Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 5 de junio de 2025 (1)
Asunto C‑111/24 P
German Khan
contra
Consejo de la Unión Europea
« Recurso de casación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas motivadas por acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania — Inmovilización de fondos — Inclusión del nombre del recurrente en las listas de personas, entidades y organismos afectados — Artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145/PESC — Interpretación — Concepto de “principales empresarios” — Comportamiento personal concreto en términos de influencia sobre el Gobierno de la Federación de Rusia — Examen realizado por el Tribunal General del fundamento de los motivos por los que se impugnan todos los criterios de inclusión en la lista — Economía procesal — Tutela judicial efectiva — Derecho a la reputación — Ineficacia »
I.      Introducción
1.        Las presentes conclusiones se refieren a un recurso de casación interpuesto por el Sr. German Khan (2) que tiene por objeto la anulación de la sentencia de 29 de noviembre de 2023, Khan/Consejo (T‑333/22, EU:T:2023:758). (3) Mediante dicha sentencia, el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por el recurrente, sobre la base del artículo 263 TFUE, contra:
–        la Decisión (PESC) 2022/429 del Consejo, de 15 de marzo de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 87 I, p. 44), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/427 del Consejo, de 15 de marzo de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 87 I, p. 1), (4) y
–        la Decisión (PESC) 2022/1530 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 149), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1529 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 1), (5)
en la medida en que dichos actos incluyeron el nombre del recurrente en las listas adjuntas a ellos. Mediante estos actos, el Consejo de la Unión Europea impuso al recurrente una prohibición de entrada o de tránsito por el territorio de los Estados miembros e inmovilizó todos sus fondos y recursos económicos en dicho territorio.
2.        El presente asunto es uno de los primeros recursos de casación interpuestos ante el Tribunal de Justicia en relación con las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo en 2022 a raíz de la invasión de Ucrania por las fuerzas armadas de la Federación de Rusia. (6) Brinda principalmente al Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, la ocasión de establecer la interpretación del criterio previsto en los artículos 1, apartado 1, letra e), y 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145/PESC, (7) en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2022/329, (8) y en el artículo 3, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) n.º 269/2014, (9) en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2022/330. (10) Este criterio, comúnmente denominado como «criterio de la letra g)», establece que se incluya en la lista a los principales empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia.
3.        El recurrente alega, en particular, que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, (11) al concluir, en esencia, que el cumplimiento del criterio que contiene no exige que el Consejo demuestre ningún comportamiento o contribución concreto de la persona incluida en la lista, en particular en términos de influencia sobre el Gobierno de la Federación de Rusia, ni que acredite un vínculo con el régimen de dicho país. Sostiene además que el Tribunal General se negó erróneamente a examinar los motivos invocados en primera instancia contra su inclusión en la lista con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada.
4.        El presente asunto está relacionado con los asuntos C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P y C‑35/24 P, que tienen su origen en los recursos de casación interpuestos, respectivamente, por los Sres. Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy, Tigran Khudaverdyan, Viktor Filippovich Rashnikov y Dmitry Arkadievich Mazepin contra las sentencias del Tribunal General que confirman la inclusión de sus nombres en las listas de personas sujetas a medidas restrictivas en virtud del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. Las conclusiones de estos asuntos también se presentan hoy, y en ellas me centraré en las cuestiones específicas que el Tribunal de Justicia me ha pedido que examine en relación, concretamente, con la interpretación del criterio de inclusión en la lista que figura en dicha disposición, en particular a la luz de los principales argumentos comunes esgrimidos
por los recurrentes.
II.    Hechos y procedimiento
A.      Antecedentes del litigio
5.        Los antecedentes del litigio se describen en los apartados 2 a 18 de la sentencia recurrida. A efectos de las presentes conclusiones, estos antecedentes se pueden resumir en los siguientes hechos no controvertidos.
6.        El recurrente es un empresario de nacionalidad rusa e israelí.
7.        El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó, sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión 2014/145. Ese mismo día, el Consejo adoptó, sobre la base del artículo 215 TFUE, el Reglamento n.º 269/2014. Ambos actos se referían a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
8.        El 25 de febrero de 2022, el Consejo adoptó tanto la Decisión 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145, como el Reglamento 2022/330, por el que se modifica el Reglamento n.º 269/2014, que cambiaron, entre otras cosas, los criterios según los cuales las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos podían ser objeto de las medidas restrictivas en cuestión.
9.        El artículo 1, apartado 1, letras b) y e), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, (12) impide la entrada en los territorios de los Estados miembros o el tránsito por ellos a las personas físicas que cumplan determinados criterios que son sustancialmente idénticos a los establecidos en el artículo 2, apartado 1, letras d) y g), de aquella Decisión. Este último precepto prevé, por su parte, la inmovilización de los fondos y de los recursos económicos de las personas físicas que cumplan tales criterios.
10.      Más concretamente, el artículo 2, apartado 1, letras d) y g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, tiene el siguiente tenor:
«1.      Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
[…]
d)      personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o se beneficien de ellos;
[…]
g)      los principales empresarios o personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania […]».
11.      El Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, (13) exige que se adopten medidas para la inmovilización de fondos y establece las normas detalladas que rigen dicha inmovilización de fondos en términos sustancialmente idénticos a los utilizados en la Decisión 2014/145, en su versión modificada. El artículo 3, apartado 1, letras d) y g), del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, reproduce esencialmente el artículo 2, apartado 1, letras d) y g), de dicha Decisión.
