Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. RIMVYDAS NORKUS
presentadas el 7 de mayo de 2026 (1)
Asunto C‑276/25
RÖSLE GROUP GmbH
contra
EVROmat a.s.
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, República Checa)]
« Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva
2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual — Derecho de información — Alcance — Derecho no solo a la información, sino también a los documentos pertinentes que demuestren la exactitud y la exhaustividad de dicha información »
1.        El Derecho de la Unión tiene por objeto proteger los derechos de propiedad intelectual, que constituyen un motor esencial del éxito del mercado interior. Una medida procesal específica de esta protección consiste en el derecho del titular de un derecho de propiedad intelectual a obtener datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen ese derecho. ¿Permite esta medida obtener únicamente información, en el sentido de los datos en sí mismos, o también los documentos justificativos que acrediten la exactitud y la exhaustividad de dicha información? Esta es la cuestión sobre la que se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie en el presente asunto.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
2.        Son pertinentes, a efectos del presente asunto, los considerandos 1, 3, 10, 13, 14, 17, 20 y 21, así como los artículos
1, 3 y 6 a 8 de la Directiva 2004/48/CE. (2)
Derecho checo
3.        El artículo
8 de la Directiva 2004/48 se transpuso al Derecho checo mediante el artículo
3 de la zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (Ley n.º 221/2006, relativa al ejercicio de los derechos derivados de la propiedad industrial). El citado artículo
3 dispone:
«(1)      El titular del derecho podrá exigir a un tercero:
a)      que haya poseído mercancías litigiosas con el fin de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto, o
b)      que haya utilizado servicios litigiosos con el fin de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto, o
c)      respecto del cual haya quedado acreditado que ha prestado, con el fin de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto, servicios utilizados en el marco de actividades infractoras, o
d)      que haya sido designado por la persona a que se refieren las letras a), b) o c) como interviniente en la producción, la transformación, el almacenamiento o la distribución de dichas mercancías o en la prestación de dichos servicios,
datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios infractores.
(2)      Si los datos a los que se refiere el apartado 1 no se facilitan voluntariamente en un plazo razonable, el titular del derecho podrá reclamarlos presentando una demanda ante un órgano jurisdiccional en un procedimiento por infracción de derechos. El órgano jurisdiccional desestimará la demanda si esta no es proporcionada a la gravedad de la amenaza o de la infracción del derecho.
(3)      Los datos
incluirán:
a)      el nombre y apellido o la razón o denominación social, así como el domicilio o sede social del fabricante, transformador, depositario, distribuidor, suministrador y de cualquier otro poseedor anterior de las mercancías o servicios litigiosos;
b)      información sobre las cantidades producidas, transformadas, suministradas, almacenadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio obtenido por las mercancías o servicios de que se trate.
(4)      Las disposiciones de los apartados 1 y 2 se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en una normativa específica que regule, en particular:
a)      derechos de información más amplios;
b)      la utilización de los datos en procedimientos civiles o penales;
c)      la responsabilidad por abuso del derecho de información;
d)      el deber de confidencialidad;
e)      el derecho de negarse a facilitar datos que obliguen a la persona a la que se refiere el apartado 1 a admitir su propia participación o la de sus parientes cercanos en una infracción de un derecho, o
f)      la protección de la confidencialidad de las fuentes de información o el tratamiento de los datos personales.»
Antecedentes de hecho del litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
4.        El asunto principal tiene por objeto un litigio entre RÖSLE GROUP, sociedad alemana, titular de los dibujos o modelos comunitarios n.º 004702645‑0001 y n.º 004702645‑0002 (ambos con fecha de prioridad de 9 de febrero de 2018), que utilizaba esos dibujos o modelos para fabricar sus productos, y EVROmat, una sociedad checa que, según RÖSLE GROUP, comercializaba un producto (una válvula que forma parte de un sistema de desagüe pluvial) que tenía una forma idéntica a los dibujos o modelos de esta última
5.        RÖSLE GROUP solicitó, en particular, que se ordenara a EVROmat que se abstuviese de fabricar, ofertar y vender el producto en cuestión, y que se le ordenara asimismo que comunicase a RÖSLE GROUP la información pertinente relativa a dicho producto, incluidos los documentos justificativos correspondientes.
