62022CJ0540_RES
Asunto C‑540/22
SNyASyRA
contra
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 20 de junio de 2024
«Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Artículos 56 TFUE y 57 TFUE — Desplazamiento de nacionales de terceros países por una empresa de un Estado miembro para realizar trabajos en otro Estado miembro — Duración superior a 90 días dentro de un período de 180 días — Obligación de los trabajadores desplazados nacionales de terceros países de ser titulares de un permiso de residencia en el Estado miembro de acogida en caso de prestación de más de tres meses — Limitación del período de validez de los permisos de residencia expedidos — Cuantía de las tasas correspondientes a la solicitud de un permiso de residencia — Restricción a la libre prestación de servicios — Razones imperiosas de interés general — Proporcionalidad»
Libre prestación de servicios — Disposiciones del Tratado — Alcance — Límites — Derecho a la libre prestación de servicios de los empresarios — Derecho de residencia derivado de los trabajadores desplazados nacionales de un tercer país — Improcedencia
(Arts. 56 TFUE y 57 TFUE)
(véanse los apartados 49 a 55 y el punto 1 del fallo)
Libre prestación de servicios — Disposiciones del Tratado — Ámbito de aplicación — Trabajadores por cuenta ajena nacionales de un país tercero legalmente empleados en un Estado miembro y desplazados a otro Estado miembro para realizar una prestación de servicios — Normativa nacional relativa al derecho de residencia de esos trabajadores — Inclusión
[Arts. 56 TFUE y 57 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1030/2002 del Consejo, art. 1, ap. 2, letra a); Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 96/71/CE, considerando 20, y 2006/123/CE, art. 17, punto 9; Directiva 2003/109/CE del Consejo, art. 3, ap. 2, letra e); Convenio de Aplicación del Acuerdo Schengen, art. 21, ap. 1]
(véanse los apartados 59 a 66)
Libre prestación de servicios — Restricciones — Empresa establecida en un Estado miembro que realiza una prestación de servicios de una duración superior a tres meses en otro Estado miembro — Normativa del Estado miembro de realización de la prestación que impone a esa empresa la obligación de obtener un permiso de residencia para cada trabajador nacional de un tercer país desplazado por tal empresa a su territorio — Permiso de que se trata que implica una notificación previa a las autoridades competentes por parte de esa empresa de la prestación de servicios objeto del desplazamiento y una comunicación de determinados documentos justificativos — Improcedencia — Justificación — Mejora de la seguridad jurídica de los trabajadores desplazados y facilitación de los controles de la Administración — Protección del orden público — Proporcionalidad — Comprobación por el órgano jurisdiccional remitente
(Art. 56 TFUE)
(véanse los apartados 67 a 76, 78 a 103 y el punto 2 del fallo)
Libre prestación de servicios — Restricciones — Normativa de un Estado miembro que limita el período de validez del permiso de residencia que puede concederse a un trabajador nacional de un tercer país desplazado a su territorio — Duración que puede ser inferior a la necesaria para la realización de la prestación que dio lugar al desplazamiento — Duración limitada a la del permiso de trabajo y de residencia del interesado en el Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios — Expedición del referido permiso que requiere el pago de tasas por una cuantía superior a la de las tasas adeudadas por la expedición de un certificado de residencia legal a un ciudadano de la Unión — Procedencia — Requisitos
(Art. 56 TFUE)
(véanse los apartados 112 a 122 y el punto 3 del fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, conociendo de una petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Midelburgo, Países Bajos), precisó las condiciones en las que, por lo que respecta a su derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, los nacionales de un tercer país pueden ser desplazados a un Estado miembro por una empresa establecida en otro Estado miembro.
Los demandantes, nacionales ucranianos, eran titulares de un permiso de residencia temporal expedido por las autoridades eslovacas. Trabajaban para la sociedad eslovaca ROBI spol s.r.o., que les puso a disposición de una sociedad neerlandesa para realizar una misión en el puerto de Róterdam (Países Bajos). A tal fin, ROBI notificó a las autoridades neerlandesas competentes la naturaleza de las actividades ejercidas durante el desplazamiento y la duración de este.
A continuación, ROBI informó a dichas autoridades de que las referidas actividades superarían la duración del derecho de circulación de 90 días dentro de un período de 180 días del que disfrutan los extranjeros titulares de un permiso de residencia expedido por un Estado miembro, prevista en el artículo 21, apartado 1, del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen. (
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) Para la duración de esa prestación, ROBI presentó a las autoridades neerlandesas solicitudes de concesión de permisos de residencia para cada demandante, por cuya tramitación se cobraron tasas. La autoridad competente, actuando en nombre del Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Secretario de Estado de Justicia y Seguridad, Países Bajos), expidió los permisos de residencia solicitados, limitando no obstante su validez al período de validez de los permisos de residencia temporales eslovacos, es decir, una duración inferior a la de su desplazamiento.
