61998CJ0443_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-443/98,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por el Pretore di Milano (Italia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Unilever Italia SpA
y
Central Food SpA,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 109, p. 8; EE 13/14, p. 34), en su versión modificada por la Directiva 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, por la que se modifica por segunda vez de forma sustancial la Directiva 83/189 (DO L 100, p. 30),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; L. Sevón y R. Schintgen, Presidentes de Sala; P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann (Ponente), J.-P. Puissochet, H. Ragnemalm, M. Wathelet y V. Skouris, Jueces;
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora principal;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- en nombre de Unilever Italia SpA, por los Sres. F. Capelli y G. Votta, Abogados de Milán;
- en nombre del Gobierno italiano, por el Profesor U. Leanza, Jefe del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido por el Sr. I.M. Braguglia, avvocato dello Stato;
- en nombre del Gobierno belga, por la Sra. A. Snoecx, conseiller adjoint de la direction générale des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno danés, por el Sr. J. Molde, avdelingschef del Udenrigsministeriet, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. M.A. Fierstra, hoofd van de afdeling Europees recht del Ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. P. Stancanelli, miembro del Servicio Jurídico, y M. Shotter, funcionario nacional adscrito al mismo Servicio, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de Unilever Italia SpA, del Gobierno italiano y de la Comisión, expuestas en la vista de 16 de noviembre de 1999;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de enero de 2000;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 6 de noviembre de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de diciembre siguiente, el Pretore di Milano planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO L 109, p. 8; EE 13/14, p. 34), en su versión modificada por la Directiva 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, por la que se modifica por segunda vez de forma sustancial la Directiva 83/189 (DO L 100, p. 30; en lo sucesivo, «Directiva 83/189»).
2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad Unilever Italia SpA (en lo sucesivo, «Unilever») y la sociedad Central Food SpA (en lo sucesivo, «Central Food») sobre el pago por Central Food de un suministro de aceite de oliva efectuado por Unilever.
El Derecho comunitario
3 El artículo 1, puntos 1, 2 y 9, de la Directiva 83/189 dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1 ) "producto": cualquier producto de fabricación industrial y cualquier producto agrícola.
2) "especificación técnica": una especificación que figura en un documento en el que se definen las características requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad o las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, la terminología, los símbolos, los ensayos y métodos de ensayo, el envasado, el marcado y el etiquetado, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad.
El término "especificación técnica" abarca también los métodos y procedimientos de producción de los productos agrícolas, con arreglo al apartado 1 del artículo 38 del Tratado, de los productos destinados a la alimentación humana y animal, de los medicamentos definidos en el artículo 1 de la Directiva 65/65/CEE del Consejo, así como los métodos y procedimientos de producción referentes a los demás productos, en caso de que incidan en las características de estos últimos;
[...]
9) "reglamento técnico": las especificaciones técnicas u otros requisitos, incluidas las disposiciones administrativas que sean de aplicación, cuyo cumplimiento sea obligatorio, de iure o de facto, para la comercialización o la utilización en un Estado miembro o en gran parte del mismo, al igual que, sin perjuicio de las mencionadas en el artículo 10, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohíban la fabricación, la importación, la comercialización o la utilización de un producto.
[...]»
4 El artículo 8, apartados 1 a 3, de la Directiva 83/189 prevé:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión todo proyecto de reglamento técnico, salvo si se trata de una simple transposición íntegra de una norma internacional o europea, en cuyo caso bastará una simple información referente a dicha norma; igualmente, los Estados miembros dirigirán a la Comisión una notificación referente a las razones por las cuales es necesaria la adopción de tal reglamento técnico, a menos que dichas razones se deduzcan ya del proyecto.
[...]
La Comisión pondrá inmediatamente en conocimiento de los demás Estados miembros el proyecto de reglamento técnico y todos los documentos que le hayan sido enviados; asimismo, podrá presentar dicho proyecto al Comité mencionado en el artículo 5 y, en su caso, al Comité competente en el sector de que se trate, para que emitan su dictamen.
[...]
2. La Comisión y los Estados miembros podrán dirigir al Estado miembro que haya anunciado un proyecto de reglamento técnico ciertas observaciones que dicho Estado miembro tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, en el momento de la posterior elaboración del reglamento técnico.
