61992CJ0092_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En los asuntos acumulados C-92/92 y C-326/92,
que tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Landgericht Muenchen I y el Bundesgerichtshof, destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dichos órganos jurisdiccionales entre
Phil Collins
e
Imtrat Handelsgesellschaft mbH,
y entre
Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH,
Leif Emanuel Kraul
y
EMI Electrola GmbH,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del párrafo primero del artículo 7 del Tratado CEE,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: O. Due, Presidente; F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida y D.A.O. Edward, Presidentes de Sala; R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg y J.L. Murray, Jueces;
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
en el asunto C-92/92:
° En nombre de Phil Collins, por la Sra. Ulrike Hundt-Neumann, Abogada de Hamburgo;
° en nombre de Imtrat, por la Sra. Sabine Rojahn, Abogada de Múnich;
° en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor del Bundesministerium fuer Wirtschaft, asistido por el Sr. Alfred Dittrich, Regierungsdirektor del Bundesministerium der Justiz, en calidad de Agentes;
° en nombre del Gobierno británico, por el Sr. John E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, asistido por el Sr. Nicholas Paines, Barrister, en calidad de Agentes;
° en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. Henri Etienne, Consejero Jurídico Principal, y Pieter van Nuffel, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
en el asunto C-326/92:
° en nombre de EMI Electrola, por el Sr. Hartwig Ahlberg, Abogado de Hamburgo;
° en nombre de Patricia GmbH y el Sr. Kraul, por el Sr. Rudolf Nirk, Abogado ante el Bundesgerichtshof;
° en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. Claus-Dieter Quassowski, Regierungsdirektor del Bundesministerium fuer Wirtschaft, y el Sr. Alfred Dittrich, Regierungsdirektor del Bundesministerium der Justiz, en calidad de Agentes;
° en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. Henri Etienne, Consejero Jurídico Principal, y Pieter van Nuffel, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones de Phil Collins; de Imtrat, representada por la Sra. Sabine Rojahn y el Sr. Kukuk, Abogados de Múnich; de Patricia GmbH y el Sr. Kraul, representados por el Sr. Daniel Marquard, Abogado de Hamburgo; de EMI Electrola, y de la Comisión, expuestas en la vista de 19 de mayo de 1993;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de junio de 1993;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 4 de marzo de 1992, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de marzo siguiente y registrada con el nº C-92/92, el Landgericht Muenchen I planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones con carácter prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones del párrafo primero del artículo 7 del Tratado.
2 Mediante resolución de 30 de abril de 1992, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de julio siguiente y registrada con el nº C-326/92, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado, dos cuestiones con carácter prejudicial sobre la interpretación de esas mismas disposiciones.
3 Las cuestiones planteadas por el Landgericht Muenchen I, en el asunto C-92/92, se suscitaron en el marco de un litigio entre Phil Collins, cantante y compositor de nacionalidad británica, y un distribuidor de fonogramas, Imtrat Handelsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, "Imtrat"), a propósito de la comercialización en territorio alemán de un disco compacto que contiene la grabación, realizada sin el consentimiento del cantante, de un concierto dado en Estados Unidos.
4 El apartado 1 del artículo 96 y el apartado 1 del artículo 125 de la Ley alemana sobre Derechos de Autor de 9 de septiembre de 1965 (Urheberrechtsgesetz; en lo sucesivo, "UrhG") reconocen al artista intérprete o ejecutante de nacionalidad alemana, para todas sus prestaciones, la protección garantizada en los artículos 73 a 84 de dicha Ley y, en especial, el derecho a prohibir la difusión de aquellas de sus prestaciones que sean reproducidas sin su autorización, cualquiera que sea el lugar de su ejecución. Por el contrario, de las disposiciones de los apartados 2 a 6 del artículo 125 de la UrhG, relativas a los artistas extranjeros, tal y como han sido interpretadas por el Bundesgerichtshof y el Bundesverfassungsgericht, se deriva que dichos artistas no pueden invocar las disposiciones antes citadas del apartado 1 del artículo 96 cuando la prestación se haya ejecutado fuera del territorio alemán.
