62023CO0026(01)
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 27 de julio de 2023 (
*1
)
«Recurso de casación — Iniciativa ciudadana “Minority SafePack” — Solicitud de actuación — Artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Interés en la solución del litigio — Admisión»
En el asunto C‑26/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 21 de enero de 2023,
Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe
», representado por el Sr. T. Hieber, Rechtsanwalt,
parte recurrente,
y en el que las otras partes en el procedimiento son:
Comisión Europea, representada por las Sras. I. Rubene y E. A. Stamate y el Sr. C. Urraca Caviedes, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
Hungría, representada por el Sr. M. Z. Fehér y la Sra. K. Szíjjártó, en calidad de agentes,
República Helénica,
República Eslovaca,
partes coadyuvantes en primera instancia,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
vista la propuesta del Sr. S. Rodin, Juez Ponente;
oído el Abogado General, Sr. A. M. Collins;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso de casación, el Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» (en lo sucesivo, «Citizens’ Committee») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 9 de noviembre de 2022, Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe/Comisión (T‑158/21, EU:T:2022:696), por la que este desestimó su recurso de anulación de la Comunicación C(2021) 171 final de la Comisión, de 14 de enero de 2021, sobre la Iniciativa Ciudadana Europea titulada «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe» (en lo sucesivo, «Comunicación controvertida»).
2
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de abril de 2023, la Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Comunidad germanófona de Bélgica) ha solicitado, sobre la base del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se le admita a intervenir en el presente recurso de casación en apoyo de las pretensiones del Citizens’ Committee.
3
Tras la notificación a las partes por el Secretario del Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 131, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 190, apartado 1, de la demanda de intervención, el Citizens’ Committee y la Comisión Europea presentaron sus observaciones escritas sobre dicha demanda dentro del plazo señalado. Solo la Comisión solicitó que se desestimara la referida demanda.
Sobre la demanda de intervención
4
El artículo 40, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispone que los Estados miembros y las instituciones de la Unión podrán intervenir como coadyuvantes en los litigios sometidos al Tribunal de Justicia. A tenor de la primera frase del párrafo segundo de este artículo, el mismo derecho tendrán los órganos y organismos de la Unión y cualquier otra persona siempre que puedan demostrar un interés en la solución de un litigio sometido al Tribunal de Justicia.
5
Cabe señalar, en primer lugar, que una entidad infraestatal de un Estado miembro puede, por tanto, intervenir en un procedimiento del mismo modo que cualquier otra persona, pero que, a diferencia del Estado miembro al que pertenece, debe demostrar un interés en la solución del litigio sometido al Tribunal de Justicia.
6
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «interés en la solución del litigio», en el sentido de dicha disposición, debe definirse en relación con el objeto del litigio y entenderse como un interés directo y actual en que se estimen las pretensiones en sí mismas, y no como un interés respecto a los motivos o alegaciones invocados. En efecto, los términos «solución del litigio» se refieren a la decisión final que se solicita, tal como quedaría consagrada en el fallo de la futura sentencia (véase, en particular, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2018, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2018:553, apartado 7).
7
En principio, el interés en la solución del litigio solo puede considerarse suficientemente directo si tal solución puede modificar la posición jurídica de quien ha solicitado intervenir en el procedimiento (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2020, Comisión/HSBC Holdings y otros, C‑806/19 P, EU:C:2020:364, apartado 8 y jurisprudencia citada).
8
No obstante, debe señalarse que las entidades infraestatales de los Estados miembros, a diferencia de las personas físicas y jurídicas, pueden solicitar intervenir en un procedimiento ante el Tribunal de Justicia no para defender intereses privados, sino para exponer su punto de vista en el ámbito de litigios que puedan tener una incidencia significativa en el ejercicio de las competencias que les atribuyen la Constitución o la legislación de los Estados miembros a los que pertenecen.
9
Por consiguiente, en cuanto atañe a las demandas de intervención de las entidades infraestatales de los Estados miembros, procede aplicar el requisito relativo a la existencia de un interés directo y actual en la solución del litigio de un modo que refleje esta especificidad (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 2021, Alemania/Pharma Mar y Comisión, C‑6/21 P y C‑16/21 P, EU:C:2021:756, apartado 11).
10
En efecto, ya se ha declarado, en relación con las demandas de intervención presentadas por organizaciones de defensa del medio ambiente, que la exigencia de un interés directo y actual en la solución del litigio pendiente ante el Tribunal de Justicia presupone, por una parte, que el ámbito de actuación de dichas organizaciones, tal como se desprende de su objeto, consagrado, en su caso, en sus estatutos, tenga una relación directa con el objeto de dicho litigio y, por otra parte, que el referido litigio plantee cuestiones de principio que puedan afectar a los intereses defendidos por las organizaciones de que se trata [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 2019, Bayer CropScience y Bayer/Comisión, C‑499/18 P, EU:C:2019:107, apartado 6, y jurisprudencia citada]. Aun teniendo en cuenta las particularidades de la situación de las entidades infraestatales de los Estados miembros derivadas del hecho de que sus competencias están constitucionalmente reconocidas en el Derecho de esos Estados, procede aplicar esencialmente los mismos criterios para apreciar la existencia de un interés en la solución del litigio por su parte, mutatis mutandis.
