62023CC0641
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 3 de abril de 2025 (
1
)
Asunto C‑641/23 [Dubers] (
i
)
YM
con intervención de:
Openbaar Ministerie
[Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos)]
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2008/909/JAI — Reconocimiento de sentencias por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en otro Estado miembro — Artículo 7, apartados 3 y 4 — Artículo 9, apartado 1, letra d) — Motivo para el no reconocimiento y la no ejecución — Posibilidad de denegar el reconocimiento y la ejecución de una condena impuesta a raíz de una entrega supeditada a garantía de devolución — Artículo 25 — Ejecución de condenas a raíz de una orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Orden de detención europea — Artículo 2, apartado 4 — Requisito de la doble tipificación — Artículo 4, punto 1 — Motivo de no ejecución facultativa de la orden de detención europea — Artículo 5, punto 3 — Orden de detención europea emitida a efectos de entablar acciones penales — Entrega supeditada a la condición de que la persona reclamada sea devuelta al Estado miembro de ejecución para cumplir en este la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciarse en su contra en el Estado miembro emisor»
I. Introducción
1.
La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación, por un lado, de los artículos 7, apartado 4, 9, apartado 1, letra d), y 25 de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, (
2
) en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, (
3
) y, por otro lado, de los artículos 2, apartado 4, 4, punto 1, y 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, (
4
) en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299. (
5
)
2.
Esta petición se ha presentado en el contexto de la ejecución en los Países Bajos de una orden de detención europea emitida el 9 de mayo de 2023 por el Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Wydział III Karny (Tribunal Regional de Jelenia Góra, Sala Tercera de lo Penal, Polonia) contra YM a efectos de entablar acciones penales.
3.
Al adoptar los artículos 4, punto 6, y 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, el legislador de la Unión quiso permitir que los Estados miembros, para facilitar la reinserción social de la persona reclamada, denieguen la ejecución de una orden de detención europea o supediten la entrega de dicha persona a la condición de que esta sea devuelta en caso de ser condenada.
4.
El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar, en caso de ausencia de doble tipificación, la relación entre esta Decisión Marco y la Decisión Marco 2008/909 cuando se aplica el mecanismo de la entrega supeditada a garantía de devolución establecido en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584. (
6
)
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
1. Decisión Marco 2002/584
5.
El artículo 2 de la Decisión Marco 2002/584, que lleva por título «Ámbito de aplicación de la orden de detención europea», está redactado en los siguientes términos en su apartado 4:
«Para los delitos distintos de los mencionados en el apartado 2, la entrega podrá supeditarse al requisito de que los hechos que justifiquen la emisión de la orden de detención europea sean constitutivos de un delito respecto del Derecho del Estado miembro de ejecución, con independencia de los elementos constitutivos o la calificación del mismo.»
6.
El artículo 4, puntos 1 y 6, de dicha Decisión Marco establece los siguientes motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea:
«La autoridad judicial de ejecución podrá denegar la ejecución de la orden de detención europea:
1)
cuando, en uno de los casos citados en el apartado 4 del artículo 2, los hechos que motiven la orden de detención europea no fueren constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución; […]
[…]
6)
cuando la orden de detención europea se haya dictado a efectos de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad contra una persona buscada que sea nacional o residente del Estado miembro de ejecución o habite en él y este se comprometa a ejecutar él mismo dicha pena o medida de seguridad de conformidad con su Derecho interno».
7.
El artículo 5 de la citada Decisión Marco, titulado «Garantías que deberá dar el Estado miembro emisor en casos particulares», dispone lo siguiente en su punto 3:
«La ejecución de la orden de detención europea por parte de la autoridad judicial de ejecución podrá supeditarse, con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución, a una de las condiciones siguientes:
[…]
3)
cuando la persona que fuere objeto de la orden de detención europea a efectos de entablar una acción penal fuere nacional del Estado miembro de ejecución o residiere en él, la entrega podrá supeditarse a la condición de que la persona, tras ser oída, sea devuelta al Estado miembro de ejecución para cumplir en este la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que pudiere pronunciarse en su contra en el Estado miembro emisor.»
2. Decisión Marco 2008/909
8.
El considerando 12 de la Decisión Marco 2008/909 enuncia lo siguiente:
«La presente Decisión Marco se aplicará también, mutatis mutandis, a la ejecución de condenas en los supuestos contemplados en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 5, [punto] 3, de la Decisión Marco [2002/584]. Ello implica, entre otras cosas, que, no obstante lo dispuesto en dicha Decisión Marco, el Estado de ejecución podrá verificar si existen motivos de denegación conforme a lo previsto en el artículo 9 de la presente Decisión Marco y comprobar la posible doble tipificación, en la medida en que el Estado de ejecución haya formulado una declaración en virtud del artículo 7, apartado 4, de la presente Decisión Marco, como condición para reconocer y ejecutar la sentencia, con vistas a estudiar si opta por entregar al condenado o ejecutar la sentencia en los casos que se ajusten al artículo 4, [punto] 6, de la Decisión Marco [2002/584].»
9.
El artículo 3 de la Decisión Marco 2008/909, que lleva por título «Objetivo y ámbito de aplicación», precisa en sus apartados 1 y 2:
«1.   La presente Decisión Marco tiene por objeto establecer las normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, para facilitar la reinserción social del condenado, reconocerá una sentencia y ejecutará la condena.
2.   La presente Decisión Marco se aplicará cuando el condenado se encuentre en el Estado de emisión o en el Estado de ejecución.»
10.
El artículo 7 de la Decisión Marco 2008/909, titulado «Doble tipificación», establece en sus apartados 3 y 4:
«3.   Con respecto a las infracciones no contempladas en el apartado 1, el Estado de ejecución podrá supeditar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena a la condición de que la sentencia se refiera a hechos que constituyan infracción en virtud del Derecho del Estado de ejecución, sean cuales fueren sus elementos constitutivos o la calificación de la misma.
4.   Cada Estado miembro podrá declarar, en el momento de la adopción de la presente Decisión Marco o en una fecha posterior, mediante una notificación a la Secretaría General del Consejo [de la Unión Europea], que no tiene intención de aplicar el apartado 1. Esta declaración podrá retirarse en cualquier momento. Estas declaraciones o retiradas de declaraciones se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.»
11.
El artículo 8 de dicha Decisión Marco, que se titula «Reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«La autoridad competente del Estado de ejecución reconocerá toda sentencia que haya sido transmitida de conformidad con el artículo 4 y mediante el procedimiento previsto en el artículo 5, y adoptará sin dilación las medidas necesarias para la ejecución de la condena, a no ser que decida acogerse a alguno de los motivos de no reconocimiento y de no ejecución que se contemplan en el artículo 9.»
12.
El artículo 9 de la Decisión Marco 2008/99, que lleva por título «Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución», dispone, en su apartado 1, letra d):
«La autoridad competente del Estado de ejecución podrá denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena en los siguientes casos:
[…]
d)
cuando, en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 7, apartado 3, y, en caso de que el Estado de ejecución haya formulado la declaración prevista en el artículo 7, apartado 4, en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 7, apartado 1, la sentencia se refiera a hechos no constitutivos de infracción de acuerdo con el Derecho del Estado de ejecución. […]»
13.
El artículo 25 de la misma Decisión Marco, cuyo título es «Ejecución de condenas a raíz de una orden de detención europea», tiene el siguiente tenor:
«Sin perjuicio de la Decisión Marco [2002/584], lo dispuesto en la presente Decisión Marco se aplicará, mutatis mutandis y en la medida en que sea compatible con lo dispuesto en dicha Decisión Marco, a la ejecución de condenas cuando un Estado miembro se comprometa a ejecutar la condena en virtud del artículo 4, [punto] 6, de dicha Decisión Marco, o cuando un Estado miembro, en aplicación del artículo 5, apartado 3, de la citada Decisión Marco, haya impuesto la condición de que la persona condenada sea devuelta para cumplir la condena en el Estado miembro de que se trate, a fin de impedir la impunidad de la persona de que se trate.»
14.
Mediante una declaración de 20 de septiembre de 2012 notificada a la Secretaría General del Consejo de conformidad con el artículo 7, apartado 4, de la Decisión Marco 2008/909, el Reino de los Países Bajos indicó que no aplicaría el artículo 7, apartado 1, de dicha Decisión Marco. (
7
)
B.
