62022CC0088
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 4 de mayo de 2023 (
1
)
Asunto C‑88/22 P
QB
contra
Comisión Europea
«Recurso de casación — Función pública — Artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto — Indemnización por expatriación — Concepto de “ejercicio habitual de una actividad profesional principal” — Concepto de “servicios prestados a otro Estado”»
I. Introducción
1.
Para ejercer su actividad en la Unión Europea, sus agentes deben a menudo abandonar su Estado miembro de origen y establecer su residencia en el Estado miembro de destino. Para compensar los inconvenientes que esto acarrea y permitir seleccionar a nacionales de Estados miembros de la Unión sobre una base geográfica lo más amplia posible, el legislador de la Unión estableció la indemnización por expatriación en el artículo 69 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»). (
2
) Sus requisitos se regulan en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), del anexo VII del Estatuto. De conformidad con el artículo 20, apartado 2, del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, en relación con el artículo 69 del Estatuto, estas disposiciones se aplicarán mutatis mutandis a los agentes temporales.
2.
De conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, percibirán la indemnización por expatriación los agentes que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre su lugar de destino (en lo sucesivo, «Estado de destino») (primer guion) y los que, en un período de cinco años cuyo término sea anterior a seis meses a su entrada al servicio de la Unión (en lo sucesivo, «período de referencia»), no hubieren residido ni ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en el territorio europeo del Estado de destino (segundo guion, primera frase). A este respecto, sin embargo, no se tendrán en consideración las situaciones derivadas de servicios prestados a otro Estado o a una organización internacional (segundo guion, segunda frase). Así pues, en principio, el ejercicio habitual de una actividad profesional principal o la residencia permanente en el Estado de destino durante el período de referencia darán lugar a la pérdida de la indemnización por expatriación. Sin embargo, ello no se aplicará cuando el agente haya prestado sus servicios en otro Estado o en una organización internacional durante el período de referencia. Estos servicios «neutralizan», pues, la actividad profesional principal desarrollada de forma habitual o la residencia permanente en el Estado de destino, y da lugar a que los agentes conserven el derecho a percibir la indemnización por expatriación. En consecuencia, en lo sucesivo, designaré al artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guion, segunda frase, del anexo VII del Estatuto como «norma de neutralización».
3.
¿Qué sucede, no obstante, en el caso de un agente que, durante el período de referencia de cinco años, ha estado destinado como juez polaco a la Krajowa Szkola Sadownictwa i Prokuratury (Escuela Estatal de Jueces y Fiscales, Polonia; en lo sucesivo, «KSSiP»), pero al mismo tiempo desempeñaba el cargo de secretario general de la Red Europea de Formación Judicial (en lo sucesivo, «REFJ»), una asociación internacional sin ánimo de lucro de Derecho belga con sede en Bruselas, el posterior lugar de destino del agente? ¿Dónde ha ejercido habitualmente en tal caso el agente su actividad profesional principal en el período de referencia pertinente? Y, en caso de que el lugar de ejercicio de esta actividad se encuentre en Bélgica, ¿constituirá tal actividad la prestación de servicios a otro Estado o a una organización internacional, de suerte que el agente podría acogerse a la norma de neutralización?
4.
Estas son las cuestiones a las que el Tribunal de Justicia debe responder en el marco del presente recurso de casación, mediante el cual el recurrente impugna la sentencia del Tribunal General de 8 de diciembre de 2021 (
3
) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»).
II. Marco jurídico
5.
El marco jurídico del presente asunto está constituido por el Estatuto.
6.
El artículo 69, primera frase, del Estatuto dispone:
«La indemnización por expatriación equivaldrá al 16 % del total del sueldo base y de la asignación familiar, así como de la asignación por hijos a cargo de los funcionarios que tengan derecho a ello.»
7.
De conformidad con el artículo 20, apartado 2, del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, serán aplicables por analogía a los agentes temporales las disposiciones del artículo 69 del Estatuto, relativas a la indemnización por expatriación de los agentes temporales.
8.
El artículo 4, apartados 1 y 2, del anexo VII del Estatuto dispone:
«1.   Se concederá una indemnización por expatriación en cuantía igual al 16 % del sueldo base, así como de la asignación familiar y de la asignación por hijo a su cargo abonadas al funcionario, […]:
a)
a los funcionarios:
–
que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre su lugar de destino, y
–
que en un período de cinco años cuyo término sea anterior en seis meses a su entrada al servicio de la Unión, no hubieren residido ni ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en el territorio europeo de tal Estado. Para la aplicación de esta disposición no se tendrán en consideración las situaciones derivadas de servicios prestados a otro Estado o a una organización internacional.
b)
a los funcionarios que tengan o hayan tenido la nacionalidad del Estado en cuyo territorio esté situado su lugar de destino y que durante un período de diez años anterior a su entrada en servicio hubieren residido habitualmente fuera del territorio europeo de dicho Estado por causas que no sean el ejercicio de funciones al servicio de un Estado o de una organización internacional.
[…]
2.   El funcionario que, no teniendo ni habiendo tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre situado su lugar de destino, no reúna las condiciones previstas en el apartado 1, tendrá derecho a una indemnización por residencia fuera del país de origen, igual a una cuarta parte de la indemnización por expatriación.»
III. Antecedentes del litigio y sentencia recurrida
9.
Los antecedentes del presente litigio se describen en los apartados 3 a 13 de la sentencia recurrida y pueden resumirse como sigue.
10.
Desde 2005, el recurrente en casación, de nacionalidad polaca, desempeñó el cargo de juez en un tribunal de distrito de Polonia.
11.
A partir de marzo de 2009, en virtud de una resolución del Ministerio de Justicia polaco, el recurrente en casación fue asignado a la KSSiP. Esta última es una organización central del Estado polaco que persigue el objetivo de velar por la formación de los miembros de los tribunales ordinarios y de los fiscales en Polonia.
12.
En diciembre de 2013, el Ministerio de Justicia polaco y la REFJ celebraron un acuerdo en virtud del cual se asignaron al recurrente en casación las funciones de secretario general de la REFJ. Esta es una asociación internacional sin ánimo de lucro de Derecho belga, sin personalidad jurídica y que tiene su sede en Bruselas. Su objetivo es el desarrollo de programas de formación continuada de dimensión europea para los miembros y el personal del poder judicial. Pueden ser miembros de la REFJ los órganos de los Estados miembros encargados de la formación continuada de los jueces y fiscales o que participen en la formación jurídica al nivel de la Unión.
13.
En cuanto atañe al lugar del desempeño de la actividad, se previó que se exigiría la presencia del recurrente en casación no solo en la sede de la KSSiP en Polonia, sino también en las oficinas de la REFJ en Bruselas y en cualquier otro lugar en el que se desarrollen las actividades de la REFJ o en el que se considere que la presencia del recurrente redunda en interés de esta red europea.
14.
Desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2019, el recurrente en casación desarrolló su actividad profesional además como experto principal en el Centro Internacional de Cooperación de la KSSiP. Estaba encargado de velar por la ordenada cooperación y la ejecución de las actividades derivadas de la adhesión de la KSSiP a la REFJ.
15.
El recurrente en casación vivió con su familia en Bruselas desde el 1 de enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2019. Una vez expirado su mandato en la REFJ en junio de 2019, el recurrente y su familia volvieron a Polonia.
16.
El 1 de enero de 2020, el recurrente en casación entró al servicio de la Comisión Europea como agente temporal.
17.
Mediante decisión de 6 de abril de 2020 (en lo sucesivo, «decisión controvertida»), la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (en lo sucesivo, «PMO») concedió al recurrente en casación la indemnización por residencia en el extranjero contemplada en el artículo 4, apartado 2, del anexo VII del Estatuto, tras su entrada al servicio de la Comisión, pero no la indemnización por expatriación.
