Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. RIMVYDAS NORKUS
presentadas el 5 de marzo de 2026 (1)
Asunto C‑716/24 [Ponner] (i)
EJ
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania)]
« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) n.º 655/2014 — Procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas — Artículo 2, apartado 2, letra c) — Considerando 8 — Ámbito de aplicación — Apertura de un procedimiento de insolvencia en un tercer Estado — Exclusión »
I.      Introducción
1.        La presente petición de decisión prejudicial tiene su origen en un procedimiento en el que la demandante en el litigio principal, residente en Alemania, solicita, por una parte, información sobre las cuentas bancarias que podría tener en Chipre una sociedad constituida con arreglo al Derecho de Curazao, cuya actividad es la explotación de juegos de azar, así como, por otra parte, la retención de tales cuentas de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 655/2014, (2) con vistas a la ejecución de una resolución judicial relativa al reembolso de las pérdidas que ha sufrido en el marco de esos juegos en línea. Durante dicho procedimiento, la demandante en el litigio principal indicó, en particular, que, según el Registro Mercantil de ese tercer Estado, se había incoado un procedimiento de insolvencia respecto de los bienes de la citada sociedad.
2.        Por lo tanto, en este marco, la cuestión jurídica que constituye el núcleo de la petición de decisión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania) tiene por objeto determinar cuáles son los efectos jurídicos del reconocimiento de un procedimiento de insolvencia abierto contra una sociedad deudora en un tercer Estado en el ámbito de aplicación del Reglamento OERC. (3) Del artículo 2, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento se desprende que se excluirán de su ámbito de aplicación los créditos frente a un deudor respecto del cual se hayan iniciado procedimientos de insolvencia. (4) Más concretamente, el tribunal remitente pregunta al Tribunal de Justicia si los procedimientos de insolvencia a los que se refiere esta disposición solo incluyen los procedimientos de insolvencia abiertos en un Estado miembro comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre insolvencia bis o si dicha disposición también abarca los procedimientos de insolvencia abiertos contra el deudor en un tercer Estado reconocidos en un Estado miembro. En la medida en que, en este último supuesto, el reconocimiento no se rige por el Derecho de la Unión, sino por el Derecho nacional de los Estados miembros, la dificultad de este asunto radica, en particular, en la posible necesidad de evitar que el Derecho nacional provoque una fragmentación del ámbito de aplicación del Reglamento OERC y de reconciliar este imperativo con el reconocimiento, por parte del Derecho nacional de un Estado miembro, de las resoluciones relativas a la incoación de un procedimiento de insolvencia en un tercer Estado.
3.        Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se limitarán al análisis de la primera de las dos cuestiones prejudiciales, mediante la cual el tribunal remitente desea saber si la apertura de un procedimiento de insolvencia en un tercer Estado reconocido por el Derecho nacional de un Estado miembro de la Unión
—en el presente asunto el Derecho alemán—
se opone a la adopción de una orden de retención de cuentas (en lo sucesivo, «orden de retención» u «orden») en ese Estado miembro. Por lo tanto, esta cuestión versa sobre la interpretación del artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC, en relación con su considerando 8, y, en consecuencia, sobre los límites de la articulación entre dicho Reglamento y el Reglamento sobre insolvencia bis.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
4.        Además de
los artículos 2, apartados 1 y 2, letra c), 4, punto 6, 46, apartados 1 y 2,
y 7, apartado 1, y los considerandos 5 y 8 del Reglamento OERC, son pertinentes en el presente asunto los artículos 1, apartado 1, párrafo tercero, 2, puntos 4 y 6, 19, apartado 1,
y 20, apartado 1, y los considerandos 5, 9, 22, 23, 63 y 65 del Reglamento sobre insolvencia bis.
B.      Derecho alemán
5.        El artículo 343 de la Insolvenzordnung (Ley de Insolvencia) de 5 de octubre de 1994 (BGBl. I, p. 2866), en su versión modificada por la Ley de 14 de marzo de 2003 (BGBl. I, p. 345), titulado «Reconocimiento», establece lo siguiente en su apartado 1:
«Se reconocerá la apertura de los procedimientos de insolvencia en el extranjero. No obstante, no se reconocerá
1.            cuando los órganos jurisdiccionales del Estado de apertura del procedimiento carezcan de competencia para ello con arreglo al Derecho alemán;
2.            cuando el reconocimiento dé lugar a un resultado que sea manifiestamente incompatible con los principios esenciales del Derecho alemán, en particular por incompatibilidad con los derechos fundamentales.»
C.      Derecho de Curazao
6.        El artículo 29, apartado 1, del Faillissementsbesluit 1931 (Bankruptcy Decree 1931, Decreto de Insolvencia de 1931) establece que la apertura del procedimiento de insolvencia tiene como consecuencia la suspensión inmediata de toda ejecución judicial y que, a partir de ese momento, tampoco puede procederse a la ejecución forzosa de las sentencias.
III. Litigio principal, primera cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
7.        DX NV es una sociedad de responsabilidad limitada constituida con arreglo al Derecho de Curazao cuya actividad consiste en la explotación de juegos de azar. EJ, la demandante en el litigio principal, tiene su domicilio en Alemania. Obtuvo del Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania) una sentencia en rebeldía firme y con fuerza ejecutiva sobre el reembolso de las pérdidas en juegos de azar en línea contra DX por importe de 57 364 euros más intereses y gastos.
8.        Mediante escrito de 29 de mayo de 2024 y utilizando los formularios del Reglamento OERC, EJ presentó una solicitud de obtención de información sobre las cuentas bancarias que creía que DX tenía en Chipre, de conformidad con el artículo 14 de dicho Reglamento, y una solicitud de orden de retención de esas cuentas bancarias, de conformidad con el artículo 7 del citado Reglamento. En apoyo de sus solicitudes, EJ alegó, en primer lugar, que tenía motivos para considerar que DX mantenía una o más cuentas en Chipre, pues las apuestas de juego realizadas a través de sociedades chipriotas
se transferían a dicha sociedad, y, en segundo lugar, que la citada sociedad no disponía de bienes embargables en Curazao, dado que se trata de lo que califica de «sociedad fantasma».
9.        Mediante auto de 5 de junio de 2024, el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno) denegó la solicitud de obtención de información sobre las cuentas bancarias de DX. Consideró que el hecho de que la referida sociedad hubiese recibido pagos a través de sociedades chipriotas no constituía indicio alguno de que ella misma mantuviese una cuenta en Chipre. Paralelamente, mediante escrito de 5 de junio de 2024, el mencionado
tribunal informó a EJ de que la solicitud de orden de retención de cuentas bancarias de dicha sociedad debía desestimarse,
dado que, por una parte, no se habían
aportado elementos de prueba que demostraran que esta no poseía activos embargables en Curazao y, por otra parte, no se había indicado ninguna cuenta bancaria susceptible de retención.
