62024CJ0257
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 10 de julio de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — Reglamento (CE) n.o 883/2004 — Artículo 3 — Ámbito de aplicación material — Libre circulación de los trabajadores — Artículo 45 TFUE — Reglamento (UE) n.o 492/2011 — Artículo 7 — Igualdad de trato — Ventajas sociales — Hijo menor con discapacidad de un trabajador transfronterizo — Prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad — Requisito de residencia — Proporcionalidad»
En el asunto C‑257/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunal Regional de lo Social de Renania del Norte-Westfalia, Alemania), mediante resolución de 8 de abril de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de abril de 2024, en el procedimiento entre
PE, representada por sus progenitores,
y
Städteregion Aachen,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente de Sala, y los Sres. E. Regan (Ponente) y J. Passer, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller y R. Kanitz, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. B.‑R. Killmann y la Sra. F. van Schaik, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (DO 2009, L 284, p. 43) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»), y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (DO 2011, L 141, p. 1), así como de los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, apartado 1.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre PE, una menor de edad representada por sus progenitores, y la Städteregion Aachen (Área Metropolitana de Aquisgrán, Alemania), en relación con la negativa a concederle una prestación de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento n.o 883/2004
3
Incluido en el título I del Reglamento n.o 883/2004, titulado «Disposiciones generales», el artículo 3 de este Reglamento, titulado «Campo de aplicación material», dispone:
«1.   El presente Reglamento se aplicará a toda la legislación relativa a las ramas de seguridad social relacionadas con:
a)
las prestaciones de enfermedad;
[…]
3.   El presente Reglamento también se aplicará a las prestaciones especiales en metálico no contributivas previstas en el artículo 70.
[…]
5.   El presente Reglamento no se aplicará:
a)
a la asistencia social y sanitaria, […]
[…]».
4
Incluido en el título III del Reglamento n.o 883/2004, que lleva como epígrafe «Disposiciones particulares para las distintas categorías de prestaciones», en su capítulo 9, titulado «Prestaciones especiales en metálico no contributivas», el artículo 70 de este Reglamento, titulado «Disposiciones generales», establece en su apartado 2, letra c):
«A efectos del presente capítulo, se entenderá por “prestaciones especiales en metálico no contributivas” aquellas que:
[…]
c)
figuren en el anexo X».
5
El anexo X de dicho Reglamento, bajo el epígrafe «Alemania», tiene el siguiente tenor:
«a)
Ingresos básicos de subsistencia para las personas de edad y las personas con incapacidad laboral parcial, con arreglo al capítulo 4 del libro XII del Código Social.
b)
Prestaciones del seguro básico para demandantes de empleo encaminadas a garantizar la subsistencia, excepto si, en relación con estas prestaciones, se cumplen los requisitos de admisibilidad para percibir un suplemento temporal a raíz de la prestación por desempleo (apartado 1 del artículo 24 del libro II del Código Social).»
Reglamento n.o 492/2011
6
El artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 492/2011 establece:
«1.   En el territorio de otros Estados miembros y por razón de la nacionalidad, el trabajador nacional de un Estado miembro no podrá ser tratado de forma diferente a los trabajadores nacionales, en cuanto se refiere a las condiciones de empleo y de trabajo, especialmente en materia de retribución, de despido y de reintegración profesional o de nuevo empleo, si hubiera quedado en situación de desempleo.
2.   Se beneficiará de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales.»
Derecho alemán
7
El Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (Código Social, Libro IX), titulado «Rehabilitación y participación de las personas con discapacidad», en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «SGB IX»), establece los requisitos a los que se supedita la concesión de las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad.
