Asunto C‑797/23
Meta Platforms Ireland Limited
contra
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(petición de decisión prejudicial planteada
por
el
Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 12 de mayo de 2026
« Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Derechos de autor y derechos afines — Directiva (UE) 2019/790 — Artículo 15 — Protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea — Normativa nacional que reconoce a las editoriales de estas publicaciones el derecho de obtener una “compensación equitativa” — Obligaciones impuestas a los prestadores de servicios de la sociedad de la información — Facultades atribuidas a una autoridad administrativa independiente — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 16 — Libertad de empresa — Limitación del ejercicio de esta libertad — Artículo 52, apartado 1 — Justificación — Ponderación de dicha libertad con otros derechos fundamentales — Artículo 11, apartado 2 — Libertad y pluralismo de los medios de comunicación — Artículo 17, apartado 2 — Protección de la propiedad intelectual »
1.        Actos de las instituciones — Directivas — Ejecución por los Estados miembros — Margen de apreciación de los Estados miembros para regular el contenido material de los derechos exclusivos de reproducción y de puesta a disposición del público — Inexistencia — Normas de aplicación de estos derechos — Margen de apreciación de los Estados miembros — Límites — Respeto del contenido material de dichos derechos y de los objetivos fijados por la Directiva
[Art. 288 TFUE, párr. 3; Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2001/29/CE, arts. 2 y 3, ap. 2, y (UE) 2019/790, art. 15, ap. 1]
(véanse los apartados 49 a 53)
2.        Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines — Directiva (UE) 2019/790 — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Derechos de reproducción y de puesta a disposición del público — Normativa nacional que establece el derecho a una compensación equitativa para las editoriales de publicaciones de prensa — Obligaciones impuestas a los prestadores de servicios de la sociedad de la información — Facultades atribuidas a una autoridad pública — Procedencia — Requisitos — Necesidad del consentimiento previo de las editoriales para el uso de sus publicaciones — Facultad de estas editoriales de denegar o conceder a título gratuito la autorización de uso de dichas publicaciones — Inexistencia de una obligación de pago de los prestadores de servicios en caso de no uso de las publicaciones — Respeto del principio de proporcionalidad
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 16 y 52; Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 15]
(véanse los apartados 60 a 66, 78 y 81 a 83 y el fallo)
3.        Aproximación de las legislaciones — Derechos de autor y derechos afines — Directiva (UE) 2019/790 — Armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información — Normativa nacional que impone a los prestadores de servicios de la sociedad de la información obligaciones de comunicación de ciertos datos so pena de multa administrativa y de no limitación de la visibilidad de las publicaciones — Restricción de la libertad de empresa — Procedencia — Requisitos — Restricción establecida por ley — Respeto del contenido esencial del derecho invocado — Persecución de un objetivo de interés general reconocido como tal por la Unión — Respeto del principio de proporcionalidad — Requisitos cumplidos
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 16 y 52; Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 15]
(véanse los apartados 90 a 101)
Resumen
En respuesta a la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, se pronuncia, por primera vez, sobre la amplitud del margen de apreciación de los Estados miembros en el marco de la transposición del artículo
15 de la Directiva 2019/790. (1)
El legislador italiano transpuso esta disposición por medio del artículo 43 bis de la Ley sobre los Derechos de Autor, (2) que establece un derecho a una remuneración equitativa a favor de las editoriales de publicaciones de prensa por el uso en línea de sus publicaciones y un régimen que persigue garantizar dicha remuneración. De este modo, la Ley italiana obliga a los prestadores de servicios de la sociedad de la información a negociar la referida remuneración con las editoriales, sin limitar la visibilidad de los contenidos en los resultados de búsqueda durante tales negociaciones, y proporcionar los datos necesarios para su cálculo. Asimismo, atribuye a la Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autoridad Garante de las Comunicaciones, Italia; en lo sucesivo, «AGCOM») la tarea de fijar los criterios para calcular la remuneración, determinar su importe en caso de desacuerdo y asegurar el cumplimiento de la obligación de información que incumbe a los prestadores, incluso mediante la imposición de sanciones.
