62002CJ0422_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-422/02 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto el
21 de noviembre de 2002
, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia,
Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH,
con domicilio social en Nuremberg (Alemania), representada por el Sr. K. Adamantopoulos, dikigoros, el Sr. J. Branton, Solicitor, y el Sr. J. Gutiérrez Gisbert, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte recurrente en casación,
y en el que las otras partes en el procedimiento son:
Consejo de la Unión Europea,
representado por el Sr. S. Marquardt, en calidad de agente, asistido por  el Sr. G. Berrisch, avocat,
parte demandada en primera instancia,
y
Comisión de las Comunidades Europeas,
representada por el Sr. T. Scharf y la Sra. S. Meany, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte coadyuvante en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. A. Rosas (Ponente) y S. von Bahr, Jueces;
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario:
Sr. R. Grass;
habiendo considerado los documentos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el
29 de abril de 2004;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1. Mediante su recurso de casación, Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH (en lo sucesivo «Chemi-Con») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 12 de septiembre de 2002, Chemi-Con (Deutschland)/Consejo (T‑89/00, Rec. p. II‑3651; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), que desestimó su recurso de anulación del artículo 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) nº 173/2000 del Consejo, de 24 de enero de 2000, por el que se dan por concluidos los procedimientos antidumping referentes a las importaciones de determinados condensadores electrolíticos de aluminio de gran volumen originarias de Japón, de la República de Corea y de Taiwán (DO L 22, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»).
Marco normativo
Normativa comunitaria
2. El Reglamento (CE) nº 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (DO 1996 L 56, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 905/98 del Consejo, de 27 de abril de 1998 (DO L 128, p. 18; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), regula los procedimientos antidumping. Con arreglo a su artículo 23, párrafo segundo, la adopción del Reglamento de base no obstará a la validez de los procedimientos iniciados sobre la base del Reglamento (CE) nº 3283/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre defensa contra las importaciones objeto de dumping originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (DO L 349, p. 1), que era la norma aplicable antes de la entrada en vigor del referido Reglamento de base.
3. El artículo 5 del Reglamento de base regula la apertura de las investigaciones para determinar la existencia, importancia o efectos de cualquier supuesto dumping que haya sido objeto de denuncia.
4. El artículo 7, apartado 1, del Reglamento de base dispone:
«Sólo podrán establecerse derechos provisionales si se ha abierto una investigación de conformidad con las disposiciones del artículo 5, si se ha publicado un anuncio a tal efecto y dado a las partes interesadas una oportunidad adecuada de presentar información y hacer observaciones de conformidad con el apartado 10 del artículo 5, si existe una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y del consiguiente perjuicio al sector económico de la Comunidad, y si los intereses de la Comunidad exigen intervenir para impedir dicho perjuicio. Los derechos provisionales no podrán ser establecidos antes de sesenta días ni después de nueve meses desde la fecha de apertura del procedimiento.»
5. El artículo 7, apartado 7, de dicho Reglamento establece:
«Se podrán establecer derechos provisionales por seis meses y ser prorrogados por otros tres meses, o bien ser establecidos directamente por nueve meses. Sin embargo, sólo podrán ser prorrogados o establecidos por nueve meses cuando los exportadores que supongan un porcentaje significativo del comercio del producto en cuestión así lo soliciten o no pongan objeciones a la notificación de la Comisión en ese sentido.»
6. El artículo 9, apartados 4 y 5, del Reglamento de base tiene el siguiente tenor:
«4. Cuando de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda que existe dumping y perjuicio y que, con arreglo al artículo 21, los intereses de la Comunidad exigen una acción comunitaria, el Consejo, por mayoría simple, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité consultivo, podrá establecer un derecho antidumping definitivo. Cuando estén vigentes derechos provisionales, deberá someterse al Consejo una propuesta de decisión definitiva en el plazo de un mes previo a la expiración de dichas medidas. El importe del derecho antidumping no deberá sobrepasar el margen de dumping establecido con arreglo al presente Reglamento, pero deberá ser inferior a dicho margen si este derecho inferior es suficiente para eliminar el perjuicio a la industria de la Comunidad.
5. El derecho antidumping se establecerá en la cuantía apropiada en cada caso y en forma no discriminatoria sobre las importaciones de un producto, cualquiera que sea su procedencia, respecto al cual se haya comprobado la existencia de dumping y de perjuicio, a excepción de las importaciones procedentes de fuentes de las que se hayan aceptado compromisos en materia de precios en virtud de lo establecido en el presente Reglamento. […]»
7. A tenor del artículo 11, apartados 2 y 3, del Reglamento de base:
«2. Las medidas antidumping definitivas expirarán cinco años después de su imposición o en un plazo de cinco años a partir de la fecha de conclusión de la última reconsideración del dumping y del perjuicio, salvo que durante la reconsideración se determine que la expiración podría conducir a una continuación o a una reaparición del dumping y del perjuicio. Tal reconsideración por expiración de medidas se iniciará por iniciativa de la Comisión o a petición de los productores comunitarios o en su nombre y la medida seguirá vigente hasta tanto tenga lugar el resultado de la reconsideración.
