Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DEAN SPIELMANN
presentadas el 18 de diciembre de 2025 (1)
Asunto C‑580/24 [Tsachkov] (i)
Procedimiento penal
contra
LY
con intervención de
Sofiyska gradska prokuratura
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria)]
« Procedimiento prejudicial — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 6 — Derecho a la libertad y a la seguridad — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículos 12 y 23, apartado 5 — Mantenimiento de la persona en detención — Artículo 5, apartado 1, letra f), del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales — Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos »
Introducción
1.        Mediante el presente asunto, el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria) plantea al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la interpretación de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, (2) en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (3) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/584»). En particular, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la compatibilidad, a la luz de los artículos 12 y 23, apartado 5, de la Decisión Marco 2002/584, de una normativa nacional que exige, de manera automática y general, que la autoridad judicial de ejecución ordene la detención, en un centro penitenciario, de la persona buscada desde la decisión de ejecutar la orden de detención europea hasta su entrega efectiva al Estado miembro emisor, sin tener en cuenta las circunstancias individuales.
2.        La petición de decisión prejudicial se inscribe en el marco de la ejecución de una orden de detención europea emitida por la autoridad judicial competente de la República de Austria a efectos del enjuiciamiento penal por robo agravado de un ciudadano búlgaro residente en Bulgaria. Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, cuando dicta una Decisión de Ejecución de una orden de detención europea, está obligado a aplicar su normativa nacional y a ordenar simultáneamente la detención de la persona buscada o si el Derecho de la Unión se opone a ello a la luz de las obligaciones derivadas del artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584, relativo al mantenimiento de la detención o a la puesta en libertad bajo medidas adecuadas para evitar la fuga, y del artículo 23, apartado 5, de dicha Decisión Marco, relativo a la puesta en libertad al expirar los plazos de entrega.
3.        De este modo, el asunto brinda al Tribunal de Justicia la ocasión de precisar el alcance de las facultades de la autoridad judicial de ejecución en materia de privación de libertad durante la fase de entrega y de examinar si es necesario o no realizar una apreciación individualizada del caso de que se trate.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
4.        Los considerandos 5 y 6 de la Decisión Marco 2002/584 señalan:
«(5)      El objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y justicia da lugar a la supresión de la extradición entre los Estados miembros, debiéndose sustituir por un sistema de entrega entre autoridades judiciales. Por otro lado, la creación de un nuevo sistema simplificado de entrega de personas condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de las sentencias o de diligencias en materia penal permite eliminar la complejidad y los riesgos de retraso inherentes a los actuales procedimientos de extradición. Es preciso sustituir las relaciones clásicas de cooperación que prevalecían entre Estados miembros por un sistema de libre circulación de decisiones judiciales en materia penal, tanto previas a la sentencia como definitivas, en el espacio de libertad, seguridad y justicia.
(6)      La orden de detención europea prevista en la presente Decisión Marco es la primera concreción en el ámbito del Derecho penal del principio del reconocimiento mutuo que el Consejo Europeo ha calificado como “piedra angular” de la cooperación judicial.»
5.        El artículo 1 de dicha Decisión Marco, titulado «Definición de la orden de detención europea y obligación de ejecutarla», está redactado en los siguientes términos:
«1.      La orden de detención europea es una resolución judicial dictada por un Estado miembro con vistas a la detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona buscada para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.
2.      Los Estados miembros ejecutarán toda orden de detención europea, sobre la base del principio del reconocimiento mutuo y de acuerdo con las disposiciones de la presente Decisión Marco.
3.      La presente Decisión Marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.»
6.        A tenor del artículo 12 de la citada Decisión Marco, titulado «Mantenimiento de la persona en detención»:
«Cuando se detenga a una persona sobre la base de una orden de detención europea, la autoridad judicial de ejecución decidirá de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución si la persona buscada debe permanecer detenida. La libertad provisional del detenido podrá ser acordada en cualquier momento, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución, siempre que la autoridad competente de dicho Estado miembro tome todas las medidas que considere necesarias para evitar la fuga de la persona buscada.»
7.        El artículo 17 de la Decisión Marco 2002/584, titulado «Plazos y procedimiento de la Decisión de Ejecución de la orden de detención europea», establece lo siguiente:
«1.      La orden de detención europea se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia.
2.      En los casos en que la persona buscada consienta en su entrega, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea debería tomarse en el plazo de diez días tras haberse manifestado el consentimiento.
3.      En los demás casos, la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea debería tomarse en el plazo de sesenta días tras la detención de la persona buscada.
4.      En determinados casos, cuando la orden de detención europea no pueda ejecutarse dentro de los plazos previstos en los apartados 2 y 3, la autoridad judicial de ejecución informará inmediatamente a la autoridad judicial emisora de los motivos de la demora. En ese caso, podrán prorrogarse los plazos en otros treinta días.
[…]»
8.        En virtud del artículo 23 de dicha Decisión Marco, titulado «Plazo de entrega de la persona»:
«1.      La persona buscada deberá ser entregada lo antes posible, en una fecha acordada entre las autoridades implicadas.
2.      Será entregada a más tardar diez días después de la decisión definitiva sobre la ejecución de la orden de detención europea.
3.      Cuando cualquier circunstancia ajena al control de alguno de los Estados miembros afectados impida entregar a la persona buscada dentro del plazo que establece el apartado 2, la autoridad judicial de ejecución y la autoridad judicial emisora se pondrán inmediatamente en contacto y acordarán una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a la nueva fecha acordada.
4.      Podrá suspenderse de manera excepcional y con carácter provisional la entrega por motivos humanitarios graves, por ejemplo, cuando existan razones válidas que hagan pensar que podría poner en peligro la vida o la salud de la persona buscada. La ejecución de la orden de detención europea deberá producirse en cuanto dichos motivos dejen de existir. La autoridad judicial de ejecución informará de ello inmediatamente a la autoridad judicial emisora, y acordará con esta una nueva fecha para la entrega. En este caso, la entrega tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a la nueva fecha acordada.
5.      Una vez expirados los plazos que citan los apartados 2 a 4, si la persona se hallare aún detenida será puesta en libertad.»
9.        El artículo 24 de la citada Decisión Marco, titulado «Entrega suspendida o condicional», dispone en su apartado 1:
«La autoridad judicial de ejecución, tras haber decidido la ejecución de la orden de detención europea, podrá suspender la entrega de la persona buscada para que pueda ser enjuiciada en el Estado miembro de ejecución o, si estuviese ya condenada, para que pueda cumplir en su territorio la pena que se le hubiere impuesto por otros hechos distintos del que motivare la orden de detención europea.»
10.      El artículo 26 de la misma Decisión Marco, titulado «Deducción del período de detención transcurrido en el Estado miembro de ejecución», establece en su apartado 1:
«El Estado miembro emisor deducirá del período total de privación de libertad que debería cumplirse en el Estado miembro emisor como consecuencia de una condena a una pena o medida de seguridad privativas de libertad cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una orden de detención europea.»
