Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 22 de enero de 2026 (1)
Asunto C‑583/24 [Tagu] (i)
Procedimiento penal
contra
DZ,
con intervención de
Openbaar Ministerie
[Petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos)]
« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 1, apartado 3 — Decisión Marco 2004/757/JAI — Artículo 2, apartados 1, letra a), y 2 — Artículo 4, apartados 1 y 2, letra b) — Disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 49, apartado 3 — Proporcionalidad de las penas — Control por parte de la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución »
I.      Introducción
1.        La consideración, por parte de las autoridades judiciales emisoras y de ejecución, del principio de proporcionalidad al aplicar la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, (2) en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, (3) ha hecho correr mucha tinta, y este fenómeno se ha visto ciertamente amplificado por el silencio de la Decisión Marco 2002/584 sobre este punto. (4)
2.        En efecto, esta Decisión Marco no contiene ninguna exigencia expresa en cuanto al respeto, por parte de las autoridades judiciales de los Estados miembros, del principio de proporcionalidad en su ámbito de aplicación. (5) Para compensar este silencio, dicha exigencia ha sido formulada en los distintos manuales relativos a la emisión y ejecución de la orden de detención europea, (6) así como por el Parlamento Europeo. (7)
3.        Así pues, en su Manual de 2023, la Comisión indica que una orden de detención europea «debe ser siempre proporcional a su objetivo». (8) Desde esta perspectiva, las autoridades judiciales emisoras «deben considerar si pueden utilizarse otras medidas de cooperación judicial en lugar de la emisión de una [orden de detención europea]», en la medida en que tales medidas puedan ser «efectivas, pero menos coercitivas». De manera más general, la Comisión subraya que «aplicar el control de proporcionalidad antes de emitir una [orden de detención europea] puede reforzar la confianza mutua entre las autoridades competentes de los Estados miembros», lo que contribuye al «correcto funcionamiento de la [orden de detención europea] en toda la Unión [Europea]». (9)
4.        Por lo tanto, aunque no se menciona explícitamente en la Decisión Marco 2002/584, el requisito de proporcionalidad impregna el proceso de entrega establecido por dicha Decisión Marco. No podría ser de otro modo dado que, a tenor de lo dispuesto en el artículo
5 TUE, apartado
4, «en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados». Habida cuenta de las consecuencias de una orden de detención europea sobre los derechos de las personas buscadas y con el fin de garantizar la eficacia y la celeridad de los procedimientos de entrega, es, por lo tanto, especialmente importante que las autoridades judiciales emisoras examinen en cada caso con atención y cierto grado de autocontención si tal orden es necesaria.
5.        El propio Tribunal de Justicia ha puesto de relieve, bajo el impulso de varios de sus Abogados Generales, (10) la necesidad de que la autoridad judicial emisora lleve a cabo un control de proporcionalidad. En efecto, dado que la emisión de una orden de detención europea puede tener como consecuencia la detención de la persona que es objeto de ella y, por tanto, coartar su libertad individual, corresponde, según el Tribunal de Justicia, a la autoridad judicial que pretenda emitir una orden de detención europea examinar si, habida cuenta de las particularidades del caso concreto, dicha emisión es proporcionada. (11) A este respecto, el Tribunal de Justicia parece establecer una distinción en función de si la orden de detención europea se emite con fines de ejercitar acciones penales o de ejecutar una pena, dado que ha precisado que, en este último supuesto, la proporcionalidad de dicha orden resulta de la condena impuesta que, como se establece en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, debe consistir en una pena o en una medida de seguridad de duración no inferior a cuatro meses. (12)
6.        Por lo que respecta a la autoridad judicial de ejecución, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se desprende que esta esté obligada a examinar la proporcionalidad de la orden de detención europea que debe ejecutar. (13)
7.        Por otra parte, la Comisión subraya en su Manual de 2023 que la comprobación de la proporcionalidad de una orden de detención europea incumbe únicamente a la autoridad judicial emisora. Señala, a este respecto, que la Decisión Marco 2002/584 «no prevé la posibilidad de que el Estado miembro de ejecución evalúe la proporcionalidad de una [orden de detención europea]». Según dicha institución, esto está «en consonancia con el principio del reconocimiento mutuo». No obstante, si la autoridad judicial de ejecución tuviera serias dudas sobre la proporcionalidad de una orden de detención europea, debería darse prioridad a la vía de una «comunicación directa» entre esa autoridad y la autoridad judicial emisora, con el fin de hallar «una solución más adecuada». (14) La Comisión considera que estas situaciones solo deben producirse «en circunstancias excepcionales». (15)
8.        Hechas estas precisiones, procede señalar, de entrada, que la presente petición de decisión prejudicial invita al Tribunal de Justicia a examinar, desde un punto de vista particular, la problemática relativa a la proporcionalidad en el marco del mecanismo de entrega, aun cuando, como explicaré más adelante, el reparto de las comprobaciones que deben realizar, respectivamente, las autoridades judiciales emisoras y de ejecución también está en el núcleo del debate jurídico.
9.        Así pues, esta petición va a llevar al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre si la autoridad judicial de ejecución puede negarse a ejecutar una orden de detención europea emitida con fines de ejecución de una pena privativa de libertad y, en su caso, en qué condiciones, cuando considera que la entrega de la persona buscada entrañaría un riesgo de vulneración del principio de proporcionalidad de las penas, consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (16) Desde esta perspectiva, lo que está en cuestión no es tanto la comprobación del respeto del principio de proporcionalidad en la fase de emisión de la orden de detención europea, sino más bien la comprobación del respeto de este principio en la fase de ejecución de dicha orden, por lo que se refiere a la pena impuesta en el Estado miembro emisor y de la que la orden de detención europea no es más que el instrumento procesal utilizado para lograr su ejecución. (17)
10.      Más concretamente, la presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado
3, de la Decisión Marco 2002/584, en relación con el artículo 49, apartado 3, de la Carta y con los artículos 2, apartados 1 y 2, 4, apartados 1 y 2, y 5 de la Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. (18)
11.      Esta petición se ha planteado en el marco de un procedimiento penal entablado contra DZ en relación con una orden de detención europea dictada en su contra a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad firme de una duración de siete
años por un delito consistente en la introducción en Rumanía de drogas «de riesgo y de alto riesgo».
12.      En este contexto, será preciso determinar si la autoridad judicial de ejecución puede denegar la entrega de DZ,
y, en su caso, en qué medida y en qué condiciones, cuando considere que tal pena es desproporcionada y que la ejecución de la orden de detención europea incumpliría por ello el principio de proporcionalidad de las penas, consagrado en el artículo
49, apartado
3, de la Carta. En particular, ¿está obligada dicha autoridad a realizar un examen en dos fases para poder denegar tal entrega sobre la base del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584? En caso afirmativo, ¿qué contenido concreto debe darse a cada una de las dos fases de este examen?
II.    Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
13.      El 9 de enero de 2024, la Judecătoria Constanța (Tribunal de Primera Instancia de Constanza, Rumanía) dictó una orden de detención europea contra DZ. El rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente, debe, como autoridad judicial de ejecución, pronunciarse sobre la ejecución de dicha orden. Este órgano jurisdiccional considera que no puede invocarse ninguno de los motivos de no ejecución contemplados en los artículos
3, 4 y 4 bis de la Decisión Marco 2002/584.
14.      La orden de detención europea tiene por objeto la ejecución de una pena privativa de libertad de siete años, que adquirió firmeza a raíz de una resolución de la Curtea de Apel Constanța (Tribunal Superior de Constanza, Rumanía), de 20 de diciembre de 2023, tras un juicio en el que DZ compareció personalmente. (19) El órgano jurisdiccional remitente indica que de dicha orden se desprende que esta condena se refiere a hechos, cometidos por DZ y su esposa, de importación ilícita en Rumanía de tres gramos de cannabis y de cuatro pastillas que contenían metilendioximetanfetamina (MDMA). Dicho órgano jurisdiccional precisa que estos hechos están castigados en Rumanía mediante el artículo 3 de la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri (Ley n.º 143/2000 sobre prevención y lucha contra el tráfico y el consumo ilícito de drogas), (20) de 26 de julio de 2000, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley n.º 143/2000»), (21) y el artículo 46, apartado
2, del Codul penal (Código Penal). (22) En Derecho rumano, esto constituye un único delito, a saber, la «introducción en el país de drogas de riesgo y de alto riesgo».
15.      El órgano jurisdiccional remitente precisa asimismo que, en la medida en que se refiere a drogas «de alto riesgo», el apartado 3 de la Ley n.º 143/2000 tiene por objeto aplicar el artículo
4, apartado
2, letra b), de la Decisión Marco 2004/757. (23) Mientras que esta última disposición obliga a los Estados miembros a imponer una pena máxima de, al menos, entre cinco y diez años de prisión, de la información adicional facilitada por la autoridad judicial emisora y por la oficina rumana de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) se desprende que, en la época en que se cometieron los hechos, el delito consistente en la «introducción en el país de drogas de riesgo y de alto riesgo» estaba castigado con una pena mínima de siete años de prisión.
16.      Habida cuenta de las cantidades de drogas mencionadas en la orden de detención europea y de la declaración realizada en la vista ante el órgano jurisdiccional remitente por DZ
—a saber, que las drogas estaban destinadas al consumo personal de su esposa, que las utilizaba como analgésico—, (24) dicho órgano jurisdiccional constata que se trataba de pequeñas cantidades de drogas «de riesgo» y «de alto riesgo» para consumo personal. En cualquier caso, dicho órgano jurisdiccional señala que DZ y su esposa tenían esas pequeñas cantidades de drogas en su poder sin el propósito de comercializarlas.
