62024CJ0263
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 3 de julio de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2008/675/JAI — Artículo 3, apartados 1 y 2 — Toma en consideración de las condenas anteriores pronunciadas en otro Estado miembro con motivo de un nuevo proceso penal — Mismos efectos jurídicos que los atribuidos a condenas nacionales anteriores — Decisión Marco 2009/315/JAI — Intercambios de información extraída de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros — Artículo 2, letra a) — Concepto de condena penal — Infracciones administrativas — Clasificación de las infracciones en el Derecho nacional — Actos no constitutivos de infracción penal con arreglo al Derecho nacional»
En el asunto C‑263/24 [Smiliev], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Rayonen sad Tutrakan (Tribunal de Primera Instancia de Tutrakan, Bulgaria), mediante resolución de 15 de abril de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de abril de 2024, en el proceso penal seguido contra
YE,
con intervención de:
Rayonna prokuratura Silistra, Teritorialno otdelenie Tutrakan,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. D. Gratsias (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. E. Regan y J. Passer, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. H. Leupold, la Sra. J. Vondung y el Sr. I. Zaloguin, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal (DO 2008, L 220, p. 32), en relación con el artículo 2, letra a), de la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros (DO 2009, L 93, p. 23), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/884 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019 (DO 2019, L 151, p. 143) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2009/315»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal incoado contra YE, nacional búlgaro, por conducir un vehículo de motor sin el permiso de conducción correspondiente, en un plazo inferior a un año después de haber sido objeto de una sanción administrativa por los mismos hechos.
Marco jurídico
Derecho internacional
3
El artículo 13 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal (ETS n.o 30), hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959 (en lo sucesivo, «Convenio Europeo de Asistencia Judicial»), dispone en su apartado 1:
«Toda Parte requerida comunicará, en la medida en que sus propias autoridades judiciales puedan obtenerlos en casos semejantes, los extractos o información relativa a antecedentes penales que soliciten las autoridades judiciales de una Parte Contratante y sean necesarios en una causa penal.»
Derecho de la Unión
Convenio relativo a la asistencia judicial entre los Estados miembros
4
El artículo 1 del Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO 2000, C 197, p. 3; en lo sucesivo, «Convenio relativo a la asistencia judicial entre los Estados miembros»), titulado «Relación con otros convenios de asistencia judicial», está redactado en los siguientes términos:
«1.   El presente Convenio tiene por objeto completar las disposiciones y facilitar la aplicación entre los Estados miembros de la Unión Europea:
a) del [Convenio Europeo de Asistencia Judicial];
[…]».
5
El artículo 6 de dicho Convenio, con la rúbrica «Transmisión de solicitudes de asistencia judicial», dispone en su apartado 1:
«Las solicitudes de asistencia judicial […] se efectuarán por escrito, o por cualesquiera medios que puedan dejar constancia escrita en condiciones que permitan al Estado miembro receptor establecer su autenticidad. Dichas solicitudes se efectuarán directamente entre las autoridades judiciales que tengan competencia jurisdiccional para formularlas y ejecutarlas, y se responderán del mismo modo, salvo que en el presente artículo se disponga lo contrario.
[…]»
Decisión Marco 2008/675
6
Los considerandos 2, 3, 5 a 8 y 13 de la Decisión Marco 2008/675 enuncian lo siguiente:
«(2)
El 29 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó, con arreglo a las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal […], que contempla la “adopción de uno o varios instrumentos que establezcan el principio en virtud del cual el juez de un Estado miembro debe estar en condiciones de tener en cuenta las resoluciones penales definitivas pronunciadas en los demás para apreciar el pasado penal del delincuente, para constatar la reincidencia y para determinar la naturaleza de las penas y las modalidades de ejecución que pueden aplicarse”.
(3)
El objetivo de la presente Decisión Marco es definir una obligación mínima para los Estados miembros de tener en cuenta las condenas pronunciadas por otros Estados miembros. La presente Decisión Marco, por lo tanto, no les debe impedir tener en cuenta, de acuerdo con sus legislaciones correspondientes y cuando dispongan de información al respecto, por ejemplo, resoluciones definitivas de autoridades administrativas, susceptibles de recurso ante órganos de la jurisdicción penal, que establezcan la culpabilidad de una persona por una infracción penal o por un hecho punible de acuerdo con el Derecho nacional por tratarse de una violación de las normas jurídicas.
[…]
(5)
Sería conveniente establecer el principio en virtud del cual todo Estado miembro ha de atribuir a una condena pronunciada en otro Estado miembro efectos equivalentes a los atribuidos a las condenas dictadas por sus órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo al Derecho nacional, ya se trate de efectos de hecho o de derecho procesal o sustantivo según el Derecho nacional. Ahora bien, la presente Decisión Marco no pretende armonizar las consecuencias que las diferentes legislaciones nacionales reconocen a la existencia de condenas anteriores, y la obligación de tener en cuenta condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros existe únicamente en la medida en que se tienen en cuenta las condenas nacionales anteriores con arreglo al Derecho nacional.
(6)
Al contrario que otros instrumentos, la presente Decisión Marco no tiene por objeto la ejecución en un Estado miembro de las decisiones judiciales tomadas en otro Estado miembro. La presente Decisión pretende más bien permitir que se puedan vincular consecuencias a una condena anterior pronunciada en un Estado miembro con motivo de un nuevo proceso penal en otro Estado miembro, en la medida que dichas consecuencias están vinculadas a penas nacionales previas con arreglo al Derecho de ese otro Estado miembro.
Por consiguiente, la presente Decisión Marco no establece obligación alguna de tener en cuenta dichas condenas anteriores; por ejemplo, en caso de que la información obtenida al amparo de los instrumentos aplicables no sea suficiente, en caso de que no hubiera sido posible dictar una condena nacional por el hecho que haya dado lugar a la condena anterior, o si la sanción anteriormente impuesta no está prevista en el ordenamiento jurídico nacional.
(7)
Los efectos atribuidos a las resoluciones condenatorias pronunciadas en otros Estados miembros deberían ser equivalentes a los atribuidos a las resoluciones nacionales, ya se trate de la fase previa al proceso penal, del propio proceso penal [o] de la fase de ejecución de la condena.
(8)
Es conveniente evitar, en la medida de lo posible, que el hecho de que, con motivo de un nuevo proceso penal en un Estado miembro, se disponga de información sobre una condena anterior dictada en otro Estado miembro, dé lugar a que el interesado reciba un trato menos favorable que si la condena anterior hubiera sido dictada por un órgano jurisdiccional nacional.
[…]
(13)
La presente Decisión Marco respeta las diversas soluciones y procedimientos nacionales que se aplican a la hora de tener en cuenta una condena anterior dictada en otro Estado miembro. La exclusión de la posibilidad de revisar una condena anterior no debe impedir a ningún Estado miembro adoptar una decisión, si fuera necesario, para vincular los efectos jurídicos equivalentes a dicha condena anterior. […]»
7
El artículo 1 de la referida Decisión Marco, titulado «Objeto», establece en su apartado 1:
«El objetivo de la presente Decisión Marco es establecer las condiciones en las cuales se tienen en cuenta, con motivo de un proceso penal contra una persona en un Estado miembro, las condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros contra la misma persona por hechos diferentes.»