Derecho búlgaro
ZEEZA
11.      La zakon za ekstraditsiata i evropeyskata zapoved za arest (Ley sobre la Extradición y la Orden de Detención Europea; en lo sucesivo, «ZEEZA») (4) aplica la Decisión Marco 2002/584. La ZEEZA dispone, en su artículo 42, apartados 1 y 2, que la recepción efectiva de una orden de detención europea, siempre que esté formalmente en regla, exige obligatoriamente que se ordene la detención de la persona buscada por un período máximo de 72 horas.
12.      De conformidad con el artículo 43, apartados 1 y 2, de la ZEEZA, el tribunal decidirá al inicio del procedimiento para la ejecución de la orden de detención europea si la persona buscada debe permanecer detenida. No es necesario mantenerla obligatoriamente detenida durante este procedimiento.
13.      Según el artículo 43, apartado 7, de la ZEEZA, si la persona buscada ha sido detenida, podrá solicitar su puesta en libertad mientras esté pendiente el procedimiento de reconocimiento de la orden de detención europea. Se deberá acceder a dicha solicitud si resulta que su detención no es necesaria.
14.      El artículo 44, apartado 7, segunda frase, de la ZEEZA tiene el siguiente tenor:
«En todos los casos en que el tribunal autorice la ejecución de la orden de detención europea, ordenará la prisión provisional de la persona buscada como medida cautelar hasta su entrega efectiva al Estado emisor.»
15.      Con arreglo al artículo 54, apartado 1, de la ZEEZA, la entrega deberá tener lugar en un plazo de diez días a partir de que la resolución sobre la entrega sea firme. Según el artículo 54, apartado 2, de la ZEEZA, este plazo podrá prorrogarse si existe un obstáculo objetivo para la entrega. La puesta en libertad de la persona buscada solo será admisible si la entrega no puede llevarse a cabo.
ZINZS
16.      A tenor de lo dispuesto en el artículo 260 de la zakon za izpalnenie na nakazaniata i zadarzhaneto pod strazha (Ley sobre la Ejecución de Penas y la Prisión Provisional; en lo sucesivo, «ZINZS»): (5)
«1.      Los centros penitenciaros también albergarán a personas detenidas para ser entregadas a petición de un Estado extranjero
[…]
2.      Hasta la ejecución de la decisión sobre la entrega al Estado extranjero […] las personas a las que se refiere el apartado 1 gozarán de los derechos de los investigados o acusados en virtud de la presente Ley.»
Litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
17.      La Fiscalía de Eisenstadt (Austria) remitió al Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía), que es el órgano jurisdiccional remitente, una orden de detención europea con fecha de 4 de julio de 2024, en la que solicitaba la entrega de LY (en lo sucesivo, «persona buscada»), de nacionalidad búlgara y con residencia permanente en Bulgaria, a efectos de su enjuiciamiento penal por el robo de sesenta y un juegos de ruedas completos por un valor de 150 990 euros.
18.      En el contexto del procedimiento de ejecución de la orden de detención europea, el 26 de julio de 2024, la autoridad judicial de ejecución dictó una orden de detención contra la persona buscada en el territorio de la República de Bulgaria. Esta fue detenida el 4 de agosto de 2024. El 7 de agosto de 2024, el órgano jurisdiccional remitente concluyó que no existía riesgo de fuga, por lo que fijó una fianza de 1 000 levas búlgaras (BGN) (aproximadamente 511 euros) como medida cautelar provisional. La persona buscada fue puesta en libertad.
19.      La persona buscada compareció personalmente, asistida por su abogado, en las vistas celebradas los días 9 y 30 de agosto de 2024. A través de su abogado, declaró que aceptaría ser entregada inmediatamente a las autoridades judiciales austriacas, precisando que, si se había abstenido de dar su consentimiento era debido al riesgo de ser sometida, a la espera de la entrega, a una medida de detención que podía ser de una duración considerable. En consecuencia, solicitó autorización para desplazarse libremente a Austria, donde cuenta con un abogado designado, con el fin de comparecer voluntariamente ante las autoridades judiciales de ese Estado miembro con la asistencia de aquel.
20.      El órgano jurisdiccional remitente subraya que la propuesta de la persona buscada va en contra de la esencia misma del mecanismo de cooperación judicial establecido por la Decisión Marco 2002/584, según el cual el juez dicta una decisión de entrega de la persona buscada y, a continuación, las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución entregan a la persona buscada a las autoridades competentes del Estado miembro emisor.
21.      El órgano jurisdiccional remitente comparte el análisis de la defensa según el cual la detención de la persona buscada inmediatamente después de que se dicte la decisión de entrega no puede considerarse necesaria para la ejecución efectiva de esta. Una medida de este tipo, que puede prolongarse varios días, o incluso más de una semana, y que se cumple en un centro penitenciario, constituiría una vulneración de la libertad individual desproporcionada en relación con el objetivo perseguido.
22.      A juicio del órgano jurisdiccional remitente, el Derecho búlgaro le obliga, en el momento en que dicta la decisión de reconocimiento y de ejecución de la orden de detención europea, a internar a la persona buscada en un centro penitenciario. El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre si este modo de ejecución es conforme con la Decisión Marco 2002/584.
23.      En primer lugar, por lo que respecta a la detención obligatoria, la orden de detención europea implica necesariamente, por su propia naturaleza, que la persona buscada sea detenida, siendo la detención distinta de la entrega. Por consiguiente, es inevitable que la persona buscada sea detenida, al menos en el momento de la entrega. No obstante, ninguna disposición de la Decisión Marco 2002/584 exige, a su entender, que dicha detención tenga lugar imperativamente en una fase procesal anterior a la entrega física de la persona buscada.
24.      En primer término, el artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584 establece, según el órgano jurisdiccional remitente, la posibilidad de detención o puesta en libertad como norma general, pero la elección de la medida cautelar necesaria depende de las particularidades de cada caso. Por lo tanto, la detención es posible, pero no obligatoria.
25.      En segundo término, considera que la expresión «la libertad provisional del detenido podrá ser acordada en cualquier momento, de conformidad con el Derecho interno del Estado miembro de ejecución» significa que la ley nacional de transposición debe prever la posibilidad de la puesta en libertad «en cualquier momento».
26.      En tercer término, el artículo 23, apartado 5, de la Decisión Marco 2002/584, relativo al período posterior a la adopción de una decisión definitiva sobre la entrega hasta la entrega efectiva, señala «si la persona se hallare aún detenida», lo que significa, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, que es posible que la persona buscada no esté detenida durante ese período.