Derecho neerlandés
1. Normativa relativa a la orden de detención europea
15.
La Decisión Marco 2002/584 fue transpuesta al Derecho neerlandés mediante la Wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (Overleveringswet) [Ley por la que se aplica la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (Ley de Entrega)], (
8
) de 29 de abril de 2004, en su versión modificada por la Ley de 3 de marzo de 2021 (
9
) (en lo sucesivo, «Ley de Entrega»).
16.
El artículo 6 de la Ley de Entrega dispone lo siguiente:
«1.   Podrá autorizarse la entrega de un nacional neerlandés cuando la solicitud se formule a efectos de un procedimiento penal que se siga contra él y, según la autoridad judicial de ejecución, se garantice que, en caso de ser condenado a una pena [o a una medida de seguridad privativas] de libertad incondicionales en el Estado miembro emisor por unos hechos respecto de los cuales puede autorizarse la entrega, el interesado podrá cumplir esa condena en los Países Bajos.
[…]
3.   El apartado 1 se aplicará también al ciudadano extranjero que, durante la vista ante el rechtbank [(tribunal de primera instancia, Países Bajos)], demuestre que ha residido legalmente durante al menos cinco años de forma ininterrumpida en los Países Bajos en el sentido del artículo 8, inicio y letras a) a e) y l), de la Vreemdelingenwet 2000 [(Ley de Extranjería de 2000), de 23 de noviembre de 2000], (
10
) siempre que pueda ser condenado en los Países Bajos por los hechos que motivaron la orden de detención europea y siempre que quepa esperar que no perderá su derecho de residencia en los Países Bajos como consecuencia de una pena o de una medida dictada en su contra a raíz de su entrega. Los posibles documentos justificativos deberán presentarse a su debido tiempo antes de la vista ante el órgano jurisdiccional.»
17.
El artículo 7, apartado 1, de la Ley de Entrega establece:
«La entrega podrá concederse con los siguientes fines:
a.
una investigación penal iniciada por las autoridades del Estado miembro emisor o por la Fiscalía Europea a que se refiere el artículo 1 del [Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, (
11
)] en relación con la presunción de que, según la autoridad judicial emisora, la persona reclamada ha cometido:
1°.
un hecho que sea constitutivo de delito con arreglo al Derecho del Estado miembro emisor, que figure en la lista que se acompaña como anexo 1 de la presente Ley y que esté castigado, según el Derecho del Estado miembro emisor, con [una pena o una medida de seguridad privativas] de libertad de al menos tres años de duración; o bien
2°.
otro hecho que, tanto de conformidad con el Derecho del Estado miembro emisor como con arreglo al Derecho neerlandés, sea constitutivo de delito y esté castigado por el Derecho del Estado miembro emisor con [una pena o una medida de seguridad privativas] de libertad de al menos doce meses de duración;
b.
la ejecución [de una pena o de una medida de seguridad privativas] de libertad de al menos cuatro meses de duración que deba cumplir la persona reclamada en el territorio del Estado miembro emisor por alguno de los hechos a que se refieren los puntos 1 o 2.»
2. Normativa relativa al reconocimiento y a la ejecución de condenas
18.
La Decisión Marco 2008/909 fue transpuesta al Derecho neerlandés mediante la Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (Ley de Reconocimiento Mutuo y Ejecución de Condenas a Penas Privativas de Libertad, Acompañadas o No de una Suspensión de Pena), (
12
) de 12 de julio de 2012, en su versión modificada por la Ley de 3 de marzo de 2021 (
13
) (en lo sucesivo, «WETS»).
19.
El artículo 1:1, letra a), de la WETS está redactado en los siguientes términos:
«A efectos de la presente Ley y de las disposiciones que se basen en ella, se entenderá por:
a.
“El Ministro”: el Ministro de Seguridad y Justicia de los Países Bajos.»
20.
En virtud del artículo 2:11 de la WETS:
«1.   El Ministro dará traslado de la resolución judicial y del certificado al fiscal del órgano jurisdiccional de apelación, a menos que considere de plano que existen motivos para denegar el reconocimiento de la resolución judicial.
2.   El fiscal presentará inmediatamente la resolución judicial y el certificado a la Sala Especializada del gerechtshof Arnhem-Leeuwarden [(Tribunal de Apelación de Arnhem-Leeuwarden, Países Bajos)] a que se refiere el artículo 67 de la Wet op de rechterlijke organisatie [(Ley de Organización del Poder Judicial), (
14
) de 17 de mayo de 1827]. Dispone de un plazo de catorce días a partir de la fecha en que haya presentado los citados documentos para presentar ante dicha Sala sus posibles observaciones sobre esos documentos.
3.   La Sala Especializada del Tribunal de Apelación determinará:
a.
si existen motivos para denegar el reconocimiento de la resolución judicial de conformidad con el artículo 2:13, apartado 1;
[…]
7.   En un plazo de seis semanas a partir de la fecha en que haya recibido la resolución judicial y el certificado, la Sala Especializada transmitirá al Ministro la apreciación escrita y motivada que haya realizado en virtud del apartado 3.»
21.
El artículo 2:12, apartado 1, de la WETS tiene el siguiente tenor:
«El Ministro decidirá si reconoce la resolución judicial, tomando en consideración la apreciación de la Sala Especializada del Tribunal de Apelación.»
22.
El artículo 2:13 de la WETS, que lleva por título «Motivos para el no reconocimiento obligatorio», dispone lo siguiente en su apartado 1, letra f):
«Se denegará el reconocimiento de la resolución judicial cuando:
[…]
f.
los hechos por los que se haya impuesto [la pena o la medida de seguridad privativas] de libertad, de haber sido cometidos en los Países Bajos, no serían constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho neerlandés.»
III. Hechos del litigio principal y cuestión prejudicial
23.
El Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Wydział III Karny (Tribunal Regional de Jelenia Góra, Sala Tercera de lo Penal) emitió dos órdenes de detención europeas contra YM, una de ellas con fecha de 9 de noviembre de 2020 y la otra con fecha de 9 de mayo de 2023, a efectos de entablar acciones penales.
24.
En su condición de autoridad judicial de ejecución, el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente, debe pronunciarse sobre la ejecución de estas dos órdenes de detención europeas.
25.
Dicho órgano jurisdiccional precisa que su petición de decisión prejudicial se refiere únicamente a la segunda de ellas. Mediante esta orden de detención europea, se pretende ejercitar acciones penales contra la persona reclamada por unos hechos, a saber, el incumplimiento de la obligación de abonar la pensión de alimentos correspondiente a su hijo menor de edad, de conformidad con determinadas resoluciones adoptadas por tribunales polacos.
26.
La autoridad judicial de ejecución no consideró que estos hechos fueran constitutivos de uno de los delitos contemplados en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584, que pueda dar lugar a la entrega de la persona interesada sin control de la doble tipificación de los hechos. El órgano jurisdiccional remitente ha declarado que si bien los hechos no son constitutivos de delito conforme el Derecho neerlandés, pretende prescindir de la aplicación del motivo de no ejecución facultativa contemplado en el artículo 4, punto 1, de dicha Decisión Marco.
27.
En efecto, el referido órgano jurisdiccional señala que la persona reclamada, de nacionalidad polaca, reside legalmente y de forma ininterrumpida en los Países Bajos desde hace más de cinco años y, por consiguiente, ha adquirido el derecho de residencia permanente en ese Estado. Por ello, el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) considera que dicha persona es residente en el Reino de los Países Bajos en el sentido del artículo 5, punto 3, de la citada Decisión Marco.
28.
Además, señala que la persona reclamada mantiene estrechos vínculos con el Reino de los Países Bajos, de modo que la ejecución en este Estado miembro de la pena o de la medida de seguridad privativas de libertad que, en su caso, se le imponga en Polonia tras su entrega contribuirá a incrementar sus posibilidades de reinserción social. Dicho órgano jurisdiccional observa, a este respecto, que esta persona reside en los Países Bajos desde hace doce años aproximadamente, que ha obtenido en los últimos años unos ingresos de importe considerable, que habla bien el neerlandés y que, aunque en estos momentos no tenga empleo, tiene la intención de asistir a un curso de instructor de fitness.
