SALUMI 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 27 de marzo de 1980 * 
En los asuntos acumulados 66/79, 127/79 y 128/79, 
que tienen por objeto peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo 
al artículo 177 del Tratado CEE, por la Corte suprema di cassazione de Roma, 
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional 
entre 
Amministrazione delle Finanze dello Stato 
y 
Sri Meridionale Industria Salumi, 
Amministrazione delle Finanze dello Stato 
y 
Ditta Fratelli Vasanelli, 
y entre 
Lengua de procedimiento: italiano. 
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SENTENCIA DE 27.3.1980 - ASUNTOS ACUMULADOS 66/79, 127/79 Y 128/79 
Amministrazione delle Finanze dello Stato 
y 
Ditta Fratelli Ultrocchi, 
una decisión prejudicial sobre la eficacia en el tiempo de las sentencias 
interpretativas dictadas por el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 177 
del Tratado CEE, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait, 
Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie 
Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces; 
Abogado General: Sr. G. Reischl; 
Secretario: Sr. A. Van Houtte; 
' dicta la siguiente 
Sentencia 
(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 
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SALUMI 
Fundamentos de Derecho 
1 Mediante tres resoluciones de 11 de enero de 1979, ¡neritas en el Registro de 
la Secretaría del Tribunal de Justicia, la primera el 20 de abril de 1979 
(asunto 66/79, Meridionale Salumi), las otras dos el 9 de agosto de 1979 
(asuntos 127/79, Vasanelli, y 128/79, Ultrocchi), la Corte suprema di 
cassazione de Roma planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos 
cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 177 del Tratado 
CEE en lo que respecta al alcance de las sentencias interpretativas dictadas põi­
el Tribunal de Justicia en el marco de dicha disposición. 
2 Mediante estas cuestiones, formuladas en idénticos términos en las tres 
resoluciones de remisión, se pregunta: 
«a) Si, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, cuando las autoridades de 
un Estado miembro, respecto a relaciones aún no definidas según su propio 
Derecho interno, hayan recaudado en materia de importación lo que no 
hubieran debido recaudar, o, por el contrario, no hayan recaudado lo que 
hubieran debido recaudar en virtud de la normativa comunitaria aplicable 
al sector de que se trate, tal y como ha sido interpretada posteriormente por 
una sentencia del Tribunal de Justicia, dicha sentencia es igualmente 
aplicable o no a dichas relaciones en el ordenamiento jurídico interno de 
los Estados miembros, o si sólo lo es dentro de determinados límites y si 
se cumplen determinadas condiciones y en esta última hipótesis, cuáles son 
estos límites y condiciones. 
b) Si, en todo caso, siempre en relación con el artículo 177 del Tratado CEE, 
el Derecho comunitario prohibe o, por el contrario, impone o le resulta 
indiferente que el Derecho nacional atribuya a los interesados, respecto a 
estas mismas relaciones, la legitimación procesal activa para exigir o 
reclamar, basándose en la interpretación dada por la sentencia del Tribunal 
de Justicia, lo debido y no percibido o, de modo respectivo, lo pagado 
indebidamente.» 
3 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de sendos litigios de operadores 
económicos contra la Administración italiana competente, que les reclama, por 
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SENTENCIA DE 27.3.1980-ASUNTOS ACUMULADOS 66/79, 127/79 Y 128/79 
importaciones de carne de bovino efectuadas en 1968, cantidades 
suplementarias de exacciones agrícolas sobre la importación devengadas en 
virtud del Reglamento n° 14/64/CEE del Consejo, de 5 de febrero de 1964, por 
el que se establece gradualmente una organización común de mercados en el 
sector de la carne de bovino (DO 1964, 34, p. 562) y del Reglamento (CEE) 
n° 805/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la 
organización común de mercados en el sector de la carne de bovino (DO L 148, 
p. 24; EE 03/02, p. 157). 
4 El importe de dichas exacciones fue calculado entonces por la Administración 
italiana de aduanas aplicando el método, recomendado además por la Comisión 
en materia aduanera, según el cual, en caso de reducción de un derecho de 
aduana después de la declaración de importación, pero antes del despacho a 
consumo de la mercancía, procedía, previa petición del importador interesado, 
aplicar el tipo más favorable. 
