62024CC0076
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DEAN SPIELMANN
presentadas el 27 de marzo de 2025 (
1
)
Asunto C‑76/24
Tradeinn Retail Services, S. L.,
contra
PH
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania)]
«Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Marcas nacionales — Directiva (UE) 2015/2436 — Artículo 10, apartado 3, letra b) — Efectos de la marca — Derecho de prohibir a cualquier tercero el almacenamiento de productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos — Concepto de “almacenamiento de productos” — Almacenamiento de productos en otro Estado miembro — Principio de territorialidad — Comercio electrónico — Envío de los productos al Estado miembro de protección de la marca»
Introducción
1.
Esta petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436. (
2
)
2.
Esta petición ha sido presentada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), que debe pronunciarse en última instancia, tras las resoluciones pronunciadas por los órganos jurisdiccionales de primera instancia y de apelación, en el marco de un litigio entre PH, titular de marcas alemanas para accesorios de buceo, y Tradeinn Retail Services, S. L. (en lo sucesivo, «TRS»), sociedad con domicilio profesional en España, relativo a una acción de cesación del uso de dichas marcas.
3.
El Tribunal de Justicia deberá examinar la cuestión de los derechos inherentes a una marca nacional protegida en el territorio de un Estado miembro, cuando los productos que llevan esa marca son almacenados por terceros en otro Estado miembro con la finalidad de ofrecerlos o comercializarlos en el Estado miembro de protección de la marca.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
4.
El artículo 10 de la Directiva 2015/2436, titulado «Derechos conferidos por la marca», dispone:
«1.   El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre esta.
2.   Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con los productos o servicios, cuando:
a)
el signo sea idéntico a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b)
el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los que esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca;
c)
el signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en el Estado miembro y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
3.   Podrá prohibirse en particular, en virtud del apartado 2:
[…]
b)
ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo;
[…]
e)
utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
[…]».
Derecho alemán
5.
Bajo el título de «Derecho exclusivo del titular de una marca, derecho a obtener una orden de cesación, derecho a una indemnización por daños y perjuicios», el artículo 14, apartados 1 a 3, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen — Markengesetz (Ley sobre la Protección de las Marcas y los Demás Signos Distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), modificada por la Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrechtsmodernisierungsgesetz) (Ley de Transposición de la Directiva 2015/2436), de 11 de diciembre de 2018 (BGBl. 2018 I, p. 2357) (en lo sucesivo, «MarkenG»), tiene por finalidad la transposición del artículo 10, apartados 1 a 3, de la Directiva 2015/2436.
6.
En virtud del artículo 14, apartado 2, párrafo primero, punto 1, de la MarkenG, se prohíbe a los terceros el uso, sin el consentimiento del titular de la marca, en el tráfico económico, en relación con los productos o los servicios, de cualquier signo idéntico a la marca en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté protegida.
7.
Con arreglo al artículo 14, apartado 3, puntos 2 y 6, de la MarkenG, podrá prohibirse en particular, en virtud del apartado 2 de dicho artículo, ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines con el signo, y utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
8.
A tenor del artículo 14, apartado 5, de la MarkenG, el titular de la marca podrá demandar en cesación a cualquiera que utilice un signo infringiendo los apartados 2 a 4, si existe riesgo de reincidencia. Le asistirá el mismo derecho cuando haya amenaza de que se produzca tal infracción por primera vez.
Hechos, litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
9.
PH es titular de dos marcas alemanas denominativas y figurativas registradas para, entre otros productos, «aparatos de buceo, trajes de buceo, guantes de buceo, gafas de buceo y equipos de respiración para el buceo», que se reproducen a continuación:
10.
TRS, que tiene su domicilio profesional en España, publicitó u ofreció, por medio de su página web www.scubastore.com y en la plataforma comercial www.amazon.de, accesorios de buceo utilizando la marca de PH. Algunas de las fotografías de los productos mostraban dichos productos con esas marcas. Así ocurría con una bolsa de contrapeso adquirida por PH el 8 de junio de 2019 en una compra de comprobación, pero le fue entregada sin que ni dicho producto ni su embalaje tuvieran impresas esas marcas.
11.
Tras un requerimiento infructuoso, PH presentó ante el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth, Alemania) una demanda por la que se requería a TRS a cesar en la utilización, en el tráfico económico, de las marcas en cuestión en Alemania para accesorios de buceo. Solicitó, en particular, que se prohibiera a TRS la colocación de esos signos en accesorios de buceo, en su presentación o en su embalaje, el ofrecimiento, fabricación, distribución, comercialización o publicidad de accesorios de buceo con los referidos signos, o su almacenamiento con dichos fines. PH solicitó asimismo que se condenara a TRS a una indemnización por daños y perjuicios, a facilitar información y a reembolsar los gastos del requerimiento más los intereses.
12.
TRS se allanó a la pretensión de que cesara en la oferta y publicidad de accesorios de buceo utilizando las marcas de que se trata, de que facilitara información, así como a la pretensión de que se declarara su obligación de indemnización de los daños y perjuicios por estos conceptos.
13.
Mediante sentencia de 3 de febrero de 2022, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) condenó a TRS con arreglo a su allanamiento parcial, concediendo asimismo a PH un determinado importe por los gastos del requerimiento, con los intereses correspondientes. Desestimó la demanda en todo lo demás.
