61995CO0012_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-12/95 P,
Transacciones Marítimas, S.A. (Tramasa),
Makuspesca, S.A.,
y
Recursos Marinos, S.A.,
sociedades españolas, con domicilio social en Vigo (España), representadas por los Sres. S. Martínez Lage, R. Allendesalazar Corcho y J. Vias Alonso, Abogados del Ilustre Colegio de Madrid, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,
parte recurrente,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra el auto sobre medidas provisionales dictado por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas el 26 de octubre de 1994, en los asuntos acumulados T-231/94 R, T-232/94 R y T-234/94 R, entre Transacciones Marítimas, S.A., Recursos Marinos, S.A., y Makuspesca, S.A., y la Comisión de las Comunidades Europeas,
y en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. F. Santaolalla, Consejero jurídico principal, por la Sra A. Alcover, miembro de su Servicio Jurídico, y por la Sra B. Vila Costa, funcionario nacional adscrito a dicho Servicio, en calidad de Agentes, que designan como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. G. Kremlis, miembro de su Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
dicta el siguiente
Auto
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de enero de 1995, las recurrentes interpusieron, con arreglo al artículo 168 A del Tratado CE y al artículo 50 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra el auto dictado por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia el 26 de octubre de 1994 por el que se estimó una demanda de suspensión de la ejecución del artículo 2 de las Decisiones C(94) 670/3, C(94) 670/2 y C(94) 670/1 de la Comisión, de 24 de marzo de 1994, relativas a la supresión de las ayudas financieras comunitarias concedidas a cada una de las recurrentes para sendos proyectos de construcción de un barco de pesca (asuntos acumulados T-231/94 R, T-232/94 R y T-234/94 R).
2 El auto recurrido describe los hechos que originaron el litigio en los siguientes términos:
"6. Las demandantes son empresas que tienen por objeto estatutario el ejercicio de actividades en el ámbito de la pesca y todas tienen el mismo socio mayoritario y gerente. Transacciones Marítimas, S.A. (Tramasa), fue constituida en abril de 1984; Makuspesca, S.A., y Recursos Marinos, S.A., fueron constituidas en noviembre de 1986.
7. Mediante la Decisión C(87) 2200/137, de 21 de diciembre de 1987, adoptada con arreglo al Reglamento (CEE) nº 4028/86 del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativo a acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura (DO L 376, p. 7; en lo sucesivo, 'Reglamento nº 4028/86' ), la Comisión concedió a Tramasa una ayuda financiera de 39.283.091 pesetas para la construcción de un barco de pesca denominado 'Tiburón III' . Dicha ayuda suponía el 35 % del importe de 112.237.000 pesetas que la Comisión consideró subvencionable. Dicho importe era inferior al coste total del proyecto, el cual se elevaba a 126.500.000 pesetas. Como establece el Reglamento nº 4028/86, la construcción del barco 'Tiburón III' también se benefició de una ayuda concedida por las autoridades españolas.
8. El 6 de abril de 1988, Tramasa, sobre la base de una factura del astillero encargado de la construcción, de 15 de marzo de 1988, que certificaba el pago del 51 % de la inversión total, solicitó a la Comisión que procediera al pago parcial de la ayuda comunitaria. La Comisión efectuó dicho pago parcial el 12 de julio de 1988. El 25 de octubre de 1988, Tramasa solicitó a la Comisión, sobre la base de una factura del astillero que certificaba el pago de la totalidad del precio del barco, que abonara el resto de la ayuda. La Comisión efectuó dicho pago el 4 de abril de 1989.
9. El 9 de octubre de 1989, Tramasa vendió el barco 'Tiburón III' por 112.857.453 pesetas.
10. Mediante la Decisión C(89) 632/73, de 26 de abril de 1989, adoptada con arreglo al Reglamento nº 4028/86, la Comisión concedió a Recursos Marinos una ayuda de 107.570.097 pesetas para la construcción del barco de pesca denominado 'Acechador' . Dicha ayuda equivalía al 35 % del importe que la Comisión consideró subvencionable y que era de 307.344.850 pesetas. Este importe era inferior al coste total del proyecto, que se elevaba a 322.300.000 pesetas. Como establece el Reglamento nº 4028/86, la construcción de dicho buque también se benefició de una ayuda concedida por las autoridades españolas.
