62022CJ0351_RES
Asunto C‑351/22
Neves 77 Solutions SRL
contra
Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Antifraudă Fiscală
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul București)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 10 de septiembre de 2024
«Procedimiento prejudicial — Política exterior y de seguridad común (PESC) — Medidas restrictivas motivadas por acciones de la Federación de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania — Decisión 2014/512/PESC — Artículo 2, apartado 2, letra a) — Competencia del Tribunal de Justicia — Artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase — Artículo 275 TFUE — Artículo 215 TFUE — Artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho de propiedad — Principios de seguridad jurídica y de legalidad de las penas — Servicios de intermediación relacionados con equipos militares — Prohibición de prestar tales servicios — Falta de notificación a las autoridades nacionales competentes — Infracción administrativa — Multa — Incautación automática de las cantidades percibidas como contrapartida de la operación prohibida»
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania — Prohibición de prestar servicios de intermediación relacionados con equipos militares — Control judicial de la legalidad — Alcance — Disposición de alcance general que no se refiere a una medida restrictiva individual
[Art. 275 TFUE, párr. 2; Decisión 2014/512/PESC del Consejo, en su versión modificada por la Decisión 2014/659/PESC, art. 2, ap. 2, letra a); Reglamento (UE) n.o 833/2014 del Consejo]
(véanse los apartados 37 y 39)
Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Interpretación de disposiciones de alcance general de una decisión que prevé la interrupción o la reducción, total o parcial, de las relaciones económicas y financieras con uno o varios terceros países — Alcance — Disposiciones comprendidas en las medidas necesarias para dar efecto a dicha Decisión — Falta de ejecución por el Consejo — Disposiciones que sirven de fundamento a una medida nacional sancionadora adoptada contra un tercero — Inclusión
[Arts. 2 TUE, 19 TUE, 21 TUE, 24 TUE y 40 TUE; arts. 215 TFUE, ap. 1, y 267 TFUE; Decisión 2014/512/PESC del Consejo, en su versión modificada por la Decisión 2014/659/PESC, art. 2, ap. 2, letra a)]
(véanse los apartados 44 a 53, 56, 57, 60 y 61)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania — Ámbito de aplicación — Prohibición de prestar servicios de intermediación relacionados con equipos militares — Inclusión — Equipos que nunca han sido importados en el territorio de un Estado miembro — Irrelevancia
[Decisión 2014/512/PESC del Consejo, en su versión modificada por la Decisión 2014/659/PESC, art. 2, ap. 2, letra a)]
(véanse los apartados 64, 65 y 71 y el punto 1 del fallo)
Derechos fundamentales — Carta de los Derechos Fundamentales — Derecho de propiedad — Alcance
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 17, ap. 1, y 52, ap. 3)
(véanse los apartados 82 a 84)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania — Prohibición de prestar servicios de intermediación relacionados con equipos militares — Incumplimiento de la prohibición — Falta de notificación de la prohibición a las autoridades nacionales competentes — Incautación automática de la totalidad del producto de dicha operación — Procedencia — Requisitos
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 17, ap. 1, y 52, ap. 1; Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, art. 12; Decisión 2014/512/PESC del Consejo, en su versión modificada por la Decisión 2014/659/PESC, art. 2, ap. 2, letra a)]
(véanse los apartados 87 a 95, 101 y 107 y el punto 2 del fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía), precisa el alcance de las limitaciones de su competencia en el ámbito de la política exterior y de seguridad común (PESC). (
1
) También se pronuncia sobre el ámbito de aplicación de la prohibición de prestar servicios de intermediación en relación con equipos militares, prevista en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Decisión 2014/512/PESC, (
2
) relativa a las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo de la Unión Europea motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania.
La sociedad rumana Neves 77 Solutions SRL (en lo sucesivo, «Neves») tiene como actividad principal la intermediación en la venta de productos en el sector de la aviación.
En 2019, Neves celebró con la sociedad ucraniana SFTE Spetstechnoexport (en lo sucesivo, «SFTE») un contrato relativo a la transmisión de los derechos de propiedad de treinta y dos emisoras de radio que debían entregarse en los Emiratos Árabes Unidos. Tras haber adquirido a una empresa portuguesa dichas emisoras de radio, de las cuales veinte habían sido fabricadas en Rusia y exportadas a los Emiratos Árabes Unidos, Neves las transfirió, a petición de SFTE, a una empresa india.
