62018CC0176
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentadas el 18 de septiembre de 2019 (
1
)
Asunto C‑176/18
Club de Variedades Vegetales Protegidas
contra
Adolfo Juan Martínez Sanchís
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo)
«Procedimiento prejudicial — Protección comunitaria de las obtenciones vegetales — Reglamento (CE) n.o 2100/94 — Artículo 13, apartados 2 y 3 — Efectos de la protección — Sistema de protección en cascada — Plantación de componentes de una variedad y cosecha de sus frutos — Distinción entre las operaciones realizadas sobre los componentes de una variedad y las llevadas a cabo sobre el material cosechado — Concepto de “empleo no autorizado de componentes de una variedad” — Artículo 95 — Protección provisional»
I. Introducción
1.
Mediante su petición de decisión prejudicial, el Tribunal Supremo solicita al Tribunal de Justicia que interprete el artículo 13, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.o 2100/94, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. (
2
)
2.
Esta petición se inscribe en el marco de un litigio entre el Club de Variedades Vegetales Protegidas (en lo sucesivo, «CVVP»), entidad apoderada para el ejercicio de los derechos del titular de una protección comunitaria de una variedad de mandarinos, y el propietario de una explotación agrícola. CVVP reprocha a este último haber cultivado árboles de esa variedad protegida y haber cosechado y comercializado sus frutos, sin haber obtenido previamente la autorización del titular ni haberle abonado una indemnización razonable.
3.
El órgano jurisdiccional remitente desea averiguar fundamentalmente si, cuando los plantones de una variedad protegida han sido adquiridos por un agricultor en un vivero durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud y la concesión de la protección, la plantación de esos plantones y la cosecha y venta subsiguientes de sus frutos requieren, de un lado, el pago de una indemnización razonable al obtentor, en la medida en que esos actos tengan lugar durante dicho período, y, de otro lado, la autorización de este último en la medida en que tales actos continúen tras la concesión de la protección.
II. Marco jurídico
A.
Reglamento n.o 2100/94
4.
El artículo 5, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 2100/94 dispone:
«2.   A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por “variedad” un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:
–
definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos,
–
distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos,
–
considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.
3.   Un conjunto de plantas está formado por plantas enteras o por partes de plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras, y ambas se denominarán en lo sucesivo “componentes de una variedad”.»
5.
Conforme al artículo 13, apartados 1 a 3, de dicho Reglamento:
«1.   La protección comunitaria de las obtenciones vegetales tiene el efecto de reservar al titular o a los titulares de una protección comunitaria de obtención vegetal, denominados en lo sucesivo “el titular”, el derecho de llevar a cabo respecto de la variedad las operaciones a que se refiere el apartado 2.
2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del titular para la ejecución de las operaciones siguientes con componentes de una variedad o material cosechado de la variedad en cuestión, todo ello, denominado en lo sucesivo “material”:
a)
producción o reproducción (multiplicación);
b)
acondicionamiento con vistas a la propagación;
c)
puesta en venta;
d)
venta u otro tipo de comercialización;
e)
exportación de la Comunidad;
f)
importación a la Comunidad;
g)
almacenamiento con vista a cualquiera de los objetivos anteriores [letras a) a f)].
El titular podrá condicionar o restringir su autorización.
3.   Lo dispuesto en el apartado 2 se aplicará al material cosechado solo si este se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida, y siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad.»
6.
El artículo 94 del citado Reglamento, titulado «Infracción», enuncia, en su apartado 1:
«Toda persona que:
a)
sin estar legitimada para ello realice alguna de las operaciones mencionadas en el apartado 2 del artículo 13 en relación con una variedad para la que ya se haya concedido una protección comunitaria de obtención vegetal
[…]
podrá ser demandada por el titular a fin de que ponga fin a la infracción o pague una indemnización razonable o con ambos fines.»
7.
El artículo 95 del mismo Reglamento, titulado «Actos anteriores a la concesión de la protección comunitaria de obtención vegetal», establece que «el titular podrá exigir una indemnización razonable a la persona que, durante el tiempo transcurrido entre la publicación de la solicitud de una protección comunitaria de obtención vegetal y su concesión, haya realizado un acto que, transcurrido este período, le habría sido prohibido en virtud de la protección comunitaria de obtención vegetal».
B.
Convenio UPOV
8.
La Unión Europea es parte en el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, (
3
) cuyo artículo 13, titulado «Protección provisional», está redactado en los siguientes términos:
«Cada Parte contratante adoptará medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho. Como mínimo, esas medidas tendrán por efecto que el titular de un derecho de obtentor tenga derecho a una remuneración equitativa percibida de quien, en el intervalo mencionado, haya realizado actos que, después de la concesión del derecho, requieran la autorización del obtentor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14. Una Parte contratante podrá prever que dichas medidas solo surtirán efecto respecto de las personas a las que el obtentor haya notificado la presentación de la solicitud.»
9.
A tenor del artículo 14 del Convenio UPOV:
«1)   [Actos respecto del material de reproducción o de multiplicación] a) A reserva de lo dispuesto en los artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del obtentor para los actos siguientes realizados respecto de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida:
i)
la producción o la reproducción (multiplicación),
ii)
preparación a los fines de la reproducción o de la multiplicación,
iii)
la oferta en venta,
iv)
la venta o cualquier otra forma de comercialización,
v)
la exportación,
vi)
la importación,
vii)
la posesión para cualquiera de los fines mencionados en los incisos i) a vi) anteriores.
b) El obtentor podrá subordinar su autorización a condiciones y a limitaciones.
