61994TJ0230_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto T-230/94,
Frederick Farrugia, con domicilio en Atenas (Grecia), representado por el Sr. Linos Sissilianos, Abogado de Atenas,
parte demandante,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Ana Maria Alves Vieira y, en la fase oral, por el Sr. Peter Oliver, miembros del Servicio Jurídico, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandada,
que tiene por objeto, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión de 26 de abril de 1994, por la que se desestima la candidatura del demandante destinada a la obtención de una beca de formación en materia de investigación y, por otra parte, la reparación del perjuicio material y moral supuestamente causado al demandante mediante dicha decisión,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),
integrado por los Sres.: H. Kirschner, Presidente; C.W. Bellamy y A. Kalogeropoulos, Jueces;
Secretario: Sr. H. Jung;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 23 de noviembre de 1995;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
Hechos y procedimiento
1 El demandante, Licenciado en Medicina por la Universidad de Atenas y especializado en cirugía, presentó su candidatura, mediante escrito de fecha 3 de febrero de 1994 dirigido a la Dirección General de Ciencia, Investigación y Desarrollo de la Comisión (DG XII), con el fin de obtener una beca de investigación y desarrollo tecnológico (Research training fellowship) en el marco de una estancia en el Reino Unido.
2 Con arreglo al artículo 3 de las condiciones generales por las que se rigen las becas de formación en materia de investigación establecidas por la Comisión (DG XII), de conformidad con la Decisión 92/217/CEE del Consejo, de 16 de marzo de 1992, por la que se aprueba un programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito del capital humano y de la movilidad (1990-1994) (DO L 107, p. 1), "para poder disfrutar de una beca de investigación, los candidatos deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Nacionalidad:
El aspirante deberá ser nacional de un Estado miembro de la Comunidad o de un Estado asociado, o una persona física residente en la Comunidad.
b) Movilidad:
El aspirante deberá ser nacional de un país distinto a aquel en que esté establecido el laboratorio, y no haber ejercido su actividad normal en dicho país durante más de dos años antes de la fecha de presentación de su candidatura.
[...]"
3 En el escrito que acompañaba a su candidatura, el demandante precisaba que aun cuando había nacido en Grecia y vivía en dicho país, era "ciudadano británico de Ultramar", pero no nacional británico. Sin embargo, mediante escrito de 18 de marzo de 1994, la Comisión denegó la solicitud del demandante y le devolvió su expediente de candidatura, basándose en que era ciudadano del país de acogida, que además faltaban los Anexos 6 (D2), 9 y 10-2 (D1.2), que debían figurar en el mismo (evaluación del proyecto de investigación, realizada por la Institución de acogida y certificación de la admisión del candidato como investigador) y que su proyecto no era un proyecto de investigación, sino un curso. En el mismo escrito, la Comisión señalaba al demandante que podía presentar nuevamente su candidatura.
4 Mediante escrito de fecha de 7 de abril de 1994, el demandante presentó de nuevo su candidatura a la Comisión. En este nuevo escrito, llamaba la atención de ésta sobre el hecho de que, como había mencionado en el escrito que acompañaba a su candidatura de 3 de febrero de 1994, no era ciudadano británico, sino "ciudadano británico de Ultramar", que, según la declaración efectuada al respecto por el Reino Unido con motivo de su adhesión a las Comunidades Europeas, no se le consideraba ciudadano británico y que, por consiguiente, no era ciudadano del país de acogida (Reino Unido), al contrario de lo que había afirmado la Comisión en su citado escrito de 18 de marzo de 1994. El demandante adjuntó a su escrito una copia de su permiso de residencia para extranjeros, expedido por el Ministerio helénico del Interior. También adjuntaba a dicho escrito un documento elaborado por la Institución de acogida del Reino Unido (Royal Postgraduate Medical School) que calificaba como "escrito de la Institución de acogida". A su juicio, el referido
documento debería sustituir al Anexo 9 del expediente de candidatura y ser considerado suficiente por los servicios de la Comisión.
