61985J0092
INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto 92/85 (
*1
)
I — Hechos y procedimiento
1.
El demandante expone que trabajó como intérprete en la Comisión (1973-1977), habiendo dejado esta institución con el grado LA 7, escalón 2, para trabajar a continuación (1977-1980) como intérprete independiente, para la Comisión, el Parlamento y otros empleadores. Desde 1980, trabaja en la División de interpretación del Tribunal de Justicia. El 20 de enero de 1982, se le ofreció un contrato por tiempo determinado con grado LA 7, escalón 3, que aceptó dado que, por otro lado, a su petición de ser clasificado en el grado LA 6, su Jefe de Servicio le aseguró que podría acceder a tal grado tan pronto quedara un puesto vacante. El 15 de octubre de 1983, el demandante envió una carta al Secretario del Tribunal de Justicia para solicitar su nueva clasificación en LA 6 ante la perspectiva de que iba a quedar vacante un puesto en dicho grado debido al cese de un intérprete neerlandés. Esta carta no recibió respuesta alguna.
El 17 de noviembre de 1983 se publicó un anuncio de vacante con el no CJ 117/82, relativo a un puesto de intérprete de lengua francesa en el Tribunal de Justicia, cuya carrera correspondía a los grados 6 y 7 de la categoría LA, de lengua francesa, con la mención de que «el puesto se cubrirá con el grado LA 7, salvo en caso de traslado de un funcionario de grado LA 6». Este anuncio contenía, además de la invitación a los funcionarios de la carrera LA 7/LA 6 a presentar sus candidaturas, otra invitación a los «demás funcionarios y agentes» a que manifestaran su interés por el puesto vacante. El demandante presentó su candidatura. Este anuncio de vacante fue sustituido, el 9 de enero de 1984, por un nuevo anuncio con el no CJ 117/82 bis que ya no incluía la mención antes citada. A continuación, el 19 de enero de 1984, se publicó una convocatoria de concurso interno de la institución, no CJ 117/82. Candidato y ganador de dicho concurso, al demandante se le comunicó mediante carta del Secretario del Tribunal de Justicia, de 24 de mayo de 1984, su nombramiento, el 16 de mayo de 1984, como funcionario en período de prueba a partir del 1 de junio de 1984, con el grado LA 7, escalón 3.
El 21 de junio de 1984, el demandante solicitó al Tribunal una nueva clasificación. Los términos en los que estaba redactada su solicitud fueron repetidos en una reclamación, presentada el 9 de agosto de 1984, en virtud del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, y completados mediante un memorándum de 21 de noviembre de 1984. El 13 de diciembre de 1984, la Comisión competente en materia de reclamaciones del Tribunal de Justicia adoptó una decisión que denegaba la reclamación del demandante, notificada a éste el 8 de enero de 1985. A raíz de esta decisión el demandante interpuso el presente recurso el 5 de abril de 1984.
2.
La fase escrita siguió su curso reglamentario.
Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.
II — Pretensiones de las partes
3.
El demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Acuerde la admisión del presente recurso y lo declare fundado.
—
Anule en consecuencia la decisión de la Comisión del Tribunal competente en materia de reclamaciones por la que se denegó la reclamación del demandante, quien pretendía que, con ocasión de su nombramiento como funcionario en período de prueba, se le clasificara en el grado LA 6, con bonificación de antigüedad de escalón en dicho grado igual a la concedida en el pasado a sus colegas.
—
Condene en costas a la demandada.
4.
La parte demandada solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Declare la inadmisibilidad del recurso o, subsidiariamente, lo desestime por infundado.
—
Decida sobre las costas de conformidad con el artículo 70 del Reglamento de Procedimiento.
III — Motivos y alegaciones de las partes
Sobre la admisibilidad
5.
La parte demandada sostiene la inadmisibilidad del recurso ya que se dirige formalmente contra la decisión de la Comisión de reclamaciones de 13 de diciembre de 1984 que no sería mas que una decisión confirmatoria de la decisión del Tribunal, de 16 de mayo de 1984, por la que se procedía al nombramiento del demandante en el grado LA 7 y que un acto confirmatorio de una decisión anterior no puede constituir un acto lesivo en el sentido del artículo 91 del Estatuto de los funcionarios (sentencia de 12 de julio de 1984, asunto 227/83, Moussis). El recurso sólo puede ser admisible, según la parte demandada, si se reconoce que ha existido un error excusable por parte del demandante, dado que se trata del primer asunto en el que una decisión de la AFPN ha sido sometida a la Comisión del Tribunal competente en materia de reclamaciones.
6.
