Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DEAN SPIELMANN
presentadas el 19 de marzo de 2026 (1)
Asunto C‑159/25 [Rowicz] (i)
B. Ż.,
V. sp. z o.o.
contra
T. SA,
Ł.W.
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia)]
« Procedimiento prejudicial — Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Respeto del principio de independencia judicial — Juez independiente e imparcial, establecido por la ley — Atribución de asuntos a los jueces — Composición irregular de un órgano jurisdiccional — Principio de inmutabilidad de la formación jurisdiccional — Sistemas de inteligencia artificial »
Introducción
1.        En el presente asunto, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) plantea al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial que se inscribe en la estela de los asuntos en los que el Tribunal de Justicia ha precisado el alcance del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). En el caso de autos se pide, una vez más, al Tribunal de Justicia que examine las garantías que acompañan
al ejercicio de la función jurisdiccional en los ordenamientos jurídicos nacionales, en particular las que aseguran la independencia e imparcialidad de los tribunales, así como el respeto de la exigencia de un tribunal establecido por la ley.
2.        Más en concreto, la petición de decisión prejudicial versa sobre una modalidad de la organización interna de la justicia que puede afectar a tales garantías, a saber, el apartamiento, aunque sea consentido, de una juez de una parte de los asuntos de los que conocía y la reasignación de estos a otra juez. Así pues, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre la compatibilidad, con las exigencias derivadas del Derecho de la Unión, de un mecanismo consistente en una redistribución realizada mediante un sistema automático de reparto aleatorio y sobre los requisitos para que pueda considerarse que una medida de este tipo se basa en normas suficientemente claras, previsibles y adecuadas para disipar toda duda legítima, desde el punto de vista de los justiciables, en cuanto a la inexistencia de influencias externas o internas en la determinación del juez que ha de conocer de su causa.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3.        El artículo 3, punto 1, del Reglamento (UE) 2024/1689, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, (2) define el concepto de «sistema de inteligencia artificial» como «un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, y que, para objetivos explícitos o implícitos, infiere de la información de entrada que recibe la manera de generar resultados de salida, como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones, que pueden influir en entornos físicos o virtuales».
Derecho polaco
Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios
4.        De conformidad con el artículo 41, apartado 1, de la ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych (Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios), de 27 de julio de 2001, en su versión aplicable al litigio principal (3) (en lo sucesivo, «Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios»), el Ministro de Justicia, tras consultar con el Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia), establecerá, mediante decreto, el Reglamento de Procedimiento de los Tribunales Ordinarios, que incluirá, en particular, las normas de reparto de asuntos.
5.        El artículo 47a, apartado 1, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios dispone:
«Se atribuirán los asuntos a los jueces y a los jueces en prácticas de manera aleatoria según las categorías específicas de asuntos, salvo la atribución de asuntos a un juez de guardia.»
6.        El artículo 47b de dicha Ley prevé:
«1.      Solo se admitirá la modificación de la composición de un órgano jurisdiccional si este no puede sustanciar el asunto en su composición actual o si existe algún impedimento duradero para el examen del asunto en su composición actual. El artículo 47a se aplicará mutatis mutandis.
[…]
4.      La modificación del lugar de destino de un juez o su comisión de servicio en otro órgano jurisdiccional, así como la finalización de una comisión de servicio, no impedirán la adopción de actos [de procedimiento] en los asuntos atribuidos en el lugar de destino o en el lugar de ejercicio actual hasta la conclusión de tales asuntos.
5.      La sala de gobierno del tribunal en cuya demarcación se encuentre el nuevo lugar de destino del juez o el lugar de su comisión de servicio podrá, a petición de este o de oficio, dispensarle total o parcialmente de sus obligaciones referentes al conocimiento de los asuntos, en particular debido a la distancia entre el tribunal y el nuevo lugar de destino o de comisión de servicio del juez o en función de la fase en que se encuentren los asuntos en curso. Antes de adoptar una resolución, la sala de gobierno del tribunal deberá consultar a los presidentes de los órganos jurisdiccionales competentes.
6.      Las disposiciones de los apartados 4 y 5 se aplicarán mutatis mutandis en caso de traslado a otra sala del mismo tribunal y en caso de nombramiento como juez de un tribunal de grado superior.»
7.        El artículo 89 de la citada Ley establece:
«1.      Las solicitudes, intervenciones y reclamaciones relativas al ejercicio de funciones jurisdiccionales deberán ser presentadas por el juez exclusivamente por la vía jerárquica. El juez no podrá dirigirse a instituciones ni a personas externas en tales asuntos, ni hacerlos públicos.
2.      En caso de litigio resultante de la relación laboral, el juez dispondrá de una vía de recurso judicial.
[…]»
Reglamento de Procedimiento de 2019
8.        El artículo 2, apartado 16, del rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości — Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Decreto del ministro de Justicia por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento de los Tribunales Ordinarios), de 18 de junio de 2019 (4) (en lo sucesivo, «Reglamento de Procedimiento de 2019»), contiene la siguiente definición:
«[System Losowego Przydziału Spraw (Sistema de reparto aleatorio de asuntos; en lo sucesivo «SLPS»)] — Sistema informático destinado a atribuir de manera aleatoria los asuntos y las tareas jurisdiccionales a través de un generador de números aleatorios».
9.        A tenor del artículo 43, apartado 1, de dicho Reglamento:
«A menos que el presente Reglamento establezca otras normas de reparto, los asuntos se atribuirán aleatoriamente a los jueces, en su calidad de jueces ponentes, conforme a la distribución de tareas, mediante el [SLPS], de manera independiente para cada registro, lista u otro sistema de registro. No se aplicará la atribución mediante el [SLPS] cuando los asuntos de un tipo particular se repartan a un solo juez.»
10.      El artículo 49 del referido Reglamento prevé:
«1.      Los asuntos que se repartan aleatoriamente se registrarán en el [SLPS] en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha de su recepción por el órgano jurisdiccional, a menos que el asunto se atribuya tras la subsanación de deficiencias.
2.      El presidente de una sala podrá suspender la atribución de asuntos, en determinados sistemas de registro o categorías de asuntos, en caso de ausencias de breve duración de algunos jueces hasta que finalicen esas ausencias.
[…]»
11.      Con arreglo al artículo 55 del mismo Reglamento:
«1.      Podrá atribuirse un cierto tipo de asuntos únicamente a determinados jueces o podrá aplicarse a estos un mayor porcentaje de atribución en esos asuntos y, para los demás asuntos, la distribución de tareas podrá prever un coeficiente reducido o la exclusión de esos asuntos de la atribución (especialización).