8
El artículo 101, apartado 1, del SGB IX dispone:
«Los alemanes que tengan su residencia habitual en el extranjero no percibirán las prestaciones de la ayuda a la inclusión. No obstante, podrán percibirlas con carácter excepcional cuando resulte indispensable debido a una situación de extraordinaria necesidad y, al mismo tiempo, se acredite la imposibilidad de retornar al territorio nacional por las siguientes razones:
1)   cuidado y educación de un hijo que por motivos legales deba permanecer en el extranjero;
2)   internamiento a largo plazo en un centro de asistencia, o gravedad de la dependencia;
3)   prerrogativas de poder público».
9
El artículo 104, apartado 1, de ese SGB IX establece:
«Las prestaciones de la ayuda a la dependencia se determinarán en función de las circunstancias del caso concreto, en particular atendiendo a la naturaleza de las necesidades, a las circunstancias personales, al entorno social y a las capacidades y medios propios […]».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
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La recurrente en el litigio principal, nacional alemana e irlandesa nacida en Alemania en 2009, vive con sus progenitores en Bélgica cerca de la frontera alemana. Su madre, nacional alemana, trabaja como médico por cuenta ajena a tiempo completo en Aquisgrán (Alemania). Su padre, nacional irlandés, era funcionario de la Unión Europea destinado en Maastricht (Países Bajos).
11
La recurrente en el litigio principal sufre una discapacidad mental que requiere cuidados específicos. Tras haber asistido a una escuela de enseñanza especializada en Eupen (Bélgica), está escolarizada, desde el curso escolar 2017/2018, en escuelas inclusivas en Aquisgrán. A petición suya, el Área Metropolitana de Aquisgrán le concedió, con arreglo a lo dispuesto en el SGB IX, las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad para los años escolares 2017/2018 a 2020/2021, asumiendo los gastos de asistencia en la escuela a razón, inicialmente, de quince horas y, posteriormente, de treinta y cinco horas por semana.
12
Mediante resolución de 9 de junio de 2021, el Área Metropolitana de Aquisgrán denegó la solicitud de ayuda a la inclusión para el curso escolar 2021/2022, debido a que, al tener la recurrente en el litigio principal su residencia habitual en Bélgica, no cumple el requisito de residencia en el territorio nacional establecido en el artículo 101, apartado 1, del SGB IX. Mediante resolución de 20 de agosto de 2021, dicha autoridad desestimó, por el mismo motivo, el recurso administrativo presentado por la recurrente en el litigio principal contra la resolución denegatoria inicial.
13
Mediante sentencia de 25 de enero de 2022, el Sozialgericht Aachen (Tribunal de lo Social de Aquisgrán, Alemania) desestimó, también por este motivo, el recurso interpuesto por la recurrente en el litigio principal, representada por sus progenitores, contra dichas resoluciones. Además, ese órgano jurisdiccional consideró que el derecho a las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad que se contemplan en el SGB IX tampoco puede basarse en el Derecho de la Unión, dado que estas prestaciones no están comprendidas en las «prestaciones de enfermedad» a que se refiere el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 y que el apartado 5, letra a), de dicho artículo 3 dispone expresamente que este Reglamento no se aplica a la «asistencia social y sanitaria».
14
La recurrente en el litigio principal, representada por sus progenitores, interpuso recurso ante el Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunal Regional de lo Social de Renania del Norte-Westfalia, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, con objeto de que se reformara dicha sentencia y se condenara al Área Metropolitana de Aquisgrán, modificando la resolución de 9 de junio de 2021 confirmada por la resolución de 20 de agosto de 2021, a reembolsarle los gastos que había afrontado para recurrir a asistencia en la escuela durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y el 30 de noviembre de 2021 por un importe de 12782,32 euros, ya que la Comunidad Germanófona de Bélgica se había hecho cargo graciosamente de los gastos de acompañamiento escolar correspondientes al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de junio de 2022.
15
El órgano jurisdiccional remitente señala que, a la luz del Derecho nacional, el recurso del que conoce debería ser desestimado. No obstante, se pregunta si el Derecho nacional es, a este respecto, compatible con el Derecho de la Unión.