14.
Como solicitó PH en su recurso de apelación, el Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg, Alemania) amplió el pronunciamiento de cesación, en particular, añadiéndole los términos «y a comercializar o almacenar con dicho fin» y desestimó el recurso en todo lo demás.
15.
Mediante su recurso de Revision (casación) ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal), el órgano jurisdiccional remitente, TRS impugna, en particular, la condena pronunciada contra él por el Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg) por almacenamiento de accesorios de buceo que violan las marcas de PH y solicita que se reponga la sentencia dictada en primera instancia por el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth).
16.
Según el órgano jurisdiccional remitente, el acto de almacenamiento ilícito a que se refiere el artículo 14, apartados 2 y 3, punto 2, de la MarkenG requiere que concurran un elemento material, de posesión de los productos infractores del derecho sobre la marca, y un elemento intencional, de voluntad de posesión del producto, con vistas a introducirlo en el mercado a través de cualquier negocio jurídico, incluida su oferta. Afirma que, dado que las disposiciones mencionadas van dirigidas a transponer el artículo 10, apartados 2, letra a), y 3, letras b) y e), de la Directiva 2015/2436, deberían ser interpretadas conforme a dicha Directiva.
17.
Las dudas del órgano jurisdiccional remitente se refieren al elemento material. En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en virtud del principio de territorialidad que rige en materia de propiedad intelectual, la protección de una marca alemana se limita al territorio de la República Federal de Alemania y solo se pueden sancionar actos que tengan lugar en ese territorio. A la vista de este principio, dicho órgano jurisdiccional desea saber si el titular de una marca nacional puede, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436, prohibir que un tercero almacene en el extranjero productos que violan su marca con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el país donde está protegida.
18.
El órgano jurisdiccional remitente alega que cabe interpretar dicha disposición de las dos maneras. De este modo, según el principio de territorialidad, podría considerarse que quien almacene productos en el extranjero no viola una marca nacional, aunque lo haga con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el territorio nacional utilizando el signo.
19.
No obstante, también sería posible considerar (como lo hace el tribunal de apelación) que, para la violación de una marca nacional, basta con que el almacenamiento de los productos en cuestión en el extranjero se lleve a cabo con el fin de ofrecerlos o comercializarlos utilizando el signo en el país de protección de la marca. El órgano jurisdiccional remitente se refiere, en apoyo de esta interpretación, a una sentencia en la que el Tribunal de Justicia, (
3
) consideró, según afirma, que, en materia de derechos de la propiedad intelectual, un derecho protegido solamente en el territorio nacional también puede ser violado por actos realizados en el extranjero.
20.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el concepto de «almacenar», a efectos del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 («besitzen» en la versión en lengua alemana), requiere la posibilidad efectiva de acceder a los productos que violan la marca o si basta con tener la posibilidad de ejercer cualquier tipo de influencia sobre quien tiene el acceso efectivo a ellos.
21.
Sobre este extremo, el órgano jurisdiccional remitente expone que, con arreglo al Derecho alemán, el concepto de «Besitz» es amplio y comprende tanto la «posesión inmediata» como la «posesión mediata». Se considera «posesión inmediata» la obtención del poder efectivo sobre un objeto y esta termina cuando el poseedor abandona o pierde dicho poder efectivo. En cambio, cuando alguien posee un bien en virtud de una relación por la cual está facultado u obligado a la posesión frente a otra persona con carácter temporal, esta última se denomina «poseedor mediato». El órgano jurisdiccional remitente da así el ejemplo de una compra de mercancías a distancia, en la que el vendedor expedidor se convierte, al entregar las mercancías al prestador de servicios logísticos que transporta el producto desde el vendedor hasta el comprador, en poseedor mediato, mientras que el referido transportista adquiere la condición de poseedor inmediato.
22.
Por lo tanto, aunque, con arreglo al Derecho alemán, TRS podría ser calificada de «poseedor mediato», el órgano jurisdiccional remitente duda de que el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 abarque la posesión de terceros. En este sentido, se basa en las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto Coty Germany, (
4
) que, según el criterio del órgano jurisdiccional remitente, indican que el término «posesión» no figura en todas las versiones lingüísticas del artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001, (
5
) pues ciertas versiones prefieren verbos o a sustantivos que denotan el «almacenamiento» de mercancías, para el que es preciso acceder de forma inmediata a la mercancía.
23.
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente señala que el Derecho de la Unión ya ha permitido imputar a un comerciante actos llevados a cabo por una empresa de logística o por un transportista que vulneraban un derecho de propiedad intelectual nacional. (
6
)
24.
En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) ha resuelto suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Puede el titular de una marca nacional prohibir, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva [2015/2436], que una persona almacene en el extranjero productos que violan la marca con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el país donde está protegida?
2)
¿Es determinante para el concepto de almacenamiento a efectos del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva [2015/2436] que exista una posibilidad efectiva de acceder a los productos que violan la marca, o basta con la posibilidad de ejercer cualquier tipo de influencia sobre quien tiene el acceso efectivo a ellos?»
25.
El titular de las marcas alemanas y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas.
Análisis
26.
