SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 15 de octubre de 2025 (*)
« Derecho institucional — Miembros del Parlamento — Acoso psicológico — Decisiones de la presidenta del Parlamento por las que se declara la existencia de acoso psicológico a varios asistentes parlamentarios acreditados y se sanciona a un diputado con la pérdida del derecho a dietas para gastos de estancia y la suspensión de la participación en las actividades del Parlamento durante treinta días — Plazos procesales — Derecho de defensa — Presunción de inocencia »
En el asunto T‑223/23,
VZ, representada por los Sres. J. M. Benítez de Lugo Guillén y G. Gil-Robles Mathieu de Vienne, abogados,
parte demandante,
contra
Parlamento Europeo, representado por el Sr. I. Lázaro Betancor, la Sra. D. Boytha y el Sr. T. Lukácsi, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado, durante las deliberaciones, por el Sr. R. da Silva Passos, Presidente, y las Sras. N. Półtorak y T. Pynnä (Ponente), Jueces;
Secretaria: Sra. P. Núñez Ruiz, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
visto el requerimiento dirigido por el Tribunal General al Parlamento el 10 de julio de 2024 para que aportase determinados documentos, la respuesta del Parlamento presentada en la Secretaría del Tribunal General el 23 de julio de 2024 y las observaciones presentadas por las partes el 22 de noviembre y el 10 de diciembre de 2024;
celebrada la vista el 3 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso, basado en el artículo
263 TFUE, la demandante, VZ, solicita la anulación, en primer lugar, de la decisión de 16 de enero de 2023 del Parlamento Europeo por la que se declaró la existencia de acoso por su parte a cada uno de los tres asistentes parlamentarios acreditados (en lo sucesivo, «APA»)
destinados a su servicio (en lo sucesivo, «decisión por la que se declara el acoso»); en segundo lugar, de la decisión del Parlamento de 16 de enero de 2023 por la que se le impuso una sanción consistente en la pérdida del derecho a dietas para gastos de estancia durante un período total de treinta días y en la suspensión de su participación en las actividades del Parlamento por un período total de treinta días (en lo sucesivo, «decisión de sanción»), y, en tercer lugar, de cualquier otro acto previo, conexo o consecuente a dicha sanción.
Antecedentes del litigio
2        El 12 de julio de 2021, tres APA de la demandante (en lo sucesivo, «denunciantes»), exmiembro del Parlamento, presentaron por separado sendas denuncias de acoso contra ella (en lo sucesivo, «denuncias»), en forma de solicitud de asistencia al amparo del artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), aplicable por analogía a los APA en virtud del artículo 127 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea.
3        Posteriormente, el servicio competente de la Dirección General (DG) de Personal del Parlamento dirigió a dos de los denunciantes solicitudes de aclaración sobre sus denuncias, ya que, por un lado, la denuncia de uno de ellos aludía a pruebas que no había transmitido y, por otro lado, el otro había indicado en su denuncia que tenía intención de completarla
añadiendo más pruebas en apoyo de sus alegaciones. Los dos denunciantes completaron sus denuncias el 18 de octubre y el 4 de noviembre de 2021, respectivamente.
4        El 29 de noviembre de 2021, el servicio competente de la DG de Personal transmitió al Comité consultivo para las quejas por acoso que afectan a diputados al Parlamento Europeo (en lo sucesivo, «Comité») su estudio preliminar sobre las denuncias, declarando que los denunciantes habían aportado, de forma concordante, indicios
razonables de la existencia de los comportamientos de la demandante (en lo sucesivo, «estudio preliminar»).
5        El 7 de diciembre de 2021, el Comité decidió tramitar las denuncias conjuntamente y proceder a una investigación completa.
6        Mediante escrito de 15 de diciembre de 2021, la presidenta del Comité informó a la demandante, entre otros extremos, del inicio de una investigación, le envió un resumen de las alegaciones de los denunciantes, acompañado de todas las pruebas no confidenciales adjuntas a las denuncias, y la invitó a presentar sus observaciones escritas sobre las alegaciones formuladas en su contra.
7        En sus reuniones de los días 3 y 29 de marzo y 26 de abril de 2022, el Comité oyó a los denunciantes, a la demandante y a cinco testigos. Como complemento a su audiencia ante el Comité de 3 de marzo de 2022, la demandante presentó una declaración escrita. El 7 de abril de 2022, la demandante respondió por correo electrónico a preguntas adicionales del Comité.
8        El 17 de junio de 2022, el Comité adoptó su informe final (en lo sucesivo, «informe del Comité»), en el que recomendaba a la presidenta del Parlamento que declarara la existencia de acoso psicológico, en el sentido del artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto, para con cada uno de los denunciantes. También recomendaba que, de conformidad con el artículo
176 del Reglamento interno del Parlamento, se impusiera a la demandante una sanción consistente, por una parte, en la pérdida del derecho a dietas para gastos de estancia por un período total de treinta días y, por otra parte, en la suspensión de la participación en las actividades del Parlamento durante treinta días en total. El 20 de junio de 2022, el informe del Comité fue remitido a la presidenta del Parlamento.
9        El 26 de septiembre de 2022, la presidenta del Parlamento comunicó a la demandante su intención de seguir la recomendación del Comité y la invitó a presentar sus observaciones. A tal fin, se entregó a la demandante una versión anonimizada del informe del Comité, en la que se habían omitido el acta completa de los testimonios recabados durante la investigación y la información relativa al estado psíquico de los denunciantes.
