62023CJ0431
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 3 de abril de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Política social — Transmisiones de empresas — Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Directiva 2001/23/CE — Artículo 5, apartado 1 — Concepto de “procedimiento de quiebra” — Transmisión de una empresa a continuación de una declaración de quiebra tras haber sido preparada dicha transmisión en un procedimiento de reestructuración judicial»
En el asunto C‑431/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal du travail de Liège (Tribunal de lo Laboral de Lieja, Bélgica), mediante resolución de 26 de mayo de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de julio de 2023, en el procedimiento entre
AE,
CO,
DU y otros
y
BA, en su condición de síndico de la quiebra de WIBRA BELGIË SA,
EP, en su condición de síndico de la quiebra de WIBRA BELGIË SA,
RI, en su condición de síndico de la quiebra de WIBRA BELGIË SA,
WIBRA BELGIË SRL,
con intervención de:
VT,
HL,
MO y otros,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin (Ponente) y N. Piçarra, la Sra. O. Spineanu-Matei y el Sr. N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de AE, CO, DU y otros, por el Sr. H. Deckers, avocat;
–
en nombre de WIBRA BELGIË SRL, por la Sra. M. Duchesne y el Sr. O. Moureau, avocats;
–
en nombre del Gobierno belga, por el Sr. A. de Brouwer y las Sras. C. Pochet y L. van den Broeck, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. S. Delaude y el Sr. B.‑R. Killmann, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 24 de octubre de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DO 2001, L 82, p. 16).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por una parte, AE, CO, DU y otros 19 antiguos trabajadores que fueron despedidos por WIBRA BELGIË SA y, por otra parte, BA, EP y RI, en su condición de síndicos de la quiebra de WIBRA BELGIË SA, y WIBRA BELGIË SRL, en relación con un supuesto incumplimiento por estas sociedades de las obligaciones de información y consulta de los representantes de los trabajadores en el marco de un despido colectivo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El considerando 3 de la Directiva 2001/23 enuncia:
«Son necesarias disposiciones para proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario, en particular para garantizar el mantenimiento de sus derechos.»
4
El artículo 1, apartado 1, de esta Directiva dispone:
«a)
La presente Directiva se aplicará a las [transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión.
b)
Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) y de las siguientes disposiciones del presente artículo, se considerará [transmisión] a efectos de la presente Directiva [la] de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria.
[…]»
5
Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la referida Directiva:
«Los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha [de la transmisión], serán [transmitidos] al cesionario como consecuencia de tal [transmisión].
Los Estados miembros podrán establecer que, después de la fecha [de la transmisión], el cedente y el cesionario sean responsables solidariamente de las obligaciones que tuvieran su origen, antes de la fecha [de la transmisión], en un contrato de trabajo o en una relación laboral existentes en la fecha [de la transmisión].»
6
El artículo 4, apartado 1, párrafo primero, de la misma Directiva dispone:
«[La transmisión] de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de estos no constituirá en sí mism[a] un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. Esta disposición no impedirá los despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo.»
7
El artículo 5 de la Directiva 2001/23 preceptúa:
«1.   Salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros, los artículos 3 y 4 no serán aplicables a [las transmisiones] de empresas, centros de actividad, o partes de empresas o centros de actividad, cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente y estos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente (que podrá ser un interventor de empresas autorizado por una autoridad pública competente).
[…]
4.   Los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para evitar que se abuse de los procedimientos de insolvencia para privar a los trabajadores de los derechos resultantes que en virtud de la presente Directiva les asisten.»
Derecho belga
8
La Directiva 2001/23 fue transpuesta al ordenamiento jurídico belga en el convention collective de travail no 32 bis, du 7 juin 1985, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite (Convenio Colectivo n.o 32 bis, de 7 de junio de 1985, relativo al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario a causa de una transmisión contractual de empresa y por el que se regulan los derechos de los trabajadores de que se hace cargo el cesionario en caso de adquisición de activos tras una quiebra).
9
A tenor del artículo 1 de dicho Convenio Colectivo, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «CCT n.o 32 bis»):
«El presente Convenio Colectivo tiene por objeto […] garantizar:
1°
por una parte, el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en todos los casos de cambio de empresario como consecuencia de la transmisión contractual de una empresa o de una parte de una empresa;
2°
por otra parte, determinados derechos a los trabajadores de los que se hace cargo el cesionario en caso de adquisición de activos tras una quiebra.»
