Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 23 de abril de 2026 (*)
« Recurso de casación — Función pública — Retribución — Asignaciones por hijos a cargo — Artículo 2 del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea — Requisitos para su concesión — Revocación de la asignación — Devolución de las cantidades percibidas en exceso en virtud del artículo 85 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea — Recurso de anulación — Artículo 91 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea — Desnaturalización — Apreciación de la legalidad de un acto en la fecha de su adopción — Alcance retroactivo de una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional nacional — Fuerza de cosa juzgada »
En el asunto C‑882/24 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 19 de diciembre de 2024,
AL, representado por la Sra. R. Crăciun, avocate,
parte recurrente en casación,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión Europea, representada por los Sres. T. S. Bohr y L. Hohenecker, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin, S. Gervasoni (Ponente) y M. Bošnjak, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 20 de noviembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso de casación, AL solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 10 de abril de 2024, AL/Comisión (T‑50/22, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2024:220), por la que este desestimó su recurso de anulación de la decisión de la Comisión Europea de 22 de octubre de 2021, en la medida en que ordena la recuperación de determinadas cantidades pagadas en concepto de asignaciones por su madre y tres hijos a cargo (en lo sucesivo, «decisión controvertida»).
Antecedentes del litigio
2        Los antecedentes del litigio se expusieron en los apartados 2 a 13 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:
«2      El demandante [era] funcionario de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea desde el 1 de diciembre de 2007.
3      Después de que el demandante lo hubiera solicitado, se le concedieron diversas asignaciones entre 2009 y 2019, en la medida en que su madre y otras tres personas fueron asimiladas a hijos a su cargo en el sentido del artículo
2, apartado
4, del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Estatuto”).
4      El 13 de mayo de 2019, en virtud del artículo
2, apartado
2, del Estatuto, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2019/792, por la que se confía a la Comisión Europea
—la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO)—
el ejercicio de determinadas competencias atribuidas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y a la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo (DO 2019, L 129, p. 3).
5      El 22 de julio de 2020, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) informó al demandante de que era objeto de una investigación, iniciada a finales de 2016, relativa a un posible fraude en relación con su declaración sobre la composición de su familia y con las condiciones en las que había obtenido los complementos familiares correspondientes y los requisitos de obtención de tales complementos.
6      En diciembre de 2020, la OLAF informó al demandante de que había concluido la investigación mencionada en el anterior apartado
5. Además, la OLAF comunicó al demandante y a la Secretaría General del Consejo el informe final de la investigación relativa al demandante y dos recomendaciones. La primera se refería a la recuperación de las cantidades que la OLAF consideraba que se habían pagado indebidamente al demandante en concepto de dichos complementos y la segunda se refería a la incoación de un procedimiento disciplinario.
7      El 10 de febrero de 2021, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, “AFPN”) del Consejo decidió, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
3 del anexo IX del Estatuto, incoar un procedimiento disciplinario contra el demandante.
8      Mediante una nota de 3 de marzo de 2021, la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) de la Comisión informó al demandante de que, a raíz de las recomendaciones de la OLAF, se recuperarían las cantidades percibidas en exceso, que ascendían a un importe total, excluidos los intereses, de 142 824,71 euros, y de que podía presentar sus observaciones sobre dicha decisión en un plazo de quince días a partir de su notificación. El 19 de marzo de 2021, el demandante remitió sus observaciones a la PMO.
