62023CO0058
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 27 de septiembre de 2023 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Política de asilo — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Artículos 22 y 23 — Derecho a asistencia jurídica y representación legal — Artículo 46, apartado 4 — Plazo razonable para recurrir — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la tutela judicial efectiva — Denegación, mediante procedimiento acelerado, de una solicitud de protección internacional por ser manifiestamente infundada»
En el asunto C‑58/23 [Abboudnam] (
i
),
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Upravno sodišče (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Eslovenia), mediante resolución de 31 de enero de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de febrero de 2023, en el procedimiento entre
Y. N.
y
Republika Slovenija,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. M. Safjan, Presidente de Sala, y los Sres. N. Piçarra (Ponente) y N. Jääskinen, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír a la Abogada General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 46, apartado 4, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60), en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Y. N. y la Republika Slovenija (República de Eslovenia), en relación con la resolución del Ministerio del Interior de esta (en lo sucesivo, «Ministerio del Interior») de denegar, mediante un procedimiento acelerado, la solicitud de protección internacional presentada por Y. N. por ser manifiestamente infundada (en lo sucesivo, «resolución controvertida en el litigio principal»).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
Los considerandos 20, 23, 25 y 50 de la Directiva 2013/32 exponen:
«(20)
En circunstancias bien definidas, cuando sea probable que una solicitud resulte infundada […], los Estados miembros deben poder acelerar el procedimiento de examen, en particular, estableciendo unos plazos más breves, aunque razonables, para algunas fases del procedimiento, sin perjuicio de que se efectúe un examen adecuado y completo de la solicitud ni de un acceso efectivo por parte del solicitante a los principios y garantías fundamentales establecidos en la presente Directiva.
[…]
(23)
En el marco de los procedimientos de recurso, se debe prestar a los solicitantes, con ciertas condiciones, asistencia y representación jurídica gratuitas por parte de personas competentes para prestarlas con arreglo a la legislación nacional. Además, en todas las fases del procedimiento, los solicitantes deben tener derecho a consultar, a su costa, a asesores jurídicos o a abogados autorizados a ejercer como tales conforme a su Derecho nacional.
[…]
(25)
En aras del adecuado reconocimiento de las personas necesitadas de protección como refugiados a efectos del artículo 1 de la [Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de los Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954), completada y modificada por el Protocolo relativo al Estatuto de los Refugiados, celebrado en Nueva York el 31 de enero de 1967] o como personas con derecho a protección subsidiaria, todo solicitante debe tener acceso efectivo a los procedimientos, la oportunidad de cooperar y comunicarse realmente con las autoridades competentes para poder presentar los hechos pertinentes para su caso, así como las garantías procedimentales suficientes para estar en condiciones de proseguir el procedimiento en todas sus fases. Además, el procedimiento en el cual se examina una solicitud de protección internacional debería facilitar normalmente al solicitante al menos […] el derecho a los servicios de un intérprete para presentar el caso si las autoridades lo entrevistan, […] la oportunidad de consultar a abogados u otros asesores jurídicos y el derecho a ser informado de su situación en los momentos decisivos del procedimiento en una lengua que entienda o razonablemente se pueda suponer que entiende y, en caso de decisión negativa, el derecho a un recurso efectivo ante un juzgado o tribunal.
[…]
(50)
Refleja un principio de Derecho de la Unión fundamental el hecho de que las decisiones adoptadas con respecto a una solicitud de protección internacional […] deban estar sujetas a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional.»
4
El artículo 12 de esta Directiva, titulado «Garantías para los solicitantes», dispone:
«1.   Los Estados miembros garantizarán, respecto de los procedimientos establecidos en el capítulo III, que todos los solicitantes disfruten de las siguientes garantías:
[…]
b)
disponer, en caso necesario, de los servicios de un intérprete para exponer sus argumentos ante las autoridades competentes. Los Estados miembros considerarán necesario proporcionar estos servicios al menos cuando el solicitante sea convocado a la entrevista a que se refieren los artículos 14 a 17 y 34 y no pueda asegurarse la comunicación adecuada sin tales servicios. En ese caso y en otros casos en que las autoridades competentes convoquen al solicitante, dichos servicios se abonarán a través de fondos públicos;
[…]
2.   En cuanto a los procedimientos previstos en el capítulo [V], los Estados miembros se asegurarán de que todos los solicitantes disfruten de garantías equivalentes a las que se refiere el apartado 1, letras b), c), d) y e).»
