61989J0062
INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-62/89 (
*1
)
I. Contexto normativo y desarrollo del procedimiento precontencioso
1.
Los artículos 2, 3, 4 y 11 del Reglamento (CEE) n° 170/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se constituye un régimen comunitario de conservación y de gestión de los recursos de la pesca (DO L 24, p, 1; EE 04/02, p. 56), permiten al Consejo limitar el esfuerzo pesquero para cada especie o grupo de especies de pescado; el volumen de las capturas disponibles para la Comunidad será repartido anualmente entre los Estados miembros en forma de cuotas.
2.
El Reglamentó (GEE) h° 6/85 del Consejo, de 19 de diciembre de 1984, por el que se reparten las cuotas de captura entre los Estados miembros para los buques que pescan en aguas de las islas Feroe (DO L 1, p. 62), cuya aplicabilidad ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 1985 por el Reglamento (CEE) n° 97/85 del Consejo, de 14 de enero de 1985, por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1985 la aplicabilidad de los Reglamentos (CEE) n° 1/85, n° 2/85, n° 3/85, n° 4/85, n° 5/85, n° 6/85, n° 7/85 y n° 8/85 relativos al sector pesquero (DO L 13, p. 5), fijó las cuotas de captura de Francia para el año 1985 en 450 toneladas de rescaza y 160 toneladas de pescado plano.
3.
Con arreglo al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83,
«los Estados miembros determinarán, de conformidad con las disposiciones comunitarias aplicables, las modalidades de utilización de las cuotas que les hayan sido atribuidas».
4.
Dichas modalidades de utilización se precisan, en particular, en el Reglamento (CEE) n° 2057/82 del Consejo, de 29 de junio de 1982, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los barcos de los Estados miembros (DO L 220, p. 1; EE 04/01, p. 230).
Según el apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento, cada Estado miembro inspeccionará en sus aguas los barcos pesqueros de todos los Estados miembros con el fin de garantizar que se respete toda la reglamentación en vigor relacionada con las medidas de conservación y control. En virtud del apartado 2 del mismo artículo, las autoridades competentes de los Estados miembros incoarán una acción penal o administrativa contra el capitán del barco cuando se compruebe la existencia de una infracción de la reglamentación en vigor.
Los artículos 6.a 9 del Reglamento n° 2057/82 definen las obligaciones de los Estados miembros en materia de control y de registro de capturas.
Así, el apartado 2 del artículo 6 del citado Reglamento exige a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para comprobar la exactitud de las declaraciones hechas por los capitanes respecto a las cantidades desembarcadas y los lugares de captura de cada existencia o grupo de existencias sujetas a un total admisible de capturas (en lo sucesivo, «TAC»).
El apartado 1 del artículo 9 de dicho Reglamento dispone que los Estados miembros procurarán que se registren todos los desembarques de existencias o grupos de existencias sujetas a un TAC. Según el apartado 2 de dicho artículo, cada Estado miembro notificará a la Comisión, antes del día 15 de cada mes, las cantidades de cada existencia o grupos de existencias sujetos a un TAC desembarcadas en el transcurso del mes anterior, indicando el lugar de las capturas y la nacionalidad de los barcos pesqueros en cuestión; deberá asimismo comunicar a la Comisión cualquier información de los capitanes relativa a las cantidades de capturas sujetas a un TAC que se transborden a otro barco o se desembarquen directamente fuera del territorio de la Comunidad.
De acuerdo con el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82,
«todas las capturas de una población o de un grupo de poblaciones sujetas a cuota y efectuadas por los barcos pesqueros con bandera de un Estado miembro o matriculados en un Estado miembro, se imputarán a la cuota aplicable a dicho Estado para la población o grupo de poblaciones de que se trate, sea cual fuere el lugar de desembarque».
Conforme al apartado 2 del referido artículo 10, los Estados miembros fijarán la fecha en que se considere que las capturas sujetas a cuota, efectuadas por barcos que lleven su bandera o estén matriculados en su territorio, han agotado la cuota correspondiente a la población de que se trate. A partir de dicha fecha, el Estado miembro prohibirá provisionalmente la captura de peces de esta población o grupo de poblaciones. Esta medida se notificará sin demora a la Comisión, que informará de ella a los demás Estados miembros. Por último, según el apartado 3 del mismo artículo, la Comisión, como consecuencia de las notificaciones efectuadas por los Estados miembros con arreglo al apartado 2, o por su propia iniciativa, fijará, basándose en las informaciones disponibles, la fecha en la que, para una población o grupo de poblaciones, se considere que las capturas sujetas a cuota y efectuadas por barcos de pesca de un Estado miembro han agotado la cuota adjudicada. A partir de dicha fecha, los referidos barcos dejarán de pescar, de transbordar o de desembarcar tales capturas.
