62022CC0169
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 9 de marzo de 2023 (
1
)
Asunto C‑169/22
Fractal Insolvenţă SPRL, en calidad de liquidador de Groenland Poultry SRL
contra
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Dâmbovița
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía)]
«Petición de decisión prejudicial — Política agrícola común — Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) — Medidas de ayuda al desarrollo rural — Ayudas relativas al bienestar de los animales — Reglamento (CE) n.o 1974/2006 — Artículo 44, apartado 2, letra a) — Artículo 47, apartado 1 — Transferencia de la explotación agrícola a un nuevo beneficiario — Cese ulterior de las actividades por parte de este beneficiario — Casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales — Obligación de reembolsar parte o la totalidad de las ayudas percibidas — Principio de proporcionalidad»
I. Introducción
1.
La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 44, apartados 1 y 2, letra a), y 47, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1974/2006 (
2
) por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
2.
La petición de decisión prejudicial que nos ocupa se ha presentado en el contexto de un litigio entre Fractal Insolvenţă SPRL, en calidad de liquidador judicial de Groenland Poultry SRL, y la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Dâmboviţa (Agencia de Pagos e Intervención para la Agricultura — Centro Provincial de Dâmbovița, Rumanía; en lo sucesivo, «APIA») en relación con una serie de resoluciones de la APIA por las que se obligaba a Groenland Poultry, debido al cese en sus actividades agrarias, a reembolsar la totalidad de las ayudas relativas al bienestar de los animales concedidas durante el período de compromiso quinquenal.
3.
Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en el análisis de las cuestiones prejudiciales segunda y tercera. Mediante estas cuestiones se pretende dilucidar, en esencia, si el artículo 44, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006 debe interpretarse en el sentido de que el cesionario de una explotación agrícola, que también ha asumido un compromiso plurianual en el contexto de una ayuda al bienestar animal financiada por el Feader, está obligado, en caso de cese definitivo de sus actividades antes de que finalice dicho período de compromiso, a reembolsar todas las cantidades concedidas en concepto de ayuda durante ese período, incluidas las percibidas por los beneficiarios anteriores.
4.
Si bien el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de interpretar determinadas disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1698/2005, (
3
) es la primera vez que deberá pronunciarse sobre la interpretación del artículo 44 del Reglamento n.o 1974/2006. (
4
)
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
1. Reglamento n.o 1698/2005
5.
El Reglamento n.o 1698/2005, (
5
) fue derogado por el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. (
6
)
6.
El artículo 36, letra a), inciso v), del Reglamento n.o 1698/2005 establecía que la ayuda prevista para la mejora del medio ambiente y del medio rural se refiere a las medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agrícolas a través de ayudas relativas al bienestar de los animales.
7.
El artículo 40 de ese Reglamento disponía lo siguiente:
«1.   Las ayudas relativas al bienestar de los animales estipuladas en el artículo 36, letra a), inciso v), se concederán a los agricultores que suscriban de forma voluntaria compromisos relativos al bienestar de los animales.
2.   Las ayudas relativas al bienestar de los animales solo cubrirán los compromisos que impongan mayores exigencias que los requisitos obligatorios […] y otros requisitos obligatorios pertinentes establecidos en la legislación nacional, señalados en el programa.
Dichos compromisos se suscribirán como norma general por un período de entre cinco y siete años. […]
3.   Las ayudas se concederán anualmente y cubrirán los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados del compromiso suscrito. De ser necesario, podrán cubrir también los costes de transacción.
La ayuda se limitará al importe máximo establecido en el anexo I.»
8.
A tenor del artículo 74, apartado 1, de dicho Reglamento:
«Los Estados miembros adoptarán todas las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas […] a fin de garantizar la eficaz protección de los intereses financieros de la [Unión].»
2. Reglamento n.o 1974/2006
9.
El Reglamento n.o 1974/2006 fue derogado por el Reglamento Delegado (UE) n.o 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias. (
7
) Sin embargo, el Reglamento n.o 1974/2006 seguía aplicándose a las operaciones realizadas de conformidad con los programas aprobados por la Comisión Europea en virtud del Reglamento n.o 1698/2005 antes del 1 de enero de 2014.
10.
A tenor del artículo 1 del Reglamento n.o 1974/2006:
«El presente Reglamento establece las disposiciones de aplicación del Reglamento [n.o 1698/2005] en lo que atañe a los principios y normas generales de la ayuda al desarrollo rural, las disposiciones específicas y comunes que regulan las medidas de desarrollo rural, y los criterios de subvencionabilidad y las disposiciones administrativas, exceptuando las disposiciones en materia de control.»
11.
El artículo 44 de dicho Reglamento disponía lo siguiente:
«1.   Cuando, durante el período de ejecución de un compromiso contraído como condición para la concesión de una ayuda, el beneficiario transfiera total o parcialmente su explotación a otra persona, esta podrá asumir el compromiso durante la parte restante de dicho período. De no asumirse el compromiso, el beneficiario estará obligado a reembolsar las ayudas percibidas.
2.   Los Estados miembros tendrán la facultad de no exigir el reembolso contemplado en el apartado 1 en los siguientes casos:
a)
si, en caso de cese definitivo de las actividades agrarias por parte de un beneficiario que haya cumplido una parte significativa del compromiso, la asunción del compromiso por el sucesor no resulta factible;
b)
si la transferencia de una parte de la explotación de un beneficiario tiene lugar durante un período de prórroga del compromiso, de conformidad con el artículo 27, apartado 12, párrafo segundo, y si la transferencia no supera el 50 % de la superficie objeto del compromiso antes de la prórroga.
c)
si la explotación de un beneficiario se transfiere total o parcialmente a una organización que tiene como objetivo principal la gestión de la naturaleza para la protección del medio ambiente, a condición de que la transferencia aspire a un cambio permanente de la utilización del suelo con vistas a la protección de naturaleza y pueda generar un beneficio importante para el medio ambiente.
3.   Los Estados miembros podrán adoptar medidas específicas para evitar que, en caso de cambios insignificantes en la situación de una explotación, la aplicación del apartado 1 conduzca a resultados inadecuados en relación con el compromiso suscrito.
A efectos del párrafo primero, reducir la superficie de una explotación hasta un 10 % de la superficie sometida a compromiso se considerará un cambio insignificante.»
12.
El artículo 45, apartado 4, del referido Reglamento establecía:
«En caso que el beneficiario no pueda seguir asumiendo los compromisos suscritos por ser su explotación objeto de una operación de concentración parcelaria o de otras intervenciones de ordenación territorial públicas o aprobadas por las autoridades competentes, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para adaptar los compromisos a la nueva situación de la explotación. Si dicha adaptación resulta imposible, el compromiso se dará por finalizado sin que se exija reembolso alguno por el período de compromiso efectivo.»