16
En primer lugar, este órgano jurisdiccional se pregunta si el presente asunto está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 883/2004. Como prestación de participación en la educación en forma de asistencia en la escuela a los hijos discapacitados, la ayuda a la inclusión objeto del litigio principal no parece constituir una prestación de seguridad social comprendida en el ámbito de aplicación material de dicho Reglamento, puesto que no está supeditada a requisitos objetivos, como, en particular, el grado de discapacidad, y se concede en función de las necesidades personales del interesado, sobre la base de un examen individual de dichas necesidades por parte de la autoridad nacional competente.
17
Además, es dudoso que las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas por el SGB IX puedan calificarse de «prestación de enfermedad», en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 883/2004, dado que el concepto de «enfermedad», en su sentido habitual, implica una alteración temporal del estado de salud, mientras que esta ayuda a la inclusión tiene por objeto permitir a sus beneficiarios seguir una formación adaptada a sus capacidades y a su rendimiento, así como promover su participación en la vida en sociedad.
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Por lo tanto, las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en el SGB IX parecen más bien estar comprendidas en el concepto de «asistencia social», el cual, en virtud del artículo 3, apartado 5, letra a), del Reglamento n.o 883/2004, está expresamente excluido del ámbito de aplicación material de dicho Reglamento. En efecto, esta ayuda a la inclusión no guarda relación con ninguno de los riesgos contemplados en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento. Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional entiende que los períodos de actividad profesional, de cotización o de afiliación no desempeñan ningún papel en el nacimiento del derecho a esta última, que se proporciona caso por caso y con carácter subsidiario. Dicha ayuda a la inclusión tampoco es, a su entender, una prestación especial en metálico no contributiva, en el sentido del artículo 70 de ese mismo Reglamento, puesto que no figura en el anexo X de este.
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En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera necesario aclarar si la exclusión de un ciudadano de la Unión de las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en el SGB IX es compatible con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011, según el cual todo trabajador nacional de un Estado miembro tiene derecho, en el territorio de los demás Estados miembros, a las mismas ventajas sociales que los trabajadores nacionales. Dado que la madre de la recurrente en el litigio principal ha hecho uso de su derecho a la libre circulación, tiene derecho a invocar esta disposición frente al Estado miembro del que es nacional. Sin embargo, el Tribunal de Justicia aún no se ha pronunciado sobre la cuestión de si las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad de un trabajador transfronterizo constituyen «ventajas sociales» en el sentido de la referida disposición. La interpretación amplia que debe darse al concepto de «ventaja social» puede abogar por su inclusión en este concepto. Por lo tanto, el requisito de residencia al que se supedita la concesión de las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en el SGB IX podría constituir una discriminación indirecta, dado que, por su propia naturaleza, puede afectar más a los trabajadores transfronterizos que a los trabajadores nacionales.
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Por lo que respecta a la justificación de tal restricción, ese órgano jurisdiccional observa que la puesta en peligro del equilibrio financiero del sistema de seguridad social puede constituir un objetivo legítimo de interés general capaz de justificar la exclusión de los no residentes del derecho a las prestaciones. A este respecto, la existencia en el SGB IX de excepciones a esa exclusión en caso de dificultades particulares, vinculadas esencialmente a la probable asignación de prestaciones en el Estado miembro de residencia, permite descartar toda discriminación injustificada. Por otra parte, añade dicho órgano, puede sostenerse que el principio de no discriminación, consagrado de manera general en el artículo 18 TFUE, se concreta en el artículo 3, apartado 5, letra a), del Reglamento n.o 883/2004 en lo que respecta a las prestaciones de asistencia social, lo que justifica que la ayuda a la inclusión en cuestión no pueda atribuirse a personas que no residan en el territorio nacional. La referida exclusión podría confirmar así el principio de territorialidad basado en el Derecho internacional público, según el cual las prestaciones asistenciales financiadas mediante impuestos solo deben concederse a las personas que residan en el territorio nacional.
