Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 15 de enero de 2026 (1)
Asuntos C‑622/24 P y C‑623/24 P
VT
contra
Comisión Europea (C‑622/24 P)
y
UJ y otros
contra
Comisión Europea (C‑623/24 P)
« Recurso de casación — Función pública — Oposición EPSO/AD/380/19 — No inclusión en la lista de reserva — Igualdad de trato — Repetición de las pruebas escritas — Regla de la concordancia entre el recurso y la reclamación — Interpretación de la convocatoria de la oposición por lo que respecta a las competencias generales »
I.      Introducción
1.        Los presentes recursos de casación se refieren a una oposición general organizada por la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) para la contratación de administradores en el ámbito de la cooperación internacional y la gestión de la ayuda a terceros países. Durante las pruebas escritas se produjeron perturbaciones técnicas generalizadas que afectaron a un número significativo de candidatos. En respuesta, el tribunal calificador decidió ofrecer a todos los candidatos
—con independencia de si habían experimentado dificultades técnicas—
la posibilidad de volver a realizar dichas pruebas o de conservar sus primeros resultados. La legalidad de este enfoque constituye el núcleo de los presentes recursos de casación.
2.        Varios candidatos, que finalmente no fueron incluidos en la lista de reserva de dicha oposición, impugnaron su no inclusión ante el Tribunal General alegando diversas irregularidades en la celebración de esta, incluida la repetición de las pruebas escritas. En particular, en los asuntos que dieron lugar a las sentencias VT/Comisión (2) y
UJ y otros/Comisión, (3) los demandantes solicitaron la anulación de las decisiones pertinentes adoptadas por el tribunal calificador. El Tribunal General desestimó los recursos en ambos asuntos, desestimando los motivos, casi idénticos, invocados.
3.        Mediante sus presentes recursos de casación en los asuntos C‑622/24 P y C‑623/24 P, los recurrentes solicitan la anulación de las sentencias del Tribunal General en los asuntos VT/Comisión y UJ y otros/Comisión (en lo sucesivo, «sentencias recurridas»). A tal fin, alegan, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no apreciar una violación del principio de igualdad de trato en el marco de
la oposición. A este respecto, sostienen que el tribunal calificador violó el principio de igualdad de trato al permitir que todos los candidatos
—y no solo aquellos que se vieron gravemente afectados por problemas técnicos—
pudieran volver a realizar las pruebas. Aducen, además, que los candidatos que repitieron las pruebas disfrutaron de una ventaja injusta, ya que tuvieron mucho más tiempo para prepararse. Por último, impugnan también la desestimación por el Tribunal General de un motivo que habían invocado relativo a la interpretación de la convocatoria de oposición en cuanto a la evaluación de las competencias generales de los candidatos.
4.        Habida cuenta del solapamiento sustancial del marco fáctico y de las cuestiones jurídicas suscitadas en ambos asuntos, parece oportuno examinarlos en unas conclusiones conjuntas.
II.    Marco jurídico
5.        El artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (4) (en lo sucesivo, «Estatuto de los Funcionarios») tiene el siguiente tenor:
«Las personas a las que se aplique el presente Estatuto podrán presentar ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos reclamaciones dirigidas contra los actos que les sean lesivos […].
[…]
La autoridad notificará su decisión, que habrá de ser motivada, al interesado en un plazo de cuatro meses a partir del día en que sea presentada la reclamación. Al término de este plazo, si no fuera adoptada una decisión respecto de la reclamación, se considerará que se ha producido una decisión denegatoria contra la que podrá interponerse recurso a tenor del artículo 91.»
6.        El artículo
91, apartado
2, del Estatuto de los Funcionarios establece lo siguiente:
«Solo podrá ser admitido un recurso ante el Tribunal de Justicia si:
—
previamente, se hubiere presentado reclamación ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, a tenor de lo dispuesto en el apartado
2 del Artículo 90, y dentro del plazo que en el mismo se prevé;
—
si respecto de esta reclamación se hubiere adoptado una decisión denegatoria, ya sea explícita o implícita.»
III. Antecedentes de hecho
7.        Los antecedentes de los litigios que han dado lugar a los presentes recursos de casación se exponen detalladamente en las sentencias recurridas. Los hechos pertinentes para las presentes conclusiones pueden resumirse del siguiente modo.
8.        El 5 de diciembre de 2019, la EPSO publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
la convocatoria de oposición general EPSO/AD/380/19 para la contratación de administradores en el ámbito de la cooperación internacional y la gestión de la ayuda a terceros países, (5) con vistas a la constitución de dos listas de reserva, una para los administradores de grado AD 7 y otra para los administradores de grado AD 9.
9.        Los recurrentes en ambos asuntos participaron en la oposición para el grado AD 7. Tras haber superado las fases de las pruebas de opciones múltiples y de la selección basada en cualificaciones («Talent Screener», evaluador de talentos), participaron en las pruebas del centro de evaluación. Estas incluían dos pruebas escritas: un estudio de caso y una prueba escrita relacionada con el ámbito de actividad (en lo sucesivo, conjuntamente, «pruebas escritas»), ambas celebradas el 9 de septiembre de 2021 (en lo sucesivo, «sesión inicial»).
10.      Mediante escrito de 4 de octubre de 2021, la EPSO informó a los candidatos de que, debido a problemas técnicos surgidos en la sesión inicial de las pruebas escritas, se había decidido ofrecer a todos los candidatos que habían participado en dicha sesión dos opciones: i) conservar los resultados
—desconocidos en ese momento—
de la sesión inicial o
ii) repetir las pruebas escritas, renunciando así sus primeros resultados.
11.      Las nuevas pruebas escritas se celebraron el 10 de noviembre de 2021 (en lo sucesivo, «segunda sesión»). El recurrente en el asunto C‑622/24 P (VT), así como tres de los ocho recurrentes en el asunto C‑623/24 P (UN, US y UT), optaron por no repetir la prueba y conservar los resultados de la sesión inicial. En cambio, los otros cinco recurrentes en el asunto C‑623/24 P (UJ, UL, UP, UU y UV) decidieron repetir las pruebas.
12.      El tribunal calificador permitió a ocho candidatos que experimentaron dificultades técnicas durante la segunda sesión a presentarse a una tercera sesión, celebrada el 10 de diciembre de 2021. UJ fue el único de los recurrentes que fue invitado a esta tercera sesión y participó en ella.
13.      El 5 de mayo de 2022, la EPSO notificó individualmente a cada uno de los recurrentes la decisión del tribunal calificador de no incluir sus nombres en la lista de reserva AD 7 (en lo sucesivo, «decisiones de no inclusión»), debido a que no figuraban entre los candidatos que habían obtenido las mejores puntuaciones globales en las pruebas del centro de evaluación. Por lo que respecta específicamente a uno de los recurrentes en el asunto C‑623/24 P, UT, la desestimación se basó en que no había obtenido las puntuaciones mínimas exigidas.
14.      Algunos de los recurrentes (VT, UJ y UL) presentaron solicitudes de revisión, por parte del tribunal calificador, de las decisiones de no inclusión que les afectaban. Estas solicitudes fueron denegadas mediante resoluciones de 15 de julio de 2022. Posteriormente, todos los recurrentes presentaron reclamaciones ante la EPSO (en su condición de autoridad facultada para proceder a los nombramientos competente), con arreglo al artículo
90, apartado
2, del Estatuto de los Funcionarios (en lo sucesivo, «reclamaciones con arreglo al artículo
90, apartado
2»), impugnando las decisiones de no inclusión y, en su caso, también las resoluciones denegatorias de sus solicitudes de revisión.
15.      En particular, el recurrente en el asunto C‑622/24 P presentó, el 10 de octubre de 2022, una reclamación con arreglo al artículo
90, apartado
2, respecto de la que no recibió respuesta expresa. Por lo tanto, de conformidad con el artículo
90, apartado
2, del Estatuto de los Funcionarios, se consideró que su reclamación había sido desestimada implícitamente tras la expiración de un plazo de cuatro meses, es decir, el 10 de febrero de 2023.
16.      Los recurrentes en el asunto C‑623/24 P, así como otros candidatos, presentaron conjuntamente sus reclamaciones con arreglo al artículo
90, apartado
2, el 5 de agosto de 2022. Se consideró que sus reclamaciones fueron desestimadas implícitamente el 5 de diciembre de 2022, si bien también fueron desestimadas explícitamente mediante resoluciones de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de 13 de marzo de 2023.
IV.    Procedimiento ante el Tribunal General y sentencias recurridas
17.      Los recurrentes en ambos asuntos interpusieron sendos recursos ante el Tribunal General, con arreglo al artículo
270 TFUE, con objeto de impugnar su no inclusión en la lista de reserva de la oposición.
18.      Formalmente, se consideró que sus recursos se dirigían, en los casos de VT, UJ y UM, contra las decisiones del tribunal calificador de 15 de julio de 2022 por las que se denegaban sus solicitudes de revisión y, con respecto a los demás recurrentes que no habían presentado tales solicitudes, directamente contra las decisiones de no inclusión de 5 de mayo de 2022 (en lo sucesivo, conjuntamente, «decisiones controvertidas»).
19.      Los recurrentes en ambos asuntos plantearon siete motivos prácticamente idénticos, basados en numerosas irregularidades de la oposición, con el fin de que se anularan las decisiones controvertidas. Mediante sus sentencias de 10 de julio de 2024, VT/Comisión y UJ y otros/Comisión, el Tribunal General desestimó íntegramente ambos recursos y condenó a cada parte a cargar con sus propias costas.
