62022CJ0130
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 12 de diciembre de 2024 (
*1
)
«Recurso de casación — Función pública — Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea — Agentes temporales — Resolución de un contrato por tiempo indefinido — Período de preaviso — Mantenimiento de las obligaciones de lealtad y de confidencialidad — Procedimiento disciplinario — Inicio de una investigación administrativa — Archivo — Comportamientos ilegales imputables a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos — Daño moral — Prueba — Requisitos para el ejercicio de acciones de responsabilidad extracontractual de la Unión»
En el asunto C‑130/22 P
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 24 de febrero de 2022,
DD, representado por la Sra. N. Lorenz, Rechtsanwältin,
parte recurrente,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), representada inicialmente por el Sr. M. O’Flaherty, y posteriormente por la Sra. S. Rautio, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. E. Regan y Z. Csehi (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. P. Pikamäe;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, DD solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 21 de diciembre de 2021, DD/FRA (T‑703/19, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:923), mediante la que dicho Tribunal desestimó su recurso basado en el artículo 270 TFUE por el que solicitaba, en esencia, la reparación del daño moral que alegaba haber sufrido, estimado ex æquo et bono en 50000 euros, como consecuencia del inicio y la tramitación de un procedimiento administrativo en el seno de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).
Marco jurídico
Estatuto
2
El artículo 11, párrafo primero, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») dispone:
«El funcionario deberá desempeñar sus funciones y regir su conducta teniendo como única guía el interés de la Unión [Europea], sin solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno, autoridad, organización o persona ajena a su institución. Realizará las tareas que le sean encomendadas con objetividad e imparcialidad, y cumpliendo con su deber de lealtad hacia la Unión.»
3
El artículo 12 bis, apartado 1, del Estatuto establece:
«Todo funcionario se abstendrá de cualquier forma de acoso psicológico o sexual.»
4
A tenor de lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto:
«1.   El funcionario se abstendrá de divulgar sin autorización cualquier información que haya recibido con ocasión de sus funciones, salvo que dicha información se haya hecho ya pública o sea de acceso público.
2.   El funcionario seguirá estando sujeto a esta obligación tras el cese de sus funciones.»
5
El artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto establece:
«Las decisiones individuales adoptadas en aplicación del presente Estatuto deberán ser comunicadas inmediatamente por escrito al funcionario interesado. Las decisiones que le sean lesivas serán motivadas.»
6
A tenor de lo dispuesto en el artículo 86 del Estatuto:
«1.   Todo incumplimiento, voluntario o por negligencia, de las obligaciones a las que los funcionarios o antiguos funcionarios están obligados en virtud del presente Estatuto, dará lugar a sanción disciplinaria.
2.   Cuando la autoridad facultada para proceder a los nombramientos [(en lo sucesivo, “AFPN”)] o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude [(OLAF)] tengan conocimiento de algún indicio que lleve a presumir la existencia de un incumplimiento, a efectos de lo previsto en el apartado 1, podrán iniciar una investigación administrativa con vistas a verificar la existencia de tal incumplimiento.
3.   Las normas, los procedimientos y las medidas disciplinarios, y las normas y los procedimientos relativos a las investigaciones administrativas serán los que se establecen en el anexo IX.»
7
El artículo 1 del anexo IX del Estatuto dispone:
«1.   Siempre que una investigación de la OLAF revele la posible implicación de un funcionario, o de un antiguo funcionario, de una institución, este será informado de ello sin demora, siempre que tal información no perjudique al desarrollo de la investigación. En ningún caso podrán extraerse conclusiones que se refieran nominalmente a un funcionario de la institución, al término de la investigación, sin que aquel haya tenido la oportunidad de expresar su opinión con respecto a los hechos que le conciernan. Las conclusiones harán referencia a tales opiniones.
[…]
3.   Si, al término de una investigación de la OLAF, no pudiera imputarse cargo alguno a un funcionario de la institución con respecto al cual se hayan realizado alegaciones, la investigación relativa al mismo quedará archivada por decisión del Director de la OLAF, que lo notificará por escrito al funcionario y a su institución. El funcionario podrá solicitar que esta decisión figure en su expediente personal.»
8
El artículo 2, apartado 1, del anexo IX del Estatuto establece:
«Las normas definidas en el artículo 1 del presente anexo se aplicarán mutatis mutandis a otras investigaciones administrativas efectuadas por la [AFPN].»
9
El artículo 3 del anexo IX del Estatuto dispone lo siguiente:
«Basándose en el informe de investigación, una vez se haya dado traslado al funcionario afectado de todos los documentos de prueba del expediente y tras haber sido oído dicho funcionario, la [AFPN] podrá:
a)
resolver que el funcionario queda libre de todo cargo, en cuyo caso este último será informado de ello por escrito, o
b)
resolver, aun cuando exista o parezca haber existido incumplimiento de las obligaciones, que no procede adoptar ninguna sanción y, en su caso, hacer al funcionario un apercibimiento; o
c)
en caso de incumplimiento de alguna obligación, con arreglo al artículo 86 del Estatuto:
i)
decidir incoar el procedimiento disciplinario previsto en la sección 4 del presente anexo, o
ii)
decidir incoar un procedimiento disciplinario ante el Consejo de disciplina.»
10
El artículo 29 del anexo IX del Estatuto dispone:
«En el supuesto de que el interesado haya quedado libre de todo cargo, con arreglo al apartado 3 del artículo 1 y al apartado 2 del artículo 22 del presente anexo, tendrá derecho, previa solicitud, a la reparación del perjuicio sufrido mediante una publicidad adecuada de la decisión de la [AFPN].»
ROA
11
El artículo 47 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «ROA») es del siguiente tenor:
«Además de en caso de cese por fallecimiento, el contrato del agente temporal quedará extinguido:
[…]
c) en los contratos por tiempo indefinido:
[…]
i)
al término del plazo de preaviso establecido en el contrato; este plazo de preaviso no podrá ser inferior a un mes por año de servicio prestado, con un mínimo de tres y un máximo de diez meses. […]
[…]»
Reglamento (CE) n.o 45/2001
12
El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1), establecía:
«Los datos personales deberán ser:
a)
tratados de manera leal y lícita;
[…]».
Antecedentes del litigio
13
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 1 a 26 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:
«1
El recurrente, DD, fue contratado el 1 de agosto de 2000 por el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC), actualmente [la FRA], en calidad de agente temporal en el sentido del artículo 2, letra a), del [ROA]. Tras ser contratado inicialmente con un contrato de trabajo de duración determinada, se le hizo un contrato de duración indefinida a partir del 16 de diciembre de 2006.
2
Mediante escrito de 13 de junio de 2013, el director de la FRA informó al recurrente de su decisión de resolver su contrato de duración indefinida y le pidió que no acudiera a su lugar de trabajo durante el período de preaviso “que [comenzaba este mismo día] y [finalizó] el 12 de abril de 2014”.
3
El plazo de preaviso de diez meses previsto en el artículo 47, letra c), inciso i), del ROA expiró el 13 de abril de 2014. Durante el período de preaviso, se eximió al recurrente de su obligación de prestar sus servicios y de acudir a la sede de la FRA.
4
Mediante correos electrónicos de los días 5 de marzo y de 9 de octubre de 2014 (en lo sucesivo, conjuntamente, “correos electrónicos objeto del litigio”), el recurrente envió a A, antiguo funcionario de la FRA, desde su dirección electrónica privada, determinada información interna de carácter confidencial de la FRA. Se trataba de documentos que contenían, en concreto, una lista de pagos efectuados por la FRA a B, su antiguo asesor jurídico.
5
El 20 de marzo de 2015, el director de la FRA inició una investigación administrativa, con arreglo al artículo 2 del anexo IX del Estatuto […], relativa, en esencia, a las circunstancias de la trasmisión al exterior de los documentos internos de la FRA (en lo sucesivo, “investigación administrativa”).
6
La investigación [administrativa] se llevó a cabo sobre la base de tres decisiones (en lo sucesivo, conjuntamente, “decisiones relativas al inicio de la investigación administrativa”), a saber, en primer lugar, la Decisión DIR/003/2015, de 20 de marzo de 2015, relativa al inicio de la investigación administrativa (en lo sucesivo, “Decisión de inicio de la investigación administrativa”); en segundo lugar, la Decisión DIR/004/2016, de 3 de marzo de 2016, relativa a la ampliación del alcance de la investigación administrativa (en lo sucesivo, “Decisión de ampliación de la investigación administrativa” […]), y, en tercer lugar, la Decisión DIR/005/2016, de 18 de marzo de 2016, relativa al nombramiento de un comité de investigación.
