Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 12 de marzo de 2026 (1)
Asunto C‑559/23 P
International Management Group (IMG)
contra
Comisión Europea
« Recurso de casación — Excepción de inadmisibilidad del recurso de casación por prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual — Omisión del Tribunal General de pronunciarse sobre la excepción de inadmisibilidad antes de desestimar el recurso por infundado — Investigación externa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Comunicación del informe de investigación de la OLAF a las autoridades judiciales nacionales — Divulgación no autorizada del informe de investigación en la prensa — Perjuicios morales y materiales supuestamente sufridos por la recurrente — Relación de causalidad — Hecho generador del daño imputable a la Unión Europea o a las autoridades nacionales competentes — Incertidumbre — Carga de la prueba »
I.      Introducción
1.        El presente recurso de casación se ha interpuesto contra la sentencia del Tribunal General de 28 de junio de 2023, IMG/Comisión, (2) por la que este desestimó el recurso de responsabilidad extracontractual de la Unión presentado por International Management Group (IMG), a raíz de la divulgación no autorizada en la prensa de un informe de investigación que le concernía, elaborado por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
2.        Al enjuiciar el recurso de casación, el Tribunal de Justicia deberá, en particular, validar o censurar la posición del Tribunal General que, en la sentencia recurrida, consideró que debía excluirse la responsabilidad extracontractual de la Unión debido a la incertidumbre sobre el autor del hecho generador del daño, «a falta de indicios en este sentido», (3) ya que pudo haber sido causado tanto por una fuente interna de la Unión, a saber, la OLAF o la Comisión Europea, como por una fuente externa a esta, a saber, las autoridades judiciales nacionales competentes.
3.        En las presentes conclusiones, propondré al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida por considerar que el Tribunal General infringió las reglas en materia de carga y práctica de la prueba en el contexto de su apreciación relativa a un supuesto incumplimiento por parte de la Comisión y la OLAF de la obligación de confidencialidad que les incumbe. Expondré las razones por las que tal error de Derecho vicia también su conclusión relativa a un supuesto incumplimiento del deber de diligencia por parte de estas.
II.    Antecedentes del litigio
4.        Los antecedentes del litigio se resumen en los apartados 2 a 12 de la sentencia recurrida.
5.        IMG se constituyó, según sus estatutos, como organización internacional sin ánimo de lucro. En ejercicio sus actividades, celebró varios convenios con la Comisión, conforme al régimen de ejecución del presupuesto de la Unión denominado «de gestión indirecta o conjunta», previsto por la normativa financiera de la Unión.
6.        El director general de la OLAF abrió una investigación externa sobre el estatuto jurídico de la organización recurrente. (4) Terminada la investigación, consideró, en esencia, en el informe final de investigación (en lo sucesivo, «informe de la OLAF»), de 9 de diciembre de 2014, que IMG no constituía una «organización internacional» en el sentido de la normativa financiera de la Unión, y recomendó a la Comisión que le impusiera sanciones administrativas y financieras y que procediera a la recuperación de las cantidades que le habían sido abonadas en condición de tal.
7.        El informe de la OLAF se transmitió oficialmente el 12 de diciembre de 2014 a la Comisión y a las instancias judiciales francesas y belgas. El 13 de febrero de 2015, la revista Der Spiegel publicó información sobre el contenido de dicho informe. El 18 de febrero de 2015, la recurrente envió a la OLAF un escrito en el que señalaba una posible filtración a la prensa de información relativa al contenido de dicho informe.
8.        El 13 de marzo de 2015, el director general de la OLAF envió un escrito al presidente del Parlamento Europeo indicando que había tenido conocimiento de que el informe de la OLAF se había difundido en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento. En dicho escrito, el director general de la OLAF recordaba que el informe no se había divulgado oficialmente al Parlamento y solicitaba al presidente de dicha institución que tomara las medidas necesarias para poner fin a la difusión del citado documento.
9.        Mediante escrito de 20 de marzo de 2015, la OLAF respondió a la recurrente que su informe se había transmitido exclusivamente a las autoridades nacionales competentes y a la Secretaría General de la Comisión.
10.      El 11 de diciembre de 2015, se publicó el informe de la OLAF, sin sus anexos, en el sitio de Internet del periódico New Europe. Se informó a la recurrente de que el secretario general de la Comisión y la OLAF habían abierto sendas investigaciones para identificar la fuente de la filtración.
11.      El 30 de enero de 2017, el secretario general de la Comisión envió un escrito a la recurrente informándole de que las investigaciones habían concluido y no habían permitido identificar la fuente de la filtración.
12.      El 5 de junio de 2018, la recurrente obtuvo una copia del informe de la OLAF con sus anexos.
III. Procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión
A.      Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
13.      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 21 de diciembre de 2020, la recurrente interpuso un recurso basado en el artículo 268 TFUE con el fin de obtener una indemnización por los daños materiales y morales que consideraba haber sufrido como consecuencia de la ilegalidad de la actuación de la Comisión y de la OLAF a raíz del informe de esta. El Tribunal General, mediante la sentencia recurrida, desestimó el recurso en su totalidad.
B.      Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
14.      El 7 de septiembre de 2023, la recurrente interpuso recurso de casación contra la sentencia recurrida. En sus pretensiones, solicita al Tribunal de Justicia que anule dicha sentencia, que acoja sus pretensiones deducidas ante el Tribunal General, que declare la responsabilidad extracontractual de la Comisión, que condene a la Comisión a reparar el perjuicio que la recurrente alega haber sufrido, evaluado, a reserva de posibles modificaciones, en 10 000 euros mensuales durante el período comprendido entre mediados de diciembre de 2015 y la fecha en que se dicte la sentencia por el daño moral y en 2,1 millones de euros por el perjuicio material, más los intereses de demora, y que condene a la Comisión al pago de la totalidad de las costas de ambos procedimientos.
15.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad del recurso o, con carácter subsidiario, lo desestime, y que condene a la recurrente al pago de las costas.
IV.    Análisis
16.      En apoyo de su recurso, la recurrente invoca cinco motivos basados, en primer lugar, en la apreciación errónea de la relación de causalidad necesaria para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión; en segundo lugar, en la apreciación errónea del requisito de la imputabilidad del hecho dañoso a la OLAF o a la Comisión; en tercer lugar, en la apreciación errónea de la existencia de ilegalidad basada en el incumplimiento del deber de asistencia y protección; en cuarto lugar, en la apreciación errónea de la existencia de ilegalidad basada en el incumplimiento del deber de diligencia y, por último, en quinto lugar, en errores de Derecho que afectan a la apreciación del Tribunal General relativa a la retirada de los autos del dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión.
17.      Por su parte, la Comisión alega, con carácter principal, que la acción de indemnización de la recurrente ya había prescrito cuando se presentó el recurso, por lo que este es inadmisible. Con carácter subsidiario, la Comisión considera que el recurso debe ser desestimando.
A.      Sobre la admisibilidad del recurso de casación
18.      El presente recurso de casación presenta dos dificultades en cuanto a su admisibilidad.
1.      Sobre la capacidad procesal de IMG para reclamar judicialmente en materia de responsabilidad extracontractual de la Unión
19.      En el asunto IMG/Comisión (C‑790/24 P), en el que también presento hoy mis conclusiones, el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 4 de septiembre de 2024, IMG/Comisión, (5) en la que el Tribunal General confirmó la legalidad de la Decisión de la Comisión de 8 de junio de 2021, por la que se denegaba a la recurrente la condición de organización internacional con efecto retroactivo a 16 de diciembre de 2014.
20.      En el caso de que, al término de su examen, el juez de la Unión confirme la legalidad de dicha Decisión, considero que esta circunstancia no puede afectar a la admisibilidad del presente recurso de indemnización, interpuesto el 21 de diciembre de 2020, por el hecho de que IMG haya perdido, en la fecha en que se pronuncie el juez de la Unión, su capacidad procesal.
21.      En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia el concepto de «persona jurídica» implica, en principio, la existencia de una personalidad jurídica constituida en virtud del Derecho de un Estado miembro o de un tercer país y capacidad procesal reconocida por dicho Derecho. (6)
22.      Ahora bien, aunque IMG no se hubiera constituido como organización internacional o hubiera perdido dicha condición, el hecho de que no sea o haya dejado de ser un sujeto de Derecho internacional no le priva, sin embargo, de su personalidad jurídica en el ordenamiento jurídico de uno o varios Estados ni de su capacidad procesal. Por otra parte, la Comisión no negó esta capacidad cuando respondió a una pregunta formulada en la vista por el Tribunal de Justicia. La estructura interna de IMG (presupuesto, personal, infraestructura) la dota de la autonomía necesaria para actuar como entidad responsable en las relaciones jurídicas y sus disposiciones estatutarias, al igual que las disposiciones de los acuerdos de sede que ha celebrado con varios Estados, le reconocen capacidad procesal en el ordenamiento jurídico nacional.
23.      En el caso de autos, la situación de la recurrente es similar a la del asunto que dio lugar a la sentencia de 28 de octubre de 1982, Groupement des Agences de voyages/Comisión, (7)ya que la Comisión le confió tareas de ejecución presupuestaria en régimen de gestión indirecta con una «organización internacional» durante varios años, por lo que, durante ese período, se la consideró como tal. He de añadir que, ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, la Comisión trató a IMG como una persona jurídica con capacidad procesal, ya que no propuso una excepción de inadmisibilidad a este respecto, a pesar de que se incoaron trece procedimientos ante el juez de la Unión. Este tampoco constató la falta de capacidad procesal de la recurrente, a pesar de tratarse de una cuestión de orden público.
24.      Cabe señalar asimismo que, en el apartado 112 de la sentencia de 18 de enero de 2007, PKK y KNK/Consejo, (8)que se refería, en particular, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), el Tribunal de Justicia consideró que, si el legislador de la Unión considera que una organización cuya existencia se pone en duda sigue teniendo una existencia suficiente para ser objeto de medidas restrictivas, la coherencia y la justicia imponen que se reconozca que dicha entidad continúa disfrutando de una existencia suficiente para impugnar estas medidas. En efecto, cualquier otra conclusión tendría como resultado que una organización pudiera ser incluida en la lista controvertida sin poder recurrir contra esta inclusión.
25.      Del mismo modo, si se considera que la OLAF y la Comisión estaban obligadas a garantizar la confidencialidad de las conclusiones del informe de la OLAF, las exigencias de la coherencia y el necesario respeto del derecho a una tutela judicial efectiva imponen que se reconozca a la recurrente una existencia suficiente para solicitar la reparación del perjuicio que considera haber sufrido como consecuencia de la divulgación no autorizada en la prensa de dichas conclusiones. (9)
26.      Por todas estas razones, considero que IMG tiene capacidad procesal para reclamar judicialmente por responsabilidad extracontractual de la Unión, independientemente de las conclusiones a las que llegue el juez de la Unión en cuanto a su estatuto de organización internacional.
