62024CC0401
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANDREA BIONDI
presentadas el 5 de junio de 2025 (
1
)
Asunto C‑401/24
Staten genom Sjöfartsverket
contra
Stockholms Hamn Aktiebolag
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo, Suecia)]
«Procedimiento prejudicial — Ayudas otorgadas por los Estados miembros — Artículo 107 TFUE, apartado 1 — Concepto de “empresa” — Concepto de “ayuda” — Concepto de “ayuda existente” y de “nueva ayuda” — Compensación abonada con arreglo a un acuerdo celebrado antes de la adhesión de Suecia a la Unión Europea por una autoridad estatal a una empresa municipal para compensar la pérdida de ingresos derivada de la supresión de las tarifas por el uso de una esclusa»
I. Introducción
1.
La presente petición de decisión prejudicial suscita varias cuestiones relativas, por una parte, al concepto de «ayuda», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y, por otra parte, al concepto de «ayuda existente” y de «nueva ayuda», en el sentido del Reglamento (UE) 2015/1589. (
2
) El examen de esas cuestiones lleva, en particular, a preguntarse acerca de la línea divisoria entre las actividades que son económicas, comprendidas en el ámbito de aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, y las que no lo son, que están excluidas de dicho ámbito de aplicación. En los últimos años se han multiplicado las resoluciones del Tribunal de Justicia y del Tribunal General sobre esta problemática, no solo en sectores que suelen estar comprendidos dentro de las funciones esenciales del Estado, como la seguridad social, la asistencia sanitaria o la educación, en los que prevalecen factores sociales, asistenciales y de solidaridad, sino también en ámbitos de actuación estatal en los que, en principio, rige la lógica comercial, como, por ejemplo, las infraestructuras y, en particular, las de transporte y portuarias. (
3
)
2.
Las referidas cuestiones se suscitan en el marco de un litigio que enfrenta al Staten genom Sjöfartsverket (Estado sueco, a través de la Agencia Marítima sueca; en lo sucesivo, «Sjöfartsverket») con Stockholms Hamn Aktiebolag (en lo sucesivo, «Stockholms Hamn»), sociedad de titularidad municipal enteramente participada por el Ayuntamiento de Estocolmo, que explota la esclusa de Hammarby. El litigio principal puede resumirse del siguiente modo. La Sjöfartsverket es una autoridad estatal responsable del paso por el canal de Södertälje. Hasta 1979, la activación de la esclusa en ese canal y el paso por la esclusa de Hammarby estaban sujetas al pago de una tarifa que percibían, respectivamente, la Sjöfartsverket y el Ayuntamiento de Estocolmo. Tanto el canal de Södertälje como la esclusa de Hammarby conectan el mar Báltico con el lago Mälar, el tercero más grande de Suecia. Las tarifas aplicadas por la Sjöfartsverket y el Ayuntamiento de Estocolmo se coordinaban para garantizar que su nivel no afectara a la distribución del tráfico en ambas rutas. En un proyecto de ley adoptado el 26 de octubre de 1978, las autoridades suecas decidieron suprimir algunas tarifas por el uso del canal de Södertälje y, con el fin de garantizar la coordinación entre tarifas, eliminar también las tarifas correspondientes por el paso por la esclusa de Hammarby, previendo a tal efecto una compensación a favor del Ayuntamiento de Estocolmo por la consiguiente pérdida de ingresos. En 1979, la Sjöfartsverket y el Ayuntamiento de Estocolmo celebraron un acuerdo a tal efecto (en lo sucesivo, «acuerdo de compensación») en virtud del cual, el segundo se comprometía a no cobrar la tarifa por el paso por la esclusa de Hammarby más que a las embarcaciones de recreo, a cambio de una compensación anual abonada por la primera, vinculada al volumen de tráfico y al nivel de las tarifas aplicables en aquel momento (en lo sucesivo, «compensación de que se trata»). Conforme a ese acuerdo, la cuantía de esa compensación debía actualizarse anualmente con arreglo al índice de precios al consumo. El acuerdo se prorrogaba por períodos de cinco años, salvo que se resolviera con un preaviso mínimo de seis meses. Para cada nuevo período quinquenal debía fijarse un nuevo importe anual de compensación basado en los cambios que se hubieran producido en el volumen de tráfico en la esclusa de Hammarby durante el anterior período de vigencia. La compensación prevista en el acuerdo se abonó inicialmente al Ayuntamiento de Estocolmo y, a partir de principios de los años noventa, a Stockholms Hamn.
3.
La Sjöfartsverket puso fin al acuerdo en 2021. (
4
) Actualmente pende ante los órganos jurisdiccionales suecos una controversia relativa a esta finalización del acuerdo. El 4 de mayo de 2023, la Sjöfartsverket presentó una demanda ante el Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo, Suecia) contra Stockholms Hamn, solicitando la devolución de un importe igual a 38086436 SEK (coronas suecas), más los intereses, por los pagos que efectuó en virtud del acuerdo de compensación dentro del plazo nacional de prescripción de diez años a contar desde la fecha de presentación de la demanda (en lo sucesivo, «período pertinente»). La Sjöfartsverket sostiene que la compensación de que se trata ha conferido a Stockholms Hamn una ventaja mediante fondos estatales que puede calificarse como ayuda de Estado. Stockholms Hamn arguye que la actividad de explotación de la esclusa de Hammarby no es una actividad económica a la que se apliquen las disposiciones de la Unión en materia de ayudas de Estado. En cualquier caso, señala que, mediante el acuerdo de compensación, tiene encomendada la gestión de un servicio de interés económico general (SIEG). A su entender, aunque la compensación prevista en el acuerdo pudiera calificarse de ayuda de Estado, se trataría, de todos modos, de una ayuda existente con arreglo al artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento 2015/1589, pues fue concedida antes de la adhesión de Suecia a la Unión. En estas circunstancias, el Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo) decidió suspender el procedimiento y plantear las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el criterio del favorecimiento establecido en el artículo 107 [TFUE, apartado 1,] en el sentido de que la compensación anual abonada con fondos estatales por una autoridad estatal a una sociedad anónima municipal en virtud de un acuerdo que tiene por objeto compensar la asunción por esa sociedad de la obligación de prestar gratuitamente un determinado servicio —en el presente asunto, dar paso por una esclusa— que, hasta la celebración del acuerdo, había estado sujeto al pago de una tarifa
a)
constituye en su conjunto una ayuda que falsea o amenaza falsear la competencia al favorecer al beneficiario,
b)
constituye una ayuda que falsea o amenaza falsear la competencia al favorecer al beneficiario en la medida en que la compensación supere los anteriores ingresos anuales del beneficiario procedentes de las tarifas por la prestación del servicio, teniendo en cuenta las variaciones, por ejemplo, del índice de precios al consumo y del volumen de tráfico en la esclusa,
c)
constituye una ayuda que falsea o amenaza falsear la competencia al favorecer al beneficiario en la medida en que la compensación supere los costes anuales del beneficiario por la prestación del servicio,
d)
constituye una ayuda que falsea o amenaza falsear la competencia al favorecer al beneficiario sobre la base de algún otro modelo de cálculo,
e)
no constituye en ninguna medida una ayuda que falsee o amenace falsear la competencia al favorecer al beneficiario?