27.      Por estas razones, y habida cuenta de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente considera que el artículo 44, apartado 7, segunda frase, de la ZEEZA infringe los artículos 12 y 23, apartado 5, de la Decisión Marco 2002/584, dado que estas disposiciones se oponen a la detención obligatoria de la persona buscada durante el período posterior a la adopción de la resolución judicial sobre la entrega de esta hasta la propia entrega física si, desde el principio, no existe riesgo de fuga ni riesgo de que la entrega devenga imposible. En tal caso, dicha detención solo es objetivamente necesaria en el momento de la entrega.
28.      En segundo lugar, en lo que atañe a la detención en un centro penitenciario, de conformidad con la legislación búlgara, si el órgano jurisdiccional remitente ordena la detención de la persona buscada, esta será internada en un centro penitenciario hasta su entrega efectiva. En consecuencia, pasaría unos días, una semana o más tiempo en un centro penitenciario y estaría sujeta a los mismos requisitos que las personas detenidas en las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 1, letra c), del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. (6) Se plantea la cuestión de si el internamiento en un centro penitenciario se corresponde con el tipo de detención que autorizan los artículos 12 y 23, apartado 5, de la Decisión Marco 2002/584.
29.      A pesar de las consideraciones anteriores, el órgano jurisdiccional remitente considera que también existen argumentos a favor de la conformidad de la legislación búlgara con la Decisión Marco 2002/584.
30.      En particular, según el órgano jurisdiccional remitente, puede considerarse que la detención obligatoria en caso de decisión sobre el reconocimiento y la ejecución de la orden de detención europea constituye la ejecución de la detención ordenada por la orden de detención nacional a efectos de un procedimiento penal en el Estado emisor. En efecto, la orden de detención europea se basa en una orden de detención nacional y no es más que un instrumento para iniciar la ejecución de la orden de detención nacional en el territorio de otro Estado miembro. Esta orden de detención nacional está sujeta, a través de la orden de detención europea —y del mecanismo de cooperación judicial vinculado a ella, instaurado por la Decisión Marco 2002/584—, a un control limitado de legalidad por parte de la autoridad judicial de ejecución.
31.      El sistema de la Decisión Marco 2002/584 crea, según el órgano jurisdiccional remitente, un procedimiento para la entrega de personas buscadas a efectos de su enjuiciamiento penal que es cualitativamente diferente de la extradición tradicional, porque se basa en la confianza y el reconocimiento mutuos de las órdenes de detención dictadas por los órganos jurisdiccionales. Este es también el origen del principio contenido en el artículo 1, apartado 2, de dicha Decisión Marco, según el cual toda orden de detención europea debe ejecutarse a menos que existan motivos, que se enumeran exhaustivamente, de denegación de la ejecución, los cuales habrán de interpretarse de forma restrictiva. Según el órgano jurisdiccional remitente, no existe un principio de esa naturaleza en el caso de la extradición.
32.      Estos argumentos, a su juicio, llevarían a concluir que, tras la adopción de la resolución judicial de la autoridad judicial de ejecución relativa al reconocimiento de la orden de detención europea y a la entrega de la persona buscada, sería normal y lógico proceder tanto a la detención obligatoria de la persona buscada como a su internamiento en un centro penitenciario.
33.      En estas circunstancias, el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es conforme con los artículos 12 y 23, apartado 5, de la [Decisión Marco 2002/584] una ley nacional con arreglo a la cual, cuando la autoridad judicial de ejecución decide reconocer una orden de detención europea a efectos de la tramitación de un proceso penal y entregar a la persona buscada, es obligatorio ordenar también su detención, por lo que la persona buscada permanecerá detenida en un centro penitenciario hasta que tenga lugar su entrega?»
34.      Han presentado observaciones escritas los Gobiernos búlgaro y húngaro y la Comisión Europea. En la vista celebrada el 2 de octubre de 2025 se oyeron los informes orales de los Gobiernos búlgaro, checo y húngaro y de la Comisión.
Análisis
Observaciones preliminares
35.      Procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente plantea una única cuestión, cuya formulación, aunque no los distinga expresamente, contiene en esencia dos aspectos. Esta cuestión se refiere principalmente al carácter automático de la detención de la persona buscada. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente precisa que este carácter automático tiene por efecto que esa persona sea internada en un centro penitenciario. Esta precisión sugiere que la detención en un ámbito penitenciario constituye la consecuencia inmediata del carácter automático del mantenimiento de la detención, en otras palabras, un efecto adicional derivado de la obligación del juez de ordenar la privación de libertad a partir de la decisión de ejecutar la orden de detención europea.
36.      En esta medida, y dado que el órgano jurisdiccional remitente parece considerar la detención en un centro penitenciario como el efecto necesario de aquella obligación, me parece posible dividir la cuestión en dos partes: la primera, relativa al carácter automático de la detención, y la segunda, relativa a la compatibilidad, a la luz de la Decisión Marco 2002/584, de una detención en un centro penitenciario hasta la entrega efectiva de la persona buscada.
Sobre la primera parte de la cuestión prejudicial planteada
37.      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la compatibilidad de una norma nacional que impone automáticamente la detención de la persona buscada desde la decisión de ejecutar una orden de detención europea hasta su entrega efectiva, con los artículos 12 y 23, apartado 5, de la Decisión Marco 2002/584, interpretados a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y del artículo 5 del CEDH.
38.      Procede, antes de nada, recordar la situación de la persona buscada en relación con la ejecución de la orden de detención europea, tal como se desprende del procedimiento principal, con el fin de identificar las disposiciones pertinentes de la Decisión Marco 2002/584. La persona buscada, de nacionalidad búlgara, ha sido objeto de una orden de detención europea emitida por la República de Austria a efectos de su enjuiciamiento penal por robo con fuerza en las cosas. Tras ser detenida inicialmente en Bulgaria, a continuación, la persona fue puesta en libertad bajo fianza, ya que el órgano jurisdiccional remitente consideró que no existía riesgo de fuga.
39.      El Derecho nacional aplicable, en el presente asunto el artículo 44, apartado 7, de la ZEEZA, obliga al órgano jurisdiccional remitente a ordenar la detención y la privación de libertad de la persona buscada desde que se dicta la decisión de ejecutar la orden de detención europea hasta la entrega efectiva de aquella al Estado miembro emisor. En otras palabras, según el Derecho nacional, la decisión de entrega conlleva automáticamente la detención y el encarcelamiento de la persona buscada. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la compatibilidad de tal obligación de detención, que abarca el período comprendido entre la resolución de ejecución y la entrega propiamente dicha, con los artículos 12 y 23, apartado 5, de la Decisión Marco 2002/584.
40.      Dado que la ejecución de la orden de detención europea por las autoridades búlgaras implica necesariamente la detención de la persona buscada, (7) la disposición aplicable principalmente es el artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584, que regula la situación de esta persona después de su detención. (8) Con carácter complementario, el artículo 23, apartado 5, de dicha Decisión Marco también debe tomarse en consideración, en la medida en que regula la detención que tiene lugar después de la decisión de ejecutar la orden de detención europea.
