62021CC0366
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PRIIT PIKAMÄE
presentadas el 14 de julio de 2022 (
1
)
Asunto C‑366/21 P
Maxime Picard
contra
Comisión Europea
«Recurso de casación — Función pública — Agentes contractuales — Pensión — Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 — Medidas transitorias relativas a la tasa anual de acumulación de los derechos a pensión y a la edad de jubilación — Aplicación en el tiempo — Firma de un nuevo contrato de agente contractual — Acto lesivo — Calificación — Efectos jurídicos autónomos.»
I. Introducción
1.
Mediante el presente recurso de casación el Sr. Maxime Picard solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de marzo de 2021, Picard/Comisión (T‑769/16, en lo sucesivo, «sentencia recurrida, EU:T:2021:153) por la cual se desestimó su recurso dirigido a la anulación, por un lado, de la respuesta de 4 de enero de 2016 del gestor del sector «Pensiones» de la Unidad 4 de la Oficina «Gestión y Liquidación de Derechos Individuales» (en lo sucesivo «PMO») según la cual la edad normal de jubilación y la tasa anual de acumulación de derechos a pensión del recurrente habían pasado, respectivamente, a 66 años y al 1,8 % a partir del 1 de junio de 2014, y, por otro lado, de la decisión de 25 de julio de 2016 del Director de la Dirección E de la Dirección General (DG) de Recursos Humanos de la Comisión Europea (en lo sucesivo, «DG Recursos Humanos»), en su condición de autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo (en lo sucesivo, «AFCC»), por la que se rechazó la reclamación presentada por el Sr. Picard contra la respuesta de 4 de enero de 2016.
2.
El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de abordar dos cuestiones.
3.
En primer lugar, el Tribunal de Justicia deberá pronunciarse sobre las condiciones de aplicación en el tiempo de las disposiciones transitorias aplicables a los agentes contractuales de la Unión relativas a la tasa anual de acumulación de derechos a pensión y a la edad de jubilación previstas en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea. (
2
) La solución que el Tribunal de Justicia adopte al respecto tendrá una importante repercusión sobre el régimen de pensiones aplicable a una parte significativa de agentes contractuales de la Unión.
4.
En segundo lugar, este asunto permitirá al Tribunal de Justicia precisar, a la luz del concepto de «acto lesivo», en qué momento un miembro del personal de la Unión está facultado para oponerse a los elementos que sirven de base para la determinación de sus derechos a pensión.
II. Marco jurídico
5.
Resultan pertinentes en el presente asunto:
—
los artículos 25, 77, 83, 90 y 91 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), en su versión modificada por el Reglamento n.o 1023/2013;
—
los artículos 21, apartado 2, y 22, apartado 1, del anexo XIII del Estatuto, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1023/2013;
—
los artículos 8, 86, apartado 2, y 109, apartado 1, del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «ROA»), en su versión modificada por el Reglamento n.o 1023/2013, y
—
el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA.
III. Antecedentes del litigio
6.
Los antecedentes del litigio están recogidos en los apartados 1 a 25 de la sentencia recurrida y pueden resumirse a los efectos del presente procedimiento del siguiente modo.
7.
El Sr. Picard fue contratado, con efectos a partir del 1 de julio de 2008, por la Comisión Europea en calidad de agente contractual destinado a la Unidad 5 de la PMO (en lo sucesivo, «contrato de 2008»). El recurrente fue clasificado en el primer grupo de funciones. Ese contrato fue renovado en tres ocasiones por un período determinado y, mediante decisión de 3 de mayo de 2011, por tiempo indefinido.
8.
El 16 de mayo de 2014, la DG Recursos Humanos propuso al recurrente un nuevo contrato en calidad de agente contractual, que este último firmó el mismo día (en lo sucesivo, «contrato de 16 de mayo de 2014»). Este contrato, de duración indefinida, produjo efectos a partir del 1 de junio de 2014, y suponía la clasificación del recurrente en el segundo grupo de funciones.
9.
Antes de celebrarse ese contrato, el Estatuto y el ROA fueron modificados por el Reglamento n.o 1023/2013, cuyas disposiciones pertinentes para el presente asunto son aplicables desde el 1 de enero de 2014.
10.
A raíz de la reforma de 2014, el artículo 77, párrafo segundo, del Estatuto, aplicable a los agentes contractuales en virtud de la remisión establecida en el artículo 109, apartado 1, del ROA, fijó en un 1,8 % la nueva tasa anual de acumulación, que anteriormente ascendía a 1,9 %. Además, el artículo 77, párrafo quinto, del Estatuto fija la edad de jubilación en 66 años, frente a los 63 años anteriores.
11.
No obstante, se estableció un régimen transitorio en el anexo XIII del Estatuto. Así, según el párrafo segundo del artículo 21 de dicho anexo, el funcionario que hubiera entrado en servicio en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 31 de diciembre de 2013 seguirá devengando una tasa anual de acumulación del 1,9 %. Además, el artículo 22, apartado 1, párrafo segundo, del citado anexo dispone que el funcionario que, a día 1 de mayo de 2014, tuviera 35 años (
3
) y hubiera entrado en servicio antes del 1 de enero de 2014, adquirirá el derecho a pensión de jubilación a la edad de 64 años y 8 meses. Por último, el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA prevé que tales disposiciones transitorias «se aplicará[n] por analogía a otros agentes contratados a 31 de diciembre de 2013».
12.
Mediante correo electrónico de 4 de enero de 2016, el recurrente, al albergar dudas sobre las consecuencias que la reforma de 2014 podría tener en su situación tras la firma del contrato de 16 de mayo de 2014, solicitó explicaciones al gestor del sector «Pensiones» de la Unidad 4 de la PMO (en lo sucesivo, «correo electrónico de 4 de enero de 2016»).
13.
Mediante correo electrónico del mismo día, el gestor confirmó al recurrente que sus derechos a pensión habían cambiado debido a la modificación del contrato y que, por consiguiente, en cuanto a él atañía, la edad normal de jubilación y la tasa anual de acumulación de derechos a pensión de jubilación habían pasado, respectivamente, a 66 años y al 1,8 % a partir del 1 de junio de 2014 (en lo sucesivo, «respuesta de 4 de enero de 2016»).