2)
Un acuerdo sobre una compensación anual abonada con fondos estatales por una autoridad estatal a una sociedad anónima municipal para compensar la asunción por esa sociedad de la obligación de prestar gratuitamente un servicio no comprendido en el sector agrario —en el presente asunto, dar paso por una esclusa—, acuerdo que fue celebrado antes de la adhesión de Suecia a la Unión Europea y que no fue notificado a la Comisión, ¿ha de calificarse de ayuda existente que, de conformidad con el artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento [2015/1589], debe considerarse legal mientras la Comisión no compruebe que es incompatible con el mercado interior?
3)
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿debe considerarse, no obstante, que dicha compensación anual es una ayuda nueva si, tras la adhesión de Suecia a la Unión Europea, el acuerdo, de conformidad con sus condiciones iniciales, al no haber sido resuelto, se ha prorrogado automáticamente en varias ocasiones por un período de cinco años y la compensación anual por cada nuevo período se ha modificado teniendo en cuenta tanto el índice de precios al consumo como el alcance del servicio gratuito prestado durante el período anterior, en el presente asunto, el volumen de tráfico en la esclusa?»
II. Análisis
A.
Sobre la primera cuestión prejudicial
4.
Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que una medida nacional pueda calificarse como «ayuda de Estado» con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1, es preciso que se cumplan todos los requisitos siguientes. Debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales, conferir a su beneficiario una ventaja económica que tenga carácter selectivo y debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros y falsear o amenazar falsear la competencia. (
5
)
5.
De la petición de decisión prejudicial resulta que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en particular, si la compensación de que se trata confiere una ventaja a Stockholms Hamn que falsee o amenace falsear la competencia y el comercio entre Estados miembros, y en qué medida lo hace. (
6
) Antes de analizar esa cuestión debe examinarse, no obstante, si Stockholms Hamn, en su condición de gestor de la esclusa de Hammarby, puede considerarse una «empresa», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Esta cuestión tiene carácter preliminar, ya que, en caso de respuesta negativa, la compensación de que se trata no estaría comprendida en el ámbito de aplicación de la prohibición establecida en dicha disposición.
1. Conceptos de «empresa» y de «actividad económica»
6.
Para apreciar si un organismo determinado constituye una «empresa» en el sentido del Derecho de la competencia, el Tribunal de Justicia aplica un criterio de tipo «funcional», centrado en la naturaleza de la actividad desarrollada y no en las características del operador que la ejerce. Según la definición adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Höfner y Elser, (
7
) una «empresa» es cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia dl su estatuto jurídico y de su modo de financiación. El concepto de «actividad económica» constituye el elemento clave de esa definición y el Derecho de la competencia de la Unión se aplica a todos los sujetos que ejerzan una actividad que pueda considerarse «económica». Por lo tanto, el propio Estado o una entidad estatal pueden actuar como empresa. El concepto de «actividad económica» está definido en términos amplios como «cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado», (
8
) aunque se realice sin ánimo de lucro. (
9
) El mero hecho de perseguir fines de interés público no excluye la naturaleza económica de una actividad. (
10
)
7.
El Tribunal de Justicia ha aclarado que no tienen carácter económico las actividades comprendidas dentro de las prerrogativas típicas de poder público (
11
) o que están relacionadas con ellas por su naturaleza, por su objeto y por las normas a las que están sujetas. (
12
) El hecho de que una entidad disponga de prerrogativas de poder público para el ejercicio de una parte de sus actividades no impide, en sí, que pueda calificarse de empresa a efectos del Derecho de la competencia. En efecto, un organismo puede actuar como empresa exclusivamente con respecto a alguna de sus actividades, cuando estas puedan considerarse actividades económicas y puedan disociarse del ejercicio de prerrogativas de poder público. (
13
)
8.
La calificación como «económica» de las actividades de sectores específicos, como la educación, la asistencia sanitaria o la seguridad social, depende esencialmente de cómo se organicen esos sectores en el Estado miembro de que se trate. En principio, estas actividades no revisten carácter económico cuando se integran en un sistema público de carácter universal, controlado por el Estado, basado en lógicas no comerciales, sino sociales y solidarias, mediante el cual el Estado cumple su misión en estos ámbitos. (
14
)
9.
Las actividades de que se trata en el litigio principal consisten en todas las operaciones necesarias para dar paso a embarcaciones a través de la esclusa de Hammarby, que Stockholms Hamn tienen encomendadas en su condición de gestora de la infraestructura. Stockholms Hamn, que gestiona diversos puertos situados en la región de Estocolmo, (
15
) considera que esas operaciones no tienen naturaleza económica, ya que, por un lado, se realizan sin mediar contraprestación alguna y en las mismas condiciones para todos los usuarios de la categoría de que se trata (las embarcaciones comerciales) y, por otro lado, consisten en la explotación y puesta a disposición de una estructura necesaria para la navegación marítima.
10.
En virtud de la jurisprudencia recordada en los puntos 6 y 7 de las presentes conclusiones, los puertos deben considerarse «empresas» siempre que realicen de forma efectiva una o más actividades económicas. (
16
) El Tribunal de Justicia y el Tribunal General ya han declarado que, en determinadas circunstancias, la gestión comercial (
17
) y la construcción (
18
) de una infraestructura, incluidas las portuarias, (
19
) constituyen una actividad económica a efectos de la aplicación de las normas de competencia.
11.
Es cierto que en algunas decisiones, citadas por Stockholms Hamn, la Comisión ha excluido del ámbito de aplicación de las disposiciones en materia de ayudas de Estado las inversiones públicas realizadas en vías de acceso marítimas, incluidas las dirigidas a financiar la construcción y mantenimiento de esclusas que forman parte de un sistema destinado a facilitar el acceso a la región de que se trata al tráfico marítimo o de infraestructuras de acceso no localizadas dentro de zonas portuarias que se explotan con fines comerciales. Según la Comisión, esas intervenciones, siempre que guarden relación con infraestructuras puestas a disposición de todos los usuarios de forma no discriminatoria y sin contraprestación, forman parte del ámbito de responsabilidad del Estado en materia de planificación y desarrollo del sistema de transporte marítimo en beneficio de toda la comunidad marítima. (
20
) Esa misma postura está plasmada, en esencia, en la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal. (
21
)
12.
En el presente asunto, no queda claro si la esclusa de Hammarby sirve como instalación portuaria (
22
) o si constituye en cambio una estructura básica necesaria para la navegación general. Sin embargo, creo que esa cuestión no modifica en gran medida la cuestión, al menos en circunstancias como las del procedimiento principal, que no tiene por objeto, como ocurría en las decisiones antes citadas, ventajas conferidas a los usuarios mediante la aplicación de condiciones de acceso discriminatorias o de inversiones destinadas a potenciar infraestructuras para favorecer la explotación económica de un puerto, sino una compensación abonada al gestor de la infraestructura, que es una autoridad portuaria que opera en la región, a cambio de su compromiso de no percibir tarifas por dar paso por la esclusa a una determinada categoría de usuarios. (
23
)
13.
Algunos elementos de los autos parecen indicar que la esclusa de Hammarby ha sido y sigue siendo objeto de explotación comercial. Apuntan en tal sentido, en particular, el cobro de una tarifa por el paso por la esclusa tanto antes de la celebración del acuerdo de compensación como tras su resolución, (
24
) así como, en principio, en lo que respecta a las embarcaciones de recreo, durante la vigencia del citado acuerdo; la finalidad que se persigue con la supresión de las tarifas, consistente en incentivar y distribuir el tráfico comercial marítimo hacia el lago de Mälar, (
25
) y que el acuerdo de compensación tuviera como objeto compensar al Ayuntamiento de Estocolmo por la pérdida de ingresos derivada de esa supresión, tomando como criterio de cálculo no los costes del servicio, sino el volumen de tráfico. Sin embargo, incumbe al órgano jurisdiccional remitente confirmar, a la luz de todos los elementos pertinentes, que la esclusa de Hammarby es objeto de explotación comercial.
