62025CJ0712_RES
Asunto C‑712/25 PPU [Rastoshev] (
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XM
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Apelativen sad — Sofia)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de febrero de 2026
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea emitida para el ejercicio de acciones penales — Ejecución de la orden de detención europea — Artículo 4, punto 7, letra a) — Motivos de no ejecución facultativa — Infracciones cometidas en su totalidad o en parte en el territorio del Estado miembro de ejecución — Riesgo de impunidad»
Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros — Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea — Infracción cometida en su totalidad o en parte en el territorio del Estado miembro de ejecución — Margen de apreciación de la autoridad judicial de ejecución — Alcance — Denegación de la ejecución de la orden exclusivamente a causa del lugar de comisión de esa infracción — Improcedencia
(Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI, arts. 1, ap. 1, 3, 4 y 4 bis)
(véanse los apartados 33 a 48 y 52 y el fallo)
Resumen
En un procedimiento prejudicial de urgencia instado por el Apelativen sad — Sofia (Tribunal de Apelación de Sofía, Bulgaria), el Tribunal de Justicia se pronuncia, por primera vez, acerca de la interpretación del motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea (ODE) relativo a las infracciones cometidas en su totalidad o en parte en el territorio del Estado miembro de ejecución, en el sentido de la Decisión Marco 2002/584. (
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El 18 de septiembre de 2025, el vicepresidente encargado de la instrucción del tribunal judiciaire de Marseille (Tribunal de Primera Instancia de Marsella, Francia) emitió una ODE contra XM a efectos de su entrega a las autoridades francesas para el ejercicio de acciones penales por razón de varios delitos presuntamente cometidos entre 2018 y 2024. Según se indica, esos delitos se cometieron en el marco de una organización criminal con el fin de amañar competiciones deportivas y se llevaron a cabo en el territorio de varios Estados miembros, entre ellos Francia y Bulgaria.
Mediante resolución de 20 de octubre de 2025, el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria) decretó la ejecución de esta ODE y el ingreso de XM en prisión provisional hasta su entrega efectiva a las autoridades francesas.
El órgano jurisdiccional remitente, que conoce del recurso de apelación interpuesto por XM contra esta resolución, constató que en Bulgaria existen dos líneas jurisprudenciales divergentes respecto a la interpretación de la disposición que transpone al Derecho búlgaro el artículo 4, punto 7, letra a), de la Decisión Marco 2002/584. (
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) Según la primera de ellas, el hecho de que el delito al que se refiere una ODE se haya cometido, en su totalidad o en parte, en territorio búlgaro no basta, por sí mismo, para justificar la denegación de la ejecución. En cambio, conforme a la segunda línea jurisprudencial, tal circunstancia debe considerarse un motivo suficiente para denegar la ejecución, por cuanto el Código penal búlgaro es aplicable a todo delito cometido en el territorio de este Estado miembro, sin excepción.
En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente preguntó al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del artículo 4, punto 7, letra a), de la Decisión Marco 2002/584.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que la Decisión Marco 2002/584 recoge, por una parte, los motivos de no ejecución obligatoria de la ODE (
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) y, por otra parte, los motivos de no ejecución facultativa de esta, (
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) que los Estados miembros son libres de transponer o no en su Derecho interno. No obstante, en caso de que los transpongan, los Estados miembros no pueden imponer a las autoridades judiciales la obligación de denegar automáticamente la ejecución de toda ODE en la que concurra alguno de esos motivos. En efecto, estas autoridades deben disponer de un margen de apreciación que les permita examinar caso por caso, tomando en consideración todas las circunstancias pertinentes. Privarlas de esta posibilidad tendría como efecto sustituir una mera facultad de denegación de la ejecución de una ODE por una genuina obligación, siendo así que la denegación es la excepción y la ejecución, la regla general. Así, se desprende del tenor del artículo 4 de la Decisión Marco 2002/584, en particular del empleo del verbo «poder», que la autoridad judicial de ejecución debe disfrutar de un margen de apreciación para decidir si procede o no denegar la ejecución de la ODE por los motivos enumerados en dicho artículo 4.
