62023CJ0018
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 27 de febrero de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 63 TFUE, apartado 1 — Libre circulación de capitales — Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios — Impuesto sobre sociedades — Exención del impuesto sobre sociedades para las rentas percibidas por tal organismo — Requisitos de la exención — Gestión externa de este organismo — Directiva 2009/65/CE — Artículo 29, apartado 1 — Aplicabilidad»
En el asunto C‑18/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Gliwice, Polonia), mediante resolución de 28 de noviembre de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de enero de 2023, en el procedimiento entre
F S.A.
y
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Presidente de la Sala Primera, y el Sr. A. Arabadjiev y la Sra. I. Ziemele (Ponente), Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretaria: Sra. M. Siekierzyńska, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de mayo de 2024;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de F S.A., por el Sr. Ł. Adamczyk, doradca podatkowy;
–
en nombre del Gobierno polaco, por los Sres. B. Majczyna y R. Stańczyk y por la Sra. S. Żyrek, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. C. Auvret y U. Małecka, el Sr. W. Roels y la Sra. H. Tserepa‑Lacombe, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 11 de julio de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 29, apartado 1, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO 2009, L 302, p. 32), y de los artículos 18 TFUE, 49 TFUE y 63 TFUE.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre F S.A., una sociedad anónima luxemburguesa (en lo sucesivo, «fondo F»), y el Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Director de la Autoridad Nacional de Información Fiscal, Polonia; en lo sucesivo, «autoridad tributaria») en relación con la tributación de las rentas de inversión percibidas por dicha sociedad.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El considerando 83 de la Directiva 2009/65 enuncia:
«La presente Directiva no debe afectar a la normativa nacional sobre fiscalidad, incluidas las disposiciones que los Estados miembros puedan imponer para garantizar el cumplimiento de dichas normas en su territorio.»
4
El artículo 1 de esa misma Directiva dispone:
«1.   La presente Directiva se aplica a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) establecidos en el territorio de los Estados miembros.
2.   Para los fines de la presente Directiva y sin perjuicio del artículo 3, se entenderá por “OICVM” los organismos:
a)
cuyo objeto exclusivo sea la inversión colectiva, en valores mobiliarios o en otros activos financieros líquidos a que se refiere el artículo 50, apartado 1, de los capitales obtenidos del público, y cuyo funcionamiento esté sometido al principio de reparto de riesgos, y
b)
cuyas participaciones sean, a petición de los partícipes, recompradas o reembolsadas, directa o indirectamente, con cargo a los activos de estos organismos. Se asimilará a tales recompras o reembolsos el hecho de que un OICVM actúe para que el valor de sus participaciones en bolsa no se separe sensiblemente de su valor de inventario neto.
Los Estados miembros podrán permitir que los OICVM se compongan de distintos compartimentos de inversión.
3.   Los organismos a que se refiere el apartado 2 podrán revestir la forma contractual (fondos comunes de inversión gestionados por una sociedad de gestión) o de trust (unit trust), o la forma estatutaria (sociedad de inversión).
[…]
7.   Sin perjuicio del presente capítulo, los Estados miembros podrán aplicar a los OICVM establecidos en su territorio disposiciones más rigurosas que las de la presente Directiva o disposiciones suplementarias, siempre que sean de aplicación general y no se opongan a la presente Directiva.»
5
A tenor del artículo 3 de la citada Directiva:
«No están sujetos a la presente Directiva los siguientes organismos:
a)
los organismos de inversión colectiva de tipo cerrado;
b)
los organismos de inversión colectiva que obtengan capitales sin promover la venta de sus participaciones entre el público en la Comunidad [Europea] o en cualquier parte de esta;
[…]».
6
El artículo 6, apartados 1 y 2, de esa misma Directiva establece:
«1.   El acceso a la actividad de las sociedades de gestión quedará supeditado a la concesión previa de una autorización por las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión. La autorización concedida a una sociedad de gestión con arreglo a lo previsto en la presente Directiva será válida en todos los Estados miembros.
2.   Las sociedades de gestión no podrán ejercer actividades distintas de la gestión de OICVM autorizados con arreglo a la presente Directiva, a excepción de la gestión adicional de otros organismos de inversión colectiva que no estén cubiertos por la presente Directiva y respecto de los cuales la sociedad de gestión esté sometida a supervisión prudencial, pero cuyas participaciones no puedan comercializarse en otros Estados miembros con arreglo a la presente Directiva.
A efectos de la presente Directiva, la actividad de gestión de OICVM incluirá las funciones a las que se refiere en el anexo II.»
7
El artículo 29, apartado 1, de la Directiva 2009/65 establece:
«Sin perjuicio de otras condiciones generales establecidas por la normativa nacional, las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de inversión no concederán autorización a una sociedad de inversión que no haya designado una sociedad de gestión, salvo que la sociedad de inversión posea un capital inicial mínimo de 300000 [euros].
Además, cuando una sociedad de inversión no haya designado una sociedad de gestión autorizada con arreglo a la presente Directiva, deberán satisfacerse las siguientes condiciones:
a)
la autorización solo se concederá si la solicitud de autorización va acompañada de un programa de operaciones en el que se especifique, como mínimo, la estructura organizativa de la sociedad de inversión;
b)
los directivos de la sociedad de inversión deberán tener la oportuna honorabilidad y experiencia en relación, asimismo, con el tipo de actividad que ejerza la sociedad de inversión y, con este fin, los nombres de dichos directivos y de cualquier persona que les suceda en sus funciones deberán comunicarse inmediatamente a las autoridades competentes; la orientación de la actividad de la sociedad de inversión deberá ser determinada por un mínimo de dos personas que cumplan estas condiciones; se entenderá por “directivos” las personas que, con arreglo a la legislación o a los documentos constitutivos, representan a la sociedad de inversión o determinan efectivamente la actividad de la sociedad, y
c)
cuando existan vínculos estrechos entre la sociedad de inversión y otras personas físicas o jurídicas, las autoridades competentes solo concederán autorización si dichos vínculos estrechos no impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.
Las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de inversión denegarán también la autorización si las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un tercer país por las que se rijan una o varias personas físicas o jurídicas con las que la sociedad de inversión mantenga vínculos estrechos, o las dificultades que suponga la aplicación de dichas disposiciones, impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.
