Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 30 de abril de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Directiva
93/13/CEE — Efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula — Adenda a un contrato de préstamo hipotecario — Consecuencias de la nulidad de dicha
adenda sobre la validez de ese contrato — Principios de efectividad y de proporcionalidad — Efecto disuasorio — Requisitos para la subsistencia del contrato — Obligaciones del juez nacional »
En el asunto C‑246/25 [Hańczynek], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 31 de marzo de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de abril de 2025, en el procedimiento entre
AS
y
BNP Paribas Bank Polska S.A.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por la Sra. I. Ziemele (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. S. Gervasoni y M. Bošnjak, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de AS, por la Sra. K. Pilawska y el Sr. A. Zorski, adwokaci;
–        en nombre de BNP Paribas Bank Polska S.A., por los Sres. T. Spyra y P. Węc, radcowie prawni, y por el Sr. D. Wróbel, adwokat;
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Kienapfel y la Sra. A. Szmytkowska, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), y de los principios de efectividad y de proporcionalidad.
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre AS y BNP Paribas Bank Polska S.A. (en lo sucesivo, «BNP Paribas») en relación con las consecuencias del carácter abusivo de ciertas cláusulas contenidas en
una
adenda a un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre AS y el predecesor legal de BNP Paribas.
Marco jurídico
Directiva 93/13
3        El vigesimocuarto considerando de la Directiva 93/13 enuncia:
«Considerando que los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores».
4        El artículo 6, apartado 1, de esta Directiva dispone:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
5        El artículo 7, apartado 1, de esta Directiva establece:
«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
Derecho polaco
6        En virtud del artículo 58, apartado 1, de la
ustawa
— Kodeks cywilny (Ley por la que se aprueba el Código Civil), de 23 de abril de 1964 (Dz. U., n.º 16, posición 93), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil»):
«Serán nulos y sin valor ni efecto alguno los actos jurídicos contrarios a la ley o que tengan por objeto eludir la ley, a menos que una disposición pertinente disponga otra cosa, en particular, que establezca que las disposiciones inválidas del acto jurídico deben ser sustituidas por las disposiciones pertinentes de la ley.»
7        A tenor del artículo 3851 del Código Civil:
«1.      Las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido pactadas de forma individual no serán vinculantes para el consumidor cuando establezcan un régimen de sus derechos y obligaciones que sea contrario a las buenas costumbres y que vulnere gravemente sus intereses (cláusulas ilícitas). Esta disposición no afectará a las cláusulas que definen las prestaciones principales de las partes, entre ellas el precio o la retribución, cuando hayan sido formuladas de forma inequívoca.
2.      Cuando una cláusula contractual no vincule al consumidor con arreglo al apartado 1, las demás cláusulas del contrato seguirán siendo obligatorias para las partes.»
8        El artículo 3852 del Código Civil dispone:
«La compatibilidad de las cláusulas de un contrato con las buenas costumbres se apreciará en vista de la situación existente en el momento de la celebración del contrato, teniendo en cuenta su contenido, las circunstancias concurrentes en su celebración y los demás contratos relacionados con el contrato en el que figuren las disposiciones que son objeto de apreciación.»
9        En virtud del artículo
506, apartado
1, del Código Civil, cuando, a efectos de la extinción de la obligación, el deudor se comprometa, con el consentimiento del acreedor, a realizar otra prestación, o incluso la misma prestación, pero con una base jurídica diferente, la obligación anterior se extinguirá.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
10      El 3 de enero de 2007, AS celebró con el predecesor legal de BNP Paribas un contrato de préstamo hipotecario por importe de 415 144,09 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 97 000 euros), destinado a financiar la construcción de un bien inmueble, con una duración hasta el 20 de diciembre de 2021. El tipo de interés se fijó en dicho contrato en el 4,7 %, sobre la base del tipo de referencia WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate 3-month,  tipo interbancario ofrecido en Varsovia a tres meses), incrementado con el margen del banco en cuestión.
