62023CJ0600_RES
Asunto C‑600/23
Royal Football Club Seraing
contra
Fédération internationale de football association (FIFA) y otros
(Petición de decisión prejudicial planteada Cour de cassation, Bélgica)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 1 de agosto de 2025
«Procedimiento prejudicial — Artículo 19 TUE, apartado 1 — Obligación de los Estados miembros de establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la tutela judicial efectiva — Posibilidad de recurrir al arbitraje — Arbitraje entre particulares — Arbitraje impuesto — Decisión de un órgano de una federación deportiva internacional que impone una sanción — Laudo del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) confirmado mediante una resolución de un órgano jurisdiccional de un tercer Estado — Vías de recurso contra el laudo arbitral — Normativa nacional que confiere a ese laudo arbitral fuerza de cosa juzgada entre las partes y valor probatorio frente a terceros — Facultades y obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales ante los que se invoca dicho laudo arbitral — Control efectivo de la conformidad de ese laudo arbitral con los principios y las disposiciones de orden público de la Unión»
Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Derecho a la tutela judicial efectiva — Control jurisdiccional de laudos arbitrales que versan sobre cuestiones relativas al Derecho de la Unión — Necesidad de un control efectuado por un órgano jurisdiccional que cumpla las exigencias derivadas del artículo 267 TFUE y apto para garantizar el respeto de los principios y de las disposiciones que forman parte del orden público de la Unión
(Art. 19 TUE, ap. 1, párr. 2; arts. 45 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE, 101 TFUE, 102 TFUE y 267 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 69 a 89)
Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Derecho a la tutela judicial efectiva — Laudo del Tribunal Arbitral del Deporte dictado en el contexto de una controversia vinculada a la práctica de un deporte como actividad económica — Control jurisdiccional de ese laudo arbitral — Alcance — Normativa nacional que confiere a ese laudo arbitral, en el territorio de un Estado miembro, fuerza de cosa juzgada entre las partes en la controversia y valor probatorio frente a terceros vinculado a esa fuerza — Inexistencia de control previo, por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro facultado para remitirse al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial, de la conformidad de dicho laudo con los principios y las disposiciones que forman parte del orden público de la Unión — Improcedencia
(Art. 19 TUE, ap. 1, párr. 2; art. 267 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 90 a 96 y 98 a 125 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, ante el que la Cour de cassation (Tribunal de Casación) belga ha planteado una petición de decisión prejudicial, se pronuncia sobre el control jurisdiccional a la luz del Derecho de la Unión al que deben poder someterse, ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, los laudos dictados en virtud de mecanismos de arbitraje instituidos por las asociaciones deportivas internacionales. Más concretamente, el Tribunal de Justicia precisa la relación entre el sistema de resolución de controversias ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), instituido por la Fédération internationale de football association (FIFA), y el principio de tutela judicial efectiva, en el contexto de una normativa nacional que atribuye a un laudo arbitral, confirmado mediante una resolución de un órgano jurisdiccional de un tercer Estado, fuerza de cosa juzgada entre las partes en la controversia y valor probatorio frente a terceros. El RFC Seraing (en lo sucesivo, «club») es un club de fútbol con domicilio social en Bélgica y afiliado a la Union royale belge des sociétés de football association ASBL (URBSFA). Este club celebró dos contratos con Doyen Sports Investment Ltd (en lo sucesivo, «Doyen»), una sociedad con domicilio social en Malta y cuya actividad económica es el apoyo financiero a los clubes de fútbol en Europa. En virtud de esos contratos, Doyen se convirtió en propietaria de una parte de los derechos económicos (
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) que el club poseía sobre cuatro jugadores determinados.
Procedimientos disciplinario y arbitral seguidos en Suiza
El 4 de septiembre de 2015, la Comisión Disciplinaria de la FIFA adoptó una resolución en la que, en particular, declaró que, al haber celebrado los contratos en cuestión, el club había infringido el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (en lo sucesivo, «RSTJ») (
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) e impuso a este determinadas sanciones disciplinarias. Tras haber sido desestimado el recurso interno formulado por el club, este interpuso, el 9 de marzo de 2016, un recurso de anulación contra esta resolución desestimatoria ante el TAS, invocando la ilegalidad de las disposiciones en las que se basaron esta resolución y las sanciones disciplinarias impuestas. A este respecto, el club defendió, entre otras cosas, que el RSTJ, en la medida en que establece una prohibición total de las prácticas denominadas de «third-party influence» y de «third-party ownership», acompañada de sanciones disciplinarias, infringe el Derecho de la Unión y, más concretamente, la libertad de circulación de los trabajadores, la libertad de prestación de servicios y la libertad de circulación de capitales, garantizadas respectivamente en los artículos 45 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE, y las normas sobre competencia enunciadas en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.