29.
En el marco de su petición de decisión prejudicial, el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) planteó inicialmente tres cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. El 13 de febrero de 2024, decidió retirar sus cuestiones prejudiciales primera y segunda. Según las explicaciones facilitadas por dicho órgano jurisdiccional, la referida decisión de retirada parcial sigue a la presentación por el Gobierno neerlandés, el 21 de diciembre de 2023, del proyecto de ley de la Wet herimplementatie Europees Strafrecht (Ley de Nueva Transposición del Derecho Penal de la Unión), cuya adopción permite resolver los problemas de transposición de la Decisión Marco 2002/584 que eran objeto de las dos primeras cuestiones prejudiciales.
30.
Por lo que respecta a la tercera cuestión prejudicial, que ya es la única a la que se pide al Tribunal de Justicia que responda, se refiere al supuesto en el que se emite una orden de detención europea por alguno de los hechos contemplados en el artículo 2, apartado 4, de la Decisión Marco 2002/584, que no es constitutivo de delito de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución. Al haber optado por no acogerse al motivo de no ejecución facultativa contemplado en el artículo 4, punto 1, de dicha Decisión Marco, la autoridad judicial de ejecución desea hacer uso de la facultad que ofrece el artículo 5, punto 3, de esa misma Decisión Marco y pretende así supeditar la entrega de la persona reclamada a la condición de que esta sea devuelta al Estado miembro de ejecución para cumplir en este la pena o medida de seguridad privativas de libertad que, en su caso, se imponga en su contra en el Estado miembro emisor.
31.
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que, en virtud de la normativa neerlandesa aplicable en la fecha de la resolución de remisión, el reconocimiento de una condena impuesta en otro Estado miembro se deniega automáticamente cuando los hechos por los que se haya impuesto la pena o la medida de seguridad privativas de libertad, de haber sido cometidos en el territorio de los Países Bajos, no serían constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho neerlandés.
32.
Por consiguiente, cuando se emite una orden de detención europea a efectos de entablar acciones penales por hechos que no son constitutivos de delito con arreglo al Derecho neerlandés y esa orden de detención se ejecuta supeditando la entrega de la persona interesada a la garantía de que esta sea devuelta de conformidad con el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, dicha persona no podrá cumplir en los Países Bajos la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que, en su caso, se imponga en su contra en el Estado miembro emisor.
33.
El órgano jurisdiccional remitente considera que esta situación es contraria al Derecho de la Unión. Estima que el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 establece un motivo facultativo para el no reconocimiento y la no ejecución. Por lo tanto, a la hora de transponer esta disposición, los Estados miembros deberán conceder un margen de apreciación a las autoridades competentes, sin conferir a este motivo de denegación un carácter imperativo. Además, dicho motivo de denegación debe interpretarse de forma estricta, en consonancia con el objetivo de facilitar la reinserción social de la persona interesada.
34.
El referido órgano jurisdiccional añade que, en el contexto de la aplicación de una garantía de devolución por hechos que, con arreglo al Derecho del Estado miembro de ejecución, no son constitutivos de delito, existen dudas sobre la compatibilidad de tal margen de apreciación con el Derecho de la Unión.
35.
En efecto, en tal situación, la imposibilidad de ejecutar la pena o la medida de seguridad privativas de libertad en el territorio de los Países Bajos resulta contraria al artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909.
36.
A este respecto, el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) expone que, de conformidad con dicho artículo 25, las disposiciones de la Decisión Marco 2002/584 gozan de prioridad sobre las de la Decisión Marco 2008/909. Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la Decisión Marco 2002/584, en particular su artículo 5, punto 3, permite a las autoridades competentes de los Estados miembros decidir, en situaciones concretas, que una pena impuesta en el Estado miembro emisor deba cumplirse en el territorio del Estado miembro de ejecución. (
15
)
37.
En estas circunstancias, el citado órgano jurisdiccional considera que, cuando la autoridad judicial de ejecución ha renunciado a invocar el motivo de no ejecución facultativa basado en la doble tipificación, contemplado en el artículo 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584, pero, de conformidad con el artículo 5, punto 3, de dicha Decisión Marco, ha supeditado la entrega a una garantía de devolución para incrementar las posibilidades de reinserción social de la persona interesada, el Derecho de la Unión se opone a que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución deniegue ulteriormente el reconocimiento y la ejecución de la condena impuesta en el Estado miembro emisor acogiéndose al motivo de denegación basado en la doble tipificación, previsto en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909.
38.
Según ese mismo órgano jurisdiccional, el no reconocimiento de la pena o la medida privativas de libertad impuesta en el Estado miembro emisor menoscaba el objetivo perseguido por el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, a saber, incrementar las posibilidades de reinserción social de la persona condenada, y priva a esta disposición de todo efecto útil.
39.
El rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) precisa además que la respuesta a esta cuestión influirá en su decisión de entregar o no a la persona objeto del procedimiento principal. Indica que si el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que el Derecho de la Unión no se opone a la aplicación de disposiciones nacionales como las descritas en su petición de decisión prejudicial, debería reconsiderar su propósito de entregar a esa persona a las autoridades polacas con sujeción a una garantía de devolución. En tal caso, en efecto, no se garantiza que dicha persona pueda cumplir en los Países Bajos la pena o medida privativas de libertad que, en su caso, se imponga en su contra en Polonia, con el fin de incrementar sus posibilidades de reinserción social.
40.
En resumen, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si, en la fase de aplicación de la garantía de devolución contemplada en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, el reconocimiento y la ejecución en los Países Bajos de la pena o medida privativas de libertad que, en su caso, se imponga en Polonia pueden truncarse debido a la falta de tipicidad de los hechos de acuerdo con el Derecho neerlandés.
41.
En su resolución de retirada parcial de las cuestiones prejudiciales, presentada al Tribunal de Justicia el 26 de febrero de 2024, dicho órgano jurisdiccional expone más concretamente las razones por las que una modificación de la normativa neerlandesa que confiera carácter facultativo al motivo de no reconocimiento y de no ejecución que figura en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 no pone fin al problema que fundamenta la tercera cuestión prejudicial. En efecto, incluso en tal situación, el Ministro seguiría estando facultado para denegar de plano el reconocimiento de una condena extranjera y, por ende, la devolución de la persona condenada a los Países Bajos basándose en la falta de tipicidad de los hechos en Derecho neerlandés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2:11, apartado 1, de la WETS. Aun cuando el Ministro no ejerciera esta facultad, el gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Tribunal de Apelación de Arnhem-Leeuwarden) todavía tendría la facultad de denegar el reconocimiento y, por ende, la devolución de la persona condenada a los Países Bajos basándose en la falta de tipicidad de los hechos en Derecho neerlandés, mientras que, en virtud del artículo 2:12, apartado 1, de la WETS, el Ministro estaría vinculado por tal denegación.
42.
En estas circunstancias, el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se opone el artículo 9, apartado 1, inicio y letra d), de la Decisión Marco [2008/909], en relación con el artículo 25 de dicha Decisión Marco y con el artículo 4, punto 1, y el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco [2002/584], a que un Estado miembro que ha aplicado el artículo 7, apartado 4, de la Decisión Marco [2008/909] transponga la disposición citada en primer lugar de forma tal que, una vez que la autoridad judicial de ejecución haya autorizado la entrega, con garantía de devolución, al Estado miembro emisor con el fin de entablar acciones penales, por unos hechos contemplados en el artículo 2, apartado 4, de la Decisión Marco [2002/584] que no son constitutivos de delito de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución, pero respecto a los cuales la autoridad judicial de ejecución ha rechazado expresamente denegar la entrega por tal motivo, otras autoridades del Estado miembro de ejecución (en su condición de Estado de ejecución) deben o pueden negarse a reconocer y ejecutar la pena privativa de libertad impuesta en el Estado miembro de emisión por tales hechos al no estar tipificados como delito en el Derecho del Estado miembro de ejecución (en su condición de Estado de ejecución) y, por tanto, deben o pueden negarse a dar cumplimiento a la garantía de devolución?»
43.
