62016CC0122
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PAOLO MENGOZZI
presentadas el 30 de mayo de 2017 (
1
)
Asunto C‑122/16 P
British Airways plc
contra
Comisión Europea
«Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Admisibilidad del recurso de casación ante el Tribunal de Justicia — Artículos 21, párrafo segundo, y 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Concepto de “derrota en el proceso” — Artículos 169, apartado 1, y 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Principio ne ultra petita — Motivo de orden público examinado de oficio — Defecto de motivación — Límites de la facultad de anulación del juez de la Unión Europea — Principio de tutela judicial efectiva»
1.
Cuando un juez de la Unión Europea aprecia de oficio un motivo de orden público, ¿está su poder de anulación limitado por el principio ne ultra petita? O bien, en tal caso, ¿puede dicho juez, por excepción a dicho principio, extraer todas las consecuencias de Derecho que se derivan de la estimación del motivo de orden público, y por consiguiente, eventualmente, ir más allá incluso de las pretensiones formuladas por las partes?
2.
Esta es, en esencia, la cuestión fundamental que se plantea en el presente asunto, que se refiere a un recurso de casación mediante el cual British Airways plc (en lo sucesivo, «BA») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 16 de diciembre de 2015, British Airways/Comisión (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»). (
2
)
3.
El contexto de este asunto es bastante peculiar. BA interpuso un recurso ante el Tribunal General solicitando la anulación parcial de la Decisión C(2010) 7694 final de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, que sancionó su participación en un acuerdo contrario a la competencia en el sector del transporte de mercancías por vía aérea (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»). (
3
) Sin embargo, el Tribunal General no examinó ninguno de los motivos invocados por BA en su recurso, sino que examinó de oficio un defecto de motivación que viciaba la Decisión controvertida en su totalidad. No obstante, al considerarse limitado por el principio ne ultra petita, el Tribunal General solo anuló dicha Decisión respecto de BA dentro de los límites de su pretensión de anulación parcial. En su recurso de casación BA impugna este enfoque y afirma que el Tribunal General debería haber anulado la Decisión controvertida en su totalidad.
4.
El presente asunto ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de aclarar el alcance de las facultades del juez de la Unión, en particular cuando, en el marco de un litigio sobre la legalidad de un acto, este haya examinado de oficio un motivo de orden público.
5.
Este asunto revela la tensión existente entre dos exigencias fundamentales, pero a veces antagónicas, que debe cumplir todo ordenamiento jurídico: por una parte, la exigencia de legalidad, que subyace a la facultad/al deber del juez de la Unión de examinar de oficio los motivos de orden público, y, por otra parte, la exigencia de estabilidad en las relaciones jurídicas, considerada dentro del marco particular del caso de autos, en relación con la delimitación de la facultad del juez derivada del principio de justicia rogada, del cual el principio ne ultra petita es un corolario.
6.
Para poder responder la cuestión fundamental que se plantea en el presente asunto, que por lo demás viene precedida por cuestiones no pacíficas relativas a la admisibilidad del recurso de casación de BA, el Tribunal de Justicia deberá encontrar un justo equilibrio entre estas exigencias, ponderando los diferentes principios en juego.
I. Antecedentes de los litigios y Decisión controvertida
7.
A raíz de una solicitud de dispensa de pago (
4
) presentada en 2005 por sociedades pertenecientes al grupo Deutsche Lufthansa, la Comisión Europea inició una investigación sobre la existencia de comportamientos contrarios a la competencia en el mercado del transporte aéreo de mercancías.
8.
Esta investigación concluyó con la adopción, el 9 de noviembre de 2010, de la Decisión controvertida, que la Comisión dirigió a 21 transportistas, entre los cuales se contaba BA.
9.
En esta Decisión la Comisión apreció que, al participar en la coordinación de determinados elementos del precio tenidos en cuenta para los servicios de transporte aéreo de mercancías, (
5
) BA y otras compañías aéreas habían infringido el artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3) y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, firmado el 21 de junio de 1999 en Luxemburgo, aprobado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 2002/309/CE, Euratom del Consejo y de la Comisión, en lo que se refiere al Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica, de 4 de abril de 2002, sobre la celebración de siete Acuerdos con la Confederación Suiza (DO 2002, L 114, p. 1). Por este motivo, la Comisión impuso a BA una multa de 104040000 euros.
II. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
10.
El 24 de enero de 2011, BA interpuso un recurso ante el Tribunal General por el que solicitaba la anulación parcial de la Decisión controvertida. (
6
) BA invocó siete motivos en apoyo de su recurso. Todos los destinatarios de la Decisión controvertida, salvo la compañía aérea Qantas Airways Ltd, impugnaron también la Decisión controvertida ante el Tribunal General.
11.
En el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento, el Tribunal General instó a las partes a presentar sus observaciones sobre la existencia de una posible contradicción entre los fundamentos de la Decisión controvertida y los cuatro primeros artículos de la parte dispositiva de la misma Decisión.
12.
El 16 de diciembre de 2015 el Tribunal General dictó la sentencia recurrida. (
7
)
13.
En esta sentencia, el Tribunal General recordó, en primer lugar, que según una reiterada jurisprudencia un defecto o una insuficiencia de motivación está comprendido entre los vicios sustanciales de forma, en el sentido del artículo 263 TFUE, y constituye un motivo de orden público que puede, o incluso debe, ser examinado de oficio por el juez de la Unión. (
8
)
14.
En segundo lugar, sin examinar ninguno de los siete motivos invocados por BA, el Tribunal General constató, por una parte, la existencia de una contradicción entre los fundamentos y la parte dispositiva de la Decisión controvertida (
9
) y, por otra parte, la existencia de contradicciones internas importantes dentro de los propios fundamentos de dicha Decisión. (
10
)
15.
Por último, el Tribunal General señaló que las contradicciones internas en la Decisión controvertida habían vulnerado el derecho de defensa de BA, en la medida en que no le habían permitido comprender la naturaleza y el alcance de la infracción o infracciones constatadas, y habían impedido que el Tribunal General ejerciera su control. (
11
)
16.
Habida cuenta de este análisis, el Tribunal General concluyó que la Decisión controvertida adolecía de un defecto de motivación.
17.
Sin embargo, el Tribunal General declaró que, dado que el juez de la Unión no podía resolver ultra petita y dado que la anulación que este pronuncia no puede exceder de la solicitada por la parte demandante, la pretensión relativa a la existencia del defecto de motivación no podía, en ese asunto, conllevar la anulación de la Decisión controvertida en su totalidad por lo que se refiere a BA. (
12
)
18.
En el apartado 90 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que era cierto que BA había alegado en la vista que este último podía anular la Decisión controvertida en su totalidad, debido a que la parte dispositiva no reflejaba la motivación de dicha Decisión. Sin embargo, el Tribunal General dictaminó que, aun suponiendo que fuera posible considerar que BA hubiera expresado implícitamente la voluntad de modificar sus pretensiones y de solicitar, en la vista, la anulación completa de dicha Decisión en la medida en que le afectaba, por una parte, la modificación de las pretensiones está sujeta a las más estrictas exigencias en cuanto a su claridad y su tenor y debe efectuarse de manera formal y, por otra parte, el defecto de motivación del que adolecía la Decisión controvertida se desprendía de la propia lectura de esta Decisión y no podía considerarse como un elemento de hecho y de Derecho que se hubiera revelado durante la fase escrita del procedimiento.
19.
En estas circunstancias, el Tribunal General anuló la Decisión controvertida dentro de los límites establecidos por las pretensiones que figuraban en la demanda interpuesta por BA. (
13
)
20.
El 17 de marzo de 2017, la Comisión adoptó una nueva Decisión relativa al acuerdo contrario a la competencia sancionado en la Decisión controvertida. Por lo que se refiere a BA, esta Decisión restablece los aspectos de la Decisión controvertida anulados en la sentencia recurrida.
III. Pretensiones de las partes
21.
Mediante su recurso de casación, BA solicita al Tribunal de Justicia, en primer lugar, que anule la sentencia recurrida en la medida en que limita el alcance de la anulación de la Decisión controvertida a las pretensiones que dicha parte formuló en su demanda en primera instancia; en segundo lugar, que anule el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida; en tercer lugar, que anule la Decisión controvertida en su totalidad, y, en cuarto lugar, que condene a la Comisión al pago de las costas del presente recurso de casación.
22.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a BA.
IV. Apreciación
23.
BA invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación. Mediante su primer motivo, sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerarse limitado por el principio ne ultra petita. Según BA, en la medida en que examinó de oficio un motivo de orden público y constató la existencia de un vicio del que adolecía la Decisión controvertida en su totalidad, el Tribunal General debería haber anulado completamente dicha Decisión. El segundo motivo, formulado con carácter subsidiario, se basa en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
24.
Con carácter preliminar, la Comisión ha propuesto excepciones de inadmisibilidad del recurso de casación que se deben analizar en primer lugar.
A.
Sobre la admisibilidad del recurso de casación
1. Sobre el incumplimiento de la exigencia de adjuntar la sentencia recurrida al recurso de casación
25.
En primer lugar, según la Comisión, el recurso de casación es inadmisible puesto que BA no adjuntó la sentencia recurrida al escrito de interposición, lo que en su opinión constituye una infracción del artículo 168, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. (
14
)
26.
En este sentido, cabe señalar que el antiguo Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establecía explícitamente que «al recurso de casación deberá adjuntarse la resolución del Tribunal General que fuere objeto del mismo». (
15
) No obstante, ya no existe expresamente tal exigencia en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia que entró en vigor el 1 de noviembre de 2012. Este último Reglamento exige únicamente, en su artículo 168, apartado 1, letra b), que la demanda contenga «la indicación de la resolución del Tribunal General impugnada», de manera que el Tribunal de Justicia pueda identificar esta Decisión de manera inequívoca.
27.
El artículo 168, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento remite al artículo 122, apartado 1, del mismo Reglamento, que a su vez remite al artículo 21, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia. De estas dos disposiciones se desprende que la demanda deberá ir acompañada del acto cuya anulación se solicita «si ha lugar». Pues bien, en mi opinión, la expresión «si ha lugar» debe entenderse en el sentido de que no es necesario adjuntar a la demanda el acto impugnado cuando el Tribunal de Justicia pueda disponer fácilmente de dicho acto, lo que, teniendo en consideración el desarrollo tecnológico, actualmente siempre es el caso para las sentencias y autos del Tribunal General.
