62022TO0706(01)
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
de 20 de septiembre de 2023 (
*1
)
«Recurso de anulación — Salud pública — Retirada de determinadas excepciones aplicables a los productos de tabaco calentado — Afectación directa — Inexistencia de afectación individual — Inadmisibilidad»
En el asunto T‑706/22,
Nicoventures Trading Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido), y las demás demandantes cuyos nombres figuran en el anexo, (
1
) representadas por los Sres. L. van den Hende y M. Schonberg, la Sra. J. Penz-Evren y el Sr. P. Wytinck, abogados,
partes demandantes,
contra
Comisión Europea, representada por el Sr. H. van Vliet y las Sras. A. C. Becker y F. van Schaik, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),
integrado por la Sra. A. Marcoulli, Presidenta, y los Sres. S. Frimodt Nielsen (Ponente) y R. Norkus, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado la fase escrita del procedimiento, en particular la resolución de 1 de febrero de 2023 por la que se deniega la solicitud de procedimiento acelerado presentada por las demandantes;
visto el auto de 2 de febrero de 2023, Nicoventures Trading y otros/Comisión (T‑706/22 R, no publicado, EU:T:2023:39), por el que se desestima la demanda de medidas provisionales;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, las partes demandantes, Nicoventures Trading Ltd y el resto de personas jurídicas cuyos nombres figuran en el anexo, solicitan la anulación de la Directiva Delegada (UE) 2022/2100 de la Comisión, de 29 de junio de 2022, por la que se modifica la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la retirada de determinadas excepciones aplicables a los productos de tabaco calentado (DO 2022, L 283, p. 4; en lo sucesivo, «acto impugnado»).
Antecedentes del litigio
2
El grupo British American Tobacco (en lo sucesivo, «grupo BAT»), al que pertenecen las demandantes, fabrica y comercializa productos del tabaco, entre ellos productos de tabaco calentado. Una de las demandantes, Nicoventures Trading, fue creada en 2011 en el seno del grupo BAT para centrarse exclusivamente en el desarrollo y la comercialización de productos innovadores no combustibles, entre los que figuran los productos de tabaco calentado. Nicoventures Trading vende los productos de tabaco calentado del grupo BAT a otras sociedades del grupo entre las que figuran las demás demandantes. Estas últimas distribuyen o tienen la intención de distribuir los productos de Nicoventures Trading en el mercado de catorce Estados miembros.
3
La Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (DO 2014, L 127, p. 1), regula la comercialización de los productos del tabaco. A tal fin, tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en lo que se refiere, en particular, a los ingredientes, el etiquetado y el envasado de los productos del tabaco.
4
El artículo 7, apartados 1 y 7, de la Directiva 2014/40 establece que los Estados miembros prohibirán la comercialización de los productos del tabaco con aroma característico y de los que contengan aromatizantes en sus componentes. El artículo 7, apartado 12, de dicha Directiva, antes de ser modificado por el acto impugnado, eximía a los productos del tabaco distintos de los cigarrillos y el tabaco para liar de las prohibiciones establecidas en los apartados 1 y 7 de dicho artículo. Asimismo, el artículo 11, apartado 1, párrafo primero, de la misma Directiva, antes de que fuera modificado por el acto impugnado, establecía que los Estados miembros podían eximir a los productos del tabaco para fumar distintos de los cigarrillos, al tabaco para liar y al tabaco para pipa de agua de determinadas obligaciones en materia de etiquetado de los productos del tabaco y de colocación obligatoria en los envases de determinadas advertencias, mensajes de información y advertencias sanitarias combinadas. Además, los artículos 7, apartado 12, y 11, apartado 6, de la misma Directiva precisan que la Comisión Europea adoptará actos delegados para retirar las excepciones contempladas en el artículo 7 o la posibilidad de conceder las excepciones previstas por el artículo 11 a una categoría particular de productos en caso de que se produzca un cambio sustancial de circunstancias establecido en un informe elaborado por esta.
5
El 15 de junio de 2022, la Comisión publicó un informe en el que se establecía una evolución significativa de la situación de los productos de tabaco calentado con arreglo a la Directiva 2014/40.
