Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 2 de octubre de 2025 (1)
Asunto C‑496/24
Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding,
Stichting de Thuiskopie
contra
HP Nederland
BV,
Dell
BV,
Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo, Países Bajos)]
« Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor — Directiva 2001/29/CE — Artículo 2 — Derecho de reproducción — Artículo 3 — Derecho de comunicación al público de obras — Artículo 5, apartados 2, letra b), y 5 — Excepciones y limitaciones — Reproducción para uso privado — Compensación equitativa — Comunicación al público de obras en Internet — Servicios de streaming
de pago — Copia destinada a ser utilizada sin conectarse a la
red »
Introducción
1.        El Derecho de autor de la Unión establece, entre las numerosas excepciones a los derechos exclusivos de los autores, una excepción que permite a las personas físicas reproducir, sin autorización, obras para su uso privado. Con el fin de resarcir a los autores las pérdidas resultantes de esta excepción, que evita a los usuarios la necesidad de adquirir más ejemplares de las obras, el Derecho de la Unión prevé el pago de una compensación por este concepto. En la práctica de los Estados miembros, esta compensación se financia, en la mayoría de los casos, con el denominado «canon por copia privada», que se cobra a los fabricantes e
importadores de soportes de memoria y dispositivos que puedan ser utilizados por las personas físicas para reproducir obras protegidas. Este canon se repercute posteriormente a los compradores de dichos soportes y dispositivos a través del precio de estos, de modo que la carga económica final de la compensación en virtud de la citada excepción es soportada, en principio, por los beneficiarios de tal excepción. El Tribunal de Justicia ha declarado que este sistema es compatible con el Derecho de la Unión. (2)
2.        El canon por copia privada, cuya recaudación y pago en forma de compensación corresponden a los organismos designados por los Estados miembros, constituye una fuente sustancial y estable de ingresos para los autores. Por lo tanto, puede resultar tentador ampliar el alcance de la referida excepción, y, de este modo, las fuentes de ingresos en concepto del canon por copia privada, más allá del marco resultante de las disposiciones legales pertinentes y de los objetivos y motivos que llevaron a la adopción de tales disposiciones, siguiendo el dicho popular según el cual «si tienes un martillo, todo parecen clavos». Este es precisamente el espejismo por el que parecen haberse dejado llevar los organismos responsables de recaudar el canon por copia privada en los Países Bajos al considerar que el servicio de comunicación de copias de obras destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red, prestado por proveedores de servicios de streaming a la carta, (3) está sujeto a dicho canon y, por ende, está cubierto por la mencionada excepción.
3.        No obstante, debe tenerse en cuenta que la compensación en concepto de la excepción de reproducción para uso privado no es un fin en sí misma, sino que tiene por objeto contrarrestar las pérdidas en aquellas situaciones en las que la aplicación de esta excepción está admitida y es justificada o, incluso, necesaria. En cambio, la compensación no pretende sustituir a los mecanismos contractuales ordinarios en los supuestos en que los autores estén en condiciones de hacer valer sus derechos exclusivos y obtener así ingresos de la explotación de las obras, aun cuando
dichos ingresos no sean, en opinión de los autores, suficientemente elevados. El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la ocasión de especificar los límites de la aplicación de la citada excepción, a la luz de su jurisprudencia anterior relativa a situaciones similares.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
4.        Los artículos 2, 3, 5 y 6 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, (4) disponen en particular:
«Artículo 2
[…]
Los Estados miembros establecerán el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte:
a)      a los autores, de sus obras;
[…]
Artículo 3
[…]
1.      Los Estados miembros establecerán en favor de los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos alámbricos o inalámbricos, incluida la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija.
[…]
Artículo 5
[…]
2.      Los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción contemplado en el artículo 2 en los siguientes casos:
[…]
b)      en relación con reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa, teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestación de que se trate las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6;
[…]
5.      Las excepciones y limitaciones contempladas en los apartados 1, 2, 3 y 4 únicamente se aplicarán en determinados casos concretos que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del titular del derecho.
