62021CJ0556_RES
Asunto C‑556/21
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
contra
E. N.yS. S.yJ. Y.
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Países Bajos)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 30 de marzo de 2023
«Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Artículo 27 — Recurso interpuesto contra una decisión de traslado de un solicitante de asilo — Artículo 29 — Plazo de traslado — Suspensión de dicho plazo en fase de apelación — Medida cautelar solicitada por la Administración»
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Procedimientos de toma a cargo y de readmisión — Plazo establecido para efectuar el traslado del solicitante de protección internacional — Adopción, por un órgano jurisdiccional que conoce de un recurso interpuesto contra una sentencia por la que se anula una decisión de traslado, de una medida cautelar que tiene por objeto o por efecto suspender el plazo de traslado — Procedencia — Requisito — Suspensión previa de la ejecución de la decisión de traslado durante el examen del recurso en primera instancia
[Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 27, ap. 3, y 29, aps. 1 y 2]
(véanse los apartados 23 a 29 y 32 a 40 y el fallo)
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de asilo — Criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Procedimientos de toma a cargo y de readmisión — Derecho a la tutela judicial efectiva — Normativa nacional que establece un recurso de apelación contra una sentencia por la que se anula una decisión de traslado — Procedencia — Límites — Respeto de los principios de equivalencia y de efectividad — No derogación del artículo 29, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 604/2013
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 18 y 47; Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 27, ap. 1]
(véanse los apartados 30 y 31)
Resumen
En 2019 y 2020, E. N., S. S. y J. Y. presentaron sendas solicitudes de protección internacional en los Países Bajos. Entre octubre de 2019 y enero de 2021, las autoridades de otros Estados miembros aceptaron hacerse cargo o readmitir a esos solicitantes. En estas circunstancias, la autoridad competente neerlandesa decidió no admitir a trámite las solicitudes de protección internacional y ordenar el traslado de los solicitantes a dichos Estados miembros en virtud del Reglamento Dublín III. (
1
) Los órganos jurisdiccionales de primera instancia que conocieron de los recursos interpuestos por los solicitantes contra las decisiones de traslado anularon dichas decisiones y ordenaron a la autoridad competente neerlandesa que adoptara nuevas decisiones sobre las solicitudes de protección internacional. Dicha autoridad interpuso recurso de apelación contra esas sentencias ante el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos). Acompañó sus recursos de apelación de solicitudes de medidas cautelares dirigidas, por un lado, a no verse obligada a adoptar una nueva decisión hasta que se resolvieran dichos recursos y, por otro, a que se suspendiera el plazo de traslado.
Mediante tres resoluciones dictadas en 2020 y en 2021, el juez de medidas cautelares del órgano jurisdiccional remitente estimó las solicitudes de medidas cautelares. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si las disposiciones del Reglamento Dublín III relativas a los recursos que pueden interponerse contra las decisiones de traslado (
2
) y a los plazos de traslado (
3
) se oponen a que se estime una solicitud de medida cautelar presentada por la autoridad nacional competente, con carácter accesorio al recurso de apelación interpuesto por esta contra una resolución judicial por la que se anula una decisión de traslado, con el fin de que se suspenda el plazo de traslado. De ser así, dicho órgano jurisdiccional debería declarar que ese plazo ha expirado y que, por lo tanto, el Reino de los Países Bajos ha pasado a ser responsable del examen de las solicitudes de protección internacional presentadas por los recurridos en los litigios principales. (
4
)
En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que solo es posible adoptar una medida cautelar que permita a la autoridad competente no adoptar una nueva decisión hasta la resolución del recurso interpuesto por dicha autoridad contra una sentencia por la que se anula una decisión de traslado y que tenga por objeto o por efecto suspender el plazo de traslado cuando la ejecución de la decisión de traslado haya sido suspendida durante el examen del recurso interpuesto en primera instancia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar el Tribunal de Justicia recuerda que, de conformidad con el artículo 29, apartado 1, del Reglamento Dublín III, el traslado de la persona interesada al Estado miembro responsable se efectuará a más tardar en el plazo de seis meses a partir de la aceptación por otro Estado miembro de la petición de toma a cargo o de readmisión de esa persona, o a partir de la resolución definitiva del recurso que, con arreglo al artículo 27, apartado 3, de dicho Reglamento, tenga efecto suspensivo.
De ello se desprende que el legislador de la Unión ha previsto que, en los casos en los que la ejecución de la decisión de traslado haya sido suspendida, el plazo de traslado no empiece a correr hasta el momento en que la resolución relativa al recurso interpuesto contra una decisión de traslado haya adquirido firmeza. Sin embargo, no ha precisado con arreglo a qué procedimiento debe aplicarse esta norma en caso de interposición de un recurso en segunda instancia y, en particular, si la aplicación de dicha norma puede implicar la adopción de medidas cautelares por el órgano jurisdiccional que conoce de dicho recurso.