12.      El 15 de marzo de 2022, habida cuenta de la gravedad de la situación en Ucrania, el Consejo adoptó los actos iniciales. El nombre del recurrente se añadió a la lista anexa a la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y a la lista que figura en el anexo I
del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada, sobre la base de los siguientes motivos:
«[El recurrente] es accionista mayoritario del conglomerado Alfa Group, que incluye Alfa Bank, uno de los mayores contribuyentes de Rusia. Se le considera una de las personas más influyentes de Rusia. Al igual que otros propietarios de Alfa Bank (Mikhail Fridman y Petr Aven), mantiene una estrecha relación con Vladímir Putin y sigue negociando con él importantes favores. Los propietarios de Alfa Group obtienen beneficios empresariales y jurídicos de esta relación. La hija mayor de Vladímir Putin, Maria, dirigió un proyecto benéfico llamado Alfa-Endo, financiado por Alfa Bank. Vladímir Putin recompensó la lealtad de Alfa Group a las autoridades rusas ofreciendo ayuda política a los planes de inversión en el extranjero de Alfa Group.
Por lo tanto ha apoyado activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, y se ha beneficiado de ellos. Es también uno de los empresarios rusos de primer orden implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania.»
13.      El 16 de marzo de 2022, el Consejo publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DO 2022, C 121 I, p. 1) un anuncio a la atención de las personas sujetas a los actos iniciales.
14.      El 21 de marzo de 2022, el recurrente solicitó que el Consejo le concediera acceso a los documentos que habían servido de base para la adopción de las medidas restrictivas que le afectaban. El Consejo dio curso a esa solicitud el 29 de marzo de 2022.
15.      El 1 de junio de 2022, el recurrente presentó una solicitud de revisión ante el Consejo.
16.      El 14 de septiembre de 2022, el Consejo adoptó los actos de mantenimiento, que prorrogaban las medidas adoptadas contra el recurrente hasta el 15 de marzo de 2023, sin modificar los motivos de inclusión de su nombre en las listas en cuestión.
B.      Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
17.      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 6 de junio de 2022, el recurrente interpuso un recurso de anulación de los actos iniciales. A continuación, el recurrente presentó un escrito de adaptación con el fin de adaptar las pretensiones de su demanda para incluir una solicitud de anulación de los actos de mantenimiento.
18.      En apoyo de su recurso, el recurrente invocó tres motivos, basados, en esencia, el primero, en una falta de base jurídica para la adopción del criterio que figura en el artículo
2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada; el segundo, en la violación del principio de proporcionalidad, y, el tercero, en un error manifiesto de apreciación. En la vista, el recurrente declaró que, mediante los dos primeros motivos mencionados, pretendía en realidad proponer una excepción de ilegalidad al amparo del artículo 277 TFUE contra el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. Además, en su escrito de adaptación, el recurrente invocó un cuarto motivo dirigido contra los actos de mantenimiento, basado en un vicio sustancial de forma y, en particular, en el incumplimiento de la obligación de efectuar un examen periódico y de la obligación de motivación.
19.      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso del recurrente, citando, entre otros, los siguientes fundamentos.
20.      En primer lugar, el Tribunal General desestimó el motivo del recurrente basado en la ilegalidad del criterio establecido en el artículo
2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, por carecer de base jurídica. A este respecto, el Tribunal General señaló que los actos controvertidos se basaban en los Tratados y, en particular, en el artículo 29 TUE por lo que respecta a las Decisiones 2022/429 y 2022/1530 y en el artículo
215 TFUE por lo que respecta a los Reglamentos de Ejecución 2022/427 y 2022/1529. Por lo tanto, estos actos disponían de bases jurídicas pertinentes en el ámbito de la política exterior y de seguridad común. (14) Además, el Tribunal General declaró que el artículo 215 TFUE, apartado 2, permite al Consejo adoptar medidas restrictivas con la única condición de que una decisión adoptada de conformidad con el capítulo 2 del título V del Tratado UE prevea tales medidas. En opinión del Tribunal General, si se cumple esta condición, el artículo 215 TFUE, apartado 2, sirve de base jurídica adecuada para la adopción de actos que imponen medidas restrictivas, incluso respecto de destinatarios que no tienen ningún vínculo con el régimen que rige en un tercer país. (15)
21.      En segundo lugar, por lo que respecta a la supuesta violación del principio de proporcionalidad, el Tribunal General consideró que la legalidad de una medida adoptada en ámbitos que implican opciones políticas solo puede verse afectada si la medida es manifiestamente inadecuada habida cuenta del objetivo que la institución competente pretende alcanzar. Según el Tribunal General, existe una relación racional entre i) la focalización en los principales empresarios que operan en sectores económicos que proporcionan ingresos sustanciales al Gobierno, habida cuenta de la importancia de estos sectores para la economía rusa, y ii) el objetivo de las medidas restrictivas en el presente asunto, que es aumentar la presión sobre la Federación de Rusia e incrementar el coste de sus acciones dirigidas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. De ahí que el Tribunal General concluyera que el planteamiento de dirigirse a esas personas debe considerarse conforme con dicho objetivo y no puede considerarse manifiestamente inadecuado a la luz de aquel. (16)
22.      En tercer lugar, en lo que atañe al supuesto error de apreciación en la aplicación al recurrente del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, el Tribunal General consideró que el criterio que contenía implicaba el concepto de influencia en relación con el ejercicio de una actividad en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, sin ninguna otra condición relativa a un vínculo con el régimen de dicho Gobierno. Según el Tribunal General, mediante este criterio, el Consejo trató de explotar la influencia que la categoría de personas en cuestión puede ejercer sobre el régimen ruso, incitándolas a presionarlo para que modificara su política. Por lo tanto, el concepto de «principal empresario» debía entenderse en el sentido de que se refiere a la importancia de estos últimos en relación, entre otras cosas, con su situación profesional, la relevancia de sus actividades económicas, el alcance de sus participaciones de capital o sus funciones en el seno de una o varias de las sociedades en las que ejercen dichas actividades. (17) En lo tocante al presente asunto, el Tribunal General declaró que el Consejo había aportado un conjunto de pruebas suficientemente concreto, preciso y coherente que podía demostrar que el recurrente estaba implicado en un sector económico, a saber, el sector bancario, que constituía una fuente sustancial de ingresos para el Gobierno de la Federación de Rusia. (18)
23.      A la luz de las consideraciones anteriores, el Tribunal General concluyó que la inclusión del nombre del recurrente en los actos iniciales de conformidad con el criterio que figura en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, estaba suficientemente fundamentada. En este contexto, el Tribunal General añadió que no era necesario examinar el motivo del recurrente basado en que no existían pruebas suficientes para justificar la aplicación del criterio que figura en el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. (19)
III. Pretensiones y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
24.      Mediante su recurso de casación, presentado ante el Tribunal de Justicia el 8 de febrero de 2024, el recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Anule las medidas controvertidas.