10
El capítulo II del CCT n.o 32 bis comprende los artículos 6 a 10 de este.
11
El artículo 6, párrafo primero, del CCT n.o 32 bis precisa que el capítulo II del mismo, dedicado a los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario como consecuencia de una transmisión contractual de una empresa, «será aplicable a todo cambio de empresario resultante de una transmisión contractual de una empresa o de una parte de una empresa, con exclusión de los supuestos contemplados en el capítulo III de dicho Convenio Colectivo».
12
El artículo 7 del CCT n.o 32 bis establece:
«Los derechos y obligaciones del cedente derivados de un contrato de trabajo existente en la fecha de la transmisión en el sentido del artículo 1, 1o, serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal transmisión.»
13
A tenor del artículo 8 del CCT n.o 32 bis:
«El cedente y el cesionario responderán solidariamente del pago de las deudas existentes en la fecha de la transmisión en el sentido del artículo 1, 1o, y que resulten de los contratos de trabajo vigentes en esa fecha […]».
14
El artículo 9 del CCT n.o 32 bis estipula:
«El cambio de empresario no constituirá en sí mismo una causa de despido para el cedente o para los cesionarios.
No obstante, los trabajadores sujetos a un cambio de empresario podrán ser despedidos por motivos graves, económicos, técnicos o de organización, que conlleven cambios en materia de empleo.»
15
Con arreglo al capítulo III del CCT n.o 32 bis, no existe transmisión de las deudas sociales del cedente al cesionario ni solidaridad de este con el cedente cuando la transmisión de empresa se produce después de una quiebra.
Litigio principal y cuestión prejudicial
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El 30 de julio de 2020, el tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunal de Empresas de Gante, Bélgica) abrió un procedimiento de reestructuración judicial de WIBRA BELGIË SA, a instancia de esta sociedad, y le concedió una suspensión hasta el 30 de octubre de 2020, de conformidad con las disposiciones del code de droit économique (Código de Derecho Económico; en lo sucesivo, «CDE») que regulan dicho procedimiento, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal. Ese mismo día, dicho tribunal designó a BA, EP y RI como administradores judiciales y les encomendó la organización y transmisión de todas o parte de las actividades de esa sociedad.
17
El 21 de septiembre de 2020, estos tres administradores judiciales seleccionaron la oferta de adquisición de WIBRA BELGIË SA presentada por la sociedad matriz de esta, WIBRA NEDERLAND BV, referida a 36 locales comerciales y 183 de los 439 trabajadores de WIBRA BELGIË SA.
18
El 30 de septiembre de 2020, WIBRA BELGIË SRL se constituyó con el objetivo de asumir y continuar una parte de las actividades anteriormente ejercidas por WIBRA BELGIË SA.
19
El 8 de octubre de 2020, el tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunal de Empresas de Gante) denegó la solicitud de homologación de la oferta de adquisición mencionada en el apartado 17 de la presente sentencia. En efecto, este órgano jurisdiccional declaró que era contraria al convention collective de travail no 102, du 5 octobre 2011, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice (Convenio Colectivo n.o 102, de 5 de octubre de 2011, relativo al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de cambio de empresario como consecuencia de una reestructuración judicial mediante transmisión bajo supervisión judicial), y a la Directiva 2001/23, en la medida en que dicha oferta establecía que las obligaciones relativas a la «paga de vacaciones» y a la «prima de fin de año» de los trabajadores de WIBRA BELGIË SA, de los que se haría cargo el cesionario, correspondientes a las prestaciones laborales que les correspondían hasta la fecha de homologación de la referida oferta, serían soportadas, pro rata temporis, por WIBRA BELGIË SA.
20
Mediante otra resolución de ese mismo día, el tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunal de Empresas de Gante) declaró a WIBRA BELGIË SA en quiebra y nombró síndicos a BA, EP y RI. De la resolución de remisión se desprende que los trabajadores de dicha sociedad fueron informados inmediatamente de dicha resolución y de la decisión de resolver sus contratos de trabajo, mediando el pago de una indemnización por falta de preaviso.
21
El 9 de octubre de 2020, estos síndicos cedieron una parte de los activos muebles tangibles e intangibles de WIBRA BELGIË SA a WIBRA BELGIË SRL. De los 439 trabajadores despedidos, 183 fueron contratados de nuevo por WIBRA BELGIË SRL. En un escrito dirigido en 2021 al abogado de algunos de los antiguos trabajadores de WIBRA BELGIË SA, los referidos síndicos precisaron que, durante el procedimiento de reestructuración judicial, no se había transmitido ni personal ni actividad.
