62022TJ0579_RES
Asunto T‑579/22
ClientEarth AISBL
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta ampliada) de 10 de septiembre de 2025
«Medio ambiente — Convenio de Aarhus — Denegación de una solicitud de revisión interna — Artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 — Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 — Actividades relacionadas con la bioenergía — Biomasa forestal — Fabricación de productos químicos orgánicos de base — Fabricación de plásticos en formas primarias — Taxonomía — Requisitos aplicables a los criterios técnicos de selección — Artículo 19 del Reglamento (UE) 2020/852 — Contribución sustancial a la mitigación del cambio climático — Artículo 10 del Reglamento 2020/852 — Actividades de transición — Umbral cuantitativo — Pruebas científicas concluyentes — Ciclo de vida — Principio de cautela — Principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales — Artículo 17 del Reglamento 2020/852 — Economía circular — Recursos hídricos y marinos — Contaminación»
Medio ambiente — Convenio de Aarhus — Aplicación a las instituciones de la Unión — Facultad de las organizaciones no gubernamentales de solicitar una revisión interna de actos administrativos en materia de medio ambiente — Exposición de los motivos de la revisión — Necesidad de indicar los elementos que pueden suscitar dudas sobre la conformidad a Derecho del acto en cuestión
[Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, ap. 1]
(véanse los apartados 27 y 28)
Medio ambiente — Convenio de Aarhus — Aplicación a las instituciones de la Unión — Facultad de las organizaciones no gubernamentales de solicitar una revisión interna de actos administrativos en materia de medio ambiente — Denegación de una solicitud de revisión interna por infundada — Control judicial — Límites — Error manifiesto de apreciación — Inexistencia
[Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo, (CE) n.o 1367/2006, art. 10, y (UE) 2020/852, art. 19, ap. 1]
(véanse los apartados 29 a 33, 87, 104 a 108, 122, 143 a 147, 151 y 152)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Criterios técnicos de selección — Establecimiento por la Comisión — Ponderación por parte de la Comisión de los diversos requisitos aplicables — Procedencia
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 10, aps. 3 y 5, 11, aps. 3 y 5, y 19, ap. 1, letra f)]
(véanse los apartados 52 a 57 y 94)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Criterios técnicos de selección — Establecimiento por la Comisión — Consideración de la normativa vigente de la Unión aplicable — Procedencia
[Reglamentos (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, 2018/841 y 2020/852, arts. 10, ap. 1, letra a), y 19, ap. 1, letra d); Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo]
(véanse los apartados 61 a 71 y 95 a 100)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Criterios técnicos de selección — Establecimiento por la Comisión — Obligación de tener en cuenta el ciclo de vida de los productos o servicios — Alcance
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerandos 34, 40 y 47, y art. 19, aps. 1, letra g), y 5; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo]
(véanse los apartados 75 a 86 y 139 a 142)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Criterios técnicos de selección — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Establecimiento por la Comisión — Criterios establecidos para las actividades relativas a la bioenergía — No inclusión de un criterio relativo al principio de uso en cascada de la biomasa forestal — Insuficiencia de pruebas científicas — Recurso a un enfoque gradual — Procedencia
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 19, aps. 1 y 5; Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo]
(véanse los apartados 114 a 128)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Criterios técnicos de selección — Establecimiento por la Comisión — Criterios establecidos para la fabricación de productos químicos orgánicos de base — Consideración de las actividades económicas de fases posteriores — Exclusión
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, letra b), 9, letra c), 10, ap. 3, letra b), 17, aps. 1, letra c), incisos i) y ii), y 2, y 19, ap. 1, letra g); Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo]
(véanse los apartados 156 a 172)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Criterios técnicos de selección — Establecimiento por la Comisión — Criterios establecidos para la fabricación de productos químicos orgánicos de base — Clasificación como actividad de transición — Error manifiesto de apreciación — Inexistencia
[Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.os 1907/2006 y 1272/2008, y (UE) 2020/852, arts. 9, letra e), 10, ap. 3, letra b), y 17, ap. 1, letra e)]
