62011CJ0478
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 23 de abril de 2013 (
*1
)
«Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra personas y entidades — Artículo 263 TFUE, párrafo sexto — Plazo para recurrir — Fuerza mayor — Conflicto armado»
En los asuntos acumulados C-478/11 P a C-482/11 P,
que tienen por objeto cinco recursos de casación interpuestos, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 21 de septiembre de 2011,
Laurent Gbagbo (asunto C-478/11 P),
Katinan Justin Koné (asunto C-479/11 P),
Akissi Danièle Boni-Claverie (asunto C-480/11 P),
Alcide Djédjé (asunto C-481/11 P),
Affi Pascal N’Guessan (asunto C-482/11 P),
representados por Me L. Bourthoumieux, avocate,
partes recurrentes,
y en el que la otra parte en el procedimiento es:
Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. B. Driessen y la Sra. M.-M. Joséphidès, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, el Sr. K. Lenaerts, Vicepresidente, los Sres. A. Tizzano, M. Ilešič (Ponente), G. Arestis y J. Malenovský, Presidentes de Sala, y los Sres. U. Lõhmus, J.-C. Bonichot y A. Arabadjiev, la Sra. C. Toader y los Sres. J.-J. Kasel, M. Safjan y D. Šváby, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 19 de diciembre de 2012;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante sus recursos de casación, los Sres. Gbagbo y Koné, la Sra. Boni-Claverie y los Sres. Djédjé y N’Guessan solicitan, respectivamente, la anulación de los autos del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de julio de 2011, Gbagbo/Consejo (T-348/11), Koné/Consejo (T-349/11), Boni-Claverie/Consejo (T-350/11), Djédjé/Consejo (T-351/11) y N’Guessan/Consejo (T-352/11) (en lo sucesivo, «autos recurridos»), mediante los cuales éste declaró manifiestamente inadmisibles sus recursos de anulación interpuestos contra, por una parte, las Decisiones 2011/17/PESC del Consejo, de 11 de enero de 2011 (DO L 11, p. 31), 2011/18/PESC del Consejo, de 14 de enero de 2011 (DO L 11, p. 36), y 2011/221/PESC del Consejo, de 6 de abril de 2011 (DO L 93, p. 20), que modifican la Decisión 2010/656/PESC del Consejo, por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil, y, por otra, los Reglamentos (UE) no 25/2011 del Consejo, de 14 de enero de 2011 (DO L 11, p. 1), y (UE) no 330/2011 del Consejo, de 6 de abril de 2011 (DO L 93, p. 10), que modifican el Reglamento (CE) no 560/2005, por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos»), en la medida en que los afectan.
Marco jurídico y antecedentes del litigio
2
El 15 de noviembre de 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1572 (2004) en la que afirmó, en particular, que la situación en Costa de Marfil seguía constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región y decidió imponer ciertas medidas restrictivas contra este país.
3
El artículo 14 de la Resolución 1572 (2004) estableció un Comité (en lo sucesivo, «Comité de Sanciones») encargado de designar a las personas y entidades sujetas a las medidas restrictivas en materia de desplazamientos y de congelación de fondos, de activos financieros y de recursos económicos que imponía la citada Resolución en sus números 9 y 11 y de mantener la lista actualizada.
4
El 13 de diciembre de 2004, considerando que era necesaria una acción de la Comunidad Europea para aplicar la Resolución 1572 (2004), el Consejo de la Unión Europea adoptó la Posición Común 2004/852/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Costa de Marfil (DO L 368, p. 50).
5
El 12 de abril de 2005, al considerar que era necesario un reglamento para aplicar, a nivel comunitario, las medidas contempladas en la Posición Común 2004/852, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 560/2005, de 12 de abril de 2005, por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil (DO L 95, p. 1).
6
La Posición Común 2004/852 fue prorrogada y modificada en diferentes ocasiones, antes de ser derogada y sustituida por la Decisión 2010/656/PESC del Consejo, de 29 de octubre de 2010, por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil (DO L 285, p. 28).
7
Las elecciones para la designación del Presidente de la República de Costa de Marfil se celebraron los días 31 de octubre y 28 de noviembre de 2010.
