61993C0432
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PHILIPPE LÉGER
presentadas el 8 de junio de 1995 (
*1
)
1.
La Court of Appeal, con arreglo al artículo 3 del Protocolo de 3 de junio de 1971, (
1
) plantea a este Tribunal unas cuestiones con carácter prejudicial sobre la interpretación de los artículos 36, 37 y 38 del Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (
2
) en su versión modificada por el Convenio de adhesión de 1978 (
3
) (en lo sucesivo, «Convenio»), con motivo de un «recurso sobre una cuestión de Derecho» (o «de casación», según los términos del Convenio) formulado por una parte contra la que se ha otorgado la ejecución en Inglaterra de una resolución francesa.
2.
Los autores del Convenio, al establecer, de conformidad con el objetivo fijado en el artículo 220 del Tratado CEE, un mecanismo simplificado de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones, tenían como primer objetivo la rapidez de los procedimientos. La complejidad procedimental alcanzada en el presente asunto podría hacer dudar que dicho objetivo se haya logrado, si no se explicara en parte por la mala aplicación de las normas del Convenio que han efectuado los órganos jurisdiccionales envueltos. Examinaré su desarrollo tras haber recordado las disposiciones pertinentes del Convenio de que se trata.
El procedimiento de ejecución previsto en el Convenio
3.
El Convenio instaura un sistema unificado de determinación de las competencias judiciales (Título II), acompañado de un mecanismo simplificado de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones emanadas de los órganos jurisdiccionales de los Estados contratantes (Título III) y dictadas en el ámbito de las materias cubiertas por el Convenio (Título I). El Título III («Reconocimiento y ejecución») se propone garantizar la «libre circulación de sentencias», (
4
) facilitando el reconocimiento (Sección 1) y la ejecución (Sección 2) de las resoluciones extranjeras. La Sección 2 de dicho Título (artículos 31 a 45) establece así un procedimiento sumario de ejecución que presenta las características siguientes.
4.
La primera fase del procedimiento no es contradictoria. (
5
) Se inicia mediante la presentación de una solicitud de cualquier parte interesada, que tenga por objeto que se declare ejecutoria o, en el Reino Unido que se registre «con fines de ejecución», (
6
) en el Estado requerido, la resolución ejecutoria dictada en el Estado de origen (artículo 31). Dicha solicitud se presenta ante el órgano jurisdiccional designado en el artículo 32, (
7
) que resuelve sin poder revisar el fondo de la resolución extranjera (artículo 34). Dicho órgano jurisdiccional sólo puede adoptar dos decisiones: bien otorgar la ejecución, bien denegarla. Para denegar la ejecución, sólo puede basarse en uno de los motivos previstos en los artículos 27 y 28, (
8
) o en la no consideración de los requisitos previstos en los artículos 31 (carácter ejecutorio de la resolución en el Estado de origen), 32 y 33 (órganos jurisdiccionales designados y normas de forma) del Convenio. Si la solicitud se deniega, el demandante dispone de un recurso (artículos 40 y ss.).
5.
Si se otorga la ejecución, la parte contra la que se ha solicitado puede oponerse e interponer un recurso (artículo 36), dentro del plazo previsto. (
9
) El procedimiento será contradictorio en esta fase. El recurso se formula ante el órgano jurisdiccional designado en el número 1 del artículo 37. (
10
) La ejecución es imposible durante el plazo del recurso y hasta la adopción de la resolución: solamente se podrán adoptar medidas cautelares a instancia del demandante sobre los bienes de la parte contra la que se haya solicitado la ejecución (artículo 39).
El órgano jurisdiccional que conoce del recurso puede adoptar dos tipos de resolución:
—
denegar la ejecución, por los mismos motivos que en la primera fase no contradictoria del procedimiento (basados en los artículos 27 y 28, o en el artículo 31);
—
otorgar la ejecución, y confirmar así la resolución dictada sobre la solicitud.
El artículo 38 ofrece otras dos posibilidades al órgano jurisdiccional que conoce del recurso:
—
la posibilidad de suspender el procedimiento (párrafo primero del artículo 38), subordinada a dos requisitos acumulativos: la suspensión debe haberla solicitado la parte que interpuso el recurso y, además, la resolución extranjera debe haber sido objeto, en el Estado de origen, de un recurso «ordinario», o debe poder ser objeto de dicho recurso; (
11
)
—
la posibilidad de subordinar la ejecución a la constitución de una garantía (artículo 38, párrafo tercero).
6.
Por último, el Convenio prevé la posibilidad de una tercera fase en el procedimiento (número 2 del artículo 37). (
12
) Se trata, según los ordenamientos jurídicos nacionales, de un «recurso de casación» (en Francia, por ejemplo), o de un «recurso sobre una cuestión de Derecho» (en el Reino Unido, por ejemplo). Dicho recurso de casación, o recurso similar, sólo puede ejercerse contra «la resolución dictada sobre el recurso». Ahora bien, si la resolución mediante la cual el órgano jurisdiccional que conoce del recurso mencionado en el número 1 del artículo 37 otorga o deniega la ejecución, constituye sin lugar a dudas tal «resolución dictada sobre el recurso», ¿ocurre lo mismo con las resoluciones adoptadas con arreglo al artículo 38 relativas a la suspensión de la ejecución o a la constitución de una garantía? Esta es precisamente una de las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional de remisión, que conoce de un litigio cuyo marco fáctico es el siguiente.
Hechos y procedimiento
7.
El 8 de abril de 1987, SISRO, sociedad francesa con domicilio social en Francia, obtuvo del tribunal de grande instance de Paris una resolución susceptible de ejecución provisional, mediante la cual se condenaba a Ampersand, sociedad neerlandesa con domicilio social en los Países Bajos, a pagar daños y perjuicios por vulneración de sus derechos de autor sobre programas informáticos. (
13
) Ampersand interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución ante la cour d'appel de Paris; dicho recurso de apelación sigue pendiente, ya que la cour suspendió el procedimiento hasta que se resolvieran los procesos penales iniciados paralelamente. (
14
)
8.
