61972J0040
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 7 de febrero de 1973 (
*1
)
En el asunto 40/72,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el Verwaltungsgericht Frankfurt/Main, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
I. Schroeder KG, Hamburgo,
demandante en el procedimiento principal,
y
República Federal de Alemania, representada por el Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Oficina federal de Alimentación y Asuntos Forestales), Frankfurt/Main,
demandada en el procedimiento principal,
una decisión prejudicial sobre la validez del Reglamento (CEE) no 1643/71 de la Comisión, de 28 de julio de 1971 (DO L 171, p. 2), por el que se establece un sistema de precios mínimos aplicables a la importación de concentrados de tomate procedentes de Grecia y, con carácter subsidiario, sobre la interpretación del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1428/71 del Consejo, de 2 de julio de 1971 (DO L 151, p. 6), por el que se determinan los requisitos para la aplicación de las medidas de salvaguardia en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; R. Monaco, Presidente de Sala; A.M. Donner, J. Mertens de Wilmars (Ponente) y H. Kutscher, Jueces;
Abogado General: Sr. K. Roemer;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
1
Considerando que, mediante resolución de 19 de junio de 1972, el Verwaltungsgericht Frankfurt/Main planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la validez del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1643/71 de la Comisión, de 28 de julio de 1971 (DO L 171, p. 2), por el que se establece un sistema de precios mínimos aplicables a la importación de concentrados de tomate procedentes de Grecia, y una cuestión prejudicial relativa a la interpretación del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1428/71 del Consejo, de 2 de julio de 1971 (DO L 151, p. 6), por el que se determinan los requisitos para la aplicación de las medidas de salvaguardia en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, y del artículo 41 del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Grecia de 9 de julio de 1961 (DO 1963, 26, p. 294).
2
Considerando que el Reglamento (CEE) no 1427/71 del Consejo, de 2 de julio de 1971 (DO L 151, p. 5), regula la adopción de eventuales medidas de salvaguardia en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, permitiendo aplicar, en los intercambios con países terceros, medidas apropiadas cuando el mercado de estos productos sufra o esté amenazado con sufrir, a causa de las importaciones, perturbaciones graves que puedan poner en peligro los objetivos de la Política Agrícola Común definidos en el artículo 39 del Tratado;
que el Reglamento no 1428/71 del Consejo, de la misma fecha que el anterior, recoge en su artículo 1 los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar la existencia de una perturbación o amenaza de perturbación grave y autoriza a la Comisión en su artículo 2 bien a suspender total o parcialmente las importaciones, bien a establecer un sistema de precios mínimos subordinando las importaciones al requisito de que se hagan a un precio superior a los precios mínimos fijados.
3
Considerando que en julio de 1971 la Comisión entendió que el mercado de concentrados de tomate estaba amenazado en la Comunidad con sufrir una perturbación grave a causa de la importación de este producto procedente de países terceros;
que por ello, la Comisión adoptó, mediante el Reglamento (CEE) no 1558/71, de 20 de julio de 1971 (DO L 164, p. 14), medidas de salvaguardia, en forma de contingentación, aplicables a las importaciones procedentes de la totalidad de los países terceros con excepción de Grecia;
que en relación con las importaciones procedentes de este último Estado y teniendo en cuenta el régimen particular de intercambios que resultaba del Acuerdo de Asociación entre la Comunidad y Grecia, la Comisión, mediante el Reglamento no 1643/71, de 28 de julio de 1971, estableció una medida de salvaguardia diferente al subordinar, según el artículo 2 de dicho Reglamento, la autorización de importar especialmente a que el importador garantizara por escrito que «la importación de que se trate es consecuencia de un contrato que estipula la venta y entrega franco-frontera en la Comunidad, o en un lugar situado fuera de ésta, a un precio superior al que figura en el anexo del presente Reglamento para la calidad de que se trate […]»;
que la petición de decisión prejudicial tiene por objeto la validez de esta disposición.