8
El artículo 2 de la Decisión Marco indicada, rubricado «Definiciones», dispone:
«A efectos de la presente Decisión Marco, se entenderá por “condena” toda resolución definitiva de un órgano jurisdiccional penal por la que se establece la culpabilidad de una persona por una infracción penal.»
9
El artículo 3 de la misma Decisión Marco, con el epígrafe «Consideración de una condena pronunciada en otro Estado miembro con motivo de un nuevo proceso penal», establece en sus apartados 1 a 3:
«1.   Cada Estado miembro garantizará que se tomen en consideración, con motivo de un proceso penal contra una persona, las condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros contra la misma persona por hechos diferentes, sobre las cuales se haya obtenido información a través de los instrumentos de asistencia judicial aplicables o mediante el intercambio de información extraída de los registros de antecedentes penales, en la medida en que se tomen en consideración las condenas nacionales anteriores y se atribuyan a aquellas condenas los mismos efectos jurídicos que a las condenas nacionales anteriores, de conformidad con el Derecho nacional.
2.   El apartado 1 se aplicará en la fase previa al proceso penal, durante el propio proceso y en la fase de ejecución de la condena, en particular por lo que respecta a las normas de procedimiento aplicables, incluidas las relativas a la detención provisional, la calificación de la infracción, el tipo y el nivel de la pena impuesta, e incluso las normas que rigen la ejecución de la resolución.
3.   La consideración de condenas anteriores impuestas en otros Estados miembros, conforme a lo dispuesto en el apartado 1, no tendrá por efecto que haya una interferencia en el Estado miembro en el que se desarrolle el nuevo proceso en condenas anteriores o en cualquier resolución relativa a su ejecución, ni una revocación o revisión de las mismas por dicho Estado miembro.»
Decisión Marco 2009/315
10
Los considerandos 6 y 10 de la Decisión Marco 2009/315 enuncian lo siguiente:
«(6)
La presente Decisión Marco […] persigue principalmente la mejora del intercambio de información sobre las condenas […].
[…]
(10)
Las disposiciones de la presente Decisión Marco no deben afectar a la posibilidad de que disponen las autoridades judiciales de solicitarse y transmitirse directamente información del registro de antecedentes penales, con arreglo al artículo 13 en relación con el artículo 15, apartado 3, del [Convenio Europeo de Asistencia Judicial], sin perjuicio del artículo 6, apartado 1, del [Convenio relativo a la asistencia judicial entre los Estados miembros].»
11
El artículo 1 de dicha Decisión Marco, titulado «Objetivo», dispone:
«La presente Decisión Marco:
a)
define las condiciones en las que un Estado miembro de condena comparte con otros Estados miembros información sobre condenas;
b)
define las obligaciones del Estado miembro de condena y del Estado miembro de nacionalidad de la persona condenada (en lo sucesivo, “Estado miembro de nacionalidad de la persona”), y especifica los métodos que se han de seguir para responder a una solicitud de información extractada de registros de antecedentes penales;
c)
establece un sistema descentralizado de tecnología de la información para el intercambio de información sobre condenas basado en las bases de datos de antecedentes penales de cada Estado miembro, el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).»
12
El artículo 2 de la referida Decisión Marco, rubricado «Definiciones», dispone:
«A efectos de la presente Decisión Marco, se entenderá por:
a)
“condena”: toda resolución definitiva de un órgano jurisdiccional penal por la que se condene a una persona por una infracción penal, en la medida en que dichas resoluciones se inscriban en el registro de antecedentes penales del Estado miembro de condena;
[…]
c)
“registro de antecedentes penales”: el registro o registros nacionales en los que se inscriben las condenas, con arreglo al Derecho nacional;
[…]».
13
El artículo 4 de la misma Decisión Marco, con el epígrafe «Obligaciones del Estado miembro de condena», establece, en su apartado 2:
«La autoridad central del Estado miembro de condena comunicará cuanto antes a las autoridades centrales de los restantes Estados miembros las condenas pronunciadas dentro de su territorio contra los nacionales de los restantes Estados miembros, tal como figuren inscritas en el registro de antecedentes penales.
[…]»
14
El artículo 7 de la Decisión Marco 2009/315, titulado «Respuesta a una solicitud de información sobre las condenas», dispone lo siguiente en su apartado 4:
«Si, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, se solicita a la autoridad central de un Estado miembro que no sea el de nacionalidad de la persona información extractada del registro de antecedentes penales sobre condenas pronunciadas contra un nacional de un Estado miembro, el Estado miembro requerido transmitirá dicha información en las mismas condiciones que las previstas en el artículo 13 del [Convenio Europeo de Asistencia Judicial].»
Derecho búlgaro
NK
15
El artículo 8, apartado 2, del Nakazatelen Kodeks (Código Penal; en lo sucesivo, «NK») transpone la Decisión Marco 2008/675. A tenor de dicha disposición:
«Una condena con efecto de cosa juzgada pronunciada en otro Estado miembro de la Unión como consecuencia de un hecho constitutivo de infracción penal según el [NK] deberá tenerse en cuenta en toda causa penal instruida en la República de Bulgaria contra la misma persona.»
16
El artículo 66, apartado 1, del NK tiene el siguiente tenor:
«Cuando el órgano jurisdiccional imponga una pena privativa de libertad de hasta tres años, podrá suspender la ejecución de la pena impuesta durante un plazo de tres a cinco años si la persona no ha sido condenada a una pena privativa de libertad por una infracción penal de carácter general y si el tribunal comprueba que, para alcanzar los objetivos de la pena y, ante todo, el de la corrección de la persona condenada, no es necesario ejecutar la pena.»
17
El artículo 78a del NK prevé, en su apartado 1:
«Un adulto quedará exonerado de responsabilidad penal por el órgano jurisdiccional y será condenado al pago de una multa de entre 1000 y 5000 [levas búlgaras (BGN)] [entre 500 y 2500 euros aproximadamente] cuando se den simultáneamente las siguientes condiciones:
a)
[…] La infracción será castigada con una pena privativa de libertad de hasta tres años, o cualquier otra pena menos grave, cuando se cometa dolosamente o con una privación de libertad de hasta cinco años, o cualquier otra pena menos severa, en caso de imprudencia;
b)
el autor no haya sido condenado por una infracción penal de carácter general y no haya sido eximido de responsabilidad penal en virtud del presente capítulo;
c)
el daño patrimonial causado por la infracción haya sido compensado.»
18
El artículo 343c del NK está redactado como sigue:
«(1)   El que condujere un vehículo de motor mientras se encuentre privado del derecho a conducir vehículos de motor, tras haber sido sancionado por el mismo hecho en un procedimiento administrativo, será castigado con una pena privativa de libertad de una duración máxima de tres años y con una multa de entre 200 y 1000 BGN [entre 100 y 500 euros aproximadamente].
