Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 16 de octubre de 2025 (1)
Asunto C‑458/24 [Daraa] (i)
DO
contra
Bundesrepublik Deutschland
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sigmaringa, Alemania)]
« Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Suspensión por el Estado miembro responsable de la toma a cargo de los solicitantes de asilo — Inexistencia de peligro de trato inhumano o degradante como consecuencia de deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida — Alcance de las obligaciones del Estado miembro que solicitó la toma a cargo del solicitante y desea proceder al traslado de este último — Falta de ejecución del traslado del solicitante en el plazo previsto — Transferencia de responsabilidad »
I.      Introducción
1.        El sistema europeo común de asilo parte de la premisa de que, en principio, solo un Estado miembro es responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida en el territorio de un Estado miembro. El Reglamento (UE) n.º 604/2013 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento Dublín III») prevé a tal efecto, por una parte, una serie de criterios de designación y, por otra parte, como regla general, el traslado al Estado miembro responsable si la solicitud se presenta en otro lugar de la Unión Europea. (3)
2.        Este sistema se fundamenta en el principio de confianza mutua, en virtud del cual se presume que el trato dispensado a los solicitantes de protección internacional en cada Estado miembro es conforme, en particular, con las exigencias derivadas de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). (4)
3.        A partir de la sentencia N. S. y otros, (5) que fue codificada en el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Dublín III, (6) se aplica una excepción a este
principio de confianza mutua y, por consiguiente, al traslado al Estado miembro designado como responsable cuando existan deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes de protección internacional en ese Estado miembro que impliquen un peligro de trato inhumano o degradante en el sentido del artículo 4 de la Carta.
4.        En el presente asunto se plantea la cuestión de si esta excepción se aplica también cuando, como sucede con la República Italiana, un Estado miembro designado como responsable ha suspendido de manera unilateral la toma a cargo y la readmisión de los mencionados solicitantes, impidiendo así la ejecución de los traslados a su territorio.
5.        La presente petición de decisión prejudicial, que se inscribe en la estela de la sentencia Tudmur,
(7) brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar las consecuencias jurídicas de tal situación en el marco de la interpretación del Reglamento Dublín III.
II.    Marco jurídico
A.      Reglamento Dublín III
6.        A tenor de los considerandos 4 y 5 del Reglamento Dublín III:
«(4)      Las conclusiones de Tampere precisaron igualmente que el [sistema europeo común de asilo] debería incluir, a corto plazo, un procedimiento de determinación claro y viable del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo.
(5)      Dicho procedimiento debe estar basado en criterios objetivos y equitativos tanto para los Estados miembros como para las personas afectadas. Debe hacer posible, en particular, una determinación rápida del Estado miembro responsable con el fin de garantizar un acceso efectivo a los procedimientos de concesión de protección internacional y no comprometer el objetivo de celeridad en la tramitación de las solicitudes de protección internacional.»
7.        El artículo 3 de dicho Reglamento, titulado «Acceso al procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional», dispone, en sus apartados 1 y 2:
«1.      Los Estados miembros examinarán toda solicitud de protección internacional presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida, ya sea en el territorio de cualquiera de ellos, incluida la frontera, o en las zonas de tránsito. La solicitud será examinada por un solo Estado miembro, que será aquel que los criterios mencionados en el capítulo III designen como responsable.
2.      Cuando, con arreglo a los criterios enumerados en el presente Reglamento, no pueda determinarse el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional, será responsable del examen el primer Estado miembro ante el que se haya presentado la solicitud de protección internacional.
Cuando sea imposible trasladar a un solicitante al Estado miembro que se haya designado en primer lugar como responsable, debido a que hay razones fundadas para temer que existen deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes en ese Estado miembro que implican un peligro de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la [Carta], el Estado miembro encargado de la determinación seguirá examinando los criterios fijados en el capítulo III para decidir si otro Estado miembro puede ser designado como responsable.
Cuando el traslado no pueda hacerse, con arreglo al presente apartado, al Estado miembro designado sobre la base de los criterios fijados en el capítulo III o al primer Estado miembro en el que se presentó la solicitud, el Estado miembro encargado de la determinación pasará a ser el Estado miembro responsable.»
8.        El capítulo III del citado Reglamento, que contiene los artículos 7 a 15, establece los criterios relativos a la determinación del Estado miembro responsable, entre los que figura el del primer país de entrada, que se enuncia en el artículo 13, apartado 1.
9.        El artículo 18 del mismo Reglamento, que se encuentra en el capítulo V de este, se refiere a las obligaciones del Estado miembro responsable y prevé, en su apartado 1, letra a), que «el Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento deberá hacerse cargo, en las condiciones establecidas en los artículos 21, 22 y 29, del solicitante que haya presentado una solicitud en otro Estado miembro».
10.      El capítulo VI del Reglamento Dublín III versa sobre los procedimientos de toma a cargo y readmisión de los solicitantes y comprende los artículos 20 a 33 de este Reglamento.
11.      El artículo 29 de dicho Reglamento, titulado «Modalidades y plazos», dispone, en sus apartados 1 y 2:
«1.      El traslado del solicitante o de otra persona mencionada en el artículo 18, apartado 1, letras c) o d), desde el Estado miembro requirente al Estado miembro responsable se efectuará de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro requirente, previa concertación entre los Estados miembros afectados, en cuanto sea materialmente posible y a más tardar en el plazo de seis meses a partir de la fecha de aceptación de la petición por otro Estado miembro de hacerse cargo de la persona interesada o de readmitirla, o a partir de la resolución definitiva de un recurso o revisión que, con arreglo al artículo 27, apartado 3, tenga efecto suspensivo.
[…]
2.      Si el traslado no se produce en el plazo de seis meses, el Estado miembro responsable quedará exento de la obligación de hacerse cargo o de readmitir a la persona interesada, y la responsabilidad se transferirá al Estado miembro requirente. Este plazo podrá ampliarse hasta un año como máximo en caso de que el traslado no pudiera efectuarse por motivo de pena de prisión de la persona interesada o hasta un máximo de 18 meses en caso de fuga de la persona interesada.»
