61969C0047
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. KARL ROEMER
presentadas el 21 de abril de 1970 (
*1
)
Señor Presidente,
Señores Jueces,
El presente asunto, que fue debatido en la vista oral del 10 de marzo pasado, versa sobre la interpretación de las disposiciones que el Tratado CEE dedica a las ayudas. He aquí los hechos que están en el origen del litigio.
A fin de apoyar a las empresas textiles establecidas en Francia en su esfuerzo por vencer las dificultades que este sector experimenta igualmente en numerosos países, entre ellos, los Estados miembros de la Comunidad, el Gobierno francés creó un régimen de ayudas que entró en vigor el 1 de enero de 1966. Este régimen tiene por objeto promover la investigación textil y fomentar la renovación de las estructuras industriales y comerciales. Dicha ayuda es financiada con el producto de una exacción percibida sobre la venta de ciertas materias textiles en Francia y que se aplica tanto a los productos del país como los productos importados. El importe de la exacción es repartido según una clave determinada. Las recaudaciones se destinan, por una parte, al «Institut textile de France» (ITF) como ayuda a la financiación de sus investigaciones y, por otra, al presupuesto de la asociación empresarial llamada «Union des industries textiles» (UIT). Se dedican a programas que tienen por objeto la renovación de las estructuras industriales y comerciales de las empresas textiles (o, más exactamente, a reembolsar a las empresas una parte de los costes improductivos) y excepcionalmente, a operaciones de modernización o de promoción comercial colectiva en sectores limitados. El régimen discutido fue creado por Decreto de 24 de diciembre de 1965, que instituyó la exacción. Una Orden ministerial del mismo día fijó inicialmente el tipo de ésta en 0,20 %. Las Órdenes ministeriales de 29 de marzo y de 21 de abril de 1966 establecieron la primera regulación de las modalidades de utilización del producto de la exacción: destinaban el 40 % del mismo al Institut textile de France y el 60 % restante a la Union des industries textiles.
En respuesta a una petición que la Comisión de las Comunidades Europeas había dirigido al Gobierno francés el 10 de enero de 1966, éste le informó de los detalles de esta normativa por escrito de 4 de mayo de 1966. En esta ocasión, el régimen de ayudas fue examinado por primera vez con los representantes de todos los Estados miembros en una reunión multilateral celebrada el 20 de junio de 1966. Este examen llevó a la Comisión a iniciar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE. Se informó al Gobierno francés por escrito de 30 de mayo de 1967 en el que se indicaba que, aunque examinada desde el punto de vista de su finalidad, la ayuda discutida era compatible con las disposiciones del Tratado, la Comisión albergaba dudas en cuanto a su modo de financiación, más exactamente sobre el hecho de que la exacción gravaba igualmente a los productos importados procedentes de otros Estados miembros. La Comisión opinaba que este modo de financiación no era indispensable. Por ello manifestó que existía una presunción de incompatibilidad con las normas comunitarias y solicitó al Gobierno francés que suspendiera la ejecución de las medidas discutidas hasta que se hubiera adoptado una decisión definitiva. Como el escrito de la Comisión que anunciaba la iniciación del procedimiento de examen había instado al Gobierno francés a presentar sus observaciones, éste respondió mediante un escrito de 12 de julio de 1967. En él afirmaba que, dado que examinada desde el punto de vista de su finalidad, la ayuda era reconocida como compatible con el Tratado, la Comisión no estaba facultada para controlar el modo de financiación de la ayuda, basándose especialmente en que a este último no le afectaban las disposiciones fiscales enunciadas en los artículos 12 y 95 del Tratado CEE. De acuerdo con esta interpretación, el 27 de abril de 1968 el Gobierno francés aprobó un Decreto que mantenía el régimen de ayudas discutido. Por Orden ministerial del mismo día elevó el tipo de exacción a 0,35 % y modificó la clave de reparto de manera que 2/7 de los ingresos se afectaron a la investigación y 5/7 a la asociación empresarial francesa de industrias textiles. Finalmente, como la reunión multilateral que se celebró el 18 de junio de 1969 tampoco concluyó en acuerdo entre el Gobierno francés y la Comisión, ésta dictó, el 18 de julio de 1969, una Decisión basada en el párrafo primero del apartado 2 y en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CEE. Reafirmó en la misma que, desde el punto de vista de su finalidad, la ayuda era compatible con la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, aunque mantenía que su modo de financiación, que extendía el ámbito de aplicación de la exacción a los productos importados procedentes de otros Estados miembros, no era indispensable. Esta modalidad, afirma la Comisión, tiene un efecto perjudicial para la competitividad de las empresas extranjeras, lo que equivale a una alteración de las condiciones de intercambio, prohibida por el artículo 92. Por esto, la Decisión dispone, en definitiva, que a contar del 1 de abril de 1970, la República Francesa no concederá ninguna ayuda en virtud del régimen establecido por los Decretos de 24 de diciembre de 1965 y de 27 de abril de 1968, a menos que modifique previamente este régimen de manera que la exacción no grave a los productos importados procedentes de los otros Estados miembros.
