SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 16 de septiembre de 2013 (*)
«Competencia – Prácticas colusorias – Mercado español del betún de penetración – Acuerdos anuales de reparto del mercado y de coordinación de los precios – Derecho de defensa – Imputabilidad del comportamiento infractor – Principio de personalidad de las penas y las sanciones – Cálculo del importe de la multa –Fuerza de cosa juzgada»
En el asunto T‑496/07,
Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., anteriormente Repsol Lubricantes YPF y Especialidades, S.A., con domicilio social en Madrid,
Repsol Petróleo, S.A., con domicilio social en Madrid,
Repsol, S.A., anteriormente Repsol YPF, S.A., con domicilio social en Madrid,
representadas por los Sres. L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan y Á. Givaja Sanz, abogados,
partes demandantes,
contra
Comisión Europea, representada por los Sres. F. Castillo de la Torre y C. Urraca Caviedes, en calidad de agentes,
parte demandada,
que tiene por objeto una pretensión de anulación de la Decisión C(2007) 4441 final de la Comisión, de 3 de octubre de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/38.710 – Betún España), y una pretensión de reducción del importe de la multa impuesta a las demandantes en dicha Decisión,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. L. Truchot (Ponente), Presidente, y la Sra. M.E. Martins Ribeiro y el Sr. A. Popescu, Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de enero de 2013;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        Mediante la Decisión C(2007) 4441 final, de 3 de octubre de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] (Asunto COMP/38.710 – Betún España), de la que se publicó un resumen en el Diario Oficial de la Unión Europea de 29 de diciembre de 2009 (DO C 321, p. 15; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión de las Comunidades Europeas declaró que las trece empresas destinatarias de esa Decisión habían participado en una serie de acuerdos de reparto del mercado y de coordinación de los precios del betún de penetración para el recubrimiento de carreteras en España (excluidas las Islas Canarias), por una parte, e impuso a diez de esas empresas multas comprendidas entre 6.435.000 y 83.850.000 euros, por otra parte.
2        Esas diez empresas interpusieron recurso contra dicha Decisión, mediante escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal entre el 18 y el 20 de diciembre de 2007:
–        Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., anteriormente Repsol Lubricantes YPF y Especialidades, S.A., Repsol Petróleo, S.A., y Repsol, S.A., anteriormente Repsol YPF, S.A. (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «Repsol» o «demandantes»), en el asunto T‑496/07;
–        Productos Asfálticos (PROAS), S.A., en el asunto T‑495/07;
–        Compañía Española de Petróleos (CEPSA), S.A., en el asunto T‑497/07;
–        Nynäs Petroleum AB y Nynas Petróleo, S.A. (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «Nynäs»), en el asunto T‑482/07;
–        Galp Energía España, S.A., Petróleos de Portugal (Petrogal), S.A. y Galp Energia, SGPS, S.A. (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «Petrogal» o «Galp»), en el asunto T‑462/07.
A.      Mercado afectado
3        El producto afectado por la infracción es el betún de penetración utilizado para el recubrimiento de carreteras. El betún es un residuo de la destilación de petróleos crudos pesados específicos. Aproximadamente el 85 % del betún producido en la Unión Europea se utiliza para la construcción y el mantenimiento de carreteras, como adhesivo que sirve para ligar las piedras del asfalto. El 15 % restante se utiliza en otras áreas de la construcción, por ejemplo en la construcción de pistas de aeropuerto y aparcamientos, y en aplicaciones industriales como cubiertas y recubrimiento de tuberías.
4        Aproximadamente el 80 % del betún utilizado en la construcción y el mantenimiento de carreteras no está sometido a ningún proceso posterior: es el denominado betún de penetración. El 20 % restante del betún utilizado en la construcción y el mantenimiento de carreteras es betún que ha sido sometido a un proceso posterior, como las emulsiones bituminosas, obtenidas mezclando betún de penetración con agua mediante un agente emulsionante (más utilizado en el mantenimiento de carreteras que en la construcción), y el betún modificado, obtenido mezclando betún de penetración con un producto químico, generalmente polímeros, con el fin de aumentar su rendimiento (betún modificado con polímeros o BMP) (considerandos 4, 9 y siguientes de la Decisión impugnada).
5        El considerando 15 de la Decisión impugnada define el mercado pertinente como el del betún de penetración, que no ha sido sometido a ningún proceso posterior, utilizado en la construcción y el mantenimiento de carreteras (en lo sucesivo, «betún de penetración» o «betún»).
6        Esta definición del mercado pertinente queda confirmada por el tenor del considerando 513 de la Decisión impugnada:
«[…] en el presente caso se trata de un cartel entre vendedores del mismo producto en la misma zona, [a saber], el betún de penetración en España […]»
7        El valor del mercado del betún de penetración en España se estimó en 286.400.000 euros en 2001, último año completo de la infracción (considerando 67 de la Decisión impugnada).
B.      Empresas implicadas
8        En España existen tres productores de betún, Repsol, CEPSA-PROAS y el grupo BP, del que BP plc es la sociedad holding, y del que BP España, S.A. y BP Oil España, S.A. son filiales que desarrollan su actividad en España (en lo sucesivo, designadas conjuntamente, «BP»), por una parte, y por otra parte hay también importadores, entre los que figuran Nynäs y Petrogal (considerandos 63 y 64 de la Decisión impugnada).
1.      Grupo Repsol
9        El 12 de diciembre de 2001 Repsol Productos Asfálticos, S.A. (RPA), pasó a denominarse Repsol YPF Lubricantes y Especialidades (en lo sucesivo, «RPA/Rylesa»). Desde 1991 a 2002, RPA/Rylesa era propiedad al 99,99 % de Repsol Petróleo, a su vez filial al 99,97 % de Repsol YPF, sociedad de cabecera del grupo Repsol. Este grupo internacional de compañías petrolíferas opera principalmente en España y América Latina.
10      RPA/Rylesa produce y comercializa productos bituminosos. Una de las actividades de Repsol Petróleo es la producción de betún de penetración, que posteriormente vende a RPA/Rylesa para su comercialización.
11      Otras dos sociedades del grupo Repsol, Petróleos del Norte, S.A. (en lo sucesivo, «Petronor») y Asfalnor, S.A., ejercen en España actividades ligadas al betún de penetración.
12      En 1991 Petronor era propiedad al 56,19 % de Repsol YPF, participación que aumentó al 85,98 % el 31 de diciembre de 1992. Asfalnor era propiedad al 60 % de Petronor en 1991 y, en abril de 1992, las sociedades del grupo Repsol poseían el 80 % de la misma, a razón del 60 % de Petronor y el 20 % de Repsol YPF (considerando 395 de la Decisión impugnada).
13      Petronor produce betún que, entre 1990 y 1998, vendía para su comercialización a Asfalnor y, en ocasiones a RPA/Rylesa. Desde 1999 Petronor vende betún directamente a terceros.
14      Asfalnor comercializó betún entre 1990 y 1998. Esa sociedad compraba betún a Petronor y, en ocasiones, a RPA/Rylesa. Desde 1999 Asfalnor ha pasado a ser agente de Petronor.
15      RPA/Rylesa y Petronor realizaron en España un volumen de negocios en relación con el betún de penetración vendido a terceros de 97.500.000 euros en el ejercicio 2001, es decir, el 34,04 % del mercado de referencia. El volumen de negocios total consolidado del grupo Repsol fue de 51.355.000.000 de euros en 2006, el ejercicio anterior a la adopción de la Decisión impugnada (considerandos 16 a 26 y 67 de ésta).
2.      CEPSA-PROAS
16      CEPSA es un grupo internacional de sociedades del sector energético, que cotiza en bolsa y opera en varios países. PROAS, filial al 100 % de CEPSA desde el 1 de marzo de 1991, comercializa betún producido por CEPSA y fabrica y comercializa otros productos bituminosos (considerando 31 de la Decisión impugnada).
17      PROAS realizó en España un volumen de negocios en relación con el betún de penetración vendido a terceros de 90.700.000 euros en el ejercicio 2001, es decir, el 31,67 % del mercado de referencia. El volumen de negocios total consolidado de CEPSA fue de 18.474.000.000 de euros en 2006 (considerandos 44 y 67 de la Decisión impugnada).
3.      BP
18      BP Oil España realizó en España con sus ventas de betún de penetración a terceros un volumen de negocios de 43.500.000 euros en el ejercicio de 2001, es decir, el 15,19 % del mercado de referencia. El volumen de negocios total consolidado de BP fue de 211.776.000.000 de euros en 2006 (considerandos 35, 42 y 43 de la Decisión impugnada).
4.      Grupo Nynäs
19      El grupo Nynäs, del que Nynäs Petroleum AB (en lo sucesivo, «Nynäs Petroleum»), sociedad sueca, es la sociedad holding de cabecera, produce y vende betún a escala internacional. Nynas Petróleo comercializa betún en España (considerandos 46 y 53 de la Decisión impugnada).
20      Desde el 22 de mayo de 1991 hasta 1999, Nynas Petróleo pertenecía al 100 % a la sociedad holding Nynäs International BV. Ésta era a su vez durante el mismo período una filial plena de Nynäs Petroleum (considerando 438 de la Decisión impugnada).
21      En 1999, Nynäs Petroleum compró a Nynäs International todo el capital suscrito de Nynas Petróleo, que siguió siendo filial al 100 % de Nynäs Petroleum hasta 2003 (considerando 439 de la Decisión impugnada). El 12 de junio de 2003 Nynäs International fue liquidada. Tras su disolución, su capital social fue reembolsado a Nynäs Petroleum, que de esa forma pasó a ser su sucesor económico y asumió la responsabilidad de la infracción cometida anteriormente por Nynäs International, que dejó de existir como entidad jurídica separada (considerando 440 de la Decisión impugnada).
22      El grupo Nynäs no tiene una instalación de producción en España pero posee un depósito de betún en Villagarcía de Arosa. Nynas Petróleo tiene su domicilio en Madrid y su actividad consiste en la venta y la comercialización de betún en España (considerando 53 de la Decisión impugnada).
23      Nynas Petróleo realizó en España con sus ventas de betún de penetración a terceros un volumen de negocios de entre 14.000.000 y 15.000.000 de euros en el ejercicio de 2001, esto es, entre el 4,89 y el 5,24 % del mercado afectado. El volumen de negocios total consolidado del grupo Nynäs ascendió a 1.941.000.000 de euros en 2006 (considerandos 54 y 67 de la Decisión impugnada).
5.      Grupo Petrogal
24      De 1990 a 2003 los activos de Galp Energía España (anteriormente Petrogal Española, S.A.) pertenecieron al 89,29 % a Petróleos de Portugal y al 10,71 % a Tagus, RE, compañía de seguros controlada a su vez al 98 % por Petróleos de Portugal. Desde 2003 Galp Energía España es una filial al 100 % de Petróleos de Portugal. Ésta es a su vez una filial perteneciente al 100 % a Galp Energia, SGPS desde el 22 de abril de 1999 (considerandos 56, 57, 59, 456, 458 de la Decisión impugnada).
25      Galp Energía España tiene como actividad la venta y la comercialización de betún en España. Su volumen de negocios correspondiente al betún vendido a partes no vinculadas en España alcanzó 13.000.000 de euros en 2001, último año completo de la infracción, es decir el 4,54 % del mercado afectado. El volumen de negocios total consolidado de Galp Energia, SGPS fue de 12.576.000.000 de euros en 2006 (considerandos 61 y 67 de la Decisión impugnada).
C.      Procedimiento administrativo
26      Mediante escrito de 20 de junio de 2002, BP informó a la Comisión de la supuesta existencia de un cartel relativo al mercado del betún para el recubrimiento de carreteras y presentó una solicitud de dispensa en virtud de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cartel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación de 2002»). La solicitud constaba de una carta y ocho anexos en los que se describían actividades presuntamente contrarias a la competencia en el mercado del betún en España (considerando 79 de la Decisión impugnada).
27      En una reunión celebrada el 25 de junio de 2002 con los servicios de la Comisión, BP explicó su solicitud de dispensa de multa y entregó documentación de apoyo. BP presentó más información los días 4, 8 y 10 de julio de 2002 (considerando 80 de la Decisión impugnada).
28      El 19 de julio de 2002, la Comisión concedió a BP una dispensa condicional del pago de una multa de conformidad con el punto 8, letra a), de la Comunicación de 2002 (considerando 81 de la Decisión impugnada).
29      Los días 1 y 2 de octubre de 2002 se llevaron a cabo inspecciones en las empresas Repsol, PROAS, BP, Nynäs y Petrogal, de conformidad con el artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17/62 del Consejo, de 6 de febrero de 1962: Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO L 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), en su versión modificada (considerando 82 de la Decisión impugnada).
30      El 21 de octubre de 2002, BP presentó información adicional sobre las presuntas actividades contrarias a la competencia en el mercado de referencia (considerando 83 de la Decisión impugnada).
31      El 5 de noviembre de 2003, en virtud de la obligación de cooperación de BP, los servicios de la Comisión entrevistaron al Sr. A.T., director de productos bituminosos de BP España. A raíz de esa entrevista, el 1 de diciembre de 2003 BP facilitó información técnica sobre el betún (considerando 84 de la Decisión impugnada).
32      El 6 de febrero de 2004, la Comisión envió a las empresas afectadas una primera serie de solicitudes de información de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento nº 17, así como una solicitud informal de información a BP (considerando 85 de la Decisión impugnada).
33      Repsol presentó la mayor parte de su respuesta el 6 de abril de 2004 y el resto el 20 de abril de 2004. PROAS entregó sus respuestas sobre el mercado español el 21 de abril de 2004 (considerando 86 de la Decisión impugnada).
34      El 31 de marzo de 2004, Repsol presentó por fax a la Comisión una solicitud con arreglo a la Comunicación de 2002, a la que adjuntó una declaración de empresa (considerando 87 de la Decisión impugnada).
35      El 2 de abril de 2004, se envió a Repsol una solicitud de información adicional sobre los documentos encontrados durante la inspección en sus locales. Repsol respondió el 22 de abril de 2004 (considerando 88 de la Decisión impugnada).
36      El 5 de abril de 2004, PROAS presentó por fax a la Comisión una solicitud con arreglo a la Comunicación de 2002, a la que adjuntó una declaración de empresa (considerando 89 de la Decisión impugnada).
37      El 20 de abril de 2004, Repsol presentó dos conjuntos de documentación relacionada con su solicitud conforme a la Comunicación de 2002 (considerando 90 de la Decisión impugnada).
38      El 24 de octubre de 2005, la Comisión envió a las sociedades interesadas una segunda serie de solicitudes de información en virtud del artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [81 CE] y [82 CE] (DO 2003, L 1, p. 1) (considerando 91 de la Decisión impugnada).
39      Repsol y PROAS respondieron, respectivamente, el 8 y el 18 de noviembre de 2005 (considerando 92 de la Decisión impugnada).
40      El 29 de marzo de 2006, la Comisión envió una tercera solicitud de información a Repsol y a PROAS, y una solicitud informal de información a BP. Repsol respondió el 5 de abril de 2006, BP el 6 de abril de 2006 y PROAS el 7 de abril de 2006 (considerandos 93 y 94 de la Decisión impugnada).
41      El 26 de abril de 2006, la Comisión envió a Repsol y a PROAS una cuarta solicitud de información con el fin de aclarar el alcance de la participación en el cartel de BP, Nynäs y Petrogal, a la que Repsol y PROAS respondieron el 9 de mayo de 2006 (considerandos 95 y 96 de la Decisión impugnada).
42      El 22 de mayo de 2006, la Comisión envió a Repsol, a PROAS y a Petrogal una quinta solicitud de información, relativa a cuestiones de responsabilidad. PROAS respondió el 29 de mayo de 2006, y Repsol y Petrogal el 30 de mayo siguiente (considerandos 98 y 99 de la Decisión impugnada).
43      Por escritos de 2 de agosto de 2006 y de conformidad con el punto 26 de la Comunicación de 2002, la Comisión informó a Repsol y a PROAS de su intención de aplicarles una reducción del importe de cualquier multa que se les impusiera, del orden del 30 % al 50 % en el caso de Repsol, y del 20 % al 30 % en el caso de PROAS, como prevé el punto 23, letra b), de dicha Comunicación (considerandos 100 y 101 de la Decisión impugnada).
44      El 22 de agosto de 2006, la Comisión decidió incoar el procedimiento sobre el presente asunto (tercer visto de la Decisión impugnada).
45      Entre el 24 y el 28 de agosto de 2006, la Comisión notificó a BP, Repsol, CEPSA-PROAS, Nynäs y Petrogal un pliego de cargos emitido el 22 de agosto anterior (considerando 102 de la Decisión impugnada, tercer visto de ésta).
46      Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2) sustituyeron, desde el 1 de septiembre de 2006, a las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado [CA] (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices de 1998»).
47      BP, Repsol, PROAS (pero no CEPSA), Nynäs y Petrogal hicieron uso de su derecho de acceso a los documentos del expediente de la Comisión, sólo disponibles en los locales de esa institución (considerando 103 de la Decisión impugnada).
48      BP, Repsol, CEPSA-PROAS, Nynäs y Petrogal respondieron por escrito, dentro de los plazos establecidos, a los cargos formulados en su contra (considerando 104 de la Decisión impugnada).
49      Todas las destinatarias de la Decisión impugnada, a excepción de Repsol Petróleo, Repsol YPF y CEPSA, ejercitaron su derecho a ser oídas. El 12 de diciembre de 2006 se celebró una audiencia (considerando 105 de la Decisión impugnada).
50      El 16 de febrero de 2007, la Comisión envió a todas las empresas afectadas una solicitud de información con el fin de que éstas confirmaran o corrigieran las cifras que habían facilitado sobre las ventas de betún de penetración, así como para recabar información sobre el volumen de negocios de cada grupo en el ejercicio 2006 (considerando 106 de la Decisión impugnada).
D.      Decisión impugnada
1.      Declaración de la infracción
51      La Decisión impugnada declara que las trece sociedades destinatarias infringieron el artículo 81 CE al participar en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en la comercialización del betún de penetración en el territorio español (excluidas las Islas Canarias).
52      La Comisión consideró que la infracción constaba de dos facetas: por una parte, un reparto del mercado y, por otra, una coordinación de los precios consistente en acuerdos para incrementar o reducir los precios del betún en una misma cuantía aplicada simultáneamente (considerando 366 de la Decisión impugnada).
53      Las diferentes conductas infractoras, o sus componentes, que se apreciaron era los siguientes:
–        la fijación de cuotas de mercado;
–        sobre la base de estas cuotas de mercado, la asignación de volúmenes y clientes a cada participante en el cartel;
–        el seguimiento de la aplicación de los acuerdos de reparto del mercado y de los clientes mediante el intercambio de información sobre volúmenes de ventas;
–        el establecimiento de un mecanismo de compensación para corregir las desviaciones de los acuerdos de reparto del mercado y de los clientes;
–        el acuerdo sobre la variación de precios del betún y sobre el momento de aplicación de los nuevos precios;
–        la participación en reuniones periódicas y el mantenimiento de otros contactos destinados a concertar las restricciones de la competencia antes mencionadas, llevarlas a la práctica y, en caso necesario, modificarlas (considerando 373 de la Decisión impugnada).
54      En primer lugar, la Comisión describió las actividades de reparto del mercado sobre la base de las declaraciones presentadas por BP, Repsol y PROAS en sus solicitudes con arreglo a la Comunicación de 2002 y en respuesta a las solicitudes de información de la Comisión (considerando 122 de la Decisión impugnada).
55      La Comisión consideró que determinadas pruebas contemporáneas de los hechos imputados, consistentes en documentos obtenidos en las inspecciones y otros documentos contemporáneos proporcionados con las solicitudes de dispensa de multa o con las respuestas a las solicitudes de información confirmaban la existencia de esas actividades (considerando 123 de la Decisión impugnada).
56      De su solicitud de dispensa de multa se desprende que, cuando BP comenzó a producir betún de penetración en España en julio de 1991, comprobó que Repsol y PROAS estaban implicadas en un acuerdo continuado de reparto del mercado afectado y estimó que, para poder entrar en ese mercado con ciertas posibilidades de éxito, BP debía participar en el mismo (considerando 119 de la Decisión impugnada).
57      Otros proveedores de betún presentes en el mercado español coordinaron sus ventas con Repsol, PROAS y BP: Nynäs y Petrogal participaron en el cartel, la primera desde, al menos, 1991 y la segunda desde, al menos, 1995 (considerando 120 de la Decisión impugnada).
58      Repsol y PROAS declararon que los participantes en el cartel llevaban a cabo sus contactos para repartirse el mercado en torno a una mesa de negociación llamada la «mesa de asfalto», que estaba compuesta por sociedades del grupo Repsol (RPA/Rylesa, Asfalnor y Petronor), PROAS y BP, así como por Nynäs y Petrogal, aun cuando estas dos empresas participaban sólo en las conversaciones relativas a su zona de influencia de modo bilateral con Repsol o PROAS, pero no con otros miembros del cartel (considerandos 124 y 129 de la Decisión impugnada).
59      La Comisión identificó las siguientes fases del mecanismo de reparto del mercado afectado establecido en el marco del cartel constatado:
a)      un análisis interno del mercado, realizado aproximadamente en septiembre y en el que cada productor preparaba por separado un estudio de mercado para el año siguiente en el que estimaba el consumo de betún en España;
b)      una predistribución interna del mercado, que tenía lugar aproximadamente en octubre y en la que cada productor de betún preparaba un primer borrador de reparto del mercado que habría de ser presentado en las negociaciones con sus competidores;
c)      un acuerdo sobre el tamaño del mercado, es decir, sobre el consumo total de betún previsto para el año siguiente, que se concluía en torno al mes de noviembre entre Repsol, PROAS y BP;
d)      negociaciones para el reparto del mercado provisional así acordado, que tenían lugar en diciembre o enero;
e)      el acuerdo anual de reparto del mercado: desde 1994 a 2000 los jefes de ventas de Repsol y PROAS mantenían las conversaciones de cierre normalmente en diciembre o enero para resolver todas las demás cuestiones pendientes relacionadas con el reparto del mercado. El documento que reflejaba el acuerdo de reparto del mercado para un determinado ejercicio se llamaba «PTT» o «Petete»;
f)      información y negociación con Nynäs y Petrogal: una vez acordado el reparto del mercado entre los tres productores de betún, Repsol o PROAS mantenían una reunión con Nynäs y otra con Petrogal para informarles y negociar con ellas los volúmenes de ventas y los clientes que les corresponderían a cada una en sus respectivas zonas de influencia (considerando 130 de la Decisión impugnada).
