62023CJ0464
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 26 de junio de 2025 (
*1
)
«Recurso de casación — Competencia — Reglamento (CE) n.o 139/2004 — Concentración de empresas — Mercado de la generación y del suministro al por mayor de electricidad — Adquisición por RWE AG de los activos de generación de electricidad de origen renovable y nuclear de E.ON SE — Decisión por la que se declara la concentración compatible con el mercado interior y el funcionamiento del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992»
En los asuntos acumulados C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P y C‑470/23 P,
que tienen por objeto cinco recursos de casación interpuestos con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 21 de julio de 2023,
EVH GmbH, con domicilio social en Halle (Alemania), representada por el Sr. T. Heymann y la Sra. I. Zenke, Rechtsanwälte (C‑464/23 P),
Stadtwerke Leipzig GmbH, con domicilio social en Leipzig (Alemania), representada por el Sr. T. Heymann y la Sra. I. Zenke, Rechtsanwälte (C‑465/23 P),
TEAG Thüringer Energie AG, con domicilio social en Érfurt (Alemania), representada por el Sr. T. Heymann y la Sra. I. Zenke, Rechtsanwälte (C‑467/23 P),
EnergieVerbund Dresden GmbH, con domicilio social en Dresde (Alemania), representada por el Sr. T. Heymann y la Sra. I. Zenke, Rechtsanwälte (C‑468/23 P),
GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG, con domicilio social en Bensheim (Alemania), representada por el Sr. T. Heymann y la Sra. I. Zenke, Rechtsanwälte (C‑470/23 P),
partes recurrentes,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Comisión Europea, representada por los Sres. G. Meessen e I. Zaloguin, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. T. G. Funke, Rechtsanwalt,
parte demandada en primera instancia,
República Federal de Alemania, representada por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes,
E.ON SE, con domicilio social en Essen (Alemania), representada inicialmente por los Sres. C. Barth, C. Grave, D.‑J. dos Santos Goncalves y R. Seifert, Rechtsanwälte, y posteriormente por los Sres. C. Barth, A. Fuchs, C. Grave y D.‑J. dos Santos Goncalves, Rechtsanwälte,
RWE AG, con domicilio social en Essen, representada inicialmente por los Sres. U. Scholz y J. Siegmund y por la Sra. J. Ziebarth, Rechtsanwälte, y posteriormente por los Sres. U. Scholz y J. Siegmund y por la Sra. M. von Armansperg, Rechtsanwälte,
partes coadyuvantes en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. D. Gratsias, E. Regan, J. Passer (Ponente) y B. Smulders, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante sus recursos de casación, EVH GmbH (C‑464/23 P), Stadtwerke Leipzig GmbH (C‑465/23 P), TEAG Thüringer Energie AG (C‑467/23 P), EnergieVerbund Dresden GmbH (C‑468/23 P) y GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG (C‑470/23 P) solicitan la anulación, respectivamente, de la sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2023, EVH/Comisión (T‑312/20, en lo sucesivo, «sentencia T‑312/20», EU:T:2023:252); de la sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2023, Stadtwerke Leipzig/Comisión (T‑313/20, en lo sucesivo, «sentencia T‑313/20», EU:T:2023:257); de la sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2023, TEAG/Comisión (T‑315/20, en lo sucesivo, «sentencia T‑315/20», EU:T:2023:259); de la sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2023, EnergieVerbund Dresden/Comisión (T‑317/20, en lo sucesivo, «sentencia T‑317/20», EU:T:2023:261), y de la sentencia del Tribunal General de 17 de mayo de 2023, GGEW/Comisión (T‑319/20, en lo sucesivo, «sentencia T‑319/20», EU:T:2023:263) (en lo sucesivo, conjuntamente, «sentencias recurridas»), mediante las cuales dicho Tribunal desestimó sus recursos de anulación de la Decisión C(2019) 1711 final de la Comisión, de 26 de febrero de 2019, por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado interior y con el Acuerdo EEE (Asunto M.8871 — RWE/E.ON Assets) (DO 2020, C 111, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
I. Marco jurídico
A. Reglamento (CE) n.o 139/2004
2
Los considerandos 20 y 21 del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (DO 2004, L 24, p. 1; corrección de errores en DO L, 2024/90828), tienen el siguiente tenor:
«(20)
Es preciso definir el concepto de concentración de forma que abarque las operaciones que den lugar a un cambio duradero en el control de las empresas afectadas y, por tanto, en la estructura del mercado. En consecuencia, resulta adecuado incluir también en el ámbito de aplicación del presente Reglamento las empresas en participación que ejerzan de forma duradera todas las funciones propias de una entidad económica autónoma. Es preciso, además, considerar como una sola concentración transacciones estrechamente conectadas por estar relacionadas mediante condición o adoptar la forma de una serie de transacciones sobre títulos mobiliarios realizadas en un plazo razonablemente corto de tiempo.
(21)
El presente Reglamento también debería ser aplicable cuando las empresas afectadas acepten restricciones que estén directamente vinculadas a la realización de la concentración y sean necesarias a tal fin. Las decisiones de la Comisión [Europea] por las que se declare que las concentraciones son compatibles con el mercado común en aplicación del presente Reglamento deberían cubrir automáticamente dichas restricciones, sin que la Comisión tenga que evaluar estas restricciones individualmente. No obstante, a instancias de las empresas afectadas, en aquellos casos que presenten cuestiones nuevas o sin resolver que den lugar a auténtica incertidumbre, la Comisión deberá evaluar expresamente si una restricción determinada está directamente vinculada a la realización de la concentración y es necesaria a tal fin. Un caso presenta una situación nueva o sin resolver que suscita auténtica incertidumbre cuando la cuestión no está cubierta por la pertinente comunicación de la Comisión en vigor o por una decisión publicada de la Comisión.»
3
El artículo 2 de este Reglamento, titulado «Evaluación de las concentraciones», dispone:
«1.   Las concentraciones contempladas en el presente Reglamento se evaluarán con arreglo a los objetivos del presente Reglamento y a las disposiciones que figuran a continuación, a fin de determinar si son compatibles con el mercado común.
En esta evaluación, la Comisión tendrá en cuenta:
a)
la necesidad de preservar y desarrollar una competencia efectiva en el mercado común a la vista, entre otros factores, de la estructura de todos los mercados afectados y de la competencia real o potencial de empresas situadas dentro o fuera de la Comunidad [Europea];
b)
la posición de mercado de las empresas afectadas, su fortaleza económica y financiera, las posibilidades de elección de proveedores y usuarios, su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados, la existencia de barreras legales o de otro tipo para el acceso a dichos mercados, la evolución de la oferta y la demanda de los productos y servicios de que se trate, los intereses de los consumidores intermedios y finales, así como el desarrollo del progreso técnico o económico, siempre que este sea en beneficio de los consumidores y no constituya un obstáculo para la competencia.
2.   Las concentraciones que no sean susceptibles de obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo, en particular como consecuencia de la creación o refuerzo de una posición dominante, se declararán compatibles con el mercado común.
3.   Las concentraciones que sean susceptibles de obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en el mercado común o en una parte sustancial del mismo, en particular como consecuencia de la creación o refuerzo de una posición dominante, se declararán incompatibles con el mercado común.
4.   En la medida en que la creación de una empresa en participación que constituya una concentración con arreglo al artículo 3 tenga por objeto o efecto coordinar el comportamiento competitivo de empresas que continúen siendo independientes, dicha coordinación se valorará en función de los criterios establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo [101 TFUE], con objeto de determinar si la operación es compatible con el mercado común.
5.   En esta evaluación, la Comisión tendrá en cuenta, en particular:
–
si dos o más empresas matrices se mantienen significativamente activas en el mismo mercado que el de la empresa en participación o en un mercado relacionado en sentido ascendente o descendente con dicho mercado o en un mercado próximo estrechamente vinculado a este,
–
si la coordinación directamente derivada de la creación de la empresa en participación permite a las empresas afectadas eliminar la competencia en lo que respecta a una parte considerable de los productos y servicios de que se trate.»
4
El artículo 3 del referido Reglamento, titulado «Definición de concentración», establece:
«1.   Se entenderá que se produce una concentración cuando tenga lugar un cambio duradero del control como consecuencia de:
a)
la fusión de dos o más empresas o partes de empresas anteriormente independientes, o
b)
la adquisición, por una o varias personas que ya controlen al menos una empresa, o por una o varias empresas, mediante la toma de participaciones en el capital o la compra de elementos del activo, mediante contrato o por cualquier otro medio, del control directo o indirecto sobre la totalidad o partes de una o varias otras empresas.
2.   El control resultará de los derechos, contratos u otros medios que, por sí mismos o en conjunto, y teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confieren la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una empresa; en particular mediante:
a)
derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de una parte de los activos de una empresa;
b)
derechos o contratos que permitan influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos de una empresa.
3.   Se entenderá que han adquirido el control las personas o empresas:
a)
que sean titulares de esos derechos o beneficiarios de esos contratos, o
b)
que, sin ser titulares de dichos derechos ni beneficiarios de dichos contratos, puedan ejercer los derechos inherentes a los mismos.
4.   La creación de una empresa en participación que desempeñe de forma permanente todas las funciones de una entidad económica autónoma constituirá una concentración en el sentido de la letra b) del apartado 1.
[…]»
5
El artículo 4, apartado 1, párrafo primero, del mismo Reglamento dispone:
«Las concentraciones de dimensión comunitaria objeto del presente Reglamento deberán notificarse a la Comisión antes de su ejecución en cuanto se haya concluido el acuerdo, anunciado la oferta pública de adquisición o adquirido una participación de control.»
6
El artículo 5 del Reglamento n.o 139/2004, titulado «Cálculo del volumen de negocios», tiene el siguiente tenor:
«1.   El volumen de negocios total en el sentido del presente Reglamento incluirá los importes resultantes de la venta de productos y la prestación de servicios por las empresas afectadas durante el último ejercicio correspondientes a sus actividades ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre ventas, del impuesto sobre el valor añadido y de otros impuestos directamente relacionados con el volumen de negocios. El volumen de negocios total de una empresa afectada no tendrá en cuenta las transacciones que hayan tenido lugar entre las empresas contempladas en el apartado 4 del presente artículo.
El volumen de negocios realizado en la Comunidad o en un Estado miembro incluirá los productos vendidos y los servicios prestados a empresas o consumidores, bien en la Comunidad, bien en dicho Estado miembro.
2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando la concentración se lleve a cabo mediante la adquisición de partes de una o varias empresas, con independencia de que dichas partes tengan personalidad jurídica propia, solo se tendrá en cuenta, por lo que se refiere al vendedor o a los vendedores, el volumen de negocios relativo a las partes objeto de la concentración.
No obstante, cuando dos o más operaciones en el sentido del primer párrafo tengan lugar en un período de dos años entre las mismas personas o empresas se considerarán como una sola concentración realizada en la fecha de la última operación.
[…]»
7
El artículo 6 del referido Reglamento, titulado «Examen de la notificación e incoación del procedimiento», dispone:
«1.   La Comisión procederá al examen de la notificación tan pronto como la reciba.
a)
Si concluye que la concentración notificada no entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, lo declarará mediante decisión.
b)
Si comprueba que la concentración notificada, pese a entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento, no plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común, decidirá no oponerse a la misma y la declarará compatible con el mercado común.
Se entenderá que una decisión mediante la cual se declare la compatibilidad de una concentración con el mercado común cubre las restricciones directamente vinculadas a la realización de la concentración y necesarias a tal fin.
c)
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, si la Comisión comprueba que la concentración notificada entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común, decidirá incoar el procedimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, los procedimientos se concluirán mediante decisión, con arreglo a lo establecido en los apartados 1 a 4 del artículo 8, a no ser que las empresas afectadas hayan demostrado a satisfacción de la Comisión que han abandonado la concentración.
2.   Si la Comisión comprueba que, una vez modificada por las empresas afectadas, una concentración notificada ya no plantea serias dudas en el sentido de la letra c) del apartado 1, declarará que la concentración es compatible con el mercado común a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1.
La Comisión podrá acompañar la decisión adoptada con arreglo a la letra b) del apartado 1 de condiciones y obligaciones destinadas a garantizar que las empresas afectadas cumplan los compromisos contraídos con la Comisión para compatibilizar la concentración con el mercado común.
[…]»
8
El artículo 8 del mencionado Reglamento, titulado «Poderes de decisión de la Comisión», establece:
«1.   Cuando la Comisión compruebe que una concentración notificada cumple el criterio establecido en el apartado 2 del artículo 2 y, en los casos contemplados en el apartado 4 del artículo 2, los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo [101 TFUE], adoptará una decisión que declare la concentración compatible con el mercado común.
Se entenderá que una decisión mediante la cual se declare la compatibilidad de una concentración con el mercado común cubre las restricciones directamente vinculadas a la realización de la concentración y necesarias a tal fin.
2.   Cuando la Comisión compruebe que, tras las modificaciones introducidas por las empresas afectadas, una concentración notificada cumple el criterio establecido en el apartado 2 del artículo 2 y, en los casos contemplados en el apartado 4 del artículo 2, los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo [101 TFUE], adoptará una decisión que declare la concentración compatible con el mercado común.
La Comisión podrá acompañar sus decisiones de condiciones y obligaciones destinadas a garantizar que las empresas interesadas cumplan los compromisos que hayan contraído con la Comisión a fin de compatibilizar la concentración con el mercado común.
Se entenderá que una decisión mediante la cual se declare la compatibilidad de una concentración con el mercado común cubre las restricciones directamente vinculadas a la realización de la concentración y necesarias a tal fin.
3.   Cuando la Comisión compruebe que una concentración cumple el criterio establecido en el apartado 3 del artículo 2 o, en los casos contemplados en el apartado 4 del artículo 2, que no cumple los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo [101 TFUE], adoptará una decisión que declare la concentración incompatible con el mercado común.
4.   Cuando la Comisión compruebe que una concentración:
a)
ya ha sido ejecutada y dicha concentración ha sido declarada incompatible con el mercado común, o
b)
ha sido ejecutada contraviniendo una de las condiciones vinculadas a una decisión adoptada con arreglo al apartado 2 en ausencia de la cual la concentración se ajustaría al criterio del apartado 3 del artículo 2 o que, en los casos indicados en el apartado 4 del artículo 2, no cumpliría los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo [101 TFUE],
la Comisión podrá:
–
exigir a las empresas afectadas, que disuelvan la concentración, en particular mediante la disolución de la fusión o la enajenación de todas las acciones o activos adquiridos, de tal manera que quede restablecida la situación previa a la ejecución de la concentración. Si las circunstancias no permiten el restablecimiento de la situación previa a la ejecución de la concentración, mediante la disolución de la misma, la Comisión podrá adoptar cualquier otra medida apropiada para lograr tal restablecimiento en la medida de lo posible,
–
ordenar cualquier otra medida apropiada para garantizar que las empresas afectadas disuelvan la concentración o adopten cualesquiera otras medidas encaminadas a restablecer la situación previa, conforme a lo dispuesto en su decisión.
[…]»
9
El artículo 21, apartado 1, del mismo Reglamento, titulado «Aplicación del presente Reglamento y competencias», tiene el siguiente tenor:
«El presente Reglamento será el único aplicable a las concentraciones definidas en el artículo 3, y los Reglamentos (CE) n.o 1/2003 [del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1)], (CEE) n.o 1017/68 [del Consejo, de 19 de julio de 1968, por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (DO 1968, L 175, p. 1; EE 08/01, p. 106)], (CEE) n.o 4056/86 [del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por el que se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado [CEE] a los transportes marítimos (DO 1986, L 378, p. 4),] y (CEE) n.o 3975/87 [del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte aéreo (DO 1987, L 374, p. 1),] no serán aplicables, salvo a las empresas en participación sin dimensión comunitaria cuyo objeto o efecto sea coordinar el comportamiento competitivo de empresas que sigan siendo independientes.»
B. Directrices sobre las concentraciones horizontales
10
Las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO 2004, C 31, p. 5; en lo sucesivo, «Directrices sobre las concentraciones horizontales») exponen lo siguiente:
«[…]
13.
[…] la Comisión determina, con arreglo al artículo 2 del Reglamento [n.o 139/2004], si la concentración obstaculizará de forma significativa la competencia efectiva, en particular por medio de la creación o el refuerzo de una posición dominante, y si, por tanto, debe declararse incompatible con el mercado común. Se ha de advertir que estos factores no constituyen una “lista de control” que deba aplicarse mecánicamente en todos y cada uno de los casos. El análisis competitivo de un asunto particular se basará, por el contrario, en una evaluación general del impacto previsible de la concentración a la luz de los factores y condiciones pertinentes. No todos los elementos resultarán siempre pertinentes en cada una de las concentraciones horizontales, y puede que no sea necesario analizar todos los elementos de un caso con la misma minuciosidad.
[…]
26.
Hay diversos factores que, aunque considerados por separado no son necesariamente determinantes, pueden incidir en la probabilidad de que una concentración dé lugar a importantes efectos no coordinados. No es necesario que se den todos estos factores para que tales efectos resulten probables. Además, esta lista no debería considerarse exhaustiva.
Las empresas que van a fusionarse tienen elevadas cuotas de mercado
27.
