62023CJ0525
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 13 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Política de inmigración — Directiva (UE) 2016/801 — Requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros con fines de voluntariado — Denegación de renovación de un permiso de residencia — Artículo 7, apartado 1, letra e) — Recursos suficientes — Requisitos adicionales derivados de la jurisprudencia de un tribunal supremo nacional — Pruebas — Principio de primacía del Derecho de la Unión»
En el asunto C‑525/23 [Oti], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), mediante resolución de 26 de junio de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de agosto de 2023, en el procedimiento entre
OS
y
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan (Ponente), D. Gratsias y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. I. Illéssy, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de noviembre de 2024;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno húngaro, por la Sra. Zs. Biró‑Tóth y el Sr. M. Z. Fehér, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. J. Hottiaux y el Sr. C. Kovács, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair (DO 2016, L 132, p. 21), del principio de primacía del Derecho de la Unión, del artículo 79 TFUE y de los artículos 45 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre OS y la Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (Dirección General Nacional de la Policía de Extranjería, Hungría; en lo sucesivo, «Dirección Nacional») en relación con la denegación de la solicitud de OS de renovación de su permiso de residencia en Hungría para ejercer allí una actividad de voluntariado.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2003/109/CE
3
El artículo 5 de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DO 2004, L 16, p. 44), titulado «Condiciones para la obtención del estatuto de residente de larga duración», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Los Estados miembros requerirán al nacional de un tercer país que aporte la prueba de que dispone para sí mismo y para los miembros de su familia que estuvieren a su cargo de:
a)
recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate. Los Estados miembros evaluarán dichos recursos en función de su naturaleza y regularidad y podrán tener en cuenta la cuantía de los salarios y las pensiones mínimos antes de la solicitud del estatuto de residente de larga duración;
[…]».
Directiva 2004/38/CE
4
El artículo 7 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35), titulado «Derecho de residencia por más de tres meses», dispone, en su apartado 1:
«Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses si:
[…]
b)
dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida, o
[…]».
Directiva 2016/801
5
A tenor de los considerandos 2, 3, 20, 21, 41, 42, 54 y 61 de la Directiva 2016/801:
«(2)
La presente Directiva debe responder a las necesidades determinadas en los informes de aplicación de las Directivas 2004/114/CE [del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado (DO 2004, L 375, p. 12),] y 2005/71/CE [del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica (DO 2005, L 289, p. 15)], con el fin de subsanar las deficiencias detectadas, garantizar una mayor transparencia y seguridad jurídica y ofrecer un marco jurídico coherente a las distintas categorías de nacionales de países terceros que entran en la Unión [Europea]. Para ello, se deben simplificar y racionalizar las disposiciones aplicables a las distintas categorías, reuniéndolas en un único instrumento. A pesar de que las categorías que regula la presente Directiva presentan ciertas diferencias, también comparten una serie de características que posibilitan su regulación bajo un marco jurídico común a escala de la Unión.
(3)
La presente Directiva debe contribuir al objetivo recogido en el Programa de Estocolmo de aproximar las legislaciones nacionales que establecen los requisitos de entrada y de residencia de los nacionales de países terceros. La inmigración procedente de fuera de la Unión es una fuente de personas altamente cualificadas, y especialmente los estudiantes y los investigadores son cada vez más solicitados. Estos desempeñan un importante papel en la configuración del activo clave de la Unión, a saber, el capital humano, y para garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, contribuyendo de ese modo a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
[…]
(20)
La presente Directiva debe apoyar los objetivos del Servicio Voluntario Europeo de desarrollar la solidaridad, el entendimiento mutuo y la tolerancia entre los jóvenes y las sociedades en las que viven, contribuyendo al mismo tiempo a reforzar la cohesión social y al fomento de la ciudadanía activa entre los jóvenes. A fin de velar por el acceso al Servicio Voluntario Europeo de forma coherente en toda la Unión, los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva a los nacionales de países terceros que presenten solicitudes a efectos del Servicio Voluntario Europeo.
(21)
Los Estados miembros deben tener la posibilidad de aplicar las disposiciones de la presente Directiva a alumnos, voluntarios no incluidos en el Servicio Voluntario Europeo y au pairs, a fin de facilitar su entrada y residencia y velar por sus derechos.
[…]
(41)
En caso de duda en lo que respecta a las motivaciones de la solicitud de admisión, los Estados miembros deben poder llevar a cabo las correspondientes comprobaciones o solicitar pruebas a fin de evaluar caso por caso, la investigación, los estudios, las prácticas, el voluntariado, el programa de intercambio de alumnos o proyecto educativo o la colocación au pair a los que se pretende acceder y luchar contra el abuso y el uso improcedente del procedimiento establecido en la presente Directiva.
(42)
Cuando la información facilitada sea incompleta, los Estados miembros deben notificar al solicitante, en un plazo razonable, la información complementaria que se requiere y fijar un plazo razonable para su presentación. Si no se ha facilitado la información complementaria en dicho plazo, se podría denegar la solicitud.
[…]
(54)
Debe velarse por el trato equitativo de los nacionales de países terceros regulados por la presente Directiva, de conformidad con el artículo 79 [TFUE]. Los investigadores deben gozar de igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro afectado en lo que respecta al artículo 12, apartados 1 y 4, de la Directiva 2011/98/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro (DO 2011, L 343, p. 1)], sujeto a la posibilidad de que dicho Estado miembro limite la igualdad de trato en los casos concretos previstos en la presente Directiva. […]
[…]
(61)
La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la [Carta], de conformidad con el artículo 6 [TUE].»
6
El artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto», está redactado en los siguientes términos:
«La presente Directiva establece:
a)
los requisitos de entrada y residencia por un período superior a 90 días en el territorio de los Estados miembros, y los derechos de los nacionales de países terceros y, en su caso, de los miembros de sus familias, con fines de investigación, estudios, prácticas o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo y, cuando así lo decidan los Estados miembros, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos, voluntariado distinto al Servicio Voluntario Europeo o colocación au pair;
[…]».
7
El artículo 2 de la citada Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone en su apartado 1:
«La presente Directiva se aplica a los nacionales de países terceros que soliciten ser admitidos o que hayan sido admitidos en el territorio de un Estado miembro con fines de investigación, estudios, prácticas o voluntariado en el Servicio Voluntario Europeo. Los Estados miembros podrán decidir asimismo si aplican las disposiciones de la presente Directiva a los nacionales de países terceros que soliciten la admisión con el fin de participar en un programa de intercambio de alumnos, en un proyecto educativo, en un voluntariado distinto del Servicio Voluntario Europeo o para alguna colocación au pair.»
