Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 26 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Concepto de “régimen de ayudas” — Medidas de aplicación adicionales — Normativa nacional que prevé la adopción de regímenes de ayudas destinados a permitir la compra de bienes inmuebles — Ejecución de dicha normativa mediante reglamentos municipales »
En el asunto C‑58/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional, Bélgica), mediante resolución de 16 de enero de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de enero de 2025, en el procedimiento entre
Fremoluc NV,
Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités ASBL
y
Vlaamse Regering,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
integrado por la Sra. O. Spineanu-Matei, Presidenta de Sala, el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Presidente de la Sala Tercera, en funciones de Juez de la Sala Octava, y el Sr. S. Rodin, Juez;
Abogado General: Sr. A. Biondi;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Fremoluc NV, por los Sres. P. de Bandt, J. Dewispelaere y R. Van Heddeghem, advocaten;
–        en nombre del Vlaamse Regering, por la Sra. E. Cloots y los Sres. T. Roes y S. Sottiaux, advocaten;
–        en nombre del Gobierno neerlandés, por los Sres. J. M. Hoogveld y J. Langer, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Bouquet y L. Flynn, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 3, así como de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica.
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Fremoluc NV y la Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités ASBL, por una parte, y el Vlaamse Regering (Gobierno flamenco, Bélgica), por otra, en relación con las disposiciones de la Vlaams Gewest (Región Flamenca, Bélgica) que permiten a determinados municipios aplicar condiciones especiales a la transmisión de terrenos o de viviendas y establecen una ayuda financiera de dichos municipios en beneficio de los adquirentes.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        El artículo 1, letras c) a e), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE] (DO 2015, L 248, p. 9), establece:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
c)      “nueva ayuda”: toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes;
d)      “régimen de ayudas”: el dispositivo con arreglo al cual se pueden conceder ayudas individuales a las empresas definidas en el mismo de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, así como todo dispositivo con arreglo al cual pueda concederse ayuda, no vinculada a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado;
e)      “ayuda individual”: la ayuda que no se concede en virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas pero que debe notificarse».
4        El artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento dispone:
«Salvo disposición en contrario de cualesquiera Reglamentos adoptados de conformidad con el artículo 109 [TFUE] o cualquier otra disposición pertinente del Tratado, el Estado miembro interesado deberá notificar a la Comisión [Europea] con la suficiente antelación cualquier proyecto de concesión de nueva ayuda. La Comisión comunicará sin demora al Estado miembro de que se trate la recepción de toda notificación.»
Derecho belga
5        El decreet van de Vlaamse Overheid over wonen in eigen streek (Decreto de las Autoridades Flamencas sobre el Hecho de Habitar en su Propia Región), de 23 de junio de 2023 (Belgisch Staatsblad, de 4 de agosto de 2023, p. 65489; en lo sucesivo, «Decreto WIES»), dispone, en su artículo 2:
«En el presente Decreto, se entenderá por
[…]
6º      municipio WIES: un municipio incluido en la lista elaborada con arreglo al artículo 3, párrafo primero;
7º      terreno WIES: la calificación particular del terreno designado en virtud del artículo 4, apartado 3, párrafo tercero;
8º      adquirente WIES: una persona tal como se contempla en el artículo 5;
9º      vivienda WIES: la calificación particular de la vivienda designada en virtud del artículo 4, apartado 3, párrafo tercero».
6        El artículo 3 de dicho Decreto prescribe:
«El Gobierno flamenco establecerá, mediante decreto, cada seis años y por primera vez en 2023, una lista de los municipios comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto. El Gobierno flamenco elaborará esta lista sobre la base del precio más elevado de los bienes inmuebles.
Los municipios incluidos en la lista mencionada en el párrafo anterior podrán establecer, mediante reglamento municipal, que la transmisión de bienes inmuebles, contemplada en el artículo 4, apartado 1, esté sujeta a condiciones especiales.»