10.      El 20 de junio de 2024, EJ interpuso ante el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno), que es el tribunal remitente, un recurso directo («sofortige Beschwerde») contra el auto de 5 de junio de 2024. En apoyo de su recurso, EJ alega que, según el Registro Mercantil de Curazao, el 10 de junio de 2024 se abrió un procedimiento de insolvencia contra DX, por lo que, cuando menos ahora, existe el riesgo de que la ejecución se vea definitivamente impedida o resulte considerablemente más difícil en el sentido del artículo 7, apartado 1, del Reglamento OERC. EJ considera que la legislación alemana debe reconocer estos procedimientos de insolvencia. Además, sostiene que, según la información facilitada por un agente judicial de Curazao, los operadores de juegos de azar establecidos en esa isla son generalmente «empresas fantasma» sin activos en Curazao.
IV.    Cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
11.      En estas circunstancias, mediante resolución de 10 de octubre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 22 de octubre de 2024, el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 2, [apartado 2,] letra c), del Reglamento [OERC], en relación con el considerando 8 del mismo Reglamento, en el sentido de que la apertura de un procedimiento de insolvencia que no esté comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento [sobre insolvencia bis], por seguirse en un tercer Estado, excluye la posibilidad de dictar una orden de retención de cuentas con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento [OERC] o de remitir la petición de información sobre cuentas con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento [OERC], cuando el Derecho nacional del Estado miembro competente para dictar la orden de retención de cuentas reconoce el procedimiento de insolvencia en dicho tercer Estado?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 14, apartados 1, párrafo primero, y 3, del Reglamento [OERC] (en concreto, los “motivos fundados para creer que el deudor mantiene una o varias cuentas en un banco en un Estado miembro determinado”, que ha de alegar el acreedor de manera “bien fundada”) en el sentido de que se han de tener en cuenta también las circunstancias que, sin ser indicios concretos de la existencia de una cuenta en el Estado miembro de que se trate, permitan inferir con carácter general estrechos vínculos económicos entre el deudor y dicho Estado miembro, como por ejemplo pagos efectuados al deudor por medio de un proveedor de servicios de pago allí establecido que sea filial del deudor o la existencia de una agencia o sucursal del deudor con domicilio en dicho Estado miembro?»
12.      Solo ha presentado observaciones escritas la Comisión Europea. Solo ella participó en la vista celebrada el 3 de diciembre de 2025.
V.      Apreciación de la primera cuestión prejudicial
13.      Mediante su primera cuestión prejudicial, única cuestión que se analizará en las presentes conclusiones, conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC, en relación con su considerando 8, debe interpretarse en el sentido de que excluye la posibilidad de dictar una orden de retención con arreglo al artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento o de remitir la petición de información sobre cuentas con arreglo al artículo 14, apartado 3, del citado Reglamento, cuando el Derecho nacional del Estado miembro competente para dictar la orden de retención reconoce el procedimiento de insolvencia tramitado en dicho tercer Estado.
14.      El tribunal remitente subraya, por una parte, que, en virtud del artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC, en relación con su considerando 8, no se puede dictar una orden de retención contra el deudor una vez iniciado respecto de este un procedimiento de insolvencia, tal como se define en el Reglamento sobre insolvencia (sustituido por el Reglamento sobre insolvencia bis). Aclara que el Reglamento sobre insolvencia bis no es aplicable en el presente asunto, ya que presupone que el procedimiento de insolvencia se haya abierto en un Estado miembro. Pues bien, este no sería el caso de Curazao, que se considera, en virtud del Derecho de la Unión, un tercer Estado.
15.      El tribunal remitente señala, por otra parte, que se aplicaría el Derecho alemán en materia de procedimientos de insolvencia. Añade que, en virtud del artículo 343, apartado 1, de la Ley de Insolvencia, el Derecho alemán reconoce la apertura de un procedimiento de insolvencia en el extranjero cuando este procedimiento persiga, en esencia, los mismos objetivos que un procedimiento de insolvencia en el ordenamiento jurídico alemán. (5) En el presente asunto, dicho tribunal considera que así sucede, en particular, en la medida en que el procedimiento de insolvencia establecido por el Derecho de Curazao coincide básicamente con el previsto en el ordenamiento jurídicos de los Países Bajos, reconocido por el Reglamento sobre insolvencia bis.
16.      En el marco de esta primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente también se pregunta si, en virtud del artículo 46, apartado 1, del Reglamento OERC, corresponde a los Estados miembros decidir si reconocen un procedimiento de insolvencia que no está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre insolvencia bis y con qué efectos, así como si la existencia de un procedimiento de insolvencia en un tercer Estado puede tener por efecto excluir la aplicación del Reglamento OERC.
17.      Así pues, el tribunal remitente señala que la referencia expresa al Reglamento sobre insolvencia bis en el considerando 8 del Reglamento OERC es un argumento en contra del reconocimiento, por dicho Reglamento, de los procedimientos de insolvencia abiertos en terceros Estados. No obstante, observa que el hecho de que el artículo 46, apartado 1, del Reglamento OERC remita al Derecho del Estado miembro en que se desarrolle el proceso para regir todas las cuestiones procesales que no estén específicamente reguladas en el Reglamento es, en cambio, un argumento que aboga por el reconocimiento de los procedimientos de insolvencia abiertos en un tercer Estado cuando el Derecho de dicho Estado miembro los reconoce.
18.      La Comisión hace una interpretación amplia del artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC. A este respecto, comienza subrayando en sus observaciones escritas que la exclusión de los créditos frente a un deudor respecto del cual se haya iniciado un procedimiento de insolvencia tiene por objeto evitar que una orden de retención interfiera en el buen desarrollo de dicho procedimiento de insolvencia. A continuación, la Comisión tiene en cuenta los objetivos del procedimiento de insolvencia, haciendo hincapié en el principio de que todos los acreedores deben recibir el mismo trato. Precisa, en particular, que, si bien el capítulo II del Reglamento sobre insolvencia bis contiene un régimen de reconocimiento de los procedimientos de insolvencia abiertos en los Estados miembros, ese régimen no versa sobre el reconocimiento de procedimientos en terceros Estados, que, según ella, sigue estando sujeto al Derecho nacional. Por último, la Comisión considera que parecería justificado, por tanto, interpretar el artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC en el sentido de que contempla también los procedimientos de insolvencia abiertos en Estados terceros cuando el Estado miembro en el que se solicita la retención de cuentas bancarias los reconoce. En cambio, sostiene que, si la apertura del procedimiento de insolvencia no se reconoce en ese Estado miembro, no existiría ninguna razón válida para negarse a dictar una orden de retención.
19.      Para dar respuesta a las preguntas formuladas por el tribunal remitente, es preciso determinar, en esencia, si el artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC se refiere únicamente a los procedimientos de insolvencia incoados en los Estados miembros y, por lo tanto, no se opone a que se dicte una orden de retención en un Estado miembro cuyo Derecho nacional reconoce la apertura de un procedimiento de insolvencia incoado en un tercer Estado o si esta disposición debe interpretarse en el sentido de que la apertura de ese procedimiento de insolvencia en un tercer Estado reconocido por el Derecho nacional de un Estado miembro excluye la posibilidad de que en este último (el Estado miembro de origen)
se dicte tal orden de retención.