60      En segundo lugar, la Comisión consideró que las actividades de coordinación de precios representaban un elemento de apoyo necesario de los acuerdos de reparto del mercado, pues garantizaban que las diferencias de precios entre proveedores no distorsionarían la asignación de volúmenes y clientes acordada (considerando 290 de la Decisión impugnada).
61      La Comisión describió los acuerdos sobre precios basándose en las declaraciones voluntarias realizadas por BP, Repsol y PROAS y en las respuestas a las solicitudes de información. La Comisión presentó a continuación de forma cronológica los documentos contemporáneos del cartel que obraban en su poder que confirman los acuerdos sobre precios descritos en las mencionadas declaraciones (considerando 291 de la Decisión impugnada).
62      Repsol y PROAS acordaban las modificaciones de los precios y las fechas de su aplicación y, a continuación, informaban a BP, Nynäs y Petrogal de sus conclusiones (considerando 354 de la Decisión impugnada).
63      La Comisión afirmó seguidamente que el conjunto de acuerdos y prácticas concertadas tenía por objeto restringir la competencia en España (excepto las Islas Canarias), que constituye una parte sustancial del mercado interior (considerando 371 de la Decisión impugnada).
64      La Comisión recordó que, según la jurisprudencia, la ponderación de los efectos concretos de un acuerdo es superflua cuando resulte que el acuerdo tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Por consiguiente, no se exige la prueba de efectos reales contrarios a la competencia cuando se ha probado que los comportamientos reprochados tienen un objeto contrario a la competencia (considerando 375 de la Decisión impugnada).
65      Lo mismo ocurre con las prácticas concertadas. Aunque, como se desprende del propio tenor del artículo 81 CE, el concepto de práctica concertada supone, además de la concertación entre empresas, un comportamiento en el mercado que siga a la concertación y una relación de causa y efecto entre ambos elementos, puede presumirse, salvo prueba en contrario, que las empresas que participan en la concertación y que permanecen activas en el mercado tomarán en consideración la información intercambiada con sus competidores, a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado, máxime cuando la concertación se produce regularmente a lo largo de un período dilatado. Esta práctica concertada está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE incluso a falta de efectos anticompetitivos en el mercado (considerando 331 de la Decisión impugnada).
66      En este caso, sin embargo, la Comisión consideró que, sobre la base de los datos presentados en la Decisión impugnada, también había probado que los acuerdos del cartel se aplicaron y que, probablemente, produjeron efectos anticompetitivos reales (considerando 376 de la Decisión impugnada).
67      Por otro lado, la Comisión estimó probado que el personal de RPA/Rylesa había participado en el cartel (considerando 393 de la Decisión impugnada).
68      A la luz de la jurisprudencia sobre la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva por una sociedad matriz en su filial que le pertenece al 100 %, o casi en su totalidad, y de la relación accionarial entre RPA/Rylesa, Repsol Petróleo y Repsol YPF, la Comisión concluyó que estas tres personas jurídicas habían constituido una sola empresa a lo largo de toda la duración de la infracción a efectos de la aplicación del artículo 81 CE (considerando 396 de la Decisión impugnada).
69      Además de la presunción, basada en la propiedad, de que las matrices ejercen una influencia decisiva en sus filiales de propiedad exclusiva o casi exclusiva, la Comisión se basó en otros factores que indican según ella que RPA/Rylesa, Repsol Petróleo y Repsol YPF pertenecían a una única entidad económica y constituían, por lo tanto, una empresa. La lista de esos indicios se contiene en el considerando 397 de la Decisión impugnada, así redactado:
«[…]
a)      una de las actividades económicas de Repsol Petróleo […] es la producción de betún que vende posteriormente a RPA/Rylesa para su transformación y comercialización, creando así relaciones verticales y sinergias en el grupo Repsol. De hecho, tal y como explicó Repsol, de 1991 a 2002 RPA/Rylesa comunicó a Repsol Petróleo […] sus necesidades de betún tanto mensual como anualmente, que esta última producía teniendo también en cuenta las posibles exportaciones;
b)      las ventas por parte de Asfalnor (entre 1990 y 1998) de betún producido por Petronor y los servicios de agencia prestados por Asfalnor (a partir de 1999) a Petronor también crearon relaciones verticales y sinergias en el grupo Repsol;
c)      los resultados financieros de RPA/Rylesa estaban consolidados con los de Repsol YPF […] y, por lo tanto, las ganancias o pérdidas de aquélla, con inclusión de cualquier beneficio resultante del cartel, se reflejaron en las ganancias o pérdidas del grupo Repsol en su conjunto;
d)      tanto RPA/Rylesa como Repsol Petróleo […] y Repsol YPF […] incluyen el nombre “Repsol” en su denominación;
e)      RPA/Rylesa preparaba un informe mensual con los datos contables necesarios para supervisar sus actividades desde el punto de vista presupuestario y lo facilitaba al supervisor contable del administrador único de RPA/Rylesa. Además de un balance y de una cuenta de pérdidas y ganancias, este informe incluía información sobre la evolución de las ventas, los márgenes y las inversiones;
f)      Petronor y Asfalnor formaban parte de la unidad de asfaltos de Repsol, dirigida por RPA/Rylesa, y esta sociedad tomaba todas las decisiones importantes de la política comercial referentes a ventas de betún (precios, condiciones de venta) efectuadas por Petronor (a partir de 1999) y Asfalnor (hasta 1998).»
2.      Cálculo del importe de las multas
70      La Comisión recordó que, con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003, podía imponer multas, mediante decisión, a las empresas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en el artículo 81 CE. Indicó también que, en virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, que era de aplicación en el momento de la infracción, la multa aplicable a cada empresa participante en el cartel no podía ser superior al 10 % de su volumen de negocios total realizado en el ejercicio social anterior y que el mismo límite se establecía en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 (considerando 496 de la Decisión impugnada).
71      La Comisión consideró que cada una de las dos restricciones de la competencia constatadas, a saber, los acuerdos horizontales de reparto del mercado y la coordinación de los precios, se encuentra, por su propia naturaleza, entre las infracciones más perniciosas del artículo 81 CE, que pueden merecer, según la jurisprudencia, el calificativo de infracciones «muy graves» atendiendo exclusivamente a su naturaleza, sin que sea necesario que dicha conducta abarque una zona geográfica específica o tenga un impacto determinado (considerando 500 de la Decisión impugnada).
72      La Comisión consideró que no es posible medir el impacto real de este cartel en el mercado, debido, entre otras cosas, a que no existe información suficiente sobre la evolución probable del precio neto del betún en España en ausencia de los acuerdos. La Comisión no se consideró obligada a demostrar con exactitud el impacto real del cartel en el mercado ni a cuantificarlo, sino que consideró que podía limitarse a realizar estimaciones de la probabilidad de tal efecto. En cualquier caso, la Comisión consideró que los acuerdos del cartel se llevaron a la práctica y que era probable que dichos acuerdos hubieran producido efectos reales contrarios a la competencia (considerando 501 de la Decisión impugnada).
73      Habida cuenta de la naturaleza de la infracción, la Comisión consideró que Repsol, PROAS, BP, Nynäs y Petrogal cometieron un infracción muy grave del artículo 81 CE, y afirmó que esta conclusión es independiente de que el cartel tuviera un impacto medible en el mercado y que tenía en cuenta el hecho de que la colusión sólo afectaba al mercado español (considerando 509 de la Decisión impugnada).
a)      Determinación y adaptación del «importe inicial» de las multas
74      La Comisión fijó el «importe inicial» de las multas que habían de imponerse teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, el valor de mercado en cuestión estimado en 286.400.000 euros en 2001, último año completo de la infracción, y el hecho de que la infracción se limitó a las ventas del betún en un único Estado miembro. Sobre la base de lo anterior, la Comisión fijó el importe inicial de las multas en 40.000.000 de euros (considerando 510 de la Decisión impugnada).
75      Seguidamente, la Comisión clasificó a las empresas destinatarias de la Decisión impugnada en diferentes categorías, definidas en función de su importancia relativa en el mercado de referencia, para aplicar un trato diferenciado, con el fin de tener en cuenta las diferencias en su capacidad económica efectiva de causar daños significativos en la competencia. Para ello, la Comisión utilizó sus cuotas de mercado basadas en el valor de las ventas en España del betún de penetración para el recubrimiento de carreteras en 2001 (considerandos 511 y 512 de la Decisión impugnada).
76      Repsol y PROAS, cuyas cuotas de mercado fueron del 34,04 % y del 31,67 %, respectivamente, en el ejercicio de 2001 en el mercado de referencia, quedaron clasificadas en la primera categoría; BP, con una cuota de mercado del 15,19 %, en la segunda categoría, y Nynäs y Petrogal, con cuotas de mercado de entre el 4,54 % y el 5,24 %, en la tercera categoría. Sobre esta base, se fijaron los siguientes importes iniciales de las multas (considerandos 514 y 515 de la Decisión impugnada):
–        primera categoría, para Repsol y PROAS: 40.000.000 de euros;
–        segunda categoría, para BP: 18.000.000 de euros;
–        tercera categoría, para Nynäs y Petrogal: 5.500.500 euros.
77      Para fijar el importe de las multas en un nivel que garantizara un efecto disuasorio suficiente, la Comisión consideró oportuno aplicar al importe de la multa que se impusiera a BP y a Repsol, respectivamente, un multiplicador de 1,8 y de 1,2, en función de su volumen de negocios total de 2006, último ejercicio anterior a la adopción de la Decisión impugnada, y, en cambio, no aplicar un multiplicador al importe de la multa que se impusiera a PROAS, Nynäs y Petrogal (considerando 521 de la Decisión impugnada).
78      En consecuencia, se adaptaron los importes iniciales de las multas como sigue (considerando 522 de la Decisión impugnada):
–        Repsol: 48.000.000 de euros;
–        PROAS: 40.000.000 de euros;
–        BP: 32.400.000 euros;
–        Nynäs: 5.500.000 euros;
–        Petrogal: 5.500.000 euros.
b)      Duración de la infracción
79      La Comisión consideró que Repsol y PROAS debían responder de su participación en la infracción desde el 1 de marzo de 1991 al 1 de octubre de 2002, es decir, un período de once años y siete meses.
80      La Comisión estimó que BP debía responder de su participación en la infracción desde el 1 de agosto de 1991 al 20 de junio de 2002, es decir, un período de diez años y diez meses.
81      La Comisión estimó que Nynäs Petróleo debía responder de su participación en la infracción desde el 1 de marzo de 1991 al 1 de octubre de 2002, es decir, un período de once años y siete meses y que Nynäs Petroleum debía responder de su participación en la infracción desde el 22 de mayo de 1991 al 1 de octubre de 2002, es decir, un período de once años y cuatro meses.
82      Finalmente la Comisión consideró que Galp Energía España (anteriormente Petrogal Española) y Petróleo de Portugal debían responder de su participación en la infracción desde el 31 de enero de 1995 al 1 de octubre de 2002, es decir, un período de siete años y ocho meses, y Galp Energia, SGPS, desde el 22 de abril de 1999 al 1 de octubre de 2002, es decir, un período de tres años y cinco meses (considerando 523 de la Decisión impugnada).
83      La Comisión incrementó el importe inicial de las multas en un 10 % por cada año completo de infracción, y en un 5 % por cada período adicional igual o superior a seis meses pero inferior a un año. Los incrementos que se habían de aplicar al importe inicial de las multas eran los siguientes (considerandos 524 y 525 de la Decisión impugnada):
–      Repsol: 115 %;
–        PROAS: 115 %;
–        BP: 105 %;
–        Nynäs:
–      Nynas Petróleo: 115 %;
–      Nynäs Petroleum: 110 %;
–      Petrogal:
–      Galp Energía España y Petróleos de Portugal: 75 %;
–      Galp Energia, SGPS: 30 %.
84      En consecuencia, los importes de las multas que se impondrían a cada una de las empresas fueron los siguientes (considerando 526 de la Decisión impugnada):
–        Repsol: 103.200.000 euros;
–        PROAS: 86.000.000 de euros;
–      BP: 66.420.000 euros;
–        Nynäs
–      Nynas Petróleo: 11.825.000 euros;
–      Nynäs Petroleum: 11.550.000 euros;
–      Petrogal
–      Galp Energía España y Petróleos de Portugal: 9.625.000 euros;
–      Galp Energia, SGPS: 7.150.000 euros.
c)      Circunstancias agravantes
85      La Comisión expuso lo siguiente en el considerando 534 de la Decisión impugnada:
«a)      los coordinadores de la «mesa de asfalto» eran una persona de Repsol y una persona de PROAS (véase el considerando 145);
b)      Repsol y PROAS convocaban las reuniones del cartel, y éstas solían esta presididas por una persona de Repsol (véase el considerando 145);
c)      cuando las reuniones se celebraban en hoteles, Repsol o PROAS se solían hacer cargo de las facturas (véase el considerando 148);
d)      como han comunicado BP, Repsol y PROAS, estos dos últimos decidían bilateralmente la variación de los precios del betún y el momento en que deberían aplicarse los nuevos precios y comunicaban posteriormente las decisiones adoptadas a los demás operadores del mercado (véase el considerando 302);
e)      desde el inicio del cartel, por lo que respecta a Nynäs, y desde el momento en que se unió al mismo en 1995, por lo que se refiere a Petrogal, Repsol y PROAS organizaron reuniones con cada una de estas dos empresas separadamente para negociar sus cuotas de mercado en sus áreas de ventas (véase el considerando 130). BP sólo estaba presente durante las negociaciones relativas a su área de influencia pero no asistía a las negociaciones relativas a la posición de Repsol y PROAS (véase el considerando 137), ni a las mantenidas con Nynäs y Petrogal. Lo anteriormente expuesto muestra que, en lugar de negociaciones sobre reparto del mercado entre los cinco participantes en el cartel en pie de igualdad, se celebraban negociaciones bilaterales entre Repsol y PROAS, por una parte, y cada uno de los otros tres participantes, por otra;
f)      de 1994 a 2000 (es decir, durante siete de los casi doce años de duración del cartel), toda cuestión que quedase abierta sobre la distribución del mercado en relación con el acuerdo anual de reparto del mercado era finalmente acordada entre Repsol y PROAS (véase el considerando 130);
g)      pruebas contemporáneas de 1991 y 1992 redactadas por BP indican que “Repsol negoció con Nynäs la entrada oficial de éstos en el mercado español” y que se asignó a Nynäs un 3,74 % del mercado “por designio expreso de Repsol y CEPSA”» (véanse los considerandos 201 y 206);
h)      Repsol y PROAS ofrecieron a Petrogal una asignación de cuota de mercado en el área de influencia geográfica de Petrogal (véase el considerando 125);
i)      durante el periodo en que BP suspendió su participación en las reuniones de la “mesa de asfalto”, o bien Repsol o bien PROAS le facilitaron una copia del acuerdo de reparto del mercado (véase el considerando 172);
j)      BP informó de que cada dos semanas se comunicaba telefónicamente con fines de seguimiento con Repsol o con PROAS y que una de estas dos empresas recogía los datos de BP sobre volúmenes de ventas (véase el considerando 184);
k)      en el contexto de los contactos de seguimiento llevados a cabo desde 2001, Repsol y PROAS fijaron precios para obras nuevas y asignaron obras nuevas no incluidas en el acuerdo anual de reparto del mercado (véase el considerando 187);
l)      Repsol remitió un cuadro en el que se indicaban los volúmenes que debían ser suministrados por Nynäs en 2001 que, según Repsol, habían sido preparados conjuntamente por Repsol y PROAS y posteriormente comunicados a Nynäs (véase el considerando 265);
m)      los datos estimados sobre volúmenes de ventas para 2002 incluidos en determinados cuadros elaborados por PROAS fueron verificados posteriormente con Repsol en la “mesa de asfalto” (véase el considerando 270);
n)      PROAS explicó que un determinado documento contiene el consumo de mercado por región previsto por Repsol y PROAS para 2002 y el acuerdo alcanzado entre estas dos empresas sobre estos volúmenes de consumo (véase el considerando 271).»
86      Atendiendo a esos factores, la Comisión consideró que Repsol y PROAS fueron importantes fuerzas motrices del cartel, ya que asignaron cuotas de mercado a los nuevos miembros del mismo, adoptaban decisiones sobre el tamaño del mercado, llegaban a un acuerdo sobre las cuestiones pendientes relacionadas con el reparto del mercado, negociaban bilateral y separadamente con los demás participantes en el cartel los volúmenes y clientes que se les debían asignar en sus áreas de influencia respectivas, recababan datos de otros participantes sobre volúmenes de ventas, convocaban y presidían reuniones del cartel y corrían con los gastos de la mayoría de ellas, pactaban bilateralmente variaciones de precios y el momento en que debían aplicarse y posteriormente comunicaban los acuerdos alcanzados a otros operadores del mercado (considerando 535 de la Decisión impugnada).
87      La Comisión concluyó que el importe de la multa que se impusiera a Repsol y a PROAS se debería incrementar en un 30 % (considerando 536 de la Decisión impugnada). En consecuencia, el importe de su multa se incrementó hasta 134.160.000 euros para Repsol y hasta 111.800.000 euros para PROAS (considerando 568 de la Decisión impugnada).
d)      Aplicación de la Comunicación de 2002
88      La Comisión recordó que había iniciado su investigación a raíz de una solicitud de dispensa de multa presentada por BP con arreglo a la Comunicación de 2002 y que, posteriormente, Repsol y PROAS presentaron cada una de ellas una solicitud de reducción del importe de la multa en virtud de la misma Comunicación (considerando 569 de la Decisión impugnada).
89      La Comisión reconoció a BP el derecho a la dispensa de la multa que se le debería haber impuesto, tras comprobar que había cumplido los requisitos establecidos en el punto 11 de la Comunicación de 2002 relativos a la cooperación con la Comisión, al cese de su participación en la presunta infracción y a la falta de medidas para obligar a otras empresas a participar en la infracción (considerando 573 de la Decisión impugnada).
90      La Comisión también decidió que a Repsol y a PROAS les correspondía respectivamente una reducción del 40 % y del 25 % del importe de la multa que se les impondría en otras circunstancias (considerandos 580 y 588 de la Decisión impugnada).
3.      Parte dispositiva de la Decisión impugnada
91      La parte dispositiva de la Decisión está así redactada:
«Artículo 1
Las siguientes empresas han infringido el artículo 81 [CE, apartado 1] al participar, durante los períodos indicados, en un conjunto de acuerdos y prácticas concertadas en el negocio del betún de penetración, que abarcó todo el territorio de España (salvo las Islas Canarias) y que consistió en acuerdos de reparto del mercado y coordinación de precios:
[…]
[RPA/Rylesa], [Repsol Petróleo] y [Repsol YPF], de 1 de marzo de 1991 a 1 de octubre de 2002;
[…]
Artículo 2
Por la infracción citada en el artículo 1, se imponen las siguientes multas:
[…]
[RPA/Rylesa], [Repsol Petróleo] y [Repsol YPF] conjunta y solidariamente responsables del pago de la suma de 80.496.000 euros;
[…]
Artículo 4
Los destinatarios de la presente Decisión son:
[RPA/Rylesa]
[Repsol Petróleo]
[Repsol YPF]
[…]»
Procedimiento y pretensiones de las partes
92      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 18 de diciembre de 2007, las demandantes interpusieron el presente recurso.
93      Los demandantes solicitan en sustancia al Tribunal que:
–        Anule la Decisión impugnada.
–        Reduzca el importe de la multa impuesta en el importe oportuno.
–        Condene en costas a la Comisión.
94      La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Aumente el importe de la multa impuesta a Repsol.
–        Condene en costas a las demandantes.
Fundamentos de Derecho
A.      Sobre las pretensiones de anulación y de reforma de la Decisión impugnada
95      Las demandantes aducen ocho motivos en apoyo de sus pretensiones de anulación y de reforma, fundados, el primero, en la violación del derecho de defensa, el segundo, en la insuficiencia de la motivación de la imputación a Repsol YPF de la responsabilidad solidaria en cadena por la participación de RPA/Rylesa en la infracción, el tercero, en la aplicación errónea de la presunción de ejercicio efectivo por las sociedades matrices de una influencia decisiva en el comportamiento competitivo de sus filiales, el cuarto, en un error al analizar las pruebas que las demandantes presentaron en sus respuestas al pliego de cargos en apoyo de la autonomía comercial de RPA/Rylesa, el quinto, en la inadecuación de los indicios complementarios apreciados por la Comisión para reforzar la presunción de ejercicio de una influencia decisiva de las sociedades matrices en las filiales, el sexto, en la vulneración de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato al fijar la Comisión el importe de la multa, el séptimo, en un error de apreciación de los hechos ligados a la calificación de Repsol como líder del cartel junto con PROAS y, el octavo, en la errónea fijación del porcentaje de reducción de la multa aplicado a las demandantes.
96      Los motivos cuarto y quinto serán examinados conjuntamente.
1.      Sobre el primer motivo, fundado en la vulneración del derecho de defensa
a)      Alegaciones de las partes
97      En su escrito de réplica, las demandantes señalan que la Comisión les reprochó, en su escrito de contestación, una confusión relativa a la interpretación de los hechos constitutivos del papel de líder del cartel que se atribuyó a Repsol en la Decisión impugnada.
98      Las demandantes replican que esa confusión tiene su origen en la falta de claridad y precisión del pliego de cargos al imputar a Repsol su presunto papel de líder. En efecto, en el punto 14 de su respuesta al pliego de cargos, Repsol ya indicó «que la defensa frente a la imputación de liderazgo de la infracción es muy difícil, dado que a lo largo del pliego de cargos no hay mención alguna a los hechos o conductas en los que la Comisión parece fundamentar esa imputación. En efecto, la Comisión no identifica los comportamientos que entiende son constitutivos de la agravante». Repsol también manifestó, en el punto 15 del mismo documento, lo siguiente:
«Sin perjuicio de insistir en que nuestras posibilidades de rebatir los hechos en los que la Comisión fundamenta su razonamiento son limitadas, se pasa a responder en la medida de lo posible y utilizando una técnica ciertamente intuitiva a los elementos en los que esta representación cree que la Comisión ha basado su razonamiento.»
99      Como ocurrió en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de 18 de junio de 2008, Hoechst/Comisión (T‑410/03, Rec. p. II‑881, apartados 420 a 439), los hechos en que se basa la imputación de líder del cartel en el pliego de cargos figuraban en distintos puntos del documento, sin que se estableciera ninguna conexión entre ellos y sin que la Comisión les atribuyera calificación alguna. Sólo después de que la Decisión fuera adoptada Repsol pudo conocer exactamente los motivos en que se basa la imputación. Por ello, hasta la presentación de la demanda Repsol no tuvo la posibilidad de defenderse de los mismos. La falta de claridad en la interpretación de los hechos que constituyen la imputación de liderazgo, y que la propia Comisión atribuye erróneamente a las demandantes en su escrito de contestación, pone de manifiesto que durante la fase administrativa se violó el derecho de defensa de Repsol, en un sentido similar al descrito por el Tribunal en la sentencia Hoechst/Comisión antes citada.
