62022CJ0303_RES
Asunto C‑303/22
CROSS Zlín a.s.
contra
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soud v Brně)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 18 de enero de 2024
«Procedimiento prejudicial — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras — Directiva 89/665/CEE — Acceso a los procedimientos de recurso — Artículos 2, apartado 3, y 2 bis, apartado 2 — Obligación de los Estados miembros de establecer un procedimiento de recurso con efecto suspensivo — Órgano de recurso de primera instancia — Recurso sobre la decisión de adjudicación de un contrato — Artículo 2, apartado 9 — Órgano responsable de los procedimientos de recurso de carácter no jurisdiccional — Celebración de un contrato público antes de la interposición de un recurso jurisdiccional contra una decisión de dicho órgano — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Tutela judicial efectiva»
Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras — Directiva 89/665/CEE — Obligación de los Estados miembros de establecer un procedimiento de recurso con efecto suspensivo — Alcance — Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial — Normativa nacional que prohíbe la celebración de un contrato solo hasta la resolución del órgano de recurso de primera instancia — Procedencia — Carácter jurisdiccional o no jurisdiccional de dicho órgano — Irrelevancia
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Directiva 89/665/CE del Consejo, arts. 2, ap. 3, y 2 bis, ap. 2)
(véanse los apartados 46 a 50, 54, 57 a 59, 63, 65, 68 a 70 y 74)
Resumen
Al conocer de una petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský soud v Brně (Tribunal Regional de Brno, República Checa), el Tribunal de Justicia aporta precisiones sobre la interpretación de la Directiva 89/665, (
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) sobre procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos, a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), relativo al derecho a la tutela judicial efectiva.
En el marco de un contrato público, la Statutární město Brno (Ciudad de Brno, República Checa) recibió, como poder adjudicador, dos ofertas. Tras la exclusión de la sociedad CROSS Zlín a.s. por incumplimiento del pliego de condiciones, el contrato se adjudicó, el 7 de abril de 2020, a Siemens Mobility s. r. o.
CROSS Zlín presentó una reclamación contra dicha exclusión, que fue desestimada mediante resolución de 4 de mayo de 2020. A raíz de esta desestimación, solicitó a la Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Oficina de Defensa de la Competencia, República Checa) (en lo sucesivo, «Oficina») la anulación de dicho anuncio de exclusión, así como de la decisión de adjudicación del contrato de que se trata a Siemens Mobility. Mediante resolución de 5 de agosto de 2020 la Oficina desestimó su solicitud. Cross Zlín presentó entonces una reclamación contra esta decisión, que el presidente de la Oficina, en su condición de órgano administrativo de segunda instancia, desestimó mediante resolución de 9 de noviembre de 2020. El 18 de noviembre de 2020, el poder adjudicador celebró el contrato público con Siemens Mobility.
CROSS Zlín interpuso un recurso ante el Tribunal Regional de Brno, que es el órgano jurisdiccional remitente, contra esta resolución del presidente de la Oficina. Paralelamente a dicho recurso, CROSS Zlín solicitó que se le reconociera efecto suspensivo en relación con la celebración del contrato y que se adoptara una medida cautelar consistente en prohibir al poder adjudicador celebrar o ejecutar dicho contrato. El órgano jurisdiccional remitente desestimó esta solicitud aplicando el Derecho checo. (
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)
Al albergar dudas sobre si la Directiva 89/665 (
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) y la exigencia de garantizar la tutela judicial efectiva derivada del artículo 47 de la Carta se oponen a la normativa checa, que permite a un poder adjudicador celebrar un contrato público antes de que expire el plazo previsto para la interposición de un recurso judicial contra la resolución del órgano administrativo de segunda instancia o antes de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto pueda pronunciarse sobre una solicitud de adopción de una medida cautelar que prohíba la celebración del contrato hasta que adquiera firmeza la resolución sobre dicho recurso, el Tribunal Regional de Brno planteó al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación de dicha Directiva.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva 89/665 contiene disposiciones detalladas que prevén un sistema coherente de procedimientos de recurso en materia de contratación pública. A este respecto, dicha Directiva (
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) establece, por una parte, que los Estados miembros velarán por que las personas que tengan o hayan tenido interés en obtener un determinado contrato y que se hayan visto o puedan verse perjudicadas por una presunta infracción dispongan de plazos suficientes para interponer recursos eficaces contra las decisiones de adjudicación de contratos adoptadas por los poderes adjudicadores, para lo cual adoptarán las disposiciones necesarias respetando los plazos mínimos de suspensión de la celebración del contrato (
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) y, por otra parte, que, cuando dichas personas interpongan tal recurso, el poder adjudicador no podrá celebrar el contrato hasta que el órgano que conoce del recurso se pronuncie bien sobre la solicitud de medidas cautelares, bien sobre el recurso.
