Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 21 de mayo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la agresión militar contra Ucrania — Reglamento (UE) n.º 269/2014 — Artículo
2, apartado 1 — Inmovilización de fondos y de recursos económicos — Constitución de un trust — Constituyente de un trust incluido en la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014 — Inmovilización de fondos y recursos económicos aportados al trust — Conceptos de “propiedad” y de “control” »
En el asunto C‑483/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo
267 TFUE, por Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), mediante resolución de 11 de abril de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de julio de 2023, en el procedimiento entre
A,
B,
C,
D,
T
y
Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Comitato di Sicurezza Finanziaria,
Agenzia del Demanio,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Primera, y la Sra. I. Ziemele (Ponente) y los Sres. A. Kumin y S. Gervasoni, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. G. Chiapponi, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 8 de mayo de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de A, B, C, D y T, por los Sres. F. Centonze y F. Ciancio, la Sra. G. Lovaste y los Sres. M. Magnano, A. Neri, A. Saccucci y F. Sciaudone, avvocati;
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino y la Sra. G. Palmieri, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. P. Gentili y la Sra. L. Paolucci, avvocati dello Stato;
–        en nombre del Gobierno belga, por el Sr. A. De Brouwer y las Sras. C. Pochet y M. Van Regemorter, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. J. Möller, en calidad de agente;
–        en nombre del Gobierno francés, por el Sr. B. Fodda y las Sras. E. Timmermans y B. Travard, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. K. Bulterman y A. Hanje, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. M. Pere, en calidad de agente;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. D. Bianchi, la Sra. M. Carpus-Carcea, el Sr. H. Krämer y la Sra. L. Puccio, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo
2, apartado
1, del Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6; corrección de errores en DO 2014, L 121, p. 60), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2022/330 del Consejo, de 25 de febrero de 2022 (DO 2022, L 51, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 269/2014»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre A, B, C, D y T, por un lado, y el Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministerio de Economía y Hacienda, Italia; en lo sucesivo, «Ministerio»), el Comitato di Sicurezza Finanziaria (Comité de Seguridad Financiera, Italia) y la Agenzia del Demanio (Agencia del Dominio Público, Italia), por otro lado, en relación con la inmovilización de las participaciones sociales y de los bienes de las sociedades A, B,
C y D.
Marco jurídico
Derecho internacional
3        El artículo
2 del Convenio sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento, hecho en La Haya el 1 de julio de 1985 (en lo sucesivo, «Convenio de La Haya»), firmado y ratificado por la República Italiana, establece lo siguiente:
«A los efectos del presente Convenio, el término “trust” se refiere a las relaciones jurídicas creadas
—por acto inter vivos o mortis causa—
por una persona, el constituyente, mediante la colocación de bienes bajo el control de un trustee [(fiduciario)] en interés de un beneficiario o con un fin determinado.
El trust posee las características siguientes:
a)      los bienes del trust constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio del trustee;
b)      el título sobre los bienes del trust se establece en nombre del trustee o de otra persona por cuenta del trustee;
c)      el trustee tiene la facultad y la obligación, de las que debe rendir cuenta, de administrar, gestionar o disponer de los bienes según las condiciones del trust y las obligaciones particulares que la ley le imponga.
El hecho de que el constituyente conserve ciertas prerrogativas o que el trustee posea ciertos derechos como beneficiario no es incompatible necesariamente con la existencia de un trust.»
4        A tenor del artículo 6, párrafo primero, de dicho Convenio:
«El trust se regirá por la ley elegida por el constituyente. La elección tendrá que ser expresa o resultar de las disposiciones del instrumento por el que se crea el trust o se prueba su existencia, interpretadas, cuando sea necesario, a la luz de las circunstancias del caso.»
5        El artículo 11 del citado Convenio dispone:
«Será reconocido como tal todo trust creado de conformidad con la ley a que se refiere el capítulo precedente.
Este reconocimiento implicará como mínimo que los bienes del trust sean distintos del patrimonio personal del trustee y que este pueda actuar como demandante o demandado y pueda comparecer en calidad de trustee ante notario o cualquier persona que ejerza una función pública.
En la medida en que la ley aplicable al trust así lo exija o establezca, este reconocimiento implicará en particular:
a)      que los acreedores personales del
trustee no podrán recurrir a medidas de aseguramiento contra los bienes del trust;
b)      que los bienes del trust no formarán parte del patrimonio del trustee en caso de insolvencia o quiebra de este;
c)      que los bienes del trust no formarán parte del régimen patrimonial del matrimonio ni de la sucesión del trustee;
d)      que se podrán reivindicar los bienes del trust en caso de que el trustee, con infracción de las obligaciones derivadas del trust, hubiere confundido los bienes del trust con los suyos personales o hubiere procedido a su enajenación.
Sin embargo, los derechos y obligaciones del tercero que ostente la posesión de bienes del trust seguirán rigiéndose por la ley que determinen las normas de conflicto del foro.»
Derecho de la Unión
Decisión 2014/145/PESC
6        Los considerandos
1, 4 y 5 de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16), tienen el siguiente tenor:
«(1)      El 6 de marzo de 2014, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión [Europea] condenaron firmemente la violación sin mediar provocación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania por la Federación de Rusia e hicieron un llamamiento a la Federación de Rusia para que retirase inmediatamente sus fuerzas armadas a sus zonas de estacionamiento permanente, de conformidad con los acuerdos pertinentes. […] Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que la decisión del Consejo Supremo de la República Autónoma de Crimea de celebrar un referéndum sobre el estatuto futuro del territorio es contraria a la Constitución de Ucrania y, por consiguiente, ilegal.
[…]
(4)      En las actuales circunstancias, se deben imponer restricciones en materia de viaje y la inmovilización de activos a personas responsables de acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, incluidas acciones sobre el futuro estatuto de cualquier parte del territorio que sean contrarias a la Constitución ucraniana, y a personas, entidades u organismos asociadas a ellas.
(5)      Es necesaria una nueva actuación de la Unión para aplicar determinadas medidas.»
Decisión (PESC) 2022/337
7        En respuesta a la agresión contra Ucrania por parte de la Federación de Rusia el 24 de febrero de 2022 y habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo de la Unión Europea adoptó, el 28 de febrero de 2022, la Decisión (PESC) 2022/337, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 59, p. 1), mediante la que se añadieron veintiséis personas y una entidad a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión 2014/145.
Reglamento n.º 269/2014
8        Los considerandos
4 a 6 del Reglamento n.º 269/2014 son del siguiente tenor:
«(4)      El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/145/PESC, que prevé restricciones en materia de viaje, la inmovilización de fondos y recursos económicos de determinadas personas responsables de acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, [incluidas acciones sobre el futuro estatuto de cualquier parte del territorio que sean contrarias a la Constitución ucraniana,] y de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas. Tales personas físicas o jurídicas, entidades u organismos figuran en el anexo de dicha Decisión.
(5)      Algunas de esas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado [FUE] y, por tanto, en particular con el fin de garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros, resulta necesario un acto reglamentario de la Unión a efectos de su aplicación.
(6)      El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y el derecho a la protección de los datos de carácter personal. El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios.»
9        El artículo
1 de dicho Reglamento establece:
«A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
[…]
d)      “recursos económicos”: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios;
e)      “inmovilización de recursos económicos”: el hecho de impedir el uso de recursos económicos con fines de obtención de capitales, bienes o servicios, y en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca;
f)      “inmovilización de fondos”: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera de valores;
g)      “fondos”: los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:
i)      efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago;
ii)      depósitos en instituciones financieras o de otro tipo, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda;
iii)      valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, garantías, obligaciones y contratos relacionados con productos financieros derivados;
iv)      intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos;
v)      créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;
vi)      cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta; y
vii)      documentos que acrediten una participación en fondos o recursos financieros;
[…]».
