61994TO0330_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto T-330/94,
Salt Union Ltd, sociedad inglesa, con domicilio social en Cheshire (Reino Unido), representada por los Sres. Jonathan Scott y Craig Pouncey, Solicitors, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Georges Baden, 8, boulevard Royal,
parte demandante,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. Nicolas Khan y Jean-Paul Keppenne, miembros del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandada,
que tiene por objeto, por un lado, que se anule la decisión contenida en el escrito de 5 de agosto de 1994, mediante el cual la Comisión informó a la demandante que no había encontrado ningún motivo para proponer medidas apropiadas en el sentido del apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE respecto del régimen neerlandés de ayuda regional "Subsidieregeling regionale investeringsprojecten 1991", y, por otro, que se condene a la Comunidad a reparar el perjuicio que la demandante considera haber sufrido a causa de dicha decisión,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera ampliada),
integrado por el Sr. C.P. Briët, Presidente; los Sres. B. Vesterdorf y K. Lenaerts, la Sra. P. Lindh y el Sr. A. Potocki, Jueces;
Secretario: Sr. H. Jung;
dicta el siguiente
Auto
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de octubre de 1994, Salt Union Ltd (en lo sucesivo, "Salt Union"), interpuso un recurso que tiene por objeto, por un lado, que se anule la decisión contenida en el escrito de 5 de agosto de 1994, mediante el cual la Comisión informó a la demandante que no había encontrado ningún motivo para proponer medidas apropiadas con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE (en lo sucesivo, "Tratado") respecto del régimen neerlandés de ayuda regional "Subsidieregeling regionale investeringsprojecten 1991", y, por otro, que se condene a la Comunidad a reparar el perjuicio que la demandante considera haber sufrido a causa de dicha decisión
2 Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de enero de 1995, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad, con arreglo al apartado 1 del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento. Mediante auto de 13 de julio de 1995, el Tribunal de Primera Instancia (Sala tercera ampliada) acordó unir el examen de la excepción de inadmisibilidad al fondo del asunto, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento.
3 Frima BV (en lo suvesivo, "Frima") y Verein Deutsche Salzindustrie eV (en lo sucesivo, "VDS") solicitaron que se les admitiera a intervenir en el litigio.
4 Las demandas de intervención se presentaron con arreglo al artículo 37 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, "Estatuto"), aplicable al procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud del párrafo primero del artículo 46 del Estatuto. Dichas demandas cumplen los requisitos del artículo 115 del Reglamento de Procedimiento y se notificaron a las partes, conforme al apartado 1 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento.
5 El Presidente de Sala atribuyó las demandas de intervención al Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada), conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento.
Sobre la demanda de intervención de Frima
6 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de marzo de 1995, Frima, sociedad neerlandesa, con domicilio social en La Haya (Países Bajos), representada por el Sr. Tom Ottervanger, Abogado de Rotterdam, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho Zeyen Beghin Feider, Loeff Claeys Verbeke, 67, rue Ermesinde, solicitó intervenir en el litigio en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
7 En apoyo de su demanda de intervención, Frima señaló que el objeto del litigio cuestiona implícitamente la validez de la ayuda de 12,5 millones de HFL que el Gobierno neerlandés le concedió, en virtud del régimen de ayuda regional de que se trata, para la construcción de un nuevo centro de producción de sal en Harlingen, en la provincia de Frisia (Países Bajos). Expuso que, por lo tanto, el recurso de anulación interpuesto por Salt Union podía afectar su situación de forma sustancial, por cuanto podría verse privada de toda o parte de la ayuda que las autoridades neerlandesas le concedieron.
8 Mediante escrito de 10 de abril de 1995, Salt Union comunicó que no tiene observaciones que formular sobre la demanda de intervención presentada por Frima.
9 Mediante escrito de 10 de abril de 1995, la Comisión explicó que debería admitirse la intervención de Frima, puesto que es la beneficiaria de una ayuda concedida en virtud del régimen respecto al cual se denegó la adopción de medidas apropiadas y que, por lo tanto, demuestra un interés en la solución del litigio. La Comisión observó, además, que se admitió la intervención de Frima en el asunto T-154/94, Comité des Salines de France et Compagnie des salins du Midi et des salines de l' Est/Comisión, relativo a la misma ayuda concedida a Frima (auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de febrero de 1995, no publicado en la Recopilación).
10 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, con arreglo al artículo 37 del Estatuto, para que una parte pueda ser admitida a intervenir en un litigio ante el Tribunal de Primera Instancia, debe demostrar un interés en la solución de dicho litigio. Según la jurisprudencia, el beneficiario de una ayuda de Estado, en el marco de un litigio que se refiere a esta ayuda, demuestra dicho interés (véanse, por ejemplo, los autos del Tribunal de Primera Instancia de 1 de julio de 1993, Matra Hachette/Comisión, T-17/93, no publicado en la Recopilación, apartados 19 y 20, y Comité des salines de France et Compagnie des salins du Midi et des salines de l' Est/Comisión, antes citado, apartado 9).