20.      En los puntos siguientes formularé una serie de consideraciones generales, entre ellas, en primer lugar, la falta de alcance universal del reconocimiento de una resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia en un tercer Estado y la especificidad de los efectos de ese reconocimiento (que se rige por el Derecho nacional) en relación con los efectos de la apertura de un procedimiento contemplado en el anexo A del Reglamento sobre insolvencia bis (sección A). En segundo lugar, analizaré el alcance de la exclusión de los créditos frente a un deudor respecto del cual se haya iniciado un procedimiento de insolvencia del ámbito de aplicación material del Reglamento OERC. A tal fin, interpretaré el tenor, el contexto y la finalidad del artículo 2, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento para determinar si la interpretación de esta disposición permite (o no) excluir del ámbito de aplicación del citado Reglamento un crédito frente a un deudor que es objeto de un procedimiento de insolvencia en un tercer Estado reconocido por el Derecho nacional de un Estado miembro (sección B). En tercer y último lugar, completaré mi análisis con una reflexión final (sección C).
A.      Consideraciones generales
21.      Ha de señalarse, de entrada, que de la resolución de remisión se desprende que DX tiene su domicilio social en Curazao. Este último pertenece a los «países y territorios» sujetos, en virtud del anexo II del Tratado FUE, al régimen de asociación previsto en los artículos 198 TFUE y siguientes. (6) Sin embargo, estos territorios se consideran, con respecto a la Unión Europea, Estados terceros, en la medida en que, en virtud del artículo 355 TFUE, apartado 2, párrafo primero, están excluidos del ámbito de aplicación de los Tratados. (7) Por otra parte, debe recordarse que las normas y procedimientos relativos a este régimen de asociación se establecen en la Decisión (UE) 2021/1764 del Consejo. (8) Pues bien, ni los Tratados ni esta Decisión prevén que el Reglamento OERC y el Reglamento sobre insolvencia bis, que sustituyó al Reglamento sobre insolvencia mencionado en el considerando 8 del Reglamento OERC, se apliquen a los territorios de ultramar.
1.      Sobre la falta de alcance universal del reconocimiento por el Derecho nacional de un Estado miembro de un procedimiento de insolvencia abierto en un tercer Estado
22.      Cabe recordar aquí que el Reglamento sobre insolvencia bis, al igual que el texto que lo precedió
—el Reglamento sobre insolvencia—, no se basa en un modelo concebido sobre el principio de universalidad de los procedimientos de insolvencia, sino en un modelo de universalidad atenuada o modificada. Como se desprende de su considerando 23, este Reglamento permite que los procedimientos de insolvencia principales se inicien en el Estado miembro en que el deudor tenga el centro de sus intereses principales, (9) al tener aquellos efectos universales y perseguir la inclusión de todos los activos del deudor. (10) No obstante, con objeto de proteger la diversidad de intereses en juego, el Reglamento sobre insolvencia bis permite que se inicien procedimientos de insolvencia secundarios, paralelamente al procedimiento de insolvencia principal, en el Estado miembro en que el deudor tenga un establecimiento. (11) Además, como se desprende del considerando 22 de dicho Reglamento, «[este] acepta el hecho de que la disparidad de las normas sustantivas entre los Estados miembros no permite la aplicación de un único procedimiento de insolvencia de alcance universal en toda la Unión». Por lo tanto, este Reglamento parte de un modelo universal, basado en la aplicación del Derecho del Estado de apertura del procedimiento de insolvencia a dicho procedimiento y a sus efectos, (12) estableciendo al mismo tiempo una serie de normas especiales que operan como excepciones y que corrigen o atenúan su universalidad. (13)
23.      En particular, con el fin de garantizar la efectividad de la universalidad de los procedimientos de insolvencia principales comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre insolvencia bis, este prevé el reconocimiento «inmediato» o «automático» de las decisiones relativas a la apertura, desarrollo y conclusión de esos procedimientos y de las resoluciones judiciales dictadas en dichos
procedimientos. (14) Este reconocimiento automático tiene por consecuencia «que los efectos que el Derecho del Estado miembro de apertura [del citado] procedimiento atribuye a este se extiendan a todos los demás Estados miembros. El reconocimiento de las resoluciones pronunciadas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros debe basarse en el principio de confianza mutua». (15) Según el artículo 19, apartado 1, del referido Reglamento, titulado «Principio», «toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia, adoptada por el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro en virtud del artículo 3, será reconocida en todos los demás Estados miembros desde el momento en que la resolución produzca efectos en el Estado de apertura del procedimiento». El artículo 20 del citado Reglamento, titulado «Efectos del reconocimiento», dispone, en su apartado 1, que «la resolución de apertura del procedimiento de insolvencia contemplado en el artículo 3, apartado 1, producirá, sin ningún otro trámite, en cualquier otro Estado miembro, los efectos que le atribuya la ley del Estado de apertura del procedimiento, salvo que se disponga de otro modo en el […] Reglamento y mientras no se abra en ese otro Estado miembro ningún procedimiento de los contemplados en el artículo 3, apartado 2». (16) En efecto, como acredita el informe Virgós/Schmit, el sistema de reconocimiento automático y el modelo de extensión de los efectos refuerzan la universalidad del procedimiento principal. A partir del momento fijado por el Derecho del Estado de apertura (lex concursus), la resolución de apertura surte efectos «con la misma fuerza en todos los Estados [miembros]». (17)
24.      En cambio, la apertura de un procedimiento de insolvencia en un tercer Estado no goza de ese reconocimiento automático al no aplicarse el principio de confianza mutua, que es uno de los principios en los que se basa el Reglamento sobre insolvencia bis. (18) Más concretamente, dicho Reglamento no regula ni los procedimientos de este tipo ni las condiciones en las que puede tener lugar tal reconocimiento, de modo que, en el estado actual de evolución del Derecho de la Unión, aquellos se rigen por el Derecho nacional o por el Derecho internacional privado aplicable en los Estados miembros. (19)
25.      En efecto, ninguna resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia en un tercer Estado puede considerarse una resolución en el sentido del Reglamento sobre insolvencia bis. De igual modo, ningún órgano jurisdiccional de un tercer Estado puede considerarse un órgano jurisdiccional en el sentido de este Reglamento. (20) La inaplicación de dicho Reglamento a tales resoluciones se deriva directamente de la exclusión de las mismas de su ámbito de aplicación, que se limita a los procedimientos de insolvencia abiertos en los Estados miembros incluidos en el anexo A del Reglamento sobre insolvencia bis. (21) En otras palabras, una resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia adoptada por el órgano jurisdiccional de un tercer Estado no cumple el requisito de haber sido «adoptada por el órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro» y, en consecuencia, no puede ser reconocida en los demás Estados miembros en virtud del artículo 19, apartado 1, de dicho Reglamento.