En virtud del artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2015/2436, el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo que, según dicho artículo 10, apartado 2, letra a), faculta a ese titular para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de un signo idéntico a esa marca en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. Así pues, el artículo 10, apartado 3, de dicha Directiva enumera, de manera no exhaustiva, varios tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir. (
7
) En particular, el artículo 10, apartado 3, letra b), de la referida Directiva establece que el titular de una marca registrada podrá prohibir ofrecer productos con su marca, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines.
27.
Con carácter previo, deseo recordar que la protección de las marcas se caracteriza en el seno de la Unión Europea por la coexistencia de varios regímenes de protección. Por un lado, mediante la Directiva 2015/2436, el legislador de la Unión llevó a cabo un esfuerzo de aproximación de las legislaciones nacionales en materia de marcas. Por otro lado, el Reglamento 2017/1001 ha establecido un Derecho de marcas uniforme aplicable al conjunto del territorio de la Unión. El Derecho de marcas de la Unión no sustituye a los Derechos de marcas de los Estados miembros, sino que completa los sistemas de protección nacionales. Las marcas nacionales subsisten porque se considera que son necesarias para las empresas que no desean optar por una protección de su marca a escala de la Unión. (
8
)
28.
Recordaré asimismo que, en virtud del principio de territorialidad (lex loci protectionis), los efectos jurídicos de una marca nacional se limitan al territorio del Estado en el que está protegida. (
9
) Este principio significa que es el Derecho del Estado en que se solicita la protección de una marca el que determina las condiciones de dicha protección. El Derecho nacional no puede, por otra parte, sancionar otros actos que los efectuados en el territorio nacional de que se trate. De ello resulta que, por regla general, el titular de una marca nacional no puede invocar dicha protección fuera de ese territorio. (
10
) Este principio también es válido para las marcas de la Unión, pues la protección obtenida a escala de la Unión no permite, en principio, invocar una protección en territorios situados fuera de la Unión. (
11
)
29.
En el caso de autos, el principio de territorialidad no es objeto de discusión en sí mismo. En cambio, se suscita la cuestión de si pueden surgir situaciones particulares en las que se considere que unos actos realizados en el extranjero constituyen una violación del derecho sobre el signo nacional, de modo que el titular de tal derecho pueda invocar el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 con el fin de prohibir que unos productos que lleven su marca nacional se ofrezcan, se comercialicen o se almacenen con dichos fines. Las dos cuestiones prejudiciales planteadas buscan más específicamente que se defina la amplitud de uno de los actos que puede ser prohibido por el titular de una marca protegida, a saber, el que consiste en «almacenar [productos] con dichos fines».
30.
A este respecto, deseo añadir que el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de precisar que, del tenor del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 se desprende que el concepto de «almacenamiento con dichos fines» se refiere al depósito destinado a ofrecer los productos o a comercializarlos. De ello se deduce que, para que el almacenamiento de productos provistos de signos idénticos a una marca protegida pueda calificarse de uso de ese signo, en el sentido del artículo 10, apartado 2, de esa Directiva, y permitir al titular de dicha marca invocar sus derechos y acogerse al artículo 10, apartado 3, letra b), de la referida Directiva, es preciso que el propio operador económico persiga la finalidad contemplada en la disposición mencionada, que consiste en ofrecer productos o comercializarlos. Por lo tanto, el almacenamiento de productos para su comercialización es un acto previo a su puesta a consumo, expresamente identificado como tal por el legislador de la Unión, al que el titular de una marca puede oponerse. (
12
)
Sobre la primera cuestión prejudicial, que trata de la violación de un derecho de marca nacional mediante un almacenamiento extraterritorial
31.
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca nacional puede prohibir que una persona almacene en el extranjero productos que violan la marca con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el país donde está protegida.
32.
Considero que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia permite dar una respuesta afirmativa a esta cuestión.
33.
En efecto, al pronunciarse sobre ofertas de venta o anuncios en Internet de productos designados con un signo idéntico o similar a una marca protegida, dirigidos a consumidores situados en la Unión, el Tribunal de Justicia ha considerado que la efectividad de tales normas quedaría mermada si el uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada en la Unión se sustrajera a la aplicación de dichas normas por el mero hecho de que el tercero que realice esa oferta o esa publicidad esté establecido en un tercer Estado, el servidor del sitio de Internet que utiliza se encuentre en ese Estado o el producto objeto de tal oferta o publicidad se halle en un tercer Estado. El Tribunal de Justicia apreció que el titular de la marca puede en ese caso oponerse a esas ventas, ofertas de venta o publicidad en virtud tanto del artículo 5 de la Primera Directiva 89/104 como del artículo 9 del Reglamento n.o 40/94. (
13
)
34.
El Tribunal de Justicia añadió que la simple posibilidad de acceder a un sitio de Internet desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta, presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde el territorio cubierto por la marca, está destinada a consumidores situados en ese territorio, teniendo en cuenta, en particular, el hecho de que la oferta de venta vaya acompañada de indicaciones acerca de las zonas geográficas a las que el vendedor está dispuesto a enviar el producto. (
14
)
35.