3. Los Estados miembros enviarán sin demora a la Comisión el texto definitivo de un reglamento técnico.»
5 El artículo 9 de la Directiva 83/189 dispone:
«1. Los Estados miembros aplazarán tres meses, a partir de la fecha de recepción por parte de la Comisión de la comunicación mencionada en el apartado 1 del artículo 8, la adopción de un proyecto de reglamento técnico.
2. Los Estados miembros aplazarán:
- cuatro meses la adopción de un proyecto de reglamento técnico en forma de acuerdo voluntario en el sentido de lo dispuesto en el segundo guión del punto 9 del artículo 1, y,
- sin perjuicio de los apartados 3, 4 y 5, seis meses la adopción de cualquier otro proyecto de reglamento técnico,
a partir de la fecha de recepción por parte de la Comisión de la comunicación mencionada en el apartado 1 del artículo 8, si la Comisión u otro Estado miembro emite, en los tres meses siguientes a esta fecha, un dictamen razonado, según el cual la medida prevista presenta aspectos que, en un momento dado, podrían crear obstáculos a la libre circulación de mercancías en el contexto del mercado interior.
El Estado miembro de que se trate informará a la Comisión acerca del curso que tenga la intención de dar a tales dictámenes razonados. La Comisión comentará esta reacción.
3. Los Estados miembros aplazarán doce meses, a partir de la fecha de recepción por parte de la Comisión de la comunicación mencionada en el apartado 1 del artículo 8, la adopción de un proyecto de reglamento técnico si, en los tres meses que siguen a esa fecha, la Comisión anuncia su intención de proponer o de adoptar, respecto de dicha cuestión, una directiva, un reglamento o una decisión con arreglo al artículo 189 del Tratado.
4. Los Estados miembros aplazarán doce meses, a partir de la fecha de la recepción por parte de la Comisión de la comunicación mencionada en el apartado 1 del artículo 8, la adopción de un proyecto de reglamento técnico si, en los tres meses que siguen a esa fecha, la Comisión comunica que el proyecto de reglamento técnico se refiere a una materia cubierta por una propuesta de directiva, reglamento o decisión presentada al Consejo con arreglo al artículo 189 del Tratado.
5. Si el Consejo adoptare una posición común durante el período de statu quo contemplado en los apartados 3 y 4, dicho período se ampliará a dieciocho meses, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 9.
6. Las obligaciones mencionadas en los apartados 3, 4 y 5 cesarán:
- cuando la Comisión informe a los Estados miembros de que renuncia a su intención de proponer o adoptar un acto comunitario vinculante;
- cuando la Comisión informe a los Estados miembros de la retirada de su proyecto o propuesta, o
- cuando la Comisión o el Consejo adopten un acto comunitario vinculante.
7. Los apartados 1 a 5 no serán de aplicación cuando, por razones urgentes surgidas por una situación grave e imprevisible y relacionadas con la protección de la salud de las personas y los animales, la preservación de los vegetales o la seguridad, un Estado miembro deba elaborar en un plazo muy breve reglamentos técnicos para aprobarlos y ponerlos en vigor inmediatamente, sin que sea posible una consulta. El Estado miembro indicará, en la comunicación mencionada en el artículo 8, los motivos que justifiquen la urgencia de las medidas en cuestión. La Comisión se pronunciará sobre dicha comunicación a la mayor brevedad y adoptará las medidas adecuadas en caso de uso abusivo de este procedimiento. La Comisión informará de ello al Parlamento Europeo.»
6 Con arreglo al artículo 10, apartado 1, primer guión, de la Directiva 83/189:
«Los artículos 8 y 9 no se aplicarán a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros o a los acuerdos voluntarios en virtud de los cuales los Estados miembros:
- den cumplimiento a los actos comunitarios vinculantes que tengan por resultado la adopción de especificaciones técnicas.»
7 En los apartados 54 y 55 de la sentencia de 30 de abril de 1996, CIA Security International (C-194/94, Rec. p. I-2201; en lo sucesivo, «sentencia CIA Security International»), el Tribunal de Justicia declaró que la Directiva 83/189 debe interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de la obligación de notificación da lugar a la inaplicabilidad de los reglamentos técnicos de que se trate, de modo que éstos no pueden ser invocados contra los particulares, y que los particulares pueden ampararse en los artículos 8 y 9 de la Directiva 83/189 ante el Juez nacional, al que incumbe negarse a aplicar un reglamento técnico nacional que no haya sido notificado con arreglo a la Directiva.