28.
De ello se deduce que el artículo 168, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia no exige que se adjunte la sentencia recurrida al recurso de casación y que, por consiguiente, la primera excepción de inadmisibilidad de la Comisión debe ser desestimada.
2. Sobre la infracción del artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 169 y 170 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia
29.
En segundo lugar, según la Comisión, el recurso de casación es inadmisible dado que, en su opinión, no respeta las exigencias establecidas en el artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en los artículos 169 y 170 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Antes de analizar estas excepciones, no obstante, procede examinar la excepción de la Comisión según la cual el escrito de réplica, que BA fue autorizada a presentar para responder a estas excepciones, era inadmisible en su totalidad.
a) Sobre la admisibilidad del escrito de réplica
30.
La Comisión sostiene que los argumentos invocados por BA en su escrito de réplica en respuesta a las excepciones de inadmisibilidad que esta ha formulado constituyen un nuevo motivo alegado en el transcurso del procedimiento y que, debido a esta calificación, el escrito de réplica era inadmisible en su totalidad. (
16
) En efecto, según la Comisión, mientras que, en su recurso de casación, BA alegó que el Tribunal General había incurrido en un error de Derecho al no extraer las consecuencias jurídicas que se derivaban necesariamente de la estimación del motivo de orden público examinado de oficio, BA impugnó, por primera vez en su escrito de réplica, la desestimación de su pretensión, formulada en la vista celebrada ante el Tribunal General, de que se anulara la Decisión controvertida en su totalidad.
31.
A este respecto, cabe recordar que, en el marco del procedimiento, en aplicación del principio de contradicción respecto del motivo que pretendía examinar de oficio, el Tribunal General instó a las partes a expresar sus posturas sobre este motivo.
32.
Del apartado 90 de la sentencia recurrida se desprende que, en la vista, en el marco de su argumentación relativa a este motivo, BA alegó expresamente que el Tribunal General habría podido anular la Decisión controvertida en su totalidad.
33.
En el mismo apartado de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó expresamente esta solicitud de BA, tratándola por consiguiente, en esencia, como una solicitud «implícita» (según el propio término utilizado por el Tribunal General) de modificación de sus pretensiones. A continuación, el Tribunal General anuló parcialmente la Decisión controvertida dentro de los límites de las pretensiones tal como fueron formuladas por BA en su demanda.
34.
En su recurso de casación, BA alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerarse limitado por el principio ne ultra petita en ese asunto. Según la tesis de BA, cuando examine de oficio un motivo de orden público, el juez debería tener la facultad de extraer las consecuencias jurídicas que se deriven necesariamente de la estimación de este motivo, a saber, en el presente caso, la anulación total de la Decisión controvertida. Según BA, el juez es libre de ejercer esta facultad independientemente de las pretensiones de las partes, de manera que, en el presente caso, la presentación de una solicitud de modificación ni siquiera habría sido necesaria para permitir al Tribunal General anular la totalidad de la Decisión controvertida. (
17
)
35.
Se deduce lógicamente de esta tesis que, desde el punto de vista de BA, en la medida en que el Tribunal General, al estimar el motivo que examinó de oficio, debería haber anulado en todo caso la totalidad de la Decisión controvertida, el razonamiento que aparece en el apartado 90 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General desestimó su pretensión relativa a la anulación total de la Decisión impugnada, es erróneo.
36.
En estas condiciones, según BA, la Comisión no puede alegar válidamente que, al afirmar en su escrito de réplica que su recurso de casación tiene por objeto la desestimación de esta pretensión, BA formula un motivo nuevo respecto del planteado en el escrito de interposición del recurso de casación, basado en un error de Derecho en la aplicación del principio ne ultra petita. Por lo tanto, en mi opinión la excepción de inadmisibilidad del escrito de réplica debe ser desestimada.
b) Sobre la conformidad del recurso de casación con el artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
37.
La Comisión sostiene, en primer lugar, que el recurso de casación no es conforme con el artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dado que las pretensiones de BA no fueron desestimadas en el sentido de esa disposición. En efecto, habida cuenta de que el Tribunal General estimó las pretensiones de BA según se habían delimitado en su demanda, considera que esta parte obtuvo plena satisfacción en primera instancia.
38.
BA replica que vio sus pretensiones desestimadas. En efecto, sostiene que en la vista había alegado, en el marco de su argumentación relativa al motivo examinado de oficio por el Tribunal General, que se debía anular íntegramente la Decisión controvertida y que en la sentencia recurrida el Tribunal General desestimó esta pretensión. En su opinión, la interpretación de las normas procesales que propone la Comisión priva a la parte afectada por una sentencia dictada por el Tribunal General con base en un motivo examinado de oficio de la posibilidad de obtener la tutela judicial efectiva ante el Tribunal de Justicia.
39.
Con carácter preliminar, debo recordar que, según lo dispuesto en el artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea «[un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia] podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas […]».
40.
Ahora bien, procede señalar que existe una divergencia lingüística entre la versión en lengua francesa del artículo 56, párrafo segundo, de dicho Estatuto y la versión en lengua inglesa, que es la lengua de procedimiento en el presente asunto. En efecto, para que una parte recurrente pueda interponer un recurso de casación, con arreglo a la versión en lengua francesa, es necesario que esta haya «succombé en ses conclusions», mientras que, según lo dispuesto en la versión en lengua inglesa, se requiere que la parte recurrente haya sido «unsuccessful […] in its submissions». La versión en lengua francesa utiliza, por tanto, el término «conclusions» que coincide con el término utilizado en los artículos 168, apartado 1, letra d), 169, apartado 1, y 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, mientras que la versión en lengua inglesa utiliza, en cambio, el término «submissions», que no se corresponde con la expresión «form of order» utilizada en dichas disposiciones y que puede abarcar no solo a las pretensiones (el petitum), sino también a los argumentos jurídicos invocados ante el Tribunal General. Se encuentran también diferencias en otras versiones lingüísticas del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que algunas de estas versiones no se refieren a un concepto que corresponda al término francés «conclusions» utilizado en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. (
18
)
41.
En estas circunstancias, dado que no se puede atribuir a ninguna de estas versiones lingüísticas un carácter prioritario, el artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe interpretarse en función de la lógica general y de la finalidad de las disposiciones en materia de recurso de casación. (
19
)
42.
En particular, procede verificar si, como sostiene la Comisión, el concepto de «ver sus pretensiones desestimadas» con arreglo a esta disposición puede entenderse como una referencia a las pretensiones formuladas en la demanda inicial o, como mínimo, en una solicitud formal de modificación de las pretensiones.
43.
En este sentido, en primer lugar cabe señalar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las pretensiones de las partes deben caracterizarse por una elevada exigencia de claridad (
20
) y, en principio, por su inmutabilidad. (
21
) Esta inmutabilidad de principio está estrictamente vinculada a la exigencia del respeto de los plazos de recurso. (
22
)
44.
Sin embargo, la inmutabilidad de las pretensiones no es absoluta. Existen algunas excepciones, que no obstante están extremadamente limitadas.
45.
Así pues, el Tribunal de Justicia ha admitido en ocasiones la modificación de las pretensiones de la demanda una vez iniciado el procedimiento cuando esta se base en elementos de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante la fase escrita del procedimiento. (
23
) Asimismo, la modificación de pretensiones es actualmente posible con arreglo al artículo 86 del nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que codificó una jurisprudencia preexistente, (
24
) cuando el acto cuya anulación se haya solicitado sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto. Asimismo, en algunos casos particulares el Tribunal de Justicia ha admitido la posibilidad de precisar las pretensiones en el transcurso del procedimiento. (
25
) Sin embargo, la modificación de las pretensiones está sujeta a unas exigencias muy estrictas en cuanto a su claridad y a su tenor y debe realizarse de manera formal, (
26
) a pesar de que, no obstante, es posible realizarla en la vista. (
27
)
46.
Pues bien, cuando un demandante presente una solicitud de modificación de sus pretensiones y el Tribunal General desestime expresamente esta solicitud en su sentencia, dicho demandante no podrá ser privado de la posibilidad de impugnar la legalidad de dicha desestimación por el simple motivo de que haya visto satisfechas sus pretensiones originales, tal como aparecen en su demanda.
47.
En efecto, es evidente que tal demandante habrá visto desestimada su solicitud de modificación de sus pretensiones. Si el Tribunal de Justicia constatara que el Tribunal General desestimó erróneamente dicha solicitud, este demandante podría potencialmente obtener más de lo que hubiera obtenido mediante la estimación de sus pretensiones originales. Por tanto tal demandante debe tener la posibilidad de impugnar la legalidad de la desestimación de su solicitud de modificación de las pretensiones.
48.
Además, la cuestión de si el Tribunal General desestimó justificadamente o no la solicitud de modificación de las pretensiones de una parte se enmarca en las cuestiones de fondo del asunto, independientemente de si el Tribunal General desestimó tal solicitud por inobservancia de los requisitos formales.
49.
En mi opinión, de ello se deduce que, contrariamente a lo que afirma la Comisión, el concepto de «derrota en el proceso» en el sentido del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no puede limitarse estrictamente a las pretensiones formuladas en la demanda inicial o a las modificadas respetando los requisitos de forma. En cambio, dicho concepto debe abarcar el hecho de ver desestimadas todas las solicitudes presentadas ante el Tribunal General durante el procedimiento sobre el que el Tribunal General se pronunció en la sentencia recurrida.
50.
Tal interpretación del citado artículo 56, párrafo segundo, parece ser, por lo demás, coherente con las diferentes versiones lingüísticas de esta disposición, todas las cuales hacen referencia al concepto de «derrota en el proceso», aunque no todas vinculan necesariamente esta noción a las pretensiones formalmente formuladas en la demanda inicial. (
28
)
51.