(2)   El que, en el plazo de un año tras haber sido sancionado en vía administrativa por conducir un vehículo de motor sin el correspondiente permiso de conducción, cometa el mismo hecho será castigado con una pena privativa de libertad de uno a tres años y una multa de entre 500 y 1200 BGN [entre 250 y 600 euros aproximadamente].»
19
A tenor del artículo 345 del NK:
«(1)   El que utilice una matrícula expedida para otro vehículo de motor o una matrícula no expedida por las autoridades competentes será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con una multa de entre 500 y 1000 BGN [entre 250 y 500 euros aproximadamente].
(2)   La pena prevista en el apartado 1 también se aplicará a todo aquel que conduzca un vehículo de motor que no esté debidamente matriculado.»
Nakazatelno-protsesualen kodeks
20
En virtud del artículo 247, apartado 1, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (Código de Enjuiciamiento Criminal) (DV n.o 86, de 28 de octubre de 2005), los procedimientos en primera instancia se incoarán mediante escrito de acusación o por denuncia de la víctima de la infracción.
Naredba n.o 8 za funktsiite i organizatsiata na deynostta na byurata za sadimost
21
El artículo 40 del Naredba n.o 8 za funktsiite i organizatsiata na deynostta na byurata za sadimost (Reglamento n.o 8, relativo a las funciones y la organización de las actividades de los registros de antecedentes penales), de 26 de febrero de 2008, dispone, en su apartado 1:
«Todas las condenas y sanciones administrativas impuestas en virtud del artículo 78a del NK se inscribirán en el registro de antecedentes penales […]».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
22
YE fue objeto de una sanción administrativa, impuesta mediante acta de 7 de marzo de 2023, que surtió efectos el 4 de mayo de 2023, por conducir un vehículo de motor sin el permiso de conducción correspondiente. En el marco del presente asunto, se le acusa de haber cometido de nuevo, el 25 de octubre de 2023, los mismos hechos, en un plazo inferior a un año después de haber sido sancionado en un procedimiento administrativo por esos hechos, infracción penal prevista en el artículo 343c, apartado 2, del NK.
23
Se acusa a YE ante el Rayonen sad Tutrakan (Tribunal de Primera Instancia de Tutrakan, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente. Durante la investigación judicial, se constató que los tribunales nacionales habían condenado varias veces a YE, a saber, el 2 de noviembre de 2023, por la utilización de un permiso de conducción falso, infracción tipificada en el artículo 316 del NK, en relación con el artículo 308, apartado 1, del NK, el 7 de diciembre de 2023, por una infracción idéntica a la mencionada en el apartado 22 de la presente sentencia, y el 19 de enero de 2024, de nuevo, por la utilización de un permiso de conducción falso. Todas estas condenas correspondían a penas privativas de libertad con suspensión de la ejecución, pronunciadas sobre la base del artículo 66, apartado 1, del NK.
24
Además, el órgano jurisdiccional remitente ha señalado, sobre la base de la información procedente del ECRIS, que YE también había sido objeto de condenas por infracciones de la legislación de tráfico en otros Estados miembros.
25
Así, por una parte, mediante sentencia de 15 de noviembre de 2021, que adquirió firmeza el 3 de enero de 2022, el politierechtbank Vilvoorde (Tribunal de Infracciones Leves de Vilvoorde, Bélgica) dictó contra YE varias condenas relativas a infracciones de la legislación belga cometidas el 14 de junio de 2020 en Zaventem (Bélgica).
26
En primer lugar, YE fue condenado a una multa de 800 euros o, a falta de pago de la misma en el plazo legal, a una pena de prohibición de conducir un vehículo automóvil por un período de treinta días, así como a la privación del derecho a conducir cualquier vehículo automóvil por un período de un mes, por haber conducido un vehículo sin que este estuviera cubierto por un seguro obligatorio de responsabilidad civil, por un lado, y por haber conducido por la vía pública un vehículo no matriculado o en el que no se hubiera colocado la matrícula expedida en el momento de la matriculación, por otro.
27
En segundo lugar, fue condenado a una multa de 200 euros o, a falta de pago de la misma en el plazo legal, a una pena de prohibición de conducir un vehículo por un período de treinta días, así como a la privación del derecho a conducir cualquier vehículo automóvil durante un período de quince días por el uso de un teléfono móvil mientras conducía un vehículo en la vía pública sin que este se encontrara detenido o estacionado.
28
En tercer lugar, fue condenado al pago de una multa de 200 euros o, a falta de pago de la misma en el plazo legal, a una pena de prisión de tres días, por circular por la vía pública con un vehículo matriculado en Bélgica que no disponía de certificado de inspección técnica válido, del correspondiente distintivo de control de la inspección técnica ni de informe de identificación, ficha técnica o documento de examen visual del vehículo correspondiente a su utilización.
29
Por otra parte, mediante sentencia de 16 de agosto de 2023, que adquirió firmeza el 16 de septiembre de 2023, el Amtsgericht Prüm (Tribunal de lo Civil y Penal de Prüm, Alemania) condenó a YE al pago de una multa de 50 euros por haber conducido un vehículo sin permiso de conducción o tras haber sido privado del derecho a conducir.
30
Mediante sentencia de 15 de diciembre de 2023, el órgano jurisdiccional remitente, tomando en consideración las condenas anteriores de YE, lo declaró culpable de conducir un vehículo sin permiso de conducción y le impuso una pena privativa de libertad sin suspensión de la ejecución y una multa.
31
El 27 de febrero de 2024, dicha sentencia fue anulada por el Okrazhen sad Silistra (Tribunal Provincial de Silistra, Bulgaria), que devolvió el asunto a otra formación del órgano jurisdiccional remitente, ordenándole que examinara si las sanciones impuestas por el tribunal belga producían efectos jurídicos.
32
El órgano jurisdiccional remitente considera que es necesaria la interpretación del artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675, en relación con el artículo 2, letra a), de la Decisión Marco 2009/315, para resolver el litigio principal. En efecto, el reconocimiento de los efectos jurídicos tanto de las condenas pronunciadas en Bélgica como de la pronunciada en Alemania incide en la pena que puede imponerse al acusado, ya que dichas condenas habían adquirido firmeza en el momento de los hechos controvertidos en el litigio principal y constituyen, por tanto, «condenas anteriores», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675.
33
Indica que, en principio, es posible eximir al acusado de su responsabilidad penal e imponerle una sanción administrativa si, de conformidad con el artículo 78a, apartado 1, letra b), del NK, no ha sido condenado por una infracción penal «de carácter general». También sería posible suspender la ejecución de una pena privativa de libertad sobre la base del artículo 66, apartado 1, del NK, si el acusado no ha sido condenado con anterioridad a tal pena por haber cometido una infracción penal de carácter general.
