62024CJ0004
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 13 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Recurso de casación — Política económica y monetaria — Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Reglamento (UE) n.o 806/2014 — Artículo 69, apartado 1 — Artículo 70, apartado 1 — Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 — Artículo 7, apartados 1 a 3 — Cantidades abonadas en garantía de compromisos de pago irrevocables — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) por la que se deniega la devolución de las cantidades abonadas»
En el asunto C‑4/24 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 4 de enero de 2024,
BNP Paribas Public Sector SA, con domicilio social en París (Francia), representada por las Sras. A. Champsaur y A. Delors, avocates,
parte recurrente,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Junta Única de Resolución (JUR), representada inicialmente por la Sra. C. De Falco y los Sres. C. J. Flynn y K.‑Ph. Wojcik, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. E. Bruc y F. Louis, avocats, y los Sres. P. Gey y H.‑G. Kamann, Rechtsanwälte, posteriormente por la Sra. C. De Falco y el Sr. C. J. Flynn, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. E. Bruc y F. Louis, avocats, y los Sres. P. Gey y H.‑G. Kamann, Rechtsanwälte,
parte demandada en primera instancia,
República Francesa, representada por el Sr. B. Fodda y las Sras. S. Royon y B. Travard, en calidad de agentes,
Fédération bancaire française, con domicilio social en París (Francia), representada por los Sres. C. Duriez y A. Gosset-Grainville y la Sra. M. Trabucchi, avocats,
partes coadyuvantes en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer (Ponente), E. Regan, D. Gratsias, y B. Smulders, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. D. Dittert, jefe de unidad;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 4 de diciembre de 2024;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 6 de marzo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, BNP Paribas Public Sector SA solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de 25 de octubre de 2023, BNP Paribas Public Sector/JUR (T‑688/21, en lo sucesivo, «sentencia recurrida, EU:T:2023:675), por la que dicho Tribunal desestimó su recurso, que tenía por objeto, en primer lugar, sobre la base de los artículos 272 TFUE y 340 TFUE, párrafo primero, por un lado, que se declarase el incumplimiento por parte de la Junta Única de Resolución (JUR) de su obligación de devolución de los importes correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas a los compromisos de pago irrevocables, derivada de la cláusula 12.5 de los contratos que cubren los períodos de contribución comprendidos entre los años 2016 y 2021 (en lo sucesivo, «contratos CPI 2016‑2021»), y, por otro lado, obtener la devolución de las cantidades que la JUR supuestamente conservó incumpliendo esta obligación contractual, así como el pago de todos los gastos, intereses de demora y costes de toda clase devengados, y, con carácter subsidiario, sobre la base del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, la reparación del perjuicio que BNP Paribas Public Sector alega haber sufrido a causa del comportamiento de la JUR en relación con los compromisos de pago irrevocables suscritos por los períodos de contribución comprendidos entre 2016 y 2021, así como, en segundo lugar, sobre la base del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, obtener la reparación del perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia de la negativa de la JUR a devolverle la garantía que cubre el compromiso de pago irrevocable que contrajo para el período de contribución 2015.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento (UE) n.o 806/2014
2
El artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1), titulado «Definiciones», establece en su apartado 1:
«A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
[…]
34)
“recursos financieros disponibles”: el efectivo, los depósitos, los activos y los compromisos de pago irrevocables a disposición del Fondo [Único de Resolución (FUR)] para los fines enumerados en el artículo 76, apartado 1;
[…]».
3
El artículo 69 de este Reglamento, titulado «Nivel fijado como objetivo», dispone:
«1.   Al término de un período inicial de ocho años que comenzará a correr a partir del 1 de enero de 2016 o bien a partir de la fecha en la que el presente apartado sea aplicable en virtud del artículo 99, apartado 6, los recursos financieros disponibles del [FUR] deberán alcanzar como mínimo un 1 % del importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades de crédito autorizadas en todos los Estados miembros participantes.
2.   Durante el período inicial contemplado en el apartado 1, las aportaciones al [FUR] calculadas de conformidad con el artículo 70 y recaudadas de conformidad con el artículo 67, apartado 4, se escalonarán de la forma más uniforme posible hasta alcanzar el nivel fijado como objetivo, pero teniendo debidamente en cuenta la fase del ciclo económico y las repercusiones que las aportaciones procíclicas puedan tener en la situación financiera de las entidades que hacen aportaciones.
[…]
4.   Si, pasado el período inicial contemplado en el apartado 1, los recursos financieros disponibles disminuyeran por debajo del nivel fijado como objetivo en dicho apartado, se recaudarán las aportaciones ordinarias calculadas de conformidad con el artículo 70 hasta alcanzar dicho nivel. Una vez que se haya alcanzado por primera vez el nivel fijado como objetivo, y si los recursos financieros disponibles se han reducido posteriormente a menos de dos tercios del nivel fijado como objetivo, dichas aportaciones se fijarán a un nivel que permita alcanzar el nivel fijado como objetivo en un plazo de seis años.
[…]»
4
El artículo 70 de dicho Reglamento, titulado «Aportaciones ex ante», tiene el siguiente tenor:
«1.   La aportación de cada entidad se recaudará al menos cada año y corresponderá a la proporción que represente su pasivo (excluidos los fondos propios), menos los depósitos con cobertura, respecto de los pasivos agregados (excluidos los fondos propios), menos los depósitos con cobertura, de todas las entidades autorizadas en los territorios de todos los Estados miembros participantes.
2.   Cada año, la [JUR], previa consulta al [Banco Central Europeo (BCE)] o a la autoridad nacional competente, y en estrecha cooperación con las autoridades nacionales de resolución, calculará las distintas aportaciones para garantizar que las aportaciones debidas por todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes no excedan del 12,5 % del nivel fijado como objetivo.
[…]
3.   Los recursos financieros disponibles que se tendrán en cuenta para alcanzar el nivel fijado como objetivo especificado en el artículo 69 podrán incluir compromisos de pago irrevocables íntegramente garantizados por activos de bajo riesgo libres de cargas por derechos de terceros, de libre disposición y asignados para el uso exclusivo de la [JUR] para los fines especificados en el artículo 76, apartado 1. La parte de dichos compromisos de pago irrevocables no superará el 30 % del importe total de las aportaciones recaudadas de conformidad con el presente artículo.
4.   Las aportaciones debidamente recibidas de cada uno de los entes a que se refiere el artículo 2 no serán reembolsadas a dichos entes.
[…]
7.   El Consejo [de la Unión Europea], a propuesta de la Comisión [Europea] y en el marco del acto delegado a que se refiere el apartado 6, adoptará actos de ejecución para determinar las condiciones de ejecución de los apartados 1, 2 y 3, en particular en relación con:
a)
la aplicación de la metodología de cálculo de las aportaciones de cada entidad;
b)
las modalidades prácticas para asignar a las entidades los factores de riesgo especificados en el acto delegado.»
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81
5
A tenor del considerando 16 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que especifica condiciones uniformes de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (DO 2015, L 15, p. 1):
«El recurso a compromisos de pago irrevocables al que se hace referencia en el artículo 70, apartado 3, del Reglamento [n.o 806/2014] no afectará en modo alguno a la capacidad financiera y a la liquidez del [FUR]. Solo se ejecutarán los compromisos de pago irrevocables cuando la medida de resolución concierna al [FUR]. Durante el período inicial y en circunstancias normales, procede que la [JUR] reparta de forma uniforme la utilización de compromisos de pago irrevocables entre las entidades que lo soliciten. Los citados compromisos de pago deben estar plenamente garantizados por activos de bajo riesgo libres de cargas por derechos de terceros, de libre disposición y asignados para el uso exclusivo de la [JUR] a efectos de utilización del [FUR].»
