62022CJ0240_RES
Asunto C‑240/22 P
Comisión Europea
contra
Intel Corporation Inc.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de octubre de 2024
«Recurso de casación — Competencia — Abuso de posición dominante — Mercado de los microprocesadores — Decisión que declara una infracción del artículo 102 TFUE y del artículo 54 del Acuerdo EEE — Descuentos por fidelidad — Calificación de práctica abusiva — Estrategia destinada a expulsar del mercado a competidores al menos igualmente eficientes que la empresa en posición dominante»
Recurso de casación — Motivos — Incumplimiento de la prohibición de pronunciarse ultra petita — Recurso de anulación de una decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción de las normas de competencia — Inexistencia — Examen por el Tribunal General de alegaciones supuestamente no formuladas en el escrito de demanda — Ampliación de un motivo existente y que presente un estrecho vínculo con este — Procedencia
(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 76 y 84, ap. 1)
(véanse los apartados 96 a 106)
Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción — Control jurisdiccional — Control de legalidad — Alcance — Sustitución de la motivación del acto impugnado — Exclusión
(Arts. 102 TFUE y 263 TFUE)
(véanse los apartados 138, 158, 163, 166, 293, 316 y 317)
Posición dominante — Abuso — Concepto — Concepto objetivo que se refiere a las actividades que pueden influir en la estructura de un mercado y que producen el efecto de obstaculizar el mantenimiento o el desarrollo de la competencia — Obligaciones que incumben a la empresa dominante — Competencia basada en los propios méritos — Criterios de apreciación
(Art. 102 TFUE; Acuerdo EEE, art. 54)
(véanse los apartados 175 a 180)
Posición dominante — Abuso — Descuentos de exclusividad o de fidelidad — Capacidad de restringir la competencia y de producir efectos de expulsión — Análisis del competidor igual de eficaz — Criterios de apreciación
(Art. 102 TFUE; Acuerdo EEE, art. 54)
(véanse los apartados 181, 182, 201 y 203)
Posición dominante — Abuso — Descuentos de exclusividad o de fidelidad — Capacidad de restringir la competencia y de producir efectos de expulsión — Análisis del competidor igual de eficaz — Obligaciones en materia de prueba de la empresa en posición dominante que rebate la exactitud de cálculos realizados en el marco de este análisis
(Art. 102 TFUE; Acuerdo EEE, art. 54)
(véanse los apartados 204 a 208)
Posición dominante — Abuso — Descuentos de exclusividad o de fidelidad — Capacidad de restringir la competencia y de producir efectos de expulsión — Carga de la prueba que incumbe a la Comisión — Análisis del competidor igual de eficaz — Control jurisdiccional — Alcance — Apreciación económica compleja — Control de la existencia, la fiabilidad y la coherencia de los elementos de prueba — Control de la exhaustividad de los datos pertinentes
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 267 a 271)
Posición dominante — Abuso — Descuentos de exclusividad o de fidelidad — Capacidad de restringir la competencia y de producir efectos de expulsión — Análisis del competidor igual de eficaz — Control jurisdiccional — Toma en consideración de elementos de hecho o de Derecho no impugnados durante el procedimiento administrativo — Procedencia
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 273 a 279)
Posición dominante — Abuso — Descuentos de exclusividad o de fidelidad — Capacidad de restringir la competencia y de producir efectos de expulsión — Análisis del competidor igual de eficaz — Descuento concedido en forma de prestación en especie — Determinación del valor del descuento — Criterios
(Art. 102 TFUE; Acuerdo EEE, art. 54)
(véanse los apartados 309 a 315)
Posición dominante — Abuso — Descuentos de exclusividad o de fidelidad — Capacidad de restringir la competencia y de producir efectos de expulsión — Análisis del competidor igual de eficaz — Insuficiencia de los elementos presentados para fundamentar este análisis — Obligación del Tribunal General de examinar otros elementos que puedan demostrar dicha capacidad de expulsión — Inexistencia
(Arts. 102 TFUE y 263 TFUE)
(véanse los apartados 328 a 343)
Resumen
Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto por la Comisión Europea contra la sentencia del Tribunal General de 26 de enero de 2022 (
1
) mediante la que este anuló parcialmente la Decisión de la Comisión por la que se sancionaba a Intel por haber abusado de su posición dominante en el mercado mundial de los microprocesadores al ejecutar una estrategia global dirigida a excluir del mercado a su principal competidor. Al desestimar ese recurso, el Tribunal de Justicia resuelve definitivamente el litigio que mantenían Intel y la Comisión a este respecto desde 2009, dando por válido el análisis hecho por el Tribunal General para concluir que no había quedado suficientemente demostrada la capacidad de expulsión del mercado de los descuentos por exclusividad controvertidos y anular, en consecuencia, la infracción declarada a este respecto. El Tribunal de Justicia ofrece en este sentido precisiones acerca tanto del alcance del control de ilegalidad que ha de llevar a cabo el Tribunal General cuando debe pronunciarse sobre tal análisis de los efectos contrarios a la competencia que pueden tener esas prácticas como de la aplicación del test as efficient competitor test (en lo sucesivo, «test AEC»).
