62024CJ0416
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 9 de octubre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Reglamento (UE) n.o 651/2014 — Exención de determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior — Error de traducción en la versión en lengua rumana de dicho Reglamento — Efectos jurídicos del reglamento de corrección de ese error — Posibilidad de recuperación de una ayuda concedida antes de la corrección con arreglo a los requisitos establecidos en la versión del reglamento que contiene el error de traducción — Protección de la confianza legítima — Seguridad jurídica»
En los asuntos acumulados C‑416/24 y C‑417/24,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Bacău (Tribunal Superior de Bacău, Rumanía), mediante resoluciones de 18 de abril de 2024, recibidas en el Tribunal de Justicia el 11 de junio de 2024, en los procedimientos entre
On Air Media Professionals SRL (C‑416/24)
y
Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Iaşi,
y entre
Different Media SRL (C‑417/24)
y
Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului — Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Iaşi,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Primera, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin y S. Gervasoni (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. Ł. Habiak, las Sras. M. Lagrue y L. Nicolae y el Sr. P. J. O. van Nuffel, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de mayo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 2, punto 18, letra a), primera frase, del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] (DO 2014, L 187, p. 1; en lo sucesivo, «RGEC»), del artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/452 de la Comisión, de 15 de marzo de 2021, por el que se corrige la versión en lengua rumana del Reglamento (UE) n.o 651/2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] (DO 2021, L 89, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento de corrección de errores»), y de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica.
2
Dichas peticiones, redactadas en términos idénticos, se presentaron en el marco de sendos litigios entre, el primero de ellos, On Air Media Professionals SRL (en lo sucesivo, «On Air Media»), sociedad de responsabilidad limitada rumana, y la Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Iaşi (Agencia para las Pequeñas y Medianas Empresas de Iaşi, Rumanía) y, el segundo, entre Different Media SRL, también sociedad de responsabilidad limitada rumana, y el Ministerul Antreprenoriatului și Turismului — Agenția pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului Iaşi (Ministerio de Empresa y Turismo — Agencia para las Pequeñas y Medianas Empresas, la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones de Iaşi, Rumanía) en relación con peticiones de reembolso de subvenciones indebidamente concedidas a estas dos sociedades en el marco de medidas de apoyo otorgadas a las empresas afectadas por la crisis económica provocada por la pandemia de COVID‑19.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
RGEC
3
El considerando 14 del RGEC tiene el siguiente tenor:
«Las ayudas concedidas a empresas en crisis deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que este tipo de ayudas debe evaluarse con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de 1 de octubre de 2004 […], prorrogadas mediante la Comunicación de la Comisión [Europea] relativa a la prórroga de la aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, de 1 de octubre de 2004 […], o a las directrices que las sustituyan, a fin de evitar su elusión, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales. En aras de la seguridad jurídica, conviene establecer criterios claros que no requieran una evaluación de todas las particularidades de la situación de una empresa para determinar si ha de considerarse que está en crisis a efectos del presente Reglamento.»
4
El artículo 1 de este Reglamento, titulado «Ámbito de aplicación», dispone lo siguiente en su apartado 4:
«El presente Reglamento no se aplicará a:
[…]
c)
las ayudas a empresas en crisis, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
[…]»
5
Según la versión inicial en lengua rumana del artículo 2 de dicho Reglamento, titulado «Definiciones»:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
18)
“empresa en crisis”: una empresa en la que concurra al menos una de las siguientes circunstancias:
a)
si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada [distinta de una pequeña y mediana empresa (PYME) con al menos tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado], cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas; es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente disposición, “sociedad de responsabilidad limitada” se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mencionados en el anexo I de la Directiva 2013/34/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO 2013, L 182, p. 19)] y “capital social” incluye, cuando proceda, toda prima de emisión;
[…]».
Reglamento de corrección de errores
6
Los considerandos 1 y 2 del Reglamento de corrección de errores tienen la siguiente redacción:
«(1)
La versión en lengua rumana del [RGEC] contiene errores en el artículo 2, [punto] 18, letra a), primera frase, y en el artículo 2, [punto] 18, letra b), primera frase, que alteran el significado de las disposiciones.
(2)
Procede, por tanto, corregir la versión en lengua rumana del [RGEC] en consecuencia. Esta corrección no afecta a las demás versiones lingüísticas».
