62025CJ0219
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 19 de junio de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Artículos 67 TFUE, apartado 3, y 82 TFUE, apartado 1 — Cooperación judicial en materia penal — Solicitud de extradición de un tercer país — Ciudadano de la Unión — Artículos 18 TFUE y 21 TFUE — Resolución anterior adoptada por otro Estado miembro de denegar la extradición debido a un grave riesgo de vulneración de los derechos fundamentales — Artículo 19, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho de la persona reclamada a no ser extraditada a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometida a tortura o a tratos inhumanos o degradantes — Artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales — Derecho a un proceso equitativo — Confianza mutua — Obligación de tener en cuenta las razones en las que se basa la decisión anterior de denegación de la extradición — Inexistencia de obligación de reconocimiento mutuo de dicha resolución»
En el asunto C‑219/25 PPU [Kamekris], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier (Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de Montpellier, Francia), mediante resolución de 18 de marzo de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de marzo de 2025, en el procedimiento referente a la extradición de
KN,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y los Sres. S. Rodin y N. Piçarra (Ponente), la Sra. O. Spineanu-Matei y el Sr. N. Fenger, Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretaria: Sra. R. Şereş, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de mayo de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de KN, por el Sr. J.‑C. De Block y la Sra. M. Poirot, avocats;
–
en nombre del Gobierno francés, por las Sras. B. Dourthe y M. Guiresse, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, M. Hellmann y A. Sahner, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. F. Blanc y J. Hottiaux, el Sr. H. Leupold y la Sra. J. Vondung, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 22 de mayo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La presente petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 67 TFUE, apartado 3, y 82 TFUE, apartado 1, en relación con los artículos 19 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de una solicitud de extradición dirigida por las autoridades georgianas a las autoridades francesas en relación con KN, nacional griego y georgiano, a efectos de la ejecución en Georgia de una pena de cadena perpetua.
Marco jurídico
Convenio Europeo de Extradición
3
El Convenio Europeo de Extradición, hecho en París el 13 de diciembre de 1957 (en lo sucesivo, «Convenio Europeo de Extradición»), del que son partes, en particular, la República Francesa y Georgia, establece, en su artículo 1, titulado «Obligación de conceder la extradición»:
«Las partes contratantes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y en las condiciones prevenidas en los artículos siguientes, a las personas a quienes las autoridades judiciales de la Parte requirente persiguieren por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad.»
4
En el momento de la ratificación de este Convenio, la República Francesa formuló, en particular, las dos reservas siguientes:
«Podrá denegarse la extradición cuando la entrega pueda tener consecuencias de extrema gravedad para la persona reclamada, en particular debido a su edad o a su estado de salud.
No se concederá la extradición cuando la persona reclamada sea juzgada en el Estado requirente por un tribunal que no garantice las garantías fundamentales de procedimiento y de protección de los derechos de la defensa o por un tribunal creado para su caso particular, o cuando la extradición se solicite para la ejecución de una pena o de una medida de seguridad impuestas por dicho tribunal.»
Derecho de la Unión
5
El artículo 18 TFUE, párrafo primero, dispone lo siguiente:
«En el ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los mismos, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.»
6
El artículo 21 TFUE, apartado 1, establece:
«Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.»
7
El artículo 67 TFUE, apartados 1 y 3, reza:
«1.   La Unión [Europea] constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros.
[…]
3.   La Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos, medidas de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales y otras autoridades competentes, así como mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal y, si es necesario, mediante la aproximación de las legislaciones penales.»
8
Con arreglo al artículo 82 TFUE, apartado 1:
«La cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros en los ámbitos mencionados en el apartado 2 y en el artículo 83.
El Parlamento Europeo y el Consejo [de la Unión Europea] adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas tendentes a:
a)
establecer normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento en toda la Unión de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas;
[…]».
9
El artículo 19 de la Carta, titulado «Protección en caso de devolución, expulsión y extradición», dispone, en su apartado 2:
«Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.»
10
El artículo 47 de la Carta, titulado, «Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial», prevé en su párrafo segundo:
«Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.»
Derecho francés
11
El artículo 696‑4 del code de procédure pénale (Código Procesal Penal) dispone lo siguiente:
«No se concederá la extradición en los siguientes supuestos:
1.o Cuando la persona reclamada tenga la nacionalidad francesa, apreciándose esta última en el momento de comisión del delito por el que se requiere la extradición;
[…]».