11      El 20 de febrero de 2008, las partes de dicho contrato firmaron una
adenda
al mismo, en virtud de la cual el importe del préstamo que debía reembolsarse se elevó a 465 144,09 PLN (aproximadamente 108 700 euros).
12      El 20 de marzo de 2008, estas partes firmaron una segunda
adenda al mismo contrato (en lo sucesivo, «segunda
adenda»). En virtud de la cláusula
1, apartado
1, de la segunda
adenda, el importe del préstamo que debía reembolsarse se convirtió a francos suizos (CHF). La cláusula
2 la segunda adenda precisaba que el tipo de interés de dicho préstamo se determinaría sobre la base del índice de referencia Libor 6M (London Interbank Offered Rate 6-month, tipo interbancario ofrecido en Londres a seis meses), incrementado en el margen del banco en cuestión. En virtud de la cláusula
3, apartado
1, de la segunda adenda, dicho préstamo era reembolsable en PLN y los importes de las cuotas mensuales de reembolso se calculaban aplicando el tipo de venta de esa divisa vigente en ese banco en la fecha de reembolso de la cuota en cuestión. Además, la cláusula
3, apartado
2, de la segunda adenda estipulaba que los intereses, gastos y comisiones se calcularían en la divisa del crédito y deberían reembolsarse en PLN con arreglo al tipo de cambio de venta de dicha divisa vigente en ese banco en la fecha del reembolso. La cláusula 3, apartado
5, de la segunda adenda indicaba que el prestatario había sido informado de que soportaba el riesgo cambiario. Por último, la cláusula
5 de la segunda adenda fijó el nuevo vencimiento del mismo préstamo en el 20 de diciembre de 2026.
13      Las partes del contrato de préstamo hipotecario de que se trata en el litigio principal firmaron una tercera
adenda a dicho contrato el 13 de febrero de 2015, en virtud de la cual se reconoció a AS el derecho a abonar las cuotas mensuales de reembolso directamente en francos suizos.
14      Tras haber reembolsado 350 088,07 PLN y 83 920,95 CHF (aproximadamente 171 800 euros en total), AS interpuso, el 25 de noviembre de 2022, ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, un recurso mediante el que solicitaba, con carácter principal, que se declarara la nulidad de las cláusulas de indexación estipuladas en la segunda adenda y, con carácter subsidiario, que se declarara, en particular, la nulidad íntegra del contrato de préstamo hipotecario controvertido en el litigio principal.
15      El órgano jurisdiccional remitente considera que las disposiciones contenidas en cláusulas
1 y 3 de la segunda adenda son abusivas, en el sentido del artículo
3, apartado
1, de la Directiva 93/13, en la medida en que hacen recaer íntegramente sobre el prestatario el riesgo cambiario. Por lo demás, indica que la segunda adenda no puede subsistir sin dichas cláusulas.
16      Dicho órgano jurisdiccional señala que, según la jurisprudencia del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia), la nulidad de una
adenda
de un contrato de préstamo hipotecario tiene por efecto restablecer las cláusulas iniciales de ese contrato modificadas por la adenda, sin que la validez de dicho contrato quede en entredicho.
17      Así, según esta jurisprudencia, la mera declaración de nulidad de la adenda debido al carácter abusivo de sus cláusulas basta para lograr el objetivo de protección de los consumidores, tal como resulta del artículo
6, apartado
1, de la Directiva 93/13, puesto que el consumidor afectado ya no estará vinculado por esas cláusulas. En cualquier caso, la nulidad del contrato en su totalidad como consecuencia de esta declaración sería desproporcionada respecto de la consecución de dicho objetivo.
18      Dicho esto, el órgano jurisdiccional remitente señala los riesgos que entraña el restablecimiento de las cláusulas del contrato inicial en cuanto al efecto disuasorio que debería tener la supresión de las cláusulas abusivas sobre el comportamiento de los profesionales. Por una parte, considera que los profesionales no se verán penalizados por el uso de cláusulas abusivas, e incluso podrían, en determinadas circunstancias, beneficiarse de la sustitución de las cláusulas abusivas por las cláusulas del contrato inicial. Por otra parte, estima que la nulidad del contrato en su totalidad tendría consecuencias económicas favorables para el consumidor afectado, en particular cuando el crédito del prestamista haya prescrito.