Mediante Decisión de 13 de mayo de 2009, (
2
) la Comisión Europea impuso al fabricante de microprocesadores Intel una multa de 1060 millones de euros por haber abusado de su posición dominante en el mercado mundial de los microprocesadores (Central Processing Units) (
3
) de arquitectura x86 (
4
) (en lo sucesivo, «CPU x86»), entre el mes de octubre de 2002 y el mes de diciembre de 2007, al ejecutar una estrategia dirigida a excluir del mercado a su principal competidor.
En su Decisión, la Comisión imputó a Intel dos tipos de conducta abusiva respecto de sus socios comerciales, esto es, restricciones manifiestas y descuentos condicionales. Por lo que se refiere más concretamente a estos últimos, la Comisión sostuvo que Intel concedió descuentos a cuatro fabricantes de equipos informáticos estratégicos [Dell, Hewlett-Packard (HP), NEC y Lenovo], supeditados a la condición de que le compraran a ella la totalidad o la casi totalidad de las CPU x86 que necesitaran. Asimismo, según la Comisión, Intel realizó pagos a un distribuidor europeo de aparatos microelectrónicos (MSH) a condición de que vendiera exclusivamente ordenadores equipados con CPU x86 producidos por Intel. Estos descuentos y pagos (en lo sucesivo, «descuentos controvertidos») habrían garantizado la fidelidad de los cuatro fabricantes de equipos informáticos y de Media-Saturn, reduciendo de este modo la capacidad de los competidores de Intel para ejercer la competencia haciendo valer las ventajas de sus CPU x86.
Mediante la sentencia de 12 de junio de 2014, (
5
) el Tribunal General desestimó en su totalidad el recurso de anulación presentado por Intel contra la Decisión controvertida. Tras interponer Intel un recurso de casación, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia inicial mediante sentencia de 6 de septiembre de 2017 (
6
) y devolvió el asunto al Tribunal General. En la sentencia dictada en casación, el Tribunal de Justicia apreció que el Tribunal General se había basado, al igual que la Comisión, en la premisa de que los descuentos por fidelidad concedidos por una empresa en posición dominante tienen, por su propia naturaleza, la capacidad de restringir la competencia, de modo que no era necesario analizar el conjunto de las circunstancias que concurrían en ese caso ni, en particular, llevar a cabo un test AEC. No obstante lo anterior, dado que la Comisión había realizado en cualquier caso ese test y que este había tenido una auténtica importancia en la apreciación de la Comisión sobre la capacidad de esos descuentos para expulsar del mercado a un competidor tan eficiente como Intel, el Tribunal de Justicia resolvió que el Tribunal General habría debido examinar la totalidad de las alegaciones formuladas por Intel acerca de cómo la Comisión llevó a cabo ese test y que esta no solo estaba obligada a analizar la importancia de la posición dominante de esa empresa en el mercado de referencia, el porcentaje del mercado cubierto por los descuentos controvertidos y las condiciones y las modalidades de concesión de esos descuentos, su duración y su importe, sino que también debía apreciar la eventual existencia de una estrategia destinada a expulsar del mercado a competidores al menos igualmente eficientes que esa empresa.