26.      En el marco de estas consideraciones generales, me parece igualmente pertinente mencionar brevemente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la prohibición del doble reconocimiento o del doble exequátur.
2.      Sobre la prohibición del doble reconocimiento y sus repercusiones en el reconocimiento de una resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia de un tercer Estado
27.      Para empezar, procede señalar que, por lo que respecta a la interpretación del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (22) el Abogado General Lenz subrayó, en sus conclusiones presentadas en el asunto Owens Bank, que «permitir [el] “doble exequátur” […] supondría un riesgo […] de que el acreedor pudiese escapar a los requisitos impuestos por un Estado contratante para el reconocimiento de las resoluciones judiciales dictadas en el Estado tercero correspondiente», al considerar que dicho Convenio «no [había] sido creado para permitir este tipo de “forum shopping”». (23)
28.      En la sentencia Owens Bank, (24) el Tribunal de Justicia, sin referirse directamente a la cuestión del doble exequátur, declaró, entre otras cosas, que dicho Convenio y, en particular, sus artículos 21, 22 y 23, (25) no se aplicaban a los procesos ni a las cuestiones suscitadas en procesos que se desarrollasen en los Estados miembros relativos al reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales dictadas en materia civil y mercantil en Estados terceros. (26) Desde que se dictó esta sentencia, el adagio «exequátur
sobre exequátur
no vale», (27) según el cual solo son susceptibles de reconocimiento o de exequátur
las resoluciones que versen directamente sobre el fondo de los derechos y obligaciones de las partes, parece haber sido admitido mayoritariamente por la doctrina. (28)
29.      Es cierto que, por lo que respecta a la interpretación de
los artículos 2, letra a), y 39 del Reglamento Bruselas I bis, en la sentencia H Limited, (29) el Tribunal de Justicia, contrariamente a las conclusiones del Abogado General presentadas en dicho asunto, (30) había declarado que ninguna disposición de ese Reglamento ni ninguno de los objetivos que persigue se opone a que un auto de requerimiento de pago adoptado por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro sobre la base de sentencias firmes dictadas en un Estado tercero esté comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. (31) Sin embargo, esta solución recibió fuertes críticas de la doctrina. En particular, algunos autores subrayaron que el principio de confianza mutua requiere un consenso básico sobre la arquitectura de los sistemas judiciales nacionales y la intercambiabilidad de los actos judiciales. Por lo tanto, según estos autores, permitir a los Estados miembros decidir cuáles son los actos judiciales que desean que entren en el sistema de la libre circulación de sentencias iría precisamente en contra del requisito fundamental del principio de confianza legítima. (32) A este respecto, considero que la sentencia H Limited no puede entenderse en el sentido de que cuestiona el principio de prohibición del doble exequátur
en virtud del Derecho de la Unión y debe leerse en el contexto y las circunstancias específicas del asunto que dio lugar a dicha sentencia. (33)
30.      Aunque los procedimientos de insolvencia están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis, (34) no veo objeción alguna a que la prohibición del doble reconocimiento se aplique en relación con el reconocimiento, por el Derecho nacional de un Estado miembro, de los procedimientos de insolvencia abiertos en un tercer Estado. De ello se desprende, en principio, que no se produce ningún efecto extraterritorial en otros
Estados miembros vinculado al reconocimiento por un Estado miembro de un procedimiento de insolvencia abierto en un tercer Estado. Por consiguiente, el reconocimiento de una resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia dictada en un tercer Estado no produce efectos fuera del Estado miembro que la ha reconocido. Por esta razón, es perfectamente concebible que una resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia sea reconocida y produzca entonces tales efectos en algunos Estados miembros, pero no en otros.
31.      A la luz de estas consideraciones, abordaré el análisis del alcance de la exclusión prevista en el artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC.
B.      Sobre el alcance de la exclusión de los créditos frente a un deudor respecto del cual se haya iniciado un procedimiento de insolvencia del ámbito de aplicación material del Reglamento OERC
32.      Con carácter preliminar, procede recordar la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, hay que tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (35)
33.      Para determinar si el artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC permite (o no) excluir de su ámbito de aplicación los créditos frente a un deudor que es objeto de un procedimiento de insolvencia en un tercer Estado, se debe interpretar esta disposición.
1.      Tenor y contexto
34.      En primer lugar, ha de recordarse que, en virtud del artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC, «se excluirán del ámbito de aplicación [de dicho] Reglamento: […] los créditos frente a un deudor respecto del cual se hayan iniciado procedimientos de insolvencia, procedimientos de liquidación de sociedades u otras personas jurídicas insolventes, procedimientos cuyo objeto sea alcanzar un acuerdo judicial o un convenio de acreedores, u otros procedimientos análogos». Ha de observarse que el tenor de esta disposición no indica si los conceptos de «procedimient[o] de insolvencia, procedimient[o] de liquidación de sociedades u otras personas jurídicas insolventes, procedimient[o] cuyo objeto sea alcanzar un acuerdo judicial o un convenio de acreedores, u otr[o] procedimient[o] análog[o]» abarcan también los procedimientos correspondientes en Estados terceros.
35.      En segundo lugar, por lo que respecta al contexto interno o sistémico en el que se inserta esta disposición, quisiera subrayar, antes de nada, que el considerando 8 del Reglamento OERC se refiere expresamente al Reglamento sobre insolvencia bis. Este considerando establece que dicho Reglamento «no debe aplicarse a los créditos frente a deudores incursos en procedimientos de insolvencia» y que «ello ha de entenderse en el sentido de que no se pueda dictar una orden de retención contra el deudor una vez iniciado respecto de este un procedimiento de insolvencia tal como se define en el [Reglamento sobre insolvencia]». En efecto, el artículo 1 del Reglamento sobre insolvencia bis, titulado «Ámbito de aplicación», dispone, en su apartado 1, párrafo tercero, que «los procedimientos a que se refiere [este] apartado se enumeran en el anexo A». Además, su artículo 2, punto 4, define los «procedimientos de insolvencia» como «los procedimientos enumerados en el anexo A» y este anexo enumera, para cada Estado miembro, los procedimientos de insolvencia a que se refiere esta última disposición. Por consiguiente, de ello se desprende que un procedimiento de insolvencia incoado en un tercer Estado reconocido por el Derecho nacional de un Estado miembro no está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre insolvencia
bis ni afecta al ámbito de aplicación del Reglamento OERC.
36.      Asimismo, ha de recordarse que del considerando 1 del Reglamento OERC se colige que este se inscribe en el objetivo de la Unión «de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el cual esté garantizada la libre circulación de personas», y que, «para el progresivo establecimiento de dicho espacio, la Unión debe adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza, en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior».