En abril de 2021, las reclamaciones presentadas por los demandantes contra cada una de las decisiones por las que se les concedía un permiso de residencia fueron desestimadas por el Secretario de Estado de Justicia y Seguridad. El órgano jurisdiccional remitente, que conocía de un recurso contra las decisiones adoptadas en abril de 2021, preguntó al Tribunal de Justicia sobre la conformidad con la libre prestación de servicios, consagrada en los artículos 56 TFUE y 57 TFUE, de una normativa nacional que impone a los trabajadores nacionales de terceros países empleados por una empresa prestadora de servicios establecida en un Estado miembro, en el marco de una prestación de servicios transfronteriza, la obligación de poseer, además de un permiso de residencia en dicho Estado miembro, un permiso de residencia en el Estado miembro en el que se realiza la prestación una vez expirado el período de 90 días previsto en la disposición del CAAS antes mencionada, pudiendo limitarse en el tiempo de duración de dicho permiso. Asimismo, solicitó al Tribunal de Justicia que examinase la conformidad con el Derecho de la Unión de la imposición de tasas por cada solicitud de permiso de residencia en el Estado miembro de realización de la prestación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante su sentencia, en primer lugar, el Tribunal de Justicia declaró que los artículos 56 TFUE y 57 TFUE no imponen el reconocimiento automático de un «derecho de residencia derivado» en favor de los trabajadores nacionales de terceros países desplazados a un Estado miembro, ya sea en el Estado miembro en el que están empleados o en aquel al que han sido desplazados.
En segundo lugar, por lo que respecta a la obligación, impuesta a la empresa prestadora de servicios por la normativa impugnada, de notificar la prestación de servicios a las autoridades nacionales competentes y de obtener un permiso de residencia para cada trabajador nacional de un tercer país que pretenda desplazar al territorio de ese Estado miembro, el Tribunal de Justicia observó, para empezar, que, en el caso de autos, la normativa controvertida, aunque indistintamente aplicable, imponía, en el supuesto de prestaciones de servicios realizadas por las empresas establecidas en otro Estado miembro superiores a tres meses, formalidades adicionales a dichas empresas en relación con aquellas a las que ya están sujetas en su Estado miembro de establecimiento, con arreglo a la Directiva 2009/52, (
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) para emplear nacionales de terceros países. Tal normativa establecía, por tanto, una restricción a la libre prestación de servicios en el sentido de los artículos 56 TFUE y 57 TFUE.
Al examinar a continuación si dicha restricción podía estar justificada por una razón imperiosa de interés general, el Tribunal de Justicia señaló, en particular, que es cierto que la preocupación por evitar perturbaciones en el mercado laboral constituye una razón imperiosa de interés general. Sin embargo, tal razón no puede justificar una normativa nacional que se aplique a los nacionales de terceros países desplazados por una empresa prestadora de servicios establecida en otro Estado miembro para efectuar, bajo su control y su autoridad, una prestación de servicios distinta del préstamo de mano de obra, dado que no se considera que esos trabajadores desplazados operen en el mercado laboral del Estado miembro al que son desplazados.
Dicho esto, el Tribunal de Justicia recordó que el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los trabajadores desplazados permitiéndoles demostrar fácilmente que están desplazados en el territorio del Estado miembro de realización de la prestación de servicios en condiciones legales y, por tanto, que residen en dicho territorio legalmente, constituye también una razón imperiosa de interés general. Pues bien, por lo que respecta a la proporcionalidad de tal medida, por una parte, indicó que obligar a las empresas prestadoras de servicios establecidas en otro Estado miembro a solicitar un permiso de residencia para cada trabajador nacional de un tercer país desplazado, con el fin que dispongan de un documento seguro, constituye una medida apta para alcanzar el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de tales trabajadores, ya que ese permiso prueba su derecho de residencia en el Estado miembro de acogida. Por otra parte, señaló que no parecía que la normativa controvertida fuese más allá de lo necesario para alcanzar tal objetivo, ya que las obligaciones impuestas a la empresa prestadora de servicios eran, en particular, necesarias para probar la legalidad del desplazamiento. Por consiguiente, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal podía estar justificada por el objetivo de mejorar la seguridad jurídica de los trabajadores desplazados y facilitar los controles de la Administración y debía considerarse, en el caso de autos, proporcionada.
El Tribunal de Justicia admitió, asimismo, que el objetivo basado en la necesidad de controlar que el trabajador de que se trate no representa una amenaza para el orden público puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios. En el caso de autos, la medida impugnada parecía adecuada para alcanzar ese objetivo y, además, no podía considerarse que fuera más allá de lo necesario a tal fin siempre que llevase a denegar la residencia únicamente a personas que representasen una amenaza real y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad. En efecto, dado que la evaluación de la amenaza que puede representar una persona para el orden público puede variar de un país a otro, la posible existencia de un control análogo en el Estado miembro de establecimiento del prestador de servicios no puede privar de pertinencia a la realización, en el Estado miembro en el que debe realizarse la prestación de servicios, de tal control. Además, a diferencia del procedimiento de notificación, que se basa en un control sobre la base de la información recibida o que ya se posee, el procedimiento de permiso de residencia, en la medida en que exija que el interesado se presente físicamente en los locales de una autoridad competente, puede permitir una comprobación exhaustiva de su identidad, lo cual reviste especial importancia en materia de lucha contra las amenazas de perturbación del orden público.
