62021CJ0227_RES
Asunto C‑227/21
UAB «HA.EN.»
contra
Valstybinė mokesčių inspekcija
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 15 de septiembre de 2022
«Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Derecho a la deducción del IVA soportado — Venta de un bien inmueble entre sujetos pasivos — Vendedor que es objeto de un procedimiento de insolvencia — Práctica nacional consistente en denegar al comprador el derecho a deducción debido a que tenía o debería haber tenido conocimiento de las dificultades del vendedor para abonar el IVA repercutido — Fraude y abuso de Derecho — Requisitos»
Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Derecho a deducción — Denegación del derecho a deducción — Procedencia — Requisitos — Operación que forma parte de un fraude o un abuso relativo al impuesto sobre el valor añadido — Sujeto pasivo que conocía o debía haber conocido la existencia del fraude — Demostración de modo suficiente en Derecho de los elementos objetivos que acrediten dicho conocimiento
(Directiva 2006/112/CE del Consejo)
(véanse los apartados 25 a 28)
Recursos propios de la Unión Europea — Protección de los intereses financieros de la Unión — Lucha contra el fraude y otras actividades ilegales — Concepto de fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión — Cualquier acción u omisión intencionada que afecte a los ingresos procedentes de la aplicación de un tipo uniforme a la base armonizada del impuesto sobre el valor añadido determinada según las normas de la Unión — Inclusión
(Art. 325 TFUE, ap. 1; Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, art. 1; Directiva 2006/112/CE del Consejo)
(véanse los apartados 30 y 31)
Recursos propios de la Unión Europea — Protección de los intereses financieros de la Unión — Lucha contra el fraude y otras actividades ilegales — Sujeto pasivo que ha cumplido debidamente sus obligaciones declarativas en materia de impuesto sobre el valor añadido — Falta de abono del impuesto debidamente declarado — Inexistencia de fraude al impuesto — Intencionalidad o no de la falta — Irrelevancia
(Directiva 2006/112/CE del Consejo)
(véase el apartado 32)
Armonización de las legislaciones fiscales — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Deducción del impuesto soportado — Nacimiento y alcance del derecho a deducir — Principio de neutralidad fiscal — Venta de un inmueble entre sujetos pasivos — Vendedor que es objeto de un procedimiento de insolvencia — Comprador que conocía o debía haber conocido las dificultades del vendedor para abonar el Impuesto repercutido — Práctica nacional consistente en denegar al comprador el derecho a deducción — Improcedencia
[Directiva 2006/112/CE del Consejo, art. 168, letra a)]
(véanse los apartados 33 a 36, 38, 40 y 42 a 47 y el fallo)
Resumen
En septiembre de 2007, una sociedad lituana había obtenido, para una actividad de promoción inmobiliaria, un préstamo de un banco lituano. Ese préstamo estaba garantizado por una hipoteca constituida sobre un terreno situado en la ciudad de Vilna (Lituania) en el que existía un edificio en construcción.
Mediante un acuerdo de cesión de créditos celebrado en noviembre de 2015, la sociedad HA.EN. adquirió, a título oneroso, los créditos derivados de dicho préstamo, así como la hipoteca contractual. Al celebrar dicho acuerdo, HA.EN. confirmó, entre otras cosas, que estaba al tanto de la situación económica, financiera y jurídica de la sociedad vendedora y que sabía que esta era insolvente y se hallaba sometida a actuaciones judiciales pendientes.
Al quedar desierta la subasta, anunciada mediante orden de un agente judicial en mayo de 2016, del bien inmueble sobre el que HA.EN. tenía la hipoteca, HA.EN. aceptó la oferta que se le había hecho de adjudicarse el bien por su precio de salida en la subasta, lo que supuso la liquidación de una parte de sus créditos. Así pues, la propiedad del bien inmueble se le transmitió por la cantidad total de 5468000 euros, es decir, un importe de 4519008,26 euros más un impuesto sobre el valor añadido (IVA) de 948991,74 euros. Las dos partes en esta transmisión anotaron en sus respectivas contabilidades la factura de esta operación. Como la sociedad vendedora fue luego declarada en quiebra, nunca abonó a la Hacienda el IVA repercutido.
Por su parte, HA.EN. solicitó a la Administración tributaria la devolución del excedente del IVA resultante de la deducción del IVA soportado, es decir, 948991,74 euros. Sin embargo, la Administración tributaria consideró que, al efectuar la operación de adquisición del bien inmueble en cuestión, pese a que sabía o debía saber que el vendedor no abonaría a la Hacienda Pública el IVA generado por dicha operación, HA.EN. había actuado de mala fe e incurrido en abuso de derecho. Por este motivo, la Administración tributaria le denegó el derecho a deducir ese IVA soportado.
En primera instancia, los tribunales lituanos se pronunciaron a favor de la Administración tributaria. Ahora bien, el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania) al que HA.EN. recurrió en apelación, alberga dudas sobre la admisibilidad, desde el punto de vista del Derecho de la Unión, de una práctica de la Administración tributaria consistente en denegar la deducción del IVA en casos como el de autos.