18.
El 16 de junio de 2020, el recurrente en casación solicitó una mediación con la PMO en relación con la indemnización por expatriación que la PMO no quería conceder.
19.
El 3 de julio de 2020, el recurrente en casación interpuso una reclamación contra la decisión controvertida de conformidad con el artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
20.
Mediante decisión de 3 de noviembre de 2020, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la Comisión (en lo sucesivo, «AFPN») desestimó dicha reclamación.
21.
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 2 de febrero de 2021, el recurrente en casación interpuso un recurso basado en el artículo 270 TFUE. Solicitó que se anulase la decisión controvertida y la decisión por la que se desestimó su reclamación, en la medida en que la Comisión rechazó concederle la indemnización por expatriación.
22.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso y condenó en costas al recurrente en casación.
23.
El primer motivo, basado en un incumplimiento de la obligación de motivación, lo desestimó el Tribunal General por infundado, debido a que la falta de motivación en la decisión controvertida quedó subsanada mediante una suficiente motivación de la decisión de desestimación de la reclamación.
24.
También consideró infundado el Tribunal General el segundo motivo, mediante el cual el recurrente en casación alegó una infracción del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto. A este respecto, sostuvo la tesis, al igual que antes hizo la Comisión en la decisión controvertida, de que el lugar de ejercicio de la actividad profesional principal del recurrente durante el período de referencia era Bruselas y que los servicios prestados por el recurrente no constituían servicios prestados a otro Estado o a una organización internacional.
25.
Por último, el Tribunal General también desestimó por infundado el tercer motivo, mediante el que el recurrente en casación imputaba a la Comisión un error manifiesto de apreciación. Fundamentó tal desestimación señalando que la Comisión había aplicado correctamente el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto y que no le correspondía margen discrecional alguno a este respecto.
IV. Procedimiento de casación y pretensiones de las partes
26.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 de febrero de 2022, el recurrente interpuso recurso de casación contra la sentencia recurrida.
27.
El recurrente en casación solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida y las decisiones de la Comisión de 6 de abril de 2020 y de 3 de noviembre de 2020 y, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que este resuelva.
–
Condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el recurrente en casación en ambas instancias.
28.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas al recurrente en casación.
29.
Las partes han presentado observaciones escritas. El Tribunal ha renunciado a la celebración de una vista al considerar que está suficientemente informado en virtud de la fase escrita del procedimiento.
V. Apreciación
30.
El artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto prevé la concesión de la indemnización por expatriación a los agentes de la Unión que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad del Estado de destino y que, en un período de cinco años cuyo término sea anterior a seis meses a su entrada al servicio de la Unión, no hubieran residido ni ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en el territorio europeo, o a los que se les aplique la norma de neutralización.
31.
La PMO concedió al recurrente en casación, tras su entrada al servicio de la Comisión, la indemnización por residencia en el extranjero, pero no la indemnización por expatriación, al considerar que aquel no cumplía los requisitos del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto. La AFPN desestimó la reclamación interpuesta por el recurrente contra esta decisión.
32.
El recurrente en casación impugnó sin éxito estas decisiones ante el Tribunal General y ahora impugna la desestimación por el Tribunal General de las alegaciones que formuló en primera instancia.
33.
Mediante su único motivo de casación, que se corresponde en esencia con el segundo motivo formulado ante el Tribunal General, el recurrente en casación reprocha al Tribunal General haber vulnerado el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto. Este motivo se divide en dos partes.
34.
El recurrente en casación alega, en primer lugar, que el Tribunal General determinó erróneamente el lugar en que ejercía habitualmente su actividad profesional principal, puesto que dicho lugar se encontraba realmente en Polonia y no en Bélgica.
35.
En segundo lugar, considera que el Tribunal General definió erróneamente los requisitos que deben cumplir los «servicios prestados a otro Estado» y no tuvo en cuenta la actividad del recurrente en casación para el Estado polaco ni su condición de juez.
36.
La cuestión de si la REFJ es una «organización internacional» en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guion, segunda frase, del anexo VII del Estatuto no forma, por el contrario, parte del objeto del litigio y, por tanto, no es necesario elucidarla. (
4
)
37.
A continuación, demostraré, en un primer momento, que el Tribunal General declaró acertadamente que el recurrente en casación ejerció habitualmente su actividad profesional principal en Bélgica durante el período de referencia (A). Por consiguiente, el recurrente solo podría tener derecho a una indemnización por expatriación de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto si la actividad que desarrolló en Bélgica consistiera en la prestación de servicios a otro Estado, pues entonces podría acogerse a la regla de neutralización. Esto último lo examinaré en un segundo momento (B).
A. Ejercicio habitual de la actividad profesional principal
38.
El recurrente en casación sostiene que el Tribunal General incurrió en un error al suponer que, durante el período de referencia, ejerció habitualmente su actividad profesional principal en Bruselas al trabajar para la REFJ.
39.
Según las observaciones formuladas por el Tribunal General en los apartados 62 a 74 de la sentencia recurrida, el recurrente en casación, en su condición de secretario general de la REFJ, llevó a cabo un gran número de tareas administrativas y de representación que ocupaban gran parte de su tiempo de trabajo y que requerían de su presencia no solo en Polonia, sino también, en particular, en las oficinas de la REFJ en Bruselas y en otros lugares. Ello se refleja también en la cuantía de su salario que, en última instancia, era abonado por la REFJ. Además, la REFJ puso a disposición del recurrente en casación un alojamiento de servicio en Bruselas. De estas circunstancias se desprende también que el trabajo desempeñado para la REFJ no era una mera actividad accesoria o secundaria ni una actividad para otro organismo. El recurrente no ha aportado prueba alguna relativa a las tareas o actividades desarrolladas para la KSSiP durante el período de referencia. Por consiguiente, el Tribunal General concluye que el recurrente en casación ejerció habitualmente su actividad profesional principal para la REFJ en Bruselas.
40.
Según el Tribunal General, no pone en tela de juicio esta conclusión el hecho de que el recurrente en casación, en el marco de sus funciones en Bruselas, tuviera contacto primordialmente con extranjeros y realizase numerosos viajes de trabajo por Europa, que indicase que no hablaba con fluidez las lenguas oficiales de Bélgica o que su esposa conservase su contrato de trabajo con un órgano jurisdiccional polaco. En efecto, de estas circunstancias no se desprende que el recurrente en casación haya realizado actividades distintas de las relevantes para el desempeño de sus funciones en la REFJ.
41.
De igual modo, la circunstancia de que el recurrente en casación conservase su condición de juez polaco durante el período de referencia no implica que el lugar de ejercicio habitual de su actividad profesional principal se encontrase en Polonia. Tal condición no era incompatible con las tareas que se le habían asignado en la REFJ. Además, en su condición de secretario general de la REFJ, el recurrente estaba sujeto al control del comité de dirección de dicho organismo.
42.
A juicio del recurrente en casación, esta conclusión adolece de un error de Derecho. Alega que desempeñó sus tareas para la REFJ por mandato de la KSSiP, que, además, la REFJ no es más que una agrupación de instituciones nacionales de carácter subsidiario y que no existe ningún vínculo jurídico entre la REFJ y su secretario general. Antes bien, considera que ha de tenerse en cuenta que, mientras desarrolló su actividad para la REFJ, seguía manteniendo su condición de juez nacional, seguía contratado por el Estado polaco y estaba sujeto a la supervisión de la KSSiP. Por último, el recurrente en casación sostiene que el principio de independencia e imparcialidad de la justicia impide suponer que haya ejercido habitualmente su actividad profesional principal para la REFJ.
