62023CJ0583
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 9 de enero de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Directiva 2014/41/UE — Orden europea de investigación en materia penal — Ámbito de aplicación material — Concepto de “medida de investigación” — Notificación de un auto de procesamiento que va acompañado de una orden de prisión provisional y constitución de fianza — Declaración de la persona encausada»
En el asunto C‑583/23 [Delda], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), mediante resolución de 19 de septiembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de septiembre de 2023, en el procedimiento relativo al reconocimiento y la ejecución de una orden europea de investigación referente a
AK,
con intervención de:
Ministère public,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Presidente de la Sala Tercera, en funciones de Presidente de la Sala Cuarta, y el Sr. S. Rodin y la Sra. O. Spineanu-Matei, Jueces;
Abogado General: Sr. A. M. Collins;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de AK, por la Sra. I. Zribi, avocate;
–
en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard, la Sra. B. Dourthe y el Sr. B. Fodda, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. M. K. Bulterman y el Sr. J. M. Hoogveld, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. F. Blanc, el Sr. H. Leupold y la Sra. J. Vondung, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de octubre de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1 y 3 de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO 2014, L 130, p. 1; corrección de errores en DO 2017, L 328, p. 142).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de una solicitud de ejecución, en Francia, de una orden europea de investigación emitida por las autoridades españolas referente a AK.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Convenio de 29 de mayo de 2000
3
El artículo 5 del Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO 2000, C 197, p. 3; en lo sucesivo, «Convenio de 29 de mayo de 2000»), titulado «Envío y notificación de documentos procesales», establece, en su apartado 1:
«Cada uno de los Estados miembros enviará directamente por correo a las personas que se hallen en el territorio de otro Estado miembro los documentos procesales dirigidos a ellas.»
Directiva 2014/41
4
El considerando 25 de la Directiva 2014/41 indica:
«La presente Directiva establece normas para la práctica de una medida de investigación en cualquiera de las fases del procedimiento penal, incluida la de la vista, si es preciso con la participación del interesado, a efectos de la obtención de pruebas. Puede emitirse, por ejemplo, una OEI a efectos del traslado temporal de la persona en cuestión al Estado de emisión, o para la realización de una comparecencia por videoconferencia. No obstante, si se debe trasladar a la persona a otro Estado miembro a efectos de su enjuiciamiento, con inclusión de su puesta a disposición de un órgano jurisdiccional para ser sometida a juicio, deberá emitirse una orden de detención europea de conformidad con la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo[, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1)].»
5
El artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva establece:
«La orden europea de investigación (OEI) será una resolución judicial emitida o validada por una autoridad judicial de un Estado miembro (“el Estado de emisión”) para llevar a cabo una o varias medidas de investigación en otro Estado miembro (“el Estado de ejecución”) con vistas a obtener pruebas con arreglo a la presente Directiva.
También se podrá emitir una OEI para obtener pruebas que ya obren en poder de las autoridades competentes del Estado de ejecución.»
6
El artículo 3 de la citada Directiva dispone lo siguiente:
«La OEI comprenderá todas las medidas de investigación con excepción de la creación de un equipo conjunto de investigación y la obtención de pruebas en dicho equipo, como queda establecido en el artículo 13 del Convenio [de 29 de mayo de 2000] y en la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo[, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigación (DO 2002, L 162, p. 1)], salvo a efectos de la aplicación, respectivamente, del artículo 13, apartado 8, [de ese] Convenio y del artículo 1, apartado 8, de la Decisión Marco.»
7
El artículo 9 de la Directiva 2014/41 establece:
«1.   La autoridad de ejecución deberá reconocer una OEI, transmitida de conformidad con la presente Directiva sin requerir otra formalidad, y se asegurará de que se ejecute de la misma manera y bajo las mismas circunstancias que si la medida de investigación de que se trate hubiera sido ordenada por una autoridad del Estado de ejecución, salvo que la autoridad de ejecución decida invocar alguno de los motivos de denegación del reconocimiento o de la ejecución de la OEI, o alguno de los motivos de aplazamiento contemplados en la presente Directiva.
