62020CJ0352_RES
Asunto C‑352/20
HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt.
contra
Magyar Nemzeti Bank
(Petición de decisión prejudicial planteada por la Kúria)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 1 de agosto de 2022
«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Directiva 2009/65/CE — Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) — Directiva 2011/61/UE — Fondos de inversión alternativos — Políticas y prácticas de remuneración de directivos de una sociedad de gestión de OICVM o de un gestor de fondos de inversión alternativos — Dividendos distribuidos a determinados altos directivos — Concepto de “remuneración” — Artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la propiedad»
Libertad de establecimiento — Sociedades — Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) — Fondos de inversión alternativos (FIA) — Políticas y prácticas de remuneración de una sociedad de gestión de OICVM o de un gestor de FIA — Ámbito de aplicación material — Dividendos abonados a determinados miembros de la dirección de una sociedad de gestión de OICVM o de un gestor de FIA — Inclusión — Requisitos
[Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2009/65, arts. 14, 14 bis, aps. 1 y 2, y 14 ter, aps. 1, letra r), y 3, 2011/61, arts. 13, ap. 1, y anexo II, puntos 1, letra r), y 2, y 2014/91, considerando 7]
(véanse los apartados 43 a 52, 54, 59 a 67 y 83 y el fallo)
Derechos fundamentales — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho de propiedad — Regulación del uso de los bienes — Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) — Fondos de inversión alternativos (FIA) — Dividendos abonados a determinados miembros de la dirección de una sociedad de gestión de OICVM o de un gestor de FIA — Aplicación de los principios que regulan las políticas y prácticas de remuneración — Limitaciones al ejercicio de los derechos de los accionistas — Procedencia
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 17, ap. 1, y 52, ap. 1; Directivas 2009/65/CE y Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo)
(véanse los apartados 77 a 82)
Resumen
Las exigencias derivadas del Derecho de la Unión en materia de política de remuneración de los gestores de inversiones pueden aplicarse al pago de dividendos por parte de estos gestores a algunos de sus empleados accionistas comprendidos en el ámbito de aplicación personal de dicha política.
Así sucede cuando la forma en que se abonan esos dividendos puede incitar a dichos empleados a asumir riesgos perjudiciales para los intereses de los organismos y fondos gestionados, así como para los intereses de los inversores en estos, y facilitar así la elusión de las exigencias derivadas de las disposiciones relativas a las políticas y prácticas de remuneración.
En 2019, el Magyar Nemzeti Bank (Banco Nacional de Hungría) impuso una multa a HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. (en lo sucesivo, «HOLD»), sociedad cuya actividad habitual es la gestión de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y de fondos de inversión alternativos (FIA). La práctica que se le reprocha se refiere al pago de dividendos a algunos de sus empleados que son titulares, directamente o por medio de sociedades que controlan, de acciones emitidas por ella. Se trata, en particular, de empleados que desempeñan la función de director general, director de inversiones o gestor de carteras.
Según el Banco Nacional de Hungría, los dividendos pagados a los empleados accionistas podían tener como consecuencia que estos tuvieran interés en que HOLD generase beneficios a corto plazo y se vieran así inducidos a asumir riesgos no compatibles con el perfil de riesgo de los fondos de inversión gestionados por esta, así como con su reglamento de gestión y los intereses de los partícipes de los fondos. Por tanto, en su opinión, las modalidades de pago de esos dividendos eluden las normas relativas a las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros.
El recurso interpuesto por HOLD contra la decisión del Banco Nacional de Hungría adoptada a este respecto ha llegado hasta la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría). Dicho órgano jurisdiccional pregunta al Tribunal de Justicia sobre la aplicabilidad de las exigencias de las Directivas 2009/65 (
1
) y 2011/61 (
2
) relativas a las políticas y prácticas de remuneración de los gestores de inversiones, tal como han sido transpuestas en Derecho húngaro, a los dividendos pagados en el caso de autos.
El Tribunal de Justicia, al que se ha planteado una cuestión prejudicial, precisa el ámbito de aplicación material de estas exigencias. Considera que el pago de dividendos a determinados empleados puede estar comprendido en el ámbito de aplicación de las disposiciones de las Directivas 2009/65 y 2011/61 relativas a las políticas y prácticas de remuneración, (
3
) aunque los dividendos no se paguen como contraprestación por los servicios prestados por dichos empleados, sino en virtud del derecho de propiedad de estos como accionistas. Según el Tribunal de Justicia, estas disposiciones se aplican a tales dividendos cuando la política de pago de estos pueda incitar a los empleados en cuestión a asumir riesgos perjudiciales para los intereses de los OICVM o de los FIA gestionados por su sociedad, así como para los de los inversores en ellos, y facilitar de este modo la elusión de las exigencias derivadas de dichas disposiciones.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia interpreta las Directivas 2009/65 y 2011/61 con el fin de determinar el ámbito de aplicación material de las políticas y prácticas de remuneración definidas en dichas Directivas. Estas políticas se aplican a todo pago o cualquier otra ventaja abonados en contraprestación de los servicios profesionales prestados por los empleados de las sociedades de gestión de OICVM o de los gestores de FIA que estén comprendidos en el ámbito de aplicación personal de dichas políticas y prácticas.