34
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre los criterios que le permiten determinar si las infracciones cometidas por YE y sancionadas por los tribunales belga y alemán deben calificarse de infracciones penales o de infracciones administrativas, a efectos de su toma en consideración en el litigio principal.
35
En primer lugar, estima que el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675 debe interpretarse en el sentido de que deben tomarse en consideración las condenas pronunciadas por actos sancionables y no solo por infracciones penales, ya que este último concepto tiene un significado más limitado en Derecho búlgaro.
36
En apoyo de esta interpretación, expone que, ciertamente, la versión búlgara del artículo 2 de la Decisión Marco 2008/675 se refiere, para la definición del concepto de «condena», a toda resolución firme de un órgano jurisdiccional penal que establezca la culpabilidad de una persona por una «infracción penal» (en búlgaro, «prestaplenie»). No obstante, señala que el artículo 2, letra a), de la Decisión Marco 2009/315, en esa misma versión lingüística, define el término «condena» como toda resolución definitiva de un órgano jurisdiccional penal por la que se condene a una persona por un «acto sancionable» (en búlgaro, «nakazuemo deyanie»). Del mismo modo, las versiones alemana y neerlandesa de esta última disposición utilizan, respectivamente, los términos «Straftat» y «strafbaar feit», que son análogos.
37
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente expone que el Derecho búlgaro distingue entre las infracciones «penales» y las infracciones «administrativas». Estas últimas no figuran generalmente en el registro de antecedentes penales y, por tanto, no deben calificarse de «actos sancionables», en el sentido de la versión búlgara del artículo 2, letra a), de la Decisión Marco 2009/315. Sin embargo, de conformidad con el artículo 40, apartado 1, del Reglamento n.o 8, de 26 de febrero de 2008, el registro de antecedentes penales no solo incluirá las condenas por infracciones penales, sino también las sanciones administrativas impuestas en virtud del artículo 78a del NK. Además, precisa que el artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal establece una distinción entre las infracciones penales «de carácter general», es decir, para las que la acción se inicia mediante un escrito de acusación del fiscal, y las infracciones «de carácter privado», respecto de las que la acción penal se ejercita a raíz de una denuncia de la víctima.
38
El órgano jurisdiccional remitente señala que, en cambio, los Derechos alemán y belga utilizan una clasificación diferente de los actos sancionables, distinguiendo el primero de ellos entre dos categorías de actos, por una parte, los delitos graves («Verbrechen») y, por otra, los delitos menos graves («Vergehen»), y estableciendo el segundo una clasificación en tres categorías, los «crimes», los «délits» y las «contraventions».
39
Pues bien, la información facilitada por el ECRIS no permite determinar la categoría a la que pertenecen los actos objeto de las condenas anteriores pronunciadas en Bélgica y en Alemania según el Derecho nacional pertinente, lo que, según el órgano jurisdiccional remitente, le impide determinar si, a la luz del Derecho búlgaro, debe tratar dichos actos como infracciones administrativas o penales y, en este último supuesto, si constituyen infracciones penales de carácter general o privado.
40
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente deduce de ello que, en el supuesto de que deba considerarse que, en virtud del Derecho búlgaro, tales actos tienen los mismos efectos que los actos que figuran en el registro de antecedentes penales y en el ECRIS, estará obligado a considerar que las condenas pronunciadas por los tribunales belga y alemán solo pueden constituir, con respecto al Derecho búlgaro, condenas por infracciones penales o decisiones de exoneración de la responsabilidad penal, en el sentido del artículo 78a del NK. A este respecto, por una parte, observa que las referidas condenas no se han incluido en el ECRIS en cuanto decisiones de exoneración de la responsabilidad penal. Por otra parte, en su opinión, las categorías de infracciones penales de que se trata se refieren a actos que no han causado víctimas. De ello deduce que los actos en cuestión son infracciones penales de carácter general, lo que excluye la aplicación de los artículos 66 y 78a del NK en el litigio principal.
41
En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente no esté obligado a considerar que las condenas que figuran en el ECRIS son equivalentes a las condenas incluidas en el registro de antecedentes penales búlgaro, el órgano jurisdiccional remitente observa que no existen criterios que permitan apreciar a qué categorías de actos sancionables pertenecen los actos por los que el acusado ha sido condenado en Bélgica y en Alemania y que la toma en consideración de las condenas pronunciadas a este respecto deberá determinarse caso por caso. En este contexto, entiende que cabe concluir que las penas impuestas por los órganos jurisdiccionales extranjeros son condenas por infracciones administrativas y, por lo tanto, no deben ser tenidas en cuenta.
42
No obstante, considera que la inscripción de las condenas en el registro de antecedentes penales en lo que respecta a determinadas categorías de infracciones está justificada por el peligro para el orden público que, según el legislador del Estado miembro interesado, representan tales infracciones, apreciación que los demás Estados miembros deben aceptar. Pues bien, la obligación establecida en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675 tiene por objeto la toma en consideración, por parte de estos, de las condenas que ese Estado miembro haya decidido inscribir en el registro de antecedentes penales y, por tanto, la toma en consideración de dichas condenas idéntica a la prevista por su legislación nacional en cuanto a los efectos de las condenas nacionales inscritas en su propio registro de antecedentes penales.
43
En cuarto lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que el artículo 8, apartado 2, del NK solo permite tener en cuenta una condena pronunciada en otro Estado miembro por los actos que constituyen una infracción penal en el sentido del Código Penal búlgaro. Además, de conformidad con el considerando 6 de la Decisión Marco 2008/675, el órgano jurisdiccional nacional competente no tiene obligación alguna de tener en cuenta una condena anterior pronunciada en otro Estado miembro en caso de que no hubiera sido posible dictar una condena nacional por el hecho que haya dado lugar a esa condena anterior.
44
Por lo tanto, según el órgano jurisdiccional remitente, solamente podrían tenerse en cuenta en el litigio principal la condena pronunciada por el tribunal alemán, puesto que se corresponde con una condena por la infracción penal contemplada en el artículo 343c del NK, y la pronunciada por el tribunal belga, relativa a la conducción de un vehículo sin matricular, ya que se corresponde con una condena por la infracción penal contemplada en el artículo 345 del NK. Los demás actos objeto de las condenas pronunciadas por ese último tribunal no son sancionables como infracción penal en Derecho búlgaro, en particular, la conducción de un vehículo que no haya sido objeto de un control técnico. Ahora bien, la condena impuesta por esta última infracción corresponde a una pena privativa de libertad, lo que significaría que, si se reconociera su efecto, no sería posible imponer una pena con suspensión de la ejecución en virtud del artículo 66 del NK por la infracción de que se trata en el litigio principal.
45
En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente considera que no existe conflicto entre el artículo 8, apartado 2, del NK y el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675. En su opinión, tal interpretación permite, por una parte, garantizar que la situación del acusado no se vea agravada por una sanción más severa que si hubiera sido condenado por el mismo acto por un tribunal nacional y, por otra parte, evitar la ejecución, en la práctica, de una condena por un acto no perseguido en el Estado de ejecución.
