Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 14 de diciembre de 2023 (*)
«Procedimiento prejudicial — Agricultura — Organización común de mercados — Sector del azúcar — Cotizaciones por producción — Reglamento (UE) n.º 1360/2013 — Derecho a la restitución de las cotizaciones pagadas indebidamente — Plazos de caducidad y de prescripción — Carácter firme de las decisiones de liquidación — Principios de equivalencia y de efectividad — Principio de seguridad jurídica»
En el asunto C‑655/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario, Alemania), mediante resolución de 1 de junio de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de octubre de 2022, en el procedimiento entre
I GmbH & Co. KG
y
Hauptzollamt HZA,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por la Sra. O. Spineanu‑Matei, Presidenta de Sala, y el Sr. J.‑C. Bonichot y la Sra. L. S. Rossi (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de I GmbH & Co. KG, por el Sr. D. Ehle, Rechtsanwalt;
–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. A. C. Becker y el Sr. B. Hofstötter, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Reglamento (UE) n.º 1360/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se fijan las cotizaciones por producción en el sector del azúcar correspondientes a las campañas de comercialización 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 y 2005/06, el coeficiente necesario para el cálculo de la cotización complementaria de las campañas 2001/02 y 2004/05 y los importes que deben pagar los fabricantes de azúcar a los vendedores de remolacha por la diferencia entre la cotización máxima y la cotización que debe aplicarse a las campañas de comercialización 2002/03, 2003/04 y 2005/06 (DO 2013, L 343, p. 2).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre I GmbH & Co. KG y el Hauptzollamt HZA (Oficina Principal de Aduanas, Alemania; en lo sucesivo, «Oficina de Aduanas») relativo a la restitución de las cotizaciones por producción en el sector del azúcar pagadas indebidamente con respecto a la campaña de comercialización 2001/2002.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento n.º 1150/2000
3        El artículo 2 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 2007/436/CE, Euratom sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO 2000, L 130, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.º 105/2009 del Consejo, de 26 de enero de 2009 (DO 2009, L 36, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1150/2000»), establecía:
«1.      A efectos de la aplicación del presente Reglamento, un derecho de las Comunidades sobre los recursos propios contemplados en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Decisión 2007/436/CE, Euratom [del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO 2007, L 163, p. 17),] se constatará cuando se cumplan las condiciones previstas por la reglamentación aduanera en lo relativo a la consideración del importe del derecho y su comunicación al deudor.
2.      La fecha que deberá utilizarse para la constatación a que se refiere [e]l apartado 1 será la fecha de la contracción prevista en la reglamentación aduanera.
Por lo que respecta a las cotizaciones y otros derechos contemplados en el marco de la organización común de mercados en el sector del azúcar, la fecha que deberá utilizarse para la constatación a que se refiere el apartado 1 será la fecha de la comunicación prevista en la reglamentación del sector del azúcar.
En caso de que no se prevea explícitamente tal comunicación, la fecha que deberá utilizarse coincidirá con la de la fijación por parte de los Estados miembros de los importes adeudados por los sujetos pasivos, en su caso, sea como anticipo o como pago del saldo.
[…]
4.      El apartado 1 se aplicará cuando deba rectificarse la comunicación.»
Reglamento n.º 1360/2013
4        Los considerandos 10 a 12 y 23 del Reglamento n.º 1360/2013 tienen la siguiente redacción:
«(10)      [Mediante sentencia de 27 de septiembre de 2012, Zuckerfabrik Jülich y otros (C‑113/10, C‑147/10 y C‑234/10, EU:C:2012:591)], el Tribunal [de Justicia] declaró inválido el Reglamento (CE) n.º 1193/2009 [de la Comisión, de 3 de noviembre de 2009, que corrige los Reglamentos (CE) n.º 1762/2003, (CE) n.º 1775/2004, (CE) n.º 1686/2005 y (CE) n.º 164/2007 y fija los importes de las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para las campañas de comercialización 2002/03, 2003/04, 2004/05 y 2005/06 (DO 2009, L 321, p. 1)], para lo que alegó que, a efectos del cálculo de la pérdida media estimada por tonelada de producto, el artículo 15, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.º 1260/2001 [del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (DO 2001, L 178, p. 1),] debía interpretarse en el sentido de que el importe total de las restituciones incluye el importe total de las restituciones a la exportación efectivamente pagado.
(11)      Por consiguiente, las tasas en el sector del azúcar deben fijarse al nivel adecuado. […]
(12)      Teniendo en cuenta que es el mismo método invalidado por el Tribunal [de Justicia] el que se utilizó para calcular las cotizaciones correspondientes a la campaña de comercialización 2001/02, procede asimismo corregir en consecuencia los importes de las cotizaciones por producción y el coeficiente de la cotización complementaria para la campaña de comercialización 2001/02.