43.
A continuación, expondré en primer lugar cómo ha de determinarse el lugar de ejercicio habitual de la actividad profesional principal en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto (1). A continuación, sobre tal base, demostraré que el Tribunal General declaró acertadamente que el recurrente en casación ejerció habitualmente su actividad profesional principal en Bruselas durante el período de referencia (2).
1.
Criterios para la determinación del lugar de ejercicio habitual de la actividad profesional principal
44.
Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia no ha abordado aún expresamente la cuestión de cómo ha de determinarse el lugar de ejercicio habitual de la actividad profesional principal y de cuáles son los criterios pertinentes para la calificación de una actividad como actividad profesional principal, ejercida de forma habitual, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto.
45.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tener en cuenta no solo su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte. (
5
) A este respecto, habrá de tenerse en cuenta la circunstancia de que las disposiciones del Derecho de la Unión están redactadas en varias lenguas y las diversas versiones lingüísticas son vinculantes en la misma medida, de modo que no cabe reconocer el carácter prioritario a ninguna de ellas y puede hacerse necesaria una comparación entre tales versiones lingüísticas. (
6
)
46.
Del tenor de esta disposición se desprende que la actividad en el posterior Estado de destino debe ejercerse con carácter principal. No bastará una mera actividad accesoria o secundaria. Si un agente ha ejercido varias actividades durante el período de referencia pertinente antes de comenzar a prestar sus servicios, habrá de determinarse cuál de estas actividades era o es su actividad profesional principal. Solo puede tratarse de una única actividad. Para determinar cuál de las actividades ejercidas es la actividad profesional principal, habrá de atenderse primordialmente al criterio del tiempo de trabajo empleado. Otros aspectos, tales como el alcance de las actividades y la cuantía del salario, solo podrán tenerse en cuenta a este respecto en cuanto indicios. (
7
)
47.
Además, a la vista de su tenor, habrá de atenderse al lugar de ejercicio de esta actividad en el territorio europeo del Estado de destino.
48.
Así lo confirman el sentido y la finalidad de la indemnización por expatriación. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, «la indemnización por expatriación tiene por objeto compensar las cargas y desventajas particulares resultantes de la entrada al servicio de las instituciones de la Unión para los [agentes] que se ven por ello obligados a cambiar su residencia del Estado de su domicilio al Estado de destino y a integrarse en un entorno nuevo. El concepto de expatriación también depende de la situación subjetiva del [agente], a saber, de su grado de integración en el nuevo entorno que resulta, por ejemplo, […] del ejercicio de una actividad profesional principal. La concesión de la indemnización por expatriación tiene así por objeto corregir las desigualdades de hecho entre los [agentes] integrados en la sociedad del Estado de destino y aquellos que no lo están». (
8
)
49.
Por consiguiente, una «expatriación», (
9
) esto es, la integración del agente en su Estado de destino, producida antes de su entrada al servicio y que justifique la denegación de la indemnización por expatriación, puede derivarse del ejercicio habitual de una actividad profesional principal en tal Estado. El entorno en que el agente se mueve en este caso no le es desconocido. (
10
) Ahora bien, se dará un grado suficiente de integración únicamente cuando no solo se trate de una actividad accesoria o secundaria, sino de la actividad ejercida con carácter principal. Los criterios pertinentes para la determinación de esta actividad ejercida con carácter principal serán, entre otros, el tiempo de trabajo empleado y el nivel salarial que se corresponda con el mismo. (
11
)
50.
La integración de una persona en un lugar depende directamente de sus condiciones de vida y de trabajo efectivas. El marco jurídico de las condiciones de trabajo y el estatuto laboral de la persona interesada solo tienen una influencia indirecta. Habida cuenta de la finalidad de la indemnización por expatriación antes mencionada, me parece, pues, razonable basar la determinación del lugar del ejercicio habitual de la actividad profesional principal en elementos fácticos. A tal respecto, habrá de atenderse en particular al lugar en el que la persona haya realizado efectivamente su trabajo en ejecución del contrato de trabajo por ella suscrito. (
12
)
2.
Bruselas como lugar de ejercicio habitual de la actividad profesional principal
51.
Dado que el recurrente en casación no ha reprochado al Tribunal General haber desnaturalizado los hechos, las apreciaciones formuladas en la sentencia recurrida son vinculantes. En los apartados 6, 8 y 64 a 66 de esta sentencia, el Tribunal General constató que el recurrente, en virtud de un acuerdo entre el Ministro de Justicia polaco y la REFJ, fue designado para ocupar el cargo de secretario general de la REFJ. Como consecuencia de ello, el recurrente pasaba gran parte de su tiempo de trabajo en la sede de la citada organización en Bruselas. A tal fin, la REFJ puso a su disposición un alojamiento de servicio en Bruselas, en el que vivió con su familia durante el período de referencia. Ciertamente, como se desprende de los apartados 42 a 44 de la sentencia recurrida, el recurrente en casación también percibió directamente su salario del tribunal de distrito polaco mientras desarrollaba su actividad para la REFJ. Sin embargo, en último término, la REFJ se lo reembolsaba hasta un importe máximo considerable a Polonia. Dicho importe se corresponde, habida cuenta del perfil de actividad de un secretario general, con la remuneración de una actividad profesional principal.
52.
De lo anterior dedujo el Tribunal General que el recurrente en casación había ejercido su actividad para la REFJ principalmente en la sede de esta organización en Bruselas. El recurrente no ha impugnado esta conclusión en su recurso de casación.
53.
Como señaló el Tribunal General en el apartado 67 de la sentencia recurrida, no se opone a tal conclusión el hecho de que el recurrente en casación, en el marco de sus funciones desempeñadas en Bruselas, mantuviera contacto primordialmente con extranjeros o que señalase que no hablaba con fluidez ninguna de las lenguas oficiales en Bélgica. Ciertamente, estos aspectos pueden influir de hecho en la integración del recurrente en Bruselas, pero no tienen ninguna incidencia en el lugar de ejercicio de la actividad. Además, no tener en cuenta tales aspectos no contradice ni el objetivo ni la sistemática del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto. En efecto, la conexión con el ejercicio habitual de la actividad profesional principal sirve también para establecer un criterio sencillo y objetivo para caracterizar la situación de los agentes que se ven obligados, por el hecho de su entrada al servicio de la Unión Europea, a integrarse en un nuevo medio. (
13
) De este modo se tiene en cuenta la exigencia de seguridad jurídica.
54.
La conclusión de que el recurrente en casación desarrolló su actividad para la REFJ principalmente en Bruselas tampoco la ponen en entredicho las numerosas misiones que aquel llevó a cabo en Europa. Si la actividad se caracteriza precisamente por los desplazamientos y la prestación de servicios en diversos lugares, no parece, ciertamente, que haya de descartarse que en un caso concreto no exista un lugar fijo en el que se ejerza de forma habitual la actividad profesional principal. Ahora bien, no existe indicio alguno de que ello sea así en el caso de autos, máxime cuando el recurrente en casación, según las constataciones recogidas en el apartado 66 de la sentencia recurrida, vivió con su familia en Bruselas durante todo el período de referencia en un alojamiento de servicio puesto a su disposición por la REFJ.
55.
Por último, carece también de relevancia que la cónyuge del recurrente en casación haya mantenido su contrato de trabajo con un órgano jurisdiccional polaco durante este período. En efecto, para determinar el lugar de su actividad profesional principal ejercida de forma habitual solo cabe atender a las circunstancias que se refieran a su propia persona y que son de carácter profesional. La relación de trabajo de una persona vinculada a él, como su cónyuge, carece de pertinencia a este respecto. (
14
)
56.
