62024CJ0391
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 2 de octubre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2008/947/JAI — Reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada — Artículo 1 — Ámbito de aplicación — Libertad vigilada acompañada de la obligación de someterse a un tratamiento médico hospitalario en un centro cerrado — Medida privativa de libertad — Obligación de reconocimiento y ejecución»
En el asunto C‑391/24 [Nolgers], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunal de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Primera Instancia Neerlandófono de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 3 de junio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 4 de junio de 2024, en el procedimiento penal seguido contra
LZ,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente de Sala, y los Sres. E. Regan (Ponente) y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno belga, por las Sras. L. Jans, C. Pochet y M. Van Regemorter, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. M. K. Bulterman y el Sr. J. Langer, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. T. Franchoo y H. Leupold y por la Sra. J. Vondung, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas (DO 2008, L 337, p. 102).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento relativo a una solicitud de libertad bajo vigilancia presentada por LZ.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Decisión Marco 2008/909/JAI
3
El artículo 1 de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO 2008, L 327, p. 27), que lleva por epígrafe «Definiciones», establece lo siguiente:
«A efectos de la presente Decisión Marco, se entenderá por:
a)
“sentencia”: la resolución u orden firme de un órgano jurisdiccional del Estado de emisión que impone una condena a una persona física;
b)
“condena”: cualquier pena o medida privativa de libertad, de duración limitada o indeterminada, impuesta por razón de una infracción penal como consecuencia de un proceso penal;
[…]».
4
El artículo 3 de dicha Decisión Marco, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», establece en su apartado 1:
«La presente Decisión Marco tiene por objeto establecer las normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, para facilitar la reinserción social del condenado, reconocerá una sentencia y ejecutará la condena.»
5
El artículo 8 de la Decisión Marco, con la rúbrica «Reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena», dispone en su apartado 3:
«En caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá adaptarla a la pena o medida contemplada en su propia legislación para delitos similares. Esta pena o medida deberá corresponder siempre que sea posible a la condena impuesta en el Estado de emisión y por consiguiente la condena no podrá transformarse en una sanción pecuniaria.»
6
El artículo 9 de esta misma Decisión Marco, titulado «Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución», dispone en su apartado 1:
«La autoridad competente del Estado de ejecución podrá denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena en los siguientes casos:
[…]
k)
si la condena impuesta incluye una medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualquier otra medida privativa de libertad que, no obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, el Estado de ejecución no puede ejecutar de conformidad con su sistema jurídico o sanitario;
[…]».
Decisión Marco 2008/947
7
A tenor del considerando 3 de la Decisión Marco 2008/947:
«La Decisión Marco [2008/909] se refiere al reconocimiento mutuo y a la ejecución de las penas privativas de libertad o medidas que conlleven una privación de libertad. Son precisas nuevas normas comunes, en particular cuando se haya impuesto una sentencia sin pena de privación de libertad que conlleve vigilancia de medidas de libertad condicional o se hayan impuesto penas sustitutivas a una persona que no tenga su residencia legal habitual en el Estado de condena.»
8
El artículo 1 de dicha Decisión Marco, con el epígrafe «Objetivos y ámbito de aplicación», dispone en sus apartados 1 a 3:
«1.   La presente Decisión Marco tiene como objetivos facilitar la reinserción social de la persona condenada, mejorar la protección de las víctimas y del público en general y facilitar la aplicación de medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas adecuadas en el caso de las personas condenadas que no vivan en el Estado de condena. Para alcanzar estos objetivos, la presente Decisión Marco establece normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, distinto de aquel en el que la persona de que se trate haya sido condenada, reconocerá las sentencias y, si procede, las resoluciones de libertad vigilada y vigilará las medidas de libertad vigilada impuestas sobre la base de una sentencia o las penas sustitutivas contenidas en tal sentencia, y tomará todas las demás decisiones en relación con dicha sentencia, a menos que la presente Decisión Marco establezca otra cosa.