5 Mediante sentencia de 15 de junio de 1976, Frecassetti (113/75, Rec. p. 983), 
el Tribunal de Justicia declaró, sin embargo, que este método no podía 
aplicarse a las exacciones agrícolas a la importación proveniente de países 
terceros, las cuales, debían calcularse de modo uniforme según el tipo de la 
exacción del día en que los servicios de Aduanas aceptaran la declaración de 
importación. Con arreglo a esto, los operadores económicos implicados 
hubieran debido pagar exacciones por un importe superior. 
6 Ya antes de la sentencia Frecassetti, la Administración italiana había reclamado 
estas cantidades suplementarias señalando, al parecer, que de todos modos, los 
operadores no habían cumplimentado una formalidad que la legislación italiana 
imponía para poder beneficiarse del tipo más favorable, pero durante el proceso 
se planteó la cuestión de en qué medida la interpretación que daba la sentencia 
Frecassetti proporcionaba, para las situaciones nacidas con anterioridad a la 
fecha de dicha sentencia, una base jurídica comunitaria para la reclamación de 
las cantidades suplementarias controvertidas, habida cuenta además de que, 
entretanto, un Decreto del Presidente de la República de 22 de septiembre de 
1978, había modificado un Decreto anterior, armonizándolo, en lo referente al 
cálculo de las exacciones agrícolas, con la sentencia Frecassetti, pero al mismo 
tiempo precisando que esta modificación no entraba en vigor hasta el 11 de 
septiembre de 1976, con la consecuencia de que las cantidades suplementarias 
de exacciones sólo se reclamarían para los productos declarados con 
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SALUMI 
posterioridad a esta fecha. La fecha de 11 de septiembre de 1976 se eligió 
porque coincidía con la de la publicación del fallo de la sentencia Frecassetti 
en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 214, de 11 de septiembre 
de 1976. 
Sobre la primera cuestión 
7 Esta cuestión tiene esencialmente por objeto determinar si, en particular en 
materia de impuestos y tributos devengados en virtud del Derecho comunitario, 
cuando la interpretación de una disposición del Derecho comunitario por el 
Tribunal de Justicia en el marco del artículo 177 del Tratado revela que la 
aplicación que las autoridades nacionales han dado de ella no era compatible 
con la norma de que se trata tal y como el Tribunal de Justicia ha precisado su 
alcance, la disposición así interpretada debe ser aplicada por los órganos 
jurisdiccionales nacionales a quienes se han sometido de modo legal el 
conocimiento de los litigios a que ha dado lugar dicha aplicación, incluso a las 
relaciones jurídicas nacidas y constituidas con anterioridad a la fecha de la 
sentencia que resuelve la petición de interpretación. 
8 El artículo 177 del Tratado dispone que el Tribunal de Justicia será competente 
para pronunciarse con carácter prejudicial, en particular, sobre la interpretación 
del Tratado y de los actos adoptados por las Instituciones. Dicha competencia 
tiene por objeto garantizar una interpretación y una aplicación uniformes del 
Derecho comunitario y, en especial, de las disposiciones que surten efecto 
directo, por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales. 
9 La interpretación que, en ejercicio de la competencia que le confiere el 
artículo 177 del Tratado CEE, da el Tribunal de Justicia de una norma de 
Derecho comunitario, esclarece y precisa, cuando es necesario, el significado 
y el alcance de ésta tal y como debe o hubiera debido entenderse y aplicarse 
desde el momento de su entrada en vigor. Consecuencia de ello es que el Juez 
puede y debe aplicar la norma de este modo interpretada incluso a relaciones 
jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelve la petición 
de interpretación, si por otra parte concurren los requisitos necesarios para 
someter un litigio relativo a la aplicación de dicha norma a los órganos 
jurisdiccionales competentes. 
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SENTENCIA DE 27.3.1980 - ASUNTOS ACUMULADOS 66/79, 127/79 Y 128/79 
10 Sólo excepcionalmente podría el Tribunal de Justicia, tal y como estimó en su 
sentencia de 8 de abril de 1976, Defrenne (43/75,« Rec. p. 455), con arreglo 
al principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico 
comunitario y habida cuenta de los graves problemas que su sentencia podría 
acarrear para el pasado en las relaciones jurídicas establecidas de buena fe, 
limitar la posibilidad de los interesados de invocar la disposición así 
interpretada con vistas a cuestionar dichas relaciones jurídicas. 