41.      Propongo desde ya dar una respuesta negativa a la primera parte de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente.
42.      La Decisión Marco 2002/584 exige, en mi opinión, un control jurisdiccional individualizado de toda privación de libertad en la fase de ejecución de la orden de detención europea. Esta es, en efecto, la interpretación que se desprende de los artículos 12 y 23, apartado 5, de dicha Decisión Marco, según una interpretación literal, sistemática y teleológica. Un enfoque contrario se apartaría de las exigencias establecidas tanto por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como por la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «Tribunal EDH»).
43.      Examinaré sucesivamente las razones por las que, a mi modo de ver, esta conclusión se desprende claramente de la interpretación, en un primer momento, literal, a continuación, sistemática y, por último, teleológica, de las disposiciones antes citadas.
44.      En primer lugar, por lo que respecta a la interpretación literal, el artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584 establece que, cuando se detenga a una persona sobre la base de una orden de detención europea, «la autoridad judicial de ejecución decidirá de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución si la persona buscada debe permanecer detenida», (9) pudiendo «acorda[rse] en cualquier momento» la libertad provisional del detenido. Considero que la respuesta a la primera parte de la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende claramente de este tenor. El término «decidirá», directamente asociado a «la autoridad judicial de ejecución», (10) confía expresamente a esta la tarea de pronunciarse sobre el mantenimiento en detención. El verbo «decidir» implica, por lo tanto, un verdadero margen de apreciación jurisdiccional.
45.      Es cierto que, como subraya en particular el Gobierno búlgaro, el artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584 prevé expresamente que la autoridad judicial de ejecución decidirá de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución si la persona de que se trate debe permanecer detenida.  ¿Podría deducirse de esta frase que la Decisión Marco 2002/584 deja a la discreción de los Estados miembros la elección bien de confiar a una autoridad judicial la apreciación de la necesidad de la detención, bien de establecer por ley un automatismo? En mi opinión, no.
46.      En efecto, la remisión al Derecho del Estado miembro de ejecución no puede interpretarse, contrariamente a la tesis defendida en particular por el Gobierno búlgaro, en el sentido de que confiere a dicho Estado la facultad de establecer una detención automática, sin un control jurisdiccional efectivo. Por el contrario, implica que la apreciación de la necesidad y de las modalidades de la detención corresponde a la autoridad judicial, que actúa con arreglo a las condiciones y procedimientos establecidos por el Derecho interno. Cualquier otra interpretación vaciaría de contenido el término «decidirá», colocado antes de la mención «de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución». De este modo, el sistema del artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584 lleva a considerar que la intervención del juez sigue siendo, en todo caso, indispensable, aun cuando, como señaló la Comisión en la vista, se ejerza según los criterios y el procedimiento previstos por el Derecho nacional.
47.      Deduzco de ello que, según el enfoque literal del artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584, el legislador de la Unión confía imperativamente a una autoridad judicial la tarea de evaluar si procede o no mantener detenida a la persona buscada en la fase del procedimiento comprendida entre su detención y su entrega al Estado miembro emisor.
48.      En segundo lugar, por lo que respecta a la interpretación del artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584, situada en su contexto, considero que su estructura general, así como la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia, confirman la importancia del papel de la autoridad judicial en la apreciación de la necesidad de mantener detenida a la persona de que se trate durante todo el procedimiento de ejecución de la orden de detención europea.
49.      En primer término, como subraya el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584 debe interpretarse en relación con su artículo 23, apartado 5. Ha de recordarse que estas dos disposiciones forman parte del capítulo titulado «Procedimiento de entrega», que regula la fase de entrega de la persona buscada al Estado miembro emisor. Pues bien, el artículo 23, apartado 5, prevé que, una vez expirados los plazos que citan los apartados 2 a 4, «si la persona se hallare aún detenida será puesta en libertad». (11) De ello se desprende claramente que, durante este período intermedio, la detención no presenta carácter obligatorio alguno: el legislador de la Unión admite expresamente que la persona de que se trate puede, según las circunstancias, permanecer detenida o ser puesta en libertad.
50.      Esta disposición se inscribe en la lógica del artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584. Si se adopta una lectura cronológica del desarrollo del procedimiento, este se divide en tres etapas sucesivas: en un primer momento, la detención de la persona buscada, seguida de la decisión de la autoridad judicial competente sobre la necesidad de privación de libertad; a continuación, la posibilidad de que esa misma autoridad ordene en cualquier momento la puesta en libertad de esta persona, y, por último, si esta sigue estando detenida, el artículo 23, apartado 5, de dicha Decisión Marco prevé, en consonancia con el artículo 12, que, una vez expirados los plazos citados, «si la persona se hallare aún detenida» deberá ser puesta en libertad.
51.      En segundo término, la importancia del control jurisdiccional del mantenimiento en detención se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Antes de nada, en la sentencia Lanigan, (12) el Tribunal de Justicia declaró que el hecho de que el Estado miembro de ejecución haya rebasado los plazos del artículo 17 de la Decisión Marco 2002/584 no prohíbe, por sí mismo, el mantenimiento de la detención de la persona buscada. No obstante, recordó la exigencia, derivada del artículo 6 de la Carta, de un control judicial efectivo que garantice que la duración de la detención no resulte excesiva a la vista de la progresión del procedimiento. (13)
52.      Este enfoque se ve confirmado por la sentencia Vilkas. (14) En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia precisa que el artículo 23, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584 no impone necesariamente la puesta en libertad cuando, por causa de fuerza mayor, la entrega no puede tener lugar dentro de los diez días siguientes a una nueva fecha acordada. No obstante, mediante remisión al artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584, corresponde a la autoridad judicial de ejecución apreciar, de conformidad con el Derecho nacional, si el interesado debe permanecer detenido. (15)
53.      La sentencia TC (16) también ilustra el papel central del juez en la apreciación del mantenimiento en detención a la luz del plazo de 90 días establecido en el artículo 17, apartados 3 y 4, de la Decisión Marco 2002/584. En la línea de la sentencia Lanigan, el Tribunal de Justicia reconoce en la sentencia TC que el procedimiento de ejecución de la orden de detención europea puede continuar más allá de la expiración del plazo fijado por la Decisión Marco 2002/584. Considera que una obligación general e incondicional de puesta en libertad provisional en esta fase comprometería la eficacia del mecanismo de entrega. (17) No obstante, el Tribunal de Justicia subraya que el mantenimiento en detención más allá de ese plazo debe conciliarse con las garantías previstas en el artículo 6 de la Carta y en el artículo 5 del CEDH. Remitiéndose a los apartados 57 a 59 de la sentencia Lanigan, precisa que la prolongación de la duración de la detención solo puede tener lugar «con ciertas condiciones», lo que implica un control concreto, continuo y motivado por la autoridad judicial de ejecución sobre la necesidad y la proporcionalidad de la medida privativa de libertad. (18) Así pues, de la sentencia TC se desprende que la exigencia de un examen judicial individualizado del mantenimiento en detención se impone durante toda la fase de ejecución y requiere, en cada etapa, una comprobación efectiva de la justificación de la privación de libertad.
