61967J0031
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 4 de abril de 1968 (
*1
)
En el asunto 31/67,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, por el Finanzgericht de Hamburgo, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
August Stier, Hamburgo,
y
Hauptzollamt Hamburg-Ericus,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del Tratado constitutivo de la CEE y, en particular, de su artículo 95,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; A.M. Donner y W. Strauss (Ponente), Presidentes de Sala; A. Trabucchi, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars y P. Pescatore, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Gand;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
Considerando que mediante resolución de 11 de agosto de 1967, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 18 de agosto siguiente, el Finanzgericht de Hamburgo, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la CEE, varias cuestiones de interpretación de dicho Tratado, en particular, de su artículo 95.
1)
Considerando que la primera cuestión tiene por objeto saber si el Tratado debe interpretarse en el sentido de que prohíbe a un Estado miembro percibir tributos internos sobre productos importados de otro Estado miembro «que no compiten ni con productos nacionales similares, en el sentido del párrafo primero del artículo 95 del Tratado CEE, ni con productos nacionales que pudieran sustituirles, en el sentido del párrafo segundo del artículo 95 del Tratado CEE»;
que con su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional desea saber, para el caso de que el Tratado prohibiera la percepción de tributos sobre los productos a que se refiere la primera cuestión, si dicha norma tendría efectos jurídicos inmediatos a favor del particular.
Considerando que las cuestiones planteadas, teniendo en cuenta que el órgano jurisdiccional nacional se remite a las disposiciones del artículo 95, se refieren a los tributos internos contemplados en dicha disposición.
Considerando que unos tributos como los que son objeto del litigio principal, recaudados dentro del marco de una legislación relativa al impuesto sobre el volumen de negocios, no constituyen un tributo específico sobre los productos importados, sino que pertenecen a un tributo general que grava indistintamente a todas las categorías de productos, tanto internos como importados, y ello incluso cuando se perciben en el momento de la importación;
que dichos tributos están comprendidos, en principio, dentro del concepto de tributos internos del artículo 95, confirmado, por lo demás, por el impuesto sobre el volumen de negocios y por varios artículos del mismo capítulo sobre disposiciones fiscales.
Considerando que el artículo 95 debe garantizar que la aplicación de los tributos internos no tenga por resultado gravar, en un Estado miembro, los productos procedentes de los demás Estados miembros con tributos superiores a los que graven los productos nacionales similares, o con tributos que puedan proteger otras producciones nacionales contempladas en el párrafo segundo del mismo artículo;
que si bien el artículo 95, por su propia estructura, tanto por la precisión de su párrafo primero como por la generalidad de los términos de su párrafo segundo, contribuye al restablecimiento de un mercado común que garantiza la libre circulación de mercancías, sin embargo, se extendería su alcance más allá de su finalidad, si se dedujera del mismo la prohibición de gravar con tributos internos las mercancías importadas que no compitan con un producto nacional;
que los tributos internos y, en particular, el impuesto sobre el volumen de negocios, tienen una finalidad esencialmente fiscal;
que, por lo tanto, no hay razón para que algunos productos importados se beneficien de un régimen privilegiado por el hecho de que no existan producciones nacionales que puedan ser protegidas;
que, en efecto, dicho tributo, cuando es recaudado a la importación, incluso sobre productos que no compiten con los productos nacionales, está destinado a colocar en una situación fiscal comparable a todas las categorías de productos, sin distinción de origen;
que, por dicha razón, procede responder a la primera cuestión declarando que el artículo 95 no prohíbe a los Estados miembros gravar los productos importados con un tributo interno cuando no haya un producto nacional similar u otras producciones nacionales que puedan ser protegidas;
que, por consiguiente, la segunda cuestión no tiene objeto.
2)
Considerando que la tercera cuestión pretende dilucidar si en los casos a los que se refiere la primera cuestión el Tratado fija límites a la cuantía del tributo interno que grava al producto importado, y en caso afirmativo, que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre los límites de la misma.
Considerando que, si el artículo 95 no prohíbe a los Estados miembros gravar los productos importados, como se acaba de decir, sin embargo, no les está permitido gravar los productos que, a falta de producción interior comparable eludan la aplicación de las prohibiciones del artículo 95, con tributos de una cuantía tal que dificulte, para dichos productos, la libre circulación de mercancías en el interior del mercado común;
que, no obstante, no cabe presumir la existencia de tal infracción a la libre circulación de mercancías cuando el tipo de gravamen corresponde al sistema tributario nacional del cual forma parte el tributo controvertido.
Considerando que los gastos efectuados por el Gobierno de la República Federal de Alemania y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;
que dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el Finanzgericht de Hamburgo, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto;
vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídas las observaciones orales formuladas por el Gobierno de la República Federal de Alemania, la Comisión de las Comunidades Europeas y la demandante en el litigio principal;
oídas las conclusiones del Abogado General;
visto el Tratado constitutivo de la CEE y, en especial, sus artículos 95 y 177;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE y, en especial, su artículo 20;
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Finanzgericht de Hamburgo mediante resolución de 11 de agosto de 1967, declara:
1)
Las disposiciones del artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea no prohíben a los Estados miembros gravar los productos importados procedentes de otros Estados miembros con un tributo interno cuando no haya un producto nacional similar u otras producciones nacionales que puedan ser protegidas.
2)
En los casos contemplados en el punto primero, el Tratado no tiene por efecto limitar la libertad de los Estados miembros para fijar tipos de gravamen que corresponden a los generales del sistema nacional de tributos internos del cual forma parte el tributo controvertido.
Y resuelve:
Corresponde al órgano jurisdiccional nacional resolver sobre las costas del presente procedimiento.
Lecourt
Donner
Strauss
Trabucchi
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Pronunciada en Luxemburgo, a 4 de abril de 1968.
Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de abril de 1968.
Lecourt
Donner
Strauss
Trabucchi
Monaco
Mertens de Wilmars
Pescatore
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
R. Lecourt
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.