62012CC0470
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NILS WAHL
presentadas el 12 de diciembre de 2013 (
1
)
Asunto C‑470/12
Pohotovosť s.r.o.
contra
Miroslav Vašuta
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Okresný súd Svidník (Eslovaquia)]
«Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Ejecución forzosa de un laudo arbitral — Derecho de intervención de una asociación de defensa de los consumidores — Remisión prejudicial — “Retirada” de la acción de ejecución forzosa por parte del demandante en el litigio principal — Mantenimiento de la petición del órgano jurisdiccional remitente — Competencia del Tribunal de Justicia»
1.
Mediante la presente petición de decisión prejudicial, el Okresný súd Svidník (tribunal municipal de Svidník) (Eslovaquia) solicita la interpretación de varias disposiciones de la Directiva 93/13/CEE, (
2
) en relación con los artículos 38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (
3
) con el fin de determinar si las asociaciones de defensa de los consumidores deben poder beneficiarse de un derecho de intervención en un procedimiento de ejecución forzosa de un laudo arbitral con el fin de lograr el nivel elevado de protección de los consumidores consagrado en el Derecho de la Unión.
2.
Además del problema de fondo planteado formalmente ante el Tribunal de Justicia, se suscita asimismo la duda de si éste es aun competente para pronunciarse al respecto. En efecto, habida cuenta de la evolución del procedimiento nacional en el litigio principal en relación con el desistimiento de la parte demandante –y correlativamente de la posibilidad de que el litigio que dio lugar a la petición de decisión prejudicial haya quedado resuelto–, procede determinar con carácter previo si aún procede que el Tribunal de Justicia se pronuncie dado que hasta el día de hoy el órgano jurisdiccional remitente no ha retirado formalmente su petición.
3.
A pesar de las dudas que puedan albergarse legítimamente sobre la cuestión de si aún es procedente pronunciarse y de la escasa información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente, creo que el espíritu de cooperación que debe presidir el procedimiento prejudicial ha de llevar en definitiva al Tribunal de Justicia a no declinar su competencia. En cuanto al fondo, considero que en el estado actual del Derecho de la Unión, la efectividad de la protección conferida a los consumidores no se ve comprometida ni por una disposición de Derecho nacional que no permite a una asociación de defensa de los derechos de los consumidores intervenir en un procedimiento de ejecución forzosa de un laudo arbitral ni por una disposición de Derecho nacional que lo autorice.
I. Marco jurídico
A. Directiva 93/13
4.
En virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
5.
El artículo 7 de dicha Directiva dispone:
«1.   Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
2.   Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores, acudir según el Derecho nacional a los órganos judiciales o administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas.
3.   Los recursos mencionados en el apartado 2 podrán dirigirse, respetando la legislación nacional, por separado o conjuntamente contra varios profesionales del mismo sector económico o contra sus asociaciones que utilicen o recomienden que se utilicen las mismas cláusulas contractuales generales o cláusulas similares.»
6.
El artículo 8 de la Directiva 93/13 establece lo siguiente:
«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección.»
B. Derecho eslovaco
7.
El artículo 93 de la Ley de enjuiciamiento civil, en su versión aplicable a los hechos del procedimiento principal, establece:
«1)   Toda persona que posea interés jurídico en el procedimiento podrá intervenir en apoyo de las pretensiones del demandante o del demandado, siempre que no se trate de un procedimiento de divorcio, un procedimiento relativo a la validez de un matrimonio o un procedimiento cuyo objeto sea determinar si existe o no matrimonio.
2)   Asimismo, podrá intervenir en apoyo de las pretensiones del demandante o del demandado toda persona jurídica cuya actividad tenga por objeto la protección de derechos en virtud de una disposición específica.
[…]»
8.
El artículo 251, apartado 4, de esta Ley dispone:
«La aplicación de las resoluciones y el procedimiento de ejecución en el sentido de la normativa específica […] se regirán por las disposiciones de las partes anteriores, salvo que dicha normativa disponga lo contrario. En todo caso, se resolverá mediante auto.»
9.
El artículo 37, apartado 1, del Código de ejecuciones, en su versión aplicable a los hechos del procedimiento principal (en lo sucesivo, «Código de ejecuciones»), establece:
«Las partes en el procedimiento serán el acreedor y el deudor; las demás personas sólo podrán ser parte en el procedimiento en relación con la parte de éste respecto de la cual se les haya reconocido dicha cualidad por medio de la presente Ley. Cuando el juez resuelva sobre las costas el agente judicial al que se haya otorgado un mandato será asimismo parte en el procedimiento.»
10.
En virtud del artículo 25, apartados 1 y 2, de la Ley no 250/2007 relativa a la protección de los consumidores, una asociación podrá interponer un recurso ante un órgano administrativo o judicial en materia de protección de los derechos de los consumidores o podrá ser parte en el procedimiento cuando tales objetivos sean el principal objeto de su actividad o si figura en la lista de las personas autorizadas por la comisión nacional, sin perjuicio del derecho que corresponde al tribunal de examinar si dicha persona está autorizada para interponer un recurso en cada caso concreto. Asimismo, una asociación puede representar a un consumidor en virtud de un mandato en los procedimientos ante los organismos del Estado relativos al ejercicio de sus derechos, incluida la reparación del daño originado por la vulneración de los derechos del consumidor.
II. Hechos y cuestiones prejudiciales
11.
Los hechos que originaron el litigio, expuestos someramente por el órgano jurisdiccional remitente, pueden describirse del siguiente modo.