2)   [Actos respecto del producto de la cosecha] A reserva de lo dispuesto en los artículos 15 y 16, se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en el apartado 1, letra a), incisos i) a vii), realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.»
III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
10.
El 22 de agosto de 1995, Nadorcott Protection SARL presentó una solicitud de protección de una variedad de mandarinos, denominada Nadorcott, ante la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales (OCVV). Dicha solicitud fue publicada al Boletín Oficial de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de 22 de febrero de 1996.
11.
La OCVV concedió la protección solicitada mediante resolución de 4 de octubre de 2004, publicada en el Boletín Oficial de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de 15 de diciembre de 2004.
12.
La Federación de Cooperativas Agrarias Valencianas recurrió dicha resolución ante la Sala de Recurso de la OCVV. Dicho recurso produjo un efecto suspensivo en la concesión de la protección hasta su desestimación mediante resolución de 8 de noviembre de 2005, publicada en el Boletín Oficial de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales de 15 de febrero de 2006.
13.
La resolución de la Sala de Recurso de la OCVV fue impugnada ante el Tribunal General de la Unión Europea. Dicho recurso no produjo efecto suspensivo en la concesión de la protección y fue desestimado. (
4
)
14.
Nadorcott Protection concedió a Carpa Dorada, S.A., una licencia en exclusiva de los derechos sobre la variedad vegetal Nadorcott. Esta última encomendó a la parte demandante en el procedimiento principal, CVVP, el ejercicio de las acciones basadas en la infracción de dichos derechos contra el demandado en el procedimiento principal, el Sr. Adolfo Juan Martínez Sanchís.
15.
El Sr. Martínez Sanchís es titular de dos parcelas en las que fueron plantados 506 árboles de la variedad vegetal Nadorcott en la primavera de 2005 y 998 árboles de esa variedad en la primavera de 2006, respectivamente. Esos plantones habían sido adquiridos a un vivero, en un establecimiento abierto al público, durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud de protección de esa variedad y la concesión de la protección, el 15 de febrero de 2006. Desde entonces, se han producido un total de 100 reposiciones en esas parcelas.
16.
CVVP interpuso una demanda contra el Sr. Martínez Sanchís por haber infringido supuestamente los derechos del titular de la protección comunitaria de la variedad vegetal Nadorcott y de su licenciatario, al plantar, injertar y explotar comercialmente árboles de dicha variedad. Más concretamente, CVVP ejercitó, por una parte, una acción basada en la protección provisional respecto a los supuestos actos infractores anteriores a la fecha de concesión de la protección de dicha variedad y, por otra parte, una acción por infracción respecto a los actos posteriores a esa fecha. Además de la declaración de infracción, CVVP solicitaba el cese de los actos antes mencionados, lo cual incluía la comercialización de los frutos de los árboles de la variedad protegida. También solicitaba una indemnización de los daños y perjuicios que afirmaba haber sufrido por los actos infractores tanto anteriores como posteriores al 15 de febrero de 2006, así como la publicación de la sentencia que se dictara.
17.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda por entender que las acciones habían prescrito en virtud del artículo 96 del Reglamento n.o 2100/94. (
5
) Además, dicho órgano jurisdiccional consideró fundamentalmente que no se cumplían las exigencias establecidas en el artículo 13, apartado 3, del citado Reglamento, por lo que el titular de la protección no podía oponerse a la realización de actos referidos al material cosechado de la variedad protegida. De esta manera, según dicho órgano jurisdiccional, el titular no había acreditado que la reproducción de los mandarinos en un vivero se hubiera realizado sin su autorización ni que no hubiera podido ejercitar razonablemente sus derechos a lo largo de la fase de reproducción de esos componentes de la variedad.
18.
Recurrida la sentencia en apelación, la Audiencia Provincial, tras declarar que las acciones no habían prescrito, desestimó el recurso de apelación en cuanto al fondo, basándose en que el Sr. Martínez Sanchís había adquirido los plantones de que se trataba en un establecimiento abierto al público, en un momento anterior a la concesión de la variedad vegetal, y bajo la apariencia jurídica de una adquisición legítima. En estas circunstancias, según dicho órgano jurisdiccional, este último estaba amparado por el artículo 85 del Código de Comercio español.
19.
CVVP interpuso recurso de casación contra la sentencia de apelación ante el Tribunal Supremo. Mediante auto de 6 de marzo de 2018, recibido en el Tribunal de Justicia el 7 de marzo de 2018, ese órgano jurisdiccional resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
En un caso en que el agricultor haya adquirido de un vivero (establecimiento de un tercero) unos plantones de una variedad vegetal y los haya plantado antes de que produzca efectos la concesión de esta variedad, ¿la posterior actividad realizada por el agricultor consistente en recoger las sucesivas cosechas de los árboles, para que se vea afectada por el ius prohibendi del apartado 2 del art. 13 del Reglamento [n.o 2100/94], precisa del cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 3 de este artículo, por entender que se trata de material cosechado? ¿O debe entenderse que esta actividad de cosecha constituye un acto de producción o reproducción de la variedad, que da lugar al “material cosechado” cuya prohibición por el titular de la variedad vegetal no exige el cumplimiento de los requisitos del apartado 3 [de dicho artículo]?
2)
¿Es conforme con el apartado 3 del art. 13 del Reglamento [n.o 2100/94] una interpretación según la cual el sistema de protección en cascada afecta a cualquiera de las conductas reseñadas en el apartado 2 que se refieran al “material cosechado”, también la propia cosecha, o solo a las posteriores a la producción de este material cosechado, como pudieran ser el almacenamiento y su comercialización?