37.      A tal fin, del artículo 1 del Reglamento OERC, titulado «Objeto», resulta que el Reglamento establece un procedimiento de la Unión que permite a un acreedor obtener una orden europea de retención de cuentas, como alternativa a las medidas cautelares previstas en el Derecho nacional, para evitar que la transferencia o retirada de fondos, hasta la cuantía especificada en la orden, que el deudor u otra persona por cuenta de este posean en una cuenta bancaria abierta en un Estado miembro, ponga en peligro la ulterior ejecución de su crédito. Como se desprende del considerando 5 de dicho Reglamento, este tiene por objeto adoptar disposiciones vinculantes y directamente aplicables que establezcan un procedimiento europeo uniforme de retención de cuentas bancarias que permita, en los litigios transfronterizos, la eficaz y rápida retención de los activos que se tengan en cuentas bancarias. (36)
38.      Por último, el artículo 2 del Reglamento OERC, titulado «Ámbito de aplicación», dispone, en su apartado 1, que «[el] Reglamento se aplicará a las deudas pecuniarias en materia civil y mercantil en asuntos transfronterizos que se definen en el artículo 3, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional de que se trate». (37) Así pues, en el plano material, el ámbito de aplicación de dicho Reglamento incluye «todas las materias civiles y mercantiles salvo determinadas materias claramente definidas» enunciadas en su artículo 2, apartado 2. (38) En particular, como ya he subrayado, del tenor de la letra c) de esta disposición se desprende que se excluyen los créditos frente a un deudor que sea objeto de un procedimiento de insolvencia.
39.      No obstante, me gustaría recordar brevemente que el artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC no excluye que se dicte una orden de retención en relación con un procedimiento de insolvencia. En efecto, de su considerando 8 se desprende que «la exclusión debe permitir que se haga uso de la orden de retención para garantizar la reintegración de pagos indebidos efectuados por [un] deudor a terceros». (39)
40.      Además, las situaciones en las que la orden de retención se ha dictado antes de la apertura del procedimiento de insolvencia en relación con el deudor están, en principio, cubiertas por el Reglamento OERC. En estas situaciones, el artículo 46 de dicho Reglamento, titulado «Relación con el Derecho procesal nacional», dispone, en su apartado 2, que corresponde al Derecho del Estado miembro en el que se haya iniciado el procedimiento de insolvencia (lex concursus) determinar los efectos del procedimiento de insolvencia en los procedimientos individuales de ejecución, como los relativos a la ejecución de la orden de retención. Pues bien, el Derecho del Estado miembro en el que se haya iniciado el procedimiento de insolvencia puede regular, en particular, la suspensión o la anulación de la ejecución de esta orden. (40) De su tenor se desprende que esta disposición se refiere únicamente a los procedimientos de insolvencia abiertos en un Estado miembro y, en consecuencia, comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre insolvencia bis.
41.      El artículo 46, apartado 1, del Reglamento OERC también dispone que «todas las cuestiones procesales que no estén específicamente reguladas en [este] Reglamento se regirán por el Derecho del Estado miembro en que se desarrolle el proceso [de retención de cuentas]» (lex fori). A este respecto, es preciso señalar que, además de que el reconocimiento de la apertura de un procedimiento de insolvencia en un tercer Estado no es una cuestión puramente procesal, esta disposición no regula los efectos de la apertura de un procedimiento de insolvencia incoado en un tercer Estado. En efecto, y ello es importante para el presente asunto, dicha disposición no pretende determinar el ámbito de aplicación del referido Reglamento en su conjunto. En otras palabras, el artículo 46, apartado 1, del Reglamento OERC solo es directamente aplicable a las situaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del citado Reglamento. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con la propuesta formulada por la Comisión en la vista, según la cual esta disposición es «indirectamente aplicable» en el presente asunto.
42.      Quisiera también señalar que el tenor del artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC es muy similar al utilizado en el Reglamento Bruselas I bis, cuyo artículo 1, apartado 2, letra b), excluye de su ámbito de aplicación «la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos». (41) El Tribunal de Justicia siempre ha interpretado esta exclusión en relación con el Reglamento sobre insolvencia bis de modo que se evite no solo cualquier solapamiento entre las normas jurídicas que establecen, sino también toda laguna jurídica. (42)
43.      Por consiguiente, del contexto interno o sistémico del artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC se desprende que este instrumento jurídico solo se refiere a los procedimientos de insolvencia abiertos en los Estados miembros y que el reconocimiento, en un Estado miembro, de un procedimiento de insolvencia abierto en un tercer Estado no puede tener por efecto excluir la aplicación de dicho Reglamento.
44.      En tercer y último lugar, en lo tocante al contexto externo, es decir, a los trabajos preparatorios, añadiré brevemente que, como ha confirmado la Comisión en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, ningún elemento del proceso legislativo permite sostener una interpretación diferente.
45.      Tampoco me parece que la finalidad de esta disposición ponga en tela de juicio dicha interpretación.
2.      Finalidad
46.      Por lo que respecta a la finalidad del artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC, en relación con su considerando 8, procede recordar que esta disposición tiene por objeto evitar que una orden de retención interfiera con el buen desarrollo de un procedimiento de insolvencia, tal como se define en el Reglamento sobre insolvencia bis.
47.      Dado que este Reglamento se basa en el reconocimiento automático de toda resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia (43) y, por lo tanto, en la extensión de los efectos de la lex concursus en todos los Estados miembros, la emisión de una orden de retención, referida a un crédito frente a un deudor respecto del cual se haya abierto un procedimiento de insolvencia comprendido en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, podría permitir la ejecución individual de ese crédito. Así pues, tal ejecución tendría lugar en detrimento de la igualdad de trato de los acreedores (44) e interferiría inevitablemente con el buen desarrollo del procedimiento de insolvencia. En efecto, ha de recordarse que, con independencia del Estado miembro de apertura de tal procedimiento, los efectos de dicha apertura, en virtud del Reglamento sobre insolvencia bis, no permiten ejecutar la orden de retención en ningún otro Estado miembro de la Unión si tal ejecución no está permitida según la lex concursus. (45)
48.      Habida cuenta de esta finalidad de evitar la interferencia de una orden de retención con el buen desarrollo de un procedimiento de insolvencia, la Comisión alegó, en sus observaciones escritas y orales, que, dado que el Derecho alemán se basa en el principio de igualdad de trato de los acreedores, dictar esa orden una vez reconocido el procedimiento de insolvencia abierto en un tercer Estado podría violar este principio.
49.      Ciertamente, comparto la opinión de la Comisión en cuanto a la necesidad de garantizar la igualdad de trato de los acreedores en el Estado miembro que ha reconocido el procedimiento de insolvencia abierto en un tercer Estado, lo que constituye incluso la razón de ser de tal reconocimiento. Por este motivo, prohibir las acciones o procedimientos individuales y suspender las medidas individuales de ejecución contra los bienes del deudor sería una consecuencia inherente a tal reconocimiento. (46)
50.      No obstante, procede preguntarse, por una parte, si deberían vincularse los mismos efectos al procedimiento relativo a la orden europea de retención, que, en la mayoría de los casos, como en el presente asunto, tiene por objeto la ejecución de esa orden en otro Estado miembro, (47) y, por otra parte, si la exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento OERC de los créditos frente a un deudor respecto del cual se ha iniciado un procedimiento de insolvencia en un Estado tercero garantizaría en realidad tal finalidad.
