SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 16 de septiembre de 2013 (*)
«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado español del betún de penetración – Acuerdos anuales de reparto del mercado y de coordinación de los precios – Traducción del pliego de cargos – Imputabilidad del comportamiento infractor – Plazo razonable – Principio de imparcialidad – Cálculo del importe de la multa – Fuerza de cosa juzgada»
En el asunto T‑497/07,
Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A., con domicilio social en Madrid, representada inicialmente por los Sres. O. Armengol i Gasull, P. Pérez-Llorca Zamora y Á. Pascual Morcillo, posteriormente por los Sres. Armengol i Gasull y J. Rodríguez Cárcamo, abogados,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por el Sr. F. Castillo de la Torre, en calidad de agente, asistido inicialmente por el Sr. J. Rivas Andrés, abogado, y la Sra. M. Heenan Bróna, Solicitor, posteriormente por los Sres. Rivas Andrés y J. Gutiérrez Gisbert, abogado, y finalmente por el Sr. Rivas Andrés,
parte demandada,
que tiene por objeto una pretensión de anulación de la Decisión C(2007) 4441 final de la Comisión, de 3 de octubre de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/38.710 – Betún España), y una pretensión de reducción del importe de la multa impuesta a la demandante en dicha Decisión,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. L. Truchot (Ponente), Presidente, y la Sra. M.E. Martins Ribeiro y el Sr. A. Popescu, Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de enero de 2013;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        Mediante la Decisión C(2007) 4441 final, de 3 de octubre de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/38.710 – Betún España), de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de la Unión Europea de 29 de diciembre de 2009 (DO C 321, p. 15; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión de las Comunidades Europeas declaró que las trece empresas destinatarias de esa Decisión habían participado en una serie de acuerdos de reparto del mercado y de coordinación de los precios del betún de penetración para el recubrimiento de carreteras en España (excluidas las Islas Canarias), por una parte, e impuso a diez de esas empresas multas comprendidas entre 6.435.000 y 83.850.000 euros, por otra parte.
2        Esas diez empresas interpusieron recurso contra dicha Decisión, mediante escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal entre el 18 y el 20 de diciembre de 2007:
–        Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., anteriormente Repsol Lubricantes YPF y Especialidades, S.A., Repsol Petróleo, S.A., y Repsol, S.A., anteriormente Repsol YPF, S.A. (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «Repsol»), en el asunto T‑496/07;
–        Productos Asfálticos (PROAS), S.A., en el asunto T‑495/07;
–        Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A. (en lo sucesivo, «CEPSA» o «demandante»), en el asunto T‑497/07;
–        Nynäs Petroleum AB y Nynas Petróleo, S.A. (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «Nynäs»), en el asunto T‑482/07;
–        Galp Energía España, S.A., Petróleos de Portugal (Petrogal), S.A., y Galp Energia, SGPS, S.A. (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «Petrogal» o «Galp»), en el asunto T‑462/07.
A.      Mercado afectado
3        El producto afectado por la infracción es el betún de penetración utilizado para el recubrimiento de carreteras. El betún es un residuo de la destilación de petróleos crudos pesados específicos. Aproximadamente el 85 % del betún producido en la Unión Europea se utiliza para la construcción y el mantenimiento de carreteras, como adhesivo que sirve para ligar las piedras del asfalto. El 15 % restante se utiliza en otras áreas de la construcción, por ejemplo en la construcción de pistas de aeropuerto y aparcamientos, y en aplicaciones industriales como cubiertas y recubrimiento de tuberías.
4        Aproximadamente el 80 % del betún utilizado en la construcción y el mantenimiento de carreteras no está sometido a ningún proceso posterior: es el denominado betún de penetración. El 20 % restante del betún utilizado en la construcción y el mantenimiento de carreteras es betún que ha sido sometido a un proceso posterior, como las emulsiones bituminosas, obtenidas mezclando betún de penetración con agua mediante un agente emulsionante (más utilizado en el mantenimiento de carreteras que en la construcción), y el betún modificado, obtenido mezclando betún de penetración con un producto químico, generalmente polímeros, con el fin de aumentar su rendimiento (betún modificado con polímeros o BMP) (considerandos 4, 9 y siguientes de la Decisión impugnada).
5        El considerando 15 de la Decisión impugnada define el mercado pertinente como el del betún de penetración, que no ha sido sometido a ningún proceso posterior, utilizado en la construcción y el mantenimiento de carreteras (en lo sucesivo, «betún de penetración» o «betún»).
6        Esta definición del mercado pertinente queda confirmada por el tenor del considerando 513 de la Decisión impugnada:
«[…] en el presente caso se trata de un cartel entre vendedores del mismo producto en la misma zona, [a saber], el betún de penetración en España […]»
7        El valor del mercado del betún de penetración en España se estimó en 286.400.000 euros en 2001, último año completo de la infracción (considerando 67 de la Decisión impugnada).
B.      Empresas implicadas
8        En España existen tres productores de betún, Repsol, CEPSA-PROAS y el grupo BP, del que BP plc es la sociedad holding, y del que BP España, S.A., y BP Oil España, S.A., son filiales que desarrollan su actividad en España (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «BP»), por una parte, y por otra parte hay también importadores, entre los que figuran Nynäs y Petrogal (considerandos 63 y 64 de la Decisión impugnada).
1.      Grupo Repsol
9        El 12 de diciembre de 2001 Repsol Productos Asfálticos, S.A. (RPA), pasó a denominarse Repsol YPF Lubricantes y Especialidades (en lo sucesivo, «RPA/Rylesa»). Desde 1991 a 2002, RPA/Rylesa era propiedad al 99,99 % de Repsol Petróleo, a su vez filial al 99,97 % de Repsol YPF, sociedad de cabecera del grupo Repsol. Este grupo internacional de compañías petrolíferas opera principalmente en España y América Latina.
10      RPA/Rylesa produce y comercializa productos bituminosos. Una de las actividades de Repsol Petróleo es la producción de betún de penetración, que posteriormente vende a RPA/Rylesa para su comercialización.
11      Otras dos sociedades del grupo Repsol, Petróleos del Norte, S.A. (en lo sucesivo, «Petronor»), y Asfalnor, S.A., ejercen en España actividades ligadas al betún de penetración.
12      En 1991 Petronor era propiedad al 56,19 % de Repsol YPF, participación que aumentó al 85,98 % el 31 de diciembre de 1992. Asfalnor era propiedad al 60 % de Petronor en 1991 y, en abril de 1992, las sociedades del grupo Repsol poseían el 80 % de la misma, a razón del 60 % de Petronor y el 20 % de Repsol YPF (considerando 395 de la Decisión impugnada).
13      Petronor produce betún que, entre 1990 y 1998, vendía para su comercialización a Asfalnor y, en ocasiones a RPA/Rylesa. Desde 1999 Petronor vende betún directamente a terceros.
14      Asfalnor comercializó betún entre 1990 y 1998. Esa sociedad compraba betún a Petronor y, en ocasiones, a RPA/Rylesa. Desde 1999 Asfalnor ha pasado a ser agente de Petronor.
15      RPA/Rylesa y Petronor realizaron en España un volumen de negocios en relación con el betún de penetración vendido a terceros de 97.500.000 euros en el ejercicio 2001, es decir, el 34,04 % del mercado de referencia. El volumen de negocios total consolidado del grupo Repsol fue de 51.355.000.000 de euros en 2006, el ejercicio anterior a la adopción de la Decisión impugnada (considerandos 16 a 26 y 67 de ésta).
2.      CEPSA-PROAS
16      CEPSA es un grupo internacional de sociedades del sector energético, que cotiza en bolsa y opera en varios países. PROAS, filial al 100 % de CEPSA desde el 1 de marzo de 1991, comercializa betún producido por CEPSA y fabrica y comercializa otros productos bituminosos (considerando 31 de la Decisión impugnada).
17      PROAS realizó en España un volumen de negocios en relación con el betún de penetración vendido a terceros de 90.700.000 euros en el ejercicio 2001, es decir, el 31,67 % del mercado de referencia. El volumen de negocios total consolidado de CEPSA fue de 18.474.000.000 de euros en 2006 (considerandos 44 y 67 de la Decisión impugnada).
3.      BP
18      BP Oil España realizó en España con sus ventas de betún de penetración a terceros un volumen de negocios de 43.500.000 euros en el ejercicio de 2001, es decir, el 15,19 % del mercado de referencia. El volumen de negocios total consolidado de BP fue de 211.776.000.000 de euros en 2006 (considerandos 35, 42 y 43 de la Decisión impugnada).
4.      Grupo Nynäs
19      El grupo Nynäs, del que AB Nynäs Petroleum (en lo sucesivo, «Nynäs Petroleum»), sociedad sueca, es la sociedad holding de cabecera, produce y vende betún a escala internacional. Nynas Petróleo comercializa betún en España (considerandos 46 y 53 de la Decisión impugnada).
20      Desde el 22 de mayo de 1991 hasta 1999, Nynas Petróleo pertenecía al 100 % a la sociedad holding Nynäs International BV. Ésta era a su vez durante el mismo período una filial plena de Nynäs Petroleum (considerando 438 de la Decisión impugnada).
21      En 1999, Nynäs Petroleum compró a Nynäs International todo el capital suscrito de Nynas Petróleo, que siguió siendo filial al 100 % de Nynäs Petroleum hasta 2003 (considerando 439 de la Decisión impugnada). El 12 de junio de 2003 Nynäs International fue liquidada. Tras su disolución, su capital social fue reembolsado a Nynäs Petroleum, que de esa forma pasó a ser su sucesor económico y asumió la responsabilidad de la infracción cometida anteriormente por Nynäs International, que dejó de existir como entidad jurídica separada (considerando 440 de la Decisión impugnada).
22      El grupo Nynäs no tiene una instalación de producción en España pero posee un depósito de betún en Villagarcía de Arosa. Nynas Petróleo tiene su domicilio en Madrid y su actividad consiste en la venta y la comercialización de betún en España (considerando 53 de la Decisión impugnada).
23      Nynäs Petróleo realizó en España con sus ventas de betún de penetración a terceros un volumen de negocios de entre 14.000.000 y 15.000.000 de euros en el ejercicio de 2001, esto es, entre el 4,89 y el 5,24 % del mercado afectado. El volumen de negocios total consolidado del grupo Nynäs ascendió a 1.941.000.000 de euros en 2006 (considerandos 54 y 67 de la Decisión impugnada).
5.      Grupo Petrogal
24      De 1990 a 2003 los activos de Galp Energía España (anteriormente Petrogal Española, S.A.) pertenecieron al 89,29 % a Petróleos de Portugal y al 10,71 % a Tagus, RE, compañía de seguros controlada a su vez al 98 % por Petróleos de Portugal. Desde 2003 Galp Energía España es una filial al 100 % de Petróleos de Portugal. Ésta es a su vez una filial perteneciente al 100 % a Galp Energia, SGPS desde el 22 de abril de 1999 (considerandos 56, 57, 59, 456 y 458 de la Decisión impugnada).
25      Galp Energía España tiene como actividad la venta y la comercialización de betún en España. Su volumen de negocios correspondiente al betún vendido a partes no vinculadas en España alcanzó 13.000.000 de euros en 2001, último año completo de la infracción, es decir el 4,54 % del mercado afectado. El volumen de negocios total consolidado de Galp Energia, SGPS fue de 12.576.000.000 de euros en 2006 (considerandos 61 y 67 de la Decisión impugnada).
C.      Procedimiento administrativo
26      Mediante escrito de 20 de junio de 2002, BP informó a la Comisión de la supuesta existencia de un cartel relativo al mercado del betún para el recubrimiento de carreteras y presentó una solicitud de dispensa en virtud de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación de 2002»). La solicitud constaba de una carta y ocho anexos en los que se describían actividades presuntamente contrarias a la competencia en el mercado del betún en España (considerando 79 de la Decisión impugnada).
27      En una reunión celebrada el 25 de junio de 2002 con los servicios de la Comisión, BP explicó su solicitud de dispensa de multa y entregó documentación de apoyo. BP presentó más información los días 4, 8 y 10 de julio de 2002 (considerando 80 de la Decisión impugnada).
28      El 19 de julio de 2002, la Comisión concedió a BP una dispensa condicional del pago de una multa de conformidad con el punto 8, letra a), de la Comunicación de 2002 (considerando 81 de la Decisión impugnada).
29      Los días 1 y 2 de octubre de 2002 se llevaron a cabo inspecciones en las empresas Repsol, PROAS, BP, Nynäs y Petrogal, de conformidad con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17/62 del Consejo, de 6 de febrero de 1962: Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO L 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), en su versión modificada (considerando 82 de la Decisión impugnada).
30      El 21 de octubre de 2002, BP presentó información adicional sobre las presuntas actividades contrarias a la competencia en el mercado de referencia (considerando 83 de la Decisión impugnada).
31      El 5 de noviembre de 2003, en virtud de la obligación de cooperación de BP, los servicios de la Comisión entrevistaron al Sr. A.T., director de productos bituminosos de BP España. A raíz de esa entrevista, el 1 de diciembre de 2003, BP facilitó información técnica sobre el betún (considerando 84 de la Decisión impugnada).
32      El 6 de febrero de 2004, la Comisión envió a las empresas afectadas una primera serie de solicitudes de información de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento nº 17, así como una solicitud informal de información a BP (considerando 85 de la Decisión impugnada).
33      Repsol presentó la mayor parte de su respuesta el 6 de abril de 2004 y el resto el 20 de abril de 2004. PROAS entregó sus respuestas sobre el mercado español el 21 de abril de 2004 (considerando 86 de la Decisión impugnada).
34      El 31 de marzo de 2004, Repsol presentó por fax a la Comisión una solicitud con arreglo a la Comunicación de 2002, a la que adjuntó una declaración de empresa (considerando 87 de la Decisión impugnada).
35      El 2 de abril de 2004, se envió a Repsol una solicitud de información adicional sobre los documentos encontrados durante la inspección en sus locales. Repsol respondió el 22 de abril de 2004 (considerando 88 de la Decisión impugnada).
36      El 5 de abril de 2004, PROAS presentó por fax a la Comisión una solicitud con arreglo a la Comunicación de 2002, a la que adjuntó una declaración de empresa (considerando 89 de la Decisión impugnada).
37      El 20 de abril de 2004, Repsol presentó dos conjuntos de documentación relacionada con su solicitud conforme a la Comunicación de 2002 (considerando 90 de la Decisión impugnada).
38      El 24 de octubre de 2005, la Comisión envió a las sociedades interesadas una segunda serie de solicitudes de información en virtud del artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 2003, L 1, p. 1) (considerando 91 de la Decisión impugnada).
39      Repsol y PROAS respondieron, respectivamente, el 8 y el 18 de noviembre de 2005 (considerando 92 de la Decisión impugnada).
40      El 29 de marzo de 2006, la Comisión envió una tercera solicitud de información a Repsol y a PROAS, y una solicitud informal de información a BP. Repsol respondió el 5 de abril de 2006, BP el 6 de abril de 2006 y PROAS el 7 de abril de 2006 (considerandos 93 y 94 de la Decisión impugnada).
41      El 26 de abril de 2006, la Comisión envió a Repsol y a PROAS una cuarta solicitud de información con el fin de aclarar el alcance de la participación en el cartel de BP, de Nynäs y de Petrogal, a la que Repsol y PROAS respondieron el 9 de mayo de 2006 (considerandos 95 y 96 de la Decisión impugnada).
42      El 22 de mayo de 2006, la Comisión envió a Repsol, a PROAS y a Petrogal una quinta solicitud de información, relativa a cuestiones de responsabilidad. PROAS respondió el 29 de mayo de 2006, y Repsol y Petrogal el 30 de mayo siguiente (considerandos 98 y 99 de la Decisión impugnada).
43      Por escritos de 2 de agosto de 2006 y de conformidad con el punto 26 de la Comunicación de 2002, la Comisión informó a Repsol y a PROAS de su intención de aplicarles una reducción del importe de cualquier multa que se les impusiera, del orden del 30 % al 50 % en el caso de Repsol y del 20 % al 30 % en el caso de PROAS, como prevé el punto 23, letra b), de dicha Comunicación (considerandos 100 y 101 de la Decisión impugnada).
44      El 22 de agosto de 2006, la Comisión decidió incoar el procedimiento sobre el presente asunto (tercer visto de la Decisión impugnada).
45      Entre el 24 y el 28 de agosto de 2006, la Comisión notificó a BP, a Repsol, a CEPSA-PROAS, a Nynäs y a Petrogal un pliego de cargos emitido el 22 de agosto anterior (considerando 102 de la Decisión impugnada, tercer visto de ésta).
46      Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2) sustituyeron, desde el 1 de septiembre de 2006, a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices de 1998»).
47      BP, Repsol, PROAS (pero no CEPSA), Nynäs y Petrogal hicieron uso de su derecho de acceso a los documentos del expediente de la Comisión, sólo disponibles en los locales de esa institución (considerando 103 de la Decisión impugnada).
48      BP, Repsol, CEPSA-PROAS, Nynäs y Petrogal respondieron por escrito, dentro de los plazos establecidos, a los cargos formulados en su contra (considerando 104 de la Decisión impugnada).