9      Mediante decisión de 22 de marzo de 2021, la PMO informó al demandante de que, habida cuenta del informe final de la OLAF y tras analizar sus observaciones, se había decidido aplicar la nota de 3 de marzo de 2021 y emitir la correspondiente orden de recuperación con arreglo al artículo
85 del Estatuto, relativo a la devolución de las cantidades percibidas en exceso. En particular, se ordenó la recuperación del importe de las asignaciones pagadas:
–        por lo que respecta a la madre del demandante, en relación con el período comprendido entre el 1 de octubre de 2009 y el 30 de septiembre de 2015, tal y como se había acordado en la decisión de 22 de marzo de 2021, en la medida en que no podía asimilarse a un hijo a cargo, en el sentido del artículo
2, apartado
4, del anexo VII del Estatuto, y en la medida en que el demandante había inducido deliberadamente a error a la administración, con arreglo al artículo
85, párrafo segundo, del Estatuto, al no haber declarado, en la solicitud de la asignación en cuestión, la pensión militar de la que era beneficiario;
–        por lo que respecta a los dos menores a cargo del demandante (en lo sucesivo, “A y B”), de quienes era tío político y a quienes había acogido, por el período comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 31 de julio de 2013, en relación con uno de ellos, y entre el 1 de agosto de 2010 y el 31 de marzo de 2013, en relación con el otro, tal y como se había acordado en la decisión de 22 de marzo de 2021, debido a la extinción jurídica de la relación vinculada al acogimiento familiar, habida cuenta de la resolución de las autoridades rumanas de protección de menores de 30 de enero de 2013, que había puesto fin a las medidas de acogimiento en la familia del demandante [(en lo sucesivo, “resolución nacional por la que se pone fin al régimen de acogimiento”)]. Además, el demandante indujo deliberadamente a error a la administración, en el sentido del artículo
85, párrafo segundo, del Estatuto, en relación con el final del período de acogimiento familiar de los dos menores;
–        por lo que respecta a la hija adoptiva del demandante (en lo sucesivo, “C”), respecto de la cual el demandante había obtenido, el 16 de abril de 2019, una resolución de adopción dictada por un órgano jurisdiccional rumano, en relación con el período comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de enero de 2021, y el cese del pago de las asignaciones a partir del 1 de febrero de 2021, tal y como se había acordado en la decisión de 22 de marzo de 2021, debido a que el demandante no había aportado prueba alguna de que mantuviera efectivamente a C.
10      El 22 de junio de 2021, el demandante presentó una reclamación con arreglo al artículo
90, apartado
2, del Estatuto contra la decisión de 22 de marzo de 2021.
11      El 27 de septiembre de 2021, al término del procedimiento disciplinario, la AFPN del Consejo adoptó la sanción de separación del servicio del demandante de conformidad con el artículo
9, apartado
1, letra h), del anexo IX del Estatuto.
12      El 22 de octubre de 2021, el director general de Recursos Humanos y Seguridad de la Comisión adoptó la [decisión controvertida].
13      Mediante esta decisión, el director general de Recursos Humanos y Seguridad de la Comisión desestimó parcialmente la reclamación presentada por el demandante contra la decisión de 22 de marzo de 2021 e indicó que procedía suspender el pago de los complementos familiares que este percibía por C y ordenar la recuperación de varios complementos familiares percibidos por el demandante. No obstante, dicha reclamación fue estimada por lo que respecta a las asignaciones percibidas por el demandante en relación con A y B durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2010 y el 29 de enero de 2013.»
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
3        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 21 de enero de 2022, el recurrente interpuso el recurso mencionado en el apartado 1 de la presente sentencia.
4        En apoyo de las pretensiones de dicho recurso, el recurrente invocó cinco motivos, basados, el primero, en la infracción de los artículos
4, 5, 9 y 10 de la decisión del Consejo de 29 de abril de 2004 por la que se adoptan las disposiciones generales de ejecución en materia de asimilación de una persona a un hijo a cargo (en lo sucesivo, «DGE»); el segundo, en la infracción del artículo
85 del Estatuto y en un error de apreciación en relación con la asignación abonada por su madre, asimilada a un hijo a cargo; el tercero, en la violación del principio de protección de la confianza legítima y del principio de buena administración; el cuarto, en la infracción del artículo
85 del Estatuto y en un error de apreciación en relación con la asignación por hijo a cargo abonada por A y B, y, el quinto, en la infracción del artículo
85 del Estatuto y en un error de apreciación relativo a la asignación por hijo a cargo abonada por C.
5        Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó dicho recurso en su totalidad.
Pretensiones de las partes
6        Mediante su recurso de casación, el recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Anule la decisión controvertida en la medida en que desestima parcialmente la reclamación presentada por el recurrente contra la decisión de 22 de marzo de 2021.
–        Condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las del recurrente.
