62024CJ0197
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 13 de noviembre de 2025 (
*1
) (
i
)
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/7/UE — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Ámbito de aplicación — Artículo 2, puntos 1 y 3 — Concepto de empresa — Concepto de operación comercial — Contrato de prestación de servicios jurídicos en el marco de la constitución de una sociedad mercantil — Directiva 93/13/CEE — Artículo 2, letra b) — Concepto de consumidor — Persona física que ha recurrido a los servicios de un abogado para constituir una sociedad mercantil»
En el asunto C‑197/24 [Šiľarský], (
ii
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Mestský súd Bratislava IV (Tribunal Municipal de Bratislava IV, República Eslovaca), mediante resolución de 13 de febrero de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de marzo de 2024, en el procedimiento entre
AK
y
RU,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Cuarta, y los Sres. M. Condinanzi y N. Jääskinen y la Sra. R. Frendo (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. E. V. Larišová y el Sr. A. Lukáčik, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. P. Kienapfel y R. Lindenthal y por la Sra. D. Milanowska, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 2, 2, puntos 1 y 3, y 6 de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO 2011, L 48, p. 1), y de los artículos 2, letra b), y 8 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre AK, una sociedad que presta servicios jurídicos, y RU, una persona física, en relación con el pago de honorarios debidos por la prestación de servicios jurídicos.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2011/7
3
El considerando 8 de la Directiva 2011/7 enuncia:
«Conviene que el ámbito de la presente Directiva se limite a los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales. La presente Directiva no debe regular las operaciones en las que intervienen consumidores […]».
4
El artículo 1 de esta Directiva, con la rúbrica «Objeto y ámbito de aplicación», dispone en su apartado 2:
«La presente Directiva se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales.»
5
A tenor del artículo 2 de la citada Directiva, con el epígrafe «Definiciones»:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
1)
“operaciones comerciales”: las realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación;
[…]
3)
“empresa”: cualquier organización, distinta de los poderes públicos, que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona;
[…]».
6
El artículo 6 de la misma Directiva, titulado «Compensación por los costes de cobro», establece en su apartado 1:
«Los Estados miembros se asegurarán de que, en los casos en que resulte exigible el interés de demora en las operaciones comerciales con arreglo a los artículos 3 o 4, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 [euros].»
Directiva 93/13
7
El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone:
«El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
8
A tenor del artículo 2, letra b), de esa Directiva:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[…]
b)
“consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional».
9
El artículo 8 de la citada Directiva dispone:
«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección.»
Derecho eslovaco
Código de Comercio
10
El artículo 369c de la zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (Ley n.o 513/1991, por la que se establece el Código de Comercio), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código de Comercio»), dispone, en sus apartados 1 y 2, lo siguiente:
«(1)   En caso de mora del deudor, el acreedor […] tendrá derecho a una cantidad fija como compensación por los costes de cobro, sin necesidad de recordatorio o requerimiento separado. El importe de la cantidad fija como compensación por los costes de cobro será determinado mediante decreto por el Gobierno de la República Eslovaca.
(2)   No se aplicará lo dispuesto en el apartado 1 cuando la acción traiga causa de un contrato celebrado con un consumidor y el deudor tenga la condición de consumidor.»
Código Civil
11
El artículo 52 de la zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (Ley n.o 40/1964 por la que se establece el Código Civil), de 26 de febrero de 1964, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil»), establece:
«(1)   Se entenderá por “contrato celebrado con un consumidor” cualquier contrato, con independencia de su forma jurídica, que se celebre entre un profesional y un consumidor.
(2)   Las disposiciones relativas a los contratos celebrados con un consumidor, así como cualesquiera otras disposiciones que regulen las relaciones jurídicas de las que sea parte un consumidor, se aplicarán siempre que sean favorables al consumidor. Serán nulos los pactos contractuales o los acuerdos divergentes cuyo contenido o finalidad sea eludir esta disposición. A todas las relaciones jurídicas de las que sea parte un consumidor les serán siempre aplicables con carácter prioritario las disposiciones del Código Civil, aun cuando, en otro caso, les fueran aplicables las disposiciones del Derecho mercantil.
(3)   Se entenderá por “profesional” la persona que, al celebrar y ejecutar un contrato con un consumidor, actúe en el ámbito de su actividad empresarial o profesional.
(4)   Se entenderá por “consumidor” la persona física que, al celebrar y ejecutar un contrato con un profesional, no actúe en el ámbito de una actividad empresarial o profesional.»
