62020CC0640
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PRIIT PIKAMÄE
presentadas el 29 de septiembre de 2022 (
1
)
Asunto C‑640/20 P
PV
contra
Comisión Europea
«Recurso de casación — Función pública — Acoso psicológico — Dictámenes médicos — Ausencias injustificadas — Remuneración — Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea — Artículo 11 bis — Conflicto de intereses — Artículos 21 bis y 23 — Derecho penal nacional — Procedimiento disciplinario — Separación del servicio — Retirada — Interés en ejercitar la acción — Nuevo procedimiento disciplinario — Nueva separación del servicio»
I. Introducción
1.
Mediante su recurso de casación, PV solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 30 de enero de 2020, PV/Comisión (T‑786/16 y T‑224/18, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida, EU:T:2020:17), mediante la cual este desestimó sus pretensiones de que se declarara que había sido víctima de acoso psicológico, de que se anularan diversos actos y de que se condenara a la Comisión Europea a reparar los daños materiales y morales que afirma haber sufrido cuando era funcionario de la Comisión.
2.
Este recurso de casación, que está comprendido en el ámbito del Derecho de la función pública europea, está dividido en diez motivos que, en esencia, impugnan la mayoría de las apreciaciones esenciales realizadas por el Tribunal General en la sentencia recurrida relativas a las pretensiones de anulación de PV. A petición del Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en los dos primeros motivos de casación, así como en el octavo motivo del recurso. El examen de estos motivos de casación me llevará a analizar una serie de cuestiones jurídicas novedosas, a saber, si el Derecho penal de los Estados miembros debe aplicarse a los funcionarios de la Unión, la obligación de imparcialidad en la función pública y la facultad de interponer un recurso de anulación ante el Tribunal General contra una resolución administrativa tras su retirada.
II. Marco jurídico
3.
El artículo 11 bis del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, en su versión aplicable al litigio (en lo sucesivo, «Estatuto»), dispone:
«1.   En el ejercicio de sus funciones, y salvo lo dispuesto a continuación, el funcionario no tramitará ningún asunto en el que tenga, directa o indirectamente, intereses personales, en particular familiares o financieros, que puedan menoscabar su independencia.
2.   Todo funcionario en el que recaiga, durante el ejercicio de sus funciones, la tramitación de un asunto del tipo mencionado en el apartado 1 lo notificará de inmediato a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Esta tomará las medidas oportunas y podrá, en particular, eximir al funcionario de sus obligaciones en relación con dicho asunto.
3.   El funcionario no podrá conservar ni adquirir, directa o indirectamente, en las empresas sujetas al control de la institución a la que pertenezca, o que estén en relación con ella, intereses que, por su índole e importancia, pudieran menoscabar su independencia en el ejercicio de sus funciones.»
4.
El artículo 12 bis del Estatuto establece:
«1.   Todo funcionario se abstendrá de cualquier forma de acoso psicológico o sexual.
2.   Ningún funcionario que haya sido víctima de acoso psicológico o sexual podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución. Ningún funcionario que haya facilitado pruebas de acoso psicológico o sexual podrá verse perjudicado en forma alguna por la institución, siempre que haya actuado de buena fe.
3.   Por “acoso psicológico” se entenderá cualquier conducta abusiva que se manifieste de forma duradera, reiterada o sistemática mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos de carácter intencional que atenten contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona.
[…]»
5.
El artículo 19, párrafo primero, del Estatuto dispone:
«El funcionario no podrá revelar en un procedimiento judicial, por ningún concepto, asuntos de los que haya tenido conocimiento por razón de sus funciones, sin autorización de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. Esta autorización únicamente podrá denegarse si los intereses de la Unión lo exigen y si la denegación no implica consecuencias penales para el funcionario interesado. El funcionario seguirá sometido a esta obligación incluso tras el cese en sus funciones.»
6.
El artículo 21 bis del Estatuto tiene el siguiente tenor:
«1.   Cuando estime que existe alguna irregularidad en las órdenes recibidas o que su ejecución puede ocasionar graves inconvenientes, el funcionario lo comunicará a su superior jerárquico, el cual, si la información se ha transmitido por escrito, responderá igualmente por escrito. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, en el supuesto de que este último confirme las órdenes y el funcionario juzgue esta confirmación insuficiente a la luz de sus motivos de preocupación, informará de ello por escrito a la autoridad jerárquica inmediatamente superior. Si esta confirma las órdenes por escrito, el funcionario deberá ejecutarlas, salvo que sean manifiestamente contrarias a la legalidad o a las normas de seguridad aplicables.
2.   Si su superior jerárquico estima que las órdenes deben cumplirse sin demora, el funcionario deberá ejecutarlas, salvo que sean manifiestamente contrarias a la legalidad o a las normas de seguridad aplicables. A instancia del funcionario, el superior jerárquico estará obligado a dar este tipo de órdenes por escrito.
3.   El funcionario que informe a sus superiores de órdenes que considere que son irregulares o que su ejecución puede ocasionar graves inconvenientes no se verá perjudicado en forma alguna por dicho motivo.»
7.
El artículo 23, párrafo primero, del Estatuto dispone:
«Los privilegios y las inmunidades de que gozan los funcionarios se confieren exclusivamente en interés de la Unión. Sin perjuicio de lo dispuesto en el protocolo sobre los privilegios y las inmunidades, los interesados no están dispensados de cumplir sus obligaciones privadas ni de observar las leyes y los reglamentos de policía en vigor.»
8.
El artículo 24 del Estatuto está redactado como sigue:
«La Unión asistirá a los funcionarios, en especial mediante la persecución contra los autores de amenazas, ultrajes, injurias, difamaciones o atentados contra la persona y los bienes, de que el funcionario, o los miembros de su familia, sean objeto por su condición de tales o como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
La Unión reparará solidariamente los daños sufridos por el funcionario por esta causa siempre que este no los haya originado, intencionadamente o por negligencia grave y no haya podido obtener resarcimiento por parte del autor.»
9.
El artículo 59, apartados 1 y 3, del Estatuto establece:
«1.   Todo funcionario que justifique su imposibilidad para ejercer sus funciones como consecuencia de enfermedad o accidente disfrutará automáticamente de licencia por enfermedad.
El interesado deberá notificar con la mayor brevedad su indisponibilidad a su institución, especificando el lugar en que se encuentra. A partir del cuarto día de ausencia deberá presentar un certificado médico. Este certificado deberá enviarse, a más tardar, el quinto día de ausencia, de lo que dará fe el matasellos de correos. En su defecto, y salvo que el certificado no se envíe por motivos ajenos a la voluntad del funcionario, la ausencia se considerará injustificada.
El funcionario con licencia por enfermedad podrá, en todo momento, ser sometido a un control médico organizado por la institución. Si dicho control no puede efectuarse por motivos imputables al interesado, su ausencia se considerará injustificada a partir del día en que estuviera previsto el control.
Si el control revela que el funcionario se halla en condiciones de ejercer sus funciones, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, su ausencia se considerará injustificada a partir del día del control.
Si estima que las conclusiones del control médico organizado por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos carecen de fundamento médico, el funcionario o un médico que actúe en nombre del mismo podrá, en el plazo de dos días hábiles, presentar a la institución una solicitud de arbitraje por un médico independiente.
La institución remitirá de inmediato dicha solicitud a otro médico designado de común acuerdo por el médico del funcionario y el médico-asesor de la institución. De no llegarse a tal acuerdo en el plazo de cinco días, la institución elegirá a una de las personas que figuren en la lista de médicos independientes que confeccionarán a tal fin, cada año y de común acuerdo, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y el Comité de personal. El funcionario dispondrá de dos días hábiles para impugnar la elección realizada por la institución, en cuyo caso esta seleccionará a otra persona en la lista; esta nueva elección tendrá carácter definitivo.
El dictamen emitido por el médico independiente tras consultar al médico del funcionario y al médico-asesor de la institución será vinculante. En el supuesto de que el dictamen del médico independiente confirme las conclusiones del control organizado por la institución, la ausencia se considerará injustificada a partir del día de dicho control. En el supuesto de que el dictamen del médico independiente no confirme las conclusiones del control, la ausencia se considerará, a todos los efectos, justificada.
[…]
3.   Sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las normas del régimen disciplinario, toda ausencia que se considere injustificada en virtud de lo previsto en los apartados 1 y 2 se deducirá de las vacaciones anuales del funcionario. En el supuesto de que el funcionario haya agotad[o] ya su saldo de vacaciones, perderá el beneficio de su retribución por el período correspondiente.»
10.
El artículo 60, párrafo primero, del Estatuto está redactado en los siguientes términos:
«El funcionario no podrá ausentarse sin autorización previa de su superior jerárquico salvo en caso de enfermedad o accidente. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes, la ausencia no autorizada, debidamente comprobada, será computada dentro del período de vacaciones anuales del interesado. Si llegara a agotar la duración de las vacaciones se deducirá de sus remuneraciones la cantidad correspondiente al tiempo excedido.»
11.
El artículo 6, apartado 5, del anexo IX del Estatuto dispone:
«En los cinco días siguientes a la constitución del Consejo, el funcionario afectado podrá recusar, por una sola vez, a uno de los miembros de aquel. La institución podrá recusar asimismo a uno de los miembros del Consejo.
En ese mismo plazo, los miembros del Consejo podrán hacer valer motivos legítimos para no participar en el Consejo y deberán abandonarlo si existiera un conflicto de intereses.
[…]»
III. Antecedentes del litigio, procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
A. Antecedentes del litigio
12.
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 1 a 33 de la sentencia recurrida. A los efectos del presente procedimiento, pueden resumirse de la siguiente manera.
13.
PV, que era funcionario de la Comisión desde el 16 de julio de 2007, estuvo destinado en la Dirección General (DG) de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión hasta el 30 de septiembre de 2009.
14.
Considerando que era víctima de acoso, PV interpuso, el 5 de agosto de 2009, una solicitud de asistencia en virtud de los artículos 24 y 90, apartado 1, del Estatuto. Este procedimiento se dio por concluido el 9 de junio de 2010, al término de una investigación llevada a cabo por la Oficina de Investigación y Disciplina de la Comisión —que concluyó que no se daban las condiciones exigidas en el artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto para calificar un comportamiento determinado de acoso psicológico— y tras el traslado de PV a la DG de Presupuestos de la Comisión el 1 de octubre de 2009.
15.
El 1 de abril de 2013, PV fue destinado a la unidad de «Gestión presupuestaria y financiera» de la DG de Interpretación de la Comisión.
16.
El 12 de noviembre de 2013, el jefe de esta unidad abrió un expediente disciplinario contra PV por problemas de conducta, falta de aplicación de los procedimientos vigentes y bajo rendimiento.
17.
A partir del 8 de mayo de 2014, PV dejó de presentarse en su puesto de trabajo, al considerar que era víctima de acoso psicológico, y envió certificados médicos expedidos por el médico que lo trataba.