En cuanto a los dividendos de acciones de una sociedad de gestión de OICVM o de un gestor de FIA, es cierto que no se abonan en concepto de tal contraprestación, sino en virtud de un derecho de propiedad sobre las acciones de la sociedad. Sin embargo, de conformidad con las Directivas 2009/65 y 2011/61, debe evitarse que la remuneración variable se pague mediante instrumentos o métodos que faciliten la elusión de las exigencias de dichas Directivas que regulan las políticas y prácticas de remuneración.
Cuando la política de pago de dividendos incite a asumir riesgos incompatibles con los perfiles de riesgo, el reglamento o los documentos constitutivos de los OICVM o de los FIA gestionados por dicha sociedad o dicho gestor, o que menoscaben los intereses de estos OICVM o FIA y de las personas que hayan invertido en ellos, y facilite así la elusión de las exigencias derivadas de las disposiciones de las Directivas 2009/65 y 2011/61 relativas a las políticas y a las prácticas de remuneración, dicho pago debe estar sujeto a los principios que rigen estas políticas y prácticas de remuneración. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar, en particular, si existe, entre los beneficios obtenidos por los OICVM y los FIA, los obtenidos por la sociedad en cuestión y los importes pagados en concepto de dividendos, un vínculo tal que dichos empleados estarían interesados en que los OICVM y los FIA obtuvieran a corto plazo los beneficios más elevados posibles. Así sucedería, en particular, si el OICVM o el FIA pagasen una comisión de gestión sobre resultados a la sociedad de que se trate a partir del momento en que se supera un objetivo de resultados durante un período de referencia dado y si la sociedad redistribuyera esta comisión, en todo o en parte, en forma de dividendos, entre los empleados en cuestión o las sociedades controladas por estos, con independencia de los resultados obtenidos por el OICVM o el FIA con posterioridad a dicho período y, en particular, de las pérdidas soportadas por el OICVM o el FIA. Otros elementos que deben comprobarse son, en particular, la cuantía y el tipo de las participaciones en poder de los empleados en cuestión, los derechos de voto inherentes a dichas participaciones, la política y el proceso decisorio de distribución de los beneficios de la sociedad, así como el carácter eventualmente modesto, en relación con los servicios profesionales prestados, del importe de la remuneración fija abonada a los empleados.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia precisa que la interpretación de las Directivas así obtenida es conforme con el artículo 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), que consagra el derecho de propiedad y es aplicable a la propiedad de acciones y al derecho a percibir dividendos como los del caso de autos.
El Tribunal de Justicia observa que la interpretación de las Directivas 2009/65 y 2011/61 no tiene por efecto poner en entredicho el derecho a la propiedad de los empleados en cuestión sobre las acciones de la sociedad para la que trabajan y, por consiguiente, no constituye una privación de la propiedad en el sentido del artículo 17, apartado 1, segunda frase, de la Carta. No es menos cierto que la aplicación, correlativa a esta interpretación, de los principios que regulan las políticas y las prácticas de remuneración a los dividendos por acciones constituye una regulación del uso de los bienes, en el sentido del artículo 17, apartado 1, tercera frase, de la Carta. Esta regulación puede menoscabar el ejercicio del derecho a la propiedad y, en particular, la posibilidad de que los empleados accionistas obtengan un beneficio de dicha propiedad.
No obstante, las limitaciones a los derechos de los accionistas que resultarían de ello respetan los requisitos exigidos por la Carta. En efecto, están previstas por ley, a saber, en las Directivas 2009/65 y 2011/61 y en la legislación nacional que las transpone, no afectan a la sustancia misma del derecho de propiedad y responden a objetivos de interés general reconocidos por la Unión, a saber, la protección de los inversores y la estabilidad del sistema financiero, con respecto a los cuales resultan proporcionadas.
(
1
)	Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO 2009, L 302, p. 32), en su versión modificada por la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de julio de 2014 (DO 2014, L 257, p. 186).
(
2
)	Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 1095/2010 (DO 2011, L 174, p. 1).
(
3
)	A saber, los artículos 14 a 14 ter de la Directiva 2009/65 y el artículo 13, apartado 1, y el anexo II, puntos 1 y 2, de la Directiva 2011/61.