Asimismo, de las observaciones del Tribunal General mencionadas en el punto 51 de las presentes conclusiones se desprende que la actividad del recurrente en casación para la REFJ no constituía una mera actividad accesoria o secundaria, sino una actividad profesional principal en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto.
57.
Tal como concluyó el Tribunal General, sin incurrir en error de Derecho, en los apartados 65 y 66 de la sentencia recurrida, de las numerosas tareas que debe desarrollar el secretario general de la REFJ y del correspondiente nivel salarial se desprende que la función del secretario general ha de verse como una actividad principal y no como una mera actividad profesional secundaria o accesoria. De ello se deduce a sensu contrario que la actividad del recurrente en casación como experto director de la KSSiP en Polonia no era más que una actividad profesional accesoria y, por tanto, carecía de pertinencia a efectos de la aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto.
58.
Contrariamente a lo que sostiene el recurrente en casación, para determinar el lugar de ejercicio habitual de la actividad profesional principal, lo decisivo no es saber cuál es el organismo para el que se realiza primordialmente la actividad. Como se ha señalado en los anteriores puntos 48 a 50, la finalidad de la indemnización por expatriación exige atender, a efectos de la determinación del lugar de ejercicio habitual de la actividad profesional principal, a elementos fácticos. Lo decisivo será el lugar en que se realiza la actividad laboral.
59.
Por consiguiente, el hecho de que las tareas desempeñadas por el recurrente en casación para la REFJ las llevase a cabo por mandato de la KSSiP y, por tanto, en última instancia, del Estado polaco carece, pues, de pertinencia para la determinación del lugar de actividad; puede tenerla, a lo sumo, para responder a la cuestión de si el recurrente ha prestado sus servicios a otro Estado. Dicho con otras palabras, el lugar del ejercicio habitual de la actividad profesional principal del recurrente en casación durante el período de referencia se halla en Bruselas, aun cuando se siga la tesis del recurrente de que desempeñó las tareas que le fueron asignadas primordialmente para la KSSiP y solo secundariamente para la REFJ. Por consiguiente, las alegaciones del recurrente en casación resumidas en el anterior punto 42 carecen de relevancia para la determinación del lugar de ejercicio habitual de su actividad profesional principal.
3.
Conclusión provisional
60.
De cuanto antecede se desprende que el Tribunal General concluyó acertadamente que el lugar de ejercicio habitual de la actividad profesional principal del recurrente en casación durante el período de referencia era Bruselas.
B. Servicios prestados a otro Estado
61.
El recurrente en casación sostiene, además, que el Tribunal General ha definido erróneamente los requisitos que deben cumplirse para que se esté en presencia de «servicios prestados a otro Estado». Además, a su juicio, el Tribunal General no tuvo en cuenta ni su actividad para el Estado polaco ni su condición de juez.
62.
Según las consideraciones realizadas en los apartados 78 a 83 de la sentencia recurrida, el concepto de «Estado» en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto comprende únicamente al Estado, en cuanto persona jurídica y sujeto con carácter único de Derecho internacional público, y a sus órganos de gobierno. Los servicios prestados a una asociación internacional sin ánimo de lucro de Derecho belga, como la REFJ, no quedan comprendidos en este concepto. Así, el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto no se aplica al trabajo realizado por el recurrente en casación para la REFJ.
63.
A juicio del recurrente en casación, la jurisprudencia no respalda una interpretación tan restrictiva del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto. Además, ha de tenerse en cuenta que los miembros de la judicatura, en virtud del principio de división de poderes, no pueden estar integrados en una representación permanente de un Estado. El Tribunal General descartó, mediante su interpretación, que los miembros de la judicatura puedan acogerse a la excepción contemplada en el artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guion, segunda frase, del anexo VII del Estatuto. Por tanto, a juicio del recurrente en casación, el concepto de «servicios prestados a otro Estado» ha de interpretarse en el sentido de que comprende todas las circunstancias que se derivan de la actividad realizada para otro Estado, sin que tales servicios se limiten a los relacionados con una representación oficial de este Estado.
64.
Asimismo, según el recurrente en casación, al afirmar que los servicios prestados a la REFJ no quedan comprendidos en el concepto de «servicios prestados a otro Estado», el Tribunal General no tuvo en cuenta la actividad desarrollada por él para el Estado polaco ni su condición de juez. Al desempeñar las funciones y cumplir las obligaciones del secretario general de la REFJ, el recurrente en casación cumplió, al mismo tiempo, las tareas que le había encomendado la KSSiP.
65.
A continuación, expondré de nuevo, en primer lugar, qué requisitos debe cumplir el criterio de «servicios prestados a otro Estado» (1). En este contexto, explicaré, en particular, que para ello es necesario desarrollar una actividad en
un organismo de ese otro Estado en el Estado de destino. A continuación, expondré que el recurrente en casación no prestó servicios a otro Estado durante el período de referencia (2).
1.
Requisitos del criterio de «servicios prestados a otro Estado»
a)
Tenor, sentido y finalidad de la normativa
66.
Como ha expuesto detalladamente el Abogado General Bot, el concepto de «Estado» reviste un contenido amplio o estricto en función del contexto en el que deba ser aplicado. (
15
) Por consiguiente, no puede separarse de la expresión de la que forma parte para proceder a su interpretación por separado; antes bien, el concepto de «servicios prestados a otro Estado» debe ser entendido en su conjunto e interpretado en función de la estructura y de los objetivos de la normativa a la que pertenece. (
16
)
67.
Como se ha expuesto en el anterior punto 48, la finalidad de la indemnización por expatriación consiste en compensar las cargas y desventajas particulares resultantes de la entrada al servicio de las instituciones de la Unión para los agentes que se ven por ello obligados a integrarse en un entorno nuevo. La regla de neutralización contemplada en el artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guion, segunda frase, del anexo VII del Estatuto lleva a considerar que «se encuentra igualmente en dicha situación de expatriación el [agente] que habiendo residido o ejercido una actividad profesional en el territorio europeo del Estado donde está su situado su lugar de destino durante un período de cinco años que expira seis meses antes de su entrada al servicio [de la Unión], ha prestado servicios a otro Estado». (
17
) Subyace a ello la presunción de que, de resultas de la prestación de dichos servicios, se mantiene el vínculo de conexión específico del interesado con este otro Estado. Dicho vínculo impide que se establezca un vínculo de conexión duradero con el Estado de destino y, por ende, que dicho interesado se integre suficientemente en la sociedad del Estado de destino. (
18
) Dicho con otras palabras, en tal situación, se presume el mantenimiento del carácter de «foráneo» del agente en el Estado de destino, lo cual fundamenta que se le trate en pie de igualdad con los agentes recién llegados y que se preserve su derecho a que se le pague la indemnización por expatriación.
68.
¿Cómo puede fundamentarse esta presunción a la vista de los objetivos y de la sistemática de las normas pertinentes?
69.
En primer lugar, cabe fundamentarla en el hecho de que el ejercicio de la actividad en el extranjero para otro Estado solo tiene, por regla general, un carácter temporal limitado y, por tanto, el interesado no tiene interés en mantener un vínculo de conexión duradero con este Estado de destino. En segundo lugar, el particular entorno de trabajo en el que se encuentra el interesado que presta servicios a otro Estado en el Estado de destino puede dificultar la integración social en dicho Estado. En tercer lugar, la regla de neutralización responde a la exigencia de mantener las capacidades de acogida de las instituciones de la Unión y de preservar su atractivo para los ciudadanos, aunque estos ya hayan prestado sus servicios con carácter temporal en el Estado de destino. (
19
)
70.