YM, el Openbaar Ministerie (Ministerio Fiscal, Países Bajos), los Gobiernos neerlandés y polaco y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas y participaron, con excepción del Gobierno polaco, en la vista celebrada el 15 de enero de 2025, en la que, en particular, respondieron a las preguntas para respuesta oral que les planteó el Tribunal de Justicia.
IV. Análisis
44.
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 9, apartado 1, letra d), y 25 de la Decisión Marco 2008/909 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece la obligación o la facultad de la autoridad competente de un Estado miembro de denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena impuesta en otro Estado miembro debido a que los hechos sancionados no son constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho del primer Estado miembro, cuando la autoridad judicial de ejecución de ese Estado miembro haya resuelto previamente, con arreglo a lo establecido en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, ejecutar una orden de detención europea supeditando la entrega de la persona reclamada a la condición de que dicha persona, tras ser oída, sea devuelta al Estado miembro de ejecución para cumplir en este la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que se imponga en su contra en el Estado miembro emisor.
45.
El supuesto al que se refiere el presente asunto se presenta del siguiente modo.
46.
La autoridad judicial de ejecución de un Estado miembro que conoce de una orden de detención europea emitida a efectos de entablar acciones penales pretende entregar a la persona reclamada, por un lado, renunciando a invocar el motivo de no ejecución facultativa contemplado en el artículo 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584, que se refiere a la situación en la que los hechos que motivan la orden de detención europea no constituyen un delito de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución y, por otro lado, exigiendo, en virtud del artículo 5, punto 3, de dicha Decisión Marco, que esa persona sea devuelta a ese Estado miembro para cumplir en él la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que, en su caso, se imponga en su contra en el Estado miembro emisor.
47.
No obstante, para adoptar su decisión sobre la entrega, la autoridad judicial de ejecución se pregunta sobre la suerte que puede reservarse, con arreglo al Derecho neerlandés, a esta garantía de devolución en la fase del reconocimiento de la sentencia y de la ejecución de la condena que, en su caso, se imponga en el Estado miembro emisor a raíz de la entrega.
48.
En efecto, en su versión vigente en el momento de la resolución de remisión, la normativa neerlandesa obliga a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución a denegar, en virtud del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909, el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena impuesta en el Estado miembro emisor, debido a que los hechos imputados no constituyen un delito de acuerdo con el Derecho neerlandés. La consecuencia de esta normativa es que nunca podrá reconocerse una sentencia condenatoria dictada en otro Estado miembro por hechos que no sean constitutivos de delito con arreglo al Derecho neerlandés. Además, el Reino de los Países Bajos, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 7, apartado 4, de la Decisión Marco 2008/909, indicó que no aplicaría el artículo 7, apartado 1, de dicha Decisión Marco, ampliando así a cualquier delito el requisito de la doble tipificación.
49.
De ello se deduce que, en la práctica, cualquier garantía de devolución exigida por la autoridad judicial de ejecución en los Países Bajos de conformidad con el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, en el contexto de una orden de detención europea emitida por unos hechos que no sean constitutivos de delito según el Derecho neerlandés y respecto de los cuales dicha autoridad haya renunciado a invocar el motivo de no ejecución facultativa contemplado en el artículo 4, punto 1, de la citada Decisión Marco, está destinada a quedar privada de efecto debido a la aplicación del motivo de denegación automática establecido en el artículo 2:13 de la WETS.
50.
El Gobierno neerlandés señaló en la vista que su normativa nacional ha sido modificada en este aspecto. Según dicho Gobierno, esta normativa modificada entró en vigor el 1 de octubre de 2024. Así pues, parece que el motivo de no reconocimiento y de no ejecución contemplado en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 ha pasado a ser facultativo en el contexto de la aplicación de la garantía de devolución a que se refiere el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584.
51.
Esta modificación de la normativa neerlandesa es bienvenida, en la medida en que el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 establece un motivo facultativo para el no reconocimiento y la no ejecución. En consecuencia, esta disposición no puede transponerse de tal manera que se deniegue, de manera obligatoria o automática, el reconocimiento de cualquier sentencia condenatoria por hechos que no sean constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho nacional del Estado miembro de ejecución. Dicho de otro modo, la autoridad competente de ese Estado miembro debe disponer de un margen de apreciación al aplicar este motivo de denegación en cada caso concreto.
52.
En efecto, del tenor de esta disposición se desprende que «la autoridad competente del Estado de ejecución podrá denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena […] cuando […] la sentencia se refiera a hechos no constitutivos de infracción de acuerdo con el Derecho del Estado de ejecución». (
16
) La expresión «podrá denegar» indica claramente que se concede así una facultad a esa autoridad.
53.
A este respecto, en la sentencia de 11 de enero de 2017, Grundza, (
17
) el Tribunal de Justicia señaló expresamente que dicha disposición «faculta […] a la autoridad competente del Estado de ejecución para denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la correspondiente condena dictadas en el Estado de emisión cuando se incumpla el requisito de la doble tipificación». (
18
)
54.
Debe precisarse que la Decisión Marco 2002/584 contiene, en su artículo 4, punto 1, un motivo de no ejecución facultativa de una orden de detención europea que se basa también en el requisito de la doble tipificación y que esta disposición está redactada en términos análogos a los del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909.
55.
A este respecto, procede recordar que la Decisión Marco 2002/584 establece de forma expresa, en su artículo 3, los motivos para la no ejecución obligatoria de la orden de detención europea y, en sus artículos 4 y 4 bis, los motivos de no ejecución facultativa de esta.
56.
En lo que se refiere a los motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea enumerados en el artículo 4 de la Decisión Marco 2002/584, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en el contexto de la transposición de esta Decisión Marco a su Derecho interno, los Estados miembros disponen de un margen de apreciación. En este sentido, son libres de transponer o no esos motivos a su Derecho interno. Asimismo, pueden optar por limitar las situaciones en las que la autoridad judicial de ejecución puede denegar la ejecución de una orden de detención europea, para así facilitar la entrega de personas buscadas de conformidad con el principio de reconocimiento mutuo recogido en el artículo 1, apartado 2, de la citada Decisión Marco. (
19
)
57.
Asimismo, debe observarse que, a tenor del artículo 4 de la Decisión Marco 2002/584, la autoridad judicial de ejecución «podrá denegar» la ejecución de una orden de detención europea por los motivos enumerados en los puntos 1 a 7 de dicho artículo, entre los que figura, en particular, en el punto 1 del citado artículo, la ausencia de doble tipificación.
58.
Por lo tanto, se desprende del tenor del artículo 4 de la Decisión Marco que la autoridad judicial de ejecución debe gozar de un margen de apreciación en lo concerniente a si procede o no denegar la ejecución de la orden de detención europea por los motivos enumerados en dicho artículo 4. (
20
)
59.
Según el Tribunal de Justicia, de ello se deduce que, cuando optan por transponer uno o varios de los motivos de no ejecución facultativa enumerados en el artículo 4 de la Decisión Marco 2002/584, los Estados miembros no pueden imponer a las autoridades judiciales la obligación de denegar la ejecución de toda orden de detención europea formalmente comprendida en el ámbito de aplicación de dichos motivos privándolas de la posibilidad de tomar en consideración las circunstancias propias de cada caso concreto. (
21
)
60.
En mi opinión, esta interpretación puede extenderse al artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909, habida cuenta de las similitudes entre la redacción de esta disposición y la del artículo 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584.
61.
Sin embargo, la constatación de que esta disposición no puede interpretarse en el sentido de que establece un motivo obligatorio para el no reconocimiento de las sentencias y la no ejecución de las condenas no responde plenamente a las preguntas del órgano jurisdiccional remitente.
62.
En efecto, en el supuesto de que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución ejerza la facultad que ofrece el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909, la garantía de devolución exigida en la fase de la entrega no podrá surtir efecto, con la consecuencia de que el condenado no podrá cumplir su pena o medida privativas de libertad en el territorio de dicho Estado miembro. El objetivo de facilitar la reinserción social de esa persona, que justifica la puesta en marcha del mecanismo de la entrega supeditada a garantía de devolución contemplado en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, puede verse comprometido en la fase del reconocimiento de la sentencia condenatoria.
63.