El 19 de enero de 2023, la AGCOM adoptó la Decisión n.º 3/23/CONS con base en dicha Ley. Esta Decisión establece los criterios para determinar la compensación equitativa que los prestadores de servicios de la sociedad de la información deben abonar a las editoriales por el uso en línea de publicaciones de prensa. Meta Platforms Ireland Ltd, que es un prestador de servicios de este tipo, interpuso un recurso ante el órgano jurisdiccional remitente por el que solicitaba
la anulación de dicha decisión de la AGCOM.
Al albergar dudas sobre la compatibilidad de la normativa nacional con el Derecho de la Unión, ese órgano jurisdiccional decidió preguntar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo
15 de la Directiva 2019/790 y de los artículos
16 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, por lo que respecta al artículo
15 de la Directiva 2019/790, el Tribunal de Justicia recuerda que esta disposición (3) obliga a los Estados miembros a garantizar a las editoriales de publicaciones de prensa los derechos exclusivos de reproducción y de puesta a disposición del público de estas publicaciones. Si bien dichos Estados no disponen de ningún margen de apreciación para regular el contenido material de esos derechos, cuentan, no obstante, al proceder a su transposición, con un margen de apreciación en cuanto a las normas de aplicación de aquellos.
El Tribunal de Justicia precisa que estas normas de aplicación no pueden, sin embargo, tener como efecto modificar el contenido material de dichos derechos, en particular, su naturaleza y su alcance, y deben ser plenamente compatibles tanto con el objetivo general de la referida Directiva como con el objetivo específico de su artículo 15.
A este respecto, el Tribunal de Justicia indica, por una parte, que el objetivo general de dicha Directiva es armonizar las legislaciones de los Estados miembros sobre los derechos de autor y los derechos afines, manteniendo, al mismo tiempo, un elevado nivel de protección de estos derechos y contribuyendo a lograr un funcionamiento correcto y equitativo del mercado de los derechos de autor. En cuanto al objetivo del artículo
15 de la Directiva 2019/790, el Tribunal de Justicia expone que la introducción, en el Derecho de la Unión, de los derechos que este artículo consagra pretende, en particular, solventar los problemas a que se enfrentan las editoriales respecto a la concesión de licencias para los usos en línea de sus publicaciones por prestadores de servicios de la sociedad de la información y garantizar la posibilidad de recuperar las inversiones necesarias para la producción de dichas publicaciones.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia señala que los derechos exclusivos consagrados en el citado artículo
15 tienen carácter preventivo, en el sentido de que todo uso de las publicaciones de prensa comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho artículo exige la autorización previa de las editoriales de tales publicaciones. Si bien, a causa del carácter de esos derechos, estas últimas disponen de la facultad de supeditar la autorización para utilizar sus publicaciones a una remuneración que estimen  apropiada, el Tribunal de Justicia subraya también que deben conservar la posibilidad de autorizar a título gratuito los usos en línea de sus publicaciones de prensa y la de prohibirlos. Al mismo tiempo, los prestadores de servicios de la sociedad de la información, por su parte, deben conservar la libertad de decidir tal uso. Así pues, no se les debe imponer ninguna obligación de pago en virtud del artículo
15 de la Directiva 2019/790 cuando no utilicen ni pretendan utilizar dichas publicaciones de prensa.
En el caso de autos, el Tribunal de Justicia señala, para empezar, que corresponde al órgano jurisdiccional remitente valorar si la normativa nacional controvertida, que establece el derecho de las editoriales a obtener una remuneración equitativa, cumple estos requisitos.
A continuación, el Tribunal de Justicia precisa que las obligaciones impuestas por esta normativa a los prestadores de servicios, a saber, la de comunicar los datos necesarios para determinar el importe de la remuneración y la de abstenerse de limitar la visibilidad de las publicaciones de prensa en los resultados de búsqueda durante las negociaciones, contribuyen a la consecución de los objetivos de la Directiva 2019/790 y de su artículo
15, al reforzar el nivel de protección establecido por esta Directiva y, en particular, por el citado artículo
15. A este respecto, el Tribunal de Justicia explica que solo esos prestadores disponen de la información pertinente para apreciar el valor económico del uso en línea de publicaciones de prensa, lo que coloca a las editoriales de estas publicaciones en una posición de debilidad en la negociación para determinar su remuneración.