7        La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene al recurrente al pago de la totalidad de las costas.
Sobre el recurso de casación
8        En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca tres motivos: el primero, basado en la aplicación errónea de las DGE; el segundo, en la desnaturalización de los hechos y en la violación del principio del paralelismo de formas, y, el tercero, en la falta de control jurisdiccional.
Primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
9        El recurrente sostiene que, en los apartados
50 y 51 de la sentencia recurrida, en su respuesta al primer motivo de la demanda en primera instancia, el Tribunal General aplicó erróneamente las DGE al considerar que la carga que el recurrente asumía por la manutención de su madre debía calcularse deduciendo no solo los ingresos de esta y el valor del alquiler del inmueble que esta tiene en propiedad, sino también la contribución de otra persona a la manutención de su madre y los ingresos del recurrente correspondientes a su pensión militar. Señala el recurrente que estas dos últimas deducciones deben aplicarse no con arreglo al artículo
5, apartado
1, de las DGE, que se refiere estrictamente a la deducción de los ingresos de la persona a cargo, sino con arreglo al artículo
9 de las DGE. Este error llevó al Tribunal General, según el recurrente, a confirmar el cálculo erróneo de la administración.
10      Este cálculo también debería corregirse, a juicio del recurrente, para tener en cuenta la resolución de 29 de mayo de 2024 por la que el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía) condenó a la madre del recurrente a devolver su pensión de jubilación correspondiente al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2007 y el 1 de mayo de 2023. Por lo tanto, el importe de dicha pensión no debería haberse deducido de los costes que soportaba el recurrente por la manutención de su madre.
11      La Comisión solicita que se desestime este motivo de casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
12      En primer lugar, el recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado que la Comisión había aplicado correctamente el artículo
5, apartado
1, de las DGE al deducir de los costes de manutención de su madre la contribución de otra persona a su manutención y la pensión militar que él percibía, pese a que tales importes deberían haberse deducido con arreglo al artículo
9 de las DGE.
13      Sin embargo, del apartado
50 de la sentencia recurrida se desprende que esta imputación carece de fundamento. En efecto, el Tribunal General indicó expresamente, en ese apartado, que la Comisión había deducido la contribución de otra persona a la manutención de la madre del recurrente de conformidad con el artículo 6 de las DGE y que los demás ingresos netos del recurrente correspondientes a su pensión militar se habían deducido en virtud del artículo 9 de las DGE.
14      En segundo lugar, procede recordar que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho, excluyendo cualquier apreciación de los hechos, salvo en el supuesto de su desnaturalización, y que la constatación de una desnaturalización excluye la posibilidad de recurrir a nuevas pruebas que no se hayan presentado ante el Tribunal General (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de julio de 2007, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, C‑326/05 P, EU:C:2007:443, apartado 60, y de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, apartado 76).
15      De ello se deduce que el recurrente no puede invocar, en apoyo de su recurso de casación, la sentencia del Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) dictada el 29 de mayo de 2024, que es posterior la sentencia recurrida.
16      No obstante, si dicha sentencia, en virtud de la cual, según el recurrente, se condenó a su madre a devolver su pensión de jubilación correspondiente al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2007 y el 1 de mayo de 2023, modificó con carácter retroactivo los ingresos de esa persona a su cargo, puede constituir un elemento nuevo que puede modificar el cálculo de las asignaciones adeudadas al recurrente por la manutención de su madre durante el período mencionado. Corresponde a este último invocarlo, si lo considera fundado, en apoyo de una solicitud de revisión de la decisión controvertida.
17      De lo anterior se desprende que procede desestimar el primer motivo de casación.
Segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
18      El recurrente sostiene que, en los apartados
100 y 101 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en tres errores de Derecho en su respuesta al cuarto motivo de su recurso interpuesto en primera instancia. Este motivo de casación se divide, por ello, en tres partes.
