62024CJ0328_RES
Asunto C‑328/24 P
Constantin Mincu Pătrașcu Brâncuși
contra
Fiscalía Europea
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 16 de abril de 2026
«Recurso de casación — Derecho institucional — Reglamento (UE) 2017/1939 — Fiscalía Europea — Artículo 42, apartado 1 — Actos procesales de la Fiscalía Europea destinados a surtir efectos jurídicos frente a terceros — Control jurisdiccional llevado a cabo por los órganos jurisdiccionales nacionales — Excepción de ilegalidad — Admisibilidad — Competencia exclusiva del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para controlar la legalidad de los actos de la Unión — Artículo 86 TFUE, apartados 2 y 3 — Ejercicio de la acción penal ante los órganos jurisdiccionales nacionales — Habilitación del legislador de la Unión para fijar las normas aplicables al control jurisdiccional de los actos procesales de la Fiscalía Europea — Excepción no autorizada en el artículo 263 TFUE — Inexistencia — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a la tutela judicial efectiva — Vulneración — Inexistencia — Incompetencia del Tribunal General»
Recurso de casación — Motivos — Admisibilidad — Requisitos — Exposición de argumentos ya formulados ante el Tribunal General
[Art. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 168, ap. 1, letra d), y 169, ap. 2]
(véanse los apartados 38 a 40)
Recurso de anulación — Requisitos de admisibilidad — Competencia del juez de la Unión — Cuestión de orden público — Excepción de ilegalidad que tiene por objeto demostrar una infracción del Derecho primario de la Unión — Acto de Derecho derivado que excluye la competencia del juez de la Unión — Obligación del juez de la Unión de examinar esta excepción antes de declararse incompetente en relación con el recurso principal
[Arts. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2, y 263 TFUE; Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, art. 42]
(véanse los apartados 53 y 58 a 61)
Recurso de anulación — Competencia del juez de la Unión — Recurso contra la decisión de una Sala Permanente de la Fiscalía Europea de llevar a juicio el asunto relativo al demandante — Acto procesal de la Fiscalía Europea — Incompetencia — Competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales — Derecho a la tutela judicial efectiva — Infracción — Inexistencia
[Art. 19 TUE, aps. 1 y 3; arts. 86 TFUE, aps. 1 a 3, 263 TFUE, párr. 4, 267 TFUE y 277 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 47 y 48; Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, considerandos 83, 85, 86, 87, párr. 1, y 88 y arts. 10, ap. 2, 13, ap. 1, 28, ap. 1, 30, ap. 5, 31, ap. 3, 36, 37, ap. 2, 41 y 42, aps. 1 a 3 y 8]
(véanse los apartados 64 a 91 y 96 a 100)
Recurso de casación — Motivos — Irregularidad del procedimiento — Decisión de unir el examen de una excepción de inadmisibilidad al examen del fondo — Facultad de apreciación del Tribunal General
(Art. 256 TFUE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 130, aps. 1 y 7)
(véase el punto 106)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de un recurso de casación, que desestima, precisa la articulación entre el sistema jurisdiccional establecido por los Tratados y el artículo 42, apartado 1, del Reglamento 2017/1939, (
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) a tenor del cual los actos procesales de la Fiscalía Europea destinados a surtir efectos jurídicos frente a terceros son objeto de control jurisdiccional por los órganos jurisdiccionales nacionales.
A raíz de una investigación de la Fiscalía Europea, una de sus salas permanentes decidió remitir al recurrente a un tribunal penal rumano. Aquel interpuso ante el Tribunal General un recurso de anulación contra tal decisión, el cual incluía una excepción de ilegalidad dirigida contra el artículo 42 del Reglamento 2017/1939. El Tribunal General se declaró incompetente sobe la base de que el control jurisdiccional de los actos procesales de la Fiscalía Europea corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia declara que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declararse incompetente para conocer del recurso, dirigido contra un acto procesal de la Fiscalía Europea, en el sentido del artículo 42, apartado 1, del Reglamento 2017/1939, sin examinar si el Derecho primario de la Unión se oponía a tal apreciación.