El Tribunal de Justicia, al ser interrogado a su vez con carácter prejudicial, declara en su sentencia que la Directiva 2006/112, (
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) interpretada a la luz del principio de neutralidad fiscal, se opone a una práctica nacional como la lituana, que consiste, en el marco de la venta de un bien inmueble entre sujetos pasivos, en denegar al comprador el derecho a deducir el IVA soportado por el mero hecho de que sabía, o debería haber sabido, que el vendedor atravesaba dificultades financieras, o incluso se encontraba en situación de insolvencia, y que esta circunstancia podía tener como consecuencia que este último no abonaría o no podría abonar el IVA a la Hacienda Pública.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que el derecho a la deducción del IVA soportado constituye un principio fundamental del sistema común del IVA, que garantiza la neutralidad con respecto a la carga fiscal de toda actividad económica sujeta al IVA, y que ese derecho en principio, no puede limitarse. Sin embargo, los justiciables no pueden prevalerse de las normas del Derecho de la Unión de forma fraudulenta o abusiva. Por lo tanto, las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales deben denegar el derecho a la deducción cuando resulte acreditado, de modo suficiente en Derecho, mediante datos objetivos, que ese derecho se invoca de forma fraudulenta o abusiva.
A este respecto, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, que un sujeto pasivo deudor de un crédito ejecutivo que atraviesa dificultades financieras y vende, en el marco de un procedimiento obligatorio de liquidación regulado por ley, uno de sus bienes para saldar sus deudas, posteriormente declara el IVA adeudado por este concepto, pero, luego, debido a esas dificultades, no puede abonar total o parcialmente dicho IVA, no es culpable, por ese mero hecho, de fraude en el IVA. Por consiguiente, con mayor razón, en tales circunstancias no puede reprocharse al adquirente de ese bien el hecho de que sabía o debería haber sabido que, al adquirir dicho bien, participaba en una operación que formaba parte de un fraude en el IVA.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia recuerda los dos requisitos que, en el ámbito del IVA, han de concurrir para constatar la existencia de una práctica abusiva: las operaciones de que se trate deben tener como resultado la obtención de una ventaja fiscal cuya concesión sería contraria al objetivo perseguido por la Directiva del IVA, y de un conjunto de elementos objetivos debe resultar que la finalidad esencial de esas operaciones se limita a obtener dicha ventaja fiscal.
Sobre este particular, el Tribunal de Justicia declara que la propia existencia de la facultad ofrecida a los Estados miembros por la Directiva del IVA de recurrir al mecanismo de la inversión del sujeto pasivo, que permite trasladar la carga del IVA al sujeto pasivo destinatario de la operación sujeta a este impuesto, y ello especialmente en supuestos como el presente caso, demuestra que el legislador de la Unión no consideró que la deducción del IVA pagado por el adquirente de un bien inmueble en el marco de un procedimiento obligatorio de liquidación fuera contraria a los objetivos de la Directiva del IVA. Además, la intención ilegal de no abonar el IVA de un deudor que ve su bien vendido mediante ejecución forzosa no puede deducirse solamente de las dificultades financieras de ese deudor. Por consiguiente, sobre esta única base, no puede considerarse que, al realizar una transacción comercial con aquel, el adquirente de dicho bien incurra en abuso de derecho.
En circunstancias tales como las del asunto principal, la adquisición del bien inmueble por el acreedor puede estar esencialmente motivada por su deseo de recuperar la totalidad o parte de su crédito a través de los medios legales de que dispone, como el procedimiento obligatorio de liquidación. Dado el objetivo a priori legítimo que dicho procedimiento persigue, la adquisición en cuestión no puede asimilarse a un montaje puramente artificial, carente de realidad económica y efectuado con el único objetivo de lograr una ventaja fiscal.
Por último, el Tribunal de Justicia considera que la práctica lituana controvertida en el presente caso es contraria al principio de neutralidad fiscal en la medida en que implica que los adquirentes de bienes inmuebles deben cargar con el peso del IVA soportado, y ello tanto más cuanto que la República de Lituania optó por no ejercer la facultad de instaurar, para el supuesto de que se trata en el presente caso, un mecanismo de inversión del sujeto pasivo, que tiene precisamente por objeto paliar el riesgo de insolvencia del deudor del IVA. Por otra parte, una práctica de este tipo puede restringir el círculo de potenciales adquirentes y, por lo tanto, es contraria al objetivo perseguido por el procedimiento obligatorio de liquidación, a saber, la realización óptima de los activos del deudor para satisfacer en la mayor medida posible a sus acreedores. Además, tiende a aislar a los operadores económicos que atraviesan dificultades financieras y a obstaculizar su capacidad para realizar transacciones, violando el principio de neutralidad fiscal, ya que este se opone a las distinciones entre sujetos pasivos según su situación financiera.
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)	Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva del IVA»).