Ley sobre la Profesión de Abogado
12
El artículo 18, apartado 4, de la zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov [Ley n.o 586/2003 por la que se regula la profesión de abogado y por la que se modifica y completa la Ley n.o 455/1991 relativa al Ejercicio de Actividades Profesionales (Ley sobre las Actividades Profesionales)], en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley sobre la Profesión de Abogado»), establece:
«Cuando preste servicios jurídicos, el abogado estará obligado a informar al cliente que tenga la condición de consumidor de servicios jurídicos sobre el importe de la remuneración debida por la prestación de tales servicios antes de que esta se inicie, en cuyo defecto no tendrá derecho a la remuneración. […]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
13
AK, una sociedad que presta servicios jurídicos, presentó una demanda ante el Mestský súd Bratislava IV (Tribunal Municipal de Bratislava IV, República Eslovaca), que es el órgano jurisdiccional remitente, para que se condenase a RU, persona física, al pago de los honorarios adeudados por la prestación de servicios jurídicos y de una cantidad fija de 40 euros en concepto de compensación por los costes de cobro del crédito, de conformidad con el artículo 369c del Código de Comercio por el que se transpone el artículo 6 de la Directiva 2011/7.
14
De la resolución de remisión se desprende que RU, que quería constituir una sociedad de responsabilidad limitada con arreglo al Derecho eslovaco de la que iba a ser cofundador, socio y administrador, se puso en contacto en 2022 con una abogada que posteriormente pasó a ser socia de la demandante en el litigio principal. Según la resolución de remisión, se celebró un contrato verbal para la prestación de servicios jurídicos a cambio de una remuneración a tanto alzado.
15
El órgano jurisdiccional remitente expone que se redactaron y enviaron a RU un borrador de contrato de sociedad y otros documentos, así como una factura que no fue pagada en la fecha de su vencimiento, a saber, el 17 de enero de 2023.
16
En el procedimiento principal, RU niega haber celebrado un contrato de prestación de servicios jurídicos y la existencia de un acuerdo sobre la remuneración de dichos servicios, ya que el contrato de sociedad y los demás documentos le fueron enviados sin que hubiera formulado una solicitud previa en este sentido. Considera, además, que, debido a su condición de consumidor, el litigio debe regirse por las disposiciones del Derecho civil, mientras que AK sostiene que se trata de un litigio mercantil, que se rige por las disposiciones del Derecho mercantil.
17
En esas circunstancias, el Mestský súd Bratislava IV (Tribunal Municipal de Bratislava IV) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva [2011/7], en relación con los artículos 2, puntos 1 y 3, y 6, apartado 1, de la misma Directiva, en el sentido de que i) se entiende comprendida en el concepto de “empresa” una persona física que, en un supuesto como el del procedimiento principal, recurre a los servicios jurídicos de un abogado con vistas a la constitución de una sociedad mercantil de la que será miembro del órgano de administración y uno de los dos socios fundadores, y de que ii) se entiende por “operación comercial” una operación que, en un supuesto como el del procedimiento principal, da lugar a la prestación de servicios por un abogado a esa persona con vistas a la constitución de una sociedad mercantil?
2)
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el concepto de “consumidor” que figura en el artículo 2, letra b), de la Directiva [93/13], en relación con el artículo 8 de la misma Directiva, en el sentido de que, en un supuesto como el del procedimiento principal, se entiende comprendida en él una persona física a la que se le reclama un crédito que trae causa de un contrato de prestación de servicios jurídicos, cuando ese contrato tuviera por objeto la prestación de servicios con vistas a la constitución de una sociedad mercantil de la que dicha persona física debía ser miembro del órgano de administración y uno de sus dos socios fundadores?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
18
Procede señalar que la demanda interpuesta por AK se basa, en particular, en el artículo 369c del Código de Comercio, que transpone al Derecho eslovaco el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7, al que se refiere la primera cuestión prejudicial. Esta disposición obliga a los Estados miembros a asegurarse de que, en los casos en que resulte exigible el interés de demora en las operaciones comerciales, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 euros.
19
No obstante, de la petición de decisión prejudicial se desprende que las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren más concretamente a los conceptos de «operación comercial» y de «empresa», en el sentido de esa Directiva.
20
Así pues, ha de considerarse que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2011/7, en relación con el artículo 2, puntos 1 y 3, de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una persona física haya recurrido a los servicios de un abogado para la constitución de una sociedad mercantil, de la que iba a ser cofundadora, socia y administradora, basta por sí solo para calificar a esa persona de «empresa» y, por lo tanto, a la operación celebrada con ese abogado de «comercial», en el sentido de dichas disposiciones.
