62024CJ0061_RES
Asunto C‑61/24 [Lindenbaumer] (
i
)
DL
contra
PQ
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 20 de marzo de 2025
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia civil — Cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial — Reglamento (UE) n.o 1259/2010 — Artículo 8, letras a) y b) — Concepto de “residencia habitual” de los cónyuges — Estatuto de agente diplomático de uno de los cónyuges — Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas»
Cooperación judicial en materia civil — Ley aplicable al divorcio y a la separación judicial — Reglamento n.
o
1259/2010 — Concepto de residencia habitual de los cónyuges — Condición de agente diplomático de uno de los cónyuges y destino de dicho cónyuge a un puesto en un Estado receptor — Inexistencia de residencia habitual de los cónyuges en el Estado receptor — Excepción — Voluntad de los cónyuges de fijar en dicho Estado el centro habitual de sus intereses — Criterios de apreciación
[Reglamento (CE) n.o 1259/2010 del Consejo, art. 8, letras a) y b)]
(véanse los apartados 35 a 67 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), precisa el concepto de «residencia habitual» de los cónyuges en el sentido del Reglamento n.o 1259/2010, (
1
) cuando uno de los cónyuges tiene la condición de agente diplomático y está destinado a un puesto en un Estado receptor.
DL y PQ, de nacionalidad alemana, se casaron en 1989. Tras haber vivido juntos durante más de diez años en una vivienda alquilada en Berlín (Alemania) (en lo sucesivo, «vivienda familiar») y, posteriormente, durante aproximadamente dos años en Estocolmo (Suecia), se instalaron en septiembre de 2019 en Moscú (Rusia) en una vivienda situada en el complejo inmobiliario de la Embajada de Alemania, en la que PQ ejerce las funciones de asesor de embajada.
No obstante, con vistas a su regreso a Alemania, los cónyuges conservaron su vivienda familiar en la que reside, desde septiembre de 2019, uno de sus hijos mayores de edad y algunas de cuyas habitaciones se subarrendaron hasta junio de 2020.
En enero de 2020, DL regresó a Berlín para someterse a una intervención quirúrgica y permaneció en la vivienda familiar hasta febrero de 2021. Posteriormente regresó a Moscú a la vivienda del complejo de la Embajada de Alemania, vivienda que abandonó definitivamente en mayo de 2021, para regresar a Berlín. Desde entonces vive en la vivienda familiar en Berlín, mientras que PQ sigue viviendo en Moscú.
El 8 de julio de 2021, PQ presentó una demanda de divorcio ante el Amtsgericht (Tribunal de lo Civil y Penal, Alemania), alegando que vivía separado de DL desde enero de 2020 y que la separación se había hecho definitiva en marzo de 2021. DL se opuso a esta pretensión alegando que la separación de la pareja tuvo lugar, como muy pronto, en mayo de 2021, cuando regresó a Berlín. La solicitud fue desestimada en la medida en que el período de un año de separación, exigido por el Derecho alemán, no había transcurrido y no existían razones suficientemente graves para declarar el divorcio inmediatamente.
En cambio, al conocer de un recurso interpuesto por PQ, el Kammergericht (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal, Alemania) declaró el divorcio en virtud de la ley rusa que consideró aplicable a la vista de la última residencia habitual de los cónyuges, de conformidad con el artículo 8, letra b), del Reglamento n.o 1259/2010.
Contra la sentencia de divorcio, DL interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente. Este alberga dudas sobre si la interpretación del concepto de «residencia habitual», a la luz del Reglamento n.o 1259/2010, debe corresponderse con la del mismo concepto que figura en el Reglamento n.o 2201/2003. (
2
) Se pregunta si el destino en un Estado de uno de los cónyuges en su condición de agente diplomático, la duración de la presencia física de los cónyuges en dicho Estado y el grado de integración social y familiar en él constituyen elementos pertinentes, o incluso determinantes para determinar la «residencia habitual» de los cónyuges contemplada en el artículo 8, letras a) y b), del Reglamento n.o 1259/2010.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que el Reglamento n.o 1259/2010 no contiene una definición del concepto de «residencia habitual» y no efectúa ninguna remisión al Derecho de los Estados miembros para determinar el sentido y el alcance de este concepto. En consecuencia, una interpretación autónoma y uniforme debe buscarse teniendo en cuenta el tenor de dicha disposición, el contexto en el que se inscribe y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte.