100    La Comisión objeta que ese argumento, que no fue formulado en el escrito de demanda, es nuevo y, por tanto, debe ser declarado inadmisible por el Tribunal sin que sea posible suscitarlo de oficio.
b)      Apreciación del Tribunal
101    El presente motivo se sustenta en la formulación en el escrito de contestación de un reproche supuestamente infundado de la Comisión frente a las demandantes. Tal motivo, que no se refiere a la legalidad de la Decisión impugnada sino al carácter fundado o infundado de los argumentos de la Comisión en su defensa, debe desestimarse por ineficaz.
102    Suponiendo incluso que las demandantes también pretendieran invocar una vulneración del derecho de defensa derivada del carácter insuficientemente preciso del pliego de cargos que la Comisión les envió antes de adoptar la Decisión impugnada, hay que observar que el presente motivo se expone por primera vez en la réplica. Ahora bien, de la argumentación desarrollada en apoyo de ese motivo por las demandantes resulta que su impugnación atañe a aspectos del pliego de cargos de los que consta que ya tuvieron conocimiento en el procedimiento administrativo. Por tanto, el presente motivo no se basa en razones de hecho o de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento ante el Tribunal, por lo que debe considerarse inadmisible en aplicación de lo dispuesto en el artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.
103    En todo caso, y también en relación con el motivo fundado en la vulneración del derecho de defensa, las demandantes se limitan a afirmar, sin acompañar esa alegación de la menor precisión que acredite su realidad, por ejemplo con una referencia a pasajes concretos y especificados del pliego de cargos, que sólo después de recibir la Decisión impugnada pudieron conocer con exactitud el reproche de su papel de líder de la infracción formulado contra ellas.
104    Siendo así, este motivo no puede prosperar y tiene que ser desestimado.
2.      Sobre el segundo motivo, basado en la insuficiencia de la motivación de la imputación a Repsol YPF de la responsabilidad solidaria en cadena por la participación de RPA/Rylesa en la infracción
a)      Alegaciones de las partes
105    Las demandantes estiman que la Comisión no ha motivado adecuadamente las razones por las que considera a Repsol YPF responsable solidaria de la infracción. Dado que no existe ningún vínculo organizativo ni económico entre RPA/Rylesa y Repsol YPF más allá del determinado por la ley española a efectos de la consolidación financiera de resultados, las demandantes consideran que la responsabilidad en cadena de Repsol YPF apreciada en la Decisión impugnada no se motivó debidamente.
106    La Comisión solicita la desestimación del presente motivo.
b)      Apreciación del Tribunal
107    Conforme a reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto impugnado y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8497, apartado 147, y la jurisprudencia citada).
108    En particular, el deber de motivar una decisión individual tiene la finalidad, además de permitir el control jurisdiccional, de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión adolece eventualmente de algún vicio que permita impugnar su validez (véase la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 148, y la jurisprudencia citada).
109    E1 requisito de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso concreto, especialmente del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 150, y la jurisprudencia citada).
110    Cuando una decisión de aplicación de las normas sobre competencia de la Unión afecta a varios destinatarios y plantea un problema de imputabilidad de la infracción, dicha decisión debe estar suficientemente motivada en lo que respecta a cada uno de sus destinatarios, y en especial a los que, según esa decisión, deben asumir la responsabilidad de tal infracción. Así pues, respecto de una sociedad matriz considerada responsable del comportamiento infractor de su filial, dicha decisión debe contener, en principio, una exposición detallada de los fundamentos que pueden justificar la imputabilidad de la infracción a esta sociedad (véase la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 152, y la jurisprudencia citada).
111    En el presente asunto es oportuno precisar previamente que la argumentación de las demandantes se refiere únicamente a la imputación a Repsol YPF de la infracción cometida por RPA/Rylesa.
112    Acerca de ello, la Comisión recordó ante todo en el considerando 387 de la Decisión impugnada que, según la jurisprudencia, el Derecho […] de la competencia [de la Unión] reconoce que diferentes sociedades pertenecientes a un mismo grupo constituyen una única entidad económica y, por ende, una empresa en el sentido de los artículos 81 CE y 82 CE si las sociedades de que se trata no definen de manera autónoma su comportamiento en el mercado. También según la Comisión, si una filial no determina independientemente su propia conducta en el mercado, su matriz forma una única entidad económica con la filial y por lo tanto puede ser considerada responsable de una infracción cometida por su filial porque ambas constituyen una empresa.
113    En el considerando 388 de la Decisión impugnada la Comisión expuso a continuación que, según la jurisprudencia, en primer lugar, las sociedades matrices pueden ser consideradas responsables de las infracciones del artículo 81 CE cometidas por sus filiales cuando estas últimas no pueden determinar de forma autónoma su comportamiento en el mercado, en segundo lugar, cuando una sociedad matriz posee, directa o indirectamente, la totalidad (o la casi totalidad) de las acciones de una filial en el momento en que ésta última comete una infracción, puede suponerse que la filial sigue la política establecida por la sociedad matriz y, por lo tanto, carece de tal posición autónoma y, por último, en tercer lugar, la Comisión puede asumir con carácter general que una filial propiedad en su totalidad de su sociedad matriz sigue esencialmente las instrucciones de ésta sin que resulte necesario verificar si la matriz ha ejercido de hecho ese poder, supuesto en el cual compete a la sociedad matriz desautorizar esta presunción aportando elementos de prueba suficientes.
114    La Comisión manifestó a continuación, en el considerando 393 de la Decisión impugnada, que RPA/Rylesa había participado en la infracción a lo largo de toda la duración de ésta, y seguidamente, en el considerando 394 de la misma Decisión que durante todo ese período RPA/Rylesa era una filial propiedad casi al cien por cien (99,99 %) de Repsol Petróleo, que también durante ese período era a su vez filial casi en propiedad absoluta (99,97 %) de Repsol YPF, la sociedad matriz en último término del grupo Repsol.
115    La Comisión estimó, en consecuencia, en el considerando 396 de la Decisión impugnada que, habida cuenta de la jurisprudencia que había expuesto antes, y de la relación accionarial entre las tres sociedades, RPA/Rylesa y Repsol Petróleo siguieron la política establecida por sus respectivas matrices sin disfrutar de una posición autónoma en el mercado y, por lo tanto, que estas personas jurídicas y Repsol YPF constituían una empresa en el sentido del artículo 81 CE.
116    La Comisión destacó además, en el considerando 409 de la Decisión impugnada, que tampoco era determinante que RPA/Rylesa fuera una filial «indirecta» de Repsol YPF, ya que el control indirecto es suficiente para la aplicación de la presunción jurisprudencial del ejercicio de una influencia decisiva.
117    Finalmente, la Comisión concluyó, en el considerando 415 de la Decisión impugnada, que RPA/Rylesa, Repsol Petróleo y Repsol YPF eran responsables solidarias de la infracción en la que consideraba que RPA/Rylesa había participado.
118    En consecuencia, la Comisión sustentó así la responsabilidad conjunta y solidaria de Repsol YPF por la participación de RPA/Rylesa en la infracción en la aplicación a Repsol YPF de la presunción del ejercicio de una influencia decisiva, deducida de los vínculos casi plenos de participación existentes entre RPA/Rylesa y Repsol Petróleo, por un lado, y Repsol Petróleo y Repsol YPF, por otro.
119    También ha de añadirse que la Comisión manifestó que, además de la aplicación de la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva de las sociedades matrices en su filial plena, había apreciado varios indicios complementarios que confirmaban el hecho de que RPA/Rylesa, Repsol Petróleo y Repsol YPF formaban una unidad económica (considerandos 397 y 415 de la Decisión impugnada).
120    De ello se deduce que el razonamiento de la Comisión, según se expresa en la Decisión impugnada, contiene una exposición suficientemente datallada de los motivos que justifican la imputación a Repsol YPF de la responsabilidad solidaria por la participación de RPA/Rylesa en la infracción.
121    Siendo así, este motivo debe desestimarse.
3.      Sobre el tercer motivo, basado en la aplicación errónea de la presunción de ejercicio efectivo por las sociedades matrices de una influencia decisiva en el comportamiento competitivo de sus filiales
a)      Alegaciones de las partes
122    Las demandantes reprochan a la Comisión haber cometido un error manifiesto de apreciación de los hechos y un error de Derecho al considerar a Repsol Petróleo, en su calidad de sociedad matriz titular del 99,99 % del capital de RPA/Rylesa, por una parte, y a Repsol YPF, en su calidad de sociedad matriz titular del 99,97 % del capital de Repsol Petróleo, por otra parte, solidariamente responsables de la participación de RPA/Rylesa en la infracción declarada en la Decisión impugnada.
123    Para imputar la participación de RPA/Rylesa en la infracción de su sociedad matriz, Repsol Petróleo, la Comisión se basó en la presunción de que, debido a su participación accionarial, RPA/Rylesa siguió la política establecida por Repsol Petróleo, sin disfrutar de una posición autónoma en el mercado. La Decisión llega a la misma conclusión con respecto a Repsol YPF, como consecuencia de su relación accionarial con Repsol Petróleo. La responsabilidad que establece la Comisión es, por tanto, una responsabilidad en cadena, basada en una presunción derivada de la participación accionarial de cada sociedad matriz en el capital de su filial.
124    Aun cuando, según la jurisprudencia, puede presumirse que una sociedad matriz ejerce una influencia decisiva en la política comercial de la filial cuando posee directa o indirectamente la totalidad o la práctica totalidad de sus acciones, la atribución de responsabilidad a las sociedades matrices por el comportamiento de sus filiales exige, no obstante, dos requisitos acumulativos. Por una parte, en el momento de la infracción, la sociedad matriz debe estar en situación de ejercer una influencia decisiva sobre la filial en aspectos comerciales y, por otra, debe haber ejercido efectivamente esa influencia.
125    La sociedad matriz a la que se imputa el comportamiento de su filial puede demostrar que no ha ejercido una influencia decisiva sobre dicha filial durante el período de la infracción, sin tener que limitarse a demostrar, como sostiene la Comisión, que no está en condiciones de ejercer dicha influencia por motivos legales, regulatorios, de carácter temporal o de estructura accionarial. Cuando no existe ningún otro elemento diferente del porcentaje de participación en el capital de la filial, no se puede multar a las empresas matrices por el comportamiento de sus filiales.
126    Según las demandantes, en el área del «Derecho administrativo sancionador», que es la del presente asunto, la Comisión debería interpretar de forma restrictiva la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, al objeto de cumplir con el principio según el cual una persona jurídica sólo debe ser sancionada por los hechos que le sean imputables individualmente. Una interpretación restrictiva se impone con mayor razón, ya que debe respetarse la presunción de inocencia consagrada en el artículo 6, apartado 2, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950.
127    En consecuencia, la imputación de responsabilidad a una persona concreta no puede realizarse si no existen pruebas de cargo que demuestren de forma indubitada su culpabilidad, ni basarse en presunciones que, como sucede en el caso de la Decisión impugnada, no estén respaldadas por otras pruebas de cargo sólidas y que, por consiguiente, no respeten los límites razonables que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos impone a la prueba por presunciones.
128    Dado que el artículo 23, apartado 2, del Reglamento nº 1/2003 supedita la imposición de multas a la concurrencia de culpa o negligencia, la responsabilidad de las personas jurídicas debe, según las demandantes, ser individual, lo que excluye cualquier forma de responsabilidad objetiva o por riesgo. Sin embargo, el razonamiento seguido por la Comisión y la aplicación de la presunción matriz/filial desembocan en una responsabilidad objetiva de los grupos de empresas.
129    La Comisión solicita que se desestime el presente motivo.
b)      Apreciación del Tribunal
130    Hay que recordar ante todo que una infracción del Derecho de la competencia de la Unión debe imputarse sin equívocos a una persona jurídica a la que se puedan imponer multas (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, apartado 57).
131    No obstante, el Derecho de la competencia de la Unión tiene por objeto las actividades de las empresas y el concepto de empresa comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de esa entidad y de su modo de financiación. El Tribunal de Justicia ha precisado que, en este mismo contexto, debe entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, esta unidad económica esté constituida por varias personas jurídicas (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartados 54 y 55).
132    Atendiendo a la jurisprudencia mencionada en el apartado precedente, el comportamiento infractor de una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 58).
133    En efecto, en tal situación, la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y, por lo tanto, integran una única empresa, en el sentido del concepto antes definido. En consecuencia, el hecho de que una sociedad matriz y su filial formen una única empresa en el sentido del artículo 81 CE permite que la Comisión dirija una decisión que imponga multas a la sociedad matriz, sin que sea necesario demostrar la implicación personal de ésta en la infracción (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 59).
134    En el caso particular de que una sociedad matriz posea el 100 % del capital de su filial que ha infringido las normas de la Unión en materia de competencia, por una parte, esa sociedad matriz puede ejercer una influencia decisiva en la conducta de su filial y, por otra, existe la presunción iuris tantum de que dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial (sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 56).
135    En tales circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital de ésta para presumir que la primera ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de esa filial (sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 57).
136    Además, en el supuesto de que una sociedad posea la totalidad del capital de una sociedad interpuesta que posee, a su vez, la totalidad del capital de una filial de su grupo que ha cometido una infracción de las normas de la competencia de la Unión, existe también una presunción iuris tantum de que la primera sociedad ejerce una influencia decisiva sobre el comportamiento de la sociedad interpuesta e indirectamente, a través de esta última, sobre el comportamiento de dicha filial (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de enero de 2011, General Química y otros/Comisión, C‑90/09 P, Rec. p. I‑1, apartados 86 a 89).
137    En el presente caso, la Comisión constató en los considerandos 21 y 394 de la Decisión impugnada, sin que ello sea controvertido, que Repsol Petróleo poseía el 99,99 % del capital de RPA/Rylesa durante el período pertinente que va del 1 de marzo de 1991 al 1 de octubre de 2002.
138    Toda vez que Repsol Petróleo poseía la casi totalidad del capital de RPA/Rylesa, la primera se hallaba, en principio, en una situación análoga a la de un propietario único en cuanto a su capacidad de ejercer una influencia determinante en la política comercial de su filial (sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de mayo de 2012, Legris Industries/Comisión, C‑289/11 P, apartado 48, y sentencia del Tribunal General de 7 de junio de 2011, Arkema France y otros/Comisión, T‑217/06, Rec. p. II‑2593, apartado 53).
139    A falta de medios aportados por las demandantes que permitieran excluir en el presente caso la aplicación del régimen probatorio concerniente al propietario exclusivo, la Comisión podía presumir válidamente que Repsol Petróleo ejercía una influencia decisiva en el comportamiento de RPA/Rylesa.
140    También consta que durante el período pertinente Repsol YPF era titular del 99,97 % del capital de Repsol Petróleo, esto es, la casi totalidad de éste, según resulta de los considerandos 21 y 394 antes citados.
141    En defecto de medios aportados por las demandantes que permitieran excluir en el presente caso la aplicación del régimen probatorio concerniente al propietario exclusivo, la Comisión podía presumir, válidamente, que Repsol YPF ejercía una influencia decisiva en el comportamiento de Repsol Petróleo.
142    Por tanto, los vínculos accionariales de las tres sociedades permitían, por sí solos, que la Comisión presumiera, como hizo en el considerando 396 de la Decisión impugnada, que cada una de las dos sociedades matrices había ejercido durante todo el período de la infracción una influencia decisiva en la política comercial de su filial, y que, en consecuencia, Repsol YPF había ejercido durante todo el período de la infracción una influencia decisiva en la política comercial de RPA/Rylesa.
143    Hay que recordar al respecto que, en contra de lo alegado por las demandantes, la aplicación de la presunción a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior no está supeditada a la aportación de indicios adicionales relativos al ejercicio efectivo de una influencia de la sociedad matriz (sentencias Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 62, y de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartados 80 y 96).
144    Así pues, la Comisión no aplicó indebidamente la presunción de ejercicio efectivo por una sociedad matriz de una influencia decisiva en el comportamiento de su filial plena.
145    En consecuencia, se ha de desestimar el presente motivo, mientras que la cuestión de si las demandantes han logrado o no desvirtuar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva en el comportamiento de RPA/Rylesa se examinará junto con el cuarto motivo.
146    Por otro lado, es preciso añadir, en primer lugar, que, en contra de lo alegado por las demandantes, el principio de responsabilidad personal o de individualización de las penas y las sanciones no exige en absoluto una interpretación restrictiva de la presunción de ejercicio efectivo por una sociedad matriz de una influencia decisiva en su filial plena.
147    En efecto, en virtud del principio de individualización de las penas y de las sanciones, una persona física o jurídica sólo debe ser sancionada por los hechos que se le imputen individualmente, principio aplicable en todo procedimiento administrativo que pueda dar lugar a la imposición de sanciones en virtud de las normas sobre la competencia (sentencia del Tribunal de 17 de mayo de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, T‑299/08, Rec. p. II‑2149, apartado 178).
148    No obstante, como se desprende de la jurisprudencia expuesta en el apartado 131 anterior, este principio debe conciliarse con el concepto de empresa en el sentido del artículo 81 CE. Así pues, cuando la entidad económica infringe las normas sobre competencia, le incumbe, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción (sentencia de 17 de mayo de 2011, Elf Aquitaine /Comisión, antes citada, apartado 179).
149    Ahora bien, no es una relación de instigación relativa a la infracción entre la sociedad matriz y su filial ni, con mayor motivo, una implicación de la primera en dicha infracción, sino el hecho de que constituyan una sola empresa en el sentido del artículo 81 CE lo que habilita a la Comisión para dirigir la decisión sancionadora a la sociedad matriz. Por consiguiente, la sociedad matriz es sancionada personalmente por una infracción que se considera que cometió ella misma por razón de los vínculos económicos y jurídicos que la unían a su filial y le permitían determinar la conducta de ésta en el mercado (sentencia de 17 de mayo de 2011, Elf Aquitaine /Comisión, antes citada, apartado 180).
150    En cualquier caso, el Tribunal de Justicia ha juzgado que la presunción del ejercicio efectivo de una influencia determinante tiene como principal finalidad establecer un equilibrio entre la importancia, por una parte, del objetivo consistente en reprimir las conductas contrarias a las normas sobre la competencia, en particular al artículo 81 CE, y evitar que éstas se repitan y, por otra parte, de las exigencias de determinados principios generales del Derecho de la Unión, como en particular el principio de personalidad de las penas. El Tribunal de Justicia ha estimado que precisamente por esa razón la presunción admite prueba en contrario (sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 59).
151    Por consiguiente, esa presunción iuris tantum, que no lesiona los principios de personalidad de las penas o de responsabilidad personal, no ha de aplicarse de forma restrictiva.
152    En segundo término, en contra de lo alegado por las demandantes, la responsabilidad de la sociedad matriz, cuando nace del hecho de que posea la totalidad del capital de su filial, no es una responsabilidad objetiva. En efecto, aunque la sociedad matriz no intervenga directamente en la infracción, se presume que ejerce una influencia determinante en la filial que participa en ésta, cuando posee la totalidad o la casi totalidad del capital de esa filial (sentencia Akzo Nobel y otros/Comisión, antes citada, apartado 77).
153    Por ello, debe desestimarse el presente motivo.
4.      Sobre el cuarto motivo, basado en un error de hecho y de Derecho que vicia el análisis de los medios de prueba aportados por las demandantes en sus respuestas al pliego de cargos en apoyo de la autonomía comercial de RPA/Rylesa y sobre el quinto motivo, basado en que los indicios complementarios de la relación accionarial de las tres sociedades no pueden reforzar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva
154    Hay que recordar que la posesión por la sociedad matriz de la totalidad del capital de una filial permite que la Comisión presuma que la primera ejerce efectivamente una influencia determinante en la política comercial de esa filial (véase la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 57, y la jurisprudencia citada).
155    Por otro lado, como se ha expuesto antes al examinar el tercer motivo, la presunción de ejercicio de una influencia decisiva se aplica a una sociedad matriz que posea directa o indirectamente la totalidad o la casi totalidad del capital de la filial que haya participado en la infracción.
156    Cuando se aplica la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, incumbe a la sociedad matriz que impugne ante el juez de la Unión una decisión de la Comisión que aprecie su responsabilidad por el comportamiento de su filial desvirtuar esa presunción aportando medios probatorios suficientes para demostrar que su filial actúa de manera autónoma en el mercado (véase la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 57, y la jurisprudencia citada).
157    Para demostrar que su filial decide de manera autónoma su comportamiento en el mercado, la sociedad matriz debe apoyarse en todos los elementos pertinentes relativos a los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que la unen a esa filial (véase la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 58, y la jurisprudencia citada).
158    La sociedad matriz en cuestión no puede limitarse a exponer afirmaciones no acreditadas. En efecto, por un lado la presunción de ejercicio de una influencia decisiva se basa en la constatación de que, salvo en circunstancias completamente excepcionales, una sociedad que es titular de la totalidad del capital de una filial puede, por el mero hecho de ser titular de esa participación, ejercer una influencia determinante en la conducta de dicha filial y, por otro lado, de que la falta de ejercicio efectivo de ese poder de influencia normalmente puede buscarse con mayor eficacia en la esfera de las entidades contra las que opera dicha presunción (sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartados 60 y 61).
159    A la luz de las consideraciones que se acaban de exponer es preciso examinar si las demandantes aportan medios de prueba suficientes para desvirtuar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva de Repsol YPF y de Repsol Petróleo en RPA/Rylesa.
160    Dentro de su cuarto motivo, que intenta, en sustancia, desvirtuar esa presunción, las demandantes exponen al respecto cuatro alegaciones, basadas, la primera, en la falta de identidad del personal directivo de las sociedades demandantes, la segunda, en la autonomía del funcionamiento de la unidad de asfaltos dentro del grupo Repsol, la tercera, en el carácter marginal de la actividad relacionada con el betún respecto al conjunto de las actividades del grupo Repsol y, la cuarta, en la comunicación de los informes periódicos de RPA/Rylesa a su sociedad matriz.
161    Por otro lado, en su quinto motivo, las demandantes impugnan la validez de los seis indicios complementarios apreciados por la Comisión en la Decisión impugnada para corroborar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva de Repsol Petróleo y de Repsol YPF en RPA/Rylesa.
