62022CC0084
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 17 de mayo de 2023 (
1
)
Asunto C‑84/22
Right to Know CLG
y
An Taoiseach
[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda)]
«Procedimiento prejudicial — Acceso del público a la información medioambiental — Excepciones — Comunicaciones internas — Procedimientos de las autoridades públicas — Actas de los debates del Consejo de Ministros — Subsunción de las actas en una excepción en virtud de una resolución judicial anterior — Quiebra de la fuerza de cosa juzgada»
I. Introducción
1.
Al aplicar el Convenio de Aarhus, (
2
) la Directiva sobre información medioambiental (
3
) establece un derecho de acceso a la información medioambiental. Al mismo tiempo, tanto el Convenio como la Directiva establecen excepciones a este derecho que permiten, en particular, la protección de las comunicaciones internas y de los procedimientos de las autoridades públicas.
2.
Mediante la presente petición de decisión prejudicial se pretende elucidar si las actas de las deliberaciones de un Consejo de Ministros quedan comprendidas en la excepción de las comunicaciones internas o en la excepción de los procedimientos de las autoridades públicas. Además, ha de analizarse si esta cuestión puede examinarse de nuevo cuando ya ha sido resuelta mediante una sentencia firme anterior relativa a la misma solicitud de acceso.
II. Marco jurídico
A.
Convenio de Aarhus
3.
El derecho de acceso a la información medioambiental se recoge en el artículo 4 del Convenio de Aarhus.
4.
El artículo 4, apartado 3, letra c), del Convenio de Aarhus contiene una excepción aplicable a las comunicaciones internas:
«Podrá denegarse una solicitud de información sobre el medio ambiente si:
[…]
c)
la solicitud se refiere a documentos que estén elaborándose o concierne a comunicaciones internas de las autoridades públicas, siempre que esta excepción esté prevista en el derecho interno o en la costumbre, habida cuenta del interés que la divulgación de las informaciones solicitadas tenga para el público.»
5.
El secreto de las deliberaciones de las autoridades públicas puede protegerse con arreglo al artículo 4, apartado 4, letra a), del Convenio de Aarhus:
«Podrá denegarse una solicitud de información sobre el medio ambiente en caso de que la divulgación de esa información pudiera tener efectos desfavorables sobre:
a)
el secreto de las deliberaciones de las autoridades públicas, cuando ese secreto esté previsto en el derecho interno;
[…]
Los motivos de denegación antes mencionados deberán interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta el interés que la divulgación de las informaciones solicitadas tendría para el público y según que esas informaciones guarden o no relación con las emisiones al medio ambiente.»
B.
Directiva sobre información medioambiental
6.
En el artículo 3, apartado 1, de la Directiva sobre información medioambiental se establece el derecho de acceso a la información medioambiental:
«Los Estados miembros harán lo necesario para que las autoridades públicas estén obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, a poner la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante, a petición de este, y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado.»
7.
El artículo 4 de la Directiva sobre información medioambiental prevé diversas excepciones a este derecho.
8.
La excepción aplicable a las comunicaciones internas se recoge en el artículo 4, apartado 1, letra e), de la Directiva sobre información medioambiental:
«Los Estados miembros podrán denegar las solicitudes de información medioambiental si:
[…]
e)
la solicitud se refiere a comunicaciones internas, teniendo en cuenta el interés público atendido por la revelación.»
9.
Además, el artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre información medioambiental contiene una excepción relativa a los procedimientos de las autoridades públicas:
«Los Estados miembros podrán denegar las solicitudes de información medioambiental si la revelación de la información puede afectar negativamente a:
a)
la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas, cuando tal confidencialidad esté dispuesta por la ley;
[…]
Los motivos de denegación mencionados en los apartados 1 y 2 deberán interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta para cada caso concreto el interés público atendido por la divulgación. En cada caso concreto, el interés público atendido por la divulgación deberá ponderarse con el interés atendido por la denegación de la divulgación. Los Estados miembros no podrán, en virtud de las letras a), d), f), g) y h) del presente apartado, disponer la denegación de una solicitud relativa a información sobre emisiones en el medio ambiente.»
C.
Derecho irlandés
10.
El artículo 28.4.3 de la Constitución irlandesa prevé la confidencialidad de los debates y las reuniones del Gobierno irlandés. Se prevén excepciones únicamente respecto a las investigaciones de los órganos jurisdiccionales u órganos similares.
11.
Irlanda ha transpuesto la Directiva sobre información medioambiental a su Derecho interno mediante las European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007 (Reglamento de transposición de la normativa de las Comunidades Europeas sobre el acceso a la información en materia de medio ambiente de 2007) (S. I. n.o 133/2007, de 28 de marzo de 2007).
III. Hechos y petición de decisión prejudicial
12.
El 8 de marzo de 2016, Right to Know CLG, una organización sin ánimo de lucro de Derecho irlandés, solicitó al Taoiseach irlandés (Primer Ministro) el acceso a todos los documentos que recogían las deliberaciones del Consejo de Ministros sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de Irlanda desde 2002 hasta 2016. El Taoiseach (Primer Ministro) denegó esta solicitud en junio de 2016 tras un procedimiento de revisión interna. A continuación, Right to Know incoó un procedimiento ante la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) con el fin de obtener una revisión judicial de esa decisión.
13.