46
En estas circunstancias, el Rayonen sad Tutrakan (Tribunal de Primera Instancia de Tutrakan) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco [2008/675], en relación con el artículo 2, letra a), de la Decisión Marco [2009/315], en el sentido de que la consideración de condenas anteriores impuestas a la misma persona en otros Estados miembros significa que el órgano jurisdiccional que conoce de un nuevo proceso penal contra la misma persona (órgano jurisdiccional de aplicación) está obligado a considerar que las condenas anteriores registradas en el ECRIS pronunciadas en otros Estados miembros se refieren a las mismas categorías de actos susceptibles de sanción, clasificados en el Derecho nacional en función del riesgo público que representan, que han de ser objeto de inscripción en el registro de antecedentes penales en el Estado del órgano jurisdiccional de aplicación? Cuando existen varias categorías de actos susceptibles de sanción, que han de ser objeto de inscripción en el registro de antecedentes penales con arreglo al Derecho nacional del órgano jurisdiccional de aplicación, cuyas consecuencias jurídicas en caso de condena son diferentes, ¿corresponde al órgano jurisdiccional nacional que conoce de un proceso penal contra una determinada persona apreciar en cada caso concreto en qué categoría, según la clasificación nacional, están comprendidos los actos que dieron lugar a las condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros? ¿En qué casos debe realizarse tal apreciación?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco [2008/675] en el sentido de que permite que una normativa nacional establezca que un órgano jurisdiccional está obligado a no tomar en consideración las condenas anteriores impuestas en otro Estado miembro de la Unión por actos que no constituyen infracciones penales a la luz del Derecho nacional del órgano jurisdiccional de aplicación?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
47
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 24 de junio de 2024, se dio prioridad al presente asunto en virtud del artículo 53, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.
48
Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 29 de julio de 2024, se desestimó la solicitud del órgano jurisdiccional remitente de que se tramitara el presente asunto mediante el procedimiento acelerado previsto en el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento.
Sobre las cuestiones prejudiciales
49
Procede comenzar el examen de las cuestiones prejudiciales por la segunda cuestión.
Segunda cuestión prejudicial
50
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, a efectos de la resolución de un proceso penal, el órgano jurisdiccional competente no puede tomar en consideración las condenas anteriores pronunciadas en otro Estado miembro contra la persona encausada por actos que no constituyen infracciones penales con arreglo al Derecho nacional.
51
A tenor del artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675, el objetivo de dicha Decisión Marco es establecer las condiciones en las cuales, con motivo de un proceso penal seguido contra una persona en un Estado miembro, se tienen en cuenta las condenas anteriores pronunciadas contra esa misma persona por hechos diferentes en otro Estado miembro.
52
A tal efecto, el artículo 3, apartado 1, de esta Decisión Marco, en relación con su considerando 5, impone a los Estados miembros la obligación de garantizar que, con ese motivo, las condenas anteriores pronunciadas en otro Estado miembro, sobre las cuales se haya obtenido información a través de los instrumentos de asistencia judicial aplicables o mediante el intercambio de información extraída de los registros de antecedentes penales, por un lado, se tomen en consideración en la medida en que sean tenidas en cuenta las condenas nacionales anteriores de conformidad con el Derecho nacional y, por otro lado, que se les reconozcan efectos equivalentes a los atribuidos a estas últimas condenas, ya se trate de efectos de hecho o de Derecho procesal o sustantivo (sentencia de 21 de septiembre de 2017, Beshkov, C‑171/16, EU:C:2017:710, apartado 26).
53
Ahora bien, del considerando 5 de la referida Decisión Marco también se desprende que esta no pretende armonizar las consecuencias que las diferentes legislaciones nacionales reconocen a la existencia de condenas anteriores, y la obligación de tener en cuenta condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros existe únicamente en la medida en que se tienen en cuenta las condenas nacionales anteriores con arreglo al Derecho nacional. Como subraya el considerando 3 de la Decisión Marco 2008/675, la obligación de los Estados miembros, establecida en el artículo 3, apartado 1, de esta, de tener en cuenta, con motivo de un nuevo proceso penal, las condenas pronunciadas en otros Estados miembros, tiene un carácter mínimo.
54
Además, como precisa expresamente el considerando 6 de dicha Decisión Marco, al contrario que otros instrumentos, esta Decisión no tiene por objeto la ejecución en un Estado miembro de las decisiones judiciales tomadas en otro Estado miembro, sino permitir que se puedan vincular consecuencias a una condena anterior pronunciada en un Estado miembro con motivo de un nuevo proceso penal en otro Estado miembro, en la medida en que dichas consecuencias están vinculadas a penas nacionales previas con arreglo al Derecho de ese otro Estado miembro. Por consiguiente, la referida Decisión Marco no establece obligación alguna de tener en cuenta dichas condenas anteriores, por ejemplo, en caso de que la información obtenida al amparo de los instrumentos aplicables no sea suficiente, en caso de que no hubiera sido posible pronunciar una condena nacional por el hecho que haya dado lugar a la condena anterior, o si la sanción anteriormente impuesta no está prevista en el ordenamiento jurídico nacional.
55
Por lo tanto, del tenor del artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675, interpretado a la luz de los considerandos 3, 5 y 6 de esta, se desprende que dicha disposición no obliga a los Estados miembros a tener en cuenta, en el marco de un proceso penal, las condenas anteriores pronunciadas contra el interesado en otro Estado miembro cuando estas hayan sido pronunciadas por actos que no constituyen infracciones penales con arreglo al Derecho nacional y, por lo tanto, no pueden ser objeto, en el marco de dicho Derecho, de una condena penal.
56
Por lo tanto, la referida disposición no prohíbe a un Estado miembro establecer, en su legislación nacional, una disposición que obligue a los órganos jurisdiccionales competentes a no tener en cuenta las condenas anteriores pronunciadas en otro Estado miembro contra la persona incursa en un proceso penal por actos que no constituyen infracciones penales con arreglo al Derecho nacional.
57
En el caso de autos, no es contraria a que, de conformidad con su Derecho nacional, el órgano jurisdiccional remitente solamente tenga en cuenta las condenas anteriores pronunciadas contra el demandado en el litigio principal en Alemania, por haber conducido un vehículo sin permiso de conducción, y en Bélgica, por haber conducido un vehículo sin matricular, dado que, según las indicaciones del referido órgano jurisdiccional, solo estas condenas tienen por objeto actos que, con arreglo a ese Derecho nacional, constituyen infracciones penales sancionables, como tales, con una condena.
58
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, a los efectos de pronunciarse en un proceso penal, el órgano jurisdiccional competente no puede tomar en consideración las condenas anteriores pronunciadas en otro Estado miembro contra la persona encausada por actos que no constituyen infracciones penales con arreglo al Derecho nacional, por lo que, en el marco de ese Derecho, no pueden ser objeto de una condena penal.
