62004CJ0034_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C‑34/04,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 29 de enero de 2004,
Comisión de las Comunidades Europeas,
representada por los Sres. T. van Rijn y C. Diderich, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandante,
contra
Reino de los Países Bajos, representado por la Sra. H.G. Sevenster, en calidad de agente,
parte demandada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský (Ponente) y A. Ó Caoimh, Jueces;
Abogado General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. R. Grass;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de julio de 2006;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1. Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Reglamento (CE) nº 3690/93 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, por el que se establece un régimen comunitario que determina las normas relativas a la información mínima que deberán contener las licencias de pesca (DO L 341, p. 93), al no haber retirado las licencias de pesca de los buques Wiron III y Wiron IV después de su traspaso definitivo a Argentina.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
2. El Acuerdo sobre las relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y la República Argentina fue aprobado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE) nº 3447/93 del Consejo, de 28 de septiembre de 1993 (DO L 318, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo de pesca»). El noveno considerando de la exposición de motivos del Acuerdo de pesca establece que las partes firmantes de éste están:
«Convencidos de que este nuevo tipo de cooperación en el sector de la pesca provee un acceso estable a nuevas posibilidades de pesca, contribuye al objetivo de la renovación y reconversión de la flota argentina y la reestructuración de las flotas de la Comunidad y promueve la explotación racional de los recursos a largo plazo.»
3. El artículo 5, apartados 1 y 3, del Acuerdo de pesca, dispone:
«1. Las Partes crearán las condiciones propicias para la radicación en Argentina de empresas de capital originario de uno o más Estados miembros de la Comunidad y la creación de sociedades mixtas y asociaciones temporales en el sector pesquero entre armadores argentinos y comunitarios, con el fin de explotar y en su caso transformar conjuntamente los recursos pesqueros argentinos, en las condiciones establecidas en el Protocolo I y en los Anexos I y II.
[…]
3. La Comunidad, en el marco de su política de reestructuración de la flota, facilitará la incorporación de buques comunitarios a empresas constituidas o que se constituyan en Argentina. A este fin, Argentina, en el marco de su política de renovación tecnológica en materia pesquera, facilitará la transferencia de los permisos de pesca vigentes y expedirá los nuevos permisos que correspondan en virtud del presente Acuerdo.»
4. El artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y la acuicultura (DO L 389, p. 1) disponía:
«1. Antes del 31 de diciembre de 1993 el Consejo establecerá, con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 43 del Tratado, un sistema comunitario que entrará en vigor a más tardar el 1 de enero de 1995 y determinará las normas relativas a la información mínima que deberán contener las licencias pesqueras que deberán ser expedidas y gestionadas por los Estados miembros.
A partir de la fecha de aplicación del sistema comunitario, se exigirá que los Estados miembros apliquen sistemas nacionales de licencias pesqueras. Salvo cuando se disponga otra cosa, todos los buques pesqueros comunitarios habrán de poseer una licencia pesquera que acompañará al buque.
Las disposiciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de cualquier sistema específico vigente en el ámbito comunitario y de los derivados de acuerdos internacionales actuales y futuros.
2. Los sistemas de licencias serán aplicables a todos los buques pesqueros comunitarios en las aguas pesqueras comunitarias o que faenen en aguas de países terceros o en alta mar. Los requisitos mínimos comunitarios de información serán asimismo de aplicación para los buques pesqueros de países terceros que faenen en aguas pesqueras comunitarias con arreglo a acuerdos internacionales.»
5. El artículo 11 del Reglamento nº 3760/92 establecía:
«Habida cuenta de lo dispuesto en el título I, el Consejo fijará, con arreglo al procedimiento del artículo 43 del Tratado, sobre una base plurianual y por primera vez a más tardar el 1 de enero de 1994, los objetivos y reglas detalladas que permitan reestructurar el sector pesquero comunitario con vistas a alcanzar un equilibrio sostenible entre los recursos y su explotación. Esta reestructuración tendrá también en cuenta, basándose en casos individuales, las posibles consecuencias económicas y sociales y las características específicas de las regiones pesqueras.»