18.
Los días 27 de junio y 10 de octubre de 2014, los médicos asesores de la Comisión emitieron dictámenes médicos que señalaban que PV estaba en condiciones de reanudar el trabajo. A continuación, se convocó a PV a someterse a visitas médicas de control, pero este no atendió a dichas peticiones.
19.
El 23 de diciembre de 2014, PV presentó una segunda solicitud de asistencia con arreglo al artículo 24 del Estatuto. Mediante resolución de 12 de marzo de 2015, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (AFPN) decidió que no existían indicios de acoso psicológico contra PV y concluyó que, en consecuencia, no estaba justificada la aplicación de medidas urgentes de alejamiento.
20.
Al considerar que las ausencias de PV no estaban justificadas, la Comisión adoptó diversas resoluciones de retención del salario de PV.
21.
El 10 de julio de 2015, la Comisión incoó el procedimiento disciplinario CMS 13/087 contra PV por insubordinación reiterada en el ejercicio de sus funciones, conducta inapropiada y ausencias injustificadas.
22.
Mediante resoluciones de los días 31 de mayo y 5 de julio de 2016, la AFPN declaró que las ausencias de PV durante los períodos comprendidos entre el 5 de febrero y el 31 de marzo de 2016 y entre el 4 de abril y el 31 de mayo de 2016 no estaban autorizadas.
23.
Mediante resolución de 11 de julio de 2016, la Oficina de gestión y liquidación de los derechos individuales (PMO) decidió suspender el pago del salario del demandante a partir del 1 de julio de 2016.
24.
Mediante resolución de la AFPN de 26 de julio de 2016, adoptada a resultas de las conclusiones del procedimiento disciplinario CMS 13/087, PV fue separado del servicio con efectos a 1 de agosto de 2016 (en lo sucesivo, «resolución de separación del servicio de 26 de julio de 2016»). PV interpuso contra esta resolución una reclamación que fue desestimada mediante una decisión de la AFPN de 2 de febrero de 2017.
25.
Mediante una nota de 31 de julio de 2016, el Director General de la DG de Interpretación comunicó a PV su intención de declarar sus ausencias entre el 2 de junio y el 31 de julio de 2016 no autorizadas y de efectuar las deducciones correspondientes sobre su salario. La reclamación interpuesta por PV contra esta nota fue rechazada mediante una resolución de la AFPN de 17 de enero de 2017.
26.
Mediante un escrito previo de información de 21 de septiembre de 2016, la PMO informó a PV de que tenía una deuda con la Comisión por un importe de 42704,74 euros, correspondiente a sus ausencias injustificadas. La reclamación interpuesta por PV contra esta decisión fue desestimada mediante una resolución de la AFPN de 17 de enero de 2017.
27.
El 24 de julio de 2017, la AFPN retiró su resolución de separación del servicio de 26 de julio de 2016 y se informó a PV, mediante una nota del Director General de la DG de Recursos Humanos y Seguridad, de que se reincorporaría al servicio el 16 de septiembre de 2017 en la Unidad de «Sistemas Informáticos y de Conferencias» de la DG de Interpretación. La reclamación interpuesta por PV contra la resolución de retirada de su separación del servicio fue desestimada mediante resolución de la AFPN de 15 de enero de 2018.
28.
Mediante nota de 12 de septiembre de 2017, el Director de la PMO compensó los importes adeudados a PV por el período durante el cual había estado separado del servicio y las deudas de este frente a la Comisión, lo que dio lugar a un pago de 9550 euros en favor de PV. La reclamación interpuesta por PV contra esta nota de compensación fue desestimada mediante una resolución de la AFPN del 9 de marzo de 2018.
29.
El 20 de septiembre de 2017, se informó a PV de que sus ausencias desde el 16 de septiembre de 2017 se consideraban no autorizadas.
30.
El 6 de octubre de 2017, la Comisión incoó el procedimiento disciplinario CMS 17/025, por los mismos motivos ya contemplados en el procedimiento disciplinario CMS 13/087. La reclamación interpuesta por PV contra la incoación del nuevo procedimiento disciplinario fue desestimada mediante una resolución de la AFPN de 2 de mayo de 2018.
31.
El 13 de octubre de 2017, la Comisión adoptó una resolución de puesta a cero del salario de PV a partir del 1 de octubre de 2017.
32.
Mediante un correo electrónico de 15 de noviembre de 2017, se invitó a PV a participar en el ejercicio de evaluación FP 2016. La reclamación interpuesta por PV contra esta invitación fue desestimada mediante una resolución de la AFPN de 16 de marzo de 2018.
33.
Mediante correo electrónico de 22 de febrero de 2018, se invitó a PV a participar en el ejercicio de evaluación FP 2017. La reclamación interpuesta por PV contra esta invitación fue desestimada mediante una resolución de la AFPN de 1 de junio de 2018.
34.
Mediante resolución de 21 de octubre de 2019, la Comisión separó a PV del servicio, a resultas de las conclusiones del procedimiento disciplinario CMS 17/025. Esta separación del servicio entró en vigor el 1 de noviembre de 2019.
B. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
35.
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 17 de diciembre de 2017, tras haber obtenido la concesión de asistencia jurídica gratuita por parte del Presidente de dicho Tribunal, PV interpuso un recurso ante el citado Tribunal solicitando la anulación de diversos actos y que se condenara a la Comisión a abonarle 889000 euros y 132828,67 euros como reparación por los daños morales y materiales alegados, respectivamente.
36.
En apoyo de este recurso, PV invocó cinco motivos basados, en particular, en primer término, en la infracción del artículo 12 bis del Estatuto; en segundo término, en la infracción de los artículos 11 bis, 21 bis y 23 del Estatuto, así como en la vulneración de los principios de legalidad y de regularidad de los actos administrativos; en tercer término, en la vulneración del principio de asistencia y protección y en el incumplimiento del deber de asistencia establecido en el artículo 24 del Estatuto, y, en cuarto término, en la infracción de los artículos 59 y 60 del Estatuto.
37.
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 11 de abril de 2018, PV interpuso un recurso ante dicho Tribunal por el que solicitaba que se declarara que había sido víctima de acoso psicológico, que se anularan otros actos y que se condenara a la Comisión a abonarle 98000 euros y 23190,44 euros como reparación por los daños morales y materiales alegados, respectivamente.
38.
En apoyo de este recurso, PV invocó siete motivos, basados, concretamente, en primer término, en la infracción del artículo 12 bis del Estatuto; en segundo término, en la infracción de los artículos 21 bis y 23 del Estatuto, así como en la vulneración de los principios de legalidad y de regularidad de los actos administrativos; en tercer término, en la infracción del artículo 11 bis del Estatuto y del artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»); en cuarto término, en la vulneración del principio de asistencia y protección, y, en quinto término, en la vulneración del principio de la excepción de no ejecución y del principio de legalidad.
39.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó en su totalidad los recursos interpuestos por PV.
40.
En primer lugar, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad de las pretensiones de PV por las que solicitaba que el citado Tribunal declarara que había sido víctima de acoso psicológico, así como de aquellas por las que solicitaba la anulación, en particular, de la resolución de separación del servicio de 26 de julio de 2016 y de las resoluciones impugnadas con carácter subsidiario en el asunto T‑786/16, entre las que figuraban resoluciones de retención del salario, resoluciones de desestimación de solicitudes de asistencia y dictámenes médicos de ausencias injustificadas.
41.
En segundo lugar, el Tribunal General desestimó por infundadas las pretensiones de anulación contenidas en ambos recursos.
42.
Para empezar, estimó que los hechos constitutivos de acoso psicológico alegados por PV no se habían acreditado de forma suficiente en Derecho.
43.
En tercer lugar, el citado Tribunal descartó las alegaciones de PV relativas a la infracción de los artículos 11 bis, 21 bis y 23 del Estatuto y a la vulneración de los principios de legalidad y de regularidad de los actos administrativos y del principio de asistencia y protección, así como al incumplimiento del deber de asistencia establecido en el artículo 24 del Estatuto, a la infracción de los artículos 59 y 60 del Estatuto y a la vulneración de los principios de la excepción de no ejecución y de legalidad.
44.
En cuarto lugar, el Tribunal General desestimó las pretensiones de indemnización de PV, al considerar que se basaban, en esencia, en el supuesto carácter ilegal de las resoluciones que constituían el objeto de los recursos de anulación, cuya ilegalidad no se había acreditado.
IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
A. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
45.
Con arreglo al artículo 76, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidió no celebrar una vista.
B. Pretensiones de las partes
46.
El recurso de casación fue interpuesto por PV el 23 de noviembre de 2020 y se inscribió en el registro de la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de noviembre de 2020. PV solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Resuelva el litigio.
–
Condene a la Comisión a cargar con las costas en ambas instancias.
47.
La Comisión presentó un escrito de contestación el 22 de abril de 2021, inscrito en el registro de la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de abril de 2021, en el que solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a PV.
V. Análisis jurídico
A. Observaciones preliminares
48.
Según he señalado en la introducción, las presentes conclusiones se centrarán en los dos primeros motivos de casación, así como en el octavo motivo del recurso. Las cuestiones jurídicas que han de examinarse versan, en esencia, sobre si el Derecho penal de los Estados miembros debe aplicarse a los funcionarios de la Unión, sobre la obligación de imparcialidad en la función pública y sobre la posibilidad de interponer un recurso de anulación ante el Tribunal General contra una resolución administrativa tras su retirada. El examen de estas cuestiones jurídicas a la luz del contexto específico del asunto en este caso concreto parece indispensable para la resolución del litigio.
49.
Habida cuenta de la complejidad de los hechos del presente asunto, parece conveniente recordar, como observación previa, las normas que rigen el procedimiento de casación. Con arreglo al artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. En efecto, como confirma reiterada jurisprudencia, el Tribunal General es el único competente, por una parte, para determinar los hechos y, por otra, para apreciar dichos hechos. En cambio, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que haya admitido el Tribunal General en apoyo de esos hechos. Por consiguiente, la apreciación de las pruebas por parte del Tribunal General no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. (
2
)
50.
Sin embargo, cuando el Tribunal General ha determinado o ha apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, en virtud del artículo 256 TFUE, un control sobre la calificación jurídica de esos hechos y sobre las consecuencias jurídicas que el Tribunal General ha extraído de ellos. Excepcionalmente, el Tribunal de Justicia puede controlar la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal General cuando un recurrente alegue la desnaturalización de las pruebas por parte del Tribunal General. (
3
) En este caso, el recurrente debe indicar de manera precisa las pruebas que considera que se han desnaturalizado y mostrar los errores de apreciación que, a su entender, han dado lugar a tal desnaturalización. Según se desprende de la jurisprudencia, existe una desnaturalización cuando, sin necesidad de practicar nuevas pruebas, resulta manifiestamente errónea la apreciación de las pruebas existentes. (
4
)
51.