12.
Pohotovosť s.r.o. (en lo sucesivo, «Pohotovost’»), parte demandante en el litigio principal, concedió un crédito al consumo al Sr. Vašuta, parte demandada en el litigio principal. (
4
)
13.
Por razones que no han sido indicadas, se conminó al Sr. Vašuta por medio de un laudo arbitral dictado por el Stály rozhodcovský súd (Tribunal Permanente de Arbitraje) el 9 de diciembre de 2010 a reembolsar un importe no especificado a dicha sociedad. De acuerdo con la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente, dicho laudo arbitral había adquirido carácter firme y ejecutorio.
14.
Posteriormente, Pohotovosť presentó una solicitud de ejecución ante el agente judicial competente conforme a las disposiciones eslovacas en vigor. El 25 de marzo de 2011, el agente judicial solicitó al Okresný súd Svidník autorización para ejecutar dicho laudo arbitral. El 29 de junio de ese mismo año, dicho órgano jurisdiccional decidió que no procedía ejecutar la parte de la resolución relativa al cobro de los intereses de demora y no concedió al agente judicial autorización para cobrar los gastos de ejecución correspondientes a dicha parte del procedimiento.
15.
El 9 de septiembre de 2011, la Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS (asociación de defensa de los consumidores HOOS, en lo sucesivo, «asociación HOOS») solicitó intervenir en el procedimiento ejecutivo. Con respecto a la cuestión de fondo, la asociación sostuvo entre otros extremos que el agente judicial, que había mantenido en el pasado una relación laboral con Pohotovost’, había incumplido su obligación de imparcialidad y que era asimismo oportuno suspender dicho procedimiento.
16.
Por su parte, Pohotovosť solicitó el 27 de marzo de 2012 que no se admitiese la intervención de la asociación HOOS en el procedimiento, al no estar prevista esta posibilidad en el Código de ejecuciones.
17.
Mediante auto dictado por el funcionario del Tribunal de mayor grado, (
5
) el 24 de mayo de 2012, el órgano jurisdiccional remitente declaró inadmisible la intervención de dicha asociación en el procedimiento ejecutivo y desestimó a su vez todas sus pretensiones.
18.
El 18 de junio de 2012, la asociación HOOS interpuso un recurso contra dicho auto ante el propio órgano jurisdiccional remitente. La asociación alegó que no se había informado suficientemente al Sr. Vašuta, que el juez no le había concedido de oficio una protección suficiente frente a una cláusula compromisoria abusiva y que este último no había extraído conclusiones jurídicas de la falta de indicación de la tasa anual equivalente (TAE) en el contrato de crédito al consumo. Según esta asociación, el órgano jurisdiccional remitente no había aplicado la jurisprudencia (
6
) correctamente.
19.
En este contexto, el Okresný súd Svidník decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Deben interpretarse los artículos 6, apartado 1, 7, apartado 1, y 8 de la Directiva 93/13 […], en relación con lo dispuesto por los artículos 47 y 38 de la Carta […], en el sentido de que se oponen a una disposición de Derecho nacional, como el artículo 37, apartados 1 y 3, del Código de ejecuciones, que no permite a una asociación para la defensa de los derechos de los consumidores intervenir en el procedimiento de ejecución?
2)
En caso de que se responda a la primera cuestión que la citada disposición legislativa no es contraria al Derecho [de la Unión], ¿debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 37, apartados 1 y 3, del Código de ejecuciones en el sentido de que no se oponen a que un juez nacional reconozca a una asociación para la defensa de los derechos de los consumidores la condición de parte coadyuvante en el procedimiento de ejecución en virtud de los artículos 6, apartado 1, 7, apartado 1, y 8 [de dicha Directiva]?»
III. Análisis
A. Sobre la cuestión de si resulta procedente que el Tribunal de Justicia se pronuncie
20.
Habida cuenta de los nuevos acontecimientos de los que se informó al Tribunal de Justicia y que se refieren esencialmente a la presunta retirada de la demanda de ejecución forzosa presentada contra el Sr. Vašuta –nuevos acontecimientos a los que me referiré con mayor precisión más adelante–, es razonable preguntarse si el Tribunal de Justicia sigue siendo competente para pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales que le han sido planteadas.
21.
Ante todo y al hilo de lo que ya he tenido ocasión de exponer, (
7
) considero necesario que el Tribunal de Justicia adopte una postura relativamente estricta en lo que se refiere a su ámbito de competencia.
22.
En efecto, teniendo en cuenta la especificidad del asunto no cabe duda de que el órgano jurisdiccional nacional es quien está en mejores condiciones para apreciar tanto la necesidad de una decisión prejudicial para dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones sometidas al Tribunal de Justicia. (
8
)
23.
En este sentido, es bastante frecuente equiparar el examen de la existencia de un litigio efectivamente pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, que condiciona la competencia del Tribunal de Justicia, con la valoración de la pertinencia intrínseca de las cuestiones planteadas, que se refiere por su parte al efecto útil de las respuestas para la solución del litigio principal.
24.
Pues bien, aunque es posible admitir que el efecto útil de las cuestiones planteadas puede presumirse, resulta mucho más delicado afirmar que el Tribunal de Justicia debe declararse competente, salvo supuestos excepcionales, siempre que se le someta una cuestión prejudicial. Por definición, una competencia, y específicamente la competencia del Tribunal de Justicia, no puede presumirse, sino que debe demostrarse.
25.