10      El artículo
2 del citado Reglamento dispone lo siguiente:
«1.      Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I.
2.      No se pondrá a disposición directa ni indirecta de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I, ni se utilizará en su beneficio, ningún fondo o recurso económico.»
11      El artículo
3, apartado
1, del mismo Reglamento establece:
«En el anexo I se incluirá a:
a)      las personas físicas responsables de acciones o políticas que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o la estabilidad o seguridad de Ucrania, o que apoyen o ejecuten esas acciones o políticas, o que obstaculicen la labor de las organizaciones internacionales en Ucrania;
[…]
d)      las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o que se beneficien de ellos;
e)      las personas físicas o jurídicas, entidades u órganos que efectúen transacciones con los grupos separatistas en la región ucraniana de Dombás;
f)      las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, o que se beneficien de dicho Gobierno, o
g)      los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania,
y a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos.»
12      A tenor del artículo
9 del Reglamento n.º 269/2014:
«Queda prohibido participar de manera consciente y deliberada en acciones cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas a que se refiere el artículo 2.»
Reglamento de Ejecución (UE) 2022/336
13      El 28 de febrero de 2022, el Consejo adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/336, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 58, p. 1), mediante el que se añadieron veintiséis personas y una entidad a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas, que figura en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014.
14      Los considerandos
5 a 11 de dicho Reglamento de Ejecución enuncian lo siguiente:
«(5)      El 24
de
enero de 2022, el Consejo aprobó unas Conclusiones en las que condenaba las amenazas y actos de agresión continuos de Rusia contra Ucrania y pedía a Rusia que tomase medidas para rebajar la tensión, que respetase el Derecho internacional y que entablase un diálogo constructivo a través de los mecanismos internacionales establecidos. El Consejo reafirmaba la plena adhesión de la Unión a los principios fundamentales sobre los cuales se ha construido la seguridad europea, que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en los documentos fundacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, entre ellos el Acta Final de Helsinki y la Carta de París. Entre tales principios fundamentales figuran, en particular, la igualdad soberana y la integridad territorial de los Estados, la inviolabilidad de las fronteras, la obligación de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, y la libertad de los Estados para elegir o modificar sus propios sistemas de seguridad. El Consejo declaraba que estos principios no son negociables ni están sujetos a revisión o reinterpretación, y que su violación por parte de Rusia constituye un obstáculo para un espacio común e indivisible de seguridad en Europa y una amenaza para la paz y la estabilidad en el continente europeo. Recordando las Conclusiones del Consejo Europeo de 16
de
diciembre de 2021, el Consejo reiteraba que cualquier nueva agresión militar contra Ucrania por parte de Rusia hallaría una respuesta de enormes consecuencias y acerbo coste, incluida una amplia gama de medidas restrictivas sectoriales e individuales que se adoptarían en coordinación con los socios.
(6)      El 19
de
febrero de 2022, el Alto Representante emitió una declaración en nombre de la Unión en la que expresaba su preocupación por el notable despliegue de las fuerzas armadas rusas en Ucrania y a lo largo de la frontera y exhortaba a Rusia a que participase en un diálogo significativo y en los canales diplomáticos, a que ejerciese moderación y a que optase por la distensión mediante una retirada sustancial de sus fuerzas armadas de las proximidades de las fronteras de Ucrania. […]
(7)      El
21
de
febrero de
2022, el Presidente de la Federación de Rusia firmó un decreto en el que se reconocía la “independencia y soberanía” de las zonas de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk no controladas por el Gobierno y ordenaba la entrada de las fuerzas armadas rusas en dichas zonas.
(8)      El
22
de
febrero de
2022, el Alto Representante emitió una declaración en nombre de la Unión en la que condenaba este acto ilegal, que socava aún más la soberanía y la independencia de Ucrania y supone una grave violación del Derecho internacional y de los acuerdos internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, la Carta de París y el Memorando de Budapest, así como de los Acuerdos de Minsk y la Resolución 2202
(2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Alto Representante instaba a Rusia, como parte en el conflicto, a que revocase el reconocimiento de las zonas antes citadas, cumpliese sus compromisos, respetase el Derecho internacional y volviese a las conversaciones entabladas en el seno de la composición de Normandía y del Grupo de Contacto Tripartito sobre Ucrania. Asimismo, anunciaba que la Unión respondería a estas últimas violaciones de Rusia adoptando urgentemente medidas restrictivas adicionales.
(9)      El 24
de
febrero de 2022, el presidente de la Federación de Rusia anunció una operación militar en Ucrania, y las Fuerzas Armadas rusas iniciaron un ataque contra Ucrania. Dicho ataque constituye una violación flagrante de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
(10)      El 24
de
febrero de 2022, el Alto Representante emitió una declaración en nombre de la Unión en la que condenaba con la máxima firmeza la invasión no provocada de Ucrania por parte de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y la participación de Bielorrusia en esta agresión contra Ucrania. El Alto Representante indicaba que la respuesta de la Unión incluirá medidas restrictivas tanto sectoriales como individuales.
(11)      El 24
de
febrero de 2022, el Consejo Europeo condenó con la máxima firmeza la agresión militar no provocada e injustificada que la Federación de Rusia ha llevado a cabo contra Ucrania. Con las acciones militares ilegales que ha emprendido, Rusia está violando gravemente el Derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y socavando la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales. El Consejo Europeo acordó la imposición de medidas restrictivas adicionales con consecuencias graves e incalculables para Rusia por su actuación, en estrecha coordinación con los socios y aliados.»
Directiva 2015/849
15      La Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 2015, L 141, p. 73; corrección de errores en DO 2018, L 129, p. 84), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 (DO 2018, L 156, p. 43) (en lo sucesivo, «Directiva 2015/849»), afirma lo siguiente en su considerando 14:
«La necesidad de información precisa y actualizada sobre el titular real es un factor clave para la localización de los delincuentes, que, de otro modo, podrían ocultar su identidad tras una estructura empresarial. […]»
16      El artículo
3 de dicha Directiva dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
6)      “titular real”: la persona o personas físicas que tengan la propiedad o el control en último término del cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad, con inclusión, como mínimo, de:
[…]
b)      en el caso de los fideicomisos (del tipo “trust”), todas las personas siguientes:
i)      el fideicomitente o fideicomitentes,
ii)      el fiduciario o fiduciarios,
iii)      el protector o protectores, de haberlos,
iv)      los beneficiarios o, cuando las personas beneficiarias del instrumento o entidad jurídicos aún no hayan sido determinadas, la categoría de personas en cuyo beneficio principal se haya constituido o actúe el instrumento o entidad jurídicos,
v)      cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso (del tipo “trust”) a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios;
[…]».
Mejores prácticas
17      El Consejo elaboró un documento sobre las mejores prácticas que deben desarrollarse entre los Estados miembros en relación con la aplicación de las medidas restrictivas, que ha sido actualizado, en particular, el 4 de mayo de 2018 (Documento 8519/18), el 27 de junio de 2022 (Documento 10572/22) y el 3 de julio de 2024 (Documento 11623/24).
18      El Documento 11623/24 del Consejo, titulado «Mejores prácticas de la [Unión Europea] para la aplicación eficaz de medidas restrictivas», en su versión de 3 de julio de 2024 (en lo sucesivo, «Mejores prácticas»), establece, en su apartado
3, que las mejores prácticas deben entenderse como recomendaciones no exhaustivas de carácter general, para la aplicación eficaz de medidas restrictivas de conformidad con el Derecho de la Unión y la legislación nacional aplicables. No son jurídicamente vinculantes, y no debería entenderse que recomiendan ninguna actuación que resulte incompatible con el Derecho de la Unión o la legislación nacional aplicables, incluidas las normas en materia de protección de datos.