7        El artículo 4 del mencionado Decreto establece:
«§ 1.      En los municipios a que se refiere el artículo 3 que hayan adoptado un reglamento en aplicación del artículo 3, párrafo segundo, podrán aplicarse condiciones especiales a la transmisión de terrenos y viviendas que sean objeto de alguno de los proyectos siguientes:
1º      un proyecto para el que se solicite un permiso medioambiental de urbanización de terrenos, que cree al menos cinco parcelas destinadas a la construcción de viviendas;
2º      un proyecto para el que se solicite un permiso medioambiental para actos urbanísticos relativos a proyectos de viviendas agrupadas y edificios de apartamentos que comprendan al menos cinco viviendas;
3º      un proyecto que no cumpla en sí mismo los requisitos contemplados en los puntos 1 o 2, pero que, junto con los permisos medioambientales concedidos durante los cinco años anteriores a la solicitud, contemplada en los puntos 1 o 2, para las urbanizaciones, la construcción de viviendas agrupadas o de edificios de apartamentos relativos a parcelas adyacentes al terreno del proyecto, cumple efectivamente los requisitos contemplados en los puntos 1 o 2 […]
[…]
§ 3.      El consejo municipal del municipio WIES establecerá en el reglamento municipal que el ayuntamiento podrá imponer, a los proyectos contemplados en el apartado 1 que no estén excluidos en virtud del apartado 2, las condiciones de transmisión previstas en el artículo 5 del presente Decreto para:
1º      al menos el 40 % del número de viviendas que deban construirse o de parcelas destinadas a la construcción de viviendas, menos el porcentaje para la realización de una oferta de viviendas sociales o de alquiler concertado, para los terrenos que sean propiedad de las entidades contempladas en el artículo I.3 del Decreto administrativo de 7 de diciembre de 2018;
2º      al menos el 20 % y como máximo el 40 % del número de viviendas que deban construirse o de parcelas destinadas a la construcción de viviendas, menos el porcentaje para la realización de una oferta de viviendas sociales o de alquiler concertado, para los terrenos que sean propiedad de personas físicas o jurídicas distintas de las contempladas en el artículo I.3 del Decreto Administrativo de 7 de diciembre de 2018.
El consejo municipal de un municipio WIES establecerá en el reglamento municipal los criterios con arreglo a los cuales el ayuntamiento podrá decidir imponer condiciones de transmisión a los proyectos contemplados en el presente artículo. Estos criterios se refieren a los objetivos del presente Decreto y a la capacidad financiera del municipio.
En el reglamento municipal, el consejo municipal del municipio WIES determinará el porcentaje definitivo al que se aplicarán las condiciones de transmisión previstas en el artículo 5. El porcentaje recogido en el reglamento constituye el porcentaje mínimo utilizado por el municipio WIES al que se aplican las condiciones de transmisión previstas en el artículo 5.
El solicitante del permiso medioambiental a que se refiere el apartado 1 mencionará en su solicitud los terrenos o viviendas que estén previstos para cumplir el porcentaje definitivo determinado por el consejo municipal del municipio WIES con arreglo al párrafo tercero. Los terrenos y viviendas designados son los terrenos WIES y las viviendas WIES.
A efectos de la aplicación del párrafo cuarto, el consejo municipal del municipio WIES podrá establecer condiciones adicionales en el reglamento municipal.
[…]»
8        El artículo 5 del mismo Decreto está redactado en los siguientes términos:
«Los terrenos y las viviendas WIES solo podrán transmitirse a las personas que cumplan todos los siguientes requisitos:
1º      durante un período de diez años antes de la fecha de la transmisión, la persona habrá estado inscrita de forma ininterrumpida durante al menos cinco años en el padrón municipal […] del municipio WIES o en un municipio limítrofe dentro de la Región Flamenca;
2º      la persona cumple las condiciones relativas a la propiedad inmobiliaria y a los ingresos que demuestren una situación menos acomodada, establecidas por el Gobierno flamenco;
3º      la persona está inscrita en el padrón municipal […]
Los cónyuges, las parejas de hecho que cohabitan legalmente o las parejas de hecho de la persona a la que se transmita un terreno o una vivienda WIES, y que vayan a ocupar conjuntamente el terreno o la vivienda WIES, reúnen también los requisitos establecidos en los puntos 1, 2 y 3.
