AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 14 de junio de 2018 (*)
«Política económica y monetaria — Adopción de un dispositivo de resolución respecto del Banco Popular Español — Recurso de anulación — Inadmisibilidad parcial — Autor del acto impugnado»
En el asunto T‑553/17,
Agustín Cambra Abaurrea, con domicilio en Marcilla (Navarra), representado por el Sr. A. Mayayo Martínez, abogado,
parte demandante,
contra
Parlamento Europeo, representado por los Sres. L. Visaggio y J. Rodrigues y la Sra. M. Martínez Iglesias, en calidad de agentes,
y
Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. A. de Gregorio Merino y las Sras. K. Michoel y A. Jaume, en calidad de agentes,
y
Junta Única de Resolución (JUR), representada inicialmente por los Sres. B. Meyring, S. Schelo, F. Málaga Diéguez, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch y M. Bettermann y las Sras. L. Baudenbacher y S. Ianc, y posteriormente por los Sres. Meyring, Schelo, Málaga Diéguez, Fernández de Trocóniz Robles, Klupsch y Bettermann, la Sra. Ianc y el Sr. M. Rickert, abogados,
partes demandadas,
que tiene por objeto, con carácter principal, una pretensión basada en el artículo 263 TFUE consistente en la anulación de la Decisión SRB/EES/2017/08 de la JUR, de 7 de junio de 2017, relativa a un dispositivo de resolución respecto del Banco Popular Español, S.A., y, con carácter subsidiario, una pretensión consistente en la suspensión de la implementación de dicha Decisión,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. A.M. Collins, Presidente, y la Sra. M. Kancheva y el Sr. G. De Baere (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
dicta el siguiente
Auto
Procedimiento y pretensiones de la parte demandante
1        Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de agosto de 2017, el demandante, Agustín Cambra Abaurrea, interpuso el presente recurso, que iba dirigido contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
2        El 30 de agosto de 2017, el Presidente del Tribunal decidió interpretar el recurso en el sentido de que también iba dirigido contra la Junta Única de Resolución (JUR).
3        Mediante escritos separados, presentados en la Secretaría del Tribunal el 19 de diciembre de 2017, el Parlamento y el Consejo propusieron una excepción de inadmisibilidad al amparo del artículo 130 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. El demandante presentó sus observaciones sobre estas excepciones el 19 de abril de 2018.
4        En su demanda, el demandante solicita al Tribunal que:
–        Con carácter principal, anule la Decisión SRB/EES/2017/08 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 7 de junio de 2017, relativa a un dispositivo de resolución respecto del Banco Popular Español, S.A.
–        Con carácter subsidiario, suspenda la implementación de la Decisión impugnada.
5        En su excepción de inadmisibilidad, el Parlamento solicita al Tribunal que:
–        Con carácter principal, declare el recurso inadmisible en la medida en que va dirigido contra él.
–        Con carácter subsidiario, en caso de que el Tribunal desestimase su excepción de inadmisibilidad, conceda un nuevo plazo a los demandados para que puedan presentar sus pretensiones y alegaciones de hecho y de Derecho por escrito, de conformidad con el artículo 130, apartado 8, del Reglamento de Procedimiento.
–        Condene en costas al demandante.
6        En su excepción de inadmisibilidad, el Consejo solicita al Tribunal que:
–        Declare el recurso manifiestamente inadmisible en la medida en que va dirigido contra él.
–        Condene en costas al demandante.
7        En sus observaciones sobre las excepciones de inadmisibilidad, el demandante solicita al Tribunal que:
–        Desestime las excepciones de inadmisibilidad presentadas por el Parlamento y el Consejo sin pronunciarse sobre las costas.
–        Continúe el procedimiento en el presente asunto.
Fundamentos de Derecho
8        En virtud del artículo 130, apartados 1 y 7, del Reglamento de Procedimiento, si la parte demandada lo solicita, el Tribunal podrá decidir sobre la inadmisión sin entrar en el fondo del asunto.
9        En este caso, y dado que el Parlamento ha solicitado que se decida sobre la inadmisión, el Tribunal, estimando que los documentos que obran en autos le proporcionan información suficiente, decide resolver sobre esta demanda sin continuar el procedimiento.
10      En apoyo de sus excepciones de inadmisibilidad, el Parlamento y el Consejo alegan que el recurso debe declararse inadmisible en la medida en que va dirigido contra ellos, puesto que no son los autores del acto impugnado.
11      En sus observaciones sobre las excepciones de inadmisibilidad, el demandante admite que ni el Parlamento ni el Consejo son autores del acto impugnado, pero señala que ambas instituciones son indirectamente responsables de la situación en que se encuentra como consecuencia de la adopción de la Decisión impugnada.
12      A este respecto, procede recordar que, en principio, los recursos deben dirigirse contra el autor del acto impugnado (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de marzo de 1990, Le Pen, C‑201/89, EU:C:1990:133, apartado 14, y de 8 de octubre de 2008, Sogelma/AER, T‑411/06, EU:T:2008:419, apartado 49, y el auto de 27 de marzo de 2017, Frank/Comisión, T‑603/15, no publicado, EU:T:2017:228, apartado 67).
13      En el caso de autos, resulta obligado observar, en primer lugar, que el objeto del recurso tal como lo identifica el demandante es la «anulación de la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR) SRB/EES/2017/08, por la que se aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español, S.A.». De ello se desprende que el demandante identifica a la JUR como autor del acto impugnado.
14      En segundo lugar, procede señalar que ni el artículo 29, citado en la demanda, ni, como observa acertadamente el Parlamento, el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO 2014, L 255, p. 1), confieren papel alguno al Parlamento en el procedimiento de resolución.
15      En tercer lugar, como alega fundadamente el Consejo, en el caso concreto de la resolución de que ha sido objeto el Banco Popular, él no ha ejercido ninguna de las competencias de resolución que le confiere el Reglamento n.º 806/2014. En efecto, el Reglamento n.º 806/2014 no obliga al Consejo a intervenir de forma sistemática en los procedimientos de resolución. El único supuesto en que el Consejo está obligado a intervenir está previsto en el artículo 18, apartado 7, párrafo tercero, de dicho Reglamento. Este párrafo contempla los casos en que la Comisión rechaza el dispositivo de resolución transmitido por la JUR y decide proponer al Consejo o bien que lo rechace por no cumplir los criterios de interés público, o bien que apruebe o rechace una modificación significativa del importe del Fondo de resolución única contemplado en el dispositivo de resolución de la Junta. Pues bien, en el caso de autos, al haber aprobado la Comisión el dispositivo de resolución, esta hipótesis no era aplicable.
16      Se desprende de las anteriores consideraciones que procede declarar la inadmisibilidad del presente recurso en la medida en que vaya dirigido contra el Parlamento y el Consejo, por no ser éstos los autores del acto impugnado.
Costas
17      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones del demandante, procede condenarlo a cargar con las costas correspondientes al recurso dirigido contra el Parlamento y el Consejo, conforme a lo solicitado por éstos.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
resuelve:
1)      Desestimar el recurso en la medida en que va dirigido contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
2)      Condenar al Sr. Agustín Cambra Abaurrea a cargar con las costas correspondientes al recurso dirigido contra el Parlamento y el Consejo.
Dictado en Luxemburgo, a 14 de junio de 2018.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
A.M. Collins
*      Lengua de procedimiento: español.