7
Mediante la sentencia de 8 de octubre de 2015, DD/FRA (F‑106/13 y F‑25/14, EU:F:2015:118), el Tribunal de la Función Pública anuló la decisión de resolución del contrato mencionada en el apartado 2 anterior. En cambio, desestimó las pretensiones indemnizatorias del recurrente mediante las que solicitaba que se reparara su daño moral.
8
El recurrente interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de la Función Pública, que fue desestimado por el Tribunal General mediante sentencia de 19 de julio de 2017, DD/FRA (T‑742/15 P, […], EU:T:2017:528).
9
El 29 de febrero de 2016, la FRA reincorporó al recurrente a sus funciones, en ejecución de la sentencia de 8 de octubre de 2015, DD/FRA (F‑106/13 y F‑25/14, EU:F:2015:118).
10
El 30 de marzo de 2016, la FRA dirigió al recurrente una nota en la que le informaba, por un lado, del inicio de la investigación administrativa y, por otro lado, de la celebración de una audiencia prevista para el 5 de abril de 2016.
11
Mediante un intercambio de correos electrónicos del mismo día, el recurrente solicitó a la FRA que le facilitara las pruebas en su contra. En respuesta a su solicitud, los investigadores le dieron traslado, ese mismo día, de determinados documentos, entre ellos, una copia de su correo electrónico de 9 de octubre de 2014.
12
Mediante correo electrónico de 4 de abril de 2016, además de enviarle el correo electrónico mencionado en el apartado 11 anterior, la FRA dio traslado al recurrente de pruebas adicionales, entre ellas una copia de su correo electrónico de 5 de marzo de 2014.
13
El 5 de abril de 2016, los investigadores de la FRA tomaron declaración al recurrente y a otros siete testigos.
14
El 10 de octubre de 2016, se informó al recurrente de que se había finalizado el informe de investigación [(en lo sucesivo, “informe de investigación”)].
15
El 12 de octubre de 2016, el recurrente solicitó a la FRA que le diera traslado de las conclusiones del informe de investigación, de las conclusiones de la investigación y de cualquier otro documento directamente relacionado con las alegaciones formuladas en su contra.
16
Mediante correo electrónico de 20 de octubre de 2016, en respuesta al correo electrónico mencionado en el apartado 15 anterior, la FRA dio traslado al recurrente de las conclusiones del informe de investigación.
17
El 17 de noviembre de 2016, se convocó al recurrente a una audiencia, en el sentido del artículo 3 del anexo IX del Estatuto, prevista para el 6 de diciembre de 2016. En esa ocasión, el recurrente recibió también una copia del informe de investigación junto con sus anexos.
18
El 5 de diciembre de 2016, la FRA informó al recurrente de que la audiencia mencionada en el apartado 17 anterior se había aplazado a una fecha posterior.
19
La audiencia se celebró el 12 de enero de 2017. En dicha audiencia, el recurrente presentó una declaración escrita en la que sostenía que el correo electrónico de 9 de octubre de 2014 había sido objeto de una filtración en el seno de la FRA y solicitó el inicio de una investigación interna al respecto.
20
El 13 de enero de 2017, el recurrente recibió el acta de la audiencia mencionada en el apartado 19 anterior.
21
El 20 de enero de 2017, el recurrente dio traslado al director de la FRA de sus observaciones finales sobre el informe de investigación.
22
El 28 de abril de 2017, el director de la FRA decidió poner fin a la investigación administrativa sin ulterior trámite. Esta decisión fue notificada al recurrente el 4 de mayo de 2017.
23
El 27 de agosto de 2018, el recurrente presentó una petición […] en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, mediante la que solicitaba, en primer lugar, el acceso a determinados documentos, a saber, las decisiones relativas al inicio de la investigación administrativa, así como la nota del jefe de recursos humanos de la FRA de 20 de marzo de 2015 dirigida al director […], en segundo lugar, el inicio de una investigación sobre la vulneración de la confidencialidad de la investigación administrativa y, en tercer lugar, la reparación del daño moral que alegaba haber sufrido como consecuencia del comportamiento ilegal de la FRA durante la investigación administrativa.
24
El 21 de diciembre de 2018, el director de la FRA estimó parcialmente la petición de 27 de agosto de 2018 y concedió al recurrente acceso a determinados documentos solicitados por él, mencionados en el apartado 23 anterior (en lo sucesivo, “decisión de 21 de diciembre de 2018”). Entre los documentos transmitidos al recurrente figuraban las decisiones relativas al inicio de la investigación administrativa. La referida petición fue desestimada en todo lo demás.
25
El 5 de marzo de 2019, el recurrente presentó una reclamación al amparo del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra la decisión de 21 de diciembre de 2018 […]
26
Mediante decisión de 24 de junio de 2019, el director de la FRA comunicó al recurrente la nota de 20 de marzo de 2015 y desestimó la reclamación mencionada en el apartado 25 anterior en todo lo demás (en lo sucesivo, “decisión de 24 de junio de 2019”).»
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
14
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 11 de octubre de 2019, el recurrente interpuso el recurso mencionado en el apartado 1 de la presente sentencia.
15
En apoyo de su primera pretensión, mediante la cual solicitaba al Tribunal General que condenase a la FRA a reparar el daño moral que alegaba haber sufrido como consecuencia de las ilegalidades cometidas por esta tanto durante el inicio de la investigación administrativa como durante la misma, el recurrente invocó nueve motivos de ilegalidad basados en los comportamientos ilegales de la FRA (en lo sucesivo, conjuntamente, «comportamientos ilegales»), derivados:
–
el primero, de que los instructores no disponían de mandato suficiente para investigar, por un lado, sobre la infracción por parte de este de los artículos 11 y 17 del Estatuto y, por otro lado, sobre el correo electrónico de 5 de marzo de 2014, de modo que la investigación administrativa carecía de fundamento jurídico e infringió el artículo 86, apartado 2, del Estatuto y el artículo 2 de la Decisión 2013/01 del Consejo de Administración de la FRA, de 22 de mayo de 2013, sobre la tramitación de las investigaciones administrativas y de los procedimientos disciplinarios (en lo sucesivo, «primer motivo de ilegalidad»);
–
el segundo, de que la Decisión de inicio de la investigación administrativa no se basó en la existencia de una sospecha razonable (en lo sucesivo, «segundo motivo de ilegalidad»);
–
el tercero, de que la FRA no le había informado a su debido tiempo del inicio de la investigación administrativa y no le había dado traslado de las decisiones relativas a esta (en lo sucesivo, «tercer motivo de ilegalidad»);
–
el cuarto, del carácter excesivo y carente de lógica de la duración del procedimiento administrativo (en lo sucesivo, «cuarto motivo de ilegalidad»);
–
el quinto, de que la decisión por la que se puso fin a la investigación carecía de motivación (en lo sucesivo, «quinto motivo de ilegalidad»);
–
el sexto, de que el informe de investigación incurría en error de Derecho y en un error de apreciación manifiesto;
–
el séptimo, de la violación de la confidencialidad de la investigación administrativa por parte de la FRA;
–
el octavo, de la infracción de lo establecido en los artículos 4, apartado 1, letra a), y 5, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 45/2001 (en lo sucesivo, «octavo motivo de ilegalidad»);
–
el noveno, del incumplimiento del deber de diligencia, de la falta de objetividad e imparcialidad y de la desviación de poder.
16
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que los motivos de ilegalidad tercero y cuarto eran fundados. No obstante, consideró que en el caso de autos no concurrían los requisitos para que se generase la responsabilidad de una institución u organismo de la Unión. En efecto, consideró que ni el daño moral efectivo sufrido por el recurrente como consecuencia de los comportamientos ilegales ni la relación de causalidad entre estos y el supuesto daño habían sido acreditados por el recurrente.
Pretensiones de las partes en el recurso de casación
17
El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Por consiguiente, le conceda una indemnización por el daño moral sufrido, estimado ex aequo et bono en 50000 euros, y, si procede, anule las decisiones de 21 de diciembre de 2018 y de 24 de junio de 2019.
–
Condene a la FRA al pago de la totalidad de las costas.
18
La FRA solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene al recurrente al pago de la totalidad de las costas.
Sobre el recurso de casación
19
En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca ocho motivos basados en la comisión de errores por parte del Tribunal General en cada una de las ocho partes de la sentencia recurrida respectivamente, a saber, en la exposición de los hechos, en el examen de los motivos de ilegalidad primero, segundo y quinto a noveno y en la parte relativa al examen de la existencia de un daño real y de una relación de causalidad.
