SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 29 de noviembre de 2007
Asunto C‑9/06 P
Tomás Salazar Brier
contra
Comisión de las Comunidades Europeas
«Recurso de casación — Funcionarios — Retribución — Indemnización por expatriación — Requisito establecido en el artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guión, del anexo VII del Estatuto — Concepto de “servicios prestados a otro Estado”»
Objeto: Recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 25 de
octubre de 2005, Salazar Brier/Comisión (T‑83/03, RecFP pp. I‑A‑311 y II‑1407), y en el que se solicita la anulación de esta
sentencia.
Resultado: Se desestima el recurso de casación.
Sumario
1.        Recurso de casación — Motivos — Nueva formulación de una argumentación — Admisibilidad — Límites
(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 113, ap. 2)
2.        Funcionarios — Retribución — Indemnización por expatriación — Requisitos para su concesión
[Estatuto de los Funcionarios, anexo VII, art. 4, ap. 1, letra a)]
1.        De las disposiciones del artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia en relación con el artículo 113, apartado 2, del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que, en el marco de un recurso de casación, el recurrente
puede formular cualquier alegación pertinente siempre que el recurso de casación no modifique el objeto del litigio planteado
ante el Tribunal de Primera Instancia.
2.        Aun cuando el reparto de competencias en el plano estatal interno varía en función de la estructura institucional de cada
Estado, éste debe tener la consideración, en Derecho internacional público, de sujeto con carácter unitario. A la luz de esta
interpretación, se exige que el Estado esté representado, ante otros Estados y ante las organizaciones internacionales, por
un sistema de representación diplomática único, que es reflejo de la unidad, en el plano internacional, del Estado de que
se trate.
Para que se pueda considerar que el funcionario en cuestión ha prestado servicios «a otro Estado», aunque no sea esencial
que esté empleado en la Administración central de este Estado, en cambio, supone un elemento determinante que se halle integrado
funcionalmente en la representación permanente de dicho Estado.
A este respecto, tanto los agentes que prestan servicios al Estado a través de su Administración central, como los que prestan
servicios para una Comunidad Autónoma a través de la Administración de ésta, deben considerarse en situación de expatriación
a efectos del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, a condición de que formen parte oficialmente de la representación
permanente de ese Estado.
En consecuencia, para interpretar la expresión «servicios prestados a otro Estado», que figura en el artículo 4, apartado
1, letra a), segundo guión, del anexo VII del Estatuto, sólo se debe considerar pertinente el hecho de que los servicios se
hayan prestado en una representación permanente de un Estado. Por consiguiente, los servicios prestados para los gobiernos
de las subdivisiones políticas de los Estados no pueden considerarse servicios prestados a un Estado si el interesado no forma
parte oficialmente de la representación permanente del Estado. Por la misma razón, los servicios prestados a las sociedades
de capital público pertenecientes a una de las categorías de sociedades mercantiles no pueden considerarse servicios prestados
a un Estado.