62023CJ0620
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 6 de marzo de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Recursos propios de la Unión Europea — Protección de los intereses financieros de la Unión — Reglamento (UE) n.o 1299/2013 — Disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea — Artículo 27 — Devolución por el beneficiario principal de los importes abonados como consecuencia de una irregularidad — Reglamento de Ejecución (UE) n.o 447/2014 — Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II) — Normas específicas para la ejecución — Artículos 40 y 46 — Corrección financiera en caso de irregularidad — Resolución de corrección financiera dirigida a un beneficiario distinto del beneficiario principal — Derecho del beneficiario principal a participar en los procedimientos administrativo y judicial relativos a esa resolución — Artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea»
En el asunto C‑620/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Administrativen sad Sofia-oblast (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Sofía, Bulgaria), mediante resolución de 21 de septiembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de octubre de 2023, en el procedimiento entre
NOV ZHIVOT 1919 NCh
y
Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na programata za transgranichno satrudnichestvo INTERREG-IPP,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. N. Jääskinen, Presidente de la Sala Novena, en funciones de Presidente de la Sala Octava, y los Sres. M. Gavalec (Ponente) y J. Passer, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. D. Drambozova y C. Ehrbar y por el Sr. J. Hradil, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 40 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 447/2014 de la Comisión, de 2 de mayo de 2014, sobre las normas específicas para la ejecución del Reglamento (UE) n.o 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II) (DO 2014, L 132, p. 32), y de los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre NOV ZHIVOT 1919 y el Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Programata za transgranichno satrudnichestvo INTERREG-IPP (Responsable de la Autoridad de Gestión del Programa de Cooperación Transfronteriza INTERREG-IPA, Bulgaria; en lo sucesivo, «autoridad de gestión»), en relación con una resolución por la que dicha autoridad ordenó una corrección financiera a raíz de una irregularidad constatada en la ejecución de un proyecto financiado por los fondos de la Unión Europea.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento (UE) n.o 1299/2013
3
El artículo 27 del Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea (DO 2013, L 347, p. 259), titulado «Compromisos presupuestarios, pagos y restituciones», establece:
«[…]
2.   La autoridad de gestión velará por que todo importe abonado como consecuencia de una irregularidad sea devuelto por el beneficiario principal o único. Los beneficiarios restituirán al beneficiario principal toda suma abonada indebidamente.
3.   Si el beneficiario principal no logra obtener el reembolso de otros beneficiarios o si la autoridad de gestión no logra obtener el reembolso del beneficiario principal o único, el Estado miembro o el tercer país en cuyo territorio esté ubicado el beneficiario en cuestión, o esté registrado si se trata de una [agrupación europea de cooperación territorial], restituirá a la autoridad de gestión todos los importes indebidamente cobrados por dicho beneficiario. La autoridad de gestión será responsable de reembolsar las cantidades de que se trate al presupuesto general de la Unión, de conformidad con el reparto de responsabilidades entre los Estados miembros participantes establecido en el programa de cooperación.»
Reglamento (UE) n.o 1303/2013
4
A tenor del considerando 65 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320; corrección de errores en DO 2016, L 200, p. 140, y en DO 2019, L 66, p. 7):
«Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el establecimiento y funcionamiento adecuados de sus sistemas de gestión y control, a fin de ofrecer garantías del uso legal y regular de los Fondos [Estructurales y de Inversión Europeos (EIE)]. […]»
5
El artículo 2, punto 36, de dicho Reglamento establece:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
36)
“irregularidad”: todo incumplimiento del Derecho de la Unión o del Derecho nacional relativo a su aplicación, derivado de un acto u omisión de un operador económico que participa en la ejecución de los Fondos EIE, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al imputar a este una partida de gasto injustificado».
6
El artículo 143 del mencionado Reglamento, titulado «Correcciones financieras efectuadas por los Estados miembros», dispone:
«1.   Los Estados miembros serán los responsables en primera instancia de investigar las irregularidades, efectuar las correcciones financieras necesarias y recuperar los importes indebidos. En caso de irregularidad sistémica, el Estado miembro deberá ampliar su investigación para abarcar todas las operaciones que puedan estar afectadas.