5 Mediante escrito de 26 de abril de 1994, la Comisión respondió al demandante lo siguiente:
"Lamentamos devolverle una vez más su expediente de solicitud de una beca. Nos permitimos reiterarle que no es ciudadano de un país tercero, sino ciudadano de dos Estados miembros de la Comunidad. En consecuencia, le rogamos que comprenda que, a efectos de nuestros criterios de nacionalidad, usted posee la doble nacionalidad británica y helénica y que no cumple los requisitos exigidos ni por el Reino Unido ni por Grecia."
("I regret to send you back once more your application for a grant. May I emphasize that you are not a citizen of a third country but a citizen from two EC countries.
Therefore please understand than with regards to our nationality criteria of eligibility, you have a double British and Greek nationality and that you are not eligible either for UK or Greece.")
6 El 6 de junio de 1994, el demandante solicitó el beneficio de justicia gratuita, que le fue concedido mediante resolución del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 14 de diciembre de 1994.
7 En estas circunstancias, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, el 10 de enero de 1995, el demandante interpuso el presente recurso.
8 Al no haber presentado escrito de dúplica la parte demandada, la fase escrita finalizó el 24 de julio de 1995, con la presentación del escrito de réplica.
9 Mediante decisión de 19 de septiembre de 1995, el Juez Ponente fue asignado a la Sala Segunda, a la que se atribuyó, por consiguiente, el asunto.
10 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) decidió iniciar la fase oral, tras pedir a la Comisión que respondiera a una pregunta escrita. En la vista de 23 de noviembre de 1995, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas orales del Tribunal de Primera Instancia.
Pretensiones de las partes
11 El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
° Anule la decisión de la Comisión por la que se desestima su candidatura para la obtención de una beca de formación en materia de investigación, por no cumplir los requisitos exigidos.
° Le conceda la cantidad de 13.900 ECU en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por todos los daños sufridos.
12 Durante la vista de 23 de noviembre de 1995, el demandante declaró que desistía de sus pretensiones de indemnización en la medida en que se referían al perjuicio material por él sufrido, y que tan sólo las mantenía respecto al perjuicio moral que le había causado la desestimación de su candidatura.
13 La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
° Desestime el recurso presentado por el demandante.
° Condene en costas al demandante.
Sobre las pretensiones de anulación
Sobre la admisibilidad
14 En la fase oral, la parte demandada alegó que, en la medida en que su postura respecto a la candidatura del demandante se definió en su escrito de 18 de marzo de 1994, la decisión contenida en su escrito posterior de 26 de abril de 1994 constituye tan sólo una decisión confirmatoria, por lo que debería declararse la inadmisibilidad del recurso del demandante, que fue interpuesto fuera del plazo de dos meses previsto al efecto por el párrafo quinto del artículo 173 del Tratado CE.
15 El Tribunal de Primera Instancia estima que no puede acogerse el motivo invocado por la Comisión contra la admisibilidad del recurso, cuyo examen debe ser efectuado, en cualquier caso, por el órgano jurisdiccional comunitario (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de mayo de 1994, Consorzio gruppo di azione locale "Murgia Messapica"/Comisión, T-465/93, Rec. p. II-361, apartado 24). Según se desprende, en efecto, del escrito de la Comisión de 18 de marzo de 1994, que desestima por primera vez y por los motivos que en él se indican la candidatura del demandante, ésta podía ser presentada de nuevo. De ello se deduce que, aun cuando la Comisión denegó mediante sus escritos de 18 de marzo y 26 de abril de 1994 al demandante la concesión de la beca que había solicitado, la decisión denegatoria contenida en el segundo escrito, adoptada tras un nuevo examen de la candidatura del demandante y tomando como base un expediente completado a instancias de la Comisión, no puede considerarse una decisión confirmatoria de la negativa contenida en el escrito de 18 de marzo de 1994. Por consiguiente, debe declararse la admisibilidad del recurso dirigido contra la decisión contenida en el escrito de la Comisión de fecha 26 de abril de 1994.
