SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 18 de diciembre de 2024 (1)
« Función pública — Agentes temporales — Personal de Frontex — Informe de evaluación — Ejercicio de evaluación de 2021 — Competencia de la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo — Derecho a ser oído — Falta de diálogo formal antes de la redacción del informe de evaluación — Obligación de motivación — Principio de imparcialidad — Desviación de poder »
En el asunto T‑787/22,
TT, con domicilio en Madrid, representada por el Sr. J. I. Navas Marqués y la Sra. R. Tzortzaki, abogados,
parte demandante,
contra
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), representada por los Sres. H. Caniard, W. Szmidt y T. Sörlin, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. M. Troncoso Ferrer y la Sra. L. Lence de Frutos, abogados,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. R. da Silva Passos, Presidente, y las Sras. N. Półtorak e I. Reine (Ponente), Jueces;
Secretaria: Sra. M. P. Núñez Ruiz, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 8 de mayo de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso, basado en el artículo 270 TFUE, la demandante, TT, solicita la anulación, por una parte, de la resolución de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) de 17 de octubre de 2022 por la que se desestimaron sendas reclamaciones (en lo sucesivo, «resolución desestimatoria de las reclamaciones») que formuló con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), una de ellas, el 17 de junio de 2022, contra la decisión del director ejecutivo de Frontex de 18 de marzo de 2022 por la que confirmaba, en su condición de evaluador de alzada, su informe de evaluación correspondiente al año 2021 y la otra, el 1 de julio de 2022, contra la decisión de rescindir su contrato de trabajo supuestamente contenida en los escritos de Frontex de 30 de marzo y de 17 de mayo de 2022, y, por otra parte, de su informe de evaluación correspondiente al año 2021 (en lo sucesivo, «informe de evaluación»).
Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
2        El 16 de octubre de 2018, la demandante fue contratada por Frontex como agente temporal, en virtud del artículo 2, letra f), del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «ROA»), para ocupar el puesto de oficial de enlace de Frontex en Francia, perteneciente al grupo de funciones AD, grado 8, escalón 2. Su contrato de trabajo se celebró por un período de cinco años, es decir, hasta el 15 de octubre de 2023. Según dicho contrato, el lugar de trabajo de la demandante era Varsovia (Polonia).
3        A partir del 1 de marzo de 2019, la demandante trabajó en París (Francia), en la sede del Ministerio del Interior francés, en las oficinas de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) (Dirección Central de la Policía de Fronteras).
4        Hasta el 30 de abril de 2021, la demandante trabajó bajo la supervisión del jefe de la red de oficiales de enlace de Frontex (en lo sucesivo, «antiguo superior jerárquico de la demandante»). El 1 de mayo de 2021, otra persona asumió la función de jefe de la red de oficiales de enlace, convirtiéndose desde esa fecha en el superior jerárquico de la demandante (en lo sucesivo, «superior jerárquico de la demandante»).
Reproches al rendimiento de la demandante en su puesto de oficial de enlace de Frontex en Francia antes de su evaluación correspondiente al año 2021
5        De los autos se desprende que algunos correos electrónicos intercambiados durante el año 2020 ponen de manifiesto los reproches de la DCPAF relativos al rendimiento de la demandante en su puesto de oficial de enlace de Frontex en Francia antes de su evaluación correspondiente al año 2021. En efecto, por una parte, mediante correos electrónicos de 2 de octubre de 2020, el antiguo superior jerárquico de la demandante informó a un responsable de Frontex de que la DCPAF reprochaba, en particular, a la demandante una comunicación insuficiente con sus colegas de la DCPAF, que pasó a ser inexistente durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de COVID‑19. Por otra parte, mediante correo electrónico de 5 de octubre de 2020, una comisaria de la DCPAF comunicó a la demandante, tras entrevistarse con ella, que la cooperación entre las autoridades francesas y Frontex estaba especialmente deteriorada y que se esperaba de la demandante que reestableciera una comunicación fluida, en interés del mantenimiento de una estrecha relación entre ambas.
6        En junio de 2021, habida cuenta de los reproches de la DCPAF (véase el apartado 5 anterior), se decidió realizar una auditoría en París (en lo sucesivo, «auditoría») para examinar y evaluar in situ la situación de la cooperación entre la demandante y la DCPAF, que no había mejorado entretanto.
7        El 19 de agosto de 2021, la demandante fue informada del orden del día de la auditoría, aunque nunca haya confirmado haberlo recibido.
8        Los días 6 y 7 de septiembre de 2021, la demandante fue sometida a una auditoría realizada por su superior jerárquico. Durante la auditoría, no fue interrogada, al encontrarse de baja por enfermedad.
9        El 11 de septiembre de 2021, se emitió el informe de auditoría. Tras un recordatorio de los hechos que habían motivado la auditoría, anteriormente descritos, en esencia, en el apartado 5 de la presente sentencia, el informe expuso los resultados principales de la auditoría. Más concretamente, recordó las conclusiones formuladas a raíz de la reunión de 6 de julio de 2021 entre los directores de la DCPAF y de la Dirección General de Extranjería en Francia (DGEF) y de las entrevistas organizadas con el personal de la DCPAF y distintas autoridades de la policía de fronteras. Del informe se desprende que los reproches formulados contra la demandante se basaban, en esencia, en su falta de visibilidad para las autoridades francesas y en su escasa cooperación con esas autoridades, limitada al intercambio de correos electrónicos. Según el informe, esta cooperación se deterioró en el mes de junio de 2020, cuando la demandante presentó un informe que incluía ciertos datos no verificados y cierta información procedentes principalmente de fuentes abiertas, lo cual puso en dificultades a las autoridades francesas. El informe menciona también los resultados de las entrevistas, por una parte, con el antiguo superior jerárquico de la demandante, quien, durante la auditoría, declaró que las contribuciones de la demandante eran de buena calidad en su conjunto y que el primer problema había surgido en el mes de junio de 2020, cuando emitió un informe que contenía datos y afirmaciones erróneas, y, por otra parte, con el coordinador de la demandante, que señaló que las solicitudes de esta estaban pormenorizadas y que sus aportaciones eran de buena calidad.
10      Mediante correo electrónico de 20 de septiembre de 2021, el superior jerárquico de la demandante le pidió que presentara cuanto antes sus observaciones sobre los problemas que se suscitaron en la auditoría. Le propuso que se conectara mediante la aplicación Teams el 29 de septiembre de 2021 a las 10.00 o, en caso de enfermedad, que presentara sus observaciones escritas como muy tarde el 29 de septiembre de 2021.
11      Mediante correo electrónico de 24 de septiembre de 2021, la demandante contestó que hasta después del 29 de septiembre de 2021 no estaría disponible para presentar sus observaciones, dado que disfrutaba de sus vacaciones anuales del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021, con la aprobación de su superior jerárquico.
12      Mediante correo electrónico de 29 de septiembre de 2021, el superior jerárquico convocó de nuevo a la demandante a una reunión, mediante la aplicación Teams, prevista para el 5 de octubre de 2021.
13      Mediante correo electrónico de 4 de octubre de 2021, la demandante expresó su deseo de comunicarse, en adelante, únicamente por escrito en relación con la auditoría, a la vista de la gravedad de las acusaciones dirigidas contra ella por su superior jerárquico en el correo electrónico de 20 de septiembre de 2021. También alegó no haber comprendido las razones por las que no se le había comunicado el informe de auditoría.
14      La demandante no asistió a la reunión programada para el 5 de octubre de 2021. En un correo electrónico de ese mismo día, alegó que había intentado conectarse a la aplicación Teams para la reunión, pero que la red privada virtual (VPN) no funcionaba. También señaló que ya había informado a su superior jerárquico, en algunas reuniones y en su informe mensual, de problemas para conectarse a la VPN en su oficina en París, incluso al programa Outlook, que contenía los enlaces para la aplicación Teams. Señaló que ese programa era su única posibilidad de acceder a la aplicación Teams, puesto que esta no se había instalado en su ordenador portátil, debido a una incidencia aún pendiente en el centro de asistencia de Frontex. La demandante señaló que había contactado varias veces con el servicio informático de Frontex para solucionar estos problemas, pero que este no los había solucionado. Además, recordó que, durante la reunión de 23 de julio de 2021 con su superior jerárquico, había planteado la cuestión de la conexión a Internet, que, según ella, debía ser abordada en el marco del acuerdo administrativo entre Frontex y la DCPAF, de 24 de octubre de 2018, relativo a la acogida de los oficiales de enlace de Frontex en Francia.
15      El 14 de octubre de 2021, el superior jerárquico de la demandante se conectó, a través de la aplicación Teams, para reunirse con ella. Aunque la reunión estaba prevista para las 10.00, la demandante no pudo conectarse hasta las 10.09, y sin vídeo. Según ella, ello se debió a problemas de software que el servicio responsable no podía solucionar a distancia.
16      Mediante escrito de 29 de noviembre de 2021, la DCPAF informó al superior jerárquico de la demandante de que, desde su toma de posesión del puesto de oficial de enlace en Francia, la demandante había tenido escasa comunicación con los funcionarios de la DCPAF, tanto por escrito como de manera informal, y de que, desde su llegada, se había mostrado poco dada a la comunicación y a los intercambios de información, lo cual había tenido consecuencias en la exactitud de ciertos datos transmitidos, especialmente en materia de estudios de vulnerabilidad en 2020.
Evaluación del rendimiento de la demandante en el año 2021
17      El 7 de febrero de 2022, en el marco del ejercicio anual de evaluación realizado sobre el rendimiento de la demandante durante el año 2021, el superior jerárquico de la demandante le remitió, por la aplicación Teams, una invitación a una reunión de diálogo de evaluación mediante la aplicación Teams, prevista para el 10 de febrero de 2022 a las 11.00. La demandante no aceptó la invitación ni asistió a dicha reunión.
18      El 10 de febrero de 2022, el superior jerárquico de la demandante le envió, por la aplicación Teams, una segunda invitación para una reunión de diálogo de evaluación mediante la aplicación Teams, prevista para el 14 de febrero de 2022 a las 11.00.
19      Paralelamente, mediante correo electrónico de 10 de febrero de 2022, enviado a la demandante a las 11.42, tras haber constatado que no había asistido a la reunión prevista para ese día, su superior jerárquico le recordó que le había enviado una invitación para una reunión de diálogo de evaluación, prevista el 10 de febrero de 2022 a las 11.00, pero que la demandante no la había aceptado y no había asistido a la reunión. Asimismo, informó a la demandante de que le había enviado otra invitación para una reunión de diálogo de evaluación el 14 de febrero de 2022 a las 11.00 y le solicitó que confirmara su participación o que justificara su ausencia lo antes posible.
20      La demandante tampoco aceptó esta invitación para una reunión de diálogo de evaluación programada para el 14 de febrero de 2022 a las 11.00 ni asistió a la reunión.
21      Mediante correo electrónico de 14 de febrero de 2022, enviado a las 12.10, el superior jerárquico de la demandante la informó de que le había enviado invitaciones para dos reuniones de diálogo de evaluación, mediante la aplicación Teams, previstas, respectivamente, para los días 10 y 14 de febrero de 2022 a las 11.00, pero que no las había aceptado ni había asistido a esas reuniones. Asimismo, informó a la demandante de que, de conformidad con la Decisión del Consejo de Administración de Frontex n.º 46/2015, de 20 de noviembre de 2015, por la que se establecen disposiciones generales para la aplicación de los artículos 43 y 44, párrafo primero, del Estatuto (en lo sucesivo, «normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales»), y habida cuenta de que no había respondido a las invitaciones a participar en el diálogo de evaluación ni había participado en este, sin aportar justificación alguna, iba a redactar su informe de evaluación sin mantener ese diálogo.