14.
En ese contexto, el hecho de que, en el momento de la entrada en vigor del acuerdo, las tarifas se fijaran mediante decreto (
26
) y estuvieran sujetas a coordinación no permite excluir, en sí, el carácter económico de las operaciones de la esclusa realizadas por Stockholms Hamn. Los autos no contienen datos sobre la estructura de esas tarifas ni sobre la modalidad y alcance de su coordinación por lo que no permiten excluir que, en el momento de la entrada en vigor del acuerdo y, en su caso, tras su resolución, el Ayuntamiento de Estocolmo y, posteriormente, Stockholms Hamn, intervinieran en su determinación en calidad de gestores de la esclusa de Hammarby, y conservaran cierta autonomía a la hora de su aplicación. (
27
)
15.
Asimismo, el mero hecho de que, en el período de aplicación del acuerdo de compensación, el acceso a la esclusa de Hammarby por parte de determinados usuarios no estuviera sujeto al pago de una contraprestación, no permite excluir de manera automática, desde mi punto de vista, el carácter económico de los servicios prestados por Stockholms Hamn.
16.
No cabe duda de que una actividad no puede considerarse «económica» si no prevé, al menos a largo plazo, unos ingresos que permitan generar un beneficio o, al menos, cubrir los costes. Sin embargo, del mismo modo que un servicio prestado a cambio de una contraprestación no debe considerarse, solo por esa razón, de naturaleza económica, (
28
) una prestación gratuita para sus destinatarios no pierde, por ello, su potencial generador de beneficios y no debe calificarse automáticamente como «no económica» a efectos de la aplicación de las disposiciones en materia de ayudas de Estado. Por otra parte, las prestaciones que un Estado miembro exige realizar a una empresa en virtud de una obligación de servicio público (en lo sucesivo, «OSP») conservan su carácter económico incluso cuando se ofrecen a los usuarios a un precio inferior a su valor de mercado o de manera gratuita. (
29
) En ese contexto, la compensación pública que se abona al organismo que la presta constituye la contraprestación por el servicio público que se proporciona a la colectividad y puede dar lugar a una ayuda de Estado si no se respetan los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, (
30
) sobre la que volveré en breve, que solo resulta aplicable en caso de que la actividad de que se trate tenga naturaleza económica. (
31
)
17.
Pese a no ser decisiva, la puesta a disposición de una infraestructura a título gratuito en interés común puede ser, no obstante, un indicio de que tal infraestructura no es objeto de explotación económica, que debe apreciarse a la luz de todas las circunstancias pertinentes. En el caso de autos, como se ha señalado anteriormente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si la esclusa de Hammarby también fue objeto de explotación económica durante el período de vigencia del acuerdo de compensación, en el que la pérdida de ingresos sufrida por Stockholms Hamn a raíz de la supresión de las tarifas derivadas del tráfico comercial fue sustituida por la compensación abonada por la Sjöfartsverket.
18.
No se aplicarán por el contrario las normas en materia de ayudas de Estado en virtud de la jurisprudencia recordada en el punto 7 de las presentes conclusiones, en caso de que la gestión de una infraestructura esté indisociablemente vinculada al ejercicio de funciones propias de la misión pública encomendada a la entidad que la gestiona y de que esta última actúe en ejercicio de prerrogativas de poder público. En el presente asunto, ni de la petición de decisión prejudicial ni de los autos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia ni de las observaciones de la propia Stockholms Hamn se desprende que las operaciones efectuadas en la esclusa de Hammarby impliquen o estén indisociablemente vinculadas al ejercicio de funciones propias de los poderes públicos, como, por ejemplo, el control y la seguridad del tráfico marítimo o funciones de policía de la navegación o vigilancia anticontaminación. (
32
) Sin perjuicio de las necesarias comprobaciones que lleve a cabo el órgano jurisdiccional remitente, no parece pues que quepa excluir la naturaleza económica de las operaciones de la esclusa realizadas por Stockholms Hamn por esa razón.
19.
Por último, en lo que respecta a la cuestión de si las operaciones de paso por la esclusa realizadas por Stockholms Hamn constituyen servicios ofrecidos en un «mercado», el Tribunal de Justicia no dispone de mucha información. Sin embargo, de la resolución de remisión resulta que, en lo que respecta al tráfico comercial con origen y destino al lago de Mälar, el paso a través de la esclusa de Hammarby compite con el paso por el canal de Södertälje, gestionado por la Sjöfartsverket. Además, el hecho de que el Estado haya previsto un incremento de ese tráfico tras la decisión de suprimir las tarifas percibidas en estas dos vías parece apuntar a que existe cierta competencia también al margen de las relaciones entre Stockholms Hamn y la Sjöfartsverket. (
33
) Incumbe en cualquier caso al órgano jurisdiccional remitente realizar las apreciaciones necesarias a este respecto.
2. Existencia de una ventaja
20.
Como se ha recordado en el punto 4 de las presentes conclusiones, para poder ser calificada como ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, una medida nacional debe conferir una ventaja selectiva a la empresa o a las empresas beneficiarias. Cualquier medida estatal que, con independencia de su forma y sus objetivos, pueda favorecer directa o indirectamente a una o varias empresas o que conceda a estas una ventaja que no hubieran podido obtener en condiciones normales de mercado cumple ese requisito. La comprobación de las condiciones para la existencia de tal ventaja debe efectuarse, en general, aplicando el principio del operador privado en una economía de mercado. La aplicación de ese principio implica recurrir caso por caso a distintos criterios específicos, siendo objetivo de cada uno de ellos el de comparar, de la manera más ajustada y adecuada posible, la medida estatal en cuestión con la que habría podido adoptar un operador privado que se encontrara en una situación lo más cercana posible y que actuara en condiciones normales de mercado. (
34
) Como ha aclarado el propio Tribunal de Justicia, la aplicabilidad de ese principio depende de que el Estado miembro interesado confiera una ventaja económica a una empresa en su condición de operador privado y no en la de poder público. (
35
) La aplicabilidad del principio del operador privado en una economía de mercado depende, por lo tanto, de la naturaleza económica de la intervención estatal de que se trata, (
36
) a la luz, en particular, de su objeto, del contexto en la que se inscribe, así como del objetivo perseguido y de las normas a las que está sujeta. (
37
)
21.
En el caso de autos, de la resolución de remisión resulta que el acuerdo de compensación se celebró después de que las autoridades suecas acordaran suprimir a nivel regional determinadas tarifas que se aplicaban por la utilización de algunas vías navegables interiores, con el objetivo de mantener inalterado el reparto del tráfico existente. De los elementos de que dispone el Tribunal de Justicia parece colegirse más bien que se trata de una medida adoptada por el Estado sueco en su condición de poder público y no de operador privado.
22.
