62021TJ0688
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
de 25 de octubre de 2023 (
*1
)
«Cláusula compromisoria — Mecanismo único de resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Contratos relativos al compromiso de pago irrevocable y al mecanismo de garantía — Desestimación de la solicitud de devolución de las garantías vinculadas a las aportaciones ex ante prestadas en forma de compromisos de pago irrevocables — Entidad cuya autorización ha sido revocada — Artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 — Responsabilidad extracontractual — Enriquecimiento sin causa»
En el asunto T‑688/21,
BNP Paribas Public Sector SA, con domicilio social en París (Francia), representada por las Sras. A. Champsaur y A. Delors, abogadas,
parte demandante,
apoyada por
República Francesa, representada por la Sra. A.‑L. Desjonquères y el Sr. E. Leclerc, en calidad de agentes,
y por
Fédération bancaire française, con domicilio social en París, representada por el Sr. A. Gosset‑Grainville y la Sra. M. Trabucchi, abogados,
partes coadyuvantes,
contra
Junta Única de Resolución (JUR), representada por la Sra. C. De Falco y los Sres. C. Flynn y J. Kerlin, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. H.‑G. Kamann, F. Louis, P. Gey y É. Bruc y por la Sra. A. Vallery, abogados,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),
integrado por la Sra. K. Kowalik‑Bańczyk, Presidenta, y el Sr. G. Hesse (Ponente) y la Sra. B. Ricziová, Jueces;
Secretario: Sr. L. Ramette, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 20 de abril de 2023;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso, la demandante, BNP Paribas Public Sector SA, solicita, en esencia, en primer lugar, sobre la base del artículo 272 TFUE y del artículo 340 TFUE, párrafo primero, por una parte, que se declare que la Junta Única de Resolución (JUR) incumplió su obligación de devolución en aplicación de la cláusula 12.5 de los compromisos de pago irrevocables suscritos por ella para los períodos de contribución comprendidos entre 2016 y 2021 y, por otra parte, la devolución de los importes que supuestamente conservó la JUR incumpliendo dicha obligación contractual, así como de todos los gastos, intereses de demora y costes de toda clase devengados y, con carácter subsidiario, sobre la base del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, la reparación del perjuicio que alega haber sufrido a causa del comportamiento de la JUR en lo que respecta a los compromisos de pago irrevocables suscritos para los períodos de contribución comprendidos entre 2016 y 2021, y, en segundo lugar, sobre la base del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, la reparación del perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia de la negativa de la JUR a devolverle la garantía que cubre el compromiso de pago irrevocable que suscribió para el período de contribución 2015.
Antecedentes del litigio
2
Tras la crisis financiera de 2008, que dio lugar a la crisis de la zona del euro, se estableció un marco normativo destinado a garantizar la estabilidad y la seguridad de la actividad bancaria en la Unión Europea. Este nuevo marco se caracteriza por un código normativo único aplicable de manera idéntica a las entidades de crédito de todos los Estados miembros afectados. La unión bancaria se basa en tres pilares, a saber, un mecanismo único de supervisión (MUS), un mecanismo único de resolución (MUR) y un sistema europeo de garantía de depósitos.
3
El MUR, tal como lo creó el Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un MUR y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1), prevé la creación de un Fondo Único de Resolución (FUR) al que deben contribuir las entidades de crédito. Este fondo se utilizará exclusivamente en la medida necesaria para la aplicación efectiva de los instrumentos de resolución (artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014).
4
De conformidad con el artículo 70 del Reglamento n.o 806/2014, la JUR calcula anualmente la aportación individual de cada entidad, también denominada «aportación ex ante».
5
La recaudación anual de las aportaciones realizadas por las entidades de crédito se estableció para garantizar que, al término de un período inicial de ocho años a partir del 1 de enero de 2016, los recursos financieros disponibles del FUR alcancen como mínimo un 1 % del importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades de crédito autorizadas en todos los Estados miembros participantes (en lo sucesivo, «nivel fijado como objetivo»).
6
Según el artículo 8, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que especifica condiciones uniformes de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 en lo que respecta a las aportaciones ex ante al FUR (DO 2015, L 15, p. 1), durante el período inicial y en circunstancias normales, la JUR permitirá la utilización de compromisos de pago irrevocables previa solicitud de las entidades. La JUR repartirá de forma uniforme la utilización de compromisos de pago irrevocables entre las entidades que lo soliciten. Los compromisos de pago irrevocables atribuidos no serán inferiores al 15 % del total de las obligaciones de pago de la entidad. Al calcular la aportación anual de cada entidad, la JUR garantizará que, el año de que se trate, la suma de los compromisos de pago irrevocables no sea superior al 30 % de la cantidad total de aportaciones anuales recaudadas con arreglo al artículo 70 del Reglamento n.o 806/2014.