Además, en algunos asuntos que tratan de las medidas a las que puede acogerse el titular de un derecho de propiedad intelectual en caso de venta en la Unión de productos que lleven su marca y procedentes de un tercer Estado, en particular cuando el ofrecimiento o la venta de dichos productos se realice mientras las mercancías están en régimen de tránsito externo o de depósito aduanero, el Tribunal de Justicia ha considerado, en esencia, que los derechos de propiedad intelectual pueden ser violados cuando, incluso antes de su llegada al territorio cubierto por esa protección, unas mercancías procedentes de terceros Estados sean objeto de un acto comercial dirigido a los consumidores de dicho territorio, como una venta o una oferta de venta. Por lo tanto, el titular de la marca puede oponerse al ofrecimiento o a la venta de dichas mercancías cuando esta implica necesariamente la comercialización de estas mercancías en la Unión. (
15
)
36.
Por otra parte, como resalta el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia ha señalado, al pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial presentada en el marco de un procedimiento penal por complicidad en la explotación comercial no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, que unos actos llevados a cabo en el extranjero pueden vulnerar un derecho protegido únicamente en un territorio nacional. De este modo, en la sentencia Donner, el Tribunal de Justicia consideró que un comerciante que dirige su publicidad al público residente en un Estado miembro determinado y que crea o pone a su disposición un sistema de entrega y un modo de pago específicos, o que permite hacerlo a un tercero, poniendo de este modo a ese público en condiciones de que se le entreguen copias de obras protegidas por derechos de autor en ese mismo Estado miembro, realiza, en el Estado miembro en que tiene lugar la entrega, un acto constitutivo de una violación de dicho derecho. (
16
)
37.
Del mismo modo, en un asunto que trataba de la competencia jurisdiccional de los tribunales de los Estados miembros en caso de una presunta vulneración de un derecho patrimonial de autor, el Tribunal de Justicia consideró que los tribunales de un Estado miembro en el que se garantizan derechos patrimoniales de autor deben conocer de las alegaciones de vulneración de dichos derechos aun cuando la supuesta vulneración de esos derechos resultara de actos llevados a cabo en otro Estado miembro, cuando el daño alegado pueda materializarse en la circunscripción territorial del tribunal ante el que se ejercite la acción. (
17
)
38.
Del conjunto de esta jurisprudencia se desprende que el elemento esencial que permite determinar si el titular de un derecho de propiedad intelectual puede invocarlo frente a actos llevados a cabo en el extranjero depende, en esencia, de si tales actos, como la venta, el ofrecimiento en venta o la comercialización de los productos en cuestión, van dirigidos a los consumidores ubicados en el territorio en el que está protegido el derecho de propiedad intelectual de que se trate.
39.
Entiendo que, con independencia del contexto específico de dichas sentencias, las consideraciones relativas a las vías de recursos a disposición del titular de un derecho de propiedad intelectual frente a una presunta vulneración de dicho derecho a través de actos llevados a cabo en el extranjero, fuera del territorio en que dicho derecho está protegido, son de carácter transversal y, por ende, extrapolables al caso de autos.
40.
En efecto, de modo análogo, en el presente asunto, debe evitarse que un tercero que utilice un signo idéntico a una marca nacional sin el consentimiento del titular de dicha marca, en relación con productos idénticos a aquellos para los que la marca está registrada, pueda oponerse a la aplicación del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 y, de este modo, menoscabar la eficacia de esta disposición invocando el lugar de almacenamiento de los productos, cuando existe la intención de ofrecerlos o comercializarlos en el territorio en que la marca está protegida.
41.
Al ser el almacenamiento de productos con el fin de ofrecerlos o comercializarlos uno de los usos, en el sentido del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436, que puede ser prohibido por el titular de una marca y estar expresamente contemplado en el apartado 3, letra b), de la citada disposición, considero que el titular de una marca nacional debe poder oponerse a tal uso, en virtud del derecho exclusivo que la marca le confiere.
42.
Por lo tanto, el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que garantiza la protección de una marca nacional frente al almacenamiento de un producto que viola los derechos de dicha marca fuera de su territorio de protección, cuando ese almacenamiento se lleva a cabo con el fin de ofrecer el producto o comercializarlo en el país en el que dicha marca está protegida.
43.
Dado que debe existir un punto de conexión pertinente con el territorio nacional en el que la marca está protegida, una interpretación como esta está en consonancia con el principio de territorialidad. También resulta conforme con la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ha recordado, en repetidas ocasiones, que el derecho exclusivo del titular de la marca se concedió para permitir a este proteger sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. El ejercicio de este derecho queda reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca, entre las cuales figura la función esencial de la marca, consistente en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto de los que tienen otra procedencia. (
18
)
44.
Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, he de concluir que el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca nacional puede prohibir que un tercero almacene, en otro Estado miembro, productos que violan su marca con el fin de ofrecer dichos productos en el país donde la marca está protegida o de comercializarlos en él.
Sobre la segunda cuestión prejudicial, relativa al concepto de «almacenamiento»
45.
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que es determinante para el concepto de almacenamiento, a efectos de dicha disposición, que exista una posibilidad efectiva de acceder a productos que violan la marca o si basta con la posibilidad de ejercer cualquier tipo de influencia sobre quien tiene el acceso efectivo a ellos.
46.