El concepto de «residencia habitual» en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2201/2003, se caracteriza, en principio, por dos elementos, a saber, por una parte, la voluntad del interesado de fijar el centro habitual de sus intereses en un lugar determinado y, por otra, una presencia que reviste un grado suficiente de estabilidad en el territorio del Estado miembro de que se trate. Habida cuenta de la necesaria coherencia entre las disposiciones de los Reglamentos n.os 1259/2010 y 2201/2003, estos mismos elementos son necesarios para caracterizar el concepto de «residencia habitual» en el sentido del artículo 8, letras a) y b), del Reglamento n.o 1259/2010. Esta concepción unitaria refleja la estrecha relación existente entre estos dos Reglamentos que regulan, en particular, el divorcio y la separación judicial.
En efecto, una definición del concepto de «residencia habitual» de los cónyuges en el sentido del artículo 8, letras a) y b), del Reglamento n.o 1259/2010 que se caracteriza, en principio, por estos dos elementos permite garantizar tanto el objetivo de seguridad jurídica y de previsibilidad como la flexibilidad necesaria en los procedimientos matrimoniales, evitando al mismo tiempo los eventuales abusos en cuanto a la elección de la ley aplicable.
Pues bien, por lo que respecta, en primer término, a la condición de agente diplomático de uno de los cónyuges, la naturaleza y la especificidad de la actividad profesional de un agente diplomático destinado a una representación exterior en un Estado receptor abogan, en principio, por las circunstancias inherentes a esta función, por la inexistencia de residencia habitual, en el sentido del artículo 8, letras a) y b), del Reglamento n.o 1259/2010, de dicho agente y su cónyuge en el referido Estado.
No obstante, si bien la condición de agente diplomático de uno de los cónyuges constituye un elemento pertinente en el marco del examen del carácter habitual de la residencia de los cónyuges en el territorio del Estado receptor, por lo que respecta a la apreciación de las razones de su presencia en ese Estado y de las condiciones de esa presencia, este elemento no es determinante por sí solo para excluir el reconocimiento de la residencia habitual del interesado y de los miembros de su familia en dicho Estado. Incluso en presencia de tal elemento, la determinación de la «residencia habitual» de los cónyuges debe efectuarse sobre la base del conjunto de las circunstancias de hecho propias de cada caso.
Por lo que respecta, en segundo término, al criterio de la duración de la presencia física de los cónyuges en el territorio de un Estado, debe tenerse en cuenta la situación particular de los agentes diplomáticos, debido a la naturaleza de sus funciones, y de los miembros de sus familias. En efecto, por una parte, estas personas mantienen a menudo una estrecha relación con el Estado acreditante al que se desplazan regularmente. Por otra, dado que los agentes diplomáticos están generalmente sujetos a un principio de rotación, la duración de su presencia en el Estado receptor puede percibirse a priori como temporal, aun cuando a veces pueda ser, en la práctica, de una extensión considerable. En estas circunstancias particulares, la duración de la presencia física de los cónyuges en el territorio del Estado receptor no constituye, en sí misma, un elemento determinante del carácter habitual de su residencia en dicho Estado. No puede excluirse, a este respecto, que los cónyuges estén presentes en dicho territorio durante un período nada desdeñable manteniendo al mismo tiempo el centro de sus intereses en el Estado acreditante, al que se desplazan regularmente.
En tercer término, la integración social en un Estado, ya sea el Estado receptor o el Estado acreditante, constituye un elemento pertinente a efectos de la determinación de la residencia habitual de los cónyuges. En efecto, esta integración puede concretar el elemento subjetivo relativo a la voluntad de los interesados de fijar el centro habitual de sus intereses en un lugar determinado. Los lazos familiares conservados en el Estado acreditante o, por el contrario, los creados en el Estado receptor también pueden ser pertinentes en el marco de la apreciación de todas las circunstancias de hecho propias del caso concreto.
En cualquier caso, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al Reglamento n.o 2201/2003, extrapolable para la interpretación del concepto de «residencia habitual» en el sentido del artículo 8, letras a) y b), del Reglamento n.o 1259/2010, un cónyuge que comparte su vida entre dos Estados solo puede tener su residencia habitual en uno de esos Estados.
El Tribunal de Justicia concluye que el artículo 8, letras a) y b), del Reglamento n.o 1259/2010 debe interpretarse en el sentido de que la condición de agente diplomático de uno de los cónyuges y su destino a un puesto en el Estado receptor se oponen, en principio, a que se considere que la «residencia habitual» de los cónyuges se ha fijado en ese Estado. Sería distinto si, tras una apreciación global del conjunto de circunstancias propias del caso concreto, que incluya, en particular, la duración de la presencia física de los cónyuges y su integración social y familiar en dicho Estado, queden acreditadas, por una parte, la voluntad de los cónyuges de fijar en ese mismo Estado el centro habitual de sus intereses y, por otra, una presencia que tenga un grado suficiente de estabilidad en el territorio de ese Estado.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
1
)	Reglamento (UE) n.o 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (DO 2010, L 343, p. 10).
(
2
)	Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1).