62017CC0056
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PAOLO MENGOZZI
presentadas el 25 de julio de 2018 (
1
)
Asunto C‑56/17
Bahtiyar Fathi
contra
Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofia, Bulgaria)]
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Fronteras, asilo e inmigración — Requisitos para la concesión del estatuto de refugiado — Criterios de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Examen de una solicitud de protección internacional sin una decisión explícita sobre la competencia del Estado miembro — Concepto de “religión” — Evaluación de los motivos de persecución por motivos de religión»
1.
La petición de decisión prejudicial objeto de las presentes conclusiones tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 604/2013 (
2
) (en lo sucesivo, «Reglamento Dublín III»), de los artículos 9 y 10 de la Directiva 2011/95/UE, (
3
) y del artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32/UE. (
4
) Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Bahtiyar Fathi y la Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Agencia Nacional para los Refugiados, Bulgaria; en lo sucesivo, «DAB»), en relación con la denegación por parte de esta de la solicitud de protección internacional presentada por el Sr. Fathi.
I. Hechos, litigio principal y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
2.
El Sr. Fathi, nacional iraní de origen kurdo, nacido el 20 de septiembre de 1981 en Marivan en la República Islámica de Irán, presentó el 1 de marzo de 2016 una solicitud de protección internacional ante la DAB alegando que había sufrido la persecución de las autoridades iraníes por motivos religiosos. Según su propia declaración, el demandante se convirtió al cristianismo a finales de 2008 y principios de 2009 en Irán. Disponía de una antena parabólica ilegal con la cual captó el canal de televisión cristiano Nejat TV, que estaba prohibido, e incluso participó en una ocasión, por teléfono, en un programa de televisión emitido por esa cadena. En septiembre de 2009, fue detenido durante dos días por los servicios secretos iraníes, e interrogado sobre su participación en el programa de televisión en directo. Durante su detención se vio obligado a admitir que se había convertido al cristianismo. En 2006, viajó a Inglaterra. En junio de 2012, abandonó ilegalmente Irán para viajar a Irak, donde permaneció hasta finales de 2015 como solicitante de asilo. Durante su estancia en Irak se dirigió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pero, dado que carecía de documento de identidad, dicho organismo no adoptó ninguna decisión sobre su la petición del Sr. Fathi. En lo que respecta a su conversión al cristianismo, el demandante en el litigio principal afirma que fue un proceso muy largo que se debió a sus contactos con cristianos en Inglaterra y al hecho de ver la televisión cristiana y que fue bautizado entre finales de 2008 y principios de 2009, más concretamente en el mes de mayo, en una iglesia casera de Teherán. Manifestó haber mantenido contactos con otros cristianos en Irán en reuniones que tuvieron lugar en Teherán con la participación de unas diez personas. Se define como un «cristiano normal tendente al protestantismo». Tras ser arrestado por las autoridades iraníes, siguió manteniendo contacto con cristianos. Debido a que carecía de medios económicos, no abandonó Irán hasta 2012. Después de su partida, los servicios secretos le buscaron y dijeron a su padre que simplemente querían interrogarlo y que no habría ningún problema si regresaba. Durante su entrevista personal con la Administración búlgara, el Sr. Fathi aportó un escrito de Nejat TV de 29 de noviembre de 2012. (
5
)
3.
La solicitud del Sr. Fathi fue denegada mediante decisión del director de la DAB de 20 de junio de 2016 (en lo sucesivo, «decisión de la DAB»). En dicha decisión se considera que las declaraciones del Sr. Fathi adolecen de contradicciones significativas y que todo su relato resulta inverosímil. Por consiguiente, el documento procedente de Nejat TV, de 29 de noviembre de 2012, fue rechazado al ser considerado falso. En particular, el director de la DAB tuvo en cuenta que entre su arresto en 2009 y su salida de Irán en 2012, el Sr. Fathi no fue objeto de ningún acto de persecución. En la decisión de la DAB se llegaba a la conclusión de que no concurrían los requisitos para reconocer el estatuto de refugiado con arreglo al artículo 8 del zakon za ubezhishteto i bezhantsite (Ley de asilo y de los refugiados; en lo sucesivo, «ZUB») o el estatuto humanitario, de conformidad con el artículo 9 de la ZUB. (
6
)
4.
El Sr. Fathi ha interpuesto un recurso contra la decisión de la DAB ante el órgano jurisdiccional remitente, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Se deduce del artículo 3, apartado 1, del Reglamento [Dublín III], en relación con el considerando 12 y el artículo 17 de este Reglamento, que un Estado miembro puede dictar una resolución sobre el examen de una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 2, letra d), de dicho Reglamento, presentada ante él, sin que haya resolución expresa sobre la competencia de ese Estado miembro de conformidad con los criterios de tal Reglamento, cuando en el caso concreto no existen indicios para una excepción de acuerdo con el citado artículo 17?
2)
¿Se deduce del artículo 3, apartado 1, segunda frase, del Reglamento [Dublín III], en relación con el considerando 54 de la Directiva 2013/32, que, en circunstancias como las del litigio principal, relativo a una solicitud de protección internacional en el sentido del artículo 2, letra b), de ese Reglamento, si no es aplicable una excepción conforme al artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento, debe dictarse una resolución por la cual el Estado miembro se compromete a examinar la solicitud con arreglo a los criterios del mismo Reglamento y basándose en la aplicación de las disposiciones del [Reglamento Dublín III] al solicitante?
3)
¿Debe interpretarse el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32 en el sentido de que el tribunal que conoce de un recurso contra una decisión de denegación de protección internacional, en virtud del considerando 54 de dicha Directiva, debe valorar si se han de aplicar al solicitante las disposiciones del Reglamento [Dublín III], cuando no hay resolución expresa del Estado miembro sobre su competencia para examinar la solicitud de protección internacional de conformidad con los criterios de ese Reglamento? ¿Debe deducirse del considerando 54 de la Directiva 2013/32 que, si no existen indicios para la aplicación del artículo 17 del Reglamento [Dublín III] y la solicitud de protección internacional ha sido examinada por el Estado miembro ante el que fue presentada de acuerdo con la Directiva 2011/95, la situación legal del interesado también queda incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento cuando no hay resolución expresa del Estado miembro sobre su competencia de conformidad con los criterios de dicho Reglamento?
4)
¿Se deduce del artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95 que, en circunstancias como las del litigio principal existe el motivo de persecución por “religión”, cuando el solicitante no ha presentado declaraciones ni aportado documentos sobre todos los elementos que comprende el concepto de religión en el sentido de esta disposición, y que son fundamentales para la pertenencia del interesado a una religión determinada?
5)
¿Se deduce del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2011/95 que se dan los motivos de persecución basados en la religión en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva, cuando el solicitante, en circunstancias como las del litigio principal, afirma haber sido perseguido por su pertenencia a una religión, pero no aporta declaraciones ni pruebas sobre las circunstancias características de la pertenencia de una persona a una religión determinada y que hagan suponer al agente de persecución dicha pertenencia por parte del interesado, entre otras, la realización o no realización de actos o las expresiones de opinión de carácter religioso, o formas de conducta personal o comunitaria basadas en una creencia religiosa u ordenadas por esta?
6)
¿Se deduce del artículo 9, apartados 1 y 2 de la Directiva 2011/95, en relación con los artículos 18 y 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Carta”), y el concepto de religión en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva, que en circunstancias como las del litigio principal:
a)
el concepto de “religión” en el sentido del Derecho de la Unión no recoge actos considerados delictivos por la legislación nacional de los Estados miembros? ¿Pueden tales actos, considerados delictivos en el país de origen del solicitante, constituir actos de persecución?
b)
En relación con la prohibición del proselitismo y la prohibición de actos contrarios a la religión en la que se basen las disposiciones legales y reglamentarias del país, ¿pueden considerarse lícitas las restricciones establecidas en orden a la protección de los derechos y libertades de los demás y del orden público en el Estado de origen del solicitante? ¿Pueden las citadas prohibiciones considerarse por sí mismas actos de persecución en el sentido de las disposiciones indicadas de la Directiva, cuando su incumplimiento pueda ser castigado con la pena de muerte, aunque las leyes no se dirijan expresamente contra una religión determinada?
7)
¿Se deduce del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2011/95, en relación con el artículo 5, letra b), de la [misma] disposición, el artículo 10 de la [Carta] y el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32 que, en circunstancias como las del litigio principal, la valoración de los hechos y las circunstancias tan solo se puede realizar basándose en las declaraciones presentadas y los documentos aportados por el solicitante, siendo no obstante posible requerir una prueba de los elementos que faltan comprendidos en el concepto de “religión” en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva, cuando:
–
sin tales datos la solicitud de protección internacional debe considerarse infundada en el sentido del artículo 32 en relación con el artículo 31, apartado 8, letra e), de la Directiva 2013/32 y
–
el Derecho nacional prevé que las autoridades competentes deben determinar todas las circunstancias relevantes para el examen de la solicitud de protección internacional y el tribunal, en caso de recurso contra la resolución denegatoria, debe señalar que el interesado no ha propuesto ni presentado pruebas?»
5.
Los Gobiernos de Hungría, de Polonia y del Reino Unido y la Comisión presentaron observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia de conformidad con el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
II. Análisis
A.
Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda
6.
Mediante sus dos primeras cuestiones prejudiciales, que procede analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si las autoridades de un Estado miembro pueden examinar sobre el fondo una solicitud de protección internacional en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento Dublín III, sin que se haya adoptado con carácter previo una decisión expresa, basada en los criterios previstos en dicho Reglamento, en la que se establezca la responsabilidad de dicho Estado miembro para realizar ese examen.
7.
El artículo 3, apartado 1, del Reglamento Dublín III dispone que «los Estados miembros examinarán toda solicitud de protección internacional presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida, ya sea en el territorio de cualquiera de ellos […]. La solicitud será examinada por un solo Estado miembro, que será aquel que los criterios mencionados en el capítulo III designen como responsable».
8.
Según el artículo 67 bis, apartado 2, puntos 1, 2 y 3, de la ZUB, en su versión en vigor en el momento en el que el Sr. Fathi presentó su solicitud, el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional se inicia «1. mediante decisión de la autoridad con la que se desarrollarán las entrevistas, cuando existan datos que pongan de manifiesto que la responsabilidad del examen de la solicitud de protección internacional corresponde a otro Estado miembro; 2. a instancias del ministro del Interior y de la Agencia de Seguridad Nacional en relación con la situación irregular del extranjero en el territorio de la República de Bulgaria; 3. ante una petición de toma a cargo o de readmisión del extranjero […]». (
7
)
9.
El órgano jurisdiccional remitente precisa que, en el caso del Sr. Fathi, no concurría ninguno de los motivos previstos en el artículo 67 bis, apartado 2, de la ZUB por lo que no se inició el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud ni se adoptó ninguna decisión en la que se designara como responsable al Estado búlgaro en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento Dublín III.
10.
Dicho órgano jurisdiccional se pregunta si ese Reglamento se aplica únicamente a los procedimientos de traslado de solicitantes de protección internacional o si obliga, en todo caso, al Estado que se encarga del examen de la solicitud a precisar en una decisión formal en qué criterios se ha basado para considerar que es responsable de ese examen.
11.
Según el citado órgano jurisdiccional, a falta de una decisión de este tipo, no queda zanjada la cuestión de si una determinada solicitud de protección internacional está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Dublín III.
12.
Procede señalar de entrada que, en mi opinión, esa conclusión no es correcta. A tenor del artículo 1 del Reglamento Dublín III, dicha norma «establece los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida». De conformidad con el artículo 2, letra b), del mismo Reglamento por «solicitud de protección internacional» se entiende, a efectos de ese Reglamento, «la solicitud de protección internacional definida en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2011/95/UE», es decir, según esa disposición, una «petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado».
13.
Ahora bien, el órgano jurisdiccional remitente precisa que la solicitud del Sr. Fathi que la DAB ha denegado debe considerarse dirigida a obtener el estatuto de refugiado en el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados [firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y que entró en vigor el 22 de abril de 1954 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra»)] (
8
) o el estatuto humanitario sobre la base del artículo 9 de la ZUB, que se corresponde con el estatuto de protección subsidiaria previsto en la Directiva 2011/95.
14.
Por consiguiente, esta solicitud está comprendida en el ámbito de la definición prevista en el artículo 2, letra h), de la Directiva 2011/95 y, por consiguiente, de la recogida en el artículo 2, letra b), del Reglamento Dublín III. Por tanto, la citada solicitud, presentada por un nacional de un tercer país en Bulgaria, está comprendida en el ámbito de aplicación de ese Reglamento, definido en su artículo 1. Carece de importancia que el Estado miembro que se ha encargado de su examen sobre el fondo haya aplicado o no los criterios previstos en el Reglamento para establecer su propia responsabilidad para efectuar ese examen.
15.
Asimismo, ha de rechazarse la interpretación que propone el órgano jurisdiccional remitente según la cual el Reglamento Dublín III solo se aplica cuando se prevé el traslado del solicitante a otro Estado miembro. En efecto, tanto de su objeto como de sus disposiciones se desprende que el Reglamento es aplicable en cuanto se presenta una solicitud de protección internacional en uno de los Estados miembros, al margen de que ya en ese momento resulte que más de un Estado miembro podría ser considerado responsable de su examen. (
9
)
16.
Dicho esto, conviene recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Reglamento Dublín III tiene por objeto establecer un procedimiento claro y viable basado en criterios objetivos y equitativos tanto para los Estados miembros como para las personas afectadas, que haga posible una determinación rápida del Estado miembro responsable con el fin de garantizar un acceso efectivo a los procedimientos de concesión de protección internacional y no comprometer el objetivo de celeridad en la tramitación de las solicitudes de protección internacional, garantizando, a la vez, de conformidad con su considerando 19, la tutela judicial efectiva prevista en dicho Reglamento contra las decisiones de traslado. (
10
) El sistema establecido por el Reglamento Dublín III se basa en el principio, consagrado en su artículo 3, apartado 1, de que un solo Estado miembro es competente para examinar las necesidades de protección internacional de un solicitante, aunque este haya presentado una solicitud en varios Estados miembros, cuyo objetivo es promover la eficacia del sistema, desincentivando el «forum shopping» por parte de los solicitantes de protección internacional y sus desplazamientos secundarios dentro de la Unión.
17.
El capítulo VI del Reglamento Dublín III regula los procedimientos de toma a cargo y readmisión en caso de que el Estado miembro que determine el Estado miembro responsable estime que otro Estado es competente para examinar la solicitud de protección internacional, sobre la base de los criterios previstos en el citado Reglamento. En caso de que se activen esos procedimientos, y una vez que el Estado miembro requerido haya aceptado expresa o implícitamente tomar a su cargo o readmitir al solicitante, (
11
) se notificará a este último una decisión de traslado a ese Estado miembro que podrá recurrir de conformidad con el artículo 27 del Reglamento Dublín III.
18.
En cambio, dicho Reglamento no prevé ningún procedimiento particular para el supuesto de que el Estado miembro que se encargue de determinar el Estado miembro responsable llegue a la conclusión de que es competente sobre la base de criterios establecidos en el citado Reglamento para examinar él mismo la solicitud de protección internacional. Aunque del derecho a la información que el artículo 4 del Reglamento Dublín III reconoce al solicitante se desprende que este debe recibir en todo caso una comunicación del Estado miembro que se encargará del examen de su solicitud tan pronto como haya sido determinado en la que se indiquen los motivos que han llevado a esa designación, (
12
) dicho Reglamento no obliga al Estado miembro que ha llevado a cabo la determinación a adoptar y notificar una decisión formal en caso de que los criterios del Reglamento Dublín III lo designen como Estado miembro responsable.
19.
Así las cosas, procede destacar que un Estado miembro únicamente puede determinar su propia competencia para examinar una solicitud de protección internacional en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento Dublín III, presentada ante él aplicando los criterios obligatorios y jerarquizados previstos en los artículos 8 a 15 del citado Reglamento, el referido a las personas dependientes recogido en el artículo 16 de la misma norma o bien recurriendo a la cláusula discrecional del artículo 17 del mismo Reglamento. (
13
) El examen sobre el fondo de una solicitud implica pues, en todo caso, una toma de posición
previa del Estado miembro que efectúa el examen sobre las razones por las que toma a cargo al solicitante.
20.
El órgano jurisdiccional remitente explica el hecho de que las autoridades búlgaras no hayan adoptado una postura formal sobre la responsabilidad de la República de Bulgaria para examinar la solicitud del Sr. Fathi partiendo del tenor del artículo 67 bis de la ZUB, que únicamente obliga a que se inicie un procedimiento de determinación del Estado miembro responsable cuando concurran elementos que hagan suponer que otro Estado miembro podría ser considerado responsable sobre la base del Reglamento Dublín III. De la resolución de remisión no se desprende en modo alguno que las autoridades búlgaras no hayan determinado su competencia sobre la base de los criterios establecidos en el Reglamento Dublín III tras haber excluido que otro Estado miembro era responsable a falta de elementos que abogaran en ese sentido. (
14
) Tampoco se desprende de la resolución de remisión que el Sr. Fathi no haya sido informado de que su solicitud de protección internacional iba a ser tramitada por las autoridades búlgaras y aún menos, que se haya opuesto de algún modo a esa competencia.
21.
Por otro lado, pese a destacar que no se conocen los motivos por los cuales se consideró que la República de Bulgaria era el Estado miembro responsable, el órgano jurisdiccional remitente excluye que se haya recurrido a la cláusula discrecional prevista en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III. Por consiguiente, no solicita al Tribunal de Justicia que interprete ese artículo.
22.
En estas circunstancias, y sin que sea necesario ahondar en mi análisis, considero, sobre la base de las consideraciones anteriores, que procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas por el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofia, Bulgaria), tomadas conjuntamente, que un Estado miembro que examina sobre el fondo una solicitud de protección internacional que se ha presentado ante él no está obligado a adoptar con carácter previo una decisión formal en la que reconozca su responsabilidad con arreglo al Reglamento Dublín III para efectuar ese examen. No obstante, en virtud del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, ese Estado miembro debe informar al solicitante, del modo previsto en el apartado 2 de ese mismo artículo, de que su solicitud será examinada por las autoridades competentes de ese Estado miembro y de los motivos que le han llevado a considerar que es responsable en virtud del Reglamento.
