SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 10 de abril de 2025 (*)
« Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Directiva (UE) 2019/1023 — Procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas — Artículo 20 — Acceso a la exoneración — Artículo 23, apartados 1 y 2 — Excepciones — Persona física que deviene insolvente — Requisitos de acceso a la exoneración de deudas — Concepto de actuación “deshonesta o de mala fe” — Actuaciones respecto a los acreedores de un tercero »
En el asunto C‑723/23 [Amilla], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Oviedo, con sede en Gijón (Asturias), mediante resolución de 13 de octubre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de noviembre de 2023, en el procedimiento entre
Agencia Estatal de Administración Tributaria
y
VT,
UP,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. A. Kumin, Presidente de Sala, el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de la Sala Primera, y el Sr. S. Gervasoni, Juez;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de VT y UP, por el Sr. I. Blanco Urizar, abogado;
–        en nombre del Gobierno español, por el Sr. A. Ballesteros Panizo, en calidad de agente;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. J. L. Buendía Sierra, G. Meeßen y G. von Rintelen, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 20 y 23, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia) (DO 2019, L 172, p. 18; corrección de errores en DO 2022, L 43, p. 94).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre VT, persona física que devino insolvente, y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) relativo a una solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho que VT presentó durante su propio procedimiento concursal.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        Los considerandos 78 a 81 de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia son del siguiente tenor:
«(78)      La plena exoneración de deudas o el fin de las inhabilitaciones tras un período no superior a tres años no son adecuados en todas las circunstancias, por lo que puede ser necesario establecer en la normativa nacional excepciones a dicha norma debidamente justificadas. Por ejemplo, se deben establecer dichas excepciones en los casos en que el deudor sea deshonesto o haya actuado de mala fe. En los casos en que los empresarios no disfruten de una presunción de honestidad y buena fe en virtud del Derecho nacional, la carga de la prueba de su honestidad y buena fe no debe dificultarles innecesariamente iniciar el procedimiento ni hacerlo costoso.
(79)      Al determinar si un deudor fue deshonesto, las autoridades judiciales o administrativas pueden tener en cuenta circunstancias como las siguientes: la naturaleza y el importe de la deuda; el momento en que se ha contraído la deuda; los esfuerzos realizados por el empresario para abonar la deuda y cumplir con las obligaciones legales, incluidos los requisitos para la concesión de licencias públicas y la exigencia de llevar una contabilidad correcta; las actuaciones, por parte del empresario, para frustrar las pretensiones de los acreedores; el cumplimiento de las obligaciones en caso de insolvencia inminente que incumben a los empresarios que sean administradores sociales de una sociedad; el cumplimiento de la normativa de la Unión y nacional en materia de competencia y en materia laboral. También deben poder establecerse tales excepciones cuando el empresario no haya cumplido determinadas obligaciones jurídicas, incluida la obligación de maximizar los rendimientos para los acreedores, que podría adoptar la forma de una obligación general de generar ingresos o activos. Asimismo, deben poder establecerse excepciones específicas cuando sea necesario garantizar el equilibrio entre los derechos del deudor y los derechos de uno o varios acreedores, por ejemplo cuando el acreedor sea una persona física que necesita más protección que el deudor.
(80)      También se podría justificar una excepción cuando no se cubran los costes del procedimiento conducente a la exoneración de deudas, en particular las tasas de las autoridades judiciales y administrativas y los honorarios de los administradores concursales. Los Estados miembros deben poder disponer que se pueda revocar el beneficio de esa exoneración si, por ejemplo, la situación financiera del deudor mejora de forma significativa debido a circunstancias inesperadas, como ganar un premio de lotería o recibir una herencia o una donación. No debe impedirse que los Estados miembros concedan excepciones adicionales en circunstancias bien definidas y cuando esté debidamente justificado.
(81)      Cuando exista una razón debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional, podría ser conveniente limitar la posibilidad de exoneración para determinadas categorías de deuda. […] Los Estados miembros deben poder excluir otras categorías de deudas cuando esté debidamente justificado.»
4        El artículo 20 de dicha Directiva, titulado «Acceso a la exoneración», dispone lo siguiente:
«1.      Los Estados miembros velarán por que los empresarios insolventes tengan acceso al menos a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de conformidad con la presente Directiva.
[…]
2.      Los Estados miembros en que la plena exoneración de deudas esté supeditada a un reembolso parcial de la deuda por el empresario garantizarán que la correspondiente obligación de reembolso se base en la situación individual del empresario y, en particular, sea proporcionada a los activos y la renta embargables o disponibles del empresario durante el plazo de exoneración, y que tenga en cuenta el interés equitativo de los acreedores.
[…]»
5        El artículo 23 de la citada Directiva, cuye epígrafe es «Excepciones», establece:
«1.      Como excepción a lo dispuesto en los artículos 20 a 22, los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones que denieguen o restrinjan el acceso a la exoneración de deudas o revoquen dicha exoneración o que establezcan plazos más largos para la obtención de la plena exoneración de deudas o períodos de inhabilitación más largos cuando el empresario insolvente haya actuado de forma deshonesta o de mala fe, según la normativa nacional, respecto a los acreedores en el momento de endeudarse, durante el procedimiento de insolvencia o durante el pago de la deuda, sin perjuicio de las normas nacionales en materia de carga de la prueba.