A efectos de la aplicación del punto 1, el consejo municipal del municipio WIES puede establecer condiciones más rigurosas en el reglamento municipal. El consejo municipal del municipio WIES podrá, por ejemplo, limitar la aplicación del párrafo primero del punto 1 a las personas que, durante un período de diez años antes de la fecha de la transmisión, hayan estado inscritas ininterrumpidamente durante al menos cinco años en el padrón de su propio municipio.»
9        El artículo 10, apartado 1, del Decreto WIES establece:
«Si un adquirente WIES compra un terreno o una vivienda WIES con arreglo al artículo 5 y al reglamento municipal en vigor, el municipio WIES proporcionará una contribución económica al adquirente WIES, basada en el precio estimado de las parcelas que el adquirente WIES adquiera en propiedad. Esta contribución económica ascenderá al menos al 50 % del precio estimado de las parcelas.
El municipio WIES abonará el importe de la contribución económica, contemplada en el párrafo anterior, en una cuenta bloqueada ante el funcionario encargado de la tramitación, determinada por el adquirente WIES. El importe se liberará en beneficio del vendedor tras la formalización de la escritura y forma parte del precio de compra pagado por el adquirente WIES.
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
10      El 23 de junio de 2023, la Región Flamenca adoptó el Decreto WIES. Dicho Decreto autoriza a los municipios en los que los precios de los bienes inmuebles sean particularmente elevados a reservar, durante nueve meses, la adquisición de determinados terrenos o viviendas a compradores cuyos ingresos sean inferiores a determinados umbrales y que puedan demostrar su vínculo con el municipio de que se trate. Establece que los municipios que decidan aplicar tales restricciones garantizarán, por cuenta del adquirente, el pago al vendedor de una fracción del precio del bien.
11      Mediante escritos de 31 de enero y de 1 de febrero de 2024, Fremoluc y la Association de Promotion des Droits Humains et des Minorités interpusieron recursos de anulación contra el Decreto WIES ante el Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente.
12      En apoyo de estos recursos, invocan, en esencia, motivos basados en la infracción de varias disposiciones de la Constitución belga, en relación, por una parte, con disposiciones del Derecho de la Unión relativas a las libertades de circulación y, por otra, con los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 3.
13      En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que el Decreto WIES debe anularse parcialmente por ser inconstitucional, en la medida en que permite a los municipios que han decidido recurrir al dispositivo que prevé tener en cuenta el período durante el cual un candidato a adquirente estaba inscrito en el padrón de un municipio limítrofe únicamente cuando dicho municipio está situado en Flandes, y no cuando está situado en otra región.
14      En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional considera que no cabe razonablemente duda de que el Decreto WIES es compatible con los artículos 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE, así como con los artículos 22 y 24 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35).
15      En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que debe determinar si el proyecto que condujo a la adopción del Decreto WIES debería haber sido notificado a la Comisión, de conformidad con el artículo 108 TFUE, apartado 3, en la medida en que su finalidad es establecer un régimen de ayudas de Estado.
16      A este respecto, se pregunta, antes de nada, si debe considerarse que la contribución económica prevista en el artículo 10 de dicho Decreto concede una ventaja a una empresa, en particular teniendo en cuenta los criterios consagrados en la sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), en lo que respecta a la compensación de obligaciones de servicio público.