8
El 3 de diciembre de 2010, el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Costa de Marfil certificó el resultado definitivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales proclamado por el Presidente de la Comisión Electoral Independiente el 2 de diciembre de 2010, confirmando al Sr. Alassane Ouattara como vencedor de las elecciones presidenciales.
9
El 13 de diciembre de 2010, el Consejo resaltó la importancia que las elecciones presidenciales celebradas el 31 de octubre y el 28 de noviembre tenían para que la paz y la estabilidad volvieran a reinar en Costa de Marfil y afirmó que la voluntad manifestada soberanamente por el pueblo de Costa de Marfil debía ser respetada de manera imperativa. Asimismo, tomó nota de las conclusiones del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Costa de Marfil en el marco de su mandato de certificación y felicitó al Sr. Ouattara por su elección como Presidente de la República de Costa de Marfil.
10
El 17 de diciembre de 2010, el Consejo Europeo instó a todos los dirigentes de Costa de Marfil, tanto civiles como militares, que aún no lo hubieran hecho a que se pusieran bajo la autoridad del Presidente elegido democráticamente, el Sr. Outtara. Afirmó la determinación de la Unión Europea de adoptar sanciones selectivas contra aquellos que siguiesen obstaculizando el respeto de la voluntad manifestada soberanamente por el pueblo de Costa de Marfil.
11
Con el fin de imponer medidas restrictivas, en materia de desplazamientos, contra determinadas personas que, aunque no hubieran sido designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni por el Comité de Sanciones, obstaculizaran el proceso de paz y reconciliación nacional en Costa de Marfil, en particular contra aquellas que amenazaran el correcto desenlace del proceso electoral, el Consejo adoptó la Decisión 2010/801/PESC, de 22 de diciembre de 2010, que modifica la Decisión 2010/656 del Consejo (DO L 341, p. 45). La lista de dichas personas figura en el anexo II de la Decisión 2010/656, en su versión modificada por la Decisión 2010/801.
12
El artículo 4, apartado 1, de la Decisión 2010/656, modificada por la Decisión 2010/801, tiene el siguiente tenor:
«Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por ellos:
a)
de las personas a las que se refiere el anexo I, designadas por el Comité de Sanciones [...];
b)
de las personas a las que se refiere el anexo II, que no están incluidas en la lista que figura en el anexo I, que obstruyan el proceso de paz y reconciliación nacional y que, en particular, amenacen el buen término del proceso electoral.»
13
Los nombres de los Sres. Gbagbo y N’Guessan fueron incluidos mediante la Decisión 2010/801 en la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/656, tal como quedó modificada por esa Decisión.
14
El 11 de enero de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/17 con objeto de incluir, habida cuenta de la gravedad de la situación en Costa de Marfil, a otras personas en la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/656, tal como quedó modificada por la Decisión 2010/801.
15
De este modo, los nombres del Sr. Koné y de la Sra. Boni-Claverie fueron incluidos mediante la Decisión 2011/17 en la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/656, tal como quedó modificada por la Decisión 2010/801.
16
El 14 de enero de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/18 para imponer medidas restrictivas adicionales, en particular de congelación de fondos.
17
Según el artículo 5, apartados 1 y 2, de la Decisión 2010/656, tal como quedó modificada por la Decisión 2011/18:
«1.   Se inmovilizarán todos los fondos y demás recursos económicos que sean de propiedad o estén bajo el control directo o indirecto de:
a)
las personas mencionadas en el anexo I designadas por el Comité de Sanciones […], o que obren en poder de entidades que sean de propiedad o estén bajo el control directo o indirecto de [tales personas o de] cualquier persona que actúe en nombre de aquellas o siguiendo sus instrucciones, según determine el Comité de Sanciones;
b)
las personas o entidades mencionadas en el anexo II no incluidas en la lista que figura en el anexo I, que obstruyan el proceso de paz y reconciliación nacional y que, en particular, amenacen el buen término del proceso electoral o que obren en poder de entidades que sean de propiedad o estén bajo el control directo o indirecto de [tales personas o de] cualquier persona que actúe en nombre de aquellas o siguiendo sus instrucciones.
2.   No podrán ponerse fondos, ni otros activos financieros o recursos económicos, directa o indirectamente, a disposición de las personas o entidades a que se refiere el apartado 1, ni utilizarse en beneficio de las mismas.»