Por esta razón, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que precise si es conforme con el artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909 el hecho de que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución tenga la posibilidad —y no la obligación— de denegar, aplicando el motivo previsto en el artículo 9, apartado 1, letra d), de dicha Decisión Marco, el reconocimiento y la ejecución de una sentencia pronunciada a raíz de una entrega supeditada a garantía de devolución con arreglo al artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584.
64.
Considero que, en principio, no debería admitirse tal posibilidad en ausencia de un cambio de circunstancias que justifique un replanteamiento, desde el punto de vista de la reinserción social de la persona condenada, de la apreciación inicial de la autoridad judicial de ejecución que condujo a esta a renunciar a acogerse al motivo de no ejecución facultativa contemplado en el artículo 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584 y a aplicar el mecanismo de la entrega supeditada a garantía de devolución establecido en el artículo 5, punto 3, de dicha Decisión Marco. Son varias las razones por las que propongo tal solución.
65.
En primer lugar, he de recordar que, al igual que la Decisión Marco 2002/584, la Decisión Marco 2008/909 concreta, en el ámbito penal, los principios de confianza mutua y de reconocimiento mutuo. Esta Decisión Marco profundiza la cooperación judicial por lo que se refiere al reconocimiento y la ejecución de las sentencias penales cuando se haya condenado a personas a penas o medidas privativas de libertad en otro Estado miembro, con miras a facilitar su reinserción social. (
22
)
66.
A tenor de su artículo 3, apartado 1, la citada Decisión Marco tiene por objeto establecer las normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, para facilitar la reinserción social del condenado, reconocerá una sentencia y ejecutará la condena impuesta por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro.
67.
A tal efecto, el artículo 8 de la Decisión Marco 2008/909 determina que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución está, en principio, obligada a acceder a la solicitud de reconocimiento de una sentencia y de ejecución de una condena a una pena o una medida privativas de libertad, dictada en otro Estado miembro, que le haya sido transmitida con arreglo a los artículos 4 y 5 de dicha Decisión Marco. En principio, la referida autoridad solo puede rehusar dar curso a tal solicitud por los motivos de no reconocimiento y de no ejecución taxativamente relacionados en el artículo 9 de la mencionada Decisión Marco. (
23
)
68.
Cualquier excepción al principio de reconocimiento mutuo debe ser objeto de interpretación estricta. (
24
) Así, en relación con el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909, el Tribunal de Justicia ha declarado que el requisito de la doble tipificación constituye una excepción a la regla del reconocimiento de la sentencia y de la ejecución de la condena. Por lo tanto, los supuestos de aplicación del motivo de denegación del reconocimiento de la sentencia y de la ejecución de la condena basado en la ausencia de doble tipificación, con arreglo a dicha disposición, deben ser objeto de una interpretación estricta, con el fin de limitar los casos en que no procederá el reconocimiento ni la ejecución. (
25
)
69.
Como ya ha precisado el Tribunal de Justicia, la interpretación estricta del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 contribuye al logro del objetivo de facilitar la reinserción social del condenado que se persigue con la Decisión Marco 2008/909, como indica el artículo 3, apartado 1, de esta. (
26
)
70.
Pues bien, este objetivo también se persigue con el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, que prevé la posibilidad de que la autoridad judicial de ejecución decida que una pena impuesta en el Estado miembro de emisión deba cumplirse en el territorio del Estado miembro de ejecución. (
27
) En efecto, esta disposición tiene por objeto incrementar las posibilidades de reinserción social del nacional o residente del Estado miembro de ejecución, al permitirle cumplir, en el territorio de este último, la pena o la medida de seguridad privativas de libertad a la que, efectuada su entrega y en ejecución de una orden de detención europea, sea condenado, en su caso, en el Estado miembro emisor. (
28
)
71.
La decisión de aplicar el mecanismo de la entrega supeditada a garantía de devolución, contemplado en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, se basa en una apreciación global de las oportunidades de reinserción social en el Estado miembro emisor y en el Estado miembro de ejecución, habida cuenta de los vínculos de conexión de la persona de que se trate con cada uno de esos dos Estados. (
29
)
72.
Por consiguiente, la autoridad judicial de ejecución de la orden de detención europea debe poder apreciar, teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso en cuestión, si los vínculos de esa persona con el Estado miembro de ejecución son suficientes para que el objetivo de reinserción social perseguido por esa disposición pueda alcanzarse mejor si dicha persona cumple la pena en ese Estado miembro. (
30
)
73.
En el marco de esta apreciación, la autoridad judicial de ejecución debe ponderar varios intereses, como los asociados a la reinserción social de la persona reclamada a raíz de su posible condena, a la necesidad de impedir la impunidad de esa persona y a la ausencia de doble tipificación. (
31
)
74.
Si dicha autoridad decide aplicar el mecanismo de la entrega supeditada a garantía de devolución, contemplado en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, renunciando a invocar el motivo de no ejecución facultativa a que se refiere el artículo 4, punto 1, de la referida Decisión Marco, es porque considera que los intereses asociados a la reinserción social y a la lucha contra la impunidad deben prevalecer sobre la constatación de que los hechos de que se trata no son constitutivos de delito de acuerdo con su Derecho nacional.
75.
En las circunstancias del litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente considera efectivamente que, habida cuenta de los vínculos de conexión de YM con los Países Bajos, el objetivo de facilitar la reinserción social de esa persona exige que esta cumpla su condena en el territorio de ese Estado miembro. Así pues, dicho órgano jurisdiccional pretende renunciar a invocar el artículo 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584, pero se pregunta si la garantía de devolución que exige podrá hacerse efectiva habida cuenta de la facultad de que dispondrá a continuación la autoridad competente del Estado miembro de ejecución para denegar el reconocimiento de la sentencia condenatoria sobre la base del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909.
76.
Para mitigar esta incertidumbre, es preciso fijar la regla según la cual la ponderación así efectuada por la autoridad judicial de ejecución en la fase de ejecución de la orden de detención europea no debería, en principio, poder cuestionarse en la fase del reconocimiento de la sentencia condenatoria consecutiva a dicha orden de detención. Así, la posibilidad de invocar el motivo de no reconocimiento y de no ejecución a que se refiere la citada disposición debería estar sujeta a una regulación estricta cuando se haya aplicado el mecanismo de la entrega supeditada a garantía de devolución contemplado en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584.
77.
Ello implica que, en ausencia de un cambio de circunstancias que pueda afectar al interés en que, en aras de una mejor reinserción social del condenado, este cumpla su condena en el territorio del Estado miembro de ejecución, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución no debería poder invocar el motivo de no reconocimiento y de no ejecución que figura en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909.
78.
En segundo lugar, tal solución encuentra respaldo en la lógica inherente al mecanismo de la entrega supeditada a garantía de devolución contemplado en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584. En efecto, dicho mecanismo se apoya en un doble compromiso que puede formularse de la siguiente manera: por un lado, el Estado miembro de ejecución, cuando supedita la entrega a una garantía de devolución, se compromete implícita pero necesariamente a ejecutar, en principio, la pena o la medida privativas de libertad que, en su caso, se imponga en el Estado miembro emisor. A su vez, por otro lado, este último Estado miembro, cuando ofrece una garantía de devolución, se compromete por adelantado a devolver al condenado al Estado miembro de ejecución para que cumpla en él esta pena o medida privativas de libertad. (
32
) La norma según la cual, al aplicar la garantía de devolución contemplada en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, no debería, en principio, poder invocarse el motivo de no reconocimiento y de no ejecución que figura en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 permite garantizar que, en ausencia de nuevas circunstancias, este doble compromiso se respetará y surtirá efectos.
79.
En tercer lugar, es preciso tener en cuenta el artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909, que regula la relación entre esta Decisión Marco y la Decisión Marco 2002/584. Procede recordar que, con arreglo a dicho artículo, lo dispuesto en la Decisión Marco 2008/909 debe aplicarse, mutatis mutandis y en la medida en que sea compatible con lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/584, a la ejecución de condenas, en particular, cuando un Estado miembro, en aplicación del artículo 5, punto 3, de la esta última Decisión Marco, a fin de impedir la impunidad de la persona de que se trate, haya supeditado la ejecución de una orden de detención europea a la condición de que dicha persona sea devuelta a ese Estado miembro para que cumpla en él la pena o la medida de seguridad privativas de libertad que, en su caso, se impongan en su contra en el Estado miembro emisor.
