Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
de 11 de marzo de 2026 (*)
« Función Pública — Funcionarios — Convocatoria para proveer plaza vacante — Puesto de director — Desestimación de candidatura — Acto lesivo — Admisibilidad — Incompetencia del autor del acto — Criterios de admisión — Concepto de “función directiva de nivel intermedio” — Error de Derecho »
En el asunto T‑195/25,
Friedrich Erlbacher, con domicilio en Bruselas (Bélgica), representado por la Sra. L. Levi, abogada,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por el Sr. J.‑F. Brakeland y la Sra. S. Chantre, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),
integrado, durante las deliberaciones, por el Sr. J. Svenningsen, Presidente, y el Sr. J. Martín y Pérez de Nanclares (Ponente) y la Sra. M. Stancu, Jueces;
Secretario: Sr. L. Ramette, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:
–        la excepción de inadmisibilidad formulada por la Comisión mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 2 de junio de 2025;
–        las observaciones del demandante sobre la excepción de inadmisibilidad presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 20 de junio de 2025;
–        la decisión de 4 de julio de 2025 de unir la excepción de inadmisibilidad al examen del fondo;
–        las diligencias de ordenación del procedimiento de 7 de julio de 2025 y la respuesta de la Comisión, presentada en la Secretaría del Tribunal General el 18 de julio de 2025;
celebrada la vista el 17 de diciembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso, basado en el artículo
270 TFUE, el demandante, el Sr. Friedrich Erlbacher, solicita la anulación de la decisión contenida en el correo electrónico de la Dirección General (DG) «Recursos Humanos y Seguridad» de la Comisión Europea de 11 de junio de 2024 por la que se desestimó su candidatura para el puesto de director (AD 14/AD 15) de la DG «Agricultura y Desarrollo Rural» de la Comisión (en lo sucesivo, «puesto en cuestión»).
Antecedentes del litigio
2        El demandante es funcionario de la Comisión desde el 1 de enero de 1996.
3        Del 1 de enero de 1996 al 31 de octubre de 1998, el demandante estuvo destinado en la DG «Competencia» y posteriormente fue destinado en comisión de servicio al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interés del servicio hasta el 30 de septiembre de 2004. Desde el 1 de octubre de 2004, está destinado en el Servicio Jurídico de la Comisión (en lo sucesivo, «Servicio Jurídico»). El 1 de marzo de 2014 fue nombrado «consejero jurídico» en dicho Servicio. Desde entonces ha sido promovido al grado AD 14. Por último, el 1 de noviembre de 2021, fue nombrado adjunto del consejero jurídico principal que dirige el equipo «Instituciones» del Servicio Jurídico.
4        El 14 de mayo de 2024, se publicó una convocatoria para proveer plaza vacante para el puesto de director (grado AD 14/AD 15) de la Dirección G «Internacional» de la DG «Agricultura y Desarrollo Rural» (convocatoria COM/2024/1108) (en lo sucesivo, «convocatoria»), con arreglo al artículo
29, apartado
1, letra a), incisos i)
y iii), del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»).
5        Bajo el título «Política de contratación», el procedimiento de selección se describía en los siguientes términos:
«[…] Los candidatos invitados a una entrevista con el Comité Consultivo para los Nombramientos deberán asistir, antes de dicha entrevista, a un día en un centro de evaluación dirigido por consultores externos, a menos que ya hayan sido evaluados en el marco de un centro de evaluación organizado a petición de la DG [“Recursos Humanos y Seguridad”] para un tipo de empleo del mismo nivel que el que ahora solicitan, durante los dos años anteriores a la fecha de la entrevista con el [Comité Consultivo para los Nombramientos] […]»
6        Además, la convocatoria contenía un hipervínculo que remitía a una página de la intranet de la Comisión, titulada «Personal directivo: condiciones de admisión». Por lo que respecta a las funciones correspondientes al puesto tipo de director, se indica que son elegibles los funcionarios titulares, en particular, «de grado AD 14 que ocupen (o hayan ocupado) un puesto directivo de nivel intermedio durante un período de [dos] años como mínimo» (en lo sucesivo, «condición controvertida»).
7        El 27 de mayo de 2024, el demandante presentó su candidatura para el puesto en cuestión.
8        Mediante correo electrónico de 11 de junio de 2024, un miembro del personal de la unidad «HR.02 — Executive Staff» de la DG «Recursos Humanos y Seguridad» de la Comisión informó al demandante de que su candidatura no podía tomarse en consideración debido a que no cumplía todas las condiciones de admisión, en particular la condición controvertida.
9        Mediante correo electrónico de 13 de junio de 2024, se invitó al demandante a una entrevista con el comité de preselección de la DG «Agricultura y Desarrollo Rural» para el procedimiento de selección COM/2024/1108, prevista para el 25 de junio de 2024.
10      Mediante correo electrónico de 14 de junio de 2024, un miembro del personal de la unidad «R.5 — People & Organisation» de la DG «Agricultura y Desarrollo Rural» informó al demandante de que, dado que su candidatura no había sido considerada admisible por la DG «Recursos Humanos y Seguridad», la invitación mencionada en el apartado
9 anterior ya no era válida.
11      El 22 de agosto de 2024, el demandante presentó una reclamación al amparo del artículo
90, apartado
2, del Estatuto, contra el correo electrónico de 11 de junio de 2024.
12      El 30 de octubre de 2024, en su 2 505.ª reunión, a propuesta del miembro de la Comisión responsable del presupuesto y de la administración, de acuerdo con la presidenta de la Comisión, y previa consulta al miembro de la Comisión responsable de agricultura y desarrollo rural, dicha institución decidió nombrar a un tercero para el puesto en cuestión (en lo sucesivo, «decisión de nombramiento»).
