62021TJ0347
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada)
de 24 de enero de 2024 (
*1
)
«Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Decisión de la JUR sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2021 — Obligación de motivación — Derecho a ser oído — Principio de seguridad jurídica — Derecho a la tutela judicial efectiva — Excepción de ilegalidad — Limitación en el tiempo de los efectos de la sentencia»
En el asunto T‑347/21,
Hypo Vorarlberg Bank AG, con domicilio social en Bregenz (Austria), representada por los Sres. G. Eisenberger y A. Brenneis y la Sra. J. Holzmann, abogados,
parte demandante,
contra
Junta Única
de Resolución
(JUR), representada por los Sres. J. Kerlin, D. Ceran y C. Flynn, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. B. Meyring y T. Klupsch y la Sra. S. Ianc, abogados,
parte demandada,
apoyada por
Parlamento Europeo, representado por los Sres. J. Etienne y M. Menegatti y la Sra. G. Bartram, en calidad de agentes,
y por
Consejo de la Unión Europea, representado por el Sr. J. Bauerschmidt y las Sras. J. Haunold y A. Westerhof Löfflerová, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada),
integrado por el Sr. A. Kornezov, Presidente, y los Sres. G. De Baere, D. Petrlík (Ponente) y K. Kecsmár y la Sra. S. Kingston, Jueces;
Secretaria: Sra. S. Jund, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 2 de marzo de 2023;
dicta la siguiente
Sentencia (
1
)
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Hypo Vorarlberg Bank AG, solicita la anulación de la Decisión SRB/ES/2021/22 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 14 de abril de 2021, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2021 al Fondo Único de Resolución (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), en lo que a ella se refiere.
[omissis]
III. Pretensiones de las partes
18
La demandante solicita, en esencia, al Tribunal General que:
–
Anule la Decisión impugnada, incluidos sus anexos, en lo que a ella se refiere.
–
Condene en costas a la JUR.
19
La JUR solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso por infundado.
–
Condene en costas a la demandante.
–
Con carácter subsidiario, en el supuesto de que se anule la Decisión impugnada, mantenga los efectos de dicha Decisión hasta que sea sustituida o, al menos, durante un período de seis meses desde la fecha en que la sentencia sea firme.
20
El Parlamento Europeo solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso por cuanto se basa en la excepción de ilegalidad de la Directiva 2014/59 y del Reglamento n.o 806/2014.
–
Condene en costas a la demandante.
21
El Consejo de la Unión Europea solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
IV. Fundamentos de Derecho
[omissis]
B. Sobre los motivos relativos a la legalidad de la Decisión impugnada
1.
Sobre el segundo motivo, basado en un vicio sustancial de forma debido a la insuficiente motivación de la Decisión impugnada
145
La demandante alega que la Decisión impugnada no cumple las exigencias de la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y en el artículo 41, apartados 1 y 2, letra c), de la Carta.
146
El segundo motivo, se articula, en esencia, en cinco partes.
a)
Observaciones preliminares
147
El artículo 296 TFUE, párrafo segundo, dispone que los actos jurídicos deben estar motivados. Asimismo, el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta, obliga a las instituciones, órganos y organismos de la Unión a motivar sus decisiones.
148
La motivación de una decisión de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión reviste una importancia muy especial, por cuanto permite al interesado decidir con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de interponer un recurso contra esa decisión y al órgano jurisdiccional competente ejercer su control, y porque constituye, en consecuencia, uno de los presupuestos necesarios para la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 103 y jurisprudencia citada).
149
Esa motivación debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y al contexto en el cual este se adoptó. A ese respecto, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que el carácter suficiente de la motivación debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate y, en particular, con el interés que las personas afectadas puedan tener en recibir explicaciones. Por consiguiente, un acto lesivo está suficientemente motivado cuando tiene lugar en un contexto conocido por el interesado, que le permite comprender el alcance de la medida adoptada a su respecto (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 104 y jurisprudencia citada).
150
Para examinar si esta motivación es suficiente para una decisión por la que se fijan aportaciones ex ante, procede recordar, en primer lugar, que no cabe deducir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la motivación de cualquier decisión de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión que imponga a un operador privado el pago de una cantidad de dinero deba incluir necesariamente todos los datos que permitan a su destinatario comprobar la exactitud del cálculo del importe reclamado (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 105 y jurisprudencia citada).
151
En segundo lugar, las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión están obligados en principio, con arreglo al imperativo de la protección del secreto empresarial, que constituye un principio general del Derecho de la Unión, concretado en particular en el artículo 339 TFUE, a no revelar a los competidores de un operador privado la información confidencial que este les haya facilitado (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 109 y jurisprudencia citada).
152
En tercer lugar, considerar que la motivación de la Decisión de la JUR por la que se fijan aportaciones ex ante debe permitir en todo caso a las entidades comprobar la exactitud del cálculo de su contribución ex ante traería consigo necesariamente prohibir al legislador de la Unión que instaure un método de cálculo de esta contribución que incluya datos cuyo carácter confidencial esté protegido por el Derecho de la Unión y, por tanto, reducir excesivamente la amplia facultad de apreciación de que debe disponer dicho legislador en la materia, impidiéndole, en particular, elegir un método que logre una financiación del FUR adaptada a la evolución del sector financiero, especialmente mediante un análisis comparativo de la situación financiera de cada entidad autorizada en el territorio de un Estado miembro participante (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 118).
153
En cuarto lugar, si bien es cierto que cuanto antecede pone de manifiesto que la obligación de motivación que incumbe a la JUR debe ponderarse, dado el funcionamiento del sistema de financiación del FUR y el método de cálculo establecido por el legislador de la Unión, con la obligación de la JUR de respetar el secreto empresarial de las entidades afectadas, también es cierto que esta última obligación no debe interpretarse en un sentido tan amplio que vacíe la obligación de motivación de su contenido esencial (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 120).
154
No obstante, tampoco puede considerarse, en el marco de la ponderación de la obligación de motivación con el principio de la protección del secreto empresarial, que motivar una decisión por la que se impone a un operador privado el pago de una suma de dinero sin proporcionarle todos los datos que permitan comprobar con exactitud el cálculo del importe reclamado menoscaba necesariamente, en todos los casos, el contenido esencial de la obligación de motivación (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 121).
155
Por lo que respecta a la decisión de la JUR por la que se fijan aportaciones ex ante, deberá considerarse que se ha respetado la obligación de motivación si las entidades afectadas por esta decisión, pese a no recibir datos protegidos por el secreto empresarial, pueden acceder al método de cálculo utilizado por la JUR y disponen de información suficiente para comprender, en esencia, de qué manera se tuvo en cuenta su situación individual a la hora de calcular su contribución ex ante, en relación con la situación del resto de las entidades afectadas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 122).
156
En tal caso, estas entidades afectadas tienen, en efecto, la posibilidad de comprobar si su contribución ex ante se fijó de manera arbitraria, pasando por alto la realidad de su situación económica o utilizando datos relativos al resto del sector financiero carentes de verosimilitud. Dichas entidades pueden, por tanto, comprender las razones presentadas para justificar la decisión por la que se fija su contribución ex ante y valorar la conveniencia de interponer un recurso contra tal decisión, de suerte que sería excesivo exigir a la JUR que comunique cada uno de los elementos cuantificados en que se basa el cálculo de la contribución ex ante de cada entidad afectada (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 123).
157
De lo anterior resulta que la JUR no está obligada, en particular, a proporcionar a una entidad los datos que le permitan comprobar, de manera exhaustiva, la exactitud del valor del multiplicador de ajuste, ya que tal comprobación supondría disponer de datos protegidos por el secreto empresarial relativos a la situación económica de cada una de las demás entidades afectadas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 135).
158
Sin embargo, incumbe a la JUR publicar o transmitir a las entidades afectadas, en forma colectiva y anonimizada, los datos relativos a dichas entidades, utilizados para calcular dicha aportación, siempre que los datos en cuestión puedan comunicarse sin vulnerar el secreto empresarial (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 166).
159
Entre los datos que deben ponerse, pues, a disposición de las entidades figuran, en particular, los valores límite de cada intervalo y los indicadores de riesgo correspondientes, sobre cuya base la aportación ex ante de las entidades se ajustó al perfil de riesgo de estas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 167).
160
Las alegaciones de la demandante desarrolladas en el segundo motivo deben examinarse a la luz de estas consideraciones.
b)
Sobre la primera parte, relativa a la motivación de la determinación del nivel fijado como objetivo anual
161
Según la demandante, la Decisión impugnada no está debidamente motivada en lo que se refiere al nivel de financiación anual. En su opinión, no está clara la razón, en particular, por la que la JUR no fijó como objetivo anual, habida cuenta de las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 para el sector bancario, un nivel menos elevado, al igual que en años anteriores.
162
A este respecto, según la demandante, la JUR se limitó a realizar afirmaciones estereotipadas y generales y a enumerar una serie de indicadores que deben tenerse en cuenta a la hora de fijar un nivel de financiación anual, sin explicar cómo había evaluado dichos indicadores. En particular, la demandante afirma que la JUR no explicó de qué manera había evaluado los posibles efectos procíclicos de las aportaciones ex ante en la situación financiera de las entidades, ni las consecuencias de esta evaluación en la fijación del nivel mencionado.