14.
El 4 de abril de 2016, el recurrente presentó una reclamación al amparo del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra la respuesta de 4 de enero de 2016.
15.
Mediante decisión de 25 de julio de 2016, comunicada al recurrente el 26 de julio de 2016, el Director de la Dirección E de la DG Recursos Humanos, en su condición de AFCC, declaró inadmisible la reclamación, con carácter principal, por inexistencia de un acto lesivo para el recurrente y, con carácter subsidiario, la desestimó por infundada (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria de 25 de julio de 2016»).
IV. Procedimiento ante el Tribunal General
16.
Mediante demanda presentada el 7 de noviembre de 2016 en la secretaría del Tribunal General, el recurrente interpuso recurso de anulación contra la respuesta de 4 de enero de 2016 y, en la medida en que fuera necesario, contra la decisión desestimatoria de 25 de julio de 2016. Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal General el 6 de febrero de 2017, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad de dicho recurso.
17.
Mediante resolución de 12 de octubre de 2017, el Presidente de la Sala Tercera decidió suspender el procedimiento hasta que hubiera adquirido fuerza de cosa juzgada la resolución que pusiera fin al proceso en el asunto T‑128/17, Torné/Comisión.
18.
Una vez dictada la sentencia de 14 de diciembre de 2018, Torné/Comisión, (
4
) y al no haberse interpuesto un recurso de casación contra esta última, las partes presentaron sus observaciones sobre las consecuencias de dicha sentencia en el presente asunto en el plazo fijado por el Tribunal General.
19.
Mediante auto de 13 de mayo de 2019, de conformidad con el artículo 130, apartado 7, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General unió al examen del fondo del asunto la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión y reservó la decisión sobre las costas.
20.
A través de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por el recurrente.
21.
El Tribunal General decidió en un primer momento examinar los motivos invocados por el recurrente sin pronunciarse con carácter previo sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión. Para ello, Tribunal General se basó en la jurisprudencia según la cual el juez de la Unión está facultado para apreciar, atendiendo a las circunstancias de cada asunto, si una buena administración de justicia justifica que se desestime el recurso en cuanto al fondo sin pronunciarse previamente sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la parte demandada. (
5
)
22.
Sobre el fondo, el Tribunal General entendió que la Comisión había considerado fundadamente que el contrato de 16 de mayo de 2014 tuvo como consecuencia que el recurrente no pudiera acogerse a la aplicación de las disposiciones transitorias previstas en el anexo XIII del Estatuto, relativas a la tasa anual de acumulación de los derechos a pensión y a la edad de jubilación.
23.
En los apartados 65 a 83 de la sentencia recurrida, el Tribunal General interpretó el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA en el sentido de que las disposiciones transitorias establecidas para los funcionarios en los artículos 21 y 22 (
6
) del anexo XIII del Estatuto, «se aplican por analogía a los otros agentes empleados a 31 de diciembre de 2013».
24.
En particular, el Tribunal General declaró que del tenor de ese artículo se desprende que los artículos 21 y 22 de ese anexo se aplican a los agentes comprendidos en el ámbito de aplicación del ROA en la medida en que sea posible establecer una analogía entre estos últimos y los funcionarios, teniendo en cuenta las características propias de cada una de estas categorías de personal. Tras examinar dichas características el Tribunal General señaló que mientras que el funcionario entra y permanece al servicio de la administración de la Unión en virtud de un acto de nombramiento que se mantiene inalterado durante toda su carrera, un agente contractual entra y permanece en funciones en virtud de un contrato en tanto este produzca sus efectos.
25.
A la luz de tales consideraciones, el Tribunal General interpretó el requisito de estar «empleado a 31 de diciembre de 2013», en el sentido del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA.
26.
En el apartado 81 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que el concepto de «por analogía» recogido en el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA, supone que los agentes se encuentran en una situación análoga a la de los funcionarios. Según el Tribunal General, esta situación solo podrá darse en el caso de que el agente no haya firmado un nuevo contrato que implique el comienzo de una nueva relación laboral con la administración de la Unión. A este respecto, recordó que ya había declarado que una relación laboral entre un agente, por un lado, y la administración de la Unión, por otro, puede mantenerse inalterada, incluso tras la firma de un nuevo contrato formalmente distinto del contrato inicial, siempre que el último contrato no implique una modificación sustancial de las funciones del agente, en particular del grupo de funciones, que pueda cuestionar la continuidad funcional de su relación laboral con la administración de la Unión. (
7
)
27.
Primero, el Tribunal General concluyó de lo anterior que los artículos 21 y 22 del anexo XIII del Estatuto solo se aplican a los otros agentes empleados a 31 de diciembre de 2013 y que lo sigan estando tras esta fecha en virtud de un contrato, hasta que su posición sea examinada a efectos del cálculo de los derechos a pensión.
28.
A continuación, en los apartados 85 a 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal General extrajo las consecuencias de esas apreciaciones para la situación del recurrente. En particular, tras haber examinado los contratos celebrados por este con la Comisión y las características de los puestos para los que había sido contratado, el Tribunal General consideró que el cambio de grupo de funciones puso en entredicho la continuidad funcional de la relación laboral del recurrente con la administración de la Unión. El Tribunal General dedujo de ello que el contrato de 16 de mayo de 2014 había entrañado la cesación de todos los efectos del contrato de 2008 con arreglo al que estaba «empleado a 31 de diciembre de 2013» según el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA y, por tanto, la ruptura de la relación laboral con la administración de la Unión. Así, el Tribunal General estimó que el contrato de 16 de mayo de 2014 había dado lugar a una nueva entrada en funciones a efectos de la aplicación de la citada disposición, de manera que el recurrente no podía acogerse a la aplicación de las disposiciones transitorias relativas a la tasa anual de acumulación de los derechos a pensión y a la edad de jubilación.
29.
