COMISIÓN /BÉLGICA 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 6 de mayo de 1980 ' 
En el asunto 102/79, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por sus Consejeros 
Jurídicos los Sres. Rolf Wägenbaur y Auke Haagsma, en calidad de Agentes, 
que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Mario 
Cervino, miembro de su Servicio Jurídico, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, 
parte demandante, 
contra 
Reino de Bélgica, representado por el Sr. Robert Hoebaer, Director de 
Comercio Exterior y de Cooperación en el Desarrollo, del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, en calidad de Agente, que designa como domicilio en 
Luxemburgo la sede de la Embajada de Bélgica, 
parte demandada, 
que tiene por objeto que se declare que, al no adoptar las disposiciones 
legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar su 
ordenamiento interno a doce Directivas del Consejo relativas a la aproximación 
de las legislaciones nacionales en el sector de los vehículos a motor y en el 
Lengua de procedimiento: neerlandés. 
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SENTENCIA DE 6.5.1980 - ASUNTO 102/79 
sector de los tractores agrícolas y forestales, respectivamente, el Reino de 
Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del 
Tratado CEE, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait, 
Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie 
Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces; 
Abogado General: Sr. G. Reischl; 
Secretario: M.A. Van Houtte; 
dicta la siguiente 
Sentencia 
(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 
Fundamentos de Derecho 
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de 
junio de 1979, la Comisión interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del 
Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al dejar de adoptar en los plazos 
prescritos las disposiciones necesarias para adaptar su ordenamiento interno a 
las Directivas del Consejo 70/221/CEE, 70/387/CEE, 74/60/CEE y 
74/483/CEE, relativas a la aproximación de las legislaciones nacionales en el 
sector de los vehículos a motor (DO 1970, L 76, p. 23; EE 13/01, p. 217; DO 
1970, L 176, p. 5; EE 13/01, p. 234; DO 1974, L 38, p. 2; EE 13/03, p. 142 y 
DO 1974, L 266, p. 4; EE 13/04, p. 31, respectivamente) y a las Directivas del 
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COMISIÓN /BÉLGICA 
Consejo nos 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 
75/321/CEE, 75/322/CEE y 75/323/CEE, relativas a la aproximación de las 
legislaciones nacionales en el sector de los tractores agrícolas o forestales (DO 
1974, L 84, p. 10; EE 13/03, p. 183; DO 1974, L 84, p. 25; EE 13/03, p. 198; 
DO 1974, L 84, p. 33; EE 13/03, p. 206; DO 1974, L 191, p. 1; EE 13/04, p. 3; 
DO 1974, L 191, p. 5; EE 13/04, p. 7; DO 1975, L 147, p. 24; EE 13/04, p. 103; 
DO 1975 L 147, p. 28; EE 13/04, p. 107 y DO 1975, L 147, p. 38; EE 13/04, 
p. 117, respectivamente) el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones 
que le incumben en virtud del Tratado. 
2 Todas las Directivas mencionadas se adoptaron con fundamento en el artículo 
100 del Tratado CEE, relativo a la aproximación de las disposiciones 
legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que 
incidan directamente en el establecimiento o en el funcionamiento del mercado 
común. Las Directivas pertenecientes a la primera serie mencionada se 
aprobaron en el marco de la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero 
de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus remolques (DO 
L 42, p. 1; EE 13/01, p. 174); las de la segunda serie, en el marco de la 
Directiva 74/150/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
homologación de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (DO L 84, p. 10; 
EE 13/03, p. 183) asimismo incumplida. 
3 Las Directivas de que se trata prevén plazos de ejecución, generalmente de 18 
meses, cuyo vencimiento se escalona desde el 24 de septiembre de 1971 hasta 
el 22 de noviembre de 1976. No se discute que Bélgica no tomó, en dichos 
plazos, medidas destinadas a garantizar la ejecución de las Directivas. No 
obstante, el Gobierno belga considera que, a pesar de ello, no ha incumplido 
las obligaciones del Tratado. Alega al respecto dos clases de argumentos. 