2.      Como excepción a lo dispuesto en los artículos 20 a 22, los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones que denieguen o restrinjan el acceso a la exoneración de deudas o revoquen una exoneración o que establezcan plazos más largos para la obtención de la plena exoneración de deudas o períodos de inhabilitación más largos en determinadas circunstancias bien definidas y siempre que tales excepciones estén debidamente justificadas, como en los casos siguientes:
a)      cuando el empresario insolvente haya vulnerado sustancialmente las obligaciones asumidas en virtud de un plan de pagos o cualquier otra obligación jurídica orientada a salvaguardar los intereses de los acreedores, incluida la obligación de maximizar los rendimientos para los acreedores;
b)      cuando el empresario insolvente haya incumplido sus obligaciones en materia de información o cooperación con arreglo al Derecho de la Unión y nacional;
c)      en caso de solicitudes abusivas de exoneración de deudas;
d)      en caso de presentación de una nueva solicitud de exoneración dentro de un determinado plazo a partir del momento en que el empresario insolvente haya obtenido la plena exoneración de deudas o del momento en que se le haya denegado la plena exoneración de deudas debido a una vulneración grave de sus obligaciones de información o cooperación;
e)      cuando no esté cubierto el coste del procedimiento conducente a la exoneración de deudas, o
f)      cuando sea necesaria una excepción para garantizar el equilibrio entre los derechos del deudor y los derechos de uno o varios acreedores.
3.      Como excepción a lo dispuesto en el artículo 21, los Estados miembros podrán prever unos plazos de exoneración más largos en los casos en que:
[…]
4.      Los Estados miembros podrán excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas en caso de que tales exclusiones, restricciones o prolongaciones de plazos estén debidamente justificadas, como en los siguientes casos:
a)      deudas garantizadas;
b)      deudas derivadas de sanciones penales o relacionadas con estas;
c)      deudas derivadas de responsabilidad extracontractual;
[…]».
Derecho español
6        La ley aplicable ratione temporis al litigio principal es el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (BOE n.º 127, de 7 de mayo de 2020, p. 31518), en su versión modificada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 (BOE n.º 214, de 6 de septiembre de 2022, p. 123682) (en lo sucesivo, «TRLC»).
7        A tenor del preámbulo de la Ley 16/2022:
«[…]
[…] Cuando el deudor insolvente es una persona física, el concurso pretende identificar a los deudores de buena fe y ofrecerles una exoneración parcial de su pasivo insatisfecho que les permita beneficiarse de una segunda oportunidad, evitando su paso a la economía sumergida o a una situación de marginalidad.
[…]
La Directiva [sobre reestructuración e insolvencia] obliga a todos los Estados miembros al establecimiento de un mecanismo de segunda oportunidad para evitar que los deudores se vean tentados a deslocalizarse a otros países que ya acojan estos institutos, con el coste que esto supondría tanto para el deudor como para sus acreedores. Al tiempo, la homogeneización en este punto se considera imprescindible para el funcionamiento del mercado único europeo.
Uno de los cambios más drásticos de la nueva normativa es que, en lugar de condicionar la obtención de la exoneración a la satisfacción de un determinado tipo de deudas (como ha venido a recoger el artículo 487.2 del texto refundido de la Ley Concursal), se acoge un sistema de exoneración por mérito en el que cualquier deudor, sea o no empresario, siempre que satisfaga el estándar de buena fe en que se asienta este instituto, puede exonerar todas sus deudas, salvo aquellas que, de forma excepcional y por su especial naturaleza, se consideran legalmente no exonerables. Se mantiene la opción, ya acogida por el legislador español en 2015, de conceder la exoneración a cualquier deudor persona natural de buena fe, sea o no empresario.
[…]
La buena fe del deudor sigue siendo una pieza angular de la exoneración. En línea con las recomendaciones de los organismos internacionales, se establece una delimitación normativa de la buena fe, por referencia a determinadas conductas objetivas que se relacionan taxativamente (numerus clausus), sin apelación a patrones de conducta vagos o sin suficiente concreción, o cuya prueba imponga una carga diabólica al deudor. […]
[…]
Se amplía la exoneración a todas las deudas concursales y contra la masa. Las excepciones se basan, en algunos casos, en la especial relevancia de su satisfacción para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho (como las deudas por alimentos, las de derecho público, las deudas derivadas de ilícito penal o incluso las deudas por responsabilidad extracontractual). Así, la exoneración de deudas de derecho público queda sujeta a ciertos límites y solo podrá producirse en la primera exoneración del pasivo insatisfecho, no en las sucesivas. En otros casos, la excepción se justifica en las sinergias o externalidades negativas que podrían derivar de la exoneración de cierto tipo de deudas: la exoneración de las deudas por costes o gastos judiciales derivados de la tramitación de la propia exoneración podría desincentivar la colaboración de ciertos terceros con el deudor en este objetivo (por ejemplo, los abogados), lo cual perjudicaría el acceso del concursado al expediente. De la misma forma, la exoneración de deudas que gocen de garantías reales socavaría, sin fundamento alguno, una de las piezas esenciales del acceso al crédito y, con ello, del correcto funcionamiento de las economías modernas, cual es la inmunidad del acreedor que disfrute de una garantía real sólida a las vicisitudes de la insolvencia o el incumplimiento del deudor. Por último, de forma excepcional, se permite al juez que declare la no exonerabilidad total o parcial de ciertas deudas cuando ello sea necesario para evitar la insolvencia del acreedor.