El 9 de marzo de 2017 el TAS dictó un laudo arbitral (en lo sucesivo, «laudo del TAS») en el que, en particular, confirmó la aplicabilidad a la controversia de esas disposiciones del Derecho de la Unión y negó que estas se estuvieran infringiendo.
El 15 de mayo siguiente, el club interpuso un recurso contra el laudo del TAS ante el Tribunal fédéral (Tribunal Supremo Federal, Suiza) que fue desestimado mediante sentencia de 20 de febrero de 2018.
Procedimiento judicial seguido en Bélgica
El 3 de abril de 2015, Doyen y la asociación de Derecho belga que dirige el club demandaron a la FIFA, a la Union des associations européennes de football (UEFA) y a la URBSFA ante el tribunal de commerce francophone de Bruxelles (Tribunal de lo Mercantil Francófono de Bruselas, Bélgica). El 8 de julio de 2015, el club intervino voluntariamente en el procedimiento solicitando, en particular, al mencionado órgano jurisdiccional que declarase la no conformidad con los artículos 45 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE, 101 TFUE y 102 TFUE de la prohibición total de las prácticas antes mencionadas. El 17 de noviembre de 2016, el tribunal de commerce francophone de Bruxelles (Tribunal de lo Mercantil Francófono de Bruselas) dictó una sentencia en la que se declaró incompetente para conocer de las distintas pretensiones del club.
La apelación contra esta sentencia, interpuesta por el club ante la cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica), fue desestimada el 12 de diciembre de 2019. Este órgano jurisdiccional declaró, por un lado, que los motivos esgrimidos por el club según los cuales el RSTJ infringe el Derecho de la Unión ya habían sido invocados por ese club ante el TAS, en la controversia que le enfrentaba a la FIFA, y habían sido desestimados en el laudo del TAS. Pues bien, según la cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas), debe considerarse que el laudo del TAS, con arreglo a la normativa belga aplicable, (
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) tiene los mismos efectos que una resolución de un tribunal en las relaciones entre las partes, se le ha de reconocer, por consiguiente, la autoridad de cosa juzgada a partir de su pronunciamiento y que deviene firme a partir de la desestimación, por el Tribunal fédéral (Tribunal Supremo Federal), del recurso interpuesto contra él. Por otro lado, la cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas) señaló, en esencia, que, desde el momento en que se reconoce fuerza de cosa juzgada a una resolución judicial o a un laudo arbitral en las relaciones entre las partes en un litigio, debe atribuírsele, frente a los terceros a los que es oponible, el valor probatorio inherente a tal fuerza. En el presente asunto, según dicho órgano jurisdiccional, el laudo del TAS tiene valor probatorio frente a la URBSFA, que no era parte en la controversia suscitada ante el TAS entre el club y la FIFA.
El club interpuso un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente contra la sentencia de la cour d’appel de Bruxelles (Tribunal de Apelación de Bruselas) y esgrimió, en particular, el motivo basado en la infracción del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 267 TFUE y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si las citadas disposiciones del Derecho de la Unión se oponen a que, en el territorio de un Estado miembro, a un laudo arbitral, por un lado, se le atribuya fuerza de cosa juzgada en las relaciones entre las partes de la controversia, en caso de que la conformidad de dicho laudo con el Derecho de la Unión no haya sido controlada previamente por un órgano jurisdiccional nacional facultado para remitirse al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial, y, por otro lado, como consecuencia de tal fuerza de cosa juzgada, se le atribuya valor probatorio en las relaciones entre las partes de esa controversia y los terceros.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Sobre la tutela judicial efectiva de los particulares en la Unión, incluyendo cuando se recurre al arbitraje
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda, por una parte, que la obligación establecida en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, implica que todos los organismos pertenecientes al sistema jurisdiccional de los Estados miembros que, en calidad de «órganos jurisdiccionales» en el sentido del Derecho de la Unión, puedan verse abocados a interpretar o aplicar ese Derecho cumplan las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva. Por otra parte, el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 47 de la Carta exige, en particular, que esos órganos jurisdiccionales puedan llevar a cabo un control judicial efectivo de los actos, medidas o comportamientos respecto de los cuales se sostiene, en un litigio determinado, que han vulnerado los derechos o las libertades que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables. Sin embargo, ninguna de estas dos disposiciones implica que los justiciables dispongan de una vía de recurso directa cuyo objeto sea, con carácter principal, impugnar una medida determinada, siempre que existan, por otra parte, en el sistema jurisdiccional nacional de que se trate, una o varias vías de recurso que les permitan obtener, con carácter incidental, un control jurisdiccional efectivo de esa medida y que de ese modo garanticen la observancia de los derechos y libertades que el Derecho de la Unión les reconoce.