19      La sección B de las Mejores prácticas incluye una parte III, titulada «Ámbito de las medidas restrictivas financieras», que contiene los apartados
34 y 35, redactados en los siguientes términos:
«34.      La inmovilización afecta a la totalidad de los fondos y recursos económicos que pertenezcan a las personas y entidades designadas o sean de su propiedad, así como a los que tengan en su poder o controlen dichas personas y entidades. Por “tener en su poder” o “controlar” debería entenderse cualquier situación en que una persona o entidad designada, sin disponer de título de propiedad, pueda disponer legalmente de fondos o recursos económicos que no le pertenezcan, o enajenarlos, sin que se requiera la autorización previa del propietario legal. […]
35.      En principio, la inmovilización no debería afectar a los fondos y recursos económicos que no pertenezcan a personas y entidades designadas ni sean de su propiedad, ni obren en su poder ni estén bajo su control. […] Análogamente, tampoco se verán afectados los fondos y recursos económicos de una entidad no designada que posea personalidad jurídica independiente de la persona o entidad designada, salvo que esta última los controle o que obren en su poder. Ahora bien, de todos modos, en la práctica, los fondos y recursos económicos de propiedad conjunta entre una persona o entidad designada y una no designada se ven afectados en su totalidad.»
20      La citada sección B incluye también una parte VIII, que contiene, entre otros, los puntos
62 a 67 de las Mejores prácticas, a tenor de los cuales:
«Justificación
62.      Deberán inmovilizarse aquellos fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control correspondan a personas físicas o jurídicas incluidas en una lista. En las condiciones establecidas en el apartado
35, esto incluye los activos pertenecientes a entidades que no figuren en ninguna lista que sean propiedad o estén bajo el control de personas o entidades que sí figuren en una lista.
Propiedad
63.      El criterio que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar si una persona jurídica o una entidad es propiedad de otra persona o entidad es que esté en posesión del 50 % o más de los derechos de propiedad de una entidad, o tenga una participación mayoritaria en esta. […] Si se cumple este criterio, se considera que la persona jurídica o entidad es propiedad de otra persona o entidad.
Para determinar la propiedad de una entidad, también debería tenerse en cuenta la propiedad agregada. Por ejemplo, si una persona designada es propietaria del 30 % de la entidad y otra persona designada es propietaria del 25 % de la misma entidad, tal entidad debe considerarse, en principio, propiedad de personas designadas.
Control
64.      Los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar si una persona jurídica o entidad está controlada por otra persona o entidad, en exclusiva o en virtud de un acuerdo con otro accionista o tercero, pueden ser, entre otros:
a.      tener derecho o hacer uso de la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración, de dirección o de control de dicha persona jurídica o entidad;
b.      haber nombrado, únicamente como resultado del solo ejercicio de su derecho a voto, a una mayoría de los miembros del órgano de administración, de dirección o de control de una persona jurídica o entidad que ejercieron esas funciones durante el ejercicio en curso y el anterior;
c.      el control en exclusiva, en virtud de un acuerdo con otros accionistas o miembros de la persona jurídica o entidad, de la mayoría de los votos de los accionistas o los miembros de la mencionada persona jurídica o entidad;
d.      el derecho a ejercer una influencia dominante en una persona jurídica o entidad en virtud de un acuerdo con esta, o de una disposición contenida en sus estatutos o en su escritura de constitución, en aquellos lugares en los que la ley por la que se rige la persona jurídica o entidad en cuestión permite ese tipo de disposiciones o acuerdos;
e.      el hecho de tener, de facto, la capacidad de ejercer el derecho a ejercer la influencia dominante mencionada en la letra d), aunque no se tenga la titularidad de ese derecho [(incluso, por ejemplo, a través de una sociedad pantalla)];
f.      el derecho a utilizar todo o parte del activo de una persona jurídica o entidad;
g.      la gestión del negocio de una persona jurídica o entidad sobre una base unificada, publicando cuentas consolidadas;
h.      el hecho de participar, conjuntamente y por separado, en el pasivo financiero de una persona jurídica o entidad, o de avalarlo.
65.      Si se cumplen cualesquiera de estos criterios se considera que la persona jurídica o entidad está controlada por otra persona o entidad, a menos que pueda demostrarse lo contrario caso por caso.
66.      El cumplimiento de los criterios de propiedad y control anteriores podrían rebatirse caso por caso.
67.      Los ejemplos que figuran a continuación describen circunstancias que podrían considerarse indicios de que una persona o entidad designada tiene el control de una entidad no designada. Estos ejemplos no son exhaustivos y solo sirven de orientación:
[…]
e)      Utilización de fideicomisos, sociedades fantasma y sociedades de responsabilidad limitada
–        Una entidad forma parte de una estructura empresarial innecesariamente compleja que potencialmente engloba a entidades como sociedades fantasma, sociedades de responsabilidad limitada o fideicomisos vinculados a una persona designada. Algunas de estas entidades fueron establecidas o cambiaron de identidad poco antes o poco después (si así lo permiten los Reglamentos pertinentes del Consejo) de la adopción del régimen de sanciones o de la designación de la persona, o carecen de una actividad empresarial verosímil.
–        Uno o varios fideicomisos se utilizan como receptores de activos de una entidad que es propiedad o está bajo el control de una persona designada. En la gestión de los fideicomisos participan profesionales procedentes del país o territorio en el que se constituyó el fideicomiso o los fideicomisos.»
Derecho italiano
21      En el ordenamiento jurídico italiano, la posibilidad de utilizar el instrumento del trust está prevista en la legge n. 364 — Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1o
luglio 1985 (Ley n.º 364
de ratificación y ejecución del Convenio sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento, hecho en La Haya el 1 de julio de 1985), de 16 de octubre de 1989 (GURI n.º 261, de 8 de noviembre de 1989, suplemento ordinario n.º 84).
22      De conformidad con el artículo
3, apartado
6, del Decreto Legislativo
n. 109 — Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE (Decreto Legislativo
n.º 109 sobre medidas para prevenir, combatir y reprimir la financiación del terrorismo y las actividades de los países que amenazan la paz y la seguridad internacionales, en ejecución de la Directiva 2005/60/CE), de 22 de junio de 2007 (GURI n.º 172, de 26 de julio de 2007), en su versión modificada por el Decreto Legislativo
n. 90 — Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n.º 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.º 1781/2006 [Decreto Legislativo
n.º 90 sobre la aplicación de la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE y se aplica el Reglamento (UE) n.º 2015/847, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1781/2006], de 25 de mayo de 2017 (GURI n.º 140, de 19 de junio de 2017, suplemento ordinario n.º 28) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo
n.º 109/2007»), el Comité de Seguridad Financiera es responsable de adoptar las medidas de inmovilización decretadas la Organización de las Naciones Unidas, por la Unión y por el Ministerio en virtud de la normativa en vigor.
23      El artículo
5 del Decreto Legislativo
n.º 109/2007 establece que los fondos inmovilizados no podrán ser transferidos, cedidos o utilizados bajo ningún concepto y que se prohíbe poner, directa o indirectamente, a disposición de personas o entidades designadas fondos o recursos económicos o utilizarlos en beneficio de estas.
Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
24      Las sociedades A y B, constituidas respectivamente en septiembre de 1970 y marzo de 1983, operan en el sector inmobiliario, mientras que las sociedades C y D, constituidas ambas en junio de 2014, prestan, la primera, servicios de alquiler de vehículos y de aparcamiento y, la segunda, servicios de asistencia turística de temporada.
25      Las sociedades A, B, C y D están controladas por una sociedad matriz con domicilio social en las Bermudas, que fue aportada al trust al que se refiere el litigio principal, cuyo administrador (trustee) actual es T, una sociedad fiduciaria suiza.