6. A tenor del tercer considerando del Reglamento nº 3690/93, «el régimen comunitario debe establecer las normas relativas a la información mínima que deberán contener las licencias de pesca para cada buque de pesca que enarbole pabellón de un Estado miembro».
7. El artículo 1 del mencionado Reglamento dispone:
«1. Queda establecido un régimen comunitario que determina las normas relativas a la información mínima que deberán contener las licencias de pesca a que se refiere el artículo 5 del Reglamento (CEE) nº 3760/92.
2. Todos los buques pesqueros comunitarios estarán obligados a conservar una licencia de pesca que quedará vinculada al buque.
3. La licencia deberá conservarse a bordo del buque.
4. Queda prohibido que los buques pesqueros a los que se haya retirado o suspendido o no se haya concedido la licencia de pesca capturen pescado, lo lleven a bordo, lo transborden o lo desembarquen.»
8. El artículo 3 del Reglamento nº 3690/93 establece:
«El Estado miembro del pabellón concederá y administrará las licencias de pesca de los buques que enarbolen su pabellón, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CEE) nº 3760/92.»
9. El artículo 5 del Reglamento nº 3690/93 está redactado en los siguientes términos:
«El Estado miembro del pabellón suspenderá temporal o definitivamente las licencias de pesca de los buques que sean objeto de una medida de paralización temporal y retirará las licencias de pesca de los buques que sean objeto de una medida de paralización definitiva.»
10. A tenor del artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) nº 3699/93 del Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos (DO L 346, p. 1):
«1. Los Estados miembros tomarán medidas para ajustar los esfuerzos pesqueros para alcanzar [al menos] los objetivos de los programas de orientación plurianuales a que se refiere el artículo 5.
Si resultara necesario, los Estados miembros adoptarán medidas de paralización definitiva o de limitación de la actividad pesquera de los buques.
2. Las medidas de paralización definitiva de las actividades pesqueras de los buques podrán incluir concretamente lo siguiente:
– el desguace,
– el traspaso definitivo a un país tercero, siempre que este traspaso no suponga vulnerar el Derecho internacional o incumplir las normas de conservación y gestión de los recursos pesqueros,
– la asignación definitiva, en aguas comunitarias, del buque en cuestión a tareas que no sean pesqueras.
[…]
Los Estados miembros se cerciorarán de que los buques afectados por estas medidas sean eliminados de los registros de matrícula de los buques pesqueros y del fichero comunitario de buques pesqueros. Se cerciorarán además de que los buques eliminados queden definitivamente excluidos del ejercicio de la pesca en aguas comunitarias.»
11. El artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 3699/93 establecía:
«Los Estados miembros pueden adoptar medidas a favor de la reorientación de las actividades de pesca, alentando la creación de asociaciones temporales de empresa o la constitución de sociedades mixtas.»
12. El Reglamento (CE) nº 3699/93 fue derogado por el artículo 20, párrafo primero, del Reglamento (CE) nº 2468/98 del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y la comercialización de sus productos (DO L 312, p. 19), cuyos artículos 8, apartados 1 y 2, y 9, apartado 1, están redactados en unos términos idénticos a los de las correspondientes disposiciones del Reglamento nº 3699/93.
Normativa nacional
13. El artículo 4 del Reglamento sobre las licencias de pesca, de 27 de diciembre de 1984 (Nederlandse Staatscourant 1984, nº 253; en lo sucesivo, «Reglamento nacional sobre las licencias de pesca»), en su versión en vigor en la fecha en que se produjeron los hechos del litigio, disponía:
«1. A partir del 1 de enero de 1995, quedará prohibido efectuar sin licencia de pesca las siguientes actividades: pescar con un buque de pesca, conservar a bordo, transbordar o descargar las especies de pescados contempladas en el Anexo.
[…]
4. Deberá conservarse a bordo del buque de pesca la licencia de pesca a que se refiere el apartado 1; dicha licencia perderá su validez cuando ya no se practique más la pesca con el buque de pesca de que se trate.»
