Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 26 de marzo de 2026 (1)
Asunto C‑611/24
MA
contra
Upravitelen savet na Balgarska narodna banka
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria)]
« Petición de decisión prejudicial — Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo — Destitución del vicepresidente de un banco central nacional — Artículo 14.2 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo — Aplicabilidad — Artículo
130 TFUE — Principio de independencia de los bancos centrales nacionales »
I.      Introducción
1.        «En los países donde no hay un banco central emisor, debería crearse uno […].
Los bancos, especialmente los bancos emisores, deberían estar exentos de presión política y actuar atendiendo únicamente a principios de prudencia financiera.» (2)
2.        La frase anterior, pronunciada en la Conferencia Financiera Internacional de 1920, (3) mantiene su vigencia en la medida en que destaca dos aspectos clave de los bancos centrales.
3.        En primer lugar, da testimonio de la firme consolidación de los bancos centrales en los ordenamientos constitucionales contemporáneos, dentro de la arquitectura de las máximas autoridades públicas. Aun separados de la clásica «trinidad» que caracteriza la organización del poder público en las democracias modernas (poderes legislativo, ejecutivo y judicial), los bancos centrales ocupan una importante posición dentro de dicha estructura, como evidencia, en particular, la atención que dedican a sus estatutos diversos documentos constitucionales, que en ocasiones los califican expresamente de independientes. (4)
4.        Sin duda, la importancia de dicha posición, comparada con la de otros organismos del Estado y el alcance o la legitimidad de las competencias que se atribuyen a los bancos centrales siguen concitando el debate. (5) Dicho esto, las anteriores consideraciones también indican, en segundo lugar, la importancia que se otorga a la necesidad de que los bancos centrales permanezcan ajenos a influencias externas en el ejercicio de sus funciones. Aunque los límites precisos de su autonomía también pueden ser objeto de discusión, es generalmente admitido que los bancos centrales han de estar en condiciones de desempeñar sus funciones, como actores fundamentales dentro de las «constituciones monetarias», (6) sin verse condicionados por los ciclos o contingencias políticas cortoplacistas, tal como el Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «BCE») ha observado también en el presente procedimiento. (7)
5.        En el Derecho de la Unión, la exigencia de que los bancos centrales queden exentos de influencias externas está consagrada en el artículo
130 TFUE y, con una redacción casi idéntica, en el artículo
7 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «Estatutos del SEBC y del BCE»). (8) En esencia, dichas disposiciones establecen que ni el BCE, ni los bancos centrales nacionales de un Estado miembro, ni ningún miembro de los órganos rectores de aquellos recabarán ni aceptarán instrucciones procedentes de organismos externos. Y en sentido contrario, las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como los Gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir sobre los miembros de los órganos rectores del BCE o de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones.
6.        Esta expresión general de la independencia de los bancos centrales se ve completada por el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, que, en particular, circunscriben a dos situaciones la posibilidad de relevar al gobernador de un banco central nacional antes de que expire su mandato: en primer lugar, cuando «deje de cumplir los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones» y, en segundo lugar, cuando «haya incurrido en falta grave».
7.        El Tribunal de Justicia ya tuvo ocasión de ocuparse de este segundo «criterio para la destitución» (falta grave) en su sentencia Rimšēvičs. (9) Sin embargo, en dicho asunto no se aportó ninguna prueba de conducta indebida, de manera que el Tribunal de Justicia pudo limitar su examen a un aspecto relativamente abstracto, concretamente el del grado de prueba aplicable, y declarar que, para que se justifique una prohibición provisional de que el gobernador afectado ejerza sus funciones, deben existir indicios suficientes de que este ha incurrido en una falta grave. (10)
8.        El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia una nueva (y, ciertamente, más amplia) oportunidad de revisar estos criterios para la destitución y examinar los límites que dicha garantía de independencia de los bancos centrales nacionales, junto con su expresión más general contenida en el artículo 130 TFUE y en el artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE, impone a los Estados miembros cuando definen las condiciones en que pueden ser destituidos los miembros de un órgano de gobierno de un banco central nacional.
9.        La necesidad de abordar esta cuestión surge de la decisión del Consejo de Gobierno del Banco Nacional de Bulgaria (en lo sucesivo, «BNB»), en que se declaró que existían motivos para relevar a MA de sus funciones como vicepresidente y jefe del Departamento de Emisiones (en lo sucesivo, «decisión del BNB»).
10.      Dicha decisión se basó en las conclusiones de otro órgano, la Komisia za protivodeystvie na koruptsiata (Comisión de Lucha contra la Corrupción, Bulgaria; en lo sucesivo, «KPK»), que detectó una serie de incompatibilidades entre el cargo de MA como vicepresidente del BNB y varias de sus otras actividades (en lo sucesivo, «decisión de la KPK»). Las dudas se referían, en primer lugar, a la pertenencia de MA a una sociedad de responsabilidad limitada en el momento en que fue elegido vicepresidente y, en segundo lugar, a su condición de miembro del órgano de dirección de dos entidades sin ánimo de lucro, concretamente un club de golf y un instituto de investigación. Además, según consta, MA no puso fin a estas relaciones dentro del plazo establecido.
11.      Al adoptar sus decisiones, el Consejo de Gobierno del BNB tuvo en cuenta la decisión de la KPK y declaró que no cabía considerar que MA reuniese los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones como vicepresidente y, además, le hizo responsable de una falta grave. Dicho de otra manera, el Consejo de Gobierno estimó que estaba justificada la destitución de MA en virtud de los dos motivos establecidos en el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE. Aunque, como ya se ha señalado, dicha disposición se refiere a la situación de los gobernadores de los bancos centrales nacionales, el legislador búlgaro decidió extender la aplicación de dichos criterios para la destitución a los demás miembros del Consejo de Gobierno del BNB.
12.      MA impugna la legalidad de la decisión del BNB ante el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria), órgano jurisdiccional remitente en el presente procedimiento. En particular, sostiene que ninguno de los dos motivos de destitución ha sido acreditado en el presente asunto. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente ha planteado al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones que, en esencia, suscitan las siguientes cuestiones.
13.      En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la independencia de los bancos centrales nacionales permite establecer una obligación —impuesta por la legislación nacional a los miembros de sus órganos rectores, como el vicepresidente— de declarar sus acciones en sociedades y sus participaciones en entidades jurídicas sin ánimo de lucro (cuestión prejudicial quinta). En segundo lugar, dado que el asunto se refiere al vicepresidente de un banco central nacional y no a un gobernador, el órgano jurisdiccional remitente pregunta sobre la aplicabilidad de los criterios para la destitución establecidos en el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE (cuestiones prejudiciales primera y segunda). En tercer lugar, pretende aclarar la compatibilidad con el Derecho de la Unión de diversos elementos del Derecho nacional que pueden llevar a la conclusión de que la persona afectada no reúne los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones, siendo este unos de los dos motivos de destitución establecidos en dicho criterio (cuestiones prejudiciales tercera a séptima). En cuarto lugar, se pregunta por la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la competencia del BNB para valorar la existencia de una falta grave, en cuanto que el otro componente que integra
ese criterio (octava cuestión prejudicial).
14.      En consecuencia, la presente remisión prejudicial pone de relieve la cuestión de la facultad de los Estados miembros para determinar las condiciones en que puede ser relevado de su cargo un miembro de un órgano rector de un banco central nacional. Así pues, las cuestiones a las que ha de responder el Tribunal de Justicia se refieren a los límites que puede imponer el Derecho de la Unión a dicha facultad y que, como me propongo explicar, pretenden garantizar la estabilidad del mandato de los gobernadores de los bancos centrales nacionales, salvaguardando así la capacidad de dichas instituciones para desempeñar sus funciones y protegiéndolas de la intervención arbitraria.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
15.      A tenor del artículo 130 TFUE, «en el ejercicio de las facultades y en el desempeño de las funciones y obligaciones que les asignan los Tratados y los Estatutos del SEBC y del BCE, ni el [BCE], ni los bancos centrales nacionales, ni ninguno de los miembros de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni de los Gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano. Las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como los Gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del [BCE] y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones».
16.      El artículo 131 TFUE dispone que «cada uno de los Estados miembros velará por que su legislación nacional, incluidos los Estatutos de su banco central nacional, sea compatible con los Tratados y con los Estatutos del SEBC y del BCE».
17.      El artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE lleva por título «Independencia» y establece que, «tal como se expone en el artículo 130 [TFUE], cuando ejerzan las facultades que les confieren el Tratado y los presentes Estatutos y desempeñen las funciones y deberes correspondientes, ni el BCE, ni los bancos centrales nacionales, ni ningún miembro de sus órganos rectores recabarán ni aceptarán instrucciones procedentes de las instituciones u organismos comunitarios, de ningún Gobierno de un Estado miembro ni de ningún otro organismo. Las instituciones, órganos u organismos de la Unión, así como los Gobiernos de los Estados miembros, se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los miembros de los órganos rectores del BCE y de los bancos centrales nacionales en el ejercicio de sus funciones».
18.      El artículo 14 de los Estatutos del SEBC y del BCE, titulado «Bancos centrales nacionales», dispone:
«[…]
14.2.      Los estatutos de los bancos centrales nacionales dispondrán, en particular, que el mandato de gobernador de un banco central nacional no sea inferior a cinco años.
Un gobernador solo podrá ser relevado de su mandato en caso de que deje de cumplir los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones o haya incurrido en falta grave. El gobernador afectado o el Consejo de Gobierno podrán recurrir las decisiones al respecto ante el Tribunal de Justicia, por motivos de infracción de los Tratados o de cualquier norma legal relativa a su aplicación. Tales acciones se emprenderán en un plazo de dos meses a partir de la publicación de la decisión, o de su notificación al demandante o, a falta de esta, a partir de la fecha en que la decisión haya llegado a conocimiento de este último, según los casos.
[…].»
B.      Derecho nacional
1.      Ley del Banco Nacional de Bulgaria
19.      Con arreglo al artículo 11 de la Zakon za bulgarskata narodna banka (Ley del Banco Nacional de Bulgaria; en lo sucesivo, «Ley del BNB»):
«1.      El Consejo de Gobierno estará compuesto por siete miembros: el gobernador del Banco, los tres vicepresidentes y otros tres miembros.
2.      Los miembros del consejo de administración deberán ser ciudadanos búlgaros.
3.      […] Los miembros del consejo de administración serán elegidos y nombrados entre personas de alta consideración moral que sean expertos destacados en los campos de la economía, las finanzas y la banca.
4.      […] No podrá ser miembro del Consejo de Gobierno ninguna persona que:
1)      haya sido condenada a una pena privativa de libertad por un delito doloso;
2)      se haya declarado insolvente como empresario individual o socio con responsabilidad ilimitada en una sociedad colectiva;
3)      haya sido miembro del órgano de dirección o de control de una sociedad mercantil o cooperativa en los dos últimos años anteriores a la fecha de la resolución de declaración de insolvencia;
4)      […] sea empresario individual, socio con responsabilidad ilimitada en una sociedad colectiva, director, mandatario, agente comercial, apoderado general, intermediario comercial, liquidador o administrador concursal, miembro de un órgano de dirección o control de una sociedad mercantil o cooperativa, con excepción de las sociedades participadas por el [BNB];
5)      sea cónyuge o pareja de hecho, pariente en línea directa, en línea colateral hasta el cuarto grado inclusive o pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive de otro miembro del Consejo de Gobierno [del BNB].»
20.      El artículo 12 de la Ley del BNB es del siguiente tenor:
«[…]
5.      […] El gobernador y los vicepresidentes no podrán ejercer ninguna actividad distinta de la docente o de la de miembro de los órganos de las sociedades participadas por el [BNB] o de organizaciones internacionales en relación con las actividades del [BNB], a menos que sean nombrados por el primer ministro en funciones en virtud del artículo 99, apartado 5, de la Constitución de la República de Bulgaria. Podrán desempeñar actividades no remuneradas mediando decisión unánime del Consejo de Gobierno, siempre que no exista conflicto de intereses.
[…]
10.      El gobernador, los vicepresidentes y los demás miembros del Consejo de Gobierno presentarán a la autoridad que los haya elegido o nombrado las declaraciones mencionadas en el artículo
49, apartado 1, punto 3, de la Zakon za protivodeystvie na koruptsiata [Ley de Lucha contra la Corrupción; en lo sucesivo “Ley Anticorrupción”]. […].»
21.      Con arreglo al artículo 14 de la Ley del BNB:
«1.      La autoridad competente a que se refiere el artículo 12 solo podrá relevar,
antes de la finalización de su mandato,
a un miembro del Consejo de Gobierno si este no cumple los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones o si ha incurrido en falta grave en el sentido del artículo 14.2 de los Estatutos del [SEBC y del BCE].
2.      […] Los motivos del relevo anticipado de un vicepresidente o de cualquier otro miembro del Consejo de Gobierno, con excepción del gobernador, se determinarán por decisión del Consejo de Gobierno de conformidad con un procedimiento establecido por este. El ejercicio de las competencias del miembro del Consejo de Gobierno cuyo relevo se proponga quedará suspendido a partir de la fecha de la decisión del Consejo de Gobierno. Esta podrá ser recurrida ante el Varhoven administrativen sad [(Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] en un plazo de siete días. El Varhoven administrativen sad [(Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo)] emitirá una decisión definitiva en un plazo de catorce días a partir de la recepción del recurso. La decisión definitiva se remitirá a la autoridad responsable del relevo anticipado de conformidad con el artículo
12.»
2.      Legislación en materia de lucha contra la corrupción
22.      De la resolución de remisión se deduce que dos instrumentos de legislación nacional en materia de lucha contra la corrupción fueron aplicables, en distintos momentos, a los hechos del procedimiento principal: la Zakon za protivodeystvie na koruptsiata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (Ley de Lucha contra la Corrupción y de Decomiso de Bienes Obtenidos Ilegalmente; en lo sucesivo, «Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso») y la Ley Anticorrupción.
