DENILAULER 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 21 de mayo de 1980* 
En el asunto 125/79, 
que tiene por objeto la petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al 
Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a la interpretación por el Tribunal de 
Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia 
judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
por el Oberlandesgericht de Frankfurt am Main, destinada a obtener, en el 
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre 
Bernard Denilauler, Spessartstraße 26, 6204 Taunusstein 2, 
parte demandada y recurrente en apelación, 
y 
SNC Couchet Frères, Andrézieux-Bouthéon (Francia), 
parte demandante y recurrida en apelación, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 24,27, 34, 36, 
46 y 47 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 (DO 1972, L 299, p. 32; EE 
01/01, p. 186), 
Lengua de procedimiento: alemán. 
527
SENTENCIA DE 21.5.1980 - ASUNTO 125/79 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe, A. Touffait, 
Presidentes de Sala; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, AJ. Mackenzie 
Stuart, G. Bosco, T. Koopmans, O. Due, Jueces; 
Abogado General: Sr. H. Mayras; 
Secretario: Sr. Van Houtte; 
dicta la siguiente 
Sentencia 
(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 
Fundamentos de Derecho 
1 Mediante resolución de 25 de julio de 1979, recibida en el Tribunal de Justicia 
el 6 de agosto siguiente, el Oberlandesgericht de Frankfurt am Main planteó, 
con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971 (DO 1975, L 204, p. 28; EE 
01/02, p. 28), relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del 
Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo 
sucesivo, «Convenio») (DO 1972 L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), cuatro 
cuestiones referentes a la interpretación del artículo 24, del número 2 del 
artículo 27, del segundo párrago del artículo 34, del primer párrafo del artículo 
36, del número 2 del artículo 46 y del número 1 del artículo 47 de dicho 
Convenio. 
2 En 1978 se entabló ante el Tribunal de grande instance de Montbrison 
(Francia) un litigio entre un acreedor - Couchet Frères -y su deudor-
Denilauler. El 7 de febrero de 1979, haciendo uso de las facultades que le 
reconoce el artículo 48 del Code de procédure civile francés, el Presidente de 
528
DENILAULER 
dicho Tribunal, dictó una resolución a instancia del acreedor y sin previa 
citación de la otra parte, cuya ejecución provisional se decretó, y en virtud de 
la cual se autorizó al acreedor a practicar un embargo preventivo sobre la 
cuenta de su deudor en un banco de Frankfurt am Main para responder del pago 
de un crédito cifrado en 130.000 FF. Según el Derecho francés, el embargo 
preventivo, que de este modo se autorizó a practicar al acreedor, puede 
ejecutarse sin que la resolución haya sido notificada previamente al deudor 
cuyos bienes se embargan. 
3 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio seguido ante los 
órganos jurisdiccionales alemanes para conseguir que se otorgara la ejecución 
de la resolución francesa y que al mismo tiempo se dictara un 
«Pfandungsbeschluß» para embargar los saldos bancários. Este procedimiento 
se desarrolló, en primer lugar, ante el Presidente del Landgericht de 
Wiesbaden, quien, el 23 de marzo de 1979, otorgó el exequátur, a raíz del cual 
el 28 de marzo se practicó el embargo; todo ello sin que el deudor fuera parte 
en dichos procedimientos. Según parece, la resolución del Presidente del 
Landgericht de Wiesbaden no se notificó al deudor hasta el 3 de mayo de 1979; 
éste presentó inmediatamente un recurso (Beschwerde) contra ella ante el 
Oberlandesgericht de Frankfurt am Main, el cual planteó las cuestiones 
sometidas al Tribunal de Justicia. 
4 Estas cuestiones tienen por objeto, en primer lugar, determinar si las 
resoluciones de las autoridades judiciales de un Estado contratante que 
acuerden la adopción de medidas provisionales y cautelares, sin que la parte 
contra quien se decretan tales medidas haya sido citada para comparecer y sin 
que llegue a conocerlas hasta después de su ejecución, pueden ser reconocidas 
y si puede otorgarse su ejecución en otro Estado miembro, sin haber sido 
previamente notificadas a la parte contra la que se dirigen (cuestiones primera 
y segunda). Las referidas cuestiones tienen por objeto, en segundo lugar, 
conseguir precisiones sobre los argumentos en su defensa que la parte contra 
la que se solicitó la ejecución puede alegar cuando interponga el recurso 
previsto en el artículo 36 del Convenio contra la resolución que otorgue la 
ejecución (cuestiones tercera y cuarta). 
529
SENTENCIA DE 21.5.1980 - ASUNTO 125/79 
Sobre las dos primeras cuestiones 
5 Las dos primeras cuestiones, a las que procede responder conj untamente, rezan 
como sigue: 
«1) El número 2 del artículo 27 y el número 2 del artículo 46 ¿se refieren 
también a los procedimientos en cuyo marco se adoptan medidas 
provisionales y cautelares sin que la parte contraria haya sido oída? 
