Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 29 de enero de 2026 (1)
Asunto C‑98/24 [Koda] (i)
con intervención de:
A.K.,
R.K.,
R.F. von K.-K.,
L.P.
[Petición de decisión prejudicial planteada por un
notario en cuanto comisario judicial del Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunal del distrito 1 de Praga, República Checa)]
« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 650/2012 — Noción de
disposición mortis causa — Pacto sucesorio — Efectos vinculantes del pacto sucesorio — Declaración de desheredación — Capacidad del disponente — Ley aplicable — Cambio de ley aplicable — Disposiciones transitorias »
1.        Esta petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (UE) n.º 650/2012. (2) Se trata de resolver quiénes son los herederos de una persona que dispuso mortis causa de sus bienes en distintas ocasiones, antes y después de la fecha de aplicabilidad plena de ese Reglamento.
2.        La petición de decisión prejudicial ha sido depositada por un notario de la República Checa que, según sus propias palabras, (3) la plantea en cuanto comisario judicial designado por un tribunal competente en materia de sucesiones.
I.      Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión. Reglamento n.º 650/2012
3.        En el sentido del artículo 3 («Definiciones»), apartado 1:
«[…] se entenderá por:
[…]
b)      “pacto sucesorio”: todo acuerdo, incluido el resultante de testamentos recíprocos, por el que se confieran, modifiquen o revoquen, con o sin contraprestación, derechos relativos a la sucesión o las sucesiones futuras de una o más personas que sean partes en dicho acuerdo;
c)      “testamento mancomunado”: el testamento otorgado en un acto por dos o más personas;
d)      “disposición mortis causa”: un testamento, un testamento mancomunado o un pacto sucesorio.
[…]».
4.        El artículo 3 («Definiciones»), apartado 2, declara:
«A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “tribunal” todo órgano judicial y todas las demás autoridades y profesionales del derecho con competencias en materia de sucesiones que ejerzan funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de un órgano judicial, o actúen bajo su control, siempre que tales autoridades y profesionales del derecho ofrezcan garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas, y que sus resoluciones, dictadas con arreglo al derecho del Estado miembro en el que actúan:
a)      puedan ser objeto de recurso o revisión ante un órgano judicial, y
b)      tengan fuerza y efectos análogos a los de la resolución de un órgano judicial sobre la misma materia.
[…]».
5.        Conforme al artículo 21 («Regla general»), apartado 1:
«Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable a la totalidad de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento».
6.        El artículo 22 («Elección de la ley aplicable»), apartado 1, establece:
«Cualquier persona podrá designar como la ley que haya de regir su sucesión en su conjunto la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.
[…]».
7.        De conformidad con el artículo 25 («Pactos sucesorios»):
«[…]
2.      Un pacto sucesorio relativo a la sucesión de varias personas únicamente será admisible en caso de que lo sea conforme a la ley que, de conformidad con el presente Reglamento, hubiera sido aplicable a la sucesión de cada una de ellas si hubieran fallecido en la fecha de conclusión del pacto.
Un pacto sucesorio que sea admisible en virtud del párrafo primero se regirá en cuanto a su validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución, por aquella de las leyes referidas en dicho párrafo con la que presente una vinculación más estrecha.
3.      No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las partes podrán elegir como ley aplicable al pacto sucesorio, por lo que respecta a su admisibilidad, validez material y efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución, la ley que la persona o una de las personas de cuya sucesión se trate habría podido elegir de acuerdo con el artículo 22 en las condiciones que este establece».
8.        El artículo 26 («Validez material de las disposiciones mortis causa») preceptúa:
«1.      A los efectos de los artículos 24 y 25, se referirán a la validez material los siguientes elementos:
a)      la capacidad del disponente para realizar la disposición mortis causa;
b)      las causas específicas que impidan al disponente disponer en favor de determinadas personas o que impidan a una persona recibir bienes sucesorios de aquel;
[…]
2.      En caso de que una persona tenga capacidad para realizar una disposición mortis causa de conformidad con la ley aplicable en virtud de los artículos 24 o 25, una modificación ulterior de la ley aplicable no afectará a su capacidad para modificar o revocar dicha disposición».
9.        A tenor del artículo 83 («Disposiciones transitorias»):
«1.      Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a la sucesión de las personas que fallezcan el 17 de agosto de 2015 o después de esa fecha.
[…]
3.      Una disposición mortis causa hecha antes del 17 de agosto de 2015 será admisible y válida en cuanto al fondo y a la forma si cumple las condiciones establecidas en el capítulo III o si cumple las condiciones de admisibilidad y validez en cuanto al fondo y a la forma en aplicación de las normas de derecho internacional privado vigentes, en el momento en que se hizo la elección, en el Estado en el que el causante tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados cuya nacionalidad poseía o en el Estado miembro de la autoridad que sustancie la sucesión.
4.      Si una disposición
mortis causa
se realizara antes del 17 de agosto de 2015 con arreglo a la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con el presente Reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la sucesión».
10.      El artículo 84 («Entrada en vigor») dispone:
«El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 17 de agosto de 2015, excepto por lo que respecta a los artículos 77 y 78, que serán aplicables a partir del 16 de noviembre
de 2014, y a los artículos 79, 80 y 81, que serán aplicables a partir del 5 de julio de 2012».
B.      Derecho checo
11.      La competencia de los notarios para actuar como comisarios judiciales en los procedimientos sucesorios se regula en el
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. (4) Son pertinentes, en particular, sus artículos 100 a 105, 113, 123, 138, 168 a 170 y 185.
12.      Con arreglo al Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (5) constituyen disposiciones mortis causa en sentido estricto los pactos sucesorios, los testamentos o los codicilos (artículo 1491). Queda expresamente prohibido el testamento mancomunado (artículo 1496).
II.    Hechos, procedimiento sucesorio y preguntas prejudiciales
13.      L.K., causante de la sucesión objeto del litigio,
falleció el 24 de agosto de 2022 en la República Checa, donde residía habitualmente.
14.      En el momento de
fallecer, L.K. poseía la doble nacionalidad alemana y checa, y era viudo. (6) Tenía dos hijas (E.D. y N.K.) y tres nietos (A.K., R.K. y R.F. von K.‑K.), hijos de N.K.
15.      Según las informaciones que constan en los autos, L.K. había efectuado las siguientes disposiciones para después de su muerte:
–        El 2 de noviembre de 1999, ante un notario alemán, otorgó junto con su esposa un «gemeinschaftliches Testament» (7) con arreglo al Código Civil alemán (en lo sucesivo, «BGB»). (8) Esta modalidad de testamento se conoce como «testamento de Berlín». El testamento de 2 de noviembre de 1999
fue parcialmente modificado por una declaración conjunta de los cónyuges, realizada el 8 de febrero de 2001 ante el mismo notario.
–        El 23 de junio de 2015, formalizó ante un notario de la República Checa una declaración de desheredación (acta notarial). (9)
–        El 20 de diciembre de 2017, formalizó en documento público ante otro notario de la República Checa un testamento en el que designaba a L.P. como heredera. En este (nuevo) testamento constaba una elección de la ley aplicable a la sucesión, con arreglo al artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012, en favor del derecho checo.
16.      Abierta la sucesión, el abogado de N.K. (una de las hijas de L.K.) y de
A.K., R.K. y R.F. von K.‑K. (nietos de L.K.)
sostuvo que el testamento otorgado el 2 de noviembre de 1999 por el causante y por su esposa era una declaración válida de última voluntad común, realizada de conformidad con el derecho alemán. (10)
17.      El Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunal del distrito 1 de Praga, República Checa), mediante la resolución 37 D 227/2022‑118, acordó que:
–        Los órganos jurisdiccionales checos eran competentes para resolver sobre la sucesión, en virtud del artículo 4 del Reglamento n.º 650/2012.