Sobre el fondo
Resumen de las alegaciones de las partes
16 El demandante señala que, aun cuando nació en Grecia y vive en dicho país de forma permanente, no tiene la nacionalidad helénica, como lo demuestra el hecho de que es titular de un "permiso de residencia para extranjeros", expedido por el Ministerio helénico del Interior, documento que se expide únicamente a los ciudadanos de países terceros. Además, tampoco tiene la nacionalidad británica, al ser sólo "ciudadano británico de Ultramar" ("British overseas citizen"). Señala que, en ninguno de los Estados miembros, los "ciudadanos británicos de Ultramar" son considerados nacionales comunitarios. Invoca al respecto la Declaración del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativa a la definición del término "nacionales" británicos, efectuada con motivo de la firma del Tratado de adhesión a las Comunidades Europeas (DO 1972, L 73, p. 196) sustituida posteriormente por una nueva Declaración sobre este punto (DO 1983, C 23, p. 1), de la que resulta que no son nacionales británicos las personas que no poseen el derecho de residencia en el Reino Unido. Invoca también la Ley británica aplicable en la materia (apartado 1 del artículo 3 de la Immigration Act 1971), que establece que las personas que no sean nacionales británicos no tienen derecho de residencia en el Reino Unido. Por último, aporta una copia de su pasaporte, en el que se indica que los ciudadanos británicos de Ultramar no tienen, al contrario de los ciudadanos británicos, derecho de residencia en el Reino Unido.
17 El demandante señala que la afirmación de la Comisión contenida en su escrito de 26 de abril de 1994, según la cual tiene la doble nacionalidad, helénica y británica, es inexacta. De ello se deduce que cumplía todos los requisitos de nacionalidad y movilidad previstos en el artículo 3 de las condiciones por las que se rigen las becas de formación en materia de investigación, dado que, si bien no tenía la nacionalidad de un Estado miembro, residía en Grecia y solicitaba trasladarse al Reino Unido con el fin de realizar investigaciones en el ámbito de la medicina, sin haber ejercido nunca con regularidad ninguna actividad en este último país.
18 La Comisión admite, en su escrito de contestación, que de hecho el demandante no tiene la nacionalidad helénica, como había alegado, equivocadamente, en su escrito de 26 de abril de 1994. En la vista de 23 de noviembre de 1995, la Comisión admitió también que no tiene tampoco la nacionalidad del Reino Unido (país de acogida), al contrario de lo que se indicaba también en el escrito de 26 de abril de 1994 y que, por consiguiente, el demandante cumplía los requisitos de nacionalidad y movilidad previstos en la letra a) del artículo 3 de las condiciones generales por las que se rigen las becas de formación en materia de investigación.
19 No obstante, la Comisión afirma que la desestimación de la candidatura del demandante no se debió únicamente al hecho de que no cumplía estos dos requisitos. Explica que éstos se refieren únicamente a la admisibilidad de una solicitud de beca y que, una vez que se ha comprobado la admisibilidad de la solicitud, el candidato, la Institución de acogida, es decir, la Institución en la que el candidato se propone realizar su proyecto de investigación y éste mismo, han de someterse a una evaluación previa, de forma que cada candidatura queda sometida a una triple evaluación para la obtención efectiva de una beca.
20 La Comisión señala que en el presente caso, como lo señaló al demandante en su escrito de 18 de marzo de 1994, faltaban varios documentos que debían contener una evaluación de su candidatura y que habían de ser proporcionados por la Institución de acogida y figurar como Anexos 6 y 9 del expediente de candidatura. En particular, por una parte, el demandante no aportó ninguna prueba de que la Institución de acogida lo aceptara como investigador y, por otra parte, aquél puso en los citados Anexos la mención "no aplicable", lo cual indica, según la Comisión, que su proyecto era en realidad un curso y no un proyecto de investigación aprobado por la Institución de acogida, que justificara la concesión de la beca solicitada.