11. El 10 de mayo de 1989, Recursos Marinos solicitó a la Comisión que procediera al pago parcial de la ayuda comunitaria, sobre la base de una factura del astillero de 2 de mayo de 1989, que certificaba el pago del 94 % de la inversión total. El 28 de julio de 1989, la Comisión efectuó dicho pago parcial. El 21 de noviembre de 1989, Recursos Marinos solicitó a la Comisión, sobre la base de una factura del astillero de 4 de octubre de 1989, que certificaba el pago de la totalidad del precio del barco, que abonara el resto de la ayuda. La Comisión efectuó dicho pago el 28 de noviembre de 1989.
12. En mayo de 1990, Recursos Marinos vendió el barco 'Acechador' por 175.000.000 pesetas.
13. Mediante la Decisión C(89) 632/47, de 26 de abril de 1989, adoptada con arreglo al Reglamento nº 4028/86, la Comisión concedió a Makuspesca una ayuda de 79.934.630 pesetas para la construcción del barco de pesca denominado 'Makus' . Dicha ayuda equivalía al 35 % del importe que la Comisión consideró subvencionable y que era de 214.070.374 pesetas. Dicho importe era inferior al coste total del proyecto, que se elevaba a 217.250.000 pesetas. Como establece el Reglamento nº 4028/86, la construcción del barco también se benefició de una ayuda concedida por las autoridades españolas.
14. El 5 de junio de 1989, Makuspesca solicitó a la Comisión, previa presentación de una factura del astillero, de 8 de febrero de 1989, mediante la cual se certificaba el pago de la totalidad del precio del barco, el pago de la ayuda comunitaria. La Comisión abonó dicha ayuda el 8 de junio de 1989.
15. En julio de 1992, Makuspesca vendió el barco 'Makus' .
16. Entre el 25 y el 31 de marzo de 1990, los servicios de la Comisión, haciendo uso de las facultades que les confiere el artículo 46 del Reglamento nº 4028/86, efectuaron visitas de inspección a las empresas demandantes con el fin de controlar la utilización de las ayudas concedidas. Dichas inspecciones abordaron, en particular, la contabilidad de dichas empresas. A continuación de dichas visitas, y a petición de la Comisión, los servicios de la Intervención General de la Administración del Estado realizaron, durante el mes de mayo de 1990, sendas inspecciones en las tres empresas. Consta en los informes elaborados con ocasión de dichas inspecciones, en particular, que la legalización de los libros de contabilidad de las sociedades de que se trata en relación con el ejercicio de 1987 había sido denegada; que los libros de contabilidad correspondientes al ejercicio de 1988 habían sido legalizados dentro del plazo fijado por la ley española, y que los de 1989 lo habían sido fuera de plazo. A raíz de dichas inspecciones, las autoridades españolas decidieron reducir las ayudas que habían concedido y ordenaron el reembolso de las sumas percibidas en exceso.
17. De los documentos unidos a los autos y de las declaraciones de los Abogados de las demandantes, efectuadas en la audiencia del 9 de agosto de 1994, se desprende que Recursos Marinos fue liquidada y que las otras dos empresas demandantes no ejercieron ninguna actividad durante los últimos ejercicios."
3 El artículo 1 de las Decisiones C(94) 670/3, C(94) 670/2 y C(94) 670/1, de 24 de marzo de 1994, suprime las ayudas comunitarias aludidas. El artículo 2 de dichas Decisiones ordena el reembolso de las ayudas concedidas.