22
El 21 de junio de 2021, los demandantes en el litigio principal, 22 antiguos trabajadores de WIBRA BELGIË SA que no fueron contratados de nuevo por WIBRA BELGIË SRL, presentaron una demanda contra estas dos sociedades ante el tribunal du travail de Liège (Tribunal de lo Laboral de Lieja, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente. El 30 de junio de 2021, otros 38 trabajadores que se encontraban en la misma situación solicitaron intervenir en el litigio principal.
23
Estos 60 trabajadores sostienen que las obligaciones de información y de consulta de los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo no se cumplieron en el procedimiento de reestructuración judicial de WIBRA BELGIË SA, lo que constituye un incumplimiento contractual que les confiere un derecho a indemnización. Además, estos trabajadores consideran que WIBRA BELGIË SRL debe ser declarada responsable solidaria de dicha indemnización.
24
El órgano jurisdiccional remitente señala que si bien el Derecho belga excluye específicamente el cumplimiento de las obligaciones de información y de consulta de los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo en el supuesto de quiebra de la sociedad de que se trate, tal exclusión no está prevista en el marco de un procedimiento de reestructuración judicial. Así pues, el órgano jurisdiccional remitente considera que, antes de que se dictara la resolución de declaración de quiebra y no obstante el procedimiento de reestructuración judicial, WIBRA BELGIË SA tenía la obligación de tramitar el procedimiento de información y consulta a los representantes de los trabajadores previamente al despido colectivo controvertido en el litigio principal, pero no cumplió el referido trámite. Por consiguiente, en su opinión, WIBRA BELGIË SA está obligada a indemnizar por daños y perjuicios a los 60 trabajadores demandantes por incumplimiento de sus obligaciones de información y consulta previas al despido colectivo.
25
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide si WIBRA BELGIË SRL también puede ser considerada responsable de esta obligación de indemnización.
26
A este respecto señala, en primer lugar, que dicha sociedad no tenía responsabilidad alguna en el funcionamiento de WIBRA BELGIË SA. Por tanto, a su entender, WIBRA BELGIË SRL no puede ser considerada responsable de la infracción cometida por WIBRA BELGIË SA, a no ser que se considere que es la cesionaria de los derechos y obligaciones de WIBRA BELGIË SA en el marco de una transmisión contractual de empresas en el sentido de los artículos 7 y 8 del CCT n.o 32 bis.
27
En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional subraya que, a pesar de la denegación de la homologación judicial de la oferta de adquisición presentada en el marco del procedimiento de reestructuración judicial, el proyecto de cesión parcial de WIBRA BELGIË SA preparado durante dicho procedimiento fue finalmente ejecutado al día siguiente de que se dictara la resolución de declaración de quiebra por los mismos administradores judiciales que habían solicitado anteriormente la homologación de la oferta de adquisición correspondiente a dicho proyecto, actuando ahora en calidad de síndicos.
28
En tercer lugar, el referido órgano jurisdiccional considera que tal operación debe calificarse de «cesión pre-pack», que debería permitir al cesionario acogerse a la excepción prevista en el artículo 5 de la Directiva 2001/23 siempre que dicha operación esté regulada por disposiciones legales o reglamentarias. Pues bien, según el órgano jurisdiccional remitente, tales disposiciones no existían en el Derecho belga en el momento en que se produjeron los hechos del litigio principal.
29
Así pues, si bien la fase preparatoria de la cesión de WIBRA BELGIË SA se desarrolló bajo la supervisión de los administradores judiciales designados por el órgano jurisdiccional competente en el marco del procedimiento de reestructuración judicial y, por tanto, podría considerarse que estaba regulada por disposiciones legales, la segunda fase de dicha operación, a saber, la transmisión de activos y de personal, fue inmediatamente posterior a la negativa de dicho órgano jurisdiccional a homologar la oferta de adquisición elaborada en el marco del procedimiento de reestructuración judicial.
30
No obstante, de la resolución de remisión se desprende asimismo que, en la fecha en que tuvo lugar la transmisión controvertida en el litigio principal, no existía una regulación al respecto, puesto que esta no se introdujo en el CDE hasta la loi du 21 mars 2021 (Ley de 21 de marzo de 2021).