(véanse los apartados 177 a 191)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Criterios técnicos de selección — Establecimiento por la Comisión — Criterios establecidos para la fabricación de plásticos en formas primarias — Inexistencia de umbral cuantitativo en relación con el uso de materiales renovables — Procedencia
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 19, ap. 1, letras c) y k)]
(véanse los apartados 201 a 207)
Aproximación de las legislaciones — Marco para facilitar las inversiones sostenibles — Determinación de la sostenibilidad medioambiental de las actividades económicas — Criterios técnicos de selección — Establecimiento por la Comisión — Criterios establecidos para la fabricación de plásticos en formas primarias — Clasificación como actividad de transición — Procedencia — No inclusión de un criterio que permita determinar la inexistencia de perjuicio significativo causado por la actividad económica contemplada en el objetivo de transición hacia una economía circular — Insuficiencia de pruebas científicas — Error manifiesto de apreciación — Inexistencia
[Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 9, letra d), 10, ap. 3, letra b), 17, ap. 1, letra d), y 19, aps. 1, letras g) y k), y 5]
(véanse los apartados 220 a 231)
Resumen
El Tribunal General confirma la decisión de la Comisión Europea de denegar una solicitud de revisión interna del Reglamento Delegado 2021/2139 (
1
) por el que se completa el Reglamento 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (
2
) (en lo sucesivo, «Reglamento sobre la taxonomía»). De este modo, se pronuncia por primera vez sobre determinadas disposiciones del Reglamento sobre la taxonomía relativas a las actividades económicas relacionadas con la bioenergía, la fabricación de productos químicos orgánicos de base y la fabricación de plásticos en formas primarias.
El Reglamento sobre la taxonomía establece un sistema de clasificación unificado para armonizar, a escala de la Unión, los criterios para determinar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista medioambiental a la luz de diferentes objetivos medioambientales, como la mitigación del cambio climático. (
3
)
En este contexto, la Comisión adoptó el Reglamento Delegado para completar el Reglamento sobre la taxonomía. En él se establecen criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones puede considerarse que ciertas actividades económicas relacionadas con la bioenergía, la fabricación de productos químicos orgánicos de base y la fabricación de plásticos en formas primarias contribuyen de forma sustancial al objetivo de mitigación del cambio climático y no causan un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos medioambientales establecidos en este mismo Reglamento.
ClientEarth, una organización belga sin ánimo de lucro que tiene como objetivo, en particular, la protección del medio ambiente, presentó a la Comisión, con arreglo al Reglamento Aarhus, (
4
) una solicitud de revisión interna del Reglamento Delegado, que infringía, en su opinión, el Reglamento sobre la taxonomía.
La Comisión denegó la solicitud de revisión interna mediante Decisión de 6 de julio de 2022 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), que es objeto del presente recurso.
Apreciación del Tribunal General
El Tribunal General examina, en primer lugar, el motivo de ClientEarth según el cual, en esencia, la Comisión incurrió en errores de Derecho relativos a los requisitos aplicables a los criterios técnicos de selección en virtud del artículo 19 del Reglamento sobre la taxonomía.
De conformidad con el apartado 1, letra f), de dicha disposición, los criterios técnicos de selección deben basarse en pruebas científicas concluyentes y en el principio de cautela consagrado en el artículo 191 TFUE.
En este contexto, el Tribunal General desestima, en primer término, la alegación relativa a que la Comisión interpretó de manera demasiado restrictiva el concepto de «pruebas científicas concluyentes» en el sentido de que corresponde a las «pruebas científicas que permiten extraer una conclusión».
Para empezar, el Tribunal General señala que ClientEarth no explica por qué considera que la interpretación adoptada por la Comisión hace que la Decisión impugnada sea ilegal ni por qué no se corresponde con las «mejores pruebas disponibles» o con las «pruebas científicas más recientes y fiables».
A continuación, rechaza la alegación de ClientEarth de que la Comisión consideró que podía ignorar las mejores pruebas científicas y las más recientes debido a que el Reglamento Delegado se actualiza periódicamente. En efecto, esta alegación se basa en una interpretación errónea de la Decisión impugnada, la cual únicamente afirma que una interpretación demasiado estricta del requisito de tomar en consideración tales pruebas menoscabaría los objetivos del Reglamento sobre la taxonomía y privaría de toda eficacia a su obligación de revisar periódicamente los criterios técnicos de selección en función del progreso científico y tecnológico.