19      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, no obstante, si la declaración de nulidad del contrato puede justificarse cuando no procede más que de una apreciación económica de carácter cuantitativo de las ventajas que dicha nulidad confiere al consumidor afectado.
20      En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
¿Deben interpretarse los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva [93/13], así como los principios de efectividad y proporcionalidad, en el sentido de que se oponen a una interpretación judicial de la normativa nacional con arreglo a la cual, en el supuesto de que en la adenda de un contrato figuren cláusulas abusivas que entrañen la nulidad de dicha
adenda, esta se tendrá por no estipulada y el contrato se considerará aplicable ab initio, en su versión no modificada?»
Sobre la cuestión prejudicial
21      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos
6, apartado
1, y
7, apartado
1, de la Directiva 93/13 y los principios de efectividad y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual la declaración de nulidad, debido a la presencia de cláusulas abusivas, de una adenda
a un contrato de préstamo hipotecario, celebrado entre un profesional y un consumidor, tiene como consecuencia el restablecimiento de las cláusulas iniciales de dicho contrato que esa adenda tenía por objeto sustituir.
Sobre la admisibilidad
22      BNP Paribas alega que la cuestión prejudicial planteada es inadmisible, ya que la solución del litigio principal depende únicamente de la aplicación de las disposiciones del Derecho polaco.
23      A este respecto, no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento previsto en el artículo
267 TFUE, interpretar y aplicar el Derecho nacional, ya que esta tarea incumbe exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente (sentencia de 26 de octubre de 2023, EDP
— Energias de Portugal y otros, C‑331/21, EU:C:2023:812, apartado
40 y jurisprudencia citada).
24      Dicho esto, el procedimiento establecido en ese artículo es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver el litigio que deban dirimir (sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado
44 y jurisprudencia citada).
25      Pues bien, pese a que el artículo 6, apartado 1, primera parte de la frase, de la Directiva 93/13 precisa que los Estados miembros establecerán que las cláusulas abusivas no vincularán a los consumidores «en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales», la regulación por el Derecho nacional de la protección que esta Directiva garantiza a los consumidores no puede modificar la amplitud de tal protección ni, por tanto, su contenido sustancial [sentencia de 30 de abril de 2025, AxFina Hungary (Subsistencia del contrato), C‑630/23, EU:C:2025:302, apartado 47 y jurisprudencia citada].
26      En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la aplicación de una jurisprudencia nacional en el marco de un litigio del que conoce puede obstaculizar la consecución del objetivo disuasorio establecido en la Directiva 93/13 y la efectividad de la protección de los consumidores garantizada por dicha Directiva.
27      Por consiguiente, la solución del litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente depende de la interpretación de las disposiciones de dicha Directiva y del principio de efectividad por el Tribunal de Justicia, de modo que procede declarar la admisibilidad de la cuestión prejudicial planteada.
Sobre el fondo
28      A tenor del artículo
6, apartado
1, primera parte de la frase, de la Directiva 93/13, no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por los derechos nacionales de los Estados miembros, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional.
29      A este respecto, la regulación por el Derecho nacional de la protección que la Directiva 93/13 garantiza a los consumidores no puede modificar la amplitud de tal protección ni, por tanto, su contenido sustancial [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2025, AxFina Hungary (Subsistencia del contrato), C‑630/23, EU:C:2025:302, apartado
47 y jurisprudencia citada].
30      En este contexto, corresponde a los Estados miembros prever medios adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores», como prevé el artículo
7, apartado
1, de dicha Directiva [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2025, AxFina Hungary (Subsistencia del contrato), C‑630/23, EU:C:2025:302, apartado
43 y jurisprudencia citada].