Por último, el Tribunal General destacó que esa conclusión no puede quedar ser desvirtuada, entre otras, por la alegación del recurrente según la cual un nuevo contrato no impide acogerse a tales disposiciones transitorias, siempre que no suponga una discontinuidad en la afiliación y la cotización al régimen de pensiones de la Unión. Según el Tribunal General, la aplicación de esas disposiciones a los agentes no puede depender de la afiliación supuestamente ininterrumpida al régimen de pensiones de la Unión, sino de la continuidad funcional de la relación laboral, como se establece en el apartado 81 de la sentencia recurrida.
V. Pretensiones de las partes
30.
El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Anule la sentencia recurrida.
—
Anule la respuesta del 4 de enero de 2016 y, en la medida en que sea necesario, la decisión desestimatoria de 25 de julio de 2016.
—
Condene a la Comisión a cargar con las costas de las dos instancias.
31.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime el recurso de casación.
—
Condene en costas al recurrente.
VI. Sobre el recurso de casación
A.
Sobre la admisibilidad del recurso de casación
1. Alegaciones de las partes
32.
La Comisión sostiene que el recurso de casación es inadmisible porque, en contra de lo que establece el artículo 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el recurrente no identifica con precisión los apartados de la sentencia que impugna.
33.
Dicha institución señala que el recurrente critica la sentencia recurrida en la medida en que entiende que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar en el apartado 90 de esa resolución que, a raíz de la celebración de un nuevo contrato, un agente ya no está «empleado» a 31 de diciembre de 2013 en el sentido del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA. Desde su punto de vista, esa referencia a un único apartado de la sentencia recurrida no cumple las exigencias del artículo 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
34.
Por su parte, el recurrente aduce que en los apartados 25 y 26 de su recurso de casación identificó el error de Derecho cometido por el Tribunal General en el apartado 81 de la sentencia recurrida y que criticó la interpretación del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA realizada por el Tribunal General.
2. Apreciación
35.
Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 168, apartado 1, letra d), y del artículo 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate. (
8
)
36.
Pues bien, ha de señalarse que en los apartados 24 y siguientes de su recurso de casación, el recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en el apartado 81 de la sentencia recurrida en el que interpretó el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA, al declarar que las disposiciones transitorias solo pueden seguir aplicándose a los otros agentes siempre que estos no celebren un nuevo contrato o, si lo hacen, que sigan ejerciendo sustancialmente las mismas funciones.
37.
Además, en su recurso de casación, el recurrente critica los fundamentos que figuran en el apartado 90 de la sentencia recurrida a través de los cuales el Tribunal General se basó expresamente en la interpretación de las disposiciones del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA realizada en el apartado 81 de esa sentencia para considerar que el contrato de 16 de mayo de 2014 había entrañado la cesación de todos los efectos del contrato de 2008 y, por tanto, la ruptura de la relación laboral con la administración de la Unión.
38.
De los elementos anteriores se desprende que el recurrente ha cumplido las exigencias del artículo 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento al identificar con la suficiente precisión, por un lado, los elementos del razonamiento desarrollado por el Tribunal General que censura y, por otro lado, el error de Derecho que pretende invocar en apoyo de su recurso de casación.
39.
Por consiguiente, el recurso de casación es admisible desde mi punto de vista.
B.
Sobre el motivo único
1. Alegaciones de las partes
40.
En apoyo de ese motivo basado en un error de Derecho en la interpretación del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA, el recurrente aduce que el Tribunal General no respetó el ámbito de aplicación de esa disposición no teniendo en cuenta ni los objetivos perseguidos por el legislador de la Unión ni el sistema establecido por el Estatuto y el ROA en el sector específico del régimen de pensiones de la Unión. A este respecto el recurrente sostiene que, como declaró el Tribunal General en la sentencia Torné, la aplicación en el tiempo de las disposiciones transitorias depende de que se mantenga la afiliación al régimen de pensiones y de que se sigan efectuando contribuciones a ese régimen.
41.
Por otro lado, el recurrente afirma que, al considerar que el contrato ha entrañado la ruptura de la relación laboral con la administración de la Unión, el Tribunal General no tuvo en cuenta la continuidad de dicha relación, reconocida en el artículo 86, apartado 2, del ROA, desde la perspectiva de la evolución de la retribución. Por último, destaca que, en el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA, el legislador de la Unión utilizó el concepto de agentes «empleados», mientras que los artículos 4 y 5 del mismo anexo se emplea expresamente la expresión «contratos en vigor» o «contratos vigentes». El recurrente deduce de ello que el legislador no pretendió circunscribir el ámbito de aplicación de las disposiciones transitorias únicamente a los contratos en vigor.
42.
Por su parte la Comisión sostiene que solo puede establecerse una analogía con la situación de los funcionarios si el agente no firma un nuevo contrato que entraña el inicio de una nueva relación laboral. Añade que el recurrente no puede invocar válidamente la sentencia Torné toda vez que esa resolución no versaba sobre la interpretación de las disposiciones del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA, sino sobre las condiciones de aplicabilidad de las disposiciones de los artículos 21 y 22 del anexo XIII del Estatuto a un funcionario que únicamente permanecía en servicio sobre la base de su acto de nombramiento inicial. A este respecto, la citada institución destaca que la situación de un funcionario no es comparable a la de un agente contractual por cuanto este permanece en funciones en tanto el contrato produzca sus efectos. Señala que el Tribunal General llevó a cabo un análisis fáctico detallado del que dedujo que no había continuidad entre el contrato de 2008 y el contrato de 16 de mayo de 2008.
43.
La Comisión arguye asimismo que las disposiciones del artículo 86 del ROA, que invoca el recurrente, carecen de pertinencia a la hora de interpretar la expresión «estar empleado a 31 de diciembre de 2013» utilizada en el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA. Por último, dicha institución estima que la diferencia terminológica entre ese artículo y los artículos 4 y 5 del anexo del ROA se explica porque tienen distinto objeto: el primero versa sobre la aplicación de las medidas transitorias y los segundos sobre la renovación de contratos.
2. Apreciación
a) Observaciones preliminares
44.