4 En primer lugar, el Gobierno demandado expone que el objetivo de las 
Directivas, es decir, la supresión de determinados obstáculos a los intercambios 
en el seno de la Comunidad, se ha conseguido plenamente en Bélgica en virtud 
de una práctica administrativa, ya que, en realidad, al ser las disposiciones 
nacionales belgas en la materia menos severas que las normas comunitarias, no 
se opone obstáculo alguno a la importación de vehículos y de tractores que 
respondan a dichas normas. Alega también el Gobierno belga que esto es 
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plenamente conforme con los preceptos comunitarios, ya que el sistema 
«opcional» de las Directivas permite mantener vigentes en los Estados 
miembros normas menos severas para la producción nacional. 
5 Según el Gobierno belga, esta forma de entender la ejecución de las Directivas 
es plenamente conforme con las exigencias del artículo 189, cuyo párrafo 
tercero reserva a los Estados miembros, en relación con la ejecución de las 
Directivas, «la competencia en cuanto a la forma y a los medios». Las técnicas 
legislativas por medio de las cuales se ejecutan las Directivas son, por lo tanto, 
alega el Gobierno belga, variables según el caso y van «desde la Ley hasta la 
simple nota de servicio interna». 
6 Además, el Gobierno belga alega que las Directivas controvertidas responden 
indiscutiblemente al concepto de disposiciones «directamente aplicables», ya 
que las reglas establecidas por el Consejo son claras, precisas y no se deja 
margen alguno de discrecionalidad a los Estados miembros en lo que se refiere 
a las modalidades técnicas de ejecución. Siendo así, aclara, si posteriormente, 
a instancias de la Comisión, el Gobierno belga inició la tramitación, que aún 
no se ha ultimado, de disposiciones legislativas dirigidas a garantizar la 
ejecución de las Directivas de que se trata, lo hizo únicamente en pro de la 
claridad jurídica. 
7 Esta alegación del Gobierno belga exige establecer criterio en lo referente, por 
una parte, al alcance de la obligación que impone a los Estados miembros el 
párrafo tercero del artículo 189 y, por otra, al uso de la libertad que se les 
reserva en relación con la elección de las formas y de los medios, teniendo en 
cuenta el objetivo perseguido por las Directivas controvertidas. 
8 Las Directivas concretas cuya falta de ejecución se reprocha al Estado belga 
se adoptaron sobre la base de dos Directivas marco, a saber, las Directivas 
70/156 y 74/150 arriba citadas, relativas a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros en los sectores considerados, con la precisión de que 
la Directiva marco relativa a los tractores es, ella misma, objeto del recurso. 
En la exposición de motivos de las dos Directivas marco se recuerda que las 
disposiciones técnicas aplicadas en la materia por los Estados miembros 
obstaculizan por sus disparidades los intercambios dentro de la Comunidad 
(primer considerando). Precisamente con el objetivo de suprimir tales 
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COMISIÓN /BÉLGICA 
obstáculos las Directivas prevén un procedimiento de «homologación 
comunitaria» para los diferentes tipos de vehículos, que se aplica a cada 
vehículo concreto por medio de la expedición de un «certificado de 
conformidad». Cuando un vehículo vaya acompañado de dicho certificado, 
debe ser considerado portodos los Estados miembros conforme con sus propias 
legislaciones (considerandos sexto y séptimo, respectivamente, de las 
exposiciones de motivos). Según el apartado 1 del artículo 7, de las dos 
Directivas, los Estados miembros no podrán, «por motivos que se refieran a su 
fabricación o su funcionamiento, denegar la matriculación o prohibir la venta, 
circulación o uso de ningún vehículo nuevo que vaya acompañado del 
certificado de conformidad». Según el artículo 14, siempre de ambas 
Directivas, toda decisión, en su caso, de denegación o revocación de 
homologación, denegación de matriculación o prohibición de venta o de uso 
que se tome con arreglo a la Directiva «deberá estar motivada de forma 
precisa»: se le notificará al interesado indicándole los recursos procedentes con 
arreglo a las legislaciones vigentes en los Estados miembros. Finalmente, a 
tenor del artículo 15 de ambas Directivas, los Estados miembros «adoptarán las 
medidas necesarias para cumplir» la Directiva y comunicarán a la Comisión «el 
texto de las disposiciones básicas de Derecho interno» que adopten en el 
ámbito regulado por éstas. 