2.      El proyecto de distribución de tareas o su modificación, en la medida en que conlleve la introducción o modificación de una especialización, se comunicará a los jueces de la sala o salas a que se refiere el artículo 77, apartado 2. La fijación de una nueva distribución de tareas requerirá que el juez consienta su especialización y que el porcentaje de jueces que se opongan a esa distribución, en un plazo de 14 días a partir de la fecha en que el proyecto ha sido comunicado a los jueces, sea inferior al 85 %.
[…]»
12.      El artículo 62 del Reglamento de Procedimiento de 2019 dispone:
«1.      A raíz de una decisión que suponga un cambio de sala o de lugar de destino, podrán atribuirse asuntos en la nueva sala a un juez ponente, incluso antes de la fecha de su traslado, con el cese simultáneo de la atribución de asuntos en la sala en la que hasta entonces había ejercido sus funciones. El presidente del órgano jurisdiccional al que pertenezca la nueva sala fijará la fecha de inicio de la atribución de asuntos en esa sala y de finalización de la atribución en la sala anterior. En los asuntos atribuidos, el presidente de la sala establecerá los plazos de acuerdo con el juez ponente.
2.      Si así lo exigiera la carga de trabajo efectiva del juez ponente, la fecha de inicio de las atribuciones de asuntos en la sala podrá ser posterior o anterior a la fecha de finalización de las atribuciones en la sala en que hasta entonces había ejercido sus funciones.
[…]»
13.      El artículo 66 del mencionado Reglamento prevé:
«1.      En caso de reparto de los asuntos atribuidos a un juez ponente, los asuntos se asignarán conforme a las normas generales. Participarán en la asignación los jueces ausentes cuyos asuntos no hayan sido repartidos.
2.      Los asuntos ya inscritos en el registro podrán repartirse de modo aleatorio en función de las fechas de las vistas.
[…]»
14.      El artículo 68 del citado Reglamento dispone:
«1.      En la distribución de tareas a cada juez, juez en prácticas y auxiliar judicial se tendrán en cuenta:
1)      las atribuciones a la sala o a las salas del órgano jurisdiccional y, en caso de atribuciones a una sección determinada en el seno de una sala, se tendrán asimismo en cuenta las atribuciones a dicha sección;
2)      El coeficiente porcentual de participación en la atribución de los asuntos que entran en la sala, a saber:
a)      el 100 % para un juez destinado exclusivamente a una sola sala que no ejerza funciones ni esté en comisión de servicios en otra unidad en virtud de los artículos 77 o 151a de la Ley;
b)      al menos el 90 % para un vicepresidente de una sala compuesta por hasta quince jueces, para un jefe de sección, para un responsable de prensa en un tribunal regional en cuya circunscripción el límite de plazas de juez sea inferior a trescientas, para un coordinador de mediación en un tribunal regional en cuya circunscripción el límite de plazas de juez sea inferior a trescientas, para un mediador disciplinario adjunto en un tribunal de apelación o un tribunal regional, para el mediador disciplinario de los jueces de los tribunales ordinarios, para el mediador disciplinario adjunto de los jueces de los tribunales ordinarios, para el presidente de un tribunal disciplinario y para un juez que sustituya a otro juez que conozca de asuntos sujetos al Convenio de La Haya;
c)      al menos el 80 % para un juez que desempeñe las funciones de presidente de una sala compuesta por hasta siete jueces, para un responsable de prensa en un tribunal de apelación, para un responsable de prensa en un tribunal regional en cuya circunscripción el límite de plazas de juez no sea inferior a trescientas, para un juez miembro del Krajowa Rada Sądownictwa [Consejo Nacional del Poder Judicial] y para un juez en comisión de servicios en el Krajowa Rada Sądownictwa [Consejo Nacional del Poder Judicial];
d)      al menos el 75 % para un vicepresidente de una sala integrada por más de quince jueces, para un coordinador de mediación en un tribunal regional en cuya circunscripción el número de plazas de juez no sea inferior a trescientas, para el mediador disciplinario del Ministro de Justicia y para un juez encargado de conocer de asuntos sujetos al Convenio de La Haya;
e)      al menos el 60 % para el juez inspector;
f)      al menos el 50 % para un juez que desempeñe las funciones de presidente o vicepresidente de una sala compuesta por entre ocho y veinte jueces;
g)      al menos el 30 % para un juez que desempeñe las funciones de presidente o vicepresidente de un tribunal y para un juez que ejerza las funciones de presidente de una sala de más de veinte jueces;
h)      al menos el 15 % para un juez en comisión de servicios que ejerza las funciones de especialista jefe en la Escuela Nacional de la Judicatura y del Ministerio Fiscal o que dirija cursos de formación en dicha Escuela;
i)      al menos el 10 % para un juez en comisión de servicios que ejerza las funciones de director o director adjunto de la Escuela Nacional de la Judicatura y del Ministerio Fiscal, o de jefe de un servicio o de una sección de dicha Escuela.
2.      En caso de que sean aplicables a un juez determinado varios coeficientes porcentuales de participación en la atribución de los asuntos que llegan a una sala, se tendrá en cuenta el coeficiente porcentual más bajo.
[…]»
15.      De conformidad con el artículo 74, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2019:
«Un ejemplar impreso del informe de sorteo se incorporará a los autos de los asuntos atribuidos mediante el [SLPS]. En los demás casos, el presidente de la sala dictará una orden de atribución, salvo si el asunto ha sido asignado mediante otra herramienta informática.»
Litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
16.      Los días 13 y 14 de junio de 2024 se interpusieron sendos recursos de apelación (en lo sucesivo, «recursos de apelación controvertidos») ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) contra sentencias dictadas en primera instancia en litigios relativos a reclamaciones de pago en operaciones comerciales, en el sentido de la Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. (5)
17.      Los días 17 y 18 de junio de 2024, la juez JD, entonces adscrita a la sala XXIII de ese órgano jurisdiccional, fue designada aleatoriamente para resolver esos recursos de apelación mediante el SLPS, herramienta informática basada en un generador de números aleatorios.
18.      Mediante decisión de 30 de octubre de 2024 de la sala de gobierno del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia), la juez JD, que había sido trasladada entretanto a otra sala de ese mismo órgano jurisdiccional, fue apartada, a petición propia, de cien asuntos que se le habían atribuido durante el año 2024 y, en particular, de los dos recursos de apelación controvertidos. En dicha decisión, la sala de gobierno señaló además otros asuntos que la juez JD debía concluir. La citada decisión no contenía ninguna motivación.
19.      Tras la decisión adoptada el 10 de enero de 2025 por el Presidente de la sala XXIII del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia), esos cien asuntos se reasignaron aleatoriamente, el 13 de enero de 2025, a nuevos jueces ponentes mediante el SLPS. El sorteo que se realizó a través de dicho sistema para esta reasignación afectó a diecisiete jueces de la mencionada sala. Se asignaron a la juez Aneta Łazarska cincuenta y seis de esos cien asuntos, incluidos los dos recursos de apelación controvertidos. Otros jueces recibieron un menor número de asuntos o incluso ninguno.