Cuanto mayor sea la cuota de mercado de una empresa, más probable es que esta tenga poder de mercado. Y cuanto mayor sea la suma de cuotas de mercado, más probable es que una operación de concentración dé lugar a un aumento significativo del poder de mercado. Cuanto mayor sea el incremento de la base de ventas sobre la cual se puede obtener un mayor margen tras aplicar un aumento de precios, más probable será que a las empresas que se van a fusionar les resulte rentable tal aumento de precios, a pesar de la correspondiente reducción de la producción. Aunque las cuotas de mercado y la suma de cuotas de mercado solo constituyan un primer indicio del poder de mercado y de los incrementos de tal poder, suelen ser factores importantes a la hora de evaluar la operación […].
Las empresas que van a fusionarse son competidores inmediatos
28.
Los productos pueden diferenciarse […] dentro de un mercado de referencia en el que algunos productos sean sustitutos más perfectos que otros […]. Cuanto mayor sea el grado de sustituibilidad entre los productos de las empresas que se van a fusionar, más probable es que estas vayan a subir los precios de una manera significativa […]. Por ejemplo, una concentración entre dos fabricantes de productos que muchos clientes consideren como su primera y segunda opción, podría dar lugar a un aumento significativo de los precios. Por consiguiente, el hecho de que la rivalidad entre las partes haya sido una importante fuente de competencia en el mercado puede ser un factor esencial del análisis […]. La presencia de altos márgenes de beneficio […] con anterioridad a la concentración también puede incrementar la probabilidad de unos aumentos de precios significativos. Es más probable que el incentivo para subir los precios de las empresas que van a fusionarse se reduzca cuando sus competidores fabrican sustitutos casi perfectos de sus productos que cuando estos venden sustitutos menos perfectos […]. Por lo tanto, es menos probable que una concentración vaya a obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva, en especial a través de la creación o el refuerzo de una posición dominante, cuando hay un alto grado de sustituibilidad entre los productos de las empresas que se van a fusionar y los de sus competidores.
[…]
La entidad fusionada está en condiciones de impedir la expansión de sus competidores
36.
Algunas concentraciones propuestas, en caso de autorizarse, podrían obstaculizar significativamente la competencia efectiva al colocar a la empresa fusionada en una posición en la que tendría la capacidad y el incentivo de dificultar la expansión de empresas más pequeñas y de competidores potenciales o de restringir por otros medios la capacidad competitiva de empresas rivales. En tal caso, es posible que los competidores no estén en condiciones, ni individual ni conjuntamente, de ejercer sobre la entidad fusionada una presión suficiente para que no aumente los precios o adopte otras medidas en detrimento de la competencia. Por ejemplo, la entidad fusionada puede ejercer tal grado de control o de influencia sobre el suministro de productos […] o las posibilidades de distribución […], que la expansión o entrada de empresas competidoras resulte más costosa. Del mismo modo, el control de la entidad fusionada sobre las patentes […] u otros tipos de propiedad intelectual [por ejemplo, las marcas […]] puede dificultar la expansión o la entrada de competidores en el mercado. En mercados en los que la interoperabilidad entre diferentes infraestructuras o plataformas es importante […], una concentración puede conferir a la entidad fusionada la capacidad y el incentivo de aumentar los costes o reducir la calidad del servicio de sus rivales […]. Al realizar esta evaluación, la Comisión puede tener en cuenta, inter alia, la fortaleza financiera de la entidad fusionada en comparación con la de sus rivales […].
La fusión elimina una fuerza competitiva importante
37.
Algunas empresas tienen una mayor influencia en el proceso competitivo de la que se desprende de sus cuotas de mercado o de otros indicadores similares. Una concentración en la que participe una empresa de este tipo puede cambiar la dinámica competitiva de una manera significativa y contraria a la competencia, en especial cuando el mercado ya está concentrado […]. Por ejemplo, una empresa puede ser un operador reciente del que se espere que ejerza en el futuro una presión competitiva significativa sobre las demás empresas del mercado.
38.
En mercados en los que la innovación es una fuerza competitiva importante, una concentración puede aumentar la capacidad y el incentivo de la empresa para introducir innovaciones en el mercado y, de este modo, intensificar la presión competitiva sobre las empresas competidoras para innovar en ese mercado. Por el contrario, la competencia efectiva puede verse obstaculizada de forma significativa por la concentración de dos empresas innovadoras importantes, por ejemplo dos fabricantes de productos nuevos destinados a un mercado de productos concreto. De modo similar, una empresa con una cuota de mercado relativamente reducida puede ser, no obstante, una fuerza competitiva importante si dispone de productos nuevos con buenas perspectivas de futuro […].
[…]»
C. Comunicación consolidada sobre competencia
11
La Comunicación consolidada de la Comisión sobre cuestiones jurisdiccionales en materia de competencia, realizada de conformidad con el Reglamento n.o 139/2004 del Consejo, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO 2008, C 95, p. 1; en lo sucesivo, «Comunicación consolidada sobre competencia»), establece:
«[…]
(38)
La definición general y teleológica de concentración expuesta en el artículo 3, apartado 1[, del Reglamento n.o 139/2004] —con el resultado de control de una o varias empresas— implica que da lo mismo si el control se adquirió mediante una o varias transacciones jurídicas, siempre que el resultado final constituya una única concentración. Dos o más transacciones constituyen una única concentración a los efectos del artículo 3 si son de carácter unitario. Debería, por tanto, determinarse si tienen como resultado conferir a una o varias empresas el control económico, directo o indirecto, de la actividad de una o varias empresas. Para la evaluación, se determinará la realidad económica que subyace en las operaciones y, por tanto, la finalidad económica perseguida por las partes. En otras palabras, para determinar el carácter unitario de las transacciones en cuestión, debe apreciarse caso por caso si estas transacciones son interdependientes, de forma que no se hubiera realizado la una sin la otra […].
(39)
El considerando 20 del Reglamento de concentraciones explica al respecto que es preciso considerar como una sola concentración transacciones estrechamente conectadas por estar relacionadas mediante condición. […]
[…]
(41)
No obstante, varias transacciones, aun estando relacionadas entre sí mediante condición, solo pueden tratarse como una única concentración si, en última instancia, el control lo adquiere la misma empresa o empresas. […]
[…]
(44)
El principio según el cual varias transacciones pueden considerarse como una única concentración […] solo se aplica si el resultado es que el control de una o varias empresas es adquirido por las mismas personas o empresas.
[…]»
D. Reglamento de Procedimiento del Tribunal General
12
Los artículos 91 y 92 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General fijan, respectivamente, el objeto de las diligencias de prueba y el procedimiento relativo a estas.
13
Los artículos 93 a 95 de dicho Reglamento de Procedimiento establecen las modalidades procesales de la prueba testifical.
14
El artículo 96 del mencionado Reglamento de Procedimiento se refiere al dictamen pericial.
II. Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
15
Los antecedentes del litigio se expusieron en los apartados 2 a 18 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y en los apartados 2 a 16 de la sentencia T‑317/20. A efectos de la presente sentencia, pueden resumirse como sigue.
A. Contexto de la concentración
16
RWE AG es una sociedad alemana que intervenía, en el momento de la notificación de la operación de concentración prevista, en toda la cadena de suministro de energía, incluidos los ámbitos de la generación, el suministro al por mayor, el transporte, la distribución, el suministro al por menor de energía y los servicios energéticos a los consumidores (como la lectura de contadores, la movilidad eléctrica, etc.) (en lo sucesivo, «mercado de la electricidad»). RWE y sus filiales, incluida innogy SE, operan en varios Estados miembros.
17
E.ON SE es una sociedad alemana que, en el mismo momento, ejercía sus actividades en toda la cadena de suministro de electricidad, ya se trate de generación, suministro al por mayor, distribución o suministro al por menor de electricidad. E.ON posee y explota activos de generación de electricidad en varios Estados miembros.
18
Las recurrentes son empresas alemanas del sector público que producen electricidad tanto a partir de fuentes de energía convencionales (en lo sucesivo, «electricidad convencional») como a partir de fuentes de energía renovables y cuyos activos de generación se sitúan en Alemania.
19
La concentración controvertida en los presentes asuntos se inscribe en el marco de una permuta de activos compleja entre RWE y E.ON, anunciada el 11 y 12 de marzo de 2018 por las dos empresas interesadas (en lo sucesivo, «operación global»). Esta permuta adoptó la forma de una primera operación, que es la concentración de que se trata en los casos de autos, mediante la que RWE desea adquirir el control exclusivo o el control conjunto de determinados activos de generación de E.ON. Una segunda operación de concentración consiste en la adquisición por E.ON del control exclusivo de las actividades de distribución y de suministro al por menor, así como de determinados activos de generación, de innogy, sociedad controlada por RWE. Por último, una tercera operación de concentración prevé que RWE adquiera el 16,67 % de las participaciones de E.ON.
20
Mediante escritos remitidos los días 17 de abril, 24 de abril, 25 de abril, 16 de julio y 13 de noviembre de 2018, respectivamente, las recurrentes comunicaron a la Comisión su deseo de participar en el procedimiento relativo a las operaciones de concentración primera y segunda.
21
El 26 de junio de 2018 se celebró una reunión entre los representantes de las recurrentes en los asuntos C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P y C‑470/23/P y la Comisión, en la que estos expresaron a la Comisión las inquietudes de sus clientes en relación con las operaciones de concentración primera y segunda y su deseo de participar en los procedimientos correspondientes. El 28 de agosto de 2018 se celebraron reuniones individuales entre la Comisión y cada una de las cuatro recurrentes, en las que estas presentaron sus observaciones sobre dichas operaciones de concentración.
22
La segunda operación de concentración (en lo sucesivo, «operación M.8870») fue notificada a la Comisión el 31 de enero de 2019. Por lo que respecta a esta operación, la Comisión adoptó la Decisión C(2019) 6530 final, de 17 de septiembre de 2019, por la que una operación de concentración se declara compatible con el mercado interior y con el Acuerdo EEE (Asunto M.8870 — E.ON/innogy) (DO 2020, C 379, p. 16).
23
La tercera operación de concentración fue notificada al Bundeskartellamt (Oficina Federal de Defensa de la Competencia, Alemania), que la autorizó mediante resolución de 26 de febrero de 2019 (asunto B8‑28/19; en lo sucesivo, «operación B8‑28/19»).
B. Procedimiento administrativo
24
El 22 de enero de 2019, la Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración con arreglo al artículo 4 del Reglamento n.o 139/2004, mediante la cual RWE deseaba adquirir, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, el control exclusivo o el control conjunto de determinados activos de generación de E.ON.
25
El 31 de enero de 2019, la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la notificación previa de la antedicha concentración (Asunto M.8871 — RWE/E.ON Assets) (DO 2019, C 38, p. 22; en lo sucesivo, «operación M.8871»), de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 139/2004.
26
Los activos de generación de E.ON que RWE debe adquirir en el marco de la operación M.8871 incluyen, por una parte, las entidades y las participaciones en las siguientes entidades, que operan en el sector de la energía procedente de fuentes de energía renovables:
–
E.ON Climate & Renewables GmbH (Alemania);
–
Amrum Offshore West GmbH (Alemania);
–
E.ON Climate & Renewables UK Limited (Reino Unido);
–
E.ON Climate & Renewables North America LLC (Estados Unidos);
–
E.ON Wind Sweden AB (Suecia);
–
E.ON Climate & Renewables Italia Srl (Italia);
–
Arkona (Alemania), y
–
Delta Nordsee (Alemania).
27
Además, RWE adquirirá un 60,08 % de participaciones en Rampion NewCo (Reino Unido), que a su vez posee el 50 % de las participaciones en Rampion Offshore Wind Limited (Reino Unido), obteniendo así una participación indirecta del 30,1 % en Rampion Offshore Wind.
28
Los activos de generación de E.ON que forman parte de la operación M.8871 incluyen, por otra parte, participaciones y derechos de giro asociados en activos nucleares, a saber:
–
una participación minoritaria del 12,5 % en Kernkraftwerke Lippe‑Ems GmbH (Alemania);
–
una participación minoritaria del 25 % en Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH (Alemania), así como una cuota del 25 % del combustible y de los residuos nucleares y de los activos inmobiliarios vinculados a esta central nuclear.
29
En el marco de su examen de la operación M.8871, la Comisión realizó una investigación de mercado y, por tanto, remitió a determinadas empresas, entre ellas las recurrentes, un cuestionario al que estas respondieron el 30 de enero de 2019.
30
Mediante escritos de 31 de enero de 2019, las recurrentes reiteraron su deseo de participar en el procedimiento tramitado por la Comisión y, con este motivo, de ser oídas por la Comisión en el caso de que esta decidiera iniciar la fase de examen detallado, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 139/2004.
C. Decisión controvertida
31
El 26 de febrero de 2019, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, por la que la operación M.8871 fue declarada compatible con el mercado interior en la fase de examen prevista en el artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 139/2004 y en el artículo 57 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3).
III. Procedimientos ante el Tribunal General y sentencias recurridas
32
Mediante cinco escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal General el 27 de mayo de 2020, las recurrentes interpusieron sendos recursos de anulación contra la Decisión controvertida.
33
En sus recursos, las recurrentes invocaron, en términos sustancialmente idénticos, seis motivos de anulación basados, el primero, en una escisión errónea del análisis de la operación global, el segundo, en un incumplimiento de la obligación de motivación, el tercero, en una vulneración del derecho a ser oído, el cuarto, en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el quinto, en errores manifiestos de apreciación y, el sexto, en el incumplimiento de la obligación de diligencia.
34
Mediante las sentencias recurridas, el Tribunal General desestimó los recursos.
IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
35
Mediante cinco escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de julio de 2023, las recurrentes interpusieron los presentes recursos de casación.
36
Ese mismo día, estas recurrentes, que además habían interpuesto, a lo largo de 2021, cinco recursos de anulación contra la Decisión mencionada en el apartado 22 de la presente sentencia (asuntos T‑53/21, T‑55/21, T‑56/21, T‑61/21 y T‑62/21), aún pendientes ante el Tribunal General el 21 de julio de 2023, solicitaron la suspensión del examen de los presentes recursos de casación hasta que se dictaran las sentencias del Tribunal General en dichos asuntos.
37
Mediante decisión de 19 de septiembre de 2023, el Presidente del Tribunal de Justicia, tras oír a las partes sobre estas solicitudes de suspensión y sobre una eventual acumulación de los presentes recursos de casación, desestimó dichas solicitudes y ordenó la referida acumulación.
38
Mediante sus recursos de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia, en términos idénticos, cada una en lo que a ella respecta, que:
–
Anule las sentencias recurridas y la Decisión controvertida.
–
Con carácter subsidiario y, en cualquier caso, devuelva el asunto al Tribunal General.
–
Condene en costas a la Comisión, incluidos los honorarios de abogado y los gastos de desplazamiento en que se haya incurrido en el procedimiento ante el Tribunal General.
39
La Comisión y las demás partes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime los recursos de casación.
–
Condene en costas a las recurrentes.
V. Sobre los recursos de casación
40
En apoyo de sus recursos de casación, las recurrentes invocan, en términos idénticos, cuatro motivos, basados en una infracción del artículo 101 TFUE y en una vulneración de los derechos procesales de las recurrentes (primer motivo), en una aplicación errónea del artículo 3 del Reglamento n.o 139/2004 (segundo motivo), en una aplicación errónea del artículo 2 de dicho Reglamento (tercer motivo) y en una violación de los principios relativos al reparto de la carga de la prueba (cuarto motivo).
A. Primer motivo de casación, basado en una infracción del artículo 101 TFUE y en una vulneración de los derechos procesales de las recurrentes
1.
Sobre la admisibilidad
a)
Alegaciones de las partes
41
La Comisión sostiene que los recursos de casación no identifican los apartados de las sentencias recurridas que supuestamente adolecen de errores de Derecho, de modo que dichos recursos de casación no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
42
Conforme a reiterada jurisprudencia, del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, con el riesgo, en caso contrario, de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de casación de que se trate (sentencia de 4 de octubre de 2024, thyssenkrupp/Comisión, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, apartado 57 y jurisprudencia citada).
43
En particular, no cumple dichos requisitos y debe ser declarado inadmisible un motivo de casación cuya argumentación no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, concretamente porque los elementos esenciales sobre los que se base el motivo no se desprendan de modo suficientemente coherente y comprensible del texto del propio recurso de casación, que está formulado de modo oscuro y ambiguo al respecto. El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que debe desestimarse, por ser manifiestamente inadmisible, un recurso de casación que carezca de una estructura coherente, que se limite a realizar afirmaciones generales y que no incluya indicaciones precisas acerca de los apartados de la decisión recurrida que pudieran adolecer de un error de Derecho (sentencia de 4 de octubre de 2024, thyssenkrupp/Comisión, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, apartado 58 y jurisprudencia citada).
44
En los casos de autos, es preciso señalar que las recurrentes han identificado con precisión los apartados de las sentencias recurridas que pretenden criticar mediante su primer motivo de casación y han expuesto de manera precisa y específica los errores de Derecho en que supuestamente incurrió el Tribunal General en esos apartados.
45
De lo anterior se desprende que el primer motivo de casación es admisible.
2.
