Edición provisional
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 20 de abril de 2026 (*)
« Función pública — Agentes temporales — Publicación de un comunicado de prensa por un grupo político del Parlamento — Competencia del Tribunal General — Responsabilidad — Daños materiales y morales — Recurso manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno »
En el asunto T‑374/25,
EO, representado por la Sra. L. Levi, abogada,
parte demandante,
contra
Parlamento Europeo, representado por la Sra. S. Seyr y el Sr. R. Schiano, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. G. De Baere, Presidente, y los Sres. J. Svenningsen (Ponente) y C. Mac Eochaidh, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:
–        la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 6 de junio de 2025;
–        la excepción de inadmisibilidad y de incompetencia (en lo sucesivo, «excepción») invocada por el Parlamento, presentada en la Secretaría del Tribunal General el 15 de septiembre de 2025;
–        las observaciones de la parte demandante sobre la excepción presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 27 de octubre de 2025;
–        la diligencia de ordenación del procedimiento de 17 de diciembre de 2025 y las respuestas del Parlamento y de la parte demandante presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 8 de enero de 2026 y el 11 de febrero de 2026, respectivamente;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante su recurso basado en el artículo 270 TFUE, el demandante, EO, solicita la anulación de la decisión de 12 de julio de 2024 (en lo sucesivo, «primera decisión impugnada») de la presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (en lo sucesivo, «grupo S&D»), grupo político del Parlamento Europeo, y de la decisión de 6 de marzo de 2025 de la mesa del grupo S&D (en lo sucesivo, «segunda decisión impugnada»), por las que se desestima su solicitud de indemnización. En virtud de la misma disposición, el demandante solicita de igual modo la indemnización de los daños materiales y morales que afirma haber sufrido como consecuencia de la publicación, por parte de la mesa del grupo S&D, de un comunicado de prensa titulado «Tolerancia cero con la corrupción» (en lo sucesivo, «comunicado de prensa»).
Antecedentes del litigio
2        El demandante es un antiguo agente temporal, en el sentido del artículo 2, letra c), del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «ROA»), del grupo S&D. Su contrato de trabajo se celebró con el Parlamento.
3        En el ejercicio de sus funciones de asesor político del grupo S&D, participó, en particular, en la elaboración de la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2022, sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar (DO 2023, C 167, p. 99).
4        En los días siguientes a la adopción de la Resolución de 24 de noviembre de 2022, un asistente parlamentario acreditado de un diputado del grupo S&D ofreció al demandante asistir a un partido de la Copa Mundial de fútbol en Qatar. Este obsequio consistía en dos entradas para asistir al partido de cuartos de final entre Argentina y los Países Bajos y en el pago de los gastos de viaje y alojamiento para dos personas.
5        Entre el 8 y el 11 de diciembre de 2022, el demandante estuvo en Qatar con su pareja.
6        El 9 de diciembre de 2022, las autoridades belgas iniciaron una investigación sobre eventuales actividades de lobbying ilícitas por parte del Estado de Qatar (en lo sucesivo, «investigación de Qatar»). En particular, llevaron a cabo registros en las oficinas del Parlamento y detuvieron a varias personas, entre ellas el asistente parlamentario acreditado mencionado en el apartado 4 anterior.
7        El 16 de diciembre de 2022, el demandante informó a su jefe de unidad de su estancia en Qatar. Conjuntamente, informaron de ello al secretario general del grupo S&D.
8        El 20 de diciembre de 2022, tras haber oído al demandante, la presidenta del grupo S&D, en su condición de autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo (en lo sucesivo, «AFCC»), le suspendió de sus funciones por una duración indeterminada, con retención sobre su retribución, en aplicación de los artículos 23 y 24 del anexo IX del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»).