5
El artículo 20, apartado 1, de dicha Directiva establece que los Estados miembros garantizarán que, a petición del interesado, se le concedan asistencia jurídica y representación legal gratuitas en los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 46 de esta.
6
El artículo 22, apartado 1, de la misma Directiva garantiza a los solicitantes la oportunidad de consultar, a su costa, de manera efectiva a un asesor jurídico u otro consejero, admitido o permitido como tal en virtud del Derecho nacional, sobre asuntos relativos a sus solicitudes de protección internacional, en todas las fases del procedimiento, incluso después de una resolución desestimatoria.
7
El artículo 23, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2013/32 precisa que ese abogado o ese otro asesor jurídico deben tener «acceso a la información que obre en el expediente del solicitante sobre cuya base se haya adoptado o se vaya a adoptar una resolución».
8
El artículo 46 de esta Directiva, titulado «Derecho a un recurso efectivo», establece en sus apartados 1 y 4:
«1.   Los Estados miembros garantizarán que los solicitantes tengan derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional contra lo siguiente:
a)
una resolución adoptada sobre su solicitud de protección internacional […]
[…]
4.   Los Estados miembros establecerán los plazos razonables y demás normas necesarias para que el solicitante pueda ejercitar su derecho a un recurso efectivo de conformidad con el apartado 1. Los plazos no harán imposible o excesivamente difícil dicho ejercicio.»
Derecho esloveno
9
El artículo 70, apartado 1, primera frase, de la Zakon o mednarodni zaščiti (Ley de Protección Internacional), de 4 de marzo de 2016 (Uradni list RS, n.o 16/17; en lo sucesivo, «ZMZ-1»), establece un plazo de quince días, a contar desde la notificación de una resolución administrativa de un órgano competente, para interponer un recurso contra dicha resolución ante el Upravno sodišče (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Eslovenia). Cuando tal resolución se adopta mediante un procedimiento acelerado, la segunda frase de dicho artículo 70, apartado 1, reduce ese plazo a tres días a partir de la notificación la resolución.
10
Del artículo 111, apartados 2 y 4, de la Zakon o pravdnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil), de 15 de marzo de 1999 (Uradni list RS, n.o 73/07), en relación con el artículo 22, apartado 1, de la Zakon o upravnem sporu (Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), de 28 de septiembre de 2006 (Uradni list RS, n.o 105/06), se desprende que, si se fija un plazo en días, este plazo comenzará a correr el primer día siguiente al de la notificación o comunicación de dicha resolución. Si el último día de ese plazo es sábado, domingo, día festivo u otro día inhábil previsto por la ley nacional, el mismo plazo expirará al final del primer día hábil siguiente.
Litigio principal y cuestión prejudicial
11
La resolución controvertida en el litigio principal, mediante la cual el Ministerio del Interior denegó por ser manifiestamente infundada la solicitud de protección internacional presentada por Y. N., nacional marroquí, fue adoptada mediante procedimiento acelerado. Con arreglo al artículo 70, apartado 1, segunda frase, de la ZMZ-1, el plazo para interponer recurso contra dicha resolución se reduce de quince a tres días a partir de la notificación de la misma.
12
Y. N. interpuso ante el Upravno sodišče (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo), el órgano jurisdiccional remitente, un recurso contra la resolución controvertida en el litigio principal, en el que alegaba, por una parte, que la notificación de dicha resolución tuvo lugar el 23 de diciembre de 2022, la víspera de un fin de semana festivo, de manera que el plazo efectivo de recurso se redujo a un día hábil. Por otra parte, afirmaba que, a pesar de que solo habla árabe, no dispuso de un intérprete y, en consecuencia, no pudo comunicarse de manera eficaz con su representante, por lo que sus conversaciones se redujeron a intercambios de mensajes cortos (SMS) mediante el empleo de un traductor electrónico. Según él, dado que estas circunstancias no le permitieron preparar eficazmente su recurso, se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.
