AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 22 de enero de 2025 (*)
« Recurso de anulación y de indemnización — Política económica y monetaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Dispositivo de resolución respecto de Banco Popular Español — Inadmisibilidad manifiesta parcial — Recurso en parte manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno »
En el asunto T‑613/17,
La Guirigaña, S. L., con domicilio social en Madrid, y las otras partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo, (1) representadas por el Sr. J. M. Díaz-Patón Porras, abogado,
partes demandantes,
contra
Banco Central Europeo (BCE), representado por los Sres. R. Ugena Torrejón y A. Lefterov, en calidad de agentes,
y
Junta Única de Resolución (JUR), representada por las Sras. H. N. K. Ehlers, M. S. Fernández Rupérez y A. R. Lapresta Bienz y por el Sr. J. Rius Riu, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. B. Meyring, F. B. Fernández de Trocóniz Robles y T. E. Klupsch y por la Sra. S. Ianc, abogados,
partes demandadas,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. A. Kornezov, Presidente, y los Sres. G. De Baere (Ponente) y D. Petrlík, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
habiendo considerado la fase escrita del procedimiento, en particular:
–        la decisión de suspender el procedimiento de 27 de junio de 2018;
–        la diligencia de ordenación del procedimiento por la que se instaba a las partes a pronunciarse sobre las consecuencias que procede extraer de la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), para la admisibilidad del presente recurso, y las respuestas de la JUR y del BCE;
dicta el siguiente
Auto
1        Mediante su recurso, los demandantes, La Guirigaña, S. L., y las otras personas físicas o jurídicas cuyos nombres figuran en anexo, solicitan, por un lado, sobre la base del artículo 263 TFUE, que se anule la Decisión SRB/EES/2017/08 de la Sesión Ejecutiva de la Junta Única de Resolución (JUR), de 7 de junio de 2017, relativa a la adopción de un dispositivo de resolución respecto de Banco Popular Español, S. A. (en lo sucesivo, «Banco Popular»), y, por otro lado, sobre la base de los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, que el Banco Central Europeo (BCE) los indemnice por las pérdidas correspondientes al valor de las acciones y obligaciones de Banco Popular de que eran titulares.
Antecedentes del litigio
2        Los demandantes eran titulares de acciones y obligaciones de Banco Popular antes de que se adoptara un dispositivo de resolución respecto de dicha entidad.
3        El 7 de junio de 2017, la Sesión Ejecutiva de la JUR adoptó la Decisión SRB/EES/2017/08, relativa a la adopción de un dispositivo de resolución respecto de Banco Popular (en lo sucesivo, «dispositivo de resolución»), sobre la base del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
4        El mismo día, a las 6.30, la Comisión Europea adoptó la Decisión (UE) 2017/1246, por la que se aprueba el régimen de resolución de Banco Popular (DO 2017, L 178, p. 15).
5        Según el considerando 4 de la Decisión 2017/1246:
«La Comisión aprueba el régimen de resolución. En particular, está de acuerdo con las razones por las que es necesaria una resolución en aras del interés general, aducidas por la [JUR] de conformidad con el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 806/2014.»
Pretensiones de las partes
6        Los demandantes solicitan, en esencia, al Tribunal General que:
–        Condene al BCE a indemnizarlos por el perjuicio sufrido correspondiente a la pérdida del valor de sus acciones y obligaciones.
–        Anule el dispositivo de resolución.
–        Con carácter subsidiario, condene a la JUR a indemnizarlos por la pérdida del valor de sus acciones y obligaciones.
7        El BCE y la JUR solicitan al Tribunal General que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a los demandantes.
Fundamentos de Derecho
8        A tenor del artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal General podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
9        En el presente caso, el Tribunal General considera que la documentación que obra en autos le ofrece información suficiente y, con arreglo al citado artículo, decide resolver sin continuar el procedimiento.
Sobre la pretensión de anulación
10      Según reiterada jurisprudencia, pueden ser objeto del recurso de anulación, en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en relación con el párrafo primero del mismo artículo, todas las disposiciones o medidas que adopten las instituciones, los órganos o los organismos de la Unión Europea, cualquiera que sea su forma, destinadas a producir efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de una persona física o jurídica, modificando sustancialmente la situación jurídica de esta. Para determinar si un acto produce tales efectos y, por ende, puede ser objeto de tal recurso, hay que atenerse a la esencia de ese acto y apreciar esos efectos a la luz de criterios objetivos, como el contenido de dicho acto, tomando en consideración, en su caso, el contexto en el que se adoptó y las facultades de la institución, del órgano o del organismo autor del acto (véase la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartado 65 y jurisprudencia citada).
11      Mediante sentencia de 1 de junio de 2022, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y SFL/JUR (T‑481/17, EU:T:2022:311), el Tribunal General declaró la admisibilidad del recurso por el que se solicitaba la anulación del dispositivo de resolución, pero lo desestimó por infundado.
12      Mediante sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia de 1 de junio de 2022, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y SFL/JUR (T‑481/17, EU:T:2022:311), en la medida en que declaraba admisible el recurso.