49      Todas las destinatarias de la Decisión impugnada, a excepción de Repsol Petróleo, Repsol YPF y CEPSA, ejercitaron su derecho a ser oídas. El 12 de diciembre de 2006 se celebró una audiencia (considerando 105 de la Decisión impugnada).
50      El 16 de febrero de 2007, la Comisión envió a todas las empresas afectadas una solicitud de información con el fin de que éstas confirmaran o corrigieran las cifras que habían facilitado sobre las ventas de betún de penetración, así como para recabar información sobre el volumen de negocios de cada grupo en el ejercicio 2006 (considerando 106 de la Decisión impugnada).
D.      Decisión impugnada
1.      Declaración de la infracción
51      La Decisión impugnada declara que las trece sociedades destinatarias infringieron el artículo 81 CE al participar en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en la comercialización del betún de penetración en el territorio español (excluidas las Islas Canarias).
52      La Comisión consideró que la infracción constaba de dos facetas: por una parte, un reparto del mercado y, por otra, una coordinación de los precios consistente en acuerdos para incrementar o reducir los precios del betún en una misma cuantía aplicada simultáneamente (considerando 366 de la Decisión impugnada).
53      Las diferentes conductas infractoras, o sus componentes, que se apreciaron era los siguientes:
–        la fijación de cuotas de mercado;
–        sobre la base de estas cuotas de mercado, la asignación de volúmenes y clientes a cada participante en el cartel;
–        el seguimiento de la aplicación de los acuerdos de reparto del mercado y de los clientes mediante el intercambio de información sobre volúmenes de ventas;
–        el establecimiento de un mecanismo de compensación para corregir las desviaciones de los acuerdos de reparto del mercado y de los clientes;
–        el acuerdo sobre la variación de precios del betún y sobre el momento de aplicación de los nuevos precios;
–        la participación en reuniones periódicas y el mantenimiento de otros contactos destinados a concertar las restricciones de la competencia antes mencionadas, llevarlas a la práctica y, en caso necesario, modificarlas (considerando 373 de la Decisión impugnada).
54      En primer lugar, la Comisión describió las actividades de reparto del mercado sobre la base de las declaraciones presentadas por BP, Repsol y PROAS en sus solicitudes con arreglo a la Comunicación de 2002 y en respuesta a las solicitudes de información de la Comisión (considerando 122 de la Decisión impugnada).
55      La Comisión consideró que determinadas pruebas contemporáneas de los hechos imputados, consistentes en documentos obtenidos en las inspecciones y otros documentos contemporáneos proporcionados con las solicitudes de dispensa de multa o con las respuestas a las solicitudes de información confirmaban la existencia de esas actividades (considerando 123 de la Decisión impugnada).
56      De su solicitud de dispensa de multa se desprende que, cuando BP comenzó a producir betún de penetración en España en julio de 1991, comprobó que Repsol y PROAS estaban implicadas en un acuerdo continuado de reparto del mercado afectado y estimó que, para poder entrar en ese mercado con ciertas posibilidades de éxito, BP debía participar en el mismo (considerando 119 de la Decisión impugnada).
57      Otros proveedores de betún presentes en el mercado español coordinaron sus ventas con Repsol, PROAS y BP: Nynäs y Petrogal participaron en el cartel, la primera desde, al menos, 1991 y la segunda desde, al menos, 1995 (considerando 120 de la Decisión impugnada).
58      Repsol y PROAS declararon que los participantes en el cartel llevaban a cabo sus contactos para repartirse el mercado en torno a una mesa de negociación llamada la «mesa de asfalto», que estaba compuesta por sociedades del grupo Repsol (RPA/Rylesa, Asfalnor y Petronor), PROAS y BP, así como por Nynäs y Petrogal, aun cuando estas dos empresas participaban sólo en las conversaciones relativas a su zona de influencia de modo bilateral con Repsol o PROAS, pero no con otros miembros del cartel (considerandos 124 y 129 de la Decisión impugnada).
59      La Comisión identificó las siguientes fases del mecanismo de reparto del mercado afectado establecido en el marco del cartel constatado:
a)      un análisis interno del mercado, realizado aproximadamente en septiembre y en el que cada productor preparaba por separado un estudio de mercado para el año siguiente en el que estimaba el consumo de betún en España;
b)      una predistribución interna del mercado, que tenía lugar aproximadamente en octubre y en la que cada productor de betún preparaba un primer borrador de reparto del mercado que habría de ser presentado en las negociaciones con sus competidores;
c)      un acuerdo sobre el tamaño del mercado, es decir, sobre el consumo total de betún previsto para el año siguiente, que se concluía en torno al mes de noviembre entre Repsol, PROAS y BP;
d)      negociaciones para el reparto del mercado provisional así acordado, que tenían lugar en diciembre o enero;
e)      el acuerdo anual de reparto del mercado: desde 1994 a 2000 los jefes de ventas de Repsol y PROAS mantenían las conversaciones de cierre normalmente en diciembre o enero para resolver todas las demás cuestiones pendientes relacionadas con el reparto del mercado. El documento que reflejaba el acuerdo de reparto del mercado para un determinado ejercicio se llamaba «PTT» o «Petete»;
f)      información y negociación con Nynäs y Petrogal: una vez acordado el reparto del mercado entre los tres productores de betún, Repsol o PROAS mantenían una reunión con Nynäs y otra con Petrogal para informarles y negociar con ellas los volúmenes de ventas y los clientes que les corresponderían a cada una en sus respectivas zonas de influencia (considerando 130 de la Decisión impugnada).
60      En segundo lugar, la Comisión consideró que las actividades de coordinación de precios representaban un elemento de apoyo necesario de los acuerdos de reparto del mercado, pues garantizaban que las diferencias de precios entre proveedores no distorsionarían la asignación de volúmenes y clientes acordada (considerando 290 de la Decisión impugnada).
61      La Comisión describió los acuerdos sobre precios basándose en las declaraciones voluntarias realizadas por BP, Repsol y PROAS y en las respuestas a las solicitudes de información. La Comisión presentó a continuación de forma cronológica los documentos contemporáneos del cartel que obraban en su poder que confirman los acuerdos sobre precios descritos en las mencionadas declaraciones (considerando 291 de la Decisión impugnada).
62      Repsol y PROAS acordaban las modificaciones de los precios y las fechas de su aplicación y, a continuación, informaban a BP, Nynäs y Petrogal de sus conclusiones (considerando 354 de la Decisión impugnada).
63      La Comisión afirmó seguidamente que el conjunto de acuerdos y prácticas concertadas tenía por objeto restringir la competencia en España (excepto las Islas Canarias), que constituye una parte sustancial del mercado interior (considerando 371 de la Decisión impugnada).
64      La Comisión recordó que, según la jurisprudencia, la ponderación de los efectos concretos de un acuerdo es superflua cuando resulte que el acuerdo tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Por consiguiente, no se exige la prueba de efectos reales contrarios a la competencia cuando se ha probado que los comportamientos reprochados tienen un objeto contrario a la competencia (considerando 375 de la Decisión impugnada).
65      Lo mismo ocurre con las prácticas concertadas. Aunque, como se desprende del propio tenor del artículo 81 CE, el concepto de práctica concertada supone, además de la concertación entre empresas, un comportamiento en el mercado que siga a la concertación y una relación de causa y efecto entre ambos elementos, puede presumirse, salvo prueba en contrario, que las empresas que participan en la concertación y que permanecen activas en el mercado tomarán en consideración la información intercambiada con sus competidores, a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado, máxime cuando la concertación se produce regularmente a lo largo de un período dilatado. Esta práctica concertada está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE incluso a falta de efectos anticompetitivos en el mercado (considerando 331 de la Decisión impugnada).
66      En este caso, sin embargo, la Comisión consideró que, sobre la base de los datos presentados en la Decisión impugnada, también había probado que los acuerdos del cartel se aplicaron y que, probablemente, produjeron efectos anticompetitivos reales (considerando 376 de la Decisión impugnada).
67      Por otro lado, la Comisión estimó probado que el personal de PROAS había participado en el cartel (considerando 416 de la Decisión impugnada).
68      A la luz de la jurisprudencia sobre la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva por una sociedad matriz en su filial que le pertenece al 100 % y de la relación accionarial entre PROAS y CEPSA, la Comisión concluyó que estas dos empresas habían constituido una sola empresa a lo largo de toda la duración de la infracción a efectos de la aplicación del artículo 81 CE (considerando 418 de la Decisión impugnada).
69      Además de la presunción, basada en la propiedad, de que las matrices ejercen una influencia decisiva en sus filiales de propiedad exclusiva, la Comisión se basó en otros factores que indican, según ella, que PROAS y CEPSA pertenecían a una única entidad económica y constituían por lo tanto una sola empresa. La lista de esos indicios se contiene en el considerando 419 de la Decisión impugnada, así redactado :
«[…]
a)      PROAS comercializaba todo el betún producido por su sociedad matriz CEPSA en sus refinerías, estableciendo así relaciones verticales y sinergias en el grupo CEPSA. Efectivamente, tal y como explicó PROAS, PROAS comunicaba mensualmente a CEPSA sus necesidades de betún;
b)      los resultados financieros de PROAS están consolidados con los de CEPSA y, por lo tanto, las ganancias o pérdidas de aquélla, con inclusión de cualquier beneficio resultante del cartel, se reflejaron en las ganancias o pérdidas de todo el grupo CEPSA;
c)      mediante informes mensuales, la dirección de PROAS informó a su Consejo de Administración, designado por CEPSA, sobre sus ventas, importaciones y exportaciones, productos, mercado y situación financiera, con objeto de permitir a CEPSA supervisar los resultados de PROAS;
d)      PROAS se asociaba con el nombre CEPSA en sus relaciones comerciales: por ejemplo, los acuerdos de intercambio celebrados por PROAS con Nynäs en España en 1999, 2000 y 2001 llevan el título “Acuerdo entre Nynas Petróleo, S.A., y PROAS (CEPSA)”, y documentos contemporáneos relativos a la infracción se refieren a PROAS como “CEPSA” (véanse, por ejemplo, los considerandos 206, 210, 213, 216, 273, 278 y 284).»
2.      Cálculo del importe de las multas
70      La Comisión recordó que, con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, podía imponer multas, mediante decisión, a las empresas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en el artículo 81 CE. Indicó también que, en virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, que era de aplicación en el momento de la infracción, la multa aplicable a cada empresa participante en el cartel no podía ser superior al 10 % de su volumen de negocios total realizado en el ejercicio social anterior y que el mismo límite se establecía en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 (considerando 496 de la Decisión impugnada).
71      La Comisión consideró que cada una de las dos restricciones de la competencia constatadas, a saber, los acuerdos horizontales de reparto del mercado y la coordinación de los precios, se encuentra, por su propia naturaleza, entre las infracciones más perniciosas del artículo 81 CE, que pueden merecer, según la jurisprudencia, el calificativo de infracciones «muy graves» atendiendo exclusivamente a su naturaleza, sin que sea necesario que dicha conducta abarque una zona geográfica específica o tenga un impacto determinado (considerando 500 de la Decisión impugnada).
72      La Comisión consideró que no es posible medir el impacto real de este cartel en el mercado, debido, entre otras cosas, a que no existe información suficiente sobre la evolución probable del precio neto del betún en España en ausencia de los acuerdos. La Comisión no se consideró obligada a demostrar con exactitud el impacto real del cartel en el mercado ni a cuantificarlo, sino que consideró que podía limitarse a realizar estimaciones de la probabilidad de tal efecto. En cualquier caso, la Comisión consideró que los acuerdos del cartel se llevaron a la práctica y que era probable que dichos acuerdos hubieran producido efectos reales contrarios a la competencia (considerando 501 de la Decisión impugnada).
73      Habida cuenta de la naturaleza de la infracción, la Comisión consideró que Repsol, PROAS, BP, Nynäs y Petrogal cometieron un infracción muy grave del artículo 81 CE, y afirmó que esta conclusión es independiente de que el cartel tuviera un impacto medible en el mercado y que tenía en cuenta el hecho de que la colusión sólo afectaba al mercado español (considerando 509 de la Decisión impugnada).
a)      Determinación y adaptación del «importe inicial» de las multas
74      La Comisión fijó el «importe inicial» de las multas que habían de imponerse teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, el valor de mercado en cuestión estimado en 286.400.000 euros en 2001, último año completo de la infracción, y el hecho de que la infracción se limitó a las ventas del betún en un único Estado miembro. Sobre la base de lo anterior, la Comisión fijó el importe inicial de las multas en 40.000.000 de euros (considerando 510 de la Decisión impugnada).
75      Seguidamente, la Comisión clasificó a las empresas destinatarias de la Decisión impugnada en diferentes categorías, definidas en función de su importancia relativa en el mercado de referencia, para aplicar un trato diferenciado, con el fin de tener en cuenta las diferencias en su capacidad económica efectiva de causar daños significativos en la competencia. Para ello, la Comisión utilizó sus cuotas de mercado basadas en el valor de las ventas en España del betún de penetración para el recubrimiento de carreteras en 2001 (considerandos 511 y 512 de la Decisión impugnada).
76      Repsol y PROAS, cuyas cuotas de mercado fueron del 34,04 % y del 31,67 %, respectivamente, en el ejercicio de 2001 en el mercado de referencia, quedaron clasificadas en la primera categoría; BP, con una cuota de mercado del 15,19 %, en la segunda categoría, y Nynäs y Petrogal, con cuotas de mercado de entre el 4,54 % y el 5,24 %, en la tercera categoría. Sobre esta base, se fijaron los siguientes importes iniciales de las multas (considerandos 514 y 515 de la Decisión impugnada):
–        primera categoría, para Repsol y PROAS: 40.000.000 de euros;
–        segunda categoría, para BP: 18.000.000 de euros;
–        tercera categoría, para Nynäs y Petrogal: 5.500.500 euros.
77      Para fijar el importe de las multas en un nivel que garantizara un efecto disuasorio suficiente, la Comisión consideró oportuno aplicar al importe de la multa que se impusiera a BP y a Repsol, respectivamente, un multiplicador de 1,8 y de 1,2, en función de su volumen de negocios total de 2006, último ejercicio anterior a la adopción de la Decisión impugnada, y, en cambio, no aplicar un multiplicador al importe de la multa que se impusiera a PROAS, a Nynäs y a Petrogal (considerando 521 de la Decisión impugnada).
78      En consecuencia, se adaptaron los importes iniciales de las multas como sigue (considerando 522 de la Decisión impugnada):
–        Repsol: 48.000.000 de euros;
–        PROAS: 40.000.000 de euros;
–      BP: 32.400.000 euros;
–        Nynäs: 5.500.000 euros;
–        Petrogal: 5.500.000 euros.
b)      Duración de la infracción
79      La Comisión consideró que Repsol y PROAS debían responder de su participación en la infracción desde el 1 de marzo de 1991 al 1 de octubre de 2002, es decir, un período de once años y siete meses.
80      La Comisión estimó que BP debía responder de su participación en la infracción desde el 1 de agosto de 1991 al 20 de junio de 2002, es decir, un período de diez años y diez meses.
81      La Comisión estimó que Nynas Petróleo debía responder de su participación en la infracción desde el 1 de marzo de 1991 al 1 de octubre de 2002, es decir, un período de once años y siete meses y que Nynäs Petroleum debía responder de su participación en la infracción desde el 22 de mayo de 1991 al 1 de octubre de 2002, es decir, un período de once años y cuatro meses.
82      Finalmente la Comisión consideró que Galp Energía España (anteriormente Petrogal Española) y Petróleo de Portugal debían responder de su participación en la infracción desde el 31 de enero de 1995 al 1 de octubre de 2002, es decir, un período de siete años y ocho meses, y Galp Energia, SGPS, desde el 22 de abril de 1999 al 1 de octubre de 2002, es decir, un período de tres años y cinco meses (considerando 523 de la Decisión impugnada).
83      La Comisión incrementó el importe inicial de las multas en un 10 % por cada año completo de infracción, y en un 5 % por cada período adicional igual o superior a seis meses pero inferior a un año. Los incrementos que se habían de aplicar al importe inicial de las multas eran los siguientes (considerandos 524 y 525 de la Decisión impugnada):
–        Repsol: 115 %;
–        PROAS: 115 %;
–        BP: 105 %;
–        Nynäs:
–      Nynas Petróleo: 115 %;
–      Nynäs Petroleum: 110 %;
–      Petrogal:
–      Galp Energía España y Petróleos de Portugal: 75 %;
–      Galp Energia, SGPS: 30 %.