17.      El Derecho rumano prevé la posibilidad de reducir la pena, en particular mediante la consideración de circunstancias atenuantes. Sin embargo, en respuesta a una solicitud, la autoridad judicial emisora hizo saber que, en el caso de DZ no concurrían circunstancias agravantes, como la reincidencia, ni tampoco atenuantes. Aun cuando DZ hubiera podido acogerse a la reducción de la pena y esta se hubiera aplicado, no habría sido posible proceder a la suspensión de la ejecución de la pena debido a su duración. En efecto, según dicha autoridad, si se hubiera aplicado un motivo de reducción de la pena, esta habría ascendido a cuatro años y ocho meses y, por lo tanto, habría sido superior a tres años. (25)
18.      El órgano jurisdiccional remitente deduce de estos elementos que, al margen de las circunstancias que justifican una reducción de la pena, la normativa rumana obligaba al juez, en caso de condena por la importación ilícita de «drogas de riesgo y de alto riesgo» en el momento en que se cometieron los hechos, a imponer una pena mínima de siete años de prisión, sin tener en cuenta ni si ese comportamiento afectaba a una pequeña cantidad de droga ni si el que había llevado a cabo ese comportamiento lo había hecho con fines de consumo personal, o al menos sin intención de comercializar las drogas.
19.      En cambio, en la medida en que fueran aplicables una o varias de las posibilidades legales de reducción de la pena, esta normativa brindaba al órgano jurisdiccional la posibilidad de reducir esa pena mínima por importación ilícita de pequeñas cantidades de «drogas de riesgo y de alto riesgo» para consumo personal, al menos sin intención de comercializarlas, bien a la mitad (en caso de aplicación del artículo
15 de la Ley n.º 143/2000), bien hasta un tercio (en caso de aplicación de una o varias de las demás posibilidades de reducción de la pena).
20.      El órgano jurisdiccional remitente indica que el abogado de DZ se opuso a su entrega alegando que la pena privativa de libertad impuesta es desproporcionada y que, por lo tanto, es contraria al artículo
49, apartado
3, de la Carta. Dicho órgano jurisdiccional considera que, habida cuenta de la argumentación de dicho abogado, la pena mínima que la normativa rumana exige adoptar en el presente asunto al juez penal rumano, considerada conjuntamente con las limitadas posibilidades legales de reducción de la pena, plantea cuestiones desde el punto de vista del principio de proporcionalidad de las penas contemplado en dicha disposición.
21.      En primer lugar, según dicho órgano jurisdiccional, se plantea la cuestión de si, cuando la persona buscada invoca un riesgo real de ejecución de una pena desproporcionada en relación con el delito que subyace a la orden de detención europea, la autoridad judicial de ejecución debe comprobar si ese riesgo puede llevar a denegar la entrega.
22.      El órgano jurisdiccional remitente señala, a este respecto, que no es seguro que pueda deducirse de la sentencia de 14 de julio de 2022, Procureur général près la cour d’appel d’Angers, (26) que no es posible invocar el artículo 1, apartado
3, Decisión Marco 2002/584, junto con el artículo 49, apartado 3, de la Carta.
23.      En segundo lugar, según este órgano jurisdiccional, se plantean varias cuestiones complementarias sobre el modo en que la autoridad judicial de ejecución debe apreciar si existe, en el Estado miembro emisor, un riesgo real de ejecución de una pena firme desproporcionada.
24.      Así pues, procede preguntarse qué control debe aplicar dicha autoridad en el marco de esa apreciación y qué papel desempeña, en el marco de dicho control, la obligación de imponer una pena mínima, considerada conjuntamente con las posibilidades de reducción de la pena y de suspensión de la ejecución de la pena previstas por el Derecho del Estado miembro emisor. Además, dado que la pena privativa de libertad a la que ha sido condenada la persona reclamada es firme, se plantea la cuestión de si la garantía que pudieran ofrecer las autoridades del Estado miembro emisor
—que implique, por ejemplo, que la persona reclamada pueda ser indultada o incluso que pueda solicitar la revisión de la sentencia condenatoria—
aún podría eliminar, respecto de la persona reclamada, un riesgo real eventualmente constatado de infracción del artículo
49, apartado 3, de la Carta.
25.      En estas circunstancias, el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 3, de la [Decisión Marco 2002/584], en relación con el artículo 49, apartado 3, de la [Carta] y con el artículo 2, apartados 1,
[…]
letra a), y 2, el artículo 4, apartados 1 y 2,
[…]
letra b), y el artículo 5 de la [Decisión Marco 2004/757], en el sentido de que
si la persona reclamada se opone a su entrega por haber sido condenada mediante sentencia firme en el Estado miembro emisor a una pena privativa de libertad mínima desproporcionada por la importación de pequeñas cantidades de droga para consumo personal o, al menos, por la importación de pequeñas cantidades de droga sin el propósito de traficar con las mismas,
la autoridad judicial de ejecución debe examinar si, en caso de ser entregada a efectos de la ejecución de dicha condena, la persona reclamada correría un riesgo real de que se ejecutase una pena desproporcionada respecto al delito en que se basa la orden de detención europea?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
a)      ¿Qué examen debe realizar la autoridad judicial de ejecución a la hora de apreciar si existe un riesgo real de que se ejecute una condena firme desproporcionada en el sentido de la primera cuestión prejudicial?
b)      ¿Qué papel desempeña en tal examen la circunstancia de que la legislación del Estado miembro emisor,
al objeto de aplicar el artículo 4, apartado 2,
[…]
letra b), de la [Decisión Marco 2004/757], y de dar cumplimiento a la consiguiente obligación de imponer una pena máxima de, al menos, entre 5 a 10 años de prisión,
obliga al órgano jurisdiccional en tal contexto a imponer una pena privativa de libertad mínima de siete años en caso de condena por, en esencia, la introducción de las drogas más nocivas para la salud, con independencia de la cantidad de droga sobre la que versan los comportamientos y de si tales comportamientos tienen por objeto el aprovisionamiento para el consumo personal, o de que se lleven a cabo con la intención de traficar con esas drogas, cuando:
–        el tribunal solo puede reducir dicha pena mínima obligatoria hasta un tercio del total si concurren circunstancias que reduzcan la gravedad del delito o la amenaza que constituye el autor del delito, o si la persona interesada confiesa los hechos, o hasta la mitad del total si la persona interesada facilita la identidad y el procesamiento de otras personas que hayan cometido delitos relacionados con las drogas, y
–        la duración de esa pena mínima (en su caso, reducida) impide al tribunal ordenar la suspensión de su ejecución?
c)      ¿Puede eliminarse cualquier riesgo real de que se ejecute una pena firme desproporcionada en el sentido de la primera cuestión prejudicial en virtud de una garantía por parte del Estado miembro emisor, y cómo podría estar configurada dicha garantía?»
26.      DZ, el Openbaar Ministerie (Ministerio Fiscal, Países Bajos), los Gobiernos rumano, húngaro y polaco, Irlanda y la Comisión presentaron observaciones escritas y participaron, en presencia también del Gobierno alemán, en la vista celebrada el 23 de septiembre de 2025, en la que respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral.
III. Apreciación
27.      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que propongo examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si
el artículo 1, apartado
3, de la Decisión Marco 2002/584, leído a la luz del artículo 49, apartado 3, de la Carta, permite a una autoridad judicial de ejecución negarse a ejecutar una orden de detención europea emitida a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad, y, en su caso, en qué condiciones y en qué medida,
cuando dicha autoridad considera que la pena impuesta es excesiva y que la ejecución de esa orden podría vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas, consagrado en dicha disposición de la Carta.
28.      Las dudas formuladas por el órgano jurisdiccional remitente tienen su origen esencialmente en las diferencias entre el Derecho penal neerlandés y el Derecho penal rumano en lo que respecta al grado de severidad de la represión de un delito como el controvertido en el litigio principal, a saber, la introducción en Rumanía de drogas «de alto riesgo». En efecto, mientras que, según las explicaciones facilitadas por el Ministerio Fiscal en la vista, la introducción en Rumanía de drogas pertenecientes a esta categoría, en una cantidad de hasta diez gramos, se castiga con una pena de una a tres semanas de prisión en los Países Bajos, la pena de prisión mínima es de siete años en Rumanía. Por lo tanto, estas dudas se basan en la constatación de que el límite inferior de la pena de prisión previsto por el Derecho rumano es elevado en comparación con la pena prevista por el Derecho neerlandés. A ello se añade la constatación de que las posibilidades de que dispone el juez rumano para reducir la pena o suspender su ejecución son limitadas.
29.      Para responder a las dudas del órgano jurisdiccional remitente, procede recordar que la Decisión Marco 2002/584 pretende, a través del establecimiento de un sistema simplificado y eficaz de entrega de personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley penal, facilitar y acelerar la cooperación judicial para contribuir a que se logre el objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia basado en el grado de confianza elevado que debe existir entre los Estados miembros. (27)
30.      En el ámbito regulado por esa Decisión Marco, el principio de reconocimiento mutuo, que constituye, como resulta, en particular, del considerando 6 de esta, la «piedra angular» de la cooperación judicial en materia penal, tiene su expresión en el artículo 1, apartado 2, de dicha Decisión Marco, que consagra la norma en virtud de la cual los Estados miembros están obligados a ejecutar toda orden de detención europea sobre la base del principio de reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la misma Decisión Marco. (28)
31.      De ello se deriva, por un lado, que las autoridades judiciales de ejecución solo pueden denegar la ejecución de una orden de detención europea por los motivos enumerados en la Decisión Marco 2002/584, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia. Por otro lado, mientras que la ejecución de la orden de detención europea constituye el principio, la denegación de la ejecución se concibe como una excepción que debe ser objeto de interpretación estricta. (29) En cuanto a tales motivos, esta Decisión Marco recoge, en su artículo 3, los motivos de no ejecución obligatoria de la orden de detención europea y, en sus artículos 4 y 4 bis, los motivos de no ejecución facultativa de dicha orden. (30)
32.      Tras constatar que ninguno de estos motivos se refiere al carácter desproporcionado de la pena impuesta en el Estado miembro emisor (A), explicaré qué consecuencias pueden extraerse del artículo 1, apartado
3, de la Decisión Marco 2002/584 en caso de riesgo de vulneración del principio de proporcionalidad de las penas, consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta (B).
A.      Inexistencia, en la Decisión Marco 2002/584, de un motivo de no ejecución ligado al carácter desproporcionado de la pena impuesta en el Estado miembro emisor
33.      La Decisión Marco 2002/584 no prevé que la autoridad judicial de ejecución pueda denegar la ejecución de una orden de detención europea a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad por el mero hecho de que dicha pena sea desproporcionada en relación con el delito que pretende castigar.
