62022CJ0358
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 9 de marzo de 2023 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Unión aduanera — Reglamento (CEE) n.o 2913/92 — Código aduanero comunitario — Artículo 195 — Artículo 217, apartado 1 — Artículo 221, apartado 1 — Arancel aduanero común — Obligaciones del fiador del deudor de una deuda aduanera — Modalidades de comunicación de la deuda aduanera — Derechos correspondientes a esta deuda que no se han comunicado regularmente al deudor — Exigibilidad de la deuda aduanera frente al fiador solidario»
En el asunto C‑358/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), mediante resolución de 25 de mayo de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de junio de 2022, en el procedimiento entre
Bolloré logistics SA
y
Direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen,
Recette régionale des douanes et droits indirects de Caen,
Bolloré Ports de Cherbourg SAS,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. F. Biltgen y J. Passer (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Bolloré logistics SA, por la Sra. H. Farge, el Sr. H. Hazan y la Sra. C. Waquet, avocats;
–
en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. Bain y J.‑L. Carré, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea por las Sras. F. Clotuche‑Duvieusart y M. Salyková, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 195, 217 y 221 del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005 (DO 2005, L 117, p. 13) (en lo sucesivo, «código aduanero»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Bolloré Logistics SA, por una parte, y la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Caen (Dirección Interregional de Aduanas e Impuestos Indirectos de Caen, Francia), la recette régionale des douanes et droits indirects de Caen (Oficina Regional de Aduanas e Impuestos Indirectos de Caen, Francia) (en lo sucesivo, conjuntamente, «Administración aduanera») y Bolloré Ports de Cherbourg SAS (en lo sucesivo, «BPC»), por otra parte, en relación con el pago de una deuda aduanera al que la demandante en el litigio principal fue requerida en su condición de fiadora de BPC.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El código aduanero fue derogado y sustituido por el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (DO 2013, L 269, p. 1; corrección de errores en DO 2013, L 287, p. 90). Sin embargo, en virtud del artículo 286, apartado 2, de este último Reglamento, en relación con su artículo 288, apartado 2, el código aduanero siguió siendo aplicable hasta el 30 de abril de 2016.
4
El artículo 4 del código aduanero establece:
«A efectos del presente Código, se entenderá por:
[…]
9)
“deuda aduanera”: la obligación que tiene una persona de pagar los derechos de importación (deuda aduanera de importación) o los derechos de exportación (deuda aduanera de exportación) aplicables a una determinada mercancía con arreglo a las disposiciones comunitarias vigentes;
[…]
12)
“deudor ante la aduana”: toda persona obligada al pago del importe de la deuda aduanera;
[…]».
5
El artículo 88 del código aduanero dispone:
«Las autoridades aduaneras podrán supeditar la inclusión de las mercancías en el régimen de suspensión a la constitución de una garantía para asegurar el pago de la deuda aduanera que pueda nacer respecto de estas mercancías.
Podrán dictarse, en el marco de un régimen de suspensión concreto, disposiciones particulares relativas a la constitución de una garantía.»
6
El artículo 104 del código aduanero establece:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 88, las autoridades aduaneras podrán exigir al depositario que presente una garantía en relación con las responsabilidades definidas en el artículo 101.»
7
El artículo 189 del código aduanero dispone:
«1.   Cuando, en aplicación de la normativa aduanera, las autoridades aduaneras exijan la constitución de una garantía con objeto de afianzar el pago de una deuda aduanera, dicha garantía deberá prestarla el deudor o la persona que pueda convertirse en deudor.
[…]
3.   Las autoridades aduaneras podrán permitir que un tercero constituya la garantía en lugar y nombre de la persona de quien se haya exigido la garantía.
[…]»
8
De conformidad con el artículo 190 del código aduanero:
«1.   Cuando la normativa aduanera establezca la constitución de una garantía con carácter facultativo, las autoridades aduaneras la exigirán según su criterio cuando no esté suficientemente asegurado el pago, en los plazos previstos, de la deuda aduanera que ya exista o que pueda originarse.
[…]»
9
El artículo 193 del código aduanero dispone:
«La garantía podrá constituirse:
–
ya sea mediante depósito en efectivo,
–
ya sea mediante fianza.»