2.   La presente Decisión Marco solo se aplicará:
a)
al reconocimiento de sentencias y, si procede, de resoluciones de libertad vigilada;
b)
a la transferencia de la responsabilidad de la vigilancia de medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas;
c)
a todas las demás decisiones relacionadas con las contempladas en las letras a) y b),
con arreglo a las definiciones y disposiciones de la presente Decisión Marco.
3.   La presente Decisión Marco no se aplicará:
a)
a la ejecución de sentencias en materia penal por las que se impongan penas privativas de libertad o medidas de privación de libertad que entren dentro del ámbito de aplicación de la Decisión Marco [2008/909];
[…]».
9
A tenor del artículo 2 de la citada Decisión Marco, titulado «Definiciones»:
«A efectos de la presente Decisión Marco, se entenderá por:
1)
“sentencia”, la resolución u orden firme de un órgano judicial del Estado de emisión por la que se establece que una persona física ha cometido una infracción penal y se le impone:
a)
una pena privativa de libertad o cualquier medida privativa de libertad, si se ha concedido la puesta en libertad condicional sobre la base de dicha sentencia o mediante una resolución ulterior de libertad vigilada;
b)
una pena suspendida;
c)
una condena condicional, o
d)
una pena sustitutiva;
2)
“pena suspendida”, cualquier pena privativa de libertad o medida privativa de libertad cuya ejecución se suspende de forma condicional, en su totalidad o en parte, al dictarse sentencia, imponiendo una o más medidas de libertad vigilada que pueden incluirse en la propia sentencia o determinarse en una resolución de libertad vigilada aparte dictada por una autoridad competente;
3)
“condena condicional”, la sentencia en virtud de la cual se difiere de forma condicional la imposición de una pena imponiendo una o más medidas de libertad vigilada, o en la que se imponen medidas de libertad vigilada en lugar de una pena privativa de libertad o una medida privativa de libertad; tales medidas de libertad vigilada pueden incluirse en la propia sentencia o determinarse en una resolución de libertad vigilada aparte dictada por una autoridad competente;
4)
“pena sustitutiva”, la pena que no constituye ni una pena privativa de libertad, ni una medida privativa de libertad, ni una sanción pecuniaria, y que impone una obligación o instrucción;
5)
“resolución de libertad vigilada”, una sentencia firme de un órgano judicial o una resolución firme de una autoridad competente del Estado de emisión, adoptada sobre la base de tal sentencia,
a)
que conceda una libertad condicional, o
b)
que imponga medidas de libertad vigilada;
6)
“libertad condicional”, una resolución firme, dictada por una autoridad competente o basada en el Derecho nacional, sobre la liberación anticipada de una persona condenada tras el cumplimiento de parte de la pena privativa de libertad u otra cualquier medida privativa de libertad, en virtud de la imposición de una o más medidas de libertad vigilada;
7)
“medidas de libertad vigilada”, las obligaciones impuestas e instrucciones dictadas por una autoridad competente a una persona física de conformidad con el Derecho nacional del Estado de emisión en relación con una pena suspendida, una condena condicional o una libertad condicional;
[…]».
10
El artículo 4 de esta misma Decisión Marco, titulado «Tipos de medidas de libertad vigilada y de penas sustitutivas», dispone en su apartado 1:
«La presente Decisión Marco se aplicará a las siguientes medidas de libertad vigilada o penas sustitutivas:
[…]
k) obligación de someterse a tratamiento terapéutico […].»