Las autoridades competentes de su Estado miembro de origen exigirán a las sociedades de inversión que les faciliten la información que necesiten.»
Derecho polaco
Ley del Impuesto sobre Sociedades
8
El artículo 6 de la ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Ley del Impuesto sobre Sociedades), de 15 de febrero de 1992 (Dz. U. de 1992, posición n.o 86), en su versión modificada por la ustawa — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Ley por la que se aprueba la Ley del Centro Nacional de Apoyo a la Agricultura), de 10 de febrero de 2017 (DZ. U. de 2017, posición n.o 614), (en lo sucesivo, «Ley del Impuesto sobre Sociedades»), establece:
«1.   Estarán exentos:
[…]
10)
los fondos de inversión abiertos y los fondos de inversión abiertos especializados creados en virtud de la Ley de Fondos de Inversión, excluidos los fondos de inversión abiertos especializados que apliquen las normas y restricciones de inversión previstas para los fondos de inversión de tipo cerrado;
10a)
los organismos de inversión colectiva cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de la República de Polonia, o en otro Estado del Espacio Económico Europeo, en el caso de que tales organismos cumplan de modo acumulativo los requisitos siguientes:
a)
se encuentren, en el Estado de su domicilio, sujetos al impuesto sobre sociedades sobre la totalidad de sus rentas, cualquiera que sea su procedencia,
b)
el único objeto de sus actividades consista en la inversión colectiva, en valores mobiliarios, en instrumentos del mercado monetario y en otros derechos patrimoniales, de recursos financieros obtenidos mediante oferta pública de compra de sus participaciones,
c)
desarrollen sus actividades en virtud de una autorización otorgada por las autoridades competentes para la supervisión del mercado financiero en el Estado en que se encuentre su domicilio,
d)
sus actividades estén directamente sujetas al control de las autoridades competentes para la supervisión del mercado financiero del Estado en el que tienen su domicilio,
e)
hayan designado un depositario para la custodia de sus activos,
f)
estén gestionados por entidades que dispongan de una autorización para ejercer sus actividades concedida por las autoridades competentes de supervisión de los mercados financieros del Estado en el que tienen su domicilio.
[…]
4.   La exención prevista en el apartado 1, punto 10a, no resultará aplicable a:
1)
organismos de inversión colectiva:
a)
que desarrollen sus actividades bajo la forma de organismos de inversión colectiva de tipo cerrado o que sean organismos de inversión colectiva de tipo abierto que operen sobre la base de las normas y restricciones de inversión propias de los organismos de inversión colectiva de tipo cerrado, o
b)
cuyas participaciones, con arreglo a los documentos constitutivos, no se oferten mediante oferta pública, no sean admitidas a negociación en un mercado regulado ni mediante un sistema de negociación alternativo y solo puedan ser adquiridas por personas físicas si estas las adquieren en una sola vez por un valor no inferior a 40000 euros.
[…]»
9
A tenor del artículo 17, apartado 1, punto 58, de esta Ley:
«Quedarán exentos del impuesto:
[…]
58)
las rentas (ingresos) de los organismos de inversión colectiva que tengan su domicilio en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de la República de Polonia o en otro país del Espacio Económico Europeo, a que se refiere el artículo 6, apartado 4, punto 1, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letras a) y d) a f), excluidos los ingresos mencionados en el punto 57, letras a) a g)».
Ley de Fondos de Inversión
10
La ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Ley de Fondos de Inversión y Gestión de Fondos de Inversión Alternativos), de 27 de mayo de 2004 (Dz. U. de 2004, posición n.o 1546), en su redacción aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Fondos de Inversión»), establece, en su artículo 1:
«Las normas aplicables a la creación y a la actividad de los fondos de inversión cuyo domicilio se encuentre en el territorio de la República de Polonia, así como las normas que regulen el desarrollo, por los fondos extranjeros y las sociedades de gestión, de sus actividades en el territorio de la República de Polonia, se establecerán por ley.»
11
El artículo 1a, apartado 1, de dicha Ley, establece:
«La ley establecerá asimismo las normas de funcionamiento de los gestores de fondos de inversión alternativos cuyo domicilio se encuentre en el territorio de la República de Polonia, así como las normas de funcionamiento, en el territorio de la República de Polonia, de los gestores de fondos de inversión alternativos cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro o en un tercer país.»
12
El artículo 3 de la referida Ley tiene el siguiente tenor:
«1.   Un fondo de inversión es una persona jurídica cuyas actividades tienen como único objeto la inversión, en valores mobiliarios, en instrumentos del mercado monetario y en otros derechos patrimoniales, tal y como los define la ley, de recursos financieros percibidos mediante oferta de compra de participaciones o mediante certificados de inversión.
[…]
3.   Un fondo de inversión desarrolla sus actividades teniendo especialmente en cuenta los intereses de los partícipes, respetando los principios de reducción de los riesgos de inversión establecidos en la ley.
4.   Un fondo de inversión podrá realizar actividades en calidad de:
1)
fondo de inversión abierto;
2)
fondo de inversión alternativo: un fondo de inversión especializado abierto o un fondo de inversión cerrado.»
13
A tenor del artículo 4, apartados 1 y 1a, de esta misma Ley:
«1.   La sociedad crea un fondo de inversión, lo gestiona y representa al fondo en las relaciones con terceros.
1a.   La sociedad, mediante un acuerdo celebrado por escrito so pena de nulidad, podrá delegar la gestión de un fondo de inversión abierto y la gestión de sus negocios en una sociedad de gestión que opere en el territorio de la República de Polonia.»
14
El artículo 14, apartado 1, de la Ley de Fondos de Inversión establece que un fondo de inversión solo puede ser creado por una sociedad.
Litigio principal y cuestión prejudicial
15
El fondo F declaró a la autoridad tributaria que tenía residencia fiscal en Luxemburgo y que estaba sujeto al impuesto por obligación personal.
16
Según sus declaraciones, el fondo F opera de conformidad con el derecho luxemburgués y, más concretamente, con la loi relative aux fonds d’investissement spécialisés (Ley relativa a los Fondos de Inversión Especializados), de 13 de febrero de 2007 (Mémorial A 2007, p. 13), bajo la forma de fondo de inversión especializado. Dicho fondo afirma haber sido autorizado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero, Luxemburgo; en lo sucesivo, «CSSF») y estar directamente sometido al control de esta última, ya que fue registrado por esta como fondo de inversión regulado.