B.      Reglamento (CE) n.º 1560/2003
12.      El artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 343/2003 del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, (8) titulado «Cooperación para el traslado», dispone, en su apartado 1, lo siguiente:
«El Estado miembro responsable deberá permitir el traslado del solicitante a la mayor brevedad posible y velar por que no se oponga ningún obstáculo a su entrada. […]»
13.      A tenor del artículo 9 del mismo Reglamento, con la rúbrica «Aplazamiento del traslado y traslado tardío»:
«1.      Se informará al Estado miembro responsable, sin demora, de cualquier aplazamiento del traslado debido, bien a un procedimiento de recurso o revisión que tenga efecto suspensivo, bien a circunstancias materiales como el estado de salud del solicitante, la falta de disponibilidad del medio de transporte o el hecho de que el solicitante haya eludido la ejecución del traslado.
1 bis.      En el caso de que un traslado se haya aplazado a petición del Estado miembro que efectúa el traslado, este Estado y el Estado miembro responsable deberán reanudar su comunicación al efecto de hacer posible un nuevo traslado a la mayor brevedad, de conformidad con el artículo 8 y, a más tardar, en el plazo de dos semanas desde el momento en que las autoridades se hayan enterado del cese de las circunstancias que hayan provocado su retraso o aplazamiento. En tal caso, se remitirá antes del traslado un nuevo formulario tipo para la transmisión de los datos antes de ejecutar el traslado, tal como se establece en el anexo VI.
2.      Incumbirá al Estado miembro que, por alguno de los motivos contemplados en el artículo 29, apartado 2, del [Reglamento Dublín III], no pueda proceder al traslado en el plazo normal de seis meses a partir de la fecha de aceptación de la petición de asunción de responsabilidad o de readmisión de la persona interesada o de la decisión final sobre un recurso o revisión, con efecto suspensivo, informar de ello al Estado miembro responsable antes de la expiración de este plazo. En caso contrario, la responsabilidad de la tramitación de la solicitud de protección internacional y las restantes obligaciones que se derivan del [Reglamento Dublín III] incumbirán al Estado miembro requirente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, apartado 2, de dicho Reglamento.
[…]»
III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
14.      El recurrente en el litigio principal, un nacional sirio, entró en Alemania el 18 de abril de 2023 y presentó una solicitud de asilo el 26 de abril de 2023. A partir de la información contenida en la base de datos Eurodac, la República Italiana fue identificada como el Estado miembro responsable del examen de esta solicitud.
15.      El 27 de abril de 2023, la Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Oficina Federal de Migración y Refugiados, Alemania; en lo sucesivo, «Oficina Federal») envió por tanto a la República Italiana una petición para que se hiciera cargo del recurrente en el litigio principal en virtud del Reglamento Dublín III, petición a la que las autoridades italianas no respondieron.
16.      Mediante resolución de 18 de julio de 2023, la Oficina Federal denegó por inadmisible la solicitud de asilo del recurrente en el litigio principal, basándose en que la República Italiana era responsable del examen de dicha solicitud y ordenó su expulsión a Italia.
17.      El 27 de julio de 2023, el recurrente en el litigio principal interpuso recurso contra dicha resolución ante el órgano jurisdiccional remitente,
el cual, mediante resolución de 26 de octubre de 2023, ordenó el efecto suspensivo del recurso.
18.      Mediante dos circulares de 5 y 7 de diciembre de 2022, la Unidad «Dublín» italiana, la autoridad competente adscrita al Ministerio del Interior italiano, comunicó a todas las demás unidades «Dublín» que, con carácter provisional y sin perjuicio de las excepciones, la República Italiana ya no aceptaría traslados de solicitantes de protección internacional a Italia con arreglo al Reglamento Dublín III.
19.      Según el órgano jurisdiccional remitente, es necesario dilucidar si, como consecuencia de esta negativa a hacerse cargo, la República Federal de Alemania pasó a ser el Estado miembro responsable en virtud del artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III. De ser así, la resolución de la Oficina Federal sería ilegal.
20.      El citado órgano jurisdiccional considera que tal negativa constituye una «vulneración del sistema» del Reglamento Dublín III. Arguye que este Reglamento parte de la premisa, basada en la confianza mutua, de que los Estados miembros se hacen cargo de los solicitantes que presenten una solicitud de protección internacional cuyo examen sea de su responsabilidad. Habida cuenta de esta premisa y del objetivo de celeridad en la tramitación de las solicitudes, la disponibilidad del Estado miembro responsable a hacerse cargo de los solicitantes es a su juicio un «requisito no escrito de la aplicación» del artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del referido Reglamento. Por lo tanto, concluye aquel, la negativa a hacerse cargo constituye una vulneración de esta disposición, con independencia de las condiciones de acogida en el Estado miembro responsable. Por consiguiente, en el presente asunto, dicha disposición podría dar lugar a una transferencia de la responsabilidad a la República Federal de Alemania.
21.      En estas circunstancias, el Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sigmaringa, Alemania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del [Reglamento Dublín III] o ese Reglamento como tal en el sentido de que el Estado miembro encargado de la determinación del Estado miembro responsable debe seguir examinando los criterios fijados en el capítulo III de dicho Reglamento y se convierte él mismo en responsable si el Estado miembro responsable con arreglo a dichos criterios no está dispuesto a acoger a personas que hayan sido objeto de una decisión de retorno a efectos del referido Reglamento?
2)      ¿Se aplica también esta obligación del Estado miembro encargado de la determinación del Estado miembro responsable de seguir examinando los criterios fijados en el citado capítulo III aun cuando en el Estado miembro que no está dispuesto a la acogida no existan deficiencias sistemáticas, en el sentido del artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del [Reglamento Dublín III], que impliquen un peligro de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la [Carta]?
3)      ¿Debe interpretarse el artículo 33, apartado 1, de la [Directiva 2013/32/UE (9)] en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual también debe denegarse por inadmisible una solicitud de asilo si el Estado miembro responsable con arreglo al [Reglamento Dublín III] no está dispuesto a la acogida?