7
El artículo 1 del Reglamento de corrección de errores establece, en su apartado 1:
«El [RGEC] se corrige como sigue:
El artículo 2, punto 18, letra a), primera frase, se sustituye por el siguiente texto: “si se trata de una sociedad de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con menos de tres años de antigüedad o, a efectos de los criterios para poder optar a las ayudas a la financiación de riesgo, una PYME en el plazo de siete años desde su primera venta comercial, que cumpla las condiciones para recibir inversiones de financiación de riesgo tras las comprobaciones de diligencia debida por parte del intermediario financiero seleccionado), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas.”»
8
El artículo 2 del Reglamento de corrección de errores dispone lo siguiente:
«El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.»
Decisión de 27 de agosto de 2020
9
La Comisión autorizó el régimen de ayudas de Estado titulado «Apoyo a las PYMES y a las grandes empresas para superar la crisis económica provocada por la pandemia de COVID‑19», que Rumanía le había notificado el 20 de agosto de 2020, mediante la Decisión C(2020) 5949 final de la Comisión, de 27 de agosto de 2020 — Ayuda de Estado SA.58166 (2020/N) — Rumanía — COVID‑19: apoyo a las PYMES y a las grandes empresas para superar la crisis económica causada por la pandemia de COVID‑19 (DO 2020, C 302, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión de 27 de agosto de 2020»).
10
Los considerandos 16 y 47 de esta Decisión enuncian lo siguiente:
«16.
No pueden concederse ayudas en virtud de la medida a empresas en crisis en el sentido del [RGEC], del Reglamento de exención por categorías en el sector agrícola (“RECA”) o del Reglamento de exención por categorías para el sector de la pesca y de la acuicultura (“RECP”) a 31 de diciembre de 2019.
[…]
47.
Por consiguiente, la Comisión considera que la medida es necesaria, adecuada y proporcionada para poner remedio a una grave perturbación de la economía de un Estado miembro y que cumple todos los requisitos del marco temporal. En particular:
[…]
–
No pueden concederse ayudas en virtud de la medida a empresas que ya estuvieran en situación de crisis el 31 de diciembre de 2019 (véase el considerando 16). Por lo tanto, la medida se ajusta a lo dispuesto en el punto 22, letra c), del marco temporal».
Derecho rumano
Decreto-ley n.o 130/2020
11
El artículo 4, apartado 1, del Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014‑2020, în contextul crizei provocate de COVID‑19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (Decreto-ley n.o 130/2020, relativo a determinadas medidas para la concesión de una ayuda financiera con cargo a fondos externos no reembolsables, correspondientes al Programa Operativo Competitividad 2014‑2020, en el contexto de la crisis provocada por la COVID‑19, así como a otras medidas en el ámbito de los fondos europeos), de 31 de julio de 2020 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 705, de 6 de agosto de 2020; en lo sucesivo, «Decreto-ley n.o 130/2020»), dispone lo siguiente:
«Las microsubvenciones ascenderán a 2 000 euros y se concederán en una única ocasión, en forma de importes a tanto alzado, con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1080/2006 (DO 2013, L 347, p. 289), en su versión modificada, y al artículo 67, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320)».
12
A tenor del artículo 6 del Decreto-ley n.o 130/2020:
«Las microsubvenciones previstas en el artículo 4, apartado 1, de este Decreto-ley se conceden, sobre la base de un contrato de ayuda de Estado, a los beneficiarios que cumplan de manera acumulativa los siguientes requisitos:
a)
haber desarrollado una actividad ordinaria/operativa durante al menos un año natural antes de la fecha de la presentación de la solicitud de financiación, a excepción de los [trabajadores autónomos y las consultas médicas individuales], para los que el inicio de la actividad puede haberse producido a más tardar el 1 de febrero de 2020;
b)
haber alcanzado un volumen de negocios durante el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud de financiación que en [leus rumanos (RON)] sea equivalente, al menos, a 5 000 euros a fecha de la presentación de la solicitud de financiación, salvo los beneficiarios de la ayuda estatal contemplados en el artículo 5, apartado 1, letra a), que se hubieran constituido en el año 2019, con un volumen de negocios inferior a 5000 euros, calculándose el umbral mínimo de volumen de negocios como el producto del número de meses enteros de actividad de 2019 por el importe de 415 euros, y salvo los beneficiarios de la ayuda estatal contemplados en el artículo 5, apartado 1, letras b) y c);
c)
mantener su actividad durante un período mínimo de 6 meses a partir de la concesión de una ayuda en forma de microsubvención.»