22      En otro correo electrónico de 14 de febrero de 2022, el superior jerárquico de la demandante informó a la Unidad de Recursos Humanos de Frontex de que la demandante no había aceptado las invitaciones al diálogo de evaluación de los días 10 y 14 de febrero de 2022, sin justificación, y que, en consecuencia, había redactado y presentado su evaluación sin que se hubiera mantenido tal diálogo, dado que las normas en vigor le permitían hacerlo. También informó a dicha unidad de que las autoridades francesas habían declarado que, el día 14 de febrero de 2022 por la mañana, la demandante se encontraba en su oficina. Además, el superior jerárquico de la demandante señaló que no había participado en una reunión de todos los oficiales de enlace de Frontex, organizada a través de la aplicación Teams el 28 de enero de 2022, sin ninguna justificación o respuesta a los recordatorios que se le habían dirigido antes de la reunión. A este respecto, constató que la mensajería electrónica de la demandante funcionaba, pues él había recibido el informe mensual de aquella mediante correo electrónico. Por otra parte, el superior jerárquico de la demandante indicó que un paquete de cartas enviado a la oficina de la demandante el 11 de enero de 2022 se había devuelto a Frontex el 10 de febrero de 2022 con la indicación del servicio de correos «entrega denegada por el destinatario».
23      En el informe de evaluación, de 14 de febrero de 2022, el superior jerárquico de la demandante concluyó que su eficacia en el trabajo, sus competencias, su comportamiento y su rendimiento global habían sido insatisfactorios.
24      En el informe de evaluación se indicó, en particular, lo siguiente:
«Durante la pandemia de 2021, hasta el mes de septiembre, la presencia física [de la demandante] en la oficina era limitada, pese a que las autoridades francesas no habían impuesto ninguna restricción al respecto.
Hasta el mes de septiembre de 2021, [la demandante] solo trabajaba una o dos veces por semana en la oficina, como ha manifestado el personal de la DCPAF, [y] trabajaba principalmente a domicilio, aunque las autoridades francesas hubieran programado reuniones presenciales.
Después de [la auditoría] del mes de septiembre [de 2021], [la demandante] trabajó diariamente en la oficina, pero sus contactos con la DCPAF […] no resultaron tan eficaces como estaba previsto.
[…]
Tanto si trabajaba a domicilio como en la oficina, se esperaba, con arreglo a la descripción del puesto [de la demandante], que permaneciera en contacto con las autoridades nacionales implicadas, con sus colegas y con los supervisores de [su trabajo]. Sin embargo, en varias ocasiones no hubo, por parte [de la demandante], respuesta a las llamadas y a los correos electrónicos de la oficina de la sede […]. Esta falta de respuesta y escasa reactividad a los mensajes también fueron señaladas por las autoridades francesas. La DCPAF expresó esas quejas […] durante una videoconferencia, en el mes de junio de 2021, y durante la [auditoría], en el mes de septiembre de 2021, al jefe de unidad. Dichas quejas fueron comunicadas [a la demandante] por su jefe de unidad el 23 de julio de [2021], en una reunión personal en la sede de [Frontex en Varsovia], y, el 14 de octubre de [2021], por videoconferencia. La falta de visibilidad, proactividad y reactividad tuvo gravísimas consecuencias en la realización de los objetivos fijados para el período de evaluación [de la demandante].
[…]
Algunos problemas relacionados con el funcionamiento de los equipos [informáticos] pudieron suponer dificultades añadidas para [la demandante] para desempeñar su actividad más fácilmente durante una parte del período de referencia, pero no podían justificar la grave falta de comunicación (falta de respuesta a los correos electrónicos y a las llamadas). Esos problemas técnicos fueron solventados […] estando ausente de la sede [de Frontex en Varsovia], en el mes de julio de [2021].»
25      En lo tocante al rendimiento global, el informe de evaluación señala la falta de cooperación por parte de la demandante con las autoridades francesas y de proactividad, reactividad y compromiso con dichas autoridades. A este respecto, el superior jerárquico de la demandante señaló que las autoridades francesas comunicaron dichos problemas a Frontex en el mes de junio de 2021. También se refirió a la semana del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 2021, durante la cual todos los oficiales de enlace de Frontex se reunieron en la sede de Frontex en Varsovia, a excepción de la demandante, cuya participación fue a distancia. Según su superior jerárquico, a lo largo de esa semana, la falta de reactividad de la demandante alcanzó su cota más alta, pues no confirmó, con la máxima urgencia, su participación en las reuniones el 25 de noviembre de 2021, no confirmó la recepción de correos electrónicos el 29 de noviembre de 2011 y de una carta el 30 de noviembre de 2021 y no contestó a un correo electrónico de 2 de diciembre de 2021, en el que se la instaba a contactar con su oficina en París en relación con posibles problemas de comunicación y a dar explicaciones sobre su falta de respuesta a dichas comunicaciones.
26      Con arreglo a las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales, que establecen, en su artículo 4, apartado 1, que, cuando el informe de evaluación del candidato indique un rendimiento insatisfactorio, dicho informe se someterá a un ratificador, el 17 de febrero de 2022, el informe de evaluación fue examinado por el ratificador, en este caso el director de la División de Cooperación Internacional y Europea de Frontex, quien confirmó la evaluación del superior jerárquico de la demandante.
27      El 24 de febrero de 2022, la demandante se negó a aceptar el informe de evaluación. Reprochó a su superior jerárquico haber infringido, en particular, el artículo 31 del Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1052/2013 y (UE) 2016/1624 (DO 2019, L 295, p. 1), y el artículo 11 del Estatuto y no haber garantizado la aplicación efectiva del artículo 4, apartado 4, del acuerdo administrativo entre Frontex y la DCPAF. A este respecto, la demandante se quejó, en esencia, de la imposibilidad de utilizar los «sistemas electrónicos» de Frontex en su oficina de París. También alegó que, al no haber tenido un diálogo con ella antes de su evaluación, su superior jerárquico había infringido el artículo 6, apartados 3 y 5, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales. Señaló que no la había llamado a ninguno de los cuatro números de teléfono que aparecen en la firma de sus correos electrónicos.
28      El mismo día, el informe de evaluación fue presentado al evaluador de alzada, en este caso el director ejecutivo de Frontex. Este confirmó que había sido testigo de las dificultades con las que se había encontrado la demandante en el ejercicio de sus funciones de oficial de enlace de Frontex. También señaló que las autoridades del Estado miembro de despliegue habían expresado quejas en varias ocasiones respecto de la demandante. Su reproche principal se refería a la falta de visibilidad de la demandante y a que no había estado disponible para interactuar con esas autoridades ni para participar en las reuniones que se le habían propuesto. A este respecto, señaló que se había considerado que el comportamiento de la demandante demostraba una grave falta de fiabilidad, hasta el punto de que sus superiores jerárquicos y la dirección de Frontex ya no confiaban en que ella llevara a cabo su misión.
29      De los autos se desprende que la demandante no solicitó tener una conversación con el evaluador de alzada.
30      El evaluador de alzada confirmó y cerró el informe de evaluación el día 18 de marzo de 2022. En esa misma fecha, la demandante fue informada de que el informe era ya definitivo.
Correspondencia relacionada con problemas de conexión a Internet en la oficina de la demandante en París
31      Una vez finalizada la instalación de la oficina de la demandante en París, un técnico del servicio informático de Frontex señaló, mediante correos electrónicos de 5 y 8 de marzo de 2019, enviados, en particular, al antiguo superior jerárquico de la demandante, problemas en la conexión 4G de Internet proporcionada por el Ministerio del Interior francés, reconociendo que no era fiable y que el teléfono de la oficina, así como el sistema de videoconferencia, no funcionaban correctamente.
32      En 2021, la demandante se comunicó en varias ocasiones con el servicio informático de Frontex en relación con los diferentes problemas técnicos que había encontrado en el desempeño de sus tareas. En efecto, mediante correos electrónicos de 15 de junio y de 19 de julio de 2021, se quejó de los «constantes problemas» con Outlook, incluidos el calendario de Outlook, el centro de software, los teléfonos móviles y la batería de su ordenador portátil. El 19 de julio de 2021, manifestó que seguía sin poder instalar la aplicación Teams en el ordenador portátil. Mediante correos electrónicos intercambiados los días 12 y 13 de octubre de 2021, la demandante indicó que, en su ordenador portátil, no tenía la aplicación Teams, que solo pudo utilizar esta aplicación en su teléfono móvil durante una semana, que el centro de software no funcionaba, que el ordenador portátil tenía problemas de batería y que, en su oficina, Internet no era fiable y el teléfono móvil no tenía conexión a Internet. Mediante un iMessage remitido desde el teléfono móvil de la demandante el día 15 de octubre de 2021, esta señaló a un técnico del servicio informático de Frontex que había intentado aceptar su invitación a una reunión, pero que la conexión a Internet no funcionaba en su oficina y que la zona wifi pública (hotspot) no le permitía conectarse a la VPN. Mediante correo electrónico de 19 de octubre de 2021, la demandante indicó que la conexión a Internet en su oficina era «muy complicada» ese día y que no podía encontrar la aplicación Teams en su ordenador portátil. Mediante iMessage enviado desde su teléfono móvil el 29 de noviembre de 2021, informó a un técnico del servicio informático de Frontex de que había remitido un correo electrónico a ese servicio porque, según sus colegas de la sede principal de Frontex en Varsovia, no habían recibido sus correos electrónicos. Aclaró que no había recibido ninguna notificación de incidencia por parte de ese servicio y que consideraba que podía haber un problema en el sistema Outlook. Además, afirmó que, el viernes anterior, la conexión a Internet no había funcionado en su oficina y que el ordenador portátil no se había conectado a la zona wifi pública.
33      Además, mediante correo electrónico de 22 de octubre de 2021, enviado al servicio homólogo de la DCPAF, con copia entre otros al jefe de equipo de la unidad de la demandante, un técnico del servicio informático de Frontex llamó la atención sobre el hecho de que, recientemente, ese servicio había observado que la demandante tenía problemas de conexión a Internet en su oficina de París, aclarando que el ancho de banda de la conexión era extremadamente reducido, lo cual le impedía llevar a cabo sus tareas diarias. De los autos se desprende que, el 8 de noviembre de 2021, la demandante informó al servicio informático de Frontex de que había venido a su oficina un agente de la DCPAF para recopilar información sobre el router y de que le había comunicado que había suprimido las conexiones externas a Internet.
Sobre la rescisión del contrato de trabajo de la demandante
34      Mediante escrito de 30 de marzo de 2022, remitido a la demandante mediante correo electrónico, el director ejecutivo de Frontex la instó a que presentara observaciones, a más tardar el 13 de abril de 2022, sobre una posible rescisión de su contrato de trabajo como consecuencia de su informe de evaluación insatisfactorio. También fue invitada a asistir a una reunión en línea organizada para el 25 de abril de 2022 para expresar su opinión.
35      Mediante escrito de 13 de abril de 2022, la demandante respondió solicitando una prórroga del plazo que se le había concedido para presentar observaciones y preparar la reunión con el director ejecutivo de Frontex. Alegó que, hasta el 12 de abril de 2022, no había recibido la misiva de 30 de marzo de 2022.
36      Mediante escrito de 22 de abril de 2022, el director ejecutivo de Frontex acogió su petición y adjuntó el informe de auditoría.
37      Mediante escrito de 17 de mayo de 2022, la directora ejecutiva adjunta para la gestión del cuerpo permanente, en sustitución del director ejecutivo de Frontex, instó a la demandante a presentar observaciones escritas, de forma consolidada, hasta el 13 de junio de 2022, acerca de una posible rescisión de su contrato de trabajo como consecuencia de su informe de evaluación insatisfactorio. La demandante fue informada de que se le cursaría una invitación para asistir a una reunión.
