62024CJ0245_RES
Asunto C‑245/24
Lukoil Bulgaria EOOD_yLukoil Neftohim Burgas AD
contra
Komisia za zashtita na konkurentsiata
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-oblast)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de diciembre de 2025
«Procedimiento prejudicial — Competencia — Artículo 102 TFUE — Abuso de posición dominante — Mercado del almacenamiento de combustibles para vehículos de motor — Explotación abusiva — Denegación de acceso a una infraestructura esencial a empresas terceras — Infraestructura financiada con fondos públicos — Privatización de dicha infraestructura»
Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Necesidad de una decisión prejudicial y pertinencia de las cuestiones planteadas — Apreciación por el órgano jurisdiccional nacional — Presunción de pertinencia de las cuestiones planteadas
(Art. 267 TFUE)
(véanse los apartados 21 a 25)
Posición dominante — Abuso — Negativa de una empresa en posición dominante a permitir el acceso de otra empresa a un producto o a un servicio necesario para el ejercicio de su actividad — Denegación de acceso a una infraestructura de transporte y de almacenamiento de productos petrolíferos — Denegación a empresas terceras por dos sociedades integrantes de una misma empresa en posición dominante — Denegación que integra varias infracciones conforme al Derecho nacional — Abuso de posición dominante — Evaluación en relación con el comportamiento global que se imputa a la empresa en posición dominante — Obligación de la agencia nacional de la competencia de examinar el abuso de posición dominante respecto de cada infracción conforme al Derecho nacional — Inexistencia
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 30 a 42 y el punto 1 del fallo)
Posición dominante — Abuso — Negativa de una empresa en posición dominante a permitir el acceso de otra empresa a un producto o a un servicio necesario para el ejercicio de su actividad — Denegación de acceso a una infraestructura de transporte y de almacenamiento de productos petrolíferos — Infraestructura desarrollada por los poderes públicos antes de ser adquirida por la empresa dominante o antes de la concesión de derechos exclusivos a esta — Evaluación del carácter abusivo de la denegación de acceso a esa infraestructura — Evaluación según los criterios elaborados en relación con la denegación de acceso a una infraestructura desarrollada por una empresa dominante para las necesidades de su propia actividad — Requisitos — Autonomía decisoria total de la empresa dominante en relación con el acceso a la infraestructura de que se trate — Empresa dominante que ha adquirida la infraestructura o los derechos exclusivos sobre esa infraestructura a un precio y en unas condiciones resultantes de un procedimiento de libre competencia
(Art. 102 TFUE)
(véanse los apartados 44 a 57 y el punto 2 del fallo)
Resumen
En respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada ante él, el Tribunal de Justicia se pronuncia acerca de los requisitos de aplicación del artículo102 TFUE a una denegación de acceso por parte de una empresa dominante a una infraestructura esencial de la que dispone a raíz de la privatización de un antiguo monopolio del Estado.
Sobre la base de un contrato de privatización celebrado en 1999, el grupo económico Lukoil, del que forman parte las empresas Lukoil Bulgaria EOOD y Lukoil Neftohim Burgas AD (en lo sucesivo, «Lukoil Burgas»), pasó a ser propietario de una infraestructura de transporte y almacenamiento de productos petrolíferos anteriormente explotada por una empresa estatal búlgara. Esta infraestructura está constituida por tres oleoductos, siete depósitos y diferentes terminales de petróleo.
Tras esta privatización, Lukoil Burgas, el principal productor de productos petrolíferos de Bulgaria, gestiona la refinería de Burgas y dispone de una concesión para la explotación de la terminal portuaria de Rosenets. Lukoil Bulgaria, que se dedica a la distribución de productos petrolíferos, dispone de depósitos repartidos por todo el territorio búlgaro, de depósitos fiscales y de una red nacional de estaciones de servicio.
Tras haberse constatado que, en marzo de 2020, el precio al por menor del combustible había disminuido en Bulgaria en menor medida que el precio del petróleo en los mercados mundiales, se encargó a la Komisia za zashtita na konkurentsiata (Comisión para la Defensa de la Competencia, Bulgaria; en lo sucesivo, «autoridad búlgara de la competencia») que investigara la existencia de infracciones del Derecho de la competencia relativas a la fijación de los precios de venta de los combustibles al por menor.