8 Como precisó el Tribunal de Justicia en el apartado 35 de la sentencia de 16 de junio de 1998, Lemmens (C-226/97, Rec. p. I-3711), la falta de notificación de reglamentos técnicos, que constituye un vicio de procedimiento en su adopción, hace que no puedan aplicarse éstos en la medida en que obstaculizan la utilización o la comercialización de un producto que no se ajusta a esos reglamentos.
La normativa italiana y el procedimiento de notificación
9 De los autos se desprende que el 27 de enero de 1998 se presentó en el Parlamento italiano un proyecto de ley para regular el etiquetado relativo al origen geográfico de los distintos tipos de aceite de oliva. En febrero y en marzo de ese mismo año el Senado procedió a su lectura, y la Cámara de diputados lo hizo en abril y junio.
10 Entretanto, al haber sido informada de la existencia del proyecto, la Comisión requirió a las autoridades italianas para que se lo comunicasen, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 83/189, lo cual hicieron el 4 de mayo de 1998. A continuación, la Comisión puso en conocimiento de los Estados miembros el proyecto de ley y el 10 de junio de 1998 publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas una comunicación en la que indicaba que el aplazamiento de la adopción por tres meses previsto en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 83/189 vencía el 5 de agosto de 1998 y llamó la atención sobre el hecho de que, de acuerdo con la sentencia CIA Security International, incumbe al Juez nacional negarse a aplicar un reglamento técnico nacional que no haya sido notificado con arreglo a la Directiva 83/189, de forma que las reglamentaciones técnicas de que se trata no pueden ser invocadas contra los particulares (DO 1998, C 177, p. 2).
11 El 23 de julio de 1998, la Comisión informó a las autoridades italianas de su intención de legislar en la materia cubierta por el proyecto de ley y les requirió para que aplazasen su adopción doce meses a partir de su comunicación, de conformidad con el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 83/189.
12 Tras la aprobación definitiva por las dos cámaras del Parlamento italiano, la Ley nº 313, que establece disposiciones en materia de etiquetado de origen del aceite de oliva extra virgen, del aceite de oliva virgen y del aceite de oliva (en lo sucesivo, «ley controvertida»), fue firmada el 3 de agosto de 1998 por el Presidente de la República, el Primer Ministro y el Ministro de Agricultura.
13 Al día siguiente, la Comisión hizo saber al Representante Permanente de Italia ante la Unión Europea que iniciaría un procedimiento con arreglo al artículo 169 del Tratado CE (actualmente artículo 226 CE) si la Ley se publicaba en la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana y declaró que dicha ley no podría invocarse frente a particulares si se publicaba antes del 4 de mayo de 1999.
14 El 4 de agosto de 1998, la Comisión recibió de los Gobiernos español y portugués sendos dictámenes razonados en el sentido del artículo 9, apartado 2, de la Directiva 83/189, según los cuales el proyecto de ley debía modificarse, y el 5 de agosto recibió del Gobierno neerlandés observaciones conforme al artículo 8, apartado 2.
15 El 29 de agosto de 1998, la ley controvertida se publicó en la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nº 201 y entró en vigor al día siguiente.
16 El artículo 1 de dicha ley prevé sustancialmente que los aceites a los que se refiere sólo pueden comercializarse con una mención que indique que han sido «producidos» o «fabricados» en Italia cuando la totalidad del ciclo de cosecha, producción, transformación y envasado ha tenido lugar en Italia. El etiquetado del aceite obtenido en Italia, en todo o en parte, a partir de aceites procedentes de otros países debe mencionar este hecho e indicar los porcentajes empleados, así como el país o los países de origen; cualquier aceite en el que no figuren dichas indicaciones debe venderse en los cuatro meses siguientes a la entrada en vigor de la ley o, transcurrido dicho plazo, retirarse del mercado.
17 El 22 de diciembre de 1998, la Comisión adoptó la normativa que había anunciado a las autoridades italianas, mediante el Reglamento (CE) nº 2815/98 relativo a las normas comerciales del aceite de oliva (DO L 349, p. 56) que establece normas que regulan la indicación del origen del producto en las etiquetas o en los envases de aceite de oliva virgen o extra virgen.