26      De la resolución de remisión se desprende que el trust al que se refiere el litigio principal fue constituido por el constituyente (settlor) mediante escritura de 18 de julio de 2007, modificada el 22 de diciembre de 2014, y que se rige por la legislación de las Bermudas. Su estructura contempla, asimismo, la función de protector (protector), ejercida por un tercero, que se encarga de velar por la correcta ejecución del programa establecido en la escritura de constitución del trust, y la de autor de la designación (appointor), que se encarga de nombrar protectores adicionales o en sustitución del protector original en caso de que este cese en sus funciones.
27      El trustee tiene como misión esencial gestionar y administrar los bienes aportados al trust, con arreglo a lo dispuesto en su escritura de constitución y en la ley que lo regula, y de transferir esos bienes a los beneficiarios una vez concluido el trust o de conformidad con este. Según las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, en virtud de la escritura de constitución del trust, el trustee no está autorizado, salvo excepciones establecidas en dicha escritura, a enajenar los bienes aportados al trust sin el consentimiento escrito del protector, lo que confirma, según el órgano jurisdiccional remitente, que el trustee no dispone del pleno disfrute de los derechos de los que, como regla general,
goza el propietario de un bien.
28      De la resolución de remisión también se desprende que, inicialmente, el constituyente figuraba entre los beneficiarios del trust, junto con su hermana, su sobrino y sus descendientes
—que en la fecha de la resolución de remisión eran inexistentes—, así como otros beneficiarios.
29      Mediante escritura de 19 de diciembre de 2017, la hermana y el sobrino del constituyente fueron excluidos del círculo de beneficiarios del trust.
30      El órgano jurisdiccional remitente indica que, mediante escritura de 7 de febrero de 2022, el constituyente fue excluido del círculo de beneficiarios del trust y que, en la fecha de la resolución de remisión, de la escritura de constitución del trust no se desprende ni que el constituyente pudiera ser reintegrado entre los beneficiarios del trust ni que dispusiera de facultades de gestión o de utilización de los fondos y de los recursos económicos aportados al trust, al estar atribuida esa gestión al trustee. Al haber sido definitivamente excluido del círculo de beneficiarios del trust, el constituyente ya no tiene, según el órgano jurisdiccional remitente, derecho a la transferencia de los recursos aportados al trust, en virtud de la escritura de constitución de este.
31      Además, de la resolución de remisión se desprende que, en la fecha de esta, ningún otro beneficiario del trust fue excluido del círculo de beneficiarios del trust.
32      Mediante la Decisión 2022/337 y mediante el Reglamento de Ejecución 2022/336, el Consejo incluyó al constituyente en la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión 2014/145 y en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014.
33      Mediante resolución notificada el 16 de marzo de 2022 al representante legal de las sociedades A, B, C y D, el Comité de Seguridad Financiera declaró, en virtud del artículo
2 del Reglamento n.º 269/2014 y del Decreto Legislativo
n.º 109/2007, la inmovilización de las participaciones sociales y de los bienes pertenecientes a esas sociedades, por cuanto que eran «atribuibles indirectamente [al constituyente]». Dicho Comité consideró que los recursos económicos imputables en Italia a esas sociedades, en cuanto que sociedades plenamente controladas por la sociedad matriz, eran en realidad sustancialmente atribuibles al constituyente, toda vez que, según la información facilitada por la Guardia di Finanza (Policía Aduanera y de Hacienda, Italia), procedente de las comunicaciones transmitidas a esta por un banco italiano, el constituyente era el titular real de las citadas sociedades.
34      El 11 de mayo de 2022, las sociedades A, B, C, D y T interpusieron un recurso ante el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente, por el que solicitaron la anulación de la mencionada resolución de inmovilización y alegaron que, dado que el constituyente había sido excluido del círculo de beneficiarios del trust, la aportación de la sociedad matriz al trust implica la plena disociación entre las sociedades A, B, C y D y el patrimonio del constituyente y la esfera de influencia de este. La propiedad de los bienes de dichas sociedades, a juicio de estas, se transfiere al trustee hasta su transmisión a los beneficiarios del trust, sin que el constituyente disponga de ningún poder directo o indirecto de gestión o de control sobre esos bienes.
35      Por su parte, el Ministerio sostiene que la aportación al trust, carente de efectos traslativos, no supone la ruptura completa de la relación entre el constituyente y los bienes y relaciones jurídicas aportados al trust. Confirma esta interpretación, según el Ministerio, el artículo
3, punto
6, letra b), inciso i), de la Directiva 2015/849. Y añade que, aunque en el momento actual el constituyente ya no sea considerado beneficiario del trust, podría, no obstante, recuperar la propiedad o la disposición de los bienes aportados a aquel en el supuesto de que esos bienes no se transfieran finalmente a los beneficiarios del trust, por ejemplo, en caso de renuncia de estos o de disolución anticipada del trust.
36      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 debe interpretarse en el sentido de que los bienes, los recursos económicos y las relaciones jurídicas que son objeto de aportación al trust por el constituyente incluido en la lista que figura en el anexo I del citado Reglamento pueden considerarse «pertenecientes» al constituyente, en el sentido de dicha disposición
—aunque no sea ni el usuario o el gestor ni el beneficiario final—, o pertenecientes a una persona «asociada» al constituyente o, en último término, «controlados» por el propio constituyente.
37      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente estima que el trust implica un cambio provisional del titular formal de un bien y no una verdadera transmisión de la propiedad en sentido material. A su entender, la constitución del trust no está destinada a incrementar los derechos patrimoniales del trustee, ya que los bienes y los derechos aportados al trust están separados del patrimonio del trustee, sino que tiene como objetivo principal satisfacer el interés del constituyente, mediante la separación de su patrimonio personal de la masa de los bienes y de los derechos aportados al trust, liberándose al mismo tiempo de las cargas de la gestión, transferidas, mediante la adscripción formal de dichos bienes y derechos, al trustee.
38      Sin embargo, no cabe ignorar totalmente la inscripción formal a nombre del trustee de los bienes aportados al trust, puesto que, con arreglo al artículo
2 del Convenio de La Haya, esa inscripción es una de las características del trust. En tal sentido, el órgano jurisdiccional remitente subraya que el trustee, que es una persona distinta del constituyente, está facultado para disponer de esos bienes, lo que constituye la principal prerrogativa del propietario, a condición de respetar las restricciones previstas en la escritura de constitución del trust, y para transmitir los bienes a los beneficiarios, con arreglo a esa escritura.
39      El órgano jurisdiccional remitente considera que el concepto de «propiedad», en el sentido del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014, puede referirse no solo a la propiedad plena y exclusiva, sino también a situaciones «atípicas» o «híbridas», como la aportación del bien a un trust que cabe calificar de «propiedad esencial o indirecta». Esta aportación no tiene el efecto de cortar definitivamente el vínculo de «propiedad» entre los bienes aportados al trust y el constituyente, que, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, está objetivamente en condiciones de ejercer una influencia sustancial sobre aquellos. Tal influencia deriva, a su entender, de la posibilidad de recuperar la propiedad formal de esos bienes en caso de cese anticipado del trust o de que los beneficiarios rechacen aceptar las transmisión de esos bienes, y del hecho de que el constituyente, al conformar el trust y al confiar la gestión y el control de este a personas que gozan de su confianza y han sido elegidas por él, tiene la posibilidad de orientar por adelantado la utilización y el destino final de tales bienes. En cambio, según el órgano jurisdiccional remitente, no cabe considerar al trustee como propietario efectivo de los bienes aportados al trust, puesto que carece de la plena y completa facultad de disposición, que caracteriza normalmente el derecho de propiedad.
