Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 13 de noviembre de 2025 (1)
Asunto C‑298/23
Inter IKEA Systems BV
contra
Algemeen Vlaams Belang VZW,
S,
T,
U,
V,
Vrijheidsfonds VZW
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunal de Empresas Neerlandófono de Bruselas, Bélgica)]
« Procedimiento prejudicial — Marcas — Efectos de la marca — Derechos conferidos por la marca — Derecho a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar — Justa causa — Uso de tal signo por un tercero en una campaña política »
I.      Introducción
1.        El libre juego del debate político es un elemento esencial de toda sociedad democrática. Los actores de la escena política recurren a diversas formas de expresión, como la exageración o el humor, para llegar a un electorado lo más amplio posible, llamar la atención sobre problemas de interés general, destacar su capacidad para resolverlos o criticar a sus adversarios. No obstante, estos debates tienen límites marcados por las normas que les son aplicables y los derechos ajenos. Pues bien, como ilustra el presente asunto, a veces resulta difícil determinar esos límites, ya que son el resultado de una ponderación entre diversos derechos e intereses opuestos.
La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/2436 (2) y del Reglamento (UE) 2017/1001 (3) y ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar los criterios pertinentes para ponderar la libertad de expresión y los derechos conferidos a los titulares de marcas de renombre.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
1.      La Directiva 2015/2436
2.        El artículo 10 de la Directiva 2015/2436, titulado «Derechos conferidos por la marca», dispone lo siguiente:
«1.      El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta.
2.      Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando:
a)      el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b)      el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
c)      el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
3.      Podrá prohibirse en particular, en virtud del apartado 2:
a)      colocar el signo en los productos o en su embalaje;
b)      ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;
c)      importar o exportar los productos con el signo;
d)      utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o parte de un nombre comercial o una denominación social;
e)      utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
f)      utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera contraria a la Directiva 2006/114/CE [(4)].
[…]
6.      Los apartados 1, 2, 3 y 5 no afectarán a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que se efectúe con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
2.      El Reglamento 2017/1001
3.        El artículo 9 del Reglamento 2017/1001, titulado «Derechos conferidos por la marca de la Unión», establece lo siguiente:
«1.      El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.
2.      Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:
a)      el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;
b)      el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
c)      el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
3.      Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:
a)      colocar el signo en los productos o en su embalaje;
b)      ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;
c)      importar o exportar los productos con el signo;
d)      utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social;
e)      utilizar el signo en documentos mercantiles y publicidad;
f)      utilizar el signo en publicidad comparativa, de una manera contraria a la [Directiva 2006/114].
[…]»
B.      Convenio del Benelux
4.        El artículo 2.20 del Convenio del Benelux sobre
Propiedad Intelectual (Marcas y Dibujos y
Modelos), (5) (en lo sucesivo, el «Convenio del Benelux»), titulado «Derechos conferidos por la marca», establece lo siguiente:
«1.      El registro de una marca a que se refiere el artículo 2.2 confiere a su titular un derecho exclusivo.
2.      Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación o de la fecha de prioridad de la marca registrada y sin perjuicio de la posible aplicación del Derecho común en materia de responsabilidad por actos ilícitos, el titular de una marca registrada podrá prohibir a cualquier tercero que no haya obtenido su autorización el uso de un signo cuando dicho signo:
[…]
c.      sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca esté registrada, si esta goza de renombre en el territorio del Benelux y si con el uso sin justa causa del signo en el tráfico económico se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre;
d.      se utiliza con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
[…]»
III. Hechos del asunto principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
5.        Inter IKEA Systems BV (en lo sucesivo, «IKEA»), conocida del público en general por sus muebles para montar uno mismo, que se entregan en kit con las instrucciones, es titular de tres marcas del Benelux y de una marca de la Unión, registradas para diversas clases de productos y servicios.
6.        El 14 de noviembre de 2022, el partido político Vlaams Belang (Interés Flamenco) presentó públicamente, en una rueda de prensa, su programa para reformar la política de asilo e inmigración en Bélgica, titulado «IKEA‑PLAN — Immigratie Kan Echt Anders» («Plan IKEA: la inmigración puede ser realmente diferente»), que incluía quince propuestas políticas descritas como «listas para montar». Las ilustraciones que acompañaban a esta presentación incluían marcas de las que IKEA era titular, así como personajes similares a los que aparecen en las instrucciones de montaje de los productos de esta empresa.
En un sitio de Internet se publicó un documento con un plan político más detallado que mencionaba dicha presentación. Además, la referida rueda de prensa se mencionó en los canales de las redes sociales del Vlaams Belang y posteriormente fue difundida por personas interesadas.
7.        El 22 de noviembre de 2022, IKEA interpuso ante el Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunal de Empresas Neerlandófono de Bruselas, Bélgica), órgano jurisdiccional remitente, una demanda por violación del derecho de marca contra el Vrijheidsfonds VZW y el Algemeen Vlaams Belang VZW, asociaciones sin ánimo de lucro, y contra las personas físicas que representan al Vlaams Belang. (6) El tribunal remitente acordó la admisión de la demanda únicamente en lo que respecta al Vrijheidsfonds, que llevó a cabo la campaña del Vlaams Belang en nombre y por cuenta de este partido político o de sus dirigentes.
8.        El órgano jurisdiccional remitente expone que el Vrijheidsfonds ha reconocido haber utilizado las marcas de titularidad de IKEA sin el consentimiento de esta y se ha comprometido a dejar de utilizarlas hasta que el órgano jurisdiccional remitente dicte la resolución que ponga fin al procedimiento principal. Señala que el Vrijheidsfonds afirma haber utilizado el renombre de estas marcas para reforzar su mensaje y aumentar su difusión, lo que constituye, a su juicio, una «justa causa», en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001, del artículo 10, apartado 2, letra c), y del artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2015/2436.
9.        A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente considera que, si bien el derecho exclusivo del titular de una marca es un derecho de propiedad garantizado por el artículo 17, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), no es, sin embargo, absoluto.
10.      En este sentido, el órgano jurisdiccional remitente puntualiza que el ejercicio del derecho exclusivo se limita a las situaciones en las que el uso de la marca por un tercero, en particular cuando esta goza de renombre, menoscaba sus funciones. Además, la función de origen de la marca, en la medida en que está vinculada al principio de especialidad, solo puede verse comprometida si existe un riesgo de confusión en la mente del consumidor en cuanto al origen del producto que lleva el signo. Solo se considera que se ha vulnerado la función de inversión de la marca cuando el uso por parte de un tercero de un signo idéntico a la marca en relación con productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada dicha marca obstaculiza de manera sustancial el uso de la marca por el titular para adquirir o conservar una reputación que pueda atraer o fidelizar a los consumidores. Del mismo modo, un menoscabo de la función publicitaria solo da al titular derecho a prohibir el uso de la marca si ese uso es perjudicial a la marca como elemento de promoción de las ventas o como instrumento de la estrategia comercial de su titular.
11.      El órgano jurisdiccional remitente señala que la protección contra el uso para otros tipos de productos y servicios se ve además limitada por la posibilidad de que el tercero invoque una «justa causa».
12.      Dicho órgano jurisdiccional sostiene que el concepto de «justa causa» debe interpretarse de conformidad con el principio fundamental de la libertad de expresión, protegido en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH») y en el artículo 11 de la Carta y que, por consiguiente, en el presente asunto se da un conflicto entre derechos fundamentales de igual rango, a saber, la libertad de expresión y el derecho de propiedad.
13.      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, durante los trabajos preparatorios de la Directiva 2015/2436, el Parlamento Europeo había previsto incluir el uso de una marca con fines de parodia entre las excepciones al derecho exclusivo, (7) tal como prevé la ley federal que regula las marcas en Estados Unidos, la Lanham Act (Ley Lanham) de 1946 (15 U.S.C.1125). Sin embargo, esa propuesta no fue aceptada y aún no se han definido las circunstancias que podrían integrar el concepto de «justa causa» cuando se trata de la parodia de una marca.
14.      Según el mismo órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia abandonó, no obstante, en la sentencia Leidseplein Beheer y de Vries, (8) la interpretación restrictiva del concepto de «justa causa» y aportó precisiones, indicando que «no solo puede englobar razones objetivamente imperiosas sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero que haga uso de un signo idéntico o semejante a la marca renombrada».
15.      El órgano jurisdiccional remitente subraya asimismo que el concepto de «justa causa» es objeto de interpretaciones diferentes en los Países Bajos y en Bélgica, y que los órganos jurisdiccionales belgas interpretan este concepto de manera muy restrictiva.
16.      Dicho órgano jurisdiccional también señala que la Cour de justice Benelux
(Tribunal de Justicia del Benelux), en su sentencia Moët Hennessy Champagne Service/Cedric Art, (9) declaró que «la libertad artística constituye una justa causa en el sentido del [artículo 2.20, apartado 2, letra d), del Convenio del Benelux] para el uso de un signo idéntico o similar a la marca, con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, si la expresión artística es el resultado original de un proceso de creación que no tiene por objeto perjudicar a la marca o a su titular».
17.      El texto de las cuestiones de interpretación que dieron lugar a esa sentencia era prácticamente idéntico al de las planteadas en la petición de decisión prejudicial del presente asunto. Sin pronunciarse sobre la pertinencia de los criterios específicos a los que se referían esas cuestiones, la Cour de justice Benelux
(Tribunal de Justicia del Benelux) optó por una interpretación amplia del concepto de «justa causa», considerando que la causa relacionada con la libertad de expresión solo podía descartarse si el tercero tenía la intención de perjudicar al titular de la marca.