–        De conformidad con el artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012, la ley por la que se debía regir la sucesión en su conjunto era la ley checa.
–        El procedimiento sucesorio proseguiría únicamente con L.P., en calidad de única heredera del causante, en virtud del testamento otorgado el 20 de diciembre de 2017.
18.      N.K. (hija del causante) y A.K., R.K. y R.F. von K.‑K. (nietos del causante) recurrieron la resolución 37 D 227/2022‑118.
19.      El Městský soud v Praze (Tribunal municipal de Praga, República Checa) confirmó, en apelación,
la resolución impugnada en lo relativo a la exclusión de N.K (hija del causante)
del procedimiento sucesorio, pero la anuló en todo lo demás y devolvió el asunto a la primera instancia, en los siguientes términos:
–        A tenor del artículo 26, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012, cuando una persona tenga capacidad para realizar una disposición mortis causa de conformidad con el ordenamiento aplicable en virtud de los artículos 24 o 25 del Reglamento n.º 650/2012, la modificación ulterior de la ley aplicable no afectará a su capacidad para modificar o revocar dicha disposición.
–        De esa premisa resulta que la capacidad (aptitud para ser titular de derechos) de L.K. para modificar o revocar la parte del «testamento de Berlín» por la que designaba herederos a sus nietos,
en caso de que su esposa falleciera antes que él, se rige necesariamente por el derecho alemán, como ley aplicable al conjunto de la sucesión «elegida» en aplicación del artículo 83, apartado 4, del Reglamento n.º 650/2012.
–        Si el testador tenía la capacidad de otorgar el pacto sucesorio de conformidad con la ley alemana, tenía también derecho a modificarlo o a revocarlo en cualquier momento conforme a la misma ley. Ese derecho se puede ejercitar con independencia de lo que disponga la ley aplicable a la sucesión en su conjunto en el momento de la modificación o de la revocación, es decir, con independencia de la ley checa elegida por el testador posteriormente.
–        No incide en la aplicabilidad de la ley alemana (a efectos de la modificación o revocación de aquel testamento) la circunstancia de que la ley checa no sólo no prohibiera al testador revocar la designación de herederos hecha en el «testamento de Berlín», sino que le permitiera hacerlo sin restricción alguna.
–        En consecuencia, el órgano de instancia, previa constatación del contenido de la ley alemana, debía determinar si,
y, en su caso, en qué condiciones, en virtud de la ley alemana se puede dejar sin efecto la parte del pacto sucesorio entre los cónyuges relativa a la designación como herederos de los nietos A.K., R.K. y R.F. von K.‑K.
–        Sólo una vez que se haya dirimido esa cuestión será posible resolver si las ulteriores disposiciones del testador (declaración de desheredación de 23 de junio de 2015 y testamento de 20 de diciembre de 2017) permiten zanjar la controversia que enfrenta a la heredera designada en el testamento de 20 de diciembre de 2017 con los nietos de L.K.
20.      En esta tesitura, el notario que actúa como comisario judicial del Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunal del distrito 1 de Praga)
eleva al
Tribunal de Justicia estas preguntas prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 83, apartados 3 y 4, del Reglamento n.º 650/2012, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra d), del mismo Reglamento, en el sentido de que el concepto de disposición mortis causa incluye también la declaración de desheredación?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 83, apartado 4, del Reglamento n.º 650/2012 en el sentido de que, si antes del 17 de agosto de 2015 el testador realizó varias disposiciones mortis causa con arreglo a la ley de un Estado que podría haber elegido de conformidad con dicho Reglamento, la ley que se considera elegida como ley aplicable a la sucesión es aquella con arreglo a la cual el testador realizó la última disposición mortis causa antes de esa fecha?
3)      ¿Debe interpretarse el artículo 26, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012 en el sentido de que, si el testador tenía limitada su capacidad para testar  en virtud de una disposición mortis causa realizada antes del 17 de agosto de 2015 de conformidad con la ley que regía su sucesión en su conjunto y, como consecuencia de una modificación posterior de dicha ley, variaron las condiciones de ejercicio de su capacidad para testar, sigue teniendo el testador limitada tal capacidad con arreglo a la ley que habría sido aplicable a su sucesión en caso de que hubiera fallecido en la fecha de conclusión del pacto sucesorio, y ello con independencia de que, en virtud de la ley que regía la sucesión en su conjunto en el momento del fallecimiento, tuviera derecho a anular (revocar o modificar) el pacto sucesorio?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
21.      La petición de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 6 de febrero de 2024.
22.      Han presentado observaciones escritas
L.P. y, de forma conjunta, A.K., R.K. y R.F. von K.‑K., así como los Gobiernos checo y polaco y la Comisión.
23.      El Tribunal de Justicia solicitó al Gobierno checo aclaraciones sobre determinados aspectos del régimen jurídico aplicable a los notarios que actúan en calidad de comisarios judiciales en los procedimientos sucesorios. La respuesta del Gobierno checo se recibió el 10 de octubre de 2025.
24.      En la vista, celebrada el 20 de noviembre de 2025, comparecieron L.P. y, de forma conjunta, A.K., R.K. y R.F. von K.‑K., así como los Gobiernos checo y alemán y la Comisión.
IV.    Análisis
A.      Admisibilidad del reenvío prejudicial
25.      En el procedimiento abierto en la República Checa en relación con la sucesión de L.K., corresponde al notario designado como comisario judicial establecer quiénes son los herederos del causante.
26.      En principio, nada obsta a que un notario, en cuanto actúe por delegación de un órgano judicial, o bajo su control, pueda ser considerado un «tribunal» en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012.
27.      Sin embargo, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012 no basta, por sí solo, para que el notario pueda plantear una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE. (11)
28.      La noción de «órgano jurisdiccional» del artículo 267 TFUE
exige el examen autónomo de un conjunto de elementos, como son su origen legal, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación de normas jurídicas, así como su independencia. (12)
29.      En la fase escrita del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, no se suscitaron formalmente objeciones a la admisibilidad de este reenvío prejudicial.(13) El notario que lo había remitido se adelantó a manifestar que, en su opinión, estaba legitimado para llevarlo a cabo. (14)
30.      En la fase oral del procedimiento prejudicial, por el contrario, ha tenido lugar un debate sobre este extremo, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por un lado, y del Ústavní soud (Tribunal Constitucional, República Checa; en lo sucesivo, «Tribunal Constitucional»), por otro lado.
1.      Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
31.      En la sentencia Comisión/República Checa,
dictada en un procedimiento de infracción relativo a la violación
del artículo 49 TFUE, (15) el Tribunal de Justicia examinó las funciones desempeñadas por los notarios en la República Checa.
32.      En particular, analizó de forma detallada las atribuciones de los notarios en los procedimientos sucesorios y las razones por las que éstas se ejercen sobre una base consensual. (16)
33.      A resultas de ese examen, el Tribunal de Justicia declaró que esas atribuciones
no podían considerarse como una manifestación directa y específica del ejercicio de la autoridad pública. (17)
34.      Ya avanzo que esta declaración bastaría, de suyo, para zanjar el debate sobre la admisibilidad del reenvío: si el notario que interviene en este procedimiento sucesorio no ejerce funciones de autoridad pública, mal se le podrá reconocer la cualidad de órgano jurisdiccional, que, por definición, participa del ejercicio del poder público.