[…]»
8        El artículo 486 del TRLC establece lo siguiente:
«El deudor persona natural, sea o no empresario, podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho en los términos y condiciones establecidos en esta ley, siempre que sea deudor de buena fe:
1.º      Con sujeción a un plan de pagos sin previa liquidación de la masa activa, conforme al régimen de exoneración contemplado en la subsección 1.ª de la sección 3.ª siguiente; o
2.º      Con liquidación de la masa activa sujetándose en este caso la exoneración al régimen previsto en la subsección 2.ª de la sección 3.ª siguiente si la causa de conclusión del concurso fuera la finalización de la fase de liquidación de la masa activa o la insuficiencia de esa masa para satisfacer los créditos contra la masa.»
9        El artículo 487 del TRLC tiene el siguiente tenor:
«1.      No podrá obtener la exoneración del pasivo insatisfecho el deudor que se encuentre en alguna de las circunstancias siguientes:
1.º      Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubiera sido condenado en sentencia firme a penas privativas de libertad, aun suspendidas o sustituidas, por delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores, todos ellos siempre que la pena máxima señalada al delito sea igual o superior a tres años, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración se hubiera extinguido la responsabilidad criminal y se hubiesen satisfecho las responsabilidades pecuniarias derivadas del delito.
2.º      Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves, de seguridad social o del orden social, o cuando en el mismo plazo se hubiera dictado acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad.
En el caso de infracciones graves, no podrán obtener la exoneración aquellos deudores que hubiesen sido sancionados por un importe que exceda del cincuenta por ciento de la cuantía susceptible de exoneración por la [AEAT] a la que se refiere el artículo 489.1.5.º, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubieran satisfecho íntegramente su responsabilidad.
3.º      Cuando el concurso haya sido declarado culpable. No obstante, si el concurso hubiera sido declarado culpable exclusivamente por haber incumplido el deudor el deber de solicitar oportunamente la declaración de concurso, el juez podrá atender a las circunstancias en que se hubiera producido el retraso.
4.º      Cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, haya sido declarado persona afectada en la sentencia de calificación del concurso de un tercero calificado como culpable, salvo que en la fecha de presentación de la solicitud de exoneración hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad.
[…]
2.      En los casos a que se refieren los números 3.º y 4.º del apartado anterior, si la calificación no fuera aún firme, el juez suspenderá la decisión sobre la exoneración del pasivo insatisfecho hasta la firmeza de la calificación. […]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
10      VT y su esposa, UP, eran los administradores de BLANCO Y NARANJA, S. L., y de MALVA Y NARANJA, S. L. Cada una de estas dos sociedades se vio incursa en un procedimiento concursal de resultas del cual fueron declaradas en concurso y se determinó que esos concursos debían ser calificados como «culpables». En ambos procedimientos, VT y UP, en su condición de administradores solidarios de las referidas sociedades, fueron identificados como «personas afectadas» por dicha calificación y fueron inhabilitados para administrar bienes ajenos y para representar a cualquier persona durante un determinado período (cinco años en uno de los procedimientos y siete años en el otro). Por otra parte, perdieron cualquier derecho que tuvieran como acreedores concursales o de la masa de esas mismas sociedades. Además, fueron condenados conjunta y solidariamente al pago del déficit patrimonial de las dos sociedades afectadas, a saber, por importes de 169 085,24 euros y de 62 035,91 euros, así como al pago de las costas procesales.
11      Al haber tenido problemas para devolver las referidas cantidades, VT inició un procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos ante la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón. Finalizado este procedimiento sin acuerdo, VT presentó una solicitud de declaración de concurso ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Oviedo, con sede en Gijón (Asturias), que es el órgano jurisdiccional remitente.
12      Mediante auto de 8 de febrero de 2021, dicho órgano jurisdiccional declaró el concurso personal de VT y lo calificó como «fortuito».
13      El 2 de febrero de 2023, en el procedimiento de concurso iniciado respecto de su propia persona, VT presentó una solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho. La AEAT se opuso a la referida solicitud, alegó que al concurso en cuestión le era aplicable la excepción prevista en el artículo 487, apartado 1, punto 4.º, del TRLC y recordó que VT había sido declarado «persona afectada» en los procedimientos concursales a los que se hace mención en el apartado 10 de la presente sentencia, que los concursos de las sociedades afectadas habían sido calificados de «culpables» y que VT no había satisfecho íntegramente su responsabilidad.
14      Por su parte, VT adujo, por un lado, que era deudor de buena fe con respecto a «sus propios acreedores» y que el hecho de haber sido declarado «persona afectada» en el procedimiento de concurso de las personas jurídicas de las que era administrador solidario, por su condición de fiador, no limitaba su acceso a la exoneración de deudas con respecto a sus acreedores. Por otro lado, afirmó que la excepción prevista en el artículo 487, apartado 1, punto 4.º, del TRLC, en la medida en que instituye una responsabilidad objetiva no sujeta a moderación, es contraria al sistema establecido por la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, que, a su entender, exige que sean atendidas las circunstancias subjetivas del deudor para determinar si este fue deshonesto.
15      El órgano jurisdiccional remitente señala, en primer término, que el artículo 23, apartado 1, de la referida Directiva se refiere a la situación en la que un empresario insolvente actúa de forma deshonesta o de mala fe respecto a los acreedores. Sin embargo, estima que no es posible determinar claramente si esta disposición se refiere a una situación como la que es objeto del litigio principal, en la que un deudor, en su condición de administrador solidario, ha sido considerado conjuntamente responsable frente a los acreedores de un tercero. Se plantea, por lo tanto, la cuestión de si la excepción que afecta al acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho por un deudor respecto de sus propios acreedores es aplicable a los acreedores de un tercero y si tal aplicación es compatible con el concepto de «acreedores» en el sentido del citado artículo 23, apartado 1.
