62015TJ0405_RES
Asunto T‑405/15
Fulmen
contra
Consejo de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 2 de julio de 2019
«Responsabilidad extracontractual — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán — Inmovilización de fondos — Reparación del daño presuntamente sufrido como consecuencia de la inscripción y del mantenimiento del nombre de la demandante en las listas de personas y entidades a las que se aplican medidas restrictivas — Perjuicio material — Perjuicio inmaterial»
Política exterior y de seguridad común — Competencia del juez de la Unión — Recurso de indemnización en el que se solicita que se repare el daño supuestamente sufrido como consecuencia de la inclusión errónea del demandante en una lista de personas sujetas a medidas restrictivas — Exclusión — Recurso de indemnización en el que se solicita que se repare el daño supuestamente sufrido como consecuencia de la aplicación de las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante — Inclusión
[Arts. 24 TUE, ap. 1, y 40 TUE; arts. 215 TFUE, 268 TFUE, 275 TFUE y 291 TFUE, ap. 2; Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2010/644/PESC; Reglamentos del Consejo de Ejecución (UE) n.o 668/2010 y (UE) n.o 961/2010]
(véanse los apartados 45, 46 y 50)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Irán — Congelación de los fondos de personas, entidades u organismos que participan en la proliferación nuclear o prestan apoyo a la misma — Facultad del Consejo de recurrir al procedimiento previsto en el artículo 291 TFUE, apartado 2, en materia de medidas restrictivas basadas en el artículo 215 TFUE
(Arts. 215 TFUE y 291 TFUE, ap. 2)
(véase el apartado 47)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Relación de causalidad — Requisitos acumulativos — Incumplimiento de uno de los requisitos — Desestimación de la totalidad del recurso de indemnización
(Art. 340 TFUE, párr. 2)
(véanse los apartados 51 y 54)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Norma de Derecho que confiere derechos a los particulares — Concepto
[Art. 340 TFUE, párr. 2; Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2013/644/PESC; Reglamentos del Consejo de Ejecución (UE) n.o 668/2010 y (UE) n.o 961/2013]
(véanse los apartados 63 a 65)
Recurso de anulación — Motivos — Desviación de poder — Concepto
(véase el apartado 73)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Irán — Congelación de los fondos de personas, entidades u organismos que participan en la proliferación nuclear o prestan apoyo a la misma — Restricción del derecho de propiedad y del derecho al libre ejercicio de una actividad económica — Procedencia — Violación del principio de proporcionalidad — Inexistencia — Transposición de esta jurisprudencia a la libertad de empresa
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 16 y 17; Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2010/644/PESC; Reglamentos del Consejo de Ejecución (UE) n.o 668/2010 y (UE) n.o 961/2010]
(véanse los apartados 80 a 82)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Relación de causalidad —Responsabilidad por la inclusión del nombre del demandante sobre las listas de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas — Carga de la prueba
[Art. 268 TFUE; Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2013/644/PESC; Reglamentos del Consejo de Ejecución (UE) n.o 668/2010 y (UE) n.o 961/2013]
(véanse los apartados 90 a 92)
Procedimiento judicial — Prueba — Prueba documental — Valor probatorio — Apreciación por el juez de la Unión — Criterios
(véanse los apartados 98 a 101)
Responsabilidad extracontractual — Perjuicio — Perjuicio indemnizable — Perjuicio moral causado por la publicación en el Diario Oficial de medidas restrictivas que difaman a la entidad a la que se refieren dichas medidas — Inclusión
[Art. 340 TFUE, párr. 2; Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2013/644/PESC; Reglamentos del Consejo de Ejecución (UE) n.o 668/2010 y (UE) n.o 961/2013]
(véanse los apartados 184 a 186)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Perjuicio real y cierto — Carga de la prueba
(Art. 340 TFUE, párr. 2)
(véase el apartado 188)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Perjuicio real y cierto causado por un acto ilegal — Perjuicio moral causado por la adopción y el mantenimiento de las medidas restrictivas — Anulación del acto impugnado que no garantiza la reparación adecuada del perjuicio moral — Mantenimiento de la inclusión tras una sentencia de anulación del Tribunal General — Gravedad de la ilegalidad declarada por el Tribunal General — Inexistencia de elementos de prueba — Examen necesario por el autor de las medidas de su justificación
[Art. 340 TFUE, párr. 2; Decisiones del Consejo 2010/413/PESC y 2013/644/PESC; Reglamentos del Consejo de Ejecución (UE) n.o 668/2010 y (UE) n.o 961/2013]
(véanse los apartados 189 y 193 a 202)
Resumen
Mediante sus sentencias de 2 de julio de 2019, Fulmen/Consejo (T‑405/15) y Mahmoudian/Consejo (T‑406/15), el Tribunal estimó el recurso de indemnización interpuesto por la sociedad Fulmen, en concepto del perjuicio inmaterial sufrido a raíz de la adopción de cuatro actos por el Consejo relativos a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (
1
) (asunto T‑405/15), así como el interpuesto por el Sr. Mahmoudian, por el perjuicio moral sufrido como consecuencia de la adopción de los mismos actos (asunto T‑406/15). Mediante estos actos (en lo sucesivo, «actos controvertidos»), el nombre de los dos demandantes había sido incluido y mantenido en las listas de personas y entidades a las que se aplicaban dichas medidas restrictivas. El Tribunal ha observado que la anulación de los actos controvertidos por una sentencia anterior no había bastado para reparar el perjuicio inmaterial o moral sufrido por los demandantes como consecuencia del perjuicio que causaron a su reputación. Considera que una comprobación por el Consejo del carácter justificado de las medidas restrictivas mantenidas en su contra habría estado particularmente justificada en el caso de autos, tras dictarse la sentencia mediante la cual el Tribunal había anulado los actos controvertidos habida cuenta de la gravedad de la ilegalidad constatada, a saber, la falta de elementos de prueba.