En la sentencia recurrida, el Tribunal General asumió tanto las apreciaciones de la sentencia inicial relativas a las restricciones manifiestas y su ilegalidad a la luz del artículo 102 TFUE como las apreciaciones de esa sentencia acerca de la calificación de los descuentos controvertidos como «descuentos por exclusividad».
No obstante, el Tribunal General examinó, de conformidad con las cuestiones de Derecho resueltas por la sentencia dictada en casación, las alegaciones formuladas por Intel acerca de la realización del test AEC por la Comisión. Al cabo de ese examen, el Tribunal General identificó los errores cometidos por la Comisión al aplicar ese test a los cuatro fabricantes de equipos informáticos y a MSH. El Tribunal General también detectó errores en el examen por parte de la Comisión del porcentaje de cobertura del mercado por los descuentos controvertidos y de la duración de dichos descuentos que justificaban, por una parte, la anulación parcial de la Decisión controvertida, en cuanto esta calificó los descuentos controvertidos de prácticas constitutivas de una infracción del artículo 102 TFUE y, por otra parte, la anulación de la multa impuesta a Intel. (
7
)
La Comisión recurrió en casación la sentencia del Tribunal General. la Comisión alega, por una parte, la existencia de errores en el análisis que el Tribunal General hizo al examinar el test AEC y, por otra parte, una incorrecta determinación del alcance del control judicial llevado a cabo por el Tribunal General para analizar la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia aborda en primer lugar las imputaciones formuladas en el marco de los dos primeros motivos de casación y relativas, fundamentalmente, al alcance del control judicial que incumbe realizar al Tribunal General para analizar la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia. A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que no cabe censurar al Tribunal General no haber examinado si elementos de la Decisión controvertida diferentes de aquellos en los que se basó la Comisión para apreciar la existencia de una infracción del artículo 102 TFUE permitían demostrar la capacidad de los descuentos controvertidos para producir un efecto de expulsión del mercado contrario a la competencia, ya que el Tribunal General no puede sustituir por su propia motivación la del autor del acto cuya legalidad controla. Asimismo, y por lo que respecta a los elementos y documentos de los autos que el Tribunal General puede tomar en consideración en sus apreciaciones, el Tribunal de Justicia recuerda que el Tribunal General no puede basarse en documentos no comunicados a la Comisión durante el procedimiento administrativo ni en elementos que no resultan de la Decisión controvertida. Pues bien, en el presente caso, el examen de los motivos criticados de la sentencia recurrida no revela ninguna vulneración de los principios recordados.
Sobre la apreciación del test AEC llevado a cabo por la Comisión
El Tribunal de Justicia analiza a continuación las alegaciones de la Comisión relativas al examen por parte del Tribunal General de la aplicación del test AEC respecto de determinados fabricantes de equipos informáticos.
Por lo que respecta a Dell, el Tribunal de Justicia examina más concretamente si el Tribunal General incurrió en error, como sostenía la Comisión, al analizar las pruebas que permitían cuestionar el resultado del test AEC obtenido por la Comisión.
En este caso, la Comisión recurrió al test AEC para apreciar la capacidad de los descuentos controvertidos para expulsar del mercado a un competidor tan eficiente como Intel que, no obstante, no ocupa una posición dominante. A este respecto, el Tribunal de Justicia observa que el test AEC realizado tenía por objeto determinar el precio al que un competidor tan eficiente como Intel y que soporta los mismos costes que esta debería ofrecer sus CPU x86 para compensar a los fabricantes de equipos informáticos estratégicos y a MSH por la pérdida de los descuentos controvertidos, y ello con el fin de dilucidar si, en tal caso, ese competidor podía en cualquier caso cubrir sus costes.
Así pues, este test se basa en una comparación entre la parte abierta a la competencia (
8
) y la cuota requerida (
9
) respecto de cada fabricante de equipos informáticos y de MSH. En este contexto, el Tribunal de Justicia señala que la Comisión se basa en hipótesis que implican tomar en consideración un conjunto de numerosos datos cuantificados.