Previa solicitud de SISRO, y de conformidad con las normas del Convenio, la High Court of Justice, el 15 de diciembre de 1987, otorgó el «registro» de la resolución francesa con fines de su ejecución en Inglaterra, donde Ampersand posee bienes.
9.
Ampersand interpuso entonces un recurso contra dicha resolución dictada sobre la solicitud, invocando el número 1 del artículo 27 del Convenio. Dicho recurso, interpuesto el 8 de abril de 1988, no puede, en principio, admitirse, habida cuenta de los requisitos de plazo previstos en el artículo 36. No obstante, la High Court of Justice declaró su admisibilidad.
A petición de Ampersand, el órgano jurisdiccional que conocía del recurso suspendió el procedimiento, el 9 de octubre de 1989, a la espera de la resolución de los recursos interpuestos en Francia, haciendo uso así de la facultad que le ofrece el párrafo primero del artículo 38 del Convenio.
En Francia, el órgano jurisdiccional de apelación desestimó sucesivamente, los días 11 de mayo y 21 de diciembre de 1989, dos solicitudes formuladas por Ampersand que tenían por objeto la suspensión de la ejecución de la resolución del tribunal de grande instance. Por tanto, la resolución francesa sigue siendo ejecutoria y sigue respondiendo de este modo a los requisitos del artículo 31 del Convenio.
10.
El 9 de mayo de 1990, SISRO interpuso un recurso ante la Court of Appeal contra la resolución de suspensión del procedimiento de 9 de octubre de 1989. Habida cuenta de la última resolución del órgano jurisdiccional de apelación francés mediante la que se denegaba la suspensión de la ejecución de la resolución de 1987, la Court of Appeal autorizó a SISRO a que solicitara a la High Court el levantamiento de la suspensión del procedimiento que ésta había acordado el 18 de diciembre de 1990.
11.
Conociendo de la remisión de la Court of Appeal, la High Court of Justice, el 23 de enero de 1992, se pronunció sobre dos cuestiones:
—
levantó la suspensión del procedimiento anteriormente ordenada, por considerar que, en virtud del «comity», (
15
) debía seguir la resolución del órgano jurisdiccional francés que denegó la suspensión de la ejecución de la resolución de 1987 «sobre el fondo»;
—
desestimó el recurso de Ampersand contra la resolución de registro (se trata de una «resolución dictada sobre el recurso», en el sentido del Convenio).
12.
Ampersand interpuso entonces dos recursos ante la Court of Appeal, uno dirigido contra el levantamiento de la suspension, y el otro contra la desestimación de su recurso contra el «registro» (recordemos que dicho órgano jurisdiccional, cuando conoce de un «recurso sobre una cuestión de Derecho», es competente para decidir, a tenor del número 2 del artículo 37 del Convenio sobre la «resolución dictada sobre el recurso»).
13.
La Court of Appeal suspendió ambos procedimientos y planteó al Tribunal de Justicia las tres cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
Una persona que en el Reino Unido ha interpuesto un recurso con arreglo al artículo 36 del Convenio de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, ¿está legitimada para solicitar la aplicación de las medidas previstas en el artículo 38, si no puede ampararse con éxito en uno de los motivos, especificados en los artículos 27 y 28, de denegación de una solicitud de registro con fines de ejecución de una resolución dictada en otro Estado contratante y, en caso afirmativo, cuál es el “procedimiento” respecto al que se podrá acordar la suspensión?
2)
¿Cabe considerar que el hecho de haberse denegado la suspensión de la ejecución de una resolución en el Estado en que se dictó la resolución es:
i)
relevante y/o
ii)
decisivo,
por lo que respecta al modo en que debe ejercerse la facultad de suspender el procedimiento de registro conferida por el artículo 38 del Convenio?
3)
Si, en el marco del artículo 36 del Convenio, uno de los órganos jurisdiccionales contemplados en el número 1 del artículo 37 del Convenio:
a)
deniega una solicitud de suspensión del procedimiento, o
b)
revoca una resolución de suspensión del procedimiento anteriormente dictada,
el órgano jurisdiccional ante el que se ha interpuesto un recurso sobre una cuestión de Derecho con arreglo al apartado 2 del artículo 37, ¿está facultado para acordar, o volver a acordar, una suspensión del procedimiento?»
Observaciones preliminares
14.
En sus observaciones escritas, la Comisión expresaba dudas acerca de la competencia del Tribunal de Justicia en el caso de autos. Aunque su representante haya rectificado acerca de estas reservas durante la vista, me parece necesario eliminar cualquier ambigüedad que pueda subsistir al respecto.
15.
La Comisión cuestionaba, en primer lugar, la aplicabilidad ratione temporis del Convenio.
16.
Dado que el Reino Unido no se adhirió al Convenio de Bruselas desde el principio, únicamente su versión modificada por el Convenio de adhesión de 1978 puede aplicarse entre los dos países en la época de los hechos que estamos examinando. Dicho Convenio entró en vigor el 1 de noviembre de 1986 en Francia, Estado de origen, y el 1 de enero de 1987 en el Reino Unido, Estado requerido. Ahora bien, a tenor de las disposiciones transitorias, en el párrafo tercero del artículo 34 del Convenio de adhesión se establece que el Convenio se aplicará a las resoluciones adoptadas después de la fecha de entrada en vigor del Convenio a consecuencia de acciones entabladas antes de esta fecha (como ocurre en el caso de autos), si el Juez del Estado de origen hubiera basado su competencia, bien en reglas conformes con las disposiciones del Título II modificado, bien en las disposiciones previstas por un Convenio que estuviese en vigor entre el Estado de origen y el Estado requerido cuando se entabló la acción.
