62023CO0055
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 17 de julio de 2023 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de resoluciones, aceptación y ejecución de documentos públicos en materia de sucesiones y creación de un certificado sucesorio europeo — Reglamento (UE) n.o 650/2012 — Artículo 10, apartado 1, letra a) — Competencia subsidiaria — Artículo 267 TFUE — Obligación de respetar las instrucciones de un tribunal superior»
En el asunto C‑55/23 [Jurtukała], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Tribunal de Distrito de Szczecin, responsable de las zonas de la margen derecha y del oeste, Polonia), mediante resolución de 6 de diciembre de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de febrero de 2023, en el procedimiento entre
PA
con intervención de:
MO,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) e I. Jarukaitis, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez‑Bordona;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107; corrección de errores en DO 2019, L 243, p. 9), y del artículo 267 TFUE.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento judicial iniciado a instancia de PA, en relación con la declaración de los herederos de su hermano, fallecido en Hamburgo (Alemania) el 9 de mayo de 2020.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
Los considerandos 23 y 30 del Reglamento n.o 650/2012 tienen la siguiente redacción:
«(23)
Habida cuenta de la creciente movilidad de los ciudadanos y con el fin de asegurar la correcta administración de justicia en la Unión [Europea] y de garantizar que exista un nexo real entre la sucesión y el Estado miembro en que se ejerce la competencia, el presente Reglamento debe establecer como nexo general, a efectos de la determinación tanto de la competencia como de la ley aplicable, la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento. […]
[…]
(30)
Con vistas a garantizar que los tribunales de todos los Estados miembros puedan, por los mismos motivos, ejercer la competencia en materia sucesoria cuando el causante no resida habitualmente en ninguno de ellos en el momento de su fallecimiento, el presente Reglamento debe enumerar de manera exhaustiva, por orden jerárquico, los motivos por los que se puede ejercer la competencia subsidiaria.»
4
El capítulo II de este Reglamento, relativo a la «Competencia», comprende, entre otros, los artículos 4 a 10 y 15 de este.
5
El artículo 4 de dicho Reglamento, titulado «Competencia general», establece que:
«Los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión.»
6
El artículo 5 del mismo Reglamento, con la rúbrica «Elección del foro», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Cuando la ley elegida por el causante para regir su sucesión con arreglo al artículo 22 sea la ley de un Estado miembro, las partes interesadas podrán acordar que un tribunal o los tribunales de dicho Estado miembro tengan competencia exclusiva para resolver cualquier cuestión sucesoria.»
7
Los artículos 6 a 9 del Reglamento n.o 650/2012 precisan en qué condiciones es aplicable el artículo 5, apartado 1, del mismo Reglamento.
8
El artículo 10 del citado Reglamento, con la rúbrica «Competencia subsidiaria», establece cuanto sigue:
«1.   Aun en el supuesto de que el causante no tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento en un Estado miembro, los tribunales del Estado miembro en el que se encuentren bienes de la herencia serán competentes para pronunciarse sobre el conjunto de la sucesión siempre que:
a)
el causante poseyera la nacionalidad de dicho Estado miembro en el momento del fallecimiento, o, en su defecto;
b)
el causante hubiera tenido previamente su residencia habitual en dicho Estado miembro, siempre y cuando, en el momento en que se someta el asunto al tribunal, no haya transcurrido un plazo de más de cinco años desde el cambio de dicha residencia habitual.
2.   Cuando ningún tribunal de un Estado miembro sea competente en virtud del apartado 1, los tribunales del Estado miembro en el que se encuentren bienes de la herencia serán, no obstante, competentes para pronunciarse sobre dichos bienes.»
9
Según el artículo 15 de dicho Reglamento, que lleva por título «Comprobación de la competencia»:
«El tribunal de un Estado miembro requerido para conocer de un asunto relativo a una sucesión mortis causa para el cual no sea competente en virtud del presente Reglamento se declarará de oficio incompetente.»
