62024CJ0431_RES
Asunto C‑431/24 [Multan] (
i
)
W
contra
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 29 de enero de 2026
«Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Directiva 2013/32/UE — Procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional — Artículo 23, apartado 1 — Acceso a la información que obre en el expediente del solicitante de protección internacional — Artículo 46 — Derecho a un recurso efectivo — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 4, 18 y 19, apartado 2 — Principio de no devolución — Artículo 47, párrafo segundo — Derecho a un juicio justo — Investigación en el país de origen del solicitante — Desestimación de una solicitud de protección internacional y adopción de una decisión de retorno — Acceso del órgano jurisdiccional de primera instancia y del solicitante a información relativa al modo en que se llevó a cabo la investigación en el país de origen del solicitante — Alcance del derecho de defensa y del derecho a un recurso efectivo — Relación con el principio de no devolución»
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional — Derecho a la tutela judicial efectiva — Derecho de defensa — Derecho de acceso al expediente — Información que obre en el expediente del solicitante — Concepto — Información relativa a la tramitación de la investigación por las autoridades del Estado miembro de acogida en el país de origen del solicitante — Inclusión — Alcance — Apreciación por el juez del respeto del principio de no devolución
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 23, ap. 1, 30 y 46]
(véanse los apartados 31 a 46 y el fallo)
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Directiva 2013/32/UE — Recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional — Derecho a la tutela judicial efectiva — Derecho de defensa — Derecho de acceso al expediente — Excepción — Objetivos legítimos que justifican la no revelación de determinada información al solicitante — Obligación de los Estados miembros de establecer procedimientos que garanticen el respeto del derecho de defensa — Posibilidad de permitir al abogado del solicitante o a otro asesor jurídico que haya pasado un control de seguridad acceder a esa información
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 23, ap. 1, párr. 2]
(véanse los apartados 49 a 54)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos), precisa la información que ha de ponerse a disposición del solicitante de protección internacional y ha de tener en cuenta el órgano jurisdiccional que conoce del recurso interpuesto por él contra la decisión desestimatoria de su solicitud y contra la decisión de retorno adoptada contra él.
En 2014, el demandante en el litigio principal, un cristiano oriundo de Pakistán, presentó una solicitud de protección internacional en los Países Bajos, que fue denegada.
Tras emitirse una fetua contra él en su país de origen, presentó, en 2018, una nueva solicitud de protección internacional. El minister van Buitenlandse Zaken (ministro de Asuntos Exteriores, Países Bajos) llevó a cabo entonces una investigación en Pakistán para determinar si el demandante en el litigio principal necesitaba protección internacional. Los resultados de esta investigación fueron transcritos en un informe individual entregado al Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Secretario de Estado de Justicia y Seguridad, Países Bajos; en lo sucesivo, «Secretario de Estado»). Este informe individual, así como una versión corregida de los documentos en los que se basaba el informe, entre ellos un informe de investigación (en lo sucesivo, «documentos justificativos»), fueron transmitidos posteriormente al demandante en el litigio principal.
En 2022, el Secretario de Estado desestimó la solicitud de protección internacional del demandante en el litigio principal y adoptó una decisión de retorno contra él.
En apoyo de su recurso contra estas resoluciones ante el Tribunal de Primera Instancia de La Haya, el demandante alegó, en particular, que el Secretario de Estado había violado el principio del Derecho de la Unión de respeto del derecho de defensa al no darle acceso íntegro a los documentos justificativos.
El ministro de Asuntos Exteriores aportó los documentos justificativos no corregidos al Tribunal de Primera Instancia de La Haya y presentó una solicitud sobre la base de la normativa nacional (
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) para que únicamente el órgano jurisdiccional remitente tuviera acceso a determinadas partes de esos documentos, solicitud que fue estimada. No obstante, el demandante en el litigio principal se negó posteriormente a que el órgano jurisdiccional remitente conociera los documentos justificativos no corregidos para pronunciarse sobre la resolución denegatoria de su solicitud de protección internacional, alegando que, en su opinión, dicha normativa nacional es contraria al Derecho de la Unión.