6
A raíz de dicho informe, el 29 de junio de 2022, la Comisión adoptó el acto impugnado. El artículo 1 del acto impugnado modificó la Directiva 2014/40 en sus artículos 7, apartado 12, y 11, apartado 1. Con efectos a partir del 23 de octubre de 2023, fecha en la que deben haberse transpuesto las medidas previstas en el acto impugnado, los productos de tabaco calentado dejarán de estar exentos de las prohibiciones relativas a los aromas contempladas en el artículo 7, apartados 1 y 7, de la Directiva 2014/40. Además, a partir de esa misma fecha, los productos de tabaco calentado para fumar que no estén prohibidos estarán sujetos a los mismos requisitos de etiquetado del envase que otros productos del tabaco para fumar no exentos.
Pretensiones de las partes
7
Las demandantes solicitan al Tribunal General que:
–
Anule el acto impugnado.
–
Condene en costas a la Comisión.
8
La Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Declare la inadmisibilidad del recurso.
–
Condene en costas a las demandantes.
9
En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, las demandantes solicitan al Tribunal General que:
–
Con carácter principal, desestime la excepción de inadmisibilidad.
–
Con carácter subsidiario, una la excepción de inadmisibilidad al examen del fondo.
–
Condene en costas a la Comisión.
Fundamentos de Derecho
10
En virtud del artículo 130, apartados 1 y 7, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, si la parte demandada lo solicita, el Tribunal General podrá decidir sobre la inadmisión o la incompetencia sin entrar en el fondo del asunto. En el presente caso, y dado que la Comisión ha solicitado que se decida sobre la inadmisión, el Tribunal General decide resolver sobre esta demanda sin continuar el procedimiento, al considerar que los documentos que obran en autos le proporcionan información suficiente.
11
En apoyo de la excepción de inadmisibilidad, la Comisión alega que el acto impugnado no afecta directa ni individualmente a las demandantes.
Sobre los requisitos de admisibilidad del recurso
12
A tenor del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.
13
Es preciso recordar, de entrada, que el presente asunto no está comprendido en el último supuesto previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, supuesto que, por otra parte, ni la demandante ni la Comisión invocan. Efectivamente, el concepto de «acto reglamentario», en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, debe entenderse referido a cualquier acto de alcance general distinto de un acto legislativo (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, apartados 60 y 61). En el caso de autos, el acto impugnado, que contiene medidas de alcance general, como las mencionadas en los anteriores apartados 4 y 6, y que no fue adoptado con arreglo a uno de los procedimientos legislativos contemplados en el artículo 289 TFUE, es un acto reglamentario en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. No obstante, debe señalarse que el artículo 2 del acto impugnado prevé medidas de ejecución, a saber, medidas de transposición, cuya adopción es competencia de los Estados miembros. Por consiguiente, el presente recurso no puede estar comprendido en la última hipótesis prevista en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
14
Además, dado que las demandantes no son las destinatarias del acto impugnado, la primera hipótesis del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, tampoco es aplicable al caso de autos. Por consiguiente, procede determinar si la situación de las demandantes se encuentra comprendida en la segunda hipótesis del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, a saber, si el acto impugnado las afecta directa e individualmente (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, apartados 35 a 37 y jurisprudencia citada). Por lo demás, no niegan que estos dos requisitos relativos a la legitimación sean aplicables al presente recurso.
15
En este contexto, por lo que respecta a la alegación de las demandantes de que la admisibilidad de los recursos interpuestos contra los actos reglamentarios debe apreciarse de manera menos restrictiva que en lo que respecta a los demás actos, alegación que consideran que puede extraerse de la sentencia de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), procede señalar que, en el apartado 57 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia basa expresamente su análisis en la categoría de los «“actos reglamentarios” que no incluyan medidas de ejecución», categoría en la que, como acaba de señalarse, no se incluye el acto impugnado. Al contrario de lo que sostienen las demandantes, el Tribunal de Justicia no indica que el análisis de los requisitos de admisibilidad del recurso de anulación, por lo que respecta a la categoría de los actos reglamentarios en general, deba ser objeto de un enfoque menos restrictivo que en los demás casos.
16
En efecto, la modificación introducida por el Tratado de Lisboa en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, tenía por objeto someter a control judicial, mediante el recurso de anulación, determinados actos de alcance general que pueden regir la situación jurídica de los particulares, mientras que estos no tenían, antes de dicha modificación, la posibilidad de impugnarlos ni por la vía de un recurso directo, a menos que se cumpliera el requisito relativo a su afectación individual, ni por la de una cuestión prejudicial de apreciación de validez, a falta de medidas de ejecución. En cambio, esta modificación no afectó al alcance de los requisitos de legitimación de las personas físicas y jurídicas, en la medida en que siguen siendo aplicables (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, apartados 70 y 71).
