61985CJ0221_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto 221/85,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Jacques Delmoly, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio el despacho del Sr. Georges Kremlis, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión, edificio Jean Monnet, Kirchberg, en Luxemburgo,
parte demandante,
contra
Reino de Bélgica, representado por el Sr. Robert Hoebaer, Director de Comercio Exterior y de la Cooperación al Desarrollo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en calidad de Agente, asistido por Maître Hugo Vandenberghe, Abogado de Bruselas,
parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 52 del Tratado CEE al excluir del reembolso por parte de la seguridad social las prestaciones de biología clínica efectuadas en laboratorios explotados por una empresa jurídica de derecho privado cuyos miembros, socios y administradores, no sean todos personas físicas autorizadas para efectuar análisis médicos,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres. Mackenzie Stuart, Presidente; T. F. O' Higgins y F. Schockweiler, Presidentes de Sala; G. Bosco, O. Due, U. Everling, K. Bahlmann, R. Joliet y J. C. Moitinho de Almeida, Jueces,
Abogado General: C. O. Lenz
Secretario: J. A. Pompe, secretario adjunto
habiendo considerado el informe para la vista y celebrada ésta el 14 de octubre de 1986,
oídas las conclusiones del Abogado General presentadas en audiencia pública el 2 de diciembre de 1986,
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal el 20 de junio de 1985, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, que tiene por objeto que se declare que el Reino de Bélgica, al excluir del reembolso por parte de la seguridad social las prestaciones de biología clínica efectuadas en laboratorios explotados por una persona jurídica de derecho privado, cuyos miembros, socios y administradores, no sean todos personas físicas autorizadas para efectuar análisis médicos, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 52 del Tratado CEE.
2 Por lo que se refiere a las disposiciones de la legislación belga en materia de prestaciones de biología clínica, los antecedentes del recurso y los argumentos de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
3 La Comisión estima que el Real Decreto belga nº 143, de 30 de diciembre de 1982, que establece las condiciones a las que deben responder los laboratorios para que el seguro de enfermedad abone las prestaciones de biología clínica, es incompatible con el artículo 52 del Tratado.
4 Efectivamente, cuando un laboratorio es explotado por una persona jurídica con fines lucrativos, el citado Decreto exige que todos sus miembros, socios y administradores, tengan la condición de médico o de farmacéutico. De ello se derivaría la imposibilidad, para las sociedades establecidas en otro Estado miembro, de crear en Bélgica establecimientos secundarios, especialmente filiales.
5 Por otra parte, según la Comisión, las restricciones al derecho de establecimiento que prohíbe el artículo 52 del Tratado no se limitan a las medidas discriminatorias sino que también se refieren a las medidas indistintamente aplicables a los nacionales y a los extranjeros en la medida en que constituyan un injustificado obstáculo para estos últimos.
6 La Comisión añade que los mencionados requisitos que los laboratorios deben satisfacer conforme al Decreto nº 143 no son necesarios para evitar el excesivo consumo de las prestaciones de biología clínica. En efecto, por una parte, el peligro de un consumo excesivo proviene por regla general fundamentalmente del médico que receta, porque el laboratorio difícilmente puede negarse a realizar un análisis solicitado por éste. Por otra parte, caso de haber colusión, el artículo 9 del Real Decreto nº 143 permite sancionar al que explota el laboratorio, sea o no una persona autorizada para efectuar análisis.
7 El Gobierno belga, por su parte, considera que la regulación de la actividad en cuestión es de su exclusiva competencia y que es compatible con el Derecho comunitario en la medida en que no resulta discriminatoria frente a los nacionales de los demás Estados miembros o a las sociedades asimiladas a éstos en virtud del artículo 58 del Tratado CEE.
8 Alega, además, que el Real Decreto en cuestión persigue un fin de interés general, a saber la prevención del consumo excesivo de las prestaciones de biología clínica que podría resultar según él, de la colusión entre los médicos que recetan y los laboratorios. A estos efectos, la Ley no prevé el reembolso de las prestaciones de biología clínica más que a condición de que el laboratorio en cuestión sea explotado por un médico o por un farmacéutico, o, cuando su explotación se realice por una persona jurídica con fines de lucro, siempre que sus miembros, socios o administradores, sean médicos o farmaceúticos. Se trata de profesionales sujetos a una disciplina profesional impuesta por los Colegios profesionales respectivos, cuya eficacia, principalmente en materia de prevención de prescripciones abusivas, ha quedado demostrada en la práctica. Añade que no bastaría con la posibilidad de sanciones penales, al estilo de la prevista en el artículo 9 del Real Decreto antes citado.
9 Conviene subrayar, en primer lugar, que, en virtud del apartado 2 del artículo 52 del Tratado CEE, la libertad de establecimiento comprende el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio en las condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para sus propios nacionales. De esta disposición y de su contexto se deduce que, sin perjuicio del respeto de dicha igualdad de trato, cada Estado miembro es libre, a falta de reglas comunitarias sobre la materia, de regular en su territorio la actividad de los laboratorios que efectúan prestaciones de biología clínica.
10 Por otra parte, como ya ha destacado el Tribunal, fundamentalmente en su sentencia de 28 de enero de 1986 (Comisión contra República Francesa, 270/83, Rec. 1986, p. 273), el artículo 52 trata de asegurar el beneficio del trato nacional a cualquier nacional de un Estado miembro que se establezca, aunque sólo sea a título secundario, en otro Estado miembro para ejercer allí una actividad no asalariada y prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad en cuanto restricción a la libertad de establecimiento.
11 Hay que subrayar que la Ley belga no impide que los médicos o farmacéuticos, nacionales de otros Estados miembros, se establezcan en Bélgica y exploten allí un laboratorio de análisis clínicos beneficiario del reembolso por parte de la seguridad social. Se trata, pues, de una legislación indistintamente aplicable a los nacionales belgas y a los de los demás Estados miembros, cuyo contenido y objetivos no permiten afirmar que ha sido adoptada con fines discriminatorios o que produce efectos de esta índole.
12 A la vista de las consideraciones que anteceden, hay que concluir que el Estado belga, al adoptar el Real Decreto, nº 143, de 20 de junio de 1985, no ha incumplido sus obligaciones derivadas del artículo 52 del Tratado CEE, y desestimar el recurso.
Decisión sobre las costas
Costas
13 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido destimados los motivos de la parte demandante, procede condenarla en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a la Comisión.