7
La demandante era una entidad de crédito francesa autorizada hasta el 24 de marzo de 2021, fecha en la que el Banco Central Europeo (BCE) revocó su autorización.
8
Antes de la aplicación del MUR, la demandante aportó, para el año 2015, una parte de su aportación ex ante en forma de un compromiso de pago irrevocable. Para ello, celebró con la JUR, la Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Autoridad de Control Prudencial y de Resolución, Francia; en lo sucesivo, «ACPR») y el Fonds de garantie des dépôts et de résolution (Fondo de Garantía de Depósitos y de Resolución; en lo sucesivo, «FGDR») un compromiso de pago irrevocable (en lo sucesivo, «CPI 2015»).
9
Para los períodos de contribución comprendidos entre 2016 y 2021, la demandante aportó al menos una parte de sus aportaciones ex ante en forma de compromiso de pago irrevocable. A tal efecto, celebró con la JUR, para cada uno de esos períodos, compromisos de pago irrevocables (en lo sucesivo, «CPI 2016‑2021»).
10
Mediante correo electrónico de 1 de abril de 2021, la demandante comunicó a la JUR que, a petición suya, el BCE le había revocado la autorización. La demandante solicitó entonces a la JUR información sobre las gestiones que debían emprenderse para obtener el reembolso de las garantías vinculadas a los compromisos de pago irrevocables que había celebrado.
11
Mediante escrito de 14 de abril de 2021, la JUR indicó a la demandante las formalidades que debían seguirse para obtener la devolución de las garantías vinculadas a los compromisos de pago irrevocables que había celebrado.
12
El 29 de julio de 2021, a raíz de varios intercambios de correspondencia, la demandante notificó a la JUR la resolución del CPI 2015 y de los CPI 2016‑2021.
13
Tras nuevos intercambios, la JUR, mediante escrito de 13 de agosto de 2021 (en lo sucesivo, «escrito de 13 de agosto de 2021»), indicó a la demandante que le devolvería las garantías vinculadas al CPI 2015 y a los CPI 2016‑2021 tras la recepción del efectivo correspondiente al importe comprometido en virtud de dichos compromisos.
14
En dicho escrito, la JUR recordó que la demandante había celebrado con ella varios compromisos de pago irrevocables. Para cada uno de estos compromisos, la JUR indicó el importe comprometido. Tras enumerar esos importes, indicó, en particular, que, habida cuenta del artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014, según el cual las aportaciones debidamente recibidas no se reembolsarían a las entidades, y del artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81, según el cual el recurso a compromisos de pago irrevocables no afectaría en modo alguno a la capacidad financiera y la liquidez del FUR, la anulación de los CPI 2016‑2021 y la devolución subsiguiente de las garantías vinculadas a dichos compromisos solo podían producirse tras el abono en efectivo de una cantidad de un importe igual al importe del compromiso de pago irrevocable en cuestión. Así pues, la JUR invitó a la demandante a transferirle una cantidad de un determinado importe y a informarla por correo electrónico. Una vez recibida dicha cantidad, le devolvería las garantías, menos los intereses negativos devengados, una vez transcurrido un plazo de catorce días bancarios a partir de la fecha de recepción de la notificación de resolución.
15
El 25 de octubre de 2021, la demandante informó, en esencia, a la JUR de que no iba a realizar dicha transferencia, en la medida en que, según su interpretación del marco normativo aplicable, no tenía que transferirle el efectivo correspondiente a la cantidad total de los importes comprometidos en virtud del CPI 2015 y de los CPI 2016‑2021 para que se le devolvieran las garantías.
Pretensiones de las partes
16
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule, sobre la base de los artículos 256 TFUE y 263 TFUE, el escrito de 13 de agosto de 2021.
–
Estime su pretensión, formulada sobre la base del artículo 272 TFUE y del artículo 340 TFUE, párrafo primero, declarando que la posición expresada en el escrito de 13 de agosto de 2021 es contraria a las estipulaciones de los CPI 2016‑2021 y ordenando a la JUR que le devuelva las cantidades correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas a dichos compromisos que ha conservado incumpliendo sus obligaciones contractuales, así como todos los gastos, intereses de demora y costes de toda clase devengados.
–
Estime su pretensión formulada sobre la base del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, declarando que la negativa de la JUR a devolverle las cantidades correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas al CPI 2015 da lugar a un enriquecimiento sin causa y ordenando a la JUR que le abone dichas cantidades en concepto de daños y perjuicios, así como todos los gastos, intereses de demora y costes de toda clase devengados.
