y en la división 34.1.1 del plan elaborado por el Comité de Pesca del Atlántico Centro-Este únicamente podían ser pescadas en aguas jurisdiccionales de dicho Estado miembro, la posibilidad de pescar varias toneladas de anchoa de la cuota portuguesa en las aguas de la zona CIEM VIII sujetas a la soberanía o jurisdicción de la República Francesa (en lo sucesivo, «disposiciones anuladas»).
5. No obstante, si bien según los apartados 75 y 81 de la sentencia recurrida las disposiciones anuladas violaban el principio de estabilidad relativa y el Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y a las adaptaciones de los Tratados (DO 1985, L 302, p. 23; en lo sucesivo, «Acta de adhesión»), de lo afirmado en el apartado 97 de la misma sentencia se deduce que el referido principio y el artículo 161, apartado 1, letra f), del Acta de adhesión no tienen por objeto otorgar derechos subjetivos a los particulares, cuya violación les conferiría un derecho a indemnización con arreglo al artículo 288 CE, párrafo segundo.
6. El Tribunal de Primera Instancia constató, en los apartados 76 y 78 de la sentencia recurrida, que las disposiciones anuladas no violaron el principio de seguridad jurídica, puesto que el marco normativo aplicable facultaba, en principio, al Consejo para adoptarlas.
7. En los mismos apartados 76 y 78, el Tribunal de Primera Instancia consideró que los demandantes no podían tampoco albergar una confianza legítima en el mantenimiento de una situación existente, ya que ésta podía ser modificada por el Consejo en virtud de su facultad de apreciación, especialmente en un ámbito como el de la política agrícola común, en el que las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación.
8. Por otra parte, en el apartado 146 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia afirmó que los demandantes no habían aportado la prueba de la realidad de los perjuicios alegados.
9. Por último, en los apartados 143 y 144 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró que no podía ordenarse la práctica de las diligencias de prueba solicitadas por los demandantes tras el cierre de la fase oral, puesto que, por un lado, podrían haber sido solicitadas antes de que finalizase dicho procedimiento y, por otro lado, no se referían a hechos que pudieran ejercer una influencia decisiva sobre la solución del litigio.
El procedimiento ante el Tribunal de Justicia y las pretensiones de las partes
10. Mediante su recurso de casación, los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
– Declare admitido a trámite el recurso de casación.
– Anule totalmente la sentencia recurrida.
– Estime las pretensiones aducidas por los recurrentes en primera instancia, a saber:
– Declare que la Comunidad ha incurrido en responsabilidad extracontractual al sustraer una parte del porcentaje del total admisible de capturas (en lo sucesivo, «TAC») de anchoa correspondiente al Reino de España y a la flota habilitada para faenar anchoa en la zona CIEM VIII durante los años 1996 a de 2001, mediante el trasvase habilitado por el Consejo en sus Reglamentos n os  3074/1995, 390/1997, 45/1998, 48/1999 y 2848/2000, de la cuota asignada a la República Portuguesa en la zona CIEM IX, para ser pescada por la República Francesa en la zona CIEM VIII, en violación del artículo 161, apartado 1, letra f), del Acta de adhesión y del principio de estabilidad relativa y de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.
– Obligue a la Comunidad, representada por el Consejo, a resarcir a los recurrentes del perjuicio real y cierto sufrido como consecuencia de los actos del Consejo, perjuicio que engloba tanto el daño emergente como el lucro cesante, en los términos referenciados en el presente recurso y sus anexos.
– Condene, en su caso, a la Comunidad, representada por el Consejo, al pago de intereses de demora.
– Condene al Consejo al pago de las costas procesales.
11. El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
– Desestime el primer motivo del recurso de casación interpuesto por los recurrentes por inadmisible y que desestime el recurso en cuanto interpuesto por los armadores de los buques «Dios te Salve», a saber, los Sres. Ribes Susperregui, Lazcanotegui Garro, Lazcanotegui González, Olaizola Aguinaga y Garmendia Lecuona, y «Tuku Tuku», a saber, el Sr. Emazábel Zamora, la Sra. Goicoechea Iriazábal, el Sr. Emazábel Goicoechea, la Sra. Goicoechea Emazábel, el Sr. Urbano Arbelaiz, la Sra. Sarasola Sanz, el Sr. Elduayen Eizaguirre, la Sra. Pilar Echave, el Sr. Emazábel Zabala y la Sra. Gragirena Mutuberría.
– En todo caso, desestime íntegramente el recurso por infundado.