11 No obstante, sólo cabría admitir tal limitación en la sentencia misma que 
resolviera sobre la interpretación solicitada. La exigencia fundamental de una 
aplicación uniforme y general del Derecho comunitario implica que únicamente 
corresponde al Tribunal de Justicia decidir sobre los límites temporales que 
deben aplicarse a su interpretación. 
12 Por último, habida cuenta de las precisiones solicitadas por el órgano 
jurisdiccional nacional, procede observar que la norma de Derecho comunitario 
de este modo interpretada surte sus efectos de conformidad con la 
interpretación dada a partir de su entrada en vigor, sin que proceda distinguir 
si las disposiciones de que se trata imponen gravámenes o conceden beneficios 
a los interesados y, en particular, sin que proceda distinguir si se trata de 
importes que las Administraciones nacionales hubieran debido percibir, pero 
-infringiendo el Derecho comunitario- no lo hicieron, o de importes 
percibidos infringiendo dicho Derecho. 
Sobre la segunda cuestión 
13 En la segunda cuestión se pide fundamentalmente que se dilucide si el Derecho 
nacional puede adaptar y eventualmente limitar o no el ejercicio de los 
derechos que los justiciables o, según el caso, las autoridades públicas basan 
en el efecto directo de una disposición de Derecho comunitario interpretada en 
las condiciones y con las consecuencias anteriormente descritas. Esta cuestión 
se refiere en particular a la legitimación procesal de la Administración para 
reclamar impuestos o tributos comunitarios que hubieran debido percibirse. 
14 Las normas relativas a la determinación y a las condiciones de la recaudación 
de los gravámenes económicos cuyo establecimiento es competencia de la 
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SALUMI 
Comunidad y que constituyen específicamente recursos propios comunitarios, 
como son los derechos de aduana y las exacciones agrícolas, se establecieron 
en la Decisión del Consejo, de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de 
las contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos propios 
de las Comunidades (DO L 94, p. 19) y en los Reglamentos adoptados para su 
ejecución. Este conjunto de normas debe ser considerado dentro del marco del 
sistema general de las disposiciones financieras del Tratado, sistema que, al 
igual que los correspondientes de los Estados miembros, se encuentra regido 
por el principio general de igualdad, según el cual las situaciones comparables 
no deben ser tratadas de modo diferente a menos que la diferencia de trato esté 
objetivamente justificada. 
15 De lo antedicho resulta que el sistema de tributos que alimenta el presupuesto 
comunitario debe organizarse de modo que grave uniformemente a todos 
aquellos que se encuentren en las circunstancias determinadas por la normativa 
comunitaria para ser gravados por dicho sistema. Esta exigencia debería 
implicar un trato igual respecto de los requisitos de forma y de fondo que 
permiten a los operadores económicos impugnar los tributos comunitarios que 
se les impongan y reclamar su restitución en caso de pago indebido. Debería 
asimismo implicar una uniformización análoga de las circunstancias en las que 
las Administraciones de los Estados miembros, actuando en nombre de la 
Comunidad, recaudan dichos tributos y, en su caso, recuperan las ventajas 
financieras que se hubieran otorgado irregularmente. 
16 El Consejo siguió la misma orientación al adoptar el Reglamento (CEE) 
n° 1430/79 de 2 de julio de 1979, relativo a la devolución o a la condonación 
de los derechos de importación o de exportación (DO L 175, p. 1; EE 02/06 
p. 36) y el Reglamento (CEE) n° 1697/79, de 24 de julio de 1979, referente a 
la recaudación a posteriori de los derechos de importación o de los derechos 
de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas 
en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar tales derechos 
(DO L 197, p. 1; EE 02/06 p. 54). Esta normativa, aún no entrada en vigor en 
la fecha de esta sentencia, sólo resuelve parcialmente, sin embargo, los 
problemas relativos a la igualdad de los particulares en este ámbito y el carácter 
necesariamente técnico y detallado de este tipo de normativa sólo permite 
remediar su inexistencia en parte, mediante interpretación jurisprudencial. 
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SENTENCIA DE 27.3.1980 - ASUNTOS ACUMULADOS 66/79, 127/79 Y 128/79 
17 Del referido estado de cosas resulta que, tal como ha mantenido el Tribunal de 
Justicia, en particular en su sentencia de 21 de mayo de 1976, Roquette 
(26/74,-» Rec. p. 677), los litigios relativos a la devolución de importes 
percibidos en nombre de la Comunidad son competencia de los órganos 
jurisdiccionales nacionales y éstos deben resolverlos de conformidad con el 
Derecho nacional, en la medida en que el Derecho comunitario no haya 
regulado la materia. Lo mismo ocurre, por idénticos motivos, en los 
procedimientos y litigios referentes a los gravámenes financieros de cuya 
recaudación están encargadas las Administraciones de los Estados miembros 
por cuenta de las Comunidades. 