17
De conformidad con sus estatutos, aprobados por la CSSF, el fondo F es gestionado internamente por un consejo de administración, que también ha sido incluido en la lista de gestores de fondos de inversión alternativos de la CSSF.
18
El objeto exclusivo del fondo F es la inversión colectiva de fondos, obtenidos en el marco de una oferta no pública de adquisición de participaciones del fondo, en valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y otros derechos patrimoniales.
19
Con arreglo a la autorización de la CSSF, el fondo F puede invertir en acciones de sociedades cotizadas, incluida la Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Bolsa de Varsovia, Polonia), en obligaciones emitidas por sociedades de capital, incluidas aquellas que tengan su domicilio social en Polonia, y en obligaciones del Estado, entre ellas las emitidas por la República de Polonia.
20
El fondo F formuló una consulta tributaria vinculante a la autoridad tributaria con el fin de determinar si las rentas declaradas en virtud de un acontecimiento futuro percibidas por este pueden acogerse a la exención prevista en el artículo 17, apartado 1, punto 58, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
21
En opinión del fondo F, este debería ser el caso. Por una parte, considera que respondía a las exigencias que se derivan del artículo 6, apartado 1, punto 10a, letras a), d) y e), de dicha Ley. Por otra parte, por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letra f), de la misma Ley, a saber, el requisito de que el fondo de inversión sea gestionado por una entidad que disponga, para el desarrollo de su actividad, de la autorización de las autoridades competentes para la supervisión del mercado financiero del Estado en el que tenga su domicilio, el fondo F consideraba que un fondo gestionado internamente, como gestor de un fondo de inversión alternativo, cumplía los requisitos para acogerse a la exención prevista en el artículo 17, apartado 1, punto 58, de la referida Ley.
22
En su respuesta a la consulta tributaria de 6 de junio de 2022, la autoridad tributaria consideró que, si bien el fondo F cumplía los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letras a) y c) a e), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, no cumplía el requisito establecido en el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letra f), de dicha Ley, puesto que no estaba gestionado por una entidad externa.
23
El fondo F interpuso un recurso ante el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunal de lo Contencioso‑Administrativo de Voivodato de Gliwice, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, solicitando la anulación de dicha respuesta.
24
El referido órgano jurisdiccional señala que la normativa controvertida tiene por objeto el tratamiento fiscal de las rentas procedentes de inversiones efectuadas por organismos de inversión colectiva. Añade que el litigio versa sobre la cuestión de si un fondo gestionado internamente por su consejo de administración, que ha sido autorizado por la autoridad competente del Estado miembro del domicilio de ese fondo a tal fin, que está registrado ante dicha autoridad como gestor autorizado de fondos de inversión alternativos y que figura en la lista de gestores llevada por dicha autoridad, cumple el requisito establecido en el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letra f), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
25
En su opinión, la introducción del artículo 6, apartado 1, punto 10a, en dicha Ley tenía como finalidad garantizar la igualdad de trato entre los fondos de inversión polacos y los fondos de inversión cuyo domicilio esté situado en otros Estados miembros en relación con la exención del impuesto sobre sociedades prevista para los fondos de inversión. Señala, por otra parte, que con posterioridad a la introducción, y posteriormente a la modificación, del artículo 6, apartado 1, punto 10a, letras a) a e), de dicha Ley, y a la adición de una letra f) a dicho artículo 6, apartado 1, punto 10a, la Comisión Europea concluyó el procedimiento por incumplimiento basado en los artículos 49 TFUE y 63 TFUE, incoado contra la República de Polonia y motivado por una supuesta discriminación fiscal con respecto a los fondos de inversión que tienen su domicilio en Estados miembros distintos de la República de Polonia.
26
Según dicho órgano jurisdiccional, de los artículos 4, apartado 1, y 14, apartado 1, de la Ley de Fondos de Inversión se desprende que, en el modelo adoptado en Polonia, los fondos de inversión son gestionados por una persona jurídica distinta de ellos, a saber, una sociedad de fondos de inversión, y que no pueden someterse a una gestión interna, como, por ejemplo, la llevada a cabo por un consejo de administración. Por otra parte, señala que de dicha Ley se desprende que solo los organismos de inversión colectiva extranjeros gestionados de manera externa pueden operar en territorio polaco.
27
El referido órgano jurisdiccional señala asimismo que la norma que figura en el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letra f), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en relación con el artículo 17, apartado 1, punto 58, de dicha Ley, introduce un criterio objetivo, que lleva a conceder una exención del impuesto sobre sociedades únicamente a los organismos de inversión colectiva no residentes gestionados por entidades externas autorizadas por las autoridades competentes y a excluir de dicha exención los fondos que son objeto de gestión interna.
28
Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente señala, por una parte, que de la Directiva 2009/65, y en particular de sus artículos 6 y 29 y de su anexo II, se desprende que esta Directiva prevé la posibilidad, y no la obligación, de constituir una sociedad de gestión y que el alcance de los servicios prestados por una entidad externa es análogo al alcance de los servicios relativos a la gestión de un organismo de inversión colectiva por su consejo de administración. Señala, por otra parte, que esos organismos constituidos de conformidad con las exigencias de dicha Directiva deberían considerarse comparables.
29
Por tanto, a su juicio, se plantea la cuestión de si el Derecho de la Unión se opone a que el legislador nacional, guiado por el principio de comparabilidad de las entidades nacionales y extranjeras y con el fin de atenuar el riesgo vinculado a las inversiones, introduzca un requisito formal, como el que resulta del artículo 6, apartado 1, punto 10a, letra f), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en relación con el artículo 17, apartado 1, punto 58, de dicha Ley, conforme al cual el disfrute de la exención del impuesto sobre sociedades está reservado a un fondo de inversión y a un organismo de inversión colectiva gestionados por una entidad externa.