A falta de una normativa de la Unión en la materia, cuando un ordenamiento jurídico interno de un Estado miembro ha decidido establecer tal segunda instancia judicial, le corresponde, en virtud del principio de autonomía procesal, adoptar la regulación procesal correspondiente, incluida la posibilidad de adoptar medidas cautelares. No obstante, esta regulación debe respetar los principios de equivalencia y de efectividad.
En este contexto, si una normativa nacional dispone que el órgano jurisdiccional que conoce de tal recurso de segunda instancia puede adoptar, a instancia de las autoridades competentes, medidas cautelares, no puede establecer excepciones al artículo 29, apartado 1, del Reglamento Dublín III estableciendo que tales medidas tengan, fuera de los casos contemplados en dicha disposición, el efecto de aplazar el cómputo del plazo de traslado y retrasar así la expiración de éste. Pues bien, de esta disposición resulta que el plazo de traslado solo puede correr a partir de la resolución definitiva del recurso interpuesto contra la decisión de traslado si la ejecución de esta última ha sido suspendida durante el examen del recurso interpuesto en primera instancia.
De ello se sigue que una medida cautelar que tenga por efecto suspender el plazo de traslado hasta la resolución de un recurso de segunda instancia solo puede adoptarse cuando la ejecución de la decisión de traslado haya sido suspendida a la espera de la resolución del recurso de primera instancia, con arreglo al artículo 27, apartados 3 o 4, de dicho Reglamento. En tal situación, por un lado, la prórroga del aplazamiento del cómputo del plazo de traslado hasta la resolución del recurso de segunda instancia permite garantizar la igualdad de armas y la efectividad de los procedimientos de recurso. En efecto, garantiza que ese plazo no expire cuando la ejecución de la decisión de traslado se haya visto imposibilitada por la interposición de un recurso contra dicha decisión. Por otro lado, supeditar a la adopción de una medida cautelar la prórroga, en el marco de un recurso de segunda instancia, del efecto suspensivo sobre el cómputo del plazo de traslado del recurso interpuesto en primera instancia permite evitar que la interposición de un recurso contra una sentencia que anula una decisión de traslado conlleve sistemáticamente un aplazamiento de dicho cómputo, que pueda retrasar el examen de la solicitud de protección internacional de la persona interesada.
Por lo tanto, tal norma favorece la consecución de los objetivos del Reglamento Dublín III relativos al establecimiento de un procedimiento claro y viable, basado en criterios objetivos y equitativos tanto para los Estados miembros como para las personas afectadas, para determinar rápidamente el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional.
En cambio, cuando la ejecución de la decisión de traslado no ha sido suspendida hasta la resolución del recurso en primera instancia, la adopción, en el marco de un recurso interpuesto en segunda instancia, de una medida cautelar como las controvertidas en los litigios principales permitiría, de hecho, a las autoridades competentes, que no hicieron uso de la facultad de suspender de oficio la ejecución de la decisión de traslado que les ofrece el Reglamento Dublín III, (
5
) ni ejecutaron la decisión de traslado durante el examen de ese recurso, posponer el computo del plazo de traslado previsto en dicho Reglamento (
6
) y evitar así que la responsabilidad de la tramitación de las solicitudes de esas personas se transfiera al Estado miembro requirente, con arreglo al referido Reglamento. (
7
) Ello retrasaría indebidamente la sustanciación del procedimiento de protección internacional y menoscabaría los objetivos del Reglamento antes mencionados.
(
1
)	Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31; en lo sucesivo, «Reglamento Dublín III»).
(
2
)	El artículo 27 del Reglamento Dublín III versa sobre los recursos que pueden interponerse contra las decisiones de traslado. Su apartado 3 exige que los Estados miembros ofrezcan a las personas interesadas un recurso que pueda dar lugar a la suspensión de la ejecución de la decisión de traslado adoptada en su contra.
(
3
)	El artículo 29 del Reglamento Dublín III versa sobre las modalidades y los plazos de traslado de las personas interesadas al Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional.
(
4
)	Con arreglo al artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III, si el traslado no se produce en el plazo de seis meses, el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional quedará exento, en principio, de la obligación de hacerse cargo o de readmitir a la persona interesada, y la responsabilidad se transferirá al Estado miembro requirente.
(
5
)	El artículo 27, apartado 4, del Reglamento Dublín III autoriza a los Estados miembros a disponer que las autoridades competentes puedan decidir de oficio suspender la ejecución de la decisión de traslado, en aquellos casos en los que su suspensión no proceda ni del efecto de la ley ni del efecto de una resolución judicial, cuando las circunstancias que rodean dicha ejecución impliquen que la persona interesada deba ser autorizada a permanecer en el territorio del Estado miembro que haya adoptado la decisión de traslado hasta la adopción de una resolución definitiva sobre el recurso interpuesto contra dicha decisión para garantizar su tutela judicial efectiva.
(
6
)	Artículo 29, apartado 1, del Reglamento Dublín III.
(
7
)	Artículo 29, apartado 2, del Reglamento Dublín III.