El Tribunal de Justicia observa, en segundo lugar, que de la misma Directiva se desprende que los Estados miembros tienen la posibilidad de atribuir a órganos no jurisdiccionales la competencia para conocer de los recursos contra las decisiones de adjudicación de un contrato público. En tal caso, cualquier medida presuntamente ilegal y cualquier presunta infracción de un órgano de recurso no jurisdiccional deben poder ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso que sea, en esencia, jurisdiccional en el sentido del Derecho de la Unión. Pues bien, la Directiva 89/665, al formular la obligación de suspensión de la celebración del contrato público, no hace referencia alguna a dicho recurso judicial.
En estas circunstancias, cuando un Estado miembro decide atribuir la competencia para conocer de los procedimientos de recurso contra las decisiones de adjudicación de un contrato público a un órgano de primera instancia no jurisdiccional, los términos «órgano que examine el recurso» que figura en el artículo 2, apartado 3, de dicha Directiva se refieren a este órgano. Por consiguiente, los Estados miembros deben prever la suspensión de la celebración del contrato público de que se trate, ya sea de pleno Derecho hasta que dicho órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el recurso, o bien, al menos, hasta que se pronuncie sobre una demanda de medidas provisionales dirigida a obtener tal suspensión.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva 89/665 (
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) no exige que esa suspensión subsista una vez finalizado el procedimiento ante tal órgano de recurso no jurisdiccional, por ejemplo, hasta que un órgano jurisdiccional se pronuncie sobre el recurso que puede interponerse contra la resolución de dicho órgano de recurso no jurisdiccional.
Esa conclusión es coherente con los objetivos perseguidos por la Directiva 89/665, que pretende garantizar el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, consagrado en el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Carta.
En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia señala que, en virtud de la Directiva 89/665, (
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) un Estado miembro podrá disponer que, cuando un contrato se haya celebrado una vez finalizada la suspensión de su celebración, las facultades del órgano responsable de los procedimientos de recurso se limiten a la concesión de una indemnización por daños y perjuicios a cualquier persona perjudicada por una infracción del Derecho de la Unión en materia de contratos públicos o de las normas nacionales que transponen dicho Derecho.
A este respecto, el Tribunal de Justicia afirma que esta interpretación no puede ser cuestionada por la sentencia Randstad Italia. (
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) En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia interpretó que el concepto de «órgano de recurso independiente», en el sentido del artículo 2 bis, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 89/665, se refiere a un juez independiente e imparcial, pero circunscribió expresamente esta última interpretación, precisando que se aplicaba «para determinar si un licitador ha quedado definitivamente excluido».
En quinto y último lugar, el Tribunal de Justicia subraya que, a falta, en la legislación de un Estado miembro, de una suspensión de pleno Derecho de la celebración de un contrato público hasta la fecha en que el órgano que conoce del recurso en primera instancia se pronuncie sobre el recurso, y cuando dicho órgano de recurso no tenga carácter jurisdiccional, la desestimación, por este órgano, de una solicitud de medidas provisionales que tenga por objeto prohibir la celebración de un contrato público hasta el momento en que dicho órgano se pronuncie sobre dicho recurso debe poder ser objeto de un recurso jurisdiccional con efecto suspensivo hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del asunto se pronuncie sobre tales medidas provisionales.
Este requisito se desprende de la lectura de la Directiva 89/665. Así pues, para garantizar el carácter efectivo de un recurso contra la decisión de un órgano no jurisdiccional de primera instancia por la que se desestima una solicitud de medidas provisionales dirigida a prohibir la celebración de un contrato público hasta la fecha en que dicho órgano se pronuncie, por una parte, el licitador afectado debe poder disfrutar de un plazo suspensivo razonable para permitirle interponer ese recurso y, por otra parte, si se interpone este, la suspensión de la celebración de ese contrato debe perdurar hasta que el órgano jurisdiccional que conozca del recurso se pronuncie sobre dicho recurso.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia concluye que la normativa checa, que solo prohíbe al poder adjudicador celebrar un contrato público hasta la fecha en que el órgano de primera instancia se pronuncie sobre el recurso contra la decisión de adjudicación de dicho contrato, no es contraria a la Directiva 89/665, sin que sea pertinente, a este respecto, la cuestión de si dicho órgano de recurso tiene o no carácter jurisdiccional.
(
1
)	Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO 1989, L 395, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO 2014, L 94, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 89/665»).
(
2
)	A saber, artículos 241, 242, 245, 246, 254, 257 y 264 de la zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Ley n.o 134/2016, sobre adjudicación de contratos públicos), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley n.o 134/2016»).
(
3
)	Artículos 2, apartado 3, y 2 bis, apartado 2, de la Directiva 89/665.
(
4
)	Artículo 2 bis, apartado 1, de la Directiva 89/665.
(
5
)	Artículo 2 bis, apartado 2, de la Directiva 89/665.
(
6
)	Artículo 2, apartado 3, de la Directiva 89/665, a la luz de su artículo 2, apartado 9.
(
7
)	Artículo 2, apartado 7, párrafo segundo, de la Directiva 89/665.
(
8
)	Sentencia de 21 de diciembre de 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037.