16      En segundo término, este órgano jurisdiccional considera que la excepción regulada en el artículo 487, apartado 1, punto 4.º, del TRLC impide a VT acceder a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de sus deudas frente a sus propios acreedores. Se pregunta si el artículo 20 de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, que obliga a los Estados miembros a establecer un procedimiento que pueda dar lugar a la plena exoneración de deudas, debe interpretarse en el sentido de que se opone a aquel precepto.
17      En tercer término, el referido órgano jurisdiccional alberga dudas en cuanto a si la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, específicamente el artículo 20, apartado 2, de esta, exige que el régimen de acceso a la plena exoneración de deudas instituido tenga en cuenta las circunstancias subjetivas que rodean la situación del deudor, es decir, su situación individual, o si los Estados miembros tienen la posibilidad de mantener o adoptar una disposición como el artículo 487, apartado 1, punto 4.º, del TRLC, que establece criterios puramente objetivos y que no tiene en cuenta esta situación.
18      En estas circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Oviedo, con sede en Gijón, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      El artículo 23, apartado 1, de la Directiva [sobre reestructuración e insolvencia], ¿debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional como el artículo 487.1.4º del [TRLC], al incluir en el concepto de “comportamiento deshonesto o de mala fe” del deudor conductas suyas referidas a acreedores de terceros, distintos de los que integran la lista de acreedores de su propio concurso de persona física?
2)      ¿Es conforme el artículo 487.1.4º del [TRLC] con el artículo 20 de la Directiva [sobre reestructuración e insolvencia], al contemplar una excepción en el procedimiento de segunda oportunidad que impide desembocar en la plena exoneración de deudas?
3)      ¿Es conforme el artículo 487.1.4º del [TRLC] con el artículo 20.2 y el Considerando 79 de la Directiva [sobre reestructuración e insolvencia], al no contemplar la norma nacional la situación individual del deudor, señalando una excepción de carácter objetivo, sin posibilidad de que los órganos judiciales españoles puedan valorar las circunstancias subjetivas concurrentes en el deudor que accede al procedimiento de segunda oportunidad?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
19      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye el acceso a la exoneración de deudas cuando el deudor ha actuado de forma deshonesta o de mala fe con respecto a los acreedores de un tercero y, en la declaración judicial de la insolvencia culpable de ese tercero, dicho deudor ha sido declarado «persona afectada».
20      Esta cuestión prejudicial se deriva del hecho de que el artículo 487, apartado 1, punto 4.º, del TRLC establece, sustancialmente, que el deudor que, en los diez años anteriores a su solicitud de exoneración de deudas, haya sido declarado «persona afectada» en una sentencia en la que el concurso de un tercero ha sido calificado como «culpable» solo puede obtener esa exoneración de deudas si, en la fecha de presentación de la referida solicitud, hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad.
21      Hecha la anterior precisión, es necesario recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión hay que tener en cuenta no solo el tenor de dicha disposición, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 14 de marzo de 2024, VR Bank Ravensburg-Weingarten, C‑536/22, EU:C:2024:234, apartado 35 y jurisprudencia citada).
22      Por lo que se refiere, en primer lugar, al tenor del artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, este dispone que los Estados miembros podrán mantener o introducir disposiciones que denieguen o restrinjan el acceso a la exoneración de deudas o revoquen dicha exoneración o que establezcan plazos más largos para la obtención de la plena exoneración de deudas o períodos de inhabilitación más largos cuando el empresario insolvente haya actuado de forma deshonesta o de mala fe, en particular, «respecto a los acreedores en el momento de endeudarse, durante el procedimiento de insolvencia o durante el pago de la deuda».
23      Esta disposición contiene una indicación temporal indirecta en cuanto al momento en el que el deudor debe haber actuado de forma deshonesta o de mala fe, a saber, «en el momento de endeudarse», «durante el procedimiento de insolvencia» o «durante el pago de la deuda», lo que permite considerar que los «acreedores» a los que se refiere ese precepto son aquellos que pueden determinarse, bien en el momento en que el deudor en cuestión se endeudó, bien durante el procedimiento de insolvencia, bien durante el pago de la deuda. Como ha alegado la Comisión Europea en sus observaciones escritas, esta indicación temporal puede entenderse en el sentido de apuntar a una interpretación del artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia según la cual el término «acreedores» se refiere únicamente a los acreedores frente a los cuales el deudor en cuestión se haya endeudado directa y personalmente, a saber, «sus propios» acreedores, y no a aquellos que inicialmente eran acreedores de un tercero y que solo se convirtieron en acreedores del deudor a raíz de una sentencia por la que se declaraba a ese deudor «persona afectada» por la insolvencia culpable de aquel tercero.