34.      Tal constatación también puede deducirse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
35.      En el asunto que dio lugar a la sentencia Procureur général près la cour d’appel d’Angers, el Tribunal de Justicia debía interpretar el requisito de la doble tipificación de los hechos, previsto en los artículos 2, apartado 4, y 4, punto 1, de la Decisión Marco 2002/584. En particular, el Tribunal de Justicia consideró que este requisito se cumple cuando la orden de detención europea se emite para la ejecución de una pena privativa de libertad, aun cuando dicha pena haya sido impuesta en el Estado miembro emisor por la comisión, por la persona buscada, de un delito único compuesto de varios hechos de los que solo una parte constituye un delito en el Estado miembro de ejecución. (31)
36.      Tras ser invitado por el órgano jurisdiccional remitente a examinar esta problemática también desde la perspectiva del artículo 49, apartado
3, de la Carta, el Tribunal de Justicia subrayó que tal interpretación es conforme con el principio de proporcionalidad de los delitos y las penas, establecido en dicha disposición. (32)
37.      A este respecto, el Tribunal de Justicia señaló, por un lado, que, en el sistema establecido por la Decisión Marco 2002/584, las autoridades judiciales del Estado miembro emisor garantizan el respeto del principio de proporcionalidad de los delitos y las penas, añadiendo, de manera más general, que la garantía de los derechos de la persona cuya entrega se ha solicitado incumbe esencialmente al Estado miembro emisor. (33)
38.      Por otro lado, el Tribunal de Justicia observó que el posible carácter desproporcionado de la pena impuesta en el Estado miembro emisor no figura entre los motivos de no ejecución obligatoria y facultativa de una orden de detención europea contemplados en los artículos 3, 4 y 4 bis de la Decisión Marco 2002/584. (34)
39.      Además, el Tribunal de Justicia precisó que el requisito de la doble tipificación de los hechos únicamente implica comprobar si los elementos fácticos del delito que dio lugar a la emisión de dicha orden de detención europea también serían, en cuanto tales, constitutivos de delito conforme al Derecho del Estado miembro de ejecución si se hubieran producido en el territorio de este último. (35)
40.      El Tribunal de Justicia dedujo de estos elementos que, por consiguiente, no corresponde a la autoridad judicial de ejecución, en el contexto de la apreciación de dicho requisito, evaluar la pena impuesta en el Estado miembro emisor a la luz del artículo 49, apartado 3, de la Carta. (36)
41.      Es cierto que la respuesta del Tribunal de Justicia en su sentencia Procureur général près la cour d’appel d’Angers debe analizarse a la luz del requisito de la doble tipificación de los hechos, en la medida en que el Tribunal de Justicia se limita a subrayar que la interpretación que hace de este requisito es compatible con el principio de proporcionalidad de los delitos y las penas, consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta.
42.      No es menos cierto que, mediante la formulación general de los apartados
65 y 66 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia da a entender que una evaluación, por parte de la autoridad judicial de ejecución, del posible carácter desproporcionado de la pena impuesta en el Estado miembro emisor parece incompatible con el sistema establecido por la Decisión Marco 2002/584. En mi opinión, el Tribunal de Justicia debería afirmar claramente, en el marco del presente procedimiento, que la denegación de la ejecución de una orden de detención europea no puede basarse, en principio, en la apreciación realizada por la autoridad judicial de ejecución según la cual, en función de diversos elementos de apreciación, entre ellos su propio Derecho nacional, la pena impuesta en el Estado miembro emisor presenta un carácter desproporcionado. En efecto, tal apreciación por parte de dicha autoridad judicial no es, a mi parecer, ni deseable ni posible en la práctica.
43.      Esta apreciación de la proporcionalidad de la pena por parte de la autoridad judicial de ejecución no es deseable, dado que llevaría a dicha autoridad a volver a apreciar en cuanto al fondo la condena impuesta en el Estado miembro emisor, cuestionando, en su caso, su procedencia. De este modo, dicha autoridad se convertiría en una instancia de apelación ante la cual la persona buscada podría impugnar la proporcionalidad de la pena que le ha sido impuesta por un órgano jurisdiccional del Estado miembro emisor. Pues bien, tal instancia de apelación solo puede estar situada en ese Estado miembro y no puede trasladarse al Estado miembro de ejecución, cuyas autoridades judiciales no pueden asumir tal función. Además, la autoridad judicial de ejecución no dispone de competencias que le permitan aplicar las normas de Derecho penal sustantivo del Estado miembro de ejecución a un delito cuya represión incumbe a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro emisor y uno de los cuales ha dictado, de manera independiente, la sentencia que constituye el fundamento de la orden de detención europea cuya ejecución se solicita.
44.      Así pues, no corresponde a la autoridad judicial de ejecución apreciar si la pena impuesta por un órgano jurisdiccional del Estado miembro emisor es adecuada para alcanzar los objetivos perseguidos por la normativa de dicho Estado miembro y si excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. Debo añadir que, por razones evidentes de seguridad jurídica, la sentencia firme dictada en el Estado miembro emisor no puede ser cuestionada, en la fase de su ejecución, por la autoridad judicial de ejecución, so pena de infringir el principio de fuerza de cosa juzgada.
45.      Además, una verificación, por parte de la autoridad judicial de ejecución, de la proporcionalidad de la pena impuesta en el Estado miembro emisor es fundamentalmente contraria al principio de reconocimiento mutuo. (37) He de recordar que este implica que exista una confianza mutua de los Estados miembros en sus respectivos sistemas de justicia penal y que cada uno de ellos acepte la aplicación del Derecho penal vigente en los demás Estados miembros, aun cuando la aplicación de su propio Derecho nacional conduzca a una solución diferente. (38) Esto implica que la autoridad judicial de ejecución no puede cuestionar la proporcionalidad de las penas remitiéndose a su propio Derecho penal, (39) haciendo que prevalezca su propia apreciación de la proporcionalidad de las penas, y ello con independencia de las normas previstas por el Derecho penal sustantivo del Estado miembro emisor. Asimismo, procede subrayar que las divergencias en el Derecho penal de los Estados miembros reflejan la diversidad de las decisiones que estos han adoptado en materia de política penal, (40) según las prioridades definidas por los legisladores nacionales, (41) también en el ámbito del Derecho penal sustantivo, que es objeto de una armonización mínima en la Unión. A este respecto, es importante evitar que algunos Estados miembros se conviertan, en detrimento del objetivo de lucha contra la impunidad y de los derechos de las víctimas, en un lugar de refugio para las personas condenadas por castigar determinados delitos con menor severidad. Asimismo, procede señalar que, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, aunque la Decisión Marco 2002/584 enumera, en su artículo
2, apartado
2, categorías de infracciones penales para la ejecución de esta, la propia definición de estas infracciones y las penas aplicables son las establecidas en el Derecho del Estado miembro emisor. Esta Decisión marco no tiene por objeto armonizar el Derecho penal sustantivo, a saber, las infracciones penales de que se trata en cuanto a sus elementos constitutivos o las penas correspondientes. (42)
46.      A estas constataciones se añade aquella según la cual resulta difícil, sino imposible, para la autoridad judicial de ejecución llevar a cabo una apreciación rigurosa y fundamentada sobre la proporcionalidad de una pena impuesta por un órgano jurisdiccional del Estado miembro emisor, por el mero hecho de que el juicio no se desarrolló ante él, no dispone del expediente completo y no conoce las particularidades del sistema de justicia penal de dicho Estado miembro. (43) No me parece que el intercambio de información a que se refiere el artículo 15, apartados 2 y 3, de la Decisión Marco 2002/584 pueda subsanar este problema, puesto que su objetivo es que la autoridad judicial de ejecución esté en condiciones de decidir sobre la entrega, y no proporcionarle elementos que le permitan evaluar la procedencia de la sentencia condenatoria dictada en el Estado miembro emisor. (44)
47.      Con carácter más general, tal solución pasaría por alto el hecho de que esta Decisión Marco no tiene por objeto armonizar el Derecho penal sustantivo de los Estados miembros, de modo que la diversidad de normas en la materia no puede conducir, al brindar a la autoridad judicial de ejecución la posibilidad de controlar el respeto por parte de un órgano jurisdiccional del Estado miembro emisor del principio de proporcionalidad de las penas, a paralizar el mecanismo de entrega establecido por dicha Decisión Marco. Por lo tanto, para evitar este riesgo, es esencial garantizar que el respeto del principio de proporcionalidad de las penas sea competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro emisor, en las condiciones previstas por el Derecho penal de dicho Estado miembro. Decidir lo contrario socavaría inevitablemente el objetivo de establecer un sistema simplificado y eficaz para facilitar y acelerar la entrega entre los Estados miembros.
48.      Sin embargo, no cabe excluir por completo que, en circunstancias excepcionales, un riesgo de vulneración del principio de proporcionalidad de las penas pueda llevar a la autoridad judicial de ejecución a denegar la ejecución de una orden de detención europea. Por otra parte, debo señalar que el Tribunal de Justicia no se pronunció, en su sentencia Procureur général près la cour d’appel d’Angers, sobre si un riesgo de vulneración del principio de proporcionalidad de las penas, establecido en el artículo 49, apartado 3, de la Carta, podría constituir, sobre la base del artículo 1, apartado
3, de la Decisión Marco 2002/584, un motivo autónomo para denegar la ejecución de una orden de detención europea.
B.      Consecuencias que deben extraerse del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584 en caso de riesgo de vulneración del principio de proporcionalidad de las penas, consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta
49.      Del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584 se desprende que esta no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales garantizados por la Carta.