10
Dentro del capítulo III del Reglamento n.o 650/2012, titulado «Ley aplicable», el artículo 22 este, bajo la rúbrica «Elección de la ley aplicable», establece en su apartado 1 lo siguiente:
«Cualquier persona podrá designar como la ley que haya de regir su sucesión en su conjunto la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.
[…]»
Derecho polaco
11
El artículo 386, apartado 6, de la ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Ley de 17 de noviembre de 1964, por la que se aprueba el Código de Procedimiento Civil), en su versión aplicable al litigio principal (Dz. U. de 2021, posición 1805; en lo sucesivo, «Código de Procedimiento Civil»), dispone lo siguiente:
«La apreciación jurídica expuesta en la motivación de la sentencia del órgano jurisdiccional de segunda instancia vincula tanto al órgano jurisdiccional al que se remita el asunto como al órgano jurisdiccional de segunda instancia cuando proceda a un nuevo examen del asunto. Esto no será aplicable en el supuesto de que se haya producido un cambio en la situación jurídica o fáctica o en el supuesto de que, después de que el órgano jurisdiccional de segunda instancia haya dictado sentencia, el Sąd Najwyższy [(Tribunal Supremo, Polonia)], en una resolución que dirima la cuestión jurídica, lleve a cabo una apreciación jurídica diferente.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
12
BF (en lo sucesivo «el causante»), de nacionalidad polaca, falleció el 9 de mayo de 2020 en Hamburgo.
13
PA, la hermana del causante, presentó una demanda ante el Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Tribunal de Distrito de Szczecin, responsable de las zonas de la margen derecha y del oeste, Polonia), el órgano jurisdiccional remitente, dirigida a la declaración de los herederos del causante.
14
En su demanda, PA indicó que la última residencia habitual de su hermano se encontraba en Hamburgo, que este era propietario de inmuebles en Polonia y que no había elegido ley para regir su sucesión. Asimismo, precisó que el hijo, la esposa, la madre, la hermana y la sobrina del causante y ella misma habían declarado su renuncia a la herencia ante un órgano jurisdiccional alemán.
15
Mediante auto de 30 de agosto de 2022, el órgano jurisdiccional remitente inadmitió la demanda de PA por considerar que no eran competentes los tribunales polacos para pronunciarse sobre la sucesión de un causante cuya última residencia habitual se encontraba en un Estado miembro diferente de la República de Polonia. El órgano jurisdiccional remitente descartó la aplicación de la norma de competencia subsidiaria establecida en el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 por entender que esta solo se refiere a los causantes cuya última residencia habitual no se encuentra en un Estado miembro.
16
Mediante auto de 14 de noviembre de 2022, el Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunal Regional de Szczecin, Polonia), ante el que se interpuso recurso de apelación, anuló el auto de 30 de agosto de 2022 por considerar errónea la interpretación del artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 hecha por el órgano jurisdiccional remitente. Según el Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunal Regional de Szczecin), esta disposición atribuye competencia subsidiaria al Estado miembro en el que el causante haya dejado bienes y del cual era nacional, aunque no tuviera residencia habitual en ese Estado miembro.
17
El órgano jurisdiccional remitente, a quien se devolvió el litigio principal, no comparte la interpretación que el Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunal Regional de Szczecin, Polonia) hizo del artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 650/2012, ya que, a su juicio, esa interpretación es contraria al sentido literal de esa disposición y a los objetivos del Reglamento n.o 650/2012.
18
El órgano jurisdiccional remitente alega que, con arreglo al Derecho nacional, el órgano jurisdiccional que conoce de un asunto está vinculado por la interpretación, incluso errónea, del Derecho de la Unión adoptada por un órgano jurisdiccional superior, de modo que el presente conflicto de interpretación del Derecho de la Unión solo puede quedar resuelto mediante una respuesta del Tribunal de Justicia a una cuestión prejudicial. A este respecto, señala que ninguna disposición de Derecho nacional menciona expresamente que una respuesta del Tribunal de Justicia le permitiría apartarse de la interpretación del órgano jurisdiccional superior. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente estima que debe poder, con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos perseguidos por el artículo 267 TFUE, tomar plenamente en consideración la interpretación del Derecho de la Unión dada en una sentencia de carácter prejudicial, incluso cuando esta difiera de la seguida por el órgano jurisdiccional superior en el litigio principal.