19      En la primera parte de su segundo motivo de casación, el recurrente alega que el citado Tribunal no tuvo en cuenta la sentencia del Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) de 16 de mayo de 2022 (en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal de Distrito de Bucarest de 16 de mayo de 2022»), cuya copia se había adjuntado como anexo a su escrito de réplica. Al afirmar, en el apartado
100 de la sentencia recurrida, que se había «interpuesto ante los órganos jurisdiccionales rumanos un recurso contra la resolución [nacional] por la que se pone fin al régimen de acogimiento», el Tribunal General desnaturalizó los hechos, ya que no podía ignorar que, mediante la sentencia antes mencionada, el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) había puesto fin al procedimiento y había declarado la «nulidad absoluta» de la resolución nacional por la que se ponía fin al régimen de acogimiento.
20      En la segunda parte de este motivo de casación, el recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la resolución nacional por la que se ponía fin al régimen de acogimiento había producido efectos jurídicos desde enero de 2013. Señala el recurrente
que la sentencia del Tribunal de Distrito de Bucarest de 16 de mayo de 2022 había declarado la nulidad absoluta ex tunc de dicha resolución. Además, dicho órgano jurisdiccional había declarado que la medida de acogimiento familiar había finalizado el 13 de mayo de 2014 en el caso de A y el 28 de julio de 2013 en el caso de B, con todas las consecuencias jurídicas que ello implicaba.
21      En la tercera parte de dicho motivo de casación, el recurrente alega que el Tribunal General violó el principio de paralelismo de formas al considerar, en el apartado
101 de la sentencia recurrida, que resultaba indiferente saber si la asignación para la manutención de A y de B se había concedido sobre la base de documentos consulares o de la resolución de acogimiento de 28 de julio de 2010. Dado que esta asignación se había concedido y se había renovado sobre la base de declaraciones consulares, el recurrente sostiene que solo podría haberse retirado sobre la base de documentos consulares y no sobre la base de la resolución nacional por la que se ponía fin al régimen de acogimiento.
22      La Comisión señala, en primer lugar, que, según reiterada jurisprudencia, la legalidad del acto impugnado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó dicho acto. A tal efecto, solo deben tomarse en consideración los elementos de los que la Comisión podía tener conocimiento en el marco del procedimiento administrativo. Por consiguiente, el Tribunal General actuó acertadamente al no tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Distrito de Bucarest de 16 de mayo de 2022, que era posterior a la decisión controvertida. Al situarse, como debía, en la fecha de dicha decisión, el 22 de octubre de 2021, el Tribunal General no desnaturalizó los hechos cuando indicó, en el apartado
100 de la sentencia recurrida, que estaba pendiente ante los órganos jurisdiccionales rumanos un recurso contra la resolución nacional por la que se ponía fin al régimen de acogimiento.
23      En segundo lugar, la Comisión considera que el Tribunal General tampoco incurrió en error de Derecho al concluir que la resolución nacional por la que se ponía fin al régimen de acogimiento había producido efectos jurídicos a partir del mes de enero de 2013, puesto que, el 22 de octubre de 2021, en la fecha de la decisión controvertida, dicha resolución nacional aún no había sido anulada.
24      En tercer lugar, el apartado
101 de la sentencia recurrida no adolece de ningún error de Derecho, según la Comisión. El recurrente no fundamenta en modo alguno su referencia al principio del paralelismo de formas. En cualquier caso, la resolución nacional por la que se pone fin al régimen de acogimiento justifica la recuperación de las asignaciones indebidamente pagadas por la manutención de los dos menores tras la citada resolución, con independencia de los documentos utilizados para obtener dicha recuperación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
25      En las partes primera y segunda del segundo motivo de casación, que procede examinar conjuntamente, el recurrente sostiene que el Tribunal General desnaturalizó los hechos del litigio al no tener en cuenta, en el apartado
100 de la sentencia recurrida, la sentencia del Tribunal de Distrito de Bucarest de 16 de mayo de 2022, cuya copia se había adjuntado como anexo a su escrito de réplica ante el Tribunal General.