17
Por consiguiente, procede examinar si la Comisión tiene razón al alegar que las demandantes no se ven afectadas directa ni individualmente por el acto impugnado.
Sobre la afectación directa
18
La Comisión alega que, según reiterada jurisprudencia, para considerar que una parte demandante está directamente afectada en el sentido del artículo 263 TFUE, es necesario, por un lado, que la medida impugnada surta efectos directamente en su situación jurídica y, por otro, que no deje ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener esta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión Europea, sin intervención de otras normas intermedias.
19
En primer lugar, según la Comisión, las demandantes no demuestran que el acto impugnado tenga una incidencia negativa en su situación jurídica. En su opinión, debe tenerse en cuenta, en particular, que los clientes de las demandantes ya disponen del dispositivo de calentamiento que estas comercializan y que podrán seguir utilizándolo para consumir los productos de tabaco calentado que no estén prohibidos por el acto impugnado. La Comisión sostiene, efectivamente, que el acto impugnado no tiene por efecto prohibir los productos de tabaco calentado, sino regular los ingredientes autorizados y las indicaciones que deben figurar en los envases. Por tanto, según ella, el acto impugnado tiene como único efecto someter los productos de tabaco calentado a las normas generales en materia de composición y etiquetado a las que están sujetos, por ejemplo, los cigarrillos y el tabaco para liar.
20
En segundo lugar, la Comisión observa que las alegaciones formuladas por las demandantes para intentar demostrar su afectación directa no son de naturaleza jurídica, sino fáctica. Así, señala que estas invocan un probable lucro cesante, pero no demuestran que el acto impugnado afecte directamente a su situación jurídica.
21
En tercer lugar, la Comisión indica que, aun suponiendo que el acto impugnado tuviera efectos en la situación jurídica de las demandantes, sería preciso señalar su naturaleza indirecta. Cualquier efecto futuro, eventual y puramente especulativo no resultaría de la entrada en vigor del acto impugnado, sino de las decisiones adoptadas por los Estados miembros. En el caso de autos, para que produjese efectos en la situación jurídica de las demandantes, el acto impugnado requeriría medidas de transposición, de modo que su aplicación no tendría el carácter meramente automático exigido por la jurisprudencia.
22
En cuarto lugar, señala que el caso de autos se distingue del asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo (C‑348/20 P, EU:C:2022:548). En efecto, la Directiva controvertida en dicho asunto regula los derechos de los operadores, mientras que el acto impugnado establece normas de alcance general aplicables a productos.
23
Las demandantes rebaten esta argumentación y sostienen que el acto impugnado las afecta directamente.
24
Según reiterada jurisprudencia, el requisito de que la medida objeto de recurso afecte directamente a una persona física o jurídica exige que se reúnan dos condiciones acumuladamente, a saber, que esa medida, por un lado, surta efectos directamente en la situación jurídica de esa persona y, por otro, que no deje ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener esta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias (véase la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartado 43 y jurisprudencia citada).
25
El recurso de anulación contemplado en el artículo 263 TFUE puede interponerse frente a todas las disposiciones que adopten las instituciones, cualquiera que sea su forma, destinadas a producir efectos jurídicos obligatorios. Para determinar si el acto produce tales efectos, hay que atenerse a la esencia de ese acto y apreciar esos efectos a la luz de criterios objetivos, como el contenido de dicho acto, tomando en consideración, en su caso, el contexto en el que se adoptó y las facultades de la institución que fue su autora. Así, la capacidad de un acto para producir directamente efectos en la situación jurídica de una persona física o jurídica no puede apreciarse por el mero hecho de que dicho acto revista la forma de una directiva (véase la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartados 62 a 64 y jurisprudencia citada).