En lo que respecta, más concretamente, al artículo 4, punto 7, letra a), de la Decisión Marco 2002/584, el Tribunal de Justicia indica que, al calificar el motivo de denegación establecido en esta disposición de facultativo, el legislador de la Unión ha pretendido permitir que la persona objeto de una ODE dictada a efectos del ejercicio de acciones penales, que puede ser procesada tanto por la autoridad judicial del Estado miembro emisión como por la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución, pueda serlo por la autoridad judicial que se encuentre en la posición más adecuada atendiendo a la buena administración de la justicia penal.
Además, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, esta pretende permitir la detención y la entrega de una persona buscada a fin de evitar que el delito cometido quede impune y de garantizar el ejercicio de acciones penales contra ella. Este objetivo se inscribe, de forma más general, en el de prevenir y combatir la delincuencia dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia, establecido en el artículo 3 TUE, apartado 2, que dicha Decisión Marco pretende implementar evitando el riesgo de impunidad de quienes cometen delitos. Pues bien, el Tribunal de Justicia considera que estos objetivos podrían quedar comprometidos si la autoridad judicial de ejecución estuviera obligada, independientemente de las circunstancias propias de cada caso, a denegar la ejecución de una ODE dictada a efectos del ejercicio de acciones penales y la entrega de la persona buscada por la sola razón de que el delito al que se refiere esta orden se haya cometido, en su totalidad o parcialmente, en el territorio del Estado miembro de ejecución.
El Tribunal de Justicia deduce de ello que la aplicación del motivo de no ejecución previsto en el artículo 4, punto 7, letra a), de la Decisión Marco 2002/584 debe dejarse al criterio de la autoridad judicial de ejecución. Esta debe, a tal efecto, gozar de un margen de apreciación que le permita examinar todas las circunstancias pertinentes del caso concreto con el fin de determinar cuál de las autoridades judiciales, la de emisión o la de ejecución, se halla en la posición más adecuada para garantizar la buena administración de la justicia penal y, por consiguiente, para preservar el interés legítimo de todos los Estados miembros en prevenir la delincuencia dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia. Esta conclusión se impone, a fortiori, cuando los delitos por los que se ha emitido la ODE se enmarcan en una organización criminal internacional compleja, de modo que pudieron cometerse, en parte, y producir sus efectos en el territorio de varios Estados miembros, en particular en el del Estado miembro emisor, en el que han podido incoarse diligencias penales contra la persona de que se trate.
Al llevar a cabo su evaluación, la autoridad judicial de ejecución debe tener en cuenta, por lo tanto, las circunstancias propias de cada caso, que incluyen, entre otras, la naturaleza y las características del delito, y en particular, en su caso, su dimensión internacional, el lugar donde se ha materializado el perjuicio derivado de ese delito, así como la fase en que se encuentre el proceso penal en el Estado miembro emisor y, según el caso, en el Estado miembro de ejecución.
En consecuencia, la competencia territorial internacional en materia penal establecida en el Derecho penal búlgaro no puede constituir un motivo suficiente para denegar la ejecución de una ODE, máxime cuando, en el asunto de autos, las autoridades judiciales búlgaras no han incoado diligencias penales contra la persona de que se trata.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 4, punto 7, letra a), de la Decisión Marco 2002/584 se opone a la jurisprudencia de un Estado miembro según la cual el hecho de que el delito por el que se ha emitido una ODE a efectos del ejercicio de acciones penales se haya cometido, en su totalidad o en parte, en el territorio del Estado miembro de ejecución basta para denegar la ejecución de esta orden.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
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1
)	Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/584»).
(
2
)	Esta disposición prevé que la autoridad judicial de ejecución puede denegar la ejecución del ODE cuando la orden contemple infracciones que el Derecho del Estado miembro de ejecución considere cometidas en su totalidad o en parte en el territorio del Estado miembro de ejecución o en un lugar asimilado al mismo.
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3
)	Estos motivos se encuentran enumerados en el artículo 3 de la Decisión Marco 2002/584.
(
4
)	Estos motivos se encuentran enumerados en los artículos 4 y 4 bis de la Decisión Marco 2002/584.