2.   Los Estados miembros efectuarán las correcciones financieras necesarias en relación con las irregularidades esporádicas o sistémicas detectadas en las operaciones o los programas operativos. Las correcciones financieras consistirán en anular la totalidad o parte de la contribución pública a una operación o un programa operativo. Los Estados miembros deberán tener en cuenta la naturaleza y la gravedad de las irregularidades y las pérdidas financieras que estas acarreen a los Fondos o [al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP)], y realizar una corrección proporcionada. Se anotarán en las cuentas las correcciones financieras correspondientes al ejercicio contable en el que se decida la anulación.
[…]»
Reglamento de Ejecución n.o 447/2014
7
A tenor del artículo 6 del Reglamento de Ejecución n.o 447/2014, titulado «Decisiones de financiación y convenios de financiación»:
«[…]
3.   Los convenios de financiación establecerán, entre otras cosas, las condiciones en las que se gestionará la ayuda del [Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II)], incluidos los métodos de ejecución aplicables, las intensidades de la ayuda, los plazos de ejecución, así como las normas sobre la elegibilidad de los gastos. […]
4.   Los convenios de financiación para los programas de cooperación transfronteriza a que se refiere el título VI, capítulo II, podrán asimismo ser suscritos por el Estado miembro que acoja a la autoridad de gestión del programa pertinente. […]»
8
El título VI de dicho Reglamento de Ejecución, titulado «Cooperación transfronteriza», incluye un capítulo II, titulado a su vez «Cooperación transfronteriza entre Estados miembros y beneficiarios del IPA II», del que forma parte el artículo 33 del mencionado Reglamento de Ejecución, que tiene el siguiente tenor:
«1.   Por lo que respecta a los Estados miembros que participan en un programa de cooperación transfronteriza en el marco del presente capítulo, en particular el Estado miembro en el que estará ubicada la autoridad de gestión, serán de aplicación las normas establecidas en el Reglamento [n.o 1303/2013] y en el Reglamento [n.o 1299/2013], aplicables al objetivo de cooperación territorial europea, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo. Cuando dichas normas se refieran a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos [(EIE)], según lo definido en el artículo 1 del Reglamento [n.o 1303/2013], a efectos del presente capítulo, también se considerará cubierta la ayuda del IPA II.
2.   Por lo que respecta a los beneficiarios del IPA II que participan en un programa de cooperación transfronteriza en el marco del presente capítulo, serán de aplicación las normas aplicables a la cooperación territorial europea, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el convenio de financiación correspondiente.»
9
El artículo 40 del mismo Reglamento de Ejecución, titulado «Beneficiarios», establece:
«1.   Cuando los beneficiarios de una operación de un programa de cooperación transfronteriza sean dos o más, uno de ellos será designado por todos los beneficiarios como beneficiario principal.
2.   El beneficiario principal deberá llevar a cabo las siguientes tareas:
a)
establecer con otros beneficiarios las modalidades en un acuerdo que comprenda, entre otras, disposiciones que garanticen la buena gestión financiera de los fondos asignados a la operación, en particular el mecanismo de recuperación de los importes indebidamente abonados;
b)
asumir la responsabilidad de la ejecución de toda la operación;
c)
garantizar que los gastos presentados por todos los beneficiarios han sido contraídos en la ejecución de la operación y corresponden a las actividades acordadas entre todos los beneficiarios, y de conformidad con el documento presentado por la autoridad de gestión, según lo previsto en el apartado 6;
d)
garantizar que los gastos presentados por otros beneficiarios han sido verificados por uno o varios controladores cuando esta verificación no la realice la autoridad de gestión de conformidad con el artículo 23, apartado 1, del Reglamento [n.o 1299/2013].
3.   Si no se especifica otra cosa en las modalidades contempladas en el apartado 2, letra a), el beneficiario principal deberá garantizar que los demás beneficiarios reciban el importe total de la ayuda pública lo antes posible y en su totalidad. No se deducirá ni retendrá importe alguno, ni se impondrá ninguna carga específica u otra carga de efecto equivalente que reduzca los importes destinados a los beneficiarios.
