62017TJ0330_RES
Asunto T‑330/17
Ceobus y otros
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 12 de julio de 2019
«Ayudas de Estado — Régimen de ayudas ejecutado por Francia entre 1994 y 2008 — Subvenciones a la inversión otorgadas por la Région Île-de-France — Decisión por la que se declara el régimen de ayudas compatible con el mercado interior — Conceptos de “ayuda existente” y de “nueva ayuda” — Artículo 107 TFUE — Artículo 108 TFUE — Artículo 1, letra b), incisos i) y v), del Reglamento (UE) 2015/1589 — Plazo de prescripción — Artículo 17 del Reglamento 2015/1589»
Recurso de anulación — Admisibilidad — Desestimación de un recurso en cuanto al fondo sin pronunciarse sobre la admisibilidad — Facultad de apreciación del juez de la Unión
(Art. 263 TFUE)
(véanse los apartados 26 y 27)
Ayudas otorgadas por los Estados — Ayuda concedida infringiendo las normas de procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 3 — Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales
(Art. 108 TFUE, ap. 3)
(véanse los apartados 32 y 33)
Ayudas otorgadas por los Estados — Ayudas existentes y ayudas nuevas — Calificación de ayuda existente — Criterios — Evolución del mercado interior — Material subvencionado que los beneficiarios de la ayuda podían utilizar en actividades abiertas a la competencia antes de que se estableciera el régimen de ayudas — Calificación de ayuda existente no pertinente
[Art. 107 TFUE; Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, art. 1, letra b), inciso v)]
(véanse los apartados 52 a 62)
Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Prescripción decenal del artículo 17 del Reglamento (UE) 2015/1589 — Ámbito de aplicación — Decisión de la Comisión por la que se declara compatible con el mercado interior un régimen de ayudas ejecutado ilegalmente — Exclusión — Aplicabilidad de las normas sobre prescripción vigentes ante el juez nacional ante el que se solicita la recuperación de la ayuda
[Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, art. 17]
(véanse los apartados 69 a 82)
Resumen
En sus sentencias de 12 de julio de 2019, Keolis CIF y otros/Comisión (T‑289/17), Transdev y otros/Comisión (T‑291/17), Région Île-de-France/Comisión (T‑292/17), Optile/Comisión (T‑309/17), Ceobus y otros/Comisión (T‑330/17) y STIF-IDF/Comisión (T‑738/17), el Tribunal ha desestimado varios recursos de anulación parcial contra una Decisión de la Comisión de 2 de febrero de 2017 relativa a dos regímenes de ayudas ejecutados por Francia en favor de las empresas de transporte por autobús en la región de Isla de Francia. (
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)
Todos estos asuntos se refieren a dos regímenes de ayudas en favor de las empresas de transporte por autobús en la región de Isla de Francia, el primero aplicado por la Région Île-de-France entre 1994 y 2008 y el segundo por el Syndicat Transport Île de France (STIF-IDF) a partir de 2008. Las subvenciones abonadas en virtud de estos regímenes estaban destinadas a fomentar la adquisición de material por parte de las empresas de transporte público regular de la región de Isla de Francia y a compensar los costes de inversión soportados por ellas.
En la Decisión impugnada ante el Tribunal, la Comisión consideró, en primer lugar, que estos dos regímenes de ayudas eran compatibles con el mercado interior. A continuación, llegó sin embargo a la conclusión de que las ayudas económicas otorgadas en virtud de estos regímenes habían sido ejecutadas ilegalmente, en la medida en que constituían «nuevas ayudas» y no le habían sido notificadas. A este respecto, la Comisión hizo constar, más concretamente, que se había infringido el artículo 108 TFUE, apartado 3, que prohíbe a los Estados miembros que proyectan conceder o modificar ayudas estatales la ejecución de las medidas proyectadas antes de que la Comisión haya procedido a un control previo de sus proyectos. El artículo 108 TFUE, apartado 3, establece, pues, la obligación de «congelar» las nuevas ayudas, pero no se aplica a las ayudas existentes.