Artículo 6
[…]
3.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “medidas tecnológicas” toda técnica, dispositivo o componente que, en su funcionamiento normal, esté destinado a impedir o restringir actos referidos a obras o prestaciones protegidas que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor o de los derechos afines a los derechos de autor establecidos por ley […]. Las medidas tecnológicas se considerarán “eficaces” cuando el uso de la obra o prestación protegidas esté controlado por los titulares de los derechos mediante la aplicación de un control de acceso o un procedimiento de protección, por ejemplo, codificación, aleatorización u otra transformación de la obra o prestación o un mecanismo de control del copiado, que logre este objetivo de protección.
[…]»
Derecho neerlandés
5.        La Directiva 2001/29 fue transpuesta al ordenamiento jurídico neerlandés en disposiciones de la Auteurswet 1912 (Ley sobre Derechos de Autor de 1912). La excepción relativa a la reproducción de obras con fines privados está prevista en el artículo 16c de dicha Ley. El apartado 2 de este artículo establece el pago a los titulares de derechos de una compensación equitativa, que se financia con
el canon por copia privada cobrado a los fabricantes e importadores de dispositivos y soportes de memoria que puedan ser utilizados para reproducir obras para uso privado. Con arreglo a los artículos 16d y 16e de la citada Ley, la recaudación de ese
canon
compete a la fundación Stichting de Thuiskopie (en lo sucesivo, «SdT»), mientras que la determinación de la base y de la cuantía de dicho canon corresponde a la fundación neerlandesa Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (en lo sucesivo, «SONT»), en la que están representadas las organizaciones de titulares de derechos de autor y de obligados al pago del canon. La tarifa del canon por copia privada fijada por SONT para los años 2018 a 2020 comprendía, en particular, entre las «categorías que tener en cuenta», los «servicios de streaming de
pago».
Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales planteadas
6.        HP Nederland BV y Dell BV están sujetas al
pago del canon por copia privada. Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers representa a todos los obligados al pago de dicho canon. Estas entidades presentaron una demanda contra SdT y SONT ante el Rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos) solicitando que se declarara que el canon por copia privada no comprende el servicio de comunicación de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red (copias en streaming
fuera de línea), que se presta en el marco de servicios de streaming a la carta de obras musicales o audiovisuales a través de
Internet.
7.        Según las apreciaciones de hecho del órgano jurisdiccional remitente, tal servicio consiste en que un abonado a un servicio de streaming a la carta puede elegir, de entre las obras disponibles en el catálogo, algunas de ellas para utilizarlas sin conectarse a la red (es
decir, «fuera de línea»). El proveedor del servicio crea entonces una copia de las obras seleccionadas en una parte determinada de la memoria del o de los dispositivos del abonado,
facilitada al proveedor a tal efecto. Esta copia está codificada de tal manera que el abonado solo puede disfrutar de la obra, por lo general exclusivamente por medio de la aplicación del proveedor del servicio, pero no puede disponer de ella, es decir, no tiene la posibilidad de crear otras copias de la obra, cambiar la ubicación de la copia o transferirla libremente a otro dispositivo o soporte. Una vez expira el plazo para el que se ha comunicado la copia y, en cualquier caso, al término de la prestación del servicio principal (de streaming), la copia se elimina del dispositivo. Además, el proveedor puede eliminar las copias en los supuestos contemplados en los términos y condiciones que rigen la prestación del servicio.
8.        El Rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya) desestimó la demanda mediante sentencia de 18 de septiembre de 2019. No obstante, esta resolución fue anulada mediante sentencia del Gerechtshof Den Haag (Tribunal de Apelación de La Haya, Países Bajos) de 22 de marzo de 2022. Este último órgano jurisdiccional consideró que, en el supuesto de un servicio de comunicación de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red como el descrito en el punto 7 anterior, no existe reproducción para uso privado, en el sentido del artículo 16c de la Ley sobre Derechos de Autor y del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29. SdT y SONT interpusieron un recurso de casación contra esta última sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente.
9.        En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo, Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Puede considerarse que una reproducción con las características descritas en el [punto 7 de las presentes conclusiones] (copia en streaming offline), habida cuenta del examen en tres etapas (artículo 5, apartado 5, de la Directiva [2001/29]), es una reproducción “efectuada por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales”, en el sentido del artículo 5, apartado 2, letra b), de [dicha] Directiva […]?