13.
El artículo 47 del mismo Reglamento preceptuaba lo siguiente:
«1.   Los Estados miembros podrán reconocer, en particular, las siguientes categorías de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en los que renunciarán al reembolso total o parcial de la ayuda recibida por el beneficiario:
a)
fallecimiento del beneficiario;
b)
larga incapacidad profesional del beneficiario;
c)
expropiación de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se suscribió el compromiso;
d)
catástrofe natural grave que afecte considerablemente a las tierras de la explotación;
e)
destrucción accidental de los edificios para el ganado de la explotación;
f)
epizootia que afecte a la totalidad o a una parte del ganado del productor.
2.   El beneficiario o su derechohabiente notificará por escrito a la autoridad competente los casos de fuerza mayor o las circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción de dicha autoridad, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el beneficiario o su derechohabiente esté en condiciones de hacerlo.»
B.
Derecho rumano
14.
El artículo 17 de la ordonanță de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (
8
) (Decreto‑ley n.o 66/2011, para la prevención, detección y represión de las irregularidades en la obtención y utilización de los fondos europeos o de los fondos públicos nacionales que se corresponden con ellos), establece:
«Toda actuación emprendida para constatar una irregularidad y determinar los créditos presupuestarios derivados de las irregularidades se llevará a cabo con arreglo al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta tanto la naturaleza y la gravedad de la irregularidad constatada como su alcance y sus repercusiones financieras.»
15.
El artículo 30, apartado 1, de la ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015‑2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultura (
9
) (Decreto‑ley n.o 3/2015, por el que se aprueban los regímenes de ayuda aplicables en la agricultura en el período 2015‑2020 y por el que se modifica el artículo 2 de la Ley n.o 36/1991, sobre las empresas agrícolas y otras formas de asociación en la agricultura) dispone lo siguiente:
«A efectos de la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, se podrán reconocer, en particular, los siguientes casos de “fuerza mayor” o “circunstancias excepcionales”:
[…]
f)
la expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.»
16.
A tenor del artículo 31 de este Decreto‑ley:
«1.   Los casos de fuerza mayor y las circunstancias excepcionales se notificarán por escrito a la APIA, adjuntando simultáneamente las pruebas de que se ha producido alguno de los hechos contemplados en el artículo 30, apartado 1, en el plazo de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el beneficiario o su derechohabiente esté en condiciones de enviar la correspondiente notificación.
2.   En caso de que el beneficiario o su derechohabiente rebase el plazo previsto en el apartado 1, no se tendrá en cuenta la notificación.»
III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
17.
Mediante solicitud de ayuda presentada a la APIA el 18 de enero de 2013, la sociedad Avicola Crevedia SA, que explota un matadero de aves de corral, asumió de forma voluntaria un compromiso por cinco años a favor del bienestar de los animales, en virtud del artículo 40 del Reglamento n.o 1698/2005.
18.
Durante el período de compromiso quinquenal, la explotación fue cedida en su totalidad en un primer momento a la sociedad Abator Avicola Crevedia SRL, que asumió este compromiso el 15 de noviembre de 2013, y en un segundo momento a Groenland Poultry, que también asumió dicho compromiso y lo registró ante la APIA el 2 de abril de 2015.
19.
A tal efecto, Groenland Poultry había celebrado, el 30 de marzo de 2015, dos contratos:
–
un contrato de cesión de explotación agrícola y de asunción de compromisos con la sociedad Abator Avicola Crevedia, mediante el cual esta renunciaba a percibir el pago de la ayuda que había solicitado a la APIA el 13 de noviembre de 2014, mientras que Groenland Poultry, a la que se había cedido el derecho a solicitar el pago de dicha ayuda, se comprometía a respetar los compromisos suscritos por la cedente en la solicitud de ayuda y a acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para acogerse a la ayuda, y
–
un contrato de arrendamiento de los locales e instalaciones de producción de dicha explotación con la sociedad Agroli Group SRL, que era la propietaria de estos bienes pero no los poseía ni explotaba y que estaba incursa en un procedimiento de insolvencia iniciado el 6 de marzo de 2014; este contrato contenía una condición suspensiva en favor del arrendador consistente en que el contrato debía ser aprobado por la junta de acreedores de la sociedad en el marco del referido procedimiento.
20.
Mediante orden de pago de 4 de diciembre de 2015, la APIA abonó a Groenland Poultry, atendiendo la solicitud de ayuda presentada por Abator Avicola Crevedia el 13 de noviembre de 2014, la cantidad de 1506915,86 leus rumanos (RON) (337100 euros). (
10
) Atendiendo las solicitudes de ayuda presentadas y modificadas por Groenland Poultry los días 13 de noviembre de 2015 y 15 de junio de 2016, la APIA abonó asimismo a esta sociedad, mediante orden de pago de 5 de octubre de 2016, la cantidad de 850673,62 RON (190635 euros), (
11
) además de una suma de 375941,35 RON (82520 euros), (
12
)mediante orden de pago anticipado de 29 de marzo de 2017.
21.
Al no haber presentado Groenland Poultry la solicitud de pago correspondiente al quinto año de compromiso (a saber, 2017), la APIA notificó a dicha sociedad la falta de presentación de su solicitud. El 18 de abril de 2017, Fractal Insolvenţă, como liquidador judicial de Groenland Poultry, notificó que se hallaba incursa en un procedimiento de insolvencia.
22.
El 21 de abril de 2017, la APIA emitió cuatro actas constatando irregularidades, determinando los créditos presupuestarios adeudados —n.o 3067 a n.o 3070— en virtud del artículo 8 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014, (
13
) y exigiendo a Groenland Poultry el reembolso de las cantidades de 6940168,72 RON (1527531 euros), 4562717,78 RON (1004254 euros), 1506915,86 RON (331672 euros) y 850673,62 RON (187233 euros), (
14
) correspondientes, respectivamente, a los años de compromiso primero a cuarto, al entender que dicha sociedad, que se hallaba incursa en un procedimiento de insolvencia, ya no estaba operativa y no podía acreditar su capacidad para seguir asumiendo el compromiso quinquenal. (
15
) El importe total exigido a Groenland Poultry ascendía a 14236417,32 RON (3133435 euros), que incluía la cantidad de 11502886,5 RON (2531785 euros) que no había sido abonada a Groenland Poultry, sino a los operadores anteriores, de manera que esta solo había recibido efectivamente, de todo el importe que se le exigía, la cantidad de 2733530,83 RON (601650 euros) (a saber, la suma de las cantidades indicadas en el punto 20 de las presentes conclusiones). (
16
)
23.