Sobre el primer motivo de casación, la segunda parte del tercer motivo de casación y el quinto motivo de casación
Alegaciones de las partes
20
Mediante su primer motivo de casación, la segunda parte de su tercer motivo de casación y su quinto motivo de casación, que procede examinar conjuntamente, el recurrente aduce que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas e incurrió en error de Derecho al considerar que, en el presente asunto, el período de preaviso de diez meses debía considerarse un período de trabajo normal, que no podía eximir al recurrente de las obligaciones de lealtad y de confidencialidad que le imponían, respectivamente, los artículos 11 y 17 del Estatuto.
21
El recurrente alega, en particular, que, en los apartados 3 y 78 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas, realizando al mismo tiempo una calificación errónea de los hechos, al declarar que, durante el período de preaviso, el recurrente no estaba meramente «exento de su obligación de prestar sus servicios», sino que se le pidió no solo que no desempeñara sus tareas profesionales, sino también que no acudiera a la sede de la FRA. Por consiguiente, estima que, contrariamente a lo que afirmó el Tribunal General en los apartados 77 y 78 de la sentencia recurrida, el período de preaviso no puede considerarse un período de trabajo normal. Por lo tanto, a su juicio, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que dicho período no podía eximir al recurrente de las obligaciones de lealtad y de confidencialidad que le imponían, respectivamente, los artículos 11 y 17 del Estatuto. El recurrente añade, en su escrito de réplica, que esta desnaturalización de las pruebas es la base en la que se fundamentan las conclusiones del Tribunal General en los apartados 58, 63, 86, 155, 174, 229, 243 y 245 de la sentencia recurrida.
22
El recurrente estima asimismo que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en los apartados 77 a 80 de la sentencia recurrida al considerar que estas obligaciones de lealtad y de confidencialidad se aplicaban durante el período de preaviso. Pues bien, a su parecer, por un lado, un período de preaviso durante el cual no tenía acceso a la sede de la FRA, contrariamente a cualquier otro miembro del personal, no puede calificarse de «período de trabajo normal». Por otro lado, el Tribunal General interpretó el artículo 17 del Estatuto de manera amplia, en el sentido de que el interesado es, durante ese período, un miembro del personal mientras exista una relación contractual. Además, según el recurrente, de las versiones alemana y francesa de esta disposición se desprende que, a efectos de la aplicación del artículo 17 del Estatuto, la mera existencia de esa relación durante el período de preaviso no es suficiente. Del mismo modo, todas las versiones lingüísticas del artículo 11 del Estatuto indican, como exigencia para su aplicación, la existencia de la condición de agente en activo.
23
Por último, el recurrente sostiene, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en el apartado 154 de la sentencia recurrida, al considerar que el 5 de marzo de 2014, en el momento del envío de uno de los dos correos electrónicos objeto del litigio, el recurrente seguía siendo un agente sujeto al Estatuto.
24
Según la FRA, por un lado, al sostener que el período de preaviso de diez meses no constituía, en el presente asunto, un «período de actividad por cuenta ajena normal», el recurrente pretende cuestionar la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal General, lo cual es inadmisible en la fase de casación. Aduce que, en cualquier caso, durante dicho período de preaviso, el recurrente siguió disfrutando de todos sus derechos económicos, sin dejar de estar vinculado por sus obligaciones como miembro del personal, a excepción de la obligación de llevar a cabo sus prestaciones de trabajo durante el período de preaviso.
25
Por otro lado, la FRA afirma que, al sostener que las obligaciones establecidas en los artículos 11 y 17 del Estatuto no eran aplicables durante el período de preaviso, el recurrente se limita a reiterar las alegaciones que formuló en su demanda y en su réplica en primera instancia y que fueron desestimadas por el Tribunal General. Añade que, en cualquier caso, de la jurisprudencia se desprende que las obligaciones estatutarias perviven durante un período de excedencia voluntaria, de modo que lo mismo sucede durante el período de preaviso.
Apreciación del Tribunal de Justicia
26
En primer lugar, en lo que respecta a las alegaciones del recurrente relativas a la supuesta desnaturalización en que, a su entender, incurrió el Tribunal General en los apartados 3 y 78 de la sentencia recurrida, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que el Tribunal General es el único competente, por un lado, para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otro lado, es el único competente para apreciar estos hechos. De lo anterior se infiere que la apreciación de los hechos, salvo en el caso de desnaturalización de las pruebas aportadas ante el Tribunal General, no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (sentencia de 25 de abril de 2024, NS/Parlamento, C‑218/23 P, EU:C:2024:358, apartado 58 y jurisprudencia citada).
27
Tal desnaturalización existe cuando, sin la práctica de nuevas pruebas, la apreciación de las pruebas que constan en autos es manifiestamente errónea o manifiestamente contraria a su tenor literal. Sin embargo, es preciso que la desnaturalización pueda deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. Por otra parte, cuando un recurrente alega la desnaturalización de los elementos de prueba, debe indicar de manera precisa los elementos que en su opinión han sido desnaturalizados por el Tribunal General y demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado a este a dicha desnaturalización (sentencias de 27 de abril de 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro y otros/Comisión, C‑549/21 P, EU:C:2023:340, apartado 73 y jurisprudencia citada, y de 11 de enero de 2024, Foz/Consejo, C‑524/22 P, EU:C:2024:23, apartado 38 y jurisprudencia citada).
28
En el presente asunto, procede subrayar que, en los apartados 3 y 78 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se refiere al correo electrónico de 13 de junio de 2013 mediante el cual la FRA informó al recurrente de su decisión de resolver su contrato de trabajo. Como señaló el Tribunal General en el apartado 2 de la sentencia recurrida y como admite el propio recurrente, de dicho correo electrónico se desprende expresamente que el director de la FRA le pidió que no acudiera a su lugar de trabajo durante el período de preaviso.
29
El recurrente no formula ninguna alegación que ponga de manifiesto una inexactitud material en la lectura de ese correo electrónico efectuada por el Tribunal General. En efecto, el recurrente no explica, con la claridad y la precisión necesarias, por qué el Tribunal General desnaturalizó el contenido de dicho correo electrónico al declarar, en los apartados 3 y 78 de la sentencia recurrida, que, durante el período de preaviso, se había eximido al recurrente de su obligación de prestar sus servicios y de acudir a la sede de la FRA. Por consiguiente, esta alegación debe desestimarse por infundada.
30
En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación sustentada en el supuesto error de Derecho en que, según el recurrente, incurrió el Tribunal General al considerar erróneamente que el período de preaviso debía calificarse de «período de trabajo normal», este declaró, en los apartados 77 a 80 y 154 de la sentencia recurrida, en esencia, que durante el período de preaviso de diez meses que el recurrente estaba obligado a observar, aun cuando estuviera exento de la obligación de llevar a cabo las prestaciones derivadas de su contrato de trabajo y de acudir a la sede de la FRA, seguía estando sujeto, no obstante, a los derechos y obligaciones derivados del Estatuto, en particular, a las obligaciones de lealtad y de confidencialidad.
31
A este respecto, del artículo 47, letra c), inciso i), del ROA se desprende que, con independencia del supuesto de fallecimiento del agente temporal, su contrato quedará extinguido, en el caso de los contratos por tiempo indefinido, al término del plazo de preaviso establecido en el contrato, este plazo de preaviso no podrá ser inferior a un mes por año de servicio prestado, con un mínimo de tres y un máximo de diez meses.
32
De ello se desprende que el agente temporal no pierde su condición de agente de la Unión durante el período de preaviso y, por lo tanto, sigue sujeto a las obligaciones que incumben a todo funcionario de la Unión, salvo disposición expresa en contrario (véase, por analogía, la sentencia de 6 de marzo de 2001, Connolly/Comisión, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, apartado 69).
33
Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 77, 79 y 154 de la sentencia recurrida, que, durante el período de preaviso anterior a la extinción de su contrato de trabajo con la FRA, el recurrente conservaba la condición de agente de la Unión, sujeto a los derechos y obligaciones derivados del Estatuto.
34
Más concretamente, en cuanto a la alegación según la cual el Tribunal General consideró erróneamente que las obligaciones de lealtad y de confidencialidad derivadas, respectivamente, de los artículos 11 y 17 del Estatuto se aplicaban durante el período de preaviso, procede señalar que, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, nada en la lógica interna, el contexto y la finalidad de dichos artículos permite considerar que, a falta de disposiciones específicas, dichos artículos exijan, a efectos de su aplicación, que el agente o el funcionario de la Unión de que se trate se encuentre en situación «activa» en la que esté obligado a realizar sus tareas profesionales, de modo que dichos artículos dejarían de aplicarse a partir del momento en que comienza a correr ese período de preaviso.