Mediante sentencia de 1 de junio de 2018, Right to Know CLG/An Taoiseach ([2018] IEHC 372), la High Court (Tribunal Superior) devolvió la decisión al Taoiseach (Primer Ministro) para que la reexaminara. La High Court (Tribunal Superior) constató, en particular, sobre la base de un precedente debatido por las partes, (
4
) que las reuniones del Gobierno irlandés debían tener la consideración de «comunicaciones internas» de una autoridad pública, de suerte que no resultaba aplicable la obligación de divulgar las actas relativas a las emisiones en el medio ambiente (artículo 4, apartado 2, tercera frase, de la Directiva sobre información medioambiental). Sin embargo, a su juicio, el Taoiseach (Primer Ministro) no ponderó el interés público atendido por la divulgación con el interés en la confidencialidad (artículo 4, apartado 2, segunda frase).
14.
Mediante decisión de 16 de agosto de 2018, el Taoiseach (Primer Ministro) concedió acceso parcial a los documentos solicitados. A continuación, Right to Know solicitó de nuevo a la High Court (Tribunal Superior) que revisase esta segunda decisión. En el seno del citado órgano jurisdiccional, ya no es competente el juez que dictó la sentencia de 1 de junio de 2018. El nuevo juez plantea al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Las actas de las reuniones oficiales del poder ejecutivo de un Estado miembro, a las que han de asistir los miembros del Gobierno y en las que estos actúan como órgano colegiado, deben calificarse, a efectos de una solicitud de acceso a la información medioambiental que figure en ellas, de “comunicaciones internas” o de “procedimientos” de las autoridades públicas en el sentido, respectivamente, del artículo 4, apartado 1, letra e), y del artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre información medioambiental?
2)
¿Se extiende el principio de cosa juzgada (como se expuso en el asunto Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, y la subsiguiente jurisprudencia) más allá de la parte dispositiva o fallo de la sentencia anterior y alcanza también a los fundamentos de hecho y de Derecho expuestos en dicha sentencia? Dicho de otro modo, ¿se limita el principio de cosa juzgada a impedir que vuelva a someterse el asunto a un tribunal (cause of
action estoppel), o también excluye que una de las partes vuelva a plantear una cuestión de hecho o de Derecho que ya ha sido definitivamente resuelta en un procedimiento anterior (issue estoppel)?
3)
En el procedimiento en curso entre las partes en relación con el supuesto incumplimiento de la Directiva sobre información medioambiental con respecto a una solicitud específica de información medioambiental, en el que la parte demandante/solicitante ha obtenido la anulación de una decisión tras estimarse algunos motivos de impugnación basados en el Derecho de la Unión y desestimarse otros, ¿se opone el Derecho de la Unión y, en particular, el principio de efectividad, a una norma nacional sobre la fuerza de cosa juzgada basada en el issue estoppel que obliga a un órgano jurisdiccional nacional, en el marco de un nuevo procedimiento relativo a una segunda decisión sobre la misma solicitud, a inadmitir que dicha parte demandante/solicitante impugne esta segunda decisión por motivos basados en el Derecho de la Unión que ya fueron desestimados anteriormente, si no ha sido impugnada dicha desestimación?
4)
¿Afecta a la repuesta a la tercera cuestión que: i) no se remitiera el asunto al Tribunal de Justicia, y ii) ninguna de las partes llamara la atención del órgano jurisdiccional nacional sobre la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia?»
15.
Right to Know, Irlanda y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas. El Tribunal General prescindió de celebrar una vista oral, de conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, al estimar que dispone de información suficiente para resolver.
IV. Apreciación jurídica
16.
Al adoptar la Directiva sobre información medioambiental, el legislador de la Unión pretendía asegurar la compatibilidad del Derecho de la Unión con el Convenio de Aarhus, estableciendo para ello un régimen general. Este debe garantizar que todo solicitante tenga derecho de acceso a la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre sin que dicho solicitante esté obligado a invocar un interés determinado. (
5
)
17.
El legislador previó, en el artículo 4 de la Directiva sobre información medioambiental, que los Estados miembros pudieran establecer excepciones a este derecho. En la medida en que el Derecho nacional haya adoptado efectivamente dichas excepciones, las autoridades públicas podrán invocarlas para oponerse a las solicitudes de información de que conozcan. (
6
)
18.
La petición de decisión prejudicial versa, por un lado, sobre la cuestión de si la información de que se trata queda comprendida en la excepción de las comunicaciones internas o en la de protección de la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas (véase al respecto la sección A). Por otro lado, se trata de elucidar si y en qué medida la aplicabilidad de estas excepciones en el asunto principal ya fue resuelta con carácter definitivo mediante la sentencia firme de 1 de junio de 2018 (véase al respecto la sección B).
A.
Interpretación de las excepciones debatidas (primera cuestión)
19.
De conformidad con el artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, de la Directiva sobre información medioambiental, determinadas excepciones al derecho de acceso a la información medioambiental no justifican denegar el acceso a la información sobre emisiones en el medio ambiente. Una de estas excepciones está recogida en el artículo 4, apartado 2, letra a). Esta permite la protección de la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas. Dado que es posible que las actas de los debates del Consejo de Ministros sobre emisiones de gases de efecto invernadero deban tener la consideración de información sobre emisiones en el medio ambiente, cabe preguntarse si esta excepción puede justificar la denegación del acceso.
20.
En cambio, si resulta aplicable la excepción de las comunicaciones internas conforme al artículo 4, apartado 1, letra e), de la Directiva sobre información medioambiental, las emisiones al medio ambiente deberán tenerse en cuenta, ciertamente, en el marco de la ponderación contemplada en el artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, en cuanto parte del interés público en la divulgación, pero también podrán resultar pertinentes otros intereses contrapuestos.
21.
Por consiguiente, mediante la primera cuestión se pretende elucidar cuál de estas dos excepciones es la aplicable. Ahora bien, se basa en la hipótesis de que ambas excepciones no pueden aplicarse de forma simultánea. A continuación, demostraré que esta hipótesis es incorrecta.
1. Comunicaciones internas
22.