13
El artículo 32 del Decreto-ley n.o 130/2020 establece lo siguiente:
«1.   Las normas relativas a la concesión de ayudas de Estado se establecen en el marco del régimen de ayudas de Estado — Apoyo a las PYMES, sujeto a dictamen por parte de la Comisión Europea.
2.   La modificación y/o la introducción del régimen de ayudas de Estado — Apoyo a las PYMES comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de comunicación de la decisión de autorización por la Comisión Europea.»
Orden n.o 1060/2857/2020
14
El anexo de la Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat — Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID‑19 (Orden n.o 1060/2857/2020 por la que se aprueba el régimen de ayudas de Estado — Apoyo a las PYMES para superar la crisis económica y financiera causada por la pandemia de COVID‑19), de 8 de septiembre de 2020 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 835, de 11 de septiembre de 2020; en lo sucesivo, «Orden n.o 1060/2857/2020»), adoptada por el Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (Ministerio de Economía, Energía y Medio de Negocios, Rumanía) y el Ministerul Fondurilor Europene (Ministerio de Fondos Europeos, Rumanía), contiene la siguiente definición, en su punto 3.6:
«“empresas en crisis” — de conformidad con el artículo 2, punto 18, letra a), del [RGEC], una empresa se considera en crisis en las siguientes situaciones:
i)
si se trata de una empresa de responsabilidad limitada (distinta de una PYME con al menos tres años de antigüedad), cuando haya desaparecido más de la mitad de su capital social suscrito como consecuencia de las pérdidas acumuladas. Es lo que sucede cuando la deducción de las pérdidas acumuladas de las reservas (y de todos los demás elementos que se suelen considerar fondos propios de la sociedad) conduce a un resultado negativo superior a la mitad del capital social suscrito; a efectos de la presente disposición, “sociedad de responsabilidad limitada” se refiere, en particular, a los tipos de sociedades mercantiles mencionados en el anexo I de la Directiva [2013/34] y “capital social” incluye, cuando proceda, cualquier capital adicional.
[…]»
15
A tenor del punto 6.19 del anexo de esta Orden:
«Para poder optar a la financiación en virtud de las medidas del presente régimen de ayudas de Estado, los beneficiarios deben cumplir los siguientes criterios generales:
a)
no encontrarse en crisis a 31 de diciembre de 2019, en el sentido del artículo 2, punto 18, del [RGEC], salvo [los trabajadores autónomos y las consultas médicas individuales];
b)
que no existan en su contra decisiones de recuperación de ayudas de Estado que no hayan sido ejecutadas e íntegramente recuperadas;
c)
no estar sometidos a convenio preventivo de acreedores ni incursos en procedimientos de liquidación, de insolvencia o de quiebra.»
Orden n.o 2989/2020
16
El punto 8.11 del anexo de la Ordinul nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii «Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile» din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014 — 2020, în contextul crizei provocate de COVID‑19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (Orden n.o 2989/2020 por la que se aprueba el procedimiento de aplicación de la medida «Microsubvenciones concedidas con cargo a fondos externos no reembolsables» en el marco del régimen de ayudas de Estado establecido por el Decreto-ley n.o 130/2020, relativo a determinadas medidas para la concesión de una ayuda financiera con cargo a fondos externos no reembolsables, correspondientes al Programa Operativo Competitividad 2014‑2020, en el contexto de la crisis provocada por la COVID‑19, así como a otras medidas en el ámbito de los fondos europeos), de 30 de septiembre de 2020 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.o 902, de 5 de octubre de 2020), dispone, en esencia, que la ayuda estatal se recuperará en su totalidad si, de resultas de las comprobaciones efectuadas tras la firma de los contratos de financiación, se constata que el beneficiario no cumple los criterios al efecto establecidos en el Decreto-ley n.o 130/2020.