–
Con carácter subsidiario, estime su pretensión formulada sobre la base del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, declarando que la negativa de la JUR a devolverle las cantidades correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas a los CPI 2016‑2021 da lugar a un enriquecimiento sin causa y ordenando a la JUR que le abone dichas cantidades en concepto de daños y perjuicios, así como todos los gastos, intereses de demora y costes de toda clase devengados.
–
Condene en costas a la JUR.
17
La JUR solicita al Tribunal General que:
–
Declare la inadmisibilidad de la pretensión de nulidad.
–
Desestime por infundadas las pretensiones formuladas con arreglo al artículo 272 TFUE.
–
Declare la inadmisibilidad de las pretensiones formuladas con arreglo al artículo 340 TFUE y, con carácter subsidiario, las desestime por infundadas.
–
Condene a la demandante a pagar la totalidad de las costas y gastos en que haya incurrido, en particular los relativos a la pretensión de anulación que fue objeto de desistimiento, inicialmente presentada en virtud del artículo 263 TFUE.
18
La República Francesa solicita al Tribunal General que estime el recurso de la demandante.
19
La Fédération bancaire française (FBF) solicita al Tribunal General que:
–
Declare que la JUR, al negarse a devolver las cantidades correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas a los CPI 2016‑2021, incumplió la obligación de devolución que le incumbía en virtud de dichos compromisos.
–
Ordene a la JUR que devuelva a la demandante las cantidades correspondientes a las garantías en efectivo que conservó incumpliendo sus obligaciones contractuales.
Fundamentos de Derecho
20
En la demanda, la demandante solicitó la anulación, con arreglo a los artículos 256 TFUE y 263 TFUE, del escrito de 13 de agosto de 2021, antes de renunciar a ello durante el procedimiento.
21
En tales circunstancias, procede examinar las otras pretensiones de la demandante.
Sobre la pretensión basada en el artículo 272 TFUE y en el artículo 340 TFUE, párrafo primero
22
El Tribunal General es competente para conocer de la pretensión de la demandante presentada sobre la base del artículo 272 TFUE, en virtud de las cláusulas compromisorias que figuran en la cláusula 13.2 de cada uno de los CPI 2016‑2021, cláusulas que atribuyen competencia al Tribunal General para pronunciarse sobre cualquier controversia relativa a la legalidad, la validez, la interpretación o la ejecución de dichos acuerdos.
23
En apoyo de las pretensiones basadas en el artículo 272 TFUE y en el artículo 340 TFUE, párrafo primero, la demandante, apoyada por la República Francesa y la FBF, sostiene que la JUR incumplió la obligación de devolución que le incumbe en virtud de la cláusula 12.5 de los CPI 2016‑2021.
24
Con carácter preliminar, procede recordar que, con arreglo al artículo 288 TFUE, el Reglamento n.o 806/2014 y el Reglamento de Ejecución 2015/81 tienen alcance general, son obligatorios en todos sus elementos y son directamente aplicables en todos los Estados miembros afectados. Por lo tanto, la demandante y la JUR no son libres de celebrar acuerdos contrarios a las disposiciones de ambos Reglamentos, tal como han sido interpretadas por el juez de la Unión.
25
La cláusula 12.5 de los CPI 2016‑2021, invocada por la demandante, estipula que «el presente Acuerdo se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81». Así, esta cláusula recuerda que los CPI 2016‑2021 no pueden en ningún caso infringir el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81.
26
De este modo, al alegar una infracción de la cláusula 12.5 de los CPI 2016‑2021, la demandante afirma que su situación, a saber, la de una entidad que no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, se rige por el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81. Según la interpretación propuesta por la demandante, esta disposición es clara y no supedita a ninguna condición la devolución de las garantías en efectivo de los compromisos de pago irrevocables. Por lo tanto, considera que la posición expresada en el escrito de 13 de agosto de 2021, según la cual la JUR solo puede devolver las garantías en efectivo de los CPI 2016‑2021 tras el abono de una cantidad de un importe equivalente a la de la aportación para la que se hayan utilizado dichos instrumentos, es contraria al artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81.
27
La JUR rebate las alegaciones de la demandante, basándose, como se desprende del apartado 14 de la presente sentencia, en una interpretación distinta de la propuesta por esta.
28
En primer lugar, es preciso subrayar que del artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 se desprende que, por cada año de aportación, las entidades de crédito establecidas en un Estado miembro participante, como era el caso de la demandante, están obligadas a abonar la aportación ordinaria al FUR.
29
De conformidad con el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, se estableció la recaudación anual de las aportaciones ex ante de las entidades de crédito para garantizar que, al término del período inicial, los recursos financieros disponibles del FUR alcancen el nivel fijado como objetivo.