163
Por consiguiente, la demandante afirma que la Decisión impugnada no le permite apreciar si la fijación de ese nivel en una octava parte del 1,35 %, en lugar del 1 %, del importe medio de los depósitos garantizados en 2020 cumple la exigencia de la normativa aplicable según la cual el nivel fijado como objetivo anual no debe superar una octava parte del nivel fijado como objetivo final.
164
La JUR contesta que, habida cuenta del carácter al mismo tiempo prospectivo y exhaustivo del cálculo del nivel fijado como objetivo final, necesariamente tiene que basarse en hipótesis y en su conocimiento especializado para hacer proyecciones, a la hora de determinar ese nivel para cada período de contribución. Por otro lado, la JUR sostiene que de los considerandos 43 a 48 de la Decisión impugnada se desprende que sí tuvo debidamente en cuenta la pandemia de COVID-19 en su análisis de la fase del ciclo económico y de los posibles efectos procíclicos que las aportaciones ex ante podían tener en la situación financiera de las entidades.
165
Además, la JUR afirma que la demandante pasa por alto el carácter dinámico del nivel fijado como objetivo final, que se deriva del hecho de que la suma de los depósitos garantizados tomada como valor de referencia al final del período inicial, por su propia naturaleza, no se iba a conocer hasta el 31 de diciembre de 2023 y antes de esta fecha no podía hacerse más que una previsión. A este respecto, la JUR sostiene que la Decisión impugnada está suficientemente motivada, aunque no indique expresamente un importe definitivo del nivel fijado como objetivo final. Según afirma, de dicha Decisión se desprende que, desde abril de 2021, los depósitos garantizados debían seguir aumentando hasta el final del período inicial. Por tanto, debería ser evidente para la demandante que la fijación de un nivel como objetivo anual en una octava parte del 1 % del importe medio de los depósitos garantizados en 2020 no habría permitido cumplir el requisito establecido en el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014 de alcanzar, al final del período inicial, un nivel, como objetivo final, de al menos el 1 % de los depósitos garantizados.
166
Con carácter preliminar, procede recordar que, de conformidad con el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, al término del período inicial, los recursos financieros disponibles en el FUR deben alcanzar el nivel fijado como objetivo final, correspondiente al menos al 1 % del importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes.
167
Según el artículo 69, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, durante el período inicial, las aportaciones ex ante deben escalonarse de la forma más uniforme posible hasta alcanzar el nivel fijado como objetivo final mencionado en el apartado 166 de la presente sentencia, pero teniendo debidamente en cuenta la fase del ciclo económico y las repercusiones que las aportaciones procíclicas puedan tener en la situación financiera de las entidades.
168
El artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014 señala que, cada año, las aportaciones debidas por todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes no deben exceder del 12,5 % del nivel fijado como objetivo final.
169
Por lo que respecta al método de cálculo de las aportaciones ex ante, el artículo 4, apartado 2, del Reglamento Delegado 2015/63 establece que la JUR determinará su importe sobre la base del nivel de financiación anual, atendiendo al nivel fijado como objetivo final y sobre la base del importe medio de los depósitos garantizados correspondientes al año anterior, calculado trimestralmente, de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes.
170
Del mismo modo, según el artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81, la JUR determina la aportación ex ante de cada entidad sobre la base del nivel de financiación anual, que debe establecerse por referencia al nivel fijado como objetivo final y de conformidad con el método establecido en el Reglamento Delegado 2015/63.
171
En el presente asunto, como se desprende del considerando 48 de la Decisión impugnada, la JUR cifró el importe del nivel de financiación anual, para el período de contribución de 2021, en 11287677212,56 euros.
172
En los considerandos 36 y 37 de la Decisión impugnada, la JUR explicó, en esencia, que el nivel de financiación anual debía partir de un análisis de la evolución de los depósitos garantizados en años anteriores, de cualquier evolución pertinente de la situación económica y de un análisis de los indicadores relativos a la fase del ciclo económico y de las repercusiones que las aportaciones procíclicas puedan tener en la situación financiera de las entidades. A continuación, la JUR consideró apropiado fijar un coeficiente basado en este análisis y en los recursos financieros disponibles en el FUR (en lo sucesivo, «coeficiente»). La JUR aplicó este coeficiente a una octava parte del importe medio de los depósitos garantizados en 2020, con el fin de obtener el nivel de financiación anual.
173
La JUR expuso el método que había aplicado para determinar el coeficiente en los considerandos 38 a 47 de la Decisión impugnada.
174
En el considerando 38 de dicha Decisión impugnada, la JUR observó una tendencia constante al alza de los depósitos garantizados de todas las entidades de los Estados miembros participantes. En particular, el importe medio de estos depósitos, calculado trimestralmente, para el año 2020, ascendía a 6,689 billones de euros.
175
En los considerandos 40 y 41 de la Decisión impugnada, la JUR ofreció un pronóstico de la evolución de los depósitos garantizados durante los tres años restantes del período inicial, a saber, de 2021 a 2023, y consideró que las tasas anuales de crecimiento de los depósitos garantizados hasta el final del período inicial se situarían entre el 4 % y el 7 %.
176
En los considerandos 42 a 45 de la Decisión impugnada, la JUR presentó una evaluación de la fase del ciclo económico y del efecto procíclico potencial que las aportaciones ex ante podían tener en la situación financiera de las entidades. Para ello, señaló que había tomado en consideración varios indicadores, como la previsión de la Comisión del crecimiento del producto interior bruto, las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) a este respecto y el flujo de crédito del sector privado en un porcentaje del producto interior bruto.
177
En el considerando 46 de la Decisión impugnada, la JUR concluyó que, si bien era razonable esperar que se mantuviera el crecimiento de los depósitos garantizados en la unión bancaria, el ritmo de ese crecimiento en su opinión, iba a ser inferior al del año 2020. A este respecto, la JUR indicó, en el considerando 47 de la Decisión impugnada, que había adoptado un «enfoque prudente» respecto de las tasas de crecimiento de los depósitos garantizados en los siguientes años hasta 2023.
178
Habida cuenta de estas consideraciones, la JUR, en el considerando 48 de la Decisión impugnada, fijó el coeficiente en un 1,35 %. A continuación, calculó el importe del nivel de financiación anual, multiplicando el importe medio de los depósitos garantizados en 2020 por dicho coeficiente y dividiendo el resultado de ese cálculo por ocho, de conformidad con la siguiente fórmula matemática que figura en el considerando 48 de la citada Decisión:
«Objetivo0 [importe del nivel fijado como objetivo anual] = Total de depósitos garantizados2020 * 0,0135 * ⅛ = EUR 11287677212,56».
179
No obstante, en la vista, la JUR señaló que el nivel de financiación anual para el período de contribución de 2021 se había determinado como se expone a continuación.
180
En primer lugar, sobre la base de un análisis prospectivo, la JUR fijó el importe de los depósitos garantizados de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes, previsto para el final del período inicial, en alrededor de 7,5 billones de euros. Para obtener este importe, la JUR tuvo en cuenta el importe medio de los depósitos garantizados en 2020, a saber, 6,689 billones de euros, una tasa de crecimiento anual de los depósitos garantizados del 4 % y el número de períodos de contribución restantes hasta el final del período inicial, a saber, tres.
181
En segundo lugar, con arreglo al artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014, para obtener el importe estimado del nivel fijado como objetivo final que debía alcanzarse a 31 de diciembre de 2023, la JUR calculó el 1 % de esos 7,5 billones de euros, esto es, alrededor de 75000 millones de euros.
182
En tercer lugar, la JUR dedujo de este último importe los recursos financieros ya disponibles en el FUR en 2021, es decir, alrededor de 42000 millones de euros, para obtener el importe que quedaba por percibir durante los períodos de contribución restantes antes de que finalizara el período inicial, a saber, de 2021 a 2023. Este importe ascendía a alrededor de 33000 millones de euros.
183
En cuarto lugar, la JUR dividió este último importe entre tres para repartirlo uniformemente entre los tres períodos de contribución restantes. De este modo, el nivel de financiación anual para el período de contribución de 2021 se cifró en el importe mencionado en el anterior apartado 171, a saber, en alrededor de 11287 millones de euros.
184
La JUR también afirmó en la vista, que había hecho pública determinada información en la que se basaba el método descrito en los apartados 180 a 183 de la presente sentencia y que, en su opinión, esta permitía a la demandante comprender el método mediante el cual se había calculado el nivel de financiación anual. En particular, la JUR señaló que había publicado en su sitio de Internet, en mayo de 2021, es decir, con posterioridad a la adopción de la Decisión impugnada, pero con anterioridad a la interposición del presente recurso, una ficha técnica denominada «Fact Sheet 2021» (en lo sucesivo, «ficha técnica») que indicaba el importe estimado del nivel fijado como objetivo final. Asimismo, la JUR afirmó que el importe de los recursos financieros disponibles en el FUR también estaba disponible en su sitio de Internet, así como en otras fuentes públicas, bastante antes de la adopción de la Decisión impugnada.
185
Para examinar si la JUR cumplió con su obligación de motivación en lo que atañe al nivel de financiación anual, procede recordar, antes de nada, que una falta o insuficiencia de motivación constituye un motivo de orden público que puede, e incluso debe, ser examinado de oficio por el juez de la Unión (véase la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartado 34 y jurisprudencia citada). Por consiguiente, el Tribunal General puede, e incluso debe, tener en cuenta asimismo otros defectos de motivación distintos de los invocados por la demandante, especialmente cuando estos se manifiestan durante el procedimiento.