Sobre la validez del artículo 2 del Reglamento no 1643/71
A. Sobre el carácter necesario de la medida objeto del litigio y la existencia de una amenaza de perturbación grave a causa de las importaciones (tercera parte de la segunda cuestión)
4
Considerando que entre los elementos señalados por el órgano jurisdiccional nacional que pueden afectar la validez de la disposición litigiosa procede examinar, en primer lugar, si la medida era necesaria a consecuencia de la existencia de una perturbación o amenaza de perturbación grave del mercado de concentrados de tomate en la Comunidad a causa de las importaciones.
5
Considerando que para justificar la medida litigiosa, la Comisión pone de manifiesto un aumento constante, en concreto, de 4.000 a 22.000 toneladas, a lo largo de las campañas de comercialización 1968 a 1970, de las importaciones de concentrados de tomate procedentes de Grecia a precios que representaban de un 60 a un 70 % del precio de coste de la industria comunitaria;
que la Comisión hace notar que esta diferencia de precio provocó el cierre de un elevado número de industrias de transformación del tomate en Italia, fenómeno que condujo a su vez a una sensible disminución de las posibilidades de comercialización de los tomates frescos producidos en esta parte del mercado común;
que la Comisión deduce de ello que, dado que era previsible el mantenimiento de esta situación, el mercado de la Comunidad estaba amenazado con sufrir «especialmente a causa de las importaciones procedentes de Grecia» una perturbación grave, tanto de la industria transformadora como de la comercialización de la producción interior, perturbación que podía desembocar en precios internos que pondrían en peligro los objetivos del artículo 39;
6
qué habiendo observado el órgano jurisdiccional nacional que las cifras de importación mencionadas en los considerandos representaban menos del 10 % de la producción comunitaria de los concentrados de tomate, pregunta si dicho volumen de importaciones podía perturbar el mercado interior.
7
Considerando que la necesidad de adoptar medidas de salvaguardia, como por lo demás ya se indica en los considerandos séptimo y octavo de la exposición de motivos del Reglamento objeto del litigio, debía apreciarse en consideración del volumen no solamente de las importaciones procedentes de Grecia, sino también de las procedentes de otros países terceros, puesto que el efecto sobre el mercado interior resultaba sobre todo de este volumen global;
que por lo demás, es el conjunto de estas importaciones lo que constituye el objeto de las medidas de salvaguardia previstas por una parte por el Reglamento no 1558/71 y, por otra parte, por el Reglamento objeto del presente asunto;
que la necesidad de un Reglamento que se refiera a modalidades especiales en relación con las importaciones procedentes de Grecia resulta únicamente de la obligación impuesta a la Comisión y confirmada por el artículo 3 del Reglamento no 1428/71 del Consejo consistente en aplicar las medidas previstas «respetando las obligaciones que se derivan de acuerdos que vinculen a la Comunidad a nivel internacional», en el caso de autos, el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad y Grecia.
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Considerando que las importaciones globales procedentes de países terceros pasaron entre 1967 y 1970 de 18.000 a 70.000 toneladas, llegando a constituir de esta forma el 36 % de la producción comunitaria de 1970 (194.000 toneladas);
que el hecho de que estas importaciones se dirigieran, en gran parte (29.000 toneladas de un total de 70.000 toneladas de países terceros y 19.200 toneladas de un total de 23.400 toneladas de Grecia) a Italia, país en el que se encuentran el mayor número de industrias transformadoras de tomates, confirma las afirmaciones de la Comisión relativas a su efecto sobre la actividad de numerosas empresas italianas;
9
que el concepto de «perturbación grave» o de «amenaza de perturbación grave» debe apreciarse en relación con los objetivos de la Política Agrícola Común enumerados en el artículo 39 del Tratado;
que por estos motivos, la Comisión tenía razones para tomar en consideración no solamente el objetivo de estabilización del mercado sino también el de mantenimiento de un nivel de vida equitativo de la población agrícola y, consecuentemente, para considerar que existía una amenaza de perturbación, tanto por el efecto que podían tener las importaciones sobre las posibilidades de comercialización de la producción interna, como por su efecto en la industria de transformación;
que las 70.000 toneladas importadas en 1970 correspondían a una producción de tomates frescos de 420.000 toneladas, mientras que en Italia, principal productor, solamente 1.000.000 de toneladas fueron destinadas a la transformación, de manera que la Comisión pudo, con razón, estimar que estas importaciones constituían también una amenaza grave para la comercialización de la producción de tomates frescos;
que la Comisión tuvo en cuenta los criterios que el artículo 1 del Reglamento no 1428/71 obliga a tomar en consideración para apreciar la existencia de una perturbación o amenaza de perturbación grave a causa de las importaciones, a saber: a) el volumen de las importaciones realizadas o previsibles, b) las disponibilidades de productos en el mercado, c) los precios de los productos internos y d) los de los productos importados.