De ello deriva que, a diferencia de la relativa flexibilidad que en mi opinión debe caracterizar la valoración de la pertinencia intrínseca de las cuestiones planteadas, problemática que abordaré en la segunda parte de las presentes conclusiones, el Tribunal de Justicia debe proceder con mayor cuidado a la hora de apreciar la existencia misma de un litigio.
26.
Dicha existencia constituye un requisito fundamental de la competencia del Tribunal de Justicia que puede, en caso de que proceda, examinarse de oficio. (
9
)
27.
Por otra parte, según reiterada jurisprudencia, los órganos jurisdiccionales nacionales sólo están habilitados para plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia en la medida en que ante ellos penda un litigio en el que proceda adoptar una decisión que puede tener en cuenta la sentencia prejudicial. (
10
) En consecuencia, el Tribunal de Justicia no es competente para conocer de una cuestión prejudicial cuando, en el momento en que se dicte la correspondiente resolución de remisión, ya haya concluido el proceso ante el Juez nacional. (
11
) La justificación de la remisión prejudicial y, por consiguiente, de la competencia del Tribunal de Justicia, no es formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, (
12
) sino la necesidad inherente a la solución efectiva de un litigio existente. Si este último concluye, la necesidad de responder a las cuestiones prejudiciales desaparece simultáneamente.
28.
Estas afirmaciones, que han sido recientemente recordadas, (
13
) no sólo poseen valor práctico, en el sentido de que pueden contribuir in fine a racionalizar el flujo de asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia. Participan de la definición del papel atribuido al Tribunal de Justicia en la materia, competencia judicial de interpretación que no puede desplegarse de manera abstracta, sino que debe vincularse necesariamente a una cuestión realmente planteada en el asunto principal. Si no fuera así, existiría un gran riesgo de que el Tribunal de Justicia se inmiscuyera en un debate jurídico que no estuviera relacionado en definitiva con la interpretación del Derecho de la Unión. (
14
) De estos principios se desprende necesariamente que en la medida que las cuestiones planteadas en el marco de una remisión prejudicial no estén vinculadas a un litigio real, no procede que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre ellas.
29.
Es innegable que incumbe al órgano jurisdiccional remitente determinar si la remisión está vinculada a un litigio realmente pendiente ante ella. Según la fórmula consagrada en la sentencia Foglia, (
15
) es indispensable que los órganos jurisdiccionales nacionales expliquen las razones por las que consideran necesaria una respuesta a sus cuestiones para resolver el litigio, cuando dichas razones no se desprendan inequívocamente de los autos. El deber del Tribunal de Justicia de respetar las responsabilidades propias del Juez nacional, implica al mismo tiempo que el Juez nacional debe tomar en consideración la función propia que el Tribunal de Justicia desempeña en el ámbito prejudicial. Así pues, el Tribunal de Justicia volvió a declarar recientemente que no procedía que se pronunciase en un supuesto en el que el órgano jurisdiccional remitente había mantenido su petición de decisión prejudicial absteniéndose de definir, a pesar de haber sido requerido para ello, su postura sobre los efectos de un hecho nuevo o de un acontecimiento sobre el que el Tribunal de Justicia había sido informado, en relación tanto con la decisión que debía adoptarse en el litigio principal como con la pertinencia de las cuestiones prejudiciales para la resolución del litigio principal. (
16
)
30.
¿Qué conclusión cabe extraer de estos principios en el caso de autos?
31.
En resumen, el Tribunal de Justicia se enfrenta a una situación especial caracterizada por los dos elementos que se exponen a continuación.
32.
Por una lado, Pohotovosť puso en conocimiento del Tribunal de Justicia a través de sus observaciones escritas presentadas de acuerdo con el artículo 23, apartado 2, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 14 de noviembre de 2012 había presentado ante el órgano jurisdiccional remitente un escrito por el cual retiraba en su totalidad su solicitud de ejecución y solicitaba asimismo «suspender» la ejecución. Pohotovosť señaló en sus observaciones que, en virtud del artículo 57, apartado 1, letra c), del Código de ejecuciones, el órgano jurisdiccional remitente estaba obligado a pronunciarse acerca de la retirada de su recurso dando por concluido el procedimiento ejecutivo y que, en todo caso, dado que la controversia objeto del litigio principal se había extinguido, no procedía que el Tribunal de Justicia se pronunciase sobre la presente petición de decisión prejudicial.
33.
Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente, a quien el Tribunal de Justicia había solicitado que confirmase si, habida cuenta del desistimiento anunciado, aún conocía del litigo en el marco del cual había presentado inicialmente su petición de decisión prejudicial y si, desde esta perspectiva, mantenía aún dicha petición, se limitó a indicar, mediante escrito de 2 de julio de 2013, que el asunto seguía pendiente y que, por este motivo, mantenía efectivamente su solicitud. Dicho órgano jurisdiccional completó esta información mediante escrito recibido por el Tribunal de Justicia el 10 de septiembre de 2013, en el que precisó que había sido informado oportunamente de la solicitud de Pohotovost’ de «suspensión» (
17
) del procedimiento ejecutivo y que, además, los autos se encontraban en manos del Krajský súd v Prešove (Tribunal regional de Prešov), el cual conocía de un recurso de apelación interpuesto contra la resolución mediante la que se había acordado plantear la presente petición de decisión prejudicial.
34.