186
A tal efecto, durante la fase oral del procedimiento, se oyó a las partes en relación con todos los posibles defectos de motivación de que adolecía la Decisión impugnada en lo tocante al nivel de financiación anual. En particular, cuando se le preguntó expresamente y en varias ocasiones sobre este extremo, la JUR describió, etapa por etapa, el método que realmente había seguido para fijar este nivel para el período de contribución de 2021, tal como se describe en los apartados 180 a 183 de la presente sentencia.
187
Por lo que respecta, a continuación, al contenido de la obligación de motivación, de la jurisprudencia se desprende que la motivación de una decisión adoptada por una institución o un órgano de la Unión debe, en particular, estar exenta de contradicciones, de modo que permita a los interesados conocer los verdaderos motivos de dicha decisión, con el fin de defender sus derechos ante el órgano jurisdiccional competente, y a este ejercer su función de control (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, apartado 169 y jurisprudencia citada; de 22 de septiembre de 2005, Suproco/Comisión, T‑101/03, EU:T:2005:336, apartados 20 y 45 a 47, y de 16 de diciembre de 2015, Grecia/Comisión, T‑241/13, EU:T:2015:982, apartado 56).
188
Del mismo modo, cuando el autor de la Decisión impugnada facilita determinadas explicaciones sobre los motivos de dicha Decisión en el marco del procedimiento ante el juez de la Unión, estas explicaciones deben ser coherentes con las consideraciones expuestas en la citada Decisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de septiembre de 2005, Suproco/Comisión, T‑101/03, EU:T:2005:336, apartados 45 a 47, y de 13 de diciembre de 2016, Printeos y otros/Comisión, T‑95/15, EU:T:2016:722, apartados 54 y 55).
189
En efecto, si las consideraciones expuestas en la Decisión impugnada no son coherentes con las explicaciones proporcionadas en el procedimiento judicial, la motivación de dicha Decisión no cumple las funciones recordadas en los apartados 148 y 149 de la presente sentencia. En particular, tal incoherencia impide, por un lado, que los interesados conozcan los verdaderos motivos de la Decisión impugnada antes de la interposición del recurso y preparen su defensa atendiendo a ellos y, por otro lado, que el juez de la Unión identifique los motivos que han servido de verdadero fundamento jurídico a la mencionada Decisión y examine su conformidad con las normas aplicables.
190
Por último, procede recordar que, cuando la JUR adopta una decisión por la que se fijan aportaciones ex ante, debe poner en conocimiento de las entidades afectadas el método de cálculo de dichas aportaciones (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 122).
191
Lo mismo debe suceder con el método de cálculo del nivel fijado como objetivo final, cuyo importe reviste una importancia esencial en la lógica de una decisión de ese tipo. En efecto, como se desprende del artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81, el método de cálculo de las aportaciones ex ante consiste en repartir dicho importe entre todas las entidades afectadas, de modo que un incremento o una reducción de ese importe da lugar al correspondiente incremento o reducción de la aportación ex ante de cada una de esas entidades.
192
De lo anterior se desprende que, si bien la JUR está obligada a proporcionar a las entidades, en la Decisión impugnada, explicaciones relativas al método de cálculo del nivel de financiación anual, tales explicaciones deben ser coherentes con las facilitadas por la JUR durante el procedimiento judicial y deben referirse al método realmente aplicado.
193
Ahora bien, esto no sucede en el presente asunto.
194
En efecto, procede señalar, antes de nada, que la Decisión impugnada incluye, en el considerando 48, una fórmula matemática que se presentaba como base para el cálculo del nivel de financiación anual. Pues bien, esta fórmula no integra los elementos del método realmente aplicado por la JUR, que esta expuso en la vista. En efecto, como se desprende de los apartados 180 a 183 de la presente sentencia, la JUR obtuvo el importe del nivel de financiación anual, con arreglo a dicho método, deduciendo del nivel fijado como objetivo final los recursos financieros disponibles en el FUR, al objeto de calcular el importe que quedaba por percibir hasta el final del período inicial, y dividiendo este último importe por tres. Pues bien, estas dos etapas del cálculo no se plasman en modo alguno en dicha fórmula matemática.
195
Por otra parte, esta observación no queda desvirtuada por la afirmación de la JUR de que había publicado, en mayo de 2021, la ficha técnica, que contenía un rango que indicaba los eventuales importes del nivel fijado como objetivo final, y, en su sitio de Internet, el importe de los recursos financieros disponibles en el FUR. En efecto, con independencia de si la demandante tenía realmente conocimiento de esos importes, estos no le permitían, por sí solos, saber que la JUR efectivamente había aplicado las dos operaciones a que se hace referencia en el apartado 194 de la presente sentencia, máxime cuando la fórmula matemática que figura en el considerando 48 de la Decisión impugnada ni siquiera los mencionaba.
196
Existen otras incoherencias similares que también afectan al modo en el que se fijó el coeficiente del 1,35 %, que, sin embargo, desempeña un papel primordial en la fórmula matemática mencionada en el apartado 178 de la presente sentencia. Efectivamente, podría entenderse que este coeficiente se basa, entre otros parámetros, en la previsión de crecimiento de los depósitos garantizados durante los años restantes del período inicial. Pues bien, como reconoció la JUR en la vista, dicho coeficiente se fijó de forma que pudiera justificar el resultado del cálculo del nivel de financiación anual, es decir, después de que la JUR lo hubiera calculado aplicando las cuatro etapas expuestas en los apartados 180 a 183 de la presente sentencia y, en particular, dividiendo entre tres el importe resultante de deducir del nivel fijado como objetivo final los recursos financieros disponibles en el FUR. Pues bien, lo anterior no se desprende en modo alguno de la Decisión impugnada.
197
Además, debe recordarse que, según la ficha técnica, la estimación del nivel fijado como objetivo final se situaba en un rango de entre 70000 y 75000 millones de euros. Pues bien, este rango no es coherente con el rango de la tasa de crecimiento de los depósitos garantizados de entre el 4 % y el 7 % que figura en el considerando 41 de la Decisión impugnada. En efecto, la JUR señaló en la vista que, a efectos determinar el nivel de financiación anual, tuvo en cuenta la tasa de crecimiento del 4 % de los depósitos garantizados —que era la tasa más baja del segundo rango mencionado— y que, de este modo, había estimado el nivel fijado como objetivo final en 75000 millones de euros, que constituía el valor más alto del primer rango mencionado. Así pues, existe una discordancia entre ambos rangos. En efecto, por un lado, el rango relativo a la tasa de evolución de los depósitos garantizados incluía asimismo valores superiores al 4 %, cuya aplicación habría dado como resultado un importe estimado del nivel fijado como objetivo final superior a los incluidos en el rango relativo a este nivel. Por otro lado, es imposible que la demandante comprenda el motivo por el que la JUR incluyó en el rango relativo al nivel fijado como objetivo final importes inferiores a 75000 millones de euros. En efecto, para obtener este importe, habría sido necesario aplicar una tasa inferior al 4 %, que, sin embargo, no se incluía en el rango relativo a la tasa de crecimiento de los depósitos garantizados. A la vista de lo anterior, la demandante no estaba en disposición de comprender el modo en el que la JUR había empleado el rango relativo a la tasa de evolución de esos depósitos para estimar el nivel fijado como objetivo final.
198
De ello se deduce que, por lo que respecta al nivel de financiación anual, el método realmente aplicado por la JUR, tal como se expuso en la vista, no se corresponde con el descrito en la Decisión impugnada, de modo que ni las entidades ni el Tribunal General podían identificar, sobre la base de la Decisión impugnada, los verdaderos motivos por los que se fijó ese nivel.
199
Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que la Decisión impugnada adolece de vicios de motivación en lo que se refiere al nivel de financiación anual.
200
Por consiguiente, procede estimar la primera parte del segundo motivo. Habida cuenta de los intereses jurídicos y económicos del presente asunto, redunda en interés de una buena administración de la justicia proseguir el examen de los demás motivos del recurso.
[omissis]
c)
Sobre la tercera parte, relativa a la motivación de la Decisión impugnada en lo que se refiere a la inaplicación de determinados indicadores de riesgo
212
La demandante sostiene que la Decisión impugnada no motiva de forma suficiente que no se aplicasen determinados indicadores de riesgo en el cálculo de las aportaciones ex ante para el período de contribución de 2021.
213
En opinión de la demandante, la JUR no aplicó, en dicha Decisión, cuatro indicadores y subindicadores de riesgo que sin embargo el Reglamento Delegado 2015/63 contempla a efectos de la fijación de las aportaciones ex ante, a saber, el indicador «ratio de financiación estable neta» (en lo sucesivo, «indicador NSFR»), el indicador «fondos propios y pasivos admisibles en poder de la entidad que excedan del requisito mínimo de pasivos admisibles» (en lo sucesivo, «indicador MREL») y los subindicadores «complejidad» y «viabilidad de la resolución».
214
La demandante afirma que, sin la suficiente información no es posible conocer en qué medida la inaplicación de dichos indicadores y subindicadores de riesgo repercutió de forma positiva o negativa en la contribución ex ante de la demandante, y que en cualquier caso, no está clara la razón por la que se deba penalizar a una entidad como la demandante por el hecho de que otra entidad no haya comunicado determinados datos de la manera exigida, y ello haya dado lugar a que no se aplicasen los indicadores y subindicadores de riesgo en cuestión.
