Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 26 de febrero de 2026 (1)
Asuntos C‑496/23 P y C‑497/23 P
Meta Platforms Ireland Ltd, anteriormente Facebook Ireland Ltd
contra
Comisión Europea
« Recurso de casación — Competencia — Artículo 102 TFUE — Abuso de posición dominante — Mercado de datos — Procedimiento administrativo — Reglamento (CE) n.º 1/2003 — Artículo 18, apartado 3 — Decisión de solicitud de información — Necesidad de la información requerida — Proporcionalidad — Derecho al respeto de la vida privada — Sala de datos virtual — Principio de buena administración — Secreto profesional »
Introducción
1.        Mediante sus recursos de casación, Meta Platforms Ireland Ltd (en lo sucesivo, «recurrente») solicita la anulación de las sentencias del Tribunal General de 24 de mayo de 2023, Meta Platforms Ireland/Comisión (T‑452/20, en lo sucesivo, «primera sentencia recurrida», EU:T:2023:277) y Meta Platforms Ireland/Comisión (T‑451/20, en lo sucesivo, «segunda sentencia recurrida», EU:T:2023:276), mediante las que dicho Tribunal desestimó sus recursos dirigidos a la anulación de varias decisiones de la Comisión Europea que contenían solicitudes de información adoptadas con arreglo a los artículos 18, apartado 3, y 24, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.º 1/2003, (2) relativas a la comunicación de documentos internos de la recurrente, en poder de responsables de esta, elaborados a lo largo de varios años e identificados sobre la base de los términos de búsqueda expuestos en las referidas decisiones (en lo sucesivo, «Decisiones controvertidas»). (3)
2.        Los presentes recursos de casación instan al Tribunal de Justicia a precisar el alcance de la facultad de la Comisión de solicitar información mediante búsquedas electrónicas basadas en una combinación de términos de búsqueda, incluida información personal o comercial confidencial.
Marco jurídico
3.        El artículo 18 del Reglamento n.º 1/2003, titulado «Solicitudes de información», establece en sus apartados 1 a 3:
«1.      Para la realización de las tareas que le asigna el presente Reglamento, la Comisión, mediante una decisión o una simple solicitud, podrá solicitar a las empresas y asociaciones de empresas que le faciliten toda la información que estime necesaria.
2.      Cuando envíe una simple solicitud de información a una empresa o asociación de empresas, la Comisión indicará la base jurídica y el objeto de la solicitud, especificará la información requerida y fijará el plazo en que habrá de facilitarse, haciendo referencia a las sanciones previstas en el artículo 23 para el supuesto en que se proporcione información inexacta o engañosa.
3.      Cuando la Comisión requiera por decisión a las empresas o asociaciones de empresas que le proporcionen información, indicará la base jurídica y el objeto de su requerimiento, especificará la información requerida y fijará el plazo en que habrá de facilitarse. Hará referencia asimismo a las sanciones previstas en el artículo 23 e indicará o impondrá las sanciones previstas en el artículo 24. También les informará de su derecho a recurrir contra la decisión ante el Tribunal de Justicia de [la Unión Europea].»
Antecedentes del litigio y sentencias recurridas
4.        A raíz de dos primeras series de solicitudes de información, a las que la recurrente respondió en varios momentos, (4) la Comisión adoptó, el 4 de mayo de 2020, las dos Decisiones iniciales Facebook Marketplace y Facebook Data, mediante las cuales instaba a la demandante a facilitarle la información requerida, so pena de una multa coercitiva en caso de que no comunicase esa información completa y exacta. (5)
5.        El 15 de julio de 2020, la recurrente interpuso sendos recursos contra dichas Decisiones ante el Tribunal General y presentó, mediante escritos separados, demandas de medidas provisionales, a raíz de las cuales el Presidente del Tribunal General, tras haber ordenado la suspensión de la ejecución de tales Decisiones hasta la fecha de los autos que pusieran fin al procedimiento sobre medidas provisionales, ordenó, en particular, la suspensión de la ejecución de las citadas Decisiones, en la medida en que la obligación allí formulada atañía a documentos que no guardaban relación con las actividades comerciales de la recurrente y que contenían datos personales sensibles (en lo sucesivo, «documentos protegidos»), y en tanto en cuanto no se aplicase el procedimiento de la sala de datos virtual previsto en esos autos. (6)
6.        El 11 de diciembre de 2020, la Comisión adoptó las Decisiones modificativas Facebook Marketplace y Facebook Data, que, además de requerir a la recurrente para que comunicase la información solicitada so pena de multa coercitiva, incorporaban el procedimiento de la sala de datos virtual, mencionado en los referidos autos, para la presentación de documentos protegidos.
7.        El 8 de febrero de 2021, la recurrente, sobre la base del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, adaptó las demandas a fin de tener en cuenta la adopción de tales Decisiones.
8.        Mediante las sentencias recurridas, el Tribunal General desestimó los recursos interpuestos por la recurrente en su totalidad y rechazó de este modo los tres motivos que había invocado y que se basaban, en primer lugar, en la falta de motivación; en segundo lugar, en la infracción del artículo 18 del Reglamento n.º 1/2003, en la vulneración del derecho de defensa y en un abuso de poder, y, en tercer lugar, en la vulneración del derecho al respeto de la vida privada, del principio de proporcionalidad y del derecho a una buena administración.
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
9.        El 3 de agosto de 2023, la recurrente interpuso sendos recursos de casación contra las sentencias recurridas. Solicita al Tribunal de Justicia, en primer lugar, que anule las sentencias recurridas; en segundo lugar, que anule las Decisiones controvertidas o, subsidiariamente, que devuelva los asuntos al Tribunal General y, en tercer lugar, que condene en costas a la Comisión.
10.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de casación y condene en costas a la recurrente.
11.      En la vista celebrada el 26 de noviembre de 2025 se oyeron las observaciones orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia.
Análisis
12.      La recurrente invoca tres motivos en apoyo de sus dos recursos de casación, basados, en esencia, en que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho, en primer término, al apreciar que determinados términos de búsqueda se ajustaban al principio de necesidad; en segundo término, al no haber censurado la falta de una apreciación global del respeto del principio de necesidad por parte de la Comisión, y, en tercer término, al declarar que esta podía requerir documentos que contenían información tanto personal como vinculada a las actividades comerciales de la recurrente (en lo sucesivo, «documentos mixtos»), sin prever ninguna garantía ni filtro para la información personal. (7)
Observaciones preliminares
13.      En primer lugar, he de recordar que el artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003 permite a la Comisión solicitar a las empresas y asociaciones de empresas, mediante una decisión o una simple solicitud, que le faciliten toda la información que estime necesaria para la realización de las tareas que le asigna dicho Reglamento. (8) El artículo 18, apartado 3, del mismo Reglamento dispone en particular que la Comisión indicará la base jurídica y el objeto de su requerimiento, especificará la información requerida y fijará el plazo en que habrá de facilitarse.
14.      Más concretamente, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la obligación de indicar el objeto de su requerimiento, que constituye un elemento decisivo para apreciar el carácter necesario de la información, significa que la Comisión debe indicar en su requerimiento el objeto de su investigación y especificar por tanto la presunta infracción de las reglas de la competencia. Sin embargo, la Comisión no está obligada a comunicar al destinatario de de tal requerimiento toda la información de la que ya dispone acerca de supuestas infracciones ni a efectuar una calificación jurídica rigurosa de tales infracciones, siempre que indique con claridad las sospechas que pretende comprobar. (9)
15.      A este respecto, la Comisión únicamente puede requerir la comunicación de información que le permita comprobar las presunciones de infracciones que justifican la realización de la investigación y que se indiquen en el requerimiento de información. (10) Sin embargo, habida cuenta de las amplias facultades de investigación que el Reglamento n.º 1/2003 le atribuye, le corresponde a ella determinar si una información es necesaria para poder descubrir una infracción de las normas sobre competencia de la Unión. (11)
16.      En segundo lugar, debo señalar que el control ejercido por el juez de la Unión en cuanto a la apreciación de la Comisión sobre el carácter necesario de una solicitud de información debe apreciarse en relación con la finalidad mencionada en esa solicitud, es decir, las sospechas de infracción que la Comisión pretende comprobar. Se cumple la exigencia de correlación entre la solicitud de información y la presunta infracción si la Comisión puede razonablemente suponer, en la fecha de la solicitud, que esa información puede ayudarla a determinar la existencia de dicha infracción. (12)
17.      Más concretamente, el Tribunal de Justicia, por un lado, a la luz del principio de necesidad, debe apreciar si la correlación entre la supuesta infracción y la información requerida es lo bastante estrecha para justificar el requerimiento de la Comisión y, por el otro, habida cuenta del principio de proporcionalidad, tiene que determinar si los esfuerzos exigidos a una empresa están justificados o no por el interés general y no son excesivos. (13) A estos últimos efectos, dos factores en particular deben ser sopesados uno frente a otro: por un lado, el interés general que justifica la investigación de la Comisión y la necesidad de que esta obtenga información que le permita cumplir las funciones que le asigna el Tratado FUEy, por el otro, la carga de trabajo generada para una empresa por un requerimiento de información. (14)
18.      En tercer y último lugar, procede observar que la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia, salvo en el caso de desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal General, (15) cuestión que incumbe demostrar al recurrente, indicando de manera precisa las pruebas que, en su opinión, desnaturalizó dicho Tribunal y demostrando los errores de análisis que, a su juicio, llevaron al citado Tribunal a incurrir en esa desnaturalización. (16)
