62024CJ0182_RES
Asunto C‑182/24
RB, en calidad de sucesor de Claude Chabrol_yAD, representado por su curadora, NM, en calidad de sucesor de Claude Chabrol_yDR, en calidad de sucesor de Claude Chabrol_yZB, en calidad de sucesor de Claude Chabrol_yVQ, en calidad de sucesor de Claude Chabrol_yRZ, en calidad de sucesor de Paul Gégauff_yDQ, en calidad de sucesor de Paul Gégauff_yFI, en calidad de sucesor de Paul Gégauff_yLF, en calidad de sucesor de Paul Gégauff,
contra
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)yRadio Days SARLyBrinter Company LtdyBSyMWyArtedis SAyPanoceanic Films SA
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Judiciaire de Paris)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2025
«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículos 2 a 4 y 8 — Directiva 2004/48/CE — Artículos 1 a 3 — Directiva 2006/115/CE — Directiva 2006/116/CE — Artículos 1, 2 y 9 — Artículos 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Medios de impugnación judicial — Derecho a la tutela judicial efectiva — Normativa nacional que supedita la admisibilidad de una acción por infracción ejercitada por uno de los cotitulares de los derechos de autor de una obra cinematográfica a que se llame al proceso a todos los cotitulares de dichos derechos»
Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directivas 2001/29/CE, 2004/48/CE y 2006/116/CE — Derecho a la tutela judicial efectiva — Normativa nacional que supedita la admisibilidad de una acción por infracción de los derechos de autor de una obra colectiva a que se llame al proceso a todos los cotitulares de dichos derechos — Procedencia — Requisitos — Inexistencia de un procedimiento inútilmente complejo o gravoso — Respeto del principio de efectividad y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 17 y 47; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2001/29/CE, art. 8, 2004/48/CE, art. 3, y 2006/116/CE, art. 1)
(véanse los apartados 52, 54 a 60 y 63 a 78 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia), se pronuncia sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión de una normativa nacional que supedita la admisibilidad de una acción por infracción de los derechos de autor de una obra colectiva a que se llame al proceso a todos los cotitulares de dichos derechos.
El Sr. Chabrol es director de catorce películas y el Sr. Gégauff colaboró en cinco de ellas. En 1990, ambos cedieron a una distribuidora los derechos de explotación de estas películas por un período de treinta años. En 2019, los respectivos herederos del Sr. Chabrol y del Sr. Gégauff, demandantes en el litigio principal, presentaron una demanda contra la distribuidora en cuestión y otras sociedades, solicitando, entre otras pretensiones, el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento de obligaciones contractuales y de la vulneración de los derechos de autor correspondientes a las películas de que se trata.
Sobre la base de la normativa nacional controvertida, los demandados en el litigio principal opusieron una excepción de inadmisibilidad, porque no se había llamado al proceso a diecinueve coautores de las películas. Pues bien, los demandantes no pudieron localizar ni identificar a todos los coautores o a sus derechohabientes, a causa del número de películas de que se trata, a su antigüedad, a la complejidad de los intervinientes y a la muerte de algunos de esos coautores.
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, en esencia, sobre la compatibilidad de la normativa nacional controvertida con el artículo 8 de la Directiva 2001/29, (
1
) el artículo 3 de la Directiva 2004/48 (
2
) y el artículo 1 de la Directiva 2006/116, (
3
) en relación con los artículos 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia señala que el artículo 8 de la Directiva 2001/29, el artículo 3 de la Directiva 2004/48 y el artículo 1 de la Directiva 2006/116 obligan a los Estados miembros a establecer los procedimientos necesarios para garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual a los que se refieren dichas Directivas, prohibiendo, en particular, los procedimientos que sean inútilmente complejos o gravosos. En cambio, ninguno de estos artículos determina, por su propio tenor, las modalidades de esta protección en caso de cotitularidad de un derecho de autor. En cuanto al contexto en el que se inscriben estas disposiciones, el Tribunal de Justicia observa que los demás artículos de las tres Directivas tampoco determinan las modalidades de ejercicio de los recursos correspondientes en caso de cotitularidad de un derecho de autor. Por lo que respecta a los objetivos perseguidos, de los considerandos de estas Directivas se desprende que estas tienen por objeto, en particular, garantizar un nivel elevado de protección de la propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor. En particular, por lo que respecta a la Directiva 2004/48, sus disposiciones no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino únicamente los inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a las infracciones de estos, imponiendo la existencia de recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual existente. Por consiguiente, sin perjuicio de la obligación de establecer vías de recurso que no sean inútilmente complejas o gravosas, corresponde a los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal, determinar las modalidades procesales de las vías de recurso correspondientes, incluso en los casos de cotitularidad de derechos de propiedad intelectual.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia examina si el procedimiento en cuestión es inútilmente complejo o gravoso y si puede ser contrario a los principios de equivalencia y de efectividad y a los requisitos derivados de los artículos 17 y 47 de la Carta. A este respecto, observa que la interpretación de la normativa nacional realizada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia) tiene como consecuencia la inadmisibilidad de una acción ejercitada por un coautor si no se llama al proceso a todos los demás coautores o, en su caso, a sus derechohabientes, aun cuando dicha llamada al proceso resulte muy difícil, o incluso imposible, por circunstancias ajenas a la voluntad del demandante.