Primera cuestión prejudicial
59
Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio de que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, en su caso, las cuestiones que se le hayan planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas del Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de sus cuestiones [sentencia de 5 de diciembre de 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconocimiento y ejecución de sanciones pecuniarias), C‑671/18, EU:C:2019:1054, apartado 26 y jurisprudencia citada].
60
En el caso de autos, por una parte, procede señalar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende esencialmente que se dilucide si debe calificar los actos que dieron lugar a las condenas anteriores impuestas en otros Estados miembros a la persona incursa en el proceso penal principal a la luz de la tipología de los actos sancionables con arreglo a su Derecho nacional, que distingue estos actos en función de su naturaleza calificándolos de infracción administrativa o de infracción penal y clasifica las infracciones penales en dos categorías: la primera se refiere a las infracciones penales «de carácter general», respecto de las cuales se ejercita la acción pública mediante un escrito de acusación del fiscal, y la segunda hace referencia a las infracciones penales «de carácter privado», respecto de las cuales esta acción se ejercita a raíz de una denuncia de la víctima.
61
Por otra parte, procede subrayar que el artículo 3, apartado 2, de la Decisión Marco 2008/675 precisa el alcance del artículo 3, apartado 1, de dicha Decisión Marco, al que se refiere la primera cuestión prejudicial, indicando que este último apartado se aplica en la fase anterior al proceso penal, en el propio proceso penal y en la ejecución de la condena, en particular por lo que respecta a las normas procesales aplicables, incluidas las relativas a la detención provisional, la calificación de la infracción, el tipo y el nivel de la pena impuesta, e incluso las normas que rigen la ejecución de la resolución. Pues bien, mediante esta primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta precisamente sobre la calificación de las infracciones por las que la persona objeto del proceso penal del que conoce ha sido condenada anteriormente en otros Estados miembros, habida cuenta de las repercusiones de tal calificación en la resolución que puede adoptar en contra de ella.
62
Por consiguiente, procede considerar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Decisión Marco 2008/675, en relación con el artículo 2, letra a), de la Decisión Marco 2009/315, debe interpretarse en el sentido de que, a los efectos de tomar en consideración las condenas anteriores pronunciadas en otro Estado miembro contra una persona incursa en un proceso penal, corresponde al órgano jurisdiccional nacional competente apreciar si, a la luz de la clasificación efectuada por el Derecho nacional, los actos que dieron lugar a estas condenas registradas en el ECRIS deben calificarse de infracciones penales o de infracciones administrativas y, en el primer supuesto, de infracciones penales de carácter general o de carácter privado, si las consecuencias jurídicas previstas por el Derecho nacional son diferentes según la categoría a la que pertenezca el acto que dio lugar a una condena anterior.
63
Como se ha recordado en el apartado 52 de la presente sentencia, el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675 obliga a los Estados miembros a velar, por una parte, por que, con motivo de un proceso penal seguido contra una persona, se tengan en cuenta las «condenas» anteriores pronunciadas en otro Estado miembro en la medida en que lo sean en virtud del Derecho nacional y, por otra parte, por que se les reconozcan «los mismos» efectos jurídicos que a las condenas nacionales anteriores, de conformidad con el Derecho nacional. Además, del tenor del artículo 3, apartado 2, de dicha Decisión Marco, reproducido en el apartado 61 de la presente sentencia, se desprende que esta obligación se aplica, en particular, en lo que respecta a la calificación de la infracción, así como al tipo y al nivel de la pena impuesta.
64
En este contexto, la primera cuestión prejudicial requiere que se determine el alcance, por una parte, del concepto de «condena», en el sentido del artículo 2 de la Decisión Marco 2008/675, y, por otra, de la expresión «los mismos», del artículo 3, apartado 1, de esta, al objeto de definir las obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales, previstas en esta última disposición, en lo que atañe a la consideración de las «condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros» y al reconocimiento, a dichas condenas, de «los mismos efectos jurídicos que a las condenas nacionales anteriores, de conformidad con el Derecho nacional».
65
En primer lugar, a tenor del artículo 2 de dicha Decisión Marco, a efectos de esta, se entenderá por «condena»«toda resolución definitiva de un órgano jurisdiccional penal por la que se establece la culpabilidad de una persona por una infracción penal».
66
De entrada, procede subrayar que el hecho, señalado por el órgano jurisdiccional remitente, de que el artículo 2, letra a), de la Decisión Marco 2009/315, en su versión búlgara, defina el término «condena» haciendo referencia al concepto de «acto sancionable» no significa necesariamente, en contra de lo que afirma dicho órgano jurisdiccional, que deba tomarse en consideración este último concepto a efectos de la definición del término «condena», en el sentido del artículo 2 de la Decisión Marco 2008/675, pese a la referencia de esta última disposición al concepto de «infracción penal», debido a que este concepto tiene un significado más limitado en búlgaro que el concepto de «acto sancionable».
67
A este respecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la formulación utilizada en determinadas versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición ni se le puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. En efecto, la necesidad de una aplicación y, por ende, de una interpretación uniformes de un acto de la Unión excluye que este sea considerado de manera aislada en una de sus versiones y exige, por el contrario, que sea interpretado en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en la que se integra a la luz, en particular, de las versiones adoptadas en todas las lenguas (sentencia de 5 de diciembre de 2024, Network One Distribution, C‑506/23, EU:C:2024:1003, apartado 27 y jurisprudencia citada).
68
En el caso de autos, procede señalar que, en la mayoría de las versiones lingüísticas tanto del artículo 2 de la Decisión Marco 2008/675 como del artículo 2, letra a), de la Decisión Marco 2009/315, el tenor de estas disposiciones se refiere al concepto de «infracción penal». Así sucede, en particular, con las versiones alemana y neerlandesa de estas dos disposiciones, que emplean respectivamente los términos «Straftat» y «strafbaar feit», términos que corresponden a este concepto y no al más general de «acto sancionable».
69
La interpretación según la cual el concepto de «condena», en el sentido del artículo 2 de la Decisión Marco 2008/675, se define únicamente por referencia a las infracciones penales se ve corroborada por el considerando 3 de la Decisión Marco 2008/675. En efecto, de dicho considerando se desprende que este concepto no incluye las resoluciones definitivas de autoridades administrativas que establezcan la responsabilidad de una persona por una «infracción penal» o por un «hecho punible de acuerdo con el Derecho nacional por tratarse de una violación de las normas jurídicas». De este modo, el legislador de la Unión pretendió establecer una distinción entre las infracciones penales y los hechos punibles según el Derecho nacional que no tengan carácter penal.
70
Esta interpretación también se ve confirmada por los objetivos de la Decisión Marco 2008/675 y de la Decisión Marco 2009/315, que están indisociablemente vinculados. En efecto, es preciso que las autoridades competentes de los Estados miembros colaboren con diligencia y de manera uniforme en los intercambios de información sobre las condenas penales, con el fin de evitar que las autoridades judiciales nacionales que conocen de un nuevo proceso penal contra una persona que ya ha sido objeto de resoluciones condenatorias dictadas por órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros por otros hechos se pronuncien sin poder tomar en consideración tales resoluciones condenatorias anteriores (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, apartado 47).