23.
En lo que atañe al artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III, sobre el cual los interesados que han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia han manifestado su postura a pesar de que el órgano jurisdiccional remitente no haya solicitado su interpretación, me limitaré a realizar las siguientes reflexiones, para el caso de que, no obstante, el Tribunal de Justicia decida pronunciarse.
24.
El citado artículo, que lleva por título «Cláusulas discrecionales», establece en su apartado 1, párrafo primero, que «no obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, cualquier Estado miembro podrá decidir examinar una solicitud de protección internacional que le sea presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida, aun cuando este examen no le incumba en virtud de los criterios establecidos en el presente Reglamento». Conforme al párrafo segundo de ese mismo apartado, «el Estado miembro que decida examinar una solicitud de protección internacional con arreglo al presente apartado se convertirá en el Estado miembro responsable y asumirá las obligaciones vinculadas a esa responsabilidad. Informará de ello, en su caso, a través de la red de comunicación electrónica “DubliNet” creada en el artículo 18 del Reglamento [n.o 1560/2003], al Estado miembro anteriormente responsable, al que lleve a cabo un procedimiento de determinación del Estado miembro responsable o al que haya sido requerido para hacerse cargo del solicitante o readmitirlo». Por su parte, el párrafo tercero dispone que «el Estado miembro responsable en virtud del presente apartado lo indicará inmediatamente en Eurodac de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 603/2013 [ (
15
)] añadiendo la fecha en que se tomó la decisión de examinar la solicitud».
25.
El artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III reproduce la cláusula de soberanía, ya recogida en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 343/2003 (en lo sucesivo, «Reglamento Dublín II») (
16
) y que se basa en que la concesión de protección internacional constituye una prerrogativa estatal. Al igual que la cláusula humanitaria, prevista en el artículo 15 del Reglamento Dublín II, que actualmente está recogida en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento Dublín III, la cláusula de soberanía introduce en el sistema establecido por el Reglamento un importante elemento de flexibilidad, concediendo a todo Estado miembro ante el que se ha presentado una solicitud de protección internacional la facultad de excluir la aplicación del principio de que el Estado miembro designado con arreglo a los criterios objetivos enunciados en ese Reglamento es responsable de dicha solicitud.
26.
Aunque el ejercicio de esa facultad no está sometido a ningún requisito particular (
17
) y, por tanto, la cláusula de soberanía puede activarse, en principio, en función de consideraciones de todo tipo, (
18
) básicamente se ha invocado por razones humanitarias y como salvaguardia contra las disfunciones del sistema de Dublín que pueden dar lugar a violaciones de los derechos fundamentales de los solicitantes de protección internacional. Desde esta perspectiva, el Tribunal de Justicia ha admitido, sobre todo después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»), de 21 de enero de 2011, M.S.S. c. Bélgica y Grecia, (
19
) que, pese a su carácter discrecional y el amplio margen de apreciación que confiere a los Estados miembros, (
20
) en determinados casos, en particular para no agravar una situación de vulneración de los derechos fundamentales del solicitante, la cláusula de soberanía puede constituir para los Estados miembros, no solo una mera facultad de toma a cargo, sino también una auténtica obligación. (
21
)
27.
El Tribunal de Justicia ha precisado asimismo que el artículo 3, apartado 2, del Reglamento Dublín II reconoce a los Estados miembros una facultad de apreciación que forma parte integrante del sistema europeo común de asilo previsto por el Tratado FUE y elaborado por el legislador de la Unión y que esa facultad de apreciación debe ser ejercida por los Estados miembros respetando las demás disposiciones del Reglamento y de la Carta. (
22
) De ello se desprende que, aunque no se exija el consentimiento del solicitante para que se aplique la cláusula de soberanía, (
23
) —en contra de lo que la Comisión había previsto en su propuesta de modificación del Reglamento Dublín II (en lo sucesivo, «Propuesta de Reglamento Dublín III») (
24
)— tal cláusula no puede aplicarse en ningún caso vulnerando los derechos fundamentales de este. (
25
) Por consiguiente, no comparto la opinión manifestada por el Gobierno húngaro en sus observaciones escritas de que el ejercicio de la facultad que se reconoce en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III depende de la apreciación de los Estados miembros y está excluida de control judicial.
28.
Dicho esto, procede señalar que el tenor literal del artículo 17, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento Dublín III, que, por lo demás, reproduce palabra por palabra (
26
) el artículo 3, apartado 2, primera frase del Reglamento Dublín II, se diferencia de este en que emplea la expresión «podrá decidir examinar» en lugar de la expresión «podrá examinar». Esta evolución de la redacción de la cláusula de soberanía también queda reflejada al inicio del párrafo segundo del artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III, según el cual «el Estado miembro que decida examinar una solicitud de protección internacional con arreglo al presente apartado se convertirá en el Estado miembro responsable […].» (
27
) Por otro lado, el párrafo tercero del artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III, que no tiene ninguna disposición concordante en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento Dublín II, dispone que el Estado miembro que asuma la responsabilidad de la solicitud de protección internacional está obligado a indicarlo en el sistema Eurodac de conformidad con el Reglamento Dublín III en la fecha en que se tome la decisión de examinar la solicitud.
29.
Pues bien, desde mi punto de vista, estas modificaciones ponen claramente de manifiesto la intención del legislador de formalizar el procedimiento de aplicación de la cláusula de soberanía y de aclarar las modalidades para su activación, según se desprende, por lo demás de la Propuesta de Reglamento Dublín III, (
28
) lo cual se explica también por la exigencia de evitar que el ejercicio de la facultad de asumir la responsabilidad del examen de una solicitud por parte de un estado miembro dé lugar a una pluralidad de procedimientos de examen y acabe por convertirse en un factor de ineficacia del sistema.
30.
Por lo tanto, sobre la base de las anteriores consideraciones, estimo que para recurrir a la cláusula de soberanía recogida en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III, el Estado miembro que pretende invocarla debe adoptar una decisión formal en ese sentido.
31.
En cualquier caso, conforme a la conclusión a la que he llegado en el punto 22 de las presentes conclusiones, desde mi punto de vista el solicitante tiene derecho a ser informado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Dublín III, de que un determinado Estado ha asumido la responsabilidad de su solicitud de protección internacional en virtud del artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento, tan pronto como el Estado miembro que pretenda tramitarla haya adoptado una decisión en ese sentido.
B.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
32.
Mediante su tercera cuestión prejudicial, cuyo contenido es difícil de descifrar, el órgano jurisdiccional remitente parece preguntar en esencia al Tribunal de Justicia si, en virtud del artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, incumbe al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso interpuesto por un solicitante de protección internacional contra la decisión denegatoria de su solicitud comprobar de oficio si se aplican al citado solicitante las disposiciones del Reglamento Dublín III cuando el Estado miembro que ha llevado a cabo el examen de la solicitud no ha adoptado una decisión expresa sobre su competencia para tramitarla con arreglo a los criterios previstos en ese Reglamento y cuando consta que dicho Estado no ha aplicado la cláusula discrecional recogida en el artículo 17, apartado 1, del mismo Reglamento.
33.
El órgano jurisdiccional remitente parte del postulado de que, cuando el Estado miembro que ha llevado a cabo el examen de una solicitud de protección internacional no ha adoptado ninguna decisión expresa sobre la aplicación de los criterios de atribución de responsabilidad recogidos en el Reglamento Dublín III, no queda zanjado si dicha solicitud está comprendida en el ámbito de aplicación del citado Reglamento. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si está obligado a apreciar de oficio esa cuestión, habida cuenta de que, según el considerando 54 de la Directiva 2013/32, debe aplicarse a los solicitantes a los cuales se aplica el Reglamento Dublín III «además de las disposiciones de dicho Reglamento y sin perjuicio de las mismas».
34.
Pues bien, como he observado en el punto 12 de las presentes conclusiones, dicha premisa es errónea, dado que carece de pertinencia que el Estado miembro que se ha encargado del examen sobre el fondo de una solicitud de protección internacional en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento Dublín III, que se ha presentado ante él, haya aplicado o no los criterios previstos en el citado Reglamento para determinar su propia competencia para efectuar ese examen a efectos de esclarecer si esa solicitud está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Dublín III. En el presente asunto, como he señalado en los puntos 13 y 14 de las presentes conclusiones, la solicitud del Sr. Fathi está comprendida en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, incluso aunque las autoridades búlgaras no hayan adoptado ninguna decisión expresa sobre su competencia en virtud del Reglamento Dublín III para examinar esa solicitud.
35.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, propongo que se responda a la tercera cuestión prejudicial que, en una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que el Estado miembro que ha examinado una solicitud de protección internacional en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento Dublín III, que se ha presentado ante él, no ha adoptado una decisión expresa sobre su responsabilidad con arreglo a ese Reglamento para pronunciarse sobre dicha solicitud y en la que conste que el Estado miembro no ha aplicado la cláusula discrecional del artículo 17, apartado 1, de ese mismo Reglamento, no incumbe al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra la decisión denegatoria de esa solicitud comprobar de oficio si ese Reglamento se aplica al solicitante.
36.
