62023CC0247
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANTHONY MICHAEL COLLINS
presentadas el 12 de septiembre de 2024 (
1
)
Asunto C‑247/23 [Deldits] (
i
)
VP
contra
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría)]
«Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2016/679 — Artículo 16 — Derecho de rectificación de datos personales inexactos — Datos relacionados con el sexo de un refugiado transgénero — Alcance»
I. Introducción
1.
¿Puede el artículo 16 del Reglamento general de protección de datos (
2
) —relativo al derecho de rectificación—, a la luz de su artículo 5, apartado 1, letra d) —relativo al principio de exactitud—, exigir al organismo que mantiene un registro nacional de refugiados que rectifique los datos personales que inscribió sobre el sexo de una persona? En caso afirmativo, ¿qué pruebas puede exigir a una persona que solicita la rectificación de ese registro? El Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría) desea obtener respuesta a estas cuestiones.
II. Marco jurídico
A.
RGPD
2.
El artículo 5 del RGPD, titulado «Principios relativos al tratamiento», prevé:
«1.   Los datos personales serán:
[…]
d)
exactos y, si fuera necesario, actualizados; se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan (“exactitud”);
[…]».
3.
A tenor del artículo 16 del RGPD, titulado «Derecho de rectificación»:
«El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.»
4.
El artículo 23 del RGPD, titulado «Limitaciones», dispone:
«1.   El Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable o el encargado del tratamiento podrá limitar, a través de medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de los derechos establecidos en los artículos 12 a 22 y el artículo 34, así como en el artículo 5 en la medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones contemplados en los artículos 12 a 22, cuando tal limitación respete en lo esencial los derechos y libertades fundamentales y sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar:
a)
la seguridad del Estado;
b)
la defensa;
c)
la seguridad pública;
d)
la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención;
e)
otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro, en particular un interés económico o financiero importante de la Unión o de un Estado miembro, inclusive en los ámbitos fiscal, presupuestario y monetario, la sanidad pública y la seguridad social;
f)
la protección de la independencia judicial y de los procedimientos judiciales;
g)
la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones de normas deontológicas en las profesiones reguladas;
h)
una función de supervisión, inspección o reglamentación vinculada, incluso ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos contemplados en las letras a) a e) y g);
i)
la protección del interesado o de los derechos y libertades de otros;
j)
la ejecución de demandas civiles.
[…]».
B.
Derecho húngaro
5.
El artículo 81 de la Menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (Ley n.o LXXX de 2007, sobre el Derecho de Asilo; en lo sucesivo, «Ley sobre el Derecho de Asilo») (
3
) tiene el siguiente tenor:
«La autoridad competente en materia de asilo tratará en el registro correspondiente a esa materia los datos personales de los refugiados, de los beneficiarios de protección subsidiaria, de los beneficiarios de la condición de acogido, de los beneficiarios de protección provisional, así como de las personas que soliciten protección internacional y de las personas sujetas al procedimiento de Dublín (designados conjuntamente en lo sucesivo como “personas sujetas a la presente Ley”), los datos relativos a su permanencia y a la asistencia y las ayudas a las que tengan derecho, así como las modificaciones posteriores de los mismos, con el fin de:
a)
comprobar que tienen el estatuto de refugiados, de beneficiarios de protección subsidiaria, de beneficiarios de protección provisional o de beneficiarios de la condición de acogido y asegurarse de que les corresponde el disfrute de los derechos derivados de ese estatuto;
b)
comprobar que les corresponde el derecho a la asistencia y a las ayudas definidas en la presente Ley y en otras normas;
c)
su identificación personal;
d)
evitar la duplicación de procedimientos, y
e)
detectar si la solicitud se ha presentado múltiples veces.»
6.
El artículo 82, letra f), de dicha Ley dispone:
«A los efectos del presente capítulo, tendrán la consideración de “datos de identificación de las personas físicas” los siguientes datos de las personas sujetas a la presente Ley:
[…]
f) sexo.»
7.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 83, apartado 1, letra a), de la citada Ley:
«El registro en materia de asilo contendrá los siguientes datos de las personas sujetas a la presente Ley:
a)
datos de identificación de las personas físicas;
[…]».
8.
El artículo 83/A, apartado 5, de dicha Ley establece:
«La autoridad competente en materia de asilo estará obligada de oficio a cancelar las anotaciones que sean contrarias a la normativa, a corregir las incorrectas y a suplir las anotaciones omitidas en el registro oficial llevado por ella.»
III. Litigio principal y cuestiones prejudiciales
9.
En 2014, la autoridad húngara competente concedió a VP (en lo sucesivo, «parte demandante») (
4
) —una persona de nacionalidad iraní que «nació mujer»— el estatuto de refugiado. En el procedimiento que dio lugar a dicha decisión, la parte demandante invocó su transexualidad como motivo para su reconocimiento como persona refugiada y presentó como prueba certificados de especialistas en psiquiatría y en ginecología. Tras el reconocimiento de su estatuto de persona refugiada, el Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (Dirección General Nacional de la Policía de Extranjería, Hungría; en lo sucesivo, «parte demandada») registró datos personales, incluido el sexo, en el registro de asilo que llevaba para facilitar la identificación de la persona solicitante. El registro indica que la parte demandante es mujer.
10.
En 2022, la parte demandante, de conformidad con el artículo 16 del RGPD, presentó una solicitud a la parte demandada para que rectificara el registro de asilo en dos puntos concretos: un cambio del nombre con el que se le había registrado y un cambio de sexo de femenino a masculino. En apoyo de esta solicitud, la parte demandante aportó las mismas pruebas médicas que había presentado en el marco del procedimiento de asilo. Mediante resolución de 11 de octubre de 2022 (en lo sucesivo, «resolución»), la parte demandada denegó dicha solicitud. Precisó que los documentos aportados confirmaban simplemente que la parte demandante era transgénero. Estos documentos no demostraban que la parte demandante se hubiera sometido a una cirugía de reasignación de sexo y que su sexo hubiera cambiado.
11.