35
Por un lado, en lo que respecta al artículo 11 del Estatuto, la obligación de lealtad que en él se establece se impone, al menos, durante el período en el que el interesado tiene la condición de funcionario o de agente, puesto que esta obligación está destinada principalmente a mantener la relación de confianza que debe existir entre estos y la institución de la Unión de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2001, Connolly/Comisión, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, apartado 44).
36
Por otro lado, en lo que atañe a la obligación de confidencialidad que, con arreglo al artículo 17, párrafo primero, del Estatuto, obliga a todo funcionario o agente de la Unión a abstenerse de toda divulgación no autorizada de información puesta en su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, a menos que dicha información ya se haya hecho pública o sea accesible al público, basta con señalar que del segundo apartado de esta disposición se desprende que tal funcionario o agente seguirá estando sujeto a esta obligación tras el cese en sus funciones.
37
Así pues, este principio se aplica, con mayor razón, al período de preaviso que precede, en su caso, al cese en sus funciones de un funcionario o de un agente de la Unión.
38
Estas consideraciones no quedan desvirtuadas por las alegaciones formuladas por el recurrente, basadas en que, en el presente asunto, durante su período de preaviso, el director de la FRA le conminó a no llevar a cabo sus tareas profesionales y le prohibió el acceso a la sede de dicho organismo, lo que, a su entender, tiene como corolario que su empleador no le trataba, durante ese período, como miembro del personal.
39
A este respecto, es preciso señalar que, si bien el artículo 47, letra c), inciso i), del ROA no prevé expresamente que las condiciones de trabajo del agente cuyo contrato se resuelve puedan ser objeto de adaptaciones durante el período de preaviso, de modo que se presume que ese período constituye un período de trabajo normal, no es menos cierto que las instituciones, órganos y organismos de la Unión disponen de una amplia facultad de apreciación en la organización de sus servicios y en el destino de los miembros de su personal, siempre que la adscripción a ese destino se haga en interés del servicio y respete la equivalencia de los puestos de trabajo, incluso en lo que respecta a los miembros del personal que están en período de preaviso.
40
Por consiguiente, la decisión de eximir al agente temporal, cuyo contrato de trabajo se resuelve, de su obligación de llevar a cabo las prestaciones derivadas de dicho contrato y de prohibirle acudir a la sede de la institución u organismo de la Unión al que está vinculado durante el período de preaviso puede, en principio, constituir una medida adoptada en interés del servicio y no excluye necesariamente, contrariamente a lo que sostiene en esencia el recurrente, que dicho período de preaviso se califique de «período de trabajo normal».
41
En estas circunstancias, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar, en el apartado 80 de la sentencia recurrida, que el hecho de que, durante el período de preaviso, el recurrente estuviera liberado de la obligación de prestar sus servicios profesionales y no pudiera acudir a la sede de la FRA no le eximía, en el caso de autos, de las obligaciones de lealtad y de confidencialidad que le imponían, respectivamente, los artículos 11 y 17 del Estatuto, de modo que las alegaciones del recurrente a este respecto deben considerarse infundadas.
42
Por consiguiente, procede desestimar por infundados el primer motivo de casación, la segunda parte del tercer motivo de casación y el quinto motivo de casación.
Sobre el segundo motivo de casación y sobre las partes primera y tercera del tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
43
Mediante su segundo motivo de casación y las partes primera y tercera de su tercer motivo de casación, que procede examinar conjuntamente, el recurrente aduce que el Tribunal General incurrió, en los apartados 49 a 84 de la sentencia recurrida, en varios errores de Derecho y errores manifiestos de apreciación, así como en desnaturalización de las pruebas, en el marco de su apreciación de los motivos de ilegalidad primero y segundo, relativos al inicio de la investigación administrativa y a la ampliación de su alcance, y que no expuso una motivación suficiente a este respecto.
44
En primer lugar, el recurrente aduce que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas e incurrió en errores de Derecho al declarar que la Decisión de inicio de la investigación administrativa incluía los correos electrónicos objeto del litigio, es decir, también el correo electrónico de 5 de marzo de 2014, pese a que dicha decisión se refería únicamente al correo electrónico de 9 de octubre de 2014. Sostiene que el Tribunal General no examinó su alegación basada en que dicha decisión se refería a la filtración de un único documento, a saber, el documento adjunto al correo electrónico de 9 de octubre de 2014, y no al contenido del correo electrónico de 5 de marzo de 2014. A este respecto, alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta, por un lado, el tenor de la misma Decisión y, por otro lado, el contexto en el que esta se inscribía. Añade que, en los apartados 52 a 61 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en errores de Derecho en su interpretación del alcance de la Decisión de ampliación de la investigación administrativa, al ignorar tanto su formulación explícita como el contexto en el que se inscribía, y, en particular, las exigencias derivadas del Reglamento n.o 45/2001 y el tenor de la parte dispositiva de la decisión relativa al nombramiento de un comité de investigación.
45
En segundo lugar, el recurrente alega, que, en su análisis, el Tribunal General no estableció una distinción suficiente entre el inicio de la investigación administrativa y la ampliación de su alcance. Aunque admite que, como se desprende del apartado 66 de la sentencia recurrida, el segundo motivo de ilegalidad está estrechamente vinculado al primero, considera que, por lo que respecta a este último, la Decisión de inicio de la investigación administrativa se refería a la filtración de un único documento, mientras que la cuestión de Derecho planteada en el segundo motivo de ilegalidad era si las pruebas de que disponía la FRA en el momento del inicio de la investigación administrativa cumplían los requisitos para ser consideradas indicios razonables necesarios a efectos de iniciar una investigación administrativa. Por consiguiente, estima que el Tribunal General no estableció una distinción suficiente entre los correos electrónicos objeto del litigio y no indicó que el correo electrónico de 9 de octubre de 2014, único en principio contemplado en el momento del inicio de la investigación administrativa, pudiera considerarse tal indicio razonable.
46
En tercer lugar, a su entender, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas, proporcionó una motivación insuficiente e incurrió en error de Derecho al declarar, contrariamente a lo que se desprende de la formulación particularmente amplia de la Decisión de ampliación de la investigación administrativa, adoptada en marzo de 2016, que la alegación del recurrente de que la FRA había iniciado contra él una «investigación aleatoria» o una «búsqueda aleatoria de indicios» constituía una mera alegación que no estaba corroborada por ningún elemento concreto.
47
La FRA invoca la inadmisibilidad del segundo motivo de casación y de las partes primera y tercera del tercer motivo de casación, alegando que el recurrente se limita a impugnar apreciaciones de hecho realizadas por el Tribunal General y añade que, en cualquier caso, las alegaciones del recurrente son manifiestamente infundadas.
Apreciación del Tribunal de Justicia
48
En primer lugar, habida cuenta de que el recurrente alega que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas al proceder a una apreciación errónea de las decisiones relativas al inicio de la investigación administrativa, debe señalarse que, aunque la desnaturalización de las pruebas puede consistir en una interpretación de un documento en contra de su contenido, para evidenciar tal desnaturalización no basta con demostrar que dicho documento podía ser objeto de una interpretación diferente a la realizada por el Tribunal General. Es necesario acreditar, a estos efectos, que el Tribunal General ha excedido manifiestamente los límites de una apreciación razonable de dicho documento, al efectuar, en particular, una lectura de este manifiestamente contraria a su tenor (sentencia de 23 de marzo de 2023, PV/Comisión, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, apartado 134).
49
En el presente asunto, procede observar, por un lado, que del propio tenor de la parte dispositiva de la Decisión de inicio de la investigación administrativa —tal como se reproduce en el apartado 50 de la sentencia recurrida—, que no ha sido impugnado en el presente recurso de casación, se desprende que dicha investigación pretendía determinar los hechos y circunstancias en los que el recurrente había conseguido hacerse con documentos internos de la FRA pese a que ya no tenía acceso a tales documentos desde el 14 de junio de 2013. Por otro lado, mediante la Decisión de ampliación de la investigación administrativa, la FRA decidió, conforme a los términos de dicha Decisión —tal como se reproducen en el apartado 53 de la sentencia recurrida—, que tampoco han sido impugnados en el presente recurso de casación, ampliar el alcance de esta investigación tanto en el ámbito temporal como en el personal, incluyendo también a los interlocutores externos y a los antiguos agentes de la FRA, con el fin de determinar las personas implicadas e identificar las fuentes de la filtración.