Sin embargo, como ya ha señalado el Abogado General Mengozzi, parece que estos intentos de justificación son, en sí mismos, insuficientes, dado que no explican la mejor posición de que disfrutan los afectados que prestan servicios en el extranjero a otros Estados u organizaciones internacionales, beneficiándose así de la regla de neutralización frente a la posición de los interesados que prestan sus servicios a personas jurídicas distintas y no pueden acogerse, pues, a la regla de neutralización. (
20
)
71.
Otro enfoque para explicar esta diferenciación consistiría en considerar la regla de neutralización como un privilegio a favor de otros Estados u organizaciones internacionales, privilegio que se manifiesta en el establecimiento de un régimen especial a favor de quienes han prestado servicios en sus órganos y que está dirigido a facilitar la movilidad geográfica del personal de otros Estados y de las organizaciones internacionales. (
21
)
72.
Sin embargo, a tal interpretación se opone el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, que tiene un ámbito de aplicación distinto del de la letra a): mientras que la letra a) presupone que el agente no es nacional del Estado de destino, la letra b) regula la concesión de la indemnización por expatriación en los casos en que el agente sea nacional del Estado de destino. Según esta última disposición, los agentes percibirán la indemnización por expatriación únicamente con carácter excepcional, esto es, si durante un período de diez años anterior a su entrada en servicio hubieran residido habitualmente fuera del Estado de destino por causas que no sean el ejercicio de funciones al servicio de un Estado o de una organización internacional. Así pues, esta causa distinta no puede estar relacionada con el ejercicio de funciones al servicio de un Estado o de una organización internacional.
73.
Por lo tanto, si bien en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, un agente se beneficia de haber prestado servicios a otro Estado o a una organización internacional, puesto que esta disposición preserva, en principio, su derecho a la indemnización por expatriación, por el contrario, el hecho de haber desempeñado previamente funciones al servicio de un Estado o de una organización internacional le resultará perjudicial en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, porque esta disposición le priva de tal derecho. (
22
) Así pues, no cabe afirmar que se otorgue un trato de favor a los servicios prestados a otro Estado o a una organización internacional.
74.
Por lo tanto, de la sistemática de las letras a) y b) se desprende que estar o no en posesión de la nacionalidad del Estado de destino determina únicamente qué período resulta relevante para apreciar la residencia o el ejercicio de la actividad profesional principal de forma habitual antes de la entrada al servicio y, por tanto, para el criterio de ser «foráneo» en el Estado de destino en el momento de entrada al servicio. (
23
) Del mismo modo que el no nacional del Estado de destino puede desarrollar un vínculo de conexión especial con este último por razón de su residencia o del ejercicio habitual de la actividad profesional principal durante el período de referencia y, por tanto, puede dejar de cumplirse el criterio de ser «foráneo» (que fundamenta el derecho), el nacional puede perder tal vínculo de conexión especial con el Estado, fundada en la posesión de la nacionalidad, en virtud de una ausencia continuada durante diez años y, por tanto, al regresar al Estado de destino, cumplir el criterio de ser «foráneo». (
24
) Esta actividad, que fundamenta un vínculo de conexión especial con el Estado de destino [letra a)] o lo elimina [letra b)], no puede ser constitutiva de servicios prestados a otro Estado o del ejercicio de funciones al servicio de otro Estado. El legislador partió, pues, de que los servicios prestados a otro Estado o el ejercicio de funciones al servicio de otro Estado no pueden dar lugar al establecimiento de un vínculo de conexión especial con el Estado en el que se desarrolla tal actividad.
75.
En una apreciación global junto a la disposición del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, se pone de manifiesto que el legislador otorgó, en la letra a), un trato de favor a la situación resultante de los servicios prestados a otro Estado o a una organización internacional únicamente porque en tales supuestos ha partido, por principio, de que el vínculo de conexión específico del interesado con este otro Estado o esta organización internacional impide una suficiente integración de dicho interesado en la sociedad del Estado de destino, en la que, por tanto, será «foráneo».
76.
Esta categorización se debe a razones de seguridad jurídica y responde a la exigencia de realizar el examen de la concesión de una indemnización por expatriación sobre la base de criterios objetivos y de fácil aplicación. (
25
) No obsta a lo anterior que esta categorización pueda dar lugar en casos concretos a que los agentes no perciban la indemnización por expatriación, aunque su situación se aproxime a los supuestos comprendidos en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, (
26
) pero los agentes ya estuvieran precisamente, antes de entrar al servicio de la Unión Europea, trabajando para personas jurídicas distintas de un organismo de otro Estado o de una organización internacional. (
27
)
b)
Requisito de actividad en un organismo del otro Estado
77.
A la vista de estos objetivos que se persiguen, ¿cuáles son los requisitos que han de cumplir los servicios prestados a otro Estado?
1) Jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia
78.
En su sentencia dictada en el asunto Comisión/Hosman‑Chevalier, el Tribunal de Justicia declaró que, en el Estado de destino del agente en cuestión, los demás Estados están «representados por las embajadas o las misiones diplomáticas, así como por las representaciones permanentes ante organizaciones internacionales». (
28
)
79.
Por consiguiente, llegó a la conclusión de que una persona que era miembro del personal de la representación permanente de ese Estado, aunque no hubiese sido contratada por la administración central de ese Estado, tenía la consideración de persona que prestaba servicios a ese Estado. (
29
) A este respecto, el Tribunal de Justicia consideró que carecían de relevancia las funciones particulares y específicas que ejerciera tal persona en la Representación Permanente. (
30
) Antes bien, se fundó primordialmente en el estatuto privilegiado de tal persona, que le permitía beneficiarse de diversos privilegios e inmunidades en virtud de la Convención de Viena, de 18 de abril de 1961, sobre relaciones diplomáticas y, por tanto, a juicio del Tribunal de Justicia, estaba en el origen de su vínculo de conexión específico con el Estado. (
31
) Además, el Tribunal de Justicia declaró que no se exige un vínculo jurídico directo entre esta persona y el Estado en cuestión. (
32
)
80.
Sobre la base de estas conclusiones, el Tribunal de Justicia declaró en sus sentencias dictadas en los asuntos Salvador García/Comisión, Herrero Romeu/Comisión, Salazar Brier/Comisión y De Bustamante Tello/Consejo, que para interpretar el concepto de «servicios prestados a otro Estado», lo único relevante es el hecho de que los servicios se hayan prestado en la representación permanente de un Estado. (
33
) Ahora bien, esta afirmación ha de leerse en el contexto de las particularidades de los asuntos resueltos y, a mi juicio, no debe entenderse de forma excesivamente restrictiva. En cualquier caso, conforme a la tesis expuesta en el anterior punto 78, también deben quedar comprendidos los servicios prestados en embajadas y misiones diplomáticas.
81.
Con todo, en cualquier caso, ¿será necesario que los servicios de que se trate se presten a otro Estado en un organismo de este otro Estado en el Estado de destino, como por ejemplo en una embajada, una misión diplomática o una representación permanente?
2) Tenor de la expresión «servicios prestados a otro Estado»
82.
El tenor de la expresión «servicios prestados a otro Estado» no lo exige imperiosamente. A tal respecto, existe cuando menos en la versión lingüística alemana una diferencia con el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, que hace referencia —de forma más restrictiva— al ejercicio de «funciones al servicio de un Estado» [«in einer Dienststelle eines Staates»]. Se aprecian también matices similares en otras versiones lingüísticas. Así, en la versión francesa del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto se recoge la expresión «services effectués pour un autre État» (
34
) y, en el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, la expresión «l’exercice de fonctions dans un service d’un État.» (
35
)
83.
