AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 27 de abril de 2021 (*) (1)
«Recurso por omisión y de indemnización — Derecho institucional — Comisión de Peticiones del Parlamento — Petición relativa al incumplimiento por órganos jurisdiccionales españoles del Derecho de la Unión en materia de derechos fundamentales — Decisión mediante la que se da por concluida la petición — Artículo 28 del Reglamento de Procedimiento — Solicitud de que se remita el asunto a una Sala ampliada — Recurso en parte interpuesto ante un órgano jurisdiccional manifiestamente incompetente para conocer del mismo, en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»
En el asunto T‑719/20,
Roberto Alejandro Macías Chávez, con domicilio en Sevilla,
Fernando Presencia, con domicilio en Talavera de la Reina (Toledo),
José María Castillejo, con domicilio en Madrid,
representados por el Sr. J. Jover Padró, abogado,
partes demandantes,
contra
Reino de España,
y
Parlamento Europeo,
partes demandadas,
que tiene por objeto, con carácter principal, por una parte, una pretensión basada en el artículo 265 TFUE por la que se solicita, en particular, que se declare que el Parlamento se abstuvo ilegalmente de dar curso a la petición presentada por los demandantes relativa al incumplimiento por órganos jurisdiccionales españoles del Derecho de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales y, por otra parte, una pretensión basada en el artículo 268 TFUE por la que se solicita la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por los demandantes como consecuencia de ese hecho y, con carácter subsidiario, una pretensión basada en el artículo 268 TFUE por la que se solicita la reparación del perjuicio supuestamente sufrido por los demandantes como consecuencia del comportamiento del Reino de España,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. S. Gervasoni (Ponente), Presidente, y el Sr. L. Madise y la Sra. R. Frendo, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
dicta el siguiente
Auto
Antecedentes del litigio
1        El 8 de junio de 2020, los demandantes, los Sres. Roberto Alejandro Macías Chávez, Fernando Presencia y José María Castillejo, presentaron una petición, titulada «Incumplimiento del Derecho UE por órganos jurisdiccionales españoles […]», ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
2        Mediante escrito de 12 de junio de 2020, el Parlamento acusó recibo de la petición y le asignó el número de registro 0654/2020.
3        El resumen de la petición, tal como se publica en el portal de peticiones del Parlamento en Internet, tiene el siguiente tenor:
«El peticionario presenta una queja ante el Parlamento Europeo contra España por incumplimiento de la legislación de la Unión Europea por parte de algunos órganos jurisdiccionales españoles. Se queja, en particular, de la falta de imparcialidad de ciertos miembros del poder judicial español. Su petición resume los casos de cuatro ciudadanos españoles que han sido condenados o sancionados de otro modo por sentencias judiciales —asegura— como represalias contra ellos. Añade que, con tales sentencias, los órganos jurisdiccionales españoles han infligido tortura psicológica a estas cuatro víctimas.»
4        Mediante escrito de 9 de octubre de 2020, la Presidenta de la Comisión de Peticiones informó a los demandantes de la decisión adoptada en relación con la petición (en lo sucesivo, «decisión de 9 de octubre de 2020»). Indicó que la Comisión de Peticiones había examinado la petición y la había declarado admisible, ya que el asunto planteado entraba dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea. Señaló que la Comisión de Peticiones no tenía competencia para intervenir en casos personales ni podía anular decisiones tomadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. Consideró que, al no ser el Parlamento una autoridad judicial, no podía juzgar ni revocar sentencias pronunciadas por los tribunales de los Estados miembros. Añadió que los demandantes tenían la posibilidad de presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo en España o, una vez agotadas las vías jurisdiccionales nacionales, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»). Concluyó indicando que la Comisión de Peticiones había decidido dar por concluida la petición tras haberla examinado.