Al albergar dudas sobre la compatibilidad con la Directiva 2013/32 (
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) de una normativa de este tipo, que restringe el acceso a los documentos justificativos, el Tribunal de Primera Instancia de La Haya decidió plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. Le pregunta si la información relativa al modo en que se ha llevado a cabo una investigación en el contexto de una solicitud de protección internacional está incluida en el concepto de «información que obre en el expediente del solicitante sobre cuya base se haya adoptado o se vaya a adoptar una resolución», en el sentido del artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2013/32, (
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) de manera que el solicitante de protección internacional y el tribunal competente deben poder acceder a tal información con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, letras a) y b), de la Directiva.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia comienza señalando que la Directiva 2013/32 tiene como objetivo principal desarrollar nuevas normas para los procedimientos en los Estados miembros para conceder o retirar la protección internacional, respetando, en particular, el principio de no devolución, que se garantiza, como derecho fundamental, en el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en relación con el artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, (
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) así como en el artículo 19, apartado 2, de la Carta.
No obstante, como confirma el artículo 30 de la Directiva 2013/32, (
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) el riesgo de que se viole este principio puede derivar del modo en que una autoridad nacional lleva a cabo una investigación en el país de origen del solicitante de protección internacional.
Pues bien, el solicitante de protección internacional debe poder hacer valer su derecho a verse protegido frente a la revelación por los Estados miembros de información relativa a su solicitud a los presuntos autores de la persecución o de los daños graves basándose en elementos pertinentes referidos a la manera en que se ha llevado a cabo la investigación en su país de origen. Del mismo modo, el tribunal nacional que conoce del recurso contra la resolución desestimatoria de una solicitud de protección internacional debe poder controlar que los Estados miembros cumplen con sus obligaciones en virtud del artículo 30, letra a), de la Directiva 2013/32.
Por consiguiente, la información relativa al modo en que las autoridades del Estado miembro de acogida llevaron a cabo una investigación en el país de origen de ese nacional para comprobar el fundamento de su solicitud, como los documentos justificativos, y en particular el informe de investigación controvertido en el litigio principal, está incluida en el concepto de «información que obre en el expediente del solicitante sobre cuya base se haya adoptado o se vaya a adoptar una resolución», en el sentido del artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2013/32, cuando pueda ser pertinente para que ese órgano jurisdiccional valore si se respeta el principio de no devolución.
El Tribunal de Justicia añade que, en el caso de autos, el hecho de que la autoridad decisoria, encargada del examen de la solicitud de protección internacional, no tuviera acceso íntegro y directo a los documentos justificativos no afecta a la pertinencia de dicha información para garantizar la efectividad del recurso interpuesto contra la resolución desestimatoria de esa solicitud y permitir al órgano jurisdiccional remitente valorar si se observa el principio de no devolución.
Esta interpretación se ve corroborada, por una parte, por el artículo 46, apartado 3, de la Directiva 2013/32, que precisa que el órgano jurisdiccional ante el que se presenta el recurso contra la resolución relativa a la solicitud de protección internacional correspondiente lleva a cabo un examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, el adjetivo «completo» confirma que el juez está obligado, en particular, a examinar los elementos que la autoridad competente tuvo o debió tener en cuenta.
Por otra parte, el derecho de acceso al expediente es el corolario necesario del ejercicio efectivo del derecho de defensa, garantizado en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta. Pues bien, el Tribunal de Justicia ha declarado que la persona afectada por un acto lesivo tiene derecho a examinar todos los documentos que obren en el expediente de instrucción que puedan ser pertinentes para su defensa y que no puede corresponder únicamente a la autoridad que ha adoptado dicho acto determinar cuáles son los documentos útiles para ello. (
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)
De ello resulta que el solicitante de protección internacional y el tribunal competente deben poder acceder a tal información con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, párrafo segundo, letras a) y b), de la Directiva 2013/32. Del tenor de este artículo se desprende que el órgano jurisdiccional debe tener acceso a toda la información que pueda ser pertinente para su decisión, aun cuando la divulgación de cierta información se vea limitada cuando se trate del solicitante.