26
En efecto, todo acto, ya sea de naturaleza reglamentaria o de otra naturaleza, puede, en principio, producir directamente efectos en la situación jurídica de una persona física o jurídica, con independencia de si incluye medidas de ejecución, lo que comprende, cuando se trata de una directiva, medidas de transposición. Así pues, en el supuesto de que una directiva produzca tales efectos, la circunstancia de que se hayan adoptado o deban adoptarse medidas de transposición de dicha directiva no es, como tal, pertinente, puesto que estas no cuestionan el carácter directo de la relación existente entre dicha directiva y tales efectos. Ello es así siempre que dicha directiva no deje a los Estados miembros ninguna facultad de apreciación en cuanto a la imposición de dichos efectos a ese particular (véase la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartado 74).
27
Como se ha expuesto en los anteriores apartados 4 y 6, el acto impugnado tiene por efecto prohibir la comercialización de productos de tabaco calentado con un aroma característico y someter los productos de tabaco calentado para fumar que no tienen un aroma característico a las mismas obligaciones de etiquetado que algunos otros productos del tabaco para fumar, a saber, los cigarrillos, el tabaco para liar y el tabaco para pipa de agua. Según el artículo 2 del acto impugnado, los Estados miembros deben adoptar las medidas de transposición necesarias para aplicar estas nuevas prohibiciones y obligaciones antes del 23 de octubre de 2023.
28
Por consiguiente, los operadores que, como las demandantes, comercializan o tienen la intención de comercializar productos de tabaco calentado que tienen un aroma característico se ven afectados en su situación jurídica, en la medida en que esta comercialización se convertirá en ilícita. Estos operadores tendrán igualmente la obligación de hacer figurar en los embalajes de los productos de tabaco calentado para fumar no prohibidos las mismas advertencias sanitarias que deben figurar en los embalajes de otros productos del tabaco para fumar. Así pues, las demandantes se encuentran sujetas a una prohibición y a obligaciones que se derivan directamente del acto impugnado, con independencia de que dicho acto incluya medidas de ejecución, a saber, medidas de transposición. Efectivamente, no se confunden el requisito de que el acto contra el que se interponga un recurso afecte directamente a una parte demandante y el requisito de que tal acto no incluya medidas de ejecución (véase, en este sentido, la sentencia de12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, C‑348/20 P, EU:C:2022:548, apartados 71 y 72). Pues bien, en el caso de autos, las medidas de transposición previstas por el acto impugnado solo son necesarias para la plena aplicación de la prohibición y las obligaciones mencionadas en los Derechos de los Estados miembros, sin que estos dispongan de una facultad de apreciación autónoma, ya que el acto impugnado no deja ningún margen de apreciación a los Estados miembros a estos efectos. Por tanto, debe considerarse que el acto impugnado afecta directamente a las demandantes.
29
Ninguna de las alegaciones formuladas por la Comisión puede desvirtuar estas apreciaciones.
30
En primer lugar, es cierto que la Comisión alega que el acto impugnado no tiene por efecto prohibir la comercialización de productos de tabaco calentado, sino únicamente regular su composición, prohibiendo los aromas característicos. A este respecto, basta observar que las demandantes comercializan productos de tabaco calentado que contienen aromas característicos y se verán privadas de la posibilidad de hacerlo al término del plazo de transposición fijado por el acto impugnado. Por consiguiente, la Comisión no puede afirmar que el acto impugnado se limita a regular la composición de dichos productos y no afecta a los derechos de los operadores.
31
En segundo lugar, la Comisión observa que las demandantes formulan alegaciones relativas más a la afectación de su situación de hecho que a la de su situación jurídica. Sin embargo, la circunstancia de que las demandantes invoquen un perjuicio a su situación fáctica, alegando la importancia de los productos de tabaco calentado que contienen aromas característicos en el total de sus ventas, su cuota de mercado y las inversiones que han realizado, no implica que no puedan verse igualmente afectadas en su situación jurídica.
32
En tercer lugar, según la Comisión, los efectos del acto impugnado sobre la situación jurídica de las demandantes son, a lo sumo, indirectos, teniendo en cuenta las medidas de transposición requeridas. A este respecto, como se ha observado en el anterior apartado 28, el acto impugnado no deja ningún margen de apreciación a los Estados miembros en lo que respecta a la prohibición de comercialización de los productos de tabaco calentado que contengan aromas característicos y a la obligación de etiquetado de los productos de tabaco calentado no prohibidos.
33
De ello se desprende que procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, basada en el hecho de que las demandantes no se ven directamente afectadas por el acto impugnado.