215
La JUR rebate las alegaciones de la demandante.
216
Procede señalar, antes de nada, que el artículo 20, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 establece que «cuando la información exigida por un indicador específico, según se contempla en el anexo II [de dicho Reglamento Delegado], no forme parte de las obligaciones de información con fines de supervisión aplicables a que se refiere el artículo 14 [del citado Reglamento Delegado] respecto del año de referencia, dicho indicador de riesgo no se aplicará hasta tanto la obligación de información no sea aplicable».
217
En el presente asunto, la JUR señaló, en los considerandos 21 a 29 de la Decisión impugnada, que no había aplicado los indicadores NSFR y MREL ni los subindicadores «complejidad» y «viabilidad de la resolución» debido a que, en el momento de la adopción de dicha Decisión, la información necesaria para estos indicadores y subindicadores de riesgo no estaba disponible de forma armonizada para todas las entidades.
218
En lo que se refiere más concretamente al indicador NSFR, la JUR señaló que «en la [Unión] no se [aplicaba] ninguna norma vinculante armonizada en materia de NSFR y, por lo tanto, que no había podido identificar indicadores a nivel nacional». En cuanto al indicador MREL, la JUR precisó que «puesto que los requisitos relativos al MREL en general se [habían] aplicado de forma gradual, no dispon[ía] de datos que le permitieran aplicar este indicador a nivel de cada entidad que contribuía al [FUR]». En lo que atañe a los subindicadores «complejidad» y «viabilidad de la resolución», la JUR señaló que no [estaban] disponibles de forma armonizada «los datos necesarios para [estos subindicadores], respecto del año de referencia 2019, de todas las entidades de los Estados miembros participantes».
219
La anterior motivación permite a la demandante comprender los motivos por los que la JUR no aplicó los indicadores y subindicadores de riesgo en cuestión y por lo tanto se ajusta a los requisitos enunciados en la jurisprudencia citada en los apartados 148 y 149 de la presente sentencia.
220
Por otro lado, del propio tenor del artículo 20, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 se desprende que esta disposición no permite a la JUR tener en cuenta las repercusiones de no aplicar un indicador de riesgo en el importe de la contribución ex ante de cada entidad. Por consiguiente, la demandante no puede reprochar a la JUR no haber incluido tales consideraciones en la Decisión impugnada.
221
En consecuencia, procede desestimar la tercera parte del segundo motivo.
d)
Sobre la cuarta parte, relativa a la motivación de la Decisión impugnada en relación con determinadas decisiones discrecionales de la JUR en la determinación de los parámetros del cálculo de las aportaciones ex ante
222
La demandante alega, en esencia, que la motivación de la Decisión impugnada es insuficiente en la medida en que no especifica la forma en la que la JUR hizo uso del margen de apreciación que le confiere el Reglamento Delegado 2015/63 y que afecta a varios aspectos del cálculo de las aportaciones ex ante.
223
En particular, la demandante afirma que la JUR dispone de una amplia facultad de apreciación para fijar el importe de los EPI y que no están claras las razones por las que esta limitó el porcentaje de los EPI al 15 % del importe de las aportaciones ex
ante de cada una de las entidades en cuestión.
224
Además, la demandante sostiene que del artículo 6, apartado 5, del Reglamento Delegado 2015/63 y de los considerandos 94 a 101, 106, 108 y 112 de la Decisión impugnada se desprende que la JUR dispone de un margen de apreciación para determinar indicadores de riesgo adicionales y redimensionar los diferentes indicadores de riesgo en el supuesto de que no se apliquen algunos de estos indicadores. A este respecto, en opinión de la demandante, el marco jurídico no ofrece suficiente claridad sobre el método de cálculo de las aportaciones ex ante ni sobre los criterios determinantes de dicho método.
225
La JUR rebate las alegaciones de la demandante.
226
A este respecto, procede señalar que, en los considerandos 145 a 153 de la Decisión impugnada, la JUR expuso de forma detallada y pormenorizada las razones por las que limitó el recurso a los EPI al 15 % del importe de las aportaciones ex ante individuales de las entidades. Sin embargo, la demandante no ha especificado por qué esas explicaciones son insuficientes para comprender los motivos que llevaron a la JUR a imponer dicho límite. Por lo tanto, las alegaciones de la demandante no incluyen ningún elemento que demuestre que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada a este respecto.
227
Lo mismo sucede con los indicadores de riesgo adicionales, con los redimensionamientos de los diferentes indicadores de riesgo y con otros aspectos del cálculo mencionados por la demandante. En efecto, la JUR especificó, en los considerandos 98 a 101 de la Decisión impugnada, cómo había definido los indicadores y subindicadores de riesgo aplicados en el pilar de riesgo IV. Asimismo, expuso, en los considerandos 20 a 29 y 94 a 96 de la Decisión impugnada, las razones por las que había considerado necesario no aplicar determinados indicadores de riesgo (véanse los apartados 217 y 218 de la presente sentencia) y proceder al correspondiente redimensionamiento de los distintos de los indicadores de riesgo. Por último, la JUR señaló, en los considerandos 108 y 112 de la Decisión impugnada, el modo en el que había redimensionado los indicadores de riesgo brutos de conformidad con el anexo I, titulado «Etapa 3», del Reglamento Delegado 2015/63 y el modo en el que había aplicado un signo negativo o positivo a cada indicador de riesgo de conformidad con el anexo I, titulado «Etapa 4», de dicho Reglamento Delegado. Pues bien, la demandante no ha especificado las razones por las que la motivación que figura en los citados considerandos de la Decisión impugnada no es suficiente.
228
Por último, la demandante alega que el Reglamento Delegado 2015/63 no es suficientemente claro en lo que respecta al método de cálculo de las aportaciones ex ante y a los criterios determinantes de este método. Incluso en el supuesto de que esta alegación pueda interpretarse en el sentido de que, con ella, la demandante invoca la ilegalidad de los artículos 4 a 7 y 9 y del anexo I del mencionado Reglamento Delegado, esta no explica en qué consiste la ilegalidad de esas disposiciones. A este respecto, la afirmación de la demandante, en modo alguno fundada, según la cual dicho Reglamento Delegado confiere a la JUR un margen de apreciación considerable no basta, por sí sola, para impugnar la legalidad de las mencionadas disposiciones.
229
En estas circunstancias, debe desestimarse la cuarta parte del segundo motivo.
e)
Sobre la quinta parte, relativa a la motivación de la Decisión impugnada en lo que se refiere a otros aspectos del cálculo de la aportación ex ante de la demandante
230
La demandante sostiene que la Decisión impugnada incumple la obligación de motivación debido a que el modo en el que la JUR calculó su contribución ex ante no es transparente ni comprensible.
231
La JUR rebate las alegaciones de la demandante.
1) Sobre el carácter supuestamente incomprensible e inverificable del cálculo de las aportaciones ex ante
232
En primer lugar, la demandante alega que la Decisión impugnada se limita a exponer consideraciones generales sobre el método de recogida de datos y de cálculo de las aportaciones ex ante. Así, la demandante sostiene que el texto de dicha Decisión no contiene ningún elemento relativo al cálculo concreto de su aportación ex ante. Más concretamente, afirma que los anexos de la mencionada Decisión solo incluyen resultados finales, lo que hace que el cálculo de esta aportación resulte incomprensible e inverificable. Además, en su opinión, los datos que figuran en dichos anexos carecen de pertinencia ya que no tienen valor probatorio ni tampoco valor explicativo ni justificativo alguno, debido a las inexplicables fluctuaciones de determinados valores de un año a otro. En opinión de la demandante, esta es la razón por la que el Tribunal General y las autoridades nacionales de resolución no son capaces de controlar el cálculo realizado por la JUR y por la que la Autoridad de supervisión de los mercados financieros no motivó, en el acuerdo recaudatorio, el cálculo de la aportación ex ante, sino que simplemente se remitió a la Decisión impugnada. Asimismo, según la demandante, la propia Autoridad de supervisión confirmó que ni ella misma comprendía esta Decisión.
233
A este respecto, como se ha señalado en el apartado 15 de la presente sentencia, el anexo I de la Decisión impugnada incluye la ficha individual de la demandante, que muestra no solo los datos comunes determinados por la JUR agregando o combinando los datos de todas las entidades, sino también todos los datos individuales de la demandante utilizados en el cálculo de su aportación ex ante, como el importe de su aportación anual de base, los valores de sus indicadores de riesgo y su clasificación en los respectivos intervalos en función de dichos valores. Además, del anexo II de la mencionada Decisión se desprende que la demandante estaba informada del número de intervalos correspondiente a cada indicador de riesgo y de los valores límite de esos intervalos. Por tanto, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 159 de la presente sentencia, la demandante podía comprobar, a la luz de los datos del anexo I de dicha Decisión, en relación con los datos del anexo II de esta misma Decisión, si había sido clasificada en los intervalos correctos en relación con el resto de entidades.