38      El 18 de mayo de 2022, dos agentes de la Unidad de Recursos Humanos de Frontex intentaron entregar personalmente el escrito de 17 de mayo de 2022 a la demandante, con ocasión de una reunión de los oficiales de enlace de Frontex celebrada en la sede de Frontex en Varsovia y a la que asistió la demandante. Esta se negó a recoger el escrito, hecho del que la Unidad de Recursos Humanos dejó constancia documental mediante una nota en el expediente, posteriormente remitido por dicha unidad a la demandante por correo.
39      La reunión con la directora ejecutiva adjunta de Frontex se celebró en línea el 21 de julio de 2022 con la demandante, su representante jurídico y un representante de la Unidad de Recursos Humanos de Frontex.
Procedimiento precontencioso ante Frontex
40      El 17 de junio de 2022, la demandante presentó una reclamación con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto contra la decisión de evaluación. La demandante alegó que dicha decisión y el informe de evaluación eran ilícitos debido, primero, a defectos de procedimiento relacionados con la vulneración del derecho a ser oído, el incumplimiento de la obligación de motivación, la vulneración del derecho a una buena administración y de los deberes de diligencia y de asistencia y la falta de transparencia; segundo, a errores manifiestos en su contenido, y, tercero, a una desviación de poder. La demandante solicitó la anulación del informe de evaluación, de la decisión de evaluación, del examen del ratificador, de los comentarios de la Unidad de Recursos Humanos incluidos en el informe de evaluación y de las propuestas del director ejecutivo y de la directora ejecutiva adjunta de Frontex de 30 de marzo y de 17 de mayo de 2022, respectivamente, relativas a la rescisión de su contrato.
41      El 1 de julio de 2022, la demandante formuló otra reclamación, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra las decisiones de rescisión de su contrato contenidas en los escritos de 30 de marzo y de 17 de mayo de 2022 y contra el informe de evaluación, incluidas las decisiones del evaluador de alzada y del ratificador, así como los comentarios de la Unidad de Recursos Humanos. Adujo los mismos argumentos y formuló las mismas peticiones que las que ya había hecho valer en su reclamación de 17 de junio de 2022 y solicitó, además, que se le diera traslado del expediente completo relativo a la auditoría.
42      Mediante correo electrónico de 17 de octubre de 2022, el Consejo de Administración de Frontex notificó a la demandante la resolución desestimatoria de las reclamaciones.
Reasignación y dimisión de la demandante
43      Mediante escrito de 16 de agosto de 2022, la directora ejecutiva adjunta de Frontex informó a la demandante de su decisión de reasignarla a su puesto en la Unidad de Análisis de Riesgos/Sector de Análisis de Terceros Países en la sede de Frontex en Varsovia, con efectos desde el 1 de septiembre de 2022. La demandante no impugnó dicha decisión.
44      Mediante escrito de 28 de febrero de 2023, enviado al jefe de la Unidad de Recursos Humanos de Frontex, la demandante dimitió de su cargo por razones personales, con efectos desde el 30 de abril de 2023, de modo que puso fin a su relación laboral con Frontex seis meses antes de la fecha prevista de finalización de su contrato, que era el 15 de octubre de 2023.
Pretensiones de las partes
45      La demandante solicita al Tribunal General que:
–        Anule la resolución desestimatoria de las reclamaciones.
–        Anule el informe de evaluación.
–        Condene en costas a Frontex.
46      Frontex solicita al Tribunal General que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
47      En apoyo de su recurso, la demandante formula cuatro motivos.
48      El primer motivo se basa, en esencia, por una parte, en que la resolución desestimatoria de las reclamaciones fue adoptada por un órgano incompetente (primera parte) y, por otra parte, en la vulneración del principio de buena administración, del derecho a ser oído y del principio jurídico de la «responsabilidad de actuar con la diligencia debida» (segunda parte).
49      El segundo motivo se basa en la vulneración del derecho a ser oído y en la existencia de vicios sustanciales de forma que resultan de la infracción de los artículos 6, apartados 3 y 5, y 8 de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales, debido a la falta de un diálogo formal con el evaluador previo a la redacción del informe de evaluación.
50      El tercer motivo se basa en la falta de motivación de la resolución desestimatoria de las reclamaciones y en la vulneración, en la preparación del informe de evaluación, del derecho de defensa y en la infracción del artículo 2 de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales.
51      El cuarto motivo se basa en la vulneración del principio de imparcialidad y en una desviación de poder por parte del evaluador y del evaluador de alzada, así como en la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y del artículo 3, apartados 2 y 3, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales.
Sobre el interés de la demandante en ejercitar la acción
52      En la vista, Frontex alegó que el recurso era inadmisible porque la demandante no tenía interés en ejercitar la acción contra el informe de evaluación. A este respecto, recuerda que la demandante fue reasignada a otro puesto dentro de Frontex sin impugnar dicha decisión, que ella misma presentó su dimisión y que posteriormente fue contratada por otra institución de la Unión Europea.
53      La demandante indica que la alegación de Frontex basada en la falta de interés en ejercitar la acción es inadmisible porque se formuló por primera vez en la vista, cuando debería haberse formulado antes por tratarse de una excepción de inadmisibilidad. En cualquier caso, considera que tiene interés en ejercitar la acción, dado que su futuro profesional depende del informe de evaluación.
54      Procede recordar, en primer lugar, que la cuestión de la desaparición del interés en ejercitar la acción durante el procedimiento constituye una causa de inadmisión de orden público que el juez de la Unión debe examinar de oficio (sentencias de 19 de septiembre de 2019, FV/Consejo, T‑27/18 RENV, no publicada, EU:T:2019:621, apartado 41, y de 11 de diciembre de 2012, Ntouvas/ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, apartado 34). Por lo tanto, procede rechazar la alegación de la demandante basada en el carácter extemporáneo de la alegación de Frontex relativa a la falta de interés de esta en ejercitar la acción.
55      En segundo lugar, según reiterada jurisprudencia, para que una parte demandante pueda persistir en un recurso de anulación de una decisión de la administración, es preciso que conserve un interés personal, existente y real en la anulación de esa decisión incluso después de la interposición de su recurso (sentencias de 19 de septiembre de 2019, FV/Consejo, T‑27/18 RENV, no publicada, EU:T:2019:621, apartado 41, y de 11 de diciembre de 2012, Ntouvas/ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, apartado 34).
56      En tercer lugar, por lo que respecta al interés de un funcionario en solicitar la anulación de un informe de evolución de carrera que le concierne, de la jurisprudencia se desprende asimismo que dicho informe constituye un juicio de valor emitido por sus superiores jerárquicos acerca del modo en que el funcionario evaluado ha desempeñado las funciones que se le han encomendado y sobre su comportamiento en el servicio durante el período de que se trata y que, cualquiera que sea su utilidad futura, constituye una prueba escrita y formal sobre la calidad del trabajo realizado por el funcionario. Tal evaluación no es meramente descriptiva de las tareas efectuadas durante el período de que se trata, sino que incluye además una apreciación de las cualidades humanas mostradas por la persona evaluada en el ejercicio de su actividad profesional. Por tanto, todo funcionario tiene derecho a que su trabajo quede legitimado mediante una evaluación llevada a cabo de modo justo y equitativo. En consecuencia, el derecho a la tutela judicial efectiva exige que se reconozca a todo funcionario, en cualquier caso, el derecho a impugnar un informe de evaluación de carrera que le afecte por razón de su contenido o por no haberse elaborado según las reglas establecidas por el Estatuto (sentencias de 22 de diciembre de 2008, Gordon/Comisión, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, apartados 43 a 45, y de 12 de julio de 2011, Comisión/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, apartado 157). Lo mismo debe suceder con el agente sujeto al ROA que haya sido objeto de una evaluación (sentencia de 23 de octubre de 2013, Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, apartado 17).
57      Ciertamente, como indica Frontex, de la jurisprudencia se desprende que, dado que el informe de evaluación desempeña un papel importante en el desarrollo de la carrera de los funcionarios o agentes, solo afecta, en principio, al interés de la persona calificada hasta el cese definitivo en sus funciones, de modo que, con posterioridad a dicho cese definitivo, el funcionario o agente afectado ya no está, en principio, legitimado para interponer un recurso, a menos que demuestre la existencia de una circunstancia específica que justifique un interés personal y actual en obtener la anulación del informe en cuestión (auto de 19 de octubre de 1999, N/Comisión, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, apartado 24).
58      No obstante, aunque la demandante cesó definitivamente en sus funciones en Frontex durante el procedimiento, el 30 de abril de 2023, indicó en la vista, sin que Frontex lo rebatiera, que había facilitado el informe de evaluación a su nuevo empleador, que es una institución de la Unión. En estas circunstancias, procede considerar que la carrera de la demandante puede verse afectada por dicho informe, lo que demuestra que conserva un interés en ejercitar la acción a este respecto.
59      En consecuencia, procede desestimar la alegación de Frontex basada en la falta de interés de la demandante en ejercitar la acción.
Sobre el objeto del litigio
Sobre la pretensión de anulación de la resolución desestimatoria de las reclamaciones en la medida en que se refiere a la supuesta decisión contenida en los escritos de 30 de marzo y de 17 de mayo de 2022
60      Procede señalar que, en la resolución desestimatoria de las reclamaciones, Frontex examina, por una parte, las alegaciones y solicitudes de la demandante relativas al procedimiento de evaluación de su rendimiento para el año 2021 y, por otra parte, sus solicitudes relativas a una «propuesta» o a una «decisión» de rescindir su contrato de trabajo que se desprende de los escritos que Frontex le envió el 30 de marzo y el 17 de mayo de 2022 (véanse los apartados 34 y 37 anteriores). En la vista, la demandante confirmó que, mediante el presente recurso, impugnaba dicha resolución en su totalidad.
61      Por lo que respecta a una eventual «propuesta» o «decisión» de rescindir el contrato de trabajo de la demandante, es preciso señalar que los dos escritos antes mencionados no contienen ninguna decisión de Frontex de rescindir el contrato de trabajo de la demandante. Al indicarle expresamente que no se había adoptado ninguna decisión, esos escritos simplemente invitan a la demandante a manifestarse sobre una eventual rescisión de su contrato debido a los resultados insatisfactorios de su evaluación. También se desprende de los autos que la propia demandante dimitió de su cargo con efectos desde el 30 de abril de 2023 por razones personales (véase el anterior apartado 44), de modo que no se ha producido ninguna rescisión de su contrato.
62      Según reiterada jurisprudencia, constituyen actos lesivos los actos que emanan de la autoridad competente y que contienen una toma de posición definitiva de la administración que produce efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar directa e inmediatamente a los intereses de la parte demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica (véanse las sentencias de 8 de octubre de 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, apartado 45 y jurisprudencia citada, y de 29 de noviembre de 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, no publicada, EU:T:2018:852, apartado 32 y jurisprudencia citada).
63      Por consiguiente, una mera referencia a la posibilidad de rescindir el contrato de trabajo de un agente debe considerarse un acto que no contiene una toma de posición definitiva de la administración y que no produce efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar directa e inmediatamente a los intereses de la parte demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica.
64      Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de la pretensión de anulación de la resolución desestimatoria de las reclamaciones en la medida en que se refiere a la supuesta decisión contenida en los escritos de 30 de marzo y de 17 de mayo de 2022.
Sobre el carácter autónomo de la resolución desestimatoria de las reclamaciones
65      En la vista, Frontex alegó que la resolución desestimatoria de las reclamaciones no había hecho sino confirmar el contenido del informe de evaluación, de modo que carecía de contenido autónomo y que el Tribunal General no debería pronunciarse sobre su legalidad. En este sentido, Frontex alega también que el primer motivo es inadmisible.