La reconsideración se iniciará si la solicitud contiene elementos de prueba suficientes de que la desaparición de dichas medidas podría resultar en una continuación o una reaparición del dumping y del perjuicio. […]
[…]
3. La necesidad de proseguir con la imposición de medidas también podrá ser reconsiderada por iniciativa de la Comisión o a petición de un Estado miembro, a condición de que un período razonable de tiempo de al menos un año haya transcurrido desde la imposición de la medida definitiva, y siempre que lo haya solicitado cualquier exportador o importador o la industria de la Comunidad aportando pruebas suficientes de la necesidad de dicha reconsideración provisional.
Podrá abrirse una reconsideración provisional cuando la solicitud incluya pruebas suficientes en el sentido de que ya no es necesario seguir imponiendo la medida para contrarrestar el dumping y no parezca probable que el perjuicio continúe o reaparezca en caso de supresión o modificación de las medidas o de que la medida existente ya no sea suficiente para contrarrestar el dumping y sus efectos perjudiciales.
[…]»
Normativa internacional
8. El artículo 9, punto 9.2, del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (DO L 336, p. 103; en lo sucesivo, «Código antidumping de 1994»), que figura en el anexo 1A del Acuerdo por el que se constituye la Organización Mundial de Comercio, aprobado mediante el artículo 1 de la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1), tiene el siguiente tenor:
«Cuando se haya establecido un derecho antidumping con respecto a un producto, ese derecho se percibirá en la cuantía apropiada en cada caso y sin discriminación sobre las importaciones de ese producto, cualquiera que sea su procedencia, declaradas objeto de dumping y causantes de daño, a excepción de las importaciones procedentes de fuentes de las que se hayan aceptado compromisos en materia de precios en virtud de lo establecido en el presente Acuerdo. Las autoridades designarán al proveedor o proveedores del producto de que se trate. Sin embargo, si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a un mismo país y resultase imposible en la práctica designar a todos ellos, las autoridades podrán designar al país proveedor de que se trate. Si estuviesen implicados varios proveedores pertenecientes a más de un país, las autoridades podrán designar a todos los proveedores implicados o, en caso de que esto sea impracticable, todos los países proveedores implicados.»
Hechos que originaron el litigio
9. Chemi-Con es una filial al 100 % de Nippon Chemi-Con Inc. (en lo sucesivo, «NCC»), con domicilio social en Tokio (Japón). NCC fabrica determinados condensadores electrolíticos de aluminio de gran volumen (en lo sucesivo, «CEGV»). Chemi-Con es la distribuidora e importadora en exclusiva en la Comunidad Europea de los CEGV fabricados por NCC.
10. Con efectos a partir del 4 de diciembre de 1992, el Reglamento (CEE) nº 3482/92 del Consejo, de 30 de noviembre de 1992 (DO L 353, p. 1), impuso un derecho antidumping sobre las importaciones en la Comunidad de CEGV originarios de Japón y procedió a la percepción de forma definitiva de los derechos antidumping provisionales. Esta medida antidumping debía haber expirado a los cinco años de su imposición, a saber, el 4 de diciembre de 1997, en virtud del artículo 11, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de base.
11.
El Reglamento (CE) nº 1384/94 del Consejo, de 13 de junio de 1994 (DO L 152, p. 1), estableció asimismo un derecho antidumping definitivo, con efectos a partir del 19 de junio de 1994, sobre las importaciones de CEGV originarios de la República de Corea y de Taiwán.
12. Mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
de 3 de diciembre de 1997 (DO C 365, p. 5), la Comisión anunció la apertura de una reconsideración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de determinados CEGV originarios de Japón. Los derechos antidumping sobre estas importaciones fueron recaudados durante el período de reconsideración, con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.
13. De conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base, la Comisión decidió, por propia iniciativa, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
de 7 de abril de 1998 (DO C 107, p. 4), iniciar también una reconsideración provisional de las medidas antidumping en vigor relativas a las importaciones de determinados CEGV originarios de Corea y de Taiwán.
14. Además, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
de 29 de noviembre de 1997 (DO C 363, p. 2), la Comisión decidió, con arreglo al artículo 5 del Reglamento de base, iniciar asimismo un procedimiento antidumping y abrir una investigación en relación con determinados CEGV originarios de Estados Unidos y de Tailandia. Mediante el Reglamento nº 1845/98 de la Comisión, de 27 de agosto de 1998 (DO L 240, p. 4), se estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de dichos CEGV. A continuación, la Comisión propuso al Consejo la imposición de medidas antidumping definitivas sobre estas importaciones. Sin embargo, este último no adoptó dicha propuesta en el plazo de quince días señalado en el artículo 6, apartado 9, del Reglamento de base.
15. Como resultado de lo anterior, no se impusieron medidas definitivas sobre las importaciones originarias de Estados Unidos y de Tailandia y las medidas provisionales, que habían entrado en vigor el 29 de agosto de 1998, dejaron de tener efecto el 28 de febrero de 1999. En consecuencia, los derechos antidumping provisionales sobre dichas importaciones nunca fueron definitivamente recaudados.