18.      En tales circunstancias, el Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunal de Empresas Neerlandófono de Bruselas), mediante resolución de 4 de mayo de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de mayo de 2023, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión:
«¿Puede la libertad de expresión, incluida la libertad de expresar opiniones políticas y la parodia política, garantizada por el artículo 10 del [CEDH], y el artículo 11 de la [Carta], constituir una «justa causa» del uso de un signo idéntico o similar a una marca renombrada en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra c), del [Reglamento 2017/1001], así como del artículo 10, apartados 2, letra c), y 6, de la [Directiva 2015/2436]?
En caso de respuesta afirmativa, ¿cuáles son los criterios que deberá tener en cuenta el órgano jurisdiccional nacional para apreciar el equilibrio entre esos derechos fundamentales y la importancia que deba atribuirse a cada uno de los criterios?
En particular, ¿puede tener en cuenta el órgano jurisdiccional nacional los siguientes criterios, o bien existen criterios adicionales:
–        la medida en que la expresión tiene carácter o finalidad comercial
–        la medida en que existe una relación de competencia entre las partes;
–        la medida en que la expresión reviste un interés general, tiene relevancia social o bien suscita un debate;
–        la relación entre los criterios citados;
–        el grado de renombre de la marca invocada;
–        el alcance del uso infractor, su intensidad y sistemática y el grado de difusión territorial, temporal y cuantitativa, teniendo en cuenta además la medida en que sea proporcional al mensaje que persigue transmitir la expresión;
–        la medida en que la expresión y las circunstancias que acompañan a dicha expresión, tales como el nombre de la expresión y su promoción, menoscaban el renombre, el carácter distintivo y la imagen de las marcas invocadas (“función publicitaria”);
–        la medida en que la expresión presenta una contribución original propia y la medida en que se ha intentado evitar cualquier confusión o asociación con las marcas invocadas, o la impresión de que existe un vínculo comercial o de otro tipo entre la expresión y el titular de la marca (la «función de origen»), teniendo en cuenta también la forma en que el titular ha construido una determinada imagen y reputación en la publicidad y la comunicación?»
19.      IKEA, el Vrijheidsfonds y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas. Las mismas partes interesadas comparecieron en la vista celebrada el 10 de junio de 2025.
IV.    Análisis
20.      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, cuáles son los criterios que deben tenerse en cuenta para apreciar la existencia de una «justa causa», en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001, y del artículo 10, apartados 2, letra c), y 6, de la Directiva 2015/2436, en lo que respecta al uso de un signo por una asociación que actúa en nombre y por cuenta de un partido político con el fin de difundir y promover su programa.
21.      Antes de abordar el análisis de esta cuestión, es preciso examinar su admisibilidad, ya que IKEA la ha impugnado.
A.      Sobre la admisibilidad
22.      En sus observaciones escritas, IKEA alegaba que había interpuso recurso de apelación contra la resolución por la que se planteó a la presente petición de decisión prejudicial y que, por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente debe inhibirse del litigio principal en virtud del efecto devolutivo de dicho recurso, por lo que ya no ha lugar a pronunciarse. Además, IKEA sostiene, remitiéndose al auto Nationale Loterij,
(10)que, aunque no se retire la petición, no habrá lugar a responderla, ya que la justificación de la remisión prejudicial no es formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino la necesidad inherente a la solución efectiva de un contencioso.
23.      Es jurisprudencia reiterada que el Tribunal de Justicia debe atenerse a la resolución de remisión, la cual debe producir sus efectos mientras no haya sido revocada. (11) El órgano jurisdiccional remitente señala que el recurso de IKEA fue declarado inadmisible, por lo que considera que el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre la cuestión prejudicial, y no ha retirado su resolución de remisión.
24.      Por otra parte, a diferencia del asunto que dio lugar al auto Nationale Loterij,
(12)que se refería a un litigio resuelto por un tribunal de apelación que asumió de esta forma la responsabilidad de garantizar el respeto del Derecho de la Unión, (13) en el presente asunto aún no se ha puesto fin al litigio, en particular en cuanto a los aspectos a los que se refiere la cuestión prejudicial.
25.      De ello se desprende que la cuestión prejudicial es admisible y que procede pronunciarse sobre la petición.
B.      Sobre el fondo
1.      Alcance de la cuestión prejudicial
26.      La presente cuestión prejudicial se refiere a la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2015/2436 y del Reglamento 2017/1001. En efecto, por una parte, las marcas del Benelux de las que es titular IKEA están sujetas al sistema de protección del Convenio del Benelux, adoptado sobre la base de las Directivas sobre marcas, (14) de modo que la Directiva 2015/2436 determina el régimen aplicable a dichas marcas y, por otra parte, la marca de la Unión de la que IKEA es titular está sujeta al Reglamento 2017/1001.
27.      Conforme al artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2015/2436 y al artículo 9, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, el registro de una marca nacional o de la Unión confiere a su titular un derecho exclusivo sobre esta. No obstante, ambos textos legales establecen que el ejercicio de ese derecho está sujeto a determinadas restricciones.
28.      A este respecto, el derecho exclusivo permite al titular de la marca proteger sus intereses específicos como titular de esta, es decir, garantizar que la marca pueda cumplir sus funciones propias. Por lo tanto, el ejercicio del derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Entre estas figuran la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores el origen del producto o del servicio de que se trate, así como, en particular, la de garantizar la calidad de dicho producto o servicio, o las funciones de comunicación, inversión o publicidad. (15)
29.      Por consiguiente, en virtud del artículo 10, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2015/2436 y del artículo 9, apartado 2, letras a) y b), del Reglamento 2017/1001, el titular de una marca nacional o de la Unión puede oponerse al uso de un signo idéntico en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que se ha registrado la marca y, cuando exista riesgo de confusión, al uso de un signo idéntico o similar a la marca en relación con productos o servicios idénticos o similares a dichos productos o servicios.
30.      En el sistema del Derecho de marcas nacionales y de la Unión, la protección de las marcas de renombre es más amplia que la de las marcas ordinarias. (16) Así, en virtud del artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2015/2436 y del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001, el titular de una marca de renombre puede oponerse al uso de un signo por parte de un tercero, aun en el caso de que no exista identidad entre el signo y la marca ni riesgo de confusión. Estas disposiciones también establecen que los titulares de marcas de renombre pueden prohibir el uso por terceros, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares a esas marcas, si con dicho uso se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de esas marcas («parasitismo» o «free‑riding»), o se perjudica a su carácter distintivo («dilución», «menoscabo» o «difuminación») o a su renombre («deterioro» o «degradación»). (17)
31.      No obstante, tanto la Directiva 2015/2436 como el Reglamento 2017/1001 tienen por objeto, en general, equilibrar, por una parte, los intereses del titular de una marca en salvaguardar la función esencial de esta y, por otra, los intereses de otros operadores económicos en disponer de signos que puedan designar sus productos y servicios.
32.      Los intereses de un tercero en utilizar, en el tráfico económico, un signo similar a una marca de renombre se tienen en cuenta a través de la posibilidad de que el usuario de dicho signo invoque una «justa causa». (18) En efecto, cuando el titular de una marca renombrada demuestra la existencia de uno de los menoscabos a que se refiere el artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2015/2436 y el artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001, corresponde al tercero que haya utilizado un signo semejante a la marca renombrada probar que el uso de tal signo tiene una justa causa en el sentido de las citadas disposiciones. (19)
33.      Así pues, el concepto de «justa causa», mediante el cual el órgano jurisdiccional remitente pretende conciliar el derecho de propiedad y la libertad de expresión, es fundamental en el presente asunto.
34.      Antes de pasar a interpretar este concepto, me parece útil recordar brevemente los requisitos generales de aplicación de las disposiciones del Derecho de marcas con el fin de, metafóricamente hablando, «preparar el terreno» para el análisis que seguirá.
35.      El uso de un signo idéntico o similar a una marca, en particular una marca de renombre, al que el titular puede oponerse en virtud del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 y del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 debe, por una parte, tener lugar «en el tráfico económico» y, por otra parte, realizarse en relación con «productos o servicios». En este contexto, es importante señalar que la distinción entre estos dos requisitos de aplicación no está clara y que, como expondré a continuación, (20) ambos parecen solaparse parcialmente en determinados contextos.
36.      Aunque la cuestión prejudicial no se refiere a los requisitos generales de aplicación del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 y del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, estas disposiciones no carecen de pertinencia cuando se trata de buscar un justo equilibrio entre los derechos conferidos por una marca y la libertad de expresión. En efecto, se ha señalado en la doctrina que, en ciertas situaciones que parecen indicar un conflicto entre el derecho de propiedad y la libertad de expresión, no existe tal conflicto, ya que el uso del signo no tiene lugar en el tráfico económico (21) o en relación con productos o servicios. (22)
37.      Por otra parte, el examen de estos dos requisitos generales podría resultar útil para el órgano jurisdiccional remitente, toda vez que la demanda de la que conoce se basa tanto en las disposiciones del Derecho de marcas relativas al derecho exclusivo del titular, como en el artículo 2.20, apartado 2, letra d), del Convenio del Benelux, relativo a las infracciones contempladas en el artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2015/2436 y resultantes del uso de un signo «con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios», que no exige que dicho uso se produzca en el tráfico económico. (23)
38.      A este respecto, las partes en el litigio principal discreparon en la vista acerca de si se cumplen ambos requisitos en el caso de autos. Según el Vrijheidsfonds, el uso en cuestión no pertenece al ámbito privado, sino al tráfico económico, ya que su objetivo era obtener una ventaja económica. En cambio, IKEA sostiene que las marcas de las que es titular no se utilizaron para distinguir productos y servicios, por lo que su demanda debe enjuiciarse a la luz del artículo 2.20, apartado 2, letra d), del Convenio del Benelux, cuyo tenor es concordante con el del artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2015/2436.
