Edición provisional
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
de 25 de marzo de 2026 (*)
« Recurso de anulación y de indemnización — Derecho institucional — Protección de datos personales — Reglamento (UE) 2018/1725 — Reclamación al SEPD en relación con el tratamiento de datos personales por parte de la EUIPO — Sobreseimiento parcial — Inadmisibilidad manifiesta parcial »
En el asunto T‑144/25,
WS, representado por el Sr. H. Tettenborn, abogado,
parte demandante,
contra
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), representado por el Sr. D. Nardi y las Sras. F. Muller y A. Zawiła-Niedźwiecka, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),
integrado por el Sr. K. Kecsmár, Presidente, y los Sres. P. Nihoul (Ponente) y U. Öberg, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante su recurso, el demandante, WS, solicita, por una parte, sobre la base del artículo
263 TFUE, la anulación de la supuesta decisión implícita del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) de 26 de febrero de 2025 de no dar curso a su reclamación de 25 de noviembre de 2024 relativa al modo en que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) había tratado sus datos personales (en lo sucesivo, «decisión impugnada») y, por otra parte, sobre la base de los artículos
268 TFUE y 340 TFUE, reparación del perjuicio que alega haber sufrido como consecuencia del comportamiento del SEPD con respecto a él.
Antecedentes del litigio
2        El 1 de agosto de 2024, el demandante solicitó a la EUIPO, sobre la base del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43), acceder a determinados documentos.
3        Dado que la EUIPO no acusó recibo de esta solicitud ni de las solicitudes confirmatorias posteriores, el demandante le pidió, mediante escrito de 4 de noviembre de 2024, que lo tratase como una violación de la seguridad de los datos.
4        Mediante decisión de 15 de noviembre de 2024, el director ejecutivo de la EUIPO, sobre la base del artículo
4, apartados
1, letra b),
2, segundo guion, y 3, del Reglamento n.º 1049/2001, confirmó la decisión denegatoria implícita.
5        El 25 de noviembre de 2024, el demandante presentó ante el SEPD una reclamación contra la EUIPO en la que indicaba, en particular, que deseaba obtener de esta una copia de sus datos personales y de los registros relativos a cualquier operación de tratamiento de datos, la restauración de sus datos que habían sido suprimidos, una restricción del tratamiento de sus datos y la información relativa a dicha violación de la seguridad de los datos (en lo sucesivo, «reclamación de 25 de noviembre de 2024»). Ese mismo día, el SEPD acusó recibo de esta reclamación mediante el envío de un correo electrónico generado automáticamente.
6        El 5 de diciembre de 2024, el demandante solicitó al SEPD que le comunicara el número de expediente atribuido a su reclamación de 25 de noviembre de 2024, así como toda información adicional.
7        El 20 de enero de 2025, el demandante reiteró su solicitud relativa al número de expediente.
8        El 21 de enero de 2025, el SEPD acusó recibo de estos dos correos electrónicos del demandante. Además, el SEPD le informó de que no había encontrado rastro alguno de la reclamación de 25 de noviembre de 2024 y lo invitó a volver a presentarla.
9        Mediante correo electrónico del mismo día, el demandante rehusó atender la invitación del SEPD a volver a presentar la reclamación de 25 de noviembre de 2024 por considerar que el acuse de recibo que se le había expedido en esa fecha demostraba que dicha reclamación se había presentado correctamente. No obstante, el demandante presentó una copia de su reclamación y de sus anexos, así como una copia del acuse de recibo generado automáticamente.
10      El 24 de enero de 2025, el SEPD informó al demandante de que su reclamación de 25 de noviembre de 2024 había sido registrada con el número de expediente 2025‑0100. En el mismo correo electrónico, el SEPD aportó la siguiente precisión: «Examinaremos su reclamación y le informaremos de la evolución posterior».
11      El 29 de enero de 2025, el demandante solicita al SEPD que le informe sobre el curso dado a su reclamación.
12      El 31 de enero de 2025, el SEPD volvió a confirmar, en particular, la recepción de la reclamación de 25 de noviembre de 2024 y el número de expediente que se le había atribuido, e informó al demandante de que la información que había transmitido en su correo electrónico de 21 de enero de 2025 iba a tenerse en cuenta al examinar su reclamación.
13      Mediante correo electrónico de 7 de febrero de 2025, el SEPD informó al demandante, en particular, de que su reclamación de 25 de noviembre de 2024, tal como se presentó en línea, había sido identificada el 5 de febrero de 2025 e iba a ser examinada.