9        Tras una serie de actuaciones administrativas, el 15 de septiembre de 2023, el Parlamento resolvió el contrato del demandante como agente temporal, con arreglo al artículo 47, letra c), inciso i), del ROA. El demandante interpuso recurso solicitando la anulación de dicha decisión y solicitó una indemnización por los daños materiales y morales sufridos. Dicho recurso fue desestimado mediante sentencia de 11 de junio de 2025, EO/Parlamento (T‑368/24, recurrida en casación, EU:T:2025:583).
10      El 20 de diciembre de 2022, el mismo día que la presidenta del grupo S&D suspendió al demandante de sus funciones, la mesa del grupo S&D emitió el comunicado de prensa, que se publicó en el sitio web del grupo S&D.
11      En el comunicado de prensa, la mesa del grupo S&D indicó que, tras la decisión adoptada la semana anterior de expulsar del grupo a una vicepresidenta del Parlamento y de apartar de sus funciones a otros diputados al Parlamento vinculados con la investigación de Qatar, se comprometía a adoptar nuevas medidas concretas para luchar contra la corrupción y las injerencias externas. Asimismo, señaló que la mesa del grupo S&D estaba consternada por las acusaciones de corrupción y que estaba resuelta a apoyar una investigación exhaustiva. Explicó que había establecido los ejes principales de una investigación interna y confirmó el calendario para la elección del candidato del grupo S&D para el cargo de vicepresidente del Parlamento.
12      En el quinto de los seis párrafos del comunicado de prensa se señalaba que «la Mesa respalda plenamente la suspensión de un miembro del personal del S&D por una falta grave relacionada con la investigación judicial en curso».
13      Posteriormente, el perfil del demandante fue retirado del organigrama del sitio web del grupo S&D, si bien, según el Parlamento, su nombre siguió figurando en el directorio general del Parlamento.
14      Tras llevar a cabo una investigación, un periodista llegó a la conclusión de que el demandante era el miembro del personal del grupo S&D al que se hacía referencia en el comunicado de prensa y, el 22 de diciembre de 2022, publicó un artículo de prensa sobre la suspensión del demandante, mencionándolo por su nombre, en el contexto de la investigación interna del grupo S&D.
15      El 14 de marzo de 2024, el demandante presentó una solicitud de indemnización, con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto, por el daño sufrido como consecuencia del comunicado de prensa.
16      Mediante la primera decisión impugnada, la presidenta del grupo S&D desestimó la solicitud de indemnización del demandante. Consideró que la publicación del comunicado de prensa no constituía una violación del principio de presunción de inocencia, del deber de diligencia, del derecho a una buena administración ni del derecho a la protección de la vida privada y de los datos personales. A su juicio, no concurría el primero de los tres requisitos acumulativos necesarios para estimar una solicitud de indemnización basada en la responsabilidad extracontractual de la Unión (requisito de conducta ilegal de la institución).
17      El 10 de octubre de 2024, el demandante presentó una reclamación, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra la primera decisión impugnada. Reiteró las alegaciones destinadas a acreditar que su solicitud de indemnización estaba fundada.
18      Mediante la segunda decisión impugnada, firmada por la presidenta del grupo S&D «en nombre de la mesa», se desestimó la reclamación del demandante. En esta decisión se concluyó que los actos de un grupo político solo pueden generar la responsabilidad extracontractual del Parlamento cuando tales actos puedan imputarse a este último. El comunicado de prensa constituía un acto propio de las actividades políticas del grupo S&D y quedaba fuera del ámbito de las funciones de este como AFCC. Además, de acuerdo con la segunda decisión impugnada, el procedimiento previsto en el artículo 90, apartado 1, del Estatuto «no era aplicable» al demandante, puesto que «un litigio entre un funcionario y su institución […] solo puede sustanciarse con arreglo a los artículos 90 y 91 del Estatuto cuando tiene su origen en la relación laboral entre la persona interesada y la institución».
Pretensiones de las partes
19      En la demanda y en las observaciones sobre la excepción invocada por el Parlamento, el demandante solicita al Tribunal General que:
–        Declare la admisibilidad de la demanda.
