62019CC0050
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GIOVANNI PITRUZZELLA
presentadas el 21 de enero de 2021 (
1
)
Asunto C‑50/19 P
Sigma Alimentos Exterior, S. L.,
contra
Comisión Europea
«Recurso de casación — Disposiciones relativas al impuesto sobre sociedades que permiten a las empresas con domicilio fiscal en España amortizar el fondo de comercio resultante de adquisiciones de participaciones en empresas con domicilio fiscal en el extranjero — Concepto de ayuda de Estado — Carácter selectivo»
1.
El presente asunto tiene por objeto el recurso de casación interpuesto por Sigma Alimentos Exterior, S. L. (en lo sucesivo, «Sigma»), contra la sentencia de 15 de noviembre de 2018, Sigma Alimentos Exterior/Comisión (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), (
2
) mediante la cual el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto, con arreglo al artículo 263 TFUE, por Sigma y que tenía por objeto la anulación del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/282/UE de la Comisión, de 12 de enero de 2011, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras, aplicada por España (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), (
3
) y, con carácter subsidiario, del artículo 4 de dicha Decisión.
2.
El presente recurso de casación forma parte de una serie de ocho asuntos paralelos que tienen por objeto la anulación de las sentencias mediante las cuales el Tribunal General desestimó los recursos interpuestos por algunas sociedades españolas contra la Decisión impugnada o contra la Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras, aplicada por España (en lo sucesivo, «Decisión de 28 de octubre de 2009»). (
4
)
I. Hechos, medida controvertida y Decisión impugnada
3.
El 10 de octubre de 2007, a raíz de unas preguntas escritas que le fueron planteadas en los años 2005 y 2006 por varios miembros del Parlamento Europeo y de una denuncia de una empresa privada recibida por ella en 2007, la Comisión Europea decidió incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el actual artículo 108 TFUE, apartado 2 (
5
) (en lo sucesivo, «Decisión de incoación»), respecto a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 5, de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, introducido en dicha Ley mediante la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, (
6
) y recogido en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en lo sucesivo, «TRLIS») (en lo sucesivo, «medida controvertida»). La medida controvertida dispone que, en caso de adquisición, por parte de una empresa que tribute en España, de participaciones en una «sociedad extranjera», si el porcentaje de participación es de al menos el 5 % y dicha participación se posee de manera ininterrumpida durante al menos un año, el fondo de comercio (
7
) financiero (
8
) resultante de esta adquisición podrá deducirse, en forma de amortización, de la base imponible del impuesto sobre sociedades que deba pagar esa empresa. La medida controvertida precisa que, para tener la consideración de «sociedad extranjera», una sociedad debe estar sujeta a un impuesto idéntico al impuesto aplicable en España y sus ingresos deben proceder principalmente de la realización de actividades empresariales en el extranjero.
4.
Mediante la Decisión de 28 de octubre de 2009, la Comisión concluyó el procedimiento de investigación formal en lo que respecta a las adquisiciones de participaciones realizadas dentro de la Unión Europea. En dicha Decisión, la Comisión declaró incompatible con el mercado interior el régimen de ayudas ejecutado por España conforme a la medida controvertida a efectos de las ayudas concedidas a los beneficiarios al realizar adquisiciones intracomunitarias.
5.
No obstante, la Comisión mantuvo el procedimiento de investigación formal abierto por lo que se refiere a las adquisiciones de participaciones efectuadas fuera de la Unión, a la espera de recibir elementos adicionales que las autoridades españolas se habían comprometido a proporcionarle. Esta parte del procedimiento concluyó con la adopción de la Decisión impugnada. El artículo 1, apartado 1, de dicha Decisión declara incompatible con el mercado interior el régimen de ayudas ejecutado por España en virtud de la medida controvertida «a efectos de las ayudas concedidas a los beneficiarios, al realizar adquisiciones fuera de la Unión». (
9
) El apartado 4 de este artículo prevé que «las deducciones fiscales disfrutadas por los beneficiarios en virtud del artículo 12, apartado 5, del TRLIS al realizar adquisiciones fuera de la Unión en la fecha de publicación de la presente Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea, en relación con participaciones mayoritarias poseídas directa o indirectamente en empresas extranjeras establecidas en China, India y en otros países en los que se ha demostrado o se pueda demostrar la existencia de obstáculos jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas, podrán continuar aplicándose durante el período íntegro de amortización previsto por el régimen de ayudas». El artículo 4, apartado 1, de la Decisión impugnada ordena la recuperación de la «ayuda incompatible correspondiente a la reducción fiscal prevista en virtud del régimen contemplado en el artículo 1, apartado 1, de los beneficiarios cuyos derechos en compañías extranjeras, adquiridos en el marco de adquisiciones fuera de la Unión, no cumplan las condiciones contempladas en el artículo 1, apartados 2 a 5».
II. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
6.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 3 de mayo de 2011, Sigma interpuso un recurso en el que solicitaba que se anulara la Decisión impugnada. Mediante escrito separado, presentado el 11 de noviembre de 2011, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad que el Tribunal General unió al examen del fondo del asunto. El procedimiento quedó suspendido entre el 13 de marzo y el 7 de noviembre de 2014, fecha en la que el Tribunal General se pronunció en el asunto que dio lugar a la sentencia de 7 de noviembre de 2014, Banco Santander y Santusa/Comisión (
10
) (en lo sucesivo, «sentencia Banco Santander y Santusa/Comisión»), y anuló la Decisión impugnada, basándose en que la Comisión había aplicado erróneamente el requisito de selectividad establecido en el artículo 107 TFUE, apartado 1. El Tribunal General también anuló la Decisión de 28 de octubre de 2009 mediante la sentencia de 7 de noviembre de 2014, Autogrill España/Comisión (en lo sucesivo, «sentencia Autogrill España/Comisión»). (
11
)
7.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de enero de 2015, la Comisión interpuso un recurso de casación contra la sentencia Banco Santander y Santusa/Comisión. Este recurso de casación, registrado con el número C‑21/15 P, fue acumulado al recurso de casación, registrado con el número C‑20/15 P, que la Comisión había interpuesto contra la sentencia Autogrill España/Comisión. Mediante sendas decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de 2015, se admitió la intervención de la República Federal de Alemania, Irlanda y el Reino de España en los asuntos acumulados en apoyo de las pretensiones de WDFG y de Banco Santander y Santusa. Mediante sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group y otros (en lo sucesivo, «sentencia WDFG»), (
12
) el Tribunal de Justicia anuló la sentencia Banco Santander y Santusa/Comisión, devolvió el asunto al Tribunal General y reservó parcialmente la decisión sobre las costas. El Tribunal de Justicia también anuló la sentencia Autogrill España/Comisión.
8.
El procedimiento ante el Tribunal General, que quedó nuevamente suspendido el 9 de marzo de 2015, se reanudó el 21 de diciembre de 2016 y concluyó con la adopción de la sentencia recurrida, mediante la cual el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por Sigma y la condenó en costas.
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
9.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de enero de 2019, Sigma ha interpuesto el presente recurso de casación. Esta solicita: i) que se anule la sentencia recurrida; ii) que se anule el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, con carácter principal, en la medida en que declara que el régimen ejecutado en virtud de la medida controvertida constituye una ayuda estatal y, con carácter subsidiario, en la medida en que declara que dicho régimen constituye una ayuda incluso cuando implica una adquisición de control; iii) con carácter subsidiario de segundo grado, que se anule el artículo 4 de la Decisión impugnada, en la medida en que exige la recuperación de las ayudas por las operaciones realizadas antes de la publicación en el Diario Oficial de la Decisión impugnada, y iv) que se condene en costas a la Comisión. La Comisión solicita que se desestime el recurso de casación y que se condene en costas a Sigma. La República Federal de Alemania apoya las pretensiones de Sigma.
IV. Análisis
A. Observaciones preliminares
10.
Para un examen del estado actual de la jurisprudencia en materia de selectividad de las medidas fiscales y, en particular, para una ilustración del método de análisis de la selectividad en tres etapas elaborado por el Tribunal de Justicia, me remito a las consideraciones expuestas y a los criterios enunciados en los puntos 11 a 21 de mis conclusiones presentadas en el día de hoy en los asuntos acumulados C‑51/19, World Duty Free Group/Comisión, y C‑64/19, España/Comisión. Las imputaciones formuladas por Sigma se examinarán a la luz de tales consideraciones y criterios.
B. Sobre el recurso de casación
11.
La recurrente invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación. Mediante el primer motivo de casación, reprocha al Tribunal General haber interpretado erróneamente la sentencia WDFG. El segundo motivo de casación, que se divide en cuatro partes, se basa en la aplicación errónea del método de análisis de la selectividad en tres etapas.
1.
Primer motivo de casación
a)
Alegaciones de las partes
12.