24      No obstante, en la medida en que, en un supuesto como el que es objeto del litigio principal, una persona que actúa en calidad de administrador de una sociedad cuya insolvencia ha sido calificada de «culpable» sabe que, con arreglo a la normativa nacional aplicable, puede ser declarada «persona afectada», en el sentido de dicha normativa nacional, y convertirse, por ende, en deudora de los acreedores de esa sociedad, esa persona no puede razonablemente ignorar que los acreedores frente a los que decide comprometer a la referida sociedad son potencialmente sus propios acreedores. Por lo tanto, en tal caso, un comportamiento deshonesto o de mala fe de esa persona para con los acreedores de la misma sociedad y, por consiguiente, para con sus potenciales acreedores personales debe equipararse a un comportamiento deshonesto o de mala fe con respecto a sus propios acreedores.
25      Esta interpretación del tenor del artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia se ve corroborada por el hecho de que la versión francesa de esta disposición emplea los términos «des créanciers» («los acreedores») y no «ses créanciers» («sus acreedores»). En efecto, si el legislador de la Unión hubiera querido que el círculo de acreedores a los que se refiere esa disposición se limitara a los propios acreedores del deudor, habría podido hacerlo fácilmente utilizando el adjetivo posesivo «sus».
26      A este respecto, es preciso señalar que existen versiones lingüísticas del artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia distintas de la francesa, en particular las versiones en lengua alemana («gegenüber den Gläubigern»), inglesa («towards creditors»), danesa («for kreditorer»), española («respecto a los acreedores»), húngara («a hitelezőkkel […] szemben»), italiana («nei confronti dei creditori»), portuguesa («para com os credores»), rumana («față de creditori») y sueca («gentemot borgenärerna»), que confirman que el legislador no utilizó ese adjetivo posesivo.
27      En lo que atañe, en segundo lugar, al contexto en el que se inscribe el artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, ha de subrayarse que esta disposición constituye la primera de una serie de preceptos que establecen excepciones al principio de acceso a un procedimiento que puede desembocar en la plena exoneración de deudas, consagrado en el artículo 20 de dicha Directiva, y que, por tanto, aquella disposición debe interpretarse en sentido estricto.
28      No obstante, como se desprende, en particular, de las versiones en lengua checa, danesa, alemana, inglesa, irlandesa, francesa, croata, italiana, letona, neerlandesa, portuguesa, rumana, eslovaca, eslovena, finesa y sueca de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, a diferencia de los apartados 2, 3 y 4 de ese artículo 23, que emplean términos que, sustancialmente, equivalen al término francés «peuvent» («podrán») —a saber, respectivamente, «mohou», «kan», «können», «may», «féadfaidh», «mogu», «possono», «var», «kunnen», «podem», «pot», «môžu», «lahko», «voivat» y «får»— y que de esa forma reconocen cierto margen de apreciación a los Estados miembros para, respectivamente, «mantener o introducir» ciertas excepciones a este principio, «prever» plazos más largos para la obtención de la exoneración de deudas y «excluir algunas categorías específicas de la exoneración de deudas, o limitar el acceso a la exoneración de deudas, o establecer un plazo más largo para la exoneración de deudas», el apartado 1 del referido artículo no contempla, en las citadas versiones lingüísticas, un término similar e impone a los Estados miembros la adopción de tal excepción, al disponer que estos mantengan o introduzcan, en particular, disposiciones que denieguen o restrinjan el acceso a la exoneración de deudas o que prevean un plazo total de exoneración de deudas o de inhabilitación más largo cuando el deudor insolvente haya actuado de forma deshonesta o de mala fe. La anterior apreciación no queda en entredicho por la circunstancia de que la versión en lengua española del artículo 23, apartado 1, de la citada Directiva emplee el término «podrán», toda vez que la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de un acto no puede constituir la única base de la interpretación de ese acto; tampoco se le puede reconocer, a este respecto, un carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de febrero de 2018, Bélgica/Comisión, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, apartados 50 y 51 y jurisprudencia citada).
29      Pues bien, dado que el legislador de la Unión decidió obligar a los Estados miembros a mantener o introducir esta excepción al referido principio y no se limitó a reconocerles un margen de apreciación al respecto, es preciso adoptar una interpretación del artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia que permita, en la medida de lo posible, impedir que deudores que hayan actuado de manera deshonesta o de mala fe con respecto a los acreedores o a otros interesados puedan beneficiarse de una exoneración de deudas.
30      Así pues, la interpretación contextual del citado artículo 23, apartado 1, corrobora la interpretación literal que figura en los apartados 24 y 25 de la presente sentencia.
31      Por lo que respecta, en tercer lugar, al objetivo del artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, del considerando 78 de dicha Directiva se desprende que el legislador de la Unión quiso imponer una excepción al acceso a la exoneración de deudas «en los casos en que el deudor sea deshonesto o haya actuado de mala fe», sin que en ese considerando se restrinja, en mayor medida, el círculo de acreedores respecto a los cuales el deudor haya tenido un comportamiento deshonesto o de mala fe.
32      En lo que concierne, específicamente, a los elementos que han de tenerse presentes para determinar si un deudor ha sido deshonesto, en el considerando 79 de la citada Directiva, el legislador de la Unión hizo mención a «la naturaleza y el importe de la deuda; el momento en que se ha contraído la deuda; los esfuerzos realizados por el empresario para abonar la deuda y cumplir con las obligaciones legales, incluidos los requisitos para la concesión de licencias públicas y la exigencia de llevar una contabilidad correcta; las actuaciones, por parte del empresario, para frustrar las pretensiones de los acreedores; el cumplimiento de las obligaciones en caso de insolvencia inminente que incumben a los empresarios que sean administradores sociales de una sociedad; el cumplimiento de la normativa de la Unión y nacional en materia de competencia y en materia laboral».