Ciertamente, resulta llamativo y lamentable que, en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente no considerase necesario informar al Tribunal de Justicia del incidente procesal ocurrido apenas un mes después de la presentación de la presente remisión prejudicial y que, en segundo lugar, haciendo caso omiso de la petición del Tribunal de Justicia, no indicase las razones específicas por las cuales consideraba que el litigio principal continuaba pendiente, a pesar de que cabía considerar que existía una relación de dependencia absoluta entre el procedimiento ejecutivo desarrollado a nivel nacional y la presente petición de decisión prejudicial.
35.
En efecto, habida cuenta del espíritu de colaboración que debe presidir las relaciones entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, (
18
) cabía esperar que en una situación como la analizada y tras haber sido interrogado a este respecto por el Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente facilitase ciertas indicaciones acerca de las consecuencias jurídicas de tal desistimiento sobre su misión, con objeto de justificar la necesidad de una respuesta con carácter prejudicial para la resolución del litigio y, por consiguiente, sobre la competencia del Tribunal de Justicia.
36.
No obstante, cuando, como en el caso de autos, surgen dudas a la hora de apreciar las consecuencias de un incidente procesal sobre la propia existencia del litigio, éstas deben favorecer de algún modo al órgano jurisdiccional remitente. En este sentido, el Tribunal de Justicia se ha esforzado en múltiples ocasiones por aceptar el buen juicio de los órganos jurisdiccionales nacionales, para evitar cualquier obstáculo a la cooperación leal entre el Tribunal de Justicia y estos últimos. (
19
)
37.
Además, no debemos olvidar que en el marco del procedimiento de remisión prejudicial, que establece un diálogo entre ambos jueces, es el juez nacional el que ocupa la posición de interlocutor privilegiado del Tribunal de Justicia. En estas circunstancias, no parece procedente atenerse a la información facilitada por una de las partes en el litigio principal para concluir que el asunto principal carece por completo de objeto (
20
) y, por tanto, que el Tribunal de Justicia no es competente.
38.
Por tanto, habida cuenta del espíritu de cooperación y de confianza recíproca que debe presidir las relaciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, considero que a pesar de todo, el Tribunal de Justicia debe confiar en la conclusión alcanzada por el órgano jurisdiccional remitente y que, en consecuencia, no puede declinar su competencia.
B. Sobre las cuestiones prejudiciales
39.
Con carácter preliminar, procede analizar la pertinencia intrínseca y, en consecuencia, la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales, teniendo en cuenta que los Gobiernos eslovaco y alemán han expresado serias dudas a este respecto en sus observaciones escritas.
40.
En esencia, estos Gobiernos afirman que el órgano jurisdiccional remitente no ha señalado las razones por las que las disposiciones previstas en el Directiva 93/13 presentaban un vínculo con el litigio principal y, por tanto, en qué medida la respuesta del Tribunal de Justicia resulta necesaria para solucionar dicho litigio. Sostienen que el órgano jurisdiccional remitente no solicita una indicación en relación con la apreciación de cláusulas contractuales potencialmente abusivas, sino que pretende obtener un control de normas procesales nacionales no cubiertas por la armonización derivada de esta Directiva. Además, el Gobierno eslovaco subraya que en cualquier caso debe declararse la inadmisibilidad de la segunda cuestión, mediante la que el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie acerca de las disposiciones de Derecho nacional.
41.
En mi opinión, si bien las dudas suscitadas sobre la admisibilidad de las cuestiones planteadas son comprensibles, el Tribunal de Justicia debe esforzarse por aportar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente en la medida de lo posible y en aras del espíritu de cooperación que debe regir el procedimiento de remisión prejudicial.
42.
Pues bien, en el contexto del asunto principal no puede excluirse que las cuestiones planteadas, tomadas en su conjunto y una vez reformuladas, puedan considerarse pertinentes.
43.
En efecto, puede considerarse que más que solicitar la interpretación de las disposiciones de la Directiva 93/13 a la luz de la Carta, mediante sus dos cuestiones prejudiciales el órgano jurisdiccional pretende que se dilucide si la efectividad del sistema de protección conferida a los consumidores frente a las cláusulas abusivas se halla, de una forma o de otra, comprometida por normas de Derecho nacional que no otorgan a las asociaciones de defensa de los consumidores el derecho a intervenir en un procedimiento de ejecución de un laudo arbitral.
44.
A este respecto, de la resolución de remisión se desprende que en el litigio principal, la asociación HOOS pretendía que se admitiese su intervención en el procedimiento ejecutivo entablado por Pohotovost’ contra el Sr. Vašuta, en particular porque consideraba que, mediante su decisión de suspender únicamente de manera parcial el procedimiento ejecutivo y de autorizar dicha ejecución en cuanto al resto, el órgano jurisdiccional remitente no había concedido de oficio al consumidor una protección suficiente frente a una cláusula compromisoria abusiva y no había extraído todas las consecuencias jurídicas de la falta de indicación de la TAE en el contrato de crédito al consumo.
45.
Teniendo en cuenta el cariz procesal que han tomado los asuntos relativos a la interpretación de la Directiva 93/13, se comprenden asimismo fácilmente las dudas expresadas por el órgano jurisdiccional remitente. Prueba de ello son, en particular, las resoluciones citadas por el órgano jurisdiccional remitente (
21
) a este respecto y, de manera más global, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia que, recordando el principio de autonomía procesal, lo enmarca en la línea de los principios de efectividad y de equivalencia. (
22
)
46.
Por consiguiente, considero que deben reformularse ligeramente las cuestiones planteadas en el sentido de que con ellas se pretender dilucidar si el Derecho de la Unión y, concretamente, el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13, exige que se permita a una asociación de defensa de los consumidores intervenir en un procedimiento de ejecución de un laudo arbitral o si por el contrario lo excluye.