80.
De la citada disposición resulta que, al igual que sucede con la aplicación por parte de la autoridad judicial de ejecución del motivo de no ejecución facultativa contemplado en el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, la ejecución de condenas consecutiva a la aplicación de la garantía de devolución prevista en el artículo 5, punto 3, de dicha Decisión Marco supone que se respeten el procedimiento y las condiciones establecidas en la Decisión Marco 2008/909 para el reconocimiento y la ejecución de una sentencia en materia penal en un Estado miembro distinto del Estado miembro de condena. (
33
)
81.
La relación entre los procedimientos previstos por la Decisión Marco 2002/584 y por la Decisión Marco 2008/909 al aplicar la garantía de devolución contemplada en el artículo 5, punto 3, de la primera de estas Decisiones Marco queda asimismo confirmada por la parte f) del modelo de certificado que figura en el anexo I de la Decisión Marco 2008/909. Ese certificado se transmite junto con la sentencia, a efectos de su reconocimiento y ejecución, y debe hacer referencia a la garantía de devolución cuando esta haya sido otorgada por el Estado miembro emisor. De ello se deduce que, para que se ejecute una condena consecutiva a la concesión de dicha garantía, es preciso que el Estado miembro de condena transmita la sentencia y el certificado de conformidad con las normas establecidas en la citada Decisión Marco.
82.
El Tribunal de Justicia precisó en su sentencia SF que la relación prevista por el legislador de la Unión entre la Decisión Marco 2002/584 y la Decisión Marco 2008/909 debe contribuir a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social de la persona en cuestión. Asimismo, señaló que tal reinserción no solo redunda en el interés del condenado, sino también en el de la Unión Europea en general. (
34
) Esta concepción de la relación entre estas dos Decisiones Marco, en el sentido de que se debe favorecer el logro del referido objetivo, refuerza la necesidad de acotar el uso del motivo de denegación que figura en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 dentro de unos límites estrictos cuando el mecanismo de la entrega supeditada a garantía de devolución se aplique conforme a lo dispuesto en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584.
83.
Ello es tanto más cierto cuanto que del artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909 se desprende que sus disposiciones son aplicables en la medida en que sean compatibles con la Decisión Marco 2002/584, lo que implica una exigencia de coherencia al aplicar estas dos Decisiones Marco. En mi opinión, esta exigencia de coherencia no se cumpliría si, a falta de un cambio de circunstancias que justifique un replanteamiento de la apreciación inicial de la autoridad judicial de ejecución que condujo a esta a hacer prevalecer el interés asociado a la reinserción social de la persona afectada sobre el interés vinculado a la ausencia de doble tipificación, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución pudiera conceder prioridad a este último interés, en la fase del reconocimiento de la sentencia a efectos de la ejecución de la condena, invocando el motivo de no reconocimiento y de no ejecución contemplado en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909.
84.
En cuarto lugar, procede señalar que, con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, la finalidad del mecanismo de la orden de detención europea es permitir la detención y la entrega de una persona buscada para que, a la vista del objetivo perseguido por esa Decisión Marco, no quede impune el delito cometido y dicha persona pueda ser enjuiciada o pueda cumplir la pena privativa de libertad que se le ha impuesto. (
35
) Así, el mecanismo de la orden de detención europea tiene por objeto, en particular, luchar contra la impunidad de una persona buscada que se encuentre en un territorio distinto de aquel en el que es sospechosa de haber cometido un delito. (
36
)
85.
He de añadir que, a tenor del artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909, la relación entre esta Decisión Marco y la Decisión Marco 2002/584 debe tener también por objeto impedir la impunidad de la persona de que se trate.
86.
Del énfasis en este último objetivo, que constituye el objetivo principal del mecanismo de entrega establecido por esta última Decisión Marco, se infiere que el modo adecuado de articular dicha Decisión Marco con la Decisión Marco 2008/909 debe determinarse, en cada caso, teniendo en cuenta no solo el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado, sino también el de luchar contra la impunidad.
87.
Pues bien, cuando se trata de actos que no son constitutivos de delito de acuerdo con el Derecho del Estado miembro de ejecución, el hecho de que la autoridad judicial de ejecución no entregue a la persona reclamada invocando el artículo 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584 menoscaba el objetivo de lucha contra la impunidad. Por esta razón, el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 debe interpretarse de manera que, al tiempo que favorezca la entrega, permita la consecución de este objetivo, lo que implica restringir de forma estricta la posibilidad de invocar esta disposición cuando se aplique la garantía de devolución contemplada en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584. De lo contrario, la autoridad judicial de ejecución podría verse disuadida de poner en marcha el mecanismo de entrega condicionada previsto en la citada disposición, lo que socavaría el objetivo de lucha contra la impunidad. A este respecto, el hecho de que el órgano jurisdiccional remitente mencione la posibilidad de reconsiderar su decisión de entregar a la persona reclamada resulta revelador.
88.
De las consideraciones anteriores resulta que, en una situación en la que, en ausencia de doble tipificación, la autoridad judicial de ejecución no hace uso de la facultad de invocar el motivo de no ejecución contemplado en el artículo 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584 y procede a la entrega de la persona reclamada supeditando dicha entrega a una garantía de devolución, de conformidad con el artículo 5, punto 3, de esa Decisión Marco, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución no puede, en principio, en la fase del reconocimiento y de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada contra esta persona, invocar el motivo de no reconocimiento y de no ejecución previsto en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909, que también se basa en la ausencia de doble tipificación.
89.
El Gobierno neerlandés, aun aceptando, de conformidad con esta solución, que, a menos que se produzcan nuevas circunstancias, la apreciación efectuada inicialmente por la autoridad judicial de ejecución debe tenerse en consideración y surtir efectos en la fase del reconocimiento de la sentencia condenatoria, alega que, habida cuenta del lapso de tiempo considerable que puede transcurrir desde que se emite la decisión sobre la entrega hasta que se adopta la decisión de reconocimiento de la sentencia condenatoria, ha de tenerse en cuenta, con ocasión de la adopción de esta última decisión, la situación real y actual de la persona interesada a la luz del objetivo de facilitar su reinserción social.
90.
Por lo tanto, dicho Gobierno sostiene, en esencia, que debería poder efectuarse una nueva ponderación de los intereses en la fase del reconocimiento de la sentencia y de la ejecución de la condena, de conformidad con la Decisión Marco 2008/909. En efecto, es posible que, debido a la concurrencia de nuevas circunstancias desde que se formuló la garantía de devolución, tales como la pérdida del derecho de residencia de la persona de que se trate en el Estado miembro de ejecución o un cambio en su situación personal o familiar, la ejecución de la condena en ese Estado miembro ya no sea propicia para la reinserción social de esa persona en dicho Estado miembro. Según el Gobierno neerlandés, podría haber dejado de existir la razón por la que la autoridad judicial de ejecución decidió, en la fase del examen de la orden de detención europea, renunciar a invocar el motivo de no ejecución facultativa a que se refiere el artículo 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584. En tal caso, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución tendría de nuevo la posibilidad de aplicar el motivo de no reconocimiento y de no ejecución contemplado en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909.
91.
En la vista, la Comisión también admitió que la situación jurídica o fáctica de la persona interesada puede haber cambiado, de modo que, para garantizarle una mejor reinserción social, la pena o la medida privativas de libertad deba cumplirse en el Estado miembro de condena. En tal situación, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución podría acogerse, por tanto, con carácter excepcional, al motivo de no reconocimiento y de no ejecución contemplado en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909, aun cuando en la fase de la entrega no se hubiera invocado la ausencia de doble tipificación. A este respecto, la Comisión precisó que una solución contraria conduciría a impedir el logro del objetivo de facilitar la reinserción social del condenado.
92.
Al igual que el Gobierno neerlandés y la Comisión, reconozco que debe admitirse una excepción a la regla según la cual el motivo de no reconocimiento y de no ejecución que figura en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 no puede invocarse, en principio, al aplicar la garantía de devolución contemplada en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584. (
37
)
93.
