62024CJ0562_RES
Asunto C‑562/24 [Munik] (
i
)
S. H. d.o.o.yM. A. d.o.o
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Okrožno sodišče v Kopru)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 29 de enero de 2026
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Reconocimiento mutuo de las resoluciones de decomiso — Decisión marco 2006/783/JAI — Artículo 8, apartado 2, letra d) — Motivo de no reconocimiento o de no ejecución — Derechos de las partes interesadas — Tercero de buena fe — Acreedor hipotecario — Bien inmueble que constituye el producto del delito — Procedimiento de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones de decomiso — Hipoteca judicial inscrita antes de la adopción de dicha resolución»
Cooperación judicial en materia penal — Aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso — Decisión Marco 2006/783/JAI — Motivos de no reconocimiento o de no ejecución — Alcance — Derechos fundamentales — Derecho de propiedad — Negativa de la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución a reconocer o ejecutar una resolución de decomiso dictada en otro Estado miembro respecto de un bien inmueble que constituye el producto de una infracción penal — Procedencia — Requisito — Derechos de un acreedor hipotecario que tiene la condición de tercero de buena fe que hacen imposible la ejecución de dicha resolución — Hipoteca judicial inscrita por el acreedor sobre dicho bien antes de que se inicie el procedimiento de reconocimiento y ejecución de la resolución de decomiso — Comprobación de la condición de tercero de buena fe por el órgano jurisdiccional remitente
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 17; Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, considerandos 24 y 33 y arts. 2, puntos 1 y 2, y 6; Decisiones Marco del Consejo 2005/212/JAI, considerando 3, y 2006/783/JAI, considerandos 1 y 8 y arts. 1, 7, 8, ap. 2, letra d), y 9, ap. 1]
(véanse los apartados 31 a 51 y 55 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, en respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Okrožno sodišče v Kopru (Tribunal Comarcal de Koper, Eslovenia), aclara el motivo, establecido en el artículo 8, apartado 2, letra d), de la Decisión Marco 2006/783, (
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) por el que la autoridad judicial competente del Estado miembro de ejecución puede denegar el reconocimiento o la ejecución de una resolución de decomiso si «los derechos de las partes interesadas, incluidos los terceros de buena fe», con arreglo a la legislación del Estado miembro de ejecución impiden la ejecución dicha resolución.
S. H., una sociedad croata, y dos nacionales italianos fueron condenados penalmente mediante sentencia firme en Italia por delitos de participación en organización criminal, de estafa agravada y de blanqueo de capitales, por engañar a personas prometiéndoles invertir su dinero en la plataforma Forex, cuando, en realidad, lo utilizaron para fines personales, concretamente para la adquisición de diversos bienes inmuebles situados en Italia, Eslovenia y Croacia.
En octubre de 2018 y febrero de 2019, la sociedad M. A. inscribió, en el marco de un procedimiento de ejecución forzosa tramitado en la República de Eslovenia contra S. H., dos hipotecas judiciales sobre un bien inmueble propiedad de esta última situado en Plavje (Eslovenia), que garantizaban dos créditos. Mediante sentencia dictada en marzo de 2019 (en lo sucesivo, «resolución de decomiso»), un órgano jurisdiccional italiano ordenó el decomiso de los bienes inmuebles producto de las infracciones penales por las que S. H. había sido condenada, incluidos un bien inmueble situado en Koper (Eslovenia) y el situado en Plavje. Dicha resolución de decomiso se transmitió a las autoridades competentes eslovenas para su reconocimiento y ejecución. Sobre esa base, se inscribió, durante el proceso penal en Italia, en el Registro de la Propiedad de la República de Eslovenia, en beneficio de este último Estado miembro, una resolución de embargo de bienes con prohibición de enajenarlos o gravarlos con nuevas cargas.
Además de estos procedimientos, en diciembre de 2020, S. H. fue declarada en concurso por un órgano jurisdiccional croata. Adicionalmente, a petición de M. A., en abril de 2019, se inició un segundo procedimiento concursal contra S. H. en la República de Eslovenia ante el Tribunal Comarcal de Koper, que es el órgano jurisdiccional remitente. M. A. intentó que los bienes inmuebles que habían sido inscritos en el Registro de la Propiedad como propiedad de S. H. se incluyeran en la masa del concurso. En el marco de dicho procedimiento, M. A. hizo valer su derecho preferente al cobro. En cambio, la República de Eslovenia no hizo valer su propio derecho derivado de la inscripción de la resolución de embargo de bienes en el Registro de la Propiedad.
En noviembre de 2022, el juez de instrucción de Koper ordenó el reconocimiento y la ejecución de la resolución de decomiso, lo que dio lugar a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes inmuebles situados en Koper y en Plavje a favor de la República de Eslovenia. Tanto el administrador concursal de S. H. como M. A. interpusieron recursos de apelación contra dicha decisión ante el órgano jurisdiccional remitente.