Mediante su primer motivo de casación, la recurrente, apoyada por el Gobierno alemán, alega que el Tribunal General interpretó erróneamente la sentencia WDFG al declarar, en los apartados 69 y 70 de la sentencia recurrida, que la selectividad de una medida puede constatarse en función del comportamiento voluntario de las empresas excluidas de la ventaja concedida por dicha medida, sin considerar las circunstancias en las que se encuentran esas empresas. Según la recurrente, de los apartados 67, 77 o 79 de la sentencia WDFG se desprende, en efecto, que el análisis de la selectividad debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la situación de las empresas y no el régimen que se aplica a las operaciones que estas realizan. Pues bien, el hecho de que ciertas empresas puedan optar por efectuar determinadas operaciones y otras no puedan implica, en su opinión, que estas se encuentran en situaciones distintas. Las empresas que invierten en sociedades españolas tienen libertad para decidir si realizan una combinación y, por lo tanto, si se benefician de la amortización. Añade que, para esas empresas, la imposibilidad de amortizar el fondo de comercio no depende de la situación de la empresa adquirente, sino de su comportamiento. Por el contrario, antes de la entrada en vigor de la medida controvertida, la imposibilidad de amortización en caso de adquisición de participaciones de sociedades extranjeras era absoluta, especialmente en caso de adquisiciones de participaciones realizadas fuera de la Unión, y dependía de la situación de la empresa adquirente y no de su comportamiento. Las empresas que adquieren participaciones en sociedades residentes se encuentran, por lo tanto, en una situación más ventajosa, ya que tienen la posibilidad de elegir.
13.
La Comisión considera que el primer motivo de casación es inadmisible, dado que el recurso interpuesto por Sigma ante el Tribunal General no incluía ninguna imputación relativa a los criterios en función de los cuales debe compararse la situación de las empresas beneficiarias de la medida controvertida y de las excluidas de su aplicación. Según la Comisión, permitir que Sigma formule imputaciones nuevas en el marco del recurso de casación equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. Según esta institución, el primer motivo de casación es, en cualquier caso, infundado, dado que la medida controvertida no se aplica únicamente a las empresas que adquieren participaciones en sociedades extranjeras con el objetivo de realizar una fusión, sino también a las que adquieren participaciones minoritarias.
b)
Apreciación
1) Sobre la admisibilidad
14.
A mi parecer, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión.
15.
Es cierto que, según reiterada jurisprudencia, a la que se refirió la Comisión, en el marco de un recurso de casación la competencia del Tribunal de Justicia está limitada a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos y alegaciones objeto de debate ante el Tribunal General y que, por lo tanto, una parte no puede, en principio, invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal General. (
13
)
16.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia aclaró que un recurrente puede invocar en su recurso de casación motivos que se fundamenten en la propia sentencia recurrida y que tengan por objeto criticar la conformidad a Derecho de la misma. (
14
)
17.
Por lo tanto, en el presente asunto, aun suponiendo que, como sostiene la Comisión, la imputación formulada por Sigma en el marco de su primer motivo de casación constituya un «motivo nuevo» respecto a los invocados en apoyo de su recurso interpuesto ante el Tribunal General, ello no sería en sí mismo suficiente para declarar su inadmisibilidad.
18.
Cabe observar además que las alegaciones formuladas por Sigma en el marco de su primer motivo de casación contienen una crítica precisa y detallada de los fundamentos de la sentencia recurrida y van dirigidas a impugnar la interpretación y la aplicación de la sentencia WDFG por el Tribunal General. Por consiguiente, no podían ser formuladas ante este último. (
15
)
19.
En consecuencia, habida cuenta de las consideraciones anteriores, estimo que procede declarar la admisibilidad del primer motivo de casación de Sigma.
2) Sobre el fondo
20.
El examen del primer motivo de casación exige recordar brevemente los pasajes más destacables de las sentencias Banco Santander y Santusa/Comisión y WDFG.
21.
En la sentencia Banco Santander y Santusa/Comisión, por la que anuló la Decisión impugnada, el Tribunal General consideró, en primer lugar, que, para que se cumpliese el requisito de selectividad, debía en todo caso identificarse una categoría de empresas que fuesen las únicas favorecidas por la medida en cuestión y que, cuando esta sea potencialmente accesible para todas las empresas, como en el caso de la medida controvertida, la selectividad no podía derivarse únicamente de la constatación de que se ha establecido una excepción a un régimen común o «normal» de tributación. (
16
) En segundo lugar, el Tribunal General consideró que una diferenciación fiscal no podía conducir, en sí, a que se declarase la existencia de una ayuda, sino que, además, era necesario poder identificar, a tal efecto, una categoría particular de empresas que pudiesen distinguirse de las demás por sus características específicas. (
17
)
22.
En la sentencia WDFG, por cuanto aquí interesa, el Tribunal de Justicia acogió la imputación formulada por la Comisión dirigida, en particular, a impugnar la obligación, impuesta por el Tribunal General, de identificar a un grupo de empresas con características propias con objeto de demostrar el carácter selectivo de una medida nacional. Tras haber recordado el método de análisis de la selectividad en tres etapas, el Tribunal de Justicia consideró que la medida controvertida, en la medida en que podía favorecer al conjunto de las empresas fiscalmente domiciliadas en España que llevan a cabo operaciones de adquisición de participaciones de al menos el 5 % en empresas fiscalmente domiciliadas fuera de dicho Estado miembro, podía considerarse constitutiva de una ayuda de Estado y que correspondía a la Comisión demostrar que dicha medida, pese a conferir una ventaja de alcance general, la otorgaba exclusivamente a determinadas empresas o a determinados sectores de actividad. (
18
) A continuación, el Tribunal de Justicia declaró que el razonamiento del Tribunal General se basaba en una aplicación incorrecta del requisito de selectividad y que, en el caso de una medida nacional que concede una ventaja fiscal de alcance general, ese requisito se cumple cuando la Comisión consigue demostrar que esa medida supone una excepción al régimen tributario común o «normal» aplicable en el Estado miembro en cuestión, introduciendo, por sus efectos concretos, un tratamiento diferenciado entre operadores, a pesar de que los operadores que disfrutan de la ventaja fiscal y los que están excluidos de ella se encuentran, habida cuenta del objetivo perseguido por dicho régimen tributario de ese Estado miembro, en una situación fáctica y jurídica comparable. (
19
) Según el Tribunal de Justicia, el Tribunal General incurrió, por lo tanto, en error de Derecho al concluir que la medida controvertida no debía considerarse una medida selectiva, sino una medida general, al no dirigirse a ninguna categoría particular de empresas o de producciones, al ser su aplicación independiente de la naturaleza de la actividad de las empresas o al ser accesible, a priori o potencialmente, a todas las empresas que desearan adquirir participaciones de al menos el 5 % en sociedades extranjeras y que poseyeran esas participaciones de manera ininterrumpida durante al menos un año. (
20
) El Tribunal de Justicia también precisó que, contrariamente a lo que había declarado el Tribunal General, el posible carácter selectivo de la medida controvertida no quedaba desvirtuado por el hecho de que el requisito esencial para conseguir la ventaja fiscal otorgada por esta medida se refiriese a una operación económica, más concretamente a una «operación meramente financiera», que no está acompañada de un importe mínimo de inversión y que es independiente de la naturaleza de la actividad de las empresas beneficiarias. (
21
) En consecuencia, el Tribunal de Justicia concluyó que el Tribunal General había incurrido en error al no acoger las apreciaciones de la Comisión sobre el carácter selectivo de la medida controvertida sin comprobar si esta había efectivamente analizado y demostrado el carácter discriminatorio de dicha medida. (
22
)
23.
En los apartados 64 a 76 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aplicó los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia WDFG y desestimó la primera imputación del motivo único de recurso de Sigma, mediante la cual esta última había invocado la falta de selectividad de la medida controvertida, ya que dicha medida se aplicaba a todas las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades y no reservaba la ventaja que contemplaba a un tipo particular de empresas. En el apartado 69 de la sentencia recurrida, el Tribunal General afirmó que de la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia WDFG se desprende que «la constatación de la selectividad de una medida no resulta necesariamente del hecho de que a determinadas empresas les resulte imposible beneficiarse de la ventaja establecida por esa medida a causa de limitaciones jurídicas, económicas o prácticas que les impiden realizar la operación de la que depende la obtención de esta ventaja, pero sí puede resultar de la mera constatación de que existe una operación que, pese a ser comparable a la operación de la que depende la obtención de la ventaja en cuestión, no da derecho a obtenerla». A continuación, precisó que de ello «se sigue que una medida fiscal puede ser selectiva incluso en el caso de que cualquier empresa pueda optar libremente por realizar la operación de la que depende la obtención de la ventaja establecida por esa medida». En el apartado 70 de la sentencia recurrida, el Tribunal General afirmó que «de este modo se ha puesto énfasis en un concepto de la selectividad basado en la distinción entre las empresas que optan por realizar ciertas operaciones y las empresas que optan por no realizarlas, y no en la distinción entre empresas en función de sus características propias».
24.