Sobre la afectación individual
34
La Comisión sostiene que las demandantes deben demostrar que el acto impugnado las afecta individualmente. Dado que no son destinatarias de este, solo pueden resultar individualmente afectadas si el acto impugnado las afecta en razón de determinadas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que las caracteriza frente a cualquier otra persona y las individualiza de manera análoga a un destinatario. La Comisión niega que este sea el caso.
35
Las demandantes alegan que el acto impugnado las afecta individualmente. A este respecto, sostienen que se encuentran en la situación, contemplada en la sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, EU:C:1963:17), de un sujeto de Derecho afectado en razón de determinadas cualidades que le son propias o de una situación que lo caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y lo individualiza de una manera análoga a la del destinatario de una decisión. En su opinión, esto sucede por dos razones expuestas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por una parte, pertenecen a un grupo de operadores cerrado. Por otra parte, el acto impugnado puede afectar sustancialmente a su posición de mercado.
36
Si bien, en principio, los actos de alcance general solo pueden ser impugnados por los demandantes privilegiados mencionados en el artículo 263 TFUE, párrafos segundo y tercero, tales actos pueden, no obstante, en determinadas circunstancias, afectar individualmente a determinadas personas físicas o jurídicas, por lo que revisten carácter decisorio en lo que a ellas respecta. Así ocurre cuando el acto considerado atañe a una persona física o jurídica debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, la individualiza de manera análoga a la de un destinatario (sentencia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223; véase asimismo la sentencia de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, C‑50/00 P, EU:C:2002:462, apartados 35 y 36 y jurisprudencia citada).
37
El alcance general y, por consiguiente, la naturaleza normativa de un acto no se ponen en tela de juicio por la posibilidad de determinar con mayor o menor precisión el número o incluso la identidad de los sujetos de derecho a los que se aplica en un momento dado, siempre que conste que dicha aplicación se hace en virtud de una situación objetiva de hecho o de derecho definida por el acto en relación con la finalidad de este (véase la sentencia de 18 de mayo de 1994, Codorníu/Consejo, C‑309/89, EU:C:1994:197, apartado 18 y jurisprudencia citada).
38
Procede comenzar señalando que, si bien las demandantes solicitan la anulación del acto impugnado en su totalidad, centran su argumentación en las consecuencias que tendría sobre su situación de hecho la prohibición de los productos de tabaco calentado con uno o varios aromas característicos.
39
En primer lugar, las demandantes afirman pertenecer a una categoría cerrada de operadores económicos identificables y efectivamente identificados en el momento de la adopción del acto impugnado. Señalan que la categoría de los operadores individualmente afectados por el acto impugnado comprende aquellos que, en la fecha de adopción de este, comercializaban o poseían autorizaciones de comercialización de los productos recientemente sometidos a restricción. Según las demandantes, los miembros de este círculo eran identificables en el momento de la adopción del acto impugnado, puesto que todos disponían de autorizaciones de comercialización de productos de tabaco calentado que contenían aromas característicos, expedidas por los Estados miembros, o habían presentado solicitudes en este sentido. Es un círculo cerrado en la medida en que, debido a la prohibición de los productos de que se trata, no está destinado a expandirse. Además, se trata de un círculo restringido, debido al escaso número de operadores que son miembros, puesto que cuenta únicamente con dos grupos de empresas con cuotas de mercado significativas. Por último, añaden que, contrariamente a lo alegado por la Comisión, su situación se distingue de las empresas situadas en una fase anterior y posterior de la cadena de producción y distribución de los productos de que se trata.
40
Es cierto que el Tribunal de Justicia ha admitido que una persona jurídica titular de un derecho de propiedad intelectual puede verse individualmente afectada por un acto normativo, destinado a regular un conjunto de sujetos de Derecho definidos de manera general y abstracta, que tiene un efecto perjudicial particular para dicho derecho (sentencia de 18 de mayo de 1994, Codorníu/Consejo, C‑309/89, EU:C:1994:197, apartados 19 a 23).
41
Asimismo, se ha declarado admisible un recurso contra una medida de alcance general interpuesto por empresas titulares de derechos adquiridos, por ejemplo debido a que la medida afectaba a la ejecución de un contrato en vigor (sentencia de 17 de enero de 1985, Piraiki-Patraiki y otros/Comisión, 11/82, EU:C:1985:18, apartado 31) o a derechos de retransmisión exclusivos, que permitían considerar que los titulares de tales derechos, claramente identificables en el momento de la adopción del acto impugnado, formaban parte de un «círculo restringido» (sentencia de 13 de marzo de 2008, Comisión/Infront WM, C‑125/06 P, EU:C:2008:159, apartados 71 a 77), o incluso cuestionaba una decisión positiva relativa a un régimen de ayudas de Estado del que disfrutaban las partes demandantes (sentencia de 27 de febrero de 2014, Stichting Woonpunt y otros/Comisión, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, apartados 59 a 63).