9 Las once Directivas concretas cuya falta de ejecución se reprocha a Bélgica se 
adoptaron en el marco de las dos Directivas generales que acaban de analizarse. 
Tienen por objeto permitir la aplicación, mediante medidas parciales y 
específicas, del «procedimiento de homologación CEE», objeto de las 
Directivas marco, y de esta manera se integran en la sistemática jurídica de 
éstas. Al igual que las Directivas marco, cada una de las Directivas concretas 
incluye, en sus disposiciones finales, un precepto relativo a la obligación de los 
Estados miembros de adoptar las medidas de aplicación pertinentes en el marco 
de su ordenamiento interno. 
10 Del conjunto de las disposiciones y de la naturaleza de las medidas que 
imponen, resulta que las Directivas controvertidas están destinadas a traducirse 
en normas internas con el mismo rango jurídico que las que en los Estados 
miembros regulen la inspección y la homologación de los vehículos a motor o 
de los tractores. De ello resulta que un Estado miembro no habrá cumplido la 
obligación que le impone el párrafo tercero del artículo 189 del Tratado, si se 
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limitó a atender a las exigencias que dimanan de las Directivas controvertidas 
por medio de una práctica de hecho, o de una simple tolerancia administrativa. 
11 El argumento que el Gobierno belga deduce partiendo del carácter «opcional» 
de las Directivas controvertidas es inoperante, ya que el efecto obligatorio de 
la Directiva, del que no está permitido a los Estados sustraerse, consiste en 
suprimir los obstáculos a la libre circulación que puedan resultar, para los 
productos originarios de otros Estados miembros, de la aplicación de normas 
técnicas diferentes de las normas comunitarias. Ahora bien, desde esta 
perspectiva es importante que cada Estado miembro dé a las Directivas 
controvertidas una ejecución que se ajuste plenamente a las exigencias de 
claridad y certeza de las situaciones jurídicas queridas por las Directivas,en 
interés de los fabricantes establecidos en los otros Estados miembros. En 
consecuencia, no cabe considerar que constituyen un cumplimiento válido de 
la obligación que incumbe a los Estados miembros destinatarios de las 
Directivas en virtud del artículo 189, las simples prácticas administrativas, 
modificables por naturaleza a criterio de la Administración y carentes de una 
adecuada publicidad. 
12 Tampoco puede acogerse la justificación extraída de la «aplicabilidad directa» 
de las Directivas controvertidas. En efecto, del párrafo tercero del artículo 189 
resulta que la ejecución de las Directivas comunitarias debe efectuarse 
mediante la adopción por los Estados miembros de disposiciones de aplicación 
adecuadas. Sólo en circunstancias concretas, en particular en el caso de que un 
Estado miembro haya dejado de adoptar las disposiciones de ejecución 
requeridas o adoptado disposiciones no conformes con una Directiva, ha 
reconocido este Tribunal de Justicia a los justiciables el derecho de invocar en 
un proceso una Directiva frente al Estado miembro que la hubiere incumplido 
(véase especialmente, sobre este aspecto, la sentencia de 5 de abril de 1979, 
Ratti, 148/78,«- Rec. p. 1629). Al derivar esta garantía mínima del carácter 
imperativo de la obligación impuesta a los Estados miembros por efecto de las 
Directivas en virtud del párrafo tercero del artículo 189, no puede servir de 
justificación a un Estado miembro para eximirse de adoptar a su debido tiempo 
disposiciones de ejecución adecuadas al objetivo de cada Directiva. Como se 
indicó más arriba, en el caso presente las medidas debían consistir en 
disposiciones equivalentes a las que se aplican en el ordenamiento jurídico 
interno, a fin de imponer el respeto a preceptos calificados de «imperativos» 
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COMISIÓN /BÉLGICA 
en la propia exposición de motivos de ambas Directivas marco (véase el primer 
considerando). 
13 De ello resulta que deben desestimarse las alegaciones formuladas por el 
Gobierno belga. 
14 En segundo lugar, alega el Gobierno belga que, en aras de la claridad jurídica, 
entre tanto, inició la tramitación de normas para adaptación de su ordenamiento 
interno a las Directivas, pero que el buen fin de dicha tramitación se retrasó a 
causa de controversias jurídicas sobre el procedimiento legislativo o 
reglamentario aplicable y la concurrencia de dificultades políticas internas. 