Al término de la investigación, dicha autoridad constató que, entre 2016 y 2021, Lukoil Bulgaria y Lukoil Burgas cometieron diversas formas de abuso de posición dominante con una finalidad contraria a la competencia común, al denegar a otros productores o importadores de combustibles el acceso a la infraestructura de transporte y almacenamiento que explotaban. En particular, concluyó que denegaron el acceso a los depósitos fiscales, a los depósitos marítimos y a los oleoductos de que disponen (en los sucesivo, «comportamientos objeto del litigio»).
La autoridad búlgara de la competencia consideró que algunos de esos comportamientos debían calificarse de «negativa injustificada a suministrar bienes o servicios», en el sentido de la Ley de Defensa de la Competencia búlgara, mientras que otros debían calificarse de «restricción de la producción, del comercio y del desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores», en el sentido de dicha Ley. Dicho esto, la integración de estos comportamientos en una estrategia común del grupo Lukoil llevó a dicha autoridad a considerarlos una infracción única tanto del artículo 102 TFUE, como de las disposiciones de la Ley de Defensa de la Competencia. En concepto de sanción, impuso multas a Lukoil Bulgaria y a Lukoil Burgas.
Lukoil Bulgaria y Lukoil Burgas impugnaron esta decisión ante el Administrativen sad Sofia-oblast (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Sofía, Bulgaria), que decidió plantear al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales relativas al examen de los comportamientos objeto del litigio a la luz del artículo 102 TFUE.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Recordando que, según la autoridad búlgara de defensa de la competencia, algunos de los comportamientos objeto del litigio se consideran una denegación de acceso a instalaciones que forman parte de una misma infraestructura esencial, mientras que otras constituyen restricciones al comercio, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en primer lugar, si la calificación de los comportamientos objeto del litigio como abuso de posición dominante en el sentido del artículo102 TFUE exige que la autoridad búlgara de la competencia demuestre que concurren los requisitos establecidos en esta disposición tanto en relación con los comportamientos calificados de restricciones al comercio como con los calificados de denegación de acceso a las instalaciones de que se trata.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que el litigio principal se refiere a un comportamiento unilateral de dos sociedades pertenecientes a una misma empresa que fueron sancionadas individualmente debido, en esencia, a su negativa a dar acceso a varias instalaciones bajo su control respectivo, consideradas como constitutivas, conjuntamente, en el mercado pertinente, de una infraestructura esencial. Por lo tanto, a Lukoil Burgas y a Lukoil Bulgaria se les imputa, a la luz del artículo 102 TFUE, un mismo tipo de comportamiento abusivo y no tipos de comportamiento diferentes.
El Tribunal de Justicia recuerda que, según reiterada jurisprudencia, el Derecho de la Unión en materia de competencia, al tener por objeto las actividades de las empresas, consagra como criterio decisivo la existencia de una unidad de comportamiento en el mercado, sin que la separación formal entre diversas sociedades, resultado de su personalidad jurídica distinta, pueda oponerse a tal unidad a efectos de la aplicación de las normas de competencia.
A la luz de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia responde al órgano jurisdiccional remitente que, para que una autoridad de defensa de la competencia pueda estimar que los comportamientos de las dos sociedades integrantes de una misma empresa dominante, consistentes, según esa autoridad, en denegar el acceso a instalaciones que se hallan bajo su control respectivo y que forman parte de una misma infraestructura esencial controlada por esa empresa y en restringir así el comercio, constituyen un abuso de posición dominante prohibido por el artículo 102 TFUE, dicha autoridad no está obligada a constatar que concurren los requisitos de dicha disposición respecto tanto de los comportamientos que se consideran denegaciones injustificadas de acceso a esas instalaciones como de los comportamientos que se consideran restricciones al comercio, siempre que pueda demostrar que concurren tales requisitos respecto del comportamiento abusivo global que se imputa a dicha empresa.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que los requisitos enunciados en el apartado 41 de la sentencia Bronner, (
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) que permiten considerar que una denegación de acceso a una infraestructura puede constituir un abuso de posición dominante, son inaplicables cuando dicha infraestructura no ha sido desarrollada por la empresa dominante para las necesidades de sus propias actividades, sino por los poderes públicos, y, bien fue objeto de una concesión de servicios por parte del Estado a dicha empresa, o bien fue adquirida por esta última al término de una operación de privatización.
