62022CO0074
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 1 de agosto de 2022 (
*1
)
[Texto rectificado mediante auto de 18 de abril de 2023]
«Recurso de casación — Intervención — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas ejecutado por el Reino de Bélgica — Admisión de intervenciones en el marco de un procedimiento de casación contra una sentencia del Tribunal General — Anulación de la decisión del Tribunal General — Devolución del asunto al Tribunal General — Decisión del Tribunal General por la que se deniega unir a los autos del asunto las observaciones escritas sobre la sentencia que procede a dicha devolución presentadas por una parte coadyuvante en el procedimiento de casación — Decisión implícita del Tribunal General de no reconocer a una parte coadyuvante en el procedimiento de casación la condición de coadyuvante ante el Tribunal General — Admisibilidad del recurso de casación — Condición de coadyuvante ante el Tribunal General de una parte coadyuvante en el procedimiento de casación — Recurso de casación interpuesto fuera de plazo — Error excusable»
En el asunto C‑74/22 P(I),
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 28 de enero de 2022,
Soudal NV, con domicilio social en Turnhout (Bélgica),
Esko-Graphics BVBA, con domicilio social en Gante (Bélgica),
representadas por el Sr. H. Viaene, advocaat,
partes recurrentes,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Magnetrol International NV, con domicilio social en Zele (Bélgica),
parte demandante en primera instancia,
Comisión Europea, representada por el Sr. P.‑J. Loewenthal y la Sra. F. Tomat, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. L. Bay Larsen (Ponente), Vicepresidente, los Sres. A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, I. Jarukaitis y N. Jääskinen y la Sra. I. Ziemele, Presidentes de Sala, y los Sres. M. Ilešič, P. G. Xuereb, N. Piçarra, la Sra. L. S. Rossi, los Sres. A. Kumin y N. Wahl y la Sra. O. Spineanu-Matei, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de julio de 2022;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso de casación, Soudal NV y Esko-Graphics BVBA solicitan la anulación de la resolución del Tribunal General de la Unión Europea, de 6 de diciembre de 2021, por la que este denegó reconocerles la condición de coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV y unir a los autos de ese asunto las observaciones escritas presentadas por ellas sobre las conclusiones que procede extraer de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), para la solución del litigio en dicho asunto (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
Marco jurídico
2
El artículo 1, apartado 3, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General establece que, a efectos de la aplicación de dicho Reglamento de Procedimiento, los términos «parte» y «partes», cuando no vayan acompañados de otras indicaciones, designan a cualquiera de las partes procesales, incluidos los coadyuvantes.
3
El artículo 60 del mismo Reglamento de Procedimiento establece que los plazos procesales se ampliarán, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.
4
El artículo 79 de ese Reglamento de Procedimiento dispone lo siguiente:
«En el Diario Oficial de la Unión Europea se publicará un anuncio que contendrá la fecha de presentación de la demanda que inicie el proceso, el nombre de las partes principales, las pretensiones de la demanda y una indicación de los motivos y de las principales alegaciones invocadas.»
5
Los artículos 142 a 145 del mismo Reglamento de Procedimiento establecen las normas que regulan la intervención ante el Tribunal General.
6
El artículo 143, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General establece que «la demanda de intervención solo podrá presentarse dentro de un plazo de seis semanas a partir de la publicación del anuncio contemplado en el artículo 79».
7
A tenor del artículo 215 de dicho Reglamento de Procedimiento:
«Cuando el Tribunal de Justicia anule una sentencia o un auto del Tribunal General y decida devolver el asunto a este último para que resuelva, dicho asunto quedará sometido a la competencia del Tribunal General en virtud de la resolución que acuerde la devolución.»
8
El artículo 217 del mismo Reglamento de Procedimiento tiene el siguiente tenor:
«1.   Si la resolución anulada por el Tribunal de Justicia se adoptó después de que el Tribunal General declarase terminada la fase escrita del procedimiento sobre el fondo del asunto seguido ante él, las partes en el procedimiento ante el Tribunal General podrán presentar sus observaciones escritas sobre las conclusiones que para la solución del litigio procede extraer de la resolución del Tribunal de Justicia, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de esta última resolución. Este plazo no podrá ser prorrogado.
[…]
3.   Si las circunstancias lo justifican, el Presidente podrá autorizar la presentación de escritos de observaciones complementarios.»
9
El artículo 219 del mismo Reglamento de Procedimiento dispone:
«El Tribunal General decidirá sobre las costas relativas, por una parte, a los procedimientos entablados ante dicho Tribunal General y, por otra, al procedimiento de casación seguido ante el Tribunal de Justicia.»
Antecedentes del litigio
10
Mediante la Decisión (UE) 2016/1699, de 11 de enero de 2016, sobre el régimen de ayudas estatales en la forma de exención de los beneficios extraordinarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicado por Bélgica (DO 2016, L 260, p. 61; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), la Comisión Europea consideró que determinadas exenciones concedidas por el Reino de Bélgica constituían un régimen de ayudas, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, que era incompatible con el mercado interior y que se había ejecutado infringiendo el artículo 108 TFUE, apartado 3. La Comisión ordenó recuperar de sus beneficiarios las ayudas así concedidas, beneficiarios cuya lista definitiva debía elaborar el Reino de Bélgica con posterioridad.
Procedimiento ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia y resolución impugnada
11
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal General el 22 de marzo y el 25 de mayo de 2016, el Reino de Bélgica y Magnetrol International NV interpusieron sendos recursos de anulación de la Decisión controvertida, registrados respectivamente con los números T‑131/16 y T‑263/16.
12
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 2 de mayo de 2016, Soudal interpuso un recurso de anulación contra esa Decisión, registrado con el número T‑201/16. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 28 de junio de 2016, Esko-Graphics interpuso un recurso solicitando la anulación de dicha Decisión, registrado con el número T‑335/16.
13
Posteriormente, el Secretario del Tribunal General informó a las partes en los asuntos T‑201/16 y T‑335/16 de que el Presidente de la Sala que conocía del asunto había decidido suspender el procedimiento en esos asuntos hasta que se resolviera el litigio en los asuntos T‑131/16 y T‑263/16.
14
Mediante auto de 17 de mayo de 2018, el Presidente de la Sala Séptima ampliada del Tribunal General decidió acumular los asuntos T‑131/16 y T‑263/16 a efectos de la fase oral del procedimiento y de la resolución que pone fin al proceso.