Dado que la APIA desestimó, mediante las resoluciones n.o 214 a n.o 217 de 19 de junio de 2017, las reclamaciones de Groenland Poultry contra las actas antes mencionadas, dicha sociedad presentó una demanda de anulación de estas resoluciones desestimatorias ante el Tribunalul Bucureşti (Tribunal de Distrito de Bucarest, Rumanía) invocando, en particular:
–
la ausencia de una obligación de reembolsar las cantidades que se habían percibido debido a que Groenland Poultry no pudo mantener el compromiso durante el año 2017 como consecuencia de una «expropiación», en el sentido del artículo 47, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 1974/2006, o una situación asimilable, a saber, la notificación por el arrendador, el 26 de julio de 2016, de que no se cumplía la condición suspensiva del contrato de arrendamiento, acompañada de un requerimiento de desalojo de las instalaciones en un plazo de quince días, (
17
) de resultas de la apertura del procedimiento de insolvencia contra Agroli Group el 9 de mayo de 2016, situación esta que la sociedad había notificado a la APIA cumpliendo así la obligación de notificación establecida en el artículo 47, apartado 2, del citado Reglamento;
–
la aplicación del artículo 44, apartado 2, letra a), del referido Reglamento, que establece que los Estados miembros tienen la facultad de no exigir el reembolso si se produce el cese definitivo del beneficiario en las actividades agrarias cuando este ya ha cumplido una parte significativa de su compromiso y la asunción del compromiso por un sucesor no resulta factible, en la medida en que la junta de acreedores de Agroli Group había aprobado la celebración de un nuevo contrato de arrendamiento con la sociedad Vitali SRL, pero esta, con la que Groenland Poultry pretendía celebrar un contrato de transferencia de la explotación, no pudo obtener las autorizaciones sanitario‑veterinarias necesarias de la Dirección de Salud Animal y Seguridad Alimentaria de Dâmbovița (Rumanía), y
–
la violación del principio de proporcionalidad, habida cuenta del modo en que las autoridades administrativas aplicaron el artículo 44, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006, en la medida en que se le impuso la obligación de reembolsar la suma de 14236417,32 RON (3133435 euros), correspondiente a los cuatro primeros años de compromiso, siendo así que el compromiso de cinco años de duración se cumplió durante cuatro y que la cantidad reclamada también incluye el importe de 11155878,064 RON (2455409 euros), correspondiente a los años primero y segundo de compromiso, importe este que no se abonó a Groenland Poultry, sino a los operadores anteriores, habiendo recibido esta solo 2357589 RON (518905 euros) (
18
) de la suma total reclamada, correspondiente a los años tercero y cuarto de compromiso, y ello teniendo en cuenta que el incumplimiento del compromiso no le es imputable, en la medida en que la falta de renovación del contrato de arrendamiento con el arrendador Agroli Group se debió a causas ajenas a la voluntad de Groenland Poultry y, por otro lado, tampoco le es imputable el hecho de que no se celebrara el contrato de transferencia de la explotación con Vitali en tanto en cuanto Vitali no obtuvo las autorizaciones sanitario-veterinarias necesarias para las instalaciones en las que se desarrollaba la actividad.
24.
Mediante sentencia de 26 de octubre de 2018, el Tribunalul Bucureşti (Tribunal de Distrito de Bucarest) desestimó la demanda por infundada, al considerar, en particular:
–
que los compromisos no se habían cumplido durante un período mínimo de cinco años y que, a la luz del artículo 44 del Reglamento n.o 1974/2006 y del artículo 8 del Reglamento de Ejecución n.o 809/2014, y una vez transferida la explotación a Groenland Poultry, esta había adquirido los derechos y asumido las obligaciones del cedente y, tácitamente, las consecuencias del incumplimiento de los requisitos para acogerse a la ayuda;
–
que el artículo 47, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 1974/2006 no era aplicable, puesto que las circunstancias invocadas por Groenland Poultry no eran constitutivas de expropiación —entendida, en Derecho nacional, como la toma de los bienes por parte del Estado por causa justificada de interés general—, ni podían asimilarse a tal expropiación, ni eran imprevisibles en la fecha en la que se asumió el compromiso, a saber, la fecha de celebración del contrato de arrendamiento con Agroli Group, en la que Groenland Poultry tenía conocimiento de que el 6 de marzo de 2014 se había iniciado un procedimiento de insolvencia contra dicha sociedad y de que la celebración del contrato estaba sujeta a la condición suspensiva estipulada relativa a la aprobación del contrato por la junta de acreedores y a la aprobación del plan de reestructuración del arrendador que preveía el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, habiendo asumido Groenland Poultry un riesgo a este respecto. Por otro lado, dicho tribunal declaró que las circunstancias relativas a Vitali se habían producido con posterioridad a la asunción del compromiso por la sociedad y que, en consecuencia, no podían tomarse en consideración. Por último, indicó que tales circunstancias no habían sido notificadas dentro del plazo fijado en el artículo 47, apartado 2, del Reglamento n.o 1974/2006, a saber, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que estuvo en condiciones de hacerlo, esto es, el 26 de julio de 2016, fecha en la que Groenland Poultry fue informada de la extinción del contrato de arrendamiento;
–
añadió que se habían respetado tanto el principio de proporcionalidad como el artículo 44, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006, dado que, en virtud del artículo 8 del Reglamento de Ejecución n.o 809/2014, los efectos del incumplimiento del compromiso por parte del cesionario recaen sobre este durante todo el período de compromiso, incluido el tiempo en el que la explotación estaba en manos del cedente, de modo que no puede excluirse que se reclamen a Groenland Poultry las cantidades correspondientes al período anterior a la fecha en que esta asumió el compromiso. Además, ese mismo tribunal señaló que no se había acreditado el cumplimiento del requisito relativo a la imposibilidad de la asunción del compromiso por un sucesor y que la APIA había actuado dentro del margen de apreciación conferido a los Estados miembros por el artículo 44, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006.
25.
La Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía), órgano jurisdiccional remitente, que resuelve en última instancia sobre el recurso de casación interpuesto contra la referida sentencia por Groenland Poultry, señala que se enfrenta a tres problemas de interpretación.
26.
