AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 4 de mayo de 2026 (*)
« Recurso interpuesto por una persona física contra un Estado miembro — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Incompetencia manifiesta del Tribunal de Justicia »
En el asunto C‑883/25,
que tiene por objeto un recurso interpuesto el 23 de enero de 2025,
María del Pilar Galindo Giralt, representada por el Sr. I. Gómez-Raya y Borrás, abogado,
parte demandante,
contra
Reino de España,
parte demandada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. F. Schalin (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. M. Gavalec y Z. Csehi, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír a la Abogada General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 53, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante su recurso, D.ª María del Pilar Galindo Giralt solicita al Tribunal de Justicia, en esencia y con carácter principal, que reconozca su derecho a ser indemnizada por el Reino de España por un perjuicio patrimonial derivado de pérdidas financieras relacionadas con la suscripción de un producto financiero.
2        La demandante alega que, entre 2010 y 2011, su padre suscribió con el banco Bankia, siguiendo los consejos de su director, un producto financiero denominado «Preferentes» en el que invirtió todos sus ahorros.
3        La demandante sostiene que esta inversión causó la pérdida de todos los ahorros de su padre.
4        Según la demandante, Bankia se negó inicialmente a devolver a su padre el capital invertido, lo que afectó gravemente a la salud de este último, provocando su fallecimiento en 2015.
5        La demandante señala que su padre celebró finalmente con Bankia, en 2014, un acuerdo por el que esta le devolvió la totalidad del capital invertido, previa deducción de una gran parte de los intereses percibidos.
6        Al considerar que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) deberían haberse opuesto a la comercialización del producto financiero denominado «Preferentes», la demandante pretende exigir la responsabilidad de estas dos entidades dependientes del Reino de España. A su juicio, dichas entidades incumplieron, en el momento de la comercialización del producto financiero de que se trata, su misión de supervisión de los productos financieros comercializados y, en consecuencia, son responsables del fallecimiento de su padre.
7        La demandante expone que, para obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, interpuso sendos recursos administrativos contra el Banco de España y la CNMV. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo confirmaron por vía contencioso-administrativa la desestimación de esos recursos por extemporaneidad.
8        Con el fin de agotar las vías de recurso nacionales a su disposición, la demandante también interpuso, sin éxito, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
9        La demandante niega que pueda oponérsele extemporaneidad de sus recursos, dado que, según ella, se habían iniciado procesos penales, que dieron lugar ciertamente a sobreseimiento, a instancias de un movimiento ciudadano formado a raíz de la manifestación del 15 de mayo de 2011, el Movimiento 15-M, contra el Banco de España, la CNMV y sus respectivos directivos.
10      Según la demandante, de la jurisprudencia nacional se desprende que la incoación de un proceso penal por unos hechos que pueden ser relevantes para determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración interrumpe el plazo de prescripción de un año relativo a la acción de responsabilidad, y que esa interrupción deja de producir efectos, de modo que el plazo vuelve a correr de nuevo, una vez que la resolución que pone fin a aquel proceso se notifica a quienes, personados o no en él, tienen la condición de interesados por resultar afectados por ella.
11      Invocando el principio de efectividad, la demandante considera que corresponde al Tribunal de Justicia, cuya jurisprudencia se impone a los órganos jurisdiccionales supremos españoles, determinar si la no intervención de una parte en un proceso penal, que se refiere precisamente a los hechos que originaron la responsabilidad patrimonial que invoca y al que se podría haber adherido como parte civil, tiene efectos «suspensivos» por lo que atañe a posibles acciones judiciales dirigidas contra las personas investigadas en el marco de ese proceso penal.
12      En estas circunstancias, la demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Reconozca su derecho a ser indemnizada por el Reino de España.
–        Declare la nulidad de todas las resoluciones que consideren extemporánea la reclamación patrimonial dirigida a las Administraciones del Reino de España y exija a este que resuelva la solicitud de indemnización reclamada.
–        Reconozca su derecho a la tutela judicial efectiva y, en consecuencia, anule todas las resoluciones que vulneren ese derecho.
13      El 30 de enero de 2025, la Secretaría del Tribunal de Justicia remitió al abogado de la demandante un escrito estándar en el que le informaba de que el recurso de esta última no podía tramitarse tal y como había sido interpuesto.
14      El 14 de noviembre de 2025, el abogado de la demandante indicó a su vez que dicho escrito de la Secretaría, que correspondía a una mera comunicación, no constituía una resolución definitiva que pudiera justificar la desestimación del recurso en cuanto al fondo o su inadmisibilidad. En consecuencia, solicitó una resolución del Tribunal de Justicia por la que se declarara la inadmisibilidad del recurso.
15      Con arreglo al artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el Tribunal sea manifiestamente incompetente para conocer de un asunto o cuando una petición o demanda sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
16      Procede aplicar esta disposición en el presente asunto y señalar, de entrada, que el recurso interpuesto por la Sra. Galindo Giralt no es competencia del Tribunal de Justicia.
17      En efecto, en virtud del artículo 13 TUE, apartado 2, cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Pues bien, ninguna disposición de los Tratados atribuye competencia al Tribunal de Justicia para conocer de un recurso interpuesto por una persona física o jurídica contra un Estado miembro o contra entidades que dependan de este y mediante el que se solicita que se declare fundada, en virtud del Derecho de la Unión, una acción de indemnización dirigida contra dicho Estado miembro o dichas entidades y se anulen resoluciones nacionales administrativas y judiciales (véanse, en este sentido, los autos de 10 de marzo de 2011, Transportes y Excavaciones J. Asensi/España, C‑540/10, EU:C:2011:145, apartado 5, y de 13 de diciembre de 2016, Infante/Italia, C‑469/16, EU:C:2016:953, apartado 5).
18      El presente recurso tampoco es competencia del Tribunal General, por lo que no procede remitírselo en aplicación del artículo 54, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
19      En estas circunstancias, procede declarar que el Tribunal de Justicia es manifiestamente incompetente para conocer del presente recurso, sin que sea precisa su notificación a la parte demandada.
Costas
20      A tenor de lo dispuesto en el artículo 137 del Reglamento de Procedimiento, se decidirá sobre las costas en el auto que ponga fin al proceso. En el presente asunto, al haberse adoptado el presente auto sin notificar la demanda al Reino de España y, por consiguiente, sin que este haya podido incurrir en costas, procede decidir que la demandante cargue con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
1)      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es manifiestamente incompetente para conocer del presente recurso.
2)      D.ª María del Pilar Galindo Giralt cargará con sus propias costas.
Dictado en Luxemburgo, a 4 de mayo de 2026.
El Secretario
El Presidente de la Sala
A. Calot Escobar
F. Schalin
*      Lengua de procedimiento: español.