62024TJ0188_RES
Asunto T‑188/24
Compagnie générale des établissements Michelin
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 9 de julio de 2025
«Competencia — Prácticas colusorias — Procedimiento administrativo — Decisión por la que se ordena una inspección — Artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Objeto y finalidad de la inspección — Obligación de motivación — Indicios suficientemente fundados — Protección de la vida privada — Control jurisdiccional»
Recurso de anulación — Control de legalidad — Criterios — Decisión de la Comisión por la que se ordena una inspección — Ilegalidad sobrevenida al aplicar dicha decisión — Ausencia de incidencia en la legalidad de la decisión por la que se ordena la inspección
(Art. 263 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 20, ap. 4)
(véanse los apartados 19 y 20)
Competencia — Procedimiento administrativo — Facultad de inspección de la Comisión — Decisión por la que se ordena una inspección — Obligación de motivación — Alcance — Obligación de indicar el objeto y la finalidad de la inspección — Obligación de proporcionar una delimitación precisa del mercado — Inexistencia — Obligación de proceder a una calificación jurídica de las presuntas infracciones — Inexistencia — Obligación de indicar el período de infracción objeto de sospecha — Inexistencia
[Art. 101 TFUE; Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 20, ap. 4]
(véanse los apartados 24 a 48)
Competencia — Procedimiento administrativo — Facultad de inspección de la Comisión — Derecho a la inviolabilidad del domicilio — Decisión por la que se ordena una inspección — Respeto del principio de proporcionalidad — Obligación de que la Comisión posea indicios suficientemente fundados que permitan sospechar una infracción — Obligación de divulgar dichos indicios — Inexistencia
[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 20, ap. 4]
(véanse los apartados 51 a 58 y 74 a 84)
Competencia — Procedimiento administrativo — Facultad de inspección de la Comisión — Decisión por la que se ordena una inspección — Obligación de motivación — Alcance — Indicación clara de los indicios fundados que permiten sospechar la existencia de una infracción — Control jurisdiccional
[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 20, ap. 4]
(véanse los apartados 78 a 84)
Competencia — Procedimiento administrativo — Facultad de inspección de la Comisión — Derecho a la inviolabilidad del domicilio — Obligación de que la Comisión posea indicios suficientemente fundados que permitan sospechar la existencia de una infracción — Contenido de los indicios que justificaron la decisión de inspección — Declaraciones realizadas públicamente por una empresa con el fin de sugerir a los principales competidores las estrategias de precios que deben adoptarse — Indicios suficientemente fundados de una coordinación de los precios durante el período principal — Falta de indicios suficientemente fundados en cuanto al período anterior — Vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio
[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 20, ap. 4]
(véanse los apartados 106 a 154 y 190)
Competencia — Procedimiento administrativo — Facultad de inspección de la Comisión — Recurso a una decisión de inspección — Facultad de apreciación de la Comisión — Límites — Respeto del principio de proporcionalidad — Riesgo de ocultamiento o destrucción de pruebas — Carácter necesario de la inspección
[Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, art. 20, ap. 4]
(véanse los apartados 156 a 158, 162 a 172, 176 y 177)
Resumen
El Tribunal General anula parcialmente la Decisión de la Comisión Europea (
1
) por la que se ordena a Compagnie générale des établissements Michelin (en lo sucesivo, «Michelin») que se someta a una inspección relativa a su eventual participación en acuerdos o prácticas contrarios a la competencia en el sector de los neumáticos. Al hacerlo, recuerda los criterios que permiten apreciar el carácter fundado de los indicios que pueden fundamentar tal decisión.
El 10 de enero de 2024, ante la sospecha de la existencia de prácticas contrarias a la competencia en relación con una coordinación de precios por parte de los principales fabricantes de neumáticos en el Espacio Económico Europeo (EEE), la Comisión adoptó, en el marco de una investigación iniciada de oficio, una decisión por la que se ordenaba a Michelin que se sometiera a una inspección (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). Esta decisión fue adoptada con arreglo al artículo 20, apartado 4, del Reglamento n.o 1/2003 (
2
) relativo a la aplicación de las normas sobre competencia, que establece las facultades de la Comisión en materia de inspección.