El procedimiento principal y la cuestión prejudicial
18 El 29 de septiembre de 1998, y conforme al pedido de Central Food, Unilever entregó a ésta 648 litros de aceite de oliva extra virgen por un importe de 5.330.708 LIT.
19 Mediante escrito de 30 de septiembre de 1998, Central Food informó a Unilever de que el aceite de oliva suministrado no estaba etiquetado de conformidad con la ley controvertida. En consecuencia, se negó a abonar el importe adeudado e instó a Unilever a retirar la mercancía que se encontraba en su almacén.
20 El 2 de octubre de 1998, Unilever rechazó la postura de Central Food. Alegando que, en el marco del procedimiento de notificación y de examen de los proyectos de reglamentos técnicos creado por la Directiva 83/189, la Comisión había requerido a la República Italiana para que se abstuviera de legislar en materia de etiquetado de aceites hasta el 5 de mayo de 1999 y recordando la sentencia CIA Security, Unilever sostuvo que la ley controvertida no debía aplicarse. Tras afirmar que el aceite de oliva suministrado era, por lo tanto, conforme con la normativa italiana en vigor, instó a Central Food a hacerse cargo de la mercancía y a efectuar el pago.
21 Ante la nueva negativa de Central Food, el 21 de octubre de 1998, Unilever presentó una demanda ante el Pretore di Milano para obtener una orden conminatoria de pago por un importe correspondiente al precio del suministro.
22 En estas circunstancias, el Pretore di Milano decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«El Juez nacional ante el que se solicita una orden de pago relativa a la entrega de aceite de oliva extra virgen etiquetado de un modo no conforme a las disposiciones de una ley nacional, promulgada y en vigor en el Estado miembro (Ley nº 313 de 3 de agosto de 1998), ¿puede dejar sin aplicación dicha Ley interna, habida cuenta de que, tras la notificación y el consiguiente examen de un proyecto de ley nacional relativa al etiquetado de origen del aceite de oliva extra virgen, del aceite de oliva virgen y del aceite de oliva, la Comisión Europea, basándose en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 83/189 (por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y de reglamentaciones técnicas), ha instado formalmente al Estado notificante a no adoptar ninguna normativa, fijando un plazo (hasta el 14 de septiembre de 1999) respecto a las normas de comercialización del aceite de oliva, en espera de la adopción de una normativa comunitaria en la citada materia?»
Sobre la cuestión prejudicial
El carácter de reglamento técnico de las normas sobre etiquetado recogidas en la ley controvertida
23 Con carácter preliminar, procede examinar si, como alega el Gobierno italiano, la cuestión prejudicial carece de objeto porque a la ley controvertida no le es aplicable la Directiva 83/189.
24 En primer lugar, dicho Gobierno observa que la ley controvertida no contiene normas que puedan calificarse de reglamentos técnicos en el sentido de la Directiva 83/189. Señala que la finalidad de la ley controvertida consiste en proteger al consumidor mediante la información correcta sobre el origen o la procedencia del aceite de oliva, que se trata de productos agrícolas y que las normas establecidas por la ley controvertida no atañen a éstas ni tienen efecto alguno sobre las características de dichos productos.
25 A este respecto basta con recordar que, según el artículo 1, punto 1, la Directiva 83/189 entiende por «producto» tanto los productos industriales como los agrícolas y que, según el punto 2 del mismo artículo, la Directiva 83/189 entiende por «especificación técnica» una especificación que figura en un documento en el que se definen las características requeridas de un producto, incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente al etiquetado. Unas normas nacionales que contienen tales especificaciones constituyen especificaciones técnicas en el sentido de la Directiva 83/189, con independencia de los motivos que justificaron su adopción (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de marzo de 1997, Bic Benelux, C-13/96, Rec. p. I-1753, apartado 19).
26 De este modo, la ley controvertida, que regula el etiquetado relativo al origen del aceite de oliva, contiene normas que deben calificarse de «especificaciones técnicas» en el sentido de la Directiva 83/189.