47.
Una vez efectuadas estas precisiones, expondré a continuación los motivos por los que, al igual que el Gobierno eslovaco, el Gobierno alemán y la Comisión Europea, considero que la cuestión del derecho a intervenir de las asociaciones de defensa de los consumidores en los litigios individuales no está directa o indirectamente regulada en el Derecho de la Unión. Tras haber señalado los motivos por los que las disposiciones de la Directiva 93/13, y de manera general el Derecho de la Unión, no se oponen a una disposición de Derecho nacional que excluye la intervención de una asociación de consumidores (rúbrica 1), expondré los motivos por los que nada se opone a que una disposición nacional o un juez nacional admita dicha intervención (rúbrica 2).
1. La Directiva 93/13 no se opone a una disposición de Derecho nacional que excluya la intervención de una asociación de consumidores
48.
En efecto, es preciso comenzar señalando que las disposiciones de la Directiva 93/13 y, en particular, las disposiciones citadas por el órgano jurisdiccional remitente, no contienen indicación alguna sobre el posible derecho de una asociación de defensa de los consumidores a que se admita su intervención en litigios individuales en general, (
23
) ni en procedimientos ejecutivos de un laudo arbitral en particular.
49.
En términos más generales, la Directiva 93/13, que efectúa una armonización mínima, no lleva a cabo una armonización de los medios procesales a disposición de esas asociaciones. (
24
)
50.
No obstante, queda por determinar si la consecución de los objetivos previstos en la Directiva 93/13, concretamente los mencionados en los artículos 6 y 7, debe llevar a consagrar indirectamente ese derecho a la luz del principio de efectividad, único que se ha puesto en tela de juicio en el caso de autos.
51.
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas. (
25
)
52.
Teniendo en cuenta la situación de desventaja en la que se encuentra el consumidor, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 prevé que las cláusulas abusivas no vincularán a los consumidores. Como se desprende de la jurisprudencia, se trata de una disposición imperativa que trata de reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes contratantes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas. (
26
)
53.
Con objeto de garantizar la protección que persigue la Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ha señalado en repetidas ocasiones que la situación de desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes del contrato. (
27
)
54.
A mi parecer, el examen de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la Directiva 93/13 revela claramente que la «intervención ajena» en cuestión se refiere principalmente a la del juez encargado de resolver el litigio, independientemente de la naturaleza del litigio o de la fase del procedimiento en el que aquel intervenga. En efecto, la obligación del juez de examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula que figura en un contrato sometido a su apreciación (
28
) constituye un medio adecuado tanto para alcanzar el resultado previsto en el artículo 6 de la Directiva 93/13, a saber, evitar que un consumidor individual quede obligado por una cláusula abusiva, como para contribuir a la realización del objetivo previsto en el artículo 7 de esta Directiva, en la medida en que dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por un profesional con los consumidores. (
29
)
55.
En circunstancias como las que son objeto del litigio principal, considero que se desprende claramente de la jurisprudencia que dicha intervención debería incumbir al juez que conoce de un procedimiento de ejecución de un laudo arbitral firme. Como ha subrayado el Tribunal de Justicia, en la medida en que el juez nacional que conoce de una demanda de ejecución forzosa de un laudo arbitral firme deba, con arreglo a las normas procesales internas, apreciar de oficio la contrariedad de una cláusula arbitral con las normas nacionales de orden público, está igualmente obligado a apreciar de oficio el carácter abusivo de dicha cláusula a la luz del artículo 6 de la citada Directiva, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. (
30
)
56.
La eficacia de la protección de los consumidores frente a las cláusulas contractuales abusivas se encuentra plenamente garantizada mediante esta intervención del juez, dado que, a falta de un acuerdo entre las partes, únicamente éste está facultado para declarar la nulidad o para revisar el contenido de una cláusula abusiva.
57.
De acuerdo con la información facilitada por el Gobierno eslovaco, una lectura del artículo 2 de la Ley no 244/2002 sobre el procedimiento de arbitraje, en su versión modificada, en relación con el artículo 45, apartado 1, letra c), de la misma Ley, obliga al juez encargado de la ejecución a declarar de oficio el sobreseimiento de la ejecución en ciertos casos, en particular cuando el laudo arbitral impone a una de las partes una prestación imposible de realizar. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente no sólo tiene la obligación de examinar el carácter abusivo de las cláusulas del contrato de crédito controvertido, sino que debe además declarar el sobreseimiento de la ejecución. (
31
)
58.
Además, de la resolución de remisión se desprende claramente que el órgano jurisdiccional remitente, que ha de intervenir antes de la ejecución del laudo arbitral, ha examinado y criticado la cláusula abusiva relativa a los intereses de demora, (
32
) pero no parece que haya considerado necesario plantear de oficio el carácter abusivo de la cláusula de arbitraje contenida en el contrato celebrado entre las partes del litigio principal. (
33
)
59.
Habida cuenta de esta consideración, difícilmente puede concebirse de qué modo la intervención de la asociación de consumidores podría garantizar la efectividad de la protección de los consumidores derivada de la Directiva 93/13. Dicha intervención no facilita ni obliga al juez a apreciar el carácter abusivo de las cláusulas del contrato en cuestión.
60.
