62024CJ0767
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 11 de diciembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Artículo 7, apartado 1 — Efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula — Nulidad del contrato — Acción de un profesional para obtener la restitución del importe del préstamo abonado en virtud de un contrato que debe anularse — Consecuencias de la presentación de una declaración de compensación — Renuncia implícita a la excepción de prescripción — Ejercicio efectivo de los derechos procesales de los consumidores — Principio de efectividad — Efecto disuasorio de la prohibición de las cláusulas abusivas»
En el asunto C‑767/24 [Kuszycka], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 6 de noviembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2024, en el procedimiento entre
mBank S.A.
y
ML,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. M. Condinanzi, Presidente de Sala, y el Sr. N. Jääskinen y la Sra. R. Frendo (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de mBank S.A., por la Sra. A. Cudna-Wagner, radca prawny, y el Sr. B. Miąskiewicz, adwokat;
–
en nombre de ML, por el Sr. I. Gabrysiak, adwokat;
–
en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–
en nombre de la Comisión Europea por los Sres. P. Kienapfel y J. Szczodrowski, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), así como del principio de efectividad.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre mBank S.A., una entidad bancaria, y ML, una consumidora, relativo a una acción de restitución de un crédito resultante de la utilización de una cantidad de dinero prestada en virtud de un contrato de préstamo hipotecario que debe anularse por contener cláusulas abusivas.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El vigesimocuarto considerando de la Directiva 93/13 señala que «los órganos judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios apropiados y eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores».
4
El artículo 6, apartado 1, de esta Directiva dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
5
El artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
Derecho polaco
6
A tenor del artículo 58, apartado 1, de la ustawa — Kodeks cywilny (Ley por la que se establece el Código Civil), de 23 de abril de 1964 (Dz. U. n.o 16, posición 93), en su redacción aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil»):
«Serán nulos y sin valor ni efecto alguno los actos jurídicos contrarios a la ley o que tengan por objeto eludir la ley, a menos que una disposición pertinente disponga otra cosa, en particular, que establezca que las disposiciones inválidas del acto jurídico sean sustituidas por las disposiciones pertinentes de la ley.»
7
El artículo 117 de dicho Código dispone:
«1.   Sin perjuicio de las excepciones previstas por la ley, las acciones de contenido patrimonial estarán sujetas a prescripción.
2.   Expirado el plazo de prescripción, aquel contra quien se dirija una acción podrá declinar satisfacerla, salvo que renuncie a invocar la excepción de prescripción. No obstante, será nula la renuncia a la excepción de prescripción antes de que expire el plazo.
21.   Expirado el plazo de prescripción, no podrá ejercitarse una acción contra un consumidor.»
8
El artículo 118 de ese Código establece:
«A menos que una norma especial disponga otra cosa, el plazo de prescripción será de seis años; para las acciones relativas a prestaciones periódicas y para las acciones relativas al ejercicio de una actividad económica, el plazo de prescripción será de tres años. No obstante, el final del plazo de prescripción será el último día del año natural, salvo que el plazo de prescripción sea inferior a dos años.»
9
El artículo 123, apartado 1, del citado Código tiene el siguiente tenor:
«El transcurso de la prescripción se interrumpirá por: 1) cada acto ante un órgano jurisdiccional u otra autoridad designada para examinar asuntos o ejecutar acciones de determinado tipo o ante un tribunal arbitral, realizado directamente para reclamar, determinar, satisfacer o garantizar un derecho; 2) el reconocimiento del derecho por la persona contra la que se dirige la acción; 3) el inicio de una mediación.»
10
En virtud del artículo 3851, apartados 1 y 2, del Código Civil:
«1.   Las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido negociadas individualmente no serán vinculantes para el consumidor cuando establezcan los derechos y obligaciones de este de forma contraria a las buenas costumbres y atenten gravemente contra sus intereses (cláusulas contractuales abusivas). Esta disposición no afectará a las cláusulas que establezcan las obligaciones principales de las partes, en particular en lo relativo al precio o a la remuneración, cuando hayan sido formuladas de forma inequívoca.