4 El 15 de junio de 1994, las recurrentes interpusieron recurso, con arreglo al artículo 173 del Tratado CE, contra las Decisiones ante el Tribunal de Primera Instancia. El 6 de julio de 1994, las recurrentes interpusieron, con arreglo al artículo 185 del Tratado CE, demandas de suspensión de la ejecución del artículo 2 de las Decisiones. El Presidente del Tribunal de Primera Instancia resolvió, mediante el auto recurrido, acumular los tres asuntos a efectos del procedimiento sobre medidas provisionales [pronunciamiento 1)], suspender la ejecución del artículo 2 de las Decisiones [pronunciamiento 2)] y subordinar dicha suspensión a la presentación de un aval bancario en favor de la Comisión que cubriese la totalidad del importe de las ayudas concedidas, hasta que se pronunciase la sentencia sobre el recurso principal [pronunciamiento 3)].
5 En el presente recurso de casación, las recurrentes solicitan la anulación de este último pronunciamiento del fallo del auto recurrido.
6 En su escrito de contestación, la Comisión solicita del Tribunal de Justicia que desestime totalmente el recurso de casación, que estime totalmente sus pretensiones formuladas en primera instancia y que condene en costas a las recurrentes.
7 Mediante escrito con fecha de 23 de febrero de 1995, las recurrentes solicitaron que, al amparo de lo previsto en el apartado 1 del artículo 117 del Reglamento de Procedimiento, se les autorizara a presentar un escrito de réplica, con objeto de pronunciarse sobre determinados hechos y documentos incluidos por la Comisión por primera vez en su escrito de contestación. Alegan las recurrentes una grave irregularidad procesal que les causa indefensión, ya que no se hizo mención de estos hechos y documentos en su debido momento ante el Tribunal de Primera Instancia.
8 Los hechos a los que se refieren las recurrentes, así como los documentos aportados por la Comisión en apoyo de sus afirmaciones, son irrelevantes para resolver sobre el presente recurso de casación. Por consiguiente, no ha lugar a autorizar la presentación del escrito de réplica que solicitan las recurrentes.
9 Dado que las alegaciones escritas de las partes contienen toda la información necesaria para pronunciarse sobre el presente recurso de casación, no es necesario oír las observaciones orales de las mismas.
10 En su recurso de casación las recurrentes alegan que el Juez de las medidas cautelares, al fijar la cuantía del aval bancario, ha incurrido en una violación de los principios de tutela judicial efectiva y de proporcionalidad, comunes al ordenamiento de los Estados miembros y reconocidos por la jurisprudencia comunitaria como implícitos en el artículo 185 del Tratado CE y en el apartado 2 del artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
11 En lo que al primer principio se refiere, las recurrentes alegan que la fijación de una fianza de imposible cumplimiento deja vacío de contenido el derecho a la justicia cautelar y viola el apartado 2 del artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, que si bien permite subordinar la concesión de la suspensión a la constitución de una fianza, no obstante obliga a adoptar tal pronunciamiento "[...] habida cuenta de las circunstancias concurrentes". Afirman las recurrentes que ninguna de las empresas puede obtener un aval bancario por importe superior al de sus fondos propios, ni tampoco sus accionistas, cuya situación patrimonial no les permite la obtención de tal aval bancario.
12 Para apreciar la capacidad de las empresas para presentar un aval bancario se puede tomar en consideración no sólo la situación de la empresa que tiene que presentar dicho aval, sino también las posibilidades financieras que tienen sus accionistas, así como los recursos de que dispone, en su conjunto, el grupo de empresas al que pertenece (véanse el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de mayo de 1982, Hasselblad/Comisión, 86/82 R, Rec. p. 1555, y los autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 21 de diciembre de 1994, Buchmann/Comisión, T-295/94 R, y Laakmann/Comisión, T-301/94 R, Rec. pp. II-0000 y II-0000, respectivamente).
13 El Juez de las medidas cautelares podía, por tanto, valorar si las recurrentes disponen de otros medios que no sean sus recursos propios para obtener el aval bancario.