Si bien no puede minimizarse el papel que pueden desempeñar las asociaciones de defensa de los consumidores en la consecución de los objetivos perseguidos por la Directiva 93/13, éste se enmarca, como se desprende del vigésimo tercer considerando de esta Directiva, en un nivel y en una perspectiva muy diferentes a los del juez. Las acciones directas de cesación de las personas o de las organizaciones que poseen un interés legítimo en la defensa de los consumidores presentan en principio una naturaleza preventiva y un objetivo disuasorio, independientes de cualquier litigio individual concreto. (
34
)
61.
Así pues, el Tribunal de Justicia ha recordado que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros a velar por que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores y que, a este respecto, se desprende del apartado 2 de esta disposición que los medios contemplados en el apartado 1 incluyen la posibilidad para las personas y las organizaciones que tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores de acudir a los órganos judiciales competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y para que, en caso de que proceda, cese la aplicación de dichas cláusulas. (
35
)
62.
Estas disposiciones imponen a los Estados miembros la obligación de permitir a las asociaciones de protección de los consumidores que interpongan un recurso propio contra las cláusulas abusivas en virtud de su interés legítimo. No obstante, la Directiva 93/13 no contiene ninguna disposición que regule el papel que pueden o deben desempeñar las asociaciones de defensa de los consumidores en el marco de litigios individuales que afectan a un consumidor, como tampoco lo hacen los actos que regulan las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores. (
36
)
63.
En consecuencia, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal no pone en entredicho la efectividad de los objetivos perseguidos por la Directiva 93/13 al no establecer la posibilidad de que una asociación de defensa de los consumidores intervenga en un procedimiento de ejecución de una resolución judicial o de un laudo arbitral firme.
64.
Por otra parte, procede añadir que en aplicación de la normativa controvertida en el litigio principal, una asociación puede representar directamente a un consumidor durante todo el procedimiento, incluso en fase ejecutiva, en virtud de un mandato conferido por éste. En cuanto a la posibilidad de que dicho consumidor no haya sido informado del procedimiento que le afecta, tal situación no puede tener por consecuencia que se interprete el principio de efectividad en el sentido de que deba reconocerse en ese caso a una asociación de defensa de los consumidores el derecho a intervenir en un procedimiento para suplir la falta de defensa de este consumidor, pues el principio de efectividad no supone suplir íntegramente la absoluta pasividad del consumidor interesado. (
37
)
65.
Queda aún por examinar si las disposiciones de la Carta citadas por el órgano jurisdiccional remitente pueden modificar esta conclusión.
66.
En primer lugar, en lo que se refiere al artículo 38 de la Carta, que establece que «en las políticas de la Unión ha de garantizarse [un] nivel elevado de protección de los consumidores», considero que, a pesar de no figurar entre los ejemplos previstos en las explicaciones sobre la Carta, (
38
) dicho artículo, que no guarda relación alguna con una situación jurídica individual directamente definida, consagra un principio y no un derecho (
39
) y, en consecuencia, sólo puede invocarse, con arreglo al artículo 52, apartado 5, de la Carta, para la interpretación y el control de la legalidad de los actos legislativos de la Unión, en el caso de autos, la Directiva 93/13.
67.
Pues bien, incluso si la Directiva 93/13 reconoce a las asociaciones de defensa de los consumidores un interés legítimo para proteger a los consumidores acudiendo a los tribunales para determinar si las cláusulas redactadas para uso general presentan un carácter abusivo y obtener, en caso de que proceda, su prohibición, esta Directiva no establece un derecho de estas asociaciones a intervenir en litigios individuales incoados en contra de dichos consumidores y, a este respecto, el artículo 38 de la Carta no puede obligar a que la referida Directiva se interprete en el sentido de reconocer tal derecho.
68.
En lo que se refiere al artículo 47 de la Carta, procede recordar que prevé un derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial que implica, según el caso, la prestación de asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.
69.
Ahora bien, como ya he recordado anteriormente, en la medida en que en los litigios entre un profesional y un consumidor la Directiva 93/13 exige una intervención positiva y ajena a las partes del contrato por parte del juez que conoce de tales litigios, difícilmente puede afirmarse que la negativa a admitir la intervención de una asociación en apoyo de un consumidor en un litigio entre éste y un profesional constituya una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de dicho consumidor garantizado por el referido artículo 47. Además, la intervención de una asociación de defensa de los consumidores no puede equipararse a la prestación de asistencia jurídica que debe concederse en determinados casos a quienes no dispongan de recursos suficientes en virtud de dicho artículo 47, apartado 4.
70.
Por otra parte, en lo que respecta a la posibilidad de que una asociación de defensa de los consumidores invoque en estas circunstancias el mismo artículo 47, cabe señalar que el hecho de no admitir la intervención de dicha asociación en un procedimiento en contra de un consumidor no vulnera su derecho a una tutela judicial efectiva en lo que respecta a la defensa de sus derechos como asociación de este tipo, en particular, su derecho a emprender acciones colectivas reconocido por el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 93/13.
2. La Directiva 93/13 no excluye que se reconozca el derecho de intervención a las asociaciones de protección de los consumidores
71.
Sin embargo, considero que en la medida en que la Directiva 93/13 establece una armonización mínima, los Estados miembros pueden, de acuerdo con el artículo 8 de la misma, adoptar o mantener en el ámbito regulado por dicha Directiva disposiciones más estrictas, compatibles con el Tratado, con objeto de garantizar un mayor nivel de protección del consumidor, y que una normativa nacional como el artículo 93, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil eslovaca puede conceder a las asociaciones de defensa de los consumidores el derecho a intervenir en apoyo del consumidor en un procedimiento civil. Asimismo, estas disposiciones no deben oponerse a que el juez admita la intervención de una asociación de defensa de los consumidores en un procedimiento de ejecución de un laudo arbitral en la medida en que el consumidor así lo desee.