10      Los días 12 y 28 de octubre de 2022, la demandante presentó sus observaciones, que la presidenta del Parlamento transmitió al Comité con el fin de que este evaluara su impacto en las conclusiones de su informe. El 6 de diciembre de 2022, el Comité le hizo llegar su dictamen al respecto, en el que consideraba que las observaciones de la demandante no ponían en entredicho las conclusiones del informe.
11      El 16 de enero de 2023, mediante la decisión por la que se declaraba el acoso, la presidenta del Parlamento declaró la existencia de acoso por parte de la demandante a cada uno de los denunciantes. Mediante la decisión de sanción, la presidenta del Parlamento le impuso la pérdida del derecho a sus dietas para gastos de estancia por un período total de treinta días y la suspensión de su participación en las actividades del Parlamento durante treinta días en total.
12      El 24 de enero de 2023, de conformidad con el artículo 177 del Reglamento interno del Parlamento, la demandante interpuso ante la Mesa del Parlamento un recurso interno contra la decisión de sanción.
13      Mediante decisión de 13 de febrero de 2023, la Mesa del Parlamento confirmó la decisión de sanción (en lo sucesivo, «decisión sobre la reclamación»).
Pretensiones de las partes
14      La demandante solicita al Tribunal General que:
–        Anule la decisión de sanción y la decisión sobre la reclamación.
–        Anule cualquier otro acto previo, conexo o consecuente a las sanciones que se le imponen.
–        Condene en costas al Parlamento.
15      El Parlamento solicita al Tribunal General que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre el objeto del recurso
16      La demandante solicita la anulación de la decisión de sanción, de la decisión sobre la reclamación y de «cualquier otro acto previo, conexo o consecuente».
17      Aunque la demandante no indica expresamente a qué actos se refiere la expresión «cualquier otro acto previo, conexo o consecuente», procede recordar que la identificación del acto impugnado puede resultar implícitamente del contenido de la demanda, en particular de la argumentación desarrollada en apoyo de los motivos invocados ante el Tribunal General, siempre que dicho acto forme parte, junto con el acto mencionado en las pretensiones, de un único y mismo litigio y que la parte demandada haya podido proceder a tal identificación y, por lo tanto, no se haya vulnerado su derecho de defensa (véase la sentencia de 22 de diciembre de 2022, Parlamento/Moi, C‑246/21 P, no publicada, EU:C:2022:1026, apartado
59 y jurisprudencia citada).
18      En el caso de autos, de la exposición de los motivos se desprende que la demandante impugna la decisión por la que se declara el acoso, que está indisociablemente unida a la decisión de sanción. Por otra parte, esta conclusión la admite expresamente el Parlamento, que, por tanto, pudo ejercer plenamente su derecho de defensa.
19      En cambio, de los autos no se desprende que, mediante su pretensión de anulación de «cualquier otro acto previo, conexo o consecuente», la demandante haya contemplado otras decisiones distintas de la decisión por la que se declara el acoso.
20      Por lo que respecta a la decisión sobre la reclamación, procede recordar que las pretensiones de anulación formalmente dirigidas contra la decisión desestimatoria de una reclamación dan lugar a que se someta al Tribunal General el acto contra el cual se presentó la reclamación cuando están, como tales, desprovistas de contenido autónomo (véase la sentencia de 11 de septiembre de 2024, TU/Parlamento, T‑793/22, EU:T:2024:614, apartado 28 y jurisprudencia citada).
21      En el caso de autos, la decisión sobre la reclamación
no hace sino confirmar la decisión de sanción. De ello se deduce que las pretensiones de anulación formuladas contra la decisión sobre la reclamación carecen de contenido autónomo y que, por lo tanto, no procede pronunciarse específicamente sobre ellas.
22      Por consiguiente, debe considerarse que el recurso se dirige contra la decisión por la que se declara el acoso y la decisión de sanción (en lo sucesivo, conjuntamente, «decisiones impugnadas»).
Sobre el fondo
23      En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos, basados, el primero, en el incumplimiento de los plazos del procedimiento; el segundo, en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva, y, el tercero, en la vulneración del principio de presunción de inocencia.
Primer motivo, basado en el incumplimiento de los plazos procesales
24      El primer motivo se divide en dos partes. Mediante la primera parte, la demandante sostiene que el tiempo transcurrido entre la presentación de las denuncias, el 12 de julio de 2021, y la presentación del estudio preliminar al Comité, el 29 de noviembre de 2021, sobrepasó el plazo de cuarenta días establecido en el artículo
4, apartado
2, párrafo primero, de la Decisión de la Mesa del Parlamento de 2 de julio de 2018 relativa al funcionamiento del Comité y a los procedimientos en la materia (en lo sucesivo, «Decisión de la Mesa»). Mediante la segunda parte, la demandante alega que la presidenta del Parlamento no le comunicó las decisiones impugnadas dentro de las seis semanas siguientes a la recepción del informe del Comité, incumpliendo así el plazo establecido en el artículo
11, apartado
1, de la Decisión de la Mesa.
25      El Parlamento rebate esta argumentación.
–       Primera parte del primer motivo, relativa al plazo para presentar un estudio preliminar
26      Procede recordar que el artículo
4, apartado
2, párrafo primero, de la Decisión de la Mesa establece que, «en un plazo de cuarenta días a partir de la recepción de la queja, el servicio responsable presentará un estudio preliminar al Comité y a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos».
