61995CJ0345_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-345/95,
República Francesa, representada por los Sres. Marc Perrin de Brichambaut, directeur des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y Denys Wibaux, secrétaire des affaires étrangères de la direction des affaires juridiques del mismo Ministerio, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
parte demandante,
apoyada por
Gran Ducado de Luxemburgo, representado por el Sr. Nicolas Schmit, directeur des relations économiques internationales et de la coopération del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el ministère des Affaires étrangères, 5, rue Notre-Dame,
parte coadyuvante,
contra
Parlamento Europeo, representado por el Sr. Gregorio Garzón Clariana, Jurisconsulto, asistido por los Sres. Christian Pennera, Jefe de División, y Hans Krück, administrador principal del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la Secretaría General del Parlamento Europeo, Kirchberg,
parte demandada,
que tiene por objeto la anulación de la deliberación del Parlamento Europeo de 20 de septiembre de 1995 por la que se fija el calendario de trabajo de la Institución para el año 1996,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray y L. Sevón, Presidentes de Sala; C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm (Ponente), M. Wathelet y R. Schintgen, Jueces;
Abogado General: Sr. C.O. Lenz;
Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 3 de diciembre de 1996, en la cual la República Francesa estuvo representada por los Sres. Marc Perrin de Brichambaut y Pierre Voilery, conseiller technique de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agentes; el Gran Ducado de Luxemburgo por el Sr. Georges Friden, secrétaire de légation del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente, y el Parlamento Europeo por los Sres. Gregorio Garzón Clariana, Christian Pennera y Hans Krück;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de febrero de 1997;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 7 de noviembre de 1995, la República Francesa interpuso, con arreglo a los artículos 38 del Tratado CECA, 173 del Tratado CE y 146 del Tratado CEEA, un recurso que tiene por objeto la anulación de la deliberación del Parlamento Europeo de 20 de septiembre de 1995 por la que se fija el calendario de trabajo de la Institución para el año 1996 (en lo sucesivo, «deliberación objeto de litigio»).
2 El 12 de diciembre de 1992, los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros adoptaron de común acuerdo una Decisión relativa a la fijación de las sedes de las Instituciones y de determinados organismos y servicios de las Comunidades Europeas, basándose en los artículos 216 del Tratado CEE, 77 del Tratado CECA y 189 del Tratado CEEA (DO C 341, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión de Edimburgo»).
3 La letra a) del artículo 1 de dicha Decisión dispone:
«El Parlamento Europeo tendrá su sede en Estrasburgo, donde se celebrarán los doce períodos de sesiones plenarias mensuales, incluida la sesión presupuestaria. Los períodos de sesiones plenarias adicionales se celebrarán en Bruselas. Las Comisiones del Parlamento Europeo tendrán su sede en Bruselas. La Secretaría General del Parlamento Europeo y sus servicios seguirán instalados en Luxemburgo.»
4 Del artículo 10 del Reglamento interno del Parlamento (versión consolidada de fecha 7 de diciembre de 1995, DO L 293, p. 1)
resulta que el calendario de los períodos de sesiones plenarias corresponde a la fijación de la duración de las interrupciones de la sesión anual. El período de sesiones es la reunión que celebra el Parlamento, por regla general, cada mes. Este período se divide en sesiones. Así pues, el Parlamento decide en sesión plenaria las fechas en que se interrumpe y se reanuda la sesión anual.
5 El calendario de trabajo fijado por el Parlamento sólo menciona las fechas de los períodos de sesiones plenarias y no indica los lugares de celebración de las sesiones. No obstante, es pacífico entre las partes que los períodos de sesiones plenarias que se prolongan de lunes a viernes se celebran en Estrasburgo, mientras que los períodos de sesiones plenarias que se componen, en principio, de medias jornadas sucesivas tienen lugar en Bruselas.
6 Durante la deliberación objeto de litigio, el Parlamento fijó su calendario de trabajo para el año 1996 mediante votación consignada en el acta provisional de la sesión.