El concepto de «comunicaciones internas» se refiere a la información que circula en el seno de una autoridad pública y que, en la fecha de solicitud de acceso, no haya abandonado la esfera interna de esta mediante su divulgación a un tercero o su puesta a disposición del público. (
7
) Mediante esta excepción se pretende responder a la necesidad de las autoridades públicas de disponer de un espacio protegido para las deliberaciones y los debates internos. (
8
)
23.
El artículo 2, punto 2, letra a), de la Directiva sobre información medioambiental define al Gobierno como una autoridad pública en el sentido de dicha Directiva. Según la petición de decisión prejudicial, los documentos que reproducen los debates del Consejo de Ministros irlandés permanecen en la esfera interna del Gobierno irlandés. No deben ponerse a disposición ni de terceros ni del público. Ello se ajusta al artículo 28.4.3 de la Constitución irlandesa, que prevé la confidencialidad de los debates y de las reuniones del Gobierno irlandés.
24.
Por consiguiente, los documentos solicitados constituyen comunicaciones internas. Puede denegarse el acceso a estos documentos cuando no exista un interés público preponderante en su divulgación.
25.
De acuerdo con ello, las actas de las reuniones oficiales del poder ejecutivo de Irlanda deben clasificarse, a efectos de una solicitud de acceso a la información medioambiental contenida en las mismas, como comunicaciones internas de una autoridad en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra e), de la Directiva sobre información medioambiental.
2. Procedimientos de las autoridades públicas
26.
Además, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre información medioambiental, los Estados miembros podrán denegar las solicitudes de información medioambiental si la revelación de la información puede afectar negativamente a la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas, cuando tal confidencialidad esté dispuesta por ley.
27.
Si se atiende únicamente a la versión alemana de esta norma, parecerá manifiesto que los debates del Gobierno irlandés son procedimientos («Beratungen») [(«debates» o «deliberaciones»)] de una autoridad pública en este sentido.
28.
Por ello, resulta, antes de nada, sorprendente que la High Court (Tribunal Superior) haya considerado que la aplicación de esta excepción es artificial y forzada («artificial and strained»). (
9
) Esta tesis podría deberse a la versión inglesa de la Directiva sobre información medioambiental. Como en otras muchas versiones lingüísticas, en aquella no se recoge ningún concepto que deba traducirse imperiosamente como «Beratungen». Antes bien, se utiliza el concepto de «proceedings», (
10
) que invita a pensar en la protección de la confidencialidad de los procedimientos. Se corresponden con el concepto alemán únicamente las versiones francesa (
11
) e italiana (
12
) de la Directiva, mientras que las demás versiones lingüísticas hacen referencia a la actividad de las autoridades públicas, (
13
) en particular a la tramitación o al examen de asuntos. (
14
)
29.
Estas divergencias también aparecen en las versiones lingüísticas vinculantes del artículo 4, apartado 4, letra a), del Convenio de Aarhus, que ha sido transpuesto mediante el artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre información medioambiental. Las versiones inglesa y francesa del Convenio son idénticas a tal respecto a las versiones lingüísticas de que se trata de la Directiva. En la versión rusa del Convenio, también vinculante, se hace referencia a la confidencialidad de los trabajos de las autoridades públicas. (
15
)
30.
Las diversas versiones lingüísticas de una norma del Derecho de la Unión, en particular, en el presente asunto, la Directiva sobre información medioambiental, deben ser interpretadas de modo uniforme, (
16
) por lo que ninguna versión lingüística disfruta de prioridad. (
17
) Por consiguiente, deberá examinarse la sistemática general de la normativa y su finalidad. (
18
)
31.
En este examen ha de partirse de que las excepciones al derecho de acceso contempladas en el artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva y el artículo 4, apartado 4, párrafo segundo, del Convenio deberán interpretarse de forma restrictiva. (
19
) Para atribuir una función propia a la excepción relativa a los procedimientos, deslindada de la excepción aplicable a las «comunicaciones internas», habrá que limitarla al proceso efectivo de deliberación en el marco de los procedimientos de toma de decisiones, mientras que no quedará comprendida la fundamentación fáctica del proceso decisorio. (
20
) Por ello, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre información medioambiental y el artículo 4, apartado 4, letra a), del Convenio de Aarhus hacen referencia a las etapas finales de los procesos de toma de decisiones por las autoridades públicas, (
21
) esto es, protegen la confidencialidad de las deliberaciones (finales) de las autoridades públicas y no la totalidad del procedimiento administrativo al final del cual deliberan estas autoridades. (
22
)
32.
En la medida en que las deliberaciones del Gobierno irlandés hayan de enmarcarse en la etapa final de un procedimiento, lo cual deberá apreciar el órgano jurisdiccional nacional, se trata, pues, de procedimientos de una autoridad pública en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre información medioambiental.
3. Aplicación conjunta de varias excepciones
33.
Sin embargo, mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente quiere saber si las actas de reuniones oficiales del poder ejecutivo de un Estado miembro, en las que deben reunirse los miembros del Gobierno y actuar como órgano colegiado, deben calificarse de «procedimientos»o de «comunicaciones». Por tanto, contrariamente a las observaciones que preceden, habría de delimitar entre sí las dos excepciones, contempladas en el artículo 4, apartado 1, letra e), y en el artículo 4, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre información medioambiental. No obstante, esta premisa es errónea. Antes bien, ambas excepciones se solapan. (
23
)
34.
En efecto, responden a la misma necesidad de las autoridades públicas de disponer de un espacio protegido para las deliberaciones y los debates internos.
35.
La excepción al derecho de acceso a documentos de las instituciones de la Unión contemplada en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (
24
) lo pone particularmente de manifiesto. Según esta disposición, podrá denegarse, en particular, el acceso a un documento elaborado por una institución para su uso interno si su divulgación perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución.