27      En el caso de autos, las denuncias se presentaron el 12 de julio de 2021. Sin embargo, uno de los denunciantes había indicado en su denuncia que tenía la intención de completarla y añadir más pruebas en apoyo de sus alegaciones. Además, la DG de Personal había constatado que otro denunciante se refería a pruebas que no había transmitido. Por estas razones, la DG de Personal solicitó aclaraciones a los denunciantes, que completaron sus denuncias el 18 de octubre y el 4 de noviembre de 2021, respectivamente.
28      Dado que las denuncias no estaban completas en la fecha de su presentación inicial, procede considerar que el plazo previsto en el artículo
4, apartado
2, de la Decisión de la Mesa no comenzaba a correr hasta que la DG de Personal hubiera recibido todas las pruebas invocadas por los denunciantes en sus denuncias y que esta consideraba necesarias para decidir si procedía continuar la investigación.
29      Es cierto que la tercera denuncia presentada el 12 de julio de 2021 no fue completada. Sin embargo, puesto que las tres denuncias se instruyeron conjuntamente, el plazo previsto en el artículo
4, apartado
2, de la Decisión de la Mesa no comenzó a correr hasta que se consideraron completas, es decir, el 4 de noviembre de 2021.
30      En el caso de autos, la DG de Personal transmitió el estudio preliminar al Comité el 29 de noviembre de 2021, es decir, veinticinco días después de la fecha en que las tres denuncias pudieron considerarse completas. Por lo tanto, se respetó el plazo de cuarenta días previsto en el artículo
4, apartado
2, de la Decisión de la Mesa, de modo que debe desestimarse la primera parte del primer motivo.
–       Segunda parte del primer motivo, relativa al plazo para comunicar la decisión de la presidenta del Parlamento
31      Procede señalar que el artículo
11, apartado
1, de la Decisión de la Mesa establece lo siguiente:
«A la luz del dictamen transmitido por el Comité, el presidente del Parlamento emitirá una decisión motivada sobre la existencia o no de acoso. Hará lo posible por notificar su decisión al denunciante y al diputado denunciado en un plazo de seis semanas desde la recepción del informe, e informará de su decisión al Comité y a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.»
32      En el caso de autos, la presidenta del Parlamento recibió el informe del Comité el 20 de junio de 2022 y adoptó las decisiones impugnadas el 16 de enero de 2023, es decir, casi siete meses después de la recepción de dicho informe. Por lo tanto, las decisiones impugnadas no fueron comunicadas a la demandante dentro del plazo mencionado en el artículo
11, apartado
1, de la Decisión de la Mesa.
33      No obstante, es preciso advertir que el empleo de la expresión «hará lo posible» en el artículo
11, apartado
1, de la Decisión de la Mesa denota claramente que no se trata de un plazo imperativo, sino de un plazo indicativo. Sin embargo, el carácter indicativo de este plazo no exime a la presidenta del Parlamento de adoptar sus decisiones dentro de un plazo razonable.
34      A este respecto, procede observar que, el 26 de septiembre de 2022, la presidenta del Parlamento invitó a la demandante a presentar sus observaciones acerca del informe del Comité y de su intención de seguir la recomendación del Comité. En ese momento, habían transcurrido ya catorce semanas desde la recepción del informe del Comité. No obstante, tal duración puede explicarse por el hecho de que la presidenta del Parlamento tenía que examinar, a la luz del informe del Comité, los hechos y circunstancias propios de cada una de las tres denuncias instruidas conjuntamente.
35      Tras recibir las observaciones de la demandante los días 12 y 28 de octubre de 2022, la presidenta del Parlamento solicitó al Comité que le facilitara una evaluación sobre el impacto de tales observaciones en las conclusiones de su informe. El Comité le remitió su dictamen el 6 de diciembre de 2022 y la presidenta del Parlamento adoptó las decisiones impugnadas el 16 de enero de 2023. El lapso de tiempo transcurrido entre cada una de estas fases del procedimiento se justifica también por el hecho de que el procedimiento tenía por objeto tres denuncias, que implicaban un examen de los hechos y circunstancias propios de cada una de ellas.
36      Por consiguiente, el tiempo transcurrido para la tramitación del asunto no puede considerarse excesivo.
37      En cualquier caso, el hecho de que las decisiones impugnadas no se comunicaran en el plazo indicativo de seis semanas previsto en el artículo
11, apartado
1, de la Decisión de la Mesa no puede afectar, en sí mismo, a su legalidad. En efecto, la vulneración del principio de observancia del plazo razonable únicamente puede justificar la anulación de una decisión adoptada a resultas de un procedimiento administrativo, como las decisiones impugnadas, cuando el transcurso excesivo del tiempo pueda afectar al propio contenido de la decisión adoptada al término de dicho procedimiento administrativo (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, apartado 104 y jurisprudencia citada). Pues bien, en el caso de autos, la demandante no demuestra de qué modo
la superación del plazo para comunicarle las decisiones impugnadas pudo influir en el contenido de dichas decisiones y, en consecuencia, poner en duda su legalidad. Así pues, el hecho de que la presidenta del Parlamento no comunicara las decisiones impugnadas a la demandante en el plazo de seis semanas no puede justificar la anulación de estas.
38      De ello se infiere que la segunda parte del primer motivo y, por tanto, el primer motivo en su totalidad, deben desestimarse.
Segundo motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva
39      El segundo motivo se divide en dos partes. Mediante la primera parte, la demandante invoca la infracción de los artículos
41, 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y alega que las garantías ofrecidas a la persona objeto de una investigación administrativa deben ser similares a las de una persona encausada en un procedimiento judicial. Por consiguiente, considera que debería haber tenido la posibilidad de contrainterrogar a los denunciantes y a los testigos. A este respecto, señala que no basta con un resumen de los testimonios con observancia del principio de confidencialidad.