50
Por consiguiente, la apreciación realizada por el Tribunal General, en los apartados 51, 55 y 58 de la sentencia recurrida, según la cual las decisiones relativas al inicio de la investigación administrativa se formularon en términos lo suficientemente amplios como para que pudiera considerarse que abarcaban todas las cuestiones relacionadas con la filtración objeto del litigio, de modo que esta investigación pudo incluir necesariamente cualquier otro documento que pudiera haber sido objeto de una divulgación no autorizada que guardara relación con los correos electrónicos objeto del litigio, a saber, tanto el correo electrónico de 9 de octubre de 2014 como el de 5 de marzo de 2014, no resulta manifiestamente inexacta a la vista del tenor y del contexto de esos documentos.
51
Por tanto, la alegación basada en la desnaturalización de las decisiones relativas al inicio de la investigación administrativa debe desestimarse por infundada.
52
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación relativa a que el Tribunal General no estableció, en los apartados 64 a 85 de la sentencia recurrida, una distinción suficiente entre el inicio de la investigación administrativa y la ampliación de su alcance, en la medida en que el correo electrónico de 5 de marzo de 2014 no podía constituir un indicio razonable que permitiera el inicio de la investigación administrativa, procede recordar, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 26 de la presente sentencia, que el Tribunal de Justicia, en el procedimiento de casación, no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal General ha admitido en apoyo de estos.
53
En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y práctica de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal General apreciar la importancia que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados, salvo en el supuesto de su desnaturalización (sentencia de 11 de enero de 2024, Foz/Consejo, C‑524/22 P, EU:C:2024:23, apartado 37 y jurisprudencia citada).
54
Pues bien, mediante sus alegaciones, tal como se resumen en el apartado 45 de la presente sentencia, el recurrente persigue, en realidad, que el Tribunal de Justicia efectúe un reexamen de las pruebas presentadas en primera instancia y analizadas en la sentencia recurrida, sin invocar ninguna desnaturalización de estas por parte del Tribunal General, lo cual, por las razones expuestas en el apartado anterior, excede de la competencia del Tribunal de Justicia.
55
Por tanto, procede declarar la inadmisibilidad de esta alegación.
56
En tercer y último lugar, el recurrente aduce que el Tribunal General consideró erróneamente, en el apartado 85 de la sentencia recurrida, que la alegación de que la FRA había lanzado en marzo de 2016 una «investigación aleatoria» o una «búsqueda aleatoria de indicios» constituía una mera alegación que ningún elemento concreto corroboraba.
57
A este respecto, es preciso señalar que la argumentación expuesta en apoyo de esta alegación no permite demostrar que las afirmaciones realizadas por el Tribunal General en el citado apartado de la sentencia recurrida se basen en una desnaturalización de las pruebas aportadas en primera instancia, por lo que esta alegación pretende, en realidad, cuestionar la apreciación soberana de los hechos que el Tribunal General efectuó a tal efecto.
58
Por lo tanto, de conformidad con la jurisprudencia que se ha recordado en el apartado 26 de la presente sentencia, procede declarar la inadmisibilidad de esa alegación.
59
Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo de casación y las partes primera y tercera del tercer motivo de casación por ser en parte inadmisibles y en parte infundadas.
Sobre el cuarto motivo de casación
Alegaciones de las partes
60
Mediante su cuarto motivo de casación, el recurrente alega que, en los apartados 145 a 149 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en errores de Derecho, proporcionó una motivación insuficiente y procedió a un examen incompleto del recurso interpuesto en primera instancia.
61
El recurrente entiende, para comenzar, que el Tribunal General consideró erróneamente, en el apartado 146 de la sentencia recurrida, que el artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto se refiere a la obligación de motivación, en lo que respecta, en particular, a las decisiones lesivas para un funcionario de la Unión. A continuación, alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que él no podía invocar legítimamente una infracción del artículo 3 del anexo IX del Estatuto debido a que la decisión de poner fin a la investigación administrativa no estaba motivada. Considera, asimismo, que el Tribunal General no expuso los motivos por los que el recurrente no podía acogerse al artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
62
Por último, aduce que el Tribunal General solo examinó parcialmente el quinto motivo de ilegalidad y, en el apartado 149 de la sentencia recurrida, no motivó de modo suficiente en Derecho su decisión, según la cual no procedía examinar las demás alegaciones formuladas por el recurrente a este respecto, en particular, en lo que respecta a una supuesta vulneración del principio de seguridad jurídica.
63
Según el recurrente, al poner fin a la investigación administrativa sin elegir una opción precisa, la FRA vulneró el principio de seguridad jurídica. A su entender, el ejercicio del derecho a la reparación del perjuicio sufrido por un funcionario o agente de la Unión que ha quedado libre de todo cargo, previsto en el artículo 29 del anexo IX del Estatuto, está supeditado a la circunstancia de que la AFPN haya decidido optar por la solución prevista en el artículo 3, letra a), del anexo IX del Estatuto. Aduce que, en el caso de autos, al no haber optado por ninguna de las soluciones contempladas en dicho artículo 3, la FRA eludió esta disposición y el artículo 29 del anexo IX del Estatuto y privó sustancialmente a esas disposiciones de sentido y de todo efecto. Estima que, al proceder de este modo, la FRA vulneró el principio de seguridad jurídica, dado que él tenía un interés legítimo en acogerse a los derechos que le reconoce el artículo 29 del anexo IX del Estatuto, en relación con el artículo 3 de este.
64
La FRA alega que el cuarto motivo es inadmisible y añade que, en cualquier caso, es manifiestamente infundado.
65
En primer lugar, señala que, de conformidad con la letra a) del artículo 41, apartado 2, de la Carta, la letra c) de esta disposición solo se aplica a las decisiones lesivas para el destinatario. Pues bien, según la FRA, el Tribunal General declaró acertadamente, en los apartados 145 y 147 de la sentencia recurrida, que una decisión de poner fin a un procedimiento disciplinario sin ulterior trámite no constituye un acto lesivo para el interesado y proporcionó una motivación suficiente a este respecto.
66
En segundo lugar, aduce que, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, la decisión de poner fin a la investigación administrativa sin ulterior trámite no vulnera el principio de seguridad jurídica.
67
En tercer lugar, alega que, en el caso de autos, aun suponiendo que el Tribunal General hubiera incurrido en error de Derecho al declarar que la decisión por la que se puso fin a la investigación sin ulterior trámite debería haber sido motivada, ello no beneficiaría al recurrente en modo alguno. Por lo tanto, a su entender, el recurrente no tiene un interés legítimo en impugnar, por falta de motivación, una decisión por la que se puso fin sin ulterior trámite a una investigación administrativa que le afectaba.
Apreciación del Tribunal de Justicia
68
Procede recordar que, en virtud del artículo 25, párrafo segundo, segunda frase, del Estatuto, la decisión individual adoptada en aplicación del Estatuto y que pueda ser lesiva al funcionario interesado ha de ser motivada. Esta obligación de motivar un acto lesivo tiene la finalidad, por un lado, de proporcionar al interesado una indicación suficiente para apreciar si el acto está bien fundado o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su legalidad y, por otro lado, de permitir al juez ejercer su control a este respecto [auto de 23 de julio de 2019, UC/Parlamento, C‑196/19 P, EU:C:2019:653, apartado 5 (opinión del Abogado General Saugmandsgaard Øe, punto 6 y jurisprudencia citada)].
69
En el caso de autos, el Tribunal General concluyó, en los apartados 147 y 148 de la sentencia recurrida, sin pronunciarse sobre las demás alegaciones formuladas por el recurrente a este respecto, que este no podía invocar legítimamente la infracción del artículo 3 del anexo IX del Estatuto debido a que la decisión de poner fin a la investigación administrativa sin ulterior trámite carecía de motivación, puesto que tal decisión no constituía, en el sentido de los artículos 90 y 91 del Estatuto, un «acto lesivo».
70
Por consiguiente, procede examinar, antes de nada, si la referida decisión por la que se pone fin a la investigación administrativa constituye un acto lesivo en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
71
De conformidad con esta disposición, las personas comprendidas en el ámbito de aplicación personal del Estatuto podrán presentar ante la AFPN reclamaciones dirigidas contra los actos que les sean lesivos. El artículo 91, apartado 1, del Estatuto precisa que el Tribunal de Justicia será competente para resolver sobre los litigios que se susciten entre la Unión y alguna de esas personas y que tengan por objeto la legalidad de un acto que les sea lesivo a tenor de dicho artículo 90, apartado 2. Estas disposiciones son aplicables por analogía a los recursos de los otros agentes en virtud del artículo 117 del ROA (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2022, Picard/Comisión, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, apartado 94).