Las modificaciones de la tasa anual de acumulación de derechos a pensión y de la edad de jubilación introducidas por el Reglamento n.o 1023/2013 responden al objetivo de mantener el equilibrio actuarial del sistema de pensiones y tener en cuenta la evolución de la estructura de edad del personal de las instituciones de la Unión. (
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) Dicho esto, en los artículos 21 y 22 del anexo XIII del Estatuto, el legislador de la Unión instauró, a favor de los funcionarios que hubieran entrado en servicio antes del 1 de enero de 2014, un régimen transitorio que les permite acogerse a la tasa de acumulación de derechos a pensión prevista en los textos anteriores y que fija de forma gradual la edad en la que el funcionario tiene derecho a una pensión de jubilación. A tenor del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA, «el artículo 21[ y] el artículo 22, con excepción del apartado 4, […] de ese anexo se aplicarán por analogía a los otros agentes empleados a 31 de diciembre de 2013».
45.
Para determinar el sentido y el alcance de esa analogía entre funcionarios y agentes sujetos al ROA, el Tribunal General examinó las características propias de cada una de esas categorías de personal. Más concretamente, en la sentencia recurrida declaró, en esencia que mientras que el funcionario entra y permanece al servicio de la administración de la Unión en virtud de un vínculo estatutario constituido mediante un acto de nombramiento que se mantiene inalterado hasta el cese en su cargo, un agente contractual entra y permanece en funciones en virtud de un vínculo contractual. Apoyándose en esa distinción, el Tribunal General entendió que las disposiciones transitorias se aplican por analogía a los otros agentes empleados a 31 de diciembre de 2013 y que lo sigan estando tras esta fecha bien en virtud de un contrato celebrado con anterioridad, bien en virtud de un nuevo contrato cuando dicho acuerdo no entrañe una interrupción en las funciones que desempeña el agente.
46.
Dicho de otro modo, el Tribunal General decidió que, en relación con los agentes contractuales, el criterio relativo a la continuidad sustancial en las funciones determinaba la aplicación en el tiempo de las disposiciones transitorias recogidas en el Reglamento n.o 1023/2013.
47.
Desde mi punto de vista, no obstante, esa interpretación, que encuentra su principal fundamento en la diferencia entre el Estatuto de los funcionarios y el régimen de los otros agentes, no permite aprehender plenamente el sentido y alcance de las disposiciones del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA.
48.
A este respecto, recuerdo que, conforme a jurisprudencia reiterada, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión no solo debe tenerse en cuenta su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (
10
)
49.
En tal sentido ha de señalarse que, en lo que respecta a las disposiciones transitorias, el ROA no incluye ninguna definición de la expresión «estar empleado». Además, el término «analogie», (
11
) que suele definirse en lengua francesa como «sorte de rapport, de ressemblance dans l’ordre physique, intellectuel ou moral qui existe à certains égards entre deux ou plusieurs choses différentes», (
12
) no tiene, en sí, un carácter suficientemente significativo para fundamentar la interpretación de las disposiciones transitorias recogidas en el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA.
50.
Es pues necesario recurrir a la interpretación teleológica y contextual para analizar dichas disposiciones transitorias.
b) Sobre la interpretación teleológica
51.
Aunque el legislador de la Unión pretendió adaptar el régimen de las pensiones de jubilación de los funcionarios y de los otros agentes del personal, deseó combinar esta reforma con otras medidas complementarias teniendo en cuenta los derechos a pensión ya adquiridos por el personal. (
13
) Ese objetivo está expresamente plasmado en el considerando 29 del Reglamento n.o 1023/2013, que tiene el siguiente tenor: «debe preverse un régimen transitorio que permita que las nuevas normas y medidas se vayan aplicando gradualmente, al tiempo que se respetan los derechos adquiridos y las expectativas legítimas del personal empleado antes de la entrada en vigor de estas modificaciones del Estatuto».
52.
Pues bien, a mi parecer ese considerando es un elemento pertinente de interpretación de las disposiciones transitorias recogidas en el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA.
53.
A este respecto ha de señalarse, en primer lugar, que, situado tras la exposición de todas las modificaciones introducidas en el Estatuto y en el ROA por el Reglamento n.o 1023/2013, resulta evidente que ese considerando guarda relación con todas las disposiciones transitorias establecidas en dicho Reglamento, entre ellas, las relativas a las pensiones de jubilación. A continuación, es preciso indicar que del uso de la expresión «personal empleado», que tiene carácter genérico, se desprende que, en lo que respecta a los objetivos declarados en el considerando 29, el legislador de la Unión no ha establecido distinción alguna entre funcionarios y otros agentes a los que se aplica el ROA.
54.
Deduzco de ello que, al igual que las disposiciones de los artículos 21 y 22 del anexo XIII del Estatuto, las del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA deben interpretarse a la luz de los objetivos relativos al respeto de los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de los otros agentes de la Unión Europea que están empleados desde antes del 1 de enero de 2014. (
14
)
55.
Por otra parte, aunque ese planteamiento permite delimitar mejor los objetivos perseguidos por el legislador, no puede disociarse del análisis del sistema general del régimen de jubilación en el que se insertan las disposiciones transitorias.
c) Sobre la interpretación contextual
56.
Las prestaciones abonadas en virtud del régimen de pensiones están definidas en el título V, capítulo 3, del Estatuto y en su anexo VIII. De conformidad con esas disposiciones, el artículo 83, apartado 1, de dicho Estatuto dispone que el pago de las prestaciones previstas en el sistema de pensiones se hará con cargo al presupuesto de la Unión y que los Estados miembros garantizarán colectivamente el pago de estas prestaciones. Además, el artículo 83 bis y el anexo XII del citado Estatuto definen las reglas actuariales de cálculo de la tasa de contribución que permite garantizar el equilibro del sistema de pensiones.
57.
El régimen de pensiones de los agentes contractuales está regulado en los artículos 109 y 110 del ROA. Así, según el artículo 109, apartado 1, primera frase, del ROA: «a partir del cese en sus funciones, los agentes contractuales tendrán derecho a pensión de jubilación, a la transferencia del equivalente actuarial o a la indemnización por cese en el servicio en las condiciones previstas en las disposiciones del capítulo 3 del título V del Estatuto».
58.
Por lo tanto, del propio tenor de esos textos se desprende que los regímenes de pensiones de los funcionarios y de los agentes contractuales obedecen a normas comunes.
59.
