62023CJ0537_RES
Asunto C‑537/23
Società Italiana Lastre SpA (SIL)
contra
Agora SARL
Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 27 de febrero de 2025
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 25, apartado 1 — Acuerdo atributivo de competencia — Apreciación de la validez del acuerdo — Carácter impreciso y desequilibrado — Ley aplicable — Concepto de nulidad “de pleno derecho en cuanto a su validez material”»
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Prórroga de competencia — Acuerdo atributivo de competencia — Apreciación de la validez del acuerdo — Alegaciones basadas en el carácter impreciso y desequilibrado — Criterios de apreciación — Criterios autónomos que se deducen del artículo 25 del Reglamento — Procedencia — Criterios relativos a las causas de nulidad «de pleno derecho en cuanto a su validez material» — Improcedencia
[Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 25, ap. 1]
(véanse los apartados 32 a 54 y el punto 1 del fallo)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Prórroga de competencia — Acuerdo atributivo de competencia que confiere más derechos a una parte que a la otra — Validez — Requisitos
[Reglamento (CE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 25, aps. 1 y 4]
(véanse los apartados 56 a 68 y el punto 2 del fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), interpreta el artículo 25, apartados 1 y 4, del Reglamento n.o 1215/2012 (
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) y precisa los criterios a la luz de los cuales debe apreciarse la validez de un acuerdo atributivo de competencia, en caso de alegaciones basadas en el carácter impreciso o desequilibrado de dicho acuerdo, así como los requisitos de validez de tal acuerdo, en virtud del cual una de las partes del mismo solo puede acudir ante el tribunal que designe, mientras que la otra parte puede acudir a cualquier otro órgano jurisdiccional competente.
Agora SARL, sociedad francesa, celebró un contrato de suministro de paneles de revestimiento de madera con Societa Italiana Lastre SpA (SIL), sociedad italiana, para la construcción de un edificio encargado por dos personas físicas. Dicho contrato incluía un acuerdo atributivo de competencia (en lo sucesivo, «acuerdo atributivo de competencia controvertido»), que estipulaba la competencia del tribunal de Brescia (Italia) para cualquier litigio derivado del contrato o relacionado con este. Ahora bien, SIL se reservaba el derecho a demandar al comprador «ante cualquier otro tribunal competente en Italia o en el extranjero».
Al haber comprobado la existencia de irregularidades en la ejecución de la obra de que se trata, los dueños de la obra interpusieron sendas demandas de responsabilidad e indemnización contra Agora y contra SIL ante el tribunal de grande instance de Rennes (Tribunal de Primera Instancia de Rennes, Francia). Agora presentó contra SIL una demanda sobre obligación de garantía. SIL se opuso a esta demanda planteando, con arreglo al acuerdo atributivo de competencia controvertido, una excepción de incompetencia internacional del órgano jurisdiccional francés. Dado que esta excepción fue desestimada mediante resolución en primera instancia, que fue confirmada en apelación, SIL interpuso un recurso de casación ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), el órgano jurisdiccional remitente.
Al albergar dudas sobre dos cuestiones relacionadas con la validez del acuerdo atributivo de competencia, la Cour de cassation decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Su primer interrogante se refiere a si, al apreciar la validez de un acuerdo atributivo de competencia, las alegaciones basadas en el carácter supuestamente impreciso o desequilibrado de dicho acuerdo deben examinarse a la luz de los criterios relativos a las causas de nulidad «de pleno derecho en cuanto a [la] validez material» de dicho acuerdo, definidos por el Derecho de los Estados miembros con arreglo al artículo 25, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, o a la luz de criterios autónomos que se deducen de ese artículo. En este segundo supuesto, se pregunta si el acuerdo atributivo de competencia en el presente asunto es válido a la luz de dicho artículo.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta a la primera cuestión prejudicial, relativa a los criterios a la luz de los cuales deben examinarse las alegaciones basadas en el carácter supuestamente impreciso o desequilibrado de un acuerdo atributivo de competencia, el Tribunal de Justicia recuerda, para comenzar, que el Reglamento Bruselas I bis no define el concepto de «nulidad de pleno derecho en cuanto a su validez material» ni efectúa una remisión al Derecho de los Estados miembros para definir este concepto. En consecuencia, es preciso que este concepto reciba una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse conforme al sentido habitual de estas palabras en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en el que se utilizan y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte.