2)      ¿Se oponen los objetivos de la Directiva [2001/29], incluidos un elevado nivel de protección de los derechos de autor, un justo equilibrio entre los intereses del titular de los derechos y los intereses del usuario, y una aplicación coherente y tecnológicamente neutra de las excepciones y limitaciones por parte de los Estados miembros, a una normativa nacional en virtud de la cual la excepción de copia privada no comprende las copias en streaming offline?
3)      ¿Tiene alguna relevancia [para] la respuesta que se dé a una o varias de las cuestiones anteriores el hecho de que los titulares de los derechos reciban una [remuneración] por copia en streaming offline realizada, o que perciban una [remuneración] basada en el número de veces que una copia en streaming offline es [utilizada] por el usuario del servicio de streaming?»
10.      La petición de decisión prejudicial se recibió en el Tribunal de Justicia el 17 de julio de 2024. Han presentado observaciones escritas las partes del litigio principal, el Gobierno francés y la Comisión Europea. Todos ellos estuvieron representados durante la vista, celebrada el 19 de junio de 2025.
Análisis
11.      El órgano jurisdiccional remitente ha formulado tres cuestiones prejudiciales que versan sobre la misma problemática, por lo que propongo tratarlas conjuntamente. Dicho órgano jurisdiccional desea que se dilucide, en esencia, si el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que un abonado a un servicio de comunicación de obras protegidas a la carta mediante streaming en Internet efectúa reproducciones de esas obras para uso privado, a efectos de dicha disposición, en el supuesto de que se beneficie de un servicio adicional de comunicación de obras destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red en virtud del cual las obras se almacenan en la memoria del dispositivo del abonado, pero el proveedor del servicio conserva, con la ayuda de medidas tecnológicas en el sentido del artículo 6 de la citada Directiva, pleno control sobre la ubicación, la copia y la eliminación de esas obras, de modo que el abonado solo puede disfrutar de ellas (escucharlas o verlas) en un determinado dispositivo durante el período de comunicación. Propondré responder a esta cuestión mediante la interpretación del artículo 3 de dicha Directiva.
12.      Mi análisis parte de la premisa de que concurren dos de los requisitos necesarios para la aplicación de la excepción contemplada en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, que no parecen controvertidos en el litigio principal, a saber, que el abonado en cuestión sea una persona física y que utilice el servicio de que se trate con fines privados.
13.      También es pacífico que no es el propio abonado quien
realiza una reproducción de la obra, sino que tal reproducción es efectuada, a petición de aquel, por el proveedor del servicio. No obstante, el Tribunal de Justicia ha admitido, en tal situación, la aplicación de la excepción prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, considerando que la expresión «reproducciones efectuadas por una persona física» que contiene dicha disposición comprende también el uso, por esa persona física, de los servicios de un tercero. (5)
14.      Con todo, esa persona física solo puede acogerse a la citada excepción a condición de tener previamente acceso a la obra en la forma que constituye la fuente de la reproducción, (6) entendiéndose que el acceso ha de ser lícito, es decir, con el consentimiento del titular de los derechos de autor. (7) En cambio, cuando una persona física obtiene el acceso a una obra con posterioridad, como resultado de la reproducción de esta, no puede considerarse que dicha reproducción haya sido efectuada por esa persona física en el sentido del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, sino que tal reproducción es efectuada por quien da acceso a la obra y, si tiene lugar a distancia, de forma desmaterializada y fuera del círculo privado de quien facilita el acceso, constituye una puesta de la obra a disposición del público en el sentido del artículo 3 de dicha Directiva. (8)
15.      Ese es precisamente el caso del servicio descrito en el punto 7 de las presentes conclusiones, ya que el abonado obtiene acceso a una copia para utilizarla sin conectarse a la red (copia en streaming fuera de línea) una vez creada dicha copia. A este respecto, es irrelevante que el abonado pueda, además, acceder a las mismas obras mediante
streaming, puesto que el streaming no es una fuente de reproducción y la utilización efectiva del acceso a obras específicas por medio de
streaming no es un requisito para obtener una copia de estas destinada a ser utilizada sin conectarse a la red. (9)
16.      Por lo tanto, no me convence la alegación de SdT y SONT de que el mero acceso de los abonados a las obras mediante streaming
es suficiente para considerar que la comunicación de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red está amparada por la excepción contemplada en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29. Es cierto que, desde un punto de vista comercial, el servicio de comunicación de copias para que estas sean utilizadas sin conectarse a la red es un servicio adicional vinculado al servicio principal de streaming, ya que solo los abonados a este pueden beneficiarse de aquel y ambos servicios tienen el mismo catálogo de obras. Sin embargo, técnicamente, se trata de un servicio distinto e independiente. (10) En otras palabras, estos dos servicios ofrecen
sendas vías de acceso potencial a las mismas obras, pero estas vías son independientes y la una no constituye la réplica de la otra. Desde el punto de vista de los derechos de autor, los dos servicios citados constituyen actos de explotación de las obras distintos, máxime habida cuenta de que las condiciones de utilización de las obras que ofrecen son sustancialmente diferentes en cada caso, ya que, mientras que un servicio de streaming requiere un acceso continuo a una conexión suficientemente rápida a Internet y está sujeto a menudo a restricciones geográficas (geoblocking), estos dos inconvenientes no se presentan en el supuesto de una copia que puede utilizarse sin conectarse a la red.