6
El artículo 7 de este Reglamento de Ejecución, titulado «Ejecución de los compromisos de pago irrevocables», tiene el siguiente tenor:
«1.   El recurso a compromisos de pago irrevocables al que se hace referencia en el artículo 70, apartado 3, del Reglamento [n.o 806/2014] no afectará en modo alguno a la capacidad financiera y a la liquidez del [FUR].
2.   Cuando la medida de resolución implique la intervención del [FUR] con arreglo al artículo 76 del Reglamento [n.o 806/2014], la [JUR] ejecutará parcialmente o en su totalidad compromisos de pago irrevocables, efectuados con arreglo al Reglamento [n.o 806/2014], para restaurar la parte de los compromisos de pago irrevocables en los recursos financieros disponibles del [FUR] establecida por la [JUR] dentro del umbral máximo establecido en el artículo 70, apartado 3, del Reglamento [n.o 806/2014].
Una vez que el [FUR] reciba debidamente la aportación vinculada a los compromisos de pago irrevocables que hayan sido ejecutados, se devolverá la garantía que respalde dichos compromisos. Si el [FUR] no recibe debidamente al primer requerimiento el importe en efectivo requerido, la [JUR] embargará la garantía que respalde el compromiso de pago irrevocable con arreglo al artículo 70, apartado 3, del Reglamento [n.o 806/2014].
3.   Los compromisos de pago irrevocables de una entidad que haya dejado de entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento [n.o 806/2014] se anularán y la garantía que respaldó dichos compromisos se devolverá.»
7
El artículo 8, apartado 3, de dicho Reglamento de Ejecución establece lo siguiente:
«Durante el período inicial y en circunstancias normales, la [JUR] permitirá la utilización de compromisos de pago irrevocables previa solicitud de las entidades. La [JUR] repartirá de forma uniforme la utilización de compromisos de pago irrevocables entre las entidades que lo soliciten. Los compromisos de pago irrevocables no serán inferiores al 15 % del total de las obligaciones de pago de la entidad. Al calcular la aportación anual de cada entidad, la [JUR] garantizará que, el año de que se trate, la suma de los compromisos de pago irrevocables no sea superior al 30 % de la cantidad total de aportaciones anuales recaudadas con arreglo al artículo 70 del Reglamento [n.o 806/2014].»
Contratos firmados entre la JUR y BNP Paribas Public Sector
8
Los contratos CPI 2016‑2021 se rigen por el Derecho luxemburgués y contienen una cláusula compromisoria, en el sentido del artículo 272 TFUE.
9
A tenor de la cláusula 2.1 de los contratos CPI 2016‑2021:
«La entidad procederá a abonar a la JUR y se comprometerá irrevocablemente a abonar a la JUR un importe máximo por el importe [de los compromisos de pago irrevocables] a raíz de una ejecución y un requerimiento de pago por parte de la JUR, de conformidad con la normativa vigente, incluido, en particular, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81.»
10
La cláusula 12.5 de los contratos CPI 2016‑2021 estipula que «el presente acuerdo se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81».
Antecedentes del litigio
11
El Tribunal General expuso los antecedentes del litigio en los apartados 2 a 15 de la sentencia recurrida, que pueden resumirse como sigue.
12
La recurrente era una entidad de crédito francesa autorizada hasta el 24 de marzo de 2021, fecha en la que, a petición suya, el BCE revocó su autorización.
13
Antes de la aplicación del mecanismo único de resolución (MUR), creado en virtud del Reglamento n.o 806/2014, la recurrente realizó, para el año 2015, una parte de su aportación al mecanismo nacional de financiación de las medidas de resolución en forma de compromiso de pago irrevocable (en lo sucesivo, «CPI 2015»), celebrado con la JUR, la Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autoridad de Control Prudencial y de Resolución, Francia) y el Fonds de garantie des dépôts et de résolution (Fondo de Garantía de Depósitos y de Resolución, Francia).
14
Para los períodos de contribución comprendidos entre los años 2016 y 2021, la recurrente realizó al menos una parte de sus aportaciones ex ante en forma de compromisos de pago irrevocables, en el sentido del artículo 70, apartado 3, de ese Reglamento. A tal efecto, celebró con la JUR, para cada uno de esos períodos, sendos compromisos (en lo sucesivo, «CPI 2016‑2021»).
15
Mediante correo electrónico de 1 de abril de 2021, la recurrente comunicó a la JUR que el BCE le había revocado su autorización. Solicitó entonces a la JUR información sobre las gestiones que debían emprenderse para obtener el reembolso de las garantías vinculadas a los compromisos de pago irrevocables que había celebrado.
16
Mediante escrito de 14 de abril de 2021, la JUR indicó a la recurrente las formalidades que debían seguirse para obtener la devolución de las garantías que respaldaban esos compromisos.
17
El 29 de julio de 2021, a raíz de varios intercambios de correspondencia, la recurrente notificó a la JUR la resolución del CPI 2015 y de los CPI 2016‑2021.
18
Tras nuevos intercambios, la JUR, mediante escrito de 13 de agosto de 2021 (en lo sucesivo, «escrito de 13 de agosto de 2021»), indicó a la recurrente que le devolvería las garantías que respaldaban el CPI 2015 y los CPI 2016‑2021 tras la recepción del efectivo correspondiente a los importes comprometidos en virtud de dichos compromisos.
19
En dicho escrito, la JUR recordó que la recurrente había celebrado con ella varios compromisos de pago irrevocables. Para cada uno de ellos, la JUR indicó el importe comprometido. Tras enumerar esos importes, indicó, en particular, que, habida cuenta del artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014, según el cual las aportaciones debidamente recibidas no se reembolsarían a los entes, y del artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81, según el cual el recurso a compromisos de pago irrevocables no afectaría en modo alguno a la capacidad financiera y a la liquidez del FUR, la anulación de los CPI 2016‑2021 y la devolución subsiguiente de las garantías que respaldaban dichos compromisos solo podían producirse tras el abono en efectivo de cantidades de un importe igual al importe de los diferentes compromisos en cuestión. Así pues, la JUR invitó a la recurrente a transferirle una cantidad total de un determinado importe y a informarla por correo electrónico. Una vez recibida esta cantidad, le devolvería las garantías, menos los intereses negativos devengados, una vez transcurrido un plazo de catorce días bancarios a partir de la fecha de recepción de la notificación de la resolución.
