62022CC0339(01)
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 5 de septiembre de 2024 (
1
)
Asunto C‑339/22
BSH Hausgeräte GmbH
contra
Electrolux AB
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Suecia)]
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial en materia civil y mercantil — Competencia internacional de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros con respecto a litigios relativos a patentes de Estados terceros — Acción por violación de patente — Excepción de nulidad — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 4, apartado 1 — Ámbito de aplicación — Artículo 24, punto 4 — “Efecto reflejo”»
I. Introducción
1.
El 22 de febrero de 2024, presenté mis conclusiones en este asunto. (
2
) Posteriormente, el 9 de abril de 2024, el Tribunal de Justicia decidió atribuir este asunto a la Gran Sala de conformidad con el artículo 60, apartado 3, de su Reglamento de Procedimiento. Además, mediante auto de 16 de abril de 2024, adoptado sobre la base del artículo 83 de dicho Reglamento, ordenó la reapertura de la fase oral del procedimiento.
2.
En este contexto, el Tribunal de Justicia invitó a los interesados a participar en una nueva vista y a centrar sus futuras alegaciones en la tercera cuestión prejudicial planteada por el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Suecia), que, conviene recordarlo, guarda relación con la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, de conformidad con el Reglamento Bruselas I bis, (
3
) para conocer de los litigios relativos a patentes de Estados terceros. Esa segunda vista se celebró el 14 de mayo de 2023. Los representantes de BSH Hausgeräte GmbH (en lo sucesivo, «BSH»), de Aktiebolaget Electrolux (en lo sucesivo, «Electrolux»), del Gobierno francés y de la Comisión Europea debatieron, en esencia, sobre esta cuestión.
3.
Según ha solicitado el Tribunal de Justicia, presentaré nuevas conclusiones centradas en esa tercera cuestión prejudicial. Estas conclusiones constituirán un «adendum» de las primeras. En efecto, me brindarán la excepcional oportunidad de profundizar sobre ciertos aspectos de mi razonamiento a este respecto.
II. Análisis
4.
Recordemos brevemente el contexto. BSH (establecida en Alemania) ejercitó una acción por violación de patente contra Electrolux (establecida en Suecia) ante los órganos jurisdiccionales suecos. BSH alega, en esencia, que Electrolux ha infringido una «patente europea» que le había concedido la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo, «OEP») (
4
) con respecto a varios Estados miembros de la Unión (entre ellos, Suecia) y un Estado tercero (Turquía). Dado que esa «patente europea» no es un título supranacional unitario, sino básicamente un conjunto de patentes nacionales, que proporcionan, cada una de ellas, una protección válida en el territorio del Estado de que se trate (de conformidad con el principio de territorialidad que se aplica a esos títulos), en realidad, la acción ejercitada constituye un conjunto de demandas por violación de patente (una por cada título nacional). Para evitar que esas demandas prosperen, Electrolux ha propuesto una excepción de nulidad de dichos títulos. A la luz de dicha excepción, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si los órganos jurisdiccionales suecos pueden conocer de las demandas relativas a patentes de Estados miembros distintos de Suecia (cuestiones prejudiciales primera y segunda) y de la demanda relativa a la patente turca (tercera cuestión prejudicial). Como he explicado en la introducción, mi análisis se centrará en esta última cuestión y, por consiguiente, en la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para conocer de litigios relativos a patentes de Estados terceros.
5.
El punto de partida de este análisis (ya) no es objeto de controversia. El Reglamento Bruselas I bis es de aplicación y, por consiguiente, determina la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para conocer de esos litigios cuando (y exclusivamente por el hecho de que) el demandado esté domiciliado en la Unión (como, en este caso, Electrolux), (
5
) con independencia de que la patente de que se trate tenga un origen «externo». (
6
) No me explayaré de nuevo sobre este tema y remito, para mayor detalle, a los puntos 24 y 101 de mis primeras conclusiones.
6.
En cuanto a las soluciones que prevé el régimen que establece el Reglamento Bruselas I bis (en lo sucesivo «régimen de Bruselas»), otra cuestión está clara. Las partes no discuten que, en virtud de la regla general recogida en el artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro son competentes, en la gran mayoría de los casos, (
7
) para conocer de las demandas relativas a las patentes extranjeras, incluidas las de Estados terceros, cuando el demandado esté domiciliado en el territorio de ese Estado miembro. Sobre esta base, dichos órganos jurisdiccionales están facultados, en particular, para pronunciarse sobre la violación de esas patentes acaecida más allá de las fronteras de dicho Estado miembro. (
8
) En efecto, de la sentencia Owusu (
9
) se desprende que, en principio, la competencia de esos órganos jurisdiccionales conforme a dicha regla no solo es general, sino también universal.
7.
Sentado lo anterior, el meollo del presente asunto reside, conviene recordarlo, en el hecho de que, de conformidad con el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, incluidos los del demandado, no están facultados, de manera excepcional, para conocer de demandas que tengan por objeto la inscripción o la validez de patentes depositadas o registradas (o tenidas por depositadas o registradas) en otro «Estado miembro». Tampoco pueden pronunciarse sobre esas cuestiones, con carácter incidental, en el contexto de una acción por violación de patente. En efecto, dicha disposición confiere la competencia exclusiva en esa materia a los «órganos jurisdiccionales del Estado miembro» del título. Ahora bien, la cuestión a debate es si, en virtud de ese Reglamento, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros tampoco son competentes para pronunciarse, con carácter principal o incidental, sobre la inscripción o la validez de patentes de Estados terceros. El problema que se plantea es pues delicado, antiguo y además transversal: se suscita de la misma manera en relación con todas las materias respecto de las cuales el artículo 24 del citado Reglamento prevé una regla de competencia exclusiva (derechos reales sobre bienes inmuebles, validez de las inscripciones en registros públicos, ejecución de las resoluciones judiciales, etc.) cuando el Estado implicado no es un Estado miembro, sino un Estado tercero. (
10
)
8.
A dicha cuestión, BSH, el Gobierno francés y la Comisión han propuesto una respuesta (también transversal, puesto que se aplica a todas esas materias sin distinción), según la cual, toda vez que el artículo 24 del Reglamento Bruselas I bis no contempla expresamente ese supuesto, se aplicaría, por así decirlo, «pura y simplemente», la regla general prevista en el artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento. Por lo tanto, sobre la base de esa regla, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que esté domiciliado el demandado estarían facultados para pronunciarse, en particular, sobre la inscripción o la validez de una patente de un Estado tercero. Además, una vez que se les hubiera sometido el asunto, estarían obligados a ello, salvo en los casos en los que se apliquen los artículos 33 y 34 del citado Reglamento (casos que se discutirán más adelante). (
11
)
9.
Analizaré de nuevo, en primer lugar, algunos de los escollos que suscita esa interpretación del Reglamento Bruselas I bis (A), antes de reiterar la solución que ya había propuesto (B). Los debates mantenidos ante el Tribunal de Justicia durante la segunda vista me llevarán, finalmente, a examinar una «tercera vía» (C).
A.
Algunos escollos de la tesis de la aplicación «pura y simple» del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis
10.
No repetiré aquí todas las críticas que vertí en mis primeras conclusiones en contra de la tesis de la aplicación «pura y simple» del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis. Me limitaré a volver sobre dos temas, que centraron el debate durante la segunda vista, a saber, (1) en qué medida es contrario al Derecho internacional consuetudinario que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro se pronuncien sobre la inscripción o la validez de una patente de un Estado tercero y (2) si la redacción de ese Reglamento, en su estado actual, impone esa solución.
1. Límites a la competencia jurisdiccional de los Estados en virtud del Derecho internacional consuetudinario
11.
Como aducen la mayoría de los expertos y como, por lo demás, han reconocido (pese a cierta reticencia inicial) el Gobierno francés y la Comisión en la segunda vista, el Derecho internacional consuetudinario delimita la competencia jurisdiccional de los Estados («adjudicatory jurisdiction») en materia civil y mercantil. En esencia, un Estado solo puede invocar legítimamente esa competencia cuando existe un punto de conexión suficiente, de carácter territorial o nacional, entre ese Estado y un litigio concreto. Por consiguiente, cuando un Estado determina la competencia internacional de sus órganos jurisdiccionales, adoptando reglas de Derecho internacional privado (o cuando es la Unión quien lo hace con respecto a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros), debe respetar ese marco. (
12
)
12.