Sobre el fondo
a)
Primera parte del motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
46
Las recurrentes impugnan la exclusión por el Tribunal General, en los apartados 393 y 394 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 392 y 393 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, de la aplicabilidad del artículo 101 TFUE. A su entender, esta exclusión «en bloque» carece totalmente de una motivación precisa y es errónea. Señalan que, para empezar, la eficacia de la prohibición de las prácticas colusorias establecida en el artículo 101 TFUE no ha de verse comprometida por las prescripciones de carácter procedimental que figuran en el Reglamento n.o 139/2004, de modo que el Tribunal General no podía referirse a dicho Reglamento para excluir la aplicación de esta disposición. Además, a su juicio, de la sentencia de 7 de septiembre de 2017, Austria Asphalt (C‑248/16, en lo sucesivo, «sentencia Austria Asphalt, EU:C:2017:643), apartados 33 y 34, invocada por el Tribunal General, no se desprende que una concentración no pueda infringir materialmente el artículo 101 TFUE en virtud del Reglamento n.o 139/2004. En efecto, según las recurrentes, dicha sentencia se refiere, en realidad, a la distinción entre los requisitos de procedimiento establecidos, por una parte, por dicho Reglamento y, por otra parte, por el Reglamento n.o 1/2003. De este modo, en su opinión, el Derecho primario se aplica a las operaciones de concentración cuando las partes de la operación acuerdan —como en los presentes asuntos— restringir el juego de la competencia, lo que se desprende tanto de los antecedentes del Reglamento n.o 139/2004 como de su tenor literal y de la jurisprudencia.
47
Las recurrentes afirman que, también según la jurisprudencia, la aplicación del Reglamento n.o 139/2004 no excluye la del Derecho primario material. Señalan que, en la sentencia de 16 de marzo de 2023, Towercast (C‑449/21 P, EU:C:2023:207), apartados 33 y siguientes, el Tribunal de Justicia consideró que si bien el artículo 21 del Reglamento n.o 139/2004 excluye la aplicabilidad del Reglamento n.o 1/2003 a las concentraciones definidas en el artículo 3 del Reglamento n.o 139/2004, este efecto de bloqueo solo afecta, por su propio tenor literal, a los actos de Derecho derivado. En definitiva, a su entender, estos principios son necesarios para evitar divergencias de apreciación en materia de control de las concentraciones.
48
La Comisión, RWE y E.ON rebaten las alegaciones de las recurrentes.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
49
Por lo que respecta a la imputación que formulan las recurrentes en relación con la motivación de la sentencia del Tribunal General, procede señalar de entrada que, según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados, así como el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe apreciarse en relación no solo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia de 29 de julio de 2024, Ryanair y Laudamotion/Comisión, C‑591/21 P, EU:C:2024:635, apartado 166 y jurisprudencia citada).
50
En los casos de autos, el Tribunal General, tras haber expuesto, en el apartado 392 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 391 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, que las recurrentes sostienen que, mediante la operación global, RWE y E.ON se repartieron las etapas de la cadena de valor en el mercado de la electricidad en Alemania, lo que constituiría una restricción de la competencia contraria al artículo 101 TFUE, señaló, en el apartado 393 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en el apartado 392 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, que del artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.o 139/2004 se desprende que este Reglamento es el único aplicable a las concentraciones definidas en su artículo 3, a las que el Reglamento n.o 1/2003 no es, en principio, aplicable. El Tribunal General, refiriéndose a la sentencia Austria Asphalt, añadió que, en cambio, este último Reglamento sigue siendo aplicable a los comportamientos de empresas que, sin constituir una operación de concentración a efectos del Reglamento n.o 139/2004, puedan sin embargo dar lugar a una coordinación entre ellas contraria al artículo 101 TFUE y que, por ese motivo, están sometidos al control de la Comisión o de las autoridades nacionales de competencia.
51
En el apartado 394 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en el apartado 393 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General añadió que no se discutía el hecho de que el objeto de la Decisión controvertida se refería a una operación de concentración. También concluyó, en ese apartado, que, habida cuenta de la apreciación que realizó en el apartado 393 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 392 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, la alegación de las recurrentes basada en una infracción del artículo 101 TFUE era inoperante.
52
De este modo, contrariamente a lo que alegan las recurrentes, el Tribunal General cumplió la obligación de motivación que le incumbe en virtud del artículo 296 TFUE. A este respecto, como se desprende del recurso de casación de las recurrentes, estas pudieron formular objeciones en cuanto al fondo contra las apreciaciones contenidas en esos apartados de las sentencias recurridas, y las apreciaciones del Tribunal de Justicia que figuran en los apartados 54 a 58 de la presente sentencia demuestran que el Tribunal de Justicia ha podido ejercer su control sobre la apreciación del Tribunal General.
53
Por lo que respecta a las críticas de fondo de las recurrentes en relación con esta apreciación del Tribunal General, es preciso señalar que proceden de una interpretación errónea de las sentencias recurridas.
54
En el apartado 394 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 393 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General no excluyó la aplicabilidad del artículo 101 TFUE a los acuerdos celebrados entre RWE y E.ON a efectos de la operación M.8871.
55
En esos apartados, el Tribunal General declaró, en esencia, que, dado que el objeto de la Decisión controvertida era el examen de una operación de concentración notificada a la Comisión, el respeto del artículo 101 TFUE debía y había sido, acertadamente, controlado por la Comisión a través del Reglamento n.o 139/2004, cuyo objeto es el control preventivo de las operaciones de concentración a la luz de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia Austria Asphalt, apartados 30 y 31), y no a través del Reglamento n.o 1/2003, cuyo objeto es el control de los acuerdos, decisiones, prácticas concertadas y situaciones de posición dominante contemplados en las mismas disposiciones del Tratado.
56
Pues bien, al actuar de este modo, el Tribunal General no infringió la normativa aplicable y se refirió, acertadamente, en el apartado 393 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 392 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20 a la jurisprudencia relativa a dicha normativa que figura en los apartados 32 y 33 de la sentencia Austria Asphalt.
57
Esta apreciación del Tribunal General tampoco queda desvirtuada por la sentencia de 16 de marzo de 2023, Towercast (C‑449/21 P, EU:C:2023:207), citada por las recurrentes. En ese asunto, la operación de concentración de que se trataba, que no superaba los umbrales definidos en el artículo 1 del Reglamento n.o 139/2004, no había sido notificada, de modo que, a diferencia de lo que ocurre con la operación de concentración controvertida en los presentes asuntos, no se había aplicado el Reglamento n.o 139/2004 y no podía aplicarse el efecto de bloqueo previsto en su artículo 21, apartado 1.
58
En la medida en que las recurrentes sostienen que RWE y E.ON se pusieron de acuerdo para restringir la competencia, mediante una operación compleja que habría consagrado un «alto el fuego» entre «antiguos competidores acérrimos», y en que la Comisión y el Tribunal General no podían hacer abstracción de estas circunstancias, procede señalar que si bien tales circunstancias habrían podido o podrían, en su caso, ser objeto, a raíz de una denuncia, de una investigación de la Comisión con arreglo al Reglamento n.o 1/2003, no podían estar comprendidas en el examen estructural de la operación de concentración llevado a cabo por la Comisión en la Decisión controvertida con arreglo al Reglamento n.o 139/2004 y, en consecuencia, en el control por el Tribunal General de la legalidad de dicha Decisión.
59
De las consideraciones anteriores se desprende que la primera parte del primer motivo de casación es infundada.
b)
Segunda parte del motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
60
Las recurrentes señalan que el Tribunal General, debido a su posición sobre el artículo 101 TFUE, no comprobó si los elementos de prueba que presentaron caracterizaban una restricción de la competencia prohibida por dicho artículo. Pues bien, a su entender, de los autos se desprende que RWE y E.ON acordaron repartirse el mercado de la electricidad. Según las recurrentes, el Tribunal General habría podido y debido calificar este reparto del mercado de prohibido en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 1. Además, a su juicio, no se discute que la Comisión no llevó a cabo ningún control de la operación M.8871 a la luz del artículo 101 TFUE y que las partes en dicha operación tampoco aportaron la más mínima justificación de que tal operación produjera efectos favorables, con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3.
61
La Comisión, RWE y E.ON rebaten las alegaciones de las recurrentes.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
62
Mediante la presente parte del motivo de casación, las recurrentes reprochan, en esencia, al Tribunal General no haber comprobado si los elementos de pruebas que aportaron durante los procedimientos en primera instancia indicaban la existencia de una práctica colusoria contraria al artículo 101 TFUE.
63
Del examen de la primera parte del presente motivo de casación se desprende que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión había examinado, acertadamente, la concentración controvertida en el marco del control preventivo previsto en el Reglamento n.o 139/2004 y, posteriormente, que cualquier elemento relativo a la existencia de una práctica colusoria contraria a la competencia en el sentido del artículo 101 TFUE habría podido o podría ser objeto, en su caso, de una denuncia en el marco del Reglamento n.o 1/2003.
64
Pues bien, no corresponde al Tribunal General realizar apreciaciones que no guarden relación con el control de la legalidad de la decisión objeto del recurso de anulación interpuesto ante él.
65
En estas circunstancias, procede desestimar por inoperante la segunda parte del primer motivo de casación.
c)
Tercera parte del motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
66
Las recurrentes alegan, en esencia, que el Tribunal General vulneró su derecho a ser oídas en la medida en que, por una parte, al considerar inoperante la alegación basada en una infracción del artículo 101 TFUE, todos los hechos expuestos por ellas para demostrar la infracción de dicha disposición fueron ignorados por motivos puramente formales. Por otra parte, a su entender, la desestimación por el Tribunal General, en los apartados 406 a 411 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 405 a 410 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, de la solicitud de comparecencia personal o de audiencia de testigos formulada por las recurrentes vulnera el derecho de estas a ser oídas.
67
La Comisión, RWE y E.ON rebaten las alegaciones de las recurrentes.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
68
Mediante la presente parte del motivo de casación, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber vulnerado su derecho a ser oídas al ignorar los hechos que expusieron y al no organizar la comparecencia en la vista o la audiencia de determinados testigos en relación con un comportamiento de RWE y E.ON que pudiera ser contrario al artículo 101 TFUE.
69
Según reiterada jurisprudencia, el principio de tutela judicial efectiva es un principio general del Derecho de la Unión que encuentra hoy su expresión en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (sentencia de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, apartado 40 y jurisprudencia citada). Este principio comprende el derecho a ser oído (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2024, Energotehnica, C‑792/22, EU:C:2024:788, apartado 54).
70
El derecho a ser oído conlleva que el interesado pueda manifestar adecuadamente su punto de vista en relación con los elementos sobre los que la autoridad competente pretende basar la decisión que le afecte. Por otra parte, el respeto del derecho a ser oído en el curso de un proceso jurisdiccional no implica que el juez deba acoger íntegramente en su decisión todas las alegaciones de cada una de las partes, sino que, tras haber escuchado las alegaciones de las partes, y una vez apreciados los elementos probatorios, se ha de pronunciar sobre las pretensiones de la demanda, motivando su decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2023, Global Silicones Council y otros/ECHA, C‑559/21 P, EU:C:2023:842, apartado 76 y jurisprudencia citada).
71
En cambio, este derecho no engloba la obligación del Tribunal General de acordar diligencias de prueba. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en lo que atañe a la apreciación por el juez de primera instancia, de solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba presentadas por una parte en un litigio, solo el Tribunal General puede decidir, cuando proceda, sobre la necesidad de completar la información de que dispone en los asuntos de que conoce. Por lo tanto, corresponde únicamente al Tribunal General apreciar la pertinencia de una solicitud de diligencia de ordenación del procedimiento en relación con el objeto del litigio y con la necesidad de llevarla a cabo (sentencia de 12 de noviembre de 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P, EU:C:2020:918, apartado 53 y jurisprudencia citada).
72
De ello se deduce que, durante el control efectuado por el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, es preciso comprobar si las partes pudieron efectivamente presentar, durante la fase escrita del procedimiento, sus alegaciones y los fundamentos en los que se basaban, y también, en su caso, durante la fase oral, los detalles de sus alegaciones y sus respuestas a las alegaciones de las demás partes del procedimiento. Sin embargo, el Tribunal General no está obligado a reproducir, en su resolución dictada en primera instancia, todas las alegaciones escritas u orales de las partes y tampoco está obligado a pronunciarse respecto de cada una de ellas (sentencia de 14 de marzo de 2013, Viega/Comisión, C‑276/11 P, EU:C:2013:163, apartados 35 y 36).
73
En los presentes asuntos, por una parte, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que las recurrentes tuvieron la oportunidad de exponer, durante el procedimiento ante el Tribunal General, todas sus alegaciones relativas a la existencia de una práctica colusoria entre RWE y E.ON, que sería contraria al artículo 101 TFUE. A este respecto, la circunstancia de que una imputación se considere inoperante no implica en absoluto que las recurrentes no fueran oídas.
74
Por otra parte, el Tribunal General no estaba obligado a incorporar estas alegaciones a su razonamiento ni a acceder a la solicitud de comparecencia personal o de audiencia de testigos, suponiendo que esta hubiera sido admisible ratione temporis, ya que tales alegaciones y esa solicitud se referían a una imputación, a saber, la basada en la existencia de un práctica colusoria contraria al artículo 101 TFUE, que el Tribunal General consideró acertadamente inoperante en los apartados 392 a 394 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 391 a 393 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20.
75
La tercera parte del primer motivo de casación debe, por tanto, desestimarse.
76
En estas circunstancias, se desestima el primer motivo de casación.
B. Segundo motivo de casación, basado en la aplicación errónea del artículo 3 del Reglamento n.o 139/2004
77
Mediante este motivo de casación, las recurrentes sostienen que las operaciones M.8871, M.8870 y B8‑28/19 forman parte integrante de una sola concentración y que, por tanto, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General, deberían haber sido examinadas en el marco de un procedimiento único de control de las concentraciones previsto por el Reglamento n.o 139/2004.
1.
Primera parte del motivo de casación
a)
Alegaciones de las partes
78
Las recurrentes sostienen, en primer lugar, que el Tribunal General se abstuvo erróneamente de pronunciarse sobre su propia competencia para conocer de la operación B8‑28/19 y se basó erróneamente en la premisa de que la Comisión no estaba obligada a incluir formalmente la adquisición por RWE de una participación del 16,67 % en E.ON en el procedimiento relativo a la operación M.8871 (apartados 61 a 72 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y apartados 60 a 71 de la sentencia T‑317/20), para concluir que, si las recurrentes consideraban que la operación B8‑28/19 podía tener una dimensión comunitaria, les correspondía a ellas presentar una denuncia ante la Comisión para pedirle que conociera de la misma.
79
En efecto, según las recurrentes, ni la sentencia de 25 de septiembre de 2003, Schlüsselverlag J. S. Moser y otros/Comisión (C‑170/02 P, EU:C:2003:501), apartados 27 a 30, citada en el apartado 68 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20, así como en el apartado 67 de la sentencia T‑317/20, ni ningún otro motivo les obliga a presentar denuncias separadas y, en su caso, a interponer recursos distintos. A su entender, es el deber de la Comisión comprobar la existencia y el alcance de una concentración.
80
En segundo lugar, las recurrentes señalan que al invocar la falta de pruebas de una toma de control (apartado 70 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y apartado 69 de la sentencia T‑317/20), el Tribunal General desnaturalizó los hechos. En efecto, las recurrentes afirman que proporcionaron explicaciones completas sobre la influencia y el control ejercidos por RWE dentro de E.ON. Además, indican que el Investor Relationship Agreement (acuerdo de relaciones entre inversores; en lo sucesivo, «IRA»), que el Tribunal General opone a estas alegaciones, nunca les fue comunicado. Por último, señalan que el IRA no impide a RWE apartarse de dicho acuerdo en el ejercicio de sus derechos de voto. En cualquier caso, a su entender, ese acuerdo sería nulo, ya que infringe el artículo 134, apartado 1, segunda frase, de la Aktiengesetz (Ley alemana de Sociedades Anónimas), lo que afirman que se explicó detalladamente en la vista, pero no se menciona en las sentencias recurridas.
81
En tercer lugar, y con independencia de lo anterior, indican que incumbía a la Comisión y al Tribunal General examinar la adquisición por RWE de una participación del 16,67 % en E.ON aun cuando tal adquisición, considerada aisladamente, no constituyera una concentración en el sentido del Reglamento n.o 139/2004, ya que, en virtud del considerando 21 de dicho Reglamento, la Comisión podría examinar los acuerdos vinculados a la realización de la concentración.
82
La Comisión, RWE y E.ON rebaten las alegaciones de las recurrentes.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
83
Mediante la presente parte del motivo de casación, que se refiere a los apartados 61 a 72 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y a los apartados 60 a 71 de la sentencia T‑317/20, las recurrentes reprochan, en esencia, al Tribunal General no haber declarado que la Comisión debería haberse pronunciado, en la Decisión controvertida, sobre su competencia y, en consecuencia, haber incluido formalmente la adquisición por RWE de una participación minoritaria en el capital de E.ON, es decir, la operación B8‑28/19, en el procedimiento relativo a la operación M.8871. También reprochan al Tribunal General haber desnaturalizado determinados elementos de hecho de los autos.