En su sentencia Vardakas/Comisión, el Tribunal General dedujo de cuanto antecede que el concepto elegido en la letra a) debe interpretarse de forma amplia, mientras que el empleado en la letra b) debe interpretarse de forma restrictiva. (
36
) Sin embargo, no me parece que esta diferente interpretación sea convincente: como se ha expuesto en los anteriores puntos 72 a 75, tanto en la letra a) como en la letra b) subyace la misma idea de que en caso de que se presten servicios a otro Estado o se ejerzan funciones al servicio de [otro] Estado, sigue manteniéndose un vínculo de conexión específico de la persona con dicho Estado que impide que tal persona se integre plenamente en el Estado en el que desarrolla su actividad. Pese a tener un tenor diferente, ello aboga por atribuir el mismo significado a los conceptos empleados en las letras a) y b).
84.
Además, las diferencias en otras versiones lingüísticas son menos claras. Así, por ejemplo, en la versión inglesa del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, se hace referencia a «work done for another State» y, en el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, a «duties in the service of a State», y en la versión neerlandesa se habla de «diensten, verricht voor een andere staat» [letra a)] y de «functie in dienst van een staat» [letra b)].
3) Sentido y finalidad de la regla de neutralización
85.
La ratio de la regla de neutralización aboga, a mi juicio, por exigir que la persona esté empleada en el Estado de destino, incluso directamente, en un organismo del otro Estado. Como se ha expuesto en los anteriores puntos 67 y siguientes, la regla de neutralización entraña una presunción, formulada sobre la base de criterios objetivos y sencillos, de que la persona mantiene un vínculo de conexión específico con el otro Estado. A partir del enfoque necesariamente estandarizado, esta presunción solo puede estar justificada cuando los servicios se prestan directamente en un organismo del otro Estado, aun cuando no se exija un vínculo jurídico directo entre la persona interesada y el Estado. (
37
) En cambio, si la actividad se ejerce en un tercer organismo o en distintos organismos, aunque sea por orden y cuenta del otro Estado, ello debilitará el vínculo existente entre la persona y el Estado.
86.
Un enfoque distinto llevaría a dificultar considerablemente la aplicación del Derecho y podría causar una inseguridad jurídica notable. En caso de no considerar necesaria la prestación de servicios en un organismo del otro Estado en el Estado de destino, sería difícil determinar en qué casos se prestan efectivamente servicios para otro Estado.
87.
A tal fin, la relación estatutaria o laboral con ese otro Estado no sería suficiente, pues no cabe descartar que en casos concretos puedan prestarse servicios a otro Estado por medio de una actividad por cuenta propia (
38
) o de una actividad laboral para un tercero. Además, este enfoque no se cohonestaría con la anterior jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual lo que no se exige es precisamente un vínculo jurídico directo entre la persona interesada y el otro Estado en cuestión. (
39
)
88.
De igual modo, la determinación de tales supuestos tampoco se podría hacer de forma fiable en función de la concreta actividad ejercida. La necesaria apreciación efectiva de estas actividades resultaría contraria a la exigencia de establecer criterios sencillos para la aplicación de Derecho. Además, a mi juicio, la actividad desarrollada es una circunstancia mucho menos significativa para la integración en el Estado de destino que otros factores como, por ejemplo, el entorno de trabajo o el estatuto y los privilegios e inmunidades asociados, en su caso. Dicho con otras palabras, me parece que la concreta actividad ejercida, cualquiera que sea su contenido, no resulta en sí misma idónea para fundamentar la presunción de un vínculo de conexión con el otro Estado tan específico que impida la integración en el Estado de destino. A tal respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que lo decisivo no son las funciones específicas ejercidas en el organismo. (
40
)
4) Conclusión provisional
89.
Concluyo de cuanto antecede que la aplicabilidad de la regla de neutralización exige que los servicios en el Estado de destino se hayan prestado en un organismo de ese otro Estado. (
41
) Carece de pertinencia en el caso de autos saber si este organismo del otro Estado en el Estado de destino ha de ser forzosamente una embajada, una misión diplomática o una representación permanente, lo cual parece deducirse de la anterior jurisprudencia del Tribunal de Justicia y también ha dado por sentado el Tribunal General en los apartados 78 a 83 de la sentencia recurrida, o bien si pueden quedar comprendidos bajo el paraguas de otro Estado otros organismos estatales como, por ejemplo, bases militares o escuelas en el extranjero. (
42
)
2.
Aplicación de este criterio a la situación del recurrente en casación
90.
A la vista de estos criterios, ¿la actividad ejercida por el recurrente en casación durante el período de referencia constituye una prestación de servicios al Estado polaco?
91.
En el presente asunto ha quedado probado que, mientras ejercía su actividad en Bruselas, el recurrente en casación mantuvo su condición de juez polaco. Ahora bien, como se desprende de mis anteriores observaciones, el criterio decisivo para la aplicación de la regla de neutralización no lo constituye ni la actividad ejercida en concreto por tal persona ni su vínculo jurídico específico con este otro Estado, sino su integración en un organismo de este otro Estado en el Estado de destino.
92.
Como se desprende de las observaciones recogidas en los apartados 64, 66 y 73 de la sentencia recurrida, durante el período de referencia, el recurrente desarrolló una gran parte de su actividad en las oficinas de la REFJ en Bruselas. Además, estaba sujeto al control del Comité de Dirección de la REFJ, que estaba facultado para suspender su mandato y proponer a la junta general la terminación del mismo. Estas circunstancias ponen de manifiesto que estaba integrado en Bélgica en un organismo de la REFJ. Como se desprende de los apartados 3 y 82 de la sentencia recurrida, la REFJ es una asociación internacional sin ánimo de lucro de Derecho belga que tiene por objeto el desarrollo de programas de formación continuada de dimensión europea para sus miembros y el personal de las jurisdicciones. Por consiguiente, no es un organismo del Estado polaco.
93.
No contradice esta conclusión la alegación del recurrente en casación de que la interpretación realizada por el Tribunal General, según la cual se exige la incorporación a una representación permanente de un Estado miembro, excluiría a todos los miembros de la judicatura del beneficio de la regla de neutralización.
94.
En primer lugar, no es necesario pronunciarse aquí, a fin de cuentas, si es necesaria la incorporación a una embajada, una misión diplomática o una representación permanente, o bien si basta con la incorporación a otro organismo del Estado en el Estado de destino.
95.
En segundo lugar, me parece que no cabe descartar que los miembros del poder judicial, pese a su independencia, también puedan incorporarse a tal organismo, por ejemplo, en virtud de una comisión de servicio. Así lo pone de manifiesto el propio ejemplo del recurrente en casación, cuya independencia judicial no se ha visto menoscabada por el hecho de haberse incorporado al organismo de la REFJ en el marco de su actividad —que ha de separarse de la jurisdiccional— desarrollada para dicha organización y que estaba sujeto al control del comité de dirección de esta última.
96.
Y, en tercer lugar, la necesidad de aplicar la regla de neutralización conforme a criterios objetivos y sencillos permitiría excluir a determinados grupos de personas, del mismo modo que, por ejemplo, la prestación de un servicio en el sector puramente privado resulta irrelevante. En efecto, como se ha expuesto en los anteriores puntos 67 y siguientes, la regla de neutralización no ha de entenderse precisamente como un privilegio, sino que se basa típicamente en el vínculo de conexión específico del solicitante con el otro Estado. Si el recurrente en casación no quedase comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, sino en el de la letra b), una interpretación amplia del concepto —que ha de entenderse de forma idéntica— de «ejercicio de funciones al servicio de un Estado» sí le resultaría desfavorable. (
43
)
97.