42
Para demostrar que pertenecen a un círculo restringido en el sentido de la jurisprudencia antes citada, las demandantes invocan esencialmente el hecho de que, por una parte, presentaron ante las autoridades competentes las declaraciones previstas en el artículo 5 de la Directiva 2014/40 y las notificaciones previstas en el artículo 19 de dicha Directiva para los productos de tabaco calentado que contienen aromas característicos y, por otra parte, algunas de ellas obtuvieron, en los Estados miembros que instauraron un sistema de autorización conforme al artículo 19, apartado 3, de la misma Directiva, autorizaciones de comercialización de productos de tabaco calentado que contienen aromas característicos. Sin negar estos hechos, la Comisión considera que no bastan para individualizar a las demandantes de manera análoga al destinatario de una decisión.
43
A este respecto, la Directiva 2014/40 prevé la necesidad de establecer un formato común para la notificación de los ingredientes contenidos en los productos del tabaco y de las emisiones de determinadas sustancias tóxicas que estos generan (considerandos 13 a 15), así como la obligación de los fabricantes e importadores de notificar los productos del tabaco novedosos, sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para prohibirlos o permitirlos (considerando 34). Estos principios se aplican en los artículos 5 y 19 de la Directiva 2014/40. Pues bien, del conjunto de estas disposiciones se desprende que los fabricantes e importadores solo pueden comercializar los productos del tabaco que cumplan las exigencias de dicha Directiva y que hayan sido objeto de las declaraciones y de las notificaciones previstas por esta, e incluso, en su caso, de las autorizaciones previstas por los Estados miembros que hayan establecido un sistema de autorización. Las exigencias previstas por la Directiva se refieren, además de la indicación de los ingredientes y las emisiones, a la ausencia de ingredientes prohibidos y a la comunicación de los estudios requeridos, relativos, en particular, a la toxicidad, el poder adictivo, el atractivo y la incidencia en los comportamientos de consumo del producto de que se trate. Tales requisitos constituyen, pues, criterios generales y abstractos, aplicables a todos aquellos que comercializan o tienen la intención de comercializar un producto del tabaco.
44
Por consiguiente, procede examinar si la realización de dichas declaraciones y notificaciones o la posesión de dichas autorizaciones basta para individualizar a las demandantes, o a algunas de ellas, de manera análoga a la del destinatario de una decisión.
45
En primer término, el mero hecho de que los operadores que hubieran efectuado una declaración o una notificación o estuvieran en posesión de una autorización fueran identificables en el momento en que se adoptó el acto impugnado no basta para acreditar que se ven individualmente afectados por este, ya que, por una parte, dicho acto se aplica en virtud de consideraciones generales y abstractas (véase la sentencia de 16 de diciembre de 2011, Enviro Tech Europe y Enviro Tech International/Comisión, T‑291/04, EU:T:2011:760, apartado 104 y jurisprudencia citada) y que, por otra parte, la Comisión no estaba obligada a tener especialmente en cuenta su situación al adoptar el acto impugnado (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2010Arcelor/Parlamento y Consejo, T‑16/04, EU:T:2010:54, apartado 102 y jurisprudencia citada).
46
En segundo término, tampoco puede prosperar el argumento, rebatido además por la Comisión, basado en el escaso número de empresas afectadas por el acto impugnado. En efecto, procede recordar que una disposición de alcance general solo puede afectar individualmente a una persona física o jurídica si le atañe en razón de determinadas cualidades que le son propias o de una situación de hecho que la caracteriza frente a cualquier otra persona y, por ello, la individualiza de manera análoga a la de un destinatario. En cambio, el número de personas físicas o jurídicas afectadas por tal acto no es determinante (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de abril de 2004, Comisión/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, EU:C:2004:210, apartados 43 a 46 y jurisprudencia citada).