2.      Posición del Tribunal Constitucional
35.      En cuanto al Tribunal Constitucional, ha negado la legitimación de los «órganos casi jurisdiccionales» (notarios que actúan en calidad de comisario judicial en los procedimientos sucesorios) para plantear
una cuestión de inconstitucionalidad con arreglo al artículo 95, apartado 2, de la Constitución de la República Checa. (18)
36.      En su resolución
de 17 de septiembre de 2025 (apartado 9), el Tribunal Constitucional checo subraya las diferencias fundamentales entre la protección jurídica otorgada por los «tribunales» y la que corresponde a «otras personas», tales como los comisarios judiciales.
37.      A juicio del Tribunal Constitucional: «[…] los notarios carecen de las cualidades esenciales atribuidas a los órganos jurisdiccionales. En particular, los notarios no gozan de un nivel de independencia tan elevado como los tribunales, podrían ser revocados por el Ministro de Justicia y no están sujetos a una incompatibilidad tan amplia con otras funciones como los jueces, en particular con respecto a los demás poderes del Estado». (19)
38.      En el debate sobre la admisibilidad desarrollado en la vista, el conjunto de los participantes, salvo la Comisión, sostuvieron que la resolución
del Tribunal Constitucional no resulta pertinente para apreciar la concurrencia de los requisitos que caracterizan un «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE.
39.      Sin embargo, coincido con la Comisión en que, aun dictada en contexto distinto, la resolución del Tribunal Constitucional aclara el régimen jurídico aplicable a los notarios que actúan como comisarios judiciales en los procedimientos sucesorios.
3.      Apreciación
40.      Por las razones que expondré a continuación, opino que no sólo las garantías,  sino también las facultades decisorias que el ordenamiento jurídico checo confiere a los notarios que actúan como comisarios judiciales
difieren sustancialmente de aquellas que caracterizan la «función jurisdiccional» propia de los jueces.
a)      Garantías
41.      En
cuanto a las garantías de independencia e inamovilidad que ofrecen los notarios, el Gobierno checo afirmó que el nombramiento del comisario judicial encargado de cada asunto sucesorio se realiza conforme a un calendario preestablecido y con arreglo a criterios predeterminados, que garantizan una distribución equitativa y previsible de los expedientes. (20)
42.      En relación con la resolución
del Tribunal Constitucional, el Gobierno checo sostuvo en la vista que, por un lado, las garantías de independencia e inamovilidad de un órgano jurisdiccional reciben, a efectos del derecho constitucional nacional, una interpretación más estricta de la que exige el artículo 267 TFUE. Por otro lado, insistió en que
los notarios gozan de garantías de inamovilidad sustancialmente equiparables a las de los jueces. El debate se centró, en particular, en las facultades de revocación de jueces y notarios conferidas al Ministro de Justicia, que estarían estrictamente limitadas a supuestos excepcionales y predeterminados por la ley. (21)
43.      Sin embargo, la resolución
del Tribunal Constitucional, al subrayar que el Ministro puede acordar la revocación del notario y que éste no goza del nivel de independencia de los tribunales, lo hace precisamente para contraponer el régimen de los notarios al aplicable a los órganos jurisdiccionales. (22)
44.      Además de lo anterior, debe distinguirse entre las facultades de revocación (por el Ministro) de los notarios en general y los supuestos de revocación (por el tribunal competente) del notario designado como comisario judicial en un procedimiento sucesorio concreto.
45.      A este último respecto, el Gobierno checo afirmó, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia, que el tribunal competente en materia de sucesión mantiene la facultad de revocar el mandato del notario así designado «por una falta» (23) cometida en el ejercicio de sus funciones. Esta falta «puede producirse, en concreto, cuando exista el riesgo de que el asunto no se resuelva en un plazo razonable». (24)
46.      Esta causa de revocación, reflejada en la Ley checa n.º 292/2013, (25) corrobora que el notario, en cuanto comisario judicial, no tiene el estatus de inamovilidad propio de un órgano jurisdiccional.
47.      En esas condiciones, los notarios que actúan en calidad de comisarios judiciales en los procedimientos sucesorios en la República Checa no gozan de las garantías de independencia e inamovilidad
equiparables a las que normalmente se reconocen a un juez.
El artículo 104, apartado 1, de la Ley n.º 292/2013 confirma que los comisarios judiciales se hallan bajo la dirección y el control del tribunal competente, que sigue siendo el «responsable principal» del procedimiento.
b)      Facultades decisorias de litigios
48.      En lo que respecta a las facultades decisorias atribuidas a los notarios en materia de sucesiones,
hay que distinguir
dos situaciones:
–        Cuando la controversia verse
únicamente sobre la apreciación jurídica (y los aspectos fácticos no sean discutidos), corresponde al notario zanjar esa «cuestión de derecho».
–        Cuando la controversia se extienda a
hechos
discutidos por las partes, el notario carece de competencia para resolver y debe instar
a
aquéllas a acudir al tribunal competente.
49.      La diferenciación de las competencias decisorias según se trate de cuestiones de hecho o de derecho constituye, en mi opinión, un indicio adicional de que el notario, como comisario judicial, dispone de una facultad de valoración y decisión más limitada que la que corresponde, por general, a un verdadero juez.
50.      De ahí que, a pesar de la opinión contraria expuesta por el Gobierno checo,
me resulta difícil descartar la pertinencia de las
constataciones
realizadas por el Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/República Checa: la competencia de los notarios se ejerce exclusivamente sobre una base consensual.
51.      Si bien es cierto que, en aquella
ocasión, el examen se llevó a cabo
con el fin de apreciar una posible vulneración
del artículo 49 TFUE, el pronunciamiento del Tribunal de Justicia es relevante para descartar el «ejercicio de una función jurisdiccional» con arreglo al artículo
267 TFUE.
52.      Según el Tribunal de Justicia, «cuando no ha de resolver un litigio, no puede considerarse que un organismo remitente, aun cuando cumpla los demás requisitos establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
ejerza una función jurisdiccional». (26)
c)      Conclusión intermedia
53.      En suma, considero que el notario que actúa como comisario judicial en un procedimiento sucesorio
no ostenta la cualidad de «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE.
54.      La solución que propongo no menoscaba la efectividad del mecanismo prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE y la unidad de interpretación del derecho de la Unión que ese artículo pretende salvaguardar.
55.      La consecución de estos objetivos se garantiza, de todos modos, mediante la posibilidad de interponer recursos judiciales contra las resoluciones de un notario que, si bien puede ostentar la calidad de
«tribunal» en virtud del Reglamento n.º 650/2012, no cumple las condiciones para ser considerado, al mismo tiempo, un «órgano jurisdiccional» a los efectos del artículo 267 TFUE. (27) En el marco de esos recursos, las sucesivas instancias jurisdiccionales podrán interrogar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del derecho de la Unión.
56.      A la luz de lo expuesto, estimo que debe inadmitirse el reenvío prejudicial. No obstante, por si el Tribunal de Justicia no compartiera este parecer, propondré una respuesta a las preguntas formuladas.
B.      Apreciación de fondo
57.      Se ha de determinar, ante todo,
si el testador que
había otorgado un pacto sucesorio en 1999
conforme al derecho alemán
podía, posteriormente,
desligarse del contenido de ese pacto, en perjuicio de las personas (sus nietos) que figuraban en él como herederos.
58.      La actuación ulterior del testador, en detrimento de quienes había designado herederos en 1999,
se plasmó en una declaración de desheredación de éstos (2015). Ulteriormente, el testador otorgaría un nuevo testamento (2017) instituyendo como
única heredera a una persona ajena al círculo familiar.
59.      La primera pregunta prejudicial exige esclarecer
si el Reglamento n.º 650/2012 se aplica a declaraciones que expresan la voluntad de L.K. de excluir de su sucesión a determinados herederos.