3)
En la aplicación del sistema de extensión de la protección en cascada al “material cosechado” prevista en el apartado 3 del art. 13 del Reglamento [n.o 2100/94], para que se cumpla la primera condición ¿es necesario que la adquisición de los plantones se hubiera realizado después de que el titular hubiera obtenido la protección comunitaria de la variedad vegetal, o sería suficiente que para entonces gozara de protección provisional, por haberse realizado en el período comprendido entre la publicación de la solicitud y el comienzo de los efectos de la concesión de la variedad vegetal?»
20.
CVVP, el Sr. Martínez Sanchís, el Gobierno helénico y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia. CVVP, el Gobierno helénico y la Comisión estuvieron representados en la vista oral, celebrada el 16 de mayo de 2019. El 15 de mayo de 2019, el Sr. Martínez Sanchís respondió por escrito a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia a efectos de la vista.
IV. Análisis
A.
Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda
21.
Las dos primeras cuestiones prejudiciales, que examinaré de forma conjunta, se refieren a la delimitación de los ámbitos de aplicación respectivos de los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Reglamento n.o 2100/94.
22.
Estas disposiciones definen los efectos de la protección de una variedad vegetal, instituyendo un sistema de «protección en cascada» que comprende un régimen de «protección primaria», relativo a los componentes de una variedad, y un régimen de «protección secundaria», relativo al producto de la cosecha. (
6
)
23.
Con arreglo a dicho sistema, el conjunto de operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 requieren, por una parte, la autorización del titular de la protección cuando su objeto sean los propios componentes de una variedad. (
7
) El concepto de «componente de una variedad» designa, a tenor del artículo 5, apartado 3, del citado Reglamento, las «plantas enteras», así como las «partes de plantas, siempre que dichas partes puedan generar plantas enteras».
24.
Por otra parte, el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 dispone que, cuando las operaciones enumeradas en el apartado 2 de ese artículo se refieran al material cosechado, solo se requiere la autorización del titular si se cumplen dos requisitos. En primer lugar, que el producto de la cosecha se haya obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de una variedad. (
8
) En segundo lugar, que el obtentor no haya tenido una posibilidad razonable de ejercer sus derechos sobre esos componentes de la variedad.
25.
Los regímenes de protección primaria y de protección secundaria que se han descrito corresponden, respectivamente, a los sistemas de protección del «material de reproducción y de multiplicación» y del «material cosechado» establecidos en el artículo 14, apartados 1 y 2, del Convenio UPOV, cuya redacción retoma, en gran medida, el Reglamento n.o 2100/94. Como se desprende de los trabajos preparatorios de dicho Reglamento y del texto de este, el régimen que instituye se basa en el instaurado por el Convenio UPOV. (
9
) En consecuencia, los elementos de interpretación correspondientes a dicho Convenio son también pertinentes a efectos de interpretar ese Reglamento.
26.
Recordados estos aspectos, el órgano jurisdiccional remitente quiere que se dilucide, mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, si las operaciones que consisten en plantar los árboles de una variedad protegida y en cosechar los frutos se rigen por el régimen de protección primaria establecido en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, (
10
) de forma que exigen la autorización del titular de la protección con independencia de que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 de ese artículo. (
11
)
27.
La importancia de estas cuestiones para la resolución del litigio principal radica, además, en determinar si las operaciones de comercialización de los frutos cosechados de esa forma se rigen por el régimen de protección secundaria establecido en el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento, pese a que la venta de los plantones al Sr. Martínez Sanchís se haya producido antes de la concesión de la protección. Esta problemática presenta una relación con la tercera cuestión prejudicial y, por esta razón, la trataré en la segunda parte de mi análisis. (
12
)
28.
Según CVVP, la plantación de los componentes de una variedad protegida y la cosecha de sus frutos constituyen actos de «producción» de esos componentes cubiertos por la protección primaria establecida en el artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 2100/94. En cambio, el Sr. Martínez Sanchís, el Gobierno helénico y la Comisión consideran que ni la plantación ni la cosecha de los frutos de los componentes de una variedad protegida son equiparables a operaciones realizadas sobre dichos componentes incluidas en el ámbito de aplicación del régimen de protección primaria instaurado en el artículo 13, apartado 2, del citado Reglamento.
29.
Comparto este último punto de vista.
30.
A propósito de esta cuestión, la redacción del artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 2100/94, al referirse a las operaciones de producción o de reproducción con componentes de una variedad —en contraste con el material cosechado, al que se refiere el apartado 3 de dicho artículo—, designa, según el uso corriente de esos términos, actos mediante los cuales no se generan frutos, sino nuevos componentes de una variedad.
31.
Desde este punto de vista, no cabe acoger las alegaciones formuladas por CVVP según las cuales el concepto de «producción» abarca necesariamente las operaciones de plantación y de cosecha de los frutos, salvo que se prive a dicho concepto de un contenido propio y diferenciado del contenido del concepto de «reproducción» utilizado en la misma disposición. En mi opinión, el uso conjunto de ambos términos pretende simplemente poner de manifiesto que las operaciones contempladas en el artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 2100/94 abarcan tanto la propagación de componentes vegetales por vía vegetativa (por ejemplo, mediante injerto) (
13
) como su multiplicación mediante la generación de material genético nuevo. (
14
)
32.
Por otra parte, la génesis del Convenio UPOV, en la versión que resulta de su revisión en 1991, muestra la voluntad de sus autores de no incluir la utilización de material de reproducción con fines de producción de una cosecha entre los actos cuya realización está supeditada a la autorización del obtentor. Sin embargo, esta inclusión estaba mencionada específicamente en ese sentido en el artículo 14, apartado 1, letra a), de dicho Convenio en la redacción inicialmente propuesta por la UPOV, (
15
) mención que, por lo demás, hubiera resultado inútil si el concepto de «producción», que también figura en el mismo, ya incluyera esa utilización. (
16
)
33.