– Anule parcialmente la sentencia recurrida y estime la excepción de inadmisibilidad de la acción de responsabilidad extracontractual interpuesta por las Cofradías de Pescadores en nombre de sus miembros, beneficiarios de los derechos de pesca relativos a la zona CIEM VIII, como solicitó el Consejo ante el Tribunal de Primera Instancia, confirmando la sentencia recurrida en todo lo demás.
– Condene en costas a los recurrentes o, en el caso de que se desestimasen los motivos formulados por él y por los recurrentes, se condene a cada parte a cargar con sus propias costas.
12. La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
– Declare la inadmisibilidad de todos y cada uno de los motivos de casación.
– En caso de estimarse que el recurso de casación es admisible, se proceda a su íntegra desestimación por las razones de fondo apuntadas.
– Condene a los recurrentes al pago de las costas procesales.
Sobre los recursos de casación
13. En apoyo de su recurso de casación, los recurrentes invocan tres motivos. El primer motivo se basa en un error de Derecho en la apreciación de la violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica superior y de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. El segundo se basa en un error de Derecho consistente en negar al principio de estabilidad relativa la facultad de generar derechos subjetivos a favor de los particulares. El tercer motivo se basa en un error de Derecho consistente en negar a los recurrentes el derecho a presentar prueba, y en no proceder al examen detallado de la prueba y de los argumentos aportados, relativos a la realidad del perjuicio, con la consiguiente violación del derecho de defensa.
Sobre la adhesión a la casación
14. En su adhesión a la casación, que procede examinar, en primer lugar, el Consejo solicita al Tribunal de Justicia que anule parcialmente la sentencia recurrida y, como había solicitado al Tribunal de Primera Instancia, que estime la excepción de inadmisibilidad de la acción de responsabilidad extracontractual interpuesta por las Cofradías de pescadores de Guipúzcoa y Vizcaya en nombre de sus miembros, beneficiarios de los derechos de pesca relativos a la zona CIEM VIII, confirmando la sentencia recurrida en todo lo demás.
15. El Consejo estima que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 148 de la sentencia recurrida, que no era necesario pronunciarse sobre las alegaciones relativas a la admisibilidad del recurso.
16. El Consejo no pone objeciones a la decisión del Tribunal de Primera Instancia de examinar en primer lugar el fondo de la demanda, que procede luego a desestimar por infundada. Sin embargo, a su juicio, el Tribunal de Primera Instancia debería haberse pronunciado, antes o después de dicho examen, sobre la excepción de inadmisibilidad, puesto que, al exigir el principio de seguridad jurídica la identificación de las partes en el proceso, sin la cual no puede existir ninguna relación procesal, la decisión adoptada no puede producir efectos respecto a las partes.
17. El Consejo recuerda que adujo ante el Tribunal de Primera Instancia, por un lado, que las Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y Vizcaya no aportaron ninguna prueba de cesión de derechos o de delegación de facultades otorgada por los armadores a quienes pretenden representar y, por otro lado, que la ley española no establece dicha cesión o delegación. El Consejo indicó asimismo que ni siquiera se conocía el nombre de algunos de los armadores pretendidamente representados, ni su residencia, ni se aportaban los estatutos de los recurrentes que pretendían ser personas jurídicas.
18. El Consejo añade que la desestimación del recurso por infundado produce el efecto de cosa juzgada, y el de litispendencia mientras se resuelve el presente recurso de casación. A su juicio, los armadores a los que hace referencia no pueden volver a reclamar contra la Comunidad por los mismos conceptos. Pues bien, ni el Consejo ni posiblemente ellos mismos saben quiénes son los armadores respecto de los cuales sería aplicable la excepción de cosa juzgada.
Apreciación del Tribunal de Justicia
19. La adhesión a la casación del Consejo tiene por objeto que el Tribunal de Justicia anule la parte de la sentencia recurrida mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia decidió no pronunciarse sobre la totalidad o parte de la excepción de inadmisibilidad que había propuesto el Consejo. A este respecto, este último hace referencia en su adhesión a la casación al apartado 148 de dicha sentencia.
20. Para apreciar esta cuestión de admisibilidad, que había sido propuesta efectivamente por el Consejo en su escrito de contestación a la demanda presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, procede recordar que, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó la pretensión del Consejo dirigida a que se desestimasen las pretensiones formuladas por los recurrentes.
21. Procede señalar asimismo que incumbía al Tribunal de Primera Instancia apreciar, como así hizo, si, en las circunstancias del caso de autos, una buena administración de la justicia podía justificar que se desestimara el recurso en cuanto al fondo en dicho asunto sin pronunciarse sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Consejo, lo que no puede considerarse que resulte abusivo para éste (véase la sentencia de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, apartado 52).
