62017CJ0663_RES
Asuntos acumulados C‑663/17 P, C‑665/17 P y C‑669/17 P
Banco Central Europeo (BCE) y otros
contra
Trasta Komercbanka AS y otros
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 5 de noviembre de 2019
«Recurso de casación — Admisibilidad — Representación de una parte ante el Tribunal de Justicia — Poder otorgado al abogado — Revocación del poder por el liquidador de la sociedad demandante — Continuación del procedimiento por parte del órgano de dirección de la sociedad demandante — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Decisión por la que se revoca la autorización de una entidad de crédito — Recurso de anulación ante el Tribunal General — Admisibilidad — Afectación directa de los accionistas de la sociedad cuya autorización ha sido revocada»
Procedimiento judicial — Representación de las partes — Recurso de una persona jurídica de Derecho privado — Poder otorgado al abogado — Entidad de crédito en liquidación a raíz de una decisión por la que se revoca su autorización por el Banco Central Europeo — Revocación del poder del abogado por el liquidador de dicha entidad — Continuación del recurso de anulación interpuesto por el órgano de administración de la referida entidad contra esa decisión por la que se revoca la autorización — Liquidador que se halla en una situación de conflicto de intereses — Derecho fundamental de la entidad de crédito a la tutela judicial efectiva — Admisibilidad del recurso
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 57, 59 a 62 y 69 a 79)
Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Afectación directa — Criterios — Decisión por la que se revoca la autorización de una entidad de crédito — Determinación del carácter eventualmente directo de los efectos de dicha decisión en la situación jurídica de los accionistas de la entidad en cuestión — Ausencia de afectación del derecho de los accionistas a percibir dividendos y a participar en la gestión de esa entidad — Falta de afectación directa — Inadmisibilidad
(Art. 263 TFUE, párr. 4)
(véanse los apartados 102 a 115)
Resumen
La responsabilidad de revocar el poder otorgado al abogado de una entidad de crédito en liquidación a raíz de una decisión por la que se revoca su autorización adoptada por el BCE, a efectos de la interposición de un recurso ante el juez de la Unión contra dicha decisión, no puede confiarse a un liquidador que se halla en una situación de conflicto de intereses sin que ello menoscabe el derecho fundamental de aquella entidad a la tutela judicial efectiva garantizada por el Derecho de la Unión.
En la sentencia BCE/Trasta Komercbanka y otros (asuntos acumulados C‑663/17 P, C‑665/17 P y C‑669/17 P), de 5 de noviembre de 2019, el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, ha anulado un auto del Tribunal General (
1
) mediante el que este último, por un lado, había declarado que, dado que la sociedad demandante ya no estaba representada por un abogado con poder debidamente otorgado, en el sentido del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, (
2
) procedía sobreseer su recurso de anulación contra la decisión del Banco Central Europeo (BCE) por la que se revoca su autorización (
3
) y, por otro, había desestimado en parte la excepción de inadmisibilidad planteada por el BCE, en la medida en que se refería al recurso interpuesto por los otros demandantes, a saber, varios accionistas de aquella sociedad.
La sociedad demandante, Trasta Komercbanka, es una entidad de crédito letona que presta servicios financieros en virtud de una autorización que le fue concedida por la Comisión del Mercado Financiero y de Capitales (en lo sucesivo, «CMFC»). Tras recibir una propuesta de la CMFC para revocar la autorización de la sociedad demandante y tras recabar las observaciones de esta última, el BCE adoptó, el 3 de marzo de 2016, la Decisión controvertida. (
4
) El 14 de marzo de 2016, a petición de la CMFC, el Tribunal competente de Letonia adoptó una resolución por la que se ordenaba la apertura del procedimiento de liquidación de la sociedad demandante y nombró a un liquidador. Mediante una resolución que no era recurrible en apelación, dicho órgano jurisdiccional desestimó además la solicitud de la referida entidad de crédito de que se mantuvieran los poderes de representación de su órgano de administración en relación con la presentación de una solicitud de examen ante el Comité Administrativo de Revisión del BCE (
5
) y con la interposición de un recurso contra la Decisión controvertida ante el juez de la Unión. El 17 de marzo de 2016, se publicó en el Boletín Oficial de la República de Letonia un anuncio de inicio del procedimiento de liquidación de la sociedad demandante y de sustitución de la dirección de esta entidad de crédito por el liquidador. Ese mismo día, el liquidador decidió revocar todos los poderes que había otorgado la sociedad demandante. El 21 de marzo de 2016, un notario publicó en el Boletín Oficial un anuncio de revocación de todos los poderes otorgados antes del 17 de marzo de 2016. Tras ser denegada su solicitud de examen de la Decisión controvertida, la sociedad demandante y algunos de sus accionistas interpusieron, el 13 de mayo de 2016, un recurso de anulación ante el Tribunal General contra la Decisión controvertida. El BCE planteó una excepción de inadmisibilidad contra el citado recurso.