V.      Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
20.      VT interpuso recurso de casación contra la sentencia VT/Comisión, que se encuentra actualmente pendiente como asunto C‑622/24 P.
Del mismo modo, ocho de los trece recurrentes en el asunto UJ y otros/Comisión han interpuesto recurso de casación contra dicha sentencia en la medida en que les afecta, actualmente pendiente como asunto C‑623/24 P.
21.      Mediante sus recursos de casación, los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que anule las sentencias recurridas, que estime sus recursos en primera y segunda instancia y que condene a la Comisión Europea a cargar con las costas de ambas instancias. Por su parte, la Comisión solicita que se desestimen los recursos de casación y que se condene en costas a los recurrentes.
VI.    Apreciación
22.      En apoyo de sus recursos de casación, los recurrentes invocan dos motivos.
23.      El primer motivo, común a los dos recursos de casación, se refiere a una supuesta violación del principio de igualdad de trato, resultante de la repetición de las pruebas escritas.
24.      El segundo motivo impugna la desestimación por el Tribunal General del quinto motivo invocado en primera instancia, que alegaba una infracción de la convocatoria de oposición. Si bien dicho motivo fue declarado inadmisible en el asunto UJ y otros/Comisión, en el asunto VT/Comisión se consideró admisible, pero fue desestimado por infundado. Los recurrentes alegan en ambos asuntos que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en sus respectivas conclusiones.
25.      Comenzaré examinando el primer motivo de casación, relativo al principio de igualdad de trato (A), antes de abordar el segundo motivo de casación, analizando sucesivamente las cuestiones procesales y de fondo propias de cada asunto (B).
A.      Primer motivo de casación: violación del principio de igualdad de trato
26.      Mediante el primer motivo de casación, los recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no declarar la existencia de una violación del principio de igualdad de trato, consagrado en el artículo
20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), entre los candidatos de la oposición.
27.      Sostienen que esta violación resultó i) del hecho de que se ofreció a todos los candidatos la posibilidad de repetir las pruebas escritas, con independencia de si realmente habían experimentado dificultades técnicas (primera parte del primer motivo de casación); ii) del mayor tiempo disponible para preparar las sesiones segunda y tercera de las pruebas escritas (segunda parte del primer motivo de casación), y iii) del hecho de que las tres sesiones de las pruebas escritas
—en particular, la tercera—
se celebraran en fechas diferentes (tercera parte del primer motivo de casación, invocada como tal únicamente en el asunto C‑623/24 P).
28.      Examinaré sucesivamente cada una de estas partes del primer motivo de casación, tras exponer en primer lugar las alegaciones pertinentes de las partes. Por lo que respecta a las dos primeras partes, también será necesario abordar el interés de los recurrentes en formular estas pretensiones. Con carácter excepcional, abordaré dicho interés tras el análisis sustantivo, por razones prácticas de presentación, ya que exponer primero la supuesta desigualdad permitirá explicar con mayor claridad el interés de los recurrentes en invocarla, a la luz de sus diferentes circunstancias fácticas.
1.      Primera parte del primer motivo de casación: repetición ofrecida a todos los candidatos
29.      Mediante la primera parte del primer motivo de casación, los recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar (6) que el tribunal calificador no había violado el principio de igualdad de trato al ofrecer a todos los candidatos la posibilidad de repetir las pruebas escritas, con independencia de si habían experimentado dificultades técnicas que afectaran a su desempeño. (7)
30.      A este respecto, el Tribunal General declaró en las sentencias recurridas que, aunque la solución elegida por el tribunal calificador permitía a los candidatos que no habían experimentado dificultades técnicas presentarse a las pruebas por segunda vez, esta diferencia de trato era difícil de evitar, habida cuenta de la amplitud y de la naturaleza de las perturbaciones y del gran número de candidatos afectados. El Tribunal General consideró además que la medida respondía al objetivo legítimo de garantizar que todos los candidatos que hubieran experimentado problemas técnicos pudieran beneficiarse de una nueva sesión.
a)      Principales alegaciones de las partes
31.      Como ya se ha indicado anteriormente, los recurrentes alegan, en esencia, que la posibilidad de repetir las pruebas que se ofreció no solo a los candidatos que se vieron afectados por graves problemas técnicos, sino también a aquellos que habían experimentado pocos problemas o ningún problema suponía tratar situaciones diferentes de manera idéntica, violando el principio de igualdad de trato.
32.      Sostienen que la solución adoptada por el tribunal calificador no estaba justificada por el objetivo de la oposición (a saber, seleccionar a los candidatos más competentes, de conformidad con el artículo
27 del Estatuto de los Funcionarios) y que era desproporcionada, puesto que iba más allá de lo necesario para subsanar las irregularidades causadas por las perturbaciones técnicas. De este modo, los recurrentes alegan que el Tribunal General no reconoció que el tribunal calificador no había adoptado todas las medidas necesarias para limitar el riesgo de desigualdad inherente a cualquier examen, sino que había creado una desigualdad evitable entre los candidatos.
33.      La Comisión rebate la alegación de los recurrentes recordando la amplia facultad de apreciación de que disponen los tribunales calificadores para determinar las medidas correctoras cuando se producen irregularidades y el alcance, por consiguiente, limitado del control jurisdiccional. (8) Subraya además que, según reiterada jurisprudencia, toda oposición implica un riesgo inherente de desigualdad, (9) de modo que solo puede acreditarse una violación del principio de igualdad de trato si el tribunal calificador no ha limitado ese riesgo a lo que normalmente es inherente a cualquier examen.(10) En su opinión, no sucedía así en el presente asunto y el Tribunal General concluyó acertadamente, en esencia, que la solución adoptada estaba justificada en estas circunstancias.
34.      A este respecto, la Comisión explica que, debido al carácter difuso y variado de las perturbaciones técnicas comprobadas, habría sido imposible determinar su alcance y sus consecuencias precisas para cada candidato. (11) Por consiguiente, estima que el hecho de ofrecer a todos los candidatos la posibilidad, pero no la obligación, de repetir las pruebas era la única solución viable y equitativa, coherente con los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y buena administración.
35.      La Comisión sostiene que, aunque algunos candidatos que no habían experimentado dificultades técnicas decidieron repetir las pruebas, lo hicieron renunciando a sus resultados iniciales y, por lo tanto, volvieron a presentarse a la oposición en las mismas condiciones que los demás candidatos. Por lo tanto, no puede considerarse que tuvieran «más posibilidades» en el marco de la oposición. Por último, la Comisión subraya también que los recurrentes no han demostrado en qué medida se vieron perjudicados individualmente por la solución adoptada.
b)      Análisis
36.      Con carácter preliminar, procede recordar que, si bien los tribunales calificadores disponen de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta a los requisitos, el contenido y la organización de una oposición (que debe considerarse que incluye la adopción de medidas correctoras), dicha facultad debe ejercerse respetando el principio de igualdad de trato. (12)
37.      Según reiterada jurisprudencia, este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. (13)
38.      En mi opinión, en el presente asunto está claro que se dio el mismo trato a situaciones diferentes: los candidatos que habían experimentado problemas técnicos que afectaban gravemente a sus pruebas fueron tratados de manera similar a los candidatos que únicamente habían experimentado dificultades menores o ninguna dificultad, ya que a todos se les ofreció la posibilidad de presentarse a una segunda sesión.
39.      Aunque, como sugiere la Comisión, todos los candidatos tuvieron en última instancia un solo intento en las pruebas escritas que contaba (ya que solo se conservó una serie de resultados), no es ahí donde radica la desigualdad alegada por los recurrentes. Más bien, la oferta generalizada de la posibilidad de repetir la prueba supuso una ventaja adicional para los candidatos que no se habían visto afectados negativamente por problemas técnicos y que consistía en la oportunidad de mejorar unos resultados iniciales potencialmente insatisfactorios o, por el contrario, de conservar unos resultados satisfactorios, sin verse obligados a repetir las pruebas. En otras palabras, tenían la ventaja de elegir cuál de sus intentos se tendría en cuenta. En cambio, los candidatos que, debido a graves problemas técnicos, no pudieron participar efectivamente en la sesión inicial no tenían tal elección real: para ellos, la segunda sesión era, en la práctica, la única y última oportunidad en las
pruebas escritas. (14)
40.      En efecto, el Tribunal General reconoció que lo anterior constituía una diferencia de trato, pero consideró que era «difícil de evitar». Por lo tanto, procede examinar si, como consideró esencialmente el Tribunal General, esa diferencia estaba justificada por tales circunstancias.
41.      En virtud del artículo
1
quinquies, apartado 6, del Estatuto de los Funcionarios y conforme a reiterada jurisprudencia, una medida que dé lugar a una diferencia de trato puede estar justificada si persigue un objetivo legítimo de interés general en el marco de la política de personal y es proporcionada a dicho objetivo. (15)
42.      Por lo que respecta, en primer lugar, al objetivo perseguido, se puede coincidir con la Comisión en que la solución adoptada por el tribunal calificador perseguía el objetivo legítimo de subsanar las irregularidades causadas por los graves problemas técnicos surgidos durante la sesión inicial de las pruebas escritas, con el fin de restablecer las condiciones de la oposición.