23.      En primer lugar, con arreglo al artículo 6, apartado 1, punto 12, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso
(derogado con efectos de 6 de octubre de 2023) y con arreglo al artículo 6, apartado 1, punto 12, de la Ley Anticorrupción, redactado en términos similares al artículo anterior, «las personas que ocupan un cargo público [de alto nivel] [ (11)]
en el sentido de la presente Ley son» «el gobernador, los vicepresidentes, los miembros del Consejo de Gobierno y el secretario general del [BNB]».
24.      En segundo lugar, con arreglo al artículo 35, apartado 1, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso y con arreglo al artículo 49, apartado 1, de la Ley Anticorrupción, redactado en términos similares al anterior:
«1.      Las personas que ocupen cargos públicos [de alto nivel]
[ (12)]
deberán presentar las siguientes declaraciones:
1)      declaración de incompatibilidad;
2)      declaración de bienes e intereses;
3)      declaración sobre cualquier modificación de las circunstancias indicadas en la declaración mencionada en el punto 1;
4)      declaración sobre cualquier modificación de las circunstancias indicadas en la declaración mencionada en el punto 2 en la parte relativa a los intereses y al origen de los fondos en caso de cancelación anticipada de deudas y préstamos.
2.      […] Las declaraciones previstas en el apartado 1, puntos 1 y 3, se presentarán a la autoridad facultada para proceder a la elección o nombramiento […] y las declaraciones previstas en el apartado 1, puntos 2 y 4, a la Comisión [Anticorrupción y de Decomiso de Bienes Ilegales]» [esta última referencia ha sido sustituida, en el artículo 49, apartado 4, de la Ley Anticorrupción,
por la referencia a la KPK].
25.      Con arreglo al artículo 37 de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso y al artículo 51 de la Ley Anticorrupción, redactado este en términos similares al anterior:
«1.      Las personas que ocupen cargos públicos [de alto nivel] (13) deberán presentar a la Comisión una declaración de bienes e intereses en Bulgaria y en el extranjero en la que hagan constar:
[…]
12)      [ (14)] la participación en sociedades mercantiles, [sociedades colectivas], (15) en órganos de dirección o control de sociedades mercantiles, en entidades jurídicas sin ánimo de lucro o cooperativas, así como el ejercicio de una actividad como empresario individual en el momento de ser elegidas o nombradas y 12 meses antes de dicho momento;
[…].»
26.      Con arreglo al artículo 38, apartado 1, punto 1, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso, la declaración de bienes e intereses debía presentarse en el plazo de un mes tras tomar posesión de un cargo público de alto nivel. El artículo 38, apartado 2, de la misma disposición establecía que, «en el plazo de un mes a partir de la presentación de la declaración de bienes e intereses, el interesado podrá modificar su declaración si ello es necesario para subsanar cualquier dato incompleto o error de las circunstancias declaradas».
27.      Dicha disposición parece haber sido sustituida por el artículo 53 de la Ley Anticorrupción, conforme al cual «las personas que ocupen cargos públicos deberán presentar declaraciones de conformidad con el artículo 49, apartado 1, puntos 3 y 4, en el plazo de un mes desde que se produzca la modificación».
28.      Por último, el artículo 7 de la Ley Anticorrupción dispone que «la [KPK] será la autoridad responsable de prevenir y combatir la corrupción y para determinar los conflictos de intereses en el sentido de la presente Ley.»
29.      A tenor del artículo 13, apartado 1, punto 8, de la Ley Anticorrupción, la KPK «examinará
las denuncias relativas a las declaraciones de incompatibilidad de las personas que ocupan cargos públicos y, si se comprueba la incompatibilidad, remitirá el asunto a la autoridad facultada para proceder a la elección o nombramiento para que se adopten las medidas adecuadas […]».
III. Hechos, procedimiento nacional y cuestiones prejudiciales
30.      El 26 de julio de 2023, MA fue elegido vicepresidente del BNB y director del Departamento de Emisiones (uno de los tres departamentos principales del BNB) por la Narodno sabranie na Republika Bulgaria (Asamblea Nacional, Bulgaria).
31.      El 27 de julio de 2023, MA presentó a la Asamblea Nacional una declaración de incompatibilidad, de conformidad con el artículo 35, apartado 1, punto 1, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso, en relación con los artículos 11, apartado 4, punto 4, y 12, apartado 5, de la Ley del BNB (en lo sucesivo, «declaración de incompatibilidad»).
32.      El 11 de agosto de 2023, MA presentó a la KPK una primera declaración de bienes e intereses con arreglo al artículo 35, apartado 1, punto 2, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso. En ella, MA declaró que poseía el 2 % de las participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada (Iontech Engineering OOD), participación que valoraba en 117 000 levas búlgaras (BGN), cantidad equivalente a unos
58 500 euros (en lo sucesivo, «primera declaración de bienes e intereses»).
33.      El 8 de noviembre de 2023 MA vendió sus participaciones en Iontech Engineering por 100 BGN (aproximadamente, 50 euros).
34.      El 13 de noviembre de 2023, de conformidad con el artículo 49, apartado 1, punto 4, de la Ley Anticorrupción, MA notificó a la KPK un cambio en su primera declaración de bienes e intereses, estimando el valor de su participación en Iontech Engineering en 100 BGN (aproximadamente, 50 euros). (16) Asimismo, indicó que en el momento de su nombramiento era miembro de la junta directiva de dos entidades jurídicas sin ánimo de lucro: el Balkanski Panitsa institut za nauchni izdirvania (Instituto Balkanski-Panitza de Estudios Avanzados; en lo sucesivo, «Instituto de Estudios Avanzados») y el Club de Golf de Blagoevgrad (en lo sucesivo, «Club de Golf») (en lo sucesivo, «segunda declaración de bienes e intereses»).
35.      El 23 de noviembre de 2023, se inscribió en el registro mercantil el cambio de titularidad al que se refiere el punto 33 de las presentes conclusiones. MA cesó como miembro de la junta directiva de las dos entidades jurídicas sin ánimo de lucro el 15 de diciembre de 2023 y el
17 de enero de 2024, respectivamente.
36.      El 7 de febrero de 2024, MA presentó a la KPK una nueva declaración de bienes e intereses con arreglo al artículo 49, apartado 1, punto 4, de la Ley Anticorrupción (en lo sucesivo, «tercera declaración de bienes e intereses»). En ella, hizo constar, en particular, que en la fecha de su elección o nombramiento no poseía participación alguna en sociedades mercantiles ni era miembro de ningún órgano directivo o de control de entidades jurídicas sin ánimo de lucro o de cooperativas. Asimismo, declaró que, durante los doce meses anteriores a la fecha de su elección o nombramiento, no había poseído intereses en ninguna sociedad mercantil.
37.      Mediante decisión de 24 de junio de 2024, la KPK, basándose en el artículo 13, apartado 1, punto 8, de la Ley Anticorrupción, declaró que MA estaba afectado por una incompatibilidad en su condición de vicepresidente del BNB y director del Departamento de Emisiones del BNB, en primer lugar, por su participación en Iontech Engineering y, en segundo lugar, por sus actividades, sin que mediase autorización por parte del Consejo de Gobierno del BNB, como miembro de la junta directiva de dos entidades jurídicas sin ánimo de lucro.
38.      El 27 de junio de 2024 la KPK notificó su decisión al BNB y a la Asamblea Nacional. A petición de MA, le fue concedido un permiso no retribuido.
39.      El 1 de julio de 2024 MA interpuso recurso ante el Administrativen sad Sofia grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Sofía, Bulgaria) contra la decisión de la KPK. (17)
40.      El 16 de julio de 2024 MA presentó observaciones escritas ante el Consejo de Gobierno del BNB, en las que rebatía, en particular, la existencia de motivos para su destitución, solicitaba la práctica de pruebas y pedía ser oído en presencia de su abogado.
41.      Ese mismo día, el Consejo de Gobierno del BNB adoptó su decisión, en que declaraba que existían motivos para relevar a MA de sus funciones como vicepresidente y director del Departamento de Emisiones.
42.      En concreto, y basándose en la decisión de la KPK, el Consejo de Gobierno del BNB consideró que MA no reunía los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones. Si bien entendía que, por sí sola, esta circunstancia ya era motivo suficiente para la destitución, también consideró que esa conducta constituía una falta grave. (18)
43.      MA cesó en sus funciones como vicepresidente y miembro del Consejo de Gobierno del BNB con efectos a partir de la misma fecha de la decisión del BNB. Impugnó dicha decisión ante el órgano jurisdiccional remitente, que desestimó su solicitud de suspensión de los efectos de la decisión del BNB y suspendió el procedimiento con el fin de plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Deben interpretarse los criterios para el relevo de un gobernador y el procedimiento para impugnar la decisión de relevo establecidos en el artículo 14.2 [de los Estatutos del SEBC y del BCE] en el sentido de que se aplican a todos los miembros de los órganos rectores de un banco central nacional?
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Permite el artículo 14.2 [de los Estatutos del SEBC y del BCE] una legislación nacional que introduzca los mismos criterios para el relevo de los miembros de los órganos rectores de un banco central nacional que los establecidos en dicha disposición para el gobernador?
3)      ¿Permite el artículo 14.2 [de los Estatutos del SEBC y del BCE] compatibilizar el desempeño del cargo de gobernador de un banco central nacional con la participación como socio en una sociedad de capital con derecho a una participación en los beneficios de dicha sociedad en proporción a la participación?
4)      ¿Permite el artículo 14.2 [de los Estatutos del SEBC y del BCE] compatibilizar el desempeño del cargo de gobernador de un banco central nacional con la participación en el órgano de dirección de una entidad jurídica sin ánimo de lucro que, con arreglo a sus estatutos, puede ejercer una actividad económica, sin una decisión unánime del consejo de administración de un banco central nacional, tal como exige la legislación nacional para el ejercicio de una actividad no remunerada?
5)      ¿Permiten los artículos 131 [TFUE] y 7 [de los Estatutos del SEBC y del BCE] una legislación nacional que exige a los miembros de los órganos rectores de un banco central nacional, en su condición de personas que ocupan un cargo público en el sentido de la legislación nacional, que declaren a la autoridad pública competente, en un plazo determinado a partir de su toma de posesión, su participación como socio en sociedades de capital y su participación en los órganos de dirección de entidades jurídicas sin ánimo de lucro?
6)      ¿Permiten los artículos 131 [TFUE] y 14.2 [de los Estatutos del SEBC y del BCE] una legislación nacional que obliga al gobernador de un banco central nacional, en su condición de persona que ocupa un cargo público en el sentido de la legislación nacional, a adoptar medidas para poner fin a su participación como socio en una sociedad de capital y a su participación en los órganos de dirección de entidades jurídicas sin ánimo de lucro en un plazo determinado a partir de su toma de posesión?
7)      ¿Permite el artículo 14.2 [de los Estatutos del SEBC y del BCE] una interpretación según la cual el gobernador de un banco central nacional que ha eliminado una incompatibilidad para el ejercicio del cargo fuera del período legal debe ser tratado como una persona que no cumple las condiciones para el ejercicio de su cargo?
8)      ¿Permiten los artículos 131 [TFUE] y 7 y 14.2 [de los Estatutos del SEBC y del BCE] una legislación nacional que autoriza a la autoridad encargada de determinar la causa del relevo apreciar, a los efectos y en el marco de ese procedimiento concreto, si se ha cometido una falta grave en el sentido del artículo 14.2 de [los Estatutos del SEBC y del BCE]?»
44.      MA, el BNB, el Gobierno español, el BCE y la Comisión han presentado observaciones escritas. Estas mismas personas fueron igualmente oídas en la vista celebrada el
18 de noviembre de 2025.
IV.    Apreciación
45.      Quisiera recordar que el litigio principal tiene su origen en la información facilitada por MA,
mediante las distintas declaraciones presentadas
de conformidad con la legislación aplicable, tras su nombramiento como vicepresidente del BNB y referida a su participación en una sociedad mercantil y a sus cargos en entidades jurídicas sin ánimo de lucro. Con estos antecedentes, voy a comenzar mi análisis por la quinta cuestión prejudicial, con la cual se pide al Tribunal de Justicia que examine, a la luz del principio de independencia de los bancos centrales nacionales, la compatibilidad de la obligación impuesta a un miembro del órgano rector de dicho banco, como es el vicepresidente, de declarar situaciones como las que se han descrito anteriormente (sección A). Obsérvese que la decisión por la que se estima oportuno relevar a MA de sus funciones se basó en la premisa de que esas situaciones constituían motivos de destitución en virtud del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE. Por lo tanto, me ocuparé de las cuestiones prejudiciales primera y segunda, en que se insta al Tribunal de Justicia a determinar si dicha disposición es aplicable a las circunstancias del presente asunto (sección B). Pasaré a analizar las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente en cuanto a si las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión permiten concluir que unos intereses como los que se dieron a conocer en el procedimiento principal pueden justificar la destitución del gobernador (o vicepresidente) de un banco central nacional y si cabe llegar a tal conclusión cuando no se ha acudido a las vías de recurso pertinentes en los plazos establecidos (cuestiones prejudiciales tercera, cuarta, sexta y séptima; sección C). Por último, voy a ocuparme de la octava cuestión prejudicial, en la cual se solicita al Tribunal de Justicia que aclare si el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE permite al órgano nacional competente para determinar la causa de la destitución apreciar si se ha acreditado una «falta grave», como uno de los motivos de destitución contemplados en ese precepto (sección D).