33      Es preciso poner de manifiesto, por un lado, que esta enumeración —que no tiene carácter exhaustivo, dado que viene introducida por los términos «como las siguientes»— no contiene indicación alguna en el sentido de que el círculo de acreedores respecto a los cuales el deudor actuó de forma deshonesta o de mala fe esté limitado de algún modo o no incluya a las personas que eran inicialmente los acreedores de un tercero y que se convirtieron en acreedores de ese deudor como consecuencia de la insolvencia culpable de aquel tercero. Por otro lado, los elementos enumerados, en particular los relativos a «la naturaleza y el importe de la deuda», al «momento en que se ha contraído la deuda» y a «las actuaciones, por parte del empresario, para frustrar las pretensiones de los acreedores», cubren un amplio abanico de supuestos y están redactados en términos que permiten considerar que el legislador de la Unión pretendía abarcar la conducta de un deudor tanto respecto de sus propios acreedores como respecto de los acreedores de un tercero, como es el caso de la sociedad de la que ese deudor era administrador.
34      Por lo tanto, habida cuenta del objetivo así evidenciado, no cabe interpretar el artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia en el sentido de que una persona que ha sido reconocida como responsable de la insolvencia culpable de una sociedad mercantil pueda, mediante el inicio de un procedimiento de insolvencia personal y la solicitud, en el contexto de dicho procedimiento, de la plena exoneración de sus deudas, eludir la responsabilidad solidaria que, en virtud del Derecho nacional, tiene para con los acreedores de la referida sociedad.
35      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que excluye el acceso a la exoneración de deudas cuando el deudor ha actuado de forma deshonesta o de mala fe con respecto a los acreedores de un tercero y, en la declaración judicial de la insolvencia culpable de ese tercero, dicho deudor ha sido declarado «persona afectada».
Cuestiones prejudiciales segunda y tercera
Sobre la admisibilidad de la tercera cuestión prejudicial
36      El Gobierno español sostiene, en esencia, que la tercera cuestión prejudicial se basa en la premisa de que el TRLC no permite a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales españoles llevar a cabo una valoración subjetiva del comportamiento de la persona que solicita la exoneración del pasivo insatisfecho. Ahora bien, esta premisa es, a su entender, errónea. Así pues, la citada cuestión prejudicial, a juicio del Gobierno español, carece de pertinencia y, por ello, debe declararse inadmisible.
37      A este respecto, procede recordar que, en el contexto de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 22 de febrero de 2024, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y otros, C‑59/22, C‑110/22 y C‑159/22, EU:C:2024:149, apartado 43 y jurisprudencia citada).
38      De lo anterior se deduce que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada de una norma de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 22 de febrero de 2024, Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y otros, C‑59/22, C‑110/22 y C‑159/22, EU:C:2024:149, apartado 44 y jurisprudencia citada).
39      En el presente asunto, es preciso señalar, por un lado, que no resulta evidente que las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita en la tercera cuestión prejudicial no guarden relación alguna con el objeto del litigio principal o que el problema suscitado por esta cuestión prejudicial no sea pertinente para la resolución del litigio principal.
40      Si bien es cierto, como ha señalado el Gobierno español, que de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 487, apartado 1, punto 4.º, del TRLC establece una excepción al procedimiento de exoneración de deudas basada exclusivamente en elementos objetivos y que no permite a los órganos jurisdiccionales españoles valorar las circunstancias subjetivas que concurren en la situación del deudor que accede a ese procedimiento, no es menos cierto que, según reiterada jurisprudencia, el órgano jurisdiccional remitente es el único competente para interpretar y aplicar el Derecho nacional. Por tanto, corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco del reparto de competencias entre este y los órganos jurisdiccionales nacionales, la observancia del contexto normativo en el que se insertan las cuestiones prejudiciales, tal como lo define la resolución de remisión [sentencia de 14 de noviembre de 2024, S. (Modificación de las salas), C‑197/23, EU:C:2024:956, apartado 51 y jurisprudencia citada].
41      Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente ha facilitado, en su petición de decisión prejudicial, toda la información necesaria para que el Tribunal de Justicia pueda responder de manera útil a la tercera cuestión prejudicial.
42      Por consiguiente, esta cuestión prejudicial es admisible.
Sobre el fondo
43      Por lo que respecta a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, es preciso señalar que, en la medida en que estas cuestiones prejudiciales derivan del examen de una disposición nacional que establece una excepción que, de concurrir determinados requisitos, excluye el disfrute del régimen de aplicación general, han de ser entendidas en el sentido de ir orientadas, en esencia, a la interpretación del artículo 23, apartado 2, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia. En efecto, este precepto establece, de cumplirse ciertos requisitos, la posibilidad de que los Estados miembros mantengan o introduzcan excepciones por las que se deniegue o restrinja el acceso a la exoneración de deudas, se revoque una exoneración o se establezcan plazos más largos para la obtención de la plena exoneración de deudas o períodos de inhabilitación más largos. Las mencionadas cuestiones prejudiciales no pueden referirse al artículo 20 de dicha Directiva, precepto que constituye una disposición de principio que obliga a los Estados miembros a velar por que los empresarios insolventes tengan acceso a un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas de conformidad con la referida Directiva.