54.      Este enfoque se ve confirmado por la sentencia CJ, en la que el Tribunal de Justicia declaró que la decisión de suspender la entrega de la persona buscada, de conformidad con el artículo 24 de la Decisión Marco 2002/584, con el fin de permitir bien el ejercicio de acciones penales, bien la ejecución de una pena en el Estado miembro de ejecución, es competencia exclusiva de la autoridad judicial de ejecución, como prevé expresamente el artículo 24, apartado 1, de aquella. (19)
55.      De toda esta jurisprudencia se desprende que el artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584 consagra la exigencia de una apreciación judicial individualizada, motivada y susceptible de revisión, relativa a la necesidad del mantenimiento en detención. Esta apreciación debe basarse en las circunstancias concretas del procedimiento, teniendo en cuenta la posibilidad de recurrir a medidas menos restrictivas. De este modo, una normativa nacional que estableciera la detención como consecuencia automática de la decisión de ejecutar una orden de detención europea sería contraria al sistema de la Decisión Marco 2002/584 y vaciaría de contenido el artículo 12 de dicha Decisión Marco.
56.      En tercer y último lugar, la conclusión que se deriva de la interpretación sistemática del artículo 12 de dicha Decisión Marco, aclarada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se ve respaldada por la interpretación teleológica de dicho artículo, que pone de relieve la finalidad propia del mecanismo establecido por la Decisión Marco 2002/584. (20)
57.      Desde el punto de vista teleológico, procede recordar que la interpretación del artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584 y su aplicación en el litigio principal deben entenderse a la luz del equilibrio intrínseco en el que se basa la orden de detención europea: por un lado, la rapidez y la simplicidad procesales, garantizadas por el principio de reconocimiento mutuo; por el otro, la salvaguardia efectiva de los derechos fundamentales y las garantías jurisdiccionales. (21)
58.      En lo tocante al primer aspecto, el considerando 5 de la Decisión Marco 2002/584 subraya que esta tiende a establecer un sistema simplificado de entrega entre autoridades judiciales, que tiene por objeto suprimir la complejidad y los retrasos inherentes a los procedimientos de extradición anteriores. (22) Desde este punto de vista, de conformidad con el principio de reconocimiento mutuo, piedra angular de la cooperación judicial en materia penal, (23) el artículo 1, apartado 2, de la Decisión Marco 2002/584 plantea como regla el reconocimiento y la ejecución automáticas de las órdenes de detención europeas emitidas por otro Estado miembro. (24)
59.      Pero este principio de confianza mutua tiene como contrapartida esencial el respeto de los derechos fundamentales. El artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584 recuerda expresamente que esta no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios generales del Derecho consagrados en el artículo 6 TUE. (25) Estos derechos comprenden, ante todo, el derecho a la libertad, garantizado por el artículo 6 de la Carta, a cuya luz debe interpretarse el artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584. (26) En virtud del artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación a este derecho debe ser necesaria y proporcionada al objetivo perseguido, así como estar rodeada de garantías efectivas de control.
60.      Además, de conformidad con el artículo 52, apartado 3, de la Carta, los derechos que contiene y que corresponden a los garantizados por el CEDH deben tener el mismo sentido y alcance que este. El artículo 53 de la Carta confirma que esta no puede interpretarse en el sentido de que limita los derechos reconocidos por el CEDH. Pues bien, la orden de detención europea se inscribe en el supuesto contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH, relativo a la detención conforme a Derecho de una persona contra la que esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición. (27)
61.      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal EDH, toda privación de libertad debe ser «legal», lo que implica no solamente que ha de tener una base legal, sino también que la ley ha de ser accesible, precisa y previsible en su aplicación, para evitar cualquier riesgo de arbitrariedad. (28)
62.      Más concretamente, el artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH tiene por objeto la privación de libertad de una persona, bien para impedir su entrada irregular en el territorio, bien con vistas a la preparación de su expulsión o extradición.
63.      En el supuesto previsto en el artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH, similar al que es objeto del presente asunto, el Tribunal EDH ejerce un control limitado en cuanto a la procedencia del motivo de detención, a saber, la existencia de un procedimiento de expulsión o de extradición. En cambio, vela por el estricto respeto de las garantías sustanciales y procedimentales que deben regir esta privación de libertad, en particular del principio de proporcionalidad. Como ha recordado en un asunto que se refiere específicamente a la ejecución de una orden de detención europea, «en términos de la “regularidad” de la detención, incluida la observación de “cauces legales”, el [CEDH] esencialmente se refiere a la obligación de observar tanto las normas de fondo como de procedimiento de la legislación nacional, pero también exige la conformidad de toda privación de libertad con el fin del artículo 5: proteger al individuo contra la arbitrariedad». (29)
64.      En particular, según la jurisprudencia del Tribunal EDH, el artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH no exige que la detención se considere razonablemente necesaria, por ejemplo, para prevenir la comisión de una infracción o el riesgo de fuga. El Tribunal EDH ha precisado que el artículo 5, apartado 1, letra f), ofrece un nivel de protección distinto del previsto en el artículo 5, apartado 1, letra c): (30) todo lo que se exige en virtud de la letra f) es que «se tomen medidas con vistas a la expulsión o extradición». Así pues, el Tribunal EDH ha declarado reiteradamente que, a efectos de la aplicación de esta disposición, poco importa que la decisión de expulsión o extradición subyacente pueda justificarse a la luz del Derecho nacional o del CEDH. (31)
65.      Sin embargo, el Tribunal EDH ejerce, en relación con el artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH, un control específico, aunque no exhaustivo, de proporcionalidad. Así pues, el Tribunal EDH considera que la detención basada en el artículo 5, apartado 1, letra f), debe llevarse a cabo de buena fe, debe estar estrechamente relacionada con el motivo de detención invocado, el lugar y las condiciones de detención deben ser apropiadas y la duración de esta medida no debe exceder del plazo razonable necesario para alcanzar el objetivo perseguido. (32) Además, la detención solo está justificada si el procedimiento de expulsión o de extradición se lleva a cabo con diligencia; cuando las autoridades se vuelven inactivas, la privación de libertad deja de estar cubierta por esta disposición. (33)
66.      Por último, el Tribunal EDH subraya, lo que es importante en relación con la cuestión prejudicial planteada en el litigio principal, que el CEDH consagra también garantías procedimentales que permiten al interesado impugnar la legalidad y la duración de su detención, previniendo así cualquier riesgo de arbitrariedad. (34)
67.      Por consiguiente, el papel del juez sigue siendo fundamental —incluso en el marco del artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH, que no impone un control intensivo de proporcionalidad—, ya que es mediante el control judicial como es posible determinar si la detención ordenada en la ejecución de una resolución de extradición o de expulsión es conforme con las exigencias de dicha disposición.