30
Habida cuenta de este propósito, el legislador de la Unión indicó, en el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014, que las aportaciones ex ante«debidamente recibidas» no serían reembolsadas. Mediante esta formulación, el legislador de la Unión ha establecido una regla sin excepciones. Por ello, no se hace mención alguna a la posibilidad de ajustar a posteriori las aportaciones ex ante (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de septiembre de 2022, ABLV Bank/JUR, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, apartado 56). De ello se desprende que un cambio de condición de una entidad, durante el período de contribución, no afecta al importe de la contribución adeudada por el año en cuestión. Por otra parte, esta regla se recoge en el artículo 12, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44), que también se refiere a la JUR, como indica el considerando 7 de dicho Reglamento Delegado.
31
A este respecto, el juez de la Unión ha declarado, en particular, que el hecho de que una entidad deje de ejercer sus actividades como entidad de crédito durante el período de contribución, como consecuencia de la revocación de su autorización, no afecta a su obligación de abonar la totalidad de la aportación ex ante adeudada correspondiente a dicho período de contribución (sentencia de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR, T‑758/18, EU:T:2021:28, apartado 85).
32
En segundo lugar, como señala la demandante, para cumplir su obligación de contribuir al FUR, las entidades de crédito tienen, con arreglo al artículo 70, apartado 3, del Reglamento n.o 806/2014, la posibilidad, bien de abonar inmediatamente su aportación, bien de suscribir un compromiso de pago irrevocable.
33
En tercer lugar, el artículo 7 del Reglamento de Ejecución 2015/81 establece determinadas normas aplicables a los compromisos de pago irrevocables, que presentan la particularidad de ser contratos celebrados por tiempo indefinido que permiten a las entidades aplazar el pago de su aportación. Esta particularidad ha llevado al legislador de la Unión a establecer un régimen específico propio de estos compromisos.
34
El artículo 7 del Reglamento de Ejecución 2015/81 está redactado en los siguientes términos:
«1.   El recurso a compromisos de pago irrevocables al que se hace referencia en el artículo 70, apartado 3, del Reglamento [n.o 806/2014] no afectará en modo alguno a la capacidad financiera y a la liquidez del Fondo.
2.   Cuando la medida de resolución implique la intervención del Fondo con arreglo al artículo 76 del Reglamento [n.o 806/2014], la [JUR] ejecutará parcialmente o en su totalidad compromisos de pago irrevocables, efectuados con arreglo al Reglamento [n.o 806/2014], para restaurar la parte de los compromisos de pago irrevocables en los recursos financieros disponibles del Fondo establecida por la [JUR] dentro del umbral máximo establecido en el artículo 70, apartado 3, del Reglamento [n.o 806/2014].
Una vez que el Fondo reciba debidamente la aportación vinculada a los compromisos de pago irrevocables que hayan sido ejecutados, se devolverá la garantía que respalde dichos compromisos. Si el Fondo no recibe debidamente al primer requerimiento el importe en efectivo requerido, la [JUR] embargará la garantía que respalde el compromiso de pago irrevocable con arreglo al artículo 70, apartado 3, del Reglamento [n.o 806/2014].
3.   Los compromisos de pago irrevocables de una entidad que haya dejado de entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento [n.o 806/2014] se anularán y la garantía que respaldó dichos compromisos se devolverá.»
35
En este contexto, la demandante, apoyada por la República Francesa y la FBF, afirma que la anulación del compromiso de pago irrevocable y la devolución de la garantía previstos en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 implican que la parte de la aportación ex ante para la que se ha celebrado un compromiso de pago irrevocable no debe ser prestada, dado que la entidad contribuyente no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 y la JUR no ha ejecutado dicho compromiso en el contexto de una medida de resolución. En la vista, la demandante indicó que no solicitaba la devolución de sus aportaciones en efectivo. Afirma que de este modo abonó el 85 % de su aportación. Únicamente solicita la devolución de las cantidades que abonó cada año para garantizar los compromisos de pago irrevocables que suscribía. Por ello, su pretensión no es contraria a la jurisprudencia derivada de las sentencias de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR (T‑758/18, EU:T:2021:28), y de 29 de septiembre de 2022, ABLV Bank/JUR (C‑202/21 P, EU:C:2022:734).
36
A este respecto, procede señalar que, según el sentido común, se considera «irrevocable» todo aquello que no puede cuestionarse. Por lo tanto, un compromiso de pago irrevocable implica una obligación, que no puede cuestionarse, de pagar la cantidad por la que se ha celebrado dicho compromiso.