11
El artículo 9 de la Decisión Marco 2008/947, titulado «Adaptación de las medidas de libertad vigilada o de las penas sustitutivas», dispone en sus apartados 1 y 3:
«1.   En caso de que las medidas de libertad vigilada o las penas sustitutivas pertinentes sean, por su naturaleza o duración, o por la duración del período de libertad vigilada, incompatibles con el Derecho del Estado de ejecución, la autoridad competente de dicho Estado podrá adaptarlas a la naturaleza o duración de las medidas de libertad vigilada o penas sustitutivas, o a la duración del período de libertad vigilada, que se apliquen en su Derecho nacional a infracciones equivalentes. Las medidas de libertad vigilada o las penas sustitutivas o la duración del período de libertad vigilada, una vez adaptadas, deberán corresponder tanto como sea posible a las dictadas en el Estado de emisión.
[…]
3.   Las medidas de libertad vigilada, las penas sustitutivas o el período de libertad vigilada, una vez adaptadas, no deberán ser más severas ni más largas que las medidas de libertad vigilada, las penas sustitutivas o el período de libertad vigilada inicialmente impuestos.»
12
El artículo 11 de la referida Decisión Marco, titulado «Motivos para denegar el reconocimiento y la vigilancia», establece en su apartado 1:
«La autoridad competente del Estado de ejecución podrá denegar el reconocimiento de la sentencia o, en su caso, de la resolución de libertad vigilada y la vigilancia de las medidas de libertad vigilada o penas sustitutivas en los siguientes casos:
[…]
i)
si la sentencia o, en su caso, la resolución de libertad vigilada incluye medidas médicas o terapéuticas que, no obstante lo dispuesto en el artículo 9, el Estado de ejecución no puede vigilar debido a su sistema jurídico o sanitario;
[…]».
Derecho belga
13
El artículo 34 bis del Strafwetboek (Código Penal) dispone:
«La puesta a disposición del tribunal de vigilancia penitenciaria es una pena adicional que debe o puede imponerse en los casos previstos por la ley para proteger a la sociedad de quienes hayan cometido ciertos actos graves que vulneran la integridad de las personas. Esta pena adicional comenzará con la extinción de la pena de prisión principal o de reclusión.»
14
El artículo 56 de la wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Ley relativa a la posición jurídica externa de los condenados a una pena privativa de libertad y a los derechos de las víctimas en el marco de las modalidades de ejecución de la pena), de 17 de mayo de 2006 (Belgisch Staatsblad de 15 de junio de 2006, p. 30455), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «WERV»), establece:
«1.   El tribunal de vigilancia penitenciaria podrá someter al condenado a condiciones especiales individualizadas que permitan ejecutar el plan de reinserción social o responder a las contraindicaciones contempladas en el artículo 47, apartado 1, o que resulten necesarias en interés de las víctimas.
[…]»
15
El artículo 95/2 de la WERV dispone:
«1. La puesta a disposición del tribunal de vigilancia penitenciaria dictada contra el condenado de conformidad con los artículos 34 bis a 34 quater del Código Penal comenzará con la extinción de la pena principal.
2. El tribunal de vigilancia penitenciaria decidirá antes de la extinción de la pena principal, conforme al procedimiento establecido en la sección 2, bien la privación de libertad, bien la libertad bajo vigilancia del condenado.
Tras el examen por el tribunal de vigilancia penitenciaria previsto en el párrafo primero, el condenado que disfrutara de libertad condicional al término del plazo de prueba quedará en libertad bajo vigilancia, en su caso con las condiciones previstas en el apartado 2 del artículo 95/7.
3. Se privará de libertad al condenado cuando exista el riesgo de que cometa delitos graves que vulneren la integridad física o psíquica de terceros y no sea posible evitar dicho riesgo imponiendo condiciones especiales a la situación de libertad bajo vigilancia.»
16
El artículo 95/7 de la WERV es del siguiente tenor:
«[…]
2. Si el tribunal de vigilancia penitenciaria ordena la libertad bajo vigilancia, someterá al condenado a las condiciones generales establecidas en el artículo 55.
El tribunal de vigilancia penitenciaria podrá someter al condenado a condiciones especiales individualizadas que eviten el riesgo de que cometa delitos graves que puedan vulnerar la integridad física o psíquica de las personas o que resulten necesarias en interés de las víctimas.
