62004CJ0129_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C‑129/04,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Conseil d’État (Bélgica), mediante resolución de 25 de febrero de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de marzo de 2004, en el procedimiento entre
Espace Trianon SA,
Société wallonne de location-financement SA (Sofibail)
y
Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, los Sres. C. Gulmann (Ponente), R. Schintgen, G. Arestis y J. Klučka, Jueces;
Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;
Secretaria: Sra. K. Sztranc, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de diciembre de 2004;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre de Espace Trianon SA y de la société wallonne de location-financement SA (Sofibail), por los M es  P. Coenraets y C. Lépinois, avocats;
– en nombre del office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM), por M es  M. Uyttendaele, M. Mareschal y D. Gerard, avocats;
– en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. M. Fruhmann, en calidad de agente;
– en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. K Wiedner y B. Stromsky, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de marzo de 2005;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras (DO L 395, p. 33), en su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 89/665»).
2. Dicha petición se planteó en el marco de un litigio entre Espace Trianon SA (en lo sucesivo, «Espace Trianon») y la société wallonne de location-financement SA (en lo sucesivo, «Sofibail»), miembros de la unión temporal de empresas «Espace Trianon‑Sofibail», por una parte, y el office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l’emploi (en lo sucesivo, «FOREM»), por otra parte, en relación con una procedimiento de adjudicación de un contrato público.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
3. El artículo 1 de la Directiva 89/665 dispone:
«1. En lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de las Directivas 71/305/CEE, 77/62/CEE y 92/50/CEE [...], los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente posible, en las condiciones establecidas en los artículos siguientes y, en especial, en el apartado 7 del artículo 2, cuando dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos públicos o las normas nacionales de incorporación de dicha normativa.
[…]
3. Los Estados miembros garantizarán que, con arreglo a modalidades que podrán determinar los Estados miembros, los procedimientos de recurso sean accesibles, como mínimo, a cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un determinado contrato público de suministros de obras y que se haya visto o pueda verse perjudicada por una presunta infracción. […]»
4. El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 89/665 dispone:
«Los Estados miembros velarán para que las medidas adoptadas en relación con los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 1 prevean los poderes necesarios:
[…]
b) para anular o hacer que se anulen las decisiones ilegales, incluida la supresión de las características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en los documentos de licitación, en los pliegos de condiciones o en cualquier otro documento relacionado con el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión;
[…]»
5. El artículo 21 de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54), dispone:
«Estarán autorizadas a licitar las agrupaciones de contratistas. No se exigirá la transformación de dichas agrupaciones en una forma jurídica determinada para la presentación de la oferta, pero la agrupación elegida puede ser obligada a proceder a dicha transformación cuando le haya sido adjudicado el contrato.»
Normativa nacional
6. En virtud del artículo 14, apartado 1, de las Leyes sobre el Conseil d’État, coordinadas el 12 de enero de 1973 (Moniteur belge
de 21 de marzo de 1973, p. 3461), el Conseil d’État es competente para conocer de los recursos de anulación interpuestos contra decisiones de adjudicación de contratos públicos.
7. El artículo 19, párrafo primero, de las mismas Leyes coordinadas, que regula, en particular, la legitimación activa en materia de recursos de anulación, dispone:
«La persona que justifique un perjuicio o un interés podrá promover un […] recurso de anulación […] ante la sección de lo contencioso-administrativo, el cual se presentará por escrito en la forma y dentro del plazo determinados por el Rey.»
8. En lo que atañe a la decisión para instar actuaciones judiciales, el artículo 522, apartado 2, del code des sociétés establece, respecto a las sociedades anónimas:
«El consejo de administración representará a la sociedad frente a terceros y en juicio, como parte demandante o demandada. No obstante, los estatutos pueden otorgar facultades a uno o a varios administradores para que, solidaria o mancomunadamente, representen a la sociedad. Esta cláusula será oponible a terceros. […]»
9. Dicho código regula el estatuto de las sociedades temporales de empresas, anteriormente denominadas «uniones temporales de empresas». La sociedad temporal de empresas se define, en el artículo 47 del mismo código, como aquella «sociedad sin personalidad jurídica cuyo objeto sea intervenir, sin razón social, en una o varias operaciones comerciales determinadas».
Los litigios principales y las cuestiones prejudiciales
10. El 30 de septiembre de 1997, el FOREM, como entidad adjudicadora, publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas
un anuncio de licitación cuyo objeto era «el proyecto, la ejecución y la financiación de un inmueble de 6.500 m 2
aproximadamente» destinado a su dirección regional de Lieja.
11. El 20 de febrero de 1998 tuvo lugar la apertura de las plicas. Se habían presentado cinco ofertas, una de las cuales era de la unión temporal de empresas Espace Trianon‑Sofibail.