14 Resulta del apartado 4 del auto recurrido que, durante la audiencia, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia pidió a las recurrentes una serie de datos relativos a sus estatutos, así como a su situación jurídica y patrimonial y a las deudas contraídas con los bancos. También se pidió a las recurrentes que se pronunciaran sobre la posibilidad que tenían de prestar un aval bancario que cubriera la totalidad del importe de las ayudas concedidas.
15 Las recurrentes respondieron mediante un escrito de 26 de agosto de 1994, en el que alegaron la dificultad de obtener un aval bancario. Sin embargo, no aportaron dato alguno que acreditase la imposibilidad de obtener dicho aval.
16 Por consiguiente, al estimar que podía exigirse a las recurrentes un aval bancario por importe superior al de sus fondos propios, el juez de las medidas cautelares no ha violado el principio de tutela judicial efectiva.
17 En lo que al principio de proporcionalidad se refiere, las recurrentes exponen que la posible fianza a imponer al demandante es una condición adecuada para evitar el daño que puede causar a la otra parte la suspensión solicitada, no una medida cautelar autónoma en beneficio de la parte demandada. En consecuencia, estiman las recurrentes que el interés de la Comisión, que el Tribunal de Primera Instancia puede juzgar conveniente salvaguardar, como contrapeso a la suspensión, es el interés que la Comisión tiene en que no se deterioren las posibilidades de ejecución de la decisión suspendida, pero no mejorar las posibilidades de ejecución respecto a su derecho actual. Según las recurrentes, hay que precisar al respecto que en el procedimiento de ejecución forzosa, previsto en el artículo 192 del Tratado CE, la Comisión sólo puede solicitar la ejecución de los activos de los que sea titular la sociedad destinataria de la decisión y por un importe que no supere el de sus fondos propios.
18 Concluyen las recurrentes que el auto recurrido, al haber impuesto como condición de la suspensión la constitución de un aval bancario por un importe superior a sus fondos propios, ha infringido el apartado 2 del artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y ha vulnerado el principio de proporcionalidad que informa dicho artículo.
19 La alegación de las recurrentes no puede acogerse.
20 El artículo 2 de cada una de las Decisiones de la Comisión ordena el reembolso de la totalidad de las ayudas obtenidas por las empresas destinatarias de las Decisiones.
21 Al suspender la ejecución de estas disposiciones hasta el pronunciamiento del Tribunal de Primera Instancia sobre el recurso principal, el auto recurrido no sólo impide provisionalmente la ejecución forzosa de las Decisiones de la Comisión, sino que además excluye la posibilidad de recurrir a cualquier otra vía de Derecho en orden a la recuperación de la totalidad de las ayudas suprimidas por las referidas Decisiones.
22 El Juez de las medidas cautelares ha estimado que, si la Comisión tuviera que esperar a que finalizara el procedimiento principal, correría el riesgo real de no poder encontrar activos suficientes para obtener el reembolso de las ayudas controvertidas en caso de desestimación de los recursos. Por consiguiente, consideró que resultaba necesario, con el fin de preservar el interés comunitario, subordinar la ejecución del auto a la prestación de un aval bancario que pueda garantizar la posible devolución de las ayudas percibidas.
23 De este modo el Juez de las medidas cautelares ha efectuado una ponderación de los intereses de las dos partes en orden a salvaguardar la eficacia de la sentencia sobre el recurso principal, tanto en el supuesto de que éste sea acogido como en el de que sea desestimado.
24 Esta ponderación resulta conforme con la disposición del apartado 2 del artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y no entraña violación alguna del principio de proporcionalidad.
25 Por consiguiente, procede desestimar el recurso de casación interpuesto por las recurrentes.
Decisión sobre las costas
Costas
26 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por las recurrentes, procede condenarlas al pago de las costas del presente procedimiento de casación.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
resuelve:
1) Desestimar el recurso de casación.
2) Condenar a Transacciones Marítimas, S.A. (Tramasa), Makuspesca, S.A., y Recursos Marinos, S.A., al pago de todas las costas del presente procedimiento.
Dictado en Luxemburgo, a 7 de marzo de 1995.