18 Corresponde, por tanto, al ordenamiento jurídico interno de cada Estado 
miembro, en la medida en que el Derecho comunitario no haya previsto nada 
al respecto, determinar el modo y condiciones de la recaudación de los 
gravámenes financieros comunitarios en general y de las exacciones agrícolas 
en particular, así como designar las autoridades encargadas de la recaudación 
y los órganos jurisdiccionales competentes para resolver los litigios que ésta 
pueda provocar, siempre que tal modo y condiciones no conviertan al sistema 
de recaudación de los impuestos y exacciones comunitarios en menos eficaz 
que el de los nacionales del mismo tipo. 
19 Esta consideración ha quedado reflejada en la Decisión del Consejo de 21 de 
abril de 1970 relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los 
Estados miembros por recursos propios de las Comunidades (antes citada), 
cuyo artículo 6 establece explícitamente que los recursos propios -entre los 
cuales se cuentan las exacciones agrícolas— «serán recaudados por los Estados 
miembros de conformidad con las disposiciones legislativas, reglamentarias y 
administrativas nacionales que serán modificadas, en su caso, a tal efecto». 
20 Esta remisión explícita a las legislaciones nacionales está sujeta, sin embargo, 
a los mismos límites que recaen sobre la remisión presunta cuya necesidad se 
reconoció en defecto de normativa comunitaria, en el sentido de que la 
aplicación de la legislación nacional debe hacerse de modo no discriminatorio 
respecto de los procedimientos que tienen por objeto resolver litigios del 
mismo tipo, pero puramente nacionales, y que las modalidades del 
procedimiento no pueden conducir a que resulte prácticamente imposible 
ejercer derechos conferidos por el Derecho comunitario. 
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SALUMI 
21 No sería, por tanto, conforme al Derecho comunitario una normativa nacional 
especial relativa a la recaudación de los impuestos y exacciones comunitarios, 
que atribuyera a la Administración nacional, para la recaudación de dichos 
tributos, poderes más limitados que los que se le atribuyen para recaudar los 
impuestos y exacciones nacionales del mismo tipo. 
Costas 
22 Los gastos efectuados por el Gobierno italiano y la Comisión de las 
Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal 
de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento 
tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido 
ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las 
costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Corte suprema di 
cassazione de Roma mediante resoluciones de 11 de enero de 1979, recibidas 
en el Tribunal el 20 de abril de 1979 y el 9 de agosto de 1979, declara: 
1) La interpretación que da el Tribunal de Justicia, en ejercicio de la 
competencia que le confiere el artículo 177 del Tratado CEE, de una 
disposición de Derecho comunitario, esclarece y precisa, cuando es 
necesario, el significado y el alcance de esta disposición tal y como debe 
o hubiera debido entenderse y aplicarse desde el momento de su 
entrada en vigor. Consecuencia de ello es que el Juez puede y debe 
aplicar la norma de este modo interpretada incluso a relaciones 
jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelve la 
petición de interpretación, si por otra parte concurren los requisitos 
necesarios para someter un litigio relativo a la aplicación de dicha 
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SENTENCIA DE 27.3.1980-ASUNTOS ACUMULADOS 66/79, 127/79 Y 128/79 
norma a los órganos jurisdiccionales competentes. Sólo 
excepcionalmente podría el Tribunal de Justicia, en la sentencia misma 
que resuelve la petición de interpretación, limitar la posibilidad de los 
interesados de invocar la disposición así interpretada con vistas a 
cuestionar relaciones jurídicas nacidas y constituidas con anterioridad. 
2) No sería, por tanto, conforme al Derecho comunitario una normativa 
nacional especial relativa a la recaudación de los impuestos y 
exacciones comunitarios, que atribuyera a la Administración nacional, 
para la recaudación de dichos tributos, poderes más limitados que los 
que se le atribuyen para recaudar los impuestos y exacciones 
nacionales del mismo tipo. 
Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore 
Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de marzo de 1980. 
El Secretario 
A. Van Houtte 
El Presidente 
H. Kutscher 
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