4)      ¿Debe suponer el Estado miembro encargado de tal determinación que el Estado miembro responsable con arreglo al [Reglamento Dublín III] no está dispuesto a la acogida si el Ministerio del Interior de este último Estado miembro declara por escrito que, provisionalmente, no se acogerá a personas que hayan sido objeto de una decisión de retorno a efectos del Reglamento Dublín III y el Estado miembro responsable impide posteriormente la acogida de dichas personas?
5)      ¿Vulnera la negativa del Estado miembro responsable a acoger a personas que hayan sido objeto de una decisión de retorno a efectos del Reglamento Dublín III, en sí misma e independientemente de cualquier peligro resultante, en el sentido del artículo 4 de la [Carta], derechos subjetivos de la persona afectada? ¿Prevé el artículo 27, apartado 1, del [Reglamento Dublín III] una vía de recurso efectiva contra esta vulneración de derechos subjetivos?»
22.      Han presentado observaciones escritas el recurrente en el litigio principal, los Gobiernos danés, francés, italiano, austriaco y finlandés, así como la Comisión Europea. Los Gobiernos danés, alemán, francés, italiano y finlandés, así como la Comisión, participaron en la vista que se celebró el 18 de junio de 2025.
23.      Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se limitarán al análisis de las cuestiones prejudiciales primera y segunda.
IV.    Análisis
A.      Observaciones preliminares sobre la formulación de las cuestiones prejudiciales y sobre la estructura del análisis
24.      En la medida en que tanto la primera como la segunda cuestión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo
3, apartado
2, del Reglamento Dublín III en caso de suspensión de los traslados al Estado miembro designado como responsable, considero que procede examinarlas conjuntamente.
25.      A este respecto, cabe observar que, si bien la primera cuestión prejudicial se refiere indistintamente a la interpretación de la citada disposición o del Reglamento Dublín III «como tal», se desprende, no obstante, de su lectura conjunta con la segunda cuestión prejudicial que las dudas del órgano jurisdiccional remitente versan, más concretamente, sobre los párrafos segundo y tercero de dicha disposición, en la medida en que desea saber, en relación con las obligaciones del Estado miembro que examina los criterios de responsabilidad, cuáles son las consecuencias de una suspensión unilateral de la toma a cargo por el Estado miembro responsable.
26.      Procede observar que el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento Dublín III, que se refiere al supuesto en el que no pueda designarse ningún Estado miembro responsable con arreglo a los criterios enumerados en dicho Reglamento, carece de pertinencia a efectos de este análisis. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente indica que las autoridades alemanas identificaron a la República Italiana como el Estado miembro responsable, por ser el primer país de entrada. (10)
27.      Además, debo señalar que las cuestiones prejudiciales primera y segunda se refieren únicamente a la suspensión de la toma a cargo de solicitantes de protección internacional. Ahora bien, de la resolución de remisión y de la sentencia Tudmur (11) se desprende que la República Italiana ha suspendido tanto la toma a cargo como la readmisión de los solicitantes. Dado que el artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III no las distingue, mi análisis se aplica a estas dos situaciones (12) haciendo referencia únicamente a la toma a cargo.
28.      A la luz de lo anterior, considero que ha de entenderse que, mediante las cuestiones prejudiciales primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III debe interpretarse en el sentido de que el Estado miembro encargado de la determinación del Estado miembro responsable está obligado a seguir examinando los criterios fijados en el capítulo III del
citado Reglamento, o incluso convertirse él mismo en responsable, cuando el Estado miembro designado inicialmente como responsable con arreglo a tales criterios no esté dispuesto a hacerse cargo de las personas que hayan sido objeto de una decisión de traslado en virtud de dicho Reglamento y cuando no existan, en este último Estado miembro, deficiencias sistemáticas que impliquen un peligro de trato inhumano o degradante en el sentido del artículo 4 de la Carta.
29.      A fin de dar una respuesta útil y completa al órgano jurisdiccional remitente, estimo que conviene examinar también el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III, según el cual, si el traslado del solicitante de protección internacional no se produce en el plazo previsto, el Estado miembro requirente asumirá la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional. Esta disposición fue citada por varias partes interesadas en sus observaciones escritas y fue objeto de profundos debates en la vista.
30.      Por lo tanto, para responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, presentaré en primer lugar (sección B) un breve resumen de los requisitos de aplicación del artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III, así como de las enseñanzas resultantes de la sentencia Tudmur, que pueden extrapolarse al caso de autos. En segundo lugar (sección C), abordaré la articulación de esta disposición con el artículo 29, apartado 2, del referido Reglamento.
B.      Sobre los requisitos de aplicación del artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III
1.      Observaciones generales
31.      Procede recordar que el artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III codifica la jurisprudencia relativa al Reglamento (CE) n.º 343/2003 (13) (en lo sucesivo, «Reglamento Dublín II»), según la cual, en virtud del artículo 4 de la Carta, incumbe a los Estados miembros, incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales, no trasladar a un solicitante de asilo al Estado miembro responsable cuando no puedan ignorar que las deficiencias sistemáticas del procedimiento de asilo y de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en ese Estado miembro constituyen motivos serios y acreditados para creer que el solicitante correrá un riesgo real de ser sometido a tratos inhumanos o degradantes en el sentido de la última disposición citada. (14)
32.      El artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III precisa que, en una situación de este tipo, el Estado miembro encargado de la determinación del Estado miembro responsable se convierte en el responsable del examen de la solicitud de protección internacional si comprueba, tras examinar los criterios que se establecen en el capítulo III de dicho Reglamento, que es imposible trasladar al solicitante al Estado miembro designado sobre la base de tales criterios o al primer Estado miembro en el que se presentó la solicitud. (15)
33.      El origen jurisprudencial de esta disposición pone de manifiesto que se concibió como un mecanismo excepcional, pero necesario, para evitar una aplicación absoluta de los criterios de determinación del Estado miembro responsable y permitir así a la Unión y a sus Estados miembros respetar sus obligaciones relativas a la protección de los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo. (16)
34.      A lo largo de los años, el Tribunal de Justicia ha confirmado los estrictos requisitos para la aplicación del artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Dublín III. Así, únicamente las «deficiencias sistemáticas» que «implican un peligro de trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la [Carta]», imposibilitan el traslado de un solicitante de protección internacional al Estado miembro responsable, ya que esos dos requisitos son acumulativos. (17)
35.      De lo anterior se desprende claramente que el artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III no puede aplicarse a situaciones distintas de las contempladas en esta disposición. Tal como consideró el Tribunal de Justicia en la sentencia N. S. y otros, (18) sería contrario a los objetivos y al sistema del citado Reglamento que el más mínimo incumplimiento de la legislación de la Unión en materia de derecho de asilo bastara para que no se produjera el traslado de un solicitante de asilo al Estado miembro en principio responsable.