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Considerando que la afirmación de la demandante en el procedimiento principal de que las perturbaciones en el mercado italiano de los concentrados de tomate no provienen de las importaciones sino, principalmente, de dificultades estructurales propias de la economía italiana, no puede poner en entredicho las medidas de salvaguardia que se discute;
que, en efecto, según los considerandos contenidos en la exposición de motivos del Reglamento no 1428/71, la necesidad de recurrir a medidas de salvaguardia puede resultar de una situación en la que las circunstancias propias del mercado interior, como las dificultades estructurales, se agravan por el hecho de que las importaciones se realicen en una medida que haga más difícil el saneamiento de dicho mercado;
11
que en consecuencia, al considerar que existía una amenaza de perturbación grave, la Comisión no se extralimitó en su facultad de apreciación ni infringió el apartado 3 del artículo 40 del Tratado, ni los Reglamentos n os 1427/71 y 1428/71 en los que fundamenta sus facultades en la materia.
B. Sobre el carácter de la medida objeto del litigio; infracción de la letra c) del apartado 1 del artículo 39 en relación con el apartado 3 del artículo 40 del Tratado y con el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento no 1427/71 (primera cuestión)
12
Considerando que se plantea también la cuestión de si la validez de la disposición objeto del litigio puede verse afectada por el hecho de que, habida cuenta de las posibilidades de sustraerse a ella, resulta inadecuada para hacer desaparecer la amenaza de perturbación que pretende remediar;
que las dudas del órgano jurisdiccional nacional tienen su origen en el hecho de que un sistema de precios mínimos ofrece en su opinión múltiples posibilidades «incluso legales» de sustraerse a su aplicación;
que, según la demandante en el procedimiento principal, el reconocimiento de esta posibilidad debería haber inducido a la Comisión a preferir medidas de contingentación a las medidas de fijación de precios mínimos.
13
Considerando que si la Comisión en relación con Grecia ha concedido preferencia a un sistema de precios mínimos es porque, como ya se ha dicho, debía respetar las obligaciones derivadas del Acuerdo de Asociación, el cual prevé en su artículo 41, como medida de salvaguardia, un régimen de precios mínimos que posee dos modalidades;
que, con arreglo a la primera modalidad, se establece un sistema de contingentación cuando los precios interiores caen por debajo de un nivel mínimo;
que la segunda modalidad corresponde al sistema aplicado en este caso;
que se eligió este último sistema porque el otro implicaba un mecanismo de cotizaciones periódicas de precios interiores que no existía en el momento en que revestía urgencia la adopción de la medida de salvaguardia.
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Considerando que, en relación con la posibilidad de que existan medios de sustraerse al sistema, hay que hacer notar que la legalidad de un acto comunitario no puede depender de consideraciones retrospectivas sobre su grado de eficacia;
que, por tratarse en este caso de medidas económicas complejas, que implican necesariamente una amplia facultad de apreciación en cuanto a su oportunidad y que presentan por otra parte muy frecuentemente un margen de incertidumbre en relación con sus efectos, basta con que, en el momento de su adopción, no resulten manifiestamente inadecuadas para la consecución del objetivo pretendido;
que esto no sucedía en el caso de autos, tanto a causa del carácter costoso de las posibilidades sugeridas como por el carácter aleatorio de la duración de la medida de salvaguardia;
que, además, la reducción sensible de las importaciones con posterioridad a la entrada en vigor de la medida discutida, confirma que ésta no presentaba el grado de ineficacia que se alega.