71
De lo anterior resulta que el concepto de «condena», en el sentido del artículo 2 de la Decisión Marco 2008/675, interpretado a la luz de su considerando 3, que es coherente con el contemplado en el artículo 2, letra a), de la Decisión Marco 2009/315, se refiere a una resolución definitiva de un órgano jurisdiccional penal por la que se establece la culpabilidad de una persona por la comisión de una «infracción penal» y no, de manera más general, de un «acto sancionable» o de un «hecho punible de acuerdo con el Derecho nacional por tratarse de una violación de las normas jurídicas». Del mismo modo, como ya se ha indicado en el apartado 69 de la presente sentencia, este concepto no incluye las resoluciones definitivas de autoridades administrativas, sea cual fuere la naturaleza del acto por el que hayan determinado la responsabilidad del interesado.
72
De ello se desprende que la obligación que incumbe a los Estados miembros contemplada en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675 se refiere únicamente a las resoluciones definitivas dictadas por un órgano jurisdiccional penal de otro Estado miembro por las que se establece la culpabilidad del interesado por una infracción penal. Además, como se desprende expresamente de los términos de esta disposición, dicha obligación se limita a las condenas sobre las cuales se haya obtenido información a través de los instrumentos de asistencia judicial aplicables o mediante el intercambio de información extraída de los registros de antecedentes penales.
73
No obstante, debe precisarse que, de conformidad con el artículo 2 de dicha Decisión Marco, tal como se ha interpretado en el apartado 71 de la presente sentencia, esta obligación incluye las resoluciones definitivas de un órgano jurisdiccional penal, como las previstas en el artículo 78a, apartado 1, letra b), del NK, que, tras haber establecido la culpabilidad del acusado por una infracción penal, lo exime de su responsabilidad penal y le impone una sanción administrativa, en lugar de una sanción penal, siempre que se haya podido obtener información sobre esas resoluciones.
74
De ello se deduce que, a los efectos de tomar en consideración las condenas anteriores pronunciadas en otro Estado miembro, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Decisión Marco, corresponde al órgano jurisdiccional competente determinar previamente si las resoluciones definitivas pronunciadas con anterioridad en otro Estado miembro por un órgano jurisdiccional penal, de las que ha sido informado, han reconocido la culpabilidad del interesado por la comisión de una infracción penal.
75
A este respecto, como sugiere, en esencia, el propio órgano jurisdiccional remitente, el hecho de que tal resolución definitiva se inscriba en el registro de antecedentes penales del interesado en el Estado miembro de condena y, por lo tanto, se ponga en conocimiento de los órganos jurisdiccionales de los demás Estados miembros a través del ECRIS indica, en principio, que dicha resolución cumple el criterio mencionado en el apartado anterior, debiendo precisarse, por otra parte, que el concepto de «condena», en el sentido del artículo 2, letra a), de la Decisión Marco 2009/315, también incluye tal criterio.
76
En la medida en que el órgano jurisdiccional remitente indica que la información sobre las condenas anteriores del acusado en el litigio principal, procedente del ECRIS, no le permite determinar la categoría a la que pertenecen los actos a los que se refieren dichas condenas, ha de subrayarse que, como precisa el considerando 10 de la Decisión Marco 2009/315, esta Decisión Marco no debe afectar a la posibilidad de que disponen las autoridades judiciales de solicitarse y transmitirse directamente información del registro de antecedentes penales, con arreglo al artículo 13, en relación con el artículo 15, apartado 3, del Convenio Europeo de Asistencia Judicial, ni infringir el artículo 6, apartado 1, del Convenio relativo a la asistencia judicial entre los Estados miembros, que precisa las modalidades de presentación y transmisión de una solicitud de asistencia judicial de conformidad con las disposiciones antes mencionadas del Convenio Europeo de Asistencia Judicial.
77
Por consiguiente, en el supuesto de que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro considere que, a efectos de la aplicación del artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675, la información disponible en el ECRIS no es suficiente, corresponde a dicho órgano jurisdiccional comprobar directamente con los órganos jurisdiccionales que han pronunciado las condenas anteriores si estas constituyen efectivamente condenas, en el sentido del artículo 2 de dicha Decisión Marco.
78
En segundo lugar, por lo que respecta al alcance de la obligación que incumbe a cada Estado miembro de garantizar que a las condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros se les reconozcan «los mismos» efectos que los atribuidos a las condenas nacionales anteriores pronunciadas en el Estado miembro de que se trate, de conformidad con su Derecho interno, en el sentido de dicho artículo 3, apartado 1, en relación con el artículo 3, apartado 2, de dicha Decisión Marco, esta obligación debe determinarse a la luz del principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales en materia penal, consagrado en el artículo 82 TFUE, apartado 1, que la Decisión Marco 2008/675 tiene por objeto poner en práctica, según enuncia su considerando 2.
79
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que este principio se opone, en particular, a que, dentro del sistema de dicha Decisión Marco, a efectos de su toma en consideración, una resolución condenatoria dictada con anterioridad en otro Estado miembro sea objeto de revisión (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, apartado 38 y jurisprudencia citada).
80
De ahí que el artículo 3, apartado 3, de la referida Decisión Marco proscriba expresamente tal revisión, ya que las resoluciones condenatorias dictadas con anterioridad en los otros Estados miembros deben tenerse en cuenta tal como han sido dictadas (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, apartado 39 y jurisprudencia citada).
81
Dicho esto, como se explica en el considerando 13 de la Decisión Marco 2008/675, esta última respeta las diversas soluciones y procedimientos nacionales que se aplican a la hora de tener en cuenta una condena anterior dictada en otro Estado miembro. La exclusión de la posibilidad de revisar una condena anterior no debe impedir a ningún Estado miembro adoptar una decisión, si fuera necesario, para vincular los efectos jurídicos equivalentes a dicha condena.
82
En particular, como se precisa en el considerando 8 de la referida Decisión Marco, es conveniente evitar, en la medida de lo posible, que el hecho de que, con motivo de un nuevo proceso penal en un Estado miembro, se disponga de información sobre una condena anterior dictada en otro Estado miembro, dé lugar a que el interesado reciba un trato menos favorable que si la condena anterior hubiera sido dictada por un órgano jurisdiccional nacional.
83
De ello resulta que el órgano jurisdiccional que conoce de un proceso penal en un Estado miembro debe cerciorarse de que no se atribuyan a la infracción que dio lugar a una condena anterior pronunciada en otro Estado miembro ni a la pena impuesta en virtud de ella efectos jurídicos que tengan consecuencias más graves para la situación del acusado que si dicha condena hubiera sido pronunciada por un órgano jurisdiccional nacional.