[…]
(23)      Por razones de seguridad jurídica y para garantizar la igualdad de trato a los operadores afectados de los diferentes Estados miembros, es necesario fijar una fecha común en la cual las cotizaciones fijadas en el presente Reglamento se constaten […] No obstante, este plazo no debe aplicarse cuando los Estados miembros estén obligados, en virtud de la legislación nacional, a efectuar un reembolso a los operadores afectados después de dicha fecha».
5        El artículo 1, apartado 1, de ese Reglamento dispone:
«En el punto 1 del anexo figuran los importes de las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para las campañas de comercialización 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 y 2005/06.»
6        A tenor del artículo 2 del citado Reglamento:
«La fecha de constatación de las cotizaciones fijadas en el presente Reglamento a que se refiere el artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, del [Reglamento n.º 1150/2000] será el 30 de septiembre de 2014, a más tardar, a menos que los Estados miembros se vean en la imposibilidad de respetar dicho plazo debido a la aplicación de la legislación nacional sobre la recuperación por parte de los operadores económicos de los importes abonados indebidamente.»
7        El artículo 3, párrafos segundo a cuarto, del Reglamento n.º 1360/2013 fija las fechas a partir de las cuales se aplican las cotizaciones por producción que figuran en el punto 1 del anexo de este Reglamento, por lo que respecta a las campañas de comercialización 2001/2002 a 2005/2006. De conformidad con el artículo 3, párrafo primero, del citado Reglamento, este entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, a saber, el 20 de diciembre de 2013.
Reglamento (UE) 2018/264
8        El artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/264 del Consejo, de 19 de febrero de 2018, por el que se fijan las cotizaciones por producción y el coeficiente de cálculo de la cotización complementaria en el sector del azúcar para la campaña de comercialización 1999/2000, así como las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para la campaña de comercialización 2000/2001 (DO 2018, L 51, p. 1), dispone:
«La diferencia entre las cotizaciones establecidas mediante los Reglamentos (CE) n.º 2267/2000 [de la Comisión, de 12 de octubre de 2000, que fija, para la campaña de comercialización 1999/2000, los importes de las cotizaciones a la producción así como el coeficiente de cálculo de la cotización complementaria en el sector del azúcar (DO 2000, L 259, p. 29),] y (CE) n.º 1993/2001 [de la Comisión, de 11 de octubre de 2001, por el que se fijan, para la campaña de comercialización 2000/2001, los importes de las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar (DO 2001, L 271, p. 15),] y las previstas en el artículo 1 del presente Reglamento deberá ser reembolsada a los agentes económicos que abonaron cotizaciones por las campañas de comercialización 1999/2000 y 2000/2001, previa solicitud motivada de los interesados.»
Derecho alemán
9        El artículo 12, apartado 1, primera frase, de la Marktorganisationsgesetz (Ley sobre la Organización de Mercados), en su versión aplicable al litigio principal, disponía lo siguiente:
«Las disposiciones [del Abgabeordnung (Código Tributario)] […] se aplicarán mutatis mutandis a las cotizaciones con fines de organización del mercado que, en virtud de las disposiciones a que se refiere el artículo 1, apartado 2, graven los productos objeto de la organización del mercado, en la medida en que la presente Ley o los reglamentos dictados con arreglo a la misma no prevean una norma que introduzca una excepción a dichas disposiciones.»
10      El artículo 169, apartados 1 y 2, del Código Tributario, en su versión aplicable al litigio principal, era del siguiente tenor:
«(1)      Una vez expirado el plazo para fijar el impuesto, este ya no podrá liquidarse, anularse ni modificarse. […]
(2)      El plazo de liquidación del impuesto es el siguiente:
1.      un año en el caso de los impuestos sobre el consumo o su restitución,
2.      cuatro años en el caso de los impuestos y su restitución que no constituyan impuestos o restituciones de impuestos en el sentido del punto 1, o de impuestos a la importación o a la exportación en el sentido del artículo 4, apartados 10 y 11, del código aduanero.»
11      El artículo 170, apartado 1, de ese Código está redactado en los siguientes términos:
«El plazo de liquidación empieza a contar a partir del final del año civil en que se generó el impuesto o en que un impuesto condicional pasó a ser incondicional.»