Stockholms Hamn opina que, suponiendo que el principio del operador privado en una economía de mercado resulte de aplicación al caso de autos, la compensación de que se trata constituiría un «precio» pagado por las autoridades suecas por la adquisición de servicios de paso por una esclusa. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente no proporciona elementos que permitan interpretar en ese sentido la decisión del Estado sueco de celebrar el acuerdo de compensación. (
38
) De la resolución de remisión se desprende, en cambio, que el Estado sueco consideró que Stockholms Hamn tenía derecho a obtener una «reparación» por las consecuencias negativas derivadas de la supresión de las tarifas de que se trata y por la asunción de la obligación de no cobrar tarifas por las operaciones consistentes en dar paso por la esclusa objeto del acuerdo de compensación. Sin embargo, no hay nada que permita elucidar si ese derecho halla su fundamento en las relaciones entre Stockholms Hamn y el Estado sueco con respecto a la gestión de la esclusa de Hammarby (
39
) o en otra base. (
40
) Desde un punto de vista general procede recordar que, con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 1, las ventajas conferidas pueden comprender no solo prestaciones positivas, como las subvenciones, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que el concepto de «cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa» incluye en particular los costes suplementarios que las empresas deben soportar en razón de obligaciones de origen legal, reglamentario o contractual que se aplican a una actividad económica. (
41
) Por lo tanto, en principio, el carácter compensatorio de las ventajas que confiere la intervención estatal no impide que pueda calificarse como una «ayuda», en el sentido de esa disposición. (
42
) Corresponderá pues al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz de todas las circunstancias pertinentes, la naturaleza económica de la compensación de que se trata y si esa compensación confirió una ventaja a Stockholms Hamn que esta no habría podido obtener en condiciones normales de mercado. A tal efecto, deberá tener en cuenta, en particular, que, como ha señalado la Comisión, Stockholms Hamn se ha beneficiado, durante el período pertinente, de unos ingresos garantizados al margen de los gastos de gestión de la esclusa y, al menos en parte, de las fluctuaciones del volumen de tráfico y del comportamiento de sus competidores.
23.
Stockholms Hamn ha afirmado asimismo ante el órgano jurisdiccional remitente que estaba encargada de la ejecución de una OSP durante el período pertinente y que, por lo tanto, la existencia de una ventaja debe apreciarse teniendo en cuenta los criterios sentados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Altmark. En esa sentencia el Tribunal de Justicia precisó que una intervención estatal, en la medida en que se considere una compensación que constituye la contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de OSP, no está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 107 TFUE, apartado 1. (
43
) Estableció cuatro requisitos acumulativos que deben concurrir para que esa compensación pueda eludir la calificación de ayuda de Estado. (
44
)
24.
El primer requisito establecido en la sentencia Altmark tiene por objeto que se compruebe que la empresa beneficiaria esté efectivamente encargada de la ejecución de OSP y que estas estén claramente definidas. (
45
) Para ello es preciso que el operador o los operadores de que se trate tengan encomendada una misión de servicio público en virtud de un acto de la autoridad pública. (
46
) El concepto de OSP que se emplea en la sentencia Altmark se corresponde con el de «servicio de interés económico general» (SIEG) del artículo 106 TFUE, apartado 2. (
47
) Aunque no esté definido en el ámbito de la Unión, el Tribunal de Justicia ha aclarado que ese concepto engloba los servicios cuyo interés económico posea «características específicas» respecto al de otras actividades económicas. (
48
)
25.
En el presente asunto no se excluye que, durante el período pertinente, Stockholms Hamn tuviese encomendada una OSP, en el sentido de la sentencia Altmark, dado que no cobrar ningún tipo de contraprestación a las embarcaciones comerciales por darles paso por la esclusa durante ese período parece constituir una obligación impuesta por ley y posteriormente formalizada en un contrato celebrado con la autoridad administrativa competente, mediante el que las autoridades suecas perseguían el objetivo de garantizar una distribución óptima del tráfico marítimo comercial en aras del interés general. (
49
) Corresponde no obstante al órgano jurisdiccional remitente determinar, a la luz de todos los elementos pertinentes, la realidad de ese encargo. En caso de que este último se haya producido efectivamente, incumbirá al juez comprobar si concurren los demás requisitos establecidos en la sentencia Altmark.
26.
Los requisitos segundo y tercero tienen por objeto garantizar que no se pague una compensación excesiva a las empresas encargadas de la ejecución de OSP. (
50
) Las indicaciones proporcionadas por el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial no permiten determinar si esos requisitos se cumplen. En particular, de la resolución de remisión y de los autos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia se desprende que el acuerdo de compensación definía de manera objetiva los parámetros para el cálculo y revisión de la compensación que debía abonare a Stockholms Hamn y que, además, establecía un mecanismo para la recuperación, al menos parcial, de los importes abonados en exceso al término de cada quinquenio. (
51
) Sin embargo, no está claro cómo se calculaban las tarifas aplicadas para determinar el importe de la compensación en función del volumen de tráfico. Además, habida cuenta de que la cuantía de la compensación parece haberse determinado sin tener en cuenta los costes asociados a la realización de las operaciones consistentes en dar paso por la esclusa objeto del acuerdo de compensación, es lícito pues dudar que concurra el tercer requisito, según el cual la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, más, eventualmente un margen de beneficio razonable. (
52
)
27.
Por último, no parece que pueda considerarse cumplido tampoco el cuarto requisito previsto en la sentencia Altmark. En efecto, de los datos remitidos por el órgano jurisdiccional remitente no se desprende que el nivel de la compensación de que se trata se haya determinado sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, como exige ese requisito.
3. Efecto en los intercambios comerciales entre los Estados miembros y en la competencia
28.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a efectos de la calificación como «ayuda de Estado» de una medida nacional, no es necesario acreditar la incidencia real de la ayuda sobre los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia, sino únicamente examinar si tal ayuda puede afectar a dichos intercambios y falsear la competencia. (
53
)
29.
En el presente asunto, como se ha señalado en el punto 19 de las presentes conclusiones, la esclusa de Hammarby es una de las vías de acceso para el tráfico comercial entre el Mar Báltico y el lago de Mälar, y no cabe excluir que, además de con otras vías navegables interiores, compita también con otros modos de transporte, como el transporte por carretera o por ferrocarril. Por lo tanto, no puede descartarse a priori que, si el órgano jurisdiccional remitente llega a la conclusión de que la compensación de que se trata ha conferido una ventaja a Stockholms Hamn en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, esa ventaja, teniendo en cuenta el grado de conectividad y accesibilidad de la región en la que se encuentra la esclusa de Hammarby, pueda afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros y falsear la competencia. Corresponde al citado órgano jurisdiccional realizar las comprobaciones necesarias a tal efecto.
B.
Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera
30.
Mediante las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia si, en caso de que constituya una ayuda, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, la compensación de que se trata, prevista en un acuerdo celebrado antes de la adhesión de Suecia a la Unión Europea, debe calificarse como «ayuda existente» con arreglo al artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento 2015/1589, y, en caso afirmativo, si debe considerarse una «nueva ayuda» tras esa adhesión, dado que se ha prorrogado varias veces y su importe se ha ido actualizando de conformidad con las condiciones iniciales del acuerdo que la estableció.
31.
La calificación de una ayuda de Estado como ayuda existente o nueva ayuda acarrea consecuencias procedimentales distintas. Mientras que el artículo 108 TFUE, apartado 1, permite que las ayudas existentes puedan seguir ejecutándose mientras la Comisión no haya declarado su incompatibilidad con el mercado interior, el artículo 108 TFUE, apartado 3, exige que los proyectos dirigidos a conceder ayudas nuevas o a modificar ayudas existentes deben notificarse a la Comisión con la suficiente antelación y no pueden ejecutarse antes de que en el procedimiento de examen haya recaído una decisión definitiva. (
54
)
32.
