62018TO0762_RES
Asunto T‑762/18 R
Sofia Athanasiadou
y
Konstantinos Soulantikas
contra
Comisión Europea
Auto del Presidente del Tribunal General de 10 de septiembre de 2019
«Procedimiento sobre medidas provisionales — Disposiciones financieras (presupuesto, marco financiero, recursos propios, lucha contra el fraude) — Ejecución forzosa — Demanda de suspensión — Admisibilidad — Inexistencia de urgencia»
Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos de admisibilidad — Pretensión de que se suspenda la ejecución forzosa de una resolución que impone una obligación pecuniaria — Falta de presentación de un recurso principal — Irrelevancia
(Arts. 256 TFUE, ap. 1, 278 TFUE y 299 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 156, ap. 1)
(véanse los apartados 31 a 36)
Resumen
En el auto Athanasiadou y Soulantikas/Comisión (T‑762/18 R), dictado el 10 de septiembre de 2019, el Presidente del Tribunal General desestimó, en una demanda de medidas provisionales, la excepción de inadmisibilidad relativa a la falta de presentación de un recurso principal.
La Sra. Athanasiadou y el Sr. Soulantikas, domiciliados en Grecia, constituyeron la sociedad civil ECOSE. Esta sociedad celebró con la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural un convenio de subvención para la realización de un proyecto titulado «Seniors in Action». A raíz de un informe de auditoría que recomendaba recuperar el importe de 59696,98 euros, la Comisión adoptó una decisión relativa a la recuperación de ECOSE de dicha cuantía, más los intereses devengados (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). De conformidad con lo dispuesto en el Código Procesal Civil griego, la Comisión notificó la Decisión impugnada y el requerimiento de pago recurriendo a los servicios de un agente judicial. El 30 de octubre de 2018, los demandantes formularon oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de Atenas (Grecia). El 31 de diciembre de 2018, estos mismos demandantes presentaron una demanda, basada en el artículo 299 TFUE, (
1
) de suspensión de la ejecución forzosa de la Decisión ante el Tribunal General. En sus observaciones, la Comisión solicitó que se declarara la inadmisibilidad de la demanda de medidas provisionales por no haberse interpuesto ningún recurso principal de anulación de la Decisión impugnada, con infracción de los artículos 161 y 156 (
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) del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
En primer lugar, el Presidente del Tribunal General recordó su competencia exclusiva para ordenar la suspensión de la ejecución forzosa de la Decisión impugnada ya que la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales afectados se limita al control de la conformidad a Derecho de las medidas de ejecución. (
3
)
En segundo lugar, señaló que el artículo 156 del Reglamento de Procedimiento establece regímenes procedimentales distintos en función de la base jurídica sobre la que se fundamente la demanda de medidas provisionales. Así, el requisito establecido en el artículo 156, apartado 1, de dicho Reglamento, que supedita la admisibilidad de una demanda de que se suspenda la ejecución de un acto de una institución a la interposición previa o simultánea de un recurso principal contra dicho acto, se circunscribe expresamente a las demandas presentadas sobre la base de los artículos 278 TFUE y 157 EA. En consecuencia, esta obligación no se aplica necesariamente en el caso de autos.
En tercer lugar, el Presidente del Tribunal declaró que el cumplimiento de esa obligación privaría a los demandantes del derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto, en las circunstancias del caso de autos, para que los órganos jurisdiccionales nacionales dispongan del tiempo necesario para ejercer su competencia de control de la conformidad a Derecho de las medidas de ejecución, con arreglo al artículo 299 TFUE, apartado 4, debe ser posible solicitar al juez de la Unión, único autorizado para ello, que ordene, en su caso, la suspensión de la ejecución forzosa.
En ese supuesto, el Presidente del Tribunal señaló que, como corolario, los motivos formulados para demostrar la existencia de fumus boni iuris deben consistir en motivos de los que sea competente para conocer el órgano jurisdiccional nacional y que parezcan fundados. En efecto, los motivos referidos a la legalidad de la Decisión son ineficaces, a menos que se invoquen en una demanda basada en el artículo 278 TFUE que acompañe a un recurso principal interpuesto de conformidad con el artículo 263 TFUE, puesto que la validez de una decisión que constituye un título ejecutivo solo puede impugnarse ante el juez competente para conocer del recurso de anulación, sobre la base de dicha disposición.
A este respecto, y sin que sea necesario en esta fase pronunciarse sobre si parecen fundados, el Presidente del Tribunal señaló que, en el caso de autos, algunos de los motivos formulados por los demandantes en apoyo del cumplimiento del requisito relativo al fumus boni iuris se refieren precisamente al procedimiento de ejecución forzosa en Grecia y a la conformidad a Derecho de las medidas de ejecución y son, por tanto, motivos de los que es competente para conocer el órgano jurisdiccional nacional. Por consiguiente, la demanda de medidas provisionales tiene efectivamente por objeto que el órgano jurisdiccional nacional pueda ejercer sus competencias derivadas del artículo 299 TFUE.
En consecuencia, el Presidente del Tribunal concluyó que debe desestimarse la excepción de inadmisibilidad basada en la falta de presentación de un recurso principal. Por último, la demanda de medidas provisionales fue desestimada por inexistencia de urgencia.
(
1
)	Con arreglo al artículo 299 TFUE, los actos de la Comisión que impongan una obligación pecuniaria a personas distintas de los Estados serán títulos ejecutivos. La ejecución forzosa se regirá por las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo. La orden de ejecución será consignada, sin otro control que el de la comprobación de la autenticidad del título, por la autoridad nacional que el Gobierno de cada uno de los Estados miembros habrá de designar al respecto y cuyo nombre deberá comunicar a la Comisión y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cumplidas estas formalidades a instancia del interesado, éste podrá promover la ejecución forzosa conforme al Derecho interno, recurriendo directamente al órgano competente. La ejecución forzosa sólo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, el control de la conformidad a Derecho de las medidas de ejecución será competencia de las jurisdicciones nacionales.
(
2
)	El artículo 156, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General dispone que la demanda de que se suspenda la ejecución de un acto de una institución conforme a lo dispuesto en los artículos 278 TFUE y 157 EA solo será admisible si el demandante hubiera impugnado dicho acto mediante recurso ante el Tribunal General.
(
3
)	De conformidad con el artículo 299 TFUE, en relación con el artículo 256 TFUE, apartado 1, y con los artículos 39, apartado 1, y 53, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.