4.   Los beneficiarios principales o únicos deberán estar situados en un país participante.
5.   No obstante lo dispuesto en el artículo 39, apartado 2, del presente Reglamento, la agrupación europea de cooperación territorial, establecida de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) (DO 2006, L 210, p. 19),] u otro ente jurídico constituido con arreglo a la legislación de uno de los países participantes, podrá participar como único beneficiario de una operación siempre que esté establecido por las autoridades públicas y organismos de al menos dos países participantes.
6.   La autoridad de gestión proporcionará al beneficiario principal o único de cada operación un documento que recoja las condiciones para apoyar la operación, incluidos los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deben prestarse en el marco de la misma, el plan de financiación y el plazo de ejecución.»
10
El artículo 46 del Reglamento de Ejecución n.o 447/2014, titulado «Gestión financiera, liberación, examen y aceptación de las cuentas, cierre y correcciones financieras», dispone en su apartado 6:
«Serán de aplicación los artículos 85, 122, apartado 2, y 143 a 147 del Reglamento [n.o 1303/2013] respecto de las correcciones financieras y las recuperaciones. Además, será de aplicación el artículo 27, apartados 2 y 3, del Reglamento [n.o 1299/2013].»
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046
11
El artículo 61 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1), titulado «Conflictos de intereses», disponía:
«1.
Los agentes financieros con arreglo al capítulo 4 del presente título, y otras personas, incluidas las autoridades nacionales de cualquier rango, que participen en la ejecución del presupuesto de forma directa, indirecta y compartida en la gestión, incluidos los actos preparatorios al respecto, la auditoría o el control, no adoptarán ninguna medida que pueda acarrear un conflicto entre sus propios intereses y los de la Unión. Adoptarán asimismo las medidas oportunas para evitar un conflicto de intereses en las funciones que estén bajo su responsabilidad y para hacer frente a situaciones que puedan ser percibidas objetivamente como conflictos de intereses.
2.
Cuando exista el riesgo de un conflicto de intereses que implique a un miembro del personal de una autoridad nacional, la persona en cuestión remitirá el asunto a su superior jerárquico. Cuando se trate de personal al que se aplica el Estatuto, la persona en cuestión remitirá el asunto al ordenador correspondiente por delegación. El superior jerárquico correspondiente o el ordenador por delegación confirmará por escrito si se considera que existe un conflicto de intereses. Cuando se considere que existe un conflicto de intereses, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad nacional pertinente velará por que la persona de que se trate cese toda actividad en ese asunto. El ordenador por delegación que corresponda o la autoridad nacional pertinente velará por que se adopte cualquier medida adicional de conformidad con el Derecho aplicable.
3.
A los efectos del apartado 1, existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de los agentes financieros y demás personas a que se refiere el apartado 1 se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.»
Derecho búlgaro
12
El artículo 70 de la Zakon za upravlenie na sredstvata ot evropeyskite fondove pri spodeleno upravlenie (Ley de Gestión de los Recursos Procedentes de los Fondos Europeos en Régimen de Gestión Compartida) (DV n.o 101, de 22 de diciembre de 2015), en su versión aplicable al litigio principal, establece en su apartado 1:
«La ayuda financiera procedente de los recursos de los fondos europeos en régimen de gestión compartida podrá anularse total o parcialmente mediante una corrección financiera por los motivos siguientes:
1.
cuando el beneficiario incurra en conflicto de intereses, en el sentido del artículo 61 del Reglamento [2018/1046];
[…]».
13
El artículo 73, apartado 1, de dicha Ley está redactado como sigue:
«La corrección financiera se determinará, en cuanto a su fundamento y a su importe, mediante resolución motivada del responsable de la autoridad de gestión que haya aprobado el proyecto.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
14
El 4 de noviembre de 2020, se celebró un contrato de subvención entre la autoridad de gestión y el Opština Babušnica (Ayuntamiento de Babušnica, Serbia), designado socio principal. Este contrato tenía por objeto la concesión de una subvención por parte de la autoridad de gestión para la ejecución del proyecto «Red cultural transfronteriza para un futuro común», financiado con arreglo al programa de cooperación transfronteriza INTERREG-IPA Bulgaria-Serbia 2014-2020, en el marco del IPA II.