17.
Por tanto, la cuestión es si el Juez francés había basado su competencia en reglas conformes a las disposiciones del Título II modificado o en las disposiciones de un Convenio que vinculara a ambos Estados.
18.
Este extremo fue examinado por la cour d'appel de París en su sentencia de 11 de mayo de 1989, que admitió la competencia de los órganos jurisdiccionales franceses tanto sobre la base del Convenio de Berna (
16
) como sobre la del Convenio de Bruselas. Por tanto, no corresponde a este Tribunal de Justicia, como tampoco a los órganos jurisdiccionales del Estado requerido, controlar la aplicación correcta de las normas del Convenio por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado de origen, so pena de alejarse de la propia ratio del Convenio: la confianza depositada en el Juez del Estado de origen, que debe permitir que las resoluciones judiciales se reconozcan y ejecuten fácilmente. Por otra parte, este Tribunal de Justicia ya ha hecho suya esta concepción al precisar en la sentencia Brasserie du Pêcheur «[...] que el Tribunal de Justicia responde a la cuestión planteada sin perjuicio de si el Convenio se aplica, en virtud de su artículo 54 (
17
) (al caso de autos)». (
18
)
19.
Por ultimo, la observación de la Comisión, según la cual si la High Court of Justice no hubiera incumplido los requisitos relativos al plazo previstos en el artículo 36 del Convenio, el asunto no habría llegado a la Court of Appeal y los problemas suscitados por las cuestiones prejudiciales no hubieran podido plantearse, si bien es correcta, no puede cuestionar el principio de la competencia de este Tribunal en el presente asunto.
20.
Así, no dudo de la aplicabilidad del Convenio al caso de autos ni de la competencia de este Tribunal de Justicia. Procedamos, pues, a examinar las cuestiones planteadas.
Sobre las respuestas a las cuestiones
21.
En la medida en que las cuestiones planteadas tratan todas esencialmente de la interpretación del artículo 38 del Convenio, en lo que se refiere a la suspensión del procedimiento, hay que examinar en primer lugar si el órgano jurisdiccional de remisión que, con arreglo al número 2 del artículo 37, conoce del «recurso sobre una cuestión de Derecho», es competente para pronunciarse sobre dicha suspensión. Por tanto, responderé en primer lugar a la tercera cuestión.
Sobre la tercera cuestión
22.
El número 2 del artículo 37 del Convenio está redactado en los términos siguientes:
«La resolución dictada sobre el recurso sólo podrá ser objeto:
—
en Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, de un recurso de casación;
[...]
—
en el Reino Unido, de un recurso único sobre una cuestión de Derecho.»
23.
Habida cuenta de esta disposición, la cuestión que se plantea a este Tribunal es, por tanto, si la decisión de levantar una suspensión del procedimiento anteriormente acordada, adoptada sobre la base del artículo 38 del Convenio por el órgano jurisdiccional que conoce del recurso, constituye una «resolución dictada sobre el recurso», que sólo podrá ser objeto de un recurso de casación o de un recurso análogo. Creo que tanto de los Informes sobre el Convenio como de la jurisprudencia de este Tribunal cabe deducir una respuesta negativa.
24.
Según el Informe Jenard, los autores del Convenio se fijaron el objetivo de evitar «una multiplicidad de vías de recurso [...] (que) sería en definitiva un obstáculo a la libre circulación de las resoluciones judiciales, objetivo perseguido por el Convenio». (
19
) Por ello se ha previsto que «únicamente el tribunal que conoce del recurso tiene la facultad de suspender el proceso [...]». (
20
)A contrario, parece, por tanto, que carecen de la facultad de suspender el procedimiento tanto el órgano jurisdiccional que conoce de la solicitud como el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso de casación o de un recurso similar. El Informe Schlosser es aún más claro. Define con precisión la naturaleza del recurso que puede presentarse ante el órgano jurisdiccional designado en el número 2 del artículo 37: «Con miras a un rápido desarrollo del procedimiento de ejecución (la norma enunciada en el artículo 37) limita a dos el número de recursos; el primero brinda la posibilidad de un control exhaustivo de los hechos y el segundo se limita al control jurídico.» El Informe precisa que únicamente la «[...] resolución que se hubiese pronunciado sobre un recurso interpuesto por la parte que solicita la ejecución o la parte contra la cual se solicita [...]» puede someterse a un segundo recurso. (
21
)
25.
Por tanto, parece que en el espíritu de los ponentes ha prevalecido la interpretación estricta del número 2 del artículo 37 y del artículo 38 del Convenio. Por otra parte, así ha interpretado este Tribunal de Justicia dichas disposiciones en dos sentencias relativas a cuestiones en gran parte idénticas a la que nos ocupa.
26.
Así, en el asunto que dio lugar a la sentencia Brennero, (
22
) el Bundesgerichtshof, al que se recurrió con arreglo al número 2 del artículo 37, se interrogaba sobre su competencia para conocer de un «Rechtsbeschwerde» interpuesto contra la resolución que exigía la constitución de una garantía, adoptada con arreglo al párrafo segundo del artículo 38. Este Tribunal de Justicia interpretó entonces el número 2 del artículo 37 inspirándose «[...] en el sistema general del Convenio y en uno de sus objetivos principales, que es el de simplificar los procedimientos en el Estado en que se solicita la ejecución [...]»,
en el sentido de que:
«[...] dicha disposición no puede extenderse de manera que permita un recurso de casación contra otra resolución distinta de la que resuelve el recurso, como por ejemplo, un recurso de casación contra una resolución preparatoria o interlocutoria mediante la que se acuerden diligencias de prueba». (
23
)
27.