A grandes rasgos, el régimen de pensiones, según está definido en esas normas, está concebido como un fondo nocional con prestaciones definidas en el que las contribuciones del personal se destinan a financiar sus futuras pensiones. Tales contribuciones cubren el coste de los derechos a pensión adquiridos durante un año determinado y no están vinculadas en modo alguno a los gastos incurridos en ese año en concepto de pago de pensiones.
60.
El funcionamiento de ese fondo se basa en el principio de equilibrio actuarial en virtud del cual, de conformidad con el artículo 83, apartado 2, del Estatuto, las contribuciones del personal deben cubrir un tercio de los derechos adquiridos durante el año en cuestión, que corresponde a las pensiones que habrá que pagar a los funcionarios tras su jubilación. (
15
) La tasa de contribución a cargo de los funcionarios es objeto de la evaluación periódica prevista en el anexo XII del Estatuto, encaminada a garantizar que las cotizaciones financian un tercio del coste del régimen. (
16
)
61.
De lo anterior resulta que, tanto para los funcionarios a los que se aplica el Estatuto como a los otros agentes, comprendidos en el ámbito de aplicación del ROA, el régimen de pensiones de jubilación del personal de la Unión se fundamenta en el pago, por parte de estos, de una contribución actualizada que tiene por efecto otorgar derechos a pensión para un año determinado. Pues bien, desde mi punto de vista, la existencia de semejante régimen común, basado en el pago de cotizaciones, permite aclarar la interpretación del término «analogía» que figura en el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA.
62.
En efecto, a la luz del contexto en el que se enmarca ese artículo, estimo que la aplicación por analogía de los artículos 21 y 22 del anexo XIII del Estatuto no puede estar supeditada al requisito de que se aprecie la continuidad sustancial de las funciones que desempeña un agente contractual. Por contrario considero que, según debe entenderse a la luz del sistema contributivo de jubilación organizado por el legislador de la Unión a favor de los funcionarios y de los agentes a los que se aplica el ROA, esa aplicación debe basarse en el criterio de continuidad de la afiliación al régimen de pensiones.
63.
Deduzco de ello que, en el sentido de las disposiciones transitorias recogidas en el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA, debe considerarse que está «empleado a 31 de diciembre de 2013» todo agente contractual que haya sido contratado antes de esa fecha y que haya mantenido su afiliación al régimen de pensiones de la Unión y haya seguido pagando sus cuotas para ese régimen, careciendo de importancia a tal efecto que haya celebrado posteriormente un contrato que haya modificado sustancialmente sus funciones.
64.
Conviene añadir que esa interpretación es la única susceptible de captar el sentido y alcance de las disposiciones del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA, pues permite colocar a los agentes contractuales en una situación análoga a la de los funcionarios que, habiendo entrado en servicio antes del 1 de enero de 2014 y pagado de forma continuada las cuotas del régimen de jubilación, pueden acogerse a las disposiciones transitorias recogidas en los artículos 21 y 22 del anexo XIII del Estatuto. (
17
)
65.
Por otra parte, el análisis que propongo al Tribunal de Justicia que adopte no queda desvirtuado en modo alguno por la referencia contenida en el apartado 81 de la sentencia recurrida a la sentencia EMA/Drakeford. En efecto, como señala acertadamente el Sr. Picard, esa sentencia guarda relación con la recalificación de contratos de duración determinada celebrados de forma sucesiva con agentes temporales, prevista en el artículo 8, apartado 1, del ROA. En ese caso, el Tribunal General se basó en el criterio relativo a la continuidad sustancial de las funciones desempeñadas por un agente temporal para determinar si, mediante la renovación de contratos de duración determinada, la administración había pretendido en realidad cubrir un puesto permanente. A mi juicio esta solución, que se fundamenta en el sistema propio de las disposiciones del artículo 8, apartado 1, del ROA, carece de relevancia para la interpretación de las medidas transitorias previstas en materia de pensiones de jubilación por el Reglamento n.o 1023/2013.
66.
A la luz de todas las observaciones anteriores, considero que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al desestimar el recurso de anulación contra la respuesta del 4 de enero de 2016 debido a que las disposiciones transitorias recogidas en el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA se aplican por analogía a los agentes contractuales empleados a 31 de diciembre de 2013 y que lo sigan estando, después de esa fecha, en virtud de un contrato que no dé lugar a una discontinuidad en la relación laboral.
67.
Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare fundado el motivo único y, por consiguiente, anule la sentencia recurrida.
VII. Sobre el recurso ante el Tribunal General
68.
En virtud del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este último, en caso de que el recurso de casación sea fundado y anule y la resolución del Tribunal General, podrá resolver él mismo definitivamente el litigio cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
69.
A este respecto conviene recordar que la Comisión propuso ante el Tribunal General una excepción de inadmisibilidad del recurso basada en la inexistencia de un acto lesivo en el sentido del artículo 90 del Estatuto. Basándose en consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (
18
) el Tribunal General declaró, en aras de la economía procesal, que procedía examinar en primer término los motivos invocados por el recurrente, sin pronunciarse previamente sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión pues, en cualquier caso, el recurso era infundado. De ello resulta que, para pronunciarse sobre el litigio, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse primero sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión y a continuación, en su caso, examinar el fundamento del recurso del recurrente.
70.
Pues bien, desde mi punto de vista el Tribunal de Justicia puede examinar todas esas cuestiones en la medida en que, por un lado, la exposición de los hechos probados necesarios para adoptar una decisión es completa y suficiente y, por otro lado, los elementos del litigio se han discutido en un debate contradictorio ante el Tribunal General (
19
) y el Tribunal de Justicia. Ha de añadirse que redunda en interés del recurrente, que presentó su demanda ante el Tribunal General el 7 de noviembre de 2016, obtener rápidamente una resolución judicial.
A.
Sobre la admisibilidad del recurso
1. Alegaciones de las partes
71.