Hechos y procedimiento administrativo previo
14. En el marco del Acuerdo de pesca, se traspasaron a Argentina durante el mes de julio del año 1996 los buques Wiron III y Wiron IV, que enarbolaban pabellón neerlandés y estaban matriculados en los Países Bajos. Dicho traspaso tuvo lugar con motivo de la creación de una sociedad mixta, que agrupaba a armadores comunitarios y argentinos, a la cual la Comunidad había concedido una ayuda. Se cancelaron las inscripciones de los buques en el registro neerlandés de matrícula de buques de pesca (en lo sucesivo, «registro neerlandés») y fueron inscritos en el registro argentino.
15. La Comisión observó que se habían utilizado para otros buques las licencias de pesca correspondientes a los buques Wiron III y Wiron IV.
16. Mediante escrito de 17 de abril de 2001, la Comisión puso en conocimiento del Reino de los Países Bajos que la reutilización de las licencias de pesca era contraria a la obligación de retirar éstas a los buques que hubieran sido objeto de una medida de paralización definitiva que incumbía adoptar a las autoridades nacionales competentes con arreglo al artículo 5 del Reglamento nº 3690/93. Por otra parte, dicho escrito requería al citado Estado miembro para que presentara sus observaciones sobre el incumplimiento reprochado conforme al artículo 226 CE, párrafo primero.
17. En su respuesta de 15 de junio de 2001 al citado escrito, el Reino de los Países Bajos mostró su disconformidad con dicho planteamiento y consideró que había cumplido sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario.
18. Al no convencerle las alegaciones expuestas en dicha respuesta, la Comisión dirigió un dictamen motivado al Reino de los Países Bajos, el 16 de enero de 2003, en el cual, por un lado, reiteraba las alegaciones expuestas en su escrito de requerimiento y, por otro lado, instaba a dicho Estado miembro a indicar, en un plazo de dos meses contados a partir de la recepción de dicho dictamen motivado, las medidas que se proponía adoptar para poner fin al incumplimiento reprochado.
19. En su respuesta de 27 de marzo de 2003 al citado dictamen motivado, el Reino de los Países Bajos sostuvo que había cumplido totalmente sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario y que no estaba obligado a efectuar la retirada de las licencias de pesca correspondientes a éstos, en el momento de traspasar los buques Wiron III y Wiron IV a Argentina.
20. En estas circunstancias, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
Sobre el recurso
Alegaciones de las partes
21. El recurso de la Comisión se fundamenta en el artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, a tenor del cual el Estado miembro del pabellón retirará las licencias de pesca de los buques que sean objeto de una medida de paralización definitiva.
22. La Comisión alega que esta obligación de retirada de las licencias de pesca debe interpretarse en el sentido de que la capacidad de pesca liberada por una retirada semejante no podrá reutilizarse para expedir nuevas licencias a otros buques, puesto que una reutilización semejante es contraria al artículo 8, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 3699/93, según el cual los Estados miembros tomarán medidas para ajustar los esfuerzos pesqueros para alcanzar al menos los objetivos de orientación plurianuales. Si la Comunidad autorizase una reutilización semejante de las licencias correspondientes a los buques traspasados definitivamente a un tercer Estado, no podría alcanzarse el objetivo de reducción de la flota de pesca.
23. Lo mismo exactamente sucedería, incluso en el supuesto de que el traspaso definitivo tuviera lugar en el marco de la creación de una sociedad mixta. Efectivamente, dicho traspaso, expresamente previsto en el anexo III, punto 1.2, letra a), tercer guión, del Reglamento nº 3699/93, constituye una de las posibilidades de traspasar los buques a un tercer Estado.