31
En tales circunstancias, el tribunal du travail de Liège (Tribunal de lo Laboral de Lieja) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 1, de la Directiva [2001/23] en el sentido de que el requisito que prevé, según el cual los artículos 3 y 4 de dicha Directiva no se aplican a la transmisión de una empresa cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente, no se cumple cuando la transmisión de la totalidad o parte de una empresa se prepara antes de la apertura de un procedimiento de quiebra que tiene por objeto la liquidación de los bienes del cedente —en el presente asunto, en el marco de un procedimiento de reestructuración judicial—, que concluye con un acuerdo de cesión cuya homologación es denegada por el órgano jurisdiccional competente y se ejecuta inmediatamente después de la declaración de quiebra, sin que se aplique ninguna disposición legal o reglamentaria de Derecho interno?»
Sobre la cuestión prejudicial
32
Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que se aplica en una situación en la que se tramita un procedimiento de quiebra a continuación de un procedimiento de reestructuración judicial durante el cual se elaboró un acuerdo de transmisión parcial de la empresa de que se trata, pero dicho acuerdo no fue homologado por el órgano jurisdiccional competente antes de ser ejecutado una vez declarada la quiebra.
33
Procede comenzar por señalar que, como se desprende de su considerando 3, la Directiva 2001/23 pretende proteger a los trabajadores, garantizándoles en particular el mantenimiento de sus derechos en caso de cambio de empresario (sentencia de 22 de junio de 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, C‑126/16, EU:C:2017:489, apartado 38).
34
A estos efectos, el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva establece que los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha de la transmisión de una empresa serán transmitidos al cesionario como consecuencia de tal transmisión. El artículo 4, apartado 1, de esta Directiva, por su parte, protege a los trabajadores contra cualquier despido decidido por el cedente o cesionario sin otro motivo que dicha transmisión (sentencia de 22 de junio de 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, C‑126/16, EU:C:2017:489, apartado 39).
35
A modo de excepción, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 dispone que el régimen de protección establecido en los artículos 3 y 4 antes mencionados no se aplica a las transmisiones de empresas que se efectúen en las circunstancias especificadas en dicho precepto, salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros (sentencia de 22 de junio de 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, C‑126/16, EU:C:2017:489, apartado 40).
36
Pues bien, en la medida en que el artículo 5, apartado 1, antes mencionado hace inaplicable, en principio, el régimen de protección de los trabajadores en el caso de determinadas transmisiones de empresas, alejándose así del objetivo principal que subyace a la Directiva 2001/23, debe ser objeto necesariamente de una interpretación estricta (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, C‑126/16, EU:C:2017:489, apartado 41 y jurisprudencia citada).
37
A tenor de esta disposición, salvo disposición en contrario por los Estados miembros, la transmisión simultánea de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos de trabajo celebrados con el cedente, prevista en el artículo 3 de la Directiva 2001/23, y la prohibición de principio de los despidos, establecida en el artículo 4 de esta Directiva, no se aplicarán a las transmisiones de empresas cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de sus bienes y estos procedimientos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente.
38
Si bien, con arreglo a la propia redacción del inicio del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23, en las circunstancias que justifican la aplicación de esta disposición, los Estados miembros tienen la facultad de aplicar el régimen de protección de los trabajadores establecido en los artículos 3 y 4 de esta Directiva, procede señalar que, en el litigio principal, el Reino de Bélgica no ha hecho uso de tal facultad.
39
Por consiguiente, en la medida en que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 permite establecer excepciones al régimen de protección de los trabajadores, esta disposición es aplicable a un asunto como el controvertido en el litigio principal, a condición, sin embargo, de que el procedimiento que se examina cumpla los requisitos en ella establecidos.
40
A este respecto, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 especifica tres requisitos acumulativos, a saber, en primer lugar, que el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo, en segundo lugar, que este procedimiento se haya abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente y, en tercer lugar, que se halle bajo la supervisión de una autoridad pública competente (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, C‑126/16, EU:C:2017:489, apartado 44).