Finalmente, ClientEarth tampoco ha demostrado la violación del principio de cautela, en la medida en que no explica de qué modo la interpretación del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento sobre la taxonomía adoptada en la Decisión impugnada viola ese principio. En el caso de autos, se limita a sostener que, sin pruebas científicas concluyentes, la Comisión no puede clasificar una determinada actividad con arreglo a dicho Reglamento.
En segundo término, el Tribunal General rechaza la tesis de que la Comisión incurrió en un error de interpretación del artículo 19, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía, al considerar que debía ponderar los diferentes requisitos que en él se establecen. A este respecto, señala que en esta disposición se recoge un conjunto de requisitos que se refieren tanto al fondo como a la forma de los criterios técnicos de selección. Además, estos últimos deben tener en cuenta varios factores que persiguen objetivos diferentes, a saber, en particular, objetivos medioambientales, científicos, económicos, financieros y de viabilidad. Así pues, al establecer dichos criterios, incumbe a la Comisión tener en cuenta todos los requisitos recogidos en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento sobre la taxonomía, encontrando, en su caso, el equilibrio adecuado o una concordancia práctica entre ellos.
En tercer término, el Tribunal General aborda el error de Derecho que supuestamente habría cometido la Comisión al basarse únicamente en la normativa vigente de la Unión, en particular la Directiva RED II (
5
) y el Reglamento UTCUTS. (
6
) Según ClientEarth, estos actos legislativos, que la Comisión tomó en consideración a fin de establecer los criterios técnicos de selección para las actividades relacionadas con la bioenergía, cumplen funciones diferentes de las del Reglamento sobre la taxonomía y se basan en pruebas científicas obsoletas que no se ajustan a los requisitos del artículo 19, apartado 1, de este Reglamento.
El Tribunal General comienza manifestando que, de conformidad con dicho Reglamento, la Comisión debe tener en cuenta «la normativa aplicable de la Unión en vigor» al establecer los criterios técnicos de selección, de modo que no se le puede reprochar haber tenido en cuenta la normativa de la Unión en vigor.
Por lo que se refiere, más concretamente, al carácter supuestamente obsoleto de los criterios establecidos en la Directiva RED II y en el Reglamento UTCUTS, el Tribunal General señala que la fecha de adopción de la normativa no demuestra per se un incumplimiento de los requisitos recogidos en el Reglamento sobre la taxonomía. Además, habida cuenta de su objeto, no cabe considerar que esa Directiva y ese Reglamento no son aplicables a efectos del establecimiento de los criterios técnicos de selección para las actividades relacionadas con la bioenergía. En este sentido, el Tribunal General añade que el Reglamento sobre la taxonomía remite expresamente a la Directiva RED II e indirectamente al Reglamento UTCUTS, y que los criterios establecidos en estos dos actos están intrínsecamente vinculados en lo que respecta a los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa producidos a partir de biomasa forestal.
En cuarto término, el Tribunal General declara que, contrariamente a lo que sostiene ClientEarth, la Comisión no incumplió la obligación, establecida en el artículo 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía, de tener en cuenta el ciclo de vida en lo que respecta a las actividades de fabricación de productos químicos orgánicos de base y de fabricación de plásticos en formas primarias.
A este respecto, manifiesta que es cierto que, en la Decisión impugnada, la Comisión sostuvo que la integración universal de las consideraciones relativas al ciclo de vida en los criterios técnicos de selección resultaba difícil debido a la falta de datos utilizables y comparables. Sin embargo, por lo que se refiere a la fabricación de productos químicos orgánicos de base, tuvo en cuenta, en particular, las emisiones directas de gases de efecto invernadero y, por lo que respecta a la fabricación de plásticos en formas primarias, los criterios técnicos de selección se basaban en dictámenes de expertos y en una evaluación del ciclo de vida.
Por otra parte, el Tribunal General subraya que el artículo 19, apartado 1, letra g), del Reglamento sobre la taxonomía no exige establecer criterios técnicos de selección relativos específicamente al ciclo de vida ni efectuar una evaluación del ciclo de vida en todos los casos. En cambio, se exige que la Comisión tenga en cuenta el ciclo de vida, y concretamente las evaluaciones de dicho ciclo de las que ya se disponga, al adoptar los criterios técnicos de selección.