21
Con carácter preliminar, debe recordarse que, según el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2011/7, esta se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en «operaciones comerciales». El artículo 2, punto 1, de esa Directiva define este concepto en el sentido de que abarca «las [operaciones] realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación». Esta última disposición debe interpretarse a la luz del considerando 8 de la referida Directiva que precisa que quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Directiva las operaciones en las que intervienen consumidores (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de diciembre de 2016, Nemec, C‑256/15, EU:C:2016:954, apartado 30, y de 13 de enero de 2022, New Media Development & Hotel Services, C‑327/20, EU:C:2022:23, apartado 31 y jurisprudencia citada).
22
En virtud del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7, una «empresa», a efectos de esta Directiva, es cualquier organización, distinta de los poderes públicos, que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona.
23
Es preciso señalar asimismo que la Directiva 2011/7 sustituyó a la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO 2000, L 200, p. 35). Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en relación con las disposiciones de esta última, equivalentes a las mencionadas en los apartados 21 y 22 de la presente sentencia, que el requisito de que una persona actúe como organización en el marco de una actividad económica o profesional independiente implica que esa persona, cualquiera que sea su forma y estatuto jurídico conforme al Derecho nacional, ejerza la mencionada actividad de manera estructurada y permanente. Esa actividad no puede limitarse a una prestación puntual y aislada, y la operación de que se trate debe inscribirse en el marco de la referida actividad (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Nemec, C‑256/15, EU:C:2016:954, apartados 33 y 34).
24
A efectos de realizar tal apreciación deben tomarse en consideración todas las circunstancias que rodean la operación de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Nemec, C‑256/15, EU:C:2016:954, apartado 41).
25
En el presente asunto, de la resolución de remisión no se desprende que RU, que es una persona física, ejerciera de manera estructurada y permanente una actividad económica o profesional independiente en cuyo marco se inscriba la operación por la que recurrió a los servicios de una abogada.
26
Esta consideración también se opone a la hipótesis, evocada por el órgano jurisdiccional remitente, de que RU pudiera ser calificado de empresa por el hecho de haber solicitado servicios jurídicos con vistas a una futura actividad profesional. En efecto, la exigencia de que la operación de que se trate forme parte de la actividad económica o profesional independiente de la persona en cuestión debe apreciarse en el momento en que se celebra dicha operación (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2024, Agenciart — Management Artístico, C‑643/23, EU:C:2024:959, apartado 35). A este respecto, la posibilidad de que la condición de esta persona evolucione, en particular debido a la operación celebrada, no puede modificar la condición que tenía cuando se concluyó el contrato controvertido (véase en este sentido, en relación con la Directiva 93/13, la sentencia de 20 de marzo de 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, apartado 51).
27
Además, aunque de la jurisprudencia mencionada en el apartado 24 de la presente sentencia se desprende que la relación entre la operación de que se trate y el fin perseguido por la persona que la concluye puede ser uno de los elementos que deben tomarse en consideración para apreciar si la Directiva 2011/7 es aplicable en un caso determinado, no basta, por sí sola, para considerar que RU actuó como «empresa», en el sentido del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7, cuando celebró la operación controvertida en el litigio principal.
28
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la posible pertinencia, a efectos del presente asunto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de las sentencias de 3 de julio de 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337), y de 14 de marzo de 2013, Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165), en la medida en que, en los asuntos que dieron lugar a dichas sentencias, se tuvieron en cuenta determinadas circunstancias fácticas para concluir que la persona en cuestión ejercía una actividad empresarial.
29
No obstante, es menester recordar que ambos asuntos versaban sobre la interpretación de las reglas de competencia judicial en materia de contratos celebrados por los consumidores y que, en ellos, el Tribunal de Justicia interpretó el concepto de «consumidor» en el sentido de esas reglas de competencia judicial. Pues bien, por una parte, aunque el considerando 8 de la Directiva 2011/7 precisa que las transacciones con consumidores no están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, la aplicabilidad de esta queda definida de manera positiva en su artículo 1, cuando se refiere a las «operaciones comerciales» entre «empresas».
30
Por otra parte, como ha indicado el Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones, la Directiva 2011/7 pretende desalentar la morosidad y proteger eficazmente al acreedor frente a dicha morosidad (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2024, M., C‑725/23, EU:C:2024:1015, apartado 29 y jurisprudencia citada). Por tanto, estos objetivos son diferentes del perseguido por las normas de competencia interpretadas en las sentencias citadas en el apartado 28 de la presente sentencia.