72.
En efecto, puede considerarse que dicha intervención pretende lograr la defensa de los consumidores, de conformidad con lo dispuesto en particular por la Directiva 93/13, aportando así una intervención adicional, y no contemplada por dicha Directiva, a la intervención positiva ajena del juez como prevé dicha Directiva. Como ha señalado la asociación HOOS, la intervención de las asociaciones de consumidores puede llamar la atención del juez sobre determinadas prácticas nacionales o sobre cláusulas que hayan sido consideradas abusivas por otros órganos jurisdiccionales nacionales.
73.
Además, la intervención de las asociaciones de consumidores en un procedimiento de ejecución deberá considerarse plenamente conforme al principio de equivalencia siempre que las modalidades y las condiciones para la admisión de dicha intervención no sean menos favorables que las aplicables a situaciones equiparables de Derecho interno. Ciñéndonos al asunto principal, resulta claro que la cuestión relativa a la intervención de las asociaciones de defensa de los consumidores se refiere, en virtud del artículo 37, apartado 1, del Código de ejecución, al conjunto de personas que desean intervenir en cualquier procedimiento ejecutivo, independientemente de su condición o del ámbito de que se trate.
74.
A la luz de todas las consideraciones anteriores, propongo que se responda al órgano jurisdiccional remitente que la protección otorgada a los consumidores por la Directiva 93/13, en relación con los artículos 38 y 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, no se opone a una disposición de Derecho nacional que no permite a una asociación de defensa de los consumidores intervenir en un procedimiento de ejecución forzosa de un laudo arbitral. Estas disposiciones no se oponen tampoco a que el juez admita la intervención de dicha asociación en un procedimiento de ejecución de un laudo arbitral.
IV. Conclusión
75.
A la luz de cuantas consideraciones anteceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Okresný súd Svidník del siguiente modo:
«La protección conferida a los consumidores por la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular, por sus artículos 6, apartado 1, 7, apartado 1, y 8, en relación con los artículos 38 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del litigio principal, no se opone a una disposición de Derecho nacional que no permite a una asociación de defensa de los consumidores intervenir en un procedimiento de ejecución forzosa de un laudo arbitral. Estas disposiciones no se oponen tampoco a que el juez admita la intervención de dicha asociación en un procedimiento de ejecución de un laudo arbitral.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Directiva del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95, p. 29).
(
3
)	En lo sucesivo, «Carta».
(
4
)	De acuerdo con la información que ha llegado a mi conocimiento tras consultar los autos del procedimiento nacional, este contrato se celebró durante el año 2010.
(
5
)	Ésta es la designación que figura en la resolución de remisión. No es posible determinar si dicho funcionario tiene la calidad de magistrado.
(
6
)	La asociación hace referencia a la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, Rec. p. I-9579), y al auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť (C-76/10, Rec. p. I-11557).
(
7
)	Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Macinský y Macinská (C‑482/12), pendiente ante el Tribunal de Justicia.
(
8
)	Sentencias de 21 de octubre de 2010, Padawan (C-467/08, Rec. p. I-10055), apartados 21 y ss. y la jurisprudencia citada, y de 9 de diciembre de 2010, Fluxys (C-241/09, Rec. p. I-12773), apartado 28.
(
9
)	Véanse, en particular, la sentencia de 11 de septiembre de 2008, UGT‑Rioja y otros (C-428/06 a C-434/06, Rec. p. I-6747), apartado 40, y el auto de 22 de octubre de 2012, Šujetová (C‑252/11).
(
10
)	Véanse, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2005, García Blanco (C-225/02, Rec. p. I-523), apartado 27, y el auto de 24 de marzo de 2009, Nationale Loterij (C-525/06, Rec. p. I-2197), apartados 10 y 11.
(
11
)	Sentencias de 21 de abril de 1988, Pardini (C-338/85, Rec. p. 2041), apartado 11, y de 4 de octubre de 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (C-159/90, Rec. p. I-4685), apartado 12.
(
12
)	Sentencia de 7 de noviembre de 2013, Romeo (C‑313/12), apartado 40 y la jurisprudencia citada.
(
13
)	Véase el auto Šujetová, antes citado, apartado 27 a 32, y la sentencia de 24 de octubre de 2013, Stoilov i Ko (C‑180/12), apartados 39, 44 y 46.
(
14
)	Por ejemplo, en el litigio principal, de las observaciones escritas se desprende que los órganos jurisdiccionales eslovacos interpretan de forma distinta las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento civil y del Código de ejecuciones relativas al derecho de las asociaciones de protección de los consumidores a intervenir en los procedimientos de ejecución. A esto se añade la sospecha de parcialidad de las personas implicadas en el procedimiento de ejecución, a saber en el caso de autos, el agente judicial encargado de la ejecución (véase el punto 15 de las presentes conclusiones).
(
15
)	Sentencia de 16 de diciembre de 1981 (244/80, Rec. p. 3045), apartados 17 y 20.
(
16
)	Así sucedió en el asunto que dio lugar a la sentencia de 27 de junio de 2013, Di Donna (C‑492/11), apartado 28. Véase asimismo, en este sentido, la sentencia Stoilov i Ko, antes citada, apartados 39, 44 y 46.