2.      Aplicación al caso de autos
36.      El Tribunal de Justicia confirmó, en la sentencia Tudmur, que no cabe considerar que concurran los dos requisitos acumulativos de aplicación del artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Dublín III por la única razón de que el Estado miembro designado como responsable en virtud de los criterios establecidos en el capítulo III de dicho Reglamento haya suspendido unilateralmente la toma a cargo de los solicitantes. Por consiguiente, tal suspensión unilateral no dispensa al Estado miembro que conoce del asunto de comprobar la existencia de deficiencias sistemáticas y del riesgo de vulneración del artículo 4 de la Carta tras un análisis concreto, basado en elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados. (19)
37.      El Tribunal de Justicia llegó a esta conclusión basándose en los objetivos del Reglamento Dublín III, que tiene por objeto, en particular, establecer un procedimiento de determinación claro y viable del Estado miembro responsable y prevenir los movimientos secundarios de solicitantes de asilo entre los Estados miembros. (20) Según el Tribunal de Justicia, si el Estado miembro designado como responsable en virtud de los criterios recogidos en el capítulo III de dicho Reglamento pudiera liberarse, con un mero anuncio unilateral, de las responsabilidades que le incumben en virtud de este Reglamento, se ignorarían esos criterios y podría ponerse así en peligro el buen funcionamiento del sistema establecido por el mencionado Reglamento. (21)
38.      En la medida en que, como ya he señalado, (22) la situación controvertida en el asunto en el que recayó la sentencia Tudmur tenía por objeto, al igual que en el caso de autos, la suspensión por parte de la República Italiana, desde 2022, de la toma a cargo, no aprecio ninguna razón para apartarse de esta interpretación, que confirma el enfoque anterior del Tribunal de Justicia en cuanto al estricto umbral de aplicación del artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III.
39.      Además, el Tribunal de Justicia recordó en la citada sentencia que, con arreglo al artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III, corresponde al órgano jurisdiccional competente examinar los riesgos para el individuo de que se trate en el momento mismo del traslado, en el procedimiento de asilo o al término de este. (23)
40.      Por lo tanto, la citada sentencia confirma, en mi opinión, que la razón por la que el artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III no puede aplicarse a una situación como la controvertida en el litigio principal no radica en la distinción, sugerida por el órgano jurisdiccional remitente, entre el procedimiento «Dublín» y el «procedimiento de asilo», sino en la inexistencia de deficiencias sistemáticas que impliquen un peligro de trato inhumano o degradante del solicitante. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional considera que la mencionada disposición se refiere únicamente al procedimiento de examen de la solicitud de protección internacional, mientras que la suspensión de la toma a cargo en cuestión se limita al procedimiento previo de examen de los criterios de determinación del Estado miembro responsable previstos en el mismo Reglamento. Pues bien, este razonamiento es contrario al carácter general y absoluto de la prohibición que establece el artículo 4 de la Carta, del que el Tribunal de Justicia dedujo que está descartado el traslado de un solicitante al Estado miembro responsable en cualquier situación en la que existan motivos serios y acreditados para creer que el solicitante correrá un riesgo real de trato inhumano o degradante en el sentido de esa disposición durante su traslado o como resultado de este. (24)
41.      Habida cuenta de lo anterior, debo observar que, en esta fase, procedería responder negativamente a las cuestiones prejudiciales primera y segunda.
42.      Sin embargo, es preciso examinar también, como he indicado en el punto 29 de las presentes conclusiones, el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III, cuya lectura aboga igualmente en contra de una interpretación según la cual el artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, de dicho Reglamento deba aplicarse a una situación como la controvertida en el caso de autos.
C.      Sobre la articulación con el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III
1.      Exposición del problema
43.      Como se desprende de la motivación de las cuestiones prejudiciales primera y segunda, (25) el órgano jurisdiccional remitente considera que la suspensión de la toma a cargo controvertida en el presente asunto constituye una «vulneración del sistema» del Reglamento Dublín III, que debería corregirse a través de la jurisprudencia, con el fin de alcanzar el objetivo de celeridad en la tramitación de las solicitudes.
44.      Pues bien, tal enfoque no solo es incompatible con la sistemática del artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III y con una jurisprudencia consolidada, que se ha resumido en el punto 34 de las presentes conclusiones, sino que además se basa en una interpretación incompleta, en mi opinión, de dicho Reglamento.
45.      El órgano jurisdiccional remitente parece considerar que el Reglamento Dublín III no prevé ninguna disposición que regule las consecuencias de una suspensión de la toma a cargo por  el Estado miembro responsable.
46.      Ahora bien, el artículo 3, apartado 2, del Reglamento Dublín III tiene por objeto la situación en la que el traslado del solicitante esté excluido debido a deficiencias sistemáticas en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes que impliquen un peligro de trato inhumano o degradante del solicitante. A falta de esa situación excepcional o de la aplicación de una cláusula discrecional, (26) dicho Reglamento prevé, en su capítulo VI, la incoación de un procedimiento de toma a cargo para el traslado del solicitante al Estado miembro que haya sido determinado como responsable del examen de la solicitud de protección internacional.
