62023CJ0322
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 17 de octubre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusula 4 — Sector público — Profesores — Nombramiento como funcionarios de carrera, mediante un procedimiento de selección por méritos, de trabajadores con contratos de duración determinada — Determinación de la antigüedad — Cómputo parcial de los períodos de servicio cumplidos en virtud de contratos de trabajo de duración determinada — Reintegro posterior del período de antigüedad no computado — Falta de incidencia en la apreciación de la existencia de una discriminación»
En el asunto C‑322/23 [Lufoni], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale di Lecce (Tribunal de Lecce, Italia), mediante resolución de 22 de mayo de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de mayo de 2023, en el procedimiento entre
ED
y
Ministero dell’Istruzione e del Merito,
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de la Sala Primera, en funciones de Presidente de la Sala Séptima, la Sra. M. L. Arastey Sahún (Ponente), Presidenta de la Sala Quinta, y el Sr. J. Passer, Juez;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), por la Sra. C. D’Aloisio, el Sr. E. De Rose, la Sra. E. A. Sciplino y el Sr. A. Sgroi, avvocati;
–
en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por la Sra. L. Fiandaca y el Sr. F. Sclafani, avvocati dello Stato;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. D. Recchia y F. van Schaik, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo Marco»), que figura como anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada (DO 1999, L 175, p. 43).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre ED, por una parte, y el Ministero dell’Istruzione e del Merito (Ministerio de Educación y del Mérito, Italia) y el Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Italia), por otra, en relación con el cálculo, en la fecha del nombramiento de ED como profesor de plantilla, de la antigüedad que había adquirido en virtud de una serie de contratos de duración determinada celebrados como profesor no incluido en plantilla.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
La cláusula 3 del Acuerdo Marco establece:
«A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por
1.
“trabajador con contrato de duración determinada”: el trabajador con un contrato de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un hecho o acontecimiento determinado;
2.
“trabajador con contrato de duración indefinida comparable”: un trabajador con un contrato o relación laboral de duración indefinid[a], en el mismo centro de trabajo, que realice un trabajo u ocupación idéntico o similar, teniendo en cuenta su cualificación y las tareas que desempeña.
En caso de que no exista ningún trabajador fijo comparable en el mismo centro de trabajo, la comparación se efectuará haciendo referencia al convenio colectivo aplicable o, en caso de no existir ningún convenio colectivo aplicable, y de conformidad con la legislación, a los convenios colectivos o prácticas nacionales.»
4
La cláusula 4, apartados 1 y 4, del Acuerdo Marco está redactada en los siguientes términos:
«1.
Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.
[…]
4.
Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas.»
Derecho italiano
Decreto Legislativo n.o 297/1994
5
El artículo 485, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 297 — Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (Decreto Legislativo n.o 297, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales aplicables en materia de enseñanza, relativas a las escuelas de cualquier tipo y grado), de 16 de abril de 1994 (GURI n.o 115, de 19 de mayo de 1994, suplemento ordinario n.o 79), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 297/1994»), establece:
«Al personal docente de los centros de enseñanza secundaria y artística, del tiempo de servicio prestado en calidad de profesor no incluido en plantilla en dichos centros de enseñanza estatales y asimilados, incluidos los situados en el extranjero, le serán reconocidos como tiempo de servicio prestado en calidad de profesor de plantilla, a efectos jurídicos y económicos, la totalidad de los cuatro primeros años y las dos terceras partes del eventual período adicional, así como, a efectos puramente económicos, la tercera parte restante. Los derechos económicos derivados de este reconocimiento se conservarán y se tendrán en cuenta en todas las categorías de retribución posteriores a la asignada en el momento de dicho reconocimiento.»
6
El artículo 489, apartado 1, de dicho Decreto Legislativo dispone:
«A efectos del reconocimiento a que se refieren los artículos anteriores, el servicio de enseñanza deberá considerarse prestado durante todo un curso escolar si ha tenido la duración establecida a efectos de la validez del curso por el sistema educativo en vigor en el momento en que se prestó.»