24. Por otra parte, según la Comisión, el traspaso definitivo a Argentina de los dos buques de que se trata, en el marco de la creación de una sociedad mixta, constituye una medida a la cual son de aplicación las normas de la política estructural comunitaria. Por lo tanto, la distinción efectuada por el Reino de los Países Bajos entre el traspaso definitivo a un tercer Estado en el sentido del Reglamento nº 3699/93 y el que se produce en el marco del Acuerdo de pesca carece de fundamento. Efectivamente, dicho planteamiento resulta contrario al Reglamento nº 3699/93, al referido Acuerdo de pesca y a la Decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 1996, por la que se concedió la ayuda financiera de la Comunidad a los armadores de que se trata (en lo sucesivo, «Decisión de 16 de diciembre de 1996»), así como a la índole del traspaso en cuestión. Por otra parte, el planteamiento de la Comisión se ve confirmado por la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (sentencia de 3 de abril de 2003, Vieira y otros/Comisión, T‑44/01, T‑119/01 y T‑126/01, Rec. p. II‑1209).
25. La ejecución de los programas de orientación plurianuales para las flotas de pesca reviste varias formas. Tanto el artículo 8 como el 9 del Reglamento nº 3699/93 pretenden lograr dicha ejecución mediante el traspaso definitivo de buques de pesca a un tercer Estado (artículo 8), o bien mediante la creación de sociedades mixtas (artículo 9) y, por lo tanto, conforme a la definición que figura en el artículo 5 del citado Reglamento, buscan la consecución de un conjunto de objetivos que permitan orientar los esfuerzos pesqueros. Sin embargo, en virtud del anexo III, punto 1.2, letra a), tercer guión, del Reglamento nº 3699/93, la concesión de ayudas financieras a las sociedades mixtas contempladas en el artículo 9 del referido Reglamento está supeditada al requisito de que la acción vaya acompañada de un traspaso definitivo del buque al país tercero correspondiente. De ello se deduce que la medida prevista en el citado artículo 9 es indisociable de una medida concomitante, a saber el traspaso definitivo de un buque a un tercer Estado con vistas a disminuir las actividades de pesca.
26. El Reino de los Países Bajos afirma que la Comisión ha efectuado una interpretación amplia del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93. Efectivamente, este artículo no aclara las condiciones en las que cabe conceder nuevas licencias de pesca.
27. Por otra parte, los dos buques en cuestión habían sido eliminados de los registros comunitario y neerlandés después de su traspaso a Argentina en el marco del Acuerdo de pesca. En virtud del artículo 4, apartado 4, del Reglamento nacional sobre las licencias de pesca, las licencias de dichos buques habían caducado de pleno derecho, y no a raíz de su retirada, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 5.
28. Además, el Reglamento nº 3690/93 no es de aplicación al traspaso de los buques que se cuestionan en el presente recurso. Efectivamente, dicho traspaso se había realizado en el marco del Acuerdo de pesca y no en orden a la ejecución del programa de orientación plurianual a que se refiere el título II del Reglamento nº 3699/93. La ayuda financiera concedida con motivo de dicho traspaso no se había financiado mediante el instrumento financiero de orientación pesquera, sino totalmente por la Comunidad. Los dos regímenes difieren asimismo desde el punto de vista del procedimiento de aplicación. En el marco del Acuerdo de pesca, la aprobación de los proyectos de creación de sociedades mixtas y su mantenimiento son competencia de una comisión mixta, siendo así que, por lo que atañe al citado Reglamento, dicho procedimiento debe ser tramitado por la Comisión y los Estados miembros. Por último, considera que los fundamentos de Derecho de la Decisión de 16 de diciembre de 1996 remiten tan sólo al artículo 7, apartado 1, del Acuerdo de pesca, así como al Reglamento nº 3447/93.