–        Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.
–        Condene en costas al Consejo.
25.      En su escrito de contestación presentado el 15 de mayo de 2024, el Consejo solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas al recurrente.
26.      El 11 de febrero de 2025 se celebró una vista en la que el recurrente y el Consejo respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral, en particular en lo que atañe a la interpretación de la expresión «principales empresarios» que figura en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y en lo tocante a la cuestión de si el Tribunal General debería haber examinado el fundamento de los motivos por los que se impugnan todos los criterios de inclusión en la lista aplicados al recurrente por el Consejo en los actos controvertidos a la luz de la sentencia de 29 de noviembre de 2018, Bank Tejarat/Consejo (C‑248/17 P, EU:C:2018:967).
IV.    Apreciación
27.      En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca, en esencia, siete motivos, mediante los que alega:
–        en primer lugar, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no examinar si la aplicación al recurrente del artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, estaba fundada;
–        en segundo lugar, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar la expresión «principales empresarios» que figura en el artículo
2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada;
–        en tercer lugar, que el Tribunal General infringió el artículo 215 TFUE, apartado 2;
–        en cuarto lugar, que la interpretación que el Tribunal General hace de la expresión «principales empresarios» que figura en el artículo
2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, viola el principio de seguridad jurídica y vulnera el derecho de propiedad y la libertad de empresa;
–        en quinto lugar, que el Tribunal General desnaturalizó el sentido de las pruebas invocadas contra el recurrente e incumplió la obligación de motivación;
–        en sexto lugar, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir que el sector bancario constituye un sector que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno, en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada;
–        en séptimo lugar, que el Tribunal General vulneró el derecho de defensa y violó el principio de igualdad de armas.
28.      El Tribunal de Justicia ha solicitado que se examinen las alegaciones específicas relativas a la interpretación de la expresión «principales empresarios» que figura en el artículo
2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, que se refieren esencialmente a los motivos de casación segundo y cuarto. Además, el Tribunal de Justicia ha solicitado un análisis de las alegaciones del recurrente relativas a si el Tribunal General incurrió en error al no examinar la procedencia de aplicar al recurrente el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. Estas alegaciones se recogen en el primer motivo de casación. Mi análisis se centrará en estas principales cuestiones, en las que las partes centraron sus informes orales en la vista, conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia.
A.      Motivos de casación segundo y cuarto
29.      Mediante los motivos de casación segundo y cuarto, el recurrente alega que el Tribunal General interpretó erróneamente el criterio contenido en el artículo
2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. En esencia, reprocha al Tribunal General haber declarado que la expresión «principales empresarios» en ese precepto no exige al Consejo que demuestre la existencia de un comportamiento concreto de la persona incluida en la lista, en particular en términos de influencia sobre el Gobierno de la Federación de Rusia, ni que acredite ningún vínculo con el régimen de ese país. Sostiene que de algunas versiones lingüísticas del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada —como en el caso de la versión en lengua francesa, que utiliza la expresión «femmes et hommes d’affaires influents»—, se desprende que la aplicación de esa disposición exige la existencia de un comportamiento influyente frente a ese Gobierno o la existencia de un vínculo con este para ejercer tal influencia.
30.      El Consejo rebate esta alegación.
31.      Como se desprende del punto 10 de las presentes conclusiones, el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, prevé la inmovilización de todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de «los principales empresarios […] implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania».