En caso de que el condenado haya sido puesto a disposición del tribunal de vigilancia penitenciaria por alguno de los hechos contemplados en los artículos 371/1, 371/2, 372, 373, párrafos segundo y tercero, 375, 376, párrafos segundo y tercero, o 377, párrafos primero, segundo, cuarto y sexto, del Código Penal, el tribunal de vigilancia penitenciaria podrá supeditar la libertad bajo vigilancia a la condición de someterse a seguimiento o un tratamiento en un servicio especializado en el seguimiento o tratamiento de delincuentes sexuales. El tribunal de vigilancia penitenciaria fijará la duración del período durante el cual el condenado deberá someterse a dicho seguimiento o tratamiento.
[…]»
17
El artículo 95/21 de la WERV dispone:
«Tras una privación de libertad de un año basada exclusivamente en la resolución dictada tras la puesta a disposición del tribunal de vigilancia penitenciaria, este examinará de oficio la posibilidad de ordenar libertad bajo vigilancia. Se mantendrá la privación de libertad del condenado cuando exista el riesgo de que cometa delitos graves que vulneren la integridad física o psíquica de terceros y no sea posible evitar dicho riesgo imponiendo condiciones especiales a la situación de libertad bajo vigilancia.
El director emitirá un dictamen cuatro meses antes del plazo contemplado en el párrafo primero. Será de aplicación el artículo 95/3, apartado 2.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
18
LZ, nacional neerlandés, fue condenado el 2 de diciembre de 2011 por el rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen (Tribunal de Primera Instancia de Amberes, Bélgica) a una pena de ocho años de prisión por violación con uso de violencia de su hija menor de edad, que tenía menos de catorce años en el momento de los hechos, con la circunstancia agravante de ser un ascendiente directo, así como por abusos cometidos contra su hija menor y una de las amigas de esta, por posesión y distribución de material de pornografía infantil y por haber proferido amenazas. También se le impuso una pena de puesta a disposición del tribunal de vigilancia penitenciaria por un período de diez años, con arreglo, en particular, al artículo 34 bis del Código Penal.
19
El 26 de noviembre de 2013, LZ solicitó ser trasladado a un centro penitenciario en los Países Bajos para continuar allí el cumplimiento de su condena. Las autoridades neerlandesas denegaron su solicitud alegando que LZ no tenía vínculos suficientes con los Países Bajos y que no estaba empadronado en ningún municipio de dicho Estado miembro.
20
El 27 de agosto de 2015, LZ presentó la misma solicitud, añadiendo que pretendía asegurar su reinserción social en los Países Bajos. En su respuesta, las autoridades neerlandesas indicaron que estaban dispuestas a reconocer la pena de prisión, pero no la de puesta a disposición de un tribunal de vigilancia penitenciaria, debido a que esta medida no tiene equivalente en Derecho neerlandés. En la práctica, un traslado a los Países Bajos tendría como consecuencia la puesta en libertad de LZ una vez cumplida su pena de prisión, de modo que no podía producirse ese traslado.
21
El 3 de julio de 2019, se extinguió la pena de ocho años de prisión a la que LZ había sido condenado y comenzó la de la puesta a disposición del tribunal de vigilancia penitenciaria.
22
En este contexto, el strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunal de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Primera Instancia Neerlandófono de Bruselas, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente, debe pronunciarse sobre «la libertad bajo vigilancia» de LZ o la continuación de su privación de libertad, de conformidad con los artículos 95/2 a 95/30 de la WERV.
23
Dicho órgano jurisdiccional precisa que, con arreglo al artículo 95/21 de la WERV, se mantendrá la privación de libertad del condenado cuando exista el riesgo de que cometa delitos graves que vulneren la integridad física o psíquica de terceros y no sea posible evitar dicho riesgo imponiendo condiciones especiales a la situación de libertad bajo vigilancia.
