62024TJ0643
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Prejudicial)
de 11 de febrero de 2026 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del IVA — Hecho imponible — Concepto de “prestaciones de servicios realizadas a título oneroso” — Artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, y 25, letras a) y c), de la Directiva 2006/112/CE — Base imponible — Concepto de “contraprestación” — Artículos 73 y 78, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2006/112 — Titulares de derechos afines — Comunicación de fonogramas y de programas audiovisuales sin licencia — Remuneración pagada a la entidad de gestión colectiva — Sobreprecio»
En el asunto T‑643/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía), mediante resolución de 13 de septiembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de noviembre de 2024, en el procedimiento entre
Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam)
y
Cristian General Serv SRL,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Prejudicial),
integrado, durante las deliberaciones, por el Sr. S. Papasavvas, Presidente, y el Sr. M. Sampol Pucurull, la Sra. G. Steinfatt y los Sres. D. Petrlík y W. Valasidis (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. J. Martín y Pérez de Nanclares;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
vista la transmisión por el Tribunal de Justicia de la petición de decisión prejudicial al Tribunal General el 12 de diciembre de 2024, con arreglo al artículo 50 ter, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
vista la materia contemplada en el artículo 50 ter, párrafo primero, letra a), del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la inexistencia de una cuestión independiente de interpretación en el sentido del artículo 50 ter, párrafo segundo, de dicho Estatuto;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Credidam, por el Sr. Ş. Gheorghiu, director ejecutivo, asistido por la Sra. A. Lascu, avocată;
–
en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. E. Gane, M. Chicu y L. Ghiță, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. M. Herold y la Sra. E. Stamate, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de diciembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, y 25, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (Credidam), cuya actividad consiste en la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines en Rumanía, y Cristian General Serv SRL, sociedad rumana que explota un establecimiento hotelero, a propósito de la sujeción al impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la totalidad o de parte de la suma adeudada por esa sociedad a Credidam por haber puesto a disposición de sus clientes, sin licencia, fonogramas y programas audiovisuales.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/112 dispone lo siguiente:
«Estarán sujetas al IVA las operaciones siguientes:
[…]
c)
las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal;
[…]».
4
El artículo 24 de la Directiva 2006/112 establece lo siguiente:
«1.   Serán consideradas “prestaciones de servicios” todas las operaciones que no constituyen una entrega de bienes.
[…]»
5
El artículo 25 de la Directiva 2006/112 preceptúa lo siguiente:
«Una prestación de servicios puede consistir, entre otras, en una de las operaciones siguientes:
a)
la cesión de un bien incorporal, representado o no por un título;
b)
la obligación […] de tolerar actos o situaciones determinadas;
c)
la realización de un servicio […] en los términos previstos por la Ley.»
6
El artículo 73 de la Directiva 2006/112 dispone:
«En el caso de las entregas de bienes y las prestaciones de servicios no comprendidas entre las enunciadas en los artículos 74 a 77, la base imponible estará constituida por la totalidad de la contraprestación que quien realice la entrega o preste el servicio obtenga o vaya a obtener, con cargo a estas operaciones, del adquiriente de los bienes, del destinatario de la prestación o de un tercero, incluidas las subvenciones directamente vinculadas al precio de estas operaciones.»
7
Según el artículo 78 de la Directiva 2006/112:
«Quedarán comprendidos en la base imponible los siguientes elementos:
a)
los impuestos, derechos, tasas y exacciones parafiscales, con excepción del propio IVA;
[…]».
Derecho nacional
Código Tributario
8
Los artículos 268 y 271 de la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Ley n.o 227/2015, sobre el Código Tributario), de 8 de septiembre de 2015 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 688, de 10 de septiembre de 2015), en su versión aplicable al procedimiento principal (en lo sucesivo, «Código Tributario»), tienen por objeto transponer al Derecho rumano los artículos 2, 24 y 25 de la Directiva 2006/112.
9
En virtud del artículo 286 del Código Tributario:
«[…]
4. No forman parte de la base imponible:
[…]
b)
las cantidades en concepto de indemnización por daños fijadas mediante sentencia judicial definitiva o definitiva y firme, según los casos, las sanciones y cualquier otro importe solicitado por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones contractuales, cuando se perciban por encima de los precios y/o las tarifas negociadas; […]».
Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Afines
10
El artículo 112 de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Ley n.o 8/1996, sobre Derechos de Autor y Derechos Afines), de 14 de marzo de 1996 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 60, de 26 de marzo de 1996), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Afines»), tiene el siguiente tenor:
«1.   Los artistas-intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas tendrán derecho a una remuneración única y equitativa por la utilización directa o indirecta de fonogramas publicados con fines comerciales o por su reproducción mediante radiodifusión o por cualquier medio de comunicación al público.
2.   El importe de esta remuneración se determinará mediante metodologías, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 163 a 165.
3.   El cobro de la remuneración única se efectuará en las condiciones previstas en el artículo 168.
[…]
5.   A los efectos de la presente ley, se considerará que un fonograma se ha publicado con fines comerciales cuando se ponga a disposición del público mediante una operación de venta o por medios con cable o inalámbricos que permitan a cada persona acceder a él en el lugar y en el momento que elija individualmente.»
11
El artículo 145 de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Afines establece lo siguiente:
«1.   La gestión colectiva es obligatoria para ejercitar los siguientes derechos:
[…]
d)
el derecho de los artistas-intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas a una remuneración equitativa única por la comunicación al público y la radiodifusión de fonogramas publicados con fines comerciales o de reproducciones de dichos fonogramas;
[…]
2.   Para las categorías de derechos previstas en el apartado 1, las entidades de gestión colectiva también representarán a los titulares de derechos que no les hubieren otorgado su mandato.»
12
Con arreglo al artículo 146 de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Afines:
«1.   Los siguientes derechos pueden ser objeto de gestión colectiva:
[…]
b)
el derecho de comunicación de obras al público, con excepción de las obras musicales, y el derecho de comunicación de prestaciones artísticas en el ámbito audiovisual;
[…]
2.   Para las categorías de derechos mencionadas en el apartado 1, las entidades de gestión colectiva solo representarán a los titulares de derechos que les hayan otorgado un mandato y elaborarán metodologías […] o negociarán directamente los contratos de licencia con los usuarios.
[…]»
Metodología
13
A raíz de la Decizia nr. 120/2016 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 784A din 26 octombrie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti — Secţia a IV-a civilă, pronunţată în Dosarul nr. 2.013/2/2016 (Decisión n.o 120/2016 sobre la publicación en el Monitorul Oficial al României, parte I, de la sentencia civil n.o 784A, de 26 de octubre de 2016, del Tribunal Superior de Bucarest — Sala Cuarta de lo Civil, dictada en el asunto n.o 2.013/2/2016) (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 952, de 25 de noviembre de 2016), entró en vigor la metodología adoptada por el Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (Oficina Rumana de Derechos de Autor), contemplada, en particular, en el artículo 112, apartado 2, de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Afines (en lo sucesivo, «metodología»).
14
El punto 3.12 de la metodología establece que, cuando se proceda a la utilización de obras protegidas sin la concesión previa de una licencia a tal efecto, el importe de la remuneración que el usuario debe pagar a los artistas-intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas es igual al triple de la remuneración que dicho usuario tendría que haber pagado si hubiera sido titular de una licencia.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
15
El demandante en el litigio principal, Credidam, en su condición de entidad de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines en Rumanía, recauda y distribuye las remuneraciones debidas por dichos derechos. Vela por el derecho de los artistas-intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas a una «remuneración equitativa», en el sentido del artículo 145, apartado 1, letra d), de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Afines, por la comunicación al público y la radiodifusión de fonogramas publicados con fines comerciales o la reproducción de dichos fonogramas. También gestiona la remuneración de los titulares de derechos que le hayan otorgado un mandato para la comunicación de prestaciones artísticas en el ámbito audiovisual, en aplicación del artículo 146, apartado 1, letra b), de dicha Ley.
16
Credidam consideró que, por el período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2022 (en lo sucesivo, «período controvertido»), Cristian General Serv le debía la suma de 4166,19 leus rumanos (RON) (aproximadamente 845 euros), IVA incluido, por haber comunicado al público, en el establecimiento hotelero que explotaba, fonogramas o reproducciones de los mismos y prestaciones artísticas en el ámbito audiovisual (en lo sucesivo, «obras protegidas en cuestión»), sin que se le hubiera concedido previamente una licencia a tal efecto.
17
Para determinar la suma mencionada en el anterior apartado 16, Credidam, en aplicación de la metodología, triplicó la remuneración que Cristian General Serv tendría que haber pagado si hubiera dispuesto de una licencia. Consideró que la totalidad de esa remuneración debía estar sujeta al IVA.