El mismo día de su adopción, la Decisión fue notificada al Gobierno francés por escrito recibido el 22 de julio de 1969. Como no estaba dispuesto a aceptar los términos del mismo, el Gobierno de la República Francesa ejercitó el recurso del artículo 173 del Tratado CEE e inició el presente procedimiento ante el Tribunal de Justicia mediante escrito de fecha 26 de septiembre de 1969.
Tengo, pues, que examinar si hay que reconocer como fundadas las pretensiones de anulación en apoyo de las cuales el Gobierno francés cree poder presentar varios argumentos o si conviene, por el contrario, estimar las pretensiones de la Comisión y desestimar el recurso por infundado.
Debate jurídico
1.
La exposición de los hechos que he esbozado indica claramente cuál es el motivo principal invocado por el recurrente para impugnar la Decisión de la Comisión. Afirma que el Tratado hace una clara distinción entre, por una parte, los regímenes de ayudas, que sujeta a las normas específicas enunciadas en los artículos 92 a 94 y, por otra parte, los tributos del Estado que afectan a los intercambios comerciales, que son objeto de otras disposiciones (las de los artículos 12 y 95). Y el Gobierno francés expone entonces el razonamiento siguiente: los artículos 92 y 93, cuya aplicación está aquí en juego, se refieren exclusivamente a las ayudas, es decir, a las ventajas concedidas para favorecer a ciertas empresas. Tan sólo para las ayudas el artículo 93 reconoce a la Comunidad competencia para decidir si deben ser suprimidas o modificadas. Ahora bien, en el caso presente, como la finalidad de las ayudas concedidas por la República Francesa no se presta a crítica (punto que la Comisión reconoce), es lógico pensar que la Comunidad no tiene facultades para actuar en este respecto. Por otra parte, no se puede tratar de una actuación de la Comisión basándose en las disposiciones fiscales del Tratado, ya que los productos nacionales y los importados son tratados en pie de igualdad, por lo que es imposible afirmar que se reúnen los requisitos para aplicar dichas disposiciones. Pero si esto es así, concluye el Gobierno francés, si, considerados separadamente, los elementos del régimen de ayuda aplicado por Francia (concesión de ventajas financieras, por una parte, percepción de tributos del Estado, por otra), se revelan legítimos en relación con la normativa comunitaria, no es posible que el examen combinado de estos elementos pueda hacer que se declare que uno de ellos es contrario al Tratado y utilizar el artículo 93 para exigir la modificación del mismo (como la Comisión pretende hacerlo en lo que se refiere a la recaudación de la exacción parafiscal impugnada).
Es innegable que, de entrada, esta argumentación del Gobierno demandante es atractiva por su impresionante apariencia de lógica. Sin embargo, pronto nacen las dudas. Cuando, efectivamente, nos encontramos ante una situación en la que se trata de ayudar a un sector económico nacional (más exactamente, un sector económico establecido en el territorio de un Estado miembro) a mejorar sus estructuras modernizándolas y racionalizándolas, para permitirle resistir mejor a la «presión de la competencia internacional» (según los propios términos del escrito de 4 de mayo de 1966 del Gobierno francés), y cuando se comprueba que uno de los medios aplicados para conseguir reforzar el carácter competitivo de dicho sector consiste en imposiciones, llamadas «exacciones parafiscales», percibidas sobre la importación y cuyo origen permite, pues, pensar que agobian a los competidores extranjeros enfrentados igualmente con dificultades estructurales, nos parece difícil concebir que (como el Gobierno francés mantiene), si se disocia el ámbito de las ayudas y el ámbito fiscal, el Tratado no permita oponerse a una distorsión de competencia cuya existencia parece manifiesta.