–        Anule la primera decisión impugnada.
–        En caso de que sea necesario, anule la segunda decisión impugnada.
–        Condene al Parlamento a indemnizarle por los daños materiales y morales sufridos.
–        Condene en costas al Parlamento.
20      En la excepción, presentada con arreglo al artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Parlamento solicita al Tribunal General que:
–        Desestime la demanda por haber sido presentada ante un órgano jurisdiccional incompetente.
–        Condene en costas al demandante.
Fundamentos de Derecho
21      Con arreglo al artículo 130, apartados 1 y 7, del Reglamento de Procedimiento, si el demandado lo solicita, el Tribunal General puede decidir sobre una excepción sin entrar en el fondo del asunto. Según lo dispuesto en el artículo 126 de su Reglamento de Procedimiento, cuando un recurso carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal General puede decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
22      En el presente asunto, el Tribunal General estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente y decide, de conformidad con los artículos 126 y 130, apartado 7, de su Reglamento de Procedimiento, resolver sin continuar el procedimiento.
Sobre la competencia del Tribunal General
23      El Parlamento sostiene, en esencia, que el Tribunal General no es competente para conocer del recurso, puesto que las decisiones consistentes en emitir el comunicado de prensa y retirar el perfil del demandante del organigrama del sitio web del grupo S&D constituyen actos políticos de la mesa del grupo S&D, que es el órgano encargado de coordinar sus actividades políticas.
24      El demandante alega que el Tribunal General es competente en virtud del artículo 270 TFUE.
25      El artículo 270 TFUE establece la competencia especial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos de función pública. Este artículo distingue los asuntos de función pública de los demás asuntos que son competencia del citado Tribunal como litigios «entre la Unión y sus agentes» y se refiere al Estatuto como instrumento que regula los límites y las condiciones de esta competencia especial.
26      El artículo 91, apartado 1, del Estatuto establece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es competente para resolver sobre los litigios que se susciten entre la Unión y «alguna de las personas a quienes se aplica» el Estatuto que tengan por objeto la legalidad de un acto que les sea lesivo a tenor del apartado 2 del artículo 90 de dicho Estatuto. Con arreglo a esta última disposición, «las personas a las que se aplique» el Estatuto pueden presentar ante la autoridad facultada para proceder a los nombramientos reclamaciones dirigidas contra los actos que les sean lesivos.
27      No se discute que, en el momento de los hechos, el demandante era un agente temporal del grupo S&D en el sentido del artículo 2, letra c), del ROA. El artículo 46 del ROA establece que el título VII del Estatuto, que incluye sus artículos 90 y 91, se aplica por analogía. Por consiguiente, el demandante es una persona a la que se aplica el Estatuto que presentó ante la AFCC una reclamación contra un acto que le resultaba lesivo.
28      De ello se deduce que el Tribunal General es competente para conocer del presente recurso dirigido contra las decisiones impugnadas por las que se desestima la solicitud de indemnización.
29      En su excepción, el Parlamento invoca la sentencia de 22 de marzo de 1990, Le Pen (C‑201/89, EU:C:1990:133), para sostener que no existe ninguna norma de Derecho de la Unión de la que pueda deducirse que los actos de un grupo político puedan imputarse al Parlamento y que la difusión, por parte de un grupo político, de una publicación supuestamente difamatoria no genera la responsabilidad extracontractual de la Unión.
30      No obstante, contrariamente a lo que sostiene, en esencia, el Parlamento, el principio jurídico enunciado en la sentencia de 22 de marzo de 1990, Le Pen (C‑201/89, EU:C:1990:133), apartados 15 y 16, letra b), no limita la competencia especial del Tribunal General en materia de función pública establecida en el artículo 270 TFUE, sino que se limita a restringir la posibilidad de un recurso de indemnización en situaciones particulares, extremo que corresponde apreciar a dicho Tribunal.