La parte demandante interpuso un recurso de anulación contra dicha resolución ante el órgano jurisdiccional remitente. En todos los momentos pertinentes, la parte demandante se identifica como hombre. Alega que, desde un punto de vista conceptual, la transexualidad implica un cambio de sexo. Los informes médicos presentados confirman que la parte demandante tiene apariencia masculina y que se le atribuyó para su diagnóstico el código F64.0 de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que corresponde al transexualismo. Basándose en la jurisprudencia del TEDH, (
5
) la parte demandante alegó que la cirugía es innecesaria para la reasignación de sexo. El procedimiento de rectificación previsto en el artículo 16 del RGPD no exige que una persona presente «pruebas excesivas», en particular, el certificado de que se ha sometido a una intervención quirúrgica para la reasignación de sexo. En cualquier caso, sostiene que esta exigencia es contraria a la jurisprudencia del TEDH e infringe también el artículo 1 (derecho a la dignidad humana), el artículo 3 (derecho a la integridad de la persona), el artículo 7 (respeto de la vida privada y familiar) y el artículo 52, apartado 3 (principio de protección equivalente de los derechos fundamentales) de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). La parte demandante subrayó que varios Estados miembros (
6
) reconocen la declaración de una persona transexual como prueba legal de su identidad de género.
12.
La parte demandada solicita que se desestime el recurso. Aduce que la parte demandante no ha aportado ningún documento público o certificado médico que acredite el cambio de sexo.
13.
El órgano jurisdiccional remitente considera que es necesaria una interpretación del artículo 16 del RGPD para aclarar las condiciones en las que un interesado puede solicitar que se rectifiquen los datos registrados referidos a su sexo. Si bien la Ley sobre el Derecho de Asilo prevé el tratamiento de cambios en los datos registrados y la corrección de las anotaciones erróneas, no regula ni el procedimiento ni las exigencias con arreglo a los cuales puede registrarse un cambio de sexo o el consiguiente cambio de nombre.
14.
En su sentencia de 27 de junio de 2018, el Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional, Hungría) (
7
) declaró que la omisión del legislador húngaro de adoptar un procedimiento que permitiera a los ciudadanos no húngaros legalmente establecidos cambiar su sexo y su nombre, mientras que sí se reconoce esta posibilidad a los nacionales húngaros, era inconstitucional, puesto que infringe el artículo II (inviolabilidad de la dignidad humana) y el artículo XV, apartado 2 (prohibición de la discriminación), de la Magyarország Alaptörvény (Ley Fundamental de Hungría). El Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) instó al Parlamento húngaro a subsanar tal omisión a más tardar el 31 de diciembre de 2018. En su sentencia de 16 de julio de 2020, Rana c. Hungría, (
8
) el TEDH declaró que Hungría había infringido el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), al no conceder a un refugiado acceso a un procedimiento que le permitiera obtener el reconocimiento legal de un cambio de sexo.
15.
El Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) recuerda que, a pesar de las sentencias del Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) y del TEDH, la normativa húngara no pone a disposición de las personas que residen legalmente en Hungría, pero que no tienen la nacionalidad de ese Estado miembro, un procedimiento para el reconocimiento legal de un cambio de sexo. A raíz de la sentencia del Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional), Hungría ya no concede a sus nacionales la posibilidad de que se les reconozca legalmente el cambio de sexo. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente considera que no puede «colmar la laguna legal mediante la aplicación analógica de las disposiciones relativas a los nacionales húngaros».
16.
Así pues, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 16 del RGPD en el sentido de que la autoridad encargada de los registros con arreglo al Derecho nacional está obligada, en relación con el ejercicio de los derechos de la persona interesada, a rectificar el dato personal relativo al sexo de esa persona registrado por la autoridad en el supuesto de que ese dato haya variado después de su inscripción en el registro y, por ese motivo, no se ajuste al principio de exactitud establecido en el artículo 5, apartado 1, letra d), del RGPD?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 16 del RGPD en el sentido de que exige que la persona que solicita que se rectifique el dato correspondiente a su sexo aporte pruebas que justifiquen su pretensión de rectificación?
3)
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 16 del RGPD en el sentido de que la persona solicitante está obligada a acreditar que se ha sometido a una cirugía de reasignación de sexo?»
IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
17.
Han presentado observaciones escritas la parte demandante, los Gobiernos estonio, español, francés, húngaro, neerlandés y portugués y la Comisión Europea.
18.
Las observaciones escritas de la parte demandante indicaban que había adquirido la ciudadanía húngara «entre tanto» y que ya no se requería su inscripción en el registro de asilo. Con arreglo al artículo 101, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia solicitó al órgano jurisdiccional remitente que aclarara la incidencia de ese cambio de circunstancias en la resolución del litigio principal. El órgano jurisdiccional remitente respondió que no tenía ninguna incidencia en el resultado del procedimiento, ya que, de conformidad con el artículo 85, apartado 2, de la közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Ley n.o I de 2017 por la que se aprueba el Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo), (
9
) dicho órgano jurisdiccional «revisará la legalidad de la actividad administrativa de conformidad con los hechos existentes en el momento de su aplicación».
19.
La parte demandante, los Gobiernos español, francés, húngaro y neerlandés y la Comisión presentaron alegaciones orales y respondieron a las preguntas del Tribunal de Justicia en la vista de 3 de junio de 2024.
V. Apreciación
A.
Sobre la primera cuestión prejudicial
1. Observaciones sobre la primera cuestión prejudicial
20.
La parte demandante alega que, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra d), del RGPD, la exactitud de los datos debe evaluarse con respecto a los fines para los que se tratan. El objetivo del registro de asilo es identificar a las personas que Hungría reconoce como refugiados. Cuando el sexo de una persona transgénero tal como está registrado no refleja la identidad por la que se la reconoce en público, en contraposición a su identidad legal, dicho registro no facilita su identificación y puede incluso exponerla a discriminación y acoso. Por lo tanto, el artículo 16 del RGPD ha de interpretarse en el sentido de que debe facilitar la rectificación de los datos relativos al sexo de las personas transgénero.
21.
Basándose en los artículos 5, apartado 1, letra d), 6, apartado 2, y 16 del RGPD, el Gobierno estonio alega que los Estados miembros deben introducir normas procesales nacionales que permitan a una persona que haya sido objeto de una reasignación de sexo solicitar la rectificación de los datos personales que figuren en un registro público que hayan pasado a ser inexactos a la luz de los fines para los que fueron tratados.