A diferencia de lo que opinan el Gobierno húngaro y la Comisión, no creo que la tercera cuestión prejudicial pueda interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si le compete apreciar de oficio si la responsabilidad de las autoridades que efectuaron el examen de la solicitud de protección internacional se estableció correctamente sobre la base de los criterios y reglas previstos en el Reglamento Dublín III.
37.
No obstante, para el caso de que el Tribunal de Justicia la interprete en ese sentido, me limitaré a observar que el legislador de la Unión ha pretendido mantener independientes el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable en el sentido del Reglamento Dublín III y el procedimiento de examen sobre el fondo de la solicitud de protección internacional. Así, por un lado, a tenor del artículo 2, letra d), del Reglamento Dublín III, y a los efectos de dicho Reglamento, por «examen de una solicitud de protección internacional» debe entenderse «todo examen de una solicitud de protección internacional o toda resolución o sentencia sobre una solicitud de protección internacional dictada por las autoridades competentes conforme a la Directiva [2013/32] y a la Directiva [2011/95], con excepción de los procedimientos de determinación del Estado responsable en virtud de las disposiciones del presente Reglamento» (
29
) y, por otro, conforme al considerando 53 de la Directiva 2013/32, dicha Directiva no se refiere a los procedimientos entre Estado miembros regulados por el Reglamento Dublín III.
38.
Por consiguiente, no corresponde al juez nacional que conoce de un recurso contra una decisión adoptada al término del procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional, según se define en el artículo 2, letra d), del Reglamento Dublín III, examinar de oficio si el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable en virtud de dicho Reglamento se ha efectuado correctamente y si el Estado miembro que ha llevado a cabo el examen de esa solicitud es efectivamente aquel que, con arreglo a las reglas y criterios previstos en el citado Reglamento, ha de designarse como responsable.
C.
Sobre las cuestiones prejudiciales cuarta, quinta y séptima
39.
Mediante sus cuestiones prejudiciales cuarta y quinta el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si concurre un motivo de persecución por razón de «religión» cuando las declaraciones del solicitante y los documentos que ha aportado no versan sobre todos los elementos del concepto de «religión», según se define en el artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95 y, en particular, cuando esas declaraciones y documentos no guardan relación con las circunstancias características de la pertenencia a una religión que hagan suponer a los supuestos agentes de persecución que el solicitante profesa esa religión. Mediante su séptima cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea que se determine si, en esa situación, puede exigirse al solicitante que acredite los elementos constitutivos del concepto de «religión» en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95 que eventualmente falten cuando, sin dicha información, su solicitud deba ser desestimada por infundada.
40.
De conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95 «al valorar los motivos de persecución, los Estados miembros tendrán en cuenta los siguientes elementos: […]; b) el concepto de religión comprenderá, en particular, la profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, la participación o la abstención de participar en cultos formales en privado o en público, ya sea individualmente o en comunidad, así como otros actos o expresiones de opinión de carácter religioso, o formas de conducta personal o comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas por esta […]».
41.
Esta disposición ofrece una definición amplia del concepto de «religión», que integra todos sus componentes, ya sean públicos o privados, colectivos o individuales. (
30
) Este concepto, ampliamente basado en los criterios desarrollados en el ámbito del Derecho internacional de los derechos humanos, (
31
) y retomado por el ACNUR, (
32
) no se limita a las religiones tradicionales, a las que entrañan elementos institucionales o prácticas análogas a las de las religiones tradicionales, sino que abarca cualquier creencia o convicción religiosa, incluso minoritaria, (
33
) al igual que la negativa a practicar una determinada religión o a tener creencias religiosas. Comprende tanto el propio hecho de tener convicciones religiosas, incluso sin expresarlo externamente, cuanto la manifestación pública de esas convicciones, la observancia de prácticas religiosas o incluso la formación religiosa. La religión se configura como «creencia», como «identidad» o como «forma de vida». (
34
) Estos tres aspectos de la definición entrañan un acercamiento de la persona a la religión muy distinto. El primero de ellos supone la adhesión voluntaria a un determinado número de preceptos, mientras que la religión, como identidad, que subyace a un gran número de casos de persecución en el mundo, se basa más bien en la existencia de vínculos familiares, culturales, étnicos o nacionales, que definen la pertenencia, más que la adhesión, a una cierta comunidad. Por último, en cuanto forma de vida, la religión puede ocupar un lugar no solo en el ámbito espiritual de la persona, sino afectar también a otros aspectos de su existencia, imponiéndole reglas de comportamiento de todo tipo (oraciones, ritos, ceremonias, códigos de vestimenta o alimentarios, formación religiosa, proselitismo, etc.), que pueden entrar en conflicto, de forma más o menos abierta, con las leyes de un determinado Estado. (
35
)
42.
De la amplitud del concepto de «religión» definido en el artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95 —que pone de manifiesto el esfuerzo del legislador de la Unión en abarcar, en la mayor medida posible, todas sus facetas—, se desprende que no puede exigirse a un solicitante de protección internacional que invoca el riesgo de sufrir persecución por motivos religiosos que, para fundamentar sus alegaciones sobre sus convicciones religiosas, facilite indicaciones sobre todos los elementos del citado concepto. En particular, habida cuenta de que ese concepto engloba también el hecho en sí de tener convicciones religiosas, no puede exigirse a ese solicitante que acredite que ha llevado a cabo de forma pública actos vinculados o impuestos por esas convicciones o que se ha abstenido de realizar actos incompatibles con esas convicciones ni aún menos que demuestre, mediante pruebas documentales, la realidad de sus alegaciones a este respecto.
43.
Esta conclusión queda indirectamente corroborada por el principio desarrollado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 5 de septiembre de 2012, Y y Z (C‑71/11 y C‑99/11, EU:C:2012:518), apartado 65, según el cual la existencia de una persecución por motivos religiosos debe identificarse, no en función del elemento de la libertad de religión que se viola, sino en función de la naturaleza de la represión ejercida. (
36
) Es, por tanto, la gravedad de las medidas y de las sanciones adoptadas o que puedan adoptarse contra el interesado lo que determinará si existe persecución. (
37
) Pues bien, esas medidas o sanciones, de la gravedad suficiente para caracterizar la existencia de una persecución o del riesgo de persecución, pueden o podrían adoptarse incluso a falta de cualquier manifestación exterior por parte del interesado de sus creencias religiosas, por ejemplo, por el mero hecho de su conversión, de su negativa a profesar la religión oficial de su país de origen o de su pertenencia a una determinada comunidad religiosa. (
38
)
44.
Por otro lado, del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2011/95 —a tenor del cual, en la valoración de si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido será indiferente el hecho de que posea realmente la característica que suscita la acción persecutoria, a condición de que el agente de persecución atribuya al solicitante tal característica— se desprende que, para pronunciarse sobre una solicitud de protección internacional motivada por el temor a ser perseguido por razones religiosas, no siempre es necesario evaluar la credibilidad de las creencias religiosas del solicitante en el marco de la valoración de hechos y circunstancias establecida en el artículo 4 de dicha Directiva. (
39
)
45.
Procede recordar que, en virtud de dicho artículo, el examen de la solicitud de protección internacional debe constar de una evaluación individual de dicha solicitud que tenga en cuenta, particularmente, todos los hechos pertinentes relativos al Estado de origen del interesado en el momento de presentar su solicitud, a la información y los documentos pertinentes presentados por aquel, así como a la situación particular y las circunstancias personales del solicitante. (
40
) Esta valoración se desarrolla en dos etapas distintas. El objeto de la primera etapa es establecer las circunstancias fácticas que puedan constituir elementos de prueba en apoyo de la solicitud, mientras que la segunda etapa se refiere a la valoración jurídica de estos elementos y consiste en decidir si, a la vista de los hechos que caracterizan un caso concreto, se cumplen los requisitos de fondo previstos en los artículos 9 y 10 o 15 de la Directiva 2011/95 para la concesión de la protección internacional. En el marco de esta primera etapa —en la que se inscriben las cuestiones prejudiciales cuarta, quinta y séptima, planteadas por el órgano jurisdiccional remitente— si bien los Estados miembros pueden considerar que normalmente es obligación del solicitante presentar todos los elementos necesarios para fundamentar su solicitud, no es menos cierto que corresponde al Estado miembro de que se trate cooperar con dicho solicitante en la fase de la determinación de los elementos pertinentes de dicha solicitud, conforme al artículo 4, apartado 1, de la citada Directiva. (
41
)
46.
Por otra parte, las autoridades competentes también han de tomar en consideración, en su caso, las explicaciones que se le faciliten sobre la falta de elementos probatorios y sobre la credibilidad general del solicitante. Por otra parte, en el marco de las comprobaciones realizadas por dichas autoridades, en virtud del artículo 4 de la Directiva 2011/95, si las declaraciones de un solicitante de asilo presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación siempre que se cumplan las condiciones acumulativas establecidas en el artículo 4, apartado 5, letras a) a e), de la misma Directiva. (
42
)
47.