15
En su condición de socio principal y de conformidad con la cláusula 1 de dicho contrato, el Ayuntamiento de Babušnica recibió la financiación controvertida y asumió la responsabilidad de ejecutar ese proyecto. En este contexto, era responsable ante la autoridad de gestión de todas las irregularidades que pudiesen ser cometidas, incluso por los socios, así como de la devolución de la totalidad de los importes que se adeudasen a dicha autoridad en caso de irregularidad.
16
NOV ZHIVOT 1919 es un socio en dicho proyecto.
17
El 27 de abril de 2021, NOV ZHIVOT 1919 celebró un contrato de servicios con el prestador de servicios Tsentar za profesionalno obuchenie i orientirane EOOD, en relación con la ejecución del mencionado proyecto.
18
A raíz de la notificación de una presunta irregularidad, la autoridad de gestión constató la existencia de un conflicto de intereses, en el sentido del artículo 61 del Reglamento 2018/1046, entre la persona que NOV ZHIVOT 1919 había designado coordinador del proyecto de que se trata y una persona asociada a este prestador de servicios.
19
Dado que la autoridad de gestión calificó ese conflicto de intereses de «irregularidad», en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, el responsable de dicha autoridad, mediante resolución de 20 de abril de 2023 (en lo sucesivo, «resolución de corrección financiera de 20 de abril de 2023»), ordenó una corrección financiera dirigida a NOV ZHIVOT 1919, que ascendía al 100 % de los gastos subvencionables, financiados por los Fondos EIE en virtud del contrato de servicios mencionado en el apartado 17 de la presente sentencia.
20
NOV ZHIVOT 1919 interpuso un recurso contra dicha resolución ante el Administrativen sad Sofia-oblast (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Sofía, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente, y negó la existencia de ese conflicto de intereses.
21
Dicho órgano jurisdiccional señala que, según la jurisprudencia nacional, la autoridad de gestión de que se trata es competente para constatar una irregularidad cometida por beneficiarios establecidos en el territorio de la República de Bulgaria y, por tanto, para ordenar una corrección financiera, como se ha hecho en el presente asunto. El órgano jurisdiccional remitente afirma que esta competencia se extiende tanto a los casos de irregularidad cometida por un beneficiario principal o un socio principal como a los casos de irregularidad cometida por un beneficiario o un socio distinto de ese beneficiario principal o socio principal. No obstante, señala que esa competencia está limitada territorialmente, en la medida en que se exige que el autor de la irregularidad esté establecido en el territorio de la República de Bulgaria.
22
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente indica que, en el litigio del que conoce, el socio principal, a quien no se dirigió la resolución de corrección financiera de 20 de abril de 2023, no participó ni en el procedimiento administrativo que dio lugar a esa corrección financiera ni en el procedimiento judicial que tenía por objeto la anulación de esta, por estar establecido en el territorio de la República de Serbia.
23
Según afirma el órgano jurisdiccional remitente, dado que el socio principal asumió la responsabilidad de la ejecución de la totalidad del proyecto de que se trata, incluidas las irregularidades que pudiesen ser cometidas por los socios del contrato de subvención mencionado en el apartado 14 de la presente sentencia, la resolución de corrección financiera de 20 de abril de 2023 lo afectaba directamente. La solución de este litigio, en su opinión, requiere por tanto determinar si dicho socio principal es quien debería haber sido el destinatario de la resolución y, en su caso, si debería haberse garantizado el derecho de este a participar en el procedimiento administrativo que dio lugar a la adopción de dicha resolución y en el procedimiento judicial que tenía por objeto la anulación de esta.