En efecto, un cambio de circunstancias en la situación jurídica o fáctica del condenado, que contribuya a atenuar o a extinguir los vínculos de esa persona con el Estado miembro de ejecución, permite justificar, en la fase del reconocimiento de la sentencia condenatoria en el marco de la Decisión Marco 2008/909, que, en aras de una mejor reinserción social de dicha persona, la ejecución de la pena o la medida privativas de libertad tenga lugar en el territorio del Estado miembro de condena y no en el de ejecución. Así pues, es importante cerciorarse de que este reconocimiento siga contribuyendo, en esta fase, al objetivo de la Decisión Marco, a saber, facilitar la reinserción social del condenado. Si deja de ser así, ya no habrá motivos para impedir que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución haga uso de la facultad que le ofrece el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909.
94.
Procede señalar que, en tal situación, el artículo 25 de dicha Decisión Marco no se opone a que se aplique el artículo 9, apartado 1, letra d), de esa misma Decisión Marco en la medida en que, debido a un cambio de circunstancias, haya dejado de estar justificada la aplicación de la garantía de devolución exigida inicialmente sobre la base de circunstancias diferentes. (
38
) Por consiguiente, no se vulnera el mecanismo de la entrega supeditada a garantía de devolución contemplado en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584. Además, el objetivo de lucha contra la impunidad no se ve afectado, ya que el condenado cumplirá su pena en el Estado miembro de condena.
95.
En resumen, considero que los objetivos de facilitar la reinserción social del condenado y de luchar contra la impunidad son los que deben guiar, en cada caso concreto, la relación entre la Decisión Marco 2002/584 y la Decisión Marco 2008/909.
96.
Así pues, estos dos objetivos justifican que, en principio, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución no pueda invocar el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 en la fase del reconocimiento de la sentencia condenatoria, al aplicar la garantía de devolución a la que se ha supeditado la entrega conforme al artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584. En efecto, admitir de forma demasiado amplia la posibilidad de invocar el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909 iría en detrimento de la reinserción social del condenado y menoscabaría el objetivo de lucha contra la impunidad, en la medida en que ello podría disuadir a la autoridad judicial de ejecución de aplicar el mecanismo de la entrega supeditada a garantía de devolución, que estaría entonces potencialmente abocado al fracaso.
97.
Sin embargo, estos mismos objetivos justifican que se admita una excepción cuando, a la luz del objetivo de favorecer la reinserción social del condenado, la aplicación de la garantía de devolución haya perdido su razón de ser.
98.
Es preciso formular una última aclaración.
99.
En efecto, como señaló en particular la Comisión en la vista, es probable que, en la mayoría de los casos, se constate y se tenga en cuenta un cambio de circunstancias que justifique que la pena o la medida privativas de libertad se ejecute finalmente en el Estado miembro de condena incluso antes de que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución se plantee la posibilidad de invocar alguno de los motivos de no reconocimiento y de no ejecución que figuran en el artículo 9, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/909.
100.
A este respecto, procede recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909, la aplicación de la garantía de devolución debe efectuarse con arreglo a las normas establecidas en dicha Decisión Marco. Pues bien, la referida Decisión Marco organiza, en su artículo 4, apartados 2 a 5, el diálogo entre las autoridades competentes del Estado miembro emisor y del Estado miembro de ejecución con el fin de determinar en cuál de estos dos Estados miembros debe cumplirse la pena o la medida privativas de libertad con miras a facilitar la reinserción social del condenado.
101.
Si bien la existencia de una garantía de devolución exigida y obtenida de conformidad con el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584 implica una adaptación del procedimiento previsto en dichas disposiciones, en la medida en que la autoridad competente del Estado miembro emisor debería, en principio, conforme al compromiso asumido por ella en la fase de la entrega, estar obligada a transmitir la sentencia junto con el certificado, es posible que un cambio de circunstancias resulte en la necesidad de levantar dicha garantía de devolución y de no iniciar o llevar a término el procedimiento de reconocimiento.
102.
A este respecto, debo recordar que, con arreglo al artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, la persona interesada debe ser oída antes de ser devuelta al Estado miembro de ejecución para cumplir en este la pena o la medida de seguridad privativas de libertad impuesta en su contra en el Estado miembro emisor. No puede descartarse que esa persona alegue un cambio en su situación que justifique el cumplimiento de su condena en este último Estado miembro.
103.
Asimismo, dado que de las consultas entre las autoridades competentes del Estado miembro de condena y del Estado miembro de ejecución resulta que, para permitir una mejor reinserción social del condenado, la pena o la medida privativas de libertad que se le haya impuesto debe cumplirse en el primero de esos Estados miembros, es probable que dichas autoridades coincidan en que la garantía de devolución contemplada en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584 ha perdido su razón de ser y, por consiguiente, debe levantarse. Ello tendrá como consecuencia que o bien la autoridad competente del Estado miembro de condena no transmitirá la sentencia y el certificado, o bien, en caso de que estos ya se hayan transmitido, retirará el certificado, poniendo así fin al procedimiento de reconocimiento. Así pues, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución no tendrá que plantearse si procede invocar uno de los motivos de no reconocimiento y de no ejecución que figuran en el artículo 9, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/909.
104.
En realidad, solo en el supuesto de que, pese a estas consultas entre las autoridades competentes del Estado miembro de condena y el Estado miembro de ejecución, se haya iniciado y no se haya interrumpido el procedimiento de reconocimiento de la sentencia condenatoria, la autoridad competente de este último Estado miembro podría verse obligada, en su caso y dentro de los límites anteriormente descritos, a invocar el motivo de no reconocimiento y de no ejecución que figura en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909.
V. Conclusión
105.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos) del siguiente modo:
«El artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, y los artículos 9, apartado 1, letra d), y 25 de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299,
deben interpretarse en el sentido de que,
en una situación en la que, en ausencia de doble tipificación, la autoridad judicial de ejecución no hace uso de la facultad de invocar el motivo de no ejecución contemplado en el artículo 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, y procede a la entrega de la persona reclamada supeditando dicha entrega a una garantía de devolución, de conformidad con el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución no puede, en principio, en la fase del reconocimiento y de la ejecución de la sentencia condenatoria dictada contra esta persona, invocar el motivo de no reconocimiento y de no ejecución previsto en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, que también se basa en la ausencia de doble tipificación.
Sin embargo, ante un cambio de circunstancias tras la entrega que permita justificar que la pena o la medida privativas de libertad se ejecute en el Estado miembro emisor y no en el Estado miembro de ejecución y en el supuesto de que, pese a ese cambio de circunstancias, no se haya levantado la garantía de devolución a raíz de las consultas mantenidas entre las autoridades competentes de esos dos Estados miembros de conformidad con el artículo 4, apartados 2 a 5, de la Decisión Marco 2008/909, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, el artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución tenga la posibilidad de invocar el motivo de no reconocimiento y de no ejecución contemplado en el artículo 9, apartado 1, letra d), de dicha Decisión Marco.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
2
)	DO 2008, L 327, p. 27; corrección de errores en DO 2019, L 80, p. 52.
(
3
)	DO 2009, L 81, p. 24; en lo sucesivo, «Decisión Marco 2008/909».
(
4
)	DO 2002, L 190, p. 1.
(
5
)	En lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/584».
(
6
)	Por lo que respecta a la relación entre estas dos Decisiones Marco en caso de invocarse el motivo de no ejecución facultativa contemplado en el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, me remito a mis conclusiones presentadas en los asuntos C. J. (Ejecución de una condena a raíz de una ODE) y Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli y otros (C‑305/22 y C‑595/23, EU:C:2024:1030), las cuales remiten a mis conclusiones presentadas en el asunto C. J. (Ejecución de una condena a raíz de una ODE) (C‑305/22, EU:C:2024:508).
(
7
)	Véase la declaración formulada por los Países Bajos de conformidad con el artículo 7, apartado 4, de la Decisión Marco 2008/909, de 20 de septiembre de 2012, reproducida en la nota de transmisión de 1 de octubre de 2012 del Sr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Secretario de Estado de Seguridad y Justicia, Países Bajos), Ministerie van Veiligheid en Justitie (Ministerio de Seguridad y Justicia, Países Bajos), al Sr. Rafael Fernández-Pita y González, director general del Consejo, relativa a la notificación de la aplicación de la Decisión Marco 2008/909 por los Países Bajos (documento n.o 14427/12), disponible, en lengua inglesa, en la siguiente dirección de Internet: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14427‑2012-INIT/en/pdf.
