61994C0152
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. MICHAEL B. ELMER
presentadas el 5 de octubre de 1995 (
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)
1.
En el presente caso, el Rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgica) ha planteado al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre el alcance del artículo 52 del Tratado CE, relativo a la libertad de establecimiento, en relación con la cuestión de la determinación de las personas autorizadas para practicar intervenciones odontológicas en caballos.
2.
Según el artículo 4 de la Ley belga de 22 de agosto de 1991 sobre el ejercicio de la medicina veterinaria (en lo sucesivo, «Ley») (
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) sólo pueden ejercer la medicina veterinaria las personas que estén en posesión de un título legal de medicina veterinaria. Según el punto 6 del apartado 1 del artículo 3, las intervenciones quirúrgicas y odontológicas en caballos están comprendidas en el concepto de ejercicio de la medicina veterinaria.
3.
Se acusa al Sr. Geert van Buynder, de nacionalidad belga, de haber practicado intervenciones quirúrgicas y odontológicas en animales sin respetar los requisitos exigidos por el artículo 4 de la Ley. El acusado declaró en el procedimiento que había realizado curas de la dentadura de caballos en diversas ocasiones, consistentes, principalmente, en limar los dientes cuando, por efecto del desgaste natural, se han formado asperezas y sus extremidades se han vuelto excesivamente cortantes. De esta forma se prevenían cortes en la lengua y en las quijadas así como problemas digestivos. Para ello el Sr. Van Buynder trabaja sin anestésicos ni otros medicamentos.
4.
El acusado sostiene que la actividad que ejerce es libre en los países vecinos de Bélgica. En este contexto, presentó una lista de personas originarias de los Países Bajos, Francia, Alemania, etc., que practicaban los mismos actos, y declaró: «pienso, por otra parte, que, si una profesión puede ejercerse en algún lugar de la Comunidad Europea, puede ejercerse también en Bélgica». El Ministerio Fiscal no discute que las personas citadas por el acusado practiquen en Bélgica intervenciones odontológicas en caballos en condiciones similares. Según las informaciones disponibles, el acusado no está en situación de probar que las personas de que se trata no son veterinarios; el Ministerio Fiscal tampoco acredita que lo sean.
5.
Mediante resolución de 2 de junio de 1994, el Rechtbank van eerste aanleg te Gent planteó al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Garantiza la libertad de establecimiento, prevista en el artículo 52 del Tratado CEE, el derecho de cualquiera, aunque no sea veterinario, a realizar intervenciones odontológicas en caballos sin hacer uso de medicamentos o anestésicos?»
6.
El acusado sostiene, con carácter principal, que el Tribunal de Justicia debería declarar la inadmisibilidad de la cuestión, ya que el proceso seguido ante el Juez nacional adolece de vicios, y que él no practica intervenciones odontológicas en caballos, a efectos del punto 6 del apartado 1 del artículo 3 de la Ley, sino que se limita a efectuar operaciones destinadas al cuidado de la dentadura de los caballos. Con carácter subsidiario, solicita al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial que el artículo 52 del Tratado, relativo a la libertad de establecimiento, implica que cualquier persona, sea o no veterinario, tiene derecho a practicar la limadura de dientes en caballos.
7.
La Comisión, el Gobierno belga y el Gobierno del Reino Unido, sostienen que el asunto versa sobre una situación puramente interna que escapa al ámbito de aplicación de las normas del Tratado relativas a la libertad de establecimiento.
8.
Considero que no procede estimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por el acusado. El procedimiento de cooperación establecido por el artículo 177 del Tratado implica que incumbe al órgano jurisdiccional nacional, y no al Tribunal de Justicia, apreciar la pertinencia de una excepción basada en la falta de pertinencia de una cuestión prejudicial como consecuencia de una interpretación errónea del Derecho nacional. (
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)
9.
Se deduce de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento no se aplican a situaciones puramente internas de un Estado miembro, como aquellas en que los nacionales de un Estado miembro ejercen, en el territorio de éste, una actividad profesional por cuenta propia respecto de la cual no pueden invocar ninguna formación anterior realizada en otro Estado miembro. (
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)
10.
El acusado es de nacionalidad belga y reside en Bélgica. El asunto gira en torno al ejercicio por este último de una profesión liberal relacionada con el tratamiento de los caballos en Bélgica. No está en posesión de un título de veterinario expedido en un Estado miembro. El asunto versa, por tanto, sobre una situación puramente interna de un Estado miembro a la que, según jurisprudencia reiterada, no es aplicable el artículo 52 del Tratado.
Conclusión
11.
En atención a las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Gent mediante resolución de 2 de junio de 1994, en los siguientes términos:
«El artículo 52 del Tratado CE no se aplica a situaciones puramente internas de un Estado miembro como aquellas en que los nacionales de un Estado miembro ejercen, en el territorio de éste, una actividad profesional por cuenta propia respecto de la cual no pueden invocar ninguna formación anterior realizada en otro Estado miembro.»
(
*1
)	Lengua original: danés.
(
1
)	Staatsblad de 15 de octubre de 1991, p. 22981.
(
2
)	Véase la sentencia de 16 de abril de 1991, Eurim-Pharm (C-347/89, Rec. p. I-1747), apartados 14 a 17.
(
3
)	Véase, como más reciente, la sentencia de 16 de febrero de 1995, Aubertin y otros (asuntos acumulados C-29/94 a C-35/94, Rec. p. I-301), apartados 9 y 10.