29. En cualquier caso, aun cuando debiera considerarse que el Reglamento nº 3690/93 era de aplicación al traspaso a Argentina de los buques Wiron III y Wiron IV, se trataría de un traspaso en el sentido del artículo 9 del Reglamento nº 3699/93, que se había producido en el marco de la creación de una sociedad mixta y no en virtud del artículo 8 de este mismo Reglamento, disposición ésta que contempla un traspaso definitivo. Por consiguiente, no existe prohibición alguna de utilizar la capacidad de pesca liberada en el registro neerlandés para expedir licencias a otros buques. En efecto, estos dos artículos se refieren a dos acciones separadas y se apoyan en regímenes de ayuda distintos. El artículo 8 alude al «ajuste de los esfuerzos pesqueros», mientras que el artículo 9 contempla la «reorientación de las actividades pesqueras». No alberga duda de que el traspaso de un buque, producido en el marco de este último artículo, es muy similar a un ajuste de los esfuerzos pesqueros, si bien una concomitancia semejante no es necesaria en modo alguno.
Apreciación del Tribunal de Justicia
30. Con carácter preliminar, conviene señalar que, en el presente caso, está acreditado que los buques Wiron III y Wiron IV fueron matriculados en el registro marítimo argentino y que, por lo tanto, se habían traspasado definitivamente a Argentina.
31. La imputación formulada por la Comisión en las pretensiones de su recurso, tal como figuran expuestas en el apartado 1 de la presente sentencia, tiene por objeto que el Tribunal de Justicia declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, al no haber retirado las licencias de pesca correspondientes a los citados buques después del traspaso definitivo de estos últimos a Argentina.
32. A este respecto, conviene recordar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, cuando un buque de pesca sea objeto de una medida de paralización definitiva se retirará la licencia correspondiente a dicho buque.
33. Por lo tanto, antes de examinar en cuanto al fondo la imputación formulada por la Comisión, se hallan planteadas las cuestiones previas de saber, en primer lugar, en qué consiste exactamente una medida de paralización definitiva de un buque de pesca y, en segundo lugar, si el traspaso definitivo a Argentina de un buque de esta índole, en el marco de la creación de una sociedad mixta, puede asimilarse a una medida de paralización definitiva en el sentido del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93.
Sobre las medidas de paralización definitiva
34. Por lo que se refiere al concepto de «medida de paralización definitiva», consta que ni el artículo 5 del Reglamento nº 3690/93 ni tampoco esta norma en su conjunto facilitan indicación alguna acerca de la definición de tal concepto. En cambio, este último se halla definido en el Reglamento nº 3699/93 y, más en concreto, en su artículo 8, apartado 2, disposición según la cual las medidas de paralización definitiva de las actividades pesqueras de los buques podrán incluir concretamente el desguace o el traspaso definitivo a un país tercero, siempre que este traspaso no suponga vulnerar el Derecho internacional o incumplir las normas de conservación y gestión de los recursos pesqueros, y la asignación definitiva, en aguas comunitarias, del buque en cuestión, a tareas que no sean pesqueras.
35. Los Reglamentos n os  3690/93 y 3699/93 difieren profundamente tanto por su objeto como por su finalidad. Efectivamente, según se deduce del Reglamento nº 3690/93, y más en particular de su tercer considerando, el régimen comunitario deberá establecer las normas relativas a la información mínima que deberán contener las licencias de pesca, en tanto que el Reglamento nº 3699/93 establece los criterios y requisitos de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca y de la acuicultura.
36. No obstante, aun cuando la finalidad de estos dos Reglamentos sea distinta, nada permite afirmar que la definición del concepto de «medida de paralización definitiva» se halle limitada exclusivamente al Reglamento nº 3699/93 y que no pueda utilizarse esta definición en el marco de otros instrumentos de Derecho derivado relativos al ámbito de la política pesquera.
37. Por otra parte, el Reglamento nº 3699/93, que define el concepto de medida de paralización definitiva, fue aprobado con posterioridad al Reglamento nº 3690/93. Como se desprende de las distintas versiones lingüísticas del Reglamento nº 3699/93, y en particular de las versiones alemana, española, francesa e italiana, el legislador comunitario, con pleno conocimiento de causa, eligió, en consecuencia, la misma expresión que la que ya figuraba en el Reglamento nº 3690/93.