15
Mediante sentencia de 14 de febrero de 2019, Bélgica y Magnetrol International/Comisión (T‑131/16 y T‑263/16, EU:T:2019:91), el Tribunal General anuló la Decisión controvertida.
16
El 24 de abril de 2019, la Comisión interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia. Este recurso de casación se registró con el número C‑337/19 P.
17
Mediante autos de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International, el Presidente del Tribunal de Justicia admitió la intervención de Anheuser-Busch InBev SA/NV, Ampar BVBA, Atlas Copco Airpower NV y Atlas Copco AB (C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:909) así como de Soudal y Esko-Graphics (C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:915) en apoyo de las pretensiones de Magnetrol International.
18
Mediante sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), el Tribunal de Justicia:
–
Anuló la sentencia del Tribunal General de 14 de febrero de 2019, Bélgica y Magnetrol International/Comisión (T‑131/16 y T‑263/16, EU:T:2019:91).
–
Desestimó los motivos primero y segundo del recurso en el asunto T‑131/16 y el primer motivo y la primera parte del tercer motivo del recurso en el asunto T‑263/16.
–
Devolvió el asunto al Tribunal General para que se pronunciase sobre los motivos tercero a quinto del recurso en el asunto T‑131/16 y sobre el segundo motivo, las partes segunda y tercera del tercer motivo y el cuarto motivo en el asunto T‑263/16.
–
Reservó la decisión sobre las costas.
19
El 16 de noviembre de 2021, Soudal y Esko-Graphics remitieron al Tribunal General, con arreglo al artículo 217 de su Reglamento de Procedimiento, observaciones sobre las conclusiones que procede extraer de la sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), para la solución del litigio en el asunto T‑263/16 RENV (en lo sucesivo, «observaciones controvertidas»).
20
Mediante escrito de 6 de diciembre de 2021, notificado a Soudal y a Esko-Graphics el 17 de diciembre de 2021, el Secretario del Tribunal General les informó de que, puesto que estas observaciones no constituían un documento previsto por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Presidente de la Sala del Tribunal General a la que se había sometido el asunto había decidido no incorporarlas a los autos.
21
Mediante escrito de 29 de diciembre de 2021, dirigido al Presidente del Tribunal General y a sus miembros, Soudal y Esko-Graphics, basándose en particular en el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:915), y en la jurisprudencia del Tribunal General, solicitaron, por una parte, la corrección del «error» cometido por el Tribunal General y, por otra parte, la confirmación de su condición de partes coadyuvantes ante el Tribunal General, solicitando una respuesta en el plazo de cinco días.
22
Mediante escrito de 11 de enero de 2022, el Secretario del Tribunal General acusó recibo del escrito de las partes recurrentes de 29 de diciembre de 2021. También llamó la atención de dichas partes, por un lado, sobre el «hecho» de que la presentación de observaciones en el asunto T‑263/16 RENV por los coadyuvantes admitidos en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia en el asunto C‑337/19 P no estaba prevista por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y, por otro lado, sobre el artículo 70, apartado 2, de dicho Reglamento de Procedimiento, a tenor del cual el Presidente del Tribunal General puede decidir la reanudación de un procedimiento suspendido antes del término del período de suspensión.
Pretensiones de las partes
23
Soudal y Esko-Graphics solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Ordene que se unan sus observaciones escritas a los autos del asunto T‑263/16 RENV.
–
Declare que las recurrentes conservan su condición de partes coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV tras la devolución del asunto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia.
24
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Declare la inadmisibilidad del recurso de casación.
–
En su defecto, desestime el recurso de casación por infundado.
–
Condene en costas a Soudal y a Esko-Graphics.
Sobre el recurso de casación
Admisibilidad del recurso de casación
25
La Comisión alega que el recurso de casación es inadmisible debido tanto a la naturaleza de la resolución impugnada como a la extemporaneidad de su interposición.
Sobre la causa de inadmisión basada en la naturaleza de la resolución impugnada
– Alegaciones
26
La Comisión sostiene que, mediante la resolución impugnada, el Tribunal General se limitó a negarse a unir a los autos del asunto T‑263/16 RENV las observaciones en cuestión. Pues bien, esta decisión denegatoria no entra en ninguna de las categorías de resoluciones que pueden ser objeto de un recurso de casación con arreglo al artículo 56, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
27
Además, si bien es cierto que el artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite interponer un recurso de casación contra la decisión del Tribunal General por la que se desestime una demanda de intervención, las recurrentes no han presentado, en el caso de autos, ninguna demanda de intervención ante el Tribunal General. Por consiguiente, el Tribunal General no desestimó tal demanda, de suerte que dicha disposición no es aplicable en este caso.
28
Según Soudal y Esko-Graphics, la decisión del Tribunal General de no unir las observaciones controvertidas a los autos del asunto T‑263/16 RENV constituye una negativa implícita a admitirlos como coadyuvantes en dicho asunto.
29
Pues bien, los motivos expuestos por el Presidente del Tribunal de Justicia en su auto de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:915), por los que autorizó la intervención de Soudal y de Esko-Graphics en el recurso de casación son igualmente pertinentes en el asunto T‑263/16 RENV.
– Apreciación
30
Con carácter preliminar, para examinar la admisibilidad del recurso de casación, procede determinar el alcance de la decisión contenida en el escrito del Secretario del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021.
31
A este respecto, es preciso señalar que el artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General dispone que, cuando el Tribunal de Justicia anula una resolución del Tribunal General y decide devolverle el asunto para que resuelva una vez finalizada la fase escrita del procedimiento sobre el fondo del asunto seguido ante él, las partes en el procedimiento ante el Tribunal General podrán presentar sus observaciones escritas sobre las conclusiones que para la solución del litigio procede extraer de la resolución del Tribunal de Justicia, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de esta última resolución.
32
Pues bien, es pacífico, en primer lugar, que el presente asunto corresponde al supuesto contemplado en esa disposición y, en segundo lugar, que las observaciones controvertidas se presentaron dentro del plazo previsto en ella, ampliado en el plazo por razón de la distancia fijado en el artículo 60 de dicho Reglamento de Procedimiento, de modo que su desestimación no se basa en la extemporaneidad de su presentación.