Por lo tanto, estas obligaciones permiten velar por que las negociaciones entre prestadores y editoriales sean equitativas y que estas últimas puedan decidir libremente y sobre la base de toda la información pertinente si desean conceder a los prestadores la autorización para reproducir o poner a disposición del público publicaciones de prensa y, en su caso, a cambio de qué remuneración.
Por último, por lo que respecta a las facultades atribuidas a la AGCOM por la normativa nacional controvertida, el Tribunal de Justicia constata que, además de la función de esta autoridad en la determinación del importe de la remuneración, los prestadores y las editoriales mantienen la libertad de no celebrar el contrato. A ello añade que la facultad de esta autoridad de controlar el cumplimiento de la obligación de información impuesta a los prestadores y de sancionar eventuales incumplimientos no puede considerarse contraria a dicho artículo
15, sin perjuicio del respeto del principio de proporcionalidad.
En segundo lugar, por lo que respecta a los artículos
16 y 52 de la Carta, el Tribunal de Justicia estima que no puede considerarse que una normativa nacional que prevé una «compensación equitativa» concebida como la contrapartida económica libremente decidida por las partes suponga una limitación del ejercicio de la libertad de empresa de los prestadores. En cambio, las obligaciones de comunicar ciertos datos y de no limitar la visibilidad de las publicaciones impuestas a estos últimos, así como las facultades conferidas a la AGCOM en este sentido, pueden limitar el ejercicio de esta libertad.
Tras haber constatado que la normativa nacional controvertida, en la medida en que se limita a restringir la facultad de los prestadores de servicios de invocar sus intereses en una relación contractual, no puede vulnerar el contenido esencial de la libertad de empresa, el Tribunal de Justicia examina el respeto del principio de proporcionalidad.
A este respecto, señala, de entrada, que dicha normativa es adecuada para adecuada para realizar el objetivo que persigue. A continuación, no resulta obvio que existan medidas menos restrictivas que permitan lograr de forma tan eficaz dicho objetivo. Por último, en lo que atañe, en particular, a la obligación de comunicar ciertos datos impuesta a los prestadores de servicios, el Tribunal de Justicia señala, por una parte, que los datos que deben comunicarse parecen limitarse a los que sean necesarios para determinar la eventual remuneración que deberán abonar a las editoriales, las cuales deben respetar la confidencialidad de la información de carácter comercial, industrial y financiero. Por otra parte, la sanción que puede imponerse por incumplimiento de esta obligación tiene en cuenta la capacidad financiera del prestador, sin imponerle una carga manifiestamente irrazonable. Por lo tanto, la imposición de tal obligación parece proporcionada respecto al objetivo perseguido, pues permite establecer un equilibrio justo entre los derechos y libertades fundamentales en liza: la libertad de empresa garantizada en el artículo
16 de la Carta, por una parte, y el derecho de propiedad intelectual consagrado en el artículo
17, apartado
2, de la Carta y el derecho a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación garantizado en el artículo
11, apartado
2, de la Carta, por otra parte.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que el artículo
15 de la Directiva 2019/790 y los artículos
16 y 52 de la Carta no se oponen a una normativa nacional que establece, en favor de las editoriales, un derecho a una remuneración equitativa como contrapartida de la autorización concedida a los prestadores de servicios de la sociedad de la información para que puedan utilizar sus publicaciones, que impone determinadas obligaciones a estos prestadores y que faculta a una autoridad pública para definir los criterios de referencia para determinar esta remuneración y para comprobar el cumplimiento de una de las obligaciones y sancionar su incumplimiento, siempre y cuando, por una parte, esta normativa no prive a las editoriales de la posibilidad de denegar tal autorización, o de concederla a título gratuito, y que no imponga a los prestadores ninguna obligación de pago que no guarde relación con el uso de dichas publicaciones, y, por otra parte, que las obligaciones y eventuales sanciones impuestas a estos últimos respeten el principio de proporcionalidad.
1      Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (DO 2019, L 130, p. 92).
2      Articolo
43 bis della legge n. 633 — Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Ley n.º 633, relativa a la Protección de los Derechos de Autor y Otros Derechos Asociados a su Ejercicio), de 22 de abril de 1941 (GURI n.º 166, de 16 de julio de 1941), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «artículo 43 bis»):
3      En relación con los artículos 2 y 3 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).