2.   La autoridad de ejecución observará las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad de emisión, salvo que la presente Directiva disponga lo contrario y siempre que tales formalidades y procedimientos no sean contrarios a los principios jurídicos fundamentales del Estado de ejecución.
[…]
6.   La autoridad de emisión y la de ejecución podrán consultarse entre sí, por cualquier medio adecuado, a fin de facilitar la aplicación eficaz del presente artículo.»
8
El artículo 10 de esta Directiva dispone, en sus apartados 1 y 2:
«1.   La autoridad de ejecución recurrirá, siempre que sea posible, a una medida de investigación distinta de la prevista en la OEI, cuando:
a)
la medida de investigación indicada en la OEI no existe en el Derecho nacional del Estado de ejecución, o
b)
la medida de investigación requerida en la OEI no existe en un caso interno similar.
2.   Sin perjuicio del artículo 11, el apartado 1 no se aplicará a las siguientes medidas de investigación, que siempre tienen que existir en el Derecho nacional del Estado de ejecución:
[…]
c)
la declaración de un testigo, un perito, una víctima, un investigado o acusado o un tercero en el territorio del Estado de ejecución;
[…]».
9
A tenor del artículo 13 de la citada Directiva:
«1.   El Estado de ejecución trasladará sin demora indebida al Estado de emisión las pruebas obtenidas como resultado de la ejecución de la OEI, o las pruebas que ya obren en poder de las autoridades competentes del Estado de ejecución.
Siempre que se solicite en la OEI y si es posible con arreglo al Derecho interno del Estado de ejecución, las pruebas se trasladarán inmediatamente a las autoridades competentes del Estado de emisión que participen en la ejecución de la OEI de conformidad con el artículo 9, apartado 4.
[…]
4.   Cuando los objetos, documentos o datos de que se trate sean relevantes ya respecto de otros procedimientos, la autoridad de ejecución, previa petición expresa y tras mantener consultas con la autoridad de emisión, podrá trasladar temporalmente las pruebas con la condición de que se devuelvan al Estado de ejecución tan pronto como el Estado de emisión deje de necesitarlas, o en cualquier otro momento u ocasión convenidos entre las autoridades competentes.»
10
El artículo 15, apartado 1, de la misma Directiva establece:
«Se podrá aplazar el reconocimiento o ejecución de la OEI en el Estado de ejecución si:
[…]
b)
los objetos, documentos o datos de que se trate están siendo utilizados en otros procedimientos, hasta que ya no se requieran con este fin.»
11
El artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2014/41 establece lo siguiente:
«Se podrá emitir una OEI para el traslado temporal de una persona detenida en el Estado de ejecución con el fin de llevar a cabo una medida de investigación encaminada a la obtención de pruebas que requiera su presencia en el territorio del Estado de emisión, siempre que sea devuelta en el período estipulado por el Estado de ejecución.»
12
El artículo 23, apartado 1, de dicha Directiva tiene el siguiente tenor:
«Se podrá emitir una OEI para el traslado temporal de un detenido en el Estado de emisión con el fin de llevar a cabo una medida de investigación encaminada a la obtención de pruebas que requiera su presencia en el territorio del Estado de ejecución.»
13
Según el artículo 24, apartado 1, de la citada Directiva:
«Cuando una persona se encuentre en el territorio del Estado de ejecución y deba ser oída como testigo o perito por las autoridades competentes del Estado de emisión, la autoridad de emisión podrá emitir una OEI para que la comparecencia del testigo o del perito se realice por videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual, de conformidad con los apartados 5 a 7.
La autoridad de emisión podrá también emitir una OEI a efectos de que un investigado o acusado sean oídos por videoconferencia u otro medio de transmisión audiovisual.»
14
El formulario de orden europea de investigación, que figura en el anexo A de la misma Directiva, incluye, entre otras, una sección titulada «Medida o medidas de investigación que deben realizarse», que contiene varias casillas que pueden marcarse, entre ellas, la casilla «Vista oral [de un] investigado o acusado», y una sección titulada «Motivos de la emisión de la OEI», en la cual se pide a la autoridad judicial del Estado de emisión que exponga los motivos por los que se ha emitido esa orden.
