61970J0080
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 25 de mayo de 1971 (
*1
)
En el asunto 80/70,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Conseil d'État de Belgique, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano judicial entre
Gabrielle Defrenne, antigua azafata de la Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, con domicilio en Bruselas,
y
État belge, representado por el ministre de la prévoyance sociale,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 119 del Tratado CEE, en relación con el arrêté royal de 3 de noviembre de 1969, que determina para el personal de vuelo de la aviación civil las reglas especiales para obtener el derecho de pensión y las modalidades especiales de aplicación del arrête royal no 50, de 24 de octubre de 1967, relativo a la pensión de jubilación y de supervivencia de los trabajadores por cuenta ajena,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; A.M. Donner y A. Trabucchi, Presidentes de Sala; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore (Ponente) y H. Kutscher, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Dutheillet de Lamothe;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
1
Considerando que, mediante resolución de 4 de diciembre de 1970, recibida en la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 11 de diciembre siguiente, el Conseil d'État de Belgique planteó a este Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 119 del Tratado CEE relativo a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo.
Sobre la primera cuestión
2
Considerando que, en primer lugar, se solicita a este Tribunal de Justicia que declare si «la pensión de jubilación, que se concede en el marco de la Seguridad Social financiada mediante las cotizaciones de los trabajadores y de los empresarios, así como por subvenciones del Estado, constituye una prestación pagada indirectamente por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo de este último».
3
Considerando que, según la resolución de remisión, dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio relativo a la validez del arrêté royal belga de 3 de noviembre de 1969 sobre las pensiones de jubilación del personal de vuelo de aviación civil -adoptado en el ámbito del Régimen general de pensiones de jubilación y de supervivencia de los trabajadores por cuenta ajena- y, más en particular, de una disposición de dicho arrêté que dispone la exclusión de las azafatas del mencionado régimen;
4
que, según la demandante en el asunto principal, dicha exclusión es contraria al principio de igualdad formulado por el artículo 119, dado que el disfrute de la pensión forma parte de la «retribución», tal como está definida en el párrafo segundo del artículo 119, en concepto de prestación pagada indirectamente por el empresario.
5
Considerando que, a tenor del párrafo primero del artículo 119 del Tratado CEE, los Estados miembros garantizarán la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo;
6
que, en su párrafo segundo, dicho artículo extiende el concepto de retribución a todas las prestaciones, en dinero o en especie, presentes o futuras, siempre que, aunque sea indirectamente, se paguen por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo de este último;
7
que, si bien las prestaciones que se incluyen entre las de Seguridad Social, no están en principio excluidas del concepto de retribución, no pueden sin embargo incluirse en dicho concepto, tal como lo define el artículo 119, los regímenes o prestaciones de Seguridad Social, especialmente las pensiones de jubilación directamente reguladas por ley con exclusión de cualquier elemento de concertación en el seno de la empresa o de la rama profesional de que se trate, que sea aplicable obligatoriamente a categorías generales de trabajadores;
8
que, en efecto, dichos regímenes permiten a los trabajadores acogerse a un sistema obligatorio a cuya financiación contribuyen trabajadores, empresarios y eventualmente los poderes públicos en una proporción que no está en función tanto de la relación de trabajo entre empresario y trabajador como de consideraciones de política social.
9
que, por consiguiente, la parte que recae sobre los empresarios en la financiación de semejantes sistemas no constituye un pago directo o indirecto al trabajador;
10
que, por otra parte, este último se beneficia normalmente de las prestaciones legalmente establecidas, no a causa de la aportación empresarial, sino por el mero hecho de reunir los requisitos legales exigidos para la concesión de la prestación;
11
que estas características son asimismo las de los regímenes especiales que, en el ámbito del sistema obligatorio y general de Seguridad Social, se refieren, en particular, a determinadas categorías de trabajadores;
12
que, por lo tanto, debe afirmarse que las situaciones discriminatorias que puedan derivar de la aplicación de tal sistema no quedan sometidas a lo previsto por el artículo 119 del Tratado.
13
Considerando que, de lo anteriormente expuesto, resulta que una pensión de jubilación establecida en el ámbito de un régimen obligatorio de Seguridad Social no constituye una prestación satisfecha indirectamente por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo, a efectos del segundo párrafo del artículo 119.
Sobre las cuestiones segunda y tercera
14
Considerando que, mediante la segunda cuestión, se pregunta si la normativa aplicable al trabajador puede «establecer un límite de edad distinto para los empleados masculinos y femeninos integrantes del personal de vuelo de la aviación civil»;
15
que mediante la tercera cuestión se pregunta, además, si las azafatas y los auxiliares de vuelo de la aviación civil, realizan «el mismo trabajo».
16
Considerando que, en razón de la respuesta dada a la primera cuestión, las restantes cuestiones carecen ya de objeto.
Costas
17
Considerando que los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;
18
que, el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido en el curso del litigio que se sigue ante el Conseil d'État de Belgique y que, en consecuencia, corresponde a dicho órgano jurisdiccional decidir sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto;
vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídas las observaciones orales presentadas por las partes del litigio principal y la Comisión de las Comunidades Europeas;
oídas las conclusiones del Abogado General;
visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en especial, sus artículos 119 y 177;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea y, en especial, su artículo 20;
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Conseil d'État de Belgique (Sección de Administración, Sala Tercera) mediante resolución de 4 de diciembre de 1970, declara:
1)
Una pensión de jubilación establecida en el ámbito de un régimen obligatorio de Seguridad Social no constituye una prestación satisfecha indirectamente por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo, en el sentido del párrafo segundo del artículo 119 del Tratado CEE.
2)
No procede pronunciarse sobre las otras cuestiones.
Lecourt
Donner
Trabucchi
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Kutscher
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de mayo de 1971.
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
R. Lecourt
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.