20
El 25 de octubre de 2021, la recurrente informó, en esencia, a la JUR de que no iba a realizar dicha transferencia, en la medida en que, según su interpretación del marco normativo aplicable, no tenía que transferirle el efectivo correspondiente a la cantidad total de los importes comprometidos en virtud del CPI 2015 y de los CPI 2016‑2021 para que se le devolvieran las garantías.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
21
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 25 de octubre de 2021, la recurrente solicitó, en primer lugar, la anulación, sobre la base de los artículos 256 TFUE y 263 TFUE, del escrito de 13 de agosto de 2021; en segundo lugar, que se estimara su pretensión, formulada sobre la base de los artículos 272 TFUE y 340 TFUE, párrafo primero, declarando que la posición expresada en dicho escrito era contraria a las estipulaciones de los CPI 2016‑2021 y ordenando a la JUR que le devolviera los importes correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas a los compromisos de pago irrevocables que había conservado incumpliendo sus obligaciones contractuales, así como todos los gastos, intereses de demora y costes de toda clase devengados; en tercer lugar, que se estimara su pretensión, formulada sobre la base del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, declarando que la negativa de la JUR a devolverle los importes correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas al CPI 2015 daba lugar a un enriquecimiento sin causa y ordenando a la JUR que le abonara esas cantidades en concepto de daños y perjuicios, así como todos los gastos, intereses de demora y costes de toda clase devengados, y, en cuarto lugar, con carácter subsidiario, que se estimara su pretensión, formulada sobre la base del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, declarando que la negativa de la JUR a devolverle los importes correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas a los CPI 2016‑2021 daba lugar a un enriquecimiento sin causa y ordenando a la JUR que le abonara esas cantidades en concepto de daños y perjuicios, así como todos los gastos, intereses de demora y costes de toda clase devengados.
22
Por lo que respecta a la pretensión de anulación, con arreglo a los artículos 256 TFUE y 263 TFUE, del escrito de 13 de agosto de 2021, la recurrente renunció a ella durante el procedimiento.
23
El Tribunal General, por su parte, al haber desestimado todas las demás pretensiones de la recurrente, desestimó el recurso en su totalidad.
24
En primer lugar, en cuanto a la pretensión de la recurrente basada en los artículos 272 TFUE y 340 TFUE, párrafo primero, el Tribunal General subrayó, para comenzar, que del artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 se desprende que, por cada año de contribución, las entidades de crédito establecidas en un Estado miembro participante en el MUR, como era el caso de la recurrente hasta que salió del ámbito de aplicación del citado Reglamento, están obligadas a abonar la aportación ex ante al FUR. El Tribunal General señaló también que, de conformidad con el artículo 69, apartado 1, del mencionado Reglamento, se estableció la recaudación anual de las aportaciones ex ante de las entidades de crédito para garantizar que, al término del período inicial, los recursos financieros disponibles del FUR alcanzaran el nivel fijado como objetivo. El Tribunal General consideró que, habida cuenta de este propósito, el legislador de la Unión indicó, en el artículo 70, apartado 4, de ese mismo Reglamento, que las aportaciones ex ante«debidamente recibidas» no serían reembolsadas.
25
A continuación, el Tribunal General consideró que, para cumplir su obligación de contribuir al FUR, las entidades de crédito tienen, con arreglo al artículo 70, apartado 3, del Reglamento n.o 806/2014, la posibilidad bien de abonar inmediatamente su aportación, bien de suscribir un compromiso de pago irrevocable. Según el Tribunal General, esos compromisos presentan la particularidad de ser contratos celebrados por tiempo indefinido que permiten a las entidades aplazar el pago de su aportación y están sujetos a un régimen específico propio, recogido en el artículo 7 del Reglamento de Ejecución 2015/81.
26
Además, el Tribunal General señaló que es cierto, como había aducido la recurrente ante él, que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 no indica expresamente que las entidades de crédito deban abonar su aportación ex ante para que después se les devuelvan las cantidades abonadas en concepto de garantía. No obstante, el Tribunal General recordó que de los artículos 69, apartado 1, y 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 se desprende que las entidades de crédito establecidas en un Estado miembro participante en el MUR están obligadas a abonar, durante el período inicial, una aportación anual ex ante al FUR para que este alcance el nivel fijado como objetivo al término de dicho período. Para el Tribunal General, de ello se deducía que si se devolviera la garantía que respalda un compromiso de pago irrevocable sin recepción previa de la aportación ex ante para la que se celebró dicho compromiso, no solo la entidad no cumpliría su obligación de abonar la totalidad de la aportación adeudada correspondiente al período en el que estaba comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, sino que la aportación ex ante en forma de compromiso de pago irrevocable no alcanzaría el objetivo de dotar al FUR de los recursos financieros correspondientes al nivel previsto por el legislador de la Unión.
27
Por último, el Tribunal General consideró que el hecho de que una entidad deje de ejercer sus actividades como entidad de crédito durante el período de contribución, como consecuencia de la revocación de su autorización, no afecta a su obligación de abonar la totalidad de la aportación ex ante adeudada correspondiente a dicho período de contribución. Recordó que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81 dispone expresamente que el recurso a compromisos de pago irrevocables no debe afectar en modo alguno a la capacidad financiera y a la liquidez del FUR. Declaró que la anulación de un compromiso de pago irrevocable, causada por la salida de la entidad del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, y la devolución de la garantía correspondiente, previstas en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81, no pueden hacerse en detrimento del FUR. Concluyo que, por lo tanto, ese artículo 7, apartado 3, no tiene por objeto permitir a las entidades de crédito que salen del ámbito de aplicación de dicho Reglamento eludir su obligación de pagar la totalidad de la aportación ex ante adeudada, sino asegurarse de que los recursos financieros del FUR estén a disposición de la JUR lo antes posible en caso de resolución, es decir, salvaguardar la capacidad financiera y la liquidez del FUR.
28
A la luz, en particular, de todo lo anterior, el Tribunal General declaró que ni las disposiciones aplicables en el presente asunto, entre ellas el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81, ni las cláusulas de los contratos celebrados entre la recurrente y la JUR se oponían a la posición expresada por la JUR en el escrito de 13 de agosto de 2021, según la cual solo podía devolver las garantías en efectivo que respaldaban los compromisos de pago irrevocables tras el abono de una cantidad total de un importe equivalente al de las aportaciones ex ante para la que se utilizaron dichos instrumentos. Asimismo, el Tribunal General examinó y rechazó, por no considerarlas convincentes, las alegaciones adicionales formuladas por la recurrente en apoyo de la interpretación que defendía.
29
En segundo lugar, por lo que respecta a las pretensiones de la recurrente basadas en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, el Tribunal General consideró que la decisión de la JUR de conservar las cantidades correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas a los compromisos de pago irrevocables suscritos por la recurrente tenía una base jurídica válida, a saber, el CPI 2015, los CPI 2016‑2021 y el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, y, por consiguiente, no podía dar lugar a un enriquecimiento sin causa de la JUR que justificase una indemnización en concepto de daños y perjuicios.
Pretensiones de las partes
30
Mediante su recurso de casación, la recurrente, apoyada por la República Francesa y la Fédération bancaire française, solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Estime las pretensiones formuladas en primera instancia.
–
Condene en costas a la JUR.
31
La JUR solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Con carácter subsidiario, en caso necesario, modifique la motivación de la sentencia recurrida y desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a la recurrente.
Sobre el recurso de casación
32
En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca dos motivos, basados, el primero, en un error de Derecho en la interpretación del Reglamento n.o 806/2014 y del Reglamento de Ejecución 2015/81 y, el segundo, en la falta de motivación.