Derecho francés
15
El artículo 694‑16 del code de procédure pénale (Código de Enjuiciamiento Criminal) dispone:
«Una orden europea de investigación es una resolución judicial emitida por un Estado miembro, denominado Estado de emisión, por la que se solicita a otro Estado miembro, denominado Estado de ejecución, utilizando formularios comunes a todos los Estados, que realice en un determinado plazo, en su territorio, investigaciones dirigidas a la obtención de pruebas relativas a un delito o a la comunicación de pruebas que ya obren en su poder.
La orden europea de investigación también podrá tener por objeto impedir de forma cautelar en el territorio del Estado de ejecución cualquier actividad de destrucción, transformación, desplazamiento, transferencia o enajenación de un objeto que pudiera emplearse como prueba.
También puede tener por objeto el traslado temporal al Estado de emisión de una persona detenida en el Estado de ejecución, a fin de permitir la realización en el Estado de emisión de actuaciones procesales que exijan la presencia de esa persona, o el traslado temporal al Estado de ejecución de una persona detenida en el Estado de emisión con el fin de que participe en las investigaciones solicitadas en ese territorio.
Las pruebas mencionadas en los dos primeros párrafos también podrán referirse al incumplimiento por una persona de obligaciones derivadas de una condena penal, aun cuando dicho incumplimiento no sea constitutivo de delito.»
16
El artículo 696‑44 de dicho Código establece lo siguiente:
«En caso de que se incoe un procedimiento penal en el extranjero, cuando un Gobierno extranjero considere necesario notificar un escrito procesal o una sentencia a un residente en territorio francés, el documento se transmitirá en la forma prevista en los artículos 696‑8 y 696‑9, acompañado, en su caso, de una traducción al francés. La notificación se efectuará personalmente, a instancia del Ministerio Fiscal. La copia original de la notificación se remitirá al Gobierno solicitante por la misma vía.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
17
El 1 de marzo de 2021, las autoridades judiciales españolas emitieron una orden europea de investigación dirigida a las autoridades judiciales francesas para que se notificara a AK, privada de libertad en Francia, un auto de procesamiento dictado el 30 de septiembre de 2009 por el Juzgado Central de Instrucción n.o 4 de la Audiencia Nacional y para que esta persona pudiera, en presencia de su abogado, «efectuar alegaciones, como mejor proceda en Derecho, sobre los hechos en cuestión». Este auto iba acompañado de una orden de prisión provisional y de constitución de fianza por valor de 30000 euros.
18
El 19 de julio de 2021, un juez de instrucción del tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia) notificó, mediante acta, a AK, en presencia de su abogado, el auto de procesamiento, entregó a la interesada y a su abogado una copia de ese auto en lengua española y le tomó declaración. El 20 de julio de 2021, AK presentó un recurso de anulación contra esta comparecencia ante la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia) basándose en que la solicitud de las autoridades españolas no constituía una orden europea de investigación, tal como se la define en el artículo 694‑16 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
19
El 20 de abril de 2022, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) desestimó ese recurso al considerar, en particular, que las autoridades judiciales españolas habían solicitado no solo que se notificara a AK el auto de procesamiento, sino también que esta pudiera «efectuar alegaciones, como mejor proceda en Derecho, sobre los hechos en cuestión». Dicho órgano jurisdiccional destacó igualmente, por un lado, que la resolución de las autoridades judiciales españolas precisaba, en la rúbrica «Motivos de la emisión de la OEI», que los actos solicitados se inscribían «en el marco de la comprobación de la comisión de los hechos, junto con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y en la culpabilidad de los delincuentes», y, por otro lado, que, aunque dichas autoridades no habían marcado la casilla «Vista oral [de un] investigado o acusado» en la rúbrica «Medida o medidas de investigación que deben realizarse», sí que habían solicitado claramente que se hicieran constar en acta las declaraciones de AK sobre los hechos que se le imputaban. De lo anterior, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) dedujo que, al instar a la interesada a que se pronunciara sobre los hechos, en presencia de su abogado y respetando el derecho de defensa, las autoridades españolas habían solicitado que se llevaran a cabo investigaciones dirigidas a la obtención de pruebas relativas a un delito.