6.        El Městský soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga, República Checa), como órgano jurisdiccional de primera instancia, desestimó la demanda de RÖSLE GROUP en su totalidad. Sin embargo, en apelación, el Vrchní soud v Praze (Tribunal Superior de Praga, República Checa) revocó la sentencia dictada en primera instancia y ordenó a EVROmat, por una parte, que se abstuviera de fabricar, ofertar y vender el producto y, por otra parte, que comunicara a RÖSLE GROUP
los siguientes
datos relativos a dicho producto: a) el nombre y apellido o la razón o denominación social, así como el domicilio o sede social del fabricante, transformador, distribuidor, suministrador y de cualquier otro poseedor anterior de dichas mercancías, y b) la información sobre las cantidades producidas, transformadas, suministradas, almacenadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio pagado y obtenido por dichas
mercancías.
7.        No obstante, el tribunal de apelación confirmó la desestimación por el órgano jurisdiccional de primera instancia de la pretensión de RÖSLE GROUP relativa a la aportación de los documentos justificativos de dicha información. El órgano jurisdiccional de apelación motivó su resolución relativa al derecho de información en el hecho de que, con arreglo al artículo
3, apartado
1, letra a), de la Ley n.º 221/2006, únicamente puede ordenarse la comunicación de información y no la aportación de documentos justificativos, dado que la obligación de aportar los documentos pertinentes ampliaría considerablemente la obligación legal y, en particular, incrementaría los gastos de la persona obligada a facilitar la información.
8.        RÖSLE GROUP y EVROmat interpusieron recurso de casación contra la sentencia del tribunal de apelación ante el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, República Checa), que es el órgano jurisdiccional remitente, alegando un motivo basado en una apreciación jurídica errónea.
9.        Según el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia aún no ha resuelto la cuestión de «si a una entidad de Derecho privado a
la que se impone la obligación de comunicar información al amparo del artículo 8 de la Directiva 2004/48/CE (o de una norma nacional mediante la cual se haya traspuesto el derecho de información), se le puede imponer al mismo tiempo la obligación de acreditar la exactitud y la exhaustividad de la información facilitada aportando al demandante los documentos pertinentes.». El órgano jurisdiccional remitente considera que las disposiciones del Derecho de la Unión en la materia no aportan a la cuestión planteada una respuesta inequívoca que permita llegar a dicha respuesta más allá de toda duda razonable, es decir, que no constituyen un acto claro.
10.      En estas circunstancias, el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse las disposiciones del artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva [2004/48] en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional deberá, a petición del demandante, ordenar al infractor (o bien a otra persona indicada en la Directiva citada) no solo que proporcione la información especificada en las disposiciones citadas, sino imponerle también la obligación de que acredite la exactitud y exhaustividad de esta información aportando al demandante los correspondientes documentos?»
11.      La resolución de remisión, de 19 de marzo de 2025, se recibió en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de abril de 2025. Han presentado observaciones escritas la parte demandante en el litigio principal, RÖSLE GROUP, y la Comisión Europea. De conformidad con el artículo
76, apartado
2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia ha prescindido de la celebración de una vista.
Apreciación
12.      Mediante su cuestión prejudicial única, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el alcance del derecho de información previsto en el artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48. En particular, se trata de dilucidar si dicho artículo confiere al titular de un derecho de propiedad intelectual que ha sido infringido la prerrogativa de obtener, si concurren los requisitos de dicho artículo, la mera comunicación de la información enumerada en este mismo artículo o, además, la aportación de los documentos que acrediten la exactitud y la exhaustividad de dicha información.
13.      El órgano jurisdiccional remitente, que parece atribuir especial importancia al significado del término «información», que figura en el artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48, el cual, en su opinión, se refiere a los datos en sí mismos, considera que, en el marco del procedimiento previsto en dicho artículo solo es posible solicitar la comunicación de información. Por el contrario, la Comisión y RÖSLE GROUP sostienen, en esencia, que el alcance del derecho de información en el sentido de dicho artículo debe interpretarse de manera amplia, de modo que comprenda no solo el suministro de la información, sino también la presentación de los documentos que acrediten su exactitud y exhaustividad.