36.
Por lo demás, en el ámbito de aplicación de la normativa de la Unión en materia de acceso a documentos, la denegación del acceso a determinada información se basa simultáneamente a menudo en varios motivos de excepción, sin que el Tribunal de Justicia haya formulado objeciones al respecto. (
25
)
37.
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que las actas de reuniones oficiales del poder ejecutivo de un Estado miembro, a las que han de asistir los miembros del Gobierno y en las que estos actúan como órgano colegiado, deben calificarse, a efectos de una solicitud de acceso a la información medioambiental que figure en ellas, de «comunicaciones internas» en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra e), de la Directiva sobre información medioambiental. Si estas reuniones han de atribuirse a la fase final del procedimiento, serán al mismo tiempo «procedimientos» de una autoridad pública en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a).
B.
Sobre la fuerza de cosa juzgada
1. Falta de pertinencia de las cuestiones sobre la fuerza de cosa juzgada
38.
Mediante las restantes cuestiones, la High Court (Tribunal Superior) desea saber si el principio de fuerza de cosa juzgada le impide poner en cuestión los fundamentos de su sentencia de 1 de junio de 2018 sobre la base de la presente petición de decisión prejudicial. En efecto, de conformidad con la primera sentencia firme de 1 de junio de 2018, la información de que se trata queda comprendida en la excepción de las comunicaciones internas en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra e), de la Directiva sobre información medioambiental, (
26
) pero no en la excepción de la protección de los procedimientos de las autoridades públicas en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a). (
27
)
39.
El órgano jurisdiccional remitente se plantea ahora resolver en sentido contrario, esto es, incluir la información de que se trata no en la excepción aplicable a las comunicaciones internas, sino en la aplicable a los procedimientos. No obstante, no prosperaría probablemente la excepción relativa a la protección de los procedimientos, dado que esta, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, de la Directiva sobre información medioambiental, no permita ocultar información sobre emisiones en el medio ambiente. En cambio, esta limitación no se aplica a la protección de las comunicaciones internas.
40.
Ahora bien, de la respuesta a la primera cuestión se desprende que deben concurrir simultáneamente los requisitos de ambas excepciones y que, de conformidad con los datos con los que se cuenta sobre la información en cuestión, se trata, en cualquier caso, de comunicaciones internas. Por consiguiente, la excepción de la protección de las comunicaciones internas puede oponerse a una entrega de información, pese a que esta información tenga por objeto las emisiones en el medio ambiente y verse sobre procedimientos de las autoridades públicas.
41.
Por este motivo, carece ya de relevancia el carácter firme de la conclusión de que se trata de comunicaciones internas y no de procedimientos de autoridades públicas. Así pues, las consideraciones que siguen se aplicarán con carácter subsidiario en el caso de que el Tribunal de Justicia desee, no obstante, pronunciarse sobre estas cuestiones.
2. Respuesta, formulada con carácter subsidiario, a las cuestiones relativas a la fuerza de cosa juzgada
42.
A falta de normativa de la Unión en materia de fuerza de cosa juzgada de las resoluciones judiciales nacionales, esta cuestión queda comprendida en la autonomía procesal de los Estados miembros. Ahora bien, habrán de observarse los principios de equivalencia y de efectividad. (
28
)
a) Alcance de la fuerza de cosa juzgada (segunda cuestión prejudicial)
43.
Mediante la segunda cuestión prejudicial se pretende elucidar si es compatible con el principio de efectividad que la fuerza de cosa juzgada no se limite al fallo de una sentencia, sino que también comprenda los fundamentos de la misma.
44.
En cualquier caso, no se viola el principio de efectividad cuando el alcance de la fuerza de cosa juzgada conforme al Derecho interno se ajusta a los principios aplicables al respecto en el Derecho de la Unión. En este, la fuerza de cosa juzgada comprende las partes de los fundamentos de Derecho en los que necesariamente ha de basarse el fallo y que son, por ello, indisociables de este. (
29
) En cambio, las partes de los fundamentos de la sentencia en que no se base el fallo no quedan comprendidos por la fuerza de cosa juzgada conforme al Derecho de la Unión. (
30
)
45.
Si se extrapolase esta delimitación de la fuerza de cosa juzgada al asunto principal, la subsunción de la información de que se trata en la excepción de la protección de las comunicaciones internas en cuanto fundamentación que sostiene el fallo de la sentencia de 1 de junio de 2018 tendría fuerza de cosa juzgada. Era necesaria para revocar la denegación de la solicitud de acceso y devolver dicha solicitud a la Administración para que volviera a pronunciarse sobre la misma.
46.
En cambio, está menos claro que la denegación de la excepción para la protección de la confidencialidad de los procedimientos tampoco pueda separarse del fallo de la sentencia. Desde la perspectiva de la High Court (Tribunal Superior), esta denegación era inescindible de la aplicación de la excepción de las comunicaciones internas, pues suponía que cabe aplicar siempre solo una excepción. Sin embargo, a la vista de las observaciones relativas a la primera cuestión, ambas excepciones pueden aplicarse simultáneamente.
47.
Ahora bien, en última instancia, la posibilidad de establecer una separación no tiene una relevancia decisiva. En efecto, el principio de efectividad no exige que los Estados miembros ajusten el alcance de la fuerza de la cosa juzgada en el Derecho interno a los criterios del Derecho de la Unión en la materia. También permite que la fuerza de cosa juzgada tenga un alcance mayor, siempre que no haga prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que concede el ordenamiento jurídico de la Unión.
48.