27 Puesto que el cumplimiento de dichas normas es obligatorio de iure para comercializar aceite de oliva en Italia, se trata efectivamente de reglamentos técnicos en el sentido del artículo 1, punto 9, de la Directiva 83/189.
28 En segundo lugar, el Gobierno italiano alega que la ley controvertida estaba exenta de notificación en virtud del artículo 10 de la Directiva 83/189, dado que se adoptó de conformidad con la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final (DO 1979, L 33, p. 1; EE 13/09, p. 162), que en su artículo 3, apartado 1, punto 7 obliga a indicar en la etiqueta el lugar de origen o de procedencia del producto en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio.
29 Este punto de vista no puede acogerse. Como ha subrayado la Comisión, dicha disposición de la Directiva 79/112, redactada en términos generales, deja a los Estados miembros un margen de maniobra suficientemente amplio para que se excluya que normas nacionales en materia de etiquetado relativas al origen, como las adoptadas por la ley controvertida, puedan calificarse de disposiciones nacionales que dan cumplimiento a un acto comunitario vinculante en el sentido del artículo 10, apartado 1, primer guión, de la Directiva 83/189.
30 En consecuencia, debe concluirse que normas como las disposiciones sobre el etiquetado que figuran en la ley controvertida constituyen reglamentos técnicos a los que se aplica la Directiva 83/189.
Efectos del incumplimiento del artículo 9 de la Directiva 83/189
31 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si incumbe al Juez nacional, en el marco de un proceso civil entre particulares sobre derechos y obligaciones contractuales, negarse a aplicar un reglamento técnico nacional adoptado durante un período de aplazamiento previsto en el artículo 9 de la Directiva 83/189.
32 Sobre este extremo, Unilever alega que el Tribunal de Justicia confirmó en la sentencia CIA Security International que un reglamento técnico nacional adoptado en infracción de las obligaciones resultantes de los artículos 8 y 9 de la Directiva 83/189 no puede en ningún caso ser invocado frente a particulares.
33 La Comisión sostiene, por una parte, que la sentencia CIA Security International, relativa a un litigio entre particulares, declaró la inaplicabilidad de una reglamentación técnica adoptada en infracción de la Directiva 83/189 y que de dicha sentencia se infiere que tal inaplicabilidad podía invocarse en un litigio entre particulares. La Comisión añade que no hay razones para que dicha consecuencia del incumplimiento de la Directiva 83/189 no se produzca también en un procedimiento monitorio como el del procedimiento principal.
34 Por otra parte, en su opinión, la inaplicabilidad se impone tanto en el supuesto de que se infrinja la obligación de notificación establecida en el artículo 8 de la Directiva 83/189 como en el supuesto de que se incumplan los períodos de aplazamiento de la adopción previstos en el artículo 9 de la misma Directiva. En efecto, la adopción de un reglamento técnico nacional después de la notificación del proyecto pero durante el período de suspensión, sin tener en cuenta las observaciones o reacciones de la Comisión y de los demás Estados miembros, implicaría de hecho el riesgo de crear nuevos obstáculos a los intercambios comerciales intracomunitarios absolutamente idéntico al que resulta de la adopción de un reglamento técnico nacional en infracción de la obligación de notificación.
35 El Gobierno italiano, apoyado por el Gobierno danés, subraya que, en efecto, el Tribunal de Justicia ha reconocido un efecto directo a determinadas disposiciones de las Directivas en el sentido de que, ante la falta de adaptación correcta del Derecho interno, los particulares pueden invocar estas disposiciones frente al Estado miembro que haya incumplido sus obligaciones, pero que también ha declarado que ampliar dicha jurisprudencia al ámbito de las relaciones entre particulares equivaldría a reconocer a la Comunidad la facultad de imponer obligaciones con efecto inmediato a los particulares, cuando sólo tiene dicha competencia en aquellos supuestos en que se le atribuye la facultad de adoptar Reglamentos. De este modo, en su opinión, de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia resulta que una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y no puede, por consiguiente, ser invocada como tal, frente a dicha persona. No cabe establecer una excepción a esta conclusión basándose en la sentencia CIA Security International. El fallo de la referida sentencia no parece destinado, según el Gobierno italiano, a desvirtuar el principio según el cual las Directivas no pueden producir efecto directo en las relaciones horizontales entre particulares.