A este respecto, varias propuestas de enmiendas dirigidas a apoyar que se incluyera la utilización del material de reproducción con fines de producción de flores cortadas o de frutas entre los actos contemplados en el artículo 14, apartado 1, letra a), del Convenio UPOV motivaron, durante la conferencia diplomática que precedió su adopción, la creación de un grupo de trabajo al que se encomendó el examen de esta problemática. (
17
) Como subrayó la Comisión durante la vista, ese grupo de trabajo y, posteriormente, los autores del Convenio UPOV rechazaron tales propuestas.
34.
Como contrapartida, se decidió reconocer al obtentor, en el artículo 14, apartado 1, letra b), de dicho Convenio (el contenido de cuya última frase se recoge en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94), una facultad de supeditar la autorización de los actos para los que se requiere su consentimiento a algunas condiciones y limitaciones contractuales. (
18
) Estas pueden referirse, en particular, a la forma en que han de realizarse la plantación y la cosecha de los frutos de los componentes vegetales cuya multiplicación es objeto de la autorización del obtentor. (
19
)
35.
Por consiguiente, el artículo 14, apartado 1, letra a), del Convenio UPOV y el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 no confieren al titular de la protección ningún derecho de prohibir, como tal, la explotación de los componentes de una variedad con fines de producción de una cosecha. Tal y como advirtió la Comunidad Internacional de Obtentores de Variedades Ornamentales y Frutales de Reproducción Asexuada (Ciopora), «con pesar y amargura», a la vista de la decisión adoptada durante la conferencia diplomática, el Convenio UPOV, por medio de su artículo 14, apartado 2 (al que corresponde, recuérdese, el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94), «no hace sino facilitar al obtentor un medio indirecto —a través de la flor cortada o del fruto— de controlar a posteriori el material de multiplicación que hubiera escapado a su control con arreglo al artículo [14, apartado 1, letra a), de dicho Convenio]». (
20
)
36.
A la vista de lo que antecede, estimo que los actos de plantación de componentes de una variedad protegida y de cosecha de sus frutos no están incluidos en las categorías de operaciones referidas a componentes de una variedad contempladas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94. Por consiguiente, el titular no tiene derecho a invocar la protección primaria establecida por dicha disposición frente al agricultor que haya llevado a cabo tales operaciones. No obstante, el titular puede ampararse en la protección secundaria prevista en el artículo 13, apartado 3, del citado Reglamento para oponerse a la realización, en relación con el producto de la cosecha, de las operaciones enumeradas en el apartado 2 de dicho artículo (tales como la comercialización de los frutos), siempre que se cumplan los dos requisitos establecidos en el apartado 3 del citado artículo. (
21
)
B.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
37.
La tercera cuestión prejudicial trata de la forma en que se articula el régimen de protección secundaria establecido en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 y el sistema de protección provisional instaurado por el artículo 95 del citado Reglamento. Mediante esta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, para que se cumpla el primer requisito establecido en el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento —según el cual el producto de la cosecha debe haberse obtenido a partir del «empleo no autorizado» de componentes de una variedad protegida—, la adquisición de los plantones debe haberse realizado antes de la concesión de la protección.
38.
Con carácter preliminar, considero de utilidad subrayar la distinción establecida por el Reglamento n.o 2100/94 entre los regímenes de «protección provisional» y de «protección definitiva» de las obtenciones vegetales.
39.
Estos regímenes se refieren a las vías de que dispone el obtentor, en el caso de que un tercero lleve a cabo una operación de las contempladas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, para poner remedio a la situación. Con arreglo al artículo 94, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, el obtentor podrá demandar a cualquier persona que, tras la concesión de la protección para la variedad vegetal de que se trate, realice tal operación sin estar legitimada para ello a fin de que ponga fin a la infracción y/o pague una indemnización razonable. El artículo 95 del mismo Reglamento prevé que, cuando una persona realice, durante el tiempo transcurrido entre la publicación de una solicitud de protección y su concesión (en lo sucesivo, «período de protección provisional»), un acto «que, transcurrido este período, le habría sido prohibido», solo puede exigírsele el pago de una indemnización razonable. (
22
)
40.
En relación con la interpretación del artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94, ninguno de los interesados que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia cuestiona, en primer lugar, que el concepto de «empleo» que en él figura se refiere a la realización de una operación contemplada en el apartado 2 de dicho artículo. (
23
) Esta conclusión es fácil de comprender a la luz del objetivo y de la estructura general del régimen de protección en cascada establecido en dichas disposiciones. Dicho régimen tiene como finalidad, en efecto, que el obtentor pueda invocar sus derechos sobre los frutos producidos por los componentes de una variedad protegida cuando no haya podido actuar contra la persona que haya realizado alguna de las operaciones enumeradas en la lista que figura en el apartado 2 del citado artículo con los propios componentes de una variedad. (
24
)
41.
En el presente asunto, las operaciones con componentes de una variedad a que se refiere el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, cuya fecha es pertinente a efectos de comprobar si se cumple el primer requisito establecido en el apartado 3 de dicho artículo, consisten en la multiplicación y comercialización de esos plantones por parte del vivero (al que corresponde la «adquisición de los plantones» mencionada en la tercera cuestión prejudicial). En cambio, de acuerdo con la respuesta que propongo para las cuestiones prejudiciales primera y segunda, la plantación de los árboles y la cosecha de sus frutos no pueden equipararse a operaciones con componentes de una variedad en el sentido del artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94.