84
En el apartado 61 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y en el apartado 60 de la sentencia T‑317/20, el Tribunal General señaló que la Comisión había recordado en la Decisión controvertida su obligación, en su apreciación de los efectos en la competencia de cualquier adquisición de control, de tener en cuenta también las participaciones minoritarias que posea el adquirente en eventuales sociedades vinculadas, y que, por tanto, la Comisión había verificado si la adquisición de la participación de RWE en E.ON, objeto de la operación B8‑28/19, podía reducir el interés de esas partes en competir entre sí o darles la capacidad y el incentivo para excluir a los competidores.
85
En los apartados 62 y 63 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y en los apartados 61 y 62 de la sentencia T‑317/20, el Tribunal General concluyó que la Comisión había tenido en cuenta la participación adquirida por RWE en E.ON en el marco de la apreciación de los efectos de la operación M.8871, pero no había examinado la compatibilidad de la operación B8‑28/19 con el mercado interior con arreglo al Reglamento n.o 139/2004, observando que fue la autoridad competente alemana la que examinó la compatibilidad de esa concentración con arreglo al Derecho alemán.
86
En los apartados 64 a 66 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y en los apartados 63 a 65 de la sentencia T‑317/20, en respuesta a las alegaciones de las demandantes según las cuales la Comisión debería haber examinado la concentración B8‑28/19, ya que la participación minoritaria adquirida por RWE en E.ON permitía a RWE ejercer una influencia decisiva sobre E.ON, el Tribunal General recordó la definición del concepto de «concentración», en el sentido del artículo 3 del Reglamento n.o 139/2004, y señaló que las recurrentes consideraban que la operación B8‑28/19 constituía una concentración en tal sentido y reprochaban, por tanto, a la Comisión no haberla examinado.
87
En el apartado 67 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y en el apartado 66 de la sentencia T‑317/20, el Tribunal General expuso que el objeto del recurso interpuesto ante él se refería formalmente a la Decisión controvertida por la que la operación M.8871 se declaró compatible con el mercado interior y que, aunque dicha Decisión contenía elementos sobre la participación adquirida por RWE en E.ON que podían hacer comprender las razones por las que la Comisión no consideró que la operación B8‑28/19 fuera una concentración, en el sentido del artículo 3 del Reglamento n.o 139/2004, dicha Decisión no se pronunciaba explícitamente sobre esta cuestión ni, por extensión, sobre la competencia de la Comisión para determinar la compatibilidad de dicha concentración con el mercado interior. Por consiguiente, según el Tribunal General, las recurrentes no podían invocar un motivo basado en la escisión errónea de la operación global para solicitarle que resolviera una cuestión de competencia que no había sido abordada por la Comisión en la Decisión efectivamente impugnada ante él.
88
El Tribunal General subrayó, asimismo, que si las recurrentes consideraban que la operación B8‑28/19 podía tener una dimensión comunitaria, deberían haber presentado una denuncia ante la Comisión, en cuyo caso esta última habría estado obligada a pronunciarse sobre el principio mismo de su competencia como autoridad de control (apartado 68 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20, así como apartado 67 de la sentencia T‑317/20).
89
El Tribunal observó que, en cualquier caso, la adquisición de una participación minoritaria solo puede dar lugar a una adquisición de control si dicha participación conlleva derechos específicos, que confieren un control exclusivo de iure, o si el accionista minoritario obtiene, debido a circunstancias particulares, un control exclusivo de facto (apartado 69 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y apartado 68 de la sentencia T‑317/20). Pues bien, por una parte, las recurrentes no habían alegado que la participación adquirida por RWE conllevase tales derechos (apartado 70 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y apartado 69 de la sentencia T‑317/20) y, por otra parte, RWE no podía, habida cuenta del IRA, obtener la mayoría en las juntas generales de E.ON, ni siquiera en presencia de un número reducido de accionistas. El Tribunal General observó, además, que las recurrentes no habían aportado ningún indicio que respaldara la verosimilitud de cualquier tipo de coordinación entre [confidencial] (
1
) y RWE en las juntas generales de E.ON que pudiera conferir a RWE una mayoría estable en dichas asambleas. Por tanto, según el Tribunal General, no podía considerarse que RWE hubiera adquirido el control exclusivo de facto se E.ON (apartado 71 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y apartado 70 de la sentencia T‑317/20), y las recurrentes no podían sostener fundadamente que la operación B8‑28/19 constituyese una concentración, en el sentido del artículo 3 del Reglamento n.o 139/2004 (apartado 72 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y apartado 71 de la sentencia T‑317/20).
90
En primer lugar, por lo que respecta a la imputación de que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no declarar que la Comisión debería haberse pronunciado, en la Decisión controvertida, sobre su competencia para controlar la operación B8‑28/19, procede recordar que el sistema de control de las concentraciones establecido por el Reglamento n.o 139/2004 implica la obligación de los operadores económicos de notificar a la Comisión sus operaciones de concentración, así como la prohibición de llevar a cabo dichas operaciones antes de que la Comisión haya constatado que son compatibles con el mercado común. En este contexto, la Comisión procederá al examen de la notificación tan pronto como la reciba, con vistas a adoptar una decisión según la cual la concentración notificada no entra en el ámbito de ese Reglamento o no plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común o sí las plantea (artículo 6, apartado 1, del referido Reglamento), con la consecuencia, en este último caso, de la incoación de un procedimiento de investigación formal que dé lugar a una decisión de compatibilidad (artículo 8, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento) o de incompatibilidad de la concentración notificada (artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 139/2004), o incluso, en el caso de una concentración ya ejecutada e incompatible o que incumpla un requisito, a una decisión que exija la disolución de dicha concentración (artículo 8, apartado 4, del mencionado Reglamento).
91
De las disposiciones recordadas en el apartado anterior se desprende que la Comisión no puede examinar, para declararla eventualmente compatible con el mercado común, una operación de concentración que no le haya sido notificada en incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 4 de dicho Reglamento. Sin embargo, cuando se presenta una denuncia ante la Comisión alegando que tales hechos constituyen una concentración de dimensión comunitaria contemplada por el Reglamento n.o 139/2004, la Comisión está obligada a pronunciarse sobre su competencia de control respecto de esos hechos, para, en su caso, determinar si constituyen una concentración de ese tipo, ilegal por no haber sido notificada, y si, en tal caso, procede imponer multas con arreglo al artículo 14, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 139/2004.
92
En los casos de autos, el Tribunal General constató que la operación B8‑28/19, sometida al control de la Oficina Federal de Defensa de la Competencia, no había sido notificada a la Comisión. Por tanto, si bien la Comisión tomó debidamente en consideración la adquisición por RWE de una participación minoritaria en E.ON para apreciar las interacciones competitivas que podían derivarse de ella entre las partes de la operación M.8871, que le había sido notificada, no tenía por qué, a falta de denuncia, determinar de oficio su propia competencia respecto de la operación B8‑28/19.
93
De ello se deduce que, sin que sea necesario examinar la interpretación que hizo el Tribunal General de la sentencia de 25 de septiembre de 2003, Schlüsselverlag J. S. Moser y otros/Comisión (C‑170/02 P, EU:C:2003:501), apartados 27 a 30, este no incurrió en error de Derecho al desestimar la alegación de las recurrentes según la cual la Comisión debería haberse pronunciado, en la Decisión controvertida, sobre la operación B8‑28/19.
94
Además, procede señalar que, contrariamente a lo que sugieren las recurrentes en sus recursos de casación, el Tribunal General mencionó y verificó las apreciaciones realizadas por la Comisión en relación con la adquisición por RWE de una participación minoritaria en E.ON (véanse los apartados 61 a 71 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20, así como los apartados 60 a 70 de la sentencia T‑317/20; véanse, asimismo, los apartados 269, 308 y 364, últimas frases, y 370 y siguientes de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como los apartados 268, 307 y 363, últimas frases, y 369 y siguientes de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20).
95
En segundo lugar, por lo que respecta a la imputación basada en una desnaturalización de los hechos por parte del Tribunal General, en la medida en que, contrariamente a lo afirmado por este órgano jurisdiccional que figura en los apartados 70 y 71 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20, así como en los apartados 69 y 70 de la sentencia T‑317/20, primero, las recurrentes habían dado efectivamente explicaciones en apoyo de sus alegaciones relativas a la influencia y al control ejercido por RWE en el seno de E.O, segundo, el IRA nunca les fue comunicado y, por último, este acuerdo no impedía a RWE apartarse del mismo en el ejercicio de su derecho de voto, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las alegaciones dirigidas contra los fundamentos jurídicos expuestos a mayor abundamiento en una resolución del Tribunal General no pueden dar lugar a la anulación de dicha resolución y son, por tanto, inoperantes (sentencia de 28 de octubre de 2021, Vialto Consulting/Comisión, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, apartado 86).
96
Pues bien, la motivación expuesta por el Tribunal General en los apartados 65 a 68 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y en los apartados 64 a 67 de la sentencia T‑317/20, respectivamente, bastan para justificar que el Tribunal General desestimara, en dichas sentencias, la primera parte del primer motivo mediante la que las recurrentes reprochaban a la Comisión no haber controlado la operación B8‑28/19. El hecho de que tanto el apartado 69 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 como el apartado 68 de la sentencia T‑317/20 comiencen por «En cualquier caso» confirma esta apreciación.
97
Dado que, en la fase de los recursos de casación, las recurrentes no han logrado demostrar, con ocasión de la imputación que han formulado en apoyo de la presente parte del segundo motivo de casación, que esos apartados de las sentencias recurridas adolezcan de un error de Derecho, procede desestimar la presente imputación.
98
En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación de las recurrentes de que incumbía a la Comisión y al Tribunal General examinar la adquisición por RWE de una participación del 16,67 % en E.ON, aun cuando esta, considerada aisladamente, no constituyera una concentración en el sentido del Reglamento n.o 139/2004, ya se ha señalado, en el apartado 94 de la presente sentencia, que la Comisión evaluó esa adquisición de participación minoritaria, extremo que el Tribunal General mencionó y verificó debidamente en las sentencias recurridas.
99
En estas circunstancias, debe desestimarse por infundada la primera parte del segundo motivo de casación.
2.
Segunda parte del motivo de casación
a)
Alegaciones de las partes
100
Las recurrentes señalan que, en los apartados 74 a 119 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20, así como en los apartados 73 a 118 de la sentencia T‑317/20, el Tribunal General desestimó sus alegaciones según las cuales las operaciones M.8871, M.8870 y B8‑28/19 constituyen una sola concentración. A su entender, esta interpretación por el Tribunal General del concepto de «concentración», en el sentido del Reglamento n.o 139/2004, no tiene en cuenta los objetivos del Tratado FUE ni la importancia del considerando 20 del mencionado Reglamento, ni tampoco los términos de la Comunicación consolidada sobre competencia. Afirman que aunque dicho considerando no se reproduzca en el cuerpo del citado Reglamento, el legislador de la Unión confirma en él que adopta una concepción amplia del concepto de «concentración», sin excluir que operaciones de permuta estrechamente vinculadas puedan constituir también una sola concentración. Por otra parte, señalan que el tenor igualmente amplio del artículo 3 del Reglamento n.o 139/2004 permite considerar como una sola concentración varias operaciones mediante las cuales diferentes empresas adquieren el control de «otras» empresas diferentes, lo que, en definitiva, a su juicio, no se ve cuestionado por el artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.o 139/2004. En opinión de las recurrentes, esto fue confirmado por el Tribunal General en su sentencia de 23 de febrero de 2009, Cementbouw Handel & Industrie/Comisión (T‑282/02, EU:T:2006:64), apartados 111 y siguientes.
101
Las recurrentes afirman que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en los apartados 84 y 85 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20, así como en los apartados 83 y 84 de la sentencia T‑317/20, el examen conjunto de las operaciones de permuta no fue descartado por una elección deliberada del legislador ni este último decidió que solo fuera decisiva la Comunicación consolidada sobre competencia. Pues bien, según las recurrentes, en el Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CEE) n.o 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas [COM(2001) 745 final] (en lo sucesivo, «Libro Verde»), la Comisión abogó por que las operaciones de permuta se consideren una sola operación de concentración. No obstante, a su entender, durante el procedimiento legislativo, el debate sobre la revisión prevista condujo a que se garantizara la aplicación del concepto de concentración en caso de adquisiciones múltiples mediante el considerando 20.
102
Por lo demás, a su juicio, la Comunicación consolidada sobre competencia no es más que una medida administrativa interna que no vincula al Tribunal General. Las recurrentes señalan que, en sus conclusiones presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia Austria Asphalt (C‑248/16, EU:C:2017:322), la Abogada General Kokott también precisó que esta Comunicación no formaba parte del marco jurídico pertinente. Por consiguiente, a su entender, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al basar su apreciación de las operaciones de permuta en los apartados 41 y 44 de dicha Comunicación para negarse a considerar que las operaciones M.8871, M.8870 y B8‑28/19 constituían una sola concentración.
103
La Comisión, RWE y E.ON, así como el Gobierno alemán, rebaten las alegaciones de las recurrentes.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
104
Mediante la segunda parte del segundo motivo de casación, que se refiere, en esencia, al razonamiento del Tribunal General que figura en los apartados 74 a 86 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y en los apartados 73 a 85 de la sentencia T‑317/20, las recurrentes reprochan al Tribunal General su interpretación del concepto de «una sola concentración». En su opinión, una sola concentración puede reunir varias transacciones mediante las cuales diferentes empresas adquieren el control de otras empresas diferentes. A su entender, la interpretación que hace el Tribunal General del concepto de «concentración», en el sentido del Reglamento n.o 139/2004, no tiene en cuenta los objetivos del Tratado FUE ni la importancia del considerando 20 del mencionado Reglamento, ni tampoco los términos de la Comunicación consolidada sobre competencia.
105
En los apartados 74 a 77 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y en los apartados 73 a 76 de la sentencia T‑317/20, el Tribunal General, tras señalar que el concepto de «una sola concentración» figura únicamente en el considerando 20 del Reglamento n.o 139/2004, por una parte, observó que dicho considerando no contiene una definición exhaustiva de los requisitos exigidos para que dos transacciones o más constituyan una sola concentración y, por otra parte, recordó que un considerando de reglamento, si bien puede aclarar la interpretación que ha de darse a una norma jurídica, no constituye, en sí mismo, tal norma ni puede dar lugar a una definición no conforme con las disposiciones del reglamento en cuya exposición de motivos se integra.
106
En el apartado 78 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y en el apartado 77 de la sentencia T‑317/20, el Tribunal General dedujo de ello que el concepto de «una sola concentración» debía interpretarse de una manera coherente con el concepto de «concentración», definido en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 139/2004, sin ampliar el ámbito de aplicación de esta disposición.
107
En los apartados 79 y 80 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20, así como en los apartados 78 y 79 de la sentencia T‑317/20, el Tribunal General dedujo del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 139/2004 que, para considerar que dos o más transacciones constituyen una sola concentración única en el sentido de dicho Reglamento, es preciso, en particular, que, además de la interdependencia de estas transacciones en el sentido de que no se realizarían las unas sin las otras, el resultado de dichas transacciones consista en conferir a una o varias empresas el control económico de la actividad de una o varias otras empresas.
108
En los apartados 81 a 86 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y en los apartados 80 a 85 de la sentencia T‑317/20, el Tribunal General respondió a la alegación de las recurrentes según la cual el considerando 20 del Reglamento n.o 139/2004 concretó la intención de la Comisión, manifestada en el Libro Verde, de considerar de manera muy general las permutas de activos como una sola concentración para garantizar una apreciación coherente de la transacción en su conjunto, observando que esta intención no había sido seguida por el legislador de la Unión en el Reglamento n.o 139/2004 y concluyendo que, habida cuenta de los requisitos mencionados en el apartado 80 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20, así como en el apartado 79 de la sentencia T‑317/20, el concepto de «una sola concentración» no resulta aplicable cuando empresas independientes adquieren el control de objetivos diferentes, como sucede en el caso de una permuta de activos.
109
Contrariamente a lo que alegan las recurrentes, estas apreciaciones del Tribunal General no ignoran ni los objetivos del Tratado FUE ni la importancia del considerando 20 del Reglamento n.o 139/2004 ni los términos de la Comunicación consolidada sobre competencia.
110
Para empezar, el Tribunal General declaró acertadamente que el considerando 20 del Reglamento n.o 139/2004 no era vinculante y no podía dar lugar a una definición del concepto de «una sola concentración» que no fuera conforme con el artículo 3 de dicho Reglamento.
111
A continuación, el Tribunal General señaló también acertadamente, en esencia, que del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 139/2004 se desprende que dos o más transacciones solo pueden constituir una sola concentración a efectos del control de las concentraciones si, además de su necesaria interdependencia, conducen a conferir el control exclusivo a una empresa, o el control conjunto a dos o más empresas, sobre una o varias otras empresas.
112
El Tribunal General tampoco incurrió en error al declarar que el Libro Verde tenía como objetivo iniciar un proceso de consulta, no había creado una obligación a cargo de la Comisión y, por último, no había sido concretado por el legislador de la Unión en el Reglamento n.o 139/2004, en lo que respecta a las propuestas de dicho Libro Verde relativas a las operaciones de permuta de activos.
113
Por lo que atañe a la referencia que hacen las recurrentes al artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.o 139/2004, procede observar que esta disposición no hace sino determinar el momento a partir del cual varias operaciones de adquisición deben considerarse una sola concentración a efectos del cálculo del volumen de negocios. En cambio, la referida disposición no define el concepto de «concentración» en sí.