31
En consecuencia, procede concluir que las consideraciones realizadas por el Tribunal de Justicia en esas sentencias no son extrapolables a la interpretación del concepto de «empresa», en el sentido de la Directiva 2011/7.
32
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, se ha de responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2011/7, en relación con el artículo 2, puntos 1 y 3, de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una persona física haya recurrido a los servicios de un abogado para la constitución de una sociedad mercantil, de la que iba a ser cofundadora, socia y administradora, no basta por sí solo para calificar a esa persona de «empresa» y, por lo tanto, a la operación celebrada con ese abogado de «comercial», en el sentido de dichas disposiciones.
Segunda cuestión prejudicial
33
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 8 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que una persona física frente a la cual se invoca un crédito derivado de un contrato de prestación de servicios jurídicos que tiene por objeto la constitución de una sociedad mercantil de la que aquella iba a ser cofundadora, socia y administradora está comprendida en el concepto de «consumidor», conforme a dicha Directiva.
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
34
El órgano jurisdiccional remitente indica que el litigio principal no versa sobre la problemática de las cláusulas abusivas contenidas en un contrato entre un profesional y un consumidor. No obstante, considera que es necesaria la interpretación solicitada de las disposiciones de la Directiva 93/13, en caso de que la persona física demandada en el litigio principal no esté comprendida en el concepto de «empresa», en el sentido del artículo 2, punto 3, de la Directiva 2011/7, dado que el concepto de «consumidor» contemplado en el artículo 52, apartado 4, del Código Civil, que transpone al ordenamiento jurídico eslovaco el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, se reproduce en el artículo 18, apartado 4, de la Ley sobre la Profesión de Abogado, controvertido en el litigio principal.
35
A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este es competente para pronunciarse sobre peticiones de decisión prejudicial relativas a disposiciones del Derecho de la Unión en situaciones en las que los hechos del litigio principal quedan fuera del ámbito de aplicación de ese Derecho, pero en las que tales disposiciones del Derecho de la Unión han sido declaradas aplicables por el Derecho nacional mediante una remisión a su contenido (sentencias de 7 de noviembre de 2018, K y B, C‑380/17, EU:C:2018:877, apartado 34 y jurisprudencia citada, y de 24 de noviembre de 2022, Cafpi y Aviva assurances, C‑691/21, EU:C:2022:926, apartado 30).
36
En efecto, en tales situaciones, existe un interés manifiesto de la Unión Europea en que, para evitar futuras divergencias de interpretación, las disposiciones tomadas del Derecho de la Unión sean objeto de una interpretación uniforme (sentencias de 7 de noviembre de 2018, K y B, C‑380/17, EU:C:2018:877, apartado 35 y jurisprudencia citada, y de 24 de noviembre de 2022, Cafpi y Aviva assurances, C‑691/21, EU:C:2022:926, apartado 31).
37
Por lo tanto, la interpretación por el Tribunal de Justicia del Derecho de la Unión en situaciones que no están comprendidas en el ámbito de aplicación de este se justifica porque el Derecho nacional lo ha hecho directa e incondicionalmente aplicable a tales situaciones, con el fin de garantizar un tratamiento idéntico de esas situaciones y las comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión (sentencias de 7 de noviembre de 2018, K y B, C‑380/17, EU:C:2018:877, apartado 36 y jurisprudencia citada, y de 24 de noviembre de 2022, Cafpi y Aviva assurances, C‑691/21, EU:C:2022:926, apartado 32).
38
En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente, único competente para interpretar el Derecho nacional en el marco del sistema de cooperación judicial establecido en el artículo 267 TFUE, indica que el legislador eslovaco decidió aplicar de manera directa e incondicional el concepto de «consumidor» contemplado en el artículo 52, apartado 4, del Código Civil también en el ámbito de los honorarios debidos a los abogados, mediante el artículo 18, apartado 4, de la Ley sobre la Profesión de Abogado. Por ello, la interpretación de este concepto es necesaria para poder resolver litigio pendiente ante él.
39
Dicho órgano jurisdiccional expone asimismo que, por un lado, el artículo 52, apartado 1, del Código Civil se aplica, al igual que la Directiva 93/13, a «cualquier contrato, con independencia de su forma jurídica, que se celebre entre un profesional y un consumidor» y que, por otro lado, el artículo 52, apartado 4, del Código Civil transpone al Derecho eslovaco el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 reproduciendo, en esencia, el tenor de esa disposición.
40
En estas circunstancias, existe un interés manifiesto de la Unión en que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la interpretación solicitada.