13      La decisión de nombramiento fue objeto de un comunicado de prensa ese mismo día.
14      El 11 de diciembre de 2024, se notificó al demandante la decisión desestimatoria de su reclamación (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria de la reclamación»), adoptada por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN»).
Pretensiones de las partes
15      El demandante solicita, en esencia, al Tribunal General que:
–        Anule el correo electrónico de 11 de junio de 2024.
–        Anule, en la medida en que sea necesario, la decisión desestimatoria de la reclamación.
–        Condene en costas a la Comisión, incluso en el supuesto de que declare la inadmisibilidad del recurso.
16      La Comisión solicita al Tribunal General que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso y, en cualquier caso, lo desestime por infundado.
–        Condene en costas al demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad del recurso
17      La Comisión alega la inadmisibilidad del recurso en la medida en que el correo electrónico de 11 de junio de 2024 no constituye un acto lesivo.
18      En primer lugar, según la Comisión, el recurso es inadmisible puesto que el correo electrónico de 11 de junio de 2024 emana de un miembro del personal de la DG «Recursos Humanos y Seguridad» y no de la AFPN encargada del procedimiento para proveer el puesto en cuestión, con arreglo al artículo
29, apartado
1, letra a), incisos i)
y iii), del Estatuto, a saber, el Colegio de Comisarios.
19      En segundo lugar, el correo electrónico de 11 de junio de 2024 no es, según la Comisión, un acto lesivo, sino un acto intermedio que forma parte del procedimiento de selección. En efecto, según aduce la Comisión, de la convocatoria y de la página de la intranet de la Comisión a la que remite la convocatoria se desprende que el procedimiento de selección en cuestión está articulado en varias fases entre la publicación de la convocatoria y la decisión de nombramiento por el Colegio de Comisarios. Pues bien, la Comisión considera que el acto lesivo que emana de la AFPN es la decisión de nombramiento.
20      En tercer lugar, el correo electrónico de 11 de junio de 2024 no tuvo por efecto, según la Comisión, eliminar definitivamente al demandante del procedimiento ni vincular a la AFPN. En efecto, como, según indica la Comisión, se desprende del acta de 28 de noviembre de 2024 de la 2 505.ª reunión del Colegio de Comisarios (en lo sucesivo, «acta de la reunión del Colegio de Comisarios»), se sometió a la AFPN la lista completa de las personas que habían presentado su candidatura al puesto en cuestión. Por lo tanto, en opinión de la Comisión, la AFPN tomó su decisión final con conocimiento de la lista íntegra de candidaturas.
21      El demandante rebate las alegaciones de la Comisión.
22      En virtud de los artículos
90 y 91 del Estatuto, la admisibilidad de un recurso de anulación en materia de función pública está supeditada a la existencia de un acto lesivo.
23      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, únicamente son lesivos, en el sentido del artículo
90, apartado 2, del Estatuto, los actos o las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar directa e inmediatamente a los intereses de
la
parte demandante, modificando de forma sustancial la situación jurídica de esta (véase la sentencia de 15 de diciembre de 2022, Picard/Comisión, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, apartado
95 y jurisprudencia citada).
24      Para determinar si un acto produce tales efectos, hay que atenerse al contenido esencial de dicho acto y apreciar esos efectos en función de criterios objetivos, como el contenido de ese mismo acto, tomando en consideración, en su caso, el contexto en el que se adoptó y las facultades de la institución que fue su autora (véase la sentencia de 15 de diciembre de 2022, Picard/Comisión, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, apartado
96 y jurisprudencia citada).
25      Así, la capacidad de un acto para producir directamente efectos en la situación jurídica de una persona física o jurídica no puede apreciarse por el mero hecho de que dicho acto revista la forma de un correo electrónico, puesto que ello equivaldría a hacer prevalecer la forma del acto objeto del recurso sobre la esencia misma de dicho acto (véase la sentencia de 15 de diciembre de 2022, Picard/Comisión, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, apartado
97 y jurisprudencia citada).
26      Por otra parte, cuando se trata de actos o de decisiones cuya elaboración se lleva a cabo en varias fases, especialmente tras un procedimiento interno, en principio únicamente constituyen actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la posición de la institución al término de dicho procedimiento, con exclusión de los trámites intermedios, cuyo objetivo es preparar la decisión final (sentencia de 2 de febrero de 2022, LU/BEI, T‑536/20, no publicada, EU:T:2022:40, apartado
38; véase también, en este sentido, el auto de 16 de noviembre de 2018, OT/Comisión, T‑552/16, no publicado, EU:T:2018:807, apartado
43 y jurisprudencia citada).
27      Por último, de conformidad con los artículos
90 y 91 del Estatuto, los funcionarios y agentes de las instituciones de la Unión Europea solo pueden someter al control del Tribunal General los actos que emanen de la AFPN y de la autoridad facultada para proceder a la contratación (véase el auto de 16 de noviembre de 2018, OT/Comisión, T‑552/16, no publicado, EU:T:2018:807, apartado
46 y jurisprudencia citada).
28      En el caso de autos, en su excepción de inadmisibilidad, la Comisión alega, en esencia, que solo la decisión de nombramiento constituye un acto lesivo, en la medida en que emana de la AFPN, a saber, el Colegio de Comisarios, al que se sometió la lista completa de las personas que presentaron sus candidaturas para el puesto en cuestión. En cambio, el demandante estima que, antes de la adopción de dicha decisión, que, por lo demás, no le fue notificada, la AFPN solo tuvo en cuenta las candidaturas propuestas por el Comité Consultivo para los Nombramientos (en lo sucesivo, «CCN»), entre las que no se encontraba la suya, que fue desestimada antes de la fase de preselección por no ser considerada admisible, de modo que el correo electrónico de 11 de junio de 2024 constituyó, a juicio del demandante, una desestimación definitiva de su candidatura y, por tanto, el acto lesivo.