Entre enero y marzo de 2024, la Comisión realizó la inspección en los locales de Michelin. En ese contexto, giró visita a las oficinas, realizó una recogida de material (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas, dispositivos de almacenamiento), entrevistó a varias personas y realizó una copia del contenido del material recogido.
Mediante su recurso ante el Tribunal General, Michelin solicita la anulación de la Decisión impugnada invocando, por un lado, el incumplimiento de la obligación de motivación, y, por otro lado, la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Apreciación del Tribunal General
Con carácter preliminar, el Tribunal General observa que ciertos argumentos de la demandante se refieren al desarrollo de la inspección efectuada por la Comisión en ejecución de la Decisión impugnada. A este respecto, constata que una empresa no puede invocar la ilegalidad del desarrollo del procedimiento de inspección para impugnar la legalidad del acto sobre cuya base la Comisión ha realizado dicha inspección.
Dicho esto, Michelin solo llama la atención sobre el desarrollo de la inspección con el fin de ilustrar las supuestas faltas de claridad o de precisión de que adolece la motivación o la magnitud de la injerencia autorizada por una decisión por la que se ordena la inspección. Esta es, en consecuencia, la perspectiva desde la cual el Tribunal General aprecia los argumentos invocados en apoyo de los motivos de anulación de la Decisión impugnada.
El Tribunal General examina, en primer lugar, el motivo relativo al incumplimiento, en la Decisión impugnada, de la obligación de motivación a que se refiere el artículo 296 TFUE. Recuerda, para empezar, que la motivación de un acto de la Unión debe estar adaptada a la naturaleza del acto de que se trate y debe poner de relieve de forma clara e inequívoca el razonamiento de su autor. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que debe apreciarse a la luz no solo de su texto, sino también de su contexto y de todas las normas jurídicas que regulan la materia de que se trate.
En materia de competencia, el Reglamento n.o 1/2003 confiere facultades de inspección a la Comisión con objeto de que cumpla su misión de proteger el mercado interior de distorsiones de la competencia y sancione posibles infracciones a las normas sobre competencia en el referido mercado. Del artículo 20, apartado 4, de dicho Reglamento se desprende que las decisiones de inspección de la Comisión deben indicar, en particular, el objeto y la finalidad de la inspección. Esta obligación de motivación específica constituye una exigencia fundamental dirigida no solo a poner de manifiesto el carácter justificado de la intervención que se pretende realizar en el interior de las empresas afectadas, sino también a que estas estén en condiciones de comprender el alcance de su deber de colaboración, preservando al mismo tiempo su derecho de defensa.
Sin embargo, siempre que la decisión de inspección incluya los elementos esenciales antes mencionados, no es indispensable que contenga una delimitación precisa del mercado relevante, la calificación jurídica exacta de las infracciones objeto de sospecha ni la indicación del período durante el que, en principio, se cometieron las mismas. En efecto, dado que las inspecciones tienen lugar al principio de la investigación, la Comisión no suele disponer aún, en ese momento, de información precisa para emitir un dictamen jurídico específico y debe, en primer lugar, verificar la procedencia de sus sospechas y el alcance de los hechos ocurridos.
A la luz de estos principios, el Tribunal General analiza las alegaciones de Michelin de que la utilización de los términos «y/o», «señaladamente», «incluso» y «al menos» en la Decisión impugnada convierte los ámbitos material y temporal de la infracción objeto de sospecha en equívocos, injustificados o no razonables.
Señala que el uso de la conjunción alternativa «y/o» en la descripción de la forma adoptada por la presunta coordinación (acuerdos contrarios a la competencia y/o prácticas concertadas) no supone ninguna consecuencia particular para la demandante, puesto que la calificación jurídica exacta de la presunta coordinación como acuerdo entre empresas o como práctica concertada depende de una apreciación que no puede exigirse en el momento en que se redacta la decisión de inspección.
Por lo que respecta a la utilización de los términos «señaladamente» o «incluso» para describir las sospechas de la Comisión, su uso facilita la comprensión de las indicaciones de las que forman parte, a saber, una coordinación de los precios, «señaladamente, de los precios al por mayor», e intercambios de información comercialmente sensible, «incluso, a través de canales públicos accesibles a todos». Estos términos permiten a la demandante comprender mejor lo que se le reprocha. Ilustran el contenido de la presunta coordinación, explicando al mismo tiempo que los ejemplos que se presentan no constituyen indicaciones exhaustivas del ámbito material de la infracción objeto de sospecha.