Si el Abogado General Sir Gordon Slynn ya había precisado en sus conclusiones que dicha «resolución dictada sobre el recurso», o «pronunciándose sobre el recurso», debía entenderse como «la resolución mediante la que se resuelve definitivamente la cuestión del recurso», (
24
) este Tribunal de Justicia todavía tenía que precisar el sentido de dicha expresión, con el fin de determinar si podía englobar las resoluciones adoptadas con arreglo al artículo 38. Este Tribunal de Justicia se adhirió a dicha orientación en la sentencia Van Dalfsen y otros (
25
) que, por otra parte, fue la ocasión de confirmar la solución adoptada en la citada sentencia Brennero. Como el asunto que dio lugar a dicha sentencia se parece tanto al que nos ocupa, merece ser recordado.
28.
El exequátur de una resolución dictada en Bélgica fue otorgado en los Países Bajos. El Sr. Van Dalfsen había interpuesto un recurso contra dicha resolución, de conformidad con el artículo 36, solicitando al mismo tiempo la suspensión de este último procedimiento, a la espera del resultado del recurso de apelación formulado en Bélgica. El órgano jurisdiccional que conocía del recurso lo declaró infundado, desestimó la solicitud de suspensión y ordenó la constitución de una garantía. (
26
) Entonces el Sr. Van Dalfsen interpuso un recurso de casación. El órgano jurisdiccional de remisión, que conocía del asunto con arreglo al número 2 del artículo 37, preguntó a este Tribunal de Justicia si estaba facultado para conocer de dicha resolución mediante la que se denegaba, en particular, la suspensión del procedimiento, sobre la base del artículo 38.
29.
Este Tribunal de Justicia, basándose de nuevo en el objetivo esencial de celeridad perseguido por el Convenio, interpretó estrictamente la expresión «resolución dictada sobre el recurso» para excluir firmemente cualquier posibilidad de recurso sobre la base del número 2 del artículo 37 del Convenio contra resoluciones adoptadas de conformidad con el artículo 38:
«[...] teniendo en cuenta el hecho de que el Convenio tiene por objeto facilitar la libre circulación de las sentencias, estableciendo un procedimiento sencillo y rápido en el Estado contratante en el que se solicita la ejecución de la resolución extranjera, la expresión “resolución dictada sobre el recurso”, que figura en el número 2 del artículo 37 del Convenio, debe interpretarse en el sentido de que únicamente contempla las resoluciones dictadas sobre el fundamento del recurso interpuesto contra una resolución que otorga la ejecución de una resolución judicial dictada en otro Estado contratante, quedando excluidas las adoptadas con atreglo al artículo 38 del Convenio». (
27
)
30.
Así, la respuesta a la cuestión planteada por la Court of Appeal en el caso de autos debe ser la misma que este Tribunal de Justicia formuló entonces para el órgano jurisdiccional neerlandés. En efecto, está redactada en términos suficientemente generales para que pueda analizarse como una decisión de principio:
«[...] una resolución dictada con arreglo al artículo 38 del Convenio, mediante la cual el Tribunal que conoce del recurso interpuesto contra el otorgamiento de la ejecución de una resolución judicial dictada en otro Estado contratante deniega la suspensión del procedimiento [...] no constituye una “resolución dictada sobre el recurso” a efectos del número 2 del artículo 37 del Convenio y, por lo tanto, no puede ser objeto de un recurso de casación o de un recurso análogo». (
28
)
31.
Esta interpretación debe aprobarse, (
29
) tanto más cuanto que en el caso de autos la parte que se opone a la ejecución de la sentencia no ha dejado, como atestiguan la duración y la complejidad del procedimiento, de multiplicar los recursos, con el fin, cabe temer, de retardar la resolución definitiva, tanto en el Estado de origen como en el Estado requerido. Si admitiéramos que nuevamente esta parte puede presentar ante la Court of Appeal un recurso análogo al recurso de casación contra la resolución que levanta la suspensión del procedimiento, ignoraríamos la advertencia que el Informe Jenard expresa en los términos siguientes: «Una multiplicidad de vías de recurso que permitiera a la parte perdedora su utilización con fines únicamente dilatorios, sería en definitiva un obstáculo a la libre circulación de las resoluciones judiciales, objetivo perseguido por el Convenio.» (
30
)
32.
Por este motivo, no puede admitirse la objeción que el Gobierno del Reino Unido cree poder fundar en la particularidad de su Derecho nacional.
33.
Para justificar una respuesta afirmativa a la tercera cuestión, dicho Gobierno alegó que el recurso de casación previsto en el número 2 del artículo 37, para cinco de los seis Estados contratantes originales, es diferente del concepto de «recurso único sobre una cuestión de Derecho» aplicable al Reino Unido. En efecto, un órgano jurisdiccional que, resolviendo en casación, anulara la sentencia dictada por un órgano jurisdiccional inferior siempre tendría la posibilidad de remitir el asunto a otro órgano jurisdiccional del mismo grado competente con arreglo al número 1 del artículo 37 para que se pronunciara sobre el fondo. De este modo, este último órgano jurisdiccional podría pronunciarse nuevamente de conformidad con el artículo 38. Pero esto no es posible en el Reino Unido, donde el órgano jurisdiccional superior (la Court of Appeal en este caso) no podría remitir el asunto, sino que se pronunciaría siempre sobre el fondo y, por tanto, debería tener la posibilidad de pronunciarse sobre la suspensión. (
31
)
34.
Es cierto, como subraya el ponente Schlosser que, «de manera implícita, el Convenio de 1968 se basa en la existencia de una cultura jurídica común, en gran medida a los Estados originarios de la Comunidad Económica Europea», y que, «en cambio, es evidente que el Derecho de los nuevos Estados miembros presenta determinadas características estructurales específicas». (
32
) Pero precisamente, el Convenio de adhesión de 1978 se consagró en particular a aplicar las «adaptaciones necesarias» (
33
) para la adhesión del Reino Unido. Así, por ejemplo, hubo que revisar la distinción operada en los artículos 30 y 38 entre los recursos ordinarios y los recursos extraordinarios, (
34
) o el sistema del exequátur, por preferirse en dicho Estado el del «registro» de las resoluciones. (
35
) De igual modo, se precisó que el Convenio puede exigir que no se apliquen determinadas normas habituales en Derecho interno: este es el caso de la «doctrine of the forum conveniens». (
36
)
35.