20
AK interpuso un recurso de casación contra esta sentencia ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), que es el órgano jurisdiccional remitente. Sostuvo que la emisión de una orden europea de investigación no puede tener por objeto la puesta en conocimiento de los cargos formulados contra una persona y notificar a esta que un órgano jurisdiccional competente va a enjuiciarlos, ya que una notificación de esa índole pertenece al ámbito de otros instrumentos de cooperación judicial, en particular del artículo 696‑44 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
21
En el procedimiento ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación), el abogado general de este órgano jurisdiccional consideró, en cambio, que la resolución adoptada por las autoridades jurisdiccionales españolas contenía medidas de investigación referidas, de manera indisociable, a la notificación del auto de procesamiento de AK y a que se dejara constancia de sus alegaciones ante una autoridad judicial en presencia de su abogado, para respetar su derecho de defensa, y que el propósito de dicha resolución era, por tanto, llevar a cabo investigaciones dirigidas a la obtención de pruebas relativas a un delito.
22
El órgano jurisdiccional remitente, que recalca que la Directiva 2014/41 fue transpuesta al ordenamiento jurídico francés mediante los artículos 694‑15 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Criminal, indica que el Tribunal de Justicia nunca se ha pronunciado sobre el ámbito de aplicación material de la orden europea de investigación y, más concretamente, sobre si este comprende la notificación de una decisión de procesamiento que va acompañada de una orden de prisión provisional y de constitución de fianza.
23
En tales circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse los artículos 1 y 3 de la Directiva 2014/41 en el sentido de que permiten a la autoridad judicial de un Estado miembro emitir o validar una orden europea de investigación que tiene por objeto, por una parte, la notificación a la persona sospechosa de un auto de procesamiento, que contiene además una orden de encarcelamiento y de constitución de fianza, y, por otra parte, su declaración para que, en presencia de su abogado, pueda formular todas las observaciones oportunas sobre los hechos mencionados en dicho auto?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
24
En respuesta a una solicitud de información remitida por el Tribunal de Justicia el 27 de octubre de 2023, el órgano jurisdiccional remitente indicó, el 23 de noviembre de 2023, por un lado, que AK fue entregada a las autoridades judiciales españolas el 9 de septiembre de 2022, en ejecución de tres sentencias dictadas por la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) los días 26 de septiembre de 2018 y 9 de octubre de 2019, y, por otro lado, que el acta de la comparecencia de 19 de julio de 2021 había sido transmitida a las autoridades judiciales españolas.
Sobre la cuestión prejudicial
25
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 1 y 3 de la Directiva 2014/41 deben interpretarse en el sentido de que una resolución mediante la cual una autoridad judicial de un Estado miembro solicita a una autoridad judicial de otro Estado miembro, por un lado, que notifique a la persona afectada un auto de procesamiento dictado en su contra que va acompañado de una orden de prisión preventiva y de constitución de fianza y, por otro lado, que permita a esa persona formular sus alegaciones sobre los hechos descritos en ese auto, constituye una medida de investigación que pueda ser objeto de una orden europea de investigación, en el sentido de la citada Directiva.
26
A tenor del artículo 1 de la Directiva 2014/41, la orden europea de investigación es una resolución judicial emitida o validada por una autoridad judicial del Estado miembro de emisión para llevar a cabo una o varias medidas de investigación en el Estado miembro de ejecución con vistas a obtener pruebas. Por lo que se refiere al artículo 3 de la citada Directiva, en él se indica que la orden europea de investigación comprende todas las medidas de investigación con excepción de la creación de un equipo conjunto de investigación y la obtención de pruebas en dicho equipo.
27
A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que la Directiva 2014/41 no define con más precisión qué debe entenderse por «medida de investigación», en el sentido de sus artículos 1 y 3, ni tampoco se remite al Derecho de los Estados miembros para definir tal concepto. Por lo tanto, este ha de ser objeto de una interpretación autónoma en el Derecho de la Unión, que tenga en cuenta no solo el tenor de las referidas disposiciones, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de abril de 2024, M. N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, apartado 109].