De lo anterior se deduce que, en el presente caso, dado que en el apartado 90 de la sentencia recurrida el Tribunal General se pronunció sobre la pretensión «implícita» de BA de anular la Decisión controvertida en su totalidad, desestimándola, debe considerarse que BA ha visto sus pretensiones desestimadas sobre este punto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por consiguiente, desde este punto de vista su recurso de casación debe considerarse admisible.
c) Sobre la conformidad del recurso de casación con el artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia
52.
La Comisión sostiene, en segundo lugar, que el recurso de casación no es conforme con el artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, puesto que no tiene por objeto la anulación del fallo de la sentencia recurrida, sino que dicho fallo sea completado, ampliando la anulación parcial, que solicitó BA en primera instancia y el Tribunal General concedió, hasta la anulación total.
53.
Con arreglo al artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia «las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General tal y como figura en el fallo de dicha resolución.»
54.
Esta disposición se refiere a las pretensiones del escrito de interposición del recurso de casación relativas al recurso de casación (mientras que el artículo 170 del mismo Reglamento se refiere a las pretensiones en caso de estimación del recurso de casación). Esta se refiere en particular al principio fundamental en materia de recurso de casación según el cual este debe dirigirse contra el fallo de la resolución impugnada del Tribunal General y no puede pretender exclusivamente la modificación de algunos de los motivos de esta resolución. (
29
)
55.
En el presente caso, tal como se desprende del punto 21 de las presentes conclusiones, por lo que respecta a las pretensiones relativas al recurso de casación, BA presentó dos pretensiones: en la primera, solicitó la anulación de la sentencia recurrida «en la medida en que [dicha sentencia] limita el alcance de la anulación de la Decisión controvertida a las pretensiones formuladas en su recurso en primera instancia»; en su segunda pretensión, esta solicitó la anulación del punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.
56.
Mediante su primera pretensión, BA solicita, por tanto, la anulación de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida que fundamentan el punto 1 del fallo en la medida en que solo concede la anulación parcial de la Decisión controvertida. Se trata concretamente, por una parte, de la decisión del Tribunal General de considerarse limitado, en el presente caso, por el principio ne ultra petita y, por otra parte, de la decisión de desestimar la solicitud «implícita» de modificación de las pretensiones que BA afirma haber formulado en la vista. (
30
) En este sentido, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los fundamentos de la sentencia recurrida que constituyen el sustento necesario de su fallo son indisociables de este (
31
) y el fallo de una sentencia debe interpretarse a la luz de dichos fundamentos. (
32
)
57.
Con base en esta premisa, en su segunda pretensión BA solicita además la anulación del punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.
58.
A este respecto, también procede señalar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, si es competente para apreciar la solución jurídica que se ha dado a los motivos objeto de debate ante el Tribunal General, también debe ser competente, so pena de privar al procedimiento de casación de una parte importante de su sentido, para apreciar las consecuencias jurídicas derivadas de la solución dada por el Tribunal General, que constituyen asimismo una cuestión de Derecho. (
33
)
59.
Ahora bien, en su recurso de casación, BA cuestiona el alcance de la anulación pronunciada por el Tribunal General a consecuencia de la estimación del motivo que este examinó de oficio. Por consiguiente, BA impugna las consecuencias jurídicas que el Tribunal General extrajo de la estimación de este motivo.
60.
De todo lo expuesto anteriormente se desprende que, en el presente caso, la Comisión no puede alegar válidamente que el recurso de casación de BA no pretende la anulación del fallo de la sentencia recurrida, como exige el artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
d) Sobre la conformidad del recurso de casación con el artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia
61.
Por último, la Comisión sostiene que el recurso de casación tampoco es conforme con el artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En su opinión este artículo no autoriza a un recurrente a presentar en un procedimiento de casación pretensiones que excedan de las pretensiones presentadas en primera instancia y a solicitar una medida más amplia que la solicitada ante el Tribunal General. Según la Comisión, no puede considerarse que la solicitud formulada por BA en la vista celebrada ante el Tribunal General relativa al alcance de la anulación (apartado 90 de la sentencia recurrida) forme parte del objeto del litigio dirimido ante el Tribunal General.
62.
El artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia dispone que «las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto que, en el caso de que se declare fundado, se estimen, total o parcialmente, las pretensiones aducidas en primera instancia, sin incluir ninguna pretensión nueva» y que «el recurso de casación no podrá modificar el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General».
63.
La introducción de un artículo específico dedicado a las pretensiones en caso de estimación del recurso de casación es una novedad del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia que entró en vigor el 1 de noviembre de 2012. Esta disposición tiene por objeto las consecuencias que el Tribunal de Justicia debe extraer del posible reconocimiento de la procedencia del recurso de casación. Aparece lógicamente después del artículo 169, apartado 1, del mismo Reglamento, y pretende evitar que un recurrente en casación pueda presentar al Tribunal de Justicia pretensiones que no haya formulado ante el Tribunal General. (
34
)
64.
En el presente caso, las pretensiones en caso de estimación del recurso de casación de BA aparecen en la tercera pretensión, mediante la cual esta parte solicita al Tribunal de Justicia que anule la Decisión controvertida en su totalidad.
65.
Se debe comprobar si esta solicitud debe calificarse de «nueva pretensión» y si puede modificar el objeto del litigio en el sentido del artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
66.
A este respecto, en primer lugar procede señalar que la solicitud contenida en la tercera pretensión corresponde exactamente con la solicitud «implícita» de modificación de las pretensiones que el Tribunal General desestimó en el apartado 90 de la sentencia recurrida. Asimismo, se refiere a una cuestión —la de la posible anulación íntegra de la Decisión controvertida a consecuencia de la estimación del motivo examinado de oficio— que, tal como se desprende del apartado 90 de la sentencia recurrida, fue debatida ante el Tribunal General en el marco de las deliberaciones relativas a este motivo.
67.
En segundo lugar, si bien, tal como se desprende de las consideraciones expuestas en los puntos 58 y 59 de las presentes conclusiones, un recurrente puede impugnar mediante un recurso de casación las consecuencias jurídicas que el Tribunal General haya extraído de la estimación de un motivo (en el presente caso el que ha sido examinado de oficio), tal recurrente debe lógicamente ser autorizado a solicitar al Tribunal de Justicia, en caso de una posible estimación de su recurso de casación, que extraiga él mismo las consecuencias de pleno Derecho que se derivan de la estimación del mencionado motivo.
68.
En este sentido, no cabe duda de que, si el Tribunal de Justicia estima el recurso de casación de BA al considerar que el Tribunal General incurrió en el error de Derecho del que esta última le acusa, de ello se deduciría necesariamente que la Decisión controvertida debe ser anulada en su totalidad. (
35
)
69.
Por tanto, en el presente caso, la anulación íntegra de la Decisión controvertida no es sino la consecuencia jurídica necesaria de una posible estimación de las pretensiones de BA en el recurso de casación (mencionadas en los puntos 21 y 55 de las presentes conclusiones) y, por consiguiente, de una posible anulación de la sentencia recurrida.
70.
En estas condiciones, en el marco de las circunstancias sumamente particulares que caracterizan el presente asunto, no creo que el artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se oponga a la admisibilidad del recurso de casación.
71.
De lo anterior se deduce que, en mi opinión, el recurso de casación de BA es admisible.
B.
Sobre el primer motivo, basado en un error de Derecho derivado de la incorrecta aplicación del principio ne ultra petita
1. Breve resumen de la argumentación de las partes
72.
Mediante su primer motivo, BA afirma que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerarse limitado por el principio ne ultra petita cuando apreció de oficio la existencia de vicios esenciales de orden público y de los que adolecía la Decisión controvertida en su totalidad.
73.
Según BA, cuando el juez de la Unión aprecia de oficio una cuestión de orden público, las limitaciones inter partes vinculadas al principio ne ultra petita dejan de ser aplicables. En tal supuesto, esta parte considera que dicho juez debe tener competencia para formular el fallo de la sentencia de la manera que estime adecuada y no debería verse limitado en el ejercicio de esta competencia por las pretensiones de una parte.
74.
Según BA, si en un asunto relativo a una cuestión de orden público el juez de la Unión tiene libertad para apartarse de los motivos invocados por las partes, por extensión debe ser libre de la misma manera para apartarse de sus pretensiones. Solo de esta manera podrá dictar un fallo adecuado en su sentencia y rectificar de manera efectiva las infracciones contra el orden público que haya constatado.
75.
Las consecuencias del hecho de que el Tribunal General examine de oficio motivos de orden público no pueden quedar supeditadas a los intereses individuales de las partes en el litigio. Tampoco pueden depender de una posible modificación por parte de estas de sus pretensiones durante el procedimiento. Tal solución supondría también dejar las cuestiones de orden público en manos de las partes.
76.
Asimismo, en el marco de su toma en consideración, en la sentencia recurrida, de los procedimientos nacionales posteriores de indemnización, BA considera que el Tribunal General estableció una distinción arbitraria entre la situación de BA (que solo obtuvo una anulación parcial de la Decisión controvertida) y la de las otras compañías aéreas que también impugnaron dicha Decisión (que obtuvieron su anulación total), a pesar de que todos los recurrentes se encontraban en la misma situación respecto del vicio esencial de motivación identificado de oficio por el Tribunal General.
77.
Por último, en su opinión el enfoque del Tribunal General suscita dificultades en cuanto a la administración de la justicia, dado que entiende que anima a los recurrentes a formular sus pretensiones de una manera amplia sistemáticamente y sin justificación, con el fin de poder obtener una anulación de mayor alcance en el supuesto de que el juez de la Unión examine de oficio un motivo de orden público.
78.
La Comisión rebate los argumentos de BA. En particular, considera que la tesis de BA equivale a negar los principios expresados en la jurisprudencia derivada de la sentencia Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros (en lo sucesivo, «asunto AssiDomän»). (
36
) En su opinión, la diferencia entre el asunto AssiDomän y el presente asunto es simplemente una cuestión de grado. Mientras que en el asunto AssiDomän algunos destinatarios de una decisión de la Comisión no la impugnaron, en el presente caso BA solo impugnó ante el Tribunal General determinados aspectos de la Decisión controvertida.
2. Análisis
79.