39.      Es de señalar que la cuestión prejudicial se refiere también a esta última disposición, así como al concepto de «justa causa» que figura en ella.
40.      El artículo 10 de la Directiva 2015/2436 establece, en su apartado 6, en particular, que sus apartados 1 y 2 no afectan a las disposiciones nacionales relativas a la protección contra el uso de un signo que se efectúe con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de ese signo realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso fuera perjudicial para su carácter distintivo o su renombre.
41.      El legislador de la Unión quiso recordar con ello que la protección de una marca contra los usos de un signo con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios no está comprendida dentro del ámbito de aplicación de la armonización llevada a cabo por el Derecho de la Unión. La lectura del artículo 10, apartado 6, de la Directiva 2015/2436 a la luz del considerando 40 de esta (24) y de la jurisprudencia relativa a la disposición similar de la Directiva anterior confirma esta interpretación. (25)
42.      Por consiguiente, cuando el signo no se use con el fin de distinguir productos o servicios, cabe remitirse a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros para determinar el alcance y, en su caso, el contenido de la protección otorgada a los titulares de las marcas. En este ámbito, los Estados miembros pueden decidir si adoptan o no una normativa; si la adoptan, en las condiciones que ellos mismos establezcan, pueden exigir bien una identidad entre el signo y la marca, bien una similitud, bien cualquier otro vínculo, (26) y también pueden decidir si incorporan o no el concepto de «justa causa».
43.      En este punto, cabe hacer dos observaciones.
44.      En primer lugar, la Directiva 2015/2436 no atribuye consecuencias jurídicas al uso —con o sin justa causa—
de un signo con fines diversos a los de distinguir productos o servicios. Por otra parte, en la medida en que, a priori, el concepto de «justa causa», que figura en el artículo 10, apartado 6, de dicha Directiva, no tiene un significado jurídico propio, no sería posible identificar, mediante la interpretación del Derecho de la Unión, los criterios para apreciar la existencia de un «justa causa» en el sentido de dicha disposición. Por lo tanto, propongo no interpretarla.
45.      En segundo lugar, un Estado miembro puede decidir introducir el concepto de «justa causa» en su normativa nacional relativa a la protección de las marcas contra el uso de un signo con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios y considerar que ese concepto se utiliza en el sentido del artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2015/2436. En tal caso, la interpretación de la citada disposición podría ser útil para el juez nacional que conozca de una acción basada en la referida normativa. Sin embargo, por una parte, dicha normativa no estaría comprendida en el ámbito de aplicación de la referida Directiva y, a falta de otras disposiciones aplicables del Derecho de la Unión, se situaría al margen de este. En este segundo caso, la Carta no sería aplicable. (27) Por otra parte, al examinar la existencia de una «justa causa» basada en la ponderación de la libertad de expresión con otros derechos, el juez nacional debe tener en cuenta que esta ponderación no se lleva a cabo en situaciones en las que el signo se utiliza «en el tráfico económico» y «en relación con los productos o servicios», en el sentido de la Directiva 2015/2436. Por lo tanto, el resultado de esta ponderación puede no ser idéntico al que se obtiene al buscar un justo equilibrio entre la libertad de expresión y los derechos conferidos por la mencionada Directiva. Como expondré más adelante, (28) de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»), el ejercicio de esta libertad basado en el uso de un signo fuera del tráfico económico puede ser objeto de una protección más amplia que el que tiene lugar en ese ámbito.
46.      En aras de la exhaustividad y con el fin de dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, examinaré si el uso de un signo idéntico o similar a una marca en el marco de una campaña política llevada a cabo por una asociación en nombre y por cuenta de un partido político y sus dirigentes constituye un uso en el tráfico económico y en relación con productos o servicios, en el sentido de las disposiciones del Derecho de marcas.
2.      Uso de un signo en el tráfico económico y en relación con productos o servicios
47.      De la resolución de remisión y de los debates mantenidos en la vista se desprende que el objeto estatutario del Vrijheidsfonds consiste en apoyar financiera y materialmente al Vlaams Belang. (29) En tal condición, el Vrijheidsfonds llevó a cabo la campaña en cuestión, en nombre y por cuenta de este partido político. Por otra parte, las demandadas en el litigio principal parecen coincidir en que las marcas en cuestión se utilizaron para reforzar el mensaje de dicho partido político, «aumentar su repercusión» y difundirlo.
48.      Para determinar si el uso de un signo idéntico o similar a una marca en el marco de una campaña política, por parte de la asociación que llevó a cabo dicha campaña en nombre y por cuenta de un partido político constituye un uso en el tráfico económico y en relación con productos o servicios, al que el titular de esa marca puede oponerse con arreglo al artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2015/2436 y del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001, procede analizar
las siguientes circunstancias: en primer lugar, que el signo sea utilizado por una asociación sin ánimo de lucro; en segundo lugar, que la asociación actúe en nombre y por cuenta de un tercero, y, por último, que obre con el fin de promover un mensaje político en interés de dicho tercero.
a)      Uso de un signo por una entidad sin ánimo de lucro
49.      Según jurisprudencia reiterada, se considera que un signo se produce
en el tráfico económico si el uso se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. (30) Los derechos exclusivos conferidos por una marca solo puede invocarlos, en principio, el titular de la misma frente a operadores económicos y, en consecuencia, en el contexto de una actividad mercantil. (31) En el caso de que las operaciones realizadas superen, por razón de su volumen, su frecuencia u otras características, el ámbito de una actividad privada, quien las lleve a cabo actúa en el ámbito del tráfico económico. (32)
50.      A este respecto, de un lado, por su propia naturaleza, una actividad realizada en una campaña política no se lleva a cabo en el ámbito privado. No hay ninguna duda en lo que respecta a una rueda de prensa organizada con el fin de garantizar la mayor difusión posible del anuncio de un nuevo programa político que posteriormente se publica en línea.
51.      Por otra parte, cabe preguntarse si una actividad de este tipo, aunque trasciende el ámbito de lo privado, presenta el aspecto económico necesario para considerar que forma parte del tráfico económico.
52.      No obstante, el hecho de que el Vrijheidsfonds no tenga ánimo de lucro no es determinante para dilucidar si ha hecho uso de las marcas en cuestión en el tráfico económico.
53.      Aunque el Tribunal de Justicia aún no ha tenido ocasión de examinar la cuestión del uso de marcas por entidades sin ánimo de lucro en el contexto del tráfico económico, uso al que un titular puede oponerse en virtud de las disposiciones a las que se refiere la presente cuestión prejudicial, ha dado indicaciones útiles al respecto en su sentencia Verein Radetzky‑Orden, (33) relativa al concepto de uso efectivo.
54.      Para situar en su contexto las consideraciones relativas a este concepto, ha de recordarse que puede declararse la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada. (34)
55.      A este respecto, por una parte, independientemente del aspecto financiero que puede presentar la actividad de una asociación sin ánimo de lucro, extremo sobre el que volveré más adelante, (35) el Tribunal de Justicia ha declarado que una marca es objeto de un uso efectivo cuando una asociación sin ánimo de lucro la utiliza, en sus relaciones con el público, para anunciar manifestaciones, en sus documentos comerciales, y en su material publicitario, y sus miembros la exhiben en insignias que llevan con ocasión de la recogida y de la distribución de donativos. (36) En este contexto, el Tribunal de Justicia ha subrayado que el hecho de ofrecer productos o servicios sin ánimo de lucro no es determinante. En efecto, el hecho de que una asociación caritativa carezca de ánimo de lucro no excluye que puede tener el objetivo de crear y, en consecuencia, conservar un mercado para sus productos o sus servicios cubiertos por la marca registrada. (37) Según el Tribunal de Justicia, no puede excluirse que las marcas registradas por una asociación sin ánimo de lucro tengan una razón de ser consistente en proteger a la asociación contra el posible uso, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares por parte de terceros. (38)
56.      Si, para no perder el derecho exclusivo que le confiere su marca, una asociación sin ánimo de lucro puede invocar el uso que hace de ella para identificar y promover sus productos o servicios, esta —y cualquier otro titular de una marca— también debería poder invocar su derecho exclusivo para protegerse contra el uso sin ánimo de lucro que un tercero haga de su marca para identificar o promover sus propios productos o servicios. A tal efecto, dicho uso de un signo por parte de ese tercero también debe considerarse realizado en el tráfico económico.
57.      Esta interpretación se ve corroborada por la jurisprudencia más general del Tribunal de Justicia relativa a los requisitos para apreciar el carácter efectivo del uso de una marca. En efecto, esta apreciación debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta en el tráfico económico. (39) Recuérdese (40) que, según el Tribunal de Justicia, el uso que hace una asociación sin ánimo de lucro con el fin de identificar o promover sus productos o servicios ante el público y distinguirlos de los productos o servicios que tienen otra procedencia constituye una explotación comercial en el tráfico económico.