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Dicho esto, el órgano jurisdiccional añade que no es seguro que la exclusión de los no residentes del beneficio de las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en el SGB IX sea realmente necesaria para una utilización correcta de los recursos fiscales. En particular, no está claro en qué medida la República Federal de Alemania consigue efectivamente ahorros gracias a esta exclusión introducida a raíz de un endurecimiento de la normativa el 1 de enero de 2004. Además, debido a dicha exclusión, los ciudadanos alemanes no residentes podrían verse potencialmente obligados a regresar a Alemania, lo que supondría un aumento de los costes para dicho Estado miembro. En la medida en que el legislador nacional pretendiera, mediante ese endurecimiento, reducir el recurso abusivo a esta ayuda a la inclusión, este objetivo también parece dudoso, en particular a la luz del principio de proporcionalidad. En efecto, el riesgo de abuso no se plantea en lo que respecta a las prestaciones en especie que se materializan en territorio alemán. Tampoco existen elementos que indiquen que la recurrente en el litigio principal haya cometido un abuso de Derecho al crear artificialmente las condiciones para la obtención de las ventajas sociales contempladas en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011. Por último, en la medida en que el objetivo de la exclusión de los no residentes sea dispensar a las autoridades nacionales competentes de un examen riguroso de los requisitos de concesión a los ciudadanos alemanes no residentes, su necesidad seguiría siendo discutible, ya que estas prestaciones se materializan en territorio alemán.
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En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la exclusión de los no residentes de las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad constituye una restricción objetivamente justificada del derecho que los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, apartado 1, confieren a los ciudadanos de la Unión. En efecto, la recurrente en el litigio principal resulta perjudicada por el mero hecho de haber optado por hacer uso de su libertad de circulación estableciendo su residencia habitual en Bélgica.
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En estas circunstancias, el Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunal Regional de lo Social de Renania del Norte-Westfalia) ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 3 del Reglamento [n.o 883/2004] en el sentido de que la ayuda a la inclusión con arreglo al [SGB IX], en forma de asistencia en la escuela, constituye una prestación en el sentido de dicho artículo 3, por lo que está comprendida en el ámbito de aplicación material del Reglamento?
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial:
2)
¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, del [Reglamento n.o 492/2011] en el sentido de que se opone a una disposición de Derecho nacional que condiciona las prestaciones de ayuda a la inclusión con arreglo al SGB IX, en forma de asistencia en la escuela, a que el beneficiario tenga su residencia habitual en el territorio nacional?
3)
¿Existe una restricción injustificada de los derechos del ciudadano de la Unión reconocidos en los artículos 20 [TFUE] y 21 [TFUE], apartado 1, cuando la concesión de la ayuda a la inclusión con arreglo al SGB IX, en forma de asistencia en la escuela, se deniega a los ciudadanos de la Unión que tengan su domicilio o residencia habitual en otro Estado miembro (limítrofe), aunque la prestación en especie se materialice en el Estado de residencia?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
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Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3 del Reglamento n.o 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que unas prestaciones como las de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en el SGB IX están comprendidas en el ámbito de aplicación material de ese Reglamento.
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Para responder a la cuestión prejudicial planteada, es preciso, en primer lugar, comprobar si dicha ayuda constituye una prestación de «seguridad social» a efectos del artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento.
26
Según reiterada jurisprudencia, la distinción entre las prestaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 883/2004 y las excluidas de él se basa esencialmente en los elementos constitutivos de cada prestación, principalmente en su finalidad y en los requisitos para obtenerla, y no en el hecho de que una prestación sea o no calificada como prestación de seguridad social por la legislación nacional (sentencia de 11 de abril de 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, apartado 32 y jurisprudencia citada).