Estas observaciones preliminares revisten una importancia especial en el presente contexto, dado que PV cuestiona la apreciación de diferentes elementos de hecho y de algunas de las conclusiones extraídas por el Tribunal General. Estoy pensando, en concreto, en el supuesto acoso psicológico que PV afirma haber sufrido por parte de otros funcionarios en el marco de sus funciones, sin que, no obstante, haya logrado demostrarlo en primera instancia. A este respecto, debe señalarse que el Tribunal General declaró en su sentencia, sin incurrir en error de Derecho, que la información facilitada por PV no permitía concluir que hubiera existido tal acoso psicológico. (
5
) Además, es preciso observar que el citado Tribunal indicó, acertadamente, que muchas de las medidas por las que se censura a la Comisión y que PV consideró que podían ser constitutivas de acoso, como la suspensión del salario por ausencia injustificada y la evaluación de la competencia, del rendimiento y de la conducta en el servicio de cada funcionario, están expresamente previstas en el Estatuto. (
6
) Es evidente que, a falta de pruebas en sentido contrario, la legalidad de estas medidas no puede ponerse seriamente en entredicho.
52.
Por consiguiente, si bien PV impugna los fundamentos de la sentencia recurrida, el procedimiento de casación no puede desviarse para obligar al Tribunal de Justicia a volver a valorar por sí mismo los hechos. Al contrario, habida cuenta del claro reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales de la Unión, descrito en los puntos anteriores, es imperativo limitar el examen del recurso de casación a un análisis estricto de las cuestiones jurídicas planteadas ante el Tribunal de Justicia.
B. Sobre el primer motivo de casación
1.
Alegaciones de las partes
53.
Mediante su primer motivo de casación, PV critica la apreciación efectuada por el Tribunal General, en los apartados 184 y 185 de la sentencia recurrida, sobre las alegaciones basadas, en primera instancia, en la infracción de los artículos 21 bis y 23 del Estatuto.
54.
En primer lugar, considera que el Tribunal General infringió el artículo 2 TUE, así como los artículos 67 TFUE, apartado 3, y 270 TFUE, al declarar, en el apartado 185 de la sentencia recurrida, que la relación laboral entre un funcionario y su institución se rige exclusivamente por el Estatuto, cuando son pertinentes otras fuentes del Derecho, especialmente el Derecho penal del Estado miembro en cuyo territorio trabaja el agente en cuestión. Así pues, toda infracción penal cometida por un agente constituye una infracción del artículo 23 del Estatuto. Pues bien, el acoso psicológico, las falsedades en documentos públicos, la falsificación de dictámenes médicos y la corrupción constituyen infracciones del Código Penal belga.
55.
En segundo lugar, afirma que el citado Tribunal desnaturalizó los hechos por omisión al no tener en cuenta diversos elementos determinantes. PV cita, para empezar, los autos del juez de instrucción belga ordenando tomar testimonio, bajo el régimen «Salduz III», a ciertos funcionarios de la Comisión implicados en la adopción de determinados actos impugnados que, a su entender, demuestran que estas personas son consideradas sospechosas de los hechos imputados. A continuación se refiere a la incautación del expediente disciplinario CMS 17/025 por parte del juez de instrucción como prueba relativa a la infracción de «falsedad en documento público» que afirma que se produjo el 19 de septiembre de 2018.
56.
En tercer lugar, a su juicio, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en el apartado 184 de la sentencia recurrida, que solo una sentencia condenatoria podía acreditar los hechos constitutivos de acoso psicológico o de falsedad documental y al negarse a tener en cuenta los autos dictados en el marco de la instrucción belga en relación con estos hechos.
57.
La Comisión sostiene, en primer término, que la imputación de PV basada en el presunto error de Derecho que afirma que cometió el Tribunal General en el apartado 185 de la sentencia recurrida resulta de una lectura incorrecta de dicha sentencia. En dicho apartado, el citado Tribunal se limitó a recordar que la relación laboral entre un funcionario y su institución se rige por el Estatuto y que el Tribunal General aplica únicamente el Derecho de la función pública y no los Derechos nacionales.
58.
En segundo término, según la Comisión, el Tribunal General señaló, sin incurrir en una desnaturalización de los hechos, que los órganos jurisdiccionales belgas no se han pronunciado sobre los hechos alegados por PV. A este respecto, la citación de ciertos funcionarios de la Comisión para tomarles testimonio bajo el régimen «Salduz III» no constituye en modo alguno un reconocimiento de su culpabilidad. Asimismo, el citado Tribunal no desnaturalizó los hechos al no extraer ninguna consecuencia de la supuesta incautación del expediente disciplinario CMS 17/025 por un juez de instrucción belga, a solicitud de PV, que no permitía en modo alguno deducir que se hubiera acreditado la existencia de una «falsedad en documento público».
59.
En tercer término, la Comisión afirma que el Tribunal General consideró justificadamente que las denuncias penales en fase de instrucción no permitían demostrar la existencia de acoso psicológico o de falsedad documental.
2.
Apreciación
60.
Mediante su primer motivo de casación, PV alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 185 de la sentencia recurrida, que la relación laboral entre un funcionario y su institución se regía «exclusivamente» por el Estatuto. El razonamiento desarrollado por dicho Tribunal en ese apartado consiste en descartar, sobre la base del artículo 270 TFUE, la pertinencia del Derecho nacional, y, en particular, del Derecho penal, en el examen de la cuestión de si la AFPN infringió los artículos 21 y 23 del Estatuto al adoptar las resoluciones impugnadas en primera instancia. Pues bien, según PV, el Tribunal General ignoró «las demás fuentes del Derecho», que, no obstante, regían la relación laboral, y especialmente la legislación penal del Estado miembro del lugar de destino del funcionario.
61.
A este respecto, debe recordarse que PV afirmó ante el citado Tribunal que las resoluciones en cuestión estaban viciadas de ilegalidad debido a que se basaban en actos constitutivos de infracciones penales cometidas por funcionarios y agentes de la Comisión en el territorio belga. PV alegó que, en virtud del artículo 21 bis, apartado 2, del Estatuto, los funcionarios o agentes de la Unión deben negarse a cometer actos ilegales y que, con arreglo al artículo 23 del Estatuto, deben respetar las leyes de policía del país en el que trabajan. Por este motivo PV considera que la AFPN debería haber tenido en cuenta las resoluciones adoptadas por las autoridades judiciales belgas a resultas de las denuncias con personación como actor civil que este presentó contra diversas personas.
a)
Las normas del Derecho de la función pública en el ordenamiento jurídico de la Unión
62.
De entrada, debe observarse que, tal como indica PV en sus observaciones, las normas de Derecho que rigen la función pública figuran en todos los niveles de la jerarquía de las normas del ordenamiento jurídico de la Unión, a saber, en el Derecho primario, en los principios generales y en el Derecho derivado. En este contexto, ciertamente no debe olvidarse la valiosa aportación realizada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General a las normas aplicables a los funcionarios y a los demás agentes. Sus sentencias vinculan a las instituciones con arreglo al artículo 266 TFUE. Dicho esto, es el Derecho codificado, así como su interacción con los ordenamientos jurídicos nacionales, el que reviste una importancia capital de cara al examen del primer motivo de casación.
1) Derecho primario y principios generales del Derecho
63.
El Derecho primario se compone principalmente de los Tratados constitutivos y de sus protocolos, así como de la Carta. Numerosos principios fundamentales consagrados en los Tratados vinculan a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Se trata, por ejemplo, de los valores y objetivos de la Unión, enunciados en los artículos 2 TUE y 3 TUE, respectivamente. Además, en virtud del artículo 298 TFUE, apartado 1, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente en el cumplimiento de sus funciones. En cambio, otras disposiciones del Derecho primario exigen la adopción, por parte de las instituciones, de actos de Derecho derivado para materializarse. Así sucede en el caso del artículo 336 TFUE, que dispone que el Parlamento y el Consejo establecerán, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta a las demás instituciones interesadas, el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión.
64.
El artículo 270 TFUE concede al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la competencia para pronunciarse sobre cualquier litigio entre la Unión y sus agentes dentro de los límites y en las condiciones que establezca el Estatuto y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión. El artículo 340 TFUE, por su parte, dispone que la Unión debe reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, y que la responsabilidad personal de los agentes ante la Unión se rige por las disposiciones de su Estatuto o el régimen que les sea aplicable. Más concretamente, el artículo 339 TFUE impone a los funcionarios de la Unión la obligación de no divulgar las informaciones que, por su naturaleza, estén amparadas por el secreto profesional y, en especial, los datos relativos a las empresas y que se refieran a sus relaciones comerciales o a los elementos de sus costes.
65.
Con arreglo al artículo 51 TUE, los protocolos tienen el mismo valor jurídico que los Tratados y, en consecuencia, forman parte integrante del Derecho primario. Entre estos figura el Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión (en lo sucesivo, «Protocolo n.o 7»), que se refiere directamente a los funcionarios y otros agentes en muchas de sus disposiciones y les dedica su capítulo V. Este protocolo contiene disposiciones fundamentales para la función pública, especialmente en materia de inmunidad fiscal y jurisdiccional, a las que volveré a referirme más adelante en mi análisis. (
7
)
66.
La Carta, que, con arreglo al artículo 6 TUE, apartado 1, tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, se aplica al conjunto de los actos de Derecho derivado de la Unión, que incluye en concreto el Estatuto. Los funcionarios disfrutan de los derechos protegidos por la Carta y, a su vez, deben respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones. A este respecto, el artículo 41 de la Carta, que consagra el derecho a una buena administración, tiene una importancia especial. (
8
)
67.
A lo largo del proceso de integración europea, el Tribunal de Justicia ha establecido numerosos principios generales del Derecho de la Unión. En materia de función pública, estos principios se refieren, esencialmente, a los derechos fundamentales protegidos por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). Con arreglo al artículo 6 TUE, apartado 3, los derechos fundamentales que garantiza el CEDH forman parte del Derecho de la Unión como principios generales. Antes de que la Carta adquiriera carácter vinculante, el CEDH constituía una fuente esencial en materia de protección de los ciudadanos, incluidos los funcionarios.
68.
Si bien es cierto que actualmente la Carta tiene un papel preponderante, el hecho es que el juez de la Unión continúa haciendo referencia al CEDH y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando lo estima necesario, para interpretar las disposiciones contenidas en la Carta o incluso para completar la protección ofrecida por estas. El CEDH no ha perdido su relevancia para el desarrollo del Derecho de la Unión, dado que el artículo 52, apartado 3, de la Carta dispone que, en la medida en que la Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio, sin que ello obste a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa.
2) Derecho derivado
69.