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Para garantizar la coherencia con el proceso de modificación y revisión de los anexos I y II de la Decisión 2010/656, tal como quedó modificada por la Decisión 2011/18, el Consejo adoptó, el 14 de enero de 2011, el Reglamento no 25/2011.
19
El artículo 2 del Reglamento no 560/2005, modificado por el Reglamento no 25/2011, tiene la siguiente redacción:
«1.   Se inmovilizarán todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos enumerados en el anexo I o en el anexo IA.
2.   No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I o en el anexo IA ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de capitales o recursos económicos.
3.   Queda prohibida la participación voluntaria y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto directo o indirecto sea la elusión directa o indirecta de las medidas mencionadas en los apartados 1 y 2.
4.   En el anexo I se citará a las personas físicas o jurídicas, las entidades y los organismos mencionados en [el artículo 5, apartado 1, letra a), de] la Decisión [2010/656] modificada.
5.   En el anexo IA se citará a las personas físicas o jurídicas, las entidades y los organismos mencionados en [el artículo 5, apartado 1, letra b), de] la Decisión [2010/656] modificada.»
20
Mediante la Decisión 2011/18 y el Reglamento no 25/2011, el Consejo mantuvo los nombres de los Sres. Gbagbo, Koné y N’Guessan, y el de la Sra. Boni-Claverie, en la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/656, tal como quedó modificada por la Decisión 2011/17, y decidió su inclusión en la lista que figura en el anexo I A del Reglamento no 560/2005, modificado por el Reglamento no 25/2011.
21
El 30 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1975 (2011), cuyo anexo I contiene una relación de personas que representan un obstáculo a la paz y a la reconciliación en Costa de Marfil y a las actividades de la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI) y de otros actores internacionales en Costa de Marfil, y que han cometido graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario. Los nombres de los Sres. Gbagbo, Djédjé y N’Guessan figuran en dicho anexo I.
22
El 6 de abril de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/221 y el Reglamento no 330/2011 mediante los que impuso, en particular, medidas restrictivas adicionales y modificó las listas de personas y entidades que figuran en los anexos I y II de la Decisión 2010/656, en su versión modificada por la Decisión 2011/18, y en los anexos I y I A del Reglamento no 560/2005, en su versión modificada por el Reglamento no 25/2011.
23
La Decisión 2011/221 eliminó los nombres de los Sres. Gbagbo y N’Guessan de la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/656, en su versión modificada por la Decisión 2011/18, y los incluyó en la lista que figura en el anexo I de la misma Decisión, tal como fue modificada.
24
La Decisión 2011/221 incluyó, asimismo, el nombre del Sr. Djédjé en la lista que figura en el anexo I de la Decisión 2010/656, tal como fue modificada por la Decisión 2011/18.
25
Por su parte, el Reglamento no 330/2011 eliminó los nombres de los Sres. Gbagbo y N’Guessan de la lista que figura en el anexo I A del Reglamento no 560/2005, tal como fue modificado por el Reglamento no 25/2011, y los incluyó en la lista que figura en el anexo I del mismo Reglamento, en su versión modificada.
26
El Reglamento no 330/2011 añadió igualmente el nombre del Sr. Djédjé en la lista que figura en el anexo I del Reglamento no 560/2005, en su versión modificada por el Reglamento no 25/2011.
27
El artículo 7 de la Decisión 2010/656, modificada por la Decisión 2010/801, dispone:
«1.   Cuando el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones incluyan a una persona o entidad en su lista, el Consejo incluirá a dicha persona o entidad en la lista que figura en el Anexo I.
2.   Cuando el Consejo decida aplicar a una persona o entidad las medidas contempladas en el artículo 4, apartado 1, letra b), modificará el Anexo II en consecuencia.
3.   El Consejo comunicará su decisión y su motivación a la persona o entidad afectada, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, o mediante la publicación de un anuncio, para que la persona o entidad tenga la oportunidad de presentar sus alegaciones al respecto.
4.   Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona o entidad afectada.»