162    La Comisión solicita la desestimación de los motivos cuarto y quinto.
163    Es oportuno examinar en primer lugar las cuatro alegaciones expuestas por las demandantes dentro del cuarto motivo.
a)      Sobre la falta de identidad del personal directivo de las sociedades demandantes
Alegaciones de las partes
164    Las demandantes sostienen que, durante el procedimiento administrativo, explicaron que los miembros del consejo de administración de RPA/Rylesa no eran los mismos que los del consejo de administración de Repsol Petróleo y de Repsol YPF, y que jamás había habido miembros comunes en los equipos directivos de RPA/Rylesa y de sus empresas matrices.
165    De hecho, en numerosas ocasiones, la Comisión y los Tribunales de la Unión se han basado en vínculos personales o solapamientos entre los directivos de la filial y la matriz para imputar a ésta las infracciones cometidas por aquélla. Por lo tanto, según las demandantes, la Comisión no puede considerar que la existencia de solapamientos en los consejos de administración prueba la existencia de una influencia decisiva y no aceptar que la falta de solapamientos constituye, al menos, un indicio de lo contrario.
Apreciación del Tribunal
166    La jurisprudencia ya ha declarado que, a pesar de que el hecho de que haya directivos comunes en la sociedad matriz y la filial constituya un indicio del ejercicio de una influencia determinante de la primera en la segunda, el hecho de que no los haya no puede constituir un indicio suficiente de la autonomía de la filial (sentencia del Tribunal de 14 de julio de 2011, Total y Elf Aquitaine/Comisión, T‑190/06, Rec. p. II‑5513, apartado 65).
167    En consecuencia, debe desestimarse la presente alegación.
b)      Sobre la autonomía del funcionamiento de la unidad de asfaltos dentro del grupo Repsol
Alegaciones de las partes
168    Las demandantes recuerdan que en el procedimiento administrativo explicaron el funcionamiento de la unidad de asfaltos, encargada dentro del grupo Repsol de la definición de la estrategia y la política comercial en el mercado de referencia con total independencia. Las demandantes probaron que esa labor fue encomendada a RPA/Rylesa, que tomaba todas las decisiones a ese respecto.
169    La Comisión dispuso, según las demandantes, de abundantes pruebas que demostraban que RPA/Rylesa fue dirigida exclusivamente por sus propios directivos conforme a las facultades previstas en los estatutos de la sociedad. Se explicó a la Comisión de modo preciso la forma en que se regula la relación entre el administrador único de RPA/Rylesa y Repsol Petróleo, las facultades formales de éste y cómo han sido ejercidas dichas competencias en la práctica. El administrador único disponía de las más amplias facultades para gobernar, dirigir y administrar los negocios e intereses de RPA/Rylesa, en todo lo no reservado expresamente a la competencia de la junta general de accionistas. Del conjunto de la documentación comercial aportada por RPA/Rylesa se desprende que las personas que representaban a esa sociedad eran su administrador o sus directores.
170    Todas las facultades relativas a la «actividad empresarial cotidiana» o a «la negociación y firma de contratos», que la Comisión admite que RPA/Rylesa ejercía de manera exclusiva, prueban claramente, según las demandantes, que el tipo de actividad empresarial desarrollada por los directivos de RPA/Rylesa no puede considerarse en absoluto un seguimiento en lo esencial de unas supuestas instrucciones que Repsol Petróleo y Repsol YPF, de hecho, nunca le dirigieron.
171    La Comisión también recibió copia de las escrituras a través de las cuales el administrador único había delegado sus facultades en terceras personas, llamadas «directores», a los que dicho administrador otorgó las más amplias facultades de gestión comercial durante el período de la infracción. Las demandantes señalan que la Comisión no puede afirmar, fundadamente, que la atribución de facultades de dirección de la filial a personas que no forman parte de la dirección de la sociedad matriz es un rasgo universal de todo negocio debidamente gestionado. La delegación de facultades en terceras personas y su ejercicio sin interferencia de la sociedad matriz constituyen una prueba del comportamiento autónomo de RPA/Rylesa en el mercado.
172    Las demandantes afirman que también probaron que el funcionamiento autónomo de RPA/Rylesa era reconocido en el mercado, que los pedidos de los clientes se realizaban directamente a RPA/Rylesa y no a cualquiera de sus matrices, y que RPA/Rylesa, y no sus matrices, se ocupaba de todas las relaciones comerciales en el sector.
173    Según las demandantes, durante la inspección por sorpresa en los locales de RPA/Rylesa, la Comisión no encontró ningún documento que le permitiera sospechar la intervención de Repsol Petróleo, y menos aún de Repsol YPF, en la gestión de RPA/Rylesa.
174    Contrariamente a lo que sostiene la Comisión en el considerando 408 de la Decisión impugnada, añaden las demandantes, la facultad última de la sociedad matriz de destituir al administrador único de la filial no es indicio alguno del ejercicio de una influencia decisiva, ni de que dicho administrador aplique, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz. Las personas encargadas de la dirección de cualquier empresa filial sólo pueden ser nombradas por su sociedad matriz, en tanto que ésta posee la mayoría de las acciones. En consecuencia, el hecho de que la sociedad matriz pueda cesar al administrador no ilustra el ejercicio de influencia decisiva en un caso determinado, sino que es un rasgo común a cualquier relación entre sociedad matriz y filial.
175    Las demandantes alegan que, en contra de lo que se afirma en la Decisión impugnada, no se limitaron a realizar una «declaración general» en el sentido de que la «sociedad matriz no estaba directamente implicada o ni siquiera tenía conocimiento del cartel». Al contrario, reprochan a la Comisión que se basara en circunstancias que son comunes a todas las sociedades matrices, en lugar de analizar la relación específica entre RPA/Rylesa y Repsol Petróleo, tal y como ésta se define en los estatutos de RPA/Rylesa, los poderes aportados por las demandantes y el resto de la documentación mencionada. Semejante análisis general podría predicarse respecto de cualquier grupo de empresas e impide que una filial pueda demostrar que se comporta autónomamente en el mercado.
176    Las demandantes añaden que la presunción de ejercicio de una influencia decisiva es sencillamente irrazonable desde todo punto de vista en el caso de Repsol YPF. Ésta no nombra al administrador único de RPA/Rylesa ni, mucho menos, a las personas en las que ese administrador delegó sus competencias durante el período de la infracción, de las que ni siquiera conocía su existencia.
177    No existe, según las demandantes, ningún vínculo organizativo ni económico entre Repsol YPF y RPA/Rylesa más allá del determinado por la ley española a efectos de la consolidación financiera de resultados. Repsol YPF es la sociedad matriz en último término de una de las diez mayores petroleras privadas del mundo, cuya actividad se extiende en tres continentes y que cuenta con más de 300 filiales controladas directa o, como sucede en el caso de RPA/Rylesa, indirectamente. El grupo cuenta con líneas de negocio en la exploración y producción de petróleo y gas natural, refino y marketing, actividades petroquímicas y gas y electricidad. La producción y comercialización de betún es una de las múltiples actividades incluidas en la línea de negocio de refino y marketing.
178    Por ello, para las demandantes es absurdo considerar que Repsol YPF ha participado en la gestión comercial desarrollada por RPA/Rylesa durante el período de la infracción. Además, tal y como ha quedado claro en los documentos aportados a la Comisión durante el procedimiento administrativo, dicha gestión se realizó de forma independiente y, dada la escasa importancia económica que representa para el grupo en su conjunto, RPA/Rylesa nunca pudo ser vigilada por Repsol YPF.
Apreciación del Tribunal
179    Según la jurisprudencia, la aplicación de un modelo organizativo basado en una filosofía de delegación máxima en las filiales no constituye un medio de prueba que demuestre la autonomía de éstas. Al contrario, la introducción y la aplicación de esa estrategia o de cualquier otra estrategia de gestión acreditan la existencia de un poder de control efectivo de la sociedad matriz sobre sus filiales. En todo caso, la delegación de facultades en la dirección de las filiales al 100 % es una práctica frecuentemente utilizada y por ello no demuestra la autonomía real de las filiales (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 24 de marzo de 2011, Legris Industries/Comisión, T‑376/06, no publicada en la Recopilación, apartado 53).
180    Además, la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva no puede destruirse demostrando únicamente que es la filial la que gestiona los aspectos de su política comercial sin recibir instrucciones al respecto (sentencia Total y Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartados 57 y 64).
181    La falta de órdenes o de instrucciones de la sociedad matriz a su filial en relación con su política de compra o con las reuniones con los demás miembros del cartel tampoco puede demostrar la autonomía de la conducta de la filial en el mercado considerado (sentencia del Tribunal de 12 de octubre de 2011, Alliance One International/Comisión, T‑41/05, Rec. p. II‑7101, apartado 160).
182    En un grupo de sociedades la división de tareas es un fenómeno habitual que no basta para destruir la presunción referida (sentencia Total y Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 71).
183    A la luz de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados debe desestimarse la argumentación expuesta por las demandantes.
184    Además, la existencia de una amplia delegación de facultades concedida al administrador único de RPA/Rylesa no puede desvirtuar la presunción considerada, ya que no permite acreditar la independencia de ese administrador respecto a Repsol Petróleo, sociedad esta que, por el solo hecho de que dispone de la facultad de cesar al administrador, lo que no se ha discutido, puede ejercer una influencia decisiva en él. A este respecto, las demandantes no demuestran ni siquiera alegan, por ejemplo, que se hubieran tomado medidas para garantizar la independencia del administrador único de RPA/Rylesa respecto a Repsol Petróleo, y en consecuencia respecto a Repsol YPF.
185    De igual manera, la existencia de delegaciones de facultades concedidas por el administrador único de RPA/Rylesa a los directores de esa sociedad no permite demostrar la independencia de éstos en relación con dicho administrador y por tanto con Repsol Petróleo y con Repsol YPF.
186    Por último, acerca del supuesto reconocimiento por el mercado de la autonomía de funcionamiento de RPA/Rylesa, hay que recordar que la percepción por los terceros de la imagen de una sociedad no es suficiente por sí misma para demostrar que una filial es autónoma respecto de su o sus sociedades matrices (sentencia Total y Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartado 78).
187    De cuanto antecede se deduce que la argumentación de las demandantes sobre la autonomía de RPA/Rylesa respecto a Repsol Petróleo y a Repsol YPF, según se expone dentro de la presente alegación, debe desestimarse.
188    Por otro lado, las demandantes no pueden invocar con eficacia el argumento de que la Comisión no halló durante la inspección por sorpresa en los locales de RPA/Rylesa ningún documento que permitiera sospechar una intervención de Repsol Petróleo o de Repsol YPF en la gestión de RPA/Rylesa.
189    En efecto, toda vez que se aplica la presunción del ejercicio efectivo de una influencia decisiva de las sociedades matrices en el comportamiento de su filial, no incumbe a la Comisión aportar la prueba concreta de la existencia de esa influencia.
190    De igual modo, puesto que se presume la existencia de una influencia de Repsol YPF en RPA/Rylesa, las demandantes no pueden limitarse a alegar que, atendiendo a las características del grupo Repsol y en especial a su dimensión, sería absurdo considerar que Repsol YPF hubiera participado en la gestión comercial de RPA/Rylesa.
191    Finalmente, las demandantes alegan aspectos que según ellas tienden a demostrar que la unidad de asfaltos constituida dentro del grupo, que comprendía a RPA/Rylesa y Asfalnor, estaba dirigida por RPA/Rylesa sin intervención alguna de Repsol Petróleo o de Repsol YPF.
192    En realidad, aunque los aspectos invocados, en especial una correspondencia en la que Repsol Petróleo otorga un poder a los representantes de RPA/Rylesa para ejercer el derecho de voto inherente a su participación en el capital en las juntas generales de accionistas de Asfalnor, o también el esquema de organización del personal que aparece en la intranet del grupo Repsol, que pone de manifiesto que los vendedores de Asfalnor se hallaban bajo la autoridad del subdirector de asfaltos y de producción de RPA/Rylesa, acreditan la existencia de un control por RPA/Rylesa de la actividad de Asfalnor, no permiten sin embargo acreditar la falta de control RPA/Rylesa por las sociedades matrices.
193    Hay que añadir sobre ello que el hecho de que RPA/Rylesa hubiera podido ejercer un control de Asfalnor, que es también una filial de Repsol YPF, siendo así que no disponía de ninguna participación en el capital de Asfalnor, tiende antes bien a demostrar la integración de esas dos sociedades en una unidad económica más amplia, controlada por Repsol YPF, lo que refuerza la responsabilidad de ésta.
194    En definitiva, se ha de desestimar la presente alegación.
c)      Sobre el carácter marginal de la actividad relacionada con el betún respecto al conjunto de las actividades del grupo Repsol
Alegaciones de las partes
195    Las demandantes ponen de relieve que la importancia del betún es absolutamente marginal dentro del conjunto de negocios llevado a cabo por Repsol. En el período de la infracción, las ventas de este producto sólo suponían el 1,68 % de la facturación de Repsol Petróleo y el 0,36 % del total del volumen de negocios de Repsol YPF.
Apreciación del Tribunal
196    Basta recordar que, según la jurisprudencia, la importancia menor que represente la actividad de la filial autora de la infracción en la política industrial del grupo al que pertenece no puede probar que la sociedad matriz dejó que esa filial decidiera su conducta en el mercado con autonomía.
197    En efecto, aunque la parte que represente la actividad considerada sea limitada en relación con la totalidad de las actividades del grupo, la existencia misma de esa actividad dentro del grupo muestra el interés que tiene para la sociedad matriz.
198    En consecuencia, debe desestimarse la presente alegación.
d)      Sobre la comunicación de los informes periódicos de RPA/Rylesa a su sociedad matriz
Alegaciones de las partes
199    En apoyo de su tesis de que demostraron haber desvirtuado la presunción de ejercicio de una influencia decisiva, las demandantes señalan que explicaron a la Comisión que los informes mensuales y anuales de RPA/Rylesa a través de los cuales informaba a Repsol Petróleo del resultado de su actividad desde un punto de vista contable-financiero, y de los que se aportó copia a la Comisión, tenían una naturaleza meramente contable y de ellos no podía desprenderse que Repsol Petróleo ejerciera una influencia decisiva en la actividad comercial de RPA/Rylesa. Esos informes sólo permitían a Repsol Petróleo conocer las magnitudes financieras básicas de la actividad de RPA/Rylesa.
200    El contenido de los informes nunca permitió a Repsol Petróleo conocer la estrategia comercial de RPA/Rylesa en el mercado y sirve aún menos de prueba de que le impartiera instrucciones. Tales informes constituyen, pues, a juicio de las demandantes, una prueba de descargo de la responsabilidad de Repsol Petróleo y una prueba objetiva de la independencia comercial de RPA/Rylesa. Demuestran que el control ejercido por Repsol Petróleo sobre RPA/Rylesa era manifiestamente insuficiente para predicar la existencia del ejercicio de una influencia comercial decisiva sobre RPA/Rylesa.
Apreciación del Tribunal
201    Dado que se aplica la presunción del ejercicio efectivo por las sociedades matrices de una influencia decisiva en el comportamiento de su filial, no incumbe a la Comisión acreditar el ejercicio efectivo de un control de la conducta de RPA/Rylesa por Repsol Petróleo y por Repsol YPF, sino a las demandantes demostrar la autonomía del comportamiento de RPA/Rylesa.
202    Por consiguiente, poco importa que los informes que invocan las demandantes no hubieran podido permitir que las sociedades matrices controlaran la actividad comercial de RPA/Rylesa, según mantienen.
203    En efecto, aun suponiéndola acreditada esa alegación no excluye en absoluto la existencia de un control de las sociedades matrices ejercido por otros medios.
204    Conviene recordar, a este respecto, que el hecho de que una sociedad matriz nunca estableciera un mecanismo de control de las actividades de su filial en el ámbito afectado por la infracción no puede bastar para demostrar que ésta actuaba de manera autónoma en el mercado de que se trata (sentencia Alliance One International/Comisión, antes citada, apartado 160).
205    Por lo demás, la transmisión con periodicidad de un documento que contenía informaciones sobre la evolución de las ventas, los márgenes comerciales y las inversiones, como confirmaron en la vista las demandantes, demuestra, al menos, la existencia de un seguimiento de la actividad de su filial por Repsol Petróleo.
206    Por consiguiente, debe desestimarse la presente alegación.
207    En consecuencia, ninguno de los aspectos expuestos por las demandantes dentro del presente motivo puede demostrar por sí solo la autonomía de la conducta de RPA/Rylesa respecto a Repsol Petróleo y a Repsol YPF. De igual manera, considerados en conjunto, esos aspectos no permiten desvirtuar la presunción de ejercicio efectivo por Repsol YPF y Repsol Petróleo de una influencia decisiva en el comportamiento de RPA/Rylesa.
208    A mayor abundamiento, es oportuno observar que algunos de los indicios complementarios en los que se apoyó la Comisión en la Decisión impugnada revelan la existencia de vínculos significativos entre las demandantes que confirman el hecho de que éstas constituyen una sola entidad económica.
209    Ante todo, en el considerando 397, letra a), de la Decisión impugnada, se precisa que una de las actividades económicas de Repsol Petróleo es la producción de betún que vende posteriormente a RPA/Rylesa para su transformación y comercialización. En contra de lo afirmado por las demandantes, la doble condición de Repsol Petróleo, que es a la vez propietario y proveedor de RPA/Rylesa, es apta para crear relaciones verticales y sinergias entre ambas sociedades, que corroboran la existencia de una entidad económica única.
210    En segundo término, en contra de lo que mantienen las demandantes, la Comisión indica fundadamente en el considerando 397, letra d), de la Decisión impugnada que el uso del nombre «Repsol» en la denominación de RPA/Rylesa no puede calificarse de intrascendente. En efecto, ese uso permite a dicha filial utilizar la «marca Repsol» y su valor comercial para promover sus actividades, de modo que el comportamiento de RPA/Rylesa puede afectar a la reputación del grupo Repsol en conjunto. Por tanto, no es irrazonable pensar que una sociedad matriz, como Repsol YPF, al permitir que una filial y una filial de ésta utilicen en el mercado el mismo nombre que ella, controla las actividades de esas sociedades y sus potenciales consecuencias en su reputación ante los consumidores.
211    Como sea que las demandantes no han podido demostrar la autonomía del comportamiento de RPA/Rylesa en el mercado afectado, de todas las consideraciones anteriores se deduce que no puede estimarse desvirtuada la presunción de ejercicio por Repsol Petróleo y Repsol YPF de una influencia decisiva en el comportamiento comercial de RPA/Rylesa.
212    En lo que atañe a los indicios complementarios en los que se basó la Comisión en la Decisión impugnada, es decir, los que no se han examinado en los apartados 208 a 210 anteriores, es preciso recordar que, según jurisprudencia asentada, la aplicación de la presunción del ejercicio efectivo por una sociedad matriz de una influencia determinante en su filial plena no está subordinada a la aportación de indicios adicionales acreditativos de esa influencia (sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, antes citada, apartados 80 y 96, y sentencia Arkema France y otros/Comisión, antes citada, apartado 49).
213    Por tanto, cuando no se ha desvirtuado la presunción del ejercicio efectivo por una sociedad matriz de una influencia determinante en su filial plena, la Comisión no está obligada a aportar indicios complementarios para acreditar esa influencia a efectos de apreciar la responsabilidad de la sociedad matriz en virtud del comportamiento de su filial.
214    Pues bien, como se acaba de exponer, las demandantes no han logrado desvirtuar en este caso la referida presunción.
215    Siendo así, la eventual inadecuación de algunos de los indicios adicionales a los vínculos accionariales de las tres sociedades que la Comisión apreció a los solos efectos de reforzar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva carece de incidencia en la legalidad de la Decisión impugnada.
216    De cuanto antecede se deduce que han de desestimarse los motivos cuarto y quinto.
5.      Sobre el sexto motivo, basado en la fijación del importe inicial de la multa vulnerando los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato
a)      Alegaciones de las partes
217    Las demandantes estiman que el importe de la multa impuesta debería reducirse en la medida en que la Comisión excedió los límites de su margen de discrecionalidad e infringió el principio de proporcionalidad al fijar un importe de base de la multa arbitrario, excesivo y desproporcionado, que no guarda relación con la dimensión geográfica de la infracción ni con la importancia económica del mercado afectado y no tiene en cuenta las repercusiones concretas de la infracción.
218    En el considerando 509 de la Decisión impugnada, la Comisión afirmó que, habida cuenta de su naturaleza, los acuerdos examinados habían constituido una infracción «muy grave» y precisó que esa conclusión era independiente de que el cartel hubiera tenido un efecto medible en el mercado, y que había tenido en cuenta el hecho de que la colusión sólo afectaba al mercado español.
219    Incluso admitiendo que la Comisión esté facultada para calificar una infracción atendiendo exclusivamente a su naturaleza, una vez catalogada la infracción como «muy grave» y establecido el importe inicial indicativo de 20.000.000 de euros, la Comisión no puede, en ningún caso, a juicio de las demandantes, prescindir de otros elementos de análisis indispensables, y menos aún duplicar ese importe sin indicar los motivos que le han llevado a hacerlo.
220    En primer lugar, las demandantes señalan, en lo que respecta al parámetro del alcance geográfico de la infracción en cuestión, la Comisión ha llegado a considerar en el pasado que el carácter «nacional» de los comportamientos analizados determina que éstos constituyan infracciones «graves» en lugar de «muy graves». En tales supuestos, la Comisión nunca ha fijado importes iniciales generales superiores a la cuantía establecida en el presente asunto.
221    A este respecto, las demandantes reprochan a la Comisión que confunda los importes iniciales específicos con los generales y afirman que ellas se refieren a los segundos y no a los primeros, en la medida en que estos últimos se calculan en función de criterios subjetivos distintos de la gravedad de la infracción. Todos los importes iniciales específicos a los que hace referencia la Comisión son inferiores al del presente asunto, a pesar de que los asuntos en que se fijaron se referían a carteles cuyo ámbito geográfico era todo el Espacio Económico Europeo (EEE).
222    En segundo lugar, las demandantes sostienen que el mercado sectorial de que se trata tiene un escaso valor económico y recuerdan, a este respecto, que, tras tener en cuenta la importancia relativa de cada empresa, se había considerado proporcionado un importe inicial específico de la multa de 25.000.000 de euros, en el caso de una infracción muy grave de ámbito nacional, pese a que el valor de las ventas del producto afectado había sido de 1.200.000.000 de euros (sentencia del Tribunal de 25 de octubre de 2005, Groupe Danone/Comisión, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, apartado 191).
223    En su Decisión 2003/674/CE, de 2 de julio de 2002 relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 [CE] y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto C.37.519 — Metionina) (DO 2003, L 255, p. 1), la Comisión estableció un importe inicial específico máximo de 35.000.000 de euros en un asunto en el que el valor del mercado del producto afectado era de 260.000.000 de euros, valor muy similar al del mercado del betún de penetración en España en 2001, pese a que se trataba de una infracción «muy grave» consistente en prácticas de reparto de mercado y fijación de precios que abarcaba todo el EEE.