15 Basta destacar al respecto, como este Tribunal de Justicia ha declarado en 
reiteradas ocasiones, en particular en su sentencia de 11 de abril de 1978, 
Comisión/Italia (100/77, Rec. p. 879), que un Estado miembro no puede alegar 
dificultades internas o disposiciones de su ordenamiento jurídico nacional, ni 
siquiera constitucional, para justificar la inobservancia de las obligaciones y 
plazos que resultan de las Directivas comunitarias. 
16 Este juicio está tanto más justificado cuanto que los artículos 15 de ambas 
Directivas generales, 70/156, de 6 de febrero de 1970 y 74/150, de 4 de marzo 
de 1974, disponen en términos idénticos que «los Estados miembros adoptarán, 
en un plazo de dieciocho meses a partir del día de su notificación, las medidas 
necesarias para cumplir la presente Directiva e informarán de ello 
inmediatamente a la Comisión». Al tratarse en ambos casos de Directivas 
marco, cabe entender que este precepto obligaba a los Estados miembros 
destinatarios a adoptar en sus respectivos sistemas legislativos, las 
disposiciones necesarias con vistas a la aplicación, en los plazos deseados, de 
las Directivas concretas cuyo objeto estaba plenamente identificado en los 
anexos incorporados a las dos citadas Directivas. 
17 Por ello, deben desestimarse las alegaciones deducidas por el Gobierno belga 
de las dificultades que encontró para la aplicación de las Directivas 
controvertidas. 
18 De cuanto antecede resulta que procede declarar que el Reino de Bélgica ha 
incumplido las obligaciones que le incumben. 
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SENTENCIA DE 6.5.1980 - ASUNTO 102/79 
Costas 
19 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la 
parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido 
desestimados los motivos formulados por la parte demandada, procede 
condenarla en costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
decide: 
1) Declarar que, al no adoptar en los plazos previstos las medidas 
necesarias para garantizar la aplicación de las Directivas que a 
continuación se indican, el Reino de Bélgica ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea: 
- Directiva 70/221/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1970, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los depósitos de carburante líquido y los 
dispositivos de protección trasera de los vehículos a motor y de sus 
remolques. 
- Directiva 70/387/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1970, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre las puertas de los vehículos a motor y sus remolques. 
- Directiva 74/60/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1973, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
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COMISIÓN /BÉLGICA 
miembros sobre el acondicionamiento del interior de los vehículos 
a motor (partes interiores de la cabina distintas del retrovisor o 
retrovisores interiores, disposición de los mandos, techo o techo 
corredizo, respaldo y parte trasera de los asientos). 
- Directiva 74/483/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1974, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre los salientes exteriores de los vehículos a motor. 
- Directiva 74/150/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre la homologación de los tractores agrícolas o forestales de 
ruedas. 
- Directiva 74/151/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre determinados elementos y características de los tractores 
agrícolas o forestales de ruedas. 
- Directiva 74/152/CEE del Consejo, de 4 de marzo de 1974, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre la velocidad máxima por construcción y las plataformas de 
carga de los tractores agrícolas o forestales de ruedas. 
- Directiva 74/346/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1974, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre los retrovisores de los tractores agrícolas o forestales de 
ruedas. 
- Directiva 74/347/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1974, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre el campo de visión y los limpiaparabrisas de los tractores 
agrícolas o forestales de ruedas. 
- Directiva 75/321/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre el dispositivo de dirección de los tractores agrícolas o 
forestales de ruedas. 
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SENTENCIA DE 6.5.1980 - ASUNTO 102/79 
- Directiva 75/322/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre la supresión de parásitos radioeléctricos producidos por los 
motores de encendido por chispa con los que están equipados los 
tractores agrícolas o forestales de ruedas. 
- Directiva 75/323/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa 
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre la toma de corriente instalada en los tractores agrícolas o 
forestales de ruedas, para la alimentación de los dispositivos de 
alumbrado y de señalización luminosa de los aperos, máquinas o 
remolques que se utilicen en la explotación agrícola o forestal. 
2) Condenar en costas al Reino de Bélgica. 
Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore 
Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de mayo de 1980. 
El Secretario, 
A. Van Houtte 
El Presidente, 
H. Kutscher 
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