40      Una interpretación como la señalada del concepto de «propiedad», en el sentido del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014, es conforme con el objetivo perseguido por dicho artículo
2 y tiene en cuenta, según el órgano jurisdiccional remitente, el hecho de que un trust, al menos hasta que los bienes aportados a este se atribuyan definitivamente a terceros, constituye un mecanismo, de fácil utilización, para eludir las medidas de inmovilización de fondos y de recursos económicos contempladas por el Derecho de la Unión. Corrobora asimismo esa interpretación, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, el artículo
3, punto
6, letra b), de la Directiva
2015/849, que se refiere a la situación en la que el constituyente del trust, conjuntamente con, entre otros, el trustee o los beneficiarios del trust, mantiene un vínculo significativo con los bienes aportados al trust, en cuya gestión puede influir de un modo u otro.
41      Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente estima que, si, según el Tribunal de Justicia, en un supuesto como el que es objeto del litigio principal, el concepto de «propiedad» no contempla la situación del constituyente, aún sería preciso comprobar, no obstante, si cabe considerar al constituyente persona «asociada», en el sentido del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014, o persona que ejerce «control», en el sentido de esa misma disposición, sobre los bienes aportados al trust. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente subraya que puede considerarse que el constituyente está en condiciones de ejercer sobre los bienes aportados al trust una influencia determinante, derivada de la facultad de constituir el trust y, en tal contexto, de nombrar a las personas encargadas de la gestión y del control del trust, de establecer el programa final del trust y de fijar las normas de devolución de los bienes y las relativas a la posibilidad de recuperar la propiedad de los bienes aportados al trust.
42      El órgano jurisdiccional remitente añade que, para determinar si el constituyente «controla» los bienes aportados al trust, carece de pertinencia el hecho de que, en virtud de la escritura de constitución del trust, durante el período de validez de este, por causas ordinarias o extraordinarias, las personas encargadas de la administración del trust
—en particular el trustee o el protector—
puedan cambiar, toda vez que las personas eventualmente llamadas a sustituirlos actuarán en virtud de las normas establecidas por el constituyente en la escritura de constitución del trust.
43      En estas circunstancias, el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo
2, apartado
1, del Reglamento [n.º 269/2014] en el sentido de que se puede adoptar una medida de inmovilización también respecto a bienes o recursos aportados a un fideicomiso (trust) por un fideicomitente que figura en el anexo I de dicho Reglamento (persona designada o incluida en la lista), que debe considerarse el propietario de los bienes o recursos?
2)      En caso de respuesta negativa [a la primera cuestión prejudicial], ¿debe interpretarse el artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 en el sentido de que se puede adoptar una medida de inmovilización también respecto a bienes o recursos aportados a un fideicomiso (trust) por un fideicomitente que figura en el anexo I de dicho Reglamento (persona designada o incluida en la lista), que debe considerarse asociado al propietario de los bienes o recursos?
3)      En caso de respuesta negativa [a la segunda cuestión prejudicial], ¿debe interpretarse el artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 en el sentido de que se puede adoptar una medida de inmovilización también respecto a bienes o recursos aportados a un fideicomiso (trust) por un fideicomitente que figura en el anexo I de dicho Reglamento (persona designada o incluida en la lista), que debe considerarse como la persona que controla los bienes o recursos?»
44      En sus observaciones escritas, el Gobierno italiano adujo que, en virtud del artículo
275 TFUE, párrafo primero, el Tribunal de Justicia no es competente para interpretar el Reglamento n.º 269/2014, adoptado sobre la base de las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad de la Unión, en particular, el artículo
215 TFUE y las disposiciones previstas en el capítulo
2 del título V del Tratado UE.
45      Preguntado por el Tribunal de Justicia sobre el mantenimiento de la excepción de incompetencia a la luz, en particular, de la sentencia de 10 de septiembre de 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723), apartados
39 y 40, el referido Gobierno retiró expresamente esa excepción con ocasión de la vista ante el Tribunal de Justicia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
46      Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 debe interpretarse en el sentido de que cabe adoptar una medida de inmovilización con respecto a fondos o a recursos económicos aportados a un trust por un constituyente incluido en la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014.
47      El órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre el alcance del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 en un contexto en el que las autoridades italianas, sobre la base de esta disposición, decretaron la inmovilización de las participaciones sociales y de los bienes pertenecientes a cuatro sociedades italianas controladas por una sociedad matriz domiciliada en las Bermudas, aportados al trust irrevocable constituido con arreglo al Derecho de las Bermudas por el constituyente, incluido en la lista que figura en el anexo I del citado Reglamento.
48      Es preciso recordar, en primer término, que la República Italiana ha ratificado el Convenio de La Haya.
49      Según el artículo
2 de dicho Convenio, el término «trust» se refiere a las relaciones jurídicas creadas
—por acto inter vivos o mortis causa—
por una persona, el constituyente, mediante la colocación de bienes bajo el control de un trustee [fiduciario] en interés de un beneficiario o con un fin determinado.
50      Asimismo, del artículo
2 del citado Convenio se desprende que el trust tiene como características que los bienes del trust constituyen un fondo separado y no forman parte del patrimonio del trustee, que el título sobre los bienes del trust se establece en nombre del trustee o de otra persona por cuenta del trustee y que el trustee tiene la facultad y la obligación, de las que debe rendir cuenta, de administrar, gestionar o disponer de los bienes según las condiciones del trust y las obligaciones particulares que la ley le imponga. El mismo artículo
2 establece igualmente que el hecho de que el constituyente conserve ciertas prerrogativas o de que el trustee posea ciertos derechos como beneficiario no es incompatible necesariamente con la existencia de un trust.
51      El órgano jurisdiccional remitente indica, a este respecto, que el trust al que se refiere el litigio principal se constituyó conforme a la estructura habitual, según la cual el título sobre los bienes aportados al trust por el constituyente se establece a nombre del trustee, que los administra y los gestiona de conformidad con la escritura de constitución del trust, que debe respetar la legislación que regula el trust, y efectúa la transmisión final de aquellos a los beneficiarios, quienes adquieren la plena propiedad de esos bienes en la fecha de la transmisión.
52      En segundo término, de la resolución de remisión se desprende que el constituyente aportó al trust la sociedad matriz que controla íntegramente las sociedades A, B, C y D, de modo que estas sociedades también están bajo el control del trust. El constituyente, según la resolución de remisión, no tiene ninguna facultad de gestión sobre los bienes y las relaciones jurídicas objeto de aportación al trust, dado que esa facultad se ha confiado al trustee, y no tiene ningún derecho a la transmisión de los bienes a su favor en virtud de la escritura de constitución, puesto que fue excluido definitivamente del círculo de beneficiarios del trust. El constituyente no es el usuario de los bienes y de las relaciones jurídicas aportados al trust y no ejerce otras funciones, como la de protector. No obstante, el constituyente puede, hasta la transmisión de los bienes y de las relaciones jurídicas a los beneficiarios, recuperar la propiedad de estos en caso de terminación anticipada del trust o de rechazo de los beneficiarios a aceptar la transmisión de dichos bienes y relaciones jurídicas.
53      Teniendo en cuenta las anteriores constataciones fácticas, cuya exactitud, en el contexto del procedimiento previsto en el artículo
267 TFUE, no corresponde comprobar al Tribunal de Justicia (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de marzo de 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, apartado
4, y de 19 de junio de 2025, Bulgarian posts, C‑785/23, EU:C:2025:462, apartado
40), es como habrá de responderse a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.
54      En tercer término, de la resolución de remisión se desprende que las autoridades italianas estimaron que los recursos económicos de las sociedades A, B, C y D aportados al trust, en cuanto que sociedades plenamente controladas por la sociedad matriz, eran en realidad sustancialmente imputables al constituyente, toda vez que, según la información de que esas autoridades disponían, el constituyente era el «titular real» de esas sociedades, lo que justificó la adopción de las medidas de inmovilización sobre la base del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014.