En cuanto a las solicitudes de protección internacional basadas en el temor a sufrir persecución por motivos religiosos, cuyo examen a menudo resulta ser particularmente complejo, habrán de tenerse principalmente en cuenta, además de la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, sus convicciones sobre la religión y las circunstancias de su adquisición, la forma en la que entiende y vive su fe (o su falta de fe), su relación con aspectos doctrinales, rituales o prescriptivos de la religión a la que afirma pertenecer o de la que se quiere alejar, si desempeña, en su caso, una función particular en la transmisión de su fe, por ejemplo, mediante la enseñanza o el proselitismo, y la interacción entre religión, y elementos de identidad, étnicos (
43
) o de género.
48.
Si bien los elementos que acabo de enunciar ofrecen indicios sobre lo que la religión significa para el solicitante de protección internacional y permiten comprender mejor la forma en la que se verá afectado por las restricciones al ejercicio de su libertad religiosa en el país de origen, es preciso destacar que, al examinar solicitudes basadas en el temor a ser perseguido por motivos religiosos, resulta determinante lo que engloba el concepto de «religión»a ojos de los (potenciales) agentes de persecución. Respondiendo a esa cuestión puede determinarse la actitud que cabe esperar de esos agentes frente a las creencias o la identidad religiosa del solicitante y frente a los comportamientos (u omisiones (
44
)) que constituyen una manifestación externa de ellas. (
45
)
49.
En el caso del Sr. Fathi, su origen kurdo, el hecho de haberse convertido al cristianismo, las modalidades de esa conversión, su participación en un programa de una cadena cristiana prohibida en su país de origen, su arresto y su interrogatorio por las autoridades de ese país y el reconocimiento de su conversión en el momento de su detención constituyen los múltiples elementos que la DAB debía tener en cuenta en esa primera etapa de su evaluación, junto con todos los hechos pertinentes referidos al país de origen del solicitante, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, letra a), de la Directiva 2011/95.
50.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, propongo que se responda a las cuestiones prejudiciales cuarta, quinta y séptima, consideradas de forma conjunta, que el artículo 10, apartado 1, letra b), y el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2011/95 deben interpretarse en el sentido de que un solicitante de protección internacional que invoca, en apoyo de su solicitud, el riesgo de ser perseguido por motivos religiosos no está obligado a presentar declaraciones ni a aportar documentos sobre todos los componentes recogidos en el concepto de «religión» según se define en el artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95 para acreditar sus alegaciones sobre sus creencias religiosas. En particular, dicho solicitante no debe necesariamente acreditar, so pena de que se deniegue su solicitud, que ha llevado a cabo de forma pública actos vinculados o impuestos por esas convicciones o que se ha abstenido de realizar actos incompatibles con esas convicciones ni aún menos demostrar, mediante pruebas documentales, la realidad de sus alegaciones a este respecto.
D.
Sobre la sexta cuestión prejudicial
51.
Mediante su sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si y, en su caso, en qué circunstancias, las limitaciones a la libertad religiosa previstas por el Estado de origen del solicitante, como la prohibición del proselitismo o la prohibición de realizar actos contrarios a la religión oficial de ese Estado que se justifican por el objetivo de preservar el orden público en ese país, pueden constituir actos de persecución en virtud del artículo 9, apartados 1, y 2, de la Directiva 2011/95, a la luz del artículo 10 de la Carta. El órgano jurisdiccional remitente también se pregunta si la mera existencia de esas prohibiciones, aunque no estén dirigidas a una religión en particular, basta para dar lugar a persecución en caso de que su incumplimiento se castigue con la pena capital.
52.
El artículo 9 de la Directiva 2011/95 define los elementos que permiten considerar que existe un acto de persecución en el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra. A tenor del apartado 1, letra a), del artículo 9 de la mencionada Directiva, dicho acto debe «ser suficientemente grave […] por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos que no puedan ser objeto de excepciones al amparo del artículo 15, apartado 2, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales». (
46
) De conformidad con el apartado 2, letras b) y c), de dicho artículo 9, los actos de persecución definidos en el apartado 1 pueden revestir, entre otras, la forma de «medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o se apliquen de manera discriminatoria» y de «procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios».
53.
El derecho a la libertad de religión consagrado en el artículo 10, apartado 1, de la Carta (
47
) se corresponde con el derecho garantizado por el artículo 9 del CEDH. (
48
)
54.
Como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 57 de la sentencia de 5 de septiembre de 2012, Y y Z (C‑71/11 y C‑99/11, EU:C:2012:518), la libertad de religión constituye uno de los pilares de una sociedad democrática y es un derecho humano fundamental. La injerencia en el derecho a la libertad de religión puede ser de tal gravedad como para equipararla a los casos contemplados en el artículo 15, apartado 2, del CEDH, a los que se remite el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2011/95, con carácter indicativo, para determinar los actos que deben considerarse, en particular, como una persecución.
55.
Eso no significa, no obstante, como señaló el Tribunal de Justicia en los apartados 58 y 59 de la misma sentencia, que cualquier injerencia en el derecho a la libertad de religión, garantizado por el artículo 10, apartado 1, de la Carta, constituya un acto de persecución que obligue a las autoridades competentes a conceder el estatuto de refugiado, en el sentido del artículo 2, letra d), de la Directiva 2011/95, a quien esté expuesto a la injerencia en cuestión, pues es necesaria la existencia de una «violación grave» de dicha libertad que afecte a la persona interesada de manera considerable para que los actos de que se trate puedan considerarse como una persecución. Por otra parte, «una violación del derecho a la libertad de religión constituye una persecución, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva [2011/95], cuando el solicitante de asilo, por ejercer esa libertad en su país de origen, corre un riesgo real, en particular, de ser perseguido o sometido a un trato inhumano o degradante, o a penas de esta naturaleza, por parte de alguno de los actores contemplados en el artículo 6 de la Directiva». (
49
)
56.
De los principios establecidos por el Tribunal de Justicia antes expuestos se desprende que la existencia de una persecución por motivos religiosos depende de dos elementos autónomos: por un lado, de la gravedad de la injerencia en la libertad religiosa del solicitante de asilo —que debe constituir una violación de dicha libertad— y, por otro, de la gravedad de los actos a los que se expone el solicitante por ejercer esa libertad en su país de origen. (
50
)
57.
En este contexto, el hecho de que las restricciones a la libertad de religión impuestas en el país de origen del solicitante, y de que las sanciones previstas en caso de incumplimiento de las prohibiciones ligadas a esas prohibiciones se justifique por la necesidad de mantener el orden, la seguridad, la salud o la moral pública en ese país no permite excluir automáticamente la existencia de una persecución en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2011/95, que debe distinguirse de la consecución legítima de ese objetivo. (
51
)
58.
El órgano jurisdiccional remitente subraya que las limitaciones a la libertad de religión que tienen como finalidad preservar el orden público o la seguridad pública o incluso proteger los derechos y libertades ajenos están autorizadas por las legislaciones de algunos Estados miembros con arreglo al artículo 52, apartado 1, de la Carta. (
52
) Se pregunta si, habida cuenta de la precisión facilitada por el Tribunal de Justicia en el apartado 66 de la sentencia de 7 de noviembre de 2013, X y otros (C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720) en lo que respecta al concepto de «orientación sexual», (
53
) los comportamientos que constituyen delitos con arreglo al Derecho interno de los Estados miembros pueden estar comprendidos en el concepto de «religión» en el sentido del Derecho de la Unión y si la represión de esas conductas en el país de origen del solicitante puede constituir persecución en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2011/95.
59.
Si, aplicando por analogía la afirmación del Tribunal de Justicia recogida en el apartado 66 de la sentencia de 7 de noviembre de 2013, X y otros (C‑199/12 a C‑201/12, EU:C:2013:720), ha de considerarse que el concepto de «religión», en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95 no se refiere, en principio, a los actos considerados delictivos de conformidad con la legislación nacional de los Estados miembros, el hecho de que dicha legislación pueda prever restricciones al ejercicio de la libertad religiosa prohibiendo ciertos comportamientos y castigando el incumplimiento de esas prohibiciones mediante sanciones de naturaleza penal, e incluso con una pena de prisión, (
54
) no permite extraer, en cambio, ninguna conclusión definitiva sobre la interpretación y aplicación del concepto de «actos de persecución» en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2011/95 ni, en particular, excluir en modo alguno de forma automática del ámbito de ese concepto la represión de las mismas infracciones en el país de origen del solicitante. En efecto, las conductas que pueden estar prohibidas y las injerencias en la libertad de religión que pueden derivarse de ellas pueden cambiar de forma radical en función de la definición que se adopte en cada ordenamiento jurídico de los conceptos que se tienen en cuenta a la hora de determinar los elementos constitutivos del delito (
55
) como, en lo que respecta a los objetivos perseguidos por esas prohibiciones, conceptos como «orden público», «seguridad pública» o «moral». Por otro lado y lo que es más importante, no pueden soslayarse ni la gravedad de la represión por la comisión de esas infracciones, ni el carácter eventualmente desproporcionado o discriminatorio de las penas previstas y aplicadas en el caso concreto.
60.
En lo que respecta a si el mero hecho de que la legislación del Estado de origen del solicitante de asilo criminalice y sancione con una pena de prisión o incluso con la pena capital conductas vinculadas al ejercicio de la libertad religiosa —como una conversión religiosa, la manifestación pública de su fe, la participación, en público o en privado, en ceremonias religiosas, la formación religiosa o el proselitismo religioso— basta para considerar que existe una persecución en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2011/95, creo que la respuesta a esta pregunta depende básicamente de la medida en la que tales sanciones se apliquen efectivamente.