33
De ello se deduce que, a pesar de su concisión, el escrito del Secretario del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021, al referirse a la negativa del Tribunal General a unir las observaciones controvertidas a los autos del asunto T‑263/16 RENV por constituir un documento no previsto por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, debe entenderse en el sentido de que refleja la decisión del Tribunal General de no reconocer a las recurrentes la condición de coadyuvantes en el referido asunto, que estas consideran haber adquirido de pleno derecho sobre la base de su admisión a intervenir en el recurso de casación en el asunto C‑337/19 P.
34
Dicha apreciación se ve corroborada por el escrito del Secretario del Tribunal General de 11 de enero de 2022, por el que se llamó la atención de las recurrentes sobre el «hecho» de que la presentación de observaciones en el asunto T‑263/16 RENV por los coadyuvantes admitidos en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia en el asunto C‑337/19 P no estaba prevista por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
35
Por lo tanto, procede desestimar la alegación de la Comisión según la cual la resolución impugnada se limita a negarse a unir a los autos del asunto T‑263/16 RENV las observaciones controvertidas.
36
Por lo que respecta al derecho a interponer un recurso de casación contra la resolución impugnada, es preciso subrayar que, el 8 de marzo de 2022, el Tribunal de Justicia declaró que el presente recurso de casación, que había sido interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debía calificarse de recurso de casación interpuesto de conformidad con el artículo 57, párrafo primero, de ese Estatuto, calificación que posteriormente fue comunicada a las partes al notificarse ese recurso, mediante escrito de la Secretaría del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 2022.
37
El artículo 57, párrafo primero, de dicho Estatuto dispone que cualquier persona cuya demanda de intervención hubiere sido desestimada podrá interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la decisión del Tribunal General que haya desestimado su demanda de intervención.
38
En el caso de autos, ciertamente, no se discute que, mediante la resolución impugnada, el Tribunal General no desestimó una demanda de intervención, pues las recurrentes no presentaron tal demanda ante el Tribunal General.
39
Sin embargo, también debe señalarse que el alcance de la decisión —inherente al escrito del Secretario del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021— de no reconocer la condición de coadyuvantes a las recurrentes en el asunto T‑263/16 RENV es similar a la que habría tenido una decisión del Tribunal General de desestimar una demanda de intervención presentada por las recurrentes, a saber, que ambas privan a una parte que sostiene que, en virtud del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe disfrutar de una posición procesal específica, sobre la base de su interés en la solución del litigio, del conjunto de derechos aparejados a esa posición.
40
Además, cuando el Tribunal de Justicia ha estimado que un recurso de casación es fundado, ha anulado la resolución del Tribunal General y ha devuelto el asunto ante este último para que resuelva, no cabe razonablemente esperar de una parte coadyuvante en dicho recurso de casación —que considera que tiene, de pleno derecho, la condición de coadyuvante ante el Tribunal General— que presente formalmente una demanda de intervención ante este último órgano jurisdiccional con el único fin de poder interponer un recurso de casación, con arreglo al artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contra la decisión por la que se desestime dicha demanda.
41
En efecto, en cualquier caso, tal demanda solo podría ser desestimada por el Tribunal General por ser extemporánea, puesto que el artículo 143, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de este, en relación con el artículo 79 del mismo Reglamento de Procedimiento, establece que una demanda de intervención debe presentarse en un plazo de seis semanas que comienza a correr a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio que menciona por primera vez la presentación de la demanda que inicie el proceso en el asunto de que se trate.
42
En este contexto, considerar que un coadyuvante en casación en un asunto —que pretende disfrutar de pleno derecho de la condición de coadyuvante ante el Tribunal General a raíz de la devolución de este asunto a dicho órgano jurisdiccional— no puede interponer un recurso de casación con arreglo al artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra una decisión del Tribunal General por la que se le deniega tal condición por el mero hecho de que el Tribunal General no ha desestimado formalmente una demanda de intervención privaría a la parte afectada de toda tutela judicial que le permita invocar ante el Tribunal General los derechos procesales que, en su opinión, le confiere el artículo 40 de dicho Estatuto, pese a que el artículo 57, párrafo primero, del referido Estatuto tiene precisamente por objeto garantizar esa tutela.
43
En efecto, en el supuesto de que dicho coadyuvante en casación invocara fundadamente su condición de coadyuvante ante el Tribunal General en un asunto que ha sido devuelto a este último por el Tribunal de Justicia, cuestión que debe resolverse en la fase del examen sobre el fondo del presente recurso de casación y que, por tanto, no puede dilucidarse en la fase de la apreciación de su admisibilidad, no tendría ninguna otra vía de recurso para hacer valer sus derechos procesales derivados del artículo 40 del mismo Estatuto.
44
Así, en primer lugar, una parte coadyuvante en casación no puede interponer, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un recurso de casación contra una decisión del Tribunal General que le deniega la condición de coadyuvante en el asunto que el Tribunal de Justicia ha devuelto a dicho órgano jurisdiccional.
45
Esta disposición establece que puede interponerse recurso de casación contra las resoluciones del Tribunal General que pongan fin al proceso, así como contra las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad.
46
En el caso de autos, procede señalar que la resolución impugnada no pone fin al proceso en el asunto T‑263/16 RENV ante el Tribunal General ni dirime, siquiera parcialmente, el fondo del asunto.
47
Además, si bien dicha resolución pone fin, efectivamente, a un incidente procesal relativo a la condición de coadyuvantes de las recurrentes ante el Tribunal General, tal incidente no se refiere a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad.
48
Pues bien, el Tribunal de Justicia ha declarado que los recursos de casación interpuestos con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las resoluciones del Tribunal General que pongan fin a un incidente procesal de naturaleza diferente a la de los incidentes procesales a los que remite dicha disposición deben declararse inadmisibles (véanse, en este sentido, el auto de 4 de octubre de 1999, Comisión/ADT Projekt, C‑349/99 P, EU:C:1999:475, apartados 10 y 11, y la sentencia de 8 de enero de 2002, Francia/Monsanto y Comisión, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, apartado 46).
49
Por otra parte, es preciso señalar que, cuando resuelve un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, el Tribunal General se pronuncia sobre una pretensión de una parte cuyo objeto consiste en que se ponga fin a un proceso sin entrar en el fondo del asunto, razón por la cual tal resolución debe poder someterse al Tribunal de Justicia sin esperar una eventual resolución sobre el fondo. En cambio, ese no es el caso de una decisión que pone fin a un incidente procesal relativo a una intervención.