Dado el sentido que tiene el concepto de «Besitz» en Derecho alemán, como se explica en el punto 21 de las presentes conclusiones, procede entender que la cuestión prejudicial trata de si debe entenderse que el almacenamiento, en el sentido del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 («besitzen» en la versión en lengua alemana), se refiere a la «obtención del poder efectivo» sobre productos, de modo que termina cuando el poseedor ya no dispone de la posibilidad efectiva de acceder a esos productos, o si, como ocurre en Derecho alemán, abarca asimismo la situación en la que una persona «facult[a]» u «obliga […] a la posesión» de dichos productos a un tercero, de manera que dicha persona ejerce una influencia decisiva sobre ese tercero respecto a la decisión sobre el destino de esos productos.
47.
Según jurisprudencia reiterada, se desprende de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto, en toda la Unión, de una interpretación autónoma e uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate. (
19
)
48.
Adicionalmente, la necesidad de una interpretación uniforme de las distintas versiones lingüísticas de una norma del Derecho de la Unión exige también, en caso de divergencia entre ellas, que la norma de que se trate sea interpretada en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra. (
20
)
49.
Pues bien, el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 no contiene ninguna remisión al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance, y de un examen comparativo de las diferentes versiones lingüísticas de esta disposición se deduce la existencia de ciertas divergencias entre ellas.
50.
Como ha resaltado, con razón, el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia se detuvo en el concepto de «almacenamiento» en la sentencia Coty Germany. Se trataba allí, en particular, de determinar si el hecho de tener en depósito productos que infringen un derecho de marca, sin ponerlos a la venta o comercializarlos uno mismo y sin intención de ponerlos a la venta o comercializarlos, podía considerarse un «uso» de la marca, en el sentido del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 y del artículo 9, apartados 1 y 2, del Reglamento 2017/1001, y, en particular, un «almacenamiento» de esos productos con fines de venta o de comercialización, a los efectos del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 207/2009, cuyo contenido se reproduce esencialmente en el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento 2017/1001. (
21
)
51.
A este respecto, debe señalarse que el Abogado General Campos Sánchez‑Bordona señaló, con razón, que el término «posesión» no figura en todas las versiones lingüísticas del artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento 2017/1001. Así, la francesa («détenir») y la alemana («besitzen») recurren a vocablos que directamente se relacionan con el instituto jurídico de la posesión (possessio). Otras, como la española, la italiana, la portuguesa, la inglesa y la sueca («almacenarlos», «stoccaggio», «armazená-los», «stocking» y «lagra»), prefieren verbos o sustantivos que denotan la acción de almacenar bienes. (
22
)
52.
Si bien, en el asunto Coty Germany, el Tribunal de Justicia no tuvo que dirimir finalmente la cuestión de qué había de entenderse específicamente por el concepto de «almacenamiento», a los efectos del artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento 2017/1001, y se centró en la finalidad comercial de un almacenamiento «con el fin de ofrecer los productos o comercializarlos», dicha sentencia, al igual que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aporta puntos de referencia útiles para dar respuesta a la cuestión que en este caso se plantea.
53.
En efecto, como se ha dicho en el punto 30 de las presentes conclusiones, el almacenamiento de productos provistos de una marca protegida es uno de los «usos» de la marca, en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 o del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436, que se enumeran de forma no exhaustiva, en el apartado 3 de las citadas disposiciones, que el titular de un derecho de marca de la Unión o de un derecho de marca nacional puede prohibir, siempre que dicho almacenamiento persiga la finalidad de ofrecer los productos o comercializarlos.
54.
Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de destacar que, según su sentido habitual, la expresión «uso» implica un comportamiento activo y un dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso. A este respecto ha señalado que el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 y el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/95, cuya esencia se recoge en el artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2015/2436, que enumeran de forma no exhaustiva los tipos de uso que el titular de la marca puede prohibir, mencionan exclusivamente comportamientos activos por parte del tercero. (
23
) En este contexto, el Tribunal de Justicia ha recordado que el artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009, al igual que el artículo 5 de la Directiva 2008/95, tiene como objetivo ofrecer al titular de una marca de la Unión o de una marca nacional un instrumento legal que le permita prohibir y, de este modo, hacer cesar, cualquier uso de su marca que efectúe un tercero sin su consentimiento. Sin embargo, solo un tercero que tiene el dominio, directo o indirecto, del acto que constituye el uso tiene efectivamente la capacidad de poner fin a ese uso y, por tanto, de atenerse a dicha prohibición. (
24
)
55.
Así pues, el Tribunal de Justicia ha estudiado las distintas situaciones en las que un tercero prestador de servicios —operador de un mercado electrónico, anunciante o depositario— recurría a un signo correspondiente a una marca ajena, con objeto de determinar si cabía considerar que dicho tercero hacía «uso» de tal signo.
56.
De este modo, el Tribunal de Justicia ha considerado que los operadores de mercados electrónicos, que ofrecen servicios de almacenamiento a los vendedores activos en esos mercados, y cuya finalidad no es la de ofrecer, por sí mismos, los productos que almacenan ni comercializarlos, por sí mismos, no hacen «uso» de los signos puestos en esos bienes almacenados. El Tribunal de Justicia ha precisado que crear las condiciones técnicas necesarias para que pueda utilizarse un signo y recibir una remuneración por este servicio no significa necesariamente que el prestador del servicio haga por sí mismo uso del signo. Salvo que se establezca un vínculo entre el signo de que se trate y los servicios que presta el tercero, el uso lo realizan los clientes del prestador del servicio. (
25
)
57.