Ley n.o 124/1999
7
A tenor del artículo 11, apartado 14, de la legge n. 124 — Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (Ley n.o 124, por la que se adoptan disposiciones urgentes en materia de personal docente), de 3 de mayo de 1999 (GURI n.o 107, de 10 de mayo de 1999), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley n.o 124/1999»):
«El apartado 1 del artículo 489 del [Decreto Legislativo n.o 297/1994] debe entenderse en el sentido de que el servicio de enseñanza prestado por un profesor no incluido en plantilla a partir del curso 1974/1975 se considerará prestado durante un curso escolar completo si su duración es igual o superior a 180 días o si el servicio se ha prestado ininterrumpidamente desde el 1 de febrero hasta las evaluaciones finales de los alumnos.»
Decreto Presidencial n.o 399/1988
8
El artículo 4, apartado 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.o 399 — Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988‑1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola (Decreto del Presidente de la República n.o 399, sobre normas resultantes de la regulación establecida en el Acuerdo para el Trienio 1988‑1990 de 9 de junio de 1988 sobre el personal de centros de enseñanza escolares), de 23 de agosto de 1988 (GURI n.o 213, de 10 de septiembre de 1988, suplemento ordinario n.o 85; en lo sucesivo, «Decreto Presidencial n.o 399/1988»), dispone:
«Al término del decimosexto año de servicio en el caso de los profesores de enseñanza secundaria superior con título universitario, del decimoctavo año en el caso de los coordinadores administrativos, los profesores de centros de educación infantil y de enseñanza primaria, los profesores de enseñanza secundaria del primer ciclo y los profesores de enseñanza secundaria superior con un título de una escuela superior, del vigésimo año en el caso del personal auxiliar y de apoyo, y del vigésimo cuarto año en el caso de los profesores de conservatorios de música y de academias, la antigüedad computada únicamente a efectos económicos será válida en su totalidad a efectos de la clasificación posterior en la escala salarial.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
9
ED trabajó como profesor de enseñanza secundaria superior, en virtud de varios contratos de duración determinada, durante los cursos escolares 1996/1997 a 1998/1999, 2000/2001 a 2009/2010 y 2011/2012 a 2014/2015, antes de ser nombrado profesor de plantilla, por tiempo indefinido, con efectos a partir del 1 de septiembre de 2015, mediante un procedimiento de selección por méritos.
10
En el momento de su nombramiento, se le reconoció, a efectos jurídicos y económicos, de conformidad con la normativa nacional aplicable, una antigüedad adquirida en virtud de esos contratos de duración determinada de diez años, cinco meses y diez días de servicio.
11
Al considerar que el cálculo de esta antigüedad infringe la cláusula 4 del Acuerdo Marco en la medida en que no tiene en cuenta la duración íntegra de los servicios que prestó antes de su nombramiento, ED interpuso, el 22 de abril de 2021, un recurso ante el Tribunale di Lecce (Tribunal de Lecce, Italia), órgano jurisdiccional remitente, con el fin de que se le reconociera una antigüedad de diez años, diez meses y diecisiete días, adquirida en virtud de dichos contratos de duración determinada.
12
En lo que concierne al sistema de cálculo de la antigüedad previsto en la normativa nacional, dicho órgano jurisdiccional señala, por una parte, que el artículo 11, apartado 14, de la Ley n.o 124/1999 establece que, cuando, en un curso escolar determinado, el servicio prestado como profesor no incluido en plantilla haya alcanzado una duración igual o superior a 180 días o se haya prestado desde el 1 de febrero hasta las evaluaciones finales de los alumnos, se considerará que se ha prestado durante un curso escolar completo. Por el contrario, cuando tal servicio no cumpla ninguno de estos dos requisitos, no se tendrá en cuenta.