28
El artículo 11 bis, apartado 3, del Reglamento no 560/2005, añadido por el Reglamento no 25/2011, dispone:
«El Consejo comunicará su decisión, junto con las razones de su inclusión, a la persona física o jurídica, entidad u organismo que se menciona en los apartados 1 y 2, bien de forma directa, cuando se conozca su dirección, o bien mediante la publicación de un anuncio, ofreciendo a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo la posibilidad de formular observaciones.»
29
El Consejo publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de los días 18 de enero de 2011 y 7 de abril de 2011 anuncios dirigidos a las personas a las que se aplican las medidas restrictivas previstas en los actos controvertidos (DO C 14, p. 8, y DO C 108, pp. 2 y 4). En estos anuncios, el Consejo recuerda la existencia de estas medidas, se remite a los actos pertinentes en lo que se refiere a las razones de cada inscripción e informa sobre la posibilidad de presentar ante las autoridades competentes del Estado miembro en cuestión una solicitud con el fin de que se autorice la utilización de los fondos congelados para cubrir necesidades básicas o realizar determinados pagos. El Consejo precisa, igualmente, que las personas y entidades afectadas pueden presentarle una solicitud para que reconsidere su decisión. Por último, recuerda la posibilidad de impugnar su Decisión ante el Tribunal General en los términos previstos en el artículo 275 TFUE, párrafo segundo, y en el artículo 263 TFUE, párrafos cuarto y sexto.
Procedimiento ante el Tribunal General y autos recurridos
30
Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 7 de julio de 2011, los recurrentes solicitaron la anulación de los actos controvertidos en la medida en que los afectaban. Para fundamentar sus recursos invocaron que se había vulnerado, por una parte, el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, y, por otra parte, el derecho de propiedad y el derecho de libre circulación.
31
Los recurrentes sostuvieron, además, que el Tribunal General debía declarar admisibles sus recursos, ya que no les era aplicable el plazo de dos meses dentro del cual, según el artículo 263 TFUE, debían interponerse los recursos, dado que los actos controvertidos no habían sido notificados.
32
Mediante los autos recurridos, el Tribunal General declaró manifiestamente inadmisibles los recursos.
33
Con carácter preliminar, el Tribunal General recordó la reiterada jurisprudencia según la cual el plazo para recurrir establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, es de orden público y ha sido establecido para garantizar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas y para evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de justicia, y corresponde al Juez de la Unión comprobar de oficio si se ha respetado.
34
Seguidamente, el Tribunal General constató que los actos controvertidos habían sido publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea:
—
el 15 de enero de 2011, por lo que se refiere a las Decisiones 2011/17 y 2011/18, y al Reglamento no 25/2011, y
—
el 7 de abril de 2011, por lo que se refiere a la Decisión 2011/221 y al Reglamento no 330/2011.
35
En consecuencia, consideró que el plazo de dos meses para recurrir había comenzado a contar, según el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, catorce días después de tales publicaciones y había vencido, con arreglo al artículo 102, apartado 2, de dicho Reglamento:
—
el 8 de abril de 2011 a media noche, por lo que se refiere a las Decisiones 2011/17 y 2011/18 y al Reglamento no 25/2011, y
—
el 1 de julio de 2011 a media noche, por lo que se refiere a la Decisión 2011/221 y al Reglamento no 330/2011.
36
Dado que las demandas habían sido presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 7 de julio de 2011, el Tribunal General estimó que los recursos se habían interpuesto fuera de plazo.
