62005CJ0103_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C‑103/05,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo a los artículos 68 CE y 234 CE, por el Oberster Gerichtshof (Austria), mediante resolución de 2 de febrero de 2005, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de febrero de 2005, en el procedimiento entre
Reisch Montage AG
y
Kiesel Baumaschinen Handels GmbH,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J. Makarczyk, P. Kūris, G. Arestis y J. Klučka (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. R. Grass;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre del Gobierno alemán, por el Sr. M. Lumma, en calidad de agente;
– en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. A. Bodard-Hermant, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por las Sras. A.‑M. Rouchaud-Joët y S. Grünheid, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de marzo de 2006;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
2. Esta petición fue presentada en el marco de un litigio entre Reisch Montage AG (en lo sucesivo, «Reisch Montage») y Kiesel Baumaschinen Handels GmbH (en lo sucesivo, «Kiesel») relativo al reembolso de una deuda por importe de 8.689,22 euros.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
3. Los considerandos decimoprimero, decimosegundo y decimoquinto del Reglamento nº 44/2001 señalan:
«11) Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. […]
12) El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia.
[…]
15) El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables. […]»
4. El artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento, incluido en su capítulo II, sección 1, bajo la rúbrica «Disposiciones generales», establece:
«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
5. A tenor del artículo 3 del mismo Reglamento, que forma también parte del capítulo II, sección 1:
«1. Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.
2. No podrán invocarse frente a ellas, en particular, las reglas de competencia nacionales que figuran en el anexo I.»
6. En virtud del artículo 5 del Reglamento nº 44/2001, que figura en la sección 2 de ese mismo capítulo II, titulada «Competencias especiales», las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro en determinadas circunstancias.
7. El artículo 6 de ese mismo Reglamento, que también forma parte de la sección 2, dispone, además:
«Las personas a las que se refiere el artículo anterior también podrán ser demandadas:
1) si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente,
[…]»
Normativa nacional
8. El artículo 6 de la ordenanza concursal (Konkursordnung; en lo sucesivo, «KO») dispone:
«Los litigios que tengan por objeto el ejercicio o el aseguramiento de derechos patrimoniales de la masa de la quiebra no pueden iniciarse ni continuar tras la declaración de quiebra.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
9. El 30 de enero de 2004, Reisch Montage, sociedad domiciliada en Liechtenstein, presentó una demanda en reclamación de cantidad ante el Bezirksgericht Bezau (Austria) contra el Sr. Gisinger, domiciliado en Austria, y contra Kiesel, cuya sede se encuentra en Alemania. Esta última sociedad había prestado fianza en favor del Sr. Gisinger por la cantidad de 8.689,22 euros, cuyo pago solicita Reisch Montage.
10. El Bezirksgericht Bezau, en una resolución de 24 de febrero de 2004, rechazó la acción de Reisch Montage, basándose en el artículo 6, apartado 1, de la KO, en la medida en que iba dirigida contra el Sr. Gisinger, sobre cuyo patrimonio se había abierto el 23 de julio de 2003 un procedimiento de quiebra que a la fecha de presentación de la demanda seguía sustanciándose. Dicha resolución adquirió fuerza de cosa juzgada.
11. Kiesel impugnó entonces la competencia del órgano jurisdiccional que estaba conociendo del asunto, afirmando que Reisch Montage no podía prevalerse del artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 para justificar la competencia del Bezirksgericht Bezau, en la medida en que la acción ejercitada contra el Sr. Gisinger se declaró inadmisible en virtud del artículo 6, apartado 1, de la KO.
12. En fallo de 15 de abril de 2004, el Bezirksgericht Bezau estimó la excepción de incompetencia propuesta por Kiesel y rechazó la acción de Reisch Montage debido a su falta de competencia territorial e internacional.
13. En la apelación, el Landesgericht Feldkirch (Austria) revocó dicho fallo y desestimó la excepción de incompetencia propuesta por Kiesel.
