62022CC0792
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 11 de abril de 2024 (
1
)
Asunto C‑792/22
Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea,
LV,
CRA,
LCM
Procedimiento penal
contra
MG,
con intervención de:
SC Energotehnica SRL Sibiu
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Braşov (Tribunal Superior de Braşov, Rumanía)]
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 89/391/CEE — Medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo — Principio de efectividad del Derecho de la Unión — Fallecimiento de un trabajador durante una intervención — Procedimientos penal y contencioso-administrativo paralelos ante los órganos jurisdiccionales nacionales — Sentencia firme de un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo según la cual esta intervención no constituye un “accidente de trabajo” — Normativa nacional que establece que tal sentencia firme tiene fuerza de cosa juzgada ante un órgano jurisdiccional penal — Posibilidad de que este órgano jurisdiccional penal califique dicha intervención de “accidente de trabajo” e imponga sanciones penales y civiles»
I. Introducción
1.
A resultas del fallecimiento de un electricista producido durante una intervención en una instalación eléctrica, se incoó un procedimiento contencioso-administrativo contra la empresa que empleaba a la víctima y, paralelamente, se inició un procedimiento penal contra el jefe del equipo de electricistas que trabajaba para esta empresa por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, así como por homicidio imprudente, un procedimiento en cuyo marco la familia del electricista se personó como parte civil contra dicha empresa y el jefe de equipo.
2.
A la finalización del procedimiento contencioso-administrativo, el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, mediante sentencia firme, declaró que esta intervención no constituía un «accidente de trabajo», con la consecuencia de que se anularon las sanciones administrativas impuestas a la misma empresa. Asimismo, la normativa nacional, según la ha interpretado el Tribunal Constitucional del Estado miembro de que se trata, establece que las sentencias firmes de los órganos jurisdiccionales que no pertenezcan a la jurisdicción penal sobre una cuestión previa en un procedimiento penal tienen fuerza de cosa juzgada ante los órganos jurisdiccionales penales. Pues bien, la calificación de dicha intervención como «accidente de trabajo» constituye tal cuestión previa.
3.
¿Se opone la Directiva 89/391/CEE, (
2
) que tiene por objeto promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, a tal normativa nacional, que impide al órgano jurisdiccional penal que conoce del asunto examinar la cuestión de si la misma intervención puede calificarse de «accidente de trabajo» y, por tanto, imponer sanciones penales o civiles al jefe de equipo y al empresario? Esta es, en esencia, la pregunta que formula la Curtea de Apel Braşov (Tribunal Superior de Braşov, Rumanía), el órgano jurisdiccional penal en el asunto principal.
4.
El presente asunto, que tiene un carácter inédito, ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar las modalidades de articulación de las vías de recurso nacionales con el fin de que, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/391, se garantice el respeto del principio de efectividad del Derecho de la Unión respecto de las partes interesadas y, en particular, la protección del derecho de defensa.
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
5.
La sección I de la Directiva 89/391, titulada «Disposiciones generales», comprende sus artículos 1 a 4. El artículo 1 de esta Directiva, que lleva por título «Objeto», dispone:
«1.   El objeto de la presente Directiva es la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
2.   A tal efecto, la presente Directiva incluye principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales y la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación de los factores de riesgo y accidente, la información, la consulta, la participación equilibrada de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, la formación de los trabajadores y de sus representantes, así como las líneas generales para la aplicación de dichos principios.
3.   La presente Directiva no afecta a las disposiciones nacionales y comunitarias, existentes o futuras, que sean más favorables para la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.»
6.
El artículo 4 de dicha Directiva prevé:
«1.   Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar que los empresarios, los trabajadores y los representantes de los trabajadores estén sujetos a las disposiciones jurídicas necesarias para la aplicación de la presente Directiva.
2.   Los Estados miembros garantizarán, en particular, un control y una vigilancia adecuados.»
7.
El artículo 5 de la misma Directiva, titulada «Disposición general», que figura en su sección II, que lleva por título «Obligaciones de los empresarios», dispone:
«1.   El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
[…]
3.   Las obligaciones de los trabajadores en el ámbito de la seguridad y de la salud en el trabajo no afectarán al principio de la responsabilidad del empresario.
4.   La presente Directiva no obstaculizará la facultad de los Estados miembros para establecer la exclusión o la disminución de la responsabilidad de los empresarios por hechos derivados de circunstancias que les sean ajenas, anormales e imprevisibles o de acontecimientos excepcionales, cuyas consecuencias no hubieren podido ser evitadas a pesar de toda la diligencia desplegada.
No se exigirá a los Estados miembros el ejercicio de la facultad mencionada en el párrafo primero.»
B.
Derecho rumano
1. Código Penal
8.
El artículo 192 de la Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Ley n.o 286/2009 del Código Penal), de 17 de julio de 2009, (
3
) en su versión vigente en el momento de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Código Penal»), titulado «Homicidio imprudente», dispone, en su apartado 2:
«El homicidio imprudente resultante del incumplimiento de las disposiciones legales o de las medidas de precaución previstas para el ejercicio de una profesión o de un oficio o para el ejercicio de una actividad particular será castigado con una pena de prisión de dos a siete años. Cuando la violación de las disposiciones legales o la inobservancia de las medidas de precaución constituya en sí misma un delito, serán de aplicación las normas en materia de concurso de delitos.»
9.
El artículo 350 de este Código, que lleva por título «Incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo», establece, en sus apartados 1 y 3:
«(1)   El incumplimiento por cualquier persona de las obligaciones y medidas previstas en materia de seguridad y salud en el trabajo, si da lugar a un peligro inminente de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años o con una multa.