22. Por estos motivos, debe desestimarse la adhesión a la casación del Consejo, que tiene por objeto que se anule parcialmente la sentencia recurrida y que se estime la excepción de inadmisibilidad del recurso por responsabilidad extracontractual interpuesto por las Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y Vizcaya en nombre de sus miembros.
Sobre el recurso de casación principal
Sobre la excepción de inadmisibilidad
23. El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad parcial del recurso de casación.
24. Afirma que, en el presente caso, los armadores de los buques «Dios te Salve», a saber, los Sres. Ribes Susperregui, Lazcanotegui Garro, Lazcanotegui González, Olaizola Aguinaga y Garmendia Lecuona, y «Tuku Tuku», a saber, el Sr. Emazábel Zamora, la Sra. Goicoechea Iriazábal, el Sr. Emazábel Goicoechea, la Sra. Goicoechea Emazábel, el Sr. Urbano Arbelaiz, la Sra. Sarasola Sanz, el Sr. Elduayen Eizaguirre, la Sra. Pilar Echave, el Sr. Emazábel Zabala y la Sra. Gragirena Mutuberría, no reclamaron indemnización alguna, conforme a la individualización de daños que aparece en el anexo 13 de la demanda interpuesta ante el Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, ni tenían interés para interponer dicha demanda ante el Tribunal de Primera Instancia ni lo tienen ahora para recurrir en casación.
25. El Consejo alega que, en primera instancia, había sostenido que debía declararse la inadmisibilidad de la demanda con relación a dichos armadores y a otros dieciséis armadores titulares de las embarcaciones «Gure Leporre», «Lezoko Gurutze», «Ortube Berria» y «Waksman». Aunque todos estos armadores estaban en idéntica situación, sólo dieciséis de ellos aceptaron su falta de interés para ejercitar la acción en primera instancia.
26. El Consejo lamenta que no se decidiera la inadmisibilidad de la demanda interpuesta por los armadores de los buques «Dios te Salve» y «Tuku Tuku» ante el Tribunal de Primera Instancia, con la deplorable consecuencia de que hayan podido interponer un recurso de casación contra la sentencia dictada sobre el fondo y no contra la decisión que declarara inadmisible su acción. No obstante, el Consejo entiende que la buena administración de la justicia obligaría a que se declare inadmisible la acción de quienes palmariamente carecen de interés para ser parte en el procedimiento porque nada reclaman.
27. En su escrito de réplica, los recurrentes confirman la retirada de la lista de recurrentes de los armadores titulares de las embarcaciones «Gure Leporre», «Lezoko Gurutze», «Orbute Berria» y «Waksman». En la vista, adoptaron idéntica posición por lo que se refiere a los armadores de los buques «Dios te Salve» y «Tuku Tuku».
– Apreciación del Tribunal de Justicia
28. Por considerar que los quince armadores de los buques «Dios te Salve» y «Tuku Tuku» desistieron de su recurso de casación en la vista, no procede ya pronunciarse sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Consejo contra el presente recurso de casación.
Sobre el fondo
– Sobre el primer motivo
Alegaciones de las partes
29. Mediante su primer motivo, los recurrentes sostienen que, teniendo en cuenta que las disposiciones anuladas fueron adoptadas al margen de los procedimientos legalmente previstos para ello, y en violación de lo dispuesto por el Acta de adhesión, procede concluir, contrariamente a lo que consideró el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida, que el Consejo actuó en flagrante violación del principio de seguridad jurídica, defraudando la confianza legítima de los agentes económicos autorizados para explotar los recursos de la zona en cuestión, e incurrió en desviación de poder, al otorgar a la República Francesa más cuota de la que le correspondía, en desconocimiento del reparto fijado por la referida Acta.
30. En efecto, los recurrentes alegan que la autorización por el Consejo de un intercambio de cuotas estaba supeditada al cumplimiento de las condiciones establecidas por el Reglamento (CE) nº 685/95 del Consejo, de 27 de marzo de 1995, relativo a la gestión de los esfuerzos pesqueros referentes a determinadas zonas y recursos pesqueros comunitarios (DO L 71, p. 5), así como por el Reglamento (CEE) nº 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura (DO L 389, p. 1), a saber, la fijación de un TAC común de anchoa para las zonas CIEM VIII y CIEM IX y la petición de los Estados miembros afectados, y que el Consejo violó lo dispuesto por el Acta de adhesión.