2.      Sobre la decisión del Tribunal General de resolver sobre el fondo del recurso sin pronunciarse sobre la prescripción de la acción indemnizatoria
27.      En su escrito de contestación, la Comisión plantea una excepción de inadmisibilidad del recurso de casación por considerar que la acción indemnizatoria ejercitada por IMG ha prescrito por las razones que expuso en la excepción de inadmisibilidad que propuso ante el Tribunal General.
28.      En primer lugar, la Comisión sostiene que el plazo de prescripción había expirado el 11 de diciembre de 2020, es decir, cinco años después de la publicación del informe de la OLAF en el sitio de Internet del periódico New Europe, mientras que el recurso de la recurrente se interpuso el 21 de diciembre de 2020, es decir, diez días más tarde. A este respecto, la Comisión señala que, de conformidad con la jurisprudencia, el plazo por razón de la distancia no es aplicable al plazo de prescripción, que es un plazo de Derecho material.
29.      En segundo lugar, la Comisión sostiene que el inicio del plazo de prescripción es anterior a dicha publicación. En este sentido, afirma, el perjuicio alegado por la recurrente se materializó, a más tardar, cuando se filtró el informe de la OLAF. Pues bien, las ilegalidades invocadas por IMG se referían a la cuestión de su estatuto jurídico y esta había sido informada mucho antes del 11 de diciembre de 2015 de las dudas que la OLAF y la Comisión tenían al respecto.
30.      La recurrente se opone a esta apreciación. En primer lugar, pone de relieve que la Comisión no interpuso un recurso incidental ni propuso una excepción de inadmisibilidad. En segundo lugar, sostiene que el perjuicio cuya reparación solicita es un perjuicio continuado, que no se materializó hasta la difusión no autorizada del informe de la OLAF. A este respecto, señala que no tuvo la posibilidad de conocer dicho informe antes de su divulgación, ya que se le comunicó en junio de 2018, antes de la vista celebrada el 27 de septiembre de 2018 en los asuntos acumulados que dieron lugar a la sentencia de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión. (10)
31.      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la prescripción es una causa de sobreseimiento que, a diferencia de los plazos de procedimiento, no es de orden público, sino que extingue la acción de responsabilidad solo a instancia de la parte demandada, por lo que el respeto del plazo de prescripción no puede ser examinado de oficio por el juez de la Unión, sino que se trata de una cuestión que debe ser planteada por la parte afectada. (11)
32.      En el caso de autos, del apartado 22 de la sentencia recurrida se desprende que la Comisión había solicitado al Tribunal General que declarase inadmisible el recurso de la recurrente, alegando que la acción había prescrito. Sin embargo, tras recordar, en el apartado 23 de dicha sentencia, la jurisprudencia según la cual el juez de la Unión está facultado para apreciar, en función de las circunstancias de cada caso, si una recta administración de la justicia justifica desestimar un recurso en cuanto al fondo, sin pronunciarse previamente sobre su admisibilidad, el Tribunal General decidió, en el apartado 24 de la citada sentencia, examinar en cuanto al fondo las pretensiones de indemnización de la recurrente sin pronunciarse previamente sobre la excepción de prescripción de su acción. (12) Por consiguiente, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que examine si la acción indemnizatoria de la recurrente ha prescrito.
33.      A semejanza de lo que el Tribunal de Justicia resolvió en circunstancias similares en las sentencias de 25 de marzo de 2010, Sviluppo Italia Basilicata/Comisión, (13)y de 24 de marzo de 2022, GVN/Comisión, (14) debe considerarse que esta argumentación de la Comisión no tiene por objeto cuestionar la admisibilidad del presente recurso. Por otra parte, tal solución no sería posible, ya que el Tribunal General desestimó el recurso y la recurrente, cuyas pretensiones habían sido desestimadas y había perdido el proceso, interpuso recurso de casación contra la sentencia recurrida, al amparo del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
34.      Debe considerarse que el objeto de dicha argumentación de la Comisión es impugnar la decisión del Tribunal General de desestimar el recurso en cuanto al fondo sin pronunciarse sobre la causa de inadmisibilidad que había invocado.
35.      Pues bien, el Tribunal de Justicia considera que corresponde al Tribunal General apreciar si una recta administración de la justicia justifica desestimar un recurso en cuanto al fondo sin pronunciarse sobre las causas de inadmisibilidad invocadas, en este caso por la Comisión, y considera, además, que tal apreciación no puede considerarse lesiva para esta. Por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la Comisión no podía interponer un recurso incidental. (15)
36.      Así, el Tribunal General, en el apartado 24 de la sentencia recurrida, consideró, en aras de la economía procesal, que no procedía pronunciarse previamente sobre la excepción de inadmisibilidad basada en la prescripción del recurso, antes de examinar si eran fundadas las pretensiones de indemnización de la recurrente.
37.      Dado que la argumentación de la Comisión relativa a la prescripción de la acción indemnizatoria de la recurrente no pretende cuestionar el fallo de la sentencia recurrida, debe considerarse, en su estado actual, inoperante y, por lo tanto, puede desestimarse como tal. (16)
B.      Sobre el fondo
38.      Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión en virtud artículo 340 TFUE, párrafo segundo, es necesario acreditar los siguientes elementos:
–        la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares;
–        la realidad del daño, y
–        la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al autor del acto y el daño sufrido por los perjudicados. (17)
39.      De esta jurisprudencia se desprende también que, en el supuesto de que no se cumpla uno de tales requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos de la responsabilidad extracontractual de la Unión. Conforme a esta jurisprudencia, el juez de la Unión no está obligado a examinar estos requisitos en un orden determinado. (18)
40.      En la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, en primer lugar, que puede existir una relación de causalidad entre, por una parte, el incumplimiento de la obligación de confidencialidad y de los deberes de diligencia y de asistencia y protección y, por otra parte, el perjuicio que afirma haber sufrido la recurrente, excluyendo que pueda existir tal relación con las supuestas irregularidades que afecten a la apertura, la instrucción y las conclusiones de la investigación, también invocadas por la recurrente (apartado 42 de la sentencia recurrida).
41.      En segundo lugar, el Tribunal General consideró que no pueden generar la responsabilidad de la Unión ni el supuesto incumplimiento de la obligación de confidencialidad, puesto que es incierto el origen de la filtración (apartado 67 de la sentencia recurrida), ni el incumplimiento del deber de asistencia y protección, por no ser aplicable en el presente caso (apartado 73 de dicha sentencia), ni el deber de diligencia, ya que este no obligaba a la Comisión a condenar la filtración a la prensa de información relativa a la investigación de la OLAF y a distanciarse de la información publicada, dado que no se le podía imputar la responsabilidad de la filtración (apartado 92 de dicha sentencia).
42.      Por lo tanto, el Tribunal General desestimó el recurso de la recurrente.
1.      Sobre el primer motivo, basado en la apreciación errónea de la relación de causalidad necesaria para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión
43.      Mediante su primer motivo, la recurrente impugna los apartados 37 a 42 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General examinó la existencia de una relación de causalidad suficientemente directa entre las ilegalidades del comportamiento de la OLAF invocadas por la recurrente y los perjuicios que esta alega haber sufrido.
a)      La sentencia recurrida
44.      Por las razones expuestas en los apartados 37 a 39 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que las tres primeras ilegalidades invocadas por la recurrente, relativas a la competencia de la OLAF, al contenido de su informe y a la regularidad de su investigación, no presentan una relación suficientemente directa con los perjuicios supuestamente sufridos por la recurrente.
45.      En cambio, en el apartado 40 de dicha sentencia, en lo que respecta a la cuarta ilegalidad, el Tribunal General señaló, que esta se refiere al incumplimiento por la OLAF y la Comisión de su obligación de confidencialidad, así como al incumplimiento por la Comisión de sus deberes de diligencia y de asistencia y protección a raíz de la filtración del informe de la OLAF a la prensa. El Tribunal General consideró, en el apartado 41 de la sentencia, que el hecho de que, a causa de dicha filtración, los interlocutores y los donantes habituales de la recurrente tuvieran conocimiento de la información confidencial contenida en dicho informe, podía haber suscitado en ellos dudas sobre la honradez, la capacidad y la personalidad jurídica de la recurrente y, por lo tanto, haberle causado los perjuicios cuya reparación reclamaba.
46.      El Tribunal General consideró, por consiguiente, que quedaba demostrada la existencia de una relación de causalidad suficientemente directa entre la cuarta ilegalidad invocada por la recurrente y los perjuicios alegados. Por lo tanto, como se desprende del apartado 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal General decidió examinar la legalidad del comportamiento imputado a la Comisión y a la OLAF únicamente en lo que respecta a los deberes de confidencialidad, de diligencia y de asistencia y protección.
b)      Alegaciones de las partes
47.      El primer motivo consta de dos partes.
48.      En la primera parte del primer motivo, la recurrente sostiene que, al descartar la existencia de una relación de causalidad directa entre, por un lado, las tres primeras irregularidades que había alegado como vicios del contenido del informe de la OLAF, a saber, las ilegalidades que afectan la apertura de la investigación, su instrucción y la redacción del informe, y, por otro lado, el perjuicio del que se considera víctima, el Tribunal General resolvió infra petita.
49.      Mediante la segunda parte de este primer motivo, la recurrente impugna la apreciación del Tribunal General que figura en el apartado 42 de la sentencia recurrida, según la cual el requisito de la relación de causalidad necesaria para que se genere la responsabilidad de la Unión solo se cumple, en lo que respecta al supuesto incumplimiento de la obligación de confidencialidad y de los deberes de diligencia y de asistencia y protección, tras la filtración del informe de la OLAF a la prensa. La recurrente sostiene, en este sentido, que el perjuicio que ha sufrido no se deriva únicamente de la divulgación del informe a la prensa, sino también de una serie de circunstancias indisociables que viciaron la apertura de la investigación, su instrucción y la redacción de las conclusiones del informe, sin cuya concatenación no se habría producido el perjuicio invocado.
50.      La Comisión considera que el primer motivo es infundado. En particular, afirma que las críticas formuladas por la recurrente en relación con la toma en consideración de las tres primeras ilegalidades que, según ella, vician el informe de la OLAF, son objeto de un recurso de anulación que está sujeto a sus propios plazos de prescripción.
c)      Apreciación
1)      Sobre la primera parte del primer motivo, basada en que el Tribunal General resolvió infra petita
51.      Propongo al Tribunal de Justicia que desestime de entrada este motivo.
52.      En efecto, en los apartados 37 a 39 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso motivadamente las razones por las que no podía establecerse una relación de causalidad suficientemente directa entre, por una parte, los comportamientos reprochados a la OLAF en relación con las condiciones de apertura de su investigación, su instrucción y la redacción del informe y, por otra parte, los perjuicios alegados por IMG.