Asimismo, el ordenamiento jurídico instaurado por los Tratados no se opone, por principio, a que los particulares que forman parte de ese ordenamiento jurídico a consecuencia del ejercicio de una actividad económica en el territorio de la Unión sometan a un mecanismo de arbitraje las controversias que, en el contexto de dicho ejercicio, puedan enfrentarlos. De este modo, los particulares tienen la posibilidad de celebrar un convenio que someta, en términos claros y precisos, a un órgano arbitral la totalidad o parte de las controversias que se deriven de él, para que se pronuncie en lugar del órgano jurisdiccional nacional que, de no existir tal convenio, habría sido competente para resolver sobre esas controversias en virtud de las normas aplicables. Sin embargo, desde el momento en que el mecanismo de arbitraje establecido o designado por un convenio de esa naturaleza esté llamado a aplicarse en el territorio de la Unión en controversias vinculadas al ejercicio de una actividad económica en dicho territorio, ese mecanismo debe concebirse y aplicarse de tal forma que garantice, por una parte, su compatibilidad con los principios que estructuran la configuración jurisdiccional de la Unión y, por otra parte, el respeto efectivo del orden público de la Unión. A este fin, los laudos dictados por el órgano arbitral deben poder ser objeto de un control jurisdiccional apto para garantizar la tutela judicial efectiva, (
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) siendo no obstante válido que ese control tenga un carácter limitado.
En este contexto, no cabe admitir que, recurriendo al arbitraje, los particulares puedan eludir principios y disposiciones del Derecho primario o derivado de la Unión que tengan un carácter esencial para el ordenamiento jurídico instituido por los Tratados o una importancia fundamental para el cumplimiento de las misiones confiadas a la Unión. Por el contrario, la observancia de estos principios y de estas disposiciones, que forman parte del orden público de la Unión, se impone a los particulares siempre que se cumplan sus respectivos requisitos de aplicación en un caso concreto. En esta medida, la observancia de este orden público constituye un complemento esencial de la red estructurada de principios, normas y relaciones jurídicas mutuamente interdependientes que vinculan a la Unión y a sus Estados miembros y a los Estados miembros entre sí. Las libertades garantizadas por los artículos 45 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE forman parte del orden público de la Unión. Estos tres preceptos, que tienen efecto directo, constituyen fundamentos del mercado interior que implica un espacio sin fronteras interiores en el sentido del artículo 26 TFUE.
Sobre el control jurisdiccional de los laudos dictados por el TAS en controversias relacionadas con la práctica de un deporte como actividad económica en el territorio de la Unión
De entrada, el Tribunal de Justicia indica que los mecanismos de arbitraje a los que las asociaciones deportivas internacionales como la FIFA someten la resolución de las controversias que puedan enfrentarlos o que puedan enfrentar a las federaciones nacionales miembros de aquellas con los particulares que están incluidos en su respectiva jurisdicción, ya se trate de empresas o de deportistas, se caracterizan, en razón de los estatutos y de las prerrogativas de dichas asociaciones deportivas, por un conjunto de elementos que les son propios.
