62001CC0029_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
1 Mediante su recurso por incumplimiento, recibido en el Tribunal de Justicia el 24 de enero de 2001, la Comisión solicita, conforme al artículo 226 CE, que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, (1) al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado tales disposiciones a la Comisión. La Comisión solicita, además, que se condene en costas del Reino de España.
2 Puesto que hasta el 30 de octubre de 1999, fecha en que expiraba el plazo de adaptación a la Directiva, no se había comunicado a la Comisión ninguna disposición de adaptación y ésta tampoco había recibido ninguna otra información al respecto, ésta inició el procedimiento por incumplimiento. Después de dar al Reino de España ocasión de presentar sus observaciones, la Comisión emitió el 27 de julio de 2000 un dictamen motivado en el que instaba al Reino de España a adoptar en el plazo de dos meses las medidas necesarias y a comunicárselas. Mediante escrito de 8 de septiembre de 2000 el Gobierno español solicitó que dicho plazo se prorrogase un mes, a lo que no accedió la Comisión. El 6 de diciembre de 2000 el Gobierno español envió su respuesta en la que, remitiéndose a un anteproyecto de ley existente, indicaba que se había presentado el borrador del proyecto de ley de adaptación a la Directiva y que era previsible que el procedimiento legislativo concluyera en el transcurso de 2001, arguyendo la necesidad de proceder a las consultas pertinentes a los organismos nacionales. A raíz de esta respuesta la Comisión interpuso el presente recurso.
3 Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado. (2) Este plazo concluyó el 27 de septiembre de 2001, sin que se hubieran adoptado las medidas exigidas por la Comisión. Por el contrario, el Gobierno español comunicó que se estaba tramitando la ley de adaptación y que el procedimiento legislativo seguía su curso.
4 Asimismo es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que los Estados miembros no pueden invocar disposiciones de Derecho interno para justificar la no adaptación a una Directiva en el plazo señalado. (3)
5 La obligación comunitaria de adaptar el Derecho interno a la Directiva se desprende, por una parte, directamente de la Directiva y, por otra parte, de los artículos 249 CE, párrafo tercero, y 10 CE.
6 Puesto que el Reino de España no ha cumplido sus obligaciones comunitarias, procede a mi juicio estimar el recurso de la Comisión y condenar al Estado miembro por su incumplimiento, imponiéndole el pago de las costas procesales.
Conclusión
7 En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:
1) Declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, al no haber adoptado, en el plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a lo dispuesto en dicha Directiva.
2) Condene en costas al Reino de España.
(1) - DO L 257, p. 26.
(2) - Sentencia de 30 de noviembre de 2000, Comisión/Bélgica (C-384/99, Rec. p. I-10633), apartado 16.
(3) - Sentencia de 12 de febrero de 1998, Comisión/Italia (C-139/97, Rec. p. I-605), apartado 11.