El demandante sostiene que el objeto del litigio es impugnar la decisión de 16 de mayo de 1984, tal como se deduce del contenido mismo del recurso. Dirigido en realidad contra dicha decisión, el recurso se habría formulado de este modo dentro de los plazos establecidos (reclamación: 9 de agosto de 1984; decisión implícita de denegación: 9 de diciembre de 1984; decisión expresa de denegación, consecutiva, en el plazo del recurso contencioso: 13 de diciembre de 1984; notificación al demandante: 8 de enero de 1985; recurso: 5 de abril de 1985).
El demandante explica que ha dirigido «formalmente» su recurso contra la decisión de 13 de diciembre de 1984, por las razones siguientes:
—
Por una parte, consideró que se trataba de un dictamen sobre su reclamación previo a la decisión del Tribunal en cuanto AFPN, y debido al hecho de que tal decisión no fue definitivamente adoptada, estimó que el acto de 13 de diciembre de 1984, tanto por su formulación como por su motivación y por la calificación y composición de la Comisión de reclamaciones, era algo más que un acto confirmatorio, que había reemplazado además, en cierta medida, la decisión de 16 de mayo de 1984.
—
Por otra parte, el acto de 16 de mayo de 1984 no era lo suficientemente claro mientras que, por el contrario, la decisión de 13 de diciembre de 1984 contenía una motivación que permitía apreciar exactamente su alcance, de modo que, conforme a la sentencia de 14 de julio de 1981, en el asunto 145/80, Mascetti (Rec. 1984, p. 1975), es dicha decisión la que puede ser, «formalmente», objeto del recurso.
Por último, es frecuente en lo contencioso de la función pública que el demandante impugne la decisión denegatoria de su reclamación incluso cuando dicha decisión tenga sólo un carácter confirmatorio (sentencia de 29 de marzo de 1984, asunto 25/83, A. Buick, Rec. 1984, pp. 1723 y 1782, apartados Ily 12).
7.
La parte demandada, en su escrito de duplica, insiste en el hecho de que, según la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Moussis (apartado 11), es el acto lesivo en el sentido de los artículos 90 y 91 del Estatuto el que debe ser impugnado dentro de los plazos y de acuerdo con el procedimiento previsto.
Añade que el demandante no podía considerar razonablemente que la decisión de la Comisión del Tribunal sustituía a la decisión de 16 de mayo de 1984, cuando la misma denegaba su reclamación; que el demandante no puede pretender haber considerado la decisión de la Comisión a la vez como un acto que sustituía a la decisión de 16 de mayo de 1984 y como un acto que expresaba una opinión destinada a informar al Tribunal; que el argumento del demandante, quien, refiriéndose a la sentencia dictada en el asunto 145/80, Mascetti, sostiene que la decisión de 13 de diciembre de 1984 permitía apreciar exactamente el alcance de la decisión de 16 de mayo de 1984, no está justificado, por un lado, porque la motivación de dicha decisión era completa (referencia a las disposiciones del Estatuto, al anuncio de vacante no CJ 117/82, al informe del tribunal del concurso y a la propuesta del Secretario), y, por otro lado, porque el demandante, al haber presentado una reclamación en virtud del artículo 90 del Estatuto contra la decisión de 16 de mayo de 1984, había considerado siempre a esta última como lesiva.
Sobre el fondo
El demandante invoca cuatro motivos.
8.
El primer motivo se basa en una violación del principio de igualdad de trato.
El demandante subraya que algunos de sus colegas intérpretes, que contaban con una experiencia profesional como mucho igual y, en la mayoría de los casos, inferior a la suya, nombrados funcionarios en período de prueba el 1 de noviembre de 1981, fueron nombrados funcionarios titulares el 1 de agosto de 1982, en el grado LA 6. Al contar con la cualificación y con la experiencia profesional requeridas, al menos equivalente a las de algunos de sus colegas nombrados en 1981, el demandante sostiene que se debería haber beneficiado de un trato igual y haber sido nombrado como LA 6, tan pronto como quedara disponible una vacante en dicho grado.
9.
El segundo motivo se basa en el incumplimiento de la convocatoria del concurso.
El demandante estima que, al haber omitido la AFPN, en su segundo anuncio de vacante antes mencionado, la frase «el puesto se cubrirá con el grado LA 7, salvo en caso de traslado de un funcionario de grado LA 6», que aparecía en el anterior anuncio de vacante, aquella tenía la posibilidad de cubrir el puesto con el grado LA 7 o LA 6. Considera que dicha posibilidad de la Administración se transformó en una obligación de concederle el grado LA 6, por el hecho de que poseía la cualificación requerida para ello.
10.
El tercer motivo invocado por el demandante es el de la violación de la confianza legítima.
Sostiene que podía esperar legítimamente ser nombrado LA 6, debido:
—
al hecho del nombramiento de algunos de sus colegas intérpretes como LA 6;
—
a la promesa en este sentido de su Jefe de Servicio;
—
al silencio del Secretario del Tribunal a su carta de 15 de octubre de 1983, por la que solicitaba su clasificación como LA 6;
—
a su cualificación y su experiencia profesional al menos equivalentes a las de sus colegas nombrados como LA 6;
—
al cambio introducido en el segundo anuncio de vacante que daba a la AFPN la posibilidad de proceder a un nombramiento en LA 6.