19.      Examinaré el fundamento de la argumentación de la recurrente a la luz de estos principios jurisprudenciales.
Sobre el primer motivo de los recursos de casación, relativo a la apreciación del carácter necesario de la información solicitada por la Comisión en las Decisiones controvertidas
20.      El primer motivo de ambos recursos de casación (17) se basa en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que los términos de búsqueda mencionados en las sentencias recurridas se ajustaban al principio de necesidad contenido en el artículo 18, apartados 1 y 3, del Reglamento n.º 1/2003. (18) Estos motivos se dividen, respectivamente, en tres y cuatro partes. (19)
Sobre la pertinencia de los términos de búsqueda utilizados por la Comisión
21.      Mediante las partes primera y segunda del primer motivo de casación en el asunto C‑496/23 P, y mediante las partes primera y tercera del primer motivo de casación en el asunto C‑497/23 P, la recurrente alega que el Tribunal General apreció erróneamente que todos los documentos que contenían los términos de búsqueda identificados en el recurso de casación como «pertenecientes al lenguaje corriente» podían considerarse necesarios para las investigaciones que dieron lugar a las Decisiones controvertidas (en lo sucesivo, «investigaciones controvertidas»). (20)
22.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General examinó, en esencia, la finalidad mencionada en la solicitud de información, es decir, las sospechas de infracción que la Comisión pretendía comprobar, (21) y concluyó que, habida cuenta de las circunstancias recordadas por ella, que la recurrente no discute, dicha institución, al pedirle que presentara los documentos resultantes de la aplicación de los términos de búsqueda examinados, pudo razonablemente suponer, en la fecha de las Decisiones controvertidas, que esa información podía ayudarla a determinar la existencia de las conductas mencionadas. (22) Asimismo, el Tribunal General excluyó la posibilidad de que los términos de búsqueda examinados pudieran no ajustarse al principio de necesidad debido al elevado número de documentos identificados al aplicar dichos términos. (23)
23.      A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que la apreciación, efectuada por el Tribunal General, de la necesidad de la solicitud de información no constituye, en el sentido de la jurisprudencia expuesta en el punto 18 de las presentes conclusiones, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia, salvo en el caso de desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal General. En el presente asunto, me parece que la recurrente no sostiene —ni, a fortiori, ha demostrado—, que el Tribunal General desnaturalizara los hechos o las pruebas al declarar, por un lado, que los términos de búsqueda fueron definidos por la Comisión a la luz de las pruebas de que disponía y guardan relación con las presuntas infracciones objeto de las investigaciones controvertidas y, por el otro, que el mero hecho de que la aplicación de los términos de búsqueda examinados dé lugar a la identificación de numerosos documentos no pertinentes no pone en entredicho la legalidad de las Decisiones controvertidas.
24.      En cualquier caso, aunque las alegaciones formuladas por la recurrente podrían declararse inadmisibles por este único motivo, considero útil examinar su fundamento para brindar asistencia al Tribunal de Justicia.
25.      Por lo que respecta, en primer lugar, al carácter necesario de los términos de búsqueda examinados, debo observar que si bien es cierto, como alega la recurrente, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el punto 16 de las presentes conclusiones, una mera relación entre un documento y la presunta infracción no es suficiente para justificar el carácter necesario de la solicitud, de la misma jurisprudencia también se desprende que tal relación se justifica cuando la Comisión pueda razonablemente suponer que los documentos obtenidos con los términos de búsqueda en cuestión podían ayudarla a determinar si tuvo lugar la supuesta infracción, aspecto que el Tribunal General señaló en el presente asunto y que la recurrente no ha rebatido. (24)
26.      En segundo lugar, he de señalar que la argumentación de la recurrente se basa sobre todo en el hecho de que los términos de búsqueda, por su carácter genérico, conducen inevitablemente a la identificación de un número considerable de documentos que carecen de pertinencia para las investigaciones controvertidas, situación que considera contraria al principio de proporcionalidad. (25)
27.      A este respecto, he de precisar, en primer término, que, para que una solicitud de información basada en términos de búsqueda cumpla los criterios previstos en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003, no es necesario que todos los documentos identificados —o un número considerable de ellos— resulten útiles para la investigación. (26) Por el contrario, el hecho de que algunos de los documentos identificados, o incluso la mayoría, carezcan de pertinencia para la investigación no basta, per se, para considerar que los términos de búsqueda en cuestión no guardan ninguna correlación con la infracción sospechada por la Comisión. (27) En efecto, el examen de la necesidad (y de la proporcionalidad) de la solicitud de información no puede basarse en un criterio meramente cuantitativo o estadístico. (28)
28.      En segundo término, habida cuenta de la constatación realizada en el punto anterior de las presentes conclusiones, procede desestimar por inoperantes las alegaciones de la recurrente basadas en ejemplos concretos de que determinados términos de búsqueda utilizados por la Comisión dieron lugar a numerosos documentos que carecían de pertinencia para la investigación, (29) constatación que esta no discute pero que sigue siendo insuficiente para poner en entredicho la apreciación del Tribunal General. (30)
29.      En tercer término, el hecho de que la Comisión hubiera podido utilizar términos (o combinaciones de términos) más específicos o realizar búsquedas más proporcionadas, así como formular sus solicitudes de modo que pudieran razonablemente centrarse en documentos pertinentes, o incluso prever filtros u otras garantías, no desvirtúa esta conclusión. En efecto, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia mencionada en el punto 15 de las presentes conclusiones, corresponde a la Comisión definir sus técnicas de investigación y decidir, habida cuenta de los indicios disponibles, cómo obtener información útil para su investigación. Por consiguiente, con independencia de la posibilidad de formular solicitudes de información más limitadas, si se demuestra que la Comisión podía razonablemente suponer que la información solicitada podía ayudarla a investigar la presunta infracción, su solicitud no puede ser impugnada. (31)
30.      Del mismo modo, he de observar, como sostiene la Comisión sin que la recurrente lo refute, que las sentencias recurridas mencionan las garantías que se aplican a la solicitud de información, de conformidad, para empezar, con las Decisiones modificativas, (32) a continuación, con la obligación del secreto profesional (33) y, por último, con la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes y las buenas prácticas de la Comisión. (34)
31.      En conclusión, parece que la recurrente no ha logrado demostrar que los términos de búsqueda empleados por la Comisión no pudieran generar documentos pertinentes para la investigación, lo que constituye, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el criterio determinante para establecer una correlación entre la solicitud de información y la presunta infracción. Por tanto, dichos términos cumplen los requisitos establecidos en el artículo 18, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003, aun cuando puedan dar lugar a un gran número de documentos carentes de pertinencia para la investigación, lo que no basta para desvirtuar la conclusión anterior. (35)
32.      Por consiguiente, propongo desestimar la primera parte del primer motivo de casación de los dos recursos de casación, así como la segunda parte del primer motivo en el asunto C‑496/23 P y la tercera parte del primer motivo en el asunto C‑497/23 P, por ser inadmisibles o infundadas.