Por último, al señalar que, aparentemente, el comportamiento empezó «al menos» durante un período principal, y que hay elementos que apuntan a una coordinación previa «al menos» durante un período anterior, la Comisión dio, por su propia iniciativa ciertas indicaciones sobre la dimensión temporal de la presunta coordinación. De este modo, dichas indicaciones, que forman parte de la motivación, permiten considerar que la demandante no se encontró en una situación en la que se le impidiera comprender claramente las sospechas de la Comisión y en la que se viera, por tanto, privada de la posibilidad de proteger plenamente su derecho de defensa.
Así pues, la motivación de la Decisión impugnada permite a la demandante, con arreglo al artículo 296 TFUE, conocer las justificaciones de la medida adoptada y al Tribunal General ejercer su control. También indica suficientemente, de conformidad con el artículo 20, apartado 4, del Reglamento n.o 1/2003, el objeto y la finalidad de la inspección.
El Tribunal General aborda, en segundo lugar, el motivo basado en la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio de la demandante.
Empieza recordando que una persona jurídica puede alegar dicho derecho, que se incardina en la protección de la vida privada. En efecto, la exigencia de una protección contra intervenciones arbitrarias o desproporcionadas de los poderes públicos en la esfera de actividad privada de cualquier persona constituye un principio general del Derecho de la Unión, que se encuentra expresado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, la «Carta»). El artículo 52, apartado 1, de la Carta precisa, a este respecto, que cualquier limitación del ejercicio de este derecho deberá ser establecida por la ley y respetar su contenido esencial, así como el principio de proporcionalidad.
En la práctica, una decisión por la que se ordena una inspección debe dirigirse a obtener la documentación necesaria para verificar la realidad y el alcance de una situación de hecho y de Derecho determinada acerca de la cual la Comisión ya dispone de informaciones constitutivas de indicios suficientemente fundados que permiten sospechar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia. De este modo, estar en posesión de tales indicios constituye una condición sine qua non para que la Comisión pueda ordenar una inspección en virtud del artículo 20, apartado 4, del Reglamento n.o 1/2003.
Además, dado que la motivación de una decisión por la que se ordena una inspección circunscribe el ámbito de las facultades conferidas a los agentes de la Comisión, solo pueden buscarse los documentos relativos al objeto de la inspección. Por lo tanto, no cabe formular tal decisión en términos que amplíen este ámbito más allá de lo que se desprende de los indicios suficientemente fundados de que dispone la Comisión cuando la adopta.
Hechas estas advertencias, el Tribunal General comprueba si, como alega la demandante, la Decisión impugnada reviste un carácter arbitrario.
A este respecto, señala, para empezar, que una decisión por la que se ordena una inspección no debe exponer necesariamente todas las informaciones de que dispone la Comisión en esa fase de la investigación, pues debe alcanzarse un equilibrio entre la preservación de la eficacia de la investigación y la protección del derecho de defensa de la empresa interesada.
Así, la Comisión debe indicar, en la decisión de inspección, con la mayor precisión posible, las sospechas que pretende comprobar, es decir, lo que se busca y los datos que deben ser objeto de inspección. Sin embargo, no cabe exigirle que también precise los indicios, esto es los datos que le llevan a considerar la posibilidad de una infracción del artículo 101 TFUE.
En este caso, no cabe por tanto reprochar a la Comisión que señalara que «dispon[ía] de informaciones» y de «pruebas» relativas a la presunta coordinación o a ciertos aspectos de esta, sin dar más indicaciones acerca de su naturaleza, su forma, su fecha y su autor.
El análisis del Tribunal General se centra a continuación en el carácter suficientemente fundado de los indicios presentados por la Comisión para justificar la Decisión impugnada.
El Tribunal General subraya, con carácter preliminar, que cuando las empresas destinatarias de una decisión de inspección presentan ciertos elementos que ponen en duda el carácter suficientemente fundado de los indicios en poder de la Comisión, el Tribunal General debe examinar tales indicios y controlar si son suficientemente fundados.