En lo que respecta al recurso de casación en el asunto C‑669/17 P interpuesto por la sociedad demandante, el Tribunal de Justicia ha declarado que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la aplicación del Derecho letón no suponía una vulneración del derecho de dicha sociedad a la tutela judicial efectiva y al deducir de esta circunstancia que el abogado que había interpuesto el recurso ante el citado Tribunal en nombre de la sociedad demandante no disponía de un poder debidamente otorgado, a nombre de dicha sociedad, por una persona facultada para ello, toda vez que el poder que se le había otorgado inicialmente había sido revocado por el liquidador. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha destacado los vínculos existentes entre la CMFC y el liquidador, caracterizados por una relación de confianza, y el papel desempeñado por dicha Comisión en la adopción de la Decisión controvertida. Estas circunstancias, unidas a la facultad de la CMFC de reclamar el cese del liquidador si este último dejaba de gozar de su confianza, conducen a que dicho liquidador se halle en una situación de conflicto de intereses y que la responsabilidad de una eventual revocación del poder otorgado al abogado de la sociedad demandante a efectos de la interposición de un recurso ante el juez de la Unión contra esa Decisión no pueda conferírsele sin menoscabo del derecho a la tutela judicial efectiva de la referida sociedad en el sentido del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al ser a la vez admisible y fundado el recurso de casación formulado por la sociedad demandante, el Tribunal de Justicia decide devolver este asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre el fondo del recurso interpuesto por Trasta Komercbanka. El cuanto a los recursos de casación en los asuntos C‑663/17 P y C‑665/17 P, interpuestos respectivamente por el BCE y la Comisión, el Tribunal de Justicia ha concluido que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que los accionistas de la sociedad demandante en primera instancia estaban directamente afectados por la Decisión controvertida. En efecto, por una parte, al favorecer un criterio erróneo, basado en la «intensidad» de los efectos de la Decisión controvertida, el Tribunal General no determinó, como estaba obligado a hacer, el carácter eventualmente directo de los efectos de esta Decisión en la situación jurídica de los accionistas de la sociedad demandante. Por otra parte, el Tribunal General tuvo en cuenta, erróneamente, no los efectos jurídicos, sino los efectos económicos de la Decisión controvertida en la situación de los accionistas de la citada sociedad. Pues bien, el derecho de los accionistas a percibir dividendos y a participar en la gestión de la sociedad demandante en primera instancia, como sociedad constituida con arreglo al Derecho letón, no se vio afectado directamente por la Decisión controvertida, pues la entrada en liquidación de Trasta Komercbanka resultó de una resolución judicial adoptada sobre la base de una disposición del Derecho letón no contemplada en la normativa de la Unión. El Tribunal de Justicia ha considerado, por tanto, que, dado que los accionistas de esa sociedad no resultaban directamente afectados por la Decisión controvertida en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, procede estimar la excepción de inadmisibilidad del BCE en la medida en que se refería al recurso interpuesto por tales accionistas y, en consecuencia, declarar este inadmisible.
(
1
)	Auto de 12 de septiembre de 2017, Fursin y otros/BCE (T‑247/16, no publicado, EU:T:2017:623).
(
2
)	Según el artículo 51, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando la parte a la que representen sea una persona jurídica de Derecho privado, los abogados estarán obligados a presentar en la Secretaría un poder otorgado por esta última.
(
3
)	Decisión ECB/SSM/2016 — 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 del Banco Central Europeo, de 3 de marzo de 2016, por la que se revoca la autorización concedida a Trasta Komercbanka. Dicha autorización consiste en una licencia bancaria. El término «licencia» se utiliza en el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).
(
4
)	La Decisión controvertida se adoptó sobre la base de los artículos 4, apartado 1, letra a), y 14, apartado 5, del Reglamento n.o 1024/2013.
(
5
)	Este Comité está previsto en el artículo 24 del Reglamento n.o 1024/2013.