62024CO0632
AUTO DEL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 4 de febrero de 2025 (
*1
)
«Recurso de casación — Procedimiento sobre medidas provisionales — Artículo 278 TFUE — Demanda de suspensión de la ejecución de una sentencia del Tribunal General — Acceso a los documentos de la Comisión Europea — Declaraciones de ausencia de conflictos de intereses formuladas por los miembros del equipo de negociación de la Comisión para la compra de vacunas contra la COVID‑19 — Decisión de la Comisión de denegar el acceso a la identidad y al cargo profesional de estas personas»
En el asunto C‑632/24 P‑R,
que tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecución presentada, con arreglo al artículo 278 TFUE, el 27 de septiembre de 2024,
Comisión Europea, representada por los Sres. A. Bouchagiar, M. Burón Pérez, G. Gattinara y A. Spina, en calidad de agentes,
parte demandante,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Fabien Courtois y las demás partes cuyos nombres figuran en el anexo, (
1
) representados por el Sr. A. Durand, avocat,
partes demandantes en primera instancia,
EL VICEPRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
oído el Abogado General, Sr. M. Szpunar;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su demanda de medidas provisionales, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 278 TFUE, que ordene suspender la ejecución del punto 2 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 17 de julio de 2024, Courtois y otros/Comisión (T‑761/21, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2024:477), en la medida en que anula la Decisión C(2022) 1359 final de la Comisión, de 28 de febrero de 2022, adoptada con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43), por la que se concede al Sr. Fabien Courtois y a las demás personas físicas cuyos nombres figuran en el anexo un acceso parcial a determinados documentos relativos a la compra de vacunas por esta institución en el marco de la pandemia de COVID‑19 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), así como la versión francesa de esta Decisión que se les comunicó el 31 de marzo de 2022, en lo referente a la negativa de la Comisión a conceder un acceso más amplio a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses firmadas por los miembros del equipo de negociación para la compra de vacunas contra la COVID‑19 (en lo sucesivo, «equipo de negociación»), sobre la base del artículo 4, apartado 1, letra b), de este Reglamento.
2
Esta demanda se ha presentado simultáneamente a la interposición por la Comisión, el 27 de septiembre de 2024, de un recurso de casación, al amparo del artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante el que solicita la anulación, en esa medida, de la sentencia recurrida.
Antecedentes del litigio
3
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 17 de la sentencia recurrida. A los efectos del presente procedimiento, pueden resumirse del siguiente modo.
4
El 17 de junio de 2020, en el contexto de la crisis vinculada a la pandemia de COVID‑19, la Comisión publicó la Comunicación titulada «Estrategia de la UE para las vacunas contra la COVID‑19» [COM(2020) 245 final]. Esta estrategia tenía por objeto acelerar el desarrollo, la producción y el despliegue de vacunas contra la COVID‑19 y se basaba en dos pilares. El primero consistía en garantizar una producción suficiente de vacunas en la Unión Europea y, por lo tanto, suministros suficientes para sus Estados miembros mediante contratos de compra anticipada con los productores de vacunas a través del Instrumento para la Prestación de Asistencia Urgente, que se había activado mediante el Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo, de 14 de abril de 2020, por el que se activa la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican considerando el brote de COVID‑19 (DO 2020, L 117, p. 3). El segundo era adaptar el marco reglamentario de la Unión a la entonces actual situación de urgencia y hacer uso de la flexibilidad normativa disponible para acelerar el desarrollo, la autorización y la disponibilidad de vacunas, manteniendo al mismo tiempo las normas de calidad, seguridad y eficacia de las vacunas.
5
Desde este punto de vista, la Comisión indicó que los Estados miembros participarían en el proceso desde su inicio y que todos los Estados miembros participantes estarían representados en un comité de dirección, que asistiría a la Comisión en todos los aspectos de los contratos de compra anticipada antes de su firma. La Comisión puntualizó que un equipo de negociación, compuesto por ella misma y expertos de los Estados miembros, estaría encargado de negociar los contratos de compra anticipada y que estos últimos se celebrarían en nombre de todos los Estados miembros participantes. La Comisión también indicó que sería responsable del proceso de contratación pública en nombre de los Estados miembros y de los contratos de compra anticipada celebrados.
6
El 24 de mayo de 2021, mediante escrito dirigido a la presidenta de la Comisión, también enviado mediante correo electrónico del mismo día a la Secretaría General de la Comisión, dos abogados solicitaron, «en nombre y por cuenta de los 86000 primeros peticionarios de la plataforma https://dejavu/legal/» a los que representaban y entre los que figuraban los demandantes en primera instancia (en lo sucesivo, «solicitantes de acceso» o «solicitantes»), el acceso, en virtud del Reglamento n.o 1049/2001, a ciertos documentos relativos a la compra por la Comisión, por cuenta de los Estados miembros, de vacunas en el marco de la pandemia de COVID‑19.
7
Esta solicitud inicial se refería a los contratos de compra firmados por la Comisión con los fabricantes de vacunas, la identidad y el cargo profesional o institucional de los representantes de la Unión que habían participado en las negociaciones con dichos fabricantes y las declaraciones relativas a los intereses entre esos representantes y los referidos fabricantes.
8
El 30 de julio de 2021, la directora general de la Dirección General (DG) de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión respondió que había identificado cuarenta y seis documentos correspondientes a dicha solicitud, entre ellos veintidós declaraciones de ausencia de conflictos de intereses firmadas por los miembros del equipo de negociación (en lo sucesivo, «declaraciones de ausencia de conflictos de intereses»), y que se concedía acceso parcial a todos esos documentos, con excepción de diecisiete documentos denominados «proyectos de memorando de acuerdo».
9
Por lo que respecta a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, se ocultó la identidad de los firmantes por razón de protección de la intimidad y de la integridad de la persona, contemplada en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001. Además, solo se transmitió una copia a los solicitantes de acceso, al considerarse que las demás declaraciones solo diferían en la identidad del firmante, su firma y la fecha de la firma.
