61991CJ0275_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-275/91,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el tribunal du travail de Bruselas, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Alfredo Iacobelli
y
Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI),
Union nationale des fédérations mutualistes neutres,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del párrafo segundo in fine del apartado 1 del artículo 46 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y del apartado 4 del artículo 36 del Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71, en la versión refundida por el Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por los Sres.: M. Zuleeg, Presidente de Sala; J.C. Moitinho de Almeida y F. Grévisse, Jueces;
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sr. H.A. Ruehl, administrador principal;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- En nombre del Sr. Iacobelli, parte demandante en el litigio principal, por el Sr. D. Rossini, delegado sindical;
- en nombre del INAMI, parte demandada en el litigio principal, por Me Jean-Jacques Masquelin, Abogado de Bruselas;
- en nombre del Gobierno de la República Helénica, por los Sres. Vasileios Kontolaimos, Consejero Jurídico adjunto, y Ioannis Chalkias, mandatario judicial, miembros del Consejo Jurídico del Estado, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno de la República Italiana, por el Profesor Luigi Ferrari Bravo, Jefe del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, en calidad de Agente, asistido por el Sr. Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. Maria Patakia, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones de la parte demandada, del Gobierno griego y de la Comisión, representada por el Sr. D. Gouloussis, miembro de su Servicio Jurídico, expuestas en la vista de 2 de julio de 1992;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de septiembre de 1992;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 15 de octubre de 1991, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de octubre siguiente, el tribunal du travail de Bruxelles planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 46 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y del apartado 4 del artículo 36 del Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71, en sus versiones modificadas y codificadas por el Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53).
2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Iacobelli, de nacionalidad italiana, por una parte, y el Institut national d'assurance maladie-invalidité belga (en lo sucesivo, "INAMI") y la Union nationale des fédérations mutualistes neutres, por otra.
3 Consta en autos que el Sr. Iacobelli trabajó en Italia entre 1936 y 1964, y en Bélgica a partir del 13 de agosto de 1964. Víctima de un accidente de trabajo que tuvo lugar el 9 de diciembre de 1977, formuló una solicitud de pensión de invalidez ante el INAMI, el cual tramitó dicha solicitud con arreglo al artículo 36 del Reglamento nº 574/72. Se le declaró inválido el 9 de diciembre de 1978 y, a partir del 1 de agosto de 1980, se le concedieron prestaciones de invalidez exclusivamente con arreglo a la legislación belga.
4 Con arreglo al apartado 1 del artículo 40 del Reglamento nº 1408/71, el INAMI se dirigió el 20 de marzo de 1979 al Istituto nazionale della providenza sociale (en lo sucesivo, "INPS"), a efectos de la liquidación de la pensión de invalidez con arreglo a la legislación italiana. El 26 de mayo de 1981, el INPS comunicó al INAMI que el Sr. Iacobelli tenía derecho a una pensión de invalidez italiana, calculada a prorrata, con efectos desde el 1 de enero de 1979, a tenor de la letra b) del apartado 2 del artículo 46 del Reglamento nº 1408/71. El 24 de febrero de 1982, el INPS comunicó al INAMI su decisión de conceder al Sr. Iacobelli, en lugar de la pensión de invalidez concedida anteriormente pero no abonada, una pensión de vejez, con efectos de 1 de diciembre de 1980, fecha en que el interesado había alcanzado la edad de 60 años, edad legal de jubilación en Italia para los hombres.
5 En una carta enviada posteriormente al INAMI, el INPS precisó que Italia no concedería ninguna prestación de invalidez, pues el interesado había renunciado expresamente a ella mediante declaración de 6 de diciembre de 1982. Consta en autos que dicha renuncia fue debida a que la legislación italiana de aquel momento no preveía la posibilidad de transformar una pensión de invalidez en pensión de vejez, pensión esta última que, en el caso concreto, era más elevada que la pensión de invalidez a la que habría tenido derecho el Sr. Iacobelli.
6 Habida cuenta de esta situación, el INAMI decidió poner fin a las indemnizaciones del Sr. Iacobelli a partir del mes de octubre de 1983. El 3 de agosto de 1985, este último interpuso recurso contra dicha decisión ante el tribunal du travail de Bruxelles, el cual suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
"¿Se oponen el apartado 4 del artículo 36 del Reglamento (CEE) nº 574/72 y el párrafo segundo in fine del apartado 1 del artículo 46 del Reglamento (CEE) nº 1408/71, al que da aplicación, a que la institución de un Estado miembro, a la que la institución de otro Estado miembro le haya sometido una solicitud de prestación de invalidez fundada en el artículo 40 del Reglamento (CEE) nº 1408/71, conceda a una trabajador migrante la pensión de vejez en lugar de la prestación de invalidez cuando resulte que la pensión de vejez, cuyo derecho existe únicamente en virtud de la legislación nacional, es más favorable que la de invalidez, calculada según el sistema de totalización y de prorrateo, a saber, según la interpretación, dada por la parte demandada, del apartado 1 del artículo 241 del Real Decreto de 4 de noviembre de 1963, adoptado en aplicación de la Ley de 9 de agosto de 1963, por la que se crea y organiza un régimen de Seguro obligatorio de Enfermedad e Invalidez, y del nuevo párrafo primero del apartado 2 del artículo 76 quater de esta Ley?"