Fulmen es una sociedad iraní que opera en el sector de los equipos electrónicos. El Sr. Mahmoudian, por su parte, es accionista mayoritario y el presidente del consejo de administración de dicha sociedad. El litigio entre los dos demandantes y el Consejo se inscribe en una serie de asuntos relativos a medidas restrictivas adoptadas en el marco de la lucha contra la proliferación nuclear en Irán. Los actos controvertidos habían sido anulados por la sentencia del Tribunal General de 21 de marzo de 2012, Fulmen y Mahmoudian/Consejo, (
2
) en la medida en que afectaban a los demandantes. Mediante sentencia de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Fulmen y Mahmoudian, (
3
) el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto por el Consejo contra la sentencia del Tribunal General de 21 de marzo de 2012 por considerar que el Consejo no había aportado la prueba de que los demandantes hubieran participado en el sitio de Qom/Fordoo (Irán), lo que constituía la razón de su inscripción. Mediante el Reglamento de Ejecución n.o 1361/2013, (
4
) el Consejo, extrayendo las consecuencias de la sentencia de 28 de noviembre de 2013, había suprimido el nombre de los demandantes de las listas de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas.
En el caso de autos, el Tribunal considera que el Consejo cometió una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a un particular al haber incumplido la obligación que le incumbía de justificar las medidas restrictivas adoptadas de conformidad con el artículo 215 TFUE e impugnadas por las personas a las que afectan.
Para declarar que la anulación de los actos controvertidos no bastó para reparar el perjuicio inmaterial o moral sufrido por los demandantes como consecuencia del daño causado a su reputación, el Tribunal señala, además, que la inscripción del nombre de los demandantes, que podría haber sido retirada por el Consejo en cualquier momento, se mantuvo durante casi tres años y medio, a pesar de las protestas de los demandantes, sobre todo en cuanto a la falta de pruebas en lo que respecta a la alegación formulada en su contra. A este respecto, el Tribunal estima que, en una Unión de Derecho, habida cuenta de la gravedad del comportamiento ilegal constatado por el Tribunal, incumbe a la institución afectada efectuar, aunque sea en paralelo a la interposición de un recurso de casación, una verificación de las apreciaciones avaladas por el Tribunal.
Asimismo, el Tribunal señala que, habida cuenta de la autonomía de las medidas estadounidenses dirigidas contra la sociedad Fulmen en relación con los actos controvertidos, no puede considerarse a la Unión responsable del posible perjuicio inmaterial que estas pudieran haber causado a la demandante. Sin embargo, teniendo en cuenta la misma autonomía de las medidas estadounidenses, el Consejo incurre en error al considerar que la valoración del importe del perjuicio inmaterial sufrido por la demandante debería tener en cuenta el hecho de que la demandante siguiera estando sujeta a las medidas estadounidenses tras la anulación de los actos controvertidos.
Por último, el Tribunal ha considerado que, por lo que respecta al perjuicio relativo, en esencia, al estrés y los sentimientos de angustia, humillación y culpabilidad, en particular frente a los allegados del demandante, este perjuicio se distingue del perjuicio relativo al menoscabo de la honorabilidad y de la reputación del Sr. Mahmoudian. En efecto, el perjuicio moral alegado, que se refiere al menoscabo causado por los actos controvertidos a la vida social y familiar del demandante, se deriva, como persona física, del deterioro, en esencia, de su imagen familiar y hasta social debido a su repentina incapacidad para mantener su nivel de vida anterior a causa de la inmovilización de sus activos financieros y económicos. El Tribunal concluye que la adopción de los actos controvertidos y el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas que le afectan causaron al demandante un perjuicio moral indemnizable.
(
1
)	Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO 2010, L 195, p. 39); Reglamento de Ejecución (UE) n.o 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2010, L 195, p. 25); Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y se deroga la Posición Común 2007/140/PESC (DO 2010, L 281, p. 81); Reglamento (UE) n.o 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 423/2007 (DO 2010, L 281, p. 1).
(
2
)	Sentencia del Tribunal General de 21 de marzo de 2012, Fulmen y Mahmoudian/Consejo (T‑439/10 y T‑440/10, EU:T:2012:142).
(
3
)	Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Fulmen y Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775).
(
4
)	Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1361/2013 del Consejo, de 18 de diciembre de 2013, por el que se aplica el Reglamento n.o 267/2012 relativo a medidas restrictivas contra Irán (DO 2013, L 343, p. 7; corrección de errores en DO 2014, L 54, p. 22).