Sobre la falta de motivación de la necesidad de limitar el alcance de la solicitud de información
33.      Mediante la segunda parte del primer motivo de casación en el asunto C‑497/23 P, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incumplido su obligación de motivación al desestimar la alegación basada en que la Comisión debería haber limitado el alcance de su solicitud. (36)
34.      Pues bien, considero que, contrariamente a cuanto alega la recurrente, el apartado 136 de la segunda sentencia recurrida no es determinante. En efecto, la motivación del Tribunal General se recoge en los apartados 137 y 138 de dicha sentencia, de los que se desprende, en esencia, que la recurrente no podía sostener que la Comisión debería haber restringido el alcance de su solicitud, dado que, por un lado, esta ya se limitaba a dos depositarios y el período previsto era el mismo que el que cubría la investigación y que, por el otro, la Comisión había podido suponer razonablemente, en la fecha de la Decisión Facebook Data, que la información solicitada podía ser útil para la investigación. (37)
35.      Por todo lo anterior, propongo desestimar por infundada la segunda parte del primer motivo de casación en el asunto C‑497/23 P.
Sobre la inexistencia de garantías equivalentes a las establecidas para las inspecciones
36.      Mediante la tercera parte del primer motivo en el asunto C‑496/23 P y la cuarta parte del primer motivo en el asunto C‑497/23 P, la recurrente reprocha al Tribunal General haber desestimado, en las sentencias recurridas, su alegación de que la Comisión violó el principio de necesidad en la medida en que requirió la presentación de documentos sin establecer filtros o garantías al menos equivalentes a las que se conceden a las empresas en el marco de las inspecciones llevadas a cabo en virtud del artículo 20 del Reglamento n.º 1/2003. (38)
37.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General declaró que no le corresponde, al examinar un recurso de anulación contra una decisión de solicitud de información, controlar la legalidad de dicha decisión considerando el marco jurídico aplicable a decisiones adoptadas sobre fundamentos jurídicos diferentes, como las decisiones de inspección. Menciona asimismo las garantías que considera adecuadas para una solicitud de información basada en términos de búsqueda, como la que es objeto del presente asunto. (39)
38.      Pues bien, la recurrente no discute el carácter adecuado de las garantías mencionadas por el Tribunal General (40) ni logra demostrar que este haya incurrido en errores de Derecho al declarar que no estaba obligado a comprobar si las garantías aplicadas en el caso de autos eran equivalentes a las que se conceden en el marco de las inspecciones.
39.      En efecto, existen diferencias importantes entre una solicitud de información con arreglo al artículo 18 del Reglamento n.º 1/2003 y una inspección basada en el artículo 20 de dicho Reglamento. Si bien es cierto que, durante el desarrollo de una inspección, considerada por naturaleza más invasiva que una solicitud de información, (41) las empresas afectadas disfrutan de determinadas garantías procedimentales, (42) estas garantías no son necesariamente idénticas a las aplicables a una solicitud de información.
40.      Más concretamente, en el marco de una solicitud de información basada en términos de búsqueda, el destinatario dispone de tiempo suficiente para recopilar los documentos identificados y examinarlos con la ayuda de sus abogados antes de transmitírselos a la Comisión. (43) Dicha solicitud suele ir precedida de contactos informales entre la Comisión y la empresa destinataria o sus abogados externos. (44) Asimismo, la Comisión puede establecer garantías adicionales para determinados documentos sensibles, como el procedimiento de sala de datos virtual establecido en el presente asunto, o disponer que dichos documentos se transmitan en un formato en el que se hayan suprimido los nombres de las personas afectadas y cualquier información que permita su identificación. Además, el plazo entre la notificación de la solicitud de información y la fecha límite de comunicación de los documentos ofrece al destinatario de dicha solicitud la posibilidad de impugnarla ante el Tribunal General y de solicitar a su debido tiempo medidas provisionales, lo que efectivamente ocurrió en el presente asunto. Por último, la empresa investigada puede no solo negarse a comunicar documentos amparados por la confidencialidad entre un abogado y su cliente, sino también dirigir a la Comisión una solicitud motivada para la devolución de documentos carentes de pertinencia y, en caso de denegación, impugnar dicha decisión.
41.      Por consiguiente, propongo desestimar por infundadas la tercera parte del primer motivo de casación en el asunto C‑496/23 P y la cuarta parte del primer motivo de casación en el asunto C‑497/23 P y, en consecuencia, desestimar en su totalidad el primer motivo de ambos recursos de casación.
Sobre el segundo motivo de los recursos de casación, relativo a la apreciación global del principio de necesidad
42.      Mediante el segundo motivo de ambos recursos de casación, (45) la recurrente reprocha, en esencia, al Tribunal General haber incurrido en dos errores de Derecho al declarar, por un lado, que no procedía efectuar una apreciación global del respeto del principio de necesidad por parte de la Comisión, suponiendo que fuera posible, sin aportar motivación alguna en cuanto a la viabilidad de tal apreciación, (46) y, por el otro, que solo los términos de búsqueda específicamente impugnados por la recurrente podían ser objeto de control por el Tribunal General del respeto del principio de necesidad. En el asunto C‑497/23 P, la recurrente también reprocha al Tribunal General haber cometido un tercer error de Derecho al no haber examinado la necesidad de determinados términos de búsqueda mencionados en el escrito de demanda de primera instancia.
43.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General señaló, en esencia, que no procede efectuar una apreciación global del respeto del principio de necesidad por parte de la Comisión, suponiendo que fuera posible, y que solo los términos de búsqueda específicamente impugnados por la recurrente pueden ser objeto de control por el Tribunal General del respeto del principio de necesidad. (47)
44.      A este respecto, cabe observar que la recurrente no discute que determinados términos de búsqueda utilizados por la Comisión —aproximadamente, 130 y 250 en cada una de las dos series respectivas— dieron lugar a cerca de 590 y 2 500 combinaciones. (48) Pues bien, me parece difícil sostener que el Tribunal General pudiera efectuar, sobre la base de esos términos, la apreciación global de la necesidad solicitada por la recurrente. (49) Dicho de otro modo, aun si los términos de búsqueda concretos impugnados por esta se considerasen demasiado generales o insuficientemente específicos, lo que no sucede en el presente asunto, (50) no podría presumirse que tal calificación deba extrapolarse a todos los términos, incluidos los que no se han impugnado. (51)
45.      Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho, subrayado por la recurrente, de que la Comisión hubiese solicitado la divulgación de todos los documentos, sin excepción, que obraban en poder, respectivamente, de cinco y tres depositarios, así como de sus predecesores y sucesores, durante un período de cinco y siete años, respectivamente, identificados mediante búsquedas basadas en una serie de términos supuestamente comunes o muy extendidos. En efecto, en la medida en que la Comisión podía razonablemente suponer, en la fecha de la solicitud, que la información basada en los términos de búsqueda examinados podía ayudarla a determinar la existencia de la infracción investigada, (52) no me parece que el número de depositarios (por lo demás, limitado) y el período pertinente (que no es desproporcionado en relación con la duración media de las investigaciones en materia de competencia) afecten al carácter necesario de la solicitud, habida cuenta también de las garantías establecidas y, en particular, del procedimiento de la sala de datos virtual. (53)
46.      Por otra parte, en lo que atañe a la alegación según la cual, en la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General no examinó la necesidad de determinados términos de búsqueda, (54) considero que del escrito de demanda de primera instancia se desprende que la recurrente no sostenía que los términos de búsqueda fueran demasiado generales e inespecíficos, sino que simplemente subrayaba que habían dado lugar a determinados documentos carentes de pertinencia, lo que, a la luz de mi análisis expuesto en los puntos 26 y 27 de las presentes conclusiones, no basta para cuestionar la legalidad de las sentencias recurridas.