66      En el caso de autos, la demandante solicita la anulación tanto de la resolución desestimatoria de las reclamaciones como del informe de evaluación. En apoyo de estas pretensiones, la demandante invoca cuatro motivos (véanse los apartados 48 a 51 anteriores), de los que se desprende que impugna, por una parte, la competencia del Consejo de Administración para adoptar la resolución desestimatoria de las reclamaciones (primera parte del primer motivo) y, por otra parte, la validez del informe de evaluación debido al incumplimiento, por parte del evaluador y del evaluador de alzada, de determinados requisitos procedimentales al elaborar dicho informe (segunda parte del primer motivo y motivos segundo a cuarto).
67      A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, las pretensiones de anulación dirigidas formalmente contra la resolución desestimatoria de una reclamación, en el supuesto de que dicha resolución carezca de contenido autónomo, dan lugar a que se someta al Tribunal General el acto contra el cual se presentó la reclamación (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de enero de 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, apartado 8, y de 6 de abril de 2006, Camós Grau/Comisión, T‑309/03, EU:T:2006:110, apartado 43).
68      En la medida en que rechaza las alegaciones de la demandante dirigidas contra su informe de evaluación, la resolución desestimatoria de las reclamaciones carece de contenido autónomo, ya que se limita a confirmar dicho informe, tal como fue aprobado por la decisión del evaluador de alzada de 18 de marzo de 2022. Por consiguiente, procede considerar que la segunda parte del primer motivo y los motivos segundo a cuarto, resumidos en los anteriores apartados 49 a 51, se invocan en apoyo de la pretensión de anulación relativa al informe de evaluación, cuya legalidad debe examinarse, no obstante, tomando en consideración la motivación que figura en la resolución desestimatoria de las reclamaciones de 17 de junio y de 1 de julio de 2022, que se presume coincidente con la de dicho informe (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 9 de diciembre de 2009, Comisión/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, apartados 58 y 59, y de 16 de enero de 2018, SE/Consejo, T‑231/17, no publicada, EU:T:2018:3, apartado 22).
69      En cambio, la primera parte del primer motivo, resumida en el anterior apartado 48, basada en la incompetencia del órgano que adoptó la resolución desestimatoria de las reclamaciones, se refiere específicamente a las ilegalidades de que adolece supuestamente el procedimiento de reclamación. El interés de la parte demandante en que el procedimiento de reclamación se desarrolle regularmente y, por tanto, en que la resolución desestimatoria de su reclamación sea anulada en caso de irregularidad debe apreciarse de manera autónoma y no en relación con el eventual recurso interpuesto contra el acto inicial objeto de la reclamación. Si no fuera así, cada vez que interpusiera un recurso judicial contra el acto inicial objeto de la reclamación le sería imposible hacer valer las irregularidades del procedimiento de reclamación, que la habrían privado, no obstante, de los beneficios de un reexamen de la decisión de la administración regular y previo al recurso (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de junio de 2015, Z/Tribunal de Justicia, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, apartado 145).
70      De ello se deduce que, habida cuenta del objeto de la primera parte del primer motivo, que se refiere exclusivamente al procedimiento de reclamación, la demandante debe poder solicitar que el juez de la Unión controle la legalidad de la resolución desestimatoria de sus reclamaciones y no solo la del informe de evaluación. Por lo tanto, procede concluir que, en esta medida, el Tribunal General debe pronunciarse sobre la pretensión de anulación de la resolución desestimatoria de las reclamaciones por tener un contenido autónomo y que la primera parte del primer motivo puede considerarse válidamente formulada a este respecto.
Sobre el fondo
Observaciones preliminares sobre el alcance del control jurisdiccional
71      Según la jurisprudencia, los informes de evaluación comprenden apreciaciones que solo pueden dar lugar a un control jurisdiccional en lo que respecta a la regularidad del procedimiento, a la exactitud material de los hechos y a la inexistencia de error manifiesto de apreciación o de desviación de poder por parte de las personas a quienes corresponde intervenir en la elaboración de dichos documentos. En otras palabras, los evaluadores gozan de la más amplia facultad de apreciación a la hora de valorar el trabajo de las personas cuya evaluación tienen a su cargo y no corresponde al juez controlar el fundamento de esta apreciación, que implica juicios de valor complejos que, por su naturaleza, no son susceptibles de verificación objetiva, salvo en caso de error manifiesto (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de marzo de 2018, HJ/EMA, T‑579/16, no publicada, EU:T:2018:168, apartado 160 y jurisprudencia citada).
72      No obstante, la facultad de apreciación particularmente amplia de que gozan los evaluadores a efectos de la evaluación de un agente temporal debe tener como contrapeso el respeto particularmente escrupuloso de las normas que regulan la organización de dicha evaluación y el desarrollo del procedimiento previsto a tal efecto (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 24 de septiembre de 2002, Girardot/Comisión, T‑92/01, EU:T:2002:220, apartado 24, y de 5 de abril de 2005, Christensen/Comisión, T‑336/02, EU:T:2005:115, apartado 38).
Primer motivo
73      En su primer motivo, la demandante reprocha a Frontex la falta de competencia de su Consejo de Administración para adoptar la resolución desestimatoria de las reclamaciones. Alega que, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, la «autoridad facultada para proceder a los nombramientos» es la competente para resolver la reclamación presentada con arreglo a esa misma disposición, es decir, en el presente asunto, la directora ejecutiva de Frontex. La demandante aclara que presentó dos reclamaciones en virtud de dicha disposición ante la directora ejecutiva de Frontex y que ella fue quien estuvo presente durante la reunión de 21 de julio de 2022 organizada con ella y quien disponía de copias de todo su expediente, y no el presidente del Consejo de Administración de Frontex, el cual firmó la resolución desestimatoria de las reclamaciones.
74      La demandante señala que el Consejo de Administración de Frontex está formado por funcionarios de los Estados miembros de la Unión y que sus competencias incluyen el control político de Frontex. Considera que no tiene funciones administrativas que le permitan adoptar decisiones relativas a los funcionarios y agentes de Frontex.
75      La demandante alega que se vulneró su derecho a ser oída, en la medida en que nunca se la invitó a aportar al Consejo de Administración de Frontex documentos probatorios. En cualquier caso, según la demandante, las cuestiones relacionadas con el buen funcionamiento de los servicios de Frontex, tales como la falta de conexión a Internet en su oficina y la implicación de funcionarios y agentes de Frontex en el acoso de que fue objeto, deberían haberse sometido a una investigación de oficio por parte de Frontex.
76      Frontex rebate las alegaciones de la demandante.
–       Primera parte del primer motivo, basada en la falta de competencia del Consejo de Administración de Frontex para adoptar la resolución desestimatoria de las reclamaciones
77      En esta parte, procede examinar si el Consejo de Administración de Frontex podía adoptar la resolución desestimatoria de las reclamaciones en lo que respecta a la confirmación del informe de evaluación por el director ejecutivo de Frontex el 18 de marzo de 2022 en el marco del recurso previsto en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
78      A este respecto, como indica Frontex, del artículo 3, apartado 6, de la Decisión n.º 25/2021 del Consejo de Administración de Frontex, de 9 de abril de 2021, por la que se delegan las competencias conferidas por el Estatuto a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y por el ROA a la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo, resulta que las competencias relativas al artículo 90, apartado 2, del Estatuto son ejercidas por el Consejo de Administración de Frontex cuando la resolución haya sido adoptada a nivel del director ejecutivo. En el presente asunto, basta señalar que la resolución por la que se confirma el informe de evaluación fue adoptada por el director ejecutivo de Frontex, de modo que, en virtud de las normas aplicables en Frontex, la adopción de tal resolución corresponde al Consejo de Administración de Frontex.
79      En estas circunstancias, debe desestimarse la alegación de la demandante basada en que ninguna disposición del artículo 90 del Estatuto y de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales prevé que la resolución relativa al recurso previsto en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto incumbe al Consejo de Administración de Frontex.
80      Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de la demandante, formulada en la vista, según la cual nunca tuvo conocimiento de la Decisión n.º 25/2021 del Consejo de Administración de Frontex. En efecto, del correo electrónico de 24 de enero de 2022, comunicado al Tribunal General por Frontex el 8 de mayo de 2024, mencionado en la vista por Frontex, se desprende que esta última había informado directamente a la demandante del inicio del ejercicio de evaluación para el año 2021, incluyendo también el enlace a todos los documentos pertinentes relativos a la realización de dicha evaluación e instando a los miembros del personal a ponerse en contacto con la Unidad de Recursos Humanos en caso de preguntas.
81      Por consiguiente, procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo.
–       Segunda parte del primer motivo, basada en la vulneración del principio de buena administración y del derecho a ser oído
82      En primer lugar, por lo que respecta a las alegaciones basadas en la vulneración del principio de buena administración y del principio jurídico de la «responsabilidad de actuar con la diligencia debida», la demandante precisó su argumentación durante la vista remitiéndose a los apartados 81 y siguientes de la demanda. En la medida en que esos apartados guardan relación con el cuarto motivo, estas alegaciones se examinarán en el marco de dicho motivo.
83      En segundo lugar, por lo que respecta a la vulneración del derecho a ser oído, la demandante invoca esta alegación indicando que el Consejo de Administración de Frontex, que se pronunció sobre sus dos reclamaciones, no la invitó en ningún momento a aportar documentos. Además, la demandante reprocha a Frontex la falta de una investigación interna, que no fue llevada a cabo de oficio ni por la directora ejecutiva de Frontex ni por su Consejo de Administración, en relación con la falta de conexión a Internet en la oficina de la demandante en París y la implicación de funcionarios y agentes de Frontex en el acoso del que fue objeto en el trabajo.
84      Por una parte, por lo que respecta a la alegación de que el Consejo de Administración de Frontex no invitó a la demandante a que le aportara documentos probatorios antes de responder a sus dos reclamaciones contra el informe de evaluación, tal como fue confirmado el 18 de marzo de 2022, esta se solapa con la examinada en la primera parte del primer motivo, basada en la competencia del Consejo de Administración de Frontex. En la medida en que en el apartado 80 de la presente sentencia se ha apreciado que, al iniciar el ejercicio de evaluación correspondiente al año 2021, Frontex informó directamente a la demandante de las normas aplicables a dicho ejercicio, incumbía a la propia demandante seguir estas normas en lo referente a las personas competentes ante las que debería haberse presentado una reclamación contra una resolución del director ejecutivo y aportar documentos probatorios. Por lo tanto, procede desestimar la alegación relativa a la vulneración del derecho a ser oído de la demandante a este respecto por parte de Frontex.
85      Por otra parte, en lo que atañe a la falta de investigación interna en cuanto a las alegaciones de la demandante de acoso y de problemas de conexión a Internet en su oficina, que no fue llevada a cabo de oficio ni por la directora ejecutiva de Frontex ni por su Consejo de Administración, procede señalar lo siguiente.
86      Por lo que respecta a la inexistencia de una investigación interna sobre las alegaciones de acoso, corresponde, en principio, al funcionario o agente que considere poder invocar el artículo 24 del Estatuto presentar una solicitud de asistencia a la institución, órgano u organismo al que pertenezca. No obstante, de la jurisprudencia se desprende que determinadas circunstancias excepcionales pueden obligar a la administración a llevar a cabo actos de asistencia específicos por iniciativa propia, sin previa petición del interesado. Por otra parte, las obligaciones que se derivan para la administración del deber de asistencia y protección se ven sustancialmente reforzadas cuando se trata de la situación de un funcionario o de un agente cuya salud, física o mental, está afectada (sentencia de 13 de julio de 2022, AI y otros/ECDC, T‑864/19, no publicada, EU:T:2022:452, apartado 182).