234
Lo anterior es tanto más cierto en cuanto que la JUR facilitó a la demandante, con anterioridad a la adopción de la Decisión impugnada, una herramienta de cálculo de las aportaciones ex ante para que pudiera efectuar, de antemano, el cálculo de su aportación ex ante. Esta herramienta incluía, por un lado, los algoritmos utilizados por la JUR para realizar los cálculos preliminares y, por otro lado, los datos comunes determinados por la JUR sumando o combinando los datos individuales de todas las entidades. Así pues, la demandante, mediante la inclusión de sus datos individuales en los campos correspondientes de dicha herramienta, pudo calcular, etapa por etapa, su aportación ex ante individual, de conformidad con los cálculos preliminares efectuados por la JUR sobre las aportaciones ex ante para el período de contribución de 2021.
235
Es cierto que, por lo que respecta a los datos de las demás entidades utilizados por la JUR en las etapas del cálculo de las aportaciones ex ante, tal como se definen en el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, relativas a la «discretización de los indicadores» (etapa 2), a la «inclusión del signo asignado» (etapa 4) y al «cálculo de las contribuciones anuales» (etapa 6), los anexos I y II de la Decisión impugnada solo incluyen los datos comunes determinados por la JUR añadiendo o combinando los datos individuales de todas las demás entidades. Sin embargo, de la jurisprudencia citada en el apartado 157 de la presente sentencia se desprende que la JUR no está obligada a facilitar a las entidades el cálculo completo utilizado para obtener esos datos comunes, ya que ello supondría divulgar datos protegidos por el secreto empresarial relativos a la situación económica de cada una de las demás entidades.
236
Por último, no puede prosperar la afirmación de la demandante de que los datos que figuran en los anexos de la Decisión impugnada carecen de todo «valor explicativo y justificativo» debido a las fluctuaciones, a su juicio incomprensibles, de determinados valores de un año a otro. En efecto, el mero hecho de que determinados valores, obtenidos sumando o combinando datos de un gran número de entidades, puedan variar de un año a otro no desvirtúa la credibilidad de todos los datos relativos a las entidades, que figuran en los anexos I y II de la Decisión impugnada.
237
En segundo lugar, la demandante alega que el cálculo de su aportación anual de base y de su multiplicador de ajuste es incomprensible. A este respecto, afirma que el valor de dicho multiplicador es excesivamente elevado, a pesar de sus excelentes calificaciones internacionales, de su perfil de riesgo, mejor que la media de las entidades, y de su modelo de negocio relativamente sencillo. En particular, la demandante no puede entender por qué el nivel de su multiplicador de ajuste calculado sobre la base nacional es elevado. [confidencial]. (
2
)
238
A este respecto, procede señalar que el valor del multiplicador de ajuste resulta de un cálculo basado en el método descrito en el anexo I del Reglamento Delegado 2015/63 y que se detalla en los considerandos 93 a 121 de la Decisión impugnada, así como en la ficha individual de la demandante, que forma parte del anexo I de dicha Decisión. Pues bien, la demandante no ha aportado al Tribunal General ningún elemento concreto mediante el que pueda demostrar el carácter incomprensible o incoherente de ese método y de los datos que figuran en los mencionados considerandos de la Decisión impugnada o en la ficha individual.
239
En cualquier caso, dado que los indicadores de riesgo, tal como se detallan en los considerandos 93 a 100 de la Decisión impugnada, se ponderan en cada uno de los cuatro pilares de riesgo y que estos cuatro pilares de riesgo también se ponderan, algunos indicadores de riesgo tienen un peso menor para el resultado del cálculo del multiplicador de ajuste que los demás. [confidencial] En estas circunstancias, la demandante se equivoca al sostener que el valor de su multiplicador de ajuste es inexplicablemente elevado.
240
En tercer lugar, la demandante alega que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada en la medida en que no permite comprender por qué razón su aportación ex ante para el período de contribución 2021 aumentó [confidencial] en relación con el período de contribución de 2020, mientras que el importe de los depósitos garantizados en Austria solo aumentó un 5,08 %, el importe de los depósitos garantizados de la demandante solo aumentó en [confidencial], sus índices de ajuste al riesgo solo aumentaron en [confidencial], el importe final de las aportaciones ex ante para el conjunto de la unión bancaria solo aumentó un 13 % y la actividad comercial de la demandante se mantuvo idéntica.
241
A este respecto, de la jurisprudencia citada en el apartado 149 de la presente sentencia se desprende que la motivación de un acto de la Unión no tiene que especificar todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes. En particular, la obligación de motivación que incumbe a la JUR no llega hasta el extremo de imponerle la obligación de justificar las razones por las que una aportación ex ante ha aumentado con respecto al año anterior.
242
Por otra parte, de la lógica del método de cálculo de las aportaciones ex ante se desprende que el importe de estas aportaciones depende, en particular, del importe de los depósitos garantizados del conjunto de las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes y del perfil de riesgo del conjunto de estas entidades. Por consiguiente, contrariamente a lo que parece sostener la demandante, el aumento de su aportación ex ante de un año a otro no es necesariamente proporcional al aumento de los depósitos garantizados en Austria, de los depósitos garantizados de la demandante o de su multiplicador de ajuste.
243
Por todo lo anterior, no puede considerarse que las razones exactas que provocaron el aumento de la aportación ex ante de la demandante, a pesar de las circunstancias mencionadas por esta, constituya información sin la cual no es posible comprender de qué manera se tuvo en cuenta su situación individual a efectos del cálculo de su aportación ex ante en el sentido de la jurisprudencia citada en los apartados 150 a 159 de la presente sentencia.
244
En cuarto lugar, la demandante sostiene que la asignación de las entidades a los intervalos es ininteligible y produce distorsiones considerables y resultados erróneos. En particular, no se especifica la razón por la que no se atribuyó a cada intervalo el mismo número de entidades en el marco del indicador de riesgo «ratio de apalancamiento». La demandante afirma que la distribución de las entidades en los intervalos también es incomprensible en lo que respecta al indicador de riesgo «activos ponderados en función del riesgo del mercado, divididos por el capital de nivel l ordinario», que forma parte del pilar de riesgo IV, ya que las entidades tampoco están distribuidas en ese intervalo de forma igualitaria y justificable. En su opinión, lo mismo sucede con otros indicadores de riesgo, como con el indicador «activos ponderados en función del riesgo del mercado, divididos por el total del activo». Así pues, la demandante afirma que es imposible apreciar de forma concluyente si la definición de los intervalos y la distribución de las entidades en esos intervalos se realizaron correctamente por la JUR y si la clasificación de la demandante es realista.
245
Más concretamente, la demandante alega que la JUR debería haber divulgado, en su caso, de forma anonimizada, los datos que utilizó de cada entidad a la hora de calcular los indicadores brutos, para permitirle comprobar si se habían asignado a intervalos similares entidades que habían proporcionado datos comparables.
246
A este respecto, en lo que se refiere, antes de nada, a la motivación de la Decisión impugnada en cuanto al hecho de que no se asignase a cada intervalo el mismo número de entidades en relación con el indicador de riesgo «ratio de apalancamiento», procede señalar que la JUR explicó debidamente, en el considerando 106 de la Decisión impugnada, los motivos de tal distribución, indicando que esta tenía por objeto evitar que se asignasen a intervalos diferentes entidades que presentaban el mismo valor para un indicador de riesgo bruto, de modo que se asignaron al mismo intervalo entidades que presentaban el mismo valor para dicho indicador, lo que dio lugar a que se asignara a cada intervalo un número diferente de entidades.
247
A continuación, habida cuenta de la jurisprudencia citada en los apartados 150 a 159 de la presente sentencia, la demandante alega erróneamente que la JUR debería haberle permitido comprobar, en su totalidad, la determinación del número de intervalos y la asignación de las entidades a dichos intervalos, puesto que tal proceder habría implicado que le hubieran comunicado datos de otras entidades protegidos por el secreto empresarial.
248
A este respecto, procede añadir que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la JUR no está obligada a divulgar, respecto de cada entidad afectada, todos los datos que estas le hayan facilitado y su asignación a los diferentes intervalos dentro de cada indicador de riesgo, limitándose a sustituir el nombre de cada entidad por un seudónimo. En efecto, como explicó la JUR, sin que haya sido cuestionada de forma convincente sobre este punto, tal proceder no podría garantizar que las entidades no pudieran ser identificadas a partir de los datos así comunicados. Efectivamente, no se excluye que algunas entidades, aunque hayan sido seudonimizadas, puedan, no obstante, ser identificadas mediante los datos individuales que ya se han hecho públicos, especialmente en el caso de las grandes entidades y de los Estados miembros que cuentan con pocas entidades.
249
Por lo demás, las alegaciones de la demandante en relación con otras supuestas distorsiones en la distribución por intervalos dentro de los distintos pilares de riesgo, aun en el supuesto de que fueran admisibles a la luz de la jurisprudencia citada en los apartados 27 a 30 de la presente sentencia, se refieren a una cuestión de fondo y no a la motivación de la Decisión impugnada.
2) Sobre la falta de aportación de datos individuales de las demás entidades
250
La demandante alega que la motivación de la Decisión impugnada es insuficiente en la medida en que no proporciona los datos individuales de las demás entidades, sin los cuales, afirma que le resulta imposible controlar el cálculo de su aportación ex ante. Los datos comunicados por las entidades con arreglo al anexo II del Reglamento Delegado 2015/63 no son, en realidad, según alega la demandante, datos confidenciales, ya que son accesibles al público o proceden de información publicada, como los informes de actividad de estas entidades.