50.      Esta obligación vincula a los Estados miembros cuando se pronuncian sobre la entrega de una persona, ya que una decisión sobre dicha entrega constituye una aplicación del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta. Por tanto, las autoridades judiciales de ejecución de los Estados miembros están obligadas a garantizar, al adoptar esa decisión, el respeto de los derechos fundamentales reconocidos por la Carta a la persona que es objeto de una orden de detención europea. (45)
51.      En este contexto, es preciso recordar que el artículo
49, apartado
3, de la Carta dispone que la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción. Esta disposición se aplica cuando una disposición nacional aplica el Derecho de la Unión. (46) De conformidad con el principio de proporcionalidad, las medidas represivas previstas por una normativa nacional no deben exceder de lo que resulta necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos por dicha normativa. El rigor de las sanciones deberá adecuarse a la gravedad de las infracciones que castigan, en particular garantizando un efecto realmente disuasorio, sin ir más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. (47)
52.      Además, el principio de proporcionalidad exige que, al determinar la sanción y fijar su importe, se tengan en cuenta las circunstancias individuales del caso concreto. (48) Para apreciar la proporcionalidad de las sanciones también deben tenerse en cuenta la posibilidad de que dispone el juez nacional de modificar la calificación que figura en el escrito de acusación, que puede dar lugar a la aplicación de una sanción menos severa, y la de modular la sanción en relación con la gravedad del delito cuya comisión se ha acreditado. (49)
53.      Sobre la base del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584, el Tribunal de Justicia ha establecido un motivo autónomo que, si se cumplen determinados requisitos, puede justificar, con carácter excepcional, una denegación de la entrega por parte de la autoridad judicial de ejecución en caso de riesgo de vulneración de los derechos fundamentales de la persona buscada. Hasta ahora, se ha considerado la posibilidad de invocar tal motivo en relación con el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales garantizados en los artículos
4 (Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes), 7 (Derecho al respeto de la vida privada y familiar), 24 (Derechos del niño) y 47 (Derecho a la tutela judicial efectiva ante un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley) de la Carta.
54.      En mi opinión, no existe ninguna razón para excluir de entrada y de manera categórica la posibilidad de que el riesgo de vulneración del derecho fundamental consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta pueda justificar también, con carácter excepcional, una denegación de entrega sobre la base del artículo 1, apartado
3, de la Decisión Marco 2002/584. Por otra parte, ha de observarse que el Tribunal de Justicia, en su sentencia Alchaster, si bien en el marco de la interpretación de otro acto del Derecho de la Unión, (50) ya declaró que las autoridades judiciales de ejecución de los Estados miembros están obligadas a garantizar, al adoptar una decisión sobre la entrega, el respeto de los derechos fundamentales derivados del artículo 49, apartado 1, de la Carta, que establece, entre otras cosas, que no podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. En mi opinión, esta apreciación debería poder extenderse al artículo 49, apartado 3, de la Carta. (51)
55.      En consecuencia, la existencia de un riesgo de vulneración del derecho fundamental protegido por el artículo 49, apartado 3, de la Carta puede, a mi modo de ver, permitir a la autoridad judicial de ejecución denegar, tras un examen adecuado, la tramitación de una orden de detención europea.
56.      Por lo que respecta a las modalidades de tal examen, considero que el Tribunal de Justicia no debería apartarse de su jurisprudencia, que pretende preservar el carácter excepcional de una denegación de entrega basada en el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584, sometiendo la comprobación de un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales a un examen en dos fases.
57.      A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la apreciación, en un procedimiento de ejecución de una orden de detención europea, de la realidad del riesgo de vulneración de los derechos fundamentales garantizados en los artículos 4, 7, 24 y 47 de la Carta debe realizarse, en principio, mediante un examen estructurado en dos fases distintas que no pueden confundirse, en la medida en que implican un análisis basado en criterios diferentes, y que, por tanto, deben llevarse a cabo de forma sucesiva. (52)
58.      A tal fin, la autoridad judicial de ejecución debe determinar, en una primera fase, si existen elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que permitan demostrar la existencia de un riesgo real de vulneración, en el Estado miembro emisor, de uno de estos derechos fundamentales bien por deficiencias sistémicas o generalizadas, bien por deficiencias que afecten más específicamente a un grupo de personas objetivamente identificable. (53)
59.      En una segunda fase, la autoridad judicial de ejecución debe comprobar, de modo concreto y preciso, en qué medida las deficiencias identificadas en la primera fase del examen pueden incidir en la persona objeto de una orden de detención europea y si, habida cuenta de su situación individual, existen razones serias y fundadas para creer que dicha persona correrá un riesgo real de que se vulneren dichos derechos fundamentales en caso de ser entregada al Estado miembro emisor. (54)
60.      Por lo tanto, al evaluar si la ejecución de una orden de detención europea puede entrañar un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales, la autoridad judicial de ejecución debe apartarse del caso concreto para volver a él solo si detecta en el Estado miembro emisor la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas o de deficiencias que afecten más específicamente a un grupo de personas objetivamente identificable. En consecuencia, un análisis a nivel sistémico precede, en principio, a un análisis a nivel individual.
61.      Por consiguiente, la aplicación del motivo de denegación de la entrega basado en el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584 está sujeto a un estricto control por parte del Tribunal de Justicia, que consiste en imponer a la autoridad judicial de ejecución la realización de un examen riguroso y exigente. Ello está justificado por la constatación según la cual el sistema simplificado y eficaz de entrega de personas condenadas o sospechosas establecido por la Decisión Marco 2002/584 se basa en el grado de confianza elevado que debe existir entre los Estados miembros y en el principio de reconocimiento mutuo. (55) Así las cosas, el principio de confianza mutua obliga a cada uno de los Estados miembros a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese Derecho. (56) Esto tiene como consecuencia que, cuando aplican el Derecho de la Unión, los Estados miembros deben presumir que los demás Estados miembros respetan los derechos fundamentales, de forma que les está vedado no solo exigir a otro Estado miembro un nivel de protección nacional de los derechos fundamentales superior al garantizado por el Derecho de la Unión, sino incluso verificar, salvo en supuestos excepcionales, si ese otro Estado miembro ha respetado efectivamente, en un caso concreto, los derechos fundamentales garantizados por la Unión. (57)
62.      En este contexto de presunción de respeto de los derechos fundamentales por parte del Estado miembro emisor, que se deriva del principio de confianza mutua, el Tribunal de Justicia subrayó que la obligación de demostrar la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas o de deficiencias que afecten más específicamente a un grupo de personas objetivamente identificable antes de que pueda verificarse, de manera concreta y precisa, si la persona objeto de una orden de detención europea corre un riesgo real de que se vulnere su derecho fundamental tiene precisamente por objeto evitar que tal verificación se lleve a cabo salvo en casos excepcionales. (58)
63.      El Tribunal de Justicia señaló que el respeto de esta obligación permite, en particular, garantizar el reparto de responsabilidades entre el Estado miembro emisor y el Estado miembro de ejecución en lo que atañe a la salvaguardia de las exigencias inherentes a los derechos fundamentales, que resulta de la plena aplicación de los principios de confianza y de reconocimiento mutuos que subyacen al funcionamiento del mecanismo de la orden de detención europea. (59)
64.      Como sostuve en mis conclusiones presentadas en el asunto Puig Gordi y otros, (60) no cabe duda de que, como autoridades que deben aplicar la Decisión Marco 2002/584, las autoridades judiciales emisoras y las autoridades judiciales de ejecución están obligadas a respetar los derechos fundamentales protegidos por la Carta. Dicho esto, para que el sistema de entrega establecido por esta Decisión Marco pueda funcionar, las responsabilidades sobre esta cuestión se encuentran repartidas entre esas dos autoridades conforme al principio de confianza mutua. En efecto, si la autoridad judicial emisora y la autoridad judicial de ejecución estuvieran facultadas para efectuar las mismas comprobaciones, la eficacia y la rapidez de la entrega se verían comprometidas. Además, la confianza mutua se opone, por definición, a la realización de controles cruzados por cada autoridad al objeto de comprobar el respeto de los derechos fundamentales en el Estado miembro al que pertenece la otra autoridad. La denegación de la ejecución de una orden de detención europea fundada en la apreciación de la autoridad judicial de ejecución de que existe un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales en el Estado miembro emisor solo puede tener, desde esta lógica, carácter excepcional. (61)
65.      Si bien el Tribunal de Justicia pudo excluir puntualmente la obligación de la autoridad judicial de ejecución de llevar a cabo, en un primer momento, un examen sistemático, lo hizo únicamente en el supuesto de que tal examen resulte inadecuado para evaluar el riesgo invocado de vulneración de los derechos fundamentales. Así sucede, desde el punto de vista del artículo 4 de la Carta, que establece un derecho absoluto, cuando la persona cuya entrega se solicita padece patologías graves, de carácter crónico, de duración no determinable y que pueden agravarse sensiblemente en caso de entrega. (62) Sin embargo, el requisito relativo al carácter excepcional de la denegación de la ejecución de la orden de detención europea sigue existiendo en este supuesto. En efecto, el Tribunal de Justicia impone, en tal caso, un umbral mínimo de gravedad que supere el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la reclusión para justificar tal denegación, a saber, que la entrega de la persona buscada, gravemente enferma, la expondría a un peligro real de experimentar una reducción significativa de su esperanza de vida o un deterioro rápido, grave e irreversible de su estado de salud. (63)
66.      Pues bien, considero que no procede añadir una nueva excepción al requisito de un examen en dos fases en el marco del presente asunto. Por lo tanto, a mi juicio, la evaluación de un riesgo de infracción del artículo
49, apartado
3, de la Carta en caso de ejecución de una orden de detención europea requiere, en una primera fase, un examen sistemático.
67.      Por consiguiente, incumbe a la autoridad judicial de ejecución, cuando la persona objeto de una orden de detención europea alega haber sido condenada a una pena desproporcionada y, por lo tanto, estar expuesta a un riesgo de infracción del artículo
49, apartado
3, de la Carta en caso de entrega, apreciar el fundamento de esta alegación en el marco de un examen en dos fases.