En primer término, se pregunta si el concepto de «fuerza mayor o circunstancias excepcionales», contemplado en el artículo 47, apartado 1, del Reglamento n.o 1974/2006, abarca el supuesto en que el beneficiario de la ayuda pierde el derecho de uso de los bienes arrendados a causa de la extinción del contrato de arrendamiento como consecuencia de la insolvencia del propietario de esos bienes, observando al mismo tiempo que, en el presente asunto, ello no fue considerado por la APIA como un obstáculo para la transferencia de la explotación ni para el abono de las ayudas a Groenland Poultry. A este respecto, según el órgano jurisdiccional remitente, la dificultad de interpretación se explica porque, si bien la lista de los supuestos de «fuerza mayor o circunstancias excepcionales» no es taxativa según se desprende de la interpretación literal de la disposición que la contiene, por una parte, dicho concepto no está definido en ese Reglamento, y, por otra, a falta de remisión a la normativa nacional, no puede definirse por referencia a dicha normativa sin quebrantar la unidad del Derecho de la Unión.
27.
En segundo término, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas, además, sobre la interpretación que debe darse al artículo 44, apartados 1 y 2, letra a), del referido Reglamento, a la luz del principio de proporcionalidad, en un contexto específico como el del presente asunto, en el que la APIA impuso a Groenland Poultry la obligación de reembolsar la suma total de 14236417,32 RON (3133435 euros), cuando, por una parte, esta solo recibió efectivamente la cantidad de 2733530,83 RON (601650 euros), (
19
) habiéndose abonado la diferencia a los beneficiarios anteriores en concepto de ayuda por los dos primeros años del compromiso, y, por otra parte, este compromiso quinquenal se cumplió durante cuatro años y, en el último año, Groenland Poultry cesó en su actividad por causas ajenas a su voluntad.
28.
En tercer término, el órgano jurisdiccional remitente indica que la condición según la cual «la asunción del compromiso por el sucesor no resulta factible», contenida en el artículo 44, apartado 2, letra a), de ese mismo Reglamento, parece exigir la presentación de pruebas al efecto por parte de los beneficiarios que aleguen encontrarse efectivamente en tal situación, y no una prueba en abstracto, acaso imposible de obtener, de que no existe ningún sucesor interesado en asumir el compromiso. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que Groenland Poultry presentó pruebas que acreditaban que, pese a que Vitali tenía la intención de asumir su compromiso y, a tal fin, obtuvo el acuerdo de la junta de acreedores de Agroli Group para tomar en arrendamiento las instalaciones de producción, no obtuvo las autorizaciones sanitario‑veterinarias necesarias a estos efectos.
29.
En este contexto, la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 47, apartado 1, del Reglamento [n.o 1974/2006] en el sentido de que los “casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales” también abarcan el supuesto en el que el beneficiario de la ayuda pierde el derecho de uso de los bienes arrendados a causa de la extinción del contrato de arrendamiento como consecuencia de que el propietario de los bienes arrendados (el arrendador) se halla incurso en un procedimiento de insolvencia?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 44, apartado 2, letra a), del Reglamento [n.o 1974/2006], a la luz del principio de proporcionalidad, en el sentido de que cuando la explotación de un beneficiario se transfiera total o parcialmente a otra persona durante el período de cumplimiento de un compromiso contraído como condición para la concesión de una ayuda y este segundo beneficiario, a pesar de haber cumplido una parte significativa del compromiso, cesa en sus actividades agrarias sin que resulte factible la asunción del compromiso por un sucesor, el segundo beneficiario del compromiso estará obligado a reembolsar la ayuda que percibió (correspondiente al período en el que fue el beneficiario de la ayuda), o también deberá reembolsar la ayuda que percibió el primer beneficiario?
3)
¿Cuáles son los requisitos que el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta a la hora de interpretar el artículo 44, apartado 2, letra a), del Reglamento [n.o 1974/2006] para apreciar que “la asunción del compromiso por el sucesor no resulta factible”?»
30.
Han presentado observaciones escritas Groenland Poultry, la APIA, los Gobiernos rumano y griego y la Comisión.
IV. Análisis
A.
Observaciones preliminares
31.
Para empezar, debe precisarse que el Reglamento n.o 1698/2005 es el Reglamento de base por el que se establecieron las normas generales que regulan la ayuda de la Unión al desarrollo rural financiada por el Feader para el período de programación comprendido entre 2007 y 2013, en el que se inscriben los hechos del litigio principal. (
20
) Este Reglamento fue completado por las normas de desarrollo establecidas por el Reglamento n.o 1974/2006, cuyo artículo 44, apartado 2, es objeto de las cuestiones prejudiciales segunda y tercera y del análisis realizado en las presentes conclusiones.
32.
Con arreglo a su artículo 36, letra a), inciso v), el Reglamento n.o 1698/2005 establecía, entre las medidas de ayuda previstas para la mejora del medio ambiente y el medio rural, (
21
) medidas destinadas a la utilización sostenible de las tierras agrícolas, en particular, ayudas relativas al bienestar de los animales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento n.o 1698/2005, dichas ayudas se concedían a los agricultores que suscribieran de forma voluntaria compromisos relativos al bienestar de los animales (apartado 1). Estos compromisos se suscribían como norma general por un período de entre cinco y siete años (apartado 2) y las ayudas se concedían anualmente y cubrían los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados del compromiso suscrito y, en su caso, los costes derivados (apartado 3).
33.
En el presente asunto, Groenland Poultry es el tercer beneficiario de una medida de ayuda concedida durante el año 2013 —previa asunción de un compromiso de cinco años— asumido sobre la base del artículo 40 del Reglamento n.o 1698/2005 y que dio lugar a pagos anuales. Durante el año 2015 asumió la actividad de explotación y el mencionado compromiso en calidad de arrendataria de las instalaciones de producción, pero durante 2016 tuvo que cesar en su actividad porque ya no pudo seguir explotando las instalaciones, debido a que el arrendador puso fin al contrato de arrendamiento. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente, que conoce de un recurso de casación contra la sentencia que confirma las resoluciones por las que la APIA obliga a Groenland Poultry a reembolsar la totalidad de las ayudas abonadas por este concepto, que ascienden a 3133400 euros aproximadamente, se pregunta, en particular, sobre la conformidad de estas resoluciones con el principio de proporcionalidad, señalando que Groenland Poultry solo percibió una cantidad que ronda los 585000 euros y que, de los cinco años de duración del compromiso, este se había cumplido durante cuatro.
B.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
34.
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 44, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006 exige, a la luz del principio de proporcionalidad, que en una situación como la que es objeto de examen en el litigio principal, el último beneficiario de una ayuda concedida a efectos de la mejora del medio ambiente y del medio rural y en favor del bienestar de los animales, que se ve obligado a cesar definitivamente en sus actividades agrarias antes de que finalice el período de compromiso plurianual, siendo así que ya ha cumplido una parte importante de dicho compromiso y que la asunción de este por un sucesor no resulta factible, está obligado a reembolsar íntegramente dicha ayuda, incluida la abonada a sus antecesores, o bien a efectuar un reembolso parcial correspondiente a la suma efectivamente percibida.