[…]
(3)   Los hechos a los que se refieren los apartados 1 y 2 serán castigados con una pena de prisión de 3 meses a un año o con una multa cuando se cometan por imprudencia».
2. Código de Enjuiciamiento Criminal
10.
El artículo 52 de la Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (Ley n.o 135/2010 del Código de Enjuiciamiento Criminal), de 1 de julio de 2010, (
4
) en su versión vigente en el momento de los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Criminal»), que lleva por título «Cuestiones previas», dispone:
«(1)   El órgano jurisdiccional penal será competente para pronunciarse sobre cualquier cuestión previa al enjuiciamiento del asunto, incluso cuando tal cuestión sea, por su naturaleza, de la competencia de otro órgano jurisdiccional, con excepción de los supuestos en los que la competencia para resolver el asunto no corresponda a los órganos jurisdiccionales.
(2)   El órgano jurisdiccional penal examinará la cuestión previa de conformidad con las normas y los medios de prueba aplicables a la materia a la que la cuestión pertenezca.
(3)   Las sentencias firmes dictadas por órganos jurisdiccionales que no pertenezcan a la jurisdicción penal sobre una cuestión previa en el proceso penal tendrán fuerza de cosa juzgada ante el órgano jurisdiccional penal, salvo las circunstancias relativas a la existencia del delito.»
3. Ley n.o 319/2006
11.
La Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă (Ley n.o 319/2006 de Seguridad y Salud en el Trabajo), de 14 de julio de 2006 (
5
) (en lo sucesivo, «Ley n.o 319/2006»), transpone la Directiva 89/391 al ordenamiento jurídico rumano. A tenor del artículo 5, letra g), de esta Ley:
«A efectos de la presente Ley, se entenderá por:
[…]
g)
accidente de trabajo — la lesión corporal violenta y la intoxicación profesional aguda que se produzcan mientras se desarrolla el trabajo o se cumplen las obligaciones laborales y que causen incapacidad laboral temporal de una duración mínima de tres días naturales, la invalidez o la muerte.»
12.
El artículo 7, apartado 4, letra c), de dicha Ley enuncia:
«Sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente Ley, habida cuenta de la naturaleza de las actividades de la empresa y/o del departamento, el empresario estará obligado a:
[…]
c)
tomar en consideración las capacidades de los trabajadores en lo tocante a la seguridad y la salud en el trabajo cuando les encomiende una tarea.»
13.
El artículo 20, apartado 1, letra b), de la misma Ley establece:
«El empresario deberá garantizar unas condiciones que permitan a todo trabajador recibir una formación suficiente y adecuada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en forma de información e instrucciones específicas para su lugar de trabajo y su puesto:
[…]
b) cuando se produzca un cambio de puesto de trabajo o un traslado a otro centro de trabajo.»
14.
El artículo 22 de la Ley n.o 319/2006 dispone:
«Todo trabajador deberá realizar su trabajo con arreglo a su formación y a su preparación, así como a las instrucciones recibidas de su empresario, de manera que no se exponga, ni exponga a las demás personas que puedan verse afectadas por sus acciones u omisiones en el marco de su trabajo, a riesgos de accidente o de enfermedad profesional.»
4. Decreto n.o 1146/2006
15.
El anexo I del Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă (Decreto del Gobierno n.o 1146/2006 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el trabajo relativas a la utilización de los equipos de trabajo por parte de los trabajadores), de 30 de agosto de 2006 (
6
) (en lo sucesivo, «Decreto n.o 1146/2006»), está redactado en los siguientes términos:
«[…]
3.3.2.1. En las instalaciones y equipos de trabajo eléctricos, la protección contra la electrocución por contacto directo se garantizará mediante medidas técnicas, complementadas por medidas organizativas.
[…]
3.3.2.3. La protección contra la electrocución por contacto directo se garantizará mediante las siguientes medidas organizativas:
a)
las intervenciones en las instalaciones eléctricas (solución de averías, reparaciones, conexiones, etc.) deberán realizarse únicamente por electricistas cualificados, autorizados y formados para el trabajo en cuestión;
b)
las intervenciones deberán efectuarse sobre la base de una de las formas de trabajo;
[…]
e)
deberán establecerse instrucciones de trabajo para cada intervención en las instalaciones eléctricas;
[…]
3.3.2.4. Las intervenciones en las instalaciones, máquinas, equipos y aparatos que empleen electricidad únicamente están autorizadas sobre la base de las siguientes formas de trabajo:
[…]
d)
órdenes verbales (DV);
[…]
3.3.23.1. En el caso de las instalaciones o los equipos de trabajo eléctricos en los que se realicen trabajos con o sin desconexión, deberán utilizarse medios de protección aislantes de la corriente.
[…]
3.3.23.4. Los trabajos sin desconexión de las instalaciones y de los equipos eléctricos solo podrán realizarse por personal autorizado para los trabajos con corriente eléctrica.
[…]»
III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
16.
De la resolución de remisión se desprende que, el 5 de septiembre de 2017, un electricista que trabajaba para Energotehnica (en lo sucesivo, «víctima») falleció por electrocución durante una intervención consistente en cambiar una luminaria exterior de un poste de baja tensión en una granja de animales situada en el municipio de Ticușu, departamento de Brașov (Rumanía) (en lo sucesivo, «intervención controvertida»).
17.
En el marco de un procedimiento administrativo, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov (Inspección Territorial de Trabajo de Brașov, Rumanía; en lo sucesivo, «ITM») llevó a cabo una investigación, que incluyó la toma de declaración de los testigos y la obtención de los documentos pertinentes relativos a la seguridad y la salud en el trabajo. Al término de esta investigación, la ITM levantó un acta el 9 de septiembre de 2019 (en lo sucesivo, «acta de inspección»), con arreglo a la cual calificó la intervención controvertida de «accidente de trabajo con resultado de muerte».