Este control judicial de legalidad completo, ejercido a posteriori, puede compensar la falta de mandato judicial previo y asegurar la compatibilidad de la medida de inspección con el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. No tiene por objeto saber si los indicios correspondientes permiten probar, y no solo sospechar, la existencia del presunto comportamiento contrario a la competencia, pues tal cuestión es aún prematura en esta fase de la investigación.
En efecto, a diferencia de las pruebas de una infracción, los indicios que fundamentan una decisión de inspección no necesitan demostrar la existencia y el contenido de una infracción, salvo que se quiera privar de toda utilidad a las facultades conferidas a la Comisión. Por tanto, la circunstancia de que los elementos que sirven de base a la Comisión puedan ser objeto de interpretaciones divergentes no impide que los mismos constituyan indicios suficientemente fundados, toda vez que la interpretación por la que se inclina la Comisión resulta plausible.
El Tribunal General subraya, asimismo, por un lado, que los diferentes indicios que permiten sospechar una infracción no deben apreciarse de manera aislada, sino en su conjunto, y que pueden reforzarse mutuamente. Por otro lado, el presente asunto corresponde al contexto de la fase de instrucción preliminar, es decir, a un momento en el que la Comisión aún no se ha pronunciado sobre la realidad de la infracción objeto de sospecha y la demandante goza de la presunción de inocencia
En este asunto, la Comisión comunicó, en el escrito de contestación a la demanda, explicaciones y elementos materiales con objeto de que el Tribunal General pudiera determinar si disponía de indicios suficientemente fundados para sustentar sus sospechas y justificar la inspección, lo que ha facilitado el control del Tribunal General. A la vista de estos elementos, el Tribunal General llega a la conclusión de que la Comisión disponía de indicios suficientemente fundados únicamente en lo que atañe a la presunta coordinación durante el período principal, pero no en relación con el período anterior a que se refiere Decisión impugnada, por lo que procede anular parcialmente dicha Decisión en este punto.
Por último, el Tribunal General rechaza la alegación basada en la vulneración del principio de proporcionalidad. Recuerda, al respecto, que este último constituye un principio general del Derecho de la Unión con arreglo al cual los actos de las instituciones de la Unión no deben rebasar los límites de lo que es apropiado y necesario para el logro de los objetivos perseguidos, entendiéndose que, cuando exista la posibilidad de elegir entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deberán ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos.
Dicho principio exige, en relación con una decisión de inspección, que la medida prevista no genere inconvenientes desmesurados e intolerables en relación con el objetivo perseguido. En particular, la elección que debe realizar la Comisión entre una solicitud de información y una inspección ordenada por vía de decisión no depende de circunstancias como la gravedad especial de la situación, la extrema urgencia o la necesidad de una discreción absoluta, sino de las necesidades de una investigación adecuada. Por tanto, cuando una decisión por la que se ordena una inspección tiene únicamente por objeto permitir que la Comisión reúna los datos necesarios para apreciar la posible existencia de una violación del Tratado, tal decisión no vulnera el principio de proporcionalidad.
En el caso que se examina, la Comisión no podía excluir la existencia de un riesgo de ocultación o de destrucción de las pruebas buscadas. Pues bien, la demandante no ha demostrado, por un lado, que la Decisión impugnada fuera innecesaria en razón de la inexistencia de un riesgo para las pruebas o de la posibilidad de recurrir a una medida menos onerosa ni, por otro lado, que supusiera consecuencias perjudiciales excesivas.
En vista de lo que antecede, al no existir indicios suficientemente fundados que permitan respaldar las sospechas en relación con el período anterior al período principal, el Tribunal General anula parcialmente la Decisión impugnada a este respecto debido a su carácter arbitrario y a la correspondiente vulneración del derecho de la demandante al respeto de su domicilio y de sus comunicaciones. Desestima el recurso en todo lo demás.
(
1
)	Decisión C(2024) 243 final de la Comisión, de 10 de enero de 2024, por la que se ordena a Compagnie Générale des Établissements Michelin, al igual que a todas las sociedades directa o indirectamente bajo su control, que se someta a una inspección con arreglo al artículo 20, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo (Asunto AT.40863 - Hoops).
(
2
)	Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).