53.      En primer lugar, en lo que respecta a la falta de competencia de la OLAF para iniciar su investigación (primera ilegalidad), el Tribunal General señaló, en el apartado 37 de dicha sentencia, que la decisión de iniciar una investigación no es pública y consideró que esa falta no presenta una relación suficientemente directa con los perjuicios alegados por la recurrente.
54.      En segundo lugar, en lo que respecta a la interpretación errónea del concepto de «organización internacional» (segunda ilegalidad) y a la infracción por la OLAF de las normas y principios que rigen la instrucción de su investigación (tercera ilegalidad), el Tribunal General consideró, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que estas ilegalidades se refieren a la instrucción de la investigación y a la redacción del informe. Señaló que, al ser los informes de la OLAF, en principio, confidenciales, solo pueden causar un perjuicio de manera indirecta, como consecuencia de la adopción de una decisión por la Comisión o una autoridad nacional, tras la transmisión del informe, que se base en su contenido, y consideró que dichas ilegalidades no guardan relación con la filtración a la prensa del informe de la OLAF.
55.      Por consiguiente, al considerar que las tres primeras ilegalidades invocadas por IMG no guardan una relación suficientemente directa con los perjuicios supuestamente sufridos por la recurrente, el Tribunal General, en mi opinión, no cometió la irregularidad alegada en apoyo de la primera parte del primer motivo.
2)      Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en la apreciación errónea de la existencia de relación de causalidad
56.      En mi opinión, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al concluir, en el apartado 42 de la sentencia recurrida, que el perjuicio invocado fue causado únicamente por la divulgación del informe de la OLAF en la prensa, excluyendo las irregularidades que afectaran al contenido de este último.
57.      La causalidad jurídica designa, en sentido estricto, la relación entre dos hechos, a saber, el hecho generador y el daño. (19) Como señala la doctrina, la materialización de un daño suele ir precedida de una pluralidad de hechos y acontecimientos. El juez de la Unión debe pues determinar cuáles de esos hechos o acontecimientos han de considerarse jurídicamente causantes del daño. (20) Para ello existen dos teorías: la de la causalidad adecuada y la de la equivalencia de condiciones.
58.      Según la teoría de la equivalencia de condiciones, todo acontecimiento que haya sido indispensable para que se produzca el daño debe considerarse causa jurídica de este. En cambio, según la teoría de la causalidad adecuada, no todos los acontecimientos que han contribuido a la producción del daño son necesariamente su causa jurídica. Solo pueden considerarse causas los acontecimientos que normalmente producirían el resultado perjudicial en el curso habitual de las cosas y según la expresión de la vida. (21)
59.      Según jurisprudencia reiterada sobre la determinación de la relación de causalidad prevista en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, que el Tribunal de Justicia recordó en los apartados 148 a 152 de la sentencia de 18 de diciembre de 2025, WS y otros/Frontex (Operación conjunta de retorno), (22) la Unión no puede estar obligada a reparar cualquier consecuencia perjudicial, incluso remota, del acto ilegal. (23) El Tribunal de Justicia exige, por tanto, que se establezca la existencia de una relación suficientemente directa de causa a efecto
entre el comportamiento de las instituciones de la Unión y el perjuicio, como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado 33 de la sentencia recurrida. (24) Además, no basta con que el comportamiento imputado sea una de las causas del perjuicio alegado o que haya sido la condición necesaria para que se produjera dicho perjuicio. Es necesario demostrar que el comportamiento reprochado es la causa determinante del perjuicio alegado. (25) Según la doctrina, el daño debe tener una relación de causalidad «inmediata y previsible» con el comportamiento en cuestión. (26) Por lo tanto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia parece inspirarse en mayor medida en la teoría de la causalidad adecuada.
60.      En este caso, consta que el perjuicio supuestamente sufrido por IMG se debió a varias causas, relacionadas con la información, las conclusiones y las recomendaciones formuladas en el informe de la OLAF y con la divulgación no autorizada de este en la prensa. Sin embargo, no todas ellas contribuyeron de manera suficientemente directa a que se produjera el perjuicio. Así pues, si bien los errores supuestamente cometidos por la OLAF en el desarrollo de la investigación pudieron contribuir a que se produjera el perjuicio alegado por IMG, no constituyen su «causa determinante». Según el curso normal y previsible de los acontecimientos, solo la divulgación de dicho informe a la prensa pudo, con la mayor certeza posible, provocar el daño supuestamente sufrido por IMG, (27) y en ese mismo sentido se pronunció el Tribunal General en su sentencia de 12 de septiembre de 2007, Nikolaou/Comisión. (28)De no haberse divulgado a la prensa el contenido del informe de la OLAF, el perjuicio alegado por la recurrente no se habría producido. En efecto, de conformidad con la premisa en la que se basa el análisis del Tribunal General, los informes elaborados por la OLAF son confidenciales. Por lo tanto, comparto la consideración expuesta por el Tribunal General en el apartado 38 de la sentencia recurrida, según la cual, aunque la segunda y la tercera ilegalidad invocadas por la recurrente, relativas a una interpretación errónea del concepto de «organización internacional» y a la infracción de varias normas de procedimiento, afectaron respectivamente al contenido del informe de la OLAF y a la regularidad de la investigación realizada por esta, dichas ilegalidades no tuvieron relación con la filtración del informe de la OLAF a la prensa.
61.      Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el primer motivo.
2.      Sobre el segundo motivo, basado en la apreciación errónea del requisito relativa a la imputabilidad del hecho dañoso a la OLAF o a la Comisión
62.      Mediante su segundo motivo, la recurrente impugna el razonamiento expuesto en los apartados 47 a 69 de la sentencia recurrida, que llevó al Tribunal General a concluir que no se cumplía el primer requisito para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, por cuanto la ilegalidad de su comportamiento, consistente en que había incumplido su obligación de confidencialidad, no le era imputable, debido a la incertidumbre sobre el origen de la filtración.
a)      La sentencia recurrida
63.      Tras mencionar en el apartado 48 de la sentencia recurrida el principio de que corresponde a la parte recurrente demostrar que se cumplen los requisitos para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, el Tribunal General subrayó, no obstante, en el apartado 49 de dicha sentencia, que existe una atenuación a este principio. Refiriéndose a las sentencias de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión, (29) y de 11 de julio de 2019, BP/FRA, (30) recordó que, cuando un hecho dañoso ha podido ser provocado por varias causas diferentes y la institución de la Unión no aporta prueba alguna que permita acreditar a cuál de estas causas es imputable dicho hecho, cuando esta era la que estaba en mejor posición para informar de las pruebas a este respecto, la incertidumbre que sigue existiendo debe recaer sobre esta.
64.      Teniendo en cuenta estas consideraciones, en los apartados 50 a 68 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó en qué medida podía imputarse a la Comisión o la OLAF el incumplimiento de la obligación de confidencialidad derivado de la filtración del informe de la OLAF, el 13 de febrero de 2015, en la revista Der Spiegel y, posteriormente, el 11 de diciembre de 2015, en el sitio de Internet del periódico New Europe.
65.      En el apartado 62 de dicha sentencia, el Tribunal General consideró que la referida atenuación de la regla de la carga de la prueba no era aplicable en el caso de autos, dado que, en la fecha de la primera filtración a la prensa, el 13 de febrero de 2015, la Comisión y la OLAF ya no eran las únicas instituciones en posesión del informe de esta, que había sido transmitido legalmente, el 12 de diciembre de 2014, conforme al artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, (31) a las autoridades judiciales belgas y francesas. El Tribunal General dedujo de ello que no podía considerarse que la Comisión fuera la más indicada para aportar las pruebas que permitieran determinar la causa de la filtración y el perjuicio que esta hubiera causado.
66.      En los apartados 64 y 65 de dicha sentencia, el Tribunal General también distinguió los hechos del presente asunto de los que dieron lugar a la sentencia de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión. (32) El Tribunal General subrayó que, si bien en aquel asunto podían ser varias las causas de las filtraciones imputadas (ya que tanto la Comisión como las autoridades judiciales francesas estaban en posesión de la información confidencial en cuestión), debía recordarse que la Comisión no había invocado ante el Tribunal General la posibilidad de que esa fuente fuera ajena a las instituciones de la Unión. Pues bien, en los apartados 56 y 65 de la sentencia recurrida el Tribunal General señaló que en este caso la Comisión había invocado tal posibilidad.
67.      En el apartado 66 de la sentencia recurrida, el Tribunal General también señaló que ni las conclusiones del Defensor del Pueblo Europeo recogidas en la Decisión 220/2015/ANA, de 14 de diciembre de 2017, ni la investigación interna llevada a cabo por la Comisión habían permitido determinar el origen de la filtración.
68.      El Tribunal General se basó en estas consideraciones para concluir, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, que «la incertidumbre sobre el origen de la filtración no podía llevar, a falta de indicios en este sentido, a imputar la responsabilidad a la Comisión y a la OLAF». (33) Por lo tanto, el Tribunal General consideró, en el apartado 68 de dicha sentencia, que el supuesto incumplimiento de la obligación de confidencialidad no podía imputarse a la Unión y que no procedía examinar si constituía una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares.
b)      Alegaciones de las partes
69.      El segundo motivo consta de tres partes.
70.      En primer lugar, la recurrente sostiene que la atemperación de la regla de la carga de la prueba que incumbe a la parte recurrente, a la que se refiere el Tribunal General en el apartado 49 de la sentencia recurrida, exige que la institución demandada dé una explicación o exponga una hipótesis creíble sobre las circunstancias en las que pudo producirse la filtración. No es suficiente una mera alusión de dicha institución a la posibilidad de que la ilegalidad que originó la filtración fuera obra de una persona ajena a la Unión. Por lo tanto, el Tribunal General incurrió, según la recurrente, en error de Derecho y no tuvo en cuenta la sentencia de 8 de octubre de 1986, Leussink/Comisión, (34) al considerar, basándose únicamente en la referida alusión de la Comisión, que esta no era la más indicada para aportar la prueba de la filtración y que, por lo tanto, el asunto que se le había sometido se distinguía del que dio lugar a la sentencia de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión. (35)
71.      En segundo lugar, la recurrente sostiene, en esencia, que el Tribunal General no tuvo en cuenta determinados indicios que apuntaban a que la filtración se había producido en el interior de las instituciones de la Unión.
72.      En tercer lugar, la recurrente alega que, como consecuencia de una tergiversación del escrito de la Comisión de 30 de enero de 2017 y de la Decisión 220/2015/ANA del Defensor del Pueblo Europeo, de 14 de diciembre de 2017, mencionados en el apartado 66 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que no existían pruebas de que la OLAF fuera responsable de la filtración. La recurrente añade, a este respecto, que nada en los autos indica que en las investigaciones llevadas a cabo por la OLAF y por la Comisión se interrogara a las autoridades nacionales, a las que se había transmitido el informe de la OLAF, acerca del origen de la filtración. Además, el Tribunal General no comprobó si dichas investigaciones se habían llevado a cabo con diligencia y no respondió a un argumento de la recurrente que alegaba que no había sido así.