72
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, únicamente son lesivos, en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, los actos o las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar directa e inmediatamente a los intereses del recurrente, modificando de forma sustancial la situación jurídica de este (sentencia de 15 de diciembre de 2022, Picard/Comisión, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, apartado 95 y jurisprudencia citada).
73
Para determinar si un acto produce tales efectos, hay que atenerse al contenido esencial de dicho acto y apreciar esos efectos en función de criterios objetivos, como el contenido de ese mismo acto, tomando en consideración, en su caso, el contexto en el que se adoptó y las facultades de la institución que fue su autora (sentencia de 15 de diciembre de 2022, Picard/Comisión, C‑366/21 P, EU:C:2022:984, apartado 96 y jurisprudencia citada).
74
En efecto, el concepto de «acto lesivo», en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, debe ser objeto de una interpretación amplia y entenderse como todo acto que pueda afectar directamente a una situación jurídica determinada (véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Scuola europea di Varese, C‑431/22, EU:C:2023:1021, apartado 64).
75
El artículo 3 del anexo IX del Estatuto, que tiene por objeto regular la actuación de la AFPN al término de la fase de investigación administrativa, a la que se puso fin sin ulterior trámite en el presente asunto, enumera, con carácter exhaustivo, las tres opciones de que dispone dicha autoridad basándose en el informe de la investigación administrativa. En efecto, del tenor claro e inequívoco de este artículo se desprende que, tras haber comunicado al funcionario de la Unión afectado todos los documentos del expediente y después de haberlo oído, la AFPN puede, en primer término, resolver que el funcionario queda libre de todo cargo, en cuyo caso este último será informado de ello por escrito. En segundo término, resolver, aun cuando exista o parezca haber existido incumplimiento de las obligaciones de que se trate, que no procede adoptar ninguna sanción y, en su caso, hacer al funcionario un apercibimiento. En tercer término, en caso de incumplimiento voluntario o por negligencia de las obligaciones que incumben al funcionario o antiguo funcionario en virtud del Estatuto, la AFPN puede decidir incoar un procedimiento disciplinario y, en su caso, someter el asunto al Consejo de Disciplina (sentencia dictada hoy, C‑587/21 P, DD/FRA, apartado 36).
76
Pues bien, en la medida en que una decisión de archivo pueda constituir una decisión según la cual la AFPN considera que el interesado ha quedado libre de todo cargo, en el sentido del artículo 3, letra a), del anexo IX del Estatuto, procede señalar que tal decisión implica una modificación de la situación jurídica de este último que le confiere determinados derechos.
77
Por un lado, como se desprende del artículo 29 del anexo IX del Estatuto, en relación con los artículos 1, apartado 3, y 2, apartado 1, de ese anexo, si el interesado ha quedado libre de todo cargo, este podría tener derecho, en su caso, a la reparación del perjuicio sufrido mediante una publicidad adecuada de la decisión de la AFPN.
78
Por otro lado, en virtud del artículo 1, apartado 3, del anexo IX del Estatuto, en relación con el artículo 2, apartado 1, de dicho anexo, si no pudiera imputarse cargo alguno a un funcionario de la institución con respecto al cual se hayan realizado alegaciones, la investigación relativa al mismo quedará archivada por decisión de la AFPN, que lo notificará por escrito al funcionario, que tendrá derecho a solicitar que esta decisión figure en su expediente personal.
79
Por consiguiente, debe considerarse que una decisión de poner fin sin ulterior trámite a la investigación administrativa de la que es objeto un funcionario o un agente de la Unión constituye un acto que puede afectar directamente a la situación jurídica de este último y, por lo tanto, un «acto que le [es] lesivo», en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, a fortiori cuando la formulación de dicho acto y el contexto en el que se inscribe no permiten, como en el presente asunto, declarar, con la suficiente certeza, que el funcionario o agente quedaba libre de todo cargo, en el sentido del artículo 3 del anexo IX del Estatuto. Pues bien, so pena de privar al recurrente de la tutela judicial efectiva que le permite hacer valer los derechos que le confiere el Estatuto, este debe poder conocer con precisión los motivos exactos por los que se pone fin al procedimiento administrativo que le afecta.
80
A la vista de estos elementos, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 147 y 148 de la sentencia recurrida, que la decisión de la FRA de poner fin al procedimiento administrativo contra el recurrente sin ulterior trámite no constituía un acto que le fuera lesivo, de modo que este último no podía invocar legítimamente la infracción del artículo 3 del anexo IX del Estatuto, debido a que dicha decisión carecía de motivación.
81
En consecuencia, procede estimar el cuarto motivo de casación y anular la sentencia recurrida, en la medida en que el Tribunal General desestimó el quinto motivo de ilegalidad invocado por el recurrente.
Sobre el sexto motivo de casación
Alegaciones de las partes
82
Mediante su sexto motivo de casación, el recurrente sostiene, en esencia, que el Tribunal General incurrió, en los apartados 169 a 173 de la sentencia recurrida, en varios errores de Derecho y realizó un examen incompleto de sus alegaciones en apoyo del octavo motivo de ilegalidad. Además, el Tribunal General incumplió su obligación de motivación a este respecto.
83
Mediante la primera parte de su sexto motivo de casación, el recurrente alega que los errores cometidos por el Tribunal General en el marco de su apreciación de los motivos de ilegalidad primero y segundo tienen repercusiones sobre la apreciación que llevó a cabo respecto del octavo motivo de ilegalidad, de modo que sus alegaciones se solapan en parte con las invocadas en apoyo de sus dos primeros motivos de casación. En este contexto, el recurrente sostiene, en esencia, que el Tribunal General no motivó de modo suficiente en Derecho su decisión según la cual en el presente asunto no se había infringido el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 45/2001. Ahora bien, según el recurrente, el Tribunal General también estaba obligado a examinar si la investigación administrativa respetaba las exigencias en materia de protección de datos personales.
84
Mediante la segunda parte de su sexto motivo de casación, el recurrente sostiene que el Tribunal General consideró erróneamente que, habida cuenta de que la investigación administrativa se había iniciado sobre la base de un indicio suficiente, el recurrente no podía invocar válidamente una infracción del Reglamento n.o 45/2001. Ahora bien, según el recurrente, el inicio y el desarrollo de la investigación administrativa y todos los actos posteriores resultantes de la investigación administrativa fueron contrarios al Reglamento n.o 45/2001. Según afirma, la FRA tenía en su poder datos personales relativos al recurrente contenidos en los correos electrónicos objeto del litigio como documentos adjuntos de una solicitud de acceso a los documentos de un tercero y decidió tratar posteriormente esos datos de manera incompatible con esa finalidad. A este respecto, considera que el Tribunal General no se pronunció sobre esas alegaciones, presentadas en sus observaciones de 15 de febrero de 2021 sobre las respuestas de la FRA a las preguntas del Tribunal General.
85
La FRA sostiene que el sexto motivo de casación es manifiestamente inadmisible. En cualquier caso, considera infundado este motivo de casación. Señala, en esencia, que el recurrente se limita a reiterar las afirmaciones que formuló en primera instancia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
86
De conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 26 de la presente sentencia, procede declarar de entrada la inadmisibilidad de las alegaciones formuladas en la primera parte del sexto motivo de casación mediante las cuales, en esencia, el recurrente, alegando que no existía ninguna base jurídica que justificara la inclusión del correo electrónico de 9 de octubre de 2014 en la investigación administrativa ni, por tanto, la existencia de un «indicio razonable» a efectos del inicio de esa investigación, impugna la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal General, sin alegar la menor desnaturalización de estos.
87
Por lo que se refiere a la supuesta falta de motivación de la sentencia recurrida a ese respecto, es importante recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la obligación de motivación no exige al Tribunal General que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio. La motivación puede ser, pues, implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (sentencia de 9 de noviembre de 2023, XC/Comisión, C‑527/21 P, EU:C:2023:850, apartado 99 y jurisprudencia citada).