2) El número 1 del artículo 47 del Convenio ¿debe entenderse en el sentido 
de que la parte que solicita la ejecución debe aportar también los 
documentos suficientes para probar que la resolución que debe ejecutarse 
ha sido notificada, cuando la resolución tenga por objeto una medida 
provisional de carácter meramente cautelar?» 
6 En sus observaciones, la Comisión, el Gobierno italiano y la demandante en el 
procedimiento principal aducen que semejantes resoluciones deben ser 
reconocidas y que se les tiene que otorgar la ejecución en el Estado contratante 
requerido sin que hayan sido notificadas previamente a la parte contra la que 
van dirigidas. En su opinión, el objetivo específico de este tipo de medidas 
provisionales y cautelares es el de crear un efecto de sorpresa destinado a 
salvaguardar los derechos amenazados de la parte que las solicita, impidiendo 
a la parte contra la que se dirigen alzarse con los bienes de que dispone, tanto 
si son objeto del litigio como si constituyen la garantía del acreedor. Exigir que 
el reconocimiento y la ejecución de esta clase de resoluciones queden 
sometidas a su notificación previa a la otra parte en esta fase del procedimiento 
en el Estado contratante de origen equivaldría a despojarlas de cualquier 
significado. Por el contrario, el Gobierno del Reino Unido opina que el 
reconocimiento y la ejecución de tales resoluciones deben someterse a los 
requisitos establecidos en los artículos 27, 46 y 47 en lo que se refiere a la 
notificación a la otra parte. Reconoce que esta exigencia elimina el efecto de 
sorpresa propio de estas resoluciones y les priva de toda eficacia práctica, de 
tal forma que equivale a denegar el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones de que se trata. No obstante, esta consecuencia le parece menos 
grave que los riesgos, a su juicio inadmisibles, que pueden derivarse para las 
empresas que tienen bienes en distintos Estados contratantes de un 
procedimiento que obligara a los órganos jurisdiccionales del Estado requerido 
a adoptar medidas que bloquearan los bienes que se encuentren en dicho 
530
DENILAULER 
Estado, sin que su propietario haya tenido nunca ocasión de explicarse ni ante 
el órgano jurisdiccional del Estado de origen ni ante el del Estado requerido, 
aun cuando tales bienes podían haber estado destinados de modo lícito a hacer 
frente a otras obligaciones. Sólo el órgano jurisdiccional competente del Estado 
en el que estén situados tales bienes estará en condiciones de enjuiciar, con 
pleno conocimiento de causa, la necesidad de adoptar este tipo de medidas 
provisionales o cautelares. Además, el Gobierno del Reino Unido alega que su 
punto de vista no crea ninguna laguna en el sistema del Convenio, dado que su 
artículo 24 permite, en efecto, a cualquiera de las partes, para obtener las 
medidas provisionales y cautelares previstas por la ley de un Estado 
contratante, solicitarlas a las autoridades judiciales de dicho Estado, incluso si 
un Tribunal de otro Estado contratante fuere competente para conocer sobre el 
fondo. 
7 El artículo 27 del Convenio enumera los requisitos a los que se somete en un 
Estado contratante el reconocimiento de las resoluciones dictadas en otro 
Estado contratante. Según el número 2 de dicho artículo, las resoluciones no 
se reconocerán «cuando se dicten en rebeldía del demandado, si no se hubiera 
entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente, de 
forma regular y con tiempo suficiente para defenderse». El número 2 del 
artículo 46 dispone que la parte que invocare el reconocimiento o instare la 
ejecución de una resolución dictada en rebeldía en otro Estado contratante 
deberá presentar, entre otros documentos, el que acredite la entrega o 
notificación de la demanda o documento equivalente a la parte declarada en 
rebeldía. 
8 Es evidente que estas normas no se han concebido para aplicarse a resoluciones 
judiciales que, en virtud de la ley nacional de un Estado contratante, están 
destinadas a dictarse no estando presente la parte contra la que van dirigidas y 
a ejecutarse sin previa notificación a esta última. De la comparación entre las 
diferentes versiones lingüísticas de los textos de que se trata y, en particular, 
de las expresiones empleadas para designar a la parte que no comparece, se 
desprende que estas disposiciones contemplan la hipótesis de un procedimiento 
contradictorio en principio, pero en el que, no obstante, el órgano jurisdiccional 
está facultado a adoptar una resolución cuando el demandado no comparezca 
a pesar de haber sido citado en debida forma. 