22.
El Gobierno español aduce que la normativa nacional en materia de reconocimiento legal de identidad transgénero, que establece requisitos a quienes pretenden rectificar datos personales relativos a su sexo inscritos en registros públicos, limita el ejercicio del derecho de rectificación recogido en el artículo 16 del RGPD. Si bien tales limitaciones pueden estar justificadas por la necesidad de salvaguardar los intereses enumerados en el artículo 23 del RGPD, Hungría no puede basarse en esa disposición, puesto que no ha adoptado ninguna normativa que tenga por objeto reconocer el sexo de las personas transgénero. En cualquier caso, no cabe apreciar que concurran en el asunto de que conoce el órgano jurisdiccional remitente los distintos intereses a los que se refiere dicha disposición.
23.
Dado que la parte demandante tiene el estatuto de refugiado, el Gobierno español alega además que otras disposiciones del Derecho de la Unión distintas del RGPD son pertinentes para la presente petición de decisión prejudicial, de modo que el Tribunal de Justicia debería reformular la primera cuestión prejudicial. Entre las medidas que el Tribunal de Justicia debe interpretar en este contexto figuran los artículos 7 y 21 de la Carta y los artículos 24, apartado 1, (
10
) y 25, apartado 1, (
11
) de la Directiva 2011/95/UE. (
12
) El Gobierno español alega que estas disposiciones se oponen a un marco normativo que no «contempla ningún procedimiento para que una persona beneficiaria del estatuto de refugiado, de identidad trans, pueda acceder al cambio de la mención al sexo en el registro en materia de asilo». La falta de dicho procedimiento también es contraria a la jurisprudencia del TEDH. (
13
) El Gobierno español invoca, por analogía, la sentencia Freitag, (
14
) que versaba sobre la negativa de un Estado miembro a reconocer un cambio de apellido realizado por otro Estado miembro. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la confusión e inconvenientes derivados de la discrepancia entre dos apellidos aplicados a una misma persona obstaculizaban el ejercicio del derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, derecho consagrado por el artículo 21 TFUE. Según el Gobierno español, una discrepancia entre el sexo femenino registrado en el permiso de residencia o en los documentos de viaje expedidos con arreglo a los artículos 24, apartado 1, y 25, apartado 1, de la Directiva 2011/95 y la identificación de la parte demandante como varón —que el órgano jurisdiccional remitente ha considerado coherente con su conducta y apariencia física— podría generar confusión y dudas sobre su identidad y la autenticidad de esos documentos.
24.
El Gobierno francés establece una distinción entre los datos que eran inexactos en el momento de su registro y los que se vuelven posteriormente inexactos. Sostiene que, de conformidad con los artículos 5, apartado 1, letra d), y 16 del RGPD, los datos relativos al sexo pueden rectificarse con efecto retroactivo si eran inexactos en el momento en que se registraron. En los registros en los que se inscribe el estado civil, las autoridades públicas pueden tener interés en seguir la evolución de los datos relativos a la identidad de una persona concreta. Así pues, cualquier procedimiento destinado a facilitar dicha rectificación podrá concebirse de manera que se deje constancia de todos los datos inscritos en dichos registros. (
15
)
25.
El Gobierno húngaro considera que el artículo 16 del RGPD, interpretado a la luz del artículo 5, apartado 1, letra d), del RGPD y del artículo 8, apartado 2, de la Carta, confiere a una persona el derecho a rectificar los datos sobre su sexo que no se correspondan con la realidad. No se habría producido ninguna dificultad si la parte demandante hubiera intentado rectificar datos relativos a su sexo que se hubieran registrado inicialmente de manera incorrecta. Dado que, según el Gobierno húngaro, la parte demandante pretende rectificar datos que fueron registrados correctamente, el artículo 16 del RGPD no es aplicable. En apoyo de este planteamiento, dicho Gobierno establece una analogía con la sentencia Nowak, (
16
) en la que el Tribunal de Justicia declaró que las respuestas incorrectas en un examen escrito no son susceptibles de rectificación.
26.
El Gobierno neerlandés observa que la falta de un procedimiento eficaz para el reconocimiento legal del cambio de sexo de una persona constituye una infracción del artículo 3 (derecho a la integridad de la persona) y del artículo 7 (respeto de la vida privada y familiar) de la Carta. La inexistencia de tal procedimiento es un obstáculo para que la parte demandante ejerza el derecho a rectificar los datos relativos a su sexo en virtud del artículo 16 del RGPD.
27.
El Gobierno portugués considera que el artículo 16 del RGPD, interpretado a la luz de los artículos 1, 3, 7, 8 y 21 de la Carta, exige que los interesados estén autorizados a rectificar los datos relativos a su sexo registrados a efectos de su identificación cuando dichos datos hayan cambiado desde su registro inicial.
28.
La Comisión afirma que la primera cuestión prejudicial parte de la premisa de que los datos sobre el solicitante que figuran en el registro de asilo pueden ser inexactos. Este supuesto plantea la cuestión de si la exactitud de los datos relativos al sexo de una persona depende del reconocimiento legal del cambio de sexo. A la luz del artículo 8 del CEDH, de los artículos 7 y 8 de la Carta y de la jurisprudencia del TEDH, (
17
) la Comisión considera que la falta de un sistema de reconocimiento del cambio de sexo no puede operar como un obstáculo para la rectificación de datos inexactos sobre el sexo de una persona en un registro público. En estas circunstancias, el artículo 16 del RGPD, en relación con los artículos 7, 8 y 52, apartado 1, de la Carta, exige que la autoridad responsable de dicho registro rectifique los datos personales sobre el sexo del interesado una vez que dichos datos hayan pasado a ser inexactos.
2. Alcance de la primera cuestión prejudicial
29.
La primera cuestión prejudicial planteada por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) parte de la premisa de que los datos relativos al sexo de la parte demandante que figuran en el registro de asilo se inscribieron correctamente y que esos datos pasaron a ser inexactos debido a un cambio de circunstancias desde que existe ese registro. Así pues, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 16 del RGPD confiere el derecho a rectificar esos datos personales para reflejar el cambio de sexo de una persona transgénero.