31      Por otra parte, la invocación de los apartados 21 y 22 de la sentencia de 22 de noviembre de 1990, Mommer/Parlamento (T‑162/89, EU:T:1990:72), según los cuales las condiciones de empleo no comprendidas en el ámbito de aplicación del Estatuto o del ROA quedan excluidas de la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, carece de fundamento, ya que estos apartados constituyen obiter dicta que no son pertinentes en el presente asunto. Del mismo modo, la alegación basada en el apartado 20 del auto de 16 de diciembre de 2019, Kipper/Comisión (T‑394/18, no publicado, EU:T:2019:863), tampoco puede prosperar, al referirse ese asunto a un conjunto de hechos muy diferente.
32      Por consiguiente, procede desestimar la excepción invocada por el Parlamento.
Sobre el fondo
33      En el presente recurso, el demandante sostiene que, al publicar el comunicado de prensa, el Parlamento incurrió en ilegalidad y negligencia, violando el principio de presunción de inocencia, su deber de diligencia y el derecho a una buena administración, así como el derecho a la protección de la vida privada y de los datos personales. Según el demandante, su salud y su reputación se vieron perjudicadas como consecuencia directa de la publicación del comunicado de prensa. A su juicio, concurren, por tanto, todos los requisitos necesarios para que prospere la solicitud de indemnización.
34      Mediante sus pretensiones segunda y tercera, el demandante solicita la anulación de las decisiones impugnadas primera y segunda.
35      A este respecto, según reiterada jurisprudencia, las pretensiones de anulación formalmente dirigidas contra la decisión desestimatoria de una reclamación tienen por efecto que se someta al Tribunal General el acto contra el cual se haya presentado la reclamación cuando están, como tales, desprovistas de contenido autónomo (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de enero de 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, apartado 8, y de 16 de julio de 2025, ET/BEI, T‑417/24, no publicada, EU:T:2025:728, apartado 24 y jurisprudencia citada).
36      No obstante, una decisión expresa por la que se desestima una reclamación puede, a la vista de su contenido, no tener carácter confirmatorio respecto del acto impugnado por el demandante. Así sucede cuando la resolución desestimatoria de la reclamación reexamina la situación del demandante en función de nuevos elementos de hecho y de Derecho o cuando modifica o completa la decisión inicial. En estos supuestos, la desestimación de la reclamación constituye un acto sometido al control del juez, que lo tiene en cuenta al apreciar la legalidad del acto impugnado, o lo considera incluso un acto lesivo que sustituye a aquel (sentencias de 21 de mayo de 2014, Mocová/Comisión, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, apartado 34 y jurisprudencia citada, y de 5 de julio de 2023, SE/Comisión, T‑223/21, EU:T:2023:375, apartado 25 y jurisprudencia citada).
37      En el caso de autos, la segunda decisión impugnada, por la que se desestima la reclamación del demandante con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, modifica la primera decisión impugnada de manera tan sustancial que la sustituye (véanse los apartados 16 y 18 del presente auto).
38      Procede, por tanto, comenzar por la pretensión de anulación de la segunda decisión impugnada.
39      En primer lugar, cabe señalar que el demandante no formula alegaciones de fondo contra la segunda decisión impugnada, solicitando su anulación únicamente «en caso de que sea necesario» en el marco de la tercera pretensión. En efecto, el demandante se limita a afirmar, sin fundamentar tal alegación, que, al decidir emitir el comunicado de prensa, el grupo S&D actuó «necesariamente como —o, al menos, también como— AFCC».
40      En segundo lugar, no existe ninguna norma de Derecho de la Unión de la que pueda deducirse que los actos de un grupo político puedan imputarse al Parlamento como institución de la Unión (sentencia de 22 de marzo de 1990, Le Pen, C‑201/89, EU:C:1990:133, apartado 14).