29      A este respecto, procede señalar que las modalidades de organización del procedimiento que conduce a la selección de altos funcionarios están previstas en el documento sinóptico sobre la política relativa a los altos funcionarios [SEC(2004) 1352/2], de 26 de octubre de 2004, aprobado por la Comisión (en lo sucesivo, «documento sinóptico»). En su punto
5.2, describe este procedimiento y cómo se compone de varias fases, que, en el presente caso, se han puesto en marcha mediante la convocatoria.
30      Según este procedimiento, la Dirección General encargada de la selección, de acuerdo con el ponente del procedimiento, elabora un borrador de convocatoria, que es publicada tras su aprobación por la AFPN (primera fase). A continuación, el comité de preselección elabora una lista de los candidatos mejor cualificados para el puesto en cuestión con arreglo a los criterios publicados (segunda fase). Sobre la base del informe de dicho comité, el CCN identifica a los candidatos más adecuados para celebrar una entrevista y, a continuación, adopta su dictamen preliminar (tercera fase). Tras realizar entrevistas con los candidatos seleccionados, el CCN aprueba su dictamen y elabora la lista de reserva acompañada de fichas de evaluación de cada candidato (cuarta fase). Los candidatos incluidos en la lista de reserva elaborada por el CCN deben mantener entrevistas con uno o varios miembros del Colegio de Comisarios, que procede al nombramiento del candidato seleccionado para el puesto de que se trate (quinta y última fase).
31      De ello se desprende que el Colegio de Comisarios es la AFPN competente en relación con el nombramiento de los altos funcionarios y que la decisión de nombramiento se adopta al término de un procedimiento de selección que consta de varias fases en las que se elaboran actos preparatorios. Así pues, en principio y de conformidad con la jurisprudencia citada en los anteriores apartados
26 y 27, se podría decir que solo la decisión de nombramiento constituye el acto lesivo para el demandante.
32      No obstante, la jurisprudencia ya ha admitido que una decisión adoptada al término de una de las fases del procedimiento de selección puede constituir un acto lesivo para el interesado, siempre que tenga por efecto privarle de la posibilidad de participar en una fase posterior de dicho procedimiento y, por consiguiente, de toda posibilidad de ser nombrado en el marco de la convocatoria para proveer plaza vacante (véase, en este sentido, el auto de 22 de abril de 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, apartados
31 y 32).
33      Pues bien, en el caso de autos, tras la evaluación de las condiciones de admisión realizada por la DG «Recursos Humanos y Seguridad», el comité de preselección anuló la entrevista inicialmente prevista con el demandante. En efecto, como se ha recordado en el anterior apartado
10, debía considerarse que la invitación a dicha entrevista ya no era válida, puesto que la DG «Recursos Humanos y Seguridad» había estimado que el demandante no cumplía, en particular, la condición controvertida.
34      Así pues, es preciso señalar que, a raíz del envío del correo electrónico de 11 de junio de 2024, el demandante se vio excluido de las demás fases del procedimiento de selección, de modo que dicho correo electrónico le resulta lesivo.
35      En la vista, la Comisión sostuvo, no obstante, que, si bien la DG «Recursos Humanos y Seguridad» efectuaba un primer análisis de las condiciones de admisión, la única AFPN competente para adoptar una decisión definitiva era el Colegio de Comisarios.
36      Según la Comisión, las autoridades que participaban en el procedimiento después de la DG «Recursos Humanos y Seguridad» habrían podrido analizar las condiciones de admisión y llegar a una conclusión diferente a la de dicha DG. Dicho de otro modo, según la Comisión, el comité de preselección, el CCN o incluso el Colegio de Comisarios tuvieron la posibilidad de considerar la candidatura del demandante admisible, de manera que el correo electrónico de 11 de junio de 2024 no fue un acto lesivo.
37      Sin embargo, en las circunstancias concretas del caso de autos, el Tribunal General considera que la referencia a esta mera posibilidad no puede constituir un argumento suficiente para descartar la naturaleza de acto lesivo del correo electrónico de 11 de junio de 2024. En efecto, teniendo en cuenta las consecuencias que se han producido en la práctica para la situación del demandante y la información que este recibió, la Comisión debe aportar indicios que demuestren que las distintas instancias llamadas a intervenir en el procedimiento de selección o, por lo menos, el de preselección, recibieron efectivamente su candidatura y analizaron las condiciones de admisión de esta. De no aportarse tales indicios, debería concluirse que la DG «Recursos Humanos y Seguridad» pudo
tomar una postura definitiva en cuanto al cumplimiento de las condiciones de admisión por parte del demandante.
38      Pues bien, en primer lugar, por lo que respecta al comité de preselección, la formulación empleada en el correo electrónico de 14 de junio de 2024 mencionado en el apartado
10 anterior excluye que dicho comité procediera al análisis de la admisibilidad de la candidatura del demandante, e incluso indica que el mismo comité se consideraba vinculado por la apreciación realizada por la DG «Recursos Humanos y Seguridad».
39      En segundo lugar, por lo que respecta al CCN, el Tribunal General solicitó la presentación de los documentos con la referencia PERS
(2024)
65/2 y PERS
(2024)
65/3 para comprobar si el CCN y, posteriormente, el Colegio de Comisarios disponían, como sostenía la Comisión, de la lista completa de las candidaturas para el puesto en cuestión, requisito indispensable para el examen de su admisibilidad. En respuesta, la Comisión presentó tres documentos, a saber:
–        la nota del director general de la DG «Recursos Humanos y Seguridad», transmitida al miembro de la Comisión responsable del presupuesto y de la administración, de 11 de junio de 2024 (en lo sucesivo, «nota de 11 de junio de 2024»);
–        el dictamen previo del CCN de 22 de agosto de 2024;
–        el dictamen del CCN de 3 de octubre de 2024.