10
El 13 de agosto de 2021, los solicitantes de acceso presentaron, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001, una solicitud confirmatoria dirigida a que la Comisión reconsiderara su postura en lo referente al conjunto de los documentos a los que se les había denegado el acceso total o parcialmente.
11
El 24 de septiembre de 2021, la falta de respuesta a dicha solicitud dio lugar a una decisión denegatoria presunta, con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento n.o 1049/2001.
12
El 28 de febrero de 2022, tras haber consultado a las empresas farmacéuticas afectadas con arreglo al artículo 4, apartado 4, del Reglamento n.o 1049/2001, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, que notificó en inglés a los solicitantes de acceso el 1 de marzo de 2022. En particular, en dicha Decisión, la Comisión introdujo modificaciones en la composición de la lista de documentos correspondiente a la solicitud de acceso a los documentos, pero mantuvo su posición sobre el acceso parcial a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses.
13
El 31 de marzo de 2022, se comunicó la versión francesa de la Decisión controvertida a los solicitantes de acceso.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
14
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 6 de diciembre de 2021, los solicitantes de acceso interpusieron recurso de anulación contra la decisión denegatoria presunta. Posteriormente, adaptaron sus pretensiones a fin de impugnar también la Decisión controvertida y la versión francesa de esta.
15
En el apartado 57 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó que, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, solo pueden transmitirse a terceros datos personales sobre la base del Reglamento n.o 1049/2001 cuando dicha transmisión cumpla los requisitos previstos en el artículo 9, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39), y constituya un tratamiento lícito de acuerdo con las exigencias del artículo 5 de dicho Reglamento.
16
Por lo que respecta al requisito establecido en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, según el cual la persona que solicite el acceso a los datos personales debe demostrar la necesidad de su divulgación para una finalidad específica de interés público, el Tribunal General consideró, en los apartados 68, 69, 79 y 85 de la sentencia recurrida, que se cumplía en el presente caso, al haber demostrado los solicitantes la necesidad del acceso a la identidad de los miembros del equipo de negociación que habían firmado las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses a fin de comprobar su imparcialidad. En cambio, en el apartado 86 de dicha sentencia, el Tribunal General estimó que la divulgación de la fecha de firma de esas declaraciones y de la firma manuscrita de los miembros de ese equipo no es necesaria para alcanzar esa finalidad.
17
En el apartado 79 de la sentencia recurrida, por lo que respecta a la ponderación de los intereses en juego que contempla el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, el Tribunal General consideró que, al haber demostrado los solicitantes de acceso la necesidad de la transmisión de los datos personales solicitados y al haber considerado la Comisión, justificadamente, que existía un riesgo de afectación de la intimidad de los miembros del equipo de negociación, correspondía a esta efectuar dicha ponderación.
18
A este respecto, en el apartado 80 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, como se desprende de la Decisión controvertida, la Comisión había tomado en consideración, por un lado, la función técnica que desempeñaron los miembros del equipo de negociación en el procedimiento de licitación pública y, por otro lado, el hecho de que los solicitantes habían tenido acceso a información gracias a la divulgación parcial de la materia discutida en los documentos contractuales y a la divulgación de la versión anónima de las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses y de respeto de la confidencialidad.
19
En el apartado 81 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que, al actuar de tal modo, la Comisión no había explicado suficientemente en qué sentido el hecho de que la función de los miembros del equipo de negociación fuera meramente técnica debía prevalecer sobre la finalidad de comprobar la ausencia de conflictos de intereses. En el apartado 82 de dicha sentencia, añadió que la Decisión controvertida no muestra de manera expresa las consideraciones adicionales invocadas en el marco del recurso interpuesto ante él relacionadas con la ponderación de los diversos intereses concurrentes y, en particular, las relativas a la posible posición jerárquica de los miembros del equipo de negociación.
20
En los apartados 83 y 84 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, aunque los solicitantes de acceso habían tenido conocimiento, en concreto, del contenido de la declaración de ausencia de conflictos de intereses firmada por cada miembro del equipo de negociación, la finalidad específica de interés público perseguida por ellos, que consiste en permitir a los ciudadanos de la Unión asegurarse de la inexistencia de conflictos de intereses entre los miembros del equipo de negociación y los fabricantes de vacunas, no puede alcanzarse si no se divulga la identidad de dichas personas, puesto que el mero hecho de que hayan firmado una declaración no permite al ciudadano asegurarse, por sí mismo, de que han desempeñado su misión con total independencia.
21
En el apartado 85 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que la Comisión no había tenido suficientemente en cuenta las diferentes circunstancias del presente asunto para ponderar correctamente los intereses en juego.
22
En consecuencia, como resulta del punto 2 del fallo de la sentencia recurrida, el Tribunal General anuló la Decisión controvertida y su versión francesa, en particular en la medida en que la Comisión había denegado a los solicitantes un acceso más amplio a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, sobre la base del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001.
Pretensiones de las partes
23
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Ordene suspender la ejecución del punto 2 del fallo de la sentencia recurrida, en la medida en que anula la Decisión controvertida y su versión francesa, en lo referente a la negativa de la Comisión a conceder un acceso más amplio a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento de casación entablado contra dicha sentencia.
–
Condene en costas a los solicitantes de acceso.
24
Los solicitantes de acceso piden al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime la demanda de medidas provisionales.
–
Subsidiariamente, desestime la demanda únicamente en lo referente a la solicitud de acceso formulada por el Sr. Courtois.
–
Desestime cualquier otra pretensión de la Comisión.
–
Condene en costas a la Comisión o, subsidiariamente, reserve la decisión sobre las costas.
Sobre la demanda de medidas provisionales
25
Procede recordar que, si bien, según el artículo 60 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación contra una sentencia del Tribunal General no tiene, en principio, efecto suspensivo, el Tribunal de Justicia puede, con arreglo al artículo 278 TFUE, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida (auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 19 de agosto de 2024, Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres/Parlamento, C‑600/22 P‑R, EU:C:2024:673, apartado 52 y jurisprudencia citada).