8
El artículo 4 de esta misma Directiva, titulado «Disposiciones más favorables», establece en su apartado 1:
«La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones más favorables que puedan resultar de:
a)
acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre la Unión, sola o con sus Estados miembros, por una parte, y uno o más países terceros, por otra parte, o
b)
acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre uno o más Estados miembros y uno o más países terceros.»
9
A tenor del artículo 5, apartados 1 y 3, de la Directiva 2016/801:
«1.   La admisión de un nacional de un país tercero en virtud de la presente Directiva estará sujeta a que, una vez comprobadas las pruebas documentales, quede demostrado que el nacional de un país tercero cumple lo siguiente:
a)
los requisitos generales establecidos en el artículo 7, y
b)
los requisitos específicos correspondientes incluidos en los artículos 8, 11, 12, 13, 14 o 16.
[…]
3.   Una vez se cumplan todos los requisitos generales y los específicos pertinentes, los nacionales de países terceros tendrán derecho a una autorización.
Si un Estado miembro expide permisos de residencia solamente en su territorio y se cumplen todos los requisitos de admisión establecidos en la presente Directiva, dicho Estado miembro expedirá al nacional de un país tercero los visados necesarios.»
10
El artículo 7 de dicha Directiva, titulado «Requisitos generales», establece en su apartado 1:
«Por lo que respecta a la admisión de un nacional de un país tercero, con arreglo a la presente Directiva, el solicitante deberá:
[…]
c)
presentar documentos que prueben que el nacional de un país tercero ha suscrito o, si así lo exige el Derecho nacional, ha solicitado suscribir un seguro de enfermedad para todos los riesgos cubiertos normalmente para los nacionales del Estado miembro en cuestión; el seguro deberá ser válido para la duración de la estancia prevista;
[…]
e)
presentar las pruebas que solicite el Estado miembro en cuestión de que el nacional de un país tercero podrá disponer durante la estancia prevista de recursos suficientes para cubrir los gastos de manutención sin recurrir al sistema de ayudas sociales del Estado miembro, así como el coste del viaje de regreso. La evaluación de los recursos suficientes se basará en un estudio individual de cada caso y tendrá en cuenta los recursos procedentes, entre otras fuentes, de subvenciones, ayudas y becas, un contrato de trabajo válido o una oferta de empleo en firme o una declaración de toma a cargo por una organización de un programa de intercambio de alumnos, una entidad de acogida de personas en prácticas, una organización de un programa de voluntariado, una familia de acogida o una organización mediadora en la colocación au pair.»
11
El artículo 14 de la citada Directiva, titulado «Requisitos específicos para voluntarios», dispone en su apartado 1, letra a):
«Además de los requisitos generales exigidos en el artículo 7, por lo que respecta a la admisión de un nacional de un país tercero con el fin de participar en un programa de voluntariado, el solicitante deberá:
a)
presentar un convenio con la entidad de acogida o, en la medida en que así lo disponga el Derecho nacional, otro organismo responsable en el Estado miembro en cuestión del programa de voluntariado en el que el nacional de un país tercero participe. El convenio incluirá:
[…]
v)
los recursos disponibles para cubrir los gastos de manutención y alojamiento del nacional de un país tercero y una cantidad mínima en concepto de dinero de bolsillo durante toda su estancia, y
[…]».
12
El artículo 34 de la misma Directiva, titulado «Garantías procedimentales y transparencia», establece en su apartado 3:
«Cuando la información o la documentación que acompañen a la solicitud sea incompleta, las autoridades competentes notificarán al solicitante, en un plazo razonable, la información adicional que se le exige y fijarán un plazo razonable para facilitarla. El plazo previsto en los apartados 1 o 2 quedará suspendido hasta que las autoridades competentes reciban la información adicional requerida. Si no se ha facilitado la información o los documentos adicionales en el plazo fijado, se podrá denegar la solicitud.»
Derecho húngaro
13
A tenor del artículo 2, letra d), de la a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (Ley n.o II de 2007, relativa a la Entrada y Residencia de Nacionales de Terceros Países) (Magyar Közlöny 2007/1), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley n.o II de 2007»):
«Se considerará miembro de la familia:
da)
el cónyuge de un nacional de un tercer país o de un nacional húngaro;
db)
el hijo menor de edad (incluido el hijo adoptado o acogido) de un nacional de un tercer país y de su cónyuge;
dc)
el hijo menor de edad (incluido el hijo adoptado o acogido) de un nacional de un tercer país que tenga su custodia y que ejerza sobre él la patria potestad;
dd)
el hijo menor de edad (incluido el hijo adoptado o acogido) del cónyuge de un nacional de un tercer país o de un nacional húngaro sobre el que el citado cónyuge tenga la custodia y ejerza la patria potestad;
de)
cualquier persona que ostente la patria potestad sobre un nacional húngaro menor de edad, que tenga su custodia y forme parte del hogar de dicho nacional húngaro.»
14
El artículo 13, apartado 1, letra f), de la Ley n.o II de 2007 dispone:
«El nacional de un tercer país podrá entrar en el territorio húngaro para una estancia superior a 90 días dentro de un mismo período de 180 días […] si dispone, durante toda su estancia, de recursos suficientes para cubrir sus gastos de manutención y alojamiento, así como el coste del viaje de regreso.»
15
El artículo 87, apartado 1, de dicha Ley está redactado como sigue:
«Si el esclarecimiento de los hechos así lo exige, la autoridad de policía de extranjería podrá convocar a la persona de que se trata a prestar declaración. La declaración podrá hacerse tanto oralmente como por escrito. Si la declaración se realiza oralmente, la Autoridad de Policía de Extranjería que conozca del asunto extenderá acta. […]»
16
El artículo 29, apartados 5 y 6, de la a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (Decreto del Gobierno n.o 114/2007, por el que se desarrolla la Ley n.o II de 2007, relativa a la Entrada y Residencia de Nacionales de Terceros Países) (Magyar Közlöny 2007/65) (en lo sucesivo, «Decreto n.o 114/2007») establece:
«5.   El nacional de un tercer país dispone de recursos suficientes para una estancia superior a 90 días si puede cubrir por sí mismo o si un miembro de su familia cubre, mediante ingresos o bienes adquiridos legalmente de que disponga, sus gastos de manutención, alojamiento, regreso y, en su caso, atención médica.