17      A continuación, el citado órgano jurisdiccional se pregunta si la entrada en vigor del Decreto WIES basta, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, para dar lugar a la concesión de una ventaja económica o si, por el contrario, procede considerar que tal concesión requiere la adopción previa de medidas de aplicación adicionales. A este respecto, señala que, para que un municipio pueda efectuar el pago previsto en dicho Decreto, el Consejo municipal debe haber adoptado un reglamento municipal a tal efecto. Este reglamento municipal debe, sin sobrepasar los límites establecidos por el referido Decreto, fijar el porcentaje de terrenos o de viviendas que han de reservarse a adquirentes WIES y determinar los criterios con arreglo a los cuales pueden imponerse a proyectos condiciones de transmisión. El mencionado reglamento municipal también puede endurecer las condiciones de transmisión de las viviendas y prever que la contribución económica municipal cubra una parte mayor del precio del bien de que se trate.
18      Por último, el referido órgano jurisdiccional considera que debe determinar si en el caso de autos se superan los umbrales de minimis relativos a la notificación de las ayudas de Estado.
19      En cuarto lugar, en el supuesto de que debiera considerarse que el Decreto WIES tiene por objeto establecer un régimen de ayudas de Estado, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la posibilidad de mantener con carácter definitivo los efectos de dicho Decreto, a fin de evitar que se vulneren los principios de confianza legítima de los particulares afectados o de seguridad jurídica.
20      En estas circunstancias, el Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Deben interpretarse los artículos 107 [TFUE], apartado 1, y 108 [TFUE], apartado 3, en el sentido de que una medida como la contenida en el artículo 10 del [Decreto WIES] constituye una nueva ayuda de Estado que debía haberse notificado a la Comisión […]?
2)      Si, sobre la base de la respuesta a la primera cuestión prejudicial, el Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional) llegara a la conclusión de que el mencionado Decreto [WIES] incumple las obligaciones derivadas de las disposiciones mencionadas en esa cuestión, ¿podría mantener con carácter definitivo los efectos del mencionado Decreto con el fin de respetar la confianza legítima de los particulares que hayan adquirido un terreno o una vivienda en virtud de ese Decreto, y evitar la inseguridad jurídica que el efecto retroactivo de la anulación de dicho Decreto podría acarrear para estas personas, pudiendo afectar en particular a su situación en materia de vivienda?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
21      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide, en esencia, si los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 3, deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que una normativa nacional que autoriza a los municipios en los que el precio de los bienes inmuebles es particularmente elevado a establecer un dispositivo que prevea el pago, a los vendedores de determinados terrenos o viviendas, de una parte del precio de adquisición de los terrenos en cuestión por cuenta de un adquirente, que reúna los requisitos relativos a su situación social y a su vínculo con el municipio de que se trate, establece un régimen de ayudas de Estado que debe ser notificado a la Comisión, cuando dicha normativa, por una parte, deja a cada municipio la posibilidad de optar por establecer o no tal dispositivo y, por otra, le confiere un margen de apreciación al determinar los requisitos de subvencionabilidad de los proyectos y la parte del precio de los terrenos de que se trate que asume en virtud de ese dispositivo.
22      Conforme al artículo 108 TFUE, apartado 3, la Comisión será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas de Estado con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones.
23      El artículo 2, apartado 1, del Reglamento 2015/1589 establece que, salvo disposición en contrario de cualesquiera Reglamentos adoptados de conformidad con el artículo 109 TFUE o cualquier otra disposición pertinente del Tratado, el Estado miembro interesado deberá notificar a la Comisión con la suficiente antelación cualquier proyecto de concesión de nueva ayuda.
24      El artículo 1, letra c), del citado Reglamento define el concepto de «nueva ayuda» como «los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes».
25      A este respecto, en primer lugar, a tenor del artículo 1, letra d), del referido Reglamento, se entenderá por «régimen de ayudas» «el dispositivo con arreglo al cual se pueden conceder ayudas individuales a las empresas definidas en el mismo de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales, así como todo dispositivo con arreglo al cual pueda concederse ayuda, no vinculada a un proyecto específico, a una o varias empresas por un período indefinido o por un importe ilimitado».