31. En su escrito de réplica, los recurrentes reprochan un error de Derecho al Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que éste no tuvo en cuenta las alegaciones relativas a la vulneración por el Consejo de las normas procedimentales establecidas para el intercambio de posibilidades de pesca, en violación de lo dispuesto, in fine,
por el Acta de adhesión.
32. El Consejo alega, con carácter principal, que debe inadmitirse el primer motivo del recurso de casación. La Comisión se pronuncia en el mismo sentido.
Apreciación del Tribunal de Justicia
33. Por lo que atañe a la admisibilidad del primer motivo, basado en un error de Derecho en la apreciación de la vulneración suficientemente caracterizada de una norma jurídica superior y de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, de los artículos 225 CE y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho y debe fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesione los intereses de la parte recurrente o de la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Primera Instancia (véanse, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2000, Parlamento/Bieber, C‑284/98 P, Rec. p. I‑1527, apartado 30, así como la jurisprudencia citada, y el auto de 10 de mayo de de 2001, FNAB y otros/Consejo, C‑345/00 P, Rec. p. I‑3811, apartado 28).
34. De los citados artículos y del artículo 112, apartado 1, párrafo primero, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión (véase la sentencia de 6 de marzo de 2003, Interporc/Comisión, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, apartado 15 y la jurisprudencia citada).
35. Por consiguiente, no cumple los requisitos de motivación establecidos en dichas disposiciones, el recurso de casación que se limita a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones formulados ante el Tribunal de Primera Instancia, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por dicho órgano jurisdiccional (véase la sentencia Interporc/Comisión, antes citada, apartado 16 y la jurisprudencia citada). En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia (véase la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Eurocoton y otros/Consejo, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, apartado 47).
36. Ahora bien, aun cuando es cierto, como sostienen los recurrentes, que en la medida en que éstos impugnan la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación (sentencia de 13 de julio de 2000, Saltzgitter/Comisión, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, apartado 43), es preciso señalar que, en el caso de autos, las alegaciones formuladas por los recurrentes y relativas a la violación por parte del Consejo de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima de los operadores económicos autorizados a explotar los recursos de la zona CIEM VIII así como a una supuesta desviación de poder, no aportan ningún elemento que demuestre por qué el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho, al limitarse dichos recurrentes a reproducir sus alegaciones y argumentos formulados en el marco del recurso interpuesto en primera instancia.
37. De ello se deduce que la argumentación de los recurrentes, consistente en una reproducción literal de las alegaciones formuladas ante el Tribunal de Primera Instancia, debe considerarse una mera pretensión de reexamen de la demanda presentada en primera instancia, vulnerando de este modo requisitos establecidos tanto por el Estatuto del Tribunal de Justicia como por su Reglamento de Procedimiento. Por tanto, debe declararse la inadmisibilidad de dicha argumentación.
38. Por último, en la vista, los recurrentes sostuvieron que, contrariamente a la alegación de la Comisión según la cual la legislación comunitaria no fue aprobada por un órgano manifiestamente incompetente o infringiendo normas procedimentales básicas, el Tribunal de Primera Instancia se contradijo al afirmar que el intercambio de cuotas aprobado por el Consejo era nulo.
39. A este respecto, es preciso señalar que esta alegación se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida. En efecto, no se desprende de ésta que el Tribunal de Primera Instancia haya declarado ilegal el intercambio de posibilidades de pesca, correspondiente al período comprendido entre 1995 y 2002, entre la República Francesa y la República Portuguesa. Bien al contrario, el Tribunal de Primera Instancia subrayó, en los apartados 66 y 67 de la sentencia recurrida, que, si bien en la sentencia España/Consejo, antes citada, el Tribunal de Justicia anuló la autorización dada por el Consejo a la República Portuguesa de pescar una parte de su cuota de anchoa en la zona CIEM VIII, en cambio, no se pronunció sobre la legalidad de la cesión por la República Portuguesa de sus posibilidades de pesca de anchoa en la zona CIEM VIII a la República Francesa, al haber sido avalada dicha cesión en la sentencia de 5 de octubre de 1999, España/Consejo (C‑179/95, Rec. p. I‑6475). En efecto, en esta última sentencia, el Tribunal de Justicia había desestimado los motivos de anulación invocados por el Reino de España contra la disposición que preveía dicha cesión, a saber, el punto 1, 1.1, párrafo segundo, inciso i), del anexo IV del Reglamento nº 685/95. La compatibilidad de la referida disposición con el Derecho comunitario fue resuelta definitivamente de este modo mediante la sentencia de 5 de octubre de 1999, España/Consejo, antes citada, que tiene fuerza de cosa juzgada por lo que a este extremo se refiere.