37
El Tribunal General rechazó la alegación de los recurrentes de que no les era aplicable el plazo para recurrir de dos meses ya que los actos controvertidos no les habían sido notificados. Acerca de esta cuestión, el Tribunal General se pronunció en los siguientes términos:
«En efecto, habida cuenta de que el objetivo de los plazos de recurso es garantizar la seguridad jurídica, evitando que puedan ponerse indefinidamente en tela de juicio actos de la Unión que surten efectos jurídicos, la fecha de publicación, cuando la haya, es el criterio decisivo para fijar el inicio del plazo de recurso (autos del Tribunal de Justicia de 25 de noviembre de 2008, TEA/Comisión, C-500/07 P, [...] apartado 23, y S.A.BA.R./Comisión, C-501/07 P, [...] apartado 22; de 9 de julio de 2009, Fornaci Laterizi Danesi/Comisión, C-498/08 P, [...] apartado 22; sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 2010, Transportes Evaristo Molina/Comisión, C-36/09 P, [...] apartado 37). Un demandante no puede invocar el hecho de haber tenido conocimiento del acto impugnado con posterioridad a su publicación para retrasar el momento en que se inicia el plazo (autos TEA/Comisión, antes citado, apartado 23; S.A.BA.R./Comisión, antes citado, apartado 22, y Fornaci Laterizi Danesi/Comisión, antes citado, apartado 22). De lo anterior se desprende que, cuando los actos [controvertidos] han sido publicados, el plazo para recurrir debe calcularse a partir de su publicación (véase, por lo que respecta al cálculo del plazo para recurrir una Decisión por la que se imponen medidas restrictivas a partir de la publicación de ésta, el auto del Tribunal General de 18 de noviembre de 2005, Selmani/Consejo y Comisión, T-299/04, [...] apartado 61), aunque no hayan sido notificados [a los demandantes]. A este respecto, es necesario asimismo señalar que el Consejo publicó […] anuncios dirigidos a las personas a las que se aplican las medidas restrictivas previstas en [los actos controvertidos], mediante los cuales informó a las personas afectadas acerca de la posibilidad de impugnar su Decisión ante el Tribunal General en los términos previstos en el artículo 275 TFUE, párrafo segundo, y en el artículo 263 TFUE, párrafos cuarto y sexto».
38
Por último, el Tribunal General señaló que los recurrentes no habían demostrado, ni siquiera invocado, la concurrencia de un caso fortuito o de fuerza mayor que justificara la no aplicación del plazo en cuestión con arreglo al artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
39
Los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
—
Anule los autos recurridos y declare la admisibilidad de sus recursos en primera instancia.
—
Devuelva los asuntos al Tribunal General para que éste resuelva sobre el fondo.
—
Condene en costas al Consejo.
40
El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime los recursos de casación.
—
Condene en costas a los recurrentes.
41
Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2011, se ordenó la acumulación de los asuntos C-478/11 P a C-482/11 P a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento, así como de la sentencia.
42
Mediante correo fechado el 11 de mayo de 2012, remitido por fax y carta certificada, la Secretaría del Tribunal de Justicia informó a las partes acerca de la celebración de una vista el 26 de junio de 2012, invitándolas a responder por escrito hasta el 15 de junio de 2012 a las preguntas del Tribunal de Justicia adjuntas al escrito de convocatoria a la vista.
43
La respuesta del Consejo a la pregunta planteada fue recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de junio de 2012. El plazo para responder por escrito venció el 15 de junio de 2012 sin que el Tribunal de Justicia recibiera respuesta a la pregunta formulada a los recurrentes o respuesta acerca de su intención de participar en la vista.
44
Se fijó un último plazo a los recurrentes para que anunciaran su posible asistencia a la vista. Puesto que este plazo finalizó el 21 de junio de 2012 sin haber obtenido ninguna respuesta de su parte, se anuló la celebración de la vista.
Sobre los recursos de casación
45
En apoyo de sus recursos de casación, los recurrentes invocan dos motivos. En su primer motivo alegan que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no admitir la concurrencia de un caso de fuerza mayor. En su segundo motivo, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber aplicado en su contra el plazo para recurrir y el principio de seguridad jurídica en el que éste se fundamenta, a pesar de que los asuntos en cuestión se caracterizaban, por una parte, por la falta de notificación de los actos controvertidos y, por otra parte, por la imposibilidad de aplicar el plazo por razón de distancia establecido en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
46
Procede comenzar analizando el segundo motivo.
Sobre el segundo motivo
Alegaciones de las partes
47
Los recurrentes alegan, por una parte, que el Tribunal General vulneró el principio de tutela judicial efectiva, incurriendo de este modo en un error de Derecho, al considerar que, al haber sido publicados los actos controvertidos, el plazo para recurrir debía computarse a partir de la fecha de su publicación. A juicio de los recurrentes, el Tribunal General hubiera debido tomar en consideración el hecho de que los actos controvertidos, en contra de lo dispuesto en particular en el artículo 7, apartado 3, de la Decisión 2010/656, en su versión modificada por la Decisión 2010/801, no habían sido notificados, esto es, no habían sido objeto de una comunicación individual que permitiera a las personas afectadas tener conocimiento de ellos.