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De este modo, una prestación podrá considerarse prestación de seguridad social, en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, en la medida en que, por un lado, al margen de cualquier apreciación individual y discrecional de las necesidades personales de sus beneficiarios, se conceda a estos en función de una situación legalmente definida y en la medida en que, por otro lado, tenga relación con alguna de las contingencias expresamente enumeradas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004. Estos dos requisitos son acumulativos (sentencia de 11 de abril de 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, apartado 33 y jurisprudencia citada).
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En lo que concierne al primer requisito mencionado en el anterior apartado, procede recordar que este concurre cuando la concesión de la prestación se efectúa de acuerdo con criterios objetivos que, una vez verificados, determinan el derecho a la misma sin que la autoridad competente pueda tener en cuenta otras circunstancias personales (sentencia de 11 de abril de 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, apartado 34 y jurisprudencia citada).
29
En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en el SGB IX no están supeditadas al cumplimiento de requisitos objetivos, como, en particular, un porcentaje o un grado preciso de incapacidad o discapacidad, sino que las concede la autoridad nacional competente, de conformidad con el artículo 104, apartado 1, del SGB IX, en función de las necesidades personales del interesado, sobre la base de un examen individual y discrecional de su situación por esa autoridad.
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En estas circunstancias, procede declarar que las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas por el SGB IX no cumplen el primero de los dos requisitos acumulativos enunciados en el apartado 27 de la presente sentencia, de modo que dichas prestaciones no constituyen una prestación de «seguridad social», en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004.
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No obstante, es preciso recordar que el artículo 3, apartado 3, de ese Reglamento extiende su aplicación a las prestaciones especiales en metálico no contributivas contempladas en su artículo 70. En este contexto, procede, en segundo lugar, comprobar si las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en el SGB IX constituyen prestaciones de ese tipo.
32
A este respecto, basta con señalar que del tenor del artículo 70, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 883/2004 se desprende que únicamente se consideran prestaciones especiales en metálico no contributivas las que figuren en el anexo X de ese Reglamento. Pues bien, las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas por el SGB IX no están incluidas en dicho anexo. Por lo tanto, no constituyen prestaciones de ese tipo (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de marzo de 2020, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle, C‑769/18, EU:C:2020:203, apartado 35).
33
En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3 del Reglamento n.o 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que unas prestaciones como las de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en el SGB IX no están comprendidas en el ámbito de aplicación material de ese Reglamento, dado que la concesión de dichas prestaciones no está supeditada al cumplimiento de requisitos objetivos, sino que se basa en una apreciación individual por parte de la autoridad nacional competente de las necesidades de la persona de que se trate.
Segunda cuestión prejudicial
34
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que supedita la concesión de prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela al hijo con discapacidad de un trabajador transfronterizo, nacional de la Unión, al requisito de que ese hijo resida en el territorio nacional.
35
Para responder a esta cuestión prejudicial, en primer lugar, debe precisarse que todo nacional de la Unión que hace uso del derecho a la libre circulación de los trabajadores y que ejerce una actividad profesional en otro Estado miembro está comprendido, independientemente de su lugar de residencia y de su nacionalidad, en el ámbito de aplicación del artículo 45 TFUE, disposición que el Reglamento n.o 492/2011 se propone concretar (sentencia de 2 de abril de 2020, PF y otros, C‑830/18, EU:C:2020:275, apartado 21 y jurisprudencia citada).
36
Así pues, este Reglamento es aplicable, indistintamente, tanto a los trabajadores migrantes que residen en un Estado miembro de acogida como a los trabajadores transfronterizos que, pese a ejercer su actividad por cuenta ajena en este último Estado miembro, residen en otro Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2023, Thermalhotel Fontana, C‑411/22, EU:C:2023:490, apartado 34 y jurisprudencia citada).
37
En el presente asunto, procede señalar que la madre de la recurrente en el litigio principal es una nacional alemana que trabaja en Alemania, pero que reside en Bélgica.