5.
Al haber comprobado que sę habían rebasado las cuotas atribuidas a Francia para el año 1985 respecto a la rescaza (cuota de 450 toneladas, elevada a 970 toneladas a raíz de intercambios de cuotas efectuados por las autoridades francesas conforme al apartado 1 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83; capturas declaradas: 984,7 toneladas) y el pescado plano (cuota de 160 toneladas; capturas declaradas: 708,4 toneladas) en aguas de las islas Feroe, la Comisión deduce de ello que la República Francesa ha incumplido las disposiciones aplicables de los Reglamentos n° 1/85, n° 6/85, n° 170/83 y n° 2057/82.
Por consiguiente, la Comisión, mediante carta de 5 de mayo de 1987 y de conformidad con el artículo 169 del, Tratado CEE, requirió al Gobierno de la República Francesa para que presentase, en el plazo de un mes, sus observaciones sobre el incumplimiento alegado y pidió que se le informase de las acciones penales o administrativas incoadas contra los capitanes de los barcos afectados.
6.
En su respuesta de 4 de diciembre de 1987, el Gobierno de la República Francesa, que subraya el carácter limitado con que se rebasaron las cuotas correspondientes a la rescaza y alude a las dificultades de contabilizar las capturas resultantes de la delimitación imprecisa de las aguas comunitarias ý de las islas Feroė, afirmó que, respecto a esta especie, había tomado a su debido tiempo las medidas necesarias para situar, por la vía de los intercambios, la cuota al nivel previsible de las capturas francesas y avisar a sus pescadores de que tenían que interrumpir toda actividad. En cuanto a rebasar la cuota de pescado planò (en el presente caso, el hipogloso negro), el Gobierno de la República Francesa ha señalado que la Comisión había interrumpido la pesca a raíz de la información que se le había solicitado y qué el exceso de capturas francés no había planteado ninguna dificultad ni a los restantes pescadores de la Comunidad ni a las rer lactones pesqueras con las islas Feroe.
7.
Mediante carta complementaria de 20 de enero de 1988, la Comisión precisó que las dos cuotas controvertidas se habían agotado en junio y julio de 1985, sin que las autoridades francesas hayan adoptado en su momento las medidas obligatorias establecidas en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82. En efecto, hasta noviembre, a raíz de la intervención de là Comisión ante las autoridades francesas, no se dieron nuevas instrucciones, no vinculantes jurídicamente, de interrumpir la pesca.
8.
El 1 de abril de 1988, el Gobierno francés respondió subrayando las dificultades existentes en aquel momento para garantizar el seguimiento del consumo de las cuotas, debido a la entrada en vigor, el 1 de abril de 1985, del Reglamento n° 2807/83 de la Comisión, de 22 de septiembre de 1983, por el que se definen las modalidades particulares del registro de los datos relativos a las capturas de pescado por los Estados miembros (DO L 276, p. 1; EE 04/02, p. 138). Por otra parte, en el momento que se produjeron los hechos controvertidos, no se consumió totalmente, al parecer, la cuota comunitaria y, teniendo en cuenta lós intercambios de cuotas efectuados, las autoridades francesas hubieran podido esperar un ejercicio de capturas normal, sin tener que intervenir mediante una interrupción de la pesca.
9.
El 29 de septiembre de 1988, la Comisión emitió un dictamen motivado, con arreglo al párrafo 1 del artículo 169 del Tratado CEE, en relación con las cuotas atribuidas a Francia para el año 1985, correspondientes al pescado planò y la rescaza de las islas Feroe, en el sentido de que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones aplicables del apartado 2 del artículo 5 del Reglamentó n° 170/83 y de los artículos 1,6 a 9 ý los apartados 1 y 2 del artículo 10 dei Reglamento n° 2057/82, eņ relación con los artículos 1, 2.y. 3. del Reglamento n° 1/85 y el artículo 1 del Reglamento n° 6/85.
La Comisión, en aplicación del párrafo 2 del artículo 169 del Tratado CEE, pidió a la República Francesa que tomase las medidas necesarias para atenerse a este dictamen en el plazo de un mes.
