61998CJ0208_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-208/98,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por el Landgericht Potsdam (Alemania), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Berliner Kindl Brauerei AG
y
Andreas Siepert,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO 1987, L 42, p. 48),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Quinta),
integrado por los Sres.: J.C. Moitinho de Almeida, Presidente de la Sala Sexta, en funciones de Presidente de la Sala Quinta; L. Sevón (Ponente), C. Gulmann, J.-P. Puissochet y M. Wathelet, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Léger;
Secretaria: Sra. D. Louterman-Hubeau, administradora principal;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- en nombre de Berliner Kindl Brauerei AG, por el Sr. K. Großkopf, Abogado de Warnemünde;
- en nombre del Sr. Siepert, por el Sr. O. Zänker, Abogado de Rostock;
- en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. E. Röder, Ministerialrat del Bundesministerium für Wirtschaft, y A. Dittrich, Regierungsdirektor del Bundesministerium für Justiz, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno belga, por el Sr. J. Devadder, directeur d'administration del Service juridique del ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, y la Sra. R. Foucart, directeur général del mismo Servicio, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno español, por el Sr. S. Ortiz Vaamonde, Abogado del Estado, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno francés, por las Sras. K. Rispal-Bellanger, sous-directeur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y R. Loosli-Surrans, chargé de mission de la misma Dirección, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. T. Pynnä, oikeudellinen neunonantaja del ulkoasiainministeriö, en calidad de Agente;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. U. Wölker, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de Berliner Kindl Brauerei AG, representada por el Sr. T. Lübbig, Abogado de Berlín; del Sr. Siepert, representado por el Sr. O. Zänker; del Gobierno alemán, representado por el Sr. A. Dittrich; del Gobierno español, representado por el Sr. S. Ortiz Vaamonde; del Gobierno francés, representado por la Sra. R. Loosli-Surrans, y de la Comisión, representada por el Sr. U. Wölker, expuestas en la vista de 10 de junio de 1999;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 28 de octubre de 1999;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 27 de abril de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de junio siguiente, el Landgericht Potsdam planteó al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO 1987, L 42, p. 48; en lo sucesivo, «Directiva»).
2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Berliner Kindl Brauerei AG (en lo sucesivo, «fábrica de cerveza») y el Sr. Siepert, relativo a la ejecución de un contrato de fianza celebrado por este último a favor de la fábrica de cerveza.
La normativa aplicable
3 El artículo 1, apartados 1 y 2, letras a) y c), párrafo primero, de la Directiva, prevé:
«1. La presente Directiva se aplicará a los contratos de crédito.
2. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) "consumidor": la persona física que, en las operaciones reguladas por la presente Directiva, actúe con fines que puedan considerarse al margen de su oficio o profesión;
[...]
c) "contrato de crédito": aquel mediante el cual un prestamista concede o promete conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo o cualquier otra facilidad de pago.»
4 El artículo 2, apartado 1, letra f), de la Directiva excluye del ámbito de aplicación de ésta a los contratos de crédito cuyo importe sea inferior a 200 ECU o superior a 20.000 ECU.
5 El artículo 4, apartados 1, 2, letras a), b), párrafo primero, y c), y 3, de la Directiva, en su versión modificada por la Directiva 90/88/CEE del Consejo, de 22 de febrero de 1990 (DO L 61, p. 14), dispone:
«1. Los contratos de crédito se harán por escrito. El consumidor recibirá una copia del contrato escrito.
2. El contrato escrito incluirá:
a) una indicación del porcentaje anual de cargas financieras;
b) la indicación de las condiciones en las que podrá modificarse el porcentaje anual de cargas financieras.
[...]
c) una relación del importe, el número y la periodicidad o las fechas de los pagos que deba realizar el consumidor para el reembolso del crédito y el pago de los intereses y los demás gastos, así como el importe total de esos pagos, cuando sea posible;
[...]
3. El contrato escrito incluirá, además, las demás condiciones esenciales del contrato.
A modo de ilustración, el Anexo de esta Directiva contiene una lista de las condiciones consideradas esenciales que los Estados miembros podrán exigir que se incluyan en el contrato escrito.»