32.      Según jurisprudencia reiterada, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, no solo debe tenerse en cuenta su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. Así sucede, en particular, cuando la disposición del Derecho de la Unión de que se trata no incluye una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance, lo que ocurre en el presente asunto en lo que respecta al artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. (20)
33.      En primer lugar, en lo tocante a la interpretación literal de la expresión «leading businesspersons» [«principales empresarios»], es notorio que el término «businessperson» [«empresario»] se refiere a una persona que trabaja en el mundo de los negocios, generalmente a nivel ejecutivo de una empresa. Además, el término «business» [«negocios»] se refiere al ejercicio de una actividad económica o comercial. El término «businesspersons» [«empresarios»] que figura en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, alude, por lo tanto, a las personas que ejercen una actividad económica o comercial en el seno de una sociedad de la que son propietarias o en la que desempeñan una función importante. (21)
34.      Por su parte, la palabra «leading» [«principales»] es un adjetivo que en inglés se define como
«very important or most important» [«muy importante o el más importante»]. (22) En la medida en que la expresión inglesa «leading businesspersons» va seguida, en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, de la expresión «involved in economic sectors» [«implicados en sectores económicos»], el concepto de «leading» [«principales»] debe entenderse en el sentido de que se refiere a la importancia del empresario en cuestión en el sector en el que ejerce sus actividades y a la influencia que esa persona podría ejercer en tal sector, que es, en esencia, la constatación realizada por el Tribunal General en el apartado 91 de la sentencia recurrida. Además, como se indica en dicho apartado, el carácter, según el adjetivo calificativo que se utiliza en la versión inglesa, «leading» de un empresario puede establecerse en relación, entre otras cosas, con su situación profesional, la relevancia de sus actividades económicas, el alcance de sus participaciones de capital o sus funciones en el seno de una o varias de las sociedades en las que ejercen dichas actividades. Esta constatación no ha sido cuestionada específicamente por el recurrente en su recurso de casación.
35.      De ello se deduce que, desde un punto de vista literal, el Tribunal General no incurrió en error alguno al considerar, en esencia, en los apartados 88 a 90 de la sentencia recurrida, que todo lo que el Consejo está obligado a demostrar para probar que una persona es, según la expresión utilizada en la versión inglesa, un «leading businessperson» a efectos del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, es que la persona de que se trata ejerce una actividad económica o comercial en el seno de una sociedad y que, conforme a los elementos descritos en el apartado
91 de la sentencia recurrida, se considera que esta persona es un empresario muy importante o el más importante en el sector económico en el que opera, de forma que puede ejercer una influencia en dicho sector.
36.      Es cierto que algunas versiones lingüísticas del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, califican el sustantivo «empresarios» con una palabra equivalente a «influential» [«influyente»] en inglés, en lugar de «leading». El recurrente se basa en este hecho para sostener que los empresarios afectados por esta disposición deben poder ejercer una influencia no solo en el sector económico en el que operan, sino específicamente sobre el propio Gobierno de la Federación de Rusia.
37.      No obstante, a este respecto, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la formulación utilizada en una o varias versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición. Las disposiciones de Derecho de la Unión deben, en efecto, ser interpretadas y aplicadas de modo uniforme, a la luz de las versiones en todas las lenguas de la Unión. (23)
38.      En el presente asunto, debo señalar, de acuerdo con las explicaciones proporcionadas por el Consejo en la vista, que doce versiones lingüísticas del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, califican esencialmente el sustantivo «empresarios» con una palabra que equivale a «leading» en inglés. (24) Además de estas versiones, otras emplean una palabra que puede traducirse como «prominent» o «principal» en inglés, que, desde un punto de vista semántico, equivale a la palabra «leading». (25) Por lo tanto, las consideraciones expuestas en el punto 34 de las presentes conclusiones, relativas a la interpretación de la expresión «leading businesspersons» en inglés, son plenamente aplicables a todas estas versiones.
39.      En cambio, solo las versiones en lengua francesa, letona y lituana califican el sustantivo «empresarios» que figura en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, con un adjetivo que en inglés se traduciría como «influential». Dicho esto, incluso en esas lenguas, uno de los principales significados del término «influential»
es la cualidad de ser «importante». (26) Por consiguiente, a fin de garantizar la interpretación y aplicación uniformes del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, como exige la jurisprudencia citada en el punto 37 anterior, las versiones lingüísticas francesa, letona y lituana de la expresión «principales empresarios» deben interpretarse del mismo modo que la mayoría de las versiones lingüísticas de dicha disposición, a saber, en el sentido de que se refieren a la importancia del empresario en cuestión en el sector económico en el que está implicado y en el que puede ejercer una influencia. Por lo tanto, el Tribunal General no incurrió en error alguno en el apartado
92 de la sentencia recurrida, en el que llegó a la misma conclusión.
40.      De las consideraciones anteriores se desprende que, desde un punto de vista literal, carece de fundamento la alegación del recurrente de que la expresión «principales empresarios», tal como figura en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, exige al Consejo que demuestre un comportamiento concreto de la persona incluida en la lista, en particular en términos de influencia sobre el Gobierno de la Federación de Rusia, o que acredite un vínculo con el régimen de ese país.
41.      En segundo lugar, por lo que respecta a la interpretación contextual, he de recordar, antes de nada, que el criterio de inclusión en la lista dirigido a los «principales empresarios», tal como se establece en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, fue introducido por primera vez por la Decisión 2022/329. Esta última decisión fue adoptada el 25 de febrero de 2022, es decir, al día siguiente de que el Presidente de la Federación de Rusia anunciara una operación militar en Ucrania y de que las fuerzas armadas rusas iniciaran un ataque contra ese país. (27)
42.      Además, es preciso subrayar que, antes de ser modificado por la Decisión 2022/329, el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145 ya contenía un criterio de inclusión en la lista que permitía esencialmente dirigirse contra personas capaces de ejercer una influencia individual sobre el Gobierno de la Federación de Rusia. Así sucedía, en particular, con el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, que se refería esencialmente a las personas físicas que apoyan activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de actos que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania o que se beneficien de ellos. Como ya se ha indicado en las presentes conclusiones, (28) este criterio se mantuvo en la Decisión 2014/145, en su versión modificada, lo que me sugiere que interpretar el artículo 2, apartado 1, letra g), de esa Decisión
en el sentido de que exige la prueba de un comportamiento influyente con respecto al Gobierno de la Federación de Rusia y de un vínculo con el régimen que rige en ese país, como sostiene el recurrente, sería simplemente redundante y, por lo tanto, no sería coherente desde un punto de vista contextual.