10
El artículo 195 del código aduanero establece:
«El fiador deberá comprometerse por escrito a pagar solidariamente con el deudor el importe garantizado de la deuda aduanera cuyo pago se haga exigible.
[…]»
11
El artículo 217, apartado 1, párrafo primero, del código aduanero, que figura en la sección 1, titulada «Contracción y comunicación al deudor del importe de los derechos», del capítulo 3, titulado «Cobro del importe de la deuda aduanera», del título VII de dicho código, dispone:
«Todo importe de derechos de importación o de derechos de exportación resultante de una deuda aduanera, en lo sucesivo denominado “importe de derechos”, deberá ser calculado por las autoridades aduaneras desde el momento en que dispongan de los elementos necesarios y ser objeto de una anotación por parte de dichas autoridades en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquellos (contracción).»
12
El artículo 221, apartado 1, del código aduanero dispone:
«Desde el momento de su contracción deberá comunicarse el importe de los derechos al deudor, según modalidades apropiadas.»
Derecho francés
13
El capítulo V, titulado «Procedimiento previo a la toma de decisión: derecho a ser oído», del título II del Código Aduanero francés, titulado «Organización y funcionamiento del servicio aduanero», consta de los artículos 67 A 67 D.
14
El artículo 67 A del Código Aduanero francés, en su redacción resultante del artículo 25 de la Ley n.o 2009‑1674, de 30 de diciembre de 2009 (JORF n.o 303 de 31 de diciembre de 2009, texto n.o 2), establece lo siguiente:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67 B, toda decisión adoptada con arreglo al [código aduanero] y a sus disposiciones de aplicación, en caso de que resulte desfavorable o de que notifique una deuda aduanera tal como se define en el artículo 4, apartado 9, del [código aduanero], será precedida del envío o de la entrega al interesado de un documento por el que la Administración aduanera comunique la decisión prevista, la motivación de dicha decisión, la referencia de los documentos y la información que le servirán de base y la posibilidad de que dispone el interesado de presentar sus observaciones en un plazo de treinta días a partir de la notificación o de la entrega dicho documento.»
15
El artículo 67 D, letra e), del Código Aduanero francés, en su redacción resultante de la Ley n.o 2009‑1674, dispone:
«El presente capítulo no se aplicará a:
[…]
e)
Las providencias de apremio notificadas con arreglo al artículo 345 del presente Código para el cobro de los créditos impagados a su vencimiento, con excepción de los que se hayan devengado como consecuencia de una infracción del mismo Código».
16
El artículo 345 del Código Aduanero francés, en su redacción resultante del artículo 44 de la loi n.o 2002‑1576 de finances rectificative pour 2002 (Ley n.o 2002‑1576 de Finanzas rectificativa para 2002), de 30 de diciembre de 2002 (JORF n.o 304 de 31 de diciembre de 2002, texto n.o 2), establece lo siguiente:
«Las deudas de cualquier clase que registre y cobre la Administración aduanera habrán de ser objeto de una providencia de apremio, sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de interponer un recurso ante el juez ordinario.
[…]»
17
El artículo 405 del Código Aduanero francés, en su redacción resultante del artículo 44 de la Ley n.o 2002‑1576, dispone:
«Los fiadores deberán, del mismo modo que los obligados principales, pagar los derechos y los impuestos, así como las sanciones pecuniarias y otras cantidades adeudadas por los deudores que hayan garantizado.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
18
El 25 de agosto de 2011, la sociedad Alpha Commodities importó y descargó 46000 toneladas de sal de Australia en el puerto de Cherburgo (Francia). A la espera de la reexportación de estas mercancías, celebró con BPC, empresa de transporte y logística, un contrato de depósito.
19
El 21 de octubre de 2011, BPC celebró con el puerto de Cherburgo un contrato de ocupación temporal para dicho depósito. Este contrato de ocupación temporal, prorrogado varias veces, permaneció en vigor hasta el 30 de junio de 2015.