6.   En el marco del procedimiento de expedición de un visado para una estancia superior a 90 días y de un permiso de residencia, la existencia de medios de subsistencia podrá probarse, en particular, por los siguientes medios:
a)
medios de pago húngaros o medios de pago extranjeros convertibles depositados en una entidad de crédito en Hungría;
b)
un instrumento (contrato de cuenta de pago, libreta de depósito, etc.) en el que se reconozca al nacional de un tercer país el derecho a retirar efectivo de un proveedor de servicios de pago en Hungría, acompañado de un certificado de una entidad de crédito sobre la cobertura de efectivo disponible;
c)
medios de pago alternativos al efectivo (cheques, tarjetas de crédito, etc.) aceptados en el comercio en Hungría, acompañados de un certificado de una entidad de crédito sobre la cobertura de efectivo disponible;
d)
una carta de invitación válida debidamente aprobada por la Administración;
e)
un documento que acredite que se ha reservado y pagado el alojamiento y la comida;
f)
una escritura pública o un documento privado que acredite la existencia en Hungría de activos, derechos patrimoniales o valores patrimoniales que garanticen la subsistencia;
g)
la prueba de ingresos procedentes de una actividad legal remunerada que el solicitante pretenda ejercer o ejerza en territorio húngaro;
h)
la prueba de los ingresos regulares procedentes del extranjero;
i)
una declaración de un miembro de la familia que, en territorio húngaro, o bien es titular de un visado o de un permiso de residencia, del estatuto de inmigrante o de persona establecida, o de una tarjeta de residencia o de una tarjeta de residencia permanente prevista por una ley especial, o bien ha sido reconocido como refugiado. La declaración, que se habrá realizado ante notario y dará fe del compromiso de mantener al solicitante como persona a su cargo y de proporcionarle alimentos, deberá ir acompañada de un instrumento que pruebe la capacidad de la persona que asume el compromiso de cumplirlo; o
j)
cualquier otro medio de prueba fehaciente.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
17
OS, un nacional de un tercer país, era titular de un permiso de residencia en Hungría con fines de estudio válido hasta el 30 de junio de 2020. El 5 de junio de 2020, presentó una solicitud de renovación de su permiso de residencia (en lo sucesivo, «solicitud de renovación») ante la Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatósága (Dirección Regional en Budapest y en la Región de Pest de la Dirección General Nacional de la Policía de Extranjería, Hungría; en lo sucesivo, «Dirección Regional»), en la que declaró que el objeto de su estancia, formalmente presentada «con otra finalidad», era realizar una actividad de voluntariado. Asimismo, OS indicó que su tío, un nacional británico, le garantizaría los recursos necesarios durante su estancia en Hungría.
18
Para probar la finalidad de su estancia, OS adjuntó a la solicitud de renovación un contrato celebrado el 1 de junio de 2020 por una asociación establecida en Hungría, denominada «Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület», según el cual OS desarrollaría para esta asociación una actividad de voluntariado por tiempo indefinido a partir del 15 de junio de 2020. A la solicitud de renovación se adjuntaron también extractos bancarios detallados de los seis últimos meses en los que figuraba el nombre de OS, una declaración de su tío que certificaba que OS estaba a su cargo y documentos que acreditaban los ingresos de su tío.
19
La Dirección Regional denegó la solicitud de renovación y ordenó la expulsión de OS al tercer país del que es nacional, sin tener en cuenta los documentos presentados por OS en apoyo de la solicitud de renovación, por considerar que su tío, que supuestamente le proporcionaba sus medios de subsistencia en Hungría, no podía considerarse «miembro de la familia», en el sentido del artículo 2, letra d), de la Ley n.o II de 2007 y del artículo 29, apartado 5, del Decreto n.o 114/2007.
20
OS interpuso un recurso administrativo contra esta resolución denegatoria ante la Dirección Nacional. Alegó que, aunque su tío no era un «miembro de la familia», en el sentido del artículo 2, letra d), de la Ley n.o II de 2007, podía proporcionarle el apoyo económico necesario para su manutención en el territorio húngaro en virtud de un contrato de préstamo celebrado entre ellos. A este respecto, OS adjuntó a su recurso una declaración según la cual su tío le garantizaba el pago de un importe mensual de 200000 forintos húngaros (HUF) (aproximadamente 520 euros) durante el período de un año en el que desarrollaría su actividad de voluntariado.
21
Dado que la Dirección Nacional confirmó la resolución de la Dirección Regional, OS interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría). En apoyo de su recurso, OS alegó que la Dirección Nacional no podía negarse a tomar en consideración las pruebas que había presentado por el único motivo de que su tío no era un «miembro de la familia», en el sentido del artículo 2, letra d), de la Ley n.o II de 2007, para concluir que no estaba garantizada la asunción de sus gastos de manutención y de regreso. Ante dicho órgano jurisdiccional, OS declaró que su tío le prestaría apoyo económico en forma de liberalidad y no en virtud de una obligación de alimentos, de modo que sería el propio OS quien dispondría de los recursos necesarios para su subsistencia. A su juicio, contrariamente a la interpretación de la Dirección Nacional, cualquier ingreso legalmente percibido puede constituir un recurso para cubrir los gastos de manutención en Hungría.
22
El órgano jurisdiccional remitente estimó el recurso de OS. Consideró, en particular, que el artículo 29, apartados 5 y 6, del Decreto n.o 114/2007 debe interpretarse en el sentido de que los medios de subsistencia de que debe disponer el solicitante del permiso de residencia de que se trata pueden proceder de ingresos o de activos adquiridos legalmente, ya se trate de ingresos propios del solicitante o de ingresos puestos a su disposición por un miembro de su familia.
23
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente también sostuvo que, dado que la Ley n.o II de 2007 no define el concepto de «ingresos», debía tenerse en cuenta el alcance de dicho concepto en Derecho tributario nacional. Pues bien, en este ámbito, no existe ninguna distinción en función de la fuente de los ingresos, de modo que estos pueden obtenerse no solo de un empleador, sino también de otra persona física por cualquier título, como sucede, en el presente asunto, con el apoyo económico que OS recibe de su tío. Dicho órgano jurisdiccional dedujo de ello que la Dirección Nacional había actuado de manera contraria a Derecho al no tomar en consideración los ingresos declarados por OS por el único motivo de que no procedían de un miembro de su familia. Por lo tanto, el citado órgano jurisdiccional anuló la resolución de la Dirección Nacional y ordenó a la Dirección Regional que volviera a examinar la solicitud de renovación.
24
Esta sentencia fue anulada por la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría), que declaró que, si bien una persona que no tiene la condición de «miembro de la familia», en el sentido del artículo 2, letra d), de la Ley n.o II de 2007, podía proporcionar a un nacional de un tercer país los recursos necesarios para garantizar su manutención durante la estancia de este, era necesario, no obstante, que dicho nacional acreditara que podría disponer de esos recursos de manera ilimitada, como si se tratara de ingresos o de activos propios. Pues bien, en el presente asunto, las declaraciones de OS a este respecto fluctuaron, ya que calificó el apoyo económico proporcionado por su tío tanto de préstamo como de liberalidad.