37
Además, es cierto que, como subraya la demandante, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 no indica expresamente que las entidades deban abonar primero su aportación para que después se les devuelva la garantía. No obstante, como se ha recordado en los apartados 28 y 29 de la presente sentencia, las entidades establecidas en un Estado miembro participante están obligadas a abonar, durante el período inicial, una aportación anual al FUR para que este alcance el nivel fijado como objetivo al término de dicho período.
38
De ello se deduce que, si se devolviera la garantía que cubre un compromiso de pago irrevocable sin recepción previa de la aportación para la que se celebró dicho compromiso, no solo la entidad no cumpliría su obligación de abonar la totalidad de la aportación adeudada correspondiente al período en el que estaba comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, sino que la aportación ex ante en forma de un compromiso de pago irrevocable no alcanzaría el objetivo de dotar al FUR de recursos financieros correspondientes al nivel previsto por el legislador de la Unión.
39
Tal y como lo ha indicado la jurisprudencia citada en el apartado 31 de la presente sentencia, el hecho de que una entidad deje de ejercer sus actividades como entidad de crédito durante el período de contribución, como consecuencia de la revocación de su autorización, no afecta a su obligación de abonar la totalidad de la aportación ex ante adeudada correspondiente a dicho período de contribución.
40
Para apreciar el alcance de la obligación de abonar la totalidad de esta aportación, no procede limitarse, como sostiene la demandante, solo a la parte del abono inmediatamente efectuada, sin tener en cuenta la otra parte prestada mediante un compromiso de pago irrevocable.
41
En efecto, el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81 dispone expresamente que el recurso a compromisos de pago irrevocables no debe afectar en modo alguno la capacidad financiera y la liquidez del FUR. Por lo tanto, la anulación de un compromiso de pago irrevocable, causada por la salida de la entidad del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, y la devolución de la garantía correspondiente, previstas en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81, no pueden hacerse en detrimento del FUR (conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto ABLV Bank/JUR, C‑202/21 P, EU:C:2022:327, punto 87). De no ser así, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 sería contrario al objetivo perseguido por la recaudación anual de las aportaciones ex ante tal como se desprende de los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014.
42
Así pues, contrariamente a lo que sostiene la República Francesa, el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/81 se aplica al tratamiento de los compromisos de pago irrevocables de una entidad que sale del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 y, por tanto, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 debe interpretarse a la luz de esta disposición.
43
Tal interpretación es conforme a la finalidad perseguida por el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81. Como se ha recordado en el anterior apartado 33 y se desprende de la cláusula 11.2 de los CPI 2016‑2021, los compromisos de pago irrevocables son celebrados por tiempo indefinido. Sin embargo, no es deseable que esos contratos subsistan cuando, como es el caso de la demandante, una entidad cesa en sus actividades de entidad de crédito y sale así del círculo de entidades comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, obligados a tal aportación. Por consiguiente, como afirma acertadamente la JUR, la anulación del compromiso de pago irrevocable previsto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 tiene por objeto poner fin a dicho compromiso, de modo que no perdure tras la salida de la entidad contribuyente del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014.
44
Por lo tanto, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 no tiene por objeto permitir a las entidades que salen del ámbito de aplicación de dicho Reglamento eludir su obligación de pagar la totalidad de la aportación adeudada, como alegan la demandante y las coadyuvantes, sino asegurarse de que los recursos financieros del FUR estarán a disposición de la JUR lo antes posible en caso de resolución, es decir, salvaguardar la capacidad financiera y la liquidez del FUR.
45
Por otra parte, el hecho de que la salida de una entidad disminuya el importe total de los depósitos con cobertura y, por tanto, el nivel fijado como objetivo, suponiendo que esté acreditada, tampoco exime a dicha entidad de pagar la totalidad de la aportación ex ante adeudada correspondiente al período de contribución.
46
A este respecto, consta que, cada 1 de enero de los años 2016 a 2021, la demandante estaba comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 y, por tanto, estaba obligada a abonar la aportación al FUR.
47
Para cada uno de esos años, de conformidad con el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, la JUR calculó la contribución individual de la demandante en función, en particular, de la proyección realizada por ella, el año en cuestión, del nivel fijado como objetivo al término del período inicial. Por consiguiente, el hecho de que el nivel fijado como objetivo pueda evolucionar tras la salida de la demandante del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 no puede tener ningún efecto sobre el cálculo y, por tanto, sobre el importe, de las aportaciones adeudadas por el período anterior a su salida del sistema. Por consiguiente, contrariamente a lo que sugieren la República Francesa y la FBF, el hecho de que la salida de la demandante del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 pueda influir en el nivel fijado como objetivo, si se demuestra, no podría justificar la modificación del importe de las aportaciones que debía abonar para los años 2016 a 2021. Ello tampoco puede justificar la devolución de las garantías que cubren los CPI 2016‑2021 sin el abono previo de las aportaciones para las que se celebraron dichos compromisos.