40      De la nota de 11 de junio de 2024 se desprende que, de las siete candidaturas presentadas, solo la del demandante no era admisible y no fue transmitida al miembro de la Comisión encargado del presupuesto y de la administración, extremo que esta confirmó en la vista. Así pues, el miembro de la Comisión que presentó la propuesta al Colegio de Comisarios (véase el apartado
12 anterior) no había recibido la candidatura del demandante.
41      En cuanto al dictamen previo del CCN de 22 de agosto de 2024, este incluía en la lista de candidaturas admisibles no solo la del demandante, sino también la de una persona que, sin embargo, había retirado su candidatura antes de la fase de preselección. Así pues, el número de candidaturas admisibles ascendía a ocho en lugar de seis. Preguntada en la vista sobre esta diferencia en las cifras, la Comisión reconoció que esta incoherencia podía suscitar dudas, pero no dio más explicaciones.
42      De este modo, la Comisión no alegó que esta diferencia se explicara por el hecho de que el CCN hubiera analizado las condiciones de admisión de todas las candidaturas y hubiera llegado a una conclusión diferente de la de la DG «Recursos Humanos y Seguridad».
43      En cualquier caso, es preciso señalar que la Comisión no ha podido aportar elementos concretos que permitan confirmar que el CCN hubiera recibido efectivamente la candidatura del demandante, a diferencia del miembro de la Comisión encargado del presupuesto y de la administración, ni que hubiera examinado efectivamente la admisibilidad de dicha candidatura.
44      Además, el dictamen previo del CCN de 22 de agosto de 2024 solo menciona expresamente la comprobación de los expedientes personales de los dos candidatos que fueron invitados al centro de evaluación y a una entrevista, mención que no incluía al demandante.
45      Por consiguiente, los documentos aportados y las explicaciones facilitadas por la Comisión no permiten concluir que el CCN hubiera recibido efectivamente todas las candidaturas, ni, menos aún, que hubiera examinado de nuevo las condiciones de admisión de estas, ni, más concretamente, que hubiera evaluado la admisibilidad del demandante.
46      La lista presentada en el dictamen previo del CCN de 22 de agosto de 2024 resulta ser, por lo tanto, una mera lista recapitulativa de todos los nombres de los candidatos que habían presentado su candidatura, con independencia del carácter admisible de sus candidaturas, y el adjetivo «admisible» debe entenderse, a falta de explicaciones convincentes por la Comisión, como constitutivo de un error de redacción.
47      Por consiguiente, la Comisión no ha aportado pruebas de que el CCN examinara la candidatura del demandante y concluyera,
apartándose de la conclusión a la que había llegado la DG «Recursos Humanos y Seguridad», que la candidatura era admisible, conclusión esta que, por lo demás, había sido aceptada sin verificación por el comité de preselección.
48      Esta constatación era tanto más necesaria cuanto que, por una parte, del documento sinóptico no se desprende que se espere del CCN que examine las condiciones de admisión de las candidaturas y, por otra, al haberse anulado la entrevista del demandante con el comité de preselección, era poco probable que el CCN examinara los méritos de una candidatura respecto de la cual carecía de elementos de apreciación importantes.
49      En tercer lugar, por lo que respecta al Colegio de Comisarios, habida cuenta de la manera en que se desarrolló el procedimiento de selección
—a saber, para empezar, la falta de transmisión de la candidatura del demandante al miembro de la Comisión encargado del presupuesto y de la administración, seguidamente, la aceptación por el comité de preselección de la conclusión de la DG «Recursos Humanos y Seguridad» y, por último, la falta de prueba de que el CCN hubiera examinado la candidatura del demandante—, existe un conjunto de indicios que permiten dudar razonablemente de que el Colegio de Comisarios hubiera recibido la candidatura del demandante y hubiera examinado su admisibilidad. Además, como se ha señalado en el anterior apartado
48 por lo que respecta al CCN, por un lado, del documento sinóptico no se desprende que el Colegio de Comisarios deba comprobar los requisitos de admisibilidad de las candidaturas y, por otro lado, ni el comité de preselección ni el CCN mantuvieron una entrevista con el demandante, por lo que era poco probable que dicho Colegio examinara los méritos de la candidatura del demandante, respecto de la cual carecía de elementos de apreciación importantes.
50      Pues bien, es preciso señalar que la Comisión no ha aportado ninguna prueba para demostrar lo contrario, salvo el acta de la reunión del Colegio de Comisarios.
51      No obstante, el hecho de que en el acta de la reunión del Colegio de Comisarios se mencione que este recibió la lista de candidaturas no basta para demostrar que recibió efectivamente la candidatura del demandante y examinó su admisibilidad. En efecto, la transmisión de una lista no es necesariamente sinónimo de la transmisión efectiva de las candidaturas, como demuestra la nota de 11 de junio de 2024, que recogía la lista de candidaturas, pero solo transmitía al miembro de la Comisión encargado del presupuesto y de la administración las candidaturas admisibles.
52      Por otra parte, procede señalar que el correo electrónico de 11 de junio de 2024 fue notificado al demandante ese mismo día a las 16:56 horas, es decir, aproximadamente una hora después de que se firmara electrónicamente, a las 15:49 horas, la nota de 11 de junio de 2024, lo que confirma la intención de informar al demandante de la decisión adoptada respecto a él y transmitida casi simultáneamente al miembro competente de la Comisión.