Efectivamente, cuando se mira más de cerca, se percibe que el Gobierno francés parece concebir de una manera excesivamente estrecha el alcance de las disposiciones que el Tratado dedica a las ayudas. Para hacerse una idea exacta de su alcance, conviene, ante todo, recordar las siguientes consideraciones: la idea de base del Tratado es la prohibición por principio de las ayudas concedidas por los Estados, insistiendo claramente en su incompatibilidad con el mercado común. El Tratado utiliza al respecto una expresión que aboga en favor de que se reconozca un ámbito de aplicación suficientemente amplio a la prohibición, ya que habla de las ayudas concedidas «bajo cualquier forma», y aflade además que basta con que las ayudas amenacen falsear la competencia. Además, la expresión «regímenes de ayudas» («Beihilferegelungen», «regimi di aiuti», «steunregelingen») aparece en el artículo 93, que nos dice igualmente que la Comisión propondrá las «medidas apropiadas», exigidas para el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado común. Este enfoque basta para hacer evidente que está justificado interpretar de manera extensiva las posibilidades de intervención de la Comisión y que, por el contrario, sería un error dar un sentido restrictivo a estos términos del Tratado. Como la Comisión hace observar atinadamente, este punto de vista está confirmado por la jurisprudencia en la sentencia de 15 de julio de 1964, Costa (6/64_- Rec. p. 1161) en la que este Tribunal se refirió a las ayudas que podrían favorecer, no sólo directa sino también indirectamente, a ciertas empresas.
Independientemente de esto, es cierto que, reproduciendo la expresión de la Comisión, no deja de parecer artificial el que la ayuda que tiene por efecto favorecer a ciertas empresas y los medios que procuran al Estado los recursos que permiten concederla, sean considerados separadamente, mientras que el mecanismo de las leyes nacionales dispone expresamente la conexión de estos dos elementos. En el caso presente, es indudablemente más exacto admitir que el sistema forma una unidad, un todo coherente, aunque los trabajos en el seno del Consejo para precisar la aplicación de los artículos 92 y 93 no hayan llevado a considerar que las exacciones pudieran ser parte integrante de las ayudas. En verdad conviene distinguir, como la Comisión, los diferentes efectos que puede tener un régimen de ayudas. Este régimen genera evidentemente, en primer lugar, efectos directamente beneficiosos, derivados de la afectación de ciertos fondos a fines determinados; en el caso presente, se derivan de la distribución (tolerada, como sabemos) de ciertas sumas a dos organismos franceses, uno económico y otro de investigación. Pero el modo de financiación de una ayuda puede, además, tener repercusiones indirectas que conviene sean consideradas igualmente como efectos derivados necesariamente del sistema mediante el cual se concede esta ayuda. En el caso presente, los efectos vinculados al modo de financiación de los fondos que sirven para conceder la ayuda son tales que la carga que (lo demostraremos más adelante) se impone a los productos extranjeros, al menos en cierta medida, sin ser compensada con beneficios equivalentes, tiene como consecuencia reforzar la posición competitiva de las empresas textiles francesas. Excluir estos efectos del examen equivaldría en realidad a limitar artificialmente el ámbito de éste y amputar sin razón alguna el campo de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas.
Para concluir esta primera parte de mi examen puedo, a partir de ahora, considerar que a la Comisión no se le puede reprochar haberse apoyado en disposiciones del Tratado sobre las ayudas para censurar el modo de financiación del régimen de ayudas creado por la República Francesa y haber fundado la Decisión impugnada en este único elemento: en otras palabras, haberse limitado a afirmar que el modo de financiación no era indispensable para realizar los objetivos del régimen discutido.
2.
Dentro del marco de los argumentos que alega con carácter principal, el Gobierno francés critica seguidamente la manera en que está redactada la Decisión impugnada, ya que hace de la modificación del sistema de percepción de la exacción un requisito para que Francia pueda continuar concediendo una ayuda, la cual es en sí misma compatible con lo dispuesto por el Tratado. La República Francesa se ve intimada, en otras palabras, a suprimir la ayuda en el caso de que no cumpliera este requisito. En opinión del Gobierno demandante, esta interpretación da a la Decisión un carácter ambiguo debido a que, sin exigir directamente la modificación del modo de financiación, la Comisión intenta obtenerla indirectamente. En este proceder, el Gobierno francés ve una desviación de procedimiento. Aplicado literalmente, dice, el criterio de la Comisión podría tener el resultado paradójico de que la ayuda sería suprimida pese a su compatibilidad con las disposiciones del Tratado y con el interés común y que sólo subsistiría, ya que no es criticable en relación con el Tratado, la exacción parafiscal, es decir, precisamente el elemento que, según la Comisión, produce en el marco del régimen de ayuda una alteración criticable de las condiciones de los intercambios.