84      En consecuencia, los importes de las multas que se impondrían a cada una de las empresas fueron los siguientes (considerando 526 de la Decisión impugnada):
–        Repsol: 103.200.000 euros;
–        PROAS: 86.000.000 de euros;
–      BP: 66.420.000 euros;
–        Nynäs
–      Nynas Petróleo: 11.825.000 euros;
–      Nynäs Petroleum: 11.550.000 euros;
–      Petrogal
–      Galp Energía España y Petróleos de Portugal: 9.625.000 euros;
–      Galp Energia, SGPS: 7.150.000 euros.
c)      Circunstancias agravantes
85      La Comisión expuso lo siguiente en el considerando 534 de la Decisión impugnada:
«a)      los coordinadores de la «mesa de asfalto» eran una persona de Repsol y una persona de PROAS (véase el considerando 145);
b)      Repsol y PROAS convocaban las reuniones del cartel, y éstas solían estar presididas por una persona de Repsol (véase el considerando 145);
c)      cuando las reuniones se celebraban en hoteles, Repsol o PROAS se solían hacer cargo de las facturas (véase el considerando 148);
d)      como han comunicado BP, Repsol y PROAS, estos dos últimos decidían bilateralmente la variación de los precios del betún y el momento en que deberían aplicarse los nuevos precios y comunicaban posteriormente las decisiones adoptadas a los demás operadores del mercado (véase el considerando 302);
e)      desde el inicio del cartel, por lo que respecta a Nynäs, y desde el momento en que se unió al mismo en 1995, por lo que se refiere a Petrogal, Repsol y PROAS organizaron reuniones con cada una de estas dos empresas separadamente para negociar sus cuotas de mercado en sus áreas de ventas (véase el considerando 130). BP sólo estaba presente durante las negociaciones relativas a su área de influencia pero no asistía a las negociaciones relativas a la posición de Repsol y PROAS (véase el considerando 137), ni a las mantenidas con Nynäs y Petrogal. Lo anteriormente expuesto muestra que, en lugar de negociaciones sobre reparto del mercado entre los cinco participantes en el cartel en pie de igualdad, se celebraban negociaciones bilaterales entre Repsol y PROAS, por una parte, y cada uno de los otros tres participantes, por otra;
f)      de 1994 a 2000 (es decir, durante siete de los casi doce años de duración del cartel), toda cuestión que quedase abierta sobre la distribución del mercado en relación con el acuerdo anual de reparto del mercado era finalmente acordada entre Repsol y PROAS (véase el considerando 130);
g)      pruebas contemporáneas de 1991 y 1992 redactadas por BP indican que “Repsol negoció con Nynäs la entrada oficial de éstos en el mercado español” y que se asignó a Nynäs un 3,74 % del mercado “por designio expreso de Repsol y CEPSA”» (véanse los considerandos 201 y 206);
h)      Repsol y PROAS ofrecieron a Petrogal una asignación de cuota de mercado en el área de influencia geográfica de Petrogal (véase el considerando 125);
i)      durante el periodo en que BP suspendió su participación en las reuniones de la “mesa de asfalto”, o bien Repsol o bien PROAS le facilitaron una copia del acuerdo de reparto del mercado (véase el considerando 172);
j)      BP informó de que cada dos semanas se comunicaba telefónicamente con fines de seguimiento con Repsol o con PROAS y que una de estas dos empresas recogía los datos de BP sobre volúmenes de ventas (véase el considerando 184);
k)      en el contexto de los contactos de seguimiento llevados a cabo desde 2001, Repsol y PROAS fijaron precios para obras nuevas y asignaron obras nuevas no incluidas en el acuerdo anual de reparto del mercado (véase el considerando 187);
l)      Repsol remitió un cuadro en el que se indicaban los volúmenes que debían ser suministrados por Nynäs en 2001 que, según Repsol, habían sido preparados conjuntamente por Repsol y PROAS y posteriormente comunicados a Nynäs (véase el considerando 265);
m)      los datos estimados sobre volúmenes de ventas para 2002 incluidos en determinados cuadros elaborados por PROAS fueron verificados posteriormente con Repsol en la “mesa de asfalto” (véase el considerando 270);
n)      PROAS explicó que un determinado documento contiene el consumo de mercado por región previsto por Repsol y PROAS para 2002 y el acuerdo alcanzado entre estas dos empresas sobre estos volúmenes de consumo (véase el considerando 271)»
86      Atendiendo a esos factores, la Comisión consideró que Repsol y PROAS fueron importantes fuerzas motrices del cartel, ya que asignaron cuotas de mercado a los nuevos miembros del mismo, adoptaban decisiones sobre el tamaño del mercado, llegaban a un acuerdo sobre las cuestiones pendientes relacionadas con el reparto del mercado, negociaban bilateral y separadamente con los demás participantes en el cartel los volúmenes y clientes que se les debían asignar en sus áreas de influencia respectivas, recababan datos de otros participantes sobre volúmenes de ventas, convocaban y presidían reuniones del cartel y corrían con los gastos de la mayoría de ellas, pactaban bilateralmente variaciones de precios y el momento en que debían aplicarse y posteriormente comunicaban los acuerdos alcanzados a otros operadores del mercado (considerando 535 de la Decisión impugnada).
87      La Comisión concluyó que el importe de la multa que se impusiera a Repsol y a PROAS se debería incrementar en un 30 % (considerando 536 de la Decisión impugnada). En consecuencia, el importe de su multa se incrementó hasta 134.160.000 euros para Repsol y hasta 111.800.000 euros para PROAS (considerando 568 de la Decisión impugnada).
d)      Aplicación de la Comunicación de 2002
88      La Comisión recordó que había iniciado su investigación a raíz de una solicitud de dispensa de multa presentada por BP con arreglo a la Comunicación de 2002 y que, posteriormente, Repsol y PROAS presentaron cada una de ellas una solicitud de reducción del importe de la multa en virtud de la misma Comunicación (considerando 569 de la Decisión impugnada).
89      La Comisión reconoció a BP el derecho a la dispensa de la multa que se le debería haber impuesto, tras comprobar que había cumplido los requisitos establecidos en el punto 11 de la Comunicación de 2002 relativos a la cooperación con la Comisión, al cese de su participación en la presunta infracción y a la falta de medidas para obligar a otras empresas a participar en la infracción (considerando 573 de la Decisión impugnada).
90      La Comisión también decidió que a Repsol y a PROAS les correspondía respectivamente una reducción del 40 % y del 25 % del importe de la multa que se les impondría en otras circunstancias (considerandos 580 y 588 de la Decisión impugnada).
3.      Parte dispositiva de la Decisión impugnada
91      La parte dispositiva de la Decisión está así redactada:
«Artículo 1
Las siguientes empresas han infringido el artículo 81 [CE, apartado 1,] al participar, durante los períodos indicados, en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en el negocio del betún de penetración, que abarcó todo el territorio de España (salvo las Islas Canarias) y que consistió en acuerdos de reparto del mercado y coordinación de precios:
[…]
[PROAS] y [CEPSA], de 1 de marzo de 1991 a 1 de octubre de 2002;
[…]
Artículo 2
Por la infracción citada en el artículo 1, se imponen las siguientes multas:
[…]
[PROAS] y [CEPSA] conjunta y solidariamente responsables del pago de la suma de 83.850.000 euros;
[…]
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Decisión son:
[…]
[PROAS]
[CEPSA]
[…]».
Procedimiento y pretensiones de las partes
92      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 20 de diciembre de 2007 la demandante interpuso el presente recurso.
93      La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la Decisión impugnada en la medida en que se refiere a CEPSA.
–        Subsidiariamente, reduzca el importe de la multa impuesta a CEPSA.
–        Condene a la Comisión a cargar con las costas del procedimiento.
94      La Comisión solicita en sustancia al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Mantenga o en su caso aumente el importe de la multa impuesta a CEPSA.
–        Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
A.      Sobre las pretensiones de anulación y de reforma de la Decisión impugnada
95      La demandante aduce siete motivos en apoyo de sus pretensiones de anulación y de reforma de la Decisión impugnada, basados el primero en la vulneración del principio de buena administración y de su derecho de defensa, el segundo en la errónea aplicación de la presunción de ejercicio efectivo por la sociedad matriz de una influencia decisiva en el comportamiento de su filial plena, el tercero en que la Comisión no refutó adecuadamente las alegaciones expuestas por la demandante en su respuesta al pliego de cargos en apoyo de la autonomía de comportamiento de PROAS, el cuarto en la inadecuación de los indicios complementarios apreciados por la Comisión para reforzar la presunción de ejercicio de una influencia decisiva de la sociedad matriz en su filial, el quinto en la infracción de los principios de observancia de un plazo razonable y de buena administración, el sexto en la vulneración del principio de proporcionalidad y el séptimo en la falta de consideración por la Comisión del programa de cumplimiento de las reglas sobre la competencia de la Unión elaborado por CEPSA.
96      Los motivos tercero y cuarto serán examinados conjuntamente.
1.      Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del principio de buena administración y del derecho de defensa
a)      Alegaciones de las partes
97      CEPSA sostiene, en primer lugar, que la Comisión ha vulnerado manifiestamente el principio de buena administración al transferirle la obligación de traducir al español el pliego de cargos.
98      Afirma que la Comisión le solicitó, en efecto, mediante escrito de 19 de julio de 2006, que renunciara a su derecho a recibir las comunicaciones en español y, más concretamente, que aceptara que el pliego de cargos y la Decisión le fueran notificados en inglés.
99      Según CEPSA, esta forma de actuar tenía el objetivo de evitar una discutible aplicación de las Directrices de 2006, las cuales incrementaban sensiblemente el importe de las multas y son inmediatamente aplicables a todos los asuntos en los que la comunicación del pliego de cargos es posterior a la fecha de su publicación. En efecto, el pliego de cargos dirigido a CEPSA todavía no se había adoptado pese a que la instrucción se prolongaba desde hacía más de cuatro años.
100    En consecuencia, si la Comisión hubiera empleado la diligencia debida en la investigación del asunto, CEPSA no se hubiera visto forzada a renunciar a su derecho a recibir el pliego de cargos en español.
101    Por otra parte, CEPSA alega que la Comisión rehusó enviarle la versión inglesa de la Decisión final, cuya comunicación había solicitado CEPSA mediante escrito de 26 de noviembre de 2007 con el fin de hacérsela llegar a los representantes de sus accionistas que no hablan español.
102    Puesto que la versión inglesa es tan auténtica como la española, a juicio de CEPSA la Comisión no estaba obligada a traducirla. No obstante, haciendo nuevamente prueba de arbitrariedad, la Comisión respondió al mencionado escrito un día antes del vencimiento del plazo para la interposición del presente recurso invitando a CEPSA a indicar a la Comisión si tenía previsto presentar su recurso contra la Decisión impugnada en lengua inglesa, o bien si iba a requerir la asistencia de un bufete de abogados que utilizara el inglés como lengua de trabajo, en cuyo caso la Comisión le habría remitido la Decisión impugnada en lengua inglesa.
103    CEPSA alega, en segundo lugar, que la importancia de su renuncia a un derecho tan relevante como es el de recibir en español las notificaciones en cuestión podría haber afectado, por lo demás, a su derecho de defensa, puesto que se vio obligada a defenderse de un documento acusatorio redactado en una versión «no auténtica», esto es, la versión del pliego de cargos consistente en su propia traducción.
104    La Comisión solicita la desestimación del presente motivo.
105    En la vista la demandante invocó en concepto de excepción la ilegalidad de la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 20 de octubre de 2011 (DO C 308, p. 6), por ser contraria en particular al artículo 41, apartado 4, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (DO 2010, C 83, p. 389), y al Reglamento nº 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385 ; EE 01/01, p. 8), en su versión modificada.
106    La Comisión solicita la desestimación de esa excepción de ilegalidad.
b)      Apreciación del Tribunal
107    Del correo electrónico de la Comisión de 9 de noviembre de 2007 enviado a CEPSA, presentado como anexo 5 de la demanda, resulta que «mediante carta de 19 de julio de 2006 la Comisión solicitó de [CEPSA] una renuncia a idioma por la que su compañía aceptara que la Comisión le dirigiera cualquier documento formal, pliego de cargos o decisión que la Comisión pudiera adoptar respecto de su compañía en inglés».
108    Según el mismo correo, «mediante carta de 20 de julio de 2006, [CEPSA] remitió a la Comisión una renuncia a idioma por la que declaraba que ésta última podía dirigir un eventual pliego de cargos a su compañía en inglés».
109    Como sea que la propia CEPSA ha presentado al Tribunal ese correo, cuyo contenido no rebate, hay que concluir que CEPSA sólo fue invitada a renunciar a su derecho a recibir el pliego de cargos en lengua española y consintió libremente en recibir ese documento en su versión en lengua inglesa.
110    Toda vez que CEPSA aceptó libremente recibir un documento del procedimiento redactado por la Comisión en una lengua distinta de la lengua del procedimiento, es infundada su alegación de la vulneración del principio de buena administración y de su derecho de defensa, suponiendo que ese último aspecto de su alegación no deba desestimarse de entrada por el carácter hipotético que la misma demandante le atribuye en sus escritos.
111    Dentro del motivo fundado en la vulneración del principio de buena administración y del derecho de defensa la demandante también invoca la infracción del artículo 3 del Reglamento nº 1. A tenor de ese artículo, los textos que las instituciones envíen a una persona sometida a la jurisdicción de un Estado miembro se redactarán en la lengua de dicho Estado.
112    El hecho de no haber notificado una versión en lengua española del pliego de cargos constituye por tanto un vicio en la elaboración de ese documento que podría afectar a su regularidad, y en consecuencia a la de la Decisión impugnada.
113    No obstante, CEPSA se limita a manifestar que «[todo ello] con los consiguientes perjuicios económicos (puesto que CEPSA tuvo que encargar una traducción especializada de un documento de más de 160 páginas) y de tiempo (el necesario para la traducción se perdió para el análisis de fondo) inherentes al uso de una versión lingüística distinta de la española». A la vista de una argumentación tan poco desarrollada y sustentada, el Tribunal estima indemostrado que CEPSA no hubiera podido tener conocimiento oportuno del contenido del pliego de cargos.
114    Además, como se ha señalado antes, la misma CEPSA aceptó recibir la notificación del pliego de cargos en lengua inglesa para que éste se le comunicara con mayor rapidez. Esa circunstancia contribuye aún más a privar de fundamento alguno a la alegación de que CEPSA no pudo tener conocimiento oportuno del contenido del pliego de cargos.
115    En consecuencia, se debe concluir que la irregularidad apreciada no tuvo en este caso consecuencias perjudiciales que podían viciar el procedimiento administrativo (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión, 41/69, Rec. p. 661, apartados 47 a 52).
116    En lo referente a las alegaciones de CEPSA sobre la negativa de la Comisión a notificarle la versión en lengua inglesa de la Decisión impugnada y sobre la tardía comunicación por la Comisión de su eventual conformidad con esa notificación, dicha conducta, suponiéndola demostrada, no puede afectar a la legalidad de la Decisión impugnada.
117    En efecto, de suponer incluso que la notificación irregular de un acto pudiera invocarse eficazmente en apoyo de pretensiones de anulación de ese acto, en el presente asunto, conforme al artículo 3 del Reglamento nº 1, la Decisión impugnada fue notificada en lengua española, la lengua del Estado a cuya jurisdicción está sujeta CEPSA.
118    CEPSA solicitó la comunicación de la versión inglesa de la Decisión impugnada con el único fin de transmitirla a los representantes de sus accionistas no hispanoparlantes. Por tanto, esa versión lingüística no se solicitaba para la persona jurídica CEPSA, que era la única destinataria de la Decisión impugnada. Así pues, la Comisión no estaba sujeta a ninguna obligación al respecto cuyo incumplimiento se le pueda reprochar.
119    Por consiguiente, se debe desestimar este motivo.
120    El motivo aducido por CEPSA en la vista y fundado en una excepción de ilegalidad de la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE debe declararse inadmisible en aplicación de las disposiciones del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. En efecto, se trata de un motivo nuevo que no constituye una ampliación de ninguno de los motivos invocados con anterioridad en los escritos de la demandante ni tampoco presenta un vínculo lo bastante estrecho con uno de esos motivos. Ahora bien, ese motivo nuevo no se funda en razones de hecho o de derecho que hayan aparecido durante el procedimiento jurisdiccional.
121    En cualquier caso dicho motivo es ineficaz porque en la fecha de adopción de la Decisión impugnada la referida Comunicación no era aplicable. Por consiguiente, su eventual ilegalidad carecería de consecuencias en la legalidad de la Decisión impugnada.
122    Por consiguiente, se ha de desestimar también el motivo aducido por la demandante en la vista en concepto de excepción.
2.      Sobre el segundo motivo, basado en la errónea aplicación de la presunción de ejercicio efectivo por la sociedad matriz de una influencia decisiva en el comportamiento de su filial plena
a)      Alegaciones de las partes
123    CEPSA señala que la Comisión admite en el considerando 416 de la Decisión impugnada que CEPSA no tuvo participación directa en el cartel en cuestión. No obstante, la Comisión le imputa en el considerando 418 la responsabilidad de la participación de PROAS en dicho cartel al considerar, a la luz de la jurisprudencia y habida cuenta de su participación al 100 % en PROAS, que ejerció una influencia decisiva sobre el comportamiento de ésta.
124    Ciertamente, la jurisprudencia permite a la Comisión, según CEPSA, imputar a una sociedad matriz una infracción del artículo 81 CE cometida por su filial al 100 %, con la que forma una unidad económica, presumiendo que la sociedad matriz ejerce una influencia decisiva en el comportamiento de esta filial.