(48) Se trata, en definitiva, de ponderar esta finalidad con las desventajas que se derivan de la posible fragmentación del ámbito de aplicación del Reglamento OERC en función del reconocimiento o no, por el Derecho nacional de un Estado miembro, de un procedimiento de insolvencia de un tercer Estado.
51.      En primer lugar, como acabo de señalar, es cierto que el buen desarrollo del procedimiento de insolvencia tiene como objetivo último evitar la ejecución individual, garantizando la igualdad de trato de los acreedores en virtud del Derecho aplicable a dicho procedimiento (lex concursus). No obstante, ha de recordarse que la situación en la que en un tercer Estado se ha abierto un procedimiento de insolvencia que ha sido reconocido en un Estado miembro no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre insolvencia bis. Dado que el reconocimiento de los procedimientos de insolvencia incoados en un tercer Estado depende del Derecho nacional de que se trate, es posible que ese procedimiento de insolvencia se reconozca en un Estado miembro y no en otro.
52.      En este contexto particular, no veo cómo el hecho de no dictar una orden de retención en el Estado miembro de origen (en el presente asunto, Alemania), sobre la base del reconocimiento de un procedimiento de insolvencia de un tercer Estado, podría contribuir al respeto del principio de igualdad de trato en el Estado miembro de ejecución (eventualmente Chipre), en el que es posible que no se reconozcan los efectos de la apertura de dicho procedimiento de insolvencia. En efecto, sin reconocimiento, la ejecución individual de los bienes del deudor declarado insolvente en un tercer Estado sí podría tener lugar en los Estados miembros que no reconocen la apertura del procedimiento de insolvencia, sin que ello implique que
un acreedor europeo (49) pueda acogerse al procedimiento relativo a la orden europea de retención creado para facilitar el cobro transfronterizo de créditos. En tales circunstancias, la protección de la igualdad de trato de los acreedores sería meramente hipotética y sin efectos tangibles, en detrimento del acreedor transfronterizo.
53.      En el presente asunto, el hecho de que una orden de retención dictada con arreglo al Reglamento OERC pueda excluir algunos de los efectos del procedimiento de insolvencia en Curazao, transferidos a Alemania mediante el reconocimiento de la apertura de dicho procedimiento, (50) no es más que la consecuencia lógica del sistema resultante de la articulación del Reglamento OERC y del Reglamento sobre insolvencia bis que no incluye los procedimientos de insolvencia abiertos en un tercer Estado. En efecto, aunque tanto una orden de retención dictada con arreglo al Derecho nacional como una orden de retención dictada con arreglo al Reglamento OERC deben respetar el principio de igualdad de trato de los acreedores en el marco de sus respectivos regímenes, estos dos tipos de procedimientos no se aplican a las mismas situaciones. El hecho de que la orden de retención presentada de conformidad con ese Reglamento suponga una alternativa a las medidas cautelares previstas por el Derecho nacional (51) no significa, sin embargo, que los requisitos para que se dicte deban ser idénticos. Así lo confirman su ámbito de aplicación (52) y los requisitos para que se dicte, (53) definidos de manera autónoma y sin referencia al Derecho de los Estados miembros.
54.      En segundo lugar, procede recordar que el Reglamento OERC tiene por objeto adoptar disposiciones vinculantes y directamente aplicables que establezcan un procedimiento europeo uniforme de retención de cuentas bancarias que permita, en los litigios transfronterizos, la eficaz y rápida retención de los activos que se tengan en cuentas bancarias. (54) Así pues, la interpretación de la finalidad del artículo 2, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento lleva a tener en cuenta la remisión que realiza el legislador a los procedimientos de insolvencia, tal como se definen en el Reglamento sobre insolvencia bis, limitando de este modo el ámbito de aplicación del Reglamento OERC. (55)
55.      En este contexto, tal remisión garantiza la aplicación uniforme de este último Reglamento en todos los Estados miembros y evita la fragmentación de su ámbito de aplicación en función del reconocimiento o no de la apertura de un procedimiento en un tercer Estado en los distintos Estados miembros. En efecto, ello tendría como consecuencia que sería posible obtener una orden de retención en un Estado miembro que no reconociera el procedimiento extranjero, pero no en un Estado que lo reconociera. (56)
56.      Como acabo de exponer en las consideraciones anteriores, del tenor, del contexto y de la finalidad del artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC se desprende que dicho artículo debe interpretarse en el sentido de que no excluye la adopción de una orden de retención en un Estado miembro cuando el Derecho nacional del Estado miembro competente para dictar la orden de retención reconoce el procedimiento de insolvencia tramitado en un tercer Estado.
C.      Reflexión final
57.      En aras de la exhaustividad, deseo mencionar un último punto a modo de reflexión final.
58.      Como he indicado, (57) comparto la opinión de la Comisión en cuanto a la necesidad de garantizar la igualdad de trato de los acreedores en el Estado miembro que ha reconocido el procedimiento de insolvencia abierto en un tercer Estado.
59.      Sin embargo, considero que la protección de la igualdad de trato de los acreedores podría garantizarse suficientemente en la fase de ejecución de la orden de retención en el Estado miembro de su ejecución, (58) más que en la fase en que se dicta dicha orden, (59) lo que permitiría al mismo tiempo evitar la fragmentación del ámbito de aplicación del Reglamento OERC.
60.      A este respecto, como ya he explicado, (60) el artículo 46, apartado 2, del Reglamento OERC regula la fase de ejecución de una orden de retención y supedita su ejecución a la lex concursus en las situaciones en las que la orden de retención se ha dictado antes de la apertura de un procedimiento de insolvencia
en relación con el deudor. A pesar de este elemento temporal y de su tenor, que se refiere al Derecho del Estado miembro en el que se haya iniciado el procedimiento de insolvencia, comparto la opinión de la Comisión, expresada en la vista, de que deberían aplicarse las mismas consecuencias en caso de reconocimiento de un procedimiento de insolvencia de un tercer Estado. En efecto, si no cabe tener en cuenta la lex concursus, ni siquiera una posible suspensión de la ejecución individual de una orden de retención en el Estado miembro que ha reconocido la apertura del procedimiento de insolvencia de un tercer Estado, todo reconocimiento de dicho procedimiento perdería su razón de ser. A diferencia de la fase en que se dicta la orden de retención en el Estado miembro de origen, las vulneraciones de la igualdad de trato de los acreedores serían concretas y tangibles. (61)
61.      En cualquier caso, esta reflexión no afecta al hecho de que el objetivo del artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento OERC solo se refiere al sistema establecido por el Reglamento sobre insolvencia bis. Es evidente que el legislador de la Unión no contempló el reconocimiento de un procedimiento de insolvencia de un tercer Estado como un supuesto de limitación del ámbito de aplicación del Reglamento OERC.