68.      De ello se deduce que, cuando dicha persona alegue estar expuesta a tal riesgo, pero la autoridad judicial de ejecución considere que los elementos de que dispone no constituyen elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados para demostrar la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas o de deficiencias que afecten más específicamente a un grupo de personas objetivamente identificable, relativas a la aplicación de ese principio en el Estado miembro emisor, dicha autoridad no podrá denegar la ejecución de la orden de detención europea por el motivo alegado por tal persona. (64) En efecto, no hay ninguna razón válida para que la autoridad judicial de ejecución presuma que el principio de proporcionalidad de las penas no se ha respetado en el Estado miembro emisor. Por el contrario, dicha autoridad judicial está obligada a basar su análisis en el respeto de dicho principio, conforme al principio de confianza mutua. (65)
69.      A este respecto, es importante recordar que garantizar los derechos fundamentales en el marco de un procedimiento relativo a una orden de detención europea es, ante todo, responsabilidad del Estado miembro emisor. (66) De ello se desprende que la autoridad judicial de ejecución debe otorgar su confianza a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro emisor. (67) A falta de tal confianza, la autoridad judicial de ejecución se vería obligada, desde el momento en que se le presentasen alegaciones como las del litigio principal, a controlar la aplicación por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro emisor del Derecho penal sustantivo de ese Estado miembro en un caso particular, lo que sería contrario al principio de reconocimiento mutuo que subyace a la Decisión Marco 2002/584. Pues bien, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que esta Decisión Marco, a la luz de las disposiciones de la Carta, no puede interpretarse de modo que ponga en peligro la efectividad del sistema de cooperación judicial entre los Estados miembros. (68)
70.      Por lo que respecta al contenido del examen en dos fases que debe realizar la autoridad judicial de ejecución cuando se alega un riesgo de vulneración del principio de proporcionalidad de las penas consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta, las dos fases de dicho examen pueden describirse del siguiente modo.
71.      En lo que atañe a la primera fase, la autoridad judicial de ejecución debe llevar a cabo, con el fin de establecer si se han producido tales deficiencias, una apreciación global de las normas vigentes en el Estado miembro emisor para determinar si estas privan a los jueces nacionales, para ciertas categorías de delitos, de su facultad de tener en cuenta las circunstancias individuales del caso concreto mediante la individualización de la pena. En mi opinión, la autoridad judicial de ejecución podría considerar que estas deficiencias están acreditadas si de esa apreciación global se desprende que las personas condenadas por la comisión de delitos pertenecientes a dichas categorías quedan privadas, de manera general, en ese Estado miembro, del beneficio de la individualización de la pena. (69)
72.      En efecto, como señaló el Abogado General Bot en sus conclusiones presentadas en los asuntos Aranyosi y Căldăraru, (70) «a la hora de pronunciar una pena, el principio de individualización de la pena excluye el principio de la pena automática y totalmente predeterminada. El juez determinará la pena en función de la personalidad del delincuente
—tal como esta se desprenda de la naturaleza de la infracción cometida, de las circunstancias de su comisión, del estudio de la personalidad del encausado, de los testimonios y de los exámenes psicológicos y psiquiátricos—
y de las posibilidades de reinserción que ofrezca su personalidad». Por lo tanto, el principio de individualización de la pena permite tener en cuenta la conducta de la persona condenada, su personalidad y su situación material, familiar y social. (71) En consecuencia, la individualización de la pena contribuye a la imposición de una pena proporcionada.
73.      Así pues, cuando el ordenamiento jurídico del Estado miembro emisor establece normas que permiten al juez nacional individualizar la pena en función de la naturaleza y de la gravedad del delito, así como de la situación personal del acusado, puede excluirse, en principio, el riesgo de que este sea condenado a una pena desproporcionada. Así sucede, a fortiori, cuando el respeto de este principio por parte de dicho juez puede controlarse mediante el ejercicio de una vía de recurso, como en el litigio principal.
74.      He de precisar asimismo que, en mi opinión, la constatación de que la facultad del juez nacional de individualizar la pena debe ejercerse dentro de ciertos límites en virtud del Derecho del Estado miembro emisor, como la fijación de una ratio para la reducción de la pena en caso de circunstancias atenuantes que figura en el Derecho rumano o el establecimiento de penas mínimas, no es suficiente para acreditar la existencia de deficiencias sistémicas, generalizadas o categóricas en dicho Estado miembro. Tales deficiencias solo pueden constatarse si su Derecho nacional impide al juez nacional proceder a una individualización de la pena y no si dicho juez solo puede ejercer esa facultad dentro de ciertos límites.
75.      En una segunda fase, cuando el riesgo alegado por la persona buscada procede del hecho de que, en caso de entrega, deberá cumplir una pena desproporcionada, la existencia de tal riesgo solo debería constatarse si, a la luz de las normas aplicables en el Estado miembro emisor, el riesgo de vulneración de este principio es manifiesto. (72) Así sucede cuando la pena impuesta va más allá, de manera evidente y con un grado de severidad extremo, de lo que es necesario para la represión del delito de que se trata.
76.      A este respecto, la constatación de que, para un mismo delito, existe una diferencia importante entre la pena impuesta en el Estado miembro emisor y en el Estado miembro de ejecución no basta para fundamentar tal apreciación. En efecto, el Derecho penal del Estado miembro emisor no puede ser el punto de comparación adecuado, en la medida en que el nivel de protección garantizado por el artículo 49, apartado 3, de la Carta debe determinarse a nivel de la Unión y no de un único Estado miembro. (73) De ello se desprende que la autoridad judicial de ejecución no puede aplicar un estándar más elevado en materia de respeto del principio de proporcionalidad de las penas que el garantizado por dicha disposición. (74) Además, la existencia de una diferencia según los Estados miembros puede explicarse por divergencias en materia de política penal, las cuales son inevitables a falta de una armonización completa de las normas de Derecho penal sustantivo entre los Estados miembros.
77.      En caso de adopción a escala de la Unión, de conformidad con el artículo
83 TFUE, apartado
1, de normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones en uno de los ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza y que se enumeran en el párrafo segundo de la misma disposición, dichas normas también pueden proporcionar a la autoridad judicial de ejecución indicaciones útiles, cuando la situación que dio lugar a la sentencia condenatoria esté comprendida en el ámbito de aplicación del acto de la Unión que estableció dichas normas. En el presente asunto, este punto de comparación no me parece determinante dado que, por una parte, en virtud del artículo 2, apartado
2, de la Decisión Marco 2004/757, (75) conductas como la importación de drogas están excluidas del ámbito de aplicación de dicha Decisión Marco «si sus autores han actuado exclusivamente con fines de consumo personal tal como lo defina la legislación nacional», lo cual parece suceder aquí según DZ. Por otra parte, el margen de apreciación de los Estados miembros en dicho contexto se desprende claramente del considerando 4 de la Decisión Marco
2004/757, que prevé que «la exclusión del ámbito de aplicación de [esta] Decisión marco de determinados tipos de comportamiento relativos al consumo personal no constituye una orientación del Consejo sobre el modo en que los Estados miembros deben abordar estos casos en sus legislaciones nacionales». (76)
78.      He de añadir que el requisito de que el riesgo de vulneración del principio de proporcionalidad de las penas sea manifiesto no significa, en mi opinión, que la pena impuesta tenga necesariamente carácter inhumano y degradante, en el sentido del artículo
4 de la Carta. Es cierto que de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») se desprende que la «clara desproporción» entre la infracción y la pena puede examinarse a la luz del artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. (77) No obstante, considero que la autoridad judicial de ejecución podría verse obligada a declarar que la pena impuesta en el Estado miembro emisor excede de manera evidente y con un grado de severidad extrema lo que es necesario para la represión de la infracción de que se trata, sin que dicha pena tenga necesariamente carácter inhumano o degradante, en el sentido del artículo 4 de la Carta.
79.      En el presente asunto, no me parece que la exposición del Derecho rumano realizada ante el Tribunal de Justicia revele la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas o de deficiencias que afecten a un grupo de personas objetivamente identificable al que pertenece DZ, en la aplicación del principio de proporcionalidad de las penas. En efecto, si bien el umbral mínimo de la pena se fija en un nivel que puede parecer elevado, a saber, siete años, una serie de circunstancias permiten al juez individualizar la pena, lo que puede llevarle a reducir la pena impuesta por debajo de ese umbral mínimo.
80.      En primer lugar, en virtud del artículo 75, apartado 2, letra b), del Código Penal, (78) en relación con el artículo 76, apartado 1, de dicho Código, los límites especiales de la pena (límite mínimo y límite máximo) pueden reducirse en un tercio en caso de circunstancias atenuantes. El Gobierno rumano indica en sus observaciones escritas que la aplicación de estas disposiciones puede dar lugar a una reducción de la duración de la pena de siete años a cuatro años y ocho meses. (79)
81.      A continuación, en virtud del artículo
375, titulado «Procedimiento de transacción penal», en relación con el artículo
396, apartado
10, del Codul de Procedură penală (Código de Enjuiciamiento Criminal), los límites especiales de la pena (límite mínimo y límite máximo) pueden reducirse en un tercio en caso de que la persona de que se trate reconozca su culpabilidad y si el órgano jurisdiccional considera que existe la misma situación de hecho que la que reconoce dicha persona. El Gobierno rumano señala en sus observaciones escritas que la aplicación de estas disposiciones puede dar lugar a una reducción de la duración de la pena de 4 años y 8 meses a 1 120 días, es decir, 3 años, 1 mes y 10 días. (80)
82.      Por último, según el artículo
15 de la Ley n.º 143/2000, si el acusado denuncia, durante el procedimiento penal, a otras personas que hayan cometido delitos relacionados con la droga y ayuda a las autoridades a identificarlas y perseguirlas, se beneficiará de una reducción de los límites de las penas previstos por la ley equivalente a la mitad. El Gobierno rumano afirma en sus observaciones escritas que la aplicación de esta disposición puede dar lugar a una reducción de la duración de la pena de 1 120 días, es decir, 3 años, 1 mes y 10 días, a 560 días, es decir, 1 año, 6 meses y 20 días. (81)
83.      A estas posibilidades de reducción de la pena debe añadirse la posibilidad de que el juez rumano suspenda la ejecución de la pena, en virtud del artículo 91 del Código Penal, cuando se trate de una pena de una duración máxima de tres años. (82) Además, el Derecho rumano no parece privar al juez nacional de la posibilidad de modificar la calificación del delito que figura en el escrito de acusación, posibilidad que puede dar lugar a la aplicación de una sanción menos severa. (83)
84.      Aun admitiendo todas estas precisiones y cálculos con la prudencia necesaria, en la medida en que se trata de una aplicación del Derecho rumano, he de observar que los elementos de que dispone el Tribunal de Justicia tienden a demostrar que las disposiciones de su Derecho nacional no impidieron al órgano jurisdiccional que impuso la pena de siete años de prisión a DZ proceder a una individualización de la pena, teniendo en cuenta todas las circunstancias individuales del caso concreto. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional podía modular la pena en función de la gravedad del delito constatado, situándola, en su caso, por debajo del umbral mínimo de siete años. Así pues, dicho órgano jurisdiccional tenía la posibilidad, en virtud del Derecho rumano, de tener en cuenta elementos como la pequeña cantidad de drogas de que se trata y el hecho de que la importación de esas drogas pareciera estar destinada al consumo personal de DZ y su esposa como circunstancias atenuantes, con el fin de reducir la pena en las proporciones fijadas por el Derecho rumano. (84) La apreciación de si, en el presente asunto, debían tenerse en cuenta o no circunstancias atenuantes correspondía exclusivamente al juez rumano, en función, en particular, de las pruebas de que disponía y del comportamiento de DZ. He de recordar asimismo que la sentencia dictada en primera instancia pudo ser objeto de un recurso de apelación, en cuyo marco la proporcionalidad de la pena impuesta a DZ pudo ser controlada por la Curtea de Apel Constanța (Tribunal Superior de Constanza).