Litigio principal y cuestión prejudicial
12
El 3 de diciembre de 2010, KN, ciudadano de nacionalidad griega y georgiana, fue condenado en rebeldía a cadena perpetua por el Tribunal Municipal de Poti (Georgia). Esta pena fue confirmada en rebeldía el 3 de junio de 2011 por el Tribunal de Apelación de Kutaisi (Georgia). Los hechos imputados, cometidos en Georgia y Turquía durante los años 2008 y 2009, tenían que ver con el tráfico internacional de cocaína en cantidades especialmente importantes y en banda organizada, la preparación de un asesinato en grupo y la tenencia ilegal de armas de fuego.
13
El 2 de julio de 2021, las autoridades georgianas solicitaron a Interpol la difusión de una «notificación roja» en relación con KN, equivalente a una solicitud de detención preventiva a efectos de extradición, sobre la base de la sentencia del Tribunal de Apelación de Kutaisi de 3 de junio de 2011.
14
El 4 de octubre de 2021, KN fue detenido preventivamente en Bélgica, donde residía, sobre la base de esta «notificación roja». El 13 de octubre de 2021, la Fiscalía de Georgia presentó una solicitud de extradición ante las autoridades belgas. Inicialmente detenido a efectos de extradición, KN fue puesto en libertad, pero sometido a control judicial a partir del 29 de octubre de 2021, a la espera de una resolución de los órganos jurisdiccionales belgas sobre la solicitud de extradición.
15
El 20 de enero de 2025, KN fue detenido en Francia sobre la base de dicha «notificación roja». Al día siguiente, las autoridades georgianas dirigieron a las autoridades francesas una solicitud de extradición análoga a la presentada ante las autoridades belgas y KN fue detenido a efectos de extradición en Francia.
16
Mediante sentencia de 19 de febrero de 2025, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas, Bélgica), basándose en la normativa belga relativa a la extradición y en el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), denegó la solicitud de extradición presentada por las autoridades georgianas, al considerar que existían motivos fundados para temer que la extradición de KN a Georgia le expondría a una situación de denegación de justicia y a un riesgo real de tratos inhumanos o degradantes.
17
El 28 de febrero de 2025, en el marco del procedimiento de extradición incoado en Francia, KN compareció ante el procureur général de Montpellier (Fiscal General de Montpellier, Francia) y declaró que no consentía a ser extraditado.
18
Después de ello, KN fue remitido, el 1 de marzo de 2025, ante la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier (Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de Montpellier, Francia), que es el órgano jurisdiccional remitente. Ante este, alega que el Derecho de la Unión, en particular los principios de confianza mutua y de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales adoptadas por los Estados miembros, obliga a las autoridades francesas a reconocer la sentencia de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas) de 19 de febrero de 2025 y, por consiguiente, a denegar su extradición a Georgia. A su juicio, esta sentencia, de carácter penal, le reconoció un derecho garantizado por la Unión, a saber, el de no ser extraditado a un tercer país si existe un riesgo real de que se vea expuesto a un trato inhumano o degradante o a una denegación de justicia.
19
Ante el órgano jurisdiccional remitente, el Fiscal General de Montpellier subrayó que la tramitación de esta solicitud de extradición por las autoridades francesas está supeditada al cumplimiento de los artículos 3 y 6 del CEDH y que KN, ciudadano de nacionalidad griega y georgiana, había invocado la existencia de un grave riesgo de verse expuesto no solo a una denegación de justicia, sino también a tratos inhumanos o degradantes debido a las condiciones de reclusión en Georgia. Habida cuenta de la inestabilidad política en ese país desde noviembre de 2024, dicho magistrado instó a este órgano jurisdiccional a declarar que no podía obtener garantías fiables de las autoridades georgianas en cuanto al respeto de los derechos establecidos en dichos artículos.
20
El órgano jurisdiccional remitente recuerda que el artículo 1 del Convenio Europeo de Extradición, del que Georgia es parte como miembro del Consejo de Europa, obliga a extraditar a la persona reclamada cuando se cumplan los requisitos legales, sin perjuicio de las excepciones previstas y de las reservas formuladas por las Partes contratantes. Subraya también que la República Francesa ha formulado reservas en virtud de las cuales no se concede la extradición cuando la persona reclamada vaya a ser juzgada por un tribunal que no garantice los derechos fundamentales de la defensa y puede denegarse si cabe la posibilidad de que tenga consecuencias de una gravedad excepcional para esa persona.