14      El 2 de marzo de 2025, el demandante interpuso el presente recurso.
Hecho posterior a la interposición del recurso
15      El 16 de abril de 2025, el SEPD informó al demandante de su decisión de archivar el expediente de la reclamación de 25 de noviembre de 2024. A este respecto, el SEPD consideró que dicha reclamación no se refería a un tratamiento de datos personales, sino a la gestión de las solicitudes de acceso público a los documentos presentadas en virtud del Reglamento n.º 1049/2001. Por lo tanto, el SEPD consideró que la reclamación no estaba comprendida en el ámbito de su mandato y que no existían motivos suficientes para iniciar una investigación.
Pretensiones de las partes
16      En su demanda, el demandante solicita al Tribunal General que:
–        Anule la decisión impugnada.
–        Condene al SEPD a indemnizarle, por un importe mínimo de 1 500 euros, que deberá definir el Tribunal General, por los daños morales e inmateriales que alega haber sufrido como consecuencia de la decisión impugnada.
–        Condene en costas al SEPD.
17      En su excepción de inadmisibilidad, el SEPD solicita al Tribunal
General que:
–        Declare la inadmisibilidad de la pretensión de anulación.
–        Desestime la pretensión de indemnización por infundada.
–        Condene en costas al demandante.
18      En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, el demandante solicita, en esencia, al Tribunal General que:
–        Desestime la excepción de inadmisibilidad.
Fundamentos de Derecho
Sobre la pretensión de anulación
19      Con arreglo al artículo 131 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, si el Tribunal General constatara que el recurso ha quedado sin objeto y que procede su sobreseimiento, podrá decidir en cualquier momento, de oficio, a propuesta del Juez Ponente y tras oír a las partes, resolver mediante auto motivado.
20      En el presente asunto, al estimar que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente, el Tribunal General decide, tras oír a las partes, resolver sin continuar el procedimiento, con arreglo a dicho artículo.
Sobre la cuestión de si nació una decisión implícita el 26 de febrero de 2025
21      Para determinar si la pretensión de anulación ha quedado sin objeto, el Tribunal General considera oportuno examinar si tenía un objeto en el momento de la interposición del recurso. Así pues, procede comprobar si el 26 de febrero de 2025 se produjo una decisión implícita.
22      A tenor del artículo
63, apartado
3, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39), «si el [SEPD] no da curso a la reclamación o no informa al interesado en el plazo de tres meses sobre el curso o el resultado de la reclamación, se entenderá que el [SEPD] ha adoptado una decisión negativa».
23      De ello se deduce que una decisión desestimatoria implícita se produce cuando se cumplen dos requisitos acumulativos. Por una parte, el SEPD no debe haber informado al reclamante del resultado de la reclamación en el plazo de tres meses. Por otra parte, el SEPD no debe haber informado al reclamante del curso de la misma en ese mismo plazo.
24      En el caso de autos, dado que el demandante presentó su reclamación el 25 de noviembre de 2024, el plazo de tres meses se extendía hasta el 25 de febrero de 2025. Pues bien, es pacífico entre las partes que el SEPD no informó al demandante del resultado de la reclamación en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la reclamación. Por consiguiente, procede comprobar si, no obstante, el SEPD informó al demandante del curso de la reclamación antes de la expiración de dicho plazo, a saber, el 26 de febrero de 2025, impidiendo así el nacimiento de una decisión desestimatoria implícita.
25      Como se ha indicado en el apartado
8 del presente auto, el SEPD informó en primer lugar al demandante, el 21 de enero de 2025, de que no había encontrado rastro alguno de la reclamación de 25 de noviembre de 2024.
26      A continuación, el 24 de enero de 2025, al haber facilitado el demandante una copia de su reclamación, el SEPD le informó de que había sido recibida y registrada con el número de expediente 2025‑0100. El SEPD también informó al demandante de que iba a examinar la reclamación y mantenerlo informado de la evolución posterior.
27      Posteriormente, el 31 de enero de 2025, el SEPD respondió a otras solicitudes de información del demandante indicándole que la información transmitida por este último el 21 de enero de 2025 iba a tenerse en cuenta al examinar su reclamación. También precisó que esta iba a ser tratada como recibida el 25 de noviembre de 2024.
28      Por último, mediante correo electrónico de 7 de febrero de 2025, el SEPD, en esencia:
–        informó al demandante de que su reclamación de 25 de noviembre de 2024, tal como se presentó en línea, había sido identificada el 5 de febrero de 2025 e iba a ser examinada;
–        precisó que, mediante su correo electrónico de 31 de enero de 2025, solo había querido informar al demandante de que su reclamación iba a ser examinada sobre la base de la copia recibida el 21 de enero de 2025, pero que la fecha de presentación tomada en consideración era el 25 de noviembre de 2024;
–        explicó que, en la medida en que ya disponía del original de la reclamación de 25 de noviembre de 2024, sería examinada sobre la base de dicho original, y
–        respondió a la solicitud del demandante de acceder a su reclamación transmitiéndosela en forma de fichero PDF.