En el dictamen motivado, la Comisión señaló, respecto al exceso de capturas de rescaza, que la cuota de Francia se había agotado desde mediados de julio de 1985 y que las autoridades francesas, incumpliendo la obligación de actuar a su debido tiempo para evitar el exceso controvertido, se limitaron a elevar la cuota en noviembre de 1985, a través de los intercambios; dicha cuota, a su vez, ya se había superado. Por otra parte, el Gobierno francés no rebatió la alegación de la Comisión relativa al carácter no vinculante del aviso dado a los pescadores franceses el 8 de noviembre de 1985 en el sentido de que interrumpiesen sus actividades sobre dicha población.
Respecto a la superación de la cuota de pescado plano, al final del mes de junio de 1985, la Comisión afirmó que las autoridades francesas no habían tomado ninguna medida nacional de prohibición de la pesca; la interrupción de esta última la decidió la Comisión por su propia iniciativa mediante la adopción del Reglamento n° 3448/85 de la Comisión, de 6 de diciembre de 1985, relativo a la interrupción de la pesca de pescado plano por parte de los buques que enarbolan pabellón francés (DO L 328, p. 20).
Por último, la Comisión ha señalado, de forma más general, que el Gobierno francés no había dado una respuesta en relación con las acciones penales o administrativas iniciadas contra los capitanes de los barcos afectados.
10.
En su respuesta de 12 de diciembre de 1988, el Gobierno francés repitió que había actuado a su debido tiempo, procediendo a efectuar intercambios de cuotas de rescaza y tomando medidas dirigidas a interrumpir la pesca, comunicando a la Comisión que el último desembarque se había producido el 30 de octubre, y señaló a los pescadores franceses que debían interrumpir toda actividad el 8 de noviembre. Por otra parte, el exceso de la cuota de rescaza no se determinó debido a la incertidumbre resultante del coeficiente de conversión, no armonizado a nivel comunitario, aplicado para calcular las cantidades capturadas.
Por otra parte, los desembarques de pescado plano se interrumpieron asimismo a finales de octubre de 1985, antes, pues, de la interrupción de la pesca por parte de la Comisión. Al igual que en el caso de la rescaza, la inexistencia de una delimitación entre las aguas comunitarias y las de las islas Feroe dificultaría una determinación exacta de la materialidad del exceso y de su alcance. El Gobierno francés añadió que, a pesar del supuesto exceso de capturas francés, no se agotó la cuota de la Comunidad para 1985.
11. Fase escrita y pretensiones de las partes
1.
El recurso de la Comisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 3 de marzo de 1989.
2.
Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba.
3.
La Comisión, parte demandante, solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Declare, conforme al párrafo 2 del artículo 169 del Tratado CEE, que la República Francesa, al no garantizar el respeto de las cuotas que se le habían atribuido para el año 1985 respecto a las capturas de rescaza y de pescado plano en aguas de las islas Feroe, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las disposiciones del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83 y de los apartados 1 y 2 del artículo 1, de los artículos 6 a 9 y los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82, en relación con el artículo 1 del Reglamento n° 6/85.
—
Condene en costas a la Replública Francesa.
4.
El Gobierno de la República Francesa, parte demandada, solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime el recurso de la Comisión.
—
Condene en costas a esta última.
III. Motivos y alegaciones de las partes
1.
a)
La Comisión expone en primer lugar de forma general que, a pesar de que las cuotas de captura aplicables en 1985 a Francia para la pesca de las dos especies de pescado controvertidas se habían agotado a finales de junio y a mediados de julio de 1985, las autoridades francesas incumplieron la obligación de tomar a su debido tiempo las medidas necesarias para prohibir provisionalmente las actividades de sus pescadores en aguas de las islas Feroe.,
Ahora bien, el apartador del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82 obliga a cada Estado miembro a evitar cualquier superación de cuota fijando con antelación la fecha previsible de su agotamiento, punto de partida de la prohibición provisional de pesca para sus buques.
La Comisión señala que, para cumplir esta obligación, los Estados miembros disponen de la información prevista en los artículos 6 a 9 del Reglamento n° 2057/82 y deberán ejercitar las medidas de control a que se refiere el artículo 1 de dicho Reglamento.
Por consiguiente, de conformidad con el conjunto de dichas disposiciones, Francia debió determinar, como establece el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83, las modalidades de utilización de las cuotas que se le habían atribuido.