2.   Cuando una cláusula contractual no vincule al consumidor con arreglo al apartado 1, las demás disposiciones del contrato seguirán siendo obligatorias para las partes.»
11
A tenor del artículo 405 del referido Código:
«Quien sin título jurídico haya obtenido un beneficio patrimonial a expensas de otra persona deberá restituir el beneficio en especie y, cuando no fuera posible, devolver su valor.»
12
El artículo 410, apartados 1 y 2, de ese mismo Código dispone:
«1.   Las disposiciones de los artículos anteriores resultarán de aplicación en particular a las prestaciones indebidas.
2.   Una prestación es indebida cuando quien la haya realizado no estuviera obligado en absoluto a realizarla o no estuviera obligado a realizarla a favor de la persona beneficiaria de la prestación, cuando la causa de la prestación haya decaído o no se haya alcanzado el fin pretendido con ella o cuando el negocio jurídico que obliga a la prestación sea nulo y dicha nulidad no haya sido subsanada posteriormente.»
13
El artículo 498, apartados 1 y 2, del Código Civil establece:
«1.   Cuando dos personas sean deudoras y acreedoras entre sí al mismo tiempo, cada una de ellas podrá compensar su crédito con el crédito de la otra parte, si el objeto de ambos créditos es dinero u objetos de la misma calidad designados solo por su especie, y ambos créditos son exigibles y pueden hacerse valer ante un tribunal u otra autoridad estatal.
2.   Por efecto de la compensación, ambos créditos se cancelarán mutuamente hasta el importe del crédito inferior.»
14
El artículo 499 del citado Código tiene el siguiente tenor:
«La compensación se llevará a cabo mediante una declaración presentada a la otra parte. La declaración tendrá efecto retroactivo desde el momento en que la compensación se hizo posible.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
15
El 11 de octubre de 2006, ML celebró con mBank un contrato de préstamo hipotecario por importe de 130000 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 30670 euros), para la adquisición de un bien inmueble. Ese contrato, celebrado por un período de trescientos sesenta meses, estaba denominado en francos suizos (CHF), pero preveía un reembolso de las cuotas mensuales en eslotis polacos, cuyo importe se determinaba aplicando el tipo de cambio de venta del franco suizo publicado en la tabla de tipos de cambio de mBank en la fecha de pago de dichas cuotas mensuales.
16
El 12 de octubre de 2017, ML presentó a mBank una solicitud de resolución amistosa, solicitando el reembolso de 53244,39 PLN (aproximadamente 12530 euros) y de 14692,51 CHF (aproximadamente 15700 euros), que consideraba haber abonado indebidamente debido a la presencia de cláusulas abusivas en dicho contrato.
17
El 16 de diciembre de 2021, mBank interpuso una demanda ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, solicitando que se condenara a ML a reembolsar el capital del préstamo, es decir, un importe de 130000 PLN (aproximadamente 30670 euros), más los intereses de demora al tipo legal. La entidad bancaria alegó que, al ser nulo el contrato de préstamo hipotecario, ML está obligada a devolver el capital prestado, con arreglo a las disposiciones del Derecho nacional relativas al enriquecimiento sin causa.
18
En su escrito de contestación, ML solicitó que se desestimara la demanda y planteó una excepción de prescripción del crédito. Con independencia de ello, presentó una declaración de compensación invocando créditos que ascendían, respectivamente, a 53244,39 PLN (aproximadamente 12530 euros) y a 14692,51 CHF (aproximadamente 15700 euros).
19
El órgano jurisdiccional remitente señala que el contrato controvertido en el litigio principal contiene cláusulas abusivas y que no puede subsistir sin ellas. Considera asimismo que de ello resulta que dicho contrato debe declararse nulo y que, con arreglo al Derecho nacional, las partes están obligadas a restituirse mutuamente las prestaciones realizadas en virtud de dicho contrato.
20
Además, dicho órgano jurisdiccional observa que, con arreglo al artículo 118 del Código Civil, el plazo de prescripción de tres años aplicable al crédito de la entidad bancaria expiró el 31 de diciembre de 2020. Por consiguiente, en la fecha de interposición de la demanda en el procedimiento principal, es decir, el 16 de diciembre de 2021, el crédito de esa entidad había prescrito. Añade que, en consecuencia, habida cuenta de la excepción de prescripción planteada por ML, dicho órgano jurisdiccional está obligado a desestimar la demanda.