En sus sentencias Keolis CIF y otros/Comisión, Transdev y otros/Comisión, Optile/Comisión y Ceobus y otros/Comisión, el Tribunal ha desestimado los recursos interpuestos por varias empresas que explotan redes de transporte de viajeros por carretera en dicha región en los que se solicitaba la anulación de la Decisión impugnada, en la medida en que esta se refiere al régimen de ayudas aplicado por la Région Île-de-France entre 1994 y 2008. En esos recursos, varias demandantes habían formulado imputaciones en las que denunciaban diversos incumplimientos de la obligación de motivación por parte de la Comisión, imputaciones que, sin embargo, han sido desestimadas en su totalidad por el Tribunal. En apoyo de sus recursos, las demandantes impugnaban igualmente la calificación de nuevas ayudas aplicada a las subvenciones a la inversión recibidas por las empresas de transporte en virtud del régimen de ayudas controvertido. Las empresas que explotan redes de transporte por carretera invocaban, además, una infracción de las normas sobre prescripción que establece el artículo 17 del Reglamento 2015/1589. (
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)
En lo que respecta a la calificación como nueva ayuda del régimen de ayudas aplicado por la Région Île-de-France entre 1994 y 2008, el Tribunal ha desestimado, por una parte, las imputaciones relativas a una infracción del artículo 1, letra b), inciso i), del Reglamento 2015/1589, según el cual se consideran ayudas existentes las establecidas antes de la entrada en vigor del Tratado FUE en el Estado miembro correspondiente. El Tribunal ha estimado, en efecto, que las demandantes no habían aportado ante él pruebas suficientes para demostrar que el régimen de ayudas que se discute se había establecido antes del 1 de enero de 1958, fecha de entrada en vigor en Francia del Tratado por el que se establece la Comunidad Económica Europea. Por otra parte, el Tribunal ha desestimado igualmente las imputaciones relativas a una infracción del artículo 1, letra b), inciso v), del Reglamento 2015/1589, que establece que se considerará existente la ayuda que en el momento en que se llevó a efecto no constituía una ayuda y que posteriormente pasó a ser una ayuda debido a la evolución del mercado interior y sin haber sido modificada por el Estado miembro. A este respecto, el Tribunal ha puesto de relieve que, a partir del establecimiento del régimen de ayudas que se discute, las empresas de transporte beneficiarias de las ayudas habían podido utilizar el material subvencionado por esas ayudas en el marco de actividades de transporte abiertas a la competencia. En lo referente al período 1994‑2008, las empresas de transporte interesadas no habían impugnado la calificación de las subvenciones otorgadas como ayudas estatales, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Además, la conclusión de la Comisión según la cual en dicho período se cumplían todos los criterios fijados en esta última disposición era conforme con el análisis que figuraba en diversas resoluciones dictadas en esta materia por los tribunales nacionales.
El Tribunal ha desestimado, además, las imputaciones relativas a una infracción del artículo 17 del Reglamento 2015/1589, que establece un plazo de prescripción de diez años para la recuperación de las ayudas. A este respecto, el Tribunal ha indicado que las normas sobre prescripción establecidas en dicha disposición se refieren únicamente a las competencias de la Comisión, de modo que no están destinadas a aplicarse en un caso en el que, como ocurre en el presente asunto, la Comisión reconoció la compatibilidad con el mercado interior de las ayudas abonadas ilegalmente después de que fueran otorgadas. El Tribunal ha recordado, sin embargo, que las facultades de las autoridades nacionales en cuanto a una eventual recuperación de tales ayudas están sujetas únicamente a las normas sobre prescripción del Derecho nacional aplicables ante el juez nacional.