24
En el caso de autos, teniendo en cuenta, en particular, un informe redactado por el servicio psicosocial de la prisión en la que LZ se encuentra encarcelado, dicho órgano jurisdiccional llegó a la conclusión de que existe un elevado riesgo de que pueda cometer delitos graves que vulneren la integridad física o psíquica de terceros y que es absolutamente necesario un «tratamiento hospitalario» a largo plazo de sus trastornos psíquicos para prevenir tal riesgo.
25
Ahora bien, el órgano jurisdiccional remitente señala que no es posible llevar a cabo ese «tratamiento hospitalario» en Bélgica, debido a que LZ, de nacionalidad neerlandesa, no dispone de derecho de residencia en dicho país y no está cubierto por el seguro de enfermedad, aunque siempre haya residido en Bélgica, donde nació.
26
En el marco de los contactos mantenidos con las autoridades neerlandesas para estudiar la posibilidad de someter a LZ, conforme a sus deseos, a dicho «tratamiento hospitalario» en los Países Bajos, en un centro cerrado, dichas autoridades indicaron, el 29 de enero de 2024, que esta medida constituye una sanción privativa de libertad que no puede ser objeto de reconocimiento y ejecución en virtud de la Decisión Marco 2008/947.
27
Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la posibilidad, con arreglo a dicha Decisión Marco 2008/947, de solicitar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia por la que se ordena la libertad bajo vigilancia sujeta a la condición especial de que el interesado se someta a un «tratamiento hospitalario» a largo plazo en un centro cerrado. No obstante, dicho órgano jurisdiccional precisa, a este respecto, que no se pregunta sobre el alcance de la Decisión Marco 2008/909, ya que, a su juicio, esta carece de pertinencia.
28
Dado que no era posible ordenar la libertad bajo vigilancia solicitada por LZ en el momento en que dicho órgano jurisdiccional debía pronunciarse, este último desestimó dicha solicitud, si bien decidió que se volviera a examinar una vez que el Tribunal de Justicia hubiera respondido a sus cuestiones.
29
En estas circunstancias, el strafuitvoeringsrechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunal de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal de Primera Instancia Neerlandófono de Bruselas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse la Decisión Marco [2008/947] en el sentido de que, si, en el contexto de la puesta a disposición del tribunal de vigilancia penitenciaria, [el Reino de] Bélgica dicta una resolución por la que se concede al condenado la libertad vigilada con condiciones especiales y dicha resolución es transmitida por la autoridad belga competente, junto con el certificado a que se refiere [esa] Decisión Marco, a la autoridad competente del [Reino de] los Países Bajos, [este] debe reconocer y ejecutar dicha sentencia velando, en particular, por el debido cumplimiento de las condiciones especiales y teniendo en cuenta que el condenado tiene la nacionalidad neerlandesa y desea regresar a los Países Bajos?
¿Será así también cuando se impone la condición especial de que el condenado debe recibir en los Países Bajos un tratamiento hospitalario por sus problemas de carácter sexual y ha de ser trasladado desde el establecimiento penitenciario a un centro cerrado en los Países Bajos?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
30
El órgano jurisdiccional remitente solicitó que el asunto se tramitara conforme al procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
31
El 18 de junio de 2024, el Tribunal de Justicia decidió, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, desestimar dicha solicitud, ya que no concurrían los requisitos de urgencia previstos en el citado artículo 107.
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
32
Sin proponer formalmente una excepción de inadmisibilidad, el Gobierno neerlandés expresa sus dudas en cuanto a la existencia de una relación entre la interpretación del Derecho de la Unión solicitada en la cuestión prejudicial y la realidad o el objeto del procedimiento principal. De hecho, de la resolución de remisión se desprende que la solicitud de libertad bajo vigilancia presentada por LZ ante el órgano jurisdiccional remitente fue desestimada. Por ello, señala que ya no existe un procedimiento actualmente pendiente ante dicho órgano jurisdiccional en relación con la solicitud que se le había presentado y que dicho órgano jurisdiccional ha planteado su cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia en previsión de un examen posterior de dicha solicitud.