16. El 21 de mayo de 1999, la Comisión envió a Chemi-Con un documento de información, con arreglo al artículo 20 del Reglamento de base, exponiendo los hechos esenciales y las consideraciones sobre cuya base la Comisión tenía previsto proponer que se diera por concluida la reconsideración de las medidas antidumping aplicables a determinados CEGV originarios de Japón, como consecuencia de que no se habían impuesto derechos definitivos sobre las importaciones de determinados CEGV originarios de Estados Unidos y de Tailandia.
17. Entre el 31 de mayo y el 2 de noviembre de 1999, Chemi-Con y la Comisión intercambiaron correspondencia y se celebró una audiencia el 15 de junio de 1999. Durante todo el procedimiento, Chemi-Con insistió en que la conclusión de la reconsideración y, por consiguiente del procedimiento antidumping, debía tener efecto retroactivo a partir del 4 de diciembre de 1997, fecha de expiración de los derechos antidumping impuestos en 1992 sobre las importaciones de determinados CEGV originarios de Japón.
18. Mediante el Reglamento controvertido, el Consejo decidió que, dada la falta de medidas adoptadas contra los CEGV originarios de Estados Unidos y de Tailandia, la imposición de cualquier medida antidumping sobre las importaciones de determinados CEGV originarias de Japón, de Corea y de Taiwán sería discriminatoria.
19. La parte dispositiva del Reglamento controvertido tiene el siguiente tenor:
« Artículo 1
Se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinados [CEGV] originarias de Japón.
Artículo 2
Se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinados [CEGV] originarias de la República de Corea y de Taiwán.
Artículo 3
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas .
Será aplicable a partir del 28 de febrero de 1999.»
20. En los considerandos del Reglamento controvertido, el Consejo justificó la conclusión de los procedimientos antidumping de la siguiente manera:
«(132)Según lo mencionado anteriormente en el considerando 6, en noviembre de 1997 se inició otro procedimiento, referente a los CEGV originarios de Estados Unidos y de Tailandia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de base. La investigación de la Comisión comprobó definitivamente la existencia de un dumping significativo y del perjuicio importante resultante para la industria de la Comunidad. No se encontró ninguna razón apremiante que indicase que las nuevas medidas definitivas irían contra el interés comunitario. Por lo tanto, la Comisión propuso al Consejo la imposición de medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de CEGV originarias de Estados Unidos y de Tailandia. No obstante, el Consejo no adoptó la propuesta en los plazos fijados en el Reglamento de base. Como consecuencia, no se impusieron medidas definitivas sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos y de Tailandia, y las medidas provisionales, que entraron en vigor en agosto de 1998, dejaron de tener efecto el 28 de febrero de 1999.
(133)La nueva investigación referente a Estados Unidos y a Tailandia y las dos actuales reconsideraciones se realizaron en gran parte simultáneamente. Según se indicó anteriormente, se han alcanzado básicamente las mismas conclusiones en las actuales reconsideraciones que en el nuevo procedimiento referente a Estados Unidos y a Tailandia, para el mismo producto afectado. Estas conclusiones abogan en principio por la modificación de las medidas definitivas sobre las importaciones procedentes de Japón, la República de Corea y Taiwán.
Sin embargo, el apartado 5 del artículo 9 del Reglamento de base establece que los derechos antidumping se establecerán en forma no discriminatoria sobre las importaciones de un producto, cualquiera que sea su procedencia, respecto del cual se haya comprobado la existencia de dumping y de perjuicio.
(134)Por lo tanto, se concluye que, a falta de medidas en Estados Unidos y Tailandia, la imposición de cualquier medida sobre las importaciones originarias de Japón, de la República de Corea y de Taiwán como consecuencia de la actual investigación sería discriminatoria hacia estos tres últimos países.
(135)En consideración de lo antes mencionado, y para lograr un planteamiento coherente y respetar el principio de no discriminación establecido en el apartado 5 del artículo 9 del Reglamento de base, es necesario concluir los procedimientos referentes a las importaciones de CEGV originarias de Japón, de la República de Corea y de Taiwán, sin la imposición de medidas antidumping.
(136)Un productor exportador japonés alegó que el procedimiento referente a Japón debería concluir retroactivamente a partir de la fecha de iniciación de la actual reconsideración, es decir, el 3 de diciembre de 1997, ya que, estando todavía pendiente la reconsideración relativa a Japón, las importaciones originarias de ese país seguían siendo objeto de medidas, por lo que se veían discriminadas frente a las importaciones originarias de Estados Unidos y de Tailandia, para las cuales no se percibió ningún derecho.
