62022CJ0549_RES
Asunto C‑549/22
X
contra
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de febrero de 2024
«Procedimiento prejudicial — Acuerdo de Asociación CE-Argelia — Seguridad social de los trabajadores migrantes argelinos y sus supérstites — Transferencia de prestaciones hacia Argelia a los tipos aplicados en virtud de la legislación del Estado miembro deudor — Prestación de supervivencia — Normativa nacional que aplica el principio del Estado de residencia — Cláusula de residencia que conlleva una reducción de la cuantía de la prestación de supervivencia para los beneficiarios que residen en Argelia»
Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CE-Argelia — Artículo 68, apartado 4 — Efecto directo — Inexistencia de Decisión del Consejo de Asociación — Falta de pertinencia
(Acuerdo de Asociación CE-Argelia, art. 68, ap. 4)
(véanse los apartados 30 a 36 y el punto 1 del fallo)
Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CE-Argelia — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Libre transferencia de pensiones y rentas de la seguridad social — Ámbito de aplicación personal — Prestación de supervivencia — Familiares supérstites de los trabajadores — Inclusión — Obligación de residencia en el Estado miembro deudor — Inexistencia
(Acuerdo de Asociación CE-Argelia, art. 68, ap. 4)
(véanse los apartados 38, 40 a 42 y el punto 2 del fallo)
Acuerdos internacionales — Acuerdo de Asociación CE-Argelia — Seguridad social de los trabajadores migrantes — Libre transferencia de pensiones y rentas de la seguridad social — Prestación de supervivencia — Cónyuge supérstite residente en Argelia — Transferencia de prestaciones hacia Argelia a los tipos aplicados en virtud de la legislación del Estado miembro deudor — Reducción de la cuantía de la prestación de supervivencia habida cuenta del coste de la vida en el Estado de residencia del beneficiario — Procedencia — Requisitos
(Acuerdo de Asociación CE-Argelia, art. 68, ap. 4)
(véanse los apartados 46 a 49 y 51 y el punto 3 del fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el Centrale Raad van Beroep (Tribunal Central de Apelación, Países Bajos; en lo sucesivo, «órgano jurisdiccional remitente»), declara que el artículo 68, apartado 4, (
1
) del Acuerdo de Asociación CE-Argelia, (
2
) relativo al derecho a la libre transferencia de prestaciones de la seguridad social, tiene efecto directo y no se opone a la reducción de la cuantía de las prestaciones de supervivencia por el hecho de que sus beneficiarios residan en Argelia, cuando estas tengan por objeto garantizar una renta básica calculada en función del coste de la vida en el Estado miembro deudor y que la referida reducción respete el contenido esencial de ese derecho.
X reside en Argelia. En cuanto supérstite de su cónyuge, que trabajó en los Países Bajos y estaba asegurado con arreglo a la Algemene nabestaandenwet (Ley sobre el Régimen General de las Pensiones de Supervivencia; en lo sucesivo, «ANW») en el momento de su fallecimiento, tiene derecho a una prestación de supervivencia desde el 1 de enero de 1999. Tras haber restablecido en 2018, con efecto retroactivo, la prestación de supervivencia de X a la que había puesto fin en 2012, el Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Consejo de Administración de la Tesorería de la Seguridad Social, Países Bajos) informó a X de que dicha prestación se reduciría a partir del 1 de enero de 2013 debido a que debería haberse abonado según el principio del Estado de residencia, esto es, en el caso de autos, en función de un porcentaje que reflejara el coste de la vida en Argelia en relación con el coste de la vida en los Países Bajos. (
3
)
Tras la desestimación de varios recursos contra dicha resolución, X interpuso recurso de apelación ante el órgano jurisdiccional remitente, que decidió plantear al Tribunal de Justicia diferentes cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 68, apartado 4, del Acuerdo de Asociación CE-Argelia con el fin de saber si dicho Acuerdo se opone a la reducción, basada en el principio del Estado de residencia, de la cuantía de la prestación de supervivencia de X.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia responde, en primer lugar, a la cuestión de si, habida cuenta del tenor, del objeto y de la naturaleza del Acuerdo de Asociación CE-Argelia, el artículo 68, apartado 4, de este Acuerdo tiene efecto directo.
A este respecto el Tribunal de Justicia constata que dicha disposición establece en términos claros, precisos e incondicionales el derecho a la libre transferencia hacia Argelia de las pensiones y rentas contempladas en esa disposición, a los tipos aplicados en virtud de la legislación del Estado miembro deudor. Así, la misma disposición impone a los Estados miembros una obligación de resultado clara y precisa consistente en permitir a los interesados beneficiarse de esa libre transferencia, obligación que, como tal, no está subordinada, ni en su ejecución ni en sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno.
Si bien el Tribunal de Justicia señala que este derecho a la libre transferencia no es absoluto, ya que sus efectos concretos en el asunto del que se trate en cada caso dependerán, de los «tipos aplicados en virtud de la legislación del Estado miembro o los Estados miembros [deudores]», no puede interpretarse en el sentido de que permite a los Estados miembros restringir de manera discrecional el referido derecho a la libre transferencia y vaciarlo de contenido. Asimismo, el Tribunal de Justicia expone que la ejecución o los efectos del derecho reconocido en esta disposición no están supeditados a la adopción de otro acto, en particular a la adopción, por el Consejo de Asociación, de las disposiciones contempladas en el artículo 70, apartado 1, del Acuerdo de Asociación CE-Argelia, que, por consiguiente, no puede considerarse que condiciona la aplicación inmediata de tal derecho. Sobre este particular el Tribunal de Justicia concluye que el artículo 68, apartado 4, del Acuerdo de Asociación CE-Argelia tiene efecto directo, de modo que las personas a las que se aplica esta disposición tienen derecho a invocarla directamente ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para impedir la aplicación de las normas de Derecho nacional que sean contrarias a ella.