47.      Por consiguiente, propongo que se desestime por infundado el segundo motivo de los dos recursos de casación.
Sobre el tercer motivo de los recursos de casación, relativo al tratamiento de los documentos mixtos
48.      Mediante el tercer motivo de ambos recursos de casación, (55) la recurrente aduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión podía solicitar documentos mixtos, sin establecer garantías ni medidas de protección de la información personal. (56) Estos motivos se dividen en tres partes. (57)
49.      Con carácter preliminar, debo señalar que el tratamiento de datos personales por parte de la Comisión es necesario e inherente a su función cuando desempeña las tareas que se le asignan en su condición de autoridad pública encargada de la ejecución de las normas de competencia de la Unión. A este respecto, el artículo 5, apartado 1, letra a), del RPDUE establece que el tratamiento de datos personales será lícito, en particular, si es necesario para el cumplimiento de una función realizada en interés público o en el ejercicio de potestades públicas conferidas a las instituciones y organismos de la Unión. (58)
Sobre el hecho de que el análisis del Tribunal General se limitó al artículo 9 del RGPD y al artículo 10 del RPDUE
50.      Mediante la primera parte del tercer motivo de los dos recursos de casación, la recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la exclusión de los documentos mixtos de la sala de datos virtual era necesaria y proporcionada, al limitar su examen a los documentos mixtos mencionados a título de ejemplo y, concretamente, a la cuestión de si dichos documentos contenían datos personales «sensibles» comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 9, apartado 1, del RGPD y del artículo 10, apartado 1, del RPDUE, y al declarar que no los contenían, (59) sin extender su examen a la supuesta vulneración del derecho fundamental a la protección de la vida privada, consagrado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). (60)
51.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General, al objeto de examinar la compatibilidad de las Decisiones controvertidas con el artículo 7 de la Carta, apreció si dichas Decisiones cumplían los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, en particular, el relativo a la proporcionalidad de la injerencia en la vida privada. (61) Para ello, el Tribunal General examinó la necesidad de la injerencia a la luz, en particular, de la exclusión de determinadas categorías de documentos del procedimiento de la sala de datos virtual. (62) Tras observar que incumbía a la recurrente apreciar si un documento que contiene datos personales sensibles guarda relación con sus actividades comerciales, el Tribunal General declaró que procedía excluir que los documentos mencionados contuvieran datos personales sensibles en el sentido del artículo 9, apartado 1, del RGPD y del artículo 10, apartado 1, del RPDUE, y precisó que la recurrente no podía deducir de la mera adopción de la Decisión impugnada que la presentación de documentos que no fueron examinados en la sala de datos virtual vulneraba el derecho al respeto de su vida privada y la de las personas afectadas. (63)
52.      A este respecto, he de subrayar antes de nada que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, el Tribunal General no consideró que el artículo 9, apartado 1, del RGPD y el artículo 10, apartado 1, del RPDUE hayan creado un «régimen exhaustivo de protección del derecho al respeto de la vida privada», sino simplemente que esas disposiciones eran pertinentes para apreciar si las Decisiones controvertidas eran conformes con el principio de proporcionalidad en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta. (64)
53.      A continuación, procede recordar que el Tribunal General examinó si los documentos mixtos citados a título de ejemplo en los escritos de demanda contenían datos personales sensibles, tal como se definen en el artículo 9, apartado 1, del RGPD y en el artículo 10, apartado 1, del RPDUE, y concluyó que dichos documentos no debían someterse al procedimiento de la sala de datos virtual, de conformidad con los autos sobre medidas provisionales, (65) conclusión esta que la recurrente no ha rebatido en sus dos recursos de casación. (66)
54.      Por último, considero que el hecho de que un documento no contenga datos personales sensibles amparados por el artículo 9, apartado 1, del RGPD y el artículo 10, apartado 1, del RPDUE y no esté sujeto al procedimiento de la sala de datos virtual no significa que dicho documento no disponga de una protección adecuada. (67) Además, en mi opinión, si bien los autos de medidas provisionales no lo indiquen expresamente, el procedimiento de la sala de datos virtual se justifica solo para los documentos que, con arreglo al RGPD y al RPDUE, no deberían, en principio, ser objeto de tratamiento, es decir, para los documentos que contienen datos personales en el sentido de esos Reglamentos. En cambio, es inevitable que la Comisión tenga acceso a los documentos mixtos, a pesar de la «naturaleza profundamente íntima y privada de la información personal» que contienen según la recurrente, en la medida en que se supone que también contienen información útil para la investigación y siempre que sean tratados con observancia de los derechos de las personas afectadas. (68)
55.      Esta conclusión no queda desvirtuada por la sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), (69) ni por las dos conclusiones presentadas por la Abogada General Medina en los asuntos acumulados Imagens Médicas Integradas y otros, (70) invocados por la recurrente en la vista. En efecto, por un lado, las enseñanzas extraídas de dicha sentencia, que supedita la posibilidad de acceder a los datos contenidos en un teléfono móvil en el marco de un delito al control previo de un juez o de una entidad administrativa independiente, salvo en supuestos de urgencia debidamente justificados, no me parecen extrapolables a las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la competencia. (71) Por otra parte, estas conclusiones confirman la legalidad de la incautación de correos electrónicos de los directivos y los empleados de una empresa sobre la base de una decisión de inspección adoptada en el marco de una investigación relativa a una supuesta infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, en la medida en que dicha decisión garantiza, en particular, que la recogida de datos personales y el acceso a ellos, incluso con carácter accesorio en la búsqueda de información comercial, se limiten a lo estrictamente necesario para el objeto de la investigación y sirvan exclusivamente a los fines de esta. (72)
56.      Por consiguiente, propongo que se desestime por infundada la primera parte del tercer motivo de ambos recursos de casación.
Sobre la existencia de documentos mixtos que contienen datos protegidos
57.      Mediante la segunda parte del tercer motivo de ambos recursos de casación, la recurrente alega que el Tribunal General aplicó un criterio jurídico erróneo al excluir que los documentos mixtos examinados en las sentencias recurridas pudieran contener información personal protegida por el artículo 7 de la Carta y por el artículo 8, apartado 1, del CEDH. (73)
58.      A este respecto, es preciso reconocer que, en las sentencias recurridas, el Tribunal General no estimó que los documentos examinados no contuvieran datos personales en el sentido de las disposiciones invocadas por la recurrente. En cambio, señaló que esos documentos no contenían datos personales sensibles en el sentido del artículo 9, apartado 1, del RGPD y del artículo 10, apartado 1, del RPDUE y que, por ello, estaban excluidos del procedimiento de la sala de datos virtual.
59.      Además, contrariamente a lo que alega la recurrente, parece evidente que el Tribunal General partió de la premisa de que la obligación de presentar los documentos mixtos constituía (o, cuando menos, podía constituir) una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada, lo que le llevó a examinar si las Decisiones controvertidas respetaban el artículo 7 de la Carta y cumplían los requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 1, de esta. (74)
60.      Por consiguiente, propongo que se desestime por infundada la segunda parte del tercer motivo de ambos recursos de casación.
Sobre la inexistencia de garantías por lo que respecta a los documentos mixtos
61.      Mediante la tercera parte del tercer motivo de los dos recursos de casación, la recurrente sostiene que las Decisiones controvertidas no ofrecían las garantías adecuadas para la protección de la información personal contenida en los documentos examinados, respectivamente, en los apartados 181 a 183 y 229 a 237 de las sentencias recurridas, y que la injerencia en el derecho al respeto de la vida privada no era proporcionada ni necesaria para ningún objetivo legítimo. (75)
62.      A este respecto, debo recordar, por un lado, que el hecho de que la Comisión hubiera podido hacer un uso más amplio del procedimiento de la sala de datos virtual (o de que el Tribunal General hubiera podido imponer tal uso más amplio de dicho procedimiento) es irrelevante a efectos del carácter suficiente de la protección que ampara a los documentos mixtos (76) y, por el otro, que la circunstancia de que algunos, si no la mayoría, de los documentos identificados sobre la base de la solicitud de información de la Comisión puedan resultar carentes de pertinencia para las investigaciones controvertidas no afecta, por sí sola, a la necesidad y proporcionalidad de dicha solicitud. (77)
63.      Por consiguiente, propongo que se desestime por infundada la tercera parte del tercer motivo de ambos recursos de casación y, en consecuencia, que se desestime el tercer motivo de ambos recursos de casación en su totalidad.
Conclusión
64.      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que desestime los dos recursos de casación.
1      Lengua original: francés.
2      Reglamento del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).
3      Se trata, por un lado, de la Decisión C(2020) 3013, de 4 de mayo de 2020 (asunto AT.40684 — Facebook Marketplace) (en lo sucesivo, «Decisión inicial Facebook Marketplace»), en su versión modificada por la Decisión C(2020) 9229, de 11 de diciembre 2020 (en lo sucesivo, «Decisión modificativa Facebook Marketplace») (en lo sucesivo, conjuntamente, «Decisión Facebook Marketplace»), y, por otro, de la Decisión C(2020) 3011, de 4 de mayo de 2020 (asunto AT.40628 — Prácticas de Facebook en materia de datos) (en lo sucesivo, «Decisión inicial Facebook Data»), en su versión modificada por la Decisión C(2020) 9231, de 11 de diciembre de 2020 (en lo sucesivo, Decisión modificativa Facebook Data») (en lo sucesivo, conjuntamente, «Decisión Facebook Data»).