25
En efecto, según la Kúria (Tribunal Supremo), en tal caso, para determinar si se cumplen los criterios del mencionado artículo 29, apartado 5, es indispensable que el nacional de un tercer país que haya presentado una solicitud de permiso de residencia especifique si considera dicho importe como un ingreso o un activo y que determine, por un lado, el título en virtud del cual ha recibido definitivamente dicho importe o activo y, por otro lado, que dispone de él de manera ilimitada como si fuera suyo.
26
Así, aun cuando, en determinados casos, el apoyo económico proporcionado por un tercero pueda considerarse un ingreso o un activo de dicho solicitante, sería precisa, no obstante, la presentación de pruebas y de declaraciones sistemáticamente coherentes, tanto por parte del tercero que aporta los ingresos como por parte del solicitante, incluso en lo que respecta al título en el que se basan dichos ingresos. Por lo tanto, las declaraciones relativas al título en virtud del cual se facilitan los recursos o a su naturaleza no pueden modificarse constantemente durante el procedimiento, so pena de menoscabar la credibilidad tanto de esas declaraciones como del propio solicitante.
27
La Kúria (Tribunal Supremo) devolvió el asunto a el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital), que es el órgano jurisdiccional remitente, y le instó a que examinase si las declaraciones de OS sobre los ingresos o los activos concedidos eran coherentes y contaban con suficiente respaldo, sin lo cual no podría considerarse que el importe presentado corresponde a OS.
28
El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre si esas comprobaciones impuestas por la Kúria (Tribunal Supremo) se ajustan al Derecho de la Unión. A su juicio, se trata de criterios adicionales que se suman a los establecidos en la Directiva 2016/801, en particular en su artículo 7, apartado 1, letra e), sin que el solicitante pueda, en su caso, rectificar sus declaraciones y aportar las pruebas pertinentes en relación con dichos criterios.
29
Este órgano jurisdiccional considera que, si bien el solicitante de un permiso de residencia debe, de conformidad con el requisito establecido en dicho artículo 7, apartado 1, letra e), probar, de la forma exigida por el Estado miembro de que se trate, que dispondrá, durante la estancia prevista, de recursos suficientes para cubrir sus gastos de manutención sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro en cuestión (en lo sucesivo, «requisito relativo a la disposición de recursos suficientes»), la capacidad discrecional de que gozan los Estados miembros para aplicar esta disposición se refiere principalmente a cómo debe llevarse a cabo el examen de las pruebas y solo excepcionalmente implica añadir criterios adicionales, que vengan a sumarse a los previstos en dicha disposición. En otras palabras, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas sobre cuál es el alcance del margen de apreciación de que disponen los Estados miembros en lo que respecta al requisito relativo a la disposición de recursos suficientes y, más concretamente, si, a efectos del examen de este requisito, solo deben tener en cuenta las disposiciones del artículo 7, apartado 1, de la referida Directiva y los elementos de hecho pertinentes para comprobar si se cumplen los requisitos que se derivan de esas disposiciones o si es posible que el legislador nacional imponga exigencias adicionales, como declaraciones coherentes relativas al título en virtud del cual se concede apoyo económico o, incluso, la prueba de la posibilidad de utilizar en el futuro, de manera definitiva e ilimitada, una cantidad puesta a disposición del solicitante por un tercero.
30
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta también, por un lado, si los requisitos establecidos por la Kúria (Tribunal Supremo) se oponen al artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801 y, en particular, si es determinante, a efectos de comprobar si concurren los requisitos establecidos en dicha disposición, conocer si la percepción de una cantidad de dinero por el solicitante lo es con carácter definitivo, es decir, si el solicitante la ha obtenido como liberalidad o como préstamo, o si basta, para cumplir el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes, que la persona que presta ese apoyo económico haga una declaración en la que indique que destina la cantidad de dinero a los gastos de manutención de dicho solicitante. Por otro lado, el referido órgano jurisdiccional se pregunta sobre la incidencia, en el asunto del que conoce, del principio de primacía del Derecho de la Unión, habida cuenta de que todas estas exigencias adicionales no son impuestas por el legislador nacional, sino que resultan de la jurisprudencia de un tribunal supremo cuyas decisiones son vinculantes y no son susceptibles de recurso.
31
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente, refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, alberga dudas sobre si la imposición de requisitos de admisión adicionales con respecto a los establecidos en la Directiva 2016/801 puede ser contraria a los objetivos perseguidos por esta Directiva, que consisten en promover la movilidad de los nacionales de terceros países para ejercer una actividad de voluntariado en la Unión y favorecer la seguridad jurídica, como se subraya en el considerando 2 de dicha Directiva, en el trato equitativo, que se menciona en su considerando 54, y además en la libertad de circulación y de residencia y en el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, derechos que se consagran, respectivamente, en los artículos 45 y 47 de la Carta, tal y como se mencionan en el considerando 61 de la misma Directiva.
32
Por último, el órgano jurisdiccional remitente se plantea la cuestión de si el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo, interpretados a la luz del considerando 42 de la Directiva 2016/801, se oponen a un procedimiento de examen de una solicitud de permiso de residencia que obliga a las autoridades competentes a comprobar la declaración realizada por el nacional del tercer país de que se trate en relación con el título en virtud del cual se le concedió apoyo económico y los documentos justificativos adjuntos a dicha declaración, sin que se haya advertido a ese nacional del tercer país, durante el procedimiento administrativo, de que, para considerar que se cumple el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes, es necesario que sus declaraciones y las de la persona que le presta apoyo económico sean coherentes o de que, a efectos de acreditar que se cumple dicho requisito, se le puede pedir que presente declaraciones y documentos justificativos adicionales a este respecto.
33
En estas circunstancias, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Es conforme con el margen de apreciación permitido a los Estados miembros por el artículo 7, apartado 1, letra e), de [la Directiva 2016/801], habida cuenta de los objetivos establecidos en sus considerandos 2 y 41 y en sus artículos 1, letra a), y 4, apartado 1, la práctica de un Estado miembro que, para admitir que el solicitante nacional de un tercer Estado que pretende realizar labores de voluntariado dispone de medios de subsistencia —tras la prueba de que su pariente que no es considerado miembro de la familia puede proporcionar y proporciona, de su renta adquirida lícitamente y mediante transferencia regular del importe necesario para subsistir, ingresos suficientes para la subsistencia del solicitante y para el viaje de regreso de este—, establece como requisito adicional que tal solicitante indique con precisión si el importe recibido es renta o patrimonio y, además, que pruebe documentalmente el título jurídico por el que adquirió tal renta o tal patrimonio, así como que dispone del importe o del patrimonio como propio con carácter definitivo e ilimitado?