58.      De las consideraciones anteriores se desprende que una asociación sin ánimo de lucro también puede hacer uso de un signo en el tráfico económico cuando dicho signo se utiliza públicamente y con el fin de identificar y promover sus productos o servicios.
59.      A mayor abundamiento, y también en relación con su finalidad no lucrativa, el Vrijheidsfonds señaló en la vista que el Parlamento belga concede a los partidos políticos una dotación en función de su éxito electoral. Por lo tanto, existe una relación indirecta pero identificable entre los esfuerzos dedicados a las campañas políticas y los fondos que se ponen a disposición de un partido político o de las entidades que lo apoyan. Es esta una razón más para considerar que el Vrijheidsfonds utilizó los signos en un contexto asimilable al del tráfico económico. En una situación similar, en la sentencia Verein Radetzky-Orden, (41) el Tribunal de Justicia llamó la atención sobre el hecho de que diversos tipos de asociaciones sin ánimo de lucro que, a primera vista, prestan sus servicios de forma gratuita se financian en realidad mediante subvenciones o perciben remuneraciones de diversas formas.
60.      Teniendo en cuenta que el Vrijheidsfonds reconoce haber llevado a cabo la campaña en nombre y por cuenta del Vlaams Belang, se suscita la cuestión de si un uso se considera realizado en el tráfico económico también cuando un tercero utiliza un signo idéntico o similar a una marca no en su propio interés, sino en interés de un tercero.
b)      Uso de un signo en nombre y por cuenta de un tercero
61.      En cuanto a si puede considerarse que el propio interesado ha usado un signo idéntico a una marca, aun cuando actuase en interés económico de un tercero, el Tribunal de Justicia ha precisado que, para apreciar un uso en el tráfico económico, es irrelevante la propiedad de los productos que llevan la marca. (42)
62.      Si, habida cuenta de las consideraciones que he expuesto en el punto 57 de las presentes conclusiones, el interés de un tercero calificado de «económico» puede consistir en la creación o el mantenimiento de un mercado en relación con productos o servicios sin ánimo de lucro, el hecho de que el Vrijheidsfonds utilizara los signos en cuestión para reforzar el mensaje de un partido político y distinguirlo del de otros partidos no permite, por sí solo, considerar que dicho uso no se ha realizado en el tráfico económico.
63.      Observo que el Tribunal de Justicia ha seguido el mismo razonamiento expuesto en el punto 61 de las presentes conclusiones para apoyar la interpretación según la cual el uso de un signo por un tercero se realiza «en relación con productos o servicios», en el sentido de las disposiciones del Derecho de marcas, también cuando el tercero actúa por cuenta de otra persona a la que pertenecen los productos o servicios de que se trata. (43)
64.      Esto me lleva a examinar el requisito de aplicación del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 y del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 relativo al uso de un signo en relación con productos o servicios. En efecto, cabe preguntarse si el uso de un signo para difundir un mensaje político se realiza «en relación con productos o servicios», en el sentido de las disposiciones del Derecho de marcas de la Unión.
c)      Uso de un signo con fines políticos
65.      El uso al que un titular puede oponerse en virtud del Derecho de marcas debe realizarse no solo en el tráfico económico, sino también en relación con productos o servicios.
66.      El requisito relativo al uso de un signo en relación con productos o servicios se establece expresamente en la parte introductoria del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 y del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001. (44) Dado su carácter general, este requisito se aplica también a las marcas de renombre, y la particularidad de la protección concedida a dichas marcas reside en que el titular está facultado para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca también en relación con productos o servicios completamente distintos de aquellos para los que está registrada la marca. Además, el referido requisito se desprende de la comparación de los ámbitos de aplicación del artículo 10, apartados 2, letra c), y 6, de la citada Directiva. En efecto, el ámbito de aplicación de estas dos disposiciones depende de si el uso de la marca se realiza con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trate como procedentes de una empresa determinada, es decir, como marca, o si el uso se realiza con otros fines. (45)
67.      Además, como he indicado, (46) un signo también se utiliza «en el tráfico económico» cuando es usado públicamente por una asociación sin ánimo de lucro con el fin de crear o mantener un mercado para un producto o servicio de un tercero. Así pues, a la hora de calificar el uso que hace una entidad sin ánimo de lucro, los dos requisitos de aplicación establecidos en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 y en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 parecen solaparse en parte.
68.      En lo que respecta a la apreciación de si el uso se realiza «en relación con productos o servicios», de la jurisprudencia mencionada en el punto 63 de las presentes conclusiones se desprende que el uso de un signo idéntico o similar a una marca en relación con productos o servicios de un tercero o de la persona por cuenta de la cual actúa ese tercero constituye un comportamiento al que el titular de la marca puede oponerse, en virtud del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 y del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001. (47)
69.      Por otra parte, de la sentencia Google France y Google
(48) se desprende que los usos enumerados en el artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2015/2436 y en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, a los que puede oponerse el titular de una marca, son usos «para productos o servicios». La citada sentencia se refiere a las normas anteriores a la Directiva y al Reglamento mencionados que, entre los usos a los que el titular puede oponerse, solo incluían poner el signo en los productos o en su presentación, comercializar productos o servicios con el signo,
importar o exportar los productos con el signo y utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
70.      En virtud de las normas actualmente en vigor, la enumeración no exhaustiva de los usos de un signo que puede prohibir el titular incluye ahora también, en particular, el uso como «un nombre comercial o una denominación social». A primera vista, el hecho de haber añadido este uso podría sugerir que fue voluntad del legislador limitar la pertinencia del requisito relativo al uso de un signo «en relación con productos o servicios». Sin embargo, de los considerandos de dichas normas se desprende (49) que esta incorporación consagra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual el uso de una denominación social, un nombre comercial o un rótulo que se limite a identificar una sociedad o a señalar un fondo de comercio no puede considerarse realizado «en relación con productos o servicios». Por el contrario, existe uso «en relación con productos o servicios» cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establece un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social, el nombre comercial o el rótulo del tercero y los productos que comercializa o los servicios que presta el tercero. (50) Por lo tanto, el signo se utiliza «en relación con productos o servicios» no solo cuando se utiliza de forma directa y evidente para identificar o promover los productos o servicios de un tercero, sino también cuando se utiliza en relación indirecta con dichos productos o servicios.
71.      De ello deduzco que el uso de un signo que no tiene ninguna relación con los productos o servicios de una persona distinta del titular no puede considerarse un uso «en relación con productos o servicios». (51) Así, por una parte, cuando un signo idéntico o similar a una marca se utiliza exclusivamente en relación con los productos o servicios del titular de esa marca, incluso para criticar a dicho titular o sus productos o servicios, tal uso no se realiza en circunstancias que permitan al mencionado titular oponerse a él en virtud de las disposiciones del Derecho de marcas. Por otra parte, incluso la utilización con ánimo de parodiar de un signo idéntico o similar a una marca se realiza «en relación con productos o servicios», siempre que se haga en relación con los productos o servicios de una persona distinta del titular.
72.      En el caso de autos, considero, como señaló IKEA en la vista, que no existe ninguna relación entre la marca cuyo titular es IKEA y el uso que se hace de ella. Por otra parte, me parece evidente que los signos en cuestión no se utilizaron para iniciar un debate sobre IKEA o sus productos, sino en interés de un partido político, con el fin de promover su mensaje político y distinguirlo del de otros partidos belgas.
73.      Ha de examinarse, por tanto, si el Vrijheidsfonds utilizó un signo para un producto o un servicio.
74.      A este respecto, es cierto que la organización de reuniones políticas, definida como «la organización de una reunión de personas con diversos fines políticos o con el fin de debatir cuestiones pertinentes», constituye un servicio comprendido en la clase 45 del Arreglo de Niza, catalogado en la rúbrica 450238. Las clases de este acuerdo describen los productos y servicios para los que se puede reivindicar la protección de una marca en el tráfico económico. En términos más generales, la clase 45 comprende los servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales, por lo que la rúbrica 450238 parece referirse a un servicio relacionado con la logística de una reunión política, prestado a una persona que desea organizarla o participar en ella. No obstante, en el caso de autos las marcas de las que IKEA es titular no se utilizaron para un servicio consistente en organizar una rueda de prensa, sino para el programa de un partido político que, durante dicha rueda de prensa, se promocionó con signos idénticos o similares a esas marcas.
75.      Un programa político no es en sí mismo ni un producto ni un servicio. Desempeña una función informativa, exponiendo los objetivos y el plan de acción de la entidad que lo ha elaborado o adoptado. El hecho de que el signo con el que se divulga el programa pueda, en la mente del público, asociarse a dicha entidad no implica que ese signo se utilice «en relación con productos o servicios». (52)
76.      Por el contrario, cuando un signo se utiliza en circunstancias que determinan una relación con los productos o servicios de dicha entidad, debe calificarse como uso «en relación con productos o servicios». A modo de ejemplo, un uso para productos puede consistir en colocar el signo con el que se difunde un programa en objetos distribuidos a los seguidores de un partido político, y la organización de un evento bajo ese mismo signo puede ser un uso para servicios. Utilizar un signo en la publicidad realizada por o para una entidad que distribuye esos objetos u organiza tales eventos también constituye, a mi juicio, un uso «en relación con productos o servicios».