Resulta evidente que, en los citados apartados 69 y 70, el Tribunal General da una lectura «orientada» de la sentencia WDFG, haciendo hincapié en los aspectos que distinguen la solución adoptada por el Tribunal de Justicia de la seguida en la sentencia Banco Santander y Santusa/Comisión, dejando entrever una preferencia por esta última. Sin embargo, contrariamente a la recurrente, no considero que esos apartados evidencien una comprensión incorrecta por parte del Tribunal General de la sentencia WDFG ni que las afirmaciones que figuran en los mismos hayan influido en el razonamiento del Tribunal General en un sentido que no sea conforme a los criterios establecidos por dicha sentencia.
25.
En efecto, por un lado, el Tribunal General se basó en esos criterios, recordados en particular en el apartado 68 de la sentencia recurrida, para concluir, en el apartado 75 de dicha sentencia, en línea con lo que, por otra parte, ya se desprendía de la propia sentencia WDFG, que la medida controvertida, «que confiere una ventaja cuya obtención depende de la realización de una operación económica, puede ser selectiva incluso en el caso de que […] cualquier empresa pueda optar libremente por realizar tal operación» y, en consecuencia, desestimó la primera imputación del motivo único de recurso de Sigma.
26.
Por otro lado, contrariamente a lo defendido por Sigma, de los apartados 69 y 70 de la sentencia recurrida no se desprende que el Tribunal General pretendiese afirmar que la selectividad de una medida nacional puede constatarse en función exclusivamente del comportamiento de las empresas excluidas de la ventaja concedida por la medida examinada, sin tener en cuenta la situación en que se encuentran tales empresas. Dichos apartados se limitan, en efecto, a subrayar que, de conformidad con la sentencia WDFG, una medida puede ser selectiva aun cuando el disfrute de la ventaja que establece no dependa de las características específicas de la empresa, sino de la operación que dicha empresa decida o no realizar. (
23
)
27.
Pues bien, dicha afirmación no me parece contraria a la sentencia WDFG. En efecto, con arreglo a dicha sentencia, una medida nacional puede ser selectiva, aunque no identifique ex ante una categoría particular de beneficiarios y aunque todas las empresas domiciliadas en el territorio del Estado miembro de que se trate, con independencia de su tamaño, forma jurídica, sector de actividad u otras características que les sean propias, puedan acceder potencialmente al beneficio previsto por dicha medida siempre que efectúen un determinado tipo de inversión. En consecuencia, el Tribunal General no incurrió en error al declarar, en esencia, que, de conformidad con la sentencia WDFG, a efectos de la apreciación del carácter selectivo de una medida, también es pertinente una desigualdad de trato relacionada con el comportamiento de las empresas.
28.
Sobre la base del conjunto de consideraciones que anteceden, estimo que procede desestimar por infundado el primer motivo de casación de Sigma.
2.
Segundo motivo de casación
29.
Mediante su segundo motivo de casación, que se divide en cuatro partes, Sigma alega que el Tribunal General incurrió en error al considerar que la posible existencia de obstáculos a las combinaciones transfronterizas no permite excluir la selectividad de la medida controvertida.
a)
Primera parte del segundo motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
30.
La recurrente considera, en primer lugar, que el Tribunal General concluyó erróneamente que el objetivo de la deducción fiscal del fondo de comercio es equiparar su tratamiento fiscal y contable, con independencia del hecho de que la empresa adquiera participaciones en sociedades residentes o no residentes. Al actuar así, el Tribunal General no solo pasó por alto la finalidad real del tratamiento fiscal del fondo de comercio, que consiste en promover la neutralidad fiscal suprimiendo los obstáculos a las combinaciones transfronterizas de empresas, sino que también sustituyó la motivación de la Decisión impugnada por la suya propia, puesto que en ningún pasaje de la Decisión impugnada figura una conclusión similar. La recurrente alega, en segundo lugar, que, en Derecho español, el tratamiento fiscal y contable del fondo de comercio, aun estando vinculados, se mantienen separados y siguen reglas y criterios diferentes. En tercer lugar, observa que, en los apartados 103 y 104 de la sentencia recurrida, el propio Tribunal General reconoce que un fondo de comercio contable puede aparecer sin fusión, es decir, sin que dicha contabilización implique un efecto fiscal. En cuarto lugar, recuerda que, entre 2008 y 2015, el Derecho español no permitía la amortización contable del fondo de comercio, mientras que la deducción fiscal del fondo de comercio resultante de una fusión se permitía en cualquier caso. Según la recurrente, el Tribunal General se basó en una apreciación errónea del objetivo perseguido por la medida controvertida para confirmar la elección efectuada por la Comisión de identificar el sistema de referencia con el tratamiento fiscal del fondo de comercio, excluyendo que dicho sistema pudiese estar constituido por la medida controvertida. En quinto lugar, la recurrente sostiene que las empresas que adquieren participaciones en sociedades españolas, además de tener libertad para efectuar una combinación acogiéndose a la deducción fiscal del fondo de comercio, se benefician de ventajas adicionales, como el acceso a un régimen de consolidación fiscal, del que quedan excluidas las empresas que adquieren participaciones en sociedades extranjeras. Refiriéndose a las operaciones de adquisición realizadas por ella en los Estados Unidos y en Perú, la recurrente subraya que, aun cuando debiera admitirse que no existen obstáculos jurídicos a la combinación de empresas, el mero hecho de que las sociedades españolas y las extranjeras tengan una forma jurídica o societaria distinta constituye por sí mismo un obstáculo. Las empresas que adquieren participaciones en sociedades residentes se encuentran, por lo tanto, en una situación jurídica y fáctica diferente a la de las empresas que adquieren participaciones en sociedades extranjeras, en particular si, como es el caso de la recurrente, se trata de sociedades de terceros países y de participaciones que supongan adquisición de control.
31.
La Comisión, por un lado, aduce la inadmisibilidad de la primera parte del segundo motivo de casación por las mismas razones que las expuestas en el punto 13 de las presentes conclusiones y, por otro lado, alega que es infundada. Señala que, contrariamente a lo defendido por Sigma, la medida controvertida no puede garantizar la neutralidad fiscal y no es proporcionada, puesto que se aplica asimismo a las adquisiciones transfronterizas de participaciones minoritarias que, en cualquier caso, no permiten realizar una combinación de empresas. De lo anterior se sigue que el Tribunal General concluyó fundadamente que la supuesta existencia de obstáculos a la combinación de empresas en Perú o en los Estados Unidos carece de pertinencia.
2) Apreciación
32.
Procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión por las razones expuestas en el punto 13 de las presentes conclusiones.
33.
En cuanto al fondo, cabe recordar antes de nada el razonamiento seguido por el Tribunal General en los apartados 79 a 111 de la sentencia recurrida, contra los que se dirigen las imputaciones formuladas por Sigma. Este razonamiento puede dividirse en dos partes.
34.
La primera parte, que incluye los apartados 79 a 95, aborda de manera general la cuestión de la metodología aplicable a la determinación del sistema de referencia en el marco de la primera etapa del examen sobre la selectividad. En el apartado 85, el Tribunal General afirma que la delimitación material de este sistema se realiza, en principio, en conexión con la medida analizada y, en el apartado 89, que va precedido por un análisis de las sentencias de 8 de septiembre de 2011, Paint Graphos y otros (en lo sucesivo, «sentencia Paint Graphos»), (
24
) y de 8 de septiembre de 2011, Comisión/Países Bajos (en lo sucesivo, «sentencia Comisión/Países Bajos»), (
25
) dicho Tribunal constata que, «además de la existencia de un nexo entre el objeto de la medida de que se trate y el del régimen normal, el examen de la comparabilidad de las situaciones a las que se aplica esta medida y de las situaciones a las que se aplica ese régimen permite también delimitar materialmente el alcance de dicho régimen». El Tribunal General continúa indicando, en los apartados 90 y 91, que, dado que es la comparabilidad de estas situaciones lo que permite igualmente apreciar la existencia de una excepción cuando las situaciones a las que se aplica la medida controvertida se tratan de forma diferente que las situaciones a las que se aplica el régimen normal, un «razonamiento de conjunto sobre las dos primeras etapas del método [de análisis de la selectividad] puede llevar, en ciertos casos, a identificar tanto el régimen normal como la existencia de una excepción».
35.
En la segunda parte de su razonamiento, que incluye los apartados 96 a 111 de la sentencia recurrida, en aplicación de la metodología expuesta en los apartados 95 a 108 de dicha sentencia, el Tribunal General examinó si, desde el punto de vista del objetivo del régimen normal identificado por la Comisión, las empresas que adquieren participaciones en sociedades residentes y las que adquieren participaciones en sociedades no residentes se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable. Este examen de comparabilidad, que por lo general se lleva a cabo en el marco de la segunda etapa del análisis sobre la selectividad, se adelanta por lo tanto a la primera etapa, y el Tribunal General supedita a su resultado la correcta delimitación del sistema de referencia (véase el apartado 96 de la sentencia recurrida). Al término de dicho examen, el Tribunal General llega a la conclusión de que «las empresas que adquieren participaciones en sociedades no residentes se encuentran, desde el punto de vista del objetivo perseguido por el tratamiento fiscal del fondo de comercio, en una situación jurídica y fáctica comparable a la de las empresas que adquieren participaciones en sociedades residentes» (apartado 109 de la sentencia recurrida) y de que la Comisión consideró acertadamente «como régimen normal el tratamiento fiscal del fondo de comercio, y no el tratamiento fiscal del fondo de comercio financiero que establecía la medida controvertida» (apartado 110 de la sentencia recurrida). En el apartado 111 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluye esta parte de su razonamiento señalando que dicha medida, «al permitir que se amortice el fondo de comercio correspondiente a las adquisiciones de participaciones en sociedades no residentes sin que exista combinación de empresas, aplica a estas operaciones un trato diferente del que se aplica a las adquisiciones de participaciones en sociedades residentes, pese a que estos dos tipos de operaciones se encuentran en situaciones jurídicas y fácticas comparables desde el punto de vista del objetivo perseguido por el régimen normal».