En apoyo de su excepción de inadmisibilidad, la Comisión aduce que la respuesta del 4 de enero de 2016, que reviste la forma de un correo electrónico, no puede constituir un acto lesivo dado que su único objeto es proporcionar información al recurrente sobre una disposición estatutaria. A este respecto señala que dicha respuesta va acompañada de una advertencia en la que se indica que el mensaje tiene carácter meramente informativo. Añade que, al haber sido remitida por un compañero del recurrente transcurrido muy poco tiempo desde que se presentó la correspondiente solicitud, la respuesta del 4 de enero de 2016 no fue precedida de ningún estudio previo indispensable para adoptar un acto lesivo.
72.
La Comisión aduce asimismo que las disposiciones estatutarias relativas a la tasa de acumulación de derechos a pensión de jubilación y a la edad de jubilación no surtirán efecto concreto hasta la fecha en la que el agente se jubile. Considera que el recurrente no puede exigir que se fijen por anticipado ciertos elementos de sus derechos a pensión sobre todo teniendo en cuenta que esas disposiciones pueden modificarse hasta la fecha de su jubilación. La Comisión deduce de ello que el único acto que puede resultar lesivo para el Sr. Picard será la decisión definitiva que se adopte cuando se jubile.
73.
Por su parte, el Sr. Picard arguye que la administración estaba obligada a fijar de forma anticipada los elementos para el cálculo de su pensión dado que eran conocidos y ya no eran susceptibles de modificación en el momento el que presentó su solicitud. Añade que la respuesta del 4 de enero de 2016 afectó de forma directa e inmediata sus derechos a pensión de manera que disponía de un interés legítimo, existente y actual, en que se fijase judicialmente un dato incierto de su situación.
74.
El recurrente también señala que, en la sentencia Torné, el Tribunal General declaró que las disposiciones estatutarias deben interpretarse en el sentido de que imponen de forma implícita a la institución afectada que adopte inmediatamente una decisión sin esperar al cese definitivo de las funciones del interesado. Asimismo, alega que en el apartado 49 de esa sentencia el Tribunal General declaró que había sido la nota controvertida por la que se fijaba la fecha de entrada en servicio de la demandante la que le había resultado lesiva, no la aplicación que se haría de ella para calcular sus derechos a pensión en el momento de la liquidación de su pensión de jubilación.
2. Apreciación
75.
Conviene recordar que, según los hechos probados, el Sr. Picard interpuso una reclamación sobre la base del artículo 90, apartado 2, del Estatuto contra la respuesta del 4 de enero de 2016. La AFCC, competente para conocer de la reclamación, rechazó esa solicitud mediante decisión de 25 de julio de 2016 de la DG Recursos Humanos, con carácter principal, por inexistencia de un acto lesivo y, con carácter subsidiario, por infundada.
76.
Ante el Tribunal General, el Sr. Picard interpuso un recurso de anulación contra la respuesta de 4 de enero de 2016 y, «en la medida en que sea necesario», contra la decisión desestimatoria de 25 de julio de 2016.
77.
Según lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto, un funcionario solo puede impugnar los actos de las instituciones que le sean lesivos. El artículo 91, apartado 1, del Estatuto, prevé, en esencia, que la admisibilidad del recurso está asimismo supeditada a que se cumpla ese requisito. Por otra parte, según el artículo 117 del ROA, las disposiciones relativas a las vías de recurso recogidas en el Estatuto, entre ellas, las que acabo de citar, se aplican por analogía a los agentes contractuales.
78.
De lo anterior se desprende que para determinar si el recurso del Sr. Picard es admisible ha de comprobarse si la respuesta del 4 de enero de 2016 es un acto que le resulta lesivo, en el sentido de las disposiciones antes citadas.
79.
Sobre esta cuestión procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, únicamente son lesivos y pueden recurrirse en anulación actos o medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar directa e inmediatamente a los intereses de la parte demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica. (
20
) Esa definición de acto lesivo en materia de función pública no es distinta, por lo demás, de la adoptada por el Tribunal de Justicia para definir los «actos recurribles», a efectos del artículo 263 TFUE, (
21
) de manera que la jurisprudencia desarrollada en relación con ese artículo puede aplicarse, mutatis mutandis, al presente asunto.
80.
Para determinar si un acto impugnado produce efectos obligatorios, hay que atenerse al contenido esencial de dicho acto y apreciar esos efectos en función de criterios objetivos, como el contenido de ese mismo acto, tomando en consideración, en su caso, el contexto en el que se adoptó y las facultades de la institución que fue su autora. (
22
)
81.
Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que los actos preparatorios, los actos de mera ejecución, las simples recomendaciones y los dictámenes y, en principio, las instrucciones internas no se consideran actos que producen efectos obligatorios. (
23
)
82.
De conformidad con lo anterior, para determinar si un acto es lesivo es preciso atenerse únicamente a su contenido, de manera que su soporte formal carece de importancia. (
24
) Infiero de ello que, en el presente asunto, el hecho de que la respuesta del 4 de enero de 2016 revistiera la forma de un correo electrónico no basta para excluir que sea un acto lesivo y sigue siendo pues necesario analizar su contenido para determinar su naturaleza jurídica.
83.
A este respecto, es preciso señalar, sobre la base de los hechos incontrovertidos de este asunto que, mediante un correo electrónico de 4 de enero de 2016, el Sr. Picard se dirigió al gestor del sector «Pensiones» de la Unidad 4 del PMO para saber si sus derechos a pensión se habían visto modificados como consecuencia de la firma del contrato de 16 de mayo de 2014.
84.
Mediante un correo electrónico del mismo día, el gestor respondió al Sr. Picard que sus derechos a pensión «habían cambiado debido a la modificación del contrato», de manera que la «edad normal de jubilación ha pasado efectivamente a ser los 66 años» y que «en lo que respecta al porcentaje de derechos a pensión acumulados anualmente, este pasa a ser del 1,8 %/año a partir del 01/06/2014». El autor del correo finaliza el mensaje con la siguiente frase «espero que esa información le resulte útil».
85.
Desde mi punto de vista, más allá de las cautelas semánticas que figuran en la respuesta del 4 de enero de 2016, tales circunstancias me llevan a pensar que, debido a su contenido, ese correo electrónico no puede considerarse de carácter meramente informativo. A este respecto, ha de señalarse que el gestor del sector «Pensiones» de la Unidad 4 del PMO recibió una solicitud de información concreta del Sr. Picard y respondió a ella, en su condición de tal, indicándole, de manera igualmente precisa, que, a consecuencia de la celebración de un nuevo contrato, su edad de jubilación se había postergado hasta los 66 años y que la tasa de acumulación de derechos a pensión se había reducido.