43.      Por lo tanto, en mi opinión, no considero que la interpretación contextual del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, apoye la alegación del recurrente.
44.      En tercer lugar, por lo que respecta a la interpretación teleológica, el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, forma parte de un marco jurídico que introdujo un conjunto de medidas restrictivas sin precedentes destinadas, como recordó acertadamente el Tribunal General en los apartados 52 y 88 de la sentencia recurrida, (29) a ejercer la máxima presión sobre la Federación de Rusia mediante el aumento del coste de las acciones de dicho país dirigidas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
45.      Estos son, en efecto, los objetivos de las medidas restrictivas adoptadas contra Rusia tal como se formulan, en esencia, en la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de junio de 2020, VTB Bank/Consejo (C‑729/18 P, EU:C:2020:499), apartado 59, (30) que cita también la sentencia de 28 de marzo de 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), apartado 123. (31) Ambas sentencias se referían a la interpretación de medidas restrictivas sectoriales adoptadas a la vista de las acciones que desestabilizaban la situación en Ucrania, que precedieron al ataque contra ese país iniciado por las fuerzas armadas rusas el 24 de febrero de 2022. (32) Sin embargo, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, los objetivos identificados por el Tribunal de Justicia en esas sentencias siguen siendo válidos para la interpretación de las medidas restrictivas individuales controvertidas en el presente asunto, teniendo en cuenta que tanto las medidas restrictivas sectoriales como las individuales se han adoptado en el marco de una respuesta común a una situación que se ha deteriorado aún más desde el ataque ruso, como indican expresamente los considerandos 10 y 11 de la Decisión 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145. (33)
46.      En este contexto, considero, de conformidad con las apreciaciones efectuadas por el Tribunal General en los apartados 52 y 53 de la sentencia recurrida, que cabe esperar razonablemente que la adopción de medidas restrictivas respecto de los principales empresarios a los que se dirige el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, maximice la presión ejercida sobre el Gobierno de la Federación de Rusia para que renuncie a su agresión militar en territorio ucraniano. A fin de cuentas, estos principales empresarios desempeñan un papel central en el mantenimiento de la rentabilidad de los sectores económicos en los que están implicados y que, en última instancia, refuerzan los recursos financieros de que dispone el Gobierno de la Federación de Rusia para llevar a cabo sus acciones y políticas. Por consiguiente, al interferir en la actividad de los principales empresarios en cuestión, las medidas restrictivas controvertidas en el presente asunto pueden reducir los ingresos que el Gobierno de la Federación de Rusia obtiene de los sectores pertinentes de su economía, aumentando así el coste de sus acciones militares y limitando su capacidad para menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
47.      De ello se desprende que, como señaló el Tribunal General en los apartados 54 y 89 de la sentencia recurrida, existe una relación racional entre, por una parte, el hecho de dirigirse contra los principales empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia y, por otra parte, el objetivo de las medidas restrictivas en el presente asunto. Contrariamente a lo que sostiene el recurrente, esta relación subsiste incluso a falta de un comportamiento concreto de la persona incluida en la lista, en particular en términos de influencia sobre el Gobierno de la Federación de Rusia o a falta de vínculo entre esa persona y el régimen que rige en ese país.
48.      Por consiguiente, la interpretación teleológica del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, no exige un nuevo examen de la interpretación literal y contextual de dicha disposición, tal como se expone en los puntos 40 y 43 de las presentes conclusiones. En efecto, corrobora la tesis de que la expresión «principales empresarios» que figura en dicha disposición exige al Consejo que demuestre únicamente que la persona en cuestión ejerce una actividad económica o comercial en el seno de una sociedad y que se considera que esa persona es, como mínimo, un empresario muy importante en el sector en el que está implicado, por lo que es capaz de ejercer una influencia en dicho sector.
49.      Por lo demás, en la medida en que el recurrente afirma que es difícil determinar cómo deben actuar las personas incluidas en la lista para no ser incluidas o para ser excluidas de esta, es importante señalar que los empresarios destacados pueden ser excluidos de la lista si pueden demostrar que han abandonado el cargo que sirvió de base para su inclusión en esa lista. Una vez más, si bien dicho cargo puede justificar la inclusión inicial en la lista, no puede dar lugar a que la situación de la persona de que se trate quede fijada en el tiempo y a que el ejercicio de revisión periódica quede privado de todo efecto útil, a menos que el Consejo pueda todavía demostrar un riesgo de elusión, cuestión que no se plantea específicamente en el presente asunto.
50.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, ninguno de los métodos de interpretación definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para determinar el sentido de una disposición del Derecho de la Unión exige, como sostiene el recurrente, la existencia de un comportamiento influyente de la persona de que se trate respecto del Gobierno de la Federación de Rusia o la existencia de un vínculo con este para que una persona pueda ser calificada de «empresario principal» a efectos del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada.
51.      Por consiguiente, considero que no puede reprocharse al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho ni haber vulnerado el principio de seguridad jurídica al interpretar la expresión «principales empresarios» que figura en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada.
