62012CJ0218
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 17 de octubre de 2013 (
*1
)
«Reglamento (CE) no 44/2001 — Artículo 15, apartado 1, letra c) — Competencia en materia de contratos celebrados por consumidores — Eventual limitación de dicha competencia a los contratos celebrados a distancia — Relación de causalidad entre la actividad comercial o profesional dirigida al Estado miembro del domicilio del consumidor a través de Internet y la celebración del contrato»
En el asunto C‑218/12,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landgericht Saarbrücken (Alemania), mediante resolución de 27 de abril de 2012, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de mayo de 2012, en el procedimiento entre
Lokman Emrek
y
Vlado Sabranovic,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y los Sres. C.G. Fernlund y A. Ó Caoimh, la Sra. C. Toader (Ponente) y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;
Secretaria: Sra. A. Impellizzeri, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de abril de 2013;
consideradas las observaciones presentadas:
—
en nombre del Sr. Emrek, por el Sr. M. Kurt, Rechtsanwalt;
—
en nombre del Sr. Sabranovic, por la Sra. M. Mauer, Rechtsanwältin;
—
en nombre del Gobierno belga, por los Sres. T. Materne y J.C. Halleux, en calidad de agentes;
—
en nombre del Gobierno francés, por la Sra. B. Beaupère-Manokha, en calidad de agente;
—
en nombre del Gobierno luxemburgués, por la Sra. P. Frantzen y el Sr. C. Schiltz, en calidad de agentes;
—
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. A.-M. Rouchaud-Joët y el Sr. M. Wilderspin, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de julio de 2013;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
2
Dicha petición se ha presentado en un litigio entre el Sr. Emrek y el Sr. Sabranovic en relación con unas demandas en materia de garantía tras la celebración de un contrato de compraventa de un vehículo de ocasión.
Marco jurídico
3
A tenor del considerando 11 del Reglamento no 44/2001, «las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción».
4
Según el considerando 13 del citado Reglamento, en materia de contratos de seguros, de los celebrados por los consumidores o de trabajo, es oportuno proteger a la parte más débil mediante reglas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las reglas generales.
5
El artículo 2, apartado 1, del mismo Reglamento establece el principio de que las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.
6
En materia contractual, el artículo 5 del Reglamento no 44/2001 establece en su punto 1, letra a), que el tribunal competente será el del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda.
7
El artículo 15, apartado 1, del citado Reglamento tiene el siguiente tenor:
«En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5 del artículo 5:
[...]
c)
en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerciere actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirigiere tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato estuviere comprendido en el marco de dichas actividades.»
8
El artículo 16, apartados 1 y 2, del Reglamento no 44/2001 dispone:
«1.   La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliada dicha parte o ante el tribunal del lugar en que estuviere domiciliado el consumidor.
2.   La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante sólo podrá interponerse ante los tribunales del Estado contratante en que estuviere domiciliado el consumidor.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
9
De la resolución de remisión resulta que el Sr. Emrek, domiciliado en Sarrebruck (Alemania) en el momento de los hechos del litigio principal, buscaba un vehículo de ocasión.
10
El Sr. Sabranovic regenta en Spicheren (Francia), una ciudad situada cerca de la frontera alemana, con la razón social Vlado Automobiles Import-Export, una empresa de venta de vehículos de ocasión. En la citada fecha, tenía una página web que mencionaba la dirección de su empresa, incluidos los números de teléfono franceses y un número de teléfono móvil alemán, junto con los prefijos internacionales respectivos.
11
Tras tener noticia, por medio de conocidos, y no a través de la citada página web, de la existencia de la empresa del Sr. Sabranovic y de la posibilidad de adquirir en ella un automóvil, el Sr. Emrek se desplazó a la sede de dicha empresa en Spicheren.
12
De este modo, el 13 de septiembre de 2010, el Sr. Emrek, como consumidor, celebró con el Sr. Sabranovic, en el establecimiento de éste, un contrato por escrito de compraventa de un vehículo de ocasión.