11 El Tribunal de Primera Instancia observa que Frima es la beneficiaria de una ayuda concedida en virtud del régimen neerlandés de ayuda regional que constituye el objeto de la decisión impugnada. Por consiguiente, procede admitir la intervención de Frima en el litigio, en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
Sobre la demanda de intervención de VDS
12 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 31 de marzo de 1995, VDS, asociación alemana, con sede social en Bonn (Alemania), representada por el Sr. Thomas Jestaedt, Abogado de Duesseldorf, y por los Sres. Walter Klosterfelde y Karsten Metzlaff, Abogados de Hamburgo, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Philippe Dupont, 8-10, rue Mathias Hardt, solicitó intervenir en el litigio, en apoyo de las pretensiones de Salt Union.
13 En apoyo de su demanda de intervención, VDS afirmó, en primer lugar, que es una asociación que agrupa a todos los productores de sal alemanes. Alegó, a continuación, que demostraba un interés en la solución del litigio, puesto que la ayuda concedida a Frima, en virtud del régimen neerlandés de ayuda regional, crearía capacidades adicionales en un mercado que ya experimentaba, según ella, excesos de capacidad considerables. Dado que Frima no podría comercializar, en los Países Bajos, toda la sal producida, la exportaría probablemente a Alemania, de modo que los intereses de los productores de sal alemanes resultarían afectados.
14 Salt Union no formuló observaciones respecto a la demanda de intervención en el litigio presentada por VDS.
15 Mediante escrito de 24 de abril de 1995, la Comisión señaló, en primer lugar, que, si se admitía a intervenir en el litigio a VDS, "apoyará plenamente las pretensiones formuladas por la parte demandante en su escrito de 13 de octubre de 1994". La Comisión admitió, a continuación, que, dado que los miembros de VDS parecían ser competidores de Frima, debería admitirse la intervención de VDS, en la medida en que esta última apoya las pretensiones de Salt Union dirigidas a la anulación de la decisión contenida en el escrito de 5 de agosto de 1994. No obstante, la Comisión, que se remitió al auto del Tribunal de Justicia de 12 de abril de 1978, Amylum y otros/Consejo y Comisión (asuntos acumulados 116/77, 124/77 y 143/77, Rec. p. 893), opinaba que la demanda de intervención debía desestimarse en la medida en que VDS sostenía las pretensiones de Salt Union por las que se solicitaba que se condenara a la Comunidad a reparar el perjuicio que Salt Union consideraba haber sufrido. Según la Comisión, VDS no podía tener interés en que Salt Union obtuviera del Tribunal de Primera Instancia una declaración por la que se consideraba a la Comisión responsable del perjuicio que aquella alega haber sufrido.
16 El Tribunal de Primera Instancia señala, con carácter preliminar, que, en cualquier caso, no puede admitirse la intervención de VDS en la medida en que tiene por objeto apoyar las pretensiones de Salt Union basadas en el artículo 215 del Tratado, relativas a la reparación del perjuicio que esta última considera haber sufrido. En efecto, como ha señalado acertadamente la Comisión, VDS no puede alegar que tiene un interés propio y directo en que se estimen dichas pretensiones (auto Amylum y otros/Consejo y Comisión, antes citado, apartado 9; autos del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 1995, Atlanta y otros/Consejo y Comisión, T-521/93, no publicado en la Recopilación, apartado 12, y de 17 de julio de 1995, Pacific Fruit Company/Consejo y Comisión, T-516/93, no publicado en la Recopilación, apartado 12).
17 En la medida en que la intervención de VDS tiene por objeto apoyar las pretensiones de Salt Union basadas en el artículo 173 del Tratado, por las que solicita que se anule la decisión contenida en el escrito de 5 de agosto de 1994, el Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que, según una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, una empresa que se encuentra en situación de competencia con el beneficiario de una ayuda de Estado demuestra un interés en la solución del litigio relativo a dicha ayuda (véanse, por ejemplo, el auto del Tribunal de Justicia de 26 de noviembre de 1991, Italgrani/Comisión, C-100/91, no publicado en la Recopilación, apartado 10, así como el auto Comité des salines de France et Compagnie des salins du Midi et des salines de l' Est/Comisión, antes citado, apartado 15). Este Tribunal considera que VDS ha acreditado suficientemente que su miembros, productores de sal alemanes, se encuentran en situación de competencia con Frima.
18 El Tribunal de Primera Instancia recuerda, a continuación, que de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia se deduce también que el interés de una asociación en intervenir en un litigio ante el Juez comunitario debe apreciarse en función, especialmente, de su objeto estatutario (véanse, por ejemplo, el auto del Tribunal de Justicia de 11 de diciembre de 1973, Générale sucrière y otros/Comisión, asuntos acumulados 41/73, 43/73 a 48/73, 50/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1465, apartado 5; así como los autos del Tribunal de Primera Instancia de 8 de diciembre de 1993, Kruidvat/Comisión, T-87/92, Rec. p. II-1369, apartado 12, y Comité des salines de France et Compagnie des salins du Midi et des salines de l' Est/Comisión, antes citada, apartado 22).