18.
A raíz de esta acta, la ITM impuso multas administrativas a Energotehnica por haber aprobado la intervención en una instalación en funcionamiento, sin desconexión, por personal no autorizado y no formado, y por no haber puesto en conocimiento del trabajador el material referido a los temas de formación específicos. Estas sanciones no fueron aplicadas de forma efectiva, debido a su suspensión hasta la finalización del procedimiento penal. No se dictaron sanciones administrativas contra ninguna persona empleada por esta empresa, en la medida en que, de conformidad con el artículo 39, apartado 1, de la Ley n.o 319/2006, únicamente los actos cometidos por los empresarios que se encuentran en una de las situaciones previstas por esta Ley constituyen infracciones administrativas, y no los cometidos por los trabajadores.
19.
Energotehnica interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la ITM ante el Tribunalul Sibiu (Tribunal de Distrito de Sibiu, Rumanía), solicitando la anulación del acta de inspección. Solo fueron oídos dos testigos, que eran colegas de la víctima. Mediante sentencia de 10 de febrero de 2021, este órgano jurisdiccional estimó el recurso y anuló parcialmente esa acta en lo referente a las constataciones relativas a Energotehnica. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional consideró, por una parte, que la intervención controvertida había tenido lugar fuera del horario de trabajo y, por otra parte, que ninguna prueba confirmaba que se hubiera dado una orden verbal a la víctima de efectuar dicha intervención. La ITM interpuso un recurso de casación contra esta sentencia ante la Curtea de Apel Alba Iulia (Tribunal Superior de Alba Iulia, Rumanía), que, mediante sentencia de 14 de junio de 2021, estimó la excepción de nulidad formulada por Energotehnica, indicando que anulaba este recurso de casación por no estar motivado.
20.
Paralelamente al procedimiento contencioso-administrativo, el fiscal del Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea (Fiscalía adscrita al Tribunal de Primera Instancia de Rupea, Rumanía) incoó un procedimiento penal. Mediante escrito de acusación del fiscal de 31 de julio de 2020, se ordenó la apertura de juicio oral contra MG, como jefe del equipo de electricistas empleado por Energotehnica, ante la Judecătoria Rupea (Tribunal de Primera Instancia de Rupea, Rumanía) por los siguientes delitos: por un lado, incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, contempladas en el artículo 350, apartados 1 y 3, del Código Penal, y, por otro lado, homicidio imprudente, previsto en el artículo 192, apartado 2, del Código Penal, aplicando el artículo 38, apartado 1, de dicho Código, relativo al concurso real de delitos. En dicho escrito de acusación, se señaló que, el 5 de septiembre de 2017, hacia las 18 horas, al término de la jornada laboral, MG, el encargado del lugar de trabajo, con atribuciones específicas de organización del trabajo, formación del personal operario y adopción de medidas para garantizar los dispositivos de seguridad en el trabajo y los equipos de protección previstos por las instrucciones específicas para cada lugar de trabajo, dio a la víctima, que estaba bajo su supervisión, una orden verbal de trabajo consistente en efectuar la intervención controvertida sin tomar las medidas de seguridad y salud en el trabajo necesarias, que consistían en encomendar esta tarea únicamente al personal cualificado para la profesión de electricista, autorizado y formado para el trabajo en cuestión, bajo la supervisión de un jefe de equipo, y en las condiciones en las que esta intervención se efectuó, sin desconectar la instalación eléctrica en funcionamiento y sin utilizar guantes de protección aislantes eléctricos.
21.
En el marco de este procedimiento penal dirigido contra MG, se tomó declaración a los testigos oculares y se aportaron a los autos los documentos pertinentes relativos a la seguridad y salud en el trabajo. También se presentó el expediente de la inspección relativa a la intervención controvertida, incluida el acta de inspección. Siempre en el marco de dicho procedimiento penal, LV, CRA y LCM, respectivamente la esposa, la hija y el hijo de la víctima, se personaron como partes civiles (en lo sucesivo, «partes civiles») y solicitaron que se condenara a MG y a Energotehnica al pago de una indemnización por daños y perjuicios por el fallecimiento de la víctima. No se llevó a cabo ninguna investigación penal contra Energotehnica, que únicamente tiene la condición de parte responsable civil, en el sentido de que, con arreglo al Derecho civil rumano, esta empresa tiene la obligación legal o contractual de reparar total o parcialmente, de forma individual o solidaria, el perjuicio ocasionado por el delito y se la considera responsable en el marco del procedimiento.
22.
Mediante sentencia penal de 24 de diciembre de 2021, la Judecătoria Rupea (Tribunal de Primera Instancia de Rupea) consideró que procedía absolver a MG de los delitos de incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y de homicidio imprudente. Además, este órgano jurisdiccional desestimó por infundada la acción civil ejercitada por las partes civiles contra MG y Energotehnica. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional competente en cuanto al fondo estimó, en primer lugar, que no estaba acreditado, más allá de toda duda razonable, que MG hubiera dado una orden verbal de trabajo, dado que la única declaración que demostraba directamente la existencia de dicha orden de trabajo es la de un testigo ocular que, sin embargo, no fue corroborada por ninguna otra prueba directa, y otros trabajadores que también estaban presentes negaron haber oído dicha orden de trabajo. El mismo órgano jurisdiccional, en segundo lugar, declaró que la intervención controvertida se había producido hacia las 18.30‑18.40 horas, a saber, tras la finalización de la jornada laboral (que se considera que se produjo hacia las 17‑18 horas), razón por la cual esta intervención no podía calificarse de «accidente de trabajo».