14.      A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que, a tenor del artículo
8, apartado
1, de la Directiva 2004/48, los Estados miembros garantizarán que, en el contexto de los procedimientos relativos a una infracción de un derecho de propiedad intelectual y en respuesta a una petición justificada y proporcionada del demandante, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar que faciliten datos sobre el origen y las redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual el infractor o cualquier persona que haya sido hallada prestando a escala comercial servicios utilizados en
las actividades infractoras.
15.      El artículo
8, apartado
2, de la Directiva 2004/48 precisa que los datos a los que se refiere el apartado
1 de dicho artículo incluirán, según proceda, los nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, suministradores y otros poseedores anteriores de las mercancías o servicios, así como de los mayoristas y minoristas destinatarios, e información sobre las cantidades producidas, fabricadas, entregadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio obtenido por las mercancías o servicios de que se trate.
16.      El tenor del artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48 no precisa si los Estados miembros deben garantizar que los órganos jurisdiccionales competentes puedan, en una situación como la controvertida en el litigio principal, ordenar al demandado no solo que facilite la información solicitada, sino imponerle también la obligación de que acredite la exactitud y exhaustividad de esta información. Dicho de otro modo, el tenor de ese artículo no permite deducir la forma en que debe facilitarse la información ni las modalidades de su transmisión. No obstante, la redacción del artículo
8, apartados
1 y 2, tampoco permite excluir que esa información se facilite en forma de documentos que acrediten su exactitud y exhaustividad. (3)
17.      Dicho esto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el procedimiento de solicitud de información regulado en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48 en favor del titular de derechos de propiedad intelectual constituye un procedimiento autónomo y una peculiaridad del Derecho de la Unión. (4) El derecho de información establecido en este artículo 8, apartado 1, concreta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y garantiza de ese modo el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la propiedad, del que forma parte el derecho de propiedad intelectual protegido en el artículo 17, apartado 2, de esta. Así, este derecho de información permite al titular de un derecho de propiedad intelectual identificar a la persona que infringe dicho derecho y tomar las medidas necesarias, como la presentación de demandas de medidas provisionales previstas en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/48 o de daños y perjuicios conforme al artículo 13 de esta Directiva, a los efectos de protección de dicho derecho. En efecto, a falta de un conocimiento completo del alcance de la infracción de su derecho de propiedad intelectual, el titular de tal derecho no estaría en condiciones de determinar o de calcular con exactitud los daños y perjuicios a los que tendría derecho por tal infracción. (5) Así pues, es cierto que el artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48 establece una medida procesal que permite al titular de un derecho de propiedad intelectual obtener la información que le permita identificar a las personas implicadas en la infracción de su derecho y determinar el alcance de dicha infracción.
18.      En mi opinión, solo puede considerarse que se ha informado sobre el verdadero alcance de la infracción y sobre las personas implicadas en ella si la información facilitada es exacta y exhaustiva. Para garantizar la exactitud y exhaustividad de esta información, debe entenderse que el derecho de información, en el sentido del artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48, no solo se refiere al suministro de la información que en él se contempla, sino también a la aportación de documentos que corroboren su exactitud y exhaustividad, cuando el demandante lo solicite. Ciertos elementos contextuales y teleológicos permiten corroborar este enfoque. (6)
19.      Por lo que respecta al contexto del artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48, procede señalar que su considerando 21 establece que el derecho de información, destinado a garantizar un elevado nivel de protección, permite obtener datos precisos sobre el origen de las mercancías o servicios litigiosos, los circuitos de distribución y la identidad de cualesquiera terceras personas implicadas en la infracción. Así, este considerando puede reforzar la interpretación según la cual el derecho de información, en el sentido de dicho artículo
8, apartados
1 y 2, debe garantizar al titular del derecho de propiedad intelectual que haya sido infringido la obtención de datos determinados con exactitud, (7) sobre la base de elementos que los corroboren.
20.      El órgano jurisdiccional remitente considera que la presentación de documentos para acreditar la alegación de la infracción de un derecho de propiedad intelectual debe ser objeto de un procedimiento de ejecución posterior tramitado con arreglo al Derecho nacional, conforme a las reglas establecidas en los artículos 6 y 7 de la Directiva 2004/48. En otras palabras, señala que los procedimientos incoados en virtud de los artículos
6, 7 y 8 de esta Directiva son distintos, e incluso que el último tiene carácter previo a los procedimientos iniciados con arreglo a los mencionados artículos
6 y 7.