21
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la sentencia de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas) de 19 de febrero de 2025, en la que esta declaró que, en caso de extradición a Georgia, KN correría un grave riesgo de denegación de justicia y de ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o degradantes, resulta pertinente para los órganos jurisdiccionales franceses, en virtud de los principios de confianza mutua y de reconocimiento mutuo. Según el órgano jurisdiccional remitente, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro solo están obligados, con arreglo a dichos principios, a reconocer la fuerza de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro cuando el Derecho de la Unión disponga expresamente tal reconocimiento.
22
En estas circunstancias, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier (Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de Montpellier) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse los artículos 67 TFUE, apartado 3, y 82 TFUE, apartado 1, en relación con los artículos 19 y 47 de la [Carta], en el sentido de que un Estado miembro está obligado a denegar la ejecución de una solicitud de extradición de un ciudadano de la Unión a un [tercer país] cuando otro Estado miembro haya denegado previamente la ejecución de la misma solicitud de extradición basándose en que la entrega de la persona requerida conllevaría el riesgo de vulnerar el derecho fundamental a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o degradantes, consagrado en el artículo 19 de la [Carta], y el derecho a un proceso equitativo, enunciado en el artículo 47, párrafo segundo, de dicha Carta?»
Sobre la solicitud de aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia
23
El órgano jurisdiccional remitente ha solicitado que se aplique el procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
24
De estas disposiciones resulta que la aplicación de este procedimiento está supeditada a dos requisitos acumulativos. Por una parte, la remisión prejudicial debe suscitar cuestiones de interpretación relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, objeto del título V de la tercera parte del Tratado FUE. Por otra, las circunstancias del litigio principal, tal como las describe el órgano jurisdiccional remitente, deben caracterizarse por la existencia de una situación de urgencia.
25
Por lo que respecta al primer requisito, procede señalar que la presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto, en particular, la interpretación de los artículos 67 TFUE, apartado 3, y 82 TFUE, apartado 1, disposiciones comprendidas en el título V de la tercera parte de dicho Tratado, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia. En consecuencia, esta petición puede tramitarse por el procedimiento prejudicial de urgencia.
26
Por lo que respecta al segundo requisito, relativo a la urgencia, se desprende de reiterada jurisprudencia que se cumple cuando la persona de que se trata se encuentre actualmente privada de libertad y su mantenimiento en prisión dependa de la solución del litigio principal, bien entendido que la situación de la persona en cuestión debe apreciarse tal como se presenta en la fecha de examen de la solicitud de aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia (véase, en particular, la sentencia de 29 de julio de 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, apartado 26 y jurisprudencia citada).
27
En el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que KN se encuentra detenido a efectos de extradición desde el 21 de enero de 2025, de modo que está actualmente privado de libertad. Por otra parte, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente tiene por objeto que se dilucide si debe negarse a extraditar a esa persona sobre la base del Derecho de la Unión. Por consiguiente, una respuesta afirmativa a esta cuestión por parte del Tribunal de Justicia debería conducir, en principio, a la liberación de KN.
28
En estas circunstancias, la Sala Tercera del Tribunal de Justicia, a propuesta del Juez Ponente y tras oír a la Abogada General, decidió, el 3 de abril de 2025, acceder a la solicitud del órgano jurisdiccional remitente de que la petición de decisión prejudicial se tramite mediante el procedimiento de urgencia.
Sobre la cuestión prejudicial
29
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 67 TFUE, apartado 3, y 82 TFUE, apartado 1, deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro está obligado a denegar la extradición a un tercer país de un nacional de otro Estado miembro cuando las autoridades de un tercer Estado miembro se han negado previamente a ejecutar una solicitud de extradición, procedente de ese tercer país y que tiene por objeto la ejecución de la misma pena impuesta a ese nacional de otro Estado miembro, debido a la existencia de un grave riesgo de vulneración de los derechos fundamentales garantizados por los artículos 19, apartado 2, y 47, párrafo segundo, de la Carta.
30
Con carácter preliminar, procede recordar que, a falta de convenio de extradición entre la Unión y el tercer país en cuestión, las normas en materia de extradición son competencia de los Estados miembros [véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de septiembre de 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, apartado 26, y de 17 de diciembre de 2020, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Extradición a Ucrania), C‑398/19, EU:C:2020:1032, apartado 28].