13
Así, de la resolución de remisión se desprende que, en lo que respecta a ED, no se tuvieron en cuenta los cursos escolares 2000/2001, 2011/2012 y 2012/2013, ya que, en esos cursos, la duración de sus servicios no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 14, de la Ley n.o 124/1999.
14
Por otra parte, según la mencionada resolución, una vez calculada la duración del servicio prestado según las reglas mencionadas en el apartado 12 de la presente sentencia, de conformidad con el artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994, dicha duración se tiene en cuenta íntegramente en lo que respecta a los cuatro primeros años, mientras que, para los años siguientes, solo se tienen en cuenta dos terceras partes a efectos jurídicos y económicos. La tercera parte restante se tiene en cuenta, a efectos económicos, esto es, a efectos de la clasificación posterior en la escala salarial, según los plazos previstos en el artículo 4, apartado 3, del Decreto Presidencial n.o 399/1988 y, en particular, al término del decimosexto año de servicio en el caso de los profesores de enseñanza secundaria superior con título universitario.
15
El órgano jurisdiccional remitente añade que el artículo 4, apartado 3, del Decreto Presidencial n.o 399/1988 es especialmente pertinente para la resolución del litigio principal, en la medida en que, en virtud de esta disposición, es posible reintegrar, con fines económicos, a saber, aquellos sobre los que versa el presente litigio, la parte de la antigüedad que no se tuvo en cuenta en el momento del nombramiento del interesado. Así pues, a las personas que se encuentran en la misma situación que ED no se les deniega el reconocimiento de toda la duración del servicio prestado como profesores no incluidos en plantilla, sino que solo se aplaza hasta el decimosexto año de servicio.
16
El órgano jurisdiccional remitente señala que, en la sentencia de 20 de septiembre de 2018, Motter (C‑466/17, en lo sucesivo, sentencia Motter, EU:C:2018:758), que versaba sobre el sistema de cálculo de la antigüedad controvertido en el litigio principal, el Tribunal de Justicia no tuvo en cuenta, en particular, el mencionado artículo 4, apartado 3, del Decreto Presidencial n.o 399/1988, puesto que la resolución de remisión en el asunto que dio lugar a dicha sentencia no mencionaba esta disposición. Según el órgano jurisdiccional remitente, es necesario, por tanto, en el caso de autos, plantear al Tribunal de Justicia nuevas cuestiones prejudiciales proporcionando un marco jurídico más completo.
17
Asimismo, precisa que los elementos mencionados por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia en cuanto a la posibilidad de comparar las situaciones en cuestión y a las justificaciones objetivas invocadas por el Gobierno italiano son extrapolables al presente asunto.
18
Añade que la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), en su sentencia n.o 31149, de 28 de noviembre de 2019, dictada sobre la base de la sentencia Motter, declaró que el artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994 es contrario a la cláusula 4 del Acuerdo Marco y que, por consiguiente, la aplicación de dicho artículo 485 debe excluirse cuando la antigüedad de los profesores contratados por una duración determinada que posteriormente adquieren la condición de funcionario, calculada con arreglo a los criterios establecidos en los artículos 485 y 489 de dicho Decreto Legislativo, completado por el artículo 11, apartado 14, de la Ley n.o 124/1999, es inferior a la antigüedad que se reconocería a un profesor que se encontrara en una situación comparable contratado, desde el inicio, por tiempo indefinido.
19
Por lo tanto, según el órgano jurisdiccional remitente, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) ha declarado que la existencia de una discriminación debe apreciarse comparando, en la fecha de nombramiento del interesado, la antigüedad resultante del cálculo previsto por cada uno de los dos métodos de cálculo mencionados en el apartado anterior con el fin de aplicar el método más ventajoso.
20
En el caso de autos, ED solicita, con arreglo a los principios establecidos por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), que se le reconozca una antigüedad de diez años, diez meses y diecisiete días, a saber, cinco meses y siete días más que la antigüedad que se le ha reconocido.
