AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
de 12 de febrero de 2026 (*)
« Recurso por omisión — Pretensión de que se dicte una orden conminatoria — Demanda de medidas provisionales — Falta de representación del demandante — Falta de subsanación — Inadmisibilidad manifiesta »
En el asunto T‑404/25,
Miguel Ángel Navarro Fernández, con domicilio en Madrid, representado por sí mismo,
parte demandante,
contra
Parlamento Europeo,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
integrado por la Sra. P. Škvařilová-Pelzl (Ponente), Presidenta, y el Sr. I. Nõmm y la Sra. R. Pezzuto, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante su recurso, basado, en esencia, en los artículos 265 TFUE, 278 TFUE y 279 TFUE, el demandante, D. Miguel Ángel Navarro Fernández, solicita al Tribunal General, en primer lugar, que declare que el Parlamento Europeo se abstuvo ilegalmente de instar a la Comisión Europea a incoar un procedimiento por incumplimiento contra el Reino de España debido a la degradación continuada de la Red Natura 2000 en Arganda del Rey (Madrid); en segundo lugar, que ordene al Parlamento actuar en el plazo máximo de un mes, remitiendo el expediente a la Comisión o, subsidiariamente, interponiendo él mismo recurso por omisión contra esta; en tercer lugar, que ordene a la Comisión llevar a cabo una inspección in situ; en cuarto lugar, que inste a esta a requerir del Reino de España la adopción, urgente e inmediata, de medidas de protección física en su favor y en la de su familia, y, en quinto lugar, que adopte medidas provisionales.
Fundamentos de Derecho
2        A tenor del artículo 126 de su Reglamento de Procedimiento, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal General podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
3        En el presente asunto, el Tribunal General se considera suficientemente informado por los documentos que obran en autos y decide resolver sin continuar el procedimiento, con arreglo al artículo 126 del Reglamento de Procedimiento.
4        Procede recordar que el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General de conformidad con el artículo 53 de dicho Estatuto, establece dos requisitos distintos y acumulativos en relación con la representación ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea de las partes no contempladas en el artículo 19, párrafos primero y segundo, del citado Estatuto, denominadas «partes no privilegiadas». Según el primer requisito, establecido en el artículo 19, párrafo tercero, del referido Estatuto, esas partes deberán estar «representadas por un abogado». Conforme al segundo requisito, establecido en el artículo 19, párrafo cuarto, del mismo Estatuto, únicamente un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) podrá representar o asistir a una parte ante los órganos jurisdiccionales de la Unión [sentencia de 4 de septiembre de 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C‑776/22 P, EU:C:2025:644, apartado 49, y auto de 30 de octubre de 2025, Arasteh/Comisión, C‑590/25 P(R), no publicado, EU:C:2025:861, apartado 10].
5        De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el primer requisito acumulativo, establecido en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consiste en la obligación de que las partes no privilegiadas estén «representadas por un abogado», prohíbe en particular a las partes no privilegiadas que se «autorrepresenten» ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, es decir, que dichas partes en ningún caso pueden representarse a sí mismas [sentencia de 4 de septiembre de 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C‑776/22 P, EU:C:2025:644, apartados 58 y 59; véase asimismo, en este sentido, el auto de 30 de octubre de 2025, Arasteh/Comisión, C‑590/25 P(R), no publicado, EU:C:2025:861, apartado 11].
6        Habida cuenta de que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia ni el del Tribunal General establecen excepción alguna a esta prohibición, la presentación de una demanda firmada por la propia parte demandante no basta en ningún caso para la interposición de un recurso ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, aun cuando la parte demandante sea un abogado facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales nacionales [véase la sentencia de 4 de septiembre de 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C‑776/22 P, EU:C:2025:644, apartado 60 y jurisprudencia citada; véase asimismo, en este sentido, el auto de 30 de octubre de 2025, Arasteh/Comisión, C‑590/25 P(R), no publicado, EU:C:2025:861, apartado 11].
7        En el caso de autos, aun cuando el demandante invoca su condición de abogado facultado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales españoles, procede señalar que interpuso el recurso únicamente con su firma.
8        No obstante, se desprende asimismo de la jurisprudencia que, habida cuenta de la gravedad de las consecuencias que se derivan de una infracción del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la parte demandante, a saber, la irremediable declaración de inadmisibilidad del recurso, y a falta de indicaciones expresas en contrario en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General, si considera que no se ha respetado la prohibición de «autorrepresentación» ante él y antes de declarar la inadmisibilidad del recurso, debe instar a la parte demandante a designar un nuevo abogado (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2025, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO, C‑776/22 P, EU:C:2025:644, apartados 75 a 79 y jurisprudencia citada).
9        En el caso de autos, el 21 de octubre de 2025, la Secretaría del Tribunal General dirigió al demandante una primera solicitud de subsanación de la demanda con objeto de que designase a un nuevo representante, conforme a lo exigido por el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este respondió mediante un escrito en el que no designaba a un representante, sino que precisaba que actuaba él mismo. El 20 de noviembre de 2025, la Presidenta de la Sala Sexta decidió no incorporar dicho escrito a los autos.
10      Ese mismo día, la Secretaría del Tribunal General dirigió al demandante una segunda solicitud de subsanación de la demanda con el mismo objeto que la anterior. Este no respondió a ella.
11      A falta de subsanación en los plazos señalados, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.
Costas
12      Dado que el presente auto se ha adoptado antes de la notificación de la demanda al Parlamento y antes de que este haya podido incurrir en costas, basta con resolver que el demandante cargará con sus propias costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento de Procedimiento.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
resuelve:
1)      Declarar que el recurso es manifiestamente inadmisible.
2)      D. Miguel Ángel Navarro Fernández cargará con sus propias costas.
Dictado en Luxemburgo, a 12 de febrero de 2026.
El Secretario
La Presidenta
V. Di Bucci
P. Škvařilová-Pelzl
*      Lengua de procedimiento: español.