23.
El fiscal y las partes civiles recurrieron esta sentencia ante la Curtea de Apel Brașov (Tribunal Superior de Brașov), que es el órgano jurisdiccional remitente. Ante este órgano jurisdiccional, el fiscal alegó que existían pruebas más allá de toda duda razonable de la orden verbal dada por MG a la víctima de efectuar la intervención controvertida, refiriéndose a la declaración de un testigo ocular, que a su entender se ve corroborada por las afirmaciones de otros trabajadores presentes en el lugar. Las partes civiles afirmaron que existían pruebas en apoyo de la acusación, invocando la declaración del mismo testigo ocular, así como el acta de inspección.
24.
El órgano jurisdiccional remitente indica que, al conocer del recurso de apelación en el marco del procedimiento penal dirigido contra MG, debe examinar el asunto en todos sus aspectos de hecho o de Derecho, habida cuenta de que el recurso de apelación es una vía de recurso plenamente devolutiva. En estas condiciones, este órgano jurisdiccional podría examinar de nuevo las pruebas practicadas en primera instancia y analizar otras nuevas, así como efectuar una nueva apreciación del conjunto de las pruebas. Sin embargo, dicho órgano jurisdiccional señala que el Tribunalul Sibiu (Tribunal de Distrito de Sibiu) ya se ha pronunciado sobre los hechos en el litigio principal, declarando que la intervención controvertida no constituía un accidente de trabajo. El órgano jurisdiccional remitente destaca que esta consideración podría tener fuerza de cosa juzgada frente a él, dado que esta situación procesal constituye una «cuestión previa» en el procedimiento penal, en el sentido del artículo 52 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
25.
A este respecto, este órgano jurisdiccional señala que la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional, Rumanía), mediante la sentencia n.o 102/2021 de 17 de febrero de 2021, estimó una cuestión de inconstitucionalidad dirigida contra el artículo 52, apartado 3, del Código de Enjuiciamiento Criminal, que establecía que las sentencias firmes de los órganos jurisdiccionales que no pertenezcan a la jurisdicción penal sobre una cuestión previa en un procedimiento penal tienen fuerza de cosa juzgada ante los órganos jurisdiccionales penales, salvo las circunstancias relativas a la existencia del delito. Así pues, la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional) declaró inconstitucional la expresión «salvo las circunstancias relativas a la existencia del delito» que figura en esta disposición. En este marco, la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional) estableció en particular que las cuestiones previas son aspectos de naturaleza extrapenal del asunto, que deben resolverse con carácter previo a las cuestiones que atañen al fondo del asunto penal y que se refieren a la existencia de un requisito esencial del tipo del delito, como es la premisa del delito o un elemento esencial del contenido de este.
26.
En el presente asunto, según el órgano jurisdiccional remitente, la calificación de la intervención controvertida como «accidente de trabajo» constituye un requisito esencial del tipo del delito, ya que tiene el carácter de un elemento fáctico o jurídico cuya existencia debe verificarse antes de la correcta resolución del asunto penal y que, por tanto, puede considerarse como una «cuestión previa», en el sentido del artículo 52, apartado 3, del Código de Enjuiciamiento Criminal.
27.
El órgano jurisdiccional remitente también destaca que, en el asunto principal, el Tribunalul Sibiu (Tribunal de Distrito de Sibiu) o la Curtea de Apel Alba Iulia (Tribunal Superior de Alba Iulia) podían ordenar la suspensión del proceso basándose en distintos medios procesales, en particular en virtud de la regla de la prejudicialidad penal, según se establece en el Código de Enjuiciamiento Civil rumano. Sin embargo, en el presente asunto, la suspensión del asunto debido a la existencia de un procedimiento penal pendiente no se planteó ante los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo, sin que esté prevista ninguna sanción procesal, dado que la suspensión del asunto es facultativa para un órgano jurisdiccional civil, con arreglo a lo dispuesto en dicho Código de Enjuiciamiento Civil.
28.
El órgano jurisdiccional remitente añade que, en unas circunstancias en las que las partes civiles en el procedimiento penal no han participado en el procedimiento contencioso-administrativo y en las que las pretensiones del empresario han prosperado en este último procedimiento únicamente contra la autoridad administrativa competente (a saber, la ITM), debería ordenar la absolución de MG de los delitos de los que se le acusa, con la consecuencia de que se desestime la acción civil incoada por las partes civiles por infundada si, como exige la sentencia n.o 102/2021 de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional), esta confería plena fuerza de cosa juzgada a la resolución del órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo que calificaba la intervención controvertida como extralaboral. Pues bien, tal situación menoscabaría el principio de protección de los trabajadores y el principio de la responsabilidad del empresario consagrados en el artículo 1, apartados 1 y 2, así como en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/391, interpretados a la luz del artículo 31, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
29.