42.
Se pone aquí de manifiesto la relación entre esas dos cuestiones prejudiciales, de una parte, y la tercera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente, de otra. En efecto, en la argumentación que desarrolla en relación con las cuestiones prejudiciales primera y segunda, CVVP pretende demostrar que, cualquiera que sea la respuesta que dé el Tribunal de Justicia a la tercera cuestión prejudicial, se cumple, en el caso de autos, el primero de los requisitos establecidos en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 en relación con las operaciones de comercialización de los frutos posteriores a la concesión de la protección.
43.
El planteamiento de CVVP se explica a la luz de la circunstancia de que, mientras que la multiplicación y la venta de los mandarinos por el vivero se realizaron durante el período de protección provisional, las operaciones de plantación de esos árboles y de cosecha de sus frutos por el agricultor continuaron después de la concesión de la protección. Al equiparar estas últimas operaciones a operaciones de «producción» de los componentes de una variedad cubiertas por la protección primaria prevista en el artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 2100/94, CVVP sostiene que la plantación de los mandarinos y la cosecha de sus frutos constituían un «empleo no autorizado» de los componentes de una variedad protegida, en el sentido del apartado 3 de dicho artículo, incluso en el caso de que este concepto solo cubra los actos llevados a cabo sobre esos componentes después de la concesión de la protección.
44.
Por los motivos que he expuesto en mi análisis de las cuestiones prejudiciales primera y segunda, procede rechazar esta argumentación.
45.
En segundo lugar, los interesados que presentaron observaciones ante el Tribunal de Justicia discrepan, en cambio, respecto del significado de la expresión «no autorizado» utilizada en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94.
46.
Por una parte, según CVVP, se produce un empleo no autorizado de componentes de una variedad cada vez que se realice una operación de las contempladas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 sin que el obtentor haya expresado su consentimiento al mismo. CVVP observa que, durante el período de protección provisional, el obtentor no tiene derecho a prohibir la realización de una operación de esa índole, pudiendo únicamente reclamar una indemnización razonable, con arreglo al artículo 95 del citado Reglamento. Considera, por tanto, que cualquier acto de ese tipo realizado durante dicho período constituye un empleo no autorizado, incluso cuando se haya abonado al obtentor una indemnización razonable, puesto que este no ha podido prestar su consentimiento a su realización. (
25
)
47.
Por otra parte, el Sr. Martínez Sanchís y la Comisión alegan, fundamentalmente, que, puesto que las operaciones enumeradas en la lista del artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 no requieren la autorización del obtentor durante el período de protección provisional, tales operaciones no pueden ser calificadas de «empleo no autorizado» de componentes de una variedad si se llevan a cabo durante ese período. Con carácter subsidiario, la Comisión sostiene, al igual que lo hace, en esencia, el Gobierno helénico, que, en el caso de que se realicen durante el período de protección provisional, debe presumirse que las operaciones mencionadas no están autorizadas si no han dado lugar al pago de una indemnización razonable. (
26
)
48.
En mi opinión, el carácter fundado de la posición sostenida por el Sr. Martínez Sanchís y por la Comisión con carácter principal resulta inequívocamente de la estructura general de los regímenes de protección provisional y de protección secundaria.
49.
A este respecto, debo recordar que los derechos conferidos por el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 al titular sobre el material cosechado revisten un carácter subsidiario, en el sentido de que solo pueden invocarse en aquellas situaciones en las que el obtentor no haya podido ejercer los derechos que le asisten con arreglo al apartado 2 de dicho artículo frente a la persona (en este caso, el vivero) que haya realizado una o varias de las operaciones contempladas en dicha disposición (en este caso, la multiplicación y la comercialización) en relación con los componentes de una variedad protegida. (
27
)
50.
Desde esta perspectiva, considero que el concepto de «empleo no autorizado» solo tiene sentido en la medida en que alguna de las operaciones enumeradas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 se haya realizado sobre los componentes de una variedad sin la autorización del obtentor cuando esa autorización sea exigible. Así pues, solo cuando se vulnere la obligación de obtener el consentimiento del obtentor podrá este último invocar sus derechos sobre el producto de la cosecha.
51.
Pues bien, el artículo 95 del Reglamento n.o 2100/94 no instaura un régimen de autorización previa, sino solo un régimen de indemnización del obtentor. (
28
) Durante el período de protección provisional, el obtentor no tiene derecho a prohibir las operaciones enumeradas en el artículo 13, apartado 2, del citado Reglamento. Por lo tanto, su realización, incluso cuando no vaya acompañada del pago de una indemnización razonable, no puede equipararse a un empleo no autorizado del componente de una variedad protegida, al no haberse dado un incumplimiento de ninguna obligación de autorización previa.
52.
A este respecto, el artículo 95 del Reglamento n.o 2100/94 establece que el obtentor «podrá exigir» una indemnización razonable a la persona que haya realizado «un acto que, transcurrido [el período de protección provisional], le habría sido prohibido». Esta redacción evidencia que no hay ningún acto, tanto referido a los componentes de una variedad como al material cosechado, que exija la autorización del obtentor antes de la concesión definitiva de la protección. También indica que, durante el período de protección provisional, el no pagar al obtentor una indemnización razonable no convierte en ilegal, como tal, el acto de que se trate. (
29
) Los efectos de la protección provisional contrastan así con los de la protección definitiva establecida en el artículo 94, apartado 1, letra a), del citado Reglamento, que puede invocarse frente a toda persona que realice, «sin estar legitimada para ello», alguna de las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, de dicho Reglamento.
53.