(
8
)	Stb. 2004, n.o 195.
(
9
)	Stb. 2021, n.o 125.
(
10
)	Stb. 2000, n.o 495.
(
11
)	DO 2017, L 283, p. 1.
(
12
)	Stb. 2012, n.o 333.
(
13
)	Véase la nota 9 de las presentes conclusiones.
(
14
)	Stb. 1827, n.o 20.
(
15
)	El órgano jurisdiccional remitente hace referencia a la sentencia de 11 de marzo de 2020, SF (Orden de detención europea — Garantía de devolución al Estado de ejecución) (C‑314/18, en lo sucesivo, sentencia SF, EU:C:2020:191), apartado 41.
(
16
)	El subrayado es mío.
(
17
)	C‑289/15, EU:C:2017:4.
(
18
)	Véase la sentencia de 11 de enero de 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4), apartado 29. El subrayado es mío.
(
19
)	Véase, en particular, la sentencia de 6 de junio de 2023, O. G. (Orden de detención europea contra un nacional de un tercer Estado) (C‑700/21, EU:C:2023:444), apartado 35 y jurisprudencia citada.
(
20
)	Véase, en particular, la sentencia de 29 de abril de 2021, X (Orden de detención europea — Non bis in idem) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339), apartado 43 y jurisprudencia citada.
(
21
)	Véase la sentencia de 29 de abril de 2021, X (Orden de detención europea — Non bis in idem) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339), apartado 44.
(
22
)	Véase la sentencia de 9 de noviembre de 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C‑819/21, EU:C:2023:841), apartado 19.
(
23
)	Véase la sentencia de 9 de noviembre de 2023, Staatsanwaltschaft Aachen (C‑819/21, EU:C:2023:841), apartado 20.
(
24
)	Véanse, en particular, las sentencias de 29 de abril de 2021, X (Orden de detención europea — Non bis in idem) (C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339), apartado 39; de 14 de julio de 2022, Procureur général près la cour d’appel d’Angers (C‑168/21, EU:C:2022:558), apartado 40, y de 6 de junio de 2023, O. G. (Orden de detención europea contra un nacional de un tercer Estado) (C‑700/21, EU:C:2023:444), apartado 33.
(
25
)	Véase la sentencia de 11 de enero de 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4), apartado 46.
(
26
)	Véase la sentencia de 11 de enero de 2017, Grundza (C‑289/15, EU:C:2017:4), apartado 51.
(
27
)	Véase la sentencia SF, apartado 41.
(
28
)	Véanse la sentencia SF, apartado 48, y el auto de 16 de noviembre de 2023, PY (Nacional de un tercer Estado en el Estado miembro de ejecución) (C‑636/22, EU:C:2023:899), apartado 37.
(
29
)	En relación con el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, véase la sentencia de 6 de junio de 2023, O. G. (Orden de detención europea contra un nacional de un tercer Estado) (C‑700/21, EU:C:2023:444), apartados 53 a 68. Por lo que se refiere al artículo 5, punto 3, de dicha Decisión Marco, véase el auto de 16 de noviembre de 2023, PY (Nacional de un tercer Estado en el Estado miembro de ejecución) (C‑636/22, EU:C:2023:899), apartados 42 y 43.
(
30
)	Véase el auto de 16 de noviembre de 2023, PY (Nacional de un tercer Estado en el Estado miembro de ejecución) (C‑636/22, EU:C:2023:899), apartado 39. El examen por parte de la autoridad judicial de ejecución de si existe un interés legítimo que justifique que la pena o la medida de seguridad impuesta en el Estado miembro emisor sea ejecutada en el territorio del Estado miembro de ejecución debe efectuarse mediante una apreciación global de todos los elementos concretos que caracterizan la situación de la persona reclamada y que puedan indicar si existen entre esta persona y el Estado miembro de ejecución vínculos que permitan constatar que dicha persona está suficientemente integrada en ese Estado y que, por consiguiente, el cumplimiento en el Estado miembro de ejecución de la pena o de la medida de seguridad privativas de libertad que se le haya impuesto en el Estado miembro emisor contribuirá a la consecución del objetivo de reinserción social perseguido por el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584. Entre estos elementos figuran los vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos que mantenga la persona reclamada con el Estado miembro de ejecución, así como la naturaleza, la duración y las condiciones de su permanencia en dicho Estado miembro. Véase, en particular, por analogía, en relación con el artículo 4, punto 6, de la Decisión Marco 2002/584, la sentencia de 6 de junio de 2023, O. G. (Orden de detención europea contra un nacional de un tercer Estado) (C‑700/21, EU:C:2023:444), apartados 60 a 62 y 65 y jurisprudencia citada.
(
31
)	El Tribunal de Justicia ya ha señalado que el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado, perseguido por el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, habrá de ponderarse con otros intereses, en particular con la efectividad de las diligencias penales, de forma que se garantice una represión completa y eficaz del delito respecto del cual se ha dictado la orden de detención europea; véase la sentencia SF, apartado 56. Como señaló el Abogado General Pikamäe a propósito del artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584 en sus conclusiones presentadas en el asunto SF (Orden de detención europea — Garantía de devolución al Estado de ejecución) (C‑314/18, EU:C:2019:427), punto 61, «el objetivo de facilitar la reinserción social de la persona condenada no tiene pues carácter absoluto y puede ponderarse junto con otras exigencias».
(
32
)	La devolución por el Estado miembro emisor solo podrá tener lugar una vez que la condena haya adquirido firmeza; véase la sentencia SF, apartados 52 y 53.
(
33
)	Véase, asimismo, a este respecto, la Comunicación de la Comisión — Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas (DO C, C/2023/1270), puntos 2.5.2 y 5.9.2, de los que resulta que, en el supuesto contemplado en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, para transmitir la pena al Estado miembro de ejecución en el que se ejecuta, deben aplicarse el procedimiento y las condiciones exigidas por la Decisión Marco 2008/909. Esto condujo, en particular, al Tribunal de Justicia a declarar que el artículo 25 de la Decisión Marco 2008/909 debe interpretarse en el sentido de que, cuando la ejecución de una orden de detención europea dictada a efectos de entablar una acción penal se supedite a la condición prevista en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, el Estado miembro de ejecución, a fin de ejecutar la pena o la medida de seguridad privativas de libertad dictada en el Estado miembro emisor contra la persona en cuestión, únicamente podrá adaptar la duración de dicha condena con arreglo a los requisitos estrictos previstos en el artículo 8, apartado 2, de la Decisión Marco 2008/909; véase la sentencia SF, apartado 68.
(
34
)	Véase la sentencia SF, apartado 51.
(
35
)	Véase, en particular, la sentencia SF, apartado 47 y jurisprudencia citada.
(
36
)	Véase la sentencia de 18 de abril de 2023, E. D. L. (Motivo de denegación basado en enfermedad) (C‑699/21, EU:C:2023:295), apartado 44.
(
37
)	Con carácter más general, he de señalar que, en la fase de la entrega, la autoridad judicial de ejecución no puede tener la certeza de que la condena que, en su caso, se imponga podrá ejecutarse en el territorio del Estado miembro de ejecución. Dependiendo del tipo de condena, determinados motivos para el no reconocimiento y la no ejecución pueden resultar pertinentes. Así sucede, por ejemplo, con el artículo 9, apartado 1, letra k), de la Decisión Marco 2008/909, que contempla el supuesto de que la condena impuesta incluya una medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualquier otra medida privativa de libertad, que, no obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de dicha Decisión Marco, el Estado de ejecución no pueda ejecutar de conformidad con su sistema jurídico o sanitario.
(
38
)	Debo añadir que la segunda frase del considerando 12 de la Decisión Marco 2008/909 tiene carácter enunciativo, como revela la expresión «entre otras cosas» y, por consiguiente, no puede tomarse como base para inferir que, en el contexto de la aplicación de la garantía de devolución contemplada en el artículo 5, punto 3, de la Decisión Marco 2002/584, no cabe en ningún caso invocar el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Decisión Marco 2008/909.