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
17
El 20 de agosto de 2020, Rumanía notificó a la Comisión un régimen de ayudas titulado «Apoyo a las PYMES y a las grandes empresas para superar la crisis económica provocada por la pandemia de COVID‑19». La Comisión autorizó este régimen de ayudas de Estado mediante Decisión de 27 de agosto de 2020.
18
Según el considerando 16 de dicha Decisión, ninguna ayuda de Estado podía concederse, sobre la base del régimen autorizado, a empresas que, a fecha de 31 de diciembre de 2019, estuvieran en crisis, en el sentido del artículo 2, punto 18, del RGEC. Del considerando 47 de la misma Decisión se desprende que tal requisito era uno de los impuestos por la Comisión para poder declarar el régimen de ayudas necesario, apropiado y proporcionado y, por tanto, compatible con el mercado interior.
19
Tras la notificación de la Decisión de 27 de agosto de 2020, las autoridades rumanas aplicaron el régimen de ayudas mediante la Orden n.o 1060/2857/2020.
20
El punto 6.1 del anexo de esta Orden contemplaba la concesión de una ayuda de un importe máximo equivalente a 2000 euros por beneficiario para determinadas categorías de PYMES.
21
De conformidad con la Decisión de 27 de agosto de 2020, uno de los criterios generales que debían cumplir los beneficiarios que solicitaban financiación era, según el punto 6.19 del anexo de dicha Orden, no encontrarse en crisis a 31 de diciembre de 2019, en el sentido del artículo 2, punto 18, del RGEC. La definición de «empresa en crisis» dada en esa disposición se recordaba en el punto 3.6, letra i), del anexo de esa Orden.
22
En el marco del régimen de ayudas antes mencionado, On Air Media y Different Media celebraron, el 10 de diciembre de 2020, sendos contratos de financiación en virtud de los cuales cada una de estas sociedades recibió una microsubvención por importe de 9679 RON (aproximadamente 1945 euros), destinada a ayudarlas a superar la crisis económica provocada por la pandemia de COVID‑19.
23
Tales microsubvenciones fueron objeto de sendas decisiones de recuperación, de 8 de noviembre de 2022 para On Air Media y de 18 de octubre de 2022 para Different Media. Las autoridades rumanas consideraron que estas sociedades no cumplían uno de los requisitos legales para percibir las subvenciones en cuestión, al haber sido «empresas en crisis», en el sentido del punto 3.6, letra i), del anexo de la Orden n.o 1060/2857/2020, a 31 de diciembre de 2019, ya que en esa fecha las pérdidas de capital contabilizadas por dichas sociedades superaban ampliamente la mitad de su capital suscrito.
24
On Air Media y Different Media presentaron sendos recursos contra esas decisiones de recuperación ante el Tribunalul Neamț (Tribunal de Distrito de Neamț, Rumanía). Alegaron que cumplían todos los requisitos establecidos para la obtención de las microsubvenciones y que, en particular, no tenían las características de empresas en crisis, en el sentido del artículo 2, punto 18, del RGEC. En efecto, estas disposiciones, en la versión en lengua rumana de dicho Reglamento, excluyen de la categoría de «empresas en crisis» a las «PYME con al menos tres años de antigüedad». Pues bien, On Air Media y Different Media alegaban que, en la fecha de celebración de sus respectivos contratos de financiación, su antigüedad era de trece y de dieciocho años, respectivamente.
25
El Tribunalul Neamț (Tribunal de Distrito de Neamț) desestimó esos recursos. Dicho órgano jurisdiccional se basó en el hecho de que la versión en lengua rumana del RGEC había sido corregida por el Reglamento de corrección de errores después de la concesión de las subvenciones a On Air Media y a Different Media y de que, de este modo, el RGEC dispone que solo las PYME con menos de tres años de antigüedad, y no, como en la versión inicial de dicho Reglamento en lengua rumana, las PYMES con más de tres años de antigüedad, quedan excluidas del ámbito de aplicación del concepto de «empresas en crisis» y, por lo tanto, pueden optar a la ayuda controvertida.