7 Con este propósito, la Conferencia de Presidentes había decidido proponer un calendario consistente en doce períodos de cinco días, incluidas dos sesiones en el mes de octubre, una del 7 al 11 de octubre de 1996 y otra del 21 al 25 de octubre de 1996, así como ocho períodos de sesiones de dos medias jornadas.
8 No obstante, como consecuencia de la aprobación de la enmienda nº 9, presentada por la Sra. Green del Grupo PSE (Partido de los Socialistas Europeos), se suprimió el período de sesiones comprendido entre el 7 y el 11 de octubre de 1996, lo que tuvo el efecto de fijar en once el número de períodos de sesiones plenarias que debían celebrarse en Estrasburgo durante el año 1996.
9 La conformidad de este calendario con el Derecho comunitario y, en particular, con la Decisión de Edimburgo, fue puesta en duda por el Representante Permanente de Francia durante el Coreper de 27 de septiembre de 1995, por la Delegación francesa en el Consejo de 2 de octubre de 1995 y en dos escritos dirigidos al Sr. Hänsch, Presidente del Parlamento, uno por el Sr. Jacques Chirac, Presidente de la República Francesa, el 28 de septiembre de 1995, y otro por el Sr. Michel Barnier, ministre délégué aux Affaires européennes, el 27 de septiembre de 1995.
10 Al no surtir efecto dichas gestiones, la República Francesa interpuso el presente recurso.
11 Mediante auto de 7 de marzo de 1996, el Presidente del Tribunal de Justicia admitió la intervención del Gran Ducado de Luxemburgo en apoyo de las pretensiones de la parte demandante.
12 Para fundamentar su recurso, el Gobierno francés invoca tres motivos: el primero se basa en un incumplimiento de la Decisión de Edimburgo, el segundo en vicios sustanciales de forma y el tercero en la infracción del artículo 190 del Tratado CE.
Sobre el primer motivo
13 En su primer motivo, el Gobierno francés, apoyado por el Gobierno luxemburgués, alega fundamentalmente que la Decisión de Edimburgo tiene por objeto fijar la sede del Parlamento Europeo y precisar el alcance de este concepto, habida cuenta del mantenimiento de la pluralidad de los lugares de trabajo de la Institución. Así pues, esta Decisión define la sede del Parlamento como el lugar en el que éste celebra sus sesiones plenarias con carácter principal, y también establece un umbral mínimo de doce períodos de sesiones plenarias mensuales que deben tener lugar en Estrasburgo. En efecto, los Gobiernos de los Estados miembros consideraron que, por debajo de dicho umbral, la fijación de la sede del Parlamento en Estrasburgo carecería de toda efectividad.
14 Según el Gobierno francés, el Parlamento, al decidir fijar, para el año 1996, en once el número de períodos de sesiones plenarias que debían celebrarse en Estrasburgo y en ocho el número de períodos de sesiones adicionales que debían celebrarse en Bruselas, vació de contenido la Decisión de Edimburgo. En efecto, dicha Decisión, que constituye el fruto de un compromiso político obligatorio tanto para los Estados miembros como para las Instituciones, generó una obligación estricta, para el Parlamento, de celebrar doce períodos de sesiones plenarias en Estrasburgo, lugar de su sede.
15 El Gobierno francés no discute que el Parlamento pueda no reunirse en sesión plenaria mensual durante las vacaciones parlamentarias de verano o durante la campaña electoral en los años de elecciones. Sin embargo, parece alegar que, si este fuese el caso, el Parlamento debería fijar un período de sesión plenaria suplementario en Estrasburgo en otro mes.
16 El Gobierno francés añade que el Parlamento no puede dar una extensión tal a la facultad de organización interna que le reconocen los artículos 25 del Tratado CECA, 142 del Tratado CE y 112 del Tratado CEEA que le permita establecer un calendario de trabajo en contradicción con el compromiso político consagrado en la Decisión de Edimburgo.
17 En su defensa, el Parlamento aduce que la Decisión de Edimburgo es en sí misma parcialmente inválida. Al interferir directamente en la facultad de organización interna que le ha reconocido el Tribunal de Justicia de conformidad con el artículo 142 del Tratado CE, dicha Decisión excede del marco de las competencias que el artículo 216 del mismo Tratado confiere a los Estados miembros.