Al considerar, en particular, que esta operación de intermediación infringía el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Decisión 2014/512, la Administración tributaria rumana levantó en 2020 un acta de infracción administrativa por la que se imponía a Neves una multa y el decomiso de las cantidades percibidas como contrapartida de dicha operación.
Neves interpuso un recurso de anulación contra dicha acta ante la Judecătoria Sectorului 1 București (Tribunal de Primera Instancia del Sector 1 de Bucarest, Rumanía), que lo desestimó. Neves recurrió entonces dicha sentencia ante el Tribunalul Bucureşti (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía), órgano jurisdiccional remitente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta a su competencia para interpretar el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Decisión 2014/512, el Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que esta disposición establece una medida restrictiva de alcance general que sirve de fundamento a una medida nacional sancionadora. Aunque la competencia del Tribunal de Justicia no está limitada en modo alguno por lo que respecta a un reglamento adoptado sobre la base del artículo 215 TFUE, que da efecto a las posiciones de la Unión adoptadas en el contexto de la PESC, la prohibición de prestar servicios de intermediación prevista en el citado artículo 2, apartado 2, letra a), no se había aplicado en un reglamento en la fecha de los hechos del litigio principal.
No obstante, en primer lugar, en el marco del control del respeto del artículo 40 TUE, párrafo primero, (
3
) corresponde al Tribunal de Justicia velar, en particular, por que, por lo que respecta a la aplicación del artículo 215 TFUE, el Consejo no pueda eludir la competencia del Tribunal de Justicia en relación con un reglamento conforme a dicho artículo. A este respecto, del claro tenor del artículo 215 TFUE, apartado 1, se desprende que incumbe al Consejo adoptar las medidas necesarias para dar efecto a una decisión PESC por la que se establezca la posición de la Unión en relación con la interrupción o la reducción de las relaciones económicas y financieras con un tercer país. Por lo tanto, dicha institución se encuentra, en el supuesto contemplado en dicho apartado 1, en situación de competencia reglada.
En segundo lugar, la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, prevista por los Tratados, en relación con un reglamento adoptado sobre la base del artículo 215 TFUE, apartado 1, debe quedar abierta respecto de todas las disposiciones que el Consejo debería haber incluido en dicho Reglamento y que sirvan de base a una medida nacional sancionadora adoptada contra terceros. Esta interpretación permite garantizar no solo la aplicación uniforme del Derecho de la Unión por los órganos jurisdiccionales nacionales, sino también la coherencia del sistema de tutela judicial establecido por el Derecho de la Unión. En efecto, el procedimiento de remisión prejudicial, (
4
) que constituye la piedra angular del sistema jurisdiccional de la Unión, contribuye de manera esencial a la preservación del valor del Estado de Derecho en el que se fundamenta la Unión. (
5
)
Así pues, el Tribunal de Justicia es competente para interpretar una medida restrictiva de alcance general en el supuesto de que incumba al Consejo ejecutar esa medida, que sirve de base a medidas nacionales sancionadoras impuestas a una persona física o jurídica, en un reglamento en virtud del artículo 215 TFUE. Pues bien, en el caso de autos, la prohibición de prestar los servicios de intermediación de que se trata tiene por objeto restringir la capacidad de los operadores económicos para llevar a cabo operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado FUE. (
6
) Esa prohibición solo puede aplicarse a escala de la Unión si va seguida de la adopción de tal reglamento y si está comprendida en las medidas necesarias para dar efecto a la Decisión 2014/512 a escala de la Unión, que habría correspondido al Consejo aplicar en el Reglamento n.o 833/2014.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia es competente para responder a las cuestiones prejudiciales.
En cuanto al fondo, el Tribunal de Justicia considera, en primer lugar, que la prohibición de prestar servicios de intermediación establecida en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Decisión 2014/512 es aplicable aun cuando el equipo militar objeto de la operación de intermediación de que se trate nunca haya sido importado en el territorio de un Estado miembro.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia subraya que dicha disposición, interpretada a la luz del derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y de los principios de seguridad jurídica y de legalidad de las penas, no se opone a una medida nacional de incautación de todo el producto de una operación de intermediación contemplada en dicho artículo 2, apartado 2, letra a), que se lleva a cabo, de manera automática, a raíz de la constatación, por las autoridades nacionales competentes, del incumplimiento de la prohibición de realizar esa operación y de la obligación de notificarla.