125    No obstante, la jurisprudencia también ha establecido claramente que la posesión por parte de la matriz de la totalidad del capital de su filial no basta por sí sola para permitir imputar a la matriz la responsabilidad del comportamiento de esa filial enteramente participada. Junto al vínculo de participación en el capital sigue siendo necesario, a juicio de CEPSA, un elemento adicional, que puede consistir en indicios.
126    Según la demandante, en la medida en que la Decisión impugnada basa, principalmente, en la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva la imputación a CEPSA de la participación de PROAS en la infracción, sin considerar necesario demostrar la concurrencia de otros elementos, la Decisión impugnada debe ser anulada en lo que respecta a CEPSA por ser contraria a la jurisprudencia sobre la unidad económica formada por la sociedad matriz y su filial al 100 %.
127    La Comisión solicita que se desestime el presente motivo.
b)      Apreciación del Tribunal
128    Hay que recordar ante todo que una infracción del Derecho de la competencia de la Unión debe imputarse sin equívocos a una persona jurídica a la que se puedan imponer multas (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, apartado 57).
129    No obstante, el Derecho de la competencia de la Unión tiene por objeto las actividades de las empresas y el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de esa entidad y de su modo de financiación. El Tribunal de Justicia ha precisado que, en este mismo contexto, debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas jurídicas (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartados 54 y 55).
130    Atendiendo a la jurisprudencia mencionada en el apartado precedente, el comportamiento infractor de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 58).
131    En efecto, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, integran una única empresa, en el sentido del concepto antes definido. En consecuencia, el hecho de que una sociedad matriz y su filial formen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE permite que la Comisión dirija una decisión que imponga multas a la sociedad matriz, sin que sea necesario demostrar la implicación personal de ésta en la infracción (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 59).
132    En el caso particular de que una sociedad matriz posea el 100 % del capital de su filial que ha infringido las normas de la Unión en materia de competencia, por una parte, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia decisiva en la conducta de su filial y, por otra, existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, apartado 56).
133    En tales circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital de ésta para presumir que la primera ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de esa filial (sentencia Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 57).
134    En el presente asunto la Comisión constató en los considerandos 31 y 417 de la Decisión impugnada, sin que ello se haya refutado, que CEPSA poseyó el 100 % del capital de PROAS a lo largo de toda la duración de la participación de PROAS en la infracción, esto es del 1 de marzo de 1991 al 1 de octubre de 2002.
135    Por tanto, ese grado de participación permitía por sí solo que la Comisión presumiera, como hizo en el considerando 418 de la Decisión impugnada, que CEPSA había ejercido efectivamente una influencia decisiva en la conducta de PROAS durante todo ese período.
136    Hay que recordar al respecto que, en contra de lo alegado por la demandante, la aplicación de la presunción de ejercicio de una influencia decisiva de la sociedad matriz en su filial no está supeditada a la aportación de indicios adicionales relativos al ejercicio efectivo de tal influencia (sentencias Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 62, y Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartados 80 y 96).
137    Así pues, la Comisión no aplicó indebidamente la presunción de ejercicio efectivo por una sociedad matriz de una influencia decisiva en el comportamiento de su filial plena.
138    En consecuencia, se ha de desestimar el presente motivo, mientras que la cuestión de si CEPSA ha logrado o no desvirtuar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva en el comportamiento de PROAS se examinará junto con el tercer motivo.
3.      Sobre el tercer motivo, basado en la falta de motivación que vicia la refutación en la Decisión impugnada de los argumentos expuestos por CEPSA en su respuesta al pliego de cargos en apoyo de la autonomía de la conducta de PROAS, y sobre el cuarto motivo, basado en la inadecuación de los cuatro indicios adicionales a la vinculación accionarial al 100 % de CEPSA y de PROAS para reforzar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva
139    Es oportuno examinar en primer término el tercer motivo, y precisar previamente el contenido que la demandante ha pretendido dar a ese motivo, que ha basado en una falta de motivación.
140    Hay que recordar al respecto que según reiterada jurisprudencia el motivo basado en la falta o insuficiencia de motivación del acto impugnado debe diferenciarse del fundado en la inexactitud de sus fundamentos, a causa de un error sobre los hechos o en la apreciación jurídica. Este último aspecto corresponde al examen de la legalidad de fondo del acto y no a vicios sustanciales de forma, por lo que no puede constituir una infracción del artículo 253 CE (véanse en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de marzo de 2000, VBA/Florimex y otros, C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, apartado 114, y la sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 1997, Cipeke/Comisión, T‑84/96, Rec. p. II‑2081, apartado 47).
141    Pues bien, se observa que dentro del presente motivo la demandante impugna el fundamento de la Decisión impugnada en lo referente a la refutación por la Comisión de los argumentos expuestos en respuesta al pliego de cargos en apoyo de la autonomía de conducta de PROAS.
142    En efecto, la demandante desarrolla en los puntos 65 a 73 de la demanda los diferentes argumentos expuestos en su respuesta al pliego de cargos en apoyo de la autonomía de conducta de PROAS. De esa manera, en su demanda se propone acreditar la existencia de esa autonomía. Ahora bien, esa alegación guarda relación con el fundamento de la Decisión impugnada y no con su forma.
143    Además, la demandante reprocha a la Comisión haber desestimado los argumentos mencionados en el apartado anterior, basándose en tres «motivos» cuyo fundamento impugna.
144    Finalmente, al afirmar en el punto 83 de la demanda, como conclusión de la exposición del motivo, haber «probado de manera suficiente» los diferentes indicios aportados en apoyo de la autonomía de conducta de PROAS, la demandante confirma que impugna el fundamento de la refutación en la Decisión impugnada de los argumentos sobre la autonomía de conducta de PROAS que había presentado en su respuesta al pliego de cargos.
145    Sin embargo, la rúbrica del presente motivo, con el empleo del término «motivación», remite a la legalidad externa de la Decisión impugnada.
146    Además, la demandante mantiene en el punto 84 de su demanda que la Comisión desestimó en la Decisión impugnada los argumentos presentados en respuesta al pliego de cargos, supuestamente demostrativos de la autonomía de PROAS, «sin hacer un esfuerzo argumentativo mínimamente serio».
147    Por último, preguntada acerca de ello en la vista, la demandante no limitó el alcance del tercer motivo únicamente al fundamento de la Decisión impugnada, sino que manifestó que ese motivo se refería tanto a la forma como al fundamento de la Decisión impugnada.
148    Conviene por tanto examinar sucesivamente esos dos aspectos.
a)      Sobre la insuficiencia de motivación
Alegaciones de las partes
149    La demandante afirma en sustancia que la motivación en la Decisión impugnada de la respuesta de la Comisión a los argumentos que se le habían presentado para acreditar la autonomía de PROAS es insuficiente.
150    La Comisión no responde específicamente a ese argumento.
Apreciación del Tribunal
151    Conforme a reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto impugnado y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (véase la sentencia Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 147, y la jurisprudencia citada).
152    En particular, el deber de motivar una decisión individual tiene la finalidad, además de permitir el control jurisdiccional, de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión adolece eventualmente de algún vicio que permita impugnar su validez (véase la sentencia Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 148, y la jurisprudencia citada).
153    E1 requisito de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso concreto, especialmente del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 150, y la jurisprudencia citada).
154    Cuando, como en el presente asunto, una decisión de aplicación de las normas sobre competencia de la Unión afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad de la infracción, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, y en especial a los que, según esa decisión, deben asumir la responsabilidad de tal infracción. Así pues, respecto de una sociedad matriz considerada responsable del comportamiento infractor de su filial, dicha decisión debe contener, en principio, una exposición detallada de los fundamentos que pueden justificar la imputabilidad de la infracción a esta sociedad (véase la sentencia Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 152, y la jurisprudencia citada).
155    En relación más concretamente con una decisión de la Comisión que se basa exclusivamente o de forma principal, por lo que atañe a determinados destinatarios, en la presunción del ejercicio efectivo de una influencia determinante, se ha de señalar que la Comisión está en todo caso obligada –so pena de que dicha presunción se convierta, de hecho, en irrefutable– a exponer de manera adecuada a dichos destinatarios las razones por las que los elementos de hecho y de Derecho invocados no han sido suficientes para refutar dicha presunción. La obligación de la Comisión de motivar sus decisiones sobre este punto resulta en particular del carácter iuris tantum de dicha presunción, cuya refutación requiere que los interesados presenten una prueba acerca de los vínculos económicos, organizativos y jurídicos entre las sociedades de que se trate (sentencia Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 153).
156    Siendo esto así, procede recordar, no obstante, que la Comisión no está obligada, en dicho marco, a definir su postura sobre elementos que estén manifiestamente fuera de contexto, carezcan de significado o sean claramente secundarios (sentencia Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 154).
157    En el presente asunto, de los considerandos 387, 388 y 416 a 418 de la Decisión impugnada resulta que la Comisión basó la responsabilidad solidaria de CEPSA por la participación de PROAS en la infracción en la aplicación de la presunción de una influencia decisiva de una sociedad matriz en su filial plena.
158    Por otro lado, la Comisión indicó en el considerando 419 de la Decisión impugnada que, además de la presunción nacida del vínculo accionarial, para demostrar que PROAS y CEPSA formaban una entidad económica única también se fundaba en otros indicios derivados de la existencia de relaciones verticales y sinergias, de la consolidación contable de los resultados financieros de PROAS y de CEPSA, de la existencia de informes mensuales comunicados al consejo de administración de PROAS y finalmente de la asociación de PROAS con el nombre «CEPSA» en sus relaciones comerciales.
159    En lo referente más en particular a la alegación de la demandante acerca de la respuesta de la Comisión a los argumentos que se le habían presentado para acreditar la autonomía de PROAS, es preciso observar que la Comisión los recogió de manera detallada en el considerando 420 de la Decisión impugnada.
160    A continuación, la Comisión desestimó esos argumentos en los considerandos 422 a 424 de la Decisión impugnada. En particular, observó que los factores invocados por CEPSA para acreditar la autonomía de PROAS sólo demostraban la existencia de una decisión deliberada por parte de CEPSA de no modificar determinados aspectos cuando adquirió la totalidad del capital de PROAS. Para desestimar los argumentos referidos al hecho de que las actividades de PROAS eran marginales dentro del grupo y a la autonomía comercial, financiera y económica de PROAS, la Comisión indicó que las ganancias o pérdidas de PROAS, así como sus activos y deudas, se reflejaban en las cuentas de todo el grupo, y que las relaciones industriales verticales entre las dos sociedades llevaron necesariamente a la matriz a condicionar la independencia económica de la filial. La Comisión estimó también que la afirmación de que PROAS era percibida por terceros como una entidad autónoma se contradecía con la presencia del logotipo de CEPSA en algunos de los contratos de PROAS.
161    La Comisión concluyó en el considerando 425 de la Decisión impugnada que CEPSA no había aportado pruebas suficientes para vencer la presunción del ejercicio de una influencia decisiva de CEPSA en PROAS. Añadió en los siguientes considerandos de la Decisión impugnada que el ejercicio de una influencia decisiva de CEPSA en PROAS estaba confirmado por la existencia de indicios adicionales que no desvirtuaba ninguno de los argumentos expuestos en repuesta al pliego de cargos.
162    Por cuanto precede hay que concluir que la Comisión refutó en la Decisión impugnada de forma suficientemente detallada los argumentos sobre la autonomía comercial de PROAS presentados por CEPSA en respuesta al pliego de cargos.
163    Siendo así, no cabe acoger el tercer motivo, en cuanto la demandante impugna en él la suficiencia de la motivación de la Decisión impugnada.
b)      Sobre el fundamento de la apreciación por la Comisión de la falta de refutación de la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva de CEPSA en la conducta de PROAS
164    Hay que recordar que la posesión por la sociedad matriz de la totalidad del capital de una filial permite que la Comisión presuma que la primera ejerce efectivamente una influencia determinante en la política comercial de esa filial (véase la sentencia Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 57, y la jurisprudencia citada).
165    Cuando se aplica la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, incumbe a la sociedad matriz que impugne ante el juez de la Unión una decisión de la Comisión que aprecie su responsabilidad por el comportamiento de su filial desvirtuar esa presunción aportando medios probatorios suficientes para demostrar que su filial actúa de manera autónoma en el mercado (véase la sentencia Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 57, y la jurisprudencia citada).
166    Para demostrar que su filial decide de manera autónoma su comportamiento en el mercado, la sociedad matriz debe apoyarse en todos los elementos pertinentes relativos a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que la unen a esa filial (véase la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 58, y la jurisprudencia citada).
167    La sociedad matriz en cuestión no puede limitarse a exponer afirmaciones no acreditadas. En efecto, por un lado la presunción de ejercicio de una influencia decisiva se basa en la constatación de que, salvo en circunstancias completamente excepcionales, una sociedad que es titular de la totalidad del capital de una filial puede, por el mero hecho de ser titular de esa participación, ejercer una influencia determinante en la conducta de dicha filial y, por otro lado, de que la falta de ejercicio efectivo de ese poder de influencia normalmente puede buscarse con mayor eficacia en la esfera de las entidades contra las que opera dicha presunción (sentencia Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartados 60 y 61).
168    A la luz de las consideraciones precedentes es preciso examinar si los argumentos de la demandante para acreditar la autonomía de PROAS son suficientes para desvirtuar la referida presunción.
169    La demandante formula al respecto cuatro alegaciones, basadas la primera en que la dirección de PROAS y su política comercial no se modificaron al adquirir CEPSA su control pleno, la segunda en que PROAS dispone de medios propios desvinculados de CEPSA, la tercera en que PROAS aprobaba su propio plan de negocios y establecía su propia política de inversiones estratégicas de forma independiente y la cuarta en la escasa importancia de la actividad de PROAS dentro del grupo.
Sobre la falta de modificación de la dirección de PROAS y de su política comercial al adquirir CEPSA su control pleno
–       Alegaciones de las partes
170    CEPSA recuerda en primer lugar que la Comisión estimó en el considerando 422 de la Decisión impugnada que «los elementos invocados por CEPSA para demostrar la autonomía de PROAS, en particular comparada con otras filiales del grupo CEPSA (la política de dirección y comercial no cambió tras la adquisición de control, algunos miembros del Consejo eran independientes, la existencia de diferentes condiciones laborales, fondos de pensiones, sedes, organización interna, participación en asociaciones profesionales, centros de investigación y desarrollo, derechos de propiedad intelectual), no estaban motivados por limitaciones sobre la influencia de CEPSA sino que más bien eran el resultado de una decisión deliberada por parte de CEPSA de no modificar determinados aspectos cuando adquirió el 50 % restante de las acciones de PROAS.»
171    La Comisión admite expresamente, de este modo, que al realizar tal adquisición CEPSA decidió no modificar los aspectos comerciales y el funcionamiento de su filial, particularmente, no modificando la composición de su Consejo ni de su equipo directivo. Así, la Comisión reconoce que, a pesar de que CEPSA estaba en disposición de influir decisivamente en el comportamiento competitivo de PROAS, tomó deliberadamente la decisión de que PROAS siguiera funcionando en el mercado tal y como había venido haciéndolo hasta ese momento. Esta decisión de CEPSA de no interferir en el comportamiento comercial de PROAS es una consecuencia lógica de la circunstancia de que, al contrario que CEPSA, PROAS tenía un amplio conocimiento del mercado del betún, en el que llevaba operando más de cincuenta años, y constituye la mejor prueba de que, pese a ser propiedad al 100 % de CEPSA, PROAS siguió actuando autónomamente en el mercado.
172    La Comisión solicita que se desestime la presente alegación.
–       Apreciación del Tribunal
173    Como pone de manifiesto la lectura del considerando 422 de la Decisión impugnada, la Comisión sólo objetó a los factores invocados por CEPSA la explicación de que éstos eran el resultado de una decisión deliberada por parte de CEPSA de no modificar determinados aspectos del funcionamiento de PROAS.
174    Por otro lado, según observa la Comisión en el punto 67 de su escrito de contestación, no refutado al respecto por CEPSA, ésta declaró durante el procedimiento administrativo que había sustituido a algunos miembros del consejo de administración de PROAS.
175    Esa sustitución de alcance limitado se confirma en el considerando 420, letra a), de la Decisión impugnada, no refutado por CEPSA, según el cual, al adquirir la totalidad del capital de PROAS, CEPSA mantuvo en su cargo a la mayoría de los administradores de PROAS.
176    Consta por tanto que CEPSA sustituyó a una parte de los administradores de PROAS cuando en 1991 adquirió la totalidad del capital de esa sociedad, lo que es un indicio del ejercicio efectivo de una influencia decisiva de CEPSA en la conducta de PROAS.
177    En cualquier caso, incluso de suponer acreditado que el consejo de administración y el equipo directivo de PROAS no se hubieran modificado o sólo lo hubieran sido de manera muy marginal, tras adquirir CEPSA en 1991 la totalidad del capital de PROAS, ese aspecto no permitiría por sí solo desvirtuar la presunción de ejercicio por CEPSA de una influencia decisiva en PROAS.