43.      En lo que atañe, en segundo lugar, a la proporcionalidad de la medida a la luz de ese objetivo, procede considerar, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si la medida i) era adecuada para alcanzar dicho objetivo; ii) no iba más allá de lo necesario para ese fin, y iii) era proporcionada stricto sensu, estableciendo un equilibrio justo entre los intereses en juego. (16)
44.      Por lo que respecta al primer elemento de adecuación, ha de observarse que la solución consistente en ofrecer a todos los candidatos la posibilidad de repetir las pruebas podría considerarse apta para subsanar las irregularidades de la sesión inicial. (17) Como consideró el Tribunal General, esta solución permitió a todos los candidatos afectados por problemas técnicos completar las pruebas en condiciones regulares.
45.      Sin embargo, a mi modo de ver, esta medida no es suficiente en relación con el elemento de necesidad (y sin necesidad de considerar la proporcionalidad stricto sensu). Al considerar la necesidad de una medida, la cuestión clave es si otras alternativas menos restrictivas del principio de igualdad de trato podrían haber logrado el mismo objetivo con la misma eficacia. En mi opinión, así sucede ciertamente en la situación de que se trata.
46.      Cabe señalar, en primer lugar, únicamente como elemento de contexto, que, en principio, cuando los candidatos individuales en una oposición experimentan problemas técnicos de los que no son responsables, la EPSO, tras su verificación, les propone medidas correctoras, como la posibilidad de repetir una prueba específica. (18) Esto es lo que se hizo, por ejemplo, en el presente asunto en relación con los ocho candidatos a los que se ofreció la posibilidad de presentarse a una tercera sesión de pruebas escritas, y es también la solución que los recurrentes pueden considerar apropiada. Sin embargo, como explicó la Comisión, esta opción no era factible en la oposición de que se trata (véase el punto
34 anterior).
47.      Sin embargo, en mi opinión, se disponía de una alternativa más adecuada: invalidar la sesión inicial
—cuya integridad debe considerarse gravemente comprometida en estas circunstancias y teniendo en cuenta el número excepcionalmente elevado de candidatos afectados— (19) y organizar una nueva sesión para todos los candidatos. Retomando las palabras de la Comisión, este enfoque habría restablecido las condiciones de la oposición en el momento en que se produjeron las irregularidades, sin conferir a determinados candidatos la ventaja de poder elegir entre unos resultados y otros. (20)
48.      En su escrito de contestación en el asunto C‑623/24 P, la Comisión reconoció que tal enfoque alternativo era posible, pero alegó que habría privado injustamente a los candidatos que no se vieron afectados por problemas técnicos graves de los resultados legítimamente obtenidos en la sesión inicial. Comparto en cierta medida esta inquietud, que probablemente también está motivada por la voluntad de evitar otras reclamaciones. No obstante, la voluntad de evitar privar a dichos candidatos de sus resultados iniciales no puede justificar que se les confiera una ventaja sobre los demás candidatos, que es precisamente el efecto de la solución adoptada, como se ha explicado anteriormente. Esta conclusión se impone tanto más cuanto que no se puede afirmar de manera razonable que los candidatos hayan adquirido el derecho a conservar sus resultados iniciales o a quedar exentos de volver a realizar las pruebas escritas si las circunstancias así lo exigen. Tal derecho no se deriva de la convocatoria de oposición, y nada indica
—y la Comisión tampoco ha afirmado—
que los candidatos recibieran garantías precisas, incondicionales y coherentes que pudieran dar lugar a expectativas legítimas (21) de que sus resultados iniciales se mantendrían con independencia de una eventual anulación posterior de la oposición (o de una parte de esta) y a pesar de las circunstancias excepcionales e imprevisibles de que se trata. (22)
49.      De ello se deduce, en mi opinión, que la solución adoptada por el tribunal calificador excedió de lo necesario para alcanzar el objetivo de subsanar las irregularidades causadas por los problemas técnicos de gran envergadura de la sesión inicial de las pruebas escritas con el fin de restablecer las condiciones de la oposición. Por el contrario, la solución adoptada falseó efectivamente dichas condiciones, creando una nueva desigualdad entre los candidatos, que, por lo tanto, fue más allá de lo que normalmente es inherente a cualquier oposición.
50.      Habida cuenta de lo anterior, concluyo que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar en las sentencias recurridas que el tribunal calificador no había violado el principio de igualdad de trato al ofrecer a todos los candidatos la posibilidad, pero no la obligación, de repetir las pruebas escritas.
51.      Sin perjuicio de la conclusión anterior, procede examinar si todos los recurrentes tienen interés en invocar esta violación del principio de igualdad de trato, cuestión que también se menciona en las sentencias recurridas.
52.      Si bien, como señalan acertadamente los recurrentes, no están obligados a demostrar que determinados candidatos se beneficiaron efectivamente de una ventaja, (23) esto no les exime de la necesidad de acreditar que ellos mismos se vieron personalmente afectados por la supuesta desigualdad. Según reiterada jurisprudencia, un demandante no está legitimado para actuar en interés de la ley o de las instituciones; en el marco de un recurso de anulación, solo puede invocar motivos que le afecten personalmente. (24)
53.      Como se desprende del análisis anterior (y como admiten los propios recurrentes), la desigualdad de trato resultante de la oferta generalizada de la posibilidad de repetir la prueba colocó en una posición de desventaja, al menos en principio, a aquellos candidatos que se vieron gravemente afectados por los fallos técnicos y que, por consiguiente, no tenían realmente otra opción que repetir las pruebas escritas. El Tribunal General observó acertadamente que debe considerarse que los candidatos que, aunque se les ofreció la posibilidad de volver a repetir las pruebas, decidieron no hacer uso de ella y conservar sus resultados iniciales estaban satisfechos con su desempeño original y que, por lo tanto, no están comprendidos en la categoría de aquellos que se vieron gravemente afectados por las perturbaciones. Es cierto que el recurrente en el asunto C‑622/24 P sugirió, como reflexión teórica, que los candidatos que habían experimentado graves dificultades técnicas podrían, no obstante, haber optado por no repetir las pruebas por razones relacionadas, por ejemplo, con compromisos profesionales. Sin embargo, ninguno de los recurrentes ha afirmado realmente que ese fuera su caso.
54.      Por consiguiente, considero que los recurrentes que optaron por no participar en la segunda sesión de las pruebas escritas (véase el punto
11 anterior) no pueden alegar tener un interés personal en invocar la primera parte del primer motivo de casación.
55.      En el caso de los recurrentes que sí participaron en la segunda sesión (a saber, UJ, UL, UP, UU y UV), la situación es menos clara. La Comisión ha sostenido que sería imposible determinar con certeza si todos los candidatos que participaron en la segunda sesión experimentaron efectivamente problemas técnicos suficientemente graves en la sesión inicial. Sin embargo, no puede excluirse la posibilidad de que así fuera. Habida cuenta de esta incertidumbre, considero que cabe conceder a dichos recurrentes el beneficio de la duda y aceptar que tienen interés en invocar esta parte del primer motivo de casación.
56.      De todo lo anterior se desprende, en mi opinión, que debe estimarse la primera parte del primer motivo de casación en lo que respecta a los recurrentes UJ, UL, UP, UU y UV y desestimarse por lo que respecta a los demás recurrentes.
2.      Segunda parte del primer motivo de casación: mayor tiempo de preparación para las sesiones posteriores
57.      Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, los recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho (25) al no declarar la existencia de una violación del principio de igualdad de trato por el hecho de que los participantes en las sesiones segunda y tercera de las pruebas escritas dispusieran de un período de preparación significativamente más largo que aquellos que participaron en la sesión inicial.
58.      Más concretamente, los recurrentes adujeron ante el Tribunal General que las sesiones segunda y tercera presentaron un grado de dificultad menor que la sesión inicial por lo que respecta a ambas pruebas escritas, a saber, el estudio de caso y la prueba escrita sobre el ámbito correspondiente. Por lo que respecta más concretamente a esta última prueba, arguyeron que, en la medida en que el escenario en el que se basaba era el mismo en las tres sesiones y se había publicado antes de la sesión inicial, los candidatos que participaron en las sesiones posteriores tenían una ventaja injusta, tanto por la similitud de las pruebas como por un período de preparación más largo. (26)
59.      El Tribunal General desestimó estas alegaciones. Por una parte, consideró que, aunque se basaba en el mismo escenario subyacente (aunque con dos versiones) (27), el objeto específico de la nota que debía redactarse en cada una de las sesiones difería de manera significativa y suficiente. Por otra parte, en lo que atañe al tiempo de preparación adicional, el Tribunal General consideró que no podía deducirse de ello ninguna ventaja significativa para los candidatos que participaron en las sesiones posteriores, puesto que nada indicaba que el tribunal calificador hubiera pretendido limitar el tiempo de que disponían los candidatos para familiarizarse con el escenario publicado.
a)      Principales alegaciones de las partes
60.      Los recurrentes señalan, en primer lugar, que el escenario que sirve de base a la prueba escrita sobre el ámbito correspondiente se publicó en agosto de 2021, concediendo así a los candidatos que participaron en la segunda sesión de noviembre de 2021 y en la tercera sesión de diciembre de 2021 un período de preparación significativamente más largo que aquel del que dispusieron quienes solo participaron en la sesión inicial de septiembre de 2021. Arguyen que esta disparidad en el tiempo de preparación constituye una diferencia en las condiciones objetivas de la oposición, independientemente de las intenciones del tribunal calificador o las variaciones de los temas de las pruebas. Por lo tanto, concluyen que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, se vulneró consecuentemente el principio de igualdad de trato.