El Estatuto establece de forma detallada el régimen aplicable a los funcionarios que trabajan en las instituciones de la Unión en lo tocante, entre otros, al reclutamiento y al desarrollo de la carrera, las condiciones de trabajo, los derechos y obligaciones, el régimen retributivo y el régimen disciplinario. (
9
) El Estatuto tiene la forma jurídica de un reglamento, lo que significa que es obligatorio en todos sus aspectos y que vincula tanto a las instituciones y organismos de la Unión como a los Estados miembros. Como ha destacado el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, «de ello se desprende que, aparte de los efectos que despliega en el orden interno de la administración de la Unión, el Estatuto vincula también a los Estados miembros en la medida en que la participación de estos sea necesaria para su aplicación», (
10
) lo que implica que, en el supuesto de que una disposición estatutaria exija medidas de aplicación a nivel nacional, «los Estados miembros están obligados […] a adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas». (
11
)
70.
Las normas jurídicas que se aplican a la relación entre los funcionarios y su institución vienen determinadas por las disposiciones estatutarias establecidas mediante reglamento, lo que implica que el Parlamento y el Consejo pueden modificarlas cuando sea necesario. En consecuencia, se trata de una relación laboral regida por el Derecho público, cuya gestión por parte de la institución pertinente constituye un supuesto de administración directa, lo que significa que todas las decisiones que pueden afectar al funcionario son adoptadas por dicha institución de manera unilateral, de conformidad con las normas y los procedimientos establecidos en el Estatuto o en las disposiciones generales de ejecución, y constituyen medidas administrativas. El régimen estatutario se aplica en su totalidad a los funcionarios de la Unión, es decir, a cualquier persona que haya sido nombrada según las condiciones previstas en dicho Estatuto para un puesto permanente de una de las instituciones de la Unión mediante un acto realizado por escrito de la AFPN.
71.
Si bien el Estatuto es el texto central del Derecho derivado de la función pública de la Unión, (
12
) también existen otros actos que aplican las distintas disposiciones estatutarias y regulan, entre otros, el régimen fiscal, el régimen lingüístico, la protección de los datos personales, las formas de expedición de salvoconductos y el reclutamiento con ocasión de las ampliaciones. Este ámbito se caracteriza por la heterogeneidad de normas que aplican o interpretan las disposiciones del Estatuto. En general, se distinguen los actos expresamente previstos por el Estatuto de los actos sui generis. Dicho esto, una enumeración exhaustiva de estos actos excedería del marco de las presentes conclusiones e iría más allá de mi objetivo. No obstante, es preciso señalar, en esta fase del análisis, que, a pesar de la heterogeneidad de los actos normativos, el principio de unicidad del régimen estatutario exige que los textos de aplicación sean los mismos en todas las instituciones y que se eviten las interpretaciones demasiado divergentes. Esta exigencia responde al interés de garantizar la unicidad de la función pública europea, erigida como principio por el artículo 9, apartado 3, del Tratado de Ámsterdam, (
13
) que se expresa en los artículos 1 y 1 bis del Estatuto.
b)
Incidencia del Derecho nacional en la función pública europea
1) Independencia de la Unión en materia de gestión de la función pública
72.
De los puntos que acabo de exponer se desprende que el ordenamiento jurídico de la Unión dispone de sus propias reglas que rigen la relación entre el funcionario y su institución, que en su mayoría se han codificado en el Estatuto. Este es el motivo por el que numerosas disposiciones, incluso del Derecho primario, (
14
) hacen referencia a dicho Estatuto, como hace precisamente el artículo 270 TFUE, citado por el Tribunal General en la sentencia recurrida para recordar la competencia exclusiva del juez de la Unión para resolver los litigios en materia de función pública. (
15
)
73.
En virtud de su autonomía organizativa, la administración de la Unión es fundamentalmente independiente de los ordenamientos jurídicos nacionales, lo que no excluye que algunas normas requieran eventualmente su aplicación por parte de las propias instituciones de la Unión o por los Estados miembros para garantizar el buen funcionamiento de la Unión como organización supranacional. Sin embargo, este aspecto no basta por sí solo para poder afirmar que el Derecho nacional determina de algún modo el funcionamiento de la administración de la Unión. Tal afirmación sería errónea, habida cuenta de la intención manifiesta de los fundadores de la Unión de crear una función pública europea «independiente» en el sentido del artículo 298 TFUE, apartado 1, lo que se refleja adicionalmente en la naturaleza jurídica de sus normas y en la estructura institucional de esta organización supranacional. (
16
)
74.
Examinada desde este punto de vista, la afirmación realizada por el Tribunal General en el apartado 185 de la sentencia recurrida, según la cual «la relación laboral entre un funcionario y su institución se rige exclusivamente por el Estatuto» no es jurídicamente incorrecta. Por un lado, cabe preguntarse si, habida cuenta de la multitud de fuentes del Derecho de la función pública, resulta lo suficientemente preciso desde un punto de vista jurídico utilizar el adverbio «exclusivamente» en este contexto. Por otro lado, tal afirmación parece perfectamente justificada a tenor del principio de la unicidad del Estatuto ya mencionado, en virtud del cual todos los funcionarios de todas las instituciones de la Unión están sujetos a un Estatuto único y, de esta manera, a las mismas disposiciones. En primer lugar, es innegable que el Estatuto constituye el elemento central de un corpus jurídico compuesto por diversas normas jurídicas. En segundo lugar, es evidente que todos los funcionarios de la Comisión, entre los que se contaba PV, están sujetos a las normas del Estatuto. Por consiguiente, considero que el apartado 185 de la sentencia recurrida debe entenderse en el sentido de que el Tribunal General tenía como objetivo reiterar que las normas del Estatuto están destinadas a aplicarse a los funcionarios de la Comisión, lo que resulta innegable desde un punto de vista jurídico.
75.
PV acusa al Tribunal General de haber incurrido en error de Derecho al ignorar la pertinencia del Derecho penal nacional. Según PV, las resoluciones impugnadas en primera instancia no podían adoptarse, en la medida en que no son conformes con el Derecho penal belga. Sin embargo, debe señalarse que el citado Tribunal se refería únicamente a «la relación laboral entre el funcionario y su institución», que, efectivamente, se rige por el Estatuto. En efecto, el presente asunto se refiere a un litigio que está exclusivamente comprendido en el ámbito de la función pública de la Unión y que tiene por objeto la actividad profesional de PV dentro de la Comisión.
76.
Por lo tanto, la cuestión que debe examinarse no es si el Derecho penal belga podría aplicarse al caso de autos. Los órganos jurisdiccionales de la Unión carecen de competencia para interpretar el Derecho penal belga. Un recurso que solicitase la interpretación del Derecho nacional sería manifiestamente inadmisible. Me parece que esto es precisamente lo que el Tribunal General pretendía expresar mediante la referencia al artículo 270 TFUE. Además, debe recordarse que los tribunales nacionales tampoco son competentes para pronunciarse sobre la interpretación de las normas del Estatuto, lo que subraya la independencia de la Unión en la gestión de la función pública.
2) Relación entre los procedimientos penal y disciplinario
77.
A pesar de estas consideraciones, es cierto que, con arreglo al artículo 23, párrafo primero, del Estatuto, los funcionarios de la Unión están obligados a «observar las leyes y los reglamentos de policía en vigor», lo que evidentemente incluye el Derecho penal. Una infracción de dichas leyes y reglamentos del Estado de la sede de la institución puede requerir la suspensión de la inmunidad de un funcionario, con arreglo al artículo 17 del Protocolo n.o 7, con el fin de permitir, en su caso, que este sea objeto de un proceso penal. Como el Tribunal de Justicia precisó en la sentencia Comisión/RQ, (
17
)«una decisión por la que se suspende la inmunidad de un funcionario […] modifica la situación jurídica de [este último], por el mero hecho de suprimir la protección que le confiere la inmunidad de jurisdicción prevista en el artículo 11, letra a), del Protocolo n.o 7, restableciendo, en lo que a él respecta, la condición de persona sujeta al Derecho común de los Estados miembros y exponiéndolo, sin necesidad de ninguna medida intermedia, a medidas previstas en ese Derecho común, en especial a la detención y a las actuaciones judiciales». (
18
)
78.
Dicho esto, procede destacar, no obstante, el hecho de que el comportamiento de PV como funcionario, que se examina en el presente asunto, no ha sido objeto de una investigación penal por parte de las autoridades judiciales belgas. Más bien, es PV quien acusa a sus compañeros de haber infringido el Derecho penal belga. Además, el propio Tribunal General llama la atención sobre este hecho en el apartado 187 de la sentencia recurrida. En consecuencia, no se percibe claramente la relevancia que podría tener sobre su propia condición de funcionario el hecho de que supuestamente el Derecho penal belga deba aplicarse a terceros.
79.
Además de estas dudas sobre la pertinencia del Derecho penal nacional en el presente litigio, debe señalarse que, por lo general, este solo afectará indirectamente a la relación laboral entre el funcionario y su institución debido a su finalidad específica. En efecto, el procedimiento penal se refiere al respeto de las normas de mantenimiento del orden dictadas para garantizar el buen funcionamiento de una sociedad en su conjunto. (
19
) En cambio, no tiene por objeto regular la relación laboral de un funcionario en el seno de una institución de la Unión.
80.
Sin embargo, debe reconocerse que la infracción del Derecho penal, en algunos casos, puede afectar a la relación laboral y dar lugar a una sanción disciplinaria, en particular cuando el funcionario cometa la infracción en el ejercicio de sus funciones y perjudique los intereses de la Unión. En efecto, habida cuenta de que el objetivo del procedimiento disciplinario consiste en asegurar el respeto de las normas que garantizan el buen funcionamiento de la institución, (
20
) la incoación de tal procedimiento puede quedar justificada en virtud de las circunstancias del caso de autos.
81.
A este respecto, no obstante, debe señalarse que, aunque un comportamiento pueda infringir tanto las normas penales como las disciplinarias, el Estatuto es el que determina las consecuencias que deben derivarse de ello. En efecto, la sanción disciplinaria se evalúa en relación con el régimen disciplinario y no en relación con la sanción penal. Por consiguiente, la autoridad disciplinaria no puede verse obligada, en su elección de la sanción disciplinaria adecuada, a tener en cuenta sin reserva alguna las sanciones penales adoptadas en el marco de un procedimiento penal que involucre a la misma persona. (
21
) Esto resulta de las distintas finalidades de los procedimientos penal y disciplinario, pero también de la independencia de la Unión en la gestión de la función pública.
82.
Por las razones anteriormente expuestas, en esta fase del análisis debe considerarse que el Derecho penal nacional no determina el funcionamiento de la función pública europea, contrariamente a lo que parece insinuar PV en sus observaciones escritas.
3) Presunción de inocencia en el marco del procedimiento penal
83.