77.      Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el Vrijheidsfonds utilizó signos idénticos o similares a las marcas renombradas «en el tráfico económico» y «en relación con productos o servicios». En caso afirmativo, significaría que el artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2015/2436 y el artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001 son, en principio, aplicables en el litigio principal. Por el contrario, si dicho órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que tal uso no cumple los requisitos generales de aplicación de las citadas disposiciones, deberá enjuiciar la demanda del procedimiento principal a la luz, en particular, de la disposición del Convenio del Benelux relativa a las infracciones contempladas en el artículo 10, apartado 6, de la Directiva.
78.      A continuación, correspondería al órgano jurisdiccional remitente comprobar si IKEA logra demostrar que el uso sin su consentimiento, por parte del Vrijheidsfonds, de las marcas de las que es titular contribuye a su dilución o deterioro o constituye un acto de parasitismo.
79.      A este respecto, dicho órgano jurisdiccional no solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la interpretación del artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2015/2436 y del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001, puesto que estas disposiciones precisan los tipos de infracciones a las que puede oponerse el titular de una marca de renombre. Además, de la resolución de remisión y de las observaciones escritas presentadas por el Vrijheidsfonds se desprende que este, para justificar el uso de las marcas de las que es titular IKEA, invoca la libertad de expresión como «justa causa», de manera que la existencia de tal causa se aprecia después de que se haya constatado una de las infracciones mencionadas en las referidas disposiciones. Dado que esta alegación no puede influir en dicha constatación, centraré mi análisis en la interpretación del concepto de «justa causa».
80.      Independientemente de la conclusión a la que llegue el órgano jurisdiccional remitente, la interpretación del concepto de «justa causa» le será útil para resolver el litigio que se le ha sometido, ya que dicho concepto se utiliza en todas las disposiciones antes mencionadas.
3.      Sobre la existencia de «justa causa»
a)      Alcance de la cuestión prejudicial
81.      En cuanto a la primera parte de la cuestión prejudicial, relativa a la libertad de expresión, IKEA alega que está formulada de manera muy general y propone reformularla de forma que se refiera únicamente a la situación en la que un tercero hace uso de una marca con el único fin de utilizar el renombre de esta para reforzar un mensaje político. En cuanto a la segunda parte de esta cuestión, IKEA considera que también es preciso reformularla, ya que, en su opinión, hace referencia a determinados criterios para apreciar la existencia de «justa causa» que considera carentes pertinencia, mientras que omite otros criterios pertinentes.
82.      A este respecto, cabe recordar que la facultad de determinar las cuestiones que deban someterse al Tribunal de Justicia corresponde exclusivamente al juez nacional y las partes no pueden modificar su contenido. (53)
83.      Por otra parte, independientemente de su carácter general, la primera parte de la cuestión prejudicial no carece de interés a efectos de la respuesta que se dé a la segunda parte. En efecto, no está claro si los argumentos basados en el ejercicio de la libertad de expresión deben tenerse en cuenta al apreciar la existencia de una «justa causa» y, en caso afirmativo, en qué medida.
84.      Dicho esto, habida cuenta de la segunda parte de la cuestión prejudicial, para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, centraré mi análisis en el uso de un signo para difundir y promover un programa político. En efecto, el mencionado órgano jurisdiccional desea saber cuáles son los criterios pertinentes para conciliar —al apreciar la existencia de una «justa causa»— el derecho de propiedad y la libertad de expresión y, además, como expondré, la circunstancia de que esta libertad se ejerza en un contexto político no carece de relevancia a la hora de sopesar los derechos fundamentales en juego.
b)      El Derecho de marcas y la libertad de expresión
85.      En la primera parte de su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide si la posibilidad de invocar el concepto de «justa causa», en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001 y del artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2015/2436, puede servir de mecanismo para satisfacer las exigencias de protección de la libertad de expresión garantizada en el artículo 11 de la Carta en el ámbito del Derecho de marcas.
86.      A este respecto, las normas del Derecho de la Unión en materia de marcas no definen el concepto de «justa causa», por lo que este debe interpretarse tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto. (54)
87.      El Tribunal de Justicia ha considerado que el referido concepto constituye una manifestación del objetivo general de la legislación en materia de marcas, consistente en conciliar, por una parte, los intereses del titular de una marca en proteger la función esencial de esta y, por otra, los intereses de un tercero en emplear, en el tráfico económico, tal signo para designar los productos y los servicios que comercializa. (55) Por consiguiente, dicho concepto no solo puede englobar razones objetivamente imperiosas, sino que puede asimismo referirse a los intereses subjetivos de un tercero. (56)
88.      La cuestión que se suscita es si el uso de un signo con el fin de reforzar un mensaje político puede constituir una «justa causa» y si la libertad de expresión ofrece un marco de análisis adecuado para constatar la existencia de tal causa.
89.      Esta cuestión se debe al hecho de que tanto la protección de los derechos vinculados a una marca como la toma en consideración, a título de «justa causa», del interés de un tercero tienen una dimensión comercial. Cabe señalar que, a priori, el marco jurídico del ámbito de las marcas no es el más adecuado para resolver las tensiones entre el libre juego del debate político y los derechos de otra persona que no desea participar en el mercado de las ideas. No obstante, este marco jurídico debe aplicarse cuando la actividad de un tercero se basa en el uso de un signo que corresponde a una marca de renombre y perjudica a esta.
90.      A este respecto, los derechos del titular de una marca están protegidos por el artículo 17 de la Carta, que menciona expresamente, en su apartado 2, la propiedad intelectual. Del mismo modo, el artículo 1, apartado 1, del Protocolo n.º 1
al CEDH garantiza el derecho a la protección de la propiedad, y dicha protección se extiende también a los derechos de propiedad intelectual, incluidas las marcas. (57)
91.      Además, el artículo 10 del CEDH y el artículo 11 de la Carta garantizan la libertad de expresión a «toda persona», sin distinción alguna en función de la naturaleza lucrativa o no lucrativa de la finalidad perseguida. Por lo tanto, estas disposiciones se aplican no solo a ciertos tipos de información, ideas o modos de expresión de naturaleza política, sino que también abarcan la información de carácter comercial. (58) Independientemente de determinar si el signo se utiliza en una campaña política como marca, no veo ninguna razón para considerar que una conducta destinada a difundir y promover un mensaje político no pueda beneficiarse de la protección garantizada por estas disposiciones. Por otra parte, en lo que respecta a las ideas y a la información expresadas, el artículo 11 de la Carta protege, además de su contenido, su modo de expresión, de manera que esta disposición es también aplicable a la elección de un determinado estilo o simbolismo en la vida.
92.      Cuando están en juego varios derechos fundamentales, es preciso, comparar la importancia respectiva de estos desde el punto de vista de las exigencias que establece el artículo 52, apartado 1, de la Carta. (59)
93.      La búsqueda de ese equilibrio también inspira el mecanismo de protección de la libertad de expresión previsto por el CEDH, cuyo artículo 10, apartado 2, establece que el ejercicio de la libertad de expresión puede estar sometido a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en particular, para «la protección de la reputación o de los derechos ajenos». El TEDH reconoce que, al examinar la necesidad de una injerencia en una sociedad democrática para la «protección de la reputación o de los derechos ajenos», puede tener que comprobar si las autoridades nacionales han establecido un justo equilibrio entre la protección de dos valores garantizados por el Convenio, que en determinados casos pueden entrar en conflicto. (60)
94.      Así pues, para satisfacer las exigencias de la protección de los derechos fundamentales, el Derecho de la Unión debe garantizar un equilibrio justo entre los derechos y las libertades en juego. Sin embargo, el Derecho de marcas no prevé expresamente la posibilidad de limitar los derechos conferidos por una marca en interés de terceros que deseen ejercer su libertad de expresión.
95.      En efecto, al describir los comportamientos de terceros a los que el titular de una marca puede oponerse, el artículo 10 de la Directiva 2015/2436 y el artículo 9 del Reglamento 2017/1001 delimitan el derecho exclusivo del titular, mientras que el artículo 14 de ambas disposiciones establece las limitaciones de los efectos de la marca.
96.      La idea de completar la lista de limitaciones de los efectos de la marca estableciendo una limitación a favor de determinadas formas de ejercicio de la libertad de expresión se propuso durante los trabajos preparatorios de la Directiva 2015/2436 (61) y del Reglamento 2017/1001, (62) pero esta proposición no fue aprobada. Así pues, a diferencia del derecho de autor, ámbito en el que el artículo 5, apartado 3, letra k), de la Directiva 2001/29/CE (63) prevé una excepción al principio de protección de la obra cuando el uso se realice a efectos de caricatura, parodia o pastiche, en el estado actual del Derecho de la Unión, el régimen jurídico aplicable a las marcas no contiene ninguna disposición similar.
97.      Hay que señalar, de entrada, que el mero hecho de delimitar, mediante los requisitos generales de aplicación del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 y del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, el alcance del derecho exclusivo conferido por una marca, en particular una marca de renombre, responde a la búsqueda de un justo equilibrio entre los derechos de los titulares de marcas y los derechos ajenos, incluida la libertad de expresión. Desde esta perspectiva, los requisitos generales que establecen que el monopolio del titular solo abarca el uso de un signo «en el tráfico económico» y «en relación con productos o servicios» permiten excluir del ámbito de aplicación del Derecho de marcas ciertos usos de un signo en los que está en juego la libertad de expresión. No obstante, dada la tendencia a interpretar estos requisitos con un criterio funcional, (64) existen numerosas situaciones en las que está en juego la libertad de expresión y que están comprendidas en este ámbito de aplicación.