A este respecto, en la mayor parte de los litigios en materia civil y mercantil, la competencia universal de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que está domiciliado el demandado, como la prevista en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, es conforme con el Derecho internacional consuetudinario. En efecto, un Estado puede pronunciarse legítimamente sobre las demandadas presentadas contra las personas domiciliadas en su territorio, incluso cuando estas demandas guarden relación, por lo demás, con hechos ocurridos en el territorio de otro Estado (miembro o tercero). Ese domicilio establece, entre el primer Estado y dichas demandas, un punto de conexión suficiente a estos efectos. Sobre esta base, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden pronunciarse legítimamente, en particular, sobre una acción por violación de una patente de un Estado tercero dirigida contra un demandado «local». (
13
) Al ejercer esa competencia jurisdiccional, el Estado miembro en el que está domiciliado el demandado no vulnera la soberanía del Estado tercero de que se trate. En particular, el primer Estado no impide en modo alguno al segundo que ejerza su propia competencia jurisdiccional con respecto al litigio en cuestión. (
14
) El solapamiento de competencias que se produce en relación con un mismo litigio no resulta contrario al Derecho internacional consuetudinario (sino que es más bien inherente a él). (
15
)
13.
En cambio, y con carácter excepcional, sería (muy) criticable, a la luz de ese Derecho, que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro se pronunciasen sobre ciertos litigios en materia civil y mercantil que impliquen a otro Estado (miembro o tercero), incluso cuando el demandado de que se trate esté domiciliado en el territorio del primer Estado. Así ocurre, en particular, en materia de inscripción o validez de las patentes. Durante la segunda vista, el Gobierno francés y la Comisión reconocieron que, en esta materia, se aplican consideraciones de soberanía, destacando al mismo tiempo que su importancia varía en función de los casos. En efecto, desde mi punto de vista, debe trazarse una distinción entre dos situaciones.
14.
Por un lado, es evidente que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no pueden pronunciarse legítimamente sobre las demandas que tienen precisamente
por objeto la inscripción o la validez de una patente depositada o registrada en otro Estado (miembro o tercero), habida cuenta de la intervención de un órgano de este último, a saber, su oficina de propiedad intelectual (en lo sucesivo, «OPI»), en la concesión de ese título y en la gestión del registro en el que está inscrito.
15.
No es que la concesión de una patente sea un «acto de gobierno» que refleje opciones políticas «soberanas» que no se prestan al control de un órgano jurisdiccional extranjero. Actualmente, las OPI no tienen ningún margen de apreciación (o lo tienen en muy raras ocasiones) en cuanto a la oportunidad de conceder ese título. Examinan las solicitudes de patente a la luz de los requisitos legales aplicables, conceden las patentes cuando se cumplen esos requisitos y las registran en consecuencia. En resumen, su intervención es más «automática» que «soberana». Ello resulta aún más evidente en lo que respecta al papel que desempeñan las OPI nacionales en relación con las patentes europeas (como la controvertida en el litigio principal), dado que dichas oficinas, cuando se trata de «validar» una de esas patentes en su territorio (otorgándole así los mismos efectos que a una patente nacional), se limitan a ratificar el control previo, efectuado por la OEP, de los requisitos de patentabilidad previstos en el CPE.
16.
En realidad, la explicación es mucho más simple. En efecto, constituye un principio evidente del Derecho consuetudinario que un Estado no puede inmiscuirse en el funcionamiento de los servicios públicos de otro. De la misma manera que un Estado no puede ordenar a un órgano extranjero, a través de sus tribunales, que adopte un acto, tampoco puede modificar o anular los actos que ese órgano haya adoptado. El Estado al que pertenece el órgano en cuestión dispone, en efecto, de una competencia material exclusiva a este respecto. Por consiguiente, al igual que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no pueden ordenar a la OPI de otro Estado (miembro o tercero) que conceda una patente para el territorio de este último, no pueden ordenar a dicha OPI que modifique o elimine una inscripción en el registro que gestiona, ni tampoco realizar una declaración erga omnes sobre la validez del título que dio lugar a esa inscripción. El Estado de esa OPI es el único que puede invocar legítimamente competencia jurisdiccional en ese ámbito. (
16
) Debo subrayar que, en contra de lo que había dejado entender en la nota 51 de mis primeras conclusiones, el problema es exactamente el mismo cuando se trata de demandas que tengan por objeto la inscripción o la validez de «partes» nacionales de patentes europeas. (
17
)
17.
Por otro lado, no sería, en principio, contrario al Derecho internacional consuetudinario que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro ante los que se presente una demanda formulada contra un demandado «local» y que tenga por objeto la violación de una patente de un Estado tercero se pronuncien sobre la validez de esa patente, como cuestión previa
o incidental (dado que la premisa indispensable para que esa acción prospere es que exista un título válido), por ejemplo, cuando ese demandado proponga una excepción de nulidad.
18.
En efecto, de conformidad con las explicaciones proporcionadas en el punto anterior, y en contra de lo que afirma Electrolux, no resulta determinante, a este respecto, la naturaleza de la cuestión que debe resolverse (validez de la patente) o las normas que han de aplicarse (los motivos de revocación o, en caso de supuesto vicio de procedimiento, las normas de procedimiento, previstos por el Derecho del Estado tercero), (
18
) sino la naturaleza de la decisión que debe adoptarse. En el contexto de una acción por violación de patente, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro que conocen del asunto no van a dictar una sentencia que tenga por objeto la legalidad del título de que se trate, sino que simplemente van a exponer, en una fase intermedia de su razonamiento, una proposición (validez o nulidad) exclusivamente a los efectos de la resolución de la cuestión principal que se ha sometido a su consideración (violación o inexistencia de violación). El fallo de la resolución que adopten determinará los derechos privados de las partes. Conminará al demandado a pagar una indemnización (etc.), en caso de que se acredite la existencia de una violación, o, en su defecto, desestimará la demanda. De este modo, en la medida en que solo surta efectos entre las partes y no atribuya ningún efecto
erga omnes a la motivación relativa a la validez del título, esa resolución no se extralimitará de la competencia jurisdiccional del Estado miembro en el que esté domiciliado el demandado. (
19
)
2. Texto del Reglamento Bruselas I bis
19.
La regla de competencia exclusiva en materia de inscripción o validez de las patentes, que figura en el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis, resulta de las anteriores consideraciones de Derecho internacional consuetudinario. Cuando un Estado miembro está implicado en un procedimiento, esa regla tiene por objeto salvaguardar su soberanía en el ámbito internacional, (
20
) garantizando que solo sus órganos jurisdiccionales puedan pronunciarse válidamente al respecto. (
21
) Esa regla persigue ese objetivo incluso a ultranza, toda vez que, procede recordarlo, impide a los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro examinar simplemente con carácter incidental, en el contexto de una acción por violación de patente, la validez de una patente concedida en otro Estado miembro. (
22
)
20.
Sentado lo anterior, dado que el artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis solo se refiere a las patentes de los Estados miembros, esa disposición no puede aplicarse a los títulos de Estados terceros (so pena de desnaturalizar su contenido) (
23
) y ese Reglamento tampoco establece ninguna disposición equivalente a ese respecto. Pues bien, en la sentencia Owusu, el Tribunal de Justicia declaró que las únicas excepciones posibles a esa regla general que (ahora) figuran en el artículo 4, apartado 1, del citado Reglamento son «las que están expresamente contenidas» (
24
) en ese mismo Reglamento. ¿Debe llevar todo ello a deducir, como hacen BSH, el Gobierno francés y la Comisión, la solución paradójica de que, mientras que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del demandado son radicalmente incompetentes para apreciar la validez de las patentes de otros Estados miembros, están facultados (e incluso obligados) a pronunciarse sobre las demandas que tengan por objeto la validez de títulos de Estados terceros?
21.
Sigo sin estar de acuerdo.
22.
A este respecto procede recordar, de entrada, que, en la sentencia Owusu, el Tribunal de Justicia no examinó el supuesto particular que nos ocupa. (
25
) Por lo tanto, las enseñanzas que se derivan de esa sentencia no pueden aplicarse a este asunto sin cierta cautela.
23.