Con arreglo al artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento 2015/1589 el concepto de «ayuda existente» incluye «sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 144 y 172 del Acta de Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia (
55
) […], toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del TFUE en el Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes de ayuda y las ayudas individuales que se hubieran llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor del TFUE en el Estado miembro respectivo y sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma». Por lo tanto, una ayuda establecida antes de la adhesión de un Estado a la Unión constituye, en principio, una ayuda existente y puede seguir aplicándose hasta que la Comisión no la haya declarado incompatible.
33.
El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, en primer lugar, sobre el alcance del artículo 144 del Acta de Adhesión, que, en su letra a), dispone que «en relación con las ayudas previstas en los artículos [107 TFUE y 108 TFUE]: […] entre las ayudas aplicadas en los nuevos Estados miembros antes de la adhesión, solamente se considerarán ayudas “existentes” con arreglo al apartado 1 del artículo [108 TFUE] las comunicadas a la Comisión antes del 30 de abril de 1995».
34.
Es pacífico entre las partes que la compensación de que se trata no fue notificada a la Comisión. Aunque el artículo 144 del Acta de Adhesión hace referencia de manera genérica a las ayudas previstas en los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, el hecho de que forme parte del título VI del Acta de Adhesión, relativo al sector agrario (
56
) lleva a considerar, como ya observó la Abogada General Sharpston (
57
) y como ha entendido de manera implícita el Tribunal de Justicia, (
58
) que la obligación de notificación que se prevé en ese artículo solo afecta a los productos agrícolas, según están definidos en el artículo 137 del Acta de Adhesión (
59
) y no es pertinente en lo que respecta a las ayudas no agrícolas. Por consiguiente, creo que el hecho de que la compensación de que se trata no haya sido notificada a la Comisión de conformidad con el artículo 144, letra a), del Acta de Adhesión, no excluye, en sí, que se trate de una ayuda existente.
35.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si se puede seguir considerando que esa compensación es una ayuda existente, pesa a las prórrogas y ajustes de los que ha sido objeto. De conformidad con el artículo 1, letra c), del Reglamento 2015/1589, será una nueva ayuda «toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes». El artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 794/2004 (
60
) dispone que, «a efectos de la letra c) del artículo 1 del Reglamento [2015/1589], se entenderá por modificación de una ayuda existente cualquier cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o administrativa sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado común […]». (
61
) Solo una modificación sustancial de una ayuda existente, es decir, una modificación de carácter subjetivo, objetivo o temporal (
62
) que afecte a sus elementos constitutivos y pueda tener repercusiones en la evaluación de su compatibilidad con el mercado interior, dará lugar a una nueva ayuda. (
63
)
36.
En el presente asunto, la validez del acuerdo de compensación se prorrogó automáticamente cada cinco años hasta su resolución en 2021. El importe de la compensación de que se trata se actualizó anualmente conforme al índice de precios al consumo, y volvió a calcularse cada cinco años de acuerdo con una fórmula que, según la información que consta en los autos, no parece haber sufrido ninguna modificación a lo largo de los años. Tanto las prórrogas como las variaciones en el importe de las cantidades abonadas tuvieron lugar de conformidad con las condiciones iniciales del acuerdo de compensación. En estas circunstancias, me pregunto si pueden considerarse «modificaciones» con arreglo al artículo 108 TFUE y a los Reglamentos 2015/1589 y n.o 794/2004 en lugar de simples efectos de la ejecución de ese acuerdo.
37.
En particular, no creo que puedan considerarse tales los aumentos automáticos del importe de una ayuda económica en una situación inflacionista. (
64
) En lo que respecta a las prórrogas quinquenales, aunque es cierto que el Tribunal de Justicia ha precisado en varias resoluciones que la prórroga de una ayuda existente constituye una nueva ayuda, (
65
) lo hizo no obstante en situaciones en las que se trataba de modificaciones introducidas sobre la base de actos posteriores a la autorización de la ayuda por la Comisión. En circunstancias en cierta medida análogas a las del litigio principal, el Tribunal de Justicia consideró, en cambio, que únicamente implicaba una modificación del régimen de ayudas existente una prórroga más allá de los límites temporales de la ayuda en cuestión previstos en el contrato que la estableció antes de la adhesión del Estado miembro de que se trata a la Unión, pero no el funcionamiento normal del citado contrato, con sus prórrogas periódicas automáticas. (
66
) Corresponde no obstante al órgano jurisdiccional remitente realizar las comprobaciones pertinentes al respecto y, en particular, determinar si las prórrogas quinquenales a falta de resolución del contrato podían considerarse efectivamente automáticas. En lo tocante, por último, a la nueva determinación del importe de base de la compensación de que se trata con ocasión de cada vencimiento quinquenal, corresponderá a dicho órgano jurisdiccional apreciar si, tal y como sostiene la Sjöfartsverket, esa nueva determinación, pese a haberse realizado con arreglo a una fórmula que ha permanecido inalterada a lo largo del tiempo, ha supuesto, de hecho, una renegociación que pueda calificarse de «modificación», en especial, en la medida en que exigía que las partes se pusieran de acuerdo sobre el volumen de tráfico que había de ser tenido en consideración. De ser ese el caso, deberá apreciarse posteriormente, si dichas modificaciones pueden considerarse «sustanciales».
III. Conclusión
38.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Stockholms tingsrätt (Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo, Suecia):
«El artículo 107 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que
una compensación anual abonada mediante fondos estatales por una autoridad estatal a una sociedad anónima municipal en virtud de un acuerdo que tiene por objeto compensar la asunción por esa sociedad de la obligación de prestar gratuitamente un determinado servicio que, hasta la celebración del acuerdo, había estado sujeto al pago de una tarifa puede constituir una ayuda de Estado en caso de que esa sociedad deba considerarse, con respecto al servicio en cuestión, una empresa a efectos de la aplicación de esa disposición o si esa compensación confiere a la citada sociedad una ventaja que esta no habría podido obtener en condiciones normales de mercado y que puede afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsear la competencia. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar, sobre la base de todas las circunstancias pertinentes, si y en qué medida se cumplen dichos requisitos.
El artículo 1, letras b), inciso i), y c), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que,
suponiendo que constituya una ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, esa compensación, cuyo pago, de conformidad con las condiciones iniciales del contrato que la estableció, ha sido prorrogado por períodos de cinco años a falta de resolución de dicho contrato y cuyo importe ha sido modificado, por un lado, con carácter anual conforme al índice de precios al consumo y, por otro lado, cada cinco años, en función del alcance del servicio gratuito prestado, aplicando una fórmula que no ha cambiado a lo largo del tiempo, constituye una ayuda existente en el sentido de esas disposiciones, sin perjuicio de las comprobaciones que realice el juez nacional.»
(
1
)	Lengua original: italiano.
(
2
)	Reglamento del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9).
(
3
)	Véase, más recientemente, la sentencia de 28 de febrero de 2024, Dinamarca/Comisión (T‑364/20, EU:T:2024:125), recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia (asunto C‑337/24 P).
(
4
)	De los autos resulta que la Sjöfartsverket puso fin al acuerdo porque considera que, a causa del cambio de circunstancias, el pago de la compensación prevista en el acuerdo constituye una ayuda de Estado ilegal y que Stockholms Hamn ha incumplido su obligación exigiendo la tarifa también a buques que no son de recreo. Además, la exigencia de coordinación que justificaba el abono ha desaparecido dado que la Sjöfartsverket volvió a exigir tarifas marítimas a los buques mercantes que atraviesan el Södertälje.