73.      La Comisión se opone a estas alegaciones y considera que este motivo es infundado.
c)      Apreciación
74.      Examinaré conjuntamente las tres partes del segundo motivo, por cuanto van dirigidas a cuestionar la forma en que el Tribunal General aplicó las reglas relativas a la carga y la práctica de la prueba en un recurso de indemnización, para excluir la responsabilidad de la OLAF y de la Comisión por el supuesto incumplimiento de su obligación de confidencialidad.
75.      He de señalar, al igual que el Tribunal General en el apartado 48 de la sentencia recurrida, que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las reglas en materia de carga y práctica de la prueba relativas al nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Unión con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo, incumbe, en principio, a la parte que invoca esa responsabilidad demostrar mediante pruebas concluyentes que se cumplen los requisitos para que se genere dicha responsabilidad. (36)
76.      No obstante, el juez de la Unión ha atenuado algunas de estas normas de manera que las consecuencias de la incertidumbre sobre las causas exactas de un daño recaigan en el autor del hecho generador, con el fin de que se indemnice a la víctima y se respete la equidad. (37)
77.      Esta regla fue establecida por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 8 de octubre de 1986, Leussink/Comisión, (38)en el contexto de un accidente de tráfico del que fue víctima un funcionario de la Comisión mientras se encontraba en misión a bordo de un vehículo de la Comisión conducido por un chófer de la Comisión. Dado que se había demostrado que el accidente fue consecuencia de defectos en el mantenimiento o en la inspección del automóvil o de una negligencia en su utilización, (39) y que la Comisión no había aportado ninguna prueba que permitiera al Tribunal de Justicia determinar a cuál de las posibles causas debía atribuirse el accidente, a pesar de que era la más indicada para aportar pruebas al respecto, el Tribunal de Justicia consideró que tal incertidumbre debía imputarse a la Comisión y concluyó que el accidente se debió a una negligencia que generaba su responsabilidad. (40) Como como indicó el Abogado General Slynn en sus conclusiones presentadas en el asunto que dio lugar a esa sentencia, la Comisión no había aportado ninguna prueba que demostrara que hubiera cumplido perfectamente sus obligaciones, como la prueba de la revisión del vehículo en un taller o los resultados de la inspección técnica del vehículo, y no había logrado enervar la presunción de incumplimiento de su obligación de diligencia.
78.      El juez de la Unión ha aplicado este criterio de imputabilidad en los recursos de indemnización interpuestos por la divulgación de información confidencial en poder de la OLAF. En la sentencia de 12 de septiembre de 2007, Nikolaou/Comisión, (41) el Tribunal General reconoció que puede resultar difícil, e incluso imposible, para las víctimas de una divulgación indebida identificar a la persona responsable y el origen de dicha divulgación y, por lo tanto, aportar las pruebas necesarias para que se genere la responsabilidad de la Comisión. (42) En el asunto que dio lugar a dicha sentencia, se había demostrado que la información filtrada procedía de una fuente interna de la OLAF. Por lo tanto, este organismo resultaba ser el más indicado para aportar pruebas sobre las causas exactas de la filtración. Al constatar que la Comisión se había limitado a excluir la responsabilidad de la OLAF, que no había formulado ningún alegación ni aportado ningún dato concreto para demostrar la existencia en la OLAF de un sistema de control que permitiera impedir las filtraciones o para acreditar que la información relativa a la investigación en cuestión había sido objeto de un tratamiento que garantizara su confidencialidad, y que no había proporcionado ninguna explicación ni había planteado siquiera ninguna hipótesis creíble sobre las circunstancias en las que pudo producirse la filtración, (43) el Tribunal General consideró que cualquier incertidumbre sobre las circunstancias en las que se produjo la infracción de las normas en materia de confidencialidad debía imputarse a la Comisión. (44)
79.      Del mismo modo, en la sentencia de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión, (45) el Tribunal General presumió que la fuente de la filtración de información confidencial debía atribuirse a la OLAF, mientras que tanto la Oficina como las autoridades francesas estaban en posesión de la información difundida ilegalmente. En primer lugar, el Tribunal General procedió a examinar minuciosamente los diferentes tipos de indicios fácticos que figuraban en los autos y el contexto en el que se produjo el perjuicio, antes de tener en cuenta, en segundo lugar, el hecho de que la Comisión no invocaba la responsabilidad de autoridades ajenas a la Unión, a saber, las autoridades francesas. (46)
80.      El Tribunal de la Función Pública se pronunció en el mismo sentido en la sentencia de 11 de mayo de 2010, Nanopoulos/Comisión. (47)
81.      A la luz de esta jurisprudencia, la presunción de imputabilidad de la infracción de determinadas normas, entre ellas el incumplimiento de la obligación de confidencialidad, y la modificación de la carga de la prueba que ello implica, requieren que se cumplan dos requisitos. En primer lugar, el recurrente debe aportar una pluralidad de indicios que hagan verosímil la imputabilidad del hecho dañoso a un autor identificado. En segundo lugar, cuando se acredita una cierta verosimilitud, la institución recurrida debe demostrar, mediante argumentos o datos concretos, o bien con explicaciones o hipótesis creíbles, que el daño no le es imputable. Así, en una situación en la que los indicios aportados por el recurrente permiten al juez de la Unión deducir la existencia de una relación de causalidad verosímil o plausible, esta regla permite mitigar la carga de la prueba que recae sobre dicho recurrente y exigir a la institución recurrida, que, habida cuenta de la naturaleza del daño, se encuentra en mejor posición para aportar pruebas, que demuestre que no ha incumplido sus obligaciones.
82.      Pues bien, esto implica asimismo que el Tribunal General ejerza plenamente las competencias que le son reconocidas. En efecto, la finalidad específica del recurso por responsabilidad extracontractual está relacionada con la protección de los derechos de los particulares. (48) Cuando estos no pueden obtener a través de ninguna de las vías de control de la legalidad la anulación de un acto o comportamiento que es la causa de su perjuicio, deben en todo caso poder reclamar una indemnización cuando se han vulnerado sus derechos. (49) La articulación de las vías de recurso tiene precisamente por objeto evitar que dicha persona obtenga una indemnización insuficiente o abusiva. (50) En la sentencia Hamoudi/Frontex, (51) el Tribunal de Justicia recordó claramente los requisitos a los que ha de atenerse Tribunal General en los recursos por responsabilidad extracontractual, con el fin de garantizar la necesaria tutela jurisdiccional efectiva de los particulares. Así pues, el Tribunal General debe:
–        tener en cuenta las circunstancias particulares del asunto del que conoce para determinar si las reglas relativas a la carga y la práctica de la prueba imponen al recurrente una carga de la prueba excesivamente difícil, o incluso imposible, en cuyo caso, se impone una adaptación de esas mismas reglas;
–        llevar a cabo un examen profundo de los hechos, y
–        acordar las diligencias de prueba que sean necesarias.
83.      Como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 81 de la citada sentencia, «el Tribunal General no puede limitarse a desestimar las alegaciones de las partes demandantes por insuficiencia de prueba, cuando lo cierto es que incumbe a dicho Tribunal […] disipar la incertidumbre que puede existir en cuanto a la exactitud de tales alegaciones o explicar las razones por las cuales un documento de ese tipo no puede, en ningún caso y sea cual sea su contenido, resultar pertinente para la solución del litigio». (52)
84.      En el caso de autos, considero que el Tribunal General infringió las reglas establecidas por la jurisprudencia en materia de carga de la prueba.
85.      En primer lugar, en el apartado 62 de la sentencia recurrida el Tribunal General consideró, erróneamente en mi opinión, que la Comisión no era la más indicada, en el sentido de la jurisprudencia relativa al reparto de la carga de la prueba, para aportar las pruebas que acreditaran la causa de la filtración.
86.      De entrada, el Tribunal General no tuvo en cuenta el contexto particular de este recurso, pese a que el juez de la Unión había señalado anteriormente, en asuntos similares, que puede resultar difícil, e incluso imposible, para las víctimas de una divulgación indebida identificar tanto a la persona responsable como el origen de la divulgación y, por lo tanto, aportar la prueba de que concurrían los requisitos necesarios para generar la responsabilidad extracontractual. Como ha indicado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, «la distribución de la carga de la prueba y el nivel de convicción necesario para alcanzar una conclusión particular están intrínsecamente vinculados a la singularidad de los hechos, a la naturaleza de las alegaciones formuladas y al derecho del [CEDH] en juego». (53)
87.      A continuación, contrariamente a lo que sostiene el Tribunal General en el apartado 62 de la sentencia recurrida, me parece innegable que, en circunstancias como las del caso de autos, la OLAF o la Comisión estaban, en lo que respecta a la recurrente, en mejor posición para determinar si el perjuicio supuestamente sufrido era consecuencia de su propia acción u omisión o más bien de la acción u omisión de las autoridades judiciales francesas y belgas a las que se había comunicado legalmente el informe de la OLAF. A este respecto, las dos investigaciones internas llevadas a cabo por la OLAF y la Comisión, a las que se refiere sucintamente el Tribunal General en el apartado 66 de la sentencia recurrida, demuestra que estas disponían a priori de medios de los que no disponía la recurrente, habida cuenta del objeto y la naturaleza del hecho dañoso.
88.      Por último, la fundamentación de la sentencia del Tribunal General me parece contradictoria. Si bien afirmó en el apartado 62 de la sentencia recurrida que la Comisión no era la más indicada para aportar las pruebas que permitieran determinar la causa de la filtración, en el apartado 65 de dicha sentencia, concedió un peso preponderante a la alegación de la Comisión de que el origen de la filtración podía ser ajeno a las instituciones de la Unión.
89.      En segundo lugar, en una situación como la del caso de autos, en la que existían varios autores potenciales, el Tribunal General no exigió a la Comisión que precisara, con datos concretos, las medidas adoptadas para garantizar la confidencialidad de la información contenida en el informe de la OLAF y de la información transmitida a las autoridades nacionales competentes. Sin embargo, estas medidas son esenciales por varias razones. Para empezar, se refieren a información relativa a hechos que pueden ser objeto de actuaciones penales, ya que la OLAF no actúa como «un denunciante cualquiera», sino como oficina dotada de facultades de investigación, como subrayó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de enero de 2024, Planistat Europe y Charlot/Comisión. (54) Seguidamente, la divulgación de esta información en la prensa puede, por sí misma, causar daños materiales y morales a las personas afectadas. Y por último, estas no son destinatarias del informe de investigación del que son objeto y, de conformidad con reiterada jurisprudencia, no pueden interponer recurso de anulación contra dicho informe, ya que este no produce efectos jurídicos obligatorios. (55)
90.      En tercer lugar, el Tribunal General no examinó las pruebas que fueron aportadas tanto por IMG como por la Comisión. No apreció ni la pertinencia ni el valor probatorio de las pruebas en las que la recurrente basaba la responsabilidad de la OLAF y de la Comisión, ni las alegaciones formuladas por esta para enervar la presunción de responsabilidad.