18
El 25 de noviembre de 2022, Credidam interpuso ante el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía) un recurso por responsabilidad civil extracontractual para que se condenara a Cristian General Serv, por una parte, al pago de la suma mencionada en el anterior apartado 16 y, por otra, a la celebración de un contrato con Credidam, cuyo objeto fuera la concesión de licencias para la comunicación al público de obras de la naturaleza de las contempladas en el anterior apartado 15.
19
El recurso interpuesto por Credidam fue desestimado mediante sentencia de 19 de abril de 2023, en la que el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) señaló, en relación con la pretensión de pago, que Cristian General Serv no había ejercido ninguna actividad comercial durante el período controvertido, de modo que, aunque poseía un local para tal fin, no había comunicado las obras protegidas en cuestión. En cuanto a la pretensión de que fuera condenada a celebrar un contrato de licencia no exclusiva, dicho tribunal consideró que la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Afines no se apartaba del principio de libertad contractual y que, en todo caso, la clausura del espacio explotado por esta sociedad en febrero de 2023 obstaba a la celebración de un contrato de licencia no exclusiva como pretendía Credidam.
20
Credidam interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 19 de abril de 2023 ante el órgano jurisdiccional remitente, la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía). Credidam mantiene la totalidad de sus pretensiones y a este respecto considera, en esencia, que ha demostrado que Cristian General Serv había comunicado al público las obras protegidas en cuestión.
21
El órgano jurisdiccional remitente, en el marco del examen de las pretensiones de Credidam, se pregunta si el importe reclamado por esta última debía estar sujeto, en todo o en parte, al IVA. Precisa que las circunstancias del litigio principal difieren de las de los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 18 de enero de 2017, SAWP (C‑37/16, EU:C:2017:22); de 21 de enero de 2021, UCMR — ADA (C‑501/19, EU:C:2021:50), y de 4 de julio de 2024, Credidam (C‑179/23, EU:C:2024:571).
22
En estas circunstancias, la Curtea de Apel București (Tribunal Superior de Bucarest) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Deben interpretarse los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, y 25, letra a), de la Directiva [2006/112] en el sentido de que los titulares de los derechos afines a los derechos de autor realizan una prestación de servicios a título oneroso cuando el usuario realiza una comunicación al público de obras protegidas sin disponer de licencia al efecto?
2)
¿Depende la respuesta a la primera cuestión prejudicial del hecho de que, según el Derecho nacional, el titular de tales derechos afines no tenga posibilidad de oponerse a las utilizaciones, teniendo únicamente derecho a la remuneración equitativa única, o del método de cálculo utilizado para determinar los importes debidos?»
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
23
Como ha señalado la Comisión Europea en sus observaciones, el órgano jurisdiccional remitente no precisa, en la petición de decisión prejudicial, si considera probada la existencia de una comunicación al público de las obras protegidas en cuestión.
24
A este respecto, debe recordarse que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal General disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal General solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal General no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (véase, por analogía, la sentencia de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartado 20 y jurisprudencia citada).
25
En el caso de autos, del punto 2 de la petición de decisión prejudicial —cuyo contenido se ha reproducido en el apartado 19 anterior— se desprende inequívocamente que el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) consideró que Cristian General Serv no había ejercido ninguna actividad comercial durante el período controvertido, lo que plantearía la cuestión de la propia materialidad de las prestaciones de servicios sobre las que el órgano jurisdiccional remitente interroga al Tribunal General.
26
Sin embargo, es preciso señalar que, en la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente no expresa dudas sobre la existencia de dichas prestaciones de servicios.
27
Por lo tanto, aun llamando la atención del órgano jurisdiccional remitente sobre el hecho de que solo él es competente para pronunciarse sobre la exactitud y la calificación jurídica de los hechos del litigio principal, procede considerar, dado que dicho órgano jurisdiccional indica que no dispone de elementos suficientes, a la luz de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 21, para resolver el litigio que se le ha sometido, y habida cuenta de la presunción de pertinencia de las cuestiones prejudiciales, que no resulta manifiesto que la interpretación de la Directiva 2006/112 solicitada por dicho órgano jurisdiccional carezca de relación con la realidad o el objeto del litigio principal, ni que la cuestión planteada por dicho órgano jurisdiccional sea de naturaleza hipotética (véase, por analogía, la sentencia de 12 de septiembre de 2024, NARE-BG, C‑429/23, EU:C:2024:742, apartado 42).