31      Si bien es verdad que corresponde a los Estados miembros precisar, mediante sus respectivos Derechos nacionales, las condiciones con arreglo a las cuales se declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal declaración, no es menos cierto que la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2025, AxFina Hungary (Subsistencia del contrato), C‑630/23, EU:C:2025:302, apartado
48 y jurisprudencia citada].
32      Por lo que respecta a los órganos jurisdiccionales nacionales, les incumbe abstenerse de aplicar las cláusulas abusivas con el fin de que no produzcan efectos vinculantes para el consumidor, salvo si este se opone a ello [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2025, AxFina Hungary (Subsistencia del contrato), C‑630/23, EU:C:2025:302, apartado
44 y jurisprudencia citada].
33      De lo anterior se deduce que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido esa cláusula [sentencia de 30 de abril de 2025, AxFina Hungary (Subsistencia del contrato), C‑630/23, EU:C:2025:302, apartado 45 y jurisprudencia citada].
34      De la resolución de remisión se desprende que, según la jurisprudencia del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo), la nulidad de la segunda adenda tiene como consecuencia el restablecimiento de las cláusulas iniciales del contrato de préstamo hipotecario controvertido en el litigio principal que fueron sustituidas por dicha adenda. Este restablecimiento permitiría mantener dicho contrato, mientras que, según el órgano jurisdiccional remitente, la nulidad de este último en su totalidad resultaría desproporcionada a la luz de la consecución del objetivo de protección de los consumidores.
35      En virtud de la jurisprudencia,
si un órgano jurisdiccional nacional estima que, en aplicación de las disposiciones pertinentes de su Derecho nacional, no es posible la subsistencia de un contrato sin las cláusulas abusivas que contiene, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se opone en principio a que sea anulado, con independencia de los efectos concretos que entrañe la nulidad de dicho contrato (sentencia de 29 de abril de 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, apartado
85 y jurisprudencia citada).
36      A este respecto, procede recordar que la posibilidad de que un contrato pueda mantenerse sin sus cláusulas abusivas con arreglo a las normas del Derecho nacional debe apreciarse según un criterio objetivo. Así pues, la posición de una de las partes de ese contrato no puede considerarse el criterio determinante que decida sobre el ulterior destino del contrato [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2025, AxFina Hungary (Subsistencia del contrato), C‑630/23, EU:C:2025:302, apartado
58 y jurisprudencia citada].
37      En estas circunstancias, la subsistencia del contrato no puede depender de los efectos eventualmente desproporcionados de la nulidad del contrato respecto del objetivo de protección de los consumidores perseguido por la Directiva 93/13.
38      De conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado
31 de la presente sentencia, los efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula que figure en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor deben permitir, en cualquier caso, que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula abusiva. A este respecto, al imponer, debido al carácter abusivo de las cláusulas de la adenda de un contrato, el restablecimiento de las cláusulas iniciales de ese contrato sustituidas por la adenda, una jurisprudencia nacional como la mencionada en la resolución de remisión conduce, en principio, a restablecer la situación de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido esas cláusulas abusivas.
39      No obstante, procede recordar que, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tal contrato, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13. De hecho, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar esas cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de estas, dicho contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de esos profesionales (sentencia de 29 de abril de 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, apartado 68 y jurisprudencia citada).
40      Pues bien, el restablecimiento de las cláusulas del contrato de que se trata, a las que las partes habían pretendido dejar de estar vinculadas, puede no solo poner en entredicho la efectividad de la protección de los consumidores garantizada por la Directiva 93/13, sino también comprometer la consecución del objetivo, asociado al artículo
7 de la Directiva 93/13, de disuasión del uso de cláusulas abusivas por el profesional que resulta de la mera supresión de esas cláusulas abusivas.