Precisando el nivel de prueba necesario para permitir que la empresa en posición dominante cuestione el resultado obtenido por la Comisión, el Tribunal de Justicia destaca que esta empresa no puede limitarse a cuestionar la exactitud de uno de los cálculos realizados en el marco del test AEC, sino que debe demostrar la existencia de una deficiencia o un error que pueda alterar el resultado del test, haciéndolo pasar de negativo a positivo, de modo que se genere una duda razonable acerca de la correcta fundamentación del resultado obtenido.
En este caso, el Tribunal de Justicia señala que el Tribunal General consideró, en el marco de su libre apreciación de la prueba aportada por Intel, que el conjunto de los datos pertinentes que debían ser tenidos en cuenta para determinar la parte abierta a la competencia de Dell indicaba que está parte abierta a la competencia podía muy probablemente ser superior al porcentaje del 7,1 % calculado por la Comisión, la cual optó por basarse exclusivamente en una parte de los datos, de forma que el resultado del test AEC habría podido modificarse, pasando de negativo a positivo, si se hubiera tenido en cuenta el conjunto de esos datos. La propia Comisión podría haber tenido en cuenta esta parte abierta a la competencia, si bien decidió tomar como referencia únicamente determinados datos.
En consecuencia, el Tribunal General tenía motivos para apreciar que la Comisión no había demostrado de forma suficiente en Derecho que la evaluación de la parte abierta a la competencia de Dell estaba bien fundamentada.
Tras desestimar igualmente las alegaciones basadas en errores de Derecho y en una vulneración del derecho de defensa de la Comisión en el marco del examen del test AEC en relación con HP, el Tribunal de Justicia examina las alegaciones referidas al examen de AEC en relación con Lenovo que abordan, más concretamente, la cuestión del importe de los descuentos concedidos a ese fabricante de equipos informáticos.
En este caso, una parte de los descuentos concedidos a Lenovo por Intel revistió la forma de dos ventajas en especie, a saber, la ampliación de la garantía estándar de Intel de un año y la propuesta de un mejor uso de una plataforma de distribución de Intel en China.
Pues bien, como precisó el Tribunal de Justicia, la magnitud y la naturaleza de los descuentos controvertidos concedidos son factores tomados en consideración para calcular la cuota requerida con el fin de determinar el resultado del test AEC. En consecuencia, cuando esos descuentos se conceden en especie, siquiera parcialmente, es preciso valorarlos.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que la compensación ofrecida por el competidor tan eficiente como Intel no debe necesariamente revestir la forma de una prestación en metálico igual al valor de la prestación en especie para el cliente de que se trate, sino que puede consistir en una prestación en especie equivalente. También resulta indiferente que esta prestación pueda representar, desde el punto de vista subjetivo del cliente, un valor diferente del coste que el competidor tan eficiente como Intel ha debido asumir para concedérsela a ese cliente.
Por consiguiente, de conformidad con los fundamentos del test AEC, es preciso evaluar un descuento concedido bajo la forma de prestación en especie tomando en consideración un competidor hipotético con una estructura de costes análoga a la de Intel. El Tribunal de Justicia añade que puede resultar necesario, no obstante, un ajuste de ese coste que permita tomar en consideración que los costes del competidor igualmente eficiente pueden verse afectados por el hecho de que únicamente cubre la parte abierta a la competencia de los clientes, que es menor que la parte no abierta a la competencia de Intel.
De lo anterior se sigue que la Comisión no había hecho un razonamiento tomando en consideración un competidor hipotético capaz de vender CPU x86 a Lenovo y ofrecerle ventajas en especie en las mismas condiciones que Intel y que la Comisión había partido de un postulado contrario a los fundamentos del test AEC expuestos en la Decisión controvertida. En consecuencia, el Tribunal General no sustituyó con su apreciación la de la Comisión al poner de manifiesto en la sentencia recurrida una incoherencia interna del test AEC.