26      Debe recordarse que, conforme al artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por consiguiente, el Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y las pruebas que se le presentan. La apreciación de esos hechos y pruebas no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en sede de casación, salvo cuando tales hechos o pruebas hayan sido desnaturalizados (sentencia de 1 de agosto de 2025, Francia y Comisión/CWS Powder Coating y otros, C‑71/23 P y C‑82/23 P, EU:C:2025:601, apartado
66). Es preciso que la desnaturalización pueda deducirse de forma manifiesta de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (sentencia de 1 de agosto de 2025, Francia y Comisión/CWS Powder Coating y otros, C‑71/23 P y C‑82/23 P, EU:C:2025:601, apartado 67).
27      Mediante la sentencia de 16 de mayo de 2022, que el recurrente adjuntó a su escrito de réplica ante el Tribunal General, el Tribunalul București (Tribunal de Distrito de Bucarest) anuló definitivamente la resolución nacional por la que se ponía
fin al régimen de acogimiento.
28      Pues bien, el Tribunal General afirmó, en primer lugar, en el apartado
100 de la sentencia recurrida, que se había «interpuesto ante los órganos jurisdiccionales rumanos un recurso contra la [resolución nacional por la que se pone fin al régimen de acogimiento]», pese a que era evidente que no podía ignorar que dicha resolución había sido anulada, ya que la sentencia del Tribunal de Distrito de Bucarest de 16 de mayo de 2022 se había aportado al procedimiento.
29      En segundo lugar, el Tribunal General declaró, en el mismo apartado de la sentencia recurrida, que la citada resolución había «desplegado efectivamente efectos jurídicos a partir del mes de enero de 2013», pese a que era evidente que debía considerarse, tras la sentencia del Tribunal de Distrito de Bucarest de 16 de mayo de 2022, que dicha resolución nunca había desplegado efectos jurídicos.
30      De lo anterior resulta que la apreciación de los hechos del litigio que figura en el apartado
100 de la sentencia recurrida es manifiestamente errónea.
31      No obstante, la Comisión alega que, para apreciar la legalidad de la decisión controvertida, el Tribunal General tomó acertadamente como referencia la fecha de esta y, por tanto, no estaba obligado a tener en cuenta una sentencia dictada con posterioridad.
32      Es cierto que, según reiterada jurisprudencia, la legalidad del acto impugnado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto (sentencias de 7 de febrero de 1979, Francia/Comisión, 15/76 y 16/76, EU:C:1979:29, apartado
7; de 15 de abril de 2010, Gualtieri/Comisión, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, apartado
26, y de 4 de octubre de 2024, García Fernández y otros/Comisión y JUR, C‑541/22 P, EU:C:2024:820, apartado 327).
33      No obstante, como ha expuesto en esencia el Abogado General en los puntos
50 a 55 de sus conclusiones, no puede sostenerse válidamente que la sentencia del Tribunal de Distrito de Bucarest de 16 de mayo de 2022 no era un elemento que existía en la fecha de la decisión controvertida sin ignorar el alcance retroactivo de dicha sentencia.
34      En efecto, al anular, con efectos ex tunc, la resolución nacional por la que se ponía
fin al régimen de acogimiento, la referida
sentencia había hecho desaparecer dicha resolución del ordenamiento jurídico ab initio y había restablecido la situación jurídica anterior, tal y como existía antes de la adopción de la citada resolución, a saber, el régimen de acogimiento familiar de A y de B en el hogar del recurrente.
35      Por consiguiente, el Tribunal General desnaturalizó la situación jurídica de los menores A y B con respecto a AL en la fecha de la decisión controvertida al declarar que la resolución nacional por la que se ponía
fin al régimen de acogimiento había producido efectos jurídicos al poner fin al acogimiento familiar de A y de B, pese a que dicha resolución había sido anulada por la sentencia del Tribunal de Distrito de Bucarest de 16 de mayo de 2022.
36      Si bien la Comisión alega también que el Tribunal General debió tomar en consideración únicamente los elementos de los que ella había podido tener conocimiento en el marco del procedimiento administrativo, es preciso subrayar que tal limitación de principio del control de legalidad ejercido por el juez de la Unión no se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
37      Por el contrario, el Tribunal de Justicia ha precisado que el alcance del control de legalidad previsto en el artículo
263 TFUE puede extenderse, en determinados casos, a todos los elementos aportados por los recurrentes, sean anteriores o posteriores a la decisión adoptada, hayan sido presentados previamente durante el procedimiento administrativo o lo sean por primera vez en el marco del recurso del que conoce el Tribunal General, en la medida en que dichos elementos sean pertinentes para el control de la legalidad de la decisión impugnada en el momento en que esta se adoptó (véase, por analogía, la sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, apartado 72 y jurisprudencia citada).