20
El 8 de diciembre de 2011, BPC obtuvo de la Administración aduanera una autorización para acogerse al régimen de depósito aduanero, que permitía la suspensión de los derechos de aduana e impuestos, por el período de validez del contrato de ocupación temporal. El 9 de diciembre de 2011, BPC incluyó las mercancías en el régimen de depósito aduanero.
21
El 8 de febrero de 2016, la Administración aduanera, al considerar que BPC ya no disponía de un contrato de ocupación temporal válido, informó a esta sociedad de que la autorización del régimen de depósito aduanero se anulaba con efecto inmediato y de que tenía previsto notificarle la deuda aduanera resultante de la extinción de dicho régimen.
22
El 9 de marzo de 2016, la Administración aduanera notificó a BPC una resolución definitiva por la que se declaraba la existencia de una deuda aduanera, así como un aviso de pago.
23
El 21 de marzo de 2016, la Administración aduanera procedió a la contracción del importe de dicha deuda y dirigió a BPC una providencia de apremio por un importe de 454807 euros, de los cuales 104265 euros correspondían a derechos de aduana y 350542 euros al impuesto sobre el valor añadido (IVA).
24
Los días 21 de marzo y 21 de junio de 2016, dicha Administración notificó a la demandante en el litigio principal, en su condición de fiadora de BPC, dos providencias de apremio por un importe total de 104265 euros, correspondientes a los derechos de aduana garantizados.
25
Mediante resolución de 1 de octubre de 2018, el tribunal de grande instance de Caen (Tribunal de Primera Instancia de Caen, Francia) desestimó las pretensiones de BPC y de la demandante en el litigio principal por las que solicitaban la anulación tanto de las providencias de apremio emitidas contra ellas como de las resoluciones desestimatorias, notificadas por la Administración aduanera, de sus recursos contra dichas providencias de apremio.
26
Mediante sentencia de 10 de septiembre de 2019, la cour d’appel de Caen (Tribunal de Apelación de Caen, Francia), anulando parcialmente dicha resolución por lo que respecta a BPC, anuló la providencia de apremio que le había sido notificada el 21 de marzo de 2016 y desestimó todas las pretensiones formuladas contra dicha sociedad por la Administración aduanera. El citado órgano jurisdiccional recordó, en particular, que, con arreglo a los artículos 217 y 221 del código aduanero y al artículo 345 del Código Aduanero francés, para que la comunicación del importe de los derechos sea regular, debe haber sido precedida de su contracción y que, para ser cobrados mediante una providencia de apremio, los derechos deben haberse comunicado regularmente al deudor de la deuda aduanera, lo que presupone que hayan sido contraídos. Al no haber sido así en el presente asunto, la comunicación de los derechos realizada a BPC fue irregular.
27
Por lo que respecta a la demandante en el litigio principal, la cour d’appel de Caen (Tribunal de Apelación de Caen), mediante la misma sentencia, confirmó la resolución que la condenaba a pagar a la Administración aduanera, en virtud de su obligación como fiadora, los derechos de aduana reclamados a BPC. Según dicho órgano jurisdiccional, ni el artículo 221 del código aduanero ni el artículo 67 A del Código Aduanero francés se aplican al fiador, sino únicamente al deudor de la deuda aduanera.
28
El órgano jurisdiccional remitente, la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), señala que, en la fecha de notificación de las providencias de apremio a la demandante en el litigio principal, se había procedido a la contracción de los derechos controvertidos, en el sentido del artículo 217 del código aduanero, pero estos no se habían comunicado regularmente a BPC, deudora de la deuda aduanera, en el sentido del artículo 221 de dicho código. Dicho órgano jurisdiccional señala así que lo que se cuestiona es el concepto de «exigibilidad de una deuda aduanera» y se pregunta si la irregularidad de la comunicación de los derechos al deudor, por la inexistencia de contracción previa, irregularidad que prohíbe su cobro frente a este, constituye una excepción personal de este que el fiador no puede invocar, o si la deuda aduanera solo es exigible frente al fiador si lo es frente al deudor.
29
Por otra parte, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) se pregunta si el hecho de que, con arreglo al artículo 67 D del Código Aduanero francés, la notificación de una providencia de apremio de conformidad con el artículo 345 de dicho Código no vaya precedida de una fase de comunicaciones contradictorias no vulnera el derecho de defensa del fiador.