Digámoslo inmediatamente, tampoco en este terreno creo poder estar de acuerdo con el demandante. El objetivo de la Comisión se deduce sin ningún equívoco del texto de la Decisión, así como de los trámites que precedieron a su aprobación, en particular del escrito dirigido al Gobierno francés el 18 de julio de 1969: lo que la Comisión discute es el modo de financiación del régimen francés de ayudas en cuanto es parte integrante de este régimen y, ante todo, lo que quiere obtener es la modificación de este modo de financiación. Como hemos visto, la Comisión ostenta una potestad de decisión al respecto y, en mi opinión, no hay duda de que al aprobar la Decisión impugnada hizo uso de esta facultad. Por lo tanto, no veo tampoco qué razones podrían invocarse para criticar la interpretación que le pareció oportuno elegir. En realidad, como la Comisión explicó en el procedimiento, nos encontramos ante una decisión alternativa que deja la elección al destinatario, que por lo tanto (si examinamos bien las cosas) ofrece un margen de apreciación en beneficio del Gobierno francés. Esta actuación tiene por resultado, o la supresión del régimen de ayudas que, considerado como un todo, es inadmisible, o que se modifique únicamente su forma de financiación. Pero, como le era posible a la Comisión exigir directamente la modificación de este modo de financiación, hay que admitir que también le era posible adoptar el instrumento, menos radical, de una decisión condicional. Al contrario de lo que cree el demandante, esta forma de enunciar las obligaciones de la República Francesa no tenía ciertamente por efecto reducir el alcance de los términos de la Decisión a los de una simple sugerencia.
Finalmente, como se puede considerar obvio que el Gobierno francés no optará por suprimir completamente el régimen de ayudas creado en beneficio de la industria textil, no veo cómo se puede hablar de desviación de procedimiento o de desviación de poder.
Al acabar estas observaciones, puedo afirmar que ninguno de los elementos de la argumentación presentada con carácter principal por el Gobierno francés nos revela que la Decisión impugnada debería ser anulada.
3.
Los argumentos que expone con carácter subsidiario se refieren a los efectos económicos del régimen de ayudas y especialmente a la desventaja que, según la Comisión, este régimen impone a los productores extranjeros. En el marco de esta argumentación, el Gobierno francés intenta demostrar que el modo de financiación que adoptó «no altera las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común» y que, por lo tanto, no se cumplía el requisito enunciado en la letra c) del apartado 3 del artículo 92, que era esencial para que se pudiera aprobar la Decisión impugnada. Al respecto, empieza por indicar el bajo tipo de la exacción discutida, y la posibilidad de repercutirla íntegramente en los consumidores franceses, lo que excluye, dice, que los productores extranjeros pudieran ser perjudicados. Señala a este respecto que las importaciones de textiles en Francia procedentes de otros Estados miembros han tenido un considerable crecimiento en los dos últimos años. Además, dice el Gobierno francés, hay que considerar que la ayuda ha tenido igualmente efectos beneficiosos para los productores extranjeros, tanto en lo que se refiere al fomento de la investigación, como a la mejora de las estructuras industriales y comerciales. Cree poder manifestar finalmente, que si se aplicara la Decisión de la Comisión, es decir, si no se sometieran a la exacción los productos extranjeros, esto produciría una discriminación de las empresas francesas, que serían las únicas que deberían soportar el peso de la financiación de la ayuda, y de esta manera se llegaría, por lo menos, a una regulación económica poco justificable o incluso a una situación absurda en el caso de que se generalizara.
Examinaré, pues, más de cerca este segundo grupo de argumentos para apreciar su valor.