En efecto, los Estados miembros pueden establecer excepciones al derecho del solicitante a acceder a su expediente en caso de que la divulgación de información o de sus fuentes comprometa, en particular, la seguridad nacional o la seguridad de las fuentes. Cuando uno o varios objetivos legítimos justifican que no se divulgue información al solicitante, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, los Estados miembros facilitarán el acceso de los órganos jurisdiccionales que conozcan de ese recurso a la información o las fuentes en cuestión y garantizarán el respeto del derecho de defensa del interesado.
Dado que la Directiva 2013/32 no prescribe de qué manera los Estados miembros deben garantizarlo, les corresponde establecer la regulación concreta de los procedimientos necesarios a tal efecto, siempre que respeten, no obstante, el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta. De conformidad con el artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2013/32, los Estados miembros pueden, en particular, permitir al abogado o a otro asesor jurídico del solicitante que haya pasado un control de seguridad acceder a la información pertinente.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
1
)	El artículo 8:29, apartado 1, de la Algemene wet bestuursrecht (Ley General de Derecho Administrativo, Países Bajos), en su versión aplicable al litigio principal, establece que «las partes que estén obligadas a facilitar información o a presentar documentos podrán, si tienen motivos serios para ello, negarse a facilitar la información o a presentar los documentos o podrán indicar al juez de lo contencioso-administrativo que solo él podrá conocer esa información o esos documentos. […]».
(
2
)	Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).
(
3
)	A tenor del artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2013/32: «Los Estados miembros garantizarán que el abogado u otro asesor jurídico, facultado o autorizado para ejercer como tal conforme al Derecho nacional, que asista o represente a un solicitante de conformidad con el Derecho nacional, tenga acceso a la información que obre en el expediente del solicitante sobre cuya base se haya adoptado o se vaya a adoptar una resolución. Los Estados miembros podrán establecer una excepción en caso de que la divulgación de información o de fuentes comprometa la seguridad nacional, la seguridad de las organizaciones o personas que proporcionan la información o la seguridad de las personas a las que se refiere la información, o cuando se vieran comprometidos los intereses de la investigación relativos al examen de las solicitudes de protección internacional por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros o las relaciones internacionales de los Estados miembros. En tales casos, los Estados miembros: a) facilitarán el acceso de las autoridades a que se refiere el capítulo V a la información o las fuentes en cuestión, y b) establecerán procedimientos nacionales que garanticen el respeto del derecho de defensa del solicitante. A efectos de la letra b), los Estados miembros podrán, en particular, permitir al abogado u otro asesor jurídico que haya pasado un control de seguridad acceder a la información o a las fuentes en cuestión, en la medida en que dicha información sea relevante para el examen de la solicitud o la adopción de una resolución de retirar la protección internacional.»
(
4
)	Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954), modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967.
(
5
)	El artículo 30 de la Directiva 2013/32 establece, en su letra b), que, en la recogida de información, los Estados miembros «no obtendrán ninguna información de los presuntos agentes de la persecución o de daños graves de forma que no se les informe directamente de que el solicitante en cuestión ha presentado una solicitud, ni se ponga en peligro su integridad física o la de las personas a su cargo, ni la libertad y la seguridad de los miembros de su familia que aún viven en el país de origen». Desde la misma perspectiva, su letra a) dispone que, a efectos de la recogida de información sobre casos individuales, los Estados miembros «no revelarán la información relativa a las solicitudes individuales de protección internacional, o relativa a que se ha presentado una solicitud, a los presuntos agentes de la persecución o de los daños graves».
(
6
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 1 de diciembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Acceso al expediente en materia de asilo) (C‑564/21, EU:C:2022:951), apartados 38 y 39.