36.
Cabe señalar, con carácter preliminar, que Sigma parece considerar que el sistema de referencia identificado por el Tribunal General en el tratamiento fiscal del fondo de comercio es coherente con el adoptado por la Comisión en la Decisión impugnada y no invoca, por lo tanto, en este punto una sustitución de los motivos, a diferencia de las recurrentes en los asuntos paralelos indicados en la nota 4 de las presentes conclusiones. Sigma tampoco formula críticas dirigidas a impugnar la metodología expuesta por el Tribunal General en los apartados 79 a 95 de la sentencia recurrida, en relación con los cuales me limito, por lo tanto, a remitirme a las observaciones que figuran en el punto 73 de mis conclusiones presentadas en el día de hoy en los asuntos acumulados C‑51/19 y C‑64/19.
37.
En lo que atañe a las alegaciones de Sigma que tienen por objeto impugnar la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el apartado 108 de la sentencia recurrida, según la cual el objetivo del sistema de referencia consiste en mantener cierta coherencia entre el tratamiento fiscal del fondo de comercio y su tratamiento contable, considero que deben ser rechazadas. En efecto, dicha conclusión se basa en constataciones que resultan de la interpretación de los principios fiscales y contables del Derecho español en materia de fondo de comercio efectuada por el Tribunal General y que, en consecuencia, no están sujetas al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en caso de que se alegue y se demuestre una desnaturalización de dichos principios. (
26
)
38.
En cambio, considero que procede estimar la imputación basada en la sustitución de los motivos de la Decisión impugnada por lo que se refiere a la identificación del objetivo del sistema de referencia. En efecto, no cabe sino constatar que en ningún pasaje de la Decisión impugnada la Comisión menciona como objetivo del sistema de referencia que ella había identificado el mantenimiento de cierta coherencia entre el tratamiento fiscal del fondo de comercio y su tratamiento contable. Es cierto que el Tribunal General confirma las constataciones que figuran en la Decisión impugnada al indicar que el tratamiento fiscal del fondo de comercio se organiza en función del criterio basado en la existencia o no de una combinación de empresas (véanse los apartados 103 y 105) y al explicar, remitiéndose a los considerados 28 y 123 de dicha Decisión, que esto se debe a que, a raíz de una adquisición o de una aportación de activos integrantes de empresas independientes o de una fusión o de una escisión, «en la contabilidad de la empresa resultante de la combinación aparece, como activo inmaterial separado, un fondo de comercio» (véase el apartado 104 de la sentencia recurrida). De igual modo, también está en consonancia con las apreciaciones que la Comisión efectúa en la Decisión impugnada (véanse, en particular, los considerados 121 a 124) la afirmación, que figura en el apartado 103 de la sentencia recurrida, de que el tratamiento fiscal del fondo de comercio se atiene a la lógica contable. Sin embargo, el Tribunal General concluye, de forma completamente autónoma respecto de dicha Decisión y sobre la base de una interpretación propia de las normas fiscales y contables españolas, que el objetivo de las normas sobre la amortización del fondo de comercio financiero que figuran en la Ley del Impuesto sobre Sociedades española es mantener la coherencia entre el tratamiento fiscal del fondo de comercio y su tratamiento contable y que, a la luz de dicho objetivo, la situación de las empresas que invierten en sociedades españolas es comparable a la de las empresas que invierten en sociedades no residentes.
3) Sobre las consecuencias de la fundamentación de la imputación relativa a una sustitución de los motivos
39.
A este respecto, es preciso recordar antes de nada que, con arreglo a la jurisprudencia recordada en los puntos 13 a 15 de mis conclusiones presentadas en el día de hoy en los asuntos acumulados C‑51/19 y C‑64/19, el examen de comparabilidad que debe efectuarse en el marco de la segunda etapa del análisis de la selectividad debe basarse en el objetivo del sistema de referencia y no en el de la medida controvertida.
40.
Aunque la Comisión afirmó en la Decisión impugnada que la medida controvertida también perseguía el objetivo de mejorar la competitividad internacional de las empresas españolas (véase el considerando 138), examinó, no obstante, si esta podía justificarse a la luz del principio de neutralidad fiscal, llegando a una conclusión negativa por dos motivos. Por un lado, rechazó la alegación formulada por el Reino de España según la cual era necesario aplicar un tratamiento diferente a las inversiones extranjeras debido a la existencia de obstáculos a las fusiones transfronterizas, al considerar que no se había demostrado la existencia de obstáculos generalizados a la fusión ni de obstáculos específicos en los países examinados. Esta motivación figura en los considerandos 110 a 118 de la Decisión impugnada en la parte relativa a la definición del sistema de referencia. Por otro lado, consideró que, en cualquier caso, la medida controvertida era desproporcionada (véanse los considerandos 132 a 140 de la Decisión impugnada).
41.
En cambio, de la lectura de la Decisión impugnada no se desprende que la Comisión haya atribuido al sistema de referencia que ella identificó el objetivo de neutralidad fiscal invocado por Sigma ante el Tribunal de Justicia. Aquella consideró fundamentalmente, sin identificar explícitamente el objetivo de dicho sistema, que las empresas que invierten en sociedades nacionales y las que invierten en sociedades extranjeras se encontraban en una situación comparable por lo que respecta al régimen introducido por la medida controvertida que establecía, como excepción al sistema de referencia, la amortización del fondo de comercio financiero incluso en el caso de que la adquisición de participaciones no fuese seguida de una fusión. (
27
) Dicho de otro modo, la Comisión consideró que podía constituir una discriminación, cuando el Reino de España no la justifique, la diferenciación introducida por la medida controvertida entre las empresas que adquieren participaciones en sociedades residentes, que deben efectuar obligatoriamente una fusión para amortizar el fondo de comercio, y las que adquieren participaciones en sociedades extranjeras, que se benefician automáticamente de la posibilidad de efectuar dicha deducción independientemente de si la operación antecede a una fusión y de la prueba de la existencia de obstáculos efectivos para la realización de dicha fusión.
42.
Si bien puede parecer que este modo de proceder no se ajusta completamente al análisis en tres etapas de la selectividad tal como ha sido precisado por la jurisprudencia más reciente a partir de la sentencia Paint Graphos, posterior a la Decisión impugnada, no considero que esta Decisión deba anularse por este único motivo.
43.
La medida controvertida es, como afirma por otra parte claramente el Reino de España, una medida correctiva, cuya finalidad es paliar los efectos desfavorables del tratamiento fiscal del fondo de comercio en general, con arreglo al cual la amortización solo se permite en caso de combinaciones de empresas (o en caso de adquisición de control y de consolidación de cuentas). En consecuencia, dicha medida tiende, por su propia naturaleza, a dar un tratamiento favorable a una determinada categoría de empresas, en el presente asunto las que efectúan un cierto tipo de inversiones, como por otra parte afirma el propio Tribunal de Justicia en los apartados 62 y 119 de la sentencia WDFG, puesto que, de no ser así, dichas empresas se verían penalizadas por la aplicación del régimen normal. Pues bien, independientemente de las clasificaciones sistemáticas impuestas por la jurisprudencia, considero que las diferenciaciones introducidas por este tipo de medidas deben tender a evaluarse, además de en función de la veracidad de los presupuestos fácticos en los que se basan, a la luz de su proporcionalidad y de su aptitud para conseguir el objetivo perseguido y, en consecuencia, en el marco de la tercera etapa de análisis de la selectividad, que tiene por objeto comprobar si la diferencia de trato introducida por una medida que establece una excepción a priori selectiva está justificada por la naturaleza o por la estructura del sistema fiscal en el que se inscribe. En cambio, dicho control quedaría sistemáticamente excluido si, en el marco de la segunda etapa del análisis de la selectividad, bastase con invocar como objetivo del sistema de referencia, a la luz del cual debe efectuarse el examen de comparabilidad de las situaciones objeto de diferenciación, el objetivo general de neutralidad fiscal en el que se inscribe el objetivo específico de la corrección efectuada por la medida examinada.
44.