Sin perjuicio de las consideraciones que siguen, en particular las relativas a la posibilidad de interponer recurso, (
31
) no se percibe que la extensión de la fuerza de cosa juzgada a los fundamentos en que no se basa el fallo de una resolución judicial dificulte excesivamente el ejercicio de tales derechos.
49.
Por consiguiente, ha de responderse a la segunda cuestión que el principio de efectividad no exige limitar la fuerza de cosa juzgada de una sentencia a los fundamentos en que se basa el fallo de la misma.
b) Prescindir de conclusiones que han adquirido fuerza de cosa juzgada (cuestiones prejudiciales tercera y cuarta)
50.
Mediante la cuestiones tercera y cuarta, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si es compatible con el principio de efectividad que las conclusiones de su sentencia de 1 de junio de 2018 que han adquirido fuerza de cosa juzgada, relativas a la misma solicitud de acceso, se opongan al nuevo examen de la subsunción de la información de que se trata en la excepción aplicable a las comunicaciones internas y en la excepción relativa a los procedimientos de las autoridades públicas en el procedimiento principal. En particular, desea saber si tiene alguna relevancia, a efectos de la compatibilidad de la fuerza de cosa juzgada de las conclusiones, formuladas en una primera sentencia, en el marco de un segundo procedimiento judicial, el hecho de que en el primer procedimiento no se plantease una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia y las partes no indicasen al órgano jurisdiccional la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia.
51.
Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el Derecho de la Unión exige que se soslayen las conclusiones que han adquirido fuerza de cosa juzgada cuando exista la posibilidad de que estas vulneren el Derecho de la Unión.
52.
Ciertamente, según reiterada jurisprudencia, el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas en materia de fuerza de cosa juzgada. Lo mismo se observará aun cuando ello permitiera subsanar una infracción de una disposición del Derecho de la Unión. (
32
)
53.
Sin embargo, será diferente la situación si el tribunal nacional, de conformidad con las normas procesales nacionales aplicables, puede revocar, con sujeción a ciertos requisitos, una resolución con fuerza de cosa juzgada con el objeto de restablecer la conformidad de la situación derivada de dicha resolución con el Derecho nacional. El órgano jurisdiccional también deberá hacer uso de esta posibilidad, de conformidad con los principios de equivalencia y de efectividad, con el fin de restablecer la conformidad de dicha situación con el Derecho de la Unión. (
33
)
54.
Ciertamente, en la propia petición de decisión prejudicial no se indican los requisitos pertinentes de Derecho interno, pero sí en una sentencia adjunta (
34
) mediante la cual el órgano jurisdiccional remitente resolvió plantear la petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. Conforme a esta sentencia, los órganos jurisdiccionales irlandeses, si concurren determinadas circunstancias, podrán permitir a una parte proseguir una cuestión litigiosa en un posterior procedimiento, con independencia de que haya sido resuelta en un anterior procedimiento contra dicha parte. En el ejercicio de este margen discrecional, el órgano jurisdiccional deberá ponderar el derecho constitucional al acceso a los órganos jurisdiccionales con el interés público y el interés general. Redundará en el interés público que los litigios se resuelvan (en principio) con carácter definitivo y que una persona no se vea expuesta a litigios reiterados o duplicados en relación con cuestiones que han sido resueltas con anterioridad.
55.
En el ejercicio de esta facultad, tanto el principio de equivalencia como el de efectividad podrán dar lugar a que el órgano jurisdiccional remitente haga caso omiso de las conclusiones recogidas en la sentencia de 1 de junio de 2018 que han adquirido fuerza de cosa juzgada.
56.
El principio de equivalencia exige que el órgano jurisdiccional remitente ejerza su margen discrecional en cuestiones de Derecho de la Unión de un modo similar a como haría en supuestos puramente nacionales. Ciertamente, el órgano jurisdiccional remitente no ha hecho mención específica alguna a la práctica observada en Irlanda. Ahora bien, en el common law inglés, en el que la situación jurídica parece ser similar a la de Irlanda, tiene una gran importancia que la parte a la que se opone una conclusión firme de una sentencia anterior hubiera tenido la posibilidad de impugnar esta conclusión mediante la interposición de un recurso. (
35
)
57.
Dado que Right to Know, Irlanda y la sentencia de 23 de abril de 2021 antes citada debaten la cuestión de si Right to Know podía interponer recurso contra la sentencia de 1 de junio de 2018, es de presumir que este aspecto desempeña una función similar en la práctica irlandesa. Y, conforme a los debates antes mencionados, parece dudoso que hubiera sido posible interponer tal recurso.
58.
Ciertamente, Irlanda alega que Right to Know habría podido impugnar la sentencia de 1 de junio de 2018 mediante la interposición de un recurso, pero la sentencia de 23 de abril de 2021 y las alegaciones de Right to Know ponen en duda esta afirmación. Según ello, dado que Right to Know obtuvo, en la sentencia de 1 de junio de 2018, la revocación de la denegación de su solicitud de acceso que impugnó, habría existido el riesgo de que se desestimase el recurso contra partes de los fundamentos de la sentencia por prematuro. (
36
)
59.
Ello se correspondería, en última instancia, con la situación jurídica existente ante los tribunales de la Unión. De conformidad con el artículo 56, párrafo segundo, primera frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (solo) podrá interponer recurso de casación la parte cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas. En cambio, los recursos de casación por los que se solicita únicamente que se modifiquen determinados extremos de los fundamentos de una sentencia que, en términos generales, favorece al recurrente son inadmisibles. (
37
) E, incluso dentro de los procedimientos de casación en principio admisibles, son inadmisibles por falta de interés en ejercitar la acción determinadas objeciones que se dirigen únicamente contra los fundamentos de una resolución sobre el fondo cuando la parte de que se trata no impugna al mismo tiempo esta resolución sobre el fondo. (
38
)
60.