48
Los recurrentes consideran, por otra parte, que el Tribunal General no hubiera debido aplicar el plazo por razón de distancia establecido en el artículo 102, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento frente a recurrentes residentes en un Estado africano, especialmente cuando éste se encuentra en situación de conflicto armado.
49
El Consejo alega que el marco procesal de los presentes asuntos difiere del analizado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 16 de noviembre de 2011, Bank Melli Iran/Consejo (C-548/09 P, Rec. p. I-1138). Según el Consejo, en esa sentencia el Tribunal de Justicia fundamentó la obligación de comunicar individualmente los motivos que llevaron a la adopción de medidas restrictivas en el artículo 15, apartado 3, del Reglamento (CE) no 423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO L 103, p. 1). Ahora bien, a diferencia del Reglamento no 423/2007, el artículo 7, apartado 3, de la Decisión 2010/656, en su versión modificada por la Decisión 2010/801, contempla la posibilidad de que se realice la comunicación mediante la publicación de un anuncio cuando el Consejo no conozca la dirección de la persona interesada.
50
En el presente asunto, el Consejo sostiene haber comunicado los actos controvertidos a los recurrentes mediante un anuncio publicado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, de la Decisión 2010/656, en su versión modificada por la Decisión 2010/801. Afirma que no le fue posible comunicarlos por otro cauce, ya que se desconocían las direcciones privadas de los recurrentes.
51
En cualquier caso, según el Consejo, la fecha de publicación de los actos controvertidos representa el punto de partida para el cómputo del plazo establecido en el artículo 263 TFUE. Esta interpretación resulta de las exigencias de seguridad jurídica que inspiran la normativa relativa a los plazos del procedimiento.
52
El Consejo señala, por último, que las alegaciones de los recurrentes acerca del plazo por razón de distancia carecen manifiestamente de fundamento y suponen, esencialmente, negar validez al artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Ahora bien, a juicio del Consejo, esta disposición no es sino una ampliación del plazo establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto.
Apreciación del Tribunal de Justicia
53
Con carácter preliminar, ha de señalarse que el Tribunal General consideró acertadamente que está facultado para examinar de oficio el respeto del plazo de recurso, dado que éste es de orden público (véanse, en particular, las sentencias de 7 de julio de 1971, Müllers/CES, 79/70, Rec. p. 689, apartado 6, y Transportes Evaristo Molina/Comisión, antes citada, apartado 33).
54
Debe recordarse, seguidamente, que el artículo 263 TFUE dispone, en su párrafo sexto, que «los recursos previstos en el presente artículo deberán interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo».
55
En el presente asunto, los actos controvertidos fueron publicados en la serie L del Diario Oficial de la Unión Europea, si bien debían igualmente, en virtud de los artículos 7, apartado 3, de la Decisión 2010/656, en su versión modificada por la Decisión 2010/801, y 11 bis, apartado 3, del Reglamento no 560/2005, en su versión modificada por el Reglamento no 25/2011, ser comunicados a las personas y a las entidades afectadas, bien de forma directa, cuando se conociera su dirección, o bien, en caso contrario, mediante la publicación de un anuncio.
56
Esta situación obedece a la naturaleza particular de los actos controvertidos, los cuales se asemejan tanto a los actos de alcance general, en la medida en que prohíben a una categoría de destinatarios determinados de forma general y abstracta, entre otros comportamientos, poner fondos y recursos económicos a disposición de las personas y entidades cuyos nombres figuran en las listas contenidas en sus anexos, como a un conjunto de decisiones individuales respecto de tales personas y entidades (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C-402/05 P y C-415/05 P, Rec. p. I-6351, apartados 241 a 244).
57
Es preciso, por otra parte, recordar que, por lo que se refiere a los actos adoptados sobre la base de las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común, como los actos controvertidos, es la naturaleza individual de esos actos la que da, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 275 TFUE, párrafo segundo, y 263 TFUE, párrafo cuarto, acceso al juez de la Unión.