¿Ha incurrido en un error de Derecho el Tribunal General al considerarse, en el presente caso, limitado por el principio ne ultra petita? ¿Podía dicho Tribunal, o incluso debía, al extraer todas las consecuencias jurídicas derivadas del defecto de motivación de orden público advertido de oficio que viciaba la totalidad de la Decisión controvertida, anular completamente esa Decisión, a pesar de las pretensiones de BA que solo hacían referencia a la anulación parcial?
80.
Tal como he señalado en los puntos 5 y 6 de las presentes conclusiones, estas cuestiones revelan una tensión entre exigencias jurídicas diferentes y en ocasiones antagónicas. La respuesta de las mismas depende, pues, de la relación entre estas exigencias y la ponderación de los principios que subyacen a estas.
81.
En estas circunstancias, comenzaré por realizar un análisis del alcance y la razón de ser de estos principios y exigencias, para a continuación proponer una respuesta a dichas cuestiones.
a) Sobre el principio ne ultra petita, corolario del principio de justicia rogada
82.
En primer lugar procede caracterizar el principio ne ultra petita invocado por el Tribunal General como el límite, en ese asunto, de su facultad de anulación.
83.
Derivado del adagio «ne eat iudex ultra petita partium», el principio ne ultra petita prohíbe al juez que debe pronunciarse sobre un recurso de anulación ir más allá de las pretensiones de las partes. (
37
) Según una fórmula jurisprudencial reiterada, dado que el juez de la Unión no puede pronunciarse ultra petita, la anulación que este declare no puede ir más allá de la solicitada por el demandante. (
38
)
84.
El principio ne ultra petita es un corolario del principio de justicia rogada, que es un principio rector de los litigios sobre legalidad ante el juez de la Unión. De acuerdo con el principio de justicia rogada, son las partes quienes tienen la iniciativa del proceso y quienes delimitan el objeto del litigio, por lo que el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se le solicita y solo sobre lo que se le solicita (y por tanto ne ultra petita). (
39
)
85.
Generalmente, el principio de justicia rogada y su corolario, el principio ne ultra petita, se consideran como la plasmación de la autonomía privada de las personas. En efecto, la cuestión de si un sujeto invoca sus derechos ante el juez, y en qué medida lo hace, depende, a fin de cuentas, de su propia voluntad. Tal concepción, no obstante, es sobre todo válida en el marco del proceso civil. (
40
)
86.
No obstante, en los procedimientos de Derecho público, el principio de justicia rogada y el principio ne ultra petita —y los límites a las facultades del juez que se derivan de ellos— adquieren un alcance diferente. (
41
) Más concretamente, estos principios deben ser entendidos en relación con la decisión de estructurar el litigio de legalidad en Derecho de la Unión como un litigio que depende de la interposición de un recurso.
87.
Así pues, del artículo 263 TFUE, párrafos segundo, tercero y cuarto, se desprende que el juez de la Unión solo es competente para controlar la legalidad de los actos adoptados por las instituciones, los órganos o los organismos de la Unión si —y en la medida en que— se le ha planteado un recurso interpuesto por uno de los sujetos habilitados a presentarlo con arreglo a estas disposiciones.
88.
En ausencia de tal recurso, el juez de la Unión no dispone de competencia alguna para verificar ex officio la legalidad de los actos adoptados por las instituciones, los órganos o los organismos de la Unión. (
42
)
89.
Dicho de otro modo, el poder del juez de la Unión para controlar la legalidad de la actividad de las instituciones de la Unión depende de la existencia y del alcance de un recurso de anulación interpuesto por uno de los sujetos indicados en el artículo 263 TFUE. Si no se ha planteado tal recurso ante el juez, este no puede cuestionar la legalidad de los actos adoptados por las otras instituciones, órganos u organismos de la Unión e interferir así en sus ámbitos de actividad. (
43
)
90.
Desde esta perspectiva, los límites al poder del juez derivados del principio ne ultra petita, como expresión del principio de justicia rogada, se refieren no solo a la autonomía privada, sino también al principio de la separación de poderes, que caracteriza el funcionamiento de todo Estado de Derecho, y que, en el contexto de la Unión Europea, se traduce en el principio de equilibrio institucional, que implica que cada una de las instituciones ha de ejercer sus competencias sin invadir las de las demás. (
44
)
91.
En lo tocante al principio ne ultra petita, también procede señalar que, tal como se desprende de su nombre (ne ultra petita), este principio está relacionado con el petitum y, por tanto, con las solicitudes de las partes como las expuestas en sus pretensiones. Sin embargo, el Tribunal de Justicia se refiere a veces a este principio también en relación con los motivos presentados por las partes en apoyo de sus pretensiones. Lo hace, de forma concreta, con respecto a la prohibición de que el juez examine motivos que no hayan sido presentados por las partes, a excepción —precisamente— de los motivos que el juez pueda, incluso deba, examinar de oficio. (
45
)
92.
Desde esta perspectiva, el hecho de examinar de oficio un motivo de orden público puede considerarse como una excepción al principio ne ultra petita entendido en un sentido amplio (a saber, en el sentido de que se refiere no solo al petitum, sino también a los motivos invocados en su apoyo). No obstante, la existencia de la facultad de examinar de oficio estos motivos no implica necesariamente que, en el caso de que el juez de la Unión ejerza esta facultad, pueda adoptar una resolución que vaya más allá de las pretensiones de las partes. En efecto, las dos cuestiones son distintas. (
46
)
b) Sobre el respeto del plazo de recurso como exigencia de orden público
93.
La posibilidad de que uno de los sujetos indicados en el artículo 263 TFUE plantee ante el juez de la Unión una demanda para controlar la legalidad de un acto de la Unión está sujeta a una limitación temporal: el recurso debe ser interpuesto dentro del plazo establecido en el párrafo sexto de dicho artículo.
94.
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que una decisión que no haya sido impugnada por su destinatario dentro de los plazos establecidos por esta disposición adquiere firmeza frente a aquel. (
47
)
95.
El Tribunal de Justicia también ha indicado que este plazo y la consecuencia de su transcurso, a saber, la adquisición de firmeza, pretenden proteger los intereses públicos y que, en consecuencia, dicho plazo es de orden público y no constituye un elemento discrecional para las partes ni para el juez, debiendo examinarse su respeto de oficio por el juez de la Unión. (
48
)
96.
Esta jurisprudencia se basa especialmente en la consideración de que el objetivo de los plazos de recurso es garantizar la seguridad jurídica, evitando que puedan ponerse indefinidamente en cuestión actos de la Unión que surtan efectos jurídicos, así como en los imperativos de buena administración de la justicia y de economía procesal. (
49
)
97.
Pues bien, los principios expresados en esta jurisprudencia no se aplican solo en los casos de recursos cuyo objetivo sea la anulación íntegra de un acto, sino que son igualmente válidos en caso de una demanda de anulación parcial. Así pues, en caso de interposición de un recurso por el que se solicite la anulación parcial de un acto, las partes disociables (
50
) de este acto que no hayan sido impugnadas dentro del plazo de recurso adquirirán firmeza, en particular frente a su destinatario.
98.
Asimismo, tal como he señalado en el punto 43 de las presentes conclusiones, las exigencias de orden público relacionadas con el respeto del plazo de recurso constituyen el fundamento de la inmutabilidad de principio de las pretensiones de las partes en el procedimiento de anulación. La expiración de este plazo tiene por efecto cristalizar las pretensiones, en principio, y por tanto definir el objeto del litigio de manera definitiva. En efecto, permitir a un demandante que amplíe el alcance de sus pretensiones tras la expiración del plazo de recurso equivaldría, en esencia, a permitirle eludir dicho plazo y solicitar la anulación de otro acto (o de otra parte de un acto) cuando el plazo para impugnar su legalidad ya haya expirado y dicho acto (o esa parte del acto) haya adquirido firmeza frente a dicho demandante. (
51
)
99.
Por último, también procede señalar que, debido a las exigencias de seguridad jurídica que subyacen a las normas relativas a los plazos del procedimiento, el Tribunal de Justicia las ha aplicado de una manera extremadamente restrictiva, solo admitiendo excepciones en circunstancias totalmente excepcionales. (
52
)
c) Sobre la exigencia de protección de la legalidad que subyace al examen de oficio de los motivos de orden público
100.
La exigencia de protección de la legalidad requiere que, en el cumplimiento de su misión fundamental de garantizar el respeto del Derecho de la Unión que le confiere el artículo 19 TUE, el juez de la Unión no esté limitado a un papel exclusivamente pasivo, pues de lo contrario se podría ver obligado, en su caso, a basar su resolución en consideraciones jurídicas erróneas. Así pues, determinadas normas procesales y la jurisprudencia le reconocen competencia para examinar de oficio motivos de Derecho, calificados como motivos de orden público, que le permiten ir más allá de los motivos y argumentos invocados por las partes. Se trata de supuestos referidos tanto a cuestiones relativas al procedimiento que se desarrolla ante este, (
53
) como a cuestiones relativas a la legalidad del acto impugnado. (
54
)
101.
En general, incumbe al juez de la Unión examinar de oficio la infracción de una norma del ordenamiento jurídico de la Unión que parece lo suficientemente importante para ser calificada como de orden público y para justificar su sanción ex officio. En efecto, cuando se constata la infracción de tal norma importa poco saber si dicho acto adolece también de los vicios alegados por el demandante en apoyo de su demanda de anulación, dado que la defensa del ordenamiento jurídico de la Unión permite al juez que conoce de su legalidad, e incluso le exige, que constate que el acto en cuestión adolece de un vicio que, en todo caso, supone su anulación. (
55
)
102.
El Tribunal de Justicia nunca ha ofrecido una definición precisa del concepto de «motivo de orden público», ni ha identificado de manera abstracta los criterios que permiten establecer si un motivo es de orden público o no. Sin embargo, los elementos extraídos de la jurisprudencia permiten delimitar con una cierta precisión estos criterios en lo referente al ordenamiento jurídico de la Unión.
103.