251
Así pues, en opinión de la demandante, la JUR no ponderó debidamente la obligación de motivación y la exigencia de protección del secreto empresarial, organizando, por ejemplo, un procedimiento adecuado de consulta de los expedientes, que habría permitido una comunicación completa de los datos empleados en el cálculo de las aportaciones ex ante. Por consiguiente, la demandante solicitó al Tribunal General que instara a la JUR a presentar todos los documentos pertinentes para este cálculo.
252
En su escrito de réplica, la demandante sostiene que la JUR no respetó las exigencias derivadas de la obligación de motivación establecidas por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), ya que no le facilitó todos los elementos del cálculo de su aportación ex ante que habría podido facilitar sin vulnerar el secreto empresarial. A este respecto, el Tribunal de Justicia no enumeró taxativamente todos los elementos que la JUR debe divulgar.
253
Según la demandante, incumbe antes de nada a la JUR demostrar el carácter confidencial de cada dato que no divulgó y que era necesario para comprobar el cálculo de las aportaciones ex ante.
254
A continuación, por lo que respecta a la protección del secreto empresarial, según la demandante, no existe, respecto de algunos de los datos que la JUR no comunicó, riesgo alguno de que su divulgación conlleve un perjuicio para los intereses de las entidades. Tal es el caso, por ejemplo, de los multiplicadores de ajuste de cada entidad.
255
Por otra parte, la demandante afirma que los datos en los que se basa el cálculo de las aportaciones ex ante para el período de contribución de 2021 datan del año 2019, es decir, son casi tres años anteriores a la adopción de la Decisión impugnada, de modo que habían perdido todo carácter confidencial. En su opinión, los datos declarados por las entidades fluctúan en gran medida de un año a otro y, por ello, carecen de interés práctico para la apreciación de la posición económica de las entidades.
256
Por último, en opinión de la demandante, los datos que no permiten identificar a las entidades, incluidos todos los datos agregados utilizados en las distintas etapas del cálculo de las aportaciones ex ante, deben divulgarse en todo caso. En particular, la demandante afirma que la JUR podía haber facilitado, en particular, el total del pasivo de cada entidad, así como su multiplicador de ajuste, sin divulgar datos confidenciales, borrando el nombre de la entidad afectada. De este modo, las entidades podrían haber realizado, según la demandante, una comparación con otras entidades de tamaño similar al objeto de evaluar si el ajuste en función del riesgo correspondía a su situación económica real y de comprobar la asignación de las entidades a los intervalos.
257
En el considerando 88 de la Decisión impugnada, la JUR observó que «el secreto empresarial de las entidades —es decir, toda la información relativa a la actividad profesional de las entidades que, en caso de divulgación a un competidor o a un público más amplio, podrían perjudicar gravemente los intereses de las entidades— se considera[ba] información confidencial». La JUR añadió que, «para calcular las aportaciones ex ante […], la información individual facilitada por las entidades mediante sus formularios [de declaración] […], en la que se bas[aba] para calcular su aportación ex ante, se consider[aba] secreto empresarial».
258
Además, en los considerandos 90 a 92 de la Decisión impugnada, la JUR señaló que tenía prohibido «divulgar los puntos de datos de cada entidad, que [constituían] la base de los cálculos en [dicha Decisión]», mientras que solo estaba autorizada a «divulgar los puntos de datos agregados y comunes, en la medida en que dichos datos [fueran datos] acumulados». Dicho esto, las entidades disfrutaban, según la citada Decisión, de «una total transparencia en el cálculo de su [aportación anual de base] y de su multiplicador de ajuste» para las etapas de cálculo de esta aportación relativas al «cálculo de los indicadores brutos» (etapa 1), al «redimensionamiento de los indicadores» (etapa 3) y al «cálculo del indicador compuesto» (etapa 5). Además, las entidades podían obtener «puntos de datos comunes utilizados indistintamente por la JUR para todas las entidades ajustadas en función de su perfil de riesgo» para las etapas de cálculo relativas a la «discretización de los indicadores» (etapa 2), a la «inclusión del signo asignado» (etapa 4) y al «cálculo de las contribuciones anuales» (etapa 6).
259
A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que el propio principio del método de cálculo de las aportaciones ex ante, tal como se deduce de la Directiva 2014/59 y del Reglamento n.o 806/2014, implica la utilización, por parte de la JUR, de datos protegidos por el secreto empresarial que no pueden invocarse en la motivación de la decisión en la que se fijan las aportaciones ex ante (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 114).
260
En segundo lugar, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la obligación de motivación no obliga a la JUR a incluir, en la Decisión impugnada, consideraciones detalladas que demuestren el carácter confidencial de cada categoría de datos facilitados por las entidades.
261
En efecto, como resulta de la jurisprudencia citada en el apartado 149 de la presente sentencia, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que el carácter suficiente de la motivación debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate, y en particular con el interés que las personas afectadas puedan tener en recibir explicaciones.
262
Pues bien, por un lado, de las consideraciones que figuran en el considerando 88 de la Decisión impugnada se desprende que la JUR consideró que todos los datos declarados por cada entidad estaban protegidos, en su totalidad, por el secreto empresarial, puesto que la divulgación de esos datos a un competidor o a un público más amplio podía perjudicar gravemente los intereses de la entidad en cuestión.
263
Por otro lado, dado que la demandante aportó sus propios datos para el cálculo de las aportaciones ex ante, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento Delegado 2015/63, tenía pleno conocimiento de la naturaleza y de las características generales de cada categoría de esos datos. Así pues, podía evaluar en qué medida cada una de esas categorías de datos podía incluir información confidencial.
264
En estas circunstancias, la demandante disponía de información suficiente para comprender y, en su caso, rebatir las razones por las que la JUR había considerado que los datos individuales de las demás entidades estaban protegidos por el secreto empresarial. En particular, podía, habida cuenta de la naturaleza y de las características generales de cada categoría de datos, oponerse a la apreciación de la JUR que figura en el considerando 88 de la Decisión impugnada, según la cual dichos datos eran de carácter secreto y su divulgación podía perjudicar gravemente los intereses de la entidad en cuestión. Así pues, la demandante disponía de todos los datos necesarios para poder impugnar el incumplimiento por parte de la JUR de las exigencias establecidas por el Tribunal de Justicia en relación con la ponderación de la obligación de motivación y el principio de protección del secreto empresarial, tal como han sido recordadas en los apartados 155, 158 y 159 de la presente sentencia.
265
En tercer lugar, las pruebas que la demandante presentó ante el Tribunal General no bastan para demostrar que los datos individuales de las entidades no son, en realidad, datos confidenciales por ser de dominio público.
266
A este respecto, por un lado, la demandante señaló, en apoyo de su alegación, que un gran número de datos comunicados por las entidades se divulgan en los tests de resistencia publicados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), por ejemplo determinados «datos sobre el capital (capital propio, fondos propios, ratio de fondos propios, etc.), el coeficiente de endeudamiento, así como diversos importes de posición de riesgo (riesgo de crédito, titulización, riesgo de mercado, riesgo de explotación, etc.)». Además, la ABE realiza ejercicios anuales de transparencia a escala de la Unión, en el marco de los cuales dicha autoridad pública, en particular, «los datos detallados de cada entidad sobre su posición de mercado, sobre su exposición al riesgo [o] los ratios de fondos propios».
267
No obstante, procede señalar que el test de resistencia realizado por la ABE en 2018 a escala de la Unión y los ejercicios anuales de transparencia, a los que se refiere la demandante, solo tienen por objeto un número limitado de entidades, así como un número limitado de datos, mucho menos numerosos que los comunicados en el marco del cálculo de las aportaciones ex ante, extremo que, de hecho, la demandante reconoció en la vista. Así pues, la demandante no ha demostrado que los datos publicados en el marco de las actividades de la ABE se refieran a todas las entidades obligadas a realizar aportaciones ex ante.
268
Por otro lado, la demandante se refirió al hecho de que los ejercicios anuales de transparencia que se mencionan en el apartado 267 de la presente sentencia tenían por objeto que las propias entidades completaran las publicaciones de datos con arreglo, en particular, a los artículos 431 a 455 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1), y al artículo 106 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por el que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338). Pues bien, a este respecto, la demandante se limitó a remitirse a estas disposiciones, sin explicar qué datos individuales concretos de las entidades, utilizados para el cálculo de las aportaciones ex ante, con arreglo a dichas disposiciones, eran obligatoriamente de dominio público en el momento de la adopción de la Decisión impugnada.
269
De igual forma, la demandante no ha sostenido, y menos aún demostrado, que todos los datos utilizados para la determinación de al menos uno de los indicadores de riesgo, cuyo cálculo requería la combinación de datos de varias categorías, fueran de dominio público en el momento de la adopción de la Decisión impugnada.
270
En cuarto lugar, el hecho de que los datos empleados para calcular las aportaciones ex ante para el período de contribución de 2021 se refieran al año 2019 no significa que, en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, esos datos ya no estuvieran protegidos por el secreto empresarial. Del mismo modo, no se ha demostrado que la divulgación, por la Decisión impugnada, del conjunto de datos declarados por cada entidad no pudiese, solo por haber transcurrido tiempo, menoscabar el secreto empresarial. A este respecto, el mero hecho de que estos datos fluctuasen de un año a otro no demuestra que hubieran perdido su carácter confidencial antes de la adopción de la Decisión impugnada.