21
El órgano jurisdiccional remitente señala que, según el método de cálculo invocado por ED, este perdería, en particular, el derecho, previsto en el artículo 4, apartado 3, del Decreto Presidencial n.o 399/1988, a que se le reconozca, al término de su decimosexto año de servicio, un período de antigüedad adicional de tres años, dos meses y veinte días, con fines exclusivamente económicos.
22
Así pues, afirma que el hecho de que, según la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), el momento determinante para apreciar la existencia de una discriminación con arreglo a la cláusula 4 del Acuerdo Marco sea el del nombramiento del interesado tiene como consecuencia, en la práctica, un incremento de la antigüedad de ED en aproximadamente cinco meses, pero le priva del reconocimiento del período de antigüedad adicional mencionado en el apartado anterior.
23
En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente considera que el método de cálculo de la antigüedad resultante de la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) conduce a una mayor disparidad entre los trabajadores con contrato de duración determinada y los trabajadores fijos que se encuentran en situaciones comparables que el método de cálculo de la antigüedad previsto en el artículo 485 del Decreto Legislativo n.o 297/1994, que este último tribunal consideró discriminatorio, lo que podría ser contrario a los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros (C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646).
24
Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el reintegro de la antigüedad, según lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, del Decreto Presidencial n.o 399/1988, puede constituir una justificación objetiva de la diferencia de trato declarada contraria a la cláusula 4 del Acuerdo Marco.
25
Sentado lo anterior, dicho órgano jurisdiccional subraya a este respecto, sustancialmente, que dicho reintegro de la antigüedad, con arreglo al citado artículo 4, apartado 3, puede considerarse un elemento de hecho futuro e incierto, vinculado a consideraciones de hecho propias de cada persona.
26
En estas circunstancias, el Tribunale di Lecce (Tribunal de Lecce) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones perjudiciales:
«1)
¿Se opone la cláusula 4 [del Acuerdo Marco] a una normativa nacional como la constituida por los artículos 485 y 489 del Decreto Legislativo n.o 297/1994, el artículo 11, apartado 14, de la Ley n.o 124/1999 y el artículo 4, apartado 3, del Decreto [Presidencial] n.o 399/1988, que establecen un cómputo de la antigüedad anterior a la inclusión en plantilla —efectuado atendiendo a lo dispuesto en el citado artículo 11, apartado 14— según el cual se tienen en cuenta en su totalidad solo los primeros cuatro años y, respecto a los años siguientes, las dos terceras partes a efectos jurídicos y económicos y la tercera parte restante únicamente a efectos económicos y una vez alcanzada una determinada antigüedad en el servicio, conforme a lo establecido en el artículo 4, apartado 3, del Decreto [Presidencial] n.o 399/1988?
2)
En cualquier caso, ¿a efectos de valorar la existencia de discriminación conforme a lo establecido en la cláusula 4 [del Acuerdo Marco], el órgano jurisdiccional remitente debe tener en cuenta solo la antigüedad resultante de contratos de duración determinada reconocida en el momento de la inclusión en plantilla o, por el contrario, debe tenerse en cuenta el conjunto de normas que regulan esa antigüedad y, por tanto, también las que establecen, para períodos posteriores a la inclusión en plantilla, la recuperación íntegra de la antigüedad a efectos económicos únicamente?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la admisibilidad
27
El Gobierno italiano alega que las cuestiones prejudiciales son inadmisibles, puesto que la respuesta a estas no suscita duda alguna, en particular a la luz de la sentencia Motter. Añade que la primera cuestión prejudicial es hipotética, en la medida en que pone de manifiesto un desacuerdo del órgano jurisdiccional remitente con la jurisprudencia de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) y en que el ordenamiento jurídico interno ofrece medios para poner remedio a tal desacuerdo.