Por este motivo, en el supuesto de que esas controversias estén relacionadas con la práctica de un deporte como actividad económica en el territorio de la Unión, reviste especial importancia la posibilidad de que los particulares concernidos obtengan un control jurisdiccional efectivo de la compatibilidad de los laudos dictados en el contexto de dichas controversias con los principios y las disposiciones que forman parte del orden público de la Unión. En efecto, habida cuenta de los estatutos y de las prerrogativas de asociaciones deportivas como la FIFA, debe considerarse que el recurso a mecanismos de arbitraje de esa naturaleza ha sido impuesto unilateralmente por esas asociaciones a dichos particulares. Aun cuando, desde un punto de vista formal, la aplicación a un particular de un mecanismo de este tipo puede requerir de la celebración de un convenio con él, la celebración de ese convenio y la inclusión en este de una cláusula que estipula el recurso al arbitraje están, en realidad, impuestas previamente por una normativa adoptada por la asociación en cuestión y que es de aplicación a sus miembros y a las personas afiliadas a esos miembros o, incluso, a otras categorías de personas. La obligatoriedad de los mecanismos de arbitraje de este tipo se vincula estrechamente con su vocación de ser aplicados a controversias que enfrentan, por una parte, a una asociación deportiva que cuenta con competencias normativas, de control y sancionadoras sui generis y particularmente extensas y, por otra parte, a un conjunto general e indeterminado de personas jurídicas y físicas sometidas al ejercicio de esas competencias en el desarrollo de su actividad profesional.
Ciertamente, este recurso impuesto al arbitraje puede justificarse en principio, habida cuenta de la autonomía jurídica de que disponen las asociaciones deportivas internacionales y habida cuenta de las responsabilidades que les competen, por la persecución de objetivos legítimos como los consistentes en garantizar el tratamiento uniforme de las controversias vinculadas a la disciplina deportiva que entra dentro de su competencia o en permitir la interpretación y la aplicación coherentes de las normas aplicables a esa disciplina. No obstante, esta autonomía jurídica no puede justificar que el ejercicio de las competencias propias de estas asociaciones dé lugar a que se limite la posibilidad de que los particulares invoquen los derechos y libertades que les confiere el Derecho de la Unión y que forman parte del orden público de la Unión. Pues bien, esta misma exigencia implica que la observancia de esos derechos y esas libertades pueda ser sometida a un control jurisdiccional efectivo, con mayor motivo si el recurso al arbitraje ha sido impuesto a los particulares afectados.
Seguidamente, en lo que atañe a las exigencias a las que debe responder el control judicial de los laudos dictados por el órgano arbitral, (
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) el Tribunal de Justicia puntualiza, en primer término, que, en todos aquellos casos en los que se haya dictado un laudo en el contexto de una controversia relacionada con la práctica de un deporte como actividad económica en el territorio de la Unión y no se haya previsto una vía de recurso directa contra ese laudo ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, los particulares afectados deben tener la posibilidad de obtener con carácter incidental, a instancia de ellos mismos o de oficio, de cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro que en cualquier forma pueda conocer de ese laudo, un control jurisdiccional efectivo sobre la compatibilidad de ese laudo con los principios y las disposiciones que forman parte del orden público de la Unión.
En segundo término, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que han de efectuar ese control, en el supuesto de que tal laudo implique, como ocurre en el presente asunto, una interpretación o una aplicación de principios o de disposiciones que forman parte del orden público de la Unión y que confieren derechos o libertades a los particulares, deben poder controlar la interpretación que se ha hecho de esos principios o de esas disposiciones, las consecuencias jurídicas que se han atribuido a esa interpretación en lo tocante a su aplicación al caso concreto y la calificación jurídica que, a la luz de esa interpretación, se ha dado a los hechos en los términos en que han sido constatados y apreciados por el órgano arbitral.
En tercer término, no cabe que dichos órganos jurisdiccionales se limiten a declarar, en su caso, que ese laudo es incompatible, en todo o en parte, con principios o disposiciones que forman parte del orden público de la Unión. Por el contrario, estos también han de poder extraer, en el marco de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones nacionales aplicables, todas las consecuencias jurídicas necesarias en caso de que se aprecie esa incompatibilidad. De no ser así, el control jurisdiccional llevado a cabo no sería realmente efectivo, toda vez que dejaría que esa incompatibilidad subsista.