A este respecto, como ya he tenido ocasión de señalar en múltiples ocasiones, (
56
) suscribo el enfoque propuesto por el Abogado General Jacobs en sus conclusiones presentadas en el asunto Salzgitter/Comisión (C‑210/98 P, EU:C:2000:172). (
57
) Así pues, en mi opinión, un motivo es de orden público cuando, por una parte, la norma infringida pretenda contribuir a un objetivo o valor fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión y desempeñe un papel significativo en la consecución de dicho objetivo o valor y, por otra parte, si dicha norma fue establecida en interés de terceros o de la colectividad en general, y no meramente en interés de las personas directamente afectadas.
104.
Por consiguiente, se trata de una exigencia de legalidad que se podría definir como «reforzada», dado que es relativa a la protección del «orden público», esto es, a la protección de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión en beneficio de terceros o de la colectividad en general que justifica la facultad/el deber del juez de la Unión de examinar de oficio los motivos de orden público, incluso más allá de los motivos que las partes hayan alegado ante este en apoyo de sus solicitudes.
d) Sobre el alcance del poder de anulación del juez de la Unión cuando este examina de oficio un motivo de orden público
105.
¿Justifica también tal exigencia de legalidad «reforzada», vinculada a la protección del orden público, que fundamenta la facultad del juez de la Unión para examinar de oficio un motivo de Derecho, la extensión de su facultad de anulación más allá de lo solicitado por el recurrente? ¿Permite esta exigencia al juez poner en tela de juicio partes de una decisión que, no habiendo sido objeto de recurso, haya adquirido firmeza frente al recurrente?
106.
La respuesta a estas cuestiones depende a fin de cuentas de cuál de los condicionantes antes descritos debe prevalecer.
107.
Pues bien, por lo que se refiere a esta elección, me parece que el Tribunal de Justicia se enfrenta esencialmente a tres opciones, de las cuales solo la tercera, por los motivos que desarrollaré más adelante, me parece convincente.
108.
La primera opción es la que consistiría en seguir la tesis propuesta por BA y hacer prevalecer la exigencia de legalidad «reforzada» reconociendo al juez la facultad de ir más allá de las pretensiones de las partes cuando examine un motivo de orden público. Es innegable que tal enfoque posee una cierta lógica. En efecto, dado que la norma infringida es tan importante que ha sido calificada como de orden público y que puede ser apreciada ex officio, el juez, independientemente de las pretensiones de las partes, debe poder rectificar la ilegalidad resultante de su infracción. Este enfoque es coherente con la facultad del juez de examinar de oficio los motivos de orden público que, como he señalado en los puntos 91 y 92 de las presentes conclusiones, constituye una excepción al principio ne ultra petita entendido en sentido amplio. Aunque este enfoque tiene algún apoyo en la jurisprudencia, esta jurisprudencia es implícita, está aislada, es antigua y se limita, al parecer, a los litigios en materia de función pública. (
58
)
109.
Una segunda posibilidad sería la de permitir a las partes, en el marco de sus tomas de posición (necesarias para el respeto del principio de contradicción) (
59
) sobre el motivo que el juez de la Unión pretende examinar de oficio, adaptar el alcance de sus pretensiones a la luz de este motivo.
110.
Una tercera opción, la escogida por el Tribunal General y defendida por la Comisión y por la que también me inclino, consiste en hacer prevalecer las exigencias vinculadas al principio ne ultra petita y a la seguridad jurídica (en relación con el respeto del plazo de recurso) limitando la facultad de anulación del juez a las pretensiones de las partes.
111.
En este sentido, considero que las siguientes consideraciones son pertinentes.
112.
En primer lugar, procede considerar el asunto AssiDomän, cuya pertinencia ha sido debatida por las partes. En la sentencia relativa a ese asunto, que tenía por objeto la legalidad de una Decisión en materia de acuerdos contrarios a la competencia, el Tribunal de Justicia declaró que la anulación de una Decisión pronunciada mediante una sentencia respecto de un demandante no afecta a la validez de otra Decisión, idéntica o similar, que adolezca de la misma irregularidad y esté dirigida a otro destinatario que no la haya impugnado dentro del plazo de recurso. (
60
) Para fundamentar esta solución, el Tribunal de Justicia hizo referencia al principio ne ultra petita y a las exigencias de seguridad jurídica que subyacen al respeto de los plazos de recurso.
113.
No cabe duda de que el presente asunto contiene determinadas diferencias respecto del asunto AssiDomän. En primer término, en el asunto AssiDomän la ilegalidad de la que adolecía la Decisión de la Comisión no se derivaba, como en el presente caso, de la infracción de una norma de orden público. (
61
) En segundo término, el asunto AssiDomän tenía por objeto una situación en la que unas sociedades no habían interpuesto ningún recurso contra la Decisión de la que eran destinatarias y cuya revisión solicitaban, tras la expiración del plazo de recurso, reclamando que se extendiera en su favor la constatación de la ilegalidad realizada por el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso interpuesto por otro destinatario de dicha Decisión. En cambio, en el presente asunto, BA sí que impugnó ante el juez —y dentro del plazo de recurso establecido— la legalidad de la Decisión controvertida, o, más concretamente, de solo una parte de esta.
114.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias, en mi opinión el asunto AssiDomän es pertinente para la apreciación del presente asunto, en la medida en que en este el Tribunal de Justicia hizo una elección clara: en la ponderación entre la exigencia de protección de la legalidad y la de seguridad jurídica, este optó por la segunda. (
62
)
115.
Pues bien, las cuestiones en juego en el presente asunto tienen puntos de convergencia con las del asunto AssiDomän. También en este caso existe un enfrentamiento entre, por una parte, la exigencia de protección de la legalidad (que, en el marco del presente asunto, está vinculada al orden público), y, por otra parte, la exigencia (también de orden público) de seguridad jurídica, relacionada con la adquisición de firmeza frente a BA de las partes de la Decisión controvertida que esta no impugnó dentro del plazo de recurso. En el presente asunto, a esta última exigencia se añade, no obstante, a diferencia del asunto AssiDomän, la de la limitación de la facultad de anulación del juez que deriva del principio ne ultra petita, tal como lo he caracterizado en los puntos 82 a 90 de las presentes conclusiones.
116.
En segundo lugar, en su jurisprudencia el Tribunal de Justicia ha identificado una situación en la que las exigencias de legalidad de orden público deben prevalecer sobre las de la seguridad jurídica (así como sobre las relacionadas con el principio ne ultra petita).
117.
Se trata del supuesto de que un acto adolezca de una irregularidad cuya gravedad sea tan evidente que no pueda ser tolerada por el ordenamiento jurídico de la Unión, de manera que dicho acto deba ser calificado de inexistente. En tal caso, el Tribunal de Justicia ha admitido que el juez de la Unión está autorizado a constatar que dicho acto no produce ningún efecto jurídico incluso cuando ese acto haya sido impugnado tras la expiración del plazo de recurso. (
63
) Aunque el Tribunal de Justicia aún no ha tenido ocasión de precisarlo explícitamente, se debe considerar que, en un caso tan excepcional, el juez está facultado para constatar la inexistencia del acto impugnado, incluso yendo más allá de las pretensiones de las partes, por vía de excepción al principio ne ultra petita.
118.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha indicado expresamente que la gravedad de las consecuencias que se deducen de la declaración de la inexistencia de un acto de las instituciones de la Unión postula que, por razones de seguridad jurídica, esta declaración quede limitada a supuestos del todo extraordinarios, (
64
) en las que el acto de que se trata adolezca de vicios especialmente graves y evidentes. (
65
)
119.
Por lo tanto, solo en estos supuestos del todo extraordinarios, contrariamente al enfoque adoptado en el asunto AssiDomän, puede la exigencia de protección de la legalidad justificar que el juez de la Unión pueda rebasar los límites establecidos por las normas que restringen su misión de control de la legalidad, impuestos, en particular, por la exigencia del respeto de la estabilidad de las situaciones jurídicas mencionada en los puntos 94 a 98 de las presentes conclusiones, así como por la del equilibrio institucional reseñada en el punto 90 de estas.
120.
Ahora bien, la constatación de un defecto de motivación que afecte a una Decisión dirigida a un destinatario, aun cuando dicho vicio constituya una ilegalidad grave y que pueda afectar a la totalidad del acto impugnado, no me parece que pueda estar comprendida, por no concurrir los requisitos que permiten constatar la inexistencia de dicho acto, (
66
) en uno de los supuestos extraordinarios que el Tribunal de Justicia ha admitido que pueden justificar el rebasamiento de dichos límites.
121.
Es cierto que la exigencia de legalidad que he calificado de «reforzada», dado que está relacionada con el carácter de orden público de la norma infringida, justifica que el juez constate ex officio tal ilegalidad. Sin embargo, esta exigencia no justifica, en mi opinión, que el juez pueda prescindir de las fronteras de su facultad, según vienen delimitadas in concreto por la solicitud de tutela judicial presentada por un demandante, y tal como se especifica en sus pretensiones, volviendo así a poner en entredicho la firmeza que han adquirido frente a este las partes de la Decisión que no han sido impugnadas.
122.
En este sentido, procede señalar que fue el propio destinatario de la Decisión que es objeto del recurso quien, al especificar en sus pretensiones el alcance de su necesidad de tutela judicial, determinó in concreto los límites de la intervención del juez.
123.
Desde esta perspectiva, tampoco me parece que el hecho de que el juez haya examinado de oficio un motivo de orden público pueda justificar una modificación de estos límites en el transcurso del procedimiento. Por una parte, de la jurisprudencia citada en el punto 95 de las presentes conclusiones se desprende que el juez no puede modificar los plazos de recurso. Por otra parte, un motivo que podría haber sido invocado por el propio demandante no constituye un elemento nuevo que pueda justificar una modificación de las pretensiones. (
67
) Estos son los motivos por los que no me convence la segunda opción, que he mencionado en el punto 109 de las presentes conclusiones.
124.
En este sentido, cabe señalar que, en todo caso, tal como se desprende del punto 45 de las presentes conclusiones y del apartado 90 de la sentencia recurrida, una posible modificación de las pretensiones está sujeta a unas exigencias de forma muy estrictas, que en el presente caso, tal como ha constatado el Tribunal General, BA no ha satisfecho.
125.