Además, según el Tribunal de Justicia, no cabe imputar a un anunciante el uso de un signo cuando los anuncios publicitarios proceden de la actuación de otros agentes económicos, como los realizados por los operadores de sitios de internet de referenciación, que desatienden las instrucciones expresas de dicho anunciante dirigidas a evitar ese uso, o con los cuales el anunciante no guarda ninguna relación directa ni indirecta, y que no actúan por encargo ni por cuenta de dicho anunciante, sino por su propia iniciativa y en su propio nombre. Por consiguiente, el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436 no puede interpretarse en el sentido de que, con independencia de su comportamiento, pueda considerarse que una persona es la autora del uso de un signo idéntico o similar a la marca ajena por el único motivo de que tal uso pudiera reportarle una ventaja económica. (
26
)
58.
En el caso de un depositario, que se limita a conservar los productos para un tercero en el normal ejercicio de su profesión, el Tribunal de Justicia también ha considerado que la prestación del servicio de depósito de mercancías designadas con una marca ajena no constituye ningún «uso» del signo. En consecuencia, los intermediarios, como los que explotan depósitos de almacenamiento, que prestan servicios a sus clientes, no son responsables de las vulneraciones a los derechos de marca que podrían cometer, cuando no utilicen la marca en el marco de su propia comunicación comercial ni en el marco de sus actividades económicas. No ocurre lo mismo cuando el operador económico entrega a un depositario y almacena, con vistas a su comercialización, mercancías designadas por una marca de la que no es titular. Procede, en tal caso, calificar a dicho operador económico de «almacenista con dichos fines», a efectos del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436. De no ser así, los actos de almacenamiento con fines comerciales, mencionados en dicho artículo 10, apartado 3, que normalmente se realizan sin contacto directo con los potenciales consumidores, no podrían ser considerados como «uso» a efectos del mencionado artículo y, por consiguiente, no podrían prohibirse, siendo así que el legislador de la Unión se ha referido a ellos expresamente como actos que pueden ser prohibidos. (
27
)
59.
En consecuencia, para determinar si existe un uso por un tercero de un signo idéntico o similar a una marca protegida, a efectos del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2015/2436, el Tribunal de Justicia ha establecido una distinción entre prestadores de servicios en función de los servicios que ofrecen y el comportamiento que adopten. No se dará tal uso cuando el tercero simplemente proporcione una solución técnica necesaria para que pueda utilizarse el signo o cuando realice un comportamiento pasivo, sin dominio directo o indirecto del acto que constituye el uso. (
28
)A contrario, existe tal uso, a efectos de la citada disposición, cuando el tercero de que se trata dispone de un dominio directo o indirecto del acto que constituye el uso prohibido. Puede tratarse de un vendedor que utilice mercados electrónicos para ofrecer o comercializar productos bajo una marca de la que no es titular o de un operador económico que entrega dichos productos a un almacenista con vistas a su comercialización y que utilice la marca protegida en su propia comunicación comercial. (
29
)
60.
De todo lo anterior se desprende que, por un lado, el «almacenamiento» con el fin de ofrecer productos o comercializarlos es uno de los usos expresamente contemplados en el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436, que puede ser prohibido por el titular de una marca protegida. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ya ha señalado, en esencia, que un operador económico que entrega a un almacenista mercancías bajo una marca de la que no es titular, con vistas a su comercialización, hace uso de dicha marca y almacena las mercancías, en el sentido de dicha disposición. Considero, por lo tanto, que el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 confiere al titular de una marca nacional protegida el derecho de actuar frente a cualquier tercero que tenga un dominio, ya sea directo o indirecto, de este almacenamiento.
61.
En consecuencia, debe entenderse que el hecho de poseer productos con la finalidad de ofrecerlos o comercializarlos abarca cualquier situación en la que el tercero contra el que se dirige el titular de la marca protegida, o bien almacena los productos él mismo en un depósito con el fin de ofrecerlos o comercializarlos en el territorio en el que la marca está protegida, o bien hace que otra persona los almacene por su cuenta con dichos fines y ejerce una influencia decisiva sobre dicha persona, en cuanto que dicho tercero puede decidir, incluso indirectamente, el destino de esos productos.
62.
Esta interpretación del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 también se atiene al objetivo del artículo 10 de dicha Directiva, que consiste en ofrecer al titular un instrumento legal que le permita prohibir y, de este modo, hacer cesar, cualquier uso de su marca que efectúe un tercero sin su consentimiento. Como alega, con razón, la Comisión, esta interpretación permite garantizar una protección efectiva al titular de una marca. De lo contrario, el tercero que ejerza indirectamente el control, a través de otra persona, podría sustraerse de las consecuencias jurídicas del artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436, pese a controlar, aunque sea indirectamente, la mercancía en cuanto a su oferta o comercialización en el territorio protegido.
63.
Por todo ello, debo concluir que el artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que el almacenamiento, a efectos de dicha disposición, abarca el hecho de ejercer una influencia decisiva sobre la persona que tiene el acceso efectivo a los productos en orden a decidir, incluso indirectamente, el destino de esos productos.
Conclusión
64.