17.      Así pues, es una situación análoga a la que era objeto del asunto que dio lugar a la sentencia VCAST. La reproducción de que se trata en el marco de dicho servicio no puede considerarse efectuada por personas físicas (abonados) en el sentido del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, sino que debe ser atribuida al proveedor del servicio, que comunica las obras a sus abonados. Por consiguiente, tal reproducción forma parte de la puesta a disposición del público de esas obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija, en el sentido del artículo 3 de dicha Directiva, y esa puesta a disposición es llevada a cabo por el proveedor del servicio.
18.      A este respecto, no es pertinente la alegación formulada por SdT y SONT y por el Gobierno francés según la cual una copia destinada a ser utilizada sin conectarse a la red constituye una reproducción efectuada por una persona física en el sentido del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, porque, según aducen, el abonado es quien inicia la creación de dicha copia. La puesta a disposición del público de obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija, contemplada en el artículo 3 de dicha Directiva, se hace a petición del usuario. Por lo tanto, este debe iniciar el proceso de comunicación expresando dicha petición, en este caso, la petición de que se cree una copia destinada a ser utilizada sin conectarse a la red. Sin embargo, esto no significa que toda comunicación de la copia de una obra a petición de un usuario se convierta automáticamente en una reproducción efectuada por una persona física para su uso privado amparada
por el artículo 5, apartado 2, letra b), de la citada Directiva. Tal interpretación privaría de sentido a gran parte de lo dispuesto en el artículo 3 de la misma Directiva.
19.      Con todo, existen dos diferencias esenciales entre el presente asunto y el que dio lugar a la sentencia VCAST. Por un lado, mientras que la actividad que era objeto de ese asunto se ejercía sin la autorización de los titulares de los derechos de autor, en el presente asunto, nada parece indicar que el servicio de comunicación de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red revista tal carácter ilícito. Por otro lado, a diferencia del asunto que dio lugar a la sentencia VCAST, el presente asunto no versa sobre un acto de comunicación originaria y derivada realizada por dos personas diferentes. Tanto la comunicación de las obras por streaming como la comunicación de estas en forma de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red son efectuadas por la misma entidad y tienen carácter originario —las obras codificadas se transfieren directamente del servidor del proveedor del servicio al dispositivo del abonado—. Por esta razón, no es aplicable aquí la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual la comunicación de obras protegidas por derechos de autor se considera hecha al público cuando se dirige a un «público nuevo» o se efectúa con una técnica específica. (11) En efecto, este principio solo se aplica en el supuesto de una comunicación derivada de obras ya puestas previamente a disposición del público por un tercero. (12)
20.      Por lo tanto, estoy de acuerdo con la Comisión en que no procede examinar la situación que es objeto del litigio principal a la luz del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, sino a la luz del artículo 3 de esta.