En efecto, al ser la competencia una cuestión de orden público, que, en su caso, debe ser apreciada de oficio, el Tribunal General no puede declararse incompetente para conocer de un recurso sin haber examinado previamente el fundamento de todas las alegaciones formuladas ante él y dirigidas precisamente a acreditar su competencia sobre este particular. Más concretamente, la reiterada jurisprudencia según la cual la inadmisibilidad del recurso principal conlleva la inadmisibilidad de la excepción de ilegalidad invocada en apoyo de dicho recurso no permite autorizar al Tribunal General a declararse incompetente para examinar, a la vista del Derecho primario de la Unión, la validez de una disposición de Derecho derivado, indicando que no es competente para conocer del recurso principal, cuando, precisamente, se basa en esa disposición para llegar a la conclusión de que no es competente. Así pues, de la jurisprudencia se desprende que, cuando el Tribunal General conoce de una excepción de ilegalidad de una disposición de Derecho derivado que sustrae de todo control jurisdiccional la decisión de un órgano de la Unión impugnada ante él, debido a que esa disposición no es compatible con el artículo 263 TFUE, le corresponde comprobar si esa excepción de ilegalidad está fundada y, en su caso, declararse competente para controlar la legalidad de tal decisión sobre la base del artículo 263 TFUE, con el fin de garantizar un control judicial efectivo.
No obstante, el Tribunal de Justicia declara que, atribuyendo a los órganos jurisdiccionales nacionales la competencia para llevar a cabo el control judicial de los actos procesales de la Fiscalía Europea destinados a surtir efectos jurídicos frente a terceros, el legislador de la Unión no ha menoscabado sus competencias establecidas en los artículos 19 TUE y 263 TFUE.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que el reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales nacionales y los órganos jurisdiccionales de la Unión realizado en el artículo 42 del Reglamento 2017/1939 no constituye una excepción no autorizada a la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de la Unión para controlar la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión, sobre la base del artículo 263 TFUE. Al someter al control judicial de los órganos jurisdiccionales nacionales únicamente los actos procesales de la Fiscalía Europea destinados a surtir efectos jurídicos frente a terceros, con excepción de las decisiones por las que se archiva un caso, y al establecer la competencia del Tribunal de Justicia en los demás supuestos, el legislador de la Unión no excedió la habilitación que le confiere el artículo 86 TFUE, apartado 3, para fijar las «normas aplicables al control jurisdiccional de los actos procesales» de la Fiscalía Europea.
Además, habida cuenta de la naturaleza específica de las funciones que el TFUE confía a la Fiscalía Europea y de la extensión de las facultades que ese Tratado confiere al legislador de la Unión para determinar el marco institucional y procesal en el que la Fiscalía Europea desempeña sus funciones, la expresión «normas aplicables al control jurisdiccional de los actos procesales [de la Fiscalía Europea]» debe interpretarse en el sentido de que no solo puede incluir el establecimiento de las condiciones y modalidades propias de los recursos contra esos actos procesales, sino también, en su caso, de normas específicas de competencia jurisdiccional.
En este marco institucional y procesal, los efectos jurídicos que producen los actos procesales de la Fiscalía Europea frente a terceros vienen determinados, en gran parte, por el Derecho nacional. Además, los actos procesales de la Fiscalía Europea constituyen una fase de un proceso penal cuyo resultado es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales nacionales, quienes disponen de la facultad de valorar libremente las pruebas. En estas circunstancias, la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales para controlar dichos actos no constituye una excepción no autorizada al artículo 263 TFUE. Por lo demás, la estructura general del artículo 42 del Reglamento confirma este reparto de competencias.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia recuerda que el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no puede crear una competencia en favor de los órganos jurisdiccionales de la Unión cuando los Tratados la excluyen ni modificar el sistema de control judicial establecido en ellos, en particular las normas de admisibilidad de los recursos directos. En cualquier caso, el artículo 42, apartado 1, del Reglamento 2017/1939 respeta el derecho a la tutela judicial efectiva.
Por una parte, interpretado a la luz del artículo 41 del Reglamento 2017/1939 y de sus considerandos, el control jurisdiccional de los actos procesales destinados a surtir efectos jurídicos frente a terceros permite garantizar el respeto, por parte de la Fiscalía Europea, de los derechos fundamentales. Además, los Estados miembros deben garantizar vías de recurso efectivas.
Por otra parte, dado que el primer apartado que lo integra debe interpretarse a la luz de su estructura general, el artículo 42 es totalmente coherente con el sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de la Unión. En particular, se articula con el apartado 2, en virtud del cual el mecanismo prejudicial es aplicable al control judicial de los actos procesales de la Fiscalía Europea, garantizando de este modo que el Tribunal de Justicia pueda examinar cualquier cuestión relativa a la interpretación o la validez de los actos procesales de la Fiscalía Europea impugnados ante el órgano jurisdiccional nacional competente, así como el Reglamento de que se trata.
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1
)	Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO 2017, L 283, p. 1).