114
Por último, por lo que respecta a la Comunicación consolidada sobre competencia, procede señalar que, contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, el Tribunal General no declaró, en los apartados 84 y 85 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 ni en los apartados 83 y 84 de la sentencia T‑317/20, que solo esta Comunicación fuera decisiva a efectos de la definición del concepto de «una sola concentración». En efecto, indicó que, dado que las propuestas del Libro Verde relativas a las operaciones de permuta de activos no habían sido incorporadas por el legislador de la Unión en la versión final del Reglamento n.o 139/2004, tales propuestas no eran pertinentes en los casos de autos, de modo que solo este Reglamento y la antedicha Comunicación eran pertinentes a este respecto. Por otra parte, el mero hecho de que la Comunicación consolidada sobre competencia carezca de valor vinculante no puede, en sí mismo, tener como consecuencia que la toma en consideración de esta por el Tribunal General equivalga a viciar las sentencias recurridas por un error de Derecho, máxime cuando las recurrentes no demuestran que la interpretación adoptada por la Comisión en dicha Comunicación no pueda basarse en el Reglamento n.o 139/2004.
115
De las consideraciones anteriores se desprende que el Tribunal General concluyó acertadamente, en el apartado 86 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20 y T‑319/20 y en el apartado 85 de la sentencia T‑317/20, que el concepto de «una sola concentración» no resulta aplicable cuando empresas independientes adquieren el control de objetivos diferentes, como sucede, al igual que en los presentes asuntos, en el caso de una permuta de activos.
116
Por tanto, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo de casación.
117
De ello se deriva que se desestima el segundo motivo de los recursos de casación.
C. Tercer motivo de casación, basado en la aplicación errónea del artículo 2 del Reglamento n.o 139/2004
1.
Primera parte del motivo de casación
a)
Alegaciones de las partes
118
Las recurrentes alegan que los apartados 205 a 228 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y los apartados 204 a 227 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20 adolecen de un error de Derecho en la medida en que confirman el error manifiesto de apreciación del mercado de que se trata cometido por la Comisión.
119
Las recurrentes señalan que, en los apartados 220 y 221 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 219 y 220 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General consideró que «con independencia de las definiciones de[l] mercado […] finalmente elegidas, la concentración no planteaba problemas de competencia» y que las recurrentes no invocaron «ninguna alegación específica» ni «explica[ron] concretamente por qué la Comisión debería haber adoptado una definición diferente de los […] mercados». A su juicio, esta presentación desnaturaliza los hechos y hace caso omiso de los requisitos probatorios que pueden imponerse a las recurrentes. En efecto, según las recurrentes, en sus escritos de demanda y en un estudio elaborado a petición de suya por una empresa de asesoría económica y transmitido a la Comisión (en lo sucesivo, «estudio Oxera»), expusieron con precisión su propia definición del mercado y las conclusiones que extrajeron de ella para reprochar a la Comisión una investigación insuficiente y/o un error manifiesto de apreciación en la medida en que dejó abierta la delimitación del mercado. Por tanto, a su entender, el Tribunal General dispuso de todas las pruebas para poder pronunciarse.
120
Las recurrentes afirman que el Tribunal General y la Comisión no podían ignorar la definición del mercado. A su entender, la Decisión controvertida no indica por qué razón la Comisión consideró que, a pesar de los elementos de prueba antes mencionados, el creciente poder de mercado de RWE en el mercado de la primera venta de electricidad no planteaba ningún problema, con independencia de las definiciones de mercado posibles.
121
La Comisión, RWE, E.ON y el Gobierno alemán rebaten las alegaciones de las recurrentes.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
122
Mediante la primera parte del tercer motivo de casación, las recurrentes sostienen que los apartados 205 a 228 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y los apartados 204 a 227 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20 adolecen de un error de Derecho, en la medida en que el Tribunal General no censuró el error manifiesto de apreciación del mercado relevante cometido por la Comisión en la Decisión controvertida.
123
Por lo que respecta al control que incumbe al Tribunal de Justicia en casación, procede recordar que, de conformidad con el artículo 256 TFUE y el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es, por tanto, el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los medios de prueba. En consecuencia, la apreciación de tales hechos y medios de prueba, salvo en caso de desnaturalización, no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencia de 16 de enero de 2019, Comisión/United Parcel Service, C‑265/17 P, EU:C:2019:23, apartado 11 y jurisprudencia citada).
124
Además, el recurrente que alega la desnaturalización de los hechos y de los elementos de prueba por parte del Tribunal General está obligado a indicar de manera precisa los elementos que en su opinión han sido desnaturalizados y a demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado al Tribunal General a dicha desnaturalización (sentencia de 4 de octubre de 2024, thyssenkrupp/Comisión, C‑581/22 P, EU:C:2024:821, apartado 102 y jurisprudencia citada). Esta última supone que el Tribunal General haya sobrepasado manifiestamente los límites de una apreciación razonable de los elementos de prueba [sentencia de 4 de julio de 2024, Portugal/Comisión (Zona Franca de Madeira), C‑736/22 P, EU:C:2024:579, apartado 56 y jurisprudencia citada]. No basta con demostrar que un documento podría haber sido objeto de una interpretación diferente de la realizada por el Tribunal General. Por último, la desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos obrantes en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (sentencia de 13 de julio de 2023, Comisión/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, apartado 142 y jurisprudencia citada).
125
Por otra parte, el Tribunal de Justicia tampoco tiene competencia para examinar las pruebas que el Tribunal General haya considerado adecuadas en apoyo de los hechos que constate, ya que incumbe únicamente al Tribunal General apreciar el valor que es necesario atribuir a los elementos de prueba que se le presentan (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de enero de 2002, Conserve Italia/Comisión, C‑500/99 P, EU:C:2002:45, apartado 59 y jurisprudencia citada). El Tribunal General también es el único competente para decidir si dichas pruebas son suficientes o deben completarse (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2007, Sniace/Comisión, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, apartado 77 y jurisprudencia citada).
126
Por lo que atañe al criterio del control que incumbe ejercer al Tribunal General sobre la Decisión controvertida, procede recordar que, como declaró el Tribunal de Justicia en el contexto del Reglamento (CEE) n.o 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas (DO 1989, L 395, p. 1) (sentencia de 15 de febrero de 2005, Comisión/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, apartado 38), las normas materiales del Reglamento n.o 139/2004 confieren a la Comisión cierta facultad discrecional, especialmente por lo que respecta a las apreciaciones de orden económico complejas. Por consiguiente, el control por parte del juez de la Unión del ejercicio de dicha facultad, que es esencial a la hora de definir las normas en materia de concentraciones, debe ser efectuado teniendo en cuenta el margen de apreciación implícito en las normas de carácter económico que forman parte del régimen de las concentraciones.
127
Procede añadir que, en el marco del control que el Tribunal General ejerce sobre las apreciaciones económicas complejas realizadas por la Comisión, no le corresponde a este sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de septiembre de 2010, Comisión/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, apartados 64 y 66, y de 24 de enero de 2013, Frucona Košice/Comisión, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, apartado 75). De ello se deduce que el control ejercido por el Tribunal General sobre las apreciaciones económicas complejas efectuadas por la Comisión en el ejercicio de la facultad de apreciación que le confiere el Reglamento n.o 139/2004 tiene por objeto verificar el cumplimiento de las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder (sentencia de 13 de julio de 2023, Comisión/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, apartado 84).
128
En los casos de autos y a la luz de lo anterior, procede señalar que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al recordar, en el apartado 210 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 209 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, que la definición del mercado relevante, en la medida en que implica apreciaciones económicas complejas por parte de la Comisión, solo puede ser objeto de un control limitado por parte del Tribunal General.
129
En los apartados 219 a 228 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 218 a 227 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General examinó la motivación de la Decisión controvertida y la argumentación de las recurrentes y constató que estas no habían demostrado que la Comisión hubiera cometido un error manifiesto de apreciación al definir el mercado de referencia.
130
Por lo que respecta a la imputación de las recurrentes según la cual, en la medida en que el Tribunal General señala que no formularon ninguna alegación específica para cuestionar la apreciación de la Comisión de que la concentración no planteaba problemas de competencia cualesquiera que fueran las definiciones del mercado finalmente adoptadas, dicho órgano jurisdiccional desnaturalizó los hechos e hizo caso omiso de los requisitos probatorios que pueden imponerse, procede rechazarla. En efecto, de una lectura conjunta de estos apartados, a la luz de los límites en los que se inscribe el control por el Tribunal General de las apreciaciones económicas complejas de la Comisión, se desprende que el Tribunal General no afirmó en ellos que, en los recursos interpuestos ante él, no hubiera alegaciones que cuestionaran la apreciación de la Comisión sobre la definición del mercado de referencia. A este respecto, el Tribunal General mencionó específicamente la alegación de las recurrentes según la cual el mercado de la electricidad a partir de fuentes de energía renovables cubierto por la Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz — EEG 2017) (Ley alemana de las Energías Renovables), de 21 de julio de 2014 (BGBl. 2014 I, p. 1066; en lo sucesivo, «Ley EEG») es un mercado autónomo. Sin embargo, el Tribunal General declaró, en esencia, que no existía dato alguno relativo a las características específicas de las distintas fuentes de energía, a su falta de intercambiabilidad, a las condiciones de competencia y a la estructura de la demanda y la oferta que justificara, en el marco del control limitado que le incumbía, declarar que la Comisión había incurrido en un error manifiesto en su apreciación del mercado relevante. Contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, el Tribunal General no modifica los requisitos probatorios que incumben a cualquier parte que invoque un hecho, sino que únicamente señala, en esos apartados de las sentencias recurridas, que los elementos aportados por estas no pueden desvirtuar las apreciaciones de la Comisión relativas al mercado de productos de referencia.
131
En estas circunstancias, procede considerar que, mediante su imputación, las recurrentes pretenden, en realidad, impugnar ante el Tribunal de Justicia la apreciación que el Tribunal General hizo de los medios de prueba de que disponía y obtener del Tribunal de Justicia un nuevo examen de los hechos. Pues bien, como se desprende del apartado 123 de la presente sentencia, la apreciación de los hechos y de los medios de prueba no constituye, salvo en caso de desnaturalización, no acreditada en los casos de autos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.
132
Por consiguiente, la primera parte del tercer motivo de casación debe desestimarse.
2.
Segunda parte del motivo de casación
a)
Alegaciones de las partes
133
Las recurrentes alegan que el Tribunal General, en los apartados 229 a 259 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 228 a 258 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, incurrió en un error de Derecho al aprobar el análisis prospectivo insuficiente, por ser temporalmente demasiado corto, de los efectos de la concentración.
134
En efecto, según las recurrentes, en primer lugar, el Tribunal General sugirió erróneamente, en los apartados 233 y 234 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 232 y 233 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, que era suficiente un examen de las cuotas de mercado, mientras que los elementos presentados por las recurrentes constituían «elementos hipotéticos cuyo alcance económico no pued[e] evaluarse»«con un margen de error razonable».
135
En segundo lugar, señalan que el Tribunal General incurrió en error, en los apartados 235 a 239 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 234 a 238 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, al no censurar a la Comisión por no haber tenido suficientemente en cuenta la evolución de la transición energética y la eliminación de la energía nuclear el 31 de diciembre de 2022, al establecer una distinción global entre el período anterior al año 2022 y el período posterior, por lo que respecta a los efectos de la concentración sobre las cuotas de mercado de RWE. En primer término, según las recurrentes, el propio Tribunal General declaró que esas consideraciones se limitaban a las cuotas de mercado de RWE, lo que no tuvo en cuenta las particularidades del mercado de la primera venta de electricidad. En segundo término, a su entender, en los considerandos 30, 35, 62 y 65 de la Decisión controvertida, la Comisión no examinó suficientemente los efectos de la concentración más allá del año 2022, sino que se limitó a constatar que las capacidades nucleares transferidas por E.ON desaparecerían con la eliminación de la energía nuclear en el año 2022 y que, por tanto, tales efectos eran limitados. Pues bien, a su juicio, ello no es conforme con el artículo 2 del Reglamento n.o 139/2004, que exige que el análisis prospectivo se efectúe con gran atención, ya que la operación global y la desaparición duradera de la competencia potencial de E.ON afectarían a la competencia en el mercado de la primera venta de electricidad, incluso más allá del cese de la utilización de las capacidades de producción de las centrales nucleares en el transcurso de 2022. En tercer término, las recurrentes señalan que no cabe hablar de diligencia en la elaboración del análisis prospectivo, puesto que la propia Comisión admite, en el considerando 62 de la Decisión controvertida, al que se refieren las sentencias recurridas (apartado 236 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartado 235 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20), que no llevó a cabo una investigación exhaustiva a este respecto. En su opinión, la exposición de los hechos en las sentencias recurridas, en la medida en que contradice el contenido de la Decisión controvertida, desnaturaliza dicha Decisión en perjuicio de las recurrentes.
136
En tercer lugar, según las recurrentes, al indicar, en el apartado 240 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 239 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, que «es razonable considerar que [la Comisión] se basó en un período de 3 a 5 años a partir de la notificación de la concentración, realizada en 2019, para llevar a cabo su análisis», el Tribunal General atribuye a la Comisión, desnaturalizando los hechos, pronósticos que no se desprenden en modo alguno de la Decisión controvertida.
137
Las recurrentes señalan que, dicho esto, esta supuesta perspectiva de una duración de tres a cinco años tampoco puede constituir un pronóstico prudente, ya que este período es claramente demasiado corto para examinar los efectos de la concentración en el mercado de la primera venta de electricidad. Además, afirman que el Tribunal General estimó que los períodos de diez a quince años considerados por la Comisión en otros procedimientos carecen de pertinencia, pese a que dichos asuntos se referían, como en el caso de autos, a previsiones sobre los mercados de generación de electricidad. Asimismo, a su entender, tampoco es cierto que la Comisión no dispusiera de información que le hubiera permitido «realizar un análisis prospectivo más alejado en el tiempo» (apartados 246 y siguientes de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como apartados 245 y siguientes de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20). Por último, a su juicio, también es errónea la negación por el Tribunal General, en el apartado 257 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 256 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, del falseamiento de la competencia denunciado por las recurrentes debido a la financiación por el Gobierno alemán de la eliminación del carbón por parte de RWE, basándose en que dicha financiación fue declarada conforme con las disposiciones que regulan las ayudas estatales en el asunto SA.58181.
138
La Comisión, RWE, E.ON y el Gobierno alemán rebaten las alegaciones de las recurrentes.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
139
Mediante la segunda parte del tercer motivo de casación, que se refiere a los apartados 229 a 259 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como a los apartados 228 a 258 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al aprobar el análisis prospectivo según ellas insuficiente, por ser temporalmente demasiado corto, de los efectos de la concentración.
140
En los apartados 231 a 235 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 230 a 234 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General recordó, refiriéndose al artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 139/2004, que, en el control de las concentraciones, se exige a la Comisión que facilite un pronóstico sobre la evolución futura del mercado. El Tribunal General señaló que este análisis prospectivo debería ser efectuado con gran atención, puesto que no se trata de examinar hechos del pasado, en relación con los cuales se dispone con frecuencia de numerosos datos que permiten comprender sus causas, sino de prever hechos que se producirán en el futuro, según una probabilidad mayor o menor, en el caso de que no se adopte ninguna decisión que prohíba la concentración proyectada o que precise las condiciones de la misma. El Tribunal General precisó que debido a que el análisis prospectivo consiste en examinar de qué modo una operación de concentración podría modificar los factores que determinan el estado de la competencia en un determinado mercado, dicho análisis requiere imaginar las diversas relaciones de causa a efecto posibles, para dar prioridad a aquellas cuya probabilidad sea mayor. Por último, el Tribunal General recordó que la apreciación de una operación de concentración se efectúa basándose únicamente en circunstancias de hecho y de Derecho que existen en el momento de la notificación de dicha operación y no en elementos hipotéticos cuyo alcance económico no puede evaluarse en el momento en que se adopta la decisión de autorización. De ello concluyó que se espera de la Comisión que realice una apreciación de los efectos de la concentración a lo largo de un período cuya duración máxima no puede superar el horizonte del acaecimiento, con un grado suficiente de certeza, de determinados hechos. Por tanto, no puede exigirse a la Comisión que realice un análisis prospectivo sobre la base de elementos cuyos efectos a largo plazo no pueda prever con un margen de error razonable.
141
El Tribunal General observó que, en la Decisión controvertida, la Comisión había distinguido dos períodos, el primero desde la ejecución de la concentración hasta el 31 de diciembre de 2022, fecha decidida por el legislador alemán para la eliminación de la energía nuclear, y el segundo posterior a dicha fecha, señalando el Tribunal General que la Comisión no había precisado, no obstante, el horizonte máximo de este segundo período y estimando razonable considerar que dicha institución se había basado, para llevar a cabo su análisis, en un período de tres a cinco años a partir de la notificación, realizada en 2019, de dicha concentración (apartados 236 a 240 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como apartados 235 a 239 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20).