Más concretamente, y según el propio ponente, «la adaptación del número 2 del artículo 37 [...] suscitó cierto número de dificultades». Efectivamente, la delimitación entre cuestión de Derecho y cuestión de hecho que los ordenamientos jurídicos continentales efectúan no es tan clara en el Reino Unido. Por eso se convino que «con vistas a la aplicación del Convenio, el Reino Unido debe adaptar sus sistemas de recursos», habida cuenta de que «en el Derecho del Reino Unido, el concepto de “appeal on a point of law” es el que más se aproxima al “Rechtsbeschwerde” del Derecho alemán y del recurso de casación del Derecho de los Estados miembros originales de la Comunidad, que se caracteriza por la limitación de los motivos de impugnación a la violación del Derecho (por oposición a la apreciación errónea de los hechos)». (
37
)
36.
Por consiguiente, si bien es cierto que los conceptos de «recurso de casación» y de «recurso sobre una cuestión de Derecho» no son exactamente idénticos, corresponde al órgano jurisdiccional al que se acuda, con arreglo al número 2 del artículo 37 del Convenio, resolver como lo haría cualquier otro órgano jurisdiccional nacional en calidad de órgano jurisdiccional de casación. Más concretamente, si en el sistema jurisdiccional británico, la Court of Appeal debe habitualmente pronunciarse sobre el fondo en su calidad de órgano jurisdiccional de apelación, la función de órgano jurisdiccional de casación que le asigna el Convenio de Bruselas es totalmente distinta, y en virtud de ésta no puede conocer de los motivos de impugnación que no estén vinculados directamente a la violación del Derecho, como una suspensión del procedimiento.
37.
Sólo esta solución asegura eficazmente el respeto de la primacía del Convenio sobre los Derechos nacionales, primacía que este Tribunal ha justificado en los términos siguientes: «[...] el principio de la seguridad jurídica en el ordenamiento comunitario y los objetivos perseguidos por el Convenio, según el artículo 220 del Tratado CEE en el que se funda, exigen una aplicación uniforme en todos los Estados miembros de los conceptos y calificaciones jurídicas elaborados por el Tribunal de Justicia en el marco del Convenio». (
38
)
Este Tribunal ha tenido la ocasión de precisar que la Sección 2 del Título III en su conjunto constituye un particular sistema autónomo independiente de los diversos Derechos nacionales:
«[...] el Convenio ha creado un procedimiento de exequatur que constituye un sistema autónomo y completo, también en el ámbito de los medios de impugnación». (
39
)
Por ello el argumento del Gobierno del Reino Unido, basado en la particularidad de su Derecho nacional, no puede admitirse.
38.
Permítaseme una observación acerca de la argumentación británica. Al igual que para el reconocimiento (artículos 26 a 30), y de conformidad con la jurisprudencia Hoffmann, (
40
) la resolución extranjera debe tener los efectos y la autoridad que hubiera tenido en el Estado de origen, pero no puede producir más efectos que las resoluciones locales del mismo tipo. Ahora bien, en el caso de autos, la resolución francesa es susceptible de ejecución en el Estado de origen, pero a falta de sentencia dictada en apelación, no ha adquirido fuerza de cosa juzgada. Ello significa concretamente que el acreedor, SISRO, puede proceder a medidas de ejecución en Francia, pero por su cuenta y riesgo. Si procede a dichas medidas en Francia y a raíz de ello se modifica la resolución, deberá restablecer la situación. Lo mismo debe ocurrir en Inglaterra. Así, el hecho de que la Court of Appeal no pueda pronunciarse sobre el levantamiento de una suspensión del procedimiento no hace que las partes corran más riesgos en Inglaterra que en Francia, aunque después se anule la resolución francesa. SISRO, sobre la base del «registro» de la resolución francesa en Inglaterra, podrá proceder a medidas de ejecución, pero como en Francia, por su cuenta y riesgo.
39.
Por consiguiente, deduzco de ello que la Court of Appeal, competente con arreglo al número 2 del artículo 37 del Convenio, sólo puede conocer de las impugnaciones relativas a la violación del Derecho, excluyendo los recursos interpuestos contra una resolución mediante la que se deniegue acordar la suspensión de un procedimiento, o que levante la suspensión de un procedimiento anteriormente acordada.
40.
Pasemos al examen de las otras dos cuestiones.
Sobre las dos primeras cuestiones
41.
En la medida en que considero que el órgano jurisdiccional designado en el número 2 del artículo 37 del Convenio no es competente para pronunciarse sobre una resolución relativa a la suspensión de un procedimiento, el examen de las otras dos cuestiones, que tienen esencialmente por objeto precisar el alcance del ejercicio de la facultad de suspender el procedimiento, es puramente hipotético. Por consiguiente, sólo formularé mis observaciones al respecto con carácter subsidiario considerando que la exposición que sigue sólo es, en cualquier caso, aplicable al órgano jurisdiccional que conoce del recurso, competente según el número 1 del artículo 37.
42.
Los párrafos primero y segundo del artículo 38 del Convenio están redactados en los términos siguientes:
«El tribunal que conociere del recurso podrá, a instancia de la parte que lo hubiese interpuesto, suspender el procedimiento si la resolución extranjera hubiese sido objeto de recurso ordinario en el Estado de origen o si el plazo para interponerlo no hubiere expirado; en este último caso, el tribunal podrá conceder un aplazamiento a efectos de la interposición de dicho recurso.