26
Con arreglo al artículo 160, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, las demandas al efecto de que se suspenda la ejecución de un acto de una institución conforme a lo dispuesto en el artículo 278 TFUE han de especificar el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada.
27
De este modo, el juez que conoce de las medidas provisionales únicamente puede adoptar una medida provisional si se demuestra que su concesión está justificada, a primera vista, desde el punto de vista fáctico y jurídico (fumus boni iuris) y que es urgente, en el sentido de que, para evitar que los intereses de la parte que las solicite sufran un perjuicio grave e irreparable, es necesario que tal medida sea acordada y surta efectos desde antes de que se resuelva sobre el procedimiento principal. El juez de medidas provisionales debe proceder, asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego. Estos requisitos son acumulativos, de manera que la demanda de medidas provisionales debe ser desestimada cuando no se dé alguno de ellos [véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2024, Vivendi/Comisión, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, apartado 56 y jurisprudencia citada].
Sobre el fumus boni iuris
Alegaciones
– Alegaciones de la Comisión
28
La Comisión sostiene que se cumple el requisito del fumus boni iuris.
29
Considera que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General interpretó y aplicó erróneamente los requisitos establecidos en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725.
30
Por lo que respecta al requisito, establecido en esta disposición, según el cual la persona que solicita el acceso a documentos debe demostrar la necesidad de la transmisión de datos personales con una finalidad específica de interés público, alega, para empezar, que el Tribunal General desnaturalizó la solicitud de acceso inicial y la solicitud de acceso confirmatoria, al considerar, en el apartado 68 de la sentencia recurrida, que de esas solicitudes podía deducirse que los solicitantes tenían como finalidad comprobar la imparcialidad de los miembros del equipo de negociación.
31
La Comisión sostiene a continuación que, en cualquier caso, el Tribunal General erró al considerar que dicha finalidad constituye una finalidad específica de interés público, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725.
32
Por último, sostiene que el Tribunal General estimó erróneamente, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, que los solicitantes de acceso habían demostrado la necesidad de la transmisión de los datos en cuestión —a saber, los nombres, apellidos y cargos profesionales o institucionales de los miembros del equipo de negociación— para alcanzar la finalidad perseguida.
33
A este respecto, la Comisión observa que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular de la sentencia de 21 de marzo de 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden (C‑61/22, EU:C:2024:251), se desprende que la persona que solicita el acceso a datos personales debe demostrar que su transmisión constituye la medida más adecuada de entre todas las medidas factibles para alcanzar la finalidad perseguida, extremo que, por lo demás, el Tribunal General recordó en el apartado 60 de la sentencia recurrida.
34
Pues bien, según la Comisión, en el apartado 84 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limitó a declarar que la divulgación de los nombres y apellidos de los miembros del equipo de negociación a los solicitantes es necesaria para alcanzar la finalidad perseguida, sin precisar que se trate del único medio factible.
35
La Comisión añade que, en cualquier caso, la transmisión a los solicitantes de las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses sin datos personales ya ha permitido alcanzar la finalidad perseguida, aunque se haya ocultado la identidad de los firmantes de esos documentos. En efecto, gracias a esa transmisión, los solicitantes de acceso han podido comprobar que los miembros del equipo de negociación, que son agentes públicos, habían cumplido las exigencias de transparencia aplicables en todo procedimiento de contratación pública de la Unión. Sostener lo contrario supone poner en cuestión la validez misma de dichas declaraciones.
36
Por lo que respecta al requisito, también impuesto en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, según el cual la institución requerida debe comprobar si existe alguna razón para suponer que la transmisión de datos personales podría perjudicar los intereses legítimos del interesado y, en tal caso, debe ponderar, de modo verificable, los diversos intereses concurrentes para evaluar la proporcionalidad de la transmisión de los datos solicitados, la Comisión sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 85 de la sentencia recurrida, que ella no había efectuado correctamente tal ponderación.
37
La Comisión alega que, como el Tribunal de Justicia ha declarado a propósito de las limitaciones a los derechos derivados de los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), ese análisis implica considerar, por una parte, la gravedad de la injerencia que supone la divulgación de los datos personales y, por otra parte, la importancia de la finalidad específica de interés público que se persiga. La Comisión cita, en particular, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912).
38
Pues bien, a su criterio, la divulgación de la identidad de los miembros del equipo de negociación constituye una injerencia en su vida privada especialmente grave, al exponerlos, en particular, a contactos externos no solicitados considerando el carácter sensible de la fabricación de las vacunas contra la COVID‑19, extremo que, por lo demás, reconoció el Tribunal General en el apartado 77 de la sentencia recurrida. Esas personas también correrían el riesgo de que, en el futuro, gran parte de la opinión pública apuntara sistemáticamente a ellas como responsables de cualquier problema que pudiera surgir en relación con las vacunas contra la COVID‑19. Además, tal daño se concretaría rápidamente por la difusión de la identidad de esas personas en Internet.
39
La Comisión añade que esta situación perjudicaría considerablemente tanto a su capacidad como a la de los Estados miembros para recurrir, en el futuro, a su personal para la negociación y celebración de contratos de este tipo.
40
En cambio, según la Comisión, considerando que los miembros de ese equipo no ocupan una posición jerárquica elevada en la institución y que solo desempeñaron una función meramente técnica en el procedimiento de negociación, la finalidad perseguida consistente en comprobar su imparcialidad tiene una importancia menor que si se tratase de personas que tuvieron un verdadero poder de decisión en dicho procedimiento.
41
La Comisión entiende además que esa finalidad no permite justificar una injerencia tan grave en la intimidad de esas personas como la que ocasionaría la divulgación de su identidad.
42
Por último, la Comisión señala que dicha finalidad ya se ha alcanzado con creces con la divulgación de las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses sin datos personales.