21.      Obsérvese que nada en la Directiva 2004/48 indica que dichas medidas procesales deban seguir obligatoriamente el orden cronológico sugerido por el órgano jurisdiccional remitente. Procede recordar que todas ellas, enumeradas en el capítulo
2 de dicha Directiva, titulado «Medidas, procedimientos y recursos», se distribuyen en diferentes secciones en función de su categoría procesal.
22.      En la sección
2, relativa a las pruebas, de la Directiva 2004/48, los artículos
6 y 7, que establecen más concretamente obligaciones para que los Estados miembros garanticen la existencia de medios efectivos para presentar y proteger las pruebas, tienen por objeto que se ponga a disposición del solicitante y de las autoridades judiciales competentes la información necesaria para determinar si se ha producido una infracción de los derechos de propiedad intelectual y, de ser así, sus consecuencias. (8) Por lo demás, el considerando 20 de esta Directiva subraya no solo la importancia de la prueba para el establecimiento de la infracción de los derechos de la propiedad intelectual, sino también la importancia que debe concederse a que se pongan de manera efectiva a disposición de las partes medios de presentación, obtención y protección de pruebas. Pues bien, el derecho de información, en el sentido del artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48, tiene por objeto informar al titular de un derecho de propiedad intelectual no tanto sobre la propia existencia de la infracción como sobre su origen y su alcance.
23.      Además, las medidas procesales establecidas en los artículos
6 y 7 de la Directiva 2004/48 parecen tener un alcance más amplio que el previsto en el artículo
8 de esta Directiva en lo que respecta a la información de que se trata. En efecto, este artículo
8, apartado
2, delimita de manera exhaustiva la información que puede ser objeto de esa medida procesal, mientras que los citados
artículos
6 y 7 se limitan a referirse, de manera general, a las pruebas, sin limitar los hechos que pretenden probar. Asimismo, el artículo
8 de la Directiva 2004/48 permite ir más allá de la información que puede obtenerse únicamente del infractor y, de este modo, identificar a todos aquellos que actúan «entre bastidores» de la infracción, a menudo como parte de una red de distribución compleja. (9) Me parece que estas características de las medidas procesales antes mencionadas abogan por la conclusión de que dichas medidas se presentan como autónomas, en contraposición a cualquier dependencia de unas respecto de otras y al orden en que deban aplicarse.
24.      Así, el derecho de información constituye «otra» medida destinada a garantizar un elevado nivel de protección respecto de aquellas que se refieren a la presentación, obtención y protección de las pruebas. (10) A este respecto, el derecho de información y los medios para la presentación y protección de las pruebas pueden, no obstante, en su caso, considerarse complementarios. En efecto, si bien el derecho de información, como medio procesal, tiene por objeto permitir obtener la información enumerada en el artículo
8, apartado
2, de la Directiva 2004/48, considero que este derecho puede ejercerse junto con otras medidas procesales, relativas, en particular, a la presentación y obtención de pruebas sobre la infracción del derecho de propiedad intelectual, si se cumplen los requisitos para el ejercicio de estas últimas medidas, de conformidad con el artículo
6, apartado
1, de esta Directiva.
25.      El considerando 14 de la Directiva 2004/48 permite corroborar la conclusión sobre el carácter complementario de las medidas procesales contempladas, por una parte, en el artículo
8, apartados
1 y 2, de esta Directiva, y, por otra parte, en particular, en el artículo
6, apartado
1, de dicha Directiva. En efecto, este considerando recoge las medidas establecidas en el artículo
6, apartado
1, y en el artículo
8, apartado
2, de esta misma Directiva, disponiendo que tienen que aplicarse solo con respecto a actos llevados a cabo a
escala comercial y que ello no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros apliquen esas
medidas también a otros actos. (11)
26.      Además, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una petición de información con arreglo al artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2004/48, puede formularse tanto antes de la incoación de un procedimiento relativo a una infracción de un derecho de propiedad intelectual, (12) como tras la conclusión definitiva de dicho procedimiento. (13) Pues bien, el orden cronológico sugerido por el órgano jurisdiccional remitente, según el cual deberían presentarse las peticiones de obtención de información, por una parte, y las de obtención de los documentos que la respalden, por otra, podría resultar incompatible con el contexto descrito anteriormente.