14. Ésta recurrió en casación ante el Oberster Gerichtshof, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Cabe invocar el artículo 6, número 1, del Reglamento (CE) nº 44/2001 […] cuando, al interponerse una demanda contra una persona residente en el Estado del foro y contra una persona residente en otro Estado miembro, procede declarar la inadmisibilidad de la dirigida contra la primera persona como consecuencia de un procedimiento de quiebra abierto sobre su patrimonio, que, con arreglo al derecho nacional, impide la tramitación de un proceso?»
La cuestión prejudicial
15. Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, sustancialmente, si el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que puede invocarse en el marco de una acción ejercitada en un Estado miembro contra un demandado domiciliado en dicho Estado y un codemandado domiciliado en otro Estado miembro, cuando dicha acción se considera, desde el momento de su ejercicio, inadmisible frente al primer demandado.
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
16. Según el Gobierno alemán, el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 debe ser objeto de interpretación estricta, para no desvirtuar el principio de la competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado, que se enuncia en el artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento.
17. Según este Gobierno, si el procedimiento contra uno de los dos demandados es inadmisible desde el momento de la presentación de la demanda, debido a su situación de quiebra, debe considerarse que las acciones ejercitadas contra ambos demandados no tienen entre sí «una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo», en el sentido del citado artículo 6, número 1. Por lo tanto, dicha disposición no sería aplicable en un supuesto como el del litigio principal.
18. El Gobierno francés y la Comisión de las Comunidades Europeas sostienen, en cambio, que la referida disposición puede ser invocada en un asunto como éste.
19. Según dicho Gobierno, el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 dispone únicamente que, si hay varios demandados, éstos pueden serlo ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos siempre que las demandas sean conexas. Contrariamente al número 2 del mismo artículo, el número 1 no exige ningún requisito especial para evitar que se utilice con la única finalidad de sustraer un demandado a los órganos jurisdiccionales de su domicilio.
20. Ese mismo Gobierno invoca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 15 de mayo de 1990, Hagen, C‑365/88, Rec. p. I‑1845, apartados 20 y 21; de 27 de abril de 2004, Turner, C‑159/02, Rec. p. I‑3565, apartado 29; y de 26 de mayo de 2005, GIE Réunion européenne y otros, C‑77/04, Rec. p. I‑4509, apartado 34) para afirmar que un órgano jurisdiccional nacional no puede rechazar una acción relativa a una obligación de garantía basándose en que el garante está domiciliado en un Estado miembro distinto de aquél al que pertenece dicho órgano jurisdiccional y en el que se encuentra el domicilio del deudor frente al que es inadmisible la demanda.
21. La Comisión afirma que Reisch Montage no puede, sin embargo, ejercitar una acción inadmisible contra un demandado domiciliado en un Estado miembro, con la única finalidad de sustraer otro demandado a la competencia que por principio ostentan los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de su domicilio. Según dicha Institución, corresponde, por lo tanto, al órgano jurisdiccional competente examinar si el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 es utilizado de forma abusiva.
Respuesta del Tribunal de Justicia
22. Con carácter preliminar, procede recordar que la competencia prevista en el artículo 2 del Reglamento nº 44/2001, a saber, la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio tiene su domicilio el demandado, constituye el principio general y sólo como excepción a este principio prevé dicho Reglamento reglas de competencia especial en determinados casos, enumerados de forma taxativa, en los que la acción judicial contra el demandado puede o debe entablarse, según proceda, ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro [véanse, en cuanto al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»), cuyas disposiciones son sustancialmente idénticas a las del Reglamento nº 44/2001, las sentencias de 27 de octubre de 1998, Réunion européenne y otros, C‑51/97, Rec. p. I‑6511, apartado 16, y de 5 de febrero de 2004, Frahuil, C‑265/02, Rec. p. I‑1543, apartado 23].
23. A este respecto, es jurisprudencia reiterada que dichas reglas de competencia especial deben ser interpretadas de modo estricto, sin que quepa una interpretación de las mismas que vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en el Reglamento nº 44/2001 (véanse, en lo que respecta al Convenio de Bruselas, la sentencia de 10 de junio de 2004, Kronhofer, C‑168/02, Rec. p. I‑6009, apartado 14, y la jurisprudencia citada).
24. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional interpretar esas mismas reglas respetando el principio de seguridad jurídica, que constituye uno de los objetivos del Reglamento nº 44/2001 (véanse, en lo que respecta al Convenio de Bruselas, las sentencias de 28 de septiembre de 1999, GIE Groupe Concorde y otros, C‑440/97, Rec. p. I‑6307, apartado 23; de 19 de febrero de 2002, Besix, C‑256/00, Rec. p. I‑1699, apartado 24, y de 1 de marzo de 2005, Owusu, C‑281/02, Rec. p. I‑1383, apartado 38).
25. Dicho principio exige, en particular, que las reglas de competencia especial se interpreten de modo que permitan al demandado normalmente informado prever razonablemente cuál es el órgano jurisdiccional distinto al del Estado de su domicilio ante el que pudiera ser demandado (véanse las sentencias, antes citadas, GIE Groupe Concorde y otros, apartado 24; Besix, apartado 26, y Owusu, apartado 40).
26. Por lo que se refiere a la competencia especial prevista en el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001, si son varios los demandados, pueden serlo ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos siempre que «las demandas estuvieren vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente».
27. A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que dicha disposición no contiene ninguna remisión expresa a la aplicación de las normas internas ni ningún requisito por el que se exija la admisibilidad, con arreglo a la normativa nacional, de una demanda contra varias personas, desde el momento de su interposición, frente a todas ellas.
28. En segundo lugar, debe ponerse de relieve que, con independencia de esta primera observación, la cuestión planteada tiene por objeto dilucidar si una norma nacional por la que se establece una excepción de inadmisibilidad puede obstaculizar la aplicación del artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001.
29. Ahora bien, según jurisprudencia reiterada, las disposiciones de dicho Reglamento deben interpretarse de manera autónoma, refiriéndose a su sistemática y a sus objetivos (véase, en cuanto al Convenio de Bruselas, la sentencia de 15 de enero de 2004, Blijdenstein, C‑433/01, Rec. p. I‑981, apartado 24, y la jurisprudencia citada).
30. En consecuencia, al no formar parte de las disposiciones, como por ejemplo el artículo 59 del Reglamento nº 44/2001, que prevén expresamente la aplicación de las normas internas, y que, por tanto, sirven de fundamento jurídico a esa aplicación, el artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento no puede interpretarse en el sentido de que su aplicación pueda depender de los efectos de las normas internas.
31. En tales circunstancias, el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001, puede invocarse en el marco de una acción ejercitada en un Estado miembro contra un demandado domiciliado en dicho Estado y un codemandado domiciliado en otro Estado miembro, aun cuando desde el momento de su ejercicio, dicha acción sea considerada inadmisible frente al primer demandado en virtud de una normativa nacional.
32. No obstante, procede recordar que la norma de competencia especial enunciada en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 no puede interpretarse de tal forma que permita a un demandante formular una demanda dirigida contra varios demandados con el solo fin de que uno de ellos se sustraiga a la competencia de los tribunales del Estado miembro donde se encuentra su domicilio (véanse, en relación con el Convenio de Bruselas, las sentencias de 27 de septiembre de 1988, Kalfelis, 189/87, Rec. p. 5565, apartados 8 y 9, y Réunion européenne y otros, antes citada, apartado 47). No parece, sin embargo, que éste sea el caso en el procedimiento principal.
33. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en un supuesto como el del procedimiento principal, dicha disposición puede ser invocada en el marco de una acción ejercitada en un Estado miembro contra un demandado domiciliado en dicho Estado y un codemandado domiciliado en otro Estado miembro, aun cuando desde el momento de su ejercicio, dicha acción sea considerada inadmisible frente al primer demandado en virtud de una normativa nacional.
Costas
34. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
El artículo 6, número 1, del Reglamento nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en un supuesto como el del procedimiento principal, dicha disposición puede ser invocada en el marco de una acción ejercitada en un Estado miembro contra un demandado domiciliado en dicho Estado y un codemandado domiciliado en otro Estado miembro, aun cuando desde el momento de su ejercicio, dicha acción sea considerada inadmisible frente al primer demandado en virtud de una normativa nacional.