30.
El procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta una interpretación del Derecho de la Unión que permite a los segundos pronunciarse sobre los procedimientos pendientes ante ellos. En el contexto de esta cooperación, el Tribunal de Justicia concede una presunción de pertinencia a las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales nacionales relativas al Derecho de la Unión. El Tribunal de Justicia solo declara la inadmisibilidad de tales peticiones cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o bien cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los datos de hecho o de Derecho necesarios para responder provechosamente a las cuestiones planteadas. Dado que la función encomendada al Tribunal de Justicia en el procedimiento prejudicial consiste en contribuir a la administración de la justicia en los Estados miembros, y no en formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, puede reformular las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. (
18
)
31.
En el presente asunto, percibo una diferencia significativa entre los hechos que el órgano jurisdiccional remitente describe en la resolución de remisión y el texto de la primera cuestión prejudicial. Estos hechos ponen de manifiesto que el cambio de identidad de género de la parte demandante se produjo antes del reconocimiento de su estatuto de refugiado en 2014, de modo que ese cambio de identidad de género parece haber sido la base sobre la que Hungría reconoció su estatuto de refugiado. (
19
) Además, desde 2014 no se ha producido ninguna evolución o cambio en el género de la parte demandante. Por lo tanto, la mención del sexo de la parte demandante en el registro de asilo era incorrecta en el momento en su inscripción en él. Así pues, el asunto de que conoce el órgano jurisdiccional remitente se caracteriza porque los datos que deben rectificarse fueron registrados incorrectamente desde el principio y no porque tales datos se volvieron inexactos «después de» (
20
) ese registro. De este modo, la solicitud presentada ante el órgano jurisdiccional remitente tiene por objeto corregir un error original, y no modificar dicho registro con el fin de tener en cuenta un cambio de circunstancias.
32.
Para evitar responder a una cuestión hipotética que situaría su actuación fuera del ámbito de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE, sugiero que el Tribunal de Justicia tenga en cuenta los hechos en los que se basa la resolución de remisión cuando emita su respuesta a la primera cuestión prejudicial. (
21
)
33.
Contrariamente a las observaciones del Gobierno español, considero que las cuestiones prejudiciales planteadas por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) no tienen por objeto que se dilucide si el Derecho de la Unión obliga a un Estado miembro a establecer un marco jurídico que permita el reconocimiento del cambio de identidad de género de una persona a la que atribuye la condición de refugiado. La petición de decisión prejudicial indaga expresamente sobre la naturaleza y el alcance del derecho a rectificar datos inexactos en virtud de los artículos 5 y 16 del RGPD. Así pues, una interpretación de estas disposiciones, a la luz de los hechos que describe el órgano jurisdiccional remitente, es suficiente para permitirle resolver el litigio principal. En este contexto, ha de observarse que el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) no planteó ninguna cuestión prejudicial con respecto a la solicitud de rectificación del nombre de la parte demandante en el registro de asilo, ya que parece que esta solicitud fue accesoria a la solicitud de modificación de la inscripción de su sexo. Por lo tanto, la petición de decisión prejudicial no aborda la posible aplicación del artículo 16 del RGPD en el marco de una solicitud de modificación del registro de un nombre. (
22
) El presente procedimiento tampoco brinda al Tribunal de Justicia la ocasión de interpretar los artículos 24, apartado 1, y 25, apartado 1, de la Directiva 2011/95. La resolución del Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) tampoco mencionaba esas disposiciones ni proporcionaba ningún detalle sobre los permisos de residencia o los documentos de viaje que pudieran haberse expedido a la parte demandante de conformidad con estas. (
23
)
3. Derecho de rectificación
34.
Del artículo 1, apartado 2, del RGPD, en relación con sus considerandos 4 y 10, se desprende que el RGPD tiene, entre otros, el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos personales en la Unión Europea. El RGPD establece un marco jurídico para aplicar los requisitos del artículo 8 de la Carta sobre la protección de datos personales en particular. Está estrechamente relacionado con el derecho al respeto de la vida privada, consagrado en el artículo 7 de la Carta. (
24
)
35.
El RGPD tiene un ámbito de aplicación material muy amplio. Con arreglo a su artículo 2, apartado 1, el RGPD «se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero» sin distinción alguna en cuanto a la identidad de la persona que haya efectuado dicho tratamiento. Sin perjuicio de las excepciones previstas en su artículo 2, apartado 2, excepciones que la parte demandada no parece invocar, el RGPD se aplica a las operaciones de tratamiento efectuadas por particulares y por autoridades públicas. (
25
)
36.
La definición de «datos personales» recogida en el punto 1 del artículo 4 del RGPD no hace referencia al «sexo» o «género» de una persona física como factor que pueda identificar directa o indirectamente a una persona física. No obstante, la expresión «toda información» que figura en la definición de «datos personales» de dicha disposición confiere un amplio alcance a este concepto. (
26
) La referencia a los «elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona» parece ser lo suficientemente amplia como para englobar el sexo de una persona física. (
27
) De ello se desprende que la inscripción de los datos personales del solicitante, incluido su sexo, en un registro público de personas a las que se reconoce el estatuto de refugiado constituye un «tratamiento» de datos personales a efectos del punto 2 del artículo 4 del RGPD.
37.
De conformidad con el artículo 5, apartado 1, letras a), b), c) y d), del RGPD, los datos personales deberán ser tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado; recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos; adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con dichos fines, y exactos y, si fuera necesario, actualizados. (
28
) Con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra d), del RGPD, el tratamiento de datos personales «será» exacto. Se adoptarán todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin demora los datos personales que sean inexactos en relación con los fines para los que son tratados.
38.