5 Tras haber presentado Phil Collins una demanda de medidas cautelares ante el Landgericht Muenchen I encaminada a que se prohibiera la comercialización del disco controvertido, el Juez nacional consideró, por una parte, que eran aplicables al litigio las disposiciones del artículo 125 de la UrhG, pero que no eran aplicables, en especial, de las disposiciones de la Convención Internacional de Roma, de 26 de octubre de 1961, sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Recueil des Traités, vol. 496, nº 7247), a la que no se había adherido el Estado del lugar de ejecución de la prestación, Estados Unidos, y, por otra parte, se interrogó acerca de la compatibilidad de dichas disposiciones nacionales con el principio de no discriminación establecido en el párrafo primero del artículo 7 del Tratado.
6 Ante estas circunstancias, el Landgericht Muenchen I suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Se aplica al derecho de autor la prohibición de discriminación consagrada en el párrafo primero del artículo 7 del Tratado CEE?
2) Si así fuera, ¿se deriva de ello un efecto directo, en el sentido de que un Estado miembro que concede a sus nacionales una protección para todas sus ejecuciones artísticas, cualquiera que sea su lugar de ejecución, está obligado a conceder dicha protección también a los nacionales de otros Estados miembros? o bien, ¿es compatible con el párrafo primero del artículo 7 del Tratado supeditar a ciertos requisitos [véanse los apartados 2 a 6 del artículo 125 de la Urheberrechtsgesetz (Ley alemana sobre Derechos de Autor) de 9 de septiembre de 1965] la concesión de la protección otorgada a los nacionales de otros Estados miembros?"
7 En el asunto C-326/92, las cuestiones fueron planteadas por el Bundesgerichtshof en el marco de un litigio entre EMI Electrola GmbH (en lo sucesivo, "EMI Electrola"), de una parte, y Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, "Patricia") y su gerente, el Sr. Kraul, de otra parte, relativo a la comercialización en territorio alemán de fonogramas que contienen grabaciones de espectáculos dados en los años 1958 y 1959 en Gran Bretaña por Cliff Richard, cantante de nacionalidad británica.
8 EMI Electrola es titular, en territorio alemán, de los derechos exclusivos de explotación de las grabaciones de dichos espectáculos. Sostiene que Patricia infringió sus derechos exclusivos al comercializar, sin su consentimiento, fonogramas que reproducen dichas grabaciones.
9 El Bundesgerichtshof, al que se sometió un recurso de casación en el marco del referido litigio, consideró que a éste le eran aplicables los apartados 2 a 6 del artículo 125 de la UrhG antes citada, pero que no eran aplicables, en especial, por las disposiciones del Convenio de Berna, de 9 de septiembre de 1886, para la protección de las obras literarias y artísticas, revisado por última vez por el Acta de París de 24 de julio de 1971 (OMPI, fascículo nº 287), que se refiere al derecho de autor propiamente dicho y no a los derechos afines del artista, y las disposiciones de la Convención de Roma, que no puede aplicarse retroactivamente a prestaciones ejecutadas en 1958 y 1959.
10 En los fundamentos de su resolución de remisión, el Bundesgerichtshof, que conocía las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia por el Landgericht Muenchen, indicó que, a falta de normativa comunitaria y a falta, excepto sobre determinados extremos, de armonización de las legislaciones nacionales, no le parecía que los derechos de autor y los derechos afines estuvieran comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Derecho comunitario y, más particularmente, del artículo 7 del Tratado.
11 Ante tales circunstancias, el Bundesgerichtshof suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
"1) ¿Se aplica al derecho de autor la prohibición de discriminación consagrada en el párrafo primero del artículo 7 del Tratado CEE?
2) Si así fuera, ¿es compatible con el párrafo primero del artículo 7 del Tratado CEE la normativa que protege las prestaciones artísticas dentro de un Estado miembro [apartados 2 a 6 del artículo 125 de la Urheberrechtsgesetz (Ley alemana sobre Derechos de Autor)] cuando no garantiza a los nacionales de un Estado miembro las mismas condiciones de protección (protección nacional) que a los artistas nacionales?"