4      Estas solicitudes dieron lugar a la adopción de dos decisiones distintas, una con arreglo al artículo 18, apartado 3, del Reglamento n.º 1/2003 y otra con arreglo al artículo 18, apartado 2, de dicho Reglamento. La primera incluía más de cien preguntas relativas a diversos aspectos de las actividades y de la oferta de productos de la recurrente, mientras que la segunda comprendía ochenta y tres preguntas relativas a Facebook Marketplace, a las redes sociales y a los proveedores de pequeños anuncios en línea.
5      Ese mismo día, el Director General de la Dirección General (DG) de Competencia de la Comisión remitió a la recurrente varios escritos en los que proponía un procedimiento distinto para la presentación de documentos que, según esta última, únicamente contenían información personal, totalmente ajena a sus actividades comerciales. Señaló, además, que esos documentos solo se incorporarían al expediente después de haber sido examinados en una «sala de datos virtual».
6      Autos Facebook Ireland/Comisión (T‑451/20 R, EU:T:2020:515 y T‑452/20 R, en lo sucesivo, conjuntamente, «autos de medidas provisionales», EU:T:2020:516). Mediante el procedimiento de la sala de datos virtual, basado en la propuesta del Director General de la Dirección General de Competencia a que se refiere la nota anterior de las presentes conclusiones, la recurrente identificaba los documentos que contienen la información en cuestión, que se transmitían a la Comisión en un soporte electrónico separado y, a continuación, se colocaban en una sala de datos virtual que solo era accesible a un número tan restringido como fuera posible de miembros del equipo encargado de la investigación, estando presentes (virtual o físicamente) un número equivalente de abogados de la recurrente. Los miembros del equipo encargado de la investigación examinaban y seleccionaban los documentos en cuestión, dando a los abogados de la recurrente la posibilidad de comentarlos antes de incorporar al expediente los documentos que se considerasen pertinentes. En caso de desacuerdo sobre la calificación de un documento, los abogados de la recurrente tenían derecho a explicar las razones de su desacuerdo y, si este persistiera, la recurrente podía solicitar un arbitraje al Director de información, comunicación y medios de comunicación de la Dirección General de Competencia de la Comisión.
7      A diferencia de los documentos protegidos mencionados en el punto 5 de las presentes conclusiones, los documentos mixtos no están sujetos al procedimiento de la sala de datos virtual.
8      En efecto, como se precisa en el considerando 23 del citado Reglamento, la Comisión debe disponer en toda la Unión de la facultad de requerir la información que sea necesaria para detectar las prácticas prohibidas por los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.
9      Véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión (C‑247/14 P, EU:C:2016:149), apartados 20 y 21 y jurisprudencia citada. Como alega la Comisión, lo mismo sucede con mayor razón cuando, como en el presente asunto, el requerimiento de información se efectúa en una fase temprana del procedimiento, pues no cabe exigir a la Comisión que indique, en la fase de investigación preliminar, además de las presunciones de infracción que se propone verificar, los indicios, es decir, los elementos que le llevan a presumir una infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TUFE, en la medida en que tal obligación comprometería el equilibrio que la jurisprudencia establece entre la preservación de la eficacia de la investigación y la preservación del derecho de defensa de la empresa afectada (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2014, Cementos Portland Valderrivas/Comisión, T‑296/11, EU:T:2014:121, apartado 37).
10      Véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2016, HeidelbergCement/Comisión (C‑247/14 P, EU:C:2016:149), apartado 23.
11      Por tanto, aunque disponga ya de indicios o incluso de elementos probatorios sobre la existencia de una infracción, la Comisión puede legítimamente considerar necesario solicitar información adicional que le permita delimitar mejor el alcance de la infracción, así como determinar la duración de la misma y el círculo de las empresas implicadas (véase la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, apartado 69 y jurisprudencia citada).
12      Véase la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión (C‑466/19 P, EU:C:2021:76), apartado 70 y jurisprudencia citada. Más concretamente, el Tribunal de Justicia se refiere al apartado 21 de la sentencia de 19 de mayo de 1994, SEP/Comisión (C‑36/92 P, EU:C:1994:205), que remite al punto 21 de las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto SEP/Comisión (C‑36/92 P, EU:C:1993:928), que precisa, en esencia, que una mera relación entre un documento y la presunta infracción no es suficiente para justificar la solicitud de que se comunique dicho documento. La relación debe ser tal que la Comisión pueda razonablemente exponer, cuando formula la solicitud, que el documento la ayudará a determinar si tuvo lugar la supuesta infracción.
13      Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Buzzi Unicem/Comisión (C‑267/14 P, EU:C:2015:696), punto 48.
14      Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Buzzi Unicem/Comisión (C‑267/14 P, EU:C:2015:696), punto 100. Este último precisó, en particular, en lo que atañe al interés general, que cuanto más nociva para la competencia sea una infracción, tanto más legitimada debe estar la Comisión para esperar que una empresa se esfuerce en facilitar la información requerida en cumplimiento de su deber de cooperación activa y, por lo que respecta a la carga de trabajo generada, que, cuanto mayor sea esta, apartando la atención del personal de la empresa de su actividad normal y creando costes adicionales, tanto más excesivo se podría considerar el requerimiento de información.
15      De conformidad con el artículo 256 TFUE, el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una vez que el Tribunal General ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia únicamente es competente para ejercer, en virtud del artículo 256 TFUE, el control de la calificación jurídica de estos y las consecuencias jurídicas que de ellos se hayan deducido (véase, en particular, la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión C‑466/19 P, EU:C:2021:76, apartado 42 y jurisprudencia citada).
16      Además, la desnaturalización debe resultar manifiesta a la vista de los documentos que obran en autos, sin necesidad de efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (véase, en particular, la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, apartado 43 y jurisprudencia citada). Por tanto, no cumple las exigencias de motivación establecidas en estas disposiciones el recurso de casación que, sin contener siquiera alegaciones destinadas a identificar específicamente el error de Derecho del que supuestamente adolece la sentencia recurrida, se limita a reiterar o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal General, incluyendo los basados en hechos expresamente rechazados por dicho órgano jurisdiccional. En efecto, tal recurso de casación constituye, en realidad, una pretensión destinada a obtener un mero reexamen del recurso interpuesto ante el Tribunal General, lo que sobrepasa la competencia del Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, apartado 43 y jurisprudencia citada).
17      Estos motivos corresponden, respectivamente, a la segunda subdivisión de la primera parte del primer motivo del recurso interpuesto en primera instancia en el asunto C‑496/23 P y a la segunda subdivisión de la primera parte del segundo motivo del recurso interpuesto en primera instancia en el asunto C‑497/23 P.
18      Véanse, respectivamente, los apartados 87 a 108 y 132 a 155 de las sentencias recurridas.
19      Estas partes se refieren, en esencia, a la falta de pertinencia de los términos de búsqueda utilizados por la Comisión (partes primera y segunda del primer motivo de casación en el asunto C‑496/23 P, y partes primera y tercera del primer motivo de casación en el asunto C‑497/23 P), a un vicio de motivación en lo que respecta a la existencia de otras opciones de búsqueda más proporcionadas (segunda parte del primer motivo de casación en el asunto C‑497/23 P) y al hecho de que el Tribunal General no declaró que debían aplicarse a las solicitudes de información garantías equivalentes a las establecidas en el marco de las decisiones de inspección (tercera parte del primer motivo de casación en el asunto C‑496/23 P y cuarta parte del primer motivo de casación en el asunto C‑497/23 P).