En el apartado 41 de la sentencia Bronner, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que una denegación de acceso a una infraestructura desarrollada por una empresa dominante para las necesidades de sus propias actividades y gestionada por ella puede constituir un abuso de posición dominante siempre que no solo la denegación pueda eliminar toda competencia en el mercado de referencia por parte de quien solicita el servicio y no pueda justificarse objetivamente, sino, además, que la infraestructura, en sí misma, sea indispensable para el ejercicio de la actividad de este, en el sentido de que no haya ninguna alternativa real o potencial a la citada infraestructura.
A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que es, en particular, la necesidad de seguir incentivando que las empresas en situación de posición dominante inviertan en el desarrollo de productos o servicios de calidad, en interés de los consumidores, lo que justifica la aplicación de los requisitos enunciados en el apartado 41 de la sentencia Bronner en el supuesto en el que una empresa en situación de posición dominante haya, por un lado, desarrollado una infraestructura para las necesidades de sus propias actividades y, por otro lado, sea propietaria de esa infraestructura. Dado que estos dos últimos criterios son acumulativos, basta con que falte uno de ellos para que no sean aplicables los requisitos enunciados en la sentencia Bronner.
Por lo que respecta al criterio según el cual la empresa en posición dominante debe poseer la infraestructura de que se trate, el Tribunal de Justicia precisa que la circunstancia de que una empresa dominante no disponga de autonomía decisoria total en cuanto al acceso a la infraestructura que explota basta para excluir que pueda ser considerada su propietaria y, por consiguiente, para excluir la aplicación de los requisitos enunciados en el apartado 41 de la sentencia Bronner. En tal situación, el carácter acumulativo de los dos criterios de aplicación de estos requisitos priva de toda pertinencia a la cuestión de si la infraestructura de que se trata fue desarrollada para las necesidades de las propias actividades de la empresa dominante.
Contrariamente a lo que alegan Lukoil Bulgaria y Lukoil Burgas, lo mismo ocurre cuando una infraestructura respecto de la que la empresa dominante no dispone de autonomía decisoria total haya sido constituida y desarrollada por las autoridades públicas con fondos públicos y posteriormente adquirida por dicha empresa a un precio fijado en régimen de libre competencia y en la que dicha empresa haya realizado costosas inversiones posteriores, independientemente de la magnitud del precio pagado y de las inversiones realizadas.
En cambio, cuando la empresa dominante dispone de tal autonomía decisoria total, no puede considerarse que el hecho de que una infraestructura haya sido constituida o desarrollada por autoridades públicas o con fondos públicos baste para excluir, en cualquier caso, la aplicación de los requisitos enunciados en el apartado 41 de la sentencia Bronner. En efecto, cuando una empresa dominante ha adquirido, a un precio y en unas condiciones resultantes de un procedimiento de libre competencia, una infraestructura de este tipo o derechos exclusivos que le confieren una autonomía decisoria que le permite controlar totalmente el acceso a dicha infraestructura, esta se asemeja a una infraestructura constituida o desarrollada por dicha empresa. Por el contrario, si se demuestra que el proceso de privatización no era adecuado para garantizar la naturaleza competitiva del precio y de las condiciones de adquisición, debe excluirse tal asimilación.
Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal de Justicia responde al órgano jurisdiccional remitente que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que los requisitos enunciados en el apartado 41 de la sentencia Bronner, que permiten considerar que una denegación de acceso a una infraestructura puede constituir un abuso de posición dominante, son aplicables a una infraestructura que fue desarrollada por los poderes públicos antes de ser adquirida por una empresa dominante al término de una operación de privatización o antes de ser utilizada por esa empresa en virtud de derechos exclusivos que le fueron transferidos por dichos poderes públicos, siempre que, por un lado, la operación de privatización o de transferencia de derechos exclusivos se haya llevado a cabo en condiciones aptas para garantizar la naturaleza competitiva del precio y de las demás condiciones de dicha privatización y, por otro lado, que la referida empresa posea plena autonomía decisoria en cuanto al acceso a esa infraestructura.
(
1
)	Sentencia de 26 de noviembre de 1998, Bronner (C‑7/97, EU:C:1998:569).