26      En el caso de autos, dado que una medida como la controvertida en el litigio principal se refiere a contribuciones económicas municipales vinculadas a proyectos específicos, procede determinar cómo debe calificarse tal medida únicamente a la luz de la primera parte de esta definición, a saber, la relativa a los dispositivos con arreglo a los cuales se pueden conceder ayudas individuales a las empresas definidas de forma genérica y abstracta, sin necesidad de medidas de aplicación adicionales.
27      En virtud de la primera parte de la referida definición, la calificación de una medida estatal como régimen de ayudas presupone la concurrencia de tres requisitos acumulativos. En primer lugar, las ayudas pueden concederse individualmente a las empresas basándose en un dispositivo. En segundo lugar, no se requiere medida de aplicación adicional alguna para la concesión de dichas ayudas. En tercer lugar, las empresas a las que pueden concederse las ayudas individuales deben definirse «de forma genérica y abstracta» (sentencias de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International, C‑337/19 P, EU:C:2021:741, apartado 60, y de 6 de junio de 2024, Ryanair/Comisión, C‑441/21 P, EU:C:2024:477, apartado 106).
28      En lo que atañe al segundo de esos requisitos, relativo a la inexistencia de medidas de aplicación adicionales, se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que este se cumple cuando las empresas pueden beneficiarse de una ventaja que constituya una ayuda individual por el mero hecho del dispositivo de que se trate o recibir tal ayuda únicamente sobre la base de dicho dispositivo (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de marzo de 2021, Comisión/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, apartado 69; de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International, C‑337/19 P, EU:C:2021:741, apartado 106, y de 6 de junio de 2024, Ryanair/Comisión, C‑441/21 P, EU:C:2024:477, apartados 108 y 109).
29      A este respecto, procede recordar que la mera aplicación técnica de un dispositivo que prevé la concesión de ayudas no constituye una «medida de aplicación adicional», en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento 2015/1589. Tal «medida de aplicación adicional» implica, en efecto, el ejercicio de una facultad de apreciación por parte de la autoridad encargada de aplicar el dispositivo en cuestión que le permite influir en el importe de la ayuda, sus características o las condiciones conforme a las cuales tal ayuda se concede (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International, C‑337/19 P, EU:C:2021:741, apartado 105).
30      La cuestión de si la concesión de una ayuda financiera, como la controvertida en el litigio principal, requiere medidas de aplicación adicionales, en el sentido del segundo requisito mencionado en el apartado 27 de la presente sentencia, debe apreciarse a la luz del hecho de que la petición de decisión prejudicial versa sobre una normativa nacional que define un marco general en el que determinados municipios pueden decidir establecer dispositivos de ayuda financiera, sin que, no obstante, dicha normativa establezca directamente tales dispositivos ni defina todas las modalidades de ejecución de estos.
31      Más concretamente, de la resolución de remisión se desprende, por una parte, que solo los municipios que hayan decidido adoptar un reglamento municipal que establezca las modalidades de aplicación, en su territorio, del marco general previsto por el Decreto WIES pueden apoyar financieramente la adquisición de terrenos o viviendas situados en él, sabiendo que dicho Decreto no obliga en modo alguno a los municipios que pueden adoptar tal reglamento, dejándoles así la posibilidad de no aplicar ese Decreto.
32      Por otra parte, de las indicaciones relativas al Derecho belga facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que, al adoptar un reglamento municipal destinado a aplicar el Decreto WIES, el municipio de que se trate debe precisar diferentes aspectos esenciales de las normas que regulan, en su territorio, la concesión de ayudas económicas por este concepto. En particular, debe fijar, sin sobrepasar los límites previstos por el citado Decreto, el porcentaje de terrenos y viviendas comprendidos en el dispositivo autorizado por dicho Decreto, así como la parte del precio del bien de que se trate que se vaya a sufragar. El municipio de que se trate también podrá añadir a los requisitos ya previstos en ese mismo Decreto requisitos adicionales en lo que respecta a la selección tanto de los adquirentes como de los bienes inmuebles subvencionables.