40      Mediante la segunda parte, la demandante alega que tenía derecho a conocer cualquier elemento que pudiera perjudicarle y que debería haber tenido la posibilidad de refutar las pruebas aportadas por los denunciantes, de conformidad con el principio de contradicción. Afirma que, al haber tratado el Parlamento de forma total o parcialmente confidencial los documentos puestos en su conocimiento —ya sean las declaraciones de los testigos o los informes sobre el estado psicológico de los denunciantes—, la privó de la posibilidad de rebatir su contenido y de defenderse. Según la demandante, en efecto, el Comité consideró, «en base a la información médica recibida», que su conducta ocasionó un impacto psicológico a los demandantes y se remitió, a tal efecto, al «anexo confidencial» del informe del Comité.
41      En la vista, la demandante alegó una vulneración de su derecho de defensa, ya que no se le permitió contar con la asistencia de un abogado ante el Comité.
42      El Parlamento rebate esta argumentación.
–       Sobre la admisibilidad del segundo motivo y de la alegación basada en la vulneración del derecho a ser asistido por un abogado
43      En primer lugar, el Parlamento sostiene que el segundo motivo es inadmisible, ya que la demandante no lo ha expuesto de manera suficientemente clara y precisa para permitirle preparar su defensa y para permitir al Tribunal General pronunciarse. A su juicio, este motivo no contiene ninguna argumentación jurídica precisa en relación con la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la demandante.
44      En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación basada en la vulneración del derecho a ser asistido por un abogado, el Parlamento sostiene que la demandante no formuló tal alegación en sus escritos, sino únicamente en la vista, por lo que es inadmisible.
45      A tenor del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la demanda debe contener una exposición concisa de los motivos invocados. En efecto, para declarar la admisibilidad de un recurso, es preciso, en particular, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el texto de la propia demanda (véase la sentencia de 3 de marzo de 2022, WV/SEAE, C‑162/20 P, EU:C:2022:153, apartado 68 y jurisprudencia citada). La parte demandante está obligada a exponer de manera suficientemente sistemática las consideraciones relativas a cada motivo que formule, sin que el Tribunal General pueda verse obligado, por la falta de estructura de la demanda o de rigor de dicha parte, a recomponer, reuniendo diversos elementos dispersos de la demanda, la articulación jurídica que se supone sirve de apoyo a un motivo, con riesgo de reconstruir este confiriéndole un alcance que la referida parte no pretendía atribuirle. No entenderlo así sería contrario tanto a una buena administración de la justicia como al principio dispositivo y al derecho de defensa de la parte demandada [sentencia de 2 de abril de 2019, Fleig/SEAE, T‑492/17, EU:T:2019:211, apartado 44 (no publicado)].
46      En primer lugar, procede señalar que, en su demanda, la demandante explica con suficiente claridad por qué razones, a su juicio, el Parlamento vulneró su derecho de defensa y su derecho a la tutela judicial efectiva y, más concretamente, su derecho a efectuar un contrainterrogatorio y su derecho de acceso a los anexos del informe del Comité. Por otra parte, el Parlamento pudo identificar este motivo y las alegaciones formuladas por la demandante, para rebatirlas en sus escritos.
47      Por consiguiente, la demanda contiene, de manera concisa, pero suficientemente precisa, de conformidad con el artículo
76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, una exposición del motivo basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva.
48      En segundo lugar, la demandante precisó en la vista que no había podido ser asistida por un abogado ante el Comité. Según el Parlamento, la demandante no invocó en sus escritos vulneración alguna en este sentido.
49      A este respecto, procede señalar que, en su demanda, la demandante mencionó la imposibilidad de ser asistida por un abogado al relatar el desarrollo de los hechos. También mencionó el derecho a la asistencia de abogado haciendo referencia a la jurisprudencia para definir el marco jurídico aplicable al caso de autos. En cambio, la demanda no contiene mención alguna de una vulneración del derecho a ser asistido por un abogado ante el Comité.
50      Con arreglo al artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. No obstante, debe declararse la admisibilidad de un motivo que constituya la ampliación de otro enunciado anteriormente, explícita o implícitamente, en la demanda y que tenga una relación estrecha con este. Análoga solución se impone en el caso de una alegación o un argumento invocados en apoyo de un motivo. Para poder contemplarlo como una ampliación de un motivo o de una alegación anteriormente enunciados, un argumento nuevo debe presentar un vínculo lo suficientemente estrecho con los motivos o alegaciones inicialmente expuestos en la demanda como para que pueda considerarse que resulta del desarrollo normal del debate en un procedimiento contencioso (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de abril de 2025, HF/Parlamento, T‑565/22, no publicada, EU:T:2025:384, apartado
81 y jurisprudencia citada).
51      En el caso de autos, por una parte, la demandante no ha invocado un motivo basado en la vulneración del derecho a la asistencia de un letrado ni una alegación en este sentido en el marco del segundo motivo, que trata sobre el derecho a efectuar un contrainterrogatorio y el derecho de acceso a los anexos del informe del Comité. Por otra parte, el argumento no presenta un vínculo lo suficientemente estrecho con el segundo motivo inicialmente expuesto en la demanda como para que pueda considerarse que resulta del desarrollo normal del debate en un procedimiento contencioso. Por lo tanto, el argumento basado en el derecho a ser asistido por un abogado ante el Comité no puede considerarse una ampliación del segundo motivo del recurso. Así pues, debe declararse la inadmisibilidad de este argumento, planteado por primera vez en la vista.