40. De ello se deduce que la citada argumentación carece de fundamento.
41. Por consiguiente, de todo lo antedicho se desprende que procede desestimar el primer motivo por ser en parte inadmisible y en parte infundado.
– Sobre el segundo motivo
Alegaciones de las partes
42. Mediante su segundo motivo, los recurrentes sostienen que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al considerar que el principio de estabilidad relativa y el artículo 161, apartado 1, letra f), del Acta de adhesión no pueden conferir derechos subjetivos a los particulares, al no ser conciliable, a su juicio, dicho análisis con la verdadera ratio legis
de la norma en cuestión, a saber, el mantenimiento del nivel de vida de las poblaciones que se dedican tradicionalmente a la pesca de la anchoa.
43. Los recurrentes alegan a continuación que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación, en la medida en que el análisis realizado se basa exclusivamente en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de diciembre de 2001, Area Cova y otros/Consejo y Comisión (T‑196/99, Rec. p. II‑3597), en la que no entraba en juego el principio de estabilidad relativa.
44. Los recurrentes consideran que el principio de estabilidad relativa confiere derechos, o cuando menos una legítima expectativa de derechos a los particulares, y más concretamente a los operadores económicos, destinatarios, y verdaderos beneficiarios, de los derechos de pesca de la anchoa en la zona CIEM VIII, al ser ellos los que realizan su captura y, por ende, los principales perjudicados en el supuesto de que se introduzcan, como fue el caso, recortes a la cuota del 90 % del TAC atribuida al Reino de España.
45. Los recurrentes añaden que un razonamiento como el seguido por el Tribunal de Primera Instancia, por el que, implícitamente, se niega la titularidad de los derechos de pesca a los buques que enarbolan pabellón de cada Estado miembro o que están matriculados en él, y que, sin embargo, constituyen los únicos sujetos autorizados a pescar con cargo a las cuotas establecidas, supone situar a éstos en una posición de total indefensión en caso de violación de las reglas de reparto de las cuotas de pesca y conlleva, para ellos, la privación por el Consejo, en total impunidad, de un derecho (o, al menos, de una expectativa de derechos) de indudable contenido patrimonial.
46. El Consejo alega que el segundo motivo es infundado.
47. La Comisión alega, con carácter principal, que este motivo, relacionado con el principio de estabilidad relativa y, más concretamente, con la cuestión de si dicho principio tiene o no por objeto conferir derechos a los particulares, es inadmisible, puesto que se limita a reproducir literalmente los argumentos ya formulados en primera instancia, sin añadir elemento nuevo alguno que permita sostener que el Tribunal de Primera Instancia haya podido incurrir en un error de Derecho.
Apreciación del Tribunal de Justicia
48. Si bien en la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia se refirió a la sentencia Area Cova y otros/Consejo y Comisión, antes citada, el razonamiento que siguió y que le llevó a considerar, en el apartado 93 de aquella sentencia, que el principio de estabilidad relativa y el artículo 161, apartado 1, letra f), del Acta de adhesión identifican con suficiente precisión a los Estados miembros como titulares de los derechos de pesca y definen el contenido de estos derechos, de forma que dichas normas jurídicas no tienen por objeto conferir derechos a los particulares, no necesitaba hacer referencia a esa sentencia anterior.
49. En efecto, antes de llegar a la conclusión que acaba de recordarse en el apartado precedente de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia examinó, en los apartados 83 a 92 de la sentencia recurrida, en qué medida puede considerarse que el principio de estabilidad relativa y el artículo 161, apartado 1, letra f), del Acta de adhesión tienen por objeto conferir derechos a los particulares. Como afirma además la Comisión, en su apreciación el Tribunal de Primera Instancia no se refirió exclusivamente a la sentencia Area Cova y otros/Consejo y Comisión, antes citada, sino también a una línea jurisprudencial consolidada, cuyo fundamento se encuentra en la sentencia de 13 de octubre de 1992, Portugal y España/Consejo (C‑63/90 y C‑67/90, Rec. p. I‑5073, apartado 28), citada expresamente en la sentencia recurrida.
50. Así pues, el Tribunal de Primera Instancia expuso reiterativamente, al remitirse a la citada sentencia Area Cova y otros/Consejo y Comisión, una argumentación que no era necesaria para su razonamiento.