87      En el presente asunto, de los autos no se desprende que la demandante presentara una solicitud de asistencia en el sentido del artículo 24 del Estatuto, sobre cuya base Frontex habría podido llevar a cabo una investigación administrativa para determinar los hechos que dieron lugar a tal solicitud. Además, la demandante tampoco ha alegado circunstancias excepcionales que hubieran podido obligar a la administración a iniciar tal investigación. Por lo tanto, no puede reprocharse a Frontex que no abriera, por iniciativa propia, una investigación interna sobre el acoso alegado y no oyera a la demandante a este respecto.
88      Por lo que se refiere a la inexistencia de una investigación interna en relación con las alegaciones de la demandante basadas en problemas de conexión a Internet en su oficina en París, procede señalar que de los autos no se desprende que la demandante solicitara que se abriera una investigación interna sobre dichos problemas.
89      En respuesta a la invitación del Tribunal General a precisar los elementos de los autos de los que se desprende que había presentado una solicitud de apertura de tal investigación, la demandante invocó un documento que había preparado para la reunión de 21 de julio de 2022 y los correos electrónicos de 16 de julio de 2019, 9 de julio de 2020 y 22 de octubre de 2021.
90      En primer término, ni del correo electrónico de 16 de julio de 2019 ni de los correos electrónicos relacionados con él se desprende que la demandante hubiera solicitado al informático de Frontex en Varsovia que acudiera en misión para constatar el incumplimiento de los requisitos relativos a la conexión a Internet en su oficina. Estos correos electrónicos, intercambiados entre el 11 y el 16 de julio de 2019, se refieren a la mudanza de la demandante y no contienen ningún correo electrónico de esta. De ello tampoco se desprende que la demandante formulara una solicitud o una queja en relación con problemas de conexión a Internet en su oficina.
91      En segundo término, el correo electrónico de 9 de julio de 2020 fue enviado por el servicio informático de Frontex a un jefe de una sección de Frontex y se refería a la «información» que la demandante debería haber comunicado en relación con «el hardware, el software y la conexión mediante ADSL». Mediante otro correo electrónico del mismo día, dicho jefe de sección informó a la demandante de que se había puesto en contacto con el servicio informático competente. Este intercambio no contiene ningún correo electrónico de la demandante y no hace referencia alguna a una solicitud de la demandante de apertura de una investigación sobre los problemas de conexión a Internet en su oficina o de resolución de estos problemas.
92      En tercer término, el correo electrónico de 22 de octubre de 2021 fue enviado por un informático del servicio informático de Frontex al servicio homólogo de la DCPAF, con copia al jefe de equipo de la unidad de la demandante. El informático de Frontex señaló que la demandante tenía problemas de conexión a Internet en su oficina de París, aclarando que el ancho de banda de la conexión a Internet era extremadamente reducido, lo cual le impedía llevar a cabo sus tareas diarias. Llamó la atención sobre estos problemas y solicitó asistencia a este respecto. Por lo tanto, dicho correo electrónico no contiene referencia alguna a una eventual solicitud de la demandante de que se iniciara una investigación sobre los eventuales problemas de conexión a Internet en su oficina.
93      En cuarto término, en un documento preparado por la demandante para la reunión de 21 de julio de 2022, a saber, el «memorando de los argumentos y documentos justificativos para la reunión de 21 de julio de 2022», se menciona la palabra «investigación» en el punto 3. A este respecto, basta con señalar que la demandante habla de la «investigación para comprobar la veracidad y exactitud del [informe de evaluación]», y no más concretamente de los problemas de conexión a Internet en su oficina.
94      En cualquier caso, la demandante no puede considerar que, sin una investigación interna sobre los problemas de conexión a Internet en su oficina, no tuvo la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista sobre estos problemas. En efecto, de sus intercambios con el servicio informático de Frontex, tal como se resumen en el apartado 32 de la presente sentencia, se desprende que la demandante podía comunicarse con dicho servicio sin demora y de manera eficaz y explicarle los diferentes problemas técnicos que había encontrado en el desempeño de sus tareas.
95      En estas circunstancias, procede desestimar las alegaciones de la demandante en cuanto a los problemas de conexión a Internet en su oficina.
96      Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la segunda parte del primer motivo y, en consecuencia, dicho motivo en su totalidad.
Segundo motivo
97      En su segundo motivo, la demandante alega, en esencia, que Frontex no respetó su derecho a ser oída, puesto que no hubo un diálogo formal con su evaluador antes de que este redactara la evaluación, lo cual infringe el artículo 6, apartados 3 y 5, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales.
98      Para empezar, la demandante señala, en esencia, que el artículo 6, apartado 3, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales establece que un diálogo formal antes de la redacción por el evaluador de la evaluación es una etapa fundamental del procedimiento de evaluación. Recuerda que, en sus comentarios adjuntos al informe de evaluación, el evaluador de alzada reconoció que no hubo diálogo previo a la redacción del informe de evaluación por no haber respondido la demandante a las dos invitaciones remitidas por el evaluador los días 7 y 10 de febrero de 2022.
99      A continuación, la demandante manifiesta que la razón por la que no contestó a las supuestas invitaciones de su evaluador es que nunca recibió ningún correo electrónico, mensaje ni llamada telefónica invitándola a participar en un diálogo de evaluación. La única comunicación que reconoce haber recibido es el correo electrónico de 3 de febrero de 2022 en el que se la informaba, como a otros empleados, de que, para que el evaluador competente realizara la evaluación para el año 2021, no era obligatorio presentar una autoevaluación. Sostiene que la evaluación del evaluador se basó únicamente en las alegaciones de las autoridades francesas sobre sus problemas de comunicación con ellas, extremo que podía ser objeto de muchas interpretaciones.
100    Por último, la demandante censura a Frontex la infracción del artículo 8 de sus normas sobre la evaluación de los agentes temporales, al no haberse concedido ninguna suspensión de los plazos de los artículos 6 y 7 de las referidas normas, cuando, según el artículo 8, apartado 2, de las mismas, estos plazos se suspenderán siempre que el titular del puesto no pueda utilizar el sistema electrónico. Cita asimismo el artículo 8, apartado 1, de esas normas, con arreglo al cual los plazos establecidos en los artículos 6 y 7 de estas, en lo que concierne al titular del puesto, se computarán únicamente desde que se haya notificado al interesado la decisión correspondiente o, a más tardar, desde que pueda esperarse que un empleado que actúe como un agente diligente conoce el contenido de dicha decisión y las razones de la misma. La demandante subraya que, en sus comentarios negándose a aceptar el informe de evaluación, pidió la suspensión del plazo establecido en el artículo 6, apartado 5, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales, respecto del diálogo formal, suspensión que, según la demandante, debía aplicarse obligatoriamente. Señala que, en la resolución desestimatoria de las reclamaciones, ni el evaluador de alzada ni el Consejo de Administración de Frontex dieron respuesta alguna a esta petición.
101    Frontex rebate los argumentos de la demandante.
–       Sobre la falta de diálogo formal con el evaluador, en contra de lo dispuesto en el artículo 6, apartados 3 y 5, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales
102    De conformidad con el artículo 6, apartado 3, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales, «el evaluador mantendrá un diálogo formal con el titular del puesto». El artículo 6, apartado 5, de dichas normas establece que, «en el plazo de diez días laborables a partir del diálogo formal, el evaluador redactará un informe de evaluación».
103    Con carácter preliminar, es preciso recordar que, según la jurisprudencia, un diálogo de calidad es imperativo durante el ejercicio de evaluación, puesto que constituye su clave y supone un contacto directo entre el evaluado y el evaluador único que puede favorecer un diálogo franco y profundo que permita a los interesados, por una parte, medir con exactitud la naturaleza, las razones y el alcance de sus posibles divergencias y, por otra parte, llegar a un mejor entendimiento recíproco (véanse, por analogía, las sentencias de 30 de septiembre de 2004, Ferrer de Moncada/Comisión, T‑16/03, EU:T:2004:283, apartado 40, y de 25 de octubre de 2007, Lo Giudice/Comisión, T‑27/05, EU:T:2007:321, apartados 48 y 49). Sin un intercambio directo entre el evaluador y el evaluado, la evaluación no puede cumplir plenamente su función de medio de gestión de los recursos humanos y de incentivo del desarrollo profesional del interesado (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2007, Lo Giudice/Comisión, T‑27/05, EU:T:2007:321, apartado 49).
104    En el caso de autos, consta que, antes de la redacción del informe de evaluación, no tuvo lugar ningún diálogo entre la demandante y el evaluador, pese a que de los autos se desprende que el evaluador envió a la demandante, mediante la aplicación Teams, dos invitaciones para un diálogo formal en una misma semana, la primera enviada el lunes 7 de febrero de 2022 para una reunión prevista el jueves 10 de febrero de 2022 y la segunda enviada el jueves 10 de febrero de 2022 para una reunión prevista el lunes 14 de febrero de 2022. Ninguna de estas invitaciones fue aceptada por la demandante, que tampoco se presentó en dichas entrevistas.
105    En estas circunstancias, tras la ausencia de la demandante en la segunda reunión prevista para el 14 de febrero de 2022, el evaluador redactó el informe de evaluación sin mantener un diálogo formal, invocando a este respecto el artículo 6, apartado 4, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales, según el cual, «si el titular del puesto no responde a la invitación a participar en el diálogo formal, sin que se lo haya impedido una ausencia justificada, el evaluador podrá realizar inmediatamente una evaluación individual cualitativa». De ello se deduce que Frontex consideró, en esencia, que la ausencia de la demandante en las reuniones en cuestión no estaba justificada y elaboró el informe de evaluación en consecuencia, sin diálogo formal previo.
106    Sin embargo, la demandante indica, en esencia, que no respondió a las dos invitaciones a las reuniones con el evaluador porque nunca las recibió ni tuvo conocimiento de ellas, habida cuenta de los problemas que tenía con la conexión a Internet en su oficina, de los que, según afirma, tenían conocimiento el evaluador y el evaluador de alzada.
107    A este respecto, para que las dos invitaciones a las reuniones con el evaluador puedan considerarse debidamente notificadas a la demandante, es necesario no solo que hayan sido comunicadas a la demandante, sino también que esta haya podido tener conocimiento efectivo de su contenido (véase, por analogía, la sentencia de 3 de marzo de 2021, Barata/Parlamento, T‑723/18, EU:T:2021:113, apartado 31 y jurisprudencia citada).
108    En la medida en que en el caso de autos consta que estas dos invitaciones fueron comunicadas a la demandante (véase el apartado 104 anterior) y en que es Frontex quien invoca el artículo 6, apartado 4, de sus normas sobre la evaluación de los agentes temporales, alegando que la demandante no asistió a las reuniones sin aportar la menor justificación y decidiendo, en tales circunstancias, no mantener un diálogo formal, corresponde a Frontex demostrar si se dio a la demandante la oportunidad de tomar conocimiento efectivo del contenido de las dos invitaciones a las reuniones con el evaluador (véanse, por analogía, las sentencias de 5 de junio de 1980, Belfiore/Comisión, 108/79, EU:C:1980:146, apartado 7, y de 30 de enero de 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, EU:F:2013:10, apartado 33 y jurisprudencia citada).
109    A este respecto, procede señalar que, en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal General en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, Frontex indica, sin que la demandante la contradiga a este respecto, por una parte, que facilitó a la demandante un teléfono móvil profesional y dos ordenadores portátiles profesionales, que el teléfono móvil estaba equipado con Outlook y podía utilizarse para tener acceso a los correos electrónicos oficiales, siguiendo el método de autenticación adecuado, y que dicho teléfono disponía de la opción «Hotspot», que podía utilizarse para establecer una conexión a Internet en sus ordenadores portátiles y le daba la posibilidad técnica de acceder a distancia a los servidores de Frontex, siempre siguiendo el método de autenticación adecuado. Por otra parte, en relación con la información facilitada por la DCPAF, Frontex indica que, desde el inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020, la demandante trabajaba la mayor parte del tiempo a domicilio, pero que, a partir de mediados de junio de 2021, su presencia en la oficina se había intensificado hasta llegar a ser diaria, en torno a cuatro o cinco horas al día. Por lo tanto, en lo que respecta al mes de febrero de 2022, la demandante trabajaba diariamente algunas horas también desde su domicilio, sin quejarse de eventuales problemas de conexión a Internet en su domicilio.