En último término, todo órgano jurisdiccional nacional que conozca de un litigio regido por el Derecho de la Unión debe estar facultado para conceder medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de la resolución que deba adoptarse en cuanto al fondo, incluso en el supuesto de que ese órgano jurisdiccional plantee una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia y suspenda el procedimiento a la espera de la respuesta de este. Además, ese órgano jurisdiccional debe inaplicar las normas de Derecho nacional que se opongan a esa facultad. Por consiguiente, por un lado, los particulares afectados deben tener la posibilidad de solicitar de cualquier órgano jurisdiccional ante el que se haya planteado válidamente la cuestión de si un laudo arbitral es compatible con los principios y las disposiciones que forman parte del orden público de la Unión que les conceda medidas cautelares a la espera de la decisión que se adopte sobre el fondo. Por otro lado, cualquier órgano jurisdiccional nacional competente para pronunciarse sobre tal cuestión debe inaplicar cualquier norma emanada de un Estado miembro o, con mayor motivo, de una asociación deportiva que prohíba a los particulares afectados solicitarle que les sean concedidas esas medidas cautelares o que de cualquier otra forma se oponga a que pueda conceder a estos dichas medidas. De lo anterior se sigue, por último, que, en el supuesto de que las disposiciones nacionales que son aplicables a un litigio determinado puedan constituir un obstáculo a la plena eficacia del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, el órgano jurisdiccional nacional competente debe, si no es posible llevar a cabo una interpretación conforme de esas disposiciones nacionales, inaplicarlas de oficio. Esta obligación se impone, en particular, en el supuesto de que las disposiciones nacionales aplicables impidan al órgano jurisdiccional nacional competente llevar a cabo, con carácter incidental, un control efectivo de la compatibilidad de un laudo arbitral dictado por el TAS, en el contexto de una controversia vinculada a la práctica de un deporte como actividad económica en el territorio de la Unión, con los principios y las disposiciones que forman parte del orden público de la Unión. Así pues, dicha obligación se impone, en particular, cuando existan disposiciones y normas nacionales que atribuyan fuerza de cosa juzgada a ese laudo arbitral en las relaciones entre las partes, por un lado, y valor probatorio a ese laudo en las relaciones entre las partes y terceros, por otro, sin que ese laudo arbitral haya sido objeto previamente de un control que haya permitido a un órgano jurisdiccional perteneciente al Estado miembro de que se trate, facultado para remitirse al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial, comprobar, de manera efectiva, si es compatible con los principios y disposiciones que forman parte del orden público de la Unión. A este respecto, es la propia atribución a dicho laudo arbitral de la citada fuerza y, en consecuencia, del mencionado valor, la que, en un contexto como el descrito, tiene lugar contraviniendo la exigencia de tutela judicial efectiva establecida en el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y en el artículo 47 de la Carta.
(
1
)	Estos derechos económicos tienen el objetivo de reflejar el valor económico de los jugadores. Están vinculados a los derechos que los clubes obtienen al contratar a un jugador determinado, como el derecho a inscribir a ese jugador y el derecho a hacerlo jugar. El ejercicio de estos derechos permite al club al que pertenecen percibir las cantidades que se adeuden, por ejemplo, en caso de préstamo o de transferencia de dicho jugador, en concepto de la explotación o la cesión de sus derechos de imagen o también por la resolución del contrato de aquel.
(
2
)	Este Reglamento, adoptado por la FIFA el 22 de marzo de 2014 y que entró en vigor el 1 de agosto de 2014, establece en sus artículos 18 bis, titulado «Influencia de terceros en los clubes», y 18 ter, titulado «Propiedad de los derechos económicos de jugadores por parte de terceros», una prohibición de las prácticas de third-party influence y de third-party ownership.
(
3
)	Artículos 24, 28 y 1713, apartado 9, del code judiciaire (Código Judicial) belga, en su versión modificada por la loi portant dispositions diverses en matière de justice (Ley por la que se establecen disposiciones diversas en materia de justicia), de 21 de diciembre de 2018 (Moniteur belge de 31 de diciembre de 2018, p. 106560).
(
4
)	A la que los particulares afectados tienen derecho en virtud del artículo 47 de la Carta y que los Estados miembros tienen la obligación de asegurar en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión de conformidad con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.
(
5
)	Para permitir a los órganos jurisdiccionales nacionales competentes garantizar a los particulares la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho, en virtud del artículo 47 de la Carta, y que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, de conformidad con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.