19
En estas circunstancias, el Sąd Rejonowy Szczecin — Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (Tribunal de Distrito de Szczecin, responsable de las zonas de la margen derecha y del oeste) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento [650/2012], en el sentido de que es aplicable únicamente en el supuesto de que el causante no tuviera su residencia en ningún Estado miembro vinculado por el Reglamento o bien en el sentido de que atribuye una competencia subsidiaria al Estado miembro en el que el causante haya dejado bienes y del que poseyera la nacionalidad en el momento del fallecimiento, aun cuando en ese momento su residencia habitual se encontrara en otro Estado miembro vinculado por dicho Reglamento?
2)
¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular el artículo 267 TFUE, en el sentido de que se opone a una normativa nacional conforme a la cual un órgano jurisdiccional está vinculado por la apreciación jurídica de un órgano jurisdiccional superior respecto a la interpretación del Derecho de la Unión, cuando tal apreciación sea incompatible con la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una resolución dictada en un procedimiento prejudicial también en un asunto concreto?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
20
En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.
21
En el presente asunto, el Tribunal de Justicia estima que, por lo que se refiere a la primera cuestión prejudicial, la redacción del artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 no suscita ninguna duda razonable y que, por lo que respecta a la segunda cuestión prejudicial, la interpretación del Derecho de la Unión solicitada por el órgano jurisdiccional remitente puede deducirse claramente de la sentencia de 5 de octubre de 2010, Elchinov (C‑173/09, EU:C:2010:581). En consecuencia, procede aplicar en el presente asunto el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento.
Primera cuestión prejudicial
22
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, si el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que la norma de competencia subsidiaria establecida en dicha disposición solo se aplica cuando la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento está situada en un Estado miembro no vinculado por ese Reglamento o en un tercer Estado.
23
A este respecto, debe recordarse que el artículo 4 del Reglamento n.o 650/2012 establece una norma de competencia general con arreglo a la cual los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión.
24
En caso de que el causante tuviera su residencia habitual en un Estado miembro, los tribunales de otro Estado miembro del que tuviera la nacionalidad pueden ser competentes, en virtud de los artículos 5 a 9 del Reglamento n.o 650/2012, cuando el causante haya designado, con arreglo al artículo 22 del mismo, la ley de ese Estado miembro como la ley que haya de regir su sucesión en su conjunto.
25
Por otra parte, el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 establece una norma por la que se atribuye competencia subsidiaria para pronunciarse sobre el conjunto de la sucesión a los tribunales del Estado miembro en el que se encuentren bienes de la herencia, siempre que el causante poseyera la nacionalidad de dicho Estado miembro en el momento del fallecimiento. No obstante, tal como se desprende de la redacción de la primera parte del artículo 10, apartado 1, de ese Reglamento, la competencia subsidiaria basada en esta disposición solo está contemplada para el caso de que la residencia habitual del causante no esté situada, en el momento de su fallecimiento, en un Estado miembro.
26
Es preciso recordar, a este respecto, que el Tribunal de Justicia, al interpretar el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 en la sentencia de 7 de abril de 2022, V A y Z A (Competencia subsidiaria en materia de sucesiones mortis causa) (C‑645/20, EU:C:2022:267), precisó que tanto el artículo 4 de este Reglamento como su artículo 10, apartado 1, letra a), tienen por único objeto definir criterios uniformes de competencia judicial para resolver sobre la totalidad de una sucesión. Ese artículo 10 de este Reglamento, incluido en su capítulo II, que establece un conjunto de normas de competencia en materia de sucesiones mortis causa, contempla una competencia subsidiaria respecto de la competencia general, establecida en la norma enunciada en el artículo 4 del citado Reglamento y que designa a los tribunales del lugar de residencia habitual del causante como tribunales competentes para resolver sobre la totalidad de la sucesión de que se trate [sentencia de 7 de abril de 2022, V A y Z A (Competencia subsidiaria en materia de sucesiones mortis causa), C‑645/20, EU:C:2022:267, apartado 30].