13
El órgano jurisdiccional remitente confirma que, en el caso de autos, el último día del plazo de recurso, que comenzó a correr el 24 de diciembre de 2022, era el 26 de diciembre de 2022, día festivo en Eslovenia, por lo que dicho plazo había expirado al final del primer día hábil siguiente, es decir, el 27 de diciembre de 2022.
14
Dicho órgano jurisdiccional señala, además, que las circunstancias del caso de autos difieren de las del asunto que dio lugar a la sentencia de 9 de septiembre de 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Desestimación de una solicitud posterior — Plazo para interponer el recurso) (C‑651/19, EU:C:2020:681), en la que el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 46 de la Directiva 2013/32, a la luz del artículo 47 de la Carta, no se opone a una normativa nacional que fija, para la interposición de un recurso judicial contra una resolución por la que se declara inadmisible una solicitud de protección internacional posterior, un plazo preclusivo de diez días, incluidos festivos e inhábiles, a contar desde la notificación de la resolución, siempre que, en ese plazo, los solicitantes de protección internacional puedan ejercer de manera efectiva los derechos y garantías procesales que les reconoce la Directiva 2013/32.
15
Aun admitiendo que el plazo de recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional manifiestamente infundada pueda ser más breve que el plazo de quince días previsto para el procedimiento ordinario, el órgano jurisdiccional remitente considera que el plazo de tres días previsto en el marco del procedimiento acelerado es desproporcionadamente menos favorable que el previsto para el procedimiento ordinario.
16
En este contexto, el Upravno sodišče (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 4, de la Directiva [2013/32], en relación con el artículo 47 de la Carta, en el sentido de que se opone a una norma procedimental nacional como el artículo 70, apartado 1, segunda frase, de la LPI, que prevé, para la interposición de un recurso contra una resolución mediante la cual la autoridad competente deniega una solicitud por ser manifiestamente infundada en el marco de un procedimiento acelerado, un plazo preclusivo de tres días contados a partir de la notificación de tal resolución, incluidos los días festivos e inhábiles, de forma que dicho plazo puede expirar al final del primer día hábil siguiente?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Sobre la solicitud de procedimiento prejudicial de urgencia
17
Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría el 6 de febrero de 2023, el órgano jurisdiccional remitente solicitó que se tramitara el asunto mediante el procedimiento prejudicial de urgencia, señalando, por una parte, que la interpretación del artículo 46, apartado 4, de la Directiva 2013/32 que ha solicitado al Tribunal de Justicia era relevante para el examen de recursos similares interpuestos ante él y, por otra parte, que la cuestión de Derecho planteada en el caso de autos, dado que se refería al derecho a la tutela judicial efectiva, justificaba, por su propia naturaleza, una respuesta lo antes posible.
18
Mediante resolución de 16 de febrero de 2023, la Sala Tercera del Tribunal de Justicia, designada con arreglo al artículo 108, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, denegó dicha solicitud por no concurrir el requisito relativo a la urgencia.
19
Por lo que respecta al primer motivo invocado por el órgano jurisdiccional remitente, la Sala Tercera del Tribunal de Justicia señaló que el gran número de personas o de situaciones jurídicas potencialmente afectadas por la resolución que debe dictar un órgano jurisdiccional remitente tras haber planteado una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia no puede, como tal, constituir una circunstancia excepcional que justifique la aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia. En cuanto al segundo motivo, basado en que toda petición de decisión prejudicial relativa a la interpretación de una disposición relativa al derecho a la tutela judicial efectiva exige que el Tribunal de Justicia dé una respuesta con celeridad, dicha Sala consideró que tal motivo no podía bastar, por sí solo, para justificar que un asunto se tramitara por el procedimiento de urgencia, dado que este constituye un instrumento procesal destinado a dar respuesta a una situación de extraordinaria urgencia.
