61990J0076
INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-76/90 (
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)
I. Hechos y procedimiento
1. Marco jurídico europeo
Una solicitud de patente nacional debe dirigirse, en principio, al Registro de Patentes del país de que se trate. El Derecho nacional regula los requisitos de concesión y de prórroga de la patente. Conforme al Convenio sobre la Patente Europea, también es posible presentar una solicitud de patente europea ante la Oficina Europea de Patentes de Munich. Una patente europea concedida por esta Oficina equivale a un conjunto de patentes nacionales de los Estados signatarios que el solicitante de la patente haya indicado en su solicitud. Por sus efectos y su valor, esta patente europea equivale en cada Estado signatario a una patente concedida por el Registro de Patentes de este Estado. Para mantener un derecho de patente o la solicitud de patente hay que pagar una anualidad al Registro de Patentes de que se trate. Esta oficina publica regularmente los tipos de estas anualidades de prórroga.
El mantenimiento y la prórroga de las patentes son una actividad en gran parte mecánica y rutinaria, cuya gestión puede llevarse perfectamente a cabo utilizando ordenadores. Por este motivo, los expertos en patentes de la CEE y de Estados Unidos han creado una serie de empresas especializadas en la gestión masiva e informatizada de las anualidades.
2. Marco jurídico nacional
Conforme al apartado 1 del artículo 1 de la Rechtsberatungsgesetz (Ley de asesoramiento jurídico; en lo sucesivo, «RBerG»), sólo pueden dedicarse profesionalmente a la gestión de asuntos jurídicos ajenos o de créditos cedidos con fines de cobro las personas autorizadas para ello por el organismo público competente. Conforme al mismo artículo, la autorización se concede para los sectores específicos que se enumeran en él. La conservación profesional de los derechos de propiedad industrial en favor de terceros no figura entre los ámbitos citados. Esta actividad puede ser ejercida por los «Patentanwälte» [Agentes de la Propiedad Industrial, véase el apartado 2 del artículo 3 de la Patentanwaltsordnung (Estatuto de los Agentes de la Propiedad industrial)]. También pueden ejercer esta actividad los Abogados [véase el apartado 5 del artículo 3 de la Patentanwaltsordnung y el artículo 3 de la Bundesrechtsantwaltsordnung (Estatuto de la Abogacía)].
El apartado 3 del artículo 1 de la RBerG establece que dicha Ley no afecta a la actividad profesional de los Notarios y de las demás personas que ejerzan una función pública, así como de los Abogados y de los «Patentanwälte».
Mediante sentencia de 12 de marzo de 1987 el Bundesgerichtshof declaró que la comunicación profesional de la exigibilidad de las anualidades correspondientes a estos derechos de propiedad industrial y el pago de dichas anualidades en nombre y por cuenta de terceros sin la autorización que exige el apartado 1 del artículo 1 de la RBerG eran contrarios a este artículo.
3. Antecedentes del procedimiento principal
La sociedad Dennemeyer & Co. Ltd fue fundada en 1973 por dos Agentes de la Propiedad Industrial que gestionaban patentes europeas. Uno de ellos está en posesión, además, del título británico de «chartered patent agent». La sociedad está domiciliada en Gran Bretaña y está especializada en el control y mantenimiento de derechos de propiedad industrial en nombre del titular de los mismos. Efectúa esta actividad a partir de Gran Bretaña en toda una serie de países, Alemania entre otros, es decir, en nombre de titulares de derechos de propiedad industrial domiciliados en estos países. Ejerce su actividad empleando un sistema informatizado. Los titulares de los derechos reciben periódicamente las «comunicaciones de vencimiento de anualidades», en las que figuran, entre otras cosas, las fechas de vencimiento y el importe adeudado para su mantenimiento. El titular del derecho devuelve el documento a Dennemeyer indicándole si debe efectuar los pagos que se mencionan en él. En esta actividad, Dennemeyer no asesora a sus clientes ni sobre lo que deben hacer, ni sobre las consecuencias de pagar o no pagar. Por otra parte, el cliente es el único que asume la responsabilidad de prevenir a la sociedad sobre cualquier modificación en la situación de una patente que pueda tener incidencia en el pago de la anualidad. Por último, Dennemeyer percibe por su actividad comisiones inferiores a las tarifas aplicadas por los Patentanwälte alemanes en este sector.