110    De ello se deduce que, aun suponiendo que la demandante hubiera tenido problemas de conexión a Internet en la oficina, no ha demostrado que no pudiera abrir las dos invitaciones a las reuniones con el evaluador fuera de su oficina, bien en su teléfono móvil profesional, bien en su ordenador portátil profesional.
111    En primer lugar, esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones que la demandante formuló en la vista. Por una parte, la demandante indicó que había tenido problemas constantes con su teléfono móvil. A este respecto, procede señalar que los autos no contienen ningún elemento que acredite un eventual contacto de la demandante con el servicio informático de Frontex en 2022 en relación con los problemas con su teléfono móvil.
112    Por otra parte, la demandante alegó que una invitación a una reunión enviada mediante la aplicación Teams podía registrarse directamente en la agenda del buzón electrónico de la persona invitada, sin ser previamente recibida como correo electrónico en la bandeja de entrada. Aun suponiendo que este pudiera ser técnicamente el caso, esta circunstancia significa que la demandante no consultó su agenda profesional durante una semana, a pesar de no alegar haber tenido problemas técnicos para acceder a dicha agenda. Pues bien, tal falta de diligencia profesional de un agente de un organismo de la Unión no puede ser invocada razonablemente por la demandante para justificar su ignorancia en cuanto a la celebración de dichas reuniones. Además, procede observar que, tras constatar la ausencia de la demandante en la reunión prevista para el 10 de febrero de 2022 a las 11.00, su superior jerárquico le envió un correo electrónico el mismo día a las 11.42, informándola de que le había enviado otra invitación para una reunión de diálogo formal para su evaluación el 14 de febrero de 2022 a las 11.00 e invitándola a confirmar dicha invitación o a justificar su ausencia lo antes posible (véase el apartado 19 anterior). Por lo tanto, por lo que respecta a la reunión prevista para el 14 de febrero de 2022, la demandante pudo recibir no solo la invitación enviada mediante la aplicación Teams, sino también un correo electrónico enviado con antelación razonable antes de la reunión.
113    En segundo lugar, la conclusión alcanzada en el anterior apartado 110 se ve reforzada por los siguientes elementos de los autos.
114    En primer término, Frontex presentó un correo electrónico de la demandante de 4 de febrero de 2022 mediante el que esta envió su informe mensual a su superior jerárquico, lo que demuestra que, tres días antes del envío de la primera invitación a la reunión con el evaluador el 7 de febrero de 2022, su correo electrónico estaba operativo. Asimismo, para impugnar las apreciaciones formuladas en el informe de evaluación, la demandante pudo presentar al Tribunal General, en el anexo de su demanda, más de setecientas páginas de la correspondencia que había intercambiado por correo electrónico con Frontex y las autoridades francesas entre 2020 y 2021. De ello se deduce que, aun suponiendo que hubiera habido problemas de conexión a Internet en su oficina, la demandante utilizó su correo electrónico en un período que abarcó el mes de febrero de 2022, lo que hace improbable que no tuviera acceso a los correos electrónicos en cuestión.
115    En segundo término, Frontex expone dos situaciones que suscitan serias dudas en cuanto a la cooperación de la demandante con ella. Por una parte, en su correo electrónico de 14 de febrero de 2022, el superior jerárquico de la demandante señaló que no había participado en la reunión de 28 de enero de 2022, organizada mediante la aplicación Teams, a la que se invitaba a todos los oficiales de enlace de Frontex, sin justificación alguna y sin ninguna reacción a los recordatorios que se le habían remitido previamente (véase el apartado 22 anterior). A este respecto, es preciso señalar que de los autos no se desprende que la demandante se hubiera puesto en contacto con el servicio informático de Frontex en torno a este período en relación con los problemas de conexión a Internet en su oficina. Por otra parte, en el mismo correo electrónico, el superior jerárquico de la demandante alegó, sin que la demandante lo niegue, que, el 10 de febrero de 2022, se había devuelto a Frontex un paquete de cartas enviado a la oficina de la demandante el 11 de enero de 2022 con la indicación del servicio de correos «entrega denegada por el destinatario» (véase también el apartado 22 anterior).
116    En tercer término, de los autos se desprende que, a principios del mes de febrero de 2022, la demandante podía esperar objetivamente que se celebraría una reunión formal de evaluación para el año 2021. En efecto, el 24 de enero de 2022, Frontex le envió un correo electrónico informándola del inicio de dicha evaluación. Además, como indica la propia demandante, mediante correo electrónico de 3 de febrero de 2022, se la informó de que, para que el evaluador realizara la evaluación para el año 2021, no era obligatorio presentar una autoevaluación.
117    En tercer lugar, procede observar, como también señaló en esencia la demandante en la vista, que los autos no contienen ningún elemento que indique que el evaluador intentara ponerse en contacto con la demandante a través de su teléfono móvil profesional para invitarla a reuniones con él o para averiguar si había recibido las dos invitaciones en cuestión. Es cierto que la actitud del evaluador de comunicarse con la demandante únicamente por correo electrónico en lo que respecta, en particular, a la invitación a la segunda reunión, dada la ausencia de la demandante en la primera reunión el 10 de febrero de 2022 (véanse los apartados 18 y 19 anteriores), tiene carácter formalista.
118    Sin embargo, esta circunstancia no desvirtúa las descritas en los apartados 109 a 116 de la presente sentencia, que demuestran que, con toda probabilidad, la demandante pudo tomar conocimiento eficazmente de las dos invitaciones al diálogo formal con el evaluador. Además, de los autos se desprende que, mediante correo electrónico de 4 de octubre de 2021, la demandante manifestó claramente su deseo de proseguir la comunicación relativa a la auditoría únicamente por escrito (véase el apartado 13 anterior).
119    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, no puede reprocharse a Frontex que redactara el informe de evaluación sin mantener un diálogo formal con la demandante, ya que esta posibilidad estaba prevista en el artículo 6, apartado 4, de sus normas sobre la evaluación de los agentes temporales. Por consiguiente, procede desestimar la alegación basada en la infracción del artículo 6, apartados 3 y 5, de dichas normas.
–       Sobre la infracción del artículo 8 de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales
120    En virtud del artículo 8, apartado 1, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales, los plazos establecidos en los artículos 6 y 7 de dichas normas, en lo que concierne al titular del puesto, se computarán únicamente desde que se haya notificado al interesado la decisión correspondiente o, a más tardar, desde que pueda esperarse que un empleado que actúe como un agente diligente conoce el contenido de dicha decisión y las razones de la misma. En el caso de autos, habida cuenta de la conclusión que figura en el apartado 118 de la presente sentencia, según la cual la demandante, con toda probabilidad, pudo tomar conocimiento eficazmente de las dos invitaciones a las reuniones con el evaluador antes de ellas, procede considerar que Frontex no infringió el artículo 8, apartado 1, de sus normas sobre la evaluación de los agentes temporales.
121    No obstante, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales, los plazos previstos en sus artículos 6 y 7 deben suspenderse cuando el titular del puesto no pueda utilizar el sistema electrónico de que se trate. La demandante considera que esta disposición es aplicable en el caso de autos, habida cuenta de los problemas que alega haber encontrado con la conexión a Internet en su oficina, de los que el evaluador y el evaluador de alzada tuvieron conocimiento. A este respecto, basta con señalar que de la nota a pie de página n.º 3 de dichas normas se desprende que el sistema electrónico mencionado en el artículo 8, apartado 2, de las mismas solo se refiere al utilizado a efectos del procedimiento de evaluación, y no a cualquier sistema electrónico, como el correo electrónico Outlook. Por lo tanto, procede declarar que Frontex no infringió el artículo 8, apartado 2, de sus normas sobre la evaluación de los agentes temporales.
122    Además, por lo que respecta a la alegación de la demandante de que Frontex no dio respuesta alguna a su solicitud de suspensión de los plazos con arreglo al artículo 8, apartado 2, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales, basta con señalar que la falta de respuesta a este respecto no puede, de todos modos, poner en entredicho lo que se ha concluido en el apartado 121 de la presente sentencia.
123    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe desestimarse el segundo motivo.
Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
124    En su tercer motivo, la demandante alega que la resolución desestimatoria de las reclamaciones no está suficientemente motivada, dado que únicamente repite el contenido del informe de evaluación, incluyendo lo que el evaluador y el evaluador de alzada escribieron en dicho informe, sin realizar ninguna averiguación propia y sin pronunciarse sobre las alegaciones formuladas por la demandante en sus reclamaciones de 17 de junio y de 1 de julio de 2022.
125    Más precisamente, la demandante señala que la alegación de Frontex de que no había aportado ningún documento en apoyo de sus dos reclamaciones no está motivada. Señala que la resolución desestimatoria de las reclamaciones no contesta a las alegaciones sobre vicios sustanciales de forma durante el proceso de evaluación de 2021, formuladas en su reclamación de 17 de junio de 2022. La demandante recuerda que jamás había recibido evaluaciones negativas y que Frontex disponía de todas las evaluaciones que forman parte de su expediente profesional en dicha agencia. Según ella, el informe de evaluación no tiene en cuenta el hecho de que nunca dispuso de las herramientas necesarias, como una buena conexión a Internet y a la señal de telefonía móvil. A este respecto, invoca la infracción del artículo 2 de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales, que prevé que «la conclusión de que el rendimiento del titular del puesto ha sido insatisfactorio se basará en elementos fácticos». La demandante señala también que nunca pudo exponer sus alegaciones durante la fase previa a la evaluación, dado que el diálogo formal nunca tuvo lugar.
126    La demandante también sostiene que Frontex vulneró su derecho de defensa, al acusarla de una supuesta falta de colaboración con las autoridades francesas de un modo muy general, sin mencionar nombres, fechas e incidencias concretas. Afirma que no pudo defenderse con pruebas porque ni siquiera sabía de qué autoridad francesa procedían las quejas presentadas contra ella.
127    Frontex rebate los argumentos de la demandante.
128    El tercer motivo consta, en esencia, de tres partes, basadas, la primera, en la falta de motivación de la resolución desestimatoria de las reclamaciones; la segunda, en la vulneración del derecho de defensa de la demandante, y, la tercera, en la infracción del artículo 2 de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales.
129    A este respecto, procede observar que, al igual que la primera parte, las otras dos partes se refieren, en esencia, a la falta de motivación de la resolución desestimatoria de las reclamaciones. En efecto, por un lado, mediante la alegación basada en la vulneración de su derecho de defensa, la demandante se queja del carácter general de las acusaciones de Frontex en cuanto a su supuesta falta de cooperación con las autoridades francesas, sin que Frontex haya citado nombres, fechas e incidentes concretos, lo que, según afirma, no le permite defenderse aportando pruebas. Por otro lado, al invocar el artículo 2 de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales, mencionado en el apartado 125 de la presente sentencia, la demandante reprocha a Frontex que no basara el carácter insatisfactorio de su rendimiento en elementos fácticos.
130    El derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta, obliga a las instituciones, órganos y organismos de la Unión a motivar sus decisiones. Esta obligación tiene el mismo alcance que la derivada del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, que dispone que los actos jurídicos deberán estar motivados, y del artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto, aplicable por analogía a los agentes temporales en virtud del artículo 11 del ROA, según el cual las decisiones que les sean lesivas serán motivadas. La motivación exigida por esas disposiciones debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2021, BG/Parlamento, T‑253/19, no publicada, EU:T:2021:459, apartado 44 y jurisprudencia citada).