(
5
)	Véase, en este sentido, más recientemente, la sentencia de 29 de abril de 2025, Prezydent Miasta Mielca (C‑453/23, EU:C:2025:285), apartado 36.
(
6
)	El órgano jurisdiccional remitente no alberga dudas sobre la utilización de fondos estatales ni sobre el carácter selectivo de la medida.
(
7
)	Véase la sentencia de 23 de abril de 1991 (C‑41/90, EU:C:1991:161), apartado 21.
(
8
)	Véase, entre otras, la sentencia de 24 de marzo de 2022, GVN/Comisión (C‑666/20 P, EU:C:2022:225), apartado 69.
(
9
)	Véase, entre otras, la sentencia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros (C‑222/04, EU:C:2006:8), apartados 122 y 123.
(
10
)	Véase, en ese sentido, la sentencia de 10 de enero de 2006, Cassa di Risparmio di Firenze y otros (C‑222/04, EU:C:2006:8), apartado 122.
(
11
)	Véase, entre otras, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Mitteldeutsche Flughafen y Flughafen Leipzig/Comisión (C‑288/11 P, EU:C:2012:821), apartado 44.
(
12
)	Véanse la sentencia de 18 de marzo de 1997, Diego Calì & Figli (C‑343/95, EU:C:1997:160), apartados 22 y 23, y, en materia de ayudas de Estado, la sentencia de 22 de octubre de 2015, EasyPay y Finance Engineering (C‑185/14, EU:C:2015:716), apartado 40.
(
13
)	Véase, en ese sentido, entre otras, la sentencia de 7 de noviembre de 2019, Aanbestedingskalender y otros/Comisión (C‑687/17 P, EU:C:2019:932), apartado 16, y en lo que respecta a los criterios para apreciar la disociabilidad, el apartado 44.
(
14
)	Véanse, en tal sentido, las sentencias de 11 de junio de 2020, Comisión y República Eslovaca/Dôvera zdravotná poist’ovňa (C‑262/18 P y C‑271/18 P, EU:C:2020:450), apartados 35 y 50; de 2 de junio de 2021, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Comisión (T‑223/18, EU:T:2021:315), apartados 152 a 154, 165, 166 y 173, confirmada por el Tribunal de Justicia mediante la sentencia de 27 de abril de 2023, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Comisión (C‑492/21 P, EU:C:2023:354), y de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496), apartado 50.
(
15
)	Según la información que consta en el sitio web de esa sociedad, Stockholms Hamn AB gestiona en Suecia seis instalaciones portuarias, tres de ellas localizadas cerca de la ciudad de Estocolmo. Se trata de los puertos de Stadsgården, Värtahamnen (dedicados, en particular, al tráfico marítimo de mercancías y pasajeros con origen y destino en Finlandia y Estonia) y Frihamnen (que opera como terminal de cruceros) para acceder a los cuales no parece necesario utilizar la esclusa de Hammarby. Los otros puertos están situados en las ciudades de Nynäshamn (a saber, los puertos de Nynäshamn y Stockholm Norvik, ambos dedicados a la prestación de servicios de transporte de mercancías y pasajeros con origen y destino en Polonia y la isla sueca de Gotland, así como en Letonia) y en el municipio de Kapellskär (que, según se establece en el sitio web, permite «transportar rápidamente mercancías y pasajeros con origen y destino en Estocolmo y sus alrededores, así como hacia el resto de Suecia, Finlandia, Noruega, países bálticos y Europa continental»).
(
16
)	Véanse, en tal sentido, las sentencias de 30 de abril de 2019, UPF/Comisión (T‑747/17, en lo sucesivo, sentencia UPF, EU:T:2019:271), apartado 64, y Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (Puerto de Brest)/Comisión (T‑754/17, EU:T:2019:270), apartado 80.
(
17
)	Véase la sentencia de 24 de octubre de 2002, Aéroports de Paris/Comisión (C‑82/01 P, EU:C:2002:617), apartado 78.
(
18
)	Sentencia de 19 de diciembre de 2012, Mitteldeutsche Flughafen y Flughafen Leipzig-Halle/Comisión (C‑288/11 P, EU:C:2012:821), apartado 43. Sobre la extensión del alcance de esas sentencias a otros tipos de infraestructuras, véase la sentencia de 14 de enero de 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9), apartado 42.
(
19
)	Véanse, entre otras, las sentencias UPF, apartado 65; de 15 de marzo de 2018, Naviera Armas/Comisión (T‑108/16, EU:T:2018:145), apartado 88, confirmada por el Tribunal de Justicia mediante el auto de 25 de junio de 2019, Fred Olsen/Naviera Armas (C‑319/18 P, EU:C:2019:542), y de 20 de diciembre de 2023, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale y otros/Comisión (T‑166/21, EU:T:2023:862), apartado 56.
(
20
)	Decisiones de la Comisión de 20 de octubre de 2004 relativa a la ayuda de Estado N 520/2003 — Bélgica — Ayuda financiera a obras de infraestructura en puertos flamencos (DO 2005, C 176_p. 11), considerandos 35, 42 y 43; de 21 de diciembre de 2005, relativa a la ayuda de Estado N 503/2005 — Reino Unido — Great Yarmouth Outer Harbour (DO 2006, C 83, p. 10), considerandos 22 y 23, y de 17 de noviembre de 2023, relativa a la ayuda de Estado SA.103466 — Suecia — Dredging and port infrastructure at the port of Gothenburg (DO 2023, C/2023/1474), apartado 76. Véase también, a este respecto, la sentencia UPF, apartados 68 y 70.
(
21
)	Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2016, C 262, p. 1), apartado 203. Véase también el cuadro analítico «Ayudas de Estado» para las infraestructuras portuarias, disponible en la dirección de Internet siguiente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/notion-aid_en, apartado 5.
(
22
)	Como se indica en la nota 15, no parece que la esclusa de Hammarby forme parte de una de las estructuras portuarias gestionadas por Stockholms Hamn.
(
23
)	A este respecto procede señalar que, en la Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2004 relativa a la ayuda de Estado N 520/2003 — Bélgica — Ayuda financiera a obras de infraestructura en puertos flamencos, considerandos 38 y 39, 42 y 43, invocada por Stockholms Hamn, aun reconociendo el carácter no económico de las actividades financiadas, la Comisión se reservó no obstante la posibilidad de comprobar la existencia de una ventaja en forma de compensación excesiva y, por consiguiente, de una ayuda, con respecto a los servicios encomendados a las autoridades portuarias a cambio de una contraprestación, considerando pues de manera implícita que se trataba de actividades económicas aunque de ejercitadas en aras del interés general. Véase, en ese sentido, la Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 2005, relativa a la ayuda de Estado N 503/2005, — Reino Unido — Great Yarmouth Outer Harbour, considerando 27.
(
24
)	En sus observaciones presentadas al Tribunal de Justicia, Stockholms Hamn afirma haber reestablecido el cobro de tarifas a las embarcaciones comerciales a partir de 2021. Sin embargo, no se especifica cómo se calculan esas tarifas.
(
25
)	Esa finalidad figura en los escritos que Stockholms Hamn ha presentado ante el órgano jurisdiccional remitente. Los resultados esperados, en términos de incremento del tráfico marítimo comercial, llevan a pensar en tarifas de un nivel que puede incidir en las decisiones de los transportistas.