61.      La Comisión sostiene que los recurrentes intentan, en esencia, poner en tela de juicio la apreciación fáctica del Tribunal General de que el tiempo de preparación adicional no supuso una ventaja significativa para los candidatos que participaron en las sesiones posteriores. Por consiguiente, la Comisión aduce que esta parte del recurso de casación no plantea una cuestión de Derecho y debe declararse inadmisible.
62.      Con carácter subsidiario, en cuanto al fondo, la Comisión considera que el desempeño de los candidatos no se evaluó en función del tiempo de que dispusieron para familiarizarse con el escenario, sino sobre la base de temas que, según la apreciación del Tribunal General, eran
suficientemente distintos para cada prueba. De ello se desprende, según la Comisión, que la duración del tiempo de preparación no influyó en la evaluación del desempeño de los candidatos.
b)      Análisis
63.      En primer lugar, sobre la admisibilidad de esta segunda parte, no comparto la opinión de la Comisión de que los recurrentes ponen en tela de juicio la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal General. Los recurrentes invocan un error de Derecho en el razonamiento del Tribunal General, en la medida en que consideró que el tiempo de preparación adicional no suponía una violación del principio de igualdad de trato, simplemente porque el tribunal calificador no había tenido la intención de limitar dicho tiempo. En esencia, se trata de saber si la circunstancia fáctica acreditada de que determinados candidatos dispusieran de un mayor tiempo de preparación equivale a una diferencia en las condiciones objetivas en las que se organizó la oposición, contraria al principio de igualdad de trato; dicha determinación es una cuestión de Derecho.
Por consiguiente, a mi modo de ver, no puede estimarse la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión.
64.      En segundo lugar, en cuanto al fondo, debe precisarse que los recurrentes habían presentado dos argumentos distintos en primera instancia para apoyar su alegación de que las sesiones segunda y tercera presentaron un grado de dificultad menor que la primera: i) que las tareas solicitadas a los candidatos eran muy similares durante las sesiones y ii) que los candidatos que participaron en las sesiones posteriores se beneficiaron de un mayor tiempo de preparación, puesto que el escenario subyacente se había publicado con suficiente antelación. Al concluir que los temas de la prueba escrita sobre el ámbito correspondiente eran suficientemente diferentes en las tres sesiones, el Tribunal General solo abordó el primero de estos puntos (que no es objeto de controversia en los presentes recursos de casación). Sin embargo, de ello no se deduce
—contrariamente a lo que parece sostener la Comisión—
que esta constatación permita obviar el segundo punto, a saber, si la diferencia en el tiempo de preparación podría afectar por sí misma a la dificultad relativa de las sesiones. La distinta naturaleza de los temas de las pruebas no excluye la posibilidad de que un tiempo de preparación desigual haya influido, no obstante, en el desempeño de los candidatos. En su lugar, el Tribunal General abordó por separado esta segunda alegación relativa a la diferencia en el tiempo de preparación, como se indica en el punto 59 anterior, concluyendo esencialmente que dicha diferencia no suponía una violación del principio de igualdad de trato porque el tribunal calificador no había tenido la intención de limitar el tiempo de preparación para ningún candidato. Esta conclusión es la que se discute en el presente asunto.
65.      Hecha esta aclaración, debo recordar que, según la jurisprudencia, el principio de igualdad de trato exige que todos los candidatos a la misma oposición realicen la misma prueba en las mismas condiciones y que las pruebas presenten en la medida de lo posible el mismo grado de dificultad para todos los candidatos. (28)
66.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General consideró que el mayor tiempo de preparación no constituía una ventaja significativa para los candidatos que participaron en las sesiones posteriores y pareció basar esta conclusión únicamente en que, aparentemente, el tribunal calificador no tenía la intención de limitar dicho plazo. Sin embargo, en mi opinión, este enfoque pasa por alto las consecuencias objetivas de un plazo adicional para preparar materiales de prueba conocidos. Pues bien, estas consecuencias son, a mi modo de ver, decisivas para evaluar si ha habido un trato desigual. En efecto, a la luz de la jurisprudencia citada en el punto anterior, la cuestión pertinente es si una diferencia en el tiempo de preparación ha llevado a los candidatos a participar en una oposición en condiciones objetivamente diferentes, apreciación que depende de las circunstancias de cada caso.
67.      Aunque no toda diferencia en el tiempo de preparación puede considerarse pertinente, las circunstancias particulares del presente asunto, tal y como las ha establecido el Tribunal General, la hacen, a mi modo de ver, sustancial. Los candidatos que participaron en las sesiones segunda y tercera se beneficiaron, respectivamente, de un período de preparación dos o tres veces superior al período disponible para la sesión inicial para familiarizarse con el mismo escenario publicado previamente. Este tiempo de preparación mucho más largo para un mismo escenario
—asociado inevitablemente a un cierto grado de conocimiento, desde la sesión inicial, sobre la manera en que podría utilizarse dicho escenario—
marca, en mi opinión, una diferencia significativa en las condiciones en las que los candidatos que participaron en las tres sesiones realizaron la prueba escrita sobre el ámbito correspondiente.
68.      Por lo tanto, al igual que en la primera parte del presente motivo de casación, procede apreciar si esta diferencia de trato estaba objetivamente justificada y era proporcionada. La Comisión no ha presentado ninguna justificación específica a este respecto. Solo cabe suponer que el enfoque consistente en mantener el mismo escenario publicado previamente para las repeticiones de la prueba escrita sobre el ámbito correspondiente (que dio lugar a un mayor tiempo de preparación) perseguía el objetivo legítimo de garantizar un nivel de dificultad comparable en todas las sesiones. Sin embargo, incluso partiendo de esa presunción, el enfoque adoptado no me parece proporcionado en las circunstancias del presente asunto, en particular debido a la disponibilidad de alternativas menos restrictivas también a este respecto. Aunque la programación de todas las sesiones en un plazo más reducido fuera inviable debido a limitaciones administrativas, considero que podrían haberse contemplado otras alternativas, como la publicación de un nuevo escenario de dificultad equivalente o, como se ha señalado en la sección anterior, la repetición de las pruebas escritas para todos los candidatos en igualdad de condiciones.
69.      De ello se desprende, en mi opinión, que el tiempo de preparación adicional del que disfrutaron los candidatos que participaron en las sesiones posteriores de la prueba escrita sobre el ámbito correspondiente dio lugar a una violación del principio de igualdad de trato.
70.      Por consiguiente, considero que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en las sentencias recurridas, que no se había producido tal violación.
71.      Sin embargo, al igual que en la primera parte del primer motivo de casación, esta conclusión no afecta a todos los recurrentes. Como ya ha declarado el Tribunal General y han admitido los recurrentes, solo aquellos que no repitieron las pruebas escritas
—y, por lo tanto, no se beneficiaron de un período de preparación más largo para la prueba escrita sobre el ámbito correspondiente—
pueden invocar esta segunda parte del primer motivo de casación. Estos recurrentes son VT, UN, US y UT. (29)
72.      No obstante, me parece que debe hacerse una distinción en el caso de UT. Aunque las partes no lo han abordado específicamente en el recurso de casación, del apartado 5 de la sentencia UJ y otros/Comisión se desprende, según entiendo, que UT fue excluido de la lista de reserva porque no había obtenido las puntuaciones mínimas exigidas en el centro de evaluación.
73.      A este respecto, la convocatoria de oposición supeditó claramente la inclusión en la lista de reserva a dos requisitos acumulativos: i) obtener todas las puntuaciones mínimas en el centro de evaluación y ii) alcanzar una de las puntuaciones totales más altas entre los candidatos. Es esencial señalar que UT no cumplió el primero de estos requisitos. Por lo tanto, su no inclusión en la lista de reserva no resultaba de la evaluación comparativa de los candidatos en cuanto a la puntuación total más elevada
—en la que la supuesta desigualdad de trato pudo haber influido en su clasificación relativa—, sino del incumplimiento de un requisito de umbral.
74.      Aun considerando, como se ha concluido anteriormente, que el motivo de casación basado en la vulneración de la igualdad de trato es fundado y aun suponiendo que, de no existir tal vulneración, otros candidatos hubieran podido obtener puntuaciones más bajas o suspendido, esto tampoco modificaría las puntuaciones de UT, que son inferiores al umbral mínimo. Esto se debe a que la desigualdad alegada en el presente caso se refiere a las oportunidades injustificadas que se ofrecieron a otros candidatos de obtener mejores resultados, y no a cualquier efecto negativo sobre el propio desempeño de UT. De ello se sigue, en mi opinión, que este motivo de casación debe desestimarse en el caso
de UT. (30)
75.      Por consiguiente, dado que los errores de Derecho que figuran en la sentencia UJ y otros/Comisión identificados anteriormente no pueden dar lugar a la anulación de la decisión de no incluir a UT en la lista de reserva, la parte dispositiva de dicha sentencia no se ve afectada en lo que a él respecta. En cambio, creo que, en su caso, los fundamentos de Derecho de la sentencia deben sustituirse por las consideraciones antes expuestas. (31)
76.      Habida cuenta de lo anterior, concluyo que debe estimarse la segunda parte del primer motivo de casación en lo que respecta a los recurrentes VT, UN y US, pero que procede desestimarla en relación con los demás recurrentes.
Conclusión provisional
77.      De las conclusiones alcanzadas en las secciones A.1 y A.2 anteriores se desprende que las sentencias recurridas adolecen de errores de Derecho y deben, en mi opinión, anularse con respecto a todos los recurrentes, a excepción de UT.