27
En este contexto, el Tribunal de Justicia precisó que no existe una relación jerárquica entre el foro establecido en el artículo 4 del Reglamento n.o 650/2012 y el foro establecido en su artículo 10, ya que cada uno de ellos se refiere a supuestos de hecho diferentes. Asimismo, el hecho de que la competencia contemplada en el artículo 10 de dicho Reglamento se califique como «subsidiaria» no significa que esta disposición sea menos vinculante que la del artículo 4 de dicho Reglamento, relativa a la competencia general. A este respecto, es preciso señalar que el empleo de la expresión «aun en el supuesto» en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 650/2012 sugiere que esta disposición contempla una norma de competencia equivalente y complementaria a la norma de competencia general establecida en el artículo 4 de dicho Reglamento, de modo que, en el supuesto de que este último artículo no resulte aplicable, procede comprobar si se cumplen los criterios de competencia establecidos en el artículo 10 del citado Reglamento [sentencia de 7 de abril de 2022, V A y Z A (Competencia subsidiaria en materia de sucesiones mortis causa), C‑645/20, EU:C:2022:267, apartados 33 y 34].
28
Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que las normas de competencia judicial para resolver sobre la totalidad de una sucesión no ofrecen a las partes interesadas la posibilidad de elegir, en función de sus intereses, el foro de un Estado miembro, y ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 5 del referido Reglamento en el supuesto de elección por el causante de la ley aplicable a su sucesión [sentencia de 7 de abril de 2022, V A y Z A (Competencia subsidiaria en materia de sucesiones mortis causa), C‑645/20, EU:C:2022:267, apartado 32].
29
Por lo que se refiere, en particular, a las circunstancias en las que el Tribunal de Justicia ha seguido esa interpretación, debe señalarse que, en el apartado 25 de la sentencia de 7 de abril de 2022, V A y Z A (Competencia subsidiaria en materia de sucesiones mortis causa) (C‑645/20, EU:C:2022:267), el Tribunal de Justicia partió de la premisa de que la residencia habitual del causante radicaba en el Reino Unido, esto es, en un Estado miembro que, incluso antes de su retirada de la Unión, no estaba vinculado por el Reglamento n.o 650/2012. El Tribunal de Justicia consideró que, a efectos de la interpretación del artículo 10 de ese Reglamento, la norma de competencia establecida en esta disposición podía ser aplicable si el causante tenía su residencia habitual en un Estado miembro de la Unión no vinculado por dicho Reglamento.
30
En el presente asunto, como resulta de la resolución de remisión, la última residencia habitual del causante se encontraba en Alemania y este no eligió la ley aplicable a su sucesión en su conjunto.
31
En estas circunstancias, resulta claramente de la inequívoca redacción del artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 que esta disposición no se aplica en una situación en la que, como sucede en el litigio principal, la residencia habitual del causante en el momento de su fallecimiento estaba situada en un Estado miembro vinculado por ese Reglamento.
32
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 650/2012 debe interpretarse en el sentido de que la norma de competencia subsidiaria establecida en dicha disposición solo se aplica cuando la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento está situada en un Estado miembro no vinculado por ese Reglamento o en un tercer Estado.
Segunda cuestión prejudicial
33
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el Derecho de la Unión, en particular el artículo 267 TFUE, se opone a que un órgano jurisdiccional nacional, que debe pronunciarse a raíz de la anulación de su resolución por un órgano jurisdiccional superior, esté vinculado, de conformidad con el Derecho procesal nacional, por las apreciaciones jurídicas efectuadas por ese órgano jurisdiccional superior, cuando dichas apreciaciones no sean conformes con el Derecho de la Unión, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia.
34
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, el artículo 267 TFUE otorga a los órganos jurisdiccionales nacionales una amplísima facultad para someter la cuestión al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que exigen la interpretación o la apreciación de la validez de disposiciones del Derecho de la Unión necesarias para la resolución del litigio del que conocen (sentencia de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, apartado 26 y jurisprudencia citada).