33
Como resulta de reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir. La justificación de la remisión prejudicial no es la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino su necesidad para la resolución efectiva de un litigio. Como se desprende del propio tenor del artículo 267 TFUE, la decisión prejudicial solicitada debe ser «necesaria» para que el tribunal remitente pueda «emitir su fallo» en el asunto de que conoce (sentencia de 8 de mayo de 2025, Zimir, C‑662/23, EU:C:2025:326, apartado 25 y jurisprudencia citada).
34
Así, el Tribunal de Justicia ha recordado reiteradamente que tanto del tenor como de la estructura del artículo 267 TFUE se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales solo están habilitados para plantear cuestiones prejudiciales en la medida en que ante ellos esté pendiente un procedimiento en el que proceda adoptar una decisión que pueda tener en cuenta la sentencia prejudicial (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Zimir, C‑662/23, EU:C:2025:326, apartado 26 y jurisprudencia citada).
35
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia puede verificar de oficio la subsistencia del litigio principal (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Zimir, C‑662/23, EU:C:2025:326, apartado 27 y jurisprudencia citada).
36
A este respecto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que, si bien el órgano jurisdiccional remitente denegó la solicitud de libertad bajo vigilancia presentada por LZ, también decidió que se volvería a examinar dicha solicitud una vez que hubiera recibido una respuesta a la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia.
37
Por lo tanto, procede considerar que el procedimiento principal sigue pendiente ante dicho órgano jurisdiccional y que una respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión prejudicial planteada puede ser tenida en cuenta a efectos de la adopción de una decisión en dicho procedimiento.
38
En estas circunstancias, la petición de decisión prejudicial es admisible.
Sobre la cuestión prejudicial
39
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Decisión Marco 2008/947 debe interpretarse en el sentido de que, sobre la base de dicha Decisión Marco, la autoridad competente del Estado de ejecución está obligada a reconocer y ejecutar una sentencia que le ha transmitido la autoridad competente del Estado de emisión y por la que se ordena la libertad bajo vigilancia de una persona que cumple una pena privativa de libertad con la condición especial de que dicha persona se someta a un «tratamiento hospitalario» de sus trastornos psíquicos en un centro cerrado.
40
Para responder a esta cuestión, es preciso comprobar si tal sentencia está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Decisión Marco.
41
El artículo 1 de la Decisión Marco 2008/947 se refiere, como su título indica, a sus objetivos y a su ámbito de aplicación. Como se desprende del apartado 1 de dicho artículo 1, la referida Decisión Marco establece, en particular, las normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, distinto de aquel en el que la persona de que se trate haya sido condenada, reconocerá las sentencias y, si procede, las resoluciones de libertad vigilada y controlará las medidas de libertad vigilada impuestas sobre la base de una sentencia o las penas sustitutivas contenidas en tal sentencia.
42
En virtud del artículo 1, apartado 2, de dicha Decisión Marco, esta se aplica únicamente al reconocimiento de sentencias y, si procede, de resoluciones de libertad vigilada, previsto en ese apartado, letra a); a la transferencia de la responsabilidad de la vigilancia de medidas de libertad vigilada y penas sustitutivas, a que se refiere el citado apartado, letra b), y, según ese mismo apartado, letra c), a todas las demás decisiones relacionadas con las contempladas en las letras a) y b) del artículo 1, apartado 2, con arreglo a las definiciones y disposiciones de esa misma Decisión Marco.