Por estas razones, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania):
«El artículo 10, apartado 3, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,
debe interpretarse en el sentido de que
–
el titular de una marca nacional puede prohibir que un tercero almacene en otro Estado miembro productos que violan su marca con el fin de ofrecer dichos productos en el país donde la marca está protegida o de comercializarlos en él;
–
el almacenamiento, a efectos de dicha disposición, abarca el hecho de ejercer una influencia decisiva sobre la persona que tiene el acceso efectivo a los productos en orden a decidir, incluso indirectamente, el destino de esos productos.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).
(
3
)	Sentencia de 21 de junio de 2012, Donner (C‑5/11, en lo sucesivo, sentencia Donner, EU:C:2012:370), apartado 30.
(
4
)	C‑567/18, EU:C:2019:1031, puntos 46 y 47.
(
5
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
(
6
)	Véase la sentencia Donner, apartado 27.
(
7
)	Véanse las sentencias de 17 de noviembre de 2022, Merck Sharp & Dohme y otros (C‑224/20, en lo sucesivo, «sentencia Merck Sharp & Dohme y otros, EU:C:2022:893), apartado 112 y jurisprudencia citada, y de 17 de noviembre de 2022, Impexeco y PI Pharma (C‑253/20 y C‑254/20, EU:C:2022:894), apartado 44.
(
8
)	Véanse, en este sentido, los considerandos 5 a 8 del Reglamento 2017/1001. Véase, también, la sentencia de 22 de marzo de 2012, Génesis (C‑190/10, EU:C:2012:157), apartados 30 y 31, y las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Génesis (C‑190/10, EU:C:2011:202), puntos 31 a 33.
(
9
)	Véase el considerando 5 del Reglamento 2017/1001; véanse, también, las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Génesis (C‑190/10, EU:C:2011:202), punto 29, así como, entre otros, Wertheimer, H. W., «The Principle of Territoriality in the Trademark Law of the Common Market Countries», International and Comparative Law Quarterly, 1967, vol. 16, n.o 3, p. 630, y Dinwoodie, G. B., «Territorial Overlaps in Trademark Law: The Evolving European Model», Notre Dame Law Review, 2017, vol. 92, n.o 4, p. 1673.
(
10
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (C‑9/93, EU:C:1994:261), apartado 22, y de 19 de abril de 2012, Wintersteiger (C‑523/10, EU:C:2012:220), apartado 25.
(
11
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de diciembre de 2017, Coca-Cola/EUIPO — Mitico (Master) (T‑61/16, EU:T:2017:877), apartado 81, y de 21 de diciembre de 2022, International Masis Tabak/EUIPO — Philip Morris Brands (Representación de un paquete de cigarrillos) (T‑44/22, EU:T:2022:843), apartado 78.
(
12
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros (C‑379/14, EU:C:2015:497), apartados 38, 41 y 42, los cuales se refieren al artículo 5, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1). Dicha Directiva fue sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25), que fue a su vez sustituida por la Directiva 2015/2436. Pues bien, el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, letra b), de la Primera Directiva 89/104 no ha experimentado ninguna modificación sustancial en cuanto a su redacción, contexto u objetivo en relación con la disposición equivalente de la Directiva 2008/95 —el artículo 5, apartados 1, 2 y 3, letra b)—, y con la de la Directiva 2015/2436 —el artículo 10, apartados 1, 2 y 3, letra b)—. De ello resulta que las referencias a la jurisprudencia relativa a las citadas disposiciones de la Primera Directiva 89/104 y de la Directiva 2008/95 siguen siendo pertinentes a efectos de la interpretación del artículo 10 de la Directiva 2015/2436.
Véase también la sentencia de 2 de abril de 2020, Coty Germany (C‑567/18, en lo sucesivo sentencia Coty Germany, EU:C:2020:267), apartados 44 y 45, en la que se trataba del artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1). Dado que el artículo 9 del Reglamento 2017/1001, cuya esencia se toma del artículo 9 del Reglamento n.o 207/2009 y del artículo 9 del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), está redactado en términos prácticamente idénticos a los del artículo 10 de la Directiva 2015/2436, es posible extrapolar mutatis mutandi los razonamientos atinentes a dichas disposiciones de los Reglamentos sobre la marca de la Unión Europea a la mencionada disposición de la Directiva 2015/2436. A este respecto, véase la sentencia Merck Sharp & Dohme y otros, apartados 112 a 116; véanse, también, las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto ÖKO-Test Verlag (C‑690/17, EU:C:2019:39), punto 26.
(
13
)	Véase la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros (C‑324/09, en lo sucesivo sentencia L’Oréal y otros, EU:C:2011:474), apartados 62, 63 y 67, que trataba concretamente de productos situados en un Estado no perteneciente al Espacio Económico Europeo, designados con una marca registrada en un Estado miembro de la Unión, que se anunciaban y ponían a la venta por un operador económico a través de un mercado electrónico, sin el consentimiento del titular de esta marca, a consumidores que se encontraban en el territorio cubierto por dicha marca.
Véase también, en este sentido, la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros (C‑172/18, EU:C:2019:674), apartados 47 a 49 y jurisprudencia citada, que versaba sobre la competencia jurisdiccional de los tribunales de un Estado miembro para conocer de una acción por violación de una marca de la Unión cuando la publicidad y las ofertas de venta presentadas por vía electrónica se dirigen a los consumidores de dicho Estado, aunque el tercero haya adoptado, en otro Estado miembro, las decisiones y medidas cuyo objeto era dicha presentación electrónica. En la referida sentencia, el Tribunal de Justicia se basó especialmente en el razonamiento desarrollado en la sentencia L’Oréal y otros.