Más aún, con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.o 2100/94, (
30
) la duración de la protección de las obtenciones vegetales se inicia a partir de la concesión de la protección. Esta protección se distingue, desde este punto de vista, de la que dimana de la patente europea, cuya duración se calcula a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. (
31
) En mi opinión, el hecho de que el período de protección provisional de las obtenciones vegetales no se descuente de la duración de la protección definitiva, sino que se añada a esta como protección distinta en interés del obtentor, contribuye a justificar que el ámbito de aplicación de la protección provisional difiera del de la protección definitiva, siendo esta última la única que se refiere a las operaciones llevadas a cabo sobre el material cosechado a tenor del primer requisito enunciado en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94.
54.
La interpretación que preconizo se ve, por lo demás, corroborada por ciertos documentos explicativos adoptados por el Consejo de la UPOV. (
32
) A tenor de dichos documentos, el concepto de «utilización no autorizada», en el sentido del artículo 14, apartado 2, del Convenio UPOV, designa «los actos respecto de material de reproducción o de multiplicación para los que se requiere la autorización del titular del derecho de obtentor en el territorio en cuestión […], pero donde dicha autorización no se obtuvo». (
33
) El Consejo de la UPOV aclara en dichos documentos que la realización de actos no autorizados supone que tal derecho «se ha[ya] concedido y est[é] en vigor».
55.
A la vista de estas consideraciones, estimo que el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 solo protege al titular en la medida en que se hayan realizado operaciones de las contempladas en el apartado 2 de dicho artículo sobre los componentes de una variedad sin su autorización después de la concesión de la protección.
56.
No invalida esta lectura el hecho, señalado por CVVP, de que el valor económico de algunas variedades frutícolas como aquella de la que se trata en el litigio principal resida principalmente en su capacidad de producir frutos. En efecto, este hecho no puede cuestionar la estructura del sistema de protección de las obtenciones vegetales, que consiste, con carácter principal, en un régimen de protección primaria sobre los componentes de una variedad y, con carácter subsidiario, en la medida en que el obtentor no haya podido invocar su derecho a la protección primaria, en un régimen de protección secundaria sobre el material cosechado. En el marco de este sistema de protección en cascada, el valor económico asociado a la posibilidad de cosechar, a lo largo de los años, los frutos de los componentes de una variedad puede reflejarse en el importe de la indemnización (royalties) fijada por el obtentor por las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, llevadas a cabo sobre los propios componentes.
57.
La argumentación, también expuesta por CVVP, según la cual esta interpretación permitiría a cualquier interesado reproducir los componentes de una variedad durante el período de protección provisional y, a continuación, continuar su explotación sin retribuir al obtentor tampoco es idónea para invalidar la interpretación que aquí se propone. En efecto, el hecho de que el obtentor no pueda invocar sus derechos sobre el producto de la cosecha al amparo del artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 no le impide reclamar una indemnización razonable al titular del vivero que haya multiplicado y vendido los componentes de una variedad.
58.
Ciertamente, esta protección puede resultar inoperante en caso de que el obtentor no pueda invocar sus derechos frente al titular del vivero. Sin embargo, considero que esa consecuencia es inherente al equilibrio establecido por el régimen de protección provisional entre los intereses, por un lado, del obtentor y, por otro, del adquirente de componentes de una variedad multiplicados y vendidos durante el período de protección provisional. Como, en resumen, ha manifestado la Comisión, nada permite considerar que este régimen, aunque pretenda incentivar que el obtentor ponga a disposición de terceros los componentes de una variedad desde el momento de la publicación de la solicitud de protección y, en su caso, obtenga una ganancia comercial, (
34
) esté dirigido a garantizar que dicho obtentor no incurra en ningún riesgo cuando decida proceder de ese modo.
59.
Habida cuenta de estas consideraciones, el primer requisito establecido en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 no puede cumplirse en una situación como la del litigio principal.
60.
En efecto, por un lado, en la medida en que el vivero realizó las operaciones de multiplicación y de comercialización de los componentes de una variedad antes de la concesión de la protección, tales operaciones no constituyen un empleo no autorizado de esos componentes en el sentido de dicha disposición.
61.
Por otro lado, puesto que, como se deduce de la respuesta que propongo dar a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, las operaciones de plantación y de recogida de los frutos llevadas a cabo por el agricultor no están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94, tales operaciones —aunque hayan sido realizadas después de la concesión de la protección— tampoco pueden constituir un empleo no autorizado de los componentes de una variedad.
62.
Concluyo, de todo ello, que, cuando los plantones de una variedad vegetal han sido adquiridos en un vivero durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud y la concesión de la protección comunitaria de esa variedad, el adquirente puede —durante y después de ese período— cultivar libremente esos plantones y cosechar y vender los frutos de estos.
V. Conclusión
63.
Habida cuenta de todo lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo del siguiente modo:
«1)
El artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, debe interpretarse en el sentido de que las operaciones que consisten en plantar componentes de una variedad protegida y en cosechar sus frutos no están incluidas en las categorías de operaciones contempladas en esa disposición cuya realización está supeditada a la autorización del titular de la protección.
2)
El artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de “empleo no autorizado” de componentes de una variedad protegida no incluye las operaciones realizadas sobre dichos componentes, tales como su multiplicación o su comercialización, durante el período comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria de las obtenciones vegetales y la concesión de dicha protección.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Reglamento del Consejo, de 27 de julio de 1994 (DO 1994, L 227, p. 1).
(
3
)	Firmado bajo los auspicios de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) el 2 de diciembre de 1961 y revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991 (en lo sucesivo, «Convenio UPOV»). La Unión se adhirió a este Convenio mediante la Decisión 2005/523/CE del Consejo, de 30 de mayo de 2005, por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea al [Convenio UPOV] (DO 2005, L 192, p. 63).