85.      Ha de precisarse además que el artículo
15, apartado
2, de la Decisión Marco 2002/584 autoriza expresamente a la autoridad judicial de ejecución, cuando considere que la información comunicada por el Estado miembro emisor es insuficiente para poder pronunciarse sobre la entrega, a solicitar urgentemente la información complementaria necesaria. Además, según el artículo 15, apartado 3, de dicha Decisión Marco, la autoridad judicial emisora podrá transmitir en cualquier momento a la autoridad judicial de ejecución cuanta información complementaria sea de utilidad. (85) De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia puede deducirse que, al examinar las normas aplicables en el Estado miembro emisor, la autoridad judicial de ejecución no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en datos sobre estas normas que ella misma ha recabado y con respecto a los cuales no ha solicitado información complementaria a la autoridad judicial emisora. (86) Además de las normas relativas a la determinación de la pena, podría, en su caso, solicitarse a la autoridad judicial emisora información como la relativa a las modalidades de ejecución de la pena, (87) a la posible existencia de un recurso de revisión y a las normas que rigen el indulto.
IV.    Conclusión
86.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos) del siguiente modo:
«El artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, en relación con el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que:
la autoridad judicial de ejecución que deba pronunciarse sobre la entrega de una persona que es objeto de una orden de detención europea dictada a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad no puede negarse a ejecutarla basándose en que, tras su entrega al Estado miembro emisor, dicha persona corre el riesgo de tener que cumplir una pena contraria al principio de proporcionalidad de las penas consagrado en esa disposición de la Carta de los Derechos Fundamentales, salvo si:
–        por una parte, dicha autoridad judicial dispone de elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados que acreditan la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas o de deficiencias que afecten a un grupo de personas objetivamente identificable al que pertenece la persona de que se trate, en la aplicación del principio de proporcionalidad de las penas consagrado en dicha disposición de la Carta de los Derechos Fundamentales, que implican que las normas vigentes en el Estado miembro emisor privan a los jueces nacionales, para ciertas categorías de delitos, de su facultad de tener en cuenta las circunstancias individuales del caso concreto mediante la individualización de la pena, y
–        por otra parte, dicha autoridad judicial constata que, en las circunstancias particulares del asunto de que se trata, existen razones serias y fundadas para creer que dicha persona, habida cuenta de la constatación de que la pena impuesta en el Estado miembro emisor excede de manera evidente y con un grado de severidad extrema lo que es necesario para la represión de la infracción de que se trata, correrá manifiestamente tal riesgo en caso de ser entregada al Estado miembro emisor.»
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      DO 2002, L 190, p. 1.
3      DO 2009, L 81, p. 24, en lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/584».
4      Véanse, en particular, Carrera, S., Guild, E., y Hernanz, N., «Europe’s most wanted? Recalibrating Trust in the European Arrest Warrant System», CEPS Papers in Liberty and Security in Europe, Centre for European Policy Studies, Bruselas, n.º 55, 2013, en particular punto 3.1, titulado «Proportionality»; Helenius, D., «Mutual Recognition in Criminal Matters and the Principle of Proportionality: Effective Proportionality or Proportionate Effectiveness?», New Journal of European Criminal Law, vol. 5, n.º 3, Intersentia, Mortsel, 2014, pp. 349 a 369; Glerum, V., y Kijlstra, H., «EAW: Next steps, Will Pandora’s Box Be Opened?», Review of European and Comparative Law, vol. 54, n.º 3, Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin, Lublin, 2023, pp. 125 a 145; Klaus, W., Włodarczyk-Madejska, J., y Wzorek, D., «In the Pursuit of Justice: (Ab)Use of the European Arrest Warrant in the Polish Criminal Justice System», Central and Eastern European Migration Review, vol. 10 n.º 1, Centro de Investigación sobre la Migración de la Universidad de Varsovia, Varsovia, 2021, pp. 95 a 117; Klip, A., «Transposition and Implementation of the Framework Decision», Report and recommendations, ImprovEAW Research Project, disponible en: https://improveaw.eu/media/90, en particular punto 2.5.4, titulado «Proportionality of issuing an EAW», punto 2.5.6, titulado «Proportionality revisited», y punto 2.6.3, titulado «Proportionality of executing an EAW»; Mitsilegas, V., EU Criminal Law after Lisbon: Rights, Trust and the Transformation of Justice in Europe, Hart Publishing, Oxford, 2016, en particular pp. 142 a 146; Shabbir, A., «Proportionality», The European Arrest Warrant: Trust, Fundamental Rights, and the Rule of Law — A Comparative Report of 14 EU Member States, STREAM Project, disponible en: https://stream-eaw.eu/wp-content/uploads/2023/09/final-STREAM-Comparative-Report.pdf, pp. 34 a 38, y Xanthopoulou, E., «The Quest for Proportionality for the European Arrest Warrant: Fundamental Rights Protection in a Mutual Recognition Environment», New Journal of European Criminal Law, vol. 6, n.º 1, Intersentia, Mortsel, 2015, pp. 32 a 52.
5      A diferencia de otros instrumentos de reconocimiento en materia penal. Véase, en particular, el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO 2014, L 130, p. 1), que dispone que «la autoridad de emisión únicamente podrá emitir una OEI cuando […] la emisión de la OEI sea necesaria y proporcionada a los fines de los procedimientos a que se refiere el artículo 4 teniendo en cuenta los derechos del sospechoso o acusado» (el subrayado es mío).
6      Véase el Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas publicado por el Consejo de la Unión Europea el 18 de junio de 2008 (8216/2/08 REV 2) y su versión revisada de 17 de diciembre de 2010 (17195/1/10 REV 1). Este Manual fue revisado por la Comisión Europea en 2017: véase la Comunicación de la Comisión, Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas, de 28 de septiembre de 2017 [C(2017) 6389] (DO 2017, C 335, p. 1). En 2023, este último Manual fue revisado [C(2023) 7782 (DO C, C/2023/1270); en lo sucesivo, «Manual de 2023»].
7      Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, que incluye recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la revisión de la orden de detención europea [2013/2109(INL)] (DO 2017, C 285, p. 135), entre las que figura «un control de la proporcionalidad en la emisión de decisiones de reconocimiento mutuo, tomando como base todos los factores y circunstancias pertinentes, como la gravedad de la infracción, si el asunto está preparado para el proceso, el impacto para los derechos humanos de la persona buscada, incluida la protección de la vida privada y familiar, las consecuencias económicas y la disponibilidad de una medida alternativa adecuada menos intrusiva» [punto 7, letra b), y anexo].
8      Véase el Manual de 2023 (punto 2.4., titulado «Proporcionalidad», en particular p. 18).
9      Véase el Manual de 2023 (punto 2.4., titulado «Proporcionalidad», en particular p. 19).
10      Véanse, en particular, las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en los asuntos Aranyosi y Căldăraru (C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:140), puntos 145 a 155, y del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto Poltorak (C‑452/16 PPU, EU:C:2016:782), punto 38.
11      Véase, en particular, la sentencia de 31 de enero de 2023, Puig Gordi y otros (C‑158/21, en lo sucesivo, «sentencia Puig Gordi y otros», EU:C:2023:57), apartado 144 y jurisprudencia citada. En el marco del control de proporcionalidad que debe efectuar la autoridad judicial emisora, no solo se tienen en cuenta la lesión del derecho a la libertad de la persona afectada, sino también los efectos del procedimiento de entrega en las relaciones sociales y familiares de dicha persona, cuando reside en un Estado miembro distinto del Estado miembro emisor: véase la sentencia de 9 de octubre de 2019, NJ (Fiscalía de Viena) (C‑489/19 PPU, EU:C:2019:849), apartado 44.
12      Véase la sentencia de 12 de diciembre de 2019, Openbaar Ministerie (Fiscal de Bruselas) (C‑627/19 PPU, EU:C:2019:1079), apartado 38. Se han podido formular reservas a este respecto: véase, en particular, Glerum, V., y Kijlstra, H., op. cit., pp. 129 y 130.
13      Sobre las razones que se oponen a que la autoridad judicial de ejecución introduzca una prueba de proporcionalidad, véase, en particular, Weyembergh,
A., Armada, I., y Brière, C., «Annex I — Critical Assessment of the Existing European Arrest Warrant Framework Decision», Revising the European Arrest Warrant, Euroean Added Value Assessment accompanying the European Parliament’s Legislative own-Initiative Report, European Parliamentary Reasearch Service, disponible en: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL-JOIN_ET(2013)510979, en particular p. 37. En efecto, las autoras señalan que el objetivo de simplificar y acelerar los procedimientos de entrega implica que la mayoría de los controles, en particular el relativo a la proporcionalidad de la orden de detención europea, se efectúe en el Estado miembro emisor y que la autoridad judicial de ejecución confíe en ellos. Además, sería difícil de aceptar una prueba de proporcionalidad realizada por esta autoridad, en la medida en que se trata de una apreciación parcialmente subjetiva y que depende en gran medida de los hechos y circunstancias del caso, así como de la política penal del Estado miembro emisor. Tal prueba supondría que la autoridad judicial de ejecución tuviera un cierto conocimiento del sistema de justicia penal de dicho Estado miembro. Dicho esto, procede subrayar que el margen de apreciación de que dispone la autoridad judicial de ejecución en el marco de los motivos de no ejecución facultativa le permite tener en cuenta, en cierta medida, el principio de proporcionalidad.