44      Por lo tanto, procede considerar que, mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se dilucide si el artículo 23, apartado 2, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece una excepción al principio de acceso a un procedimiento que puede desembocar en una exoneración de deudas no contemplada en la citada disposición y que excluye ese acceso cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, el deudor haya sido declarado «persona afectada» en una sentencia que ha calificado la insolvencia de un tercero como «culpable», salvo que, en la fecha de presentación de la citada solicitud, el deudor hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad, sin que se requiera que los órganos jurisdiccionales nacionales valoren subjetivamente si ese deudor actuó de forma deshonesta o de mala fe.
45      En lo que atañe, en primer término, a si el referido artículo 23, apartado 2, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye el acceso a un procedimiento de exoneración de deudas en circunstancias distintas de las que se enumeran en el citado precepto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la lista de circunstancias que figura en él no tiene carácter exhaustivo y que los Estados miembros disponen de un margen de apreciación que les permite establecer disposiciones que denieguen o restrinjan el acceso a la exoneración de deudas o revoquen dicha exoneración o que establezcan plazos más largos para la obtención de la plena exoneración de deudas o períodos de inhabilitación más largos en circunstancias distintas de las enumeradas en ese precepto, siempre que, según se desprende del tenor de esa disposición, esas circunstancias estén bien definidas y tales excepciones estén debidamente justificadas (sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 28).
46      Por lo que se refiere a las condiciones a las que se supedita el ejercicio de la facultad así reconocida a los Estados miembros, a saber, que las excepciones introducidas por los Estados miembros deben referirse a «determinadas circunstancias bien definidas» y estar «debidamente justificadas», el Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando el legislador nacional establezca disposiciones que contemplen tales excepciones, los motivos de esas excepciones deben deducirse del Derecho nacional o del procedimiento que llevó a su adopción y deben perseguir un interés público legítimo (sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 31 y jurisprudencia citada).
47      A este respecto, es necesario recordar, por un lado, que tanto el considerando 78 de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, que hace referencia a las excepciones debidamente justificadas por motivos precisados en el Derecho nacional, como su considerando 81, que alude a una razón debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional, permiten considerar que el legislador de la Unión estimó que bastaba con que se respetaran las modalidades previstas a tal efecto en los distintos Derechos nacionales (sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 32).
48      Por otro lado, en el contexto de un asunto que versaba sobre una disposición similar a la que es objeto del litigio principal —a saber, sobre el artículo 487, apartado 1, punto 2.º, del TRLC—, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 23, apartado 2, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia no se opone a una normativa nacional que excluye el acceso a la exoneración de deudas en determinadas circunstancias bien definidas, como el supuesto en el que, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, el deudor haya sido sancionado mediante resolución administrativa firme por infracciones tributarias muy graves, de seguridad social o del orden social, o se haya dictado en su contra un acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que, en la fecha de presentación de esa solicitud, dicho deudor hubiera satisfecho íntegramente sus deudas tributarias y sociales, siempre que se deduzca del Derecho nacional que esa exclusión está justificada por un interés público legítimo, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 47).
49      Igual conclusión se impone en relación con una disposición nacional como el artículo 487, apartado 1, punto 4.º, del TRLC, que establece que un deudor que, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, haya sido declarado «persona afectada» en la sentencia que califica el concurso de un tercero como «culpable» solo podrá obtener la exoneración de deudas si, en la fecha de presentación de la referida solicitud, hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad.
50      En el presente asunto, como se desprende del apartado 7 de la presente sentencia, el legislador español expuso, en el preámbulo de la Ley 16/2022 —cuyo objeto es garantizar la transposición de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia al Derecho español—, los motivos que lo llevaron a establecer excepciones a la exoneración de deudas. El citado legislador indicó en ese preámbulo, por una parte, que «la buena fe del deudor sigue siendo una pieza angular de la exoneración [de deudas]» y que «se establece [la] delimitación normativa de la buena fe, por referencia a determinadas conductas objetivas que se relacionan taxativamente (numerus clausus), sin apelación a patrones de conducta vagos o sin suficiente concreción, o cuya prueba imponga una carga diabólica al deudor».
51      Por otra parte, del referido preámbulo se desprende que el legislador español estimó necesario introducir excepciones al principio según el cual un deudor que satisfaga el estándar de buena fe puede exonerar todas sus deudas. Esas excepciones se refieren a las deudas que, «de forma excepcional y por su especial naturaleza, se consideran legalmente no exonerables» y se justifican, en particular, por «la especial relevancia de [la] satisfacción [de esas deudas] para una sociedad justa y solidaria, asentada en el Estado de Derecho», o por «las sinergias o externalidades negativas que podrían derivar de la exoneración de cierto tipo de deudas».
52      En el presente asunto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, por un lado, si los referidos motivos constituyen motivos legítimos de interés público y, por otro lado, si de la normativa nacional se desprende que esos motivos justificaron la exclusión de una exoneración de deudas en circunstancias bien definidas, como las que enuncia el artículo 487, apartado 1, punto 4.º, del TRLC.
53      En lo que atañe, en segundo término, a si el artículo 23, apartado 1, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia se opone a una normativa nacional que excluye el acceso a la exoneración de deudas en circunstancias bien definidas y sin que se requiera que los órganos jurisdiccionales nacionales valoren subjetivamente si el deudor actuó de forma deshonesta o de mala fe, es preciso poner de relieve que, si bien la citada disposición hace mención expresa a los empresarios insolventes que hayan actuado «de forma deshonesta o de mala fe», no existe una mención igual en el apartado 2 de ese artículo. En efecto, el artículo 23, apartado 2, de la referida Directiva se limita a establecer que los Estados miembros pueden mantener o introducir disposiciones que denieguen o restrinjan el acceso a la exoneración de deudas o revoquen una exoneración o que establezcan plazos más largos para la obtención de la plena exoneración de deudas o períodos de inhabilitación más largos «en determinadas circunstancias bien definidas y siempre que tales excepciones estén debidamente justificadas», sin exigir, no obstante, que concurra una actuación «deshonesta» o de «mala fe» por parte de los empresarios de que se trate (sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 41).