2)
Habida cuenta del principio de primacía del Derecho de la Unión, del trato equitativo conforme al artículo 79 TFUE, de la libertad de residencia consagrada en el artículo 45 de la [Carta] y de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial consagrados en el artículo 47 de la Carta, además de los considerandos 54 y 61 de la [Directiva 2016/801], especialmente del principio de seguridad jurídica, ¿incide en la respuesta a la primera cuestión prejudicial la circunstancia de que la normativa nacional referida en su conjunto a los permisos de residencia no contenga los requisitos mencionados en la primera cuestión prejudicial, de forma que tales requisitos no han sido establecidos por el legislador, sino por el más alto órgano jurisdiccional del Estado miembro, en su aplicación del Derecho que ha de servir a modo de precedente?
3)
En la medida en que en la aplicación del Derecho nacional a efectos de admitir que el solicitante dispone de medios de subsistencia también sean necesarias la declaración y la prueba documental relativas a los requisitos exigidos antes mencionados, ¿debe interpretarse, en el presente asunto, el artículo 7, apartado 1, letra e), [de la Directiva 2016/801], habida cuenta de la exigencia de trato equitativo impuesta en el artículo 79 TFUE, de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial reconocidos en el artículo 47 de la Carta, de la exigencia de seguridad jurídica a la que se refiere el considerando 2 [de la Directiva 2016/801], y de lo enunciado en sus considerandos 41 y 42 como garantías procesales, en el sentido de que solo es conforme con lo preceptuado por la normativa la práctica de un Estado miembro que requiere al solicitante, advirtiéndole de las consecuencias jurídicas, que indique y pruebe de manera coherente y consistente los requisitos adicionales considerados necesarios, y que únicamente deniegue la solicitud de permiso de residencia por falta de prueba de los requisitos establecidos en la jurisprudencia si se han respetado de este modo los derechos del interesado y se han observado las garantías procesales?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la admisibilidad
34
El Gobierno húngaro considera que la petición de decisión prejudicial es inadmisible porque el litigio principal no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2016/801.
35
El Gobierno húngaro afirma que, en primer término, en un plano formal, OS no precisó que la finalidad de la solicitud de renovación fuera «el ejercicio de una actividad de voluntariado». En efecto, dicha solicitud se presentó formalmente para una estancia «con otra finalidad».
36
En segundo término, señala que, según lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2016/801, interpretado a la luz de su considerando 21, el legislador húngaro decidió aplicar dicha Directiva a los nacionales de terceros países que soliciten la admisión en el territorio de ese Estado miembro para realizar una actividad de voluntariado fuera del marco del Servicio Voluntario Europeo.
37
Sin embargo, en este caso, el Gobierno húngaro alega que, de conformidad con el margen de apreciación que deja el artículo 14, apartado 1, letra a), de la misma Directiva a los Estados miembros, la normativa nacional exige que la entidad de acogida en la que vaya a realizarse la actividad de voluntariado cumpla una obligación de declaración. Pues bien, en el presente asunto, no sucedió así en el caso de la asociación en la que OS realiza la actividad de voluntariado.
38
A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 12 de septiembre de 2024, Sagrario, C‑63/23, EU:C:2024:739, apartado 66 y jurisprudencia citada).
39
Pues bien, en el presente asunto, como se desprende de la petición de decisión prejudicial y como reconoció el Gobierno húngaro en la vista ante el Tribunal de Justicia, el litigio principal se refiere a una resolución mediante la cual las autoridades competentes denegaron la solicitud de renovación presentada por OS por no cumplirse el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes establecido en la Directiva 2016/801, tal como ha sido transpuesta al ordenamiento jurídico húngaro, requisito que es objeto de las cuestiones prejudiciales que el órgano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia.
40
En estas circunstancias, no resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión que se solicita carezca de relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal.
41
Por consiguiente, la petición de decisión prejudicial es admisible.
Sobre el fondo
42
Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801 y el principio de primacía del Derecho de la Unión deben interpretarse en el sentido de que:
–
por un lado, el artículo 7, apartado 1, letra e), de esta Directiva se opone a una práctica nacional que, en el caso de un nacional de un tercer país, solicitante de un permiso de residencia con fines de voluntariado, exige, para considerar que se cumple el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes establecido en dicho precepto, que, siempre que las declaraciones correspondientes sean coherentes, dicho nacional acredite que se cumplen determinados criterios específicos relativos a la identificación de tales recursos como ingresos o como activos, al título en virtud del cual el citado nacional adquirió dichos recursos y al hecho de que este dispondrá de ellos de manera definitiva e ilimitada como si fueran suyos, y
–
por otro lado, atendiendo al principio de primacía del Derecho de la Unión, lo mismo cabe decir también si esas exigencias derivan de la jurisprudencia de un tribunal supremo nacional cuyas resoluciones tienen carácter de precedente vinculante.
43
En primer lugar, por lo que respecta a los requisitos exigidos para la expedición de un permiso de residencia sobre la base de la Directiva 2016/801, procede recordar que, en virtud del artículo 5, apartado 3, de esta Directiva, el nacional de un tercer país que haya presentado una solicitud de admisión en el territorio de un Estado miembro tiene derecho a una autorización de residencia si cumple, por un lado, los requisitos generales establecidos en el artículo 7 de dicha Directiva y, por otro lado, los requisitos particulares aplicables en función del tipo de solicitud presentada, en este caso los previstos en el artículo 14 de la mencionada Directiva para las solicitudes de admisión con fines de voluntariado.
44
De ello se deduce que, con arreglo a dicho artículo 5, apartado 3, los Estados miembros tienen la obligación de conceder un permiso de residencia con fines de voluntariado al solicitante que cumpla las exigencias que figuran en los artículos 7 y 14 de la Directiva 2016/801 (véase, por analogía, la sentencia de 29 de julio de 2024, Perle, C‑14/23, EU:C:2024:647, apartado 35 y jurisprudencia citada).
45
Por lo tanto, tratándose de la admisión de nacionales de terceros países con el fin de participar en un programa de voluntariado, los Estados miembros no pueden introducir requisitos adicionales a los establecidos en los citados artículos 7 y 14 (véase, por analogía, la sentencia de 10 de septiembre de 2014, Ben Alaya, C‑491/13, EU:C:2014:2187, apartado 30).