48
Además, ya se ha declarado que la salida de una entidad del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 no le da derecho a un nuevo cálculo de la aportación ex ante en la medida en que, si la JUR tuviera que tener en cuenta la evolución de la situación jurídica y financiera de las entidades de crédito durante el período de contribución de que se trate, difícilmente podría calcular de manera fiable y estable las aportaciones debidas por cada una de ellas y perseguir el objetivo consistente en alcanzar, al término del período inicial, al menos el 1 % del importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades autorizadas en el territorio de un Estado miembro (sentencia de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR, T‑758/18, EU:T:2021:28, apartados 75 y 76).
49
Por la misma razón, la demandante y las coadyuvantes no pueden sostener que corresponde a la JUR devolver a la demandante las garantías que cubren los CPI 2016‑2021 sin haber percibido previamente las aportaciones para la que se celebraron dichos compromisos y ajustar las futuras aportaciones individuales de las demás entidades para garantizar que se alcance el nivel fijado como objetivo.
50
De lo anterior resulta que la anulación del compromiso de pago irrevocable y la devolución de la garantía previstas en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 no pueden implicar que la parte de la aportación ex ante por la que se celebró un compromiso de pago irrevocable no deba prestarse cuando la entidad contribuyente sale del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 (conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto ABLV Bank/JUR, C‑202/21 P, EU:C:2022:327, punto 87). Dicha entidad sigue estando obligada a pagar la totalidad de la aportación individual calculada regularmente por la JUR para el período en cuestión y no está autorizada a pagar solamente una parte de la misma.
51
Por consiguiente, la posición expresada por la JUR en el escrito de 13 de agosto de 2021, según la cual solo puede devolver las garantías en efectivo que cubran los CPI 2016‑2021 tras el abono de una cantidad de un importe equivalente al de la aportación para la que se utilizaron dichos instrumentos, no es contraria ni al artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 ni a la cláusula 12.5 de los CPI 2016‑2021 que remite a esta disposición.
52
Los diferentes argumentos de la demandante y de las coadyuvantes en favor de otra interpretación tampoco resultan convincentes.
53
En primer lugar, por lo que se refiere a las alegaciones de que la JUR interpretó erróneamente el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014 en la medida en que confundió las aportaciones en efectivo y las garantías en efectivo que cubren los CPI 2016‑2021, procede señalar que, si bien es cierto que la JUR mencionó el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.o 806/2014 en el escrito de 13 de agosto de 2021, de dicho escrito no se desprende que esta haya aplicado esta disposición a las garantías en efectivo que cubren los CPI 2016‑2021. En dicho escrito, la JUR se limitó a exigir a la demandante que abonara una suma en efectivo de un importe equivalente al de los CPI 2016‑2021, de conformidad con su obligación de abonar la totalidad de las aportaciones adeudadas correspondientes al período en el que estaba comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 (véanse los apartados 28 a 31 anteriores). Por consiguiente, la JUR no incurrió en el error de interpretación que se le imputa.
54
En segundo lugar, por lo que respecta a las alegaciones relativas a la inaplicabilidad del artículo 7, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/81 a la situación de la demandante, basta con señalar, habida cuenta del escrito de 13 de agosto de 2021, que la JUR no aplicó esta disposición. Por consiguiente, dichas alegaciones son inoperantes.
55
En tercer lugar, por lo que respecta a las alegaciones basadas en el principio de igualdad de trato, según las cuales existe una diferencia de situación jurídica entre las entidades que optaron por abonar inmediatamente sus aportaciones en efectivo y las que prefirieron celebrar compromisos de pago irrevocables, debe indicarse que el hecho de que el Tribunal General señalara en la sentencia de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR (T‑758/18, EU:T:2021:28), apartado 111, que el legislador de la Unión había considerado necesario someter los compromisos de pago irrevocables a un «régimen específico» no permite, por sí solo, diferenciar a las entidades que optaron por abonar inmediatamente sus aportaciones de las que celebraron compromisos de pago irrevocables. En el presente caso, la demandante estaba comprendida, cada 1 de enero de los años 2016 a 2021, en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 y estaba sujeta a la obligación de contribuir al FUR. El hecho de que la demandante no abonara inmediatamente la totalidad de su aportación para los años en cuestión no ha modificado en nada su situación en relación con sus obligaciones de pago derivadas del Reglamento n.o 806/2014. Así pues, contrariamente a lo que afirma, la demandante se encontraba en una situación comparable a la de todas las entidades de crédito que, el 1 de enero de cada uno de esos años, estaban comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014. Su alegación en la que afirma lo contrario no puede prosperar. Por consiguiente, al igual que dichas entidades de crédito, está obligada a abonar la totalidad de las aportaciones individuales debidas correspondientes al período de contribución 2016‑2021.