La Comisión deduce de ello que en el presente caso la omisión de las autoridades francesas es manifiesta y que los supuestos en que se sobrepasaron las cuotas derivadas de la misma constituyen un incumplimiento de la obligación establecida en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82. La Comisión prosigue que dichos supuestos en que se rebasaron las cuotas pueden resultar asimismo de un incumplimiento de las obligaciones de control y registro de capturas recogidas en los artículos 6 a 9 del Reglamento n° 2057/82, de las de inspección y sanción establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 1 de dicho Reglamento o incluso de la obligación de imputación de todas las capturas efectuadas por los barcos franceses, conforme al apartado 1 del artículo 10 del mismo Reglamento. Por último, dichas superaciones pueden ser consecuencia de que las autoridades francesas no hayan adoptado, conforme al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83, las medidas necesarias pára determinar lás modalidades de utilización de las cuotas de pesca.
Según la Comisión, debe rechazarse el argumento del Gobierno de la República Francesa de acuerdo con el cual las autoridades francesas contestaron en el presente caso a su debido tiempo y haciendo pleno uso de los medios puestos a su disposición. En efecto, la cronología de los hechos muestra que tanto el intercambio de cuotas de rescaza como los avisos dados a los pescadores franceses en el sentido de que interrumpiesen toda actividad —avisos que no son, a su juicio, jurídicamente vinculantes y respecto a los cuales Francia admite que se efectuaron cuando los desembarques de pescado ya se habían interrumpido el 30 de octubre de 1985— se produjeron con retraso. De igual modo, los Reglamentos de interrupción de la pesca, adoptados en noviembre y diciembre de 1985 a iniciativa de la Comisión [Reglamento (CEE) n° 3220/85 de la Comisión, de 15 de noviembre de 1985, relativo a la interrupción de la pesca de la rescaza para los buques que enarbolan pabellón francés (DO L 303, p. 43), y por lo que respecta a la interrupción de la pesca de pescado plano: citado Reglamento n° 3448/85, de 6 de diciembre de 1985], tomando como base los datos comunicados por las autoridades de las islas Feroe, ponen de relieve la responsabilidad inicial de los Estados miembros de prohibir provisionalmente la pesca. Añade la Comisión que en el presente caso la frecuencia de los desembarques permitía a las autoridades francesas seguir regularmente la evolución de las capturas, prever la superación de las cuotas desde mediados de junio y principios de julio de 1985 y, por consiguiente, tomar a su debido tiempo las medidas exigidas por el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82.
Como respuesta a. la afirmación del Gobierno de la República Francesa de que, para apreciar la gestión de las cuotas, es preciso tener en cuenta el hecho de que 1985 fue un año de establecimiento de la política común de la pesca, la Comisión señala que, conforme al apartado 2 del artículo 16 del Reglamento n° 2057/82, las medidas de control establecidas en dicho Reglamento fueron aplicables a más tardar a partir del 1 de enero de 1983. La Comisión añade que la aplicación de dichas medidas no estaba subordinada a la entrada en vigor, el 1 de abril de 1985, del Reglamento n° 2807/83, que se limita a precisar la naturaleza y la forma del modelo comunitario de diario de a bordo y de las declaraciones de transbordo y desembarque. Por último, es jurisprudencia reiterada (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1979, Comisión contra Reino Unido, 128/78, Rec. 1979, p. 419, y de 2 de febrero de 1989, Países Bajos contra Comisión, 262/87, Rec. 1989, p. 225) que un Estado miembro no puede invocar dificultades relativas al establecimiento de una normativa comunitaria para justificar un incumplimiento de las normas por ella establecidas.
La Comisión refuta asimismo la alegación del Gobierno de la República Francesa basada en la imposibilidad de determinar con precisión las cantidades capturadas de pescado plano y de rescaza, debido a problemas relacionados con la delimitación de las aguas comunitarias y de las islas Feroe, al haberse efectuado gran parte de la pesca de las especies controvertidas en la zona objeto de litigio entre el Reino Unido y las islas Feroe. La Comisión alega a este respecto que, para determinar las referidas superaciones de cuota, se basó en las cifras que le habían comunicado las propias autoridades francesas, en carta de 6 de febrero de 1986, que se referían a «las cantidades de escorpina e hipogloso capturadas por los barcos de arrastre franceses en aguas de las islas Feroe». Además, conforme a la letra b) del artículo 2 del Acuerdo pesquero entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las islas Feroe, adjunto al Reglamento n° 2211/80 del Consejo, de 27 de junio de 1980, relativo a la celebración de dicho Acuerdo (DO L 226, p. 11; EE 04/01, p. 110), Ias autoridades de las islas Feroe remitieron a la Comisión, como cada año, la lista de zonas de pesca de dichas islas para 1985, lista de la que recibieron comunicación de la Comisión las autoridades francesas, para que informasen al respecto a sus pescadores. Por ello, dado que el Gobierno de la República Francesa no tenía motivos para dudar de la fiabilidad de las cifras en que él mismo se basó y que no negó haber recibido la comunicación de la lista de zonas de pesca de las islas Feroe para 1985, las capturas efectuadas por los buques franceses en la zona así delimitada deben imputarse a la cuota atribuida a Francia. La Comisión añade que la delimitación de las zonas de pesca comunitaria y de las;islas Feroe es competencia exclusiva de los Estados miembros, ą los cuales corresponde resolver las posibles dificultades que se presenten y respetar entretanto, en función de las delimitaciones existentes, las normas comunitarias por las que se limitan las capturas en aguas de las islas Feroe.