38
Por lo tanto, al haber ejercido su libertad de circulación, tal trabajador transfronterizo tiene derecho a invocar, frente al Estado miembro del que es nacional, el Reglamento n.o 492/2011 y, concretamente, el artículo 7, apartado 2, de este, que consagra el principio de igualdad de trato entre los trabajadores en lo que respecta al disfrute de las «ventajas sociales», en el sentido de dicha disposición. Los miembros de la familia de ese trabajador transfronterizo son beneficiarios indirectos de esta igualdad de trato (sentencia de 2 de abril de 2020, PF y otros, C‑830/18, EU:C:2020:275, apartados 25 y 26 y jurisprudencia citada).
39
En segundo lugar, por lo que respecta al concepto de «ventajas sociales», en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, comprende todas las ventajas que, vinculadas o no a un contrato de trabajo, se reconocen generalmente a los trabajadores nacionales por el mero hecho de su residencia en territorio nacional y cuya extensión a los trabajadores nacionales de otros Estados miembros permite, por lo tanto, facilitar la movilidad de estos. La referencia que hace dicho precepto a las ventajas sociales no debe ser objeto de interpretación restrictiva (sentencia de 11 de abril de 2024, Sozialministeriumservice, C‑116/23, EU:C:2024:292, apartado 51 y jurisprudencia citada).
40
Por tanto, constituyen ventajas sociales las prestaciones sociales concedidas al hijo a cargo de un trabajador migrante que debe contribuir a los gastos de su manutención (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 20 de junio de 1985, Deak, 94/84, EU:C:1985:264, apartado 24; de 18 de junio de 1987, Lebon, 316/85, EU:C:1987:302, apartado 13, y de 20 de junio de 2013, Giersch y otros, C‑20/12, EU:C:2013:411, apartado 39 y jurisprudencia citada).
41
De ello se deduce que unas prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad, como las establecidas en el SGB IX, constituyen ventajas sociales, en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011.
42
En tercer lugar, debe subrayarse que este precepto constituye la expresión particular, en el ámbito específico de la concesión de ventajas sociales, del principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 45 TFUE y ha de ser interpretado del mismo modo que este último precepto (sentencia de 2 de abril de 2020, PF y otros, C‑830/18, EU:C:2020:275, apartado 29 y jurisprudencia citada).
43
Este principio de igualdad de trato prohíbe no solo las discriminaciones manifiestas, basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado (sentencia de 2 de abril de 2020, PF y otros, C‑830/18, EU:C:2020:275, apartado 30 y jurisprudencia citada).
44
Pues bien, un requisito de residencia, como el que es objeto del litigio principal, al que la normativa del Estado miembro de que se trata supedita la concesión de las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad, por su propia naturaleza, puede perjudicar a los trabajadores transfronterizos que residen en otro Estado miembro, de modo que constituye una discriminación indirecta comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011 (sentencia de 2 de abril de 2020, PF y otros, C‑830/18, EU:C:2020:275, apartados 31 y 32 y jurisprudencia citada).
45
Por ello, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que perjudica a determinados trabajadores por el mero hecho de haber establecido su residencia habitual en otro Estado miembro, constituye una restricción a la libre circulación de los trabajadores, en el sentido del artículo 45 TFUE, en la medida en que, aunque se aplique indistintamente, puede, en particular, impedir a un nacional de un Estado miembro abandonar su Estado de origen para ejercer su derecho a la libre circulación o disuadirle de hacerlo (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2020, PF y otros, C‑830/18, EU:C:2020:275, apartado 36 y jurisprudencia citada).
46
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal restricción a la libre circulación de los trabajadores solo puede admitirse si está objetivamente justificada. Para ello, debe ser adecuada para garantizar la consecución de un objetivo legítimo y no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 13 de diciembre de 2012, Caves Krier Frères, C‑379/11, EU:C:2012:798, apartado 48, y de 2 de abril de 2020, PF y otros, C‑830/18, EU:C:2020:275, apartado 39 y jurisprudencia citada).