12      A tenor del artículo 171, apartado 3, del citado Reglamento:
«Cuando, fuera del marco de un procedimiento de reclamación o de recurso, se presente una solicitud de liquidación del impuesto o una solicitud de anulación, modificación o rectificación de la liquidación del impuesto con arreglo al artículo 129 antes de que expire el plazo de liquidación, dicho plazo no expirará a este respecto antes de que se haya dictado una resolución no recurrible sobre dicha solicitud.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
13      I estaba sujeta, en calidad de empresa productora de azúcar, al sistema de cotizaciones por producción en el sector del azúcar, previsto por el Reglamento n.º 1260/2001, para las campañas de comercialización 2001/2002 a 2005/2006.
14      El importe de esas cotizaciones se determinó con arreglo a los reglamentos adoptados cada año por la Comisión Europea. Para la campaña de comercialización 2001/2002, el importe se determinó de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1837/2002 de la Comisión, de 15 de octubre de 2002, por el que se fijan, para la campaña de comercialización de 2001/2002, los importes de las cotizaciones a la producción y el coeficiente de la cotización complementaria en el sector del azúcar (DO 2002, L 278, p. 13).
15      Mediante decisión de 25 de noviembre de 2002, adoptada en virtud de ese Reglamento, la Oficina de Aduanas fijó el importe de las cotizaciones por producción que debía pagar I para la campaña de comercialización 2001/2002 (en lo sucesivo, «decisión de 25 de noviembre de 2002»).
16      Con la sentencia de 8 de mayo de 2008, Zuckerfabrik Jülich y otros (C‑5/06 y C‑23/06 a C‑36/06, EU:C:2008:260), y los autos de 6 de octubre de 2008, Raffinerie Tirlemontoise (C‑200/06, EU:C:2008:541), y de 6 de octubre de 2008, SAFBA (C‑175/07 a C‑184/07, EU:C:2008:543), el Tribunal de Justicia declaró inválidos los reglamentos de la Comisión relativos a las campañas de comercialización 2002/2003 a 2004/2005.
17      Mediante decisión de 27 de enero de 2010, la Oficina de Aduanas desestimó una solicitud de modificación de la decisión de 25 de noviembre de 2002 presentada por I.
18      Con la sentencia de 27 de septiembre de 2012, Zuckerfabrik Jülich y otros (C‑113/10, C‑147/10 y C‑234/10, EU:C:2012:591), el Reglamento n.º 1193/2009, que había modificado los reglamentos de la Comisión relativos a las campañas de comercialización 2002/2003 a 2004/2005, fue a su vez declarado inválido por el Tribunal de Justicia. Tras el pronunciamiento de esa sentencia, el Consejo de la Unión Europea fijó de nuevo las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para las campañas de comercialización 2001/2002 a 2005/2006 mediante la adopción del Reglamento n.º 1360/2013, con el que redujo las cotizaciones correspondientes a esas campañas de comercialización.
19      El 18 de diciembre de 2014, I presentó ante la Oficina de Aduanas una nueva solicitud de modificación de las cotizaciones y de restitución de las cantidades abonadas en exceso, más los intereses, basándose en el Reglamento n.º 1360/2013.
20      Mediante decisión de 28 de enero de 2016, confirmada al término de un procedimiento de reclamación, la Oficina de Aduanas desestimó esta nueva solicitud basándose en que la decisión de 25 de noviembre de 2002 había adquirido firmeza.
21      El Finanzgericht (Tribunal de lo Tributario, Alemania) desestimó el recurso interpuesto por I contra la decisión de 28 de enero de 2016 por considerar que la reducción retroactiva de las cotizaciones llevada a cabo por el Reglamento n.º 1360/2013 no había tenido ningún efecto sobre la decisión firme de 25 de noviembre de 2002, ya que la modificación de esta decisión se regía exclusivamente por el Derecho nacional.
22      I interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia ante el Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente. En apoyo de su recurso de casación, I alega que, en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland (C‑360/18, EU:C:2019:1124), el Tribunal de Justicia confirmó la existencia de un derecho, en virtud del Derecho de la Unión, a la restitución de las cotizaciones pagadas indebidamente. I sostiene que solo a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento n.º 1360/2013 pudieron determinarse correctamente esas cotizaciones y estuvo, por tanto, en condiciones de ejercer ese derecho a la restitución. Añade que, en consecuencia, no había razón alguna para supeditar el derecho a la restitución a la anulación o a la modificación de la decisión de 25 de noviembre de 2002. I concluye que, en virtud del principio de efectividad, la Oficina de Aduanas no puede invocar los plazos de prescripción nacionales y el carácter firme de dicha decisión.
23      El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la interpretación del artículo 2 del Reglamento n.º 1360/2013 y sobre la relación entre el principio del Derecho de la Unión de seguridad jurídica y la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland (C‑360/18, EU:C:2019:1124).