28
De ello se deduce que las cuestiones prejudiciales planteadas son admisibles.
Sobre el fondo
29
De la petición de decisión prejudicial se desprende, en primer lugar, que, en el Derecho rumano, la remuneración de los titulares de derechos afines se deriva de la ley y de la metodología que precisa esta ley y, en segundo lugar, que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, en el supuesto de que se trate de una prestación de servicios a título oneroso, el IVA únicamente debe gravar, en circunstancias como las del litigio principal, la remuneración que tendría que pagar un usuario que dispusiera de una licencia o bien si debe gravar el triple de esa remuneración, adeudado por razón de la comunicación sin licencia de las obras protegidas.
30
Por consiguiente, para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, también deben ser interpretados el artículo 25, letra c), de la Directiva 2006/112, relativo a la prestación de servicios con arreglo a la ley, y los artículos 73 y 78, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva, relativos a la base imponible del IVA.
31
Por lo tanto, procede considerar que, mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, 25, letras a) y c), 73 y 78, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2006/112 deben interpretarse en el sentido de que:
–
los titulares de derechos afines realizan una prestación de servicios a título oneroso cuando sus obras protegidas son objeto de comunicación al público por parte de un usuario que no dispone de licencia al efecto, aun cuando, por un lado, no puedan oponerse a esa comunicación y, por otro, su remuneración se derive de la ley nacional y de las disposiciones reglamentarias a las que esa ley remite;
–
el IVA se aplica a la totalidad de la remuneración adeudada a los titulares de derechos afines por esa prestación de servicios, incluida la parte de dicha remuneración que excede de la remuneración que dicho usuario tendría que haber pagado si hubiera sido titular de una licencia.
32
En primer lugar, en lo que respecta a la cuestión de si una prestación como la controvertida en el litigio principal responde a la definición de prestación de servicios a título oneroso, es preciso recordar que una prestación de servicios solo se realiza a título oneroso, en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112, si existe entre el prestador y el beneficiario una relación jurídica en el marco de la cual se intercambian prestaciones recíprocas, constituyendo la retribución percibida por el prestador el contravalor efectivo de un servicio individualizable prestado al beneficiario. Tal es el caso cuando existe una relación directa entre el servicio prestado y el contravalor recibido (véase la sentencia de 24 de febrero de 2022, Suzlon Wind Energy Portugal, C‑605/20, EU:C:2022:116, apartado 62 y jurisprudencia citada).
33
A este respecto, procede recordar inicialmente, como hace el Abogado General en los puntos 38 y 48 de sus conclusiones, que el concepto de «relación jurídica en el marco de la cual se intercambian prestaciones recíprocas» debe entenderse en sentido amplio. Así, de la jurisprudencia se desprende que el mero hecho de utilizar un servicio regulado, como aparcar el vehículo en un aparcamiento de pago (sentencia de 20 de enero de 2022, Apcoa Parking Danmark, C‑90/20, EU:C:2022:37) o de consumir electricidad en el lugar de residencia (sentencia de 27 de abril de 2023, Fluvius Antwerpen, C‑677/21, EU:C:2023:348), puede dar lugar a una relación jurídica entre la persona titular de los derechos que permite la prestación de dicho servicio y la persona que ha recurrido a este último (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de enero de 2022, Apcoa Parking Danmark, C‑90/20, EU:C:2022:37, apartados 28 y 29, y de 27 de abril de 2023, Fluvius Antwerpen, C‑677/21, EU:C:2023:348, apartados 30 a 32).
34
A continuación, es preciso señalar, en lo que atañe al concepto de «retribución», que, según la jurisprudencia citada en el anterior apartado 33, la ausencia total de pago de las cantidades adeudadas no constituye un obstáculo para constatar la reciprocidad de los derechos y de las obligaciones derivados de la operación económica en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de enero de 2022, Apcoa Parking Danmark, C‑90/20, EU:C:2022:37, apartados 39 a 43, y de 27 de abril de 2023, Fluvius Antwerpen, C‑677/21, EU:C:2023:348, apartados 30 y 32).