A.      Declaración de tenencia de participaciones en sociedades mercantiles y de participación en los órganos de dirección de entidades jurídicas sin ánimo de lucro (quinta cuestión prejudicial)
46.      Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si las disposiciones del Derecho de la Unión que consagran el principio de independencia de los bancos centrales (artículo 130 TFUE y artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE) permiten una legislación nacional que exige a los miembros del órgano rector de un banco central nacional declarar ante la autoridad pública competente, dentro de un plazo determinado desde la toma de posesión del cargo, su participación como socios en sociedades mercantiles y su participación en los órganos de dirección de entidades jurídicas sin ánimo de lucro. A este respecto, conviene recordar que dichas disposiciones del Derecho de la Unión son expresión del principio de independencia de los bancos centrales nacionales, que se aplica a todos los miembros de sus órganos rectores de todos esos bancos, pertenezcan o no a la zona del euro. (19)
47.      Para empezar, debo aclarar que, cuando la cuestión prejudicial habla de «la autoridad pública competente», entiendo que se refiere a la KPK. Esta observación no carece de importancia, pues la legislación nacional aplicable prevé dos tipos de declaración: la «declaración sobre incompatibilidades», que se ha de presentar al órgano encargado de los nombramientos, la Asamblea Nacional, y la «declaración de bienes e intereses», que se debe presentar a la KPK. A mi parecer, solo este segundo tipo resulta pertinente a los efectos del presente análisis.
48.      A este respecto, del artículo 37, apartado 1, punto 12, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso y del artículo 51, apartado 1, punto 13, de la Ley Anticorrupción, redactado en términos similares al anterior precepto, se deduce que una persona que ostente un cargo, en particular el de vicepresidente del BNB, debe declarar ante la KPK, entre otros extremos, su participación en sociedades mercantiles y en los órganos rectores o de control de entidades jurídicas sin ánimo de lucro o de cooperativas en la fecha de su nombramiento y durante los doce meses precedentes.
49.      Cabe añadir que, según se desprende de los autos, la KPK es una autoridad administrativa independiente, especializada y permanente que tiene encomendadas responsabilidades de prevención y lucha contra la corrupción y de detección de conflictos de intereses. (20) Como sucedía en el presente asunto y tal como expongo con detalle en la sección D de las presentes conclusiones, la decisión de la KPK puede dar origen a la actuación del Consejo de Gobierno del BNB a fin de determinar si se han acreditado motivos para la
destitución en el sentido del artículo
14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
50.      A la luz de los anteriores elementos, no alcanzo a ver cómo una obligación que se impone al miembro del órgano rector de un banco central nacional, como el vicepresidente, de presentar declaraciones a un órgano como la KPK en que se den a conocer sus participaciones en entidades con o sin ánimo de lucro puede generar incompatibilidad con el principio de independencia de los bancos centrales nacionales. Por el contrario, como alegan el BNB, el Gobierno español, el BCE y la Comisión, esa obligación contribuye a preservar dicha
independencia. Precisamente es el examen de las referidas declaraciones lo que permite detectar posibles amenazas a la independencia del banco central y, en su caso, afrontarlas.
51.      Dicho esto, cuando el mecanismo de esas declaraciones está vinculado a un ulterior procedimiento dirigido a determinar la existencia de un motivo de destitución en el sentido del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, obviamente es fundamental que se definan claramente las condiciones que rigen tales declaraciones, tanto respecto a las situaciones que se han de dar a conocer como respecto a los plazos aplicables.
52.      En este sentido, y a expensas de la verificación que haga el órgano jurisdiccional remitente, las normas de Derecho nacional aplicables, a las que se hace referencia en el punto 48 de las presentes conclusiones, parecen definir con suficiente claridad la obligación de dar a conocer las participaciones en entidades con o sin ánimo de lucro.
53.      Además, de los términos de la quinta cuestión prejudicial y de la resolución de remisión se deduce que el plazo para presentar tal declaración comienza a correr tan pronto como tome posesión del cargo el interesado y su duración es de un mes. (21) En abstracto, y a falta de otros argumentos específicos en sentido contrario, dicho plazo parece lograr un equilibrio razonable entre la necesidad de garantizar la independencia del banco central (la cual se opondría a un plazo excesivamente amplio en relación con la duración del mandato del vicepresidente) y la necesidad de otorgar al interesado tiempo suficiente para cumplir con la obligación en cuestión.
54.      Por lo tanto, soy del parecer de que el artículo 130 TFUE y el artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE no se oponen a unas normas de Derecho nacional que exigen que el vicepresidente de un banco central nacional presente a la autoridad nacional competente una declaración en la que dé a conocer su participación como socio en una sociedad mercantil o su participación en los órganos de dirección de entidades jurídicas sin ánimo de lucro.
55.      Esta conclusión me permite avanzar hasta la siguiente duda, que trata de la posibilidad de relevar de sus funciones a ese miembro del órgano rector de un banco central nacional cuando la información que se da a conocer lleva a la conclusión de que se ha acreditado uno de los motivos de destitución establecidos por el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
B.      Aplicabilidad del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE (cuestiones prejudiciales primera y segunda)
56.      En esta sección voy a exponer que los criterios que rigen la
destitución de sus funciones del presidente de un banco central nacional, que se establecen en el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE (en lo sucesivo, «criterios para la destitución»), solo son aplicables, en virtud del Derecho de la Unión, a los gobernadores de los bancos centrales nacionales (subsección 1). Después, aclararé que los Estados miembros conservan la
facultad para extender la aplicación de esos criterios a otros miembros del órgano rector de sus bancos centrales nacionales (subsección 2).
1.      Alcance del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE (primera cuestión prejudicial)
57.      Conviene recordar que, con arreglo al artículo 14.2, párrafo primero, de los Estatutos del SEBC y del BCE, «los estatutos de los bancos centrales nacionales dispondrán, en particular, que el mandato de gobernador de un banco central nacional no sea inferior a cinco años». La misma disposición añade, en su segundo párrafo, que «un gobernador solo podrá ser relevado de su mandato en caso de que deje de cumplir los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones o haya incurrido en falta grave». (22) Este precepto establece también que «el gobernador afectado o el Consejo de Gobierno [del BCE] podrán recurrir las decisiones al respecto ante el Tribunal de Justicia, por motivos de infracción [del Tratado FUE] o de cualquier norma legal relativa a su aplicación».
58.      En consecuencia, el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE contiene tres normas distintas. En primer lugar, establece una duración mínima del mandato del gobernador del banco central nacional; en segundo lugar, especifica dos situaciones en que puede ponerse fin al mandato prematuramente (los «criterios para la destitución»), y, en tercer lugar, dispone una vía de recurso concreta, al otorgar al gobernador afectado y al Consejo de Gobierno del BCE legitimación activa para impugnar tal decisión ante el Tribunal de Justicia.
59.      Los claros términos de la disposición demuestran que, en los tres aspectos, se aplica solamente a los gobernadores y no a los demás miembros de los órganos rectores de los bancos centrales nacionales.
60.      Además, tal conclusión viene corroborada por el contexto de la disposición y por los objetivos que esta persigue.
61.      Como ya he señalado, el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE complementa el artículo 130 TFUE, cuyo tenor se reproduce, en esencia, en el artículo 7 de dichos Estatutos y, según ha observado el Tribunal de Justicia, refleja la importancia que los autores de los Tratados atribuían a garantizar que el BCE y el SEBC pudiesen desempeñar independientemente las funciones que se les asignaban. (23)
62.      A este respecto, en su sentencia Rimšēvičs el Tribunal de Justicia recalcó que el objetivo de las tres normas del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE es «garantizar la independencia funcional de los gobernadores de los bancos centrales nacionales», quienes constituyen, junto con el BCE, el SEBC. (24) Además, las características concretas de la vía de recurso prevista en la tercera norma de dicha disposición (que constituye una forma específica de recurso de anulación contra una medida nacional) (25) llevaron al Tribunal de Justicia a calificar la lógica subyacente al artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE como un «sistema, muy integrado, deseado por los autores de los Tratados para el SEBC». (26)
63.      El Tribunal de Justicia ha explicado también la razón de ser de dicho régimen apelando al vínculo institucional particular existente entre los «gobernadores de la zona del euro» y el BCE, ya que estos gobernadores son de iure miembros del Consejo de Gobierno del BCE, el principal órgano rector tanto del BCE como del SEBC. (27) En aras de la exhaustividad, quisiera añadir que, si bien este aspecto ilustra con especial claridad el carácter «muy integrado» del régimen, el artículo 14.2 de los Estatutos, a diferencia de otras disposiciones de este, no limita su aplicación a los Estados miembros de la zona del euro. Los Estados miembros «acogidos a una excepción» (28) en el sentido del artículo 139 TFUE, apartado 1, participan de pleno Derecho en el SEBC, (29) lo que explica por qué las garantías establecidas en el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE también les sean aplicables.
64.      En cualquier caso, en contra de lo que sostienen MA, el BNB, el BCE y el Gobierno español, ni la naturaleza particular del régimen establecido en dicha disposición ni, en general, la necesidad de garantizar la independencia de los bancos centrales nacionales dentro del marco del BCE (y del SEBC) significan que los criterios para la destitución establecidos en el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE sean aplicables, en virtud del Derecho de la Unión, a los miembros de los órganos rectores de los bancos centrales nacionales distintos de los gobernadores.
65.      En consecuencia, y tal como aduce también la Comisión, aunque el papel de los gobernadores dentro del SEBC (y, específicamente, los «gobernadores de la zona del euro») explica por qué la disposición controvertida va dirigida específicamente a ellos, el objetivo de preservar la independencia de los bancos centrales nacionales no puede ser invocado para extender, contra legem, el ámbito de aplicación subjetivo de dicha disposición.
66.      Sin embargo, como expongo más adelante, no hay ningún elemento en la lógica subyacente al artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE que impida a los Estados miembros disponer en sus Derechos nacionales que los criterios para la destitución se apliquen también a otros miembros del órgano rector de sus bancos centrales nacionales, como un vicepresidente.
2.      Aplicabilidad extensa de los criterios para la destitución (segunda cuestión prejudicial)
67.      Como ya he mencionado, el legislador búlgaro decidió, mediante el artículo 14, apartado 1, de la Ley del BNB, extender los criterios para la destitución que establece el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE a todos los miembros de los órganos rectores del banco central búlgaro.
68.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si dicha extensión es compatible con la referida disposición de los Estatutos.
69.      Como ya he adelantado, no veo ningún motivo para que no pueda ser así.
70.      En primer lugar, ninguna norma de Derecho de la Unión impide a los Estados miembros inspirarse en disposiciones concretas de Derecho de la Unión y hacerlas aplicables, en virtud del Derecho nacional, a situaciones para las cuales aquella norma no estaba inicialmente concebida.
71.      En segundo lugar, solo cabría concluir lo contrario si tal extensión del ámbito de aplicación de una norma de Derecho de la Unión socavase su efectividad o infringiese otra norma de Derecho de la Unión.
72.      En las circunstancias del presente asunto, cabe señalar que, con arreglo al artículo 131 TFUE, la legislación de los Estados miembros debe ser compatible con los Tratados y con los Estatutos del SEBC y del BCE. Dicha exigencia apunta, en particular, al artículo 130 TFUE y al artículo 7 de los citados Estatutos, que, como ya he mencionado, consagran el principio de independencia de los bancos centrales nacionales, aplicable a todos los miembros de sus órganos rectores. Dicho principio exige que los referidos bancos estén protegidos frente a presiones políticas, de manera que el SEBC pueda desempeñar efectivamente sus funciones, en particular mantener la estabilidad de los precios, como dispone el artículo 282 TFUE, mediante el ejercicio independiente de las facultades que se les asignan. (30)
73.      Así las cosas, cabe recordar la explicación del Tribunal de Justicia antes citada, según la cual el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE tiene por objeto garantizar la independencia funcional de los gobernadores de los bancos centrales nacionales. En concreto, respecto a los criterios para la destitución que allí se establecen, al limitar las posibilidades de relevo prematuro a las dos situaciones tipificadas, los autores de los Tratados dotaron a los bancos centrales nacionales de una garantía específica dirigida a asegurar la continuidad y la coherencia en las tomas de decisiones, al margen de consideraciones políticas cortoplacistas. Dado que esos criterios preservan, en principio, la continuidad del gobernador en su cargo durante todo su mandato, la decisión de extender tal protección a todos los miembros del órgano rector de un banco central nacional (que de igual manera pueden verse implicados en el desempeño de tareas relativas al SEBC) contribuye a la independencia funcional de la institución en su conjunto, garantizando que dichos miembros gocen de la misma protección frente a toda destitución arbitraria.
74.      A este respecto, huelga decir que las tareas asignadas a los bancos centrales nacionales por el Derecho de la Unión dentro del marco del SEBC no están reservadas en exclusiva a los gobernadores. (31) Además, aunque se les reserven ciertas funciones, los Estatutos del SEBC y del BCE contemplan la posibilidad de que el gobernador sea sustituido, en las condiciones previstas en su artículo 10.2. (32)De igual manera, el Instituto Monetario Europeo, antecedente histórico del BCE, en su informe de convergencia de 1995 señaló que la independencia de los bancos centrales nacionales «se vería aún más reforzada si las mismas normas [previstas, en particular, por los criterios para la destitución] también se aplicasen a otros miembros de los órganos rectores de los [bancos centrales nacionales] dedicados a tareas relativas al SEBC». (33)
75.      En consecuencia, cabe responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE solamente es aplicable, en virtud del Derecho de la Unión, a los gobernadores de los bancos centrales nacionales. Sin embargo, dicha disposición no se opone a una legislación nacional que extienda los criterios para la destitución allí establecidos también al vicepresidente de un banco central nacional.
76.      Esta conclusión me permite, a su vez, examinar el siguiente conjunto de cuestiones, referido a si este precepto del Derecho de la Unión permite concluir que quedan acreditados los motivos para relevar a MA de sus funciones en circunstancias como las del presente asunto.