60.      Si la respuesta a esa primera pregunta fuese afirmativa, el órgano de reenvío quiere aún saber:
–        Qué ley se aplica a la sucesión de L.K. en su conjunto. El órgano de reenvío no tiene certeza
acerca de cómo identificar esa ley,
cuando las disposiciones mortis causa
sucesivas
son anteriores a la fecha de aplicabilidad plena del Reglamento n.º 650/2012  y se rigen por ordenamientos distintos.
–        Qué peso tiene en la solución de la controversia
la regla en cuya virtud, si una persona tiene capacidad
para disponer mortis causa
conforme a la ley aplicable al tiempo de hacerlo, un cambio posterior de la ley aplicable no afecta a su capacidad para revocar o modificar la disposición
realizada.
1.      Régimen jurídico
61.      Antes de abordar estas preguntas,
me parece oportuno recordar
algunos aspectos del régimen jurídico establecido por el Reglamento n.º 650/2012 para las sucesiones con repercusión transfronteriza.
a)      Determinación de la ley aplicable a las disposiciones por causa de muerte
62.      Con arreglo al Reglamento n.º 650/2012, pueden ser distintas las leyes que se aplican: a) a la sucesión de una persona; y b) a una disposición mortis causa
(rectius: a concretos aspectos de esa disposición)
efectuada por esa misma persona.
63.      El Reglamento n.º 650/2012 establece, como norma, que una única ley será aplicable a la totalidad de la sucesión. La identifica con la ley del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento. (28) Como alternativa, permite al causante designar la ley del Estado cuya nacionalidad posea en el momento de
realizar la elección o en el momento del fallecimiento. (29)
64.      Para garantizar la seguridad jurídica de quienes deseen planear su sucesión, (30) la ley
que regirá la admisibilidad y la validez
material (31) de las diversas disposiciones será:
–        Cuando se trate
de una disposición mortis causa distinta a un pacto sucesorio, la ley que sería aplicable a la sucesión si el causante hubiera fallecido en la fecha en que otorgó aquella disposición («ley hipotética») (32) o, si la elige, la ley del Estado cuya nacionalidad poseyera al tiempo de disponer. (33)
–        Cuando se trate de pactos sucesorios, la regulación difiere según que sean relativos a la sucesión de un solo individuo (34) o
a la de varios. (35)
b)      Aplicabilidad temporal del Reglamento n.º 650/2012
65.      Conforme al artículo 83, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012, la fecha determinante de su aplicación es la del fallecimiento del causante.
66.      De la combinación de ese precepto y el artículo 84 se deduce que el
Reglamento n.º 650/2012 se aplica en su integridad a las sucesiones de personas que han fallecido el, o a partir del, 17 de agosto de 2015.
67.      El artículo 83, apartado 3, del Reglamento n.º 650/2012 establece, no obstante, un régimen transitorio para las sucesiones en las que se hubiera
otorgado una disposición mortis causa
antes del 17 de agosto de 2015.
68.      Con arreglo al artículo 83, apartado 4, del Reglamento n.º 650/2012, si una disposición
mortis causa
se hubiera realizado antes del 17 de agosto de 2015 con arreglo a la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con ese Reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la totalidad de la sucesión.
2.      Primera pregunta prejudicial
69.      El órgano de reenvío desea saber si el artículo 83, apartados 3 y 4, del Reglamento n.º 650/2012, en relación con su artículo
3, apartado
1, letra d), puede interpretarse en el sentido de que «el concepto de disposición mortis causa incluye también la declaración de desheredación».
70.      La pregunta tiene sentido, en este asunto, para dilucidar si la declaración de 23 de junio de 2015, por la que L.K. desheredó a sus nietos, fue una disposición mortis causa.
71.      La respuesta afirmativa supondría que esa declaración pertenece al ámbito de aplicación material del Reglamento n.º 650/2012. De ser así, por virtud del artículo 83, apartado 3, tal disposición mortis causa
deberá reputarse admisible y válida en la medida en que reúna las condiciones (formales y en cuanto al fondo) previstas por las normas de conflicto:
–        del capítulo III del Reglamento n.º 650/2012, o
–        vigentes en el Estado donde residía el causante al tiempo de hacer la declaración de desheredación, o
–        vigentes en cualquiera de los Estados cuya nacionalidad poseyera el disponente al tiempo de hacer la declaración.
72.      La respuesta afirmativa, asimismo, abriría paso a la ficción (36) de elección
de ley aplicable a la totalidad de la sucesión (y no sólo a la desheredación), que establece, a título de disposición transitoria, el artículo 83, apartado 4, del Reglamento n.º 650/2012.
Esta segunda dimensión es la que parece interesar al órgano remitente: en función de cuál sea la ley aplicable, L.K. podría revocar, o no,
el contenido del pacto sucesorio de 2 de noviembre de 1999 (y, por tanto, desheredar a sus nietos).
73.      Por lo que explicaré al hilo de la segunda pregunta prejudicial, entiendo que, en las circunstancias de autos, no sería preciso recurrir al régimen transitorio del artículo 83 del Reglamento
n.º 650/2012 para establecer qué ley rige la sucesión en conjunto, una vez que el causante ha optado, expresamente, por elegir tal ley en el testamento de 20 de diciembre de 2017. Siendo ello así, tampoco sería imprescindible indagar sobre el alcance de la noción «disposición mortis causa» (y si comprende o no una declaración de desheredación) en esa disposición transitoria.
74.      No obstante, llevaré a cabo
ese análisis,
por si el Tribunal de Justicia fuera de otro parecer.
75.      Por coherencia, el concepto de disposición mortis causa
debe recibir la misma interpretación en todos los lugares donde el Reglamento n.º 650/2012 lo emplea.
Para asegurar esa coherencia, y en aras de la uniformidad en la comprensión del texto, el artículo 3 del
Reglamento n.º 650/2012 alberga una serie de definiciones.
76.      El artículo 3, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 650/2012 define, en concreto,
«disposición mortis causa» como «un testamento, un testamento mancomunado o un pacto sucesorio». No menciona explícitamente la declaración de desheredación.
77.      Hay que dilucidar si, pese a ese silencio, la declaración de desheredación encaja en el concepto de «disposición mortis causa», lo que requiere
interpretar este último
concepto. Como no hay una remisión expresa a los ordenamientos de los Estados miembros, esa
interpretación será autónoma. (37)
78.      En principio, el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012 lleva a cabo una enumeración exhaustiva. Un análisis de su contenido, sin embargo, permite sostener que la noción definida en su letra d) atiende al carácter formal, y no material, de la disposición mortis causa correspondiente (ya se trate de un testamento, un testamento mancomunado o un pacto sucesorio).
79.      Si, ciertamente, en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012 no figura la declaración de desheredación, tampoco se incluye —por citar alguna de las disposiciones mortis causa típicas por su contenido— la institución de heredero o la de legatario.
80.      Estimo que, desde
esta perspectiva material, la interpretación del concepto «disposición mortis causa» debe ser amplia, a fin de reflejar la vocación de aplicación extensa del Reglamento n.º 650/2012, que reflejan su artículo 3, apartado 1, letra a), y su considerando noveno, (38) y que se acompasa con sus propios objetivos. (39)
81.      En esta línea, opino, con la Comisión, que la noción de «testamento» (como categoría distinta del
«testamento mancomunado» y del
«pacto sucesorio»), aunque no definida en cuanto tal por el Reglamento n.º 650/2012, (40) abarca todas las declaraciones unilaterales mediante las que una persona organiza la suerte de su patrimonio para un momento posterior al fallecimiento, de manera que su sucesión no sea (o no totalmente) abintestato.