28
En primer término, por lo que respecta al tenor de los artículos 1 y 3 de la Directiva 2014/41, el concepto de «medida de investigación» con fines represivos remite, en su sentido habitual, a cualquier acto de investigación destinado a demostrar la existencia de un hecho punible, las circunstancias en las que se ha cometido y la identidad de su autor. Confirma esta interpretación la afirmación, contenida, entre otros, en ese artículo 1, según la cual la medida de investigación debe tener por finalidad que el Estado miembro de emisión obtenga «pruebas».
29
En segundo término, como señaló el Abogado General, en esencia, en los puntos 28 a 30 de sus conclusiones, el contexto en el que se inscriben los artículos 1 y 3 de la Directiva 2014/41 corrobora esta interpretación.
30
De este modo, para empezar, el artículo 10, apartado 2, al igual que los artículos 24 a 31 de la Directiva 2014/41, enumeran una serie de medidas de investigación, siendo el propósito de todas ellas obtener informaciones destinadas a determinar los hechos o la identidad de su autor.
31
Seguidamente, aunque de los artículos 22 y 23 de esta Directiva se infiere que una orden europea de investigación también puede tener por objeto el traslado de personas detenidas, estos artículos precisan, no obstante, que ese traslado solo puede tener lugar con el fin de llevar a cabo una medida de investigación encaminada a la obtención de pruebas que requieran la presencia de esa persona en el territorio del Estado miembro al cual se ha solicitado su traslado. En cambio, del considerando 25 de la referida Directiva se desprende que, si se debe trasladar a la persona afectada a otro Estado miembro a efectos de su enjuiciamiento, con inclusión de su puesta a disposición de un órgano jurisdiccional para ser sometida a juicio, deberá emitirse una orden de detención europea, sin que esta pueda ser sustituida por una orden europea de investigación.
32
Por último, de los artículos 13 y 15 de la Directiva 2014/41 se desprende que la finalidad de la emisión de una orden europea de investigación estriba en que las pruebas obtenidas o que ya obren en poder de las autoridades del Estado miembro de ejecución sean trasladadas al Estado miembro de emisión (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster, C‑66/20, EU:C:2021:670, apartado 41). Por lo tanto, la medida de investigación debe tener por objeto, en definitiva, que el Estado miembro de ejecución transmita determinadas pruebas al Estado miembro de emisión, identificándose esas pruebas, en los citados artículos 13, apartado 4, y 15, apartado 1, letra b), como objetos, documentos o datos.
33
En tercer término, el objetivo perseguido por la Directiva 2014/41 confirma también tal interpretación del concepto de «medidas de investigación».
34
En efecto, por una parte, esta Directiva tiene por objeto reemplazar el marco fragmentario y complejo existente en materia de obtención de pruebas en los asuntos penales de dimensión transfronteriza y persigue, mediante el establecimiento de un sistema simplificado y más eficaz basado en un instrumento único denominado «orden europea de investigación», facilitar y acelerar la cooperación judicial [sentencia de 30 de abril de 2024, M. N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, apartado 86]. De ello se deduce que, al adoptar esta Directiva, el legislador de la Unión quiso mejorar la cooperación judicial en materia de obtención de pruebas en los asuntos penales transfronterizos.
35
Por otra parte, el objetivo de simplificación y eficacia de la cooperación judicial perseguido por la Directiva 2014/41 requiere una identificación simple e inequívoca de los elementos clave del mecanismo de la orden europea de investigación [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2023, Staatsanwaltschaft Graz (Oficina Tributaria para delitos fiscales de Düsseldorf), C‑16/22, EU:C:2023:148, apartado 43]. Pues bien, el propio concepto de «medida de investigación» figura entre esos elementos clave, de modo que este objetivo aboga también en favor de una definición simple y usual de este concepto, como la que se expone en el apartado 28 de la presente sentencia.
36
En segundo lugar, es preciso examinar si las medidas solicitadas mediante una decisión como la que es objeto del litigio principal constituyen medidas de investigación en el sentido de la Directiva 2014/41.