26
El citado órgano jurisdiccional no consideró que el Reglamento de corrección de errores hubiera modificado el RGEC, sino únicamente que había corregido la versión de este en lengua rumana, ya que la versión original, en lengua inglesa, se refería, desde su adopción, a las PYME «con menos de tres años de antigüedad». En consecuencia, el citado órgano jurisdiccional aplicó el artículo 2, punto 18, del RGEC, en su versión corregida por el Reglamento de corrección de errores, y declaró que, en las fechas de sus solicitudes de subvención, On Air Media y Different Media no cumplían todos los criterios para poder optar a la ayuda.
27
Estas sociedades interpusieron sendos recursos de casación contra las sentencias dictadas en primera instancia ante la Curtea de Apel Bacău (Tribunal Superior de Bacău, Rumanía), órgano jurisdiccional remitente.
28
Ante dicho órgano jurisdiccional, consideran, en primer lugar, que las autoridades rumanas aplicaron retroactivamente el Reglamento de corrección de errores, ya que este se adoptó en marzo de 2021, es decir, más de tres meses después de la firma de los contratos de financiación en cuestión e incluso después de que las subvenciones se utilizaran para la compra de equipamientos.
29
En segundo lugar, alegan que el concepto de «versión original del Reglamento» en lengua inglesa, que figura en los fundamentos de Derecho de la sentencia de primera instancia, carece de fundamento jurídico, dado que el rumano es una de las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea, al mismo nivel que cualquiera de las otras veintitrés.
30
En tercer lugar, señalan que, en la fecha de la firma de los contratos de financiación en cuestión, la versión en lengua rumana del RGEC llevaba en vigor más de seis años sin modificaciones y que el texto de dicho Reglamento era perfectamente conforme con todos los demás actos normativos aplicables en el caso de autos, en particular con la Orden n.o 1060/2857/2020, que contenía un texto idéntico. En estas circunstancias, sostienen que presentaron sus solicitudes de subvención, firmaron el contrato de financiación y lo ejecutaron plenamente de buena fe.
31
El órgano jurisdiccional remitente considera que debe resolver la cuestión de si la adopción de un reglamento que corrige la versión lingüística de un primer reglamento de la Unión conlleva la aplicación retroactiva de la versión corregida desde la entrada en vigor de ese primer reglamento o si produce efectos únicamente a partir de la entrada en vigor del Reglamento de corrección de errores.
32
También se pregunta si los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima se oponen a la recuperación de las ayudas de Estado concedidas respetando los requisitos establecidos inicialmente en la versión en lengua rumana del RGEC, en un contexto como el de los asuntos de los que conoce.
33
Por último, observa que la jurisprudencia nacional no es uniforme sobre este particular.
34
En estas circunstancias, la Curtea de Apel Bacău (Tribunal Superior de Bacău) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
La adopción de un reglamento por el que se corrige la versión oficial en lengua rumana de un reglamento de la Unión Europea, a saber, el Reglamento [de corrección de errores], ¿tiene como efecto la aplicación retroactiva de la versión corregida desde la entrada en vigor del reglamento inicial, o produce efectos únicamente para el futuro, con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento [de corrección de errores], en el supuesto de que las autoridades nacionales hayan concedido ayudas de Estado con arreglo a los requisitos establecidos en la versión inicial en lengua rumana del [RGEC] y, como consecuencia de la entrada en vigor del Reglamento [de corrección de errores], exijan la recuperación de la ayuda de Estado concedida?
2)
¿Implica la equivalencia de las versiones lingüísticas de un reglamento de la Unión Europea que las autoridades nacionales de un Estado miembro puedan invocar, frente al beneficiario de una ayuda de Estado concedida con arreglo a la versión inicial en lengua rumana del [RGEC], las disposiciones del Reglamento [de corrección de errores] por el que se corrige la versión en lengua rumana del [RGEC], para exigir la recuperación de la ayuda de Estado, en ausencia de culpa por parte del beneficiario de la ayuda?
3)
¿Deben interpretarse el Derecho de la Unión y, en particular, los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica en el sentido de que se oponen a la recuperación de la ayuda de Estado concedida respetando los requisitos inicialmente establecidos en la versión lingüística en lengua rumana, requisitos que, no obstante, no existían en las demás versiones lingüísticas del [RGEC], cuando la corrección de errores de la versión en lengua rumana se produjo sin embargo, mediante el Reglamento [de corrección de errores], con posterioridad a la concesión de la ayuda de Estado?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
35
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Reglamento de corrección de errores debe interpretarse en el sentido de que corrige la versión en lengua rumana del RGEC de manera retroactiva, a partir de la fecha de entrada en vigor de este último Reglamento.