Cuando la resolución se hubiere dictado en Irlanda o en el Reino Unido, toda vía de recurso prevista en el Estado de origen será considerada como un recurso ordinario a los efectos de la aplicación del párrafo primero.»
Sobre la primera cuestión
43.
Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión plantea a este Tribunal de Justicia si puede solicitarse la suspensión del procedimiento de recurso (artículo 38) cuando no se pueden alegar los motivos de denegación de la solicitud de reconocimiento y de ejecución de una resolución extranjera (artículos 27 y 28).
44.
Creo que hay que dar una respuesta afirmativa.
45.
He recordado (
41
) que la parte contra la que se solicita la ejecución de una resolución debe alegar una de las causas de denegación taxativamente enumeradas en los artículos 27 y 28, para que el Juez que conoce del recurso resuelva sobre el fondo, con arreglo al artículo 36, en el sentido de la denegación de la ejecución de la resolución extranjera en el Estado requerido. ¿Podemos entonces establecer un paralelismo con esta última situación y considerar, como sugiere la demandante, que de igual modo la parte contra la que se solicita la ejecución debe alegar una de las causas de denegación taxativamente enumeradas en los artículos 27 y 28, para que el Juez que conoce del recurso acuerde, con arreglo al artículo 38, la suspensión del procedimiento?
46.
No lo creo, al menos por tres razones.
47.
En primer lugar, sería inútil buscar un argumento literal en apoyo de la tesis mantenida por SISRO. Antes al contrario, la lectura del Convenio refuerza mi convicción. En efecto, el tenor del artículo 38 no lleva a cabo ninguna remisión a los artículos 27 y 28, al contrario que el párrafo segundo del artículo 34 (cuyo vínculo con el artículo 36 he recordado), el cual dispone: «La solicitud sólo podrá desestimarse por alguno de los motivos previstos en los artículos 27 y 28.» No creo que esto constituya un olvido de los autores del Convenio, ya que, por otra parte —lo he recordado (
42
)— estos últimos han cuidado de subordinar la posibilidad de suspender el procedimiento, prevista en el artículo 38, a dos requisitos muy precisos. Por tanto, me parece que si los autores del Convenio hubieran querido subordinar la facultad de suspender el procedimiento a un tercer requisito, como la existencia de una causa de denegación del reconocimiento y de la ejecución, lo hubieran mencionado en el texto del artículo 38. Esta convicción se ve confirmada por la lectura de los Informes sobre el Convenio (
43
) y de la jurisprudencia de este Tribunal: (
44
) ni unos ni otra me permiten suponer tal exigencia.
48.
Incluso al margen de este análisis de los textos, creo que en todo caso hay que diferenciar bien el artículo 38 del artículo 36. Cada uno de estos dos artículos pone a disposición del Juez que conoce del recurso dos facultades autónomas, que pueden ejercerse en momentos distintos, e implican el examen de hechos y de cuestiones totalmente diferentes.
El órgano jurisdiccional designado en el apartado 1 del artículo 37 es competente, con arreglo al artículo 36 para resolver sobre el recurso interpuesto contra la resolución de ejecución dictada previa solicitud. Dicho órgano debe estimarlo si existe uno de los motivos de denegación enumerados en los artículos 27 y 28, y desestimarlo en el supuesto contrario.
Con arreglo al artículo 38, ese mismo órgano jurisdiccional puede suspender el procedimiento relativo al recurso pero, como este Tribunal de Justicia ha precisado, en ningún caso está obligado a ello: «[...] se trata, para el Juez que entiende del [...] exequátur, no de una obligación de suspender el procedimiento, sino de una simple facultad». (
45
) En efecto, dicha disposición, al contrario que la precedente, en modo alguno considera la obtención de una resolución sobre el fondo. Tiene un objetivo distinto, que este Tribunal de Justicia ha recordado de este modo: «[...] (el artículo) 38 (tiene) por finalidad específica impedir que algunas resoluciones tengan que ser reconocidas y ejecutadas en otros Estados contratantes en un momento en que subsiste la posibilidad de que sean anuladas o modificadas en el Estado de origen». (
46
)
49.
Por otra parce, el asunto Van Dalfsen brindó a este Tribunal de Justicia la ocasión de marcar bien la diferencia entre ambos supuestos. Siguiendo las conclusiones del Abogado General, (
47
) este Tribunal cuidó de señalar que:
«[...] los procedimientos iniciados con arreglo al artículo 36 y al artículo 38 del Convenio, respectivamente, tienen [...] un objeto diferente».
A continuación este Tribunal precisó:
«En efecto, el procedimiento relativo al recurso previsto en el artículo 36 se refiere a la cuestión jurídica de determinar si la autorización para proceder a la ejecución se otorgó acertadamente, a la luz de los motivos enumerados de manera limitativa en los artículos 27 y 28 del Convenio, mientras que la resolución relativa a la suspensión del procedimiento o a la constitución de una garantía en virtud del artículo 38 representa una medida accesoria, destinada a ordenar el desarrollo posterior del procedimiento[...]» (
48
)
50.
Por último, quisiera extraer un argumento del efecto útil del artículo 38. Si siguiéramos el razonamiento de SISRO, admitiendo que, para disfrutar de una suspensión del procedimiento relativo al recurso, habría que poder basarse en uno de los motivos de denegación previstos en los artículos 27 y 28, no veo qué utilidad conservaría entonces el artículo 38. En efecto, imaginemos que la parte contra la que se solicita la ejecución de una resolución pueda invocar con éxito una de las causas de denegación. No hay duda de que la alegaría para interponer un recurso con arreglo al artículo 36. En dicho caso, como he recordado, el Juez que conoce de dicho recurso estaría obligado a denegar la ejecución de la resolución en el Estado requerido. Ahora bien, si el recurso se resuelve sobre el fondo, ya no se plantea ipso facto la cuestión de la suspensión del procedimiento relativo a dicho recurso, y el artículo 38 ya no tiene razón de ser.