37
Por lo que respecta, en primer término, a la solicitud de las autoridades judiciales de un Estado miembro dirigida a las autoridades judiciales de otro Estado miembro de que se notifique a la persona afectada el auto de procesamiento dictado en su contra, ha de señalarse que dicha notificación no puede constituir, como tal, una medida de investigación en el sentido de la citada Directiva. En efecto, semejante notificación no va dirigida a obtener pruebas, sino que constituye una obligación procesal destinada a hacer que avance la acción pública iniciada contra la persona objeto de esta. Así pues, como señaló el Abogado General en el punto 34 de sus conclusiones, la notificación en otro Estado miembro de un acto como el señalado se rige, en principio, no por la citada Directiva, sino por el artículo 5 del Convenio de 29 de mayo de 2000.
38
En segundo término, el hecho de que, como ocurre en el presente asunto, el auto de procesamiento vaya acompañado de una orden de constitución de una fianza pecuniaria no modifica en absoluto la anterior apreciación, toda vez que la obligación de constituir tal fianza tampoco es una medida de investigación en el sentido de la Directiva 2014/41, como se desprende de los apartados 27 a 35 de la presente sentencia.
39
En lo que atañe, en tercer término, a la orden de prisión provisional que también puede acompañar al auto de procesamiento, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, salvo en los supuestos de traslado temporal de personas ya detenidas con el fin de llevar a cabo una medida de investigación, contemplados en los artículos 22 y 23 de la mencionada Directiva, la orden europea de investigación no vulnera el derecho a la libertad de la persona afectada, consagrado en el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [sentencia de 8 de diciembre de 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Órdenes de transferencia falsificadas), C‑584/19, EU:C:2020:1002, apartado 73].
40
De ello se deduce que, salvo en los supuestos contemplados en esos artículos 22 y 23, que no resultan pertinentes en el presente asunto, una orden europea de investigación no puede contener una solicitud de que se envíe a prisión o se mantenga en prisión a la persona objeto de la solicitud.
41
Por lo que respecta, en cuarto término, a la solicitud de que se tome declaración a la persona que es objeto del auto de procesamiento, es cierto que los artículos 10, apartado 2, letra c), y 24, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2014/41 mencionan expresamente la declaración de un investigado o un acusado entre las medidas que pueden ser objeto de una orden europea de investigación, en el sentido de dicha Directiva.
42
Dicho esto, como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 41 de sus conclusiones, para que pueda estar comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/41, tal solicitud de declaración debe tener como finalidad la obtención de pruebas, en el sentido de la referida Directiva. A la inversa, una toma de declaración que solo tuviera por objeto permitir al acusado formular sus alegaciones sobre el procesamiento tramitado en su contra no puede considerarse una medida de investigación en el sentido de la citada Directiva. En el presente asunto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar el objeto exacto de la solicitud de declaración de AK formulada por las autoridades judiciales españolas.
43
Para proporcionar una respuesta completa al órgano jurisdiccional remitente, es asimismo preciso indicar, para empezar, que, si la referida solicitud de declaración no tuviera por objeto obtener pruebas, las autoridades francesas no podrían legalmente dar curso, basándose en la Directiva 2014/41, a la resolución adoptada por las autoridades judiciales españolas.
44
En cambio, si la citada solicitud de declaración tuviera por objeto obtener pruebas y las autoridades judiciales españolas hubieran mencionado, en la resolución que es objeto del litigio principal, que, en virtud de su Derecho nacional, la declaración de AK solo podría tener lugar después de la notificación del auto de procesamiento, habría que considerar que, como excepción a lo que se indica en el apartado 37 de la presente sentencia, esta notificación podría ser solicitada a través de una orden europea de investigación. En efecto, del artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2014/41 se infiere que la autoridad de ejecución está obligada, en principio, a observar las formalidades y procedimientos expresamente indicados por la autoridad de emisión.