98.      Asimismo, se podría argumentar, a priori, que los argumentos relativos al ejercicio de la libertad de expresión no pueden invocarse para justificar el uso de marcas de renombre, ya que, al concederles una protección reforzada y estrictamente limitada a los tres tipos de vulneración en cuestión, el legislador de la Unión ya ha sopesado los derechos de los titulares de dichas marcas y la libertad de expresión.
99.      Sin embargo, en primer lugar, hay que señalar que no es así, ya que el concepto de «justa causa» permite responder a los intereses subjetivos de terceros caso por caso, lo que refuerza aún más su función de proteger los derechos fundamentales.
100. En segundo lugar, la Directiva 2015/2436 y el Reglamento 2017/1001 reconocen la necesidad de sopesar, en su aplicación, los derechos conferidos por la marca con los derechos y libertades fundamentales, y en particular la libertad de expresión. (65) En este sentido, el Tribunal de Justicia ha rechazado expresamente la idea de que «existe, en el ámbito del arte, de la cultura y de la literatura, una preocupación constante por preservar la libertad de expresión que no existe en el ámbito de las marcas» (66) y ha considerado que la libertad de expresión debe tenerse en cuenta al aplicar uno de los motivos de denegación del registro de una marca.
101. En tercer lugar, aparte del concepto de «justa causa», el Derecho de marcas de la Unión no incluye ningún mecanismo que permita responder a la necesidad de equilibrar los derechos conferidos por una marca de renombre y la libertad de expresión.
102. En efecto, el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 y del Reglamento 2017/1001 menciona, entre las limitaciones de los efectos de la marca, la relativa al uso, en el tráfico económico, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca. Además, del apartado 2 de dichos artículos se desprende que el titular no puede prohibir tal uso si este es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
103. Cabe señalar al respecto que, según la doctrina, algunas formas de ejercicio de la libertad de expresión pueden estar sujetas a la referida limitación. (67) A primera vista, dado que los argumentos relacionados con el ejercicio de esta libertad pueden ser invocados para acogerse a dicha limitación, no es necesario autorizar a terceros a invocar esos mismos argumentos como «justa causa».
104. A este respecto, el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva 2015/2436 y del Reglamento 2017/1001 se refiere al uso referencial de la marca («a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular») sin abarcar, no obstante, una gama más amplia de otros tipos de comportamientos que consisten en el uso de un signo exclusivamente en relación con productos o servicios de un tercero.
105. En lo que respecta a tales comportamientos, la ausencia de una disposición que limite los derechos conferidos por una marca para garantizar el respeto de la libertad de expresión no parece plantear dudas particulares cuando se trata de marcas ordinarias cuya protección depende, en particular, de la doble identidad o del riesgo de confusión, ya que estos requisitos delimitan el alcance del derecho exclusivo del titular y dejan un margen de maniobra suficiente para conciliar los derechos en conflicto. Sin embargo, los citados requisitos carecen de relevancia en lo que respecta a la protección reforzada de las marcas de renombre. Por lo tanto, descartar la interpretación según la cual los argumentos basados en el ejercicio de la libertad de expresión pueden constituir una «justa causa» eliminaría toda posibilidad de sopesar dicha libertad y los derechos de los titulares de marcas de renombre.
106. Así pues, a falta de otras disposiciones que permitan conciliar los derechos conferidos por una marca de renombre con la libertad de expresión cuando la marca no se utiliza para designar productos o servicios de su titular, la posibilidad de invocar el concepto de «justa causa» debe servir de mecanismo para satisfacer los requisitos de protección de los derechos fundamentales en juego.
107. A este respecto, he de precisar que el ejercicio de la libertad de expresión no constituye en sí mismo un «justa causa». En cambio, las mismas razones que llevan a dar prioridad a la protección de esta libertad cuando se sopesa con los derechos de terceros pueden considerarse válidamente como justa causa.
108. Por lo tanto, propongo responder a la primera parte de la cuestión prejudicial que la posibilidad de invocar el concepto de «justa causa», en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001 y del artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2015/2436, puede servir de mecanismo para satisfacer las exigencias de protección de la libertad de expresión garantizada en el artículo 11 de la Carta en el ámbito del Derecho de marcas.
109. Esta consideración me lleva a examinar los criterios para apreciar la existencia de una «justa causa» basada en la libertad de expresión.
c)      Criterios para apreciar la existencia de «justa causa»
110. En la segunda parte de su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia, en esencia, que precise cuáles son los criterios que permiten determinar la existencia de una «justa causa», en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento 2017/1001 y del artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva 2015/2436, que podría obligar al titular de una marca de renombre a tolerar el uso no autorizado que hace de ella un tercero para difundir y promover un programa político.
111. Los ocho criterios para apreciar la existencia de una «justa causa» enumerados en la cuestión prejudicial parecen ser meros ejemplos, ya que algunos de ellos no corresponden a los hechos del litigio principal, (68) y la cuestión prejudicial tiene una formulación abierta («¿existen criterios adicionales?»). Por lo tanto, me centraré en los criterios más pertinentes y necesarios para resolver el dilema al que se enfrenta el órgano jurisdiccional remitente.
112. En primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia proporciona orientaciones útiles sobre los criterios para apreciar la existencia de «justa causa».
113. En la sentencia Interflora e Interflora British Unit, (69) el Tribunal de Justicia, tras examinar el uso de palabras clave para el posicionamiento en Internet, consideró que, cuando la publicidad que aparezca en Internet a partir de una palabra clave correspondiente a una marca de renombre proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de esa marca de renombre sin ofrecer una simple imitación de los productos o de los servicios del titular de dicha marca, y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca, este uso constituye, en principio, una competencia sana y leal en el sector de los productos o de los servicios de que se trate y, por lo tanto, se realiza con «justa causa».
114. En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia subrayó, en la sentencia Leidseplein Beheer y de Vries, que para determinar si un uso anterior a la presentación de la solicitud de registro de una marca renombrada, por un tercero, de un signo semejante a esa marca puede calificarse de «justa causa», es necesario tener en cuenta, en particular, la intención de quien utiliza dicho signo y determinar si el signo se ha utilizado de buena fe. (70) A este respecto, el Tribunal de Justica consideró que procedía determinar si el uso de un signo no podía considerarse un intento de obtener una ventaja del renombre de la marca
en cuestión, sino que se imponía en el marco de una verdadera ampliación de la gama de los productos de un tercero que ya utilizaba dicho signo anteriormente. (71)
115. De estas consideraciones jurisprudenciales pueden extraerse dos conclusiones.
116. En primer lugar, la intención de un tercero de alcanzar el resultado que las disposiciones cuya interpretación solicita el órgano jurisdiccional remitente pretenden prohibir, a saber, el uso de un signo para «obtener una ventaja desleal» del carácter distintivo de la marca o de su renombre o para «causarles un perjuicio», no puede constituir una «justa causa». En efecto, la constatación de
que se produce uno de estos perjuicios condiciona la aplicabilidad de dichas disposiciones y, por lo tanto, no puede permitir a un tercero eludir la protección que estas prevén. Así, el uso de un signo con la intención de aprovecharse de la fama de una marca no puede, sin otra justificación válida, constituir una justa causa.
117. En segundo lugar, puede admitirse
que existe tal justificación válida, en particular, cuando el uso de un signo se impone por razones objetivamente imperiosas o por intereses subjetivos de un tercero, incluida la pertinencia económica y comercial de dicho uso. Sin embargo, no es preciso que se trate de una necesidad absoluta, sino de una razón que, frente al interés del titular y teniendo en cuenta los estándares de comportamiento
comúnmente aceptadas en el sector en el que opera el tercero, justifique obligar al titular a tolerar el uso de un signo idéntico o similar a su marca.
118. Del mismo modo, como he señalado, (72) la apreciación de la existencia de una «justa causa» basada asimismo en el ejercicio de la libertad de expresión requiere encontrar un equilibrio entre esta libertad y los derechos del titular de una marca de renombre.
119. Según la jurisprudencia del TEDH relativa al equilibrio entre el derecho de propiedad y la libertad de expresión, un criterio particularmente pertinente es determinar si la expresión en cuestión contribuye a un debate de interés general y, en caso afirmativo, en qué medida. (73) En su jurisprudencia relativa al ámbito del discurso y del debate políticos, el TEDH también presta atención a la forma de la expresión y su posible carácter satírico. (74)
120. A este respecto, la cuestión prejudicial menciona, en particular, la libertad de expresar opiniones políticas y la parodia política, lo que puede sugerir que el Vrijheidsfonds utilizó estas formas de expresión.
121. De la jurisprudencia reiterada del TEDH se desprende que, si bien el artículo 10, apartado 2, del CEDH apenas deja margen para restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso político y de las cuestiones de interés general, los Estados contratantes disponen de un amplio margen de apreciación a la hora de regular la libertad de expresión en el ámbito comercial, si bien el alcance de ese margen debe relativizarse cuando no está en juego la expresión estrictamente «comercial» de un individuo, sino su participación en un debate que afecta al interés general. (75)
122. A este respecto, es cierto que el programa político difundido utilizando las marcas de las que IKEA es titular afecta a un tema muy sensible, como es la política de asilo e inmigración en uno de los Estados miembros, que interesa legítimamente al público.
123. Sin embargo, la demanda de IKEA no se refiere al contenido de un programa político, sino a la difusión de dicho programa con sus marcas. Por tanto, la apreciación que incumbe al juez nacional para determinar la existencia de «justa causa» en el litigio principal no se refiere al programa político en sí mismo, sino al uso de un signo que corresponde a marcas de renombre para aumentar la visibilidad de dicho programa y del partido político que lo propone.