b)
Respecto al exceso de capturas de rescaza, la Comisión alega que, a pesar de que la superación total de la cuota es tan sólo de 14 toneladas, inició el procedimiento por incumplimiento porque la argumentación del Gobierno francés cuestionaba el efecto útil de las normas fundamentales de conservación y gestión de los recursos pesqueros.
En efecto, el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82 obliga a los Estados miembros a tomar medidas a su debido tiempo y, por consiguiente, a prohibir provisionalmente la pesca desde el momento en que sea inminente el agotamiento de la cuota.
Ahora bien, mientras que la cuota inicial de 450 toneladas se agotó el 7 de julio de 1985, la única medida que tomaron las autoridades francesas fue la de negociar, con posterioridad al agotamiento de la cuota, intercambios de cuotas con otros Estados miembros. Además, la nueva cuota obtenida (970 toneladas), notificada en noviembre de 1985 a la Comisión, era insuficiente y se comunicó con retraso, porque el total de las capr turas declaradas —prosigue la Comisión— superó esa nueva cuota ya a finales de octubre de 1985. Por otra parte, el mero aviso dado el 8 de noviembre de 1985 por las autoridades francesas a sus pescadores de que interrumpiesen toda actividad sobre la población controvertida, además de ser jurídicamente no vinculante, se produjo con retraso.
La Comisión añade que la prohibición provisional de la pesca, que garantiza la conservación de los recursos pesqueros, sólo puede producirse, so pena de infringir lo dispuesto imperativamente en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82 y de cuestionar su eficacia, tomando conio base datóś objetivos de las capturas registradas periódicamente por el Estado miembro y comparados regularmente con las cuotas adjudicadas. Concretamente, la. obligación de prohibir provisionalmente la pesca desde que sea inminente el agotamiento de la cuota no puede subordinarse en ningún caso a la suerte de una mera perspectiva de intercambio futuro de cuotas ni, a fortiori, a. h de la comprobación unilateral de un Estado miembro según la cual probablemente no se había agotado la cuota comunitaria. Según la Comisión, el intercambio dé cuotas entre Estados miembros debe producirse o bien antes de la fecha en que se considere agotada la cuota inicial o con posterioridad a la prohibición provisional de pesca decidida por las autoridades nacionales. Además, Francia no puede invocar el plazo necesario para negociar un intercambio de cuotas porque, a pesar de que los riesgos de sobrepasarlas se presentaron a partir de la segunda mitad de junio de 1985 y dicha superación se hizo patente a principios de julio, el intercambio no se produjo hasta noviembre de 1985 y la nueva cuota obtenida fue rebasada
nuevamente a finales de octubre. Por otra parte, Francia debe cumplir la obligación establecida en el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82 en función de la cuota que le había sido atribuida por el Reglamento n° 6/85 y no en función del nivel de agotamiento estimado del TAC fijado por la Comunidad.
La Comisión destaca además que no procede hablar de incertidumbre, como lo hace el Gobierno de la República Francesa, como consecuencia de la inexistencia de armonización comunitaria del coeficiente de conversión aplicado a las cantidades desembarcadas de pescado limpio para calcular las toneladas de peso vivo, al objeto de compararlas con las cuotas adjudicadas. Aparte de que tales dificultades, caso de que existan, no pueden dispensar a un Estado miembro del respeto de las obligaciones derivadas del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n° 2057/82, es sorprendente comprobar cómo las autoridades francesas, que aplicaron un coeficiente de conversión para determinar las cifras de capturas comunicadas a la Comisión, niegan ahora la fiabilidad de las mismas, invocando la inexistencia de armonización comunitaria. Según la Comisión, dicha armonización no es, de todas formas, un requisito previo para el respeto de las cuotas y la inexistencia de normas comunes en esta materia obliga a los Estados miembros, conforme al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 170/83, a tomar las medidas necesarias para paliarla.