47.      La sección VI del capítulo VI del Reglamento Dublín III, que regula el procedimiento de traslado de los solicitantes, contiene el artículo 29, titulado «Modalidades y plazos», que dispone, en su apartado 1, que el traslado del solicitante desde el Estado miembro requirente al Estado miembro responsable se efectuará de conformidad con el Derecho nacional del Estado miembro requirente, previa concertación entre los Estados miembros afectados, en cuanto sea materialmente posible y, como regla general, a más tardar en el plazo de seis meses. El apartado 2 de este mismo artículo establece, en esencia, que si el traslado no se produce en ese plazo de seis meses, que podrá ampliarse en caso de pena de prisión o de fuga, el Estado miembro responsable quedará exento de la obligación de hacerse cargo o de readmitir a la persona interesada, y la responsabilidad se transferirá al Estado miembro requirente.
48.      Por consiguiente, cuando, tras la expiración del plazo de traslado del solicitante como consecuencia de la suspensión de la toma a cargo por el Estado miembro responsable, el Estado miembro requirente —en el presente asunto, la República Federal de Alemania— se convirtiera en responsable del examen de la solicitud de protección internacional, la transferencia de responsabilidad no se producirá en la fase del examen de los criterios de determinación del Estado miembro responsable, sino en la fase del procedimiento de traslado del solicitante. (27)
49.      Pues bien, tal como se desprende de sus observaciones escritas y orales, (28) las partes interesadas exponen distintas interpretaciones posibles acerca de la aplicabilidad del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III a tal situación.
50.      Con objeto de determinar la pertinencia de estas diferentes interpretaciones, analizaré el tenor literal, el contexto y los objetivos del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III, teniendo en cuenta su génesis y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la transferencia de responsabilidad tras expirar el plazo de traslado del solicitante de protección internacional.
2.      Interpretación literal y contextual
51.      En primer lugar, ha de señalarse que el tenor literal del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III no limita la transferencia de responsabilidad a determinados supuestos o motivos. La única situación enunciada expresamente, en la segunda frase de este precepto, es la de la ampliación del plazo de traslado del solicitante en caso de pena de prisión o de fuga.
52.      Desde el punto de vista simplemente de la lógica del texto del Reglamento Dublín III, esta segunda frase, en la medida en que contempla las situaciones de ampliación del plazo de traslado, no puede restringir la primera frase de esta disposición, formulada en términos abiertos («si el traslado no se produce en el plazo de seis meses […]»).
53.      Esta interpretación se ve corroborada por la sentencia Shiri, (29) en la que el Tribunal de Justicia declaró que del propio tenor del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III se desprende que esta disposición establece una transferencia de pleno derecho de la responsabilidad al Estado miembro requirente sin supeditarla a que el Estado miembro responsable reaccione de algún modo. En particular, según el Tribunal de Justicia, no es necesario que el Estado miembro se niegue a tomar a cargo o a readmitir a la persona interesada. (30)
54.      En segundo lugar, habida cuenta del contexto de la disposición en cuestión, procede observar que el Reglamento n.º 1560/2003 se refiere, en relación con las disposiciones de aplicación del Reglamento Dublín III, al supuesto de que el aplazamiento del traslado del solicitante se deba bien a un procedimiento de recurso o revisión que tenga efecto suspensivo, o bien a circunstancias materiales «como el estado de salud del solicitante, la falta de disponibilidad del medio de transporte o el hecho de que el solicitante haya eludido la ejecución del traslado». (31) No obstante, es preciso señalar que se trata únicamente de una enumeración ilustrativa.
55.      Además, la transferencia de pleno derecho de responsabilidad en la fase del procedimiento de traslado del solicitante establece, a mi juicio, una distinción clara entre el artículo 29, apartado 2, y el artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento Dublín III. Este último precepto exige que las autoridades nacionales del Estado miembro encargado de determinar al Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional aprecien los requisitos acumulativos relativos a las deficiencias sistemáticas que entrañan un riesgo de que el interesado sufra un trato contrario al artículo 4 de la Carta. Además, solo prevé la transferencia de responsabilidad en un segundo momento, de modo que las autoridades de ese Estado miembro deben proseguir, en un primer momento, el examen de los criterios de responsabilidad. (32)
56.      Por consiguiente, al igual que la Comisión y los Gobiernos francés e italiano, estimo que el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III, interpretado literalmente y en su contexto, se aplica a todos los casos de no ejecución del traslado del solicitante en el plazo de seis meses previsto.
57.      Dicho esto, cabe preguntarse si, al adoptar el artículo 29 del Reglamento Dublín III, el legislador de la Unión pretendió que el transcurso del plazo de seis meses para el traslado del solicitante condujera, de forma casi automática, a la transferencia de responsabilidad también en el caso de que el Estado miembro requerido haya suspendido los traslados efectivos a su territorio y que, de este modo, las consecuencias del incumplimiento del plazo de traslado del solicitante como consecuencia de la decisión unilateral de este último Estado miembro sean imputadas al Estado miembro requirente.
58.      En efecto, el artículo 29, apartado 1, del Reglamento Dublín III dispone que el traslado del solicitante al Estado miembro responsable se efectuará «previa concertación entre los Estados miembros afectados» y en cuanto sea materialmente posible. Estos términos podrían indicar que esta disposición se introdujo presuponiendo que el Estado miembro requerido está dispuesto a hacerse cargo o a readmitir al solicitante de protección internacional de que se trate.
59.      Para entender mejor el alcance del artículo 29 del Reglamento Dublín III, me parece oportuno recordar su génesis.
3.      Interpretación histórica
60.      La transferencia de responsabilidad al Estado miembro requirente al expirar el plazo de traslado del solicitante fue establecida por el Reglamento Dublín II. Dicho Reglamento establecía, para los procedimientos de toma a cargo y de readmisión, dos disposiciones redactadas en los mismos términos que el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III. (33)
61.      Por lo que respecta a la toma a cargo, de la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento Dublín II de la Comisión (34) se desprende que esta transferencia de responsabilidad, inexistente en el Convenio de Dublín, (35) que no preveía tal consecuencia en caso de fracaso del traslado del solicitante, se basaba, por una parte, en la consideración de que «el Estado miembro que ha fallado en el cumplimiento de los objetivos de control de la inmigración clandestina comunes a los Estados miembros debe asumir frente a sus socios las consecuencias que de ello se derivan». Por otra parte, este mecanismo tenía por objeto «evitar la constitución de un apartado de “solicitantes de asilo en órbita” cuya solicitud no se examine en ningún Estado miembro». (36)
62.      En lo que atañe a los procedimientos de readmisión, la exposición de motivos de
la propuesta de Reglamento Dublín II indicaba que la disposición que prevé la transferencia de responsabilidad «fija la consecuencia de la incapacidad del Estado requirente de efectuar el traslado al Estado responsable: el acuerdo otorgado a la readmisión caduca y el Estado miembro requirente debe asumir la responsabilidad del solicitante de asilo». (37)
63.      Por consiguiente, las normas del Reglamento Dublín II correspondientes al artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III se contemplaron inicialmente, por un lado, para el supuesto de que la falta de ejecución del traslado del solicitante fuera imputable al Estado miembro requirente, y, por otro lado, para garantizar que la solicitud de asilo fuera finalmente tramitada por un Estado miembro.