1. Sobre la admisibilidad
35.
La APIA y el Gobierno rumano consideran que debe declararse la inadmisibilidad tanto de la segunda cuestión prejudicial como de la tercera, puesto que se refiere a la interpretación del artículo 44, apartado 2, del Reglamento n.o 1974/2006, cuando esta no es útil para resolver el litigio principal. Más concretamente, dichas partes alegan que, en la medida en que esta disposición establece que los Estados miembros «tendrán la facultad» (
22
) de no exigir el reembolso contemplado en el apartado 1 de ese artículo y el legislador rumano decidió no contemplar esta posibilidad en la normativa nacional, la aplicación de la citada disposición no puede incidir en la solución del litigio principal, de modo que el beneficiario de la ayuda está obligado a reembolsar la ayuda en virtud del artículo 44, apartado 1, de dicho Reglamento.
36.
A este respecto, procede recordar que, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, por una parte, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del procedimiento principal y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que ha de adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. Además, el Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del procedimiento principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones que se le hayan planteado. (
23
) Por otra parte, en ese mismo marco de cooperación, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial. (
24
)
37.
En el caso que nos ocupa, si bien la segunda cuestión prejudicial, tal como ha sido formulada, solo se refiere expresamente al artículo 44, apartado 2, del Reglamento n.o 1974/2006, disposición facultativa para los Estados miembros que no se ha recogido en el Derecho rumano, ha de señalarse, en primer lugar, que el órgano jurisdiccional remitente, en su cuestión prejudicial, se refiere también al principio de proporcionalidad, que es un principio general del Derecho de la Unión; (
25
) en segundo lugar, que de la motivación de su petición de decisión prejudicial se desprende implícitamente que dicho órgano jurisdiccional se pregunta asimismo sobre la articulación de esta disposición con el apartado 1 de ese mismo artículo, y, en tercer lugar, que el Tribunalul Bucureşti (Tribunal de Distrito de Bucarest) excluyó la aplicación del apartado 2 de dicho artículo 44 no ya debido a la inexistencia de una «medida de transposición», sino por considerar que no se cumplían los requisitos materiales. (
26
)
38.
A la vista de todas las consideraciones anteriores y a la luz de la jurisprudencia citada en el punto 36 anterior, propongo que se declare la admisibilidad de la segunda cuestión prejudicial planteada, que procede reformular en el sentido de que se refiere, en esencia, a la interpretación combinada del artículo 44, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006.
2. Sobre el fondo
39.
Según el órgano jurisdiccional remitente, la interpretación de estas disposiciones debe hacerse a la luz del principio de proporcionalidad, habida cuenta de dos circunstancias:
–
por una parte, que la APIA impuso a Groenland Poultry la obligación de reembolsar el importe total de la ayuda recibida, incluidas las ayudas correspondientes a los años primero y segundo, las cuales no se abonaron a Groenland Poultry, sino a los operadores anteriores (a saber, Avicola Crevedia y Abator Avicola Crevedia), habiendo recibido efectivamente Groenland Poultry las cantidades correspondientes a los años de compromiso tercero y cuarto, cuya suma representa menos del 20 % del total de la ayuda que debe ser reembolsada, (
27
) y
–
por otra parte, que el compromiso de cinco años de duración se cumplió durante cuatro y que el cese de la actividad, a saber, la interrupción de la actividad en el quinto año de compromiso, se debió —presumiblemente— a una causa ajena a la voluntad de Groenland Poultry, a saber, la extinción del contrato de arrendamiento de las instalaciones de producción que no le era imputable.
40.
Por consiguiente, se plantea la cuestión de si, en virtud del principio de proporcionalidad, las disposiciones del artículo 44 del Reglamento n.o 1974/2006 deben interpretarse en el sentido de que la APIA solo debería haber reclamado, como sostiene Groenland Poultry, el reembolso parcial de las cantidades percibidas en virtud del compromiso y, en particular, únicamente las cantidades percibidas por esa sociedad.
41.
A este respecto, en primer lugar, por lo que respecta al tenor del artículo 44, apartado 1, del Reglamento n.o 1974/2006, procede recordar que, en virtud de esa disposición, «cuando, durante el período de ejecución de un compromiso contraído como condición para la concesión de una ayuda, el beneficiario transfiera […] su explotación a otra persona, esta podrá asumir el compromiso durante la parte restante de dicho período. De no asumirse el compromiso, el beneficiario estará obligado a reembolsar las ayudas percibidas». (
28
)
42.
Por lo tanto, esta disposición establece como regla general que la persona que se haga cargo de una explotación del beneficiario de una ayuda y que decida asumir también el compromiso suscrito por este sustituye a este último en lo que respecta a todos los compromisos y las obligaciones por el período que reste. Así, contrariamente a lo que alega Groenland Poultry, considero que esta disposición regula de manera clara y precisa los efectos jurídicos relativos a la obligación de reembolso que se derivan de una transferencia de explotación, al sentar el principio de que el cesionario de la explotación que también asume voluntariamente el compromiso plurianual está obligado, en su condición de «beneficiario», (
29
) a reembolsar la ayuda percibida en caso de que la explotación sea transferida de nuevo a otra persona durante el período de compromiso, a menos que esta última, a su vez, asuma voluntariamente el compromiso durante el tiempo que le reste.
43.
Como señala la Comisión, conforme a la lógica del artículo 44, apartado 1, del Reglamento n.o 1974/2006 en caso de transmisión de la explotación, el cedente tiene la posibilidad de transmitir también sus compromisos plurianuales. Así, si el cedente decide no hacerlo o si encontrar un cesionario no resulta «factible» [en el sentido del artículo 44, apartado 2, letra a), de ese Reglamento], (
30
) tiene la obligación de reembolsar la totalidad de la ayuda concedida, liberándose así de sus obligaciones. Del mismo modo, el cedente queda exento del cumplimiento de las obligaciones si el cesionario asume los compromisos plurianuales, en cuyo caso el cesionario pasa a ser el beneficiario de la ayuda hasta que finalice el período de dichos compromisos, con todas las ventajas y responsabilidades que de ello se deriven. (
31
)
44.