52.      Así pues, procede desestimar los motivos de casación segundo y cuarto.
B.      Primer motivo de casación
53.      Mediante el primer motivo de casación, el recurrente reprocha al Tribunal General haberse negado a examinar los motivos invocados en primera instancia contra su inclusión en la lista con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. Sostiene que, aun suponiendo que el Tribunal General concluyera acertadamente que dicha inclusión en la lista estaba fundada con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra g), de dicha Decisión, en su versión modificada, el hecho de no haber examinado sus alegaciones relativas al artículo 2, apartado 1, letra d), de esta vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva y su derecho a la reputación. Más concretamente, el recurrente alega que, cuando el acto impugnado tiene diferentes fundamentos jurídicos, el Tribunal General no puede limitarse a examinar la validez de uno solo de ellos. Ello es aún más cierto en el presente asunto, en el que los criterios contenidos, respectivamente, en la letra d) y la letra g) del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, se refieren a situaciones totalmente diferentes.
54.      El Consejo rebate esta alegación. Afirma que el enfoque adoptado por el Tribunal General en la sentencia recurrida se apoyaba adecuadamente en la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia. Además, el Consejo se opone a la distinción establecida por el recurrente en relación con los criterios contenidos, respectivamente, en las
letras d) y g) del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. Sostiene que ambos criterios son neutrales, ya que ninguno de ellos emite un juicio de valor sobre el comportamiento de la persona afectada ni implica censura alguna por parte del Consejo del comportamiento de dicha persona.
55.      Como observación preliminar, ha de recordarse que, en los actos controvertidos en el presente asunto, (34) el Consejo basó la inclusión del recurrente en la lista no solo en el criterio que figura en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, sino también en el criterio contenido en su artículo 2, apartado 1, letra d). En esencia, el Consejo consideró que el recurrente había apoyado activamente, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania y que también se había beneficiado de ellos. Como se desprende de la motivación expresada por el Consejo, (35) entre los motivos que apoyaban esa inclusión figuraba la estrecha relación del recurrente con el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, y los importantes favores intercambiados entre ellos. A tal fin, el Consejo se basó también en la asistencia política prestada por el Sr. Putin a Alfa Group, del que el recurrente era accionista mayoritario, para desarrollar sus planes de inversión en el extranjero como recompensa por la lealtad de dicho grupo.
56.      Es importante señalar que, en los apartados 133 a 135 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que el motivo para incluir el nombre del recurrente en las listas en cuestión, basado en su condición de principal empresario implicado en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que se corresponde con el artículo
2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, estaba suficientemente fundamentado. En este contexto, el Tribunal General consideró que no era necesario examinar el fundamento de las demás imputaciones formuladas por el recurrente dirigidas a cuestionar la apreciación del Consejo relativa a la inclusión del recurrente en la lista en virtud del artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada.
57.      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, citada por el Tribunal General en el apartado 134 de la sentencia recurrida, en cuanto al control de la legalidad de una decisión por la que se adoptan medidas restrictivas y atendiendo a del carácter preventivo de estas, si el juez de la Unión considera que al menos uno de los motivos mencionados, es lo bastante preciso y concreto, que está respaldado por hechos y que constituye, por sí solo, una base suficiente para fundamentar la decisión, la circunstancia de que otros de esos motivos no presenten tales características no puede justificar la anulación de dicha decisión.
58.      Esta afirmación se formuló inicialmente en la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y Otros/Kadi (C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518), (36) en la que el Tribunal de Justicia se refirió específicamente a los motivos subyacentes a la aplicación de un criterio de inclusión en la lista a la persona en cuestión. Si al menos uno de esos motivos está respaldado por hechos y es suficiente, entonces el hecho de que otros motivos no lo estén no significa que ese criterio se aplique erróneamente y, por lo tanto, que la decisión del Consejo sea ilegal. (37) En su jurisprudencia posterior, concretamente en la sentencia de 29 de noviembre de 2018, Bank Tejarat/Consejo (C‑248/17 P, EU:C:2018:967), (38) el Tribunal de Justicia aplicó el mismo razonamiento por analogía a la situación en la que uno de los criterios de inclusión —y no simplemente las razones que justifican la aplicación de dicho principio—
se considera fundado en el marco de un recurso de casación. En esencia, según el Tribunal de Justicia, el motivo de casación relativo a cualquier criterio de inclusión adicional se convierte, en estas circunstancias, en inoperante, ya que el fallo de la sentencia recurrida debe considerarse fundado. (39)
59.      Por lo que a este asunto se refiere, me gustaría señalar, en primer lugar, que la práctica del Tribunal General en materia de medidas restrictivas no parece ser coherente, como demuestran los asuntos pendientes en los que he presentado recientemente mis conclusiones (Timchenko/Consejo, C‑702/23 P, EU:C:2025:273, y Timchenko/Consejo, C‑703/23 P, EU:C:2025:274). En las sentencias recurridas en casación en dichos asuntos, el Tribunal General no se basó en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resultante, por ejemplo, de la sentencia Bank Tejarat. Examinó la legalidad de las decisiones del Consejo controvertidas a la luz, por una parte, del artículo 2, apartado 1, letra a), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y, por otra, del artículo 2, apartado 1, letra d), de dicha Decisión. Esto significa que el enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia en el presente asunto puede tener consecuencias importantes para la práctica decisoria del Tribunal General.