En segundo lugar, el Tribunal General aborda el motivo de ClientEarth basado en errores manifiestos de apreciación por lo que se refiere a las actividades relacionadas con la bioenergía.
Por un lado, la demandante invocaba un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión había concluido que la combustión de biomasa forestal contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático y no causa un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales. Más concretamente, reprochaba a la Comisión haber tratado de manera uniforme todas las materias primas de origen forestal sin seguir las recomendaciones del grupo de expertos técnicos sobre finanzas sostenibles. Sobre este particular, el Tribunal General declara que la demandante no ha demostrado que las razones invocadas por la Comisión para no seguir esas recomendaciones adolecieran de un error manifiesto de apreciación que pudiera poner en entredicho su verosimilitud. El Tribunal General añade que, en contra de lo alegado por ClientEarth, la madera importada también se consideró a efectos del establecimiento de los criterios técnicos de selección para las actividades económicas relacionadas con la bioenergía, a la luz del artículo 29, apartados 6 y 7, de la Directiva RED II.
Por otro lado, según la demandante, la Comisión consideró erróneamente que no había suficientes pruebas científicas para establecer criterios técnicos de selección relativos al principio consistente en no causar un perjuicio significativo al objetivo de transición hacia una economía circular por lo que se refiere al uso de la biomasa forestal en las actividades relacionadas con la bioenergía, con el fin de tener en cuenta el principio del uso en cascada de la biomasa forestal.
A este respecto, el Tribunal General manifiesta que, en la Decisión impugnada, la Comisión alegó que dicho principio era sumamente complejo y que para definir criterios adecuados era esencial la existencia de pruebas científicas suficientes. En este contexto, estimó que podía recurrir a un enfoque gradual, de conformidad con el artículo 19, apartado 5, del Reglamento sobre la taxonomía. La Comisión consideró, en particular, que la Directiva RED II ya imponía a los operadores obligaciones relativas a la jerarquía de residuos y a la economía circular, y que la propuesta de directiva por la que se modifica la Directiva RED II establecía que los Estados miembros debían garantizar que la energía procedente de la biomasa se produjera teniendo en cuenta la jerarquía de residuos y el principio de uso en cascada.
Pues bien, la demandante no ha formulado alegaciones concretas que permitan contradecir la conclusión de la Comisión sobre la insuficiencia de pruebas científicas ni ha demostrado que el análisis que llevó a la adopción del enfoque gradual antes mencionado adolezca de error manifiesto de apreciación.
En tercer lugar, el Tribunal General se centra en el motivo basado en errores manifiestos de apreciación por lo que se refiere a la fabricación de productos químicos orgánicos de base, que supuestamente la Comisión clasificó erróneamente como actividad de transición en el sentido del artículo 10, apartado 2, del Reglamento sobre la taxonomía. (
7
)
En ese contexto, ClientEarth alegaba, en particular, que la Comisión no había tenido en cuenta el impacto del ciclo de vida de los productos. Pues bien, el Tribunal General recuerda que la Comisión no estaba obligada a establecer criterios técnicos de selección relativos específicamente al ciclo de vida ni a efectuar una evaluación del ciclo de vida en todos los casos.
La demandante sostenía además que, al clasificar la actividad de fabricación de productos químicos orgánicos de base como actividad de transición, por estar destinada exclusivamente a usos que son esenciales para la sociedad, la Comisión había incurrido en error manifiesto de apreciación en cuanto a los criterios para la aplicación del principio consistente en no causar un perjuicio significativo al objetivo de prevención y control de la contaminación.
No obstante, el Tribunal General señala que de la Decisión impugnada resulta que la clasificación como actividad de transición únicamente puede admitirse si la fabricación de productos químicos orgánicos de base se desarrolla según un proceso menos intensivo en carbono. Además, dicha clasificación no se aplica a la fabricación de productos químicos orgánicos de base, ya que se trata de la fabricación de sustancias que pueden clasificarse para determinados peligros y categorías de peligro, a menos que «se haya demostrado que su uso es esencial para la sociedad». En consecuencia, la demandante no podía reprochar a la Comisión no haber puesto de manifiesto elementos suficientes sobre el uso en fases posteriores de las sustancias peligrosas y sobre sus usos esenciales para la sociedad.