33      A la luz del segundo requisito mencionado en el apartado 27 de la presente sentencia, debe considerarse que esa normativa concede a los municipios de que se trata una facultad de apreciación relativa tanto al propio principio de la aplicación de un dispositivo de ayuda financiera en sus respectivos territorios como a elementos esenciales de dicho dispositivo, en particular los requisitos de subvencionabilidad de las transacciones inmobiliarias y el alcance de la ayuda financiera que puede concederse.
34      De ello se deduce que tal normativa no permite a los municipios de que se trata conceder una ayuda financiera únicamente sobre la base de sus dispositivos, sino que, por el contrario, supone la adopción por esos municipios de medidas de aplicación adicionales, en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento 2015/1589. Por consiguiente, sin que sea necesario examinar si tal ayuda cumple todos los requisitos exigidos para ser calificada de ayuda de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, procede declarar que no puede considerarse que esta normativa establece un régimen de ayudas que debe notificarse a la Comisión con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, y al artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento.
35      En segundo lugar, el artículo 1, letra e), del citado Reglamento define la «ayuda individual» como «la ayuda que no se concede en virtud de un régimen de ayudas y la ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas pero que debe notificarse».
36      Pues bien, dado que de lo anterior se desprende que una normativa como la controvertida en el litigio principal solo permite la eventual concesión de una ayuda financiera tras la adopción de medidas de aplicación adicionales, no puede considerarse, en cualquier caso, que concede ella misma una ayuda individual.
37      A la luz de todos estos elementos, procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 3, en relación con los artículos 1, letras c) a e), y 2, apartado 1, del Reglamento 2015/1589, deben interpretarse en el sentido de que no ha de considerarse que una normativa nacional que autoriza a los municipios en los que el precio de los bienes inmuebles es particularmente elevado a establecer un dispositivo que prevea el pago, a los vendedores de determinados terrenos o viviendas, de una parte del precio de adquisición de los terrenos en cuestión por cuenta de un adquirente, que reúna los requisitos relativos a su situación social y a su vínculo con el municipio de que se trate, establece un régimen de ayudas de Estado que debe ser notificado a la Comisión, cuando dicha normativa, por una parte, deja a cada municipio la posibilidad de optar por establecer o no tal dispositivo y, por otra, le confiere un margen de apreciación al determinar los requisitos de subvencionabilidad de los proyectos y la parte del precio de los terrenos de que se trate que asume en virtud de ese dispositivo.
Segunda cuestión prejudicial
38      De la resolución de remisión se desprende que la segunda cuestión prejudicial solo se plantea en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión. Por lo tanto, habida cuenta de la respuesta negativa dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.
Costas
39      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
Los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 3, en relación con los artículos 1, letras c) a e), y 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 [TFUE],
deben interpretarse en el sentido de que
no ha de considerarse que una normativa nacional que autoriza a los municipios en los que el precio de los bienes inmuebles es particularmente elevado a establecer un dispositivo que prevea el pago, a los vendedores de determinados terrenos o viviendas, de una parte del precio de adquisición de los terrenos en cuestión por cuenta de un adquirente, que reúna los requisitos relativos a su situación social y a su vínculo con el municipio de que se trate, establece un régimen de ayudas de Estado que debe ser notificado a la Comisión Europea, cuando dicha normativa, por una parte, deja a cada municipio la posibilidad de optar por establecer o no tal dispositivo y, por otra, le confiere un margen de apreciación al determinar los requisitos de subvencionabilidad de los proyectos y la parte del precio de los terrenos de que se trate que asume en virtud de ese dispositivo.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: neerlandés.