124. Desde este punto de vista, y sin perjuicio de las comprobaciones que deba realizar el órgano jurisdiccional remitente, el uso de las marcas de las que es titular IKEA no estaba justificado por su contribución a un debate de interés general. En efecto, el debate sobre la política de asilo e inmigración no afecta en modo alguno a las marcas en cuestión, a su titular ni a sus productos. Además, dicho debate parece versar sobre un tema que, como alegó IKEA en la vista, es contrario a su neutralidad política. A este respecto, cabe destacar que corresponde al tercero que pretende invocar una «justa causa» demostrar que la expresión basada en el uso de un signo en el ámbito del discurso y el debate políticos se refiere a la marca, al titular o a sus productos o servicios, o que el propio titular, por su comportamiento anterior, ha participado en el debate de interés general en cuestión.
125. En lo que respecta a la relación de competencia entre el titular de una marca de renombre y el tercero que utiliza un signo idéntico o similar a esta, que figura entre los criterios mencionados por el órgano jurisdiccional remitente, considero que las limitaciones de la libertad de expresión en el contexto del debate entre los diferentes actores de la escena política deben abordarse con la mayor reserva. En efecto, la competencia entre los partidos políticos es natural e implica la crítica de las declaraciones de los adversarios. En cambio, me parece más difícil conceder el mismo nivel de protección a los comportamientos de un sujeto político que pretende implicar a una entidad políticamente neutral en un debate con el fin de reforzar su propio mensaje.
126. No obsta a esta consideración el renombre de la marca invocada, también mencionado por el órgano jurisdiccional remitente. Es cierto que, según la jurisprudencia del TEDH citada por el Vrijheidsfonds, las grandes empresas se exponen inevitable y conscientemente a un examen minucioso de sus actos y los límites de la crítica admisible son más amplios en lo que a ellas se refiere. Sin embargo, por una parte, esta jurisprudencia se refiere a la situación en la que ciertas declaraciones se dirigen a una gran empresa en concreto. Por otra parte, el TEDH también reconoce la existencia de un interés concurrente en proteger el éxito comercial y la viabilidad de las empresas en beneficio de las personas y del bien económico en sentido amplio. (76) Por lo tanto, el renombre de una marca que es resultado del esfuerzo comercial realizado por su titular no puede utilizarse como argumento para debilitar la protección concedida a dicha marca.
127. En tales circunstancias, una posible contribución al debate de interés público de la expresión basada en el uso de signos que corresponden a marcas de renombre con el fin de difundir un programa político que no concierne a estas marcas, a su titular ni a sus productos y servicios no puede, habida cuenta del interés del titular, prevalecer sobre el hecho de que el mencionado uso debe entenderse como un intento de aprovecharse de una marca de renombre para promover sus propios intereses. A esta forma de expresión no le es aplicable la protección reforzada que se concede al ejercicio de la libertad que contribuye al debate de interés general y, a falta de otra justificación válida, no puede considerarse un uso con justa causa.
128. Por último, volviendo al concepto de «parodia política» y a la pertinencia del carácter potencialmente satírico del uso de un signo, he de precisar que este concepto tiene carácter descriptivo y no tiene un sentido jurídico propio. En efecto, el concepto de «parodia política» parece referirse al uso de un signo, por una parte, en forma de parodia y, por otra, en el contexto de un debate político.
129. A este respecto, en primer lugar, de la jurisprudencia del TEDH en materia de libertad de expresión (77) y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de derechos de autor (78) se desprende que una parodia presenta dos características esenciales: por un lado, evoca una obra existente, si bien diferenciándose perceptiblemente de esta, y, por otro, plasma una manifestación humorística o burlesca. Por lo tanto, correspondería al órgano jurisdiccional remitente comprobar si los signos utilizados por el Vrijheidsfonds presentan diferencias perceptibles con respecto a las marcas de IKEA y si su carácter humorístico se debe a los esfuerzos de esta asociación o al contexto en el que los ha utilizado, o si el Vrijheidsfonds ha formulado una opinión satírica sobre esta empresa o sus productos.
130. En segundo lugar, hay que tener presente que, habida cuenta de los derechos concurrentes en juego, también las declaraciones que contribuyen a un debate de interés público deben respetar el requisito de la debida moderación. No obstante, el carácter de parodia de dichas declaraciones puede justificar que se exagere o deforme la realidad. Desde este punto de vista, el criterio del carácter potencialmente satírico del uso de un signo es subsidiario del criterio relativo a la contribución al debate de interés público: la forma de parodia de la expresión basada en el uso de un signo que contribuye al debate puede legitimar cierta exageración en la expresión.
131. En aras de la exhaustividad, he de señalar que los demás criterios mencionados por el órgano jurisdiccional remitente, a saber, el alcance del uso de un signo y el grado de perjuicio que causa, no se refieren a la existencia de una «justa causa», sino a la existencia de un menoscabo de la marca y, por lo tanto, se tienen en cuenta en fases anteriores del análisis.
132. Habida cuenta de cuanto precede, propongo que se responda a la segunda parte de la cuestión prejudicial que el titular de una marca de renombre no puede verse obligado, en virtud de una «justa causa», a tolerar, a falta de otra justificación válida, el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a su marca cuando la posible contribución de la marca al debate de interés público no prevalece sobre el hecho de que dicho uso debe entenderse como un intento de aprovecharse del renombre de la
marca para difundir y promover un programa político. Tal es el caso cuando ese programa no evoca cuestiones relativas a la marca, a su titular o a los productos o servicios de este.
V.      Conclusión
133. A la luz de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (Tribunal de Empresas Neerlandófono de Bruselas, Bélgica) de la siguiente manera:
«La posibilidad de invocar el concepto de “justa causa”, en el sentido del artículo 10, apartado 2, letra c), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del artículo 9, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, puede servir de mecanismo para satisfacer las exigencias de protección de la libertad de expresión garantizada en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el ámbito del Derecho de marcas.
El titular de una marca de renombre no puede verse obligado, en virtud de una “justa causa”, a tolerar, a falta de otra justificación válida, el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a su marca cuando la posible contribución de la marca al debate de interés público no prevalece sobre el hecho de que dicho uso debe entenderse como un intento de aprovecharse del renombre de la marca para difundir y promover un programa político. Tal es el caso cuando ese programa no evoca cuestiones relativas a la marca, a su titular o a los productos o servicios de este.»
1      Lengua original: francés.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).
3      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
4      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO 2006, L 376, p. 21).
5      Convenio de 25 de febrero de 2005, firmado en La Haya por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos.
6      De las observaciones escritas del Vrijheidsfonds se desprende que este partido político constituye una asociación de hecho sin personalidad jurídica, razón por la cual se interpuso la demanda principal, en particular, contra las personas físicas que representan a todos los miembros de dicha asociación de hecho.
7      Si bien el órgano jurisdiccional remitente no ha indicado la referencia del documento en el que se menciona esta propuesta, observo, no obstante, que de la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2017, C 285, p. 262), que el Parlamento, al término de su primera lectura, había propuesto modificar el artículo 14, titulado «Limitación de los efectos de la marca», con el fin de incluir, entre las excepciones al derecho exclusivo del titular de la marca, su uso por un tercero que «responda a fines de parodia, expresión artística, crítica o comentario».
8      Sentencia de 6 de febrero de 2014 (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartados 45 y 46.
9      Sentencia de 14 de octubre de 2019 (asunto A 2018/1).
10      Auto de 24 de marzo de 2009 (C‑525/06, EU:C:2009:179), apartados 10 y 11.
11      Véase, en particular, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Cartesio (C‑210/06, EU:C:2008:723), apartado 89 y jurisprudencia citada.
12      Auto de 24 de marzo de 2009 (C‑525/06, EU:C:2009:179), apartados 10 y 11.
13      Auto de 24 de marzo de 2009, Nationale Loterij (C‑525/06, EU:C:2009:179), apartados 8 y 9.
14      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartado 43.
15      Véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora British Unit (C‑323/09, EU:C:2011:604), apartados 37 y 38.
16      Véase la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartado 39.
17      Véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros (C‑487/07, EU:C:2009:378), apartados 39 a 41.
18      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartados 41 a 43.
19      Véase la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartado 44.
20      Véanse los puntos 63 y 67 de las presentes conclusiones.
21      Véase Bochaczewski, M., «Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion?», International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2020, p. 858. Véase, también, en este sentido, Todorski, T., «The Concept of “due Cause” and its Role in Safeguarding Fundamental Rights under EU Trade Mark Law: How Should the CJEU rule in IKEA, C‑298/23?», Journal of Intellectual Property Law and Practice, 2024, vol. 19, n.º 11, p. 814. Este autor, sin cuestionar que el requisito de aplicación relativo al uso de un signo en el tráfico económico puede contribuir a equilibrar el derecho de propiedad y la libertad de expresión, considera que esta contribución es insuficiente para resolver todos los problemas en la materia.
22      Véase Bochaczewski, M., «Conflicts Between Trade Mark Rights and Freedom of Expression Under EU Trade Mark Law: Reality or Illusion?», op. cit., pp. 861 a 867, y Jacques, S., «The EU Trade Mark System’s lost Sense of Humour», Intellectual Property Quarterly, 2024, n.º 1, p. 20.
