62023TJ0201_RES
Asunto T‑201/23
Communications Regulatory Authority (CRA)
contra
Consejo de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 16 de octubre de 2024
«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Irán — Inmovilización de fondos — Lista de personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de capitales y recursos económicos — Inclusión del nombre del demandante en la lista — Obligación de motivación — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva — Proporcionalidad — Desviación de poder»
Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Medidas restrictivas contra Irán — Inmovilización de los fondos de determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán — Obligación de indicar en la motivación los datos específicos y concretos que justifican tal medida — Decisión que se enmarca en un contexto conocido por el interesado y que le permite comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él — Procedencia de una motivación sucinta
[Art. 296 TFUE; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 359/2011 y de Ejecución 2023/152]
(véanse los apartados 25 a 28 y 30 a 34)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho de defensa — Medidas restrictivas contra Irán — Inmovilización de fondos de personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos y de las personas, entidades u organismos asociados a ellas — Derecho de acceso a los documentos — Derecho supeditado a la presentación de una solicitud en este sentido ante el Consejo
[Reglamentos del Consejo (UE) n.o 359/2011 y de Ejecución 2023/152]
(véase el apartado 38)
Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Medidas restrictivas contra Irán — Alcance del control — Prueba de la procedencia de la medida — Obligación de la autoridad competente de la Unión de acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra las personas o entidades afectadas son fundados — Elementos de prueba que mencionan unos documentos que no han sido aportados a los autos del procedimiento — Violación del derecho de defensa — Inexistencia
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 359/2011 y de Ejecución 2023/152]
(véanse los apartados 55 y 61 a 64)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derechos fundamentales — Presunción de inocencia — Decisión de inmovilización de fondos adoptada contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán — Compatibilidad con el referido principio — Requisitos
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 48, ap. 1; Reglamentos del Consejo (UE) n.o 359/2011 y de Ejecución 2023/152]
(véanse los apartados 66 a 69)
Unión Europea — Control jurisdiccional de la legalidad de los actos de las instituciones — Medidas restrictivas contra Irán — Alcance del control — Inclusión del demandante en la lista que acompaña al Reglamento impugnado por su contribución en actos que constituyen violaciones graves de los derechos humanos — Documentos de acceso público — Valor probatorio
[Reglamentos del Consejo (UE) n.o 359/2011 y de Ejecución 2023/152]
(véanse los apartados 75 a 79, 86 y 88 a 90)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Irán — Inmovilización de fondos de personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos y de las personas, entidades u organismos asociados a ellas — Control jurisdiccional de la legalidad — Alcance — Apreciación de los hechos y comprobación de los elementos de prueba — Error de apreciación del Consejo en cuanto a la adopción de medidas restrictivas — Inexistencia
[Reglamentos del Consejo (UE) n.o 359/2011 y de Ejecución 2023/152]
(véanse los apartados 92, 93, 98, 107, 109 a 112 y 117)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Irán — Inmovilización de fondos de personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos y de las personas, entidades u organismos asociados a ellas — Control jurisdiccional de la legalidad — Carácter apropiado de las medidas restrictivas — Medidas restrictivas que persiguen un objetivo legítimo de la política exterior y de seguridad común
[Reglamentos del Consejo (UE) n.o 359/2011 y de Ejecución 2023/152]
(véanse los apartados 127 a 130)
Resumen
Mediante su sentencia, el Tribunal General desestima el recurso de anulación interpuesto por la Communications Regulatory Authority (CRA) contra el Reglamento 2023/152 (
1
) mediante el que Consejo de la Unión Europea incluyó en 2023 a esta institución en la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Irán. El Tribunal General declara que el Consejo no incurrió en error de apreciación, a la luz de los elementos de prueba aportados, en lo que respecta a la utilización, por la demandante, de un programa espía contra la población iraní.
La demandante es una institución gubernamental dependiente del Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Irán. Se han inmovilizado todos sus capitales, ya que se la considera responsable de violaciones graves de los derechos humanos en Irán por haber ejecutado las peticiones del Gobierno iraní de filtrar contenidos de internet mediante un programa espía llamado SIAM y por haber utilizado, con ocasión de las manifestaciones de 2022 que siguieron a la muerte de Mahsa Amini, su control del acceso a internet y de los teléfonos móviles para rastrear a los manifestantes y las actividades de los disidentes. Según el Consejo, la demandante ha apoyado de este modo la represión ejercida por dichas autoridades contra manifestantes que alzaban la voz en defensa de sus derechos legítimos.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal General desestima las alegaciones de la demandante basadas en la vulneración de los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El Tribunal General recuerda a este respecto que, en caso de impugnación, es la autoridad competente de la Unión Europea quien debe acreditar que los motivos invocados contra la persona o entidad afectada son fundados. Sin embargo, de ello no se deduce que la supuesta incapacidad del Consejo para aportar la prueba de que los motivos invocados para justificar la inclusión de la demandante en el anexo I del Reglamento n.o 359/2011, (
2
) suponiendo que se acreditara, vulnere el derecho de defensa de la demandante. Efectivamente, por el contrario, porque así lo exige la preservación de la eficacia del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales, el juez de la Unión está obligado a comprobar, en el marco del control de la legalidad de las medidas restrictivas, el fundamento de los motivos que subyacen a dichas medidas y, por tanto, el valor probatorio de los documentos presentados por el Consejo.