En efecto, no se trata en modo alguno en el presente asunto, como en el asunto que dio lugar a esa sentencia, de añadir al régimen de Bruselas una excepción fundamentalmente ajena a él. En el presente caso, los autores de ese régimen se percataron desde el principio de que la inscripción y la validez de las patentes pertenecen a ámbitos particulares que justifican apartarse de la regla general de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del demandado. En consecuencia, previeron «expresamente» una regla a tal efecto. Resulta fácil de explicar por qué esa regla se circunscribe a los títulos de los Estados miembros. En efecto, el régimen de Bruselas es un régimen de competencia interno de la Unión y que persigue objetivos que le son propios (a saber, el buen funcionamiento del mercado interior y, más recientemente, el establecimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia). Por consiguiente, las excepciones a la regla general que prevé ese régimen, incluida la relativa a la inscripción y la validez de las patentes, han sido concebidas para repartir la competencia en materia civil y mercantil entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. (
26
) En cambio, habida cuenta de que la Unión no es competente para determinar la competencia de los tribunales de Estados terceros, es lógico que los autores de ese régimen no previeran tales excepciones a su favor. De hecho, inicialmente ese régimen no contaba con ninguna.
24.
Pues bien, a la luz de la anterior explicación, resultaría simplista deducir del hecho de que dichas excepciones «expresas» están circunscritas a los Estados miembros que la regla general de competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado es absoluta en las relaciones con los Estados terceros y se aplica «pura y simplemente», incluso a las demandas que tengan por objeto la validez de patentes concedidas por dichos Estados, ignorando así la competencia exclusiva que, con carácter general, se reconoce a los tribunales de esos Estados en la materia. Ese resultado sería, más bien, un curioso «efecto externo» del régimen de Bruselas, no previsto por sus autores iniciales. (
27
)
25.
BSH, el Gobierno francés y la Comisión replican, no obstante, que, desde la adopción del Reglamento Bruselas I bis, el régimen de Bruselas contempla determinadas excepciones en favor de Estados terceros, a saber, los artículos 33 y 34 de dicho Reglamento. Según dichas partes, mediante esos nuevos artículos, el legislador de la Unión pretendía regular de forma expresa y, sobre todo, exhaustiva las relaciones entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y los tribunales de Estados terceros. En ese contexto, se alega que el legislador deseaba autorizar a los primeros a declinar su competencia en favor de los segundos únicamente en las circunstancias previstas en esos artículos, a saber, cuando se somete ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro un litigio (al margen de su objeto) que ya pende ante los tribunales de un Estado tercero.
26.
Ese razonamiento no me convence. Como se desprende de su tenor y del título de la sección del Reglamento Bruselas I bis en la que figuran, los artículos 33 y 34 de dicho Reglamento abordan un tema particular, la litis pendens y la conexidad «externas». Aunque es innegable que esos artículos regulan, de manera expresa y exhaustiva, ese tema concreto, ningún elemento del Reglamento indica que el legislador de la Unión pretendiera realmente resolver, con disposiciones tan puntuales, todas las cuestiones que suscitan las relaciones entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y los de Estados terceros, incluidas las relativas al respeto de la soberanía de estos últimos. (
28
)
27.
Los trabajos preparatorios tampoco resultan muy esclarecedores a este respecto. Si bien, como han recordado esas mismas partes, de ellos resulta que la delegación francesa ante el Consejo había propuesto añadir en el Reglamento que iba a adoptarse un corpus completo de reglas dedicadas a esas relaciones (que reconocieran, en particular, la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros declinaran su competencia en las materias que fueran competencia exclusiva de un Estado tercero) y que ese corpus no fue incorporado por el legislador de la Unión, ningún documento público explica la razón (extremo que el Gobierno francés confirmó durante la segunda vista). Pues bien, tampoco puede deducirse de esa decisión de no incluir tales reglas ningún tipo de «intención clara» de dicho legislador sobre la cuestión que nos ocupa ni, en particular, ninguna «opción política» a favor de la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para pronunciarse, sobre las materias que guardan relación con la soberanía de Estados terceros, como los relativos a la validez de los títulos que conceden. (
29
) En efecto, ese mismo legislador también podría haber querido limitarse a regular la litis pendens«externa» y a dejar, por el momento, que el Derecho nacional de cada Estado miembro, (
30
) o bien el Tribunal de Justicia, a través de una interpretación de las normas existentes, (
31
) diera una repuesta a las demás cuestiones relativas a las relaciones entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y los de los Estados terceros, incluido el problema de que trata el presente asunto.
28.
En resumen, ni el texto, interpretado en su contexto, ni la deferencia que el Tribunal de Justicia debe al legislador de la Unión para respetar el equilibrio institucional imponen la solución que proponen BSH, el Gobierno francés y la Comisión. A la luz de lo «desdibujada» que resulta la intención de dicho legislador, y a diferencia de lo que aduce ese Gobierno, el Tribunal de Justicia no daría «muestras de prudencia» acogiendo, a raíz de un razonamiento a sensu contrario rudimentario (véase el punto 20 anterior), una interpretación tan drástica del Reglamento Bruselas I bis. (
32
) En cambio, el Tribunal de Justicia daría prueba de tal «prudencia» deduciendo de ese Reglamento, conforme a sus métodos de interpretación habituales, la respuesta más conforme con los objetivos que este persigue y con las normas de rango superior que lo delimitan. (
33
)
29.
A este respecto, por un lado, ya expuse, en los puntos 124 a 134 de mis primeras conclusiones, las razones por las que la tesis de la aplicación «pura y simple» del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis sería contraria a los objetivos que persigue ese Reglamento. Solo insistiré en dos aspectos que fueron (nuevamente) objeto de debate durante la segunda vista, a saber, la buena administración de justicia y la tutela judicial de los demandados establecidos en la Unión.
30.
En cuanto al primer aspecto, mientras que la competencia universal de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del demandado en materia de violación de patentes contribuye a la buena administración de justicia, (
34
) no sería conforme a ese objetivo que esos mismos órganos jurisdiccionales fueran competentes para pronunciarse (y estuvieran obligados a ello) sobre las demandas que tuvieran por objeto la validez de una patente concedida por un Estado tercero. En efecto, una sentencia por la que dichos órganos jurisdiccionales declararan la invalidez de la patente nunca sería reconocida en ese último Estado y, por tanto, no podría tener como consecuencia en la práctica que su OPI rectificara sus registros.
31.
En cuanto al segundo aspecto, esa solución también resultaría problemática. En efecto, podría obligar, en la práctica, a las personas establecidas en la Unión, y que fueran titulares de patentes de Estados terceros, a afrontar, ante los órganos jurisdiccionales de su domicilio, procedimientos de invalidez inútiles (por las razones explicadas en el punto anterior) o incluso abusivos, iniciados por sus competidores con la única finalidad de acosarlas. (
35
)
32.
Por otro lado, ha de recordarse que, dado que la Unión está obligada a respetar el Derecho internacional, incluido el Derecho consuetudinario, cuando ejerce sus competencias, el Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse de conformidad con ese Derecho. (
36
) Pues bien, a la luz de las explicaciones recogidas en la sección anterior, dudo mucho que ese Reglamento pueda interpretarse del modo en que proponen BSH, el Gobierno francés y la Comisión. En efecto, el régimen de Bruselas no puede pretender la universalidad cuando se trata de un demandado en la Unión (
37
) y tener únicamente en cuenta la soberanía de los Estados miembros, ignorando la de los Estados terceros. (
38
)
B.
Teoría del «efecto reflejo»
33.
A la vista, por un lado, de los escollos que presenta la tesis de la aplicación «pura y simple» del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, pero también, por otro lado, del hecho de que ese Reglamento no contiene (aún) ninguna excepción expresa para las materias previstas en el artículo 24 de este, cuando esté implicado un Estado tercero, propuse, en los puntos 147 y siguientes de mis primeras conclusiones, una solución (igualmente transversal, dado que se aplica a todas esas materias), (
39
) inspirada en la teoría del «efecto reflejo», desarrollada hace muchos años por Droz. (
40
)
34.
Esta teoría consiste, en esencia, en afirmar que, aunque los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros son competentes, en virtud de la regla general prevista en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis (a falta de una disposición en sentido contrario), para conocer de litigios que implican a Estados terceros sobre las materias de que se trata, esa misma regla, interpretada de manera contextual y teleológica, los autoriza, no obstante, a no ejercer esa competencia. En efecto, a pesar de que, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Owusu, esa regla tiene, en principio, «carácter imperativo», creo, al igual que Droz, que imponer tal «carácter» también en esos supuestos «sería ir demasiado lejos». (
41
)
35.