64.      El hecho de que la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento Dublín II no contenga ninguna mención a una situación como la controvertida en el litigio principal no permite en ningún caso, a mi juicio, concluir que tal situación no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III. Por la propia naturaleza del Derecho, el legislador no puede anticipar, en el momento de la adopción de una norma, todos los posibles supuestos que pueden entrar en su ámbito de aplicación.
65.      Además, como observó, en esencia, el Gobierno finlandés, no es sorprendente que el supuesto de suspensión unilateral de la toma a cargo por un Estado miembro no se haya contemplado expresamente en el texto de los Reglamentos Dublín II y III: prever ese supuesto habría implicado que el legislador suponga que los Estados miembros no respetarían las obligaciones que les incumben en virtud de dichos Reglamentos.
66.      Pues bien, considero que una interpretación del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III según la cual esta disposición se aplica al supuesto de suspensión unilateral de la toma a cargo de los solicitantes de asilo por el Estado miembro responsable no solo se atiene al tenor literal de ese precepto, sino que también es conforme con los objetivos del citado Reglamento, tal como expondré a continuación.
4.      Interpretación teleológica
a)      Sobre los objetivos del Reglamento Dublín III
67.      Los Gobiernos que participaron en la vista expusieron opiniones discrepantes sobre los objetivos que deben tomarse en consideración para la interpretación del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III. Por un lado, los Gobiernos francés, italiano, austriaco y finlandés invocaron el objetivo de celeridad en la determinación del Estado miembro responsable y la garantía del acceso efectivo a los procedimientos de asilo, tal como se indica en los considerandos 4 y 5 del referido Reglamento.
68.      Por otro lado, los Gobiernos danés y alemán insistieron en la necesidad de evitar la elusión de los criterios de determinación del Estado miembro responsable y el fenómeno del «asylum shopping», es decir, la posibilidad de que los nacionales de terceros países elijan libremente de facto el Estado miembro que tramitará sus solicitudes de protección internacional. Según estos Gobiernos, el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III no puede interpretarse en el sentido de que conlleve, en el caso de autos, una transferencia de responsabilidad tras la expiración del plazo de seis meses. De lo contrario, la República Italiana se liberaría de manera unilateral de las obligaciones que le incumben en virtud de dicho Reglamento y, en particular, de su responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional.
69.      En primer lugar, interpretar el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III en el sentido de que es aplicable en caso de que no se ejecute el traslado del solicitante debido a la suspensión unilateral de la toma a cargo por el Estado miembro responsable es, en mi opinión, conforme con el objetivo de celeridad en la tramitación de las solicitudes de protección internacional y de acceso efectivo a los procedimientos de concesión de protección internacional, que se prevé en el considerando 5 del referido Reglamento.
70.      A este respecto, al igual que la Comisión y los Gobiernos austriaco, finlandés, francés e italiano, estimo que esta interpretación permite, por una parte, mantener la responsabilidad del Estado miembro designado como responsable y, por tanto, el sistema de criterios de determinación de la responsabilidad establecido por el Reglamento Dublín III durante el plazo de traslado de seis meses. En el presente asunto, al indicar el Gobierno italiano que la suspensión solo era temporal, podría ser levantada en cualquier momento.
71.      Por otra parte, la aplicación del mecanismo de transferencia de pleno derecho de la responsabilidad al expirar el plazo legal (38) permite, a mi juicio, que prevalezca la seguridad jurídica a la hora de determinar el Estado miembro responsable y garantiza así un acceso efectivo a los procedimientos de concesión de protección internacional.
72.      Por añadidura, en cuanto a la alegación de los Gobiernos danés y alemán según la cual la transferencia de responsabilidad en virtud del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III vaciaría de contenido la concepción estricta del artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del citado Reglamento, debo recordar que estas disposiciones se basan en requisitos distintos y persiguen finalidades propias. (39) Además, estos Gobiernos no cuestionan que, tal como se desprende de la sentencia Tudmur, esta última disposición no se aplica a la situación controvertida en el presente asunto.
b)      Sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la transferencia de responsabilidad
73.      La jurisprudencia del Tribunal de Justicia confirma que el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III da prioridad, en definitiva, al interés de los nacionales de terceros países en que sus solicitudes de protección internacional sean tramitadas rápidamente frente al riesgo de elusión de los criterios de determinación que resultaría de la transferencia de responsabilidad desde el Estado miembro normalmente responsable al Estado miembro en el que se presentó tal solicitud.
74.      Así, en primer lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III se inscribe en el objetivo de celeridad en la tramitación de las solicitudes de protección internacional (40) y prevé únicamente una ampliación del plazo, con carácter excepcional, en determinados casos frecuentes de imposibilidad material de ejecución de la decisión de traslado. (41)
75.      En segundo lugar, el Tribunal de Justicia no ha excluido del ámbito de aplicación de esta disposición las circunstancias relacionadas con la imposibilidad de ejecutar el traslado del solicitante que no son imputables al Estado miembro requirente, como la pandemia de COVID‑19 (42) o el estado de salud del solicitante. (43) Además, el Tribunal de Justicia ha subrayado que el legislador de la Unión no estimó que la imposibilidad material de proceder a la ejecución de una decisión de traslado deba considerarse apta para justificar la interrupción o la suspensión del plazo de traslado del solicitante establecido en el artículo 29, apartado 1, del Reglamento Dublín III. (44)
c)      Sobre la confianza mutua y la deferencia hacia el legislador
76.      Procede observar que los Gobiernos alemán y danés alegan en sus observaciones que la interpretación del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III que propongo adoptar violaría el principio de confianza mutua y consagraría una infracción del Derecho de la Unión por la República Italiana.