6 Según el punto 1 del citado Anexo, las referidas condiciones son, en particular, para los contratos de crédito que tengan por objeto la financiación del suministro de determinados bienes o servicios, además de las descripciones relativas al objeto del contrato y a las condiciones de financiación propiamente dichas, en el inciso vi), «en su caso, descripción de las garantías exigidas» y, en el inciso vii), «en su caso, período de reflexión».
7 El artículo 15 de la Directiva dispone:
«La presente Directiva no impedirá que los Estados miembros conserven o adopten disposiciones más severas para la protección del consumidor, y que sean acordes con sus obligaciones en virtud del Tratado.»
8 El Derecho interno alemán se adaptó a la Directiva mediante la Verbraucherkreditgesetz, de 17 de diciembre de 1990 (Ley sobre el crédito al consumo, BGBl. I, p. 2840; en lo sucesivo, «VerbrKrG»), la cual, en cumplimiento del artículo 15 de la Directiva, extiende su ámbito de aplicación, según su artículo 1 y su artículo 3, apartado 1, punto 2, a aquellos créditos concedidos a una persona física, incluyendo el supuesto de que éstos vayan destinados a iniciar una actividad profesional, siempre que, en este último caso, su importe no supere los 100.000 DEM. Además, el artículo 7 del VerbrKrG prevé que la declaración de voluntad mediante la cual un consumidor celebra un contrato de crédito sólo surtirá efectos si este último no la ha revocado en el plazo de una semana a partir de la fecha en que haya recibido la notificación procedente del prestamista en la cual le informe de la existencia del derecho de revocación y de las condiciones de su ejercicio.
Los hechos del asunto principal y la cuestión prejudicial
9 Según la resolución de remisión, el Sr. Siepert se constituyó fiador a favor de la fábrica de cerveza hasta una cantidad máxima de 90.000 DEM. La citada fianza garantizaba el reembolso de los préstamos que ésta había concedido a una tercera persona para la apertura de un restaurante y no tenía relación alguna con la actividad profesional del fiador. El Landgericht destaca además que al Sr. Siepert no se le informó de su derecho de revocación, conforme al artículo 7 del VerbrKrG, pero que, con motivo de una entrevista mantenida en junio de 1994 con un empleado de la fábrica de cerveza, puso en conocimiento de ésta que revocaba su declaración de fianza.
10 Puesto que el deudor principal no cumplió sus obligaciones, la fábrica de cerveza resolvió los préstamos que le había concedido y le demandó ante el Landgericht Rostock, quien, en sentencia de 25 de julio de 1997, le condenó a pagar la cantidad de 28.952,43 DEM, más intereses. Mediante sentencia de 8 de diciembre de 1997, dictada en rebeldía, el Sr. Seipert fue condenado, en su calidad de fiador, al pago de la misma cantidad.
11 Dado que el Sr. Siepert interpuso un recurso contra la citada sentencia, el Landgericht Potsdam decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (DO L 42, de 12 de febrero de 1987, p. 48) un contrato de fianza celebrado por una persona física que no actúa en el marco de una actividad profesional, cuando el citado contrato garantiza el reembolso de una deuda que el deudor principal no haya contraído en el marco de la actividad profesional que ya ejerce?»
12 Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide en esencia que se dilucide si la Directiva debe interpretarse en el sentido de que está comprendido dentro de su ámbito de aplicación un contrato de fianza celebrado en garantía del reembolso de un crédito cuando ni el fiador ni el beneficiario del crédito hayan actuado en el marco de su actividad profesional.
13 La fábrica de cerveza, de la misma forma que los Gobiernos alemán, belga y finlandés, afirman que la Directiva no puede ser de aplicación a los contratos de fianza, en particular porque éstos no son contratos de crédito en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva, sino que constituyen compromisos unilaterales de garantía del reembolso de un crédito. En efecto, según la fábrica de cerveza y también según los Gobiernos alemán y finlandés, del Informe de la Comisión de 11 de mayo de 1995 relativo a la aplicación de la Directiva 87/102 [COM(95) 117 final; en lo sucesivo, «informe»] cuyo punto 345 pone de manifiesto que esta última no trata de las fianzas, se desprende que el contrato de fianza no se halla comprendido dentro del ámbito de aplicación de la referida Directiva.