78.      En caso de que el Tribunal de Justicia no comparta la anterior apreciación, examinaré la tercera parte del primer motivo de casación, así como el segundo motivo de casación (que, en cualquier caso, sigue siendo pertinente para UT).
3.      Tercera parte del primer motivo de casación: pruebas escritas celebradas en fechas diferentes
79.      Mediante la tercera parte del primer motivo de casación, invocada únicamente en el asunto C‑623/24 P, los recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en los apartados
119 a 122 de la sentencia UJ y otros/Comisión al no declarar que la celebración de las distintas sesiones de las pruebas escritas
—en particular, la tercera sesión—
en fechas diferentes violaba el principio de igualdad de trato.
a)      Principales alegaciones de las partes
80.      En apoyo de esta parte de su recurso de casación, (32) los recurrentes invocan principalmente la sentencia Prais (33) (y, en otros apartados del recurso de casación, también la sentencia OJ (34)) para sostener que el principio de igualdad de trato, con arreglo a estas sentencias, exige que todos los candidatos se presenten a las pruebas escritas simultáneamente. Sobre esta base, alegan que la celebración de pruebas escritas en tres fechas distintas es, en sí misma, incompatible con el principio de igualdad de trato.
81.      La Comisión sostiene que la jurisprudencia invocada por los recurrentes no es pertinente en las circunstancias del presente asunto. Añade que, en cualquier caso, se respetaron los principios derivados de esta jurisprudencia, ya que no se trataba de la celebración de pruebas en fechas diferentes, sino de la repetición de la misma sesión de pruebas, debido a problemas técnicos, ya que cada sesión tenía lugar en un día.
b)      Análisis
82.      En primer lugar, cabe señalar que las sentencias Prais y OJ se referían a solicitudes formuladas por candidatos individuales dirigidas a que se organizaran pruebas de oposición en una fecha diferente para ellos por razones personales. Estas solicitudes habían sido denegadas por las autoridades facultadas para proceder a los nombramientos competentes y las denegaciones habían sido confirmadas en las respectivas sentencias, debido, en esencia, a que el hecho de permitir a estas personas presentarse a las pruebas en fechas diferentes podría comprometer el requisito de que las pruebas se efectuaran en las mismas condiciones para todos los candidatos. Por lo tanto, la Comisión subraya acertadamente que estas situaciones difieren notablemente del contexto en cuestión, en el que el tribunal calificador, ante deficiencias técnicas generalizadas, tiene que adoptar medidas correctivas.
83.      En cualquier caso, estas sentencias no pueden entenderse en el sentido de que enuncian la tesis concluyente que los recurrentes pretenden extraer de ellas, a saber, que el mero hecho de que las pruebas escritas de una oposición tengan lugar en fechas diferentes supone, en sí mismo, una violación del principio de igualdad de trato.
84.      En primer lugar, en las dos sentencias antes mencionadas se sugirió que las solicitudes de fechas distintas podrían haberse atendido en circunstancias diferentes. (35)
85.      En segundo lugar, la motivación de dichas sentencias se basaba en la consideración de que las pruebas de una oposición deben efectuarse en las mismas condiciones para todos los candidatos. Si bien es cierto que la realización simultánea de las pruebas constituye generalmente el medio más eficaz de garantizar la uniformidad de las condiciones, esta lógica no puede aplicarse como regla absoluta. En efecto, tal interpretación absoluta, tal como la proponen los recurrentes, impediría la adopción de medidas correctivas tras experimentar perturbaciones técnicas o de otro tipo, e incluso la repetición de las pruebas de los candidatos cuando la decisión de excluirlos de una oposición haya sido anulada por los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea (lo que, paradójicamente, es el resultado que los recurrentes pueden obtener de los presentes recursos de casación).
86.      Por consiguiente, contrariamente a lo que afirman los recurrentes, el principio de igualdad de trato no exige que todas las pruebas se celebren siempre el mismo día. Lo que se exige más bien es que ninguna divergencia en el tiempo deba implicar diferencias en las condiciones objetivas en las que se evalúa a los candidatos (por ejemplo, los candidatos que se presenten a las pruebas en una fecha posterior no deben conocer previamente los temas de las pruebas, que, por lo tanto, deben ser diferentes manteniendo un nivel de dificultad equivalente).
87.      Por lo tanto, a mi modo de ver, el principio de igualdad de trato no ha sido violado, en sí mismo, por el mero hecho de que las pruebas escritas se celebraran en tres fechas diferentes. Las preocupaciones relativas a la igualdad de trato se derivan más bien de las condiciones específicas que rigen la organización de estas sesiones
—en particular, la repetición generalizada y el tiempo de preparación mucho más largo en un escenario conocido—, cuestiones estas que han sido ya examinadas en el marco de las dos primeras partes del primer motivo de casación. En consecuencia, considerada aisladamente, la tercera parte de dicho motivo, a mi juicio, es infundada y debe desestimarse.
B.      Segundo motivo de casación: errores de Derecho en la desestimación del quinto motivo invocado en primera instancia
88.      El segundo motivo de casación de los recurrentes se refiere a la desestimación por el Tribunal General del quinto motivo invocado en primera instancia. Este motivo era esencialmente idéntico en ambos asuntos y, como se explicará con más detalle más adelante, se basaba en la infracción de la convocatoria de oposición en lo que respecta a las competencias que debían evaluarse en relación con los candidatos. Sin embargo, la desestimación de este motivo por el Tribunal General se basó en motivos diferentes en ambos asuntos.
89.      En particular, el Tribunal General desestimó dicho motivo por inadmisible en la sentencia UJ y otros/Comisión, puesto que no había sido invocado por los demandantes en sus reclamaciones con arreglo al artículo
90, apartado
2, y, como tal, no respetaba la regla de la concordancia entre el recurso y la reclamación. Por otra parte, en la sentencia VT/Comisión, el Tribunal General analizó el motivo en cuanto al fondo y lo desestimó por infundado.
90.      Así, los recurrentes en el asunto C‑623/24 P impugnan la declaración de inadmisibilidad, mientras que el recurrente en el asunto C‑622/24 P impugna la apreciación en cuanto al fondo efectuada por el Tribunal General. Examinaré sucesivamente los motivos de casación correspondientes, comenzando por la cuestión de la admisibilidad (1) antes de abordar el supuesto error en la apreciación en cuanto al fondo del motivo inicial (2).
1.      Segundo motivo de casación en el asunto C‑623/24 P: regla de la concordancia entre el recurso y la reclamación
91.      Mediante su segundo motivo de casación, los recurrentes en el asunto C‑623/24 P alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho (en los apartados 206 y 207 de la sentencia UJ y otros/Comisión) al desestimar su quinto motivo por inadmisible debido a la inobservancia de la regla de la concordancia entre la reclamación administrativa y el recurso.
a)      Principales alegaciones de las partes
92.      Si bien los recurrentes no niegan que su reclamación con arreglo al artículo
90, apartado
2, no contenía ninguna referencia al motivo específico de que se trata, alegan que el Tribunal General aplicó de manera excesivamente estricta la regla de la concordancia a su respecto.
93.      En este sentido, aducen que la regla de la concordancia constituye una mera construcción jurisprudencial, sin ningún fundamento explícito en el artículo
270 TFUE, el Estatuto de los Funcionarios o el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Por lo tanto, la consideran una limitación procesal no escrita que, aplicada de manera estricta, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo
47 de la Carta. Basándose, en particular, en la sentencia dictada por el antiguo Tribunal de la Función Pública en el asunto Mandt, (36) los recurrentes abogan por una interpretación flexible de esta regla, según la cual debería bastar con que, en sus reclamaciones con arreglo al artículo
90, apartado
2, impugnaran la legalidad en cuanto al fondo
—y no meramente en cuanto al procedimiento—
de la convocatoria de oposición.
94.      Los recurrentes sostienen, además, que la razón de ser de la regla
—permitir una solución amistosa de la controversia entre la administración y el reclamante—
no puede justificar su aplicación estricta en casos como el suyo, en los que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no dio una respuesta explícita a su reclamación dentro de los plazos previstos en el artículo
90, apartado
2, del Estatuto de los Funcionarios, de modo que no se previó una solución amistosa de manera realista.
95.      La Comisión considera que el
segundo motivo de casación debe desestimarse por inoperante o manifiestamente infundado, ya que, en su opinión, los recurrentes pretenden esencialmente eludir su obligación de presentar una reclamación administrativa, de conformidad con el procedimiento administrativo previo previsto en los artículos
90, apartado 2, y 91, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios. La Comisión observa además que el Tribunal General, en su condición de órgano jurisdiccional de casación, rechazó expresamente en asuntos posteriores el enfoque «flexible» adoptado en la sentencia Mandt. Por último, arguye que la naturaleza de la respuesta a la reclamación, ya sea explícita o implícita, es irrelevante para la aplicación de la regla de la concordancia y que, en cualquier caso, en el presente asunto se dictó una resolución explícita antes de que expirara el plazo para interponer un recurso.
b)      Análisis
96.      Según reiterada jurisprudencia, la regla de la concordancia en los litigios en materia de función pública de la Unión exige, so pena de inadmisibilidad, que un recurso interpuesto sobre la base del artículo
270 TFUE solo pueda contener motivos de impugnación que se basen en la misma causa que la invocada en la reclamación previa e imperativa con arreglo al artículo
90, apartado
2, del Estatuto de los Funcionarios. El recurso puede desarrollar esos motivos de impugnación al exponer motivos y alegaciones que no aparecen necesariamente en la reclamación, pero que están estrechamente relacionados con ella. Esta regla tiene por objeto permitir que los litigios se resuelvan de forma amistosa, garantizado que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos se encuentre en condiciones de determinar con suficiente precisión las críticas dirigidas contra el acto impugnado. (37)
97.      Si bien es cierto que la regla de la concordancia no está expresamente prevista en los artículos
90 y 91 del Estatuto de los Funcionarios (ni en ninguna otra disposición aplicable), ello no es motivo para rechazarla como construcción jurisdiccional infundada. Estas disposiciones imponen una reclamación administrativa previa como requisito previo al recurso judicial y quedarían vacías de contenido
—y se prestarían a abusos—
si toda reclamación, incluso una sin relación con el objeto o la causa del recurso posterior, fuera suficiente a este respecto.