28
A este respecto, es jurisprudencia reiterada que, en el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio principal y que debe asumir la responsabilidad de la resolución judicial que ha de adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación de una norma de Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está obligado, en principio, a pronunciarse (sentencia de 9 de marzo de 2023, Vapo Atlantic, C‑604/21, EU:C:2023:175, apartado 31 y jurisprudencia citada).
29
En el presente asunto, por una parte, procede recordar que nada impide a un órgano jurisdiccional nacional plantear al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales cuya respuesta, según uno de los interesados que haya participado en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, no deje lugar a duda razonable alguna. Por lo tanto, aun suponiendo que así fuera, no por ello resultaría inadmisible la petición de decisión prejudicial que contuviese tales cuestiones (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Vapo Atlantic, C‑604/21, EU:C:2023:175, apartado 33 y jurisprudencia citada).
30
Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente indica las razones por las que, a su juicio, es necesaria una respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas para la resolución del litigio principal. A este respecto, afirma que alberga dudas en cuanto a la conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las conclusiones que la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) extrajo de la sentencia Motter. Añade que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia no tuvo en cuenta todos los aspectos de la normativa nacional controvertida en el litigio principal y que subsisten dudas en cuanto a la interpretación que debe darse a la cláusula 4 del Acuerdo Marco en situaciones como la de ED. Por lo tanto, el problema que plantea la primera cuestión prejudicial no es de naturaleza hipotética.
31
De ello se sigue que procede declarar la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales.
Sobre el fondo
32
Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la cláusula 4 del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, a efectos del reconocimiento de la antigüedad de un trabajador en el momento de su nombramiento como funcionario de carrera, limita a las dos terceras partes el cómputo de los períodos de servicio cumplidos, más allá de cuatro años, en virtud de contratos de trabajo de duración determinada, aun cuando, tras un determinado número de años de servicio, se reintegre la tercera parte de los períodos de servicio restante a efectos únicamente económicos.
33
A este respecto, cabe recordar que la cláusula 4 del Acuerdo Marco, que tiene efecto directo, incluye, en su apartado 1, una prohibición de tratar, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, a los trabajadores con un contrato de duración determinada de modo menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de trabajo de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. El apartado 4 de dicha cláusula 4 enuncia la misma prohibición por lo que respecta a los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo (sentencia de 30 de noviembre de 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS, C‑270/22, en lo sucesivo, sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, EU:C:2023:933, apartados 52 y 53 y jurisprudencia citada).
34
Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las normas, como las controvertidas en el litigio principal, relativas a los períodos de servicio que deben cumplirse para poder ser clasificado en una categoría retributiva están comprendidas en el concepto de «condiciones de trabajo» en el sentido de la misma cláusula 4 (sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartado 55 y jurisprudencia citada).
35
Por consiguiente, para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas, procede examinar si una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal establece una diferencia de trato, a efectos de la cláusula 4 del Acuerdo Marco, antes de determinar, en su caso, si tal diferencia puede estar justificada por razones objetivas, en el sentido de dicha cláusula.
36
Por lo que respecta, en primer lugar, a la cuestión de si la normativa nacional controvertida en el litigio principal establece una diferencia de trato, en el sentido de la cláusula 4 del Acuerdo Marco, procede señalar que la resolución de remisión se refiere a los artículos 485, apartado 1, y 489, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 297/1994, al artículo 11, apartado 14, de la Ley n.o 124/1999 y al artículo 4, apartado 3, del Decreto Presidencial n.o 399/1988.
37
El artículo 485, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 297/1994 era objeto de controversia en el asunto que dio lugar a la sentencia Motter.
38
Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente afirma que, en dicho asunto, el Tribunal de Justicia no disponía de un marco jurídico completo, razón por la cual decidió plantear la presente petición de decisión prejudicial. En este contexto, menciona las demás disposiciones citadas en el apartado 36 de la presente sentencia.
