62018CJ0228_RES
Asunto C‑228/18
Gazdasági Versenyhivatal
contra
Budapest Bank Nyrt. y otros
(Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 2 de abril de 2020
«Procedimiento prejudicial — Competencia — Prácticas colusorias — Artículo 101 TFUE, apartado 1 — Sistemas de pago con tarjeta — Acuerdo interbancario que establece el nivel de las tasas de intercambio — Acuerdo restrictivo de la competencia tanto por su objeto como por su efecto — Concepto de restricción de la competencia “por el objeto”»
Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestiones generales o hipotéticas — Comprobación por el Tribunal de Justicia de su propia competencia
(Arts. 101 TFUE, ap. 1, y 267 TFUE)
(véanse los apartados 29 a 31)
Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Objeto contrario a la competencia — Comprobación suficiente — Examen de los efectos — Procedencia
(Art. 101 TFUE, ap. 1)
(véanse los apartados 39 a 44)
Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Criterios de apreciación — Distinción entre restricciones por el objeto y por efecto — Restricción por el objeto — Grado suficiente de nocividad — Apreciación
(Art. 101 TFUE, ap. 1)
(véanse los apartados 59, 69, 75, 78, 79, 82 y 83)
Prácticas colusorias — Perjuicio para la competencia — Acuerdo interbancario que uniformiza el nivel de las tasas de intercambio que se deben pagan por las operaciones de pago con tarjeta — Objeto contrario a la competencia — Criterios de apreciación — Examen individual y concreto, por el órgano jurisdiccional nacional, del contenido y del objetivo de los acuerdos, así como del contexto económico y jurídico
(Art. 101 TFUE, ap. 1)
(véanse los apartados 60 a 65 y 69 a 86)
Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Fijación de precios — Concepto — Acuerdo interbancario que uniformiza el nivel de las tasas de intercambio que se deben pagan por las operaciones de pago con tarjeta — Pluralidad de objetivos — Relevancia
(Art. 101 TFUE, ap. 1)
(véanse los apartados 69 a 86)
Resumen
En la sentencia Budapest Bank y otros (C‑228/18), pronunciada el 2 de abril de 2020, el Tribunal de Justicia precisó los criterios aplicables para determinar si unos acuerdos celebrados entre entidades financieras en relación con las tasas aplicables a las operaciones de pago con tarjeta constituyen prácticas o acuerdos que tienen por objeto restringir la competencia, prohibidos en el artículo 101 TFUE.
La Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) presentó ante el Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial en el marco de un litigio entre la Gazdasági Versenyhivatal (Oficina de Defensa de la Competencia, Hungría) y dos prestadores de servicios de pago con tarjeta, Visa y MasterCard, y seis entidades financieras en relación con una resolución adoptada en 2009 por dicha autoridad de la competencia. En dicha resolución, la autoridad de la competencia declaró, en particular, la existencia de un acuerdo contrario a la competencia sobre las denominadas tasas «de intercambio» y, en consecuencia, impuso multas de diversos importes a siete de las entidades financieras partes en el acuerdo, así como a Visa y a MasterCard.
Según los datos expuestos por el órgano jurisdiccional nacional, las tasas de intercambio son importes que las entidades financieras que proporcionan a los operadores económicos terminales de pago (en lo sucesivo, «bancos adquirentes») deben pagar a las entidades financieras emisoras de las tarjetas de pago (en lo sucesivo, «bancos emisores»), como miembros del sistema de pago propuesto por Visa o por MasterCard, cuando se efectúa una operación de pago con tarjeta. En abril de 1996, siete entidades financieras que representaban una parte preponderante de los mercados nacionales pertinentes acordaron determinar, por categoría de operadores, el nivel mínimo de la tasa de descuento que debían abonar estos últimos. En octubre de 1996, entró en vigor un segundo acuerdo (en lo sucesivo, «acuerdo TIM»), negociado por cuenta de Visa y de MasterCard, que tenía por objeto uniformizar el importe des tasas de intercambio debidas en el marco de esos dos sistemas de pago. Al término del examen del acuerdo TIM, la autoridad de la competencia declaró que, en relación con el período que comenzó en la fecha de adhesión de Hungría a la Unión Europea, existía una infracción del artículo 101 TFUE por parte de todas las entidades financieras que se habían adherido sucesivamente al acuerdo TIM y por Visa y MasterCard. Según dicha autoridad, la definición de un nivel y una estructura uniformes de la tasa de intercambio aplicable y, por lo que respecta a Visa y a MasterCard, el establecimiento de un marco a tal fin en sus reglamentos internos respectivos constituían un acuerdo comprendido en el ámbito de la prohibición del artículo 101 TFUE, en la medida en que no solo tendría por objeto restringir la competencia, sino que produciría además un efecto restrictivo de la competencia.