56
Además, por lo que respecta a la supuesta diferencia de situación jurídica entre las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 y las que salen de él, es preciso señalar que el abono de una aportación por una entidad de crédito no le confiere ningún derecho a disfrutar del FUR. En efecto, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, la resolución se llevará a cabo exclusivamente atendiendo al interés público. Por lo tanto, el FUR tiene por objeto garantizar la estabilidad financiera de la Unión bancaria en su conjunto. No está destinado a ser un fondo de rescate para bancos individuales (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR, T‑758/18, EU:T:2021:28, apartados 70 a 72; véanse también las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto ABLV Bank/JUR, C‑202/21 P, EU:C:2022:327, punto 64).
57
Por lo tanto, no existe ninguna relación automática entre, por una parte, el abono de la aportación ex ante y, por otra parte, la posibilidad de disfrutar del FUR.
58
En estas circunstancias, contrariamente a lo que afirma la demandante, el hecho de que, debido a su salida del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, ya no pueda disfrutar del FUR no permite demostrar que se encuentre en una situación tal que deba quedar liberada de la obligación de abonar una cantidad correspondiente a la totalidad del importe de las aportaciones debidas correspondientes al período de contribución 2016‑2021, período durante el cual aún estaba comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. Por tanto, debe desestimarse su alegación a este respecto.
59
Por lo demás, como señaló la Abogada General Kokott en sus conclusiones presentadas en el asunto ABLV Bank/JUR (C‑202/21 P, EU:C:2022:327), puntos 65 y 66, aunque al calcular la aportación individual de cada entidad entre en juego su perfil de riesgo, del artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 se desprende que el importe de la aportación depende ante todo del importe del nivel fijado como objetivo, ya que corresponde esencialmente a una fracción del nivel fijado como objetivo.
60
Esto significa, como indica el considerando 11 del Reglamento de Ejecución 2015/81, que la aportación individual de una entidad de crédito depende siempre decisivamente de las aportaciones individuales de otras entidades de crédito que sean deudoras de la aportación durante el período de que se trate. Por lo tanto, la adaptación de la contribución de una entidad de crédito siempre requiere una rectificación de las aportaciones de las demás entidades de crédito. De ello se deduce que, como ya se ha expuesto en el anterior apartado 48, si las aportaciones se ajustasen de manera continua durante un período de contribución, sería imposible garantizar la seguridad jurídica en la determinación de las aportaciones individuales de todas las entidades. Por este motivo, un cambio de condición durante el período de contribución no afecta a la aportación que debe abonarse (conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto ABLV Bank/JUR, C‑202/21 P, EU:C:2022:327, punto 67).
61
Por lo tanto, la aportación ex ante anual al FUR no cuantifica el riesgo de una entidad que contribuye a la estabilidad financiera durante todo el período de contribución o el recurso al FUR (conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto ABLV Bank/JUR, C‑202/21 P, EU:C:2022:327, punto 68). En otras palabras, la aportación ex ante no cuantifica la posibilidad de una intervención del FUR en beneficio de la entidad contribuyente.
62
Así pues, la imposibilidad de que la demandante disfrute del FUR, tras su salida del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014, no puede, en ningún caso, afectar a su obligación de pagar la totalidad de la aportación individual adeudada correspondiente al período de contribución 2016‑2021.
63
En cuarto lugar, por lo que respecta a las alegaciones relativas a la inaplicabilidad de las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), invocadas por la JUR en sus escritos ante el Tribunal General, a la situación de la demandante, basta con señalar, habida cuenta del escrito de 13 de agosto de 2021, que la JUR no aplicó estas directrices a la situación de la demandante. En consecuencia, dichas alegaciones son inoperantes.
64
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la pretensión basada en el artículo 272 TFUE y en el artículo 340 TFUE, párrafo primero.
Sobre las pretensiones basadas en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo
65
En apoyo de las pretensiones basadas en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, relativas, respectivamente, al CPI 2015 y a los CPI 2016‑2021, la demandante invoca el enriquecimiento sin causa de la JUR.
66
En particular, la demandante afirma que la conservación por la JUR de las cantidades correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas al CPI 2015 y a los CPI 2016‑2021 no tiene ninguna base jurídica, ya sea contractual o reglamentaria. Por el contrario, la negativa de la JUR a devolver dichas garantías es contraria al artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81. De ello se derivaría un enriquecimiento de la JUR sin base jurídica y un empobrecimiento correlativo de la demandante, ligado a dicho enriquecimiento.