35
Por último, en lo que respecta al concepto de «vínculo directo», tal como ha señalado el propio órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de declarar que el hecho de que una remuneración fuera percibida por una entidad de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines no impedía la existencia de un vínculo directo en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 32, siempre que dicha entidad actuara por cuenta de los titulares de tales derechos, y que el hecho de que la gestión colectiva de la remuneración resultara de una obligación legal tampoco se oponía a la existencia de tal vínculo (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2021, UCMR — ADA, C‑501/19, EU:C:2021:50, apartado 37). El Tribunal de Justicia también tuvo que matizar que era precisamente esa regulación mediante ley la que establecía una relación directa entre la realización de la prestación de servicios y la obligación de pago del contravalor, habiéndose recordado que el artículo 25, letra c), de la Directiva 2006/112 prevé expresamente que una prestación de servicios pueda consistir en la realización de un servicio en los términos previstos por la ley (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2024, Credidam, C‑179/23, EU:C:2024:571, apartado 40).
36
Como ha señalado el Abogado General en el punto 31 de sus conclusiones, el hecho de que la comunicación de obras protegidas se produjera, en el caso de autos, sin que Credidam concediera previamente una licencia para tal comunicación ha llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la posibilidad de aplicar al litigio principal la jurisprudencia derivada de la sentencia de 21 de enero de 2021, UCMR — ADA (C‑501/19, EU:C:2021:50).
37
A este respecto, cabe destacar que el principio de neutralidad fiscal se opone, en materia de percepción del IVA, a una diferenciación generalizada entre transacciones lícitas e ilícitas, dado que el sistema del IVA pretende gravar al consumidor final de los bienes y servicios cuando estos han sido suministrados o prestados en el marco de operaciones imponibles con arreglo a la Directiva 2006/112 (véase la sentencia de 27 de abril de 2023, Fluvius Antwerpen, C‑677/21, EU:C:2023:348, apartado 28 y jurisprudencia citada).
38
En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que se reprocha a Cristian General Serv haber comunicado al público obras protegidas sin que se le hubiera concedido previamente una autorización o una licencia.
39
La comunicación de las obras protegidas en cuestión da lugar, para los artistas- intérpretes, los ejecutantes y los productores de fonogramas que han participado en dichas obras, a una remuneración única y equitativa por la utilización directa o indirecta de estas últimas, sin que, por lo demás, esos artistas-intérpretes, esos ejecutantes y esos productores de fonogramas puedan oponerse a dicha utilización.
40
El método de cálculo de la remuneración única y equitativa, derivado, en particular, del punto 3.12 de la metodología, hace que tal remuneración varíe entre el entero y el triple, dependiendo de si la comunicación de las obras protegidas ha sido autorizada o no por Credidam, que ejerce la representación ex lege de los titulares de derechos afines, en virtud de los artículos 145 y 146 de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Afines (véanse los anteriores apartados 11 y 12). Por consiguiente, aunque la comunicación de las obras protegidas en cuestión tuvo lugar sin licencia, la falta de concesión de una licencia por parte de la entidad de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines no impedía la aplicación del marco legal y reglamentario que regula la comunicación al público de tales obras sin licencia, lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
41
El hecho de que el usuario de las obras protegidas no haya abonado las cantidades que debería haber pagado no se opone, a la luz de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 34, a que tales cantidades sean calificadas de contravalor del servicio prestado por una entidad de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines, en nombre de los titulares de derechos afines, lo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
42
La circunstancia de que las cantidades adeudadas por el usuario de las obras protegidas sean reclamadas por una entidad de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines, y no por los propios titulares de derechos afines, tampoco impide —como se desprende del anterior apartado 35— la existencia de un vínculo directo entre el servicio prestado y el contravalor recibido.
43
Habida cuenta de lo anterior, parece que una prestación de servicios como la identificada por el órgano jurisdiccional remitente cumple los criterios jurisprudenciales recordados en el anterior apartado 32, circunstancia que corresponde verificar a dicho órgano jurisdiccional.
44
En segundo lugar, en cuanto a la cuestión de si el IVA debe gravar únicamente la remuneración que se habría adeudado a la entidad de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines, en nombre de los titulares de derechos afines, si el usuario de las obras protegidas hubiera dispuesto de una licencia, o si debe gravar el triple de dicha remuneración, procede mencionar lo siguiente.