61.
Así, en los asuntos que versen sobre la criminalización de conductas ligadas al ejercicio de la libertad religiosa, es primordial que las autoridades encargadas del examen de la solicitud de asilo dispongan, además de las declaraciones del solicitante y de los documentos que este haya aportado, de información actualizada, lo más completa posible, procedente de fuentes fiables, sobre el modo en el que las sanciones previstas para esas conductas se aplican concretamente en el país de origen del solicitante a fin de establecer el riesgo que este enfrenta de que se le apliquen esas sanciones a la luz de su situación personal y del conjunto de circunstancias que le conciernen. (
56
)
62.
Procede concluir recordando que el TEDH se ha pronunciado recientemente sobre tres asuntos que tenían por objeto la denegación de una solicitud de asilo presentada por nacionales iraníes convertidos al cristianismo. En la sentencia de 23 de marzo de 2016, F.G. c. Suecia, la gran sala del TEDH declaró que «se vulnerarían los artículos 2 y 3 del [CEDH] si el demandante en el litigio principal fuera devuelto a Irán sin que las autoridades suecas hubieran apreciado ex nunc las consecuencias de su conversión». (
57
) En su resolución de 5 de julio de 2016, T.M. y Y.A. c. Reino de los Países Bajos, (
58
) el TEDH rechazó, en cambio, el recurso de los demandantes por manifiestamente infundado, al considerar que no había ningún elemento que permitiera cuestionar la apreciación de las autoridades neerlandesas de que el relato de los recurrentes sobre su supuesta conversión no era creíble. Por último, en su sentencia de 19 de diciembre de 2017, A. c. Suiza, el TEDH también excluyó la existencia de una violación de los artículos 2 y 3 del CEDH, al no considerar adecuada la apreciación de las autoridades suizas de que las personas convertidas que aún no eran conocidas por las autoridades iraníes, incluso por hechos distintos de su conversión, y que pretendían practicar su fe discretamente no corrían el riesgo de sufrir tratos contrarios a esas disposiciones. (
59
) A tal efecto, el citado tribunal distinguió el asunto sometido a su consideración del que había dado lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia 5 de septiembre de 2012, Y y Z (C‑71/11 y C‑99/11, EU:C:2012:518). (
60
)
63.
Es necesario formular dos observaciones sobre el asunto que dio lugar a la última sentencia del TEDH arriba indicaba. En primer lugar, el recurrente en dicho asunto (al igual que en aquel que dio lugar a la sentencia del TEDH de 23 de marzo de 2016, F.G. c. Suecia, CE:ECHR:2016:0323JUD004361111) se convirtió después de abandonar Irán. Por lo tanto su solicitud de asilo tenía por objeto una necesidad de protección internacional surgida «in situ», de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2011/95. Pues bien, como señaló el TEDH en la citada sentencia, remitiéndose a las Directrices sobre solicitudes de asilo por motivos religiosos, cuando el solicitante de asilo invoca su conversión in situ suelen suscitarse dudas sobre la credibilidad y resulta necesario llevar a cabo un examen riguroso y en profundidad de las circunstancias y de la conversión. (
61
) Por otra parte, como observó asimismo el TEDH en este tipo de asuntos los agentes potenciales de la persecución otorgan menos importancia a las conversiones in situ, a la luz de su carácter oportunista. (
62
) En cambio, en el litigio principal, la conversión del Sr. Fathi se produjo cuando aún se encontraba en Irán y, según sus afirmaciones, las autoridades iraníes tenían conocimiento de ella. (
63
) Estos dos elementos deben ser tenidos debidamente en cuenta al apreciar las consecuencias a las que se enfrentaría en caso de regreso a su país de origen. En segundo lugar, es preciso tener particular cuidado, en mi opinión, cuando, al apreciar la importancia del riesgo de sufrir efectivamente actos de persecución, la autoridad competente tiene en cuenta la posibilidad de que, una vez regrese a su país, el solicitante pueda optar por una «práctica discreta de su fe». A este respecto, procede recordar que en el apartado 79 de la sentencia de 5 de septiembre de 2012, Y y Z (C‑71/11 y C‑99/11, EU:C:2012:518), el Tribunal de Justicia precisó que el hecho de que el interesado «pudiera evitar el riesgo renunciando a determinados actos religiosos no es, en principio, pertinente». La convicción religiosa, la identidad o la manera de vivir, que constituyen, todos ellos, elementos del concepto de «religión» en el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra y, por ende, del artículo 10 de la Directiva 2011/95, deben considerarse tan fundamentales para la identidad humana que no puede exigirse a nadie que los oculte, los modifique o renuncie a ellos para evitar persecuciones. (
64
)
64.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la sexta cuestión prejudicial que la existencia de persecución, en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2011/95, basada en motivos religiosos depende, por un lado, de la gravedad de la injerencia en la libertad religiosa del solicitante y, por otro, de la gravedad de los actos a los que se expone el solicitante por ejercer esa libertad en su país de origen. El hecho de que las restricciones a la libertad de religión impuestas en el país de origen del solicitante y de que las sanciones previstas en caso de incumplimiento de las prohibiciones ligadas a esas restricciones se justifique por la necesidad de mantener el orden, la seguridad, la salud o la moral pública en ese país no permite excluir automáticamente la existencia de una persecución en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2011/95. La circunstancia de que la legislación del país de origen del solicitante de asilo castigue conductas vinculadas al ejercicio de la libertad de religión, como una conversión religiosa o el proselitismo religiosos, con sanciones desproporcionadas o discriminatorias, incluso con la pena capital, basta para considerar que existe una persecución en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2011/95, en caso de que esas sanciones sean efectivamente aplicadas y el solicitante corra el riesgo de que se le impongan si regresa a dicho país.
III. Conclusión
65.
A la luz de las anteriores consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Administrativen sad Sofia-Grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía, Bulgaria):
«1)
El Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro que examina sobre el fondo una solicitud de protección internacional que se ha presentado ante él no está obligado a adoptar con carácter previo una decisión formal en la que reconozca su responsabilidad con arreglo al Reglamento n.o 604/2013 para efectuar ese examen. No obstante, en virtud del artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, ese Estado miembro debe informar al solicitante, del modo previsto en el apartado 2 de ese mismo artículo, de que su solicitud será examinada por las autoridades competentes de ese Estado miembro y de los motivos que le han llevado a considerar que es responsable en virtud del Reglamento.
2)
En una situación como la controvertida en el litigio principal, en la que el Estado miembro que ha examinado una solicitud de protección internacional en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento n.o 604/2013, que se ha presentado ante él, no ha adoptado una decisión expresa sobre su responsabilidad con arreglo a ese Reglamento para pronunciarse sobre dicha solicitud y en la que conste que el Estado miembro no ha aplicado la cláusula discrecional del artículo 17, apartado 1, de ese mismo Reglamento, no incumbe al órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contra la decisión denegatoria de esa solicitud comprobar de oficio si ese Reglamento se aplica al solicitante.
3)
El artículo 10, apartado 1, letra b), y apartado 2, de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, deben interpretarse en el sentido de que un solicitante de protección internacional que invoca, en apoyo de su solicitud, el riesgo de ser perseguido por motivos religiosos no está obligado a presentar declaraciones ni a aportar documentos sobre todos los componentes recogidos en el concepto de “religión” según se define en el artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/95 para acreditar sus alegaciones sobre sus creencias religiosas. En particular, dicho solicitante no debe necesariamente acreditar, so pena de que se deniegue su solicitud, que ha llevado a cabo de forma pública actos vinculados o impuestos por esas convicciones o que se ha abstenido de realizar actos incompatibles con esas convicciones ni aún menos demostrar, mediante pruebas documentales, la realidad de sus alegaciones a este respecto.
4)
La existencia de persecución, en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2011/95, basada en motivos religiosos depende, por un lado, de la gravedad de la injerencia en la libertad religiosa del solicitante y, por otro, de la gravedad de los actos a los que se expone el solicitante por ejercer esa libertad en su país de origen. El hecho de que las restricciones a la libertad de religión impuestas en el país de origen del solicitante y de que las sanciones previstas en caso de incumplimiento de las prohibiciones ligadas a esas restricciones se justifique por la necesidad de mantener el orden, la seguridad, la salud o la moral pública en ese país no permite excluir automáticamente la existencia de una persecución en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2011/95. La circunstancia de que la legislación del país de origen del solicitante de asilo castigue conductas vinculadas al ejercicio de la libertad de religión, como una conversión religiosa o el proselitismo religioso, con sanciones desproporcionadas o discriminatorias, incluso con la pena capital, basta para considerar que existe una persecución en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2011/95, en caso de que esas sanciones sean efectivamente aplicadas y el solicitante corra el riesgo de que se le impongan si regresa a dicho país.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31).
(
3
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9).
(
4
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).
(
5
)	El escrito presentado ante el órgano jurisdiccional remitente era una declaración de un trabajador de Nejat TV, dirigida al Sr. Fathi en la que se indicaba un «número de expediente ante la ONU». Ese escrito confirma que el Sr. Fathi es cristiano y que se presentó como tal en la cadena de televisión y precisa los contactos que se mantuvieron con él en distintos momentos a lo largo de los años a raíz de sus llamadas a los asesores telefónicos de la cadena.