20
La Sala Tercera del Tribunal de Justicia recordó, por otra parte, que el criterio principal para determinar si se cumple el requisito de urgencia es el relativo a la existencia de una privación de libertad del demandante en el litigio principal [sentencia de 12 de enero de 2023, MV (Conformación de una pena global), C‑583/22 PPU, EU:C:2023:5, apartado 45] y señaló que de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprendía que el demandante no era objeto de ninguna medida de privación de libertad. Asimismo, observó que, en la medida en que, en virtud del Derecho nacional, el demandante no podía ser expulsado mientras la resolución por la que se resolvía su solicitud de autorización de residencia no hubiera adquirido firmeza, cabía descartarse el riesgo de expulsión a un país en el que pudiera estar expuesto a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.
Sobre la solicitud de procedimiento acelerado
21
El órgano jurisdiccional remitente también presentó una solicitud de tramitación por el procedimiento acelerado, con arreglo al artículo 105 del Reglamento de Procedimiento, basada en motivos idénticos a los invocados en apoyo de su solicitud de tramitación mediante el procedimiento prejudicial de urgencia, indicados en el apartado 17 del presente auto. Esta solicitud fue denegada mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 1 de marzo de 2023, por los mismos motivos que los expuestos en el apartado 19 del presente auto.
Sobre la cuestión prejudicial
22
En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal de Justicia puede decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.
23
En el caso de autos, se ha decidido aplicar esta disposición.
24
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 46, apartado 4, de la Directiva 2013/32, a la luz del artículo 47, párrafo primero, de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece un plazo de tres días, que incluye los días festivos e inhábiles, para interponer un recurso judicial contra una resolución, adoptada mediante procedimiento acelerado, por la que se deniega una solicitud de protección internacional por ser manifiestamente infundada.
25
El artículo 46, apartados 1 y 4, de esta Directiva, interpretado a la luz de su considerando 50, obliga a los Estados miembros a establecer los plazos razonables y demás normas necesarias para que el solicitante de protección internacional pueda ejercer su derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional. Esta disposición precisa asimismo que esos plazos no podrán hacer imposible o excesivamente difícil dicho ejercicio.
26
Las características del recurso previsto en el artículo 46, apartado 4, de la Directiva 2013/32 deben determinarse de conformidad con el artículo 47 de la Carta, a tenor del cual toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en este último artículo [sentencia de 9 de septiembre de 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Desestimación de una solicitud posterior — Plazo para interponer el recurso), C‑651/19, EU:C:2020:681, apartado 27]. Así pues, el artículo 46, apartado 4, de la Directiva 2013/32 se opone a cualquier medida nacional que obstaculice el ejercicio efectivo de los recursos previstos en el apartado 1 de dicho artículo [véase, por analogía, la sentencia de 22 de junio de 2023, K. B. y F. S. (Apreciación de oficio en el ámbito penal), C‑660/21, EU:C:2023:498, apartado 37].
27
De ello se deduce que, cuando los Estados miembros fijan plazos de recurso con arreglo a una disposición del Derecho de la Unión como dicho artículo 46, apartado 4, están obligados, de conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta, a garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta, que se concreta en el citado artículo 46 [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de diciembre de 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18, EU:C:2019:1114, apartado 34, y de 22 de junio de 2023, K. B. y F. S. (Apreciación de oficio en el ámbito penal), C‑660/21, EU:C:2023:498, apartado 40].
28
Como se desprende del considerando 20 de la Directiva 2013/32, tales plazos deben seguir siendo razonables en todos los casos y no perjudicar la realización de un examen adecuado y completo de la solicitud presentada ni el ejercicio efectivo por parte del solicitante de los derechos que esa Directiva le reconoce. Además, como se precisa en el considerando 25 de la citada Directiva, todo solicitante debe tener acceso efectivo a los procedimientos y la oportunidad de cooperar y comunicarse realmente con las autoridades competentes para poder presentar los hechos pertinentes para su caso, así como los derechos procesales suficientes para estar en condiciones de proseguir el procedimiento en todas sus fases.