21
No obstante, el propio órgano jurisdiccional señala que, según una jurisprudencia nacional, la presentación de una declaración de compensación, de conformidad con el artículo 499 del Código Civil, implica la renuncia a la excepción de prescripción, en el sentido del artículo 117, apartado 2, de dicho Código. El órgano jurisdiccional remitente señala que, en efecto, de esta jurisprudencia se desprende que una parte que presenta una declaración de compensación reconoce, al hacerlo, la existencia y el carácter exigible del crédito que se le opone y manifiesta la voluntad de satisfacerlo, renunciando así a invocar la prescripción. Tal enfoque, admitido también por la doctrina polaca, lleva a los órganos jurisdiccionales nacionales a considerar que la presentación de una declaración de compensación, incluso en términos de defensa, equivale a una renuncia a la excepción de prescripción. Siempre según dicho órgano jurisdiccional, de ello se deduce que, con arreglo a dicha jurisprudencia, no puede acogerse la excepción de prescripción planteada por ML y que el crédito de la entidad bancaria no puede considerarse prescrito.
22
Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de la compatibilidad de esa jurisprudencia nacional con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13.
23
A este respecto, dicho órgano jurisdiccional expone que ML habría podido presentar una declaración de compensación con el único propósito de oponer su propio crédito al de la entidad bancaria, sin haber tenido la intención de renunciar a la excepción de prescripción, tanto más cuanto que invocó simultáneamente esos dos motivos. Por otra parte, en la medida en que ML no formuló una renuncia expresa a la excepción de prescripción, no puede excluirse que no tuviera conocimiento de la circunstancia de que la declaración de compensación podía interpretarse en ese sentido.
24
Según dicho órgano jurisdiccional, una jurisprudencia nacional en virtud de la cual la declaración de compensación implica automáticamente la renuncia a la excepción de prescripción podría resultar contraria a los objetivos de protección de los consumidores perseguidos por la Directiva 93/13. En su opinión, esa jurisprudencia puede disuadir a los consumidores de hacer uso del mecanismo de compensación, aun cuando este constituya un medio eficaz de hacer valer sus derechos cuando existen cláusulas abusivas. Por otra parte, según el órgano jurisdiccional remitente, tanto el principio de protección de los consumidores como el de seguridad jurídica abogan por una interpretación del Derecho nacional conforme a la cual la admisión de una acción prescrita ejercitada por un profesional frente a un consumidor solo puede contemplarse en supuestos excepcionales y claramente definidos.
25
No obstante, ese mismo órgano jurisdiccional observa que, si el objetivo de ML al presentar una declaración de compensación, fuera extinguir el crédito de mBank, podría considerarse que la presentación de tal declaración implica el reconocimiento de la existencia de dicho crédito, sin la cual la compensación carecería de objeto. Señala, además, que ML está representado por un abogado que, habida cuenta de su función, debería conocer la jurisprudencia nacional conforme a la cual la presentación de una declaración de compensación constituye una renuncia a la excepción de prescripción.
26
En esas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva [93/13], así como el principio de efectividad, en el contexto de la anulación en su totalidad de un contrato de préstamo hipotecario debido a que no puede subsistir tras la supresión de las cláusulas abusivas incluidas en dicho contrato, en el sentido de que se oponen a una interpretación jurisdiccional de la normativa nacional conforme a la cual la presentación por parte del consumidor de una declaración de compensación de su crédito con el crédito del banco relativo a la restitución del equivalente al principal del préstamo equivale a una renuncia del consumidor a invocar la excepción de prescripción de dicho crédito del banco?»
Sobre la cuestión prejudicial
Sobre la admisibilidad
27
Las dos partes del litigio principal niegan la admisibilidad de la cuestión prejudicial.
28
En primer lugar, mBank sostiene que la petición de decisión prejudicial no cumple los requisitos del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Considera, en particular, que el órgano jurisdiccional remitente no ha facilitado información alguna sobre las circunstancias en las que ML presentó su declaración de compensación ni sobre el contenido de dicha declaración.