51. Por tanto, las alegaciones dirigidas contra fundamentos jurídicos superfluos de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia no pueden dar lugar a la anulación de la misma y son, por tanto, inoperantes (sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, apartado 148 y la jurisprudencia citada).
52. En estas circunstancias, la argumentación de los recurrentes según la cual la sentencia recurrida adolece de error de Derecho o de falta de motivación, carece de fundamento.
53. Por lo que respecta a la alegación de los recurrentes según la cual la interpretación que hizo el Tribunal de Primera Instancia del principio de estabilidad relativa no es conciliable con la verdadera ratio legis de la norma en cuestión, es preciso señalar que la lectura de la sentencia recurrida y, en particular, de los apartados 83 a 97, permite demostrar que el Tribunal de Primera Instancia interpretó correctamente el citado principio. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente, en el apartado 89 de su sentencia, que el principio de estabilidad relativa refleja un criterio de reparto entre los Estados miembros de las posibilidades de pesca comunitarias en forma de cuotas asignadas a dichos Estados. En este sentido, tras referirse a la jurisprudencia citada en el apartado 49 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia recordó que el principio de estabilidad relativa no confiere a los pescadores ninguna garantía de captura de una cantidad fija de pescado, debiendo entenderse la exigencia de estabilidad relativa únicamente como el mantenimiento de un derecho a un porcentaje fijo para cada Estado miembro en dicho reparto.
54. Además, en el apartado 90 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia subrayó igualmente que, en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 3760/92, los Estados miembros podían intercambiar en su totalidad o en parte las disponibilidades de pesca que les hubiesen sido asignadas, como demuestran los hechos del presente asunto. El procedimiento que debería seguirse para la realización de tal intercambio no revelaba tampoco la existencia de indicios que permitieran llegar a la conclusión de que existiesen derechos de los que fuesen titulares los pescadores del Estado miembro cedente.
55. A resultas de tal análisis, el Tribunal de Primera Instancia pudo señalar, en el apartado 92 de la sentencia recurrida, que la concesión al Reino de España, en virtud del principio de estabilidad relativa, de una cuota del 90 % del TAC de anchoa en la zona CIEM VIII no confiere, en cuanto tal, a los pescadores españoles derecho alguno a pescar en dicha zona, ya que tales posibilidades de pesca eventuales se derivan únicamente de la legislación nacional que fija las condiciones del ejercicio de la pesca de anchoa en la zona CIEM VIII.
56. En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que el principio de estabilidad relativa y el artículo 161, apartado 1, letra f), del Acta de adhesión identifican con suficiente precisión a los Estados miembros como titulares de los derechos de pesca y definen el contenido de estos derechos de forma que dichas normas jurídicas no tienen por objeto conferir derechos a los particulares.
57. Por otra parte, los recurrentes no pueden alegar que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta las especiales necesidades de las regiones cuya poblaciones locales dependen en gran medida de la pesca y de las actividades conexas, ya que el Tribunal de Primera Instancia recordó acertadamente, en el apartado 94 de la sentencia recurrida, que la finalidad de las cuotas de pesca es garantizar a cada Estado miembro una parte de los TAC comunitarios, determinada esencialmente en función de las capturas de que disfrutaron las actividades de pesca tradicionales, las poblaciones locales dependientes de la pesca y las industrias afines de dicho Estado miembro, antes del establecimiento del régimen de cuotas y, en el apartado 95 de dicha sentencia, que al distribuir las posibilidades de pesca entre los Estados miembros, el Consejo, debe ponderar, respecto a cada una de las poblaciones de peces consideradas, los intereses que representa cada Estado miembro en lo que se refiere a sus actividades tradicionales de pesca y, en su caso, a sus poblaciones y sus industrias locales que dependan de la pesca.
58. De ello se deduce que no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia error de Derecho alguno.
59. Por lo que respecta a las alegaciones de los recurrentes basadas en que se ven privados de cualquier posibilidad de recurso en caso de violación de las reglas de reparto de las cuotas de pesca, en que el acto ilegal del Consejo queda al abrigo de toda sanción y en la imposibilidad de que los particulares (privados de la titularidad del derecho) y los Estados miembros (que no ejercen directamente actividad pesquera alguna) reclamen una indemnización, en la conculcación de un objetivo de la política agrícola común así como del derecho de los recurrentes a interponer un recurso contra las eventuales consecuencias de la disposición impugnada, como declaró el Tribunal de Primera Instancia en el auto de 19 de septiembre de 2001, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y otros/Consejo (T‑54/00 y T‑73/00, Rec. p. II‑2691), es preciso señalar que, al no haber aportado los recurrentes ningún elemento dirigido a demostrar por qué el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho, no son, básicamente, más que una repetición de las alegaciones formuladas en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia que figuran en los apartados 57 y 58 de la sentencia recurrida.