224    Además, las demandantes consideran que el importe de base fijado en el presente asunto debería reducirse en atención a la alta proporción (41 %), que representa del volumen de negocio que Repsol registraba en el mercado de referencia a pesar de que se trata de una infracción circunscrita a un mercado infraestatal, de escaso valor económico, y en el que Repsol realiza menos del 0,36 % de su facturación como grupo.
225    Los asuntos que la Comisión cita con el fin de demostrar que el importe inicial de la multa fijado era superior a la facturación en el mercado de referencia se refieren a infracciones que afectaban a todo el EEE. Además, los importes referidos por la Comisión son importes específicos, cuando las demandantes basan sus alegaciones en un importe inicial general fijado en el presente asunto en 40.000.000 de euros.
226    La práctica consistente en fijar el importe inicial de la multa atendiendo principalmente a la naturaleza de la infracción, ignorando, pese a no reconocerlo, magnitudes básicas como el tamaño del mercado y su dimensión geográfica, implica contradicciones potenciales con los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.
227    Las demandantes consideran, en tercer lugar, que la Comisión está obligada a tener en cuenta las repercusiones concretas de la infracción en el mercado en el caso de que éstas puedan determinarse. Sin perjuicio de que la Comisión no esté obligada a cuantificar de manera exacta los efectos del cartel, sí está sujeta al deber de ponderar los factores que puedan matizar los efectos de la infracción sobre la base de las informaciones de que dispone.
228    La jurisprudencia no puede interpretarse, según las demandantes, en el sentido de que sólo podrán tenerse en cuenta los efectos cuando éstos puedan identificarse con absoluta precisión, algo que muy raramente podría ocurrir, sino en el sentido de que obliga a tomar en consideración los datos en conocimiento de la Comisión que puedan contribuir a determinar la mayor o menor magnitud de dichos efectos. En consecuencia, ya que la propia Comisión considera que el cartel tuvo efectos de carácter limitado, esta conclusión debería haber tenido algún peso en la determinación del importe de la multa.
229    Las demandantes consideran que la Comisión no puede limitarse a afirmar que, una vez puestos en práctica, es «probable» que los acuerdos surtiesen efectos. La propia Comisión ha reconocido que no cabe confundir la aplicación de una práctica colusoria y las repercusiones concretas de ésta en el mercado afectado y que es ella quien debe aportar pruebas al respecto. La Comisión ha admitido también que la aplicación de los acuerdos de un cartel es una condición previa y necesaria para la demostración de las repercusiones concretas de éste, pero no es una condición suficiente para esta demostración. En su sentencia de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión (T‑279/02, Rec. p. II‑897, apartado 232), el Tribunal declaró que las referencias al objetivo de un acuerdo son únicamente indicaciones que pretenden demostrar que la infracción podía provocar importantes efectos contrarios a la competencia y no que realmente haya ocurrido así.
230    Según las demandantes, no puede aceptarse, por razones obvias, que la Comisión pueda imponer una sanción superior a 80.000.000 de euros sin valorar los datos pertinentes aportados por las demandantes, a saber:
–        los constantes incumplimientos del acuerdo por parte de todas las empresas implicadas;
–        las deficiencias constatadas en la aplicación de los mecanismos de seguimiento;
–        la falta de aplicación de mecanismos de castigo;
–        la existencia de importaciones a lo largo de toda la duración del acuerdo, un período en el que se introdujeron en el mercado español distintos competidores, y la inexistencia de una estrategia para excluir a los importadores del acuerdo;
–        las fluctuaciones de precios respondían únicamente a la variación en el precio de las materias primas, dado que la evolución de los precios del betún de penetración discurre en paralelo a la del fuel oil pesado, que es su producto de referencia;
–        los precios del betún de penetración en España se mantuvieron acordes con los vigentes en otros Estados miembros.
231    Por lo tanto, las demandantes solicitan que el Tribunal, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, tome en consideración todos estos datos complementarios para apreciar el carácter desproporcionado de la cuantía de la multa, sustituya la valoración de la Comisión por la suya propia y, en consecuencia, reduzca el importe inicial de la multa fijado en 40.000.000 de euros.
232    La Comisión solicita que se desestime el presente motivo.
b)      Apreciación del Tribunal
233    La argumentación de las demandantes les lleva, en sustancia, por un lado, a impugnar la calificación de la infracción realizada por la Comisión y, por otro, el importe de la multa que les impuso. Conviene examinar sucesivamente ambos aspectos.
Sobre la calificación de la infracción
234    En el considerando 500 de la Decisión impugnada, la Comisión manifestó que cada una de las dos clases de conductas anticompetitivas apreciadas, los acuerdos horizontales de reparto del mercado y la coordinación de precios, por su propia naturaleza, se encuentra entre las clases de infracciones más perniciosas del artículo 81 CE, y que la jurisprudencia ha confirmado que este tipo de restricciones pueden merecer el calificativo de infracciones «muy graves» atendiendo exclusivamente a su naturaleza, sin que sea necesario que dichas conductas tengan un impacto determinado.
235    La Comisión reafirmó en el considerando 509 de la Decisión impugnada que, habida cuenta de la naturaleza de las infracciones constatadas, las empresas destinatarias de la Decisión impugnada habían cometido una infracción muy grave del artículo 81 CE y precisó que esa conclusión era independiente de la cuestión de que el cartel hubiera tenido un impacto medible en el mercado.
236    A este respecto, de la descripción indicativa de las infracciones muy graves en el punto 1 A de las Directrices de 1998, que la Comisión aplicó en la Decisión impugnada, resulta que los acuerdos o prácticas concertadas cuyo objeto es, como en el presente asunto, el reparto de los mercados y la fijación de los precios pueden merecer esa calificación con el único fundamento de su propia naturaleza, sin que sea necesario que esas conductas se caractericen por una extensión geográfica específica o por el impacto de la infracción en el mercado (sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Prym y Prym Consumer/Comisión, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, apartados 75 y 81).
237    Corrobora esta conclusión el hecho de que, si bien la descripción indicativa que da el punto 1 A de las Directrices de 1998 de las infracciones susceptibles de ser consideradas graves indica que se tratará de infracciones del mismo tipo que las definidas como leves «pero cuya aplicación sea más rigurosa, cuyas repercusiones en el mercado sean más amplias y que puedan surtir sus efectos en amplias zonas del mercado común», la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia diferente de la propia naturaleza de la infracción considerada (sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y otros/Comisión, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P y C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, apartado 103, y la sentencia Groupe Danone/Comisión, antes citada, apartado 150).
238    De ello se sigue que la Comisión podía calificar válidamente como infracción muy grave del artículo 81 CE, apartado 1, los acuerdos de reparto de mercado y las actividades de coordinación de precios en los que participaron las demandantes, fundándose únicamente en su naturaleza.
Sobre el importe de la multa aplicado a las demandantes
239    Conviene recordar al respecto que, en un primer momento, la Comisión determinó un importe inicial, fijado en 40.000.000 de euros, teniendo en cuenta, a la vez, la calificación de las infracciones apreciadas como «muy graves», la amplitud geográfica del mercado afectado y el valor de éste (véase el apartado 74 anterior).
240    Basándose en ese importe inicial, la Comisión aplicó un trato diferenciado a cada uno de los participantes en el cartel, atendiendo a la cuota de cada uno de ellos en el mercado del betún de penetración en España en 2001, esto es, el último año completo de la infracción (considerandos 511 a 515 de la Decisión impugnada).
241    De tal manera, la Comisión clasificó en tres categorías a los participantes en cartel, considerando, en particular, que el importe inicial para el cálculo de la multa, fijado en 40.000.000 de euros, debía aplicarse plenamente a Repsol y a PROAS, cuyas cuotas de mercado se estimaban entre el 31,67 % y el 34,04 % (considerandos 514 y 515 de la Decisión impugnada).
242    Por tanto, la Comisión se basó en un importe de 40.000.000 de euros, igual al importe inicial, para calcular seguidamente el importe de la multa a cargo de Repsol.
243    La Comisión aplicó a ese importe un coeficiente multiplicador sobre la base del volumen de negocios global de Repsol en 2006. A continuación elevó el importe de la multa para tener en cuenta la duración de la participación de Repsol en la infracción y su papel de líder. Finalmente, redujo el importe de la multa con fundamento en la Comunicación de 2002, llegando entonces a un importe final de 80.496.000 euros.
244    En lo referente a la alegación de la vulneración del principio de proporcionalidad, ante todo es preciso examinar la crítica específica de las demandantes sobre el importe inicial de la multa.
245    Hay que observar al respecto, en primer lugar, que la infracción considerada fue calificada como «muy grave» por la Comisión, y que las demandantes no han demostrado que esa calificación fuera errónea, según resulta del apartado 238 anterior.
246    En segundo término, en lo referente a la amplitud geográfica de la infracción, no se discute que ésta afecta al betún de penetración vendido en España (excepto las Islas Canarias).
247    Las demandantes afirman que ese mercado no tiene dimensión nacional, sino dimensión «infraestatal», sin demostrarlo.
248    Pues bien, de la jurisprudencia se deduce que un mercado geográfico de dimensión nacional corresponde a una parte sustancial del mercado común (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 28 ; sentencias del Tribunal General de 27 de julio de 2005, Brasserie nationale y otros/Comisión, T‑49/02 a T‑51/02, Rec. p. II‑3033, apartado 176, y Groupe Danone/Comisión, antes citada, apartado 150).
249    En tercer lugar, consta que el valor total del mercado español del betún de penetración alcanzó 286.400.000 euros en 2001, último año completo de la infracción considerada. También consta que las ventas de betún español de Repsol fueron en 2001 de 97.500.000 euros, esto es, el 34,04 % del mercado afectado.
250    Atendiendo a ese porcentaje y esos dos importes, así como a la gravedad de la infracción y la amplitud del mercado geográfico afectado, el importe de 40.000.000 de euros aplicado a Repsol como base para el cálculo del importe de la multa no se manifiesta desproporcionado.
251    Hay que precisar que, atendiendo a los factores que la Comisión tuvo en cuenta, ésta podía fijar válidamente tal importe sin estar obligada a tener en cuenta el impacto concreto del cartel.
252    Así pues, aun suponiendo que se hubiera acreditado la falta de impacto concreto del cartel, ello no podría llevar al Tribunal a concluir que se haya vulnerado el principio de proporcionalidad.
253    También, en relación con el carácter proporcionado del importe de 40.000.000 de euros aplicado a Repsol como base para el cálculo de la multa, se ha de observar que ninguna disposición de las Directrices de 1998 prevé que el importe que sirve como base para el cálculo de la multa deba rebajarse porque represente una alta proporción del volumen de negocios realizado por la empresa que ha participado en la infracción. En cualquier caso, el solo hecho de que ese importe represente el 41 % del volumen de negocios que Repsol realizaba en el mercado del betún no permite concluir que sea desproporcionado.
254    Por otro lado, también se debe señalar que el análisis de la «capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño importante a los demás operadores, sobre todo a los consumidores», análisis que la Comisión tiene la obligación de efectuar, con arreglo al punto 1 A, párrafo cuarto, de las Directrices, como elemento «necesario» para evaluar la gravedad de una infracción, implica una apreciación de la importancia real de las empresas de que se trate en el mercado afectado, es decir, de su influencia en él. En ese contexto, las cuotas que ostenten las empresas infractoras en el mercado afectado, en volumen o en valor, son un elemento de apreciación pertinente, puesto que permiten determinar la importancia relativa de cada una de ellas en dicho mercado (véase la sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2006, Daiichi Pharmaceutical/Comisión, T‑26/02, Rec. p. II‑713, apartado 58, y la jurisprudencia citada).
255    Acerca de ello, se ha juzgado que la Comisión está facultada para dispensar un trato diferenciado, en función de las cuotas alcanzadas en el mercado de referencia, aun cuando no se demuestre una incidencia concreta de la infracción en el mercado afectado. En efecto, la cuota de mercado de cada una de las empresas implicadas en el mercado que ha sido objeto de una práctica restrictiva constituye un criterio objetivo que ofrece una justa medida de la responsabilidad de cada una en cuanto a la posible nocividad de dicha práctica para el juego normal de la competencia (véase la sentencia del Tribunal de 6 de mayo de 2009, KME Germany y otros/Comisión, T‑127/04, Rec. p. II‑1167, apartados 61 y 62, y la jurisprudencia citada).
256    Por tanto, incluso de suponer acreditada la falta de impacto concreto del cartel, la Comisión podía tomar en cuenta, válidamente, las ventas de betún español de Repsol en 2001 para fijar un importe de 40.000.000 de euros como base para el cálculo de la multa de Repsol.
257    Por último, toda vez que la Comisión se refirió expresamente, en el considerando 514 de la Decisión impugnada, a la cuota del mercado afectado obtenida por las demandantes y en sus considerandos 509 y 510 a la naturaleza muy grave de la infracción así como al valor del mercado afectado y a su extensión geográfica, es infundada la alegación por las demandantes de que la Comisión no precisó los motivos que le llevaron a fijar un importe de 40.000.000 de euros como base para el cálculo de la multa de Repsol.
258    De cuanto precede resulta que no puede apreciarse error alguno de la Comisión al determinar el importe de 40.000.000 de euros como base para el cálculo de la multa impuesta a Repsol.
259    En lo referido al importe final de la multa, las demandantes no acreditan la existencia de un error que viciara a los factores que la Comisión tuvo en cuenta para adaptar el importe inicial de la multa que les impuso y llegar a su importe final, ya fuera cuando la Comisión aplicó un coeficiente multiplicador de 1,2 basado en el volumen de negocios total del grupo Repsol, o bien al elevar el importe de la multa atendiendo al hecho de que Repsol había participado en la infracción durante un período de once años y siete meses, o cuando aumentó a continuación ese importe en el 30 % a causa del papel de líder de la infracción de Repsol (véase sobre ese último aspecto el examen del séptimo motivo), o finalmente, al rebajar el importe de la multa basándose en la Comunicación de 2002 (véase sobre ese último aspecto el examen del octavo motivo).
260    A la vista de todos los factores considerados por la Comisión, el importe final de la multa impuesta a las demandantes, es decir 80.496.000 euros, no resulta desproporcionado.
261    Es oportuno precisar que, atendiendo a los factores que tuvo en cuenta, la Comisión podía fijar válidamente ese importe sin estar obligada a considerar el impacto concreto del cartel.
262    Así pues, aun suponiendo que se hubiera acreditado la falta de impacto concreto del cartel en el mercado afectado, ello no podría llevar al Tribunal a concluir que se haya vulnerado el principio de proporcionalidad.
263    En consecuencia, carecen de pertinencia los factores que invocan las demandantes para demostrar los efectos limitados del cartel.
264    Suponiendo, incluso, que al invocar algunos de esos factores, las demandantes hubieran pretendido alegar la circunstancia atenuante derivada de la falta de aplicación efectiva de los acuerdos o prácticas ilícitos prevista en el punto 3, segundo guión, de las Directrices de 1998, ese argumento debería desestimarse.
265    En efecto, hay que recordar que la Comisión sólo está obligada a reconocer la existencia de una circunstancia atenuante por la falta de aplicación de una concertación en el caso de que la empresa que la invoque pueda demostrar que se opuso de forma clara y sustancial a la ejecución de dicha concertación, hasta el punto de alterar el funcionamiento de la misma, y que no dio la impresión de adherirse al acuerdo, incitando así a otras empresas a aplicar la concertación en cuestión. En efecto, sería demasiado fácil para las empresas minimizar el riesgo de tener que pagar una fuerte multa si pudiesen beneficiarse de una práctica colusoria ilícita y a continuación conseguir una reducción del importe de la multa alegando que sólo desempeñaron un papel limitado en la aplicación de la infracción, a pesar de que su actitud incitó a otras empresas a comportarse de una forma más perjudicial para la competencia (sentencias del Tribunal de 8 de julio de 2004, Mannesmanröhren-Werke/Comisión, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, apartados 277 a 279, y de 14 de diciembre de 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich y otros/Comisión, T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02, Rec. p. II‑5169, apartado 491).
266    En el presente asunto, aun suponiendo que se hubiera demostrado que los acuerdos de reparto del mercado, el sistema de seguimiento o el mecanismo de compensación no se aplicaban siempre, esa circunstancia no puede calificarse como una oposición de las demandantes a la puesta en práctica del cartel, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado precedente.
267    Por último, sobre la alegación de vulneración del principio de igualdad de trato, se ha juzgado que la práctica decisoria anterior de la Comisión no sirve de marco jurídico aplicable a las multas en materia de competencia, y que las decisiones relativas a otros asuntos sólo tienen carácter indicativo en lo referente a la existencia de discriminaciones (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de abril de 2012, Tomra Systems y otros/Comisión, C‑549/10 P, apartado 104, y la jurisprudencia citada).
268    Así pues, el hecho de que la Comisión haya aplicado, en el pasado, multas de cierto nivel a determinados tipos de infracciones no puede privarla de la posibilidad de elevar dicho nivel si ello resulta necesario para garantizar la aplicación de la política de la competencia de la Unión, que sigue estando definida únicamente por el Reglamento nº 1/2003 (véase la sentencia Tomra Systems y otros/Comisión, antes citada, apartado 105, y la jurisprudencia citada).
269    En efecto, el Tribunal de Justicia ha destacado que la puesta en práctica de dicha política exige que la Comisión pueda adaptar el nivel de las multas en función de las necesidades de la política en la materia (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. p. 1825, apartado 109).
270    En consecuencia, las demandantes no pueden invocar eficazmente decisiones anteriores de la Comisión en materia de competencia en apoyo de su alegación de vulneración del principio de igualdad de trato, ya pretendan impugnar el importe de la multa que se les impuso o bien la calificación de la infracción apreciada respecto a ellas.
271    En consecuencia, dado que la Comisión no cometió error alguno, debe desestimarse el presente motivo.
6.      Sobre el séptimo motivo, basado en un error de apreciación de los hechos de los que deriva la calificación de Repsol y de PROAS como líderes del cartel
a)      Alegaciones de las partes
272    Las demandantes reprochan a la Comisión haber cometido un error de apreciación de los hechos en el considerando 536 de la Decisión impugnada al apreciar en contra de Repsol y de PROAS la circunstancia agravante de liderazgo del cartel.
273    De los términos utilizados en la Decisión impugnada, «consenso», «acuerdo», «discusión» o «defensa», se desprende que, según las demandantes, las decisiones se adoptaban por acuerdo de todos los participantes, es decir, que se negociaban entre todos los operadores, sin ser impuestas ni inducidas por uno o algunos de ellos.
274    En lo que respecta a las reuniones bilaterales, las demandantes no entienden por qué la Comisión calificó a Repsol y a PROAS de líderes del cartel por el mero hecho de ser las empresas que vendían en todo el territorio nacional y de que, por esa razón, tenían acceso a la información de todo el territorio y participaban en todas las reuniones que afectaban a su territorio.
275    Es cierto que, como se indica correctamente en la Decisión impugnada, dos empleados de Repsol y PROAS llegaban a un acuerdo sobre las cuestiones pendientes relacionadas con el reparto del mercado y, una vez acordado el reparto del mercado entre los tres productores de betún, Repsol o PROAS mantenían una reunión con Nynäs y otra con Petrogal para informarles y negociar con ellas los volúmenes de ventas y clientes que les corresponderían a cada una en sus respectivas zonas de influencia.
276    Sin embargo, esas circunstancias no son suficientes para entender que Repsol y PROAS desempeñaban el papel de «responsables» de la gestión del cartel. Estos hechos demuestran precisamente la falta de liderazgo, pues el papel de los tres operadores principales, Repsol, PROAS y BP, era similar y nunca de liderazgo respecto a Nynäs y Petrogal.
277    Las demás cuestiones relacionadas con el reparto del mercado, que se acordaban durante una comida entre un empleado de Repsol y un empleado de PROAS [considerando 130, letra e), de la Decisión impugnada], no eran de interés para BP, Nynäs o Petrogal, puesto que no afectaban a su área de influencia. Según las demandantes, dado que únicamente existía solapamiento entre las áreas de influencia de Repsol y de PROAS, y de éstas con cada una de las otras empresas, las conversaciones eran bilaterales o trilaterales o entre todos los participantes del cartel. Repsol y PROAS eran los únicos actores a nivel nacional y las áreas de influencia de los otros tres productores no se solapaban.
278    La constatación expuesta en el considerando 534, letra b), de la Decisión impugnada de que un empleado de Repsol y un empleado de PROAS «presidían» con frecuencia las reuniones no afecta al funcionamiento del cartel, ya que lo relevante a este respecto es el orden del día y el hecho de que las decisiones se adoptaban siempre por consenso. Además, añaden las demandantes, el hecho de que fuesen los presidentes habituales no significa que no hubiese otras personas que también asumieron dicho cargo.
279    La afirmación de que Repsol asignó una cuota de mercado a Nynäs y a Petrogal, en el momento de su entrada en el mercado español, se deriva únicamente de la respuesta de BP a una solicitud de información y de una nota interna de BP, citada en el considerando 201 de la Decisión impugnada. La Comisión, según las demandantes, no puede basar su decisión sobre la concurrencia de liderazgo en afirmaciones genéricas de terceros involucrados, carentes de respaldo probatorio alguno, sin haberlas confirmado previamente, máxime cuando las dos partes directamente afectadas, Repsol y, como se desprende del considerando 202 de la Decisión impugnada, Nynäs, niegan que se asignara dicha cuota al entrar en el mercado.
280    Las demandantes señalan que, de hecho, la nota interna de BP reconoce que Nynäs ya había entrado en el mercado en 1988, por lo que establecer posteriormente cuotas de mercado de entrada resulta contrario a la lógica de mercado más elemental. La Comisión no puede, además, basarse en la cita, en el considerando 125 de la Decisión impugnada, de una respuesta de BP a una solicitud de información, según la cual Repsol y PROAS ofrecieron a Petrogal una cuota de mercado en su zona de influencia.
281    La gestión del acuerdo de fijación de precios mencionada en el considerando 534, letras d) y k), de la Decisión impugnada no se llevó a cabo únicamente por Repsol y PROAS, sino con la participación de todos los operadores. Según las demandantes, esas subidas de precios no eran decididas sólo en reuniones bilaterales entre Repsol y PROAS, ya que BP también participaba en ocasiones en dicho tipo de reuniones y acuerdos.