39
A este respecto, procede señalar que las razones invocadas por el órgano jurisdiccional remitente para justificar la presente remisión prejudicial son, en esencia, las mismas que llevaron al Tribunale ordinario di Ravenna (Tribunal Ordinario de Rávena, Italia) a presentar la petición de decisión prejudicial que dio lugar a la sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, como se desprende del apartado 41 de esta última. Esta sentencia se dictó el 30 de noviembre de 2023, es decir, con posterioridad a la presentación de la petición de decisión prejudicial en el presente asunto.
40
En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que, de conformidad con la normativa nacional controvertida en el litigio principal, en el caso de los profesores fijos seleccionados mediante oposición, es posible reconocer íntegramente su antigüedad a efectos de su clasificación en una categoría retributiva (véase, en este sentido, la sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartado 57).
41
En cambio, por lo que respecta a los profesores con contratos de duración determinada que han sido nombrados funcionarios tras un procedimiento de selección por méritos, los períodos de servicio de duración determinada prestados durante un curso escolar que no alcancen los umbrales fijados en el artículo 489 del Decreto Legislativo n.o 297/1994, completado por el artículo 11, apartado 14, de la Ley n.o 124/1999, no se tienen en cuenta a efectos del reconocimiento de su antigüedad Además, los períodos que alcanzan esos umbrales solo se computan íntegramente durante cuatro años, momento a partir del cual únicamente se tienen en cuenta las dos terceras partes de esos períodos, de conformidad con el artículo 485 de dicho Decreto Legislativo n.o 297/1994 (véase, en este sentido, la sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartado 58). Como se ha mencionado en el apartado 13 de la presente sentencia, a ED se le aplicaron todas estas disposiciones.
42
Por otro lado, en el apartado 59 de la sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta expresamente el mecanismo de reintegro previsto en el artículo 4, apartado 3, del Decreto Presidencial n.o 399/1988, en virtud del cual el tercio de la antigüedad no computada en el momento del nombramiento puede, en su caso, una vez superado un determinado plazo, reintegrarse a efectos de la clasificación posterior, en la escala retributiva, de los profesores afectados. A este respecto, el Tribunal de Justicia subrayó que dicho reintegro solo puede producirse después de un período particularmente largo, a saber, entre el decimosexto y el vigésimo cuarto año de servicio. También observó, en esencia, que este reintegro solo es válido en la medida en que el profesor interesado siga formando parte, al término de dicho período, del personal del Ministerio de Educación y del Mérito.
43
Teniendo en cuenta todas las disposiciones mencionadas en los dos apartados anteriores, el Tribunal de Justicia declaró que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal establece una diferencia de trato en detrimento de los profesores con contratos de duración determinada respecto de los profesores fijos seleccionados mediante oposiciones generales, a los que no se les aplican las limitaciones mencionadas en el apartado anterior (sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartado 60).
44
Así pues, de la sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS se desprende que una normativa como la controvertida en el litigio principal establece una diferencia de trato, en el sentido de la cláusula 4 del Acuerdo Marco, y que el mecanismo de reintegro previsto en el artículo 4, apartado 3, del Decreto Presidencial n.o 399/1988, al que el órgano jurisdiccional remitente concede especial importancia, forma parte de las normas que dan lugar a tal diferencia de trato.
45
Procede añadir que, como subraya el propio órgano jurisdiccional remitente, mientras que los dos tercios de la antigüedad computados en el momento del nombramiento de un profesor se tienen en cuenta a efectos jurídicos y económicos, el eventual reintegro, con arreglo al artículo 4, apartado 3, del Decreto Presidencial n.o 399/1988, del tercio de la antigüedad restante se produce únicamente a efectos económicos.
46
De ello se sigue que dicho mecanismo de reintegro se caracteriza no solo por el hecho, mencionado en el apartado 42 de la presente sentencia, de que su eventual aplicación —supeditada al requisito de que la persona de que se trate siga desempeñando funciones de profesor de plantilla— se retrasa varios años —en el caso de ED, al término de su decimosexto año de servicio— y es, por tanto, futura e incierta, sino también por el hecho de que, aunque se aplique dicho mecanismo, sus efectos tienen un alcance limitado.