21 El demandante, en su réplica, afirma que, en contra de lo alegado por la Comisión, del escrito de ésta de fecha 26 de abril de 1994 se desprende que su candidatura fue desestimada únicamente porque no cumplía los requisitos de nacionalidad y movilidad.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
22 El Tribunal de Primera Instancia señala que la negativa controvertida de la Comisión a conceder al demandante la beca solicitada, tal como resulta de la decisión contenida en el escrito de 26 de abril de 1994, estaba motivada únicamente por la consideración de que el demandante no era nacional de un país tercero, sino nacional de dos Estados miembros y que no cumplía los requisitos de nacionalidad que le permitieran disfrutar de una beca, tanto por lo que respecta al Reino Unido como a Grecia.
23 En relación con la cuestión de si el demandante tenía la nacionalidad helénica, este Tribunal hace constar que, como afirmó la Comisión en su escrito de 26 de abril de 1994, según los documentos obrantes en autos, el demandante había enviado a la Comisión, como Anexo a su escrito de 7 de abril de 1994, una copia de su autorización de residencia en Grecia, válida para un año y que incluía de manera clara y visible la mención "permiso de residencia para extranjeros", en dos lenguas comunitarias, griego e inglés ("ADIA PARAMONIS ALLODAPOU ° ALIEN' S RESIDENCE PERMIT"). Por consiguiente, los servicios de la Comisión afirmaban infundadamente que el demandante tenía la nacionalidad helénica, dado que su autorización de residencia en Grecia era un permiso de residencia para extranjeros. Dicha afirmación la corrobora la propia Comisión, que en su escrito de contestación admitió que su escrito de 26 de abril de 1994 contenía un error por lo que se refería a la nacionalidad del demandante y que este último no era, en realidad, nacional helénico.
24 Por lo que respecta a la cuestión de si el demandante era nacional británico y, por consiguiente, nacional del país de acogida, el Tribunal de Primera Instancia recuerda, en primer lugar, que según el artículo 4 de la Directiva 68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88; en lo sucesivo, "Directiva 68/360"):
"1. Los Estados miembros reconocerán el derecho de estancia en su territorio a las personas a que se refiere el artículo 1 que puedan presentar los documentos enumerados en el apartado 3.
2. El derecho de estancia se acreditará mediante la expedición de un documento denominado 'tarjeta de estancia de nacional de un Estado miembro de la CEE' . En este documento figurará una nota en la que se hará constar que ha sido expedido en aplicación del Reglamento (CEE) nº 1612/68 y de lo dispuesto por los Estados miembros para aplicar la presente Directiva. La redacción de dicha nota forma parte, como Anexo, de la presente Directiva."
25 El Tribunal de Primera Instancia señala asimismo que, como ya se ha precisado (véase el apartado 23 supra), el demandante no era titular en Grecia de una "tarjeta de estancia de nacional de un Estado miembro de la CEE", sino de un "permiso de residencia para extranjeros", expedido por el Ministerio helénico del Interior, válido para un año y que incluía de manera clara y visible la mención "permiso de residencia para extranjeros" en griego y en inglés ("ADIA PARAMONIS ALLODAPOU ° ALIEN' S RESIDENCE PERMIT"). Pues bien, si debiera considerarse al demandante nacional británico a efectos de la aplicación del Derecho comunitario, tendría derecho, con arreglo a las citadas disposiciones de la Directiva 68/360, no a un permiso de residencia, válido para un año, sino a una "tarjeta de estancia para nacional comunitario", válida para cinco años y renovable automáticamente.
26 Hay que añadir a este respecto que, si bien es cierto que el citado permiso de residencia del demandante incluye la mención "Ciudadanía: Británica", no es menos cierto que el mismo permiso recoge también la mención "Nacionalidad: Melitea", es decir, maltesa, lo que explica por qué las autoridades helénicas no expidieron al demandante una "tarjeta de estancia de nacional comunitario" sino una autorización de residencia para extranjeros.
27 Además, incluso admitiendo, como explicó la Comisión en su escrito de contestación, que sus servicios consideraron que la mención "Melitea" que figura en el permiso de residencia del demandante en Grecia indicaba su lugar de nacimiento en dicho país, lo que les indujo a pensar que tenía también la nacionalidad helénica, no es menos cierto que los servicios de la Comisión no podían llegar válidamente a la conclusión de que el demandante podía al propio tiempo tener la nacionalidad helénica y ser titular de un permiso de residencia en Grecia para extranjeros.