11.
El cuarto motivo invocado es el de la violación del principio de buena administración.
El demandante sostiene que si la Administración tenía el derecho de volverse atrás en su política consistente en proceder a nombramientos en grados superiores al inicial en la categoría LA, en este caso:
—
No ha probado que quisiera seguir a partir de entonces una nueva práctica consistente en proceder al nombramiento de los nuevos funcionarios con el grado inicial, por un lado, y, por otro, en varias ocasiones desde entonces y hasta este momento, ha procedido a nombramientos en grados superiores al inicial en la categoría LA.
—
Su caso difícilmente puede representar una buena ocasión para cambiar la práctica normal, dada su cualificación profesional comparada a las de sus colegas que se han beneficiado de una clasificación en LA 6.
—
La Administración nada hizo para desmentir las esperanzas que podía albergar acerca de su nombramiento como LA 6.
12.
La parte demandada, en relación con el motivo fundado en la violación del principio de igualdad de trato, sostiene que, en 1981, los nombramientos en el grado LA 6 eran necesarios debido al hecho de que acababa de crearse el Servicio de interpretación y de que los nombramientos se realizaban con vistas a su constitución y que el derecho de la Administración de proceder a nombramientos en dicho grado estaba fundado en el artículo 31, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios, que permite hacer excepciones a la regla de nombramientos en el grado inicial para la mitad de los puestos de nueva creación.
13.
En relación al motivo basado en el incumplimiento de la convocatoria del concurso, la parte demandada sostiene que la modificación introducida en dicho anuncio suponía una simple facultad, no una obligación, de proceder a nombramientos en el grado LA 6, de manera que el demandante no podía esperar legítimamente un nombramiento en el grado LA 6 ya que, de acuerdo con el artículo 31, apañado 1, del Estatuto, los candidatos que hayan ganado el concurso serán nombrados en el grado inicial de su carrera. Subraya que, de este modo, la cualificación del demandante sólo podía tomarse en consideración, de conformidad con el artículo 32 del Estatuto de los funcionarios, para la bonificación de antigüedad de escalón.
14.
Al motivo referido a la violación de la confianza legítima, la parte demandada responde que:
—
La «diferencia de situación» entre 1981 y 1984 no permitía al demandante suponer que tenía derecho a ser nombrado en LA 6, sólo por el hecho de que algunos de sus colegas intérpretes se hubieran beneficiado de un nombramiento en dicho grado.
—
Las promesas alegadas que habrían sido hechas al demandante por su Jefe de Servicio no provenían de la AFPN, y no pueden vincular a ésta.
—
La falta de respuesta a su carta de 15 de octubre de 1983 no le autorizaba a interpretarla como favorable para él.
—
La modificación del anuncio de vacante no podía ser interpretada en el sentido de que demostrara la intención de la AFPN de proceder a nombramientos en un grado superior al inicial, a falta, por otra parte, de una mención expresa en ese sentido, como sucede en los anuncios para proceder a nombramientos de juristas lingüistas.
15.
Al cuarto motivo, basado en la violación del principio de buena administración, la parte demandada opone la necesidad de la organización del servicio que caracterizó los nombramientos en 1981. Señala que, incluso si como hipótesis los nombramientos en el grado LA 6 en 1981-1982 a los que se refiere el demandante no se hubieran inscrito en el marco de una aplicación correcta del artículo 31 del Estatuto, no podría reprochársele en este caso el no continuar con una práctica irregular calificando este cambio como una violación del principio de buena administración. Además, señala que, dado que el demandante no podía razonablemente creer que tenía derecho a ser nombrado como LA 6, no le pareció necesario desmentir esperanzas que el demandante no podía albergar. Subraya que esto no habría cambiado, por lo demás, su situación ya que, como mucho, el demandante no habría presentado su candidatura al concurso, lo que parece improbable habida cuenta de que se ha abstenido de rechazar su nombramiento en el grado LA 7, cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo. Subraya por último que si la supresión de las diferencias en la clasificación puede parecer ideal, es por el contrario una solución irrealista debido a los contingentes estatutarios y presupuestarios, y considera que procedió a los nombramientos de 1981 y al del demandante cumpliendo estrictamente las normas del Estatuto.
IV — Fase oral del procedimiento
En la vista del 23 de abril de 1986, la parte demandante, representada por Me G. Vandersanden, Abogado, y la parte demandada, representada por el Sr. F. Hubeau, en calidad de Agente, y por Me A. Vandencasteele, Abogado, fueron oídos en sus informes orales.
El Abogado General presentó sus conclusiones en audiencia pública el 12 de junio de 1986.
C. Kakouris
Juez Ponente
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.