20.      La reclamación que la juez Łazarska interpuso contra dicha asignación fue desestimada por el Presidente del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia).
21.      La juez Łazarska, el órgano jurisdiccional remitente, que conoce como juez única de los recursos de apelación controvertidos, alberga dudas, en esencia, acerca de la compatibilidad con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, del apartamiento de la juez JD de los asuntos de que se trata, incluidos los dos recursos de apelación controvertidos, y la reasignación de estos. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, por tanto, si puede ser considerado un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, ya que, a su juicio, la asignación de los asuntos debería proceder también de un mecanismo transparente, basado en criterios objetivos y no susceptibles de manipulación.
22.      En particular, en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente recuerda que el Derecho polaco consagra el principio de inmutabilidad de la composición de la formación
jurisdiccional, desde su designación y a lo largo de todo el procedimiento, salvo en los supuestos legalmente establecidos de imposibilidad de conocer del asunto o existencia de un impedimento duradero. Pues bien, a su entender, no concurre ninguno de estos supuestos, de modo que nada se opone a que la juez JD prosiga la sustanciación de los recursos de apelación.
23.      Hace constar, a este respecto, que el apartamiento de la juez JD no es consecuencia de una enfermedad, de un traslado a otro tribunal ni de una circunstancia extraordinaria, sino de un simple traslado interno a otra sala situada en el mismo lugar, que, a su juicio, no puede justificar, por sí solo, una modificación de la composición de la formación
jurisdiccional.
24.      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente cuestiona el SLPS, utilizado para el reparto aleatorio de asuntos y para la determinación de varios parámetros relativos a su distribución. Afirma que ese sistema se puso en marcha sin que hubiera sido sometido previamente a pruebas de seguridad y experimentó fallos y errores, en particular en sus primeros años de funcionamiento, así como errores imputables a los usuarios.
25.      Por otra parte, si bien las actividades relacionadas con el diseño y funcionamiento del SLPS se consideran de carácter público, el órgano jurisdiccional remitente afirma que la publicación del algoritmo no se vio acompañada de un acceso efectivo a las reglas de funcionamiento ni al código fuente. Esta falta de transparencia, junto con la amplitud de las facultades del Ministro de Justicia a la hora de fijar los métodos de asignación, suscita dudas acerca de la imparcialidad real del sistema y su vulnerabilidad a la manipulación. El órgano jurisdiccional remitente sostiene, por último, que el SLPS no garantiza una distribución equilibrada de la carga de trabajo, con el consiguiente riesgo de demoras y de menoscabo de la independencia interna del juez, sometido a presiones de tiempo.
26.      En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente añade que, en contra de las enseñanzas que se derivan de la sentencia de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas), (6) el Derecho nacional no ofrece al juez afectado una vía de recurso efectiva contra una decisión en forma escrita del órgano de administración del órgano jurisdiccional, relativa a la asignación de un asunto o a la determinación de la composición del tribunal. (7)
27.      En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«A la luz de los artículos 2 [TUE] y 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, en relación con los artículos 20 y 47 de la [Carta] así como con el considerando 61 del [Reglamento 2024/1689], ¿debe considerarse que tiene la condición de órgano jurisdiccional independiente e imparcial, predeterminado por la ley, que asegura que un asunto sea juzgado sin dilaciones indebidas de forma no discriminatoria y que garantiza la tutela judicial efectiva, un órgano jurisdiccional ordinario de última instancia de un Estado miembro cuya formación jurisdiccional está integrada por un juez de dicho órgano jurisdiccional designado para conocer del asunto por un generador numérico, sobre la base de un informe de sorteo y una decisión previa de la sala de gobierno del órgano jurisdiccional:
1.      cuando un órgano de la administración judicial, a saber, el Kolegium Sądu Okręgowego (sala de gobierno del tribunal regional), haya dispensado, en contra de lo dispuesto por la normativa nacional relativa al reparto de asuntos, a un juez de la obligación de tramitar los asuntos que le habían sido atribuidos, pese a no cumplirse los criterios establecidos por la normativa nacional a tales efectos, y en contra del principio conforme al cual la composición de un órgano jurisdiccional únicamente puede modificarse si en su formación actual no puede conocer de un asunto o si existe un obstáculo duradero que lo impida,
2.      cuando la designación del nuevo juez se haya efectuado por medio del [SLPS], creado por un representante del poder ejecutivo del Ministro de Justicia, y [tras] establecer las normas de reparto de asuntos y sorteo en los órganos jurisdiccionales mediante un acto con rango de decreto del mismo Ministro [artículos 43 a 76 del Reglamento de Procedimiento de 2019], y de un modo que vulnera el derecho a un juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley,
3.      cuando la designación del nuevo juez se haya efectuado por medio del generador de reparto aleatorio de asuntos del SLPS, sin que se conozca ni se tenga la posibilidad de verificar el funcionamiento del código fuente del algoritmo de reparto aleatorio de asuntos del SLPS a los jueces, puesto que la información sobre dicha aplicación solo se encontraba disponible en el sitio web del Biuletyn Informacji Publicznej (Boletín de Información Pública), y sin que se conozca la vulnerabilidad de la herramienta de reparto aleatorio de asuntos ante errores y manipulaciones, de un modo que vulnera el derecho de las partes a un proceso equitativo,
4.      cuando la designación del nuevo juez se haya efectuado por medio del generador de reparto aleatorio de asuntos del SLPS, creado por un representante del poder ejecutivo del Ministro de Justicia, y [tras] establecer las normas de reparto de asuntos y sorteo en los órganos jurisdiccionales mediante un acto con rango de decreto del mismo Ministro (artículos 43 a 76 del [Reglamento de Procedimiento de 2019]), y de un modo que vulnera el derecho de las partes a que el asunto sea juzgado sin dilaciones indebidas, al no existir la garantía de una carga equitativa de trabajo de los jueces en el marco de funcionamiento del SLPS, de manera que se discrimina a las partes y se vulnera el principio de igualdad ante la ley,
5.      que da lugar a que el juez se pronuncie en condiciones que determinan la nulidad del procedimiento, por ser la composición de dicho órgano enjuiciador contraria a la ley, de manera que no se garantiza a las partes una tutela judicial efectiva,
6.      sin que exista en el Derecho nacional un medio de recurso efectivo a disposición del juez contra una decisión en forma escrita de la autoridad administrativa del órgano jurisdiccional relativa a la atribución de un asunto y a la designación y la composición del órgano enjuiciador, que le garantice la posibilidad de impugnar tal decisión ante un órgano jurisdiccional imparcial e independiente, en un procedimiento que cumpla los requisitos del artículo 47 de la [Carta?]»
28.      El Gobierno polaco y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.
Análisis
Observaciones preliminares
29.      Comenzaré con algunas observaciones preliminares, antes de abordar las cuestiones de Derecho que suscita el presente asunto.
