62010CO0501_ES
Objeto del litigio
Parte dispositiva
Objeto del litigio
Objeto
Petición de decisión prejudicial — Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Actividad de recogida de apuestas — Normativa nacional que condiciona el ejercicio de dicha actividad a la obtención de una autorización y de una licencia de seguridad pública — Protección concedida a los sujetos de Derecho que hayan obtenido autorizaciones y licencias a través de procedimientos de adjudicación que hubieran excluido ilegalmente a otros operadores del mismo sector — Compatibilidad con los artículos 43 CE y 49 CE (actualmente artículos 49 TFUE y 56 TFUE).
Parte dispositiva
Fallo
1) Los artículos 43 CE y 49 CE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro que, en infracción del Derecho de la Unión, excluyó a una categoría de operadores de la adjudicación de concesiones para el ejercicio de una actividad económica, y que trata de subsanar esa infracción sacando a concurso un número considerable de nuevas concesiones, proteja las posiciones comerciales adquiridas por los operadores existentes estableciendo, en particular, distancias mínimas entre los emplazamientos de los nuevos concesionarios y los de los operadores existentes.
2) Los artículos 43 CE y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se apliquen sanciones por el ejercicio de una actividad organizada de recogida de apuestas sin concesión o sin autorización de policía a personas vinculadas a un operador que fue excluido de una licitación en infracción del Derecho de la Unión, incluso después de la nueva licitación destinada a subsanar dicha infracción del Derecho de la Unión, en la medida en que esa licitación y la consiguiente adjudicación de nuevas concesiones no subsanaron realmente la exclusión ilegal de dicho operador de la licitación anterior.
3) De los artículos 43 CE y 49 CE, del principio de igualdad de trato, de la obligación de transparencia y del principio de seguridad jurídica se desprende que los requisitos y las modalidades de una licitación como la controvertida en el litigio principal y, en particular, las disposiciones que establecen la caducidad de concesiones adjudicadas al término de dicha licitación, como las que figuran en la cláusula 23, apartados 2, letra a), y 3, del modelo de contrato entre la Administración autónoma de los monopolios estatales y el adjudicatario de la concesión sobre juegos de azar relativos a los acontecimientos distintos de las carreras de caballos, deben formularse de manera clara, precisa e inequívoca, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.