27.      Además, el orden cronológico consistente en tramitar una petición de información antes de comprobar su exactitud y exhaustividad puede resultar contrario a la obligación general establecida en el artículo
3 de la Directiva 2004/48, que, habida cuenta de su naturaleza de disposición general, como indica el título de la sección
1, en la que figura dicha obligación dentro del capítulo II de esta Directiva, «Medidas, procedimientos y recursos», está destinada a aplicarse de manera transversal en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual al que se refiere dicha Directiva. (14) Más concretamente, si la exactitud y la exhaustividad de la información facilitada en virtud del artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48 debiera verificarse en el marco de un procedimiento de ejecución posterior, ello podría prolongar y complicar innecesariamente el procedimiento, o incluso hacerlo más costoso, en particular para el titular de un derecho de propiedad intelectual que haya sido infringido. (15) Por lo demás, una solución consistente en distinguir entre el suministro de información y la aportación de los documentos que acrediten su exactitud y exhaustividad puede resultar poco justificada desde el punto de vista de la buena administración de justicia.
28.      Por consiguiente, este contexto se opone, en mi opinión, a la conclusión defendida por el órgano jurisdiccional remitente según la cual la comprobación de la exactitud y la exhaustividad de la información proporcionada en el sentido del artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48 debe efectuarse en un procedimiento de ejecución posterior y distinto, sin perjuicio del cumplimiento de las normas previstas en los artículos
6 y 7 de la Directiva 2004/48, cuando el titular de un derecho de propiedad intelectual lo haya solicitado en el ejercicio de su derecho de información.
29.      Desde un punto de vista teleológico, la conclusión de que, a petición del titular de un derecho de propiedad intelectual en el sentido del artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48, debe facilitarse no solo la información a que se refiere dicho artículo, sino también los documentos que corroboren su exactitud y exhaustividad, parece la más conforme con el objetivo de la Directiva 2004/48.
30.      En efecto, mediante esta Directiva, el legislador de la Unión optó por garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior mediante la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, (16) llevando así a cabo una armonización mínima del respeto de los derechos de propiedad intelectual en general. (17) La protección de la propiedad intelectual constituye un elemento fundamental para el éxito del mercado interior. En particular, esta protección es importante no solo para la promoción de la innovación y de la creación, sino también para el desarrollo del empleo y la mejora de la competitividad. (18)
31.      Los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual tienen una importancia capital para el éxito del mercado interior. (19) A este respecto, la Directiva 2004/48 establece las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar
el respeto de los derechos de propiedad intelectual. (20) El Tribunal de Justicia ha declarado que las disposiciones de esta Directiva no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino solo los que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a los menoscabos de estos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier menoscabo de un derecho de propiedad intelectual existente. (21)
32.      De este modo, el derecho de información, previsto en el artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48, constituye un derecho instrumental, dirigido a garantizar la protección efectiva de la propiedad intelectual, cuyo objetivo es nivelar en cierta medida el diferente grado de información de que disponen, respectivamente, quien presuntamente ha violado un derecho de propiedad intelectual y el titular de dicho derecho. (22) Por consiguiente, me parece, al igual que a la Comisión, que la exactitud y la exhaustividad de la información que permite obtener este derecho de información es esencial para garantizar el efecto útil del
citado
derecho y, con carácter general, de la protección de los derechos de propiedad intelectual que las medidas previstas en la Directiva 2004/48 pretenden garantizar.
33.      En este sentido, procede recordar que, en la sentencia Knor, cuando se le preguntó sobre los requisitos que incumben al demandante de demostrar, a efectos de la solicitud de información basada en el artículo
8, apartado
1, de la Directiva 2004/48, que es titular de un derecho de propiedad intelectual, el Tribunal de Justicia consideró que, para precisar la suficiencia de las pruebas aportadas en dicho procedimiento de solicitud de información, han de tomarse en consideración la naturaleza del derecho de propiedad intelectual y las posibles formalidades especiales que condicionan la titularidad de tal derecho, y que, por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente examinar si este demandante presenta pruebas suficientes que demuestren que es titular del derecho de propiedad intelectual. (23)
34.      A este respecto, ¿no cabría plantearse la eventual necesidad de un paralelismo de requisitos en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual en virtud de la Directiva 2004/48, tal como se garantiza mediante la medida procesal prevista en su artículo 8, apartado 1? En particular, si el demandante, a efectos de solicitar información sobre el alcance de la infracción de su derecho de propiedad intelectual, está obligado a aportar pruebas suficientes para demostrar la existencia de ese derecho, ¿por qué el infractor o cualquier tercero quedarían dispensados de presentar documentos que corroboren la exhaustividad y la exactitud de la información aportada en dicho procedimiento?