47
En el presente asunto, el Gobierno alemán sostiene que el requisito de residencia objeto del litigio principal está justificado por el objetivo consistente en garantizar, por un lado, un vínculo real entre el solicitante de las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad y el Estado miembro que concede esta ayuda y, por otro lado, el equilibrio financiero del sistema nacional de seguridad social.
48
A este respecto, procede recordar que es cierto que los objetivos perseguidos por una normativa nacional dirigida a comprobar un vínculo real entre el solicitante de la prestación social y el Estado miembro competente, así como a preservar el equilibrio financiero del sistema nacional de seguridad social, constituyen, en principio, objetivos legítimos que pueden justificar restricciones a la libre circulación de los trabajadores [véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 25 de julio de 2018, A (Asistencia a una persona con discapacidad), C‑679/16, EU:C:2018:601, apartado 69 y jurisprudencia citada].
49
No obstante, un requisito de residencia como el que es objeto del litigio principal va más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dado que los trabajadores transfronterizos contribuyen a la financiación de las políticas sociales del Estado miembro de acogida por las cotizaciones fiscales y sociales que pagan en dicho Estado en virtud de la actividad laboral que en él ejercen, deben poder beneficiarse, en concreto, de las ventajas sociales en las mismas condiciones que los trabajadores residentes (véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 16 de mayo de 2024, Hocinx, C‑27/23, EU:C:2024:404, apartado 31 y jurisprudencia citada).
50
A este respecto, existe entre el solicitante de las prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad y el Estado miembro competente un vínculo real y suficiente que permite a este último asegurarse de que la carga económica asociada al pago de la referida prestación no resulte excesiva [véase, por analogía, la sentencia de 25 de julio de 2018, A (Asistencia a una persona con discapacidad), C‑679/16, EU:C:2018:601, apartado 71 y jurisprudencia citada].
51
Por otra parte, en la medida en que el Gobierno alemán pone de relieve la necesidad de tener en cuenta el entorno social de la persona discapacitada para asegurarse de que esta ayuda a la inclusión corresponde precisamente a sus necesidades específicas individuales y, por tanto, para poder controlar su eficacia y sus efectos, basta con señalar que de la resolución de remisión se desprende que dicha ayuda es una prestación en especie que se materializa en territorio alemán en el marco de la escolarización del menor discapacitado, de modo que las autoridades alemanas están perfectamente en condiciones de efectuar todos los controles necesarios para tal individualización, aun cuando el menor y sus progenitores residan en otro Estado miembro. Por añadidura, en cualquier caso, dicho Gobierno no explica por qué es necesario residir en el territorio nacional para la individualización de tal prestación en especie.
52
En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 492/2011 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que supedita la concesión de unas prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela al hijo con discapacidad de un trabajador transfronterizo, nacional de la Unión, al requisito de que ese hijo resida en el territorio nacional, ya que tal requisito va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por dicha normativa.
Tercera cuestión prejudicial
53
Habida cuenta de la respuesta dada a la segunda cuestión prejudicial, no procede responder a la tercera.
Costas
54
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
1)
El artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009,
debe interpretarse en el sentido de que
unas prestaciones como las de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela a los hijos con discapacidad previstas en el Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (Código Social, Libro IX) no están comprendidas en el ámbito de aplicación material del Reglamento n.o 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.o 988/2009, dado que la concesión de dichas prestaciones no está supeditada al cumplimiento de requisitos objetivos, sino que se basa en una apreciación individual por parte de la autoridad nacional competente de las necesidades de la persona de que se trate.
2)
El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que supedita la concesión de unas prestaciones de ayuda a la inclusión en forma de asistencia en la escuela al hijo con discapacidad de un trabajador transfronterizo, nacional de la Unión, al requisito de que ese hijo resida en el territorio nacional, ya que tal requisito va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos por dicha normativa.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.