20      La primera parte del primer motivo de casación en ambos asuntos se basa en que el Tribunal General consideró erróneamente que la Comisión podía suponer razonablemente que los términos de búsqueda podrían ayudarla a determinar si tuvo lugar la conducta investigada, mientras que la segunda parte del primer motivo de casación en el asunto C‑496/23 P y la tercera parte del primer motivo de casación en el asunto C‑497/23 P se basan en que el Tribunal General declaró erróneamente que solo cabe considerar que un documento carece de pertinencia para la investigación tras la aplicación de los términos de búsqueda en las bases de datos de la recurrente. Más concretamente, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, fundamentalmente, en los apartados 92 a 95, 99 y 103 de la primera sentencia recurrida y en los apartados 134, 138, 140, 143 y 146 de la segunda sentencia recurrida, que para respetar el principio de necesidad solo bastaba con que la Comisión pudiera razonablemente suponer que los términos de búsqueda podían ayudarla a determinar si tuvo lugar la conducta reprochada por la Comisión en las Decisiones controvertidas. En su opinión, el Tribunal General no dio ninguna —o, en su caso, suficiente— importancia al hecho de que los términos de búsqueda indebidamente generales seleccionados por la Comisión, aplicados a todos los documentos de los destinatarios a lo largo de todo el período en cuestión, generarían necesariamente documentos en su mayoría carentes de toda conexión con las investigaciones controvertidas, muchos de los cuales contendrían información personal sensible o confidencial desde el punto de vista comercial, en circunstancias en las que la Comisión conocía de antemano que dicho enfoque daría lugar ineludiblemente a tales resultados.
21      Véanse los apartados 89 a 97 de la primera sentencia recurrida, que remiten a los considerandos 1 y 2 de la Decisión Facebook Marketplace, y los apartados 134 a 147 de la segunda sentencia recurrida, que remiten al considerando 4, incisos i) y iii), de la Decisión Facebook Data. Más concretamente, en la primera sentencia recurrida, el Tribunal General, en esencia, describió cómo, según la Comisión, los términos de búsqueda examinados guardaban relación con la investigación Facebook Marketplace (véanse, en particular, el apartado 89 de dicha sentencia, en lo que atañe a los términos «marketplace + advertising», «marketplace & grow*», «marketplace + insight*», «marketplace + advantage» y «marketplace + looked at», «marketplace + quality» y «commerce + advantage», y el apartado 93 de la citada sentencia en lo tocante al término «commerce + awareness»). Del mismo modo, en la segunda sentencia recurrida, el Tribunal General precisó cómo los términos de búsqueda en cuestión estaban relacionados con la investigación Facebook Data (véanse, en particular, el apartado 134 de dicha sentencia en lo atinente al término «big question» y los apartados 139 a 147 de la misma sentencia por lo que respecta a los términos «for free», «shut* down» y «not good for us»).
22      Véanse los apartados 92, 95 y 96 de la primera sentencia recurrida, así como el apartado 138 de la segunda sentencia recurrida (al que también remiten los apartados 140, 143 y 146 de dicha sentencia).
23      Véanse, respectivamente, los apartados 99 y 154 de las sentencias recurridas, en los que el Tribunal General declaró, en particular, que el mero hecho de que la aplicación de términos de búsqueda dé lugar a la identificación de numerosos documentos, algunos de los cuales puedan carecer luego de pertinencia para las investigaciones controvertidas, no basta, per se, para considerar que los términos de búsqueda en cuestión no guardaban ninguna correlación con la infracción sospechada por la Comisión.
24      Por el contrario, la recurrente reconoce, en esencia, que el criterio adoptado por la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia para determinar el carácter necesario de la solicitud de información es que la Comisión pueda suponer razonablemente, en la fecha de la solicitud, que dicha información puede ayudarla a determinar la existencia de la presunta infracción, y no que todos los documentos resultantes de dicha solicitud sean necesarios para la investigación controvertida.
25      Considera, además, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho (respectivamente, en los apartados 99 y 150 de las sentencias recurridas) al declarar que únicamente podía considerarse que los documentos carecían de pertinencia para la investigación tras la aplicación de los términos de búsqueda a las bases de datos de la recurrente.
26      Por otra parte, contrariamente a las alegaciones formuladas por la recurrente, de las sentencias recurridas no se desprende que el Tribunal General estimara que podía presumirse que todos los documentos que contenían los términos de búsqueda utilizados por la Comisión eran necesarios para la investigación controvertida. Como subraya la Comisión, la alegación de la recurrente se basa erróneamente en la idea de que una solicitud de información basada en términos de búsqueda solo cumple el requisito de necesidad establecido en el artículo 18 del Reglamento n.º 1/2003 si cabe esperar que todos los documentos identificados
—si no la mayoría o incluso un determinado número de ellos— sean útiles para la investigación llevada a cabo por la Comisión.
27      Véase el apartado 99 de la primera sentencia recurrida. Como alega la Comisión, el hecho de que algunos de los documentos identificados, o incluso la mayoría, puedan luego carecer de pertinencia para las investigaciones controvertidas es, en efecto, una característica normal de toda investigación. Un criterio diferente limitaría indebidamente las facultades de las autoridades investigadoras. Por ejemplo, como señala la Comisión, en lo que atañe al intercambio de información con fines de investigación tributaria en el marco de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO 2011, L 64, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014 (DO 2014, L 359, p. 1), el Tribunal de Justicia ha declarado que el concepto de información previsiblemente pertinente tiene por objeto permitir a la autoridad requirente solicitar y obtener toda la información que razonablemente pueda considerar que resultará pertinente para su investigación, si bien dicha autoridad no podrá solicitar información que carezca absolutamente de pertinencia para la investigación, y que el órgano jurisdiccional nacional debe determinar que la información en cuestión no carece manifiestamente de toda pertinencia previsible [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2020, État luxembourgeois (Derecho de recurso contra una solicitud de información en materia fiscal) C‑245/19 y C‑246/19, EU:C:2020:795, apartados 110 a 116 y jurisprudencia citada]. El Tribunal de Justicia también precisó que el hecho de que determinada información previsiblemente pertinente a la que se refiere la solicitud de información resulte finalmente no pertinente para la investigación no afecta en modo alguno a la legalidad de la solicitud (véanse, en este sentido, los apartados 121 a 123 de la referida sentencia).
28      Por añadidura, a raíz de una pregunta formulada en la vista, la recurrente declaró que, en su opinión, no es posible definir un criterio cuantitativo que permita determinar si una solicitud de información es proporcionada.
29      Mediante estos ejemplos, la recurrente pretende demostrar, en el asunto C‑496/23 P, que el hecho de que la Comisión haya identificado tres estudios que contienen el término «insight» no significa que todos los documentos que contienen los términos «marketplace + insight*», con independencia de su objeto o de su fecha, a lo largo de un período de cinco años, pueda ayudarla a determinar la existencia de la conducta perseguida, y que la utilización de otros términos de búsqueda (a saber, «commerce + advantage*» y «*commerce + awareness») haya generado también un gran número de documentos no pertinentes para la investigación. En el asunto C‑497/23 P, sostiene que el Tribunal General, por un lado, erró al considerar necesario el término de búsqueda «big question», puesto que los dos depositarios eran dos personalidades públicas que desempeñaban funciones muy importantes en el seno de la recurrente, de modo que buscar este término en todos sus documentos correspondientes a un período de varios años llevaría inevitablemente a la identificación de un gran número de documentos no pertinentes (apartado 137 de la segunda sentencia recurrida) y, por el otro, obvió las pruebas que demostraban, antes de que llevar a cabo cualquier investigación, que el término de búsqueda «big question» llevaría a la identificación de un gran número de documentos.
30      Además, como se ha indicado en el punto 17 de las presentes conclusiones, la ponderación, por un lado, del interés público que justifica la investigación de la Comisión y la necesidad de que esta obtenga información que le permita cumplir las funciones que le asigna el Tratado FUE y, por el otro, de la carga de trabajo generada para una empresa por un requerimiento de información exige una apreciación de las eventuales dificultades que podría tener la recurrente debido al número excesivo de documentos que debe presentar, de las que la recurrente no ha aportado prueba.
31      Por otra parte, la recurrente no alega que el empleo de términos de búsqueda sea ilegal por su propia naturaleza y reconoce que el hecho de que la utilización de tales términos genere inevitablemente documentos carentes de pertinencia para la investigación no excluye la existencia de una correlación entre la solicitud de información y la presunta infracción.
32      Véanse, respectivamente, los apartados 159 y 217 de las sentencias recurridas. Las Decisiones modificativas establecen, en particular, que los documentos protegidos pueden transmitirse en un formato en el que se hayan suprimido los nombres de las personas afectadas y cualquier información que permita su identificación, mediante una sala de datos virtual accesible únicamente al número más restringido posible de miembros del equipo encargado de la investigación, estando presentes (virtual o físicamente) el mismo número de abogados de la recurrente.