88
En el caso de autos, tras afirmar, en el apartado 170 de la sentencia recurrida, que las alegaciones formuladas por el recurrente en relación con la supuesta infracción, por parte de la FRA, de los artículos 4, apartado 1, letra a), y 5, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 45/2001 al inicio de la investigación administrativa estaban estrechamente vinculadas a las alegaciones que formulaba en apoyo de la existencia del segundo motivo de ilegalidad, el Tribunal General declaró, en los apartados 171 a 173 de dicha sentencia, que del análisis efectuado en el marco de este segundo motivo de ilegalidad se desprendía que la investigación administrativa respecto al recurrente se había iniciado sobre la base de un indicio suficiente de la existencia de un incumplimiento de las obligaciones estatutarias, con arreglo al artículo 86, apartado 2, del Estatuto. En estas circunstancias, el Tribunal General consideró, en esencia, que las alegaciones del recurrente mediante las cuales imputaba a la FRA haber infringido las disposiciones del Reglamento n.o 45/2001 debían desestimarse por basarse en una premisa errónea.
89
Pues bien, esta motivación es suficiente para permitir al recurrente comprender las razones por las que sus alegaciones fueron desestimadas y al Tribunal de Justicia ejercer su control. Por consiguiente, procede desestimar la alegación del recurrente basada en la insuficiencia de motivación por carecer de fundamento.
90
De ello se sigue que procede desestimar la primera parte del sexto motivo de casación.
91
Por lo que respecta a la segunda parte del sexto motivo de casación, basta señalar, en primer lugar, que, en la medida en que las alegaciones en apoyo de dicha parte deben entenderse basadas en que el Tribunal General no examinó las alegaciones del recurrente constitutivas de una ampliación de las formuladas en apoyo del octavo motivo de ilegalidad, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 45/2001, a la que el recurrente procedió en sus observaciones de 15 de febrero de 2021, del apartado 88 de la presente sentencia se desprende que, al declarar, en los apartados 172 y 173 de la sentencia recurrida, que la FRA había iniciado la investigación administrativa de manera conforme a Derecho, el Tribunal General consideró implícita, pero necesariamente, que los datos personales del recurrente que figuraban en los correos electrónicos objeto del litigio habían sido tratados de forma lícita, de conformidad con dicha disposición. Por lo tanto, no puede reprocharse al Tribunal General haber incumplido la obligación de motivación a este respecto.
92
En segundo lugar, en cuanto al supuesto error de Derecho basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 45/2001 debido a que el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que los correos electrónicos objeto del litigio que contenían datos personales relativos al recurrente habían sido recibidos por error por la FRA y, por tanto, no habían sido obtenidos legalmente, basta con recordar que el principio que prevalece en el Derecho de la Unión es el de la libre aportación de pruebas, de modo que las partes tienen, en principio, la facultad de invocar, para probar un determinado hecho, medios de prueba de cualquier naturaleza (sentencia de 10 de septiembre de 2020, Hamas/Consejo, C‑386/19 P, EU:C:2020:691, apartado 73).
93
A este respecto, es preciso recordar que el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 45/2001 dispone que los datos personales deberán ser tratados de manera leal y lícita. Sin embargo, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, no cabe deducir de esta disposición que esta constituya la expresión de una norma más general que, en el presente asunto, debería haber impedido a la FRA utilizar, en el marco de la investigación administrativa, información remitida a dicho organismo por un tercero, por el mero hecho de que esa información se hubiera obtenido con otros fines y de que se hubiera remitido al citado organismo por error.
94
En estas circunstancias, la segunda parte del sexto motivo de casación debe considerarse infundada.
95
En consecuencia, procede desestimar el sexto motivo de casación en su totalidad.
Sobre el séptimo motivo de casación
Alegaciones de las partes
96
Mediante su séptimo motivo de casación, el recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho en el análisis que figura en los apartados 223 a 229 de la sentencia recurrida, al desestimar sus afirmaciones relativas a un supuesto acoso psicológico por estar formuladas en términos vagos. Sostiene, en esencia, que los motivos de ilegalidad tercero y cuarto, que el Tribunal General consideró probados en relación con la FRA en los apartados 98, 111 y 139 de la sentencia recurrida, guardan relación con la investigación administrativa y responden a los criterios, derivados de la jurisprudencia, que debe reunir un comportamiento inadecuado para ser calificado de acoso. Por lo tanto, contrariamente a lo que se desprende del apartado 227 de la sentencia recurrida, no puede considerarse que se inscriban en el desarrollo normal de una investigación administrativa.
97
La FRA rebate las alegaciones del recurrente. Sostiene, en esencia, que el séptimo motivo de casación es manifiestamente inadmisible y, en cualquier caso, infundado, ya que el recurrente se limita a impugnar la apreciación realizada por el Tribunal General de las pruebas invocadas en primera instancia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
98
Mediante el séptimo motivo de casación, que se dirige contra los apartados 223 a 229 de la sentencia recurrida, el recurrente sostiene, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al estimar que, a pesar de haber considerado, en los apartados 98, 111 y 139 de la sentencia recurrida, que podían imputarse efectivamente a la FRA los motivos de ilegalidad tercero y cuarto, ello no bastaba, sin embargo, para demostrar la existencia del acoso psicológico del que el recurrente afirmaba haber sido víctima durante la investigación administrativa.
99
A este respecto, procede señalar que esta consideración del Tribunal General se basa en su apreciación soberana de los hechos y de las pruebas respecto de la gravedad de los motivos de ilegalidad tercero y cuarto reconocidos como probados contra la FRA. Así pues, el Tribunal General declaró, en los apartados 227 a 229 de la sentencia recurrida, que esos motivos de ilegalidad no permitían, ni siquiera considerados en su conjunto, y a falta de otros elementos aportados por el recurrente, considerar que se había incurrido en acoso psicológico, en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto.
100
Ante el Tribunal de Justicia, el recurrente no presenta ninguna argumentación jurídica específica que demuestre de qué modo el Tribunal General realizó una calificación jurídica errónea de los hechos, en particular, en el apartado 228 de la sentencia recurrida, al no tener en cuenta la jurisprudencia citada en los apartados 223 a 225 de dicha sentencia, relativa al concepto de «acoso psicológico» en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto.
101
De este modo, parece que, so pretexto de un supuesto error de Derecho, el recurrente pretende, en realidad, obtener del Tribunal de Justicia un mero reexamen de los elementos de hecho que invocaba en apoyo de su recurso en primera instancia, sin invocar una desnaturalización de dichos elementos por parte del Tribunal General, lo cual excede, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 26 de la presente sentencia, de la competencia del Tribunal de Justicia.
102
Habida cuenta de estas consideraciones, procede declarar la inadmisibilidad del séptimo motivo de casación.
Sobre el octavo motivo de casación
Alegaciones de las partes
103
Mediante su octavo motivo de casación, el recurrente aduce que el Tribunal General realizó, en los apartados 237 y 240 a 242 de la sentencia recurrida, una interpretación errónea de la jurisprudencia aplicable en materia de responsabilidad extracontractual de la Unión, en lo que respecta, más concretamente, a las pruebas que deben aportarse para demostrar la existencia de un daño moral. Alega, remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal General, que la presentación de una proposición de prueba no se considera necesariamente un requisito para el reconocimiento de un daño moral y que basta con que la parte recurrente acredite que el comportamiento imputado a la institución de que se trate era capaz de causarle un daño de esa índole. Además, el recurrente sostiene que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la existencia de un daño y de una relación de causalidad no debe demostrarse de manera precisa en caso de daño moral, ya que estos pueden deducirse también de la naturaleza de la falta y de las circunstancias.
104
El recurrente alega asimismo que la sentencia recurrida no contiene motivación alguna en cuanto a las razones por las que el hecho de que la FRA no le hubiera transmitido todos los documentos solicitados y se hubiera negado a reconocer sus comportamientos ilegales durante el procedimiento administrativo previo no podían causarle estrés, ansiedad ni un sentimiento de injusticia.
105
Por último, el recurrente alega una infracción del artículo 47 de la Carta, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva, debido a que el Tribunal General no le concedió una indemnización por el daño moral supuestamente sufrido, pese al reconocimiento de las ilegalidades cometidas por la FRA en la investigación administrativa. Según el recurrente, el razonamiento del Tribunal General le priva de un recurso efectivo que permita reparar el daño vinculado con este tipo de ilegalidades.
106
La FRA considera que las alegaciones mediante las que el recurrente critica el apartado 242 de la sentencia recurrida son, por un lado, manifiestamente infundadas, en la medida en que el recurrente se limita así a reiterar las alegaciones expuestas en el punto 134 de su demanda en primera instancia y, por otro lado, en la medida en que alega haber sufrido un daño no económico, manifiestamente inadmisibles.