21.      Abogan en favor de tal interpretación los siguientes argumentos adicionales.
22.      En primer lugar, no es acertada la opinión expresada por SdT y SONT en la vista de que la aplicación del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 no requiere que los titulares de los derechos de autor pierdan el control de la utilización de las obras. La pérdida de control es una característica inherente a la excepción a los derechos de autor, ya que esta excepción consiste en que los usuarios puedan realizar, sin consentimiento previo, actos que normalmente entran en el ámbito de aplicación del monopolio del autor, es decir, al margen del control del titular de los derechos de autor. La excepción prevista en la citada disposición autoriza a las personas físicas a reproducir obras para uso privado. Por un lado, la reproducción en el marco de esta excepción escapa, por definición, al control de los titulares de los derechos de autor. Sin embargo, por otro lado, los usuarios deben estar en condiciones de efectuar técnicamente dicha reproducción, es decir, deben tener acceso (lícitamente, como ha señalado el Tribunal de Justicia) a la obra en una forma que permita copiarla.
23.      Tal situación no se da en el presente asunto. Gracias a las medidas tecnológicas aplicadas, los proveedores de servicios de streaming, que actúan en nombre de los titulares de los derechos de autor como licenciatarios de estos, conservan el control sobre la reproducción de las obras comunicadas en forma de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red, puesto que tales copias son realizadas por el proveedor del servicio y almacenadas en el dispositivo del usuario en condiciones claramente definidas y efectivamente controladas. Por lo tanto, las medidas tecnológicas no tienen por objeto, como sostienen SdT y SONT, así como el Gobierno francés, protegerse contra el hecho de que los usuarios sobrepasen los límites de la excepción prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, sino impedirles beneficiarse precisamente de esta excepción para reproducir obras sin el consentimiento de los titulares de los derechos de autor. Por consiguiente, en este supuesto, no se trata de la aplicación de la excepción a los derechos de autor, sino de la explotación normal de estos derechos.
24.      Tampoco se justifica la postura mantenida por SdT y SONT según la cual el consentimiento de los titulares de los derechos de autor para que se creen copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red carece de base jurídica y dichos titulares no pueden percibir pagos por este concepto, dado que la creación de tales copias está comprendida en la excepción prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, de modo que tales titulares de derechos tienen derecho a la compensación equitativa prevista en dicha disposición.
25.      En efecto, SdT y SONT presuponen que la creación de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha excepción y deducen de esta suposición que las posibilidades de acción de los titulares de los derechos de autor están limitadas por dicha excepción. Pues bien, en realidad, es precisamente lo contrario: la fuente a partir de la cual se produce la copia destinada a ser utilizada sin conectarse a la red no está en posesión de los usuarios, sino del licenciatario de los titulares de los derechos de autor, de modo que los usuarios no pueden efectuar reproducciones al amparo de la citada excepción y deben solicitar la comunicación de una copia al licenciatario, quien puede reclamar un pago por tal concepto.
26.      Por otra parte, las sentencias invocadas por SdT y SONT (13) no se refieren a la determinación del ámbito de aplicación de la excepción del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29, sino al método de cálculo de la compensación equitativa prevista en esta disposición. Por lo tanto, dichas sentencias partían de la premisa implícita de que concurrían los requisitos para la aplicación de esta excepción y este era el contexto en el que el Tribunal de Justicia concluyó que el eventual consentimiento de los titulares de los derechos de autor no afectaba al derecho a una compensación equitativa. Como ha declarado el Tribunal de Justicia, «si un titular de derechos autoriza a una persona física a utilizar [archivos que contienen obras protegidas], poniéndolos a su disposición, la mera posibilidad de utilizar esos archivos con fines de reproducción de obras protegidas justifica la aplicación del canon por copia privada». (14) En cambio, en el presente asunto, se trata de una situación en la que el titular de los derechos de autor o su licenciatario comunican a personas físicas archivos que contienen obras protegidas, pero esas personas no tienen la posibilidad de utilizar esos archivos para reproducir esas obras, de modo que no está justificada la aplicación del canon por copia privada.