41      Los actos de un grupo político solo pueden considerarse actos del Parlamento mismo si están expresamente autorizados o aprobados por dicha institución, por ejemplo mediante una resolución del Parlamento, o por decisión de uno de sus órganos representativos, actuando dentro del ámbito de su competencia (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Le Pen, C‑201/89, EU:C:1990:63, punto 19).
42      A este respecto, de los propios términos del comunicado de prensa resulta que este fue publicado por la mesa del grupo S&D en el marco de su política de lucha contra la corrupción y las injerencias externas, con el fin de sensibilizar al público sobre sus compromisos a este respecto en el contexto de la investigación de Qatar (véanse los apartados 11 y 12 del presente auto).
43      En tercer lugar, el demandante no ha demostrado que la publicación del comunicado de prensa y la retirada de su perfil del organigrama del sitio web del grupo S&D fueran en modo alguno autorizadas o aprobadas por el Parlamento.
44      Es cierto que los artículos 1, 2, letra c), y 6 del ROA constituyen la base jurídica para la atribución de las funciones de AFCC a los grupos políticos. Además, el artículo 4 de la Decisión de la Mesa del Parlamento de 13 de enero de 2014, que se refiere a la delegación de competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y de la AFCC, prevé la delegación de las competencias atribuidas a la AFCC, en lo que respecta a los agentes temporales, a la autoridad designada por cada grupo político. Sin embargo, los actos de un grupo político consistentes en publicar un comunicado de prensa y en retirar un perfil de un organigrama de su sitio web no se rigen por estos instrumentos jurídicos.
45      De ello se deduce que la segunda decisión impugnada indicó correctamente que las decisiones de emitir el comunicado de prensa y de retirar el perfil del demandante del organigrama del sitio web del grupo S&D no generan la responsabilidad extracontractual de la Unión.
46      Además, aun cuando la segunda decisión impugnada indicó erróneamente que el procedimiento previsto en el artículo 90, apartado 1, del Estatuto «no era aplicable» al demandante, ello no desvirtúa el hecho de que esta decisión desestimó fundadamente la solicitud de indemnización formulada por este contra el Parlamento.
47      Por consiguiente, la pretensión de anulación de la segunda decisión impugnada debe desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
48      En cuanto a la pretensión de indemnización por daños, según reiterada jurisprudencia en materia de función pública, tal pretensión debe desestimarse en la medida en que esté estrechamente relacionada con una pretensión de anulación que ha sido previamente rechazada, ya sea por inadmisible o por infundada (véase la sentencia de 19 de abril de 2023, PP y otros/Parlamento, T‑39/21, EU:T:2023:204, apartado 130 y jurisprudencia citada).
49      Dado que la pretensión de anulación de la segunda decisión impugnada y la pretensión de indemnización están estrechamente vinculadas, esta última debe desestimarse igualmente por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
50      La pretensión de anulación de la primera decisión impugnada también debe desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno. A este respecto, las alegaciones en apoyo de esta pretensión son inoperantes, habida cuenta de la sustitución de la primera decisión impugnada por la segunda decisión impugnada (véase el apartado 37 del presente auto) y de la desestimación de la pretensión de anulación de esta última (véase el apartado 47 del presente auto). Además, en cualquier caso, dado que la publicación del comunicado de prensa y la retirada del perfil del demandante del organigrama del sitio web del grupo S&D no pueden imputarse al Parlamento, no se cumple el primero de los requisitos acumulativos necesarios para estimar una pretensión de indemnización basada en la responsabilidad extracontractual de la Unión.
51      De todo lo anterior se deduce que procede desestimar el recurso en su totalidad, con arreglo al artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Costas
52      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
53      Al haber sido desestimadas las pretensiones del demandante, procede condenarlo a soportar, además de sus propias costas, aquellas en que haya incurrido el Parlamento, conforme a lo solicitado por este.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Condenar en costas a EO.
Dictado en Luxemburgo, a 20 de abril de 2026.
V. Di Bucci
G. De Baere
El Secretario
El Presidente
*      Lengua de procedimiento: inglés.