62.      La problemática relativa a la cuestión de la interferencia de una orden de retención con el buen desarrollo de un procedimiento de insolvencia y a la necesidad de garantizar el efecto útil de ese reconocimiento en el Estado miembro de ejecución, cuando el Derecho nacional de dicho Estado miembro reconoce la apertura del procedimiento de insolvencia de un tercer Estado, podrían estar comprendidas en la interpretación del artículo 46, apartado 2, del Reglamento OERC. Esto tampoco excluye que, en su caso, el legislador de la Unión pueda examinar con mayor profundidad tal problemática, en particular, en el supuesto de que quiera someter los procedimientos de insolvencia abiertos en un tercer Estado reconocidos en un Estado miembro a alguno de los instrumentos del Derecho de la Unión.
VI.    Conclusión
63.      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania) del siguiente modo:
«El artículo 2, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil, en relación con su considerando 8,
debe interpretarse en el sentido de que
no excluye la posibilidad de dictar una orden de retención con arreglo al artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento o de remitir la petición de información sobre cuentas con arreglo al artículo 14, apartado 3, del citado Reglamento, cuando el Derecho nacional del Estado miembro competente para dictar la orden de retención reconoce el procedimiento de insolvencia tramitado en dicho tercer Estado.»
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO 2014, L 189, p. 59; en lo sucesivo, «Reglamento OERC»).
3      Mediante este Reglamento, el legislador de la Unión introdujo la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil. El considerando 8 de este Reglamento remite al procedimiento de insolvencia «tal como se define» en el Reglamento (CE) n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2000, L 160, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento sobre insolvencia»). Este último Reglamento fue derogado en virtud del artículo 91 del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (DO 2015, L 141, p. 19; en lo sucesivo, «Reglamento sobre insolvencia bis»). Según esta disposición, «las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al [Reglamento sobre insolvencia bis]». En este último Reglamento, el término «procedimiento de insolvencia» se refiere a los procedimientos definidos en su artículo 1, apartado 1, y contemplados en su anexo A.
4      El artículo 4, punto 7, del Reglamento OERC define al «deudor» como «persona física o persona jurídica o cualquier otra entidad con capacidad para ser parte con arreglo al Derecho de un Estado miembro, contra la cual el acreedor pretenda obtener, o haya obtenido ya, una orden de retención relacionada con un crédito».
5      De la resolución de remisión se desprende que los efectos del procedimiento de insolvencia en Curazao se transfieren a Alemania mediante el reconocimiento de la apertura del procedimiento de insolvencia en Curazao, de modo que tales efectos deben apreciarse a la luz del artículo 29 del Faillissementsbesluit 1931 (Decreto de Insolvencia de 1931), que codificó el Derecho concursal de Curazao. Según esta última disposición, la apertura del procedimiento de insolvencia tiene como consecuencia la suspensión inmediata de toda ejecución judicial y que, a partir de ese momento, tampoco puede procederse a la ejecución forzosa de las sentencias.
6      El artículo 198 TFUE, párrafo primero, dispone que «los Estados miembros convienen en asociar a la Unión los países y territorios no europeos que mantienen relaciones especiales con Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino Unido. Dichos países y territorios, que en lo sucesivo se denominarán “países y territorios”, se enumeran en la lista que constituye el anexo II.»
7      El artículo 355 TFUE, apartado 2, párrafo primero, establece que «los países y territorios de ultramar, cuya lista figura en el anexo II, estarán sometidos al régimen especial de asociación definido en la cuarta parte.»
8      Decisión del Consejo, de 5 de octubre de 2021, relativa a la Asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión Europea, por una parte, y Groenlandia y el Reino de Dinamarca, por otra (Decisión de Asociación Ultramar, incluida Groenlandia) (DO 2021, L 355, p. 6).
9      Véanse los artículos 3 y 4 del Reglamento sobre insolvencia bis, titulados, respectivamente, «Competencia internacional» y «Comprobación de la competencia».
10      Véase, a este respecto, en particular, la sentencia de 22 de noviembre de 2012, Bank Handlowy y Adamiak (C‑116/11, EU:C:2012:739), apartado 40 y jurisprudencia citada.
11      Véase, a este respecto, el informe explicativo redactado por M. Virgós y E. Schmit, de 8 de julio de 1996, sobre el Convenio relativo a los procedimientos de insolvencia de 3 de mayo de 1996 (en lo sucesivo, «informe Virgós/Schmit»), documento del Consejo de la Unión Europea, 6500/96, DRS 8 (CFC), apartado 5.
12      Véase el artículo 7 del Reglamento sobre insolvencia bis, titulado «Ley aplicable».
13      Véanse los artículos 8 a 18 del Reglamento sobre insolvencia bis.
14      Véase, sobre este aspecto, en particular, la sentencia de 22 de noviembre de 2012, Bank Handlowy y Adamiak (C‑116/11, EU:C:2012:739), apartado 41 y jurisprudencia citada.
15      Véase el considerando 65 del Reglamento sobre insolvencia bis. El subrayado es mío.
16      Se trata de un procedimiento de insolvencia secundario. El subrayado es mío.
17      Véase el informe Virgós/Schmit, apartado 154. Véase también Moss, G., Fletcher, I. F. e Isaacs, S., The EU Regulation on Insolvency proceedings, 3a ed., Oxford University Press, Oxford, 2016, pp. 128 a 130.
18      Véase el considerando 65 del Reglamento sobre insolvencia bis. Véase también el punto 23 de las presentes conclusiones.
19      Algunos Estados miembros (Grecia, Polonia y Rumanía) han incorporado a su ordenamiento jurídico nacional la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza, de 30 de mayo de 1997, Naciones Unidas, marzo de 2014, disponible en https://uncitral.un.org/es/texts/insolvency/modellaw/cross-border_insolvency. Otros Estados miembros regulan esta cuestión sobre la base de disposiciones específicas que rigen el reconocimiento de la apertura de los procedimientos de insolvencia (en particular, Alemania) o se basan en disposiciones generales del procedimiento civil (como es el caso de Lituania). Véase, a este respecto, INSOL Europe/Lexis PSL Joint Project on «How EU Member States recognise insolvency and restructuring proceedings of a third country», enero de 2022. Además, algunos Estados miembros participan en convenios internacionales con terceros Estados en materia de insolvencia o han celebrado acuerdos de asistencia judicial en materia civil que también abarcan la insolvencia.
20      El artículo 2 del Reglamento sobre insolvencia bis, titulado «Definiciones», se refiere, en su punto 6, al «órgano judicial de un Estado miembro» [inciso i)] y al «órgano judicial o cualquier otra autoridad competente de un Estado miembro» [inciso ii)].
21      Véase el artículo 1, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento sobre insolvencia bis. Véase, a este respecto, el punto 35 de las presentes conclusiones.
22      Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (firmado el 27 de septiembre de 1968) (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas de 1968»).