50
Así, el Tribunal de Justicia ha considerado que la decisión por la que el Tribunal General estima una demanda de intervención no puede ser objeto de un recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2019, Bayerische Motoren Werke y Freistaat Sachsen/Comisión, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, apartados 29 y 30).
51
Habida cuenta de lo anterior, esta solución debe aplicarse también a un recurso de casación interpuesto contra una decisión del Tribunal General en la que se deniega reconocer a un coadyuvante en casación la condición de coadyuvante en un asunto que le ha devuelto el Tribunal de Justicia.
52
En segundo lugar, la interposición de un recurso de casación, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contra la resolución que ponga fin al proceso en el que la persona afectada afirma tener la condición de coadyuvante no le confiere una tutela judicial suficiente, ya que ese recurso solo puede ser interpuesto por las partes ante el Tribunal General y el ejercicio de tal vía de recurso, en cualquier caso, no permitiría preservar la utilidad de una eventual intervención ante el Tribunal General, asegurando la admisión de dicha intervención en una fase del procedimiento en la que dicha intervención puede contribuir de manera efectiva a los debates ante el órgano jurisdiccional.
53
Habida cuenta de lo anterior, la decisión por la que el Tribunal General —al no unir a los autos de un asunto que le ha sido devuelto tras la anulación de su resolución por el Tribunal de Justicia las observaciones de un coadyuvante en casación porque constituyen un documento no previsto por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General— deniega implícitamente a dicho coadyuvante en casación la condición de coadyuvante en ese asunto puede ser objeto de un recurso de casación sobre la base del artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
54
De ello se deduce que procede desestimar la causa de inadmisión propuesta por la Comisión, basada en la naturaleza de la resolución impugnada.
Sobre la causa de inadmisión basada en la extemporaneidad de la interposición del recurso de casación
– Alegaciones
55
[En su versión rectificada mediante auto de 18 de abril de 2023] La Comisión recuerda que el artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que un recurso de casación interpuesto contra una decisión del Tribunal General por la que se desestima una demanda de intervención debe interponerse en el plazo de dos semanas que comienza a correr a partir de la notificación de la resolución desestimatoria. Si se considerase que el presente recurso de casación está comprendido en el ámbito de aplicación de esa disposición, dado que la resolución impugnada fue notificada a las recurrentes el 17 de diciembre de 2021, dicho recurso debería haberse interpuesto antes del 10 de enero de 2022. Al haberse interpuesto este recurso de casación el 28 de enero de 2022, debe declararse su inadmisibilidad, según la Comisión.
56
Para la Comisión, una aplicación estricta de las normas relativas a los plazos procesales es esencial para garantizar la seguridad jurídica y evitar cualquier discriminación o trato arbitrario.
57
En el caso de autos, la Comisión considera que las recurrentes no pueden invocar la existencia de circunstancias excepcionales para justificar la inobservancia del plazo del recurso de casación. La Comisión alega, en particular, que el concepto de «error excusable» debe interpretarse de manera estricta. Pues bien, las recurrentes no pueden alegar que desconocían, antes de la recepción del escrito del Secretario del Tribunal General de 11 de enero de 2022, que el Tribunal General había adoptado una resolución definitiva. Por el contrario, en sus alegaciones reconocen que dicho escrito se limitaba a confirmar la posición anterior del Tribunal General. Por lo tanto, la Comisión entiende que no puede considerarse que el comportamiento del Tribunal General pudiera provocar una confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que acredite haber actuado con toda la diligencia exigible a un operador medio cuidadoso.
58
Soudal y Esko-Graphics sostienen que el error cometido en cuanto a la elección de la base jurídica de su recurso de casación es excusable.
59
A este respecto, dichas sociedades exponen que, desde un punto de vista formal, no habían presentado ninguna demanda de intervención. Además, la decisión del Tribunal General no les fue notificada mediante auto. Del mismo modo, de los escritos del Secretario del Tribunal General no se desprende que este último hubiera pretendido desestimar una demanda de intervención. Por consiguiente, entienden que el comportamiento del Tribunal General podía provocar una confusión admisible en el ánimo de las recurrentes en cuanto al tipo de recurso de casación que debía interponerse contra la resolución impugnada. Asimismo, esas últimas actuaron de buena fe y con toda la diligencia exigible a un operador medio cuidadoso, tal como atestigua su escrito de 29 de diciembre de 2021.
60
Además, Soudal y Esko-Graphics consideran que, en el caso de autos, el plazo para interponer el recurso de casación comenzó a correr a partir de la recepción del escrito del Secretario del Tribunal de General de 11 de enero de 2022. En efecto, solo tras la recepción de ese escrito pudieron las recurrentes tener la certeza de que la negativa a unir las observaciones controvertidas a los autos del asunto T‑263/16 RENV fue consecuencia no solo de un simple error de apreciación del Tribunal General, sino de una posición adoptada de forma consciente por este último. De forma subsidiaria, las recurrentes alegan que el retraso observado en la interposición de su recurso de casación debe considerarse excusable, teniendo en cuenta el comportamiento ambiguo adoptado por el Tribunal General.
– Apreciación
61
El artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que cualquier persona cuya demanda de intervención hubiere sido desestimada podrá interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la decisión del Tribunal General que desestime su demanda de intervención, en el plazo de dos semanas a partir de la notificación de la resolución desestimatoria.
62
Con arreglo al artículo 51 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este plazo de dos semanas debe ampliarse, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.
63
En el caso de autos, a raíz de la presentación en la Secretaría del Tribunal General de las observaciones controvertidas, las recurrentes fueron destinatarias de dos escritos del Secretario del Tribunal General de fechas 6 de diciembre de 2021 y 11 de enero de 2022, respectivamente.
64
De los apartados 31 a 34 y 53 del presente auto se desprende que procede considerar que el escrito del Secretario del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021 contiene la decisión del Tribunal General de no reconocer a las recurrentes la condición de coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV, decisión que puede ser objeto de un recurso de casación con arreglo al artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
65
De ello se deduce que el plazo para interponer tal recurso de casación comenzó a correr el 18 de diciembre de 2021, es decir, al día siguiente a la notificación de dicho escrito.