19 El Tribunal de Primera Instancia señala que, según el párrafo segundo del artículo 1 de los Estatutos de VDS, esta asociación tiene por objeto, entre otros, "el fomento de los asuntos generales de la industria alemana de la sal y de los intereses profesionales comunes de sus miembros". El mismo artículo dispone que, en el marco de dicho objeto, forman parte de las actividades de VDS "d) la represión de actos de competencia desleal" y "e) la representación de los intereses de la industria de la sal frente a administraciones y organizaciones".
20 El Tribunal de Primera Instancia considera que, habida cuenta del hecho de que sus miembros son competidores de Frima y de su objeto estatutario, VDS demuestra un interés suficiente en la solución del presente litigio. Procede, pues, admitirla a intervenir en apoyo de las pretensiones de Salt Union, en la medida en que éstas se basan en el artículo 173 del Tratado.
Sobre las peticiones de que se aplicara una excepción al régimen lingueístico
21 Frima y VDS presentaron sendas peticiones con objeto de que se las autorizase a utilizar, respectivamente, la lengua neerlandesa y la lengua alemana durante la vista.
22 En su escrito de 10 de abril de 1995, Salt Union comunicó que no tenía observaciones que formular sobre la petición de Frima relativa a la utilización de la lengua neerlandesa durante la vista. Por lo que se refiere a la misma petición de VDS para la lengua alemana, Salt Union no formuló ninguna observación.
23 En lo que respecta a la petición de Frima, la Comisión señaló, en su escrito de 10 de abril de 1995, que, según el auto del Tribunal de Primera Instancia de 13 de mayo de 1993, Ladbroke Racing/Comisión (T-74/92, Rec. p. II-535), apartado 14, toda petición que tenga por objeto la utilización de una lengua distinta de la lengua de procedimiento deberá ir acompañada de una motivación detallada y específica. Dado que la petición de Frima no expone motivos particulares que expliquen porqué se la debería autorizar a utilizar el neerlandés durante la vista, la Comisión considera que dicha petición está formulada de modo incompleto y, por consiguiente, debe desestimarse.
24 En lo que respecta a la petición de VDS, la Comisión señala, en su escrito de 24 de abril de 1995, que tampoco está debidamente motivada. No obstante, puesto que la petición se limita a la vista, la Comisión se abstuvo de toda observación particular, dejando la cuestión a la entera discreción del Tribunal de Primera Instancia.
25 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que del cumplimiento de la norma relativa a la utilización de la lengua de procedimiento, elegida por la parte demandante con arreglo a la primera frase del apartado 2 del artículo 35 del Reglamento de Procedimiento, el párrafo cuarto del apartado 3 del artículo 35 del Reglamento de Procedimiento dispensa únicamente a los Estados miembros que intervengan en un litigio. No obstante, la letra b) del apartado 2 del artículo 35 del Reglamento de Procedimiento permite al Tribunal de Primera Instancia, a petición de una parte, y después de haber oído a la otra parte, autorizar el empleo total o parcial de otra de las lenguas mencionadas en el apartado 1 del artículo 35, distinta de la lengua de procedimiento.
26 El Tribunal de Primera Instancia considera que, en virtud de estas disposiciones, es posible permitir a una parte coadyuvante utilizar la lengua que elija, distinta de la lengua de procedimiento, siempre que, por un lado, dicha lengua figure entre las mencionadas en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de Procedimiento y, por otro, que el procedimiento no se retrase y que no se conculquen los derechos procesales de las partes principales del litigio. Si la petición de aplicar una excepción al régimen lingueístico sólo se refiere a la fase oral, y si las partes principales no se oponen justificadamente, procede aplicar estos criterios con flexibilidad.
27 El Tribunal de Primera Instancia comprueba que, en el presente caso, no se ha aportado ninguna prueba que sirva para demostrar que la excepción solicitada por las partes coadyuvantes pudiera retrasar el procedimiento o conculcar los derechos procesales de las partes principales en el litigio.
28 Por consiguiente, procede estimar la petición de Frima y de VDS de utilizar, respectivamente, la lengua neerlandesa y la lengua alemana durante la vista.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera ampliada)
resuelve:
1) Admitir la intervención de Frima BV en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
2) Admitir la intervención de Verein Deutsche Salzindustrie eV en apoyo de las pretensiones de Salt Union, en la medida en que éstas se basan en el artículo 173 del Tratado.
3) Se fijará un plazo a las partes coadyuvantes para que expongan, por escrito, los fundamentos en los que basan sus pretensiones.
4) Estimar las peticiones presentadas por Frima BV y Verein Deutsche Salzindustrie eV dirigidas a que se les autorice a utilizar, respectivamente, la lengua neerlandesa y la lengua alemana durante la vista.
5) Reservar la decisión sobre las costas.
Dictado en Luxemburgo, a 17 de noviembre de 1995.