61961J0010
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 27 de febrero de 1962 (
*1
)
En el asunto 10/61,
Comisión de la Comunidad Económica Europea, representada por su Consejero Jurídico, el Sr. Hubert Ehring, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Henri Manzanares, Secretario del Servicio Jurídico de las Instituciones ejecutivas europeas, 2, place de Metz,
parte demandante,
contra
Gobierno de la República Italiana, representado por el Profesor Sr. Riccardo Monaco, Jefe del Servicio contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri (sustituido en la vista por el Doctor Paolo Massimo Antici, Consejero de la Embajada de la República Italiana en Luxemburgo), en calidad de Agente, asistido por el Sr. Pietro Peronaci, sostituto del Avvocato Generale dello Stato, en calidad de Consejero, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
parte demandada,
que tiene por objeto que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado constitutivo de la CEE, al aplicar, después de la entrada en vigor de dicho Tratado, un derecho mínimo específico de 150 LIT, así como al adoptar ese derecho como base para el cálculo de las reducciones sucesivas de los derechos de aduana en relación con los demás Estados miembros, en lo que se refiere a los tubos, válvulas y lámparas radioeléctricas para receptores radiofónicos importados, procedentes de los demás Estados miembros, cuyo valor en aduana fuera inferior o igual a 428 LIT por unidad,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: A.M. Dormer, Presidente; O. Riese y J. Rueff, Presidentes de Sala; L. Delvaux (Ponente), Ch. L. Hammes, R. Rossi y N. Catalano, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Lagrange;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
I. En cuanto a la admisibilidad
Considerando que no se ha presentado objeción alguna contra la admisibilidad del recurso, y que, en el caso presente, no ha lugar a que de oficio se proponga excepción alguna;
que debe declararse la admisibilidad del recurso.
II. En cuanto al fondo
A)
Considerando que debe examinarse en primer lugar el significado que los artículos 12 y 14 dan respectivamente a los términos «derechos de aduana […] o exacciones de efecto equivalente […] que [los Estados miembros] aplicando en sus relaciones comerciales recíprocas» (artículo 12) y «el derecho aplicado el 1 de enero de 1957» (artículo 14);
que la demandante alega que se trata de los derechos aplicados en realidad, respectivamente, el 1 de enero de 1958 (artículo 12) y el 1 de enero de 1957 (artículo 14), para llegar a la conclusión de que, en el caso presente, sólo se ha de tener en cuenta el derecho resultante de la aplicación al importador del más favorable de los dos aranceles, tal como prevé la Circular Ministerial de 13 de julio de 1956;
que, por el contrario, la demandada mantiene que por «derechos aplicados», en el sentido de los artículos 12 y 14, hay que entender los derechos legalmente aplicables, y que la citada Circular no puede ser invocada en contra del Arancel legalmente establecido, es decir, el derecho del 30 % con un mínimo específico de 150 LIT, de conformidad con el Decreto del Presidente de la República Italiana de 12 de julio de 1956.
Considerando que la tesis defendida por la demandante se ajusta a la interpretación literal del Tratado; que, en efecto, las disposiciones de que se trata se refieren a los derechos que los Estados miembros «aplican» (artículo 12) o al derecho «aplicado» (artículo 14);
que dicha tesis está corroborada por el hecho de que la opinión que mantiene la demandada llevaría a consecuencias difícilmente aceptables;
que, en efecto, así como lo demuestra, además, la discusión de las partes sobre las circunstancias en que fue dictada la Circular de 13 de julio de 1956, la tesis de la demandada obligaría a la Comisión, y eventualmente a este Tribunal de Justicia, a examinar, en cada caso concreto, la validez de las medidas adiministrativas nacionales en relación con el Derecho del Estado miembro interesado; que tal examen es ajeno a la función asignada por el Tratado a esas Instituciones, que es la de velar por la correcta aplicación de este último;
que basta, por otra parte, observar que, mediante la Circular antes citada, el Ministerio de Hacienda, competente para la aplicación del Decreto de 12 de julio de 1956, dio una interpretación oficial de las disposiciones contenidas en ese Decreto, y que éstas fueron uniformemente aplicadas con arreglo a las prescripciones de dicha Circular.
Considerando que en apoyo de su tesis, la demandante alega, además, con razón, que el artículo 19 del Tratado y, en especial, el párrafo tercero del apartado 2, dispone que, en lo que se refiere a las partidas enumeradas en la lista A, los derechos que figuran en dicha lista sustituirán a los derechos aplicados;
que se trata en este caso de derechos del Arancel Aduanero francés, que estaban temporalmente suspendidos el 1 de enero de 1957 y cuya vuelta a la vigencia estaba prevista; que se decidió acordar una excepción a la regla y adoptar esos derechos del Arancel exterior común, sin tener en cuenta que no estaban siendo aplicados el 1 de enero de 1957;
que es cierto que esta disposición no contempla el desarme aduanero entre los Estados miembros, sino exclusivamente el Arancel Aduanero Común;
que, no obstante, la misma tiene un alcance mayor que este último ámbito, en el sentido de que permite llegar a la conclusión de que los autores del Tratado fueron conscientes de la diferencia existente entre los derechos legalmente aplicables y los derechos efectivamente aplicados, así como de que, al emplear los términos «derechos aplicados», quisieron referirse a los derechos efectivamente aplicados.