91.      Sin embargo, como juez de primera instancia, debía esclarecer o determinar, de la manera más exacta y precisa posible, si el hecho generador del daño era imputable a un agente interno de la Unión, es decir, a la OLAF o a la Comisión, en cuyo caso el juez de la Unión era competente, o a un agente externo a aquella, es decir, a las instancias judiciales francesas o belgas, en cuyo caso era competente solo el juez nacional. (56) Para ello debía determinar si los diversos indicios fácticos que la recurrente alegó para demostrar la imputabilidad de la filtración a la OLAF o a la Comisión y si el contexto en el que se produjo la divulgación de dicha información en la prensa permitían considerar con un grado suficiente de plausibilidad o certeza que estas eran responsables. Sin embargo, hay que señalar que el Tribunal General se limitó, en el apartado 54 de la sentencia recurrida, a mencionar el escrito dirigido al presidente del Parlamento Europeo, en el que el director general de la OLAF le rogaba que tomara las medidas necesarias para poner fin a la difusión del informe de la OLAF. Ahora bien, aunque este dato podía hacer pensar en la existencia de una filtración interna en la institución, el Tribunal General no apreció su pertinencia ni su valor probatorio y no extrajo de él ninguna consecuencia de ello.
92.      Por lo tanto, la fundamentación expuesta por el Tribunal General no permite conocer las razones por las que no procede imputar el origen de la filtración a la Comisión y, en consecuencia, excluir la responsabilidad de la Unión en vez de declararla.
93.      He de añadir que la incertidumbre jurídica en materia de responsabilidad extracontractual debe demostrarse, so pena de constituir una denegación de justicia contraria a los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (57) En general, considero que, al ser la Comisión responsable de la confidencialidad de los informes de la OLAF, no puede limitarse, en caso de filtración de información confidencial que haya causado un perjuicio, a afirmar que, al no haberse identificado al autor de la filtración, no se le puede exigir responsabilidad. Por el contrario, considero que, al estar sujeta a la obligación de confidencialidad, el incumplimiento de esta debería serle imputable, a no ser que aporte prueba en contrario. Soy de la opinión de que, en esta materia, el Tribunal de Justicia debería ir más allá de una atenuación de la carga de la prueba y establecer una inversión de la carga de la prueba en cuanto a la imputabilidad de la infracción.
94.      También comparto la idea de que la Unión no puede estar obligada a indemnizar daños que no ha causado. La carga de la reparación debe recaer en la autoridad que haya divulgado o permitido la divulgación de la información confidencial en cuestión. (58) Hacer responsables a la Comisión y a la OLAF de un daño que tal vez no hayan causado es una solución injusta. Sin embargo, excluir, sobre una base hipotética, la responsabilidad de la OLAF y de la Comisión cuando no se ha identificado a la entidad responsable de dicha divulgación me parece igualmente injusto, ya que tal solución puede dar lugar a una carencia en la protección jurisdiccional efectiva de la recurrente, que podría no ser indemnizada o serlo en una medida insuficiente, a pesar de que su daño sea real y cierto.
95.      Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, soy de la opinión de que el Tribunal General incurrió en error de Derecho, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, al concluir que no había certidumbre sobre el origen de la filtración, «a falta de indicios en este sentido», y al concluir que era imposible imputarla a la Comisión y a la OLAF, sin haber examinado suficientemente las pruebas presentadas tanto por la recurrente como por la Comisión para identificar al autor del hecho dañoso.
96.      Este error de Derecho vicia necesariamente las apreciaciones del Tribunal General que figuran en el apartado 92 de la sentencia recurrida relativas a una posible obligación de actuar por parte de la Comisión, invocada por la recurrente en el presente asunto en apoyo de su cuarto motivo.
97.      Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que estime el segundo motivo.
3.      Sobre el tercer motivo, basado en la apreciación errónea de la existencia de ilegalidad por incumplimiento del deber de asistencia y protección
98.      Mediante su tercer motivo, la recurrente impugna el razonamiento expuesto en los apartados 71 a 74 de la sentencia recurrida, a resultas del cual el Tribunal General desestimó la existencia de ilegalidad basada en el incumplimiento del deber de asistencia y protección.
a)      La sentencia recurrida
99.      El Tribunal General recordó, en el apartado 71 de la sentencia recurrida, el alcance del deber de asistencia y protección, tal y como lo definió el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de noviembre de 2020, Fleig/SEAE. (59) En el apartado 72 de la sentencia recurrida, el Tribunal General subrayó que dicho deber se refiere específicamente a las obligaciones de las instituciones de la Unión para con sus funcionarios y agentes y, por lo tanto, concluyó en el apartado 73 de dicha sentencia que el referido deber no es aplicable en el caso de autos.
b)      Alegaciones de las partes
100. La recurrente sostiene, básicamente, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al limitar el alcance del deber de asistencia y protección a las obligaciones de las instituciones de la Unión frente a sus funcionarios y agentes. En apoyo de su alegación, la recurrente cita varias sentencias en las que, a su juicio, el Tribunal de Justicia ha confirmado la existencia de dicho deber en otros ámbitos del Derecho de la Unión en los que las instituciones de la Unión disponen de una facultad de administración y gestión, como la gestión del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), el sistema de certificados de exportación, la política comercial común y la defensa contra las prácticas de dumping.
101. La Comisión sostiene que este motivo es inoperante.
c)      Apreciación
102. En mi opinión, procede declarar la inadmisibilidad de dicho motivo.
103. Del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento, se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita y los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate. Según jurisprudencia reiterada, debe ser declarado inadmisible un motivo de casación cuya argumentación no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, concretamente porque los elementos esenciales sobre los que se base la argumentación no se desprendan de modo suficientemente coherente y comprensible del texto del propio recurso de casación, que está formulado de modo oscuro y ambiguo al respecto. (60)
104. En el presente asunto, aunque la recurrente indica los elementos impugnados de la sentencia recurrida, hay que señalar que su argumentación carece de precisión, coherencia y claridad. En efecto, en el punto 55 de su recurso, se limita a copiar la nota 42 de las conclusiones del Abogado General Van Gerven en el asunto Nölle, (61) y a reproducir la jurisprudencia citada por este, pese a que dichas referencias jurisprudenciales no se refieren al deber de asistencia y protección, sino al principio de buena administración, como señala acertadamente la Comisión. Por otra parte, si bien la recurrente cita, en apoyo de su tercer motivo, el punto 28 de dichas conclusiones, en el que el Abogado General Van Gerven menciona efectivamente el «principio de asistencia y protección», hay que señalar que el Tribunal de Justicia, en la sentencia de 22 de octubre de 1991, Nölle, (62) prefirió referirse al deber de diligencia.
105. Dado que la recurrente no expone por qué razones tales referencias serían pertinentes en su situación, propongo al Tribunal de Justicia que declare la inadmisibilidad del tercer motivo.
4.      Sobre el cuarto motivo, basado en la apreciación errónea de la existencia de ilegalidad por incumplimiento del deber de diligencia
106. Mediante su cuarto motivo, dirigido contra los apartados 78 a 101 de la sentencia recurrida, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en esencia, que la Comisión no estaba obligada a condenar públicamente la filtración del informe de la OLAF a la prensa ni a poner fin a la difusión de información falsa derivada de ello, mediante la publicación de un comunicado de prensa, en virtud de su deber de diligencia.
a)      La sentencia recurrida
107. En el apartado 80 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, para determinar si la Comisión ha cometido una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares como consecuencia de una omisión implica determinar, a la luz de la jurisprudencia mencionada en los apartados 76 a 79 de dicha sentencia, en primer lugar, la existencia de una obligación legal de actuar, en segundo lugar, la existencia de una facultad de apreciación por parte de la institución de que se trate y, en tercer lugar, la infracción manifiesta y caracterizada por parte de esta de los límites impuestos a dicha facultad.
108. Tras haber recordado el alcance del deber de diligencia en los apartados 82 a 84 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó, en los apartados 86 a 93, si dicho deber implicaba para la Comisión una obligación legal de actuar, tal como alega la recurrente. Después de referirse a las disposiciones aplicables del Reglamento n.º 883/2013, en los apartados 87 a 90 de la sentencia, el Tribunal General consideró que, a pesar de la obligación de confidencialidad de las investigaciones de la OLAF que establece el Reglamento y que incumbe a la Comisión, el deber de diligencia no podía imponerle tal obligación de actuar, al no haber infringido la obligación de confidencialidad y no poder imputársele la responsabilidad de la filtración del informe de la OLAF.
109. En el apartado 94 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, por consiguiente, que la recurrente no había demostrado que la Comisión tuviera la obligación de actuar en el caso de autos, por lo que concluyó, en el apartado 95 de dicha sentencia, que la omisión alegada no podía hacer incurrir en responsabilidad a la Unión.
110. En los apartados 96 a 101 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó, «sea como fuere», suponiendo que existiera tal obligación legal de actuar, si la Comisión había vulnerado de forma manifiesta y grave los límites que en tal caso se impondrían a su facultad de apreciación. Al considerar que no había sido así, estimó, en los apartados 102 y 103 de dicha sentencia, que no se había precisado la cuarta ilegalidad y que, por lo tanto, no se cumplía el primer requisito para que se genere la responsabilidad de la Unión.
b)      Alegaciones de las partes
111. El cuarto motivo se subdivide en cuatro partes.
112. En la primera parte del motivo, la recurrente sostiene que las apreciaciones del Tribunal General que figuran en los apartados 93 y 94 de la sentencia recurrida son erróneas, ya que, contrariamente a la premisa en la que se basan, la Comisión es responsable de la divulgación del informe de la OLAF.
113. En la segunda parte de dicho motivo, IMG sostiene que el Tribunal General no respondió a su alegación de que, desde el momento en que se hizo público dicho informe, la Comisión había incumplido la obligación de confidencialidad que le impone el artículo 10, apartado 3, del Reglamento n.º 883/2013, independientemente de si era responsable de la divulgación. La recurrente reprocha al Tribunal General que examinara en qué medida la Comisión estaba obligada a actuar en relación con su responsabilidad por la materialización del hecho dañoso. Pues bien, en su opinión, la confidencialidad de la información debería preservarse con mayor firmeza, ya que se trata de conclusiones provisionales, a las que se llega al término de un procedimiento que no es plenamente contradictorio y cuya publicación puede causar un perjuicio a las personas afectadas.