55      A este respecto, es necesario señalar que, aunque el concepto de «titular real» no aparece en las disposiciones del Reglamento n.º 269/2014, figura, entre otras, en la Directiva 2015/849.
56      Esta Directiva establece, en su artículo
3, punto
6, letra b), que, a efectos de esta, se define al «titular real» como la persona o personas físicas que tienen la propiedad o el control en último término del cliente o la persona o personas físicas por cuenta de las cuales se lleve a cabo una transacción o actividad, con inclusión, como mínimo, en el caso de los fideicomisos (del tipo trust), del fideicomitente o fideicomitentes, del fiduciario o fiduciarios, del protector o protectores, de los beneficiarios o, cuando las personas beneficiarias del instrumento o entidad jurídicos aún no hayan sido determinadas, de la categoría de personas en cuyo beneficio principal se haya constituido o actúe el instrumento o entidad jurídicos, así como de cualquier otra persona física que ejerza en último término el control del fideicomiso (del tipo trust) a través de la propiedad directa o indirecta o a través de otros medios.
57      La anterior definición
—que admite que personas implicadas en el trust distintas del trustee
(o fiduciario), como el constituyente (o fideicomitente), los beneficiarios o el protector, puedan poseer o controlar los bienes aportados al trust—
está formulada, ciertamente, a efectos de la aplicación de la Directiva
2015/849, pero refleja, no obstante, el reconocimiento por el legislador de la Unión de la característica esencial del trust, a saber, la separación entre la titularidad legal y la titularidad
real de los activos del trust.
58      Pues bien, una separación de esa índole produce efectos que han de tenerse en cuenta no solo en el ámbito de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, sino también en el ámbito de las medidas restrictivas adoptadas sobre la base del Reglamento n.º 269/2014.
59      Sentado lo anterior, es necesario señalar que las cuestiones prejudiciales primera y tercera versan sobre los conceptos de «propiedad» y de «control», en el sentido del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014, y se refieren, de esa forma, a la relación entre el constituyente del trust y los bienes y recursos aportados a este, mientras que la segunda cuestión prejudicial versa sobre el concepto de persona «asociada» y se refiere a la relación entre el constituyente y dicha persona. Así pues, es preciso examinar conjuntamente las cuestiones prejudiciales primera y tercera, antes de responder, en su caso, a la segunda cuestión prejudicial.
Cuestiones prejudiciales primera y tercera
60      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 debe interpretarse en el sentido de que los fondos y los recursos económicos aportados a un trust por su constituyente, incluido en la lista que figura en el anexo I del citado Reglamento, deben considerarse «propiedad» de ese constituyente o «controlados» por este, en el sentido de dicha disposición.
61      A este respecto, es necesario recordar que el artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 establece que se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I de ese Reglamento.
62      Aunque los conceptos de «recursos económicos», de «inmovilización de recursos económicos», de «inmovilización de fondos» y de «fondos» se definen, respectivamente, en las letras d) a g) del artículo
1 del Reglamento n.º 269/2014, este no contiene una definición de los conceptos utilizados en su artículo
2, apartado
1, relativos al vínculo entre la persona incluida en la lista que figura en el anexo I de ese Reglamento y los fondos y recursos económicos que han de inmovilizarse, ni remite a los Derechos nacionales para determinar el alcance de estos conceptos.
63      Según una jurisprudencia reiterada, tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no incluya una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que tenga en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte [sentencias de 18 de enero de 1984, Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, apartado 11, y de 11 de septiembre de 2025, Banco Santander (Resolución bancaria Banco Popular III), C‑687/23, EU:C:2025:687, apartado 46 y jurisprudencia citada].
64      Por lo que respecta al tenor del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014, procede señalar que la formulación de esta disposición presenta divergencias en sus diferentes versiones lingüísticas. Como destacó el Abogado General en el punto
67 de sus conclusiones, las diferentes versiones lingüísticas de esta disposición se refieren, en algunos casos
—por ejemplo, los de las lenguas alemana, inglesa, francesa, italiana, letona o rumana («Eigentum[,] Besitz, […] gehalten oder kontrolliert werden»; «belonging to, owned, held or controlled»; «appartenant aux […], possèdent, détiennent ou contrôlent»; «appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati»; «īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā», y «aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate»)—, a cuatro tipos de relaciones entre la persona, la entidad o el organismo incluido en la lista que figura en el anexo I de ese Reglamento y los bienes y los recursos económicos afectados, mientras que la versión en lengua española de la citada disposición solo contempla tres tipos de relaciones entre aquellos
—«propiedad, tenencia o control»—.
65      Asimismo, de la comparación de las versiones lingüísticas que se refieren a cuatro tipos de relaciones se infiere que cada concepto utilizado en una de esas versiones no se corresponde necesariamente con un concepto equivalente en otra de esas versiones. De este modo, aunque las versiones en lengua alemana, inglesa, francesa, italiana y letona hacen referencia a los conceptos de «propiedad», de «posesión», de «tenencia» y de «control» («Eigentum[,] Besitz, […] gehalten oder kontrolliert werden», «belonging to, owned, held or controlled», «appartenant aux […], possèdent, détiennent ou contrôlent», «appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati» e «īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā»), la versión en lengua rumana utiliza los términos «aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate», que parecen excluir el concepto de «tenencia».
66      De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que la necesidad de una interpretación uniforme de las disposiciones del Derecho de la Unión excluye la posibilidad de que, en caso de duda, el texto de una disposición sea considerado aisladamente y, en cambio, exige que sea interpretado y aplicado a la luz de las versiones redactadas en las demás lenguas oficiales (sentencias de 5 de diciembre de 1967, van der Vecht, 19/67, EU:C:1967:49, p. 456, y de 9 de octubre de 2025, On Air Media Professionals y Different Media, C‑416/24 y C‑417/24, EU:C:2025:765, apartado
37 y jurisprudencia citada).
67      No obstante, también es jurisprudencia reiterada que, en principio, debe reconocerse el mismo valor a todas las versiones lingüísticas de un acto de la Unión (sentencias de 2 de abril de 1998, EMU Tabac y otros, C‑296/95, EU:C:1998:152, apartado
36, y de 9 de octubre de 2025, On Air Media Professionals y Different Media, C‑416/24 y C‑417/24, EU:C:2025:765, apartado
38 y jurisprudencia citada).
68      En caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de una disposición de la Unión, la norma de que se trata debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (sentencias de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, apartado 14, y de 9 de octubre de 2025, On Air Media Professionals y Different Media, C‑416/24 y C‑417/24, EU:C:2025:765, apartado 39 y jurisprudencia citada).
69      Dicho lo anterior, del tenor del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 en sus diferentes versiones lingüísticas puede deducirse que esta disposición se refiere a una variedad de relaciones jurídicas entre la persona o la entidad incluida en la lista que figura en el anexo I de dicho Reglamento y los fondos y recursos económicos afectados, que van desde la relación jurídica más extensa, que es la de la propiedad, hasta los supuestos en los que la persona o entidad puede ejercer un poder de hecho sobre esos fondos y recursos, ya sea de manera directa o indirecta (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, apartado
69) u obtener beneficio de ellos.
70      De este modo, la citada disposición se refiere a todas las situaciones de hecho y de Derecho en las que una persona dispone de un poder que le permite utilizar los fondos y los recursos económicos en cuestión, obtener beneficio de ellos, disponer de ellos o influir en ellos.
71      Pues bien, para garantizar el efecto útil del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014, el concepto de «propiedad» debe interpretarse en el sentido de que abarca no solo las situaciones en las que esa facultad sobre los fondos y los recursos económicos de que se trate puede acreditarse jurídicamente, sino también aquellas situaciones en las que una persona o una entidad posee de hecho esa facultad, a pesar de que, jurídicamente, el titular de tal facultad sea otra persona o entidad.