98.      De ello se desprende que el recurso debe guardar relación con la reclamación, que, en mi opinión, no puede ser puramente formal o excesivamente abstracta. Pues bien, esto es, en esencia, lo que propugnan los recurrentes al invocar la sentencia Mandt.
99.      En dicha sentencia (y en un número limitado de asuntos posteriores), el antiguo Tribunal de la Función Pública consideró que la regla de la concordancia debía interpretarse de manera más flexible, habida cuenta del carácter informal del procedimiento administrativo previo, la habitual falta de asistencia letrada en esta fase y el derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo al artículo
47 de la Carta. Sobre esta base, el antiguo Tribunal de la Función Pública aceptó que los motivos invocados en el recurso podían considerarse «estrechamente relacionados» con los de la reclamación, si ambos se referían a la legalidad en cuanto al fondo (o, por el contrario, a la legalidad en cuanto al procedimiento) del acto impugnado, aun cuando concernieran a aspectos diferentes de este.
100. Sin embargo, como ha observado acertadamente la Comisión, el Tribunal General
—en su condición de órgano jurisdiccional de casación del Tribunal de la Función Pública—
limitó este enfoque excesivamente amplio en asuntos posteriores, alineando la jurisprudencia con las sentencias anteriores del Tribunal de Justicia sobre la regla de la concordancia. (38) En mi opinión, este era el enfoque correcto. Como declaró el Tribunal General en la sentencia Moschonaki, (39) los conceptos de legalidad en cuanto al fondo y al procedimiento son demasiado amplios y abstractos para garantizar una conexión significativa entre los motivos invocados en la fase administrativa previa y los invocados en el recurso. No obstante, esta conexión es esencial para que el procedimiento administrativo previo pueda alcanzar su objetivo de resolución amistosa de los litigios.
101. Por lo tanto, no puede aceptarse la invocación por parte de los recurrentes de la sentencia Mandt para sostener que, para formular cualquier motivo relativo a la legalidad en cuanto al fondo ante el Tribunal de Justicia, basta con haber invocado únicamente la legalidad en cuanto al fondo de la oposición o de las decisiones controvertidas en su reclamación con arreglo al artículo
90, apartado
2. Tal interpretación privaría al procedimiento administrativo previo de su propia función. Cuando una reclamación con arreglo al artículo
90, apartado
2, ni siquiera alude a una imputación específica relativa al acto de que se trate, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos no puede conocer con la claridad requerida las objeciones del interesado y, por lo tanto, no puede reexaminar útilmente el acto, modificarlo o retirarlo, ni llegar a una solución amistosa.
102. Además, los recurrentes han alegado que es precisamente este objetivo de una resolución amistosa el que no se logra cuando, como sucede en su caso, no se ha adoptado una decisión explícita en el plazo de cuatro meses previsto en el artículo
90, apartado
2, del Estatuto de los Funcionarios. En tales circunstancias, sostienen que la regla de la concordancia debería, en su caso, aplicarse de manera menos estricta. No comparto esa idea.
103. Al igual que la Comisión, considero que la naturaleza de la respuesta de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos a la reclamación, ya sea implícita o explícita, carece de pertinencia y no modifica las exigencias de la regla de la concordancia. (40) Además, me parece que el razonamiento de los recurrentes es erróneo en la medida en que es retroactivo: infieren de la denegación implícita posterior que la fase de reclamación nunca pudo cumplir su propósito y, a continuación, utilizan esta afirmación para sostener que la reclamación no tenía por qué incluir el motivo controvertido en primer lugar. Sin embargo, el contenido de la reclamación no puede determinarse según la manera en que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos respondió finalmente a ella. Por otra parte, no puede excluirse, incluso en caso de denegación implícita, que, si se hubiera formulado claramente una imputación específica desde el principio, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podría haber adoptado una postura diferente, por ejemplo, estimar la reclamación y estudiar la posibilidad de llegar a una solución amistosa.
104. Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar la inadmisibilidad del quinto motivo invocado por los recurrentes en primera instancia, puesto que resulta pacífico que, en su reclamación con arreglo al artículo
90, apartado
2, no se formuló ninguna imputación pertinente ni ninguna alegación estrechamente relacionada con esta. Por consiguiente, en mi opinión, el segundo motivo de casación en el asunto C‑623/24 P debe desestimarse por infundado.
105. Ha de señalarse que los recurrentes también han expuesto, en aras de la exhaustividad, su posición sobre el fondo de su quinto motivo inicial. Su argumentación a este respecto se corresponde con la del recurrente en el asunto C‑622/24 P, que abordaré en la siguiente sección. Habida cuenta de las conclusiones que se extraerán a este respecto a continuación, considero que, aun cuando el motivo en cuestión hubiera sido declarado admisible en relación con los recurrentes en el asunto C‑623/24 P, habría sido desestimado en cualquier caso en cuanto al fondo.
2.      Segundo motivo de casación en el asunto C‑622/24 P: infracción de la convocatoria de oposición
106. Mediante el segundo motivo de casación, el recurrente en el asunto C‑622/24 P alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en los apartados 187 a 193 de la sentencia VT/Comisión, en su interpretación de la convocatoria de oposición en cuanto a las competencias que deberían haberse evaluado con respecto a los candidatos.
107. Más concretamente, ante el Tribunal General, el recurrente alegó que el tribunal calificador no se había atenido a la convocatoria de oposición porque había evaluado la capacidad de dirigir un equipo de los candidatos para el grado AD 7 (como él mismo), mientras que, en su opinión, según dicha convocatoria, dichas competencias solo deberían haberse evaluado respecto de los candidatos para el grado AD 9.
108. El Tribunal General desestimó este motivo al considerar que el recurrente se había basado erróneamente en la sección de la convocatoria de oposición en la que se describían las tareas que los candidatos contratados debían realizar (en lo sucesivo, «sección sobre las tareas»), en la que se mencionaba, únicamente para los administradores AD 9, que «se podrá exigir a los candidatos […] que […]
dirijan un equipo de profesionales». Por el contrario, la sección de la convocatoria de oposición relativa a la forma en que se seleccionaría a los candidatos (en lo sucesivo, «sección relativa a la selección») establecía que en el centro de evaluación debían evaluarse ocho competencias generales, incluido el «liderazgo», para todos los candidatos, con independencia del grado. Sobre esta base, el Tribunal General concluyó que, al evaluar la competencia de liderazgo del recurrente, el tribunal calificador había actuado respetando plenamente las disposiciones de la convocatoria de oposición.
a)      Principales alegaciones de las partes
109. El recurrente sostiene que la apreciación del Tribunal General adolece de un error de Derecho en la medida en que no respetó el tenor de la convocatoria de oposición (esto es, el marco jurídico de la oposición), que reservaba claramente la «gestión de equipos» como tarea únicamente a los puestos de grado AD 9, y consideró erróneamente que este concepto era intercambiable con el de «liderazgo».
110. Basándose en la sentencia Spisto, (41) el recurrente sostiene que la naturaleza de las tareas que deben desempeñarse tras la contratación constituye un criterio interpretativo fundamental de la convocatoria de oposición y, por lo tanto, debe servir de base para la evaluación de los candidatos. Aduce, en esencia, que la sección relativa a la selección de la convocatoria no podía ser interpretada aisladamente respecto de la sección sobre las tareas, sino que debería haberse interpretado a la luz de esta.
111. De ello se deduce, a su juicio, que las competencias vinculadas a la gestión de equipos solo deberían haberse apreciado en relación con los candidatos del grado AD 9. Con carácter subsidiario, añade que, aun cuando la competencia de liderazgo debiera evaluarse para todos los candidatos, el tribunal calificador debería haber aplicado, al menos, criterios de evaluación diferentes para cada uno de esos grados.
112. La Comisión replica que el segundo motivo de casación es infundado. Subraya que la convocatoria de oposición preveía claramente que el «liderazgo», como competencia general, sería evaluado para todos los candidatos en el centro de evaluación, cualquiera que fuera el grado al que aspiraban. A este respecto, observa que, en las oposiciones de la EPSO, las competencias generales se evalúan siempre para todos los grados con independencia de las tareas específicas de los candidatos seleccionados.