Por último, respecto a la dificultad alegada de obtener rápidamente información fiable sobre las capturas, porque acababan de entrar en vigor las disposiciones sobre normalización del diario de a bordo, este supuesto problema no exime a Francia de las obligaciones de control establecidas en los artículos 6 a 9 del Reglamento n° 2057/82 y, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia citada de 2 de febrero de 1989), corresponde a los Estados miembros adoptar las medidas adecuadas para superar eventuales dificultades prácticas resultantes del establecimiento de un mecanismo de control eficaz y rápido.
c)
Respecto al exceso de capturas de pescado plano, la Comisión insiste en primer lugar en la importancia de haber rebasado la cuota, que supone quintuplicar casi la cuota adjudicada inicialmente.
La Comisión acusa al Gobierno de la República Francesa de haber intervenido con retraso, puesto que la prohibición provisional de pesca cuando parece, en función de la información de que deben disponer los Estados miembros, que su cuota está a punto de agotarse, es responsabilidad inicial de los Estados miembros. Ahora bien, en el presente caso, la cuota adjudicada estuvo agotada desde el 21 de junio de 1985. La interrupción de la pesca resultante del Reglamento n° 3448/85 se produjo a iniciativa de la Comisión y la mera afirmación del Gobierno de la República Francesa de que los desembarques terminaron a finales de octubre de 1985 no puede bastar para demostrar que Francia ha cumplido sus obligaciones comunitarias.
Respecto a las supuestas- dificultades de apreciación de las cantidades pescadas resultantes de la inexistencia de armonización de los coeficientes de conversión utilizados, la Comisión hace referencia a las explicaciones que ha dado para rebatir dicho argumento para el cálculo de las capturas de rescaza. Añade que, de todas formas, los problemas de esta índole que hayan podido producirse no pueden explicar un exceso tan importante como el del presente caso.
La Comisión rebate asimismo la alegación del Gobierno de la República Francesa según la cual, en la práctica, no pudo producirse una prohibición de la pesca a su debido tiempo, debido a que, teniendo en cuenta las cantidades de pescado plano desembarcadas en mayo, nada permitió prever como inminente que se rebasara la cuota, lo cual se produjo, sin embargo, debido al volumen de desembarques de junio y julio. La Comisión afirma sobre este particular que este tipo de razonamiento da lugar a que se incumplan las obligaciones que corresponden a los Estados miembros de garantizar el respeto de la conservación de los recursos pesqueros. En efecto, los Estados miembros, lejos de estar autorizados para argumentar posibles variaciones de los desembarques de un mes a otro, así como plazos de transmisión de la información y de contestación a esta última, deberán prevenir el agotamiento de la cuota adjudicada prohibiendo con carácter provisional y con la suficiente prontitud que se continúe la actividad pesquera. La Comisión señala a este respecto que las autoridades nacionales disponen, en particular, de los medios de información definidos en los artículos 6 a 9 del Reglamento n° 2057/82 y a ellas les incumbe fijar modalidades de transmisión rápidas y eficaces de las capturas efectuadas, de forma que estén informadas de las toneladas de pescado capturadas a más tardar quince días después de la captura, de conformidad con el artículo 8 del citado Reglamento.
Por último, las mismas consideraciones invocadas respecto al exceso de capturas de rescaza sirven para rebatir el argumento francés basado en la inexistencia del riesgo de rebasar el TAC fijado por la Comunidad tomando como base una comparación de las cantidades totales capturadas y de los TAC comunitarios de 1982 y 1987. A este respecto, la Comisión señala que la variación considerable de las cantidades capturadas de pescado plano de un año a otro demuestra el carácter peligroso y aleatorio del razonamiento francés y confirma la necesidad de que cada Estado miembro respete escrupulosamente las cuotas adjudicadas. Por otra parte, esta variación de las cantidades totales facturadas no puede probar la imprevisibilidad de la fecha de agotamiento de la cuota adjudicada a un Estado miembro, que no está en modo alguno en función del grado de utilización del TAC comunitario.
2.
a)
El Gobierno de la República Francesa expone en primer lugar, de forma general, que para la pesca tanto de la rescaza como del pescado plano sus autoridades actuaron a tiempo y de forma adecuada, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase la citada sentencia de 2 de febrero de 1989), haciendo pleno uso de los medios puestos a su disposición.