(
26
)	Así se desprende de las observaciones presentadas por Stockholms Hamn ante el Tribunal de Justicia.
(
27
)	Véanse las sentencias de 12 de julio de 2012, Compass-Datenbank (C‑138/11, EU:C:2012:449), apartado 42, y de 20 de diciembre de 2023, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale y otros/Comisión (T‑166/21, EU:T:2023:862), apartados 106, 110 y 118.
(
28
)	Véase la sentencia de 12 de julio de 2012, Compass-Datenbank (C‑138/11, EU:C:2012:449), apartado 42.
(
29
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, Lux Express Estonia (C‑614/20, EU:C:2022:641), en la que el Tribunal de Justicia consideró que la obligación que Estonia impone a las empresas que presten un servicio público de transporte por carretera y por ferrocarril de transportar gratuitamente a determinadas categorías de viajeros, constituía una «obligación de servicio público», en el sentido del Reglamento n.o 1370/2007 que debía compensarse y precisó las condiciones que esa compensación debía cumplir para ser conforme con las normas de la Unión en materia de ayudas de Estado.
(
30
)	C‑280/00, en lo sucesivo, sentencia Altmark, EU:C:2003:415.
(
31
)	Véase la sentencia de 27 de abril de 2023, Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo/Comisión (C‑492/21 P, EU:C:2023:354), apartados 70 y 71. Es cierto que, en la sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496), apartados 47 y 50, el Tribunal de Justicia excluyó la naturaleza económica de una parte de las prestaciones de que se trataba, consistentes en cursos impartidos por centros de enseñanza, porque se ofrecían gratuitamente y se financiaban total o fundamentalmente con cargo a fondos públicos, y precisó, remitiendo al acervo jurisprudencial en materia de servicios, que pueden considerarse «actividades económicas» a efectos de la aplicación de las disposiciones en materia de ayudas de Estado, las prestaciones realizadas normalmente a cambio de una «remuneración», entendida como contrapartida económica de la prestación realizada. No obstante, desde mi punto de vista, el alcance de esa resolución es limitado (me remito, a este respecto, al punto 8 de las presentes conclusiones). Las disposiciones en materia de ayudas de Estado se aplican precisamente en situaciones en las que se destinan fondos públicos a financiar actividades de empresas y la calificación económica de un servicio no puede depender únicamente de que su prestación esté financiada por el Estado y no por sus beneficiarios. La remisión al acervo jurisprudencial en materia de servicios también parece explicarse por las circunstancias del asunto que dio lugar a esa sentencia. En efecto, no existe una correspondencia completa entre el concepto de «actividad económica» en el sentido de las disposiciones relativas a la libre circulación de servicios y en el sentido de las normas sobre ayudas de Estado, pese a la proximidad y coincidencia de objetivos de esos dos conjuntos de normas. En particular, mientras que la remuneración, entendida como contrapartida económica de la prestación, constituye un elemento clave en el ámbito de los servicios, no cabe afirmar lo mismo en lo que respecta al ámbito de las ayudas de Estado, donde el acento suele ponerse en el potencial beneficio vinculado a la naturaleza de la actividad y en la calidad de operador comercial o de autoridad pública en la que interviene la entidad que realiza esa prestación.
(
32
)	Véase la sentencia de 18 de marzo de 1997, Diego Calì & Figli (C‑343/95, EU:C:1997:160), apartados 22 y 23. Véase también la plantilla analítica «Ayudas de Estado» para las infraestructuras portuarias, disponible en la dirección de Internet siguiente: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/notion-aid_en, apartado 4.
(
33
)	Al parecer, en 2022 se aprobó un proyecto de renovación del canal de Södertälje con el objetivo, entre otros, de reducir la presión del tráfico comercial por carretera y ferrocarril en favor del tráfico marítimo. Véase https://www.marketscreener.com/quote/stock/PEAB-AB-6491371/news/Peab-Rebuilds-the-Lock-Canal-in-Sodertalje-40864607/.
(
34
)	Véase la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Volotea e easyJet/Comisión (C‑331/20 P y C‑343/20 P, EU:C:2022:886), apartados 107 a 109.
(
35
)	Véase la sentencia de 13 de marzo de 2025, Cividale y otros (C‑746/23 y C‑747/23, EU:C:2025:171), apartado 42.
(
36
)	Véase la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Volotea e easyjet/Comisión (C‑331/20 P y C‑343/20 P, EU:C:2022:886), apartado 109 y jurisprudencia citada.
(
37
)	Véase la sentencia de 13 de marzo de 2025, Cividale y otros (C‑746/23 y C‑747/23, EU:C:2025:171), apartado 42 y jurisprudencia citada.
(
38
)	El hecho de ofrecer un servicio gratuito, adquiriéndoselo a un tercero, no constituye un comportamiento que un operador privado no adoptaría en determinadas circunstancias. En ese supuesto, cuando el Estado adquirente pague por el correspondiente servicio un precio que no sea el precio de mercado, dicho Estado estará confiriendo, en principio, una ventaja a su contraparte
(
39
)	Véase, por analogía, la sentencia de 11 de noviembre de 2021, Autostrada Wielkopolska/Comisión y Polonia (C‑933/19 P, EU:C:2021:905), apartados 121 a 125, 139 y 156. En ese caso, solo existiría una ventaja, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, si la compensación de que se trata hubiera excedido la pérdida de ingresos sufrida por Stockholms Hamn.
(
40
)	A este respecto, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General han excluido, en particular, que las cantidades adeudadas o pagadas como consecuencia de la responsabilidad extracontractual del Estado miembro de que se trate constituyan una ayuda de Estado. Véase la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Asteris y otros (106/87 a 120/87, EU:C:1988:457), y, en lo que respecta al pago de un justiprecio, véanse las sentencias de 1 de julio de 2010, Nuova Terni Industrie Chimiche/Comisión (T‑64/08, EU:T:2010:270), y de 27 de enero de 2022, Sātiņi‑S (C‑238/20, EU:C:2022:57), apartado 51. Sin embargo, el presente asunto no tiene por objeto esos supuestos.
(
41
)	Véase la sentencia de 27 de enero de 2022, Sātiņi‑S (C‑238/20, EU:C:2022:57), apartado 42 y jurisprudencia citada.
(
42
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 1 de febrero de 2017, Portovesme/Comisión (C‑606/14 P, EU:C:2017:75), apartado 92.
(
43
)	Véase la sentencia Altmark, apartado 87.
(
44
)	Los criterios sentados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Altmark están dirigidos, en esencia, a comprobar que el Estado ha pagado un precio justo para garantizar la correcta ejecución de una OSP. Sin embargo, a diferencia de las situaciones en las que se aplica el principio del operador privado en una economía de mercado, en aquellas en las que la sentencia Altmark resulta de aplicación, el Estado no persigue un beneficio, sino el objetivo de garantizar un servicio público, por lo que no actúa en calidad de operador privado. Por lo tanto, la jurisprudencia derivada de la sentencia Altmark y el principio del operador privado en una economía de mercado son dos instrumentos analíticos que se aplican en distintas situaciones y no son alternativos entre sí. Véase la sentencia de 14 de junio de 2023, Ryanair y Airport Marketing Services/Comisión (T‑79/21, EU:T:2023:334), apartados 100 a 102.
(
45
)	Véase la sentencia Altmark, apartado 89.