31
No obstante, los Estados miembros deben ejercer tal competencia respetando el Derecho de la Unión, en particular la prohibición de discriminación establecida en el artículo 18 TFUE, así como el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros garantizado por el artículo 21 TFUE, apartado 1 [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Solicitud de extradición a Bosnia y Herzegovina), C‑237/21, EU:C:2022:1017, apartado 29].
Sobre la interpretación de los artículos 18 TFUE y 21 TFUE
32
En primer lugar, es preciso señalar que, debido a su condición de ciudadano de la Unión, un nacional de un Estado miembro que circule o resida legalmente en el territorio de otro Estado miembro tiene derecho a invocar el artículo 21 TFUE, apartado 1, y está comprendido en el ámbito de aplicación de los Tratados, en el sentido del artículo 18 TFUE, que contiene el principio de no discriminación en función de la nacionalidad [véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, apartado 27, y de 22 de diciembre de 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Solicitud de extradición a Bosnia y Herzegovina), C‑237/21, EU:C:2022:1017, apartado 30].
33
El hecho de que un nacional de un Estado miembro distinto de aquel ante el que se presenta la solicitud de extradición con respecto a él posea también la nacionalidad de ese tercer país del que emana la solicitud no puede impedir que dicho nacional invoque los derechos y libertades conferidos por el estatuto de ciudadano de la Unión, en particular, los garantizados por el artículo 18 TFUE y el artículo 21 TFUE, apartado 1. En efecto, la circunstancia de que la persona reclamada sea simultáneamente nacional de un Estado miembro y de un tercer país no puede privarla de esos derechos y libertades [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de diciembre de 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Solicitud de extradición a Bosnia y Herzegovina), C‑237/21, EU:C:2022:1017, apartado 31 y jurisprudencia citada].
34
En el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que KN, que posee, en particular, la nacionalidad griega, ejerció, como ciudadano de la Unión, su derecho, establecido en el artículo 21 TFUE, apartado 1, a circular libremente en otro Estado miembro, de modo que su situación está comprendida en el ámbito de aplicación de los Tratados, en el sentido del artículo 18 TFUE, que prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad, y ello a pesar de que posee también la nacionalidad del tercer país que emitió la solicitud de extradición de la que es objeto.
35
Por otra parte, el hecho de que KN residiera de manera permanente en el Reino de Bélgica, y no en el territorio de la República Francesa, en el momento en que se presentó ante las autoridades de este Estado miembro la solicitud de extradición objeto del litigio principal no desvirtúa esta apreciación. En efecto, la naturaleza transitoria de la residencia en el territorio del Estado miembro requerido no excluye la situación del nacional de otro Estado miembro, al que se refiere dicha solicitud, del ámbito de aplicación de los Tratados, en el sentido del artículo 18 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de abril de 2018, Pisciotti, C‑191/16, EU:C:2018:222, apartado 34).
36
En segundo lugar, el Gobierno francés ha precisado que, con arreglo al artículo 696‑4, 1.o, del Código de Enjuiciamiento Criminal, la República Francesa no extradita a sus propios nacionales a un tercer país, ya que esta disposición no se opone a que dicho Estado miembro proceda, en cambio, a la extradición a un tercer país de los nacionales de los demás Estados miembros, con vistas a la ejecución de una pena impuesta en ese país.
37
Pues bien, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que una norma nacional que prohíbe la extradición únicamente de los nacionales del Estado miembro correspondiente introduce una diferencia de trato en función de si la persona reclamada es nacional de dicho Estado miembro o nacional de otro Estado miembro y crea así una desigualdad de trato que puede afectar a la libertad de estos últimos de circular y residir en la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de septiembre de 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, apartado 32, y de 13 de noviembre de 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, apartado 28).
38
De ello resulta que, en una situación como la del litigio principal, la desigualdad de trato que consiste en permitir la extradición de un ciudadano de la Unión, nacional de otro Estado miembro, como KN, se traduce en una restricción a la libertad de circulación, en el sentido del artículo 21 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de septiembre de 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, apartado 33, y de 13 de noviembre de 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, apartado 30).