82.      La desheredación cabe en esta definición. Que no se trate de un acto cuyo objeto sea transmitir bienes hereditarios, sino privar de la herencia a ciertas personas, no impide calificarlo como disposición mortis causa. El signo negativo o positivo de la expresión de voluntad del causante para regir el destino de su patrimonio no me parece decisivo; sí lo es que su expresión de voluntad incida en la sucesión mortis causa.
83.      Así ocurre con la desheredación: la exclusión de ciertas personas que, en principio, estaban llamadas a suceder al causante tiene como consecuencia (de ser válida) que esas personas quedarán al margen de la herencia y se abre un nuevo orden de la sucesión.
84.      Sentada esta premisa, una declaración de desheredación hecha el 17 de agosto de 2015, o con posterioridad a esa fecha,
estará sujeta a las normas de conflicto que prescribe el capítulo III del Reglamento n.º 650/2012. Se le aplicará su artículo 83, apartados 3 y 4, si ha sido otorgada antes del 17 de agosto de 2015 y su autor fallece ese día o después.
3.      Segunda pregunta prejudicial
85.      En la hipótesis de que (como propongo) la respuesta a la primera pregunta prejudicial fuera positiva, el órgano de reenvío se interroga sobre la ley aplicable a la sucesión, para lo que solicita la interpretación del artículo 83, apartado 4, del Reglamento n.º 650/2012.
86.      El órgano de reenvío contempla la situación de un testador que, antes del 17 de agosto de 2015,
realizó varias disposiciones mortis causa «con arreglo a la ley de un Estado que podría haber elegido de conformidad con [el] Reglamento [n.º 650/2012]». Quiere saber si, en esa situación, «la ley que se considera elegida como ley aplicable a la sucesión es aquella con arreglo a la cual el testador realizó la última disposición mortis causa antes [del 17 de agosto de 2015]».
87.      En la base de esta pregunta laten dos premisas que no me parecen acertadas:
–        Por un lado, y por lo que expondré más tarde,
no creo que deba estarse a la ley aplicable a la totalidad de la sucesión para decidir si L.K. podía desheredar a sus nietos (o hacer un testamento en favor de una persona ajena al círculo familiar),
revocando o modificando unilateralmente el pacto sucesorio previo concluido con su esposa.
–        Por otro lado, aun si hubiera de estarse a la ley aplicable a la totalidad de la sucesión, estimo que, en las circunstancias de autos, tampoco habría que determinar esa ley en los términos que propone el órgano remitente. A mi juicio, la determinación de esa ley aplicable no se rige, en este caso, por el artículo 83, apartado 4, del Reglamento n.º 650/2012, como afirma el órgano de reenvío.
88.      En efecto, consta en la decisión de reenvío
que el causante formalizó un testamento ante notario el 20 de diciembre de 2017 y que incluyó en él una elección de ley conforme al artículo 22 del Reglamento n.º 650/2012: (41) esto es, una ley para regir la sucesión en su conjunto. (42)
89.      A partir de este último dato, entiendo que,
si el testador hace uso de la posibilidad de elegir el ordenamiento aplicable (posibilidad que le ofrece el Reglamento n.º 650/2012)
una vez que, ratione temporis, este Reglamento ya es plenamente aplicable, no procede recurrir a la ficción de su artículo 83, apartado 4. La ley aplicable a la sucesión será, simplemente, la que el testador haya designado en su testamento posterior a la fecha de aplicación del Reglamento n.º 650/2012.
90.      Corrobora esa conclusión intermedia el resto de preceptos del Reglamento n.º 650/2012.
91.      De acuerdo con su artículo 83, apartado 1, el Reglamento
n.º 650/2012 se aplica a las sucesiones de personas que fallezcan en o después del 17 de agosto de 2015. Para determinar la ley que rige las disposiciones mortis causa
realizadas por esas personas en cualquier momento anterior
al 17 de agosto de 2015, (43) hay que acudir al capítulo III del Reglamento
n.º 650/2012.
92.      Esta aplicación del Reglamento n.º 650/2012 va acompañada, no obstante, de ciertos ajustes, que recoge su artículo 83. En él se prevé un régimen transitorio para valorar la validez de una eventual elección de ley (apartado 2) anterior al 17 de agosto de 2015, o la admisibilidad y validez de disposiciones mortis causa (apartado 3) establecidas antes del 17 de agosto de 2015.
93.      Como señalé en otro lugar, (44) objetivo de este régimen transitorio es poner esos actos a salvo de modificaciones legislativas posteriores al momento en el que el causante organizó el destino de su patrimonio para después de la muerte, acaecida luego de la fecha de aplicabilidad completa del Reglamento n.º 650/2012. Se procura de este modo preservar la voluntad del disponente y respetar las expectativas legítimas creadas por su planificación sucesoria.
94.      A tenor del artículo 83, apartado 4, del Reglamento n.º 650/2012, si una disposición mortis causa anterior al 17 de agosto de 2015 fue realizada «con arreglo a la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con el [propio] Reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la sucesión».
95.      Tal ficción produce el mismo efecto que una elección de ley en virtud del Reglamento n.º 650/2012, que es, en definitiva, indicar el ordenamiento aplicable a la sucesión en conjunto. (45) La ficción parte de que el causante, fallecido el o después del 17 de agosto de 2015,
había otorgado anteriormente una disposición mortis causa conforme a la ley de su nacionalidad,   (46) y eleva esa ley a rectora de toda la sucesión.
96.      Existen, en mi opinión, dos argumentos que explican la introducción de la ficción:
–        Por una parte, gracias a ella se excluye la aplicación de la ley de la última residencia habitual del causante (47) a los aspectos sobre los que éste no ha dispuesto. En la práctica, así se ayuda a evitar que una pluralidad de leyes concurra a la regulación de una sucesión, (48) facilitando el proceso sucesorio.
–        Por otra parte, una interpretación sistemática del artículo 83, apartado
4, en sintonía con los apartados 2 y 3
del mismo precepto del Reglamento n.º 650/2012 induce a pensar que se formuló teniendo en cuenta el panorama legislativo en materia de sucesión transfronteriza en los Estados miembros previo a la adopción del Reglamento.
97.      Antes de la adopción del Reglamento n.º 650/2012, la mayoría de los ordenamientos de los Estados miembros acogían la nacionalidad del causante como punto de conexión de la norma de conflicto en materia sucesoria. (49) Eran, por lo tanto, elevadas las probabilidades de que una persona que, al disponer mortis causa de sus bienes, se atuviera a la ley de su nacionalidad, creyera que esta ley regía cualquier aspecto de su sucesión.
98.      Por el contrario, en el Reglamento n.º 650/2012, el punto de conexión por defecto es la última residencia habitual del causante. (50) Sin el régimen del artículo 83, apartado 4, un número importante de sucesiones correría el riesgo de quedar sometidas a una ley distinta de la que el causante (y los interesados en su sucesión), presumiblemente, esperaban.
99.      A la luz de lo anterior, estimo que la ficción sentada por el artículo 83, apartado 4, del Reglamento n.º 650/2012 no es necesaria cuando, como aquí ocurre, existe una elección de ley posterior al 17 de agosto de 2015, explícitamente incorporada al testamento otorgado en 2017, (51) para regir la totalidad de la sucesión.
100. A partir del 17 de agosto de 2015,
se supone que el causante conoce (52) o debe conocer
el régimen conflictual que establece el Reglamento n.º 650/2012. Cuando, después de esa fecha, el testador selecciona
como ley aplicable al conjunto de su sucesión la correspondiente a su nacionalidad (la ley checa), hace un uso consciente de la posibilidad que le brinda el artículo 22 del Reglamento n.º 650/2012.