28 Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión no puede afirmar tampoco que las autoridades helénicas, al expedir al demandante un permiso de residencia para nacional de un Estado tercero, habían incurrido en un error, al no tomar en consideración el hecho de que el demandante podía tener la nacionalidad británica, siendo así que era "ciudadano británico de Ultramar". En efecto, el demandante había señalado, en su escrito de fecha 7 de abril de 1994, que no era ciudadano británico, sino "ciudadano británico de Ultramar". Ahora bien, la declaración relativa a la definición del término "nacional", efectuada por el Reino Unido con motivo de su adhesión a las Comunidades Europeas, tal como fue sustituida por la nueva Declaración efectuada después de la entrada en vigor de la Ley de 1981 sobre la nacionalidad británica (véase el apartado 16 supra), Declaración invocada por el demandante en el escrito dirigido a la Comisión, es del siguiente tenor literal:
"Por lo que respecta al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los términos 'nacionales', 'nacionales de los Estados miembros' o 'nacionales de los Estados miembros y de los territorios y países de Ultramar', cuando se utilicen en el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea [...] o en cualquier acto comunitario derivado de tales Tratados, deberán entenderse referidos:
a) a los ciudadanos británicos;
b) a las personas que son súbditos británicos en virtud de la Parte Cuarta de la Ley de 1981 sobre la nacionalidad británica y tienen derecho a residir en el Reino Unido y están, por ello, dispensadas del control de inmigración del Reino Unido;
c) a los ciudadanos de los territorios de dependencia británica que adquieran su ciudadanía en virtud de un vínculo con Gibraltar."
29 En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que los servicios de la Comisión no podían considerar que el demandante es nacional británico a efectos de la aplicación del Derecho comunitario. En efecto, como demostró el demandante ante el Tribunal de Primera Instancia mediante la presentación de su pasaporte, no está comprendido ni en el caso a que se refiere la letra b) ni en los recogidos en las letras a) y c) de la citada Declaración del Reino Unido.
30 Por último, el Tribunal de Primera Instancia toma conocimiento a este respecto del hecho de que, durante la fase oral, la Comisión admitió que el demandante no tenía, de hecho, la nacionalidad británica a efectos de la aplicación del Derecho comunitario y que, por consiguiente, cumplía los requisitos de nacionalidad y movilidad aplicables a las becas de formación en materia de investigación cuya concesión había solicitado.
31 De lo antedicho resulta que la motivación de la decisión impugnada adolece de errores y debe, por tanto, ser anulada.
32 Dicha conclusión no puede quedar desvirtuada por el hecho de que la Comisión, en su escrito de contestación y en la fase oral, alegó que la candidatura del demandante no fue desestimada solamente a causa de su nacionalidad, sino también por otros motivos, expuestos en su escrito de 18 de marzo de 1994, en el que comunicaba al demandante que faltaban determinados documentos que debían incluir evaluaciones efectuadas por la Institución de acogida y figurar como anexos de su expediente, y que el hecho de que el demandante hubiera puesto en dichos documentos la mención "no aplicable" indicaba que el proyecto propuesto para la beca objeto de controversia era en realidad un curso y no un proyecto de investigación.
33 Este Tribunal hace constar, en efecto, que a pesar de las alegaciones de la Comisión según las cuales el demandante no había adjuntado a su solicitud de beca determinados documentos necesarios para demostrar que cumplía los requisitos de fondo para disfrutar de la beca solicitada, de los autos se desprende que el demandante adjuntó a su escrito de 7 de abril de 1994 un documento procedente de la Institución de acogida ("Royal Postgraduate Medical School") que, como señalaba en el citado escrito, debía, a su juicio, ser suficiente.