En apoyo de esta tesis, el Gobierno de la República Francesa invoca los intercambios de cuotas de rescaza efectuados, así como el hecho de que no se realizó ningún desembarque después del 30 de octubre de 1985, lo que demuestra, a su juicio, la eficacia de las medidas nacionales adoptadas para hacer que se interrumpiese toda actividad sobre las poblaciones controvertidas a partir de principios del mes de noviembre. En este sentido, el aviso de interrupción de actividades dado a los pescadores franceses el 8 de noviembre de 1985 tuvo un efecto útil, por cuanto evitó que se produjeran ese año desembarques posteriores a dicha fecha, mientras que, por ejemplo, en 1988 la pesca de las especies controvertidas por parte de los buques franceses en la zona que nos ocupa prosiguió en noviembre y diciembre. Dicha interrupción de actividades en 1985 es, además, muy anterior a la interrupción de la pesca por la Comisión, siendo dichas fechas el 16 de noviembre y el 7 de diciembre de 1985, respectivamente.
El Gobierno de la República Francesa alega asimismo que ha de tenerse en cuenta, para la aplicación de un mecanismo tan difícil de gestionar como es el de las cuotas, el hecho de que 1985 fue un año de establecimiento de la política común de la pesca.
Además, según el Gobierno de la República Francesa, la argumentación de la Comisión, por lo que respecta a los requisitos de aplicación de las medidas de control establecidas en el Reglamento n° 2057/82, no tiene en cuenta determinadas realidades prácticas y, en particular, la dificultad de obtener a su debido tiempo información fiable en función de la cual pueda decretarse una prohibición de pesca, debido a la reciente entrada en vigor, el 1 de abril de 1985, del diario de a bordo comunitario previsto en el Reglamento n° 2807/83. En efecto, dicho diario de a bordo comunitario constituye un medio indispensable de recopilación de información para la determinación de los totales de capturas y de su origen.
El Gobierno de la República Francesa subraya, por último, la improcedencia en el presente caso de la referencia que hace la Comisión a la citada sentencia del Tribunal.de Justicia de 7 de febrero de 1979. Dicho asunto se refiere al caso en que un Estado miembro pretende invocar dificultades de aplicación de una normativa comunitaria como causa justificante de un supuesto incumplimiento, mientras que, en el presente litigio, las autoridades francesas se limitan a insistir en las incertidumbres y las lagunas de la normativa comunitaria para negar la realidad del incumplimiento. Por otra parte, la sentencia citada se dictó en circunstancias totalmente especiales en las que un Estado miembro aplicó de forma incompleta las disposiciones de un reglamento comunitario «para bloquear determinados elementos de la legislación comunitaria que estima contrarios a determinados intereses nacionales», lo que no ocurre en el presente caso.
b)
A propósito de los supuestos en que se rebasó la cuota de la rescaza, el Gobierno de la República Francesa señala en primer lugar que el exceso de capturas es tan sólo de 14,7 toneladas, es decir, el 1,5 % de la cuota total.
Además, no está demostrado que en realidad se rebasara la cuota, habida cuenta del hecho, por un lado, de que una parte importante de la pesca controvertida se realizó en las aguas objeto de litigio entre el Reino Unido y las islas Feroe (Francia se remite a este respecto a las puntualizaciones hechas sobre este punto respecto al exceso de capturas de pescado plano, donde se plantea un problema análogo) y, por otro lado, de que los coeficientes de conversión que permiten reconstituir las capturas en peso vivo partiendo de las capturas desembarcadas implican un margen de incertidumbre y no son objeto de una armonización a nivel comunitario. Dado lo reducido del exceso en el caso de la rescaza, el juego del coeficiente de conversión puede ser suficiente para explicar el exceso de capturas aparente alegado por la Comisión.
En opinión del Gobierno de la República Francesa, la tesis de la Comisión según la cual Francia infringió el Derecho comunitario, al negociar tan sólo intercambios de cuotas con posterioridad al agotamiento de la cuota inicial, no tiene en cuenta ni la dificultad de obtener rápidamente información fiable, en un momento en que acababa de entrar en vigor el diario de a bordo, ni el plazo necesario para negociar un intercambio.
En el presente caso, los riesgos de rebasar la cuota no se presentaron hasta finales del mes de junio y tan sólo en el transcurso del mes de julio se desembarcaron 357 toneladas —de ellas 82 en tan sólo una jornada—, cuando la cuota era tan sólo de 450 toneladas.
Además, nunca se superó la cuota de rescaza concedida para los años 1982 a 1987 en aguas de las islas Feroe a los pescadores de la CEE. En 1985, no se pescaron más de 1000 toneladas disponibles, de forma que no se corrió el riesgo de superar la cuota comunitaria y no estuvo en peligro el respeto del Acuerdo entre la CEE y las islas Feroe. El Gobierno de la República Francesa añade que el intercambio de cuotas permite una mejor utilización de los recursos disponibles, en interés mutuo de los Estados miembros.