En el caso de que Right to Know no hubiera podido efectivamente impugnar las conclusiones de la sentencia de 1 de junio de 2018, ello tendría relevancia no solo para la aplicación del principio de equivalencia, sino también para la aplicación del principio de efectividad.
61.
A primera vista, parece que la imposibilidad de interponer impugnación no supone, ciertamente, un obstáculo particularmente grave para el ejercicio de derechos. En efecto, el principio de tutela judicial efectiva, que se solapa en una amplia medida con el principio de efectividad, (
39
) permite al particular, de conformidad con el Derecho de la Unión, acceder a un único tribunal, pero no a varias instancias jurisdiccionales. (
40
) Así, en el presente asunto, la sentencia de 1 de junio de 2018 demuestra que existió acceso a un tribunal en el sentido antes expuesto.
62.
Ahora bien, en el presente asunto, la imposibilidad de interponer impugnación aparejaba una violación del principio de igualdad de armas. En efecto, ha de suponerse que la parte contraria, el Taoiseach (Primer Ministro), en cuanto parte cuyas pretensiones se vieron desestimadas, tuvo efectivamente la posibilidad de impugnar la sentencia de 1 de junio de 2018.
63.
El principio de igualdad de armas forma parte integrante del principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, consagrado en el artículo 47 de la Carta. (
41
) Constituye el corolario del concepto mismo de procedimiento equitativo e implica la obligación de ofrecer a cada una de las partes una oportunidad razonable de formular sus pretensiones, incluyendo la aportación de pruebas, en condiciones que no coloquen a una de ellas en una situación de manifiesta desventaja en relación con la parte contraria. (
42
)
64.
Ahora bien, constituye una manifiesta desventaja el hecho de que una parte esté vinculada a una conclusión que en el ulterior transcurso resulta ser desventajosa, mientras que la parte contraria, que extrae una ventaja de esta conclusión, pudiera optar entre impugnar o aceptar dicha conclusión.
65.
Los dos aspectos que aborda el órgano jurisdiccional remitente en la cuarta cuestión, esto es, la renuncia a plantear una petición de decisión prejudicial en la sentencia firme y las lagunas en las alegaciones de las partes, también son, ciertamente, interesantes, pero no son decisivas por sí solas.
66.
Así, la circunstancia de que en el procedimiento que dio lugar a la sentencia de 1 de junio de 2018 no se plantease una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia puede abogar más bien por que se aborde de nuevo una cuestión de Derecho sobre la que ya se ha resuelto con carácter firme. Sin embargo, sin la existencia de una obligación de remisión, esta circunstancia reviste una importancia relativamente escasa en el marco de la ponderación. (
43
)
67.
Por el contrario, si las partes, y en particular Right to Know, no hicieron referencia a jurisprudencia del Tribunal de Justicia pertinente ya existente en el procedimiento que dio lugar a la sentencia de 1 de junio de 2018, ello aboga más bien por sujetar a aquellas a las conclusiones de esta sentencia. En efecto, en el presente asunto, no habrían hecho todos los esfuerzos razonables para obtener una resolución correcta que les favoreciera. Esto es tanto más cierto en la medida en que en la normativa procesal de que se trata se observe un marcado principio de impulso procesal de parte que deje en manos de las partes la alegación de los precedentes jurisprudenciales pertinentes. Ahora bien, también este aspecto tiene solo una importancia limitada, pues la falta de precedentes ya habría obligado a la High Court (Tribunal Superior) en el primer procedimiento a plantearse más seriamente la posibilidad de una petición de decisión prejudicial. Además, la sentencia básica relativa a la interpretación del concepto de comunicaciones internas (
44
) no se dictó hasta después de la sentencia de 1 de junio de 2018.
68.
Por consiguiente, procede responder a las cuestiones tercera y cuarta que un órgano jurisdiccional nacional debe soslayar las conclusiones que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada, de conformidad con los principios de equivalencia y de efectividad, con el fin de restablecer la compatibilidad de la situación de que se trate con el Derecho de la Unión, en el caso de que exista tal posibilidad conforme a la normativa procesal nacional aplicable a un supuesto puramente interno. En la medida en que el órgano jurisdiccional disponga de un margen discrecional, deberá tener en cuenta, en particular, si la parte que ha resultó perjudicada por dichas conclusiones firmes tenía la posibilidad de impugnarlas mediante la interposición de un recurso y si, en tal medida, se daba una igualdad de armas entre las partes. En cambio, a efectos del ejercicio de la facultad discrecional, tiene menos relevancia el hecho de si, antes de la formulación de las conclusiones firmes, se planteó una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia o de si las partes alegaron la jurisprudencia del Tribunal de Justicia pertinente antes de la formulación de tales conclusiones ante el órgano jurisdiccional nacional.
V. Conclusión
69.
Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que se pronuncie en el siguiente sentido:
«1)
Las actas de reuniones oficiales del poder ejecutivo de un Estado miembro, a las que han de asistir los miembros del Gobierno y en las que estos actúan como órgano colegiado, deben calificarse, a efectos de una solicitud de acceso a la información medioambiental que figure en ellas, de “comunicaciones internas” en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra e), de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. Si estas reuniones han de atribuirse a la fase final del procedimiento, serán al mismo tiempo “procedimientos” de una autoridad pública en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), de dicha Directiva.