24
En estas circunstancias, el Administrativen sad Sofia-oblast (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Permite el artículo 40 del Reglamento de Ejecución [n.o 447/2014], en los casos de cooperación transfronteriza entre un Estado miembro y un beneficiario del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II) para el período 2014-2020, que se imponga una corrección financiera a un operador económico que presuntamente ha cometido una infracción consistente en una irregularidad, pero que no es el beneficiario principal y que, en consecuencia, no ha asumido la responsabilidad de la ejecución de toda la operación?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, en tales supuestos de cooperación transfronteriza, ¿garantizan los artículos 41 y 47 de la [Carta de los Derechos Fundamentales] el derecho del beneficiario principal a participar en el procedimiento de determinación de una corrección financiera y en el procedimiento judicial de impugnación de dicho acto administrativo, con independencia de su localización, frente a la autoridad responsable de efectuar la corrección financiera con arreglo al programa de cooperación transfronteriza de que se trate, y permiten las citadas disposiciones limitaciones como las previstas por la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales nacionales en el procedimiento principal, que restringen esas posibilidades de participar en el procedimiento?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
25
Con carácter preliminar, procede señalar que, en su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se refiere expresamente al artículo 40 del Reglamento de Ejecución n.o 447/2014. Este artículo se encuentra en el capítulo II, titulado «Cooperación transfronteriza entre Estados miembros y beneficiarios del IPA II», del título VI de este Reglamento de Ejecución, a su vez titulado «Cooperación transfronteriza». Dicho capítulo incluye el artículo 46 del mismo Reglamento de Ejecución, titulado «Gestión financiera, liberación, examen y aceptación de las cuentas, cierre y correcciones financieras», que, en su apartado 6, segunda frase, establece que será de aplicación asimismo, en particular, el artículo 27, apartado 2, del Reglamento n.o 1299/2013.
26
Así pues, procede considerar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 40 y 46, apartado 6, del Reglamento de Ejecución n.o 447/2014, en relación con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento n.o 1299/2013, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una autoridad de gestión establecida en un Estado miembro que participa en un programa de cooperación transfronteriza en el marco del IPA II dirija una resolución de corrección financiera únicamente al operador económico que haya cometido una irregularidad, en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, cuando, en el marco de dicho programa, se haya designado un beneficiario principal, responsable de la ejecución de la totalidad de la operación de que se trate, incluida la devolución de todo importe indebidamente pagado, aunque no esté establecido en ese Estado miembro.
27
Con carácter preliminar, procede recordar que, en virtud del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, constituye una irregularidad, a efectos de este, todo incumplimiento del Derecho de la Unión o del Derecho nacional relativo a su aplicación, derivado de un acto u omisión de un operador económico que participa en la ejecución de los Fondos EIE, que tenga o pueda tener un efecto perjudicial en el presupuesto de la Unión al imputar a este una partida de gasto injustificado.
28
Además, el artículo 143, apartado 1, de ese Reglamento, aplicable de conformidad con el artículo 46, apartado 6, primera frase, del Reglamento de Ejecución n.o 447/2014, establece, en particular, que los Estados miembros serán los responsables en primera instancia de investigar las irregularidades, efectuar las correcciones financieras necesarias y recuperar los importes indebidos. A tal efecto, como establece el apartado 2 de dicho artículo 143, los Estados miembros efectuarán las correcciones financieras necesarias en relación con las irregularidades esporádicas o sistémicas detectadas en las operaciones o los programas operativos.
29
No obstante, ninguna disposición del Reglamento n.o 1303/2013 establece normas relativas a la definición de los destinatarios de un acto de corrección financiera.
30
A este respecto, cabe recordar que la obligación de devolver una ventaja indebidamente percibida a través de una práctica irregular no constituye una sanción, sino la mera consecuencia de la constatación de que no se han respetado las condiciones exigidas para la obtención de la ventaja resultante de la normativa de la Unión, lo que convierte la ventaja percibida en indebida (sentencia de 1 de octubre de 2020, Elme Messer Metalurgs, C‑743/18, EU:C:2020:767, apartado 64 y jurisprudencia citada).
31
De ello se deduce que la devolución de una ventaja indebidamente percibida como consecuencia de una irregularidad, en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, no tiene por qué reclamarse necesariamente al organismo que haya cometido tal irregularidad.
32
Por otra parte, el artículo 40 del Reglamento de Ejecución n.o 447/2014, titulado «Beneficiarios», dispone, en su apartado 1, que, cuando los beneficiarios de una operación de un programa de cooperación transfronteriza sean dos o más, uno de ellos será designado por todos los beneficiarios como beneficiario principal. En virtud del artículo 40, apartado 2, letra b), el beneficiario principal será responsable de la ejecución de toda la operación. Además, con arreglo a dicho artículo 40, apartado 2, letra c), deberá garantizar que los gastos presentados por todos los beneficiarios hayan sido contraídos en la ejecución de la operación, correspondan a las actividades acordadas entre todos los beneficiarios y sean conformes con el documento presentado por la autoridad de gestión según lo previsto en el mismo artículo 40, apartado 6.