58
Habida cuenta de estas particularidades y del régimen de publicación y de comunicación que resulta de ellas, el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, no se aplicaría de forma coherente si, en relación con las personas y las entidades cuyos nombres figuran en las listas contenidas en los anexos de dichos actos, el punto de partida para el cómputo del plazo de presentación de un recurso de anulación fuera la fecha de publicación del acto en cuestión en lugar de la fecha en la que les fue comunicado. En efecto, esta comunicación tiene precisamente por objeto permitir que los destinatarios defiendan sus derechos en las mejores condiciones posibles y decidan con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez de la Unión (sentencia Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, antes citada, apartado 337).
59
De lo anterior se desprende que, si bien no cabe duda de que la entrada en vigor de actos como los actos controvertidos tiene lugar mediante su publicación, el plazo para presentar un recurso de anulación contra esos actos en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, comienza a correr, respecto de cada una de dichas personas y entidades, a partir de la fecha de la comunicación que se les debe realizar.
60
En el presente asunto, en contra de lo sostenido por los recurrentes, los actos controvertidos les fueron comunicados.
61
Ciertamente, tales actos no fueron comunicados directamente a sus direcciones. En efecto, el Consejo, tras constatar que resultaba imposible proceder a la comunicación de forma directa a los Sres. Gbagbo y Koné, a la Sra. Boni-Claverie y a los Sres. Djédjé y N’Guessan, recurrió a la publicación del anuncio prevista en los artículos 7, apartado 3, de la Decisión 2010/656, en su versión modificada por la Decisión 2010/801, y 11 bis, apartado 3, del Reglamento no 560/2005, en su versión modificada por el Reglamento no 25/2011. De este modo, publicó en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, los días 18 de enero de 2011 y 7 de abril de 2011, los anuncios mencionados en el apartado 29 de la presente sentencia.
62
Dado que tales anuncios permiten a las personas interesadas conocer la vía de recurso de la que disponen para impugnar su inclusión en las listas en cuestión, así como la fecha de expiración del plazo de recurso (sentencia de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba, C-417/11 P, apartado 81), es preciso evitar que los recurrentes puedan retrasar el inicio del plazo para recurrir invocando el hecho de que no se ha realizado una comunicación de forma directa o de que han tenido conocimiento efectivo de los actos controvertidos en un momento posterior. Si se concediera esta posibilidad a los recurrentes, al margen de los casos de fuerza mayor, se iría en contra de la finalidad del plazo para recurrir, que consiste en garantizar la seguridad jurídica evitando que puedan ponerse indefinidamente en tela de juicio actos de la Unión que surten efectos jurídicos (véanse, en particular, las sentencias de 30 de enero de 1997, Wiljo, C-178/95, Rec. p. I-585, apartado 19, y de 22 de octubre de 2002, National Farmers’ Union, C-241/01, Rec. p. I-9079, apartado 34, y el auto de 15 de noviembre de 2012, Städter/BCE, C-102/12 P, apartado 12).
63
Por lo que se refiere, en último lugar, a las alegaciones de los recurrentes basadas en que el plazo por razón de distancia de diez días establecido en el artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General no les resulta aplicable por encontrarse en un Estado tercero, basta con señalar que tales alegaciones quedan desvirtuadas por el hecho de que ese plazo consiste en una cantidad fija de días. De ello se deduce que la circunstancia de que los recurrentes se encontraran, durante el plazo para recurrir, en un Estado tercero, no permite considerar que se encontraran en una situación objetivamente diferente, por lo que respecta a la aplicación de ese plazo, a la de las personas y entidades establecidas en la Unión contra las que se dirigen medidas restrictivas de igual naturaleza.
64
De las anteriores consideraciones resulta que, aunque el Tribunal General haya incurrido en un error de Derecho al resolver que los plazos para recurrir comenzaban a contar desde las fechas de la publicación de los actos controvertidos, tales plazos, que debían computarse a partir de las fechas mencionadas en el apartado 61 de la presente sentencia, habían vencido el 7 de julio de 2011, fecha en que se presentaron los recursos. En consecuencia, debe desestimarse el segundo motivo [véase, por analogía, la sentencia de 19 de abril de 2007, Holcim (Deutschland)/Comisión, C-282/05 P, Rec. p. I-2941, apartado 33].
Sobre el primer motivo
Alegaciones de las partes
65
Los recurrentes consideran que el Tribunal General ha infringido el artículo 45 del Estatuto del Tribunal de Justicia, al no haber declarado la existencia de un caso de fuerza mayor en el sentido del citado artículo.