En tales circunstancias, la Curtea de Apel Braşov (Tribunal Superior de Braşov) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
El principio de protección de los trabajadores y el principio de la responsabilidad del empresario, consagrados en el artículo 1, apartados 1 y 2, y [en] el artículo 5, apartado 1, de la Directiva [89/391], transpuesta en el Derecho interno mediante la Ley [n.o 319/2006], interpretados a la luz del artículo 31, apartado 1, de la [Carta], ¿se oponen a una normativa como la aplicable en el procedimiento principal, que viene impuesta por una resolución del órgano jurisdiccional constitucional nacional en virtud de la cual, a petición del empresario y con la autoridad administrativa estatal como única parte contraria, un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo puede calificar con carácter firme el suceso en el sentido de que no es accidente laboral con arreglo a la Directiva e impedir con ello que el órgano jurisdiccional penal, que conoce tanto de la acción penal ejercitada por el Ministerio Fiscal contra el trabajador responsable como de la acción civil ejercitada por la parte civil contra ese mismo empleador como responsable civil en el proceso penal y contra su presunto trabajador, llegue a una conclusión diferente sobre la calificación del mismo suceso como accidente de trabajo, aspecto que forma parte del tipo del delito objeto del proceso penal (sin el cual no se puede establecer ni la responsabilidad penal ni la responsabilidad civil que discurre con la penal), habida cuenta de la autoridad de cosa juzgada de la sentencia firme en la vía contencioso-administrativa?
2)
En caso [de respuesta] afirmativa [a la primera cuestión prejudicial], ¿debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión en el sentido de que se opone a una normativa o a una práctica nacional en virtud de la cual los órganos jurisdiccionales nacionales ordinarios están vinculados por las resoluciones del tribunal constitucional nacional, no pudiendo por ello, so pena de incurrir en infracción disciplinaria, dejar inaplicada de oficio la jurisprudencia derivada de las resoluciones antes referidas, ni siquiera cuando consideren, a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia, que dicha jurisprudencia es contraria al artículo 1, apartados 1 y 2, y al artículo 5, apartado 1, de la Directiva [89/391], transpuesta en el Derecho interno por la Ley n.o 319/2006, interpretados a la luz del artículo 31, apartado 1, de la [Carta]?»
30.
Han presentado observaciones escritas al Tribunal de Justicia el Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea (Fiscalía adscrita al Tribunal de Primera Instancia de Rupea), el Gobierno rumano y la Comisión Europea.
31.
Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en el análisis de la primera cuestión prejudicial.
IV. Apreciación
32.
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 89/391 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo puede decidir, mediante una sentencia firme con fuerza de cosa juzgada ante los órganos jurisdiccionales penales, que un suceso no constituye un «accidente de trabajo», con la consecuencia de que el órgano jurisdiccional penal que conoce del asunto no puede imponer sanciones penales o civiles al trabajador responsable del lugar de trabajo y al empresario.
A.
Sobre la admisibilidad de la primera cuestión prejudicial
33.
En sus observaciones escritas, el Gobierno rumano ha planteado la inadmisibilidad de la primera cuestión prejudicial y, en consecuencia, la de la segunda cuestión prejudicial alegando que, en primer término, la disposición de Derecho nacional cuya conformidad con la Directiva 89/391 se cuestiona, a saber, el artículo 52 del Código de Enjuiciamiento Criminal, se refiere a la cuestión de la fuerza de cosa juzgada. En segundo término, el artículo 5, apartado 1, de esta Directiva consagra la obligación general de seguridad del empresario, sin pronunciarse sobre una forma específica de responsabilidad. Pues bien, el litigio principal tiene por objeto determinar la responsabilidad penal de un trabajador por el fallecimiento de otro trabajador, cuando dicha Directiva, cuya interpretación se solicita, se refiere a las obligaciones del empresario frente a los trabajadores. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente no tiene que pronunciarse sobre una relación jurídica que esté comprendida en el ámbito de aplicación de la misma Directiva.
34.
En el presente asunto, debe señalarse que la familia de la víctima se ha personado ante el órgano jurisdiccional remitente como parte civil contra MG y Energotehnica. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional conoce efectivamente de una acción dirigida contra el empresario, que puede ser declarado responsable civil si la intervención controvertida se califica de «accidente de trabajo». Además, la cuestión de la imposición de sanciones civiles al empresario está vinculada al alcance del principio de fuerza de cosa juzgada de la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo. En consecuencia, la regulación procesal de los recursos judiciales prevista en la normativa nacional examinada presenta un vínculo con la declaración de la responsabilidad del empresario en el supuesto de que este, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/391 por el Estado miembro de que se trata, no haya garantizado la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
35.
Por tanto, opino que la primera cuestión prejudicial es admisible.
B.
Sobre la respuesta a la primera cuestión prejudicial
36.
Es importante recordar que la Directiva 89/391 se adoptó sobre la base del artículo 118 A del Tratado CEE (actualmente, tras su modificación, artículo 153 TFUE), a tenor del cual los Estados miembros procurarán promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo y se fijarán como objetivo la armonización, dentro del progreso, de las condiciones existentes en ese ámbito. El artículo 1, apartados 1 y 2, de esta Directiva establece, de este modo, que esta tiene por objeto la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo y que, a tal efecto, esta incluye principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales y la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación de los factores de riesgo y accidente, la información, la consulta, la participación equilibrada de conformidad con las legislaciones y/o los usos nacionales, la formación de los trabajadores y de sus representantes, así como las líneas generales para la aplicación de dichos principios.
37.
Además, el artículo 4 de dicha Directiva establece, en su apartado 1, que los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar que los empresarios, los trabajadores y los representantes de los trabajadores estén sujetos a las disposiciones jurídicas necesarias para la aplicación de la misma Directiva y, en su apartado 2, que los Estados miembros garantizarán, en particular, un control y una vigilancia adecuados. (
7
) El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/391 dispone también que el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no cabe afirmar, solo en virtud del artículo 5, apartado 1, de esta Directiva, que sobre el empresario deba recaer una responsabilidad objetiva, dado que esta disposición se limita a establecer la obligación general de seguridad que recae sobre el empresario, sin pronunciarse sobre la forma concreta de responsabilidad que le incumbe. (
8
)
38.