41      En efecto, por una parte, el restablecimiento de las cláusulas iniciales de dicho contrato puede tener consecuencias negativas para el consumidor derivadas directamente de la supresión de las cláusulas abusivas. En el caso de autos, el Gobierno polaco indicó en sus observaciones escritas que el restablecimiento del índice aplicable al tipo de interés acordado en el contrato inicial implicaría la devolución por el prestatario de los importes correspondientes a la diferencia entre la aplicación del índice fijado en la segunda adenda y el fijado en el contrato inicial para el período que siguió a la firma de dicha adenda. Además, dado que las partes del contrato de préstamo hipotecario controvertido en el litigio principal acordaron en la segunda adenda una modificación del vencimiento de dicho préstamo a favor del prestatario, en particular en forma de una prórroga del plazo del reembolso, el restablecimiento del vencimiento convenido en el contrato inicial también puede resultar perjudicial para el consumidor.
42      Por otra parte, se corre el riesgo de no disuadir a los profesionales de utilizar cláusulas abusivas si las cláusulas iniciales de un contrato que las partes pretendían reemplazar con la firma de una adenda, en la que figuran cláusulas respecto de las cuales se ha constatado el carácter abusivo, pudieran restablecerse en lugar de las cláusulas abusivas que figuran en la adenda. En particular, cuando un profesional obtiene una ventaja de tal restablecimiento de las cláusulas iniciales, el efecto disuasorio, vinculado en particular a la restitución al consumidor de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento de consumidor en virtud de una cláusula abusiva, puede verse parcialmente neutralizado.
43      En cualquier caso, corresponde al juez nacional comprobar cuál fue la voluntad de las partes del contrato cuando modificaron su contenido mediante la firma de una adenda.
44      Por último, es preciso recordar que el artículo
6, apartado
1, de la Directiva 93/13 pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y las obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas (sentencia de 18 de diciembre de 2025, Soledil, C‑320/24, EU:C:2025:993, apartado
23 y jurisprudencia citada).
45      Por lo tanto, corresponde al juez nacional asegurarse de que el restablecimiento de las cláusulas iniciales, sustituidas por una
adenda
declarada nula
debido a la presencia de cláusulas abusivas, permita establecer tal equilibrio real garantizando la protección efectiva del consumidor sin poner en entredicho la consecución del objetivo disuasorio perseguido por el artículo
7, apartado
1, de la Directiva 93/13.
46      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos
6, apartado
1, y
7, apartado
1, de la Directiva 93/13 y los principios de efectividad y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual la declaración de nulidad, debido a la presencia de cláusulas abusivas, de una adenda a un contrato de préstamo hipotecario, celebrado entre un profesional y un consumidor, tiene como consecuencia el restablecimiento de las cláusulas iniciales de dicho contrato que esa adenda tenía por objeto sustituir con
las mencionadas cláusulas abusivas, siempre que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias negativas para ese consumidor y las ventajas para el profesional derivadas del restablecimiento de esas cláusulas iniciales, de modo que se garantice que el restablecimiento de dichas cláusulas iniciales permita establecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes contratantes y, de este modo, la protección efectiva del consumidor, sin que se ponga en entredicho la consecución del objetivo disuasorio perseguido por dicha Directiva.
Costas
47      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y los principios de efectividad y de proporcionalidad
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una jurisprudencia nacional en virtud de la cual la declaración de nulidad, debido a la presencia de cláusulas abusivas, de una adenda a un contrato de préstamo hipotecario, celebrado entre un profesional y un consumidor, tiene como consecuencia el restablecimiento de las cláusulas iniciales de dicho contrato que esa adenda tenía por objeto sustituir con las mencionadas cláusulas abusivas, siempre que se tengan debidamente en cuenta las consecuencias negativas para ese consumidor y las ventajas para el profesional derivadas del restablecimiento de esas cláusulas iniciales, de modo que se garantice que el restablecimiento de dichas cláusulas iniciales permita establecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes contratantes y, de este modo, la protección efectiva del consumidor, sin que se ponga en entredicho la consecución del objetivo disuasorio perseguido por dicha Directiva.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: polaco.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.