62020TJ0727_RES
Asunto T‑727/20 RENV
Nigar Kirimova
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda ampliada) de 25 de septiembre de 2024
«Mercado interior — Representación ante la EUIPO — Inscripción en la lista de representantes autorizados — Denegación de la solicitud — Solicitante que no es nacional de un Estado miembro del EEE — Excepción al requisito de nacionalidad — Artículo 120, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Concepto de profesional altamente cualificado — Principio de seguridad jurídica — Derecho a ser oído — Modificación — Incompetencia del Tribunal General»
Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Representación ante la Oficina — Inscripción en la lista de representantes autorizados — Requisitos — Nacionalidad de un Estado miembro del EEE — Excepción — Requisito — Calidad de profesional altamente cualificado — Concepto — Adquisición de competencias en un Estado distinto del Estado miembro de habilitación — Procedencia
[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 120, ap. 4, letra b)]
(véanse los apartados 30 a 38)
Actos de las instituciones — Ámbito de aplicación temporal — Normas de procedimiento — Normas sustantivas — Distinción — Directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) — Aplicación de las Directrices en vigor en la fecha de los hechos de que se trata — Inexistencia — Violación del principio de seguridad jurídica
(véanse los apartados 46, 50 y 62 a 66)
Resumen
En esta sentencia, el Tribunal General interpreta por primera vez el concepto de «profesional altamente cualificado» que figura en el artículo 120, apartado 4, letra b), del Reglamento 2017/1001, (
1
) a efectos de la inscripción de una persona en la lista de representantes autorizados en Derecho de marcas.
El 10 de octubre de 2019, la Sra. Kirimova, nacional de la República de Azerbaiyán, presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de inscripción en la lista de representantes autorizados ante dicha Oficina, solicitando asimismo una excepción al requisito de poseer la nacionalidad de alguno de los Estados miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), sobre la base del artículo 120, apartado 4, letra b), del Reglamento 2017/1001.
La EUIPO informó a la recurrente por escrito de que su solicitud era inadmisible. La recurrente presentó observaciones en respuesta al anterior escrito. Mediante resolución de 30 de septiembre de 2020 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), el director ejecutivo de la EUIPO denegó la solicitud de la recurrente.
Apreciaciones del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal General observa que el concepto de «profesional altamente cualificado» no se define en ningún reglamento, e interpreta este concepto teniendo en cuenta el tenor de la disposición en la que figura, el contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte.
Por lo que respecta al tenor y al contexto de la disposición de que se trata, el Tribunal General señala, por un lado, que el concepto de «profesional altamente cualificado» en el sentido del artículo 120, apartado 4, letra b), del Reglamento 2017/1001 se refiere a un especialista con cualidades, competencias, aptitudes o conocimientos particularmente elevados en materia de marcas, y no parece que implique ninguna restricción en cuanto a la forma en que se han adquirido aquellas. Por otro lado, de dicha disposición se desprende que los tres requisitos de inscripción en la lista de representantes autorizados establecidos en el artículo 120, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, a saber, los requisitos de nacionalidad, domicilio y habilitación, no solo tienen carácter acumulativo, sino también autónomo. En efecto, el requisito de habilitación debe cumplirse tanto por las personas físicas que cumplan el requisito de nacionalidad como por las personas físicas que soliciten una excepción a dicho requisito amparándose en su calidad de «profesional altamente cualificado». Resulta, por tanto, que la calidad de «profesional altamente cualificado» es adicional e independiente del requisito de habilitación y no guarda relación alguna con las condiciones que se exigen para cumplir dicho requisito. Así, las cualidades, competencias, aptitudes o conocimientos que permiten demostrar la calidad de «profesional altamente cualificado» pueden haberse adquirido por quien no es nacional de un Estado miembro del EEE, tanto en un Estado miembro del EEE como en un tercer país, antes o después de la obtención de la habilitación en el EEE.