30
En esas circunstancias, el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Gliwice) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse las disposiciones de la Directiva [2009/65], especialmente el artículo 29, apartado 1, de dicha Directiva, en relación con los artículos [18 TFUE, 49 TFUE y 63 TFUE], en el sentido de que se oponen a que en las disposiciones nacionales se establezcan unos requisitos formales, como los que son objeto del procedimiento principal, para que los organismos de inversión colectiva que tengan su sede en otro Estado miembro de la Unión Europea, que no sea la República de Polonia, o en otro Estado que pertenezca al Espacio Económico Europeo puedan disfrutar de la exención del impuesto sobre sociedades, a saber, el requisito de que los referidos organismos sean gestionados por entidades externas que desarrollan su actividad sobre la base de autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes de supervisión del mercado financiero del Estado en el que tienen su sede?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
31
Mediante decisión de 21 de noviembre de 2023, a propuesta conjunta de la Juez Ponente y de la Abogada General, el Presidente del Tribunal de Justicia planteó al órgano jurisdiccional remitente preguntas relativas al Derecho polaco aplicable al litigio principal y a determinadas afirmaciones del fondo F reproducidas en la petición de decisión prejudicial.
32
El 18 de diciembre de 2023, el órgano jurisdiccional remitente transmitió su respuesta al Tribunal de Justicia de la que resulta, en primer lugar, que la Ley de Fondos de Inversión excluye la creación de un fondo de inversión con un modo de gestión interna o de una estructura similar al fondo F controvertido en el litigio principal, que tiene la forma jurídica de sociedad de inversión de capital variable, y que tal fondo, sin organizarse según un modo de gestión externa, no podría trasladar su domicilio a Polonia.
33
En segundo lugar, el requisito relativo a la obligación de confiar la gestión de un fondo de inversión a otra entidad y no a personas físicas, a saber, el requisito relativo a la gestión externa de ese fondo, tiene por objeto, según el referido órgano jurisdiccional, garantizar la seguridad jurídica de la actividad de dicho fondo, como organismo de inversión colectiva diferenciado de los intereses particulares de los partícipes individuales en el mismo fondo. Este requisito también tiene por objeto, a su juicio, separar los activos de esos partícipes de los de la entidad de gestión, que asume de manera autónoma la responsabilidad de la gestión del fondo de inversión, de modo que la responsabilidad patrimonial de la sociedad de gestión no afecta a los activos del propio fondo.
34
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente confirmó también que el litigio principal se refería únicamente a la cuestión de si el fondo F debía cumplir el requisito relativo a la gestión por una entidad externa previsto en el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letra f), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Sobre la cuestión prejudicial
35
Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, las funciones del Tribunal de Justicia y las del órgano jurisdiccional remitente están claramente diferenciadas y corresponde exclusivamente a este último interpretar su legislación nacional (sentencia de 17 de marzo de 2022, Daimler, C‑232/20, EU:C:2022:196, apartado 91 y jurisprudencia citada).
36
Por tanto, no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de una remisión prejudicial, pronunciarse sobre la interpretación de disposiciones nacionales. En efecto, incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco del reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales de la Unión y los nacionales, tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se insertan las cuestiones prejudiciales, tal como lo define el órgano jurisdiccional remitente, bajo su propia responsabilidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de marzo de 2022, Daimler, C‑232/20, EU:C:2022:196, apartado 92 y jurisprudencia citada, y de 9 de noviembre de 2023, Keolis Agen, C‑271/22 a C‑275/22, EU:C:2023:834, apartado 38).
37
Además, la cuestión de si las premisas en las que se basa el órgano jurisdiccional remitente en el marco de su cuestión son erróneas o no constituye una cuestión que forma parte del marco fáctico cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia (auto de 6 de septiembre de 2018, Gmalieva y otros, C‑79/17, EU:C:2018:687, apartado 16 y jurisprudencia citada).
38
En el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se basa en la premisa de que un organismo de inversión colectiva, como el fondo F, puede acogerse a la exención prevista en el artículo 17, apartado 1, punto 58, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, siempre que se cumpla el requisito establecido en el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letra f), de dicha Ley.
39
Además, el órgano jurisdiccional remitente ha precisado que el hecho de establecer un requisito relativo a la gestión externa de un organismo de inversión colectiva viene motivado por la circunstancia de que, en Polonia, solo ese modo de gestión está autorizado para los organismos de inversión colectiva.
40
Por lo tanto, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 29, apartado 1, de la Directiva 2009/65, en relación con los artículos 18 TFUE, 49 TFUE y 63 TFUE, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que solo un organismo de inversión colectiva gestionado por una entidad externa, que desarrolla sus actividades sobre la base de una autorización otorgada por las autoridades competentes en materia de supervisión de los mercados financieros del Estado en el que esa entidad tiene su domicilio, puede acogerse a la exención del impuesto sobre sociedades para las rentas obtenidas de las inversiones realizadas por ese organismo y que, por tanto, no concede tal exención a los organismos de inversión colectiva gestionados internamente, constituidos con arreglo a la normativa de otro Estado miembro, en el supuesto de que el Derecho del primer Estado miembro solo autorice la creación de organismos de inversión colectiva gestionados de forma externa.
Sobre las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión
41
Dado que el Gobierno polaco y la Comisión han expresado dudas en cuanto a la pertinencia de la Directiva 2009/65 para la resolución del litigio principal, procede comprobar, en primer lugar, si esta Directiva resulta aplicable a este litigio.
42
A este respecto, como se desprende, en primer lugar, de su artículo 1, apartado 1, la Directiva 2009/65 se aplica a los OICVM establecidos en el territorio de los Estados miembros.
43
Seguidamente, con arreglo al artículo 1, apartado 2, letra a), de esta Directiva, se entenderá por OICVM, a efectos de dicha Directiva, los organismos cuyo objeto exclusivo sea la inversión colectiva, en valores mobiliarios o en otros activos financieros líquidos a que se refiere el artículo 50, apartado 1, de esa misma Directiva, de los capitales obtenidos del público, y cuyo funcionamiento esté sometido al principio de reparto de riesgos.
44
Por último, como se desprende del artículo 3, letra b), de la Directiva 2009/65, no están sujetos a esta Directiva los organismos de inversión colectiva que obtengan capitales sin promover la venta de sus participaciones entre el público en la Unión o en cualquier parte de esta.
45
Así pues, de los artículos 1, apartado 2, letra a), y 3, letra b), de la mencionada Directiva se desprende que los organismos de inversión colectiva que obtengan capitales sin promover la venta de sus participaciones entre el público no están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.
46
Pues bien, en el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el objeto exclusivo del fondo F es la inversión colectiva de fondos, obtenidos mediante una oferta no pública de adquisición de las acciones del fondo, en valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario y otros derechos patrimoniales.