27.      Al margen de lo anterior, es preciso añadir que, claramente, la Directiva 2001/29 no autoriza a los Estados miembros
a adoptar disposiciones que obliguen a los titulares de los derechos de autor a renunciar a las garantías técnicas en una situación como la que es objeto del presente asunto. En efecto, si bien el artículo 6, apartado 4, párrafo segundo, de esa Directiva, en relación con el párrafo primero de dicho apartado, permite a los Estados miembros adoptar disposiciones que protejan el derecho de los usuarios a disfrutar de la excepción prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la citada Directiva, el párrafo cuarto del citado apartado excluye esa posibilidad para las obras que se hayan puesto a disposición del público de tal forma que personas concretas del público puedan acceder a ellas desde un lugar y en un momento que ellas mismas hayan elegido, es decir, en una situación como la del presente asunto. Por lo tanto, sería contrario a la obligación de protección de las garantías técnicas resultante del artículo 6, apartado 1, de la misma Directiva que un Estado miembro estableciera una excepción de aplicación como la preconizada por SdT y SONT.
28.      En segundo lugar, el artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29 exige que las excepciones a los derechos exclusivos que esta Directiva establece 1) se apliquen en casos concretos 2) que no entren en conflicto con la explotación normal de las obras y 3) que no perjudiquen injustificadamente los intereses de los titulares de los derechos de autor. Se trata de un examen
en tres etapas, que tiene su origen en el Derecho internacional vinculante para la Unión. (15)
29.      Incluir en la excepción prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 el servicio de comunicación de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red sería, en mi opinión, contrario a la segunda etapa de dicho examen. En efecto, tal servicio constituye una explotación normal de las obras de la que los titulares de los derechos de autor están en condiciones de obtener un beneficio económico y que no depende de la comunicación de las obras mediante
streaming. Incluir las copias de esta índole en la citada excepción perturbaría dicha explotación, ya que crearía confusión para los usuarios y cuestionaría la procedencia de que los titulares de los derechos de autor o sus licenciatarios percibieran cánones adicionales por la comunicación de esas copias. El artículo 5, apartado 5, de la Directiva 2001/29 se opone, por tanto, a que el servicio que es objeto del presente asunto esté cubierto por la excepción de que se trata.
30.      Por último, en tercer lugar, el propio tenor del artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 parece oponerse a que los servicios de streaming estén sujetos al canon por copia privada en concepto del servicio de comunicación de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red. Efectivamente, esa disposición precisa que la compensación equitativa prevista en ella, que se destina a financiar el canon por copia privada, debe tener en cuenta si se aplican las medidas tecnológicas contempladas en el artículo 6 de dicha Directiva. Pues bien, en el caso de los servicios de comunicación de obras prestados en las condiciones descritas en el punto 7 de las presentes conclusiones, las medidas tecnológicas aplicadas permiten a los titulares de los derechos de autor o a sus licenciatarios conservar pleno control sobre la reproducción de las obras y, por tanto, no soportar pérdidas ocasionadas por la realización de copias para uso privado por los usuarios. Por lo tanto, tampoco en este supuesto está justificada la compensación equitativa.
31.      Tampoco se oponen a la interpretación que propongo los objetivos de la Directiva 2001/29 mencionados en la segunda cuestión prejudicial, como un elevado nivel de protección de los derechos de autor, un justo equilibrio entre los intereses de los titulares de esos derechos y los intereses de los usuarios y una aplicación coherente y tecnológicamente neutra de las excepciones por parte de los Estados miembros.
32.      Como he indicado anteriormente, gracias a la aplicación de medidas tecnológicas, los titulares de los derechos de autor o sus licenciatarios tienen pleno control sobre la comunicación y el disfrute de las copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red y están en condiciones de obtener ingresos de esta forma de explotación de las obras. Así pues, incluir esta forma de comunicación en la excepción prevista en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 sería directamente contrario a los intereses de esos titulares y, por tanto, al elevado nivel de protección de los derechos de autor que esta Directiva pretende alcanzar.
33.      Mi interpretación tampoco supone un menoscabo para los intereses legítimos de los usuarios o para el justo equilibrio entre los intereses de estos y los intereses de los titulares de los derechos de autor. La excepción prevista en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2001/29 tiene por objeto regularizar actos que los usuarios realizan en la esfera privada, que escapa al control de esos titulares de derechos. Por lo tanto, la comunicación por el proveedor del servicio de streaming de una copia destinada a ser utilizada sin conectarse a la red tiene lugar en el marco de la relación entre dicho proveedor y el usuario, es decir, fuera de la esfera privada de este y bajo el control de los titulares de los derechos de autor. En consecuencia, los usuarios no tienen ningún interés legítimo en obtener tal copia en el marco de una excepción a los derechos de autor.