14      Véase el Manual de 2023 (punto 5.8., titulado «Proporcionalidad: la función del Estado miembro de ejecución», p. 57). Véase también, en el mismo sentido, la Resolución del Parlamento citada en la nota 7 de las presentes conclusiones, cuyo anexo contiene la siguiente propuesta: «cuando la autoridad de ejecución tenga razones para creer que la medida es desproporcionada, podrá consultar a la autoridad de emisión sobre la importancia de la ejecución de la decisión de reconocimiento mutuo. Tras dicha consulta, la autoridad de emisión podrá decidir la retirada de su decisión de reconocimiento mutuo».
15      Véase el Manual de 2023 (punto 5.8., titulado «Proporcionalidad: la función del Estado miembro de ejecución», p. 57).
16      En lo sucesivo, «Carta».
17      La expresión «retrospective proportionality» se ha utilizado para describir este caso: véase Haggenmüller, S., «The Principle of Proportionality and the European Arrest Warrant», Oñati Socio-Legal Series, vol. 3, n.º 1, Oñati International Institute for the Sociology of Law (en línea), 2013, pp. 95 a 106, en particular pp. 100 y 101.
18      DO 2004, L 335, p. 8.
19      En la vista, el Gobierno rumano indicó que DZ había interpuesto un recurso de casación, que fue declarado inadmisible.
20      Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 362 de 3 de agosto de 2000, en su versión publicada de nuevo en el Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 163 de 6 de marzo de 2014.
21      Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de dicha Ley, «la introducción en el país o la salida del país, así como la importación o exportación de drogas de riesgo, sin tener derecho a ello, serán castigadas con una pena de prisión de 3 a 10 años y con una inhabilitación». El apartado 2 de dicho artículo dispone que, «cuando los actos mencionados en el apartado 1 se refieran a drogas de alto riesgo, la sanción será una pena de prisión de entre 7 y
15 años y una prohibición».
22      A tenor de esta disposición, «los coautores son las personas que cometen directamente el mismo acto previsto en el Derecho penal».
23      Según esta disposición, «cada uno de los Estados miembros adoptará las medidas necesarias para garantizar que los delitos indicados en las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 2[, como la importación de drogas,] se castigan con penas máximas de cinco a diez años de privación de libertad, como mínimo, en cada uno de los casos siguientes: […] que el delito, o bien esté relacionado con las drogas más perjudiciales para la salud, o bien provoque daños importantes a la salud de muchas personas».
24      No obstante, el Gobierno rumano indica en el apartado 9 de sus observaciones escritas que «las alegaciones relativas a la finalidad médica de las drogas fueron examinadas por el órgano jurisdiccional de primera instancia, que concluyó que eran falsas, tras haber evaluado el historial médico de la esposa de [DZ] y la composición de los medicamentos que se le habían recetado».
25      El órgano jurisdiccional remitente precisa que, según la Ley n.º 143/2000, el juez solo puede suspender condicionalmente la ejecución de las penas privativas de libertad de hasta tres años.
26      C‑168/21, en lo sucesivo, «sentencia Procureur général près la cour d’appel d’Angers», EU:C:2022:558.
27      Véase, en particular, la sentencia de 4 de septiembre de 2025, C.J. (Ejecución de una condena a raíz de una ODE) (C‑305/22, en lo sucesivo, «sentencia C.J.», EU:C:2025:665), apartado 39 y jurisprudencia citada.
28      Véase, en particular, la sentencia C.J. (apartado 40 y jurisprudencia citada).
29      Véase, en particular, la sentencia C.J. (apartado 41 y jurisprudencia citada).
30      Véase la sentencia C.J. (apartado 42).
31      Véase la sentencia Procureur général près la cour d’appel d’Angers (apartado 63 y punto 2 del fallo).
32      Véase la sentencia Procureur général près la cour d’appel d’Angers (apartado 64).
33      Véase la sentencia Procureur général près la cour d’appel d’Angers (apartado 65).
34      Véase la sentencia Procureur général près la cour d’appel d’Angers (apartado 66).
35      Véase la sentencia Procureur général près la cour d’appel d’Angers (apartado 67).
36      Véase la sentencia Procureur général près la cour d’appel d’Angers (apartado 68).
37      Como señala Helenius, D., op. cit., «el principio de reconocimiento mutuo […] implica que el Estado miembro de ejecución debe aceptar […] [las] diferencias en los niveles de pena» (p. 368) (traducción libre).
38      Véanse, en particular, en este sentido, las sentencias de 11 de febrero de 2003, Gözütok y Brügge (C‑187/01 y C‑385/01, EU:C:2003:87), apartado 33, y de 23 de enero de 2018, Piotrowski (C‑367/16, EU:C:2018:27), apartado 52. En esta última sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la apreciación, por parte de la autoridad judicial de ejecución, de si concurren los requisitos adicionales a los que el Derecho del Estado miembro de ejecución supedita en concreto el enjuiciamiento o la eventual condena de un menor podría equivaler, en realidad, a efectuar de nuevo un verdadero examen de fondo del análisis ya realizado en el marco de la resolución judicial adoptada en el Estado miembro emisor en que se basa la orden de detención europea. Pues bien, ese nuevo examen vulneraría el principio de reconocimiento mutuo y lo privaría de todo efecto útil. Este principio no permite, por lo tanto, a la autoridad judicial de ejecución sustituir por su propia apreciación sobre la responsabilidad penal del menor que es objeto de una orden de detención europea la ya efectuada en el Estado miembro emisor en el marco de la resolución judicial en que se basa dicha orden (apartado 52).
39      Véase Lenaerts, K., «The Principle of Mutual recognition in the Area of Freedom, Security and Justice», discurso pronunciado con motivo de la Fourth Annual Sir Jeremy Lever Lecture en la Universidad de Oxford, el 30 de enero de 2015, en particular p. 12.
40      Véase Haggenmüller, S., op. cit., en particular pp. 100 y 101. La autora cita la resolución n.º 2879 de la High Court of Justice (England & Wales) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Reino Unido], Sandru v Government of Romania, de 28 de octubre de 2009, en materia de extradición, que se basaba en la condena de un acusado en Rumanía a tres años de prisión por haber robado y matado a diez pollos. En dicha resolución, Lord Justice Elias señala que «la pena apropiada depende, en parte, de la cultura […]. Puede suceder, por ejemplo, que en este asunto los tribunales rumanos traten el robo de ganado y su posterior destrucción con mucha más severidad de lo que lo harían normalmente los tribunales ingleses. Si la pena se considera demasiado severa, la solución consiste en impugnarla en Rumanía» (apartados 14 y 15).
41      Para tener un ejemplo de cómo el Tribunal de Justicia tiene en cuenta la importancia que puede revestir en un Estado miembro la lucha contra una categoría particular de infracciones, véase la sentencia de 4 de mayo de 2023, Agenția Națională de Integritate (C‑40/21, EU:C:2023:367), apartados 60 a 66. En el apartado 80 de sus observaciones escritas, el Gobierno rumano explica que, «debido a la magnitud del tráfico de drogas y a los devastadores efectos del consumo de drogas, en particular entre los jóvenes y los adolescentes, en 2023 se elevaron los límites de la pena de prisión por el delito de introducción en el país de drogas “de alto riesgo”. En un contexto en el que anteriormente eran de 7 a 15 años, actualmente son de 10 a 20 años». Esta política penal, que se basa en la constatación de un aumento del número de traficantes de drogas y de consumidores de drogas, tiene por objeto luchar con firmeza contra el «peligro social extremadamente elevado» que supone el consumo de drogas (por ejemplo, accidentes de tráfico graves) con el fin de prevenir y proteger la vida y la salud de las personas (apartado 81).
42      Véase la sentencia de 3 de mayo de 2007, Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261), apartados 52, 53 y 59.
43      En la resolución de la High Court of Justice (England & Wales) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales)], citada en la nota 40 de las presentes conclusiones, Lord Justice Elias señala que, «en la medida en que ello obliga a nuestros tribunales a cuestionar o examinar la procedencia de la pena impuesta por un tribunal extranjero, ello equivale a solicitarles que ejerzan una función para la que no están preparados. […] Nuestros tribunales disponen de información limitada sobre los factores que han llevado a un tribunal extranjero a imponer la pena que ha impuesto» (apartado 14).
44      Procede asimismo mencionar que la autoridad judicial emisora de una orden de detención europea tiene derecho a intervenir como parte en el procedimiento de ejecución de dicha orden ante la autoridad judicial de ejecución: véase la sentencia de 29 de julio de 2024, Breian (C‑318/24 PPU, en lo sucesivo, «sentencia Breian», EU:C:2024:658), apartado 96.
45      Véase, por analogía, la sentencia de 29 de julio de 2024, Alchaster (C‑202/24, en lo sucesivo, «sentencia Alchaster», EU:C:2024:649), apartado 49. A este respecto, es indiferente que la situación que dio lugar a la imposición de la pena a DZ no se encuentre comprendida en el ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2004/757. Sobre este punto, he de recordar que, en virtud del artículo 2, apartado 2, de esta Decisión Marco, conductas como la importación de drogas «no se incluirán en el ámbito de aplicación de [dicha] Decisión marco si sus autores han actuado exclusivamente con fines de consumo personal tal como lo defina la legislación nacional». Sobre este aspecto, véase, no obstante, la sentencia de 11 de junio de 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku (C‑634/18, EU:C:2020:455), en la que el Tribunal de Justicia admitió su competencia para responder a cuestiones prejudiciales relativas al artículo 4, apartado 2, letra a), de la Decisión Marco 2004/757, en relación con su artículo 2, apartado 1, letra c), así como a los artículos 20, 21 y 49 de la Carta, dado que el legislador nacional había optado por aplicar la circunstancia agravante de poseer «grandes cantidades de drogas», en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), de dicha Decisión Marco a conductas excluidas del ámbito de aplicación de aquella, a saber, a la posesión de drogas exclusivamente con fines de consumo personal.