El artículo 6, apartado 1, del RGPD establece una lista exhaustiva de los casos en los que el tratamiento de datos personales es lícito. (
29
) El tratamiento de datos personales en un registro de asilo es, en principio, lícito en virtud de la letra e) del párrafo primero del artículo 6, apartado 1, del RGPD. De conformidad con el artículo 6, apartado 2, del RGPD, los Estados miembros podrán mantener o adoptar disposiciones específicas para adaptar la aplicación de las normas de dicho Reglamento al tratamiento contemplado en la letra e) del párrafo primero del artículo 6, apartado 1, para garantizar que dicho tratamiento sea lícito y equitativo. Con arreglo al artículo 6, apartado 3, del RGPD, el tratamiento en virtud de la letra e) del párrafo primero del artículo 6, apartado 1, debe basarse en el Derecho de la Unión o en el Derecho de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento. Este fundamento jurídico también debe cumplir un objetivo de interés público y ser proporcional al fin legítimo perseguido. (
30
) Nada en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia sugiere que la inscripción y el mantenimiento de una indicación del sexo de un refugiado en el registro de asilo en Hungría no sean conformes con el artículo 6 del RGPD. (
31
)
39.
El artículo 8, apartado 2, de la Carta prevé, en particular que «toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación». El artículo 16 del RGPD refleja este derecho. (
32
) El derecho de rectificación y su ejercicio a iniciativa de los particulares (
33
) contribuyen al cumplimiento del principio de exactitud establecido en el artículo 5, apartado 1, letra d), del RGPD.
40.
Dado que la exactitud de los datos personales puede variar en función del contexto en el que se traten, la finalidad de la recogida de datos influye directamente en la apreciación de su exactitud. (
34
) Uno de los fines enumerados del registro de asilo de Hungría es identificar a una persona (
35
) y el «sexo» se considera un «dato que identifica a una persona física». (
36
) En 2014, cuando Hungría reconoció el estatuto de refugiado de la parte demandante, esta fue identificada como hombre transgénero. Las autoridades húngaras competentes aceptaron las pruebas presentadas por la parte demandante en apoyo de esta identidad de género. Por lo tanto, la inscripción del sexo de la parte demandante como «femenino» en el registro de asilo parece haber sido inexacta a efectos del artículo 5, apartado 1, letra d), del RGPD.
41.
Como cuestión de principio, dicho registro debe poder rectificarse en virtud del artículo 16 del RGPD, interpretado a la luz de su artículo 5, apartado 1, letra d). (
37
) Cualesquiera que sean las consideraciones que puedan plantearse en relación con la aplicación de esas disposiciones a la rectificación de un dato que era correcto en el momento en que se registró —lo cual suscita la cuestión del alcance de la obligación que el RGPD impone a los responsables del tratamiento de mantener los datos actualizados y de tratarlos de forma dinámica—, si estas disposiciones no confieren a los interesados el derecho a que se rectifique una inscripción que era manifiestamente inexacta en el momento de su creación, perderían su sentido.
42.
No obstante, el Gobierno húngaro afirma que, según el artículo 6, apartados 2 y 3, del RGPD, el derecho del interesado a obtener la rectificación de una inscripción en un registro oficial, como el registro de asilo, solo puede ejercerse con arreglo al Derecho de un Estado miembro, y no invocando directamente el artículo 16 de ese Reglamento.
43.
Mientras que las disposiciones conjuntas de la letra e) del párrafo primero del artículo 6, apartado 1, y del artículo 6, apartados 2 y 3, del RGPD conceden a los Estados miembros un «margen de maniobra» (
38
) de forma que les permite mantener o introducir disposiciones más específicas a fin de «adaptar» (
39
) las normas del RGPD en virtud de las cuales los responsables del tratamiento pueden tratar lícitamente datos personales en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos, (
40
) contrariamente a lo que sostiene el Gobierno húngaro, el artículo 16 del RGPD deja claro que el tratamiento lícito de datos con arreglo a la letra e) del párrafo primero de su artículo 6, apartado 1, está sujeto al derecho de rectificación. A diferencia de otras disposiciones del RGPD sobre los derechos de los interesados, el artículo 16 del RGPD no especifica la forma en que debe ejercerse el derecho de rectificación a la luz de determinadas disposiciones de su artículo 6. (
41
) En cualquier caso, la facultad de los Estados miembros para mantener o introducir tales disposiciones no podrá establecer excepciones al derecho de rectificación consagrado en el artículo 8, apartado 2, de la Carta. El hecho de que los Estados miembros puedan establecer un marco jurídico para garantizar la aplicación práctica del derecho de rectificación de conformidad con el artículo 16 del RGPD con respecto, entre otras cosas, a la llevanza de registros públicos por razones de interés público general de conformidad con la letra e) del párrafo primero de su artículo 6, apartado 1, no puede limitar en modo alguno el reconocimiento del derecho de rectificación ni su disfrute. (
42
)
44.
No obstante, el derecho de rectificación, interpretado a la luz del principio de exactitud establecido en el artículo 5, apartado 1, letra d), del RGPD, no es absoluto y su ejercicio puede limitarse en determinadas condiciones. (
43
) El artículo 23 del RGPD enumera una serie de circunstancias en las que este derecho, entre otros de los que gozan los interesados, puede restringirse. La petición de decisión prejudicial no hace referencia a esta disposición y el Gobierno húngaro tampoco la invoca en sus observaciones escritas para delimitar la aplicación del artículo 16 del RGPD en las circunstancias que dieron lugar al presente procedimiento prejudicial. El artículo 23, apartado 1, letra e), (
44
) y el considerando 73 del RGPD establecen, en particular, que el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable o al encargado del tratamiento podrá limitar el alcance de las obligaciones y de los derechos establecidos en sus artículos 5 y 16 «para salvaguardar […] otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro», como la «llevanza de registros públicos por razones de interés público general». (
45
) Tal restricción debe incluirse en una medida legislativa, respetar el contenido esencial de los derechos y libertades fundamentales y constituir una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática. (
46
) Así pues, un Estado miembro puede invocar el artículo 23, apartado 1, letra e), del RGPD para restringir el derecho de rectificación en determinadas circunstancias con el fin de garantizar la fiabilidad y la coherencia de los registros públicos, incluidos los registros del estado civil. (
47
) Ello no puede constituir en sí mismo un obstáculo para estimar una solicitud de rectificación del sexo del solicitante en un registro de asilo para que conste la identidad de género tal como era en el momento de su inscripción. Estimar una solicitud de este tipo solo sirve para aumentar la fiabilidad de dicho registro y la exactitud de los datos registrados en él. (
48
)
45.