66
El hecho de que el Secretario del Tribunal General, en respuesta al escrito de las recurrentes de 29 de diciembre de 2021, les dirigiera un nuevo escrito de fecha 11 de enero de 2022 no puede dar lugar a un nuevo plazo para interponer el recurso de casación.
67
En efecto, por un lado, este segundo escrito se limita a «acusar recibo» del escrito de las recurrentes de 29 de diciembre de 2021. Por otro lado, aun suponiendo que el escrito del Secretario del Tribunal General de 11 de enero de 2022 deba interpretarse en el sentido de que desestima las pretensiones formuladas por las recurrentes en su escrito de 29 de diciembre de 2021, ese escrito del Secretario del Tribunal General se limitaría entonces, habida cuenta de la naturaleza de dichas pretensiones, a confirmar la decisión ya expresada en el escrito del Secretario del Tribunal General de fecha 6 de diciembre de 2021.
68
En consecuencia, resulta que el presente recurso de casación se interpuso fuera de plazo.
69
A este respecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no pueden admitirse excepciones a la aplicación de normas de la Unión relativas a los plazos de procedimiento más que en circunstancias totalmente excepcionales, de caso fortuito o de fuerza mayor, de conformidad con el artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dado que la aplicación estricta de estas normas responde a la exigencia de seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia [véanse, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, apartado 56, y el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2018, Müller y otros/QH, C‑187/18 P(I), no publicado, EU:C:2018:543, apartados 20 y 21].
70
Además, si bien también pueden establecerse excepciones a la normativa de la Unión en caso de error excusable cometido por una parte, este concepto, que debe interpretarse de manera estricta, únicamente se refiere a circunstancias excepcionales en las cuales, particularmente, la institución interesada haya adoptado un comportamiento que pueda provocar, por sí solo o de modo determinante, una confusión admisible en el ánimo de un justiciable de buena fe y que acredite haber actuado con toda la diligencia exigible a un operador medio cuidadoso [véanse, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2016, SV Capital/ABE, C‑577/15 P, EU:C:2016:947, apartado 59, y el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2018, Müller y otros/QH, C‑187/18 P(I), no publicado, EU:C:2018:543, apartado 42].
71
Por lo tanto, no puede reconocerse el carácter excusable del error cometido por una parte cuando la superación de un plazo procesal procede del funcionamiento defectuoso de los servicios de la parte afectada o del incumpliendo de sus propias directrices internas ni cuando se discute la aplicación de una disposición que no plantea dificultades especiales de interpretación [véanse, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 1994, Bayer/Comisión, C‑195/91 P, EU:C:1994:412, apartado 28; el auto de 14 de enero de 2010, SGAE/Comisión, C‑112/09 P, EU:C:2010:16, apartado 24, y el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2018, Müller y otros/QH, C‑187/18 P(I), no publicado, EU:C:2018:543, apartado 43].
72
En cambio, ese carácter excusable puede reconocerse en una situación excepcional en la que la parte afectada se enfrentaba, debido al comportamiento de una institución y a la luz de la formulación de las normas aplicables, a una verdadera incertidumbre, en particular, en cuanto a la identidad del acto impugnable o en cuanto a los plazos en los que debía interponerse un recurso contra ese acto (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de octubre de 1977, Schertzer/Parlamento, 25/68, EU:C:1977:158, apartado 19, y de 5 de abril de 1979, Orlandi/Comisión, 117/78, EU:C:1979:109, apartado 11).
73
También se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el carácter excusable de un error puede reconocerse cuando tal situación excepcional resulta del comportamiento de un órgano jurisdiccional de la Unión [véanse, en este sentido, el auto de 14 de enero de 2010, SGAE/Comisión, C‑112/09 P, EU:C:2010:16, apartado 29, y el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2018, Müller y otros/QH, C‑187/18 P(I), no publicado, EU:C:2018:543, apartado 43].
74
En el caso de autos, procede señalar, de entrada, que la negativa del Tribunal General a reconocer a Soudal y a Esko-Graphics la condición de coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV, pese a que tenían la condición de coadyuvantes en el procedimiento de casación en el asunto C‑337/19 P, constituye, como señaló en esencia el Abogado General en el punto 79 de sus conclusiones, una ruptura con una práctica seguida desde hace tiempo por el Tribunal General y consagrada formalmente en su jurisprudencia.
75
En particular, en el apartado 24 de la sentencia del Tribunal General de 23 de marzo de 1993, Gill/Comisión (T‑43/89, EU:T:1993:24), este declaró que, dado que el Tribunal de Justicia no resolvió sobre las costas de un coadyuvante, pero devolvió el asunto, en su integridad, al Tribunal General, ese coadyuvante conservaba su condición de parte coadyuvante en el procedimiento ante el Tribunal General tras la devolución del asunto.
76
Ciertamente, el Tribunal General se apartó de esta solución en los apartados 23 a 26 de su auto de 16 de junio de 2020, Uniwersytet Wrocławski/REA (T‑137/16 RENV, no publicado, EU:T:2020:275).
77
No obstante, posteriormente, había reafirmado el fundamento de dicha solución en el apartado 65 de su sentencia de 23 de septiembre de 2020, España y otros/Comisión (T‑515/13 RENV y T‑719/13 RENV, EU:T:2020:434), señalando que procedía de una buena administración de la justicia y era compatible con el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
78
El hecho de que la Comisión haya interpuesto un recurso de casación contra esta última sentencia carece aquí de pertinencia, en la medida en que era lícito considerar que la interpretación adoptada por el Tribunal General en esa sentencia respecto de sus propias normas procesales, en cualquier caso, en la fecha de recepción por las recurrentes del escrito del Secretario del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021, reflejaba la práctica seguida en el seno de dicho órgano jurisdiccional.
79
A continuación, es preciso resaltar el carácter sucinto que tenía ese escrito, ya que no indicaba expresamente que el Tribunal General no reconocía a las recurrentes la condición de coadyuvantes y, más allá de una mención genérica de su Reglamento de Procedimiento, no contenía referencia alguna al fundamento de la decisión adoptada ni, a fortiori, una declaración sobre la manera en que el Tribunal General pretendía interpretar en lo sucesivo sus propias normas de procedimiento.
80
Debe considerarse que el carácter sucinto de dicho escrito, habida cuenta del contexto descrito en los apartados 74 a 78 del presente auto, puede provocar una confusión admisible en el ánimo del justiciable de buena fe en cuanto al alcance del mismo escrito y a la oportunidad de interponer sin demora un recurso de casación contra la decisión que contiene.