De lo anterior se deduce, en mi opinión, que el Tribunal General no ha incurrido en un error de Derecho al considerar que sus facultades estaban limitadas por las pretensiones formuladas por BA en su demanda cuando extrajo las consecuencias del defecto de motivación de la Decisión controvertida que constató.
126.
No cabe duda de que en un caso en el que, como en el presente asunto, se oponen principios fundamentales del ordenamiento jurídico y en el que es necesario hace prevalecer a uno sobre otro, ninguna solución será completamente satisfactoria. Así pues, en el asunto AssiDomän, el enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia condujo a que una Decisión viciada de ilegalidad, pero que había devenido firme, continuara produciendo efectos jurídicos. En el presente asunto se producirá un resultado análogo: la parte de la Decisión controvertida que no fue objeto de recurso continuará produciendo efectos jurídicos a pesar de su ilegalidad. Sin embargo, al igual que en el asunto AssiDomän, este resultado no será sino la consecuencia de la decisión de BA de no impugnar esta parte de la Decisión controvertida.
127.
Por último, procede analizar también brevemente los otros argumentos invocados por BA, que no pueden poner en entredicho la solución que propongo.
128.
En primer lugar, no creo que el enfoque adoptado por el Tribunal General haya supuesto una vulneración del principio de igualdad de trato. En efecto, no cabe duda de que BA no se encontraba en la misma situación que las de los otros transportistas que impugnaron la Decisión controvertida y respecto de los cuales el Tribunal General pronunció la anulación total de esta Decisión. A diferencia de BA, todos ellos habían solicitado efectivamente en sus pretensiones la anulación total de la Decisión controvertida.
129.
En segundo lugar, en lo tocante a los procedimientos de indemnización ante los órganos jurisdiccionales nacionales, que el Tribunal General mencionó en los apartados 39 a 42 de la sentencia recurrida, no creo que estos puedan justificar en forma alguna que el juez de la Unión pueda resolver ultra petita. En efecto, la responsabilidad civil en que pueda incurrirse por los daños y perjuicios ocasionados por el comportamiento anticompetitivo de un recurrente no puede, en principio, tener incidencia en el ejercicio de las competencias del juez de la Unión derivadas del artículo 263 TFUE.
130.
En último lugar, el argumento de BA, mencionado en el punto 77 de las presentes conclusiones, relativo a posibles preocupaciones en relación con la buena administración de justicia, tampoco puede invocarse para justificar una excepción a la limitación del poder del juez para resolver ultra petita. A este respecto, por un lado, si una parte formula pretensiones que no están en absoluto fundamentadas en los motivos invocados en su demanda, dichas pretensiones serán simplemente desestimadas. Por otro lado, el alcance de la pretensión (y por tanto el alcance de la anulación solicitada) es lo que define el petitum, independientemente de la cuestión de si los motivos invocados en apoyo de las pretensiones están o no fundados. Así pues, aunque los motivos invocados en apoyo de la solicitud de anulación sean infundados, el juez podría perfectamente anular el acto impugnado, dentro del límite del petitum, si aprecia de oficio un motivo de orden público que suponga la anulación del acto en cuestión.
131.
De todo lo anterior se deduce, en mi opinión, que el primer motivo de BA debe desestimarse.
C.
Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del principio de tutela judicial efectiva establecido en el artículo 47 de la Carta
1. Breve resumen de la argumentación de las partes
132.
Mediante su segundo motivo, BA alega que, aun cuando se constatara que el Tribunal General no ha incurrido en un error de Derecho al basarse en el principio ne ultra petita, en todo caso, al limitar dicho Tribunal el alcance de la anulación a las pretensiones formuladas en la demanda, vulneró el principio, jerárquicamente superior, de tutela judicial efectiva establecido en el artículo 47 de la Carta.
133.
Según BA, se desprende de la jurisprudencia tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (
68
) como del Tribunal de Justicia, (
69
) que dicho principio exige un control pleno y entero, de hecho y de Derecho, de una Decisión de la Comisión que sancione comportamientos contrarios a las normas de competencia. Este control también debe incluir la facultad de anular dicha Decisión.
134.
BA observa que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General constató incoherencias que afectaban a la Decisión controvertida y reconoció que dichas incoherencias habían menoscabado su derecho de defensa y habían impedido al juez ejercer su control. Sin embargo, en su opinión, el Tribunal General omitió extraer las consecuencias necesarias de estas constataciones en el fallo de la sentencia recurrida. Al actuar de este modo, según BA dicho Tribunal vulneró el principio de tutela judicial efectiva. En su opinión, estas incoherencias plantean problemas particularmente graves en los procedimientos nacionales de indemnización relativos a las apreciaciones que figuran en la Decisión controvertida.
135.
La Comisión sostiene que el segundo motivo de BA es infundado.
2. Análisis
136.
El Tribunal de Justicia ha declarado que el control jurisdiccional establecido en los Tratados sobre las decisiones de la Comisión que sancionan los comportamientos anticompetitivos —que consiste en un control de legalidad contemplado en el artículo 263 TFUE, completado por la competencia de plena jurisdicción por lo que respecta al importe de la multa, contemplada en el artículo 31 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 (
70
)— no es contrario a las exigencias del principio de tutela judicial efectiva que figura en el artículo 47 de la Carta. (
71
)
137.
No obstante, el Tribunal de Justicia ha señalado que este principio supone que el juez de la Unión ejerza un control, pleno y completo, tanto de hecho como de Derecho, sobre la decisión de la Comisión y, en particular, que tenga la facultad de anular dicha decisión. (
72
)
138.
En el mismo contexto, el Tribunal de Justicia también ha señalado que el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión es contradictorio y que, exceptuando los motivos de orden público que el juez debe examinar de oficio, como la falta de motivación de la decisión impugnada, corresponde a la parte demandante alegar los motivos contra esta y aportar las pruebas en apoyo de dichos motivos. (
73
)
139.
Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que la ausencia de control de oficio de la decisión impugnada en su conjunto no vulnera el principio de tutela judicial efectiva. En efecto, para el respeto de este principio no es indispensable que el juez de la Unión, que está ciertamente obligado a responder a los motivos invocados y a ejercer un control tanto de hecho como de Derecho, esté obligado a proceder de oficio a una nueva instrucción completa del expediente. (
74
)
140.
Por último, también se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el derecho a una tutela judicial efectiva no se ve en absoluto perjudicado por la aplicación estricta de la normativa de la Unión relativa a los plazos procesales, que responden a la exigencia de la seguridad jurídica y a la necesidad de evitar toda discriminación o todo trato arbitrario en la administración de justicia. (
75
) En efecto, dichas razones de seguridad jurídica justifican que el plazo de recurso constituya una limitación inherente al derecho de acceso al juez. (
76
)
141.
Pues bien, de la jurisprudencia que acabo de resumir se desprende que, aunque el principio de tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta exige que el juez de la Unión ejerza un control pleno y completo, tanto de hecho como de Derecho, sobre las decisiones de la Comisión que sancionan comportamientos anticompetitivos cuya legalidad haya sido impugnada ante este, la efectividad de este control jurisdiccional no se opone a que su ejercicio esté limitado por determinadas normas procesales que responden a diferentes exigencias de principio.
142.
Así pues, por una parte, se desprende del carácter contradictorio del procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, así como de la no indispensabilidad de la existencia de un control de oficio del conjunto de la decisión impugnada para el respecto del derecho garantizado por el artículo 47 de la Carta, que es compatible con este derecho un sistema de control jurisdiccional basado en el principio de justicia rogada en el que corresponde a las partes determinar el objeto del litigio, sin que el juez pueda rebasar los límites establecidos por estas. Por consiguiente, no es contrario al principio de tutela judicial efectiva que el control pleno y completo, cuya realización incumbe al juez de la Unión, y que implica la facultad de anular la Decisión impugnada, se vea limitado por las solicitudes de las partes tal como las formularon en sus pretensiones.
143.
Por otra parte, dado que el derecho a una tutela judicial efectiva no se ve perjudicado por la aplicación estricta de las normas en materia del plazo de recurso, el respecto de este derecho no implica en absoluto que, para garantizar a las partes la efectividad de su tutela judicial, el juez de la Unión esté obligado, por excepción a dichas normas, (
77
) a ampliar el alcance de sus solicitudes más allá de sus pretensiones, ampliando así el alcance de su control más allá del asunto que se le ha planteado, y ello incluso en los casos en los que dicho juez examine de oficio un motivo de orden público y/o constate una vulneración del derecho de defensa.
144.
De lo anterior se deduce que, en el presente caso, el respeto del principio de la tutela judicial efectiva no obligaba al Tribunal General a ir más allá de las pretensiones formuladas por BA y que por tanto el segundo motivo de BA debe desestimarse.
145.
En estas circunstancias, considero que el recurso de casación de BA debe desestimarse en su conjunto.
V. Sobre las costas
146.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea infundado, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas. Según lo dispuesto en el artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicha norma, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
147.
Si el Tribunal de Justicia asume mis apreciaciones relativas al recurso de casación de BA, dicha parte verá desestimado su recurso de casación. Puesto que la Comisión ha hecho una solicitud en tal sentido, propongo que el Tribunal de Justicia condene a BA al pago de las costas del presente recurso de casación.
VI. Conclusión
148.
A tenor de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva de la siguiente manera:
–
Desestimar el recurso de casación.
–
Condenar en costas a British Airways plc.
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	T‑48/11, no publicada, EU:T:2015:988.
(
3
)	Decisión relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (asunto COMP/39258 — Transporte aéreo de mercancías).
(
4
)	La solicitud de dispensa de pago fue presentada en virtud de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).
(
5
)	Los comportamientos sancionados se referían a la existencia de contactos contrarios a la libre competencia relativos a un «recargo por carburante», un «recargo de seguridad» y al pago de una comisión sobre los recargos (véase el apartado 5 de la sentencia recurrida).
(
6
)	Más concretamente, en su recurso ante el Tribunal General, BA solicitó la anulación de la Decisión controvertida en la medida en que constataba su participación en la negativa a pagar las comisiones, su participación en la infracción de las normas de competencia entre el 22 de enero de 2001 y el 1 de octubre de 2001, la constatación de esta violación en lo referente a Hong Kong, Japón, India, Tailandia, Singapur, Corea del Sur y Brasil, así como en la medida en que le imponía una multa.