Por lo tanto, propongo al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 16 del RGPD, a la luz del artículo 5, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que una autoridad nacional encargada de la llevanza de un registro de refugiados está obligada, cuando así se le solicite, a rectificar datos personales sobre el sexo de un refugiado que dicha autoridad había registrado erróneamente en el momento de su inscripción en dicho registro.
B.
Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera
46.
Mediante las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, se pregunta acerca de la prueba que debe presentar una persona que pretenda rectificar una inscripción de su sexo en virtud del artículo 16 del RGPD en apoyo de esta solicitud y si puede exigirse a dicha persona que acredite que se ha sometido a una cirugía de reasignación de sexo. Estas cuestiones pueden examinarse conjuntamente.
47.
El artículo 16 del RGPD no especifica qué pruebas debe presentar, en su caso, un interesado para obtener «sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan». Esto refleja el hecho de que la (in)exactitud de los datos, y la necesidad de su rectificación, deben apreciarse caso por caso, de modo que los elementos de prueba que pueden exigirse a tal fin variarán. Dada la amplia definición de «responsable del tratamiento» que figura en el punto 7 del artículo 4 del RGPD, que incluye a las autoridades públicas y a las personas físicas, las reglas o las condiciones relativas al derecho de rectificación pueden incluirse en la legislación (
49
) o establecerse caso por caso para atender a circunstancias individuales. De ello se sigue que puede exigirse a una persona que solicite la rectificación de datos que aporte las pruebas razonablemente necesarias para acreditar la inexactitud de esos datos a la luz de los fines para los que fueron recogidos o tratados. (
50
) Debe subrayarse que el interesado no tiene que alegar ni demostrar un interés particular en la rectificación de datos inexactos o que la inexactitud alegada le causa algún perjuicio. En el presente asunto, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, considero que basta con que la parte demandante aporte pruebas que demuestren que Hungría reconoció su estatuto de refugiado en 2014 sobre la base de su identidad transgénero preexistente y que el registro de asilo no recoge correctamente dicha identidad. (
51
)
48.
El RGPD no exige en modo alguno que el solicitante demuestre que se ha sometido a una cirugía de reasignación de sexo. El TEDH ha condenado reiteradamente la imposición de tal exigencia, al declarar que, «por lo tanto, supeditar el reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales a una intervención quirúrgica o a un tratamiento de esterilización —o a una intervención quirúrgica o a un tratamiento que muy probablemente desemboque en la esterilización— al que no quieren someterse equivale a supeditar el pleno ejercicio de su derecho al respeto de su vida privada en virtud del artículo 8 del [CEDH] a su renuncia al pleno ejercicio de su derecho al respeto de su integridad física protegido por esta disposición y también por el artículo 3 del [CEDH].» (
52
) En muchos casos, la imposición de esa exigencia tendría el efecto de negar el derecho a rectificar datos inexactos sobre el sexo de una persona transgénero con arreglo al artículo 16 del RGPD. (
53
) Desde mi punto de vista, la exigencia de presentar tales pruebas también atentaría contra la dignidad humana que, con arreglo al artículo 1 de la Carta, es inviolable y será respetada y protegida. Tal exigencia es igualmente incompatible con el artículo 3, apartado 1, de la Carta, que prevé que «toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica» y con el artículo 7 de la Carta (respeto de la vida privada y familiar). En este contexto, ha de añadirse que los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a respetar los derechos reconocidos en la Carta cuando apliquen el RGPD.
VI. Conclusión
49.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría) del siguiente modo:
«El artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), a la luz del artículo 5, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento,
debe interpretarse en el sentido de que una autoridad nacional encargada de la llevanza de un registro de refugiados:
1)
está obligada, cuando así se le solicite, a rectificar datos personales sobre el sexo de un refugiado que dicha autoridad registró de manera inexacta en el momento de su inscripción en dicho registro;
2)
puede exigir a la persona que solicite la rectificación de datos que aporte pruebas que acrediten la inexactitud de dichos datos en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados, si bien dicha persona no está obligada a demostrar que se ha sometido a una cirugía de reasignación de sexo.»
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
2
)	Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1; corrección de errores en DO 2018, L 127, p. 3; en lo sucesivo, «RGPD»).
(
3
)	Magyar Közlöny, 2007/83.
(
4
)	Con el fin de no prejuzgar la tarea de verificación que incumbe al órgano jurisdiccional remitente con arreglo al artículo 267 TFUE, en las presentes conclusiones se evita el uso de pronombres que designan el género de una persona, se emplea el posesivo sin distinción de género «su» y se hace referencia a la «parte demandante». Se trata de un alejamiento consciente de la práctica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuyas sentencias en materia de identidad de género adoptan los pronombres que los demandantes utilizan en sus escritos, a pesar del resultado del procedimiento ante él.
(
5
)	Véanse, en particular, las sentencias de 6 de abril de 2017, A. P., Garçon y Nicot c. Francia (CE:ECHR:2017:0406JUD007988512), y de 11 de octubre de 2018, S. V. c. Italia (CE:ECHR:2018:1011JUD005521608).
(
6
)	El Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca, Irlanda, la República Helénica, la República de Malta, la República Portuguesa y el Reino de Suecia.
(
7
)	Sentencia 6/2018, (VI. 27.).
(
8
)	CE:ECHR:2020:0716JUD004088817.
(
9
)	Magyar Közlöny, 2017/30.
(
10
)	Que establece que los Estados miembros expedirán a los beneficiarios del estatuto de refugiado un permiso de residencia.
(
11
)	En virtud del cual los Estados miembros expedirán a los beneficiarios del estatuto de refugiado documentos de viaje que les permitan viajar fuera de su territorio.
(
12
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9).
(
13
)	Véanse, en particular, las sentencias de 16 de julio de 2020, Rana c. Hungría (CE:ECHR:2020:0716JUD004088817), y de 22 de junio de 2023, R. K. c. Hungría (CE:ECHR:2023:0622JUD005400620).
(
14
)	Sentencia de 8 de junio de 2017, Freitag (C‑541/15, en lo sucesivo, sentencia Freitag, EU:C:2017:432).
(
15
)	Véase, por analogía, TEDH, sentencia de 17 de febrero de 2022, Y c. Polonia (CE:ECHR:2022:0217JUD007413114).