38      Esta solución es aplicable en el presente asunto. En efecto, por un lado, tal y como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento administrativo previo previsto en el artículo 91 del Estatuto tiene por objeto permitir y favorecer una solución amistosa de los litigios entre los funcionarios y la administración, y no vincular, de forma rigurosa y definitiva, la eventual fase contenciosa, siempre que el recurso jurisdiccional no modifique ni la causa ni el objeto de la reclamación [véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de mayo de 1986, Rihoux y otros/Comisión, 52/85, EU:C:1986:199, apartado 12, y de 29 de enero de 2026, PB/JUR (Decisión de no reclasificación), C‑727/23 P, EU:C:2026:58, apartado 50].
39      Por otro lado, como ha señalado el Abogado General en los puntos
70 y 71 de sus conclusiones, en el contexto del artículo
85 del Estatuto, la reclamación permite, en particular, a la administración obtener aclaraciones sobre los presupuestos de aplicación de dicho artículo y evitar así que se recurra a la vía contenciosa. Pues bien, exigir que el recurrente acuda de nuevo a la administración para poder invocar ante el Tribunal General una sentencia que fija determinados hechos que existían en la fecha de la decisión controvertida sería contrario a dicho objetivo.
40      De lo anterior resulta que procede estimar el segundo motivo de casación en sus partes primera y segunda.
41      Mediante la tercera parte del segundo motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General haber violado, en el apartado
101 de la sentencia recurrida, el principio del paralelismo de formas al declarar que la AFPN podía
acordar legalmente retirar la asignación para la manutención de A y de B sobre la base de la resolución nacional por la que se ponía fin al régimen de acogimiento, pese a que dicha asignación había sido concedida y renovada por la AFPN sobre la base de documentos consulares.
42      No obstante, el artículo
2, apartado
1, del anexo VII del Estatuto supedita la concesión de la asignación por hijo a cargo únicamente a un requisito de fondo, a saber, la manutención efectiva de uno o varios hijos, y no exige que la decisión de conceder dicha asignación se adopte sobre la base de determinados documentos. Por consiguiente, la adopción de la decisión por la que se revoca dicha asignación tampoco es objeto de tal exigencia.
43      En estas circunstancias, el Tribunal General declaró acertadamente, en el apartado
101 de la sentencia recurrida, que era indiferente para la legalidad de la devolución de las asignaciones abonadas para la manutención de A y de B saber sobre la base de qué documentos se habían concedido dichas asignaciones.
44      De las anteriores consideraciones se sigue que debe desestimarse la tercera parte del segundo motivo de casación.
Tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
45      El recurrente sostiene que el apartado
120 de la sentencia recurrida pone de manifiesto el hecho de que el Tribunal General no ejerció un control jurisdiccional imparcial y efectivo sobre las pruebas que había aportado sobre la realidad de sus gastos para garantizar la manutención de C.
46      Para acreditar dicha manutención, el recurrente
remitió a la AFPN, durante el procedimiento administrativo, todos los extractos de su cuenta bancaria para probar las transferencias efectuadas y los de la cuenta bancaria de C en los que constaban las transferencias de las que esta, por su parte, se había beneficiado. Sin embargo, durante este procedimiento, la AFPN solicitó la divulgación completa de la cuenta bancaria de C con el fin de determinar si la asignación por hijo a cargo se había utilizado exclusiva y efectivamente para garantizar su manutención. No obstante, el recurrente no accedió a esta solicitud, dado que C, al haber alcanzado la mayoría de edad, no había consentido en la divulgación de esa información.
47      Con el fin de disipar las dudas de la AFPN sobre la falta de uso por parte de C de su propia cuenta o sobre la posible transferencia por parte de C de las
asignaciones a la cuenta del recurrente, este, tras haber obtenido el consentimiento de C, adjuntó a su demanda en primera instancia los extractos bancarios solicitados. De ellos se desprende claramente que C había utilizado las asignaciones para sí misma y que no había realizado ningún pago desde su cuenta a la cuenta del recurrente.