52      En consecuencia, el segundo motivo es admisible en la medida en que la demandante invoca en él una vulneración de su derecho a efectuar un contrainterrogatorio y de su derecho de acceso a la información ocultada en el informe del Comité.
–       Sobre la aplicabilidad de los artículos 47 y 48 de la Carta
53      En el marco del segundo motivo, la demandante invoca la infracción de los artículos
47 y 48 de la Carta. Considera que las garantías ofrecidas a una persona que es objeto de una investigación administrativa deben ser similares a las de una persona encausada en un procedimiento judicial. Mediante esta alegación, da a entender que el artículo
47 y el artículo
48, apartado
2, de la Carta deben aplicarse a los procedimientos que se desarrollan ante el Comité y la presidenta del Parlamento.
54      El artículo
47, párrafos primero y segundo, de la Carta establece que «toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo», que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley» y que «toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar».
55      En el caso de autos, de la jurisprudencia se desprende que ni el Comité ni la presidenta del Parlamento cumplen los diversos
criterios precisados por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia para definir el concepto de «juez», en el sentido del artículo
47 de la Carta,
de modo que no son un juez en el sentido de esta disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de abril de 2019, OZ/BEI, C‑558/17 P, EU:C:2019:289, apartado 48 y jurisprudencia citada).
56      De ello se deduce que, en este caso, el artículo
47 de la Carta no es aplicable y que, por consiguiente, no cabe invocar válidamente infracción alguna de dicho artículo en el presente asunto.
57      Por lo que respecta a la supuesta infracción del artículo
48, apartado
2, de la Carta, procede recordar que este artículo establece que se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa. Según la jurisprudencia, este derecho tiene el mismo sentido y alcance que el garantizado por el artículo
6, apartados
2 y 3, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, que garantiza el derecho del acusado a defenderse ante cualquier acusación en materia penal (véase, en este sentido, el auto de 5 de julio de 2018, Nap Innova Hoteles/JUR, C‑731/17 P, no publicado, EU:C:2018:546, apartados
12 y 13).
58      Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la existencia de una «acusación en materia penal» debe apreciarse sobre la base de tres criterios, comúnmente denominados «criterios Engel» (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 8 de junio de 1976, Engel y otros c. Países Bajos, CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, § 82). El primero es la calificación jurídica de la infracción en Derecho interno; el segundo, la propia naturaleza de la infracción, y, el tercero, la gravedad de la sanción que puede imponerse al interesado. Los criterios segundo y tercero son alternativos y no necesariamente acumulativos. Según esta misma jurisprudencia, los procedimientos disciplinarios no forman parte, como tales, de la «materia penal», salvo en determinados casos concretos, por ejemplo, cuando esté en juego una privación de libertad (TEDH, sentencia de 6 de noviembre de 2018, Ramos Nunes de Carvalho e sá c. Portugal, CE:ECHR:2018:1106JUD005539113, §§ 122 y 123).
59      Procede observar que el concepto de «acoso» se rige por el artículo
12 bis del Estatuto. Las decisiones impugnadas son el resultado de un procedimiento administrativo interno del Parlamento. Por lo tanto, la calificación de la infracción no puede considerarse de naturaleza penal. Asimismo, la posibilidad de imponer una sanción al demandante, como la pérdida del derecho a dietas para gastos de estancia y la suspensión de la participación en las actividades del Parlamento, recomendadas en el caso de autos por el Comité, no puede conferir al procedimiento en cuestión carácter penal, en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado
58. De ello se deduce que el artículo
48, apartado
2, de la Carta no es aplicable en el presente asunto.
60      No obstante, de la jurisprudencia se desprende que el principio general de respeto del derecho de defensa se aplica cuando el procedimiento incoado contra un miembro del Parlamento puede dar lugar a una sanción por acoso, como sucede en el caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de febrero de 2021, Moi/Parlamento, T‑17/19, EU:T:2021:51, apartado 102).
61      Según jurisprudencia reiterada, el derecho de defensa comprende el derecho a ser oído y el derecho a acceder al expediente. Más concretamente, en el marco de un procedimiento destinado a demostrar la existencia de acoso, el principio general de respeto del derecho de defensa implica que, observando las eventuales exigencias de confidencialidad, se faciliten a la persona incursa en él, antes de la adopción de la decisión que le sea lesiva, todos los documentos del expediente, de cargo y de descargo, relativos a dicho acoso, y que sea oída sobre ellos (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de febrero de 2021, Moi/Parlamento, T‑17/19, EU:T:2021:51, apartados 101 y
103 y jurisprudencia citada).
62      Además, es preciso recordar que el artículo
41, apartado
2, letras a) y b), de la Carta dispone que el derecho a una buena administración incluye, en particular, el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente, así como el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial.
63      Por lo tanto, procede examinar si se han vulnerado el principio general de respeto del derecho de defensa y el artículo
41 de la Carta, como alega la demandante.
–       Primera parte del segundo motivo, basada en la falta de contrainterrogatorio
64      A este respecto, debe señalarse que el derecho a efectuar un contrainterrogatorio se deriva del principio de igualdad de armas. Pues bien, como se desprende de la jurisprudencia, el principio de igualdad de armas resulta del artículo
47 de la Carta. Este principio es un corolario del concepto de «proceso equitativo» y tiene como finalidad asegurar el equilibrio procesal entre las partes de un procedimiento judicial, garantizando la igualdad de derechos y obligaciones de esas partes en lo que respecta, en particular, a las normas que regulan la práctica de la prueba y el debate contradictorio ante el juez (véase la sentencia de 5 de junio de 2019, Bernaldo de Quirós/Comisión, T‑273/18, no publicada, EU:T:2019:371, apartados
101 y 102 y jurisprudencia citada).