Considerando que la demandada invoca también el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 19, que dispone que, en lo que se refiere al Arancel Aduanero italiano, en las rúbricas en que dicho Arancel establezca un derecho convencional, este derecho sustituirá el derecho aplicado;
que la citada disposición constituye una excepción a la regla según la cual los derechos tomados como base para el cálculo del Arancel Aduanero Común serán los aplicados el 1 de enero de 1957; que la finalidad exclusiva de dicha disposición es determinar los derechos que deben ser tomados como base para el cálculo del Arancel Aduanero Común.
Considerando que hay que inferir de lo que precede, y sin necesidad de examinar los otros motivos de las partes, que los artículos 12 y 14 del Tratado contemplan los derechos realmente aplicados, respectivamente, el 1 de enero de 1958 y el 1 de enero de 1957 y en consecuencia, en el caso presente, la práctica de la Administración de Aduanas italiana con arreglo a las instrucciones oficiales de las autoridades competentes contenidas en la Circular de 13 de julio de 1956.
B)
Considerando que la demandada propone una excepción, basada en el párrafo primero del artículo 234, relativa al respeto de los derechos y obligaciones que resulten de los Convenios celebrados con anterioridad con terceros Estados; que mantiene que esta norma le autoriza, e incluso le obliga, a aplicar en todos los supuestos el derecho del 30 % acompañado del nínimo específico, establecido por los Acuerdos de Ginebra de 1956;
que, en efecto, según la demandada, si la República Italiana aceptó derogar el derecho del 35 %, en vigor en ese momento, y sustituirlo por el derecho del 30 %, fue porque obtuvo como contrapartida la facultad de establecer una percepción mínima de 150 LIT por unidad.
Considerando que la demandante replica que los términos «derechos y obligaciones» del artículo 234 se refieren, en cuanto a los «derechos», a los derechos de los terceros Estados, y en cuanto a las «obligaciones», a las obligaciones de los Estados miembros; que, en virtud de los principios del Derecho internacional, un Estado, cuando asume una nueva obligación contraria a los derechos que le reconocía un Tratado anterior, renuncia por ese mismo hecho a ejercitar esos derechos, en la medida que sea precisa para el cumplimiento de su nueva obligación.
Considerando que la interpretación defendida por la demandante es fundada y que la excepción propuesta por la demandada debe ser rechazada;
que, en efecto, el Tratado CEE prevalece, en las materias que regula, sobre los Convenios celebrados antes de su entrada en vigor entre los Estados miembros, incluidos los Convenios celebrados en el marco del GATT;
que, en virtud del artículo 14 del Tratado, hay que referirse al régimen precisado en la Circular del Ministerio de Hacienda de 13 de julio de 1956, a los efectos de determinar el derecho de base para las reducciones posteriores al 1 de enero de 1957;
que, en consecuencia, carece de fundamento la tesis de la demandada según la cual, en virtud de los Acuerdos de Ginebra de 1956, tiene derecho a aplicar, en relación con los demás Estados miembros, únicamente el derecho del 30 % ad valorem acompañado del mínimo específico de 150 LIT;
que, por otra parte, la correcta aplicación del artículo 14 no prejuzga los derechos y obligaciones de los Estados miembros respecto a terceros Estados, derivados de Convenios celebrados con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado CEE.
Considerando que del artículo 234 resulta que se aplican Aranceles diferentes a los Estados miembros y a los terceros Estados, partes en el mismo Acuerdo de Ginebra de 1956; que se trata de los efectos normales del Tratado constitutivo de la CEE; que la forma en que los Estados miembros llevan a cabo entre sí la disminución de los derechos de aduana no puede ser discutida por los terceros Estados, dado que ese desarme aduanero se realiza de conformidad con las disposiciones del Tratado y no lesiona los derechos que los terceros Estados ostentan por los Convenios en vigor.
Considerando que, por las razones antes expuestas, el recurso debe ser declarado fundado.
III. Costas
Considerando que a tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas;
que al haber sido desestimados todos los motivos de la parte demandada, ésta debe cargar con las costas.
Vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídas las observaciones orales de las partes;
oídas las conclusiones del Abogado General;
vistos los artículos 12, 13, 14, 19, 169, 171 y 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea;
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
desestimando cualesquiera otras pretensiones más amplias o contrarias, declara la admisibilidad del presente recurso y decide:
1)
Declarar que el Gobierno italiano ha incumplido las obligaciones establecidas por el artículo 12 y el apartado 1 del artículo 14 del Tratado, al aplicar, después de la entrada en vigor del Tratado, el derecho de aduana específico de 150 LIT a los productos de que se trata, procedentes de los Estados miembros, cuyo valor en aduana fuera inferior o igual a 428 LIT por unidad, y al tomar este derecho como base para el cálculo de las reducciones sucesivas de los derechos de aduana.
2)
Condenar en costas a la parte demandada.
Donner
Riese
Rueff
Delvaux
Hammes
Rossi
Catalano
Pronunciada en Luxemburgo, a 27 de febrero de 1962.
Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de febrero de 1962.
Donner
Riese
Rueff
Delvaux
Hammes
Rossi
Catalano
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
A.M. Donner
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.