43
La Comisión añade, remitiéndose a los principios deducidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912), apartados 65 y 83, que el Tribunal General habría debido tener en cuenta que el control sobre la ausencia de conflictos de intereses de funcionarios en el ejercicio de sus funciones debe corresponder exclusivamente, en los Estados miembros, a las autoridades competentes vinculadas por obligaciones específicas en la materia. Por añadidura, para que se satisfaga el imperativo de proporcionalidad, es necesario que los interesados dispongan de garantías suficientes que permitan proteger eficazmente sus datos personales frente a los riesgos de abuso, necesidad que es tanto más importante cuando los datos personales se ponen a disposición del público general y de un número potencialmente ilimitado de personas.
44
Por consiguiente, a criterio de la Comisión, la divulgación de la identidad de los miembros del equipo de negociación constituiría un perjuicio desproporcionado para la protección de su intimidad.
45
La Comisión concluye que, por tanto, el Tribunal General erró al declarar, en el apartado 85 de la sentencia recurrida, que no ponderó correctamente los intereses en juego.
– Alegaciones de los solicitantes de acceso
46
Los solicitantes de acceso argumentan que no se cumple el requisito del fumus boni iuris, puesto que la Comisión no se basa en ningún motivo serio para impugnar la sentencia recurrida.
47
Por lo que respecta a la desnaturalización de las pruebas alegada por la Comisión, recuerdan, remitiéndose a la sentencia de 16 de febrero de 2023, Comisión/Italia y España (C‑635/20 P, EU:C:2023:98), apartado 127, que presupone que el Tribunal General haya sobrepasado manifiestamente los límites de una apreciación razonable de dichas pruebas y que no basta con demostrar que un documento puede ser objeto de una interpretación diferente de la realizada por el Tribunal General. En su opinión, la Comisión no ha demostrado en modo alguno el cumplimiento de estos requisitos y lo que realmente busca es cuestionar la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal General.
48
Por lo que atañe a los errores de Derecho supuestamente cometidos por el Tribunal General al interpretar el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, los solicitantes de acceso arguyen, para empezar, que este concluyó fundadamente que la finalidad perseguida de comprobar la imparcialidad de los miembros del equipo de negociación constituye una finalidad específica de interés público, a los efectos de esta disposición.
49
A este respecto, señalan que la Comisión no puede, a la vez, por un lado, sostener que la finalidad en cuestión no es de «interés público» y, por otro, reconocer que la comprobación de la imparcialidad de los miembros redunda «en interés público». De igual manera, la argumentación de la Comisión incurre en contradicción cuando invoca a la vez la necesidad de no divulgar los nombres de dichas personas y el hecho de que solo desempeñaron una función meramente técnica en la negociación. En cualquier caso, la función de todo negociador, por su propia naturaleza, no es otra que influir en el contenido de la decisión final.
50
A continuación, los solicitantes de acceso sostienen que, contrariamente a lo que alega la Comisión, la divulgación de la identidad de los miembros del equipo de negociación que firmaron las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses es necesaria para que pueda comprobarse su imparcialidad, y añaden que los nombres de numerosas personas que participaron a título privado o público en «el mismo expediente» ya están públicamente disponibles.
51
Por último, alegan la inexistencia evidente de error de Derecho del Tribunal General al estimar, en el apartado 85 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había realizado correctamente la ponderación de los intereses prevista en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725.
52
A este respecto, refutan el análisis de la Comisión, que califica de grave el perjuicio causado por la divulgación de la identidad de las personas afectadas. En efecto, a criterio de los solicitantes de acceso, la mera posibilidad de que los miembros del equipo de negociación se vean expuestos a contactos externos no solicitados no implica para ellos el riesgo de que se menoscabe su integridad física y psíquica, como alega la Comisión. Señalan que, en una sociedad democrática, es posible contactar con cualquier persona, incluso con carácter profesional, sin que esta lo haya solicitado.
53
Los solicitantes de acceso concluyen que la finalidad perseguida consistente en comprobar la imparcialidad de esas personas es importante porque los negociadores influyen en el proceso de toma de decisiones. Subrayan, de nuevo, que se trata de una solicitud limitada, por cuanto solo se pide acceso a la identidad y al cargo profesional de las personas de que se trata, pero también que, como declaró el Tribunal General en el apartado 84 de la sentencia recurrida, la transmisión de una declaración de ausencia de conflictos de intereses en la que se ha ocultado la identidad del firmante no permite comprobar la imparcialidad de este.
Apreciación
54
Según jurisprudencia consolidada, el requisito del fumus boni iuris se cumple cuando al menos uno de los motivos invocados por la parte que solicita las medidas provisionales en apoyo de su recurso principal parezca, a primera vista, no carente de fundamento serio. Este es el caso, en particular, cuando alguno de estos motivos revela la existencia de cuestiones jurídicas complejas cuya resolución no se evidencia de manera inmediata y requiere, por tanto, un examen profundo, que no puede realizar el juez de medidas provisionales, sino que debe ser objeto del procedimiento principal, o cuando el debate suscitado entre las partes pone de relieve la existencia de una controversia jurídica importante cuya solución no surge de un modo inmediato [auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de 20 de diciembre de 2019, Puigdemont i Casamajó y Comín i Oliveres/Parlamento, C‑646/19 P(R), EU:C:2019:1149, apartado 52, y auto de 8 de abril de 2020, Comisión/Polonia, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, apartado 52].
55
El segundo motivo esgrimido por la Comisión en apoyo de su recurso de casación se basa en que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho en la interpretación y aplicación del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725 que lo llevaron a concluir erróneamente que la Comisión no puede fundamentar su negativa a conceder un acceso más amplio a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001.
56
Con carácter preliminar, es preciso recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, el Reglamento n.o 1049/2001 tiene por objeto, como indican su considerando 4 y su artículo 1, garantizar al público el derecho de acceso más amplio posible a los documentos de las instituciones (sentencias de 28 de junio de 2012, Comisión/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, apartado 111; de 28 de junio de 2012, Comisión/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, apartado 53, y de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738, apartado 40).