178    En efecto, esa circunstancia no permite demostrar la independencia del consejo de administración de PROAS respecto a CEPSA, que por el solo hecho de disponer de la facultad de cesar a los administradores de PROAS, lo que no se discute, podía ejercer una influencia decisiva en ellos. Ahora bien, CEPSA no demuestra ni siquiera alega, por ejemplo, que se hubieran tomado medidas para garantizar la independencia del consejo de administración de PROAS respecto a CEPSA.
179    Al no haberse demostrado la independencia del consejo de administración de PROAS respecto a CEPSA, tampoco se ha acreditado la independencia del equipo de dirección de PROAS respecto a CEPSA.
180    Además, debe tenerse en cuenta a este respecto que, desde su constitución en 1957, el 50 % del capital de PROAS pertenecía a CEPSA. Así pues, CEPSA poseía desde el inicio una parte sustancial del capital de PROAS, sobre la que pudo ejercer una influencia decisiva durante largo tiempo.
181    En ese contexto el mero hecho de que no hubiera cambios en el consejo de administración ni en el equipo directivo de PROAS en 1991, año en el que CEPSA adquirió la totalidad del capital de PROAS, no permite probar la autonomía de PROAS respecto a CEPSA.
182    De lo anterior resulta que la presente alegación debe desestimarse.
183    A mayor abundamiento hay que observar que desde 1986 a 1991 Repsol, otro miembro del cartel, poseía el resto del capital de PROAS.
184    Por tanto, la decisión de CEPSA de no modificar el consejo de administración de PROAS a partir de 1991 permitió la continuidad de un consejo de administración en el que tanto CEPSA como Repsol habían ejercido su influencia. Esa circunstancia no puede acreditar la falta de responsabilidad de CEPSA por el comportamiento infractor de su filial, ya que por el contrario su decisión pudo favorecer la puesta en práctica del cartel.
Sobre la existencia de medios propios de PROAS
–       Alegaciones de las partes
185    La demandante manifiesta que, en respuesta al pliego de cargos, invocó el hecho de que PROAS disponía de recursos humanos y medios materiales y jurídicos propios para desarrollar sus actividades. En efecto, PROAS disponía de sus propios trabajadores, sometidos a un convenio colectivo distinto del de los trabajadores de CEPSA, tenía sus propios derechos de propiedad industrial (imagen corporativa y logo) y participaba, sin CEPSA, en las asociaciones profesionales del sector del betún.
186    La Comisión solicita la desestimación de la presente alegación.
–       Apreciación del Tribunal
187    Hay que constatar ante todo que la demandante hace referencia a medios de prueba que aportó en el procedimiento administrativo sin precisar si pretende apoyarse en esos medios ante el Tribunal para probar la independencia de PROAS respecto a CEPSA o bien sólo para demostrar la insuficiente motivación de la Decisión impugnada. Por otro lado, en esa parte de la demanda, es decir, en los puntos 65 y 66 de ésta, la demandante no remite a documento alguno que haya presentado al Tribunal para sustentar sus afirmaciones, lo que parece indicar que su crítica atañe sólo al aspecto formal de la Decisión.
188    Es preciso observar a este respecto que ya se ha desestimado la alegación fundada en la insuficiente motivación de la respuesta de la Comisión en la Decisión impugnada a los argumentos invocados para demostrar la autonomía de PROAS.
189    En lo referido a la crítica del fundamento de la Decisión impugnada, los únicos documentos obrantes en los autos que guardan relación con las alegaciones de la demandante y a los que ésta no hace referencia por lo demás en la parte de la demanda dedicada a la presente alegación son unas manifestaciones referidas al hecho de que un agente de PROAS se encarga de la gestión de las patentes y las marcas de esa sociedad y de que el agente de CEPSA responsable de las patentes y las marcas del grupo, que cita los nombres de las diferentes sociedades para las que ejerce sus funciones, no menciona a PROAS.
190    Sin embargo, esos documentos no pueden demostrar por sí solos la falta de ejercicio efectivo por CEPSA de una influencia decisiva en la conducta de PROAS.
191    En cualquier caso, el hecho de que PROAS dispusiera de recursos propios en materia de medios humanos y materiales y de derechos de propiedad industrial no permite desvirtuar la presunción de ejercicio efectivo por CEPSA de una influencia decisiva. Tampoco lo permite el hecho de que PROAS participara sin CEPSA en las actividades de las asociaciones profesionales del sector del betún.
192    De lo anterior resulta que debe desestimarse la presente alegación.
Sobre el hecho de que PROAS aprobaba su plan de negocio y definía su política en materia de inversiones estratégicas de manera independiente
–       Alegaciones de las partes
193    CEPSA recuerda que en su respuesta al pliego de cargos había alegado que PROAS aprobaba su propio plan de negocios y establecía su propia política de inversiones estratégicas de forma independiente. CEPSA adjunta como anexo 4 de su demanda una certificación del secretario del consejo de administración de PROAS que recoge el contenido de las principales decisiones adoptadas por ese órgano en materia de inversiones estratégicas a lo largo de la duración del cartel.
194    Pues bien, según CEPSA, el último motivo expuesto por la Comisión para rechazar las alegaciones de la autonomía de PROAS consiste en afirmar en el considerando 423 de la Decisión impugnada que «en cualquier caso, no cabe vencer la presunción [de ejercicio efectivo de una influencia decisiva] simplemente describiendo los rasgos habituales de una organización empresarial, que en ningún modo prueban la plena autonomía de las filiales».
195    CEPSA manifiesta que, si debe entenderse que con ello la Comisión afirma que la toma de decisiones estratégicas, como las de inversión, es consustancial a cualquier organización empresarial y que, por tanto, no supone una prueba de autonomía suficiente, la Decisión impugnada contradice los argumentos que utiliza en su considerando 408 para desestimar los argumentos de Repsol.
196    En todo caso, la Comisión se limita, según CEPSA, a afirmar la «habitualidad» de encontrar filiales cuyas políticas de inversión y establecimiento de objetivos sean decididas al margen de la sociedad matriz, manteniendo una política diferenciada respecto a la misma. CEPSA declara ignorar cuál es la fuente de la que procede esta afirmación y observa que es, al menos, igualmente habitual encontrar empresas que no disponen de presupuesto, activos o trabajadores para el cumplimiento de su objeto social.
197    La Comisión solicita la desestimación de la presente alegación.
–       Apreciación del Tribunal
198    En la medida en que la demandante invoque una incoherencia entre el contenido de los considerandos 408 y 423 que afecte a la motivación de la Decisión impugnada, su argumento está demasiado poco desarrollado para permitir que el Tribunal aprecie su fundamento.
199    En cualquier caso, ese argumento se refiere a un aspecto tan marginal de la motivación de la Decisión impugnada que, de ser fundado, no podría dar lugar a una anulación ni siquiera parcial de ésta.
200    Por lo demás, con su argumentación la demandante mantiene en sustancia que PROAS es autónoma ya que determina ella misma su plan de negocios y su política de inversiones estratégicas.
201    Para sustentar sus afirmaciones la demandante se basa en una certificación, que se adjunta a la demanda, expedida por el secretario del consejo de administración de PROAS, que enumera las principales decisiones adoptadas por ese consejo en materia de inversiones estratégicas a lo largo de la duración del cartel.
202    Sin embargo, esa certificación no puede desvirtuar la presunción de ejercicio efectivo por CEPSA de una influencia decisiva en PROAS.
203    En efecto, ese medio de prueba, de suponerlo demostrativo, a pesar de su elaboración a posteriori, el 18 de diciembre de 2007, para las necesidades del litigio, únicamente permitiría acreditar que las decisiones que menciona fueron adoptadas por el consejo de administración de PROAS, pero no que fueran adoptadas sin intervención o al margen de la influencia de CEPSA. Ahora bien, como se ha expuesto antes al examinar la primera alegación del presente motivo, no se ha acreditado la autonomía del consejo de administración de PROAS respecto a CEPSA.
204    De lo anterior resulta que debe desestimarse la presente alegación.
Sobre la escasa importancia de la actividad de PROAS dentro del grupo CEPSA
–       Alegaciones de las partes
205    CEPSA alega en sustancia que los beneficios o pérdidas de PROAS tenían un impacto muy reducido en CEPSA, dado el carácter marginal de las ventas de betún dentro del grupo CEPSA.
206    La Comisión solicita que se desestime la presente alegación.
–       Apreciación del Tribunal
207    Basta recordar que, según la jurisprudencia, la importancia menor que represente la actividad de la filial autora de la infracción en la política industrial del grupo al que pertenece no puede probar que la sociedad matriz dejó que esa filial decidiera su conducta en el mercado con autonomía (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 13 de julio de 2011, ENI/Comisión, T‑39/07, Rec. p. II‑4457, apartado 98).
208    En efecto, aunque la parte que represente la actividad considerada sea limitada en relación con la totalidad de las actividades del grupo, la existencia misma de esa actividad dentro del grupo muestra el interés que tiene para la sociedad matriz.
209    En consecuencia, ninguno de los factores expuestos por la demandante dentro del presente motivo puede demostrar por sí solo la autonomía del comportamiento de PROAS respecto a CEPSA. De igual modo, considerados en conjunto, esos factores no pueden desvirtuar la presunción de ejercicio efectivo por CEPSA de una influencia decisiva en el comportamiento competitivo de PROAS.
210    A mayor abundamiento, es oportuno observar que algunos de los indicios complementarios en los que se basó la Comisión en la Decisión impugnada revelan la existencia de vínculos significativos entre CEPSA y PROAS que confirman el hecho de que éstas constituyen una sola unidad económica.
211    Ante todo, en el considerando 419, letra a), de la Decisión impugnada se precisa que PROAS comercializaba el betún producido por su sociedad matriz CEPSA. Además, la demandante indicó en el punto 51 de la demanda que cuando la cantidad de betún fabricada por CEPSA no era suficiente para atender las necesidades de PROAS ésta se dirigía a otros proveedores. También reconoció en la vista que una parte considerable del betún comercializado por PROAS procedía de CEPSA. Así pues, está acreditado que CEPSA era el principal proveedor de PROAS y que ésta sólo se abastecía de otros proveedores cuando CEPSA no podía suministrarle.
212    Pues bien, en contra de lo afirmado por la demandante, la doble condición de CEPSA, que es a la vez propietario y proveedor de PROAS, es apropiada para crear relaciones verticales y sinergias entre ambas sociedades, que corroboran la existencia de una entidad económica única. En particular, el hecho de que PROAS sólo acudiera a otros proveedores cuando CEPSA no podía abastecerle no acredita un comportamiento independiente en el mercado, el cual conduciría en principio a PROAS, a reserva de justificaciones económicas que la demandante no expone, a diversificar sus fuentes de abastecimiento para que sus proveedores compitieran entre sí, y cuando menos para limitar su dependencia de uno de ellos.
213    En segundo término, en contra de lo alegado por la demandante, en el considerando 428 de la Decisión impugnada la Comisión señala fundadamente que la presencia del logotipo de CEPSA en algunos de los contratos suscritos por PROAS no puede considerarse irrelevante. En efecto, a causa de ese uso del logotipo de CEPSA el comportamiento de PROAS podía afectar a la reputación de todo el grupo CEPSA. Por tanto, no es irrazonable pensar que una sociedad matriz, como CEPSA, al permitir que una filial utilice su logotipo, controla las actividades de esa filial y sus potenciales consecuencias en su reputación.
214    De cuanto se ha expuesto resulta que la demandante no ha demostrado la autonomía del comportamiento de PROAS ni ha desvirtuado por consiguiente la presunción de ejercicio efectivo por CEPSA de una influencia decisiva en PROAS.
215    En lo que atañe a los otros indicios complementarios en los que se basó la Comisión en la Decisión impugnada, es decir los que no se han examinado en los apartados 210 a 213 anteriores, es preciso recordar que según jurisprudencia asentada la aplicación de la presunción del ejercicio efectivo por una sociedad matriz de una influencia determinante en su filial plena no está subordinada a la aportación de indicios adicionales acreditativos de esa influencia (sentencia Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartados 80 y 96, y sentencia del Tribunal de 7 de junio de 2011, Arkema France y otros/Comisión, T‑217/06, Rec. p. II‑2593, apartado 49).
216    Por tanto, cuando no se ha desvirtuado la presunción del ejercicio efectivo por una sociedad matriz de una influencia determinante en el comportamiento de su filial plena la Comisión no está obligada a aportar indicios complementarios para acreditar esa influencia a efectos de apreciar la responsabilidad de la sociedad matriz en virtud del comportamiento de su filial.
217    Pues bien, como se acaba de exponer, la demandante no ha logrado desvirtuar en este caso la referida presunción.
218    Siendo así, la eventual inadecuación de algunos de los indicios adicionales a los vínculos accionariales de las dos sociedades que la Comisión apreció a los solos efectos de reforzar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva carece de incidencia en la legalidad de la Decisión impugnada.
219    De cuanto precede resulta que se deben desestimar los motivos tercero y cuarto.
4.      Sobre el quinto motivo, basado en la vulneración de los principios de observancia de un plazo razonable y de buena administración
a)      Alegaciones de las partes
220    En primer lugar CEPSA observa que la jurisprudencia distingue muy claramente entre una vulneración del principio de observancia de un plazo razonable que provoca el menoscabo del derecho de defensa del administrado y conduce a la anulación de la decisión de la Comisión en su totalidad, y una duración excesiva del procedimiento que, no afectando al fondo del asunto, supone una vulneración del principio de buena administración por parte de las instituciones comunitarias. En este segundo caso, los tribunales de la Unión pueden reducir el importe de la multa impuesta por la Comisión sobre la base de la competencia jurisdiccional plena que les reconoce el artículo 229 CE.
221    En segundo lugar CEPSA critica a la Comisión por no haber notificado el pliego de cargos a sus destinatarios hasta el 22 de agosto de 2006, es decir, dos años y casi tres meses después del 1 de junio de 2004, fecha en que la Comisión recibió la última respuesta a su primera serie de solicitudes de información. En esa fecha la Comisión disponía de la mayoría, por no decir de la totalidad, de los elementos de prueba necesarios para adoptar un pliego de cargos, esto es, las solicitudes de aplicación de la Comunicación de 2002 presentadas por BP, Repsol y PROAS y la abundante documentación recabada en el curso de las inspecciones que tuvieron lugar los días 1 y 2 de octubre de 2002.
222    Esta tardanza es, según CEPSA, a todas luces desproporcionada e injustificable a la luz de las circunstancias del caso: el cartel investigado no presentaba ninguna duda desde el punto de vista jurídico, el mercado de producto relevante y la dinámica competitiva no eran especialmente complejos, ni existía una multitud de operadores cuyas circunstancias individuales se debieran analizar. El mercado geográfico relevante se limitaba a un Estado miembro y, sobre todo, la prueba de la existencia del cartel y de su persistencia en el tiempo no requería grandes esfuerzos por parte de la Comisión gracias, en particular, a las solicitudes de aplicación de la Comunicación de 2002 presentadas por BP, Repsol y PROAS.
223    CEPSA alega que no es admisible que la Comisión invoque el volumen del expediente en el contexto de una investigación iniciada a raíz de tal solicitud, en la que el solicitante está sujeto a una obligación de colaboración con la Comisión a fin, precisamente, de facilitar su labor de investigación.
224    Tampoco resulta admisible que la Comisión impute a CEPSA y a PROAS haber contribuido a dilatar el procedimiento en el tiempo por no haber decidido cooperar inmediatamente después de las inspecciones. Por una parte, la Comisión no decidió involucrar a CEPSA en la investigación hasta que le dirigió el pliego de cargos, por lo que difícilmente puede pretender ahora que tenía el deber de colaborar con ella. Por otra parte, CEPSA y PROAS no estaban en modo alguno obligadas a colaborar con la Comisión ni ésta puede pretender imputarles un retraso en el cumplimiento de sus obligaciones por el hecho de no hacerlo en el momento que la Comisión estimaba conveniente. Ello sólo sería admisible en el caso de que CEPSA y PROAS hubieran obstaculizado la investigación, por ejemplo, en el supuesto de que PROAS se hubiera opuesto a la inspección en sus locales o no hubiera contestado a las distintas solicitudes de información.
225    La excesiva duración del procedimiento no es imputable a CEPSA, cuya intervención en el mismo se limitó a contestar en plazo al pliego de cargos que se le dirigió, sin que se le concediera siquiera la prórroga de plazo que solicitó para tomar contacto con un expediente que conocía por primera vez al no habérsele dirigido ninguna comunicación en toda la fase de instrucción hasta ese momento.
226    Según CEPSA, la Comisión tampoco puede invocar la limitación de sus recursos humanos derivada de la necesidad de iniciar tres expedientes separados. Desde el momento en que, en ejercicio de su facultad discrecional, decide iniciar una investigación, las consecuencias de tal decisión no pueden ser utilizadas en perjuicio de los administrados. Por otra parte, es muy probable que la complejidad a la que alude la Comisión hubiera sido mayor si, en lugar de verse abocada a iniciar tres expedientes referidos a tres y a seis mercados nacionales, se hubiera encontrado con un cartel de ámbito europeo o incluso de un ámbito geográfico mayor.