El Tribunal de Justicia, en primer lugar, declaró que el artículo 101 TFUE, apartado 1, no se opone a que se considere que un comportamiento contrario a la competencia tiene a la vez por objeto y por efecto restringir el juego de la competencia, a efectos de dicha disposición. Llamado a precisar la relación entre esas dos categorías de restricciones de la competencia, el Tribunal de Justicia recordó que una coordinación entre empresas supone una restricción de la competencia «por el objeto» cuando revela, en sí misma, un grado suficiente de nocividad, sin que sea preciso examinar sus efectos sobre el juego de la competencia. Sin embargo, cuando se considera que un mismo comportamiento tiene tanto por objeto como por efecto restringir la competencia, incumbe a la autoridad o al órgano jurisdiccional competente apoyar sus declaraciones al respecto en las pruebas necesarias y precisar en qué medida dichas pruebas se refieren a uno u otro tipo de restricción constatada.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia abordó el tema de la calificación que se puede dar al acuerdo en cuestión a la luz del artículo 101 TFUE, apartado 1, no sin previamente recordar que la apreciación final sobre este aspecto correspondía al órgano jurisdiccional nacional.
El Tribunal de Justicia señaló, de entrada, a la vista del contenido del acuerdo TIM, que este había uniformizado el importe de las tasas de intercambio que los bancos adquirentes debían pagar a los bancos emisores cuando se efectuaban operaciones de pago con la tarjeta de uno de los sistemas de pago, afectando así a un elemento de competencia tanto entre los dos sistemas de pago considerados como entre los bancos adquirentes. Pues bien, el Tribunal de Justicia manifestó que, aun cuando el acuerdo en cuestión no hubiera determinado directamente las tasas de descuento, podría no obstante admitirse una restricción «por el objeto» si tal acuerdo debía analizarse como una fijación indirecta de precios a efectos del artículo 101 TFUE, apartado 1, letra a), o como un comportamiento de una nocividad equivalente para el juego de la competencia en el mercado interior.
Sin embargo, tras constatar que la nocividad exigida para la calificación de restricción «por el objeto» no se deducía necesariamente de los elementos que se le habían sometido en cuanto al contenido del acuerdo, el Tribunal de Justicia examinó los elementos de que disponía en relación con los objetivos perseguidos por el acuerdo TIM. A la vista de dichos elementos, el Tribunal de Justicia consideró que no podía excluirse que el objetivo perseguido por el acuerdo TIM no consistiera en garantizar un umbral mínimo para las tasas, sino en establecer un cierto equilibrio entre las actividades de «emisión» y de «adquisición» dentro de cada uno de los sistemas de pago con tarjeta de que se trata en el caso de autos. A este respecto, el Tribunal de Justicia consideró pertinente la circunstancia de que las partes en el acuerdo comprendieran tanto a los bancos emisores como a los bancos adquirentes. Pues bien, si de las comprobaciones que el órgano jurisdiccional nacional debía realizar al respecto resultaba que el acuerdo TIM, al neutralizar la competencia entre los dos sistemas de pago con tarjeta de que se trata en lo que respecta a las tasas de intercambio, había tenido como consecuencia intensificar la competencia por lo que se refiere a otras características de esos sistemas, ello implicaría, según el Tribunal de Justicia, proceder a una apreciación del juego de la competencia que habría existido en el mercado considerado si no hubiera existido el acuerdo TIM y, por lo tanto, analizar los efectos de dicho acuerdo.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia consideró que no se le habían sometido elementos suficientes para permitirle determinar si la neutralización de la competencia con respecto a las tasas de intercambio revelaba, en sí misma, un grado de nocividad suficiente del acuerdo TIM para no exigir el examen de sus efectos, tanto por lo que respecta a la competencia entre los dos sistemas de pago con tarjeta como respecto a la competencia en el mercado de adquisición. Sin embargo, el Tribunal de Justicia subrayó que una limitación mediante el acuerdo TIM de la presión al alza de las tasas de intercambio que se habría producido sin dicho acuerdo era pertinente a efectos del examen de la existencia de una restricción resultante de ese acuerdo.
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo interbancario que establece un mismo importe para la tasa de intercambio que debe satisfacerse, cuando se efectúa una operación de pago con tarjeta, a los bancos emisores de dicha tarjeta no puede calificarse de acuerdo que tiene «por objeto» impedir, restringir o falsear el juego de la competencia, a efectos de dicha disposición, a menos que quepa considerar que dicho acuerdo, atendiendo a sus términos, sus objetivos y su contexto, presenta un grado de nocividad para la competencia suficiente como para ser calificado de ese modo, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.