60.      Dicho esto, es importante recordar que, en un recurso de anulación, la falta de eficacia de un motivo invocado tiene que ver con su falta de capacidad, en el caso de que sea fundado, para dar lugar a la anulación perseguida por el demandante. (40) Típicamente, es inoperante un motivo que censura un aspecto de un acto en los casos en que dicho acto puede basarse legítimamente también únicamente en otros motivos o aspectos. (41) En estas circunstancias, el principio de economía procesal permite al Tribunal General no examinar tal motivo, ya que, en cualquier caso, no tendría ninguna incidencia sobre la legalidad del acto controvertido. (42)
61.      En el asunto que nos ocupa, aun a pesar de que el Tribunal General hubiera considerado que el Consejo había aplicado erróneamente al recurrente el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, la parte dispositiva de la Decisión del Consejo —que sustancialmente prohíbe a aquel entrar en el territorio de los Estados miembros e inmoviliza todos sus fondos en dicho territorio—
no habría resultado afectada y seguiría siendo preciso que los actos controvertidos se declarasen conformes a Derecho. Este es exactamente el tipo de situación a la que hace referencia la sentencia Bank Tejarat, que se basa en la bien asentada premisa de que la anulación de un acto simplemente afecta a la parte dispositiva del acto que es objeto de revisión jurisdiccional, no así a la fundamentación en la que la institución en cuestión basó su resolución.
62.      Es más, a pesar de que los actos de las instituciones de la Unión gocen de una presunción de legalidad, como defiende el recurrente, tal presunción únicamente se extiende a la parte dispositiva del acto en cuestión, no a los razonamientos en los que se basa esa parte dispositiva. Esto significa que cuando el Tribunal General, por razones de economía procesal, se niega a examinar el fundamento de uno de los criterios de inclusión en la lista aplicados a una persona sujeta a medidas restrictivas, como sucede en el presente asunto, no es posible presumir que la apreciación del Consejo
en lo que respecta a un criterio alternativo esté avalada por la sentencia del Tribunal General. A este respecto, considero que el recurrente no tiene razón al alegar que el hecho de que el Tribunal General no examine su inclusión en la lista conforme al artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, puede afectar a su derecho a la tutela judicial efectiva.
63.      Asimismo, es cierto que, a diferencia de la sentencia Bank Tejarat, los dos criterios de inclusión aplicados en el presente asunto no solo se refieren a situaciones diferentes, sino que también son de naturaleza sensiblemente diferente. Como se desprende de la primera parte de las presentes conclusiones, el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, permite en última instancia la inclusión de una persona en la lista por estar implicada, como principal empresario, en un sector económico rentable para el Gobierno de la Federación de Rusia. Por el contrario, el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, atribuye a la persona incluida en la lista el comportamiento de apoyar, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o de beneficiarse de ellos.
64.      No obstante, la diferente naturaleza de los criterios de inclusión en la lista aplicados al recurrente en los actos controvertidos no puede poner en duda las consideraciones conceptuales efectuadas en los puntos 60 y 61 anteriores. Además. La diferente naturaleza no convierte esos criterios de inclusión en la lista en elementos separados que pueden ser desgajados del resto de la Decisión del Consejo, permitiendo de ese modo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (43) una anulación parcial de esa Decisión.
65.      Por último, el Tribunal de Justicia ha declarado que una persona cuyo nombre se ha incluido en una lista de personas cuyos activos quedan inmovilizados sigue teniendo un interés, al menos moral, en obtener la anulación de dicha inclusión, a fin de que el juez de la Unión reconozca que nunca debería haber sido incluida en esa lista, dadas las consecuencias para su reputación, incluso después de que su nombre haya sido borrado de dicha lista. (44) En esa sentencia, el Tribunal de Justicia confirmó que una persona conserva el interés, basado en su derecho a la reputación, en que se anule una decisión de inclusión en listas del Consejo, incluso cuando, tras una revisión periódica, esa institución decide excluirla de la lista. Sin embargo, la situación en el presente asunto es diferente dado que, una vez más, el examen del Tribunal General de un criterio alternativo de inclusión en la lista no podía, en ningún caso, conducir a la anulación de los actos controvertidos. Por esa razón y en línea con los debates mantenidos en la vista, el remedio del que dispone el recurrente para proteger su reputación es un recurso de indemnización con arreglo al artículo 340 TFUE. (45)
66.      A la luz de las consideraciones anteriores, estimo que el Tribunal General puede concluir que, cuando se considera fundado uno de los criterios que justifican la inclusión en la lista de una persona, no es necesario continuar examinando las razones que avalan un criterio de inclusión alternativo que haya utilizado el Consejo como fundamento para la misma decisión. Por consiguiente y dado que el Tribunal General no tuvo que examinar el fundamento de la inclusión en la lista en virtud del artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, el recurrente no tiene razón al alegar que dicho órgano jurisdiccional incurrió en error de Derecho.
67.      Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo de casación.
V.      Conclusión
68.      A la luz del análisis expuesto en las presentes conclusiones, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación en lo que respecta a los motivos de casación segundo y cuarto, en la medida en que se refieren a la interpretación del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145/PESC, en su versión modificada por la Decisión (PESC) 2022/329. Asimismo, propongo que el Tribunal de Justicia desestime el recurso de casación en lo que respecta al primer motivo de casación.
69.      No me pronuncio sobre el resto de los motivos de casación invocados por el recurrente ni sobre la cuestión de qué parte debería ser condenada en costas con arreglo al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
1      Lengua original: inglés.
2      En lo sucesivo, «recurrente».
3      En lo sucesivo, «sentencia recurrida».
4      En lo sucesivo, conjuntamente, «actos iniciales».
5      En lo sucesivo, «actos de mantenimiento» y, considerados conjuntamente con los actos iniciales, «actos controvertidos».
6      Véanse también la sentencia de 13 de marzo de 2025, Shuvalov/Consejo (C‑271/24 P, EU:C:2025:180), y mis conclusiones presentadas en los asuntos Timchenko/Consejo (C‑702/23 P, EU:C:2025:273) y Timchenko/Consejo (C‑703/23 P, EU:C:2025:274).