5        En un correo electrónico de 14 de octubre de 2020 dirigido a la Secretaría de la Comisión de Peticiones, el primer demandante consideró que la Comisión de Peticiones había cometido un error en la interpretación de la petición, dado que, según afirmaba, con dicha petición no se solicitaba la anulación de resoluciones judiciales españolas, sino que se pretendía denunciar las infracciones del Derecho de la Unión que afectaban a todo un conjunto de población civil y se invocaban actos de tortura. Precisó que el Defensor del Pueblo no tomaba en consideración los procedimientos de naturaleza jurisdiccional y que era consciente de su derecho a recurrir al TEDH una vez agotadas las vías de recurso nacionales. Indicó que «esper[aba]» que fuera posible que la Comisión de Peticiones reconsiderase su decisión y reabriese la petición.
6        El 18 de noviembre de 2020, el primer demandante recibió un correo electrónico automático del Parlamento titulado «Actualización de una petición» que incluía un enlace al portal de peticiones de la institución en Internet. Según los demandantes, la petición aparecía cerrada en ese portal.
Procedimiento y pretensiones de las partes demandantes
7        Las partes demandantes interpusieron el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 7 de diciembre de 2020.
8        Las partes demandantes solicitan al Tribunal que:
–        En primer lugar, remita el asunto a la Gran Sala del Tribunal o a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número diferente de Jueces, con arreglo al artículo 28 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
–        En segundo lugar, adopte medidas provisionales sobre la base de los artículos 278 TFUE y 279 TFUE, a saber, suspenda los procedimientos judiciales españoles que las afectan y declare su derecho a recibir una asistencia financiera equivalente al salario que percibían en su anterior puesto de trabajo.
–        En tercer lugar, estime su pretensión basada en el artículo 265 TFUE, dirigida contra el Parlamento, por lo que respecta «en particular» a la decisión de 9 de octubre de 2020, ordene la suspensión de las medidas de represalia adoptadas en contra suya y condene al Parlamento a reparar el perjuicio que han sufrido.
–        En cuarto lugar, con carácter subsidiario, condene al Reino de España a reparar el perjuicio que han sufrido como consecuencia del incumplimiento del Derecho de la Unión por órganos jurisdiccionales españoles, declare que dicho Estado miembro debe establecer sanciones contra las personas que hayan impedido o intentado impedir la tramitación de sus denuncias y adopte medidas de control del cumplimiento de esta obligación.
Fundamentos de Derecho
9        En virtud del artículo 126 de su Reglamento de Procedimiento, cuando el Tribunal sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando este sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
10      En el presente asunto, el Tribunal estima que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente y decide resolver sin continuar el procedimiento.
Sobre la solicitud de remisión a una Sala ampliada
11      Los demandantes solicitan que se remita el asunto a la Gran Sala o a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número diferente de Jueces, en aplicación del artículo 28 del Reglamento de Procedimiento. En apoyo de esta solicitud, invocan el hecho de que el asunto implica al Parlamento, en especial en lo referente al ejercicio de sus derechos fundamentales «absolutos», así como al Reino de España y dentro del mismo, en particular, a determinados órganos jurisdiccionales y autoridades vinculadas al poder judicial.
12      Con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, «cuando la dificultad de las cuestiones de Derecho o la importancia del asunto o circunstancias particulares lo justifiquen, podrá remitirse el asunto a la Gran Sala o a una Sala que actúe en formaciones compuestas por un número diferente de Jueces».
13      En virtud del artículo 28, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, tal remisión podrá ser propuesta a la sesión plenaria del Tribunal por la Sala a la que se haya atribuido el asunto, el Vicepresidente del Tribunal o el Presidente del Tribunal en cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a instancia de una parte principal.
14      Según la jurisprudencia, la remisión de un asunto a una Sala ampliada es una facultad y no una obligación, cuyo uso está supeditado a los criterios definidos en el Reglamento de Procedimiento (sentencia de 17 de diciembre de 2020, BP/FRA, C‑601/19 P, no publicada, EU:C:2020:1048, apartado 95).