114. Mediante la tercera parte del cuarto motivo, la recurrente impugna los fundamentos de la sentencia recurrida, expuestos en los apartados 98 a 100 de esta, que llevaron al Tribunal General a concluir, en el apartado 101, que «aun suponiendo que en el caso de autos existiera una obligación legal de actuar a cargo de la Comisión, no puede considerarse que el incumplimiento del deber de diligencia alegado por la parte demandante constituya una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares».
115. Según la recurrente, contrariamente a lo que señaló el Tribunal General en el apartado 98 de la sentencia recurrida, el alcance de la obligación que incumbe a la Comisión de garantizar la confidencialidad del informe de la OLAF no necesitaba ser precisado en una disposición para poder dar lugar a una infracción manifiesta y grave de los límites de la facultad de apreciación de dicha institución. La recurrente considera que, si así fuera, no habría, en realidad, ninguna posibilidad de alegar tal infracción y de que se generase la responsabilidad de la Unión, ya que las disposiciones del Derecho de la Unión no definen necesariamente su alcance y compete al juez de la Unión definirlo.
116. Además, el Tribunal General no tuvo en cuenta, según la recurrente, la jurisprudencia derivada de sus sentencias de 15 de marzo de 1995, Cobrecaf y otros/Comisión, (63) y de 9 de julio de 1999, New Europe Consulting y Brown/Comisión, (64) de las que se desprende que la Comisión está obligada a actuar con diligencia, aunque no sea responsable de la filtración de un documento confidencial. Según la recurrente, en esas sentencias, el juez de la Unión examinó si la Comisión había actuado con diligencia para rectificar un error que había cometido, debiendo considerarse, de no ser así, que se había generado su responsabilidad. La recurrente reconoce que, en el presente asunto, dado que se había vulnerado la confidencialidad del informe de la OLAF, la obligación de garantizar su respeto dejó de tener objeto, como señaló el Tribunal General en el apartado 100 de la sentencia recurrida. Sin embargo, en tal caso, sería necesario no agravar el perjuicio que pudiera derivarse de la vulneración de la confidencialidad del informe de la OLAF, condenando públicamente su filtración y facilitando información sobre las medidas que iban a tomarse al respecto.
117. Mediante la cuarta parte del cuarto motivo, la recurrente reprocha al Tribunal General que no se pronunciara sobre la responsabilidad, en su caso in solidum, de la Comisión y de la OLAF por no haber adoptado las medidas de precaución necesarias para salvaguardar la confidencialidad del informe de la OLAF ni las medidas correctoras que se imponían con respecto a la prensa y a la opinión pública y, por consiguiente, a los interlocutores e inversores de la recurrente.
118. La Comisión refuta estos argumentos y considera que el cuarto motivo carece de fundamento.
119. En su opinión, el cuarto motivo es confuso y oscuro. La primera parte del motivo se basa en el incumplimiento de la obligación de motivación, aunque esta no se menciona en el título del motivo, y la tercera parte se dirige contra fundamentos que tienen carácter de obiter dicta. Pone de relieve que, si bien la Comisión y la OLAF no tuvieron el comportamiento esperado por la recurrente, reaccionaron tras la filtración del informe de la OLAF llevando a cabo investigaciones internas y, en el caso de la OLAF, escribiendo al presidente del Parlamento Europeo para que adoptara medidas. Por otra parte, la Comisión recuerda que no ha siguió las recomendaciones formuladas por la OLAF en el informe.
c)      Apreciación
120. Considero que no procede examinar la primera parte del cuarto motivo, mediante la cual IMG alega que las apreciaciones formuladas por el Tribunal General en los apartados 93 y 94 de la sentencia recurrida carecen de fundamento, ni la cuarta parte de dicho motivo, en la que reprocha al Tribunal General que no se pronunciara sobre la responsabilidad de la Comisión y de la OLAF, en su caso in solidum, en la medida en que están íntimamente relacionadas con el segundo motivo, que he propuesto al Tribunal de Justicia que estime.
121. En efecto, el análisis que realiza el Tribunal General en los apartados 92 a 94 de la sentencia recurrida se basa en una premisa —la inexistencia de imputabilidad del hecho dañoso a la OLAF y a la Comisión— que me parece errónea por las razones que he expuesto al examinar el segundo motivo, en los puntos 74 a 97 de las presentes conclusiones.
122. En cuanto a la segunda parte del cuarto motivo, considero que carece de fundamento.
123. En efecto, contrariamente a lo que sostiene la recurrente y como se desprende de la primera frase del apartado 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se pronunció sobre su alegación relativa al alcance de la obligación de confidencialidad y al del deber de diligencia. Según la recurrente, la obligación de confidencialidad de las investigaciones realizadas por la OLAF, establecida en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento n.º 883/2013, constituye una obligación de resultado, que exige a la Comisión actuar con diligencia condenando públicamente las divulgaciones no autorizadas y poniendo fin a la difusión de informaciones falsas, independientemente de si la Comisión es la autora del hecho dañoso. Sin embargo, en el apartado 92 de dicha sentencia, el Tribunal General consideró que el deber de diligencia al que está sujeta la Comisión no puede imponer a esta, al no haber incumplido la obligación de confidencialidad y puesto que no se le puede imputar la responsabilidad de la filtración del informe de la OLAF a la prensa, una obligación de actuar como la invocada por la recurrente. A continuación, en el apartado 93 de dicha sentencia, el Tribunal General precisó que «el deber de diligencia no tiene el alcance que la parte demandante le atribuye», añadiendo que es la filtración de este informe a la prensa y no la omisión que la parte demandante reprocha a la referida institución lo que constituye un incumplimiento de la obligación de confidencialidad. Por consiguiente, el Tribunal General respondió de manera motivada a la alegación formulada por la recurrente en primera instancia.
124. En cuanto a la tercera parte del cuarto motivo, en mi opinión, es inoperante.
125. En efecto, se dirige contra la apreciación del Tribunal General que figura en los apartados 96 a 101 de la sentencia recurrida. Observo que el Tribunal General utilizó la expresión «sea como fuere» al comienzo del apartado 96 de dicha sentencia, lo que indica que esas razones constituyen obiter dicta de la sentencia recurrida. Ahora bien, según jurisprudencia reiterada, las alegaciones dirigidas contra fundamentos jurídicos expuestos a mayor abundamiento en una resolución del Tribunal General no pueden dar lugar a la anulación de esta y son, por lo tanto, inoperantes. (65)
126. Por consiguiente, considero que procede desestimar el cuarto motivo por ser en parte inoperante y en parte infundado.
5.      Sobre el quinto motivo, basado en errores de Derecho que afectan a la apreciación del Tribunal General relativa a la retirada de los autos del dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión
127. La recurrente impugna los fundamentos expuestos en los apartados 116 a 123 de la sentencia recurrida, que llevaron al Tribunal General a estimar la pretensión de la Comisión que solicitaba que se retirase de los autos el dictamen de su Servicio Jurídico.
a)      La sentencia recurrida
128. En los apartados 116 a 121 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso los principios que deben sopesarse en el contexto de la aportación, ante el juez de la Unión, de un dictamen jurídico de una institución cuya divulgación no ha sido autorizada por esta, remitiéndose a las consideraciones expuestas por el Tribunal de Justicia en los apartados 53 a 56 de la sentencia de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, (66) en el apartado 131 de la sentencia de 28 de junio de 2012, Comisión/Éditions Odile Jacob, (67) y en el apartado 70 de la sentencia de 31 de enero de 2020, Eslovenia/Croacia. (68)
129. Teniendo en cuenta estos principios, el Tribunal General examinó, en el apartado 122 de la sentencia recurrida, el contexto en el que se había emitido el dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión y en qué medida su aportación ante el juez de la Unión estaba justificada por un interés público superior, antes de estimar, en el apartado 123 de dicha sentencia, la pretensión formulada por la Comisión que solicitaba la retirada de los autos de dicho dictamen.
b)      Alegaciones de las partes
130. El cuarto motivo se divide en cuatro partes.
131. En la primera parte del motivo, la recurrente niega la pertinencia de las sentencias de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, (69)y de 28 de junio de 2012, Comisión/Éditions Odile Jacob, (70)a las que el Tribunal General se refiere en los apartados 116, 117 y 118 de la sentencia recurrida. La primera sentencia se referiría a un dictamen de un carácter totalmente diferente, ya que el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo se había emitido en el contexto de un procedimiento legislativo sobre un tema políticamente sensible en un asunto de excepcional importancia. En el presente caso, el dictamen del Servicio Jurídico es, según la recurrente, un documento determinante, que se refiere exclusivamente al asunto de autos. A raíz de su filtración a la prensa, este documento ya es de dominio público, por lo que no cabe reprochar a la recurrente haber eludido la normativa relativa al acceso a los documentos. Según ella, debido a su naturaleza y a las condiciones de su divulgación, este dictamen no vulnerara ni la confidencialidad ni un interés público superior y su divulgación no afecta a la libertad de opinión del referido Servicio ni a su capacidad para defender eficazmente la posición definitiva de la Comisión ante el juez de la Unión.
132. En cuanto a la sentencia de 28 de junio de 2012, Comisión/Éditions Odile Jacob, (71) el dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión se refería, según la recurrente, al proceso de toma de decisiones en el procedimiento de control de las operaciones de concentración y a la normativa de la Unión al respecto.
133. En la segunda parte del quinto motivo, la recurrente reprocha al Tribunal General que, en el apartado 119 de la sentencia recurrida, se basara en una jurisprudencia irrelevante y que ignorase su derecho a pronunciarse sobre un documento que ella misma no había divulgado.
134. En la tercera parte de este motivo, la recurrente considera que el Tribunal General no puede sostener fundadamente que solo en casos excepcionales el principio de transparencia justifica la divulgación, en un procedimiento judicial, de un documento de una institución que no se ha puesto a disposición del público y que contiene un dictamen jurídico, ya que, en los apartados 120 y 121 de la sentencia recurrida, no tuvo en cuenta debidamente el contexto del asunto al que se refiere y citó la jurisprudencia de forma imperfecta e incompleta.
135. En la cuarta parte de dicho motivo, la recurrente reprocha al Tribunal General haber infringido el principio de igualdad de armas en un proceso equitativo, cuyo alcance recuerda, al prohibirle invocar un documento público y decisivo, cuando todas las demás partes conocían su contenido. (72) Además, señala que el Tribunal General vulneró el principio de contradicción, cuyo alcance también recuerda, (73) al no permitirle debatir las pruebas conocidas por todos con el pretexto de que la difusión de este dictamen escapó a la vigilancia de la Comisión. La recurrente recuerda que se vulnera el derecho a un juicio justo garantizado en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (74) cuando un Estado o una autoridad administrativa, en este caso la Comisión, ha impedido a la recurrente, sin motivo legítimo que lo justifique, el acceso a documentos que obraban en su poder y que le hubieran ayudado a defender su causa. (75)
136. La Comisión alega que el quinto motivo debe ser desestimado, ya que las razones expuestas en los apartados 122 y 123 de la sentencia recurrida no adolecen de error de Derecho.