13      El Tribunal de Justicia declaró que el dispositivo de resolución no constituía un acto impugnable a los efectos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y que, en tales circunstancias, procedía declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto ante el Tribunal General para obtener la anulación del referido dispositivo (sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR, C‑551/22 P, EU:C:2024:520, apartados 102 y 103).
14      Por las mismas razones que las expuestas en los apartados 66 a 97 de la sentencia de 18 de junio de 2024, Comisión/JUR (C‑551/22 P, EU:C:2024:520), procede considerar que el presente recurso se dirige contra un acto que no puede ser objeto de recurso de anulación sobre la base del artículo 263 TFUE.
15      En consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad manifiesta de la pretensión de anulación del dispositivo de resolución.
Sobre la pretensión indemnizatoria
16      Los demandantes solicitan al Tribunal General que condene al BCE a la reparación del perjuicio que han sufrido por la pérdida correspondiente al valor nominal de las acciones y obligaciones de Banco Popular de que eran titulares antes de la adopción del dispositivo de resolución, por un importe total de 904 514,58 euros. Alegan que dicho perjuicio ha sido consecuencia directa del incumplimiento por parte del BCE de las obligaciones de supervisión e inspección que le incumben, y de no haber adoptado las medidas preventivas necesarias.
17      Sostienen que ni el BCE ni el Banco de España detectaron las pérdidas de cerca de 710 millones de euros ocultadas en las cuentas de Banco Popular, lo que implica que el BCE incumplió las obligaciones de supervisión que le incumben, establecidas como principio general en el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al BCE tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63), y que comparte con el Banco de España. Los demandantes invocan igualmente un incumplimiento de las medidas de protección y actuación temprana previstas en la legislación nacional y en el Reglamento n.º 806/2014. A este respecto, según los demandantes, no consta que el BCE o el Banco de España hayan requerido a Banco Popular para que adoptara medida alguna encaminada a modificar su plan de recuperación ni que hayan adoptado medida preventiva alguna.
18      En relación con este punto, conviene recordar que, según el artículo 340 TFUE, párrafo tercero, el BCE deberá reparar los daños causados por él o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
19      Para que se genere la responsabilidad extracontractual del BCE, en el sentido de la citada disposición, es necesario que concurran una serie de requisitos de modo acumulativo, a saber, la ilegalidad del comportamiento imputado al BCE, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado. Habida cuenta del carácter acumulativo de estos requisitos, la demanda deberá desestimarse en su totalidad en el supuesto de que no se cumpla uno de tales requisitos (sentencias de 7 de octubre de 2015, Accorinti y otros/BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, apartados 65 y 66; de 24 de enero de 2017, Nausicaa Anadyomène y Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, no publicada, EU:T:2017:21, apartado 68, y de 23 de mayo de 2019, Steinhoff y otros/BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, apartados 52 y 143).
20      Respecto a la relación de causalidad necesaria para que se genere la responsabilidad extracontractual del BCE, procede recordar que este requisito se refiere a la existencia de una relación suficientemente directa de causa a efecto entre el comportamiento imputado a la institución y el daño, relación que corresponde probar a la parte demandante, de modo que el comportamiento imputado debe ser la causa determinante del perjuicio (véanse las sentencias de 13 de diciembre de 2018, Unión Europea/ASPLA y Armando Álvarez, C‑174/17 P y C‑222/17 P, EU:C:2018:1015, apartado 23 y jurisprudencia citada, y de 5 de septiembre de 2019, Unión Europea/Guardian Europe y Guardian Europe/Unión Europea, C‑447/17 P y C‑479/17 P, EU:C:2019:672, apartado 32 y jurisprudencia citada).
21      En los casos en los que el comportamiento que supuestamente provocó el perjuicio alegado consiste en una abstención de obrar, resulta especialmente necesario adquirir la certeza de que el perjuicio fue causado efectivamente por las omisiones que se critican y no pudo ser provocado por comportamientos distintos de los que se imputan a la institución demandada (véase la sentencia de 16 de diciembre de 2015, Chart/SEAE, T‑138/14, EU:T:2015:981, apartado 132 y jurisprudencia citada).
22      A este respecto, procede señalar que, en la demanda, los demandantes sostienen que no consta que el BCE o el Banco de España hubieran adoptado medidas encaminadas a prevenir situaciones de insolvencia o falta de liquidez del banco con consecuencias tan gravosas como las que se derivan del dispositivo de resolución. Los demandantes afirman asimismo que el referido incumplimiento por el BCE de sus obligaciones de supervisión ocasionó supuestamente un deterioro de la situación de Banco Popular. A continuación, aducen que el deterioro de la situación de Banco Popular condujo al procedimiento de resolución causante del perjuicio invocado, a saber, la pérdida del valor de las acciones y las obligaciones de que eran titulares.
23      Por un lado, basta con señalar que los demandantes no han aportado ningún dato para sustentar su afirmación según la cual las supuestas omisiones del BCE ocasionaron un deterioro de la situación de Banco Popular. Los demandantes no sostienen que los supuestos incumplimientos por el BCE de sus obligaciones de supervisión sean la causa que determinó que Banco Popular estuviera en una situación de graves dificultades o que probablemente fuera a estarlo y que tal situación condujera a la adopción del dispositivo de resolución.