46      Véase, en particular, la sentencia de 19 de octubre de 2023, G. ST.T. (Proporcionalidad de la pena en caso de falsificación de marca) (C‑655/21, en lo sucesivo, «sentencia G. ST.T.», EU:C:2023:791), apartado 62.
47      Véanse, en particular, las sentencias G. ST.T. (apartado 65 y jurisprudencia citada) y de 3 de julio de 2025, Beach and bar management (C‑733/23, en lo sucesivo, «sentencia Beach and bar management», EU:C:2025:515), apartado 48.
48      Véanse, en particular, en este sentido, las sentencias G. ST.T. (apartado 67 y jurisprudencia citada) y Beach and bar management (apartado 49).
49      Véanse, en particular, las sentencias G. ST.T. (apartado 68 y jurisprudencia citada) y Beach and bar management (apartado 50).
50      Se trataba del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra (DO 2021, L 149, p. 10).
51      Véase la sentencia Alchaster (apartados 49 a 51).
52      Véase, en particular, la sentencia Alchaster (apartado 52 y jurisprudencia citada).
53      Véase, en particular, la sentencia Alchaster (apartado 53 y jurisprudencia citada).
54      Véase, en particular, la sentencia Alchaster (apartado 54 y jurisprudencia citada).
55      Véase, en particular, la sentencia Alchaster (apartado 56 y jurisprudencia citada).
56      Véase, en particular, la sentencia Alchaster (apartado 57 y jurisprudencia citada).
57      Véase, en particular, la sentencia Alchaster (apartado 58 y jurisprudencia citada).
58      Véase, en particular, la sentencia Alchaster (apartado 59 y jurisprudencia citada).
59      Véase, en particular, la sentencia Alchaster (apartado 60 y jurisprudencia citada).
60      C‑158/21, EU:C:2022:573.
61      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Puig Gordi y otros (C‑158/21, EU:C:2022:573), punto 85.
62      Véase la sentencia de 18 de abril de 2023, E. D. L. (Motivo de denegación basado en enfermedad) (C‑699/21, EU:C:2023:295).
63      Véase la sentencia de 18 de abril de 2023, E. D. L. (Motivo de denegación basado en enfermedad) (C‑699/21, EU:C:2023:295), apartados 40, 42 y 50.
64      Véase, por analogía, la sentencia Puig Gordi y otros (apartado 111).
65      Véase, por analogía, la sentencia Puig Gordi y otros (apartado 114).
66      Véase, en particular, la sentencia Breian (apartado 32 y jurisprudencia citada, y apartado 52).
67      Véase la sentencia Puig Gordi y otros (apartado 115).
68      Véase, en particular, la sentencia Puig Gordi y otros (apartado 116 y jurisprudencia citada).
69      Ha de observarse que, al tratarse de un delito comprendido en el ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2004/757, la necesaria individualización de la pena resulta del propio texto de esta. En efecto, el considerando 5 de dicha Decisión Marco prevé que, «para determinar el nivel de las sanciones, deben tenerse en cuenta elementos de hecho tales como las cantidades y la naturaleza de las drogas objeto del tráfico, y si el delito fue cometido en el marco de una organización delictiva».
70      C‑404/15 y C‑659/15 PPU, EU:C:2016:140, punto 139.
71      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto AV (Juicio global) (C‑221/19, EU:C:2020:815), punto 35. Véase, asimismo, Pradel, J., «Du Principe de Proportionnalité en Droit Pénal», Cahiers de Droit, vol. 60, n.º 4, Universidad de Laval, Quebec, 2019, pp. 1129 a 1150, que señala que «el control de la proporcionalidad se efectúa a partir del control de la motivación» y que «la proporcionalidad, la gravedad, la motivación y la individualización constituyen un cuarteto indisociable y razonable» (p. 1149). Además, ha podido observarse que «el juez, en el ejercicio de su función, está actualmente sujeto a un deber de personalización y de motivación que no deja de aumentar. Para él, la proporcionalidad es, sin duda, uno de los medios más eficaces para situarse […]
“entre la ley y la justicia”»; véase Saenko, L., «De la proportionnalité de la peine encourue», Gazette du Palais, Lextenso Éditions, Issy-les-Moulineaux, 24 de octubre de 2017, n.º 36, pp. 73 a 76, en particular p. 73. Véase también Daubigney, M.-C., y Lavielle, B., «La motivation de la proportionnalité de l’infraction et de la peine dans le jugement pénal», Revue Justice Actualités, n.º 24, École Nationale de la Magistrature, Burdeos, 2020, pp. 117 a 127.
72      Véase, por analogía, la sentencia Puig Gordi y otros (apartados 107 y 133).
73      La apreciación del riesgo de vulneración de los derechos fundamentales debe ser efectuada por la autoridad judicial de ejecución con arreglo a la norma de protección de estos derechos garantizada por el Derecho de la Unión: véase, en particular, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, GN (Motivo de denegación basado en el interés superior del niño) (C‑261/22, EU:C:2023:1017), apartado 44 y jurisprudencia citada.
74      Véase, por analogía, la sentencia Breian (apartado 122).
75      Esta Decisión Marco se adoptó, en particular, sobre la base del artículo 31 TUE, apartado 1, letra e), que establecía, en especial, que la acción en común sobre cooperación judicial en materia penal incluiría la adopción progresiva de medidas que establecieran normas mínimas relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas en el ámbito del tráfico ilícito de drogas.
76      Véase la sentencia de 11 de junio de 2020, Prokuratura Rejonowa w Słupsku (C‑634/18, EU:C:2020:455), según la cual de estas disposiciones resulta que los Estados miembros pueden considerar la posesión de grandes cantidades de drogas con fines de consumo personal como un delito agravado (apartado 37). En el apartado 76 de sus observaciones escritas, el Gobierno rumano señala que, en Derecho rumano, el criterio del tipo de droga («de alto riesgo») es el que determina el carácter agravado del delito. En el presente asunto, considero que el sistema de justicia penal que condujo a la imposición a DZ de una pena de siete años de prisión es la expresión de una política penal dirigida a reprimir muy severamente en Rumanía el delito consistente en introducir en ese Estado miembro drogas «de riesgo y de alto riesgo», lo que, como tal, no me parece que pueda cuestionarse en el marco de la aplicación del mecanismo de entrega.
77      Firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950. Véase, a este respecto, Simon, A., «La disproportion de la répression pénale devant la Cour européenne des droits de l’Homme», Gazette du Palais, Lextenso Éditions, Issy-les-Moulineaux, n.º 36, de 24 de octubre de 2017, pp. 64 a 67. Véanse, en particular, TEDH, sentencias de 12 de febrero de 2008, Kafkaris c. Chipre (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604); de 9 de julio de 2013, Vinter y otros c. Reino Unido (CE:ECHR:2013:0709JUD006606909); de 4 de septiembre de 2014, Trabelsi c. Bélgica (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010), y de 29 de junio de 2023, Bijan Balahan c. Suecia (CE:ECHR:2023:0629JUD000983922). Tal y como indicó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 4 de septiembre de 2014, Trabelsi contra Bélgica (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010), el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales prohíbe, en particular, que una cadena perpetua sea de jure o de facto irreducible (§ 113). Esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene reflejo en el artículo 5, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584, que establece que, cuando la infracción en que se basa la orden de detención europea esté castigada con una pena o una medida de seguridad privativas de libertad a perpetuidad, la ejecución de la orden de detención europea podrá estar sujeta a la condición de que el Estado miembro emisor tenga dispuesto en su ordenamiento jurídico una revisión de la pena impuesta, previa petición o cuando hayan transcurrido al menos 20 años, o para la aplicación de medidas de clemencia a las cuales la persona se acoja con arreglo al Derecho o práctica del Estado miembro emisor con vistas a la no ejecución de dicha pena o medida.
78      En virtud de esta disposición, las siguientes situaciones pueden constituir circunstancias atenuantes judiciales: los esfuerzos realizados por el autor de un delito para eliminar o reducir sus consecuencias [letra a)] y las circunstancias relacionadas con el delito cometido que reducen su gravedad o la amenaza que supone su autor [letra b)].
79      Véase el apartado 85 de las observaciones escritas del Gobierno rumano.
80      Ibidem. En el apartado 11 de sus observaciones escritas, el Gobierno rumano indica que el órgano jurisdiccional de primera instancia impuso una pena menor a la esposa de DZ, dado que esta reconoció los hechos cometidos.
81      Véase el apartado 85 de las observaciones escritas del Gobierno rumano.
82      Como indica el Gobierno rumano en el apartado 86 de sus observaciones escritas, en virtud del artículo 91, letra d), del Código Penal, la decisión relativa a la suspensión de la ejecución corresponde al órgano jurisdiccional, que apreciará si, «habida cuenta de la persona del delincuente, su comportamiento anterior a la comisión del delito, los esfuerzos realizados por el delincuente para suprimir o atenuar las consecuencias del delito, así como su capacidad para enmendarse […], la imposición de la pena es suficiente y, aunque no se ejecute, el condenado no volverá a cometer otros delitos».
83      Véase, en particular, a este respecto, la sentencia Beach and bar management (apartado 50 y jurisprudencia citada).
84      Esta posibilidad no parece limitarse a los casos en que las circunstancias atenuantes son excepcionales o numerosas, a diferencia de lo que ocurría en el asunto que dio lugar a la sentencia G. ST.T. (apartado 85).
85      Véase, en particular, la sentencia Breian (apartado 109).
86      Véase, por analogía, la sentencia Breian (apartado 122). Además, la información que la autoridad judicial de ejecución tiene derecho a solicitar puede referirse tanto a la primera como a la segunda fase del examen que dicha autoridad debe realizar. No obstante, tal autoridad no puede solicitar a la autoridad judicial emisora información relativa únicamente a la segunda fase del referido examen cuando considere que no se ha demostrado la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas o de deficiencias que afecten a un grupo objetivamente identificable de personas al que pertenezca la persona afectada: véase, en particular, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, GN (Motivo de denegación basado en el interés superior del niño) (C‑261/22, EU:C:2023:1017), apartado 50 y jurisprudencia citada.
87      Pienso, en particular, en las normas relativas a la puesta en libertad anticipada, que, en cierta medida, pueden contrarrestar la severidad de la pena impuesta.