18 El Parlamento alega también que la Decisión de Edimburgo, cuya formulación es ambigua, debe interpretarse en el sentido de que, en principio, debe celebrarse un período de sesión plenaria cada mes en Estrasburgo, con excepción del mes de agosto y, para los años de elecciones, del mes de junio.
19 Con carácter preliminar, procede señalar que, a tenor de los artículos 77 del Tratado CECA, 216 del Tratado CE y 189 del Tratado CEEA, corresponde a los Gobiernos de los Estados miembros fijar, de común acuerdo, la sede de las Instituciones de la Comunidad.
20 Por lo tanto, se ha confiado a los Gobiernos de los Estados miembros la responsabilidad de completar el sistema de las disposiciones institucionales previsto por los Tratados al objeto de garantizar el funcionamiento de la Comunidad. Los Estados miembros tienen no sólo el derecho, sino también la obligación de ejercer dicha competencia (sentencia de 10 de febrero de 1983, Luxemburgo/Parlamento, 230/81, Rec. p. 255, apartado 35).
21 Así pues, los Gobiernos de los Estados miembros han adoptado, en diversas ocasiones, decisiones relativas a los lugares de trabajo provisionales de las Instituciones antes de la adopción de la Decisión de Edimburgo. No obstante, en la sentencia de 28 de noviembre de 1991, Luxemburgo/Parlamento (asuntos acumulados C-213/88 y C-39/89, Rec. p. I-5643), apartado 52, el Tribunal de Justicia afirmó que, en aquella época, los Gobiernos de los Estados miembros aún no habían cumplido su obligación de fijar definitivamente la sede de las Instituciones, conforme a las citadas disposiciones de los Tratados.
22 En este contexto se adoptó la Decisión de Edimburgo, cuyo artículo 1 dispone en la letra a) que el Parlamento Europeo tendrá su sede en Estrasburgo, donde se celebrarán los doce períodos de sesiones plenarias mensuales, incluida la sesión presupuestaria.
23 Por consiguiente, procede declarar que, mediante la adopción de la Decisión de Edimburgo, los Gobiernos de los Estados miembros han cumplido la obligación que les incumbe con arreglo a los artículos 77 del Tratado CECA, 216 del Tratado CE y 189 del Tratado CEEA, al fijar definitivamente la sede del Parlamento en Estrasburgo y mantener varios lugares de trabajo para dicha Institución.
24 Habida cuenta de esta pluralidad de lugares de trabajo, el ejercicio de esta competencia no sólo comprendía la obligación de fijar el lugar de la sede del Parlamento, sino que implicaba también la facultad de precisar este concepto indicando las actividades que en él deben desarrollarse.
25 De este modo, los Gobiernos de los Estados miembros han querido manifestar que la sede del Parlamento, fijada en Estrasburgo, constituye el lugar en el que la Institución se reúne con carácter principal en sesiones plenarias ordinarias y han precisado a estos efectos, de modo obligatorio, el número de períodos de sesiones que deben celebrarse allí.
26 Al indicar que el Parlamento debe reunirse en períodos de sesiones plenarias mensuales, los Gobiernos de los Estados miembros han consagrado la práctica de esta Institución que consiste en reunirse, en principio, cada mes en Estrasburgo, como prevé, por otra parte, el artículo 10 del Reglamento interno del Parlamento.
27 Sin embargo, en realidad, el Parlamento no celebra ningún período de sesión plenaria ordinaria en el mes de agosto ni, durante los años de elecciones, en el mes de junio. Los años en los que celebró un total de doce períodos de sesiones plenarias en Estrasburgo, se fijaron dos períodos de sesiones plenarias en el mes de octubre. Esta práctica no ha sido, en sí misma, discutida.
28 Además, al precisar que la sesión presupuestaria se celebra en Estrasburgo, los Gobiernos de los Estados miembros han querido indicar que el ejercicio por el Parlamento de su facultad presupuestaria en sesión plenaria, conforme al artículo 203 del Tratado CE, debe tener lugar durante uno de los períodos de sesiones plenarias ordinarias que se desarrollan en la sede de la Institución.