Por lo que respecta a los objetivos perseguidos por las normas en materia de representación ante la EUIPO, a saber, garantizar un funcionamiento fluido, efectivo y eficiente del sistema de la marca de la Unión, (
2
) el Tribunal General observa que la consecución de tales objetivos no presupone que la calidad de «profesional altamente cualificado» esté subordinada a una experiencia profesional determinada en un Estado miembro dado. Por el contrario, resulta irrelevante que las cualidades, competencias, aptitudes o conocimientos especialmente elevados del especialista que solicita la excepción hayan sido adquiridos en un Estado miembro dado y no en otro, o incluso en un tercer país, toda vez que un solicitante que no tenga la nacionalidad de un Estado miembro del EEE también deberá cumplir los requisitos de domicilio y de habilitación que exigen un vínculo con un Estado miembro del EEE.
Así pues, el requisito relativo a la necesidad de experiencia profesional en el Estado miembro de habilitación aplicado por el director ejecutivo en la resolución impugnada procede de una interpretación excesivamente estricta e incorrecta del concepto de «profesional altamente cualificado». En efecto, ninguno de los criterios de interpretación permite inferir que la calidad de «profesional altamente cualificado» exija como condición necesaria una experiencia profesional en el Estado miembro de habilitación.
En segundo lugar, el Tribunal General examina el respeto del principio de seguridad jurídica por parte del director ejecutivo en evaluación que efectuó de la solicitud de la demandante. De entrada, subraya que el director ejecutivo debe atenerse a las reglas de conducta que figuran en las Directrices de la EUIPO para la aplicación del artículo 120, apartado 4, letra b), del Reglamento 2017/1001, y respetar los principios que rigen la aplicación de dichas reglas de conducta en el tiempo, de conformidad con el principio de seguridad jurídica. Ciertamente, no cabe excluir, sin embargo, que el director ejecutivo pueda apartarse de dichas reglas, presentando una motivación que tenga en cuenta el principio de igualdad de trato, y que un solicitante demuestre la calidad de «profesional altamente cualificado» sobre la base de pruebas distintas de las que figuran en las Directrices de la EUIPO.
A continuación, el Tribunal General señala que las Directrices de la EUIPO de 2020 mencionan criterios para la evaluación de las solicitudes de excepción al requisito de nacionalidad que no figuraban en las Directrices de la EUIPO de 2017 y que, por tanto, presentan una práctica nueva, y más restrictiva, del director ejecutivo a este respecto. Estas diferencias pueden tener un impacto considerable tanto en la evaluación por el director ejecutivo de una solicitud de excepción como en el contenido de dicha solicitud, dado que las indicaciones que figuran en las Directrices de la EUIPO permiten a los solicitantes prever sobre la base de qué pruebas podrá evaluarse una solicitud de excepción. Así pues, la demostración de que una persona tiene la calidad de «profesional altamente cualificado» a la luz de «circunstancias excepcionales» que impliquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Directrices de la EUIPO de 2020 tiene un alcance manifiestamente diferente de la demostración de esa misma calidad a la luz de «circunstancias especiales» pertinentes en el sentido de las Directrices de la EUIPO de 2017.
Por último, el Tribunal General observa que, en la resolución impugnada, a pesar de no haber identificado formalmente las Directrices de la EUIPO aplicadas, el director ejecutivo examinó la solicitud de la recurrente a la luz de los requisitos y circunstancias que figuran en las Directrices de la EUIPO de 2020. Pues bien, en virtud de la jurisprudencia relativa al principio de seguridad jurídica, son las reglas de conducta vigentes en la fecha de los hechos de que se trata, es decir, en la fecha de presentación de la solicitud de excepción, las que deben aplicarse en el momento de la evaluación de esta, y no las vigentes en la fecha de adopción de la resolución impugnada. En el presente asunto, en la fecha de la solicitud, aún no se habían adoptado las Directrices de la EUIPO de 2020, siendo las Directrices en vigor en ese momento las de 2017.
Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunal General concluye que el director ejecutivo violó el principio de seguridad jurídica al evaluar la solicitud de excepción de la recurrente a la luz de las reglas de conducta que figuran en las Directrices de la EUIPO de 2020, que no estaban en vigor en la fecha en que se presentó la solicitud.
(
1
)	Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
(
2
)	Tal y como se desprende del considerando 43 del Reglamento 2017/1001 y del considerando 18 del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1).