Los apartados 3 y 4 de este artículo 5 precisan que las obligaciones de los trabajadores en el ámbito de la seguridad y de la salud en el trabajo no afectarán al principio de la responsabilidad del empresario y que esta Directiva no obstaculizará la facultad de los Estados miembros para establecer la exclusión o la disminución de la responsabilidad de los empresarios por hechos derivados de circunstancias que les sean ajenas, anormales e imprevisibles o de acontecimientos excepcionales, cuyas consecuencias no hubieren podido ser evitadas a pesar de toda la diligencia desplegada.
39.
Del texto de la Directiva 89/391 se desprende que, si bien esta se refiere al principio de la responsabilidad del empresario y establece obligaciones de carácter general relativas a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, no incluye ninguna disposición específica relativa a las sanciones aplicables por los Estados miembros a los empresarios que hayan incumplido dichas obligaciones. Asimismo, el legislador de la Unión ha adoptado diversas directivas específicas, en el sentido del artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391, (
9
) en concreto las Directivas 89/654/CEE, (
10
) 89/656/CEE (
11
) y 2009/104/CE. (
12
) Sin embargo, estas Directivas tampoco contienen disposiciones concretas relativas a la imposición de sanciones a los empresarios que no hayan garantizado la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. (
13
)
40.
Asimismo, el artículo 31 de la Carta, titulado «Condiciones de trabajo justas y equitativas», establece, en su apartado 1, que «todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, seguridad y dignidad». Por consiguiente, esta disposición, a la que se refiere el órgano jurisdiccional remitente en su primera cuestión prejudicial, no versa sobre las sanciones que pueden imponerse cuando no se garantice la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
41.
En lo que atañe, más concretamente, a la intervención controvertida, cuya calificación como «accidente de trabajo» constituye el objeto del asunto principal, observo que, a tenor del artículo 34, apartado 1, de la Carta, la Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como, en particular, los accidentes laborales. En cambio, el Derecho de la Unión no regula actualmente los criterios que permiten calificar un suceso de «accidente laboral», las sanciones aplicables al empresario a raíz de tal accidente ni las formas de determinación de la indemnización que debe concederse a la víctima.
42.
En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente se plantea dudas sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de la regulación procesal prevista por la normativa nacional según la cual la sentencia firme del órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo que considera que la intervención controvertida no constituye un «accidente de trabajo» tiene la fuerza de cosa juzgada ante él, a saber, un órgano jurisdiccional penal, lo que le impide imponer una sanción penal a MG, así como sanciones civiles a este último y/o a Energotehnica. (
14
)
43.
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, a falta de normativa de la Unión en la materia, cada Estado miembro debe configurar, en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, la regulación de los procedimientos administrativos y judiciales destinados a asegurar un nivel elevado de salvaguarda de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables. (
15
) Esa regulación no debe ser menos favorable que la referente a los recursos semejantes establecidos para la protección de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). (
16
) Además, en lo tocante, en particular, a la fuerza de cosa juzgada, al no existir una normativa de la Unión en la materia, las modalidades de aplicación del principio de cosa juzgada se rigen también por el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, en virtud del principio de autonomía procesal de estos, con observancia, no obstante, de los principios de equivalencia y de efectividad. (
17
)
44.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por lo que se refiere al principio de efectividad, cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, así como el desarrollo y las peculiaridades de este ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, han de tomarse en consideración, en su caso, los principios en los que se basa el sistema judicial nacional, como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento. (
18
)
45.
Dicho de otro modo, a la hora de definir la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguarda de los derechos conferidos por la Directiva 89/391, los Estados miembros deben garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, consagrado en el artículo 47 de la Carta, que constituye una reafirmación del principio de tutela judicial efectiva. (
19
)
46.
Por lo tanto, al elegir las sanciones, los Estados miembros están obligados a respetar el principio de efectividad, que exige el establecimiento de sanciones efectivas y disuasorias, sin imponer, en principio, que tales sanciones sean de una naturaleza particular. (
20
) Así pues, estas sanciones pueden tener un carácter penal y/o civil. En caso de que no se impongan sanciones a un empresario que no respete las disposiciones nacionales que transponen la Directiva 89/391, a saber, en el presente caso, la Ley n.o 319/2006, el efecto útil y la protección efectiva de los derechos garantizados por esta Directiva se verían puestos en entredicho, siendo así que el artículo 153 TFUE, apartado 1, letra a), tiene por objeto la mejora del entorno de trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.
47.
El asunto principal trata sobre la posibilidad de imponer sanciones penales y civiles en relación no con el principio non bis in idem, (
21
) sino con el principio de cosa juzgada, habida cuenta de que el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo ya ha declarado que la intervención controvertida no podía calificarse de «accidente de trabajo». A este respecto, debo señalar que la aplicación del principio de «prejudicialidad penal» obliga al juez de lo civil, cuando se siguen actuaciones civiles y penales por los mismos hechos, a suspender el procedimiento a la espera de que la jurisdicción penal dicte una resolución definitiva. (
22
) En el presente asunto, el Derecho rumano aplica el principio contrario, a saber, el de la «prejudicialidad civil (
23
)». En efecto, de la resolución de remisión se desprende que, en el asunto principal, el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo habría podido suspender el procedimiento a la espera de la resolución firme del órgano jurisdiccional penal, pero que tal suspensión del proceso es facultativa para un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, lo que conlleva la aplicación del artículo 52, apartado 3, del Código de Enjuiciamiento Criminal, según el cual las sentencias firmes de los órganos jurisdiccionales que no pertenezcan a la jurisdicción penal sobre una cuestión previa en un procedimiento penal tienen fuerza de cosa juzgada ante el órgano jurisdiccional penal. (
24
)
48.
Habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe constatarse que tal disposición no es contraria al Derecho de la Unión en la medida en que permite evitar la adopción de resoluciones contradictorias que puedan menoscabar la seguridad jurídica, (
25
) siempre y cuando, como se ha indicado en el punto 43 de las presentes conclusiones, se respete el principio de efectividad del Derecho de la Unión.
49.
Cabe añadir que, siempre que un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo efectúe un examen en cuanto al fondo, apreciando de forma detallada el conjunto de los elementos de prueba en cuanto a la calificación de un suceso como «accidente de trabajo», el mero hecho de que el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo prevalezca sobre el órgano jurisdiccional penal no puede implicar, como tal, una peor administración de la justicia. En efecto, no puede considerarse que un procedimiento penal, por definición, es más favorable a la víctima y/o a las partes civiles que un procedimiento contencioso-administrativo, dado que, como se establece en el artículo 48, apartado 1, de la Carta, cuyo contenido corresponde al del artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, todo acusado se presume inocente mientras su culpabilidad no haya sido declarada legalmente. (
26
) Por lo tanto, las personas enjuiciadas ante un órgano jurisdiccional penal deben disfrutar del derecho a la presunción de inocencia.
50.
En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente resalta que el procedimiento contencioso-administrativo únicamente tuvo como partes a Energotehnica y a la ITM, sin que el fiscal y las partes civiles intervinieran en dicho procedimiento, mientras que estos están representados en el marco del procedimiento penal.
51.
A este respecto, no se desprende claramente de la resolución de remisión si las partes civiles tenían la posibilidad efectiva de intervenir ante el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo para aportar, en particular, elementos de prueba en apoyo de la calificación de la intervención controvertida como «accidente de trabajo». Si fuera así, e incluso en el supuesto de que, en la práctica, estas no hubieran intervenido, la Directiva 89/391 no se opone a una normativa en virtud de la cual un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo puede calificar con carácter firme un suceso en el sentido de que no constituye un accidente de trabajo mediante una resolución con fuerza de cosa juzgada ante los órganos jurisdiccionales penales.
52.
En cambio, en el supuesto de que las partes civiles estén privadas de toda posibilidad de intervenir ante el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, opino que no se respeta el principio de efectividad del Derecho de la Unión. En efecto, como se ha indicado en el punto 44 de las presentes conclusiones, este principio implica el respeto del derecho de defensa y, en concreto, que las partes interesadas hayan estado en condiciones de dar a conocer sus puntos de vista de forma útil. A este respecto, en el presente asunto, parece inconcebible que la familia de la víctima no disfrute del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 47 de la Carta, es decir, que se vea privada del acceso a los tribunales. (
27
)
53.
En consecuencia, en este supuesto, como ha señalado la Comisión en sus observaciones escritas, las partes civiles deben tener la garantía de poder aportar, ante el órgano jurisdiccional penal, nuevos elementos de prueba que no hayan podido debatirse ante el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo, especialmente en lo referente a la cuestión de la calificación de la intervención controvertida como «accidente de trabajo». En estas condiciones, la sentencia firme de un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo no puede tener fuerza de cosa juzgada ante el órgano jurisdiccional penal y este último debe ofrecer a las partes civiles la posibilidad de intervenir ante él incluso si, en definitiva, esta situación es difícilmente conciliable con el respeto del principio de seguridad jurídica, al poder conducir tal intervención a la existencia de sentencias contradictorias entre los órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo y de lo penal. De ser así, corresponde al Estado miembro afectado elegir los mecanismos procesales que, a su juicio, mejor se adapten para permitir la conciliación de tales sentencias contradictorias. (
28
)
54.
Habida cuenta de todo lo expuesto anteriormente, propongo responder a la primera cuestión prejudicial que la Directiva 89/391 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo puede decidir, mediante sentencia firme con fuerza de cosa juzgada ante los órganos jurisdiccionales penales, que un suceso no constituye un «accidente de trabajo», con la consecuencia de que los órganos jurisdiccionales penales no pueden imponer sanciones penales o civiles al trabajador responsable del lugar de trabajo y al empresario, siempre y cuando esté garantizado el respeto del principio de efectividad del Derecho de la Unión, lo que implica que las partes civiles deben tener la posibilidad efectiva de presentar elementos de prueba relativos a la calificación de tal suceso como «accidente de trabajo» ante el órgano jurisdiccional penal si se han visto privadas de toda posibilidad de aportar dichas pruebas ante el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.
V. Conclusión
55.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Braşov (Tribunal Superior de Braşov, Rumanía) de la siguiente manera:
«La Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo puede decidir, mediante sentencia firme con fuerza de cosa juzgada ante los órganos jurisdiccionales penales, que un suceso no constituye un “accidente de trabajo”, con la consecuencia de que los órganos jurisdiccionales penales no pueden imponer sanciones penales o civiles al trabajador responsable del lugar de trabajo y al empresario, siempre y cuando esté garantizado el respeto del principio de efectividad del Derecho de la Unión, lo que implica que las partes civiles deben tener la posibilidad efectiva de presentar elementos de prueba relativos a la calificación de tal suceso como “accidente de trabajo” ante el órgano jurisdiccional penal si se han visto privadas de toda posibilidad de aportar dichas pruebas ante el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DO 1989, L 183, p. 1). Sobre el proceso de adopción de esta Directiva, véase Walters, D.: «The Framework Directive», Regulating Health and Safety Management in the European Union: A Study of the Dynamics of Change, Bruselas, P.I.E. Peter Lang S.A., 2002, pp. 39 a 57.