282    La Comisión, a juicio de las demandantes, confundió liderazgo del mercado con liderazgo del cartel. La negociación obligada de los precios con Repsol y PROAS se debía a la cuota de mercado de estas empresas y no a su liderazgo en el cartel. Dadas sus cuotas de mercado, el cartel debía funcionar con el acuerdo de Repsol y PROAS. Esta circunstancia se deriva del hecho objetivo de la estructura del mercado y no del hecho subjetivo de un mayor grado de involucración en el cartel. La condición de líder del mercado, que ya ha sido reflejada en el peso específico atribuido a Repsol a efectos del cálculo del importe de base de la multa, no puede significar automáticamente ser líder de todo cartel en el que se participe. La Comisión no ha demostrado cómo utilizaba Repsol su poder en el mercado para imponer precios sin negociación a los otros miembros del cartel.
283    Las demandantes alegan que su condición de líderes del mercado no puede justificar por sí sola que se imponga a Repsol y PROAS una multa mayor por aplicación de la agravante de liderazgo, y así resulta de la práctica de la Comisión y de la jurisprudencia. Además de incurrir en un error manifiesto de apreciación, la Comisión se desvió de su práctica decisoria sin motivación alguna.
284    El papel desempeñado por Repsol y PROAS se vio atenuado, según las demandantes, por el hecho de que los precios se basaban en una fórmula matemática, mediante la que se aplicaba el incremento de los precios de las materias primas y, como el elemento fundamental eran las cuotas negociadas, los precios eran meramente indicativos y los operadores no solían seguirlos.
285    Las demandantes cuestionan el reparto tripartito de papeles en el acuerdo efectuado por la Comisión entre dos empresas calificadas de líderes del acuerdo (Repsol y PROAS), una empresa de comportamiento no calificado (BP) y otras dos empresas (Petrogal y Nynäs) con una participación menos habitual y activa, según el considerando 567 de la Decisión impugnada. Según las demandantes, pueden distinguirse únicamente dos grupos de empresas. Como se indica en los considerandos 126 y 138 de la Decisión impugnada, en el primer grupo se encontraban Repsol, PROAS y BP, cuya participación en las reuniones del cartel fue permanente y más activa, y en el segundo Petrogal y Nynäs, que participaban en las reuniones con menor frecuencia. En efecto, la mayor o menor frecuencia en la participación de las reuniones del cartel dependía exclusivamente de su zona geográfica y no de una mayor o menor voluntad de protagonismo.
286    Por consiguiente, a juicio de las demandantes, no cabe distinguir entre empresas líderes y empresas seguidoras por el mero hecho de que, como es evidente, las empresas más pequeñas tuvieran un papel acorde con su tamaño. En efecto, el sentido jurídico y económico de la agravante de liderazgo consiste en incrementar el importe de la multa impuesta a aquellas empresas que han desarrollado un comportamiento distinto y más grave, en comparación con el llevado a cabo por el resto de participantes del cartel. Por esta razón, si en un determinado cartel la mayoría de las empresas se han comportado de la misma manera, no debería agravarse la responsabilidad de la mayoría, sino aliviarse la responsabilidad de la minoría, conforme a la lógica aplicada por la Comisión hasta la fecha.
287    La Comisión solicita la desestimación del presente motivo.
b)      Apreciación del Tribunal
288    Cuando una infracción ha sido cometida por varias empresas, al determinar el importe de las multas procede examinar la gravedad relativa de la participación de cada una de ellas (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 92), lo que implica, en particular, determinar sus papeles respectivos mientras participaron en la infracción (sentencia del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 150).
289    De ello se desprende que el papel de «líder» desempeñado por una o varias empresas en el marco de un cartel debe ser tenido en cuenta a efectos del cálculo del importe de la multa, ya que las empresas que hayan desempeñado tal papel deben, por ello, asumir una responsabilidad especial en comparación con las demás empresas (sentencia del Tribunal de 15 de marzo de 2006, BASF/Comisión, T‑15/02, Rec. p. II‑497, apartado 281).
290    De conformidad con estos principios, el punto 2 de las Directrices de 1998 establece, bajo el título de «circunstancias agravantes», una lista no exhaustiva de circunstancias que pueden dar lugar a un aumento del importe de la multa que comprende, en particular, en el tercer guión, la función de «líder» de la infracción (sentencia BASF/Comisión, antes citada, apartado 282).
291    Hay que señalar a este respecto que el hecho de que una empresa ejerza presiones e incluso dicte el comportamiento de los otros miembros del cartel no es un requisito necesario para que esa empresa pueda ser calificada de líder del cartel. Basta, en efecto, que la empresa haya supuesto una fuerza motriz significativa para el cartel, lo que puede inferirse en particular del hecho de que se encargara de elaborar y de sugerir la conducta que debían observar los miembros del cartel, aunque no estuviera necesariamente en condiciones de imponerla (sentencia BASF/Comisión, antes citada, apartado 282).
292    Así pues, una empresa puede ser calificada como líder del cartel si ha asumido una responsabilidad particular y concreta en su funcionamiento (sentencia del Tribunal de 8 de septiembre de 2010, Deltafina/Comisión, T‑29/05, Rec. p. II‑4077, apartado 332)
293    La calificación de líder del cartel se ha aplicado, en particular, cuando está demostrado que la empresa de que se trata jugó un papel central en el funcionamiento del cartel, por ejemplo al organizar numerosas reuniones, al recoger y distribuir las informaciones dentro del cartel, al encargarse de representar a algunos miembros en el cartel o al formular con frecuencia propuestas relativas al funcionamiento del cartel (véase en ese sentido la sentencia BASF/Comisión, antes citada, apartado 404).
294    Por último, es posible atribuir simultáneamente a dos empresas, o en su caso a otras además, la condición de líder (véanse en ese sentido las sentencias del Tribunal BASF/Comisión, antes citada, apartados 439 y 440, y de 26 de abril de 2007, Bolloré y otros/Comisión, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 y T‑136/02, Rec. p. II 947, apartado 561).
295    En el presente asunto, los diversos factores de convicción en los que se basó la Comisión para calificar a Repsol, junto con PROAS, como líder del cartel se describen en el considerando 534 de la Decisión impugnada y después se resumen en el considerando 535 de ésta, del que resulta, en especial, lo siguiente:
«A la vista de lo anterior, la Comisión concluye que tanto Repsol como PROAS fueron importantes fuerzas motrices del cartel, ya que […] negociaban bilateral y separadamente con los demás participantes en el cartel los volúmenes y clientes que se les debían asignar en sus áreas de influencia respectivas, […] pactaban bilateralmente variaciones de precios y el momento en que debían aplicarse y posteriormente comunicaban los acuerdos alcanzados a otros operadores del mercado.»
296    Pues bien, las demandantes no refutan que Repsol y PROAS fueron las únicas empresas que participaron en todas las seis fases descritas en el considerando 130 de la Decisión impugnada, que conducían a la adopción de los acuerdos anuales de reparto del mercado y de la clientela, estando presente BP sólo en las cuatro primeras, y Petrogal y Nynäs sólo en la última.
297    En cualquier caso, las demandantes no presentan ningún medio probatorio de contactos directos entre BP, Petrogal y Nynäs en el contexto de la adopción de los acuerdos anuales de reparto del mercado y de la clientela.
298    Así pues, las negociaciones para el reparto del mercado y de la clientela no tenían lugar entre los cinco participantes en el cartel sino entre Repsol y PROAS por un lado, y cada uno de los otros tres participantes en el cartel por otro, quienes, además, sólo intervenían en relación con sus zonas de influencia respectivas.
299    En consecuencia, no sólo Repsol y PROAS jugaron un papel central en el funcionamiento concreto del cartel sino que su participación era indispensable para éste ya que la adopción de los acuerdos anuales de reparto del mercado y de la clientela se realizaba sin que BP, Petrogal y Nynäs negociaran directamente entre ellas.
300    Por otra parte, en lo referente a la coordinación de los precios no se discute que las variaciones de precios se decidían en reuniones mantenidas entre Repsol, PROAS y, en menor medida, BP, las cuales se comunicaban después a Petrogal, a Nynäs y en su caso, a BP, en reuniones bilaterales o por teléfono, mientras que en ocasiones alguna de las tres últimas empresas tomaba la iniciativa de solicitar modificaciones de precios (considerandos 296 y 359 de la Decisión impugnada).
301    Por consiguiente, también en ese aspecto la participación de Repsol y de PROAS fue indispensable para conseguir a lo largo de toda la duración de la infracción la ejecución coordinada de las modificaciones de precios por los diferentes miembros del cartel.
302    Atendiendo únicamente a los factores que se acaban de examinar, se ha de concluir que la Comisión calificó válidamente a Repsol como fuerza motriz significativa del cartel, y sin incurrir en un error elevó en un 30 % el importe de la multa que le impuso.
303    Por tanto, suponiendo incluso que no se hubieran demostrado los otros factores, no examinados antes, en los que la Comisión sustentó el aumento de la multa, éste seguiría estando justificado.
304    La precedente conclusión no se desvirtúa en absoluto por los argumentos de las demandantes, que se recogen, en sustancia, seguidamente.
305    De tal manera, en primer lugar, no se discute que BP no participó en las reuniones para acordar el reparto del mercado entre 1998 y 2000, y que sólo tomó parte en las discusiones sobre el reparto del mercado para negociar su zona de influencia, lo que confirma el papel relativamente limitado jugado por BP dentro del cartel y justifica que la Comisión no calificara a esa empresa como líder.
306    En segundo lugar, la multa de Repsol y de PROAS no fue aumentada en razón de la importante posición que ocupaban objetivamente en el mercado español del betún sino de la conducta que habían seguido, en especial al asumir la coordinación del cartel. La circunstancia, de suponerla acreditada, de que la conducta de Repsol llegara a ser posible por la posición que ocupaba en el mercado afectado carece de incidencia en el hecho de que esa conducta pudo ser considerada fundadamente por la Comisión como demostrativa de la realidad del papel de líder del cartel.
307    En tercer lugar, la calificación de líder del cartel atribuida a Repsol no puede desvirtuarse por el reducido interés que otros miembros del cartel pudieran tener en participar en algunas reuniones del cartel debido al menor alcance geográfico de sus respectivas zonas de influencia. En efecto, esa falta de interés de algunos miembros del cartel que daba a lugar a una participación más limitada en éste por su parte no obligaba, sin embargo, a las demandantes a asumir una función de coordinación entre los diferentes miembros del cartel sin la que no se hubiera podido alcanzar ningún acuerdo global de reparto del mercado y de la clientela.
308    En cuarto lugar, de suponer incluso que se hubiera demostrado la adopción de decisiones en el cartel por común acuerdo, a la vista de la jurisprudencia citada en el apartado 292 anterior, esa circunstancia no puede impedir la calificación de Repsol y de PROAS como líder del cartel atendiendo al papel específico que jugaban dentro de ese cartel (véase en ese sentido la sentencia BASF/Comisión, antes citada, apartado 348).
309    En quinto lugar, las alegaciones de las demandantes sobre el incumplimiento de los acuerdos de reparto del mercado y el carácter sólo indicativo de las decisiones de modificación de los precios no pueden acogerse, porque el papel de líder del cartel no presupone el éxito de éste, como observa fundadamente la Comisión.
310    En sexto lugar, por último, las demandantes no pueden invocar eficazmente la práctica decisoria anterior de la Comisión.
311    En efecto, se ha juzgado que la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve de marco jurídico aplicable a las multas en materia de competencia, y que las decisiones relativas a otros asuntos sólo tienen carácter indicativo en lo referente a la existencia de discriminaciones (véase en ese sentido la sentencia Tomra Systems y otros/Comisión, antes citada, apartado 104, y la jurisprudencia citada).
312    En consecuencia, debe desestimarse el presente motivo ya que la Comisión no cometió ningún error.
7.      Sobre el octavo motivo, basado en la fijación errónea del porcentaje de reducción del importe de la multa
313    En el presente motivo las demandantes impugnan, en sustancia, la aplicación de la Comunicación de 2002 realizada por la Comisión al adoptar la Decisión impugnada.
314    Las demandantes formulan cuatro alegaciones en apoyo de su motivo, fundadas en un error de apreciación y en la infracción de los principios de confianza legítima, de proporcionalidad y de igualdad de trato, que es oportuno examinar por separado.
Sobre la primera alegación, basada en un error de apreciación
–       Alegaciones de las partes
315    Las demandantes señalan que, tras tener conocimiento, gracias a la información facilitada por Repsol, de que la solicitud de dispensa de la multa de BP no se refería a los años 1998 a 2002 del período de la infracción, la Comisión advirtió a BP de la posible retirada de su dispensa condicional por un posible incumplimiento del punto 11, letra a), de la Comunicación de 2002. Con arreglo a esa disposición, el solicitante de la dispensa cooperará plena, continua y diligentemente a lo largo de todo el procedimiento administrativo de la Comisión y facilitará a ésta todas las pruebas que obren en su poder o se hallen a su disposición relacionadas con la presunta infracción.
316    Al percatarse de que había sido la primera empresa en solicitar la aplicación de la Comunicación de 2002 aportando los datos necesarios para comprobar la duración exacta del cartel, Repsol solicitó la dispensa del pago de una multa respecto de los años 1998 a 2002 del período de la infracción, bien en virtud de los puntos 8 a 11 de la Comunicación de 2002, bien con arreglo a su punto 23, letra b), párrafo tercero.
317    Según esta última disposición, cuando una empresa aporte pruebas relacionadas con hechos de los cuales la Comisión no tenga conocimiento previo y que repercutan directamente en la gravedad o duración del presunto cartel, la Comisión no tomará tales datos en consideración al fijar el importe de la multa que deba imponerse a la empresa que los haya aportado.
318    Sin embargo, la Comisión concedió a BP una dispensa en relación con toda la duración del cartel y rechazó la solicitud de dispensa de Repsol. Así pues, la dispensa concedida a BP se extiende a un período para el que la empresa beneficiaria no la había solicitado, lo que equivale a conceder una dispensa de oficio a BP y se desvía de lo dispuesto en la Comunicación de 2002.
319    La Comisión no explica cuáles son la «especiales circunstancias» que le permiten concluir, en el considerando 572 de la Decisión impugnada, cuando los hechos demuestran lo contrario, que la cooperación de BP se ajustó a los requisitos del punto 11, letra a), de la Comunicación de 2002.
320    Además, las demandantes señalan que, según el considerando 590 de la Decisión impugnada, el hecho de que BP presentase las pruebas de su participación en el cartel respecto al período de 1998 a 2002 después de la presentación de su solicitud de dispensa no lleva a la Comisión a concluir que la empresa no mostró un «verdadero espíritu de cooperación». Sin embargo, el punto 11, letra a), de la Comunicación de 2002 no exige un «espíritu de cooperación», sino una cooperación efectiva que pueda calificarse de «plena, continua y diligente».
321    Las demandantes añaden que la Comisión tiene un deber de motivación especial cuando la decisión final se aparta significativamente del pliego de cargos, como ocurre en el presente asunto.
322    La Decisión impugnada también desestima la pretensión de Repsol de que se aplique el punto 23, letra b), párrafo tercero, de la Comunicación de 2002, basando esta negativa en que, como se indica en el considerando 592 de la Decisión impugnada, la Comisión ya disponía de información que demostraba que el cartel todavía funcionaba entre 1998 y 2002. Sin embargo, fue Repsol quien ofreció la información que permitió interpretar los documentos a los que la Comisión se refiere y conocer los hechos ocurridos entre 1998 y 2002.
323    Según las demandantes, con independencia de la aplicación del punto 23, letra b), párrafo tercero, de la Comunicación de 2002, los hechos relatados por Repsol que tuvieron lugar en el período 1998-2002 ponen de relieve el extraordinario valor añadido de su cooperación, que la Comisión no ha tenido en cuenta para fijar el porcentaje de reducción del importe de la multa, lo que atenta contra el espíritu de la Comunicación de 2002.
324    La Comisión solicita que se desestime el presente motivo.
–       Apreciación del Tribunal
325    En primer término, la crítica de las demandantes contra la negativa de la Comisión a conceder a Repsol la dispensa de multa en virtud de los puntos 8 a 11 del título A de la Comunicación de 2002 se basa en que la Comisión habría debido denegar la dispensa a BP y en consecuencia habría debido conceder ésta a Repsol.
326    Conviene recordar, al respecto, ante todo que BP presentó el 20 de junio de 2002 una solicitud de dispensa de multa fundada en el punto 8, letra a), de la Comunicación de 2002 y que el 19 de julio de 2002 la Comisión le concedió con ese mismo fundamento una dispensa condicional de multa, prevista en el punto 15 de la Comunicación de 2002.
327    A raíz de la solicitud de dispensa de BP de 20 de junio de 2002 y de una reunión mantenida el 25 de junio de 2002 entre BP y los servicios de la Comisión, ésta pudo practicar los días 1 y 2 de octubre de 2002 las inspecciones en los locales de las empresas interesadas.
328    Ahora bien, Repsol y PROAS presentaron una solicitud al amparo de la Comunicación de 2002 con posterioridad a esa fecha, el 31 de marzo y el 4 de abril de 2004, respectivamente.
329    De la anterior presentación cronológica de los hechos resulta que BP es la primera empresa que aportó medios de prueba que la Comisión consideró aptos para permitirle adoptar una decisión ordenando verificaciones acerca de un presunto cartel. Por ese concepto BP reúne la condición prevista en el punto 8, letra a), de la Comunicación de 2002.
330    Pues bien, ningún argumento de las demandantes puede desvirtuar esa presentación cronológica de los hechos.
331    En especial, las demandantes no demuestran que, al tiempo de la comunicación por BP de los medios de prueba que le permitieron obtener una dispensa condicional, la Comisión ya dispusiera de medios probatorios suficientes para adoptar una decisión ordenando verificaciones, circunstancia que, en virtud del punto 9 de la Comunicación de 2002, se opone a la concesión de la dispensa.
332    Por otro lado, a pesar de la distinción que parecen hacer las demandantes entre los diferentes períodos de funcionamiento del cartel y de la afirmación de que ellas fueron las primeras en aportar medios relativos al período posterior a 1998, no se ha discutido que no existía más que un solo y único cartel, cualquiera que sea el período considerado.
333    El punto 8, letra a), de la Comunicación de 2002, que remite a «un» presunto cartel, no podía aplicarse en consecuencia a Repsol puesto que ya se había aplicado a BP en relación con el cartel en cuestión.
334    En efecto, es inherente a la lógica de la exención de las multas que sólo uno de los participantes en un cartel pueda beneficiarse de ella, pues el efecto perseguido es crear un clima de incertidumbre en el seno de los carteles que fomente su denuncia ante la Comisión. Esta incertidumbre resulta precisamente de que los participantes en el cartel saben que sólo uno de ellos podrá beneficiarse de una exención de la multa denunciando a los demás participantes en la infracción, exponiéndoles así al riesgo de que se les impongan multas más severas (sentencia KME Germany y otros/Comisión, antes citada, apartado 130).
335    En consecuencia, Repsol, cuya solicitud al amparo de la Comunicación de 2002 se presentó el 31 de marzo de 2004, mantiene infundadamente que puede reunir las condiciones establecidas por el punto 8, letra a), de esa Comunicación, y en cualquier supuesto, es decir, incluso en el caso de que, a causa de una infracción por BP de las condiciones establecidas por el punto 11, letra a), de la Comunicación de 2002, finalmente debiera denegarse la dispensa a BP, Repsol sólo puede obtener una reducción del importe de la multa, basada en el punto 20 de la Comunicación de 2002.
336    En lo referente al argumento fundado en el incumplimiento por la Comisión de su obligación de motivación al estimar en la Decisión impugnada que la cooperación de BP se había ajustado a las exigencias del punto 11, letra a), de la Comunicación de 2002, las demandantes no están legitimadas para invocarlo. En efecto, como se acaba de manifestar, Repsol no puede reunir las condiciones previstas en el punto 8, letra a), de esa Comunicación y, por tanto, en cualquier caso, sólo puede obtener una reducción del importe de la multa fundada en el punto 20 de la Comunicación de 2002. Así pues, una falta de mayor motivación por la Comisión de las razones que justificaron finalmente la concesión de la dispensa a BP carecería de consecuencias para Repsol. Pues bien, según la jurisprudencia un motivo de anulación es inadmisible, a causa de la falta de interés de acción, cuando, aun suponiendo que fuera fundado, la anulación del acto impugnado por dicho motivo no podría dar satisfacción al demandante (véanse en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 1973, Marcato/Comisión, 37/72, Rec. p. 361, apartados 2 a 8, y las conclusiones del Abogado General Mayras en el asunto que dio lugar a esa sentencia, Rec. pp. 371 y 374; auto del Tribunal General de 2 de julio de 2009, Evropaïki Dynamiki/BCE, T‑279/06, no publicado en la Recopilación, apartado 99).
337    Por lo demás, en contra de lo alegado por las demandantes, la Comisión no está obligada a explicar las eventuales diferencias de su decisión final en relación con sus apreciaciones provisionales formuladas en el pliego de cargos (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, apartado 65, y la jurisprudencia citada).
338    De cuanto precede resulta que las demandantes no han logrado demostrar que fuera indebida la negativa de la Comisión a conceder a Repsol la dispensa de multa en virtud de los puntos 8 a 11 de la Comunicación de 2002.
339    En segundo término, las demandantes impugnan infundadamente la negativa de la Comisión a aplicar a Repsol el punto 23, letra b), párrafo tercero, de la Comunicación de 2002, que prevé que, cuando una empresa aporte elementos de prueba relacionados con hechos de los cuales la Comisión no tenga conocimiento previo y que repercutan directamente en la gravedad o duración del presunto cartel, la Comisión no tomará tales datos en consideración al fijar el importe de la multa que deba imponerse a la empresa que haya aportado esos medios de prueba.
340    En efecto, su impugnación se funda en el postulado de que Repsol aportó las informaciones que permitieron a la Comisión conocer hechos constitutivos del cartel sucedidos en el período que va de 1998 a 2002. De esa manera, en el punto 181 de la demanda las demandantes afirman que Repsol fue la primera empresa que aportó elementos de prueba y una declaración conforme a la Comunicación de 2002 indicando que los acuerdos continuaron durante ese período y que BP –en contra de lo que había indicado– sí había formado parte del cartel todo este tiempo.
341    Ahora bien, según expone en el considerando 592 de la Decisión impugnada, antes de recibir el 31 de marzo de 2004 la declaración de Repsol unida a su solicitud al amparo de la Comunicación de 2002, la Comisión ya estaba en posesión de la información pertinente contenida en documentos contemporáneos recogidos durante las inspecciones de 1 y 2 de octubre de 2002.