84
Desde esta perspectiva, para poder reconocer a la condena anterior pronunciada en otro Estado miembro «los mismos» efectos jurídicos que los producidos por una condena nacional, es necesario que el órgano jurisdiccional remitente pueda apreciar, en particular, la categoría a la que pertenece la infracción penal sancionada por esa condena anterior y que ha determinado la naturaleza y el nivel de dicha sanción. En efecto, la determinación de tal equivalencia puede requerir, entre otros, una comparación de la tipología de las infracciones penales prevista por la legislación penal del Estado miembro en el que se impuso dicha condena anterior con la existente en la legislación nacional, en particular cuando, en virtud de esta última, los efectos jurídicos atribuidos a las condenas pronunciadas por la infracción de que se trate pueden ser diferentes según la categoría a la que pertenezca esa infracción.
85
De lo antedicho se deduce que la adopción de una resolución que permita atribuir a una condena anterior pronunciada en otro Estado miembro efectos jurídicos equivalentes a los atribuidos a una condena nacional anterior requiere un examen caso por caso, a la luz de las circunstancias particulares del caso concreto, que, sin embargo, no puede dar lugar a una recalificación de la infracción cometida y de la pena impuesta (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2018, Lada, C‑390/16, EU:C:2018:532, apartado 45 y jurisprudencia citada).
86
Más concretamente, de las consideraciones expuestas en los apartados 65 a 85 de la presente sentencia debe deducirse que, cuando de la información de que disponga el órgano jurisdiccional penal competente se desprenda que el acusado ha sido objeto, en otro Estado miembro, de condenas, en el sentido del artículo 2 de la Decisión Marco 2008/675, a saber, resoluciones definitivas por las que se establece su culpabilidad por una infracción penal, dicho órgano jurisdiccional está obligado a reconocer a esas resoluciones los mismos efectos que los que se atribuyen a las condenas nacionales pronunciadas por la comisión de una infracción penal perteneciente a una categoría equivalente y que da lugar a una pena de naturaleza y nivel comparables. No obstante, este reconocimiento no debe dar lugar, en el procedimiento en cuestión, a un trato menos favorable para el interesado que si tales resoluciones hubieran sido pronunciadas por un órgano jurisdiccional nacional.
87
En este contexto, el órgano jurisdiccional penal competente no puede llevar a cabo una recalificación de la infracción penal por la que el acusado ha sido condenado en otro Estado miembro que tenga por efecto conferirle la naturaleza de una infracción administrativa. En efecto, tal recalificación no solo daría lugar a una revisión de la condena anterior, expresamente prohibida por el artículo 3, apartado 3, de dicha Decisión Marco, sino que equivaldría, en definitiva, en incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 3, apartado 1, de esta, a no atribuir a esa condena los mismos efectos jurídicos que a una condena nacional.
88
No obstante, como se desprende del apartado 73 de la presente sentencia, la Decisión Marco 2008/675 exige que, en el supuesto de que el Derecho nacional prevea la toma en consideración de resoluciones definitivas anteriores de un órgano jurisdiccional penal en las que se haya establecido la culpabilidad del acusado por una infracción penal, pero que le hayan impuesto, en lugar de una sanción penal, una sanción de carácter administrativo, el órgano jurisdiccional competente aplique las disposiciones pertinentes de ese Derecho a tales resoluciones dictadas en otro Estado miembro, siempre que disponga de información suficiente a este respecto.
89
Por lo que se refiere ahora a determinar si, de conformidad con la clasificación prevista en su Derecho nacional, las infracciones penales a que se refieren las condenas anteriores pronunciadas en otros Estados miembros constituyen infracciones penales «de carácter general» o «de carácter privado», siempre que las consecuencias jurídicas en Derecho nacional sean diferentes en función de la categoría a la que pertenezcan, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la acción pública en esos otros Estados miembros se ha ejercitado por iniciativa de la autoridad competente o a raíz de una denuncia de la víctima ante un tribunal.
90
En el caso de autos, como ha declarado el propio órgano jurisdiccional remitente, las infracciones que dieron lugar a las condenas en Bélgica y en Alemania no implicaban víctima alguna. En la medida en que esas infracciones constituyan efectivamente infracciones penales con arreglo a la legislación del Estado miembro de que se trate, le corresponderá atribuir a dichas condenas los mismos efectos que los que habrían resultado de las condenas nacionales anteriores por infracciones penales «de carácter general».
91
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Decisión Marco 2008/675, en relación con el artículo 2, letra a), de la Decisión Marco 2009/315, debe interpretarse en el sentido de que, a los efectos de tomar en consideración las condenas anteriores pronunciadas en otro Estado miembro contra la persona incursa en el proceso penal del que conoce el órgano jurisdiccional nacional competente, corresponde a este apreciar si los actos que dieron lugar a las resoluciones definitivas anteriores de los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro, de las que ha tenido conocimiento, han sido calificados de infracciones penales, a la luz de la clasificación efectuada por el Derecho del otro Estado miembro. En virtud del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Decisión Marco 2008/675, dicho órgano jurisdiccional está obligado a tomar en consideración únicamente estas resoluciones y a atribuirles los mismos efectos jurídicos que a las condenas nacionales anteriores por la comisión de una infracción penal perteneciente a una categoría equivalente y que dé lugar a una pena de naturaleza y nivel comparables. No obstante, esta toma en consideración no debe dar lugar, en el procedimiento en cuestión, a un trato menos favorable para el interesado que si tales resoluciones hubieran sido pronunciadas por un órgano jurisdiccional nacional.
Costas
92
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
1)
El artículo 3, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo, de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, a los efectos de pronunciarse en un proceso penal, el órgano jurisdiccional competente no puede tomar en consideración las condenas anteriores pronunciadas en otro Estado miembro contra la persona encausada por actos que no constituyen infracciones penales con arreglo al Derecho nacional, por lo que, en el marco de ese Derecho, no pueden ser objeto de una condena penal.
2)
El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Decisión Marco 2008/675, en relación con el artículo 2, letra a), de la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2019/884 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019,
debe interpretarse en el sentido de que,
a los efectos de tomar en consideración las condenas anteriores pronunciadas en otro Estado miembro contra la persona incursa en el proceso penal del que conoce el órgano jurisdiccional nacional competente, corresponde a este apreciar si los actos que dieron lugar a las resoluciones definitivas anteriores de los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro, de las que ha tenido conocimiento, han sido calificados de infracciones penales, a la luz de la clasificación efectuada por el Derecho del otro Estado miembro. En virtud del artículo 3, apartados 1 y 2, de la Decisión Marco 2008/675, dicho órgano jurisdiccional está obligado a tomar en consideración únicamente estas resoluciones y a atribuirles los mismos efectos jurídicos que a las condenas nacionales anteriores por la comisión de una infracción penal perteneciente a una categoría equivalente y que dé lugar a una pena de naturaleza y nivel comparables. No obstante, esta toma en consideración no debe dar lugar, en el procedimiento en cuestión, a un trato menos favorable para el interesado que si tales resoluciones hubieran sido pronunciadas por un órgano jurisdiccional nacional.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.