47
En tercer término, contrariamente a las alegaciones de la Comisión, dado que las autorizaciones concedidas en virtud de la Directiva 2014/40 se refieren a la comercialización de productos del tabaco que cumplen los requisitos de dicha Directiva, no cabe duda de que la prohibición absoluta de comercializar productos de tabaco calentado que contengan aromas característicos resultante del acto impugnado tendrá necesariamente como efecto cuestionar las autorizaciones de algunas de las demandantes. Sin embargo, no puede considerarse que tales autorizaciones caractericen e individualicen la posición de sus titulares frente al acto impugnado como si hubieran sido sus destinatarios. Por lo demás, dichas autorizaciones no confieren a sus titulares derechos comparables a aquellos de los que disfrutaban las partes demandantes en los asuntos mencionados en los anteriores apartados 40 y 41.
48
Efectivamente, antes de nada, los efectos del acto impugnado se producen del mismo modo tanto con respecto a los operadores que hayan obtenido una autorización en los Estados miembros que hayan establecido un mecanismo de autorización con arreglo al artículo 19, apartado 3, de la Directiva 2014/40 para los productos de tabaco calentado que contengan aromas característicos como con respecto a los operadores que hayan hecho las declaraciones previstas en el artículo 5 de dicha Directiva o las notificaciones previstas en el artículo 19 de la misma Directiva para los mismos productos, o incluso respecto de los operadores que aún no hayan obtenido una autorización o hayan hecho una declaración o una notificación pero que tengan la intención de comercializar tales productos. Así pues, ninguno de los operadores que se encuentran en esas situaciones resulta individualizado en relación con el acto impugnado.
49
A continuación, como se ha señalado en el anterior apartado 43, las autorizaciones y las declaraciones o notificaciones responden a exigencias objetivas relativas a los productos del tabaco previstas por la Directiva 2014/40, que se determinan de manera general y abstracta para todos los operadores. De ello se deduce que las autorizaciones expedidas por los Estados miembros se conceden con carácter no exclusivo, basándose únicamente en la conformidad de los productos, del mismo modo que no se deriva ninguna exclusividad de las notificaciones efectuadas por los operadores.
50
Por último, la Directiva 2014/40 establece que diferentes actos delegados pueden precisar o modificar las condiciones de comercialización de los productos del tabaco incluidos en su ámbito de aplicación. Así sucede, en particular, por lo que respecta a la supresión de la exención controvertida en el caso de autos, con el artículo 7, apartado 12, de dicha Directiva. De ello se desprende que las autorizaciones de comercialización de productos de tabaco calentado que contengan aromas característicos de las que disfrutan algunas de las demandantes no podían considerarse adquiridas con carácter indefinido, como tampoco el derecho a comercializar tales productos tras una declaración o una notificación.
51
En cuarto término, la circunstancia, invocada por las demandantes en respuesta a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, de que los fabricantes e importadores de productos de tabaco calentado que tienen un aroma característico no se encuentran, en relación con el acto impugnado, en la misma situación que las industrias situadas en una fase anterior y posterior de la cadena de producción y distribución carece de pertinencia por lo que respecta a la cuestión de si las demandantes pertenecen a un círculo restringido en el sentido de la jurisprudencia mencionada en el anterior apartado 41. En efecto, para demostrar que el acto impugnado les afecta individualmente, las demandantes deben demostrar no que se ven afectadas de manera diferente a los demás operadores, sino que se ven afectadas por razón de unas cualidades o una situación de hecho que les es propia y que las individualiza de manera análoga a la del destinatario de una decisión (véase, en este sentido, el auto de 12 de diciembre de 2003, Bactria/Comisión, C‑258/02 P, EU:C:2003:675, apartado 34 y jurisprudencia citada).
52
De lo anterior resulta que las autorizaciones, las declaraciones y las notificaciones que invocan las demandantes no permiten demostrar que el acto impugnado las afecte individualmente.
53
En segundo lugar, las demandantes alegan que el acto impugnado afecta sustancialmente a su posición competitiva. A este respecto, sostienen que poseen, en el mercado de los productos de tabaco calentado, una cuota nada desdeñable, que los productos sujetos a prohibición constituyen una proporción muy amplia de sus ventas y que han incurrido en gastos de inversión considerables para desarrollar los productos de que se trata.