131    Asimismo, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivación constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues este pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo (véase la sentencia de 22 de mayo de 2012, Internationaler Hilfsfonds/Comisión, T‑300/10, EU:T:2012:247, apartado 180 y jurisprudencia citada). En efecto, la motivación de una decisión consiste en expresar formalmente los fundamentos en los que se basa dicha decisión. Esta motivación puede ser suficiente, aunque exprese razones erróneas (véase el auto de 12 de julio de 2012, Dover/Parlamento, C‑278/11 P, no publicado, EU:C:2012:457, apartado 36 y jurisprudencia citada).
132    En primer lugar, por lo que respecta a las alegaciones basadas en la existencia de vicios sustanciales de forma durante el proceso de evaluación del año 2021 y en los problemas de conexión a Internet, es preciso señalar que la resolución desestimatoria de las reclamaciones contenía suficientes explicaciones de Frontex que respondían a estas dos alegaciones para permitir al Tribunal General ejercer su control sobre la legalidad de la resolución desestimatoria de las reclamaciones y proporcionar a la demandante una indicación suficiente para saber si dicha resolución estaba bien fundada o si adolecía de un vicio que permita impugnar su legalidad.
133    En efecto, por una parte, en los apartados 59 a 64 de la resolución desestimatoria de las reclamaciones, Frontex examinó la alegación basada en la vulneración del derecho a ser oído, constatando que se había invitado a la demandante a ejercer sus derechos y a que se manifestara tanto durante el procedimiento de evaluación como tras la finalización del informe de evaluación por el evaluador de alzada, pero que esta no había asistido a las reuniones en cuestión ni había solicitado su aplazamiento, y concluyendo que las alegaciones de la demandante en cuanto a la vulneración de sus derechos carecían de fundamento. Además, en la demanda, la demandante pudo invocar, en el marco de su segundo motivo, la supuesta vulneración de su derecho a ser oída, impugnando en esencia la constatación de Frontex de que no había asistido a las reuniones organizadas durante el procedimiento de evaluación que le concernían, de modo que podía comprender los motivos de la resolución desestimatoria de las reclamaciones a este respecto.
134    Por otra parte, en cuanto a los problemas de conexión a Internet, de los apartados 65 a 70 de la resolución desestimatoria de las reclamaciones se desprende que, en julio de 2021, durante su misión en Varsovia, en la sede principal de Frontex, la demandante tuvo ocasión de resolver varios problemas informáticos que supuestamente complicaban el ejercicio de sus tareas. Frontex también señaló que la auditoría no había confirmado la falta de acceso a las herramientas de Internet de la que se quejaba la demandante. Además, Frontex sostuvo que las alegaciones de la demandante relativas a los problemas de conexión a Internet en su oficina estaban en contradicción con su presencia constante en esta. Por otra parte, en el apartado 75 de la resolución desestimatoria de las reclamaciones, Frontex señaló que, en su visita, su superior jerárquico había utilizado el teléfono móvil de Frontex, el correo electrónico y el instrumento de mensajería instantánea para una videoconferencia utilizando la conexión a Internet móvil.
135    En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de Frontex de que la demandante no aportó documentos que respaldasen sus dos reclamaciones, esta última no indica claramente qué pretende impugnar. Procede señalar que, en la resolución desestimatoria de las reclamaciones, Frontex subraya, en varias ocasiones, la falta de pruebas aportadas por la demandante. En efecto, en el marco de sus observaciones generales, en el apartado 55 de la resolución desestimatoria de las reclamaciones, Frontex indicó que la demandante había indicado, en sus reclamaciones de 17 de junio y de 1 de julio de 2022, que tenía pruebas e indicios en apoyo de sus alegaciones. Sin embargo, en ese mismo apartado, Frontex constató que la demandante no había presentado tales pruebas que le hubieran permitido comprobar sus alegaciones. Además, Frontex subrayó la falta de pruebas en los apartados 88, 94, 102, 104 y 150 de la resolución desestimatoria de las reclamaciones, en relación con diversas alegaciones de la demandante basadas en la discriminación en el procedimiento de evaluación, en una desviación de poder y en la existencia de acoso.
136    Por otra parte, es preciso señalar que la demandante tampoco aporta pruebas que permitan comprender por qué considera que Frontex no motivó suficientemente la resolución desestimatoria de las reclamaciones al afirmar que no había aportado documentos que fundamentaran sus dos reclamaciones.
137    En cualquier caso, es jurisprudencia reiterada que la falta o la insuficiencia de motivación es un vicio sustancial de forma, en el sentido del artículo 263 TFUE, y constituye un motivo de orden público que el juez de la Unión puede —e incluso debe— examinar de oficio (véanse las sentencias de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartado 34 y jurisprudencia citada, y de 20 de marzo de 2019, Hércules Club de Fútbol/Comisión, T‑766/16, EU:T:2019:173, apartado 59).
138    En las circunstancias descritas en los apartados 135 y 136 de la presente sentencia, procede considerar que Frontex respondió a la alegación de la demandante de que su afirmación de que no había aportado documentos en apoyo de sus dos reclamaciones no estaba motivada.
139    En tercer lugar, en cuanto a la supuesta falta de evaluaciones negativas anteriores en el expediente en poder de Frontex, de reiterada jurisprudencia se desprende que la administración está obligada a motivar todo informe de evaluación de manera suficiente y detallada, con el fin de permitir al interesado formular observaciones sobre esta motivación, siendo el cumplimiento de estos requisitos aún más importante cuando la evaluación sufre un retroceso respecto de la evaluación anterior (sentencias de 25 de octubre de 2005, Micha/Comisión, T‑50/04, EU:T:2005:375, apartado 36, y de 22 de marzo de 2018, HJ/EMA, T‑579/16, no publicada, EU:T:2018:168, apartado 144).
140    Es cierto que Frontex no motiva específicamente una peor evaluación de la demandante en el informe de evaluación con respecto a los demás años. No obstante, de la jurisprudencia sobre la obligación de motivación se desprende que la institución afectada no está obligada a pronunciarse sobre todas las alegaciones formuladas ante ella y que le basta con exponer los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una importancia esencial en la lógica de la decisión de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Comisión, C‑404/04 P, no publicada, EU:C:2007:6, apartado 30).
141    En el caso de autos, al concluir que la eficacia en el trabajo de la demandante, sus competencias, su conducta y su rendimiento global eran insatisfactorios, debe considerarse que el informe de evaluación estaba suficientemente motivado. En efecto, de esta motivación, resumida en esencia en los apartados 24 y 25 anteriores, se desprende que era suficientemente detallada en cuanto a la falta de cooperación de la demandante con las autoridades francesas. Más concretamente, el informe de evaluación se refiere a los reproches de la DCPAF y a las conclusiones extraídas durante la auditoría. Por lo tanto, la demandante estaba en condiciones de comprender los motivos del informe de evaluación que justificaban una peor calificación con respecto a su calificación anterior.
142    En cuarto lugar, por lo que respecta al carácter supuestamente general de las imputaciones formuladas contra la demandante en cuanto a su supuesta falta de cooperación con las autoridades francesas, en la resolución desestimatoria de las reclamaciones, Frontex cita determinados pasajes del informe de evaluación, reiterando en esencia las críticas de las autoridades francesas formuladas durante la auditoría en cuanto a la falta de visibilidad de la demandante y a su falta de cooperación con ellas (véase el apartado 9 anterior). Más concretamente, Frontex precisa que, ya en julio de 2021, el superior jerárquico de la demandante había manifestado su preocupación por su trabajo con las autoridades francesas, en la medida en que había recibido quejas de estas. Frontex invoca también el informe de auditoría, que mostraba que la demandante no había logrado establecer la visibilidad y la cooperación necesarias con dichas autoridades. A este respecto, Frontex menciona que se había interrogado a dieciséis personas y que quince de ellas habían señalado que el rendimiento de la demandante no era satisfactorio para apoyar la colaboración con Frontex y facilitar el intercambio de información.
143    Además, Frontex indicó que el evaluador había informado claramente a la demandante de que su falta sistemática e injustificada en las reuniones en línea de que se trata suponía un problema para la coordinación y las tareas de la unidad. Frontex también constató que se había hecho referencia a la correspondencia por correo electrónico de 25 de febrero de 2022, en la que el evaluador había señalado que las ausencias repetidas e injustificadas de la demandante de las reuniones en línea con sus colegas suscitaban preocupación acerca de su rendimiento y conducta.
144    Por último, Frontex invoca también ciertos correos electrónicos ante el Tribunal General para demostrar que las quejas de las autoridades francesas no eran de carácter general, sino que identificaban claramente los problemas que experimentaron los interlocutores franceses con la demandante. A este respecto, se hace referencia a una correspondencia por vía electrónica en el seno de Frontex de 2 de octubre de 2020, al correo electrónico de la DCPAF a la demandante de 5 de octubre de 2021 y a una carta de la DCPAF de 29 de noviembre de 2021 (véanse los apartados 5 y 16 anteriores).
145    De la jurisprudencia se desprende que la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo está obligada a motivar sus decisiones, al menos en la fase de desestimación de la reclamación (véase, por analogía, la sentencia de 3 de marzo de 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, EU:T:1993:17, apartado 22).
146    El Tribunal General ha admitido que una insuficiencia inicial de la motivación, en determinadas circunstancias excepcionales, pueda subsanarse mediante precisiones adicionales aportadas, incluso durante el procedimiento, cuando, antes de interponer su recurso, el interesado ya contaba con elementos que constituyen un principio de motivación (sentencias de 20 de febrero de 2002, Roman Parra/Comisión, T‑117/01, EU:T:2002:35, apartado 30, y de 15 de septiembre de 2005, Casini/Comisión, T‑132/03, EU:T:2005:324, apartado 36).
147    En el caso de autos, antes de la interposición del presente recurso por lo que respecta a la supuesta falta de cooperación de la demandante con las autoridades francesas, habida cuenta de lo señalado en el apartado 142 anterior, la demandante ya contaba con elementos que constituyen un principio de motivación. En estas circunstancias, y habida cuenta de la jurisprudencia citada en los apartados 145 y 146 de la presente sentencia, los elementos invocados por Frontex ante el Tribunal General, precisados en el apartado 144 anterior, que completan su motivación a este respecto en la resolución desestimatoria de las reclamaciones, pueden tomarse en consideración al apreciar el carácter suficiente de la motivación. Por consiguiente, procede concluir que la demandante podía comprender el reproche de Frontex sobre su supuesta falta de cooperación con las autoridades francesas.
148    Más concretamente, en el informe de evaluación se indicó que las autoridades francesas señalaron la falta de respuesta de la demandante y una mala reactividad por su parte a los mensajes que se le habían enviado, precisándose que dichas quejas fueron formuladas, en particular, por la DCPAF durante una videoconferencia en junio de 2021 y durante la auditoría en septiembre de 2021 y que estas fueron comunicadas a la demandante el 23 de julio y el 14 de octubre de 2021 (véase el apartado 24 anterior). El informe de evaluación menciona también los reproches de las autoridades francesas sobre la visibilidad de la demandante. A este respecto, se citaron, por una parte, la directora de Migración y miembro del Consejo de Administración, que había declarado que ni ella ni su predecesor estuvieron nunca con la demandante, y, por otra parte, el director de la DCPAF, que se encontró con ella una sola vez cuando fueron presentados. Del informe de evaluación también se desprende que, durante la auditoría, quince de las dieciséis personas que representaban a distintas autoridades francesas declararon que no estaban satisfechas con la visibilidad, proactividad y reactividad de la demandante y que solo una persona permaneció neutral.