(137)Sin embargo, según se señaló en el considerando 132, entre diciembre de 1997 y el 28 de febrero de 1999 las importaciones originarias de Estados Unidos y de Tailandia fueron objeto de una investigación, al igual que las importaciones originarias de Japón. El que hubiera medidas vigentes contra Japón pero no contra Estados Unidos y Tailandia durante ese período refleja simplemente el hecho de que el procedimiento referente a Estados Unidos y a Tailandia estaba en una etapa diferente, siendo la investigación inicial, mientras que, por lo que se refiere a Japón, las medidas vigentes eran las impuestas por el Reglamento (CEE) nº 3482/92. En estas circunstancias, no se produjo ninguna discriminación porque la situación de cada procedimiento era diferente.
(138)Sin embargo, se acepta que a partir del 28 de febrero de 1999, a la vista de lo expuesto en los considerandos 132 a 135, las importaciones originarias de Japón deberán tratarse de la misma manera que las originarias de Estados Unidos y de Tailandia. Lo mismo ocurre con la República de Corea y Taiwán. La investigación referente a Estados Unidos y a Tailandia tenía que darse por concluida antes del 28 de febrero de 1999, mediante la imposición de medidas o dando por concluido el procedimiento. La actual investigación ha alcanzado conclusiones similares a la investigación referente a Estados Unidos y a Tailandia, por lo que debe aplicarse el mismo tratamiento al presente procedimiento.»
Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
21. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de abril de 2000, Chemi-Con interpuso un recurso que tenía por objeto la anulación del artículo 3, párrafo segundo, del Reglamento controvertido, en la medida en que no fijaba el efecto retroactivo de dicho Reglamento el 4 de diciembre de 1997.
22. Mediante auto de 17 de noviembre de 2000, el Presidente de la Sala Cuarta ampliada del Tribunal de Primera Instancia admitió la intervención de la Comisión en apoyo de las pretensiones del Consejo. Este último, apoyado por la Comisión, solicitaba al Tribunal de Primera Instancia que, con carácter principal, declarase la inadmisibilidad del recurso, y, con carácter subsidiario, lo desestimara por infundado.
23. Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso.
24. Tras haber declarado la admisibilidad del recurso, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el primer motivo alegado por Chemi-Con, basado en un error manifiesto de apreciación. Dicho Tribunal constató que la demandante denunciaba, fundamentalmente, un error de Derecho relativo a la aplicación del principio de igualdad de trato en el Reglamento controvertido y no un error manifiesto de apreciación de los hechos por parte del Consejo. El Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 53 a 59 de la sentencia recurrida, que dicho Reglamento no vulneraba el principio de igualdad de trato, establecido en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base, por lo que se refiere al período comprendido entre el 4 de diciembre de 1997 y el 28 de febrero de 1999.
25. Según el Tribunal de Primera Instancia, los dos procedimientos de que se trataba, a saber, la reconsideración de las importaciones originarias de Japón y la investigación inicial sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos y de Tailandia, estaban regulados por disposiciones diferentes del Reglamento de base que condujeron a resultados distintos en cuanto a la recaudación de los derechos antidumping (apartado 53). El Tribunal de Primera Instancia considera que, cuando se da por concluido un procedimiento sin que se establezcan medidas antidumping en la fase de la investigación inicial, regulada por el artículo 5 de dicho Reglamento, no se percibe ningún derecho definitivo ni tampoco quedan definitivamente percibidos los derechos provisionales (apartado 54). En cambio, el artículo 11, apartado 2, del mismo Reglamento, establece que, cuando se trata de un procedimiento de reconsideración, las medidas antidumping expiran cinco años después de su imposición y que, en el caso de reconsideración por expiración de la medida, ésta seguirá vigente hasta tanto tenga lugar el resultado de la reconsideración (apartado 56).
26. En los apartados 57 y 58 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró lo siguiente:
«57. En consecuencia, aunque cuando las investigaciones se hayan llevado a cabo simultáneamente sobre productos similares originarios de distintos países en el mismo período de investigación y aunque cuando se hayan obtenido conclusiones similares en cuanto al dumping, al perjuicio y al interés comunitario, la diferencia de trato que existe entre las importaciones procedentes de Japón y las procedentes de Estados Unidos y de Tailandia, en lo que atañe a la percepción de los derechos antidumping, tiene un fundamento normativo en el Reglamento de base y, por lo tanto, no puede considerarse que constituye una violación del principio de igualdad de trato (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1990, Sermes, C‑323/88, Rec. p. I‑3027, apartados 45 a 48).
58. Además, el Consejo no tiene la obligación de excluir la aplicación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base en virtud del artículo 9, apartado 5, del mismo Reglamento. Esta última disposición sólo se refiere a la imposición de derechos antidumping. Pues bien, en el caso de autos, los derechos antidumping que la demandante tuvo que pagar en el período comprendido entre el 4 de diciembre de 1997 y el 28 de febrero de 1999 fueron impuestos por el Reglamento nº 3482/92 y siguieron siendo percibidos sobre la base del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, que es una norma específica. De este modo, independientemente de la apertura de la investigación inicial sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos y de Tailandia, la demandante debía continuar pagando los derechos antidumping con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.»
27. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la alegación de Chemi-Con de que la situación en el asunto era comparable con la que dio lugar a la adopción del Reglamento (CEE) nº 2553/93 del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, que modifica el Reglamento (CEE) nº 2089/84 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados rodamientos de bolas originarios de Japón y Singapur (DO L 235, p. 3), el cual fijaba el efecto retroactivo de la expiración de un derecho antidumping definitivo, impuesto con anterioridad a dicho Reglamento, en la fecha de apertura del procedimiento de reconsideración. El Tribunal de Primera Instancia señaló que las circunstancias que dieron lugar a dicho Reglamento eran, en muchos aspectos, diferentes de las que originaron el Reglamento controvertido (apartado 59 de la sentencia recurrida).
28. Por lo que se refiere al segundo motivo alegado por Chemi-Con, basado en insuficiencia de motivación del Reglamento controvertido, el Tribunal de Primera Instancia recordó la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia relativa a la motivación exigida con arreglo al artículo 253 CE y, en particular, la relativa a los actos de alcance general (apartados 65 y 66 de la sentencia recurrida). El Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que la motivación de dicho Reglamento, por lo que respecta a su contenido y al contexto en que fue adoptado, era suficiente (apartados 67 y 68 de dicha sentencia).
Pretensiones de las partes
29. Chemi-Con solicita al Tribunal de Justicia que:
– Anule la sentencia recurrida.
– Condene en costas al Consejo en ambas instancias.
– Con carácter principal, declare la nulidad del artículo 3, párrafo segundo, del Reglamento controvertido en la medida en que no fija el 4 de diciembre de 1997 como fecha de comienzo del efecto retroactivo de dicho Reglamento, y con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste resuelva sobre la pretensión de anulación de la referida disposición.
30. El Consejo y la Comisión solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a Chemi-Con.
Sobre el recurso de casación
31. En apoyo de su recurso de casación, Chemi-Con alega tres motivos mediante los cuales reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber desestimado el primer motivo que había invocado ante él. El primer motivo del recurso de casación se basa en un error de Derecho en que supuestamente incurrió el Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que, en el apartado 48 de la sentencia recurrida, dicho Tribunal recalificó erróneamente el motivo alegado por Chemi-Con, que tenía por objeto la violación por parte del Consejo del principio de no discriminación contenido en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base y no la violación del principio general de igualdad de trato. El segundo motivo se basa en un error de Derecho en que supuestamente incurrió el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 58 de dicha sentencia, por lo que se refiere a la interpretación de la referida disposición del Reglamento de base. Por lo que atañe al tercer motivo, está basado en un error de Derecho cometido, según la recurrente, por el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 57 de la misma sentencia, en relación con la aplicación del principio de igualdad de trato. A su juicio, la fundamentación en que se basa la aplicación de este principio es, además, insuficiente y equívoca.
32. Como acertadamente han señalado el Consejo y la Comisión, los tres motivos del recurso de casación plantean fundamentalmente la misma cuestión de fondo, relativa a la interpretación y aplicación del principio de igualdad de trato o de no discriminación formulado en el artículo 9, apartado 5, el Reglamento de base. Se trata, pues, de averiguar si, cuando las importaciones en la Comunidad de productos similares procedentes de varias fuentes han sido objeto de procedimientos antidumping separados, que se encuentran en fases diferentes reguladas por distintas disposiciones de dicho Reglamento, este principio exige, sin embargo, que todas las importaciones afectadas sean tratadas de la misma manera por lo que se refiere a la percepción de los derechos antidumping, en el sentido de que tales derechos no pueden percibirse sobre las importaciones procedentes de determinadas fuentes cuando no se hayan percibido sobre importaciones similares procedentes de otras fuentes.
Sobre el primer motivo
33. Por lo que se refiere al primer motivo del recurso de casación, es preciso señalar, como observa el Abogado General en los puntos 36 a 38 de sus conclusiones, que carece de relevancia que el principio enunciado en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base se denomine «principio de igualdad de trato» o bien «principio de no discriminación». En efecto, ambas denominaciones se refieren al mismo principio general del Derecho comunitario, que prohíbe, por una parte, tratar de manera diferente situaciones comparables y, por otra parte, tratar de la misma manera situaciones diferentes, salvo que existan razones objetivas que justifiquen tal tratamiento (véase, en particular, la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Rodríguez Caballero, C‑442/00, Rec. p. I‑11915, apartado 32 y la jurisprudencia citada). Se desprende claramente de los apartados 50, 51 y 57 de la sentencia recurrida que el Tribunal de Primera Instancia examinó el tratamiento de las importaciones de CEGV originarias de Japón, de Estados Unidos y de Tailandia a la luz de dicho principio, tal como se enuncia en particular en el referido artículo 9, apartado 5. En estas circunstancias, Chemi-Con no puede reprochar al Tribunal de Primera Instancia haber errado, en el punto 48 de dicha sentencia, en relación con el principio cuya violación había invocado ante él.
34. Se desprende de cuanto antecede, que el primer motivo del recurso de casación, basado en el error de calificación del motivo invocado por Chemi-Con ante el Tribunal de Primera Instancia, carece de fundamento y debe desestimarse.