34.      Por otra parte, por lo que respecta a la neutralidad tecnológica, contrariamente a lo que sostienen SdT y SONT, la situación del servicio de streaming es, desde el punto de vista tecnológico, totalmente diferente a la situación de las tecnologías invocadas por estas partes, como los CD y los DVD o incluso la difusión radiotelevisiva.
35.      En el caso de los discos, el usuario paga un precio único, por el que recibe la grabación de un número limitado de obras (generalmente unas pocas obras musicales o una obra audiovisual) en un soporte físico, y puede utilizar dichas obras libremente en su esfera privada, incluso haciendo reproducciones al amparo de la excepción contemplada en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29. En cuanto a la difusión radiotelevisiva, se trata de un servicio lineal, en cuyo marco el organismo de difusión determina qué obras se emiten y a qué hora, y los oyentes o los telespectadores pueden, eventualmente, oírlas o verlas en ese horario y también proceder a una fijación para uso privado, pero únicamente de las obras difundidas, solo en el momento de la difusión y siempre que ello sea técnicamente posible.
36.      En cambio, el servicio de streaming de que se trata en el presente asunto es un servicio a la carta prestado a través de
Internet, en el cual, a un precio fijo relativamente bajo, (16) los usuarios pueden tener acceso, en cualquier momento, a infinidad de obras. En el marco de este servicio, no hay posibilidad de fijar los contenidos comunicados mediante streaming, ya que tal posibilidad haría económicamente inviable todo el proyecto, dado
que los usuarios podrían copiar rápidamente las obras que considerasen interesantes y desabonarse. Por lo tanto, el servicio de streaming a la carta no es comparable, desde el punto de vista funcional, a los discos CD o DVD ni a los programas radiofónicos o televisivos. Además, desde el punto de vista de los derechos de autor, se trata también de medios de explotación totalmente diferentes. Por consiguiente, el principio de neutralidad tecnológica no exige tratar del mismo modo el servicio de streaming y las otras dos tecnologías.
37.      El problema señalado por SdT y SONT de que la remuneración pagada por los licenciatarios a los titulares de los derechos de autor en concepto de la comunicación de copias destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red o, en términos más generales, en concepto de la explotación de obras en forma de streaming a la carta es demasiado baja tampoco justifica incluir el servicio de dicha comunicación en la excepción contenida en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 ni en la compensación equitativa prevista en dicha disposición. Como he mencionado en la introducción de las presentes conclusiones, esta compensación tiene por objeto reparar el perjuicio que sufren los titulares de los derechos de autor como consecuencia de la regularización de actos que los usuarios realizan en su esfera privada, sobre los que aquellos carecen de control. En cambio, no tiene por objeto sustituir los mecanismos habituales de explotación de las obras ni remunerar a los titulares de los derechos de autor por este concepto. Si la remuneración de estos es insuficiente, con arreglo a los artículos 18 y siguientes de la Directiva (UE) 2019/790, (17) los Estados miembros deberán adoptar las medidas adecuadas para resolver el problema.
38.      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, propongo que se responda a las cuestiones prejudiciales que el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que un abonado a un servicio de comunicación de obras protegidas a la carta mediante streaming
en
Internet no efectúa reproducciones de esas obras para su propio uso, a efectos de dicha disposición, en el supuesto de que se beneficie de un servicio adicional de comunicación de obras destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red en virtud del cual las obras se almacenan en la memoria del dispositivo del abonado, pero el proveedor del servicio conserva, con la ayuda de medidas tecnológicas en el sentido del artículo 6 de la citada Directiva, pleno control sobre la ubicación, la copia y la eliminación de esas obras, de modo que el abonado solo puede disfrutar de ellas (escucharlas o verlas) en un determinado dispositivo durante el período de comunicación; el artículo 3 de la misma Directiva debe interpretarse en el sentido de que la citada comunicación constituye una puesta a disposición del público de obras de tal forma que cualquier persona pueda tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que elija, en el sentido de esta disposición, efectuada por el proveedor del servicio.