29
A tenor del artículo 94 del Reglamento de Procedimiento, toda petición de decisión prejudicial contendrá «una exposición concisa del objeto del litigio y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en que se basan las cuestiones», «el texto de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto y, en su caso, la jurisprudencia nacional pertinente» y «la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal».
30
En el presente asunto, la petición de decisión prejudicial contiene una descripción del marco fáctico y jurídico del litigio principal suficiente para cumplir esos requisitos. En efecto, por una parte, la petición reproduce el tenor de las disposiciones nacionales aplicables al litigio principal y de la jurisprudencia nacional pertinente. Por otra parte, la descripción que hace el órgano jurisdiccional remitente de las circunstancias en las que ML presentó su declaración de compensación, así como de las dudas que ese órgano jurisdiccional formula respecto a las consecuencias jurídicas que la jurisprudencia nacional atribuye a tal declaración es suficiente para comprender las razones que subyacen a la elección de las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita dicho órgano jurisdiccional y la relación que establece entre esas disposiciones y la normativa nacional aplicable al litigio del que conoce.
31
En segundo lugar, mBank y ML alegan que la cuestión prejudicial es hipotética, ya que ML presentó su declaración de compensación únicamente con carácter subsidiario y la revocó posteriormente mediante escrito de 4 de noviembre de 2024. Consideran que la cuestión relativa a la compensación y a los efectos vinculados a dicha declaración carece, por tanto, de pertinencia para la resolución del litigio principal.
32
A este respecto, procede señalar que, a raíz de una solicitud de información que le remitió el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente confirmó que ML había retirado su declaración de compensación. No obstante, dicho órgano jurisdiccional indicó que desea mantener su petición de decisión prejudicial, debido a que sigue necesitando una respuesta a la cuestión planteada para resolver el litigio principal. Dicho órgano jurisdiccional precisó, a este respecto, que la legislación polaca permite la retirada de la excepción de compensación, entendida como una excepción de procedimiento, pero no autoriza la retirada de una declaración de compensación, como declaración en cuanto al fondo. Añadió que, en cualquier caso, la declaración inicial de compensación equivale a un reconocimiento de deuda, que, con arreglo al artículo 123 del Código Civil, interrumpe el plazo de prescripción. Por tanto, este plazo volvería a correr a partir de dicho reconocimiento implícito, sin que la posterior retirada de la declaración pudiera tener efecto retroactivo y dejar sin efecto el reconocimiento implícito así efectuado.
33
Cabe recordar que, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que ha de adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (véanse las sentencias de 29 de noviembre de 1978, Redmond_83/78, EU:C:1978:214, apartado 25, y de 11 de enero de 2024, Nárokuj, C‑755/22, EU:C:2024:10, apartado 17 y jurisprudencia citada).
34
De ello se desprende que las cuestiones prejudiciales relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (véanse las sentencias de 7 de septiembre de 1999, Beck y Bergdorf, C‑355/97, EU:C:1999:391, apartado 22, y de 11 de enero de 2024, Nárokuj, C‑755/22, EU:C:2024:10, apartado 18 y jurisprudencia citada).
35
En el caso de autos, por una parte, de la respuesta proporcionada por el órgano jurisdiccional remitente —único competente para interpretar el Derecho nacional— a la solicitud de información mencionada en el apartado 32 de la presente sentencia se desprende que, en el Derecho polaco, la declaración de compensación equivale a un reconocimiento de deuda, que produce efectos jurídicos con independencia de su eventual revocación, que, por lo demás, no se admite según el Derecho nacional aplicable.
36
Por otra parte, el litigio principal versa sobre una acción de restitución ejercitada por una entidad bancaria con el fin de obtener el reembolso del capital prestado en virtud de un contrato de préstamo hipotecario que contiene cláusulas abusivas y que debe anularse. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la compatibilidad con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, interpretado a la luz del principio de efectividad de una jurisprudencia nacional conforme a la cual la presentación, por un consumidor, de una declaración de compensación de su crédito con el de la entidad bancaria implica una renuncia implícita a la excepción de prescripción.