45
Así, en este último caso, las autoridades judiciales francesas habrían estado obligadas, en principio —sin perjuicio de los motivos de denegación del reconocimiento o de la ejecución y de aplazamiento contemplados en la Directiva 2014/41—, a ejecutar la resolución objeto del litigio principal en lo que se refiere tanto a la notificación del auto de procesamiento de AK como a la declaración de esta última y excluyendo la orden de prisión provisional y de constitución de fianza que acompañaba al citado auto.
46
No obstante, tal ejecución parcial de la resolución objeto del litigio principal solo podría haberse producido después de que, con arreglo al artículo 9, apartado 6, de la Directiva 2014/41, las autoridades francesas hubieran verificado con las autoridades españolas que estas últimas no se oponían a que la citada solicitud se ejecutara solo parcialmente.
47
En efecto, de la obligación de cooperación leal, consagrada en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero, se desprende que, para garantizar una cooperación eficaz en materia penal, las autoridades de emisión y de ejecución de una orden europea de investigación deben utilizar plenamente los instrumentos contemplados en la Directiva 2014/41, a fin de reforzar la confianza mutua en que se basa dicha cooperación [véase, por analogía, la sentencia de 18 de abril de 2023, E. D. L. (Motivo de denegación basado en enfermedad), C‑699/21, EU:C:2023:295, apartados 45 y 46].
48
Por último, si la solicitud de declaración de AK tuviera por objeto obtener pruebas y en la resolución de las autoridades españolas objeto del litigio principal no figurara en absoluto la mención a la que se hace referencia en el apartado 44 de la presente sentencia, procedería considerar que, sin perjuicio de los motivos de denegación del reconocimiento o de la ejecución y de aplazamiento contemplados en la Directiva 2014/41, las autoridades francesas estarían obligadas, en principio, a estimar únicamente dicha solicitud de declaración, tras verificar con las autoridades españolas que estas no se oponen a que la referida solicitud se ejecute solo parcialmente.
49
De todas las consideraciones anteriores resulta que los artículos 1 y 3 de la Directiva 2014/41 deben interpretarse en el sentido de que:
–
una resolución mediante la cual una autoridad judicial de un Estado miembro solicita a una autoridad judicial de otro Estado miembro que notifique a una persona un auto de procesamiento dictado en su contra no constituye, como tal, una orden europea de investigación en el sentido de la citada Directiva;
–
una resolución mediante la cual una autoridad judicial de un Estado miembro solicita a una autoridad judicial de otro Estado miembro que ordene la prisión provisional de una persona con fines distintos de los contemplados en los artículos 22 y 23 de la citada Directiva o le imponga la constitución de una fianza no constituye una orden europea de investigación en el sentido de esa misma Directiva;
–
una resolución mediante la cual una autoridad judicial de un Estado miembro solicita a una autoridad judicial de otro Estado miembro que permita a una persona formular sus alegaciones sobre los hechos descritos en el auto de procesamiento dictado en su contra constituye una orden europea de investigación, en el sentido de la Directiva 2014/41, siempre y cuando esta solicitud de declaración tenga por objeto obtener pruebas.
Costas
50
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
Los artículos 1 y 3 de la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal,
deben interpretarse en el sentido de que
–
una resolución mediante la cual una autoridad judicial de un Estado miembro solicita a una autoridad judicial de otro Estado miembro que notifique a una persona un auto de procesamiento dictado en su contra no constituye, como tal, una orden europea de investigación en el sentido de la citada Directiva;
–
una resolución mediante la cual una autoridad judicial de un Estado miembro solicita a una autoridad judicial de otro Estado miembro que ordene la prisión provisional de una persona con fines distintos de los contemplados en los artículos 22 y 23 de la citada Directiva o le imponga la constitución de una fianza no constituye una orden europea de investigación en el sentido de esa misma Directiva;
–
una resolución mediante la cual una autoridad judicial de un Estado miembro solicita a una autoridad judicial de otro Estado miembro que permita a una persona formular sus alegaciones sobre los hechos descritos en el auto de procesamiento dictado en su contra constituye una orden europea de investigación, en el sentido de la Directiva 2014/41, siempre y cuando esta solicitud de declaración tenga por objeto obtener pruebas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.