81
En ese contexto, la elección de las recurrentes de intentar disipar esta confusión dirigiéndose oportunamente al Tribunal General mediante escrito de 29 de diciembre de 2021, para presentar ante él alegaciones relativas a su situación procesal específica y solicitarle aclaraciones sobre la posición que pretendía adoptar en cuanto a dicha situación, no puede considerarse una elección que un operador medio cuidadoso y diligente no hubiera realizado.
82
Por último, de los apartados 36 a 53 del presente auto se deduce que el fundamento jurídico en el que se basa el recurso de casación que se interpuso contra la decisión del Tribunal General de no reconocer a una parte coadyuvante, en el procedimiento de casación, la condición de coadyuvante en un asunto que fue devuelto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia no se desprendía de manera clara, en la fecha en que se interpuso el presente recurso de casación, del tenor de los artículos 56 y 57 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
83
La dificultad, en esa fecha, para determinar el régimen aplicable al recurso de casación que puede interponerse contra la resolución impugnada reviste aquí una importancia decisiva, en la medida en que el recurso de casación contemplado en el artículo 56 de dicho Estatuto debe interponerse en un plazo de dos meses a partir de la decisión del Tribunal General, mientras que, con arreglo al artículo 57 del referido Estatuto, tal recurso debe interponerse en un plazo de dos semanas.
84
Del conjunto de los elementos expuestos en los apartados 74 a 83 del presente auto resulta que el error cometido por las recurrentes en cuanto al plazo de interposición del presente recurso de casación debe considerarse excusable.
85
Por lo tanto, procede desestimar la causa de inadmisión de la Comisión basada en la extemporaneidad de la interposición del recurso de casación.
86
Por consiguiente, el recurso de casación debe considerarse admisible.
Sobre el fondo
Alegaciones
87
Soudal y Esko-Graphics sostienen, mediante un motivo único, que el Tribunal General incurrió en dos errores de Derecho relativos, el primero, a la negativa a unir a los autos del asunto T‑263/16 RENV las observaciones que desean formular sobre las conclusiones que deben extraerse de la sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741) y, el segundo, a la negativa a concederles la condición de partes coadyuvantes en ese asunto.
88
En primer lugar, de la jurisprudencia del Tribunal General se desprende que el artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de dicho órgano jurisdiccional no define el concepto de «partes en el procedimiento ante el Tribunal General» y que, por lo tanto, esta disposición no excluye que pueda reconocerse tal condición a las partes coadyuvantes ante el Tribunal de Justicia en caso de devolución del asunto al Tribunal General. En virtud de esta jurisprudencia, Soudal y Esko-Graphics deberían haber podido presentar observaciones escritas en el sentido de dicho artículo 217, apartado 1, lo que hicieron dentro de los plazos establecidos en dicho artículo.
89
En segundo lugar, según ha estimado reiteradamente el Tribunal General, interesa a la buena administración de la justicia y a la continuidad del debate contencioso que, cuando se haya admitido la intervención de una parte en un recurso de casación, esta conserve su condición de coadyuvante en caso de devolución del asunto al Tribunal General tras la anulación de su resolución. Por consiguiente, las recurrentes sostienen que deberían haber sido consideradas partes coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV sin tener que presentar una demanda de intervención ante el Tribunal General.
90
En su opinión, esta solución se justifica también, según se deriva de la jurisprudencia del Tribunal General, por la finalidad de permitir a este último resolver sobre las costas cuando el Tribunal de Justicia haya reservado la decisión sobre las costas antes de devolver el asunto en cuestión al Tribunal General. Pues bien, esta es precisamente la situación en el caso de autos.
91
La Comisión considera que el Tribunal General podía fundadamente negar a las recurrentes la condición de coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV.
92
Afirma que el artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General autoriza la presentación de observaciones escritas a raíz de la devolución del asunto por el Tribunal de Justicia al Tribunal General no por «las partes en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia» o «las partes en el recurso de casación», sino únicamente por las «partes en el procedimiento ante el Tribunal General». El artículo 1, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento de Procedimiento precisa el alcance del referido artículo 217, apartado 1, al definir los términos «partes» y «parte» como «cualquiera de las partes procesales, incluidos los coadyuvantes».
93
Dado que, según la Comisión, las recurrentes no pueden invocar la condición de «partes en el procedimiento ante el Tribunal General», estimar el presente recurso equivaldría a crear una categoría de coadyuvantes sui generis que no estaría sujeta al cumplimiento del plazo previsto en el artículo 143, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General ni de los requisitos impuestos por el artículo 143, apartado 2, de dicho Reglamento de Procedimiento. Si se admitiera la intervención de tales partes, la Comisión no tendría la posibilidad de responder a las observaciones presentadas por ellas. Además, en la práctica, esta solución conduciría a eludir las medidas de suspensión de determinados procedimientos, adoptadas para permitir la designación y la tramitación prioritaria de asuntos «piloto».
94
Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal General a la que se refieren las recurrentes se limita a dos resoluciones, la más reciente de las cuales es objeto de un recurso de casación en el que la Comisión impugna la condición de coadyuvante ante el Tribunal General de un coadyuvante en el recurso de casación. Por lo demás, la situación de las recurrentes es distinta de la de las partes en los asuntos que dieron lugar a esas dos resoluciones del Tribunal General.
Apreciación
95
El artículo 1, apartado 2, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General establece que los términos «parte» y «partes», cuando no vayan acompañados de otras indicaciones, designan, a efectos de dicho Reglamento de Procedimiento, cualquiera de las partes procesales, incluidos los coadyuvantes.
96
No obstante, esta disposición de alcance general no precisa los casos en los que el Tribunal General debe reconocer a una persona la condición de parte coadyuvante ante él.
97
A este respecto, si bien los artículos 142 a 145 de dicho Reglamento de Procedimiento regulan el régimen de intervención ante el Tribunal General, estableciendo las normas sobre la presentación de las demandas de intervención y su examen, estos artículos no tratan de la condición que debe reconocerse a las personas cuya intervención en un asunto fue admitida por el Tribunal de Justicia en la fase de recurso de casación cuando el Tribunal de Justicia ha estimado que el recurso de casación es fundado, ha anulado la resolución del Tribunal General y ha devuelto el asunto a este último para que resuelva.