Dicho órgano jurisdiccional desestimó esos recursos, al considerar que el hecho de que M. A. inscribiera hipotecas judiciales sobre el bien inmueble situado en Plavje, propiedad de S. H., antes de que se inscribiera en el Registro de la Propiedad la prohibición de enajenar dicho bien y de gravarlo con nuevas cargas no afectó a la validez de la resolución por la que se reconocía y ejecutaba la resolución de decomiso. Posteriormente, el Ustavno sodišče (Tribunal Constitucional, Eslovenia), ante el que M. A. interpuso recurso de amparo contra la anterior decisión, anuló dicha decisión y devolvió el asunto al órgano jurisdiccional remitente, considerando que el Tribunal de Justicia aún no ha tenido ocasión de aclarar en qué circunstancias los acreedores hipotecarios pueden ser considerados «terceros de buena fe».
En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, si el artículo 8, apartado 2, letra d), de la Decisión Marco 2006/783, en relación con el artículo 17, apartado 1, de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial competente del Estado miembro de ejecución puede denegar el reconocimiento o la ejecución de una resolución de decomiso dictada en otro Estado miembro respecto de un bien inmueble que constituye el «producto» de una infracción penal, tal como se define en el artículo 2, letra e), de dicha Decisión Marco, por entender que los derechos de un acreedor hipotecario hacen imposible, debido a su condición de «tercero de buena fe», en el sentido del citado artículo 8, apartado 2, letra d), la ejecución de esa resolución, cuando el acreedor ha inscrito una hipoteca judicial sobre ese bien inmueble en el Estado miembro de ejecución antes de que se inicie el procedimiento de reconocimiento y ejecución de la resolución de decomiso en dicho Estado miembro.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Para responder a la cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia señala que es preciso determinar el alcance del concepto de «tercero de buena fe» recogido en el artículo 8, apartado 2, letra d), de la Decisión Marco 2006/783. A este respecto, el Tribunal de Justicia aclara, en primer lugar, que de los términos de dicho artículo, en relación con los del artículo 9, apartado 1, de la Decisión Marco 2006/783, se desprende que las personas cuyos derechos puedan impedir el reconocimiento y la ejecución de una resolución de decomiso, en el sentido de la primera de dichas disposiciones, se corresponden con las que deben disponer de una vía de recurso efectiva para impugnar tal resolución, de conformidad con la segunda de las disposiciones citadas. Pues bien, según jurisprudencia reiterada, entre esas personas se incluyen, además de las declaradas culpables de una infracción penal, los terceros cuyos bienes se vean afectados por una resolución de decomiso.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que la Decisión Marco 2006/783 está estrechamente vinculada a las normas mínimas comunes sobre las resoluciones de decomiso que figuran concretamente en la Directiva 2014/42. (
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) En efecto, de las disposiciones de dicha Directiva se desprende que solo puede impedirse el decomiso del producto de una infracción penal transferido a un tercero o adquirido por tal tercero si se demuestra que el tercero desconocía que la finalidad de dicha transferencia o adquisición para el sospechoso o acusado era evitar el decomiso. Por consiguiente, puede considerarse que un acreedor hipotecario es una «parte interesada» que tiene la condición de «tercero de buena fe», en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra d), de la Decisión Marco 2006/783, cuyos derechos pueden verse afectados por una resolución de decomiso relativa a un bien inmueble que constituye el producto de una infracción penal, cuando dicho acreedor ha inscrito una hipoteca judicial sobre ese bien antes de la adopción de dicha resolución y, por lo tanto, antes de que se iniciara el procedimiento de reconocimiento de la misma. Señala además el Tribunal de Justicia que debe demostrarse que ese tercero no sabía o no podía saber que la citada hipoteca tenía como finalidad, para el sospechoso o acusado, evitar el decomiso mediante la transmisión de un derecho real sobre ese bien a dicho tercero.
Por último, el Tribunal de Justicia subraya que esta interpretación es plenamente conforme con los objetivos perseguidos por la Decisión Marco 2006/783, especialmente el principio de reconocimiento mutuo. A este respecto, recuerda que este principio debe conciliarse con el respeto de los derechos fundamentales. En este contexto, para establecer un justo equilibrio entre el principio de reconocimiento mutuo y el respeto del derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la Carta, el artículo 8, apartado 2, letra d), de la Decisión Marco 2006/783 persigue garantizar la protección de los derechos de los terceros interesados de buena fe.
El Tribunal de Justicia concluye que, en aplicación del artículo 8, apartado 2, letra d), de la Decisión Marco 2006/783, en relación con el artículo 17, apartado 1, de la Carta, la autoridad judicial competente del Estado miembro de ejecución puede denegar el reconocimiento o la ejecución de una resolución de decomiso dictada en otro Estado miembro respecto de un bien inmueble que constituye el «producto» de una infracción penal, tal como se define en el artículo 2, letra e), de dicha Decisión Marco, por entender que los derechos de un acreedor hipotecario hacen imposible, debido a su condición de «tercero de buena fe», en el sentido del citado artículo 8, apartado 2, letra d), la ejecución de esa resolución, cuando el acreedor ha inscrito una hipoteca judicial sobre ese bien inmueble en el Estado miembro de ejecución antes de que se inicie el procedimiento de reconocimiento y ejecución de la resolución de decomiso en dicho Estado miembro, entendiéndose que corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si dicho acreedor puede considerarse «de buena fe», en el sentido de la disposición citada, teniendo en cuenta todas las circunstancias que rodearon la expedición, en el Estado miembro de ejecución, del título ejecutivo en el que se basa el crédito hipotecario.
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i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
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1
)	Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (DO 2006, L 328, p. 59).
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2
)	Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO 2014, L 127, p. 39).