(
16
)	Sentencia de 20 de diciembre de 2017, Nowak(C‑434/16, en lo sucesivo, sentencia Nowak, EU:C:2017:994).
(
17
)	Véase, en particular, TEDH, sentencia de 11 de julio de 2002, Christine Goodwin c. Reino Unido (CE:ECHR:2002:0711JUD002895795), §§ 86 a 93.
(
18
)	Sentencias de 15 de septiembre de 2011, Unió de Pagesos de Catalunya (C‑197/10, EU:C:2011:590), apartados 16 a 18, y de 26 de septiembre de 2019, UTEP 2006. (C‑600/18, EU:C:2019:784), apartado 17.
(
19
)	Los autos remitidos al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional remitente contienen los documentos y las pruebas presentados en el curso del procedimiento de asilo que hacen amplia referencia a la identidad transgénero de la parte demandante. Aunque la decisión de reconocer el estatuto de refugiado a esa parte no identifica los motivos concretos en los que se basaba, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, parece que tal estatuto se le concedió debido a actos de persecución basados en su identidad transgénero. Véase, por analogía, el artículo 10, apartado 1, letra d), de la Directiva 2011/95.
(
20
)	Véase el texto de la primera cuestión prejudicial.
(
21
)	Véase la sentencia de 16 de diciembre de 1981, Foglia (244/80, EU:C:1981:302), apartados 18 y 19.
(
22
)	En la vista, el representante de la parte demandante declaró que la solicitud de cambio de nombre es accesoria a la de cambio de sexo. Las observaciones escritas del Gobierno húngaro sostienen que el cambio de nombre no es accesorio al cambio de sexo. En sus conclusiones presentadas en el asunto Mirin (C‑4/23, EU:C:2024:385), puntos 59 a 64, el Abogado General Richard de la Tour consideró que el reconocimiento de un cambio de nombre puede separarse del reconocimiento del cambio de género, «aun cuando el nombre parezca vinculado a un género distinto de aquel con el que sociológicamente se asocia el sexo de nacimiento».
(
23
)	Es difícil aplicar por analogía la sentencia Freitag a las circunstancias del presente asunto. Dicha sentencia versaba sobre el derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros con arreglo al artículo 21 TFUE. Como se desprende del punto 18 de las presentes conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente excluyó expresamente que la ciudadanía de la Unión de la parte demandante fuera pertinente en relación con el litigio pendiente ante él. El presente asunto tampoco parece incluir ningún elemento transfronterizo. A falta de debate sobre este punto, propongo al Tribunal de Justicia que declare que no está en condiciones de pronunciarse al respecto. Véanse también las conclusiones del Abogado General Richard de la Tour presentadas en el asunto Mirin (C‑4/23, EU:C:2024:385), puntos 40, 89 y 90, y la sentencia de 14 de diciembre de 2021, Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (C‑490/20, EU:C:2021:1008), apartado 42 y jurisprudencia citada, que subrayan la pertinencia de la ciudadanía de la Unión en contextos comparables.
(
24
)	Sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces) (C‑204/21, EU:C:2023:442), apartado 332.
(
25
)	Sentencia de 2 de marzo de 2023, Norra Stockholm Bygg (C‑268/21, EU:C:2023:145), apartado 26 y jurisprudencia citada. El artículo 2, apartado 3, del RGPD contiene otra excepción sobre el tratamiento de datos personales por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión. El artículo 2, apartado 2, del RGPD se interpretará en sentido estricto: véase la sentencia de 16 de julio de 2020, Facebook Ireland y Schrems (C‑311/18, EU:C:2020:559), apartado 84 y jurisprudencia citada.
(
26
)	Sentencia de 4 de mayo de 2023, Österreichische Datenschutzbehörde y CRIF (C‑487/21, EU:C:2023:369), apartado 23.
(
27
)	Véase, por analogía, la sentencia de 17 de julio de 2014, YS y otros (C‑141/12 y C‑372/12, EU:C:2014:2081), apartado 38 y jurisprudencia citada.
(
28
)	Un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir, con el tiempo, incompatible con el RGPD cuando los datos resulten inadecuados, no pertinentes o ya no pertinentes o sean excesivos en relación con estos fines y el tiempo transcurrido. Sentencia de 24 de septiembre de 2019, GC y otros (Retirada de enlaces a datos sensibles) (C‑136/17, EU:C:2019:773), apartado 74 y jurisprudencia citada.
(
29
)	Sentencia de 4 de julio de 2023, Meta Platforms y otros (Condiciones generales del servicio de una red social) (C‑252/21, EU:C:2023:537), apartado 90 y jurisprudencia citada.
(
30
)	Sentencia de 5 de junio de 2023, Comisión/Polonia (Independencia y vida privada de los jueces) (C‑204/21, EU:C:2023:442), apartados 335 a 337.
(
31
)	El tratamiento de los datos de la parte demandante y la inclusión de su sexo en el registro de asilo no parecen estar comprendidos en las categorías especiales de datos personales prohibidas en virtud del artículo 9, apartado 1, del RGPD. En mi opinión, los datos sobre el sexo de una persona no deben equipararse a los «datos genéticos» ni a los «datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física».
(
32
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, Österreichische Post (Información relativa a los destinatarios de datos personales) (C‑154/21, EU:C:2023:3), apartado 44.
(
33
)	El artículo 79, apartado 1, del RGPD establece que, sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales disponibles, todo interesado afectado por una operación de tratamiento de datos personales tendrá derecho a la tutela judicial efectiva cuando considere que sus derechos en virtud de dicho Reglamento han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de tales datos que infrinja el citado Reglamento.
(
34
)	Véase, por analogía, la sentencia Nowak, apartado 53. La exactitud de los datos se evalúa caso por caso teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes.
(
35
)	Véase el artículo 81, letra c), de la Ley sobre el Derecho de Asilo.
(
36
)	Véase el artículo 82, letra f), de la Ley sobre el Derecho de Asilo.