113. Por consiguiente, sostiene que la distinción entre los grados AD 7 y AD 9 no era pertinente en la fase del centro de evaluación, sino únicamente en la fase del evaluador de talentos (en la que se tuvo en cuenta la experiencia profesional relacionada con las tareas que debían desempeñar los candidatos seleccionados). Por lo tanto, la Comisión considera que el recurrente esgrimió la sentencia Spisto erróneamente, dado que dicho asunto se refería a la evaluación, en la fase del evaluador de talentos, de la experiencia profesional, y no a la apreciación de competencias generales. Además, la Comisión alega que el Tribunal General no consideró intercambiables los conceptos de «liderazgo» y de «gestión de equipos». Por el contrario, examinó cada concepto en su propio contexto y concluyó correctamente que el tribunal calificador solo había evaluado la competencia general de liderazgo, como se establecía en la convocatoria.
b)      Análisis
114. En primer lugar, debe precisarse que la formulación de la alegación del recurrente, a saber, que el tribunal calificador evaluó su capacidad de dirigir un equipo, es inexacta desde el punto de vista de los hechos. Como precisa la sentencia recurrida (apartados
53 y 192), lo que el tribunal calificador evaluó era la competencia de liderazgo, para la que tuvo en cuenta la capacidad de «gestionar, desarrollar y motivar a las personas para alcanzar los objetivos fijados». Como señaló el Tribunal General, esta competencia era una de las ocho competencias generales que debían evaluarse en el centro de evaluación para todos los candidatos, con independencia del grado, como preveía expresamente la sección relativa a la selección de la convocatoria de oposición.
115. Sobre esta base, cabe entender que el recurrente sostiene fundamentalmente que, dado que no se esperaba que las tareas de los candidatos seleccionados en el grado AD 7 incluyeran la gestión de equipos, la competencia de liderazgo no debería haber sido evaluada para ellos en absoluto, o debería haber sido evaluada según criterios distintos de los que rigen para los candidatos al grado AD 9. Sin embargo, estas dos alegaciones obedecen a una errónea comprensión en cuanto a la esencia de, por un lado, el concepto de liderazgo como competencia y, por el otro, la naturaleza de las competencias generales evaluadas en las oposiciones de la EPSO.
116. A este respecto, cabe señalar en primer lugar que, si bien el «liderazgo» puede englobar aspectos de la gestión de otras personas, no es una competencia reservada a quienes ocupan puestos directivos formales. Una persona puede tener que dirigir un proyecto o gestionar un expediente y, por lo tanto, tener que coordinar y orientar a sus compañeros, por ejemplo, sin ser el jefe de un equipo. Al considerar que el término «liderazgo» solo puede ser plenamente pertinente para los candidatos para el grado AD 9 como posibles jefes de equipo, el recurrente parece confundir los conceptos de gestión de equipos y de liderazgo.
117. En segundo lugar, ha de señalarse que la EPSO y las instituciones y órganos a los que presta servicios, al ejercer su facultad discrecional para determinar las capacidades que pueden exigir a los candidatos en las oposiciones, (42) han definido determinadas competencias generales consideradas esenciales para cualquier puesto en esas instituciones u órganos. El «liderazgo» es una de estas competencias, y es aplicable para todos los puestos de administradores en todos los grados, incluidos los puestos de nivel inicial AD 5. (43)
118. Por esta razón, la convocatoria de oposición no establece ninguna distinción, a efectos de la evaluación de las competencias, entre los candidatos para los grados AD 7 y AD 9. Por consiguiente, la sección sobre las tareas de la convocatoria, que precisa las tareas relacionadas con cada grado, no es pertinente para la evaluación de las competencias generales. En este contexto, el tribunal calificador no podía ignorar el claro tenor de la convocatoria, que constituye el marco jurídico de la oposición y define los límites de la facultad discrecional del tribunal; (44) por el contrario, estaba obligado a evaluar la competencia de liderazgo de todos los candidatos, sobre la base de los mismos criterios, con independencia del grado.
119. Por lo tanto, procede concluir que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar que el tribunal calificador no había infringido la convocatoria de oposición, contrariamente a lo que sostiene el recurrente.
120. Esta conclusión no queda desvirtuada por el argumento del recurrente basado en la sentencia Spisto. Esta sentencia no fundamenta la alegación del recurrente; por el contrario, confirma la conclusión a la que se ha llegado anteriormente.
121. En el asunto que dio lugar a la sentencia Spisto, una candidata a una oposición de la EPSO reprochaba al tribunal calificador que, en la fase del evaluador de talentos, hubiera evaluado
—y considerado insuficiente—
su experiencia en la gestión de equipos, pese a que ni los criterios de selección ni la descripción de las tareas a las que se referían dichos criterios contenían ninguna mención pertinente de esa experiencia. El Tribunal General consideró que, al introducir este criterio adicional relativo a la «gestión de equipos» en la fase del evaluador de talentos, el tribunal calificador no había respetado los términos de la convocatoria de oposición.
122. La distinción con el presente asunto es clara, puesto que el asunto Spisto se refería a la fase del evaluador de talentos, dirigida expresamente a evaluar la experiencia relacionada con las tareas que debían realizarse. No puede deducirse de ello, como sostiene el recurrente, que la descripción de las tareas (que en la oposición controvertida en los presentes recursos de casación eran distintas según el grado) sea un criterio que deba guiar la interpretación de una convocatoria de oposición por lo que respecta a todas las fases de la oposición. Por el contrario, el Tribunal General subrayó, en los apartados 46 y 47 de su sentencia en ese asunto, que las diferentes fases de la oposición tenían finalidades distintas: el objetivo del evaluador de talentos es evaluar la experiencia profesional y los títulos y diplomas indicados por los candidatos, mientras que la fase del centro de evaluación tiene por objeto evaluar sus capacidades y competencias en la práctica. Por esta razón, el Tribunal General consideró que los criterios pertinentes para una fase de la oposición no pueden influir en la evaluación de otra fase. Asimismo, procede mencionar que el Tribunal General también señaló, de forma incidental, en la sentencia Spisto, que la competencia de liderazgo no puede interpretarse en el sentido de que implica necesariamente la gestión de equipos, lo que se corresponde plenamente con el análisis antes expuesto. Por consiguiente, lejos de apoyar la alegación del recurrente, la sentencia Spisto corrobora más bien la conclusión a la que se ha llegado anteriormente, según la cual el Tribunal General actuó correctamente al considerar, en la sentencia recurrida, que el tribunal calificador había actuado de conformidad con la convocatoria de la oposición.
123. Habida cuenta de lo anterior, considero que el segundo motivo de casación en el asunto C‑622/24 P debe desestimarse por infundado.
VII. Consecuencias de la apreciación
124. Como se ha concluido en el punto 77 anterior, considero que el primer motivo de casación es fundado en lo que respecta a todos los recurrentes, con excepción de UT. Por consiguiente, las sentencias recurridas deberían anularse con respecto a los recurrentes VT, UJ, UL, UN, UP, US, UU y UV.
125. Con arreglo al artículo
61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.
126. En el presente asunto, considero que el estado del litigio permite al Tribunal de Justicia adoptar una posición definitiva en el asunto y concluir que las decisiones controvertidas por los recurrentes cuyo primer motivo de casación ha sido estimado deben ser anuladas.
VIII. Costas
127. A tenor del artículo
184, apartado
2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio. El artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, establece que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
128. En el presente asunto, los recurrentes han solicitado la condena en costas. Dado que, en mi opinión, deben estimarse los recursos de casación, procede condenar a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento, tanto en primera instancia como en casación.
IX.    Conclusión
129. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:
–        en el asunto C‑622/24 P:
–        anule la sentencia de 10 de julio de 2024, VT/Comisión (T‑216/23, EU:T:2024:465);
–        anule la decisión de 15 de julio de 2022, por la que el tribunal calificador de la oposición general EPSO/AD/380/19 decidió, tras la revisión, no incluir a VT en la lista de reserva para la contratación de administradores de grado AD 7 en el ámbito de la cooperación internacional y la gestión de la ayuda a terceros países;
–        condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento de primera instancia y del recurso de casación.
–        en el asunto C‑623/24 P:
–        anule la sentencia de 10 de julio de 2024, UJ y otros/Comisión (T‑120/23, EU:T:2024:464), en la medida en que se refiere a UJ, UL, UN, UP, US, UU y UV;
–        desestime el recurso de casación en lo que respecta a UT;
–        anule las decisiones de 15 de julio de 2022, por las que el tribunal calificador de la oposición general EPSO/AD/380/19 decidió, tras la revisión, no incluir a UJ ni a UL en la lista de reserva para la contratación de administradores de grado AD 7 en el ámbito de la cooperación internacional y la gestión de la ayuda a terceros países;
–        anule las decisiones de 5 de mayo de 2022, por las que dicho tribunal calificador decidió no incluir a UN, UP, US, UU ni UV en la lista de reserva;
–        condene a la Comisión al pago de las costas del procedimiento de primera instancia y del recurso de casación.
1      Lengua original: inglés.
2      Sentencia de 10 de julio de 2024
(T‑216/23, en lo sucesivo, «sentencia VT/Comisión», EU:T:2024:465). Ese asunto fue designado como asunto piloto para otros dieciocho asuntos similares (asuntos T‑217/23, T‑234/23 a T‑238/23, T‑241/23, T‑242/23, T‑249/23 a T‑254/23, T‑259/23, T‑264/23, T‑267/23 y T‑268/23), cuya tramitación quedó en suspenso, con arreglo al artículo 71 bis del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
3      Sentencia de 10 de julio de 2024
(T‑120/23, en lo sucesivo, «sentencia
UJ y otros/Comisión», EU:T:2024:464). Asunto iniciado mediante recurso interpuesto conjuntamente por trece demandantes.
4      Reglamento n.º 31 (CEE), 11 (CEEA), por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 1962, P 45, p. 1385; EE 01/01, p. 19).