30
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Deben interpretarse los artículos 195, 217 y 221 del [código aduanero] en el sentido de que la Administración aduanera no puede exigir al fiador solidario el pago de una deuda aduanera mientras los derechos no se hayan comunicado regularmente al deudor?
2)
a)
¿Implica el derecho de defensa, en particular el derecho a presentar observaciones sobre cualquier acto que pueda resultar lesivo, que constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión, que, cuando la Administración aduanera se dirija contra el fiador para cobrar la deuda aduanera por no haber hecho frente el deudor a su pago en el plazo establecido, deba permitir previamente al fiador poder dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los elementos en los que vaya a basar su decisión de dirigirse contra él para obtener dicho pago?
b)
¿Puede influir en la respuesta a la segunda cuestión prejudicial, letra a), el hecho de que el deudor de la deuda aduanera haya podido dar a conocer eficazmente su punto de vista antes de la comunicación de los derechos?
c)
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, letra a), ¿cuál es la decisión que resulta lesiva para el fiador que debe estar precedida de una fase de comunicaciones contradictorias: la decisión de la Administración aduanera de contraer los derechos y notificarlos al deudor de la deuda aduanera o la decisión de dirigirse contra el fiador para obtener el pago de dicha deuda?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
31
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 195, 217, apartado 1, y 221, apartado 1, del código aduanero deben interpretarse en el sentido de que las autoridades aduaneras no pueden exigir al fiador a que se refiere dicho artículo 195 el pago de una deuda aduanera mientras no se haya comunicado regularmente el importe de los derechos al deudor.
32
Para empezar, procede recordar que del tenor del artículo 221, apartado 1, del código aduanero resulta que la «contracción», que, según el artículo 217, apartado 1, de dicho código, consiste en la anotación del importe de los derechos por parte de las autoridades aduaneras en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquellos, debe preceder necesariamente a la comunicación al deudor del importe de los derechos de importación o de exportación (sentencia de 28 de enero de 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C‑264/08, EU:C:2010:43, apartado 26 y jurisprudencia citada).
33
En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que tal desarrollo cronológico de las operaciones de contracción y de comunicación del importe de los derechos, consagrado por el propio encabezamiento de la sección 1 del capítulo 3 del título VII del código aduanero, titulada«Contracción y comunicación al deudor del importe de los derechos», debe respetarse si no se quiere incurrir en diferencias de trato entre los deudores y perjudicar, por otra parte, al funcionamiento armonioso de la unión aduanera (sentencia de 28 de enero de 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C‑264/08, EU:C:2010:43, apartado 27 y jurisprudencia citada).
34
El Tribunal de Justicia llegó así a la conclusión de que el artículo 221, apartado 1, del código aduanero debe interpretarse en el sentido de que la comunicación por las autoridades aduaneras al deudor, según modalidades apropiadas, del importe de los derechos de importación o de exportación por pagar solo puede hacerse válidamente previa contracción del importe de esos derechos por dichas autoridades (sentencia de 28 de enero de 2010, Direct Parcel Distribution Belgium, C‑264/08, EU:C:2010:43, apartado 28 y jurisprudencia citada).
35
De ello se deduce que, cuando el importe de los derechos no se ha comunicado regularmente al deudor por no haberse contraído previamente —supuesto que corresponde al de los hechos del litigio principal, puesto que de la petición de decisión prejudicial se desprende que la contracción fue posterior a la comunicación a BPC del importe de los derechos—, la deuda aduanera no es exigible frente al deudor.
36
Por otra parte, como resulta de la petición de decisión prejudicial, esta es la razón por la que, en el litigio principal, la Administración aduanera vio desestimadas sus pretensiones frente a BPC.
37
A continuación, por lo que respecta a la cuestión de si el pago de una deuda aduanera no exigible frente a su deudor puede, no obstante, reclamarse al fiador, procede señalar, en primer lugar, que, si bien el Derecho de la Unión no regula el contrato de fianza, el Tribunal de Justicia ha declarado que solo si existe una deuda válida del deudor el fiador de dicho deudor puede ser requerido al pago por el acreedor.