(
37
)	La incongruencia entre los motivos para reconocer el estatuto de refugiado de la parte demandante y la inscripción de su sexo como «femenino» en el registro de asilo también entra en conflicto con el derecho a una buena administración. Si bien el artículo 41, apartado 1, de la Carta no se dirige a los Estados miembros, el derecho a una buena administración, consagrado en esta disposición, refleja un principio general del Derecho de la Unión que los Estados miembros deben observar cuando aplican el Derecho de la Unión, incluida la Directiva 2011/95. Sentencia de 10 de febrero de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Plazo de prescripción) (C‑219/20, EU:C:2022:89), apartados 36 y 37.
(
38
)	Véase el considerando 10 del RGPD.
(
39
)	El uso del término «adaptar» en el artículo 6, apartado 2, del RGPD pone de relieve que el objetivo de dicha disposición es permitir a los Estados miembros mantener o introducir disposiciones específicas relativas al tratamiento de datos personales en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos. Por lo tanto, no puede operar de forma que limite el efecto útil de los derechos y obligaciones previstos en otras disposiciones de dicho Reglamento: véase el considerando 10 del RGPD.
(
40
)	Sentencia de 20 de octubre de 2022, Koalitsia Demokratichna Bulgaria — Obedinenie (C‑306/21, EU:C:2022:813), apartado 50.
(
41
)	Véase, en particular, el artículo 21, apartado 1, del RGPD, que se refiere al derecho de oposición en el contexto del tratamiento de datos personales basado en las letras e) y f) del artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento. Véanse también el artículo 13, apartados 1, letra d), y 2, letra b), el artículo 17, apartado 1, letra b), y el artículo 20, apartado 1, letra a), del RGPD, que se refieren a puntos concretos del artículo 6, apartado 1, del RGPD.
(
42
)	Véase el considerando 59 del RGPD, que dispone que «deben arbitrarse fórmulas para facilitar al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Reglamento, incluidos los mecanismos para solicitar y, en su caso, obtener de forma gratuita, en particular, el acceso a los datos personales y su rectificación o supresión, así como el ejercicio del derecho de oposición. El responsable del tratamiento también debe proporcionar medios para que las solicitudes se presenten por medios electrónicos, en particular cuando los datos personales se tratan por medios electrónicos. El responsable del tratamiento debe estar obligado a responder a las solicitudes del interesado sin dilación indebida y a más tardar en el plazo de un mes, y a explicar sus motivos en caso de que no fuera a atenderlas».
(
43
)	Véase, por analogía, la sentencia de 21 de junio de 2022, Ligue des droits humains (C‑817/19, EU:C:2022:491), apartado 112, en la que el Tribunal de Justicia recordó que los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta no constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben considerarse según su función en la sociedad.
(
44
)	Véanse las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649), punto 130, sobre la «formulación abierta» del artículo 23, apartado 1, letra e), del RGPD. Aunque las restricciones deben interpretarse en sentido estricto, el uso de la expresión «en particular» en el artículo 23, apartado 1, letra e), del RGPD no limita esta disposición a las materias que en ella se describen, sino que incluye «otros objetivos importantes de interés público general de la Unión o de un Estado miembro». Sobre la interpretación estricta de las restricciones con arreglo al artículo 23 del RGPD, véase la sentencia de 6 de octubre de 2020, La Quadrature du Net y otros (C‑511/18, C‑512/18 y C‑520/18, EU:C:2020:791), apartado 210. Véase también Comité Europeo de Protección de Datos, «Guidelines 10/2020 on restrictions under Article 23 GDPR — Version 2.1», adoptadas el 13 de octubre de 2021, punto 3 (https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021‑10/edpb_guidelines202010_on_art23_adopted_after_consultation_en.pdf).
(
45
)	Con arreglo al considerando 73 del RGPD, «el Derecho de la Unión o de los Estados miembros puede imponer restricciones a determinados principios y a los derechos de información, acceso[y] rectificación […] de datos personales […] en la medida en que sea necesario y proporcionado en una sociedad democrática para salvaguardar […] la llevanza de registros públicos por razones de interés público general […]. Dichas restricciones deben ajustarse a lo dispuesto en la Carta y en el [CEDH]».
(
46
)	En efecto, esto refleja el artículo 52, apartado 1, de la Carta.
(
47
)	Véase, por analogía, TEDH, sentencia de 31 de enero de 2023, Y c. Francia (CE:ECHR:2023:0131JUD007688817), § 89.
(
48
)	Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo.
(
49
)	Véase, por analogía, la sentencia de 14 de diciembre de 2023, Natsionalna agentsia za prihodite (C‑340/21, EU:C:2023:986), apartado 60.
(
50
)	Véase, por analogía, la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Google (Retirada de enlaces a contenido supuestamente inexacto) (C‑460/20, EU:C:2022:962), apartado 68.
(
51
)	De los autos parece desprenderse que el órgano jurisdiccional remitente alegó que dispone de pruebas sustanciales que le permiten demostrar la inexactitud de la inscripción en el registro de asilo relativa al sexo de la parte demandante.
(
52
)	Véase TEDH, sentencia de 6 de abril de 2017, A. P., Garçon y Nicot c. Francia (CE:ECHR:2017:0406JUD007988512), § 131. Véase también TEDH, sentencia de 19 de enero de 2019, X e Y c. Rumanía (CE:ECHR:2021:0119JUD000214516), § 165. Las sentencias del TEDH no son vinculantes para el Tribunal de Justicia, dado que la Unión no se ha adherido al CEDH. Con arreglo al artículo 52, apartado 3, de la Carta, el Tribunal de Justicia debe velar por que su interpretación de los artículos 3, apartado 1, y 7 de la Carta garantice un nivel de protección que respete el garantizado por los artículos 3 y 8 del CEDH, según lo interpreta el TEDH. Véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2021, W. Ż. (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos del Tribunal Supremo — Nombramiento) (C‑487/19, EU:C:2021:798), apartado 123 y jurisprudencia citada. En consecuencia, el criterio establecido por el TEDH en, entre otras, su sentencia definitiva de 6 de abril de 2017, A. P., Garçon y Nicot c. Francia (CE:ECHR:2017:0406JUD007988512), es pertinente en el procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente.
(
53
)	Véase, por analogía, la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Google (Retirada de enlaces a contenido supuestamente inexacto) (C‑460/20, EU:C:2022:962), apartado 68.