El Sr. Manfred Säger es Patentanwalt en Munich. Opina que la actividad de Dennemeyer, en la medida en que consiste en la gestión profesional de asuntos jurídicos por cuenta de terceros, infringe la RBerG porque Dennemeyer no posee la autorización necesaria conforme a esta Ley. Además, continúa, el comportamiento de Dennemeyer también infringe el artículo 1 de la Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Ley de competencia desleal).
A solicitud del Sr. Säger, el Landgericht München I dictó, el 1 de septiembre de 1987, una resolución de medidas provisionales mediante la que se prohibía a Dennemeyer «ofrecer y/o prestar con fines competitivos, en territorio alemán, servicios de control y/o conservación de derechos de propiedad industrial alemanes por cuenta de terceros que no sean Patentanwälte o Abogados».
No obstante, en cuanto al fondo, el 1 de diciembre de 1988 el Landgericht desestimó el recurso del Sr. Säger contra Dennemeyer. En opinión del Landgericht, la RBerG no era aplicable porque Dennemeyer ejercía su actividad en Gran Bretaña.
Entre tanto, en mayo de 1988 Dennemeyer formuló una denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas. Afirma que la aplicación del apartado 1 del artículo 1 de la RBerG a su actividad constituye una infracción de los artículos 59 y siguientes del Tratado CEE.
La Comisión se digirió al Gobierno alemán. Este le respondió, en marzo de 1989, que las actividades de Dennemeyer no infringían el apartado 1 del artículo 1 de la RBerG por estar situado el domicilio social de dicha sociedad fuera del ámbito de aplicación de la Ley.
El Sr. Säger interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Landgericht ante el Oberlandesgericht München. Ante dicho órgano jurisdiccional, Dennemeyer negó la competencia internacional de los Tribunales alemanes, la aplicabilidad del Derecho alemán y la existencia de una infracción a la RBerG. Además, afirmó que el artículo 59 del Tratado se oponía a que se le condenara.
4. Cuestión prejudicial
Por entender que el litigio planteaba cuestiones de interpretación del Derecho comunitario, el Oberlandesgericht München resolvió, mediante resolución de 25 de enero de 1990, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es compatible con el artículo 59 del Tratado CEE que una sociedad inglesa domiciliada en Gran Bretaña precise la autorización prevista en la Rechtsberatungsgesetz cuando realice para terceros, desde su domicilio, actividades relativas al mantenimiento de derechos de la propiedad industrial alemanes, cuyos titulares están domiciliados en el territorio de la República Federal de Alemania, controlando el vencimiento de las anualidades, comunicando a dichos terceros las fechas de vencimiento y abonando, en nombre de éstos, las anualidades en el territorio de la República Federal de Alemania, teniendo en cuenta que, conforme al Derecho de un considerable número de Estados miembros, esta actividad puede ejercerse de manera incontestable sin necesidad de autorización?»
El Oberlandesgericht indicó que partía de la base de que eran competentes los órganos jurisdiccionales alemanes y de que era aplicable el Derecho alemán. A este respecto citaba la mencionada sentencia del Bundesgerichshof de 12 de marzo de 1987. Según el Oberlandesgerticht, Dennemeyer ejerce también su actividad en territorio alemán cuando paga las anualidades para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial en Alemania, por lo que debe aplicarse la RBerG alemana.
5. Procedimiento
La resolución de remisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de marzo de 1990.
Conforme al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE presentaron observaciones escritas el Sr. Manfred Säger, demandante en el procedimiento principal, representado por el Sr. P. B. Schäuble, Abogado de Munich; Dennemeyer & Co. Ltd, parte demandada en el procedimiento principal, representada por el Sr. L. Donle, Abogado de Munich, y el Sr. Ch. Vajda, Barrister de Londres; el Gobierno alemán, representado por los Res. H. Teske y J. Karl, en calidad de Agentes; el Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. R. Plender, QC, Barrister de Londres, designado por el Sr. J. Collins, Solicitor, en calidad de Agentes, y la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. E. Lasnet y B. Langeheine, miembros de su Servicio Jurídico, en calidad de Agentes.
Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento
a prueba. No obstante, el Tribunal de Justicia formuló determinadas preguntas a la Comisión. Mediante decisión de 7 de noviembre de 1990, el Tribunal de Justicia acordó atribuir el asunto a la Sala Sexta.
II. Resumen de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia
El Sr. Säger alega que, en principio, el artículo 59 sólo exige que se respete la prohibición de discriminación. Ello significa que quien presta servicios debe observar la normativa profesional vigente en el Estado en que se efectúa la prestación de servicios. Por consiguiente, los procedimientos de autorización también son admisibles, aunque a los extranjeros les pueda resultar difícil cumplirlos.
A continuación, el Sr. Säger señala que, en el supuesto de que existiera una restricción a la libre prestación de servicios, procede comprobar si es necesaria por razones imperativas. En el presente asunto, la RBerG sirve a la protección del interés general. En concreto, el objetivo de la Ley es proteger a los particulares, que confían sus intereses jurídicos a un asesor, contra las personas que no son dignas de confianza y que no poseen los conocimientos necesarios. Además, la Ley garantiza el buen funcionamiento de la justicia. A este respecto, el Sr. Säger recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 1988, Comisión/Alemania (427/85, Rec. p. 1123), en la que el Tribunal consideró que la libre prestación de servicios sólo puede limitarse mediante normativas justificadas por el interés general y que se apliquen a toda persona que ejerza una actividad en el territorio del Estado miembro de acogida, en la medida en que dicho interés no se encuentre salvaguardado por las normas a las que el prestador se halla sometido en el Estado miembro donde está establecido. Ahora bien, continúa el Sr. Säger, una normativa como la contenida en la RBerG no existe en el Reino Unido en el sector controvertido.
Por todos estos motivos, el Sr. Säger opina que la cuestión prejudicial debe responderse afirmativamente.
El Gobierno alemán alega que a la actividad de prestación de servicios en el extranjero ejercida por la sociedad Dennemeyer no está sometida al requisito de autorización exigido por la RBerG, por no serle aplicable esta Ley, al constituir una normativa profesional nacional. Dicha Ley no es aplicable a las prestaciones de servicios transfronterizas cuando quien efectúa la prestación está domiciliado en el extranjero. La actividad de Dennemeyer se encuentran fuera del ámbito territorial de aplicación de la RBerG. El Gobierno alemán opina que el asunto no debía haberse sometido al Tribunal de Justicia.
Con carácter meramente subsidiario, el Gobierno alemán señala que es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que sólo normativas justificadas por el interés general, aplicables a todas las actividades efectuadas en el territorio del Estado destinatario y que, además, sean objetivamente necesarias pueden limitar la libre prestación de servicios. Ahora bien, el Gobierno alemán opina que la aplicación de la RBerG a las actividades de Dennemeyer no puede justificarse, en concreto porque la actividad controvertida se efectúa en el extranjero.
Según el Gobierno del Reino Unido, en el presente asunto deben tenerse en cuenta por lo menos tres normativas alemanas: la Bundesrechtsanwaltsordnung, la Patentanwaltsordnung y la RBerG.
A propósito de estas tres normativas, el Gobierno del Reino Unido alega que dan lugar a una discriminación contraria al artículo 59 del Tratado.
En primer lugar, la Patentanwaltsordnung exige que los Patentanwälte residan en Alemania. Ello implica que una persona domiciliada en otro Estado miembro no pueda ejercer las actividades propias de un Patentanwalt, es decir, el control y conservación de los derechos de propiedad industrial.
En segundo lugar, la RBerG dispensa a los Patentanwälte y a los Abogados de la obligación de autorización establecida por esta Ley. Sin embargo, no existe disposición análoga respecto a los Abogados y a los Agentes de la Propiedad Industrial.
En tercer lugar, las autorizaciones que exige la RBerG no se conceden automáticamente. Si ya hay un número suficiente de asesores jurídicos para hacer frente a la demanda de dichos servicios, no se conceden más autorizaciones. Semejante sistema opera en favor de los asesores alemanes.
El Gobierno del Reino Unido aborda, a continuación, el problema de la justificación objetiva de las medidas alemanas. Opina que en el caso de autos no existe semejante justificación. La actividades ejercidas por Dennemeyer son operaciones automáticas. En este sentido, no se requiere una protección específica de intereses. Además, en cualquier caso se trataría de una restricción desproporcionada. La legislación alemana no tiene en cuenta que una persona puede estar ya autorizada, en otro Estado miembro, a ejercer las actividades propias de un Agente de la Propiedad Industrial.