47
El hecho de que, según las afirmaciones del propio fondo F, reproducidas en la petición de decisión prejudicial, la captación de fondos por parte de este se produjera sin promover la venta de sus participaciones entre el público lleva a excluir la aplicabilidad de la Directiva 2009/65 a la situación controvertida en el litigio principal.
48
En segundo lugar, dado que el órgano jurisdiccional remitente se refiere en su cuestión prejudicial a los artículos 18 TFUE, 49 TFUE y 63 TFUE, procede determinar si estas disposiciones resultan aplicables a esta situación.
49
A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, el artículo 18 TFUE, que consagra el principio general de no discriminación por razón de la nacionalidad, solo está destinado a aplicarse de manera autónoma en situaciones que se rijan por el Derecho de la Unión y para las que el Tratado FUE no establezca normas específicas que prohíban la discriminación (sentencia de 18 de junio de 2019, Austria/Alemania, C‑591/17, EU:C:2019:504, apartado 39 y jurisprudencia citada).
50
Pues bien, el principio de no discriminación fue desarrollado, en el ámbito del derecho a la libertad de establecimiento, por el artículo 49 TFUE (sentencia de 3 de marzo de 2020, Tesco‑Global Áruházak, C‑323/18, EU:C:2020:140, apartado 55 y jurisprudencia citada). Además, el Tratado FUE prevé en su artículo 63 una norma específica de no discriminación en el ámbito de la libre circulación de capitales [sentencia de 18 de marzo de 2021, Autoridade Tributária e Aduaneira (Impuesto sobre las plusvalías inmobiliarias), C‑388/19, EU:C:2021:212, apartado 21 y jurisprudencia citada].
51
Por otra parte, de reiterada jurisprudencia se desprende que, para determinar si una legislación nacional está comprendida en el ámbito de aplicación de una u otra de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE, procede tomar en consideración el objeto de la normativa de que se trate [sentencia de 4 de octubre de 2024, Staatssecretaris van Financiën (Intereses relativos a un préstamo intragrupo), C‑585/22, EU:C:2024:822, apartado 23 y jurisprudencia citada].
52
Así, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 49 TFUE una normativa nacional destinada a aplicarse únicamente a las participaciones que permitan ejercer una influencia real en las decisiones de una sociedad y determinar las actividades de esta [sentencia de 4 de octubre de 2024, Staatssecretaris van Financiën (Intereses relativos a un préstamo intragrupo), C‑585/22, EU:C:2024:822, apartado 24 y jurisprudencia citada].
53
En cambio, las disposiciones nacionales aplicables a participaciones adquiridas con el único objetivo de realizar una inversión de capital sin intención de influir en la gestión y en el control de la empresa deben examinarse exclusivamente en relación con la libre circulación de capitales [sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 45 y jurisprudencia citada].
54
En el presente asunto, como se desprende de la petición de decisión prejudicial, el litigio principal versa sobre la cuestión de si el fondo F puede acogerse a la exención prevista en el artículo 17, apartado 1, punto 58, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades por las rentas que obtenga de sus inversiones en acciones de sociedades cotizadas en la Bolsa de Varsovia, en obligaciones emitidas por sociedades de capital que tengan su domicilio en Polonia y en obligaciones emitidas por el Estado polaco.
55
Sin excluir de su ámbito de aplicación situaciones que permitan ejercer una influencia real en las decisiones de una sociedad y determinar las actividades de esta, lo que, a su juicio, incluye esas situaciones en la libertad de establecimiento, esta normativa aborda el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas de la inversión colectiva de capitales, sin intención de influir en la gestión y en el control de la empresa, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 53 de la presente sentencia. Por consiguiente, puede afectar principalmente a la libre circulación de capitales. Las eventuales restricciones a la libertad de establecimiento derivadas de dicha normativa serían la consecuencia necesaria de la eventual restricción a la libre circulación de capitales y no justifican, por ello, un examen autónomo de la misma normativa a la luz del artículo 49 TFUE [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 47 y jurisprudencia citada].
56
Habida cuenta de lo anterior, procede examinar la situación controvertida en el litigio principal exclusivamente a la luz de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales.
Sobre la existencia de una restricción a la libre circulación de capitales
57
Conforme a reiterada jurisprudencia, las medidas prohibidas por el artículo 63 TFUE, apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales, incluyen las que pueden disuadir a los no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro o a los residentes de dicho Estado miembro de hacerlo en otros Estados [sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 49 y jurisprudencia citada].
58
En particular, el hecho de que un Estado miembro dispense a las rentas pagadas a los organismos de inversión colectiva no residentes un tratamiento menos favorable en comparación con el trato que se dispensa a las rentas pagadas a los organismos de inversión colectiva residentes puede disuadir a las sociedades establecidas en un Estado miembro distinto de ese primer Estado miembro de invertir en él y, por consiguiente, constituye una restricción a la libre circulación de capitales prohibida, en principio, por el artículo 63 TFUE [sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 50 y jurisprudencia citada].
59
Constituye un tratamiento menos favorable la exclusión de las rentas percibidas por un organismo de inversión colectiva no residente del disfrute de una exención, a diferencia de las rentas percibidas por un organismo de inversión colectiva residente [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 51 y jurisprudencia citada].
60
En el presente asunto, de las explicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende, en primer término, que las rentas de los fondos de inversión cuyo domicilio se encuentra en Polonia disfrutan de la exención del impuesto sobre sociedades.
61
En segundo término, de esas explicaciones se desprende que el artículo 6, apartado 1, punto 10a, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que resulta aplicable a los organismos de inversión colectiva con domicilio en otro Estado miembro o en un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), y que incluye los requisitos de exención del impuesto sobre sociedades a los que se remite el artículo 17, apartado 1, punto 58, de dicha Ley, fue adoptado con el fin de garantizar la igualdad de trato entre estos últimos organismos y los fondos que tienen su domicilio en Polonia.
62
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que la Ley de Fondos de Inversión excluye de manera absoluta la creación en Polonia de un fondo de inversión gestionado internamente.