37
En tales circunstancias, no resulta evidente que la interpretación solicitada de la Directiva 93/13 carezca de relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal ni que el problema planteado sea de naturaleza hipotética.
38
En tercer y último lugar, mBank sostiene que las disposiciones de la Directiva 93/13 no son aplicables a los efectos de una declaración de compensación formulada en el marco de una acción de restitución, de modo que esta cuestión se rige únicamente por el Derecho nacional.
39
A este respecto, basta con señalar que, cuando, como en el caso de autos, no resulta evidente que la interpretación de un acto del Derecho de la Unión no guarda relación alguna con la realidad o el objeto del litigio principal, la objeción basada en que dicho acto no es aplicable al litigio principal se refiere al fondo de las cuestiones prejudiciales [sentencia de 15 de junio de 2023, Getin Noble Bank (Suspensión de la ejecución de un contrato de crédito), C‑287/22, EU:C:2023:491, apartado 27 y jurisprudencia citada].
40
De las consideraciones anteriores se desprende que la cuestión prejudicial es admisible.
Sobre el fondo
41
Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, considerado a la luz del principio de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que, en el contexto de la anulación en su totalidad de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y una entidad bancaria, debido a que ese contrato contiene una cláusula abusiva sin la cual el contrato no puede subsistir, se opone a una jurisprudencia nacional conforme a la cual la presentación por ese consumidor de una declaración de compensación de su crédito con el de esa entidad bancaria implica una renuncia implícita a la excepción de prescripción relativa al crédito que invoca la referida entidad bancaria.
42
Cabe recordar que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en su contenido [sentencia de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato), C‑520/21, EU:C:2023:478, apartado 54 y jurisprudencia citada].
43
Es por ello que, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, la Directiva 93/13 y, en particular, su artículo 7, apartado 1, en relación con su vigesimocuarto considerando, impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Para lograrlo, incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales abstenerse de aplicar las cláusulas abusivas con el fin de que no produzcan efectos vinculantes para el consumidor, salvo si este se opone a ello [sentencia de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato), C‑520/21, EU:C:2023:478, apartado 56 y jurisprudencia citada].
44
Aunque el Tribunal de Justicia ya ha delimitado en varias ocasiones el modo en que el juez nacional debe garantizar la protección de los derechos que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores, sigue siendo cierto que, en principio, el Derecho de la Unión no armoniza los procedimientos aplicables al examen del carácter supuestamente abusivo de una cláusula contractual ni las consecuencias que deben extraerse de la declaración de ese carácter abusivo. Así, a falta de normativa específica de la Unión en la materia, las disposiciones que regulan la protección de los consumidores prevista en esta Directiva corresponden al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de estos últimos. No obstante, esa regulación no debe ser menos favorable que la aplicable a situaciones similares de naturaleza interna (principio de equivalencia) ni articularse de tal manera que en la práctica haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de noviembre de 2020, Banca B., C‑269/19, EU:C:2020:954, apartado 39, y de 26 de junio de 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, apartados 45 y 46 y jurisprudencia citada).
45
Por lo que se refiere al principio de efectividad, único sobre el que recaen las dudas del órgano jurisdiccional remitente, procede recordar que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición en el conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de este ante las diversas instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, los principios en los que se basa el sistema judicial nacional, como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento (sentencia de 26 de junio de 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, apartado 48 y jurisprudencia citada).
46
Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que la obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables implica, en particular en relación con los derechos derivados de la Directiva 93/13, una exigencia de tutela judicial efectiva, consagrada también en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es aplicable, entre otros aspectos, a la definición de la regulación procesal relativa a las acciones judiciales basadas en tales derechos (sentencia de 10 de junio de 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 a C‑782/19, EU:C:2021:470, apartado 29 y jurisprudencia citada).