66
A su juicio, el conflicto en Costa de Marfil debe considerarse un caso de fuerza mayor por lo que a ellos respecta, ya que no disponían, durante ese período, de ningún medio de comunicación que les permitiera tomar conocimiento de los actos controvertidos y, en consecuencia, no podían ejercer su derecho a recurrir.
67
El Consejo recuerda que uno de los elementos constitutivos del concepto de fuerza mayor es la realización de un acontecimiento ajeno a la persona que pretende ampararse en ella, es decir, el acaecimiento de un hecho que se produce fuera de la esfera de influencia de dicha persona (sentencia de 8 de julio de 2010, Comisión/Italia, C-334/08, Rec. p. I-6869, apartado 47). Ahora bien, la situación de crisis postelectoral en Costa de Marfil y la violencia asociada a ella fueron consecuencia de la negativa del Sr. Gbagbo y de sus colaboradores a ceder el poder al presidente electo. En consecuencia, estas circunstancias no son ajenas a los recurrentes.
Apreciación del Tribunal de Justicia
68
Con arreglo al artículo 45, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, «no cabrá oponer preclusión por expiración de los plazos cuando el interesado demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza mayor».
69
Es preciso señalar, tal como apuntó el Tribunal General en los autos recurridos, que los recurrentes no invocaron ante él la existencia de tal caso.
70
No obstante, el Tribunal de Justicia ha considerado que no puede reprocharse a un recurrente el hecho de invocar por primera vez en la fase de recurso de casación la existencia de un caso de fuerza mayor cuando el Tribunal General se ha pronunciado mediante auto con arreglo al artículo 111 de su Reglamento de Procedimiento, no ha informado al recurrente de su intención de desestimar el recurso por extemporáneo y no le ha instado a justificar el retraso con el que se recibió en la Secretaría el original de la demanda (auto de 18 de enero de 2005, Zuazaga Meabe/OAMI, C-325/03 P, Rec. p. I-403, apartado 24). En consecuencia, procede analizar el primer motivo de los recurrentes relativo a la existencia de un caso de fuerza mayor.
71
Debe señalarse a este respecto, en primer lugar, que la aplicación estricta de las normas de procedimiento responde a la exigencia de seguridad jurídica y a la necesidad de evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de la justicia (sentencia de 22 de septiembre de 2011, Bell & Ross/OAMI, C-426/10 P, Rec. p. I-8849, apartado 43 y jurisprudencia citada).
72
En segundo lugar, es necesario precisar que, con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo sexto, y al artículo 45 del Estatuto del Tribunal de Justicia, incumbe al interesado probar, por una parte, que existieron circunstancias anormales, imprevisibles y ajenas que tuvieron como consecuencia que no pudiera cumplir el plazo para recurrir establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, y, por otra parte, que no podía tomar precauciones contra las consecuencias de dichas circunstancias adoptando medidas adecuadas sin aceptar sacrificios excesivos (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C-314/06, Rec. p. I-12273, apartado 24 y jurisprudencia citada).
73
En el presente asunto, los recurrentes alegan de forma general la situación de conflicto armado en Costa de Marfil que, según ellos, comenzó en el mes de noviembre de 2010 y continuó hasta, al menos, el mes de abril de 2011.
74
No obstante, ninguno de los recurrentes ha presentado, en su recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, elementos que permitan a este Tribunal apreciar de qué modo y durante qué período concreto la situación general de conflicto armado en Costa de Marfil y las circunstancias personales invocadas por los recurrentes les impidieron interponer sus recursos dentro de plazo.
75
Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar el primer motivo.
76
Dado que ninguno de los motivos invocados por los recurrentes es fundado, procede desestimar los recursos de casación.
Costas
77
Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de éste, la parte cuyas pretensiones sean desestimadas será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que el Consejo ha solicitado la condena en costas de los recurrentes y no se han acogido las pretensiones de éstos, procede condenarlos en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
1)
Desestimar los recursos de casación.
2)
Condenar en costas a los Sres. Laurent Gbagbo y Katinan Justin Koné, la Sra. Akissi Danièle Boni-Claverie y los Sres. Alcide Djédjé y Affi Pascal N’Guessan.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.