271
Además, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, cuando la información que pudo constituir secreto empresarial en una determinada época tiene cinco o más años de antigüedad, se considera en principio, debido al transcurso del tiempo, información histórica y despojada, por ello, de su carácter confidencial, salvo si, excepcionalmente, la parte que invoca ese carácter demuestra que, a pesar de su antigüedad, dicha información sigue constituyendo un elemento esencial de su posición en el mercado o de la de terceros afectados (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de junio de 2018, Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464, apartado 54 y jurisprudencia citada). No obstante, los datos utilizados para el cálculo de las aportaciones ex ante para el período de contribución de 2021 tenían, en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, menos de tres años de antigüedad.
272
En quinto lugar, por lo que respecta a la alegación de la demandante según la cual la JUR debería haber divulgado, de forma anonimizada, los valores del multiplicador de ajuste y del total del pasivo de cada entidad, de la jurisprudencia citada en los apartados 150 a 159 de la presente sentencia se desprende que, por lo que respecta a los datos de las demás entidades, la JUR está obligada a poner a disposición de la entidad información suficiente para que esta pueda comprender, en esencia, de qué manera se tuvo en cuenta su situación individual, a efectos del cálculo de su aportación ex ante, considerando la situación del resto de entidades. Más concretamente, corresponde a la JUR publicar o transmitir a dicha entidad, de forma agregada y anonimizada, la información relativa a las entidades que haya empleado para calcular dicha aportación, en la medida en que esta información puede comunicarse sin vulnerar el secreto empresarial.
273
Pues bien, con independencia de si, en el momento de la adopción de la Decisión impugnada, los valores del total del pasivo y del multiplicador de ajuste de cada entidad estaban protegidos por el secreto empresarial, debe señalarse, por un lado, que el total del pasivo de cada entidad constituye un dato necesario para la primera etapa del cálculo de las aportaciones ex ante, a saber, la determinación de la aportación anual de base, de conformidad con el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, partiendo de la base de que esta aportación debe ajustarse posteriormente en función del perfil de riesgo de cada entidad tomando en consideración otros datos individuales de las entidades. Por otra parte, el multiplicador de ajuste constituye un valor intermedio resultante de varias etapas del cálculo de las aportaciones ex ante y que integra todos los indicadores de riesgo empleados por la JUR para dicho cálculo. De esta forma, este multiplicador representa el perfil de riesgo global de cada entidad, que se basa en todos los indicadores de riesgo y que, además, no tiene ninguna relación directa con el importe del total del pasivo de la entidad.
274
En estas circunstancias, la divulgación de los valores del total del pasivo y del multiplicador de ajuste de cada entidad no habría permitido, sin divulgar todos los demás datos individuales de las entidades, alcanzar el objetivo perseguido por la demandante de realizar una comparación entre su situación y la de las demás entidades de tamaño similar al objeto de comprobar el cálculo de su aportación anual de base ajustada en función de su perfil de riesgo. Asimismo, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la divulgación de únicamente esos valores no habría permitido comprobar la asignación de las entidades a los intervalos.
275
Por consiguiente, el valor del multiplicador de ajuste y el pasivo total de cada entidad no pueden considerarse elementos sin los que las entidades no puedan comprender, en esencia, de qué manera se ha tenido en cuenta su situación individual en relación con la situación de todas las demás entidades.
276
A la luz de las anteriores consideraciones, procede desestimar la alegación de la demandante según la cual la Decisión impugnada no está suficientemente motivada en la medida en que no proporciona datos individuales de las demás entidades que permitan comprobar el cálculo de su aportación ex ante.
3) Sobre las disparidades entre los Estados miembros participantes en lo que se refiere a la relación entre el componente del importe total de las aportaciones ex ante de las entidades del Estado miembro calculado sobre la base nacional y el componente de dicho importe calculado sobre la base de la Unión
277
La demandante sostiene que la Decisión impugnada no justifica, por lo que respecta al importe total de las aportaciones ex ante de todas las entidades autorizadas en el territorio de cada Estado miembro participante, las disparidades entre estos Estados miembros en lo que se refiere a la relación entre, por un lado, el componente de dicho importe calculado sobre la base nacional y, por otro, el componente de dicho importe calculado sobre la base de la Unión. En efecto, para algunos de esos Estados miembros, el componente correspondiente a la base nacional es más elevado, en grados variables, que el componente correspondiente a la base de la Unión, y viceversa para otros. Además, el análisis de los valores agregados permite suponer que algunos Estados miembros financian la mayor parte de las aportaciones calculadas sobre la base de la Unión.
278
A este respecto, procede observar que la JUR explicó, en el considerando 60 de la Decisión impugnada, que «para el cálculo de la parte de las aportaciones anuales de la base nacional, […] el nivel fijado como objetivo utilizado para este cálculo se [había determinado] sobre una base nacional teniendo en cuenta únicamente los depósitos garantizados de las entidades de crédito autorizadas en el territorio del Estado miembro participante», mientras que los datos de las entidades autorizadas en el territorio de los demás Estados miembros participantes no se habían tenido en cuenta.
279
En cambio, según el considerando 61 de la Decisión impugnada, «para el cálculo de la parte de las aportaciones anuales [correspondientes a la base de la Unión] […], el nivel fijado como objetivo anual se define sobre la base de los depósitos garantizados de todas las entidades de crédito establecidas en los Estados miembros participantes».
280
De lo anterior se desprende que las disparidades y diferencias mencionadas por la demandante se explican por el hecho de que el cálculo de las aportaciones ex ante sobre la base nacional y el cálculo de dichas aportaciones sobre la base de la Unión se basan en datos diferentes. En estas circunstancias, la obligación de motivación que incumbe a la JUR no llega al extremo de obligarle a explicar mejor las diferencias entre el cálculo de las aportaciones sobre la base nacional y el cálculo de las aportaciones sobre la base de la Unión.
4) Sobre la motivación relativa a las correcciones de los datos de las demás entidades
281
La demandante alega, en esencia, que la Decisión impugnada no permite a las entidades comprobar el impacto de las correcciones de los datos de las demás entidades en el cálculo de las aportaciones ex ante para el período de contribución de 2021, ya que la JUR no divulga, en particular, el número de entidades que notificaron datos posteriormente corregidos ni las repercusiones que las correcciones tuvieron en el importe de las aportaciones ex ante. A este respecto considera que los cálculos de la JUR se prestan a error. La demandante afirma que algunas entidades incluso señalaron que «quizás» habían comunicado datos incorrectos, por lo que, en su opinión, el cálculo de la JUR se basa en datos inexactos. La demandante sostiene que aun cuando las eventuales correcciones puedan tenerse en cuenta a posteriori en el siguiente período de contribución, no se informa a las entidades de tales correcciones y de los motivos de las mismas, lo que, en su opinión, refuerza la opacidad y el carácter inverificable del cálculo de las aportaciones ex ante. Así pues, según la demandante, la diferencia entre, por un lado, el importe de estas aportaciones calculado para el período de contribución de 2021 y ajustado para las entidades recientemente supervisadas y, por otro, el importe final de estas aportaciones tras deducir las fijadas para el período de contribución de 2015 y tras los ajustes resultantes de las reexpresiones y las revisiones de datos carece de transparencia.
282
A este respecto, de la jurisprudencia mencionada en los apartados 150 a 159 de la presente sentencia se desprende que la Decisión impugnada no necesariamente debe incluir todos los elementos que permitan a su destinatario comprobar la exactitud del cálculo de su aportación ex ante. La comunicación de las correcciones realizadas a posteriori relativas a otras entidades o de los motivos para efectuarlas conllevaría la comunicación a la demandante de datos de las demás entidades protegidos por el secreto empresarial.
283
Por lo que respecta, a continuación, a la falta de información, en la Decisión impugnada, sobre el número de entidades afectadas por dichas correcciones, la demandante no ha explicado por qué esta información le era necesaria para comprender de qué manera la JUR había tenido en cuenta su situación individual a efectos del cálculo de su aportación ex ante para el período de contribución 2021.
284
En lo que se refiere a la alegación relativa a la supuesta tendencia al error en el cálculo de las aportaciones ex ante y a la utilización por la JUR de datos erróneos, se refiere a una cuestión de fondo y no a la motivación de la Decisión impugnada. Por otra parte, la demandante no ha aportado al Tribunal General ningún elemento concreto que le permita examinar dicha alegación en cuanto al fondo.
285
A la luz de todas las anteriores consideraciones, procede desestimar la quinta parte del segundo motivo.
f)
Conclusión relativa al segundo motivo
286
De todo lo anterior se desprende que procede estimar la primera parte del segundo motivo y desestimar las partes segunda a quinta de dicho motivo.
2.
Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 41, apartados 1 y 2, letra a), de la Carta debido a la vulneración del derecho a ser oído
287
La demandante sostiene que el procedimiento de consulta organizado por la JUR con anterioridad a la adopción de la Decisión impugnada no respetó su derecho a ser oída, consagrado en el artículo 41, apartados 1 y 2, letra a), de la Carta, ya que, según afirma, no le permitió presentar de manera efectiva observaciones sobre el cálculo de su aportación ex ante.