531
SENTENCIA DE 21.5.1980 - ASUNTO 125/79 
9 Lo mismo sucede con el número 1 del artículo 47 del Convenio, según el cual, 
la parte que instare la ejecución deberá presentar cualquier documento que 
acreditare que, según la ley del Estado de origen, la resolución es ejecutoria y 
ha sido notificada. Esta disposición, que se refiere tanto a las resoluciones 
recaídas en procedimientos contradictorios como a las dictadas en rebeldía en 
el Estado de origen, no puede aplicarse por definición a las resoluciones de la 
misma clase como las que son objeto de litigio, que son de naturaleza diferente. 
10 Sin embargo, de la circunstancia de que el número 2 del artículo 27, el 
número 2 del artículo 46 y el número 1 del artículo 47 no puedan aplicarse a 
las resoluciones de la misma clase como la que es objeto de litigio, a menos 
que se desnaturalice su esencia y su alcance, no puede deducirse que, no 
obstante, tales decisiones deben ser reconocidas y ejecutadas en el Estado 
requerido. Teniendo en cuenta el sistema del Convenio y los objetivos que 
pretende alcanzar, procede examinar si las resoluciones judiciales de este tipo 
pueden acogerse al régimen simplificado de reconocimiento y ejecución 
previsto por el Convenio. 
11 En favor de una respuesta positiva, la Comisión y el Gobierno italiano alegan 
que, según su artículo 25, el Convenio se extiende a cualquier decisión 
adoptada por los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes sin 
distinguir entre las que han sido objeto de un procedimiento contradictorio y 
las dictadas sin que la otra parte haya sido citado a comparecer. Añaden que en 
su ámbito de aplicación el Convenio engloba, según resulta de su artículo 24, 
las medidas provisionales y cautelares que, según el Derecho de los diversos 
Estados contratantes, a causa de su propia naturaleza y urgencia, se adoptan 
con frecuencia sin dar previamente audiencia a la parte contraria. Los Estados 
contratantes no pueden haber tenido la intención de restringir hasta este 
extremo el ámbito de aplicación del Convenio sin que ello haya sido 
mencionado de modo expreso en el texto. Por último, afirman que del 
artículo 34 del Convenio, según el cual el procedimiento para obtener que se 
otorgue ejecución se desarrolla «sin que la parte contra la que se haya 
solicitado la ejecución pueda, en esta fase del procedimiento, formular 
observaciones», se desprende que el propio Convenio admite que los 
procedimientos no contradictorios, cuando las circunstancias los justifican, son 
compatibles con el principio fundamental de los derechos de defensa. 
532
DENILAULER 
12 Estos razonamientos no pueden prevalecer contra los principios que 
constituyen la base del Convenio y contra el sistema de éste. 
13 El conjunto de las disposiciones del Convenio, tanto las del Título II, relativas 
a la competencia judicial, como las del Título III, relativas al reconocimiento 
y ejecución, expresan la intención de velar por que, en el marco de los 
objetivos del Convenio, los procedimientos conducentes a la adopción de 
resoluciones judiciales se desarrollen respetando los derechos de defensa. En 
razón precisamente de las garantías que se conceden al demandado en el 
procedimiento de origen, el Convenio se muestra muy liberal en su Título III 
en cuanto al reconocimiento y a la ejecución. A la luz de estas consideraciones, 
queda claro que el Convenio se refiere esencialmente a las resoluciones 
judiciales que, antes del momento en que su reconocimiento y ejecución se 
solicitan en un Estado distinto del de su origen, han sido o podían haber sido 
objeto en dicho Estado de origen, de un procedimiento contradictorio, en 
cualquiera de sus formas. Por lo tanto del sistema general del Convenio no 
puede deducirse que se precise una expresión formal de voluntad para excluir 
del reconocimiento y de la ejecución las resoluciones de la misma clase que la 
controvertida. 
14 El argumento de aplicación analógica basado en el artículo 34 del Convenio 
tampoco puede ser determinante para resolver la cuestión. El carácter no 
contradictorio que, por lo demás, de modo provisional, tiene el procedimiento 
de exequátur debe precisamente ponerse en relación con el carácter liberal del 
Convenio en materia de ejecución, justificado por la seguridad de que, en el 
Estado de origen, tuvo o pudo haber tenido lugar un debate contradictorio. Por 
más que el carácter no contradictorio del procedimiento de exequátur se 
justifique también según el artículo 34 por el efecto de sorpresa que debe 
asociarse a dicho procedimiento para evitar que el demandado tenga la 
posibilidad de sustraer sus bienes a cualquier medida de ejecución, se trata de 
un efecto de sorpresa atenuado, porque presupone un debate contradictorio en 
el Estado de origen. 