La neutralidad fiscal es uno de los objetivos perseguidos por todos los regímenes tributarios y no cabe duda de que el régimen fiscal del fondo de comercio en el marco del impuesto español sobre sociedades también se ha inspirado en este principio. Sin embargo, como afirma acertadamente el Tribunal General en el apartado 131 de la sentencia recurrida, el objetivo perseguido por dicho régimen «no consiste en permitir que las empresas disfruten de la ventaja fiscal que supone la amortización del fondo de comercio cuando encuentren dificultades que les impidan realizar una combinación de empresas». Estimar la imputación formulada por Sigma equivaldría, por lo tanto, a admitir, en contradicción con la jurisprudencia más reciente en materia de selectividad, que el examen de comparabilidad en el marco de la segunda etapa del análisis sobre la selectividad debe efectuarse a la luz del objetivo de la medida controvertida y no del objetivo del sistema de referencia, y ello independientemente de que dicho objetivo no haya sido identificado explícitamente en la Decisión impugnada y aunque deba, como sostiene Sigma, identificarse con la neutralidad fiscal.
4) Conclusiones sobre la primera parte del segundo motivo de casación de Sigma
45.
A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que declare que el Tribunal General interpretó erróneamente la Decisión impugnada sustituyendo la motivación de dicha Decisión por la suya propia, pero que este error no puede dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida, puesto que procede desestimar en cualquier caso la imputación de Sigma en relación con la cual se ha cometido tal error.
b)
Segunda parte del segundo motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
46.
La recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error al rechazar la posibilidad de considerar la medida controvertida como sistema de referencia autónomo basándose en las conclusiones del Abogado General Warner presentadas en el asunto Italia/Comisión (en lo sucesivo, «conclusiones del Abogado General Warner»). (
28
) Según la recurrente, contrariamente a la medida en cuestión en dicho asunto, la medida controvertida no tiene como objetivo resolver un problema puntual de un determinado sector industrial, sino que se aplica a todas las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades. Asimismo, en su opinión, el Tribunal General incurrió en error en la medida en que no consideró que la medida controvertida constituía una medida de carácter general dirigida a ofrecer a los operadores económicos una solución práctica que equiparase el tratamiento fiscal de las operaciones transnacionales al previsto por los artículos 89, apartado 3, y 11, apartado 4, del TRLIS para las operaciones nacionales con el fin de que las empresas adopten las decisiones de inversión en función de criterios económicos y no fiscales. Alega que no cabe duda de que la medida controvertida es una medida de política económica general cuyo objetivo es salvaguardar el principio de neutralidad fiscal. Con carácter subsidiario, la recurrente sostiene que la medida controvertida debe considerarse justificada habida cuenta de la lógica del sistema fiscal, a la luz del principio de neutralidad fiscal.
47.
La Comisión, por un lado, aduce la inadmisibilidad de la segunda parte del segundo motivo de casación por las mismas razones que las expuestas en el punto 12 de las presentes conclusiones y, por otro lado, alega que es infundada. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la medida controvertida no garantiza la neutralidad fiscal, ya que concede a la adquisición de participaciones en empresas extranjeras condiciones más favorables que las previstas para las participaciones en empresas nacionales. Para las primeras, en efecto, la amortización del fondo de comercio se supedita únicamente a la adquisición de una participación del 5 % en el capital de la empresa adquirida, mientras que en el segundo caso se exige también la combinación de las empresas.
2) Apreciación
48.
Procede antes de nada desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión por las razones expuestas en el punto 13 de las presentes conclusiones.
49.
En cuanto al fondo, en la medida en que Sigma pone en entredicho la referencia a las conclusiones del Abogado General Warner, efectuada en los apartados 114 y 115 de la sentencia recurrida, me gustaría señalar, antes de nada, que sus alegaciones no tienen por objeto criticar, como tal, la afirmación que el Tribunal General extrae de dichas conclusiones según la cual una medida fiscal no puede constituir un sistema de referencia autónomo si «[tiene] por […] objeto resolver un problema particular», (
29
) sino la conclusión —a la que llegó el Tribunal General en el apartado 138 de la sentencia recurrida— de que la eliminación de los efectos de los obstáculos a las combinaciones transfronterizas sobre el tratamiento fiscal del fondo de comercio constituye un «problema puntual», así como la equiparación del presente caso al que es objeto de las conclusiones mencionadas anteriormente.
50.
A continuación, ha de observarse que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal General no se basó en el carácter «particular» del objetivo perseguido por la medida controvertida para excluir que dicha medida pudiese constituir un sistema de referencia autónomo. En efecto, de los apartados 121 y 122 de la sentencia recurrida se desprende inequívocamente que el Tribunal General llegó a esa conclusión habida cuenta de que dicha medida constituía «una excepción a la regla general que dispone que solo las combinaciones de empresas pueden dar lugar a la amortización de ese fondo de comercio», que pretendía compensar los efectos desfavorables que la aplicación de dicha regla entrañaría, junto con la constatación de que dicha medida no convertía la operación de adquisición de participaciones en un nuevo criterio general para organizar el tratamiento fiscal del fondo de comercio, sino que «reserva[ba] la ventaja de la amortización del fondo de comercio exclusivamente a las adquisiciones de participaciones en sociedades no residentes» (apartado 122 de la sentencia recurrida). Por lo tanto, no es el carácter «limitado» del objetivo perseguido por la medida controvertida lo que el Tribunal General, en última instancia, consideró decisivo, a pesar de la afirmación que efectúa para concluir su análisis en el apartado 125 de la sentencia recurrida.
51.
En estas circunstancias, las alegaciones formuladas por la recurrente dirigidas, por un lado, a oponerse a la equiparación del presente caso con el controvertido en el asunto objeto de las conclusiones del Abogado General Warner y, por otro lado, a demostrar que el objetivo de la medida controvertida es la salvaguardia del principio de neutralidad fiscal y no la solución de un «problema particular» son, en mi opinión, insuficientes para invalidar el razonamiento desarrollado por el Tribunal General en los apartados 112 a 127 de la sentencia recurrida.
52.
Por último, es preciso señalar que, al sostener que la medida controvertida debe considerarse no selectiva, puesto que pueden beneficiarse de la misma todas las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades, Sigma cuestiona directamente la sentencia WDFG, en la que el Tribunal de Justicia afirmó que dicha medida, dado que podía favorecer al conjunto de las empresas fiscalmente domiciliadas en España que llevan a cabo operaciones de adquisición de participaciones de al menos el 5 % en empresas fiscalmente domiciliadas fuera de dicho Estado miembro, podía considerarse constitutiva de una ayuda de Estado, pese a conferir una ventaja de alcance general, siempre que se demostrara su carácter discriminatorio. (
30
)
53.
Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, estimo que procede desestimar por infundada la segunda parte del segundo motivo de casación de Sigma.
c)
Tercera parte del segundo motivo de casación
1) Alegaciones de las partes
54.
La tercera parte del segundo motivo de casación de Sigma, invocada con carácter subsidiario, se dirige contra el apartado 134 de la sentencia recurrida, en el que, tras haber recordado que «el régimen normal solo permite la amortización del fondo de comercio en caso de combinación de empresas y que la medida controvertida, al permitir esta amortización en caso de adquisiciones de participaciones en sociedades no residentes, aplica a estas operaciones un trato diferente del que se aplica a las adquisiciones de participaciones en sociedades residentes, pese a que estos dos tipos de operaciones se encuentran en situaciones jurídicas y fácticas comparables desde el punto de vista del objetivo perseguido por el régimen normal», el Tribunal General afirmó que «la medida controvertida establece una excepción a este régimen, como estimó legítimamente la Comisión». Según la recurrente, aun suponiendo que el sistema de referencia tal como ha sido definido por la Comisión y confirmado por el Tribunal General sea correcto, nada permitía al Tribunal General declarar la existencia de una excepción al sistema de referencia, dado que las empresas que adquieren participaciones en sociedades residentes en España y las que adquieren participaciones en sociedades extranjeras no se encuentran en situaciones comparables debido a la existencia de barreras a las combinaciones transfronterizas.
55.
La Comisión, por un lado, aduce la inadmisibilidad de la tercera parte del segundo motivo de casación por las mismas razones que las expuestas en el punto 12 de las presentes conclusiones y, por otro lado, alega que es infundada, ya que la cuestión de la existencia de obstáculos a las combinaciones de empresas carece de pertinencia a efectos del examen de comparabilidad.
2) Apreciación
56.
Procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión por las razones expuestas en el punto 13 de las presentes conclusiones.
57.
En cuanto al fondo, procede señalar antes de nada que el Tribunal General ha excluido la pertinencia de la posible existencia de obstáculos a las combinaciones transfronterizas a efectos del examen de comparabilidad entre las empresas que adquieren participaciones en sociedades residentes en España y las empresas que adquieren participaciones en sociedades extranjeras sobre la base de las razones expuestas en los apartados 128 a 133 de la sentencia recurrida, que no son objeto de la imputación formulada por Sigma, y que el apartado 134 de dicha sentencia, contra el que sí se dirige dicha imputación, se formuló «[a] mayor abundamiento» (en español, versión lingüística auténtica, y «[a]u surplus», en francés).
58.
En la medida en que las alegaciones de Sigma deben considerarse dirigidas a cuestionar las conclusiones a las que llegó el Tribunal General en los apartados 108 y 111 de la sentencia recurrida, se confunden con las alegaciones expuestas en apoyo de las imputaciones que dicha sociedad formuló en el marco de la primera parte del segundo motivo de casación, a cuyo examen por lo tanto me remito.