30.      Mediante una única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que interprete los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, a la luz de los artículos 20 y 47 de la Carta y del considerando 61 del Reglamento 2024/1689, a fin de determinar, en esencia, si puede calificarse como
juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, una formación jurisdiccional de un tribunal nacional, a la que se han asignado asuntos de modo aleatorio tras el apartamiento de la juez inicialmente encargada de esos asuntos, aun cuando no exista ninguna vía de recurso efectiva que permita a la juez afectada impugnar la reasignación en cuestión.
31.      Procede señalar, para empezar, que la cuestión prejudicial planteada refleja una pregunta in limine litis del órgano jurisdiccional remitente sobre su propia conformidad con las exigencias derivadas del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, considerado a la luz del artículo 47 de la Carta.
32.      A continuación, en lo que respecta a las disposiciones invocadas en apoyo de la solicitud de interpretación, el artículo 20 de la Carta (conforme al cual «todas las personas son iguales ante la ley») carece, a mi juicio de pertinencia, aunque el órgano jurisdiccional remitente afirme que el SLPS no garantiza una distribución equitativa de la carga entre los jueces. En efecto, la cuestión prejudicial versa, en esencia, sobre si la formación jurisdiccional puede calificarse de juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley.
33.      En lo que atañe, por último, al Reglamento 2024/1689, el órgano jurisdiccional remitente sostiene que el SLPS está comprendido en la categoría de sistemas de alto riesgo en el sentido de dicho Reglamento y que su falta de transparencia supone un incumplimiento de las exigencias que este establece. A este respecto, por un lado, dudo que el SLPS pueda considerarse un «sistema de inteligencia artificial» en el sentido del artículo 3, punto 1, del citado Reglamento, ya que, como se desprende de los elementos antes mencionados y de las observaciones del Gobierno polaco, se asemeja a un mecanismo que aplica algoritmos predefinidos a conjuntos de datos determinados, que carece de adaptabilidad tras el despliegue y de autonomía sustancial. Por otro lado, en todo caso, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 113, el Reglamento 2024/1689 solo es aplicable a partir
del 2 de agosto de 2026. Pues bien, la reasignación de los recursos de apelación controvertidos al órgano jurisdiccional remitente tuvo lugar el 13 de enero de 2025, por lo que dicho Reglamento no era aplicable al litigio principal.
34.      Por consiguiente, examinaré la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente con arreglo a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, a saber, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, considerado a la luz del artículo 47 de la Carta.
35.      En cuanto al fondo, se desprende de la petición de decisión prejudicial que el órgano jurisdiccional remitente basa sus dudas, en esencia, en tres series de consideraciones referentes a las exigencias de independencia, imparcialidad y de un juez establecido previamente por la ley. En primer lugar, el apartamiento de la juez JD, que inicialmente conoció del asunto, fue arbitrario e ilegal. En segundo lugar, el SLPS fue establecido por el poder ejecutivo, está sujeto a errores y no ofrece la transparencia requerida ni las garantías que permiten asegurar una distribución equilibrada de la carga de trabajo entre los jueces. En tercer lugar, no existe ninguna vía de recurso efectiva que permita al juez afectado impugnar la reasignación.
36.      Abordaré estos elementos sucesivamente, tras recordar la jurisprudencia pertinente.
Recordatorio de la jurisprudencia pertinente
37.      Se desprende de la jurisprudencia que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, exige garantías de independencia e imparcialidad basadas en normas, relativas en particular a la composición del órgano, que permitan descartar toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad del juez frente a influencias externas y a su neutralidad ante los intereses en juego. Esta exigencia, inherente a la función jurisdiccional, está integrada en el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho a un proceso equitativo, y constituye una garantía fundamental tanto para la protección de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión como para la salvaguardia de los valores comunes proclamados en el artículo 2 TUE, entre los que figura, en lugar preeminente, el Estado de Derecho. (8)
38.      Se desprende asimismo de la jurisprudencia que la independencia presenta una faceta externa y una faceta interna. La faceta externa implica que el órgano jurisdiccional ejerza sus funciones con plena autonomía, sin un vínculo jerárquico o de subordinación y libre de cualquier instrucción, injerencia o presión que puedan afectar al enjuiciamiento e influir en el resultado de los asuntos. La faceta interna, ligada a la imparcialidad, requiere equidistancia con respecto a las partes y a sus intereses, objetividad e inexistencia de cualquier interés en el resultado del litigio que no sea el de la aplicación estricta de la norma jurídica. Por último, si bien la faceta externa tiene por objeto principalmente preservar la independencia frente a los poderes legislativo y ejecutivo de conformidad con la separación de poderes, también pretende proteger a los jueces frente a influencias indebidas procedentes de dentro del propio órgano jurisdiccional. (9)
39.      Además, el Tribunal de Justicia ha reconocido que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, exige asimismo la existencia de un tribunal «establecido previamente por la ley», considerando los vínculos indisociables que existen entre las garantías de independencia judicial e imparcialidad de los jueces y el acceso a un tribunal de estas
características. (10)
40.      Según el Tribunal de Justicia, la garantía del «tribunal establecido previamente por la ley» refleja también la composición del órgano enjuiciador en cada asunto y cualquier otra disposición de Derecho interno cuyo incumplimiento conlleve la irregularidad de la participación de uno o varios jueces en el examen del asunto. (11) Por esta razón, las normas de atribución y de reatribución de los asuntos forman parte del concepto de «tribunal “establecido previamente por la ley”».
41.      En consecuencia, el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, también exige, a este respecto, que las normas que regulan la composición de las formaciones jurisdiccionales permitan excluir cualquier injerencia indebida, en el proceso de toma de decisiones en un asunto determinado, procedente de personas externas a la formación jurisdiccional a cargo de dicho asunto y ante las cuales las partes no hayan podido formular alegaciones. (12)
El apartamiento de la juez JD
42.      Por lo que respecta a la primera parte de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente, que tiene por objeto el apartamiento de la juez JD de los asuntos, de la petición de decisión prejudicial resulta que esa medida se adoptó sobre la base del artículo 47b, apartado 1, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia debe precisar, en esencia, si un apartamiento irregular a la luz de las exigencias derivadas del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, puede entrañar la irregularidad de la reasignación posterior de algunos de los asuntos de que se trata a otro juez, en el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente. (13)
43.      Como reconoció el Tribunal de Justicia en el apartado 76 de la sentencia D. K., «el artículo 47b, apartado 1, de la Ley [de Organización] de los Tribunales Ordinarios permite que se modifique la composición de un órgano jurisdiccional si existe un “impedimento duradero para el examen del asunto en su composición actual”, sin mayores precisiones. Pues bien, aunque el apartado 4 de dicho artículo 47b prevé, en esencia, que un juez siga conociendo, hasta su conclusión, de los asuntos que tiene atribuidos aun en caso de traslado a otro destino o de comisión de servicio en otro tribunal, el apartado 5 de dicho artículo 47b permite que esos asuntos se le puedan retirar por decisión de la sala de gobierno del tribunal correspondiente, sin establecer criterios al efecto. Por último, de conformidad con el apartado 6 del referido artículo 47b, la sala de gobierno del tribunal tiene asimismo la posibilidad de apartar a un juez de asuntos en caso de que este sea trasladado a otra sección, posibilidad esta que tampoco se acompaña de criterios precisos».