46
De ello se desprende que, para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, es necesario aclarar el alcance del concepto de «recursos», en el sentido del referido artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801, y, en particular, determinar si depende de criterios específicos relativos a la naturaleza de los recursos de que se trate, a su procedencia, al título invocado por el nacional del tercer país o a la forma en la que dispone de ellos.
47
En el presente asunto, dicho artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801 establece que, a petición del Estado miembro en cuestión, el nacional del tercer país deberá aportar pruebas que acrediten que, durante la estancia prevista, dispondrá de recursos suficientes para cubrir sus gastos de manutención sin recurrir al sistema de ayudas sociales de ese Estado miembro y el coste de su viaje de regreso. Esta disposición también precisa que la evaluación del carácter suficiente de dichos recursos se basará en un estudio individual de cada caso y tendrá en cuenta los recursos procedentes, entre otras fuentes, de subvenciones, ayudas y becas, un contrato de trabajo válido o una oferta de empleo en firme o una declaración de toma a cargo por una organización de un programa de intercambio de alumnos, una entidad de acogida de personas en prácticas, una organización de un programa de voluntariado, una familia de acogida o una organización mediadora en la colocación au pair.
48
Dado que el citado artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801 no contiene remisión alguna al Derecho de los Estados miembros, el concepto de «recursos» a que se refiere dicha disposición debe considerarse un concepto autónomo del Derecho de la Unión y debe interpretarse de manera uniforme en el territorio de esta, con independencia de las calificaciones utilizadas en los Estados miembros, teniendo en cuenta tanto el tenor de dicha disposición como el contexto en el que se inscribe y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [véase, por analogía, la sentencia de 3 de octubre de 2019, X (Residentes de larga duración — Recursos fijos y regulares suficientes), C‑302/18, EU:C:2019:830, apartado 26 y jurisprudencia citada].
49
En primer término, por lo que respecta al tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801, esta disposición menciona, como se desprende del apartado 47 de la presente sentencia, una serie de recursos que pueden tenerse en cuenta, como subvenciones, ayudas, becas o una declaración de toma a cargo por una organización de un programa de voluntariado. El carácter no exhaustivo de esta lista, expresado por la expresión «entre otros», indica que el legislador de la Unión quiso dar al concepto de «recursos» un alcance amplio y, por consiguiente, no consideró que, para apreciar si se cumple el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes, fuera necesario excluir determinados recursos.
50
La anterior apreciación es confirmada por la exigencia de que, en virtud de dicha disposición, la evaluación del carácter suficiente de los recursos se base en un examen individual de cada caso concreto. De ello se desprende que el objeto de tal evaluación debe limitarse a comprobar que el nacional del tercer país de que se trate puede disponer, durante la estancia prevista, de recursos suficientes para cubrir sus gastos de manutención sin recurrir al sistema de ayudas sociales del Estado miembro en cuestión y del coste del viaje de regreso, sin que sea necesario asegurarse, además, de que los recursos en cuestión responden a criterios específicos, en particular por lo que se refiere a su naturaleza, a su procedencia o a la forma en la que el nacional del tercer país de que se trate dispone de ellos.
51
Por otra parte, en el marco de este examen individual, el artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801 contempla la toma en consideración de recursos cuya existencia se acredite mediante una declaración de toma a cargo emitida, en particular, por una organización de un programa de voluntariado. De ello resulta que esta disposición no obliga al nacional del tercer país en cuestión a acreditar que puede disponer de tales recursos de manera definitiva e ilimitada, como si se tratara de ingresos o de activos propios.
52
Por consiguiente, el tenor de esta disposición indica que el cumplimiento del requisito relativo a la disposición de recursos suficientes no depende de que los recursos de que disponga el nacional del tercer país en cuestión durante la estancia prevista constituyan ingresos o activos, del título en virtud del cual esa persona haya adquirido tales recursos o de que pueda disponer de ellos de manera definitiva e ilimitada, como si fueran suyos. Tales criterios constituyen requisitos adicionales que a los Estados miembros se les prohíbe introducir, tal y como se señala en el apartado 45 de la presente sentencia.
53
En segundo término, tal interpretación se ve corroborada por el contexto en el que se inscribe la Directiva 2016/801 y del que forman parte los instrumentos del Derecho de la Unión que supeditan el derecho de residir en el territorio de un Estado miembro al cumplimiento de un requisito de «recursos» análogo al previsto en el artículo 7, apartado 1, letra e), de dicha Directiva.
54
En este sentido, procede señalar que el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38 establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período superior a tres meses, en particular si dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para el sistema de ayudas sociales del Estado miembro de acogida durante su período de residencia.
55
A este respecto, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la expresión «dispone […] de recursos suficientes», que figura en dicho precepto, debe interpretarse en el sentido de que basta con que los ciudadanos de la Unión tengan a su disposición tales recursos, sin que este precepto implique la más mínima exigencia en cuanto a la procedencia de esos recursos, pudiendo estos últimos provenir en particular de un nacional de un tercer país (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, Singh y otros, C‑218/14, EU:C:2015:476, apartado 74 y jurisprudencia citada).
56
En concreto, el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes, previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38, no exige que el propio interesado deba disponer de tales recursos, ya que el Tribunal de Justicia ha declarado, en particular, que el interesado puede valerse de los recursos de un miembro de la familia que lo acompaña (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, Singh y otros, C‑218/14, EU:C:2015:476, apartado 75 y jurisprudencia citada).
57
Del mismo modo, el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/109, que se refiere a las condiciones de adquisición del estatuto de residente de larga duración en el territorio de un Estado miembro, establece, en particular, que ese Estado miembro debe exigir al nacional de un tercer país que aporte la prueba de que dispone, para sí mismo y para los miembros de su familia que están a su cargo, de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de ayudas sociales del Estado miembro de que se trate.
58
Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la procedencia de los recursos mencionados en dicha disposición no constituye un criterio determinante para el Estado miembro de que se trate a efectos de comprobar si tales recursos cumplen los requisitos establecidos en la referida disposición [véase la sentencia de 3 de octubre de 2019, X (Residentes de larga duración — Recursos fijos y regulares suficientes), C‑302/18, EU:C:2019:830, apartado 41].
59
En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que el concepto de «recursos» contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/109 no se refiere únicamente a los «recursos propios» del solicitante del estatuto de residente de larga duración, sino que puede comprender también los recursos puestos a su disposición por un tercero, siempre y cuando se considere que tales recursos cumplen los requisitos establecidos en dicha disposición, habida cuenta de la situación individual del solicitante de que se trate [véase la sentencia de 3 de octubre de 2019, X (Residentes de larga duración — Recursos fijos y regulares suficientes), C‑302/18, EU:C:2019:830, apartado 44].