(
4
)	Sentencia de 31 de enero de 2008, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/OCVV — Nador Cott Protection (Nadorcott) (T‑95/06, EU:T:2008:25).
(
5
)	A tenor de dicha disposición, «el derecho a emprender las acciones contempladas en los artículos 94 y 95 prescribirá transcurridos tres años a partir de la fecha en la que se haya concedido finalmente la protección comunitaria de obtención vegetal y el titular haya tenido conocimiento del acto y de la identidad del infractor o, a falta de dicho conocimiento, transcurridos treinta años a partir de la fecha de la última realización del acto».
(
6
)	Véase la sentencia de 20 de octubre de 2011, Greenstar-Kanzi Europe (C‑140/10, EU:C:2011:677), apartado 26. El artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.o 2100/94 instaura, además, un régimen que puede calificarse de «protección terciaria», relativo a productos obtenidos directamente de material de reproducción o de cosecha de la variedad protegida. Este régimen no tiene ninguna relación con el presente asunto.
(
7
)	El concepto de «titular» de la protección comunitaria de obtención vegetal, utilizado en el artículo 13, apartados 1 a 4, del Reglamento n.o 2100/94, se distingue del de «obtentor», que se define en el artículo 11 de este Reglamento como «la persona que haya obtenido, o descubierto y desarrollado la variedad o […] sus derechohabientes». La persona que ha descubierto y desarrollado la variedad solo responde a la definición de «obtentor» antes de la concesión de la protección, a raíz de la cual se convierte también en «titular» de la protección.
(
8
)	Como alegan CVVP y la Comisión, cabe entender que el primer requisito establecido en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94 sea una expresión particular de la norma general del agotamiento enunciada en su artículo 16. A tenor de dicha disposición, «la protección comunitaria de obtención vegetal no se extenderá a los actos concernientes a ningún material de la variedad amparada por dicha protección […] que haya sido cedido a terceros en cualquier parte de la Comunidad por el propio titular o con su consentimiento, ni a ningún material derivado del mismo», a no ser que dichos actos impliquen o bien seguir propagando la variedad (sin que la propagación estuviera prevista en el momento de la cesión) de los componentes de la variedad en cuestión, o bien exportar esos componentes de la variedad, con fines distintos del consumo, a terceros países donde no serán protegidos.
(
9
)	Véase la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, de 30 de agosto de 1990 [COM(90) 347 final, p. 2]. Véase también el vigesimonoveno considerando del Reglamento n.o 2100/94.
(
10
)	En este contexto, el concepto de «plantación» se utiliza para designar la acción de plantar un componente de una variedad y el conjunto de las operaciones de mantenimiento de ese componente dirigidas a maximizar la producción de flores o de frutos.
(
11
)	Siempre que, por supuesto, ese derecho no se haya agotado en virtud del artículo 16 del Reglamento n.o 2100/94. En este caso, CVVP alega, sin que otros interesados le contradigan a este respecto, que el derecho del titular no se ha agotado, puesto que no ha dado su consentimiento a la multiplicación de los mandarinos de la variedad Nadorcott por el vivero.
(
12
)	Véanse los puntos 42 y 43 de las presentes conclusiones.
(
13
)	Así, en el supuesto de que el Sr. Martínez Sanchís hubiese propagado los árboles de la variedad Nadorcott mediante injerto —como alegó CCVP en su recurso, según resulta de la resolución de remisión, y sin perjuicio de la comprobación de este dato por parte del órgano jurisdiccional remitente—, CVVP podría invocar frente a él la protección primaria establecida en el artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 2100/94. Debo señalar, a este respecto, que CVVP ya no ha formulado semejante alegación en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia y que el Sr. Martínez Sanchís niega haber procedido a multiplicación alguna de tales componentes de la variedad vegetal de que se trata.
(
14
)	Véase, en este sentido, Würtenberger, G., van der Kooij, P., Kiewiet, B., y Ekvad, M., European Union Plant Variety Protection, 2.a ed., Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 128.
(
15
)	Véase el artículo 14, apartado 1, letra a), inciso viii), de la propuesta de base preparada por la UPOV [Actas de la Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, Ginebra, 1991 (en lo sucesivo, «Actas de la Conferencia Diplomática de 1991»), documentos de base, p. 28 y reseñas analíticas, puntos 859 a 876].
(
16
)	Véanse, a este respecto, en particular, las Actas de la Conferencia Diplomática de 1991, reseñas analíticas, puntos 1024 y 1534.2.
(
17
)	Actas de la Conferencia Diplomática de 1991, reseñas analíticas, puntos 1005 a 1030.
(
18
)	Actas de la Conferencia Diplomática de 1991, reseñas analíticas, puntos 1529.2, 1529.3 y 1543. Véase, también, el informe del grupo de trabajo que se encuentra entre los documentos de la conferencia (Actas de la Conferencia Diplomática de 1991, pp. 145 a 148).
(
19
)	Por ejemplo, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 20 de octubre de 2011, Greenstar-Kanzi Europe (C‑140/10, EU:C:2011:677), apartado 10, los acuerdos entre el obtentor de la variedad de manzanos protegida y los miembros de la red de comercialización de los frutos de esa variedad comprendían un «pliego de condiciones» que establecía restricciones, en particular, en cuanto a la producción de dichos frutos.
(
20
)	Actas de la Conferencia Diplomática de 1991, reseñas analíticas, punto 1534.3.