24      A este respecto, considera, para empezar, que el Derecho de la Unión no establece los requisitos de procedimiento para modificar las decisiones por las que se fijan las cotizaciones adoptadas en virtud del Reglamento n.º 1837/2002 y para presentar una solicitud de restitución. Añade que, por consiguiente, estos requisitos se rigen por el Derecho nacional, de conformidad con las normas de procedimiento establecidas por este.
25      Pues bien, señala que, de conformidad con el Derecho nacional aplicable, I no tiene derecho a la restitución de los importes de las cotizaciones pagados indebidamente, dado que la decisión de 25 de noviembre de 2002 ha adquirido firmeza y ya no es posible modificarla con carácter retroactivo, pues el plazo de liquidación de las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para la campaña de comercialización 2001/2002 expiró en febrero de 2010, antes sin embargo de la adopción del Reglamento n.º 1360/2013. Según el órgano jurisdiccional remitente, en la medida en que el Derecho alemán no prevé la restitución de las cotizaciones por producción si no se modifica la decisión administrativa firme por la que se fijaron dichas cotizaciones, la restitución de esas cotizaciones pagadas indebidamente solo resulta posible si del Derecho de la Unión se deriva directamente un derecho a la restitución.
26      A continuación, ese órgano jurisdiccional considera que tal derecho no se desprende automáticamente del Reglamento n.º 1360/2013, en la medida en que no le resulta claro en qué casos y con qué requisitos de procedimiento debe llevarse a cabo la rectificación retroactiva prevista por dicho Reglamento. Sostiene que el hecho de que una rectificación retroactiva no conlleve automáticamente un derecho a la restitución también podría deducirse a contrario del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 2018/264, aplicable a las campañas de comercialización 1999/2000 y 2000/2001, en el que, en cambio, el legislador de la Unión Europea previó expresamente tal derecho, lo que habría sido innecesario si ese derecho resultara desde el principio de la modificación de las cotizaciones.
27      No obstante, el citado órgano jurisdiccional argumenta que el derecho a la restitución de las cotizaciones pagadas indebidamente se deriva de la exigencia de garantizar el efecto útil del Reglamento n.º 1360/2013, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia en su sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland (C‑360/18, EU:C:2019:1124), para que los productores de azúcar soporten únicamente el importe exacto de las cotizaciones. Añade que, si bien el procedimiento y las modalidades de restitución, que incluyen plazos de prescripción o caducidad, son competencia del Derecho nacional, los Estados miembros deben, no obstante, respetar los principios de equivalencia y de efectividad, de modo que no debe resultar prácticamente imposible a los productores de azúcar presentar una solicitud de restitución. Aduce que, por consiguiente, en el presente asunto, la expiración del plazo de liquidación de las cotizaciones y la consiguiente firmeza de las liquidaciones tributarias no deben impedir a la recurrente en el litigio principal ejercer su derecho a la restitución.
28      Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de la compatibilidad de esa conclusión con el principio general del Derecho de la Unión de seguridad jurídica, tal como fue interpretado por el Tribunal de Justicia en sus sentencias de 13 de enero de 2004, Kühne & Heitz (C‑453/00, EU:C:2004:17) y de 20 de diciembre de 2017, Incyte (C‑492/16, EU:C:2017:995). Según esta jurisprudencia, en principio, el Derecho de la Unión no exige que se revoque una resolución administrativa que haya adquirido firmeza, ya que dicho carácter, adquirido al expirar los plazos razonables de recurso o por agotamiento de las vías de recurso, contribuye a la seguridad jurídica. Considera que de dicha jurisprudencia se desprende por otra parte que un órgano administrativo solo está obligado a revisar una decisión por la que se fijan cotizaciones para tener en cuenta una resolución del Tribunal de Justicia cuando, en particular, tal revisión siga siendo posible en virtud del Derecho nacional.
29      Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland (C‑360/18, EU:C:2019:1124), contradice dicha jurisprudencia, ya que reconoce la existencia de un derecho a la restitución aun cuando la decisión administrativa nacional haya adquirido firmeza y el plazo de prescripción para la recuperación de las exacciones pagadas indebidamente ya haya expirado. Considera que ello es tanto más cierto cuanto que, en el presente asunto, la modificación de las cotizaciones mediante el Reglamento n.º 1360/2013 tuvo lugar aproximadamente once años después de la campaña de comercialización en cuestión.