Sobre el segundo motivo
Sobre la primera parte del segundo motivo
35. Mediante la primera parte de su segundo motivo, Chemi-Con impugna la afirmación, contenida en el apartado 58 de la sentencia recurrida, de que el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base sólo tiene por objeto la imposición de derechos antidumping. De esta afirmación deduce que el Tribunal de Primera Instancia no considera posible que se pueda aplicar la prohibición contenida en dicha disposición a las situaciones en las cuales se siguen percibiendo derechos antidumping en virtud del artículo 11, apartado 2, de dicho Reglamento.
36. Según Chemi-Con, el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base debe aplicarse a todas las situaciones que dan lugar a la percepción de derechos antidumping. En el presente caso, considera que esta disposición no permite que, en virtud del artículo 11, apartado 2, del mismo Reglamento, se obligue a pagar un derecho antidumping a los importadores de CEGV procedentes de Japón hasta tanto tenga lugar el resultado de la reconsideración por expiración de las medidas antidumping, mientras que las importaciones de productos comparables procedentes de Estados Unidos y de Tailandia, que habían sido objeto de una investigación inicial efectuada simultáneamente y que llegó a las mismas conclusiones que dicha reconsideración, no dieron lugar a la percepción definitiva de derecho antidumping alguno. Por esta razón, Chemi-Con estima que el efecto retroactivo del Reglamento controvertido debería haberse fijado el 4 de diciembre de 1997, es decir, el primer día en que estaba obligada a pagar derechos antidumping en virtud del referido artículo 11, apartado 2. En efecto, hasta el 3 de diciembre de 1997, fecha mencionada en el considerando 137 del Reglamento controvertido, los derechos de este tipo debían pagarse en virtud del Reglamento nº 3482/92.
37. El Consejo y la Comisión sostienen que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho alguno respecto de la interpretación del artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base, al afirmar que dicha disposición tenía únicamente por objeto la imposición de derechos antidumping. Destacan que, a diferencia del artículo 9, punto 9.2, del Código antidumping de 1994, invocado por Chemi-Con, el tenor del artículo 9, apartado 5, se refiere expresamente a la imposición de derechos antidumping y no a su percepción.
38. Según el Consejo, en la medida en que el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base prohíbe que la imposición de derechos antidumping se efectúe de forma discriminatoria, dicho artículo contiene una norma estricta que va más allá de las obligaciones que se derivan para la Comunidad del Código antidumping de 1994. El artículo 9, punto 9.2, de este código exige únicamente que, una vez impuestos los derechos antidumping, su percepción se efectúe de manera no discriminatoria. En apoyo de esta interpretación, el Consejo alega el informe de 4 de julio de 1997 del grupo especial constituido dentro del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), informe titulado «Imposición de derechos antidumping CE sobre las importaciones de hilo de algodón originario de Brasil» y que fue elaborado en relación con el artículo 8, punto 8.2, del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del GATT (Código antidumping del GATT, DO 1980, L 71, p. 90; EE 11/12, p. 127), disposición que corresponde al artículo 9, punto 9.2, del Código antidumping de 1994. El Consejo estima, no obstante, que el hecho de que el artículo 9, apartado 5, tenga únicamente por objeto la imposición de derechos antidumping no significa que la percepción de estos derechos no esté sujeta a la prohibición de discriminación.
39. Aunque tanto Chemi-Con como el Consejo y la Comisión hayan dedicado una gran parte de sus alegaciones a la distinción entre imposición y percepción de derechos antidumping, es preciso señalar que las diferencias en sus puntos de vista a este respecto son más aparentes que reales, como ha observado acertadamente el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones. En efecto, ninguna de las partes en el procedimiento niega el hecho de que el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base se aplica igualmente a los procedimientos de reconsideración como el controvertido en el presente caso, en el que se siguió percibiendo un derecho antidumping sobre determinadas importaciones más allá de la fecha de expiración del derecho definitivo establecido por la decisión inicial de imposición.
40. Se desprende de la sentencia recurrida, en particular de sus apartados 50, 51 y 57, que el trato otorgado a las importaciones de CEGV originarias de diferentes Estados durante el período comprendido entre el 4 de diciembre de 1997 y el 28 de febrero de 1999 fue examinado a la luz del principio enunciado en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base. Por consiguiente, no puede deducirse del apartado 58 de dicha sentencia, y más concretamente del uso del adverbio «sólo» en la segunda frase de dicho apartado, que el Tribunal de Primera Instancia debía haber reconocido que la percepción de los derechos antidumping podía efectuarse de manera discriminatoria y que consideró que dicha disposición no era aplicable en la situación del asunto de que estaba conociendo. Por consiguiente, la alegación formulada por Chemi-Con no es fundada y debe desestimarse.
Sobre la segunda parte del segundo motivo
41. Mediante la segunda parte de su segundo motivo, Chemi-Con alega asimismo que, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que el Consejo dispone de un margen de apreciación que le permite dejar de aplicar el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base a los procedimientos regulados por el artículo 11, apartado 2, del mismo Reglamento.