24      Por otro lado, de la demanda se desprende que el perjuicio invocado no es consecuencia directa del comportamiento imputado al BCE, sino de la decisión de la JUR, en el dispositivo de resolución, de convertir y amortizar los instrumentos de capital de Banco Popular y de transferirlos a Banco Santander, S. A.
25      De ello se sigue que los demandantes no han aportado la prueba de la existencia de una relación suficientemente directa entre el comportamiento imputado al BCE y el perjuicio invocado, sin que sea necesario examinar los demás requisitos que deben concurrir para que se genere la responsabilidad extracontractual de este último.
26      Por lo tanto, al no cumplirse el requisito para que se genere la responsabilidad extracontractual del BCE relativo a la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento imputado y el perjuicio invocado, debe desestimarse la pretensión indemnizatoria por ser manifiestamente infundada.
27      Por otro lado, mediante la tercera de sus pretensiones, los demandantes solicitan, para el caso de que su pretensión de anulación y su pretensión indemnizatoria sean desestimadas, que la JUR, a través del Fondo Único de Resolución (FUR), les satisfaga una indemnización, en virtud del artículo 76, apartado 1, letra e), del Reglamento n.º 806/2014, por el valor de sus acciones y obligaciones de un importe de 904 514,58 euros, más los intereses legales devengados desde la fecha de adopción del dispositivo de resolución.
28      El artículo 76, apartado 1, letra e), del Reglamento n.º 806/2014 establece que la JUR podrá utilizar el FUR con el fin de «pagar una compensación a los accionistas o acreedores en caso de que, a raíz de una evaluación realizada con arreglo al artículo 20, apartado 5, hayan incurrido en pérdidas mayores que aquellas en las que habrían incurrido, según una valoración de conformidad con el artículo 20, apartado 16, en una liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios».
29      Basta con señalar que, con arreglo a esta disposición, la Decisión SRB/EES/2020/52 por la que se determina la potencial concesión de una compensación a los accionistas y acreedores de Banco Popular sobre los que se adoptaron las medidas de resolución fue adoptada el 17 de marzo de 2020, después de que se hubiera interpuesto el presente recurso.
30      De ello se infiere que la pretensión de indemnización basada en el artículo 76, apartado 1, letra e), del Reglamento n.º 806/2014 es prematura y, por tanto, manifiestamente inadmisible.
31      Por consiguiente, procede desestimar el recurso en su totalidad por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno, sin que sea necesario pronunciarse sobre las solicitudes de los demandantes dirigidas al Tribunal General para que se ordenara la presentación de diferentes documentos, la designación de un experto y el examen de testigos.
32      En consecuencia, no ha lugar a pronunciarse sobre las demandas de intervención presentadas por el Reino de España, la Comisión, Banco Popular, Banco Santander, D. Diego Martínez Pastor, D.ª María Emilia Antón-Pacheco Maqueda, D. Pablo Sánchez Romero y D.ª Ana Isabel Calvo Monje.
Costas
33      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
34      Al haber sido desestimadas las pretensiones de los demandantes, procede condenarlos a cargar con sus propias costas y con las del BCE y la JUR, conforme a lo solicitado por estos.
35      Con arreglo al artículo 144, apartado 10, del Reglamento de Procedimiento, el Reino de España y la Comisión, así como el Sr. Martínez Pastor, la Sra. Antón-Pacheco Maqueda, el Sr. Sánchez Romero y la Sra. Calvo Monje, cargarán cada uno con sus propias costas correspondientes a las demandas de intervención. Al haber sucedido a Banco Popular a título universal el 28 de septiembre de 2018, Banco Santander cargará con sus propias costas y con las de Banco Popular correspondientes a las demandas de intervención.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
resuelve:
1)      Desestimar el recurso por ser en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno.
2)      Sobreseer las demandas de intervención del Reino de España, la Comisión Europea, Banco Santander, S. A., y Banco Popular Español, S. A., así como de D. Diego Martínez Pastor, D.ª María Emilia Antón-Pacheco Maqueda, D. Pablo Sánchez Romero y D.ª Ana Isabel Calvo Monje.
3)      Condenar a La Guirigaña, S. L., y a las otras partes demandantes cuyos nombres figuran en anexo a cargar con sus propias costas y con las del Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Única de Resolución (JUR).
4)      El Reino de España y la Comisión, así como el Sr. Martínez Pastor, la Sra. Antón-Pacheco Maqueda, el Sr. Sánchez Romero y la Sra. Calvo Monje, cargarán cada uno con sus propias costas correspondientes a las demandas de intervención.
5)      Banco Santander cargará con sus propias costas y con las de Banco Popular Español correspondientes a las demandas de intervención.
Dictado en Luxemburgo, a 22 de enero de 2025.
El Secretario
El Presidente
V. Di Bucci
A. Kornezov
*      Lengua de procedimiento: español.
1      Solo la versión notificada a las partes contiene en anexo la lista de las demás partes demandantes.