13
Mediante una acción ejercida con posterioridad ante el Amtsgericht Saarbrücken (Alemania), el Sr. Emrek formuló contra el Sr. Sabranovic demandas en materia de garantía. El demandante consideró que, en virtud del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001, dicho tribunal tenía competencia internacional para resolver tal acción. A su juicio, en efecto, de la concepción de la página web del Sr. Sabranovic resulta que su actividad comercial también se dirige a Alemania.
14
El citado tribunal declaró la inadmisibilidad de la demanda del Sr. Emrek, afirmando que, en el presente caso, no es aplicable el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001, ya que el Sr. Sabranovic no había dirigido su actividad comercial, en el sentido de dicha disposición, a Alemania.
15
El Sr. Emrek interpuso recurso de apelación contra dicha resolución ante el órgano jurisdiccional remitente sosteniendo que el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001 no exige que se acredite la existencia de una relación causal entre la actividad comercial dirigida al Estado miembro del consumidor y la celebración del contrato. Dicha disposición tampoco exige que el contrato haya sido celebrado a distancia.
16
El Landgericht Saarbrücken considera que, en el asunto principal, está acreditado que la actividad comercial del Sr. Sabranovic estaba dirigida a Alemania. En particular, la mención del prefijo telefónico internacional de Francia así como de un número de teléfono móvil alemán da la impresión de que este comerciante pretende también captar clientes establecidos fuera de Francia, en particular, los que se encuentran en la zona limítrofe en Alemania.
17
Según el citado órgano jurisdiccional, aun si tuviera que considerarse que la aplicación del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001 no está subordinada a la celebración de un contrato a distancia, sería necesario, no obstante, a fin de evitar una ampliación del ámbito de aplicación de dicha disposición, que la página web del comerciante hubiera causado, al menos, la celebración efectiva del contrato con el consumidor. En consecuencia, considera que la citada disposición no debe ser aplicable cuando un consumidor celebra «fortuitamente» un contrato con un «empresario».
18
En estas circunstancias, el Landgericht Saarbrücken decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Exige el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001, como requisito adicional no escrito, en los casos en que una página web de un comerciante cumpla el criterio de la actividad “dirigida” [al Estado miembro del consumidor], que el consumidor haya sido inducido por la página web operada por el comerciante a celebrar el contrato, de modo que la página web guarde una relación causal con la celebración del contrato?
2)
Si es necesaria una relación causal entre el requisito de la actividad “dirigida” [al Estado Miembro del consumidor] y la celebración del contrato, ¿exige también el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001 una celebración del contrato a distancia?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
19
Con carácter preliminar, procede precisar que, en su sentencia de 6 de septiembre de 2012, Mühlleitner (C‑190/11), el Tribunal de Justicia ya ha respondido a la segunda cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, al declarar que el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no exige que el contrato entre el consumidor y el profesional se haya celebrado a distancia.
20
Por consiguiente, debe examinarse únicamente la primera cuestión, mediante la que el citado órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que exige que exista una relación causal entre el medio utilizado para dirigir la actividad comercial o profesional al Estado miembro del domicilio del consumidor, a saber, una página web, y la celebración del contrato con ese consumidor.
21
A este respecto, es necesario observar, en primer lugar, que, en virtud del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001, la aplicación de esta disposición no está supeditada expresamente a la existencia de tal relación causal.
22
En efecto, del tenor de la referida disposición se desprende que ésta se aplica cuando se cumplen dos requisitos específicos. Es necesario, por un lado, que el comerciante ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o que, por cualquier medio, dirija tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y, por otro, que el contrato controvertido esté comprendido en el marco de dichas actividades.
23
Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el requisito esencial al que está supeditada la aplicación del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001 es el relacionado con la actividad comercial o profesional dirigida al Estado del domicilio del consumidor (sentencia Mühlleitner, antes citada, apartado 44) y, en el caso de autos, el tribunal remitente considera que se cumple este requisito.
24
En segundo lugar, por lo que respecta a la interpretación teleológica del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001, ha de observarse que el hecho de añadir el citado requisito no escrito relativo a la existencia de una relación causal como la mencionada en el apartado 20 de la presente sentencia sería contrario al objetivo que se persigue con la citada disposición, a saber, el de la protección de los consumidores, que se consideran las partes débiles de los contratos celebrados por éstos con un profesional.