A continuación, el Tribunal de Justicia responde a la cuestión prejudicial relativa al ámbito de aplicación personal del artículo 68, apartado 4, del Acuerdo de Asociación CE-Argelia.
Tras observar que el artículo 68, apartado 4, solo se refiere expresamente a «estos trabajadores», en referencia a los «trabajadores de nacionalidad argelina» mencionados en el apartado 1 del mismo artículo, el Tribunal de Justicia constata que las pensiones y rentas de supervivencia figuran entre las prestaciones que pueden transferirse libremente a Argelia, cuyos beneficiarios solo pueden ser, por definición, los supérstites de dichos trabajadores. Por lo tanto, el artículo 68, apartado 4, del Acuerdo de Asociación CE-Argelia quedaría privado de efecto útil si los supérstites quedaran excluidos de su ámbito de aplicación personal. El Tribunal de Justicia observa asimismo que sería contrario a la lógica que subyace al principio mismo de la libre transferencia de prestaciones hacia Argelia exigir que el beneficiario esté obligado a residir en el Estado miembro deudor, en este caso los Países Bajos. A este respecto, el Tribunal de Justicia concluye que el artículo 68, apartado 4, del Acuerdo de Asociación CE-Argelia se aplica a los supérstites de un trabajador que no son trabajadores, residen en Argelia y quieren transferir su prestación de supervivencia hacia Argelia.
Por último, en cuanto a la compatibilidad de la reducción de la cuantía de una prestación de supervivencia debido a que el beneficiario de dicha prestación resida en Argelia con el artículo 68, apartado 4, del Acuerdo de Asociación CE-Argelia, el Tribunal de Justicia recuerda que esta disposición establece el derecho a la libre transferencia de las prestaciones de que se trata hacia Argelia «a los tipos aplicados en virtud de la legislación del Estado miembro o los Estados miembros [deudores]». De este modo, el Estado miembro deudor tiene cierto margen de apreciación para establecer las normas relativas al cálculo de la cuantía de las prestaciones contempladas en dicha disposición, por lo que ese Estado miembro puede establecer normas para adaptar la cuantía de las referidas prestaciones con ocasión de esa transferencia, como la norma basada en el principio del Estado de residencia.
No obstante, el Tribunal de Justicia señala que tales normas deben respetar el contenido esencial del derecho a la libre transferencia de las prestaciones, sin privar a este derecho de su efecto útil, y examina, a tal fin, los elementos que caracterizan la prestación de supervivencia controvertida en el litigio principal. Constata que su cuantía se fija en función del coste de la vida en los Países Bajos y que, por consiguiente, dicha prestación tiene por objeto garantizar que los supérstites dispongan de una renta básica calculada en función del coste de la vida en ese Estado miembro. En consecuencia, el hecho de adaptar la cuantía de la prestación transferida para tener en cuenta el coste de la vida en Argelia no parece, en opinión del Tribunal de Justicia, que pueda vaciar el derecho a la libre transferencia de su contenido esencial, siempre que la determinación del tipo utilizado para tal adaptación se base en elementos objetivos, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
(
1
)	El artículo 68 de dicho Acuerdo está redactado como sigue:
«1. Sin perjuicio de las disposiciones de los apartados siguientes, los trabajadores de nacionalidad argelina y los miembros de su familia que residan con ellos se beneficiarán en el campo de la seguridad social de un régimen caracterizado por la ausencia de cualquier tipo de discriminación por razones de nacionalidad respecto de los nacionales de los Estados miembros en los que estén empleados. La noción de seguridad social cubre los aspectos de la seguridad social que se refieren a las prestaciones de enfermedad y maternidad, las prestaciones de invalidez, vejez y supervivencia, las prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional, los subsidios por defunción, las prestaciones por desempleo y las prestaciones familiares.
No obstante, esta disposición no podrá tener por efecto convertir en aplicables las demás normas de coordinación previstas por la normativa comunitaria basada en el artículo [48] del Tratado [FUE], en condiciones distintas de las que establece el artículo 70 del presente Acuerdo.
[…]
4. Estos trabajadores se beneficiarán de la libre transferencia hacia Argelia, a los tipos aplicados en virtud de la legislación del Estado miembro o los Estados miembros [deudores], de las pensiones y rentas de vejez, supervivencia y accidente de trabajo o enfermedad profesional, así como de invalidez en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, con excepción de las prestaciones especiales de carácter no contributivo. […]».
(
2
)	Acuerdo Euromediterráneo por el que se establece una asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Argelina Democrática y Popular, por otra, aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/690/CE del Consejo, de 18 de julio de 2005 (DO 2005, L 265, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación CE-Argelia»).
(
3
)	Este porcentaje se fija con arreglo a lo dispuesto en el Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012 (Reglamento de 2012 sobre el Principio del Estado de Residencia en la Seguridad Social), adoptado sobre la base del artículo 17, apartado 3, de la ANW, en su versión modificada por la Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid (Ley sobre el Principio del Estado de Residencia en la Seguridad Social). Por lo que respecta a Argelia, dicho porcentaje asciende al 60 % de la cuantía máxima de la prestación de supervivencia a partir del 1 de enero de 2013 y al 40 % de dicha cuantía máxima a partir del 1 de enero de 2016.