60
Por consiguiente, el artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/38 y el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/109, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia, confirman que, para apreciar, por analogía, si se cumple el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes, establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801, los recursos pertinentes a este respecto no dependen del cumplimiento de determinados criterios específicos relativos a la identificación de esos recursos como ingresos o activos, al título en virtud del cual el nacional del tercer país de que se trate los adquirió y al hecho de que disponga de ellos de manera definitiva e ilimitada como si fueran suyos.
61
En tercer término, los objetivos perseguidos por la Directiva 2016/801 confirman igualmente esta interpretación del artículo 7, apartado 1, letra e), de dicha Directiva.
62
En efecto, el considerando 3 de dicha Directiva enuncia, en particular, que la inmigración procedente de fuera de la Unión representa una fuente de personas altamente cualificadas y que estas personas desempeñan un importante papel en la configuración del activo clave de la Unión, a saber, el capital humano, y garantizan un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
63
Por otra parte, a tenor de su considerando 20, la Directiva 2016/801 tiene por objeto apoyar los objetivos del Servicio Voluntario Europeo de desarrollar la solidaridad, el entendimiento mutuo y la tolerancia entre los jóvenes y las sociedades en las que viven, contribuyendo al mismo tiempo a reforzar la cohesión social y al fomento de la ciudadanía activa entre los jóvenes. Además, el considerando 21 de dicha Directiva indica que los Estados miembros deben tener la posibilidad de aplicar sus disposiciones a alumnos, a voluntarios que no formen parte del Servicio Voluntario Europeo y a au pairs, a fin de facilitar su entrada y residencia y velar por sus derechos.
64
De ello se desprende, como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 48 de sus conclusiones, que la finalidad de la Directiva 2016/801 es facilitar la entrada y la residencia, en este caso, de voluntarios, siempre que dispongan de los recursos necesarios para no convertirse en una carga para el Estado miembro de que se trate y, en particular, para su sistema de ayudas sociales.
65
Pues bien, para alcanzar este último objetivo, basta con que el nacional de un tercer país que haya presentado una solicitud de permiso de residencia, en particular con el fin de participar en un programa de voluntariado, aporte pruebas de que dispondrá de recursos suficientes durante la estancia prevista. A este respecto, no son pertinentes, como tales, los criterios específicos relativos al hecho de si esos recursos constituyen ingresos o activos, al título invocado por el nacional del tercer país o al hecho de que el citado nacional disponga de ellos de manera definitiva e ilimitada como si fueran suyos. Someter dichos recursos al cumplimiento de tales criterios para apreciar si se cumple el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes equivaldría a introducir requisitos adicionales que se añadirían a los establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra e), de dicha Directiva y, de este modo, podrían obstaculizar la consecución de los objetivos que la citada Directiva pretende alcanzar.
66
En el presente asunto, de la documentación que obra en poder del Tribunal de Justicia se desprende que las declaraciones de OS sobre los recursos objeto del litigio principal fluctuaron, ya que OS calificó estos recursos unas veces como préstamo y otras como liberalidad. No obstante, procede señalar que, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, el hecho de que OS pueda tener que devolver eventualmente las cantidades proporcionadas por su tío una vez finalizada la actividad de voluntariado carece de incidencia por lo que se refiere a la cuestión de si dispondrá de recursos suficientes durante la estancia prevista, a tal efecto, en el territorio del Estado miembro de que se trate.
67
De todas las consideraciones anteriores se desprende que la cuestión de si se cumple el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes no puede depender de que el nacional del tercer país de que se trate acredite que se cumplen determinados criterios específicos relativos a la identificación de tales recursos como ingresos o activos, al título en virtud del cual ha adquirido tales recursos y al hecho de que disponga de esos recursos de manera definitiva e ilimitada como si fueran suyos, puesto que ello equivaldría a supeditar el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes a exigencias que exceden de las previstas en el artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801.
68
En segundo lugar, las cuestiones prejudiciales del órgano jurisdiccional remitente se refieren también al valor probatorio de las pruebas destinadas a acreditar que se cumple el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes y, en particular, a la importancia que debe atribuirse, al apreciar este requisito, a la coherencia de las declaraciones a este respecto, cuando no se ha advertido al nacional del tercer país de que se trate de que su solicitud de permiso de residencia con fines de voluntariado podría ser denegada por el único motivo de que dichas declaraciones fueran incoherentes.
69
A este respecto, como también señaló el Abogado General en el punto 54 de sus conclusiones, el cumplimiento del requisito relativo a la disposición de recursos suficientes solo puede supeditarse a la aportación de determinadas pruebas por el nacional del tercer país de que se trate en la medida en que tales pruebas se refieran a las exigencias relativas a dicho requisito, y no a exigencias adicionales que excedan de las requeridas en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801.
70
En el presente asunto, procede señalar que, si bien la naturaleza de los recursos de que dispone el nacional del tercer país de que se trata, el título que invoca y las condiciones de tal disposición no pueden constituir, como tales, exigencias adicionales a las que se supedite el cumplimiento del requisito relativo a la disposición de recursos suficientes, no es menos cierto que tales consideraciones pueden constituir pruebas pertinentes en el marco de la apreciación dirigida a determinar si se cumple dicho requisito.
71
En este contexto, también es preciso señalar que el Tribunal de Justicia ha declarado que, en el caso de un solicitante de un permiso de residencia con fines de estudio, en virtud de la Directiva 2016/801, las incoherencias en las declaraciones realizadas en el proyecto de estudios pueden constituir una de las circunstancias objetivas para la constatación de una práctica abusiva, siempre que dichas incoherencias sean suficientemente manifiestas y se tengan en cuenta para su apreciación todas las circunstancias específicas del caso concreto (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Perle, C‑14/23, EU:C:2024:647, apartado 53).
72
De la anteriores consideraciones se desprende que, en el marco de una solicitud de admisión con arreglo a la Directiva 2016/801, las incoherencias en las declaraciones relativas a los recursos de que dispondrá el nacional del tercer país de que se trate pueden constituir un indicio que permite identificar una situación en la que no se cumplen los requisitos establecidos en dicha Directiva, en particular por lo que se refiere a la expedición de un permiso de residencia con el fin de participar en un programa de voluntariado.
73
Por lo que respecta a tales incoherencias, tampoco puede exigirse a los Estados miembros que adviertan de antemano a los nacionales de terceros países que presenten una solicitud de admisión en su territorio de que una falta de coherencia en las declaraciones efectuadas en apoyo de su solicitud puede dar lugar a la denegación de la concesión del permiso de residencia solicitado.