La Comisión se pregunta, con carácter preliminar, si puede concederse la autorización exigida por la RBerG, teniendo en cuenta que sólo se expide para los sectores concretos enumerados en la Ley. Entre ellos no figura la conservación profesional de los derechos de propiedad industrial en nombre de terceros.
A continuación, la Comisión recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia conforme a la cual la libre prestación de servicios sólo puede limitarse por normativas justificadas por el interés general y que se apliquen a toda persona que ejerza una actividad en el territorio del Estado destinatario, en la medida en que este interés no se encuentre salvaguardado por las normas a las que el prestador se halla sometido en el Estado miembro donde está establecido. Además, los requisitos exigidos por la normativa nacional deben ser objetivamente necesarios.
La Comisión opina que, en la medida en que se aplica a la conservación profesional de derechos de propiedad industrial, la RBerG no cumple los requisitos formulados en esta jurisprudencia.
La Comisión opina que la RBerG tiene una finalidad triple: la protección de los interesados frente al asesoramiento prestado por personas no suficientemente cualificadas o indignas de confianza, el desarrollo sin problemas de las relaciones jurídicas generales y la observancia de las normas deontológicas.
Ahora bien, el pago de las anualidades con objeto de conservar un derecho de propiedad industrial es un acto simple y rutinario, que no exige estar particularmente capacitado. Las consecuencias jurídicas de una posible mala gestión son muy limitadas y no superan el riesgo normal inherente a un mandato de este tipo en el marco de la vida económica. Además, en el sistema de prórroga de patentes, el titular está suficientemente protegido contra la pérdida de su derecho de propiedad industrial por falta de pago de la anualidad. Por estos motivos, la Comisión opina que la imposición de requisitos particulares de honorabilidad o de competencia jurídica a la persona encargada del control del vencimiento y del pago de las anualidades no puede estar justificado.
A continuación, alega que, al ser el pago de las anualidades una operación que no plantea ningún problema jurídico, no reviste realmente ninguna importancia en el desarrollo de las relaciones jurídicas.
Por último, la Comisión señala que, tratándose de una actividad simple y de una importancia secundaria, su ejercicio exclusivo por parte de un grupo profesional determinado, regido por normas deontológicas propias, no es necesario ni apropiado.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la Comisión propone la siguiente respuesta:
«El artículo 59 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual una sociedad domiciliada en otro Estado miembro necesita una autorización conforme a normas como las de la Rechtsberatungsgesetz (Ley de asesoramiento jurídico) alemana cuando realice desde su domicilio y para terceros, titulares de derechos de propiedad industrial en el Estado miembro en que tienen su domicilio y con objeto de mantener dichos derechos, actividades de vigilancia del vencimiento de las anualidades correspondientes a dichos derechos, de comunicación de las fechas de vencimiento a los terceros y el pago de las anualidades en nombre de éstos en el territorio de dicho Estado miembro.»
Sólo con carácter subsidiario alega que, si quien presta el servicio está autorizado por el Estado de su domicilio para ejercer las profesiones de Abogado o Agente de la Propiedad Industrial o si posee otras titulaciones reconocidas por este Estado en el ámbito del Derecho de patentes, las autoridades del Estado en que se efectúa la prestación deben tener en cuenta este hecho.
Dennemeyer sigue la misma línea de razonamiento que la Comisión. Opina que la cuestión de si una restricción está justificada por el interés general depende de la naturaleza de la prestación y de la situación del destinatario de la misma. A este respecto, la sociedad demandada señala que no presta sus servicios a consumidores no especializados, sino a Agentes de la Propiedad Industrial o a los especialistas en patentes de las empresas del sector. Dennemeyer añade que la Oficina Europea de Patentes ha declarado que el titular de la patente puede confiar a cualquier persona la tarea de pagar por su cuenta las anualidades. Además, nada en el Convenio sobre la Patente Europea indica que la protección de los titulares de patentes exija que se confíe a los Agentes de la Propiedad Industrial la actividad de prórroga.
P. J. G. Kapteyn
Juez Ponente
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)	Lengua de procedimiento: alemán.