(
6
)	El estatuto humanitario a que se refiere el artículo 9 de la ZUB se corresponde con la protección subsidiaria prevista en la Directiva 2011/95.
(
7
)	El órgano jurisdiccional remitente subraya que, antes de la entrada en vigor del artículo 67 bis, apartado 2, de la ZUB, el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional se iniciaba con la presentación de dicha solicitud.
(
8
)	La Convención de Ginebra fue completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 31 de enero de 1967, que entró en vigor el 4 de octubre de 1967.
(
9
)	Véase, en ese sentido, el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Dublín III, según el cual, en cuanto se presente una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 20, apartado 2, de dicho Reglamento, se informará al solicitante de su aplicación (véase, asimismo, el considerando 18 del Reglamento Dublín III). El anexo X del Reglamento (CE) n.o 1560/2003 de la Comisión, de 2 de septiembre de 2003, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO 2003, L 222, p. 3), en su versión modificada por el Reglamento de ejecución (UE) n.o 118/2014 de la Comisión, de 30 de enero de 2014 (DO 2014, L 39, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1560»), prevé que, en un primer momento, únicamente se informe a los solicitantes de la aplicación del Reglamento Dublín III y solo después, en un segundo momento y exclusivamente en el caso de que las autoridades del Estado miembro de que se trata tengan motivos para considerar que otro país puede ser responsable del examen de la solicitud, se les facilite información detallada sobre los criterios del determinación del Estado miembro responsable y sobre los procedimientos de traslado previstos en el Reglamento Dublín III. En el mismo sentido que el artículo 4, apartado 1, antes citado, véase el artículo 20, apartado 1, del Reglamento Dublín III, según el cual el proceso de determinación del Estado miembro responsable se inicia en el momento en que se presente una solicitud de protección internacional por primera vez ante un Estado miembro.
(
10
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 31 de mayo de 2018, Hassan (C‑647/16, EU:C:2018:368), apartado 56; de 7 de junio de 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409), apartado 42, y de 25 de octubre de 2017, Shiri (C‑201/16, EU:C:2017:805), apartados 31 y 37 y jurisprudencia citada.
(
11
)	Véase la sentencia de 31 de mayo de 2018, Hassan (C‑647/16, EU:C:2018:368), fallo.
(
12
)	A tenor del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Dublín III, el derecho a la información del solicitante hace referencia, en términos generales, a la «aplicación» de ese Reglamento. Las letras a) a f), del citado apartado contienen únicamente una lista no exhaustiva de los elementos que han de comunicarse al solicitante, conforme acredita la utilización de la expresión «en particular». Según está configurado, ese derecho se extiende pues también a los resultados concretos de la aplicación de los criterios previstos en el Reglamento Dublín III incluso cuando no se prevea ningún procedimiento de traslado.
(
13
)	Véanse los puntos 23 a 30 de las presentes conclusiones.
(
14
)	A este respecto procede señalar que, con arreglo al artículo 67 bis de la ZUB, la decisión de iniciar el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable la adopta la autoridad que realiza las entrevistas personales y por tanto, en principio, después de haber oído al solicitante.
(
15
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento n.o 604/2013, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (DO 2013, L 180, p. 1).
(
16
)	Reglamento del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO 2003, L 50, p. 1).
(
17
)	Véase, en lo que respecta al artículo 3, apartado 2, del Reglamento Dublín II, la sentencia de 30 de mayo de 2013, Halaf (C‑528/11, EU:C:2013:342), apartado 36.
(
18
)	Véase, en ese sentido, la Propuesta de la Comisión que dio lugar a la adopción del Reglamento Dublín II, COM(2001) 447 final (en lo sucesivo, «Propuesta de Reglamento Dublín II»), p. 11, en la que se indica que dicha facultad se introdujo con el fin de que cada Estado miembro pueda decidir soberanamente, «en función de consideraciones políticas, humanitarias o de orden práctico». Véase, asimismo, la sentencia de 30 de mayo de 2013, Halaf (C‑528/11, EU:C:2013:342), apartado 37. Procede señalar que en su Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida de 4 de mayo de 2016 [COM(2016) 270 final; en lo sucesivo, «Propuesta de Reglamento Dublín IV»], la Comisión ha restringido el alcance de la cláusula discrecional para que solo se aplique «por motivos humanitarios relacionados con la familia entendida en sentido amplio» (pp. 17 y 18 y artículo 19 de la Propuesta). En cambio, el «informe Wikström», adoptado por el Parlamento Europeo como marco para las negociaciones interinstitucionales que se desarrollarán próximamente con respecto a la Propuesta de Reglamento Dublín IV [informe de 6 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (A8-0345/2017)], propone que se mantenga el alcance de la cláusula discrecional actualmente previsto en el artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III y que se introduzca la posibilidad de que el solicitante pueda pedir su aplicación mediante petición por escrito motivada (véase el artículo 19, apartado 1, de la Propuesta de Reglamento Dublín IV, en su versión modificada, pp. 45 y 73 del informe).
(
19
)	Sentencia de 21 de enero de 2011 (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609).
(
20
)	Véase la sentencia de 30 de mayo de 2013, Halaf (C‑528/11, EU:C:2013:342), apartado 38.
(
21
)	Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2011, N. S. y otros (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865), apartado 98, que pese a alinearse en cuanto a su resultado a la sentencia del TEDH de 21 de enero de 2011, M.S.S. c. Bélgica y Grecia (citada en el apartado 88 de la sentencia N. S. y otros), responde a una lógica parcialmente distinta, con el fin de salvaguardar la operatividad del sistema de Dublín. Véase, en cuanto a la inexistencia de obligación de aplicar el artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III, en una situación en la que el estado de salud del solicitante de asilo no permite su traslado a corto plazo al Estado miembro responsable, la sentencia de 16 de febrero de 2017, C. K. y otros (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127), apartado 88.
(
22
)	Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2011, N. S. y otros (C‑411/10 y C‑493/10, EU:C:2011:865), en particular, los apartados 64 a 69. Véase, asimismo, en lo que respecta al artículo 17, apartado 1, del Reglamento Dublín III, la sentencia de 16 de febrero de 2017, C. K. y otros (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127), apartado 54, en la que el Tribunal de Justicia precisó que la cuestión de la aplicación por un Estado miembro de la cláusula discrecional prevista en esa disposición no pertenece exclusivamente al ámbito del Derecho nacional y de la interpretación que de él haga la jurisdicción constitucional de ese Estado miembro, sino que se trata de una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 267 TFUE.
(
23
)	COM(2008) 820 final, de 3 de diciembre de 2008.
(
24
)	Véase la Propuesta de Reglamento Dublín III, apartado 4, p. 9. En ella se requería el consentimiento del solicitante «para garantizar que la aplicación de la cláusula de soberanía no sea contraria a [sus] intereses». También se exigía el consentimiento del solicitante en el artículo 3, apartado 4, del Convenio relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas — Convenio de Dublín (DO 1997, C 254, p. 1). La eliminación del requisito del consentimiento del interesado parte de la premisa, un tanto simplista, de que cabe presumir su aceptación dado que ha presentado una solicitud de protección internacional en el país que aplica la cláusula discrecional.
(
25
)	El método de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo se basa en criterios objetivos y equitativos tanto para los Estados miembros como para las personas afectadas (véase en particular el considerando 5 del Reglamento Dublín III). Por lo tanto, no cabe excluir que la exclusión de la aplicación de esos criterios mediante la aplicación de la cláusula discrecional pueda hacerse, a fin de cuentas, en detrimento del solicitante, por ejemplo, vulnerando su derecho a la unidad familiar.
(
26
)	Las diferencias de redacción se corresponden con las modificaciones que se introdujeron en todo el Reglamento Dublín III («solicitud de protección internacional» en lugar de «solicitud de asilo», y ampliación de la categoría de personas que pueden presentar esa solicitud para incluir a los apátridas).
(
27
)	El subrayado es mío. La segunda frase del artículo 3, apartado 2, del Reglamento Dublín II establecía que «en tal caso, dicho Estado miembro se convertirá en el Estado miembro responsable en el sentido del presente Reglamento».
(
28
)	Véase la Propuesta de Reglamento Dublín III, apartado 4, p. 9, en la que la Comisión expone que «se aclaran algunos aspectos del procedimiento de aplicación de las cláusulas discrecionales».
(
29
)	El subrayado es mío.
(
30
)	Véase la sentencia de 5 de septiembre de 2012, Y y Z (C‑71/11 y C‑99/11, EU:C:2012:518), apartado 63, en relación con el artículo 10, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/83, que tenía la misma redacción que la disposición correspondiente de la Directiva 2011/95.
(
31
)	Véase, en particular, UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), 30 de julio de 1993, accesible a través de http://www.refworld.org/docid/453883fb22.html, referido al artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
(
32
)	Véanse las Directrices sobre protección internacional: Solicitudes de asilo por motivos religiosos bajo el Artículo 1A (2) de la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de abril de 2004 (en lo sucesivo, «Directrices sobre solicitudes de asilo por motivos religiosos»).
(
33
)	Ibídem, apartado 1 y 2.