30      Por último, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, también se plantea la cuestión de si la recurrente en el litigio principal acudió en tiempo útil a la Oficina de Aduanas con el fin de obtener la restitución de las cotizaciones pagadas indebidamente y de si el plazo establecido en el artículo 2 del Reglamento n.º 1360/2013, a saber, el 30 de septiembre de 2014, se aplicaba a los productores de azúcar. Ese órgano jurisdiccional considera que, con arreglo al artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1150/2000, dicho plazo está dirigido a los Estados miembros y tiene por objeto garantizar que los recursos propios de la Unión se pongan a disposición de la Comisión antes de esa fecha. Sin embargo, sostiene que, si esa fecha no es la fecha límite para presentar una solicitud de restitución de las cotizaciones pagadas indebidamente, surgen dudas en cuanto a cuál es el plazo en el que debe presentarse tal solicitud.
31      En estas circunstancias, el Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo de lo Tributario) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 2 del Reglamento n.º 1360/2013 en el sentido de que un fabricante de azúcar tenía hasta el 30 de septiembre de 2014 para presentar su solicitud de restitución de las cotizaciones cobradas indebidamente?
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, en una situación como la presente (en la que unas cotizaciones se liquidaron contraviniendo el Derecho de la Unión pero han adquirido carácter firme, y su restitución no se solicitó hasta un año después de que el Reglamento n.º 1360/2013 fijara retroactivamente un coeficiente inferior), ¿está facultada la autoridad competente para denegar la restitución de las cotizaciones por producción cobradas indebidamente fundándose en las normas nacionales sobre el carácter firme y en el plazo legal para fijar las cotizaciones liquidadas con arreglo a la normativa nacional, así como en el principio de seguridad jurídica del Derecho de la Unión?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
32      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2 del Reglamento n.º 1360/2013 debe interpretarse en el sentido de que el plazo para presentar una solicitud, basada en ese Reglamento, con la que se pretende obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente en concepto de cotizaciones por producción en el sector del azúcar, expira a más tardar en la fecha en que se constataron dichas cotizaciones, a saber, el 30 de septiembre de 2014.
33      Para responder a esta cuestión, procede señalar, de entrada, que, como se desprende de sus considerandos 10 y 11, el Reglamento n.º 1360/2013 fue adoptado por el Consejo para dar cumplimiento a la sentencia de 27 de septiembre de 2012, Zuckerfabrik Jülich y otros (C‑113/10, C‑147/10 y C‑234/10, EU:C:2012:591). En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, en particular, que el método utilizado por la Comisión para determinar las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para las campañas de comercialización 2002/2003 a 2005/2006 no era correcto y que, por consiguiente, los productores de azúcar afectados tenían derecho a la restitución de las cantidades abonadas indebidamente en concepto de dichas cotizaciones, más los intereses correspondientes. Según el considerando 12 de dicho Reglamento, dado que el método utilizado para calcular las cotizaciones correspondientes a la campaña de comercialización 2001/2002 era el mismo que el invalidado por el Tribunal de Justicia, también debían corregirse las cotizaciones por producción y el coeficiente de la cotización complementaria correspondiente. Por consiguiente, el citado Reglamento tiene por objeto corregir, con carácter retroactivo, el importe de las cotizaciones correspondientes a las campañas 2001/2002 a 2005/2006, según el método validado por el Tribunal de Justicia en la citada sentencia (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, apartados 35 y 36).
34      De ello se desprende, por un lado, que el Reglamento n.º 1360/2013 implementa el derecho a la restitución de las cantidades abonadas indebidamente en concepto de cotizaciones por producción en el sector del azúcar para las campañas de comercialización 2001/2002 a 2005/2006 que los productores de azúcar derivan del Derecho de la Unión, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia. Por consiguiente, para garantizar el efecto útil de dicho Reglamento, esos productores de azúcar deben poder obtener tal restitución (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, apartados 37 y 38).
35      Por otro lado, ese derecho a la restitución solo puede ejercerse a partir de la fecha de entrada en vigor del citado Reglamento, es decir, a partir del 20 de diciembre de 2013. En efecto, solo a partir de esa fecha, tras la fijación retroactiva de las nuevas cotizaciones por producción en el sector del azúcar, pudieron las autoridades nacionales competentes determinar el importe exacto de las cotizaciones pagadas indebidamente por cada uno de los productores afectados. Del mismo modo, no fue hasta esa fecha cuando tales productores tuvieron la oportunidad de conocer dicho importe y, en consecuencia, presentar solicitudes válidas de restitución de las cotizaciones pagadas indebidamente (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, apartados 40 y 41).