15      Pues bien, en el caso de autos, ni el Presidente ni el Vicepresidente del Tribunal estimaron que debían hacer uso de esta facultad. En cuanto a la Sala, considera, a la vista de los elementos obrantes en autos, que no se cumplía ninguno de los criterios mencionados en el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. En efecto, la jurisprudencia en la que se basa el presente auto está bien consolidada y los demandantes no alegan ninguna dificultad jurídica que justifique su puesta en entredicho. Además, el hecho de que una institución y un Estado miembro puedan ser cuestionados desde el punto de vista de los derechos fundamentales, aun calificados de «absolutos», no constituye, como tal, una circunstancia particular y no confiere al asunto una importancia significativa.
16      Por consiguiente, la solicitud de remisión a una Sala ampliada presentada por los demandantes debe desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Sobre la demanda de medidas provisionales
17      En el escrito de demanda, los demandantes formulan una demanda de medidas provisionales sobre la base de los artículos 278 TFUE y 279 TFUE. En particular, solicitan al Tribunal que suspenda, a la espera de su decisión, los procedimientos judiciales españoles, incluso de carácter penal, que les afecten directa o indirectamente. Asimismo, solicitan al Tribunal que declare que tienen derecho, a la espera de su decisión, a recibir una asistencia financiera equivalente a la retribución mensual que percibían en su anterior puesto de trabajo.
18      De una lectura conjunta de los artículos 278 TFUE y 279 TFUE, por un lado, y del artículo 256 TFUE, apartado 1, por otro, resulta que el juez de medidas provisionales puede, si considera que las circunstancias lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado ante el Tribunal u ordenar las medidas provisionales necesarias, en virtud del artículo 156 del Reglamento de Procedimiento [autos de 21 de julio de 2017, PGNiG Supply & Trading/Comisión, T‑849/16 R, EU:T:2017:544, apartado 24, y de 10 de septiembre de 2019, Athanasiadou y Soulantikas/Comisión, T‑762/18 R, EU:T:2019:574, apartado 24 (no publicado)].
19      El artículo 156, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento exige que una demanda de suspensión o de medidas provisionales se presente mediante escrito separado.
20      Por consiguiente, ya solo por este motivo, la demanda de medidas provisionales presentada en el escrito de demanda debe declararse manifiestamente inadmisible (véanse, en este sentido, la sentencia de 28 de mayo de 2013, Trabelsi y otros/Consejo, T‑187/11, EU:T:2013:273, apartado 45, y el auto de 15 de noviembre de 2017, Pilla/Comisión y EACEA, T‑784/16, no publicado, EU:T:2017:806, apartado 76).
Sobre las pretensiones dirigidas contra el Parlamento
21      Los demandantes formulan una pretensión basada en el artículo 265 TFUE, dirigida contra el Parlamento, en lo que respecta «en particular» a la decisión de 9 de octubre de 2020. Consideran que el Parlamento, al persistir en su negativa a investigar cuando se le había requerido para que actuase, infringió el Derecho primario y derivado de la Unión.
22      Los demandantes precisan en particular que, contrariamente a lo que sugiere la decisión de 9 de octubre de 2020, la petición no solo hacía referencia al caso de cuatro personas, sino a incumplimientos sistemáticos del Derecho de la Unión por parte de órganos jurisdiccionales españoles que afectaban a todo un conjunto de población civil. Afirman que no solicitaron la anulación de resoluciones judiciales, sino que requirieron a la Comisión de Peticiones para que investigara dichos incumplimientos sistemáticos. Los demandantes señalan que su denuncia de actos criminales dio lugar a condenas, medidas de represalia y actos de tortura por parte de órganos jurisdiccionales españoles.
23      Los demandantes alegan que, al adoptar la decisión de 9 de octubre de 2020 y al negarse a investigar, el Parlamento vulneró concretamente, al igual que el Reino de España, el derecho a una buena administración, garantizado por el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en lo que respecta, en particular, a las exigencias de imparcialidad y de motivación de las decisiones, al principio del respeto de la dignidad humana y la prohibición de tortura, al derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho a la libertad y a la seguridad, así como a los principios de igualdad de trato y de no discriminación. A su entender, el Parlamento también infringió la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo (DO 2012, L 315, p. 57), y la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO 2019, L 305, p. 17).