12 Para una más amplia exposición de los hechos de los litigios principales, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre el objeto de las peticiones de decisión prejudicial
13 Cuando el Tribunal de Justicia dicta una resolución en el marco del artículo 177 del Tratado, no puede pronunciarse sobre la interpretación de disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales ni sobre la conformidad de tales disposiciones con el Derecho comunitario. En consecuencia, este Tribunal no puede interpretar las disposiciones de la UrhG ni apreciar la compatibilidad de la misma con el Derecho comunitario. El Tribunal de Justicia únicamente puede proporcionar al órgano jurisdiccional nacional los criterios de interpretación relacionados con el Derecho comunitario que puedan permitirle resolver el problema jurídico que le ha sido sometido (sentencia de 9 de octubre de 1984, Heineken Brouwerijen, asuntos acumulados 91/83 y 127/83, Rec. p. 3435, apartado 10).
14 En las resoluciones de remisión se mencionan las normas nacionales aplicables a los derechos de autor, así como las disposiciones del artículo 125 de la UrhG, que regulan los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, denominados "derechos afines a los derechos de autor". Al Tribunal de Justicia no le corresponde determinar si los litigios principales están comprendidos dentro de una u otra de estas dos categorías de derechos. Como propone la Comisión, procede considerar las cuestiones planteadas como si versaran sobre las normas aplicables a ambas categorías de derechos.
15 Dichas cuestiones tienen por objeto las disposiciones del párrafo primero del artículo 7 del Tratado, que establecen el principio general de no discriminación por razón de la nacionalidad. Como prevén expresamente, la prohibición de discriminación que formulan dichas disposiciones sólo es aplicable en el ámbito del Tratado.
16 Por ello, debe considerase que las cuestiones prejudiciales tienen fundamentalmente por objeto que se dilucide:
° Si el derecho de autor y los derechos afines están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Tratado a efectos del párrafo primero del artículo 7, y si, en consecuencia, el principio general de no discriminación establecido en este artículo es aplicable a dichos derechos.
° Si así fuera, si el párrafo primero del artículo 7 del Tratado se opone a que la legislación de un Estado miembro excluya a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes de los restantes Estados miembros, y a sus derechohabientes, del derecho, que reconoce dicha legislación a los nacionales, de prohibir la comercialización, en el territorio nacional, de un fonograma fabricado sin su consentimiento, cuando la prestación haya sido ejecutada fuera del territorio nacional.
° Si pueden invocar directamente ante el Juez nacional el párrafo primero del artículo 7 del Tratado un autor o artista de otro Estado miembro, o sus derechohabientes, para reclamar la protección reservada a los nacionales.
Sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado a los derechos de autor y derechos afines
17 La Comisión, los Gobiernos alemán y británico, Phil Collins y EMI Electrola sostienen que los derechos de autor y derechos afines, en tanto que constituyen, en especial, derechos económicos que determinan las condiciones en las cuales las obras y las ejecuciones de los artistas pueden ser objeto de explotación a título oneroso, están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Tratado, como por otra parte muestran las sentencias del Tribunal de Justicia que aplican a dichos derechos los artículos 30, 36, 59, 85 y 86 del Tratado, así como la intensa actividad legislativa de que son objeto en el seno de las Comunidades. En los casos poco frecuentes en que no es aplicable una disposición específica del Tratado, debe aplicarse, en todo caso, el principio general de no discriminación establecido en el párrafo primero del artículo 7 del Tratado.
18 Imtrat sostiene, por el contrario, que las condiciones de concesión de los derechos de autor y derechos afines que se refieren no al ejercicio de dichos derechos sino a su existencia no están comprendidas, conforme al artículo 222 del Tratado y a una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dentro del ámbito de aplicación del Tratado. Por su parte, Patricia y el Sr. Kraul, recogiendo sobre este particular la exposición realizada por el Bundesgesrichtshof, alegan más especialmente en lo que a ellos respecta que, a falta de normativa comunitaria o de medidas de armonización en la época a la que se contraen los hechos del litigio principal, los derechos de autor y derechos afines no se regían por el Derecho comunitario.
19 En el estado actual del Derecho comunitario y a falta de disposiciones comunitarias de armonización de las legislaciones nacionales, corresponde a los Estados miembros, sin perjuicio del respeto de los Convenios internacionales aplicables, fijar las condiciones y modalidades de la protección de la propiedad literaria y artística (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de enero de 1989, EMI Electrola, 341/87, Rec. p. 79, apartado 11).