45
Es jurisprudencia reiterada que la base imponible por la prestación de servicios efectuada a título oneroso está constituida por la contraprestación realmente percibida a este efecto por el sujeto pasivo. Esa contraprestación constituye el valor subjetivo, es decir, el realmente percibido, y no un valor estimado según criterios objetivos. Además, dicha contraprestación debe poder expresarse en dinero (véase la sentencia de 7 de marzo de 2013, Efir, C‑19/12, no publicada, EU:C:2013:148, apartado 41 y jurisprudencia citada).
46
Por otra parte, del artículo 78, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2006/112 se desprende que el propio IVA no está comprendido en la base imponible, lo que implica que el IVA está siempre comprendido, de pleno Derecho, en el precio convenido [sentencia de 21 de marzo de 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Posibilidad de rectificación en caso de tipo erróneo), C‑606/22, EU:C:2024:255, apartado 27].
47
Ahora bien, este concepto de «precio convenido», es decir, de «contraprestación» de la prestación de servicios, es interpretado por el juez de la Unión en el sentido de que incluye los sobreprecios o los gastos adicionales cuando estos resultan de la aplicación del marco jurídico a las relaciones entre el prestador de servicios y el que se ha beneficiado de estos, aunque sea de forma ilegal o irregular, es decir, cuando dichos sobreprecios o gastos adicionales ilustran el vínculo directo entre la prestación de servicios y su contraprestación. Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que los gastos de control por estacionamiento irregular, que debían abonar los automovilistas que se habían beneficiado de una plaza de aparcamiento, estaban sujetos al IVA, a pesar de que dichos gastos se calificaban, en el Derecho nacional, como sanción (sentencia de 20 de enero de 2022, Apcoa Parking Danmark, C‑90/20, EU:C:2022:37, apartados 30 a 34 y 46). Del mismo modo, el Tribunal de Justicia declaró que la indemnización que representa la ventaja indebidamente obtenida por un consumidor de electricidad clandestino estaba sujeta al IVA (sentencia de 27 de abril de 2023, Fluvius Antwerpen, C‑677/21, EU:C:2023:348, apartado 32).
48
En el caso de autos, sin perjuicio de verificación por parte del órgano jurisdiccional remitente, del punto 3.12 de la metodología —a la que se refiere específicamente la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Afines— se desprende expresamente que el sobreprecio en la remuneración debida por el usuario de obras protegidas que no dispone de licencia es la consecuencia directa de la comunicación sin licencia de esas obras, es decir, de una prestación de servicios como la controvertida en el litigio principal.
49
Por lo tanto, el precio que debe tenerse en cuenta y que debe gravar el IVA, en circunstancias como las del litigio principal, es el precio determinado legalmente en caso de comunicación sin licencia de obras como las obras protegidas de que se trata, es decir, el triple del que el usuario tendría que haber pagado en caso de comunicación al público con licencia.
50
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, 25, letras a) y c), 73 y 78, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2006/112 deben interpretarse en el sentido de que:
–
los titulares de derechos afines realizan una prestación de servicios a título oneroso cuando sus obras protegidas son objeto de comunicación al público por parte de un usuario que no dispone de licencia al efecto, aun cuando, por un lado, no puedan oponerse a dicha comunicación y, por otro, su remuneración se derive de la ley nacional y de las disposiciones reglamentarias a las que esa ley remite;
–
el IVA se aplica a la totalidad de la remuneración adeudada a los titulares de derechos afines por esa prestación de servicios, incluida la parte de dicha remuneración que excede de la remuneración que dicho usuario tendría que haber pagado si hubiera sido titular de una licencia.
Costas
51
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal General no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Prejudicial)
declara:
Los artículos 2, apartado 1, letra c), 24, apartado 1, 25, letras a) y c), 73 y 78, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido,
deben interpretarse en el sentido de que
–
los titulares de derechos afines realizan una prestación de servicios a título oneroso cuando sus obras protegidas son objeto de comunicación al público por parte de un usuario que no dispone de licencia al efecto, aun cuando, por un lado, no puedan oponerse a dicha comunicación y, por otro, su remuneración se derive de la ley nacional y de las disposiciones reglamentarias a las que esa ley remite;
–
el impuesto sobre el valor añadido se aplica a la totalidad de la remuneración debida a los titulares de derechos afines por esa prestación de servicios, incluida la parte de esa remuneración que excede de la remuneración que dicho usuario tendría que haber pagado si hubiera sido titular de una licencia.
Papasavvas
Sampol Pucurull
Steinfatt
Petrlík
Valasidis
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de febrero de 2026.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: rumano.