7 Para una más amplia exposición de los hechos y del marco jurídico del litigio principal, así como del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
8 Mediante la cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional nacional pretende esencialmente saber, por una parte, si el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 46 del Reglamento nº 1408/71 y el apartado 4 del Reglamento nº 574/72 se oponen a que una institución de un Estado miembro, a la que una institución de otro Estado miembro le haya sometido una solicitud de prestación de invalidez fundada en el artículo 40 del Reglamento nº 1408/71, conceda a un trabajador una pensión de vejez en lugar de una pensión de invalidez a la que el interesado ha renunciado para obtener la pensión de vejez, que le resulta más favorable, y, por otra parte, en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, si resulta compatible con el Derecho comunitario la pérdida del derecho a prestaciones de invalidez a cargo de la institución de este último Estado miembro basada en el Derecho interno de dicho Estado.
9 El INAMI considera que, con arreglo al apartado 2 del artículo 44 del Reglamento nº 1408/71, aplicable a las prestaciones de invalidez en virtud del apartado 1 del artículo 40 de ese mismo Reglamento, y al apartado 4 del artículo 36 del Reglamento nº 574/72, debe procederse a practicar las operaciones de liquidación con respecto a todas las legislaciones a que haya estado sujeto el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, tan pronto como éste lo solicite formalmente, y que esta regla únicamente admite excepciones en lo relativo a las prestaciones de vejez adquiridas en virtud de la legislación de uno o varios Estados miembros. Como en el caso de autos se trata de una pensión de invalidez, no es posible renuncia alguna.
10 Procede hacer constar que con arreglo al apartado 1 del artículo 40 del Reglamento nº 1408/71, integrado en el capítulo relativo a la invalidez, las disposiciones del capítulo 3, relativo a la vejez y muerte, son aplicables por analogía cuando el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia haya estado sucesiva o alternativamente sujeto a las legislaciones de dos o más Estados miembros, de las cuales una al menos no haga depender la cuantía de las prestaciones de invalidez de la duración del período de cotización. Ahora bien, en esa situación se encuentra el Sr. Iacobelli.
11 El apartado 2 del artículo 44 del referido Reglamento, que así pues es aplicable por analogía a la invalidez, tiene el siguiente tenor:
"Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 49, se procederá a practicar las operaciones de liquidación con respecto a todas las legislaciones a que haya estado sujeto el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, tan pronto como éste lo solicite formalmente. Dejará de aplicarse esta norma si el interesado pide expresamente que se demore el reconocimiento del derecho a las prestaciones de vejez que pudieran corresponderle en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros."
12 Por su parte, el apartado 4 del artículo 36 del Reglamento nº 574/72, incluido en el capítulo relativo a la invalidez, a la vejez y a la supervivencia (pensiones), dispone lo siguiente:
"Una solicitud de prestaciones dirigida a la institución de un Estado miembro originará automáticamente la liquidación concomitante de prestaciones con arreglo a las legislaciones de todos los Estados miembros afectados ante las cuales reúna el solicitante las condiciones exigidas, salvo en el supuesto de que éste desee, con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 44 del Reglamento, que se le aplace la liquidación de las prestaciones de vejez a que tendría derecho con arreglo a la legislación de uno o varios Estados miembros."
13 Sin que sea necesario determinar si la norma establecida en el apartado 2 in fine del artículo 44 resulta aplicable en el supuesto de invalidez, procede hacer constar que las disposiciones mencionadas más arriba son normas de procedimiento y no suponen modificación alguna de los requisitos a los que los Estados miembros supeditan la concesión de prestaciones de invalidez. Corresponde a la legislación de cada Estado miembro determinar si el interesado puede renunciar a una pensión de invalidez para disfrutar posteriormente de una pensión de vejez que le resulte más favorable.
14 Tal como ha observado el Abogado General (punto 23 de sus conclusiones), de lo anterior se deduce que cuando una legislación nacional obliga al interesado a elegir entre dos prestaciones alternativas, la prestación que ha de tomarse en consideración, con arreglo a la primera frase del apartado 2 del artículo 44 del Reglamento y a efectos de los cálculos que han de hacerse en virtud del artículo 46 del mismo Reglamento, no es otra que la prestación cuya obtención elija y solicite el interesado.
15 Se impone esta interpretación con tanta mayor razón cuanto que la argumentación mantenida por el INAMI tendría como consecuencia que el interesado se vería privado de un derecho adquirido exclusivamente en virtud de la legislación nacional, lo que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, resulta contrario al artículo 51 del Tratado (véase, entre otras, la sentencia de 21 de octubre de 1975, Petroni, 24/75, Rec. p. 1149, apartado 21).
16 Procede, pues, responder al órgano jurisdiccional nacional que el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 46 del Reglamento nº 1408/71 y el apartado 4 del artículo 36 del Reglamento nº 574/72, en sus versiones modificadas, no se oponen a que una institución de un Estado miembro, a la que una institución de otro Estado miembro le haya sometido una solicitud de pensión de invalidez fundada en el artículo 40 del Reglamento nº 1408/71, conceda a un trabajador una pensión de vejez en lugar de la pensión de invalidez a la que el interesado renunció para obtener la pensión de vejez, que le resulta más favorable.
Decisión sobre las costas
Costas
17 Los gastos efectuados por los Gobiernos italiano y griego, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el tribunal du travail de Bruxelles mediante resolución de 15 de octubre de 1991, declara:
El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 46 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, y el apartado 4 del artículo 36 del Reglamento (CEE) nº 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de 1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) nº 1408/71, en sus versiones modificadas y codificadas por el Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, no se oponen a que una institución de un Estado miembro, a la que una institución de otro Estado miembro le haya sometido una solicitud de pensión de invalidez fundada en el artículo 40 del Reglamento nº 1408/71, conceda a un trabajador una pensión de vejez en lugar de la pensión de invalidez a la que el interesado renunció para obtener la pensión de vejez, que le resulta más favorable.