De ello se sigue, en la práctica, que, cuando los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro conozcan de una demanda presentada contra un demandado «local» que tenga por objeto, por ejemplo, la validez de una patente de un Estado tercero, el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis autoriza a esos órganos jurisdiccionales a ejercer las facultades que prevé su Derecho nacional (sean las que sean, incluidas las derivadas de sus reglas de Derecho internacional privado) para declinar su competencia. Asimismo, cuando esos órganos jurisdiccionales conozcan de una acción por violación de una patente de un Estado tercero ejercitada por el mismo demandado, y este último proponga una excepción de nulidad, podrían abstenerse de pronunciarse sobre esa excepción y, en su caso, suspender el procedimiento relativo a dicha acción a la espera de que las autoridades del Estado tercero que haya concedido el título resuelvan sobre su validez, de un modo que «refleja» la solución resultante del artículo 24, punto 4, de dicho Reglamento. (
42
)
36.
Como expliqué en detalle en mis primeras conclusiones, esa interpretación tiene, a mi juicio, el mérito de ofrecer una solución al problema de que se trata que, respetando los límites del texto, da prueba de un indudable pragmatismo. (
43
) En particular, dado que no se priva por completo de competencia a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, sino que simplemente se les atribuye la facultad de no pronunciarse, esa solución les otorga cierta flexibilidad para tener en cuenta las circunstancias de cada supuesto y, en su caso, ejercer esa competencia cuando las partes no tengan garantizado un proceso equitativo ante los tribunales del Estado tercero implicado, para evitar denegación de justicia. (
44
)
37.
En contra de lo que adujo el Gobierno francés durante la segunda vista, esa interpretación no pone en entredicho el carácter «global y coherente» (
45
) del régimen de Bruselas. Por una parte, no se trata de excluir de ese régimen la cuestión que nos ocupa y de someterla íntegramente al Derecho nacional de cada Estado miembro. Esa cuestión quedaría efectivamente regulada por dicho régimen. Tal régimen simplemente prevería, como respuesta, una remisión parcial y delimitada al Derecho nacional del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. (
46
) Por otra parte, esa interpretación contribuiría, precisamente, a la coherencia del citado régimen. En efecto, garantizaría que, en ese contexto, se aplicaran soluciones análogas a situaciones similares.
38.
BSH, (
47
) el Gobierno francés y la Comisión también reiteraron, durante la segunda vista, las críticas que habían vertido en sus primeras observaciones según las cuales atribuir a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros la facultad de no pronunciarse sobre las materias de que se trata, sobre la base de su Derecho nacional, afectaría a la previsibilidad de la competencia y, por ende, a la seguridad jurídica y a la aplicación uniforme del Reglamento Bruselas I bis, en contra del espíritu de la sentencia Owusu.
39.
Sin embargo, estos argumentos siguen sin convencerme. Por un lado, no se trata, como en el asunto que dio lugar a la sentencia Owusu, de atribuir a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros una amplia facultad de apreciación para no ejercer su competencia en todo litigio «externo» (lo que afectaría seriamente a la previsibilidad de su competencia), (
48
) sino un estrecho margen para no pronunciarse en ciertas materias, en la medida en que ello «refleje» las soluciones aplicables en virtud del artículo 24 del Reglamento Bruselas I bis.
40.
Por otro lado, en lo que concierne a la aplicación uniforme del Reglamento Bruselas I bis en todos los Estados miembros, en esos Estados está ampliamente reconocido que los órganos jurisdiccionales nacionales no deberían conocer sobre las materias de que se trata cuando esté implicado otro Estado. (
49
) Así, por lo general, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros están facultados, por su Derecho nacional, para declinar su competencia en esa situación. (
50
) Por último, aunque las condiciones precisas en las que lo hacen pueden, en principio, variar de un Estado miembro a otro, procede recordar que el Derecho de la Unión delimitaría el Derecho nacional de forma bastante significativa, como ya expuse en los puntos 150 a 152 de mis primeras conclusiones. Ello garantizaría que esa solución se aplicase de modo suficientemente coherente en toda la Unión.
41.
El Gobierno francés adujo además, en la segunda vista, que consagrar ese «efecto reflejo» de las reglas de competencia exclusiva exigiría resolver un gran número de cuestiones prácticas (circunstancias en las que el juez ante el que se haya sometido el asunto debería suspender el procedimiento en vez de declinar su competencia, posibilidad de que ese juez adopte tal medida de oficio, etc.) que el Tribunal de Justicia no podría solventar por la vía judicial. En realidad, en mi opinión, no se trata de que el Tribunal de Justicia elabore un régimen sobre la declinación de competencia exhaustivo, sino de que establezca ciertas exigencias derivadas del Derecho de la Unión y remita, por lo demás, al Derecho nacional de cada Estado miembro (
51
) (a la espera de que el propio legislador de la Unión añada ese régimen al Reglamento Bruselas I bis).
C.
Posible «tercera vía»
42.
Sentado lo anterior, ciertas preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia a efectos de la segunda vista y las respuestas de la Comisión permiten vislumbrar la posibilidad de una «tercera vía», más específica (sobre la inscripción o la validez de las patentes) y más radical que la respuesta que he propuesto (y en la que, lo admito, no había pensado cuando redacté mis primeras conclusiones).
43.
Esa «tercera vía» consistiría en interpretar el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, a la luz de su contexto (véase el punto 23 anterior) y del Derecho internacional consuetudinario (véanse los puntos 14 a 18 anteriores), en el sentido de que no confiere ninguna competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del demandado para conocer de las demandas que tengan por objeto la inscripción o la validez de patentes de un Estado tercero. (
52
) Además, cuando se suscite la cuestión de la validez de una de esas patentes en el contexto de una acción por violación de patente, como ocurre en el presente asunto, esa disposición atribuiría competencia a esos órganos jurisdiccionales para resolver esta cuestión exclusivamente a título incidental, (
53
) a los exclusivos efectos de pronunciarse sobre la acción. (
54
) No les conferiría la potestad de atribuir efectos erga omnes a la motivación referente a la validez del título (ni, con mayor razón, de formular una declaración a ese respecto, que tuviera ese efecto, en el fallo de su resolución). (
55
)
44.
En la práctica ello supondría que, mientras que el Reglamento Bruselas I bis se aplicaría a esas demandas (o excepciones) cuando el demandado estuviera domiciliado en la Unión, dicho Reglamento no atribuiría competencia (o una facultad de declaración erga omnes) a
ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro. Por consiguiente, cuando se sometiera a uno de esos órganos jurisdiccionales una demanda de este tipo contra un demandado «local», dicho órgano jurisdiccional tendría que declarar que no es competente para conocer de ella (o, en el caso de una excepción de nulidad propuesta en el marco de una acción por violación de patente, limitar los efectos de su decisión a las partes), con arreglo al citado Reglamento. (
56
)
45.
Esta interpretación presenta varias ventajas. En primer lugar, desde un punto de vista teórico, al enunciar que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no tienen atribuida ninguna competencia con arreglo al régimen de Bruselas para anular las patentes de Estados terceros (u otorgar, en el contexto de una acción por violación de patente, efectos erga omnes a algunas de sus constataciones), el Tribunal de Justicia estaría extrayendo consecuencias, desde luego radicales, pero, sin embargo, lógicas (y, por consiguiente, perfectamente defendibles) de las consideraciones de Derecho internacional consuetudinario expuestas en los puntos 14 a 18 de las presentes conclusiones.
46.
Además, esa interpretación garantizaría, en la práctica, cierta coherencia entre las soluciones aplicables «dentro de la Unión» y las aplicables a las relaciones con los Estados terceros, respetando el tenor del artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis. (
57
) También reflejaría las que existen en Derecho comparado, en particular en el Derecho de los Estados miembros. (
58
)
47.
Por último, esa misma interpretación presenta la ventaja de ofrecer una solución perfectamente uniforme (porque la falta de competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros derivaría directamente del Reglamento Bruselas I bis y se aplicaría de la misma manera en toda la Unión) y previsible (porque no se reconocería ningún margen de apreciación a esos órganos jurisdiccionales en cuanto a la oportunidad de pronunciarse) con respecto al problema planteado. Por tanto, también sería plenamente conforme con el «espíritu» de la sentencia Owusu.
48.
Sin embargo, esa interpretación del Reglamento Bruselas I bis se presta a ciertas críticas. En primer término, desde el punto de vista teórico, cabe objetar que tiene una relación de tensión con la lógica de la regla de competencia prevista en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis. Esa regla se basa en los vínculos personales entre los órganos jurisdiccionales designados y un determinado demandado. Como ya he señalado en el punto 6 de las presentes conclusiones, la competencia de esos órganos jurisdiccionales abarca, en principio, todas las demandas presentadas contra ese demandado. Esa regla no traza, en sí misma, ninguna distinción en función de la materia en litigio.