Asimismo, quisiera señalar el hecho de que la cuestión de si el Derecho penal belga debe aplicarse a otros funcionarios, respecto de los cuales PV sostiene que han cometido delitos, parece carecer de relevancia para la resolución del presente litigio, como explicaré más adelante. En primer término, es pacífico que el Tribunal General no ha considerado demostrados supuestos que puedan calificarse de acoso psicológico y nada permite concluir que el citado Tribunal haya desnaturalizado los hechos en su apreciación de las pruebas. (
22
) En segundo término, nada indica tampoco que las infracciones penales alegadas se cometieran efectivamente, dado que los tribunales belgas no se han pronunciado de forma definitiva sobre estas acusaciones.
84.
Todo lo que puede presentar PV como prueba son los autos de citación de testigos que han dictado los órganos jurisdiccionales belgas respecto de determinados funcionarios. Sin embargo, debe observarse que tal medida judicial no constituye una «prueba» en sentido jurídico, dado que la presunción de inocencia sigue existiendo mientras no exista una condena. La presunción de inocencia queda consagrada en el artículo 48 de la Carta, que coincide con el artículo 6, apartados 2 y 3, del CEDH. (
23
) Al nivel del Derecho derivado de la Unión, la presunción de inocencia queda consagrada en la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio, (
24
) que los Estados miembros, incluido el Reino de Bélgica, tienen la obligación de transponer a sus ordenamientos jurídicos internos.
85.
La condición de «investigados» que se ha atribuido a los compañeros de PV en virtud del Derecho procesal penal belga tiene en cuenta esta presunción de inocencia. Más concretamente, por lo general la condición de «investigado» confiere a la persona que es objeto de una investigación ciertos derechos en su defensa ante las autoridades judiciales, como el derecho a la asistencia de un abogado y el derecho a ser informado de la acusación de la que es objeto, tal como establece la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad. (
25
) Por este motivo, los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros tienen en común el hecho de que establecen una distinción clara en cuanto al estatuto de la persona afectada en el marco de un procedimiento penal. Este estatuto evoluciona en función del nivel de sospecha concreto que recaiga sobre la persona que presuntamente ha cometido una infracción. (
26
)
86.
En aras de la exhaustividad, señalaré en este contexto que el Derecho de la función pública tiene en cuenta la presunción de inocencia en la medida en que el artículo 25 del anexo IX del Estatuto dispone expresamente que, cuando el funcionario se halle incurso en un procedimiento penal por los hechos que hayan justificado la incoación de un procedimiento disciplinario, su situación no quedará definitivamente resuelta hasta tanto la resolución dictada por el tribunal competente no adquiera carácter firme. Esta norma se explica asimismo por el hecho de que los tribunales penales tienen facultades de investigación más amplias que la AFPN dentro de la administración. De lo anterior se desprende que la presunción de inocencia como garantía de un proceso justo debe tenerse en cuenta tanto en el ámbito penal como en el disciplinario.
87.
En lo que atañe a las circunstancias del presente asunto, todo parece indicar que las diligencias penales se encuentran todavía en una fase preliminar del procedimiento, de manera que se ignora si las sospechas se verán acreditadas. Las medidas adoptadas por los tribunales belgas en esta fase, a las que PV hace referencia, solo sirven para recabar las pruebas necesarias. Además, cabe señalar que la «Ley Salduz», que PV menciona en sus observaciones, ofrece derechos y garantías a toda persona interrogada por las autoridades judiciales con independencia del motivo por el que haya sido llamada a dar testimonio, de conformidad con los principios de un proceso justo. (
27
) De ello se desprende que de la aplicación de estas disposiciones de dicha Ley no cabe extraer ninguna conclusión sobre la supuesta culpabilidad de los funcionarios cuyo testimonio han recogido las autoridades judiciales belgas en tanto no concluya el procedimiento penal. Asimismo, debe destacarse que, contrariamente a lo que parece sugerir PV en sus observaciones, no pueden«constituirse»estas pruebas simplemente presentando denuncias contra los funcionarios afectados, sino que son más bien las autoridades judiciales las que deben valorar los hechos y establecer si los elementos recabados constituyen pruebas válidas.
88.
A este respecto, cabe señalar que, en general, las autoridades judiciales tienen la obligación de velar por que las investigaciones estén dirigidas a descubrir la verdad y por que se realicen tanto en sentido inculpatorio como exculpatorio, es decir, que deben tratar de hallar tanto pruebas de la inocencia como de la culpabilidad del sospechoso. (
28
) Por consiguiente, las autoridades judiciales solo emprenderán acciones penales si existen pruebas suficientes al término de la investigación. (
29
) Me parece que la argumentación de PV, que insinúa la culpabilidad de los funcionarios afectados solo porque son objeto de una investigación, por tanto, se basa en el desconocimiento de los principios del procedimiento penal.
c)
Observaciones finales
89.
Por las razones expuestas más arriba, relacionadas en particular con la independencia de la Unión en la gestión de la función pública, así como con la falta de pertinencia del Derecho penal nacional en las circunstancias del caso de autos, considero que procede rechazar la argumentación de PV por la que sostiene que las resoluciones impugnadas en primera instancia son ilegales debido a que se basan en actos constitutivos de infracciones penales cometidas por funcionarios de la Comisión en el territorio belga y que, de conformidad con el Derecho penal belga, la AFPN estaba obligada a no adoptarlas.
90.
La afirmación del Tribunal General en el apartado 185 de la sentencia recurrida, según la cual «la relación laboral entre un funcionario y su institución se rige exclusivamente por el Estatuto», no revela que este haya incurrido en ningún error de Derecho, en la medida en que debe interpretarse en el sentido de que rechaza la argumentación de PV por la que sostiene, en esencia, que el Derecho penal nacional prima sobre el Derecho de la función pública de la Unión o que el Derecho penal nacional constituye, como mínimo, una «fuente» del Derecho de la función pública de la Unión. Dado que esta argumentación se basa en el desconocimiento del Derecho de la Unión, debe rechazarse.
3.
Conclusión provisional
91.
A la vista de las consideraciones antes expuestas, propongo desestimar el primer motivo de casación por infundado.
C. Sobre el segundo motivo de casación
1.
Alegaciones de las partes
92.
Mediante su segundo motivo de casación, PV critica la apreciación realizada por el Tribunal General en los apartados 184 y 192 de la sentencia recurrida.
93.
En primer lugar, PV afirma que la declaración del Tribunal General, en el apartado 184 de la sentencia recurrida, de que ninguno de los hechos que PV calificó de acoso psicológico o de falsedad ideológica se ha acreditado como tal ni ha sido objeto de una condena penal por parte de un tribunal nacional belga se explica por el «sabotaje» de las diligencias de instrucción penales por parte de la Comisión. A su juicio, dicha institución ha abusado de la inmunidad funcional al negarse sistemáticamente a autorizar que se tomara testimonio a los investigados, violando de este modo el principio de cooperación leal enunciado en el artículo 4 TUE, cuando no estaba en entredicho ningún acto de autoridad pública.
94.
En segundo lugar, considera que el citado Tribunal desnaturalizó los autos en el apartado 192 de la sentencia recurrida, al fundamentar su desestimación de la imputación de PV basada en la infracción del artículo 11 bis del Estatuto en la apreciación de que una simple denuncia presentada por el funcionario contra personas encargadas de adoptar decisiones respecto de su persona no puede generar por sí sola un conflicto de intereses para dichas personas, a pesar de que las denuncias presentadas por PV contra dos de los tres miembros de la AFPN dieron lugar a diligencias de instrucción penales. Según PV, esta circunstancia debería haber llevado al Tribunal General a dejar constancia de la existencia de un conflicto de intereses que afectaba a estos miembros de la AFPN en el marco de los procedimientos disciplinarios CMS 13/087 y CMS 17/025, así como de la resolución de separación del servicio de 21 de octubre de 2019 dictada al término de este último procedimiento disciplinario. Por consiguiente, dicho Tribunal debería haber declarado la existencia de una infracción del artículo 41 de la Carta, del artículo 11 bis del Estatuto y del artículo 6, apartado 5, del anexo IX del Estatuto.
95.
Según la Comisión, la imputación basada en la falta de cooperación leal con las autoridades judiciales belgas en virtud de su negativa sistemática a autorizar el interrogatorio de los investigados por un juez de instrucción es nueva y, en consecuencia, no cabe reprochar al Tribunal General que no se pronunciara al respecto. Con carácter subsidiario, la Comisión considera que podía legítimamente rechazar las peticiones de las autoridades judiciales belgas basadas en el artículo 19 del Estatuto.
96.
En cuanto a la imputación basada en la infracción del artículo 11 bis del Estatuto, la Comisión sostiene que PV no critica la jurisprudencia en la que se basó el Tribunal General, sino que se basa en consideraciones de hecho que hacen que esta imputación sea inadmisible y que, en todo caso, no permiten desvirtuar la conclusión a la que llegó el citado Tribunal en el apartado 192 de la sentencia recurrida. Además, esta imputación se dirige contra dos procedimientos que dicho Tribunal excluyó expresamente de su control, ya que el primero concluyó con una resolución de separación del servicio que fue posteriormente retirada y el segundo era objeto de un pleito distinto.
2.
Apreciación
97.
El examen del segundo motivo de casación se centrará en el razonamiento del Tribunal General, en el apartado 192 de la sentencia recurrida, mediante el cual este rechazó la alegación de PV, según la cual dos de los tres miembros de la AFPN que adoptaron las resoluciones impugnadas en primera instancia estaban incursos en un conflicto de intereses, en la medida en que ambos estaban implicados en los procedimientos penales incoados en Bélgica por acoso o falsedad en documento público. PV alega la vulneración del principio de imparcialidad consagrado en el artículo 41, apartado 1, de la Carta, así como en el artículo 11 bis del Estatuto. Considera, por otro lado, que la afirmación del Tribunal General de que el hecho de que las personas en cuestión estén implicadas en los procedimientos mencionados no basta para cuestionar su imparcialidad debe entenderse como una desnaturalización mediante una distorsión de los hechos, en la medida en que el citado Tribunal consideró que los procedimientos de que se trata se habían originado por denuncias presentadas por el demandante para sustraerse al procedimiento disciplinario.
a)
Concepto de «imparcialidad» en el Derecho de la función pública
98.
De entrada, debe señalarse que el artículo 41, apartado 1, de la Carta establece que toda persona tiene derecho a que las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión traten sus asuntos imparcialmente. La exigencia de imparcialidad está dirigida a garantizar la igualdad de trato que constituye el fundamento de la Unión. Del mismo modo, quisiera recordar que el Tribunal de Justicia ha confirmado recientemente, en la sentencia Parlamento/UZ, que la exigencia de imparcialidad se aplica igualmente al ámbito de la función pública. (
30
) En este contexto, me permito referirme a las conclusiones que presenté en ese mismo asunto, en las que indiqué que «en la medida en que tanto el funcionamiento interno como la imagen exterior de las instituciones, órganos y organismos dependen de la observancia de esta exigencia, esta deberá extenderse necesariamente a todos los ámbitos de actividad de la administración de la Unión, incluidos los aspectos vinculados a la gestión de la función pública, como el nombramiento, la promoción y la sanción del personal». (
31
) Por lo tanto, no cabe ninguna duda, a mi entender, de que la exigencia de imparcialidad es aplicable a un procedimiento disciplinario como el examinado en el presente asunto.