41
En consecuencia, debe considerarse que el Tribunal de Justicia es competente para responder a la segunda cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente.
Sobre el fondo
42
De entrada, procede señalar que el artículo 8 de la Directiva 93/13 tiene por objeto permitir a los Estados miembros, dentro del respeto del Tratado FUE, garantizar una protección más elevada al consumidor afectado mediante disposiciones más estrictas que las de dicha Directiva [véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2023, mBank (Registro polaco de cláusulas ilícitas), C‑139/22, EU:C:2023:692, apartado 39]. Sin embargo, en el presente asunto, la segunda cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente se refiere a la definición del concepto de «consumidor» y no a la apreciación de un eventual carácter más estricto de las disposiciones nacionales de que se trata.
43
De ello se deduce que dicho artículo 8 no es pertinente para dar una respuesta útil a esta segunda cuestión prejudicial.
44
Por lo que respecta al artículo 2, letra b), de dicha Directiva, este define al «consumidor» como toda persona física que, en los contratos regulados por dicha Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.
45
Así pues, la condición de «consumidor» del interesado debe determinarse según un criterio funcional, consistente en evaluar si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión. Además, el Tribunal de Justicia ha tenido la ocasión de precisar que el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13, tiene carácter objetivo y es independiente de los conocimientos concretos que pueda tener la persona de que se trata, o de la información de que dicha persona realmente disponga [sentencia de 8 de junio de 2023, YYY. (Concepto de consumidor), C‑570/21, EU:C:2023:456, apartado 30 y jurisprudencia citada].
46
Por lo tanto, la Directiva 93/13 define los contratos a los que se aplica atendiendo a la condición de los contratantes, según actúen o no en el marco de su actividad profesional (sentencia de 21 de marzo de 2019, Pouvin y Dijoux, C‑590/17, EU:C:2019:232, apartado 23 y jurisprudencia citada).
47
En el caso de autos, como ya se ha señalado en el apartado 25 de la presente sentencia, y sin perjuicio de las comprobaciones que deba efectuar el órgano jurisdiccional remitente, ninguno de los elementos aportados por dicho órgano jurisdiccional indica que la persona física demandada en el litigio principal ejerciera, en el momento de la celebración del contrato de prestación de servicios jurídicos, una actividad económica o profesional independiente en cuyo marco se hubiera podido inscribir dicho contrato.
48
Esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho de que el fin perseguido por RU fuera el de emprender una actividad empresarial.
49
En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la condición de «consumidor» de una persona en el sentido de la Directiva 93/13 debe apreciarse en el momento de la celebración del contrato en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de marzo de 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, apartado 49 y jurisprudencia citada).
50
A este respecto, el hecho de que la situación de la persona física demandada en el litigio principal pudiera evolucionar no puede modificar la condición que tenía cuando se celebró el contrato controvertido (véase en este sentido, la sentencia de 20 de marzo de 2025, Arce, C‑365/23, EU:C:2025:192, apartado 51).
51
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el concepto de «consumidor», conforme a dicha disposición, una persona física que ha celebrado un contrato que tiene por objeto la prestación de servicios jurídicos para la constitución de una sociedad mercantil de la que iba a ser cofundadora, socia y administradora, siempre que esa persona no hubiera ejercido, en el momento de la celebración del contrato, una actividad económica o profesional independiente en cuyo marco se hubiera podido inscribir dicho contrato.
Costas
52
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1)
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en relación con el artículo 2, puntos 1 y 3, de esta Directiva,
debe interpretarse en el sentido de que
el hecho de que una persona física haya recurrido a los servicios de un abogado para la constitución de una sociedad mercantil, de la que iba a ser cofundadora, socia y administradora, no basta por sí solo para calificar a esa persona de «empresa» y, por lo tanto, a la operación celebrada con ese abogado de «comercial», en el sentido de dichas disposiciones.
2)
El artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
debe interpretarse en el sentido de que
está comprendida en el concepto de «consumidor», conforme a dicha disposición, una persona física que ha celebrado un contrato que tiene por objeto la prestación de servicios jurídicos para la constitución de una sociedad mercantil de la que iba a ser cofundadora, socia y administradora, siempre que esa persona no hubiera ejercido, en el momento de la celebración del contrato, una actividad económica o profesional independiente en cuyo marco se hubiera podido inscribir dicho contrato.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: eslovaco.
(
i
)	Los apartados 26 y 50 del presente texto han sufrido una modificación de carácter lingüístico con posterioridad a su primera publicación en línea.
(
ii
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.