53      Por consiguiente, en las circunstancias del caso de autos, procede considerar que, al tener como consecuencia la exclusión de la candidatura del demandante antes de la fase de preselección, el correo electrónico de 11 de junio de 2024 marcó el fin del procedimiento de selección para él y constituye, por tanto, una desestimación definitiva de su candidatura y, por ende, el acto lesivo (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), de modo que el recurso del demandante es admisible.
Sobre el objeto del recurso
54      Mediante su tercera pretensión, el demandante solicita al Tribunal General que anule, en la medida en que sea necesario, la decisión desestimatoria de la reclamación.
55      Dado que la decisión desestimatoria de la reclamación carece de contenido autónomo, en la medida en que no hace sino confirmar la decisión impugnada, procede considerar que las pretensiones de anulación tienen únicamente por objeto la anulación de la decisión impugnada, cuya legalidad se valorará teniendo en cuenta la motivación que figura en dicha decisión desestimatoria de la reclamación (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de enero de 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, apartado
8, y de 6 de julio de 2022, MZ/Comisión, T‑631/20, EU:T:2022:426, apartado 21).
Sobre el fondo
56      En apoyo de su recurso, el demandante invoca dos motivos, basados, el primero, en un error manifiesto de apreciación y, el segundo, en una excepción de ilegalidad, relativa a la convocatoria para proveer plaza vacante y a las normas a las que se refiere dicha convocatoria.
57      Por otra parte, el demandante invocó, en sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, un motivo nuevo, basado en la falta de competencia del autor del acto.
Sobre el motivo basado en la falta de competencia del autor del acto
58      En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, el demandante indicó que, en el caso de que el Tribunal General considerase, al igual que la Comisión, que la persona que le notificó la decisión impugnada no estaba facultada para hacerlo, él tenía intención de invocar un motivo de anulación nuevo, basado en la falta de competencia del autor del acto.
59      En la vista, la Comisión sostuvo que, si el Tribunal General considerase que el correo electrónico de 11 de junio de 2024 era el acto lesivo, procedería declarar que la autoridad que lo había adoptado carecía de competencia.
60      A este respecto, procede recordar que la falta de competencia del autor de un acto lesivo constituye un motivo de orden público que corresponde examinar al juez de la Unión, si es necesario de oficio (véase la sentencia de 8 de julio de 2010, Comisión/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, EU:T:2010:294, apartado
61 y jurisprudencia citada), y puede ser invocada en cualquier fase del procedimiento (véase la sentencia de 26 de junio de 2024, Paraskevaidis/Consejo y Comisión, T‑698/21, EU:T:2024:425, apartado
36 y jurisprudencia citada).
61      En el caso de autos, la decisión impugnada fue adoptada por un miembro del personal de la unidad «HR.02 — Executive Staff» de la DG «Recursos Humanos y Seguridad». Pues bien, como se ha mencionado en el apartado
31 anterior, la AFPN competente en relación con el nombramiento de los altos funcionarios es el Colegio de Comisarios.
62      Es cierto que del análisis de la admisibilidad del recurso se deduce que, en la práctica, el comité de preselección, el CCN y el Colegio de Comisarios no analizaron las condiciones de admisión en relación con las candidaturas y que esta tarea se confió a la DG «Recursos Humanos y Seguridad».
63      Además, como se ha concluido en el anterior apartado
53, la decisión impugnada puso fin al procedimiento de selección en lo que al demandante se refiere.
64      Así pues, podría parecer que el Colegio de Comisarios había delegado en la DG «Recursos Humanos y Seguridad» sus facultades en lo que respecta al examen de las condiciones de admisión de las candidaturas y a la desestimación de dichas candidaturas en dicha fase del procedimiento de selección.
65      No obstante, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la delegación de poderes no se presume y que, incluso cuando está legitimada para delegar sus facultades, la autoridad delegante debe adoptar una decisión explícita de delegación (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad, 9/56, EU:C:1958:7, pp. 42 a 44, 46 y 47) y dicha delegación solo puede referirse a facultades de ejecución, exactamente definidas (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de mayo de 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, EU:C:2005:306, apartado 43).
66      Pues bien, debe señalarse que esto no sucedió en el caso de autos.
67      Por otra parte, procede destacar que el presente asunto se distingue del que dio lugar al auto de 22 de abril de 2015, ED/ENISA (F‑105/14, EU:F:2015:33), apartado
31, mencionado en el apartado
32 de la presente sentencia. En efecto, en este último asunto, el acto lesivo había sido adoptado por la autoridad competente, ya que contenía la posición de la autoridad facultada para proceder a la contratación en cuanto a la desestimación, en la primera fase del procedimiento de selección, de la candidatura de la parte demandante, tras una evaluación detallada de esta por el comité de selección.
68      En estas circunstancias, procede declarar que la decisión impugnada fue adoptada por una autoridad sin competencia, de modo que procede anularla.
69      No obstante, para establecer el marco jurídico correcto en el que la Comisión deberá adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la presente sentencia de conformidad con el artículo
266 TFUE, una buena administración de justicia exige que se examine también el primer motivo invocado por el demandante.
Sobre el primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación y en un error de Derecho
70      El demandante considera que la AFPN incurrió en un error manifiesto de apreciación al no haber tenido en cuenta la convocatoria para proveer plaza vacante y las normas a las que dicha convocatoria se refiere. En efecto, el demandante estima que la AFPN debería haber interpretado la convocatoria y las normas en ella referidas en el sentido de que la condición controvertida no se aplicaba en un caso como el suyo. Dicho motivo debe considerarse también basado en un error de Derecho.
71      A este respecto, por una parte, el demandante señala que la Decisión C(2016) 3288 final de la Comisión, de 15 de junio de 2016, relativa al personal directivo de nivel intermedio (en lo sucesivo, «Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio»), que establece los criterios que permiten considerar que una función es una «función directiva de nivel intermedio», no se aplica a los consejeros, como resulta del artículo
2, apartado
3, de dicha Decisión.