42. Sin embargo, al declarar que el Consejo no tiene la obligación de excluir la aplicación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base y que esta disposición constituye una disposición específica en relación con el artículo 9, apartado 5, del mismo Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta que el Consejo puede decidir, de forma discrecional, no aplicar esta última disposición a los procedimientos de reconsideración. Como han señalado el Consejo y la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia no duda de que el referido artículo 9, apartado 5, sea aplicable a situaciones como la del presente caso por lo que la alegación formulada por Chemi-Con carece de fundamento y debe ser rechazada.
43. Además, en el supuesto de que esta alegación debiera entenderse como una crítica al hecho de que, para el Tribunal de Primera Instancia, el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base no impide que en el presente caso se aplique el artículo 11, apartado 2, del mismo Reglamento, sería preciso señalar que una alegación de esta índole es idéntica a la alegación formulada en el marco del tercer motivo, que se basa en un error de Derecho en el que incurrió el Tribunal de Primera Instancia al aplicar el principio de igualdad de trato. En este supuesto, el Tribunal de Justicia, en todo caso, no tendría que profundizar el examen de dicha alegación a la luz del motivo basado en un error de Derecho en la interpretación del referido artículo 9, apartado 5.
44. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, procede desestimar el segundo motivo del recurso de casación, basado en el error de Derecho en que incurrió el Tribunal de Primera Instancia al interpretar el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base.
Sobre el tercer motivo
45. Mediante la primera parte de su tercer motivo, Chemi-Con alega que la fundamentación del apartado 57 de la sentencia recurrida no permite comprender por qué razón el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que la diferencia de trato existente entre las importaciones originarias de Japón y las originarias de Estados Unidos y de Tailandia no vulneraba el principio de igualdad de trato. Según la recurrente, no se desprende con suficiente claridad de la fundamentación de dicha sentencia si el Tribunal de Primera Instancia consideró que la situación de las importaciones originarias de Japón no era comparable con la de las importaciones originarias de Estados Unidos y de Tailandia o bien si, en cambio, estimó que estas situaciones eran comparables, pero que la diferencia de trato estaba justificada por la existencia de «diferencias objetivas de cierta importancia». Chemi-Con recuerda que este último criterio es el que se utiliza en la jurisprudencia citada en el apartado 52 de la sentencia recurrida.
46. A este respecto, basta señalar, como ha reconocido la propia Chemi-Con en su recurso de casación, que se deduce implícitamente del apartado 57 de la sentencia recurrida que, según el Tribunal de Primera Instancia, las importaciones originarias de los tres Estados antes mencionados se efectúan en situaciones comparables, pero que la diferencia de trato está justificada. En efecto, si bien el Tribunal de Primera Instancia no indicó expresamente que se trataba de situaciones comparables, sí enumeró varias circunstancias comunes a las situaciones de que se trataba, como, por ejemplo, la semejanza de los productos importados, el hecho de que las importaciones en cuestión fueron objeto de investigaciones realizadas simultáneamente y en relación con el mismo período de tiempo, así como la circunstancia de que dichas investigaciones llevaron a conclusiones parecidas respecto a la existencia de dumping, del perjuicio y del interés comunitario. El Tribunal de Primera Instancia sólo señaló la razón que permitía justificar la diferencia de trato otorgada a dichas situaciones tras haber indicado estos elementos comunes. Por consiguiente, la fundamentación contenida en el referido apartado 57 no es ni ambigua, ni insuficiente.
47. Mediante la segunda parte de su tercer motivo, Chemi-Con sostiene que el mero hecho de que la investigación inicial sobre las importaciones originarias de Estados Unidos y de Tailandia estuviera regulada por una disposición del Reglamento de base distinta de la que regula la reconsideración por expiración de medidas no constituye una «diferencia objetiva de cierta importancia» que justifique la diferencia de trato objeto de controversia. La recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia, en particular, haberse basado en la sentencia Sermes, antes citada, habida cuenta de que la diferencia de fundamento normativo que se tuvo en cuenta en dicha sentencia era mucho más importante que la que existe entre dos disposiciones de un mismo reglamento del Consejo. Chemi-Con recuerda a este respecto que, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, la diferencia de trato encontraba amparo normativo en una disposición del Derecho comunitario primario. En el presente caso, estima que la diferencia de trato sólo encuentra amparo normativo en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, que no puede considerarse una norma jerárquicamente superior al artículo 9, apartado 5, del mismo Reglamento.