227    La Comisión no puede basarse en sus anteriores decisiones para negar la duración excesiva del procedimiento, ya que sus versiones públicas no permiten conocer el tiempo transcurrido desde que la Comisión tuvo a su disposición el grueso de la información relevante para emitir el pliego de cargos.
228    Por otra parte, a juicio de CEPSA, la propia Comisión admite que existe un caso en el que la instrucción se prolongó durante cinco meses más allá del tiempo empleado en resolver el expediente objeto de la decisión impugnada, si bien se trataba de un cartel que no podía compararse con el del presente asunto porque afectaba a todo el mercado interior de la Unión, involucraba a 30 empresas y dio lugar a un expediente de unas 80.000 páginas. En el resto de casos, la media de duración del procedimiento administrativo es más de un año inferior al tiempo que tardó la Comisión en resolver el presente asunto, el cual no presenta particular complejidad.
229    En tercer lugar, CEPSA sostiene que la trascendencia del exceso de duración del procedimiento para CEPSA es innegable, ya que la prolongación de la instrucción del expediente tuvo una incidencia directa y significativa en el importe de la multa impuesta, dado que la Comisión anunció y llevó a la práctica una política de incremento muy significativo del nivel de las multas impuestas en casos de cartel.
230    En efecto, el nivel medio de tales multas, sin tener en cuenta las reducciones o dispensas totales que la Comisión otorga mediante el programa de clemencia, ha sufrido incrementos anuales de, aproximadamente, el 50 % en el período comprendido entre 2004, año en el que la Comisión ya disponía de toda la información necesaria para la adopción de un pliego de cargos, y 2007, año en el que adoptó la Decisión impugnada.
231    Nada impide que el cambio de orientación que la Comisión ha aplicado a los elementos que modulan el importe de las multas pueda ser tenido en cuenta por CEPSA para comparar su evolución histórica. En los últimos cuatro años no ha habido cambios significativos en los elementos que la Comisión considera circunstancias agravantes o atenuantes que pueden modificar el importe de las multas, ni se han modificado los parámetros objetivos de reducción. Sin embargo, a mediados de mayo de 2008, cuando todavía no eran aplicables las Directrices de 2006, la cuantía total de las multas impuestas ya superaba la cantidad total de multas impuestas durante todo el año 2007, cantidad que equivale, por lo demás, a 2,7 veces el importe de las multas impuestas en 2004 en casos de cartel.
232    CEPSA alega que, en cualquier caso, la afirmación de la Comisión en el sentido de que la comparación de los importes iniciales no muestra un incremento significativo resulta desmentida por su propia práctica. Así, pese a que los precedentes citados por la Comisión corresponden a los años 2002, 2003 y 2005 y se refieren a un mercado geográfico que tiene al menos la dimensión de la Unión (por tanto, mucho mayor que el tamaño del mercado nacional del cartel objeto de la Decisión impugnada), el importe inicial de la multa fue en todos los casos inferior al importe impuesto.
233    Por otra parte, en todos los casos de cartel resueltos en 2004 y 2005, años en los que se habría adoptado la Decisión de haber respetado la Comisión el principio de buena administración, la Comisión partió de un importe inicial inferior a 40.000.000 de euros. Entre esos casos hay, según CEPSA, carteles que afectaban al mercado interior de la Unión y en los que la importancia en términos cualitativos y cuantitativos del producto en cuestión era muy superior a la importancia del producto objeto del cartel controvertido.
234    En conclusión, vistas la escasa complejidad del asunto, la trascendencia del mismo para CEPSA (dado el constante y elevado incremento de las multas de año en año) y la imposibilidad de atribuir el retraso a CEPSA, la duración del procedimiento preliminar de instrucción, esto es, el lapso de dos años y tres meses desde la obtención de la información necesaria para adoptar un pliego de cargos y su adopción efectiva, según CEPSA, no puede sino calificarse de excesiva.
235    En cuarto lugar por último, la demandante alegó en la vista la duración irrazonable del procedimiento jurisdiccional y solicitó con ese fundamento una reducción del importe de la multa.
236    La Comisión solicita la desestimación del presente motivo.
b)      Apreciación del Tribunal
237    La demandante alega la vulneración del principio de observancia de un plazo razonable en el procedimiento administrativo, por un lado, y en el procedimiento jurisdiccional, por otro.
238    Es preciso examinar por separado esas dos alegaciones habida cuenta de la diferente respuesta que se da a cada una de ellas.
Sobre el procedimiento administrativo
239    Según la jurisprudencia, la observancia de un plazo razonable en la tramitación de procedimientos administrativos en materia de política de la competencia constituye un principio general del Derecho de la Unión cuyo respeto garantiza el juez (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C‑105/04 P, Rec. p. I‑8725, apartado 35, y la jurisprudencia citada).
240    Sin embargo, la vulneración de ese principio del plazo razonable sólo justifica la anulación de una decisión adoptada al término de un procedimiento administrativo en materia de competencia en caso de que implique también una violación del derecho de defensa de la empresa afectada. En cambio, cuando no se haya acreditado que el transcurso de un período de tiempo excesivo hubiera afectado a la capacidad de las empresas interesadas para defenderse de manera efectiva, la inobservancia del principio del plazo razonable carece de incidencia en la validez del procedimiento administrativo (sentencia Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, antes citada, apartados 42, 43, 60 y 61, y sentencia del Tribunal de 14 de abril de 2011, Visa Europe y Visa International Service/Comisión, T‑461/07, Rec. p. II‑1729, apartado 232).
241    Pues bien, en el presente asunto, aun suponiendo que la demandante invoque también el presente motivo en apoyo de las pretensiones de anulación de la Decisión impugnada, no demuestra que el ejercicio de su derecho de defensa haya podido ser afectado por la duración del procedimiento administrativo.
242    Por lo demás, hay que recordar que, de manera más general, la demandante no ha acreditado ninguna vulneración de su derecho de defensa (véase el apartado 110 anterior).
243    No obstante, incluso sin una vulneración del derecho de defensa, el Tribunal puede tener en cuenta la existencia de un plazo irrazonable si el motivo también se ha aducido en apoyo de pretensiones de reforma, como en el presente asunto (véase por analogía la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartados 13, 48 y 49, y la sentencia del Tribunal General de 5 de junio de 2012, Imperial Chemical Industries/Comisión, T‑214/06, apartados 286, 287, 293 y 294).
244    En efecto, el Tribunal dispone entonces de competencia jurisdiccional plena que le permite reformar el acto impugnado, incluso sin su anulación (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartado 692).
245    Hay que recordar al respecto que cuando exista una normativa que regule de manera completa y detallada los plazos de prescripción dentro de los cuales la Comisión está facultada, sin que se incumpla el principio fundamental de seguridad jurídica, para imponer multas a las empresas que son objeto de procedimientos de aplicación de las normas sobre la competencia, debe excluirse cualquier consideración vinculada a la obligación por parte de la Comisión de ejercer su facultad de imponer multas en un plazo razonable (véanse las sentencias del Tribunal de 19 de marzo de 2003, CMA CGM y otros/Comisión, T‑213/00, Rec. p. II‑913, apartado 324; de 1 de julio de 2008, Compagnie maritime belge/Comisión, T‑276/04, Rec. p. II‑1277, apartados 41 y 42; Visa Europe y Visa International Service/Comisión, antes citada, apartados 234 a 237, y de 27 de junio de 2012, Bolloré/Comisión, T‑372/10, apartados 115 a 118, recurrida en casación ante el Tribunal de Justicia en el asunto C‑414/12 P).
246    Pues bien, el artículo 25, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1/2003, Reglamento éste que ha recogido las disposiciones pertinentes contenidas en el Reglamento (CEE) nº 2988/74 del Consejo, de 26 de noviembre de 1974, relativo a la prescripción en materia de actuaciones y de ejecución en los ámbitos del derecho de transportes y de la competencia de la Comunidad Económica Europea (DO L 319, p. 1; EE 08/02, p. 41), establece que los poderes atribuidos a la Comisión para imponer multas están sujetos a un plazo de prescripción de cinco años. En virtud del artículo 25, apartado 2, del mismo Reglamento el plazo de prescripción respecto de las infracciones continuas, como la del presente asunto, empezará a contar a partir del día en que haya finalizado la infracción. No obstante, puede interrumpirse la prescripción con arreglo al artículo 25, apartados 3 y 4, del referido Reglamento. En virtud del artículo 25, apartado 5, del Reglamento nº 1/2003, el plazo de la prescripción volverá a contar a partir de cada interrupción, no obstante lo cual la prescripción se reputará alcanzada a más tardar el día en que se cumpla un plazo igual al doble del de la prescripción, sin que la Comisión haya impuesto ninguna multa sancionadora ni coercitiva, de modo que la Comisión no puede demorar indefinidamente su decisión sobre las multas, so pena de que se consume la prescripción.
247    Por consiguiente, en el presente asunto se aplica una regulación completa, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 245 anterior, cuya legalidad no ha impugnado la demandante.
248    Ahora bien, consta que PROAS puso fin a su participación en la infracción continua considerada, de la que CEPSA es responsable solidaria en este caso a causa de su vínculo accionarial al 100 %, a raíz de las inspecciones practicadas los días 1 y 2 de octubre de 2002 en los locales de las empresas interesadas.
249    Así pues, la Decisión impugnada, adoptada el 3 de octubre de 2007, se produjo con observancia de los plazos de prescripción previstos en el artículo 25 del Reglamento nº 1/2003, teniendo en cuenta los diversos actos interruptivos de la prescripción que, según resulta de la exposición de los antecedentes del asunto, llevó a cabo la Comisión a efectos de la instrucción y la sanción de la infracción considerada, entre los que se encuentra la última solicitud de información de 16 de febrero de 2007 dirigida a todas las empresas interesadas (considerando 106 de la Decisión impugnada).
250    Toda vez que la Comisión impuso las multas discutidas con observancia de los plazos de prescripción fijados, debe excluirse toda consideración ligada a la obligación por parte de la Comisión de ejercer su facultad de imponer multas en un plazo razonable.
251    A mayor abundamiento, en cualquier caso la demandante no ha demostrado la duración irrazonable que alega de la fase de instrucción previa al pliego de cargos.
252    En efecto, ante todo es preciso observar que el transcurso de un período de cerca de dos años y tres meses entre la fecha de recepción por la Comisión de la última respuesta a su primera serie de solicitudes de información y la fecha de notificación del pliego de cargos no permite por sí solo probar una vulneración del principio de observancia de un plazo razonable ya que, según resulta de la exposición de los antecedentes del litigio, la Comisión juzgó necesario completar las informaciones obtenidas a partir de las respuestas a la primera serie de solicitudes de información y enviar a tal efecto a las empresas interesadas cuatro series de solicitudes de información complementaria.
253    La demandante afirma no obstante que la Comisión disponía desde el 1 de junio de 2004, fecha en la que había recibido la última respuesta a su primera serie de solicitudes de información, de la mayoría, si no de la totalidad, de los medios de prueba necesarios para elaborar el pliego de cargos.
254    Sin embargo, la demandante no demuestra que las cuatro series de solicitudes de información siguientes enviadas por la Comisión carecieran de pertinencia o fueran repetitivas.
255    Aun suponiendo que la Comisión hubiera dispuesto ya el 1 de junio de 2004 de la totalidad de los medios de prueba necesarios para emitir el pliego de cargos, no se discute que la Comisión se basó para elaborarlo en un expediente de 17.110 páginas, volumen que puede justificar por sí solo un plazo de instrucción relativamente largo.
256    En efecto, la Comisión tuvo que analizar todos los documentos del expediente de instrucción para poder elaborar el pliego de cargos.
257    Además, algunos de esos documentos le habían sido comunicados poco antes del 1 de junio de 2004, lo que hacía imposible la notificación ya en esa fecha del pliego de cargos, teniendo en cuenta el tiempo necesario para analizar esos documentos.
258    De esa forma, entre finales de marzo de 2004 y el 1 de junio siguiente la Comisión recibió las respuestas de las cinco empresas interesadas a su primera serie de solicitudes de información.
259    A este respecto, aunque la demandante invoca la escasa extensión de las respuestas de PROAS a las cuatro últimas series de solicitudes de información, no acredita ni siquiera alega que la extensión de su respuesta a la primera serie de solicitudes de información fuera limitada y que lo fuera también la de las otras empresas.
260    Por otro lado, las solicitudes de dispensa de Repsol y de PROAS que la Comisión tuvo que analizar igualmente para poder elaborar el pliego de cargos se presentaron a finales de marzo de 2004 y a comienzos de abril del mismo año respectivamente, es decir, poco antes también del 1 de junio de 2004.
261    Por las anteriores consideraciones el plazo de cerca de dos años y tres meses transcurrido entre la fecha de recepción por la Comisión de la última respuesta a su primera serie de solicitudes de información y la fecha de notificación del pliego de cargos no revela una inacción censurable de la Comisión.
262    Las alegaciones de la demandante sobre la falta de complejidad de los hechos que la Comisión tenía que apreciar para elaborar el pliego de cargos, indemostradas a la luz de los documentos obrantes en autos, no bastarían en todo caso para desvirtuar la precedente conclusión.
263    Por consiguiente, no se puede considerar demostrada la duración excesiva o irrazonable de la fase de instrucción previa a la notificación a la demandante del pliego de cargos.
264    Por tanto, a falta de demostración de la duración irrazonable de esa fase de instrucción previa, es preciso desestimar, por estar sustentado en una premisa errónea, el argumento de la demandante según el cual la indebida prolongación de la instrucción del expediente tuvo una incidencia directa y significativa en el importe de la multa fijado en la Decisión impugnada, a causa del aumento sensible del importe de las multas impuestas que supuestamente llevó a cabo la Comisión entre tanto, sin que sea preciso examinar el fundamento de ese argumento, dado su carácter ineficaz.
265    En consecuencia, se ha de desestimar en cualquier caso la alegación basada en la infracción del principio de observancia de un plazo razonable en el procedimiento administrativo.
Sobre el procedimiento jurisdiccional
266    La demandante invoca en apoyo de sus pretensiones de reforma la existencia de un plazo irrazonable en el procedimiento jurisdiccional.
267    Debe constatarse la inadmisibilidad de tal alegación cuando se formula como parte del propio recurso cuyo procedimiento de sustanciación, según se alega, ha vulnerado el principio de observancia de un plazo razonable.
268    En efecto, si examinara esa alegación la formación del órgano jurisdiccional que conoce del recurso habría de pronunciarse sobre el carácter culpable o ilegal de su propio comportamiento, lo que podría suscitar en el demandante dudas legítimas sobre la imparcialidad objetiva de esa formación (véanse en ese sentido las conclusiones del Abogado General Léger en el asunto que dio lugar a la sentencia Baustahlgewebe/Comisión, antes citada, Rec. p. I‑8422, punto 67; del Abogado General Bot en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Comisión, C‑385/07 P, Rec. pp. I‑6155 y ss., especialmente p. I‑6160 y ss., punto 337; TEDH, sentencia Milhalkov c. Bulgaria de 10 de abril de 2008, apartado 47).
269    También es preciso señalar que la inadmisibilidad en el marco del presente recurso de la alegación formulada por la demandante no lesiona su derecho de acceso a la tutela judicial. En efecto, la demandante estaría legitimada para formular esa alegación dentro de un recurso de casación contra la presente sentencia (sentencia Baustahlgewebe/Comisión, antes citada, apartado 48), o en su caso en apoyo de un recurso de responsabilidad extracontractual fundado en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE.
270    De lo anterior resulta que la presente alegación debe desestimarse.
271    Por consiguiente, se ha de desestimar en su totalidad el presente motivo.
5.      Sobre el sexto motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad
272    CEPSA reprocha a la Comisión haber fijado el importe de la multa impuesta sin tomar en consideración, por una parte, el hecho de que la infracción afectaba a un mercado sectorial poco significativo y a un área geográfica muy limitada y, por otra parte, el reducido porcentaje que las ventas de betún de penetración de PROAS en el mercado español representaban en el volumen de negocios global de CEPSA.
a)      Sobre la primera alegación, basada en la falta de consideración del hecho de que la infracción afectó a un mercado sectorial poco significativo y a un área geográfica muy limitada
Alegaciones de las partes
273    CEPSA recuerda que, con arreglo al principio de proporcionalidad, la Comisión ha tomado en consideración, en numerosas ocasiones, el reducido tamaño del mercado, tanto sectorial como geográfico, afectado por la infracción a efectos de calificarla como «grave» en vez de «muy grave» de conformidad con las Directrices de 1998.
274    Según CEPSA, en el presente asunto, sin embargo, la Comisión rompe con esa práctica y viola el principio de proporcionalidad al calificar la infracción como «muy grave» en vez de «grave» a pesar de reconocer formalmente que la infracción afectó sólo a las ventas de betún en España (excepto las Islas Canarias). Aunque la Comisión haya reconocido el carácter limitado de la infracción y, según ella, haya modulado el importe de la multa en consecuencia, al no haber considerado la infracción como «grave» la Comisión introduce en el presente asunto una diferencia notable en el importe inicial de la multa que asciende a 40.000.000 de euros. Tal importe excede del importe de 20.000.000 de euros que corresponde a la categoría de infracciones graves fijado por las Directrices de 1998.