57
No obstante, el principio del acceso más amplio posible del público a los documentos está sometido a ciertos límites basados en razones de interés público o privado. En efecto, el Reglamento n.o 1049/2001, en particular en su considerando 11 y en su artículo 4, establece un régimen de excepciones que obliga a las instituciones y a los organismos a no divulgar documentos cuando dicha divulgación perjudique alguno de esos intereses (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de junio de 2012, Comisión/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, EU:C:2012:393, apartado 111; de 28 de junio de 2012, Comisión/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, apartado 53, y de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión, C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738, apartado 40).
58
A este respecto, es preciso recordar que el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1049/2001 señala que las instituciones de la Unión denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación de la Unión sobre protección de los datos personales.
59
Así, cuando una solicitud pretende obtener el acceso a datos personales, en el sentido del artículo 3, punto 1, del Reglamento 2018/1725, las disposiciones de este Reglamento son íntegramente aplicables (véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2015, ClientEarth y PAN Europe/EFSA, C‑615/13 P, EU:C:2015:489, apartado 44 y jurisprudencia citada).
60
En el presente caso, consta que la información solicitada (los nombres y apellidos de los miembros del equipo de negociación), que permitiría identificar a las personas que participaron en la negociación de los contratos de compra anticipada de vacunas contra la COVID‑19, constituye datos personales, en el sentido del artículo 3, punto 1, del Reglamento 2018/1725, que se refiere a toda información sobre una persona física identificada o identificable.
61
Por consiguiente, solo pueden transmitirse a terceros tales datos sobre la base del Reglamento n.o 1049/2001 cuando dicha transmisión cumpla los requisitos previstos en el artículo 9, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento 2018/1725 y constituya un tratamiento lícito de acuerdo con las exigencias del artículo 5 de este último Reglamento (véase, por analogía, la sentencia de 2 de octubre de 2014, Strack/Comisión, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, apartado 104).
62
En su recurso de casación, la Comisión alega en concreto que el Tribunal General, en la sentencia recurrida, incurrió en error al interpretar y aplicar el requisito del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, según el cual cuando el destinatario de los datos personales ha demostrado que es necesario que estos se le transmitan para una finalidad específica de interés público, y existe alguna razón para suponer que se podrían perjudicar los intereses legítimos del interesado, el responsable del tratamiento de esos datos debe determinar si es proporcionado transmitir esos datos para dicha finalidad específica, una vez sopesados, de modo verificable, los diversos intereses concurrentes. En efecto, según la Comisión, el Tribunal General erró al estimar, en el apartado 85 de dicha sentencia, que ella no había tenido suficientemente en cuenta las diferentes circunstancias del asunto para ponderar correctamente los intereses en juego.
63
A este respecto, resulta que los intereses en juego en el presente asunto son, de un lado, el interés de los miembros del equipo de negociación en que no se divulgue su identidad a fin de proteger su intimidad y, de otro lado, como se desprende de los apartados 66, 70, 71 y 84 de la sentencia recurrida, el interés de los solicitantes de acceso en la transparencia del proceso de negociación de los contratos de compra anticipada de vacunas contra la COVID‑19 llevado a cabo por la Comisión por cuenta de los Estados miembros, para que los ciudadanos de la Unión puedan comprobar la imparcialidad de los miembros de ese equipo y cerciorarse, en concreto, de que no existen conflictos de intereses entre esas personas y los fabricantes de vacunas.
64
Por lo que atañe a la respectiva importancia de estos diferentes intereses, procede recordar, por lo que atañe al interés de los miembros del equipo de negociación en que no se divulgue su identidad, que la puesta a disposición de un tercero de datos personales constituye una injerencia en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta, cualquiera que sea la utilización posterior de la información puesta a disposición (sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 39 y jurisprudencia citada).
65
La apreciación de la gravedad de tal injerencia implica tener en cuenta la naturaleza de los datos personales de que se trate, en particular el carácter potencialmente sensible de esos datos, así como la naturaleza y el modo concreto del tratamiento de los datos, especialmente el número de personas que tienen acceso a ellos y el modo en que acceden. En su caso, también debe tomarse en consideración la existencia de medidas para prevenir el riesgo de que tales datos sean objeto de tratamientos abusivos (sentencia de 21 de marzo de 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C‑61/22, EU:C:2024:251, apartado 106).
66
En el presente caso, los datos personales cuya divulgación se solicita atañen a la identidad y la actividad profesional de ciertos agentes de la Comisión y de determinados Estados miembros que participaron en la negociación de los contratos de compra anticipada de vacunas contra la COVID‑19 llevada a cabo por la Comisión por cuenta de los Estados miembros.
67
Además, consta, como por lo demás señaló el Tribunal General en el apartado 77 de la sentencia recurrida, que la solicitud de acceso a esa información se presentó en un contexto de desconfianza de una parte de los ciudadanos de la Unión hacia la estrategia de vacunación promovida por la Comisión. En dicho apartado 77, el Tribunal General añadió que, en tales circunstancias, la exposición de los miembros del equipo de negociación a contactos externos no solicitados a raíz de la divulgación de su identidad no es meramente hipotética. En el apartado 78 de dicha sentencia, el Tribunal General precisó que no desvirtúa esta conclusión el hecho de que los solicitantes no desearan obtener el domicilio de los miembros de dicho equipo o información comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 10 del Reglamento 2018/1725, relativo a ciertas categorías especiales de datos personales, dado que la divulgación de la identidad de una persona da pie a la posibilidad de investigar sobre ella y, por tanto, de hallar tal información.
68
Parece asimismo corroborar el carácter sensible de la estrategia de vacunación contra la COVID‑19 el muy elevado número de particulares que participan en el presente procedimiento, quienes además forman parte del colectivo de los 86000 peticionarios en cuyo nombre y representación se presentó la solicitud inicial a la Comisión.
69
Por tanto, estos elementos permiten considerar, con una probabilidad suficiente, que existe el riesgo de que la identidad de los miembros del equipo de negociación que firmaron las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, una vez divulgadas, se difundan rápidamente en Internet, y en particular en las redes sociales.