Creo, en primer lugar, que el Gobierno francés presenta una tesis extremadamente dudosa cuando afirma que, como la exacción puede ser repercutida íntegramente sobre los consumidores franceses, su recaudación no tendría efectos perjudiciales para los productores extranjeros. No puedo dar relevancia aquí al argumento técnico según el cual, como es un complemento al impuesto sobre el valor añadido, la exacción discutida debe ser incluida en las facturas. En efecto, este elemento no nos dice nada que nos permita apreciar los efectos económicos de la exacción. Pero, en relación con éstos, el único supuesto que permitiría afirmar que la exacción puede ser repercutida íntegramente, es aquel en que la demanda presentara un tipo de elasticidad nulo. Ahora bien, es imposible imaginar que éste sea el caso de los textiles, teniendo especialmente en cuenta los problemas de excedente de capacidad de producción que conoce este sector industrial. Conviene, por lo tanto, considerar que la aplicación de la exacción a los productos extranjeros puede tener por resultado mermar los márgenes de beneficio o reducir el volumen de ventas de los productores extranjeros que, en otras palabras, produce el riesgo de una alteración perjudicial de las condiciones de los intercambios.
En lo que se refiere al nivel de la exacción, cuyo tipo, inicialmente establecido en el 0,20 %, ha pasado actualmente al 0,44 % (a partir de ahora el tributo toma como base los valores antes de impuestos), debemos ciertamente, dar la razón al Gobierno francés cuando afirma que tipos de un nivel tan módico no pueden provocar más que un pequeño aumento de los precios, menor, por ejemplo, que el causado por las fluctuaciones de las cotizaciones mundiales de las materias primas. No obstante, podemos preguntarnos si es un punto de vista cuantitativo de este tipo el adecuado para examinar la situación. Sin duda, la versión francesa y la versión italiana del artículo 92 podrían hacerlo suponer porque se encuentra en ellas la expresión «dans une mesure contraire a l'interét commun» («in misura contraria al comune interesse»). Las versiones alemana y neerlandesa de este artículo utilizan, sin embargo, fórmulas en las que se destaca que se trata de adoptar más bien un criterio cualitativo, ya que dicen que las ayudas no deben alterar las condiciones de los intercambios de una manera contraria al interés común («in einer Weise», «zodanig»). Por esta razón habremos de optar por el criterio cualitativo, teniendo en cuenta otro elemento que ya hemos señalado: el carácter riguroso de las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas, que, según el artículo 92, prohiben incluso las ayudas que amenazan simplemente falsear la competencia. Tampoco olvidamos, además, que colocándonos en un punto de vista cuantitativo, introduciríamos un elemento de gran inseguridad en la valoración, puesto que es evidente que determinar qué es lo que debe ser considerado como una alteración apreciable o importante de las condiciones de los intercambios, está en función tanto de la situación del mercado, como del momento que se considere para medir la incidencia de la ayuda. En realidad, no es posible, en este caso, adoptar este criterio, como no lo es cuando se trata de valorar las exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana, supuesto para el cual se sabe que este Tribunal de Justicia ha excluido formalmente el recurso a un criterio cuantitativo. (
1
) Ahora bien, si partimos de un punto de vista cualitativo (como todas las observaciones que acabamos de exponer indican se debe hacer), si, en otras palabras, nos preguntamos en qué consiste una alteración de las condiciones de los intercambios que sea, por su naturaleza, contraria al interés común en el sentido del artículo 92, no cabe ninguna duda, en mi opinión, de que esta alteración consiste en las desventajas de cualquier naturaleza que se imponen a los productores extranjeros en su posición de competencia, especialmente cuando las mismas se derivan de una normativa fiscal que se sitúa en el marco de un régimen de ayuda. Por lo tanto, no interesa investigar la amplitud con la que estos efectos negativos se manifiestan realmente. Así pues, tampoco es necesario que me detenga en la argumentación según la cual las importaciones francesas de textiles procedentes de los otros Estados miembros tuvieron un crecimiento considerable en el curso de los dos últimos años. Todo lo más, podríamos señalar, como la Comisión, que este crecimiento puede explicarse igualmente por un fenómeno coyuntural general, caracterizado por un aumento de las importaciones francesas en numerosos campos y que, por lo demás, no indica nada acerca de cómo se habrían desarrollado las importaciones si no hubieran estado gravadas por la exacción impugnada.