A este respecto, subraya, en primer lugar, que según su sentido habitual en el lenguaje corriente, la expresión «en cuanto a [la] validez material» se utiliza, en las sentencias y en los escritos procesales, para anunciar que, tras examinar las cuestiones de competencia, de forma y de admisibilidad, el juez aborda las cuestiones relativas al propio objeto del proceso, a saber, las cuestiones de hecho o de Derecho que el juez debe resolver a instancia de las partes. Dicho esto, en la medida en que el artículo 25, apartado 1, primera frase, del Reglamento Bruselas I bis establece que los órganos jurisdiccionales que las partes hayan acordado serán competentes «a menos que» el acuerdo atributivo de competencia «sea nulo de pleno derecho en cuanto a su validez material» según el Derecho del Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales hayan sido designados, esta disposición se limita a precisar cuál es el Derecho nacional aplicable para determinar si, a pesar de que se cumplen todos los requisitos de validez establecidos en dicho artículo, tal acuerdo es nulo por otros motivos contemplados en el Derecho nacional.
Por lo que respecta, en segundo lugar, al contexto en el que se inscribe la normativa, además de la referencia al concepto de nulidad «de pleno derecho en cuanto a su validez material», el artículo 25, apartado 1, frases primera y tercera, del Reglamento Bruselas I bis establece requisitos de validez material y de forma propios de los acuerdos atributivos de competencia. Por consiguiente, este concepto se refiere a las causas generales de nulidad de un contrato, a saber, en particular, los vicios del consentimiento, como el error, el dolo o la violencia, y la incapacidad para contratar, causas que, a diferencia de los requisitos de validez propios de los acuerdos atributivos de competencia, no se rigen por ese Reglamento, sino por el Derecho del Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales hayan sido designados.
En tercer lugar, esta interpretación es conforme con los objetivos perseguidos por el Reglamento Bruselas I bis, en particular, el relativo a la seguridad jurídica, que exige que el juez nacional ante el que se ejercite la acción pueda pronunciarse con facilidad sobre su propia competencia, sin verse obligado a realizar un examen sobre el fondo del asunto.
En cuarto lugar, la referida interpretación es coherente con la génesis del artículo 25, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.
En el presente asunto, por lo que respecta, a continuación, a la apreciación del carácter suficientemente preciso de un acuerdo atributivo de competencia, el Tribunal de Justicia señala que, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, la validez de tal acuerdo exige una identificación suficientemente precisa de los elementos objetivos acordados por las partes para designar el tribunal o los tribunales a los que desean someter los litigios que hayan surgido o puedan surgir. Por otra parte, la imposición de una exigencia de precisión contribuye necesariamente a la consecución de los objetivos de previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica enunciados en ese Reglamento. Por consiguiente, esta exigencia de precisión debe examinarse a la luz de criterios autónomos que se deducen de esta disposición, tal como la interpreta el Tribunal de Justicia.
Por último, por lo que respecta a la apreciación del carácter supuestamente desequilibrado de un acuerdo atributivo de competencia, con arreglo al artículo 25, apartado 4, del Reglamento Bruselas I bis, tal acuerdo no surtirá efecto, en particular, si no cumple los requisitos de validez establecidos en los artículos 15, 19 o 23 de ese Reglamento. Según estos últimos artículos, es válido el acuerdo atributivo de competencia que permite a la parte más vulnerable de un contrato de seguro, de un contrato celebrado por un consumidor o de un contrato de trabajo acudir a órganos jurisdiccionales distintos de los que, en principio, son competentes en virtud de las disposiciones de las secciones 3 a 5 del capítulo II de dicho Reglamento. En cambio, en virtud del citado artículo 25, apartado 4, tal acuerdo es nulo cuando establece una excepción a las normas de determinación de la competencia judicial en favor del asegurador, del cocontratante del consumidor o del empresario. Por lo tanto, la apreciación del carácter supuestamente desequilibrado de un acuerdo atributivo de competencia debe examinarse a la luz de criterios autónomos que se deducen de dicho artículo 25, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia.
De ello infiere el Tribunal de Justicia que para apreciar la validez de un acuerdo atributivo de competencia, las alegaciones basadas en el carácter supuestamente impreciso o desequilibrado de dicho acuerdo no deben examinarse a la luz de los criterios relativos a las causas de nulidad «de pleno derecho en cuanto a [la] validez material» de dicho acuerdo, definidos por el Derecho de los Estados miembros, sino a la luz de criterios autónomos que se deducen del artículo 25, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.