5      DO 2019, C 409 A, p. 1.
6      En los apartados 107 a 112 de la sentencia VT/Comisión y en los apartados 103 a 109 de la sentencia UJ y otros/Comisión.
7      Aunque los recurrentes mencionan, en varias partes de su argumentación, la tercera sesión de las pruebas escritas, esta primera parte del primer motivo de casación solo puede entenderse en el sentido de que se refiere a la posibilidad relativa a la segunda sesión de las pruebas escritas. En las sentencias recurridas (véanse también los puntos
10 a 12 anteriores) consta claramente que la posibilidad de participar solo se ofreció a todos los candidatos en la segunda sesión, mientras que la tercera sesión solo estuvo abierta a ocho candidatos, que habían experimentado dificultades técnicas en la segunda sesión.
8      Véase, por ejemplo, la sentencia de 29 de septiembre de 2009, Aparicio y otros/Comisión (F‑20/08, F‑34/08 y F‑75/08, EU:F:2009:132), apartado 77.
9      Por ejemplo, porque la elección de temas en una prueba puede ser más ventajosa para algunos candidatos que casualmente están familiarizados con esa materia específica; véase la sentencia de 8 de marzo de 1988, Sergio y otros/Comisión (64/86, 71/86 a 73/86 y 78/86, EU:C:1988:119), apartados 26 a 28.
10      Ibidem; véase también la sentencia de 12 de marzo de 2008, Giannini/Comisión (T‑100/04, EU:T:2008:68), apartado 133.
11      La Comisión aclara este punto de manera explícita únicamente en su respuesta en el asunto C‑622/24 P, aunque también puede deducirse de sus alegaciones en el asunto C‑623/24 P.
12      Véanse la sentencia de 18 de febrero de 1982, Ruske/Comisión (67/81, en lo sucesivo, «sentencia Ruske», EU:C:1982:69), apartado 9; el auto de 7 de septiembre de 2022, Rosca/Comisión (C‑802/21 P, EU:C:2022:677), apartado 31, y la sentencia de 14 de diciembre de 2022, SY/Comisión (T‑312/21, en lo sucesivo, «sentencia SY», EU:T:2022:814), apartados 43 y 71.
13      Véase, por ejemplo, la sentencia de 14 de julio de 2022, Comisión/VW y otros (C‑116/21 P a C‑118/21 P, C‑138/21 P y C‑139/21 P, EU:C:2022:557), apartado 142.
14      A pesar de la tercera sesión excepcional, que se organizó para un número limitado de candidatos debido a problemas técnicos adicionales.
15      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 26 de marzo de 2019, España/Parlamento (C‑377/16, EU:C:2019:249), apartado 38, y SY, apartados 53 y 74.
16      Véase la sentencia de 5 de diciembre de 2023, Nordic Info (C‑128/22, EU:C:2023:951), apartado 77 y jurisprudencia citada.
17      No obstante, cabe preguntarse si una medida puede considerarse plenamente adecuada para subsanar irregularidades y restablecer las condiciones de la oposición cuando introduce una nueva irregularidad, a saber, la desigualdad de trato en cuestión.
18      Véase la sección 4.1 del anexo III de la convocatoria de oposición; esto se expone también en detalle en una «Política de resolución de reclamaciones para incidentes durante las pruebas de la EPSO», publicada por la EPSO el 24 de junio de 2024, disponible en https://eu-careers.europa.eu/es/epso-candidate-complaint-resolution-policy-testing-events.
19      Al menos la mitad de los candidatos, como señaló el Tribunal General en el apartado 108 de su sentencia VT/Comisión.
20      Es preciso reconocer que tal solución no habría sido la ideal desde la perspectiva de los candidatos que hubieran debido repetir las pruebas, pese a estar satisfechos de su actuación en la sesión inicial. No obstante, en las circunstancias excepcionales del presente caso, esa solución resulta la única opción de corrección posible que no habría de crear, por sí misma, una ventaja para determinados candidatos.
21      Véase la sentencia de 27 de febrero de 2025, OA/Parlamento (C‑32/24 P, EU:C:2025:118), apartado 67 y jurisprudencia citada.
22      Véase, a este respecto, la reciente sentencia SY, en la que el Tribunal General consideró que la confianza legítima de un candidato no se había visto afectada en una situación en la que, debido al contexto de fuerza mayor de la pandemia de COVID‑19, sus resultados de pruebas iniciales no solo habían sido anulados, sino que también habían sido sustituidos por un tipo diferente de prueba, que no figuraba en la convocatoria de oposición original.
23      Véase por ejemplo la sentencia SY, apartado 126.
24      Véanse las sentencias de 30 de junio de 1983, Schloh/Consejo (85/82, EU:C:1983:179), apartado 14, y de 25 de marzo de 2021, Álvarez y Bejarano y otros/Comisión (C‑517/19 P y C‑518/19 P, EU:C:2021:240), apartado 91 y jurisprudencia citada.
25      En los apartados 113 a 117 de la sentencia VT/Comisión y en los apartados 112 a 114 de la sentencia UJ y otros/Comisión.
26      A este respecto, debe aclararse que antes de la sesión inicial se publicó un escenario relativo a un país ficticio con el que se invitó a los candidatos a familiarizarse. Durante la prueba escrita sobre el ámbito correspondiente, se invitó a los candidatos a preparar notas para abordar una situación que se planteaba en el contexto de ese escenario.
27      La versión 1 de ese escenario se utilizó en las sesiones inicial y tercera de las pruebas escritas y la versión 2 se utilizó en la segunda sesión.
28      Véase, por ejemplo, la sentencia de 24 de marzo de 1988, Goossens y otros/Comisión (228/86, EU:C:1988:172), apartado 15.
29      Ciertamente, también cabría preguntarse (como hizo la Comisión en el asunto VT/Comisión) si estos candidatos pueden invocar un tiempo de preparación desigual en lo que respecta a la segunda sesión, teniendo en cuenta que decidieron no participar en ella. Sin embargo, en la medida en que el tribunal calificador decidió precisamente ofrecer a los candidatos la posibilidad de elegir entre la sesión inicial y la segunda sesión, debería haber garantizado, en mi opinión, que ambas sesiones se celebraran en condiciones equivalentes. Además, esta cuestión no se plantea en relación con la tercera sesión, en la que solo pudieron participar ocho candidatos.
30      Véanse, por analogía, las sentencias de 30 de noviembre de 2005, Vanlangendonck/Comisión (T‑361/03, EU:T:2005:433), apartado 33; de 11 de diciembre de 2012, Mata Blanco/Comisión (F‑65/10, EU:F:2012:178), apartados 38 y 39, y de 23 de abril de 2015, BX/Comisión (T‑352/13 P, EU:T:2015:225), apartados 27 y ss.
31      Véase la sentencia de 16 de marzo de 2023, Comisión/Calhau Correia de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208), apartados 64 y 65.
32      Es preciso observar que, mientras que la tercera parte se centra en la tercera sesión de las pruebas escritas, los recurrentes en ambos asuntos también han invocado la sentencia Prais en apoyo de las dos primeras partes del mismo motivo de casación, incluso en lo que respecta a la segunda sesión de las pruebas escritas. En la medida en que esta argumentación puede entenderse como una parte adicional del primer motivo de casación para todos los recurrentes, el presente análisis es, en cualquier caso, igualmente pertinente.
33      Sentencia de 27 de octubre de 1976, Prais/Consejo (130/75, en lo sucesivo, «sentencia Prais», EU:C:1976:142).
34      Sentencia de 23 de febrero de 2022, OJ/Comisión (T‑709/20, en lo sucesivo, «sentencia OJ», EU:T:2022:81).
35      En la sentencia Prais, si la demandante hubiera informado previamente a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de su imposibilidad de participar en la fecha seleccionada (véase el apartado 17), y, en la sentencia OJ, si se hubieran presentado pruebas adecuadas acerca de la imposibilidad de la demandante de participar en las fechas fijadas (apartados 50 y ss).
36      Sentencia de 1 de julio de 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07, en lo sucesivo, «sentencia Mandt», EU:F:2010:72).
37      Véanse las sentencias de 7 de mayo de 1986, Rihoux y otros/Comisión (52/85, EU:C:1986:199), apartado 13, y de 14 de marzo de 1989, del Amo Martínez/Parlamento (133/88, EU:C:1989:124), apartados 9 y 10.
38      Ibidem.
39      Sentencia de 25 de octubre de 2013, Comisión/Moschonaki (T‑476/11 P, EU:T:2013:557), apartados 75 y ss.
40      Véase asimismo el apartado 150 de la sentencia UJ y otros/Comisión, en el que el Tribunal General, si bien en el contexto de otro motivo, consideró también que la falta de respuesta expresa en el plazo de cuatro meses no afecta a la aplicación de la regla de la concordancia.
41      Sentencia de 10 de noviembre de 2021, Spisto/Comisión (T‑572/20, en lo sucesivo, «sentencia Spisto», EU:T:2021:766).
42      Véase la sentencia de 16 de febrero de 2023, Comisión/Italia y España (C‑635/20 P, EU:C:2023:98), apartado 66 y jurisprudencia citada.
43      Así sucedió hasta 2022, es decir, también por lo que respecta a la oposición en cuestión. A partir de 2023, las competencias requeridas cambiaron, pero se mantiene la lógica de que sean exigibles en todos los puestos y grados; véase, a este respecto: https://eu-careers.europa.eu/es/kick-start-epsos-transformation-process.
44      Véanse las sentencias Ruske, apartado 9, y SY, apartado 83 y jurisprudencia citada.