23      De la resolución de remisión se desprende que la demanda se basa también en disposiciones nacionales relativas a la responsabilidad civil y la competencia desleal, así como en el artículo 9, apartado 2, letra c), y el artículo 17, apartado 2, del Reglamento 2017/1001. Con arreglo a esta última disposición, este
Reglamento no excluye que se ejerciten acciones relativas a una marca de la Unión en virtud del Derecho de los Estados miembros, en particular, en materia de responsabilidad civil y competencia desleal.
24      Según este considerando, «la [Directiva 2015/2436] no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones en materia de competencia desleal, responsabilidad civil o protección de los consumidores».
25      Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2002, Robelco (C‑23/01, EU:C:2002:706), apartado 31. Véanse también las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Robelco (C‑23/01, EU:C:2002:212), punto 34.
26      Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2002, Robelco (C‑23/01, EU:C:2002:706), apartados 34 y 35.
27      Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de noviembre de 2019, TSN y AKT (C‑609/17 y C‑610/17, EU:C:2019:981), apartado 53.
28      Véase el punto 121 de las presentes conclusiones.
29      Véase, también, en relación con esta asociación y este partido político, la sentencia de 3 de septiembre de 2014, Deckmyn y Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132), apartado 7.
30      Sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros (C‑379/14, EU:C:2015:497), apartado 43.
31      Sentencia de 30 de abril de 2020, A (Violación de marca mediante importación de rodamientos) (C‑772/18, EU:C:2020:341), apartado 23.
32      Sentencias de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros (C‑324/09, EU:C:2011:474), apartado 54, y de 30 de abril de 2020, A (Violación de marca mediante importación de rodamientos) (C‑772/18, EU:C:2020:341), apartado 23.
33      Sentencia de 9 de diciembre de 2008 (C‑442/07, EU:C:2008:696).
34      Véanse el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2015/2436 y el artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001.
35      Véase el punto 59 de las presentes conclusiones.
36      Sentencia de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden (C‑442/07, EU:C:2008:696), apartado 24.
37      Sentencia de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden (C‑442/07, EU:C:2008:696), apartados 16 y 17.
38      Sentencia de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden (C‑442/07, EU:C:2008:696), apartado 19.
39      Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (C‑149/11, EU:C:2012:816), apartado 29.
40      Véase el punto 55 de las presentes conclusiones.
41      Véase, en este sentido, la sentencia de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden (C‑442/07, EU:C:2008:696), apartado 18.
42      Véase la sentencia de 30 de abril de 2020, A (Violación de marca mediante importación de rodamientos) (C‑772/18, EU:C:2020:341), apartado 27.
43      Véanse el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America (C‑62/08, EU:C:2009:111), apartados 47 a 51, y las sentencias de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros (C‑324/09, EU:C:2011:474), apartado 91, y de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters (C‑119/10, EU:C:2011:837), apartado 32.
44      Aunque este requisito no estaba expresamente establecido en las normas que precedieron a la Directiva 2015/2436 y al Reglamento 2017/1001 y fue introducido, en su forma actual, por el Reglamento 2015/2436, también era aplicable bajo la vigencia de dichas normas. A este último respecto, véase, en particular, el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America (C‑62/08, EU:C:2009:111), apartado 42.
45      Sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C‑63/97, EU:C:1999:82), apartado 20.
46      Véase el punto 58 de las presentes conclusiones.
47      Véase también, en este sentido, la sentencia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK) (C‑533/06, EU:C:2008:339), apartado 34.
48      Sentencia de 23 de marzo de 2010 (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159), apartados 61 y 65.
49      Véase el considerando 19 de la Directiva 2015/2436 y el considerando 13 del Reglamento 2017/1001.
50      Véase, en particular, la sentencia de 11 de septiembre de 2007, Céline (C‑17/06, EU:C:2007:497), apartados 22 y 23.
51      Esta situación no puede equipararse a aquella en la que un anunciante utiliza, en un anuncio comparativo destinado a promover sus productos o servicios, un signo idéntico o similar a la marca de un competidor con el fin de identificar los productos o servicios ofrecidos por este. En efecto, esa situación se considera un uso para los propios productos o servicios del anunciante. Véase la sentencia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK) (C‑533/06, EU:C:2008:339), apartados 35 y 36.
52      Véase el punto 70 de las presentes conclusiones.
53      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2015, T-Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic (C‑508/14, EU:C:2015:657), apartado 28.
54      Véase la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartado 28.
55      Véase la sentencia de 30 de mayo de 2018, Tsujimoto/EUIPO (C‑85/16 P y C‑86/16 P, EU:C:2018:349), apartado 90.
56      Véase la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartado 45.
57      TEDH, sentencia de 11 de enero de 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal (CE:ECHR:2007:0111JUD007304901).
58      Véase, en particular, TEDH, sentencia de 24 de febrero de 1994, Coca c. España (CE:ECHR:1994:0224JUD001545089), § 35.
59      Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Deutsche Umwelthilfe (C‑752/18, EU:C:2019:1114), apartado 45. No está claro si, además del vínculo entre el titular y su marca, el renombre de una marca y su carácter distintivo también están protegidos por el artículo 17, apartado 2, de la Carta. Sin embargo, del artículo 10, apartado 2, del CEDH se desprende que, al sopesar los intereses en juego, debe conciliarse la libertad de expresión con los «derechos de los demás», que no tienen por qué estar protegidos necesariamente como derechos fundamentales.
60      Véase, en particular, TEDH, sentencia de 7 de febrero de 2012, Axel Springer AG c. Alemania (CE:ECHR:2012:0207JUD003995408), §§ 78 a 84.
61      De la Resolución legislativa de 25 de febrero de 2014 se desprende que el Parlamento, al término de su primera lectura, había propuesto modificar el artículo 14, titulado «Limitación de los efectos de la marca», con el fin de incluir, entre las excepciones al derecho exclusivo del titular de la marca, su uso por un tercero con «fines de parodia, expresión artística, crítica o comentario».
62      Véase la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo, sobre la marca comunitaria COM(2013) 161 — C7‑0087/2013 — 2013/0088(COD)]. Esta limitación se refería al uso de la marca a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de la marca o de hacer referencia a los mismos, especialmente cuando el uso de la marca «se realiza con fines de parodia, expresión artística, crítica o comentario».
63      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información
(DO 2001, L 167, p. 10).
64      Véanse los puntos 58 y 70 de las presentes conclusiones.
65      Véanse el considerando 21 del Reglamento 2017/1001 y el considerando 27 de la Directiva 2015/2436.
66      Véase la sentencia de 27 de febrero de 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO (C‑240/18 P, EU:C:2020:118), apartado 56
67      Véase, en particular, Sosnitza, O., en Hildebrandt, U., y Sosnitza, O., (eds.), EU Trade Mark Regulation: Article-by-Article Commentary, Beck — Hart, Múnich, 2023, p. 316.
68      A modo de ejemplo, en lo que respecta al criterio relativo a la «contribución original propia», los signos utilizados por el Vrijheidsfonds no presentaban diferencias perceptibles con respecto a las marcas de las que es titular IKEA.
69      Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑323/09, EU:C:2011:604), apartado 91.
70      Véase la sentencia de 6 de febrero de 2014 (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartados 53 a 56 y 60.
71      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries (C‑65/12, EU:C:2014:49), apartados 58 y 59.
72      Véase el punto 92 de las presentes conclusiones.
73      Véase TEDH, sentencias de 10 de enero de 2013, Ashby Donald y otros c. Francia (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908), §§ 39 a 42, y de 19 de febrero de 2013, Neij y Sunde Kolmisoppi c. Suecia (CE:ECHR:2013:0219DEC004039712). Véanse, en este sentido, por lo que respecta a la jurisprudencia citada, Spielmann, D., «Copyright in a “human rights context”», en Edward, D., Komninos, A.,
y MacLennan, J., Ian
S. Forrester —
A Scot without Borders — Liber Amicorum, vol. 1, Concurrences
Review, Nueva York, 2015, pp. 264 a 267 y 269
74      La clasificación de una forma de expresión como parodia desempeña un papel importante en la jurisprudencia del TEDH relativa a las limitaciones aceptables de la libertad de expresión. Según dicho Tribunal, la caricatura y la parodia constituyen formas de expresión artística y de comentario social que, mediante la exageración y la deformación de la realidad, tienen naturalmente por objeto provocar y agitar. Por ello, debe examinarse con especial atención cualquier injerencia en el derecho de un artista —o de cualquier otra persona— a expresarse a través de ellas. Véase, en este sentido, TEDH, sentencias de 14 de marzo de 2013, Eon c. Francia (CE:ECHR:2013:0314JUD002611810), §§ 58 a 60, y de 22 de noviembre de 2016, Grebneva y Alisimchik c. Rusia (CE:ECHR:2016:1122JUD000891805), § 64.
75      Véase TEDH, sentencia de 10 de enero de 2013, Ashby Donald y otros c. Francia (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908), § 39.
76      Véase TEDH, sentencia de 15 de febrero de 2005, Steel y Morris c. Reino Unido (CE:ECHR:2005:0215JUD006841601), § 94.
77      A modo de ejemplo, en su sentencia de 3 de diciembre de 2024, Yevstifeyev c. Rusia, (CE:ECHR:2024:1203JUD0000226189), §§ 55 y 56, el TEDH calificó de «parodia» una forma de expresión que tomaba elementos importantes de composición de un vídeo y que, mediante la sátira, se burlaba del mensaje de dicho vídeo.
78      Véase la sentencia de 3 de septiembre de 2014, Deckmyn y Vrijheidsfonds (C‑201/13, EU:C:2014:2132), apartado 20.