20 El objeto específico de dichos derechos, tal como se regulan en las legislaciones nacionales, es garantizar la protección de los derechos morales y económicos de sus titulares. La protección de los derechos morales permite, en especial, a los autores y artistas oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra que perjudique su honor o su reputación. Los derechos de autor y derechos afines presentan igualmente un carácter económico, en cuanto prevén la facultad de explotar comercialmente la puesta en circulación de la obra protegida, en particular en forma de licencias concedidas mediante el pago de cánones (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 1981, Musik-Vertrieb membran, asuntos acumulados 55/80 y 57/80, Rec. p. 147, apartado 12).
21 Como destacó el Tribunal de Justicia en esta última sentencia (apartado 13), si bien la explotación comercial de los derechos de autor constituye una fuente de ingresos para su titular, constituye igualmente una forma de control de la comercialización por el titular, las sociedades de gestión y los beneficiarios de licencias. Desde este punto de vista, la explotación comercial de los derechos de autor suscita los mismos problemas que la de cualquier otro derecho de propiedad industrial y comercial.
22 Al igual que los restantes derechos de propiedad industrial y comercial, los derechos exclusivos conferidos por la propiedad literaria y artística pueden afectar a los intercambios de bienes y servicios, así como a las relaciones de competencia en el interior de la Comunidad. Por este motivo, como ha afirmado el Tribunal de Justicia en una reiterada jurisprudencia, dichos derechos, aunque se rijan por las legislaciones nacionales, están sometidos a las exigencias del Tratado y, por tanto, están incluidos en el ámbito de aplicación de este último.
23 A ello se debe, por ejemplo, los derechos referidos se encuentran sometidos a las disposiciones de los artículos 30 y 36 del Tratado, relativos a la libre circulación de mercancías. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las obras musicales se incorporan en fonogramas que constituyen mercancías cuyo intercambio en el territorio de la Comunidad se rige por las disposiciones antes citadas (véase, en este sentido, la sentencia Musik-Vertrieb membran, antes mencionada, apartado 8).
24 También por dichas razones, las actividades de las sociedades de gestión de derechos de autor se encuentran sometidas a las disposiciones de los artículos 59 y 66 del Tratado, relativas a la libre prestación de servicios. Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 2 de marzo de 1983, GVL/Comisión (7/82, Rec. p. 483), apartado 39, dichas actividades no deben regularse de tal modo que tengan por efecto obstaculizar la libre prestación de servicios y, en especial, la rentabilización de los derechos de los ejecutantes hasta el punto de provocar una compartimentación del mercado común.
25 Por último, los derechos exclusivos conferidos por la propiedad literaria y artística se encuentran sometidos a las normas del Tratado sobre la competencia (véase la sentencia de 8 de junio de 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Rec. p. 487).
26 Por otra parte, precisamente con el fin de evitar los riesgos de que surjan obstáculos a los intercambios y distorsiones de la competencia, el Consejo adoptó con posterioridad a los litigios principales, basándose en el apartado 2 del artículo 57 y a los artículos 66 y 100 A del Tratado, la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO L 346, p. 61).
27 De lo que precede se deriva que los derechos de autor y derechos afines, que, debido especialmente a sus efectos sobre los intercambios intracomunitarios de bienes y servicios, están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Tratado, se encuentran necesariamente sometidos al principio general de no discriminación establecido en el párrafo primero del artículo 7 del Tratado, sin que sea siquiera necesario relacionarlos con las disposiciones específicas de los artículos 30, 36, 59 y 66 del Tratado.
28 Procede, pues, responder a la cuestión planteada que los derechos de autor y los derechos afines están comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado, a efectos del párrafo primero del artículo 7, y que, por tanto, el principio general de no discriminación establecido en dicho artículo se aplica a dichos derechos.