(
7
)	El mismo día en que se pronunció la sentencia recurrida, el Tribunal General dictó resoluciones en el marco de los recursos interpuestos por los otros transportistas denunciados que también tenían por objeto impugnar la Decisión controvertida. En cada una de estas sentencias, el Tribunal General anuló íntegramente la Decisión en lo referente a la compañía aérea que había interpuesto el recurso en cuestión (véase, en particular, la sentencia de 16 de diciembre de 2015, Air Canada/Comisión, T‑9/11, no publicada, EU:T:2015:994).
(
8
)	Apartado 29 de la sentencia recurrida.
(
9
)	Véanse los apartados 41 a 70 de la sentencia recurrida. Más concretamente, el Tribunal General ha señalado que, aunque los fundamentos de la Decisión controvertida describían una sola infracción única y continua, relativa a todas las relaciones cubiertas por el cártel, en la que consideró que habían participado todos los transportistas denunciados, la parte dispositiva de dicha Decisión podía tener dos interpretaciones distintas (véase, de forma más específica, el apartado 61 de la sentencia recurrida).
(
10
)	Apartados 71 a 74 de la sentencia recurrida.
(
11
)	Apartados 76 a 85 de la sentencia recurrida.
(
12
)	Apartados 87 y 88 de la sentencia recurrida.
(
13
)	Apartado 92 y punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.
(
14
)	El artículo 168, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia dispone, en particular, que el artículo 122, apartado 1, del mismo Reglamento es aplicable al recurso de casación. Según lo dispuesto en esta última disposición «la demanda irá acompañada, si ha lugar, de los documentos indicados en el artículo 21, párrafo segundo del Estatuto [del Tribunal de Justicia de la Unión Europea]». El artículo 21, párrafo segundo, del Estatuto prevé que la demanda «deberá ir acompañada, si ha lugar, del acto cuya anulación se solicita».
(
15
)	Véase el artículo 112, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1991, en vigor hasta el 31 de octubre de 2012.
(
16
)	Artículos 190, apartado 1, y 127, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
(
17
)	Véanse los puntos 72 a 75 de las presentes conclusiones.
(
18
)	Así pues, a modo de ejemplo y sin pretensión de exhaustividad, existe, en determinadas lenguas, al igual que en francés, una correspondencia terminológica entre el artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las disposiciones pertinentes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. De este modo, todas esas disposiciones utilizan el mismo término, esto es, «Anträgen» en lengua alemana, «conclusioni» en lengua italiana, «pretensiones» en lengua española, «nõue» en lengua estonia y «prasījumi» en lengua letona. En otras versiones lingüísticas, no obstante, no existe tal correspondencia lingüística y el tenor del artículo 56, párrafo segundo, de dicho Estatuto no contiene ninguna referencia expresa al término equivalente al término francés «conclusions» que se utiliza en el Reglamento de Procedimiento. Por consiguiente, para traducir el concepto de «derrota en el proceso», la versión en lengua neerlandesa del citado artículo 56, párrafo segundo, no hace referencia a las «conclusies», la versión en lengua danesa no se refiere a los «påstande», la versión en lengua griega no hace referencia a los «αιτήματα», la versión en lengua sueca no se refiere a los «yrkanden» y la versión en lengua portuguesa no se refiere a los «pedidos».
(
19
)	Véase en este sentido, inter alia, la sentencia de 25 de marzo de 2010, Helmut Müller (C‑451/08, EU:C:2010:168), apartado 38 y jurisprudencia citada.
(
20
)	Según reiterada jurisprudencia, las pretensiones del escrito de demanda deben ser formuladas de manera inequívoca para que el juez de la Unión no resuelva ultra petita ni omita pronunciarse sobre una imputación. Véanse, en particular, la sentencia de 26 de enero de 2017, Mamoli Robinetteria/Comisión (C‑619/13 P, EU:C:2017:50), apartado 31 y jurisprudencia citada.
(
21
)	Así pues, de una jurisprudencia consolidada se desprende que, en principio, las partes no pueden modificar durante el procedimiento el objeto del litigio y que la fundamentación del recurso solo debe examinarse en relación con las pretensiones contenidas en el escrito de interposición del recurso. Véase, inter alia, la sentencia de 11 de noviembre de 2010, Comisión/Portugal (C‑543/08, EU:C:2010:669), apartado 20 y jurisprudencia citada. Véase también, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 1979, GEMA/Comisión (125/78, EU:C:1979:237), apartado 26.
(
22
)	A este respecto, véase el punto 98 de las presentes conclusiones.
(
23
)	Véanse las sentencias de 3 de marzo de 1982, Alpha Steel/Comisión (14/81, EU:C:1982:76), apartado 8; de 8 de julio de 1965, Krawczynski/Comisión (83/63, EU:C:1965:70), apartado 2, y de 14 de julio de 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Comisión (103/85, EU:C:1988:398), apartado 11. El pronunciamiento una sentencia del Tribunal de Justicia puede constituir tal elemento nuevo (véase la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/ComisiónC‑580/12 P, EU:C:2014:2363, apartados 15 a 20).
(
24
)	La jurisprudencia consideraba como un elemento nuevo que permitía a la parte demandante adaptar sus pretensiones y motivos un acto que hubiera sido adoptado con posterioridad a la interposición de un recurso y que tuviera el mismo objeto que el acto impugnado (véanse las sentencias de 3 de marzo de 1982, Alpha Steel/Comisión14/81, EU:C:1982:76, apartado 8, y de 14 de julio de 1988, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Comisión103/85, EU:C:1988:398, apartado 11).
(
25
)	Así pues, por ejemplo, en la sentencia de 2 de junio de 1976, Kampffmeyer y otros/CEE (56/74 a 60/74, EU:C:1976:78), apartados 6 a 9, el Tribunal de Justicia admitió la presentación de pretensiones adicionales para determinar la entidad del perjuicio sufrido.
(
26
)	Véanse las sentencias de 14 de diciembre de 1962, Compagnie des hauts fourneaux de Chasse/Haute Autorité (33/59, EU:C:1962:43), p. 736, y de 14 de diciembre de 1962, Meroni/Haute Autorité (46/59 y 47/59, EU:C:1962:44), p. 803. Véase también el apartado 90 de la sentencia recurrida.
(
27
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión (C‑580/12 P, EU:C:2014:2363), apartados 15 a 20.
(
28
)	Véanse el punto 40 y la nota 18 de las presentes conclusiones.
(
29
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2012, Al-Aqsa/Consejo y Países Bajos/Al-Aqsa (C‑539/10 P y C‑550/10 P, EU:C:2012:711), apartados 43 a 45.
(
30
)	Decisiones que aparecen en los apartados 87, 88, 90 y 91 de la sentencia recurrida, respectivamente. En este sentido, es innegable que, en la medida en que el defecto de motivación constatado invalidaba la totalidad de la Decisión controvertida (lo que queda demostrado por el hecho de que, con respecto a las otras compañías aéreas que impugnaron la Decisión controvertida, el Tribunal General pronunció una anulación total, basada en el mismo defecto de motivación constatado para BA), si el Tribunal General no se hubiera considerado limitado por el principio ne ultra petita y no hubiera desestimado la solicitud de modificación de las pretensiones de BA, habría anulado la Decisión en su totalidad, lo que habría afectado al punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.
(
31
)	Véanse las sentencias de 1 de junio de 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) y Diputación Foral de Vizcaya/Comisión (C‑442/03 P y C‑471/03 P, EU:C:2006:356), apartado 44, y de 15 de noviembre de 2012, Al-Aqsa/Consejo y Países Bajos/Al-Aqsa (C‑539/10 P y C‑550/10 P, EU:C:2012:711), apartado 49 y jurisprudencia citada.
(
32
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de marzo de 1978, Bosch (135/77, EU:C:1978:75), apartado 4, y de 26 de abril de 1988, Asteris y otros/Comisión (97/86, 99/86, 193/86 y 215/86, EU:C:1988:199), apartado 27.
(
33
)	Sentencia de 11 de diciembre de 2008, Comisión/Département du Loiret (C‑295/07 P, EU:C:2008:707), apartados 97 y 98.
(
34
)	Tal como una nueva pretensión de indemnización por daños y perjuicios (véase, por ejemplo, la sentencia de 18 de marzo de 1993, Parlamento/Frederiksen, C‑35/92 P, EU:C:1993:104, apartados 34 a 36), o una pretensión de anulación dirigida contra actos distintos del acto impugnado (véase, por ejemplo, la sentencia de 6 de marzo de 2001, Connolly/Comisión, C‑273/99 P, EU:C:2001:126, apartados 18 a 20).
(
35
)	Véase la nota 30 de las presentes conclusiones.
(
36
)	Sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros (C‑310/97 P, EU:C:1999:407).
(
37
)	Véanse las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Galp Energía España y otros/Comisión (C‑603/13 P, EU:C:2015:482), punto 35.
(
38
)	Véase, ex multis, la sentencia de 19 de enero de 2006, Comunità montana della Valnerina/Comisión (C‑240/03 P, EU:C:2006:44), apartado 43 y jurisprudencia citada.
(
39
)	En este sentido, véanse las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto Comisión/Alrosa (C‑441/07 P, EU:C:2009:555), punto 146 y del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Total/Comisión (C‑597/13 P, EU:C:2015:207), puntos 58 y 59. El principio de justicia rogada se expresa en diferentes normas que rigen el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, y en particular en el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el artículo 120, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y en el artículo 76, letra d) del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en virtud de los cuales el procedimiento se iniciará ante los órganos jurisdiccionales de la Unión mediante una demanda que deberá contener, inter alia, el objeto del litigio, las pretensiones y una exposición sumaria de los motivos invocados.