38. Por lo tanto, nada se opone a que, aun cuando la definición del citado concepto resulte del Reglamento nº 3699/93, pueda utilizarse en el marco de la aplicación del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, relativo a la retirada y suspensión temporal o definitiva de las licencias de pesca.
39. Entre las distintas «medidas de paralización definitiva» de las actividades de pesca de los buques enumeradas en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 3699/93, figura en particular el «traspaso definitivo a un país tercero». Pues bien, en el presente caso, el traspaso de los buques de pesca Wiron III y Wiron IV se ha efectuado a un «país tercero», a saber la República Argentina.
40. No obstante, el Reino de los Países Bajos afirma que el traspaso de los citados buques a Argentina tuvo lugar en el marco del Acuerdo de pesca. Entiende que dicho traspaso no puede asimilarse a una medida de paralización definitiva de las actividades pesqueras en el sentido del artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 3699/93. Sin embargo, debe rechazarse esta alegación.
41. El tenor literal del referido artículo 8, apartado 2, no se opone en modo alguno a que pueda aplicarse el concepto de «medida de paralización definitiva» al traspaso definitivo de unos buques sobre la base de un acuerdo internacional firmado entre la Comunidad y un tercer Estado. Por el contrario, la mencionada disposición alude expresamente, en su segundo guión, a la observancia del Derecho internacional y, por consiguiente, de los acuerdos internacionales.
42. Por su parte, el Acuerdo de pesca no se opone para nada a que se califique de «medida de paralización definitiva» de las actividades pesqueras en el sentido del Derecho comunitario a un traspaso de buques de pesca efectuado en virtud de sus disposiciones.
43. De ello se desprende que el traspaso definitivo de unos buques de pesca a un tercer Estado, efectuado en virtud de un acuerdo internacional, constituye una de las medidas de paralización definitiva de las actividades pesqueras, tal como se hallan en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 3699/93. Por lo tanto, en el presente caso, el traspaso definitivo de los buques Wiron III y Wiron IV a Argentina debe considerarse una «medida de paralización definitiva» de las actividades pesqueras en el sentido de la definición dada a una medida de esta índole por el Derecho comunitario.
44. En este sentido, carece de pertinencia el hecho de que un traspaso semejante se haya producido en el marco de la creación de una sociedad mixta. Esta circunstancia, contemplada en el artículo 9 del Reglamento nº 3699/93, no tiene la menor repercusión sobre la aplicación del Reglamento nº 3690/93.
Sobre la retirada de las licencias de pesca
45. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si, en el presente caso, las autoridades competentes neerlandesas han retirado las licencias de pesca a los buques Wiron III y Wiron IV, los cuales han sido traspasados definitivamente a Argentina.
46. El Reino de los Países Bajos sostiene que, después de su traspaso en el marco del Acuerdo de pesca, dichos buques fueron eliminados de los registros marítimos comunitario y neerlandés y que, en virtud del artículo 4, apartado 4, del Reglamento nacional sobre las licencias de pesca, tales licencias han caducado de pleno Derecho, lo cual equivale a su retirada.
47. La Comisión no niega que puede calificarse de retirada la caducidad de las licencias de pesca correspondientes a los buques Wiron III y Wiron IV, llevada a cabo sobre la base de la referida disposición nacional. Sin embargo, la propia Comisión observa que se ha reutilizado para otros buques la capacidad de pesca liberada por el traspaso de tales buques.
48. La Comisión sostiene asimismo que el citado medio de defensa es un dato nuevo dado que, durante el procedimiento administrativo previo, el Reino de los Países Bajos no ha invocado el artículo 4, apartado 4, del Reglamento nacional sobre las licencias de pesca ni tampoco la retirada de oficio de las licencias correspondientes a los citados buques en razón de la caducidad de éstas. Por el contrario, dicho Estado miembro manifestó otro parecer al señalar que no era necesario retirar las licencias de pesca en caso de traspaso definitivo de los buques a un tercer Estado.