54
Sin embargo, no basta que determinados operadores se vean más afectados económicamente que otros por un acto de alcance general para individualizarlos respecto de dichos operadores, siempre que la aplicación de ese acto se efectúe como consecuencia de una situación objetivamente determinada (véase la sentencia de 2 de marzo de 2010, Arcelor/Parlamento y Consejo, T‑16/04, EU:T:2010:54, apartado 106 y jurisprudencia citada).
55
Además, el mero hecho de que una persona física o jurídica pueda perder una importante fuente de ingresos como consecuencia de una nueva normativa no prueba que dicha persona se encuentre en una situación específica y no basta para demostrar que la normativa se dirige individualmente contra ella, sino que dicha persona debe probar circunstancias de las que pueda deducirse que el perjuicio supuestamente sufrido es de tal naturaleza que la distingue de cualquier otro operador económico afectado por la normativa del mismo modo que ella (véase, en este sentido, el auto de 29 de junio de 2006, Nürburgring/Parlamento y Consejo, T‑311/03, no publicado, EU:T:2006:179, apartados 65 y 66 y jurisprudencia citada).
56
De todo lo anterior se desprende que las demandantes carecen de fundamento para sostener que el acto impugnado las afecta individualmente y que, por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad del recurso.
Sobre las demandas de intervención
57
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal General el 16 de febrero y el 8 de marzo de 2023, respectivamente, el Consejo de la Unión Europea y la República Francesa solicitaron intervenir en apoyo de la Comisión.
58
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 8 de marzo de 2023, Philip Morris Products SA, Papastratos Cigarettes Manufacturing Company Single Member SA, Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna SpA, Philip Morris Romania SRL y Philip Morris Ltd solicitaron intervenir en apoyo de las demandantes.
59
A tenor del artículo 142, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la intervención quedará sin objeto, entre otros supuestos, cuando se declare la inadmisibilidad de la demanda. En este caso, puesto que el recurso se ha declarado inadmisible, no procede resolver sobre las demandas de intervención.
Costas
60
En primer lugar, a tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que las demandantes han visto desestimadas sus pretensiones, procede condenarlas a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión, según lo solicitado por esta, con la salvedad de las costas relativas a las demandas de intervención.
61
En segundo lugar, con arreglo al artículo 144, apartado 10, del Reglamento de Procedimiento, si se pone fin al proceso en el asunto principal antes de que se haya decidido sobre una demanda de intervención, la persona que solicitaba intervenir y las partes principales cargarán con las costas relativas a dicha demanda, soportando cada una sus propias costas. En el presente asunto, las demandantes, la Comisión, la República Francesa, el Consejo, Philip Morris Products, Papastratos Cigarettes Manufacturing Company Single Member, Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, Philip Morris Romania y Philip Morris cargarán cada uno con sus propias costas relativas a las demandas de intervención.
62
En tercer lugar, conforme al artículo 158, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, el auto de 2 de febrero de 2023, Nicoventures Trading y otros/Comisión (T‑706/22 R, no publicado, EU:T:2023:39), que puso fin al procedimiento de medidas provisionales, reservó la decisión sobre las costas hasta la resolución del Tribunal General sobre el asunto principal. Por haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes tanto en el procedimiento sobre medidas provisionales como en el procedimiento principal, procede condenarlas a cargar con la totalidad de las costas correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales, conforme a lo solicitado por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
resuelve:
1)
Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2)
Sobreseer las demandas de intervención de la República Francesa, del Consejo de la Unión Europea, de Philip Morris Products SA, de Papastratos Cigarettes Manufacturing Company Single Member SA, de Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna SpA, de Philip Morris Romania SRL y de Philip Morris Ltd.
3)
Nicoventures Trading Ltd y las otras partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, a excepción de las correspondientes a las demandas de intervención.
4)
Nicoventures Trading y las otras partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo, la Comisión, la República Francesa, el Consejo, Philip Morris Products, Papastratos Cigarettes Manufacturing Company Single Member, Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, Philip Morris Romania y Philip Morris cargarán cada uno con sus propias costas relativas a las demandas de intervención.
5)
Nicoventures Trading y las otras partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo cargarán con las costas del procedimiento sobre medidas provisionales.
Dictado en Luxemburgo, a 20 de septiembre de 2023.
El Secretario
V. Di Bucci
La Presidenta
A. Marcoulli
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
1
)	Únicamente la versión notificada a las partes contiene un anexo en el que figura la lista de las demás partes demandantes.