70
En tal caso, esos datos estarían accesibles para un número potencialmente ilimitado de personas, con el resultado de que algunas que pretendieran obtener tal información por razones ajenas a las que hubieran justificado su divulgación podrían acceder a ella libremente (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 42 y jurisprudencia citada).
71
Además, las consecuencias que para las personas afectadas podrían derivarse de una posible utilización abusiva de sus datos personales se ven agravadas si se atiende a que, una vez puestos a disposición del público general, esos datos no solo podrían ser libremente consultados, sino también conservados y difundidos, y, en caso de tales tratamientos sucesivos, se haría para esas personas aún más difícil, incluso ilusorio, defenderse eficazmente contra abusos (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 43).
72
Tal riesgo presenta una probabilidad tanto mayor cuanto que, en el presente caso, los datos en cuestión corresponden a un número muy reducido de personas físicas.
73
Por consiguiente, no parece excluirse, prima facie, que el Tribunal de Justicia considere, en el marco del recurso de casación interpuesto ante él, que la divulgación de la identidad de esas personas constituye una injerencia grave en los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta.
74
En cuanto a la importancia de la finalidad, perseguida por los solicitantes de acceso, de garantizar la transparencia del proceso de negociación llevado a cabo por la Comisión a fin de que los ciudadanos de la Unión puedan comprobar la imparcialidad de los miembros del equipo de negociación frente a los fabricantes de vacunas, ha de recordarse que la transparencia permite dar a las instituciones de la Unión una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad para con los ciudadanos de la Unión en un sistema democrático (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2020, PTC Therapeutics International/EMA, C‑175/18 P, EU:C:2020:23, apartado 53 y jurisprudencia citada).
75
Por tanto, como señaló el Tribunal General en el apartado 71 de la sentencia recurrida, la transparencia del proceso seguido por la Comisión en las negociaciones con los fabricantes de vacunas contra la COVID‑19 y de la celebración de los contratos de compra anticipada de vacunas puede contribuir a incrementar la confianza de los ciudadanos de la Unión en la estrategia de vacunación promovida por esta institución y, con ello, a luchar contra la difusión de información falsa acerca de las condiciones que rodearon a la negociación y celebración de dichos contratos.
76
No es menos cierto, como ha señalado la Comisión, que la comprobación del cumplimiento de las obligaciones deontológicas de los agentes de la Comisión y de los Estados miembros que forman parte del equipo de negociación incumbe prioritariamente a las autoridades públicas competentes (véase, por analogía, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers, C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912, apartado 83).
77
Además, y principalmente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, en la ponderación, que debe efectuar toda institución antes de divulgar información sobre una persona física, entre el interés de la Unión en garantizar la transparencia de sus acciones y la lesión de los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta, no cabe atribuir una primacía automática al objetivo de transparencia frente al derecho a la protección de los datos personales (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2010, Volker und Markus Schecke y Eifert, C‑92/09 y C‑93/09, EU:C:2010:662, apartado 85 y jurisprudencia citada).
78
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, no cabe excluir, a primera vista, que el Tribunal de Justicia estime, en el análisis del recurso de casación interpuesto ante él, que, tras realizar la ponderación de los intereses contrapuestos que impone el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725, el interés de los miembros del equipo de negociación en que no se divulgue su identidad prevalece sobre la finalidad, perseguida por los solicitantes de acceso, de que pueda comprobarse la imparcialidad de dichos miembros.
79
Consiguientemente, sin que en el marco del presente procedimiento proceda pronunciarse acerca de si el segundo motivo de casación de la Comisión —mediante el que alega que el Tribunal General erró al aplicar el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 2018/1725— está fundado, tarea que es competencia exclusiva del juez del fondo, procede declarar que dicho motivo parece, a primera vista, no carente de fundamento serio.
80
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, ha de considerarse cumplido el requisito del fumus boni iuris en el presente caso.
Sobre la urgencia
Alegaciones
81
La Comisión sostiene que se cumple el requisito de la urgencia, considerando el perjuicio grave e irreparable que sufrirían los miembros del equipo de negociación de divulgarse su identidad antes de que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el fondo.
82
Recuerda, haciendo referencia al apartado 81 del auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2024, Vivendi/Comisión [C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318], que la vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta debe apreciarse a la vista del conjunto de las circunstancias del caso, a fin de determinar si la importancia y la naturaleza del perjuicio que supone esa vulneración justifican que se considere grave e irreparable.
83
La Comisión arguye que, en el presente asunto, de no acogerse su demanda de suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida, estaría obligada, para ejecutarla, a divulgar la identidad de los miembros del equipo de negociación que firmaron las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses.
84
Por lo que respecta a la realidad del perjuicio que tal divulgación ocasionaría a las referidas personas, la Comisión sostiene que estas se enfrentarían muy probablemente a contactos externos no solicitados, lo que podría incluir ataques contra su integridad física y actos de acoso. Según la Comisión, habida cuenta del carácter extremadamente sensible de la cuestión de las vacunas contra la COVID‑19 y de la fuerte oposición que estas vacunas han podido suscitar entre numerosas personas, la divulgación de la identidad de los miembros del equipo de negociación podría «exponerlos a verdaderas amenazas de agresión» como reacción a cualquier decisión adoptada al respecto por las instituciones europeas o nacionales, aunque también en caso de aparición de posibles efectos secundarios de las vacunas contra la COVID‑19.
85
La Comisión añade que tal perjuicio podría tener consecuencias directas para ella, ya que, como responsable de la gestión del procedimiento de negociación y celebración de los contratos de compra anticipada de vacunas contra la COVID‑19, tiene el deber de evitar que los miembros del equipo de negociación sufran perjuicios como consecuencia del ejercicio de sus funciones.
86
Además, en su opinión, tal perjuicio debe considerarse grave no solo porque se refiere a un posible daño para la integridad física y la salud psíquica de las personas afectadas, sino también, a la luz de los principios derivados de la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912), porque poner a disposición del público general datos personales permite que un número potencialmente ilimitado de personas puedan acceder a ellos, en su caso por razones ajenas a la finalidad perseguida con su publicación.