51.
Por estas razones, concluyo que el artículo 38 del Convenio puede invocarse con independencia de la inexistencia de motivos de denegación de reconocimiento y de ejecución de la resolución extranjera, como los previstos por los artículos 27 y 28 del Convenio.
Sobre la segunda cuestión
52.
Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional de remisión desea que este Tribunal de Justicia dilucide si la denegación por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado de origen de acordar la suspensión de la ejecución de la resolución vincula al Juez del Estado requerido cuando tiene que conocer de una solicitud de levantamiento de la suspensión con arreglo al artículo 38 del Convenio.
53.
Recordemos una vez más que la facultad de suspender el procedimiento prevista en el artículo 38 sólo es una facultad que se deja a la discreción del Juez del Estado requerido, (
49
) de modo que «[...] la libertad de apreciación (del Juez del exequátur) está implícita en el propio mecanismo del artículo 38 [...]». (
50
) La decisión del Juez del Estado de origen de denegar la suspensión de la ejecución de la resolución no puede en ningún caso ser decisiva en lo que se refiere al ejercicio de la facultad de suspender el procedimiento en el Estado requerido, salvo que se cuestione dicha facultad discrecional. (
51
)
54.
¿Es pertinente esta decisión del Juez del Estado de origen?
55.
El objetivo perseguido por el artículo 38 es permitir al Juez que conoce del recurso «[...] reservar su resolución siempre que pueda surgir una duda razonable respecto a la suerte final de la resolución en el Estado de origen [...]». (
52
) Así, el ejercicio de esta facultad debe permitir al Juez «[...] proteger al deudor contra los daños que podrían resultar de la ejecución de resoluciones que aún no tuvieran fuerza de cosa juzgada y que tal vez fueran modificadas». (
53
) Así, en ejercicio de esta facultad de suspender el procedimiento, el Juez de hecho tendrá que tener en cuenta las posibilidades de éxito del recurso interpuesto en el Estado de origen. Para ello, considerar que el Juez del Estado de origen, aun cuando un recurso siga pendiente, deniega la suspensión de la ejecución de la resolución me parece constituir un indicio que puede ser pertinente para el Juez del Estado requerido en la evaluación de las posibilidades de éxito del recurso que tiene que efectuar.
56.
Por tanto, considero que la denegación de la suspensión de la ejecución en el Estado de origen nunca es decisiva a efectos de la facultad de suspender el procedimiento del Juez del Estado requerido, pero puede ser pertinente.
57.
Habida cuenta de estas consideraciones, propongo a este Tribunal de Justicia que responda del modo siguiente:
«El órgano jurisdiccional que conoce de un recurso limitado al examen de cuestiones de Derecho únicamente, con arreglo al número 2 del artículo 37 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, no es competente para acordar o volver a acordar la suspensión del procedimiento que había sido denegada o levantada por uno de los órganos jurisdiccionales mencionados en el número 1 del artículo 37.
Con carácter subsidiario,
—
una persona que haya formulado en uno de los países contratantes un recurso con arreglo al artículo 36 del Convenio puede solicitar la suspensión del procedimiento con arreglo al artículo 38, aun cuando no pueda ampararse en uno de los motivos de denegación del reconocimiento y de la ejecución previstos en los artículos 27 y 28.
—
La denegación de la suspensión de la ejecución de una resolución en el Estado de origen, sin ser nunca decisiva, puede ser pertinente para el ejercicio de la facultad de suspender el procedimiento, prevista en el artículo 38 del Convenio, que tiene el Juez que conoce del recurso del Estado requerido.»
(
*1
)	Lengua original: francés.
(
1
)	DO 1975, L 204, p. 28; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 25.
(
2
)	DO 1972, L 299, p. 32; texto codificado en español en DO 1990, C 189, p. 2.
(
3
)	Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte (DO L 301, p. 1, y —texto modificado—p. 77; texto español en DO 1989, L 285, p. 41).
(
4
)	Sentencia de 4 de febrero de 1988, Hoffmann (145/86, Rec. pp. 645 y ss., especialmente p. 666); Informe sobre el Convenio de 27 de septiembre de 1968, llamado «Informe Jenartl» (DO 1979, C 59, pp. 1 y ss., especialmente p. 42; texto español en DO 1990, C 189, p. 122).
(
5
)	Ello para permitir «[...] el efecto de sorpresaj que debe acompañar al procedimiento de exequátur, si quiere evitarse que el demandado tenga ocasión de sustraer sus bienes a cualquier medida de ejecución [...]» (Informe Jenard, p. 50).
(
6
)	Sobre las razones de esta particularidad propia del Reino Unido, véase el Informe sobre el Convenio, llamado «Informe Schlosser» (DO 1979, C 59, p. 71, número 208; texto en español en DO 1990, C 189, p. 184, número 208).
(
7
)	En Inglaterra, la High Court of Justice.
(
8
)	En cuanto al artículo 27, estos son: ser contrario al orden público del Estado requerido (número 1 del artículo 27), una irregularidad en el procedimiento en el Estado de origen que vulnere los derechos de defensa (número 2 del artículo 27), que la resolución sea inconciliable con una resolución entre las mismas partes en el Estado requerido (número 3 del artículo 27), la inobservancia del Derecho internacional privado del Estado requerido (número 4 del artículo 27) y el carácter inconciliable de la resolución con una resolución dictada con anterioridad entre las mismas partes sobre el mismo objeto y la misma causa en un Estado no contratante que pueda reconocerse en el Estado requerido (número 5 del artículo 27). El artículo 28 prohibe, por su parte, el reconocimiento de cualquier resolución dictada desconociendo las normas relativas a la competencia en materia de seguros (Sección 3 del Título II), a los contratos celebrados por los consumidores (Sección 4 del Título II), a las atribuciones de competencias exclusivas (Sección 5 del Título II) y a los Convenios con los Estados terceros (artículo 59).