36      Por lo que atañe a las condiciones y al plazo de ejercicio del citado derecho a la restitución, procede señalar, para empezar, que, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.º 1360/2013, el punto 1 del anexo de este último fija las cotizaciones por producción en el sector del azúcar, expresadas en forma de importe en euros por tonelada de producto, para cada campaña de comercialización, que va de la campaña de comercialización 2001/2002 a la campaña de comercialización 2005/2006. A continuación, el artículo 2 del mismo Reglamento establece, en principio, la fecha en la que los Estados miembros tienen la obligación de incluir en la cuenta de los recursos propios de la Unión el importe de esas nuevas cotizaciones. Por último, el artículo 3 de dicho Reglamento establece las fechas a partir de las cuales las nuevas cotizaciones se aplican con carácter retroactivo (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, apartados 42 a 44).
37      En particular, del artículo 2 del Reglamento n.º 1360/2013, en relación con el artículo 2, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.º 1150/2000, se desprende que la fecha fijada por la primera de dichas disposiciones, a saber, el 30 de septiembre de 2014, es la fecha en la que los Estados miembros debían, en principio, determinar los importes adeudados por los sujetos pasivos en concepto de las nuevas cotizaciones por producción en el sector del azúcar y consignar dichos importes en la cuenta de recursos propios de la Unión, y no la fecha en la que los productores de azúcar debían presentar su solicitud de restitución de las cantidades pagadas indebidamente. En efecto, como se desprende del considerando 23 del Reglamento n.º 1360/2013, el plazo establecido en el artículo 2 de dicho Reglamento se entiende sin perjuicio de los plazos previstos por el Derecho nacional para la restitución a los operadores económicos afectados.
38      De las disposiciones anteriores se desprende que el Reglamento n.º 1360/2013 sustituyó las disposiciones de los reglamentos de la Comisión por los que se fijaba el importe de las cotizaciones por producción en el sector del azúcar para las campañas de comercialización 2001/2002 a 2005/2006, incluidas las del Reglamento n.º 1837/2002, con efecto retroactivo a partir de la fecha de aplicación de dichas disposiciones, sin establecer, no obstante, los procedimientos y sistemas que deben aplicar los Estados miembros para dar cumplimiento al derecho de los productores de azúcar a la restitución de las cotizaciones pagadas indebidamente resultante de tal modificación (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, apartados 45 y 53).
39      De ello se desprende, por un lado, que, en virtud del Reglamento n.º 1360/2013, las autoridades nacionales competentes no están llamadas a restituir las tasas nacionales percibidas en violación del Derecho de la Unión, en su caso mediante la revisión de las resoluciones administrativas o judiciales firmes que exijan el pago de dichas tasas, como ocurrió en particular en los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 6 de octubre de 2015, Târşia, C‑69/14 (EU: C:2015:662, apartados 24 a 30), y de 11 de septiembre de 2019, Călin, C‑676/17 (EU:C:2019:700, apartados 24 a 29), sino a aplicar una nueva reevaluación retroactiva de un recurso propio de la Unión, que esas autoridades recaudaron en nombre de esta, decidida por el legislador de la Unión.
40      A tal efecto, corresponde, por tanto, a dichas autoridades, no reexaminar, rectificar o incluso anular las decisiones nacionales de liquidación del impuesto y las notificaciones fiscales correspondientes adoptadas sobre la base de los reglamentos de la Comisión mencionados en el apartado 38 de la presente sentencia, sino cuantificar, para cada uno de los productores de azúcar afectados, el importe de la diferencia entre las cantidades pagadas indebidamente en concepto de las cotizaciones establecidas por dichos Reglamentos y las cantidades adeudadas en concepto de las cotizaciones establecidas por el Reglamento n.º 1360/2013, con el fin de permitir a esos productores presentar válidamente solicitudes de restitución de tal importe y garantizar así el efecto útil de este último Reglamento.
41      Por otro lado, al no contener el Reglamento n.º 1360/2013 ninguna disposición que establezca los procedimientos y sistemas que deben aplicar los Estados miembros para dar cumplimiento al derecho de los productores de azúcar a obtener el reembolso de las cotizaciones abonadas indebidamente, los Estados miembros mantienen la facultad de aplicar la regulación procesal establecida por su Derecho nacional, en particular en materia de plazos de prescripción y caducidad, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, apartados 45 y 46 y jurisprudencia citada).
42      El respeto de estos principios exige que esa regulación procesal no sea menos favorable que la que se aplique a reclamaciones semejantes basadas en normas de Derecho interno (principio de equivalencia) ni esté estructurada de una forma que haga prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, apartado 47 y jurisprudencia citada).