C.      La (im)posibilidad de poseer ciertos activos y de ejercer ciertas actividades (cuestiones prejudiciales tercera, cuarta, sexta y séptima)
77.      Mediante sus cuestiones tercera y carta, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE admite una situación en que el gobernador de un banco central nacional, en primer lugar, posee una participación en el capital de una sociedad mercantil que le da derecho a una parte de los beneficios de dicha sociedad (tercera cuestión prejudicial) y, en segundo lugar, es miembro, sin la requerida autorización, del órgano de dirección de una entidad jurídica sin ánimo de lucro que puede ejercer una actividad económica (cuarta cuestión prejudicial).
78.      Mediante sus cuestiones prejudiciales sexta y séptima, el órgano jurisdiccional remitente inquiere también si el primero de los criterios para la destitución («los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones») permite, en primer término, que se imponga al gobernador adoptar, dentro de un determinado plazo desde la toma de posesión de su cargo, medidas dirigidas a poner fin a tales participaciones (sexta cuestión prejudicial) y, en segundo término, en caso de que esto se lleve a cabo fuera de plazo, permite apreciar que se cumple el primero de los criterios para la destitución (séptima cuestión prejudicial). (34)
79.      Para poder resolver estas cuestiones, debo examinar la lógica subyacente a los criterios de destitución (subsección 1) y las consecuencias que se derivan de lo anterior (subsección 2).
1.      Los criterios para la destitución: observaciones generales
80.      Lo primero que cabe señalar es que el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE circunscribe la posibilidad de que los Estados miembros releven prematuramente de sus funciones al gobernador a dos situaciones: que deje de reunir los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones y que haya incurrido en falta grave. Por lo tanto, a los Estados miembros no les está permitido añadir a esta lista otros motivos de destitución anticipada. Todo relevo de un gobernador de sus funciones debe apreciarse exclusivamente a la luz de uno de estos dos motivos. (35)
81.      Como ya he expuesto, los criterios para la destitución son un instrumento específicamente concebido para proteger la independencia funcional de los bancos centrales nacionales. El logro efectivo de este objetivo requiere que los gobernadores puedan, en principio, permanecer en su cargo durante todo el tiempo de su mandato, con esas dos únicas excepciones.
82.      En segundo lugar, el uso del verbo «podrá» en dicha disposición da a entender que, aunque se acredite uno de los motivos de destitución, ello no ha de derivar necesariamente en la
destitución del gobernador. En consecuencia, el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE confiere a los Estados miembros un cierto margen de apreciación en cuanto a la procedencia de
la
destitución en las circunstancias de un caso concreto, siempre que, no obstante, quede preservada la efectividad de la garantía de independencia.
83.      Partiendo de estas premisas, me propongo examinar ahora en detalle los dos motivos de destitución.
a)      Incumplimiento de los requisitos para el desempeño de las funciones
84.      Respecto al primero de los motivos para la destitución, ya he señalado que forma parte de un conjunto más amplio de criterios que rigen las circunstancias en que un gobernador puede ser relevado de sus funciones. Al no hacerse remisión alguna a la legislación de los Estados miembros, estos criterios deben entenderse como un concepto autónomo del Derecho de la Unión. (36) Sin embargo, dado que el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE nada indica acerca de la naturaleza de los «requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones», en principio corresponde a los Estados miembros definir dichos requisitos, (37) dentro de unos límites que expongo más adelante.
85.      Un análisis comparativo demuestra que las legislaciones nacionales
de que se trata presentan variedad de posturas, tanto en el grado de detalle como en la sustancia de los requisitos para acceder y para ser relevado de un puesto en los órganos rectores de los bancos centrales nacionales. Estos requisitos por lo general hacen referencia a cualidades generales, como la integridad, la buena reputación o la experiencia acreditada, (38) o a exigencias más específicas inspiradas por consideraciones análogas, como la ausencia de antecedentes penales o procedimientos de insolvencia, o bien la posesión de un título universitario (ya sea con carácter general o en un campo concreto, como la economía o las finanzas). (39)
86.      Al mismo tiempo, el artículo 130 TFUE y el artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE (que, una vez más, son aplicables a todos los miembros de los órganos rectores de los bancos centrales nacionales) consagran el objetivo de su independencia. La búsqueda efectiva de dicho objetivo entraña ciertas restricciones que los Estados miembros deben respetar, tanto al definir los requisitos exigidos para el cumplimiento de esas funciones como al valorar si se ha cumplido el primero de los motivos de destitución, de conformidad con los criterios para la destitución.
87.      En el presente contexto, este límite general se concreta en otras dos exigencias específicas.
88.      En primer lugar, los requisitos relativos al desempeño de las funciones deben estar formulados con suficiente claridad para evitar abusos o la instrumentalización. De lo contrario, la invocación del primer motivo de destitución establecido en el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE podría socavar la efectividad misma de dicha disposición. (40) En lugar de constituir una protección frente a las presiones externas y a la destitución arbitraria, podría convertirse en una puerta de entrada precisamente para la materialización de tales riesgos. En consecuencia, la claridad de las normas que rigen las circunstancias en que un miembro de un banco central nacional puede tomar posesión del cargo o ser destituido de él adquiere vital importancia para la existencia de un entorno institucional estable e imparcial.
89.      Obviamente, esta exigencia de claridad no impide la utilización de requisitos abiertos, como los antes mencionados (integridad, reputación, etc.). En tales casos, para valorar si (aún) se satisfacen tales condiciones es preciso atender a múltiples factores (lo que rara vez será necesario cuando se trate de requisitos estrictamente definidos, como la ausencia de antecedentes penales). El grado de generalidad con que se definan los requisitos es, a mi parecer, un factor que ha de afectar al análisis de la proporcionalidad dirigido a determinar si la persona de que se trata puede y debe ser relevada de sus funciones en virtud del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, y este análisis requiere de una ponderación, en particular, entre el interés por salvaguardar la independencia del banco y el interés por la estabilidad del cargo.
90.      Asimismo, la autonomía de los Estados miembros también les permite establecer requisitos negativos en que se califiquen ciertas situaciones como incompatibles con el cargo, independientemente de si generan o no un conflicto de intereses concreto. Dicho de otra manera, en mi opinión los Estados miembros pueden exigir no solo la inexistencia de conflictos de intereses actuales o potenciales, sino también la inexistencia de situaciones que razonablemente puedan percibirse como tales. Estas prohibiciones pueden ir desde la exclusión total hasta regímenes que admitan excepciones concedidas caso por caso. (41)
91.      La opción de tratar ciertas situaciones como incompatibles con el cargo, independientemente de la existencia de conflictos de intereses actuales o potenciales, se justifica por el hecho de que estas pueden ser percibidas como típicamente tendentes a generar dudas en el público acerca de si los miembros de los órganos rectores de los bancos centrales nacionales actúan por el bien del interés público o atendiendo a intereses privados. (42) Dichas dudas socavan la credibilidad de la propia institución, (43) por lo que es legítimo que los Estados miembros intenten evitar que lleguen siquiera a surgir situaciones que puedan producir tal efecto. (44)
92.      En segundo lugar, con independencia de si el Estado miembro opta por una definición estricta o abierta de los requisitos, el régimen resultante debe ser exhaustivo. En particular, si se enumeran requisitos negativos (incompatibilidades), la existencia de una lista expresa no puede derivar en la imposibilidad de abordar un conflicto de intereses que surja en una situación no expresamente recogida en esa lista.
93.      Aunque, de por sí, los conflictos de intereses no están incluidos entre los motivos de destitución del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, huelga reiterar que la inexistencia de conflictos de intereses es inherente a la exigencia de que las funciones encomendadas a los bancos centrales sean desempeñadas de forma independiente, (45) de la misma manera que la imparcialidad está implícita en la exigencia de independencia de los jueces (46) o de los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo. (47)
94.      Cuando se produce un conflicto de intereses que no esté recogido en una categoría abstracta de incompatibilidad predefinida, es necesaria, a mi juicio, una valoración caso por caso, aplicando el principio de proporcionalidad, para determinar si puede justificar la destitución, como en esencia alegan en el presente procedimiento el BCE y el Gobierno español. Hecha esta aclaración, paso a ocuparme ahora del segundo de los criterios para la destitución establecidos en el artículo
14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
b)      Falta grave
95.      Voy a comenzar observando que, puesto que no se hace remisión alguna a la legislación de los Estados miembros
en el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, el concepto de falta grave debe entenderse como un concepto autónomo de Derecho de la Unión. Al no estar definido, (48) se ha de interpretar de conformidad con el sentido habitual de los términos en el lenguaje corriente, si bien teniendo en cuenta los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte y el contexto en que se utiliza. (49)
96.      En su sentido habitual, el adjetivo «grave» [«serious» en lengua inglesa] denota un cierto grado de trascendencia, mientras que el vocablo «falta» [«misconduct» en lengua inglesa] se refiere a un «comportamiento inaceptable o dañino de una persona en un puesto de autoridad o responsabilidad». (50)
97.      Respecto al contexto pertinente y los objetivos, considero especialmente importante hacer tres observaciones.
98.      En primer lugar, el concepto de conducta grave forma parte de las garantías concebidas para proteger la independencia de una institución frente a las injerencias externas en el desempeño de sus funciones. Además, está asociado a una consecuencia tan drástica como la destitución del gobernador de un banco central nacional, medida que necesariamente afecta (aunque sea de forma temporal, hasta el nombramiento de uno nuevo) al funcionamiento del SEBC y del BCE. Esto es así, en particular, aunque no exclusivamente, cuando se ve afectado el gobernador de un banco central nacional de un Estado miembro de la zona del euro. (51) Esta consideración implica que el listón de la «falta grave» no debe situarse demasiado bajo. (52)
99.      En segundo lugar, el mismo concepto sirve para proteger la credibilidad de la institución y, con ella, su capacidad para realizar sus tareas, contra la conducta interna de sus miembros que pueda comprometer dichos atributos. La independencia de que goza la institución tiene como contrapartida la responsabilidad de sus miembros, a fin de garantizar que su comportamiento no tenga efectos colaterales en la confianza del público en la institución. (53) Esta consideración exige que la valoración sea lo suficientemente flexible para abarcar toda conducta que afecte gravemente bien a la capacidad de la institución de desempeñar sus funciones o bien a la confianza que el público deposita en la independencia de sus actuaciones.
100. Por su propia naturaleza, esta valoración de los dos aspectos descritos anteriormente debe hacerse caso por caso, teniendo en cuenta una serie de factores, como los aludidos por el BCE en el presente procedimiento: en particular, la naturaleza de la infracción, las circunstancias en que se produjo, si se debió a dolo o negligencia grave, la magnitud de los perjuicios causados y su repercusión concreta en el funcionamiento de la institución o en su imagen pública.
101. En tercer lugar, quisiera añadir que, en contra de lo alegado por el BCE y la Comisión, no considero que el motivo de falta grave sea necesariamente incompatible con el motivo referido a la ausencia de los requisitos exigidos para el cumplimiento de las funciones. Es cierto que, en muchos casos, el hecho de no cumplir los requisitos no tiene por qué implicar una conducta grave. Por ejemplo, es lo que sucede generalmente con ciertas actividades incompatibles, que están prohibidas en abstracto, sin que exista ningún conflicto de intereses concreto. Sin embargo, de ello no se deduce que la ausencia de un requisito específico para el cumplimiento de las funciones, de por sí, nunca constituya simultáneamente una falta grave. En el mismo ejemplo, podría ser así cuando de hecho se desarrolle una actividad prohibida y ello dé lugar a un conflicto de intereses que afecte al funcionamiento independiente de la institución o la confianza que el público deposita en su funcionamiento independiente. Asimismo, otro ejemplo ilustrativo puede ser el incumplimiento del requisito de no haber sido condenado penalmente.
102. A la luz de estas consideraciones generales me propongo ahora abordar las situaciones de hecho que concurren en el procedimiento principal.
2.      Consideración de las situaciones de hecho en cuestión (cuestiones prejudiciales tercera, cuarta, sexta y séptima)
103. La forma más adecuada de desarrollar las anteriores apreciaciones en el contexto del presente asunto es, en primer lugar, examinar la participación de MA en la sociedad mercantil [letra a)] y, en segundo lugar, estudiar su implicación en las entidades sin ánimo de lucro [letra b)].
a)      La participación en una sociedad mercantil (cuestiones prejudiciales tercera, sexta y séptima)
104. La primera situación de hecho que llevó al BNB a apreciar que se cumplían los dos criterios para la destitución previstos en el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE se refiere a la participación de MA en el 2 % del capital de una sociedad en el momento en que fue nombrado. Debo confesar que no tengo del todo claro cómo se llegó a esta conclusión, ya que de la legislación nacional vigente que se describe en la resolución de remisión no se deduce que tal participación constituya una incompatibilidad «abstracta», con independencia de todo conflicto de intereses efectivo, tal como han observado también el BCE y la Comisión.
105. A título aclaratorio, debo recordar que el artículo 11, apartado 4, punto 4, de la Ley del BNB califica de incompatible con el cargo, en particular, de vicepresidente, el hecho de tener la condición, entre otras, de «empresario individual, socio con responsabilidad ilimitada en una sociedad colectiva, director [… o] miembro de un órgano de dirección o control de una sociedad mercantil o cooperativa […]». Debo recordar, asimismo, que Iontech Engineering, la sociedad mercantil de que aquí se trata, se describe en la resolución de remisión como sociedad de responsabilidad limitada en la que MA es poseedor de una participación del 2 %. Esto daría a entender que la situación de MA no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición, a pesar de que el BNB parece entender lo contrario. (54)
106. Mientras que, naturalmente, este extremo debe ser comprobado por el órgano jurisdiccional remitente, cabe señalar que la tercera cuestión prejudicial se basa en la premisa de que la participación en la sociedad de que se trata no está, de por sí, prohibida por la legislación nacional aplicable. Por consiguiente, voy a adoptar la anterior premisa como hipótesis principal y analizaré la otra hipótesis —es decir, que tal participación sí está prohibida—
únicamente a título subsidiario y en aras de la exhaustividad.