49.
No obstante, esa objeción tiene sus límites. De hecho, en las situaciones «internas de la Unión», determinadas materias están excluidas de la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del demandado en virtud de otras disposiciones del Reglamento Bruselas I bis (en particular, de su artículo 24). De este modo, se trata simplemente de reconocer que a veces sucede lo mismo en los litigios que implican a Estados terceros, admitiendo la existencia, en el propio artículo 4, apartado 1, del mencionado Reglamento, de determinados límites implícitos a esa competencia, impuestas por el Derecho internacional consuetudinario.
50.
En segundo término, cabe observar que varios de los informes oficiales relativos a los instrumentos de Bruselas, (
59
) un pasaje del dictamen 1/03 (
60
) y el considerando 24, párrafo segundo, del Reglamento Bruselas I bis (
61
) dan a entender que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros son efectivamente competentes, sobre la base del artículo 4, apartado 1, de ese Reglamento, para conocer de materias como la inscripción y la validez de las patentes cuando esté implicado un Estado tercero.
51.
Dicho esto, esta objeción también tiene sus límites. En primer lugar, los informes en cuestión, al margen del hecho de que no justifican sus posturas, no proporcionan la interpretación auténtica del régimen de Bruselas, sino que, a lo sumo, sirven de guía, no obligatoria, a tal efecto. (
62
) En segundo lugar, toda vez que el dictamen 1/03 no versa, en cuanto tal, sobre el problema central del presente asunto, (
63
) el pasaje en cuestión podría considerarse un obiter dictum, abierto a ciertos matices y precisiones, más que una postura completamente definida del Tribunal de Justicia sobre esa cuestión. (
64
) En tercer lugar, la relación de tensión con el considerando 24 del Reglamento Bruselas I bis es muy relativo. (
65
)
52.
Por último, desde el punto de vista práctico, podría criticarse esa interpretación del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis por la rigidez de la solución que se deriva de ella. En efecto, habida cuenta de que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros serían (radicalmente) incompetentes para pronunciarse sobre las demandas que tuvieran por objeto la inscripción o la validez de patentes de Estados terceros, no dispondrían de ningún margen para apreciar la oportunidad de declinar su competencia. Estarían obligados a hacerlo en todo caso. En determinados supuestos, ello podría obligar a los demandantes a acudir ante un tribunal de un Estado tercero que no ofrezca las garantías de un proceso equitativo. Dichos órganos jurisdiccionales no tendrían la posibilidad de conocer del litigio en esos supuestos.
53.
Dicho esto, una vez más, el peso de esa crítica es relativo. Aunque, desde mi punto de vista, tal margen de maniobra es indispensable en determinados contextos, (
66
) su oportunidad resulta más discutible en el supuesto concreto que nos ocupa. Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros rebasarían los límites que impone el Derecho internacional consuetudinario si realizaran una declaración erga omnes sobre la invalidez de una patente de un Estado tercero incluso por razones de «necesidad» (al no poder ofrecer los tribunales de ese último Estado las garantías de un proceso equitativo), y su decisión estaría en todo caso desprovista de valor práctico. (
67
) Además, aunque como consecuencia de ello, en particular, un competidor de un titular de una patente de un Estado tercero domiciliado en la Unión no pudiera ejercitar en ningún caso una acción de nulidad de tal patente ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, dicho competidor siempre podría impugnar la validez de esa patente con carácter incidental, por ejemplo, en el contexto de una eventual acción por violación de patente ejercitada en su contra (siempre que él mismo estuviera domiciliado en la Unión), o bien en el contexto de una demanda de «declaración negativa» de responsabilidad formulada contra ese titular. No quedaría pues privado de toda protección ante esos órganos jurisdiccionales frente a las patentes de Estados terceros carentes de fundamento.
III. Conclusión
54.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la tercera cuestión prejudicial planteada por el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación con sede en Estocolmo, Suecia):
«El artículo 24, punto 4, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
debe interpretarse en el sentido de que
dicha disposición no se aplica en lo que respecta a la validez de una patente registrada en un Estado tercero. No obstante, cuando los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros sean competentes en virtud de otra regla del citado Reglamento, podrán abstenerse de pronunciarse sobre esa cuestión.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Conclusiones presentadas en el asunto BSH Hausgeräte (C‑339/22, en lo sucesivo, mis primeras conclusiones, EU:C:2024:159).
(
3
)	Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I bis»).
(
4
)	De conformidad con el procedimiento previsto por el Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, hecho en Múnich (Alemania) el 5 de octubre de 1973 (en lo sucesivo, «CPE»).
(
5
)	Véase el considerando 13 y el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.
(
6
)	Al menos cuando, como ocurre en este caso, ningún convenio internacional regule esa situación entre la Unión (o el Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del litigio) y el Estado tercero de que se trate (véanse los puntos 23 y 135 a 138 de mis primeras conclusiones).
(
7
)	Véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2022, IRnova (C‑399/21, en lo sucesivo, sentencia IRnova, EU:C:2022:648), apartados 40 y 48 y jurisprudencia citada.
(
8
)	El delito de violación de patente se localiza (necesariamente) en el territorio del Estado que ha concedido la patente en cuestión, dado que, de conformidad con el principio de territorialidad, el alcance de los derechos que confiere esa patente se circunscribe a ese territorio.
(
9
)	Sentencia de 1 de marzo de 2005 (C‑281/02, en lo sucesivo, sentencia Owusu, EU:C:2005:120), apartados 10, 11 y 24 a 26. Esa sentencia guarda relación con el Convenio relativo a la Competencia Judicial y a la Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia Civil y Mercantil, hecho en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), posteriormente sustituido por el Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), sustituido, a su vez, por el Reglamento Bruselas I bis. Dicho esto, debe garantizarse una continuidad en la interpretación en lo que respecta al ámbito de aplicación de esos instrumentos y de sus disposiciones equivalentes (véase, en particular, la sentencia IRnova, apartados 29 y 37).
(
10
)	Esa cuestión también se suscita, mutatis mutandis, cuando un órgano jurisdiccional de la Unión conoce de un asunto en el que existe un acuerdo exclusivo de elección de foro. En efecto, el artículo 25 del Reglamento Bruselas I bis prevé que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben atenerse, en principio, a ese acuerdo cuando este designe a los órganos jurisdiccionales de otro «Estado miembro», sin referirse a los supuestos en los que el acuerdo atribuya la competencia a los órganos jurisdiccionales de un Estado tercero. Habida cuenta del ámbito restringido de las presentes conclusiones, me centraré en los litigios relativos a la inscripción y la validez de las patentes de Estados terceros, pero mencionaré de manera puntual otros supuestos.
(
11
)	Asimismo, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del demandado serían competentes y estarían obligados a pronunciarse cuando se presentase una demanda ante ellos, a pesar de la existencia de un acuerdo exclusivo de elección de foro en favor de los órganos jurisdiccionales de un Estado tercero, en ausencia de una regla en sentido contrario en el Reglamento Bruselas I bis.
(
12
)	Véase, en particular, Parrish, A., «Adjudicatory Jurisdiction and Public International Law: The Fourth Restatement’s New Approach», en Stephan, P. B., y Cleveland, S. A. (eds.), The Restatement and Beyond: The Past, Present, and Future of U.S. Foreign Relations Law, Oxford Academic, Nueva York, 2020, pp. 303 a 318; Roorda, L., y Ryngaert, C., «Public International Law Constraints on the Exercise of Adjudicatory Jurisdiction in Civil Matters», en Forlati, S., y Franzina, P. (eds.), Universal Civil Jurisdiction — Which Way Forward?, Brill Leyde, 2020, pp. 74 a 95, y Mills, A., «Rethinking Jurisdiction in International Law», The British Yearbook of International Law, vol. 84, n.o 1, 2014, pp. 187 a 239.
(
13
)	Algunos órganos jurisdiccionales extranjeros consideran que el Derecho internacional consuetudinario o la cortesía internacional (comitas gentium) les impiden pronunciarse sobre la violación de una patente extranjera [véase, en particular, la sentencia de la United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Circuito Federal, Estados Unidos), de 1 de febrero de 2007, Jan K. Voda, M. D. c. Cordis Corp., 476 F.3d 887, 905 (Fed. Cir. 2007)]. No es así. En lo que respecta al Derecho consuetudinario, acabo de explicar la razón. En cuanto a la comitas gentium, el hecho de que un órgano jurisdiccional de un Estado haga efectivo un título de otro Estado constituye, por el contrario, un acto de cortesía frente a él [véase la sentencia de la Supreme Court (Tribunal Supremo, Reino Unido), de 27 de julio de 2011, Lucasfilm Limited y otros c. Ainsworth y otro, [2011] UKSC 39, §§ 104, 105 y 109].