4.      Tercera pregunta prejudicial
101. En la tercera pregunta prejudicial se solicita la interpretación del artículo 26, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012. (53)
102. Ese precepto rige la situación en la que: a) una persona tiene capacidad para realizar una disposición mortis causa de conformidad con la ley aplicable en virtud de los artículos 24 o 25 del Reglamento n.º 650/2012; y b) se produce una modificación ulterior de la ley aplicable.
103. De darse ambas circunstancias, el artículo 26, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012 indica que la modificación ulterior de la ley aplicable no afectará a la capacidad de esa persona para modificar o revocar la disposición mortis causa que ya había efectuado.
104. El órgano de reenvío plantea la situación en estos términos:
–        «El testador tenía limitada su capacidad para testar en virtud de una disposición mortis causa realizada antes del 17 de agosto de 2015 de conformidad con la ley que regía su sucesión en su conjunto»; y
–        «como consecuencia de una modificación posterior de dicha ley, variaron las condiciones de ejercicio de su capacidad para testar».
105. Ante esa situación, el órgano de reenvío quiere saber si el testador «sigue teniendo […] limitada tal capacidad con arreglo a la ley que habría sido aplicable a su sucesión en caso de que hubiera fallecido en la fecha de conclusión del pacto sucesorio, y ello con independencia de que, en virtud de la ley que regía la sucesión en su conjunto en el momento del fallecimiento, tuviera derecho a anular (revocar o modificar) el pacto sucesorio».
106. El órgano de reenvío aborda el problema de la revocabilidad o no del pacto sucesorio en términos de «capacidad». En mi opinión, este enfoque es erróneo.
107. La noción de «capacidad» que emplea el artículo 26, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 650/2012 no se refiere a las limitaciones para disponer que, como sucede en este asunto, resultan de un pacto sucesorio. Esas limitaciones corresponden a los «efectos vinculantes [del pacto] entre las partes, incluidas las condiciones para su resolución [del pacto]», que regula el artículo 25 del mismo instrumento. (54)
108. En efecto, la noción de capacidad en el sentido del artículo
26, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 650/2012 no comprende cualquier aspecto asociado a la posibilidad de disponer de los bienes propios para después de la muerte. Así lo prueba, de entrada, que ese mismo artículo 26, apartado 1, aluda por separado a la capacidad para realizar una disposición mortis causa [letra a)] y a las causas específicas que impiden disponer a favor de ciertas personas [letra b)]:
–        En el ámbito del artículo 26, apartado 1, letra a), se encuentran las condiciones específicas para disponer por causa de muerte, exigidas con el fin de asegurar que el causante posee las facultades para entender lo que está haciendo. Típicamente, se trata de reglas que imponen requisitos de edad, (55) o que exigen que el testador se halle en su cabal juicio al tiempo de otorgar la disposición de que se trate.
–        Por el contrario, el artículo 26, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 650/2012 alude a otras restricciones que ya no afectan a la capacidad del disponente, sino a causas específicas que le impiden disponer en favor de determinadas personas. (56) Se trata de causas que, por razón de la relación funcional entre esas personas y el causante, no afectan a la «capacidad» de éste, en sentido propio, sino que implican que el disponente tiene limitada su libertad de disponer.
109. La capacidad de disponer, en el sentido del artículo 26, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 650/2012, se mantiene inalterada cuando el propio causante ha limitado, a través de un acuerdo válido, su margen de libertad para revocar o modificar en el futuro una disposición mortis causa (establecida antes del 17 de agosto de 2015).
110. La referencia que el artículo 26, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 650/2012 hace a la capacidad del disponente se inscribe, como señala el encabezado de ese artículo, en la rúbrica «validez material de las disposiciones mortis causa».
111. En la enumeración de aspectos que regula el artículo 25 del Reglamento n.º 650/2012, la validez material de los pactos sucesorios se yuxtapone a los efectos vinculantes que esos pactos produzcan entre las partes (incluida las condiciones para su resolución): no se confunde con ellos.
112. Dicho de otro modo: la restricción o, en su caso, la total pérdida de la facultad para revocar o modificar unilateralmente lo acordado en un pacto sucesorio (57) no se identifican con la capacidad de disponer. Quien era capaz para otorgar un pacto sucesorio será igualmente capaz (salvo que sus condiciones personales cambien) (58) para modificarlo o revocarlo.
113. Ahora bien, al ejercitar su capacidad para realizar la disposición mortis causa que altera el previo pacto sucesorio, puede darse el caso de que la ley nacional que rige ese tipo de pactos no permita al disponente modificarlos. De ser así, la restricción a la libertad (no a la capacidad) de disponer no derivará, repito, de deficiencias de la capacidad de la persona, sino de ciertas causas específicas que impidan al disponente llevar a cabo las modificaciones del pacto sucesorio.
114. Entiendo, pues, que las restricciones a la libertad de disponer inherentes a un pacto sucesorio no deben calificarse como cuestión de «capacidad», en el sentido del artículo 26, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 650/2012 y, por ende, a los fines del apartado 2 de ese artículo. (59)
115. En el Reglamento n.º 650/2012, la regulación de los efectos del pacto sucesorio se encuentra en otro lugar y depende de una ley aplicable que determinan otros preceptos. En concreto:
–        para los pactos sucesorios otorgados el, o después del, 17 de agosto de 2015, el artículo 25 del Reglamento
n.º 650/2012 fija como ley aplicable a los efectos vinculantes del pacto la vigente al tiempo en que se otorgó;
–        para los pactos sucesorios anteriores al 17 de agosto de 2015 (como es el caso de autos), celebrados por personas cuya sucesión se abre después, cuál sea la regla aplicable depende de la interpretación del artículo 83, apartado 3, del Reglamento n.º 650/2012. (60)
V.      Conclusión
116. A la luz de lo que precede, propongo declarar inadmisible la petición de decisión prejudicial.
117. De modo subsidiario, si la petición de decisión prejudicial se declarase admisible, sugiero responder al notario designado como comisario judicial por el Obvodní soud pro Prahu 1 (Tribunal del distrito 1 de Praga) en los siguientes términos:
«El artículo 3, apartado 1, letra d), el artículo 22, apartado 1, el artículo 25, el artículo 26, apartados 1 y 2, y el artículo 83, apartados 3 y 4,
del Reglamento (UE) n.º 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo,
deben interpretarse en el sentido de que
–        La noción de “disposición mortis causa” del artículo 3, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 650/2012 comprende una declaración de desheredación, a la que, por tanto, se aplica el artículo 83, apartados 3 y 4, de ese mismo Reglamento.
–        La ficción de elección de ley prevista en el artículo 83, apartado 4, del Reglamento n.º 650/2012 no entra en juego cuando el causante ha realizado una elección de ley aplicable a su sucesión con posterioridad a la fecha de aplicabilidad plena de ese mismo Reglamento, al amparo de su artículo 22, apartado 1.
–        El artículo 26, apartado 1, letra a), y apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012, sobre la capacidad del disponente para realizar la disposición mortis causa, no tiene por objeto regular si, y, en su caso, bajo qué condiciones, el otorgante de un pacto sucesorio relativo a la sucesión de más de una persona
puede ulteriormente modificarlo o revocarlo.
Los efectos vinculantes del pacto sucesorio los
regula el artículo
25 del Reglamento n.º 650/2012».
1      Lengua original: español.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107; corrección de errores en DO 2012, L 344, p. 3 y DO 2019, L 243, p. 9).
3      Escrito de 26 de febrero de 2025, depositado en respuesta a la pregunta del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 2025.