Así pues, el objetivo de protección del orden público puede justificar que un Estado miembro exija a las empresas prestadoras de servicios establecidas en otro Estado miembro que deseen desplazar a trabajadores nacionales de terceros países que obtengan, una vez transcurrido un plazo de estancia de tres meses en el primer Estado miembro, un permiso de residencia para cada uno de esos trabajadores. Tal objetivo justificaría también que, con tal motivo, dicho Estado miembro supedite la expedición de tal permiso a la comprobación de que el interesado no representa una amenaza para el orden público y la seguridad pública, siempre que los controles efectuados a este fin no pudieran llevarse a cabo de manera fiable sobre la base de la información cuya comunicación dicho Estado miembro exige o habría podido razonablemente durante el procedimiento de notificación, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 56 TFUE no se opone a una normativa de un Estado miembro que prevé que, en el supuesto de que una empresa establecida en otro Estado miembro realice en el primer Estado miembro una prestación de servicios cuya duración sea superior a tres meses, dicha empresa tiene la obligación de obtener en el Estado miembro de acogida un permiso de residencia para cada trabajador nacional de un tercer país que pretende desplazar a ese Estado miembro, y que, para obtener tal permiso, la referida empresa ha de notificar previamente a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la prestación de servicios para cuya realización esos trabajadores deben ser desplazados y comunicar a dichas autoridades los permisos de residencia de que disponen estos en el Estado miembro en el que está establecida, así como sus contratos de trabajo.
En último lugar, por lo que respecta al hecho de que las tasas adeudadas por la concesión de un permiso de residencia a un trabajador nacional de un tercer país desplazado a un Estado miembro por una empresa establecida en otro Estado miembro sean superiores a la cuantía de las tasas adeudadas por la concesión de un certificado de residencia a un ciudadano de la Unión, el Tribunal de Justicia recordó que, de conformidad con el principio de proporcionalidad, para que una medida que exige el pago de tasas por la expedición de un permiso de residencia por parte de un Estado miembro pueda considerarse compatible con el artículo 56 TFUE, la cuantía de esas tasas no puede ser excesiva o irrazonable. El carácter proporcionado de las tasas adeudadas debe apreciarse a la luz del coste generado por la tramitación de la solicitud que el Estado miembro debe soportar. A este respecto, el Tribunal de Justicia señaló que el hecho de que las tasas solicitadas por la expedición de un permiso de residencia para un trabajador desplazado nacional de un tercer país sean superiores a los solicitadas por un certificado de residencia para un ciudadano de la Unión no puede bastar, en principio, para acreditar por sí solo que la cuantía de esas tasas infrinja el artículo 56 TFUE. Sin embargo, este hecho puede constituir un indicio serio del carácter desproporcionado de esa cuantía si las tareas que la Administración debe llevar a cabo para conceder tal permiso de residencia y los costes de elaboración del correspondiente documento seguro son equivalentes a los necesarios para la concesión de un certificado de residencia a un ciudadano de la Unión, extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente.
Por tanto, el Tribunal de Justicia concluyó que el artículo 56 TFUE no se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual la validez del permiso de residencia que puede concederse a un trabajador nacional de un tercer país desplazado a ese Estado miembro no puede, en ningún caso, exceder de una duración determinada por la normativa nacional controvertida, que puede ser, por tanto, inferior a la necesaria para realizar la prestación para la que dicho trabajador ha sido desplazado. Este artículo tampoco se opone a que se limite el período de validez del mencionado permiso de residencia al período de validez del permiso de trabajo y residencia del interesado en el Estado miembro en el que está establecida la empresa prestadora de servicios. Finalmente, según ese mismo artículo, la expedición del referido permiso de residencia puede requerir el pago de tasas por una cuantía superior a la de las tasas adeudadas por la expedición de un certificado de residencia legal a un ciudadano de la Unión, siempre que, para empezar, el período inicial de validez del mismo permiso no sea manifiestamente demasiado corto para responder a las necesidades de la mayoría de los prestadores de servicios, a continuación, sea posible obtener la renovación del permiso de residencia sin tener que cumplimentar formalidades excesivas y, por último, la mencionada cuantía corresponda aproximadamente al coste administrativo que genera la tramitación de una solicitud de obtención de un permiso de ese tipo.
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)	Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y que entró en vigor el 26 de marzo de 1995 (DO 2000, L 239, p. 19), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 265/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2010 (DO 2010, L 85, p. 1), así como por el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (DO 2013, L 182, p. 1) (en lo sucesivo, «CAAS»). A tenor del artículo 21, apartado 1, del CAAS: «los extranjeros titulares de un permiso de residencia expedido por uno de los Estados miembros podrán, al amparo de dicho permiso y de un documento de viaje válido, circular libremente durante 90 días dentro de cualquier período de 180 días por el territorio de los demás Estados miembros, siempre que cumplan las condiciones de entrada contempladas en las letras a), c) y e) del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) […] y que no figuren en la lista nacional de no admisibles del Estado miembro de que se trate».
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)	Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2009, L 168, p. 24).