Primer motivo, basado en un error de Derecho en la interpretación del Reglamento n.o 806/2014 y del Reglamento de Ejecución 2015/81
Alegaciones de las partes
33
Mediante su primer motivo de casación, que se divide en cinco partes, la recurrente impugna la interpretación efectuada por el Tribunal General de los artículos 69, apartado 1, y 70, apartados 1 a 4, del Reglamento n.o 806/2014, así como del artículo 7, apartados 1 a 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81. En esencia, la recurrente aduce que, a diferencia de lo que se deduce de la sentencia recurrida, la salida de una entidad de crédito del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 debe dar lugar a que la JUR devuelva las garantías que respaldan los compromisos de pago irrevocables celebrados por esa entidad sin que se le imponga ninguna otra obligación adicional.
34
Según la primera parte del primer motivo de casación, la recurrente impugna la interpretación del Tribunal General expuesta en los apartados 24 a 28 de la presente sentencia, alegando que el Tribunal General incurrió en error al no llevar a cabo un análisis del tenor del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81. En particular, la recurrente aduce que ese tenor es claro y preciso en la medida en que prevé que, en caso de que una entidad de crédito salga del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, los compromisos de pago irrevocables celebrados por esa entidad «se anularán», sin imponer ninguna condición a esa anulación. Además, la recurrente afirma que esa disposición indica las consecuencias derivadas de esa anulación, a saber, que la garantía que respaldó esos compromisos «se devolverá», de nuevo sin imponer ningún tipo de condición a esa devolución. Para la recurrente, dado que el Tribunal General dio preferencia a la interpretación contextual y a la interpretación teleológica del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81, la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho.
35
Según la segunda parte del primer motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General infringió el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 y el artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 y violó el principio de igualdad de trato.
36
En primer término, la recurrente sostiene que el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 no crea una obligación de «abono» de las aportaciones ex ante, sino una obligación de «recaudación» de dichas aportaciones, que puede efectuarse bien en forma de abono en efectivo, bien, en las condiciones establecidas en el artículo 70, apartado 3, de este Reglamento, en forma de suscripción de un compromiso de pago irrevocable. Afirma que, al basarse, en los apartados 31 y 39 de la sentencia recurrida, en el apartado 85 de la sentencia de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR (T‑758/18, EU:T:2021:28), haciendo referencia a la «obligación de abonar la totalidad de la aportación ex ante», el Tribunal General incurrió en error al interpretar dicha sentencia, que se refería exclusivamente a las aportaciones en efectivo y no a los compromisos de pago irrevocables.
37
En segundo término, según la recurrente, el tenor del artículo 7, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81 es inequívoco en el sentido de que los compromisos de pago irrevocables solo pueden ser ejecutados en caso de que se aplique una medida de resolución que implique la intervención del FUR. A su juicio, el considerando 16 de dicho Reglamento de Ejecución confirma esta interpretación. Aduce que el carácter condicional de tal obligación de abono no desvirtúa en modo alguno su carácter irrevocable. Estima que, dado que, en el caso de autos, la JUR no recurrió al FUR en el marco de una medida de resolución, el Tribunal General infringió el artículo 7, apartado 2, de ese Reglamento de Ejecución y la cláusula 2.1 de los contratos CPI 2016‑2021. Añade que el Tribunal General indicó que la diferencia entre una aportación ex ante en efectivo y un compromiso de pago irrevocable reside en el hecho de que la aportación en efectivo se paga «inmediatamente», mientras que el abono en efectivo en un compromiso de pago irrevocable, igualmente obligatorio, solo se «aplaza». Al actuar de este modo, en su opinión, el Tribunal General ignoró el carácter condicional de los compromisos de pago irrevocables. Por otra parte, entiende que el razonamiento del Tribunal General sobre el carácter supuestamente «aplazado» de la obligación de pago derivada de un compromiso de pago irrevocable carece de toda base jurídica o contractual. Por último, arguye que si cualquier entidad de crédito que celebrara compromisos de pago irrevocables estuviera sujeta a una obligación de pago «aplazada», a falta de una medida de resolución que implique la utilización del FUR, las entidades de crédito que salen del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 se encontrarían en una situación más desfavorable que las mismas entidades que permanecen en ese ámbito de aplicación, lo que menoscabaría la igualdad de trato entre entidades que han suscrito compromisos de pago irrevocables.
38
En tercer término, la recurrente alega que el tenor del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 es claro y que el Tribunal General realiza una interpretación contra legem de esta disposición, infringiendo, en consecuencia, la cláusula 12.5 de los contratos CPI 2016‑2021.
39
Mediante la tercera parte del primer motivo, la recurrente sostiene que el razonamiento del Tribunal General, en la medida en que se basa en los artículos 69, apartado 1, y 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014 para justificar la postura de este según la cual la entidad de crédito tiene una obligación incondicional de «abonar» el importe del compromiso de pago irrevocable cuando sale del ámbito de aplicación de dicho Reglamento con anterioridad a la devolución de las garantías, carece de base jurídica. A su parecer, el Tribunal General justifica su razonamiento invocando la finalidad de alcanzar el nivel fijado como objetivo en el artículo 69, apartado 1, de dicho Reglamento. La recurrente recuerda que, sin embargo, a tenor del artículo 3, apartado 1, punto 34, del Reglamento n.o 806/2014, los «recursos financieros disponibles» incluyen «el efectivo, los depósitos, los activos y los compromisos de pago irrevocables a disposición del [FUR]». De ello deduce que los «recursos financieros disponibles» a que se refiere el artículo 69, apartado 1, de ese Reglamento incluyen, por definición, los propios compromisos de pago irrevocables, con independencia de cualquier abono de los importes en efectivo. Concluye que, por lo tanto, dicho artículo 69, apartado 1, no puede servir de base jurídica a ninguna obligación incondicional de abonar los importes en efectivo correspondientes a esos compromisos. Por otra parte, afirma que dado que los compromisos de pago irrevocables no son más que un medio financiero entre otros a disposición de la JUR, nada impide a esta ajustar las aportaciones individuales futuras de las demás entidades para garantizar que se alcance el nivel fijado como objetivo, de conformidad con el artículo 69, apartados 2 y 4, del Reglamento n.o 806/2014. Añade que, al indicar que el artículo 70, apartado 4, de ese Reglamento, que establece la prohibición de reembolsar las aportaciones «debidamente recibidas», se aplica a todas las aportaciones ex ante, sin excepción, el Tribunal General consideró, por tanto, que los compromisos de pago irrevocables son «aportaciones debidamente recibidas». Ahora bien, tal interpretación es, según la recurrente, incompatible con los términos utilizados por el legislador de la Unión. Para ella, en cualquier caso, una prohibición de «reembolsar» tales compromisos, aun cuando este concepto tuviera sentido, no podría constituir una base jurídica suficiente para imponer a la entidad de crédito una obligación positiva de pago de los importes correspondientes a dichos compromisos, si no se cumpliera la condición para el abono de esos importes.