59.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, estimo que también procede desestimar la tercera parte del segundo motivo de casación de Sigma.
d)
Cuarta parte del segundo motivo de casación
1) Posiciones de las partes
60.
La cuarta parte del segundo motivo de casación de Sigma tiene por objeto impugnar el apartado 155 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General, al término del análisis efectuado en los apartados 147 a 154 de esta, concluyó que no se había demostrado que la ventaja resultante de la medida controvertida beneficiase a las empresas que sufren la diferencia de trato que esta medida pretende remediar y, en consecuencia, que no habían quedado acreditados «los efectos neutralizadores» de dicha medida. Según la recurrente, si no existiera la corrección introducida por dicha medida, se vulneraría el principio de neutralidad fiscal, dado que se afianzarían situaciones en las que los obstáculos a las adquisiciones en sociedades extranjeras impedirían la amortización del fondo de comercio en las mismas condiciones que rigen para las adquisiciones de participaciones en sociedades residentes. En lo que atañe a la existencia de obstáculos a las fusiones con sociedades estadounidenses y peruanas, Sigma se remite a los datos ya invocados en el recurso interpuesto ante el Tribunal General. En cuanto a la constatación efectuada por este último en el apartado 154 de la sentencia recurrida, según la cual no se desprendía de los autos que el Reino de España hubiese «acreditado que las empresas que desean realizar fusiones transfronterizas y no pueden hacerlo por existir obstáculos, en particular jurídicos, a la combinación de empresas adquieran por defecto participaciones en sociedades no residentes o, al menos, conserven las participaciones de las que ya disponen», Sigma afirma que tal prueba no figura en la Decisión impugnada y que se trata, por lo tanto, de otra sustitución de los motivos de dicha Decisión efectuada por el Tribunal General. En conclusión, según Sigma, la medida controvertida está justificada por la lógica del sistema fiscal y, en particular, por el principio de neutralidad fiscal.
61.
La Comisión, por un lado, aduce la inadmisibilidad de la cuarta parte del segundo motivo de casación por las mismas razones que las expuestas en el punto 12 de las presentes conclusiones y, por otro lado, alega que es infundada basándose en argumentos idénticos a los ya mencionados en el punto 44 de las presentes conclusiones.
2) Apreciación
62.
Procede antes de nada desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión por las razones expuestas en el punto 13 de las presentes conclusiones.
63.
En cuanto al fondo, es preciso recordar que, en los apartados 149 a 156 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, partiendo de la constatación de que la medida controvertida «se basa necesariamente en la premisa de que las empresas que desean realizar fusiones transfronterizas y no pueden hacerlo por existir obstáculos […] a la combinación de empresas adquieren por defecto participaciones en sociedades no residentes o, al menos, conservan las participaciones de las que ya disponen» (apartado 149 de la sentencia recurrida), concluyó que el Reino de España, a la que incumbía demostrar que la excepción introducida al sistema de referencia por la medida controvertida estaba justificada, no había demostrado tal premisa. El Tribunal General consideró fundamentalmente que, dado que la adquisición de participaciones es una operación distinta de la fusión y no constituye una alternativa a la misma, la medida controvertida confiere en realidad una ventaja a las empresas que desean invertir en sociedades extranjeras, pero que no tienen necesariamente el objetivo de realizar una fusión, es decir, a empresas distintas de las que sufrirían, según lo afirmado por el Reino de España, los efectos desfavorables de las normas generales sobre la amortización del fondo de comercio.
64.
A este respecto, cabe observar antes de nada que, si bien es cierto que, en los apartados impugnados por la imputación en cuestión, el Tribunal General concluyó que el Reino de España no había demostrado que la medida controvertida neutralizase los efectos supuestamente penalizadores del régimen normal, este prosiguió su análisis partiendo de la premisa de que esto hubiera quedado demostrado (véanse los apartados 157 y 165 de la sentencia recurrida). Los fundamentos contra los que se dirige dicha imputación, como por otra parte se indica expresamente en el apartado 166 de la sentencia recurrida, no son, por lo tanto, los únicos en los que se basa la conclusión del Tribunal General según la cual la Comisión no incurrió en error al considerar que el Reino de España no había justificado la diferenciación introducida por la medida controvertida. De ello se sigue que, aunque procediera estimar la imputación examinada, dicha conclusión seguiría estando apoyada por distintos fundamentos (expuestos en los apartados 145 a 165 de la sentencia recurrida). Pues bien, de reiterada jurisprudencia se desprende que, en el marco de un recurso de casación, un motivo dirigido contra un fundamento de la sentencia recurrida formulado a mayor abundamiento, cuando el fallo de la sentencia esté suficientemente fundado en otros fundamentos de Derecho, es inoperante y debe ser desestimado. (
31
)
65.
Es preciso señalar, por otra parte, que, aunque el razonamiento expuesto en los apartados 149 a 156 de la sentencia recurrida no se expresa en los mismos términos en la Decisión impugnada, se inscribe perfectamente en la lógica en la que se ha basado la Comisión para señalar la falta de coherencia y de proporcionalidad de la medida controvertida a la luz del supuesto objetivo de neutralización de los efectos desfavorables del régimen normal de amortización del fondo de comercio para las empresas que adquieren participaciones en sociedades extranjeras y no pueden realizar fusiones transfronterizas. (
32
) No considero, por lo tanto, que el Tribunal General haya efectuado, como sostiene la recurrente, una sustitución de los motivos de la Decisión impugnada.
66.
Por las razones que anteceden, considero que la cuarta parte del segundo motivo de casación de Sigma es inoperante y, con carácter subsidiario, infundada.
C. Sobre la pretensión de sustitución de los motivos formulada por la Comisión
67.
Para el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere fundado el recurso de casación de Sigma, la Comisión le solicita que sustituya los motivos y que declare la inadmisibilidad del recurso interpuesto ante el Tribunal General. Es preciso recordar a este respecto que la Comisión propuso ante el Tribunal General una excepción formal de inadmisibilidad en relación con el recurso de Sigma, excepción que se acumuló al examen del fondo. Sin embargo, basándose en la sentencia de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer (en lo sucesivo, «sentencia Boehringer»), (
33
) en el apartado 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró justificado analizar en cuanto al fondo el recurso sin pronunciarse con carácter preliminar sobre dicha excepción. (
34
)
68.
En la medida en que propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación interpuesto por Sigma, a continuación me limitaré a formular unas breves consideraciones en cuanto al fondo de la pretensión de la Comisión, que exige fundamentalmente examinar la excepción de inadmisibilidad propuesta por esta última ante el Tribunal General.
69.
Se plantea en esencia la cuestión de si una empresa, al objeto de demostrar su legitimación activa para impugnar la Decisión por la que la Comisión declara incompatible con el mercado interior un régimen de ayudas que concede una deducción fiscal y ordena la devolución de las ayudas abonadas en virtud del mismo, puede limitarse a invocar y a presentar, por un lado, las correcciones de la cuenta de pérdidas y ganancias efectuadas por ella aplicando la deducción en cuestión en el marco de un sistema de autoliquidación del que resulta una base imponible negativa y, por otro lado, las correcciones efectuadas por la Administración tributaria en el marco del procedimiento de control de la autoliquidación y que se justifican por la adopción de la Decisión de la Comisión.
70.
La Comisión alegó ante el Tribunal General que Sigma carecía de legitimación activa y de interés en ejercitar la acción contra la Decisión impugnada, puesto que no tenía la condición de beneficiario efectivo de una ayuda concedida en virtud del régimen instituido por la medida controvertida y no estaba obligada a devolverla ni se hallaba expuesta al riesgo de dicha devolución, como exige la jurisprudencia. (
35
) Según la Comisión, un régimen fiscal que concede una deducción fiscal únicamente confiere una ventaja si el contribuyente registra beneficios y obtiene una reducción fiscal. En el presente asunto, Sigma no obtuvo ninguna reducción fiscal, dado que su base imponible era negativa. El hecho de que la Decisión impugnada haya dado lugar a la reducción de la base imponible negativa que Sigma estaba autorizada a compensar contra eventuales beneficios en ejercicios posteriores no basta por sí solo para demostrar su condición de beneficiaria que tiene la obligación de devolver la ayuda, dado que, en esas circunstancias, la Decisión impugnada únicamente tiene como efecto no permitirle aplicar la deducción en el futuro. La recurrente contestó a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión que se benefició de una ayuda individual en relación con las operaciones efectuadas en Perú y en los Estados Unidos, (
36
) que figuraba en la lista de beneficiarios de las ayudas en cuestión y que la recuperación se produjo mediante la corrección de las bases imponibles negativas efectuada por la autoridad tributaria de conformidad con la Decisión impugnada.
71.