14 Los Gobiernos alemán y finlandés alegan además que la Directiva pretende garantizar que el consumidor disponga, en la fecha de la celebración del contrato de crédito, de una información adecuada acerca de las obligaciones resultantes de éste y, por consiguiente, protegerle contra unos compromisos injustos. En cambio, la Directiva no contiene disposiciones que protejan al fiador, el cual se halla interesado, en primer lugar, en la solvencia del deudor principal. Además, los citados Gobiernos muestran su disconformidad con que la inclusión del contrato de fianza en el ámbito de aplicación de la Directiva pueda ser consecuencia únicamente del carácter accesorio de un compromiso de esta naturaleza.
15 En cambio, el Sr. Siepert, los Gobiernos español y francés, así como la Comisión consideran que el contrato de fianza puede hallarse comprendido dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, en razón sobre todo de la estrecha vinculación que tal contrato presenta con el contrato de crédito cuya ejecución garantiza. En efecto, según la Comisión, el silencio de la Directiva en lo relativo al estatuto de las personas que, al prestar su garantía o comprometerse como codeudores, participan en el contrato de crédito al lado del prestatario representa una laguna involuntaria.
16 Sobre este particular, el Gobierno francés y la Comisión precisan que, para estar comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, tanto el contrato principal como el contrato de fianza deberían haber sido celebrados por personas físicas que actúen con una finalidad que no sea la de llevar a cabo una actividad comercial o profesional. En particular, el carácter accesorio de la fianza lleva a excluir del citado ámbito de aplicación a aquellos contratos de fianza celebrados para garantizar unos créditos que no vayan destinados al consumo en el sentido de la citada Directiva.
17 Con carácter preliminar, procede destacar que, a tenor del artículo 1, apartado 2, letra c), de la Directiva, el ámbito de aplicación de ésta se halla limitado a los contratos de crédito entendiéndose por éstos aquellos contratos en cuya virtud «un prestamista concede o promete conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo o cualquier otra facilidad de pago».
18 Consta que el contrato de fianza no es un contrato de crédito en el sentido de esta disposición. Igualmente, dado que el tenor literal de ésta no apoya la interpretación según la cual el contrato de fianza se rige por la Directiva, debe examinarse, en consecuencia, si tanto el sistema como los objetivos de esta última implican que un contrato de esta índole se halla comprendido dentro de su ámbito de aplicación.
19 En primer lugar, por lo que atañe al sistema de la Directiva, debe recordarse que su artículo 4, apartado 3, prevé que el contrato de crédito, hecho por escrito, incluirá las demás condiciones esenciales del contrato, como ejemplo de las cuales el Anexo de la Directiva cita, en el punto 1, inciso vi), «en su caso, descripción de las garantías exigidas». De esta forma, la mención de éstas en el contrato de crédito pretende garantizar que las propias partes intervinientes en dicho contrato, es decir el prestatario y el prestamista, tengan un perfecto conocimiento de las garantías que condicionan la celebración del contrato. Sin embargo, no cabe deducir de la citada disposición que la Directiva establezca asimismo el régimen jurídico del contrato de fianza con respecto a las partes que hayan celebrado el contrato de crédito, ya que ésta no contiene ninguna norma expresa en ese sentido.
20 En lo que se refiere a los objetivos de la Directiva, de sus considerandos se desprende que ésta fue adoptada con la doble finalidad de garantizar, por una parte, la creación de un mercado común del crédito al consumo (considerandos tercero a quinto) y, por otra, de proteger a los consumidores que contraigan los citados créditos (considerandos sexto, séptimo y noveno).