34 Pues bien, mediante escrito de fecha 26 de abril de 1994, la Comisión, sin volver a referirse a las afirmaciones recogidas en su escrito precedente de 18 de marzo de 1994, en el que señalaba al demandante el hecho de que no había adjuntado a su candidatura determinados documentos necesarios, devolvió su candidatura al demandante afirmando, de nuevo, que no era nacional de un país tercero, sino nacional de dos Estados miembros y que, por este motivo, no cumplía los requisitos exigidos para disfrutar de una beca, ni por lo que respecta a Grecia ni al Reino Unido.
35 De ello se deduce que debe considerarse que la Comisión desestimó la solicitud del demandante únicamente porque éste no cumplía los requisitos de nacionalidad y movilidad, y no por las razones invocadas por la Comisión, por primera vez, en su escrito de contestación (véanse los apartados 18 y 19 supra).
36 El Tribunal de Primera Instancia considera que, en todo caso, la Comisión no puede invocar válidamente en apoyo de la decisión impugnada motivos que no figuran en ésta y a los que no se ha referido hasta después de la interposición del recurso, dado que sólo basándose en los motivos expuestos en la decisión impugnada podía el demandante apreciar la fundamentación de la desestimación de su candidatura y la oportunidad de interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión, C-343/87, Rec. p. I-225, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de febrero de 1992, Volger/Parlamento, T-52/90, Rec. p. II-121).
37 Por último, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Comisión tampoco puede alegar que la anulación de la decisión impugnada no tiene ningún interés legítimo para el demandante, ya que este último no cumple los requisitos de fondo exigidos para la obtención de la beca objeto del litigio, de forma que, aunque no se hubiera incurrido en error respecto a su nacionalidad, estaría obligada a adoptar automáticamente una decisión desestimatoria de su solicitud (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de octubre de 1975, Deboeck/Comisión, 90/74, Rec. p. 1123 y de 10 de julio de 1980, Distillers Company/Comisión, 30/78, Rec. p. 2229, y del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 1992, De Persio/Comisión, T-50/91, Rec. p. II-2365, apartado 24).
38 En efecto, la Comisión no ha probado de modo suficiente en Derecho que quede excluido, en particular debido al eventual transcurso de un plazo de caducidad, que en el caso de que considerase que los documentos que el demandante adjuntó a su escrito de 7 de abril de 1994 no pueden subsanar las deficiencias de su expediente de candidatura pueda, a raíz de un examen detallado del expediente y como ya lo había hecho, por lo demás, en su escrito de 18 de marzo de 1994, solicitar al demandante que aporte los documentos adecuados.
39 Resulta de lo que antecede que la Comisión, al considerar que el demandante no cumplía, por razón de su nacionalidad, los requisitos exigidos para la obtención de una beca de investigación, dio una motivación errónea a la decisión impugnada de 26 de abril de 1994, que debe, por consiguiente, ser anulada.
Sobre las pretensiones de indemnización
Sobre el fondo
Resumen de las alegaciones de las partes
40 El demandante afirma que sufrió un perjuicio considerable debido a que, a causa del error en que incurrió la Comisión respecto a su nacionalidad, perdió una oportunidad única de continuar sus estudios e investigaciones en el Reino Unido. Añade que, según resulta del escrito de la Comisión de 26 de abril de 1994 ("Lamentamos devolverle una vez más su impreso de candidatura [...]") había hecho múltiples y reiterados esfuerzos por presentar su candidatura, perdiendo de esta forma un tiempo precioso para sus estudios y su carrera. Valora dicho daño en 10.400 ECU. Además, sufrió un perjuicio moral importante que debe valorarse, siempre según el demandante, en 3.500 ECU. No obstante, durante la fase oral, el demandante desistió de sus pretensiones que tienen por objeto la reparación del perjuicio material, limitando sus pretensiones únicamente a la reparación del perjuicio moral.