67
La JUR considera que el Tribunal General no es competente para conocer de las pretensiones extracontractuales de enriquecimiento sin causa relativas al CPI 2015 y a los CPI 2016‑2021. Según la JUR, por lo que respecta al CPI 2015, la mera evocación del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, no puede tener por efecto modificar la naturaleza contractual del litigio y, por lo tanto, sustraerlo a la competencia del órgano jurisdiccional nacional competente en el presente caso. Por lo que respecta a los CPI 2016‑2021, la JUR sostiene que de dichos compromisos se desprende que el Derecho luxemburgués debe regular toda pretensión de naturaleza extracontractual y deduce de ello que no es posible invocar una responsabilidad extracontractual basada en el Derecho de la Unión. En cualquier caso, estas pretensiones carecen de fundamento.
68
A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 268 TFUE, el Tribunal General es competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a la que se refiere el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, a tenor del cual, «en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros».
69
Lo mismo cabe afirmar de las pretensiones que tienen por objeto que se declare la responsabilidad de la Unión por enriquecimiento sin causa (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de diciembre de 2021, KY/Tribunal de Justicia de la Unión Europea, T‑433/20, no publicada, EU:T:2021:840, apartado 35).
70
Ningún contrato podrá modificar esta situación.
71
Por lo tanto, procede desestimar las excepciones de incompetencia formuladas por la JUR.
72
Para estimar una acción basada en el enriquecimiento sin causa se requiere que se demuestre un enriquecimiento sin base jurídica válida y un empobrecimiento del solicitante relacionado con dicho enriquecimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de julio de 2011, Agrana Zucker, C‑309/10, EU:C:2011:531, apartado 53).
73
No se cumple el primer requisito, en particular, si el enriquecimiento tiene su justificación en obligaciones contractuales (véase la sentencia de 6 de octubre de 2015, Technion y Technion Research & Development Foundation/Comisión, T‑216/12, EU:T:2015:746, apartado 104 y jurisprudencia citada).
74
En el presente caso, por lo que respecta al CPI 2015, consta que este compromiso define la relación contractual entre la demandante, por una parte, y la JUR, la ACPR y el FGDR, por otra parte. Según la demandante, el enriquecimiento de la JUR corresponde a la conservación de la cantidad correspondiente a la garantía en efectivo vinculada al CPI 2015. Sin embargo, no aporta ningún elemento que demuestre la falta de fundamento contractual para el supuesto enriquecimiento de la JUR. Por otra parte, indicó en la vista que no había acudido a los tribunales de la circunscripción de la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), competentes para resolver los posibles litigios contractuales en virtud de la cláusula compromisoria que figura en el CPI 2015, y que no les había solicitado que declarase la falta de fundamento contractual alguno para dicho enriquecimiento. En estas circunstancias, al no haberse aportado la prueba de un enriquecimiento sin base jurídica válida, procede desestimar la alegación de la demandante relativa a ese supuesto enriquecimiento.
75
Por lo que respecta a los CPI 2016‑2021, procede señalar que el supuesto enriquecimiento de la JUR, a saber, la conservación de las cantidades correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas a dichos compromisos, se basa en dichos compromisos, que la vinculan a la demandante.
76
En efecto, como se desprende de las consideraciones expuestas en los apartados 24 a 51 anteriores, ni la aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución 2015/81 ni la de la cláusula 12.5 de los CPI 2016‑2021 podían dar lugar a la devolución de las cantidades correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas a los CPI 2016‑2021 sin el abono previo de la aportación obligatoria que la demandante adeudaba, de conformidad con el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014.
77
Por consiguiente, procede considerar que la decisión de la JUR de conservar las cantidades correspondientes a las garantías en efectivo vinculadas a los CPI 2016‑2021 hasta el abono de las aportaciones para las que se utilizaron estos instrumentos tiene una base jurídica válida y, por lo tanto, no puede constituir un enriquecimiento sin causa.
78
En consecuencia, procede desestimar las pretensiones basadas en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo.
79
Habida cuenta de todo lo anterior, debe desestimarse el recurso en su totalidad.
Costas
80
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la JUR, conforme a lo solicitado por esta.
81
La República Francesa cargará con sus propias costas, de conformidad con el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.
82
Por otro lado, a tenor del artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General podrá decidir que una parte coadyuvante distinta de las mencionadas en los apartados 1 y 2 de dicho artículo cargue con sus propias costas. En este caso, procede decidir que la FBF cargue con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar a BNP Paribas Public Sector SA a cargar, además de con sus propias costas, con las de la JUR.
3)
La República Francesa y la Fédération bancaire française (FBF) cargarán con sus propias costas.
Kowalik‑Bańczyk
Hesse
Ricziová
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de octubre de 2023.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.