2)
La fuerza de cosa juzgada de las resoluciones judiciales nacionales forma parte de la autonomía procesal de los Estados miembros. Sin embargo, deberán observarse los principios de equivalencia y de efectividad.
a)
El principio de efectividad no exige limitar la fuerza de cosa juzgada de una sentencia a los fundamentos en que se basa el fallo de la misma.
b)
Un órgano jurisdiccional nacional debe soslayar las conclusiones que hayan adquirido fuerza de cosa juzgada, de conformidad con los principios de equivalencia y de efectividad, con el fin de restablecer la compatibilidad de la situación de que se trate con el Derecho de la Unión, en el caso de que exista tal posibilidad conforme a la normativa procesal nacional aplicable a un supuesto puramente interno. En la medida en que el órgano jurisdiccional disponga de un margen discrecional, deberá tener en cuenta, en particular, si la parte que resultó perjudicada por dichas conclusiones firmes tenía la posibilidad de impugnarlas mediante la interposición de un recurso y si, en tal medida, se daba una igualdad de armas entre las partes. En cambio, a efectos del ejercicio de la facultad discrecional, tiene menos relevancia el hecho de si, antes de la formulación de las conclusiones firmes, se planteó una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia o de si las partes alegaron la jurisprudencia del Tribunal de Justicia pertinente antes de la formulación de tales conclusiones ante el órgano jurisdiccional nacional.»
(
1
)	Lengua original: alemán.
(
2
)	Convenio de 1998 sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2005, L 124, p. 4), aprobado mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO 2005, L 124, p. 1).
(
3
)	Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO 2003, L 41, p. 26).
(
4
)	Sentencia de la High Court (Tribunal Superior) de Irlanda de 4 de junio de 2012, An Taoiseach/Commissioner for Environmental Information ([2010] IEHC 241).
(
5
)	Sentencias de 14 de febrero de 2012, Flachglas Torgau (C‑204/09, EU:C:2012:71), apartado 31, y de 20 de enero de 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicaciones internas) (C‑619/19, EU:C:2021:35), apartado 28.
(
6
)	Sentencia de 20 de enero de 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicaciones internas) (C‑619/19, EU:C:2021:35), apartado 31.
(
7
)	Sentencia de 20 de enero de 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicaciones internas) (C‑619/19, EU:C:2021:35), apartado 47.
(
8
)	Véase la sentencia de 20 de enero de 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicaciones internas) (C‑619/19, EU:C:2021:35), apartados 44 y 46. Asimismo, la sentencia de 17 de diciembre de 2020, De Masi y Varoufakis/BCE (C‑342/19 P, EU:C:2020:1035), apartados 51 y 52, relativa a las normas en materia de acceso a documentos del BCE. Véase la Propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso del público a la información medioambiental [COM(2000) 402 final], y Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, Findings and recommendations with regard to communication ACCC/C/2013/93 concerning compliance by Norway, de 19 de junio de 2017, n.o 71.
(
9
)	Sentencia de la High Court (Tribunal Superior) de Irlanda de 4 de junio de 2012, An Taoiseach/Commissioner for Environmental Information ([2010] IEHC 241), apartado 83.
(
10
)	En ese sentido: español: «procedimientos»; checo: «řízení»; griego: «διαδικασιών»; croata: «postupaka»; lituano: «procesinių veiksmų»; maltés: «tal‑proċedimenti»; portugués: «procedimentos»; rumano: «procedurilor»; esloveno: «postopkov», y sueco: «förfaranden».
(
11
)	«Déliberations».
(
12
)	«Deliberazioni».
(
13
)	Búlgaro: «дейностите»; estonio: «töö»; neerlandés: «handlingen»; polaco: «działań»; eslovaco: «konania», y finés: «toiminnan».
(
14
)	Letón: «lietu».
(
15
)
(
16
)	Sentencias de 27 de octubre de 1977, Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172), apartados 13 y 14; de 27 de marzo de 1990, Cricket St Thomas (C‑372/88, EU:C:1990:140), apartado 19, y de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:799), apartado 43.
(
17
)	Sentencias de 27 de marzo de 1990, Cricket St Thomas (C‑372/88, EU:C:1990:140), apartado 18; de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk (C‑422/19 y C‑423/19, EU:C:2021:63), apartado 65, y de 17 de enero de 2023, España/Comisión (C‑632/20 P, EU:C:2023:28), apartado 40.
(
18
)	Sentencias de 27 de octubre de 1977, Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172), apartados 13 y 14; de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk (C‑422/19 y C‑423/19, EU:C:2021:63), apartado 65, y de 17 de enero de 2023, España/Comisión (C‑632/20 P, EU:C:2023:28), apartado 42.
(
19
)	Véanse las sentencias de 23 de noviembre de 2016, Bayer CropScience y Stichting De Bijenstichting (C‑442/14, EU:C:2016:890), apartado 56, y de 20 de enero de 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicaciones internas) (C‑619/19, EU:C:2021:35), apartados 33 y 48, y las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Flachglas Torgau (C‑204/09, EU:C:2011:413), punto 83.
(
20
)	Véanse las conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Flachglas Torgau (C‑204/09, EU:C:2011:413), punto 83, y del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Saint-Gobain Glass Deutschland/Comisión (C‑60/15 P, EU:C:2016:778), puntos 76 y 57 y ss., y Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus, Findings and recommendations with regard to communication ACCC/C/2010/51 concerning compliance by Romania, de 28 de marzo de 2014, n.o 89.
(
21
)	Sentencia de 14 de febrero de 2012, Flachglas Torgau (C‑204/09, EU:C:2012:71), apartado 63.
(
22
)	Sentencia de 13 de julio de 2017, Saint-Gobain Glass Deutschland/Comisión (C‑60/15 P, EU:C:2017:540), apartado 81.
(
23
)	Véanse las sentencias de 28 de julio de 2011, Office of Communications (C‑71/10, EU:C:2011:525), apartado 30, y de 17 de diciembre de 2020, De Masi y Varoufakis/BCE (C‑342/19 P, EU:C:2020:1035), apartado 62.