4      Ley sobre los procedimientos judiciales especiales; en lo sucesivo «Ley n.º 292/2013».
5      Ley n.º 89/2012 Sb., por la que se establece el Código Civil.
6      Su esposa, E.K., habría fallecido el 9 de enero de 2007.
7      La decisión de reenvío utiliza indistintamente las expresiones «testamento mancomunado» y «pacto sucesorio» para referirse al testamento otorgado el 2 de noviembre de 1999 (y modificado en 2001). En ella,
se
explica que un testamento mancomunado puede considerarse «pacto sucesorio» en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b) del Reglamento n.º 650/2012. Sin embargo, el «testamento mancomunado» posee en ese precepto un lugar propio: véase el artículo 3, apartado 1, letra c). Además, el mismo artículo, al aclarar la expresión «disposición mortis causa» en su letra d), presenta ambas nociones de manera separada. En mi opinión, lo que caracteriza al «testamento mancomunado» en el sentido del Reglamento n.º 650/2012 es la unidad de acto (es decir, un dato formal). El pacto sucesorio, en cambio, se define por la interdependencia de las disposiciones materiales que contiene. En la vista, varios participantes (entre ellos, la Comisión Europea y el Gobierno alemán) adoptaron este mismo enfoque y señalaron que las nociones de «testamento mancomunado» y de «pacto sucesorio» no son mutuamente excluyentes: si, por un «testamento de Berlín», se otorgan disposiciones materiales interdependientes y recíprocas en un mismo acto, no será erróneo calificarlo tanto de «pacto sucesorio» como de «testamento mancomunado» (aunque sería preferible no hacerlo, a fin de evitar confusiones). Sin perjuicio de la apreciación que corresponde realizar al órgano que haya de fallar el litigio, todo parece indicar que existió un verdadero «pacto sucesorio», así que me referiré al primer testamento de L.K. como «testamento de 2 de noviembre de 1999», «testamento de Berlín» o «pacto sucesorio».
8      La decisión de reenvío no expresa con claridad qué personas fueron designadas herederos en el testamento de 2 de noviembre de 1999. En la vista, los abogados de ambas partes coincidieron en que se trataba de los nietos de los testadores (hubo discrepancias sobre si, además, se designaba heredero al cónyuge supérstite).
9      La decisión de reenvío tampoco expresa quiénes fueron desheredados. En la vista, se puso de manifiesto que L.K. desheredó a sus hijas y a sus nietos.
10      En un escrito de 30 de noviembre de 2022, ese abogado expuso de manera detallada el régimen jurídico del BGB y el contenido de aquel testamento. Alegó que el causante y su esposa habían limitado expresamente su libertad de disposición mortis causa (en alemán, «Testierfreiheit») en caso de fallecimiento de uno de ellos. El cónyuge supérstite sólo podría modificar el círculo de sus herederos cuando limitara su elección a quienes figuraban en el testamento de los cónyuges.
11      Véase el auto de 1 de septiembre de 2021, OKR (Cuestión prejudicial planteada por un notario adjunto) (C‑387/20, EU:C:2021:751; en lo sucesivo, «auto OKR»), apartado 31.
12      Auto OKR, apartado 22, con cita de jurisprudencia.
13      Las observaciones escritas del Gobierno checo y de la Comisión incluían comentarios favorables a la admisibilidad. En la vista, la Comisión matizó su postura, afirmando que la admisibilidad era dudosa.
14      En el epígrafe titulado «Sobre la legitimación del comisario judicial designado para actuar en nombre del Obvodní soud pro Prahu 1 [Tribunal del distrito 1 de Praga] a efectos del planteamiento de una petición de decisión prejudicial», el notario afirma que, con arreglo al artículo 103, apartado 4, de la Ley n.º 292/2013, al actuar como comisario judicial en procedimientos sucesorios,  posee «todas las facultades que corresponden a un órgano jurisdiccional en calidad de autoridad pública en el ejercicio de la función jurisdiccional» (cursiva añadida). Esta afirmación no se aviene, sin embargo, con lo declarado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 15
de marzo de 2018, Comisión/República Checa (C‑575/16, EU:C:2018:186; en lo sucesivo, «sentencia Comisión/República Checa»).
15      La vulneración del artículo 49 TFUE se originó por la imposición de un requisito de nacionalidad para ejercer la profesión notarial. Este requisito se eliminó, más tarde, como consecuencia de la sentencia Comisión/República Checa.
16      Apartados 117 a 127 de la sentencia Comisión/República Checa. En contra de lo sostenido por el Gobierno checo en la vista, esta sentencia no se limitó a examinar las atribuciones generales de los notarios, sino que tuvo en cuenta, y de modo destacado, su función específica en los procedimientos sucesorios como el de autos.
17      Apartado 126 de la sentencia Comisión/República Checa.
18      Resolución
Pl. ÚS 29/25, de 17 de septiembre de 2025.
19      Ibidem, apartado 10.
20      Apartados 3 a 5 de la respuesta escrita del Gobierno checo, de 10 de octubre de 2025, a la pregunta del Tribunal de Justicia.
21      La normativa que rige la revocación y el cese de los notarios checos podría presentar ciertas concomitancias con las reglas aplicables a los miembros del organismo remitente en el asunto que dio lugar a la sentencia de 7 de mayo de 2024, NADA y otros (C‑115/22, EU:C:2024:384). Se trataba, en aquel asunto, de la Unabhängige Schiedskommission Wien (Comisión Independiente de Arbitraje de Viena, Austria), cuyos miembros podían «ser revocado[s] anticipadamente “por motivos graves”», por una decisión que correspondía «únicamente al ministro federal […], es decir, un miembro del Ejecutivo, sin que se hayan establecido previamente criterios precisos ni garantías concretas» (apartados 49 y 52). En la vista, el Gobierno checo sostuvo que el Ministro no tiene ningún margen de apreciación a este respecto y sólo podría revocar el notario cuando concurra uno de los motivos predeterminados por la ley.
22      En la vista, el Gobierno checo reconoció que el Tribunal Constitucional describió de modo adecuado, en su resolución, el régimen jurídico de los notarios checos.
23      Apartado 6 de la respuesta escrita del Gobierno checo, de 10 de octubre de 2025, a la pregunta del Tribunal de Justicia.
24      Apartado 7 de la respuesta escrita del Gobierno checo, de 10 de octubre de 2025, a la pregunta del Tribunal de Justicia. Cursiva añadida.
25      Artículo 104, apartado 1, de la Ley n.º 292/2013: «El tribunal revocará el mandato del notario, incluso sin que se haya presentado una solicitud, si existe el riesgo de que el asunto no se resuelva en un plazo razonable y si se ha notificado por escrito al notario la posibilidad de que el tribunal revoque el mandato».
26      Auto OKR, apartados 23 y 24. Cursiva añadida. En el caso de autos, no queda del todo claro si la controversia atañe únicamente a una cuestión de derecho o si se extiende también a los hechos. Interrogados sobre este aspecto en la vista, los abogados de las partes confirmaron que existe una controversia fáctica sobre los motivos que condujeron a la desheredación de los nietos.
27      Auto OKR, apartado 33.
28      Artículo 21, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012.
29      Artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012.
30      Considerando cuadragésimo octavo del Reglamento n.º 650/2012.
31      Sobre la noción de «validez material» en el sentido de los artículos 24 y 25 del Reglamento n.º 650/2012, véase el artículo 26, apartado 1.
32      Artículo 24, apartado 1. Este ordenamiento se determina conforme establece el artículo 21 del Reglamento n.º 650/2012.
33      Artículo 24, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012. La elección deberá responder a las condiciones previstas en el artículo 22. A tenor del considerando quincuagésimo primero, sólo puede recaer sobre la ley de la nacionalidad que posea el causante en la fecha en la que dispone.