En primer término, el Tribunal de Justicia declara que el requisito de llamar al proceso a todos los coautores o a sus derechohabientes tiene por efecto hacer imposible el examen judicial de sus pretensiones, habida cuenta de la dificultad que entraña identificar y, por consiguiente, llamar al proceso a la totalidad de los derechohabientes de los cotitulares de los derechos de autor de que se trata. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, en el presente asunto, este requisito hace que el procedimiento en cuestión resulte inútilmente complejo y gravoso.
En segundo término, la documentación del expediente no permite presumir ninguna violación del principio de equivalencia. No obstante, por lo que respecta al principio de efectividad, el Tribunal de Justicia señala que, cuando la identificación y la localización de coautores de una obra colectiva presentan dificultades serias y persistentes, supeditar la admisibilidad de una acción judicial de los coautores de dicha obra que pretenden defender sus derechos a que se llame al proceso al resto de los coautores de la citada obra puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los coautores.
En tercer término, por lo que respecta al derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta, el Tribunal de Justicia declara que, cuando varias personas son titulares conjuntamente de la propiedad intelectual, como los derechos de autor, sobre la misma obra, se considera que todas ellas han adquirido, en virtud del Derecho de la Unión, el derecho a disfrutar de esa propiedad intelectual y están protegidas de la misma manera. El reconocimiento de la condición de autor de una obra cinematográfica, como en el presente asunto, constituye un requisito suficiente para el ejercicio del derecho de propiedad.
Por lo que respecta al derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal de Justicia recuerda que el contenido esencial de este derecho, consagrado en el artículo 47 de la Carta, incluye el elemento consistente en poder acceder a un tribunal que tenga competencia para garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión reconoce y, a tal fin, examinar todas las cuestiones de hecho y de Derecho relevantes para resolver el litigio de que conoce. Es cierto que una restricción como la que se deriva de la normativa nacional protege los derechos de los cotitulares ausentes, permitiéndoles contar con la información suficiente para acudir, o no, al proceso, lo que contribuye, en particular, a garantizar el respeto del derecho de propiedad de esos cotitulares y a alcanzar, por lo que a ellos respecta, el objetivo perseguido por las tres Directivas. Sin embargo, parece que esta normativa tiene por efecto, a pesar de los esfuerzos y de la diligencia desplegados por los demandantes para llamar al proceso a todos los cotitulares de los derechos de autor, hacer imposible el examen judicial de sus pretensiones. En tal caso, la obligación de llamar al proceso a todos esos cotitulares, so pena de que se declare la inadmisibilidad de la demanda de que se trata, parece impedir a dichos demandantes ejercer sus derechos. Pues bien, el derecho de los cotitulares a defender sus derechos de autor no puede estar sujeto a requisitos procesales de imposible o muy difícil cumplimiento, lo que equivaldría, en la práctica, a la neutralización de ese derecho y vulneraría así el derecho fundamental garantizado en el artículo 47 de la Carta.
Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, parece que la interpretación y la aplicación de los requisitos procesales impuestos a los demandantes pueden hacer que el procedimiento en cuestión resulte inútilmente complejo y gravoso y vulnerar tanto el principio de efectividad como el artículo 47 de la Carta. Si el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que no es posible interpretar su Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión, estaría obligado a garantizar, en el marco de sus competencias, la protección jurídica que para los justiciables se deriva del artículo 47 y a garantizar la plena eficacia de este, dejando sin aplicar, en su caso, las disposiciones nacionales de que se trate.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 8 de la Directiva 2001/29, el artículo 3 de la Directiva 2004/48 y el artículo 1 de la Directiva 2006/116 no se oponen a una normativa nacional que supedita la admisibilidad de una acción por infracción de los derechos de autor de una obra colectiva a que se llame al proceso a todos los cotitulares de dichos derechos, siempre que la interpretación y la aplicación de la citada normativa no hagan que el procedimiento establecido resulte inútilmente complejo o gravoso, sin que pueda hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de dicha acción solo por uno o varios coautores. El juez nacional debe, en cualquier caso, garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 47 de la Carta.
(
1
)	Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).
(
2
)	Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).
(
3
)	Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO 2006, L 372, p. 12).