36 Además, los Gobiernos italiano, danés y neerlandés alegan, en particular, que, en la sentencia CIA Security International, el Tribunal de Justicia se limitó a declarar que el incumplimiento de la obligación de notificación establecida en el artículo 8 de la Directiva 83/189 da lugar a la inaplicabilidad del reglamento técnico en cuestión. Pues bien, el artículo 9 de la Directiva 83/189 difiere sustancialmente del artículo 8. A su juicio, es la eficacia del control preventivo previsto en el artículo 8 de la Directiva 83/189, lo que determinó esta interpretación. En cambio, la inaplicabilidad en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones de aplazar la adopción previstas en el artículo 9 no contribuye, en su opinión, al objetivo de la eficacia del control por la Comisión. Según dichos Gobiernos, en tal situación, la única consecuencia que se deriva de que un Estado miembro no haya cumplido una norma procesal como la establecida en el artículo 9, apartado 3, de la Directiva 83/189 es permitir a la Comisión presentar un recurso por incumplimiento contra el Estado que haya incumplido sus obligaciones.
37 Habida cuenta de las anteriores observaciones, procede en primer lugar examinar si la consecuencia jurídica del incumplimiento de las obligaciones de la Directiva 83/189 es la misma por lo que respecta a la obligación de respetar los períodos de aplazamiento de la adopción, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 83/189, que por lo que respecta a la obligación de notificación, de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 83/189.
38 A este respecto debe recordarse que la sentencia CIA Security International se refería a un reglamento técnico que no fue notificado de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 83/189, lo cual explica por qué dicha sentencia se limita, en su fallo, a declarar la inaplicabilidad de reglamentos técnicos que no hayan sido notificados de conformidad con el referido artículo.
39 No obstante, al exponer los fundamentos de Derecho que le llevaron a la referida apreciación, el Tribunal de Justicia también examinó las obligaciones derivadas del artículo 9 de la Directiva 83/189. Pues bien, dichos fundamentos demuestran que, habida cuenta del objetivo de la Directiva 83/189, así como del tenor literal de su artículo 9, las mencionadas obligaciones deben tratarse de la misma forma que las derivadas del artículo 8 de la Directiva.
40 De este modo, el apartado 40 de la sentencia CIA Security International señala que la Directiva 83/189 tiene como finalidad, mediante un control preventivo, proteger la libre circulación de mercancías, que es uno de los fundamentos de la Comunidad, y que dicho control es eficaz en la medida en que todos los proyectos de reglamentos técnicos contemplados por ella deben ser notificados y en que la adopción y la puesta en vigor de dichos reglamentos -salvo aquellos para los que la urgencia de las medidas justifique una excepción- deben suspenderse durante los períodos determinados por el artículo 9.
41 A continuación, en el apartado 41 de la misma sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la notificación y el período de aplazamiento de la adopción permiten a la Comisión y a los otros Estados miembros, por un lado, examinar si el proyecto de que se trate crea obstáculos al comercio contrarios al Tratado CE u obstáculos que es preciso evitar mediante la adopción de medidas comunes o armonizadas y, por otro lado, proponer modificaciones a las medidas nacionales previstas. Además, este procedimiento permite a la Comisión proponer o adoptar normas comunitarias que regulen la materia objeto de la medida prevista.
42 En el apartado 50 de la sentencia CIA Security International el Tribunal de Justicia indicó que el objetivo de la Directiva 83/189 no es simplemente informar a la Comisión, sino, con un propósito más general, eliminar o limitar los obstáculos a los intercambios, informar a los otros Estados de las normativas técnicas previstas por un Estado, conceder a la Comisión y a los demás Estados miembros el tiempo necesario para reaccionar y proponer una modificación que permita disminuir las restricciones a la libre circulación de mercancías que se deriven de la medida prevista y dejar a la Comisión el tiempo necesario para proponer una Directiva de armonización.
43 El Tribunal de Justicia también declaró que el tenor literal de los artículos 8 y 9 de la Directiva 83/189 es claro, ya que estas disposiciones prevén un procedimiento de control comunitario de los proyectos de normativas nacionales y la subordinación de la fecha de su aplicación a la aprobación o a la no oposición de la Comisión.