El Gobierno de la República Francesa concluye subrayando el carácter paradójico de los motivos de la Comisión. En efecto, mientras el objeto del recurso es que se declare que se rebasó la cuota para la rescaza, la argumentación de la Comisión se centra en las condiciones en que Francia obtuvo en 1985 la elevación de su cuota pesquera por vía de intercambio. Por consiguiente, existe una contradicción entre el motivo expuesto y los argumentos empleados en apoyo del recurso y la Comisión, que no está en condiciones, de probar la realidad de la superación de la cuota, apoya sus motivo en argumentos ajenos al objeto del recurso.
c)
Por lo que respecta al exceso de capturas de pescado plano, el Gobierno de la República Francesa, que no niega la importancia de rebasar la cuota, reprocha a la Comisión que hace abstracción de las dificultades relativas a la apreciación de las cantidades pescadas, que guardan relación con la validez de los coeficientes de conversión utilizados (se remite, sobre este particular, a las púntualizaciones hechas en materia de exceso de capturas de rescaza), y, sobre todo, a las controversias relativas a la delimitación de las aguas dependientes de la jurisdicción británica o la de las islas Feroe.
Según Francia, este segundo punto tiene una importancia especial en el presente caso, pues las capturas de pescado plano son capturas accesorias de la pesca del escolano azul, que se efectúan esencialmente en la zona controvertida entre el Reino Unido y Dinamarca (islas Feroe). Ahora bien, ni el Acuerdo pesquero CEE-Dinamarca-islas Feroe, cuyo artículo 8 precisa, por otra, parte, que «ninguna disposición del presente Acuerdo afectará ni prejuzgará en manera alguna a los puntos de vista de cada Parte en lo referente a cualquier asunto relativo al Derecho del Mar», ni ninguna otra decisión de la Comunidad, que sería, por lo demás, incompetente en esta materia, permiten establecer, con arreglo al Derecho internacional, los límites entre las aguas que están bajo soberanía británica.y bajo la jurisdicción de las islas Feroe. Por tanto, al no haberse solucionado el problema de la delimitación de la zona controvertida, es, imposible determinar si hay, en el presente caso, exceso de capturas. El Gobierno de la República Francesa destaca el absurdo de la tesis de la Comisión, que invoca el hecho de que a Francia se le ha comunicado la lista elaborada por las autoridades de las islas Feroe de las zonas de pesca de estas islas para 1985 y que deduce de ello que las capturas efectuadas en dicha zona por los buques franceses deben imputarse a la cuota de Francia, puesto que dicha tesis equivaldría a reconocer que toda zona notificada por las islas Feroe, con arreglo a la letra b) del artículo 2 del Acuerdo pesquero, corresponde a la jurisdicción de estas últimas. Ahora bien, según Francia, las zonas comunicadas a la República Francesa no pueden oponerse a esta última con arreglo al Derecho internacionály el cuadro enviado por Francia a la Comisión, que recoge las capturas francesas en dichas zonas, no puede considerarse un reconocimiento de los derechos de pesca de las islas Feroe en dichas zonas.
Por último, Francia alega que el carácter variable de las capturas de pescado plano declaradas un año y las de otro y, dentro de una campaña, de un mes à otro, debe conducir a, afirmar la imprevisibilidad de la fecha de agotamiento de la cuota adjudicada. En efecto, a finales de mayo de 1985 Francia no tenía ninguna razón para pensar que se alcanzaría rápidamente la cuota (8,2 toneladas desembarcadas), cuando en realidad se superó ésta ya el 21 de junio, debido a que en junio se desembarcaron 280,5 toneladas y en julio 264,7. Por lo tanto, teniendo en cuenta el intervalo muy corto en el que se efectuaron los desembarques y los plazos inevitables de transmisión de la información y de contestación a esta última, Francia considera que contestó a su debido tiempo.
Por otra parte, en ningún momento a lo largo de los años 1982 a 1987 se comprobó un exceso de capturas por parte de los pescadores de la Comunidad y, dado que en 1985 el consumo de la cuota comunitaria fue tan sólo del 85 %, las capturas francesas no han podido perjudicar a otros Estados miembros ni poner en peligro el respeto del Acuerdo pesquero celebrado con las islas Feroe.
F. A. Schockweiler
Juez Ponente
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.