99.
El artículo 11 bis del Estatuto, que PV invoca en sus observaciones, contiene normas específicas dirigidas a garantizar que el funcionario ejerza sus funciones sin que los conflictos de intereses perjudiquen el cumplimiento de su misión. (
32
) A tenor del apartado 1 de este artículo, en el ejercicio de sus funciones, el funcionario no tramitará ningún asunto en el que tenga, directa o indirectamente, intereses personales, en particular familiares o financieros, que puedan menoscabar su independencia. Habida cuenta del hecho de que estas normas constituyen una expresión de la exigencia de imparcialidad en sentido amplio, considero que es preciso interpretarlas a la luz del concepto de imparcialidad, según se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Me parece que precisamente este es el enfoque que estaba siguiendo el Tribunal General cuando indicó, en el apartado 190 de la sentencia recurrida, que se debía reconocer al artículo 11 bis del Estatuto «un amplio ámbito de aplicación, habida cuenta del carácter fundamental de los objetivos de independencia y de integridad perseguidos por esta disposición y del carácter general de la obligación impuesta a los funcionarios y agentes» (el subrayado es mío).
100.
El Tribunal de Justicia se basa en su jurisprudencia en un concepto de imparcialidad que tiene dos vertientes. Por una parte, la imparcialidad subjetiva, en virtud de la cual ninguno de los miembros de la institución interesada debe tomar partido ni tener prejuicios personales, y, por otra parte, la imparcialidad objetiva, con arreglo a la cual la referida institución debe ofrecer garantías suficientes para descartar cualquier duda legítima acerca de un posible prejuicio. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, para demostrar que la organización del procedimiento administrativo no ofrece las garantías suficientes para excluir toda duda legítima en cuanto a un posible prejuicio, no se requiere acreditar la existencia de falta de imparcialidad. Basta con que exista una duda legítima a este respecto y no pueda disiparse. (
33
) El razonamiento del Tribunal General debe apreciarse a la luz de las consideraciones precedentes.
101.
En cuanto a la imparcialidad objetiva, debe señalarse que el Tribunal General, tras haber enunciado en los apartados 180 y 191 de la sentencia recurrida las alegaciones formuladas por el demandante relativas a la existencia de un conflicto de intereses debido a la implicación en los procedimientos penales incoados por acoso o falsedad en documento público de las personas que adoptaron las resoluciones en los procedimientos disciplinarios iniciados en su contra, declaró, en los apartados 193 y 194 de la misma sentencia, que tales alegaciones no estaban sustentadas por ninguna prueba. Por añadidura, se ha de observar que, en el marco del presente recurso de casación, PV no ha aportado ninguna prueba que permita fundamentar adicionalmente este aspecto.
102.
Por consiguiente, tal como ya he indicado, (
34
) considero que procede partir de la premisa de que no ha existido acoso psicológico en el caso de autos. Esto es aplicable incluso a la alegación formulada contra los miembros de la AFPN tripartita de que habían cometido ilícitos penales, ya que los procedimientos penales incoados en Bélgica no han dado lugar a una condena penal, aspecto que el Tribunal General destacó, acertadamente, en el apartado 184 de la sentencia recurrida. Dado que las personas interesadas pueden invocar legítimamente la presunción de inocencia, me parece evidente que la presentación de una simple denuncia no basta, por sí sola, para generar una duda sobre la imparcialidad de los miembros, a falta de otros elementos que permitan concluir que existe un conflicto de intereses. Una conclusión diferente equivaldría a poner en entredicho el derecho a la presunción de inocencia, como garantía de un proceso justo, y a invertir la carga de la prueba en un procedimiento penal, lo que me parece incompatible con el Estado de Derecho.
b)
Sobre el ejercicio abusivo de un derecho y los riesgos para el buen funcionamiento de la administración
103.
Estas consideraciones ya permiten rechazar una gran parte de las alegaciones formuladas por PV sobre la supuesta desnaturalización que a su entender revela el razonamiento del Tribunal General en el apartado 192 de la sentencia recurrida. Sin embargo, considero que es necesario examinar esta imputación de forma detallada para eliminar toda duda que pueda persistir sobre la legalidad de los fundamentos expuestos en dicha sentencia.
104.
El Tribunal General declaró, en el apartado antes mencionado, que «la tesis del demandante según la cual la presentación de una denuncia, si es admitida a trámite, basta para generar un conflicto de intereses, tendría como efecto permitir a todos los funcionarios frustrar la adopción de medidas disciplinarias contra ellos», añadiendo que «un funcionario que sea objeto de un procedimiento disciplinario podría simplemente presentar una denuncia contra las personas encargadas de adoptar decisiones respecto de él y solicitar, consecuentemente, su recusación con arreglo al artículo 11 bis del Estatuto». A este respecto, PV afirma que los procedimientos en curso ante la justicia belga no pueden interpretarse como una «simple denuncia» que presentó para sustraerse al procedimiento disciplinario. Según PV, el curso que siga la instrucción penal es lo que determina la existencia de un conflicto de intereses.
105.
El razonamiento del Tribunal General, reproducido en el punto anterior, deja traslucir el deseo de garantizar la imparcialidad del procedimiento disciplinario a la vez que se asegura el buen funcionamiento de la administración. Por una parte, de los apartados 189 y 190 de la sentencia recurrida se desprende que el citado Tribunal era plenamente consciente de la importancia del artículo 11 bis del Estatuto, al recordar que esta disposición «tiene como objetivo garantizar la independencia, la integridad y la imparcialidad de los funcionarios y de los agentes». Por otra parte, cabe señalar que el Tribunal General reconoció, acertadamente, que una interpretación del concepto de imparcialidad en el sentido de que los miembros de la AFPN implicados en las diligencias penales deberían haberse abstenido de intervenir en el procedimiento disciplinario, como ha sostenido PV, era jurídicamente insostenible, dado que no solo no había ningún razón objetiva para cuestionar la imparcialidad de las personas afectadas, sino también porque existía un riesgo no desdeñable de que se impidiera el trabajo de la administración si se optaba por tal interpretación.
106.
Más concretamente, el citado Tribunal hizo alusión al riesgo de que la presentación de una denuncia fuera utilizada por un funcionario –de una manera que podría calificarse de «abusiva»– para dar lugar a un conflicto de intereses y solicitar la recusación de las personas encargadas de adoptar decisiones respecto de él, permitiendo de este modo que se frustre el objeto del procedimiento disciplinario. A este respecto, es preciso atraer la atención sobre el hecho de que PV ha presentado numerosas denuncias que han dado lugar a la apertura de diligencias contra aproximadamente cuarenta funcionarios y agentes de la Comisión. Por consiguiente, un número considerable de personas dentro de esta institución ha sido objeto de acusaciones de acoso y de conducta criminal a instancias de PV. Esta circunstancia debe destacarse y exige algunos comentarios de carácter jurídico.
107.
Considero que no puede descartarse que existan circunstancias en las que el ejercicio de un derecho, como el de solicitar que se releve a un funcionario de sus funciones debido a un supuesto conflicto de intereses, pueda calificarse de abusivo. El Tribunal de Justicia ha indicado en diversas ocasiones que, en virtud de un principio general del Derecho de la Unión, los justiciables no pueden invocar las normas de este Derecho de forma abusiva o fraudulenta. (
35
) Como se desprende de la jurisprudencia, para probar la existencia de una práctica abusiva es necesario que concurran, por un lado, una serie de circunstancias objetivas de las que resulte que, pese a haberse respetado formalmente las condiciones establecidas en la normativa de la Unión, no se ha alcanzado el objetivo perseguido por dicha normativa, y, por otro lado, un elemento subjetivo consistente en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa de la Unión mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas para su obtención. (
36
)
108.
Ciertamente, si bien el Tribunal General se abstuvo de calificar expresamente el comportamiento de PV de «abusivo» según los criterios desarrollados por la jurisprudencia, del apartado 192 de la sentencia recurrida se desprende, no obstante, que tenía serias dudas de que las denuncias presentadas por PV contra los funcionarios afectados estuvieran fundamentadas. En este contexto, me parece que el citado Tribunal podía legítimamente expresar cierta inquietud sobre el riesgo que suponía la interpretación propuesta por PV para el correcto desarrollo del procedimiento disciplinario, en particular teniendo en cuenta el número particularmente elevado de denuncias presentadas contra diversos funcionarios de la Comisión, por un lado, y la falta de pruebas de acoso psicológico y de infracciones penales en las circunstancias del presente caso, por otro.
109.
En efecto, a menos que estas denuncias se hayan presentado con el único objetivo de impedir el trabajo de la AFPN, sería razonable esperar que PV fuera capaz de probar algunas situaciones de acoso, lo que manifiestamente no sucede en este caso. A falta de indicios en sentido contrario, cabe preguntarse si PV realmente actuó de buena fe, como exige el Derecho de la Unión, o si más bien tenía como objetivo utilizar la protección que le otorga el artículo 11 bis del Estatuto, interpretado a la luz de la exigencia de imparcialidad, para alcanzar unos objetivos que, evidentemente, no ha previsto el legislador de la Unión, a saber, permitir a un funcionario sabotear el trabajo de la administración y perjudicar a sus compañeros.
110.
Si así fuera, este comportamiento reuniría sin duda los criterios necesarios para ser calificado de abuso de Derecho, lo que tendría como consecuencia que debería denegársele el ejercicio del derecho concedido por la disposición antes citada. (
37
) En otras palabras, PV no podría invocar válidamente el artículo 11 bis del Estatuto. Dicho esto, cabe señalar que, a fin de cuentas, se trata de una cuestión de hecho a la que el Tribunal General parece haber dado una respuesta lo suficientemente clara basándose en una apreciación de las circunstancias. El enfoque prudente que el citado Tribunal adoptó respecto de la actitud de PV frente a la administración y, en particular, en el marco del procedimiento disciplinario en cuestión, me parece justificado en las circunstancias concretas del presente asunto. Por estos motivos, he llegado a la conclusión de que el razonamiento del Tribunal General no contiene ningún error de Derecho.
111.
A pesar de las consideraciones antes expuestas, considero que no es necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie de forma exhaustiva sobre si el Tribunal General podía rechazar la argumentación de PV denunciando un comportamiento abusivo de su parte ya que, en cualquier caso, el respeto de la presunción de inocencia y la falta de pruebas en sentido contrario constituyen, por sí solos, argumentos sólidos que permiten concluir que no existe ninguna violación de la exigencia de imparcialidad en virtud de la participación en la toma de decisiones de ciertos miembros de la AFPN que han sido objeto de denuncias presentadas por PV. En mi opinión, la necesidad de prevenir los comportamientos abusivos en general a la que hace alusión el Tribunal General solo constituye un argumento complementario destinado a apoyar un razonamiento ya de por sí suficientemente convincente.
