62021CJ0554_RES
Asuntos acumulados C‑554/21, C‑622/21 y C‑727/21
Financijska agencija
contra
Hann-Invest d.o.o._Mineral-Sekuline d.o.o.yUdruga KHL Medveščak Zagreb
(Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Visoki trgovački sud Republike Hrvatske)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de julio de 2024
«Procedimiento prejudicial — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Independencia judicial — Tribunal establecido previamente por la ley — Proceso equitativo — Servicio de Registro de Resoluciones Judiciales — Normativa nacional que contempla que en los órganos jurisdiccionales de segunda instancia haya un juez de registro que, en la práctica, está facultado para suspender el pronunciamiento de una resolución, para dar instrucciones a las formaciones y para instar la convocatoria de una reunión de sección — Normativa nacional que dispone que las reuniones de sección o las reuniones de todos los jueces de un órgano jurisdiccional están facultadas para emitir “posiciones jurídicas” vinculantes, incluso para los asuntos que ya se hayan sometido a deliberación»
Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Obligación de los Estados miembros de establecer las vías de recurso necesarias para garantizar una tutela judicial efectiva — Cuestiones sobre un órgano jurisdiccional nacional que puede pronunciarse sobre cuestiones relativas a la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión — Inclusión
(Art. 19 TUE, ap. 1, párr. 2; art. 267 TFUE)
(véanse los apartados 35 a 38)
Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Respeto del principio de independencia judicial — Derecho a un tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley — Normas nacionales relativas a la composición de las formaciones — Requisitos
(Arts. 2 TUE y 19 TUE, ap. 1, párr. 2; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 47, párr. 2, y 52, ap. 3)
(véanse los apartados 44 a 59)
Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Mecanismo interno de un órgano jurisdiccional nacional que supedita el envío a las partes de una resolución judicial a la aprobación de su contenido por un juez que no es miembro de la formación — Improcedencia
(Art. 19 TUE, ap. 1, párr. 2)
(véanse los apartados 61 a 69 y 81 y el fallo)
Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Mecanismo interno de un órgano jurisdiccional nacional que contempla la facultad de una reunión de jueces de un órgano jurisdiccional para compeler a la formación a modificar el contenido de la resolución judicial ya adoptada — Improcedencia
(Art. 19 TUE, ap. 1, párr. 2)
(véanse los apartados 70 a 79 y 81 y el fallo)
Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Respeto del principio de independencia judicial — Derecho a un tribunal independiente e imparcial establecido previamente por la ley — Medidas nacionales dirigidas a evitar o corregir divergencias jurisprudenciales — Mecanismo procesal que permite a un juez de un órgano jurisdiccional que no es miembro de la formación remitir el asunto a una formación ampliada de ese órgano jurisdiccional — Procedencia — Requisitos
(Art. 19 TUE, ap. 1, párr. 2)
(véase el apartado 80)
Resumen
La Gran Sala del Tribunal de Justicia considera inconciliable con las exigencias inherentes al derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo un mecanismo interno de un órgano jurisdiccional nacional que contempla que, en el proceso decisorio de la formación encargada de un asunto, participen otros jueces del órgano jurisdiccional al objeto de garantizar la coherencia de su jurisprudencia.
Tal cuestión le fue planteada al Tribunal de Justicia por el Visoki trgovački sud (Tribunal Superior de lo Mercantil, Croacia), que conocía de tres recursos de apelación contra sendos autos dictados en el marco de procedimientos de insolvencia. El órgano jurisdiccional remitente, actuando en formaciones de tres jueces, examinó los tres recursos de apelación y los desestimó por unanimidad, confirmando así las resoluciones de instancia. Los jueces de dicho órgano jurisdiccional firmaron sus resoluciones y a continuación las transmitieron al Servicio de Registro de Resoluciones Judiciales de dicho órgano jurisdiccional. (
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)
El juez del Servicio de Registro (en lo sucesivo, «juez de registro») rehusó registrar esas resoluciones judiciales y las devolvió a las respectivas formaciones junto con un escrito en el que indicaba que no compartía las soluciones obrantes en ellas. En dos de estos asuntos principales (C‑554/21 y C‑622/21), dicho juez mencionó otras resoluciones del órgano jurisdiccional remitente en las que se habían adoptado soluciones diferentes de las adoptadas en los asuntos principales. En el tercer asunto principal (C‑727/21), el juez de registro manifestó su desacuerdo con la interpretación jurídica adoptada por la formación, sin no obstante invocar ninguna resolución judicial.
A continuación, en el asunto C‑727/21, la formación volvió a reunirse para celebrar nuevas deliberaciones. Tras examinar el recurso de apelación de nuevo, así como la opinión del juez de registro, decidió que no procedía modificar la solución adoptada. En consecuencia, dictó una nueva resolución judicial y la transmitió al Servicio de Registro.
El juez de registro se decantó por una solución jurídica diferente y elevó el asunto principal a la sección de lo mercantil y otros litigios del órgano jurisdiccional remitente. A continuación, la referida sección adoptó una «posición jurídica» en la que acogió la solución del juez de registro. Seguidamente, el asunto principal se devolvió a la correspondiente formación para que esta resolviese de conformidad con dicha «posición jurídica».
Al abrigar dudas sobre la conformidad con el Derecho de la Unión del mecanismo que contempla que en su proceso decisorio intervengan el juez de registro y otros jueces de un órgano jurisdiccional que adoptan «posiciones jurídicas», el órgano jurisdiccional remitente decidió plantear una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia subraya, para empezar, que toda medida o práctica nacional que tenga como propósito evitar o corregir divergencias jurisprudenciales y garantizar, así, la seguridad jurídica consustancial al principio del Estado de Derecho debe cumplir las exigencias que se derivan del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo.