Sobre la discriminación a efectos del párrafo primero del artículo 7 del Tratado
29 Imtrat y Patricia sostienen que la diferenciación realizada, en los casos contemplados por los Jueces nacionales, entre los nacionales alemanes y los nacionales de otros Estados miembros se encuentra objetivamente justificada por las disparidades existentes entre las legislaciones nacionales y por el hecho de que todavía no se han adherido a la Convención de Roma todos los Estados miembros. En estas circunstancias, dicha diferenciación no es contraria al párrafo primero del artículo 7 del Tratado.
30 Consta que el artículo 7 no se refiere a posibles disparidades de trato y distorsiones sufridas por las personas y empresas sujetas a la jurisdicción de la Comunidad, por razón de las divergencias existentes entre las legislaciones de los diferentes Estados miembros, siempre que afecten a todas las personas a las que se aplican, según criterios objetivos y no por razón de su nacionalidad (sentencia de 13 de febrero de 1969, Wilhelm y otros, 14/68, Rec. p. 1, apartado 13).
31 Así, a diferencia de lo que sostienen Imtrat y Patricia, ni las disparidades entre las legislaciones nacionales relativas a la protección de los derechos de autor y derechos afines ni la circunstancia de que todos los Estados miembros todavía no se hayan adherido a la Convención de Roma pueden justificar una vulneración del principio de no discriminación establecido en el párrafo primero del artículo 7 del Tratado.
32 Por el contrario, al prohibir "toda discriminación por razón de la nacionalidad", el artículo 7 del Tratado exige la perfecta igualdad de trato de las personas que se encuentren en una situación regida por el Derecho comunitario con las nacionalidades del Estado miembro (sentencia de 2 de febrero de 1989, Cowan, 186/87, Rec. p. 195, apartado 10). En la medida en que este principio se aplique, se opone por tanto a que un Estado miembro supedite la concesión de un derecho exclusivo a la condición de ser nacional del país de que se trate.
33 Procede, pues, responder a la cuestión planteada que el párrafo primero del artículo 7 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la legislación de un Estado miembro excluya, en determinadas condiciones, a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes de los demás Estados miembros, y a sus derechohabientes, del derecho, reconocido por esa misma legislación a sus nacionales, de prohibir la comercialización en el territorio nacional de un fonograma fabricado sin su consentimiento, cuando la prestación se haya ejecutado fuera del territorio nacional.
Sobre los efectos del párrafo primero del artículo 7 del Tratado
34 Conforme a una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho a la igualdad de trato establecido por el párrafo primero del artículo 7 del Tratado es conferido directamente por el Derecho comunitario (sentencia Cowan, antes citada, apartado 11). Por tanto, dicho derecho puede invocarse ante el Juez nacional para solicitarle que excluya la aplicación de las disposiciones discriminatorias de una ley nacional por la que se deniegue a los nacionales de los restantes Estados miembros la protección que conceden a los nacionales del país de que se trata.
35 Procede, pues, responder a la cuestión planteada que el párrafo primero del artículo 7 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que un autor o artista de otro Estado miembro, o sus derechohabientes, pueden invocar directamente ante el Juez nacional el principio de no discriminación que dicha disposición establece para gozar de la protección reservada a los autores y artistas nacionales.
Decisión sobre las costas
Costas
36 Los gastos efectuados por el Gobierno alemán, el Gobierno británico y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Landgericht Muenchen I mediante resolución de 4 de marzo de 1992 y por el Bundesgerichtshof mediante resolución de 30 de abril de 1992, declara:
1) Los derechos de autor y los derechos afines están comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado, a efectos del párrafo primero del artículo 7, y, por tanto, el principio general de no discriminación establecido en dicho artículo se aplica a dichos derechos.
2) El párrafo primero del artículo 7 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la legislación de un Estado miembro excluya a los autores y artistas intérpretes o ejecutantes de los restantes Estados miembros, y a sus derechohabientes, del derecho, reconocido por esa misma legislación a sus nacionales, de prohibir la comercialización en el territorio nacional de un fonograma fabricado sin su consentimiento, cuando la prestación se haya ejecutado fuera del territorio nacional.
3) El párrafo primero del artículo 7 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que un autor o un artista de otro Estado miembro, o sus derechohabientes, pueden invocar directamente ante el Juez nacional el principio de no discriminación que dicha disposición establece para gozar de la protección reservada a los autores y artistas nacionales.