48. Es preciso señalar ante todo, que las alegaciones formuladas por Chemi-Con se basan en una lectura excesivamente superficial de la sentencia recurrida. Es cierto que, en los apartados 57 y 58 de ésta, el Tribunal de Primera Instancia se limita a indicar, fundamentalmente, que la diferencia de trato en perjuicio de las importaciones originarias de Japón encuentra amparo normativo en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, que es una norma específica que establece la percepción de derechos antidumping hasta tanto tenga lugar el resultado de la reconsideración por expiración de las medidas. Sin embargo, es preciso tener en cuenta también los apartados 54 a 56 de la misma sentencia, en los que el Tribunal de Primera Instancia describe las características fundamentales de la investigación inicial y las de la reconsideración por expiración de una medida, que son dos procedimientos antidumping sujetos a normas diferentes establecidas en dicho Reglamento. Al describir estas características fundamentales, el Tribunal de Primera Instancia no se estaba refiriendo solamente al hecho de que los dos procedimientos están regulados por disposiciones diferentes, sino más ampliamente a las razones que llevaron al legislador comunitario a establecer, en dicho Reglamento, normas específicas que se aplican a cada uno de esos procedimientos.
49. De lo anterior se deduce que cuando el Tribunal de Primera Instancia se refiere al artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, como fundamento normativo de la diferencia de trato que existe entre las importaciones sujetas a reconsideración y las que dan lugar a una investigación inicial, no debe entenderse que se está refiriendo al aspecto puramente formal de la existencia de esta disposición específica. En efecto, esta referencia implica necesariamente que, en la medida en que el Reglamento establece expresamente que una medida antidumping de próxima expiración sigue vigente hasta tanto tenga lugar el resultado de la reconsideración, si ésta se lleva a cabo, cabe deducir de ello que el procedimiento de reconsideración es, en principio, objetivamente diferente del procedimiento de investigación inicial, que está regulado por otras disposiciones del mismo Reglamento.
50. La diferencia objetiva que existe entre ambos procedimientos consiste en el hecho de que las importaciones sujetas a un procedimiento de reconsideración son aquellas que ya han sido objeto de medidas antidumping definitivas y respecto de las cuales se han aportado suficientes elementos de prueba como para acreditar que la supresión de dichas medidas provocaría con toda probabilidad la continuación o la reaparición del dumping y del perjuicio. En cambio, cuando las importaciones están sujetas a una investigación inicial, el objetivo de ésta consiste precisamente en determinar la existencia, importancia o efectos de cualquier supuesto dumping, aun cuando la apertura de una investigación de este tipo requiera la existencia de elementos de prueba suficientes que justifiquen el inicio de un procedimiento de esa índole. Por consiguiente, es preciso considerar que, más allá del aspecto formal señalado por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 57 de la sentencia recurrida, la diferencia de trato observada en el presente asunto está justificada desde el punto de vista material puesto que, a la luz de las disposiciones pertinentes del Reglamento de base, las importaciones que dieron lugar a la imposición de un derecho antidumping definitivo por el Consejo, por razón de su origen, no se encontraban en una situación idéntica a la de las importaciones similares procedentes de otras fuentes y que únicamente fueron objeto de una investigación inicial.
51. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente que la diferencia de trato que existe entre las importaciones procedentes de Japón y las originarias de Estados Unidos y de Tailandia no constituía una violación del principio de igualdad de trato.
52. Además, el Tribunal de Primera Instancia declaró también acertadamente, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, que el Consejo no tiene la obligación de excluir la aplicación del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base en virtud del artículo 9, apartado 5, del mismo Reglamento. En efecto, cuando el Consejo decide dar por concluido un procedimiento de reconsideración debido a que no se ha impuesto ningún derecho antidumping definitivo sobre las importaciones que se encuentran en una situación comparable con las importaciones sujetas a reconsideración, pero que proceden de otras fuentes y han sido objeto de una investigación inicial, el principio enunciado en esta última disposición no exige que dicha institución restablezca una igualdad de trato absoluta por lo que se refiere a la percepción de los derechos sobre las importaciones que se encuentran en esas situaciones diferentes.
53. En el presente caso, el Consejo estimó que había que fijar el 28 de febrero de 1999 como fecha a partir de la cual se había convenido que no se iban a imponer medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de CEGV originarias de Estados Unidos y de Tailandia y que el efecto retroactivo de la Decisión daba por concluido el procedimiento de reconsideración relativo a las importaciones similares originarias de Japón. Habida cuenta de las razones objetivas que permiten un trato específico de las importaciones sujetas a un procedimiento de reconsideración, es preciso considerar que el Consejo no sobrepasó el margen de apreciación de que dispone en este ámbito.
54. A la vista de todas estas consideraciones, procede desestimar el tercer motivo del recurso de casación, basado en un error de Derecho en que incurrió el Tribunal de Primera Instancia al aplicar el principio de igualdad de trato.
55. Dado que no se ha acogido ninguno de los motivos formulados por Chemi-Con, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.
Decisión sobre las costas
Costas
56. A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados todos los motivos formulados por Chemi-Con y haberlo solicitado así el Consejo, procede condenar a aquélla a cargar con sus propias costas y con las del Consejo en esta instancia. Con arreglo al apartado 4 de dicho artículo 69, la Comisión soportará sus propias costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera ) decide:
1) Desestimar el recurso de casación.
2) Condenar a Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH al pago de sus propias costas y de las costas en que haya incurrido el Consejo de la Unión Europea en la presente instancia.
3) La Comisión de las Comunidades Europeas soportará sus propias costas.