Contrariamente a cuanto sostiene el recurrente en casación, el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al afirmar que el trabajo realizado para la REFJ es el único factor relevante, sin tener en cuenta la condición de juez del recurrente y el vínculo jurídico entre él y el Estado polaco.
98.
En efecto, como acaba de exponerse, para la aplicación del criterio de los «servicios prestados a otro Estado» no ha de atenderse al estatuto de la persona interesada y a su vínculo jurídico con el otro Estado. Por consiguiente, carece también de relevancia que el recurrente en casación siguiera empleado en el Estado polaco como juez de tribunal de distrito durante el período de referencia y percibiera su salario directamente de este órgano jurisdiccional.
3.
Conclusión provisional
99.
Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al afirmar que la excepción de los «servicios prestados a otro Estado» contemplada en el artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guion, segunda frase, del anexo VII del Estatuto no se aplica al trabajo realizado por el recurrente en casación para la REFJ.
VI. Costas
100.
De las consideraciones que preceden se desprende que procede desestimar el recurso de casación. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas de conformidad con el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. Con arreglo al artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haberlo solicitado la Comisión, procede condenar al recurrente en casación a cargar tanto con sus propias costas como con las de la Comisión.
VII. Conclusión
101.
En resumen, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva del modo siguiente:
1.
Desestimar el recurso de casación.
2.
Condenar al recurrente a cargar con las costas del procedimiento de casación.
(
1
)	Lengua original: alemán.
(
2
)	Reglamento n.o 31 (CEE) 11 (CEEA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 1962, 45, p. 1385; EE 01/01, p. 19).
(
3
)	Sentencia QB/Comisión (T‑71/21, no publicada, EU:T:2021:868).
(
4
)	Ha de hacerse referencia a este respecto a la sentencia del Tribunal General de 30 de marzo de 1993, Vardakas/Comisión (T‑4/92, EU:T:1993:29), en la que declaró que el Comité Europeo de Normalización, una asociación internacional sin ánimo de lucro de Derecho belga, es una «organización internacional» en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guion, segunda frase, del anexo VII del Estatuto.
(
5
)	Sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349), apartado 61; de 14 de enero de 2016, Vodafone (C‑395/14, EU:C:2016:9), apartado 40; de 25 de enero de 2018, Comisión/República Checa (C‑314/16, EU:C:2018:42), apartado 47; de 15 de marzo de 2022, Autorité des marchés financiers (C‑302/20, EU:C:2022:190), apartado 63, y de 12 de enero de 2023, Österreichische Post (Información relativa a los destinatarios de datos personales) (C‑154/21, EU:C:2023:3), apartado 29.
(
6
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk (C‑422/19 y C‑423/19, EU:C:2021:63), apartado 65, y de 17 de enero de 2023, España/Comisión (C‑632/20 P, EU:C:2023:28), apartados 40 a 42.
(
7
)	En casos concretos, cabe pensar que no pueda determinarse la actividad profesional principal de un agente porque emplea el mismo tiempo en el ejercicio de varias actividades. En tales casos, el ejercicio de una de estas actividades en el posterior Estado de destino durante el período de referencia no impediría la concesión de la indemnización por expatriación.
(
8
)	Sentencias de 24 de enero de 2008, Adam/Comisión (C‑211/06 P, EU:C:2008:34), apartados 38 y 39; de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman‑Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartados 35 y 36; de 29 de noviembre de 2007, Salvador García/Comisión (C‑7/06 P, EU:C:2007:724), apartados 43 y 44; de 29 de noviembre de 2007, Salazar Brier/Comisión (C‑9/06 P, EU:C:2007:726), apartados 41 y 42; de 29 de noviembre de 2007, de 29 de noviembre de 2007, Herrero Romeu/Comisión (C‑8/06 P, EU:C:2007:725), apartados 37 y 38; de 29 de noviembre de 2007, De Bustamante Tello/Consejo (C‑10/06 P, EU:C:2007:727), apartados 33 y 34, y de 25 de marzo de 2021, Álvarez y Bejarano y otros/Comisión (C‑517/19 P y C‑518/19 P, EU:C:2021:240), apartado 69; véanse también las sentencias de 15 de septiembre de 1994, Magdalena Fernández/Comisión (C‑452/93 P, EU:C:1994:332), apartado 20, y de 15 de septiembre de 2022, Brown/Comisión y Consejo (C‑675/20 P, EU:C:2022:686), apartado 46.
(
9
)	Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169), punto 44 y nota 23.
(
10
)	Véase la sentencia del Tribunal General de 28 de febrero de 2019, Pozza/Parlamento (T‑216/18, no publicada, EU:T:2019:118), apartado 39.
(
11
)	Véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal General de 30 de junio de 2005, Olesen/Comisión (T‑190/03, EU:T:2005:264), apartado 34, y de 28 de febrero de 2019, Pozza/Parlamento (T‑216/18, no publicada, EU:T:2019:118), apartado 50.
(
12
)	Véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 25 de noviembre de 2020, UI/Comisión (T‑362/19, no publicada, EU:T:2020:562), apartado 53; en términos similares, véase la sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2004, E/Comisión (T‑251/02, EU:T:2004:357), apartados 57 y 72.
(
13
)	Sentencia de 31 de mayo de 1988, Núñez/Comisión (211/87, EU:C:1988:275), apartado 10; sentencias del Tribunal General de 8 de abril de 1992, Costacurta Gelabert/Comisión (T‑18/91, EU:T:1992:56), apartado 41; de 13 de abril de 2000, Reichert/Parlamento (T‑18/98, EU:T:2000:113), apartado 25; de 3 de mayo de 2001, Liaskou/Consejo (T‑60/00, EU:T:2001:129), apartado 52; de 30 de junio de 2005, Olesen/Comisión (T‑190/03, EU:T:2005:264), apartado 61, y de 25 de noviembre de 2020, UI/Comisión (T‑362/19, no publicada, EU:T:2020:562), apartado 37.
(
14
)	Véase el auto de 6 de julio de 2021, Karpeta-Kovalyova/Comisión (C‑717/20 P, no publicado, EU:C:2021:542), apartados 11 y 12.
(
15
)	Conclusiones del Abogado General Bot presentadas en los asuntos acumulados Salvador García/Comisión (C‑7/06 P), Herrero Romeu/Comisión (C‑8/06 P), Salazar Brier/Comisión (C‑9/06 P), y De Bustamante Tello/Consejo (C‑10/06 P) (EU:C:2007:324), puntos 123 a 131.
(
16
)	Sentencias de 29 de noviembre de 2007, Salvador García/Comisión (C‑7/06 P, EU:C:2007:724), apartado 42; Herrero Romeu/Comisión (C‑8/06 P, EU:C:2007:725), apartado 36, y Salazar Brier/Comisión (C‑9/06 P, EU:C:2007:726), apartado 40; conclusiones del Abogado General Bot presentadas en los asuntos acumulados Salvador García/Comisión (C‑7/06 P), Herrero Romeu/Comisión (C‑8/06 P), Salazar Brier/Comisión (C‑9/06 P), y De Bustamante Tello/Consejo (C‑10/06 P) (EU:C:2007:324), punto 136.
(
17
)	Sentencias de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartado 37; de 29 de noviembre de 2007, Salvador García/Comisión (C‑7/06 P, EU:C:2007:724), apartado 45; de 29 de noviembre de 2007, Herrero Romeu/Comisión (C‑8/06 P, EU:C:2007:725), apartado 39; de 29 de noviembre de 2007, Salazar Brier/Comisión (C‑9/06 P, EU:C:2007:726), apartado 43; de 29 de noviembre de 2007, De Bustamante Tello/Consejo (C‑10/06 P, EU:C:2007:727), apartado 35, y de 24 de enero de 2008, Adam/Comisión (C‑211/06 P, EU:C:2008:34), apartado 40.