El Tribunal General añade que, contrariamente a lo alegado por ClientEarth, los Reglamentos REACH (
8
) y CLP, (
9
) a los que se remite la Decisión impugnada, son aplicables a este respecto. En efecto, de los requisitos legales en materia de seguridad química, establecidos, entre otras cosas, en dichos Reglamentos, resulta que los usos en fases posteriores de los productos químicos orgánicos de base están regulados y que los fabricantes de esos productos, así como otros participantes en la cadena de suministro, están sujetos a una serie de obligaciones en materia, en particular, de registro, información e intercambio de datos.
En cuarto y último lugar, el Tribunal General examina el motivo de ClientEarth relativo a la actividad de fabricación de plásticos en formas primarias.
Según la demandante, para esta actividad, la Comisión debió haber fijado un criterio cuantitativo que estableciera una proporción mínima de materias primas renovables necesaria para que dicha fabricación pudiera clasificarse como una actividad que contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático. No obstante, el Tribunal General declara que, en el Reglamento Delegado, la Comisión estableció, por un lado, un criterio cualitativo que obliga al uso de materias primas renovables en cantidades no determinadas y, por otro, un criterio cuantitativo que obliga a que las emisiones de gases de efecto invernadero no sobrepasen los umbrales establecidos. Pues bien, esta elección es conforme con el artículo 19 del Reglamento sobre la taxonomía, que no hace obligatoria la inclusión de criterios cuantitativos o de umbrales en los criterios técnicos de selección en todos los supuestos.
Del mismo modo, no puede reprocharse a la Comisión haber mencionado, en la Decisión impugnada, futuras revisiones de los criterios técnicos de selección. En efecto, en virtud del artículo 19, apartado 5, párrafos primero y último, del Reglamento sobre la taxonomía, tal revisión es obligatoria al menos cada tres años para las actividades clasificadas como de transición, a las que pertenece la fabricación de plásticos en formas primarias.
Por otra parte, ClientEarth reprochaba a la Comisión no haber establecido criterios técnicos de selección para determinar si la actividad de fabricación de plásticos en formas primarias causaba un perjuicio significativo al objetivo de transición hacia una economía circular. Añadía que no siguió una recomendación del grupo de expertos sobre finanzas sostenibles a este respecto.
Sobre este particular, el Tribunal General empieza señalando que las recomendaciones del grupo de expertos no vinculan a la Comisión. Además, a tenor del artículo 19, apartado 1, letras g) y k), del Reglamento sobre la taxonomía, los criterios técnicos de selección deben tener en cuenta el ciclo de vida de la actividad de que se trate, pero también deben ser fáciles de utilizar y comprobar. La Comisión estimó, en la Decisión impugnada, que la integración universal de los elementos del ciclo de vida en los criterios era difícil debido a la falta de datos utilizables y comparables y a la multiplicidad de aplicaciones de los plásticos de origen biológico. Pues bien, el Tribunal General no puede sustituir a la Comisión en su evaluación sobre el carácter operativo o la suficiencia de elementos científicos y complejos para determinar si era posible establecer tal criterio técnico de selección.
Al haber desestimado el Tribunal General todas las alegaciones de ClientEarth, desestima el recurso en su totalidad.
(
1
)	Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales (DO 2021, L 442, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Delegado»).
(
2
)	Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO 2020, L 198, p. 13; corrección de errores en DO 2020, L 420, p. 34).
(
3
)	Artículos 9 y 10 del Reglamento sobre la taxonomía.
(
4
)	Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos de la Unión, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021 (DO 2021, L 356, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento Aarhus»).
(
5
)	Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO 2018, L 328, p. 82; en lo sucesivo, «Directiva RED II»).
(
6
)	Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 525/2013 y la Decisión n.o 529/2013/UE (DO 2018, L 156, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento UTCUTS»).
(
7
)	Las actividades de transición son aquellas para las que no existe una alternativa ni tecnológica ni económicamente viable de bajas emisiones de carbono, pero que apoyan la transición hacia una economía climáticamente neutra, siempre que se cumplan determinados criterios.
(
8
)	Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.o 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO 2006, L 396, p. 1).
(
9
)	Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (DO 2008, L 353, p. 1).