48      Sin embargo, el Tribunal General declaró, en el apartado
120 de la sentencia recurrida, que «los extractos de la cuenta bancaria de C no constituyen una prueba suficiente para demostrar la manutención efectiva de C por el demandante», sin fundamentar esta afirmación ni indicar lo que constituye una prueba suficiente de la realidad de dicha manutención.
49      El recurrente recuerda que el control jurisdiccional ejercido por el Tribunal General en materia de actos administrativos comprendidos en el ámbito de aplicación del Estatuto debe conciliar la facultad discrecional de las instituciones de la Unión Europea con la protección de los derechos de los miembros del personal, velando por que las decisiones que afecten a los particulares estén debidamente motivadas y sean proporcionadas.
50      La Comisión solicita que se desestime este motivo de casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
51      Mediante el tercer motivo de casación, el recurrente impugna la apreciación realizada por el Tribunal General, en el apartado
120 de la sentencia recurrida, de las pruebas adicionales de la
manutención efectiva de C que adjuntó como anexo a su demanda en primera instancia. La insuficiente motivación de esta apreciación muestra, a su parecer, que el Tribunal General no ejerció un control jurisdiccional imparcial y efectivo de dichas pruebas.
52      El Tribunal General declaró en ese apartado que, «a la luz de las dudas planteadas por la Comisión en la decisión impugnada, los extractos de la cuenta bancaria de C no constituyen una prueba suficiente para demostrar la manutención efectiva de C por el demandante».
53      Es preciso señalar que esta motivación difícilmente permite comprender cómo las dudas planteadas por la Comisión en la decisión controvertida, cuando dicha institución aún no tenía conocimiento de los extractos bancarios en cuestión, pueden desvirtuar el valor probatorio de esos documentos.
54      No obstante, procede señalar que la apreciación, que figura en el apartado
120 de la sentencia recurrida, del valor probatorio de los extractos de la cuenta bancaria de C fue realizada por el Tribunal General únicamente a mayor abundamiento, como subraya expresamente el empleo de la expresión «en cualquier caso» en el encabezamiento de dicho apartado. Así lo confirma el hecho de que el Tribunal General ya se hubiera pronunciado, en el apartado
119 de la sentencia recurrida, sobre los extractos controvertidos de la cuenta bancaria de C.
55      En ese apartado de la sentencia recurrida, el Tribunal General justificó, basándose en motivos distintos de los expuestos en el apartado
120 de la misma sentencia, su negativa a tener en cuenta los extractos de la cuenta bancaria de C presentados durante el procedimiento.
56      A este respecto, recordó que el recurrente se había negado a presentar, durante el procedimiento administrativo, los extractos bancarios que adjuntó a su demanda. En efecto, declaró que, por un lado, la administración debía basarse en los elementos fácticos de que disponía para evaluar la manutención efectiva y adoptar una decisión sobre la asignación en cuestión y que, por otro lado, podía solicitar información adicional al recurrente, que estaba obligado a demostrar que mantenía efectivamente a C.
57      Además, por lo que respecta al apartado de la sentencia recurrida objeto de impugnación en el tercer motivo de casación, debe recordarse que del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión (sentencia de 18 de diciembre de 2025, Hamoudi/Frontex, C‑136/24 P, EU:C:2025:977, apartado 54).
58      Pues bien, el tercer motivo de casación no cuestiona las apreciaciones que figuran en el apartado
119 de la sentencia recurrida ni su motivación. Por consiguiente, debe considerarse que este motivo se refiere únicamente al apartado
120 de la sentencia recurrida.
59      Por ello, la alegación del recurrente no basta para demostrar que el Tribunal General no ejerció un control jurisdiccional imparcial y efectivo sobre las pruebas complementarias de la manutención efectiva de C adjuntas a la demanda ni que motivó de manera insuficiente su desestimación de dichas pruebas.