Conclusión
39.      En virtud del conjunto de consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo, Países Bajos) del siguiente modo:
«1)      El artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información,
debe interpretarse en el sentido de que
un abonado a un servicio de comunicación de obras protegidas a la carta mediante streaming en  Internet no efectúa reproducciones de esas obras para su propio uso, a efectos de dicha disposición, en el supuesto de que se beneficie de un servicio adicional de comunicación de obras destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red en virtud del cual las obras se almacenan en la memoria del dispositivo del abonado, pero el proveedor del servicio conserva, con la ayuda de medidas tecnológicas en el sentido del artículo 6 de la citada Directiva, pleno control sobre la ubicación, la copia y la eliminación de esas obras, de modo que el abonado solo puede disfrutar de ellas (escucharlas o verlas) en un determinado dispositivo durante el período de comunicación.
2)      El artículo 3 de dicha Directiva
debe interpretarse en el sentido de que
la comunicación de obras destinadas a ser utilizadas sin conectarse a la red, a la que se refiere el punto 1,
constituye una puesta a disposición del público de obras de tal forma que cualquier persona pueda tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que elija, en el sentido de esta disposición, efectuada por el proveedor del servicio.»
1      Lengua original: polaco.
2      Véase la sentencia de 21 de octubre de 2010, Padawan (C‑467/08, EU:C:2010:620), punto 2 del fallo.
3      Este servicio consiste en comunicar obras a través de
Internet de tal modo que los paquetes de datos que configuran el archivo con la obra y que son enviados por el proveedor del servicio se almacenan en la memoria caché del dispositivo del destinatario de la prestación, se van reproduciendo sin esperar a que se descargue el archivo completo y, posteriormente, se van sustituyendo por los siguientes paquetes. Esto permite disfrutar inmediatamente de la obra, pero requiere una conexión continua a la red (el usuario siempre debe estar «en línea»).
4      DO 2001, L 167, p. 10.
5      Véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 29 de noviembre de 2017, VCAST (C‑265/16, en lo sucesivo, «sentencia VCAST», EU:C:2017:913), apartado 35 (el subrayado es mío).
6      Véase, en este sentido, la sentencia VCAST, apartado 39.
7      Sentencia de 10 de abril de 2014, ACI Adam y otros (C‑435/12, EU:C:2014:254), apartado 31.
8      Véase, en este sentido, la sentencia VCAST, apartados 40 a 52.
9      A este respecto, carece de pertinencia a efectos del presente asunto que existan posibilidades técnicas de fijar los contenidos comunicados por medio de streaming,
puesto que el presente asunto tiene por objeto un servicio como el descrito en el punto 7 de las presentes conclusiones, en el marco del cual la copia de una obra es efectuada no por el usuario a través de una fijación de streaming, sino por el proveedor del servicio mediante la reproducción de la obra en el dispositivo del usuario.
10      A modo de ejemplo, los términos y condiciones de uso de Spotify Premium, que es el paradigma de servicio de streaming a la carta, prevén la posibilidad de descargar, en un máximo de cinco dispositivos, copias de diez mil obras para utilizarlas sin conectarse a la red, con la única condición de entrar en la red al menos una vez cada treinta días para que pueda comprobarse la validez del abono. Por lo tanto, en la práctica, esto permite ser totalmente independiente de la comunicación de las obras mediante streaming.
11      Véase la sentencia más reciente de 20 de junio de 2024, GEMA (C‑135/23, EU:C:2024:526), apartado 43.
12      Véanse las sentencias de 7 de diciembre de 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764), apartados 40 a 42, y de 7 de marzo de 2013, ITV Broadcasting y otros (C‑607/11, EU:C:2013:147), apartados 24 a 26, 37 y 38.
13      Sentencias de 27 de junio de 2013, VG Wort y otros (C‑457/11 a C‑460/11, EU:C:2013:426), y de 5 de marzo de 2015, Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144).
14      Sentencia de 5 de marzo de 2015, Copydan Båndkopi (C‑463/12, EU:C:2015:144), apartado 64 (el subrayado es mío).
15      Véase el artículo 10, apartado 2, del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo de 2000 (DO 2000, L 89, p. 6).
16      Por ejemplo, en la actualidad, un abono mensual individual al servicio Spotify Premium en Luxemburgo cuesta aproximadamente 13 euros, es decir, menos que el precio medio de un CD.
17      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29 (DO 2019, L 130, p. 92).