74
No obstante, cabe recordar que el artículo 34, apartado 3, de la Directiva 2016/801 establece, en particular, que, cuando la información o la documentación que acompañen a la solicitud sea incompleta, las autoridades competentes deben notificar al solicitante, en un plazo razonable, la información adicional que se le exige, y fijar un plazo razonable para facilitarla. Por consiguiente, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, cuando, debido a eventuales incoherencias en las declaraciones formuladas por el solicitante durante el procedimiento de examen, se ponga de manifiesto que falta la información necesaria para evaluar si se cumple el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes, debe ofrecerse al solicitante la oportunidad razonable de aclarar su situación.
75
A este respecto, debe precisarse que tales incoherencias no pueden impedir la concesión del permiso de residencia cuando del examen individual del caso concreto se desprenda que, a pesar de esas incoherencias, el nacional del tercer país de que se trate podrá disponer durante la estancia prevista de recursos suficientes, tal y como exige el artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801, cumpliendo, de ese modo, el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes.
76
Por lo tanto, la constatación de incoherencias en las declaraciones del solicitante sobre los recursos de que dispondrá durante la estancia prevista no basta, en principio, para justificar la denegación de la concesión del permiso de residencia solicitado, a menos que de tales incoherencias resulte, de modo evidente, que no se cumple el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes.
77
En efecto, denegar la concesión del permiso de residencia solicitado por el único motivo de que hayan fluctuado, a lo largo del procedimiento administrativo, las declaraciones relativas a los recursos de que dispondrá el solicitante durante la estancia prevista equivaldría, contrariamente a lo que exige el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2016/801, a supeditar dicha concesión al cumplimiento de requisitos adicionales que se añadirían a los establecidos en dicha Directiva, algo que, como se ha señalado en el apartado 45 de la presente sentencia, no se permite a los Estados miembros.
78
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la incidencia, en el litigio principal, del principio de primacía del Derecho de la Unión, en la medida en que las exigencias relativas, por un lado, a la identificación de los recursos declarados por el nacional del tercer país de que se trata como ingresos o como activos, al título en virtud del cual ha adquirido esos recursos y al hecho de que dispondrá de ellos de manera definitiva e ilimitada como si fueran suyos y, por otro lado, a la coherencia de sus declaraciones a los mencionados efectos derivan de la jurisprudencia de un tribunal supremo nacional cuyas resoluciones tienen carácter de precedente vinculante.
79
Conforme a reiterada jurisprudencia, el principio de primacía del Derecho de la Unión consagra la preeminencia de este Derecho sobre el Derecho de los Estados miembros. Por consiguiente, este principio impone a todos los órganos de los Estados miembros la obligación de garantizar la plena eficacia de las distintas normas de la Unión, sin que el Derecho de los Estados miembros pueda mermar la eficacia reconocida a esas distintas normas en el territorio de dichos Estados. De ello se desprende que, en virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, la invocación por un Estado miembro de disposiciones de Derecho nacional, aunque sean de rango constitucional, no puede afectar a la unidad y a la eficacia del Derecho de la Unión (sentencia de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartado 23 y jurisprudencia citada).
80
En este contexto, es preciso señalar que el juez nacional que haya ejercido la facultad que le otorga el artículo 267 TFUE está vinculado, a la hora de resolver el litigio del que conoce, por la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal de Justicia y, por lo tanto, debe dejar de lado, en su caso, las apreciaciones de un órgano jurisdiccional nacional superior si, habida cuenta de la interpretación dada por el Tribunal de Justicia, considera que tales apreciaciones no son compatibles con el Derecho de la Unión, dejando en su caso inaplicada una norma nacional que lo obligue a seguir las resoluciones de dicho órgano jurisdiccional superior (sentencia de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartado 24 y jurisprudencia citada).
81
En estas circunstancias, el requisito de que se garantice la plena eficacia del Derecho de la Unión incluye la obligación de ese juez nacional de modificar, en caso necesario, una jurisprudencia reiterada si esta se basa en una interpretación del Derecho interno incompatible con el Derecho de la Unión (sentencia de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartado 25 y jurisprudencia citada).
82
Por lo tanto, en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente está vinculado, para resolver el litigio principal, por la interpretación del Derecho de la Unión realizada por el Tribunal de Justicia y deberá, en su caso, dejar de lado la apreciación resultante de la jurisprudencia de la Kúria (Tribunal Supremo), a pesar de que, en principio, en virtud del Derecho nacional, estaría obligado a atenerse a ella si el referido órgano jurisdiccional considerase, habida cuenta de aquella interpretación, que tal apreciación no es conforme con el Derecho de la Unión.
83
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales que el artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva 2016/801 y el principio de primacía del Derecho de la Unión deben interpretarse en el sentido de que:
–
por un lado, el artículo 7, apartado 1, letra e), de esta Directiva se opone a una práctica nacional que, en el caso de un nacional de un tercer país solicitante de un permiso de residencia con fines de voluntariado, exige, para considerar que se cumple el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes establecido en dicho precepto, que, siempre que las declaraciones correspondientes sean coherentes, dicho nacional acredite que se cumplen determinados criterios específicos relativos a la identificación de tales recursos como ingresos o como activos, al título en virtud del cual el citado nacional adquirió esos recursos y al hecho de que este dispondrá de ellos de manera definitiva e ilimitada como si fueran suyos, y
–
por otro lado, atendiendo al principio de primacía del Derecho de la Unión, lo mismo cabe decir también si esas exigencias derivan de la jurisprudencia de un tribunal supremo nacional cuyas resoluciones tienen carácter de precedente vinculante.
Costas
84
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
El artículo 7, apartado 1, letra e), de la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair, y el principio de primacía del Derecho de la Unión
deben interpretarse en el sentido de que,
–
por un lado, el artículo 7, apartado 1, letra e), de esta Directiva se opone a una práctica nacional que, en el caso de un nacional de un tercer país solicitante de un permiso de residencia con fines de voluntariado, exige, para considerar que se cumple el requisito relativo a la disposición de recursos suficientes establecido en dicho precepto, que, siempre que las declaraciones correspondientes sean coherentes, dicho nacional acredite que se cumplen determinados criterios específicos relativos a la identificación de tales recursos como ingresos o como activos, al título en virtud del cual el citado nacional adquirió esos recursos y al hecho de que este dispondrá de ellos de manera definitiva e ilimitada como si fueran suyos, y
–
por otro lado, atendiendo al principio de primacía del Derecho de la Unión, lo mismo cabe decir también si esas exigencias derivan de la jurisprudencia de un tribunal supremo nacional cuyas resoluciones tienen carácter de precedente vinculante.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: húngaro.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.