40
Mediante la cuarta parte del primer motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General interpretó el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81 de tal modo que tergiversa el artículo 7, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento de Ejecución, privando al mismo tiempo de eficacia al apartado 3 de dicha disposición. Afirma que, según el Tribunal General, el artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento de Ejecución significa que la anulación del compromiso de pago irrevocable y la devolución de la garantía correspondiente previstas en dicho artículo 7, apartado 3, «por lo tanto, […] no pueden hacerse en detrimento del FUR». Para la recurrente, en primer término, esta interpretación llevaría a la conclusión de que la anulación de tal compromiso y la devolución de las garantías correspondientes a este, tal como están previstas en el referido artículo 7, apartado 3, podrían comprometer necesariamente y por sí mismas la capacidad financiera o la liquidez del FUR y que, por lo tanto, nunca podría aplicarse ese mismo artículo 7, apartado 3. En segundo término, aduce que la interpretación del Tribunal General tergiversa el tenor del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81, como confirma el apartado 44 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General hace referencia en realidad a las medidas previstas en el artículo 7, apartados 2 y 1, de ese Reglamento de Ejecución, y no en el citado artículo 7, apartado 3. En tercer término, aduce que la interpretación del Tribunal General no es creíble. La recurrente afirma que existe una disposición expresa que prevé la ejecución del compromiso de pago irrevocable y el abono del importe en efectivo como condición previa para la devolución de las garantías, a saber, el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento de Ejecución. Añade que si se hubiera previsto aplicar ese mismo mecanismo en caso de salida de una entidad de crédito del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, salida que se contempla en el artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento de Ejecución, se habría incluido expresamente en este una disposición en este sentido.
41
Mediante la quinta parte del primer motivo de casación, la recurrente alega, con carácter subsidiario, que el Tribunal General vulneró el principio lex specialis generalibus derogat al hacer prevalecer las disposiciones generales que figuran en el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014 y en el artículo 7, apartados 1 y 4, del Reglamento de Ejecución 2015/81 sobre las disposiciones específicas previstas en el artículo 7, apartados 2 y 3, de ese Reglamento de Ejecución. Entiende que, al declarar que «el legislador de la Unión indicó, [en el citado artículo 70, apartado 4,] que las aportaciones ex ante“debidamente recibidas” no serían reembolsadas [y que,] mediante esta formulación, el legislador de la Unión ha establecido una regla sin excepciones», el Tribunal General incurrió en error, al hacer prevalecer una regla que presenta como general sobre las reglas especiales de los compromisos de pago irrevocables establecidas en el artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81. Alega que, del mismo modo, el Tribunal General hizo prevalecer el artículo 7, apartado 1, de ese Reglamento de Ejecución sobre el artículo 7, apartado 3, de este en la medida en que declaró que esta última disposición debía interpretarse «a la luz» de la primera disposición. Sin embargo, para la recurrente, este artículo 7, apartado 1, establece un principio general según el cual no debe menoscabarse la capacidad financiera del FUR, mientras que dicho artículo 7, apartado 3, precisa de manera detallada y operativa el destino de los compromisos de pago irrevocables en el caso muy específico de salida de una entidad de crédito del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014.
42
La JUR rebate esas alegaciones.
Apreciación del Tribunal de Justicia
43
Por lo que respecta a la primera parte del primer motivo de casación, basada en que no se tuvo en cuenta el tenor del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81, procede señalar que, tras citar el tenor del artículo 7 de este Reglamento, el Tribunal General consideró, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, que, según el sentido común, el término «irrevocable» recogido en dicha disposición designa todo aquello que no puede cuestionarse y que un compromiso de pago irrevocable implicaba, por tanto, una obligación que no podía cuestionarse de pagar la cantidad por la que se había celebrado dicho compromiso. Además, el Tribunal General indicó, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que aunque es cierto que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 no indica expresamente que las entidades de crédito que decidan salir del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 deban abonar primero su aportación para que después se les devuelva la garantía, de conformidad con los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014, dichas entidades están obligadas a abonar, durante el período inicial, una aportación anual al FUR para que este alcance el nivel fijado como objetivo al término de dicho período. De ello dedujo el Tribunal General que si se devolviera la garantía que respalda un compromiso de pago irrevocable sin recepción previa de la aportación para la que se celebró dicho compromiso, no solo la entidad no cumpliría su obligación de abonar la totalidad de la aportación adeudada correspondiente al período en el que estaba comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, sino que la aportación ex ante en forma de compromiso de pago irrevocable no permitiría alcanzar el objetivo de dotar al FUR de los recursos financieros correspondientes al nivel previsto por el legislador de la Unión.
44
De ello resulta que, en contra de lo que sostiene la recurrente, el Tribunal General realizó una interpretación textual del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81.
45
Por otra parte, por lo que respecta a la alegación de que el Tribunal General vulneró los principios de interpretación del Derecho de la Unión al hacer prevalecer un análisis contextual y teleológico, siendo así que el tenor del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 era perfectamente claro y preciso, procede recordar que si bien es cierto que de reiterada jurisprudencia se deriva que una interpretación de una disposición del Derecho de la Unión no puede conducir a vaciar de toda eficacia el tenor claro y preciso de esa disposición, el juez de la Unión no se encuentra privado de la posibilidad de recurrir, en determinadas situaciones, a los métodos de interpretación que considere apropiados para aclarar el alcance exacto de una disposición del Derecho de la Unión que en apariencia está clara, debiendo precisarse que cada disposición del Derecho de la Unión debe situarse en su contexto e interpretarse a la luz del conjunto de las disposiciones de ese Derecho, de sus finalidades y de su grado de evolución en la fecha en la que deba aplicarse la disposición de que se trate (sentencia de 3 de septiembre de 2024, Illumina y Grail/Comisión, C‑611/22 P y C‑625/22 P, EU:C:2024:677, apartados 126 y 127 y jurisprudencia citada). De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende también que un reglamento de ejecución debe ser objeto, si es posible, de una interpretación conforme con las disposiciones del reglamento de base (sentencia de 29 de febrero de 2024, cdVet Naturprodukte, C‑13/23, EU:C:2024:175, apartado 60 y jurisprudencia citada).
46
En el presente asunto, si bien el tenor del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 es claro en lo que respecta a las consecuencias de la salida de una entidad de crédito del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 sobre el mantenimiento de sus compromisos de pago irrevocables, no lo es en lo que respecta a las consecuencias de esa salida sobre las aportaciones al FUR que constituyen esos compromisos por el período en el que dicha entidad de crédito estaba comprendida en ese ámbito de aplicación.
47
Por lo tanto, como señaló la Abogada General en el punto 40 de sus conclusiones, en la medida en que el Tribunal General examinó el texto del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 y puso sus observaciones en relación con las disposiciones pertinentes del Reglamento n.o 806/2014, a saber, los artículos 69 y 70 de este, para determinar si lo que se desprendía de la formulación supuestamente clara y precisa de dicho artículo 7, apartado 3, invocada por la recurrente, quedaba ratificado, no puede reprochársele haber vulnerado los principios de interpretación del Derecho de la Unión. Por consiguiente, esta primera parte del primer motivo de casación debe desestimarse por infundada.
48
Por lo que respecta a la segunda parte del primer motivo, basada en la infracción del artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 y del artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 y en la violación del principio de igualdad de trato, es cierto, como observa la recurrente, que el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 utiliza el término «recaudará», y no el término «abonará», para referirse a las aportaciones ex ante a las que están sujetas las entidades de crédito comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014.
49
Ahora bien, el Tribunal General consideró, en el apartado 28 de la sentencia recurrida, que del artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 se desprende que, por cada año de contribución, las entidades de crédito establecidas en un Estado miembro participante, como era el caso de la recurrente, están obligadas a «abonar» la aportación al FUR. Sobre esta base, el Tribunal General declaró que las entidades de crédito que hayan recurrido a un compromiso de pago irrevocable correspondiente a un año de contribución siguen estando obligadas a pagar su aportación ex ante en efectivo correspondiente a ese mismo año cuando deciden salir del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014. Según el Tribunal General, tal interpretación era además conforme con la finalidad perseguida por el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81, que consiste, como se desprende del apartado 44 de la sentencia recurrida, en asegurarse de que los recursos financieros del FUR estarán a disposición de la JUR lo antes posible en caso de resolución, es decir, en salvaguardar la capacidad financiera y la liquidez del FUR.