72      Del mismo modo, el concepto de «control» engloba todas las situaciones en las que una persona física o jurídica puede influir en las decisiones de otra persona, aun cuando entre ambas personas no exista ningún vínculo jurídico, de propiedad o de participación en el capital (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, apartados
71 y 75).
73      De lo anterior se sigue que, en una situación que afecta a los fondos y los recursos económicos aportados a un trust por un constituyente incluido en la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014, el hecho de que el título relativo a esos fondos y a esos recursos esté establecido a nombre del trustee no se opone a que se considere que esos fondos y recursos se consideren propiedad de dicho constituyente o controlados por él, si ese constituyente dispone de facultades que le permiten utilizar esos mismos fondos y recursos, obtener beneficio de ellos, disponer de ellos o ejercer influencia en ellos o en las decisiones tomadas por el trustee con respecto a esos fondos y recursos económicos aportados al citado trust por el propio constituyente.
74      Esta interpretación del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 se ve corroborada tanto por el contexto en el que se inscribe esta disposición como por los objetivos perseguidos por el citado Reglamento.
75      Por lo que al contexto se refiere, es necesario señalar, en primer lugar, que en el artículo
1, letras e) y f), del Reglamento n.º 269/2014 se definen de manera amplia los conceptos, respectivamente, de «inmovilización de recursos económicos» y de «inmovilización de fondos» (véase, por analogía, la sentencia de 11 de noviembre de 2021, Bank Sepah, C‑340/20, EU:C:2021:903, apartado 45).
76      En efecto, el artículo
1, letra f), del Reglamento n.º 269/2014 define el concepto de «inmovilización de fondos» como «el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera de valores».
77      De esta definición se desprende que la inmovilización de fondos pretende limitar al máximo las operaciones que se puedan efectuar respecto de fondos inmovilizados, como acreditan el elevado número de supuestos contemplados y el empleo del término «cualquier». Por lo que respecta a los medios para lograr limitar esas operaciones, el legislador de la Unión también los define con amplitud (véase, por analogía, la sentencia de 11 de noviembre de 2021, Bank Sepah, C‑340/20, EU:C:2021:903, apartado 43).
78      Las consideraciones anteriores son igualmente válidas por lo que respecta al concepto de «inmovilización de recursos económicos». En efecto, este concepto se define, en el artículo
1, letra e), del Reglamento n.º 269/2014, como «el hecho de impedir el uso de recursos económicos con fines de obtención de capitales, bienes o servicios, y en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca» (véase, por analogía, la sentencia de 11 de noviembre de 2021, Bank Sepah, C‑340/20, EU:C:2021:903, apartado 44).
79      Esta definición de los conceptos de «inmovilización de recursos económicos» y de «inmovilización de fondos» carecería de efecto útil si los vínculos entre, por un lado, las personas y entidades y, por otro, los fondos y los recursos económicos, objeto de la inmovilización, se interpretaran de forma que se excluyeran aquellas situaciones que, en la práctica, coinciden con supuestos de propiedad o de control, pero que, desde el punto de vista formal, no pueden calificarse como tales.
80      En segundo lugar, el artículo
2, apartado
2, del Reglamento n.º 269/2014 establece que no se pondrá a disposición directa ni indirecta de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I, ni se utilizará en su beneficio, ningún fondo o recurso económico.
81      El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de afirmar que esta prohibición de puesta a disposición está redactada, igualmente, de forma particularmente amplia, como demuestra el empleo de la expresión «directa ni indirecta», y de declarar que engloba, por consiguiente, cualquier acto cuya realización sea necesaria, según el Derecho nacional aplicable, para permitir a la persona inscrita en la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014 obtener efectivamente la posibilidad de disponer plenamente de los capitales o de los recursos económicos de que se trate (véase, en ese sentido, la sentencia de 17 de enero de 2019, SH, C‑168/17, EU:C:2019:36, apartado
51 y jurisprudencia citada).
82      En tercer lugar, a tenor del artículo
9 del Reglamento n.º 269/2014, queda prohibido participar de manera consciente y deliberada en acciones cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas a que se refiere el artículo 2 de dicho Reglamento.
83      El artículo
9 del Reglamento n.º 269/2014 se refiere a las actividades cuya finalidad o resultado es que su autor eluda la aplicación de las medidas previstas en el artículo
2, apartado
1, de ese Reglamento y que no cabe interpretar como actos de puesta a disposición prohibidos por el artículo
2, apartado
2, de ese mismo Reglamento (véase, por analogía, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, Afrasiabi y otros, C‑72/11, EU:C:2011:874, apartados
60
y 61).
84      Los artículos
2, apartado
2, y 9 del Reglamento n.º 269/2014 constituyen, junto con el artículo
2, apartado
1, de este, un sistema coherente de disposiciones que contribuyen a la consecución de los objetivos establecidos por dicho Reglamento.
85      Por lo tanto, el artículo
2, apartado
1, de ese Reglamento debe interpretarse de forma que no se ponga en entredicho el efecto útil de los artículos
2, apartado
2, y 9 de aquel.
86      A este respecto, como se ha recordado en el apartado
57 de la presente sentencia y como recordó el Abogado General en los puntos
39 a 45 y 73 de sus conclusiones, la creación de un trust permite disociar la titularidad legal y la titularidad real de los bienes atribuidos al trust.
87      Esta disociación y otras características del trust, a saber, el carácter privado de este mecanismo, la facilidad y la flexibilidad de su constitución y de su modificación, que pueden conducir a la opacidad y a la complejidad estructural del citado mecanismo, permiten su utilización, no solo con fines legítimos, sino también para disimular el vínculo que el constituyente mantiene con los fondos y recursos económicos aportados al trust.
88      Una interpretación del artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 en el sentido de considerar que los fondos y recursos económicos en cuestión son propiedad del constituyente del trust o están controlados por este, cuando ese constituyente sigue disponiendo de facultades que le permiten utilizar los fondos y los recursos económicos, obtener beneficio de ellos, disponer de ellos o ejercer influencia en ellos o en las decisiones tomadas por el trustee con respecto a esos fondos y recursos económicos, permite evitar que el trust sea utilizado con el fin de eludir las medidas enunciadas en dicho artículo y, por ende, debe considerarse conforme con el artículo
9 del Reglamento n.º 269/2014.
89      Por lo que respecta a los objetivos de este Reglamento, es necesario recordar, por un lado, que este fue adoptado a raíz de la violación, en 2014, por la Federación de Rusia de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y que, desde entonces, ha sido modificado en varias ocasiones en respuesta a la agresión militar de la Federación de Rusia contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022.
90      Por otro lado, el Reglamento de Ejecución
2022/336, relativo, entre otros aspectos, a la inclusión del constituyente del trust al que se refiere el litigio principal en la lista del anexo I del Reglamento n.º 269/2014, fue adoptado habida cuenta de la gravedad de la situación resultante de esa agresión militar. Como recuerda el considerando
11 del Reglamento de Ejecución 2022/336, con las acciones militares ilegales que ha emprendido, la Federación de Rusia está violando gravemente el Derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y socavando la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales.
91      La importancia de los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 269/2014, a saber, la protección de la integridad territorial, soberanía e independencia de Ucrania y el cese de la violación, por la Federación de Rusia, del Derecho internacional y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que se inscriben en el objetivo más amplio de mantener la paz y la seguridad internacional, de conformidad con los objetivos de la acción exterior de la Unión enunciados en el artículo
21 TUE, no solo puede justificar las consecuencias negativas, aun cuando sean considerables, para determinados agentes (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado
150), sino que también exige que ese Reglamento se interprete de forma que se garantice la eficacia de las medidas restrictivas establecidas en él y que se evite la neutralización del efecto de esas medidas o que estas sean eludidas.