(
14
)	Véase, por analogía, la sentencia Owusu, apartados 30 y 31.
(
15
)	En efecto, en el sentido del Derecho internacional consuetudinario, pueden existir puntos de conexión suficientes con distintos Estados, como ocurre en el presente caso. Los Estados pueden mitigar el riesgo de que se sustancien procedimientos paralelos o de que se dicten resoluciones contradictorias, inherente a ese solapamiento de competencias, ya sea adoptando soluciones internas (como la doctrina del forum non conveniens de los países de Common law o las reglas de litis pendens de los países de Derecho civil), o celebrando tratados internacionales que repartan las competencias en materia civil y mercantil entre sus respectivos órganos jurisdiccionales.
(
16
)	Véase el punto 61 y la nota 52 de mis primeras conclusiones, así como las citas. Véase, además Droz, G., Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché commun, Paris Dalloz, 1972, n.o 156; Mayer, P., «Droit international privé et droit international public sous l’angle de la notion de compétence», Revue critique de droit international privé, n.o 54, 1979, pp. 362 y 374 a 376, y Pataut, E., Principe de souveraineté et conflits de juridictions (Étude de droit international privé), LGDJ, París, 1999, n.os 4 a 11, 48, 97 y 359. Esas consideraciones de Derecho internacional consuetudinario se aplican a la mayor parte de las demás materias mencionadas en el artículo 24 del Reglamento Bruselas I bis. Así, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no pueden pronunciarse sobre una demanda que tenga por objeto la validez de la inscripción en otro tipo de registro público (artículo 24, punto 3) extranjero, por las razones expuestas en el punto 16 anterior. Esos órganos jurisdiccionales tampoco pueden pronunciarse sobre una demanda que tenga por objeto la ejecución de una resolución judicial (artículo 24, punto 5) en otro Estado, habida cuenta de la competencia exclusiva de cada Estado para emplear la coacción en su territorio [véase la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, Francia c. Turquía («asunto S. S. Lotus»), de 7 de septiembre de 1927, CPJI Recopilación 1927, serie A 10, p. 18]. Por último, sería (probablemente) contrario al Derecho internacional consuetudinario que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se pronunciase sobre la validez de un derecho real sobre un inmueble (artículo 24, punto 1, primer inciso), situado en el extranjero, habida cuenta de los vínculos entre esa decisión y la soberanía territorial de cada Estado (véase Mills, A., op. cit., p. 204). En sentido inverso, tales cuestiones de Derecho consuetudinario no se plantean en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles (artículo 24, punto 1, segundo inciso) o de validez de las sociedades y de las decisiones de sus órganos (artículo 24, punto 2).
(
17
)	En efecto, al margen de la competencia de la OEP (véanse los artículos 99 a 105 del CPE), esa patente solo puede revocarse por «partes» ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Una vez más, solo un juez del Estado en el que esté registrada una «parte» podrá declarar de nulidad de esta y ordenar su cancelación del registro nacional, con independencia de que los motivos de revocación de las patentes europeas estén previstos en el CPE (artículo 100) y de que, en el presente caso, la parte «turca» de la patente de que se trata tenga el mismo contenido que la «parte» sueca.
(
18
)	En efecto, si bien los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del demandado pueden conocer de una acción por violación de una patente de un Estado tercero, deben apreciar necesariamente la violación (y la validez) del título a la luz del Derecho de ese último Estado. Aunque todos los Estados pueden establecer un Derecho de patentes, cada Estado tiene una competencia prescriptiva exclusiva en lo que respecta a los títulos que concede en su territorio. Únicamente el Estado interesado puede determinar los derechos que esos títulos confieren y sus condiciones de validez (véase, en ese sentido, Mayer, P., op. cit., pp. 349 a 351).
(
19
)	Véanse los puntos 44 y 62 de mis primeras conclusiones. En contra de lo que sostiene Electrolux, el principio de territorialidad de las patentes, reconocido, en particular, en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, hecho en París (Francia) el 20 de marzo de 1883, revisado en último lugar en Estocolmo (Suecia) el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 828, n.o 11851, p. 305) (artículo 4 bis), y en el CPE (artículo 2, apartado 2), no incide en la competencia jurisdiccional de los Estados miembros. Esos tratados son, en realidad, neutros con respecto a esa cuestión. Si bien, en virtud de ese principio, una patente otorga una protección que se circunscribe al territorio del Estado que la ha concedido y depende del Derecho de ese Estado, ello no impide a los órganos jurisdiccionales extranjeros pronunciarse sobre la violación o incluso sobre la validez (con carácter incidental) del título en cuestión (véase, por analogía, la sentencia de 19 de abril de 2012, Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220, apartado 30). Ese principio únicamente exige que lo hagan a la luz del Derecho de ese mismo Estado, exigencia que, por lo demás, ya resulta del Derecho consuetudinario (véase la nota 18 de las presentes conclusiones).
(
20
)	Las reglas de competencia exclusiva en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos y en materia de ejecución de resoluciones judiciales, que figuran, respectivamente, en los puntos 3 y 5 de ese artículo, y la relativa a los derechos reales sobre bienes inmuebles, recogida en su punto 1, primer inciso, también plasman, desde mi punto de vista, el Derecho internacional consuetudinario. En sentido inverso, las reglas en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y en materia de validez de las sociedades (etc.), que figuran, respectivamente, en el punto 1, segundo inciso, y en el punto 2 de dicho artículo, proceden de meras consideraciones de buena administración de la justicia. Véase la nota 16 de las presentes conclusiones; el punto 126 y la nota 113 de mis primeras conclusiones y las citas, y Pataut, E., op. cit., n.os 4 a 11, 357 y 385.
(
21
)	De conformidad con su razón de ser, esas reglas presentan un carácter imperativo «que se impone con una fuerza específica […] al juez» (sentencia de 13 de julio de 2006, GAT, C‑4/03, EU:C:2006:457, apartado 24). Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, que conozcan con carácter principal de un litigio relativo, en particular, a la validez de una patente de otro Estado miembro, deben declararse de oficio incompetentes (véase el artículo 27 del Reglamento Bruselas I bis). Además, una sentencia dictada por esos órganos jurisdiccionales infringiendo esas reglas no podrá ser reconocida o ejecutada en otro Estado miembro [véase el artículo 45, apartado 1, letra e), de dicho Reglamento].
(
22
)	Véase, para una crítica de esa solución, los puntos 41 a 63 de mis primeras conclusiones.
(
23
)	Véase la sentencia IRnova, apartados 34 y 35.
(
24
)	Sentencia Owusu, apartado 37.
(
25
)	Véase la sentencia Owusu, apartados 48 a 52, y los puntos 119 y 155 de mis primeras conclusiones. En este sentido, el Tribunal de Justicia siguió las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en ese asunto (C‑281/02, EU:C:2004:798), puntos 69 a 71, 217 y 280.
(
26
)	Lo cual se desprende claramente de una lectura conjunta del artículo 4, apartado 1, y del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.
(
27
)	Véase Droz, G., op. cit., n.o 165; de Vareilles-Sommières, P., «The Mandatory Nature of Article 2 of the Brussels Convention and Derogation from the Rule It Lays Down», en de Vareilles-Sommières, P. (ed), Forum Shopping in the European Judicial Area, Hart Publishing, Londres, 2007, pp. 101 a 114; Schauwecker, M., «Extraterritorial Patent Jurisdiction: Can One Sue in Europe for Infringement of a U.S. Patent?», TTLF Working Paper, n.o 10, 2011, p. 43, y Mills, A., «Private International Law and EU External Relations: Think Local Act Global, or Think Global Act Local?», The International and Comparative Law Quarterly, vol. 65, n.o 3, 2016, pp. 541 a 579, en especial pp. 541, 542, 568 y 569.
(
28
)	Véanse el punto 118 y la nota 108 de mis primeras conclusiones y las citas.
(
29
)	Ha de observarse, a este respecto, que la delegación francesa ante el Consejo también había propuesto que se indicara de manera expresa en el Reglamento Bruselas I bis que, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro conociera de un litigio sobre una materia para la que el artículo 24 de dicho Reglamento establece una regla de competencia exclusiva, pero que implicara a un Estado tercero, se aplicase la regla general establecida en el artículo 4, apartado 1, del citado Reglamento [véase el documento 8205/12, de 27 de marzo de 2012, Note from the French delegation to Working Party on Civil Law Matters (Brussels I), p. 5, «Article 34(1)»]. Pues bien, el legislador de la Unión tampoco incorporó esa precisión. Resulta evidente que dicho legislador no quiso zanjar «claramente» la cuestión que nos ocupa, sino dejarla abierta.