Por lo que respecta a la segunda cuestión prejudicial, relativa a la validez de un acuerdo atributivo de competencia en virtud del cual una de las partes de este solo puede ejercitar acciones ante el tribunal designado por él, mientras que permite a la otra parte ejercitarlas, además de ante dicho tribunal, ante cualquier otro órgano jurisdiccional competente, el Tribunal de Justicia precisa, en primer lugar, que el artículo 25, apartado 1, primera frase, del Reglamento Bruselas I bis no puede interpretarse en el sentido de que las partes deban designar necesariamente los órganos jurisdiccionales de un único Estado miembro. En efecto, imponer tal límite sería contrario a la autonomía de la voluntad de las partes.
Además, los foros competentes con arreglo a las disposiciones del capítulo II del Reglamento Bruselas I bis confirman que, en determinadas situaciones, las partes pueden acudir a órganos jurisdiccionales de varios Estados miembros, entre ellos el del domicilio del demandado, pero también el del lugar de cumplimiento de la obligación contractual, el del lugar donde se ha producido el hecho dañoso o el del domicilio de otro demandado.
En segundo lugar, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros o de los Estados parte en el Convenio relativo a la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil (
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) designadas en el presente asunto son, por un lado, un órgano jurisdiccional en particular y, por otro lado, los demás órganos jurisdiccionales competentes en virtud de las disposiciones del capítulo II, secciones 1 y 2, del Reglamento Bruselas I bis y del título II, secciones 1 y 2, del citado Convenio. Un acuerdo atributivo de competencia que designa con suficiente precisión a esos órganos jurisdiccionales cumple la exigencia de precisión derivada del artículo 25, apartado 1, de ese Reglamento, así como los objetivos de previsibilidad, transparencia y seguridad jurídica enunciados en los considerandos 15 y 16 del referido Reglamento. En efecto, se trata, en realidad, de una remisión a las reglas generales de competencia previstas por el mismo Reglamento y por dicho Convenio.
Dicho esto, si el acuerdo atributivo de competencia, en la medida en que se refiere a «otro tribunal competente […] en el extranjero», se interpretase en el sentido de que designa también a uno o varios órganos jurisdiccionales de uno o varios Estados que no sean miembros de la Unión ni parte en el Convenio de Lugano II, sería contrario al Reglamento Bruselas I bis por vulnerar esos objetivos.
En tercer lugar, por lo que respecta a la validez de un acuerdo atributivo de competencia que confiere más derechos a una parte que a la otra, salvo en los casos expresamente prohibidos por el Reglamento Bruselas I bis, el carácter desequilibrado de tal acuerdo no puede cuestionar su validez sobre la base de los requisitos establecidos en el artículo 25 de dicho Reglamento. En efecto, este artículo se basa en el principio de autonomía de la voluntad de las partes, al que quiso dar prioridad el legislador de la Unión. Por otra parte, los artículos 15, 19 y 23 de dicho Reglamento, a los que remite dicho artículo 25, apartado 4, permiten expresamente la celebración de acuerdos atributivos de competencia desequilibrados en favor de la parte más vulnerable de un contrato de seguro, de un contrato celebrado por un consumidor y de un contrato de trabajo. Así pues, el desequilibrio de tales acuerdos no los hace ilícitos, siempre que las partes los hayan adoptado libremente.
De ello infiere el Tribunal de Justicia que, en estas circunstancias, un acuerdo atributivo de competencia como el del presente asunto es válido en la medida en que, en primer término, designe a los órganos jurisdiccionales de uno o varios Estados que sean miembros de la Unión o parte en el Convenio de Lugano II; en segundo término, identifique elementos objetivos lo suficientemente precisos para permitir al juez al que se haya sometido el asunto determinar si es competente y, en tercer término, no sea contrario a las disposiciones de los artículos 15, 19 o 23 del Reglamento Bruselas I bis ni establezca una excepción a una competencia exclusiva prevista en el artículo 24 de este.
(
1
)	Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I bis»).
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2
)	Convenio relativo a la Competencia Judicial, el Reconocimiento y la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, firmado el 30 de octubre de 2007 (en lo sucesivo, «Convenio de Lugano II»), cuya celebración quedó aprobada, en nombre de la Comunidad Europea, mediante la Decisión 2009/430/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2008 (DO 2009, L 147, p. 1).