En segundo lugar, por lo que respecta al contexto en el que se inscribe, el artículo 44, apartado 1, del Reglamento n.o 1974/2006, es preciso señalar que, si bien esta disposición establece el principio según el cual, en caso de transferencia de explotación, la persona que mantiene el compromiso es la considerada como beneficiaria y, por tanto, obligada a reembolsar la ayuda percibida, los apartados 2 y 3 de este artículo establecen excepciones a este principio, confiriendo a los Estados miembros la facultad para no exigir el reembolso. Más concretamente, el apartado 2, letra a), que es el supuesto pertinente en el presente asunto, establece una excepción a la obligación de reembolso «si, en caso de cese definitivo de las actividades agrarias por parte de un beneficiario que haya cumplido una parte significativa del compromiso, la asunción del compromiso por el sucesor no resulta factible». Al tratarse de una excepción a la obligación general de reembolso que impone el apartado 1 al beneficiario de la ayuda, los supuestos contemplados en los apartados 2 y 3 deben interpretarse de forma restrictiva. (
32
)
45.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, consta que esta facultad contemplada en el artículo 44, apartado 2, de este Reglamento no fue recogida en el Derecho rumano, de modo que, en esta situación, en todos los supuestos en los que no se asuma el compromiso con ocasión de la transferencia de la explotación durante el período de ejecución del compromiso plurianual, el beneficiario sigue estando obligado, en virtud del artículo 44, apartado 1, del mismo Reglamento, a reembolsar la totalidad de la ayuda percibida y, por ende, en virtud del principio del efecto útil, las autoridades rumanas están obligadas a recuperar la ayuda de que se trate, sin que exista base jurídica alguna para no hacerlo. Por consiguiente, a la vista de los hechos del litigio principal, tal como se describen en la petición de decisión prejudicial, considero que Groenland Poultry no puede invocar esta excepción para evitar el reembolso de todas las ayudas percibidas, incluidas las abonadas a los anteriores beneficiarios.
46.
En tercer lugar, habida cuenta de la finalidad del artículo 44, apartado 1, del Reglamento n.o 1974/2006, ha de señalarse que la interpretación literal de esta disposición, recién expuesta, también permite alcanzar el objetivo inicial para el que se recibió la ayuda, a saber, contribuir al bienestar de los animales. Para empezar, como afirma la Comisión, es esencial a tal efecto que el compromiso plurianual se mantenga en su integridad, puesto que solo un período prolongado garantiza la consecución del objetivo perseguido con esta ayuda. (
33
) En este sentido es importante que, si el compromiso se transmite a otro beneficiario, todas las responsabilidades y las deudas sean asignadas al beneficiario que haya asumido el compromiso. El compromiso debe cumplirse a lo largo de todo el período, puesto que, de lo contrario, se aparta de su objetivo y pierde su efecto beneficioso para los animales.
47.
A continuación, también debe tenerse en cuenta, a este respecto, que el compromiso está relacionado con la cría de animales y dirigido a fomentar el bienestar animal. Pues bien, el cesionario que asume el compromiso, y los correspondientes derechos y obligaciones, asume también el compromiso íntegro de los años anteriores. Dado que el cedente ya ha invertido las ayudas percibidas en pro del bienestar de los animales y en beneficio de estos en su explotación, mejorando así el estado en que esta se transfiere al cesionario, este último, como beneficiario, disfruta indirectamente de las inversiones anteriores y recibe la ayuda restante. Pues bien, si este segundo beneficiario no está en condiciones de cumplir el compromiso hasta su fecha de expiración, también debe soportar todos los inconvenientes que conlleva tal compromiso, estando obligado a reembolsar las ayudas recibidas en favor del bienestar de los animales, incluida la parte percibida por el primer beneficiario. Por consiguiente, esta obligación de reembolsar toda ayuda recibida en caso de interrumpirse la ejecución del compromiso induce al beneficiario a asegurar su cumplimiento.
48.
Por último, desde el prisma de la eficaz protección de los intereses financieros de la Unión que deben garantizar los Estados miembros, (
34
) ha de velarse por que sea posible recuperar eficazmente los fondos de la Unión en caso de que su concesión se haya efectuado infringiendo el Derecho de la Unión. Pues bien, en una situación como la del presente asunto se podría eludir fácilmente la norma enunciada en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento n.o 1974/2006 si el primer beneficiario de una ayuda transmitiera su compromiso a otro beneficiario y si este último abandonara inmediatamente el compromiso plurianual antes de finalizar su período de ejecución, sin consecuencias económicas para ninguno de los dos. Desde este punto de vista, recuperar la totalidad de la ayuda percibida en virtud del compromiso también resulta obligado a la luz de las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1306/2013, (
35
) cuyo artículo 58, apartado 1, letra e), exige a los Estados miembros adoptar «[las medidas] necesarias para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión y, en concreto, para recuperar los pagos indebidos».
49.
Considero que esta conclusión no puede verse desvirtuada por posibles alegaciones basadas en la violación del principio de seguridad jurídica o del principio de proporcionalidad.
50.
En efecto, por una parte, en lo que respecta al principio de seguridad jurídica, las disposiciones del artículo 44, apartado 1, del Reglamento n.o 1974/2006 me parecen totalmente conformes con este principio, puesto que de ellas se desprende claramente que la obligación de reembolsar la totalidad de la ayuda incumbe a la persona que, en el momento en que se interrumpa la ejecución del compromiso, sea el «beneficiario de la ayuda» en el sentido de ese Reglamento, con independencia de que sea el cedente o el cesionario del compromiso. En otras palabras, al asumir el compromiso, el cesionario es consciente de que, una vez que adquiere la condición de «beneficiario», debe reembolsar la totalidad de las cantidades recibidas en caso de que el compromiso deje de cumplirse. Por lo tanto, en tal situación, el nuevo beneficiario, siendo plenamente consciente del riesgo y de las implicaciones económicas inherentes a la asunción del compromiso y habiendo «monetizado» ese compromiso en las negociación del contrato de transmisión, puede optar entre rechazar el compromiso, hacer todo lo que esté en su mano para cumplirlo o intentar transferir la explotación y el compromiso a un nuevo cesionario, en caso de que considere que no va a estar en condiciones de seguir cumpliendo el compromiso.
51.