65      Sin embargo, el procedimiento administrativo no se asemeja a un procedimiento judicial y el Comité y la presidenta del Parlamento no pueden considerarse un juez, como ya se ha indicado en los anteriores apartados
55 y 56. De ello se deduce que el Parlamento no estaba obligado a ofrecer a la demandante la posibilidad de efectuar un contrainterrogatorio de los denunciantes y los testigos.
66      Además, el artículo
9 de la Decisión de la Mesa tampoco exige un contrainterrogatorio de los denunciantes y los testigos, puesto que, en sus apartados
3 y 4, se indica únicamente que los denunciantes y los testigos deberán ser oídos en solitario ante el Comité.
67      Por lo tanto, la demandante no puede invocar un derecho a contrainterrogar a los denunciantes y a los testigos en el procedimiento ante el Parlamento.
68      De lo anterior resulta que debe desestimarse la primera parte del segundo motivo, basada en la falta de contrainterrogatorio de los denunciantes y los testigos.
–       Segunda parte del segundo motivo, basada en la falta de acceso a los anexos del informe del Comité
69      La demandante estima que la anonimización de los anexos del informe del Comité imposibilitó su defensa.
70      Como ya se ha indicado en el anterior apartado
61, el principio general del derecho de defensa comprende el derecho a ser oído y el derecho de acceso al expediente.
71      Por lo que respecta a las declaraciones de las diferentes personas consultadas durante el procedimiento de investigación, de la jurisprudencia se desprende que, para poder presentar debidamente sus observaciones, la persona acusada de acoso tiene derecho a que se le comunique, al menos, un resumen de dichas declaraciones, en la medida en que el Comité las haya utilizado en su informe para formular recomendaciones a la presidenta del Parlamento, debiendo comunicarse dicho resumen con observancia, en su caso, del principio de confidencialidad. Con el fin de garantizar la confidencialidad de los testimonios y los objetivos que esta protege, al tiempo que se asegura que la persona interesada sea oída debidamente antes de que se adopte en su contra una decisión lesiva, puede recurrirse a determinadas técnicas como la anonimización, la divulgación del contenido esencial de los testimonios en forma de resumen o el ocultamiento de determinadas partes del contenido de los testimonios (véase la sentencia de 12 de marzo de 2025, Semedo/Parlamento, T‑349/23, EU:T:2025:252, apartados 31 y 32 y jurisprudencia citada).
72      En el presente asunto, de los autos se desprende que, durante el procedimiento que condujo a la adopción de las decisiones impugnadas, la demandante no tuvo acceso ni al resumen de las audiencias de los cinco testigos ante el Comité, que figura en el anexo II del informe de dicho Comité, ni a la información relativa al impacto sobre el estado psíquico de los denunciantes, que figura en el anexo III del mismo informe.
73      A este respecto, el Parlamento alega que la versión no confidencial del informe del Comité incluye una valoración de todas las declaraciones de las personas consultadas durante la investigación, así como, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad, el contenido esencial de las partes pertinentes de dichas declaraciones utilizadas por el Comité para formular sus recomendaciones a la presidenta del Parlamento.
74      En relación con este extremo, es preciso examinar si la versión no confidencial del informe del Comité contiene un resumen de los testimonios recabados durante la investigación, antes de determinar, en su caso, si ese resumen refleja el contenido esencial de dichos testimonios (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de marzo de 2025, Semedo/Parlamento, T‑349/23, EU:T:2025:252, apartado 35 y jurisprudencia citada).
75      En primer lugar, por lo que respecta al resumen de los testimonios recabados, el Comité indica que recabó el testimonio de cinco testigos, dos de los cuales se consideraron creíbles. Los otros tres no los consideró creíbles debido a su situación profesional y a que su testimonio fue desmentido por pruebas claras y documentadas o era superficial y escasamente convincente.
76      En relación con determinadas conductas reprochadas a la demandante, la versión no confidencial del informe del Comité hace referencia a las declaraciones de los testigos y menciona sus palabras del siguiente modo:
–        la alegación de que la demandante pidió a los denunciantes que permanecieran hasta tarde en la oficina fue confirmada, en primer lugar, por las pruebas escritas y, seguidamente, fue «confirmada indirectamente por uno de los testigos creíbles, que se refirió a la posibilidad de ser recompensado al día siguiente cuando [los asistentes habían trabajado]
hasta tarde»;
–        la alegación según la cual la demandante pidió a los denunciantes que trabajaran durante los fines de semana se basa también en pruebas escritas, pero «no fue confirmada por algunos testigos, que no se consideraron creíbles debido a la contradicción de su testimonio con las pruebas escritas»;
–        la alegación de que la demandante pidió a los denunciantes que trabajaran durante las vacaciones anuales fue confirmada por las pruebas escritas y «no fue confirmada por un testigo, pero la credibilidad de ese testimonio quedó en entredicho por su contradicción con los hechos probados en otros aspectos»;
–        la alegación de que la demandante gritó a los APA fue confirmada no solo por los mensajes escritos en letras mayúsculas, sino también por dos testigos, que mencionaron que, «en una ocasión, [la demandante] [había] gritado por teléfono a un APA (“Si yo le digo que esté aquí, debe estar aquí”)» y que, «en general, los gritos [de la demandante] se oían desde fuera de su despacho». De la versión no confidencial del informe del Comité también se desprende que dos testigos negaron que la demandante hubiera gritado, pero el Comité concluyó que sus testimonios no eran fiables;
–        la alegación de que la demandante hacía comentarios agresivos cuando no se realizaban las tareas fue confirmada por pruebas escritas y, en parte, por un testigo que describió la personalidad de la demandante como «intensa» y «exigente en el trabajo»;
–        la alegación relativa a la ejecución de tareas adicionales fue confirmada por un testigo según el cual «ello se debía a que [la demandante] no hablaba francés, pero siempre formulaba su petición educadamente». Sin embargo, algunas pruebas demostraban que la comunicación relativa al apartamento de la demandante se había desarrollado en inglés;
–        la alegación de trato inapropiado «no ha sido confirmada por el testigo pertinente, lo que ha mermado su credibilidad a la vista de las pruebas escritas aportadas por los denunciantes».