275    Ciertamente, existen decisiones en las que una infracción del artículo 81 CE que ha afectado exclusivamente a un Estado miembro ha sido considerada muy grave y dicha calificación ha sido aceptada en determinadas ocasiones por el Tribunal. No obstante, a pesar del elevado grado de gravedad atribuido a determinadas infracciones, la Comisión ha tenido en cuenta las reducidas dimensiones del área geográfica afectada para fijar el importe de base de la multa.
276    Excepto en la Decisión 2003/569/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2001, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 [CE] (Asunto IV/37.614/F3 PO/Interbrew y Alken Maes) (DO 2003, L 200, p. 1) y en la Decisión de 21 de febrero de 2007 (Asunto COMP/E 1/38.823 – PO/Ascensores y escaleras mecánicas), dictadas en asuntos en los que el volumen de ventas del producto en cuestión era significativamente superior al del producto del presente asunto, el importe inicial de la multa (para cuyo cálculo se tiene en cuenta el ámbito geográfico de la infracción) no alcanzó la cifra de 40.000.000 de euros en ninguno de los demás casos de cartel similares mencionados por la Comisión.
277    La Comisión solicita la desestimación de la presente alegación.
Apreciación del Tribunal
278    Es oportuno observar previamente que, aunque la demandante invoca el principio de proporcionalidad, la totalidad de su argumentación se basa únicamente en la errónea calificación por la Comisión de la gravedad de la infracción, según alega. De esa forma, la demandante no ha expuesto ningún argumento autónomo sobre el carácter desproporcionado del importe de la multa que se le ha impuesto.
279    Hay que recordar a continuación que en el considerando 500 de la Decisión impugnada la Comisión manifestó que cada una de las dos clases de conducta anticompetitiva apreciadas, los acuerdos horizontales de reparto del mercado y la coordinación de precios, por su propia naturaleza, se encuentra entre las infracciones más perniciosas del artículo 81 CE, y que la jurisprudencia ha confirmado que este tipo de restricciones pueden merecer el calificativo de infracciones «muy graves» atendiendo exclusivamente a su naturaleza, sin que sea necesario que esas clases de conducta tengan un impacto determinado.
280    La Comisión reafirmó en el considerando 509 de la Decisión impugnada que, habida cuenta de la naturaleza de las infracciones constatadas, las empresas destinatarias de la Decisión impugnada habían cometido una infracción muy grave del artículo 81 CE, y precisó que esa conclusión era independiente de la cuestión de que el cartel hubiera tenido un impacto medible en el mercado.
281    A este respecto, de la descripción indicativa de las infracciones muy graves enunciada en el punto 1 A de las Directrices de 1998, que la Comisión aplicó en la Decisión impugnada, resulta que los acuerdos o prácticas concertadas cuyo objeto es, como en el presente asunto, el reparto de los mercados y la fijación de los precios pueden merecer esa calificación con el único fundamento de su propia naturaleza, sin que sea necesario que esas conductas se caractericen por una extensión geográfica específica o por el impacto de la infracción en el mercado (sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, apartados 75 y 81).
282    Corrobora esta conclusión el hecho de que, si bien la descripción indicativa que da el punto 1 A de las Directrices de 1998 de las infracciones susceptibles de ser consideradas graves indica que se tratará de infracciones del mismo tipo que las definidas como leves «pero cuya aplicación sea más rigurosa, cuyas repercusiones en el mercado sean más amplias y que puedan surtir sus efectos en amplias zonas del mercado común», la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia diferente de la propia naturaleza de la infracción considerada (sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y otros/Comisión, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P y C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, apartado 103, y sentencia del Tribunal General de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 150).
283    De ello se sigue que la Comisión podía calificar válidamente como infracción muy grave del artículo 81 CE, apartado 1, los acuerdos de reparto de mercado y las actividades de coordinación de precios en los que participó PROAS, fundándose únicamente en su naturaleza.
284    Por consiguiente, la argumentación de la demandante sobre la escasa dimensión del mercado afectado tanto desde el punto de vista sectorial como geográfico debe desestimarse por ineficaz.
285    Además, se ha juzgado que la práctica decisoria anterior de la Comisión no sirve de marco jurídico aplicable a las multas en materia de competencia, y que las decisiones relativas a otros asuntos sólo tienen carácter indicativo en lo referente a la existencia de discriminaciones (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2012, Tomra Systems y otros/Comisión, C‑549/10 P, apartado 104, y la jurisprudencia citada).
286    Así pues, el hecho de que la Comisión haya aplicado, en el pasado, multas de cierto nivel a determinados tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de elevar dicho nivel si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política de la competencia de la Unión, que sigue estando definida únicamente por el Reglamento nº 1/2003 (véase la sentencia Tomra Systems y otros/Comisión, antes citada, apartado 105, y la jurisprudencia citada).
287    En efecto, el Tribunal de Justicia ha destacado que la puesta en práctica de dicha política exige que la Comisión pueda adaptar el nivel del importe de las multas en función de las necesidades de la política en la materia (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 109).
288    En consecuencia, la demandante no puede invocar eficazmente decisiones anteriores de la Comisión en materia de competencia para impugnar el importe de la multa que se le ha impuesto.
289    De lo anterior resulta que la presente alegación debe desestimarse.
290    Aun suponiendo que con su alegación la demandante no pretenda limitar su crítica a la calificación de la gravedad de la infracción sino también impugnar el importe de 40.000.000 de euros en el que se basó la Comisión para calcular el importe de la multa que le impuso, se ha de recordar que en un primer momento la Comisión determinó un importe inicial, fijado en 40.000.000 de euros, teniendo en cuenta a la vez la calificación de las infracciones apreciadas como «muy graves», la amplitud geográfica del mercado afectado y el valor de éste (véase el apartado 74 anterior).
291    Basándose en ese importe inicial, la Comisión aplicó un trato diferenciado a cada uno de los participantes en el cartel, atendiendo a la cuota de cada uno de ellos en el mercado del betún de penetración en España en 2001, esto es, el último año completo de la infracción (considerandos 511 a 515 de la Decisión impugnada).
292    De esa manera, la Comisión clasificó en tres categorías a los participantes en cartel, considerando en particular que el importe inicial para el cálculo de la multa, fijado en 40.000.000 de euros, debía aplicarse plenamente a Repsol y a PROAS, cuyas cuotas de mercado se estimaban entre el 31,67 % y el 34,04 % (considerandos 514 a 515 de la Decisión impugnada).
293    Por tanto, la Comisión se basó en un importe de 40.000.000 de euros, igual al importe inicial, para calcular seguidamente el importe de la multa a cargo de la demandante.
294    En lo que atañe al carácter desproporcionado de ese importe, hay que observar en primer lugar que la infracción considerada fue calificada como «muy grave» por la Comisión, y que la demandante no ha demostrado que esa calificación fuera errónea, según resulta del apartado 283 de la presente sentencia.
295    En segundo término, en lo referente a la amplitud geográfica de la infracción, no se discute que ésta afecta al betún de penetración vendido en España (excepto las Islas Canarias).
296    La demandante no acredita que ese mercado no tenga dimensión nacional.
297    Pues bien, de la jurisprudencia se deduce que un mercado geográfico de dimensión nacional corresponde a una parte sustancial del mercado común (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 28; sentencias del Tribunal General de 27 de julio de 2005, Brasserie nationale y otros/Comisión, T‑49/02 a T‑51/02, Rec. p. II‑3033, apartado 176, y Groupe Danone/Comisión, antes citada, apartado 150).
298    En tercer lugar, consta que el valor total del mercado español del betún de penetración alcanzó los 286.400.000 euros en 2001, último año completo de la infracción considerada. También consta que las ventas de betún español de PROAS en 2001 fueron de 90.700.000 euros, es decir, el 31,67 % del mercado afectado.
299    Atendiendo a ese porcentaje y esos dos importes, así como a la gravedad de la infracción y la amplitud del mercado geográfico afectado, el importe de 40.000.000 de euros aplicado a la demandante como base para el cálculo del importe de la multa no se manifiesta desproporcionado.
300    Por tanto, debe desestimarse la presente alegación en cualquier caso.
b)      Sobre la segunda alegación, basada en la falta de consideración del reducido porcentaje que las ventas de betún de penetración de PROAS en el mercado español representaban en el volumen de negocio global de CEPSA
Alegaciones de las partes
301    CEPSA reprocha a la Comisión no tomar en consideración que las ventas de betún de penetración de PROAS en el mercado español sólo representaban una ínfima parte del volumen de negocios global de CEPSA.
302    Según CEPSA, de la jurisprudencia resulta que entre los criterios de apreciación de la gravedad de una infracción pueden figurar, según los casos, la cantidad y el valor de las mercancías objeto de la infracción, la dimensión y la potencia económica de la empresa y, por lo tanto, la influencia que ésta haya podido ejercer en el mercado. Por una parte, de esto se sigue que, para la determinación del importe de la multa, es posible tener en cuenta tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximada e imperfecta, de su dimensión y de su potencia económica, como la parte de dicho volumen correspondiente a las ventas de las mercancías objeto de la infracción, que puede dar una indicación de la amplitud de ésta. De ello se deduce, por otra parte, que no hay que atribuir a ninguna de estas dos cifras una importancia desproporcionada con relación a los demás criterios de apreciación, de modo que la determinación del importe apropiado de una multa no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global. Ello es así particularmente cuando las mercancías en cuestión no representan más que una pequeña parte de dicho volumen (sentencia del Tribunal de 14 de julio de 1994, Parker Pen/Comisión, T‑77/92, Rec. p. II‑549, apartado 94).
303    Pues bien, CEPSA es un grupo multinacional que opera en los cinco continentes y cuyas actividades se encuentran diversificadas en distintas áreas, que comprenden la exploración y producción de crudo y abastecimiento de refinerías, la importación y venta de gas, la generación y venta de electricidad, el refino y la distribución y comercialización de productos petrolíferos.
304    Por otra parte, en el ejercicio comercial de 2001, último año completo de la infracción, las ventas de betún de penetración de PROAS en España ascendieron a 90.700.000 euros, esto es, apenas un 0,77 % del volumen global de ventas de CEPSA de 11.664.000.000 de euros registrado en ese mismo ejercicio.
305    Así pues, la multa de 83.850.000 euros impuesta a CEPSA prácticamente equivale a la cifra de ventas total de PROAS en el último año completo de la infracción. Incluso admitiendo que se pudiera imputar la infracción de PROAS a CEPSA, esta sanción excede a todas luces el importe razonablemente necesario a efectos tanto de prevención especial (sanción de la conducta considerada y compensación de sus efectos) como de prevención general (efecto disuasorio de la sanción respecto a conductas futuras), según se desprende de las Directrices de 1998 seguidas en el presente caso.
306    En contra de lo que afirma la Comisión, CEPSA considera que su volumen de ventas mundial sí ha influido en la Decisión impugnada en la medida en que la multa final supone más del 90 % de la facturación de PROAS en el último año completo de la infracción. Tal resultado no podría haberse alcanzado si la Comisión no hubiera considerado que existía una unidad económica y, por tanto, no se hubiera tenido en cuenta el volumen de negocios de CEPSA.
307    Según CEPSA, al margen de la existencia de una unidad económica, la aplicación del principio de proporcionalidad debería haber llevado a la Comisión a reducir el importe de la multa en la medida en que la cuantía fijada supone un porcentaje desproporcionado en comparación con la actividad desempeñada por PROAS en el mercado español del betún.
308    En definitiva, CEPSA alega que la Comisión ha violado el principio de proporcionalidad y la reiterada jurisprudencia de la Unión que le exige adecuar la sanción a la importancia relativa de la actividad de PROAS dentro del grupo CEPSA.
309    La Comisión solicita que se desestime la presente alegación.
Apreciación del Tribunal
310    Dentro de la presente alegación, para acreditar el carácter desproporcionado del importe de la multa impuesta a CEPSA-PROAS, la demandante invoca dos argumentos: por un lado el bajo porcentaje que las ventas de betún de penetración de PROAS en el mercado español representan en el volumen de negocios global de CEPSA; por otro lado la importancia del importe de la multa en relación con el volumen total de las ventas de PROAS durante el último año completo de la infracción.
311    En cuanto al primer argumento, se ha de observar que el bajo porcentaje que las ventas de betún de penetración de PROAS en el mercado español representan en el volumen de negocios global de CEPSA sólo podría invocarse eficazmente para acreditar el carácter desproporcionado de la multa impuesta a CEPSA-PROAS si el volumen de negocios de CEPSA hubiera tenido el efecto de elevar el importe de la multa.
312    Ahora bien, no ha sido así ya que el volumen de negocios de CEPSA no figura en ningún momento en la fórmula de cálculo que permitió llegar al importe de la multa impuesta a CEPSA-PROAS.
313    En efecto, en los considerandos 514 y 515 de la Decisión impugnada la Comisión clasificó a los participantes en el cartel en tres categorías a efectos de su trato diferenciado.
314    Como indicó en el considerando 511 de la Decisión impugnada, la Comisión quiso así tener en cuenta las diferencias en la capacidad económica efectiva de los participantes en el cartel para causar daños significativos en la competencia.
315    Para ello, la Comisión tomó en cuenta el importe de las ventas de betún de penetración realizadas por los participantes en el cartel.
316    Así pues, respecto al grupo CEPSA sólo se tuvieron en cuenta las ventas de betún de penetración de PROAS.
317    Por otro lado, la Comisión no tuvo en cuenta el volumen de negocios global de CEPSA en la fase en la que se aplicó a algunas empresas un coeficiente multiplicador para garantizar el efecto suficientemente disuasorio del importe de la multa, calculado en función del volumen de negocios global en 2001 del grupo considerado.
318    En efecto, a CEPSA-PROAS no se le aplicó ningún coeficiente multiplicador.
319    Por tanto, debe desestimarse el primer argumento de la demandante dentro de la presente alegación.
320    Es oportuno añadir que la demandante no puede invocar eficazmente la sentencia Parker Pen/Comisión, antes citada.
321    En efecto, en esa sentencia, el Tribunal redujo la multa impuesta a Parker Pen porque la Comisión no había tomado en consideración el hecho de que el volumen de negocios realizado por la sociedad Parker Pen con los productos afectados por la infracción era relativamente bajo en relación con el resultante del total de sus ventas y porque la fijación de una multa apropiada no puede ser el resultado de un mero cálculo basado en el volumen de negocios global de la sociedad (sentencia Parker Pen/Comisión, antes citada, apartado 94).
322    Ahora bien, como se acaba de señalar, en el presente asunto la Comisión únicamente tuvo en cuenta el importe de las ventas del producto objeto de la infracción.
323    Además, la empresa interesada en el asunto que dio lugar a la sentencia Parker Pen/Comisión, antes citada, era una sociedad independiente y no una sociedad perteneciente a un grupo, como PROAS, por lo que no era posible la consideración de un volumen de negocios global de un grupo.
324    Acerca del argumento de CEPSA de que el importe de la multa, esto es 83.850.000 euros, es casi igual al volumen total de las ventas de PROAS durante el último año completo de la infracción, se ha de observar que esa circunstancia no permite por sí sola concluir que se haya vulnerado el principio de proporcionalidad.
325    Por otro lado, debe considerarse que con ese argumento la demandante impugna el importe aplicado a CEPSA-PROAS del límite máximo del 10 % previsto por el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 y antes de éste por el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.
326    Es cierto que el importe final de la multa representa más del 10 % del volumen de negocios de PROAS, es decir 9.070.000 euros.
327    Sin embargo, en este caso la Comisión aplicó la presunción de ejercicio efectivo por la sociedad matriz de una influencia decisiva sobre su filial de propiedad exclusiva, para considerar que PROAS y CEPSA constituían una unidad económica (considerando 430 de la Decisión impugnada).
328    Pues bien, el límite máximo del 10 % del volumen de negocios previsto en dicho precepto debe calcularse tomando como base el volumen de negocios acumulado de todas las sociedades que constituyen la entidad económica única que actúa como empresa a efectos del artículo 81 CE, puesto que únicamente el volumen de negocios acumulado de las sociedades que la componen puede constituir una indicación de la dimensión y de la potencia económica de la empresa en cuestión (véase la sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2007, Akzo Nobel y otros/Comisión, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, apartado 90, y la jurisprudencia citada).
329    Además, según resulta de la respuesta que se ha dado al tercer motivo, CEPSA no ha logrado refutar la presunción de ejercicio efectivo por su parte de una influencia decisiva en PROAS.
330    En particular, se ha expuesto que la importancia menor que tenga la actividad de la filial autora de la infracción en la política industrial del grupo al que pertenece, argumento que también invocaba la demandante dentro del tercer motivo, no puede demostrar que la sociedad matriz permitiera a esa filial definir su comportamiento en el mercado con autonomía (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 13 de julio de 2011, ENI/Comisión, T‑39/07, Rec. p. II‑4457, apartado 98).