C. Sobre la violación de los principios generales del Derecho, (primera y segunda partes de la segunda cuestión)
15
Considerando que el órgano jurisdiccional nacional pregunta, a continuación, si la validez de la disposición objeto del litigio puede verse afectada por el hecho de que viola los principios generales del Derecho, especialmente el principio de seguridad jurídica y el de proporcionalidad, en la medida en que obstaculiza inútilmente el comercio de importación, no está limitada en el tiempo y se aplica a la totalidad del mercado común.
16
Considerando que en relación con la compatibilidad de la disposición objeto del litigio con el Derecho comunitario, procede examinar separadamente cada uno de estos motivos de recurso.
17
Considerando que el órgano jurisdiccional nacional pregunta si puede haber un motivo de ilegalidad en la circunstancia de que «a causa de las posibilidades de fraude, hay que temer, por una parte, que se dificulte el comercio de importación a los importadores leales, mientras que, por otra parte, el resultado de la estabilización de los mercados que se pretende no compense este inconveniente».
18
Considerando que, puesto que la Comisión estaba obligada por el Acuerdo de Asociación a poner en funcionamiento, en relación con las importaciones griegas, un sistema de restricciones a la importación que implicaba en cualquier caso precios mínimos, no se le puede reprochar haber actuado ilegalmente puesto que cumplió dicha obligación;
que, por otra parte, le habría resultado imposible poner en práctica un sistema restrictivo de las importaciones con relación con los países terceros exceptuando uno de ellos;
que, en consecuencia, al sopesar los inconvenientes del sistema de precios mínimos para los importadores y la importancia del conjunto de medidas adoptadas frente a países terceros en relación con los diferentes objetivos del artículo 39 y al optar por el sistema aplicado, la Comisión no excedió los límites de su facultad de apreciación.
19
Considerando que también se ha formulado la pregunta de si, para ser legal, la disposición objeto del litigio debería haber tenido un límite temporal;
que se afirma que ello es tanto más así cuanto que el artículo 41 del Acuerdo de Asociación con Grecia dispone que, en caso de aplicación de un sistema de precios mínimos como medida de salvaguardia, dicha aplicación «deberá tener en cuenta los criterios mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 44 del Tratado» y que el Consejo previó un limite temporal al aplicar dicho artículo, mediante Decisión de 4 de abril de 1962 (DO 1962, 30, p. 995), en el transcurso del período transitorio.
20
Considerando que las medidas de salvaguardia autorizadas por los Reglamentos del Consejo n os 1427/71 y 1428/71 sólo pueden, según el tenor literal del apartado 2 del artículo 2 de este último Reglamento, «adoptarse en la medida y durante el tiempo estrictamente necesarios»;
que, sin embargo, esta regla no supone necesariamente la obligación de establecer previamente la duración de su vigencia;
que puede ser conforme con el objetivo que persiguen mantenerlas durante un período indeterminado;
que, por otra parte, no se puede deducir esta obligación de la remisión que hace el artículo 41 del Acuerdo de Asociación al artículo 44 del Tratado;
que, en efecto, esta última disposición no menciona entre los criterios enumerados un límite temporal de las medidas previstas;
que aunque el Consejo, en circunstancias distintas a las contempladas en este asunto, previo dicho límite en una norma de aplicación, no se puede deducir de ello que el artículo 44 ni, por tanto, la remisión que hace a esta disposición el artículo 41 del Acuerdo de Asociación, exijan el establecimiento de un límite temporal.
21
Considerando que la demandante en el procedimiento principal sostiene que la medida de salvaguardia debería haberse limitado a las importaciones destinadas a Italia y Francia dado que las perturbaciones observadas tuvieron lugar principalmente en estos dos mercados.