35.      Esta exigencia de aportar no solo la información en sí, sino también su respaldo documental, me parece tanto más justificada cuanto que el derecho de información, en el sentido del artículo
8 de la Directiva 2004/48, no es un derecho absoluto. En efecto, está delimitado, en la medida en que no se tolera ningún abuso de este derecho. (24) En particular, si se comprueba que la solicitud de ejercicio del derecho de información es abusiva, deberá ser denegada por el órgano jurisdiccional remitente. (25) También es evidente que el principio general del Derecho de la Unión según el cual «nadie está obligado a lo imposible» (26) resulta aplicable cuando se exige a un infractor o a cualquier tercero que proporcione información al titular de un derecho de propiedad intelectual, de conformidad con dicho artículo 8, incluidos los documentos que la corroboren. En concreto, solo debe exigirse un respaldo documental de la información que sea razonablemente accesible, y ello con arreglo a procedimientos regulados por el Derecho nacional, que deben configurarse de manera que permitan la consecución de los objetivos de la Directiva 2004/48, en particular haciendo efectiva y proporcionada la medida procesal que constituye el derecho de información, (27) al tiempo que se garantiza el equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en el proceso.
36.      Por último, desde un punto de vista práctico, procede recordar que, entre la información respecto de la cual RÖSLE GROUP solicita documentos de respaldo, figuran datos sobre las cantidades producidas, transformadas, suministradas, almacenadas, recibidas o encargadas, así como sobre el precio pagado y obtenido por dichas mercancías.
37.      Pues bien, por lo que respecta a esta información y, en particular, en lo que atañe a las cantidades y al precio pagado y obtenido por las mercancías, resulta difícil concebir que, en la intención del legislador de la Unión, hubiera bastado con que un infractor o cualquier tercero contemplado en el artículo
8, apartado
1, de la Directiva 2004/48 se limitara a comunicar únicamente la información, en el sentido de los datos correspondientes, sin aportar los documentos que la acrediten, como las órdenes de pedido, los acuses de recibo o las facturas. Desde esta perspectiva y, en particular, habida cuenta del elevado
nivel de protección que este legislador pretendía garantizar mediante la Directiva 2004/48, resultaría difícilmente concebible disociar la comunicación de la información relativa al alcance de la infracción de un derecho de propiedad intelectual de la aportación de los documentos justificativos de dicha información. En efecto, sin la aportación de documentos justificativos de la información facilitada, el titular de un derecho de propiedad intelectual vulnerado no dispondría de ningún medio para comprobar el carácter erróneo, impreciso o incompleto de dicha información. Pues bien, en tales circunstancias, obligarle a iniciar un procedimiento posterior para obtener la presentación de los documentos justificativos a ciegas, sin disponer de indicios en cuanto a la exactitud de la información facilitada, resultaría poco satisfactorio a la vista
del elevado nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual perseguido por la Directiva 2004/48.
38.      Por todas las razones expuestas, considero que procede responder afirmativamente a la cuestión prejudicial planteada en el presente asunto. En particular, el artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que, a petición del titular de un derecho de propiedad intelectual en el sentido de dicho artículo, debe facilitarse no solo la información a que se refiere dicho artículo, sino también los documentos que corroboren su exactitud y exhaustividad.
Conclusión
39.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Nejvyšší soud (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, República Checa) del siguiente modo:
«El artículo
8, apartados
1 y 2, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,
debe interpretarse en el sentido de que
el órgano jurisdiccional nacional, a petición justificada y proporcionada del demandante, debe poder ordenar al infractor, o bien a cualquier otra persona mencionada en dicho artículo, no solo que facilite la información que en él se especifica, sino también que acredite la exactitud y la exhaustividad de esta información aportando al demandante los correspondientes documentos.»