3.
Observaciones finales
112.
El examen del segundo motivo de casación, más concretamente en lo referente a los fundamentos expuestos en los apartados 189 a 194 de la sentencia recurrida, no revela la existencia de ningún error de Derecho. Al contrario, debe reconocerse que el Tribunal General determinó correctamente el ámbito de aplicación del artículo 11 bis del Estatuto, interpretado a la luz del principio de imparcialidad contemplado en el artículo 41, apartado 1, de la Carta, y decidió acertadamente que la participación de ciertos miembros de la AFPN que fueron objeto de denuncias presentadas por PV no suscitaba ningún conflicto de intereses que pudiera viciar de ilegalidad las resoluciones adoptadas respecto de PV en el marco del procedimiento disciplinario.
113.
El riesgo que menciona el Tribunal General, en el apartado 192 de la sentencia recurrida, de que una utilización abusiva del principio de imparcialidad ocasione un mal funcionamiento de la administración y, en particular, redunde en detrimento del correcto desarrollo del procedimiento disciplinario de que se trata está justificado por las circunstancias concretas del asunto, a saber, el hecho de que PV había presentado un número particularmente elevado de denuncias contra diversos funcionarios de la Comisión a pesar de la falta de pruebas que demostrasen que estos habían cometido acoso psicológico o infracciones penales. En consecuencia, considero que procede desestimar la argumentación de PV basada en una supuesta violación de la exigencia de imparcialidad.
4.
Conclusión provisional
114.
Al término de este análisis, considero que no cabe estimar el segundo motivo de casación. Propongo rechazarlo por infundado.
D. Sobre el octavo motivo de casación
1.
Alegaciones de las partes
115.
Mediante su octavo motivo de casación, PV afirma que la apreciación realizada por el Tribunal General sobre la admisibilidad de su solicitud de anulación de la resolución de separación del servicio de 26 de julio de 2016 adolece de dos errores de Derecho.
116.
En primer lugar, a su entender, el Tribunal General no podía declarar válidamente, en el apartado 81 de la sentencia recurrida, que la AFPN había efectuado una compensación entre las deudas de PV frente a la Comisión y los importes adeudados por la Comisión al demandante. La retirada de la resolución de separación del servicio hizo desaparecer retroactivamente todas las consecuencias de dicha resolución, en especial las constataciones de ausencias injustificadas. De ello se deriva, a su juicio, que se deberían haber anulado las deudas y se deberían haber reembolsado las retenciones sobre su salario a consecuencia de esta retirada, de manera que no podía efectuarse una compensación.
117.
En segundo lugar, afirma que el citado Tribunal incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, que se habían neutralizado los efectos financieros de la resolución de separación del servicio antes de la interposición del recurso en el asunto T‑786/16. La AFPN no compensó las consecuencias financieras de su resolución de separación del servicio dado que, a tal fin, debería haber abonado una indemnización por daños materiales y morales a PV.
118.
Según la Comisión, en primer término, la anulación del procedimiento disciplinario por falta de investigación no hizo desaparecer las resoluciones adoptadas con anterioridad que justificaron la incoación de ese procedimiento y que eran completamente separables e independientes de él. En segundo término, los efectos financieros de la retirada de la resolución de separación del servicio fueron efectivamente neutralizados.
2.
Apreciación
119.
A solicitud del Tribunal de Justicia, el examen del octavo motivo de casación se centrará en el razonamiento del Tribunal General en los apartados 81 y 82 de la sentencia recurrida, que concluyó en la declaración de la inadmisibilidad del recurso de anulación de PV contra la resolución de separación del servicio de 26 de julio de 2016. Más concretamente, PV impugna la constatación del Tribunal General, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, según la cual la solicitud de anulación de la resolución de separación del servicio de 26 de julio de 2016 carece de objeto, dado que esta había sido retirada y sus efectos financieros se habían neutralizado con anterioridad a la interposición del recurso en el asunto T‑786/16. Según PV, la AFPN no compensó las consecuencias financieras de la resolución de separación del servicio, dado que, a tal fin, PV debería haber recibido una indemnización por los daños materiales y morales resultantes de esta separación del servicio.
a)
Sobre el «interés en ejercitar la acción» exigido por el Derecho procesal
120.
Según explicó la Abogada General Kokott en sus conclusiones presentadas en el asunto Wunenburger/Comisión, (
38
) la exigencia de un interés en ejercitar la acción tiene como objetivo procesal evitar que se sometan a los tribunales cuestiones jurídicas de carácter meramente hipotético. El interés en ejercitar la acción constituye, por lo tanto, un requisito ineludible de admisibilidad, que puede ser relevante en varias fases del proceso. Este interés en ejercitar la acción indudablemente debe concurrir desde la interposición del recurso, pero también debe perdurar más allá de la interposición del recurso, hasta que se dicte la sentencia resolviendo sobre el fondo. (
39
)
121.
Si el interés en ejercitar la acción solo desaparece durante un procedimiento judicial en curso, es cierto que la decisión del Tribunal General sobre el fondo deja de estar justificada. Sin embargo, no cabe exigir del demandante que acepte que su recurso, interpuesto originalmente de forma admisible, sea simplemente desestimado y que deba soportar las costas del litigio. La única solución adecuada en tal caso es, por el contrario, declarar que el litigio ha pasado a «carecer de objeto», expresando de este modo, por una parte, que la base para el recurso solo ha desaparecido tras su interposición y evitando, por otra parte, las consecuencias pecuniarias negativas para el demandante.
122.
A tenor de la jurisprudencia, la persistencia del interés en ejercitar la acción del demandante puede derivarse, en primer término, del riesgo de una repetición de la acción (supuestamente) ilegal de una institución de la Unión. En efecto, el artículo 266 TFUE, apartado 1, obliga a la institución de la que emane el acto anulado a «adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», lo que en la práctica significa que aquella institución debe tener en cuenta los motivos de nulidad expuestos en dicha sentencia en caso de que decida sustituir posteriormente el acto anulado. (
40
) El interés en ejercitar la acción puede perdurar, en segundo término, cuando una decisión relativa a un recurso de anulación sea relevante para una posible pretensión de indemnización del demandante. En tercer término, en algunos casos, y en particular en los asuntos de función pública, el demandante puede tener interés en obtener la supresión de declaraciones negativas sobre su persona para ser rehabilitado en el futuro.
b)
Examen del razonamiento del Tribunal General
123.
La sentencia recurrida se refiere al segundo de estos tres supuestos, esto es, a una pretensión de indemnización del demandante. El Tribunal de Justicia ha declarado que el interés en ejercitar la acción de un demandante debe apreciarse en cada caso concreto, teniendo en cuenta, en particular, las consecuencias de la ilegalidad alegada y la naturaleza del perjuicio presuntamente sufrido. (
41
) La situación de PV en el presente asunto debe examinarse a la luz de estos principios. En el marco del examen, también será preciso comprobar si el razonamiento del Tribunal General tiene en cuenta tales principios.
124.
A este respecto, de entrada es preciso atraer la atención sobre el hecho de que PV no se encuentra en la situación mencionada en el punto 121 de las presentes conclusiones. El recurso de anulación de PV no «carece de objeto» debido a que el interés en ejercitar la acción haya desaparecido durante un procedimiento judicial en curso, sino más bien porque la resolución impugnada dejó de existir antes incluso de la interposición del recurso. En efecto, cabe recordar que la AFPN había retirado su resolución de separación del servicio el 24 de julio de 2017, es decir, en una fecha anterior a la de la interposición del recurso ante el Tribunal General. Este es el contexto en el que dicho Tribunal recordó, antes de nada, en el apartado 80 de la sentencia recurrida, la diferencia fundamental entre la «revocación», que solo hace desaparecer una resolución de cara al futuro, (
42
) y la «retirada» de tal resolución, que tiene efectos retroactivos. A continuación, el Tribunal General declaró, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, que la retirada de la resolución de separación del servicio en cuestión la había hecho desaparecer con efectos retroactivos y, por consiguiente, en la medida en que la resolución impugnada había dejado de existir, ya no podía perjudicar a PV. Esta apreciación me parece jurídicamente irreprochable.
125.
Por lo que respecta a la existencia de un interés en ejercitar la acción de indemnización, debe recordarse que el Tribunal de Justicia ha declarado que el recurso de indemnización es un recurso «autónomo», que tiene una función determinada dentro del sistema de recursos y que está supeditado a requisitos de ejercicio concebidos en función de su objeto específico. (
43
) Por lo tanto, la interposición de un recurso de anulación contra un acto no constituye un requisito previo para la interposición de un recurso de indemnización con el fin de lograr la reparación del daño derivado de dicho acto. (
44
) En el contexto del presente asunto, procede observar que efectivamente PV incluyó una pretensión de indemnización en su recurso de nulidad. En consecuencia, me parece que la falta de interés en ejercitar la acción en el recurso de nulidad no es decisiva de cara a establecer la admisibilidad de su pretensión de indemnización. En cambio, considero que es fundamental determinar si en el presente asunto se cumplían los requisitos de admisibilidad de dicho recurso, así como los previstos en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, precisamente habida cuenta de su carácter «autónomo».
126.
En cuanto a los requisitos de la pretensión de indemnización, (
45
) tengo algunas dudas de que se cumplan en el caso de autos. En particular, me parece dudoso que pueda existir una relación de causalidad entre la resolución de separación del servicio, retirada por la propia AFPN, y el daño material que presuntamente ha sufrido PV. Como indicó el Tribunal General en el apartado 81 de la sentencia recurrida, la retirada de la resolución de separación del servicio el 24 de julio de 2017 tuvo como consecuencia, por un lado, la reincorporación de PV a la Comisión a partir del 16 de septiembre de 2017 y, por otro lado, la concesión retroactiva a este de las retribuciones y días de vacaciones anuales correspondientes al período comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 15 de septiembre de 2017.
127.
Es más, debe señalarse que la AFPN compensó las deudas de PV frente a la Comisión y los importes adeudados por la Comisión a PV por el período antes mencionado, para abonar el importe restante de 9550 euros a PV. En consecuencia, como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado 82 de la sentencia recurrida, la resolución de separación del servicio de 26 de julio de 2016 se había retirado y sus efectos financieros se habían neutralizado. Si bien PV alega en su recurso de casación que esta compensación no estaba justificada, debe respondérsele que la retirada de la resolución de separación del servicio no hizo desaparecer las resoluciones anteriores que constataban las ausencias injustificadas que constituyeron el fundamento del procedimiento disciplinario. Por consiguiente, el Tribunal General refrendó fundadamente la compensación efectuada entre las deudas del demandante a resultas de sus ausencias injustificadas y los importes adeudados por la Comisión al demandante por el período en cuestión. En estas condiciones, resulta difícil comprender de qué manera PV podría haber sufrido un daño material.
c)
Observaciones finales
128.