107. Por lo que a la premisa principal se refiere, no considero que el principio de independencia consagrado en el artículo 130 TFUE y en el artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE se oponga a una norma de Derecho nacional que no prohíbe al vicepresidente de un banco central nacional poseer una participación en una sociedad de responsabilidad limitada, como ha observado la Comisión.
108. A este respecto, me remito a mis anteriores observaciones en cuanto a la autonomía de los Estados miembros a la hora de establecer los requisitos para el desempeño de las funciones, siempre que dispongan de mecanismos capaces de detectar conflictos de intereses caso por caso.
109. Por analogía, quisiera observar que, respecto al presidente del BCE, las normas aplicables establecen que «la administración de los propios bienes […] que excedan los bienes necesarios para el normal uso personal y familiar se llevará a cabo de tal manera que quede garantizada su independencia y la ausencia de conflictos de intereses y se impida todo uso de información privilegiada por el presidente». (55) El Código de Conducta del BCE y la Orientación del Régimen Deontológico del BCE contienen disposiciones más detalladas. Ninguno de estos instrumentos excluye, con carácter absoluto, la participación en sociedades de responsabilidad limitada. Antes bien, establecen mecanismos dirigidos a detectar y prevenir conflictos de intereses y el uso indebido de información sensible sobre los mercados. (56)
110. Así las cosas, si el órgano jurisdiccional remitente llegase a la conclusión de que la participación controvertida no está sujeta a ninguna prohibición abstracta, como consecuencia debería examinar si genera un conflicto de intereses y, solo en caso de acreditarse este conflicto y que este es de una índole tal como para justificar la destitución, podría concluir que se cumple el primero de los criterios para la destitución. Esta valoración ha de tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes a fin de determinar si en ellas se genera un riesgo real o potencial de que un interés personal pueda influir, o pueda percibirse como influyente, en el desempeño imparcial y objetivo de las funciones. Los factores pertinentes pueden incluir, en particular, el tamaño de la participación y los derechos que esta confiere, así como la estructura, el tamaño y la actividad de la sociedad en cuestión. (57)
111. Además, en respuesta a los aspectos pertinentes de las cuestiones prejudiciales sexta y séptima, debo señalar que, cuando se detecta un conflicto de intereses en un análisis de cada caso concreto, considero que el margen de apreciación inherente a la aplicación de los criterios para la destitución permite, a mi juicio, que la legislación nacional
posibilite la subsanación
del conflicto dentro de un plazo específico y adecuado, agotado el cual cabe entender que el interesado ha dejado de reunir los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones. (58) Entiendo estas cuestiones en el sentido de que la legislación nacional permite subsanar «una incompatibilidad», a efectos del Derecho nacional, en el plazo de un mes y que esta posibilidad también podría existir cuando se detectase un conflicto de intereses en un análisis de cada caso concreto. Como alega el BCE, la cuestión de si ese plazo es adecuado depende de las circunstancias. Debo observar, en este contexto, que no está del todo claro cuál se consideró, en el caso de autos, el momento en que empieza a correr dicho plazo, como también ha puntualizó el BCE. (59) En consecuencia, incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar todos estos extremos.
112. Por último, la posibilidad misma de subsanar un conflicto de intereses debe ser evaluada a la luz de la obligación de proteger la independencia de los bancos centrales nacionales, que se consagra, en particular, en el artículo 130 TFUE. A mi parecer, la efectividad de la protección que se ha de brindar a dicha independencia se opone al ejercicio de esa subsanación cuando la naturaleza del conflicto de intereses sea tal que pueda concluirse que la confianza del público en la independencia de la institución ya se ha visto dañada o que el funcionamiento de la institución ya ha quedado afectado o, además, ha dado lugar a una «falta grave» en el sentido del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
113. Pasando ahora al
segundo escenario (que, por lo demás, es
alternativo), es decir, la hipótesis de que la participación de un vicepresidente en una sociedad de responsabilidad limitada sí está prohibida (que parece ser la forma en que la Comisión entiende la tercera cuestión prejudicial), no alcanzo a ver cómo puede dicha norma ser contraria al artículo 130 TFUE y al artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
114. Sin duda, es posible objetar que no toda participación en una sociedad de responsabilidad limitada da lugar a un conflicto de intereses personal. En consecuencia, cabría argumentar que tal participación no compromete necesariamente la independencia del órgano rector de un banco central nacional, como sugiere el Gobierno español, y que sería preferible un análisis caso por caso.
115. Sin embargo, como ya he expuesto, es bastante amplio el margen de apreciación de que gozan los Estados miembros en este ámbito, habida cuenta, en particular, del legítimo objetivo de evitar situaciones que puedan suscitar dudas en cuanto a que las funciones de un banco central nacional se están desempeñando únicamente en aras del interés público, como sustancialmente alega la Comisión. La consecución de dicho objetivo (que se dirige no solo a evitar conflictos de intereses reales, sino también a salvaguardar la imagen pública de la institución), por su propia naturaleza, no ha de depender de que la persona afectada tenga la ocasión efectiva
de utilizar indebidamente información obtenida en el ejercicio de sus funciones.
116. En caso de que el órgano jurisdiccional remitente llegue a la conclusión de que la participación a la que se refiere el presente asunto estaba prohibida, me remito a mis anteriores consideraciones sobre la posibilidad de subsanar tal situación, en la medida en que esta posibilidad parece prevista en la legislación nacional aplicable.
b)      Participación no autorizada en entidades sin ánimo de lucro (cuestiones prejudiciales cuarta, sexta y séptima)
117. Procede recordar que la segunda situación invocada contra MA consiste en que, cuando fue nombrado, era miembro del órgano de dirección de dos entidades jurídicas sin ánimo de lucro que podían ejercer una actividad económica: el Instituto de Estudios Avanzados y el Club de Golf, sin haber obtenido previamente la autorización que exige el artículo
12, apartado
5, de la Ley del BNB. (60)
118. Nótese que, en la vista oral, MA alegó que dicha disposición era excesivamente general para poder afirmar que establece un requisito para el cumplimiento de sus funciones. A este respecto, la calificación precisa de la disposición le corresponde, obviamente, al órgano jurisdiccional remitente, atendiendo a todos los elementos pertinentes del Derecho nacional. Dicho esto, la información que contiene la resolución de remisión y el tenor de la disposición según se ha remitido sugieren que sí establece un requisito negativo para el ejercicio del cargo. (61) De ser así, constituiría un requisito exigido para el cumplimiento de las funciones en el sentido del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
119. En línea con lo antes expuesto, y de acuerdo con lo alegado por la Comisión, considero que los Estados miembros son libres de establecer una prohibición general de actividades paralelas, incluidas las no remuneradas, y de vincular tal prohibición a la posibilidad de autorizaciones caso por caso, como parece suceder con el artículo 12, apartado 5, de la Ley del BNB. También considero que, en caso de incumplirse dicha prohibición, la apreciación de que no concurren los requisitos exigidos para el desempeño de las funciones puede estar justificada, siempre que las condiciones que rigen la solicitud de autorización sean suficientemente claras.
120. La consecuencia descrita puede resultar un tanto drástica, como señala la Comisión. Sin embargo, esta también ha observado que, a los miembros de los órganos rectores de un banco central nacional, como el vicepresidente, se les confía un nivel de responsabilidad especialmente elevado y ejercen una influencia significativa sobre la forma en que dicho banco desempeña sus funciones. Por lo tanto, su conducta es especialmente proclive a influir en la percepción que tenga el público del funcionamiento del banco central nacional. Esto, como ya he expuesto, justifica que un Estado miembro prohíba ciertas situaciones o actividades en que dichos miembros en principio podrían verse implicados, a fin de evitar que se vea comprometido el funcionamiento independiente del banco y para proteger la confianza del público en que el banco actúa al margen de influencias de los intereses privados de sus miembros o de terceros.
121. Desde esta perspectiva, cuando la legislación nacional exige que un miembro de un banco central nacional, como su vicepresidente, no ostente ningún cargo externo sin autorización y en caso de que se incumpla esta prohibición, entiendo que los Estados miembros pueden legítimamente considerar que, si no se derivan de ello las consecuencias oportunas con arreglo al primero de los criterios para la destitución, se privaría de efecto útil a dicho requisito y se podría socavar la confianza que el público deposita en la institución en su conjunto.
122. Dicho esto, y como ya he señalado, los requisitos (incluidos los negativos) para el cumplimiento de las funciones deben ser suficientemente claros. En el presente contexto, ello implica, en particular, claridad en cuanto al momento en que debe obtenerse la autorización y en cuanto a si la normativa aplicable contempla la posibilidad de subsanar la eventual incompatibilidad (en particular, en caso de que el interesado no solicite la autorización). Una vez más, la existencia de tal posibilidad parece implícita en las cuestiones prejudiciales sexta y séptima. Obviamente, se trata de extremos que incumbe comprobar y valorar al órgano jurisdiccional remitente, a la luz de las consideraciones generales expuestas en la subsección anterior.
123. A la luz de las consideraciones que anteceden, en respuesta a las cuestiones prejudiciales tercera, cuarta, sexta y séptima, soy del parecer de que, en primer lugar,
el artículo 130 TFUE y el artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE no se oponen a una legislación nacional que no prohíbe al vicepresidente de un banco central nacional poseer una participación en una sociedad de responsabilidad limitada, siempre que dicha legislación prevea un mecanismo en virtud del cual pueda determinarse si, en las circunstancias concretas, tal participación da lugar a un conflicto de intereses que pueda afectar al funcionamiento independiente del banco central nacional o a la confianza que el público deposita en esa independencia. Una vez se haya identificado un conflicto de intereses de esa índole y si existe la posibilidad de subsanarlo en un plazo dado, el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE debe interpretarse en el sentido de
que, si el interesado no lo subsana en dicho plazo, se puede considerar que ha dejado de reunir los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones, siempre que el plazo fijado sea adecuado y que esté claramente definido el momento a partir del cual este empieza a correr.
124. En segundo lugar, el artículo 130 TFUE y el artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE no se oponen a una legislación nacional que prohíbe al vicepresidente participar en el órgano de dirección de una entidad jurídica sin ánimo de lucro sin la autorización del órgano competente. En caso de que la legislación nacional permita
poner fin a esa actividad incompatible en un plazo dado con posterioridad al nombramiento, el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE debe interpretarse en el sentido de
que, si el interesado no pone fin a la actividad en dicho plazo, se puede considerar que ha dejado de reunir los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones, con la condición de que el plazo fijado sea adecuado y que esté claramente definido el momento a partir del cual este empieza a correr.
D.      Alcance de la competencia del BNB para apreciar la existencia de una falta grave (octava cuestión prejudicial)
125. Mediante su octava cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el artículo 131 TFUE, junto con los artículos 7 y 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, admiten una legislación nacional que autoriza a la autoridad encargada de determinar el motivo de destitución apreciar, a tal efecto, si el interesado
ha cometido una falta grave en el sentido del artículo
14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
126. En mi opinión, cabe dar una respuesta muy breve a esta cuestión prejudicial:
el Derecho de la Unión no solo permite a la autoridad competente llevar a cabo tal apreciación, sino que se lo exige.
127. A fin de desarrollar esta postura, en primer lugar, voy a valorar la situación del Derecho nacional y las circunstancias que parecen haber suscitado la octava cuestión prejudicial (subsección 1). A continuación, expondré mi apreciación jurídica (subsección 2). Por último, dado que varias de las partes interesadas han recalcado la importancia del control judicial en el presente contexto, volveré sobre este aspecto a modo de conclusión (subsección 3).
1.      Situación del Derecho nacional y circunstancias del caso de autos
128. Procede recordar que, con arreglo a la legislación nacional aplicable, le corresponde al Consejo de Gobierno del BNB determinar si concurre alguno de los motivos de destitución de uno de sus miembros (distintos del gobernador). (62) También cabe señalar que dichos motivos, respecto a todos los miembros, son los mencionados en el artículo 14.2 del Estatuto de los SEBC y del BCE. Aunque la decisión del BNB concluyó que se cumplían en MA los dos motivos de relevo, la octava cuestión prejudicial solo se refiere al motivo de falta grave.
129. La decisión del BNB se adoptó a raíz de una decisión de la KPK sobre las incompatibilidades entre el cargo de MA, en particular como vicepresidente del BNB, y su participación en la sociedad de responsabilidad limitada y en las dos entidades sin ánimo de lucro de que aquí se trata. (63)
130. A este respecto, de la resolución de remisión se deduce que la KPK está facultada, en general, para determinar la existencia de incompatibilidades entre ciertos cargos públicos, incluidos los de gobernador y vicepresidente del BNB, y otras actividades desarrolladas por quienes ostenten de dichos cargos. Con arreglo al artículo 13, apartado 1, punto 8, de la Ley Anticorrupción, cuando se aprecia una incompatibilidad, la KPK remite el asunto al organismo competente para que adopte las medidas oportunas. Entiendo que esto es lo que sucedió cuando la KPK notificó a la Asamblea Nacional y al BNB sus conclusiones relativas a MA.
131. Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente expone que el Consejo de Gobierno del BNB está vinculado por las apreciaciones de la KPK en cuanto a la existencia de incompatibilidad. Aunque el órgano jurisdiccional remitente añade que, en el presente asunto, dicho Consejo de Gobierno comprobó la existencia de tales incompatibilidades consultando fuentes públicamente accesibles, como registros mercantiles, interpreto esta explicación en el sentido de que, en primer lugar,
el Consejo de Gobierno se encuentra vinculado por las apreciaciones de hecho de la KPK y su calificación jurídica como «incompatibilidad» en el sentido del Derecho nacional y, en segundo lugar, dichas apreciaciones constituyen un motivo obligatorio para que el BNB examine si las incompatibilidades apreciadas son motivo de destitución.
132. Por último, de la resolución de remisión se desprende que MA impugnó la legalidad de la decisión de la KPK ante el Administrativen sad Sofia grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad de Sofía). MA, el BNB, la Comisión y el BCE afirman en sus observaciones escritas que el 11 de diciembre de 2024 (es decir, después de remitida la presente petición de decisión prejudicial) dicho tribunal declaró nula la decisión de la KPK. Sin perjuicio de la comprobación que haga el órgano jurisdiccional remitente, según MA y la Comisión los motivos de dicha anulación tienen que ver con defectos de forma (supuestamente, durante el período de autos, la KPK carecía del pertinente mandato de la Asamblea Nacional), con el fondo de la decisión (los hechos considerados no constituían incompatibilidad) y con otros aspectos (en particular, que a MA no se le notificó el procedimiento y el carácter incompleto de las pruebas reunidas).
133. Por su parte, el BNB observa que dicha sentencia ha sido recurrida en casación por la KPK, casación que está pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente en un procedimiento independiente. Ante estos acontecimientos, MA alega, en el presente procedimiento, que la decisión del BNB (adoptada tras la decisión de la KPK) no debe ser confirmada, pues constituye una consecuencia directa y automática de esta última decisión, mientras que en el BNB sostiene que su decisión se basa en fundamentos autónomos. La resolución de este extremo, incluidos los efectos que pueda tener la anulación de la decisión de la KPK si se ve confirmada en casación, corresponde, por supuesto, al órgano jurisdiccional remitente. No obstante, considero que la legalidad de la decisión del BNB sigue siendo,
en cualquier caso, uno de los extremos que ha de valorar dicho órgano jurisdiccional, si bien desde una perspectiva diferente.
2.      Procedencia de la octava cuestión prejudicial
134. Quisiera señalar que las disposiciones de Derecho de la Unión de que se trata, es decir, los artículos 130 TFUE y 131 TFUE y los artículos 7 y 14 de los Estatutos del SEBC y del BCE, no contienen ninguna norma que regule las condiciones del ejercicio de las competencias por el organismo al cual el Derecho nacional encomienda determinar la existencia de los motivos de destitución previstos en el artículo
14.2 de dichos Estatutos.
135. Así pues, este aspecto queda sujeto a la discrecionalidad de los Estados miembros, que viene limitada por la necesidad de preservar la efectividad práctica de las citadas disposiciones de Derecho de la Unión (garantizando al mismo tiempo la coherencia con los derechos que este —en especial, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea—
garantiza). (64)
136. En el presente contexto, lo anterior significa, en particular, que las facultades de que está investida la autoridad competente (aquí, el Consejo de Gobierno del BNB) deben permitir la efectiva preservación de la independencia del banco central nacional y, en consecuencia, la efectiva evaluación de los elementos que constituyen los criterios para la destitución establecidos en el artículo
14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
137. A este respecto, en primer lugar, considero que el principio de independencia de los bancos centrales nacionales, por sí mismo, no impide que se produzca una situación en que las apreciaciones de otro órgano, como la KPK, den lugar a la actuación por parte de la autoridad competente, como el Consejo de Gobierno del BNB, para valorar la concurrencia de motivos de destitución.
138. De hecho, entiendo que son varios los organismos de la administración pública a los que es posible confiar tareas específicas para supervisar el buen funcionamiento de dicha administración. Cabe señalar, por analogía, que el Tribunal de Justicia no halló vulneración alguna de la independencia del BCE en el hecho de que el legislador de la Unión asignase a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) facultades de investigación en materia de prevención del fraude que pudiesen aplicarse al BCE. (65) El Tribunal de Justicia recalcó que la independencia del BCE, consagrada en el artículo 130 TFUE (entonces, artículo 108 CE), «no tiene como consecuencia desvincular [al BCE] por completo de la Comunidad Europea ni eximirlo de toda norma jurídica comunitaria». (66) En ello se refleja la idea más general de que la independencia de los bancos centrales no requiere un aislamiento clínico de otras partes de la administración pública, sino (simplemente) su aislamiento de influencias externas a fin de preservar su capacidad de desempeñar sus funciones independientemente.
139. Volviendo a las circunstancias del presente asunto, la afirmación abstracta de que el principio de independencia no excluye un sistema de activación específico (que obligue a actuar a la autoridad competente, como el Consejo de Gobierno del BNB) no significa que todo mecanismo de este tipo sea compatible con dicho principio, sean cuales sean las vías por las que opere y sus características. Quisiera señalar, de nuevo por analogía, que, en el asunto citado en el punto anterior, el Tribunal de Justicia mencionó diversas garantías que conferían independencia a la OLAF y aseguraban que esta actuase en plena observancia del Derecho de la Unión, para lograr un objetivo claramente definido utilizando medios tasados. (67) Dicho esto, ante la falta de alegaciones en el sentido de que el funcionamiento de la KPK adolece de tales vicios, opto por limitarme a esta declaración general. (68)
140. En segundo lugar, el principio de independencia de los bancos centrales no significa que el Consejo de Gobierno del BNB no esté vinculado por la decisión de la KPK y por la calificación de «incompatibilidad» que esta haga con arreglo al Derecho nacional. Así pues, considero que el principio de independencia de los bancos centrales nacionales no obliga (ni, por lo tanto, faculta) a la autoridad que es competente para apreciar los motivos de destitución a revisar y sustituir los efectos jurídicos de actos administrativos nacionales (incluidas las apreciaciones de hecho realizadas y su calificación jurídica).
Y esto es así, a mi juicio, aun cuando dicha autoridad sea un órgano del banco central nacional. Salvo que existan normas de Derecho nacional que establezcan lo contrario, cualquier otra conclusión implicaría que la autoridad competente pudiese invadir las competencias de otros organismos administrativos públicos, como en esencia ha advertido el BNB en la vista oral. (69) Por otro lado, la postura contraria significaría que la autoridad con competencias para apreciar los motivos de destitución podría usurpar el lugar del organismo público correspondiente (la policía, las autoridades fiscales, etc.), lo cual, además, podría desembocar en decisiones divergentes en cuanto a los mismos hechos y a su calificación jurídica en virtud de la misma legislación, lo que sería contrario al principio de seguridad jurídica.
141. En tercer lugar, la consecución efectiva del objetivo de garantizar la independencia de los bancos centrales excluye, no obstante, todo automatismo en la apreciación de los motivos de destitución, como aducen MA, el BNB y el Gobierno español. En otras palabras, la protección efectiva de la independencia de los bancos centrales nacionales no admite una norma de Derecho nacional que obligue a la autoridad competente a concluir automáticamente, sin una valoración autónoma, que se ha acreditado un motivo de destitución simplemente extrapolando esta conclusión a partir de las apreciaciones de hecho y de Derecho efectuadas por otra autoridad en virtud de una determinada normativa nacional que persigue un objetivo diferente (al margen de que dicho objetivo pueda estar relacionado con el que persiguen los criterios para la destitución de que aquí se trata). Tal acto de aprobación automática iría en contra de la propia lógica de que existan motivos autónomos de destitución y de la posibilidad de llevar a cabo una valoración caso por caso cuando tal valoración se requiera. (70) Nótese que entre las partes del procedimiento principal es controvertida la cuestión de si el Consejo de Gobierno del BNB llevó a cabo una evaluación autónoma de los motivos de destitución y, por supuesto,
al órgano jurisdiccional remitente le incumbe comprobar
este extremo.
142. En cuarto (y último) lugar,
cuando la competencia para apreciar los motivos de destitución se confiere a una autoridad sin que ninguna otra norma faculte a otros organismos para activar el procedimiento ante ella (lo cual, sin perjuicio de la comprobación que haga el órgano jurisdiccional remitente, parece ser el caso del Consejo de Gobierno del BNB), (71) considero que la autoridad competente ha de estar facultada para incoar el procedimiento de oficio. En tales circunstancias, yo no veo qué otra solución podría garantizar la efectividad de los criterios para la destitución con arreglo al artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE y, por extensión, la efectiva protección de la independencia de los bancos centrales.
143. En efecto, según entiendo la situación de Derecho nacional de que se trata, la obligación de la KPK de acudir al Consejo de Gobierno del BNB se limita a situaciones que se definan como «incompatibilidades» con arreglo al Derecho nacional. Sin embargo, las situaciones que pueden constituir falta grave en el sentido del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE pueden ser diversas. Aunque ya he aclarado qué criterios deben guiar la aplicación de este concepto, no es posible enumerar taxativamente de antemano las situaciones de hecho que pueden calificarse de graves. En consecuencia, la definición de «incompatibilidades» con arreglo a la legislación correspondiente no puede abarcar todo escenario que pudiera ser pertinente a los efectos del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE. Esto, a mi entender, exige que la autoridad responsable de determinar si existe un motivo de destitución basado en una falta grave actúe de oficio cuando se le comuniquen hechos pertinentes o cuando estos salgan a la luz a resultas de su propia investigación, en señal de que puede verse comprometida la independencia de
los bancos centrales, como en esencia alegan el BNB y el Gobierno español.
144. A tal fin, considero que se debe permitir a la autoridad competente reunir tantas pruebas pertinentes como sea legalmente posible con arreglo a la legislación aplicable, incluso colaborando con los organismos competentes o consultando información que esté a disposición del público, como la que figura en los registros mercantiles, para alcanzar una conclusión fundada sobre la existencia de un motivo de destitución basado en una falta grave, con pleno respeto de los derechos de defensa del interesado. (72)
145. A la luz de las consideraciones precedentes, llego a la conclusión de que el artículo 130 TFUE y los artículos 7 y 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE deben interpretarse en el sentido de que exigen que la autoridad encargada de determinar el motivo de destitución esté facultada para apreciar, a esos efectos, si el interesado
ha cometido una falta grave en el sentido del artículo
14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
146. Si bien esta conclusión proporciona una respuesta a la octava cuestión prejudicial, deseo responder también a ciertas alegaciones formuladas por algunos de los intervinientes respecto a la supervisión judicial en todo el procedimiento.
3.      Supervisión judicial en el procedimiento
147. En el curso del presente procedimiento se han desarrollado dos líneas argumentales diferentes, cada una de ellas relativa a un aspecto del control judicial.
148. En primer lugar, el BCE, apoyado en la vista oral por el Gobierno español, declaró que una apreciación de falta grave debe ir precedida de una resolución judicial.
149. Más concretamente, el BCE alegó que, si bien el principio de irrevocabilidad inherente a la independencia de los bancos centrales requiere que la autoridad competente valore la gravedad de la falta y la proporcionalidad de la destitución, incumbe a un órgano jurisdiccional independiente determinar, en primer término, si la falta se ha producido. Según el BCE, sugiere tal conclusión el tenor del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE en algunas de sus versiones lingüísticas. (73)
150. No me convence esta postura. Si bien la expresión correspondiente a «guilty of serious misconduct»[, en lengua inglesa], en algunas de las versiones lingüísticas, puede entenderse, prima facie, como referida a una previa declaración judicial de culpabilidad (de un delito), (74) otras versiones lingüísticas hacen una referencia más amplia a la «comisión» de una falta grave, (75) lo cual no implica tal exigencia.
151. Además, tal interpretación sería difícilmente conciliable con el objetivo que persigue el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE de garantizar la independencia de los bancos centrales. Aunque una conducta que socave gravemente la independencia de dichas instituciones también pueda constituir un delito y, en último término, estar sujeta a un proceso penal, en cualquier caso, este proceso puede prolongarse durante un considerable lapso de tiempo. Como el propio BCE ha reconocido, puede haber situaciones en las que la autoridad competente ha de ser capaz de actuar con prontitud sobre la base de las pruebas disponibles, en particular cuando las pruebas sean abrumadoras (grabaciones de cámaras de circuito cerrado, por ejemplo) o cuando los hechos sean claros e incontrovertidos (como una confesión). (76)
152. Dicho esto, coincido con MA, la Comisión y el BCE en que, cuando la decisión por la que se aprecia un motivo de destitución la adopte un órgano distinto de un órgano jurisdiccional, debe existir una posibilidad de control judicial efectivo de conformidad con el artículo
47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. (77)
153. En este contexto, la Comisión ha expresado sus dudas acerca de la compatibilidad de los plazos establecidos en la legislación nacional con el derecho a la tutela judicial efectiva, pues, en esencia, tanto el plazo para interponer recurso como el plazo para la resolución judicial son muy breves. La Comisión se remite en este sentido al Informe de Convergencia de 2024 del BCE, donde se califican «el breve plazo para recurrir y los muy estrictos límites temporales para el procedimiento judicial en el [actual artículo 14, apartado 2, de la Ley del BNB] como una imperfección residual». (78) El Informe de Convergencia de 2025 también se hace eco de ello. (79)
154. En principio, comparto estas inquietudes. Sin embargo, no se ha planteado al Tribunal de Justicia ninguna cuestión prejudicial al respecto, por lo cual no ha sido objeto de un debate pleno ante aquel. También se ha de tener en cuenta que el Gobierno búlgaro no ha intervenido en el presente procedimiento. En consecuencia, no estimo oportuno abordar aquí la cuestión.
155. No obstante, por si el Tribunal de Justicia quisiera abordar la cuestión, en particular en cuanto al muy breve plazo impuesto al órgano jurisdiccional remitente (que parece ser pertinente una vez que el Tribunal de Justicia dé su repuesta en el presente asunto), voy a hacer unas sucintas observaciones.