54      Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, las circunstancias, enumeradas con carácter ejemplificativo en el citado artículo 23, apartado 2, en las que cabe establecer excepciones a la exoneración de deudas no se caracterizan por la existencia de un comportamiento «deshonesto» o de «mala fe» por parte de los empresarios en cuestión y esas circunstancias se corresponden, en esencia, con las mencionadas en los considerandos 79 y 80 de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia, de los que tampoco se desprende que el legislador de la Unión haya querido circunscribir las «circunstancias bien definidas» mencionadas en el artículo 23, apartado 2, de esa Directiva a supuestos en los que los empresarios en cuestión hayan actuado de manera deshonesta o de mala fe (sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartados 42 y 43).
55      Habida cuenta de que el artículo 23, apartado 2, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia no se opone, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a una normativa nacional que excluye el acceso a la exoneración de deudas en circunstancias bien definidas en las que el deudor no haya actuado de forma deshonesta o de mala fe (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 44), procede considerar que esa disposición tampoco se opone a una normativa nacional que excluye el acceso a la exoneración de deudas en circunstancias como las descritas sin requerir que los órganos jurisdiccionales nacionales valoren subjetivamente si ese deudor actuó de forma deshonesta o de mala fe.
56      De ello se deduce que el artículo 23, apartado 2, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros tienen la facultad de establecer disposiciones nacionales que excluyan el acceso al procedimiento de exoneración de deudas en situaciones que no se caracterizan por un comportamiento deshonesto o de mala fe del deudor en cuestión sin que se requiera que los órganos jurisdiccionales nacionales valoren subjetivamente si ese deudor actuó de forma deshonesta o de mala fe.
57      No obstante, el legislador de la Unión supeditó expresamente el ejercicio de esa facultad a las condiciones de que las excepciones contempladas en esa disposición se refieran a «determinadas circunstancias bien definidas» y estén «debidamente justificadas». De ello se desprende que, conforme a lo recordado en el apartado 46 de la presente sentencia, cuando el legislador nacional establezca disposiciones que contemplen tales excepciones, los motivos de esas excepciones deben deducirse del Derecho nacional o del procedimiento que llevó a su adopción y deben perseguir un interés público legítimo. Así pues, el Derecho nacional debe permitir identificar el motivo legítimo de interés público que justifica, en esas circunstancias bien definidas, la exclusión de la exoneración de deudas.
58      En consecuencia, el artículo 23, apartado 2, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia no se opone a una normativa nacional que excluye el acceso a la exoneración de deudas en determinadas circunstancias bien definidas, como la situación de un deudor contra el cual, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, se haya dictado un acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que, en la fecha de presentación de esa solicitud, dicho deudor hubiera satisfecho íntegramente sus deudas tributarias y sociales, siempre que se deduzca del Derecho nacional que esa exclusión está justificada por un interés público legítimo, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente (sentencia de 7 de noviembre de 2024, Corván y Bacigán, C‑289/23 y C‑305/23, EU:C:2024:934, apartado 47).
59      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que el artículo 23, apartado 2, de la Directiva sobre reestructuración e insolvencia debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece una excepción al principio de acceso a un procedimiento que puede desembocar en una exoneración de deudas no contemplada en la citada disposición y que excluye ese acceso cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, el deudor haya sido declarado «persona afectada» en una sentencia que ha calificado la insolvencia de un tercero como «culpable», salvo que, en la fecha de presentación de la citada solicitud, el deudor hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad, sin que se requiera que los órganos jurisdiccionales nacionales valoren subjetivamente si ese deudor actuó de forma deshonesta o de mala fe, siempre que esta exclusión esté debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional.
Costas
60      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
1)      El artículo 23, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia),
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que excluye el acceso a la exoneración de deudas cuando el deudor ha actuado de forma deshonesta o de mala fe con respecto a los acreedores de un tercero y, en la declaración judicial de la insolvencia culpable de ese tercero, dicho deudor ha sido declarado «persona afectada».
2)      El artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2019/1023
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que establece una excepción al principio de acceso a un procedimiento que puede desembocar en una exoneración de deudas no contemplada en la citada disposición y que excluye ese acceso cuando, en los diez años anteriores a la solicitud de la exoneración, el deudor haya sido declarado «persona afectada» en una sentencia que ha calificado la insolvencia de un tercero como «culpable», salvo que, en la fecha de presentación de la citada solicitud, el deudor hubiera satisfecho íntegramente su responsabilidad, sin que se requiera que los órganos jurisdiccionales nacionales valoren subjetivamente si ese deudor actuó de forma deshonesta o de mala fe, siempre que esta exclusión esté debidamente justificada con arreglo al Derecho nacional.
Kumin
Biltgen
Gervasoni
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de abril de 2025.
El Secretario
El Presidente de Sala
A. Calot Escobar
A. Kumin
*      Lengua de procedimiento: español.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.