43
El artículo 2 de la Decisión Marco 2008/947 define, en particular, a efectos de dicha Decisión Marco, el concepto de «sentencia», en su punto 1, letra a), que se refiere a la resolución u orden firme de un órgano judicial del Estado de emisión por la que se establece que una persona física ha cometido una infracción penal y se le impone, en primer lugar, una pena privativa de libertad o cualquier medida privativa de libertad, si se ha concedido la puesta en libertad condicional sobre la base de dicha sentencia o mediante una resolución ulterior de libertad vigilada, en segundo lugar, una pena suspendida, en tercer lugar, una condena condicional o, en cuarto lugar, una pena sustitutiva. Según el punto 5 de dicho artículo 2, se entenderá por «resolución de libertad vigilada» una sentencia firme de un órgano judicial o una resolución firme de una autoridad competente del Estado de emisión adoptada sobre la base de tal sentencia que conceda una libertad condicional o que imponga medidas de libertad vigilada, estas últimas, de conformidad con el punto 7 de dicho artículo, consistentes en obligaciones impuestas e instrucciones dictadas por una autoridad competente a una persona física de conformidad con el Derecho nacional del Estado de emisión en relación con una pena suspendida, una condena condicional o una libertad condicional. Por otra parte, habida cuenta de las circunstancias del litigio principal, procede subrayar que, de conformidad con el punto 6 de ese mismo artículo, la expresión «libertad condicional» se refiere a una resolución firme, dictada por una autoridad competente o basada en el Derecho nacional, sobre la liberación anticipada de una persona condenada tras el cumplimiento de parte de la pena privativa de libertad o de cualquier otra medida privativa de libertad, en virtud de la imposición de una o más medidas de libertad vigilada.
44
De las definiciones expuestas en el apartado anterior, así como de las relativas a los conceptos de «pena suspendida», «condena condicional» y «pena sustitutiva», contemplados, respectivamente, en el artículo 2, puntos 2, 3 y 4, de la Decisión Marco 2008/947, se desprende que el ámbito de aplicación de esta última, en virtud de su artículo 1, apartado 2, comprende el reconocimiento y la ejecución de sentencias que someten a las personas a las que se ha declarado autoras de un delito a la ejecución de penas o medidas que no les privan de su libertad.
45
Esta interpretación se ve confirmada por el apartado 3, letra a), de dicho artículo 1, que precisa que la Decisión Marco 2008/947 no se aplicará a la ejecución de sentencias en materia penal por las que se impongan penas privativas de libertad o medidas de privación de libertad que estén comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2008/909. En efecto, como ha declarado el Tribunal de Justicia, según se desprende de esta disposición, los ámbitos de aplicación de estas dos Decisiones Marco se excluyen mutuamente [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de octubre de 2023, QS (Revocación de la suspensión), C‑219/22, EU:C:2023:732, apartado 41 y jurisprudencia citada].
46
A este respecto, el artículo 3 de la Decisión Marco 2008/909, que, de conformidad con su título, define su objeto y su ámbito de aplicación, establece, en su apartado 1, que esta Decisión Marco tiene por objeto establecer las normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, para facilitar la reinserción social del condenado, reconocerá una sentencia y ejecutará la condena, definiéndose los conceptos de «sentencia» y de «condena», respectivamente, en el artículo 1, letras a) y b), de dicha Decisión Marco como, por una parte, una resolución u orden firme de un órgano jurisdiccional del Estado de emisión que impone una condena a una persona física y, por otra, cualquier pena o medida privativa de libertad, de duración limitada o indeterminada, impuesta por razón de una infracción penal como consecuencia de un proceso penal.
47
Así, de conformidad con el artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2008/947, en relación con el apartado 3, letra a), de dicho artículo 1 y a la luz del considerando 3 de dicha Decisión Marco, esta se refiere al reconocimiento mutuo y a la ejecución de penas o medidas no privativas de libertad, mientras que el reconocimiento mutuo y la ejecución de penas o medidas privativas de libertad están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2008/909.
48
Esta interpretación relativa a los ámbitos de aplicación respectivos de las Decisiones Marco 2008/909 y 2008/947 se ve corroborada por las disposiciones de dichas Decisiones Marco relativas más concretamente, a las medidas de carácter médico.