24      Los demandantes sostienen, en particular, que el Parlamento está sujeto a la obligación de investigar cuando una petición invoca, como en el caso de autos, actos de tortura que infringen los artículos 1 y 4 de la Carta, habida cuenta en concreto del carácter absoluto de la prohibición de tales actos y de la jurisprudencia del TEDH.
25      Por último, los demandantes solicitan al Tribunal que ordene la suspensión de las medidas de represalia adoptadas en su contra y que condene al Parlamento, por su responsabilidad extracontractual, a reparar el perjuicio que sufrieron.
26      Procede recordar que, en virtud del artículo 265 TFUE, párrafo tercero, toda persona física o jurídica podrá interponer un recurso por omisión cuando una institución no le haya dirigido un acto distinto de una recomendación o de un dictamen.
27      La vía de recurso establecida en el artículo 265 TFUE se basa en la idea de que la inacción ilegal de una institución permite a los interesados recurrir ante el juez de la Unión a fin de que este declare que la abstención de actuar es contraria al Tratado FUE. Dicho artículo contempla la omisión como la abstención de pronunciarse o de definir una posición y no como la adopción de un acto distinto del que la parte recurrente hubiera deseado o considerado necesario (sentencia de 19 de noviembre de 2013, Comisión/Consejo, C‑196/12, EU:C:2013:753, apartado 22).
28      En el caso de autos, los demandantes, que formulan la pretensión de que se declare una omisión por lo que respecta «en particular» a la decisión de 9 de octubre de 2020, critican la motivación de esta única decisión sin mencionar ningún otro acto que, a su entender, el Parlamento no les hubiera dirigido.
29      Pues bien, procede señalar que, mediante la decisión de 9 de octubre de 2020, la Comisión de Peticiones no se abstuvo en modo alguno de pronunciarse sobre la petición presentada por los demandantes, sino que, por el contrario, definió su posición al decidir darla por concluida tras haberla examinado.
30      Por tanto, por este primer motivo, la pretensión basada en el artículo 265 TFUE es manifiestamente inadmisible [véanse, en este sentido, los autos de 24 de junio de 2016, Onix Asigurări/AEAPP, T‑590/15, EU:T:2016:374, apartados 37 y 38, y de 14 de julio de 2020, Shindler y otros/Comisión, T‑627/19, EU:T:2020:335, apartados 29 y 30 (no publicados)].
31      Además, los artículos 263 TFUE y 265 TFUE, relativos, respectivamente, al recurso de anulación y al recurso por omisión, no son más que la expresión de un único cauce procesal. De ello se deriva que las personas físicas y jurídicas solo pueden interponer un recurso por omisión contra una institución cuando esta se ha abstenido de adoptar un acto cuya legalidad dichas personas estuviesen legitimadas para impugnar mediante un recurso de anulación (véase el auto de 22 de septiembre de 2016, Gaki/Comisión, C‑130/16 P, no publicado, EU:C:2016:731, apartado 17 y jurisprudencia citada).
32      Constituyen actos que pueden ser objeto de recurso de anulación las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando de forma caracterizada su situación jurídica (sentencia de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, EU:C:1981:264, apartado 9).
33      Pues bien, según reiterada jurisprudencia, de las disposiciones del Tratado FUE y de las normas adoptadas por el Parlamento para el ejercicio del derecho de petición se desprende que, cuando se trata de una petición en relación con la cual se haya estimado que cumple los requisitos establecidos en el artículo 227 TFUE, el Parlamento dispone de un amplio margen de apreciación, de naturaleza política, en cuanto a la respuesta que deba darse a dicha petición. De ello se deriva que una decisión adoptada a este respecto no constituye un acto impugnable y no está sometida a control judicial (sentencia de 9 de diciembre de 2014, Schönberger/Parlamento, C‑261/13 P, EU:C:2014:2423, apartado 24, y auto de 24 de octubre de 2018, García Ruiz/Parlamento, T‑322/18, no publicado, EU:T:2018:752, apartado 19; véase, asimismo, el auto de 26 de noviembre de 2018, Riesco García/Parlamento, T‑391/18, no publicado, EU:T:2018:864, apartado 17 y jurisprudencia citada).