63
Pues bien, con arreglo al artículo 6, apartado 1, punto 10a, letra f), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, solo los organismos de inversión colectiva gestionados por entidades que dispongan, para desarrollar su actividad, de la autorización de las autoridades competentes para la supervisión del mercado financiero del Estado en el que tengan su domicilio pueden acogerse a la exención de dicho impuesto para las rentas procedentes de sus actividades de inversión. Según la interpretación de esta disposición dada por el órgano jurisdiccional remitente, este requisito exige que un organismo de inversión colectiva sea gestionado por una entidad externa para poder disfrutar de la exención del mencionado impuesto para tales rentas.
64
Por lo tanto, ese requisito establece una diferencia de trato no en función del Estado de residencia del organismo de inversión colectiva, sino en función de su modo de gestión.
65
A este respecto, procede señalar que una normativa nacional que es indistintamente aplicable a los operadores residentes y a los operadores no residentes puede constituir una restricción a la libre circulación de capitales. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que incluso una diferenciación que se base en criterios objetivos puede ser desfavorable de facto para las situaciones transfronterizas [sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 54 y jurisprudencia citada].
66
Eso es lo que sucede cuando una legislación nacional que es indistintamente aplicable a los operadores residentes y a los no residentes reserva el disfrute de una ventaja fiscal a las situaciones en las que un operador cumple unos requisitos o unas obligaciones que son, por su naturaleza o de hecho, propios del mercado nacional, de modo que solo los operadores presentes en el mercado nacional pueden cumplirlos y los operadores no residentes que presenten características comparables generalmente no los cumplen [sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 55 y jurisprudencia citada].
67
De este modo, el Tribunal de Justicia ha declarado que, si bien los Estados miembros son libres para determinar la forma jurídica conforme a la cual pueden crearse fondos en su territorio, dado que el Derecho de la Unión no está armonizado a este respecto, la libre circulación de capitales se vería no obstante privada de sus efectos si un organismo de inversión colectiva no residente, constituido según la forma jurídica autorizada o exigida por la legislación del Estado miembro en el que está establecido y que opera de conformidad con dicha legislación, se viera privado de una ventaja fiscal en otro Estado miembro en el que invierte por el solo hecho de que su forma jurídica no se corresponde con la forma jurídica que se exige a los organismos de inversión colectiva en este segundo Estado miembro [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartados 57 y 61].
68
Además, el Tribunal de Justicia ha declarado, en relación con una normativa de un Estado miembro que concedía una ventaja fiscal únicamente a los fondos de tipo cerrado, que, dado que solo los fondos inmobiliarios regidos por el Derecho de otros Estados miembros podían constituirse en forma de fondos de inversión de tipo abierto y, por consiguiente, solo a estos se les podía denegar el disfrute de la ventaja fiscal conferida, la aplicación del criterio de distinción basado en la naturaleza «abierta» o «cerrada» de los fondos de inversión conducía a un trato desfavorable de los fondos inmobiliarios regulados por el Derecho de otros Estados miembros, creando así una diferencia de trato en detrimento de estos (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2021, UBS Real Estate, C‑478/19 y C‑479/19, EU:C:2021:1015, apartado 42).
69
En el caso de autos, como se ha señalado, en esencia, en el apartado 62 de la presente sentencia, los fondos de inversión solo pueden constituirse en Polonia si optan por un modo de gestión externo. Por consiguiente, la consecuencia ineluctable y no aleatoria de un requisito como el establecido en el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letra f), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades es que solo los organismos de inversión colectiva constituidos en otro Estado miembro pueden no cumplir el requisito relativo al modo de gestión externo y no pueden, por esta razón, acogerse a la exención de sus rentas [véase, por analogía, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Staatssecretaris van Financiën (Intereses relativos a un préstamo intragrupo), C‑585/22, EU:C:2024:822, apartado 44 y jurisprudencia citada].
70
Ciertamente, dado que, como se ha recordado en el apartado 67 de la presente sentencia, el Derecho de la Unión no está armonizado a este respecto, los Estados miembros siguen teniendo libertad para determinar el modo de gestión aplicable a los fondos de inversión creados en su territorio [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 57].
71
Los Estados miembros son igualmente libres de establecer, con el fin de fomentar el recurso a organismos de inversión colectiva, un régimen fiscal especial aplicable a dichos organismos y a los dividendos y otras rentas recibidas por ellas, así como de definir los requisitos materiales y formales que deben respetarse para poder acogerse a ese régimen [sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 58 y jurisprudencia citada].
72
No obstante, cuando un Estado miembro establece una ventaja fiscal en favor de determinados organismos de inversión colectiva, los requisitos exigidos para poder acogerse a dicha ventaja no deben constituir una restricción a la libre circulación de capitales [sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 60 y jurisprudencia citada].
73
Pues bien, habida cuenta de la jurisprudencia recordada en el apartado 67 de la presente sentencia, la libre circulación de capitales se vería privada de sus efectos si un organismo de inversión colectiva no residente, que ha adoptado un modo de gestión autorizado por la normativa del Estado miembro en el que está domiciliado y que opera conforme a dicha normativa, se viera privado de una ventaja fiscal aplicable a las rentas obtenidas de su inversión en otro Estado miembro por el mero hecho de que su modo de gestión no se corresponde con el exigido para los organismos de inversión colectiva establecidos en este último Estado miembro.
74
Una normativa que introduce tal requisito puede disuadir a los organismos de inversión colectiva no residentes de realizar inversiones en acciones de sociedades cotizadas en la Bolsa de Varsovia, en obligaciones emitidas por sociedades de capital que tengan su domicilio social en Polonia y en obligaciones emitidas por el Estado polaco, y constituye, por tanto, una restricción a la libre circulación de capitales prohibida, en principio, por el artículo 63 TFUE, apartado 1.
75
Sin embargo, con arreglo al artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), lo dispuesto en el artículo 63 TFUE se aplicará sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a aplicar las disposiciones pertinentes de su Derecho fiscal que distingan entre contribuyentes cuya situación difiera con respecto a su lugar de residencia o con respecto a los lugares donde esté invertido su capital.
76
No obstante, según reiterada jurisprudencia, el artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), debe interpretarse en sentido estricto, ya que constituye una excepción al principio fundamental de libre circulación de capitales. Por lo tanto, este precepto no puede interpretarse en el sentido de que toda normativa fiscal que distinga entre los contribuyentes en función del lugar en que residen o del Estado miembro en el que invierten sus capitales es automáticamente compatible con el Tratado [sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 67 y jurisprudencia citada].