342    De hecho, el considerando 592 de la Decisión impugnada, cuyo contenido no refutan las demandantes, remite a otros 38 considerandos de la Decisión impugnada que aluden a los documentos obtenidos en los locales de Repsol, de PROAS, de BP, de Nynäs y de Petrogal en las inspecciones de 1 y 2 de octubre de 2002 que relataban hechos ocurridos desde 1998 a 2002 y que la Comisión apreció en la Decisión impugnada como factores constitutivos del cartel.
343    Por tanto, las demandantes afirman, infundadamente, que fue Repsol quien aportó con su solicitud conforme a la Comunicación de 2002 las informaciones que permitieron a la Comisión conocer que el cartel había continuado desde 1998 a 2002.
344    Así pues, las demandantes carecen de fundamento para solicitar, en virtud del punto 23, letra b), párrafo tercero, de la Comunicación de 2002, que no se tengan en cuenta en la fijación de la multa hechos relativos al cartel ocurridos entre 1998 y 2002.
345    En tercer lugar, dado que la Comisión ya disponía de informaciones sobre hechos acaecidos entre 1998 y 2002 cuando Repsol presentó su solicitud al amparo de la Comunicación de 2002, no cabe considerar que los hechos relatados por Repsol en relación con ese período atribuyeran un valor añadido excepcional a su cooperación, a falta de prueba contraria alguna por parte de Repsol.
346    Por otro lado, las demandantes no acreditan que Repsol hubiera presentado con su solicitud al amparo de la Comunicación de 2002 informaciones que permitieran a la Comisión interpretar los documentos a los que se refiere en el considerando 592 de la Decisión impugnada.
347    Por último, no se ha demostrado que Repsol hubiera aportado datos que la Comisión desconocía sobre la participación de BP en el cartel entre 1998 y 2002, en tanto que algunos de los medios de prueba a los que remite el considerando 592 de la Decisión impugnada permiten acreditar la participación de BP en el cartel durante ese período.
348    Por tanto, las demandantes reprochan infundadamente a la Comisión haber vulnerado el espíritu de la Comunicación de 2002 al no tener en cuenta, o al apreciarlo en grado insuficiente, el supuesto valor añadido excepcional de la cooperación de Repsol.
349    Por consiguiente, se ha de desestimar la presente alegación.
Sobre la segunda alegación, basada en la infracción del principio de confianza legítima derivada de la falta de reconocimiento de la amplitud y la continuidad de la cooperación de Repsol
–       Alegaciones de las partes
350    Las demandantes señalan que la Comunicación de 2002 especifica en el punto 23, letra b), párrafo segundo, que, para determinar el porcentaje de reducción del importe de la multa, la Comisión tendrá en cuenta la fecha en que fueron comunicadas las pruebas de la infracción y su grado de valor añadido, y podrá tener en consideración, asimismo, la magnitud y la continuidad de la cooperación prestada por la empresa.
351    Mediante escrito de 2 de abril de 2004 enviado a Repsol –que tiene carácter de acto administrativo vinculante–, la Comisión precisó que tomaría en consideración no sólo los dos primeros factores, sino también la magnitud y la continuidad de la cooperación de Repsol. Sin embargo, en la Decisión impugnada, la Comisión sólo valoró los dos primeros factores, sin considerar el tercero, como la Comisión reconoce en el considerando 579 de dicha Decisión. Al no tener en cuenta el tercer parámetro que se había comprometido a tomar en consideración, la Comisión vulneró el principio de confianza legítima.
352    Según las demandantes, la Comisión examinó, en primer lugar, en el considerando 575 de la Decisión impugnada, el tercer requisito de reducción del importe de la multa establecido en el punto 23, letra b), párrafo segundo, segunda frase, de la Comunicación de 2002, es decir, la magnitud y la continuidad de la cooperación prestada por Repsol a partir de la fecha de su aportación a la demostración de la existencia de la infracción por parte de la Comisión.
353    Al comenzar en orden inverso el examen de los tres requisitos de reducción del importe de la multa establecidos en el punto 23, letra b), párrafo segundo, la propia Decisión impugnada acepta que se cumplía el tercer requisito, aunque no lo tenga en cuenta al fijar el porcentaje de reducción concedido.
354    El alcance y la continuidad de la cooperación de Repsol no sólo se reconocen expresamente en los considerandos 575 y 576 de la Decisión impugnada, sino que resultan también de numerosísimas citas de la información aportada por Repsol en el pliego de cargos y en la Decisión impugnada, así como de sus aportaciones durante la audiencia y con motivo de las solicitudes de información posteriores.
355    Repsol cooperó de manera ejemplar con la Comisión desde que presentó la solicitud con arreglo a la Comunicación de 2002 hasta la adopción de la Decisión impugnada. Repsol aportó numerosas pruebas de la existencia y el funcionamiento del cartel, respondió ampliamente a todas las solicitudes de información y colaboró ejemplarmente en la audiencia.
356    La afirmación de la Comisión de que la magnitud de la cooperación no puede ser un elemento totalmente diferente del grado de valor añadido no se deduce ni de la Comunicación de 2002 ni del escrito de 2 de abril de 2004 enviado por la Comisión a Repsol, pues en ambos los tres requisitos figuran como acumulativos, sin que se establezca ninguna relación de dependencia entre ellos. Mientras que el tercer requisito se refiere al carácter amplio y continuo de la colaboración prestada por la empresa desde la fecha de su aportación, el requisito relativo al valor añadido hace referencia al contenido de las pruebas aportadas en dicha declaración.
357    En flagrante contradicción con el considerando 579 de la Decisión impugnada, la Comisión afirma que tomó en consideración el requisito referido a la cooperación, ya que, según el considerando 580, «habida cuenta de lo anterior, la Comisión considera que a Repsol le corresponde una reducción del 40 % de la multa». La alegación de la Comisión formulada en el apartado 93 del escrito de contestación de que la expresión «habida cuenta de lo anterior» incluye el examen del requisito de cooperación no es correcta ni está debidamente motivada.
358    La Comisión solicita la desestimación de la presente alegación.
–       Apreciación del Tribunal
359    Según asentada jurisprudencia, el derecho a reclamar la protección de la confianza legítima se extiende a toda persona física o jurídica que se encuentre en una situación de la que resulta que la Administración de la Unión, al manifestarle seguridades concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 2004, Di Lenardo y Dilexport, C‑37/02 y C‑38/02, Rec. p. I‑6911, apartado 70, y sentencia del Tribunal General de 17 de diciembre de 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, apartado 74).
360    Como manifiesta su punto 29, la Comunicación de 2002 ha creado expectativas legítimas en las que se basan las empresas que desean informar a la Comisión de la existencia de un cartel. Habida cuenta de la confianza legítima que dicha Comunicación ha podido inspirar a las empresas que desean cooperar con la Comisión, ésta tiene la obligación de atenerse a ella al apreciar, en el marco de la determinación del importe de la multa impuesta a una empresa, la cooperación de ésta (véase por analogía la sentencia Daiichi Pharmaceutical/Comisión, antes citada, apartado 147, y la jurisprudencia citada).
361    En el presente asunto las demandantes reprochan a la Comisión no haber tenido en cuenta la amplitud y la continuidad de su cooperación al determinar en la Decisión impugnada el porcentaje de reducción del importe de la multa que les concedió, a pesar de que se comprometió a hacerlo en un escrito de 2 de abril de 2004 enviado a Repsol.
362    En cambio, las demandantes afirman que la Comisión reconoció expresamente la amplitud y la continuidad de la cooperación de Repsol en los considerandos 575 y 576 de la Decisión impugnada.
363    Es verdad que, en la sección de la Decisión impugnada en la que se aplican a Repsol los criterios de reducción del importe de la multa definidos en el punto 23, letra b), párrafo segundo, de la Comunicación de 2002, la Comisión precisó que el 31 de marzo de 2004 Repsol presentó una solicitud al amparo de esa Comunicación y posteriormente facilitó información adicional y pruebas contemporáneas de los hechos considerados (considerando 574 de la Decisión impugnada), y que sus respuestas a las solicitudes de información de la Comisión habían ido bastante más allá de su obligación de responder (considerando 575 de la Decisión impugnada).
364    Además, la Comisión también expuso que «la cantidad y calidad globales de las pruebas facilitadas por Repsol en su solicitud de clemencia y en respuesta a las solicitudes de información reforzó, tanto por su propia naturaleza como por su grado de detalle, la capacidad de la Comisión para demostrar la existencia de la infracción» (considerando 576 de la Decisión impugnada).
365    Por las anteriores consideraciones, está acreditado que la Comisión reconoció expresamente la amplitud y la continuidad de la cooperación de Repsol.
366    No obstante, en contra de lo alegado por las demandantes, la amplitud y la continuidad de la cooperación de Repsol se tuvieron debidamente en cuenta en la Decisión impugnada para fijar el importe de la reducción de la multa concedida a Repsol.
367    En efecto, según resulta del considerando 580 de la Decisión impugnada, la Comisión determinó el porcentaje de reducción del importe de la multa «habida cuenta de lo anterior». Con esa frase la Comisión quiso remitir a la totalidad de las constataciones expuestas en los considerandos 574 a 579 de la Decisión impugnada, que aplicaban a Repsol los criterios de reducción del importe de la multa definidos en el punto 23, letra b), párrafo segundo, de la Comunicación de 2002, entre los que están comprendidos los considerandos 574 a 576 de la Decisión impugnada a los que se ha hecho referencia anteriormente.
368    Como sea que la Comisión reconoció en los considerandos 574 a 576 de la Decisión impugnada la amplitud y la continuidad de la cooperación de Repsol, no cabe reprocharle haber omitido considerar ese parámetro al fijar en el 40 % el porcentaje de reducción del importe de la multa.
369    Siendo así, es preciso constatar que la Comisión no dejó de apreciar la amplitud y la continuidad de la cooperación de Repsol al determinar en la Decisión impugnada el porcentaje de reducción del importe de la multa que le concedió.
370    De ello se deduce que la presente alegación carece de fundamento de hecho y debe desestimarse por tanto.
Sobre la tercera alegación, basada en la vulneración del principio de proporcionalidad derivada de la sobrevaloración de la fecha de la cooperación de Repsol respecto a su grado de valor añadido
–       Alegaciones de las partes
371    Según las demandantes, la Comisión vulneró el principio de proporcionalidad al dar un valor extremo al criterio de la fecha en la que Repsol presentó la solicitud al amparo de la Comunicación de 2002 e infravalorar los criterios del valor añadido de las informaciones aportadas por Repsol y de la magnitud y continuidad de su colaboración. Una ponderación equilibrada del «parámetro temporal » se habría traducido en una mayor reducción del importe de la multa impuesta a Repsol, hasta el porcentaje máximo del 50 %.
372    Las demandantes consideran, en primer lugar, que, como la Comisión reconoce en el considerando 576 de la Decisión impugnada, Repsol presentó pruebas que aportaron un valor añadido significativo. Aunque la Comisión hubiera incautado en las inspecciones documentos que demostraban la continuación de la infracción entre 1998 y 2002, Repsol fue la primera en establecer la verdadera duración del cartel, como reconoce la Comisión en el apartado 82 del escrito de contestación. En dicho apartado se indica que Repsol había aportado información importante sobre este período, lo que no puede conciliarse con la afirmación de que la solicitud de dispensa de Repsol no supera el «simple valor añadido significativo».
373    A juicio de las demandantes, la solicitud de Repsol con arreglo a la Comunicación de 2002 era inmejorable, como se confirmó en los considerandos 575 y 576 de la Decisión impugnada, en los que se hizo referencia expresa al carácter contemporáneo de las pruebas de la infracción que dicha solicitud contiene, a su calidad y a su nivel de detalle.
374    El hecho de que PROAS aportase a su vez pruebas e información no resta valor añadido a la declaración de Repsol. El considerando 582 de la Decisión impugnada indicaba a este respecto que la información aportada por PROAS fue menos detallada que la facilitada por Repsol. Por último, el hecho de que PROAS fuese la tercera empresa que solicitó la aplicación de la Comunicación de 2002 y su derecho a que se redujese el importe de la multa no puede menoscabar el derecho de Repsol a obtener su propia reducción. Según las demandantes, las críticas dirigidas por Nynäs y Petrogal contra la Decisión impugnada dependen de factores ajenos al valor añadido de los documentos aportados por Repsol.
375    Las demandantes alegan, en segundo lugar, que la solicitud de Repsol con arreglo a la Comunicación de 2002 no fue tan tardía como para justificar una disminución de la reducción de la multa del 50 % al 40 %. El plazo para presentar esa solicitud era muy amplio y finalizó, en principio, el 28 de agosto de 2006, fecha en la que Repsol recibió el pliego de cargos. Por lo tanto, el hecho de que Repsol hubiera presentado la solicitud el 31 de marzo de 2004 no permite entender que el requisito temporal se había incumplido completamente, como parece estimar la Comisión.
376    Las demandantes consideran que la Comisión no realiza, ni en la Comunicación de 2002 ni en el escrito de 2 de abril de 2004 enviado a Repsol, una gradación entre los criterios que tomará en consideración, ni especifica que uno sea más relevante que otro. El hecho de que el requisito temporal fuese incorporado a la Comunicación de 2002 no significa que se trate del criterio más importante.
377    Una interpretación literal de la Comunicación de 2002 sugiere, según la demandante, que la Comisión debe conceder el mismo valor a los tres requisitos. No obstante, de existir una gradación, el criterio más relevante debería ser el relativo al valor añadido de la información facilitada, seguido de la magnitud y la continuidad de la cooperación y, por último, la fecha de la presentación de la solicitud con arreglo a la Comunicación de 2002.
378    Aun partiendo de la premisa de que los tres criterios tienen un valor semejante –la premisa menos favorable para Repsol–, el cumplimiento de cada uno de ellos debería suponer un aumento de la reducción del importe de la multa dentro de la horquilla del 30 % al 50 %, por ejemplo, de un tercio. Aplicando una simple fórmula matemática, el cumplimiento de uno, dos o tres de los requisitos daría lugar a una reducción del 36,66 %, del 43,33 % y del 50 %, respectivamente. Si, como en el caso de Repsol, se cumplen dos criterios completamente y otro de manera parcial, el porcentaje de reducción del importe de la multa debería estar en torno al 46,66 %.
379    Por ello, la magnitud y el valor añadido de la información aportada por Repsol y su continuo apoyo a la Comisión en la fase de instrucción justificarían ciertamente, a juicio de las demandantes, una reducción del importe de la multa del 50 % y, en todo caso, de más del 40 %, ya que Repsol presentó su solicitud de aplicación de la Comunicación de 2002 dos años antes de la recepción del pliego de cargos.
380    La Comisión solicita que se desestime la presente alegación.
–       Apreciación del Tribunal
381    Del punto 23, letra b), párrafo primero, de la Comunicación de 2002 resulta que la fecha de la contribución de una empresa a la comprobación de la infracción es, al igual que el grado de valor añadido de los medios de prueba que esa empresa haya presentado, uno de los parámetros que la Comisión está obligada a tener en cuenta para fijar el porcentaje concreto de reducción del importe de la multa del que se beneficiará esa empresa dentro de una de las escalas previstas en el punto 23, letra b), párrafo primero, de esa Comunicación. Además, la Comisión podrá tomar en consideración el alcance y la continuidad de la cooperación prestada por la empresa a partir de la fecha de su contribución inicial.
382    En lo que atañe a la importancia relativa del parámetro de la fecha de la contribución de una empresa a la comprobación de la infracción en relación con los otros dos parámetros previstos en el punto 23, letra b), párrafo primero, de la Comunicación de 2002, es oportuno observar ante todo que la fecha en la que los medios de prueba de la presunta infracción se presentan a la Comisión influye en el reconocimiento de su valor añadido significativo, dado que éste depende de los medios de prueba que ya obren en el expediente de la Comisión en la fecha de su presentación (véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 12 de julio de 2011, Fuji Electric/Comisión, T‑132/07, Rec. p. II‑4091, apartado 239).
383    Por otro lado, el orden cronológico y la rapidez de la cooperación ofrecida por los miembros del cártel constituyen factores fundamentales del sistema puesto en práctica mediante la Comunicación de 2002, sistema en el que se considera que las empresas más rápidas en proporcionar su cooperación disfrutarán de reducciones más importantes del importe de las multas a las que en otro caso estarían sujetas que las concedidas a las empresas menos rápidas en cooperar (sentencia del Tribunal de 5 de octubre de 2011, Transcatab/Comisión, T‑39/06, Rec. p. II‑6831, apartados 379 y 380).
384    Así pues, la fecha de la contribución de una empresa se toma en consideración no sólo para fijar el nivel específico de reducción dentro de una de las escalas previstas en el punto 23, letra b), párrafo primero, de la Comunicación de 2002, sino también para clasificar a las empresas en una de esas escalas.
385    Atendiendo a lo antes expuesto, la fecha de la contribución de una empresa a la comprobación de la infracción se manifiesta como un parámetro especialmente importante para determinar el nivel específico de la reducción del importe de la multa dentro de una de las escalas previstas en el punto 23, letra b), párrafo primero, de la Comunicación de 2002.
386    A este respecto, la jurisprudencia ha señalado que la Comisión no excede su margen de apreciación al conceder a una empresa una reducción del importe de la multa igual al porcentaje correspondiente a la mitad de su escala de reducción, cuando los medios de prueba presentados, independientemente de su calidad y de su utilidad, sólo se comunicaron a la Comisión una vez que ésta ya había recibido una solicitud basada en dicha Comunicación que le permitió constatar una infracción y ya había realizado una serie de inspecciones (sentencia del Tribunal del 13 de julio de 2011, General Technic-Otis y otros/Comisión, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 y T‑146/07, Rec. p. II‑4977, apartados 273 y 274).
387    La Comisión también puede sustentar su apreciación de la cuantía de la reducción de la multa en el hecho de que la cooperación de la empresa comenzó después de que ésta recibiera una solicitud de información (véase la sentencia del Tribunal de 8 de octubre de 2008, Carbone Lorraine/Comisión, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, apartado 283, y la jurisprudencia citada).
388    En el presente asunto consta que Repsol presentó su solicitud al amparo de la Comunicación de 2002 el 31 de marzo de 2004, esto es, año y medio después de las inspecciones practicadas el 1 y el 2 de octubre de 2002 en los locales de las empresas interesadas, basadas en los medios de prueba que BP había presentado.
389    Toda vez que Repsol presentó por primera vez el 31 de marzo de 2004 medios de prueba de la infracción, cuando la Comisión ya había recibido una solicitud en virtud de la Comunicación de 2002 que le permitió adoptar una decisión ordenando verificaciones y había practicado inspecciones más de un año y medio antes, hay que constatar que su colaboración no fue máxima.
390    Esa conclusión se confirma por el hecho de que Repsol presentó su solicitud con arreglo a la Comunicación de 2002 casi dos meses después del envío por la Comisión de la primera serie de solicitudes de información, que tuvo lugar el 6 de febrero de 2004.
391    En lo referente a la calidad y al grado de valor añadido de la contribución de Repsol a la constitución por la Comisión de la prueba de la infracción, hay que recordar, como se ha constatado en los apartados 341 a 343 anteriores, que ya antes de recibir la solicitud de Repsol al amparo de la Comunicación de 2002 la Comisión disponía de medios indicativos de que el cartel había continuado durante los años 1998 a 2002.
392    Así pues, en contra de lo afirmado por las demandantes, no fue Repsol quien permitió comprobar la verdadera duración del cartel mediante su solicitud al amparo de la Comunicación de 2002.
393    Atendiendo a lo antes expuesto, no obstante la amplitud y la continuidad de la cooperación de Repsol (véase el apartado 365 anterior), y el valor añadido de los medios presentados por ella, la Comisión no incurrió en un error de apreciación, en particular, en la ponderación de los parámetros previstos en el punto 23, letra b), párrafo segundo, de la Comunicación de 2002, al conceder a Repsol una reducción del importe de la multa del 40 % en virtud de su cooperación para la comprobación de la existencia del cartel.
394    De igual manera, la Comisión no vulneró el principio de proporcionalidad.
395    Las conclusiones anteriores no se desvirtúan por el argumento de las demandantes según el cual debería elevarse la reducción del importe de la multa por el hecho de que Repsol presentó su solicitud de reducción del importe de la multa, acompañada de su contribución a la comprobación de la infracción, dos años antes de recibir el pliego de cargos.
396    En efecto, según resulta del apartado 383 anterior, la Comunicación de 2002 pretende favorecer a las empresas que aportan su cooperación con mayor prontitud.
397    Con esa perspectiva, si el punto 23, letra b), párrafo primero, de la Comunicación de 2002 prevé que la fecha de la contribución de una empresa a la comprobación de la infracción es uno de los parámetros que la Comisión tendrá en cuenta para determinar el nivel de la reducción del importe de la multa del que se beneficiará esa empresa, ello se debe a que esa fecha permite evaluar la prontitud con la que la empresa interesada ha aportado su cooperación.
398    Ahora bien, el hecho de que Repsol aportara su contribución a la comprobación de la infracción dos años antes de recibir el pliego de cargos carece de pertinencia alguna para evaluar su prontitud en aportar su cooperación.
399    Por consiguiente, se debe desestimar la presente alegación.
Sobre la cuarta alegación, basada en la infracción del principio de igualdad de trato
–       Alegaciones de las partes
400    Las demandantes sostienen que la Comisión otorga el mismo valor a la colaboración prestada por Repsol y a la de PROAS, y sitúa las reducciones del importe de las multas concedidas a ambas en el porcentaje medio de la horquilla aplicable a cada una de ellas, concretamente el 40 % en el caso de Repsol (entre el 30 y el 50 %) y el 25 % en el caso de PROAS (entre el 20 y el 30 %). Sin embargo, la colaboración de Repsol ha sido de mayor calidad y cantidad que la de PROAS, lo que debería reflejarse en la concesión del porcentaje más alto dentro de la horquilla aplicable.
401    Según las demandantes, Repsol ha aportado pruebas directamente relacionadas con los hechos a lo largo de todo el procedimiento administrativo. Fue la primera en presentar pruebas que aportaron valor añadido sobre las actividades del cartel entre los años 1998 a 2002 y fue ella quien aclaró el papel de BP en el cartel durante ese período.
402    Asimismo, Repsol ha mantenido posteriormente una cooperación constante y más relevante. El pliego de cargos fue redactado sobre la base de datos fehacientes aportados por Repsol, ya que sigue escrupulosamente su explicación de lo sucedido. Además, la colaboración de Repsol en la audiencia fue decisiva para esclarecer los hechos. Según las demandantes, la diferencia entre el nivel de colaboración de Repsol y de PROAS es patente en los considerandos 575 y 576 de la propia Decisión impugnada. Como la Comisión reconoce en el considerando 582, la información comunicada por PROAS fue menos detallada que la facilitada por Repsol.