142
A la imputación de las recurrentes según la cual, conforme a su práctica decisoria anterior, la Comisión debería haber considerado, en cambio, un período de análisis prospectivo de quince a veinte años, habida cuenta, según ellas, de la duración de los ciclos de inversión propios del mercado de la electricidad y de las perturbaciones que experimentaría dicho mercado debido a la transición energética y a la eliminación de la energía nuclear, el Tribunal General respondió que, en esos asuntos anteriores, la Comisión había dispuesto de elementos que le permitían, con una certeza razonable, estudiar la evolución del mercado durante ese lapso de tiempo (apartado 245 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartado 244 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20).
143
El Tribunal General examinó si, en el caso de autos, la Comisión había dispuesto de elementos que le hubieran permitido realizar un análisis prospectivo más alejado en el tiempo que el realizado en la Decisión controvertida (apartados 246 a 258 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartados 245 a 257 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20). A este respecto, observó que las recurrentes se referían únicamente a sus propios proyectos de inversión, sin mencionar proyectos que RWE podría realizar a raíz de la concentración, y que, por el contrario, las recurrentes habían señalado que RWE y E.ON podrían verse disuadidas de realizar inversiones masivas después de la concentración. El Tribunal General dedujo de ello que, aun suponiendo que los ciclos de inversión en este sector se extiendan efectivamente a lo largo de períodos de quince a veinte años, como sostenían las recurrentes, la Comisión no podía basar su análisis prospectivo en dicho período por esa sola razón (apartado 249 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartado 248 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20). En cuanto a las posibles repercusiones de la eliminación del carbón, el Tribunal General señaló que la Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung (Ley de Reducción y Cese de la Producción de Electricidad a partir del Carbón), de 8 de agosto de 2020 (BGBl. 2020 I, p. 1818; en lo sucesivo, «Ley de Eliminación del Carbón»), era posterior a la adopción de la Decisión controvertida, pero había sido adoptada a raíz de un informe anterior a dicha adopción y que preveía la eliminación del carbón hacia 2038 (apartados 250 y 251 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como apartados 249 y 250 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20). El Tribunal General señaló que dicho informe no daba una fecha precisa para el cierre de las centrales eléctricas de carbón de Uniper SE —sociedad cuya desaparición mencionaban las recurrentes para sostener que la estructura del mercado iba a cambiar en favor de RWE—, pero afirmaba que el operador de la mina de carbón que suministraba a Uniper preveía su funcionamiento hasta mediados de la década de 2030 (apartados 252 y 253 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como apartados 251 y 252 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20). El Tribunal General, tras mencionar un comunicado de prensa del Gobierno alemán de 15 de enero de 2020 en el que se hacía referencia a un acuerdo con los estados federados para la eliminación del carbón, un comunicado de prensa de Uniper de 30 de enero de 2020 en el que se manifestaba su voluntad de eliminar el carbón y determinadas perspectivas relativas a la no entrada en funcionamiento de la central eléctrica de carbón Datteln 4, observó que fue en ese contexto en el que se adoptó la Ley de Eliminación del Carbón, cuyo artículo 4, si bien prevé un calendario para la reducción y el cese de las emisiones de las centrales eléctricas de carbón, no cita, contrariamente a la Ley de Eliminación de la Energía Nuclear, los nombres de las centrales eléctricas de carbón afectadas (apartados 253 y 254 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartados 252 y 253 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20).
144
El Tribunal General dedujo de ello que, aunque la Comisión tuviera conocimiento de que se estaba preparando una Ley de Eliminación del Carbón y de que Uniper iba a dejar de explotar sus centrales eléctricas de carbón, no estaba en condiciones de conocer, en el momento de la adopción de la Decisión controvertida, las modalidades exactas de dicha Ley, que no se especificaron hasta enero de 2020. También señaló que las recurrentes solo se interesaban por Uniper sin tener en cuenta los efectos probables de dicha Ley sobre RWE, que también poseía centrales eléctricas de carbón. Por último, señaló que dado que los activos de generación de electricidad convencional de E.ON afectados por la concentración eran activos nucleares y no centrales eléctricas de carbón, la Comisión no tenía que tener en cuenta los cambios introducidos por la referida Ley en el mercado de la generación y del suministro al por mayor de electricidad para prever razonablemente los efectos de la concentración en un mercado redefinido de este modo. El Tribunal General añadió que ello estaba tanto más justificado cuanto que, dado que la eliminación del carbón debía extenderse hasta 2038, tal ejercicio habría exigido a la Comisión proyectarse en un futuro muy lejano que podría estar marcado por cambios aún no previsibles, pero susceptibles de modificar de nuevo la estructura del mercado (apartado 255 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartado 254 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20).
145
En cuanto a la alegación de las recurrentes de que la Ley de Eliminación del Carbón provocaría un falseamiento de la competencia en la medida en que el Gobierno alemán proporcionaría a RWE importantes recursos financieros, el Tribunal General señaló que la Comisión no había calificado el mecanismo de licitación de la República Federal de Alemania de falseamiento de la competencia, sino que había concluido que las ayudas que constituyen esos medios financieros eran compatibles con el mercado interior (apartado 257 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartado 256 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20).
146
El Tribunal General concluyó que la Comisión no disponía de elementos que le permitiesen realizar un análisis prospectivo basado en un período más extenso que el que había tenido en cuenta (apartado 258 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartado 257 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20).
147
De entrada, procede señalar que el recordatorio de las obligaciones que incumben a la Comisión, que figura en los apartados 231 a 233 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 230 a 232 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, por lo que respecta al análisis prospectivo de la evolución futura del mercado de que se trate que debe efectuar dicha institución, coincide con las apreciaciones del Tribunal de Justicia recogidas en los apartados 80 a 85 de la sentencia de 13 de julio de 2023, Comisión/CK Telecoms UK Investments (C‑376/20 P, EU:C:2023:561), y que las recurrentes no invocan, y menos aún demuestran, que el Tribunal General haya incurrido en error de Derecho en los antedichos apartados de las sentencias T‑312/20, T‑313/20, T‑315/20, T‑317/20 y T‑319/20. En cambio, sostienen que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al aprobar el análisis prospectivo, a su juicio insuficiente, por ser temporalmente demasiado corto, de los efectos de la concentración.
148
A este respecto, la primera imputación de las recurrentes según la cual el Tribunal General sugirió que sería suficiente un examen de las cuotas de mercado, recordada en el apartado 134 de la presente sentencia, procede de una interpretación errónea de las sentencias recurridas. En efecto, en los apartados 233 y 234 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 232 y 233 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General no dio a entender que bastase con un examen de las cuotas de mercado ni se pronunció sobre la calidad de los elementos presentados por las recurrentes, sino que se limitó a recordar el alcance de la obligación de examen de la Comisión.
149
Por lo que respecta a la segunda imputación de las recurrentes, basada en que la Comisión no tuvo suficientemente en cuenta la evolución de la transición energética y la eliminación de la energía nuclear, procede señalar que esta imputación se refiere a las apreciaciones realizadas por la Comisión en la Decisión controvertida y no a las constataciones del Tribunal General. Por lo que respecta a estas últimas, la referida imputación se limita a afirmar de manera general, por una parte, que el Tribunal General no tuvo en cuenta las particularidades del mercado de la primera venta de electricidad y, por otra parte, que la presentación de los hechos, en la medida en que contradice el contenido de la Decisión controvertida, desnaturaliza dicha Decisión en perjuicio de las recurrentes. A este respecto, aparte del hecho de que una alegación de desnaturalización debe incluir, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 124 de la presente sentencia, la indicación precisa de los elementos desnaturalizados y la demostración de los errores de análisis que llevaron al Tribunal General a dicha desnaturalización, lo que no ocurre en los casos de autos, procede señalar que, mediante su imputación, las recurrentes reprochan en realidad al Tribunal General no un error de Derecho, sino su apreciación de los elementos de prueba. Pues bien, como se ha recordado en el apartado 125 de la presente sentencia, incumbe únicamente al Tribunal General apreciar el valor que es necesario atribuir a los elementos de prueba que se le presentan.
150
Por lo que atañe a la tercera imputación de las recurrentes según la cual el Tribunal General desnaturalizó los hechos al atribuir a la Comisión, en el apartado 240 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 239 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, pronósticos que no se desprenden de la Decisión controvertida, procede señalar que los hechos supuestamente desnaturalizados no están claramente identificados.
151
En cuanto a la afirmación de las recurrentes según la cual un horizonte de pronóstico de tres a cinco años no podía constituir un horizonte suficiente, ya que, según las recurrentes, dicho período es demasiado corto para el mercado de la primera venta de electricidad, que implica costes elevados y se caracteriza por ciclos de inversión claramente más largos, procede señalar que ni el artículo 2 del Reglamento n.o 139/2004 ni la jurisprudencia invocada por las recurrentes definen un período preciso a efectos del análisis prospectivo por parte de la Comisión de los efectos futuros de la operación de concentración notificada. Además, mediante esta imputación, así como mediante sus alegaciones de que la Comisión tuvo en su poder información que le habría permitido realizar un análisis prospectivo más alejado en el tiempo, las recurrentes pretenden, en definitiva, someter a la apreciación del Tribunal de Justicia, sin demostrar, no obstante, ninguna desnaturalización ni ningún error de Derecho del Tribunal General, la apreciación de los hechos realizada por la Comisión y validada por el Tribunal General en el marco de su control de la legalidad de la Decisión controvertida.
152
En estas circunstancias, procede desestimar la segunda parte del tercer motivo de casación.
3.
Tercera parte del motivo de casación
a)
Alegaciones de las partes
153
Las recurrentes alegan que el Tribunal General, en los apartados 260 a 336 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 259 a 335 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, incurrió en errores de Derecho en la apreciación del poder de mercado de RWE.
154
Para empezar, a su entender, en efecto, el Tribunal General calificó erróneamente la atribución y la importancia de los activos de E.ON adquiridos por RWE. En primer término, señalan que los apartados 286 y siguientes de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y los apartados 285 y siguientes de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20 muestran que el Tribunal General compensó erróneamente las capacidades procedentes de las pequeñas centrales de innogy transferidas a E.ON por las capacidades adquiridas por RWE, dando así por sentado que la actividad de RWE estaba en declive (apartado 291, in fine, de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartado 290, in fine, de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20). A su juicio, este error se debe a que la Comisión, que no fue censurada a este respecto por el Tribunal General, no delimitó el mercado. Pues bien, según las recurrentes, las capacidades de estas pequeñas centrales deberían haberse adscrito no al mercado de la primera venta de electricidad, en el que RWE refuerza su posición dominante, sino al mercado minorista, del que RWE se retiró en favor de su socio E.ON. En segundo lugar, afirman que el aumento nominal de la cuota de mercado de RWE, aparentemente pequeño debido a la eliminación de la energía nuclear y del carbón y al desarrollo simultáneo de la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, no puede considerarse «no crítico», a la luz del artículo 2 del Reglamento n.o 139/2004. Según las recurrentes, la propia Comisión se comprometió a evaluar «en cualquier caso […] las cuotas de mercado a la luz de la evolución probable de las condiciones de este». Así pues, a su juicio, la propia Comisión debería haber continuado su investigación, lo que no fue el caso.
155
A continuación, las recurrentes señalan que, en su análisis del Residual Supply Index (índice de suministro residual; en lo sucesivo, «RSI»), las autoridades alemanas consideran que un proveedor dispone de poder de mercado cuando desempeña un papel central, a saber, que, sin sus instalaciones, la demanda no puede satisfacerse durante más del 5 % de las horas del año (apartado 303 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartado 302 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20). Pues bien, a su entender, así sucede precisamente en los casos de autos, como demuestra el estudio Oxera, citado en el apartado 310 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en el apartado 309 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20. Las recurrentes afirman que, sin embargo, el Tribunal General declaró que esta variación carece de pertinencia a efectos de la aplicación del artículo 2, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 139/2004, ya que, en opinión del Tribunal General, un aumento del papel central de RWE por importe de 1,5 (2019) o de 1,3 (2022) puntos porcentuales no se aparta radicalmente de la variación constatada en otros estudios aportados por terceros. Pues bien, a juicio de las recurrentes, ello no invalida la conclusión de que RWE había superado el umbral de posición dominante, sino que simplemente confirma la validez del estudio Oxera. Observan que el Tribunal General tampoco señaló que está acreditado que la propia Comisión no realizó ninguna previsión basándose en el RSI y que la Oficina Federal de Defensa de la Competencia, que coopera estrechamente con ella, solo consideró el RSI desde el punto de vista histórico y no desde el punto de vista de su evolución futura, lo que no constituye un pronóstico diligente. Por otra parte, indican que, en los apartados 300 a 311 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 299 a 310 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General hizo caso omiso del hecho de que la Oficina Federal de Defensa de la Competencia confirmó ampliamente la pertinencia de las previsiones del estudio Oxera.
156
Por último, las recurrentes señalan que, en lo que atañe al creciente potencial de RWE para hacer un uso estratégico de su parque cada vez mayor de centrales, el Tribunal General no examinó suficientemente sus argumentos en contra y confirmó, mediante una interpretación errónea del artículo 2 del Reglamento n.o 139/2004, las alegaciones de la Comisión (apartados 312 a 329 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartados 311 a 328 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20). Según las recurrentes, en los apartados 316 y 322 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 315 a 321 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General reproduce la presentación inexacta de la Comisión según la cual las centrales eléctricas que producen a partir de fuentes de energía renovables son generalmente «las más caras de retener» debido a sus bajos costes marginales y las centrales cubiertas por la Ley EEG se benefician de manera considerablemente reducida de un aumento de los precios en el mercado de la primera venta de electricidad. Pues bien, a su entender, las propias premisas de esta afirmación no reflejan la utilidad estratégica de la cartera global que se ha incrementado.
157
La Comisión, RWE, E.ON y el Gobierno alemán rebaten las alegaciones de las recurrentes.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
158
Mediante la tercera parte del tercer motivo de casación, que se refiere a los apartados 260 a 336 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y a los apartados 259 a 335 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, las recurrentes sostienen que la apreciación del poder de mercado de RWE efectuada por el Tribunal General adolece de errores de Derecho.
159
Por lo que respecta, en primer lugar, a las alegaciones de las recurrentes mencionadas en el apartado 154 de la presente sentencia, según las cuales el Tribunal General calificó erróneamente la atribución y la importancia de los activos de E.ON adquiridos por RWE, procede señalar que, en realidad, las recurrentes impugnan la apreciación de los hechos y de los elementos de prueba realizada por la Comisión y posteriormente por el Tribunal General, sin demostrar, no obstante, que el Tribunal General incurriera en error de Derecho. Además, por lo que atañe a las alegaciones según las cuales las capacidades de las pequeñas centrales de innogy no forman parte del mercado de la generación y de la primera venta de electricidad, procede recordar que la crítica hecha por las recurrentes del control que el Tribunal General realizó de las apreciaciones de la Comisión relativas a la definición del mercado ha sido desestimada en los apartados 122 a 132 de la presente sentencia.
160
En segundo lugar, por lo que respecta a la cuestión de la intensidad del papel central de RWE en el mercado de la generación y del suministro al por mayor de electricidad, es decir, del grado de indispensabilidad de las capacidades de generación de RWE para que pueda satisfacerse la demanda en el mercado de la electricidad, las recurrentes se refieren al estudio Oxera, que, a su entender, demuestra un aumento de ese papel central a más del 5 % de las horas del año. Reprochan, en esencia, al Tribunal General no haber extraído las consecuencias de esta circunstancia para concluir que la Comisión debería haber constatado el refuerzo de la posición dominante de RWE debido a la operación notificada.
161
Procede señalar que, en los apartados 300 y siguientes de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 299 y siguientes de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General examinó la apreciación realizada por la Comisión de la amplitud del papel central de RWE en el mercado de la generación y del suministro al por mayor de electricidad. El Tribunal General señaló, en esencia, que el análisis del RSI consiste en determinar si una sociedad desempeña un papel central, es decir, si es indispensable para la satisfacción de la demanda. En la práctica, este análisis tiene por objeto medir, para todas las horas de un año determinado, si la capacidad de generación de los competidores de la entidad examinada es suficiente para responder a la demanda con independencia de la capacidad de generación de esta última (apartado 302 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartado 301 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20). Tras referirse a las constataciones de la Decisión controvertida según las cuales, a juicio de las autoridades alemanas de defensa de competencia, un papel central del 5 % es indicativo de un poder de mercado de la entidad examinada, y el RSI tiene limitaciones que reducen su utilidad en el control de las concentraciones, el Tribunal General señaló que la Comisión había tomado en consideración, no obstante, los análisis del RSI a efectos de su apreciación (apartados 304 y 305 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como apartados 303 y 304 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20).
162
En los apartados 306 a 310 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 305 a 309 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General llevó a cabo un examen de las constataciones realizadas por la Comisión en la Decisión controvertida en relación con dichos análisis y, en particular, con el análisis resultante del estudio Oxera aportado por las recurrentes. El Tribunal General consideró que estaba fundamentada la constatación de la Comisión según la cual las hipótesis en las que se basaba dicho estudio, a saber, la retención por RWE de sus capacidades de producción eólica y su control sobre las capacidades de producción de E.ON, no reflejaban la realidad (apartados 308 y 309 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartados 307 y 308 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, que se remiten, respectivamente, a los apartados 322 y 391 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y a los apartados 321 y 390 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20).