(
9
)	Dicho plazo empieza a correr a partir de la notificación de la resolución. En principio es de un mes, pero se prorrogará a dos meses si la parte contra la que se solicita la ejecución está domiciliada en un Estado contratante distinto de aquel en el que se dictó la resolución que otorga la ejecución, sin posibilidad de prorrogarlo por razón de la distancia.
(
10
)	En Inglaterra, la High Court of Justice.
(
11
)	n este sentido, véase Gaudemet-Tallon, H.: Les conventions de Bruxelles el ¡le Lugano, L. G. D. T., 1993, punto 402.
(
12
)	El Convenio no determina el órgano jurisdiccional competente en Inglaterra, pero la Civil Jurisdiction and Judgments Act de 13 de julio de 1982, que incorporó el Convenio al ordenamiento jurídico británico otorga competencia, en Inglaterra, a la Court of Appeal.
(
13
)	El tribunal de grande instance de Paris parece haber basado su competencia en cl privilegio en dicha materia ofrecido a los nacionales franceses, con arreglo al artículo 14 del code civil, mientras que dicho criterio de competencia está excluido del ámbito de aplicación del Convenio, a tenor del quinto guión del párrafo segundo de su artículo 3.
(
14
)	Dicha suspensión parece fundarse en el principio del Derecho francés según el cual «el procedimiento penal suspende el procedimiento civil».
(
15
)	Este término designa, en dicho contexto, un principio general de respeto a los órganos jurisdiccionales extranjeros y sus resoluciones, que los órganos jurisdiccionales ingleses deben observar (véase la resolución de remisión).
(
16
)	Convenio de Berna sobre la protección de los derechos de autor, que vincula a Francia y al Reino Unido desde el 10 de julio de 1974.
(
17
)	Artículo 54 relativo a las disposiciones transitorias en el texto del Convenio modificado, esencialmente idéntico al artículo 34 del Convenio de adhesión.
(
18
)	Sentencia de 2 de julio de 1985 (148/84, Rec. p. 1981), apartado 9.
(
19
)	Informe Jenard, p. 52, comentario al artículo 37.
(
20
)	Ibidem, p. 52, comentario al artículo 38. El «tribunal que conoce del recurso» designa aquí el órgano jurisdiccional que conoce del recurso designado en el número 1 del artículo 37; véanse, las pp. 48 y 51 del Informe.
(
21
)	Informe Schlosser, punto 217; el subrayado es mío.
(
22
)	Sentencia de 27 de noviembre de 1984 (258/83, Rec. p. 3971).
(
23
)	Sentencia Brennero, antes citada, apartado 15.
(
24
)	Conclusiones presentadas en el asunto Brennero, antes citado, p. 3990.
(
25
)	Sentencia de 4 de octubre de 1991 (C-183/90, Rec. p. I-4743).
(
26
)	En nuestro asunto, la High Court no desestimó exacta-mente una solicitud de suspensión, sino que levantó una suspensión anteriormente acordada, lo que viene a ser lo mismo en la práctica; tampoco decidió la constitución de una garantía. Así pues, ambos asuntos se distinguen en estos extremos que, sin embargo, no son determinantes en la comparación.
(
27
)	Sentencia Van Dalfsen y otros, antes citada, apartado 21; el subrayado es mío.
(
28
)	Ibidem, número 1 del fallo; el subrayado es mío.
(
29
)	En este sentido, véase el comentario a dicha sentencia de la Sra. H. Gaudemet-Tallon, Revue critique de droit international privé, enero-marzo 1992, p. 117.
(
30
)	Informe Jenard, p. 52.
(
31
)	Observaciones del Reino Unido, puntos 36 y ss.
(
32
)	Informe Schlosser, punto 16.
(
33
)	Artículo 3, apartado 2 del Acta de adhesión.
(
34
)	Informe Schlosser, puntos 195 y ss.
(
35
)	Ibidem, punto 208.
(
36
)	Ibidem, puntos 77 y 78.
(
37
)	Ibidem, punto 217.
(
38
)	Sentencia de 14 de julio de 1977, Eurocontrol (asuntos acumulados 9/77 y 10/77, Rec. p. 1517), cuarto considerando.
(
39
)	Sentencia Brasserie du Pêcheur, antes citada, apartado 17.
(
40
)	Sentencia Hoffmann, antes citada, p. 666.
(
41
)	Véanse los puntos 4 y 5 de mis conclusiones.
(
42
)	Véase el punto 5, apartado 3, primer guión de mis conclusiones.
(
43
)	Informe Jenard, p. 52; Informe Schlosser, puntos 195 y ss.
(
44
)	Véanse las sentencias relativas al artículo 38 del Convenio: sentencias de 22 de noviembre de 1977, Riva (43/77, Rec. p. 2175); Brennero, y Van Dalfsen y otros, antes citadas.
(
45
)	Sentencia Riva, citada en la nota anterior, apartado 32.
(
46
)	Ibidem, apartado 30.
(
47
)	Conclusiones del Abogado General Sr. Van Gcrvcn, presentadas en el asunto Van Dalfsen y otros, antes citado, punto 13.
(
48
)	Sentencia Van Dalfsen y otros, antes citada, apartados 22 y 23; el subrayado es mío.
(
49
)	Sentencia Riva, citada en la nota 44 supra, apartado 33.
(
50
)	Ibidem, apartado 41.
(
51
)	Sólo podría ser decisiva la decisión de acordar la suspensión de là ejecución de la resolución, ya que, en dicho caso, el requisito vinculado al carácter ejecutorio de la resolución, que figura en el artículo 31 y en el número 1 del artículo 47, ya no se cumpliría.
(
52
)	Sentencia Riva, citada en la nota 44 supra, apartado 33.
(
53
)	Informe Jenard, p. 52.