33
En virtud de esta última disposición, la autoridad de gestión proporcionará al beneficiario principal o único de cada operación, siempre que este cumpla los requisitos previstos en el artículo 40, apartado 5, del citado Reglamento de Ejecución, un documento que recoja las condiciones para apoyar la operación, incluidos los requisitos específicos relativos a los productos o servicios que deben prestarse en el marco de la misma, el plan de financiación y el plazo de ejecución.
34
De ello se deduce que, a diferencia de los demás beneficiarios de una ayuda, el beneficiario principal mantiene una relación especial con la autoridad de gestión, de la que es interlocutor directo.
35
Esta interpretación se ve corroborada por el artículo 27, apartado 2, del Reglamento n.o 1299/2013, que dispone que la autoridad de gestión velará por que todo importe abonado como consecuencia de una irregularidad sea devuelto por el beneficiario principal o único y que los beneficiarios restituirán al beneficiario principal toda suma abonada indebidamente.
36
Así pues, cuando se haya designado un beneficiario principal de conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Ejecución n.o 447/2014, la autoridad de gestión estará obligada a recuperar todos los importes de este beneficiario y no de otro.
37
En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que el Ayuntamiento de Babušnica celebró un contrato de subvención con la autoridad de gestión, que fue designado socio principal y que, como tal, era responsable, ante la autoridad de gestión, de todas las irregularidades cometidas y de la devolución de la totalidad de los importes que se adeudasen a dicha autoridad en caso de irregularidad, y que quien cometió la irregularidad de que se trata fue NOV ZHIVOT 1919, un socio en el proyecto «Red cultural transfronteriza para un futuro común».
38
Habida cuenta de la responsabilidad financiera que, con arreglo al artículo 27, apartado 2, del Reglamento n.o 1299/2013, incumbe al beneficiario principal y consiste en devolver todo importe indebidamente abonado, y habida cuenta de la condición de ese beneficiario como interlocutor directo de la autoridad de gestión de que se trate, procede constatar que, cuando una resolución de corrección financiera afecte directamente a los intereses de un beneficiario principal, dicha resolución deberá dirigirse a él.
39
A este respecto, la circunstancia mencionada por el órgano jurisdiccional remitente de que la autoridad de gestión no es competente para dirigir una corrección financiera al beneficiario principal de que se trata, a saber, el Ayuntamiento de Babušnica, no puede modificar esta obligación.
40
A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 40 y 46, apartado 6, del Reglamento de Ejecución n.o 447/2014, en relación con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento n.o 1299/2013, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que una autoridad de gestión establecida en un Estado miembro que participa en un programa de cooperación transfronteriza en el marco del IPA II dirija una resolución de corrección financiera únicamente al operador económico que haya cometido una irregularidad, en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento n.o 1303/2013, cuando, en el marco de dicho programa, se haya designado un beneficiario principal, responsable de la ejecución de la totalidad de la operación de que se trate, incluida la devolución de todo importe indebidamente pagado, aunque no esté establecido en ese Estado miembro.
Segunda cuestión prejudicial
41
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.
Costas
42
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
Los artículos 40 y 46, apartado 6, del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 447/2014 de la Comisión, de 2 de mayo de 2014, sobre las normas específicas para la ejecución del Reglamento (UE) n.o 231/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II), en relación con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea,
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a que una autoridad de gestión establecida en un Estado miembro que participa en un programa de cooperación transfronteriza en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA II) dirija una resolución de corrección financiera únicamente al operador económico que haya cometido una irregularidad, en el sentido del artículo 2, punto 36, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo, cuando, en el marco de dicho programa, se haya designado un beneficiario principal, responsable de la ejecución de la totalidad de la operación de que se trate, incluida la devolución de todo importe indebidamente pagado, aunque no esté establecido en ese Estado miembro.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.