62017CJ0556_RES
Asunto C‑556/17
Alekszij Torubarov
contra
Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 29 de julio de 2019
«Procedimiento prejudicial — Política común en materia de asilo y de protección subsidiaria — Procedimientos comunes para la obtención de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículo 46, apartado 3 — Examen completo y ex nunc — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la tutela judicial efectiva — Alcance de la competencia del órgano judicial de primera instancia — Inexistencia de facultad de modificación — Negativa de la autoridad administrativa o cuasi-judicial a atenerse a una resolución de dicho órgano judicial»
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Ámbito de aplicación ratione temporis — Solicitud de protección internacional presentada antes del 20 de julio de 2015 — Aplicación por un órgano judicial nacional de la normativa nacional de transposición de la Directiva a un procedimiento pendiente relativo a dicha solicitud de protección internacional — Procedencia
(Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 52, párr. 1)
(véanse los apartados 39 a 46)
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Estatuto de refugiado o estatuto de protección subsidiaria — Directiva 2011/95/UE — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Recurso contra una decisión relativa a una solicitud de protección internacional — Derecho a la tutela judicial efectiva — Obligación de examinar los elementos de hecho y de Derecho — Alcance
(Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/95/UE y 2013/32/UE, art. 46, aps. 1 y 3)
(véanse los apartados 51 a 53)
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Recurso contra una decisión relativa a una solicitud de protección internacional — Derecho a la tutela judicial efectiva — Anulación de la decisión inicial — Negativa de la autoridad nacional competente a atenerse a la resolución del órgano judicial que conozca del asunto — Obligación de dicho órgano judicial de modificar la resolución denegatoria — No aplicación de la normativa nacional que prohíbe tal modificación
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2011/95/UE, arts. 13, 14, 18 y 19, y 2013/32/UE, art. 46, ap. 3)
(véanse los apartados 54 a 59, 64 a 66, 69 y 72 a 78 y el fallo)
Resumen
En la sentencia Torubarov (C‑556/17), de 29 de julio de 2019, el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, hubo de interpretar la disposición de la Directiva 2013/32 (
1
) que determina el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva del que deben disponer los solicitantes de protección internacional (estatuto de refugiado o protección subsidiaria), en particular frente a las resoluciones que denieguen sus correspondientes solicitudes. (
2
) El Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando un órgano judicial, al término de un examen completo y ex nunc de todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes presentados por el solicitante de protección internacional, comprueba que, en aplicación de los criterios previstos en la Directiva 2011/95/UE, (
3
) debe reconocerse al solicitante tal protección por los motivos que invoca para fundamentar su solicitud, pero un órgano administrativo o cuasi-judicial adopta posteriormente una resolución en sentido contrario, sin que haya hecho constar la aparición de nuevos elementos al efecto que justifiquen una nueva apreciación de las necesidades de protección internacional del solicitante, el referido órgano judicial deberá modificar la resolución administrativa en cuestión, que no resulta conforme con su sentencia dictada anteriormente, y sustituir tal resolución administrativa por su propia decisión en cuanto a la solicitud de protección internacional, dejando inaplicada si es preciso la normativa nacional que le prohíbe proceder de esa manera.
En el caso de autos, el tribunal remitente hubo de conocer por tercera vez en el marco del mismo asunto, a instancia de un nacional ruso contra el que se habían incoado procedimientos penales en su país de origen y que había presentado en Hungría una solicitud de protección internacional debido a su temor a ser perseguido en Rusia por sus opiniones políticas o a padecer graves daños en este país. En efecto, la autoridad húngara responsable del examen de la mencionada solicitud de protección internacional la denegó en tres ocasiones, a pesar de que el tribunal remitente anulara dos veces las resoluciones administrativas denegatorias y de que, en el marco del segundo recurso del interesado, dicho tribunal hubiera declarado, previo examen del conjunto de los elementos que obraban en autos, la procedencia de la solicitud de protección internacional. En tales circunstancias, en el marco de su tercer recurso el interesado solicitó al tribunal remitente que sustituyera las resoluciones administrativas controvertidas por su propia decisión en cuanto a la protección internacional de la que debía beneficiarse el interesado. No obstante, una Ley de 2015, que tenía por objeto regular la gestión de la inmigración en masa, suprimió la facultad de los jueces y tribunales de modificar las resoluciones administrativas en materia de concesión de protección internacional.
Basándose en la sentencia Alheto, (
4
) el Tribunal de Justicia comenzó por recordar que la Directiva 2013/32 no tiene por objeto uniformar las normas procedimentales que han de aplicar los Estados miembros cuando se trata de adoptar una nueva decisión sobre la solicitud de protección internacional tras la anulación de la resolución administrativa inicial que deniegue tal solicitud. No obstante, del objetivo de aquella Directiva consistente en lograr una tramitación lo más rápida posible de las solicitudes de esta naturaleza y de la obligación de garantizar el efecto útil del artículo 46, apartado 3, de la misma Directiva, así como del imperativo —derivado del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea— de que se respete la tutela judicial efectiva, se desprende que todos los Estados miembros deben establecer en su Derecho nacional la obligación de que, tras la anulación de la resolución administrativa inicial y en caso de devolución del expediente al órgano cuasi-judicial o administrativo responsable de la mencionada solicitud de protección internacional, la nueva resolución administrativa se adopte en el menor tiempo posible y se atenga a la apreciación contenida en la sentencia que anuló la resolución administrativa inicial.
El Tribunal de Justicia declaró, entre otros extremos, que, al prever que el órgano judicial competente para resolver un recurso interpuesto contra una resolución administrativa que deniega una solicitud de protección internacional estará obligado a examinar, en su caso, la «necesidad de protección internacional» del solicitante, el legislador de la Unión tuvo el propósito de atribuir al citado órgano judicial, cuando este último considera que dispone de todos los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, la facultad de pronunciarse con carácter vinculante, al término de un examen completo y ex nunc —es decir, exhaustivo y actualizado— de tales elementos, sobre la cuestión de si el mencionado solicitante cumple los requisitos previstos en la Directiva 2011/1995 para que se le reconozca el derecho a protección internacional. En tal supuesto, cuando el referido órgano judicial adquiere la convicción de que debería darse curso favorable a la solicitud de protección internacional y anula la resolución de denegar dicha solicitud adoptada por la autoridad nacional competente y le devuelve posteriormente el expediente, dicha autoridad nacional, salvo que aparezcan elementos de hecho o de Derecho que objetivamente hagan necesaria una nueva apreciación actualizada, ya no dispondrá de la facultad discrecional de conceder o denegar la protección solicitada a la luz de los mismos motivos que los que se invocaron ante el órgano judicial.
Por consiguiente, una normativa nacional que conduce a una situación en la que el órgano judicial nacional carezca de cualquier mecanismo que le permita hacer cumplir una sentencia suya podría privar en la práctica de tutela judicial efectiva al solicitante de protección internacional, habida cuenta de que la eventual resolución judicial definitiva y obligatoria relativa a su caso podría seguir siendo ineficaz.
(
1
)	Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).
(
2
)	Artículo 46, apartado 3.
(
3
)	Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9).
(
4
)	Sentencia de 25 de julio de 2018, Alheto (C‑585/16, EU:C:2018:584).