87
Por otra parte, la Comisión alega, remitiéndose al auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2024, Vivendi/Comisión [C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318], que tal perjuicio sería irreparable.
88
Por último, alega que dicho perjuicio podría materializarse con mayor rapidez teniendo en cuenta que la información divulgada habría de difundirse rápidamente en Internet y transmitirse a través de las redes sociales.
89
Los solicitantes de acceso sostienen, por el contrario, que no se cumple el requisito de la urgencia.
90
Se refieren a la resolución del Parlamento Europeo, de 12 de julio de 2023, titulada «La pandemia de COVID‑19: enseñanzas extraídas y recomendaciones para el futuro», que preconiza que las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses de los negociadores de los contratos de compra de vacunas contra la COVID‑19 se publiquen.
91
Señalan que la Comisión decidió estar representada, en la vista en el asunto en que recayó la sentencia recurrida, por varios agentes cuya identidad podía así conocerse.
92
Con carácter subsidiario, solicitan que se desestime la demanda de medidas provisionales únicamente en lo referente a la solicitud de acceso formulada por el Sr. Courtois, que se compromete a garantizar la confidencialidad de la información que le transmita la Comisión.
Apreciación
93
Según reiterada jurisprudencia, la finalidad del procedimiento de medidas provisionales es garantizar la plena eficacia de la futura decisión definitiva con el fin de evitar una laguna en la protección jurisdiccional que depara el Tribunal de Justicia. Para alcanzar este objetivo, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad de decidir provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Incumbe a esa parte probar que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de esa naturaleza. Para demostrar la existencia de tal perjuicio grave e irreparable, no es necesario exigir que se pruebe con absoluta certeza la producción del perjuicio. Es suficiente con que su producción sea previsible con un grado de probabilidad suficiente (auto de 17 de diciembre de 2018, Comisión/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, apartado 60 y jurisprudencia citada).
94
Además, el juez que conoce de las medidas provisionales debe llegar a la conclusión, a los únicos efectos de la apreciación de la urgencia y sin que ello implique ningún tipo de toma de postura por su parte sobre la procedencia de las alegaciones formuladas en cuanto al fondo por el demandante de medidas provisionales, de que estas alegaciones pueden ser acogidas. En efecto, el perjuicio grave e irreparable cuya probable producción debe demostrarse es el que resultaría, en su caso, de la negativa a acordar las medidas provisionales solicitadas en el supuesto de que el recurso en cuanto al fondo fuera estimado (auto de 17 de diciembre de 2018, Comisión/Polonia, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, apartado 61 y jurisprudencia citada).
95
En el presente caso, es preciso señalar, con carácter preliminar, que el perjuicio alegado por la Comisión en relación con el derecho a la intimidad se derivaría directamente del comportamiento que, a su juicio, tendría que adoptar respecto de los miembros del equipo de negociación con el fin de dar cumplimiento a la sentencia recurrida [véase, por analogía, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2024, Vivendi/Comisión, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, apartado 74].
96
De lo anterior se desprende que, mediante la demanda de medidas provisionales, la Comisión no pretende actuar en lugar de terceros que se ven afectados, de forma autónoma, por los efectos de la Decisión controvertida, sino a título personal, para proteger sus propios intereses evitando verse obligada a ocasionar ella misma a esas personas un perjuicio grave e irreparable, del que además podría ser eventualmente considerada responsable, en un contexto en el que ese perjuicio se causaría a dichas personas debido a sus vínculos con la Comisión, sin que las referidas personas puedan obtener por sí mismas una protección cautelar que evite que se produzca el perjuicio [véase, por analogía, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2024, Vivendi/Comisión, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, apartado 75].
97
En tales circunstancias, tal perjuicio puede ser invocado por la Comisión para demostrar que se cumple el requisito de la urgencia [véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2024, Vivendi/Comisión, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, apartado 76].
98
En cuanto a si la ejecución inmediata de la sentencia recurrida puede causar un perjuicio grave e irreparable, en el sentido de la jurisprudencia citada en los apartados 93 y 94 del presente auto, procede recordar, para empezar, que, con arreglo al artículo 266 TFUE, la Comisión está obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia recurrida. En el presente caso, resulta que dicha institución estaría obligada, como ella misma indica, a divulgar a los solicitantes de acceso la identidad de las personas que firmaron las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, es decir, de los miembros del equipo de negociación.
99
A continuación, por lo que respecta al perjuicio que puede derivarse de tal divulgación, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la vulneración de determinados derechos fundamentales, como el derecho al respeto de la vida privada consagrado en el artículo 7 de la Carta, debe apreciarse a la vista del conjunto de las circunstancias del caso, con el fin de determinar si la importancia y la naturaleza del perjuicio que supone esta vulneración justifican que se considere grave e irreparable [véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2024, Vivendi/Comisión, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, apartado 81 y jurisprudencia citada].
100
A este respecto, como se ha señalado en el apartado 73 del presente auto, la divulgación de la identidad de los miembros del equipo de negociación que firmaron las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses puede causar, con un grado de probabilidad suficiente a los efectos del procedimiento sobre medidas provisionales, una injerencia grave en los derechos de esas personas consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta.
101
Es preciso añadir que, a falta de garantías específicas y precisas, no cabe considerar que tal perjuicio pueda evitarse, con certeza, transmitiendo esos datos a una sola persona, como han pedido subsidiariamente los solicitantes de acceso en su escrito de contestación.
102
Además, el perjuicio inmaterial resultante de tal vulneración del derecho a la intimidad no podría eliminarse totalmente mediante una indemnización económica o suprimirse a posteriori en caso de anulación de la sentencia recurrida, de modo que debe considerarse que presenta carácter irreparable [véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2024, Vivendi/Comisión, C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, apartado 91].
103
Por último, tal perjuicio tiene, a priori, carácter irreversible, ya que, una vez divulgados, los datos en cuestión podrían difundirse rápidamente en Internet, habida cuenta del carácter sensible de las cuestiones relativas a las vacunas contra la COVID‑19, con el resultado de que sería prácticamente imposible suprimirlos posteriormente en caso de anulación de la sentencia recurrida.