36
Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, existe, para el ordenamiento jurídico de la Unión, un interés manifiesto en que, con el fin de evitar futuras divergencias de interpretación, toda disposición del Derecho de la Unión reciba una interpretación uniforme, que la competencia del Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE tiene por objeto garantizar (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de octubre de 1990, Dzodzi, C‑297/88 y C‑197/89, EU:C:1990:360, apartados 37 y 38, y de 16 de junio de 2016, Rodríguez Sánchez, C‑351/14, EU:C:2016:447, apartado 61).
37
La necesidad de una interpretación uniforme de las disposiciones del Derecho de la Unión excluye la posibilidad de que, en caso de duda, el texto de una disposición sea considerado aisladamente, y, en cambio, exige que sea interpretado y aplicado a la luz de las versiones redactadas en las demás lenguas oficiales (sentencias de 5 de diciembre de 1967, Van der Vecht, 19/67, EU:C:1967:49, p. 456, y de 10 de abril de 2025, Tartisai, C‑238/24, EU:C:2025:258, apartado 30).
38
No obstante, como también ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, debe reconocerse el mismo valor a todas las versiones lingüísticas de un acto de la Unión (sentencias de 2 de abril de 1998, EMU Tabac y otros, C‑296/95, EU:C:1998:152, apartado 36, y de 4 de octubre de 2024, AFAÏA, C‑228/23, EU:C:2024:829, apartado 38).
39
En caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición de la Unión, la norma de que se trata debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (sentencias de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, apartado 14, y de 10 de abril de 2025, Tartisai, C‑238/24, EU:C:2025:258, apartado 30).
40
Sin embargo, tal interpretación de una disposición del Derecho de la Unión no puede conducir a vaciar de toda eficacia el tenor claro y preciso de esa disposición (sentencias de 8 de diciembre de 2005, BCE/Alemania, C‑220/03, EU:C:2005:748, apartado 31, y de 3 de septiembre de 2024, Illumina y Grail/Comisión, C‑611/22 P y C‑625/22 P, EU:C:2024:677, apartado 126).
41
La discordancia entre la versión en lengua rumana, cuyo tenor era claro y unívoco, y las demás versiones lingüísticas del artículo 2, punto 18, del RGEC llevó a la Comisión a adoptar el Reglamento de corrección de errores del que traen causa los litigios principales.
42
El RGEC, que declara determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, excluye de su propio ámbito de aplicación, a tenor de su artículo 1, apartado 4, letra c), a las «empresas en crisis», cuya definición figura en su artículo 2, punto 18.
43
Mientras que, por lo que respecta a las sociedades de responsabilidad limitada, la versión inicial en lengua rumana de esta última disposición, publicada el 26 de junio de 2014 en el Diario Oficial, excluía de la categoría de empresas en crisis, en términos totalmente carentes de ambigüedad, a las PYMES con más de tres años de antigüedad, las demás versiones lingüísticas de la misma disposición, publicadas el mismo día en el Diario Oficial, excluían de esa categoría, con la misma claridad, a las PYMES con menos de tres años de antigüedad.
44
En lo que atañe a la cuestión de si el Reglamento de corrección de errores tiene alcance retroactivo, de entrada, procede recordar que, en virtud del artículo 297 TFUE, los actos de la Unión entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación.
45
A continuación, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta, más concretamente, que, a diferencia de las normas de procedimiento que, en general, se consideran aplicables en la fecha en que entran en vigor, las normas de Derecho sustantivo de la Unión deben interpretarse, con el fin de garantizar el respeto de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, en el sentido de que solo son aplicables a situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor, en la medida en que de sus términos, su finalidad o su sistema se desprenda claramente que debe atribuírseles dicho efecto (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2022, Volvo y DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, apartado 31 y jurisprudencia citada).
46
En el caso de autos, el Reglamento de corrección de errores, referido a una norma sustantiva, establece, en su artículo 2, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial y no prevé expresamente que surta efecto en una fecha anterior.
47
Sin embargo, el alcance retroactivo del Reglamento de corrección de errores se desprende claramente de su finalidad.