77.      Estas alegaciones no me convencen.
78.      En primer lugar, en mi opinión, la aplicación del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III no afecta al principio de confianza mutua. Si bien de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende de manera reiterada que el sistema europeo común de asilo ha sido concebido sobre la base de dicho principio, (45) la aplicación de este precepto no constituye una excepción a la presunción del respeto por los Estados miembros del Derecho de la Unión y, en particular, de los derechos fundamentales. Como acabo de exponer, la transferencia de pleno derecho de la responsabilidad de examinar una solicitud de protección internacional en virtud de la citada disposición no depende de la razón por la que el solicitante no ha sido trasladado en el plazo previsto.
79.      En segundo lugar, se desprende ciertamente de la sentencia Tudmur que el anuncio unilateral por un Estado miembro de la suspensión de todos los traslados de los solicitantes de protección internacional a su territorio y, por tanto, de los procedimientos de toma a cargo y de readmisión de estos solicitantes incumple las obligaciones que le incumben en el marco del sistema europeo común de asilo. (46) No obstante, en mi opinión, la solución a tal incumplimiento de las obligaciones derivadas del Reglamento Dublín III no puede buscarse en una interpretación de dicho Reglamento contraria a su tenor y a los objetivos que persigue. Como también indicó el Gobierno finlandés en sus observaciones escritas, en el Derecho de la Unión existen vías adecuadas para sancionar el incumplimiento por un Estado miembro de las obligaciones derivadas del citado Reglamento.
80.      En tercer lugar, el Tribunal de Justicia es competente únicamente para interpretar el Derecho, dentro de los límites del tenor y de los objetivos de los textos legislativos vigentes. La reforma de la normativa a través del procedimiento legislativo forma parte de la labor y de las decisiones políticas del legislador.
81.      Me refiero, a este respecto, a la reciente reforma del derecho de asilo que dio lugar a la adopción, en mayo de 2024, del Pacto sobre Migración y Asilo, del que forma parte el Reglamento (UE) 2024/1351. (47)
82.      Conviene observar que el texto del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III se ha retomado en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento 2024/1351, precisando los supuestos en los que puede ampliarse el plazo de traslado del solicitante y la duración máxima de esta ampliación, (48) con el fin de limitar la posibilidad de que el comportamiento de los solicitantes pueda llevar al cese o transferencia de la responsabilidad a otro Estado miembro. (49) Además, como señaló la Comisión en la vista, el legislador ha establecido normas excepcionales que permiten al Estado miembro que se enfrente a una situación de llegada masiva extraordinaria quedar dispensado de su obligación de readmitir a un solicitante, (50) así como un mecanismo de solidaridad obligatorio para dar apoyo a los Estados miembros sometidos a presión migratoria y garantizar un acceso rápido a los procedimientos de concesión de protección internacional. (51)
83.      A mi juicio, de ello se deduce que, en el estado actual del Derecho de la Unión en la materia, la imposibilidad de trasladar efectivamente a un solicitante debido a la suspensión unilateral, por el Estado miembro designado como responsable, de la toma a cargo de los solicitantes de protección internacional está comprendida, a falta de otros mecanismos, en el ámbito del mecanismo de transferencia de responsabilidad en virtud del artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III.
V.      Conclusión
84.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas por el Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sigmaringa, Alemania) de la manera siguiente:
El artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida,
debe interpretarse en el sentido de que
el Estado miembro encargado de la determinación del Estado miembro responsable no está obligado a seguir examinando los criterios fijados en el capítulo III de dicho Reglamento y no se convierte él mismo en responsable cuando el Estado miembro designado inicialmente como responsable con arreglo a tales criterios no esté dispuesto a hacerse cargo de las personas que hayan sido objeto de una decisión de traslado en virtud del referido Reglamento y no existan, en este último Estado miembro, deficiencias sistemáticas que impliquen un peligro de trato inhumano o degradante en el sentido del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
No obstante, la inaplicación del artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento n.º 604/2013 no se opone a que, al expirar el plazo de traslado del solicitante previsto en el artículo 29, apartado 1, del mismo Reglamento, tenga lugar una transferencia de responsabilidad en las condiciones previstas en el artículo 29, apartado 2, de ese Reglamento.
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31).
3      Véanse los artículos 3, apartado 1, y 29, apartado 1, del Reglamento Dublín III.
4      Véanse, en particular, las sentencias de 19 de marzo de 2019, Jawo (C‑163/17, EU:C:2019:218), apartado 82, y de 29 de febrero de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confianza mutua en caso de traslado) (C‑392/22, EU:C:2024:195), apartado 45.
5      Sentencia de 21 de diciembre de 2011 (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865), apartado 106.
6      Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de marzo de 2019, Jawo (C‑163/17, EU:C:2019:218), apartado 86.
7      Sentencia de 19 de diciembre de 2024 (C‑185/24 y C‑189/24, en lo sucesivo, «sentencia Tudmur», EU:C:2024:1036).
8      DO 2003, L 222, p. 3, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014 (DO 2014, L 39, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1560/2003»).
9      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).
10      Véase el artículo 13, apartado 1, del Reglamento Dublín III.
11      Véanse los apartados 18 y 19. El asunto en el que recayó dicha sentencia versaba sobre la suspensión de los traslados de solicitantes a Italia controvertida en el caso de autos.