49
En lo que atañe a la Decisión Marco 2008/947, su artículo 4, apartado 1, letra k), indica que esta Decisión Marco se aplica, en particular, a las medidas de libertad vigilada y a las penas sustitutivas consistentes en la obligación de someterse a tratamiento terapéutico. Por otra parte, como motivos de denegación del reconocimiento o de la vigilancia que puede oponer la autoridad competente del Estado de ejecución, el artículo 11, apartado 1, letra i), de dicha Decisión Marco se refiere a la sentencia o, en su caso, a la resolución de libertad vigilada que incluya medidas médicas o terapéuticas que, no obstante lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma Decisión Marco, el Estado de ejecución no pueda vigilar debido a su sistema jurídico o sanitario.
50
Por lo que respecta a la Decisión Marco 2008/909, los motivos para el no reconocimiento y la no ejecución, contemplados en su artículo 9, mencionan, de conformidad con el apartado 1, letra k), de dicho artículo 9, la situación en la que la condena impuesta incluye una medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualquier otra medida privativa de libertad, que, no obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, de dicha Decisión Marco, el Estado de ejecución no pueda ejecutar de conformidad con su sistema jurídico o sanitario. De ello se desprende que las medidas de cuidados contempladas en esta disposición consisten en medidas privativas de libertad.
51
De estas disposiciones resulta que las sentencias que ordenan una medida de carácter médico están comprendidas, bien en el ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2008/947, cuando esta no es privativa de libertad, bien en el ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2008/909, cuando, por el contrario, es privativa de libertad.
52
Por consiguiente, una sentencia por la que, con arreglo al Derecho del Estado miembro de emisión, se ordene la libertad bajo vigilancia puede ser objeto de una solicitud de reconocimiento y de ejecución, con arreglo a la Decisión Marco 2008/947, siempre que la condición impuesta en dicha sentencia no constituya una medida privativa de libertad, ya que tal sentencia estará comprendida, en ese caso, en el ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2008/909.
53
Pues bien, en el caso de autos, procede señalar que, habida cuenta de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente sobre la medida prevista y de las consideraciones expuestas en el apartado 46 de la presente sentencia, una medida de libertad bajo vigilancia de una persona que cumple una pena privativa de libertad, adoptada en el marco de la pena de puesta a disposición del tribunal de vigilancia penitenciaria impuesta a esa persona, cuando está supeditada a la condición especial de que dicha persona se someta a un «tratamiento hospitalario» de sus trastornos psíquicos en un centro cerrado, constituye una medida impuesta por una infracción penal que, debido a la naturaleza de esta condición, tiene como consecuencia privar a esa misma persona de su libertad.
54
Por consiguiente, el reconocimiento y la ejecución de una sentencia por la que se impone tal medida no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2008/947, sino en el de la Decisión Marco 2008/909.
55
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que la Decisión Marco 2008/947 debe interpretarse en el sentido de que el reconocimiento y la ejecución de una sentencia por la que se ordena la libertad bajo vigilancia de una persona que cumple una pena privativa de libertad con la condición especial de que dicha persona se someta a un «tratamiento hospitalario» de sus trastornos psíquicos en un centro cerrado no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Decisión Marco, de modo que la autoridad competente del Estado de ejecución no está obligada a reconocer y ejecutar tal sentencia sobre la base de la referida Decisión Marco.
Costas
56
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
La Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas,
debe interpretarse en el sentido de que
el reconocimiento y la ejecución de una sentencia por la que se ordena la libertad bajo vigilancia de una persona que cumple una pena privativa de libertad con la condición especial de que dicha persona se someta a un «tratamiento hospitalario» de sus trastornos psíquicos en un centro cerrado no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Decisión Marco, de modo que la autoridad competente del Estado de ejecución no está obligada a reconocer y ejecutar tal sentencia sobre la base de la referida Decisión Marco.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.