47
Entre los medios adecuados y eficaces que deben garantizar a los consumidores la tutela judicial efectiva ha de figurar la posibilidad de participar en un proceso basado en una demanda presentada contra él por un profesional, en condiciones procesales razonables, de manera que no existan requisitos —especialmente plazos, gastos u otros requisitos procesales— que hagan excesivamente difícil o imposibiliten en la práctica el ejercicio de los derechos garantizados por la Directiva 93/13 (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de octubre de 2015, ERSTE Bank Hungary, C‑32/14, EU:C:2015:637, apartado 59, y de 3 de abril de 2019, Aqua Med, C‑266/18, EU:C:2019:282, apartado 53 y jurisprudencia citada).
48
En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que, en el marco de una acción de restitución ejercitada por mBank para cobrar un crédito derivado de un contrato de préstamo hipotecario que debía anularse por contener cláusulas abusivas, ML formuló una excepción de prescripción de ese crédito y presentó simultáneamente una declaración de compensación para compensar su propio crédito con el de la entidad bancaria.
49
Se desprende asimismo que, en la fecha de interposición de la demanda en el procedimiento principal, el crédito de la entidad bancaria había prescrito, de modo que, habida cuenta de la excepción de prescripción planteada por ML, el órgano jurisdiccional remitente estaría obligado a desestimar la demanda. No obstante, dicho órgano jurisdiccional señala que, según la jurisprudencia nacional, con arreglo al artículo 499 del Código Civil, la presentación de una declaración de compensación implica la renuncia a la excepción de prescripción, en el sentido del artículo 117, apartado 2, de dicho Código, de modo que no podría acogerse la excepción formulada por ML y que el crédito de la entidad bancaria no puede considerarse prescrito.
50
A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que supeditar el beneficio de la excepción de prescripción a abstenerse de toda declaración de compensación conlleva, en realidad, limitar la posibilidad de que el consumidor ejerza un derecho procesal previsto por la legislación nacional, a saber, el consistente en reclamar un derecho de crédito recíproco derivado de la anulación del contrato de préstamo de que se trate. Esa limitación puede, en el marco de una demanda interpuesta por el profesional contra el consumidor, constituir un obstáculo que impida o disuada al consumidor de ejercer eficazmente sus derechos procesales, en contra de la jurisprudencia citada en los apartados 46 y 47 de la presente sentencia.
51
En segundo lugar, la jurisprudencia nacional controvertida en el litigio principal también podría menoscabar el efecto disuasorio que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su artículo 7, apartado 1, pretende atribuir a la declaración de la existencia de cláusulas abusivas en contratos celebrados entre profesionales y consumidores [véase, por analogía, la sentencia de 14 de diciembre de 2023, Getin Noble Bank (Plazo de prescripción de las acciones de restitución), C‑28/22, EU:C:2023:992, apartado 74 y jurisprudencia citada].
52
En efecto, como se desprende de los elementos expuestos por el órgano jurisdiccional remitente y recordados en el apartado 49 de la presente sentencia, esta jurisprudencia nacional parece llevar a que un profesional pueda cobrar un crédito prescrito por el mero hecho de que el consumidor, al tiempo que propone una excepción de prescripción, haya ejercido un medio procesal que le reconoce el Derecho nacional, a saber, la presentación de una declaración de compensación. Así pues, dicha jurisprudencia puede privar de efectividad al mecanismo establecido por la Directiva 93/13 para evitar la utilización de cláusulas abusivas en las relaciones contractuales entre profesionales y consumidores, dado que tiene como consecuencia neutralizar los efectos jurídicos vinculados a la anulación del contrato de que se trate y permitir al profesional obtener una ventaja de su propio comportamiento ilícito, que es el que origina de dicha anulación.
53
En tercer y último lugar, cabe recordar que el sistema de protección del consumidor contra las cláusulas abusivas y contra las consecuencias perjudiciales provocadas por la anulación del contrato en su totalidad, establecido por la Directiva 93/13, no resulta aplicable si el consumidor se opone a ello. Este último, tras haber sido informado por el juez nacional, puede no invocar el carácter abusivo y no vinculante de una cláusula, otorgando así un consentimiento libre e informado a la cláusula en cuestión y evitando, de este modo, la anulación del contrato. Para que el consumidor pueda prestar su consentimiento libre e informado, corresponde al juez nacional indicar a las partes, en el marco de las normas procesales nacionales y a la luz del principio de equidad en los procedimientos civiles, de manera objetiva y exhaustiva las consecuencias jurídicas que pueda entrañar la supresión de la cláusula abusiva, con independencia de que estén asistidas por un representante procesal profesional o no (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de abril de 2021, Bank BPH, C‑19/20, EU:C:2021:341, apartados 94, 95 y 97).