22
Considerando que, sin embargo, dicha limitación habría comprometido la eficacia de la medida, habida cuenta la libertad de circulación de mercancías establecida por el Tratado;
que, en efecto, una parte importante de la producción italiana de concentrados de tomate está destinada a su comercialización en la totalidad del mercado común, en el que habría tenido que competir con importaciones a bajo precio procedentes de países terceros;
que, por tanto, no puede acogerse a dicha alegación.
D. Sobre el efecto prohibitivo de las medidas criticadas (tercera cuestión)
23
Considerando que, en la tercera cuestión se pregunta si la validez de la disposición objeto del litigio no se ve afectada por el hecho de tener un efecto prohibitivo.
24
Considerando que, según el octavo considerando de la exposición de motivos del Reglamento no 1643/71, las medidas de salvaguardia deben regularse de manera que no afecten a aquellas importaciones que se realicen en condiciones que no agraven la situación del mercado;
que se afirma que, en el Anexo del Reglamento no 1643/71, la Comisión fijó los precios mínimos a un nivel demasiado alto a partir de un precio de coste en fábrica de 36 unidades de cuenta por 100 kilos indicado por el Gobierno italiano y que la Comisión no verificó.
25
Considerando que, como indica acertadamente el órgano jurisdiccional nacional, el nivel de precios mínimos debe estar en función del nivel de precios deseado en el interior de la Comunidad;
que la Comisión afirma haber tenido conocimiento de los elementos de cálculo del precio de coste de 36 unidades de cuenta cuyo desglose comunicó en su escrito de observaciones, y no haber encontrado motivos para dudar de su exactitud;
que la demandante no ha aportado pruebas concretas que permitan concluir la inexactitud de dichos datos;
que, teniendo en cuenta que este precio de coste era ligeramente superior al precio de intervención, el mismo podía aceptarse a pesar del inevitable margen de incertidumbre que conllevan dichas previsiones;
26
que, por otra parte, al ser Italia el Estado miembro productor más importante, con mucho, en la Comunidad, la Comisión tomó justificadamente como base el precio de coste en dicho país;
que teniendo en cuenta por una parte este precio de coste y, por otra parte, el precio de oferta en el mercado mundial de 25 unidades de cuenta por 100 kilos, la Comisión fijó los precios mínimos con relación a Grecia en 34 unidades de cuenta y, en relación con otros países terceros, en 30 unidades de cuenta lo que, sumados a los derechos de aduana, equivalían a 35,4 unidades de cuenta, con lo cual se mantenía a favor de Grecia la preferencia prevista por el Acuerdo de Asociación;
que el hecho de que los precios de oferta de concentrados de tomate permanecieran inferiores al precio mínimo de 34 unidades de cuenta con posterioridad a la medida criticada, precio que no se alcanzó hasta junio de 1970, no basta para concluir la ilegalidad de la fijación de un precio mínimo;
que aunque los precios interiores oscilaron durante el segundo semestre de 1971 alrededor de 30 unidades de cuenta, mostraron a continuación una tendencia constante a aproximarse al precio mínimo;
27
que, a este respecto, hay que tener en cuenta también la situación particular del mercado de que se trata, en el cual las importaciones agravaban las dificultades ya existentes;
28
que, teniendo en cuenta la complejidad de las previsiones económicas que implica la medida objeto del litigio, no parece que la Comisión, al determinar el precio que había que tomar en consideración, sobrepasara los límites de lo que podía considerarse necesario para conseguir los objetivos de estabilización de los mercados y de mantenimiento de un nivel de vida equitativo para los productores agrícolas.
29
Considerando, por último, que si bien como consecuencia de las medidas de salvaguardia, las importaciones de Grecia se redujeron a la mitad, especialmente en Italia, ello no basta para demostrar el carácter prohibitivo de dichas medidas;
que si las importaciones disminuyeron en Italia en mayor medida que en los otros Estados miembros, ello es consecuencia lógica de que la producción de concentrados de tomate se encuentre establecida esencialmente en este Estado miembro.