Sobre las consecuencias que deben extraerse de los errores constatados en el marco del test AEC
El Tribunal de Justicia analiza por último las alegaciones de la Comisión en lo tocante a la incorrecta apreciación por parte del Tribunal General de las consecuencias que deben extraerse de los errores constatados en el marco del test AEC.
En este contexto, el Tribunal de Justicia precisa el alcance del control judicial que debe llevar a cabo el Tribunal General en el marco de su examen del análisis realizado por la Comisión acerca de la capacidad de expulsión del mercado de los descuentos controvertidos.
Según reiterada jurisprudencia, los hechos constitutivos de la infracción deben resultar de la motivación del acto en el que se constata la infracción, no pudiendo los tribunales de la Unión modificarlos sustituyendo, en el marco del control de legalidad contemplado en el artículo 263 TFUE, la motivación del autor del acto en cuestión por la suya propia.
En este caso, el Tribunal General estimó, sin que la Comisión cuestionara en el marco del recurso de casación los elementos particulares de su apreciación, que esta había incurrido en errores en el test AEC, no había examinado adecuadamente el criterio relativo al porcentaje de cobertura del mercado por los descuentos controvertidos y no había llevado a cabo un análisis correcto de la duración de esos descuentos.
Habida cuenta de esas apreciaciones, no incumbía al Tribunal General examinar, a través de un razonamiento exento de los errores que este había detectado en la sentencia recurrida, si los descuentos controvertidos tenían la capacidad de expulsar del mercado a un competidor tan eficiente como Intel basándose, para realizar este examen, en elementos diferentes de aquellos en los que se basó la Comisión para demostrar esa capacidad.
En particular, la mera referencia, en la Decisión controvertida, al período durante el cual Intel aplicó los descuentos controvertidos y al calendario de estos no basta, por sí misma, a pesar de las conclusiones que puedan extraerse del test AEC, para fundamentar conclusiones definitivas sobre los efectos de expulsión del mercado así producidos. El Tribunal General tampoco estaba obligado a tomar en consideración la capacidad efectiva del competidor principal de Intel de permanecer en el mercado asociada al hecho de que sus productos eran destacables en términos de rendimiento, innovadores y atractivos, ya que este análisis es independiente del test AEC.
(
1
)	Sentencia de 26 de enero de 2022, Intel Corporation/Comisión (T‑286/09 RENV, EU:T:2022:19; en lo sucesivo «sentencia recurrida»).
(
2
)	Decisión de la Comisión C(2009) 3726 final, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo [102 TFUE] y en el Artículo 54 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/C‑3/37 990 — Intel) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
(
3
)	El procesador es un componente clave de todo ordenador, tanto en términos generales de rendimiento del sistema como respecto del coste total del aparato.
(
4
)	Los microprocesadores utilizados en los ordenadores pueden subdividirse en dos categorías: microprocesadores x86 y los microprocesadores basados en otros tipos de arquitectura. La arquitectura x86 es una norma diseñada por Intel que permite el funcionamiento de los sistemas operativos Windows y Linux.
(
5
)	Sentencia de 12 de junio de 2014, Intel/Comisión (T‑286/09; EU:T:2014:547; en lo sucesivo, «sentencia inicial»).
(
6
)	Sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (C‑413/14 P, EU:C:2017:632; en lo sucesivo, «sentencia dictada en casación»).
(
7
)	Al estimar que no estaba en condiciones de identificar el importe de la multa correspondiente exclusivamente a las restricciones manifiestas, el Tribunal General anuló íntegramente el artículo de la Decisión controvertida que imponía a Intel una multa de 1060 millones de euros por la infracción constatada.
(
8
)	Esta expresión designa, en este caso, el porcentaje del mercado respecto del cual los clientes de Intel estaban dispuestos a abastecerse mediante otro proveedor y en condiciones de hacerlo, porcentaje que es necesariamente limitado habida cuenta, en particular, de la naturaleza de su producto y de la imagen de marca y del perfil de Intel.
(
9
)	Esta expresión designa, en este caso, el porcentaje de las necesidades del cliente que un competidor tan eficiente como Intel debe obtener para poder acceder al mercado sin incurrir en pérdidas.