SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA UNIÓN EUROPEA (Sala Segunda)
de 30 de junio de 2015
Asunto F‑64/13
Z
contra
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
«Función pública — Funcionarios — Informe de calificación — Elaboración del informe de calificación fuera de plazo — Recurso de anulación — Recurso de indemnización»
Objeto:      Recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo 106 bis, mediante el cual Z solicita, por una parte, la anulación de su informe de calificación relativo al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 y la resolución desestimatoria de la reclamación presentada contra dicho informe de calificación y, por otra parte, la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a indemnizar el daño moral que considera haber sufrido.
Resultado:      Se desestima el recurso. Z cargará con sus propias costas y con los gastos en que haya incurrido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sumario
1.      Funcionarios — Calificación — Existencia de divergencias entre un funcionario y su superior jerárquico — Irrelevancia en la capacidad de éste para apreciar los méritos del interesado
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 11 bis y 43)
2.      Funcionarios — Derechos y obligaciones — Libertad de expresión — Divulgación de hechos que permitan presumir la existencia de una actividad ilegal o de un incumplimiento grave — Protección del funcionario que haya comunicado tales hechos — Alcance
(Estatuto de los Funcionarios, art. 22 bis, ap. 3)
3.      Funcionarios — Calificación — Informe de calificación — Elaboración — Diálogo entre el calificador y el calificado — Necesidad de un contacto directo
(Estatuto de los Funcionarios, art. 43)
4.      Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Obligación de independencia de los jueces de la Unión — Alcance — Ejercicio de las funciones relacionadas con la administración interna de la institución — Procedencia
(Art. 257 TFUE, párr. 4; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 4, párr. 1)
1.      Aunque no cabe excluir que las divergencias entre un funcionario y su superior jerárquico puedan crear cierta irritación en el superior jerárquico, esta posibilidad no implica, en sí misma, que este último ya no se encuentre en condiciones de apreciar objetivamente los méritos del interesado. Además, ni siquiera el hecho de que un agente haya presentado una denuncia por acoso contra el funcionario que debe apreciar sus prestaciones profesionales puede, per se, y al margen de cualquier otra circunstancia, desvirtuar la imparcialidad del denunciado.
(véanse los apartados 71 y 77)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: sentencia Combescot/Comisión, T‑249/04, EU:T:2007:261, apartado 71, y la jurisprudencia citada
Tribunal de la Función Pública: sentencias Bogusz/Frontex, F‑5/12, EU:F:2013:75, apartado 76, y BY/AESA, F‑81/11, EU:F:2013:82, apartado 72
2.      Según el artículo 22 bis, apartado 3, del Estatuto, el funcionario que informe a sus superiores jerárquicos de hechos que lleven a presumir que existe una posible actividad ilegal de los que haya tenido conocimiento en el desempeño o con ocasión del ejercicio de sus funciones, no podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución, siempre que haya actuado de manera razonable y de buena fe. No obstante, esta disposición no protege al agente afectado contra cualquier decisión que pueda resultar lesiva para él, sino únicamente contra las decisiones relacionadas con las denuncias efectuadas por él.
(véase el apartado 74)
Referencia:
Tribunal de la Función Pública: sentencia Menghi/ENISA, F‑2/09, EU:F:2010:12, apartado 139
3.      Un contacto directo entre el calificado y el calificador puede favorecer un diálogo abierto y en profundidad que permita a los interesados, por un lado, calibrar con exactitud la índole, las razones y el alcance de sus posibles divergencias y, por otro lado, llegar a un mejor entendimiento recíproco, y, con mayor razón, en una situación en la que es necesario poner remedio a una situación personal muy degradada.
(véase el apartado 93)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: sentencias Ferrer de Moncada/Comisión, T‑16/03, EU:T:2004:283, apartado 45, y Lo Giudice/Comisión, T‑27/05, EU:T:2007:321, apartado 49
4.      El artículo 4, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia pretende garantizar la independencia de los jueces, tanto durante el ejercicio de sus funciones como con posterioridad a él, en especial frente a los Estados miembros y a las demás instituciones de la Unión. No obstante, no puede deducirse de esta disposición la imposibilidad de ejercer funciones relacionadas con la administración interna de la institución. En efecto, el ejercicio de tales funciones por parte de los jueces no perjudica a su independencia y permite garantizar la autonomía administrativa de la institución.
Por último, cuando deciden en un litigio que se ha sometido al Tribunal de la Función Pública, los miembros de este tribunal actúan en su condición de jueces y con la plena independencia en el ejercicio de sus funciones garantizada tanto por los Tratados, en particular, por el párrafo cuarto del artículo 257 TFUE, como por el Estatuto del Tribunal de Justicia.
(véanse los apartados 120 y 122)