44.      A continuación, en la misma sentencia, el Tribunal de Justicia declaró, en relación con la compatibilidad de dicha disposición con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que «procede hacer constar que una normativa nacional como la descrita en el apartado anterior no solo no recoge criterios objetivos que delimiten la posibilidad de apartar a un juez de uno o varios de sus asuntos, sino que permite, además, a la sala de gobierno del tribunal correspondiente apartarlo sin motivar tal decisión. En efecto, la referencia a la existencia de un “impedimento duradero para el examen del asunto en su composición actual” es demasiado vaga como para que pueda considerarse que permite evitar cualquier arbitrariedad en la decisión de modificar una formación jurisdiccional. Asimismo, el Gobierno polaco confirmó en la vista ante el Tribunal de Justicia que el Derecho polaco no impone la obligación de motivar la decisión de apartar a un juez de sus asuntos con arreglo al artículo 47b, apartados 5 y 6, de la Ley [de Organización] de los Tribunales Ordinarios». (14)
45.      Basándose en estas consideraciones, el Tribunal de Justicia concluyó, en el apartado 86 de la sentencia D. K., que «el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano de un tribunal nacional, como la sala de gobierno de este, puede tomar la decisión de apartar a un juez de dicho tribunal de parte o de la totalidad de los asuntos que tiene atribuidos, sin que esa normativa contemple los criterios que debe seguir al adoptar dicha decisión e imponga la obligación de motivarla».
46.      De ello se deduce que la solución adoptada por el Tribunal de Justicia puede aplicarse, de forma clara y directa, al presente asunto, ya que se refiere al mismo precepto que el que es objeto del litigio principal. Por consiguiente, debe darse a la primera parte de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente la misma respuesta que se ha expuesto en el punto anterior.
47.      No obstante, he de señalar que, como ha observado la Comisión, cabe sostener que el alcance de la sentencia D. K. debería circunscribirse a los supuestos de apartamiento no consentido, como sucedía en ese asunto. La Comisión alega, en particular, que la vulneración del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, solo se materializa cuando la medida se impone al juez, de modo que la situación objeto del caso de autos, en la que el apartamiento fue aceptado por la juez JD a raíz de su traslado, se diferencia con claridad de la examinada en la sentencia D. K.
48.      No comparto esta interpretación. En efecto, pretende reducir la constatación por el Tribunal de Justicia de las deficiencias del cuadro normativo aplicable a una apreciación ligada a las circunstancias propias del asunto que dio lugar a la sentencia D. K. Se desprende claramente de dicha sentencia, por el contrario, que el Tribunal de Justicia no trató la falta de consentimiento como el criterio determinante de la incompatibilidad del régimen de apartamiento controvertido con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. La lectura de la sentencia D. K. pone de manifiesto que la falta de criterios previsibles y la inexistencia de obligación de motivación abren, de por sí, un espacio a la arbitrariedad y a las injerencias indebidas en el reparto de los asuntos, con independencia de si el juez afectado presta su consentimiento a esa medida.
49.      Procede observar, a este respecto, que en el apartado 77 de la sentencia D. K., el Tribunal de Justicia señala que la normativa nacional no recoge criterios objetivos que delimiten el apartamiento de un juez de los asuntos que se le han atribuido ni la obligación de motivación de tal decisión, sin hacer referencia al consentimiento o la falta de consentimiento del juez afectado. Lo mismo sucede en el apartado 83 de la citada sentencia, en el que el Tribunal de Justicia considera de manera general que, cuando la normativa nacional que regula el apartamiento no establece criterios objetivos para delimitar esta facultad y no exige motivar la correspondiente decisión, «no permite excluir que haya habido arbitrariedad o incluso que se trate de una sanción disciplinaria encubierta». Tampoco en este caso se hace ninguna referencia a la cuestión de si el apartamiento fue consentido o no.
50.      Esta interpretación se impone con mayor motivo teniendo en cuenta que, en el apartado 82 de la sentencia D. K., el Tribunal de Justicia alude al supuesto del traslado, bien es cierto que no consentido, de un juez a otro tribunal o de una
sección a otra del mismo tribunal, a fin de recordar la jurisprudencia según la cual tal traslado puede constituir un medio para ejercer control sobre el contenido de las resoluciones judiciales. No obstante, es revelador que, como ya he indicado en el punto 49 de las presentes conclusiones, el Tribunal de Justicia, en el apartado 83 de la sentencia D. K., no considere el consentimiento del juez como un elemento pertinente a la hora de examinar el apartamiento de un juez de uno o varios asuntos. Esta circunstancia refuerza, en mi opinión, la tesis de que el juez de la Unión pretendió formular una apreciación general de las garantías exigidas en la materia, independientemente del comportamiento subjetivo del juez de que se trate.
51.      Contrariamente a lo que sostiene la Comisión, la misma conclusión se deriva de los apartados 84 a 86 de la sentencia D. K., en los que el Tribunal de Justicia insiste en la necesidad de prever, en las normas relativas al apartamiento de jueces, criterios precisos y la obligación de motivar la decisión, sin hacer referencia alguna al consentimiento del juez de que se trate.
52.      Por lo tanto, estimo que ha de rechazarse la tesis de que el consentimiento del juez constituye un criterio pertinente de apreciación. A este respecto, considero oportuno recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual las exigencias de independencia e imparcialidad deben apreciarse a la luz de la capacidad de las normas de excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a la neutralidad de este ante los intereses en litigio. (15)
53.      Pues bien, desde el punto de vista del justiciable, la cuestión decisiva no es el consentimiento del juez apartado, sino, como el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia D. K., si la decisión de apartarlo se ha basado en normas claras y previsibles, dotadas de una motivación que permita excluir la arbitrariedad. Cuando la propia base jurídica carece de tales garantías, pueden generarse dudas ab initio en el justiciable, que no cabe disipar, a mi juicio, con la mera invocación de un eventual consentimiento del juez de que se trate.
