62023TJ0202_RES
Asunto T‑202/23
Ville Kivikoski y otros
contra
Consejo de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Novena ampliada) de 30 de abril de 2025
«Función pública — Funcionarios — Promoción — Ejercicio de promoción 2022 — Decisión de no promover al demandante al grado AST 8 — Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Demostración de la perspectiva de ser promovido — Admisibilidad — Artículo 6, apartado 2, del Estatuto — Porcentajes de multiplicación de referencia — Artículo 45, apartado 1, del Estatuto — Comparación de los méritos»
Recursos de funcionarios — Interés en ejercitar la acción — Recurso contra una denegación de promoción — Necesidad de demostrar la existencia de perspectivas de promoción
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 6, ap. 2, 35, 45, ap. 1, 90 y 91)
(véanse los apartados 15 a 28)
Funcionarios — Promoción — Requisitos — Respeto de los porcentajes de multiplicación de referencia para la equivalencia de la carrera media — Objeto de los porcentajes — Posibilidad de aplicar un porcentaje diferente del previsto en el Estatuto en caso de desequilibrios entre el número de funcionarios que pueden ser promovidos en determinados grados y el tiempo medio de espera en dichos grados — Exclusión
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 6, ap. 2, y 45, y anexo I, sección B)
(véanse los apartados 36 a 49)
Resumen
Al conocer de un recurso interpuesto por el Sr. Kivikoski y otros dos funcionarios del Consejo de la Unión Europea, el Tribunal General, constituido en Sala ampliada, anula la decisión de este último de no promoverlos al grado AST 8 en el ejercicio de promoción 2022 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»). Al hacerlo, aporta precisiones sobre la demostración del interés de un posible demandante en invocar la incompatibilidad de los porcentajes de multiplicación de referencia (en lo sucesivo, «porcentajes de multiplicación») previstos en el anexo I, sección B, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), aplicados en el marco de un ejercicio de promoción, con el artículo 6, apartado 2, de dicho Estatuto. Además, en este contexto, interpreta el artículo 6, apartado 2, del Estatuto, en relación con su anexo I, sección B (en lo sucesivo, «normas estatutarias»), pronunciándose sobre el sentido que debe darse, por una parte, a la expresión «principio de promoción por mérito», enunciada en el artículo 45 de dicho Estatuto y, por otra parte, a la expresión «funcionarios en activo», recogida en el artículo 35 de ese mismo Estatuto.
En junio de 2022, el Consejo publicó la lista de funcionarios que podían ser promovidos y que acreditaban, en particular, al menos dos años de antigüedad en su grado a 1 de enero de 2022, así como el número de promociones disponibles para cada grupo de funciones y cada grado, en el ejercicio de promoción 2022. Dicha lista incluía los nombres de los demandantes entre los 81 funcionarios promovibles al grado AST 8 y anunciaba 18 posibilidades de promoción a ese grado.
En julio de 2022, el Consejo adoptó la decisión impugnada publicando y aprobando la lista de los miembros del personal del grupo de funciones AST recomendados para la promoción por la comisión consultiva de promoción, lista en la que no figuraban los nombres de los demandantes.
En su reclamación, desestimada por el Consejo, los demandantes alegaron que la decisión impugnada infringía las normas estatutarias, puesto que deberían haberse ofrecido 37 posibilidades de promoción, en lugar de 18, al grado AST 8 para el ejercicio de promoción 2022.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, por lo que respecta a la admisibilidad del recurso, el Tribunal General recuerda que, cuando un funcionario se base en un motivo relativo a la incompatibilidad de los porcentajes de multiplicación aplicados en el marco de un ejercicio de promoción con el artículo 6, apartado 2, del Estatuto, debe acreditar su interés en invocarlo, demostrando que, habida cuenta de su situación personal, en caso de que se hubiera respetado el número de puestos reclamado, habría tenido perspectivas de ser promovido.
En virtud de esta disposición estatutaria, sin perjuicio del principio de promoción por mérito establecido en el artículo 45 del Estatuto, el número de puestos vacantes en cada grado del cuadro de efectivos a 1 de enero de cada año se corresponde con el número de funcionarios del grado inferior que se encontraran en activo a 1 de enero del año anterior, multiplicado por los porcentajes establecidos en el anexo I, sección B, del Estatuto, en relación con tal grado, es decir, el 25 % para los grados AST 5 a AST 8.
A estos efectos, la expresión «funcionarios en activo» remite a una de las situaciones contempladas en el artículo 35 del Estatuto. De una lectura de esta disposición en relación con el artículo 6, apartado 2, del Estatuto resulta que, para la determinación anual del número de puestos vacantes en cada grado, solo debe tenerse en cuenta la situación administrativa de los funcionarios del grado inferior en activo el 1 de enero del año anterior, sin tomar en consideración su posibilidad de acceder a una eventual promoción.