(
34
)	Véase ACNUR, Directrices sobre solicitudes de asilo por motivos religiosos, apartados 5 y ss.
(
35
)	Para una exposición de los retos que se plantean en el marco del examen de solicitudes de protección internacional basadas en el miedo a sufrir persecución por motivos religiosos, véase T.J. Gunn, The Complexity of Religion in Determining Refugee Status, accesible a través de la siguiente dirección http://www.unhcr.org/protection/globalconsult/3e5f2f7f6/complexity-religion-determining-refugee-status-t-jeremy-gunn.html.
(
36
)	Véase la sentencia de 5 de septiembre de 2012, Y y Z (C‑71/11 y C‑99/11, EU:C:2012:518), apartado 65. En el mismo sentido, véanse las conclusiones del Abogado General Bot presentadas en los asuntos acumulados Y y Z (C‑71/11 y C‑99/11, EU:C:2012:224), punto 52.
(
37
)	Véase la sentencia de 5 de septiembre de 2012, Y y Z (C‑71/11 y C‑99/11, EU:C:2012:518), apartado 66.
(
38
)	Aunque el mero hecho de pertenecer a una determinada comunidad religiosa no basta normalmente para acreditar el carácter fundado de una solicitud de concesión del estatuto de refugiado, en ciertas circunstancias especiales, la mera pertenencia puede ser una razón suficiente, en particular cuando, por la situación del país de origen, exista un clima de inseguridad para cualquier miembro de esa comunidad. Véase ACNUR, Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, enero de 1992, apartado 73; Directrices sobre solicitudes de asilo por motivos religiosos, apartado 14.
(
39
)	Véase, por analogía, la sentencia de 25 de enero de 2018, F (C‑473/16, EU:C:2018:36), apartados 31 y 32. Véase, asimismo, ACNUR, Directrices sobre solicitudes de asilo por motivos religiosos, apartado 9.
(
40
)	Véase la sentencia de 25 de enero de 2018, F (C‑473/16, ECLI:EU:C:2018:36), apartado 41 y, por analogía, las sentencias de 26 de febrero de 2015, Shepherd (C‑472/13, EU:C:2015:117), apartado 26, y de 9 de febrero de 2017, M (C‑560/14, EU:C:2017:101), apartado 36. Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha precisado que corresponde a las autoridades competentes adaptar sus métodos de apreciación de las declaraciones y de las pruebas documentales o de otro tipo en función de las características propias de cada categoría de solicitud de asilo. Véase la sentencia de 2 de diciembre de 2014, A y otros (C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406), apartado 54.
(
41
)	Véanse, en ese sentido, las sentencias de 22 de noviembre de 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), apartados 64 y 65, y de 2 de diciembre de 2014, A y otros (C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406), apartado 56.
(
42
)	Véase la sentencia de 2 de diciembre de 2014, A y otros (C‑148/13 a C‑150/13, EU:C:2014:2406), apartado 58.
(
43
)	Como subraya ACNUR en sus Directrices sobre solicitudes de asilo por motivos religiosos, las autoridades que examinan una solicitud de protección internacional basada en motivos religiosos deben prestar particular atención a la interrelación entre factores religiosos y étnicos [véase el apartado 27, letra d)].
(
44
)	En un caso de conversión, no basta con tener en cuenta la forma en la que se percibe en el país del origen del solicitante a un creyente de la religión a la que se ha convertido, sino que es preciso apreciar, asimismo, la forma en la que se percibe a una persona que ha abandonado la religión oficial de ese país para profesar otra.
(
45
)	Véase, en ese sentido, T.J. Gunn, op. cit., pp. 13 y 14.
(
46
)	Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma, el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).
(
47
)	El artículo 10 de la Carta, titulado «Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión» dispone, en su apartado 1, que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos».
(
48
)	Véase la sentencia de 5 de septiembre de 2012, Y y Z (C‑71/11 y C‑99/11, EU:C:2012:518), apartado 56.
(
49
)	Sentencia de 5 de septiembre de 2012, Y y Z (C‑71/11 y C‑99/11, EU:C:2012:518), apartado 67. Procede señalar que la definición de «persecución» que el Tribunal de Justicia adopta en ese apartado 67 difiere de otra, más restrictiva, recogida en el apartado 61 de la misma sentencia, en lo que respecta al nivel exigido de gravedad del riesgo que enfrenta el solicitante de asilo. Mientras que en el apartado 67, el Tribunal de refiere a «un riesgo real, en particular, de ser perseguido o sometido a un trato inhumano o degradante» (el subrayado es mío), el apartado 61 excluye que «los actos […] cuya gravedad no sea equiparable a la de la violación de los derechos humanos fundamentales que no pueden ser objeto de ninguna excepción en virtud del artículo 15, apartado 2, del CEDH» puedan ser considerados como una persecución en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2011/95 y del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra. Conviene subrayar, a este respecto, que la definición que figura en el apartado 67 parece cohonestarse en mayor medida con el tenor literal del artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/95, que hace referencia a título meramente indicativo, como por otra parte reconoce el propio Tribunal de Justicia en el apartado 57 de esa misma sentencia, a los actos cuya gravedad permita equipararlos a los supuestos previstos en el artículo 15, apartado 2, del CEDH.
(
50
)	Pues bien, los actos que constituyen una violación grave de la libertad de religión pueden constituir en sí actos de persecución, a la par que restricciones menos importes de esa misma libertad cuya represión alcance el nivel de gravedad exigido.
(
51
)	Sobre las condiciones en las que esas restricciones pueden admitirse, veáse, en particular, UN Human Rights Committee (HRC), CCPR General Comment No. 22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience or Religion), 30 de julio de 1993, CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, disponible en la siguiente dirección: http://www.refworld.org/docid/453883fb22.html.
(
52
)	Para una análisis de la legislación de los Estados miembros del Consejo de Europea sobre la materia, véase el estudio de 2010 publicado por el Consejo de Europa, Blasfemy, insult and Hatred: finding answers in a democratic society, p. 18 y ss., accesible desde la siguiente dirección http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-STD %282010 %29047-e#page=19.
(
53
)	En ese apartado 66, el Tribunal de Justicia precisa que «a tenor del artículo 10, apartado 1, letra d), de la Directiva, no podrá entenderse la orientación sexual en un sentido que comporte actos considerados delictivos por la legislación nacional de los Estados miembros».
(
54
)	Como el Gobierno húngaro, considero que esa cuestión es meramente especulativa y no es pertinente para la resolución del litigio principal.
(
55
)	Pues bien, retomando la referencia efectuada por el órgano jurisdiccional remitente a la legislación griega sobre proselitismo, sobre la que se pronunció el TEDH en su sentencia de 25 de mayo de 1993, Kokkinakis c. Grecia (CE:ECHR:1993:0525JUD001430788), la injerencia en el ejercicio de la libertad de religión es evidentemente bien distinta según se defina el «proselitismo» prohibido como una «actividad[…] [que ofrece] ventajas materiales y sociales con el fin de obtener vinculación con [una] Iglesia o [que ejerce] una presión excesiva sobre las personas en situación de desamparo o necesidad» (véase el apartado 48 de dicha sentencia) o como cualquier manifestación pública de una religión distinta de la religión oficial del Estado en cuestión.
(
56
)	En la sentencia del TEDH de 23 de marzo de 2016, F.G. c. Suecia (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111) se incluyen varias referencias a distintas fuentes de información recientes sobre el ejercicio de la libertad de religión en Irán y el tratamiento de los iraníes convertidos al cristianismo.
(
57
)	CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, § 158.
(
58
)	CE:ECHR:2016:0705DEC000020916.
(
59
)	ECHR:2017:1219JUD006034216.
(
60
)	Ibídem, apartado 44 y 45.
(
61
)	Véase TEDH, sentencia de 19 de diciembre de 2017, A. c. Suiza (CE:ECHR:2017:1219JUD006034216).
(
62
)	Así, en la sentencia de 23 de marzo de 2016, F.G. c. Suecia (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111), el TEDH, retomando las Directrices sobre solicitudes de asilo por motivos religiosos, observó que las actividades «interesadas», es decir, aquellas cuyo único objeto es obtener el permiso para permanecer en el Estado en el que se ha presentado la solicitud de asilo no genera un temor fundado de sufrir persecución en el país de origen del solicitante cuando la naturaleza oportunista de esas actividades es evidente para todos, incluidas la autoridades de ese país (apartado 123). Esta consideración también consta en la sentencia TEDH de 19 de diciembre de 2017, A. c. Suiza, (CE:ECHR:2017:1219JUD006034216), § 43.
(
63
)	Sobre este aspecto, ha de señalarse que la resolución de remisión se contradice. En efecto, por un lado, en la exposición de los hechos se establece que el Sr. Fathi declaró que, cuando fue arrestado, se vio obligado a admitir su conversión al cristianismo, lo cual permite considerar que las autoridades iraníes estaban al corriente su orientación religiosa. Por otro lado, en la exposición de los motivos que le han llevado a plantear la séptima cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente señala que el Sr. Fathi afirmó que las autoridades iraníes no disponían de ninguna prueba ni de ninguna información sobre su conversión y su fe cristiana.
(
64
)	Véase, en ese sentido, TEDH, sentencia de 23 de marzo de 2016, F.G. c. Suecia (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111), § 52.