12. El 22 de diciembre de 1998, el comité de gestión del FOREM adjudicó el contrato a otra unión temporal de empresas, CIDP‑BPC. El 8 de enero de 1999 el mismo comité de gestión confirmó su decisión de 22 de diciembre de 1998. El 25 de enero de 1999 fue notificada la decisión de adjudicación a Espace Trianon y a Sofibail.
13. Los días 19 de febrero de 1999 y 8 de marzo de 1999, respectivamente, las dos sociedades mencionadas en último lugar presentaron sendas demandas en las que se pedía que se anularan las decisiones del comité de gestión del FOREM de los días 22 de diciembre de 1998 y 8 de enero de 1999.
14. En su resolución de remisión, el Conseil d’État observa que las decisiones para instar actuaciones judiciales de Espace Trianon fueron adoptadas por dos de sus administradores y no por su consejo de administración, de conformidad con sus estatutos. Por lo tanto, son irregulares. Señala que, en cambio, no pueden censurarse las decisiones de Sofibail de instar actuaciones judiciales.
15. Habida cuenta de que dichas sociedades presentaron su oferta en nombre de la unión temporal de empresas Espace Trianon‑Sofibail y de que las decisiones de actuar judicialmente de Espace Trianon son irregulares, el Conseil d’État decidió suspender el curso del procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes, con el fin de determinar si procede admitir los recursos de Sofibail, en la medida en que es la única que impugna las decisiones del comité de gestión del FOREM de los días 22 de diciembre de 1998 y 8 de enero de 1999:
«1) ¿Se opone el artículo 1 de la Directiva 89/665 […] a una disposición de una legislación nacional como el artículo 19, párrafo primero, de las Leyes sobre el Conseil d’État, coordinadas el 12 de enero de 1973, interpretada en el sentido de que obliga a los miembros de una unión temporal de empresas sin personalidad jurídica que, como tal, haya participado en un procedimiento de adjudicación de un contrato público y a la que no haya sido adjudicado dicho contrato, a actuar conjuntamente, en su condición de socios o en su propio nombre, para interponer un recurso contra la decisión de adjudicación de ese contrato?
2) ¿Sería diferente la respuesta a la cuestión en el supuesto de que los miembros de la unión temporal de empresas hubieran actuado conjuntamente, pero en el que debiera declararse la inadmisibilidad de la acción de uno de sus miembros?
3) ¿Se opone el artículo 1 de la Directiva 89/665 […] a una disposición de una legislación nacional como el artículo 19, párrafo primero, de las Leyes sobre el Conseil d’État, coordinadas el 12 de enero de 1973, interpretada en el sentido de que prohíbe a un miembro de tal unión temporal de empresas interponer a título individual, ya sea como socio o en nombre propio, un recurso contra la decisión de adjudicación?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
16. El objetivo de las cuestiones primera y tercera, que deben examinarse conjuntamente, consiste en dilucidar si el artículo 1 de la Directiva 89/665 se opone a una norma nacional según la cual, cuando una unión temporal de empresas que no está dotada de personalidad jurídica ha participado, como tal, en un procedimiento de adjudicación de un contrato público y no se le ha adjudicado ese contrato, únicamente la totalidad de los miembros de dicha unión pueden interponer un recurso contra la decisión de adjudicación. Mediante la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide, esencialmente, que se dilucide, si la respuesta a las cuestiones primera y tercera es diferente en el caso de que los miembros de la unión temporal de empresas hayan actuado conjuntamente, pero se haya declarado la inadmisibilidad de la acción de uno de ellos.
17. Debe recordarse que, con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras deben poder ser recurridas de manera eficaz y que, con arreglo al apartado 3 de dicho artículo, deben estar legitimadas para entablar los procedimientos de recurso, al menos, todas las personas que tengan un interés en obtener un contrato público.
18. Espace Trianon, Sofibail y la Comisión de las Comunidades Europeas sostienen que, en circunstancias como las del asunto principal, una norma procesal nacional que exija que los miembros de una unión temporal de empresas insten actuaciones judiciales de manera conjunta, y que, por lo tanto, deban acordar por unanimidad la interposición de un recurso contra una decisión de adjudicación de un contrato público, no se ajusta a la exigencia de accesibilidad de los procedimientos de recurso previstos en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665. A su juicio, la tutela judicial efectiva debe permitir que a los miembros de tal unión temporal les asista un derecho de recurso individual.
19. A este respecto, debe señalarse que dicho artículo 1, apartado 3, al referirse a cualquier persona que tenga interés en obtener un contrato público, se refiere, en una situación como la del asunto principal, a la persona que, al presentar su oferta para el contrato público de que se trate, haya demostrado su interés en obtenerlo.
20. Pues bien, en semejante situación, habrá licitado la unión temporal de empresas como tal, y no sus miembros a título individual. Igualmente todos los miembros de esa asociación, si se les hubiera adjudicado el pertinente contrato público, habrían estado obligados a firmar el contrato y a ejecutar las obras.