47
Por consiguiente, la circunstancia de que, en algunos casos, la aplicación de este mecanismo pueda eventualmente resultar favorable para los profesores afectados tan solo puede, en su caso, compensar de manera parcial la diferencia de trato sufrida, en el momento de su nombramiento, por la aplicación de una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal.
48
En cualquier caso, la existencia de un trato menos favorable, en el sentido de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco, se aprecia de forma objetiva [sentencia de 20 de febrero de 2024, X (Omisión de causas de resolución), C‑715/20, EU:C:2024:139, apartado 51]. Por consiguiente, la existencia de una diferencia de trato debe apreciarse a la luz de los elementos de hecho y de Derecho que puedan ser constatados en el momento en que la persona que estima ser objeto de tal diferencia la invoca, sin que puedan tenerse en cuenta eventuales elementos futuros, cuya existencia misma y alcance exacto son inciertos en ese momento.
49
Dicho esto, para que una diferencia de trato constituya una discriminación prohibida por la cláusula 4 del Acuerdo Marco, es preciso además que afecte a situaciones comparables y que no esté justificada por razones objetivas (sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartado 61 y jurisprudencia citada).
50
Así, por lo que respecta, en segundo lugar, a la comparabilidad de las situaciones de que se trata, para determinar si los trabajadores realizan un trabajo idéntico o similar, en el sentido del Acuerdo Marco, debe comprobarse si, en virtud de las cláusulas 3, apartado 2, y 4, apartado 1, de este, habida cuenta de un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, las condiciones de formación y las condiciones de trabajo, puede considerarse que dichos trabajadores se encuentran en una situación comparable. Si se demuestra que, al realizar su trabajo, los trabajadores con contrato de duración determinada ejercen las mismas funciones que los trabajadores contratados por el mismo empresario por tiempo indefinido u ocupan el mismo puesto que estos, las situaciones de estas dos categorías de trabajadores han de considerarse, en principio, comparables (sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartados 62 y 63 y jurisprudencia citada).
51
A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que, en el litigio principal, consta que las situaciones de que se trata son comparables, en particular, por lo que respecta a las funciones desempeñadas por los profesores contratados por tiempo determinado y los contratados por tiempo indefinido.
52
Por lo demás, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las funciones desempeñadas por profesores no incluidos en plantilla, como ED, deben considerarse, en principio, comparables a las de los profesores contratados por tiempo indefinido (véase, en este sentido, la sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartado 67 y jurisprudencia citada).
53
En tercer y último lugar, por lo que respecta a la cuestión de si una diferencia de trato como la controvertida en el litigio principal puede estar justificada por «razones objetivas», en el sentido de la cláusula 4 del Acuerdo Marco, procede recordar que este concepto debe entenderse en el sentido de que una diferencia de trato entre trabajadores con un contrato de duración determinada y trabajadores fijos no puede justificarse por el hecho de que tal diferencia esté prevista en una norma nacional general y abstracta. Este concepto requiere que la desigualdad de trato observada esté justificada por la existencia de elementos precisos y concretos que caractericen la condición de trabajo de que se trate en el contexto específico en que se enmarca (sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartado 69 y jurisprudencia citada).
54
Con arreglo a criterios objetivos y transparentes, debe poder verificarse que dicha desigualdad responda a una necesidad auténtica, que permita alcanzar el objetivo perseguido y que sea indispensable a tal efecto. Estos elementos pueden resultar, en particular, de la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran los contratos de duración determinada y de las características inherentes a las mismas o, en su caso, del objetivo legítimo de política social perseguido por un Estado miembro (sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartado 70 y jurisprudencia citada).