29      A este respecto, procede señalar que esta información, comunicada por el SEPD al demandante, no constituye información sobre el curso de la reclamación en el sentido del artículo
63, apartado
3, del Reglamento 2018/1725.
30      En primer lugar, no puede calificarse de información sobre el curso de la reclamación toda la información relativa a la pérdida y, posteriormente, a la recuperación de la reclamación de 25 de noviembre de 2024. En el caso de autos, admitir tal calificación equivaldría a ignorar el significado primero del término «curso», que supone una cierta progresión real en la tramitación de la reclamación.
31      En segundo lugar, como alega acertadamente el demandante, la mera comunicación del número de expediente y la indicación de que se tramitaría la reclamación no ponen de manifiesto que se haya dado realmente curso a la tramitación de la reclamación.
32      De ello se deduce que la información transmitida antes del 26 de febrero de 2025 no reflejaba una progresión real en la tramitación de la reclamación de 25 de noviembre de 2024, por lo que no impidió el nacimiento de una decisión implícita. En consecuencia, a falta de información sobre el resultado de la reclamación o sobre su curso en el plazo previsto en el artículo
63, apartado
3, del Reglamento 2018/1725, al expirar dicho plazo, a saber, el 26 de febrero de 2025, nació una decisión desestimatoria implícita.
33      De lo anterior resulta que, en el momento de la interposición del recurso, la pretensión de anulación tenía un objeto.
Sobre la desaparición del objeto de la pretensión de anulación durante el procedimiento
34      No obstante, es preciso examinar si la pretensión de anulación ha conservado su objeto desde entonces.
35      Procede recordar que, en el caso de autos, la presente pretensión tiene por objeto la anulación de la decisión desestimatoria implícita de 26 de febrero de 2025.
36      Según la jurisprudencia, el objeto del litigio debe perdurar hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento (véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de enero de 2021, Leino-Sandberg/Parlamento, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, apartado 32 y jurisprudencia citada).
37      A este respecto, la adopción de una decisión expresa conlleva la revocación de la decisión implícita (véanse, en ese sentido, las sentencias de 2 de octubre de 2014, Strack/Comisión, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, apartados 88 y 89, y de 26 de marzo de 2020, ViaSat/Comisión, T‑734/17, no publicada, EU:T:2020:123, apartado 17).
38      Habida cuenta de su carácter retroactivo, esta revocación del acto impugnado conlleva la desaparición del objeto del litigio (véanse, en ese sentido, las sentencias de 7
de junio de 2007, Wunenburger/Comisión, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, apartados
48 y 49; de 4
de septiembre de 2018, ClientEarth/Comisión, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, apartado
45, y de 21
de enero de 2021, Leino-Sandberg/Parlamento, C‑761/18 P, EU:C:2021:52, apartado 33).
39      En esas circunstancias, el examen de un recurso contra una decisión implícita no puede justificarse ni por el objetivo de evitar que se reproduzca la ilegalidad reprochada ni por el de facilitar posibles recursos de indemnización, puesto que dichos objetivos pueden alcanzarse mediante el examen de un recurso contra la decisión expresa (véase el auto de 11 de febrero de 2025, Reverbel/Comisión, T‑178/24, EU:T:2025:173, apartado 23 y jurisprudencia citada).
40      En el caso de autos, la adopción de la decisión expresa de 16 de abril de 2025 tuvo por efecto revocar la decisión implícita de 26 de febrero de 2025. Esta última ha desaparecido del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y ya no puede ser objeto de una pretensión de anulación. Por otra parte, tras la adopción de la decisión expresa, el demandante no adaptó sus pretensiones sobre la base del artículo
86 del Reglamento de Procedimiento. Por consiguiente, es preciso señalar que la pretensión de anulación se dirige únicamente contra la decisión desestimatoria implícita, que, sin embargo, ha dejado de existir. En estas circunstancias, la desaparición de la decisión impugnada conlleva la pérdida del objeto de la pretensión de anulación.
41      Es cierto que, como alega el demandante, la decisión expresa de 16 de abril de 2025 confirmó, en su orientación, la desestimación de la reclamación tal como se expresa en la decisión impugnada. Sin embargo, esta circunstancia no impide la desaparición de la decisión impugnada y, por ende, del objeto de la pretensión de anulación (véanse, en este sentido, los autos de 19 de febrero de 2013, Beninca/Comisión, T‑418/12, no publicado, EU:T:2013:75, y de 18 de marzo de 2022, Saure/Comisión, T‑232/21, no publicado, EU:T:2022:165).