331    Por tanto, el segundo argumento invocado por la demandante dentro de la presente alegación debe desestimarse.
332    En consecuencia, toda vez que ninguno de los argumentos expuestos por la demandante le ha permitido acreditar que la Comisión haya vulnerado el principio de proporcionalidad, debe desestimarse la presente alegación y el sexto motivo en su totalidad.
6.      Sobre el séptimo motivo, basado en la falta de consideración del «programa de cumplimiento» de las normas de la Unión en materia de competencia establecido por CEPSA
a)      Alegaciones de las partes
333    CEPSA considera que la Comisión ha incurrido en un error manifiesto de apreciación al no tomar en consideración el hecho de que se pusiera en marcha en enero de 2003, tan sólo tres meses después de que la Comisión llevara a cabo una inspección en la sede de PROAS, su «programa de cumplimiento» de las normas de la Unión en materia de competencia aplicable a todos sus sectores de actividad y destinado a todas las empresas del grupo CEPSA. Afirma que la puesta en marcha de este programa por parte de CEPSA estaba motivada por la gran preocupación que suscitaba la implicación de una de sus filiales en el cartel.
334    Según CEPSA, la Comisión habría debido tener en cuenta la puesta en marcha de este programa como atenuante para reducir la multa con la que CEPSA fue sancionada. La Comisión actuó de tal modo en reiteradas ocasiones en otros asuntos de carteles.
335    La consideración de ese programa habría sido particularmente adecuada en el presente caso por dos motivos. Por una parte, hasta la inspección llevada a cabo por la Comisión en la sede de PROAS, ninguna empresa del grupo CEPSA había sido sancionada por haber participado en un cartel o cometido otra infracción grave del artículo 81 CE. Por otra parte, CEPSA sostiene que reaccionó contundente e inmediatamente para evitar que alguna de sus filiales pudiera infringir en el futuro las normas de la Unión en materia de competencia. En el espacio de sólo tres meses, CEPSA diseñó y puso en marcha, por vez primera en su historia, un «programa de cumplimiento» de esas normas.
336    La Comisión solicita la desestimación del presente motivo.
b)      Apreciación del Tribunal
337    El juez de la Unión considera que, no obstante su importancia, la adopción por una empresa de medidas para evitar nuevas infracciones no altera en absoluto la realidad de la infracción constatada. Además, la mera adopción por una empresa de un programa de sometimiento a las normas de la competencia no constituye una garantía válida y fiable de que ésta vaya a respetar dichas normas en el futuro de modo duradero, de modo que un programa de este tipo no puede obligar a la Comisión a reducir la multa, aduciendo que el objetivo de prevención que esa institución persigue se ha alcanzado ya, al menos parcialmente (sentencias del Tribunal de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión, T‑279/02, Rec. p. II‑897, apartado 361; de 12 de diciembre de 2007, BASF y UCB/Comisión, T‑101/05 y T‑111/05, Rec. p. II‑4949, apartado 52, y de 30 de noviembre de 2011, Quinn Barlo y otros/Comisión, T‑208/06, Rec. p. II‑7953, apartados 256 y 257).
338    En el presente asunto la Comisión estaba tanto menos obligada a apreciar como circunstancia atenuante el programa de cumplimiento de las reglas sobre la competencia de la Unión establecido por CEPSA ya que la infracción referida constituye una vulneración manifiesta del artículo 81 CE, apartado 1 (véase la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2006, Archer Daniels Midland/Comisión, T‑329/01, Rec. p. II‑3255, apartado 299, y la jurisprudencia citada).
339    CEPSA afirma también en vano que ninguna empresa de su grupo ha sido sancionada por haber participado en un cartel o haber cometido otra infracción grave del artículo 81 CE.
340    De la jurisprudencia resulta en efecto que, aunque las Directrices de 1998 prevén que la Comisión podrá considerar circunstancia agravante contra una empresa el hecho de que ésta haya cometido ya una o varias infracciones del mismo tipo, no se deduce de ello que exista la obligación de aplicar un trato favorable en concepto de circunstancia atenuante a una empresa cuando se trate de la primera infracción de este tipo que comete (sentencia Archer Daniels Midland/Comisión, antes citada, apartado 300).
341    En efecto, la inexistencia de infracción anterior es una circunstancia normal que la Comisión no está obligada a considerar como circunstancia atenuante (sentencias del Tribunal de 10 de marzo de 1992, Shell/Comisión, T‑11/89, Rec. p. II‑757, apartado 369, y de 14 de mayo de 1998, Mo och Domsjö/Comisión, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, apartado 421).
342    Por consiguiente, la Comisión no cometió un error al no apreciar como circunstancia atenuante la introducción por CEPSA de un programa de cumplimiento de las reglas sobre la competencia de la Unión ni la falta de constatación de infracciones anteriores de esas reglas por las empresas del grupo CEPSA.
343    Siendo así, no puede prosperar el presente motivo.
344    De cuanto precede se deduce que deben desestimarse todos los motivos aducidos por la demandante, y en consecuencia su pretensión de anulación.
345    Además, de los documentos obrantes en los autos no se deduce que, en relación con los argumentos y los motivos aducidos por la demandante, la Comisión haya cometido un error que justifique la modificación del importe de la multa que le impuso.
346    Por tanto, atendiendo a lo antes expuesto y a todas las circunstancias del caso, se ha de desestimar también la pretensión de reforma de la demandante.
347    En consecuencia, debe desestimarse el recurso en su totalidad.
B.      Sobre la pretensión de la Comisión referida al importe de la multa
348    En sus escritos de contestación y de réplica la Comisión solicita el mantenimiento o en su caso el aumento de la multa impuesta a CEPSA.
1.      Sobre la falta de modificación del importe de la multa impuesta a CEPSA, en el supuesto de su reducción en el asunto T‑495/07
a)      Alegaciones de las partes
349    La Comisión señala en su escrito de contestación que, a diferencia de PROAS en el asunto T‑495/07, CEPSA no ha aducido ningún motivo en apoyo de una reducción del importe de la multa en virtud de la cooperación. La reducción por cooperación del 25 % concedida por la Decisión impugnada adquiriría firmeza en el presente asunto si los motivos de CEPSA fueran desestimados, aun si el Tribunal estimara los motivos aducidos por PROAS en el asunto T‑495/07 para obtener en virtud de la cooperación una reducción del importe de la multa superior a la concedida por la Comisión.
b)      Apreciación del Tribunal
350    Es preciso observar que la argumentación de la Comisión, suponiendo que quepa considerar que apoya las pretensiones de mantenimiento del importe de la multa en el supuesto de que en su sentencia dictada en el asunto en el que PROAS es parte demandante el Tribunal redujera el importe de la multa impuesta a ésta, no puede ser acogida en todo caso porque en la sentencia de 16 de septiembre de 2013, Productos Asfálticos/Comisión (T‑495/07), el Tribunal ha desestimado las pretensiones de la parte demandante.
2.      Sobre el aumento de la multa en el supuesto de la desvirtuación del valor añadido de la cooperación de PROAS en los asuntos T‑462/07 y T‑482/07
a)      Alegaciones de las partes
351    La Comisión señala que en dos de los asuntos conexos con el presente, el asunto T‑462/07, promovido por Galp, y el asunto T‑482/07, promovido por Nynäs, Galp y Nynäs mantienen que la infracción no ha sido suficientemente probada en lo que a ellas se refiere y critican a la Comisión por basarse excesivamente en las declaraciones de Repsol y CEPSA-PROAS en su solicitud con arreglo a la Comunicación de 2002.
352    Es evidente que si el Tribunal anulara, aunque fuera parcialmente, la Decisión impugnada en lo que afecta a Galp y a Nynäs, por considerar que la información aportada por CEPSA-PROAS no tenía suficiente valor probatorio, debería reexaminar en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena el alcance de la cooperación de CEPSA-PROAS.
353    En ese supuesto la reducción por cooperación concedida a CEPSA debería limitarse al 20 %, es decir, un 5 % menos que la reducción concedida. No cabe excluir que, si el Tribunal estimara en el asunto T‑462/07 o en el asunto T‑482/07 que las informaciones referidas tienen un valor muy limitado, debería decidir que CEPSA no puede beneficiarse de ninguna reducción del importe de la multa en virtud de la cooperación, por no alcanzar su cooperación el umbral de «valor añadido significativo» en el sentido de la Comunicación de 2002.
354    CEPSA solicita que se desestimen estas pretensiones.
b)      Apreciación del Tribunal
355    La Comisión mantiene que la apreciación en los asuntos en los que Petrogal y Nynäs son partes demandantes de la falta de valor probatorio de los elementos aportados por CEPSA-PROAS en aplicación de la Comunicación de 2002, si llevara a la anulación de la Decisión impugnada en lo que afecta a Petrogal y a Nynäs o a una reducción del importe de la multa que se les impuso, debería conducir necesariamente al juez en el presente procedimiento a rebajar el importe de la reducción de la multa de la que se benefició la demandante en virtud de esa Comunicación.
356    Hay que recordar al respecto que las sentencias de anulación de los Tribunales de la Unión disfrutan de la fuerza de cosa juzgada absoluta (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Italia/Comisión, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, apartado 36).
357    De esa manera, una anulación hace desaparecer con efecto retroactivo el acto impugnado respecto a todos los justiciables, ya que la sentencia de anulación tiene un efecto erga omnes [sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de junio de 2006, P&O European Ferries (Vizcaya) y Diputación Foral de Vizcaya/Comisión, C‑442/03 P y C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, apartado 43].
358    No obstante, una decisión adoptada en materia de competencia respecto a varias empresas, aunque redactada y publicada en forma de una única decisión, debe considerarse como un haz de decisiones individuales que, en relación con cada una de las empresas destinatarias, aprecia la existencia de la o las infracciones que se le imputan y le imponen, en su caso, una multa. Sólo puede anularse por lo que respecta a las destinatarias cuyos recursos han sido estimados por el juez de la Unión, y sigue obligando a las destinatarias que no han interpuesto recursos de anulación (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, antes citada, apartados 99 y 100).
359    No obstante, hay que observar que el Tribunal de Justicia ha juzgado que la anulación parcial en un procedimiento de una decisión que aprecia la responsabilidad de una sociedad permite al juez que conoce de otro procedimiento anular en idéntica medida la decisión que aprecia la responsabilidad de su sociedad matriz cuando la responsabilidad de ésta deriva plenamente de la de su filial (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2013, Comisión/Tomkins, C‑286/11 P, apartados 14 y 39).
360    En el presente caso la responsabilidad de CEPSA no deriva de la de Petrogal o de Nynäs.
361    Por tanto, la anulación de las decisiones dirigidas a esas dos últimas empresas carece de incidencia en la decisión dirigida a CEPSA y no podría obligar al juez, en contra de lo alegado por la Comisión, a elevar el importe de la multa impuesta a CEPSA. Así es también a fortiori respecto a las consecuencias de una mera reducción del importe de la multa impuesta Petrogal o à Nynäs.
362    Es cierto que la fuerza de cosa juzgada absoluta de las sentencias de anulación de los Tribunales de la Unión es inherente tanto al fallo de la sentencia como a los fundamentos que constituyen su soporte necesario (sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 36).
363    Sin embargo, la consideración de los fundamentos que revelan las razones precisas de la ilegalidad constatada por el juez de la Unión no tiene otro objeto que determinar el sentido exacto de lo resuelto en el fallo (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, C‑310/97 P, Rec. p. I‑ 5363, apartado 55).
364    En consecuencia, si el fallo de una sentencia anulatoria carece de incidencia en la situación de una persona, los fundamentos que constituyen su soporte tampoco pueden tenerla.
365    Así pues, la anulación de las decisiones dirigidas a Petrogal o a Nynäs o una reducción del importe de su multa no podía obligar al juez a elevar el importe de la multa impuesta a CEPSA, incluso en el supuesto de que esa anulación o esa reducción tuvieran como fundamento la falta de valor probatorio de los medios aportados por CEPSA-PROAS en aplicación de la Comunicación de 2002.
366    En cualquier caso, la autoridad de un fundamento de una sentencia anulatoria no puede aplicarse a quienes no eran parte en el proceso y respecto de los cuales, por tanto, nada puede haber decidido la sentencia (sentencia Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, antes citada, apartado 55).
367    Por tanto, incluso suponiendo que la falta de valor probatorio de los medios aportados por CEPSA-PROAS en aplicación de la Comunicación de 2002 fuera apreciada en los asuntos en los que Petrogal y Nynäs son partes demandantes, esa apreciación no obligaría al Tribunal en el presente procedimiento a elevar el importe de la multa impuesta a CEPSA rebajando la reducción del importe de la multa de la que se benefició en virtud de esa Comunicación.
368    Por consiguiente, deben desestimarse las pretensiones de la Comisión.
369    Aun suponiendo que el Tribunal, si bien no está obligado a ello, pudiera en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, sin vulnerar el principio contradictorio, tomar en consideración los fundamentos y el fallo de las sentencias pronunciadas el día de hoy, Galp Energía España y otros/Comisión (T‑462/07) y Nynäs Petroleum y Nynas Petróleo/Comisión (T‑482/07), esa consideración carecería de incidencia en el presente asunto respecto al importe de la multa impuesta a la demandante.
370    En efecto, la anulación parcial por el Tribunal de la Decisión impugnada y la reducción del importe de la multa impuesta a Galp, en la sentencia Galp Energía España y otros/Comisión, antes citada, por un lado, y, por otro, la reducción del importe de la multa impuesta a Nynäs, en la sentencia Nynäs Petroleum y Nynas Petróleo/Comisión, antes citada, no se fundamentan en absoluto en la apreciación de la falta de valor probatorio de los medios aportados por CEPSA-PROAS conforme a la Comunicación de 2002.
371    De cuanto precede y atendiendo al conjunto de las circunstancias del presente asunto resulta que deben desestimarse todas las pretensiones formuladas por la Comisión.
Costas
372    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
373    Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, de conformidad con las pretensiones de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Desestimar las pretensiones de la Comisión Europea referidas al importe de la multa.
3)      Condenar en costas a Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A.
Truchot
Martins Ribeiro
Popescu
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de septiembre de 2013.
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio
A.     Mercado afectado
B.     Empresas implicadas
1.     Grupo Repsol
2.     CEPSA-PROAS
3.     BP
4.     Grupo Nynäs
5.     Grupo Petrogal
C.     Procedimiento administrativo
D.     Decisión impugnada
1.     Declaración de la infracción
2.     Cálculo del importe de las multas
a)     Determinación y adaptación del «importe inicial» de las multas
b)     Duración de la infracción
c)     Circunstancias agravantes
d)     Aplicación de la Comunicación de 2002
3.     Parte dispositiva de la Decisión impugnada
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
A.     Sobre las pretensiones de anulación y de reforma de la Decisión impugnada
1.     Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del principio de buena administración y del derecho de defensa
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
2.     Sobre el segundo motivo, basado en la errónea aplicación de la presunción de ejercicio efectivo por la sociedad matriz de una influencia decisiva en el comportamiento de su filial plena
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
3.     Sobre el tercer motivo, basado en la falta de motivación que vicia la refutación en la Decisión impugnada de los argumentos expuestos por CEPSA en su respuesta al pliego de cargos en apoyo de la autonomía de la conducta de PROAS, y sobre el cuarto motivo, basado en la inadecuación de los cuatro indicios adicionales a la vinculación accionarial al 100 % de CEPSA y de PROAS para reforzar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva
a)     Sobre la insuficiencia de motivación
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
b)     Sobre el fundamento de la apreciación por la Comisión de la falta de refutación de la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva de CEPSA en la conducta de PROAS
Sobre la falta de modificación de la dirección de PROAS y de su política comercial al adquirir CEPSA su control pleno
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
Sobre la existencia de medios propios de PROAS
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
Sobre el hecho de que PROAS aprobaba su plan de negocio y definía su política en materia de inversiones estratégicas de manera independiente
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
Sobre la escasa importancia de la actividad de PROAS dentro del grupo CEPSA
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
4.     Sobre el quinto motivo, basado en la vulneración de los principios de observancia de un plazo razonable y de buena administración
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
Sobre el procedimiento administrativo
Sobre el procedimiento jurisdiccional
5.     Sobre el sexto motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad
a)     Sobre la primera alegación, basada en la falta de consideración del hecho de que la infracción afectó a un mercado sectorial poco significativo y a un área geográfica muy limitada
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
b)     Sobre la segunda alegación, basada en la falta de consideración del reducido porcentaje que las ventas de betún de penetración de PROAS en el mercado español representaban en el volumen de negocio global de CEPSA
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
6.     Sobre el séptimo motivo, basado en la falta de consideración del «programa de cumplimiento» de las normas de la Unión en materia de competencia establecido por CEPSA
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
B.     Sobre la pretensión de la Comisión referida al importe de la multa
1.     Sobre la falta de modificación del importe de la multa impuesta a CEPSA, en el supuesto de su reducción en el asunto T‑495/07
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
2.     Sobre el aumento de la multa en el supuesto de la desvirtuación del valor añadido de la cooperación de PROAS en los asuntos T‑462/07 y T‑482/07
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
Costas
* Lengua de procedimiento: español.