86.
Sin embargo, ese análisis no basta, por sí solo, para considerar que el recurso del Sr. Picard es admisible. Para responder a los argumentos invocados por la Comisión es preciso determinar si la respuesta del 4 de enero de 2016 resulta lesiva, el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto o si la única decisión que puede ser recurrida es aquella en la que se fijen de forma definitiva los derechos a pensión del Sr. Picard en la fecha en la que este se jubile.
87.
Sobre esta cuestión de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las medidas intermedias que expresen la opinión provisional de una institución, no constituyen, en principio, actos que puedan ser objeto de un recurso de anulación. (
25
) En efecto, en tal supuesto, las posibles ilegalidades de que estuvieran viciadas las medidas provisionales pueden invocarse en apoyo del recurso dirigido contra el acto definitivo. (
26
)
88.
Dicho esto, la constatación de que un acto de una institución constituye un trámite intermedio que no expresa la posición definitiva de una institución no basta para demostrar, de manera sistemática, que ese acto no constituye un «acto recurrible». De esta manera, un acto de trámite que produzca efectos jurídicos autónomos es susceptible de recurso de anulación si no puede ponerse remedio a la ilegalidad de que dicho acto adolece con ocasión de un recurso interpuesto contra la decisión definitiva de la que constituye una fase de elaboración. Por lo tanto, cuando la impugnación de la legalidad de un acto de trámite en el marco de un recurso de este tipo no garantiza una tutela judicial efectiva al recurrente contra los efectos de dicho acto, este debe poder ser objeto de un recurso de anulación. (
27
)
89.
Considero que esa jurisprudencia puede extrapolarse al presente asunto para comprobar si la respuesta del 4 de enero de 2016 puede ser objeto de un recurso de anulación. A este respecto ha de señalarse que, en esa respuesta, se indica en particular al Sr. Picard que, debido al cambio de contrato, la edad de jubilación pasa a ser 66 años. Pues bien, si el recurrente estuviera obligado a alcanzar la edad indicada en esa respuesta para jubilarse e impugnar la decisión definitiva que se adopte en esa fecha por la que se fijen sus derechos a pensión de jubilación, quedaría privado de cualquier recurso efectivo que le permitiera invocar que, en virtud de las disposiciones transitorias recogidas en el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA, debería haber tenido derecho a una pensión de jubilación a partir de los 63 años.
90.
En consecuencia, la respuesta del 4 de enero de 2016 produce efectos jurídicos autónomos en la medida en que puede tener efectos irreversibles que afectan directa e inmediatamente a la situación jurídica del Sr. Picard que no pueden subsanarse con la interposición de un recurso contra la decisión definitiva que se adopte en el momento de la jubilación del interesado.
91.
En estas circunstancias, considero que, ante el riesgo de privar al Sr. Picard de una tutela judicial efectiva, esa respuesta debe considerarse un acto lesivo en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
92.
Por consiguiente, a la luz de todas las consideraciones anteriores, estimo que procede declarar la admisibilidad del recurso interpuesto por el Sr. Picard.
B.
Sobre el carácter fundado del recurso
93.
Si el Tribunal de Justicia acepta el razonamiento que le propongo que adopte para examinar el motivo único, el recurso del Sr. Picard debería estimarse. En efecto, de los elementos que obran en autos se desprende que desde el 1 de julio de 2008, fecha de su contratación inicial como agente contractual, el recurrente ha trabajado de forma ininterrumpida para la Unión y ha contribuido al régimen de pensiones.
94.
En consecuencia, debe entenderse que el Sr. Picard estaba empleado a 31 de diciembre de 2013 en el sentido del artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA y debe beneficiarse, por consiguiente, del mantenimiento de la tasa anual de acumulación de derechos a pensión y de la edad de jubilación en las condiciones y modalidades previstas en las disposiciones transitorias del Reglamento n.o 1023/2013.
95.
Por lo tanto, propongo al Tribunal de Justicia que anule la respuesta del 4 de enero de 2016 y la decisión desestimatoria de 25 de julio de 2016.
VIII. Costas
96.
A tenor el artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
97.
Conforme al artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
98.
En el presente asunto, el recurrente solicitó al Tribunal de Justicia que, tras examinar el asunto, estimara sus pretensiones en primera instancia y condenara a la Comisión a cargar con las costas de las dos instancias.
99.
Dado que las pretensiones de la Comisión han sido rechazadas y que el Sr. Picard ha solicitado su condena en costas, procede condenar a dicha institución a soportar, además de sus propias costas en ambas instancias, las soportadas por el recurrente ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General.
IX. Conclusión
100.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:
1)
Anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de marzo de 2021, Picard/Comisión (T‑769/16, EU:T:2021:153).
2)
Desestime la excepción de inadmisibilidad del recurso del Sr. Picard propuesta por la Comisión Europea ante el Tribunal General.
3)
Anule la respuesta del 4 de enero de 2016 redactada por el gestor del sector «Pensiones» de la Unidad 4 de la Oficina «Gestión y Liquidación de Derechos Individuales» según la cual la edad normal de jubilación y la tasa anual de acumulación de derechos a pensión del Sr. Picard habían pasado, respectivamente, a 66 años y al 1,8 % a partir del 1 de junio de 2014.
4)
Anular la decisión de 25 de julio de 2016 del Director de la Dirección E de la Dirección General de Recursos Humanos de la Comisión, en su condición de autoridad facultada para celebrar los contratos, por la que se rechazó la reclamación presentada por el Sr. Picard contra la respuesta del 4 de enero de 2016.
5)
Condenar a la Comisión Europea a cargar, además de con sus propias costas en ambas instancias, las soportadas por el recurrente ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General.
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	DO 2013, L 287, p. 15.
(
3
)	Se trata de la edad del recurrente en aquella fecha.
(
4
)	T‑128/17, en lo sucesivo, «sentencia Torné, EU:T:2018:969.