42      Por consiguiente, procede sobreseer las pretensiones de anulación de la decisión impugnada.
Sobre la pretensión de indemnización
43      El demandante sostiene, en esencia, haber sufrido un perjuicio moral causado por los incumplimientos del SEPD invocados en apoyo de la pretensión de anulación. Según él, estos supuestos incumplimientos lo colocaron en un estado de inseguridad permanente y debilitaron su posición en cualquier acción judicial contra la EUIPO.
44      El SEPD rebate las alegaciones del demandante.
45      En virtud del artículo 126 del Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal General podrá decidir resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
46      En el presente asunto, el Tribunal General considera que los autos le ofrecen información suficiente, por lo que decide resolver sin continuar el procedimiento.
47      A este respecto, en virtud del artículo
76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, toda demanda debe exponer de manera suficientemente clara y precisa los motivos invocados para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal General pronunciarse sobre el recurso. Más concretamente, para cumplir estos requisitos, una pretensión de indemnización debe contener los elementos que permitan demostrar la ilegalidad del comportamiento imputado a la institución de que se trate, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio alegado (véase la sentencia de 11 de julio de 1996, International Procurement Services/Comisión, T‑175/94, EU:T:1996:102, apartado 44 y jurisprudencia citada).
48      En el caso de autos, el demandante se remite, en el marco de su pretensión de indemnización, al motivo invocado en apoyo de su pretensión de anulación. Por otra parte, alega que el SEPD se comportó de manera ilegal por todas las razones expuestas en la argumentación desarrollada en el marco de la pretensión de anulación.
49      Procede recordar el contexto en el que se inscribe esta pretensión de indemnización. La decisión implícita de 26 de febrero de 2025 tuvo por efecto desestimar la reclamación de 25 de noviembre de 2024. Al considerar que esa desestimación era ilegal, el demandante interpuso un recurso contra dicha decisión implícita el 2 de marzo de 2025. Posteriormente, como consecuencia de la adopción de la decisión expresa de 16 de abril de 2025, desapareció la decisión impugnada. Es cierto que, a continuación, la reclamación es desestimada por la decisión expresa de 16 de abril de 2025. Sin embargo, esta última decisión no forma parte del objeto del recurso, al no haberse adaptado las pretensiones del demandante a este respecto.
50      De ello se deduce que el demandante, que debe probar la ilegalidad que alega, se limita a remitirse a alegaciones dirigidas contra una decisión impugnada que ha dejado de existir. A falta de otros elementos o explicaciones facilitados por el demandante, el Tribunal General no está en condiciones de comprender cómo podría analizar la legalidad de la desestimación de la reclamación de 25 de noviembre de 2024 únicamente sobre la base de una decisión impugnada que ha desaparecido del ordenamiento jurídico de la Unión.
51      En efecto, en este contexto, tal remisión general no identifica con precisión la ilegalidad del comportamiento reprochado al SEPD. A este respecto, es preciso recordar que no incumbe al Tribunal General, cuando la pretensión de indemnización se presenta junto con una pretensión de anulación, buscar e identificar, entre las diferentes imputaciones que se alegan para sostener la pretensión de anulación, aquella o aquellas que la parte demandante quiera esgrimir como fundamento de su pretensión de indemnización (véase el auto de 11 de enero de 2012, Ben Ali/Consejo, T‑301/11, no publicado, EU:T:2012:4, apartado 72 y jurisprudencia citada).
52      Por consiguiente, la pretensión de indemnización no cumple los requisitos de claridad y precisión del artículo
76, letra d), del Reglamento de Procedimiento. Así pues, debe declararse manifiestamente inadmisible.
Costas
53      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En caso de sobreseimiento, el artículo
137 del Reglamento de Procedimiento establece que el Tribunal General resolverá discrecionalmente sobre las costas.
54      En el caso de autos, procede señalar que fue la falta de información, por parte del SEPD, sobre el curso de su reclamación en el plazo señalado lo que llevó al demandante a interponer el presente recurso contra la decisión desestimatoria implícita de su reclamación.
55      En estas circunstancias, el Tribunal General estima que procede condenar en costas al SEPD.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
resuelve:
1)      Sobreseer la pretensión de anulación.
2)      Declarar la inadmisibilidad manifiesta de la pretensión de indemnización.
3)      El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) cargará, además de con sus propias costas, con las costas de WS.
Dictado en Luxemburgo, a 25 de marzo de 2026.
El Secretario
El Presidente
V. Di Bucci
K. Kecsmár
*      Lengua de procedimiento: inglés.