33      Véanse, respectivamente, los apartados 200 y 255 de las sentencias recurridas. Por regla general, los funcionarios y los agentes de la Comisión están sujetos a estrictas obligaciones de secreto profesional, que les prohíben divulgar la información confidencial obtenida en respuesta a una solicitud de información, incluso después de haber cesado en sus funciones, y utilizarla para fines distintos de aquellos para los que se obtuvo.
34      Véanse, respectivamente, los apartados 107 y 154 de las sentencias recurridas. La empresa investigada tiene la posibilidad de negarse a comunicar documentos confidenciales entre un abogado y su cliente. Además, también puede remitir a la Comisión una solicitud motivada para que se le devuelvan los documentos identificados carentes de pertinencia, en cuyo caso la Comisión está obligada a examinar tal solicitud y, si procede, a devolver los documentos no pertinentes, conforme a lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 y 102 del TFUE (DO 2011, C 308, p. 6).
35      Véase el punto 27 de las presentes conclusiones. Por otra parte, en lo que atañe a la alegación de la recurrente basada en que el Tribunal General, en el apartado 89 de la primera sentencia recurrida, se limitó a adherirse a la argumentación de la Comisión, sin examinar la alegación de que los términos de búsqueda indicados por la Comisión implican inevitablemente la identificación de un número considerable de documentos que carecen de pertinencia para la investigación, ni dar explicaciones a este respecto, es preciso señalar que, como se desprende del apartado 90 de la citada sentencia, el Tribunal General únicamente señaló que las afirmaciones de la Comisión sobre la pertinencia de los términos de búsqueda examinados no fueron impugnadas por la recurrente. Además, en lo tocante a la alegación según la cual las explicaciones de la Comisión, resumidas en el apartado 89 de dicha sentencia y no impugnadas por la recurrente en primera instancia, no se aportaron hasta la fase del escrito de contestación, basta con recordar que, si bien es cierto que la Comisión, cuando adopta una decisión de solicitud de información en el sentido del artículo 18, apartado 3, del Reglamento n.º 1/2003, debe indicar el objeto de su investigación y especificar por tanto la presunta infracción de las reglas de la competencia, no lo es menos que no está obligada a comunicar al destinatario de tal decisión toda la información de la que ya dispone acerca de supuestas infracciones ni a efectuar una calificación jurídica rigurosa de tales infracciones, siempre que indique con claridad las sospechas que pretende comprobar (véase, en este sentido, la jurisprudencia expuesta en el punto 16 de las presentes conclusiones).
36      La recurrente se refiere, a este respecto, al apartado 136 de la segunda sentencia recurrida, así como a los apartados 140, 143 y 146 de esta, que se limitan a remitirse a dicho apartado 136.
37      Además, los apartados 140, 143 y 146 de la segunda sentencia recurrida remiten expresamente a los apartados 137 y 138 de dicha sentencia. Por añadidura, en la medida en que, en su réplica, la recurrente alega que los apartados 137 y 138 de la referida sentencia no exponen por qué ella no puede sostener que la Comisión debería haber limitado su requerimiento a los correos electrónicos referidos al correo electrónico inicial o relacionados con él, o limitado considerablemente su requerimiento por otros medios, procede señalar que esta alegación es inadmisible, dado que constituye un motivo nuevo invocado por la recurrente que, además, no alega falta de motivación, sino que cuestiona la fundamentación de la motivación. En cualquier caso, tal alegación puede desestimarse siguiendo la misma lógica que la expuesta en el punto 29 de las presentes conclusiones.
38      Véanse, respectivamente, los apartados 105, 106, 152 y 153 de las sentencias recurridas.
39      Véanse, respectivamente, los apartados 107 y 154 de las sentencias recurridas.
40      Véase el punto 30 de las presentes conclusiones.
41      En efecto, durante estas inspecciones, los funcionarios de la Comisión intervienen sin previo aviso en los locales de la empresa y están facultados para obtener un gran número de documentos que pueden ser pertinentes, llegando a veces incluso a copiar la totalidad de los discos duros de los ordenadores de algunos empleados de la empresa de que se trate.
42      A modo de ejemplo, los documentos de carácter no profesional están excluidos del ámbito de investigación de la Comisión y las empresas inspeccionadas pueden recibir asistencia jurídica (véanse, en particular, los autos de medidas provisionales, apartado 45 y jurisprudencia citada).
43      Por otra parte, como se indica, respectivamente, en los apartados 107 y 154 de las sentencias recurridas, los abogados de la empresa tienen la posibilidad de negarse a remitir documentos sujetos al secreto profesional entre abogado y cliente, sin tener que recurrir al procedimiento del sobre lacrado previsto por la jurisprudencia derivada de la sentencia del Tribunal General de 17 de septiembre de 2007, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión (T‑125/03 y T‑253/03, EU:T:2007:287), apartados 83 y 84.
44      La empresa afectada, o sus abogados externos, pueden, en particular, mantener conversaciones previas con la Comisión relativas al alcance de la solicitud y a la elección de los términos de búsqueda, así como solicitar a dicha institución una prórroga del plazo de respuesta o la modificación posterior de la decisión.
45      Estos motivos corresponden a la primera subdivisión de la primera parte de los dos recursos interpuestos en primera instancia, que fue examinada, respectivamente, en los apartados 71 a 86 y 116 a 131 de las sentencias recurridas.
46      Sostiene, en particular, que era imposible demostrar, en un escrito de demanda limitado a 50 páginas (de conformidad con las Normas Prácticas de Desarrollo del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General), que cada uno de los términos de búsqueda daría lugar a la presentación de información innecesaria y carente de pertinencia.
47      Véanse, respectivamente, los apartados 75 a 79 y 120 a 124 de las sentencias recurridas. El Tribunal General también precisó que la circunstancia de que determinados términos de búsqueda pudieran ser demasiado vagos, que no influye en el hecho de que otros términos de búsqueda pudieran ser lo suficientemente precisos o específicos, solo podía dar lugar a la anulación parcial de las Decisiones controvertidas.
48      Por otra parte, mediante las alegaciones formuladas en la primera parte de los motivos primero y segundo de los recursos en primera instancia, la recurrente se limitó, en esencia, a alegar que la Decisión inicial infringía el artículo 18, apartado 3, del Reglamento n.º 1/2003, en la medida en que exigía la presentación de numerosos documentos que carecían de pertinencia para la investigación controvertida. La segunda parte del primer motivo de casación, basada en una supuesta falta de apreciación global, no es más que un desarrollo de estas alegaciones en respuesta, respectivamente, a los apartados 71 a 79 y 116 a 124 de las sentencias recurridas, incluidos en la rúbrica «alcance de las alegaciones de la demandante e identificación de los términos de búsqueda controvertidos», que no responden a imputaciones particulares, sino que constituyen una suerte de premisa a la respuesta del Tribunal General a la primera parte de los motivos primero y segundo.
49      Si bien la recurrente sostiene, en esencia, que debería ser posible impugnar la legalidad del enfoque adoptado por la Comisión en su conjunto y no solo la legalidad de los términos de búsqueda específicos, no veo cómo podría cuestionarse la legalidad de tal enfoque global únicamente sobre la base de los términos de búsqueda específicamente impugnados, tanto más cuanto que, como señaló el Tribunal General, la Comisión podía razonablemente suponer, en la fecha de la solicitud, que los documentos que respondían a los términos de búsqueda en cuestión podían ayudarla a determinar la existencia de la infracción investigada (véase el punto 25 de las presentes conclusiones). En mi opinión, la situación solo podría ser diferente si se demostrase que la Comisión podía prever razonablemente que los términos de búsqueda utilizados no producirían ningún resultado útil para las investigaciones controvertidas.
50      Como resulta del análisis del primer motivo de los presentes recursos de casación, la recurrente no ha demostrado que el Tribunal General incurriera en error de Derecho al desestimar dicho motivo por lo que respecta a los términos de búsqueda que impugnaba.
51      Por otra parte, como ha señalado la Comisión, es plausible que la recurrente haya optado por impugnar los términos de búsqueda que consideraba más generales y menos específicos. Por último, en lo concerniente al obstáculo, al que se refiere la recurrente, del límite del número de páginas del escrito de demanda, establecido en el punto 105 de las Normas Prácticas de Desarrollo del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General aplicables ratione temporis (que corresponde al punto 156 del texto actualmente en vigor), procede señalar que este límite no es absoluto, dado que el punto 106 de dichas Normas (que corresponde al punto 157 del texto actualmente en vigor) permite sobrepasar estos límites máximos en casos especialmente complejos desde el punto de vista jurídico o fáctico.