35
Procede recordar, asimismo, que una sentencia dictada con carácter prejudicial por el Tribunal de Justicia vincula al juez nacional, por cuanto atañe a la interpretación o a la validez de los actos de las instituciones de la Unión de que se trate, para la resolución del litigio principal (sentencia de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, apartado 29 y jurisprudencia citada).
36
A este respecto, el juez nacional que haya ejercido la facultad que le otorga el artículo 267 TFUE, párrafo segundo, está vinculado, a la hora de resolver el litigio principal, por la interpretación de las disposiciones de que se trate realizada por el Tribunal de Justicia y debe, en su caso, dejar de lado las valoraciones del órgano jurisdiccional superior si, habida cuenta de la tal interpretación, estima que las referidas valoraciones no son compatibles con el Derecho de la Unión (sentencias de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, apartado 30, y de 9 de septiembre de 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, apartado 46).
37
Además, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, cuando no resulte posible interpretar la normativa nacional conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, el juez nacional encargado de aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones del Derecho de la Unión tendrá la obligación de garantizar la plena eficacia de tales disposiciones, dejando inaplicada si fuera necesario, y por su propia iniciativa, cualquier disposición contraria de la legislación nacional, sin que deba solicitar o esperar su previa eliminación por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, apartado 31, y de 9 de septiembre de 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, apartado 45 y jurisprudencia citada).
38
Por lo que respecta, en particular, a la existencia de normas de Derecho interno que disponen que un órgano jurisdiccional nacional está vinculado de manera incondicional por la interpretación del Derecho de la Unión realizada por otro órgano jurisdiccional nacional, el Tribunal de Justicia ha declarado que el Derecho de la Unión se opone a que un órgano jurisdiccional nacional se encuentre vinculado por una norma nacional, con arreglo a la cual deba atenerse a las apreciaciones jurídicas efectuadas por un órgano jurisdiccional nacional superior, cuando resulte que esas apreciaciones no son conformes con el Derecho de la Unión (sentencia de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, apartado 32).
39
En estas circunstancias, el requisito de que se garantice la plena eficacia del Derecho de la Unión incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada si esta se basa en una interpretación del Derecho interno incompatible con el Derecho de la Unión (sentencia de 9 de septiembre de 2021, Dopravní podnik hl. m. Prahy, C‑107/19, EU:C:2021:722, apartado 47 y jurisprudencia citada).
40
De ello se sigue que, en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente está obligado a garantizar la plena eficacia del artículo 267 TFUE dejando inaplicadas si es necesario, por su propia iniciativa, las disposiciones procesales nacionales, en este caso, las contenidas en el artículo 386, apartado 6, del Código de Procedimiento Civil, que le imponen el deber de seguir la interpretación jurídica hecha por el Sąd Okręgowy w Szczecinie (Tribunal Regional de Szczecin), cuando esta interpretación no sea compatible con el Derecho de la Unión, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia.
41
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el Derecho de la Unión, en particular el artículo 267 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional nacional, que debe pronunciarse a raíz de la anulación de su resolución por un órgano jurisdiccional superior, esté vinculado, de conformidad con el Derecho procesal nacional, por las apreciaciones jurídicas efectuadas por ese órgano jurisdiccional superior, cuando dichas apreciaciones no sean conformes con el Derecho de la Unión, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia.
Costas
42
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) resuelve:
1)
El artículo 10, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo,
debe interpretarse en el sentido de que
la norma de competencia subsidiaria establecida en dicha disposición solo se aplica cuando la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento está situada en un Estado miembro no vinculado por ese Reglamento o en un tercer Estado.
2)
El Derecho de la Unión, en particular el artículo 267 TFUE,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que un órgano jurisdiccional nacional, que debe pronunciarse a raíz de la anulación de su resolución por un órgano jurisdiccional superior, esté vinculado, de conformidad con el Derecho procesal nacional, por las apreciaciones jurídicas efectuadas por ese órgano jurisdiccional superior, cuando dichas apreciaciones no sean conformes con el Derecho de la Unión, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.