92      De lo anterior se desprende que el artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 debe interpretarse en el sentido de que los fondos y los recursos económicos aportados a un trust por su constituyente, incluido en la lista que figura en el anexo I de dicho Reglamento, pueden considerarse propiedad de ese constituyente o controlados por este, lo que justifica, por consiguiente, que quepa adoptar, en su caso, una medida de inmovilización con respecto a esos fondos y a esos recursos económicos.
93      En el asunto que nos ocupa, el órgano jurisdiccional remitente indica que el constituyente no dispone de facultades de gestión de los fondos y de los recursos económicos aportados al trust y que no es el usuario de estos.
94      Aunque no corresponde al Tribunal de Justicia, en el contexto del procedimiento basado en el artículo
267 TFUE, cuestionar una apreciación como la anterior del órgano jurisdiccional remitente, es necesario señalar, sin embargo, con el fin de ofrecer una respuesta útil a este, que, para determinar si, en la situación que es objeto del litigio principal, el constituyente del trust ha conservado las facultades que le permiten utilizar los fondos y los recursos económicos aportados al trust, obtener beneficios de ellos, disponer de ellos o ejercer influencia en ellos o en las decisiones tomadas por el trustee con respecto a esos fondos y a esos recursos económicos, el órgano jurisdiccional remitente puede remitirse al Derecho aplicable al trust, sin limitarse únicamente a este, no obstante.
95      De la resolución de remisión se infiere que el trust al que se refiere el litigio principal se constituyó y se regula con arreglo al Derecho de las Bermudas. A este respecto, como señaló el Abogado General en los puntos
89 a 91 de sus conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente puede tener en cuenta las prerrogativas que ese Derecho reconoce al constituyente, como la facultad de revocar total o parcialmente el trust; el poder de dar instrucciones vinculantes al trustee con respecto a la compra, tenencia, venta u otras operaciones comerciales o de inversión con bienes del trust, o cualquier inversión o reinversión de esos bienes, y de
ejercer cualquier poder o derecho derivado de dichos bienes; la posibilidad de designar, añadir, retirar o sustituir a cualquier trustee o protector del trust, o la facultad de añadir, suprimir o excluir a un beneficiario o categoría de beneficiarios, así como la posibilidad de que el propio constituyente sea cobeneficiario del trust.
96      Estas prerrogativas podrían indicar que el constituyente tiene influencia sobre los fondos y recursos económicos aportados al trust o sobre las decisiones tomadas por el trustee con respecto a esos fondos y recursos económicos, tanto si esas prerrogativas están expresamente previstas en la escritura de constitución del trust o en sus modificaciones como si no lo están.
97      En efecto, dado que la escritura de constitución del trust y sus modificaciones no están sujetas a la obligación de publicidad, identificar sobre la base de este documento la verdadera naturaleza de la relación jurídica cubierta por este mecanismo puede resultar difícil, toda vez que las versiones en vigor de esa escritura de constitución y de sus modificaciones pueden no estar disponibles y, en cualquier caso, pueden ser modificadas.
98      El constituyente puede ejercer influencia sobre los fondos y los recursos económicos aportados al trust o sobre las decisiones tomadas por el trustee con respecto a estos y utilizar esos fondos y recursos económicos, obtener beneficios de ellos o disponer de ellos, sin que esa influencia o esa posibilidad se hayan formalizado en un documento jurídico, extremos estos que el órgano jurisdiccional remitente también debe tener en cuenta.
99      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente debe, en particular, tener en cuenta las relaciones mantenidas entre el constituyente, por un lado, y las demás personas implicadas en el trust, como el trustee o el protector, por otro, y determinar, entre otras cosas, si el constituyente ha designado, para el rol del trustee o del protector, a personas de confianza, relacionadas mediante vínculos profesionales o personales con el constituyente, que puedan seguir las consignas o las sugerencias de este en lo atinente a la administración del trust y de sus bienes.
100    Asimismo, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto
116 de sus conclusiones, la afectación de los fondos y de los recursos económicos aportados al trust a actividades de las que el constituyente o personas o entidades de su propiedad, controladas por él o vinculadas con él son los únicos o los principales destinatarios o beneficiarios puede constituir un indicio de la influencia del constituyente sobre el trust y sobre los bienes y recursos aportados a este, así como de la posibilidad de que el constituyente se beneficie de ellos o disponga de ellos.
101    A este respecto, aunque el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que el constituyente no es el usuario de los bienes y de las relaciones jurídicas aportados al trust, aún sería necesario comprobar si las sociedades aportadas al trust no suministran bienes o servicios a entidades que estén bajo el poder exclusivo o mayoritario del constituyente o estén controladas por él.
102    Por último, es preciso señalar que recurrir a estructuras innecesariamente complejas y a los trust vinculados con una persona incluida en la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014 puede constituir en sí mismo un indicio del control de esa persona sobre una entidad no incluida en dicha lista. Tal apreciación se refleja, además, en las Mejores prácticas, en particular en sus apartados 63, 64 y 67.
103    En efecto, es necesario indicar que el órgano jurisdiccional remitente podrá apreciar una influencia del constituyente sobre los fondos y los recursos económicos aportados al trust en caso de que el constituyente posea, directa o indirectamente, la mayoría del capital o de los derechos de voto del trustee o el derecho a nombrar o a separar a la mayoría de los miembros del órgano administrativo, de dirección o de control del trustee o, también, el derecho a ejercer una influencia decisiva sobre el trustee en virtud, en particular, de un acuerdo celebrado entre ellos, inclusive a través de sociedades instrumentales.
104    De este modo, constituyen indicios del control de personas incluidas en la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014 sobre entidades no incluidas en esa lista el hecho de que algunas de esas entidades hayan sido creadas o hayan cambiado de identidad poco antes de la adopción del régimen de sanciones o de la designación de la persona o de que carezcan de una actividad comercial verosímil; el hecho de que uno o varios fideicomisos se utilicen como destinatarios de los activos de una entidad que es propiedad o está bajo el control de una persona designada, y el hecho de que en la gestión de los fideicomisos participen profesionales del país o territorio en el que se constituyó el fideicomiso o los fideicomisos.
105    Además, en supuestos en los que, al igual que ocurre en la situación que es objeto del litigio principal, se aportan sociedades al trust, cabe apreciar la influencia del constituyente del trust sobre estas, en particular, cuando el trustee es, no ya el administrador de esas sociedades, sino únicamente el titular de su capital. En un supuesto así, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar las facultades de los administradores de esas sociedades y las relaciones entre estos administradores y el constituyente.
106    Habida cuenta de cuanto antecede, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y tercera que el artículo
2, apartado
1, del Reglamento n.º 269/2014 debe interpretarse en el sentido de que los fondos y los recursos económicos aportados a un trust por su constituyente, incluido en la lista que figura en el anexo I del citado Reglamento, deben considerarse «propiedad» de ese constituyente o «controlados» por este, en el sentido de la citada disposición, siempre que ese constituyente siga disponiendo de facultades que le permitan utilizar esos fondos y esos recursos económicos, obtener beneficio de ellos, disponer de ellos o ejercer influencia en ellos o en las decisiones tomadas por el trustee con respecto a dichos fondos y a dichos recursos económicos.
Segunda cuestión prejudicial
107    A la vista de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y tercera, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial.
Costas
108    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2022/330 del Consejo, de 25 de febrero de 2022,
debe interpretarse en el sentido de que
los fondos y los recursos económicos aportados a un trust por su constituyente, incluido en la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, deben considerarse «propiedad» de ese constituyente o «controlados» por este, en el sentido de la citada disposición, siempre que ese constituyente siga disponiendo de facultades que le permitan utilizar esos fondos y esos recursos económicos, obtener beneficio de ellos, disponer de ellos o ejercer influencia en ellos o en las decisiones tomadas por el trustee con respecto a dichos fondos y a dichos recursos económicos.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: italiano.