Por otra parte, en cuanto al principio de proporcionalidad, considero que la obligación impuesta al segundo beneficiario de reembolsar la totalidad de las cantidades recibidas en concepto de ayuda relativa al bienestar de los animales es proporcionada, en la medida en que, por las razones anteriormente explicadas, tanto el artículo 44, apartado 1, del Reglamento n.o 1974/2006 como la lógica subyacente a dicho artículo son suficientemente claros e incondicionales para permitir al cesionario saber, en el momento de la celebración del contrato, que, si decide asumir los compromisos y no cumple el compromiso plurianual tras la toma a cargo de la explotación, puede estar obligado a reembolsar la totalidad de la ayuda, incluida la parte de esta percibida anteriormente por el cedente. El carácter proporcionado de esta regla radica en que, en virtud de ese artículo 44, apartado 1, el cesionario de la explotación es libre de no asumir los compromisos plurianuales [como se desprende del tenor literal de esta disposición, «[…] esta podrá asumir el compromiso durante la parte restante de dicho período […]» (el subrayado es mío)]. Por añadidura y, en cualquier caso, dicho artículo 44 no se opone a que las partes estipulen en el contrato de transmisión sus responsabilidades respectivas en caso de renuncia por parte del último beneficiario al compromiso en materia de bienestar animal, de modo que el cesionario pueda ejercitar una acción contra el cedente, sobre la base del Derecho nacional, ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Sin embargo, para garantizar el efecto útil del artículo 44, apartado 1, del Reglamento n.o 1974/2006, tales cláusulas contractuales solo podrían aplicarse con carácter subrogatorio, una vez efectuado el reembolso de la totalidad de la ayuda recibida. Por último, en la medida en que la obligación de reembolso deriva de las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, sin que los Estados miembros dispongan de margen de discrecionalidad alguno a este respecto, quedando a salvo lo dispuesto en ese artículo 44, apartados 2 y 3, considero que el principio de proporcionalidad no se pone en entredicho.
52.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo que se responda a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 44, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006 debe interpretarse en el sentido de que en una situación en la que, durante el período de ejecución de un compromiso contraído como condición para la concesión de una ayuda, el beneficiario transmite total o parcialmente su explotación a otra persona que asume voluntariamente ese compromiso y que, posteriormente, cesa definitivamente en sus actividades agrícolas, este segundo beneficiario de la ayuda está, en principio, obligado a reembolsar la suma recibida en virtud del compromiso en su conjunto, incluidas las cantidades recibidas por los beneficiarios anteriores de esa ayuda, con independencia de que ya haya cumplido una parte significativa de su compromiso, salvo que el Estado miembro afectado haya decidido, en virtud de las excepciones contempladas, en particular, en el artículo 44, apartado 2, letra a), de este Reglamento, no exigir ese reembolso.
C.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
53.
Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, cuáles son los elementos pertinentes que deben tenerse en cuenta para apreciar si «la asunción del compromiso por el sucesor no resulta factible», a efectos de la tercera condición establecida en el artículo 44, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006.
1. Sobre la admisibilidad
54.
Por los motivos ya indicados en los puntos 35 a 38 anteriores, propongo que se declare la admisibilidad de la tercera cuestión prejudicial planteada.
2. Sobre el fondo
55.
Como se ha recordado en los puntos 41 a 43 anteriores, el artículo 44 del Reglamento n.o 1974/2006 enuncia, en su apartado 1, la regla general aplicable a la situación de cese de las actividades agrarias por parte del beneficiario, según la cual («de no asumirse el compromiso, el beneficiario estará obligado a reembolsar las ayudas percibidas»), y, en el apartado 2, letra a), una de las excepciones a esta regla general aplicable a las situaciones particulares en las que se produce el «cese definitivo de las actividades agrarias» por parte del agricultor por motivos distintos de los casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales contemplados en el artículo 47 de este mismo Reglamento (y que serán analizados en el marco de la primera cuestión prejudicial de la sentencia).
56.
Esta excepción es aplicable si se cumplen dos requisitos, a saber, por una parte, que el beneficiario cedente haya cumplido una parte significativa del compromiso y, por otra parte, que la asunción del compromiso por un sucesor no resulte factible. El órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la interpretación de este segundo requisito contenido en el artículo 44, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento.
57.
Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente señala que esta disposición parece exigir la presentación de pruebas al efecto por parte de los beneficiarios que aleguen encontrarse en tal situación, y no una prueba en abstracto, que podría resultar imposible de aportar, de que no existe sucesor alguno interesado en asumir el compromiso. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional precisa que Groenland Poultry presentó pruebas que acreditaban que Vitali estaba interesada en asumir el compromiso de Groenland Poultry, pero que no obtuvo las autorizaciones sanitario‑veterinarias necesarias al efecto, pese a haber obtenido el acuerdo de la junta de acreedores de Agroli Group para tomar en arrendamiento las instalaciones.
58.
A este respecto procede señalar, para empezar, que la redacción del artículo 44, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006 hace referencia a «la asunción del compromiso por
[un] sucesor», es decir, por «cualquier sucesor», y no se refiere a un único sucesor específico (el subrayado es mío). Así, si el legislador de la Unión hubiera querido poner el énfasis en la inviabilidad de asumir el compromiso para el sucesor de la explotación, simplemente habría indicado «la asunción del compromiso no resulta factible para su sucesor». Por lo tanto, para poder invocar esta excepción, me parece que no basta con que la asunción del compromiso por el sucesor pueda resultar inviable, debido a una dificultad específica de ese sucesor en concreto, sino que es preciso que una serie de circunstancias objetivas hayan impedido al beneficiario «mantener» el compromiso, esto es, que objetivamente no era posible transmitir el compromiso.
59.
Considero que esta interpretación puede verse asimismo respaldada por el análisis contextual que figura en el punto 44 anterior, según el cual la regla enunciada en el artículo 44, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006 constituye una excepción a la regla establecida en el apartado 1 de ese artículo 44, de ese mismo Reglamento y debe, por tanto, interpretarse de forma restrictiva.
60.
Por último, en el caso de autos ha de señalarse que, si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si las circunstancias objetivas pudieron impedir la transmisión del compromiso de Groenland Poultry a Vitali, la asunción del compromiso parece «factible» sobre la base de las indicaciones facilitadas por ese órgano jurisdiccional, dado que el sucesor tenía la intención de asumir el compromiso, pero solo la imposibilidad de obtener la autorización administrativa hizo inviable esa asunción, esto es, una situación particular específica de ese único sucesor.
61.
Habida cuenta de lo anterior, propongo responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 44, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006, cuando indica que «la asunción del compromiso por el sucesor no resulta factible», debe interpretarse en el sentido de que se refiere a una situación en la que la asunción del compromiso por un sucesor no resulta factible debido a circunstancias objetivas que no permiten seguir cumpliendo el compromiso y no a circunstancias asociadas a situaciones particulares o específicas de ese único sucesor potencial.
V. Conclusión
62.