43      Por lo que se refiere, por una parte, al respeto del principio de equivalencia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente, que tiene conocimiento directo de la regulación procesal destinada a garantizar, en Derecho interno, la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión otorga a los justiciables, comprobar que la regulación procesal establecida para la ejecución de la obligación de restitución de las cotizaciones pagadas indebidamente, introducida por el Reglamento n.º 1360/2013, no es menos favorable que la aplicable a solicitudes similares basadas en el Derecho nacional (véase, por analogía, la sentencia de 14 de octubre de 2020, Valoris, C‑677/19, EU:C:2020:825, apartado 29 y jurisprudencia citada).
44      En lo que atañe, por otra parte, al respeto del principio de efectividad, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la fijación de plazos razonables de prescripción o de caducidad respeta, en principio, la exigencia de efectividad en la medida en que constituye una aplicación del principio fundamental de seguridad jurídica que protege tanto al interesado como a la administración de que se trate, aun cuando el vencimiento de tales plazos pueda, por su propia naturaleza, impedir a los interesados el ejercicio total o parcial de sus derechos (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, apartado 52 y jurisprudencia citada).
45      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, dado que el derecho de los productores de azúcar a obtener la restitución de las cotizaciones pagadas indebidamente solo puede ejercerse a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento n.º 1360/2013, una normativa nacional que establece que los plazos de prescripción y de caducidad aplicables para solicitar dicha restitución expiran antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento hace prácticamente imposible el ejercicio de tal derecho a la restitución. El Tribunal de Justicia dedujo de ello que el Reglamento n.º 1360/2013, interpretado a la luz del principio de efectividad, se opone a tal normativa nacional (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, apartados 55, 56 y 58).
46      De lo anterior se desprende que debe considerarse que las regulaciones procesales nacionales aplicables a la restitución, sobre la base del Reglamento n.º 1360/2013, de las cotizaciones por producción en el sector del azúcar pagadas indebidamente, que prevén plazos de prescripción y de caducidad razonables, respetan el principio de efectividad, siempre que dichos plazos se computen a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento n.º 1360/2013.
47      En el presente asunto, en su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente da cuenta de las disposiciones del Derecho alemán, a saber, los artículos 169, apartados 1 y 2, y 170 del Código tributario, que establecen plazos para anular o modificar los impuestos y determinadas tasas. Estos plazos son, respectivamente, de un año y de cuatro años según el caso. Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente no indica si esos plazos pueden aplicarse a la presentación de solicitudes de restitución basadas en el Reglamento n.º 1360/2013 y en caso de ser así cuál de ellos es de aplicación.
48      A este respecto, debe recordarse, no obstante, que el Tribunal de Justicia ha declarado, a título de ejemplo, que un plazo de caducidad nacional de tres años podía considerarse razonable en el sentido de dicha jurisprudencia (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Cargill Deutschland, C‑360/18, EU:C:2019:1124, apartado 52 y jurisprudencia citada) y que un plazo de un año para presentar solicitudes o recursos basados en una infracción del Derecho de la Unión no parece, en sí mismo, irrazonable, a condición, no obstante, de que comience a correr como muy pronto a partir de la entrada en vigor de la normativa destinada a poner remedio a dicha infracción (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de octubre de 2020, Valoris, C‑677/19, EU:C:2020:825, apartados 27 y 28).
49      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 2 del Reglamento n.º 1360/2013 debe interpretarse en el sentido de que no exige que el plazo para presentar una solicitud, basada en ese Reglamento, con la que se pretende obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente en concepto de cotizaciones por producción en el sector del azúcar, expire a más tardar en la fecha en que se constataron dichas cotizaciones, a saber, el 30 de septiembre de 2014. Corresponde a los Estados miembros determinar, en su Derecho nacional, el plazo aplicable, sin perjuicio del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad, entendiéndose que un plazo de un año de duración no resulta, en sí mismo, irrazonable, siempre que, no obstante, comience a correr como muy pronto a partir de la entrada en vigor del Reglamento n.º 1360/2013.
Segunda cuestión prejudicial
50      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Reglamento n.º 1360/2013 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite a las autoridades nacionales competentes desestimar una solicitud, basada en ese Reglamento, con la que se pretende obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente en concepto de cotizaciones por producción en el sector del azúcar, invocando el carácter firme de las decisiones nacionales que, antes de la adopción de dicho Reglamento, fijaron el importe de esas cotizaciones, con arreglo a varios Reglamentos de la Comisión que fueron sustituidos, con efecto retroactivo, por ese mismo Reglamento.