1      Lengua original: francés.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).
3      A este respecto, procede admitir que el término «información» es muy amplio y, en su sentido habitual, se refiere a cualquier dato, con independencia del soporte —incluido el soporte escrito— en el que figure. Así, ¿no resultaría artificioso distinguir, desde el punto de vista textual, entre los datos en sí mismos y los documentos en los que figuran? Además, en contextos distintos del de la Directiva 2004/48, ciertamente muy específicos, como el del Derecho de la competencia, por lo que respecta a la recopilación de información en relación con el objeto de una investigación, el Tribunal de Justicia ha considerado que, debido al carácter genérico del término «información», que figura en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), la mencionada disposición se aplicaba indistintamente tanto a la categoría de los «indicios» como a la de las «pruebas» (sentencia de 9 de marzo de 2023, Intermarché Casino Achats/Comisión, C‑693/20 P, EU:C:2023:172, apartados 103 a 108).
4      Sentencia de 27 de abril de 2023, Castorama Polska y Knor (C‑628/21, en lo sucesivo «sentencia Knor», EU:C:2023:342), apartados 40 y 45.
5      Véase la sentencia de 18 de enero de 2017, NEW WAVE CZ (C‑427/15, EU:C:2017:18), apartado 25 y jurisprudencia citada.
6      Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos que persigue la normativa de la que forma parte (véase la sentencia Knor, apartado 36 y la jurisprudencia citada).
7      Sobre el significado del término [francés] «précis» [preciso] como sinónimo del término [francés] «exact» [exacto], véase el Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), https://www.cnrtl.fr/definition/pr%C3 %A9cis.
8      Véase, en este sentido, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, de 29 de noviembre de 2017, Directrices sobre determinados aspectos de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual [COM(2017) 708 final, p. 29].
Considero que el uso del término «información» en dicha Comunicación, en el contexto de los artículos 6 y 7 de la Directiva 2004/48, puede corroborar la idea de que no procede establecer una separación estricta entre la información y las pruebas. En efecto, nada se opone a que la información figure en dichas pruebas.
9      Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 22 de diciembre de 2010, Aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual [SEC(2010) 1589 final, p. 11]
10      Considerando 21, en relación con el considerando 20, de la Directiva 2004/48.
11      Según el considerando 14 de la Directiva 2004/48, «los actos llevados a cabo a escala comercial son los realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos; esto excluye normalmente los actos realizados por los consumidores finales de buena fe».
12      Sentencia de 17 de junio de 2021, M.I.C.M. (C‑597/19, EU:C:2021:492), apartados 84 y 96.
13      Sentencia de 18 de enero de 2017, NEW WAVE CZ, (C‑427/15, EU:C:2017:18), apartado 28.
14      Según esta disposición, por una parte, las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, entre los que se encuentra también el derecho de información contemplado en el artículo 8 de la Directiva 2004/48, serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios (apartado 1 de esta disposición). Por otra parte, estas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso (apartado 2 de la dictada disposición).
15      A este respecto, ha de subrayarse que, si bien, en cambio, los costes pueden ser más elevados para el infractor o para cualquier tercero que participe en la infracción, ello no me parece problemático, en la medida en que dichos costes pueden considerarse un elemento disuasorio frente a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48.
16      Véanse el considerando 10 de la Directiva 2004/48 y la sentencia de 18 de diciembre de 2019, IT Development (C‑666/18, EU:C:2019:1099), apartado 38.
17      Sentencia de 9 de julio de 2020, Constantin Film Verleih (C‑264/19, EU:C:2020:542), apartado 36.
18      Considerando 1 de la Directiva 2004/48.
19      Considerando 3 de la Directiva 2004/48.
20      Artículo 1 de la Directiva 2004/48.
21      Véase la sentencia de 16 de julio de 2015, Diageo Brands (C‑681/13, EU:C:2015:471), apartado 73 y jurisprudencia citada.
22      Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Coty Germany (C‑580/13, EU:C:2015:243), punto 24.
23      Sentencia Knor, apartados 46, 47 y 51.
24      Artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48.
25      Véase la sentencia Knor, apartado 53 y jurisprudencia citada.
26      Véase la sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci, (C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), apartado 79 y jurisprudencia citada.
27      Artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48.