21 En efecto, el artículo 4 de la Directiva exige que, en el momento de la celebración del contrato, el prestatario conozca todos los datos que puedan tener una influencia sobre el alcance de su compromiso, entre los cuales se hallan las garantías, precisamente con el propósito de proteger al consumidor contra unas condiciones crediticias injustas y para que pueda tener pleno conocimiento de las condiciones de la ejecución futura del contrato suscrito.
22 De esta forma, la doble circunstancia de que la Directiva, por una parte, enumere las garantías en la lista de las condiciones del contrato reputadas esenciales con respecto al prestatario y, por otra parte, no contenga ninguna disposición expresa relativa al régimen de la fianza o de otra forma de garantía pone de manifiesto que la citada Directiva, al contemplar las garantías destinadas a asegurar el reembolso del crédito bajo el único aspecto de la protección de los consumidores, ha querido excluir al contrato de fianza de su ámbito de aplicación.
23 Además, esta interpretación se ve corroborada, de una parte, por la afirmación contenida en el punto 345 del informe, de que la Directiva «no trata de las fianzas» así como, de otra parte, por el hecho de que, en el punto 16 de la Resolución del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 1997, sobre el citado informe (DO C 115, p. 27), «se señala que a la hora de hacer extensivas a los fiadores y garantes determinadas obligaciones previstas en la Directiva 87/102/CEE hay que tener en cuenta que éstos no se encuentran en la misma situación que los primeros prestatarios».
24 Por lo tanto, la Directiva se distancia, tanto por su sistema como por sus objetivos, de la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales (DO L 372, p. 31; EE 15/06, p. 131). En efecto, esta última Directiva, que no contiene ninguna otra restricción en cuanto a su ámbito de aplicación material según los tipos de contrato de que se trata, tanto si éstos versan sobre el suministro de bienes como de servicios, siempre que los consumidores actúen con fines que puedan considerarse ajenos a su actividad profesional, pretende proteger a estos últimos confiriéndoles un derecho general a desistir de un contrato celebrado no a iniciativa del cliente, sino del comerciante, cuando ese cliente haya podido hallarse en la imposibilidad de apreciar todas las consecuencias de su acto. Precisamente sobre la base de este objetivo de la Directiva en cuestión, el Tribunal de Justicia ha declarado que no puede excluirse de entrada de su ámbito de aplicación un contrato en beneficio de un tercero y, más en concreto, un contrato de fianza celebrado en el marco de una venta a domicilio (véase la sentencia de 17 de marzo de 1998, Dietzinger, C-45/96, Rec. p. I-1119, apartado 19).
25 Pues bien, debe considerarse que, en razón de sus objetivos, que se limitan casi exclusivamente a la información del deudor principal acerca del alcance de su compromiso, y habida cuenta de que no contiene disposición alguna que ofrezca una protección adecuada al fiador, cuyo interés primordial radica en conocer la solvencia del beneficiario del crédito para poder apreciar la probabilidad de que llegue a exigírsele el reembolso de éste, la Directiva no está destinada a aplicarse a los contratos de fianza.
26 Por añadidura, una ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva a los contratos de fianza no puede basarse únicamente en el carácter accesorio de éstos respecto al compromiso principal cuya ejecución garantizan, dado que una interpretación de esta índole no encuentra fundamento alguno en el tenor literal de dicha Directiva, según se dijo en el apartado 18 de la presente sentencia, como tampoco en el sistema o en los objetivos de ésta.
27 A la vista de todo lo anterior, procede responder a la cuestión planteada que la Directiva debe ser interpretada en el sentido de que no está comprendido dentro de su ámbito de aplicación un contrato de fianza celebrado en garantía del reembolso de un crédito cuando ni el fiador ni el beneficiario del crédito hayan actuado en el marco de su actividad profesional.
Decisión sobre las costas
Costas
28 Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, belga, español, francés y finlandés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Quinta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Landgericht Potsdam mediante resolución de 27 de abril de 1998, declara:
La Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, debe ser interpretada en el sentido de que no está comprendido dentro de su ámbito de aplicación un contrato de fianza celebrado en garantía del reembolso de un crédito cuando ni el fiador ni el beneficiario del crédito hayan actuado en el marco de su actividad profesional.