77      Por lo tanto, la versión no confidencial del informe del Comité contiene remisiones a las declaraciones que se tuvieron en cuenta para sustentar, por una parte, las alegaciones de los denunciantes y, por otra parte, las alegaciones de la demandante. Respecto a estas últimas, también se indica por qué las declaraciones no se consideraron fiables. De ello se deduce que la versión no confidencial del informe del Comité contiene un resumen de las declaraciones de los testigos, tanto de cargo como de descargo.
78      En segundo lugar, por lo que respecta a las conclusiones relativas al impacto sobre el estado psíquico de los denunciantes, el Comité se limita a remitirse al anexo III del informe del Comité, que se omitió en su totalidad para la demandante. Dado que la persona denunciada debe tener la posibilidad de conocer con precisión los documentos del expediente en los que se basan los cargos que se le imputan en las decisiones que la afectan (sentencia de 3 de febrero de 2021, Moi/Parlamento, T‑17/19, EU:T:2021:51, apartado
110), una sola referencia al anexo III del informe del Comité no es conforme con las exigencias derivadas de esta jurisprudencia. Sin embargo, en la parte relativa a las alegaciones de los denunciantes de la versión no confidencial del informe del Comité se encuentra un resumen de las declaraciones de los denunciantes acerca de los efectos de la conducta de la demandante sobre su estado de salud. Los tres denunciantes explicaron que habían asistido a sesiones de psicoterapia y que la conducta de la demandante les había causado sufrimiento. A este respecto, la versión no confidencial del informe del Comité incluye un resumen, redactado de manera concisa, de las declaraciones de los denunciantes acerca del impacto de la conducta de la demandante sobre su estado psíquico.
79      A continuación, para comprobar si el Parlamento respetó el derecho de defensa de la demandante, procede examinar si estos resúmenes de las declaraciones de los testigos y de los denunciantes reflejan efectivamente el contenido esencial de los anexos II y III del informe del Comité, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 74.
80      Para ello, mediante una diligencia de prueba, el Tribunal General solicitó al Parlamento que aportase la versión confidencial de los anexos II y III del informe del Comité, garantizando la confidencialidad de estos documentos frente a la demandante. Estos anexos se comunicaron únicamente al representante de la demandante, que había firmado previamente un compromiso de confidencialidad, con el fin de que, por una parte, identificara en ese documento los posibles elementos cuyo contenido esencial no se encontrara en la versión no confidencial del informe del Comité y, por otra parte, expusiera las observaciones adicionales capaces de influir en el resultado del procedimiento administrativo que habría podido presentar en el marco de dicho procedimiento, si hubiera tenido conocimiento de tales elementos.
81      En cuanto a las declaraciones de los testigos en el anexo II del informe del Comité, el representante de la demandante considera que las declaraciones de los cuatro testigos de descargo se omitieron en la versión no confidencial del informe del Comité.
82      En efecto, las declaraciones omitidas, como precisa el representante de la demandante, mencionaban un comportamiento educado y respetuoso de la demandante en lo relativo a las peticiones de tareas adicionales, la inexistencia de gritos por parte de la demandante, el respeto de las vacaciones de un testigo y de las restricciones derivadas de la COVID-19, las dificultades de uno de los APA con las herramientas informáticas y la personalidad intensa y exigente de la demandante.
83      En relación con esas declaraciones, es preciso señalar que, contrariamente a lo que alega el representante de la demandante, la versión no confidencial del informe del Comité menciona el testimonio relativo al respeto de las vacaciones de los APA, los testimonios que niegan los gritos en el despacho, el testimonio que pone de manifiesto la personalidad exigente de la demandante y el testimonio que indica que la demandante solicitaba educadamente la realización de tareas adicionales, como se ha expuesto en el anterior apartado
76. También se recoge en el informe del Comité el testimonio que señala las carencias, en particular, informáticas, de uno de los denunciantes, en la medida en que en dicho informe se indica que uno de los testigos considera justificadas y proporcionadas las críticas formuladas por la demandante. Así pues, a este respecto, las declaraciones mencionadas en la versión no confidencial del informe del Comité reflejan el contenido esencial del anexo II del informe del Comité.
84      Por lo tanto, ha de concluirse que las observaciones formuladas por el representante de la demandante no pueden desvirtuar el contenido esencial de los testimonios que figuran en la versión no confidencial del informe del Comité. Además, como alega el Parlamento, los hechos quedaron acreditados a la vista de numerosas pruebas escritas que se transmitieron a la demandante. A la luz de estos elementos, el Parlamento no vulneró el derecho de defensa de la demandante en lo que respecta al resumen de los testimonios en la versión no confidencial y el anexo II del informe del Comité.