En primer lugar, el Tribunal de Justicia examina, a la luz de estas exigencias, la práctica conforme a la cual la resolución judicial dictada por la formación a cargo del asunto solo puede considerarse definitiva y enviarse a las partes si un juez de registro que no es miembro de ella ha aprobado su contenido.
A este respecto, señala que, aunque el juez de registro no puede sustituir la apreciación de la formación a cargo del correspondiente asunto por la suya propia, sí puede, de hecho, bloquear el registro de la resolución judicial dictada e impedir así que culmine el proceso de toma de decisiones y se notifique la resolución a las partes. Puede en tal caso devolver el asunto a esa formación para que vuelva a examinarla en consideración a sus propias observaciones jurídicas y, de persistir la discrepancia con dicha formación, instar al presidente de la correspondiente sección a que convoque una reunión de sección para que esta adopte una «posición jurídica» que vinculará, en particular, a la referida formación. Semejante práctica tiene como efecto permitir la injerencia del juez de registro en el asunto de que se trate, injerencia que puede conducir a que dicho juez influya en la solución definitiva que se adopte en él.
Pues bien, en primer término, la normativa nacional controvertida en los litigios principales no parece contemplar una intervención de esta naturaleza por parte del juez de registro. En segundo término, esa intervención se produce después de que la formación que tiene atribuido el asunto dicte, tras deliberación, su resolución judicial, siendo así que el juez de registro no es miembro de dicha formación y, por tanto, no ha participado en las precedentes fases del procedimiento que llevó a su adopción. En tercer término, la facultad de intervención del juez de registro ni siquiera parece delimitarse conforme a criterios objetivos que estén claramente establecidos y reflejen una justificación particular y adecuada para evitar que se ejerza una facultad discrecional.
Habida cuenta de estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que la intervención de dicho juez de registro no puede conciliarse con las exigencias inherentes al derecho a la tutela judicial efectiva.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia examina las normas nacionales que permiten que una reunión de sección de un órgano jurisdiccional compela, mediante la emisión de una «posición jurídica», a la formación a cargo del asunto a modificar el contenido de la resolución judicial ya adoptada por ella, siendo así que en dicha reunión de sección también participan jueces que no son miembros de dicha formación y, en su caso, personas externas al órgano jurisdiccional ante quienes las partes no tienen la posibilidad de formular alegaciones.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que la intervención de la reunión de sección permite, de hecho, que un conjunto de jueces que participan en dicha reunión se injieran en la solución definitiva de un asunto ya deliberado y dirimido por la formación competente, aunque aún no registrado ni enviado. En efecto, la perspectiva a que se enfrenta esa formación de que, en caso de que mantenga un punto de vista jurídico opuesto al del juez de registro, su resolución judicial se someta al control de una reunión de sección, al igual que la obligación de dicha formación de respetar, tras unas deliberaciones que sin embargo ya han concluido, la «posición jurídica» fijada por la referida reunión de sección, pueden influir en el contenido final de dicha resolución.
Pues bien, por un lado, no parece que la facultad de intervención de la reunión de sección de que aquí se trata esté delimitada de manera suficiente conforme a criterios que sean objetivos y que se apliquen como tales. En concreto, de la disposición que contempla la convocatoria de la reunión de sección (
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) no se deduce que dicha reunión pueda convocarse, como ocurrió en el asunto C‑727/21, simplemente porque el juez de registro no comparta el punto de vista jurídico de la formación competente. Por otro lado, en ningún momento se ponen en conocimiento de las partes la convocatoria de la reunión de sección y la emisión por ella de una «posición jurídica» vinculante, en concreto para la formación a cargo de tal asunto. Así pues, parece que las partes no tienen la posibilidad de ejercer sus derechos procesales ante tal reunión de sección.
Habida cuenta de estos elementos, el Tribunal de Justicia declara que la normativa nacional controvertida no puede conciliarse con las exigencias inherentes al derecho a la tutela judicial efectiva y al proceso equitativo.
El Tribunal de Justicia puntualiza que, a fin de evitar divergencias jurisprudenciales o de corregirlas y, así, garantizar la seguridad jurídica consustancial al principio del Estado de Derecho, un mecanismo procesal que permita que un juez de un órgano jurisdiccional nacional que no sea miembro de la formación competente remita un asunto a una formación ampliada de ese órgano jurisdiccional no incumple las exigencias que se derivan del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, siempre que, primero, el asunto no se haya sometido aún a deliberación en la formación a la que inicialmente se haya atribuido, segundo, los presupuestos para efectuar tal remisión estén claramente determinados en la legislación aplicable y, tercero, dicha remisión no prive a las personas interesadas de la posibilidad de participar en el procedimiento ante esa formación ampliada. Además, la formación a la que se haya atribuido inicialmente el asunto siempre puede decidir tal remisión.
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1
)	De conformidad con el artículo 177, apartado 3, del Sudski poslovnik (Reglamento de Procedimiento de los Tribunales), que establece lo siguiente: «ante un órgano jurisdiccional de segunda instancia, un asunto se considerará finalizado en la fecha de envío de la resolución desde la oficina judicial, tras la devolución del asunto desde el Servicio de Registro. A partir de la fecha de recepción del expediente, el Servicio de Registro está obligado a devolverlo a la oficina judicial lo antes posible. A continuación, se procederá a la remisión de la resolución en un nuevo plazo de ocho días».
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)	El artículo 40, apartado 1, de la Zakon o sudovima (Ley del Poder Judicial) establece que se convocará una reunión de una sección o de jueces cuando se constate que existen diferencias de interpretación entre secciones, salas o jueces sobre cuestiones relativas a la aplicación de la ley o cuando una sala o un juez de una sección se aparte de la posición jurídica mantenida anteriormente.