68.      Pasemos ahora al contexto del litigio principal y a la cuestión de si la normativa nacional controvertida cumple las exigencias derivadas del artículo 6 de la Carta, tal como debe interpretarse a la luz del artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH. No puede negarse que una disposición legislativa de alcance general, como la controvertida en el litigio principal, parece responder a las exigencias de claridad, previsibilidad y accesibilidad. (35) Sin embargo, me parece que la restricción al derecho a la libertad que establece no puede considerarse proporcionada al objetivo perseguido.
69.      En efecto, para que una detención sea proporcionada al objetivo perseguido, el procedimiento de entrega debe llevarse a cabo con diligencia, la privación de libertad debe ser estrictamente necesaria para alcanzar dicho objetivo y las autoridades deben haber considerado medidas menos intrusivas antes de recurrir a la detención. Pues bien, estas exigencias solo pueden garantizarse mediante un control judicial efectivo, que es el único que puede garantizar a la persona de que se trate la aplicación real del principio de proporcionalidad.
70.      Dicho de otro modo, una disposición nacional que tenga por efecto «atar las manos del juez» y hacer del mantenimiento en detención la consecuencia de un automatismo no puede, por su propia naturaleza, ser compatible con el principio de proporcionalidad. Una norma de ese tipo excluye cualquier examen de los elementos necesarios para demostrar que la detención es proporcionada al objetivo perseguido por la entrega y por la Decisión Marco 2002/584.
71.      En conclusión, la interpretación sistemática, y más aún teleológica, de la Decisión Marco 2002/584 lleva a estimar que, aun suponiendo que no existiese su artículo 12, una disposición nacional como la controvertida en el litigio principal no podría, en ningún caso, considerarse conforme con el principio de proporcionalidad. En otras palabras, la rapidez y la eficacia de la cooperación judicial no pueden lograrse a costa de automatizar la privación de libertad.
72.      A este respecto, procede desestimar la alegación formulada, en particular, por el Gobierno checo en la vista, según la cual un encarcelamiento «de principio» se justifica por la brevedad de los plazos de ejecución de la orden de detención europea, así como la alegación formulada por los Gobiernos búlgaro y húngaro, basada en la necesidad de garantizar la entrega de la persona buscada. En mi opinión, ninguna privación de libertad es legítima por sí misma. Solo lo es a condición de que sea revisable en todo momento y se limite a lo estrictamente necesario cuando no exista ninguna medida menos lesiva que permita alcanzar el objetivo perseguido.
73.      Sin duda alguna, las garantías procedimentales previstas en la Decisión Marco 2002/584, mencionadas en particular por los Gobiernos búlgaro, húngaro y checo en sus observaciones —como los plazos breves establecidos en el artículo 17 de la Decisión Marco 2002/584 relativos a la Decisión de Ejecución, la obligación de puesta en libertad prevista en el artículo 23, apartado 5, de dicha Decisión Marco, o incluso la toma en consideración del tiempo de detención en el Estado miembro de ejecución por el Estado miembro emisor— constituyen garantías importantes. Sin embargo, por las razones ya expuestas, no pueden compensar la falta de un control judicial efectivo sobre el mantenimiento en detención de la persona de que se trate. Solo un examen individualizado por el juez permite dar pleno efecto al artículo 12 de la Decisión Marco 2002/584 y garantizar la aplicación concreta del principio de proporcionalidad, verificando la necesidad efectiva o no de la detención.
74.      En conclusión, considero que los artículos 12 y 23, apartado 5, de la Decisión Marco 2002/584, interpretados a la luz del artículo 6 de la Carta y del artículo 5 del CEDH, se oponen a una normativa nacional que obliga a la autoridad judicial de ejecución, cuando decide reconocer una orden de detención europea y ordenar su ejecución, a dictar automáticamente una resolución de detención de la persona buscada hasta su entrega efectiva, sin un examen individualizado de las circunstancias del caso concreto.
Sobre la segunda parte de la cuestión prejudicial
75.      Procede determinar si la Decisión Marco 2002/584 autoriza la detención en un centro penitenciario hasta la entrega del interesado en el marco de la ejecución de una orden de detención europea.
76.      Considero que procede responder afirmativamente a esta cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente.
77.      En primer lugar, contrariamente a otros actos del Derecho de la Unión, (36) ninguna disposición de la Decisión Marco 2002/584 prevé que la detención con fines de ejecución de una orden de detención europea deba tener lugar en un tipo de centro distinto de un centro penitenciario.
78.      En segundo lugar, como se desprende del punto 10 de las presentes conclusiones, de conformidad con el artículo 26, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, el Estado miembro emisor deducirá del período total de privación de libertad que debería cumplirse en el Estado miembro emisor como consecuencia de una condena a una pena o medida de seguridad privativas de libertad cualquier período de privación de libertad derivado de la ejecución de una orden de detención europea. Ello sugiere, en mi opinión, que la detención en el Estado miembro de ejecución a efectos de la ejecución de una orden de detención europea es asimilable a la detención en un centro penitenciario del Estado miembro emisor a efectos de la ejecución de una pena privativa de libertad.
79.      En tercer lugar, procede recordar, como se ha indicado en el punto 60 anterior, que, en la medida en que la Carta enuncia derechos correspondientes a derechos garantizados por el CEDH, el artículo 52, apartado 3, de la Carta establece que su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Por lo tanto, a la hora de interpretar el artículo 6 de la Carta debe tenerse en cuenta el artículo 5, apartado 1, del CEDH.