39
En el caso de autos, si bien el órgano jurisdiccional remitente no pregunta al Tribunal de Justicia sobre la justificación de tal restricción por una razón imperiosa de interés general, pregunta, no obstante, si determinados derechos fundamentales establecidos en la Carta pueden oponerse a una extradición como la controvertida en el litigio principal.
Sobre el examen de un riesgo grave de vulneración de los derechos fundamentales
40
Cuando una normativa nacional puede obstaculizar el ejercicio de una o varias libertades fundamentales garantizadas por los Tratados, en este caso el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros establecido en el artículo 21 TFUE, apartado 1, dicha normativa solo puede justificarse desde el punto de vista del Derecho de la Unión en la medida en que sea conforme con los derechos fundamentales cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 1991, ERT, C‑260/89, EU:C:1991:254, apartados 42 y 43). Además, según reiterada jurisprudencia, debe considerarse que tal normativa «aplica el Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2023, Bezirkshauptmannschaft Feldkirch, C‑55/22, EU:C:2023:670, apartado 29, y de 12 de diciembre de 2024, Nemzeti Földügyi Központ, C‑419/23, EU:C:2024:1016, apartado 60 y jurisprudencia citada).
41
De ello se deduce que el Estado miembro requerido, que no extradita a sus propios nacionales, está obligado a examinar, antes de decidir extraditar a un nacional de otro Estado miembro, en virtud, en particular, del Convenio Europeo de Extradición, si dicha decisión, como aplicación del Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, podría vulnerar los derechos fundamentales garantizados por esta, en particular en su artículo 47, párrafo segundo, que consagra el derecho fundamental a un proceso equitativo, o en su artículo 19, apartado 2, según el cual nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes [véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 2018, Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898, apartado 49, y de 22 de diciembre de 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Solicitud de extradición a Bosnia y Herzegovina), C‑237/21, EU:C:2022:1017, apartado 55].
42
A tal efecto, la autoridad competente del Estado miembro requerido deberá basarse en elementos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados. Estos elementos pueden proceder, en particular, de resoluciones judiciales internacionales, como las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de resoluciones judiciales del tercer país requirente o de decisiones, informes u otros documentos elaborados por los órganos del Consejo de Europa o del sistema de las Naciones Unidas. La existencia de declaraciones y la aceptación de tratados internacionales que garantizan, en principio, el respeto de los derechos fundamentales no bastan, por sí mismas, para asegurar una protección adecuada de la persona reclamada contra el riesgo de tratos inhumanos o degradantes cuando fuentes fiables ponen de manifiesto prácticas de las autoridades de ese tercer país —o toleradas por estas— manifiestamente contrarias a los principios del CEDH (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, apartados 57 y 59).
43
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si los artículos 67 TFUE, apartado 3, y 82 TFUE, apartado 1, le obligan a reconocer la sentencia de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles (Sala de Acusación del Tribunal de Apelación de Bruselas) de 19 de febrero de 2025, mencionada en el apartado 16 de la presente sentencia, por la que dicho órgano jurisdiccional denegó la extradición de KN basándose en que tal extradición le expondría a un grave riesgo de vulneración del derecho fundamental a no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o degradantes, consagrado en el artículo 19, apartado 2, de la Carta, y del derecho fundamental a un proceso equitativo, consagrado en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta.
44
A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que ni el artículo 67 TFUE, apartado 3, ni el artículo 82 TFUE, apartado 1, pueden fundamentar una obligación de reconocimiento mutuo relativa a las decisiones de denegación, adoptadas por los Estados miembros, de las solicitudes de extradición procedentes de un tercer país.
45
En efecto, por un lado, el artículo 67 TFUE, apartado 3, dispone que «la Unión se esforzará por garantizar un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia y de lucha en contra de ellos», en particular, «mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal» y, «si es necesario, mediante la aproximación de las legislaciones penales» de los Estados miembros. Por otra parte, el artículo 82 TFUE, apartado 1, párrafo primero, establece que «la cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales e incluye la aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros», en particular las contempladas en el párrafo segundo, letra a), de dicho artículo 82, apartado 1, a tenor del cual «el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas tendentes a establecer normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento en toda la Unión de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas».
46
Del tenor de estas disposiciones se desprende que no establecen, como tales, una obligación de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal adoptadas en los Estados miembros, sino que se limitan a establecer que la cooperación judicial en materia penal en la Unión se basa en el principio de tal reconocimiento. De este modo, el artículo 82 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, letra a), se limita a establecer que el Parlamento y el Consejo adoptarán las medidas destinadas a establecer normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas.