41 La Comisión alega que el demandante invoca un perjuicio que no es cierto, sino aleatorio. Subraya que, aun suponiendo que la candidatura del demandante cumpliera los requisitos de fondo, lo que no se da en el presente caso, como alegó en sus pretensiones de anulación (véanse los apartados 18 y 19 supra), no es menos cierto que, para poder ser efectivamente admitida, dicha candidatura debía ser sometida aún a una triple evaluación (véase el apartado 18 supra). La Comisión señala sobre este punto que, respecto al período 1992-1994, recibió más de 6.000 candidaturas para becas de formación en materia de investigación, de las que solamente se admitieron 1.800.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
42 Este Tribunal recuerda que, según reiterada jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad de la Comunidad requiere que concurran un conjunto de requisitos relativos a la ilegalidad del comportamiento imputado a las Instituciones, la realidad del daño alegado y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento de que se trate y el perjuicio alegado (véanse, como más recientes, las sentencias del Tribunal de Justicia de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros, C-136/92 P, Rec. p. I-1981, y del Tribunal de Primera Instancia de 26 de octubre de 1995, Geotronics/Comisión, T-185/94, Rec. p. II-2795).
43 El Tribunal de Primera Instancia estima que en el caso de autos, al tratarse de un perjuicio moral resultante de la pérdida por el demandante de la oportunidad de continuar sus estudios e investigaciones en el Reino Unido, la exigencia del carácter real de dicho perjuicio presupone que el demandante pruebe al menos que su candidatura cumplía los requisitos de fondo para su admisión, de forma que sólo la negativa ilegal de la Comisión, en la medida en que se basaba en motivos erróneos relativos a su nacionalidad, le privó de la oportunidad de que se tomara en consideración su candidatura para la concesión de la beca solicitada.
44 Este Tribunal considera que el demandante no ha probado, ni en la fase escrita ni en la fase oral, que su candidatura para la beca solicitada cumpliera efectivamente los requisitos de fondo exigidos, de forma que hubiera tenido muchas posibilidades de que se le concediera finalmente la beca solicitada si la Comisión no hubiera incurrido en un error respecto a su nacionalidad. Debe señalarse a este respecto que el documento adjuntado a su escrito de 7 de abril de 1994, como respuesta al escrito de la Comisión de 18 de marzo de 1994 (véanse los apartados 3 y 4 supra), en el que figuraba como encabezamiento el título Royal Postgraduate Medical School, pero que no designa nominalmente al demandante, no permite al Tribunal de Primera Instancia comprobar que este último fue aceptado efectivamente por dicha Institución como investigador para un programa determinado.
45 En estas circunstancias, y sin que sea necesario examinar la cuestión de si faltaban otros documentos necesarios para apoyar la candidatura del demandante y si su expediente de candidatura no estaba, por tanto, debidamente completado, como afirma la Comisión, ni apreciar las posibilidades de que se concediera finalmente al demandante la beca solicitada, baste señalar que el demandante no ha probado de modo suficiente en Derecho que cumplía, además de los requisitos de nacionalidad y movilidad, los requisitos de fondo exigidos para que su candidatura pudiera ser tenida en cuenta por la Comisión y, eventualmente, admitida.
46 De ello se deduce que debe desestimarse la pretensión que tiene por objeto la reparación del perjuicio moral alegado, por no haber probado el demandante que sufrió un perjuicio real y cierto, demostrando que su candidatura cumplía los requisitos exigidos para ser tomada en consideración y admitida, en el caso de que la Comisión no hubiera fundado la denegación de su solicitud de beca en motivos erróneos relativos a su nacionalidad (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de junio de 1965, Acciaieria Ferriera di Roma/Alta Autoridad, 9/64, Rec. pp. 401 y ss., especialmente p. 414, y de 13 de julio de 1972, Heinemann/Comisión, 79/71, Rec. p. 579, apartado 9, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de mayo de 1995, Wafer Zoo/Comisión, T-478/93, Rec. p. II-1479, apartado 49).
Decisión sobre las costas
Costas
47 A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será en condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados, en lo fundamental, los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
decide:
1) Anular la decisión de la Comisión contenida en el escrito de 26 de abril de 1994.
2) Desestimar las pretensiones de indemnización.
3) Condenar en costas a la Comisión.