12      Por consiguiente, el hecho de que la información facilitada en la petición de decisión prejudicial parezca contradictoria a este respecto es irrelevante para el presente análisis. Por una parte, no figura en ella ninguna mención al hecho de que el solicitante hubiera presentado una solicitud de protección internacional en Italia, extremo que el Gobierno italiano negó en la vista. Las otras disposiciones del Reglamento Dublín III citadas por el órgano jurisdiccional remitente en relación con la responsabilidad de la República Italiana también se refieren a las peticiones de toma a cargo. Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional cita el artículo 18, apartado 1, letra b), de ese Reglamento —que tiene por objeto las peticiones de readmisión de los solicitantes cuyas solicitudes estén siendo examinadas en el Estado miembro responsable— como fundamento de la petición dirigida a la República Italiana.
13      Reglamento del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO 2003, L 50, p. 1).
Este Reglamento fue derogado por el Reglamento Dublín III.
14      Sentencia de 21 de diciembre de 2011, N. S. y otros (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865), apartado 106.
15      Sentencia de 19 de marzo de 2019, Jawo (C‑163/17, EU:C:2019:218), apartados 85 y 86.
16      Véase, en particular, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, N. S. y otros (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865), apartado 94.
17      Véase, recientemente, la sentencia Tudmur, apartado 35 y jurisprudencia citada. A modo de ejemplo, el Tribunal de Justicia ha declarado que no cumplen automáticamente estos requisitos acumulativos las prácticas de devolución sumaria (pushback) a terceros países y de internamiento en los puestos fronterizos, aunque sean incompatibles con el Derecho de la Unión y constituyan deficiencias graves en el procedimiento de asilo y en las condiciones de acogida de los solicitantes; véase la sentencia de 29 de febrero de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Confianza mutua en caso de traslado) (C‑392/22, EU:C:2024:195), apartados 57 y 58.
18      Sentencia de 21 de diciembre de 2011 (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865), apartado 84, refiriéndose a las normas mínimas relativas a la acogida de los solicitantes de asilo, los requisitos para el reconocimiento del estatuto de refugiado y el procedimiento de concesión y retirada del estatuto de refugiado.
19      Sentencia Tudmur, apartados 43 y 44.
20      Sentencia Tudmur, apartado 41 y jurisprudencia citada.
21      Sentencia Tudmur, apartado 42.
22      Véase el punto 27 y la nota 11 de las presentes conclusiones.
23      Sentencia Tudmur, apartado 45 y jurisprudencia citada.
24      Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de marzo de 2019, Jawo (C‑163/17, EU:C:2019:218), apartados 87 a 89.
25      Véase el resumen de esa motivación en el punto 20 de las presentes conclusiones.
26      Véase el artículo 17 del Reglamento Dublín III.
27      De las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia se desprende que, en un determinado número de casos en los que los solicitantes debían ser trasladados a Italia, las autoridades danesas y alemanas aplicaron el artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III con el fin de asumir la responsabilidad del examen de las solicitudes de protección internacional.
28      Véanse los puntos 67 y 68 de las presentes conclusiones.
29      Sentencia de 25 de octubre de 2017 (C‑201/16, EU:C:2017:805), apartado 30.
30      Véase el apartado 34 de esa sentencia.
31      Véase el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.º 1560/2003.
32      Véanse los puntos 32 y 36 de las presentes conclusiones.
33      Véanse los artículos 19, apartado 4, y 20, apartado 2, del Reglamento Dublín II.
34      COM(2001) 447 final.
35      Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas, hecho en Dublín el 15 de junio de 1990 (DO 1997, C 254, p. 1).
36      Véanse explicaciones sobre el artículo 20 de la propuesta de Reglamento.
37      Véanse explicaciones sobre el artículo 21 de la propuesta de Reglamento.
38      Teniendo en cuenta el punto de partida de ese plazo, conforme al artículo 29, apartado 1, del Reglamento Dublín III, que depende, en particular, del eventual efecto suspensivo del recurso interpuesto contra la decisión de traslado o de la revisión de esta con arreglo al artículo 27, apartado 4, de dicho Reglamento; véase, a este respecto, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspensión administrativa de la decisión de traslado) (C‑245/21 y C‑248/21, EU:C:2022:709), apartado 49.
39      Véanse los puntos 53 y 55 de las presentes conclusiones.
40      Véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de octubre de 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805), apartados 31 y 39, y de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspensión administrativa de la decisión de traslado) (C‑245/21 y C‑248/21, EU:C:2022:709), apartado 70.
41      Véase, en este sentido, la sentencia de 31 de marzo de 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl y otros (Internamiento de un solicitante de asilo en un hospital psiquiátrico) (C‑231/21, EU:C:2022:237), apartado 56, y de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspensión administrativa de la decisión de traslado) (C‑245/21
y C‑248/21, EU:C:2022:709), apartado 65.
42      Sentencia de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspensión administrativa de la decisión de traslado) (C‑245/21 y C‑248/21, EU:C:2022:709), apartado 71.
43      Sentencia de 16 de febrero de 2017, C. K. y otros (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127), apartado 89.
44      Sentencia de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Suspensión administrativa de la decisión de traslado) (C‑245/21 y C‑248/21, EU:C:2022:709), apartado 65.
45      Véase el punto 2 de las presentes conclusiones y, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, N. S. y otros (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865), apartados 78 a 80; dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014 (EU:C:2014:2454), apartado 191, y, recientemente, la sentencia Tudmur, apartados 31 y 32.
46      Sentencia Tudmur, apartado 40.
47      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre la gestión del asilo y la migración, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2021/1147 y (UE) 2021/1060 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 604/2013 (DO L 2024/1351). El artículo 83 de este Reglamento deroga el Reglamento Dublín III con efectos a partir del 1 de julio de 2026.
48      Esta disposición permite ampliar el plazo de traslado a un máximo de tres años (en lugar de dieciocho meses) y no únicamente en caso de fuga, sino también cuando la persona interesada, o un miembro de su familia que debe ser trasladado junto con la persona interesada, se resista físicamente al traslado, se muestre intencionadamente incapaz para el traslado o no cumpla los requisitos médicos para el traslado.
49      Véase el considerando 59 del Reglamento 2024/1351.
50      Véase el artículo 13 del Reglamento (UE) 2024/1359 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de
mayo de
2024, por el que se abordan las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2021/1147 (DO L, 2024/1359).
51      Véase el considerando 22 y el capítulo I de la parte IV del Reglamento 2024/1351.