21. Contrariamente a otras situaciones planteadas al Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 12 de febrero de 2004, Grossmann Air Service, C‑230/02, Rec. p. I‑1829, apartado 28, y de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau, C‑26/03, Rec. p. I‑0000, apartado 41), nada se opone en el asunto principal a que los miembros de la unión temporal de empresas interpongan conjuntamente, en su condición de asociado o en su propio nombre, un recurso de anulación contra las decisiones de los días 22 de diciembre de 1998 y 8 de enero de 1999.
22. Por consiguiente, una norma procesal nacional que exija que un recurso de anulación contra la decisión de una entidad adjudicadora de adjudicar un contrato público se interponga por la totalidad de los miembros que integran una unión temporal de empresas licitadora no limita la accesibilidad a tal recurso en contra de lo establecido en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 89/665.
23. Es así, máxime si se considera que, como se desprende de los autos, en Derecho belga, los miembros de tal unión temporal pueden, en todo momento, antes de interponer un recurso, zanjar la cuestión relativa a la legitimación activa de la unión temporal mediante un acuerdo interno, sin ninguna otra formalidad.
24. Por otra parte, no puede acogerse la alegación de la Comisión de que una norma como la controvertida en el asunto principal, que implique la exigencia para las uniones temporales de empresas de adoptar una forma jurídica determinada para la presentación de la oferta, infringe el artículo 21 de la Directiva 93/37. En efecto, la norma nacional controvertida en el asunto principal se limita a exigir que, para actuar judicialmente, la unión temporal de empresas determine su representación de conformidad con las normas aplicables a la forma jurídica que sus propios miembros hayan adoptado para poder licitar.
25. Además, procede señalar que la norma procesal a que se refiere el presente asunto se aplica del mismo modo a todos los recursos que interpongan los miembros de las uniones temporales de empresas, en relación con las operaciones que éstas efectúen, propias de su actividad, sin que sea preciso determinar si las pretensiones se basan en una violación del Derecho comunitario o del Derecho nacional, independientemente de si se refieren a contratos públicos de obras o a otras operaciones.
26. Teniendo en cuenta lo que precede, tampoco cabe considerar qu e una norma como la controvertida en el asunto principal pueda ser contraria a la exigencia de recurrir de manera eficaz consagrada en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665. Este principio no exige que se declare la admisibilidad de un recurso cuando no se hayan cumplido las disposiciones relativas a la representación en juicio que se derivan de la forma jurídica adoptada por lo que respecta a la persona que realiza actuaciones judiciales.
27. Por último, en relación con la segunda cuestión, nada indica que el caso en el que inicialmente sólo algunos miembros de la unión temporal de empresas hayan interpuesto el recurso deba tratarse de forma diversa de aquel en que, en un primer momento, lo haya interpuesto la totalidad de tales miembros, pero que, en una fase ulterior, se haya declarado la inadmisibilidad del recurso de uno de ellos.
28. En ambos casos, el recurso es inadmisible en virtud de normas nacionales que no hacen sino exigir que los demandantes cumplan los requisitos relativos a la representación en juicio de conformidad con la forma jurídica que los propios miembros hayan elegido. Tales exigencias son de aplicación general y no limitan en contra de lo dispuesto en la Directiva 89/665 la efectividad de los recursos y su accesibilidad a los licitadores. Además, la inadmisibilidad de la acción de uno de los miembros de la unión temporal de empresas puede deberse a circunstancias que demuestren que no ha concurrido la voluntad efectiva del miembro de que se trate de instar actuaciones judiciales.
29. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones planteadas que:
– el artículo 1 de la Directiva 89/665 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, según el Derecho nacional, únicamente la totalidad de los miembros de una unión temporal de empresas sin personalidad jurídica que haya participado, como tal, en un procedimiento de adjudicación de un contrato público y a la que no se haya adjudicado ese contrato pueda interponer un recurso contra la decisión de adjudicación, y no sólo uno de sus miembros a título individual;
– lo mismo debe afirmarse en el caso de que todos los miembros de tal unión temporal de empresas actúen conjuntamente, pero se declare la inadmisibilidad de la acción de uno de sus miembros.
Costas
30. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes en los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
El artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros y de obras, en su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que, según el Derecho nacional, únicamente la totalidad de los miembros de una unión temporal de empresas sin personalidad jurídica que haya participado, como tal, en un procedimiento de adjudicación de un contrato público y a la que no se haya adjudicado ese contrato pueda interponer un recurso contra la decisión de adjudicación, y no sólo uno de sus miembros a título individual.
Lo mismo debe afirmarse en el caso de que todos los miembros de tal unión temporal de empresas actúen conjuntamente, pero se declare la inadmisibilidad de la acción de uno de sus miembros.