60. Pues bien, como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 35 de la presente sentencia, dichas alegaciones se invocan en apoyo de un recurso de casación que es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia.
61. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de dichas alegaciones.
62. Por tanto, de todas las consideraciones anteriores se deduce que debe desestimarse el segundo motivo, por ser en parte infundado y en parte inadmisible.
– Sobre el tercer motivo
Alegaciones de las partes
63. El tercer motivo invocado por los recurrentes se basa en que el Tribunal de Primera Instancia, ignorando el tenor de una evaluación económica del perjuicio causado a los recurrentes, realizada por el Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario (informe AZTI)
y un informe técnico del citado Instituto sobre el cálculo individual del perjuicio, así como una metodología utilizada para el cálculo individualizado de los daños causados a los recurrentes como consecuencia de la supresión de los derechos de pesca, aportados por los recurrentes, se limitó a afirmar que éstos no proporcionan dato alguno que demuestre el perjuicio alegado y denegó, calificándola de extemporánea, la solicitud de diligencias de prueba presentada por los recurrentes en su escrito de 31 de mayo de 2005. En efecto, habían solicitado la práctica de un peritaje que analizara las consecuencias de la cesión ilegal y de la sobreexplotación de la anchoa sobre la situación de la pesca.
64. Los recurrentes consideran que, con su decisión, el Tribunal de Primera Instancia les privó de su derecho de defensa, reconocido por el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de la Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y confirmado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, así como por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1).
65. En efecto, los recurrentes estiman que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta, a la hora de tomar su decisión, el hecho de que no pudieron presentar con anterioridad la solicitud de prueba pericial, dado que hasta después de celebrada la fase oral no pudieron disponer de elementos que acreditaban la disminución de las capturas y el mal estado biológico de la población de anchoa debido a la explotación efectuada en la zona CIEM VIII.
66. En este sentido, los recurrentes destacan que el Tribunal de Primera Instancia concluyera la falta de motivación, y más concretamente la ausencia de pruebas que demostraran la relación de causalidad entre las disposiciones anuladas y los daños sufridos por la biomasa, al tiempo que denegaba a los recurrentes la posibilidad de proceder a la práctica de un peritaje dirigido a reforzar la demostración de tal relación a la luz de los acontecimientos acaecidos desde mayo de 2005. En efecto, dicha prueba pericial ayudaría a esclarecer y, a juicio de los recurrentes, a demostrar que la ya contrastada disminución de la población de la anchoa en la zona CIEM VIII no responde a motivos cíclicos sino a su sobreexplotación previa, autorizada por el Consejo mediante las disposiciones anuladas.
67. El Consejo alega que el tercer motivo es infundado.
68. Según la Comisión, este motivo es, con carácter principal, inadmisible, puesto que se centra en la apreciación de hechos y no se limita al examen de cuestiones de Derecho, como exige el artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
69. En la medida en que los recurrentes reprochan al Tribunal de Primera Instancia la denegación de la práctica de un peritaje que analizara las consecuencias de la cesión y la sobreexplotación de la anchoa sobre la situación de la pesca, procede recordar que sólo el Tribunal de Primera Instancia puede decidir, cuando procede, sobre la necesidad de completar la información de que dispone en los asuntos de que conoce (sentencia de 10 julio de 2001, Ismeri Europa/Tribunal de Cuentas, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, apartado 19 y la jurisprudencia citada).
70. Así, en el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 143 de la sentencia recurrida, que sólo puede ser acogida una solicitud de diligencia de prueba presentada después de la finalización de la fase oral del procedimiento, si se refiere a hechos que puedan ejercer una influencia decisiva sobre la solución del litigio y que el interesado no podía haber alegado antes de la conclusión de la fase oral (sentencia de 8 de julio de 1999, Hoechst/Comisión, C‑227/92 P, Rec. p. I‑4443, apartado 104). A continuación, el Tribunal de Primera Instancia señala, tras analizar las alegaciones formuladas por los recurrentes, que estos no habían expuesto la menor justificación dirigida a demostrar que, en el momento de presentar su demanda, no pudieron fundamentar su afirmación relativa a la sobreexplotación y la erosión de los recursos; en particular, no explican por qué no pudieron en la fase de la demanda, o al menos de la réplica, solicitar que se practicara un peritaje. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró que dicha petición era inadmisible.