403    Si existen diferencias en la calidad de la cooperación de Repsol y la de PROAS, como la Comisión reconoce en el apartado 110 de su escrito de contestación y en el considerando 582 de la Decisión impugnada, conceder a ambas empresas un porcentaje de reducción del importe de la multa situado en la mitad de la horquilla de reducción a la que tienen derecho vulnera el principio de igualdad de trato.
404    La reducción de la multa de Repsol en un 40 % y de la de PROAS en un 25 % se basa, según las demandantes, sólo en la fecha en que presentaron sus solicitudes respectivas de reducción del importe de la multa y no tiene en cuenta en absoluto el especial valor añadido de la cooperación de Repsol.
405    La Comisión solicita la desestimación de la presente alegación.
–       Apreciación del Tribunal
406    Según reiterada jurisprudencia, la Comisión no puede vulnerar el principio de igualdad de trato al apreciar la cooperación prestada en el procedimiento administrativo por los miembros de un cartel (véase la sentencia del Tribunal de 13 de julio de 2011, Schindler Holding y otros/Comisión, T‑138/07, Rec. p. II‑4819, apartado 313, y la jurisprudencia citada).
407    Pues bien, el principio de igualdad de trato exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente y que las situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de mayo de 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec. p. I‑3633, apartado 56, y la jurisprudencia citada).
408    En el presente asunto, las demandantes basan su alegación en el hecho de que la Comisión fijó la reducción del importe de la multa que iba a imponer a Repsol y a PROAS en el porcentaje que corresponde a la mitad de su respectiva escala de reducción de la multa, y en que les aplicó así un trato igual pese a que hay diferencias significativas entre la calidad de la contribución de Repsol y la de PROAS.
409    Hay que observar que las demandantes no acreditan la existencia de una diferencia significativa entre la situación de Repsol y la de PROAS en relación con los criterios previstos en el punto 23, letra b), párrafo segundo, de la Comunicación de 2002 que permiten definir el grado de reducción dentro de las escalas de reducción. Los criterios referidos son los siguientes: en primer término, la fecha en que se han comunicado los elementos de prueba que hayan satisfecho la condición establecida en el punto 21; en segundo término, el grado de valor añadido que hayan comportado; en tercer término, la magnitud y la continuidad de la cooperación prestada por la empresa a partir de la fecha de su aportación original.
410    Las demandantes no exponen ninguna argumentación específica acerca del primer criterio.
411    Respecto al segundo criterio, las demandantes no acreditan que Repsol hubiera aportado a la Comisión medios relacionados con hechos desconocidos antes para ella acerca de las actividades del cartel desarrolladas durante los años 1998 a 2002. Como se ha apreciado en los apartados 341 a 343 anteriores, antes de recibir la solicitud de Repsol conforme a la Comunicación de 2002 la Comisión ya disponía de informaciones que mostraban que el cartel había continuado también durante ese período.
412    En segundo lugar, en tanto que algunos de los medios de prueba a los que remite el considerando 592 de la Decisión impugnada permiten acreditar la participación de BP en el cartel entre 1998 y 2002, no se ha demostrado que Repsol hubiera aportado medios relacionados con la participación de BP en el cartel durante ese período que la Comisión desconociera (véase el apartado 347 anterior).
413    Por tanto, no se ha acreditado que el valor añadido de los medios de prueba aportados por Repsol fuera excepcional.
414    Acerca del tercer criterio previsto en el punto 23, letra b), párrafo segundo, de la Comunicación de 2002, las demandantes se limitan a alegar sin probarlo que el grado de cooperación de Repsol fue superior al de PROAS.
415    Los únicos factores fundamentados que se exponen al respecto son extractos de la Decisión impugnada.
416    Ahora bien, de ellos no se deduce que la cooperación de Repsol fuera superior a la de PROAS en un grado tal que habría que considerar que la Comisión vulneró el principio de igualdad de trato al conceder a las dos empresas una reducción de la multa igual al porcentaje que corresponde a la mitad de su respectiva escala de reducción del importe de la multa.
417    En especial, la circunstancia de que la declaración de empresa presentada por PROAS y unida a su solicitud en virtud de la Comunicación de 2002 fuera menos detallada que la presentada por Repsol (considerando 582 de la Decisión impugnada) no puede demostrar por sí sola el mayor grado de valor añadido de los medios de prueba aportados por Repsol.
418    Por lo demás, las demandantes no han negado que, como señala la Comisión en el considerando 575 de la Decisión impugnada, los documentos facilitados por Repsol no abarcaban todos los pormenores de la infracción. Además, del considerando 584 de la Decisión impugnada, no rebatido por las demandantes, resulta que PROAS contribuyó de manera significativa a reforzar la capacidad de la Comisión para demostrar la existencia de la infracción, por el grado de detalle de las pruebas que había facilitado con su solicitud al amparo de la Comunicación de 2002 y en respuesta a las solicitudes de información.
419    En consecuencia, no se pone de manifiesto que la situación de Repsol fuera diferente de la de PROAS en un grado tal que habría que considerar que la Comisión vulneró el principio de igualdad de trato al conceder a las dos empresas una reducción del importe de la multa igual al porcentaje que corresponde a la mitad de su respectiva escala de reducción de la multa.
420    Siendo así, debe desestimarse la alegación basada en la vulneración del principio de igualdad de trato.
421    Por otro lado, como resulta de los apartados 417 y 418 anteriores, la Comisión apreció el grado de valor añadido intrínseco de la cooperación de Repsol y la de PROAS. Por tanto, las demandantes mantienen, infundadamente, que la reducción del importe de la multa en el 40 % para Repsol y en el 25 % para PROAS se basa únicamente en la fecha de presentación de su solicitud respectiva al amparo de la Comunicación de 2002.
422    De cuanto precede se deduce que no puede considerarse que la Comisión haya cometido un error de apreciación ni haya vulnerado los principios de confianza legítima, de proporcionalidad y de igualdad de trato al fijar en el 40 % el porcentaje de reducción de la multa concedida a Repsol en aplicación de la Comunicación de 2002.
423    Por consiguiente, se ha de desestimar el presente motivo.
424    De todo lo antes expuesto resulta que deben desestimarse todos los motivos aducidos por las demandantes y en consecuencia sus pretensiones de anulación.
425    Además, en relación con los argumentos y motivos aducidos por las demandantes, de los documentos obrantes en los autos no se deduce que la Comisión haya cometido un error que justifique la modificación del importe de la multa que se les impuso.
426    Por tanto, a la luz de cuanto precede y de todas las circunstancias del presente asunto, deben desestimarse las pretensiones de reforma formuladas por las demandantes.
427    En consecuencia, se ha de desestimar el recurso en su totalidad.
B.      Sobre las pretensiones de la Comisión de un aumento del importe de la multa
428    La Comisión expone en su escrito de contestación que el Tribunal podría elevar el importe de la multa impuesta a Repsol por dos razones: por una parte, la refutación por las demandantes de hechos relacionados con la atribución por Repsol de una cuota de mercado a Nynäs y a Petrogal, lo que según la Comisión afecta al valor de la cooperación que Repsol prestó durante el procedimiento administrativo, y, por otra parte, la falta de valor añadido de los medios aportados por Repsol con su solicitud al amparo de la Comunicación de 2002, que derivaría, según la Comisión, de la posible anulación por el Tribunal de la Decisión impugnada en los asuntos promovidos por Galp (asunto T‑462/07) y Nynäs (asunto T‑482/07).
1.      Sobre la incidencia de la refutación por las demandantes de la atribución por Repsol de una cuota de mercado a Nynäs y a Petrogal en la reducción del importe de la multa de la que se benefició Repsol
a)      Alegaciones de las partes
429    Dentro de su contestación al octavo motivo, la Comisión señala que las demandantes rebaten un importante aspecto de la Decisión impugnada, a saber, las condiciones en las que entraron en el mercado español Nynäs y Petrogal, lo que parece difícilmente conciliable con sus argumentos sobre la cooperación de Repsol.
430    En efecto, las demandantes reprochan a la Comisión que, en apoyo de la calificación de líder del cartel atribuida a Repsol, apreciara que ésta había asignado una cuota de mercado a Nynäs y Petrogal. Según las demandantes, esa apreciación se basa en afirmaciones genéricas de terceros involucrados en el cartel que no han sido corroboradas por pruebas concretas.
431    Según la Comisión, la cuestión de si Repsol negoció o no en solitario con Nynäs o de si las cuotas de mercado de Nynäs y de Petrogal eran impuestas o asignadas constituyen cuestiones de hecho. De este modo, las demandantes ponen en cuestión, en la fase del recurso judicial, determinados hechos enunciados en la Decisión impugnada, lo que debería tener consecuencias sobre la reducción del importe de la multa.
432    Las demandantes solicitan que se desestimen estas pretensiones.
b)      Apreciación del Tribunal
433    Conviene recordar que resulta de la Decisión impugnada que Repsol «[adjudicó]» a Nynäs una cuota del mercado afectado del 3,74 % (considerando 201 de la Decisión impugnada), que el mercado incluía una cuota del 3,74 % para Nynäs «por designio expreso de Repsol y CEPSA» (considerando 206 de la Decisión impugnada) y por último que «Repsol y PROAS ofrecieron a Petrogal una asignación de cuota de mercado en la zona geográfica de influencia de Petrogal» (considerando 125 de la Decisión impugnada).
434    Pues bien, las demandantes afirman que el proceso de atribución de las cuotas fue idéntico en todas las reuniones y consistió en una «negociación» entre Repsol y PROAS, por una parte, y Nynäs o Petrogal, por otra, argumentación que a su juicio puede atenuar el papel de líder atribuido a Repsol en la Decisión impugnada.
435    En sus escritos procesales la Comisión parece deducir de la crítica de las demandantes contra los considerandos de la Decisión impugnada antes mencionados una desvirtuación del valor de la cooperación aportada por Repsol con su solicitud al amparo de la Comunicación de 2002, lo que justificaría un aumento del importe de la multa que se le impuso.
436    Sin embargo, en la parte conclusiva de los escritos de la Comisión no figura ninguna pretensión de aumento y las fórmulas empleadas por ella, como «no parece conciliarse bien con los argumentos de Repsol relativos a su cooperación» (punto 90, in fine, del escrito de contestación) o «lo que debería tener consecuencias sobre la reducción de la multa» (punto 41 de la dúplica) no permiten considerar que se trate de una verdadera pretensión de la Comisión.
437    En cualquier caso, no se puede acoger la argumentación de la Comisión.
438    En efecto, consta que los hechos discutidos proceden de una nota interna de BP, de un memorando interno de BP y de una respuesta de BP a una solicitud de información. Por tanto, esos hechos no se sustentan en medios de prueba que hubieran aportado las demandantes. Así pues, aun suponiendo que las demandantes llegaran a demostrar que los hechos en cuestión no se han acreditado, esa constatación no tendría consecuencias en la calidad de su cooperación en el marco de la Comunicación de 2002 y, por tanto, en el grado de reducción del importe de la multa que se les concedió.
439    Por otro lado, es irrelevante que la crítica de las demandantes ya se formulara en el procedimiento administrativo ante la Comisión, como afirman las interesadas, o sólo en el proceso judicial, como mantiene la Comisión. Ninguna disposición del Derecho de la Unión obliga al destinatario del pliego de cargos a discutir sus diferentes elementos fácticos o jurídicos durante el procedimiento administrativo, so pena de no poder hacerlo posteriormente durante el procedimiento judicial (sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión, C‑407/08 P, Rec. p. I‑6371, apartado 89).
440    De cuanto precede resulta que, en cualquier caso, la impugnación por las demandantes de los aspectos de hecho expuestos en los considerandos 201, 206 y 125 de la Decisión impugnada no puede desvirtuar, en contra de lo alegado por la Comisión, el valor de la cooperación de Repsol en el procedimiento administrativo, ni por consiguiente puede tener consecuencias en la reducción del importe de la multa concedida a Repsol en la Decisión impugnada.
2.      Sobre el aumento de la multa en el supuesto de la desvirtuación del valor añadido de la cooperación de PROAS en los asuntos T‑462/07 y T‑482/07
a)      Alegaciones de las partes
441    La Comisión señala que en dos de los asuntos conexos con el presente, el asunto T‑462/07, promovido por Galp, y el asunto T‑482/07, promovido por Nynäs, Galp y Nynäs mantienen que la infracción no ha sido suficientemente probada en lo que a ellas se refiere y critican a la Comisión por basarse excesivamente en las declaraciones de Repsol y CEPSA-PROAS en su solicitud con arreglo a la Comunicación de 2002.
442    Si el Tribunal anulara, aunque fuera parcialmente, la Decisión impugnada en lo que afecta a Petrogal y a Nynäs, por considerar que la información aportada por Repsol no tenía suficiente valor probatorio, el Tribunal debería reexaminar, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, el alcance de la cooperación de Repsol, en cuyo caso la reducción del importe de la multa que se le concedió debería limitarse al 30 % del importe de base de la multa que debe imponerse, es decir, un 10 % menos que la reducción concedida por la Comisión. Según ésta, no se puede descartar incluso la posibilidad de que el Tribunal decidiera que Repsol no debe beneficiarse de ninguna reducción del importe de la multa por no alcanzar su cooperación el umbral de «valor añadido significativo» en el sentido de la Comunicación de 2002. En efecto, la reducción del importe de la multa dejaría de estar justificada, ya que unas pruebas que carecen de utilidad no pueden servir para reducir el importe de la multa.
443    Las demandantes solicitan que se desestimen estas pretensiones.
b)      Apreciación del Tribunal
444    La Comisión mantiene que la apreciación en los asuntos en los que Petrogal y Nynäs son partes demandantes de la falta de valor probatorio de los elementos aportados por Repsol en aplicación de la Comunicación de 2002, si llevara a la anulación de la Decisión impugnada en lo que afecta a Petrogal y a Nynäs o a una reducción del importe de la multa que se les impuso, debería conducir necesariamente al juez en el presente procedimiento a rebajar el importe de la reducción de la multa de la que se benefició Repsol en virtud de esa Comunicación.
445    Hay que recordar al respecto que las sentencias de anulación de los Tribunales de la Unión disfrutan de la fuerza de cosa juzgada absoluta (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Italia/Comisión, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, apartado 36).
446    De esa manera, una anulación hace desaparecer con efecto retroactivo el acto impugnado respecto a todos los justiciables, ya que la sentencia de anulación tiene un efecto erga omnes [sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de junio de 2006, P&O European Ferries (Vizcaya) y Diputación Foral de Vizcaya/Comisión, C‑442/03 P y C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, apartado 43].
447    No obstante, una decisión adoptada en materia de competencia respecto a varias empresas, aunque redactada y publicada en forma de una única decisión, debe considerarse como un haz de decisiones individuales que, en relación con cada una de las empresas destinatarias, aprecia la existencia de la o las infracciones que se le imputan y le imponen, en su caso, una multa. Sólo puede anularse por lo que respecta a las destinatarias cuyos recursos han sido estimados por el juez de la Unión, y sigue obligando a las destinatarias que no han interpuesto recursos de anulación (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartados 99 y 100).
448    No obstante, hay que observar que el Tribunal de Justicia ha juzgado que la anulación parcial en un procedimiento de una decisión que aprecia la responsabilidad de una sociedad permite al juez que conoce de otro procedimiento anular en idéntica medida la decisión que aprecia la responsabilidad de su sociedad matriz cuando la responsabilidad de ésta deriva plenamente de la de su filial (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de enero de 2013, Comisión/Tomkins, C‑ 286/11 P, apartados 14 y 39).
449    En el presente caso la responsabilidad de Repsol no deriva de la de Petrogal o de Nynäs.
450    Por tanto, la anulación de las decisiones dirigidas a esas dos últimas empresas carece de incidencia en la decisión dirigida a Repsol y no podría obligar al juez, en contra de lo alegado por la Comisión, a elevar el importe de la multa impuesta a Repsol. Así es también a fortiori respecto a las consecuencias de una mera reducción del importe de la multa impuesta a Petrogal o a Nynäs.
451    Es cierto que la fuerza de cosa juzgada absoluta de las sentencias de anulación de los Tribunales de la Unión es inherente tanto al fallo de la sentencia como a los fundamentos que constituyen su soporte necesario (sentencia Italia/Comisión, antes citada, apartado 36).
452    Sin embargo, la consideración de los fundamentos que revelan las razones precisas de la ilegalidad constatada por el juez de la Unión no tiene otro objeto que determinar el sentido exacto de lo resuelto en el fallo (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, apartado 55).
453    En consecuencia, si el fallo de una sentencia anulatoria carece de incidencia en la situación de una persona, los fundamentos que constituyen su soporte tampoco pueden tenerla.
454    Así pues, la anulación de las decisiones dirigidas a Petrogal o a Nynäs o una reducción del importe de su multa no podía obligar al juez a elevar la multa impuesta a Repsol, incluso en el supuesto de que esa anulación o esa reducción tuvieran como fundamento la falta de valor probatorio de los medios aportados por esa empresa en aplicación de la Comunicación de 2002.
455    En cualquier caso, la autoridad de un fundamento de una sentencia anulatoria no puede aplicarse a quienes no eran parte en el proceso y respecto de los cuales, por tanto, nada puede haber decidido la sentencia (sentencia Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, antes citada, apartado 55).
456    Por tanto, incluso suponiendo que la falta de valor probatorio de los medios aportados por Repsol en aplicación de la Comunicación de 2002 fuera apreciada en los asuntos en los que Petrogal y Nynäs son partes demandantes, esa apreciación no obligaría al Tribunal en el presente procedimiento a elevar el importe de la multa impuesta a Repsol rebajando la reducción del importe de la multa de la que se benefició en virtud de esa Comunicación.
457    Por consiguiente, deben desestimarse las pretensiones de la Comisión.
458    Aun suponiendo que el Tribunal, si bien no está obligado a ello, pudiera en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, sin vulnerar el principio contradictorio, tomar en consideración los fundamentos y el fallo de las sentencias pronunciadas el día de hoy, Galp Energía España y otros/Comisión (T‑462/07), y Nynäs Petroleum y Nynas Petróleo/Comisión (T‑482/07), esa consideración carecería de incidencia en el presente asunto respecto al importe de la multa impuesta a la demandante.
459    En efecto, por un lado, la anulación parcial por el Tribunal de la Decisión impugnada y la reducción del importe de la multa impuesta a Galp, en la sentencia Galp Energía España y otros/Comisión, antes citada, y, por otro, la reducción del importe de la multa impuesta a Nynäs, en la sentencia Nynäs Petroleum y Nynas Petróleo/Comisión, antes citada, no se fundamentan en absoluto en la apreciación de la falta de valor probatorio de los medios aportados por Repsol conforme a la Comunicación de 2002.
460    De cuanto precede y atendiendo al conjunto de las circunstancias del presente asunto resulta que deben desestimarse todas las pretensiones formuladas por la Comisión.
Costas
461    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
462    Al haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes, procede condenarlas en costas, conforme a lo solicitado por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Desestimar las pretensiones de la Comisión Europea para el aumento del importe de la multa.
3)      Condenar en costas a Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., Repsol Petróleo, S.A., y Repsol, S.A.
Truchot
Martins Ribeiro
Popescu
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de septiembre de 2013.
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio
A.     Mercado afectado
B.     Empresas implicadas
1.     Grupo Repsol
2.     CEPSA-PROAS
3.     BP
4.     Grupo Nynäs
5.     Grupo Petrogal
C.     Procedimiento administrativo
D.     Decisión impugnada
1.     Declaración de la infracción
2.     Cálculo del importe de las multas
a)     Determinación y adaptación del «importe inicial» de las multas
b)     Duración de la infracción
c)     Circunstancias agravantes
d)     Aplicación de la Comunicación de 2002
3.     Parte dispositiva de la Decisión impugnada
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
A.     Sobre las pretensiones de anulación y de reforma de la Decisión impugnada
1.     Sobre el primer motivo, fundado en la vulneración del derecho de defensa
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
2.     Sobre el segundo motivo, basado en la insuficiencia de la motivación de la imputación a Repsol YPF de la responsabilidad solidaria en cadena por la participación de RPA/Rylesa en la infracción
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
3.     Sobre el tercer motivo, basado en la aplicación errónea de la presunción de ejercicio efectivo por las sociedades matrices de una influencia decisiva en el comportamiento competitivo de sus filiales
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
4.     Sobre el cuarto motivo, basado en un error de hecho y de Derecho que vicia el análisis de los medios de prueba aportados por las demandantes en sus respuestas al pliego de cargos en apoyo de la autonomía comercial de RPA/Rylesa y sobre el quinto motivo, basado en que los indicios complementarios de la relación accionarial de las tres sociedades no pueden reforzar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia decisiva
a)     Sobre la falta de identidad del personal directivo de las sociedades demandantes
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
b)     Sobre la autonomía del funcionamiento de la unidad de asfaltos dentro del grupo Repsol
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
c)     Sobre el carácter marginal de la actividad relacionada con el betún respecto al conjunto de las actividades del grupo Repsol
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
d)     Sobre la comunicación de los informes periódicos de RPA/Rylesa a su sociedad matriz
Alegaciones de las partes
Apreciación del Tribunal
5.     Sobre el sexto motivo, basado en la fijación del importe inicial de la multa vulnerando los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
Sobre la calificación de la infracción
Sobre el importe de la multa aplicado a las demandantes
6.     Sobre el séptimo motivo, basado en un error de apreciación de los hechos de los que deriva la calificación de Repsol y de PROAS como líderes del cartel
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
7.     Sobre el octavo motivo, basado en la fijación errónea del porcentaje de reducción del importe de la multa
Sobre la primera alegación, basada en un error de apreciación
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
Sobre la segunda alegación, basada en la infracción del principio de confianza legítima derivada de la falta de reconocimiento de la amplitud y la continuidad de la cooperación de Repsol
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
Sobre la tercera alegación, basada en la vulneración del principio de proporcionalidad derivada de la sobrevaloración de la fecha de la cooperación de Repsol respecto a su grado de valor añadido
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
Sobre la cuarta alegación, basada en la infracción del principio de igualdad de trato
–  Alegaciones de las partes
–  Apreciación del Tribunal
B.     Sobre las pretensiones de la Comisión de un aumento del importe de la multa
1.     Sobre la incidencia de la refutación por las demandantes de la atribución por Repsol de una cuota de mercado a Nynäs y a Petrogal en la reducción del importe de la multa de la que se benefició Repsol
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
2.     Sobre el aumento de la multa en el supuesto de la desvirtuación del valor añadido de la cooperación de PROAS en los asuntos T‑462/07 y T‑482/07
a)     Alegaciones de las partes
b)     Apreciación del Tribunal
Costas
* Lengua de procedimiento: español.