11
Así, para acreditar un interés en la solución de un litigio ante el Tribunal de Justicia en el que no es parte, una entidad infraestatal de un Estado miembro debe demostrar, por una parte, que el objeto del litigio está comprendido en el ámbito de las competencias que le atribuye el Derecho nacional y, por otra parte, que el litigio plantea cuestiones de principio que pueden afectar a sus propios intereses. Así, a este último respecto, el interés invocado por dicha entidad no debe confundirse totalmente con el del Estado miembro al que pertenece, que, en cualquier caso, podría haber intervenido en el litigio.
12
En el caso de autos, de la presente demanda de intervención se desprende que la Comunidad germanófona de Bélgica una de las tres comunidades previstas en el marco constitucional del Reino de Bélgica y que goza de un estatuto de autonomía conferido, en particular, por los artículos 2, 115 y 121 de la Constitución, así como de una competencia en materia de preservación de la identidad cultural y lingüística de la minoría germanófona derivada de la Constitución belga. En virtud del artículo 130 de la citada Constitución, la Comunidad germanófona de Bélgica es competente, en particular, para la protección y la promoción de la lengua alemana y dispone de amplias competencias en los ámbitos de la educación y de la investigación.
13
Por consiguiente, procede declarar que el objeto del litigio sometido al Tribunal de Justicia entra dentro del ámbito de las competencias propias de la Comunidad germanófona de Bélgica, tal como resultan de la Constitución belga. En efecto, el presente litigio versa sobre una iniciativa ciudadana cuyo objetivo, según la Comunicación controvertida, es mejorar la protección de las personas pertenecientes a minorías nacionales y lingüísticas y reforzar la diversidad cultural y lingüística en la Unión.
14
Además, el litigio plantea cuestiones de principio que pueden afectar a los intereses propios de esta entidad. La Comunicación controvertida indica que «la [Unión] no tiene ninguna competencia general para legislar específicamente sobre la protección de las minorías nacionales» o que «la Unión tampoco tiene competencia legislativa sobre cuestiones como el uso de lenguas regionales o minoritarias, en la enseñanza pública o en otros ámbitos» y que «estas cuestiones son responsabilidad de los Estados miembros». Así pues, el presente litigio plantea una cuestión relativa al alcance de la competencia de la Unión para adoptar medidas en un ámbito que es competencia de la Comunidad germanófona de Bélgica.
15
En estas circunstancias, habida cuenta del carácter fundamental de esta cuestión de competencia y del hecho de que la respuesta a dicha cuestión puede ser determinante para el contenido de cualquier comunicación ulterior de la Comisión en el mismo ámbito, es inútil que la Comisión sostenga que la Comunidad germanófona de Bélgica solo tiene un interés indirecto e incierto en intervenir en el presente asunto, señalando que la Comunicación controvertida o cualquier comunicación ulterior de la Comisión de esta naturaleza solo constituye una etapa de una serie de actos y acontecimientos futuros. También debe desestimarse por no tener ninguna incidencia en la apreciación, en el caso de autos, del interés de la Comunidad germanófona de Bélgica en la solución del litigio, la alegación de la Comisión según la cual dicha Comunidad o cualquier otro grupo de organizadores está siempre facultada para presentar una nueva iniciativa ciudadana europea que contenga propuestas idénticas o similares a la iniciativa controvertida, que la Comisión apreciará entonces en cuanto al fondo si obtiene el apoyo necesario.
16
En consecuencia, debe considerarse que la Comunidad germanófona de Bélgica ha justificado que tiene interés en la solución del litigio en el sentido del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
17
En estas circunstancias, procede estimar la demanda de intervención presentada por la Comunidad germanófona de Bélgica en apoyo de las pretensiones del Citizens’ Committee.
Sobre los derechos procesales de la parte coadyuvante
18
Al haberse admitido la demanda de intervención, a la Comunidad germanófona de Bélgica, con arreglo al artículo 131, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 190, apartado 1, de dicho Reglamento, se le dará traslado de todos los escritos procesales notificados a las partes, salvo que estas soliciten que se excluyan de esa notificación determinados escritos o documentos.
19
Dado que dicha demanda se presentó dentro del plazo establecido en el artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, ampliado, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días, con arreglo al artículo 51 de dicho Reglamento, la Comunidad germanófona de Bélgica podrá presentar, de conformidad con el artículo 132, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, el escrito de formalización de la intervención en el plazo de un mes, ampliado de ese mismo plazo por razón de la distancia, de acuerdo con la Comunicación mencionada en el apartado anterior.
20
Por último, la Comunidad germanófona de Bélgica podrá presentar observaciones orales si se celebra una vista.
Costas
21
A tenor del artículo 137 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.
22
En el presente asunto, al haberse admitido la demanda de intervención de la Comunidad germanófona de Bélgica, procede reservar la decisión sobre las costas de su intervención.
En virtud de todo lo expuesto, el Presidente del Tribunal de Justicia resuelve:
1)
Admitir la intervención de la Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Comunidad germanófona de Bélgica) en apoyo de las pretensiones del Citizens’ Committee of the European Citizens’ Initiative «Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe».
2)
El Secretario dará traslado de una copia de todos los escritos procesales a la Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Comunidad germanófona de Bélgica).
3)
La Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Comunidad germanófona de Bélgica) dispondrá de un plazo de un mes, que comienza a correr a partir de la fecha del traslado de todos los escritos a que se hace referencia en el punto 2 del presente fallo, para presentar el escrito de formalización de la intervención.
4)
Reservar la decisión sobre las costas de la intervención de la Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens (Comunidad germanófona de Bélgica).
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.