54.      Desearía añadir, a este respecto, que el consentimiento prestado por el juez afectado no está necesariamente a salvo de dinámicas institucionales difíciles de detectar desde el exterior, ya se trate de presiones implícitas, expectativas de los superiores jerárquicos o, en los casos más preocupantes, riesgos de colusión. En consecuencia, el consentimiento del juez apartado no puede constituir, por sí solo, un factor determinante de la compatibilidad. De lo contrario, la compatibilidad del régimen de apartamiento con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, dependería de un elemento subjetivo. A mi juicio, debería apreciarse, en cambio, de manera objetiva, a la luz de las garantías establecidas en la ley.
55.      Habida cuenta de lo anterior, considero que procede responder a la primera parte de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano de un tribunal nacional, como la sala de gobierno de este, puede tomar la decisión de apartar a un juez de dicho tribunal de parte o de la totalidad de los asuntos que tiene atribuidos, con la consecuencia de que algunos de esos asuntos sean reasignados a otra formación jurisdiccional, al margen de que ese apartamiento haya sido consentido o no, sin que dicha normativa fije los criterios que debe seguir ese órgano al adoptar tal decisión ni imponga la obligación de motivarla.
Atribución de asuntos mediante el SLPS
56.      En la segunda parte de la cuestión prejudicial planteada, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que examine si la aplicación de un sistema automatizado de reparto aleatorio de los asuntos, como el SLPS, es compatible con las exigencias de un juez independiente e imparcial, establecido por la ley, en el sentido del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta.
57.      Las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren, en particular, al carácter aleatorio del reparto de asuntos por el SLPS y a la supuesta imposibilidad de verificar el funcionamiento del código fuente del algoritmo de reparto. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, además, sobre el hecho de que el SLPS haya sido diseñado por un representante del Ministro de Justicia y de que las normas de asignación y de sorteo sean fijadas mediante un acto reglamentario de ese mismo Ministro. A su juicio, esos elementos vulneran el derecho a un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, así como el derecho de las partes a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable, como consecuencia de un reparto desigual de la carga de trabajo.
58.      Me remito aquí a la jurisprudencia recordada en el punto 38 anterior, según la cual la exigencia de independencia de los órganos jurisdiccionales que se deriva del Derecho de la Unión no solo se refiere a las influencias indebidas que pueden ejercer los poderes legislativo y ejecutivo, sino también a aquellas que pueden proceder de dentro del órgano jurisdiccional, y el ejercicio de la función jurisdiccional debe estar protegido no solo de toda influencia directa, en forma de instrucciones, sino también de formas de influencia más indirecta que puedan orientar las decisiones judiciales.
59.      Por otra parte, como se recordó en la sentencia D. K., el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que la protección de la independencia judicial y de la seguridad jurídica, inherente al Estado de Derecho, exige una especial claridad de las normas aplicables y garantías adecuadas que aseguren la objetividad y la transparencia, con el fin, sobre todo, de evitar cualquier apariencia de arbitrariedad en la atribución de asuntos concretos a los jueces. (16)
60.      Procede señalar antes de nada que, como indica la Comisión, el órgano jurisdiccional remitente no cuestiona una determinada asignación de asuntos que le haya afectado, sino que invoca deficiencias de carácter general que requieren un examen de conjunto del SLPS a la luz del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.
61.      En el litigio principal, como se desprende del artículo 47a, apartado 2, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, así como, en particular, de los artículos 43, apartado 1, 49, apartados 1 y 2, 55, apartados 1 y 2, 62, apartados 1 y 2, 66, apartados 1 y 2, y 68, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2019, parece que el SLPS está sujeto a garantías que persiguen excluir la asignación arbitraria o discrecional de asuntos. De tales preceptos resulta que el sistema combina la asignación aleatoria con un método de reparto proporcional de los asuntos. En particular, el artículo 68, apartado 1, punto 2, del Reglamento de Procedimiento de 2019 establece nueve criterios que permiten fijar un coeficiente de participación en las atribuciones de asuntos, que se tiene en cuenta para la distribución de las tareas de cada juez, juez auxiliar y auxiliar judicial.
62.      A este respecto, según la jurisprudencia, el establecimiento de un sistema de reparto de asuntos en el seno de los órganos jurisdiccionales basado en el principio de elección aleatoria de la formación del órgano jurisdiccional, con determinadas excepciones, «no parece, en sí mismo, capaz de exponer a los tribunales así constituidos a una influencia indebida». (17) Resulta asimismo de las disposiciones citadas en el punto anterior que el funcionamiento del SLPS se basa en parámetros determinados previamente. Estimo que lo importante, en esencia, es velar por que tal mecanismo se rija por normas transparentes, objetivas y conocidas de antemano, con el fin de evitar cualquier utilización arbitraria del sistema y cualquier injerencia indebida, por personas ajenas a la formación jurisdiccional, en el proceso de toma de decisiones relativo a un asunto determinado. En estas condiciones, la aplicación de ese sistema no plantea, como tal, ninguna objeción. (18)
63.      Ciertamente, no estoy en condiciones de apreciar si el SLPS permite, en la práctica, alcanzar el objetivo de distribuir de forma equilibrada la carga de trabajo entre los jueces, ni si así sucedía en el litigio principal. Estas apreciaciones son competencia del órgano jurisdiccional remitente. Sin embargo, no es menos cierto que, como señala la Comisión, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se desprende que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, imponga modalidades concretas de reparto interno de los asuntos en el seno de un órgano jurisdiccional.
64.      En lo que atañe, a continuación, a los errores mencionados por el órgano jurisdiccional remitente que se produjeron cuando se puso en marcha el SLPS, en concreto en 2018, debe señalarse, en primer término, que tales errores no afectan a la reasignación de los asuntos principales en enero de 2025, esto es, ocho años después de los hechos señalados en la petición de decisión prejudicial. En cualquier caso, cabe recordar que, en el apartado 51 de la sentencia Sinalov, el Tribunal de Justicia declaró que un error en la aplicación de las normas de reparto no implica necesariamente que la formación jurisdiccional de que se trate esté expuesta a una influencia indebida. Esta consideración puede aplicarse al presente asunto. Pese a los fallos que se registraron en 2018, se desprende de las disposiciones del Reglamento de Procedimiento de 2019 que la atribución de asuntos se basa en criterios predeterminados y públicos que, en principio, excluyen una injerencia indebida en el procedimiento de sorteo.
65.      Conviene señalar además que, en relación con la atribución de los dos asuntos objeto del litigio principal, la petición de decisión prejudicial no recoge ningún elemento concreto que indique una intervención indebida del poder ejecutivo o de un órgano de administración del tribunal de que se trata. Tampoco ofrece información sobre la carga de trabajo anterior del órgano jurisdiccional remitente ni sobre el volumen de asuntos tramitado por los otros jueces adscritos a la misma sala.