¿Qué hemos de pensar, a continuación, del argumento del Gobierno francés según el cual la aplicación del tributo a los productos extranjeros se justifica por el hecho de que los productores extranjeros gozan también del efecto beneficioso de las medidas de ayuda que el producto de la exacción sirve para financiar? Podemos (al menos en parte) admitir la exactitud de la tesis del demandante en lo que se refiere al apoyo concedido al Instituí textile de France ya que, al parecer, la biblioteca y el servicio de documentación de este Instituto están a la disposición de todos los interesados, los resultados de los trabajos del mismo son publicados y los trabajos de investigación realizados por contratación son accesibles a las empresas extranjeras en las mismas condiciones que las empresas nacionales. Pero sería, no obstante, imposible afirmar que unas y otras estén en pie de perfecta igualdad y que participan efectivamente con iguales beneficios del resultado de estas investigaciones y esto, no solamente porque los abonados extranjeros (cuyo número por lo demás es muy inferior a los abonados franceses), pagan un precio más elevado por las publicaciones del Instituto, sino también porque se enfrentan con dificultades lingüísticas, y es innegable que la orientación de los trabajos de investigación, sujeta a la mayor influencia de las empresas francesas, presenta evidentemente un claro carácter nacional. Aún menos admisible es afirmar que las empresas extranjeras se benefician en pie de igualdad de las medidas estructurales que tiende a fomentar el régimen de ayudas. En efecto, estas medidas no tienen por objeto tan sólo eliminar las empresas marginales, es decir, disminuir la capacidad productiva, sino que se encaminan a la racionalización y mejora de la
productividad, destinada a permitir que las empresas francesas sean más competitivas en relación con sus competidores extranjeros, a favor de los cuales no se establecen medidas estructurales similares. Además, para contradecir la tesis según la cual las empresas extranjeras se benefician en igualdad de trato del efecto favorable de las medidas discutidas, podemos también recordar que, respecto a un caso comparable, el derecho de estadística percibido por la República Italiana, este Tribunal de Justicia, respondiendo al argumento derivado del carácter de contrapartida que justificaría la recaudación del derecho, señaló que este carácter no podía ser tomado en consideración, ya que se trataba de un beneficio hasta tal punto general y cuya valoración era incierta (asunto 24/68, Rec. 1969, p. 203). No queda duda de que sucede lo mismo en lo que se refiere al fomento concedido a las actuaciones estructurales de la industria textil francesa, considerado en sus efectos en relación con los productores extranjeros, cuyos productos están gravados con exacciones destinadas a financiar estas medidas. He aquí una más de las razones que nos hacen ver que el gravamen de los productos extranjeros no puede estar justificado.
En vano, finalmente, el demandante intenta afirmar que la aplicación de la exacción exclusivamente a las empresas francesas tendría como efecto someterlas a una discriminación y se correría el riesgo de resultados económicamente poco justificables. Hay una muy sencilla razón que impide, con toda seguridad, hablar de discriminación de las empresas francesas: es claro, efectivamente, que se encuentran en una situación privilegiada porque son las que en primer lugar se benefician de las medidas financiadas con el producto de las exacciones. En cuanto al riesgo de resultados poco satisfactorios desde el punto de vista económico, tenemos que observar que no es ciertamente mediante un argumento tan vago como el demandante puede intentar eludir las exigencias que se derivan sin duda alguna, en lo que se refiere al caso presente, de las disposiciones del Tratado en relación con las ayudas. Aparte de esto, hay que reconocer que el Gobierno francés basó su argumentación en una consideración muy teórica, cuando afirmó que la aplicación del sistema preconizado por la Comisión podría privar de base al régimen de ayudas, porque tendría como resultado que las empresas francesas sólo produjeran para la exportación (la cual no está sujeta al impuesto).
Se deduce de lo anterior que los argumentos subsidiarios del demandante tampoco pueden justificar su pretensión de anulación.
4.
Por esto, muy brevemente, puedo recapitular el resultado de mi examen. Aunque el recurso sobre el cual este Tribunal debe pronunciarse sea admisible, ninguno de los argumentos presentados por el Gobierno francés para fundarlo puede conducir a su éxito. Por ello pido que se desestime y se condene en costas al demandante.
(
*1
)	Lengua original: alemán.
(
1
)	Véanse, por ejemplo, las sentencias de 1 de julio de 1969, Comisión/Italia (24/68, Rec. p. 201), y Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders (asuntos acumulados 2/60 y 3/60_- Rec. pp. 211 y ss., especialmente p. 222).