163
Además, el Tribunal General señaló que el aumento del papel central de RWE según el estudio Oxera no difería radicalmente del constatado en otros estudios aportados por terceros y que los valores del RSI calculados para el año 2024 eran idénticos para la situación en ausencia de concentración y para la situación a raíz de la concentración, lo que demostraba que no había ningún incremento del papel central de RWE con posterioridad a la eliminación de la energía nuclear a finales de 2022 (apartado 310 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y apartado 309 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20).
164
El Tribunal General concluyó de ello que las recurrentes no habían demostrado la existencia de un error manifiesto de apreciación de la Comisión en su análisis del papel central de RWE.
165
Es preciso señalar que este control por parte del Tribunal General de las apreciaciones de la Comisión no contiene ningún error de Derecho y que, mediante sus imputaciones, las recurrentes pretenden, en esencia, que el Tribunal de Justicia reexamine los hechos y los elementos de prueba presentados ante el Tribunal General. Pues bien, como se desprende de la jurisprudencia mencionada en el apartado 123 de la presente sentencia, la apreciación de los hechos y de los medios de prueba no constituye, salvo en caso de desnaturalización, no acreditada en los presentes asuntos, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.
166
En tercer lugar, las recurrentes alegan que el Tribunal General, en los apartados 312 a 329 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 311 a 328 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, no examinó suficientemente los contraargumentos que habían presentado, relativos a un potencial creciente de RWE para recurrir a una utilización estratégica de su parque cada vez mayor de centrales, y erró al confirmar las alegaciones de la Comisión a este respecto.
167
Procede señalar que, en esos apartados, el Tribunal General examinó la cuestión de los incentivos de RWE para adoptar estrategias de retención de capacidad y recurrir a otros usos estratégicos de su cartera de generación de electricidad.
168
El Tribunal General recordó, para empezar, que corresponde a la Comisión evaluar globalmente el resultado del conjunto de indicios utilizado para evaluar la situación competitiva, que esta, con arreglo a esta evaluación global, puede favorecer determinados elementos y excluir otros y que el Tribunal General debe controlar la legalidad de ese examen y su motivación.
169
A continuación, en los apartados 316 a 319 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 315 a 318 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General examinó los diferentes aspectos de una eventual estrategia de retención de las capacidades apreciados por la Comisión en los considerandos 49 a 65 de la Decisión controvertida, en particular el hecho de que las instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovables tengan, entre las tecnologías de producción flexibles, los costes marginales más bajos y, por tanto, los costes de retención más elevados. El Tribunal General subrayó que los productores de electricidad habían confirmado que estas instalaciones funcionaban normalmente a plena capacidad y que su paralización solo tiene sentido en caso de precios de venta negativos. El Tribunal General señaló la apreciación de la Comisión según la cual la adquisición por RWE de los parques eólicos en el marco de la operación notificada no aumentaba su capacidad de retención de forma decisiva, y según la cual el régimen de «venta directa» aplicable a la electricidad de origen eólico tenía como consecuencia reducir significativamente el interés para una instalación de generación de electricidad eólica de un aumento de los precios en el mercado mayorista. El Tribunal General también hizo referencia a la constatación de la Comisión de que el aumento de la capacidad de retención de RWE debido a la adquisición de capacidad nuclear era a la vez temporal y limitado y, por tanto, era poco probable que tuviera un efecto apreciable en el interés de RWE en lanzarse en una estrategia de retención de capacidad. El Tribunal General mencionó la toma en consideración por la Comisión del estudio Oxera, aportado por las recurrentes, y su apreciación de que dicho estudio no había modificado su conclusión.
170
En los apartados 320 a 324 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 319 a 323 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General comprobó si la Comisión había incurrido en un error manifiesto de apreciación en su análisis del riesgo de retención de capacidad por RWE y excluyó la existencia de tal error. En particular, recordó su conclusión de que la Comisión no había incurrido en error manifiesto al considerar que el aumento de las cuotas de mercado de RWE no era significativo y, en cualquier caso, sería temporal. De ello dedujo que la concentración no podría generar ninguna capacidad adicional de retención a partir de la eliminación de la energía nuclear a finales de 2022, extremo que confirmaba el estudio Oxera. Por lo que respecta a los posibles incentivos de RWE para la retención de capacidades a corto plazo, es decir, antes de la eliminación de la energía nuclear, el Tribunal General hizo hincapié en la constatación de la Comisión de que las instalaciones que funcionan a partir de fuentes de energía renovables se prestan poco a la retención, habida cuenta de sus bajos costes marginales. Por lo que atañe a las instalaciones que funcionan a partir de fuentes de energía no renovables, el Tribunal General hizo referencia a la apreciación de la Comisión según la cual un posible aumento de los precios provocado por la retención de dichas instalaciones habría supuesto una disminución de la remuneración de las instalaciones que producen energía renovable por parte de la Ley EEG. Por otra parte, el Tribunal General consideró que la adquisición por RWE de una participación minoritaria en el capital de las centrales nucleares de Emsland y de Gundremmingen C solo tendría un impacto limitado y temporal en términos de incentivo a la retención de capacidad. El Tribunal General señaló que el estudio Oxera no acreditaba la existencia de un aumento significativo de los incentivos para retener. El Tribunal General concluyó que la Comisión no había incurrido en un error manifiesto de apreciación en su análisis de la posibilidad que tenía RWE de retener las capacidades de producción como consecuencia de la concentración y de los incentivos para ello.
171
De lo anterior se desprende que el Tribunal General comprobó detalladamente el examen que hizo la Comisión de la cuestión del riesgo de retención por RWE de sus capacidades de producción después de la concentración y que llegó a la conclusión de que, sobre la base de los elementos obrantes en autos y de las pruebas aportadas, en particular por las recurrentes, la Comisión no había incurrido en ningún error manifiesto de apreciación a este respecto. Las alegaciones de las recurrentes ante el Tribunal de Justicia, reproducidas en los apartados 154 a 156 de la presente sentencia, no acreditan ningún error de Derecho del Tribunal General al controlar las apreciaciones de la Comisión, sino que pretenden, en definitiva, que el Tribunal de Justicia proceda a un nuevo examen de los hechos, lo cual excede de la competencia de este en el marco de un recurso de casación.
172
En estas circunstancias, debe desestimarse la tercera parte del tercer motivo de casación.
4.
Cuarta parte del motivo de casación
173
Mediante la cuarta parte del tercer motivo de casación, que se refiere a los apartados 337 a 395 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y a los apartados 336 a 394 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, y que se divide, en esencia, en tres imputaciones, las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho por lo que respecta a la apreciación de la relación de competencia entre RWE y E.ON.
a)
Primera imputación
1) Alegaciones de las partes
174
Las recurrentes alegan que, en los apartados 339 a 346 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 338 a 345 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General supuso que la Comisión había examinado suficientemente todas las participaciones cruzadas de los grupos de empresas a los que pertenecen RWE y E.ON y, en particular, que había tenido en cuenta las capacidades de producción de sus filiales. Ahora bien, según las recurrentes, no se discute que la Comisión no examinó los efectos de esas participaciones cruzadas sobre el comportamiento de las partes de la concentración o el de sus competidores en materia de inversión y de expansión en el mercado, infringiendo el punto 36 de las Directrices sobre las concentraciones horizontales. A su entender, el hecho de que tanto RWE como E.ON tengan su domicilio social en Essen (Alemania), que es la «capital alemana de la energía», constituye un activo estratégico. Afirman que, sin embargo, el Tribunal General consideró que esta circunstancia carecía de pertinencia cuando, según la práctica decisoria de la Comisión, la existencia de una sede de empresa común debe analizarse desde el punto de vista de las ventajas competitivas que las partes de una concentración esperan obtener.
175
La Comisión, RWE y E.ON rebaten las alegaciones de las recurrentes.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
176
Por lo que atañe a la supuesta inobservancia, por parte del Tribunal General, del punto 36 de las Directrices sobre las concentraciones horizontales, al no haber declarado que la Comisión incurrió en error al no haber examinado los efectos de la interdependencia entre los grupos de empresas a los que pertenecen RWE y E.ON sobre el comportamiento de las partes de la concentración o de sus competidores, procede recordar que, como señala el Tribunal General en los apartados 349 y 350 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 348 y 349 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, si bien la Comisión está vinculada por las comunicaciones que adopta en materia de control de las concentraciones, las Directrices sobre las concentraciones horizontales no imponen un examen en cada caso de todos los elementos que en ellas se mencionan. A este respecto, del punto 13 de las Directrices sobre las concentraciones horizontales se desprende que el análisis de la competencia que debe llevar a cabo la Comisión no debe basarse en una aplicación mecánica y en todos los casos de los factores que identifican, sino en una evaluación general del impacto previsible de la concentración, y que no todos los elementos que identifican resultan siempre pertinentes en cada una de las concentraciones horizontales.
177
Pues bien, aunque corresponde al Tribunal General examinar en qué medida las eventuales omisiones de la Comisión pueden poner en entredicho su conclusión de que la concentración no plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado interior, este examen debe tener en cuenta el margen de apreciación de que dispone la Comisión cuando realiza, a efectos de la aplicación de las reglas básicas del Reglamento n.o 139/2004, y en particular de su artículo 2, análisis económicos prospectivos que presentan la mayor parte de las veces un carácter complejo. De ello resulta que el control por parte del juez de la Unión de una decisión de la Comisión en materia de concentraciones debe tener por objeto la verificación de la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto de apreciación (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, Comisión/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, apartados 82 a 84).
178
En el caso de autos, en los apartados 341 y 342 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 340 y 341 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General, tras observar que las recurrentes no explicaban la incidencia que las participaciones de RWE y de E.ON en el sector de la energía podrían tener en el análisis de los obstáculos a la competencia derivados de la concentración, sino que se limitaban a mencionar el número de participaciones de RWE y de E.ON en otras empresas, sin explicar si estas últimas operaban en los mercados de referencia, señaló que, en su apreciación, la Comisión había tenido en cuenta las capacidades de producción de las filiales y empresas en cuyo capital participan RWE y E.ON. Al proceder de este modo, como observó acertadamente el Tribunal General, la Comisión sí tomó en consideración las participaciones directas o indirectas de RWE y de E.ON.
179
En los apartados 343 a 346 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 342 a 345 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, por lo que respecta a la alegación de las recurrentes de que E.ON y RWE están estructuradas y posicionadas de manera similar, el Tribunal General señaló que las recurrentes no explicaban cómo el paralelismo de la evolución de las cotizaciones bursátiles y de los resultados de explotación de esas empresas o el hecho de que tengan sus sedes en la misma ciudad afectan a la aplicación del Derecho de concentraciones y, en particular, cómo esas circunstancias podrían incidir en la creación o el refuerzo de una posición dominante de RWE. El Tribunal General consideró que dichas circunstancias eran de naturaleza meramente incidental, que la ubicación de los domicilios sociales en la misma ciudad carecía de pertinencia para apreciar los efectos de la concentración en el mercado de la generación y del suministro al por mayor de electricidad, y que la evolución paralela de las cotizaciones bursátiles y de los resultados podía explicarse por la evolución normal de dos empresas que operan en el mismo sector. El Tribunal General añadió que las recurrentes no explicaban cómo la mera proximidad geográfica del personal de RWE y E.ON podía dar lugar a la aparición de una concertación contraria al Derecho de la Unión. El Tribunal General concluyó que, por tanto, la Comisión no había incurrido en un error manifiesto de apreciación en lo que respecta a los vínculos de interdependencia y a la proximidad entre RWE y E.ON.
180
Procede señalar que las alegaciones de las recurrentes no permiten demostrar que estas apreciaciones adolezcan de un error de Derecho. La invocación de una supuesta falta de examen de los efectos de la interdependencia entre los grupos E.ON y RW y de la falta de verificación de los efectos de la concentración sobre el comportamiento de las partes de la concentración o de sus competidores en materia de inversión y de expansión del mercado no basta para considerar que el Tribunal General incurriera en un error de Derecho, habida cuenta del control realizado por este último, a la vez detallado y situado dentro de los límites recordados en el apartado 177 de la presente sentencia, del examen efectuado por la Comisión en la Decisión controvertida. Además, las alegaciones de las recurrentes pretenden, en realidad, solicitar al Tribunal de Justicia un nuevo examen de los hechos, lo cual excede de la competencia de este en el marco de un recurso de casación.
181
De lo anterior se desprende que debe desestimarse la primera imputación.
b)
Segunda imputación
1) Alegaciones de las partes
182
Las recurrentes alegan que el Tribunal General, en los apartados 351 a 355 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 350 a 354 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, incurrió en errores de Derecho. En primer lugar, a su entender, constituye un error de ese tipo, por las razones ya mencionadas en la tercera parte del tercer motivo de los presentes recursos de casación, el hecho de que el Tribunal General considere que la Comisión estaba facultada para abstenerse de examinar la relación de competencia entre RWE y E.ON debido al carácter limitado del incremento de las cuotas de mercado de RWE.
183
En segundo lugar, las recurrentes señalan que ninguna justificación respalda la afirmación del Tribunal General, en el apartado 358 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 357 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, según la cual la mera disminución de la presión competitiva debida a la desaparición de una empresa cuyo papel es más importante de lo que permiten suponer sus cuotas de mercado no basta para demostrar la existencia de un obstáculo significativo para la competencia efectiva.
184
En tercer lugar, indican que la afirmación, en los apartados 359 a 363 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 358 a 362 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, según la cual la retirada de E.ON del sector de la producción no es imputable exclusivamente a la concentración, puesto que E.ON ya había cedido actividades de producción antes de la operación M.8871 y solo cedía, en el marco de esta operación de concentración, partes de esas actividades, no resiste el escrutinio. Para empezar, a su entender, al señalar, en el apartado 357 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 356 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, que la operación M.8871 no se refiere a la adquisición de la propia E.ON, sino únicamente a la adquisición por RWE de algunos de sus activos, el Tribunal General razona de manera formalista sin tener en cuenta la concentración en su conjunto. A continuación, las recurrentes observan que, en el apartado 362 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en el apartado 361 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General señala que E.ON conserva una actividad de producción después de la concentración, sin tener en cuenta el hecho de que solo se trata de la actividad de producción atribuida con carácter exclusivo a E.ON como parte integrante de la oferta de soluciones a los clientes que se inscribe en las actividades minoristas, lo que deberían haber constatado la Comisión y el Tribunal General si se hubiera efectuado una delimitación minuciosa del mercado.
185
La Comisión, RWE y E.ON rebaten las alegaciones de las recurrentes.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
186
Las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al confirmar la apreciación de la Comisión según la cual la retirada de E.ON del mercado de la generación no era un motivo para prohibir la concentración.
187
En los apartados 349 a 351 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 348 a 350 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, a la vista de la alegación de las recurrentes de que la Comisión infringió el punto 27 de las Directrices sobre las concentraciones horizontales, el Tribunal General recordó, en esencia, en primer lugar, que si bien la Comisión está vinculada por las comunicaciones que adopta en materia de control de las concentraciones, esas comunicaciones no imponen que examine en todos los casos los elementos que mencionan, de modo que la Comisión dispone de una facultad de apreciación que le permite tomar o no en consideración determinados factores, y, en segundo lugar, que el control del Tribunal General no puede limitarse únicamente a examinar si la Comisión tomo en consideración o no algunos de esos elementos, sino que el Tribunal General debe considerar también si las posibles omisiones de la Comisión pueden desvirtuar la conclusión de dicha institución de que la compatibilidad con el mercado interior de la concentración notificada no plantea dudas serias.
188
Este recordatorio del Tribunal General sobre el alcance de las comunicaciones de la Comisión y del régimen de control que el Tribunal ejerce sobre las apreciaciones de esta última no contiene ningún error de Derecho.
189
Además, en el apartado 352 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en el apartado 351 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General observó que las cuotas de mercado de RWE antes de la concentración eran limitadas y que su aumento tras la concentración también lo era, especialmente porque algunos de los activos de generación de innogy se transferían a E.ON con carácter permanente. En el apartado 353 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 352 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General subrayó que la Comisión había constatado la fragmentación de la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables entre muchos productores, el carácter limitado de las cuotas de mercado de RWE y el carácter aún más limitado de las cuotas de mercado de E.ON. En el apartado 354 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en el apartado 353 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General recordó su constatación de que la Comisión no había incurrido en un error manifiesto de apreciación al concluir que el aumento de las cuotas de mercado de RWE tenía un carácter limitado y temporal.
190
A la luz de estas consideraciones, el Tribunal General declaró, en el apartado 355 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 354 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, que aun cuando la Comisión hubiese omitido analizar determinados elementos exigidos por el punto 27 de las Directrices sobre las concentraciones horizontales, estas omisiones no podían poner en entredicho la conclusión de la Comisión de que la concentración no plantea serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado interior.
191
Procede señalar que esta apreciación del Tribunal General, que podía deducir acertadamente de las constataciones de la Comisión, que las recurrentes no habían demostrado que fueran manifiestamente erróneas, de que tanto el carácter limitado de las cuotas de mercado y de sus incrementos como consecuencia de las concentración notificada como el carácter temporal de dichos incrementos permitían considerar que esta última no planteaba serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado interior, no adolece de ningún error de Derecho. Por lo demás, procede observar, como hizo el Tribunal General en el apartado 364 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 363 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, que la Comisión no se limitó a examinar las cuotas de mercado de las partes de la concentración y su evolución como consecuencia de dicha concentración, sino que tuvo en cuenta, en los considerandos 48 y siguientes de la Decisión controvertida, otros criterios de apreciación relativos a las características específicas del mercado de la generación de electricidad.