137. En primer lugar, responde que, del auto de 14 de mayo de 2019, Hungría/Parlamento, (76)se desprende que, mientras la institución no haya autorizado el acceso a un dictamen de su Servicio Jurídico, su filtración al dominio público no tiene incidencia alguna en la cuestión de si dicho dictamen puede obrar en los autos de un asunto pendiente ante el juez de la Unión. Por otra parte, la Comisión recuerda que el Tribunal General desestimó las tres primeras ilegalidades invocadas por la recurrente en apoyo de su recurso, de modo que, según la Comisión, el dictamen jurídico no podía calificarse de «determinante».
138. Según la Comisión, la recurrente parece considerar que, de la sentencia de 3 de junio de 2021, Hungría/Parlamento, (77) se desprende que la transparencia de los dictámenes jurídicos de las instituciones de la Unión constituye la norma, cuando en realidad lo que se deduce del apartado 56 de dicha sentencia es exactamente lo contrario.
c)      Apreciación
139. Considero que el análisis que llevó al Tribunal General a acceder a la pretensión de la Comisión de que se retirase de los autos el dictamen de su Servicio Jurídico no adolece de error de Derecho alguno.
140. En primer lugar, ninguno de los argumentos expuestos por la recurrente permite cuestionar la pertinencia de los principios generales establecidos por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 28 de junio de 2012, Comisión/Éditions Odile Jacob, (78) de 31 de enero de 2020, Eslovenia/Croacia, (79) y de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo, (80) que el Tribunal General reprodujo fielmente en los apartados 116 a 121 de la sentencia recurrida. El hecho de que el dictamen del Servicio Jurídico de la Comisión se divulgara y fuera de dominio público no es, evidentemente, un dato pertinente a efectos de apreciar en qué medida puede figurar en los autos ante el juez de la Unión. Lo único que importa es saber si la divulgación de dicho documento fue autorizada por la citada institución.
141. En segundo lugar, tampoco pueden prosperar las alegaciones formuladas por la recurrente acerca de la aplicación de los principios de contradicción y de igualdad de armas.
142. He de señalar que, según jurisprudencia reiterada, los principios de contradicción y de igualdad de armas, en cuanto corolarios del concepto de «juicio equitativo», forman parte integrante del principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. (81)
143. El principio de contradicción confiere, por regla general, a cada parte en un proceso el derecho a que se le comuniquen los documentos y las observaciones presentados al juez por la contraparte, así como a discutirlos y se opone a que el juez de la Unión base su resolución en hechos y documentos de los cuales las partes, o una de ellas, no han podido tener conocimiento, y sobre los cuales, por tanto, no han podido presentar sus observaciones. (82)
144. En cuanto al principio de igualdad de armas, este implica la obligación de ofrecer a cada una de las partes una oportunidad razonable de formular sus pretensiones y aportar pruebas en condiciones que no la coloquen en una situación de manifiesta desventaja en relación con la parte contraria. (83)
145. Este principio tiene como finalidad asegurar el equilibrio procesal entre las partes de un proceso judicial, garantizando la igualdad de sus derechos y obligaciones en lo referente, en particular, a las normas que rigen la práctica de la prueba y el debate contradictorio ante el juez y el derecho de recurso de las partes. Para cumplir las exigencias vinculadas al derecho a un proceso equitativo, procede que las partes tengan conocimiento y puedan debatir de forma contradictoria sobre los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento. (84)
146. Pues bien, la recurrente solo puede invocar estos principios si las pruebas presentadas ante el juez de la Unión se han obtenido de manera lícita. (85) En efecto, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo, (86) a la que se refiere el Tribunal General en el apartado 117 de la sentencia recurrida, que, ante pruebas aportadas de manera ilícita por una parte, como los documentos internos a los que se refiere el Reglamento n.º 1049/2001, (87) cuya presentación no ha sido autorizada por la institución afectada ni ordenada por el juez de la Unión, deben sopesarse los intereses de las partes procesales respectivas en relación con su derecho a un proceso justo, teniendo en cuenta los intereses protegidos por las normas infringidas o eludidas al obtener tales pruebas. (88) Además, consideró que el juez de la Unión que conoce de una solicitud de retirada de las pruebas correspondientes debe ponderar, por un lado, los intereses del demandante que haya presentado esas pruebas, habida cuenta, en particular, de su utilidad para apreciar el fondo del recurso interpuesto ante él, y, por otro lado, los intereses de la parte contraria a los que podría perjudicar de manera concreta y efectiva el mantenimiento de dichas pruebas en los autos. (89)
147. Pues bien, he de señalar que, en los apartados 116 a 122 de la sentencia recurrida, el Tribunal General sopesó los intereses en conflicto para pronunciarse sobre la pretensión de la Comisión, señalando, en particular, que la aportación del dictamen jurídico parecía responder a los propios intereses de la recurrente en respaldar su argumentación, sin que esta invocara, por lo demás, un interés público superior que pudiera justificar una conclusión diferente.
148. Por último, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, invocada por la recurrente, tampoco puede justificar una solución diferente, ya que se refiere al derecho de las partes en el litigio a conocer y comentar las pruebas y los elementos tenidos en cuenta por el juez, y no a la cuestión de si, una parte en el litigio puede aportar ante el juez un dictamen jurídico cuya divulgación no haya sido autorizada por su autor o por su destinatario, y en su caso en qué condiciones.
149. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el quinto motivo del recurso de casación.
150. En virtud de todas estas consideraciones y habida cuenta del carácter fundado del segundo motivo, basado en la apreciación errónea del requisito de la imputabilidad del hecho dañoso a la OLAF o a la Comisión, propongo al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, ya que el Tribunal General infringió las reglas relativas a la carga y la práctica de la prueba al no tener en cuenta la necesidad de adaptar la carga de la prueba a las circunstancias del asunto y al abstenerse de apreciar la pertinencia y el valor probatorio de las pruebas aportadas tanto por la recurrente como por la Comisión.
151. Dado que el Tribunal General no instruyó debidamente el litigio para determinar si se cumplen los requisitos de la responsabilidad extracontractual de la OLAF y de la Comisión, no considero que el litigio esté en condiciones de ser juzgado. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que devuelva el asunto al Tribunal General para que este se pronuncie sobre el recurso de la recurrente y que reserve la decisión sobre las costas.
V.      Conclusión
152. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva lo siguiente:
1)      Anular la sentencia del Tribunal General de 28 de junio de 2023, IMG/Comisión (T‑752/20, EU:T:2023:366).
2)      Devolver el asunto al Tribunal General.
3)      Reservar la decisión sobre las costas.
1      Lengua original: francés.
2      T‑752/20, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:366.
3      Véase el apartado 67 de la sentencia recurrida.
4      Las investigaciones externas son investigaciones directas sobre terceros cuya actividad está relacionada con operaciones del presupuesto de la Unión [véase el Informe Especial n.º 1/2005 sobre la gestión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), acompañado de las respuestas de la Comisión (DO 2005, C 202, p. 1), punto 12].
5      T‑509/21, EU:T:2024:590.
6      Véanse las sentencias de 28 de octubre de 1982, Groupement des Agences de voyages/Comisión (135/81, EU:C:1982:371), apartado 10, y de 18 de enero de 2007, PKK y KNK/Consejo (C‑229/05 P, EU:C:2007:32), apartado 114, así como el auto de 24 de noviembre de 2009, Landtag Schleswig-Holstein/Comisión (C‑281/08 P, EU:C:2009:728), apartado 22.
7      135/81, EU:C:1982:371. El asunto se refería a una sociedad de responsabilidad limitada luxemburguesa en formación, cuya capacidad procesal era cuestionada por la Comisión. En el apartado 9 de la sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que «[la Comisión] no [podía] […] impugnar la capacidad procesal de una entidad a la que [había] admitido a participar en una licitación y a la que [había] dirigido una decisión negativa tras un examen comparativo de todos los licitadores».
8      C‑229/05 P, EU:C:2007:32.
9      Véase, a este respecto, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de noviembre de 2020, Efstratiou y otros c. Grecia (CE:ECHR:2020:1119JUD005322114), § 43 y jurisprudencia citada.
10      C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78.
11      Véase la sentencia de 5 de septiembre de 2019, Unión Europea/Guardian Europe y Guardian Europe/Unión Europea (C‑447/17 P y C‑479/17 P, EU:C:2019:672), apartado 99 y jurisprudencia citada.
12      Véase también el auto de acumulación de la excepción de inadmisibilidad al examen del fondo, dictado por el Tribunal General el 2 de julio de 2021.
13      C‑414/08 P, EU:C:2010:165, apartado 52.
14      C‑666/20 P, EU:C:2022:225, apartado 26.
15      Véase la sentencia de 24 de marzo de 2022, GVN/Comisión (C‑666/20 P, EU:C:2022:225), apartado 24 y jurisprudencia citada.
16      Véase la sentencia de 24 de marzo de 2022, GVN/Comisión (C‑666/20 P, EU:C:2022:225), apartado 26 y jurisprudencia citada.
17      Véase la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Hamoudi/Frontex (C‑136/24 P, en lo sucesivo, «sentencia Hamoudi/Frontex», EU:C:2025:9779), apartado 68 y jurisprudencia citada.
18      Véase la sentencia Hamoudi/Frontex, apartado 69 y jurisprudencia citada. Véase, asimismo, el auto del día de hoy en el asunto CW/Eurojust y Europol (C‑565/25 P), apartado 28 y jurisprudencia citada.
19      Forster, N., La responsabilité sans faute de l’Union européenne, Tesis doctoral defendida el 8 de noviembre de 2019, Bruylant, Bruselas, 2021, puntos 218 (p. 297) y 219 (p. 299).
20      Forster, N., op. cit., punto 219 (p. 299).
21      Forster, N., op. cit., punto 219 (p. 299).
22      C‑679/23 P, EU:C:2025:976.
23      Véase la sentencia de 18 de diciembre de 2025, WS y otros/Frontex (Operación conjunta de retorno) (C‑679/23 P, EU:C:2025:976), apartado 149 y jurisprudencia citada.
24      Véase la sentencia de 18 de diciembre de 2025, WS y otros/Frontex (Operación conjunta de retorno) (C‑679/23 P, EU:C:2025:976), apartado 150 y jurisprudencia citada.
25      Véase la sentencia de 18 de diciembre de 2025, WS y otros/Frontex (Operación conjunta de retorno) (C‑679/23 P, EU:C:2025:976), apartado 150 y jurisprudencia citada. Véanse también las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Unión Europea/Kendrion (C‑150/17 P, EU:C:2018:612), punto 50, y, en la doctrina, Wildermeersch, J., Contentieux de la légalité des actes de l’Union européenne: le mythe du droit à un recours effectif, Bruylant, Bruselas, 2019, en particular punto 625 (p. 484).