Por mi parte, observo que Sigma presentó ante el Tribunal General, como anexo al recurso de anulación, una «propuesta de liquidación» de la Administración de Gestión de Alcobendas, en la que la autoridad tributaria indica expresamente no haber efectuado las comprobaciones relativas a la veracidad de las operaciones de adquisición mencionadas en la autoliquidación de Sigma, sino solo haber examinado la documentación que dicha sociedad adjuntó para dar cumplimiento a la Decisión impugnada. En dicha propuesta, cuya naturaleza no parece ser la de un acto definitivo y vinculante, la autoridad tributaria afirma haber modificado la base imponible declarada por Sigma al deber considerarse incorrectas las correcciones que esta introdujo en aplicación de la medida controvertida en relación con la adquisición de participaciones en una sociedad peruana, ya que la Decisión impugnada había considerado que dicha medida constituía ayuda estatal. Como anexo a las observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, Sigma presentó además dos liquidaciones provisionales que confirman las correcciones introducidas en la autoliquidación. Por lo tanto, lo aducido por Sigma queda confirmado por los autos, contrariamente a lo alegado por la Comisión en su escrito de réplica. Asimismo, es preciso señalar que la Comisión afirmó erróneamente ante el Tribunal General que la situación de Sigma podía equipararse a la de la recurrente en el asunto que dio lugar a la sentencia de 8 de marzo de 2012, Iberdrola/Comisión, (
37
) puesto que, como se desprende del apartado 29 de esa sentencia, dicha recurrente no había solicitado la aplicación de la medida controvertida en ninguna de sus declaraciones fiscales.
72.
Cabe preguntarse, no obstante, por un lado, si una empresa puede considerarse beneficiaria efectiva de una deducción fiscal concedida en virtud de un régimen de ayudas declarado incompatible aun cuando no se haya beneficiado de una reducción fiscal, sino únicamente de un crédito fiscal deducible en ejercicios posteriores en caso de que se registren beneficios, (
38
) y, por otro lado, si es suficiente para demostrar dicha condición una decisión en la que esta última se limita a tomar nota de la corrección introducida por la empresa interesada en el momento de efectuar la autoliquidación sin comprobar si concurren los requisitos materiales para la aplicación de la deducción en cuestión.
73.
Sentado lo anterior, es preciso recordar que, en la sentencia de 28 de junio de 2018, Andres (Heitkamp BauHolding en quiebra)/Comisión (en lo sucesivo, «sentencia Andres»), (
39
) el Tribunal de Justicia aclaró que la circunstancia de que un demandante pertenezca o no a la categoría de beneficiarios efectivos o beneficiarios potenciales de una ayuda individual concedida al amparo de un régimen de ayudas declarado incompatible con el mercado interior por una decisión de la Comisión no es decisiva a la hora de dilucidar si la decisión lo afecta individualmente cuando, en cualquiera de los casos, consta que la misma decisión afecta a ese demandante de otro modo, debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que lo caracteriza en relación con cualesquiera otras personas. En caso de que se pronuncie sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión y llegue a la conclusión de que Sigma no puede considerarse beneficiario efectivo de la ventaja establecida por la medida controvertida, el Tribunal de Justicia deberá evaluar si su situación la distingue, en cualquier caso, de otros operadores que solo resultan afectados por el hecho de ser beneficiarios potenciales de dicha medida y, en particular, si el «crédito fiscal» que esta afirma haber obtenido aplicando la medida controvertida al practicar la autoliquidación le confiere, con arreglo al Derecho español, (
40
) un «derecho a un ahorro tributario», (
41
) como el que se reconoció a la recurrente en el asunto que dio lugar a la sentencia Andres. A este respecto me limito a observar que, en dicho asunto, el Tribunal General había constatado, por un lado, que dicha recurrente había registrado, en un ejercicio fiscal anterior a la incoación del procedimiento de investigación formal, beneficios sujetos a tributación de los que al parecer dedujo las pérdidas trasladadas al amparo de la cláusula que permite el saneamiento de empresas en crisis controvertida en dicho asunto y, por otro lado, que de una respuesta vinculante de las autoridades tributarias alemanas se desprendía que esta cumplía los requisitos necesarios para acogerse a dicha cláusula. (
42
)
74.
Por lo que se refiere a la supuesta falta de interés en el ejercicio de la acción de Sigma, recuerdo que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un recurso de anulación promovido por una persona física o jurídica solo es admisible en la medida en que esta tenga un interés en obtener la anulación del acto impugnado. Un interés de este tipo presupone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto. (
43
) El interés del demandante en ejercitar la acción debe ser efectivo y actual. (
44
) No puede hacer referencia a una situación futura e hipotética. (
45
) En el presente asunto, cabe preguntarse si concurren los criterios que determinan la existencia de un interés en el ejercicio de la acción «efectivo y actual», puesto que la aplicación de la medida controvertida a la situación de la recurrente, suponiendo que quede acreditada, no habría dado lugar a una reducción de la carga impositiva, con la consiguiente exposición al riesgo de tener que abonar el impuesto devengado de no existir la deducción, sino únicamente «al reconocimiento de la aplicación en el futuro de bases imponibles negativas» que se deberán compensar con eventuales beneficios durante un período determinado de tiempo.
V. Costas
75.
Con arreglo al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea infundado el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas. En virtud del artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable, mutatis mutandis, conforme al artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, al procedimiento en casación ante el Tribunal de Justicia contra una resolución del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación de Sigma, esta deberá, en mi opinión, cargar con las costas conforme a la pretensión formulada por la Comisión. A tenor del artículo 184, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, «cuando no sea ella misma la parte recurrente en casación, una parte coadyuvante en primera instancia solo podrá ser condenada en costas en casación si hubiera participado en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia. Cuando dicha parte participe en el procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá decidir que cargue con sus propias costas». En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que declare que la República Federal de Alemania cargará con sus propias costas.
VI. Conclusión
76.
Sobre la base del conjunto de consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación, condene en costas a Sigma Alimentos Exterior, S. L., y declare que la República Federal de Alemania cargará con sus propias costas.
(
1
)	Lengua original: italiano.
(
2
)	T‑239/11, no publicada, EU:T:2018:781.
(
3
)	C‑45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (DO 2011, L 135, p. 1). Dicha Decisión ha sido rectificada en dos ocasiones, el 3 de marzo de 2011 y el 26 de noviembre de 2011.
(
4
)	C‑45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (DO 2011, L 7, p. 48). Los otros asuntos, en los que presento mis conclusiones en el día de hoy, son los asuntos acumulados C‑51/19 P, World Duty Free Group/Comisión, y C‑64/19 P, España/Comisión, C‑53/19, Banco Santander y Santusa/Comisión, y C‑65/19 P, España/Comisión, y los asuntos C‑52/19 P, Banco Santander/Comisión, C‑54/19 P, Axa Mediterranean/Comisión, y C‑55/19 P, Prosegur Compañía de Seguridad/Comisión.
(
5
)	DO 2007, C 311, p. 21.
(
6
)	BOE n.o 61, de 11 de marzo de 2004, p. 10951.
(
7
)	El considerando 27 de la Decisión impugnada define el fondo de comercio como el «valor de la buena reputación del nombre comercial, las buenas relaciones con los clientes, la cualificación de los empleados y otros factores similares que permiten esperar que producirán en el futuro ganancias superiores a las aparentes», que se corresponde con «el precio pagado por la adquisición de una entidad que se sitúe por encima del valor de mercado de los activos que integran la empresa» y que debe consignarse, en virtud de principios contables españoles, como activo inmaterial separado en cuanto la empresa adquirente tome el control de la empresa participada.
(
8
)	El considerando 29 de la Decisión impugnada dispone que, según se utiliza en el sistema fiscal español, «el fondo de comercio financiero» equivale al fondo de comercio que se habría consignado si la empresa que posee la participación y la empresa participada se hubieran combinado.
(
9
)	El artículo 1, apartado 2, de la Decisión impugnada excluyó de la declaración de incompatibilidad y de la orden de recuperación las deducciones fiscales de las que habían disfrutado los beneficiarios al realizar adquisiciones fuera de la Unión en aplicación de la medida controvertida «en relación con derechos poseídos directa o indirectamente en empresas extranjeras que cumplían las condiciones pertinentes del régimen de ayudas antes del 21 de diciembre de 2007, aparte de la condición de poseer sus participaciones durante un período ininterrumpido mínimo de un año». En efecto, la Comisión consideró que, hasta esa fecha (que corresponde a la publicación en el Diario Oficial de la Decisión de incoación del procedimiento de investigación formal), los beneficiarios de la medida controvertida tenían confianza legítima en la legalidad de dicha medida (véanse los considerandos 186 a 202 de la Decisión impugnada).
(
10
)	T‑399/11, EU:T:2014:938.
(
11
)	T‑219/10, EU:T:2014:939.
(
12
)	C‑20/15 P y C‑21/15 P, EU:C:2016:981.
(
13
)	Véanse, en particular, las sentencias de 1 de febrero de 2007, Sison/Consejo (C‑266/05 P, EU:C:2007:75), apartado 95, y de 28 de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión (C‑14/18 P, EU:C:2019:159), apartado 38.