En su sentencia Région Île-de-France/Comisión, el Tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por la Région Île-de-France. El Tribunal ha considerado que la demandante no podía acusar a la Comisión de haber incumplido la obligación de motivación en sus apreciaciones relativas, por una parte, al carácter selectivo del régimen de ayudas aplicado por ella entre 1994 y 2008 y, por otra parte, a la ventaja económica indebida otorgada a los beneficiarios de dicho régimen. Además, el Tribunal ha estimado que no procedía poner en entredicho la procedencia de las apreciaciones formuladas en la Decisión impugnada sobre la existencia de una ventaja económica y sobre el carácter selectivo del régimen. A este respecto, el Tribunal ha precisado que las empresas de otros Estados miembros o de otras regiones francesas no podían ser seleccionadas para la concesión de las subvenciones controvertidas y que solo las empresas presentes en el mercado del transporte regular de viajeros que desarrollaran sus actividades en el territorio de la demandante podían beneficiarse de ellas. Por otra parte, el Tribunal ha concluido que procedía desestimar el motivo de recurso basado en la infracción del artículo 1, letra b), incisos i) y v), del Reglamento 2015/1589.
En su sentencia STIF-IDF/Comisión, el Tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por STIF-IDF, en el que se solicitaba la anulación de la Decisión impugnada en la medida en que esta se refiere al régimen de ayudas aplicado por dicho demandante a partir de 2008. Esta parte de la Decisión impugnada se refería más concretamente a una serie de contratos celebrados entre STIF-IDF y empresas privadas que desarrollaban actividades de transporte público regular en el territorio de la región de Isla de Francia, en los que se estipulaba que STIF-IDF abonaría una contribución económica a las empresas signatarias como compensación de las obligaciones de servicio público que recaían sobre estas últimas en virtud de tales contratos.
En apoyo de su recurso de anulación, STIF-IDF invocaba una reiterada jurisprudencia según la cual no constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 107 TFUE una intervención estatal que se considere una compensación en contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, de modo que esas empresas no gozan, en realidad, de una ventaja económica y que, por tanto, dicha intervención no tiene por efecto situar a estas empresas en una posición competitiva más favorable que la de las empresas que compiten con ellas. Para que, en un caso concreto, esa compensación pueda evitar la calificación de ayuda estatal, es preciso que concurran los «criterios Altmark». (
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) Con arreglo al cuarto de estos criterios, el nivel de la intervención estatal debe determinarse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar esas obligaciones. En su recurso, STIF-IDF acusaba concretamente a la Comisión de haber considerado erróneamente, en la Decisión impugnada, que el régimen de ayudas controvertido no satisfacía ese criterio y de haber incumplido su obligación de motivación a este respecto.
Tras confirmar que la Comisión había detallado suficientemente las razones por las que, a su juicio, el régimen de ayudas controvertido no cumplía el cuarto criterio Altmark, el Tribunal señaló que las pruebas invocadas por STIF-IDF en apoyo de sus imputaciones consistían esencialmente en referencias a unas herramientas metodológicas utilizadas por este demandante antes de determinar el importe de las contribuciones económicas que debían abonarse a las empresas signatarias, así como a los diversos controles a posteriori llevados a cabo por STIF-IDF para verificar las inversiones efectuadas por dichas empresas. Ahora bien, como esas pruebas no resultaban pertinentes o, como mínimo, no eran suficientes para determinar si el importe de la compensación se había establecido con arreglo al cuarto criterio Altmark, el Tribunal hizo constar que la información facilitada por STIF-IDF no permitía demostrar que la apreciación del régimen de ayudas controvertido desde el punto de vista de dicho criterio efectuada en la Decisión impugnada adoleciera de un error de Derecho o de apreciación.
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)	Decisión (UE) 2017/1470 de la Comisión, de 2 de febrero de 2017, relativa a los regímenes de ayudas SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ejecutados por Francia en favor de las empresas de transporte por autobús en la Región Île-de-France (DO 2017, L 209, p. 24).
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)	Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 TFUE (DO 2015, L 248, p. 9).
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3
)	Se trata de cuatro criterios de aplicación de esta jurisprudencia que fueron formulados en la sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, apartados 88 a 93.