50
No obstante, como señaló la Abogada General en los puntos 49 a 52 de sus conclusiones, la distinción terminológica realizada por la recurrente, según la cual el término «abonará» se refiere a una aportación en efectivo mientras que el término «recaudará» se refiere bien a un pago en efectivo, bien a la suscripción de un compromiso de pago irrevocable, no tiene ninguna incidencia en la interpretación del artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 en relación con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81.
51
En efecto, el término «recaudar» utilizado en el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 y el término «abonar» empleado en la sentencia recurrida representan las dos caras de una misma obligación. Además, la distinción terminológica realizada por la recurrente entre estos dos términos no encuentra fundamento alguno en los respectivos textos del Reglamento n.o 806/2014 y del Reglamento de Ejecución 2015/81.
52
En particular, contrariamente a lo que indica la recurrente, del apartado 28 de la sentencia recurrida no se desprende en modo alguno que el Tribunal General considerara que existía una «supuesta obligación de la entidad en cuestión de “abonar”, a saber, de pagar en efectivo una aportación anual al FUR durante el período inicial». En efecto, como se desprende de los apartados 39, 40, 50 y 55 de la sentencia recurrida, citados no obstante por la recurrente, el Tribunal General se refirió en cada ocasión a la totalidad de la aportación anual adeudada por las entidades de que se trata, sin distinguir entre la parte de esa aportación pagadera en efectivo y aquella, en su caso, respaldada por compromisos de pago irrevocables.
53
De ello resulta que el empleo del término «recaudará» en la redacción del artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 no excluye, en sí, la interpretación adoptada por el Tribunal General según la cual las entidades de crédito que recurren a compromisos de pago irrevocables están obligadas a abonar el importe de sus aportaciones en efectivo cuando deciden salir del ámbito de aplicación de ese Reglamento.
54
A este respecto, procede señalar que en la medida en que esta disposición se refiere a la aportación individual anual de cada entidad de que se trate en el sentido de que se «recaudará», sin efectuar distinción alguna a este respecto, una distinción como la preconizada por la recurrente equivaldría, en realidad, a cuestionar el propio tenor de la referida disposición.
55
Por lo que respecta a la alegación de la recurrente basada en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81, según la cual la ejecución de los compromisos de pago irrevocables solo puede hacerse en caso de medida de resolución, procede señalar que la JUR no aplicó esta disposición, como observó el Tribunal General en el apartado 54 de la sentencia recurrida. En efecto, el presente asunto no guarda relación con las consecuencias de una ejecución de pago en el momento de la resolución de una entidad de crédito, sino con las que deben extraerse de la anulación de un compromiso de pago irrevocable suscrito por una entidad que sale del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014.
56
Dicho esto, el hecho de que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81 establezca una obligación de abono cuando una medida de resolución implique la intervención del FUR no excluye en modo alguno que se imponga una obligación similar a la vista de la obligación de aportación de las entidades de crédito establecida en el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 y del principio de igualdad de trato.
57
Más concretamente, en el momento de la anulación de compromisos de pago irrevocables a raíz de la salida de una entidad de crédito del ámbito de aplicación de ese Reglamento, tal obligación de abono debe aplicarse, puesto que dicha anulación no puede tener como consecuencia reducir los recursos financieros disponibles del FUR correspondientes al importe de las aportaciones anuales de dicha entidad por el período en el que estaba comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014. En efecto, como se desprende de los artículos 69 y 70 de ese Reglamento, las aportaciones anuales de las entidades de crédito deben permitir al FUR dotarse de un importe equivalente al nivel fijado como objetivo al término del período inicial. A tal efecto, el artículo 70, apartado 4, de dicho Reglamento precisa que esas aportaciones, una vez debidamente recibidas, no se reembolsarán y, por tanto, seguirán siendo propiedad del FUR. Pues bien, las referidas aportaciones pueden hacerse en forma de compromisos de pago irrevocables con arreglo al artículo 70, apartado 3, del Reglamento n.o 806/2014 y el hecho de que esos compromisos se anulen cuando una entidad ya no esté comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, en virtud del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81, no puede poner en entredicho el hecho de que los importes correspondientes a esas mismas aportaciones sigan siendo propiedad del FUR.
58
A continuación, debe recordarse que el principio general de igualdad de trato exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado. El carácter comparable de las situaciones debe determinarse y apreciarse, en particular, a la luz del objeto y de la finalidad del acto que establece la distinción de que se trata. Además, deben tenerse en cuenta los principios y objetivos del ámbito al que pertenece el acto en cuestión (sentencia de 11 de septiembre de 2025, Cairo Network y otros, C‑764/23 a C‑766/23, EU:C:2025:691, apartado 124 y jurisprudencia citada).
59
A la vista del objeto del Reglamento n.o 806/2014, que consiste en establecer normas uniformes para la resolución de entidades de crédito en el marco de un MUR basado, en particular, en un FUR financiado mediante las aportaciones recaudadas de entidades de crédito comprendidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento, procede declarar que, por el período en el que tales entidades de crédito están comprendidas en el ámbito de aplicación del referido Reglamento, el principio de igualdad de trato exige que dichas entidades, al encontrarse en una situación comparable, contribuyan del mismo modo al FUR.
60
El hecho de que una de las citadas entidades salga del ámbito de aplicación de ese Reglamento no puede tener como consecuencia eximirla de sus aportaciones por el período en el que estaba comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. Así pues, no exigir a una entidad de crédito el pago de cantidades equivalentes a sus compromisos de pago irrevocables cuando, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81, dichos compromisos se anulan debido a que dicha entidad sale del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 equivaldría a eximirla, sin justificación objetiva y vulnerando el principio de igualdad de trato, de sus aportaciones al FUR por el período durante el cual estaba comprendida en dicho ámbito de aplicación.
61
Por lo tanto, habida cuenta de la naturaleza de las aportaciones anuales al FUR y del principio de igualdad de trato, la anulación de compromisos de pago irrevocables con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 obliga a la entidad de crédito que sale del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 a abonar al FUR, con anterioridad a esa anulación, un importe equivalente a esos compromisos.
62
Por las razones anteriores, no puede reprocharse al Tribunal General haber «ignorado el carácter condicional» de los compromisos de pago irrevocables ni haber considerado en los apartados 33 y 55 de la sentencia recurrida que, en esencia, el abono en efectivo en el marco de un compromiso de pago irrevocable solo se aplazaba.
63
Asimismo, la recurrente sostiene erróneamente que el Tribunal General creó, con su interpretación, «una situación más desfavorable» para las entidades de crédito que salen del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, en comparación con las mismas entidades que permanecen en ese ámbito de aplicación, en la medida en que las primeras tienen la obligación de abonar los importes en efectivo correspondientes a los compromisos de pago irrevocables, en tanto que las segundas no tienen tal obligación mientras que una medida de resolución no implique la intervención del FUR, como se desprende del artículo 7, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81.