80.      En efecto, la jurisprudencia del Tribunal EDH respalda la línea de razonamiento expuesta en los puntos 77 y 78 anteriores. (37) Es cierto que, como se ha recordado en el punto 65 de las presentes conclusiones, en el contexto del artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH, el lugar y las condiciones de detención de la persona de que se trate deben ser «apropiadas» para alcanzar el objetivo perseguido. Esta exigencia se inscribe en una jurisprudencia que, en particular en materia de expulsión, subraya que la medida afecta a extranjeros que no están detenidos por una infracción penal y que, a menudo, han huido de su país por temor a perder la vida. (38)
81.      ¿Cabe deducir de ello, sin embargo, que el internamiento en un centro penitenciario estaría, por principio, prohibido? No lo creo. Esta jurisprudencia del Tribunal EDH exige más bien que el régimen de detención refleje el carácter no punitivo de la medida y que sea adecuado a su finalidad administrativa, lo que supone el respeto de unas condiciones materiales dignas y la toma en consideración de las posibles vulnerabilidades de la persona de que se trate. (39)
82.      Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal EDH confirma que las infracciones constatadas, más que a la calificación jurídica del régimen aplicable, se refieren, ante todo, a las condiciones concretas de detención, como la superpoblación, la higiene y el acceso a la atención médica, al aire libre o al mantenimiento de los vínculos familiares, y a la falta de garantías procedimentales. Así, a modo de ejemplo, en la sentencia Suso Musa c. Malta, el Tribunal EDH, al examinar la detención prolongada de un solicitante de asilo, señaló que la violación resultaba del carácter irracional de la duración de la detención y de las preocupantes condiciones materiales constatadas en varios informes internacionales, sin cuestionar por ello la naturaleza del centro en el que se encontraba recluido el interesado. (40)
83.      Por otra parte, en su sentencia Zaloilo c. Países Bajos de 12 de junio de 2018, el Tribunal EDH confirmó este enfoque funcional. Declaró que, en el momento de los hechos, en los Países Bajos había tres centros destinados específicamente al internamiento de extranjeros, si bien el Derecho nacional permitía, en su caso, su ingreso en un centro penitenciario ordinario. En el caso de autos, la comisión de apelación había considerado que el traslado del demandante estaba justificado por consideraciones operativas relacionadas con su comportamiento, dado que ya no era posible mantenerlo en el centro de Róterdam, velando al mismo tiempo porque se tuviera en cuenta su condición de detenido por motivos de inmigración. En estas circunstancias, el Tribunal EDH no señaló ninguna apariencia de arbitrariedad. (41)
84.      De la jurisprudencia del Tribunal EDH se desprende que el internamiento en una instalación dependiente de la administración penitenciaria no es, en sí mismo, contrario al CEDH. Lo que importa para dicho órgano jurisdiccional es la conformidad de la medida con su finalidad de expulsión, las condiciones materiales de detención y la diligencia de las autoridades en la tramitación del procedimiento. De este modo, se hace hincapié en la adecuación concreta entre la naturaleza administrativa de la privación de libertad y las modalidades de su aplicación.
85.      A la vista de todo lo anterior, considero que la Decisión Marco 2002/584 no se opone a la detención de la persona buscada en un centro penitenciario hasta su entrega al Estado miembro emisor. No es menos cierto que las autoridades del Estado miembro de ejecución están obligadas a respetar las obligaciones derivadas del artículo 4 de la Carta, interpretado a la luz del artículo 3 del CEDH, velando por que la detención respete la dignidad humana y el carácter no punitivo de la medida.
Conclusión
86.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria) del siguiente modo:
La Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, interpretada a la luz del artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del artículo 5 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
debe interpretarse en el sentido de que:
–        se opone a una normativa nacional que obliga a la autoridad judicial de ejecución, cuando decide reconocer una orden de detención europea y ordenar su ejecución, a dictar automáticamente una resolución de detención de la persona buscada hasta su entrega efectiva, sin un examen individualizado de las circunstancias del caso concreto;
–        no se opone a la detención de la persona buscada en un centro penitenciario hasta su entrega al Estado miembro emisor. No es menos cierto que las autoridades del Estado miembro de ejecución están obligadas a respetar las obligaciones derivadas del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, interpretado a la luz del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, velando por que la detención respete la dignidad humana y el carácter no punitivo de la medida.
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      DO 2002, L 190, p. 1.
3      DO 2009, L 81, p. 24.
4      DV n.º 46, de 3 de junio de 2005, en su última versión publicada en el DV n.º 18, de 1 de marzo de 2024.
5      DV n.º 25, de 3 de abril de 2009, en su versión publicada en el DV n.º 84, de 6 de octubre de 2023.
6      Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). Según el artículo 5, apartado 1, letra c), del CEDH: «Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley:
[…]
c)      Si ha sido detenido y privado de libertad, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido[.]»
7      Véase el artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584.
8      Véase, a este respecto, Bot, S., Le mandat d’arrêt européen, Larcier, Bruselas, 2009, en particular p. 427, n.º 551, que ofrece algunos ejemplos de la transposición de esta disposición al Derecho nacional.
9      El subrayado es mío.
10      El subrayado es mío.
11      El subrayado es mío.
12      Sentencia de 16 de julio de 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, en lo sucesivo, «sentencia Lanigan», EU:C:2015:474).
13      Sentencia Lanigan (apartados 54 y 58).
14      Sentencia de 25 de enero de 2017, Vilkas (C‑640/15, en lo sucesivo, «sentencia Vilkas», EU:C:2017:39).
15      Sentencia Vilkas (apartados 41 y 42).
16      Sentencia de 12 de febrero de 2019, TC (C‑492/18 PPU, en lo sucesivo, «sentencia TC», EU:C:2019:108).
17      Sentencia TC, apartados 49 y 50).
18      Sentencia TC (apartado 64).
19      Sentencia de 8 de diciembre de 2022, CJ (Suspensión de la decisión de entrega en razón de diligencias penales) (C‑492/22 PPU, en lo sucesivo, «sentencia CJ», EU:C:2022:964). Remitiéndose al apartado 43 de la sentencia Vilkas, el Tribunal de Justicia considera que, de conformidad con el artículo 6 de la Carta, la autoridad judicial de ejecución debe llevar a cabo un control concreto de la situación en cuestión para asegurarse de que «el procedimiento de entrega se ha tramitado de manera suficientemente diligente y, por tanto, [de que] la duración de la detención no es excesiva» (apartado 82).
20      Como señalan Lenaerts,
K., y Gutiérrez‑Fons, J.‑A., en Les méthodes d’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne, Bruylant, Bruselas, 2020, p. 55, n.º 58, «la méthode téléologique et la méthode systématique sont souvent fortement liées, cette dernière aidant à déceler l’objectif de la disposition du droit de l’Union en cause. Autrement dit, c’est l’économie générale du traité (ou de l’acte de droit dérivé en question) qui permet à la Cour de clarifier l’objectif poursuivi par celui-ci» [el método teleológico y el método sistemático están a menudo fuertemente interrelacionados, ya que este último ayuda a detectar el objetivo de la disposición del Derecho de la Unión de que se trata. Dicho de otro modo, es el sistema general del Tratado (o del acto de Derecho derivado en cuestión) el que permite al Tribunal de Justicia aclarar el objetivo perseguido por este] (traducción libre).
21      Véase, sobre la cuestión del respeto de los derechos fundamentales en la ejecución de la orden de detención europea, Bot, S., Le mandat d’arrêt européen, Larcier, Bruselas, 2009, pp. 410 a 433.