149    En lo que atañe a la auditoría, de los autos se desprende que el informe correspondiente fue comunicado a la demandante el 22 de abril de 2022 (véase el apartado 36 anterior), es decir, antes del inicio del procedimiento administrativo previo en el caso de autos (véanse los apartados 40 y 41 anteriores). Este informe precisa, en particular, que, en octubre de 2020, el antiguo superior jerárquico de la demandante había mantenido una conversación telefónica con la DCPAF para examinar el estado de la cooperación con la demandante, cooperación que la DCPAF consideró difícil e insatisfactoria. Además, este informe subraya que, el 6 de julio de 2021, tuvo lugar una reunión entre los directores de la DCPAF y de la DGEF y se organizaron entrevistas con el personal de la DCPAF y de distintas autoridades francesas de la Policía de Fronteras. De esas reuniones y entrevistas se desprende que los reproches formulados contra la demandante se referían, en esencia, a su falta de visibilidad para las autoridades francesas y a su falta de cooperación con ellas, que, según afirman, se limitó al intercambio de correos electrónicos y se deterioró en junio de 2020, cuando presentó un informe que incluía determinados datos no verificados e información procedentes principalmente de fuentes abiertas, lo que puso en dificultades a las autoridades francesas (véase el apartado 9 anterior).
150    Por lo tanto, la resolución desestimatoria de las reclamaciones, interpretada en el contexto indicado en los apartados 148 y 149 anteriores, contenía efectivamente los elementos necesarios para permitir a la demandante comprender los motivos de esa resolución e impugnar su legalidad y para permitir al Tribunal General ejercer su control.
151    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe desestimarse el tercer motivo.
Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de imparcialidad y en una desviación de poder
152    En el cuarto motivo, la demandante alega que el evaluador y el evaluador de alzada no respetaron el principio de imparcialidad e incurrieron en desviación de poder, infringiendo el artículo 41 de la Carta y el artículo 3, apartados 2 y 3, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales.
153    La demandante indica que su evaluador fue nombrado como tal en mayo de 2021, mientras que la evaluación abarcaba todo el año 2021, por lo que no podía tener conocimiento de la situación durante los primeros meses de 2021. Añade que el evaluador es una persona que, antes de la redacción del informe de evaluación, apoyó el boicot al trabajo de la demandante en Francia y la informó en varias ocasiones de que la decisión de despedirla ya estaba tomada.
154    En cuanto al evaluador de alzada, la demandante señala que la desviación de poder en el trato dado a los empleados de Frontex por dicho evaluador de alzada fue objeto de una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), por graves problemas de contratación y recursos humanos, entre otros. A este respecto, la demandante alude, en primer lugar, a una rueda de prensa realizada en línea el 28 de enero de 2021, en la que la comisaria europea de Asuntos de Interior declaró, en esencia, que había mucho trabajo por hacer para tener una agencia Frontex robusta y funcional y citó como ejemplo que faltaban tres directores ejecutivos adjuntos y cuarenta observadores de derechos fundamentales, y que solo se había nombrado un agente de derechos fundamentales con carácter provisional. En segundo lugar, la demandante señala que, el 7 de diciembre de 2020, la OLAF registró la oficina del evaluador de alzada y la de su jefe de gabinete, como parte de la investigación por acoso laboral, como se desprende del reportaje efectuado por una revista. En tercer lugar, cita un documento interno de la OLAF, publicado en un reportaje de una revista griega, a tenor del cual el evaluador de alzada «se resistió activamente» a la contratación de los cuarenta agentes encargados de los derechos fundamentales requeridos para la protección de los derechos de los empleados.
155    La demandante solicita al Tribunal General que cite a la OLAF para que aporte a dicho Tribunal su informe sobre el evaluador de alzada, que incluye la investigación que se realizó en relación con el año 2021, con el fin de que se pueda demostrar que la desviación de poder hacia la demandante no fue un acto aislado, sino una práctica corriente por parte de esa persona contra empleados de Frontex que no tenían los medios y las relaciones personales «adecuadas» para ser favorecidos por él.
156    Frontex rebate los argumentos de la demandante.
157    El artículo 41, apartado 1, de la Carta establece que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcialmente.
158    Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incumbe a las instituciones, órganos y organismos de la Unión cumplir el requisito de imparcialidad en sus dos vertientes, que son, por una parte, la imparcialidad subjetiva, en virtud de la cual ninguno de los miembros de la institución interesada debe tomar partido ni tener prejuicios personales, y, por otra parte, la imparcialidad objetiva, con arreglo a la cual dicha institución debe ofrecer garantías suficientes para descartar cualquier duda legítima acerca de un posible prejuicio (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2019, August Wolff y Remedia/Comisión, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, apartado 27 y jurisprudencia citada).
159    Por lo que respecta al supuesto incumplimiento de la obligación de imparcialidad del evaluador, por un lado, procede considerar que la alegación de la demandante basada en que este fue nombrado evaluador en lo que a ella respecta en mayo de 2021, pese a que la evaluación se refería a todo el año 2021 y no podía estar al corriente de la situación relativa a los seis primeros meses de 2021, se refiere a una eventual parcialidad objetiva.
160    A este respecto, basta con señalar que, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales, el evaluador es el superior jerárquico directo del titular del puesto y, por regla general, el titular del puesto de jefe de unidad el 1 de diciembre del período de referencia. Por consiguiente, el informe de evaluación fue redactado correctamente por el evaluador de la demandante, a saber, su superior jerárquico del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2021, es decir, durante la mayor parte del año 2021. Además, de los autos se desprende que el antiguo superior jerárquico de la demandante contribuyó a la evaluación relativa al período de evaluación del 1 de enero al 30 de abril de 2021, abarcando así el período anterior a la designación del superior jerárquico de la demandante como evaluador.
161    Por otra parte, la demandante reprocha a Frontex una eventual parcialidad de su evaluador cuando alega que dicho papel fue desempeñado por una persona que, antes de la redacción del informe de evaluación, apoyó el boicot de su trabajo en Francia y la informó en varias ocasiones de que ya se había tomado la decisión de despedirla.
162    A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que la imparcialidad subjetiva se presume salvo prueba en contrario (véase la sentencia de 20 de octubre de 2021, Kerstens/Comisión, T‑220/20, EU:T:2021:716, apartado 35 y jurisprudencia citada). Pues bien, es preciso señalar que la demandante no aporta ningún principio de prueba en apoyo de sus alegaciones, que, por tanto, deben desestimarse.
163    Por lo que respecta a la desviación de poder alegada, según reiterada jurisprudencia, una decisión solo adolece de desviación de poder, de la que la desviación de procedimiento no es más que una forma, cuando resulte, de acuerdo con indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada para alcanzar fines distintos de los alegados (véase la sentencia de 26 de marzo de 2015, CW/Parlamento, F‑41/14, EU:F:2015:24, apartado 86 y jurisprudencia citada). A este respecto, procede recordar que al demandante no le basta invocar determinados hechos en apoyo de sus alegaciones, sino que debe suministrar además indicios suficientemente precisos, objetivos y concordantes que puedan sostener la veracidad de estas o, cuando menos, su verosimilitud, en defecto de lo cual no puede desvirtuarse la exactitud material de las afirmaciones de los evaluadores (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de diciembre de 2014, DG/ENISA, F‑109/13, EU:F:2014:259, apartado 32 y jurisprudencia citada).
164    Habida cuenta de lo declarado en los apartados 160 y 162 de la presente sentencia, procede considerar que la demandante no aporta indicios suficientemente precisos, objetivos y concordantes que puedan sostener la veracidad de sus pretensiones o, al menos, su verosimilitud en lo que respecta al evaluador.
165    Además, en cuanto al evaluador de alzada, la demandante no indica ningún elemento que pueda demostrar su parcialidad o una desviación de poder en su evaluación. A este respecto, en cuanto al hecho de que el evaluador de alzada fuera objeto de una investigación de la OLAF, basta con señalar que la demandante no demuestra, ni siquiera alega, que dicha investigación esté relacionada con su situación individual.
166    Por último, procede desestimar la petición de la demandante al Tribunal General de que adopte una diligencia de ordenación del procedimiento consistente en citar a la OLAF para que comparezca con el fin de presentarle su informe sobre el evaluador de alzada, que incluye la investigación llevada a cabo para el año 2021, en la medida en que la posición adoptada por la OLAF en esta investigación no puede constituir un elemento pertinente para resolver el presente recurso. En efecto, el presente procedimiento versa, de manera exclusiva, sobre las irregularidades señaladas por la demandante en relación con su informe de evaluación y con el procedimiento relativo a su adopción. A este respecto, el hecho de que el evaluador de alzada haya cometido irregularidades comparables o más graves respecto de otros empleados, suponiéndolas acreditadas, no implica que la conducta del evaluador de alzada fuera irregular por lo que respecta a la demandante, máxime cuando esta no ha presentado ningún principio de prueba al respecto (véase el apartado 165 anterior).
167    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el cuarto motivo y, por ende, el recurso en su totalidad.
Costas
168    A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, según el artículo 135, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, con carácter excepcional, si así lo exige la equidad, el Tribunal General podrá decidir que una parte que haya visto desestimadas sus pretensiones cargue únicamente, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte, o incluso que no debe ser condenada por este concepto. Además, según el artículo 135, apartado 2, de ese mismo Reglamento, el Tribunal General podrá imponer una condena en costas parcial o total a una parte, aunque sea la vencedora, si así lo justificase su actitud, incluso con anterioridad a la interposición del recurso.
169    Las pretensiones de la demandante han sido desestimadas. Sin embargo, en el marco del examen del segundo motivo en este asunto, relativo a la falta de diálogo formal durante el procedimiento de evaluación, se ha declarado, en el apartado 117 de la presente sentencia, que la actitud de Frontex de comunicarse con la demandante únicamente por correo electrónico tenía carácter formalista. Esta actitud podía menoscabar la eficacia de la comunicación entre Frontex y la demandante, lo que pudo incitar a esta a interponer un recurso con el fin de que se declarara la vulneración de su derecho a ser oída.
170    En estas circunstancias, el Tribunal General estima que es justo y equitativo decidir que cada parte cargue con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      TT y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) cargarán cada una con sus propias costas.
da Silva Passos
Półtorak
Reine
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de diciembre de 2024.
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
Reproches al rendimiento de la demandante en su puesto de oficial de enlace de Frontex en Francia antes de su evaluación correspondiente al año 2021
Evaluación del rendimiento de la demandante en el año 2021
Correspondencia relacionada con problemas de conexión a Internet en la oficina de la demandante en París
Sobre la rescisión del contrato de trabajo de la demandante
Procedimiento precontencioso ante Frontex
Reasignación y dimisión de la demandante
Pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
Sobre el interés de la demandante en ejercitar la acción
Sobre el objeto del litigio
Sobre la pretensión de anulación de la resolución desestimatoria de las reclamaciones en la medida en que se refiere a la supuesta decisión contenida en los escritos de 30 de marzo y de 17 de mayo de 2022
Sobre el carácter autónomo de la resolución desestimatoria de las reclamaciones
Sobre el fondo
Observaciones preliminares sobre el alcance del control jurisdiccional
Primer motivo
–
Primera parte del primer motivo, basada en la falta de competencia del Consejo de Administración de Frontex para adoptar la resolución desestimatoria de las reclamaciones
–
Segunda parte del primer motivo, basada en la vulneración del principio de buena administración y del derecho a ser oído
Segundo motivo
–
Sobre la falta de diálogo formal con el evaluador, en contra de lo dispuesto en el artículo 6, apartados 3 y 5, de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales
–
Sobre la infracción del artículo 8 de las normas de Frontex sobre la evaluación de los agentes temporales
Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de imparcialidad y en una desviación de poder
Costas
1      Lengua de procedimiento: español.