En segundo lugar, el Tribunal General recuerda que los artículos de prensa pueden utilizarse para corroborar la existencia de ciertos hechos si emanan de varias fuentes distintas y son suficientemente concretos, precisos y concordantes en lo que concierne a los hechos descritos en ellos.
En el caso de autos, el Consejo basó la adopción de las medidas restrictivas de que se trata contra la demandante en diversos documentos de esta naturaleza. El Tribunal General estima que un artículo publicado en el sitio de The Intercept (
3
) respalda las alegaciones del Consejo mediante la puesta a disposición del manual de uso del programa SIAM redactado en inglés y de un segundo manual redactado en farsi en el que figuraba el logotipo de la demandante. Estas afirmaciones están corroboradas por otras pruebas. Así, un artículo del medio de comunicación Commrisk (
4
) relata la reunión con el representante de una empresa tecnológica que intentó vender a Irán un programa con funciones «extrañamente similares» a las del programa SIAM y que había facilitado voluntariamente información sobre esa venta al autor de dicho artículo.
Por último, del artículo de la asociación ARTICLE 19 (
5
) se desprende que esta lleva varios años vigilando el alcance de los controles ejercicios sobre Internet en Irán. Esta asociación descubrió que la demandante, bajo el control del Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Irán, que en realidad está controlado por los servicios de inteligencia iraníes, pone en marcha equipos de vigilancia y censura en los proveedores de acceso a Internet y ordena cortes y otras restricciones del acceso a Internet en nombre del Consejo Supremo Nacional de Seguridad.
Por tanto, habida cuenta de la concordancia de los distintos elementos de prueba y las circunstancias de su elaboración, el Tribunal General estima que tales afirmaciones podían tomarse en consideración válidamente por el Consejo.
En último lugar, el Tribunal General considera que el Consejo le ha aportado un conjunto de indicios suficientemente precisos, concretos y concordantes que permiten acreditar un vínculo suficiente entre la demandante y la situación que se pretende combatir en el caso de autos, a saber, la represión ejercida por las autoridades iraníes contra manifestantes pacíficos, periodistas, defensores de los derechos humanos, estudiantes y otras personas que alzan la voz en defensa de sus derechos legítimos.
Por una parte, el Tribunal General desestima la alegación de la demandante de que no tiene capacidad jurídica para realizar los actos que se le reprochan. En efecto, el Tribunal General aprecia que, si bien la interceptación de las comunicaciones está en principio prohibida en Derecho iraní, es posible legalmente en determinados supuestos que se definen de manera muy amplia.
Por otra parte, el Tribunal General desestima la alegación de la demandante basada en su falta de capacidad técnica para realizar operaciones de vigilancia y control de los usuarios de las redes móviles iraníes. En efecto, constata que los comandos del programa SIAM se dirigen a todas las operadoras móviles iraníes y que estas deben darles respuesta en cualquier momento.
Por otro lado, en primer lugar, contrariamente a lo que afirma la demandante, la utilización de estos comandos produce el efecto descrito por el Consejo y no responde a un objetivo legítimo. Así, el comando «LocationCustomerList» hace posible identificar a todos los usuarios de una red móvil que se encuentren en una zona geográfica determinada, aunque dicha zona sea aproximada. Además, el comando «Force2GNumber», que persigue obligar a un teléfono móvil a utilizar la red 2G en lugar de las redes más modernas 3G y 4G, tiene por efecto hacer imposible la visualización e intercambio de vídeos desde el teléfono. El Tribunal General señala asimismo que la demandante no aporta ningún elemento de prueba que permita demostrar que los comandos «GetCDR» y «GetIPDR» —el primero de ellos sirve para consultar el historial de un teléfono y el segundo, para obtener la dirección IP de los dispositivos en los que se ha activado una determinada tarjeta SIM— solo pueden ser utilizados para responder a los requerimientos legítimos de los órganos jurisdiccionales iraníes y de las autoridades policiales.
Por último, el Tribunal General hace hincapié en que el contexto en Irán se caracteriza por frecuentes protestas de la población civil contra el régimen, reprimidas sistemáticamente por las autoridades de dicho país con la ayuda, en particular, de los medios de vigilancia de Internet. En estas circunstancias, no cabe excluir que comandos destinados inicialmente a fines «legales», como «ApplySusp» y «ApplySuspIP», que permiten inhabilitar tarjetas SIM que los usuarios declaran que se han perdido o robado, o que pertenecen a personas declaradas fallecidas, sean desvirtuados y utilizados por las autoridades iraníes con fines represivos.
(
1
)	Reglamento de Ejecución (UE) 2023/152 del Consejo, de 23 de enero de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 359/2011 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Irán (DO 2023, L 20 I, p. 1).
(
2
)	Reglamento (UE) n.o 359/2011 del Consejo, de 12 de abril de 2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Irán (DO 2011, L 100, p. 1).
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3
)	Artículo titulado «Hacked documents: How Iran track and control protesters phone», publicado el 28 de octubre de 2022.
(
4
)	Artículo titulado «Hacker Leaks Manuals Showing How Iran Uses Mobile Networks to Track Protesters», publicado el 31 de octubre de 2022.
(
5
)	Artículo titulado «Iran: New tactics for digital repression as protests continue», publicado el 17 de noviembre de 2022.