107
Por lo que respecta a la alegación del recurrente basada en la supuesta infracción del artículo 47 de la Carta, este organismo alega que el derecho a la tutela judicial efectiva se refiere al acceso a la justicia, pero no ofrece ninguna garantía de éxito. Además, la FRA sostiene que el Derecho de la Unión no exime al recurrente de su obligación de prueba y no permite que se estime una petición de indemnización de un supuesto perjuicio no económico cuando se basa en una mera especulación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
108
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, toda institución y todo organismo de la Unión puede incurrir en responsabilidad a raíz de su comportamiento, siempre que se cumplan los requisitos relativos a la ilegalidad de ese comportamiento, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el daño alegado (sentencias de 4 de junio de 2020, Schokker/AESA, C‑310/19 P, EU:C:2020:435, apartado 54, y de 2 de junio de 2022, EM/Parlamento, C‑299/21 P, EU:C:2022:429, apartado 122).
109
Por lo que respecta a los requisitos relativos a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad, la responsabilidad extracontractual de la Unión solo se genera cuando la parte recurrente ha sufrido efectivamente un daño real y cierto, y cuando el daño deriva de forma suficientemente directa de la supuesta ilegalidad del comportamiento de que se trate. Así pues, incumbe a la parte recurrente aportar pruebas al juez de la Unión para demostrar la existencia y la amplitud del daño que alega, así como la existencia de una relación suficientemente directa de causa a efecto entre dicha ilegalidad y el daño alegado (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, apartado 135 y jurisprudencia citada).
110
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende, asimismo, que la presentación de una proposición de prueba no se considera necesariamente un requisito para el reconocimiento de un daño moral. No obstante, incumbe a la parte recurrente demostrar, cuando menos, que el comportamiento que se reprocha a la institución de que se trata podía causarle tal daño (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2009, SELEX Sistemi Integrati/Comisión, C‑481/07 P, EU:C:2009:461, apartado 38).
111
De ello se desprende que, incluso a falta de pruebas que demuestren la existencia y el alcance de un daño moral, el requisito relativo a la existencia de tal daño puede cumplirse si el recurrente demuestra que el daño moral se deriva necesariamente del comportamiento reprochado.
112
En el presente asunto, por lo que respecta a la existencia del daño moral basado en el cuarto motivo de ilegalidad, relativo a la duración excesiva del procedimiento administrativo, procede declarar que, al haber considerado, en el marco de su apreciación soberana de los hechos, que la existencia de dicho daño no podía presumirse, puesto que, antes de haber sido informado de dicha investigación, el recurrente no podía estar expuesto a un riesgo de estrés o de ansiedad, mientras que, tras haber sido informado de ella, el procedimiento se desarrolló dentro de un plazo razonable, el Tribunal General pudo declarar, fundadamente, en los apartados 234 a 236 de la sentencia recurrida, que, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 110 de la presente sentencia, incumbía al recurrente aportar pruebas que demostraran un grado de estrés y de ansiedad que excediera de lo que sería aceptable en el marco de un procedimiento administrativo, lo cual no llegó a hacer.
113
En cambio, por lo que respecta a los otros dos comportamientos ilegales, considerados fundados por el Tribunal General en los apartados 89 a 111 de la sentencia recurrida en el contexto del examen del tercer motivo de ilegalidad, a saber, por un lado, el incumplimiento de la obligación de informar al recurrente a su debido tiempo de la existencia de una investigación administrativa sobre él y, por otro lado, la falta de transmisión de los documentos directamente relacionados con las alegaciones formuladas en su contra, el Tribunal General consideró, en los apartados 237 y 238 de dicha sentencia, que el mero hecho de que el recurrente invocara comportamientos ilegales imputables a la FRA durante la investigación administrativa que menoscababan su dignidad e integridad, y su carácter especialmente perjudicial en la medida en que le ocasionaron lesiones psicológicas profundas, era insuficiente para demostrar el carácter real y cierto del daño moral que alegaba haber sufrido por ello, puesto que no aportaba la menor prueba en apoyo de sus alegaciones.
114
Sin embargo, con estos fundamentos, el Tribunal General no demostró, en contra de la jurisprudencia recordada en el apartado 110 de la presente sentencia, que el incumplimiento de la obligación de informar a su debido tiempo de la existencia de una investigación administrativa y la falta de transmisión de los documentos directamente relacionados con las alegaciones formuladas contra el recurrente no podían, por sí mismos, causarle el daño alegado, a saber, el estrés, la ansiedad y el sentimiento de injusticia.
115
De lo anterior se desprende que, en los apartados 237 y 238 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al entender que no podía considerarse que el recurrente hubiera demostrado el carácter real y cierto del daño moral que alegaba haber sufrido como consecuencia del incumplimiento de la obligación de informarle a su debido tiempo de la existencia de una investigación administrativa y de la falta de transmisión de los documentos directamente relacionados con las alegaciones formuladas en su contra, por el único motivo de que no presentó pruebas que sustentaran su petición de indemnización.
116
Por lo tanto, procede estimar el octavo motivo del recurso de casación y anular la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal General desestimó las pretensiones indemnizatorias formuladas en el recurso, en tanto en cuanto estas tenían por objeto la reparación del daño que el recurrente declara haber sufrido como consecuencia de los comportamientos ilegales mencionados en el tercer motivo de ilegalidad.
Sobre la devolución del asunto al Tribunal General
117
Con arreglo al artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
118
En el presente asunto, de los apartados 230 y 231 de la sentencia recurrida se desprende que, dado que el Tribunal General estimó los motivos del recurso interpuesto en primera instancia relativos a los motivos de ilegalidad tercero y cuarto, solo se pronunció, en los apartados 232 a 243 de dicha sentencia, sobre los daños alegados derivados de los comportamientos ilegales a los que se referían esos motivos de ilegalidad, a saber, por un lado, el carácter irrazonable de la duración del procedimiento administrativo y el incumplimiento de la obligación de informar a su debido tiempo de la existencia de una investigación administrativa y, por otro lado, la falta de transmisión de los documentos directamente relacionados con las alegaciones formuladas contra el recurrente.
119
Pues bien, como se ha declarado en el apartado 80 de la presente sentencia, el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en los apartados 147 a 148 de la sentencia recurrida, al declarar, en esencia, que la decisión de la FRA de poner fin al procedimiento administrativo respecto al recurrente sin ulterior trámite no era un acto que pudiera serle lesivo, de modo que no procedía examinar en cuanto al fondo su alegación relativa al quinto motivo de ilegalidad basada en la falta de motivación de dicha decisión ni comprobar si en el caso de autos concurrían los demás requisitos acumulativos necesarios para generar la responsabilidad extracontractual de la Unión.
120
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que el estado del presente litigio, en lo relativo a la petición de indemnización del daño moral supuestamente sufrido por el recurrente como consecuencia del comportamiento ilegal que alegó en apoyo del quinto motivo de ilegalidad de su recurso en primera instancia, no puede ser resuelto y que procede devolver el asunto al Tribunal General para que este pueda examinar el fondo de este motivo de ilegalidad.
121
Asimismo, corresponderá al Tribunal General examinar si los comportamientos ilegales que declaró probados en el marco del tercer motivo de ilegalidad del recurso interpuesto en primera instancia podían causar el daño moral alegado por el recurrente.
Costas
122
Puesto que el asunto ha de devolverse al Tribunal General, debe reservarse la decisión sobre las costas correspondientes al presente procedimiento de casación.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)
Anular la sentencia del Tribunal General de 21 de diciembre de 2021, DD/FRA (T‑703/19, EU:T:2021:923), en la medida en que, por un lado, desestimó el quinto motivo de ilegalidad invocado por DD y, por otro lado, desestimó por infundadas las pretensiones indemnizatorias formuladas en el recurso relativas al tercer motivo de ilegalidad, en tanto en cuanto estas tenían por objeto la reparación del perjuicio sufrido por el recurrente como consecuencia del incumplimiento, por parte de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de la obligación de informarle a su debido tiempo de la existencia de una investigación administrativa sobre él y de la falta de transmisión de los documentos directamente relacionados con las alegaciones formuladas en su contra.
2)
Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
3)
Devolver el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre el recurso interpuesto en primera instancia en lo relativo, por un lado, al quinto motivo de ilegalidad invocado por DD en apoyo de ese recurso y, por otro lado, a la realidad del daño moral invocado por DD en el tercer motivo de ilegalidad como consecuencia del incumplimiento, por parte de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de la obligación de informarle a su debido tiempo de la existencia de una investigación administrativa sobre él y de la falta de transmisión de los documentos directamente relacionados con las alegaciones formuladas en su contra.
4)
Reservar la decisión sobre las costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.