61994C0242
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. CARL OTTO LENZ
presentadas el 13 de julio de 1995 (
*1
)
A. Introducción
1.
Los Estados miembros tenían que adaptar sus ordenamientos jurídicos a la Directiva 90/619/CEE del Consejo, de 8 de noviembre de 1990, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios y por la que se modifica la Directiva 79/267/CEE, (
1
) antes del 20 noviembre de 1992. (
2
)
2.
Mediante el presente recurso por incumplimiento, la Comisión solicita que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE al no haber adoptado o, al no haber comunicado a la Comisión, dentro del plazo prescrito, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la referida Directiva. La Comisión solicita, además, que se condene en costas al Reino de España.
3.
El Reino de España no niega que no ha cumplido dentro de plazo su obligación de adoptar las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la citada Directiva, en particular las necesarias para adaptar las disposiciones legales afectadas.
4.
No obstante, el Reino de España formula dos alegaciones en su defensa. Aduce, en primer lugar, que un Proyecto de Ley, adoptado dentro de plazo, para la adaptación del Derecho interno a la Directiva de que se trata no llegó a convertirse en Ley debido a que, antes de alcanzarse ese resultado, la convocatoria de elecciones generales provocó la disolución de las Cortes Generales. Desde enero de 1994 está en preparación un nuevo procedimiento legislativo para la adaptación del Derecho interno a la Directiva. En segundo lugar, alega que determinadas disposiciones administrativas, integradas en un «Protocolo», compensan de facto, hasta la culminación del procedimiento legislativo, que no se haya logrado de iuris la adaptación de las disposiciones legales a la Directiva. Por consiguiente, no cabe, según él, reprochar al Reino de España un incumplimiento y el recurso de la Comisión es infundado.
B. Definición de postura
5.
Esta alegación del Reino de España no puede ser acogida. Habida cuenta de la naturaleza objetiva del procedimiento por incumplimiento, basta tener presente que el Reino de España no niega la infracción que se le imputa, para declarar el incumplimiento. (
3
) El Reino de España se limita, en primer lugar, a justificar la falta de adaptación dentro de plazo de su Derecho interno a la Directiva con la disolución de las Cortes Generales. Sin embargo, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro no puede excusarse de su obligación de adaptar su ordenamiento jurídico interno a una Directiva invocando obstáculos internos de carácter técnico, político o institucional. (
4
) En segundo lugar, el Reino de España alega en su descargo que la obligación en cuanto al resultado (párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CEE) se cumple provisionalmente mediante disposiciones administrativas, contenidas, por lo que aquí interesa, en el llamado «Protocolo». Aun cuando se quisiera admitir que fuera posible poner fin al incumplimiento de ese modo, sería difícil para el Reino de España invocar con éxito este argumento: según el tenor del Anexo I del escrito de contestación, el «Protocolo» sólo empezó a tener vigencia a partir del 1 de julio de 1994. Sin embargo, el incumplimiento tendría que haber sido eliminado, como máximo, al expirar el plazo de dos meses fijado en el dictamen motivado de la Comisión de 15 de febrero de 1994. Pero, en cualquier caso, el «Protocolo», como disposición estatal de régimen interno, sin efecto directo frente a terceros, no satisface los requisitos que, según reiterada jurisprudencia, tienen que observar los Estados miembros, en su elección de la forma y los medios, al adaptar su Derecho interno a una Directiva. (
5
)
6.
Dado que consta que el Reino de España no ha adaptado dentro de plazo su Derecho interno a la Directiva de que se trata, el Tribunal de Justicia no tiene que examinar la imputación formulada por la Comisión con carácter subsidiario, relativa a la omisión por el Reino de España de la comunicación de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la Directiva.
C. Conclusión
7.
En virtud de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva:
«1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CE al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para atenerse a la Directiva 90/619/CEE.
2)
Condenar en costas al Reino de España.»
(
*1
)	Lengua original: alemán.
(
1
)	DO L 330, p. 50.
(
2
)	Véase el apartado 1 del artículo 30 de la Directiva 90/619.
(
3
)	Véase, como más reciente, la sentencia de 3 de mayo de 1994, Comisión/Bélgica (C-260/93, Rec. p. I-1611), apartados 7 y 8.
(
4
)	Véase la doctrina sentada ya en la sentencia de 26 de febrero de 1976, Comisión/Italia (52/75, Rec. p. 277), apartados 10 y 14.
(
5
)	Sentencia de 30 de mayo de 1991, Comisión/Alemania (C-361/88, Rec. p. I-2567).