51      De entrada, procede señalar que de la petición de decisión prejudicial se desprende que la solicitud de restitución presentada por I en el plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento n.º 1360/2013, es decir, el 18 de diciembre de 2014, fue desestimada por las autoridades nacionales competentes debido a que la decisión de 25 de noviembre de 2002, por la que se fijaba el importe de las cotizaciones adeudadas por I en relación con la campaña de comercialización 2001/2002, adoptada por la Oficina de Aduanas en virtud del Reglamento n.º 1837/2002, había adquirido firmeza al expirar, en febrero de 2010, los plazos de caducidad y prescripción establecidos para solicitar la modificación de dicha decisión.
52      A este respecto, basta señalar que, como se desprende en particular del apartado 45 de la presente sentencia, el Reglamento n.º 1360/2013, interpretado en relación con el principio de efectividad, se opone a una normativa nacional en virtud de la cual una solicitud de restitución de cotizaciones por producción en el sector del azúcar, basada en ese Reglamento, puede ser desestimada por haber adquirido firmeza las decisiones que fijaron las cotizaciones antes de la adopción de dicho Reglamento.
53      Esta conclusión no queda en modo alguno desvirtuada por el principio de seguridad jurídica invocado por el órgano jurisdiccional remitente.
54      En efecto, según reiterada jurisprudencia, es cierto que, dado que el carácter firme de una resolución administrativa, adquirido al expirar los plazos razonables de recurso o por agotamiento de las vías de recurso, contribuye a la seguridad jurídica, el Derecho de la Unión no impone, en principio, a un órgano administrativo el deber de revisar una resolución administrativa que haya adquirido tal firmeza (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Incyte, C‑492/16, EU:C:2017:995, apartado 46 y jurisprudencia citada).
55      Sin embargo, como se ha señalado en el apartado 40 de la presente sentencia, la aplicación del Reglamento n.º 1360/2013 por las autoridades nacionales competentes no obliga a reexaminar, rectificar o incluso anular las decisiones nacionales de liquidación del impuesto, como la decisión de 25 de noviembre de 2002, adoptadas sobre la base de reglamentos de la Comisión que han sido sustituidos con efecto retroactivo por dicho Reglamento. Por tanto, el carácter firme de tales decisiones y notificaciones fiscales no puede impedir que los productores de azúcar ejerzan su derecho a la restitución de las cotizaciones abonadas indebidamente en virtud del Derecho de la Unión, tal como ha sido aplicado por dicho Reglamento.
56      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el Reglamento n.º 1360/2013 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite a las autoridades nacionales competentes desestimar una solicitud, basada en ese Reglamento, con la que se pretende obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente en concepto de cotizaciones por producción en el sector del azúcar, invocando el carácter firme de las decisiones nacionales que, antes de la adopción de dicho Reglamento, fijaron el importe de esas cotizaciones, con arreglo a varios Reglamentos de la Comisión que fueron sustituidos, con efecto retroactivo, por ese mismo Reglamento.
Costas
57      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
1)      El artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1360/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se fijan las cotizaciones por producción en el sector del azúcar correspondientes a las campañas de comercialización 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 y 2005/06, el coeficiente necesario para el cálculo de la cotización complementaria de las campañas 2001/02 y 2004/05 y los importes que deben pagar los fabricantes de azúcar a los vendedores de remolacha por la diferencia entre la cotización máxima y la cotización que debe aplicarse a las campañas de comercialización 2002/03, 2003/04 y 2005/06,
debe interpretarse en el sentido de que
no exige que el plazo para presentar una solicitud, basada en ese Reglamento, con la que se pretende obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente en concepto de cotizaciones por producción en el sector del azúcar, expire a más tardar en la fecha en que se constataron dichas cotizaciones, a saber, el 30 de septiembre de 2014. Corresponde a los Estados miembros determinar, en su Derecho nacional, el plazo aplicable, sin perjuicio del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad, entendiéndose que un plazo de un año de duración no resulta, en sí mismo, irrazonable, siempre que, no obstante, comience a correr como muy pronto a partir de la entrada en vigor del Reglamento n.º 1360/2013.
2)      El Reglamento n.º 1360/2013
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que permite a las autoridades nacionales competentes desestimar una solicitud, basada en ese Reglamento, con la que se pretende obtener la restitución de las cantidades pagadas indebidamente en concepto de cotizaciones por producción en el sector del azúcar, invocando el carácter firme de las decisiones nacionales que, antes de la adopción de dicho Reglamento, fijaron el importe de esas cotizaciones, con arreglo a varios Reglamentos de la Comisión que fueron sustituidos, con efecto retroactivo, por ese mismo Reglamento.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: alemán.