288
En opinión de la demandante, el período de dos semanas en el que se llevó a cabo dicho procedimiento era insuficiente para dar a conocer su opinión sobre el proyecto de Decisión impugnada y sobre las estadísticas agregadas, y para comprobar y analizar estas últimas, máxime cuando, en su opinión, los datos facilitados no eran suficientes para comprobar el proceso de cálculo y el importe de su aportación ex ante. A este respecto, la demandante afirma que los datos de cada entidad en los que se basa el cálculo de los datos comunes, determinantes para la distribución de cada entidad en los intervalos y, por consiguiente, para la clasificación de las entidades en función de cada indicador de riesgo, no se divulgaron. En consecuencia, según la demandante, la JUR no le permitió manifestarse sobre las cuestiones materiales y jurídicas pertinentes para su aportación ex ante ni comprobar la exactitud de dicha aportación. Por otro lado, la demandante afirma que, aunque la JUR puso a su disposición, con anterioridad a la adopción de la Decisión impugnada, una herramienta de cálculo interactivo de las aportaciones ex ante, este instrumento tampoco permite a las entidades apreciar si su ajuste en función del perfil de riesgo es plausible en relación con el resto de entidades y si su situación económica se ha evaluado correctamente.
289
Además, según afirma la demandante, el procedimiento de consulta se llevó a cabo de forma puramente formal, lo que queda demostrado, en particular, por el hecho de que la JUR no tomó en consideración ninguna de las observaciones formuladas por las entidades. La demandante afirma que la JUR eludió, en varias ocasiones, las dudas expresadas por determinadas entidades haciendo referencia al marco jurídico y a la motivación de la Decisión impugnada.
290
En opinión de la demandante, los vicios mencionados son aún más graves al disponer la JUR de un margen de apreciación considerable a la hora de fijar las aportaciones ex ante, de modo que el respeto del derecho a ser oído reviste especial importancia.
291
La JUR rebate las alegaciones de la demandante.
292
El derecho a ser oído, consagrado en el artículo 41, párrafo segundo, letra a), de la Carta, garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses (véase la sentencia de 22 de noviembre de 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, apartado 87 y jurisprudencia citada).
293
En el presente asunto, la JUR llevó a cabo, con anterioridad a la adopción de la Decisión impugnada, entre el 5 y el 19 de marzo de 2021, un procedimiento de consulta en el marco del cual facilitó el proyecto de la Decisión impugnada a las entidades afectadas y las invitó, mediante un formulario en línea, a presentar observaciones sobre su contenido.
294
Asimismo, la JUR facilitó a las entidades afectadas los siguientes documentos:
–
una herramienta de cálculo interactivo que permitía a las entidades calcular sus aportaciones ex ante para el período de contribución de 2021 sobre la base de los resultados de sus cálculos intermedios;
–
su dictamen SRB/ES/2021/13, de 3 de marzo de 2021, relativo al cálculo preliminar de las aportaciones ex ante al FUR para el período de contribución de 2021 y al inicio de la consulta a las entidades;
–
un documento titulado «Términos agregados» que incluía las estadísticas de los cálculos relativos a todas las entidades de forma resumida y colectiva; y
–
orientaciones sobre cómo calcular las aportaciones ex ante para el período de contribución de 2021 utilizando la herramienta de cálculo.
295
En este contexto, por un lado, de la jurisprudencia citada en los apartados 150 a 159 de la presente sentencia se desprende que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la JUR no estaba obligada a facilitarle la totalidad de los documentos y de los datos relativos a cada entidad al objeto de permitirle comprobar, de manera completa, la exactitud del cálculo de su aportación ex ante. En particular, la JUR no estaba obligada a facilitarle los documentos que contenían los datos individuales de las demás entidades que estaban protegidos por el secreto empresarial.
296
Por otra parte, la demandante no ha negado, en particular, que estuviese informada de la metodología seguida para calcular la aportación ex ante para el período de contribución de 2021 y del resultado provisional de la aportación ex ante que debía realizar, de modo que tenía la posibilidad de cumplimentar el formulario facilitado por la JUR y de exponer oportunamente sus observaciones sobre cada una de las etapas de dicho cálculo.
297
En estas circunstancias, nada indica que la demandante no tuviera acceso a los elementos que constituían el fundamento del cálculo de su aportación ex ante y que la JUR estaba obligada a facilitarle.
298
La demandante tenía igualmente la posibilidad de pronunciarse sobre estos elementos mediante el formulario en línea mencionado en el apartado 293 de la presente sentencia. Así, podía presentar sus observaciones sobre las decisiones discrecionales de la JUR en el marco del cálculo de su aportación ex ante, como la determinación del nivel de financiación anual o la definición de determinados indicadores de riesgo del pilar de riesgo IV, y podía calcular provisionalmente su aportación ex ante utilizando la herramienta de cálculo facilitada por la JUR.
299
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que un formulario previsto para que las personas afectadas puedan poner en conocimiento de la autoridad competente su punto de vista permite, en principio, exponer detalladamente los elementos que la autoridad competente ha de tener en cuenta, así como enunciar, si lo considera útil, información o apreciaciones diferentes de las presentadas a la autoridad competente (véase, por analogía, la sentencia de 9 de febrero de 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, apartados 39 y 40).
300
Esto es lo que sucede en el presente asunto.
301
En efecto, en el marco del procedimiento de consulta, la JUR invitó a las entidades a formular, por un lado, observaciones sobre trece cuestiones predefinidas que les permitían presentar comentarios sobre varios aspectos del cálculo de las aportaciones ex ante, incluidos el método y los resultados de dicho cálculo. Por otra parte, en el marco de la cuestión 14, las entidades podían plantear cualquier otra que considerasen pertinente para el cálculo de la aportación ex ante para el período de contribución de 2021 y que no quedara ya cubierta por las cuestiones predefinidas. En consecuencia, la demandante tuvo la posibilidad de presentar observaciones sobre cada elemento de ese cálculo o del procedimiento de elaboración de dicho cálculo.
302
Además, por lo que respecta al plazo fijado para presentar observaciones en el marco del procedimiento de consulta, en este caso de dos semanas, procede señalar, por un lado, que la demandante no explicó en qué medida dicho plazo vulneraba su derecho a ser oída. A este respecto, se limitó a afirmar que era «utópico» suponer que el proyecto de Decisión y las estadísticas agregadas podían comprobarse y analizarse en un lapso de tiempo tan breve, sin hacer referencia a aspectos concretos de dichos documentos ni a las dificultades prácticas que supuestamente le habían impedido presentar sus observaciones, en el plazo fijado, sobre los elementos que constituían el fundamento del cálculo de su aportación ex ante, mencionados en los apartados 296 y 298 de la presente sentencia. El único elemento concreto que la demandante mencionó en este contexto es el hecho de que los datos facilitados por la JUR no eran suficientes para comprobar el proceso de cálculo y el importe de su aportación ex ante. Pues bien, como se ha señalado en los apartados 295 a 297 de la presente sentencia, no se ha demostrado que la JUR estuviera obligada a facilitar a la demandante otros documentos distintos de los mencionados en el apartado 294 de la presente sentencia, de modo que este hecho no permite acreditar que el plazo de dos semanas fuera insuficiente a la luz del derecho a ser oído.
303
Por otra parte, la demandante está obligada a realizar las aportaciones ex ante desde 2016, de modo que el período de contribución de 2021 era el sexto en el que participaba. De ello se deduce que, durante el procedimiento de consulta tramitado por la JUR, ya contaba con un buen conocimiento del proceso de cálculo de esas aportaciones. En estas circunstancias, puesto que la demandante no ha invocado hechos concretos, nada indica que el plazo fijado para presentar observaciones fuera insuficiente.
304
Por último, por lo que respecta a las respuestas de la JUR a las observaciones formuladas por las entidades, la demandante no ha señalado ninguna observación concreta a la que la JUR no respondiese.
305
Asimismo, el mero hecho de que la JUR finalmente decidiera no modificar la Decisión impugnada respecto del proyecto de decisión que había facilitado a las entidades para dar curso a sus observaciones no permite demostrar que el procedimiento de consulta vulnerara el derecho de la demandante a ser oída. En efecto, conforme a lo ya declarado por el Tribunal General (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de marzo de 2015, Slovenská pošta/Comisión, T‑556/08, no publicada, EU:T:2015:189, apartado 89), tal circunstancia constituye un desacuerdo sobre la procedencia de la apreciación de la JUR, pero no constituye una vulneración del derecho de esas entidades a ser oídas.
306
Por consiguiente, la alegación de la demandante no permite demostrar que esta no tuviese la posibilidad de dar a conocer, de manera útil y efectiva, su punto de vista sobre todos los elementos de hecho o de Derecho que constituían el fundamento de la Decisión impugnada.
307
A la luz de las anteriores consideraciones, se ha de desestimar el tercer motivo.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada)
decide:
1)
Anular la decisión SRB/ES/2021/22 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 14 de abril de 2021, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución para 2021, en lo que respecta a Hypo Vorarlberg Bank AG.
2)
Mantener los efectos de la Decisión SRB/ES/2021/22, en lo que respecta a Hypo Vorarlberg Bank, hasta que entre en vigor, en un plazo razonable que no podrá exceder de seis meses a partir de la fecha del pronunciamiento de la presente sentencia, una nueva decisión de la JUR por la que se fije la aportación ex ante al FUR de dicha entidad para 2021.
3)
La JUR cargará, además de con sus propias costas, con las de Hypo Vorarlberg Bank.
4)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.
Kornezov
De Baere
Petrlík
Kecsmár
Kingston
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de enero de 2024.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.
(
1
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.
(
2
)	Datos confidenciales ocultos.