47
En segundo lugar, si bien el Derecho de la Unión contiene varios instrumentos de Derecho derivado que establecen una obligación de reconocimiento mutuo de determinadas sentencias y resoluciones judiciales en materia penal, en particular la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), y la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO 2008, L 327, p. 27), es preciso señalar que ningún acto del Derecho de la Unión establece la obligación de reconocimiento mutuo de las decisiones adoptadas por los Estados miembros en cuanto a las solicitudes de extradición procedentes de un tercer país.
48
Por lo tanto, el principio de reconocimiento mutuo no se aplica a las resoluciones denegatorias de las solicitudes de extradición adoptadas por los Estados miembros.
49
Sin embargo, el principio de confianza mutua obliga a cada Estado miembro, en particular en lo que se refiere al espacio de libertad, seguridad y justicia, a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales garantizados por ese Derecho (sentencias de 29 de julio de 2024, Alchaster, C‑202/24, EU:C:2024:649, apartado 57, y de 29 de julio de 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, apartado 36).
50
En relación con la orden de detención europea, que se rige por la Decisión Marco 2002/584, el Tribunal de Justicia ha declarado que este principio exige, en caso de que otro Estado miembro haya adoptado una decisión denegatoria de tal ejecución por la existencia de un riesgo de vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo consagrado en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, que la autoridad de ejecución del Estado miembro que conozca de una nueva solicitud de entrega de la persona en cuestión tenga en cuenta debidamente las razones en que se fundamenta dicha decisión, en el marco de su propio examen sobre la existencia de un motivo para denegar la ejecución (sentencia de 29 de julio de 2024, Breian, C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, apartado 46).
51
Por las mismas razones, procede considerar que el principio de confianza mutua exige, ante una decisión denegatoria de la extradición de la persona reclamada a un tercer país, adoptada por un Estado miembro debido al grave riesgo que esta corre de que se vulnere su derecho fundamental a no ser sometida a tortura o a tratos inhumanos o degradantes, consagrado en el artículo 19, apartado 2, de la Carta, y su derecho fundamental a un proceso equitativo, contemplado en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, que la autoridad competente de otro Estado miembro, ante la que se haya presentado una nueva solicitud de extradición procedente de idéntico tercer país y relativa a la misma persona, tenga debidamente en cuenta las razones en que se fundamenta dicha decisión de denegación, en el marco de su propio examen de la existencia de un riesgo de vulneración de los derechos fundamentales garantizados por la Carta.
52
En efecto, como ha subrayado la Abogada General en el punto 49 de sus conclusiones, una decisión anterior de denegación de la extradición, adoptada en otro Estado miembro, basada en la existencia de un riesgo grave de vulneración de los derechos fundamentales garantizados por la Carta, forma parte de los elementos, mencionados por la jurisprudencia recordada en el apartado 42 de la presente sentencia, que el Estado miembro ante el que se presenta una nueva solicitud de extradición debe tener en cuenta en el marco de su propio examen.
53
De todas las consideraciones anteriores resulta que procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos 67 TFUE, apartado 3, y 82 TFUE, apartado 1, deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no está obligado a denegar la extradición a un tercer país de un nacional de otro Estado miembro cuando las autoridades de un tercer Estado miembro se han negado previamente a ejecutar una solicitud de extradición procedente de ese tercer país y que tiene por objeto la ejecución de la misma pena impuesta a ese nacional de otro Estado miembro debido a la existencia de un grave riesgo de vulneración de los derechos fundamentales garantizados por los artículos 19, apartado 2, y 47, párrafo segundo, de la Carta.
Costas
54
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
Los artículos 67 TFUE, apartado 3, y 82 TFUE, apartado 1,
deben interpretarse en el sentido de que
un Estado miembro no está obligado a denegar la extradición a un tercer país de un nacional de otro Estado miembro cuando las autoridades de un tercer Estado miembro se han negado previamente a ejecutar una solicitud de extradición procedente de ese tercer país y que tiene por objeto la ejecución de la misma pena impuesta a ese nacional de otro Estado miembro debido a la existencia de un grave riesgo de vulneración de los derechos fundamentales garantizados por los artículos 19, apartado 2, y 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.