(
30
)	Remito a la nota de la delegación alemana en la que se opuso a la propuesta de la delegación francesa porque «el Reglamento Bruselas I[ bis] no regula de manera completa la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros frente a los órganos jurisdiccionales de los Estados terceros», e indicó que así debería seguir siendo [Consejo de la Unión Europea, documento 13756/11 ADD 1, de 9 de septiembre de 2011, Note from German delegation to Working Party on Civil Law Matters (Brussels I), p. 3].
(
31
)	Véase Hess, B., «The Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (Recast)», Think Tank European Parliament, 2011, p. 13: «La Comisión no ha acogido la propuesta de la doctrina según la cual los criterios de competencia exclusiva del artículo 22 del [Reglamento Bruselas I bis] también deberían excluir la competencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión en las situaciones análogas que se produzcan en países terceros (el citado “efecto reflejo”). Esa solución parece aceptable dado que la determinación de un efecto reflejo puede considerarse una cuestión de interpretación del Reglamento que, en su caso, puede ser examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea […]» (el subrayado es mío).
(
32
)	La consecuencia más dramática (por ser especialmente importante desde el punto de vista práctico y económico) de esa lectura sería la reducción de manera drástica del efecto útil de los acuerdos de elección de foro a favor de los órganos jurisdiccionales de Estados terceros (dado que en ese Reglamento no existe ninguna excepción referida a esos acuerdos). Ya demostré de manera suficiente, en los puntos 129 a 131 de mis primeras conclusiones, que esa interpretación no es defendible a este respecto.
(
33
)	En contra de lo que aduce el Gobierno francés, al actuar de este modo, el Tribunal de Justicia no se «apropiaría de las facultades del legislador de la Unión». En efecto, nada impediría a dicho legislador abordar (por fin) la cuestión con ocasión de una futura refundición del régimen de Bruselas y adoptar, en esa materia, reglas expresas que sustituyan la interpretación adoptada por el Tribunal de Justicia.
(
34
)	Ello permite a un único órgano jurisdiccional pronunciarse, de manera global, sobre demandas por violación de patentes «pluriestatal», que guarden relación con patentes nacionales cuyo objeto y reivindicaciones sean idénticos o análogos (en particular, las distintas «partes» de las patentes europeas), como las formuladas por BSH en el presente asunto, evitando así el riesgo de que se adopten decisiones contradictorias.
(
35
)	Véase, en ese sentido, Droz, G., op. cit., n.o 168.
(
36
)	Véanse, en particular, las sentencias de 16 de junio de 1998, Racke (C‑162/96, EU:C:1998:293), apartado 46; de 27 de febrero de 2018, Western Sahara Campaign UK (C‑266/16, EU:C:2018:118), apartado 47, y de 26 de abril de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑401/19, EU:C:2022:297), apartado 70.
(
37
)	Véanse los puntos 5 y 6 de las presentes conclusiones.
(
38
)	O bien, respetando esa soberanía de manera muy parcial, e indirecta, en el contexto del mecanismo de litis pendens previsto en los artículos 33 y 34 del Reglamento Bruselas I bis, en función de circunstancias tan aleatorias y arbitrarias como que se haya acudido ante los órganos jurisdiccionales del Estado tercero interesado y si esa circunstancia se ha producido antes de que se acudiera ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del demandado (véase el punto 25 de las presentes conclusiones).
(
39
)	En efecto, si bien las consideraciones relativas al Derecho internacional consuetudinario discutidas anteriormente solo se refieren a algunas de esas materias (véanse las notas 16 y 20 de las presentes conclusiones), las justificaciones del «efecto reflejo» basadas en la sistemática y los objetivos del Reglamento Bruselas I bis se aplican del mismo modo a todas ellas. Además, esa solución se aplica también (pero por razones algo diferentes) a los litigios cubiertos por un acuerdo exclusivo de elección de foro a favor de órganos jurisdiccionales de Estados terceros.
(
40
)	Véase Droz, G., op. cit., n.os 164 a 169.
(
41
)	Droz, G., op. cit., n.o 167.
(
42
)	Véanse, para esta solución, los puntos 77 a 94 de mis primeras conclusiones. En efecto, en el contexto de la teoría del «efecto reflejo», los supuestos en los que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros están autorizados a no pronunciarse coinciden con el ámbito de aplicación material del artículo 24 del Reglamento Bruselas I bis. Ciertamente, esto supondría extender al ámbito internacional esa solución relativa a las excepciones de nulidad, a pesar de que el Derecho internacional consuetudinario no la impone (y cuyo fundamento yo mismo he criticado en los puntos 41 a 63 de mis primeras conclusiones). No obstante, ese resultado es necesario para la coherencia entre las soluciones «internas» y las «externas» que esa tesis pretende alcanzar (dado que las segundas «reflejan» las primeras). En cualquier caso, esa objeción queda contrarrestada por el hecho de que, a diferencia de lo que se exige «dentro de la Unión», la solución propuesta no obliga a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros a no pronunciarse sobre esa excepción. Pueden hacerlo si lo consideran oportuno (lo que es menos problemático).
(
43
)	El peso del argumento del Gobierno francés según el cual esa solución solo zanjaría el problema en parte, dado que nada impediría a los órganos jurisdiccionales que conocen del asunto no ejercer esa facultad y, por ejemplo, declarar nula la patente de un Estado tercero, es muy relativo. Por una parte, el riesgo es mucho más teórico que real, pues tradicionalmente los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no se han considerado competentes para apreciar la validez de patentes extranjeras (véase la nota 49 posterior). Por otra parte, aunque los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro actuaran de ese modo, la vulneración del Derecho internacional consuetudinario que resultaría de ello únicamente sería imputable a ese Estado miembro, pero no al legislador de la Unión, puesto que este no habría impuesto esa vulneración.
(
44
)	Problema que, en principio, no puede plantearse «dentro de la Unión», habida cuenta de la confianza mutua que los Estados miembros conceden a sus respectivas instituciones judiciales (véase el punto 110 de mis primeras conclusiones).
(
45
)	Dictamen 1/03 (Nuevo Convenio de Lugano), de 7 de febrero 2006 (en lo sucesivo, «dictamen 1/03», EU:C:2006:81), apartado 148.
(
46
)	Tampoco puede afirmarse que ello pondría en entredicho la primacía del Reglamento Bruselas I bis sobre el Derecho nacional. En efecto, el segundo se aplicaría en virtud del primero. Véase, por analogía, el dictamen 1/03, apartado 148.
(
47
)	Por lo demás, aunque BSH critica la teoría del «efecto reflejo», la solución que sugiere es muy cercana a ella. En efecto, esa sociedad propone al Tribunal de Justicia que declare que, aunque los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del demandado sean competentes y estén obligados a pronunciarse sobre demandas que guarden relación con Estados terceros, en virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, dichos órganos jurisdiccionales podrían, no obstante, abstenerse de pronunciarse con respecto a aquellas que tengan por objeto la validez de una patente de un Estado tercero, debido a la falta de interés en ejercitar la acción del demandante (dado que esos órganos jurisdiccionales no pueden ordenar a una OPI extranjera que elimine ese título de su registro), con arreglo a las normas procesales nacionales.
(
48
)	Véase la sentencia Owusu, apartados 38 a 42.