72      Por otra parte, el demandante señala que la Decisión C(2016) 3214 final de la Comisión, de 7 de junio de 2016, sobre las funciones de consejero (en lo sucesivo, «Decisión sobre los consejeros») excluye de su ámbito de aplicación, según su artículo
1, a los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico.
73      El demandante deduce de ello dos escenarios diferentes.
74      Según el primer escenario, debería considerarse que, dado que la Decisión sobre los consejeros no es aplicable a los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico, a estos les es aplicable la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio. Pues bien, en tal caso, habida cuenta de la estructura particular del Servicio Jurídico, los consejeros jurídicos deben ser considerados, según el demandante, jefes de unidad.
75      Dado que la AFPN no consideró al demandante, que es consejero jurídico del Servicio Jurídico, jefe de unidad, la decisión impugnada, a juicio de aquel, debe anularse por no haber tenido en cuenta la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio.
76      Según el segundo escenario, los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico quedarían excluidos tanto del ámbito de aplicación de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio como del de la Decisión sobre los consejeros. Esto significaría que la función de consejero jurídico del Servicio Jurídico no se rige por ningún texto específico, ni en lo que respecta a su función, ni en lo que respecta a la posibilidad de participar en procedimientos de selección para puestos de alta dirección.
77      En tal caso, el demandante considera que la decisión impugnada no habría podido adoptarse en aplicación de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio y habría sido necesario que la AFPN apreciara in concreto si el demandante tenía las competencias y la experiencia de gestión requeridas para el puesto en cuestión.
78      Por consiguiente, según el demandante, la AFPN infringió la convocatoria y las normas a las que dicha convocatoria se refiere al aplicar al demandante de manera automática la condición controvertida, sin comprobar si sus competencias y su experiencia podían considerarse equivalentes a las previstas para las funciones directivas de nivel intermedio.
79      La Comisión refuta las alegaciones del demandante. En particular, sostiene que los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico no están excluidos de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio «en la medida en que» no ejercen funciones directivas, sino «porque» no ejercen tales funciones. Esta interpretación del artículo
2, apartado
3, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio
se ve confirmada, según la Comisión, por la versión inglesa de dicha Decisión, que utiliza el término «as», y por la versión alemana, que utiliza el término «da».
80      Según reiterada jurisprudencia, la función de una convocatoria para proveer plaza vacante es, por una parte, informar a los interesados de la forma más exacta posible sobre la naturaleza de los requisitos para ocupar la plaza que debe proveerse, con el fin de permitirles apreciar si procede que formalicen su candidatura y, por otra parte, establecer el marco legal con arreglo al cual se procederá al examen comparativo de los méritos de los candidatos. Esta segunda función implica que se establezcan exigencias suficientemente precisas para permitir proceder a dicho examen comparativo y justificar la elección realizada. (véase la sentencia de 1 de junio de 2022, OG/AED, T‑632/20, no publicada, EU:T:2022:308, apartado 51 y jurisprudencia citada). Según la jurisprudencia, tanto los requisitos generales indicados en el sumario de las convocatorias para proveer plaza vacante como los requisitos específicos indicados en relación con el puesto de que se trata constituyen los requisitos exigidos en la convocatoria para proveer plaza vacante (sentencia de 7 de febrero de 2019, Duym/Consejo, T‑549/17, no publicada, EU:T:2019:72, apartado 60).
81      También es jurisprudencia reiterada que el ejercicio de la amplia facultad de apreciación de que dispone la AFPN en materia de nombramientos supone un examen escrupuloso de los expedientes de los candidatos y una observación a conciencia de las exigencias enunciadas en la convocatoria para proveer plaza vacante, de modo que dicha AFPN está obligada a excluir a todo candidato que no responda a tales exigencias. La convocatoria para proveer plaza vacante constituye, en efecto, el marco de legalidad que la AFPN se impone a sí misma y que debe respetar escrupulosamente (sentencias de 18 de marzo de 1993, Parlamento/Frederiksen, C‑35/92 P, EU:C:1993:104, apartados
15 y 16; de 12 de mayo de 1998, Wenk/Comisión, T‑159/96, EU:T:1998:86, apartado
63, y de 9 de julio de 2019, VY/Comisión, T‑253/18, no publicada, EU:T:2019:488, apartado 20).
82      En el caso de autos, procede destacar que, como se ha señalado, en esencia, en el apartado
6 anterior, la convocatoria incluía una rúbrica relativa a los criterios de admisión, que contenía un hipervínculo que remitía a una página de la intranet de la Comisión, titulada «Personal directivo: condiciones de admisión».
83      La condición controvertida, tal como se ha recordado en el anterior apartado
6, se expone claramente en dicha página, a saber, que son elegibles los funcionarios titulares, en particular, «de grado AD 14 que ocupen (o hayan ocupado) un puesto directivo de nivel intermedio durante un período de [dos] años como mínimo».
84      Con carácter preliminar, procede señalar que, si bien el demandante niega que su candidatura fuera apreciada a la luz de la condición controvertida, en realidad reprocha a la AFPN no haber tenido en cuenta su estatuto particular de consejero jurídico ni sus competencias y su experiencia de dirección para valorar si cumplía la condición controvertida.
85      En cualquier caso, dado que la condición controvertida forma parte del marco legal en el que se inscribe la convocatoria, dicha condición era de aplicación al demandante, en la medida en que presentó su candidatura para el puesto en cuestión.