52      Véase el punto 16 de las presentes conclusiones.
53      Además, la recurrente no alega que la solicitud de información le impusiera una carga de trabajo desproporcionada (véase el punto 17 de las presentes conclusiones).
54      Se trata, más concretamente, de los términos de búsqueda mencionados en las notas 95, 97 y 99 de la demanda de primera instancia.
55      Estos motivos corresponden, respectivamente, a una subdivisión de la primera parte de los motivos segundo y tercero de los recursos en primera instancia.
56      Véanse, respectivamente, los apartados 177 a 185 y 224 a 239 de las sentencias recurridas.
57      Estas partes se basan, la primera, en que el análisis del Tribunal General se limitó al artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1, y corrección de errores en DO 2018, L 127, p. 2) (en lo sucesivo, «RGPD»)y al artículo 10 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39) (en lo sucesivo, «RPDUE»); la segunda, en la existencia de documentos mixtos que contienen datos protegidos y, la tercera, en la inexistencia de garantías por lo que respecta a los documentos mixtos.
58      Por otra parte, como ha recordado el Tribunal General, respectivamente, en los apartados 200 y 255 de las sentencias recurridas, los funcionarios y los agentes de la Comisión están sujetos a estrictas obligaciones de secreto profesional en virtud del artículo 339 TFUE y del artículo 28 del Reglamento n.º 1/2003 y están sujetos al artículo 17 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, que les prohíbe, incluso tras el cese de sus funciones, divulgar sin autorización cualquier información que hayan recibido con ocasión de sus funciones, salvo que dicha información se haya hecho ya pública o sea de acceso público.
59      Véanse, respectivamente, los apartados 180 a 183 y 228 a 232 de las sentencias recurridas.
60      Más concretamente, mediante sus cinco alegaciones, sostiene, por un lado (alegaciones primera y segunda), que nada permite afirmar que el artículo 9, apartado 1, del RGPD y el artículo 10, apartado 1, del RPDUE hayan creado un régimen exhaustivo de protección del derecho al respeto de la vida privada, ni que, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, el RGPD o el RPDUE tengan por objeto limitar el alcance de los derechos al respeto de la vida privada protegidos por la Carta; y, por el otro (alegaciones tercera a quinta), que de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia se desprende que la protección del derecho al respeto de la vida privada se extiende más allá de las categorías especiales de datos personales contempladas en el artículo 9, apartado 1, del RGPD, y que el respeto de las normas en materia de tratamiento de datos es distinto de la protección de los derechos fundamentales.
61      El Tribunal General examinó, en primer lugar, la existencia de una base jurídica de la injerencia en la vida privada (apartados 137 a 147 y 184 a 194, respectivamente, de las sentencias recurridas); en segundo lugar, la persecución de objetivos de interés general reconocidos por la Unión (apartados 148 a 151 y 195 a 198, respectivamente); en tercer lugar, el respeto del contenido esencial del derecho al respeto de la vida privada (apartados 152 y 199, respectivamente) y, en cuarto lugar, la proporcionalidad de la injerencia en la vida privada (apartados 153 a 196 y 200 a 251, respectivamente). También examinó, en quinto lugar, las alegaciones de la recurrente relativas a la inadecuación o insuficiencia del secreto profesional para garantizar una protección eficaz de la vida privada de las personas afectadas por las investigaciones controvertidas y sus datos personales (apartados 197 a 209 y 252 a 264, respectivamente, de las sentencias recurridas).
62      Más concretamente, en cuanto a la proporcionalidad de la injerencia, el Tribunal General examinó, en primer lugar, la adecuación de la injerencia (apartados 155 y 202, respectivamente, de las sentencias recurridas); en segundo lugar, la necesidad de tal injerencia a la luz, en primer término, del nivel de protección insuficiente del procedimiento de la sala de datos virtual (apartados 157 a 176 y 204 a 223, respectivamente), en segundo término, de la exclusión de determinadas categorías de documentos del procedimiento de la sala de datos virtual (apartados 177 a 185 y 224 a 239, respectivamente) y, en tercer término, de la carga supuestamente desproporcionada impuesta por la sala de datos virtual (apartados 186 a 190 y 240 a 244, respectivamente), y, en tercer lugar, la supuesta inexistencia de ponderación entre las necesidades de la investigación y la protección de los derechos de la recurrente (apartados 191 a 196 y 245 a 251, respectivamente).
63      Véanse, respectivamente, los apartados 179 a 184 y 226 a 238 de las sentencias recurridas.
64      Véanse, respectivamente, los apartados 166 y 213 de las sentencias recurridas.
65      Véanse, respectivamente, los apartados 180 a 183 y 228 a 237 de las sentencias recurridas.
66      Por otra parte, la recurrente no recurrió dichos autos, que establecieron el procedimiento de la sala virtual de datos.
67      Véanse, respectivamente, los apartados 184 y 238 de las sentencias recurridas. En cambio, la recurrente parte de la premisa de que, si un documento no se encuentra en la sala de datos virtual, no gozará de una protección adecuada desde el punto de vista del respeto de la vida privada, sin siquiera impugnar (y mucho menos demostrar) la apreciación del Tribunal General (en los apartados 197 a 210 y 252 a 264, respectivamente, de las sentencias recurridas), según la cual los documentos mixtos también gozaban de una protección adecuada desde el punto de vista de la obligación de secreto profesional impuesta a los agentes de la Comisión en virtud del artículo 339 TFUE y del artículo 28, apartado 1, del Reglamento n.º 1/2003.
68      Por otra parte, en la medida en que la recurrente alega que esos documentos «carecen de toda pertinencia para la investigación», suponiendo que se demuestre esta circunstancia, procede recordar que, conforme a la apreciación del primer motivo de ambos recursos de casación, el hecho de que algunos, si no la mayoría, de los documentos identificados puedan resultar carentes de pertinencia para las investigaciones controvertidas no basta para demostrar que las Decisiones controvertidas adolecen de errores de Derecho (véase, en particular, el punto 27 de las presentes conclusiones). Lo mismo sucede con la alegación de la recurrente de que el concepto de «vida privada» es más amplio que el de «datos personales sensibles» y engloba determinados locales o actividades profesionales o comerciales, lo que no impide que la información solicitada (en la medida en que contiene información profesional o comercial relacionada con el objeto de las investigaciones controvertidas) pueda ser examinada por los agentes de la Comisión en el ejercicio de sus funciones.
69      C‑548/21, EU:C:2024:830.
70      C‑258/23 a C‑260/23, EU:C:2024:537 y EU:C:2025:814.
71      A este respecto, suscribo el análisis expuesto por la Abogada General Medina en sus conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Imagens Médicas Integradas y otros (C‑258/23 a C‑260/23, EU:C:2025:814), apartados 39 a 44.
72      Véanse las conclusiones de la Abogada General Medina presentadas en los asuntos acumulados Imagens Médicas Integradas y otros (C‑258/23, EU:C:2025:814), punto 33 y jurisprudencia citada. En el mismo punto, la Abogada General añadió que, si la investigación se lleva a cabo mediante un programa de investigación informática, el procedimiento de indexación que precede a la búsqueda de información comercial pertinente para la investigación debe llevarse a cabo utilizando palabras clave definidas de manera rigurosa en relación con el objeto predeterminado de la investigación.
73      Véanse, respectivamente, los apartados 180 a 183 y 228 a 237 de las sentencias recurridas.
74      Véanse, respectivamente, los apartados 136 y 183 de las sentencias recurridas, así como el análisis desarrollado, respectivamente, en los apartados 137 a 210 y 176 a 265 de dicha sentencias.
75      En particular, alega, por un lado, que los documentos mixtos no estaban sujetos al procedimiento de la sala de datos virtual, que habría conferido cierta protección a la información personal contenida en dichos documentos, y, por el otro, que la mayoría de los documentos que respondían a los términos de búsqueda utilizados por la Comisión se referían a cuestiones que carecían de toda pertinencia para las investigaciones controvertidas.
76      A mayor abundamiento, la recurrente no cuestiona la apreciación del Tribunal General relativa a la supuesta inadecuación o insuficiencia del secreto profesional (véanse, respectivamente, los apartados 87 a 209 y 132 a 264 de las sentencias recurridas, así como la nota 58 de las presentes conclusiones).
77      Véase el punto 27 de las presentes conclusiones.