48
Como indican sus considerandos 1 y 2, el Reglamento de corrección de errores tiene por objeto corregir la versión en lengua rumana, con exclusión de las demás versiones lingüísticas, de la primera frase del artículo 2, punto 18, letra a), del RGEC y de la primera frase del artículo 2, punto 18, letra b), de este, versión que contiene errores que modifican el sentido de estas disposiciones.
49
De su propio objeto se desprende que el Reglamento de corrección de errores pretende restablecer la uniformidad interpretativa de que debe gozar del artículo 2, punto 18, del RGEC en todas las versiones lingüísticas de esta disposición, corrigiendo ab initio, de manera retroactiva, el error de traducción de que adolecía la versión en lengua rumana del RGEC.
50
En efecto, si el Reglamento de corrección de errores hubiera corregido la versión en lengua rumana del RGEC únicamente de cara al futuro, habría permitido coexistir versiones incompatibles de dicho Reglamento —todas ellas apoyadas en términos claros y precisos— durante el período comprendido entre la entrada en vigor del RGEC y la suya.
51
Tal interpretación del Reglamento de corrección de errores no puede admitirse sin incumplir la exigencia de interpretación y aplicación uniformes del Derecho de la Unión recordada en los apartados 36 y 37 de la presente sentencia.
52
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el Reglamento de corrección de errores debe interpretarse en el sentido de que corrige la versión en lengua rumana del RGEC de manera retroactiva, a partir de la fecha en la que este último Reglamento entró en vigor.
Cuestiones prejudiciales segunda y tercera
53
Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la recuperación, sobre la base del Reglamento de corrección de errores, de las ayudas concedidas por Rumanía antes de la adopción de dicho Reglamento, en virtud del régimen de ayudas autorizado por la Decisión de 27 de agosto de 2020.
54
Como se ha declarado en el apartado 52 de la presente sentencia, el Reglamento de corrección de errores corrige la versión en lengua rumana del RGEC de manera retroactiva, a partir de la fecha de entrada en vigor de este último Reglamento.
55
A la vista de la versión corregida en lengua rumana, no se discute que On Air Media y Different Media debían considerarse empresas en crisis, en el sentido del artículo 2, punto 18, del RGEC, por lo que deberían haber sido excluidas de las subvenciones controvertidas en los litigios principales.
56
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la declaración de la ilegalidad de una ayuda debe, en principio, conducir a su recuperación por parte de las autoridades nacionales, para restablecer la situación anterior (véanse, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Residex Capital IV, C‑275/10, EU:C:2011:814, apartado 33, y el auto de 28 de febrero de 2024, Grecia/Comisión, C‑797/22 P, EU:C:2024:174, apartado 71).
57
No obstante, cuando aplican el Derecho de la Unión, dichas autoridades están obligadas a respetar los principios fundamentales de este, en particular los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima (sentencias de 1 de abril de 1993, Lageder y otros, C‑31/91 a C‑44/91, EU:C:1993:132, apartado 33, y de 5 de septiembre de 2024, Novo Banco y otros, C‑498/22 a C‑500/22, EU:C:2024:686, apartado 100).
58
El principio de seguridad jurídica implica que toda normativa permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone (sentencias de 1 de octubre de 1998, Reino Unido/Comisión, C‑209/96, EU:C:1998:448, apartado 35, y de 22 de febrero de 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd y otros, C‑160/20, EU:C:2022:101, apartado 41).
59
Si bien, por regla general, el principio de seguridad jurídica se opone a que un reglamento entre en vigor en una fecha anterior a su publicación o notificación, puede ser de otro modo, con carácter excepcional, siempre que lo exija el fin perseguido y se respete debidamente la confianza legítima de los interesados (sentencias de 25 de enero de 1979, Racke, 98/78, EU:C:1979:14, apartado 20, y de 12 de noviembre de 1981, Meridionale Industria Salumi y otros, 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, apartado 10) y en la medida en que de los términos, la finalidad o el sistema de las normas de que se trate se desprenda claramente que debe atribuírseles dicho efecto [sentencias de 24 de septiembre de 2002, Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión, C‑74/00 P y C‑75/00 P, EU:C:2002:524, apartado 119, y de 30 de abril de 2019, Italia/Consejo (Cuota de pesca del pez espada del Mediterráneo), C‑611/17, EU:C:2019:332, apartado 106 y jurisprudencia citada].