26      Wildermeersch, J., op. cit., punto 625 (p. 484), y N. Forster, N., op. cit., punto 228 (pp. 306 y 307).
27      Véase Forster, N., op. cit., punto 223 (pp. 301 y 302).
28      T‑259/03, EU:T:2007:254. En esa sentencia, el Tribunal General consideró que «en circunstancias en las que una [información relativa a la recomendación formulada por la OLAF sobre la incoación de un procedimiento contra la recurrente] se comunica directa o indirectamente a un periodista, la filtración debe considerarse no solo como una causa sine qua non del perjuicio resultante de la publicación de dicha información, sino también como una causa suficientemente directa del daño» (apartado 320).
29      T‑48/05, EU:T:2008:257, apartado 183.
30      T‑838/16, EU:T:2019:494, apartado 321.
31      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO 2013, L 248, p. 1).
32      T‑48/05, EU:T:2008:257.
33      He de subrayar que la conclusión a la que llegó el Tribunal General no es un caso aislado en la jurisprudencia, ya que el Pleno del Tribunal de la Función Pública llegó a una conclusión idéntica en un asunto muy similar al presente, que dio lugar a la sentencia de 13 de enero de 2010, A y G/Comisión (F‑124/05 y F‑96/06, EU:F:2010:2). En ese asunto, «[la Comisión] y la OLAF no eran los únicos organismos que disponían del acta de la audición del demandante por la OLAF, puesto que dicho documento había sido remitido a las autoridades nacionales belgas con vistas a la eventual apertura de actuaciones judiciales» (apartado 215). Tras indicar que no podía considerarse que «la Comisión estuviera en mejor posición para presentar pruebas sobre la causa de la filtración producida», el juez de la Unión llegó a una conclusión idéntica a la del Tribunal General en la sentencia recurrida, en el sentido de que «la incertidumbre sobre los orígenes de esta filtración no [podía] perjudicar[ a la Comisión]» (apartado 214).
34      169/83 y 136/84, EU:C:1986:371.
35      T‑48/05, EU:T:2008:257.
36      Véase la sentencia Hamoudi/Frontex, apartado 71.
37      Quézel-Ambrunaz, C., Essai sur la causalité en droit de la responsabilité civile, Dalloz, París, 2010, en particular p. 255.
38      169/83 y 136/84, EU:C:1986:371.
39      Véase la sentencia de 8 de octubre de 1986, Leussink/Comisión (169/83 y 136/84, EU:C:1986:371), apartados 15 y 16. Véanse también las conclusiones del Abogado General Sir Gordon Slynn presentadas en los asuntos acumulados Leussink/Comisión (169/83 y 136/84, EU:C:1986:265).
40      Véase la sentencia de 8 de octubre de 1986, Leussink/Comisión (169/83 y 136/84, EU:C:1986:371), apartado 17.
41      T‑259/03, EU:T:2007:254.
42      Véase la sentencia de 12 de septiembre de 2007, Nikolaou/Comisión (T‑259/03, EU:T:2007:254), apartado 196.
43      Véase la sentencia de 12 de septiembre de 2007, Nikolaou/Comisión (T‑259/03, EU:T:2007:254), apartados 196 y 198. En ella, el Tribunal General consideró que «correspondía a la Comisión explicar, en nombre de la [OLAF], cómo había podido producirse dicha filtración, con el fin de demostrar, en su caso, que no se había incumplido la obligación antes mencionada que incumbe al Director de la OLAF. Si la Comisión no da estas explicaciones, debe presumirse que la filtración es consecuencia de una infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1073/1999 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO 1999, L 136, p. 1)], cometida por el director de la OLAF en el ejercicio de sus funciones, en el sentido del artículo 288 CE [(actualmente artículo 340 TFUE)]» (apartado 197).
44      Véase la sentencia de 12 de septiembre de 2007, Nikolaou/Comisión (T‑259/03, EU:T:2007:254), apartado 196.
45      T‑48/05, EU:T:2008:257. En el asunto que dio lugar a esa sentencia, el perjuicio se derivaba de la divulgación en la prensa de información confidencial en poder de la OLAF, la Comisión y las autoridades judiciales francesas.
46      Véase la sentencia de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión (T‑48/05, EU:T:2008:257), apartado 203.
47      F‑30/08, EU:F:2010:43, apartado 169.
48      Véase, a este respecto, el apartado 103 de la sentencia Hamoudi/Frontex, en la que el Tribunal de Justicia declaró que el recurso por responsabilidad extracontractual con arreglo al artículo 268 TFUE puede constituir la única vía de recurso que puede garantizar, de modo suficiente, la tutela judicial ante el juez de la Unión contra una agencia o una institución de la Unión.
49      Véase Forster, N., op. cit., punto 290 (p. 386).
50      Véase la sentencia de 18 de septiembre de 2014, Holcim (Rumanía)/Comisión (T‑317/12, EU:T:2014:782), apartado 79 y jurisprudencia citada.
51      Véase la sentencia Hamoudi/Frontex, apartados 72 a 80.
52      Véase la sentencia Hamoudi/Frontex, apartado 81 y jurisprudencia citada.
53      Véanse, en este sentido, las conclusiones presentadas por el Abogado General Norkus en el asunto Hamoudi/Frontex (C‑136/24 P, EU:C:2025:257), punto 18, así como la jurisprudencia del TEDH citada en la nota 30 de dichas conclusiones: TEDH, sentencias de 13 de febrero de 2020, N. D. y N. T. c. España (CE:ECHR:2020:0213JUD000867515), § 85, y de 18 de noviembre de 2021, M. H. y otros c. Croacia (CE:ECHR:2021:1118JUD001567018), § 268.
54      C‑363/22 P, EU:C:2024:20, apartado 75.
55      Véase la sentencia de 30 de noviembre de 2023, Sistem ecologica/Comisión (C‑787/22 P, EU:C:2023:940), apartados 66 y 154.
56      Si bien la OLAF y las autoridades nacionales competentes contribuyen, mediante el intercambio de información, a la consecución de un mismo objetivo, a saber, la lucha contra el fraude y la protección de los intereses financieros de la Unión, no existen, en el contexto de la cooperación administrativa reforzada existente entre estos agentes, disposiciones generales o particulares que regulen las condiciones en las que puede incurrir en responsabilidad extracontractual la OLAF o las autoridades nacionales competentes por incumplimiento de la obligación de confidencialidad de los informes de investigación elaborados por la OLAF, de modo que estas condiciones, en materia de responsabilidad, pertenecen a dos ordenamientos jurídicos diferentes. A falta de un mecanismo de responsabilidad solidaria (Europol), de responsabilidad mancomunada (Frontex)
y a falta de aplicación de una responsabilidad in solidum, la OLAF es responsable de cualquier daño que cause a una persona por la divulgación no autorizada de su informe de investigación y cada Estado miembro es responsable, de conformidad con su Derecho nacional, de cualquier daño causado a una persona por el tratamiento, en particular la divulgación no autorizada del informe de investigación que haya obtenido de la OLAF.
57      Forster, N., destaca que la incertidumbre forma un ángulo muerto perjudicial para la protección jurisdiccional de los particulares [op. cit., punto 256, (p. 338)]. En el prefacio de la obra de Joisten, C., L’incertitude causale en droit de la responsabilité civile, Larcier, Bruselas, 2024, el profesor Bernard Dubuisson plantea una pregunta que me parece especialmente pertinente: «¿Cómo y por qué [se permite] convertir jurídicamente en cierto en Derecho lo que no lo es necesariamente de hecho?» (p. 9).
58      Forster, N., op. cit., punto 323.
59      C‑446/19 P, EU:C:2020:918.
60      Véase la sentencia de 11 de diciembre de 2025, ABLV Bank/JUR (C‑602/22 P, EU:C:2025:953), apartados 45 y 46 y jurisprudencia citada.
61      C‑16/90, EU:C:1991:233.
62      C‑16/90, EU:C:1991:402.
63      T‑514/93, EU:T:1995:49.
64      T‑231/97, EU:T:1999:146.
65      Véase la sentencia de 26 de septiembre de 2024, WEPA Hygieneprodukte y otros/Comisión (C‑795/21 P y C‑796/21 P, EU:C:2024:807), apartado 82 y jurisprudencia citada.
66      C‑156/21, EU:C:2022:97.
67      C‑404/10 P, EU:C:2012:393.
68      C‑457/18, EU:C:2020:65.
69      C‑156/21, EU:C:2022:97.
70      C‑404/10 P, EU:C:2012:393.
71      C‑404/10 P, EU:C:2012:393.
72      La recurrente invoca, en este contexto, las sentencias TEDH de 27 de octubre de 1993, Dombo Beheer B. V. c. Países Bajos (CE:ECHR:1993:1027JUD001444888), § 33, de 7 de junio de 2001, Kress c. Francia (CE:ECHR:2001:0607JUD003959498), § 7, y de 19 de septiembre de 2017, Regner c. República Checa (CE:ECHR:2017:0919JUD003528911), § 146.
73      La recurrente invoca, en este contexto, la sentencia TEDH de 28 de agosto de 1991, Brandstetter c. Austria (CE:ECHR:1991:0828JUD001117084), § 67.
74      Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.
75      La recurrente se remite, a este respecto, a la sentencia del TEDH de 9 de junio de 1998, McGinley y Egan c. Reino Unido (CE:ECHR:1998:0609:JUD002182593), §§ 86 y 90.
76      C‑650/18, EU:C:2021:426, apartado 17.
77      C‑650/18, EU:C:2021:426.
78      C‑404/10 P, EU:C:2012:393.
79      C‑457/18, EU:C:2020:65.
80      C‑156/21, EU:C:2022:97.
81      Véase el auto de 12 de noviembre de 2025, Fashion TV RO y Maestro (C‑475/24, EU:C:2025:898), apartado 45 y jurisprudencia citada.
82      Véase la sentencia de 4 de diciembre de 2019, H/Consejo (C‑413/18 P, EU:C:2019:1044), apartado 103 y jurisprudencia citada.
83      Véase la sentencia Hamoudi/Frontex, apartado 77 y jurisprudencia citada.
84      Véase el auto de 12 de noviembre de 2025, Fashion TV RO y Maestro (C‑475/24, EU:C:2025:898), apartado 46 y jurisprudencia citada.
85      Véase la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo (C‑348/20 P, EU:C:2022:548), apartado 129 y jurisprudencia citada.
86      C‑348/20 P, EU:C:2022:548.
87      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).
88      Véase la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo (C‑348/20 P, EU:C:2022:548), apartado 130.
89      Véase la sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo (C‑348/20 P, EU:C:2022:548), apartado 131.