(
24
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).
(
25
)	Sentencias de 21 de julio de 2011, Suecia/MyTravel y Comisión (C‑506/08 P, EU:C:2011:496), apartados 77 y ss. y 109 y ss.; de 28 de noviembre de 2013, Jurašinović/Consejo (C‑576/12 P, EU:C:2013:777), apartados 28 y 38, y de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW Energie Baden‑Württemberg (C‑365/12 P, EU:C:2014:112), apartados 62, 63 y 79.
(
26
)	Sentencia de la High Court (Tribunal Superior) de Irlanda de 1 de junio de 2018, Right to Know CLG/An Taoiseach ([2018] IEHC 372), apartado 65.
(
27
)	Sentencia de la High Court (Tribunal Superior) de Irlanda de 1 de junio de 2018, Right to Know CLG/An Taoiseach ([2018] IEHC 372), apartado 76.
(
28
)	Sentencias de 3 de septiembre de 2009, Fallimento Olimpiclub (C‑2/08, EU:C:2009:506), apartado 24, y de 7 de abril de 2022, Avio Lucos (C‑116/20, EU:C:2022:273), apartado 100.
(
29
)	Sentencias de 1 de junio de 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) y Diputación Foral de Vizcaya/Comisión (C‑442/03 P y C‑471/03 P, EU:C:2006:356), apartado 44; de 15 de noviembre de 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung y otros (C‑456/11, EU:C:2012:719), apartado 40, y de 17 de septiembre de 2020, Alfamicro/Comisión (C‑623/19 P, no publicada, EU:C:2020:734), apartado 37.
(
30
)	En este sentido, véanse las sentencias de 15 de noviembre de 2012, Al-Aqsa/Consejo (C‑539/10 P y C‑550/10 P, EU:C:2012:711), apartado 49, y de 11 de noviembre de 2015, Klausner Holz Niedersachsen (C‑505/14, EU:C:2015:742), apartados 43 y 46. En este mismo sentido, véanse las conclusiones presentadas por la Abogada General Trstenjak en los asuntos acumulados AlAqsa/Consejo (C‑539/10 P y C‑550/10 P, EU:C:2012:321), punto 35.
(
31
)	Véanse los puntos 56 y ss.
(
32
)	Sentencias de 1 de junio de 1999, Eco Swiss (C‑126/97, EU:C:1999:269), apartados 46 y 47; de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615), apartado 37, y de 4 de marzo de 2020, Telecom Italia (C‑34/19, EU:C:2020:148), apartado 65.
(
33
)	Sentencias de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067), apartado 62; de 6 de octubre de 2015, Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662), apartado 30, y de 29 de julio de 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe (C‑620/17, EU:C:2019:630), apartado 60.
(
34
)	Sentencia de la High Court (Tribunal Superior) de 23 de abril de 2021, Right to Know/An Taoisach, ([2021] IEHC 233), apartado 35.
(
35
)	Sentencia de la Court of Appeal (England & Wales) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y Gales), Reino Unido], de 20 de mayo de 2021, Thomas v. Luv One Luv All Promotions Ltd (A3/2020/1485, [2021] EWCA Civ 732), apartados 44 a 48, 51 y 75.
(
36
)	Sentencia de la High Court (Tribunal Superior) de 23 de abril de 2021, Right to Know/An Taoisach ([2021] IEHC 233), apartado 48.
(
37
)	Sentencia de 25 de julio de 2018, Société des produits Nestlé y otros/Mondelez UK Holdings & Services (C‑84/17 P, C‑85/17 P y C‑95/17 P, EU:C:2018:596), apartado 42, y auto de 29 de abril de 2022, Valvis Holding/Sun Stars & Sons y EUIPO (C‑420/21 P, no publicado, EU:C:2022:340), apartado 22.
(
38
)	En este sentido, sentencias de 6 de octubre de 2009, GlaxoSmithKline Services/Comisión (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, EU:C:2009:610), apartados 23 a 25; de 21 de diciembre de 2011, Iride/Comisión (C‑329/09 P, no publicada, EU:C:2011:859), apartados 48 a 50, y de 9 de noviembre de 2017, TV2/Danmark/Comisión (C‑649/15 P, EU:C:2017:835), apartados 61 a 63.
(
39
)	Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Puškár (C‑73/16, EU:C:2017:253), puntos 49 a 51 y jurisprudencia citada.
(
40
)	Sentencias de 28 de julio de 2011, Samba Diouf (C‑69/10, EU:C:2011:524), apartado 69, y de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 36.
(
41
)	Sentencias de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros (C‑199/11, EU:C:2012:684), apartado 48; de 17 de julio de 2014, Sánchez Morcillo y Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), apartado 48, y de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary (C‑189/18, EU:C:2019:861), apartado 61.
(
42
)	Sentencias de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros (C‑199/11, EU:C:2012:684), apartado 71; de 28 de julio de 2016, Conseil des ministres (C‑543/14, EU:C:2016:605), apartado 40; de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund (C‑682/15, EU:C:2017:373), apartado 96, y de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary (C‑189/18, EU:C:2019:861), apartado 61.
(
43
)	Sobre las consecuencias de un incumplimiento de la obligación de remisión, véase la sentencia de 13 de enero de 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17), apartados 27 y 28. Véanse también las sentencias de 4 de octubre de 2012, Byankov (C‑249/11, EU:C:2012:608), apartados 77 y 78, y de 20 de diciembre de 2017, Incyte (C‑492/16, EU:C:2017:995), apartados 47 y 48.
(
44
)	Sentencia de 20 de enero de 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicaciones internas) (C‑619/19; EU:C:2021:35), apartado 28.