54
De manera análoga, una renuncia a la excepción de prescripción no puede presumirse sobre la base únicamente de una jurisprudencia nacional que considera un acto procesal, como una declaración de compensación, una manifestación implícita de la voluntad de renunciar a dicha excepción, sin que se compruebe que el consumidor ha expresado una voluntad libre e informada de hacerlo. La misma interpretación se impone, a fortiori, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que el consumidor ha manifestado expresamente, mediante otro acto procesal presentado simultáneamente, la voluntad contraria de invocar la prescripción.
55
Como ha subrayado, en esencia, el Gobierno polaco en sus observaciones escritas, el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el principio de efectividad exigen que el consumidor pueda hacer valer eficazmente los derechos que le confiere dicha Directiva, sin que el ejercicio de un derecho procesal determinado pueda asimilarse automáticamente a la renuncia implícita a otro. Por lo tanto, procede considerar que una jurisprudencia nacional que deduce una renuncia implícita a la excepción de prescripción de la mera presentación de una declaración de compensación, sin comprobar la voluntad del consumidor, incumple esta exigencia.
56
Esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho de que ML estuviera representado por un abogado que, habida cuenta de su función, debería conocer la jurisprudencia nacional controvertida, ya que tal circunstancia carece, en principio, de incidencia sobre la protección conferida a los consumidores por la Directiva 93/13 (véase, por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2020, Lintner, C‑511/17, EU:C:2020:188, apartado 40 y jurisprudencia citada).
57
Cabe recordar asimismo que el principio de interpretación conforme del Derecho nacional con el Derecho de la Unión exige que los órganos jurisdiccionales nacionales, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, hagan todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena efectividad de la Directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta. La exigencia de interpretación conforme incluye, en particular, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en caso necesario, una jurisprudencia reiterada si esta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional no puede considerar válidamente que se encuentra imposibilitado para interpretar una norma nacional de conformidad con el Derecho de la Unión por el mero hecho de que esa norma se haya interpretado reiteradamente en un sentido que no es compatible con ese Derecho (sentencia de 26 de junio de 2019, Addiko Bank, C‑407/18, EU:C:2019:537, apartados 65 y 66 y jurisprudencia citada).
58
En el presente asunto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente asegurarse de que las disposiciones del Derecho nacional no puedan interpretarse de un modo que impida o disuada al consumidor de la posibilidad de invocar eficazmente la excepción de prescripción relativa al crédito invocado por la entidad bancaria, por el mero hecho de que dicho consumidor haya formulado una declaración de compensación.
59
Por lo tanto, incumbe a dicho órgano jurisdiccional dejar inaplicada, cuando sea necesario, por su propia iniciativa, la jurisprudencia nacional controvertida en el litigio principal, puesto que no resulta compatible con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13.
60
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, considerado a la luz del principio de efectividad, debe interpretarse en el sentido de que, en el contexto de la anulación en su totalidad de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y una entidad bancaria, debido a que ese contrato contiene una cláusula abusiva sin la cual el contrato no puede subsistir, se opone a una jurisprudencia nacional conforme a la cual la presentación por ese consumidor de una declaración de compensación de su crédito con el de esa entidad bancaria implica una renuncia implícita a la excepción de prescripción relativa al crédito que invoca la referida entidad bancaria.
Costas
61
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, considerado a la luz del principio de efectividad,
debe interpretarse en el sentido de que
en el contexto de la anulación en su totalidad de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y una entidad bancaria, debido a que ese contrato contiene una cláusula abusiva sin la cual el contrato no puede subsistir, se opone a una jurisprudencia nacional conforme a la cual la presentación por ese consumidor de una declaración de compensación de su crédito con el de esa entidad bancaria implica una renuncia implícita a la excepción de prescripción relativa al crédito que invoca la referida entidad bancaria.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.