34      En lo que atañe a los pactos sucesorios, y excepto elección de ley, la admisibilidad, la validez material y los efectos vinculantes entre las partes de los pactos relativos a la sucesión de una sola persona se rigen por la ley que, en virtud del Reglamento n.º 650/2012, habría sido aplicable a la sucesión si esa persona hubiera fallecido en la fecha de celebración del pacto. Véanse el artículo 25, apartado 3, con remisión a las condiciones previstas en el artículo 22, y el considerando quincuagésimo primero del Reglamento n.º 650/2012.
35      La admisibilidad de estos pactos sucesorios depende de la aplicación cumulativa de las leyes rectoras de la sucesión de cada otorgante que hubiera fallecido en la fecha de la conclusión del pacto. De entre esas leyes, la que presente la relación más estrecha con el pacto regirá su validez material y sus efectos vinculantes entre las partes. Véase el artículo 25, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento n.º 650/2012. Atendiendo al artículo 22 en combinación con el considerando quincuagésimo primero, sólo cabe la elección de la ley de la nacionalidad que ostenten las partes, o una de ellas, al tiempo del pacto.
36      Empleo ese término en mis conclusiones del asunto E. E. (Competencia jurisdiccional y ley aplicable a las sucesiones) (C‑80/19, EU:C:2020:230), puntos 104, 107, 112. El Tribunal de Justicia califica el mecanismo de «presunción»: sentencia de 9 de septiembre de 2021, RK (Inhibición) (C‑422/20, EU:C:2021:718), apartado 53.
37      Por analogía, sentencia de 9 de septiembre de 2021, UM (Contrato por el que se transmite la propiedad mortis causa) (C‑277/20, EU:C:2021:708), apartado 29.
38      El considerando noveno equipara la sucesión por causa de muerte con «cualquier forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya derive de una transmisión voluntaria en virtud de una disposición mortis causa, ya de una transmisión abintestato».
39      Véase, a propósito de la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 650/2012, la sentencia de 9 de septiembre de 2021, UM (Contrato por el que se transmite la propiedad mortis causa) (C‑277/20, EU:C:2021:708), apartado 33: «Esta interpretación queda corroborada por el objetivo perseguido por este Reglamento, que consiste en evitar la fragmentación de la sucesión, conforme al principio de unidad de la sucesión, y en establecer un régimen uniforme aplicable a todos los aspectos de derecho civil de la sucesión por causa de muerte con repercusiones transfronterizas y en particular a “cualquier forma de transmisión de bienes […] por causa de muerte”, como resulta de su considerando 9 […]». A estos objetivos se añaden los que expresa el considerando séptimo: en particular, el relativo a permitir a los ciudadanos organizar su sucesión.
40      Que sí provee una definición para las otras dos: véase el artículo 3, apartado 1, letras b) y c).
41      Consta también que el órgano que dictó la resolución 37 D 227/2022‑118 (luego impugnada) había considerado la ley checa como aplicable al conjunto de la sucesión, atendiendo precisamente a esa elección de L.K.
42      Sentencia de 9 de septiembre de 2021, UM (Contrato por el que se transmite la propiedad mortis causa) (C‑277/20, EU:C:2021:708), apartado 39. La divergencia de versiones lingüísticas del Reglamento n.º 650/2012 en este punto, en el sentido de que sólo algunas precisan que se trata de la sucesión en su conjunto, había sido advertida por el abogado general Richard de la Tour en sus conclusiones de aquel asunto (C‑277/20, EU:C:2021:531), punto 53 y nota 42, y se mantiene.
43      Es irrelevante que la disposición mortis causa se otorgara antes de la entrada en vigor del Reglamento n.º 650/2012 (el 16 de agosto de 2012) o entre esa fecha y el 17 de agosto de 2015.
44      Conclusiones del asunto E. E. (Competencia jurisdiccional y ley aplicable a las sucesiones) (C‑80/19, EU:C:2020:230), puntos 101 y 102.
45      Sentencia de 9 de septiembre de 2021, RK (Inhibición) (C‑422/20, EU:C:2021:718), apartado 53.
46      Esta es la única opción que el Reglamento n.º 650/2012 ofrece al causante: véase su artículo 22, apartado 1.
47      En virtud de lo dispuesto en el artículo
21, apartado 1, del Reglamento n.º 650/2012, por regla ésta será la ley aplicable en defecto de elección.
48      En aplicación del artículo 83, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012, leyes distintas a la de la nacionalidad del causante pueden entrar en juego para determinar la admisibilidad, validez formal y material de la disposición mortis causa anterior al 17 de agosto de 2015. Presupuesto del apartado 4 es, en cualquier caso, que dicha disposición se haya realizado
con arreglo a la ley nacional del causante.
49      De los diecinueve Estados miembros que regulaban las sucesiones con repercusión transfronteriza de manera unitaria, dieciséis habían preferido ese punto de conexión.
50      La elección de ley se configura como una excepción: sentencia de 12 de octubre de 2023, OP (Elección de la ley de un Estado tercero para la sucesión) (C‑21/22, EU:C:2023:766), apartado 31.
51      Como tampoco sería necesaria si hubo una elección de ley anterior a ese momento, válida por virtud del artículo 84, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012. Véase la sentencia de 16 de julio de 2020, E. E. (Competencia jurisdiccional y ley aplicable a las sucesiones) (C‑80/19, EU:C:2020:569), apartado 92.
52      Cabe suponer que así fue en el caso de L.K., aunque no sea más que por la intervención de un notario en el testamento otorgado en 2017.
53      El artículo 26, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012 fue introducido en el debate por el tribunal de apelación. Al revocar la resolución recurrida, ese tribunal instó al de primera instancia a que determinara a la luz del derecho alemán (y no del checo) si el causante podía revocar o modificar el «testamento de Berlín» tras el fallecimiento de su esposa. La decisión de reenvío no examina si el hecho de que el «testamento de Berlín» se otorgara antes del 17 de agosto de 2015 afecta a la aplicabilidad del artículo 26, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012.
54      Para acuerdos posteriores al 17 de agosto de 2015. Véase infra, punto
115, en relación con los celebrados antes de esa fecha.
55      Así lo entiende la Comisión en el apartado 62 de sus observaciones escritas, al poner como ejemplo de condición relativa a la capacidad para testar la de ser mayor de dieciocho años.
56      O causas específicas que impidan a una persona recibir bienes sucesorios del disponente.
57      Lo que es lo mismo: si y cómo se recupera la libertad para disponer mortis causa nuevamente de los bienes sobre los que recaía el pacto sucesorio.
58      O cambie la ley rectora de esas condiciones personales, como consecuencia de una alteración en la concreción del punto de conexión: así, si la residencia habitual que poseía el causante al tiempo de realizar la disposición mortis causa no es la que tiene al tiempo en que pretende modificarla o revocarla. Una función del artículo 26, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012, sería precisamente anular los efectos de ese cambio, cuando operen en el sentido de impedir al causante la modificación o revocación deseadas.
59      En mi opinión, el artículo 26, apartado 2, del Reglamento n.º 650/2012 es, ante todo, una excepción al artículo 24, apartado 3, relativo a la modificación o revocación de disposiciones mortis causas distintas a los pactos sucesorios. Por virtud de este precepto, la ley rectora de esas acciones no es la aplicable en la fecha de otorgamiento de la disposición afectada, sino la vigente en el momento de la revocación o modificación. Para evitar que, por virtud de esa ley, un disponente se vea inopinadamente «atado» por lo que dispuso, el artículo 26, apartado 2, sustrae la capacidad de su ámbito de aplicación. Materialmente, la regla implementa el principio, aceptado con carácter general, de que los actos (unilaterales) de disposición por causa de muerte son esencialmente revocables.
60      Literalmente, ese apartado sólo contempla la ley rectora de la admisibilidad y la validez formal y de fondo de las disposiciones mortis causa, pero no la aplicable a sus efectos.