98
De igual manera, los artículos 217 y 218 de ese mismo Reglamento de Procedimiento, que tienen por objeto determinar el desarrollo del procedimiento y las normas aplicables a este en los procedimientos seguidos tras la anulación de una resolución del Tribunal General y la devolución del asunto a este último, tampoco contienen ninguna norma que precise la condición, en tales procedimientos, de los coadyuvantes en un recurso de casación.
99
En este contexto, es preciso señalar que, como subrayan las recurrentes, el examen de un asunto por el Tribunal General a raíz de una resolución del Tribunal de Justicia que anula la resolución del Tribunal General y le devuelve dicho asunto se sitúa en la continuidad del procedimiento de casación sustanciado ante el Tribunal de Justicia.
100
Esta continuidad queda expresamente reflejada en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. En primer lugar, se desprende del artículo 215 de dicho Reglamento de Procedimiento que el asunto queda directamente sometido a la competencia del Tribunal General en virtud de la resolución del Tribunal de Justicia por la que anula la resolución del Tribunal General y le devuelve el asunto para que resuelva. A continuación, con arreglo al artículo 217 de dicho Reglamento de Procedimiento, el plazo establecido para presentar observaciones sobre las conclusiones que procede extraer de esta resolución del Tribunal de Justicia para la solución del litigio empieza a correr a partir de la notificación de dicha resolución. Por último, el artículo 219 del mismo Reglamento de Procedimiento establece que el Tribunal General decide sobre las costas relativas no solo a los procedimientos entablados ante el Tribunal General, sino también al procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia.
101
Además, con arreglo al artículo 61, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación por el Tribunal de Justicia de una resolución del Tribunal General y de devolución del asunto a este último, el Tribunal General está vinculado por las cuestiones de Derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Justicia.
102
Por consiguiente, incumbe al Tribunal General, al examinar de nuevo el recurso en primera instancia a raíz de la devolución del asunto ante él, determinar las consecuencias, para la solución del litigio entre las partes, de la sentencia del Tribunal de Justicia que se pronuncia sobre el recurso de casación.
103
La presentación, en tal contexto, de observaciones por las partes, autorizada por el artículo 217 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, tiene precisamente por objeto permitirles exponer su postura en cuanto a las referidas consecuencias sobre la solución del litigio y completar la información del Tribunal General a este respecto.
104
Así pues, esta disposición tiene por finalidad garantizar —a semejanza del artículo 172 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que permite a todas las partes en el asunto de que se trate ante el Tribunal General que tengan interés en la estimación o en la desestimación del recurso de casación presentar un escrito de contestación ante el Tribunal de Justicia— la continuidad del debate contencioso en la tramitación de un mismo asunto ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.
105
Pues bien, en primer lugar, el reconocimiento por el Tribunal de Justicia de que una persona tiene la condición de parte coadyuvante supone, con arreglo al artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dicha persona ha podido demostrar un interés en la solución del litigio sometido al Tribunal de Justicia.
106
Por lo tanto, el hecho de negar a un coadyuvante en casación la condición de coadyuvante ante el Tribunal General cuando el asunto ha sido devuelto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia tiene como consecuencia, en la medida en que esa persona ya no puede presentar una demanda de intervención ante el Tribunal General por el motivo expuesto en el apartado 41 del presente auto, privar a dicha persona de toda posibilidad de presentar observaciones ante el Tribunal General sobre las consecuencias que procede extraer de una resolución del Tribunal de Justicia que, sin embargo, incide en sus intereses.
107
El artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece además que las personas que demuestran un interés pueden intervenir en los «litigios». Pues bien, se desprende de los artículos 55 y 56 de dicho Estatuto, al menos en su versión francesa, que el concepto de «litigio», en la medida en que se refiere a la controversia entre las partes, se distingue del de «proceso», que se refiere al procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional que conoce del litigio.
108
Ciertamente, no cabe excluir totalmente que, en determinados casos, en particular cuando el Tribunal de Justicia se haya pronunciado definitivamente sobre determinados aspectos de un asunto antes de devolverlo al Tribunal General, un coadyuvante en casación ya no tenga interés en la solución del litigio planteado ante el Tribunal General. No obstante, esta circunstancia no puede justificar, por sí sola, que no pueda reconocerse a un coadyuvante en casación la condición de coadyuvante en un asunto que ha sido devuelto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia, dado que corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Unión comprobar, en el curso del procedimiento, que persiste el interés que justificó la intervención (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, EU:C:1999:358, apartados 52 a 55).
109
En el caso de autos, como subrayan las recurrentes, su demanda de intervención ante el Tribunal de Justicia fue estimada debido a que tenían interés en que la anulación ex tunc y erga omnes de la Decisión controvertida dictada por el Tribunal General alcanzara firmeza (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International, C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:915, apartado 17), anulación que constituye precisamente el objeto del procedimiento en el asunto T‑263/16 RENV en el que las recurrentes alegan poder intervenir.
110
En segundo lugar, procede señalar que la solución adoptada por el Tribunal General en la resolución impugnada implica supeditar la continuidad del debate contencioso en un asunto y el alcance de los efectos de la admisión de una parte a intervenir ante el Tribunal de Justicia a la decisión de este último, adoptada con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de resolver él mismo definitivamente el litigio o, por el contrario, de devolver el asunto al Tribunal General.
111
En efecto, como señaló el Abogado General en el punto 87 de sus conclusiones, cuando el Tribunal de Justicia resuelve definitivamente el litigio, en lugar de devolver el asunto al Tribunal General, el coadyuvante en casación puede formular sus alegaciones ante el órgano jurisdiccional de la Unión que debe pronunciarse sobre el recurso formulado en primera instancia, pero se le priva de tal facultad en caso de devolución del asunto al Tribunal General.
112
En tercer lugar, la solución adoptada por el Tribunal General podrá afectar a la continuidad del debate contencioso ante los órganos jurisdiccionales de la Unión tanto más cuanto que el coadyuvante en casación debería poder intervenir de nuevo en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, respetando los requisitos establecidos en el artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en las disposiciones pertinentes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en caso de que se interpusiera un recurso de casación contra una nueva resolución del Tribunal General adoptada a raíz de la devolución del asunto ante él por el Tribunal de Justicia, y tendría, en consecuencia, que intervenir de modo intermitente en el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión en el marco de un único litigio.