41
Por lo que se refiere, en primer lugar, al requisito de que el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo, y habida cuenta de la necesidad de una interpretación estricta, recordada en el apartado 36 de la presente sentencia, no cabe considerar conforme a este requisito una operación que prepare la quiebra, pero que no desemboque en ella. Sin embargo, una operación de transmisión, preparada antes de la declaración de quiebra y ejecutada con posterioridad a esta, implica efectivamente una quiebra y puede, por tanto, estar comprendida en el concepto de «procedimiento de quiebra» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, C‑126/16, EU:C:2017:489, apartados 45 y 46).
42
A este respecto, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia parece desprenderse, por una parte, que un procedimiento de reestructuración judicial, en el sentido del Derecho belga, no puede considerarse un procedimiento de quiebra y, por otra parte, que si bien ese primer procedimiento puede dar lugar a la quiebra de la empresa de que se trate, tal consecuencia no resulta automática ni cierta. En tales circunstancias, no parece que este procedimiento, como tal, cumpla el primero de los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de mayo de 2019, Plessers, C‑509/17, EU:C:2019:424, apartados 42, 43 y 48).
43
Dicho esto, de la documentación que obra en poder del Tribunal de Justicia también se desprende que, en el presente asunto, las condiciones de una transmisión de empresa se habían presentado en un proyecto que se aportó en el marco del procedimiento de reestructuración judicial de WIBRA BELGIË SA, que precedió a su declaración de quiebra, y que la transmisión que tuvo lugar después de dicha declaración de quiebra se realizó con arreglo a esas condiciones.
44
Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si, habida cuenta, en particular, del Derecho belga aplicable al período en cuestión, la elaboración de un proyecto de adquisición en el marco del procedimiento de reestructuración judicial de WIBRA BELGIË SA, por una parte, y la ejecución de dicho proyecto durante el procedimiento de quiebra de dicha sociedad, por otra, deben considerarse una única operación que implique, desde el principio, que la referida sociedad sea declarada en quiebra, debido a su insolvencia comprobada, antes de que se proceda a la transmisión de la empresa. En tal caso, la operación en su conjunto podría considerarse un procedimiento de quiebra o un procedimiento de insolvencia análogo, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23. En caso contrario, solo el procedimiento de quiebra de WIBRA BELGIË SA podría estar comprendido en el ámbito de aplicación de esta disposición.
45
En segundo lugar, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 exige que el procedimiento de quiebra o el procedimiento de insolvencia análogo se haya abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente.
46
A este respecto, es preciso señalar, en primer término, que un procedimiento que tiene por objeto la prosecución de la actividad de la empresa de que se trate no cumple dicho requisito (sentencia de 22 de junio de 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, C‑126/16, EU:C:2017:489, apartado 47 y jurisprudencia citada).
47
El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar, en relación con las diferencias entre un procedimiento que persigue la continuación de la actividad de la empresa y un procedimiento que tiene por objeto la liquidación de los bienes de esta debido a su insolvencia constatada, que el primer procedimiento tiene como objetivo salvaguardar el carácter operativo de la empresa o de sus unidades viables, mientras que el segundo procedimiento tiene por objeto maximizar la satisfacción colectiva de los acreedores. Pues bien, aunque no cabe excluir la posibilidad de que exista un cierto solapamiento entre estos dos objetivos en un procedimiento dado, la finalidad principal de un procedimiento que tiene por objeto la prosecución de la actividad de la empresa sigue siendo, en cualquier caso, la salvaguardia de la empresa de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2017, Federatie Nederlandse Vakvereniging y otros, C‑126/16, EU:C:2017:489, apartado 48).
48
Por consiguiente, un procedimiento de quiebra o de insolvencia análogo puede tener por objeto satisfacer al máximo los intereses del conjunto de los acreedores, aun cuando persiga, con carácter accesorio, un objetivo de cesión de la empresa en funcionamiento, manteniendo, en la medida de lo posible, los puestos de trabajo [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procedimiento de pre-pack), C‑237/20, EU:C:2022:321, apartado 55].
49
También se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que no solo ha de demostrarse que el objetivo principal del procedimiento de quiebra o de insolvencia análogo es satisfacer al máximo los intereses de los acreedores, sino también que la ejecución de tal transmisión permite alcanzar efectivamente ese objetivo principal [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procedimiento de pre-pack), C‑237/20, EU:C:2022:321, apartado 53].
50
Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes, si los sucesivos procedimientos controvertidos en el litigio principal, considerados de manera individual o global, han pretendido satisfacer al máximo los intereses del conjunto de los acreedores y han permitido alcanzar este objetivo, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado anterior, o si, por el contrario, tienen por objeto, con carácter principal, salvaguardar el carácter operativo de la empresa o de sus unidades viables.