Por lo que respecta al derecho de propiedad, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») según la cual medidas de incautación que tienen por objeto el producto de una infracción o de una actividad ilegal o un instrumento que haya servido para cometer una infracción no pertenecientes a un tercero de buena fe están comprendidas, con carácter general, en la regulación del uso de los bienes aun cuando, por su propia naturaleza, priven a una persona de su propiedad. (
7
)
En el caso de autos, esta limitación del ejercicio del derecho de propiedad parece respetar el principio de proporcionalidad y, por consiguiente, estar justificada a la luz de los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente. En efecto, dicha limitación está establecida por la ley (
8
) y respeta el contenido esencial del derecho de propiedad, puesto que está comprendida en el ámbito de aplicación de la regulación del uso de los bienes, en el sentido del artículo 17, apartado 1, tercera frase, de la Carta y no constituye una privación de propiedad, en el sentido del citado artículo 17, apartado 1, segunda frase. Además, la referida medida responde a objetivos de interés general reconocidos por la Unión.
En cuanto al principio de proporcionalidad, la incautación de la contrapartida íntegra del producto de la operación de intermediación prohibida parece necesaria para disuadir real y eficazmente a los operadores económicos de infringir la prohibición de prestar servicios de intermediación en relación con equipos militares. La adopción automática de una medida de decomiso también es necesaria para garantizar la plena eficacia de la sanción. No obstante, en los casos en los que se impone una sanción de incautación al margen de una condena penal, es necesario, según la jurisprudencia del TEDH, que el procedimiento en su conjunto ofrezca al interesado la posibilidad de defenderse tanto ante las autoridades nacionales que le han impuesto dicha sanción como ante los órganos jurisdiccionales que conozcan de los recursos contra las resoluciones de esas autoridades, al objeto de que tanto unas como otros puedan proceder a un examen global de los diferentes intereses concurrentes. (
9
)
(
1
)	Estas limitaciones se establecen en el artículo 24 TUE, apartado 1, y en el artículo 275 TFUE, apartado 1.
(
2
)	Decisión 2014/512/PESC del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 229, p. 13), en su versión modificada por la Decisión 2014/659/PESC del Consejo, de 8 de septiembre de 2014 (DO 2014, L 271, p. 54).
(
3
)	En virtud del artículo 40 TUE, párrafo primero, la ejecución de la PESC no afectará a la aplicación de los procedimientos y al alcance respectivo de las atribuciones de las instituciones establecidas en los Tratados para el ejercicio de las competencias de la Unión mencionadas en los artículos 3 a 6 del Tratado FUE.
(
4
)	El procedimiento de remisión prejudicial está regulado en el artículo 19 TUE, apartado 3, letra b), y en el artículo 267 TFUE.
(
5
)	Véanse el artículo 2 TUE y el artículo 21 TUE, al que se remite el artículo 23 TUE, relativo a la PESC.
(
6
)	El comercio de armas, equipos militares y servicios contemplados en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Decisión 2014/512 sí está comprendido en ese ámbito de aplicación, en virtud de los artículos 114 TFUE y 207 TFUE.
(
7
)	Véanse, en particular, TEDH, sentencia de 24 de octubre de 1986, Agosi c. Reino Unido (CE:ECHR:1986:1024JUD000911880), § 51; TEDH, sentencia de 12 de mayo de 2015, Gogitidze y otros c. Georgia (CE:ECHR:2015:0512JUD003686205), § 94, y TEDH, sentencia de 15 de octubre de 2020, Karapetyan c. Georgia (CE:ECHR:2020:1015JUD006123312), § 32.
(
8
)	Esta medida se basa en la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale (Decreto-ley con carácter de urgencia n.o 202/2008, relativo a la aplicación de sanciones internacionales), de 4 de diciembre de 2008 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 825, de 8 de diciembre de 2008), así como en la lista nacional de tecnología y equipos militares contemplada en el artículo 12 de la Posición Común 2008/944/PESC y establecida, por lo que respecta a Rumanía, mediante las Órdenes n.o 156/2018 y n.o 901/2019.
(
9
)	Véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 15 de octubre de 2020, Karapetyan c. Georgia (CE:ECHR:2020:1015JUD006123312), § 35.