34      Por los mismos motivos indicados en el apartado 33 anterior, el juez de la Unión tampoco está facultado para declarar una omisión del Parlamento, basándose en el hecho de que la Comisión de Peticiones, tras haber declarado admisible una petición y haberla examinado, decide darla por concluida sin darle el curso deseado por el peticionario (véase, en este sentido, el auto de 26 de noviembre de 2018, Riesco García/Parlamento, T‑391/18, no publicado, EU:T:2018:864, apartado 23 y jurisprudencia citada).
35      En el caso de autos, de la decisión de 9 de octubre de 2020 se desprende que la Comisión de Peticiones, lejos de vulnerar el derecho de los demandantes a dirigirse a ella a través de una petición, consideró que la petición era admisible y decidió, tras examinarla, darla por concluida por los motivos indicados en el apartado 4 anterior.
36      Así pues, la decisión de 9 de octubre de 2020 de dar por concluida la petición no constituye un acto impugnable y, por ello, no está sometida a control judicial. Por la misma razón, el hecho de que, al adoptar esta decisión, la Comisión de Peticiones no haya dado a la petición el curso deseado por los demandantes no puede impugnarse mediante un recurso por omisión.
37      Por último, en la medida en que los demandantes vinculan la petición y, por tanto, el presente recurso a los artículos 1 y 4 de la Carta, procede recordar que, aunque los requisitos de admisibilidad de los recursos interpuestos directamente ante el juez de la Unión deben interpretarse a la luz de los derechos fundamentales, según una reiterada jurisprudencia la Carta no tiene por objeto modificar el sistema de control judicial establecido en los Tratados ni, en concreto, dichos requisitos de admisibilidad. En particular, si bien las disposiciones del artículo 265 TFUE no pueden interpretarse estrictamente, habida cuenta del principio de la tutela judicial efectiva, no es menos cierto que el Tribunal no puede dejar de aplicar los requisitos de admisibilidad de los recursos por omisión que resultan del Tratado FUE, en la interpretación que le da una reiterada jurisprudencia, sin excederse de las competencias que se le han atribuido (véase, en este sentido y por analogía, el auto de 25 de septiembre de 2019, Magnan/Comisión, T‑99/19, EU:T:2019:693, apartados 41 y 42 y jurisprudencia citada). Además, la jurisprudencia del TEDH invocada por los demandantes, como la sentencia de 8 de enero de 2009, Iribarren Pinillos c. España (CE:ECHR:2009:0108JUD003677703), no se refiere al ejercicio del derecho de petición ante el Parlamento.
38      Por consiguiente, la pretensión de los demandantes basada en el artículo 265 TFUE debe declararse manifiestamente inadmisible por este segundo motivo también.
39      Por lo que atañe a la pretensión de los demandantes de que el Tribunal ordene la suspensión de las medidas de represalia adoptadas en contra suya, procede recordar que, en el marco del control de legalidad de los actos de las instituciones de la Unión basado en el artículo 263 TFUE o del recurso por omisión basado en el artículo 265 TFUE, el Tribunal carece de competencia para dictar órdenes conminatorias (véanse, en este sentido, los autos de 26 de octubre de 1995, Pevasa e Inpesca/Comisión, C‑199/94 P y C‑200/94 P, EU:C:1995:360, apartado 24, y de 1 de octubre de 2019, Clarke/Comisión, C‑284/19 P, no publicado, EU:C:2019:799, apartado 41). En consecuencia, la pretensión de que se dicte tal orden conminatoria debe desestimarse por haber sido formulada ante un órgano jurisdiccional manifiestamente incompetente para conocer de ella. Además, aun suponiendo que se interprete en el sentido de que se insta al Tribunal a suspender, sobre la base de los artículos 278 TFUE y 279 TFUE, resoluciones adoptadas por órganos jurisdiccionales españoles o procedimientos pendientes ante dichos órganos jurisdiccionales, tal petición debe, como se ha señalado en los apartados 19 y 20 anteriores, presentarse mediante escrito separado, lo que no sucede en el presente litigio, de modo que debe declararse manifiestamente inadmisible.