51
A este respecto, por un lado, de la documentación que obra en poder del Tribunal de Justicia parece desprenderse que, en Derecho belga, a diferencia del procedimiento de quiebra, el procedimiento de reestructuración judicial no tiene por objeto, con carácter principal, garantizar la máxima satisfacción de los intereses de los acreedores. Por otro lado, de la resolución de remisión se desprende que, en el presente asunto, la resolución que designó administradores judiciales, a raíz de la solicitud de reestructuración presentada por WIBRA BELGIË SA, les había encomendado organizar y transmitir todas o parte de las actividades de dicha sociedad.
52
Por otra parte, si el órgano jurisdiccional remitente considerase, como se ha expuesto en el apartado 44 de la presente sentencia, que el procedimiento de reestructuración judicial y el procedimiento de quiebra de WIBRA BELGIË SA constituyeron conjuntamente un procedimiento de quiebra o de insolvencia análogo, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23, le correspondería examinar si tal procedimiento cumple, en cuanto tal, el requisito mencionado en el apartado 45 de la presente sentencia, lo que implica que el objetivo principal de dicho procedimiento, considerado en su conjunto, consistía en obtener el mayor reembolso posible para el conjunto de los acreedores del cedente [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procedimiento de pre-pack), C‑237/20, EU:C:2022:321, apartados 52 y 53].
53
Para examinar si se cumple en el presente asunto el requisito recordado en el apartado 45 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional remitente podría tener en cuenta, en particular, el hecho de que WIBRA BELGIË SRL se constituyó con el objetivo de reanudar y continuar una parte de las actividades anteriormente ejercidas por WIBRA BELGIË SA y de que en un comunicado de prensa fechado al día siguiente de la declaración de quiebra de dicha sociedad, emitido por «WIBRA», se anunciaba que los síndicos designados después de esta declaración de quiebra «aprobaron […] previa concertación el proyecto de adquisición de WIBRA» relativo a la transmisión de la sede belga de WIBRA BELGIË SA y de 36 tiendas, así como a la contratación de nuevo de 183 trabajadores, precisando que «tal reactivación pone fin a la incertidumbre sobre la continuación de las actividades de WIBRA en Bélgica».
54
En segundo término, es preciso comprobar además que el procedimiento de quiebra o de insolvencia análogo, controvertido en el litigio principal, esté regulado por disposiciones legales o reglamentarias que permitan garantizar que su aplicación no constituya una fuente de inseguridad jurídica [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procedimiento de pre-pack), C‑237/20, EU:C:2022:321, apartados 54 y 55].
55
A este respecto, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, de la documentación que obra en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que el procedimiento de reestructuración judicial o el procedimiento de quiebra, tal como han sido establecidos en el Derecho belga, carezcan de un marco legal o reglamentario suficiente para cumplir el requisito enunciado en el apartado anterior.
56
En cambio, si el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que, en el asunto principal, el procedimiento de reestructuración judicial y el procedimiento de quiebra de WIBRA BELGIË SA, considerados conjuntamente, pueden constituir un procedimiento de quiebra o de insolvencia análogo, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23, le correspondería determinar si la combinación sucesiva de esos dos procedimientos está suficientemente regulada por disposiciones legales o reglamentarias.
57
En tercer y último lugar, por lo que respecta al requisito de que el procedimiento previsto en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 esté bajo la supervisión de una autoridad pública competente, procede subrayar, por un lado, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que no sucede así cuando el administrador judicial designado se encarga de organizar y efectuar la transmisión de la empresa en nombre y por cuenta del deudor y debe solicitar ofertas velando prioritariamente por el mantenimiento de la totalidad o de parte de la actividad de la empresa, teniendo en cuenta al mismo tiempo los derechos de los acreedores, como parece ser el caso en el marco del procedimiento de reestructuración judicial, en el sentido del Derecho belga (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de mayo de 2019, Plessers, C‑509/17, EU:C:2019:424, apartados 46 y 47).