29
Por otra parte, del artículo 12, apartado 1, letra b), en relación con el apartado 2, de la Directiva 2013/32 se desprende que, en lo que respecta a los procedimientos de recurso judicial, todos los solicitantes deben disfrutar, en la medida en que sea necesario, de garantías equivalentes a las previstas para la tramitación administrativa de las solicitudes de protección internacional, a saber, en particular, de los servicios de un intérprete para exponer sus argumentos ante las autoridades competentes.
30
Asimismo, para permitir a los solicitantes ejercer su derecho a un recurso efectivo ante un tribunal, el artículo 22 de la Directiva 2013/32, en relación con el considerando 23 de esta, garantiza a los solicitantes el derecho a recibir asistencia jurídica y representación legal en todas las fases del procedimiento, que pueden ser gratuitas con arreglo al artículo 20 de dicha Directiva, incluso después de una resolución desestimatoria. Además, el artículo 23 de dicha Directiva garantiza al asesor jurídico del solicitante el acceso a la información que obre en el expediente sobre cuya base se haya adoptado o se vaya a adoptar una resolución [sentencia de 9 de septiembre de 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Desestimación de una solicitud posterior — Plazo para interponer el recurso)C‑651/19, EU:C:2020:681, apartado 62].
31
De ello se deduce que, a fin de respetar las exigencias derivadas del artículo 46, apartado 4, de la Directiva 2013/32, interpretado a la luz del artículo 47, párrafo primero, de la Carta, un plazo para recurrir solo puede considerarse materialmente suficiente para preparar e interponer un recurso efectivo ante un tribunal si el solicitante puede ejercer efectivamente en ese plazo los derechos procesales mencionados en el apartado anterior del presente auto.
32
Pues bien, de la petición de decisión prejudicial se desprende que, dado que el Ministerio del Interior no puso un intérprete a disposición del representante del demandante en el litigio principal en el plazo de recurso controvertido en el litigio principal, las conversaciones entre estos se limitaron a un intercambio de SMS mediante el empleo de un traductor electrónico. De dicha petición resulta también que el Ministerio del Interior no dio respuesta alguna a la solicitud de acceso a la información que obraba en el expediente del demandante en el litigio principal presentada por su representante, lo que, según el órgano jurisdiccional remitente, se debía a que la resolución controvertida en el litigio principal había sido notificada al demandante poco antes de un día inhábil.
33
En estas circunstancias, sin perjuicio de las comprobaciones que debe efectuar el órgano jurisdiccional remitente, un plazo de recurso como el controvertido en el litigio principal, en la medida en que puede privar, en la práctica, a un solicitante de su derecho a los servicios de un intérprete para exponer sus argumentos ante las autoridades competentes, garantizado en el artículo 12, apartados 1, letra b), y 2, de la Directiva 2013/32, de su derecho a asistencia jurídica y representación legal, garantizado en el artículo 22 de esa Directiva, y de su derecho de acceso a la información que obre en el expediente, previsto en el artículo 23 de dicha Directiva, no garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 47 de la Carta.
34
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 46, apartado 4, de la Directiva 2013/32, a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece un plazo de tres días, que incluye los días festivos e inhábiles, para interponer un recurso judicial contra una resolución, adoptada mediante procedimiento acelerado, por la que se deniega una solicitud de protección internacional por ser manifiestamente infundada, dado que dicho plazo puede obstaculizar el ejercicio efectivo de los derechos garantizados en el artículo 12, apartados 1, letra b), y 2, y en los artículos 22 y 23 de dicha Directiva.
Costas
35
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) resuelve:
El artículo 46, apartado 4, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que establece un plazo de tres días, que incluye los días festivos e inhábiles, para interponer un recurso judicial contra una resolución, adoptada mediante procedimiento acelerado, por la que se deniega una solicitud de protección internacional por ser manifiestamente infundada, dado que dicho plazo puede obstaculizar el ejercicio efectivo de los derechos garantizados en el artículo 12, apartados 1, letra b), y 2, y en los artículos 22 y 23 de dicha Directiva.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: esloveno.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.