22      Véase, a este respecto, la sentencia Vilkas (apartado 31).
23      Véase el considerando 6 de la Decisión Marco 2002/584.
24      Véase la sentencia Lanigan (apartado 36 y jurisprudencia citada).
25      Véase la sentencia CJ (apartado 87), en la que el Tribunal de Justicia señaló que, aun cuando el tenor del artículo 24, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584 no impone ningún requisito adicional para el ejercicio, por parte de la autoridad judicial de ejecución, de la facultad de adoptar una decisión de suspensión de la entrega (distinto del requisito de que dicha decisión tenga por objeto permitir el ejercicio de acciones penales o la ejecución de una pena por hechos distintos del que motivó la orden de detención europea), esta Decisión Marco debe interpretarse de conformidad con los derechos fundamentales.
26      Véase la sentencia Lanigan (apartados 53 y 54).
27      Véanse las sentencias de 28 de enero de 2021, Spetsializirana prokuratura (Declaración de derechos) (C‑649/19, EU:C:2021:75), apartado 55; de 30 de junio de 2022, Spetsializirana prokuratura (Información sobre la decisión nacional de detención) (C‑105/21, EU:C:2022:511), apartados 55 y 56, y CJ (apartado 80).
28      Véase la sentencia TC (apartado 58). Véase también, Tribunal EDH, sentencia de 19 de mayo de 2016, J. N. c. Reino Unido (CE:ECHR:2016:0519JUD003728912), § 77. En general, sobre el artículo 5 del CEDH, véase von Arnim, D., «Artikel 5. Recht auf Freiheit und Sicherheit», en Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention. EMRK-Kommentar, N. P. Engel Verlag, Kehl am Rhein, 2024, 4a ed., pp. 181 a 287.
29      Véase Tribunal EDH, sentencia de 17 de abril de 2018, Pirozzi c. Bélgica (CE:ECHR:2018:0417JUD002105511), § 45.
30      Para el contenido de este artículo, véase la nota 6 del punto 28 de las presentes conclusiones.
31      Véanse, Tribunal EDH, sentencias de 15 de noviembre de 1996, Chahal c. Reino Unido [GC] (CE:ECHR:1996:1115JUD002241493), § 112, y de 23 de octubre de 2008, Soldatenko c. Ucrania (CE:ECHR:2008:1023JUD000244007), § 109.
32      Véanse, Tribunal EDH, sentencias de 20 de diciembre de 2011, Yoh-Ekale Mwanje c. Bélgica (CE:ECHR:2011:1220JUD001048610), § 117 a 119, y de 9 de abril de 2024, Lazăr c. Rumanía (CE:ECHR:2024:0409JUD002018321), § 108 a 111.
33      Véanse, Tribunal EDH, sentencias de 15 de diciembre de 2016, Khlaifia y otros c. Italia [GC] (CE:ECHR:2016:1215JUD001648312), § 90, y de 24 de enero de 2022, Sy c. Italia (CE:ECHR:2022:0124JUD001179120), § 79 (el asunto se refería precisamente a la detención en ejecución de una orden de detención europea).
34      Véase, en particular, Tribunal EDH, 17 de julio de 2014, Kim c. Rusia (CE:ECHR:2014:0717JUD004426013), § 53. El asunto versaba sobre la detención en proceso de expulsión de un apátrida, nacido en la República Socialista Soviética de Uzbekistán, a pesar de la falta de perspectivas realistas de ejecución de la expulsión y de la falta de diligencia de las autoridades en la tramitación del procedimiento. En particular, el Tribunal EDH admitió, antes de nada, que las autoridades rusas estaban obligadas a examinar si la detención con vistas a la expulsión estaba o seguía estando justificada. Esta obligación revestía especial importancia en el caso del demandante, apátrida y sin recursos, que se encontraba en una situación de gran vulnerabilidad. Sin embargo, no disponía de ningún recurso efectivo para impugnar la legalidad o la duración de su detención y no se había previsto ninguna garantía jurídica o práctica para prevenir el riesgo de arbitrariedad. Así pues, el sistema ruso no preveía ningún mecanismo de control jurisdiccional que permitiera evitar una detención arbitraria, mientras que la medida denominada «preventiva» se había revelado más severa que la pena máxima de 30 días, prevista para la infracción.
35      Véanse, por analogía, las sentencias de 15 de marzo de 2017, Al Chodor (C‑528/15, EU:C:2017:213), apartado 43; de 12 de febrero de 2019, TC (apartados 61 y 66), y de 10 de marzo de 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2022:178), apartado 62.
36      Véase, por ejemplo, la sentencia de 10 de marzo de 2022, Landkreis Gifhorn (C‑519/20, EU:C:2022:178), apartados 34, 36 y 45, en la que el Tribunal de Justicia señaló que el artículo 16, apartado 1, primera frase, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98), establece el principio según el cual el internamiento a efectos de expulsión de nacionales de terceros países en situación irregular se efectúa en centros de internamiento especializados. El Tribunal de Justicia declaró que tales centros se distinguen de los centros penitenciarios, lo que implica que las condiciones de internamiento en esos centros deben presentar ciertas particularidades respecto de las condiciones normales de ejecución de las penas privativas de libertad en centros penitenciarios para que el régimen se considere adaptado a la situación legal de esos nacionales. En particular, las condiciones de internamiento aplicables en tal centro deben ser tales que eviten, en la medida de lo posible, que el internamiento de dicho nacional se asemeje a una reclusión en un entorno carcelario, propio de una detención con fines punitivos.
37      Sobre la jurisprudencia del Tribunal EDH sobre el artículo 5, apartado 1, letra f), del CEDH, véase, en particular, von Arnim,
D., «Artikel 5. Recht auf Freiheit und Sicherheit», en Frowein/Peukert, Europäische MenschenRechtsKonvention. EMRK-Kommentar, N. P. Engel Verlag, Kehl am Rhein, 2024, 4a ed., pp. 236 a 238, n.os 151 a 158.
38      Véanse, Tribunal EDH, sentencias de 29 de enero de 2008, Saadi c. Reino Unido [GC] (CE:ECHR:2006:0711JUD001322903), § 74; de 23 de julio de 2013, Suso Musa c. Malta (CE:ECHR:2013:0723JUD004233712), § 93; de 4 de abril de 2017, Thimothawes c. Bélgica (CE:ECHR:2017:0404JUD003906111), § 64, y de 25 de enero de 2018, J. R. y otros c. Grecia (CE:ECHR:2018:0125JUD002269616), § 110.
39      Véase, Tribunal EDH, sentencia de 4 de abril de 2017, Thimothawes c. Bélgica (CE:ECHR:2017:0404JUD003906111), § 73, 79 y 80.
40      Tribunal EDH, 23 de julio de 2013, Suso Musa c. Malta (CE:ECHR:2013:0723JUD004233712), § 101.
41      Tribunal EDH, sentencia de 12 de junio de 2018, Zaloilo c. Países Bajos (CE:ECHR:2018:0612DEC006003512), § 39 a 41.