58
Por otro lado, si el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que el procedimiento de quiebra o de insolvencia análogo, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23, está constituido, en el presente asunto, por la combinación de los procedimientos de reestructuración judicial y de quiebra de WIBRA BELGIË SA, le correspondería determinar si tal combinación, considerada en su conjunto, está sujeta a la supervisión de una autoridad pública competente. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, confirmarían la existencia de tal supervisión, en primer lugar, la circunstancia de que un órgano jurisdiccional definiera las funciones de los administradores en la fase previa de esta combinación de procedimientos de reestructuración judicial y de quiebra y supervisara el ejercicio de tales funciones con ocasión de la apertura de la quiebra propiamente dicha; a continuación, la circunstancia de que la transmisión de empresa solo se realizara después de la apertura del procedimiento de quiebra, lo que permite al síndico oponerse a ella, y, por último, la circunstancia de que los administradores que actúan en la fase preparatoria fueran responsables de sus actos en las mismas condiciones que las aplicables a los síndicos. En cambio, para determinar si tal procedimiento está sujeto a la supervisión de una autoridad pública competente, no procede atribuir una importancia decisiva al hecho de que la firma del contrato de transmisión se produzca poco después de la apertura del procedimiento de quiebra ni al hecho de que los administradores que actúan durante la fase preparatoria de dicho procedimiento carezcan de competencias legales [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procedimiento de pre-pack), C‑237/20, EU:C:2022:321, apartados 59 y 62 a 64].
59
Por último, y con el fin de proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todas las indicaciones útiles para la resolución del litigio principal, procede recordar que, según el artículo 5, apartado 4, de la Directiva 2001/23, los Estados miembros tomarán las medidas oportunas para evitar que se abuse de los procedimientos de insolvencia para privar a los trabajadores de los derechos que en virtud de dicha Directiva les asisten.
60
En el presente asunto, WIBRA BELGIË SA solicitó la apertura de un procedimiento de reestructuración judicial, con arreglo al Derecho belga, que ofrece garantías a los trabajadores, con el fin de preparar la transmisión de la totalidad o de parte de las actividades de esa sociedad. De la resolución de remisión se desprende que, a raíz de la negativa del tribunal de l’entreprise de Gand (Tribunal de Empresas de Gante) a homologar la oferta de adquisición, que había sido aceptada por los administradores judiciales designados en el marco de dicho procedimiento, la referida sociedad solicitó a ese órgano jurisdiccional que la declarara en quiebra, incoando así un procedimiento que, según el Derecho belga, concede a los trabajadores garantías diferentes de las previstas en el marco del procedimiento de reestructuración judicial.
61
No obstante, de la resolución de remisión se desprende también, por una parte, que dicha oferta de adquisición procedía de una sociedad vinculada a WIBRA BELGIË SA, sin que se diera ninguna indicación en cuanto a la búsqueda de otros potenciales adquirentes, y que la denegación de la homologación se basaba en que dicha oferta era contraria a varias disposiciones imperativas relativas a la protección de los trabajadores potencialmente afectados por el proyecto de transmisión de empresa.
62
En estas circunstancias, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, a la luz de todos los elementos pertinentes, la inexistencia, en este caso, de un eventual recurso abusivo a un procedimiento de insolvencia para privar a los trabajadores de que se trata en el litigio principal de los derechos que les asisten en virtud de la Directiva 2001/23.
63
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que se aplica en una situación en la que se tramita un procedimiento de quiebra a continuación de un procedimiento de reestructuración judicial durante el cual se elaboró un acuerdo de transmisión parcial de la empresa de que se trata, pero dicho acuerdo no fue homologado por el órgano jurisdiccional competente antes de ser ejecutado una vez declarada la quiebra, siempre que el procedimiento de quiebra o de insolvencia análogo que se haya tramitado se abriera efectivamente con el fin de liquidar los bienes del cedente, que el referido procedimiento esté bajo la supervisión de una autoridad pública competente y que el recurso a este procedimiento no pueda calificarse de abusivo.
Costas
64
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisión de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad,
debe interpretarse en el sentido de que
se aplica en una situación en la que se tramita un procedimiento de quiebra a continuación de un procedimiento de reestructuración judicial durante el cual se elaboró un acuerdo de transmisión parcial de la empresa de que se trata, pero dicho acuerdo no fue homologado por el órgano jurisdiccional competente antes de ser ejecutado una vez declarada la quiebra, siempre que el procedimiento de quiebra o de insolvencia análogo que se haya tramitado se abriera efectivamente con el fin de liquidar los bienes del cedente, que el referido procedimiento esté bajo la supervisión de una autoridad pública competente y que el recurso a este procedimiento no pueda calificarse de abusivo.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.