113
En cuarto lugar, procede señalar que el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establece que este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado o cuando, siendo este fundado, dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
114
De esta disposición se desprende, a contrario sensu, que, cuando el recurso de casación sea fundado, pero el Tribunal de Justicia devuelva el asunto al Tribunal General, el primero no decidirá sobre las costas.
115
En tal caso, incumbe necesariamente al Tribunal General decidir sobre las costas correspondientes al procedimiento de casación, como prevé expresamente, por otra parte, el artículo 219 de su Reglamento de Procedimiento.
116
Por consiguiente, negar a un coadyuvante en casación la condición de coadyuvante en un asunto que ha sido devuelto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia implicaría, cuando se hubieran presentado pretensiones ante el Tribunal de Justicia con el fin de que otra parte cargue con las costas de dicho coadyuvante o de condenar a este a cargar con las costas de otra parte, o bien que tales pretensiones no sean examinadas por un órgano jurisdiccional de la Unión, o bien que el Tribunal General deba pronunciarse sobre pretensiones referidas a una persona que no es parte en el procedimiento que se sigue ante él y que, por tanto, no ha podido defender sus pretensiones en el marco de tal procedimiento.
117
Así sucede precisamente en el presente asunto.
118
En efecto, en el caso de autos, la Comisión ha solicitado la condena de las recurrentes al pago de las costas correspondientes al procedimiento de casación en el asunto C‑337/19 P.
119
Dado que, en la sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), el Tribunal de Justicia reservó la decisión sobre las costas, el Tribunal General, como alegan las recurrentes, deberá resolver, al examinar el asunto T‑263/16 RENV, sobre una eventual condena de estas al pago de las costas correspondientes al procedimiento de casación en el asunto C‑337/19 P.
120
En quinto lugar, las alegaciones formuladas por la Comisión contra el reconocimiento a un coadyuvante en casación de la condición de coadyuvante en un asunto que ha sido devuelto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia no pueden prosperar.
121
Así, en primer término, si bien el reconocimiento de la condición de parte coadyuvante ante el Tribunal General a una parte coadyuvante en el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia no está regulado por las normas previstas en el artículo 143 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, no puede considerarse que tal intervención ante el Tribunal General esté autorizada al margen de cualquier requisito de fondo o de forma. En efecto, el Tribunal de Justicia debe haber admitido previamente la intervención ante él de la persona en cuestión, en las condiciones definidas en el artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en las disposiciones pertinentes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
122
Además, el hecho de que esta solución permita a una parte presentar observaciones a las que las otras partes en el procedimiento ante el Tribunal General no puedan responder es irrelevante puesto que, por un lado, el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General no confiere, de manera general, un derecho a responder a las observaciones presentadas con arreglo al artículo 217 de dicho Reglamento de Procedimiento y, por otro lado, el artículo 217, apartado 3, de ese Reglamento de Procedimiento establece, no obstante, que, si las circunstancias lo justifican, se puede autorizar la presentación de escritos de observaciones complementarios.
123
Por último, en cuanto a la alegación de la Comisión según la cual el hecho de reconocer la condición de coadyuvante ante el Tribunal General a un coadyuvante en casación que es también demandante en un asunto suspendido por dicho órgano jurisdiccional, en el marco de la designación de un asunto «piloto», implicaría la elusión de la referida decisión de suspensión, es preciso resaltar que tal decisión de suspensión no puede tener por efecto obstaculizar la admisión de la intervención de ese demandante ante un órgano jurisdiccional de la Unión, cuando tal intervención deba autorizarse en virtud del artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International, C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:915, apartados 14 y 18 y jurisprudencia citada).
124
Habida cuenta de los elementos anteriores, procede considerar que dicho artículo 40, el respeto de los derechos procesales garantizados a los coadyuvantes por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y el principio de buena administración de la justicia obligan, en el marco de una articulación coherente de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal General, a que un coadyuvante en casación goce de pleno derecho de la condición de coadyuvante ante el Tribunal General cuando se devuelva un asunto a este órgano jurisdiccional tras la anulación por el Tribunal de Justicia de una resolución del Tribunal General.
125
Pues bien, es pacífico en el caso de autos, por una parte, que, mediante el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:915), se admitió la intervención de Soudal y Esko-Graphics ante el Tribunal de Justicia en el asunto C‑337/19 P y que, por otra parte, mediante la sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General de 14 de febrero de 2019, Bélgica y Magnetrol International/Comisión (T‑131/16 y T‑263/16, EU:T:2019:91), y devolvió los asuntos T‑131/16 y T‑263/16 al Tribunal General para que resolviera sobre algunos de los motivos invocados en ellos.
126
De esto se deduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al negar a las recurrentes la condición de partes coadyuvantes ante él en el asunto T‑263/16 RENV.
127
Por tanto, debe estimarse el motivo único formulado por las recurrentes y anular la resolución impugnada.
Sobre el litigio ante el Tribunal General
128
De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando el Tribunal de Justicia anule la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia puede o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
129
En el caso de autos, se desprende de los apartados 124 a 126 del presente auto que Soudal y Esko-Graphics tienen, de pleno derecho, la condición de coadyuvantes ante el Tribunal General en dicho asunto y disponen, en consecuencia, de todos los derechos inherentes a esa condición. En particular, disponen del derecho a presentar observaciones con arreglo al artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
130
Así, corresponde al Tribunal General adoptar las medidas procesales que se derivan de dicha condición.
Costas
131
Con arreglo al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea fundado y el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio, decidirá también sobre las costas.
132
A tenor del artículo 138, apartado 1, del referido Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
133
Pues bien, aunque se han desestimado las pretensiones de la Comisión, Soudal y Esko-Graphics no han solicitado su condena en costas. Por tanto, cada una de las partes cargará con sus propias costas correspondientes al presente procedimiento de casación.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) resuelve:
1)
Anular la resolución del Tribunal General de la Unión Europea, de 6 de diciembre de 2021, por la que se deniega reconocer a Soudal NV y a Esko-Graphics BVBA la condición de coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV y unir a los autos de ese asunto las observaciones escritas presentadas por ellas sobre las conclusiones que procede extraer de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741) para la solución del litigio en dicho asunto.
2)
Soudal, Esko-Graphics y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.