85      Por lo que respecta al anexo III del informe del Comité, el representante de la demandante no alude a la existencia de contradicciones entre las declaraciones de los denunciantes que figuran en la versión no confidencial de dicho informe, mencionadas en el anterior apartado
78, y el contenido del anexo III. En cambio, alega que no se acompaña al expediente ningún informe médico mencionado en el anexo III.
86      Por lo que respecta a la omisión de los informes médicos mencionados en el anexo III del informe del Comité, procede señalar, por una parte, que tales datos son datos personales especiales debido a su carácter sensible.
87      Por otra parte, el Comité se basó en las declaraciones de los denunciantes relativas a los trastornos psíquicos que afirmaban padecer, resumidas en el anexo III de su informe y confirmadas por los informes médicos, para constatar el impacto de la conducta de la demandante sobre la personalidad, la dignidad y la integridad psíquica de los denunciantes. En efecto, en el caso de autos, es posible deducir de la información relativa a la conducta de la demandante y de las declaraciones de los denunciantes que figuran en la versión no confidencial del informe del Comité que la conducta de la demandante pudo tener un impacto sobre la personalidad, la dignidad y la integridad psíquica de los denunciantes.
88      De lo anterior resulta que el Parlamento no vulneró el derecho de defensa de la demandante en lo que respecta al anexo III del informe del Comité. Por lo tanto, deben desestimarse la segunda parte del segundo motivo y, en consecuencia, el segundo motivo en su totalidad.
Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de presunción de inocencia
89      Haciendo referencia al principio de presunción de inocencia, la demandante alega que la finalidad de la investigación no fue buscar la verdad, dado que una gran parte de las pruebas que propuso fue rechazada, mientras que se aceptó la totalidad de las propuestas por la acusación. A este respecto, la demandante precisa que propuso cinco testigos, pero solo se admitió el testimonio de algunos de ellos, y que el Comité consideró «poco creíbles» esos testimonios. Además, afirma que ninguna de las pruebas admitidas demostró de forma fidedigna el supuesto acoso. Por el contrario, según ella, los hechos reflejan la nimiedad de lo sucedido.
90      El Parlamento rebate esta argumentación, alegando que este motivo es inadmisible y, en cualquier caso, infundado.
91      A este respecto, se desprende de la jurisprudencia que procede declarar la inadmisibilidad de un motivo si las partes demandantes invocan la vulneración de los principios generales del Derecho de la Unión de forma general (véase la sentencia de 31 de mayo de 2018, Groningen Seaports y otros/Comisión, T‑160/16, no publicada, EU:T:2018:317, apartado
113 y jurisprudencia citada). No incumbe al juez de la Unión responder a las alegaciones de una parte que no sean suficientemente claras y precisas por no haber sido desarrolladas y no ir acompañadas de una argumentación específica que las sustente (véase la sentencia de 18 de noviembre de 2021, Grecia/Comisión, C‑107/20 P, no publicada, EU:C:2021:937, apartados
76 a 78 y jurisprudencia citada).
92      En el caso de autos, la demandante invoca el principio de presunción de inocencia, que exige que toda persona acusada de una infracción se presuma inocente hasta que su culpabilidad quede legalmente demostrada. Según la jurisprudencia, el principio de presunción de inocencia puede aplicarse a los procedimientos administrativos, como el del caso de autos, habida cuenta de la naturaleza del procedimiento en cuestión y de que la demandante fue «acusada» de hechos de acoso y se le impuso una «sanción» (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2018, Selimovic/Parlamento, T‑61/17, no publicada, EU:T:2018:565, apartados
95 y 96 y jurisprudencia citada).
93      En apoyo de la supuesta vulneración del principio de presunción de inocencia, la demandante reprocha al Comité y a la presidenta del Parlamento haber instruido el expediente inculpatorio omitiendo tener en cuenta elementos exculpatorios. A este respecto, debe señalarse que las afirmaciones generales formuladas por la demandante en apoyo de su argumentación, suponiendo que puedan vincularse a una vulneración del principio de presunción de inocencia, a saber, un supuesto error en la elección de los testigos, un supuesto error en la calificación de los hechos y la nimiedad de los sucesos que se le reprochan, se exponen sin más explicaciones y no están en modo alguno fundamentadas. La demandante tampoco identifica los supuestos elementos exculpatorios que, según ella, no tuvo en cuenta la administración.
94      En estas circunstancias, dado que el tercer motivo no va acompañado de una argumentación específica, debe declararse su inadmisibilidad.
Sobre las solicitudes de diligencias de prueba
95      La demandante solicitó al Tribunal General que acordara diligencias de prueba, a saber, su comparecencia personal en la vista, la aportación de los documentos relacionados con el asunto, la realización de un examen pericial y el interrogatorio de testigos, denunciantes y peritos.
96      Cabe recordar que solo el Tribunal General puede decidir, cuando proceda, sobre la necesidad de completar la información de que dispone en los asuntos de que conoce (véase la sentencia de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, apartado 76 y jurisprudencia citada).
97      En la medida en que la legalidad de las decisiones impugnadas ha podido dirimirse a la luz de la información mencionada en el marco del análisis de los motivos anteriores, obtenida, en particular, a raíz de la diligencia de prueba a que se ha hecho referencia en el anterior apartado 80, las demás diligencias de prueba solicitadas por la demandante carecen de utilidad para la solución del litigio.
98      Por lo tanto, procede desestimar las solicitudes de diligencias de prueba presentadas por la demandante.
99      Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar el recurso.
Costas
100    A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por el Parlamento.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Condenar en costas a VZ.
da Silva Passos
Półtorak
Pynnä
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de octubre de 2025.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: español.