(
18
)	Sentencias de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartado 38; de 29 de noviembre de 2007, Salvador García/Comisión (C‑7/06 P, EU:C:2007:724), apartado 46; de 29 de noviembre de 2007, Herrero Romeu/Comisión (C‑8/06 P, EU:C:2007:725), apartado 40; de 29 de noviembre de 2007, Salazar Brier/Comisión (C‑9/06 P, EU:C:2007:726), apartado 44; de 29 de noviembre de 2007, De Bustamante Tello/Consejo (C‑10/06 P, EU:C:2007:727), apartado 36, y de 24 de enero de 2008, Adam/Comisión (C‑211/06 P, EU:C:2008:34), apartado 41.
(
19
)	Sobre estas consideraciones, véanse las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169), puntos 54 a 56.
(
20
)	Conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169), punto 57.
(
21
)	En este sentido, véanse las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169), punto 57.
(
22
)	En el caso de autos, nos encontramos en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, puesto que el recurrente en casación no posee la nacionalidad de su Estado de destino (Bélgica), sino que es nacional polaco. Sin embargo, dado que ejerció habitualmente su actividad profesional principal en Bélgica durante el período de referencia, no tiene derecho a la indemnización por expatriación, a menos que haya prestado servicios a otro Estado (o a una organización internacional). En estas circunstancias, le beneficiaría una interpretación amplia de la expresión «servicios prestados a otro Estado». Ahora bien, si, en el presente asunto, el recurrente en casación hubiera comenzado a prestar sus servicios en Polonia y hubiera ejercido de forma habitual su actividad profesional principal durante un período de cuando menos diez años en Bélgica, solo podría beneficiarse de la indemnización por expatriación si no hubiera ejercido funciones al servicio de un Estado o de una organización internacional. Así pues, en este supuesto —que no es el que se da en el caso de autos—, una interpretación amplia de esta expresión le sería perjudicial.
(
23
)	Véanse, a este respecto, con más detalle, mis conclusiones presentadas en el asunto Brown/Comisión (C‑675/20 P, EU:C:2022:287), puntos 36 a 42 y 50.
(
24
)	Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Brown/Comisión (C‑675/20 P, EU:C:2022:287), puntos 40 y 41.
(
25
)	Véanse las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:169), punto 90; sobre esta consideración, relativa a la interpretación del criterio de «ejercicio habitual de la actividad profesional principal», véase también el punto 53 anterior.
(
26
)	Véase, ya por aquel entonces, la sentencia de 15 de enero de 1981, Vutera/Comisión (1322/79, EU:C:1981:6), apartado 9, y la sentencia del Tribunal General de 13 de diciembre de 2004, E/Comisión (T‑251/02, EU:T:2004:357), apartado 126.
(
27
)	Un ejemplo de ello lo constituiría el desplazamiento temporal de un empleado de una empresa privada a una oficina extranjera de dicha empresa. Así, en la sentencia de 13 de diciembre de 2004, E/Comisión (T‑251/02, EU:T:2004:357), el Tribunal General declaró que una persona que había sido empleada de un despacho de abogados inglés en Londres y había sido destinada temporalmente a la oficina de Bruselas de dicho despacho no podía acogerse a la regla de neutralización.
(
28
)	Sentencia de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartado 39.
(
29
)	Sentencia de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartado 42.
(
30
)	Sentencia de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartado 44.
(
31
)	Sentencia de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartados 42 y 43; véanse también las sentencias de 29 de noviembre de 2007, Salvador García/Comisión (C‑7/06 P, EU:C:2007:724), apartado 51; Herrero Romeu/Comisión (C‑8/06 P, EU:C:2007:725), apartado 45; Salazar Brier/Comisión (C‑9/06 P, EU:C:2007:726), apartado 49, y De Bustamante Tello/Consejo (C‑10/06 P, EU:C:2007:727), apartado 41, que hacen referencia a aquella.
(
32
)	Sentencia de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartado 45.
(
33
)	Sentencias de 29 de noviembre de 2007, Salvador García/Comisión (C‑7/06 P, EU:C:2007:724), apartados 56 y 60; Herrero Romeu/Comisión (C‑8/06 P, EU:C:2007:725), apartados 50 y 54; Salazar Brier/Comisión (C‑9/06 P, EU:C:2007:726), apartados 54 y 58, y De Bustamante Tello/Consejo (C‑10/06 P, EU:C:2007:727), apartados 46 y 50.
(
34
)	También se recogen formulaciones en tal sentido en las versiones lingüísticas italiana («servizi effettuati per un altro Stato»), española («servicios prestados a otro Estado») y portuguesa («serviços prestados a um outro Estado»).
(
35
)	También se recogen formulaciones en tal sentido en las versiones lingüísticas italiana («esercizio di funzioni al servizio di uno Stato»), española («ejercicio de funciones al servicio de un Estado») y portuguesa («exercício de funções num serviço de qualquer Estado»).
(
36
)	Sentencia del Tribunal General de 30 de marzo de 1993 (T‑4/92, EU:T:1993:29), apartado 36; véase también la sentencia de 28 de noviembre de 2019, Wywiał-Prząda/Comisión (T‑592/18, EU:T:2019:820), apartado 35.
(
37
)	Sentencia de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartado 45.
(
38
)	A este respecto, el Tribunal General resolvió un asunto afirmando que una actividad por cuenta propia de asesoramiento a la Comisión queda comprendida en la excepción de los servicios prestados a una organización internacional. Véase la sentencia de 14 de diciembre de 1995, Diamantaras/Comisión (T‑72/94, EU:T:1995:212), apartado 52.
(
39
)	Sentencia de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartado 45.
(
40
)	Sentencia de 21 de junio de 2007, Comisión/Hosman-Chevalier (C‑424/05 P, EU:C:2007:367), apartado 44.
(
41
)	Carece de pertinencia para la resolución del presente litigio si los servicios prestados a una subunidad política de un Estado, como por ejemplo los gobiernos de las regiones, las comunidades autónomas u otras entidades territoriales, quedan comprendidos en la regla de neutralización. Por lo tanto, no es necesario pronunciarse aquí sobre si el Tribunal de Justicia acertó al negar tal posibilidad en sus sentencias de 29 de noviembre de 2007, Salvador García/Comisión (C‑7/06 P, EU:C:2007:724), Herrero Romeu/Comisión (C‑8/06 P, EU:C:2007:725)), Salazar Brier/Comisión (C‑9/06 P, EU:C:2007:726), y De Bustamante Tello/Consejo (C‑10/06 P, EU:C:2007:727).
(
42
)	Habría de considerar la posibilidad de establecer una distinción, a tal respecto, en función de si los respectivos servicios aparejan determinados privilegios e inmunidades, como los que pueden derivarse, por ejemplo, de la Convención de Viena, de 18 de abril de 1961, sobre Relaciones Diplomáticas o de otros convenios internacionales. En efecto, en estos supuestos se dará, en cualquier caso, una diferencia suficientemente relevante con las personas que son destinadas temporalmente al extranjero por un particular —ya sea persona física o jurídica— y trabajan allí, por ejemplo, en una sucursal. Además, el criterio de la existencia de determinados privilegios e inmunidades a favor de tal persona permitiría aplicar de forma objetiva y clara la regla de neutralización.
(
43
)	Véanse a este respecto mis observaciones formuladas en los puntos 71 a 73.