(
21
)	Esta conclusión se hace sin perjuicio del derecho del titular, al que se han referido CVVP, el Sr. Martínez Sanchís y la Comisión, de oponerse a las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 realizadas con el producto de la cosecha, aunque no se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo, siempre que el producto de la cosecha pueda utilizarse a los fines de reproducción [véase, a este respecto, Consejo de la UPOV, «Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha con arreglo al Acta de 1991 del Convenio UPOV», 24 de octubre de 2013 (en lo sucesivo, «Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha»), p. 4, punto 3]. En ese supuesto, el producto de la cosecha también constituye, en realidad, un «componente de una variedad», según la definición del artículo 5, apartado 3, de dicho Reglamento. Sin embargo, los derechos del titular están limitados por el artículo 14, apartado 1, de dicho Reglamento, con arreglo al cual, «no obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13 y con objeto de salvaguardar la producción agrícola, los agricultores estarán autorizados a emplear, en sus propias explotaciones, con fines de propagación en el campo, el producto de la cosecha que hayan obtenido de haber plantado en sus propias explotaciones material de propagación de una variedad que, no siendo híbrida ni sintética, esté acogida a un derecho de protección comunitaria de las obtenciones vegetales». En el presente asunto, CVVP aclaró que los frutos de la variedad Nadorcott no pueden servir para generar nuevos árboles de dicha variedad, pues estos últimos solo pueden obtenerse mediante técnicas de reproducción asexuada, como el injerto.
(
22
)	Esta disposición cumple con la obligación, que incumbe a las Partes contratantes en el Convenio UPOV, con arreglo al artículo 13 de dicho Convenio, de adoptar «medidas destinadas a salvaguardar los intereses del obtentor durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud de concesión de un derecho de obtentor o su publicación y la concesión del derecho».
(
23
)	Véase, en este sentido, en relación con la disposición correspondiente que figura en el artículo 14, apartado 2, del Convenio UPOV, Consejo de la UPOV, «Orientaciones para la redacción de leyes basadas en el Acta de 1991 del Convenio de la UPOV», 6 de abril de 2017 (en lo sucesivo, «Orientaciones del Consejo de la UPOV»), p. 57.
(
24
)	Véanse también, a este respecto, las Actas de la Conferencia Diplomática de 1991, reseñas analíticas, puntos 915 a 934.
(
25
)	En otros términos, CVVP considera que el pago de una indemnización razonable por la realización, sobre los componentes de una variedad objeto de la solicitud de protección, de una operación de las contempladas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento n.o 2100/94 no agota los derechos del titular sobre esos componentes ni sobre el material cosechado derivado de estos (véase, a este respecto, la nota 8 de las presentes conclusiones).
(
26
)	Pese a ser el único enfoque adoptado por la Comisión en sus observaciones escritas, esta ha aclarado, durante la vista, que lo sostenía con carácter subsidiario.
(
27
)	Véanse los puntos 35 y 40 de las presentes conclusiones.
(
28
)	Este régimen se inspira en el establecido en el artículo 13 del Convenio UPOV. Por lo que se refiere a la génesis de dicha disposición, observo que la protección provisional, que al principio constituía una facultad que se dejaba a la discreción de los Estados parte en el Convenio UPOV, solo constituye una obligación para dichos Estados desde su revisión en 1991. Los trabajos preparatorios que precedieron tal revisión no aportan ninguna luz sobre la forma en que se articulan la protección provisional, de un lado, y la protección secundaria, también introducida en esa ocasión, de otro lado.
(
29
)	Puede establecerse cierto parangón con el régimen instaurado en el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10). En virtud de dicha disposición, los Estados miembros pueden establecer una excepción al derecho de reproducción del titular de derechos de autor para permitir realizar reproducciones con fines privados, a condición de que el titular reciba una compensación equitativa. En la sentencia de 21 de abril de 2016, Austro-Mechana (C‑572/14, EU:C:2016:286), apartado 48, el Tribunal de Justicia consideró que, cuando un Estado miembro hace uso de esta facultad, la realización de copias privadas, aun cuando requiera el pago de una compensación equitativa al titular de los derechos de autor, constituye un acto autorizado con arreglo al Derecho nacional.
(
30
)	Esta disposición recoge el contenido del artículo 19, apartado 2, del Convenio UPOV.
(
31
)	Véase el artículo 63, apartado 1, del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, hecho en Múnich el 5 de octubre de 1973, en la versión revisada de 2000.
(
32
)	Notas explicativas sobre los actos respecto del producto de la cosecha, p. 4, punto 4, así como Orientaciones del Consejo de la UPOV, p. 57. Aunque no tengan carácter vinculante, estos documentos proporcionan indicaciones útiles para la interpretación del Convenio UPOV y de las disposiciones correspondientes del Reglamento n.o 2100/94.
(
33
)	Tales actos también se presumen no autorizados cuando no se llevan a cabo con arreglo a las eventuales condiciones y limitaciones definidas por el titular en su autorización con arreglo al artículo 14, apartado 1, letra b), del Convenio UPOV. Véanse las Orientaciones del Consejo de la UPOV, p. 57. Sin embargo, aplicando por analogía el razonamiento seguido en la sentencia de 20 de octubre de 2011, Greenstar-Kanzi Europe (C‑140/10, EU:C:2011:677), apartados 41 a 43, parece que, a los efectos de la aplicación del artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.o 2100/94, solo la vulneración de condiciones o restricciones contractuales directamente referidas a elementos esenciales de la protección puede tener relevancia a los efectos del consentimiento del titular de la protección.
(
34
)	Véanse, en este sentido, Würtenberger, G., van der Kooij, P., Kiewiet, B. y Ekvad, M., European Union Plant Variety Protection, op. cit., p. 198.