64
En efecto, habida cuenta del objeto del Reglamento n.o 806/2014, procede declarar que a partir del momento en que las entidades de crédito salen del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, esas entidades y las entidades de crédito que permanecen en dicho ámbito de aplicación ya no se encuentran en una situación comparable por lo que respecta a las obligaciones que les incumben en virtud del Reglamento n.o 806/2014. De ello se deduce que aun cuando resultara que las primeras se encuentran en «una situación más desfavorable» en comparación con las segundas, esta situación no supondría una vulneración del principio de igualdad de trato.
65
Por último, en cuanto a que la recurrente reafirma la claridad y la precisión aparentes del tenor del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81, basta con remitirse a los apartados 43 a 47 de la presente sentencia.
66
Habida cuenta de lo anterior, debe desestimarse también la segunda parte del primer motivo de casación.
67
Por lo que respecta a la tercera parte del primer motivo de casación, basada en que la obligación de abono del importe del compromiso de pago irrevocable en caso salida del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 carece de base jurídica, procede señalar, en primer lugar, que el Tribunal General se basó en el artículo 69, apartado 1, de ese Reglamento para exponer la finalidad principal perseguida por la recaudación anual de las aportaciones ex ante, que consiste en garantizar que, al final del período inicial previsto en esta disposición, los recursos financieros disponibles del FUR alcancen el nivel fijado como objetivo en ella. Sobre esa base, el Tribunal General señaló acertadamente, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, que si el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 se interpretara de manera que permitiera a una entidad de crédito que sale del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 como la recurrente no pagar en efectivo el importe correspondiente a un compromiso de pago irrevocable que ha suscrito, esa disposición sería contraria a la finalidad de alcanzar el nivel fijado como objetivo que persigue, en particular, el artículo 69 del Reglamento n.o 806/2014.
68
Por otra parte, a la vista de la alegación de la recurrente basada en la definición de la expresión «recursos financieros disponibles», tal como se desprende de una lectura conjunta del artículo 3, apartado 1, punto 34, del Reglamento n.o 806/2014 y del artículo 69, apartado 1, de ese Reglamento, procede señalar que dicha definición respalda el razonamiento del Tribunal General más que contradecirlo. En efecto, toda vez que, conforme al Reglamento n.o 806/2014, los compromisos de pago irrevocables están comprendidos en el concepto de «recursos financieros disponibles» y que, por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta para alcanzar el nivel fijado como objetivo del FUR, su anulación debe ir necesariamente acompañada de una compensación equivalente al importe en efectivo que corresponda a esos compromisos.
69
Por último, en cuanto a que la recurrente sostiene que la salida de una entidad de crédito del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 debería compensarse más bien con ajustes en las aportaciones ex ante de las entidades que permanecen en ese ámbito de aplicación, procede señalar que, con arreglo al artículo 70 de ese Reglamento, las aportaciones de las entidades de crédito se recaudan anualmente teniendo en cuenta el pasivo de esas entidades, excluidos los fondos propios, y el perfil de riesgo de dichas entidades, sin que pueda tenerse en cuenta la disminución de las aportaciones de determinadas entidades de crédito que se derive de que estas hayan abandonado el ámbito de aplicación del referido Reglamento.
70
De ello se deduce que el Tribunal General tuvo en cuenta acertadamente el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, así como la finalidad perseguida por esta disposición, para delimitar el alcance de la obligación de abono que incumbe a las entidades de crédito que salen del ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
71
En segundo lugar, por las razones expuestas en los apartados 56 a 61 de la presente sentencia, la apreciación del Tribunal General sobre el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014, que establece que las aportaciones debidamente recibidas de cada una de las entidades de crédito no serán reembolsadas a dichos entes, también podía respaldar su interpretación según la cual la devolución de las garantías vinculadas a los compromisos de pago irrevocables solo puede tener lugar tras el abono de un importe equivalente al de la aportación a la que dichos compromisos sustituyeron.
72
A este respecto, no puede prosperar la alegación de la recurrente según la cual los contratos celebrados entre las entidades de crédito y la JUR, a efectos de la suscripción de los compromisos de pago irrevocables, no pueden, por su propia naturaleza, ser «recibidos».
73
En efecto, procede recordar a este respecto que, mediante el claro tenor del artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014, el legislador de la Unión pretendió excluir, con carácter general, el reembolso de las aportaciones ex ante recibidas en debida forma (sentencia de 29 de septiembre de 2022, ABLV Bank/JUR, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, apartado 54). Por lo tanto, como aduce la JUR, si la expresión «debidamente recibidas» se refiere a las aportaciones ex ante sin distinciones, debe aplicarse, con independencia del tipo de aportación de que se trate, incluso a los compromisos de pago irrevocables.
74
A la luz de todo lo anterior, en contra de lo que sostiene la recurrente, el Tribunal General no infringió ni el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 ni el artículo 70, apartado 4, de ese Reglamento.
75
Por consiguiente, debe desestimarse la tercera parte del primer motivo.
76
Por lo que respecta a la cuarta parte del primer motivo de casación, relativa a una interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81, procede señalar que, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que esta disposición dispone expresamente que el recurso a compromisos de pago irrevocables no debe afectar en modo alguno la capacidad financiera y la liquidez del FUR. Esta exigencia también está recogida en el considerando 16 de ese Reglamento de Ejecución. Sobre esa base, el Tribunal General declaró que la anulación de un compromiso de pago irrevocable y la devolución de la garantía correspondiente en ningún caso pueden hacerse en detrimento del FUR.
77
Pues bien, contrariamente a lo que afirma la recurrente, esta interpretación no priva al artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 de su eficacia. Si dicho artículo 7, apartado 3, se interpretara en el sentido de que permite a las entidades de crédito no abonar su aportación ex ante antes de que se les devuelva su garantía, se vulneraría el principio establecido por el legislador de la Unión en el artículo 7, apartado 1, de ese Reglamento de Ejecución, que se ajusta a la exigencia establecida en el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014.
78
Por lo tanto, el Tribunal General no cometió ningún error al considerar, en el apartado 42 de la sentencia recurrida, que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81 se aplica al tratamiento de los compromisos de pago irrevocables de una entidad de crédito que sale del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 y que, por tanto, el artículo 7, apartado 3, de ese Reglamento de Ejecución debía interpretarse a la luz de esa disposición.
79
Por lo que respecta a las alegaciones adicionales de la recurrente relativas al artículo 7, apartados 2 y 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81, según las cuales, en esencia, estas disposiciones solo establecen una obligación de pago en caso de decisión de resolución, basta con remitirse a los apartados 56 a 61 de la presente sentencia.
80
A la luz de todo lo anterior, en contra de lo que aduce la recurrente, la interpretación que el Tribunal General realizó del artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81 ni tergiversa los apartados 2 y 3 del artículo 7 del referido Reglamento de Ejecución ni los priva de eficacia.
81
Por consiguiente, la cuarta parte debe desestimarse por infundada.
82
Por lo que respecta a la quinta parte del primer motivo de casación, basada en la vulneración del principio lex specialis generalibus derogat y alegada con carácter subsidiario, procede considerar que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 no puede considerarse una lex specialis que establezca una excepción, en particular, al artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014.