77
En efecto, las diferencias de trato permitidas por el artículo 65 TFUE, apartado 1, letra a), no deben constituir, de acuerdo con el apartado 3 del referido artículo 65, ni un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circulación de capitales. En consecuencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que tales diferencias de trato solo pueden autorizarse cuando afecten a situaciones que no sean objetivamente comparables o, en caso contrario, resulten justificadas por razones imperiosas de interés general [sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 68 y jurisprudencia citada].
Sobre la existencia de situaciones objetivamente comparables
78
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el carácter comparable entre una situación transfronteriza y una situación interna del Estado miembro debe examinarse teniendo en cuenta el objetivo perseguido por la normativa nacional controvertida, así como el objeto y el contenido de esta [sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 69 y jurisprudencia citada].
79
Además, únicamente deben tenerse en cuenta los criterios de distinción pertinentes establecidos por la normativa en cuestión para apreciar si la diferencia de trato que resulta de dicha normativa refleja una diferencia de situaciones objetiva [sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 70 y jurisprudencia citada].
80
A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que, como se desprende del artículo 17, apartado 1, punto 58, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que se remite a los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letras a) y d) a f), de dicha Ley, estas disposiciones tienen por objeto eximir del impuesto las rentas de los organismos de inversión colectiva cuyo domicilio se encuentre en otro Estado miembro o en un Estado parte en el Acuerdo EEE.
81
De ello se desprende que la exención en cuestión se refiere a las rentas de organismos que realizan actividades específicas, sujetos, como resulta, en particular, del artículo 6, apartado 1, punto 10a, letra d), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, al control de las autoridades competentes para la supervisión del mercado financiero del Estado en el que tienen su domicilio. Esta normativa no tiene por objeto eximir las rentas de las sociedades que desarrollan actividades comerciales no sujetas a este tipo de control.
82
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que el requisito relativo a la gestión externa del organismo de inversión colectiva previsto por la normativa controvertida en el litigio principal tiene por objeto atenuar el riesgo vinculado a la inversión. Así, según el Gobierno polaco, los organismos de inversión colectiva gestionados externamente no se encuentran en la misma situación que los organismos gestionados internamente, habida cuenta del riesgo de inversión vinculado a las actividades de los organismos de inversión colectiva. Dicho Gobierno alega que la exigencia de una gestión externa tiene como objetivo limitar este riesgo.
83
No obstante, para poder apreciar si el nivel de riesgo vinculado a las actividades de estos organismos, en función de su modo de gestión, refleja una diferencia objetiva para justificar que únicamente se conceda la exención fiscal de las rentas de los organismos gestionados por una entidad externa, es preciso determinar el objetivo de dicha exención.
84
A este respecto, si bien el órgano jurisdiccional remitente precisa, como se ha indicado en el apartado 60 de la presente sentencia, que la normativa que establece una exención de las rentas percibidas por un organismo de inversión colectiva, de la que desea beneficiarse el fondo F, tiene por objeto garantizar la igualdad de trato entre los organismos de inversión colectiva establecidos en otro Estado miembro o en un Estado parte en el Acuerdo EEE y los fondos que tengan su domicilio en Polonia, dicho órgano jurisdiccional no describe el objetivo perseguido por la exención del impuesto sobre sociedades concedida a los fondos de inversión residentes.
85
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente, único competente para interpretar el Derecho nacional, determinar el objetivo principal perseguido por dicha exención, teniendo en cuenta todos los elementos de la normativa tributaria controvertida en el litigio principal y el conjunto del régimen fiscal nacional de que se trata (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de enero de 2020, Köln‑Aktienfonds Deka, C‑156/17, EU:C:2020:51, apartado 79, y de 16 de diciembre de 2021, UBS Real Estate, C‑478/19 y C‑479/19, EU:C:2021:1015, apartado 55).
86
No obstante, es importante señalar a este respecto que, si el órgano jurisdiccional remitente llega a la conclusión de que esta exención tiene por objeto evitar la doble imposición de las rentas obtenidas de las inversiones, al nivel del vehículo de inversión y al de los partícipes de este, y tratar fiscalmente las inversiones realizadas a través de un organismo de inversión colectiva de la misma manera que las inversiones efectuadas directamente, el hecho de que tal organismo esté gestionado por una entidad interna no le coloca necesariamente en una situación diferente de la de un mismo organismo gestionado por una entidad externa. En efecto, este objetivo puede alcanzarse con independencia del modo de gestión del vehículo de inversión, ya que este objetivo depende del régimen fiscal aplicable a las rentas percibidas y distribuidas por tal organismo, sin que el modo de gestión tenga incidencia en la tributación de tales rentas.
87
Por consiguiente, si bien consideraciones relativas a los diferentes niveles de riesgo vinculados a las actividades de los organismos de inversión colectiva, en función del modo de gestión de estos, ponen de manifiesto las razones que pueden haber llevado al legislador nacional a exigir que los fondos de inversión residentes se constituyan conforme al modo de gestión externa, tales consideraciones no permiten poner de manifiesto diferencias de situación pertinentes entre los organismos de inversión colectiva que tienen un modo de gestión externo y aquellos que tienen un modo de gestión interno, en relación con la exención del impuesto sobre sociedades prevista por la Ley del Impuesto sobre Sociedades [véase, por analogía, la sentencia de 7 de abril de 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Exención de los fondos de inversión contractuales), C‑342/20, EU:C:2022:276, apartado 76].
88
Por ello, procede considerar que, en relación con una normativa nacional que tiene por objeto eximir las rentas de los organismos de inversión colectiva y que pretende asimilar fiscalmente las inversiones efectuadas a través de tales organismos a las inversiones efectuadas directamente, un organismo de inversión colectiva dotado de un modo de gestión interno no se encuentra en una situación objetivamente diferente de la de un organismo de inversión colectiva dotado de un modo de gestión externo.
89
En estas circunstancias, procede examinar si la restricción establecida por la normativa controvertida en el litigio principal puede estar justificada por razones imperiosas de interés general.