7      Decisión del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16).
8      Decisión del Consejo, de 25 de febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 50, p. 1).
9      Reglamento del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6).
10      Reglamento del Consejo, de 25 de febrero de 2022, por el que se modifica el Reglamento n.º 269/2014 (DO 2022, L 51, p. 1).
11      En aras de la brevedad, las referencias al criterio establecido en el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, deben entenderse hechas también al criterio establecido en el artículo 1, apartado 1, letra e), de dicha Decisión y en el artículo 3, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada. Véanse los puntos 9 y 11 de las presentes conclusiones.
12      En lo sucesivo, «Decisión 2014/145, en su versión modificada».
13      En lo sucesivo, «Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada».
14      Sentencia recurrida, apartados 31 y 32.
15      Sentencia recurrida, apartados 37 a 39.
16      Sentencia recurrida, apartados 51 a 56.
17      Sentencia recurrida, apartados 88 a 91.
18      Sentencia recurrida, apartado 111.
19      Sentencia recurrida, apartados 133 y 134.
20      Sentencia de 20 de marzo de 2025, DL (C‑61/24, EU:C:2025:197), apartado 38 y jurisprudencia citada.
21      Véase, a este respecto, la definición proporcionada por el Cambridge Dictionary, disponible en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/businessperson.
22      Véase, en particular, la definición proporcionada por el Cambridge Dictionary, disponible en https://dictionary.cambridge.org/dictionary/learner-english/leading.
23      Véase la sentencia de 28 de noviembre de 2024, Másdi (C‑169/23, EU:C:2024:988), apartado 42 y jurisprudencia citada.
24      Véanse las versiones en lengua búlgara, checa, alemana, estonia, croata, italiana, húngara, polaca, eslovaca, eslovena, finlandesa y sueca del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada.
25      Véanse las versiones en lengua neerlandesa, portuguesa, española, irlandesa y rumana del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada.
26      Véase, en particular, la definición proporcionada por Le Robert, disponible en https://dictionnaire.lerobert.com/definition/influent.
27      Véase el considerando 9 de la Decisión 2022/329.
28      Véase el punto 10 anterior.
29      Debo señalar brevemente que las constataciones efectuadas por el Tribunal General en los apartados 52 a 54 de la sentencia recurrida, en lo que respecta a los objetivos perseguidos por las medidas restrictivas controvertidas en el presente asunto, forman parte de la apreciación llevada a cabo por dicho Tribunal de la excepción de ilegalidad propuesta por el recurrente en primera instancia al amparo del artículo 277 TFUE a la luz del principio de proporcionalidad. Sin embargo, son conformes con la constatación efectuada por el Tribunal General en el apartado 88 de la sentencia recurrida, en el marco de su apreciación de la interpretación del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, que permite considerar todas estas constataciones en su conjunto.
30      Véase también la sentencia de 17 de septiembre de 2020, Rosneft y otros/Consejo (C‑732/18 P, EU:C:2020:727), apartado 85.
31      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Timchenko/Consejo (C‑703/23 P, EU:C:2025:274), punto 52.
32      Véanse la Decisión 2014/512/PESC del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2014, L 229, p. 13), en su versión modificada, y el Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, de 31 de julio de 2014, relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania (DO 2014, L 229, p. 1).
33      También debo llamar la atención del Tribunal de Justicia sobre los considerandos 2 y 4 de la Decisión 2022/329, que declaran que la Unión Europea mantiene «su apoyo inquebrantable a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania» y se refieren a la necesidad de adoptar medidas restrictivas adicionales con consecuencias graves e incalculables para Rusia por su agresión militar. Por otra parte, el considerando 10 de la Decisión 2022/329 establece que la respuesta de la Unión «incluir[ía] medidas restrictivas tanto sectoriales como individuales» en respuesta a la «invasión no provocada de Ucrania por parte de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia». De esta declaración se desprende que estos dos tipos de medidas son elementos estrechamente relacionados que persiguen el mismo objetivo.
34      Véase el punto 13 de las presentes conclusiones.
35      Véase el punto 12 de las presentes conclusiones.
36      En lo sucesivo, «sentencia Kadi II».
37      Sentencia Kadi II, apartado 130.
38      En lo sucesivo, «sentencia Bank Tejarat».
39      Sentencia Bank Tejarat, apartados 60 y 61. Los términos empleados por el Tribunal de Justicia en estos apartados parecen ambiguos, ya que se refiere a «motivos» en vez de a «criterios». Sin embargo, del apartado 57 se desprende que el Tribunal de Justicia se refiere a los criterios de inclusión controvertidos en ese asunto y no a los motivos que justifican la aplicación de dichos criterios.
40      Véase la sentencia de 21 de septiembre de 2000, EFMA/Consejo (C‑46/98 P, EU:C:2000:474), apartado 38.
41      Véanse las conclusiones del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Evropaïki Dynamiki/BCE (C‑401/09 P, EU:C:2011:31), punto 88.
42      Véanse las conclusiones del Abogado General La Pergola presentadas en el asunto EFMA/Consejo (C‑46/98 P, EU:C:1999:547), punto 10.
43      Véase, a estos efectos, la sentencia de 16 de julio de 2015, Comisión/Consejo (C‑425/13, EU:C:2015:483), apartado 94 y jurisprudencia citada.
44      Véase la sentencia de 31 de enero de 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines y otros/Consejo (C‑225/17 P, EU:C:2019:82), apartado 31 y jurisprudencia citada.
45      Véase, a este respecto, la sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo (C‑45/15 P, EU:C:2017:402), apartado 49.