44 Si bien en el apartado 48 de la sentencia CIA Security International, después de recordar que el objetivo de la Directiva 83/189 es la protección de la libre circulación de mercancías mediante un control preventivo y que la obligación de notificación constituye un medio esencial para la realización de ese control comunitario, el Tribunal de Justicia señaló que la eficacia de dicho control se verá tanto más reforzada en la medida en que la Directiva se interprete en el sentido de que el incumplimiento de la obligación de notificación constituye un vicio sustancial de procedimiento que puede dar lugar a la inaplicabilidad de los reglamentos técnicos controvertidos a los particulares, de las consideraciones reproducidas en los apartados 40 a 43 de la presente sentencia se deriva que el incumplimiento de las obligaciones de aplazar la adopción establecidas en el artículo 9 de la Directiva 83/189 también constituye un vicio sustancial de procedimiento que puede dar lugar a la inaplicabilidad de los reglamentos técnicos.
45 Por lo tanto, procede examinar, en segundo lugar, si la inaplicabilidad de los reglamentos técnicos adoptados en incumplimiento del artículo 9 de la Directiva 83/189 pueden invocarse en un proceso civil entre particulares sobre derechos y obligaciones contractuales.
46 En primer lugar, debe señalarse que, en un proceso civil de dichas características, la aplicación de reglamentos técnicos adoptados en incumplimiento del artículo 9 de la Directiva 83/189 puede tener el efecto de obstaculizar la utilización o la comercialización de un producto que no se ajusta a esos reglamentos.
47 Éste es el caso en el asunto principal, pues la aplicación de la reglamentación italiana puede obstaculizar la comercialización por Unilever del aceite de oliva extra virgen que ésta había puesto a la venta.
48 A continuación, ha de recordarse que la inaplicabilidad como consecuencia jurídica del incumplimiento de la obligación de notificación fue declarada en la sentencia CIA Security International en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas en el marco de un procedimiento entre empresas competidoras sobre disposiciones nacionales que prohibían las prácticas comerciales desleales.
49 De este modo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deriva que la inaplicabilidad de un reglamento técnico que no ha sido notificado de conformidad con el artículo 8 de la Directiva 83/189 puede invocarse en un proceso civil entre particulares por los motivos expuestos en los apartados 40 a 43 de la presente sentencia. Lo mismo sucede en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la misma Directiva y, a este respecto, no procede tratar de forma distinta los litigios entre particulares en materia de competencia desleal, como en el asunto CIA Security International, y los litigios entre particulares sobre derechos y obligaciones contractuales, como en el asunto principal.
50 Si bien es cierto, como han subrayado los Gobiernos italiano y danés, que una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y no puede, por consiguiente, ser invocada en su calidad de tal, contra dicha persona (véase la sentencia de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, apartado 20), dicha jurisprudencia no se aplica en el caso de autos, en el que el incumplimiento del artículo 8 o del artículo 9 de la Directiva 83/189, que constituye un vicio sustancial de procedimiento, da lugar a la inaplicabilidad del reglamento técnico adoptado en infracción de uno de los referidos artículos.
51 En tal situación, y a diferencia del supuesto de no adaptación del Derecho interno a la Directiva, al que se refiere la jurisprudencia mencionada por estos dos Gobiernos, la Directiva 83/189 no define en absoluto el contenido material de la norma jurídica en la que debe basarse el Juez nacional para resolver el litigio de que conoce. No crea ni derechos ni obligaciones para los particulares.
52 Habida cuenta del conjunto de consideraciones que anteceden, procede responder a la cuestión que incumbe al Juez nacional, en un proceso civil entre particulares sobre derechos y obligaciones contractuales, negarse a aplicar un reglamento técnico nacional adoptado durante un período de aplazamiento de la adopción previsto en el artículo 9 de la Directiva 83/189.
Decisión sobre las costas
Costas
53 Los gastos efectuados por los Gobiernos italiano, belga, danés y neerlandés, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Pretore di Milano mediante resolución de 6 de noviembre de 1998, declara:
Incumbe al Juez nacional, en un proceso civil entre particulares sobre derechos y obligaciones contractuales, negarse a aplicar un reglamento técnico nacional adoptado durante un período de aplazamiento de la adopción previsto en el artículo 9 de la Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, en su versión modificada por la Directiva 94/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, por la que se modifica por segunda vez de forma sustancial la Directiva 83/189.