60
Por lo que respecta al principio de protección de la confianza legítima, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el derecho a invocar este principio implica que las autoridades competentes de la Unión hayan dado al interesado garantías concretas, incondicionales y concordantes, que emanen de fuentes autorizadas y fiables (sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, apartado 97 y jurisprudencia citada).
61
En efecto, una práctica de un Estado miembro contraria a la normativa precisa de la Unión no puede infundir confianza legítima en el particular que resulte favorecido por la situación originada de esta manera (sentencias de 15 de diciembre de 1982, Maizena, 5/82, EU:C:1982:439, apartado 22, y de 19 de diciembre de 2024, Kaduna, C‑244/24 y C‑290/24, EU:C:2024:1038, apartado 131).
62
En el ámbito de las ayudas de Estado, constituye jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que, habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas estatales que con arreglo al artículo 108 TFUE efectúa la Comisión, por un lado, las empresas beneficiarias de una ayuda solo podrán, en principio, confiar legítimamente en la validez de la ayuda cuando esta se conceda respetando el procedimiento que prevé dicho artículo y, por otro lado, todo agente económico diligente debe poder comprobar si se ha respetado dicho procedimiento (sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, apartado 98 y jurisprudencia citada).
63
No obstante, el Tribunal de Justicia también admite la posibilidad de que el beneficiario de una ayuda ilegal invoque circunstancias excepcionales que hayan podido legítimamente fundamentar su confianza en el carácter válido de dicha ayuda y de que se oponga, por consiguiente, a su devolución (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 1990, Comisión/Alemania, C‑5/89, EU:C:1990:320, apartado 16).
64
En el caso de autos, como ha indicado el Abogado General en el punto 80 de sus conclusiones, la confianza que On Air Media y Different Media podían tener en el hecho de resultar beneficiarios de las ayudas que podían autorizarse en virtud del RGEC no se basaba únicamente en el comportamiento de las autoridades rumanas, en particular en el régimen de ayudas nacional y en las decisiones de concesión de esas ayudas adoptadas en este marco, sino también en el texto claro, aunque erróneo, de la versión en lengua rumana del RGEC publicado en el Diario Oficial, al que dicho régimen de ayudas remitía.
65
A este respecto, como ha subrayado el Abogado General en el punto 73 de sus conclusiones, no puede reprocharse a On Air Media y a Different Media que, en las circunstancias de los litigios principales, no comprobaran las demás versiones lingüísticas del artículo 2, punto 18, del RGEC, cuando nada en el texto de la versión inicial en lengua rumana de dicha disposición planteaba dificultad de interpretación alguna.
66
Además, el régimen nacional de ayudas controvertido, debidamente notificado a la Comisión, había sido autorizado por esta mediante la Decisión de 27 de agosto de 2020, lo que también podía generar una confianza legítima en la validez de las ayudas concedidas sobre la base de dicho régimen.
67
A la luz de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la recuperación, sobre la base del Reglamento de corrección de errores, de las ayudas concedidas por Rumanía antes de la adopción de dicho Reglamento, en virtud del régimen de ayudas autorizado por la Decisión de 27 de agosto de 2020.
Costas
68
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)
El Reglamento (UE) 2021/452 de la Comisión, de 15 de marzo de 2021, por el que se corrige la versión en lengua rumana del Reglamento (UE) n.o 651/2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE], debe interpretarse en el sentido de que corrige la versión en lengua rumana del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE], de manera retroactiva, a partir de la fecha en la que este último Reglamento entró en vigor.
2)
Los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima deben interpretarse en el sentido de que se oponen a la recuperación, sobre la base del Reglamento 2021/452, de las ayudas concedidas por Rumanía antes de la adopción de dicho Reglamento, en virtud del régimen de ayudas autorizado por la Decisión C(2020) 5949 final de la Comisión, de 27 de agosto de 2020 — Ayuda de Estado SA.58166 (2020/N) — Rumanía — COVID‑19: apoyo a las PYMES y a las grandes empresas para superar la crisis económica causada por la pandemia de COVID‑19.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: rumano.