49. Por lo que atañe a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión frente al citado medio de defensa, basta señalar que dicha causa de inadmisión es contraria al principio general de respeto del derecho de defensa. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la regularidad del procedimiento administrativo previo constituye una garantía esencial querida por el Tratado CE, no sólo para la protección de los derechos del Estado miembro de que se trate, sino también para garantizar que el posible procedimiento contencioso tenga por objeto un litigio claramente definido (véase el auto de 11 de julio de 1995, Comisión/España, C‑266/94, Rec. p. I‑1975, apartado 17). Así, una vez que el objeto ha quedado definido, el Estado miembro tiene derecho a invocar en su defensa todos los motivos que estén a su disposición. Por lo demás, ninguna norma procedimental obliga al correspondiente Estado miembro a presentar, durante el procedimiento administrativo previo, todas las alegaciones en las que pueda basar su defensa en el marco de un recurso fundado en el artículo 226 CE (véase la sentencia de 16 de septiembre de 1999, Comisión/España, C‑414/97, Rec. p. I‑5585, apartado 19).
Sobre la atribución de nuevas licencias de pesca
50. Conviene señalar que la Comisión sostiene que, según se desprende del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, en caso de traspaso definitivo de buques a un tercer Estado, el Estado miembro no deberá limitarse a retirar las licencias correspondientes a los buques así traspasados, sino que deberá abstenerse de utilizar la capacidad de pesca así liberada en el registro nacional marítimo para expedir otras licencias. Considera que una utilización semejante es contraria a los objetivos del artículo 8 del Reglamento nº 3699/93, disposición ésta que se enmarca en el contexto de una política comunitaria de reestructuración de la flota comunitaria. Sin embargo, procede desestimar esta alegación.
51. Conviene observar que el tenor literal del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93 no prohíbe, como tal, utilizar la capacidad de pesca liberada por el traspaso de buques a un tercer Estado para expedir nuevas licencias, ya que dicho artículo prevé tan sólo la obligación del Estado miembro del pabellón de retirar las licencias de pesca correspondientes a los buques que sean objeto de una medida de paralización definitiva. Pues bien, de todo lo anterior se desprende que el Reino de los Países Bajos ha cumplido dicha obligación de retirada de las licencias de pesca.
52. Por lo que atañe al artículo 8 del Reglamento nº 3699/93, basta observar que el artículo 5 del Reglamento nº 3690/93, única disposición a que aluden las pretensiones de la Comisión, no hace referencia a él de ninguna manera. En cualquier caso, dicho artículo 8 establece en particular lo que pueden incluir las medidas de paralización definitiva de las actividades pesqueras de los buques y exige que los buques cancelados queden excluidos del ejercicio de la pesca en las aguas comunitarias. Sin embargo, del texto de esta disposición no se desprende que la capacidad de pesca liberada en el registro nacional de los buques de pesca por el traspaso definitivo de buques a terceros Estados no pueda utilizarse para expedir nuevas licencias de pesca.
53. Aun suponiendo que la Comisión haya estado en condiciones, fundándose en otras disposiciones del Derecho comunitario, de interponer un recurso contra el Reino de los Países Bajos, conforme al procedimiento previsto en el artículo 226 CE, en virtud del régimen de expedición de nuevas licencias de pesca, según lo ha señalado el Abogado General en el punto 45 de sus conclusiones, es notable que la infracción de tales disposiciones no constituye el objeto del incumplimiento reprochado (véanse las sentencias de 20 de octubre de 2005, Comisión/Reino Unido, C‑6/04, Rec. p. I‑9017, apartados 58 a 60, y de 15 de junio de 2006, Comisión/Francia, C‑255/04, Rec. p. I‑5251, apartado 24).
54. De todo lo anterior se desprende que carece de fundamento la imputación formulada por la Comisión y basada en la infracción del artículo 5 del Reglamento nº 3690/93.
55. En estas circunstancias, procede desestimar el recurso interpuesto por la Comisión.
Costas
56. En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que el Reino de los Países Bajos ha pedido que se condene en costas a la Comisión y al haber sido desestimados los motivos formulados por esta última, procede condenarla en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.