(
46
)	Véase la sentencia de 21 de marzo de 1974, BRT y Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (127/73, EU:C:1974:25), apartado 20. Sin embargo, no se exige que sea un acto legislativo o reglamentario, sino que basta con que se trate de una concesión de Derecho público (véase la sentencia de 23 de octubre de 1997, Comisión/Francia, C‑159/94, EU:C:1997:501, apartado 66) o, en determinadas circunstancias, un contrato; véase la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (DO 2012, C 8, p. 4), apartado 52.
(
47
)	Véase la sentencia de 26 de noviembre de 2015, España/Comisión (T‑461/13, EU:T:2015:891), apartado 60.
(
48
)	Véanse las sentencias de 10 de diciembre de 1991, Merci convenzionali Porto di Genova (C‑179/90, EU:C:1991:464), apartado 27; de 17 de julio de 1997, GT-Link (C‑242/95, EU:C:1997:376), apartado 53, y de 18 de junio de 1998, Corsica Ferries France (C‑266/96, EU:C:1998:306), apartado 45.
(
49
)	Por otra parte, parece poco probable que una empresa como Stockholms Hamn decidiera prestar gratuitamente los servicios de que se trata actuando exclusivamente en su propio interés comercial. El hecho de que esa empresa ya prestara los servicios de paso por esclusa objeto del acuerdo de compensación no excluye además que estos puedan calificarse como SIEG, en la medida en que las condiciones en las que se prestaban esos servicios (es decir, a cambio de una contraprestación) ya no se consideraban acordes al interés público. Véase, en ese sentido la sentencia de 7 de noviembre de 2018, Comisión/Hungría (C‑171/17, EU:C:2018:881), apartado 56.
(
50
)	Véase la sentencia de 15 de mayo de 2019, Achema y otros (C‑706/17, EU:C:2019:407), apartado 114. El segundo requisito establecido en la sentencia Altmark exige que los parámetros para el cálculo de la compensación se establezcan previamente de forma objetiva y transparente, mientras que, conforme al tercer requisito, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable (véase la sentencia Altmark, apartados 90 y 92).
(
51
)	De la información que consta en los autos parece desprenderse que, conforme a la cláusula 5 del acuerdo de compensación, al término de cada quinquenio, la Sjöfartsverket debía abonar a Stockholms Hamn una cantidad complementaria igual a la mitad de la diferencia entre la compensación de base calculada con arreglo a la cláusula 3 de ese acuerdo, y la nueva compensación calculada sobre la base de su cláusula 4 (es decir, en función del tráfico efectivo). Si esa diferencia era negativa, Stockholms Hamn tenía que devolver a la Sjöfartsverket un importe igual a dicha diferencia.
(
52
)	Salvo error por mi parte, de los autos del presente asunto resulta que el importe de base de la compensación para cada período quinquenal se establecía de común acuerdo, tomando en consideración el volumen de tráfico que da lugar a compensación durante el cuarto año del período anterior, conforme a los datos aportados por Stockholms Hamn (cláusula 4). Posteriormente, ese importe se ajustaba conforme al mecanismo previsto en la cláusula 5, descrito en la nota 51 de las presentes conclusiones.
(
53
)	Véase la sentencia de 7 de marzo de 2024, Fallimento Esperia y GSE (C‑558/22, EU:C:2024:209), apartado 64.
(
54
)	Véase la sentencia de 20 de mayo de 2021, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (C‑128/19, en lo sucesivo, sentencia Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, EU:C:2021:401), apartado 30 y jurisprudencia citada.
(
55
)	Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de Noruega, de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión Europea (DO 1994, C 241, p. 21, y DO 1995, L 1, p. 1; en lo sucesivo, «Acta de Adhesión»).
(
56
)	El artículo 144 forma parte del capítulo I del título VI, titulado «Disposiciones relativas a las ayudas nacionales». Los artículos 138 a 142 del Acta de Adhesión que figuran en ese capítulo definen las categorías de ayudas que los nuevos Estados miembros están autorizados a conceder en el ámbito de los productos agrarios. Entre esos artículos, el 142, relativo a las ayudas nacionales a largo plazo con vistas a garantizar el mantenimiento de la actividad agraria en regiones específicas, es el único que se refiere expresamente a Suecia. Según el artículo 143, apartado 1, del Acta de Adhesión, las ayudas contempladas en los artículos 138 a 142, «así como cualquier otra ayuda nacional sujeta a autorización de la Comisión, en virtud de la presente Acta, se notificarán a la Comisión».
(
57
)	Véanse las conclusiones de la Abogada General Sharpston de 7 de febrero de 2013 presentadas en el asunto P (C‑6/12, EU:C:2013:69), punto 9 y nota 24.
(
58
)	Véase la sentencia de 18 de julio de 2013, P (C‑6/12, EU:C:2013:525), apartado 44.
(
59
)	Con arreglo al artículo 137, apartado 1, del Acta de Adhesión, el título VI «se refiere a los productos agrícolas con excepción de los productos regulados en el Reglamento (CEE) n.o 3759/92 [del Consejo, de 17 de diciembre de 1992,] por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura [(DO 1992, L 388, p. 1)]». Por lo tanto, el artículo 144 del Acta de Adhesión debe considerarse referido a las ayudas que tienen por objeto esos productos y que no estén comprendidas dentro de las que están autorizadas con arreglo a los artículos 138 a 142 de dicha Acta.
(
60
)	Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 2015/1589 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2004, L 140, p. 1)
(
61
)	El artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 794/2004 prevé además que «un aumento con respecto al presupuesto inicial de un régimen de ayudas de hasta el 20 % no se considerará modificación de ayudas existentes». Esa disposición hace referencia a regímenes de ayuda de manera que no parece que sea aplicable en el presente asunto. Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente indica que las cantidades abonadas a Stockholms Hamn no han sufrido variaciones anuales superiores al 20 % durante todo el período de vigencia del acuerdo de compensación.
(
62
)	Véanse las conclusiones del Abogado General Campos-Sanchez Bordona de 26 de septiembre de 2018 presentadas en el asunto Rittinger y otros (C‑492/17, EU:C:2018:777), punto 47.
(
63
)	Véanse las sentencias de 20 de septiembre de 2018, Carrefour Hypermarchés SAS y otros/Ministre des Finances et des Comptes publics (C‑510/16, EU:C:2018:751), apartado 41, y de 13 de diciembre de 2018, Rittinger y otros (C‑492/17, EU:C:2018:1019), apartado 57.
(
64
)	Véanse, en ese sentido, las conclusiones del Abogado General Warner presentadas en el asunto McCarren (177/78, EU:C:1979:127), p. 2204. En el sentido de que se trata, en cualquier caso, de modificaciones «secundaria[s], o incluso […] despreciable[s]», véanse las conclusiones de la Abogada General Rozès presentadas en el asunto Appel and Pear Development Council (222/82, EU:C:1983:229), p. 4134.
(
65
)	Véanse las sentencias de 11 de septiembre de 2003, Bélgica/Comisión (C‑197/99 P, EU:C:2003:444), apartado 109; de 20 de mayo de 2010, Todaro Nunziatina & C (C‑138/09, EU:C:2010:291), apartado 47; de 4 de diciembre de 2013, Comisión/Consejo (C‑121/10, EU:C:2013:784), apartado 59, y Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, apartados 37 y 39.
(
66
)	Véase la sentencia de 26 de octubre de 2016, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/Comisión (C‑590/14 P, EU:C:2016:797), apartados 56, 78 y 81.