A la luz de todo cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal Superior de Bucarest, Rumanía):
«1)
El artículo 44, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 679/2011 de la Comisión, de 14 de julio de 2011,
debe interpretarse en el sentido de que
en una situación en la que, durante el período de ejecución de un compromiso contraído como condición para la concesión de una ayuda, el beneficiario transmite total o parcialmente su explotación a otra persona que asume voluntariamente ese compromiso y que, posteriormente, cesa definitivamente en sus actividades agrícolas, este segundo beneficiario de la ayuda está, en principio, obligado a reembolsar la suma recibida en virtud del compromiso en su conjunto, incluidas las cantidades recibidas por los beneficiarios anteriores de esa ayuda, con independencia de que ya haya cumplido una parte significativa de su compromiso, salvo que el Estado miembro afectado haya decidido, en virtud de las excepciones contempladas, en particular, en el artículo 44, apartado 2, letra a), de este Reglamento, no exigir ese reembolso.
2)
El artículo 44, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1974/2006, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución n.o 679/2011, cuando indica que «la asunción del compromiso por el sucesor no resulta factible»,
debe interpretarse en el sentido de que
se refiere a una situación en la que la asunción del compromiso por un sucesor no resulta factible debido a circunstancias objetivas que no permiten seguir cumpliendo el compromiso y no a circunstancias asociadas a situaciones particulares o específicas de ese único sucesor potencial.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Reglamento de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 368, p. 15), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 679/2011 de la Comisión, de 14 de julio de 2011 (DO 2011, L 185, p. 57) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1974/2006»).
(
3
)	Reglamento del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2005, L 277, p. 1). Véanse las sentencias de 12 de septiembre de 2013, Slancheva sila (C‑434/12, EU:C:2013:546), y de 7 de julio de 2016, Občina Gorje (C‑111/15, EU:C:2016:532).
(
4
)	Véanse, sin embargo, la sentencia de 16 de febrero de 2023, Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie (C‑343/21, EU:C:2023:111), y las conclusiones de la Abogada General Medina presentadas en ese mismo asunto (EU:C:2022:696), sobre la interpretación del artículo 45, apartado 3, del Reglamento n.o 1974/2006.
(
5
)	En su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009 (DO 2009, L 30, p. 100) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1698/2005»).
(
6
)	Reglamento relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487).
(
7
)	DO 2014, L 227, p. 1.
(
8
)	Monitorul Oficial al României, Parte I, n.o 461 de 30 de junio de 2011, en su versión aplicable al litigio principal.
(
9
)	Monitorul Oficial al României, Parte I, n.o 191 de 23 de marzo de 2015, en su versión aplicable al litigio principal.
(
10
)	Sobre la base del tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo el 4 de diciembre de 2015 (RON 1 — EUR 0,2237).
(
11
)	Sobre la base del tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo de 5 de octubre de 2016 (RON 1 — EUR 0,2241).
(
12
)	Sobre la base del tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo de 29 de marzo de 2017 (RON 1 — EUR 0,2195).
(
13
)	Reglamento de Ejecución la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad (DO 2014, L 227, p. 69).
(
14
)	Sobre la base del tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo de 21 de abril de 2017 (RON 1 — EUR 0,2201).
(
15
)	De todos estos importes, el 95 % correspondía a la contribución con cargo a los fondos de la Unión‑Feader y el 5 % a los fondos del presupuesto nacional.
(
16
)	Sobre la base del tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo de 21 de abril de 2017 (RON 1 — EUR 0,2201).
(
17
)	A menos que se celebrara un nuevo contrato de arrendamiento por un período máximo de tres meses, siendo tal duración, en cualquier caso, insuficiente para cumplir el compromiso correspondiente al año 2017.
(
18
)	Conversiones efectuadas sobre la base del tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo de 21 de abril de 2017 (RON 1 — EUR 0,2201).
(
19
)	Señalo que, en el apartado 14 de la resolución de remisión, se indica que la recurrente únicamente recibió 2658185,04 RON sobre el importe que se le reclamaba. Sin embargo, la suma de los tres importes indicados en el mismo apartado de esa resolución, esto es, 1506915,86 RON, 850673,62 RON, 375941,35 RON, da un resultado de 2733530,83 RON.
(
20
)	Si bien fue derogado y sustituido por el Reglamento n.o 1305/2013, el Reglamento n.o 1698/2005 sigue siendo aplicable a las operaciones realizadas de conformidad con los programas aprobados en virtud de dicho Reglamento antes del 1 de enero de 2014 (véase el artículo 88 del Reglamento n.o 1305/2013).
(
21
)	Véase la sección 2 del Reglamento n.o 1698/2005.
(
22
)	El subrayado es mío.
(
23
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2022, VD y SR (C‑339/20 y C‑397/20, EU:C:2022:703), apartados 56 y 57 y jurisprudencia citada.
(
24
)	Véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Ministrstvo za obrambo (C‑742/19, EU:C:2021:597), apartado 31 y jurisprudencia citada.
(
25
)	Véase la sentencia de 18 de diciembre de 2007, Cementbouw Handel & Industrie/Comisión (C‑202/06 P, EU:C:2007:814), apartado 52 y jurisprudencia citada.
(
26
)	Véase el punto 24 de las presentes conclusiones.
(
27
)	Véase el punto 22 de las presentes conclusiones.
(
28
)	El subrayado es mío.
(
29
)	Con arreglo al artículo 2, letra h), del Reglamento n.o 1698/2005, por «beneficiario» se entiende cualquier «agente económico, organismo o empresa, público o privado, responsable de la ejecución de las operaciones o destinatario de la ayuda».
(
30
)	Véase el análisis de la tercera cuestión prejudicial.
(
31
)	En efecto, de conformidad con el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento de Ejecución n.o 809/2014, una vez que el cesionario haya informado a la autoridad competente y solicitado el pago de la ayuda de acuerdo con el apartado 3, letra a), «todos los derechos y obligaciones del cedente que se deriven de la relación jurídica generada por la solicitud de ayuda o la solicitud de pago entre el cedente y la autoridad competente se transferirán al cesionario» [letra a)], y «todas las actuaciones necesarias para la concesión de la ayuda y todas las declaraciones realizadas por el cedente antes de la cesión se asignarán al cesionario a los efectos de la aplicación de la normativa pertinente de la Unión» [letra b)].
(
32
)	Véase, por analogía, la sentencia de 4 de septiembre de 2018, ClientEarth/Comisión (C‑57/16 P, EU:C:2018:660, apartado 80 y jurisprudencia citada).
(
33
)	En efecto, he de observar que el artículo 40, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1698/2005, precisa que, «en casos de necesidad debidamente justificados, se establecerá un período más largo de acuerdo con el procedimiento a que se refiere el artículo 90, apartado 2, en el caso de determinados tipos de compromiso» (el subrayado es mío).
(
34
)	Véase, en este sentido, el artículo 74, apartado 1, del Reglamento n.o 1698/2005.
(
35
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549).