29 Por consiguiente, procede interpretar la Decisión de Edimburgo en el sentido de que define la sede del Parlamento como el lugar en el que deben celebrarse, con una cadencia regular, doce períodos de sesiones plenarias ordinarias de esta Institución, incluidas aquellas durante las cuales el Parlamento debe ejercitar las facultades presupuestarias que le confiere el Tratado. Por consiguiente, sólo pueden fijarse períodos de sesiones plenarias adicionales en otro lugar de trabajo si el Parlamento celebra los doce períodos de sesiones plenarias ordinarias en Estrasburgo, lugar de la sede de la Institución.
30 Contrariamente a lo que afirma el Parlamento, los Gobiernos de los Estados miembros, al definir así su sede, no han lesionado la facultad de organización interna que le atribuyen los artículos 25 del Tratado CECA, 142 del Tratado CE y 112 del Tratado CEEA.
31 En efecto, procede recordar, en primer lugar, que si bien el Parlamento está autorizado a adoptar, en virtud de dicha facultad de organización interna, las medidas apropiadas conducentes a garantizar su buen funcionamiento y el desarrollo de sus actividades, estas decisiones deben respetar la competencia de los Estados miembros para fijar la sede de las Instituciones (sentencias de 10 de febrero de 1983, Luxemburgo/Parlamento, antes citada, apartado 38, y de 28 de noviembre de 1991, Luxemburgo/Parlamento, antes citada, apartado 29).
32 A continuación, procede recordar la jurisprudencia según la cual los Estados miembros tienen el deber, al ejercer su competencia para fijar la sede de las Instituciones, de respetar la competencia de organización interna del Parlamento y de velar por que tales decisiones no obstaculicen el buen funcionamiento de dicha Institución (véase la sentencia de 22 de septiembre de 1988, Francia/Parlamento, asuntos acumulados 358/85 y 51/86, Rec. p. 4821, apartado 35). A este respecto, si bien es cierto que la Decisión de Edimburgo impone al Parlamento determinadas limitaciones en cuanto a la organización de sus trabajos, dichas limitaciones son inherentes a la necesidad de definir su sede, manteniendo una pluralidad de lugares de trabajo del Parlamento. Además, no son contrarias a la práctica generalmente seguida por el Parlamento.
33 La necesidad que tiene el Parlamento de abstenerse de celebrar sesiones plenarias ordinarias durante las campañas electorales y, por lo tanto, de establecer una excepción cada cinco años a su obligación de celebrar doce períodos de sesiones plenarias ordinarias en la sede de la Institución no invalida la afirmación anterior. En efecto, dicha excepción está justificada por razones inherentes a la organización de la elección de los nuevos representantes.
34 De todo lo que antecede resulta que la deliberación objeto de litigio, en la medida en que fija once períodos de sesiones plenarias ordinarias en Estrasburgo para el año 1996, es incompatible con la Decisión de Edimburgo.
35 Por ello, y sin que sea necesario examinar los demás motivos del recurso, debe anularse la deliberación del Parlamento de 20 de septiembre de 1995, por la que se fija el calendario de trabajo de la Institución para el año 1996, en la medida en que no fija doce períodos de sesiones plenarias ordinarias en Estrasburgo para el año 1996.
Decisión sobre las costas
Costas
36 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte. Al haberlo solicitado la República Francesa y por haber sido desestimados los motivos formulados por el Parlamento, procede condenarle en costas. Con arreglo al párrafo primero del apartado 4 del mismo artículo, el Gran Ducado de Luxemburgo, parte coadyuvante en el litigio, soportará sus propias costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:
1) Anular la deliberación del Parlamento Europeo de 20 de septiembre de 1995, por la que se fija el calendario de trabajo de la Institución para el año 1996, en la medida en que no fija doce períodos de sesiones plenarias ordinarias en Estrasburgo para el año 1996.
2) Condenar en costas al Parlamento Europeo.
3) El Gran Ducado de Luxemburgo cargará con sus propias costas.