40      Por lo que respecta a la pretensión de reparación del perjuicio supuestamente sufrido por los demandantes, procede recordar, habida cuenta de los motivos expuestos en los apartados 29, 30 y 33 a 38 anteriores, que el Tribunal no puede declarar que pueda imputarse al Parlamento una omisión, de modo que no puede generarse la responsabilidad extracontractual de la Unión (véase, en este sentido, el auto de 14 de enero de 2004, Makedoniko Metro y Michaniki/Comisión, T‑202/02, EU:T:2004:5, apartado 43). Por consiguiente, esta pretensión debe desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
41      De lo anterior resulta que las pretensiones dirigidas contra el Parlamento deben desestimarse en parte por haber sido formuladas ante un órgano jurisdiccional manifiestamente incompetente, en parte por ser manifiestamente inadmisibles y en parte por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Sobre las pretensiones subsidiarias dirigidas contra el Reino de España
42      Con carácter subsidiario, los demandantes solicitan al Tribunal que condene al Reino de España, por su responsabilidad extracontractual, a reparar el perjuicio que sufrieron como consecuencia del incumplimiento del Derecho de la Unión por órganos jurisdiccionales españoles. A su entender, de forma sistemática, estos últimos se negaron a llevar a cabo investigaciones o adoptaron medidas de represalia en su contra. Los demandantes solicitan en particular al Tribunal que declare que dicho Estado miembro tiene la obligación de imponer sanciones a las personas que hayan impedido o intentado impedir la presentación de sus denuncias. Solicitan también al Tribunal que adopte medidas de control para evitar cualquier nuevo incumplimiento del Derecho de la Unión por parte de las autoridades españolas.
43      De las disposiciones de los Tratados se desprende que el Tribunal es incompetente para conocer de los recursos interpuestos por personas físicas o jurídicas contra Estados miembros (véase el auto de 11 de septiembre de 2019, Comprojecto-Projectos e Construções y otros/Portugal, C‑98/19 P, no publicado, EU:C:2019:712, apartado 25 y jurisprudencia citada).
44      Por consiguiente, el Tribunal es manifiestamente incompetente para conocer de las pretensiones dirigidas contra el Reino de España, ya se trate de las pretensiones de que se condene a dicho Estado miembro a reparar el perjuicio supuestamente sufrido por los demandantes como consecuencia de actos realizados por órganos jurisdiccionales españoles o de las pretensiones de que se adopten declaraciones y «medidas de control» en relación con ese Estado miembro.
45      Así pues, procede desestimar las pretensiones subsidiarias dirigidas contra el Reino de España por haber sido formuladas ante un órgano jurisdiccional manifiestamente incompetente.
Costas
46      Al haberse adoptado el presente auto antes de la notificación de la demanda al Parlamento y al Reino de España y antes de que estos hayan podido incurrir en costas, basta con decidir que cada uno de los demandantes cargue con sus propias costas, de conformidad con el artículo 133 del Reglamento de Procedimiento.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
resuelve:
1)      Desestimar el recurso en parte por haber sido interpuesto ante un órgano jurisdiccional manifiestamente incompetente para conocer de él, en parte por ser manifiestamente inadmisible y en parte por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
2)      Los Sres. Roberto Alejandro Macías Chávez, Fernando Presencia y José María Castillejo cargarán cada uno con sus propias costas.
Dictado en Luxemburgo, a 27 de abril de 2021.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
S. Gervasoni
*      Lengua de procedimiento: español.
1      El presente auto se publica por extractos.