86      En el caso de autos, procede señalar que, en la decisión desestimatoria de la reclamación, la AFPN consideró, para empezar, que las responsabilidades desempeñadas por el demandante, en su condición de adjunto al jefe de equipo, no podían considerarse equivalentes a una dirección permanente y continua de un equipo en el sentido de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio y, a continuación, que la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio excluía su aplicación a los consejeros jurídicos. Por último, la AFPN consideró que, a pesar de la amplia experiencia profesional del demandante en el seno de la Comisión, no había adquirido la experiencia de dirección necesaria para poder optar al puesto en cuestión.
87      Con carácter principal, el demandante sostiene que los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico deben ser tratados como jefes de unidad, en la medida en que no están excluidos de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio. Con carácter subsidiario, si se considerase que los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico están excluidos de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio, existiría, a su entender, un vacío jurídico en lo que a ellos respecta, ya que también están excluidos de la Decisión sobre los consejeros. En tal caso, la AFPN debería haber valorado in concreto si el demandante tenía las competencias y la experiencia de dirección requeridas para el puesto en cuestión.
88      Por lo que se refiere a la cuestión de si los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio, por una parte, procede señalar que el artículo
1, párrafo segundo, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio dispone que «esta Decisión se aplicará a todos los departamentos de la Comisión, así como a los departamentos que estén adscritos administrativamente a ella». Por lo tanto, se aplica al Servicio Jurídico.
89      Por otra parte, del artículo
2, apartado
3, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio se desprende que, «en la medida en que no ejercen funciones directivas, los consejeros quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Decisión».
90      A este respecto, el demandante sostiene, en esencia, por un lado, que por «consejeros» debe entenderse los consejeros a los que se refiere la Decisión sobre los consejeros, lo que excluye a los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico. Por otro lado, que solo se excluyen los consejeros que no ejercen funciones directivas.
91      La Comisión no se pronuncia sobre la pertinencia de la Decisión sobre los consejeros para interpretar el concepto de «consejero» en el sentido del artículo
2, apartado
3, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio. Sin embargo, sostiene que los consejeros jurídicos forman parte del tipo de puesto de trabajo «consejero o equivalente» y que los consejeros, al igual que los consejeros jurídicos, no ejercen funciones directivas, de modo que están excluidos de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio. Además, deduce de diferentes textos y de la jurisprudencia que para el Colegio de Comisarios estaba claro que un consejero jurídico del Servicio Jurídico no era equivalente a un jefe de unidad. Esta constatación, a la que debe añadirse el reducido número de consejeros jurídicos, explica, según la Comisión, el hecho de que no se mencionen en la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio.
92      Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión no solo debe tenerse en cuenta su tenor literal, sino también el contexto en el que se inscribe y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación (sentencia de 2 de septiembre de 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, apartado 31; véase también, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2021, AM/BEI, T‑134/19, EU:T:2021:119, apartado 60).
93      Procede señalar, para empezar, que el artículo
2, apartado
3, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio excluye a los «consejeros» del ámbito de aplicación de dicha Decisión y no a los «consejeros o equivalentes», que constituyen, sin embargo, la denominación de ese tipo de puesto de trabajo, como se desprende del anexo I del Estatuto y del artículo
30 del anexo XIII del Estatuto, pero también del anexo de la Decisión C(2013) 8979 final de la Comisión, de 16 de diciembre de 2013, relativa a los tipos de puestos de trabajo y a los títulos de empleo.
94      Seguidamente, es cierto que el artículo
2, apartado
3, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio no hace referencia expresa a la Decisión sobre los consejeros para definir este concepto. Sin embargo, tanto el contexto en el que se adoptaron estas dos decisiones como el objetivo perseguido por la Decisión sobre los consejeros permiten considerar que, por «consejeros», el artículo
2, apartado
3, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio pretendía referirse a los consejeros tal como se contemplan en la Decisión sobre los consejeros.
95      A este respecto, por una parte, por lo que respecta al contexto en que se adoptaron la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio y la Decisión sobre los consejeros, procede recordar que fueron adoptadas con una semana de diferencia, a saber, el 7 de junio de 2016 la Decisión sobre los consejeros y el 15 de junio de 2016 la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio; que ambas forman parte de la estrategia global de gestión del talento de la Comisión (véase el considerando 1 de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio y el considerando 2 de la Decisión sobre los consejeros), y que su objetivo era tener en cuenta el Estatuto revisado que entró en vigor el 1 de enero de 2014 (considerando 8 de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio y considerando 1 de la Decisión sobre los consejeros).
96      La Decisión sobre los consejeros y la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio constituyen, por tanto, un conjunto común de normas adoptadas por la Comisión para la gestión de su personal. Esta constatación se ve confirmada por el punto
2 de las líneas directrices por las que se aplica la Comunicación a la Comisión C(2017) 5231, de 31 de julio de 2017, relativa a los organigramas de las Direcciones Generales y servicios de la Comisión, que precisa que las orientaciones facilitadas sobre las
atribuciones y ubicación de las funciones de dirección y de consejo deben leerse conjuntamente con las disposiciones de las Decisiones sobre los el personal directivo de nivel intermedio y sobre los consejeros.
97      Por otra parte, por lo que respecta al objetivo perseguido por la Decisión sobre los consejeros, procede señalar que de su considerando 2 se desprende expresamente que la Comisión pretendía «establecer una distinción más clara entre la carrera del personal directivo de nivel intermedio y la de los expertos».
98      Este objetivo se recuerda, además, en el punto
3.3 de la Comunicación a la Comisión C(2017) 5231 final, de 31 de julio de 2017, relativa a los organigramas de las Direcciones Generales y servicios de la Comisión. En efecto, de dicha Comunicación se desprende que la Decisión sobre los consejeros «modernizó la política relativa a los consejeros en el marco de su estrategia global de gestión del talento, distinguiendo claramente las carreras de jefe de unidad de las de consejero».