60      De ello se deduce que esta alegación es inoperante y, por tanto, que debe desestimarse el tercer motivo de casación.
61      De todo lo anterior resulta que solo deben estimarse las partes primera y segunda del segundo motivo de casación. Dado que estas dos partes se dirigen contra la respuesta del Tribunal General al cuarto motivo del recurso, procede anular la sentencia recurrida en la medida en que desestimó este cuarto motivo y desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
Sobre el recurso ante el Tribunal General
62      De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este podrá, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, bien devolver el asunto al Tribunal General para que este resuelva el litigio, bien resolverlo él mismo definitivamente cuando su estado así lo permita.
63      En el presente asunto, procede que el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio, por cuanto el estado de este lo permite.
64      Como se desprende del apartado
61 de la presente sentencia, la anulación parcial de la sentencia recurrida decretada por el Tribunal de Justicia solo afecta a dicha sentencia en la medida en que desestimó el cuarto motivo del recurso interpuesto en primera instancia. En consecuencia, el objeto del litigio del que sigue conociendo el Tribunal de Justicia tras dicha anulación se limita en lo sucesivo a la impugnación de la decisión controvertida formulada en este cuarto motivo (véase, por analogía, la sentencia de 1 de julio de 2008, Chronopost y La Poste/UFEX, C‑341/06 P y C‑342/06 P, EU:C:2008:375, apartados 138 y 139).
65      En el cuarto motivo de su recurso, tal y como se completó en su escrito de réplica, el recurrente sostiene, en particular, que, habida cuenta de la sentencia del Tribunal de Distrito de Bucarest de 16 de mayo de 2022, que anuló la resolución por la que se ponía fin al régimen de acogimiento mediante la cual las autoridades rumanas de protección de la infancia habían puesto fin a la medida de acogimiento familiar de los menores A y B en el hogar de aquel, la Comisión no podía exigirle la devolución de las asignaciones que había percibido por el cuidado de A durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de julio de 2013 ni por el cuidado de B durante el período comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de marzo de 2013.
66      En primer lugar, se ha señalado en el apartado
34 de la presente sentencia que, en virtud de la sentencia del Tribunal de Distrito de Bucarest de 16 de mayo de 2022, debe considerarse que los menores A y B permanecieron en régimen de acogimiento familiar con el recurrente después del 30 de enero de 2013.
67      En segundo lugar, de dicha sentencia firme se desprende que el acogimiento familiar en el hogar del recurrente finalizó el 13 de mayo de 2014 en el caso de A y el 28 de julio de 2013 en el caso de B.
68      Por lo tanto, la Comisión carecía de fundamento para ordenar la recuperación de los complementos familiares pagados al recurrente por el cuidado de A entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de julio de 2013 y por el cuidado de B entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de marzo de 2013.
69      Por consiguiente, la decisión controvertida debe anularse en esta medida.
Costas
70      De conformidad con el artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando, siendo fundado el recurso de casación, dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
71      A tenor del artículo
138 de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo
84, apartado
1, de dicho Reglamento:
«1.      La parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
2.      Si son varias las partes que han visto desestimadas sus pretensiones, el Tribunal [de Justicia] decidirá sobre el reparto de las costas.
3.      Cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas. Sin embargo, si se estimase que las circunstancias del caso lo justifican, el Tribunal [de Justicia] podrá decidir que una de las partes cargue, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte».
72      En el presente asunto, al haber solicitado AL la condena en costas de la Comisión y al haber sido desestimadas parcialmente las pretensiones de esta, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido AL tanto en el procedimiento de primera instancia como en el de casación.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)      Anular la sentencia del Tribunal General de 10 de abril de 2024, AL/Comisión (T‑50/22, EU:T:2024:220), en la medida en que desestima el cuarto motivo invocado en primera instancia.
2)      Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
3)      Anular la decisión de la Comisión Europea de 22 de octubre de 2021 en la medida en que ordena la recuperación de los complementos familiares pagados a AL por el cuidado de A desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 31 de julio de 2013 y por el cuidado de B desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 31 de marzo de 2013.
4)      La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido AL tanto en el procedimiento de primera instancia como en el de casación.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: inglés.