(
17
)	No obstante, el órgano jurisdiccional remitente ha señalado que esta solicitud le fue notificada el 27 de diciembre de 2012.
(
18
)	En este sentido, debe recordarse que en el apartado 30 de las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO 2012, C 338, p. 1), se afirma expresamente que en aras del buen desarrollo del procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia y para preservar su eficacia, el órgano jurisdiccional remitente deberá informar al Tribunal de Justicia de cualquier incidente procesal que pueda tener alguna repercusión sobre su petición de decisión prejudicial.
(
19
)	Véanse, en particular, en este sentido, las sentencias de 16 de enero de 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf, (166/73, Rec. p. 33), apartado 4, y de 16 de diciembre de 2008, Cartesio (C-210/06, Rec. p. I-9641), apartado 96.
(
20
)	En este sentido, el asunto principal se diferencia del asunto que dio lugar al auto Šujetová antes citado, el cual se dictó a raíz del desistimiento de la Sra. Šujetová, beneficiaria de la protección derivada de la Directiva 93/13 y no como consecuencia de una información procedente de la única sociedad acreedora.
(
21
)	En la sentencia Asturcom Telecomunicaciones, antes citada, se examinaba un recurso de ejecución forzosa de un laudo arbitral que había adquirido fuerza de cosa juzgada, dictado sin la comparecencia del consumidor, y la obligación del juez responsable de la ejecución de evaluar de oficio el carácter abusivo de la cláusula de arbitraje. En lo que se refiere al auto Pohotovosť, antes citado, éste precisa en la línea de dicha sentencia la obligación del juez responsable de la ejecución de evaluar de oficio el carácter abusivo de una cláusula penal estipulada en un contrato de crédito.
(
22
)	Véanse, en particular, las sentencias de 14 de junio 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10), y de 14 de marzo de 2013, Aziz (C‑415/11).
(
23
)	Esta cuestión es diferente de las acciones de defensa que pueden llevar a cabo las asociaciones (véanse los puntos 59 y siguientes de las presentes conclusiones).
(
24
)	Véase el punto 19 de las conclusiones del Abogado General Mengozzi de 5 de septiembre de 2013 presentadas en el asunto Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (sentencia de 5 de diciembre de 2013, C‑413/12).
(
25
)	Sentencias de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores (C-240/98 a C-244/98, Rec. p. I-4941), apartado 25; de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro (C-168/05, Rec. p. I-10421), apartado 25, y el auto Pohotovost’, antes citado, apartado 37.
(
26
)	Sentencias Mostaza Claro, antes citada, apartado 36; de 4 de junio de 2009 (Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713), apartado 25, y auto Pohotovost’, antes citado, apartado 38.
(
27
)	Sentencias antes citadas Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, apartado 27; Mostaza Claro, apartado 26; Asturcom Telecomunicaciones, apartado 31, y auto Pohotovost’, antes citado, apartado 39.
(
28
)	Véanse, en particular, las sentencias antes citadas Banco Español de Crédito, apartados 42 a 44, y Aziz, apartados 46 y 47.
(
29
)	Sentencias de 21 de noviembre de 2002, Cofidis (C-473/00, Rec. p. I-10875), apartado 32; Mostaza Claro, antes citada, apartado 27, y auto Pohotovost’, antes citado, apartado 41.
(
30
)	Véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Pannon GSM, apartado 32, y Asturcom Telecomunicaciones, apartado 53, y el auto Pohotovost’, antes citado, apartado 51.
(
31
)	Procede recordar que en el auto Pohotovost’, antes citado, apartados 40 y 41, el Tribunal de Justicia aportó precisiones significativas acerca de las posibilidades de que dispone el juez cuando en los contratos no consta la TAE.
(
32
)	Así pues, el 29 de junio de 2011 se decidió que no procedía dar curso a la ejecución de la parte del procedimiento relativa al cobro de los intereses de demora a un tipo diario del 0,25 % sobre un importe de 309 euros a partir del 8 de julio de 2012 hasta el día del pago y proceder a la recuperación de los gastos de ejecución relativos a dicha parte del procedimiento.
(
33
)	El anexo de la Directiva 93/13, que contiene una lista indicativa de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas, menciona, en su apartado 1, letra q), las cláusulas que tengan por objeto o por efecto «suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, limitándole indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a otra parte contratante».
(
34
)	Sentencia de 26 de abril de 2012, Invitel (C‑472/10), apartado 37 y la jurisprudencia citada. Véanse asimismo el punto 12 de las conclusiones del Abogado General Geelhoed presentadas en el asunto Comisión/España (sentencia de 9 de septiembre de 2004, C-70/03, Rec. p. I-7999).
(
35
)	Sentencia Invitel, antes citada, apartados 35 y 36 y la jurisprudencia citada.
(
36
)	Es interesante señalar que ni la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 110, p. 30), ni la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifica la Directiva 93/13 y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304, p. 64), contemplan la posibilidad de que una asociación de consumidores intervenga en un litigio individual.
(
37
)	Véase, en este sentido, la sentencia Asturcom Telecomunicaciones, antes citada, apartado 47.
(
38
)	Las explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17) señalan a título de ejemplos de principios reconocidos en la Carta los artículos 25, 26 y 37.
(
39
)	Sobre la distinción entre «derechos» y «principios» y los requisitos que han de concurrir para poder invocar estos últimos, debemos remitirnos en particular a los puntos 43 y siguientes, de las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Association de médiation sociale (C‑176/12), pendiente ante el Tribunal de Justicia.