62023CJ0048_RES
Asunto C‑48/23
Alajärven Sähkö Oy y otrosyElenia Verkko Oyj
contra
Energiavirasto
(Petición de decisión prejudicial planteada por el markkinaoikeus)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de marzo de 2025
«Procedimiento prejudicial — Mercado interior de la electricidad — Directiva (UE) 2019/944 — Artículo 57, apartados 4 y 5 — Independencia de la autoridad reguladora nacional en el ejercicio de sus obligaciones y sus competencias — Directrices formuladas por un Estado miembro — Modificación de la normativa dirigida a reducir los precios de distribución de la electricidad — Decisión relativa a los métodos de control de las tarifas de explotación de la red eléctrica adoptada por la autoridad reguladora de que se trata a raíz de dicha modificación — Consideración de los trabajos preparatorios de la ley por la que se procedió a la referida modificación»
Energía — Mercado interior de la electricidad — Directiva 2019/944 — Autoridades reguladoras — Independencia — Obligaciones de los Estados miembros — Alcance — Adopción de una ley para influir en los precios de distribución de la electricidad — Inexistencia de disposiciones que regulen las tarifas de transporte o de distribución de electricidad — Modificación de los métodos de control de las tarifas de la explotación de la red eléctrica decidida por la autoridad reguladora tras la entrada en vigor de dicha Ley — Incumplimiento de la obligación del Estado miembro de respetar la independencia de la autoridad reguladora — Inexistencia
[Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 57, aps. 4 y 5, y 59]
(véanse los apartados 29 a 47 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil, Finlandia), precisa el alcance de la obligación de los Estados miembros de respetar la independencia de las autoridades reguladoras nacionales en el ejercicio de las funciones que les confiere la Directiva 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. (
1
)
Mediante varias decisiones adoptadas en diciembre de 2021 (en lo sucesivo, «decisiones controvertidas»), la autoridad reguladora finlandesa revisó, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, los métodos de control de las tarifas de explotación de la red eléctrica que había establecido en 2015. Según las explicaciones dadas en esas decisiones, dicha autoridad procedió a la referida revisión por iniciativa propia a raíz de la entrada en vigor de la Ley 730/2021, (
2
) que prorrogaba el período de aplicación de determinados requisitos relativos a la construcción y al mantenimiento de la red eléctrica.
A este respecto, el Tribunal de lo Mercantil precisa que de los trabajos preparatorios de la Ley 730/2021 se desprende que esta tenía por objeto inducir a una reducción de los precios de la distribución de electricidad, sin contener, no obstante, disposiciones que regulen las tarifas de transporte o de distribución de electricidad ni los métodos de cálculo de estas.
Dos empresas finlandesas, gestoras de la red eléctrica, solicitaron al Tribunal de lo Mercantil la anulación de las decisiones controvertidas en la medida en que estas modificaron los métodos de control de las tarifas de explotación de la red eléctrica. Refiriéndose al vínculo que existe entre la Ley 730/2021 y las decisiones controvertidas, estas empresas alegan, en particular, que la autoridad reguladora finlandesa no adoptó dichas decisiones de manera autónoma, de conformidad con los requisitos establecidos a este respecto por la Directiva 2019/944.
A la luz de esta imputación, el Tribunal de lo Mercantil decidió preguntar al Tribunal de Justicia, en esencia, si, habida cuenta de la relación entre la entrada en vigor de la Ley 730/2021 y la adopción de las decisiones controvertidas por la autoridad reguladora finlandesa, el artículo 57, apartados 4 y 5, y el artículo 59 de la Directiva 2019/944 se oponen a una normativa nacional como la Ley 730/2021.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que, con arreglo al artículo 57, apartado 4, de la Directiva 2019/944, los Estados miembros garantizarán la independencia de la autoridad reguladora en el desempeño de las funciones reguladoras que le confiere dicha Directiva y la legislación conexa. Además, de conformidad con el artículo 57, apartado 5, párrafo primero, letra a), a fin de proteger la independencia de la autoridad reguladora, los Estados miembros se asegurarán de que esta autoridad pueda tomar decisiones autónomas, con independencia de cualquier órgano político.
En este contexto, el Tribunal de Justicia declara, por una parte, que la independencia de las autoridades reguladoras debe garantizarse tanto frente a las entidades económicas como frente a las entidades públicas, ya sean órganos administrativos u órganos políticos y, en este último caso, no solo frente al Gobierno, sino también frente al legislador nacional.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia subraya que las competencias reservadas a la autoridad reguladora están comprendidas en el ámbito de la ejecución, sobre la base de una apreciación técnica especializada de la realidad y, en el ejercicio de esas competencias, dichas autoridades están supeditadas a principios y normas establecidos por un marco normativo detallado a escala de la Unión que limitan su margen de apreciación y le impiden tomar decisiones de naturaleza política.
En efecto, si bien es cierto que, según el tenor del artículo 59, apartado 1, letra m), de la Directiva 2019/944, corresponde a las autoridades reguladoras velar por el cumplimiento de las normas que regulan la seguridad y la fiabilidad de la red y evaluar sus resultados pasados, de esa redacción no se desprende que el establecimiento de esas normas esté comprendido en el ámbito de sus competencias.
A este respecto, como se desprende del considerando 87 de dicha Directiva y de lo dispuesto en el artículo 194 TFUE, apartado 2, párrafo segundo, los Estados miembros tienen derecho a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos. Por lo tanto, los Estados miembros tienen libertad para adoptar su propia normativa relativa al mercado nacional de la electricidad, salvo en lo referente a las obligaciones y competencias de las autoridades reguladoras previstas en la misma Directiva.
Desde esta perspectiva, el ejercicio por un Estado miembro de sus competencias para establecer su política energética puede repercutir en los costes de explotación de la red eléctrica. Además, el mero hecho de que un Estado miembro pretenda hacer bajar, mediante la adopción de una normativa, los precios de la distribución de electricidad no es, como tal, incompatible con el artículo 57, apartados 4 y 5, de la Directiva 2019/944.
Dicho esto, no pueden admitirse, a la luz del artículo 57, apartados 4 y 5, de la Directiva 2019/944, medidas normativas nacionales que incluyan disposiciones detalladas que establezcan, de manera específica, los elementos que quedan a la discreción de la autoridad reguladora, como el nivel de las tarifas de la red eléctrica o las metodologías concretas para su cálculo.
No obstante, el hecho de que el legislador nacional haya adoptado una ley por la que se modifican las exigencias relativas a la seguridad del suministro energético y que, en consecuencia, las tarifas de la red eléctrica de que se trate hayan sido modificadas por la autoridad reguladora nacional no pone en entredicho, como tal, el carácter independiente del ejercicio, por parte de esta última, de sus competencias.
Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia responde a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 57, apartados 4 y 5, párrafo primero, letra a), de la Directiva 2019/944, en relación con el artículo 59 de esta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional cuyo objetivo, tal como se desprende de sus trabajos preparatorios, consiste, en particular, en influir en los precios de distribución de la electricidad, sin contener, no obstante, disposiciones que regulen específicamente las tarifas de transporte o de distribución de electricidad ni las metodologías de cálculo de estas, pero cuya entrada en vigor ha tenido como consecuencia que la autoridad reguladora nacional modificara los métodos de control de las tarifas de explotación de la red eléctrica antes de que expirase el período de control en curso en la fecha de dicha entrada en vigor.
(
1
)	Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2012/27/UE (DO 2019, L 158, p. 125).
(
2
)	Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta (730/2021) [Ley de Modificación de la Ley del Mercado de la Electricidad (730/2021) (en lo sucesivo, «Ley 730/2021»)].