El Tribunal General señala que, en el caso de autos, todos los funcionarios promovibles al grado AST 8, incluidos los demandantes, acreditaban un mínimo exigido de antigüedad en el grado AST 7 a 1 de enero de 2022. Por otra parte, el hecho de que los demandantes no se diferencien de los demás funcionarios promovibles en cuanto a calificaciones o responsabilidades desempeñadas tiende a demostrar que, en el supuesto de que se hubieran aplicado los porcentajes de multiplicación, los demandantes habrían tenido, del mismo modo que los demás funcionarios promovibles y sin perjuicio del examen comparativo de los méritos previsto en el artículo 45, apartado 1, del Estatuto, perspectivas de ser promovidos en el ejercicio de promoción 2022.
Por consiguiente, el Tribunal General concluye que los demandantes han demostrado que, en el supuesto de que se hubiera respetado el número de posibilidades de promoción al grado AST 8 que reclaman en el ejercicio de promoción 2022, es decir, 37 en lugar de las 18 anunciadas por el Consejo, habrían tenido perspectivas de ser promovidos y que, en consecuencia, demostraron un interés en invocar la incompatibilidad de los porcentajes de multiplicación aplicados con el artículo 6, apartado 2, del Estatuto y, por tanto, su interés en ejercitar la acción.
En segundo lugar, por lo que atañe al respeto de los porcentajes de multiplicación, el Tribunal General observa que no cabe deducir de la expresión «sin perjuicio del principio de promoción por mérito establecido en el artículo 45 del Estatuto», que figura en el artículo 6, apartado 2, del Estatuto y se remite a una fase posterior del proceso de promoción, que este principio pueda utilizarse para no aplicar los porcentajes de multiplicación al número de funcionarios que se encontraban en activo en el grado inferior el 1 de enero del año anterior, a la hora de fijar el número anual de puestos vacantes para cada grado y, por tanto, las posibilidades de promoción.
Por lo demás, los porcentajes de multiplicación persiguen dos objetivos distintos. Por un lado, en virtud del artículo 6, apartado 2, del Estatuto, tienen por objeto calcular el número anual de puestos con opción de promoción en cada grado y, a tal efecto, se aplican durante un período medio de cinco años. Por otro lado, estos porcentajes permiten, con independencia del artículo 6, apartado 2, del Estatuto, determinar la duración de la carrera media en un grado. Para esta cuestión, es preciso tener en cuenta los porcentajes de multiplicación que eran aplicables durante los años en los que el funcionario se encontraba en el grado en cuestión y no se aplica, por tanto, la limitación del período de cinco años establecida en el artículo 6, apartado 2, del Estatuto. De ello se desprende que la cuestión de determinar la duración de la carrera media en un grado debe diferenciarse de la relativa a determinar el número de puestos que deben ofrecerse para un grado concreto en un ejercicio de promoción.
Así pues, el Consejo no podía aplicar un porcentaje multiplicador distinto del establecido en el anexo I, sección B, del Estatuto ni apartarse del número de funcionarios que se encontraban en activo en el grado AST 7 el 1 de enero de 2021, en el sentido del artículo 35 del Estatuto, en relación con su artículo 6, apartado 2.
En primer término, las circunstancias particulares que caracterizan la situación de los funcionarios de grado AST 7, descritas por el Consejo en sus escritos y suponiendo que queden acreditadas, no pueden justificar que se establezcan excepciones, a través de medidas correctoras, al tenor claro y preciso de las normas estatutarias sin comprometer la aplicación de disposiciones jerárquicamente superiores, como las disposiciones del Estatuto y del régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea o los principios generales del Derecho.
A este respecto, carece de pertinencia la alegación del Consejo según la cual es preciso aproximar la progresión de la carrera efectiva de los funcionarios a la duración media de espera en cada grado que se prevé en el anexo I, sección B, del Estatuto en el supuesto de que existan desequilibrios entre el número funcionarios promovibles en determinados grados y el tiempo de espera medio en esos grados, en la medida en que la cuestión de determinar el número de posibilidades de promoción al grado AST 8 en el ejercicio de promoción 2022 no puede confundirse con la de establecer la duración de la carrera media en el seno del grado AST 7, cuestión esta que, a diferencia de la primera, no está sujeta a la limitación resultante del período medio de cinco años establecido en el artículo 6, apartado 2, del Estatuto.
En segundo término, el Consejo no ha demostrado que la aplicación de las normas estatutarias en el presente asunto, más concretamente habida cuenta de la diferencia entre el número de funcionarios promovibles y el número de posibilidades de promoción, pudiera impedir el examen comparativo de los méritos de los funcionarios que se contempla en el artículo 45, apartado 1, del Estatuto.