(
40
)	A este respecto, véanse las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Vedial/OAMI (C‑106/03 P, EU:C:2004:457), punto 28. Véase también la sentencia de 14 de diciembre de 1995, van Schijndel y van Veen (C‑430/93 y C‑431/93, EU:C:1995:441), apartados 20 y 21. También se ha señalado que el principio de justicia rogada pretende también proteger el derecho de defensa y garantizar el buen desarrollo del procedimiento, en particular al prevenir los retrasos inherentes a la apreciación de nuevos motivos (véanse las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto Duarte Hueros, C‑32/12, EU:C:2013:128, punto 32 y jurisprudencia citada).
(
41
)	Ya se ha observado que el principio de justicia rogada y la norma ne ultra petita pueden tener un alcance distinto en los procedimientos de Derecho civil y los de Derecho público. Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Galp Energía España y otros/Comisión (C‑603/13 P, EU:C:2015:482), punto 36.
(
42
)	El juez de la Unión también puede controlar la legalidad de un acto de la Unión en el marco de una remisión prejudicial de validez o de una excepción de ilegalidad. Estos procedimientos no son en absoluto procedimientos que dicho juez pueda incoar de oficio.
(
43
)	De manera coherente con este enfoque, la jurisprudencia reconoce que los actos de la Unión disfrutan, en principio, de una presunción de legalidad y, por tanto, producen efectos jurídicos, aun cuando adolezcan de irregularidades, mientras no hayan sido anulados a raíz de la estimación de un recurso de anulación, revocados o declarados inválidos a raíz de una cuestión prejudicial o de una excepción de ilegalidad. Véase, en particular, la sentencia de 6 de octubre de 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C:2015:650), apartado 52 y jurisprudencia citada.
(
44
)	Véase el artículo 13 TUE, apartado 2. Véase también la sentencia de 28 de julio de 2016, Consejo/Comisión (C‑660/13, EU:C:2016:616), apartado 32 y jurisprudencia citada.
(
45
)	Véase la sentencia de 10 de diciembre de 2013, Comisión/Irlanda y otros (C‑272/12 P, EU:C:2013:812), apartados 27 y 28 y jurisprudencia citada.
(
46
)	En este sentido, véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Salzgitter/Comisión (C‑210/98 P, EU:C:2000:172), punto 150.
(
47
)	Sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros (C‑310/97 P, EU:C:1999:407), apartado 57 y jurisprudencia citada.
(
48
)	Véase, ex multis, la sentencia de 8 de noviembre de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión (C‑469/11 P, EU:C:2012:705), apartado 50 y jurisprudencia citada.
(
49
)	Sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros (C‑310/97 P, EU:C:1999:407), apartado 61.
(
50
)	La anulación parcial de las partes de un acto que son indisociables del resto de dicho acto es imposible y por tanto una demanda en tal sentido es inadmisible. Véase la sentencia de 24 de mayo de 2005, Francia/Parlamento y Consejo (C‑244/03, EU:C:2005:299), apartados 20 y 21.
(
51
)	No obstante, estos principios no pueden poner en entredicho la admisibilidad, en el presente caso, de las pretensiones de BA en caso de estimación del recurso de casación que corresponden a la solicitud de modificación de pretensiones expresamente desestimada por el Tribunal General en la sentencia recurrida y que constituyen la consecuencia jurídica necesaria de una posible estimación de su recurso de casación (véanse los puntos 66 a 70 de las presentes conclusiones).
(
52
)	Como el caso fortuito o la fuerza mayor, con arreglo al artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En este sentido, véase, ex multis, el auto de 12 de julio de 2016, Vichy Catalán/EUIPO (C‑399/15 P, no publicado, EU:C:2016:546), apartado 23 y jurisprudencia citada.
(
53
)	Así pues, por ejemplo, según lo dispuesto en el artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el juez de la Unión puede examinar de oficio su incompetencia manifiesta o el carácter manifiestamente inadmisible de un recurso (véase también artículo 181 de este Reglamento). Con arreglo al artículo 150 del mismo Reglamento, dicho juez puede examinar de oficio las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público.
(
54
)	De este modo, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el juez de la Unión puede examinar de oficio la incompetencia del autor del acto (véase la sentencia de 13 de julio de 2000, Salzgitter/Comisión, C‑210/98 P, EU:C:2000:397, apartado 56), un vicio sustancial de forma, esto es, las irregularidades que afecten a la forma del acto o al procedimiento seguido y que menoscaben los derechos de terceros o de las personas destinatarias de dicho acto o que puedan influir en el contenido de dicho acto como, por ejemplo, la falta de autenticación regular (sentencia de 6 de abril de 2000, Comisión/Solvay, C‑287/95 P y C‑288/95 P, EU:C:2000:189, apartado 55), la falta de notificación (sentencia de 8 de julio de 1999, Hoechst/ComisiónC‑227/92 P, EU:C:1999:360, apartado 72), así como la falta de motivación del acto (véase, ex multis, la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartados 34 y 35).
(
55
)	Véanse las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en el asunto Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, EU:C:2009:298), punto 64. En este sentido, procede observar, no obstante, que en estas conclusiones el Abogado General Bot había precisado, algunos puntos más arriba, que, dado que son las partes las que determinan y circunscriben el litigio, el juez de la Unión «no puede exceder de las solicitudes que se le presentan en las pretensiones» (véase el punto 59).
(
56
)	Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Bensada Benallal (C‑161/15, EU:C:2016:3), puntos 67 y ss. y jurisprudencia citada.
(
57
)	Véanse los puntos 141 y 142.
(
58
)	Así pues, en una sentencia en materia de función pública, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse sobre la admisibilidad de un recurso de anulación parcial, declaró que «[…] al anular el acto en su totalidad, el Tribunal de Justicia resuelve ultra petita cuando el motivo dirigido contra la decisión impugnada no se refiera al orden público» (sentencia de 28 de junio de 1972, Jamet/Comisión, 37/71, EU:C:1972:57, apartado 12); al basarse en esta sentencia, el Abogado General Tesauro en sus conclusiones de 15 de mayo de 1997, relativas al asunto TWD/Comisión (C‑355/95 P, EU:C:1996:483), punto 24, consideró que si bien el Tribunal de Justicia, en dicho asunto, había examinado de oficio un motivo de orden público basado en la falta de motivación de las Decisiones controvertidas, habría podido anularlas incluso yendo más allá de la demanda de anulación parcial interpuesta por la parte demandante.
(
59
)	Sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), apartados 50 a 62.
(
60
)	Véanse en particular los apartados 52 a 62 de la sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros (C‑310/97 P, EU:C:1999:407).
(
61
)	En efecto, la anulación de la Decisión de la Comisión de que se trataba en el asunto AssiDomän se basaba en diversas vulneraciones del derecho de defensa, así como en la falta de prueba de determinados comportamientos contrarios a la competencia (véase la sentencia de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 y C‑125/85 a C‑129/85, EU:C:1993:120, apartados 52, 127, 138, 147, 154 y 167). Sobre la falta de carácter de orden público del respeto del derecho de defensa, véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Bensada Benallal (C‑161/15, EU:C:2016:3), puntos 60 y ss., concretamente el punto 93.
(
62
)	O, citando la expresión «colorida» utilizada por el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer en sus conclusiones presentadas el 28 de enero de 1999, en el asunto Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros (C‑310/97 P, EU:C:1999:36), el Tribunal de Justicia prefirió la «injusticia» al «desorden» (véase el punto 1).
(
63
)	En este sentido, véanse la sentencia de 26 de febrero de 1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo/Comisión (15/85, EU:C:1987:111), apartado 10, y la sentencia de 15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros (C‑137/92 P, EU:C:1994:247), apartado 49. En relación con una aplicación in concreto de estos principios, véase la sentencia de 10 de diciembre de 1969, Comisión/Francia (6/69 y 11/69, no publicada, EU:C:1969:68), apartados 11 a 13, en la que el Tribunal de Justicia analizó la posible inexistencia del acto impugnado incluso pasado el plazo de recurso.
(
64
)	Sentencia de 15 de junio de 1994, Comisión/BASF y otros (C‑137/92 P, EU:C:1994:247), apartado 50.
(
65
)	Véase, ex multis, la sentencia de 11 de octubre de 2016, Comisión/Italia (C‑601/14, EU:C:2016:759), apartado 33 y jurisprudencia citada.
(
66
)	Más concretamente, en el presente caso, no se cumple la condición de la evidencia, lo que se demuestra por el hecho de que BA no identificó este vicio y no lo planteó en su recurso ante el Tribunal General. La situación sería diferente si el acto careciera por completo de motivación; a este respecto, véase la sentencia de 10 de diciembre de 1957, Société des usines à tubes de la Sarre/Alta Autoridad (1/57 y 14/57, EU:C:1957:13), p. 220.
(
67
)	Véase el punto 45 de las presentes conclusiones y jurisprudencia citada en estas.
(
68
)	TEDH, sentencia de 27 de septiembre de 2011, A. Menarini Diagnostics Srl c. Italia, n.o 43509/08.
(
69
)	Sentencias de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión (C‑386/10 P, EU:C:2011:815), y de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión (C‑389/10 P, EU:C:2011:816).
(
70
)	Reglamento del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).
(
71
)	Sentencias de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión (C‑386/10 P, EU:C:2011:815), apartado 67, y de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros (C‑199/11, EU:C:2012:684), apartado 63.
(
72
)	Sentencias de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión (C‑386/10 P, EU:C:2011:815), apartado 67, y de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión (C‑389/10 P, EU:C:2011:816), apartados 133 y 136.
(
73
)	Sentencias de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión (C‑386/10 P, EU:C:2011:815), apartado 64, y de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión (C‑389/10 P, EU:C:2011:816), apartado 131. Véase, también, la sentencia de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros (C‑199/11, EU:C:2012:684), apartado 61.
(
74
)	Sentencia de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión (C‑386/10 P, EU:C:2011:815), apartado 66.
(
75
)	Auto de 22 de octubre de 2010, Seacid/Parlamento y Consejo (C‑266/10 P, EU:C:2010:629), apartado 30 y jurisprudencia citada.
(
76
)	Véase, en este sentido, el auto de 12 de septiembre de 2013, Ellinika Nafpigeia y 2. Hoern/Comisión (C‑616/12, EU:C:2013:884), apartado 31.
(
77
)	Véanse los puntos 43 y 98 de las presentes conclusiones.