83
En efecto, como señaló la Abogada General en el punto 87 de sus conclusiones, el Reglamento n.o 806/2014, en su condición de reglamento de base, tiene un rango normativo superior al del Reglamento de Ejecución 2015/81, de manera que, a falta de una excepción o de una disposición expresa en tal sentido, las disposiciones del Reglamento de Ejecución 2015/81 no pueden prevalecer sobre las disposiciones pertinentes del Reglamento n.o 806/2014.
84
Además, procede señalar que el artículo 70, apartado 7, del Reglamento n.o 806/2014 faculta al Consejo para adoptar actos de ejecución como el Reglamento de Ejecución 2015/81, a fin de determinar las condiciones de ejecución de los apartados 1 a 3 de ese artículo 70. Ahora bien, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Consejo no puede completar o modificar el acto legislativo, ni siquiera en sus elementos no esenciales, mediante actos de ejecución (sentencia de 28 de febrero de 2023, Fenix International, C‑695/20, EU:C:2023:127, apartados 48 y 49). Por consiguiente, el Consejo no puede modificar, mediante el Reglamento de Ejecución 2015/81, el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014.
85
En cualquier caso, como arguye la JUR, es preciso señalar que, a la luz del análisis realizado en el marco de la tercera parte del presente motivo de casación, no existe ninguna contradicción entre el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014 y el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81.
86
Por otra parte, de los apartados 76 a 80 de la presente sentencia se desprende que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 debe interpretarse teniendo en cuenta el artículo 7, apartado 1, de ese Reglamento de Ejecución y que la interpretación realizada por el Tribunal General de ese artículo 7, apartado 1, no tergiversa los apartados 2 y 3 del referido artículo 7 ni los priva de eficacia.
87
De estos elementos se desprende que debe desestimarse la quinta parte del primer motivo.
88
Al no haberse acogido ninguna de las partes del primer motivo de casación invocado por la recurrente, procede desestimar este motivo en su totalidad.
Segundo motivo de casación, basado en la falta de motivación
Alegaciones de las partes
89
La recurrente sostiene que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación y de motivación contradictoria. En particular, apunta contradicciones en los apartados 30, 33, 36, 41 y 43 de esa sentencia, en los que el Tribunal General declaró, en esencia, lo siguiente:
–
en primer término, que los compromisos de pago irrevocables son aportaciones «debidamente recibidas» en el sentido del artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014, aunque no sean abonadas «inmediatamente»;
–
en segundo término, que esos compromisos son «irrevocables», no por ello dejando de afirmar a continuación que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 tiene por objeto «poner[les] fin», «de modo que no perdure[n] tras la salida de la entidad [de crédito] contribuyente del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014»;
–
en tercer término, que, como se ha señalado, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 tiene por objeto «poner fin» a los compromisos de pago irrevocables, mientras que el Tribunal General afirma que esa disposición tiene por objeto «asegurarse de que los recursos financieros del FUR estarán a disposición de la JUR lo antes posible en caso de resolución», y,
–
en cuarto término, que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 no puede aplicarse «en detrimento del FUR» y afectando a su «capacidad financiera [o a su] liquidez», de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 y en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81, sin demostrar, a juicio de la recurrente, de qué modo la aplicación de dicho artículo 7, apartado 3, puede «afectar […] la capacidad financiera [o] la liquidez del FUR», o la finalidad de alcanzar el nivel fijado como objetivo en dicho artículo 69, apartado 1. En cualquier caso, según la recurrente, el Tribunal General no demuestra en qué medida esta disposición y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81 son suficientemente precisos para impedir el mecanismo claro y preciso de devolución previsto en el artículo 7, apartado 3, de ese Reglamento de Ejecución o imponer una obligación de abono en circunstancias no previstas en el artículo 7, apartado 2, de dicho Reglamento de Ejecución, cuyo tenor también es claro y preciso.
90
La JUR rebate esas alegaciones.
Apreciación del Tribunal de Justicia
91
Procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General le exige mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento que ha seguido, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional (sentencia de 20 de abril de 2023, Consejo/El-Qaddafi, C‑413/21 P, EU:C:2023:306, apartado 41 y jurisprudencia citada).
92
Una motivación contradictoria o incomprensible equivale a la inexistencia de motivación (sentencia de 20 de abril de 2023, Consejo/El-Qaddafi, C‑413/21 P, EU:C:2023:306, apartado 42 y jurisprudencia citada).
93
En el caso de autos, procede señalar, en primer lugar, como hace la Abogada General en los puntos 95 y siguientes de sus conclusiones, que no existe contradicción alguna en la motivación entre la observación del Tribunal General, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, según la cual los compromisos de pago irrevocables no son contribuciones abonadas «inmediatamente», sino cuyo pago se «aplaza», y la afirmación del Tribunal General, en el apartado 30 de la sentencia recurrida, según la cual los compromisos de pago irrevocables suscritos por una entidad constituyen aportaciones «debidamente recibidas». En efecto, la prohibición de reembolso de las aportaciones ex ante establecida en el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014 abarca todos los recursos financieros disponibles, incluidos los compromisos de pago irrevocables.
94
A continuación, tampoco es contradictorio solicitar el pago de la obligación subyacente al compromiso de pago irrevocable, aunque este se anule. En efecto, la obligación jurídica de pago de las aportaciones ex ante para un período de contribución determinado perdura, ya que los compromisos de pago irrevocables solo son facilidades opcionales puestas a disposición de las entidades de crédito por este concepto.
95
Por otra parte, al considerar que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 permite poner medios a disposición del FUR «en caso de resolución», el Tribunal General no contradice el razonamiento por el que declaró que la entidad de crédito tiene una obligación incondicional de abonar el importe correspondiente al compromiso de pago irrevocable. Debido a esta obligación incondicional, tal entidad no puede quedar exenta del pago del importe respaldado por los compromisos de pago irrevocables, lo que permite que los medios a disposición del FUR estén rápidamente disponibles «en caso de resolución». Tales son la razón de ser del FUR y la finalidad de alcanzar el nivel fijado como objetivo de este por la legislación de la Unión.
96
Por último, como se desprende de la respuesta al primer motivo de casación, el Tribunal General motivó debidamente por qué el riesgo asumido por el FUR y la finalidad de alcanzar el nivel fijado como objetivo obstaban a que las aportaciones ex ante en forma de compromisos de pago irrevocables desaparecieran como consecuencia de la salida de una entidad de crédito del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014.
97
Teniendo en cuenta que ninguna de las alegaciones formuladas por la recurrente para demostrar la falta de motivación de la sentencia recurrida y su carácter contradictorio parece sostenerse, procede desestimar el segundo motivo de casación.
98
Comoquiera que no se ha estimado ninguno de los motivos invocados por la recurrente para fundamentar su recurso de casación, procede desestimar este en su totalidad.
Costas
99
A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
100
Al haber solicitado la JUR la condena en costas de la recurrente y al haber sido desestimados todos los motivos de casación invocados por esta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de la JUR.
101
En virtud del artículo 184, apartado 4, de dicho Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá decidir que una parte coadyuvante en primera instancia que haya participado en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia cargue con sus propias costas. Con arreglo a esta disposición, la Fédération bancaire française cargará con sus propias costas.
102
El artículo 140, apartado 1, del mismo Reglamento de Procedimiento, aplicable también al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, dispone que los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. En consecuencia, la República Francesa cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar a BNP Paribas Public Sector SA a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Junta Única de Resolución (JUR).
3)
La Fédération bancaire française y la República Francesa cargarán cada una con sus propias costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.