66.      El órgano jurisdiccional remitente expresa, asimismo, dudas basadas en la falta de transparencia del funcionamiento del SLPS, principalmente por no haberse publicado su código fuente. (19) Por mi parte, no considero que la falta de publicidad del código fuente baste, por sí sola, para apreciar una exposición a influencias indebidas. Por otra parte, de la petición de decisión prejudicial resulta que el algoritmo completo del sistema ha sido publicado en el sitio de Internet del Ministerio de Justicia. Además, como afirma la Comisión, desde octubre de 2024, el Ministerio de Justicia publica los informes de sorteo procedentes del SLPS.
67.      En mi opinión, la publicación del algoritmo y de los informes de sorteo constituye una garantía suficiente para asegurar la transparencia del SLPS, sin que sea necesario, a estos efectos, exigir también la publicación del código fuente. Por lo demás, como sostiene el Gobierno polaco, la divulgación del código fuente, en la medida en que este puede revelar mecanismos de protección de la aplicación, podría suscitar dudas acerca de la seguridad del sistema. Dado que el requisito de transparencia queda satisfecho con la publicación del algoritmo y de los resultados verificables del sorteo, no veo, en la situación actual, ninguna razón para exigir la publicación del código fuente, que forma parte del plan director del software.
68.      Por último, en lo que se refiere a la crítica relativa a la competencia del Ministro de Justicia en la creación del SLPS y la definición de las normas de reparto automático de los asuntos, en mi opinión, esta alegación se basa en una interpretación excesivamente amplia del concepto de injerencia del poder ejecutivo en las competencias del poder judicial.
69.      La creación de un sistema de atribución y la promulgación de normas generales de reparto no tienen por objeto una determinada asignación de asuntos, sino que constituyen normas de alcance general aplicables a todos los tribunales ordinarios. Forman parte, en principio, de la organización del funcionamiento del sistema judicial. A mi juicio, esta sola circunstancia no es suficiente, por sí misma, para apreciar una injerencia indebida en el procedimiento de atribución de asuntos. Además, la petición de decisión prejudicial no identifica elementos precisos que indiquen que esas normas generales confieren a los poderes legislativo o ejecutivo un derecho a influir indebidamente en el sorteo y en la asignación de asuntos a uno u otro juez.
70.      Habida cuenta de lo anterior, considero que debe responderse a la segunda parte de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente, que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, no se opone a unas disposiciones nacionales que establecen un sistema de reparto aleatorio, basado en un generador de números aleatorios sin intervención humana, siempre que dicho sistema cuente con garantías adecuadas para impedir cualquier utilización arbitraria del sistema y cualquier injerencia indebida.
La supuesta falta de tutela judicial efectiva
71.      En la tercera parte de la cuestión prejudicial planteada, el órgano jurisdiccional remitente señala, en esencia, que el Derecho polaco no ofrece ninguna vía de recurso efectiva a un juez que desee impugnar la decisión de asignación o de reasignación de asuntos adoptada por el órgano de administración del tribunal. Pregunta si el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, exige que el propio juez pueda interponer un recurso judicial contra tales decisiones.
72.      A este respecto, cabe recordar que, en la sentencia Sinalov, el Tribunal de Justicia declaró lo siguiente:
«53.      […]
la posibilidad de comprobar el respeto de las garantías vinculadas al concepto de “juez establecido previamente por la ley” […] es necesaria para la confianza que los tribunales de una sociedad democrática deben inspirar al justiciable. Así, el control de la observancia de la exigencia de que todo órgano jurisdiccional, por su composición, constituya un juez independiente, imparcial y establecido previamente por la ley constituye un requisito sustancial de forma cuya observancia es de orden público. […] El Tribunal de Justicia ha declarado que tal control debe poder efectuarse en el marco del examen de un recurso, en su caso de oficio cuando surja sobre este punto una duda fundada […].
54.      En efecto, no puede garantizarse la tutela judicial efectiva si, a instancia de una parte, o de oficio si surge una duda fundada, la observancia de las normas que confieren a un órgano jurisdiccional la condición de “juez independiente, imparcial y establecido previamente por la ley” no puede ser objeto de control jurisdiccional y de una eventual sanción en caso de incumplimiento; en caso contrario, tales normas podrían ignorarse sin que de ello se derivara ningún efecto […]». (20)
73.      Por consiguiente, de la sentencia Sinalov (21) se desprende que el Tribunal de Justicia exige un control jurisdiccional de la regularidad de la atribución de un asunto, desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, sin imponer, no obstante, que ese recurso esté a disposición del juez que impugna la atribución de los asuntos que le afecta. El Tribunal de Justicia ha señalado que ese control debe poder ejercerse a instancia de una parte o de oficio si surge una duda fundada. (22)
74.      Por lo tanto, la inexistencia de una vía de recurso específica que permita al órgano jurisdiccional remitente impugnar la atribución de los asuntos no puede considerarse, en sí misma, contraria al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, (23) cuando el Derecho nacional garantiza que el cumplimiento de las normas de Derecho interno relativas a la atribución de los asuntos pueda ser objeto de control jurisdiccional a instancia de parte o de oficio.
75.      En el litigio principal, para ofrecer al órgano jurisdiccional remitente indicaciones que puedan orientarle en el ejercicio de sus competencias, estimo oportuno tomar en consideración los elementos siguientes.
76.      En primer lugar, tal como indica el Gobierno polaco y corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, las partes del procedimiento tienen derecho a solicitar la recusación de un juez y a formular alegaciones sobre el procedimiento, incluidas las basadas en una composición irregular de la formación jurisdiccional.
77.      En segundo lugar, de conformidad con el artículo 89, apartado 2, de la Ley de Organización de los Tribunales Ordinarios, existe una vía de recurso judicial a disposición de los jueces para los litigios resultantes «de la relación laboral». Sin perjuicio de las comprobaciones que incumbe efectuar al órgano jurisdiccional remitente, si la asignación de los cincuenta y seis asuntos ha intensificado de forma desproporcionada su carga de trabajo, dicho órgano jurisdiccional podría estudiar la posibilidad de interponer el recurso previsto en ese precepto.
78.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, estimo que debe responderse a la tercera parte de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta, no exige que el Estado miembro en cuestión reconozca al juez de que se trate el derecho a interponer un recurso judicial contra una decisión de asignación o de reasignación de asuntos que le afecte, siempre que la regularidad de esas decisiones pueda controlarse en el marco del litigio del que conoce el órgano jurisdiccional, a instancia de parte o de oficio.
Conclusión
79.      En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) del siguiente modo:
El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
–        se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano de un tribunal nacional, como la sala de gobierno de este, puede tomar la decisión de apartar a un juez de dicho tribunal de parte o de la totalidad de los asuntos que tiene atribuidos, con la consecuencia de que algunos de esos asuntos sean reasignados a otra formación jurisdiccional, al margen de que ese apartamiento haya sido consentido o no, sin que dicha normativa fije los criterios que debe seguir ese órgano al adoptar tal decisión ni imponga la obligación de motivarla;
–        no se opone a unas disposiciones nacionales que establecen un sistema de reparto aleatorio de asuntos, basado en un generador de números aleatorios sin intervención humana, siempre que dicho sistema cuente con garantías adecuadas para impedir cualquier utilización arbitraria y cualquier injerencia indebida;
–        no exige que el Estado miembro en cuestión reconozca al juez de que se trate el derecho a interponer un recurso judicial contra una decisión de asignación o de reasignación de asuntos que le afecte, siempre que la regularidad de esas decisiones pueda controlarse en el marco del litigio del que conoce el órgano jurisdiccional, a instancia de parte o de oficio.