192
En los apartados 356 a 358 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 355 a 357 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General también observó, en esencia, que las recurrentes se equivocaban sobre el alcance de las Directrices sobre las concentraciones horizontales. Tras recordar que dichas Directrices mencionan, entre los elementos competitivos que deben tenerse en cuenta en el marco del examen de los efectos no coordinados, en primer lugar, si las partes de la concentración son competidores inmediatos, en segundo lugar, si la entidad fusionada está en condiciones de impedir la expansión de sus competidores o, en tercer lugar, si la fusión elimina una fuerza competitiva importante, el Tribunal General señaló, en esencia, que las recurrentes se equivocaban sobre el alcance de la operación en cuestión, que solo afectaba a los activos de E.ON y no a la propia E.ON. Así, el Tribunal General subrayó, en primer término, que E.ON no desaparecía como consecuencia de la concentración. En segundo término, señaló que la cuestión era, por tanto, si los activos de E.ON adquiridos por RWE, por una parte, y RWE, por otra, eran competidores inmediatos y si esos activos y RWE podían impedir la expansión de sus competidores. Pues bien, a su juicio, las recurrentes parten de la premisa errónea de que RWE adquirió la totalidad de E.ON a través de su participación minoritaria, lo que, como señaló el Tribunal General, es incorrecto. En tercer término, declaró que, por lo que se refiere a la desaparición de la presión competitiva sobre RWE, el mero descenso de tal presión que resultaría de la desaparición de una empresa con un papel más importante de lo que sugieren sus cuotas de mercado no bastaría, por sí solo, para demostrar la existencia de un obstáculo significativo para la competencia efectiva.
193
Es preciso señalar que, tampoco aquí, el Tribunal General incurrió en error ni, como sostienen las recurrentes, razonó de manera formalista al recordar que, en el marco de la operación de concentración M.8871, RWE no adquirió E.ON, sino únicamente activos de esta empresa. En cuanto a la afirmación de que el mero descenso de la presión competitiva que puede resultar de la desaparición de una empresa con un papel más importante de lo que sugieren sus cuotas de mercado no basta, por sí solo, para probar la existencia de un obstáculo significativo para la competencia efectiva, no adolece de ningún error de Derecho, máxime en el contexto, como el de los casos de autos, de una concentración que afecta a cuotas de mercado limitadas.
194
En los apartados 359 a 361 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 358 a 360 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General observó que la reducción de las capacidades de producción de E.ON no era solamente una consecuencia de la concentración. Según el Tribunal General, por una parte, E.ON ya había tomado la decisión de ceder partes esenciales de su actividad de producción de electricidad convencional, con la excepción principalmente de las capacidades nucleares, a su antigua filial, Uniper, y de vender su participación en el capital de esta última a Fortum Oyj. Por otra parte, el legislador alemán decidió el cierre de las centrales nucleares de E.ON a más tardar a finales de 2022, de modo que, aun cuando E.ON hubiera conservado dichos activos, no habría podido seguir explotándolos a partir de esa fecha. Así pues, según el Tribunal General, la actividad de generación de electricidad de E.ON ya había disminuido considerablemente antes de la concentración y era probable que siguiera disminuyendo después de esta.
195
Pues bien, las recurrentes no demuestran de qué modo el Tribunal General incurrió, en este contexto, en un error de Derecho al referirse a las iniciativas efectivamente adoptadas de manera autónoma por E.ON para reducir su actividad de generación de electricidad, así como al final inminente, resultante no de la concentración notificada, sino de una decisión del legislador alemán, de las actividades de generación de electricidad de origen nuclear.
196
Además, en el apartado 362 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en el apartado 361 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General consideró acertadamente que podía deducirse de la Decisión controvertida, y en particular de los cuadros contenidos en los considerandos 27 a 29 de dicha Decisión, que E.ON no desaparecía como competidor como consecuencia de la concentración. En efecto, de la referida Decisión se desprende que solo alrededor de [confidencial] (
2
) de la producción total de E.ON en 2017 sería adquirida por RWE como consecuencia de la concentración, que, en relación con la electricidad convencional, la parte de la producción total de E.ON en 2017 adquirida por RWE solo sería de aproximadamente [confidencial] (
3
) y que, por lo que respecta a la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, RWE adquiriría [confidencial] (
4
) de la producción de E.ON.
197
A este respecto, la observación de las recurrentes según la cual la Comisión y el Tribunal General habrían podido constatar, si hubieran procedido a una delimitación minuciosa del mercado, que la actividad de producción conservada por E.ON formaba parte integrante de una oferta de soluciones a los clientes que se inscribía en las actividades minoristas y no en las actividades de producción al por mayor de electricidad se basa implícita pero necesariamente en la premisa de que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación al dejar abierta la definición de los mercados y de que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al confirmar ese error. Pues bien, basta con señalar que esta premisa ha sido descartada en los apartados 122 a 132 de la presente sentencia, en el marco del examen de la primera parte del tercer motivo de casación.
198
De ello resulta que la presente imputación carece de fundamento.
c)
Tercera imputación
1) Alegaciones de las partes
199
Las recurrentes alegan que el Tribunal General, en los apartados 366 a 391 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 365 a 390 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, se apoyó en un análisis insuficiente de la influencia decisoria conferida a RWE por su participación minoritaria en E.ON. Pues bien, a su entender, sería erróneo sostener que el IRA limita eficazmente esta influencia, aunque solo sea porque este acuerdo es nulo y no impide que RWE lo deje legalmente sin efecto en el ejercicio de su derecho de voto. En cualquier caso, según las recurrentes, la adquisición por parte de RWE de una participación cruzada en su competidor E.ON debería haberse tenido en cuenta incluso en ausencia de una toma de control, en el sentido del artículo 3 del Reglamento n.o 139/2004, ya que se trata de una restricción de la competencia incompatible con el artículo 101 TFUE. También indican que debe señalarse que ninguna de las partes negó que, en el marco de la concentración, RWE y E.ON se especializasen de común acuerdo en diferentes niveles del mercado de la electricidad. Las recurrentes afirman que, en la vista, E.ON explicó que los dos grupos de empresas habían acordado dicho reparto del mercado para poder disponer de los medios financieros necesarios para el desarrollo de sus actividades en el contexto de la transición energética y que no les habría sido posible reunir esos fondos si su relación de competencia se hubiera mantenido inalterada.
2) Apreciación del Tribunal de Justicia
200
Procede señalar que, mediante la presente imputación, las recurrentes reiteran, en esencia, algunas de sus alegaciones expuestas en la primera parte del segundo motivo de casación, relativas a la influencia decisiva que, según ellas, RWE adquirió sobre E.ON. A este respecto, basta con observar que estas alegaciones han sido desestimadas por inoperantes en los apartados 95 a 97 de la presente sentencia.
201
Además, por lo que respecta a las alegaciones de las recurrentes relativas al hecho de que la adquisición de una participación minoritaria por parte de RWE en E.ON debería haberse tenido en cuenta en la medida en que habría constituido una restricción de la competencia incompatible con el artículo 101 TFUE, o también al hecho de que E.ON y RWE se repartieron los mercados, ya se ha señalado, en los apartados 55 y 56 de la presente sentencia, que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que era a la luz del Reglamento n.o 139/2004, cuyo objeto es el control preventivo de las operaciones de concentración, y no del Reglamento n.o 1/2003, cuyo objeto es el control de los acuerdos, decisiones, prácticas concertadas y situaciones de posición dominante, como la observancia del artículo 101 TFUE debía ser y fue, acertadamente, controlada por la Comisión.
202
Por tanto, el Tribunal General, en el apartado 394 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 393 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, acertó al señalar que la Decisión controvertida tenía por objeto una operación de concentración y al desestimar por inoperantes las alegaciones de las recurrentes basadas en la infracción del artículo 101 TFUE.
203
De ello se deduce que la tercera imputación y, por tanto, la cuarta parte del tercer motivo de casación son infundadas.
204
En estas circunstancias, dado que ninguna de las partes del tercer motivo de casación está fundada, procede desestimar dicho motivo.
D. Cuarto motivo de casación, basado en la violación de los principios relativos al reparto de la carga de la prueba
1.
Alegaciones de las partes
205
Las recurrentes alegan que, en los apartados 273, 278 y siguientes, 328, 341, 344 y 382 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 272, 277 y siguientes, 327, 340, 343 y 381 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General reclama datos más detallados sobre los resultados concretos que la Comisión debería haber obtenido si su control hubiera sido correcto. Por el contrario, según las recurrentes, el Tribunal General, en los apartados 406 a 411 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en los apartados 405 a 410 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, rechazó de entrada las proposiciones de prueba que le fueron presentadas, en particular la solicitud de comparecencia personal o de audiencia de los antiguos directivos de los grupos sobre el reparto de los mercados. A su entender, estas decisiones son contrarias a los principios de reparto de la carga de la prueba definidos en los artículos 91 a 96 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
206
A juicio de las recurrentes, los estándares de prueba impuestos por el Tribunal General son excesivos. Las recurrentes afirman que no tuvieron acceso ni a datos más detallados que los que aportaron ni a las facultades de investigación de que dispone la Comisión, por ejemplo, sobre las cuotas de mercado de los productores de electricidad para el cálculo del índice de Herfindahl‑Hirschman (en lo sucesivo, «IHH»). En cualquier caso, en opinión de las recurrentes, estas exigencias son exageradas, puesto que se les pide, además de la prueba de errores manifiestos de apreciación, que expongan, a sus propias expensas, el resultado de investigaciones o de análisis que la Comisión no ha llevado a cabo, y ello cuando el Tribunal General limita, al mismo tiempo, la extensión de los escritos que pueden presentar las demandantes. Las recurrentes afirman que con la presentación del estudio Oxera, confirmado por los análisis de la Oficina Federal de Defensa de la Competencia y el libro Changing Energy, aportaron pruebas sólidas que demostraban el aumento del poder de mercado de las partes de la concentración y el reparto contrario a la competencia del mercado. Señalan que, como ha precisado el Tribunal de Justicia, las exigencias de prueba en materia de decisiones de autorización de una concentración son idénticas a las que regulan su prohibición. La carga de la prueba incumbe, a su entender, en cualquier caso, a la Comisión. Según las recurrentes, si bien esta carga puede transferirse excepcionalmente a las partes afectadas, se trataría de los casos en que las circunstancias positivas para dichas partes contradijeran los resultados de la investigación de la Comisión y en los que tales partes tuvieran acceso a las pruebas, lo que no ocurría en los casos de autos.
207
La Comisión, RWE y E.ON rebaten las alegaciones de las recurrentes.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
208
Mediante el presente motivo de casación, las recurrentes invocan una violación por el Tribunal General de los principios de reparto de la carga de la prueba derivados de los artículos 91 a 96 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
209
De entrada, procede señalar que de estas disposiciones no se desprende ninguna norma relativa al reparto de la carga de la prueba, ya sea en un procedimiento administrativo de la Comisión o en un procedimiento ante el juez de la Unión, cuya infracción se alega en el fundamento del presente motivo de casación. Las mencionadas disposiciones fijan el régimen de las diligencias de prueba y de los interrogatorios de testigos y peritos que el Tribunal General puede ordenar.
210
Por consiguiente, el presente motivo de casación, en la medida en que se basa en la infracción por el Tribunal General de los artículos 91 a 96 de su Reglamento de Procedimiento, es infundado.
211
Además, es preciso recordar que, en el ámbito del control de las concentraciones, la Comisión no está obligada a demostrar más allá de toda duda razonable que un proyecto de concentración no plantea problemas de compatibilidad con el mercado interior. Debe evaluar probabilidades y pronunciarse a favor o en contra de la operación proyectada, en función de su apreciación de cuál sea la evolución económica atribuible a la operación que tiene mayores probabilidades de producirse. En este contexto, disfruta de una amplia facultad de apreciación de las circunstancias económicas complejas, que está sujeta, en particular, al control por el Tribunal General del error manifiesto y de la exactitud material de los hechos (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, Comisión/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, apartado 84). Dicho esto, cuando una institución de la Unión dispone de una amplia facultad de apreciación, reviste especial importancia la observancia de las garantías procedimentales, entre las que figura la obligación de la institución de examinar minuciosa e imparcialmente todas las circunstancias pertinentes de la situación de que se trate (sentencia de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, apartado 57 y jurisprudencia citada).
212
Cuando la Comisión expone detalladamente su posición en su decisión, corresponde a la parte demandante aportar elementos igualmente detallados para refutar dicha posición. Este requisito probatorio no constituye, como sugieren las recurrentes en los casos de autos, una inversión indebida de la carga de la prueba en su perjuicio, sino que refleja la carga que incumbe a cada parte de respaldar su posición ante el Tribunal General (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, apartado 181).
213
Pues bien, en el caso de autos, el Tribunal General se limitó a declarar, en esencia, que las recurrentes no habían fundamentado suficientemente su impugnación de las apreciaciones realizadas por la Comisión en la Decisión controvertida.
214
Así, por lo que respecta al hecho de que, en el apartado 273 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 272 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General señaló que las recurrentes no facilitaban sus propios cálculos del IHH para demostrar que, de haberlo tenido en cuenta, la Comisión habría llegado a una conclusión diferente, procede señalar, como hizo el Tribunal General, que la Comisión no estaba obligada a tener en cuenta al IHH en su apreciación y que, en la medida en que las recurrentes le reprochaban que no se hubiera tenido en cuenta, les incumbía explicar de qué modo la utilización de este índice habría modificado su apreciación. De ello se deduce que la mera imputación de que el IHH no fue tenido en cuenta no basta para demostrar un error de la Comisión y que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que las recurrentes no habían fundamentado sus alegaciones sobre este punto.
215
Por otra parte, en los apartados 278 a 280 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 277 a 279 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que no bastaba con que las recurrentes utilizaran datos distintos de los utilizados por la Comisión para demostrar que esta última incurrió en un error manifiesto de apreciación, sin aportar pruebas concretas de que la toma en consideración de estos últimos datos en la Decisión controvertida constituía un error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión.
216
Lo mismo sucede con las consideraciones relativas al efecto de los aumentos de capacidad de RWE, al efecto de las participaciones de RWE y E.ON en terceras empresas, al significado del paralelismo de la evolución de las cotizaciones bursátiles y de los resultados de E.ON y de RWE y de la presencia de los domicilios sociales en la misma ciudad y al efecto de la participación minoritaria de RWE en E.ON, que figuran, respectivamente, en los apartados 328, 341, 344 y 382 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20, así como en los apartados 327, 340, 343 y 381 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, en los que el Tribunal General consideró, en esencia, que las recurrentes, si bien denunciaban errores manifiestos de apreciación de la Comisión, no aportaban ante él ningún indicio concreto ni explicación convincente de la existencia de tales errores manifiestos.
217
En cuanto al hecho de que el Tribunal General no considerara necesario oír a testigos propuestos por las recurrentes, de las consideraciones procesales contenidas en el apartado 410 de las sentencias T‑312/20, T‑313/20 y T‑315/20 y en el apartado 409 de las sentencias T‑317/20 y T‑319/20, no cuestionadas válidamente ante el Tribunal de Justicia, así como de la circunstancia de que, en cualquier caso, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 71 de la presente sentencia, solo el Tribunal General puede decidir sobre la necesidad de proceder a una comparecencia personal o a una audiencia, se desprende que, al actuar así, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho.
218
Por tanto, debe desestimarse el cuarto motivo de casación.
E. Conclusión
219
Dado que se han desestimado todos los motivos invocados en apoyo de los presentes recursos de casación, procede desestimar estos recursos de casación en su totalidad.
VI. Costas
220
En virtud de lo dispuesto en el artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión, E.ON y RWE la condena en costas de las recurrentes y haber sido desestimados los motivos formulados por estas, procede condenarlas a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión, E.ON y RWE.
221
El artículo 140, apartado 1, del referido Reglamento de Procedimiento, también aplicable al procedimiento de casación, dispone que los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por consiguiente, la República Federal de Alemania cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)
Desestimar los recursos de casación.
2)
Condenar a EVH GmbH a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea, E.ON SE y RWE AG en el asunto C‑464/23 P.
3)
Condenar a Stadtwerke Leipzig GmbH a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea, E.ON SE y RWE AG en el asunto C‑465/23 P.
4)
Condenar a TEAG Thüringer Energie AG a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea, E.ON SE y RWE AG en el asunto C‑467/23 P.
5)
Condenar a EnergieVerbund Dresden GmbH a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea, E.ON SE y RWE AG en el asunto C‑468/23 P.
6)
Condenar a GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea, E.ON SE y RWE AG en el asunto C‑470/23 P.
7)
La República Federal de Alemania cargará con sus propias costas en los asuntos C‑464/23 P, C‑465/23 P, C‑467/23 P, C‑468/23 P y C‑470/23 P.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.
(
1
)	Datos confidenciales ocultos.
(
2
)	Datos confidenciales ocultos.
(
3
)	Datos confidenciales ocultos.
(
4
)	Datos confidenciales ocultos.