23      C‑129/92, EU:C:1993:363, punto 22.
24      Sentencia de 20 de enero de 1994 (C‑129/92, EU:C:1994:13).
25      Véanse los artículos 29 a 31 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I bis»).
26      Sentencia de 20 de enero de 1994, Owens Bank (C‑129/92, EU:C:1994:13), apartado 37 y fallo.
27      Este adagio se atribuye a Gavalda, A., Clunet, 1935, p. 113. A este respecto, véanse Malaurie, P., Clunet, 1970, p. 941, y Kegel, G., «Exequatur sur exequatur ne vaut», Albrecht Dieckmann and others (eds), Festschrift für Wolfram Müller Freienfels, 1a ed., Nomos, 1986, p. 377.
28      Véanse, en particular, Merret, L., «Article 2», Magnus, U. y Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation, 2a ed., Otto Schmidt, Colonia, vol. 1, 2023, pp. 86 a 102, en particular punto 12, y Brosch, M. y Mantovani, M., «Article 2», Brussels I Bis: A Commentary on Regulation (EU) N.º 1215/2012, Requejo Isidro, M. (ed), Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2022, pp. 36 a 52, en particular p. 45, punto 2.29. Sobre un punto de vista más matizado, véanse Muir Watt, H., «Reconnaissance sur reconnaissance vaut parfaitement», Revue critique de droit international privé, n.º 1, 2023, pp. 135 a 152, y Hay, P., Recognition of a Recognition Judgment under Brussels I, Guest éditorial, https://conflictoflaws.net/2008/guest-editorial-hay-on-recognition-of-a-recognition-judgment-under-brussels-i/
29      Sentencia de 7 de abril de 2022 (C‑568/20, EU:C:2022:264).
30      Conclusiones del Abogado General Pikamäe presentadas en el asunto H Limited (C‑568/20, EU:C:2021:1026), puntos 32 a 36.
31      Sentencia de 7 de abril de 2022, H Limited (C‑568/20, EU:C:2022:264), apartado 39.
32      Véase Hess, B., «Exequatur sur exequatur (ne) vaut? Der EuGH erweitertet die Freizügigkeit von Drittstaatenurteilen nach Art. 39 ff. EuGVVO: zu EuGH, 7.4.2022, Rs. C‑568/20, J./H. Limited, Praxis des internationalen Privat - und Verfahrensrechts, 2022, pp. 349 a 351.
33      El Tribunal de Justicia tuvo en cuenta, en particular, la circunstancia de que antes de que la High Court of Justice (England & Wales) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales), Reino Unido] adoptara en ese asunto el auto de requerimiento de pago controvertido en el litigio principal, «se [había tramitado], cuando menos, un procedimiento contradictorio sumario en el Estado miembro de origen, de modo que dicho auto constitu[ía] una resolución en el sentido del artículo 2, letra a), del Reglamento [Bruselas I bis]». Véase la sentencia de 7 de abril de 2022, H Limited (C‑568/20, EU:C:2022:264), apartado 32.
34      Artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento Bruselas I bis.
35      Véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335), apartado 12, y de 25 de febrero de 2025, BSH Hausgeräte (C‑339/22, EU:C:2025:108), apartado 27.
36      Véase la sentencia de 7 de noviembre de 2019, K. H.K. (Retención de cuentas) (C‑555/18, EU:C:2019:937), apartados 31 y 32.
37      Por lo que respecta al ámbito de aplicación territorial del Reglamento OERC, el artículo 3, apartado 1, define un asunto transfronterizo como «aquel en el que la cuenta o las cuentas bancarias que deban retenerse mediante la [orden] se mantengan en un Estado miembro que no sea: a) el Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se solicite la orden de retención, de conformidad con el artículo 6, ni b) el Estado miembro de domicilio del acreedor.»
38      Véase el considerando 8 del Reglamento OERC.
39      En este contexto, un administrador concursal o un liquidador puede solicitar, en particular, la adopción de esa orden en interés del conjunto de los acreedores para recuperar un pago efectuado por el deudor antes de la fecha de apertura del procedimiento de insolvencia con el fin de facilitar el cobro de los créditos de un deudor insolvente o de los créditos que protegen los intereses de los acreedores. Además, el deudor insolvente también puede obtener esa orden si no se le priva de sus activos tras la apertura del procedimiento de insolvencia.
40      Véase también el artículo 7, apartado 2, letra f), del Reglamento sobre insolvencia bis.
41      Así se desprende también de los textos que precedieron al Reglamento Bruselas I bis, a saber, el Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), y el Convenio de Bruselas de 1968.
42      Véase, en particular, la sentencia de 14 de noviembre de 2024, Oilchart International (C‑394/22, EU:C:2024:952), apartado 32 y jurisprudencia citada.
43      Véase el punto 23 de las presentes conclusiones.
44      Cabe recordar que este principio se reconoce en el considerando 63 del Reglamento sobre insolvencia bis.
45      Véase el artículo 7, apartado 2, letra f), del Reglamento sobre insolvencia bis.
46      Véase, a título ilustrativo, el artículo 20 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza.
47      Aunque la orden europea de retención puede ejecutarse en el Estado miembro de origen, su objetivo principal sigue siendo facilitar el cobro de créditos en un Estado miembro distinto del Estado del órgano jurisdiccional ante el que se haya solicitado la orden.
48      Véase el punto 46 de las presentes conclusiones.
49      Cabe recordar que el artículo 4, punto 6, del Reglamento OERC define «acreedor» como «persona física o jurídica domiciliada en un Estado miembro o cualquier otra entidad domiciliada en un Estado miembro que tenga capacidad para ser parte con arreglo al Derecho de un Estado miembro, que solicite o haya obtenido una orden de retención relacionada con un crédito».
50      Véase el punto 15 de las presentes conclusiones.
51      Véase el artículo 1, apartado 2, del Reglamento OERC.
52      Véase el artículo 2 del Reglamento OERC.
53      Véase el artículo 7 del Reglamento OERC.
54      Véase el considerando 5 del Reglamento OERC. Véase, a este respecto, el punto 37 de las presentes conclusiones.
55      Además, ha de recordarse que la exclusión contenida en esta disposición del Reglamento OERC constituye una excepción al régimen previsto por dicho Reglamento y, como disposición que establece excepciones, debe ser objeto de interpretación estricta. Véase, por analogía, la sentencia de 6 de junio de 2019, Weil (C‑361/18, EU:C:2019:473), apartado 43 y jurisprudencia citada.
56      Tal situación favorecería incluso el «forum shopping», en particular cuando el acreedor contemplara la posibilidad de que se vaya a dictar una orden de retención antes de que inicie un procedimiento sobre el fondo y cuando los tribunales de varios Estados miembros fueran competentes para resolver el litigio.
57      Véase el punto 49 de las presentes conclusiones.
58      En función del reconocimiento o no de la apertura del procedimiento de insolvencia de un tercer Estado.
59      Cuando el Estado miembro de origen coincida con el Estado miembro de ejecución, ha de tenerse en cuenta este último elemento para determinar los efectos del reconocimiento de un procedimiento de insolvencia de un tercer Estado.
60      Véase el punto 40 de las presentes conclusiones.
61      Véase el punto 52 de las presentes conclusiones.