156. En general, la existencia de plazos para el control judicial, de por sí, no plantea problemas, pues estos plazos persiguen el legítimo objetivo de garantizar la agilidad del procedimiento. Sin embargo, en abstracto resulta complicado valorar si un plazo concreto es adecuado en todas las circunstancias. Lo que puede ser adecuado en una situación podría resultar insuficiente en otra. (80)
157. En el presente contexto, la necesidad de garantizar la continuidad del funcionamiento del banco central nacional justifica, indudablemente, la exigencia de un control judicial expeditivo. Al mismo tiempo, la importancia de la decisión de que se trata para la actividad del banco nacional afectado y sus posibles graves consecuencias para el interesado, junto con la necesidad de respetar los derechos de defensa, pueden hacer imposible que el órgano jurisdiccional nacional culmine su examen en un plazo extremadamente breve. En caso de darse tal situación, considero que el órgano jurisdiccional nacional ha de desatender dicho plazo y resolver el asunto en un plazo más dilatado y emitir su resolución tan pronto como sea posible. (81)
V.      Conclusión
158. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo al Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria):
«1)      El artículo 130 TFUE y el artículo 7 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «Estatutos del SEBC y del BCE»),
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a unas normas de Derecho nacional que exigen que un miembro del órgano rector de un banco central nacional, como el vicepresidente, presente a la autoridad nacional competente una declaración en que dé a conocer
sus intereses, como
su participación como socio en una sociedad mercantil o su participación
en los órganos de dirección de entidades sin ánimo de lucro (quinta cuestión prejudicial).
2)      El artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE
debe interpretarse en el sentido de que solamente es aplicable, en virtud del Derecho de la Unión, a los gobernadores de los bancos centrales nacionales. Sin embargo, dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional en virtud de la cual las condiciones sustantivas que allí se definen, en las que un gobernador de un banco central nacional podrá ser relevado de su mandato con carácter prematuro, son aplicables también al vicepresidente de dicho banco (cuestiones prejudiciales primera y segunda).
3)      El artículo 130 TFUE y el artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación nacional que no prohíbe al vicepresidente de un banco central nacional poseer una participación en una sociedad de responsabilidad limitada, siempre que dicha legislación prevea un mecanismo en virtud del cual pueda determinarse si, en las circunstancias concretas, tal participación da lugar a un conflicto de intereses que pueda afectar al funcionamiento independiente del banco central nacional o a la confianza que el público deposita en esa independencia. Una vez se haya identificado un conflicto de intereses de esa índole y si existe la posibilidad de subsanarlo en un plazo dado después de su nombramiento, el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE debe interpretarse en el sentido de
que, si el interesado no lo subsana en dicho plazo, se puede considerar que ha dejado de reunir los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones, siempre que el plazo fijado sea adecuado y que esté claramente definido el momento a partir del cual este empieza a correr.
El artículo 130 TFUE y el artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE
deben asimismo interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación nacional que prohíbe al vicepresidente participar en el órgano de dirección de una entidad jurídica sin ánimo de lucro sin la autorización del órgano competente. En caso de que la legislación nacional permita subsanar tal incompatibilidad en un plazo dado, el artículo 14.2 de esos Estatutos debe interpretarse en el sentido de
que, si el interesado no pone fin a la actividad en dicho plazo, se puede considerar que ha dejado de reunir los requisitos exigidos para el cumplimiento de sus funciones, en el sentido de dicha disposición, con la condición de que el plazo fijado sea adecuado y que esté claramente definido el momento a partir del cual este empieza a correr (cuestiones prejudiciales tercera, cuarta, sexta y séptima).
4)      El artículo 130 TFUE y los artículos 7 y 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE
deben interpretarse en el sentido de que exigen que la autoridad competente para determinar los motivos de
la
destitución del gobernador de un banco central nacional esté facultada para apreciar, a tal efecto, si el interesado ha cometido una falta grave en el sentido del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE (cuestión prejudicial octava).»
1      Lengua original: inglés.
2      Liga de las Naciones, «Resoluciones XIV y III», Informe de la Conferencia Financiera Internacional, Th.
Dewarichet, Bruselas, 1920, pp. 23 y
26; Archivos de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza): S145D/99/15. También citado en Tucker, P., Unelected Power: The Quest for Legitimacy in Central Banking and the Regulatory State, Princeton University Press, 2018, xvi-656 p., en particular, p. 4.
3      Véase Hill, M., The Economic and Financial Organization of the League of Nations. A Survey of Twenty-Five Years’ Experience, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 1946, pp. xv-168, en particular, p. 24, y Pauly, L. W., The League of Nations and the Foreshadowing of the International Monetary Fund. Essays in International Finance,
n.º 201, Princeton University, New Jersey, 1996, pp. 1 a
47, en particular, p. 7.
4      Véanse, por lo que respecta a los Estados miembros de la Unión, el artículo 53 de la Ustav Republike Hrvatske (Constitución croata), el artículo 56 de la Ústava Slovenskej republiky (Constitución eslovaca), el artículo 152 de la Ustava Republike Slovenije (Constitución eslovena) y el artículo 13 de la Sveriges grundlagar (Constitución sueca). Véanse también el artículo 188, apartado 2, de la Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Constitución chipriota)
o el artículo
98 de la
Ústava České republiky (Constitución checa).
5      Véanse, por ejemplo, Tucker, P., «How the European Central Bank and Other Independent Agencies Reveal a Gap in Constitutionalism: A Spectrum of Institutions for Commitment», German Law Journal, vol. 22, n.º 6, 2021, pp. 999 a 1027; o van’t Klooster, J., «Central Banks», en Bellamy, R. y King, J. (eds.), The Cambridge Handbook of Constitutional Theory, Cambridge University Press, 2025, pp. 622 a 638.
6      Esta expresión designa, en general, las normas y mecanismos que rigen un
determinado sistema monetario. Sobre este concepto, véase, van’t Klooster,
J., citado en la nota
5, op. cit., la p. 624 ofrece referencias adicionales.
7      En referencia al litigio en curso tras la reciente sustitución de uno de los miembros de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal: Donald J. Trump, Presidente de los Estados Unidos, demandante, c. Lisa D.
Cook, y otros, N.º
25A312.
8      Recogidos en el Protocolo n.º 4, anejo al Tratado UE y al Tratado FUE.
9      Sentencia de 26 de febrero de 2019, Rimšēvičs y BCE/Letonia (C‑202/18 y C‑238/18, en lo sucesivo, «sentencia Rimšēvičs», EU:C:2019:139), apartados
89 a 96.
10      Ibid., apartados 92, 94 y 96.
11      Este adjetivo solo aparece en el artículo
6, apartado
1, punto
12, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso.
12      Procede la misma observación, mutatis mutandis.
13      Este adjetivo solo aparece en el artículo
37, apartado
1, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso.
14      En el caso de la Ley Anticorrupción, el punto correspondiente del artículo
51, apartado
1, es el punto 13.
15      Estos términos solo aparecen en el artículo
51, apartado
1, punto
13, de la Ley de Lucha contra la Corrupción.
16      No están claros los motivos de la disminución en el valor de la participación.
17      Tal como expongo más adelante, este procedimiento parece haber derivado en la anulación de la decisión de la KPK. El correspondiente recurso de casación parece estar pendiente.
18      Quisiera recordar que estos motivos se establecen en el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, al que se remite el artículo
14, apartado
1, de la Ley del BNB.
19      Por consiguiente, carece de relevancia que, en el período pertinente, Bulgaria aún no formase parte de la zona del euro (se unió a ella el
1 de enero de
2026). Véase el Reglamento (UE)
2025/1408 del Consejo, de 8 de julio de 2025, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 974/98 en lo que se refiere a la introducción del euro en Bulgaria (DO L,
2025/1408).
20      Está compuesta por tres miembros elegidos por la Asamblea Nacional (con mayoría de dos tercios de todos los diputados tras el debate en un comité especial de nombramientos) por un período de seis años.
21      Véase el artículo 38, apartado 1, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso.
22      El subrayado es mío.
23      Sentencia Rimšēvičs, apartado
46. Véase también la sentencia de 16 de junio de
2015, Gauweiler y otros (C‑62/14, EU:C:2015:400), apartado 40.
24      Sentencia Rimšēvičs, apartado
48. Recuérdese que, con arreglo al artículo 282 TFUE, apartado
1, «el [BCE] y los bancos centrales nacionales constituirán el [SEBC]».
25      Sentencia Rimšēvičs, apartados 66 a 71.
26      Ibid., apartado 70.
27      El artículo 283 TFUE, apartado 1, establece que «el Consejo de Gobierno del [BCE] estará formado por los miembros del Comité Ejecutivo del [BCE] y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda sea el euro». Véanse también los artículos 8 y 10.1 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
28      Véase el artículo 42.1 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
29      Véase el artículo 141 TFUE, apartado
2. Los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros acogidos a una excepción son miembros del Consejo General del BCE, uno de sus tres órganos rectores. Véanse el artículo 129 TFUE, apartado 1, y los artículos 9.3 y 44 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
30      Sentencia Rimšēvičs, apartados 47 y 48 y jurisprudencia citada.
31      Con arreglo a los artículos 3.2 y 3.5 de la Decisión 2004/257/CE del Banco Central Europeo, de 19 de febrero de 2004, por la que se adopta el Reglamento interno del Banco Central Europeo (BCE/2004/2) (DO
2004, L 80, p. 33), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento interno del BCE»), la asistencia a las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE no está reservada a los gobernadores, que pueden asistir acompañados de otra persona.
32      A tenor del segundo párrafo de dicha disposición: «[…] [El Reglamento interno del BCE] dispondrá también que los miembros del Consejo de Gobierno que no puedan asistir a las reuniones del Consejo de Gobierno por un período prolongado puedan designar a un sustituto que ocupe su lugar como miembro del Consejo de Gobierno». Véanse también los artículos 3.3, 4.4 y 4.5 del Reglamento interno del BCE y, mutatis mutandis, el artículo 1.2 del Código de Conducta para altos funcionarios del BCE (DO 2022 C 478, p. 3), adoptado por el BCE (en lo sucesivo, «Código de Conducta del BCE»).
33      Este argumento se basó en el hecho de que el precedente jurídico del artículo 130 TFUE y el artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE se refieren expresamente a los «miembros de los órganos rectores de los bancos centrales nacionales» (el subrayado es
mío). Instituto Monetario Europeo, Progress towards convergence, Fráncfort del Meno, 1995, p. 93.
34      En la medida en que estas cuestiones tratan de aclarar, entre otros extremos, la interpretación de una norma de Derecho de la Unión relativa a los gobernadores de los bancos centrales nacionales, y no a los vicepresidentes (como sucede en el procedimiento principal), cabe alegar que la interpretación solicitada no guarda relación con los hechos del asunto, lo que derivaría en la inadmisibilidad de las cuestiones correspondientes. Sin embargo, soy del parecer de que, según una línea jurisprudencial asentada a partir de la sentencia Dzodzi, el interés manifiesto del ordenamiento jurídico de la Unión es que el Tribunal de Justicia haga la interpretación solicitada, con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación de los criterios para la destitución. Esto es así toda vez que el Derecho nacional, por medio de una remisión directa e incondicional (en el artículo 14, apartado 1, de la Ley del BNB), sin alteración alguna de su finalidad y su alcance, ha declarado aplicable el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE. Véanse las sentencias de 18 de octubre de 1990, Dzodzi (C‑297/88 y C‑197/89, EU:C:1990:360), apartados 36 y 37, y de 13 de octubre de 2022, Baltijas Starptautiskā Akadēmija y Stockholm School of Economics in Riga (C‑164/21 y C‑318/21, EU:C:2022:785), apartado 35 y jurisprudencia citada. Sobre la línea jurisprudencial «Dzodzi», véanse las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:649), puntos 27 a 74.
35      Véanse asimismo las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en los asuntos Rimšēvičs/Letonia y BCE/Letonia (C‑202/18 y C‑238/18, en lo sucesivo, «conclusiones presentadas en el asunto Rimšēvičs», EU:C:2018:1030), punto 156.
36      Véanse las conclusiones presentadas en el asunto Rimšēvičs, punto 77.
37      Por analogía, idéntica conclusión se deduce del razonamiento del Tribunal de Justicia en el ámbito del procedimiento nacional de selección de candidatos para el cargo de Juez del Tribunal General, en la sentencia de 29 de julio de 2024, Valančius (C‑119/23, EU:C:2024:653), apartados 54 y 57. Como declaró el Tribunal de Justicia en dicha sentencia, el propio Derecho de la Unión se limita a exigir «plenas garantías de independencia» y «la capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales» (artículo 19 TUE, apartado
2, y artículo
254 TFUE). Véanse también mis conclusiones presentadas en el asunto Valančius (C‑119/23, EU:C:2024:325), punto 54.
38      Véanse, por analogía, el artículo 283 TFUE, apartado
2, y el artículo 11.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, donde se dispone que el presidente, el vicepresidente y los demás miembros del Comité Ejecutivo del BCE serán nombrados «entre personalidades de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios y bancarios».
39      Véase un estudio de la legislación nacional en: Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Nota de Investigación de la Direction de recherche et documentation, Désignation, incompatibilités, prévention des conflits et révocation des membres des organes décisionnels des banques centrales nationales, 25/008, noviembre de 2025, en particular, pp. 12 a 17. Obsérvese que algunos de los requisitos mencionados también están previstos en el artículo 11, apartados 3 y 4, de la Ley del BNB.
40      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Valančius (C‑119/23, EU:C:2024:325), punto 48.