Sobre la cuestión de interpretación
30
Considerando que se pregunta a este Tribunal de Justicia si el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento no 1428/71 del Consejo, así como el artículo 41 del Acuerdo de Asociación entre la CEE y Grecia, deben interpretarse en sentido de que existe un orden de prioridad entre las medidas que en él se indican.
31
Considerando que el artículo 2 del Reglamento no 1428/71 establece que las medidas de salvaguardia pueden consistir bien en la suspensión de las importaciones, bien en un sistema de precios mínimos por debajo de los cuales las importaciones pueden someterse a la condición de que se hagan a un precio superior al precio mínimo fijado;
que, por el contrario, el artículo 41 del Acuerdo de Asociación prevé como medida de salvaguardia un sistema de precios mínimos con dos variantes, una de las cuales consiste en la suspensión o reducción temporal de las importaciones hechas por debajo del precio mínimo, y la otra en el sometimiento de dichas importaciones a la condición de que se hagan a un precio superior al precio mínimo;
que, puesto que, al poner en práctica las medidas de salvaguardia, la Comisión estaba obligada a respetar las obligaciones que se derivan de los acuerdos que vinculan a la Comunidad a nivel internacional, la Comisión debía, en relación con Grecia, recurrir a una de las dos variantes del sistema de precios mínimos.
32
Considerando que ni el artículo 2 del Reglamento no 1428/71, ni el artículo 41 del Acuerdo de Asociación indican en la enumeración de las medidas que prevén, un orden de prioridad entre ellas;
que es conforme con el objetivo pretendido por estas medidas que la autoridad pueda elegir la que le parezca más apropiada según las circunstancias;
que, en consecuencia, en relación con Grecia, la Comisión era libre de elegir entre las dos modalidades del sistema de precios mínimos previstas en el Acuerdo de Asociación, y parece incluso que la modalidad elegida es menos coercitiva que el sistema de contingentación por debajo del precio mínimo previsto también por el mencionado Acuerdo;
que, además, como ya se ha indicado, este último sistema implica un mecanismo de cotizaciones de precios interiores que no existía en relación con los productos de que se trata en el momento en que debía adoptarse la medida;
33
que, por tanto, procede responder a la cuestión planteada que ni el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento no 1428/71 del Consejo, de 2 de julio de 1971, ni el artículo 41 del Acuerdo de Asociación con Grecia establecen un orden de prioridad entre las medidas indicadas.
Costas
34
Considerando que los gastos efectuados por el Consejo y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;
que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente planteado ante el Verwaltungsgericht Frankfurt/Main, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto;
vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídas las observaciones orales del demandante en el procedimiento principal, del Consejo y de la Comisión de las Comunidades Europeas;
oídas las conclusiones del Abogado General;
visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en especial, sus artículos 39, 40, 44 y 177;
vistos los Reglamentos (CEE) del Consejo nos 1427/71 y 1428/71, de 2 de julio de 1971;
vistos los Reglamentos (CEE) de la Comisión no 1558/71, de 20 de julio de 1971, y no 1643/71, de 28 de julio de 1971;
vista la Decisión del Consejo, de 4 de abril de 1962;
visto el acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Grecia, de 9 de julio de 1961;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea y, en especial, su artículo 20;
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Verwaltungsgericht Frankfurt/Main mediante resolución de 19 de junio de 1972, declara:
1)
El examen de las cuestiones planteadas no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1643/71.
2)
Ni el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1428/71 del Consejo, de 2 de julio de 1971, ni el artículo 41 del Acuerdo por el que se crea una Asociación entre la CEE y Grecia, de 9 de julio de 1961, establecen un orden de prioridad entre las medidas que en ellos se indican.
Lecourt
Monaco
Donner
Mertens de Wilmars
Kutscher
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de febrero de 1973.
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
R. Lecourt
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.