38
En efecto, el Tribunal de Justicia ha señalado en esencia, que, según los principios generales que se deducen de los sistemas jurídicos de los Estados miembros, un contrato de fianza constituye una operación triangular, mediante la cual el fiador se compromete frente al acreedor a cumplir las obligaciones contraídas por el deudor principal en caso de que este no las cumpla por sí mismo (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de mayo de 2003, Préservatrice Foncière Tiard, C‑266/01, EU:C:2003:282, apartado 27).
39
El Tribunal de Justicia ha señalado que tal contrato crea una nueva obligación, a cargo del fiador, de garantizar el cumplimiento de la obligación principal que incumbe al deudor, y que el fiador no sustituye al deudor, sino que únicamente garantiza el pago de la deuda de este, en las condiciones estipuladas en el contrato de fianza o previstas en la ley (sentencia de 15 de mayo de 2003, Préservatrice Foncière Tiard, C‑266/01, EU:C:2003:282, apartado 28).
40
La obligación así creada tiene carácter accesorio, por cuanto, por una parte, el acreedor solo puede dirigirse contra el fiador si la deuda garantizada es exigible y, por otra parte, la obligación asumida por el fiador no puede ser más amplia que la del deudor (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de mayo de 2003, Préservatrice Foncière Tiard, C‑266/01, EU:C:2003:282, apartado 29 y jurisprudencia citada).
41
Más recientemente, el Tribunal de Justicia ha reiterado que el contrato de fianza es un contrato distinto del que vincula al acreedor con el deudor, mediante el cual el fiador, que es un tercero a efectos de esta última relación contractual, tiene la función de garantizar al acreedor el pago de lo que el deudor podrá adeudar a este último en virtud de la obligación garantizada, constituida por la deuda que el deudor tiene con el acreedor (sentencia de 2 de septiembre de 2021, CRCAM, C‑337/20, EU:C:2021:671, apartado 58).
42
En segundo lugar, procede recordar que, en coherencia con las declaraciones efectuadas por el Tribunal de Justicia en relación con el contrato de fianza, el artículo 195 del código aduanero dispone que el fiador debe comprometerse por escrito a pagar solidariamente con el deudor el importe garantizado de la deuda aduanera «cuyo pago se haga exigible».
43
Por tanto, de las consideraciones anteriores resulta, por un lado, que la deuda aduanera no es exigible frente al deudor si previamente no se ha procedido a la contracción del importe de los derechos de aduana, sin la cual la comunicación de dicho importe al deudor no es regular, y, por otro lado, que el fiador no está obligado a garantizar el pago de dicha deuda mientras no sea exigible frente al deudor.
44
En estas circunstancias, procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 195, 217, apartado 1, y 221, apartado 1, del código aduanero deben interpretarse en el sentido de que las autoridades aduaneras no pueden exigir al fiador a que se refiere dicho artículo 195 el pago de una deuda aduanera mientras no se haya comunicado regularmente el importe de los derechos al deudor.
Segunda cuestión prejudicial
45
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial y del hecho de que, según la resolución de remisión, la Administración aduanera ha visto desestimadas definitivamente todas sus pretensiones frente a BPC y de que, por lo tanto, esta sociedad no ha incurrido en impago de ninguna deuda aduanera que dicha Administración pudiera intentar cobrar de la demandante en el litigio principal en su condición de fiadora, la segunda cuestión prejudicial parece, en sus diferentes elementos, manifiestamente hipotética. Pues bien, el Tribunal de Justicia no puede pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal o cuando el problema planteado sea de naturaleza hipotética (sentencia de 19 de enero de 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, apartado 19 y jurisprudencia citada). En consecuencia, la segunda cuestión prejudicial es inadmisible.
Costas
46
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
Los artículos 195, 217, apartado 1 y 221, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005,
deben interpretarse en el sentido de que
las autoridades aduaneras no pueden exigir al fiador a que se refiere dicho artículo 195 el pago de una deuda aduanera mientras no se haya comunicado regularmente el importe de los derechos al deudor.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.