71. Corresponde, sin embargo, al Tribunal de Justicia comprobar si el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al negarse a acordar las diligencias de prueba solicitadas por los recurrentes (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 1999, ICI/Comisión, C‑200/92 P, Rec. p. I‑4399, apartado 59). Así pues, el Tribunal de Primera Instancia no podía contentarse con denegar su petición de prueba pericial sin explicar las razones por las cuales tales diligencias no pueden, en ningún caso, resultar pertinentes para la solución del litigio (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 1999, Ufex y otros/Comisión, C‑119/97 P, Rec. p. I‑1341, apartados 110 y 111).
72. En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia explicó, en el apartado 144 de la sentencia recurrida, las razones por las que la solicitud de prueba pericial carecía de pertinencia para la solución del litigio de que conocía. En efecto, dicho órgano jurisdiccional declaró que ninguno de los documentos aportados por los recurrentes probaba, ni siquiera planteaba la hipótesis, de que la disminución de las capturas o el mal estado biológico de la población de peces en 2005 hubieran podido deberse a las disposiciones anuladas por la sentencia de 18 de abril de 2002, España/Consejo, antes citada, o a una sobreexplotación anterior de la anchoa. Al contrario, el Tribunal de Primera Instancia señaló que del informe Arrantza 2003,
elaborado por el Instituto Tecnológico Pesquero y Alimentario, se desprende que el ciclo de vida de la anchoa es muy corto y la población de anchoa muy variable, por lo que puede haber de un año para otro períodos de crisis en dicha población, o incluso períodos de escasez. Así, el Tribunal de Primera Instancia explicó que, según el citado informe, en 2002, la biomasa de reproductores estaba dentro de unos límites biológicos seguros, al estimarse en 56.000 toneladas, es decir, por encima de la biomasa de precaución de 36.000 toneladas.
73. En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia pudo considerar acertadamente que los documentos aportados por los recurrentes con posterioridad a la conclusión de la fase oral no podían tener una influencia decisiva en la solución del litigio y que la prueba pericial solicitada por estos últimos carecía de pertinencia.
74. En cualquier caso, los recurrentes no pueden invocar un error de Derecho cometido por el Tribunal de Primera Instancia, puesto que éste había señalado, en el apartado 97 de la sentencia recurrida, que no se cumplía en el caso de autos el primer requisito para que el Derecho comunitario reconociera un derecho a indemnización y que ya no era necesario examinar el perjuicio alegado.
75. Por consiguiente, nada en el presente recurso de casación permite constatar que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizara los informes aportados por los recurrentes en apoyo de su petición de diligencias de prueba. Por tanto, no puede reprocharse al Tribunal de Primera Instancia que no acogiera favorablemente dicha petición. Por los mismos motivos, no puede reprochársele tampoco que vulnerara el derecho de defensa al negarse a acceder a dicha petición.
76. De ello se deduce, que debe desestimarse también el tercer motivo invocado por los recurrentes.
77. De todo lo antedicho se desprende que procede desestimar el recurso de casación, por ser en parte inadmisible y en parte infundado.
Costas
78. A tenor del artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea infundado, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas. Del artículo 69, apartado 2, de dicho Reglamento resulta que la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte, y que si son varias las partes que pierden el proceso, el Tribunal de Justicia decidirá sobre el reparto de las costas. Con arreglo al artículo 69, apartado 3, del citado Reglamento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrá decidir que cada parte abone sus propias costas. El Consejo ha solicitado que cada parte cargue con sus propias costas, en el caso de que se desestimen los motivos formulados por él así como por los recurrentes; la Comisión ha solicitado que se condene en costas a los recurrentes. Por haber sido desestimados los motivos formulados por los recurrentes y por el Consejo, respectivamente, procede decidir que carguen con sus propias costas.
79. Con arreglo al apartado 4, párrafo primero, del mismo artículo, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. Conforme a esta disposición, procede decidir que la Comisión cargue con sus propias costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
1) Desestimar el recurso de casación principal, interpuesto por la Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo y los demás recurrentes, cuyos nombres figuran en el anexo de la sentencia de Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 19 de octubre de 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo y otros/Consejo (T‑415/03).
2) Desestimar la adhesión a la casación, interpuesta por el Consejo de la Unión Europea.
3) La Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo y los demás recurrentes, cuyos nombres figuran en el anexo de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 19 de octubre de 2005, Cofradía de pescadores «San Pedro» de Bermeo y otros/Consejo (T‑415/03) y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.
4) La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con sus propias costas.