(
5
)	A tal efecto, el Tribunal General se basó en las sentencias de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2002:118), apartados 50 a 52, y de 13 de enero de 2017(Deza/ECHA, T‑189/14, EU:T:2017:4), apartado 26.
(
6
)	A excepción del apartado 4 de este artículo 22.
(
7
)	A tal efecto, el Tribunal General se refirió a la sentencia de 16 de septiembre de 2015, EMA/Drakeford (T‑231/14 P, en lo sucesivo, «sentencia EMA/Drakeforf, EU:T:2015:639), apartado 40.
(
8
)	Sentencia de 24 de marzo de 2022, GVN/Comisión (C‑666/20 P, no publicada, EU:C:2022:225), apartado 51 y jurisprudencia citada.
(
9
)	Esos objetivos, que ya se habían declarado en la exposición de motivos de la Propuesta de Reglamento elaborada por la Comisión (DO 2012, C 102, p. 19), se enuncian en los considerandos 14 y 15 del Reglamento n.o 1023/2013.
(
10
)	Véase, en ese sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2022, WV/SEAE (C‑162/20 P, EU:C:2022:153), apartado 92 y jurisprudencia citada.
(
11
)	Ese término se encuentra, en particular, en las versiones lingüísticas alemana: «sinngemäß», estonia: «analoogia», española: «analogía», italiana: «analogia» y polaca: «analogii».
(
12
)	Esa definición es la que figura en la octava edición (París, 1935) del Dictionnaire de l’Académie française [cuya traducción al español es «tipo de relación, de semejanza en el orden físico, intelectual o moral que existe en ciertos aspectos entre dos o más cosas diferentes»]. El Dictionnaire Larousse (París, 1977) define la palabra «analogie» en los siguientes términos: «Rapport, ressemblance d’une chose avec une autre» [cuya traducción al español es «relación, parecido de una cosa con otra»].
(
13
)	Por lo demás, esa voluntad de respetar los derechos adquiridos antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones ya se había manifestado en la exposición de motivos de la Propuesta de Reglamento elaborada por la Comisión (DO 2012, C 102, p. 19).
(
14
)	Además, no creo que esa interpretación quede desvirtuada por el hecho de que en el considerando 29 del Reglamento n.o 1023/2013 se mencione únicamente el «Estatuto» pues las medidas transitorias previstas en el artículo 1, apartado 1, del anexo del ROA remiten directamente a los artículos 21 y 22 del anexo XIII del Estatuto.
(
15
)	Los otros dos tercios de la contribución al régimen de pensiones constituyen una deuda frente al personal que el presupuesto de la Unión debe liquidar a medida que los trabajadores se van jubilando.
(
16
)	Para una exposición general del sistema en el que se basa el régimen de pensiones de jubilación de los funcionarios y agentes contractuales de la Unión, véase: Pilorge-Vrancken, J., Droit de la fonction publique de l’Union européenne, Bruylant, Éditions juridiques, 2017, pp. 151 y ss. y p. 254.
(
17
)	A este respecto conviene señalar que en la sentencia Torné, para interpretar los artículos 21 y 22 del anexo XIII del Estatuto, el Tribunal General se basó esencialmente en el criterio de la continuidad de la afiliación del funcionario desde su entrada en servicio.
(
18
)	Véanse, en tal sentido, las sentencias de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2002:118), apartados 50 a 52, y de 21 de diciembre de 2016, Club Hotel Loutraki y otros/Comisión (C‑131/15 P, EU:C:2016:989), apartados 67 y 68 y jurisprudencia citada.
(
19
)	A este respecto observo que, como atestiguan los escritos presentados por las partes ante el Tribunal General y la transcripción de la vista celebrada ante dicho órgano jurisdiccional, la admisibilidad del recurso interpuesto por el Sr. Picard fue ampliamente debatida ante el Tribunal General.
(
20
)	Véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de octubre de 2021, KF/CSUE (C‑464/20 P, no publicada, EU:C:2021:848), apartado 26 y jurisprudencia citada.
(
21
)	Véanse, en lo que respecta a la definición de «actos recurribles» en el sentido del artículo 263 TFUE, las sentencias de 25 de febrero de 2021, VodafoneZiggo Group/Comisión (C‑689/19 P, EU:C:2021:142), apartado 48 y jurisprudencia citada, y de 22 de abril de 2021, thyssenkrupp Electrical Steel y thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Comisión (C‑572/18 P, EU:C:2021:317), apartado 46 y jurisprudencia citada.
(
22
)	Véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, Poggiolini/Parlamento (C‑408/20 P, EU:C:2021:806), apartado 32 y jurisprudencia citada.
(
23
)	Véase la sentencia de 22 de abril de 2021, thyssenkrupp Electrical Steel y thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Comisión (C‑572/18 P, EU:C:2021:317), apartado 47 y jurisprudencia citada.
(
24
)	Al igual que una nómina mensual puede traslucir la existencia de una decisión. Véanse, en ese sentido, las sentencias de 15 de junio de 1976, Wack/Comisión (1/76, EU:C:1976:91), apartado 5, y de 30 de septiembre de 1986, Delhez y otros/Comisión (264/83, EU:C:1986:344), apartado 20 y jurisprudencia citada. Siguiendo la misma lógica, se considera acto lesivo una conversación en la que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos manifestó su decisión de no seguir adelante con el procedimiento de nombramiento de un funcionario para un puesto vacante. Véase, en ese sentido, la sentencia de 9 de febrero de 1984, Kohler/Tribunal de Cuentas (316/82, EU:C:1984:49), apartados 9 a 13.
(
25
)	Véase, en tal sentido, la sentencia de 3 de junio de 2021, Hungría/Parlamento (C‑650/18, EU:C:2021:426), apartados 43 y 44 y jurisprudencia citada.
(
26
)	Véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de abril de 2021, thyssenkrupp Electrical Steel y thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Comisión (C‑572/18 P, EU:C:2021:317), apartado 50 y jurisprudencia citada.
(
27
)	Véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, Poggiolini/Parlamento (C‑408/20 P, EU:C:2021:806), apartados 38 y 39, y jurisprudencia citada.