55
En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente afirma que las razones objetivas invocadas por el Gobierno italiano en el asunto que dio lugar a la sentencia Motter son extrapolables al presente asunto. Del apartado 42 de esta última sentencia se desprende que dicho Gobierno invocaba objetivos consistentes, en esencia, por una parte, en reflejar las diferencias en el ejercicio profesional entre los profesores funcionarios de carrera seleccionados desde el principio mediante oposiciones generales y los profesores nombrados funcionarios tras haber adquirido una experiencia profesional mediante contratos de trabajo de duración determinada y, por otra parte, en evitar la aparición de una discriminación inversa en detrimento de los primeros. Debe precisarse asimismo que dicho Gobierno, en sus observaciones escritas, se remite también a los objetivos examinados por el Tribunal de Justicia en la sentencia Motter.
56
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cada uno de estos objetivos puede constituir una «razón objetiva», en el sentido de la cláusula 4, apartados 1 o 4, del Acuerdo Marco (sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartado 73 y jurisprudencia citada).
57
El Tribunal de Justicia también ha admitido que puede considerarse, en principio y sin perjuicio de la comprobación que realice el órgano jurisdiccional remitente, que la finalidad de dichos objetivos es responder a una necesidad auténtica y que la normativa nacional controvertida en el litigio principal puede considerarse, en principio, adecuada para alcanzar dichos objetivos (véase, en este sentido, la sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartados 75 y 76 y jurisprudencia citada).
58
No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado que una normativa como la controvertida en el litigio principal va más allá de lo necesario para alcanzar los dos objetivos mencionados en el apartado 55 de la presente sentencia, en la medida en que establece que el servicio de enseñanza que no haya alcanzado los 180 días por curso o que no haya sido realizado de forma continua entre el 1 de febrero y el fin de las evaluaciones finales de los alumnos no se tiene en cuenta, ni siquiera de forma limitada, y que esta exclusión se combina con el hecho de que solo se tienen en cuenta las dos terceras partes de la antigüedad de más de cuatro años adquirida en virtud de contratos de trabajo de duración determinada (véase, en este sentido, la sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, apartado 81).
59
Así, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 84 de la sentencia Ministero dell’Istruzione e INPS, que la cláusula 4 del Acuerdo Marco se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, teniendo también en cuenta, a efectos de esa interpretación, que dicha normativa permite, tras un determinado número de años de servicio, reintegrar, a efectos económicos, el tercio de la antigüedad no computado en el momento del nombramiento del interesado.
60
Por último, el órgano jurisdiccional remitente menciona la posibilidad de que la justificación objetiva de la diferencia de trato controvertida en el litigio principal se base en ese mecanismo de reintegro, previsto en el artículo 4, apartado 3, del Decreto Presidencial n.o 399/1988.
61
A este respecto, además de que la aplicación de este mecanismo es futura e incierta y de que, incluso cuando se aplica, solo tiene un alcance limitado, procede declarar que, en la medida en que, como se desprende del apartado 44 de la presente sentencia, dicho mecanismo forma parte de las normas que establecen tal diferencia de trato, no puede invocarse como una «razón objetiva», en el sentido de la cláusula 4 del Acuerdo Marco, para justificar esa diferencia de trato.
62
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que la cláusula 4 del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que, a efectos del reconocimiento de la antigüedad de un trabajador en el momento de su nombramiento como funcionario de carrera, limita a las dos terceras partes el cómputo de los períodos de servicio cumplidos, más allá de cuatro años, en virtud de contratos de trabajo de duración determinada, aun cuando, tras un determinado número de años de servicio, se reintegre la tercera parte de los períodos de servicio restante a efectos únicamente económicos.
Costas
63
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
La cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura como anexo a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que, a efectos del reconocimiento de la antigüedad de un trabajador en el momento de su nombramiento como funcionario de carrera, limita a las dos terceras partes el cómputo de los períodos de servicio cumplidos, más allá de cuatro años, en virtud de contratos de trabajo de duración determinada, aun cuando, tras un determinado número de años de servicio, se reintegre la tercera parte de los períodos de servicio restante a efectos únicamente económicos.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.