(
49
)	En virtud de su Derecho nacional, los tribunales de los Estados miembros suelen considerarse incompetentes para pronunciarse sobre la validez de una patente extranjera o de un derecho de propiedad sobre un inmueble situado en otro Estado, o sobre la ejecución de resoluciones judiciales en el territorio de otro Estado. Véase, con carácter general, Nuyts, A., Study on Residual Jurisdiction, General Report, 2007, apartados 93 a 96 y 103. A título ilustrativo, véase (i) en Bélgica, en materia de validez de patentes, el artículo 86, párrafo segundo, de la loi portant le Code de droit international privé (Ley por la que se aprueba del Código de Derecho Internacional Privado), de 16 de julio de 2004 (Numac 2004009511, Moniteur Belge de 27 de julio de 2004, p. 57340); (ii) en Francia, en materia inmobiliaria, Pataut, E., op. cit., n.os 139, 148, 360, 361 y 374 a 377, y, en materia de validez de patentes, Mayer, P., Heuzé, V., y Remy, B., Droit international privé, 12.a ed., LGDJ, París, 2019, apartados 329 y 330; (iii) en el Reino Unido, en materia de inmuebles, sentencia de la House of Lords (Cámara de los Lores, Reino Unido), de 8 de septiembre de 1893, British South Africa Co c. Companhia de Moçambique, [1893] AC 602, y, en materia de validez de patentes, sentencia de la Supreme Court (Tribunal Supremo), de 27 de julio de 2011, Lucasfilm Limited y otros c. Ainsworth y otro, §§ 54 y 56, y (iv) en Suecia, en materia de validez de patentes, Lundstedt, L., «Jurisdiction and enforcement outside of the Brussels System with a focus on IPR», Nordiskt immateriellt rättsskydd, vol. 76, n.o 4, p. 348 a 364, n.o 3.2.1.
(
50
)	Véase, a sensu contrario, la sentencia Owusu, apartado 43.
(
51
)	Véanse, respecto a esas exigencias, los puntos 149 a 152 de mis primeras conclusiones. Por lo demás, muchas de las cuestiones a las que ha aludido el Gobierno francés son puramente procesales (si la declinación de competencia puede declararse de oficio, etc.). Ahora bien, en general, esas cuestiones no están reguladas en el régimen de Bruselas, sino que se atribuyen a la lex fori, siempre que no se vulnere el efecto útil de ese régimen (véase la sentencia de 15 de mayo de 1990, Hagen, C‑365/88, EU:C:1990:203, apartados 17, 19 y 20). Eso es lo que yo propugno.
(
52
)	Cabría afirmar lo mismo respecto a las demás disposiciones del Reglamento Bruselas I bis. Pese a estar específicamente dirigida a la cuestión de la validez de las patentes de Estados terceros, desde mi punto de vista, esa respuesta podría extrapolarse, por analogía, a las demandas que tengan por objeto la validez de un título de propiedad sobre un inmueble situado en un Estado tercero, de una inscripción en otro registro público de tal Estado o de una medida de ejecución adoptada por ese Estado en su territorio, dado que todas estas materias suscitan cuestiones de soberanía del Estado en el ámbito internacional. En cambio, no podría aplicarse a las materias que no suscitan esas cuestiones (contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, validez de las sociedades) o a los litigios cubiertos por acuerdos exclusivos de elección de foro a favor de los órganos jurisdiccionales de un Estado tercero. Para esos casos, solo considero apropiada la tesis del efecto reflejo.
(
53
)	Así, cuando se proponga una excepción de nulidad en el contexto de una acción por violación de una patente de un Estado tercero, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no estarían obligados a suspender el procedimiento a la espera de que las autoridades de ese Estado determinasen la validez del título, como a menudo deben hacerlo, con arreglo al artículo 24, punto 4, del Reglamento Bruselas I bis, cuando se trata de una patente de un Estado miembro (véanse los puntos 77 a 94 de mis primeras conclusiones). Por lo demás, como señalé en el punto 63 de esas conclusiones, dicha solución también debería abandonarse, de lege ferenda, en los litigios «internos de la Unión». Por lo tanto, sugiero al legislador de la Unión que modifique el régimen de Bruselas en ese sentido.
(
54
)	Durante la segunda vista, el Tribunal de Justicia preguntó a las partes si el artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea podría oponerse a esa competencia. No creo que sea así. En efecto, ese derecho fundamental exige, ciertamente, que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros doten de eficacia a los derechos que confieren las patentes de Estados terceros cuando conocen de demandas que tengan ese objeto. Sin embargo, solo tienen que hacerlo cuando tales derechos sean válidos. Esa disposición no les prohíbe comprobarlo. Si, en el contexto de una acción por violación de patente, esos órganos jurisdiccionales considerasen que esa patente es nula y desestimaran la acción por tal motivo, ciertamente el titular ya no podría ejercer, frente al supuesto infractor, que habría quedado eximido, los derechos que le confiere esa patente. Sin embargo, no se trataría de una «privación de propiedad», sino de la mera consecuencia de la constatación de la nulidad. El hecho de que esa decisión tenga efectos inter partes, y de que la patente siga siendo válida en los demás casos, es inherente a los límites de la competencia jurisdiccional de los Estados miembros en esa materia. La situación que resulta no puede considerarse, en sí misma, contraria al citado artículo 17, apartado 2.
(
55
)	Por lo tanto, debería rechazarse toda (hipotética) norma de Derecho procesal nacional que atribuya un efecto erga omnes a las declaraciones de validez efectuadas en tal resolución por ser contraria al artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis.
(
56
)	El órgano jurisdiccional al que se hubiera sometido un litigio no podría declararse competente con arreglo a su Derecho nacional. Habida cuenta de que se aplica el Reglamento Bruselas I bis, dado que el demandado tiene su domicilio en la Unión, queda excluida la aplicación de las reglas de competencia nacionales (véase la sentencia de 25 de febrero de 2021, Markt24, C‑804/19, EU:C:2021:134, apartado 32).
(
57
)	Al evitar, al mismo tiempo, extender al ámbito internacional la solución excesiva prevista para las excepciones de nulidad en dicha disposición (véase la nota 53 anterior). Véase, en comparación, la nota 42 anterior.
(
58
)	Véase la nota 49 anterior.
(
59
)	Véase Jenard, P., y Möller, G., Informe relativo al Convenio de Lugano (DO 1990, C 189, p. 57), apartado 54, y Almeida Cruz, M., Desantes Real, M., y Jenard, P., Informe relativo al Convenio de San Sebastián (DO 1990, C 189, p. 35), apartado 25.
(
60
)	Véase el apartado 153 de ese dictamen y el punto 112 de mis primeras conclusiones.
(
61
)	En efecto, los artículos 33 y 34 del Reglamento Bruselas I bis disponen que, «cuando la competencia se base en el artículo 4», el órgano jurisdiccional del Estado miembro podrá suspender el procedimiento en caso de que se esté tramitando otro procedimiento paralelo en un Estado tercero cuando esto sea conforme con la buena administración de justicia. Pues bien, el considerando 24, párrafo segundo, de ese Reglamento dispone que así podría suceder «si el órgano jurisdiccional del tercer Estado tiene competencia exclusiva para conocer del asunto concreto en circunstancias en las que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro tendría competencia exclusiva» (sic). Ello implica, por lo tanto, que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro podrían ser competentes sobre la base del artículo 4 del citado Reglamento incluso respecto a demandas que tengan, por ejemplo, por objeto, la validez de patentes de un Estado tercero.
(
62
)	Véase, en tal sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2021, Commerzbank (C‑296/20, EU:C:2021:784), apartado 58.
(
63
)	Esa resolución versaba sobre si la Unión tenía competencia exclusiva para celebrar el Convenio de Lugano II (véase el punto 112 de mis primeras conclusiones).
(
64
)	Por lo demás, en ese pasaje, el Tribunal de Justicia enunció, de manera muy general, todas las materias para las que el artículo 24 del Reglamento Bruselas I bis prevé una competencia exclusiva y el supuesto de los acuerdos de elección de foro. No entraba en un análisis detallado de si la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del demandado quedaba excluida o limitada en relación con alguna de esas materias (entre ellas, la inscripción y la validez de las patentes de Estados terceros), habida cuenta de sus especificidades (véase también, a este respecto, la nota siguiente).
(
65
)	En efecto, aunque se interpretara el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis del modo que se sugiere en esta sección de las presentes conclusiones, siempre existirían situaciones en las que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serían competentes, en virtud de dicha disposición, a pesar de que un órgano jurisdiccional de un Estado tercero tuviera, paralelamente, una competencia exclusiva que reflejara las previstas en dicho Reglamento. Así podría suceder en materia de contratos de arrendamiento de inmuebles o de validez de las personas jurídicas o, por analogía, en caso de acuerdo exclusivo de elección de foro a favor de los órganos jurisdiccionales del Estado tercero de que se trate.
(
66
)	En particular, cuando se acude ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros a pesar de la existencia de un acuerdo de elección de foro a favor de los órganos jurisdiccionales de un Estado tercero.
(
67
)	Véase el punto 30 de las presentes conclusiones. Esa solución no es desconocida en el Derecho comparado. Por ejemplo, en el Derecho francés, el foro de necesidad no existe en el ámbito de los derechos reales sobre bienes inmuebles (véase Pataut, E., op. cit., n.os 374 a 377).