104
En cualquier caso, de no acogerse la presente demanda de medidas provisionales, el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal de Justicia perdería en lo esencial su interés en lo referente a la cuestión de si el Tribunal General erró al anular, mediante la sentencia recurrida, la negativa de la Comisión a divulgar la identidad de los miembros del equipo de negociación. En efecto, aunque el Tribunal de Justicia declarase que el Tribunal General incurrió en error, esos datos ya se habrían divulgado irreversiblemente.
105
De las anteriores consideraciones se sigue que, en el caso de autos, se cumple el requisito de la urgencia.
Sobre la ponderación de los intereses
Alegaciones
106
La Comisión sostiene que la ponderación de intereses se inclina en favor de mantener temporalmente los efectos de la Decisión controvertida en lo referente a su negativa a divulgar la identidad de los miembros del equipo de negociación que formularon las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses.
107
Arguye que los solicitantes de acceso no han cuestionado la validez de esas declaraciones y que la transmisión de una de ellas sin los datos personales permite comprobar la imparcialidad de sus firmantes.
108
Añade que la imparcialidad de los firmantes de dichas declaraciones ha sido confirmada por el Tribunal de Cuentas Europeo en su Informe Especial 19/2022 titulado «Adquisición de vacunas contra el COVID‑19 en la [Unión Europea]»; por último, la Comisión Especial del Parlamento sobre la Pandemia de COVID‑19 llegó a idénticas conclusiones.
109
Los solicitantes de acceso sostienen, por el contrario, que la ponderación de intereses se inclina en favor de la ejecución inmediata de la sentencia recurrida en lo referente a la anulación de la negativa de la Comisión a divulgar la identidad de los miembros del equipo de negociación que formularon las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses.
110
Consideran que la declaración sin datos personales que se les ha transmitido es un simple modelo de documento y no permite comprobar la imparcialidad del firmante.
111
Añaden que la Comisión no ha presentado el informe del Tribunal de Cuentas que invoca, o siquiera extractos de dicho documento. Además, alegan que, en su resolución de 12 de julio de 2023 sobre la pandemia de COVID‑19 titulada «La pandemia de COVID‑19: enseñanzas extraídas y recomendaciones para el futuro» [2022/2076(INI)], el Parlamento lamentó «la falta de transparencia» en la celebración de los contratos de compra anticipada de las vacunas contra la COVID‑19 e insistió en la necesidad de permitir que se compruebe la imparcialidad de los negociadores de esos contratos.
Apreciación
112
Como en la mayoría de los procedimientos sobre medidas provisionales se pone de manifiesto que tanto la concesión de la suspensión de la ejecución solicitada como la negativa a acordar esta medida pueden producir, en cierto grado, determinados efectos definitivos, corresponde al juez de medidas provisionales ponderar los riesgos asociados a cada una de las soluciones posibles. Concretamente, esta labor implica en particular el examen de si el interés de la parte que solicita las medidas provisionales en obtener la suspensión de la ejecución del acto impugnado prevalece sobre el interés que presenta la aplicación inmediata de este. Al examinar esta cuestión, debe determinarse si la anulación de dicho acto por el juez competente en cuanto al fondo permitiría revertir la situación que haya provocado su inmediata ejecución y, a la inversa, en qué medida la suspensión podría obstaculizar los objetivos perseguidos por el acto impugnado en el supuesto de que el recurso sobre el fondo fuera desestimado [auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2024, Aylo Freesites/Comisión, C‑511/24 P(R), EU:C:2024:719, apartado 18].
113
En el presente caso, como se ha señalado en el apartado 103 del presente auto, si se denegara la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida que solicita la Comisión, no se podría, en caso de que el Tribunal de Justicia anulara esa sentencia en el procedimiento sobre el fondo, revertir la situación de las personas cuya identidad la Comisión habría tenido que divulgar. En efecto, una vez transmitidos los datos, no habría garantía alguna de que no se difundieran en Internet. En tales circunstancias, la injerencia en la vida privada de las personas afectadas que se habría ocasionado sería irreversible.
114
Además, no se ha demostrado, o siquiera alegado, que acordar la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida que solicita la Comisión pudiera obstaculizar la plena eficacia de dicha sentencia en el caso de que el Tribunal de Justicia desestimara el recurso de casación interpuesto contra ella.
115
Por lo tanto, en el presente asunto, la ponderación de los intereses en juego se inclina en favor de la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida que solicita la Comisión.
116
Habida cuenta de todas las consideraciones que anteceden, procede estimar la demanda de la Comisión al efecto de que se suspenda la ejecución del punto 2 del fallo de la sentencia recurrida, en lo referente a la anulación de la negativa a conceder un acceso más amplio a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses, hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento de casación en el asunto C‑632/24 P.
Costas
117
Con arreglo al artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso.
En virtud de todo lo expuesto, el Vicepresidente del Tribunal de Justicia resuelve:
1)
Suspender la ejecución del punto 2 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 17 de julio de 2024, Courtois y otros/Comisión (T‑761/21, EU:T:2024:477), en la medida en que anula la Decisión C(2022) 1359 final de la Comisión, de 28 de febrero de 2022, adoptada con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, por la que se concede al Sr. Fabien Courtois y a las demás personas físicas cuyos nombres figuran en el anexo un acceso parcial a determinados documentos relativos a la compra de vacunas por esta institución en el marco de la pandemia de COVID‑19, así como la versión francesa de esta Decisión que se les comunicó el 31 de marzo de 2022, en lo referente a la negativa de la Comisión Europea a conceder un acceso más amplio a las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses firmadas por los miembros del equipo de negociación para la compra de vacunas contra la COVID‑19, sobre la base del artículo 4, apartado 1, letra b), de este Reglamento, hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento de casación en el asunto C‑632/24 P.
2)
Reservar la decisión sobre las costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.
(
1
)	Solo la versión notificada a las partes contiene en anexo la lista de las demás partes.