99      Del contexto en el que se adoptó la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio, incluido el objetivo perseguido por la Decisión sobre los consejeros, se desprende que el artículo
2, apartado
3, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio pretendía hacer referencia a los consejeros a los que se refiere la Decisión sobre los consejeros.
100    La circunstancia, alegada por la Comisión, de que estaba claro para el Colegio de Comisarios que el puesto de consejero jurídico no equivalía al de jefe de unidad, al igual que el hecho de que los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico fueran pocos, no explican, contrariamente a lo que la Comisión sostiene, que los consejeros jurídicos no se mencionaran expresamente en la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio.
101    En efecto, por un lado, tanto de la Decisión C(2013) 8979 final de la Comisión, de 16 de diciembre de 2013, relativa a los tipos de puestos de trabajo y a los títulos de empleo, como de la sentencia de 16 de julio de 2015, EJ y otros/Comisión (F‑112/14, EU:F:2015:90), apartados
42 y 63, mencionados por la Comisión en apoyo de esta alegación, se desprende que el concepto de «consejero» se limita a un determinado tipo de puesto y que existe una rúbrica más amplia denominada «consejero o equivalente» en la que se engloban varios tipos de puestos, entre ellos el de consejero jurídico del Servicio Jurídico.
102    Por otro lado, aunque fueran pocos, la especificidad de los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico era bien conocida, puesto que fueron expresamente excluidos de la Decisión sobre los consejeros, con arreglo al artículo
1 de esta última.
103    Así, en el momento de adoptar la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio, el Colegio de Comisarios sabía, o no podía no saber, que el concepto de «consejero» no incluía a los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico y que habría sido necesario referirse al concepto de «consejero o equivalente» para que se les aplicara la exclusión prevista en el artículo
2, apartado
3, de dicha Decisión.
104    Sin embargo, contrariamente a lo que de ello deduce el demandante, esto no significa que, de manera automática, los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico deban ser tratados como jefes de unidad.
105    En efecto, las funciones que, en principio, se consideran comprendidas en el ámbito de las funciones directivas de nivel intermedio se enumeran en el artículo
2, apartado
1, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio. Se trata de las funciones de jefe de unidad y departamento, pero también de jefe de representación en los Estados miembros y de jefe de grupo de trabajo. Por lo tanto, en ese artículo no se mencionan las funciones de consejero jurídico.
106    Dado que no entran en ninguna de las categorías definidas en el artículo
2, apartado
1, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio, los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico deben cumplir las dos condiciones establecidas en esta misma disposición para ser considerados personal directivo de nivel intermedio.
107    La circunstancia, alegada por el demandante, de que los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico están sujetos a un procedimiento de selección similar al de los jefes de unidad
—extremo que, por otra parte, niega la Comisión—
no desvirtúa la anterior conclusión. En efecto, según la jurisprudencia, el mero hecho de haber sido nombrados «consejeros jurídicos» tras un procedimiento de selección llevado a cabo con arreglo a
los artículos
4 y 29, apartado
1, letra a), del Estatuto y de conformidad con la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio no implica que hayan ejercido efectivamente funciones de dirección, de nivel intermedio o superior (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2015, EJ y otros/Comisión, F‑112/14, EU:F:2015:90, apartados
20, 68 y 74).
108    Por último, como reconoció la Comisión tanto en el escrito de contestación como durante la vista, lo que importa es comprobar si, efectivamente, el miembro del personal de la Comisión ejerce funciones de dirección de nivel intermedio en el sentido del artículo
2, apartado
1, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio.
109    En efecto, procede señalar, por un lado, que el artículo
2, apartado
1, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio indica que «pertenece al personal directivo de nivel intermedio toda persona destinada a una función que cumpla al mismo tiempo estos dos criterios» y, por lo tanto, no solo las categorías identificadas inmediatamente después en el mismo artículo, evocadas en el apartado
105 de la presente sentencia.
110    Por otro lado, en el punto
3.1 de la Comunicación a la Comisión C(2017) 5231 final, de 31 de julio de 2017, relativa a los organigramas de las Direcciones Generales y servicios de la Comisión, se prevé que, en casos excepcionales, pueda existir una función directiva fuera de una Dirección General, de una Dirección o de una unidad.
111    En estas circunstancias, nada se opone, en principio, a que una persona, en una situación como la del demandante, intente demostrar que cumple los requisitos establecidos en el artículo
2, apartado
1, de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio.
112    Por consiguiente, al considerar que los consejeros jurídicos del Servicio Jurídico estaban excluidos de la Decisión sobre el personal directivo de nivel intermedio, del mismo modo en que lo están los consejeros a los que se refiere la Decisión sobre los consejeros, la AFPN incurrió en un error de Derecho.
113    Dado que la decisión impugnada fue adoptada por una autoridad sin competencia, como se ha señalado en el apartado
68 anterior, no procede, en cambio, examinar si la AFPN comprobó, in concreto, si el demandante había ejercido funciones de dirección de nivel intermedio y si, en ese análisis, cometió un error manifiesto de apreciación.
114    Habida cuenta de todo lo que antecede, procede estimar el presente recurso.
Costas
115    A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
116    En el caso de autos, al haber sido desestimadas las pretensiones de la Comisión, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las del demandante, conforme a lo solicitado por este.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:
1)      Anular la decisión contenida en el correo electrónico de la Dirección General (DG) «Recursos Humanos y Seguridad» de la Comisión Europea, de 11 de junio de 2024, por la que se desestimó la candidatura del Sr. Friedrich Erlbacher al puesto de director (AD 14/AD 15) de la DG «Agricultura y Desarrollo Rural» de la Comisión.
2)      Condenar en costas a la Comisión.
Svenningsen
Martín y Pérez de Nanclares
Stancu
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de marzo de 2026.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.