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144 y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Inteligencia Artificial) (DO L, 2024/1689).
3      Dz. U. de 2024, posición 334.
4      Dz. U. de 2024, posición 867.
5      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 2011 (DO 2011, L 48, p. 1).
6      C‑197/23, en lo sucesivo, «sentencia S.», EU:C:2024:956.
7      Conviene señalar que la postura del órgano jurisdiccional remitente sobre este extremo no se establece con claridad. Así, en el apartado 35 de la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente indica que es la decisión de la sala de gobierno del Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) la que no puede ser objeto de control judicial y añade que no es posible controlar el respeto de las normas de reparto de los asuntos y que, por consiguiente, el procedimiento sustanciado ante el órgano jurisdiccional remitente está viciado de nulidad. Aunque esta es efectivamente la tesis que expone, la duda manifestada en torno a la falta de tutela judicial efectiva se refiere, en realidad, a la decisión por la que la sala de gobierno de dicho tribunal apartó a la juez JD de los asuntos en cuestión. Pues bien, como alega el Gobierno polaco, la juez JD no impugnó esta decisión de apartamiento, sino que, por el contrario, la aceptó. En este contexto, la cuestión de la existencia de una vía de recurso a disposición de la juez JD presenta carácter hipotético en el asunto principal, ya que no se ha iniciado ningún litigio real a este respecto ante un órgano jurisdiccional. Por lo tanto, considero que es preciso examinar este problema en los términos más restringidos en los que se formula en el sexto punto de la cuestión prejudicial planteada en la resolución de remisión y, con carácter complementario, a la luz del apartado 29 de dicha resolución, en el que el órgano jurisdiccional remitente alude expresamente a la «decisión en forma escrita de la autoridad administrativa del órgano jurisdiccional relativa a la atribución de un asunto y a la designación y la composición del órgano enjuiciador».
8      Véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de marzo de 2020, Reexamen Simpson/ Consejo y HG/Comisión (C‑542/18 RX‑II y C‑543/18 RX‑II, EU:C:2020:232), apartado 71; de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros (C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594), apartados 47 y 49, y de 6 de marzo de 2025, D. K. (Apartamiento de un juez) (C‑647/21 y C‑648/21, en lo sucesivo, «sentencia D. K.», EU:C:2025:143), apartados 65 y 66.
9      Véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2024, Hann-Invest y otros (C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21, EU:C:2024:594), apartados 50, 51 y 54, y de 1 de agosto de 2025, Daka y otros (C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 y C‑493/23, en lo sucesivo, «sentencia Daka», EU:C:2025:592), apartados 75 y 76.
10      Véanse, en este sentido, las sentencias S., apartado 63 y jurisprudencia citada, y D. K., apartado 72.
11      Véase, en este sentido, la sentencia D. K., apartado 73.
12      Véase la sentencia D. K., apartado 75.
13      Véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, YP y otros (Levantamiento de la inmunidad de un juez y suspensión en sus funciones) (C‑615/20 y C‑671/20, EU:C:2023:562), apartados 76 y 77. En ese asunto, el Tribunal de Justicia examinó una situación en la que se reasignó un asunto a una formación jurisdiccional tras la suspensión de funciones del juez al que se le había atribuido inicialmente, suspensión que se efectuó en virtud de una resolución adoptada infringiendo el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo. El Tribunal de Justicia consideró que dicha formación jurisdiccional debía abstenerse de conocer del asunto y dejar inaplicada esa resolución.
14      Sentencia D. K., apartado 77.
15      Véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo) (C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982), apartado 123, y de 20 de abril de 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311), apartado 53.
16      Sentencia D. K., apartado 71, que cita la sentencia del TEDH, de 5 de octubre de 2010, DMD GROUP, a.s. c. Eslovaquia (CE:ECHR:2010:1005JUD001933403), § 66.
17      Véase la sentencia de 27 de febrero de 2025, Sinalov (C‑16/24, en lo sucesivo, «sentencia Sinalov», EU:C:2025:116), apartado 51.
18      Véase, en relación con un sistema búlgaro de elección aleatoria de la formación jurisdiccional, la sentencia Sinalov, apartado 51.
19      Según el sitio de Internet de la enciclopedia en línea Wikipedia, «en informática, el código fuente es un texto que presenta de forma legible las instrucciones que componen un programa, tal como han sido escritas en un lenguaje de programación. El código fuente se materializa, por lo general, en forma de un conjunto de archivos de texto» (puede consultarse en la siguiente dirección: https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_source).
20      Véanse asimismo las sentencias S., apartado 67, y Daka, apartado 99. Por otra parte, el Tribunal de Justicia declaró, asimismo, en el apartado 56 de la sentencia Sinalov, que, «habida cuenta de la competencia de los Estados miembros en lo que respecta a la organización de su sistema jurisdiccional […], el Derecho de la Unión no se opone a que, cuando un juez al que el responsable administrativo del órgano jurisdiccional de que se trate ha atribuido un asunto albergue dudas en cuanto a la regularidad de dicha atribución a la luz de las normas del Derecho nacional aplicables, deba devolver ese asunto al referido responsable, en atención a sus prerrogativas legales, para que este verifique dicha regularidad, y, en su caso, deba aceptar examinar el asunto en cuestión si se confirma la atribución inicial. No obstante, la regularidad de una atribución efectuada por el referido responsable debe poder ser objeto de un control jurisdiccional con arreglo a las normas del Derecho nacional» (el subrayado es mío).
21      Véase también la sentencia S., apartados 65 a 67.
22      Véase, en este sentido, la sentencia Sinalov, apartado 54.
23      Es preciso señalar, en este momento, que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la repercusión del SLPS en el riesgo de duración excesiva del procedimiento, en detrimento de los derechos procesales de las partes. Sin embargo, tal alegación no está respaldada por ningún elemento de los autos. En particular, los autos no contienen ningún dato que permita apreciar la existencia de un vínculo entre la carga supuestamente excesiva de asuntos atribuidos al órgano jurisdiccional remitente en el litigio principal y la consiguiente prolongación de los procedimientos. En estas circunstancias, la alegación formulada parece puramente especulativa. Ante la falta de una base fáctica suficiente, considero que esa alegación no puede ser apreciada fundadamente a la luz de los elementos de los que dispone el Tribunal de Justicia.