(
14
)	Véanse las sentencias L’Oréal y otros, apartados 64 y 65 y jurisprudencia citada, y de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros (C‑172/18, EU:C:2019:674), apartado 56.
(
15
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de octubre de 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616), apartados 58 a 61, que trataba, en particular, de la interpretación del artículo 5, apartados 1, 2 y 3, letra b), de la Primera Directiva 89/104 y del artículo 9, apartados 1 y 2, letras b), del Reglamento n.o 40/94; véase, asimismo, la sentencia de 1 de diciembre de 2011, Philips (C‑446/09 y C‑495/09, EU:C:2011:796), apartados 56 a 58, que trataba de mercancías que podían vulnerar derechos exclusivos conferidos por modelos registrados y determinados derechos de autor y una marca de la Unión, y en la que el Tribunal de Justicia remitió a la sentencia L’Oréal y otros y a la sentencia de 18 de octubre de 2005, Class International (C‑405/03, EU:C:2005:616). Véase también la sentencia de 6 de febrero de 2014, Blomqvist (C‑98/13, EU:C:2014:55), apartados 32 a 35.
(
16
)	Sentencia Donner, apartado 30. Más específicamente, el Tribunal de Justicia concluyó que tal comerciante realiza una «distribución al público» en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).
(
17
)	Véase la sentencia de 3 de octubre de 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635), apartados 43 a 47. El Tribunal de Justicia precisó que, en este caso, el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la demanda solo será competente para conocer del daño causado en el territorio del Estado miembro al que pertenezca.
(
18
)	Véanse, en este sentido, entre otras, las sentencias de 27 de octubre de 2022, Soda-Club (CO2) y SodaStream International (C‑197/21, EU:C:2022:834), apartados 35 y 36; Merck Sharp & Dohme y otros, apartado 45, y de 25 de enero de 2024, Audi (Soporte para emblema en una rejilla de radiador) (C‑334/22, EU:C:2024:76), apartado 31.
(
19
)	Véanse, entre otras, la sentencia de 13 de octubre de 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C‑256/21, EU:C:2022:786), apartado 32 y jurisprudencia citada.
(
20
)	Véase la sentencia de 22 de marzo de 2012, Génesis (C‑190/10, EU:C:2012:157), apartado 42 y jurisprudencia citada.
(
21
)	Sentencia Coty Germany, apartado 35.
(
22
)	Véanse las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto Coty Germany (C‑567/18, EU:C:2019:1031), punto 46.
(
23
)	Véase la sentencia de 3 de marzo de 2016, Daimler (C‑179/15, en lo sucesivo, sentencia Daimler, EU:C:2016:134), apartado 40, «tales como “poner” el signo en los productos y en su presentación o “utilizar” el signo en los documentos mercantiles y la publicidad, “ofrecer” los productos, “comercializarlos”, “almacenarlos” con dichos fines, “importar” o “exportar” los productos, así como “ofrecer” o “prestar” servicios con ese signo».
(
24
)	Véanse las sentencias Daimler, apartados 39 a 41; de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17, EU:C:2018:594), apartado 38; Coty Germany, apartados 37 y 38, y de 22 de diciembre de 2022, Louboutin (Uso de un signo infractor en un mercado electrónico) (C‑148/21 y C‑184/21, EU:C:2022:1016), apartados 27 y 28.
(
25
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de marzo de 2010, Google France y Google (C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159), apartados 57 y 72; L’Oréal y otros, apartados 92, 102 y 103; de 15 de diciembre de 2011, Frisdranken Industrie Winters (C‑119/10, EU:C:2011:837), apartados 29 y 32, y Coty Germany, apartados 40 a 48, en la que, además, el depositario no tenía conocimiento de que tenía en depósito productos que infringían derechos de marca; véase, igualmente, el auto de 19 de febrero de 2009, UDV North America (C‑62/08, EU:C:2009:111), apartado 47.
(
26
)	Véanse, en este sentido, las sentencias Daimler, apartados 34 a 36, 39 y 42, y de 2 de julio de 2020, mk advokaten (C‑684/19, EU:C:2020:519), apartados 21 a 25.
(
27
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros (C‑379/14, EU:C:2015:497), apartados 42 a 45, que hace referencia al artículo 5, apartado 3, de la Primera Directiva 89/104.
(
28
)	Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto Coty Germany (C‑567/18, EU:C:2019:1031), punto 39, que se refería al artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.
(
29
)	A este respecto véase, también, por analogía, la sentencia Donner, apartado 27, en la que el Tribunal de Justicia consideró que los comerciantes son responsables de cualquier operación que realicen o que se realice por su cuenta que dé lugar a una «distribución al público», con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, en un Estado miembro en el que los bienes distribuidos estén protegidos por derechos de autor. Añadió que también se les puede imputar cualquier operación de la misma naturaleza realizada por terceros cuando dichos comerciantes seleccionaran específicamente el público del Estado de destino y no pudieran desconocer las actuaciones de esos terceros.