15 Un análisis de la función reconocida en el conjunto del sistema del Convenio 
al artículo 24, especialmente consagrado a las medidas provisionales y 
cautelares, lleva además a la conclusión de que se ha previsto un régimen 
especial en lo que atañe a este tipo de medidas. Si bien es verdad que 
procedimientos como los aquí controvertidos, que prevén la adopción de 
533
SENTENCIA DE 21.5.1980 - ASUNTO 125/79 
medidas provisionales y cautelares, se conocen en el sistema jurídico de todos 
los Estados contratantes, y puede, cuando concurren determinados requisitos, 
considerarse que no violan los derechos de defensa, procede, sin embargo, 
subrayar que la concesión de medidas de esta índole exige, por parte del órgano 
jurisdiccional, una circunspección especial y un conocimiento profundo de las 
circunstancias concretas en las que la medida tiene que desplegar sus efectos. 
Según el caso y, en particular, conforme a los usos comerciales, debe poder 
limitar su concesión en el tiempo o, en lo que se refiere a la naturaleza de los 
bienes o mercancías que sean objeto de las medidas consideradas; exigir 
garantías bancarias o decretar un embargo y, con carácter general, subordinar 
su adopción a todos los requisitos que garanticen el carácter provisional o 
cautelar de la medida que acuerde. 
16 Es ciertamente el Juez del lugar o, en cualquier caso, del Estado contratante 
donde estén situados los bienes que serán objeto de las medidas solicitadas, el 
que está en mejores condiciones para apreciar las circunstancias que pueden 
llevar a conceder o denegar las medidas solicitadas o a ordenar las modalidades 
y requisitos que deberá cumplir el demandante para garantizar el carácter 
provisional y cautelar de las medidas adoptadas. El Convenio tuvo en cuenta 
estas necesidades al prever en su artículo 24 que podrán solicitarse medidas 
provisionales y cautelares previstas por la ley de un Estado contratante a las 
autoridades de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Convenio, un 
Tribunal de otro Estado contratante fuere competente para conocer sobre el 
fondo. 
17 El artículo 24 no excluye la posibilidad de que las medidas provisionales o 
cautelares acordadas en el Estado de origen a raíz de un procedimiento 
contradictorio -aunque lo hayan sido en rebeldía- puedan ser objeto de 
reconocimiento y de que se otorgue la ejecución con los requisitos previstos 
por los artículos 25 a 49 del Convenio. Por el contrario, los requisitos a los que 
el Título III del Convenio subordina el reconocimiento y la ejecución de las 
resoluciones judiciales no concurren en las medidas provisionales y cautelares 
decretadas o adoptadas por un órgano jurisdiccional sin que la parte contra la 
que vayan dirigidas haya sido citada a comparecer y que estén destinadas a 
ejecutarse sin haber sido previamente notificadas a esta última parte. De ahí se 
desprende que esta clase de resoluciones judiciales no puede acogerse a la 
ejecución simplificada prevista en el Título III del Convenio. No obstante, 
como acertadamente subrayó el Gobierno del Reino Unido, el artículo 24 pone 
534
DENILAULER 
a disposición de los justiciables un procedimiento que en gran medida elimina 
los inconvenientes de esta exclusión. 
18 Por consiguiente, procede responder a las dos primeras cuestiones que no 
pueden acogerse al régimen de reconocimiento y de ejecución previsto por el 
Título III del Convenio las resoluciones judiciales por las que se adoptan 
medidas provisionales y cautelares, dictadas sin que la parte contra la que 
vayan dirigidas haya sido citada para comparecer y destinadas a ejecutarse sin 
haber sido previamente notificadas. 
Sobre las cuestiones tercera y cuarta 
19 Teniendo en cuenta la respuesta dada a las dos primeras cuestiones, ya no 
procede examinar las cuestiones tercera y cuarta que han quedado desprovistas 
de objeto. 
Costas 
20 Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Italiana, por el Gobierno 
del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han 
presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto 
de reembolso. Dado que .el procedimiento tiene para las partes del litigio 
principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional 
nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 
535
SENTENCIA DE 21.5.1980-ASUNTO 125/79 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Oberlandesgericht de 
Frankfurt am Main mediante resolución de 25 de julio de 1979, registrada en 
el Tribunal de Justicia el 6 de agosto de 1979, declara: 
Las resoluciones judiciales por las que se adoptan medidas provisionales 
y cautelares, dictadas sin que la parte contra la que vayan dirigidas haya 
sido citada para comparecer y destinadas a ejecutarse sin haber sido 
previamente notificadas a esta última parte, no pueden acogerse al 
régimen de reconocimiento y de ejecución previsto por el Título III del 
Convenio de 27 de septiembre de 1969, relativo a la competencia judicial 
y a la ejecución de sentencias en materia civil y mercantil. 
Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore 
Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de mayo de 1980. 
El Secretario 
A. Van Houtte 
El Presidente 
H. Kutscher 
536