El examen del razonamiento desarrollado por el Tribunal General en los apartados 81 y 82 de la sentencia recurrida no permite constatar la existencia de un error de Derecho. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, al igual que el citado Tribunal, me inclino por rechazar la existencia de un interés en ejercitar la acción, especialmente a falta de un acto que perjudique a PV. En efecto, todo parece indicar que la resolución de separación del servicio impugnada por PV fue retirada con efectos retroactivos antes de la interposición del recurso de anulación, de manera que esta no podía continuar surtiendo efectos que pudieran perjudicarle. En consecuencia, el Tribunal General acertó al declarar que la pretensión de anulación era inadmisible.
129.
En cuanto a la pretensión de indemnización de PV, me parece que la argumentación formulada por este no permite apreciar en qué medida podría haber sufrido un daño material, puesto que la compensación efectuada por la Comisión estaba justificada, tal como dictaminó el Tribunal General en su sentencia. En consecuencia, considero que procede rechazar la argumentación de PV en apoyo de un supuesto derecho a indemnización.
3.
Conclusión provisional
130.
Por las razones expuestas más arriba, propongo desestimar el octavo motivo de casación por infundado.
VI. Conclusión
131.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo que el Tribunal de Justicia declare que los motivos de casación primero, segundo y octavo son infundados.
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Véanse las sentencias de 16 de diciembre de 2020, Consejo y otros/K. Chrysostomides & Co. y otros (C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P y C‑604/18 P, EU:C:2020:1028), apartado 128, y de 17 de diciembre de 2020, BP/FRA (C‑601/19 P, no publicada, EU:C:2020:1048), apartado 71.
(
3
)	Véanse las sentencias de 25 de enero de 2007, Sumitomo Metal Industries y Nippon Steel/Comisión (C‑403/04 P y C‑405/04 P, EU:C:2007:52), apartado 39, y de 17 de diciembre de 2020, Inpost Paczkomaty e Inpost/Comisión (C‑431/19 P y C‑432/19 P, EU:C:2020:1051), apartado 51.
(
4
)	Véanse las sentencias de 26 de enero de 2017, Duravit y otros/Comisión (C‑609/13 P, EU:C:2017:46), apartado 86, y de 28 de noviembre de 2019, Brugg Kabel y Kabelwerke Brugg/Comisión (C‑591/18 P, no publicada, EU:C:2019:1026), apartado 63.
(
5
)	Véase el apartado 175 de la sentencia recurrida.
(
6
)	Véanse los apartados 60, 171, 221, 222 y 231 de la sentencia recurrida.
(
7
)	Véase el punto 77 de las presentes conclusiones.
(
8
)	Para una explicación más detallada del derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta, me remito a mis conclusiones presentadas en el asunto Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:497), puntos 66 y siguientes.
(
9
)	Pilorge-Vrancken, J.: Le droit de la fonction publique de l’Union européenne, Larcier, Bruselas, 2017, p. 15.
(
10
)	Sentencia de 4 de febrero de 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire y Ministre de l’Action et des Comptes publics (C‑903/19, EU:C:2021:95), apartado 37.
(
11
)	Sentencia de 20 de octubre de 1981, Comisión/Bélgica (137/80, EU:C:1981:237), apartado 9.
(
12
)	Andreone, F.: «Hiérarchie des normes et sources du droit de la fonction publique de l’Union européenne», Groupe de réflexion sur l’avenir du service public européen, Cahier n.o 25, junio de 2015, p. 16.
(
13
)	Sentencia de 14 de diciembre de 2017, RL/Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T‑21/17, EU:T:2017:907), apartado 51.
(
14
)	Véase el punto 64 de las presentes conclusiones.
(
15
)	Véanse la sentencia de 15 de julio de 2021, OH (Inmunidad de jurisdicción) (C‑758/19, EU:C:2021:603), apartados 24 y 25, así como las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto CSUE/KF (C‑14/19 P, EU:C:2020:220), punto 91.
(
16
)	Giacobbo Peyronnel, V., y Perillo, E. recuerdan, en Statut de la fonction publique de l’Union européenne (Larcier, Bruselas, 2017, p. 17), la intención de los fundadores de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero de crear una función pública independiente, constituida por funcionarios supranacionales.
(
17
)	Sentencia de 18 de junio de 2020, Comisión/RQ (C‑831/18 P, EU:C:2020:481).
(
18
)	Sentencia de 18 de junio de 2020, Comisión/RQ (C‑831/18 P, EU:C:2020:481), apartado 45.
(
19
)	Sentencia de 6 de octubre de 2021, AV y AW/Parlamento (T‑43/20, no publicada, EU:T:2021:666), apartado 106.
(
20
)	Sentencia de 6 de octubre de 2021, AV y AW/Parlamento (T‑43/20, no publicada, EU:T:2021:666), apartado 106.
(
21
)	Sentencia de 6 de octubre de 2021, AV y AW/Parlamento (T‑43/20, no publicada, EU:T:2021:666), apartado 106.
(
22
)	Véase el punto 51 de las presentes conclusiones.
(
23
)	Véanse las sentencias de 5 de septiembre de 2019, AH y otros (Presunción de inocencia) (C‑377/18, EU:C:2019:670), apartado 41, y de 25 de febrero de 2021, Dalli/Comisión (C‑615/19 P, EU:C:2021:133), apartado 223.
(
24
)	DO 2016, L 65, p. 1.
(
25
)	DO 2013, L 294, p. 1.
(
26
)	Véase, a este respecto, TEDH, sentencia de 28 de octubre de 1994, Murray c. Reino Unido (CE:ECHR:1994:1028JUD001431088), § 55.
(
27
)	De Béco, R.: «L’audition par la police, le parquet ou le juge d’instruction», Justice-en-ligne (artículo de 25 de agosto de 2021), explica que el Derecho procesal penal belga ofrece derechos y garantías a todas las personas interrogadas por cualquier concepto (víctima, denunciante, denunciante en beneficio de tercero, testigo, investigado, persona citada a comparecer por la policía o persona privada de libertad).
(
28
)	Como ocurre en el caso del Derecho penal de varios Estados miembros, incluido el Reino de Bélgica, según señala Du Jardin, J. en «Belgique, les principes de procédure pénale et leur application dans les procédures disciplinaires», Revue internationale de droit pénal, vol. 74, n.os 3 y 4, 2003, p. 801. Más concretamente, el artículo 56, párrafos primero y segundo, del code d’instruction criminelle (Código de Instrucción Penal) dispone, en lo tocante a las funciones del juez de instrucción, que este «asume la responsabilidad de la instrucción, que se llevará a cabo tanto en sentido inculpatorio como exculpatorio» y que «velará por la legalidad de los medios de prueba, así como por la honradez con la que se recaban» (el subrayado es mío). En este contexto, también procede atraer la atención sobre el artículo 5, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO 2017, L 283, p. 1), del que se desprende que «la Fiscalía Europea llevará a cabo sus investigaciones de forma imparcial y buscará todas las pruebas pertinentes, tanto inculpatorias como exculpatorias», lo que puede interpretarse como la expresión de un principio fundamental del Derecho procesal penal de la Unión (el subrayado es mío).
(
29
)	Ligeti, K.: «The Place of the Prosecutor in Common Law and Civil Law Jurisdictions», The Oxford Handbook of Criminal Process, Oxford University Press, Oxford, 2019, explica que, en virtud del principio de legalidad, si existen pruebas suficientes al término de la investigación, el fiscal está obligado, en principio, a incoar un procedimiento y no puede archivar el sumario.
(
30
)	Sentencia de 21 de octubre de 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863), apartados 51 y siguientes.
(
31
)	Véase el punto 104 de mis conclusiones presentadas en el asunto Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:497) (el subrayado es mío).
(
32
)	Giacobbo Peyronnel, V., y Perillo, E.: Statut de la fonction publique de l’Union européenne, Larcier, Bruselas, 2017, p. 170.
(
33
)	Sentencia de 21 de octubre de 2021, Parlamento/UZ (C‑894/19 P, EU:C:2021:863), apartado 54.
(
34
)	Véase el punto 51 de las presentes conclusiones.
(
35
)	Véase la sentencia de 9 de septiembre de 2021, UK y otros (C‑33/20, C‑155/20 y C‑187/20, EU:C:2021:736), apartado 121.
(
36
)	Véase la sentencia de 9 de septiembre de 2021, UK y otros (C‑33/20, C‑155/20 y C‑187/20, EU:C:2021:736), apartado 122 y jurisprudencia citada.
(
37
)	Véase, por analogía, la sentencia de 26 de febrero de 2019, T Danmark e Y Denmark (C‑116/16 y C‑117/16, EU:C:2019:135), apartado 72, en la que el Tribunal de Justicia declaró que debe denegarse el amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión cuando se invoquen no para la realización de los objetivos de las disposiciones en cuestión, sino con el fin de disfrutar de una ventaja del Derecho de la Unión, aunque los requisitos establecidos al respecto se cumplan solo formalmente.
(
38
)	C‑362/05 P, EU:C:2007:104, puntos 35 y 36.
(
39
)	Véanse las sentencias de 28 de mayo de 2013, Abdulrahim/Consejo y Comisión (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), apartado 61, y de 27 de junio de 2013, Xeda International y Pace International/Comisión (C‑149/12 P, no publicada, EU:C:2013:433), apartado 31.
(
40
)	Lenaerts K., Maselis, I., y Gutman, K.: EU Procedural Law, apartado 7.223, p. 416.
(
41
)	Sentencia de 28 de mayo de 2013, Abdulrahim/Consejo y Comisión (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), apartado 65.
(
42
)	Sentencia de 27 de junio de 2013, Xeda International y Pace International/Comisión (C‑149/12 P, no publicada, EU:C:2013:433), apartado 32.
(
43
)	Sentencias de 23 de marzo de 2004, Defensor del Pueblo europeo/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174), apartado 59, y de 6 de octubre de 2020, Bank Refah Kargaran/Consejo (C‑134/19 P, EU:C:2020:793).
(
44
)	Sentencia de 12 de septiembre de 2006, Reynolds Tobacco y otros/Comisión (C‑131/03 P, EU:C:2006:541), apartados 82 y 83.
(
45
)	Según reiterada jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión y se reconozca el derecho a la reparación del perjuicio sufrido, en virtud del artículo 340 TFUE, es necesario que concurran un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilicitud del comportamiento imputado a las instituciones, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre ese comportamiento y el perjuicio invocado (véase la sentencia de 19 de junio de 2014, Commune de Millau y SEMEA/Comisión, C‑531/12 P, EU:C:2014:2008, apartado 96).