Sobre la existencia de una razón imperiosa de interés general
90
Cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puede admitirse una restricción a la libre circulación de capitales si está justificada por razones imperiosas de interés general, es adecuada para garantizar, de forma coherente y sistemática, la realización del objetivo que persigue y no va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo [sentencia de 12 de octubre de 2023, BA (Sucesiones — Política social de vivienda en la Unión), C‑670/21, EU:C:2023:763, apartado 67 y jurisprudencia citada].
91
En el caso de autos, como se ha señalado en el apartado 82 de la presente sentencia, de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente y del Gobierno polaco se desprende que el requisito relativo al modo de gestión externa tiene por objeto proteger los intereses de los inversores. De este modo, esta exigencia tiene por objeto disociar los capitales de los inversores agrupados en el fondo de inversión del patrimonio de la sociedad de gestión y, de este modo, separar los riesgos de inversión de los vinculados a la creación y a la gestión del fondo de inversión.
92
A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la protección de los inversores constituye un objetivo de interés general perseguido por la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2022, HOLD Alapkezelő, C‑352/20, EU:C:2022:606, apartado 80 y jurisprudencia citada).
93
Así pues, un objetivo relativo a la protección de los inversores puede, en principio, constituir una razón imperiosa de interés general que pueda justificar una restricción a la libre circulación de capitales.
94
No obstante, conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 90 de la presente sentencia, debe comprobarse, además, si la restricción a la libre circulación de capitales que genera la normativa nacional controvertida en el litigio principal es adecuada para garantizar, de forma coherente y sistemática, la realización del objetivo que persigue y no va más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
95
A este respecto, cabe recordar que, para poder acogerse a la exención controvertida en el litigio principal, un organismo de inversión colectiva que tenga su domicilio en otro Estado miembro o en un Estado parte en el Acuerdo EEE debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letras a) y d) a f), de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
96
Pues bien, como se ha señalado en el apartado 81 de la presente sentencia, el artículo 6, apartado 1, punto 10a, letra d), de dicha Ley establece que las actividades de los fondos deben estar directamente sometidas al control de las autoridades competentes para la supervisión del mercado financiero del Estado en el que tengan su domicilio.
97
Ese requisito ya permite asegurarse de que la exención solo se concede a las rentas de organismos que, en el Estado en el que tienen su domicilio, están sujetos a las disposiciones que garantizan la protección de los inversores en forma de la autorización concedida por dichas autoridades y de la supervisión de dichos organismos por estas últimas autoridades.
98
Ciertamente, no cabe excluir que un Estado miembro prevea que, para garantizar un nivel de protección de los inversores que considere adecuado, solo puedan crearse en su territorio fondos de inversión gestionados de forma externa.
99
En efecto, el mero hecho de que un Estado miembro haya elegido un sistema de protección diferente del adoptado por otro Estado miembro no excluye la proporcionalidad de las disposiciones adoptadas por dicho Estado, pues estas disposiciones deben apreciarse únicamente en relación con los objetivos perseguidos por las autoridades nacionales del Estado miembro interesado y con el nivel de protección que pretenden garantizar (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 2012, X, C‑498/10, EU:C:2012:635, apartado 37 y jurisprudencia citada).
100
No obstante, en primer lugar, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, cabe señalar que el hecho de conceder una exención fiscal a las rentas de un organismo de inversión colectiva con domicilio en otro Estado miembro no tiene consecuencias en cuanto a las formas jurídicas que revisten los fondos que este último Estado puede autorizar en su propio territorio y no obliga a dicho Estado miembro a autorizar la creación de fondos de inversión gestionados internamente.
101
A este respecto, interrogado en la vista, el Gobierno polaco no ha expuesto de qué manera el hecho de conceder la exención del impuesto sobre sociedades a un organismo de inversión colectiva con domicilio en otro Estado miembro, gestionado internamente, pondría en peligro el objetivo de protección de los inversores perseguido por las autoridades nacionales.
102
En segundo lugar, si bien puede considerarse que un tratamiento fiscal más favorable de las rentas de un organismo de inversión colectiva dotado de gestión externa puede incitar a los inversores a recurrir a tales organismos, de ello no cabe deducir, a contrario, que un tratamiento fiscal menos ventajoso, en forma de una negativa a eximir del impuesto sobre sociedades las rentas percibidas por un fondo dotado de gestión interna, permite proteger a los inversores frente a las inversiones efectuadas en tales fondos.
103
Por consiguiente, una medida fiscal que tiene por objeto hacer menos atractivas las inversiones realizadas por un organismo de inversión colectiva que tiene su domicilio en otro Estado miembro y que está sometido en este al control de las autoridades competentes para la supervisión del mercado financiero, pero que tiene un modo de gestión interno, no puede considerarse adecuada para alcanzar el objetivo perseguido de protección de los inversores.
104
Además, en la vista, el Gobierno polaco sostuvo que la normativa controvertida en el litigio principal también tenía por objeto prevenir los abusos.
105
No obstante, dado que dicho Gobierno se limita a evocar, sin más precisiones, tal justificación, sin establecer un vínculo entre el modo de gestión de un organismo de inversión colectiva y un posible riesgo de abuso, su argumentación no puede prosperar.
106
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 63 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que solo un organismo de inversión colectiva gestionado por una entidad externa, que desarrolla sus actividades sobre la base de una autorización otorgada por las autoridades competentes en materia de supervisión de los mercados financieros del Estado en el que esa entidad tiene su domicilio, puede acogerse a la exención del impuesto sobre sociedades para las rentas obtenidas de las inversiones realizadas por ese organismo y que, por tanto, no concede tal exención a los organismos de inversión colectiva gestionados internamente, constituidos con arreglo a la normativa de otro Estado miembro, en el supuesto de que el Derecho del primer Estado miembro solo autorice la creación de organismos de inversión colectiva gestionados de manera externa.
Costas
107
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 63 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que solo un organismo de inversión colectiva gestionado por una entidad externa, que desarrolla sus actividades sobre la base de una autorización otorgada por las autoridades competentes en materia de supervisión de los mercados financieros del Estado en el que esa entidad tiene su domicilio, puede acogerse a la exención del impuesto sobre sociedades para las rentas obtenidas de las inversiones realizadas por ese organismo y que, por tanto, no concede tal exención a los organismos de inversión colectiva gestionados internamente, constituidos con arreglo a la normativa de otro Estado miembro, en el supuesto de que el Derecho del primer Estado miembro solo autorice la creación de organismos de inversión colectiva gestionados de manera externa.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.