25
En efecto, como señaló la Comisión Europea y como indicó el Abogado General en el punto 25 de sus conclusiones, es necesario observar que la exigencia de una consulta previa de una página web por el consumidor podría generar algunos problemas probatorios, en particular, en los casos en que el contrato, como en el asunto controvertido en el litigio principal, no se ha celebrado a distancia a través de esa misma página. En tal supuesto, las dificultades que entrañaría la prueba de la existencia de una relación causal entre el medio empleado para dirigir la actividad, a saber, una página web, y la celebración de un contrato, podrían disuadir a los consumidores de acudir a los tribunales nacionales con arreglo a los artículos 15 y 16 del Reglamento no 44/2001 y debilitaría la protección de los consumidores perseguida por estas disposiciones.
26
No obstante, como señaló también el Abogado General en el punto 26 de sus conclusiones, si bien la citada relación causal no es un requisito no escrito al que esté supeditada la aplicación del mencionado artículo 15, apartado 1, letra c), no es menos cierto que puede servir de indicio cualificado susceptible de ser tomado en consideración por el juez nacional a la hora de determinar si la actividad se dirige efectivamente al Estado miembro en que está domiciliado el consumidor.
27
A este respecto, debe recordarse que, en el apartado 93 y en el fallo de su sentencia de 7 de diciembre de 2010, Pammer y Hotel Alpenhof (C-585/08 y C-144/09, Rec. p. I-12527), el Tribunal de Justicia identificó una lista no exhaustiva de indicios que pueden ayudar a un tribunal nacional a apreciar si se cumple el requisito esencial de que la actividad comercial esté dirigida al Estado miembro del domicilio del consumidor.
28
Asimismo, en su sentencia Mühlleitner, antes citada, a la vez que declaró que la aplicación del citado artículo 15, apartado 1, letra c), no está supeditada a la celebración de un contrato de consumo a distancia, el Tribunal de Justicia, en el apartado 44 de la misma sentencia, añadió a la citada lista no exhaustiva otros indicios, relativos, en particular, a «la toma de contacto a distancia» y «la celebración de un contrato de consumo a distancia», que pueden acreditar que el contrato está vinculado con una actividad dirigida al Estado miembro del domicilio del consumidor.
29
Pues bien, a fin de evitar una ampliación del ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001, procede declarar que la relación causal que es objeto de la primera cuestión prejudicial debe considerarse un indicio de una «actividad dirigida», al igual que la toma de contacto a distancia que lleva a que el consumidor se comprometa contractualmente a distancia.
30
Además, como señaló el Abogado General en los puntos 33 a 38 de sus conclusiones, el hecho de que un comerciante, como el del litigio principal, se encuentre establecido en un Estado miembro cercano a la frontera con otro Estado miembro, en una conurbación que se extiende a ambos lados de ésta, y que utilice un número de teléfono atribuido por el otro Estado miembro poniéndolo a disposición de sus clientes potenciales domiciliados en ese Estado de manera que les evita el coste de una llamada internacional, puede constituir también un indicio que demuestre que su actividad está «dirigida a» ese otro Estado miembro.
31
En cualquier caso, corresponde al órgano jurisdiccional remitente efectuar una apreciación global de las circunstancias en las que fue celebrado el contrato de consumo controvertido en el litigio principal para decidir si, en función de la existencia o no de indicios que figuren o no en la lista no exhaustiva tal como la ha elaborado el Tribunal de Justicia en la jurisprudencia pertinente mencionada en los apartados 27 y 28 de la presente sentencia, es aplicable el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001.
32
Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede responder a la primera cuestión que el artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no exige que exista una relación causal entre el medio utilizado para dirigir la actividad comercial o profesional al Estado miembro del domicilio del consumidor, a saber, una página web, y la celebración del contrato con dicho consumidor. No obstante, la existencia de tal relación causal constituye un indicio de vinculación del contrato a tal actividad.
Costas
33
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 15, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no exige que exista una relación causal entre el medio utilizado para dirigir la actividad comercial o profesional al Estado miembro del domicilio del consumidor, a saber, una página web, y la celebración del contrato con dicho consumidor. No obstante, la existencia de tal relación causal constituye un indicio de vinculación del contrato a tal actividad.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.