(
14
)	Véanse las sentencias de 29 de noviembre de 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall y otros/Comisión (C‑176/06 P, no publicada, EU:C:2007:730), apartado 17; de 10 de abril de 2014, Comisión/Siemens Österreich y otros y Siemens Transmission & Distribution y otros/Comisión (C‑231/11 P a C‑233/11 P, EU:C:2014:256), apartado 102; de 20 de diciembre de 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg y otros (C‑677/15 P, EU:C:2017:998), apartado 28; de 6 de septiembre de 2018, República Checa/Comisión (C‑4/17 P, EU:C:2018:678), apartado 24, y, por último, de 26 de febrero de 2020, SEAE/Alba Aguilera y otros (C‑427/18 P, EU:C:2020:109), apartado 54.
(
15
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 1 de junio de 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) y Diputación Foral de Vizcaya/Comisión (C‑442/03 P y C‑471/03 P, EU:C:2006:356), apartado 60.
(
16
)	Véanse, en particular, los apartados 48, 49, 57 y 66 de la sentencia Banco Santander y Santusa/Comisión.
(
17
)	Véanse los apartados 71 y 72 de la sentencia Banco Santander y Santusa/Comisión.
(
18
)	Véase el apartado 62 de la sentencia WDFG.
(
19
)	Véase el apartado 67 de la sentencia WDFG.
(
20
)	Véase el apartado 69 de la sentencia WDFG.
(
21
)	Véase el apartado 81 de la sentencia WDFG.
(
22
)	Véase el apartado 93 de la sentencia WDFG.
(
23
)	Es preciso observar además que, en los apartados 69 y 70 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se refiere claramente a la elección entre adquisiciones de participaciones nacionales o extranjeras que condiciona la obtención de la ventaja establecida por la medida controvertida y no a la elección de realizar o no una fusión con la empresa adquirida, de la que depende la posibilidad de amortizar el fondo de comercio para las empresas excluidas de la aplicación de la medida controvertida.
(
24
)	C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550.
(
25
)	C‑279/08 P, EU:C:2011:551.
(
26
)	Véanse la sentencia Andres, apartado 78, y, en un sentido análogo, las sentencias de 3 de abril de 2014, Francia/Comisión (C‑559/12 P, EU:C:2014:217), apartado 79 y jurisprudencia citada; de 20 de diciembre de 2017, Comunidad Autónoma del País Vasco y otros/Comisión (C‑66/16 P a C‑69/16 P, EU:C:2017:999), apartado 98, y de 20 de septiembre de 2018, España/Comisión (C‑114/17 P, EU:C:2018:753), apartado 75. Véanse, en este mismo sentido, los puntos 90 y 91 de mis conclusiones presentadas en el día de hoy en los asuntos C‑51/19 y C‑64/19.
(
27
)	Pueden interpretarse en este sentido varios pasajes de la Decisión impugnada, véanse, en particular, los considerandos 89 a 91.
(
28
)	173/73, EU:C:1974:52, p. 728.
(
29
)	Dichas conclusiones del Abogado General Warner contienen en realidad una evaluación más articulada de la medida controvertida en el asunto 173/73, consistente en la exoneración temporal de algunas cargas de seguridad social a favor del sector textil y cuyo objeto era reducir el desequilibrio que suponía el sistema anterior para aquellos sectores con una elevada proporción de mano de obra femenina. El Abogado General Warner excluyó que dicha medida estableciera un régimen fiscal autónomo, no solo porque tenía por objeto hacer frente al caso especial de un determinado sector industrial, sino también habida cuenta de su carácter limitado en el tiempo, del hecho de que se había establecido como parte de una ley relativa a la «reestructuración, reorganización y conversión» de dicho sector industrial, y de la constatación de que no estaba basada en criterio alguno de carácter general que tuviera en cuenta la proporción de mano de obra femenina en las distintas industrias.
(
30
)	Véanse, en particular, los apartados 62 y 93 de la sentencia WDFG.
(
31
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, ACEA/Comisión (C‑319/09 P, no publicada, EU:C:2011:857), apartado 120 y jurisprudencia citada.
(
32
)	Véase, en particular, el considerando 106 de la Decisión impugnada, citado en el apartado 156 de la sentencia recurrida. Véase también el considerando 139 de dicha Decisión.
(
33
)	C‑23/00 P, EU:C:2002:118, apartado 52.
(
34
)	La inversión del orden lógico o natural del examen de los motivos de recurso que entraña la aplicación de la denominada jurisprudencia Boehringer en el caso en que el juez de la Unión desestime el recurso en cuanto al fondo, aunque se haya propuesto una excepción de inadmisibilidad —en especial si es de orden público y si ha sido propuesta mediante acto separado en el que se solicita que se resuelva sin entrar en el fondo del asunto—, ha sido objeto de críticas; véanse, por ejemplo, las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Suiza/Comisión (C‑547/10 P, EU:C:2012:565), puntos 46 a 54; del Abogado General Bot presentadas en el asunto Philips Lighting Poland y Philips Lighting/Consejo (C‑511/13 P, EU:C:2015:206), puntos 50 a 67; del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto SNCF Mobilités/Comisión (C‑127/16 P, EU:C:2017:577), punto 163, y del propio Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Consejo/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2001:511), puntos 30 a 36. A pesar de esas críticas, la jurisprudencia Boehringer sigue aplicándose, tanto por el Tribunal General (véase, en último lugar, la sentencia de 11 de noviembre de 2020, AV y AW/Parlamento, T‑173/19, no publicada, EU:T:2020:535, apartado 42) como por el Tribunal de Justicia (respecto a una aplicación reciente en el marco de un procedimiento de casación, véase la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Club Hotel Loutraki y otros/Comisión, C‑131/15 P, EU:C:2016:989, apartado 68).
(
35
)	Según jurisprudencia bien consolidada, los beneficiarios efectivos de ayudas individuales concedidas en virtud de un régimen de ayudas de Estado cuya recuperación ha ordenado la Comisión están, por este motivo, afectados individualmente en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto (véase, en particular, la sentencia de 9 de junio de 2011, Comitato Venezia vuole vivere y otros/Comisión, C‑71/09 P, C‑73/09 P y C‑76/09 P, EU:C:2011:368, apartado 53; en lo sucesivo, «sentencia Comitato “Venezia vuole vivere”»), aun cuando la recuperación no se lleve a cabo hasta una fase ulterior en la que habrá de comprobarse si las ventajas recibidas constituyen efectivamente ayudas de Estado que hayan de devolverse (véase la sentencia Comitato «Venezia vuole vivere», apartado 55). En efecto, según el Tribunal de Justicia, la orden de recuperación afecta ya individualmente a todos los beneficiarios del régimen de que se trate «en la medida en que, desde el momento de la adopción de la Decisión [de la Comisión], se hallan expuestos al riesgo de que las ventajas que han percibido sean recuperadas, lo cual afecta a su situación jurídica» (véase la sentencia Comitato «Venezia vuole vivere», apartado 56). En consecuencia, esos beneficiarios forman parte de un círculo restringido en el sentido de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 17 de enero de 1985, Piraiki-Patraiki y otros/Comisión (11/82, EU:C:1985:18), apartado 31.
(
36
)	Ello resulta de las correcciones pertinentes de la cuenta de pérdidas y ganancias efectuadas por Sigma al efectuar la autoliquidación.
(
37
)	T‑221/10, EU:T:2012:112, apartado 29.
(
38
)	En este sentido, la situación de Sigma es similar a la de la recurrente en el asunto que dio lugar a la sentencia de 11 de junio de 2009, AMGA/Comisión (T‑300/02, EU:T:2009:190), apartado 50.
(
39
)	C‑203/16 P, EU:C:2018:505, apartado 48.
(
40
)	La recurrente cita en particular el artículo 25 del TRLIS.
(
41
)	Véase la sentencia Andres, apartados 54 a 58.
(
42
)	Véanse, en particular, los apartados 13 y 55 de la sentencia Andres.
(
43
)	Véanse, en particular, en este sentido, las sentencias de 17 de septiembre de 2009, Comisión/Koninklijke FrieslandCampina (C‑519/07 P, EU:C:2009:556), apartado 63; de 21 de diciembre de 2011, ACEA/Comisión (C‑319/09 P, EU:C:2011:857), apartado 67; de 27 de febrero de 2014, Stichting Woonpunt y otros/Comisión (C‑132/12 P, EU:C:2014:100), apartado 67, y de 27 de febrero de 2014, Stichting Woonlinie y otros/Comisión (C‑133/12 P, EU:C:2014:105), apartado 54.
(
44
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de septiembre de 2009, Comisión/Koninklijke FrieslandCampina (C‑519/07 P, EU:C:2009:556), apartado 65, y de 26 de febrero de 2015, Planet/Comisión (C‑564/13 P, EU:C:2015:124), apartado 34.
(
45
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de enero de 1987, Stroghili/Tribunal de Cuentas (204/85, EU:C:1987:21), apartado 11; de 20 de junio de 2013, Cañas/Comisión (C‑269/12 P, EU:C:2013:415), apartados 16 y 17, y, en último lugar, de 17 de septiembre de 2020, Compagnie des pêches de Saint-Malo (C‑212/19, EU:C:2020:726), apartado 34.