(
3
)	Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 510 de 24 de julio de 2009.
(
4
)	Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 486 de 15 de julio de 2010.
(
5
)	Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 646 de 26 de julio de 2006.
(
6
)	Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 815 de 3 de octubre de 2006.
(
7
)	Si bien el órgano jurisdiccional remitente no ha mencionado el artículo 4 de la Directiva 89/391 en su primera cuestión prejudicial, procede recordar que, en el marco del procedimiento de cooperación previsto en el artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia puede tener que proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que puedan serle útiles para enjuiciar el asunto de que conoce, con independencia de que haya hecho o no referencia a ellos en el enunciado de sus cuestiones prejudiciales. Corresponde al Tribunal de Justicia extraer del conjunto de datos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de la resolución de remisión, los elementos de ese Derecho que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio principal (véase, en particular, la sentencia de 16 de noviembre de 2023, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, C‑283/22, EU:C:2023:886, apartado 34 y jurisprudencia citada).
(
8
)	Sentencia de 14 de junio de 2007, Comisión/Reino Unido (C‑127/05, EU:C:2007:338), apartado 42.
(
9
)	Esta disposición establece que «a propuesta de la Comisión basada en el artículo 118 A del Tratado, el Consejo adoptará directivas específicas relativas, entre otras cosas, a los ámbitos que se mencionan en el Anexo».
(
10
)	Directiva del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo (primera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391) (DO 1989, L 393, p. 1).
(
11
)	Directiva del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391) (DO 1989, L 393, p. 18).
(
12
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391) (DO 2009, L 260, p. 5).
(
13
)	Al mismo tiempo, otras directivas que aplican la política social de la Unión contienen, por su parte, disposiciones específicas relativas a las sanciones aplicables, como la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16), cuyo artículo 17 dispone que «los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Dichas sanciones, que podrán incluir la indemnización a la víctima, serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. […]».
(
14
)	Debe recordarse que corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si, con arreglo al Derecho interno, la fuerza de cosa juzgada que se asocia a la sentencia de un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo despliega sus efectos sobre el presente asunto y, en su caso, examinar las consecuencias previstas por dicho Derecho (véase, por analogía, la sentencia de 7 de abril de 2022, Avio Lucos, C‑116/20, EU:C:2022:273, apartado 99 y jurisprudencia citada).
(
15
)	Sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2), apartado 45.
(
16
)	Sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2), apartado 48 y jurisprudencia citada. El principio de equivalencia preceptúa que las disposiciones procesales nacionales que rigen situaciones sujetas al Derecho de la Unión no serán menos favorables que las que rigen situaciones similares sometidas a Derecho interno (véase la sentencia de 3 de junio de 2021, Bankia, C‑910/19, EU:C:2021:433, apartado 46). A la vista de que el órgano jurisdiccional remitente no ha cuestionado el respeto de este principio y de que el Tribunal de Justicia no dispone de ningún elemento que permita suscitar dudas sobre la conformidad de la normativa nacional examinada en el litigio principal con dicho principio, este último no se mencionará, por tanto, con más detalle.
(
17
)	Auto de 7 de marzo de 2023, Willy Hermann Service (C‑561/22, EU:C:2023:167), apartado 25 y jurisprudencia citada.
(
18
)	Véase la sentencia de 25 de enero de 2024, Caixabank (Prescripción del reembolso de los gastos hipotecarios) (C‑810/21 a C‑813/21, EU:C:2024:81), apartado 45 y jurisprudencia citada.
(
19
)	Véase, por analogía, la sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2), apartado 50 y jurisprudencia citada.
(
20
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de mayo de 2018, Scialdone (C‑574/15, EU:C:2018:295), apartado 33, y de 17 de mayo de 2023, Cezam (C‑418/22, EU:C:2023:418), apartado 28 y jurisprudencia citada.
(
21
)	Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio non bis in idem prohíbe la acumulación tanto de procedimientos como de sanciones de carácter penal, en el sentido del artículo 50 de la Carta, por los mismos hechos contra la misma persona (sentencia de 25 de enero de 2024, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova y otros, C‑58/22, EU:C:2024:70, apartado 46 y jurisprudencia citada). Pues bien, en cualquier caso, en el presente asunto, los procedimientos contencioso-administrativo y penal se dirigieron contra personas diferentes.
(
22
)	Véanse las conclusiones del Abogado General Saugmandsgaard Øe presentadas en los asuntos acumulados CRPNPAC y Vueling Airlines (C‑370/17 y C‑37/18, EU:C:2019:592), nota 106.
(
23
)	Como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, el órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo es un órgano jurisdiccional civil, lato sensu.
(
24
)	Véase el punto 27 de las presentes conclusiones.
(
25
)	Véase, en este sentido, en materia de IVA, la sentencia de 24 de febrero de 2022, SC Cridar Cons (C‑582/20, EU:C:2022:114), apartado 38.
(
26
)	Debe mencionarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este principio se aplica cuando se trata de determinar los elementos objetivos constitutivos de una infracción que pueda conllevar la imposición de sanciones administrativas de carácter penal (véase la sentencia de 10 de noviembre de 2022, DELTA STROY 2003, C‑203/21, EU:C:2022:865, apartado 51 y jurisprudencia citada).
(
27
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 30 de enero de 2024, Agentsia Patna infrastruktura (Financiación europea de infraestructuras viarias) (C‑471/22, EU:C:2024:99), apartado 46 y jurisprudencia citada.
(
28
)	Véanse, por analogía, las conclusiones del Abogado General Richard de la Tour en el asunto Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2022:661), punto 67.