41      Véase la Nota de Investigación citada en la nota 39 de las presentes conclusiones y, por analogía, el artículo 11.1 de los Estatutos del SEBC y del BCE, según el cual «los miembros [del Comité Ejecutivo del BCE] desempeñarán sus funciones con dedicación exclusiva. Ningún miembro podrá ejercer otra profesión, remunerada o no, salvo autorización expresa del Consejo del Gobierno». Véase también el artículo 3 de las Condiciones de Trabajo y Empleo del Presidente del Banco Central Europeo (SEC/GovC/X/18/163ª), titulado «Incompatibilidades» y cuya letra a) dispone que «el Presidente [del BCE] se abstendrá de realizar toda transacción económica o mercantil y renunciará a todo cargo que pueda perjudicar su independencia o que le pueda proporcionar la posibilidad de utilizar información privilegiada».
42      Véase, por analogía, la sentencia de 29 de julio de 2024, Valančius (C‑119/23, EU:C:2024:653), apartado 54.
43      Recuérdese, por analogía, la observación formulada por el Abogado General Geelhoed en cuanto al requisito de independencia de los miembros de la Comisión, establecido (entonces) en el artículo 213 CE, apartado 2 (actual artículo 17 TUE, apartado 3): «Las cualidades personales de dichas personas tienen su reflejo directamente en la confianza que deposita el gran público en las instituciones comunitarias, su credibilidad y, por lo tanto, su eficacia.» Véanse las conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas en el asunto Comisión/Cresson (C‑432/04, en lo sucesivo, «conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Cresson», EU:C:2006:140), punto 67.
44      Obsérvese que el considerando 1 del Código de Conducta del BCE, citado en la nota 33 de las presentes conclusiones, declara que el BCE «debe servir al interés público y garantizar la más estricta integridad. Por ello, el BCE da prioridad a la responsabilidad, la transparencia y a las cotas más altas de conducta ética en el gobierno corporativo. El cumplimiento de estos principios es un elemento fundamental para la credibilidad del BCE y es de vital importancia para asegurar la confianza de los ciudadanos europeos». Véanse también los considerandos 3 y 5 de la Orientación (UE)
[2021/2253] del Banco Central Europeo, de 2 de noviembre de 2021, por la que se establecen los principios del Régimen Deontológico del Eurosistema (BCE/2021/49), DO 2021 C 454, p. 7 (en lo sucesivo, «Orientación del Régimen Deontológico del BCE»), así como las conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Cresson, punto 73.
45      Véanse también las conclusiones presentadas en el asunto Rimšēvičs, punto
101, donde se alude a la independencia como «núcleo esencial intangible» de los requisitos para el ejercicio de las funciones. Véase también el artículo 6 del Código de Conducta del BCE, citado en la nota
32
de las presentes conclusiones.
46      Véase, por ejemplo, la sentencia de 29 de julio de 2024, Valančius (C‑119/23, EU:C:2024:653), apartado
48 y jurisprudencia citada.
47      Sentencia de 30 de septiembre de 2021, Tribunal de Cuentas/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), apartado 868.
48      Las demás versiones lingüísticas tampoco aportan mayor orientación (véanse, en particular, las versiones en lengua francesa, que habla de «faute grave»;
en lengua griega, «σοβαρό παράπτωμα»;
en lengua española, «falta grave»; en lengua italiana, «gravi mancanze», y en lengua alemana, «schwere Verfehlung»). La misma observación es válida para las otras tres veces en que aparece el concepto en el Derecho primario de la Unión en un contexto similar o comparable (véanse el artículo 11.4 de los Estatutos del SEBC y del BCE respecto a los miembros del Consejo Ejecutivo del BCE; el artículo 228 TFUE, apartado 2, respecto al Defensor del Pueblo Europeo, y el artículo 247 TFUE, respecto a los miembros de la Comisión).
49      Véase, por ejemplo, la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Burdene (C‑126/23, EU:C:2024:937), apartado
36 y jurisprudencia citada.
50      https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/misconduct, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/serious.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/serious, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/misconduct.
51      Véase, a este respecto, la explicación que contienen los puntos
62 y
63 de las presentes conclusiones.
52      Véanse, asimismo, a este respecto, las conclusiones en el asunto Rimšēvičs, punto 104.
53      Conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Cresson, punto 68.
54      Según el BNB, la participación de MA está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo
11, apartado
4, punto
4, de la Ley del BNB. En sus observaciones escritas, alude a las características de las sociedades de responsabilidad limitada con arreglo al Derecho búlgaro y, en esencia, expone que toda participación en una sociedad de este tipo implica automáticamente la pertenencia a su órgano de dirección.
55      Artículo 3, letra b), de las Condiciones de Trabajo y Empleo del Presidente del Banco Central Europeo,
citadas en la nota
41 de las presentes conclusiones.
56      Código de Conducta del BCE, citado en la nota 32, en particular sus artículos
11, 16 y
17. Véanse también los artículos 10 y 11 de la Orientación del Régimen Deontológico del BCE, citada en la nota
44 de las presentes conclusiones. Nótese que, con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Orientación del Régimen Deontológico del BCE, este texto solo se aplica a los bancos centrales del sistema del euro y a sus funcionarios. En el período de autos, Bulgaria no pertenecía aún a dicho sistema. Véase la nota
19 de las presentes conclusiones.
57      Véanse, por analogía, la definición de conflicto de intereses que contiene el artículo 11 del Código de Conducta del BCE, citado en la nota 32 de las presentes conclusiones, y el artículo 2, apartado 9, de la Orientación del Régimen Deontológico del BCE, citada en la nota
44 de las presentes conclusiones.
58      De los autos se desprende que el artículo 36, apartado 3, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso y el artículo 50, apartado 3, de la Ley Anticorrupción exigen que la persona cuya incompatibilidad haya sido declarada adopte las medidas necesarias para subsanarla en el plazo de un mes desde que haya presentado la declaración y que aporte a la autoridad facultada para proceder a su elección o nombramiento la prueba correspondiente. En defecto de tales medidas, dicha autoridad (en el presente asunto, la Asamblea Nacional) debe actuar para poner fin a la relación jurídica (artículo 36, apartado 4, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso y artículo 50, apartado 4, de la Ley Anticorrupción). Estas disposiciones parecen referirse a la declaración de incompatibilidad que se ha de presentar a la Asamblea Nacional con arreglo al artículo 35, apartados 1, punto 1, y 2, de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso y al artículo 50 de la Ley Anticorrupción, redactado en términos similares al anterior precepto. Sin embargo, como ya he expuesto, el procedimiento principal parece haberse iniciado a raíz de una declaración de bienes e intereses presentada a la KPK. Como también se ha señalado, no está clara la relación entre el contenido de dicha declaración y la obligación de subsanar la «incompatibilidad» y, en cualquier caso, le corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificarla.
59      También procede recordar que, en el presente asunto, tras el nombramiento de MA se presentaron tres diferentes declaraciones de bienes e intereses y no tengo claro cómo se valoró la obligación de subsanar las incompatibilidades declaradas, en particular, en las declaraciones primera y segunda.
60      A título recordatorio, dicha disposición establece que el gobernador y los vicepresidentes del BNB «podrán desempeñar actividades no remuneradas mediando decisión unánime del Consejo de Gobierno, siempre que no exista conflicto de intereses».
61      Da la impresión de que, como alega el BNB, su objetivo reside en evitar conflictos de intereses, cuya ausencia, como se ha expuesto, es inherente al requisito de independencia consagrado en el artículo 130 TFUE y en el artículo 7 de los Estatutos del SEBC y del BCE.
62      Esta exclusión no ha de ser óbice para el análisis. Lo importante a los efectos del presente asunto es que el órgano en cuestión esté investido de la competencia para comprobar los criterios para la destitución en su aplicación, en particular, al vicepresidente del BNB. A este respecto, no se ha facilitado información alguna en cuanto al procedimiento de destitución del gobernador del BNB. Sin embargo, del artículo 14.1 de la Ley del BNB parece desprenderse que la decisión en este sentido le corresponde directamente a la autoridad competente para su nombramiento, a saber, la Asamblea Nacional. Esta parece tener también competencia para la destitución de otros miembros del Consejo de Gobierno del BNB tras una decisión adoptada por ese mismo Consejo, como sucede en el presente asunto.
63      De los autos se desprende que, con arreglo al apartado 7 de las disposiciones adicionales de la Ley de Lucha contra la Corrupción y sobre Decomiso y al apartado 1, punto 4, de las disposiciones adicionales de la Ley Anticorrupción, la «incompatibilidad» se define como el desempeño de otro cargo o el ejercicio de una actividad que, según la Constitución o una disposición legal, es incompatible con la condición de ostentar un alto cargo público.
64      Véanse, por analogía, las sentencias de 4 de junio de 2020, C.F. (Inspección fiscal) (C‑430/19, EU:C:2020:429), apartado 45 y jurisprudencia citada, y de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea) (C‑605/21, EU:C:2024:324), apartado 52 y jurisprudencia citada.
65      Sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión/BCE (C‑11/00 P, EU:C:2003:395), apartados
130 a 145.
66      Ibid., apartado 135.
67      Ibid., apartados
139
a 141.
68      Obviamente, cuestión diferente es si el funcionamiento de la KPK, en el período de autos, se apoyaba en una base jurídica adecuada, y entiendo que, como ya he señalado, esta cuestión es objeto del recurso de casación pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente.
69      Evidentemente, esta observación habría de ser adaptada si la autoridad que es competente para apreciar los motivos de destitución fuese un órgano jurisdiccional. Véase, por analogía, el artículo 11.4 de los Estatutos del SEBC y del BCE, según el cual, «si un miembro del Comité Ejecutivo dejara de reunir los requisitos exigidos para desempeñar sus funciones o si en su conducta se observara una falta grave, el Tribunal de Justicia podrá separarlo de su cargo a petición del Consejo de Gobierno o del Comité Ejecutivo».
70      Recuérdese que la octava cuestión prejudicial solo trata de este motivo de destitución.
71      Véase un ejemplo diferente en la disposición citada en la nota 69 anterior.
72      Este principio constituye uno de los componentes «operativos» del derecho a una buena administración;
véanse las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto Ispas (C‑298/16, EU:C:2017:650), punto
87. Es jurisprudencia reiterada que el respeto de los derechos de defensa debe estar garantizado siempre que se adopte una decisión que pueda ser lesiva para un particular. Véase también, por ejemplo, la sentencia de 4 de junio de 2020, C.F. (Inspección fiscal) (C‑430/19, EU:C:2020:429), apartado 29 y jurisprudencia citada. No veo ningún motivo por el cual el respeto de los derechos de defensa no deba imponerse cuando la decisión sea adoptada por un órgano de un banco central nacional, si es que dicha decisión resulta lesiva para la posición jurídica del interesado.
73      El BCE cita las versiones alemana («eine schwere Verletzung begangen hat»), inglesa («has been guilty of serious misconduct»),
francesa («a commis une faute grave») e italiana («è reso colpevole di gravi mancanze»).
74      Véanse las versiones italiana e inglesa mencionadas en la nota anterior.
75      Véanse, a este respecto, las versiones alemana («eine schwere Verletzung begangen hat»), francesa («a commis une faute grave»), española («haya incurrido en falta grave») y checa («nebo se dopustí vážného pochybení»).
76      Debo señalar que en la sentencia Rimšēvičs, el Tribunal de Justicia calificó la medida impugnada como decisión comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, pese a la ausencia de una determinación judicial previa de responsabilidad penal. Me parece que, si tal requisito hubiese sido inherente al concepto de falta grave, habría constituido un motivo evidente y suficiente para la anulación en el referido asunto (cosa que el Tribunal de Justicia declaró sobre una base diferente). Dicho esto, aquel asunto se refería a la prohibición temporal de que un gobernador de un banco central ejerciera sus funciones. Sea como fuere, a la luz de la conclusión a la que he llegado sobre este aspecto, no considero necesario ocuparme de la distinción que el BCE ha trazado, conforme a la cual la exigencia de una resolución judicial previa no se aplicaría de concurrir el otro motivo de destitución, a saber, el incumplimiento de los requisitos para el desempeño de las funciones.
77      En cuanto a los derechos concretos en juego, una decisión que aplique los criterios para la destitución establecidos en el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE puede afectar tanto al derecho del interesado a permanecer en el cargo durante el período mínimo de mandato como a los derechos garantizados por la Carta de Derechos Fundamentales (como, en el presente asunto, el derecho a la propiedad o el derecho a la libertad de asociación). En la resolución de remisión no se especifica la duración del mandato de los miembros del Consejo de Gobierno del BNB. No obstante, la Comisión y el BCE señalan que esa duración es de seis años (artículo 12, apartado 4, de la Ley del BNB). Si bien no está claro que dicha duración refleje una «exportación normativa» de la regla de la duración mínima del cargo establecida en el artículo 14.2 de los Estatutos del SEBC y del BCE, el derecho a permanecer en el cargo hasta que expire dicho período constituye, en todo caso, una consecuencia lógica del principio de independencia consagrado en el artículo
130 TFUE y en el artículo
7 de dichos Estatutos.
78      Comisión Europea, Informe de Convergencia de 2024, Documento Institucional
294, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2024, p. 43.
79      Comisión Europea, Informe de Convergencia de 2025 sobre Bulgaria, Documento Institucional 320, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2025, p. 25.
80      Conclusiones de Abogado General Bobek presentadas en el asunto Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (C‑406/18, EU:C:2019:1055), puntos 48, 53 y 56.
81      Por analogía con lo declarado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 19 de marzo de 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (C‑406/18, EU:C:2020:216), apartados 36 y 37. Véanse también las conclusiones de Abogado General Bobek presentadas en el asunto Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (C‑406/18, EU:C:2019:1055), punto 69, con referencias a la jurisprudencia en que se recalca que el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales tiene efecto directo y, por ende, permite dejar sin aplicar toda legislación incompatible con él.