Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 8 de mayo de 2025 (1)
Asunto C‑698/23 P
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)
contra
Parlamento Europeo
Consejo de la
Unión Europea
con intervención de:
República Federal de Alemania
República Francesa
Comisión Europea
« Recurso de casación — Derecho institucional — Tratamiento de datos de carácter personal por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) — Reglamento (UE) 2016/794 — Reglamento (UE) 2022/991 — Prerrogativas institucionales del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) — Recurso de anulación — Legitimación — Artículo 263 TFUE »
1.        Este recurso de casación tiene por objeto el auto del Tribunal General de 6 de septiembre de 2023, SEPD/Parlamento y Consejo, (2) que declaró inadmisible el recurso de anulación interpuesto por el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) contra los artículos 74 bis y 74 ter del Reglamento (UE) 2016/794, (3) en la versión modificada por el Reglamento (UE) 2022/991. (4)
2.        En su recurso ante el Tribunal General, el SEPD había alegado que los preceptos impugnados legalizan retroactivamente determinadas prácticas de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) en materia de protección de datos, contra las que el propio SEPD había reaccionado en una resolución de 3 de enero de 2022.
3.        Para el SEPD, la eficacia de su resolución de 3 de enero de 2022 contra Europol quedaría anulada de facto en virtud de la reforma del Reglamento 2016/794 llevada a cabo por el Reglamento 2022/991. A su juicio, las nuevas disposiciones (5) vulneran su independencia y menoscaban sus competencias como autoridad de control.
4.        En el auto ahora impugnado, el Tribunal General resolvió, en síntesis, que el SEPD:
–        No disfruta de la legitimación atribuida a los Estados miembros y a ciertas instituciones de la Unión por el artículo 263 TFUE, párrafos segundo y tercero.
–        Sólo podría cuestionar la validez de los preceptos controvertidos si cumpliera los requisitos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, lo que no sucede en este caso.
I.      Antecedentes del litigio
5.        Los antecedentes del litigio se describen en los apartados 2 a 13 del auto recurrido, de los que transcribo los siguientes:
«2      Tras una pesquisa por iniciativa propia y una decisión de amonestación de 17 de septiembre de 2020, el SEPD adoptó, el 3 de enero de 2022, una resolución contra [Europol] con arreglo al artículo 43, apartado 3, letra e), del Reglamento Europol inicial en la que declaraba que, “al establecer el almacenamiento continuado de conjuntos de datos sin categorización, el plan de acción presentado por Europol no [abordaba] la infracción declarada en la decisión de amonestación de 17 de septiembre de 2020” y que “el tratamiento por Europol de conjuntos de datos sin categorización […] con el único fin de extraer información pertinente de conformidad con el artículo 18, apartados 3 y 5, y con el anexo II.B del Reglamento Europol [inicial], [(6)] así como con los principios de minimización de datos y de limitación de la conservación de datos [artículo 28, apartado 1, letras c) y e), del Reglamento Europol [inicial]], no [podía] superar un período máximo de seis meses a partir de la fecha de recepción de la contribución”.
–        3      Al llevar a cabo este razonamiento, el SEPD indicó, en particular, que, “dado que no existe una disposición legal explícita que determine el período de conservación de los datos personales tratados a tal efecto, […] [era] necesario proceder a una interpretación por analogía del artículo 18, apartado 6, del Reglamento [Europol inicial]”. [(7)]
–        4      Así pues, de la resolución de 3 de enero de 2022 se infiere que el SEPD instó a Europol, en esencia, a que procediera, en relación con cada una de las contribuciones recibidas a partir del 4 de enero de 2022, a categorizar a los interesados, en el sentido del artículo 18, apartado 5, del Reglamento Europol inicial, en un plazo de seis meses a partir de la fecha de recepción de la contribución y en un plazo de doce meses en relación con los conjuntos de datos existentes a 3 de enero de 2022, plazos más allá de los cuales Europol estaba obligada a suprimir tales datos.
[…]
–        8      El 8 de junio de 2022, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptaron el Reglamento Europol modificado. La redacción de los artículos 74 bis
y 74 ter quedó confirmada en tal Reglamento.
–        9      Estos artículos establecen, en esencia, las condiciones en [las] que Europol procede, en un plazo determinado, a categorizar los conjuntos de datos que obren en su poder en el momento de la entrada en vigor del Reglamento Europol modificado y especifican las condiciones y los procedimientos conforme a los cuales se autoriza en apoyo de una investigación penal en curso el tratamiento de datos personales que no atañan a las categorías de interesados enumeradas en el anexo II del Reglamento Europol modificado y que hayan sido facilitados a Europol antes del 28 de junio de 2022.
[…]
–        10      El 15 de junio de 2022, el SEPD, al considerar que el alcance de su resolución de 3 de enero de 2022 y de los artículos 74 bis y 74 ter del Reglamento Europol modificado no era el mismo, solicitó al Parlamento, al Consejo y a la Comisión [Europea] que le facilitaran documentos relativos a la existencia de una vinculación entre las disposiciones del Reglamento Europol modificado y el ejercicio previo de sus competencias de control. El Parlamento y el Consejo respondieron a esta solicitud mediante escritos de 12 de julio y de 25 de julio de 2022, respectivamente.
–        11      En el documento n.º 5370/22 del Consejo, de 24 de enero de 2022, sobre la preparación para el diálogo a tres bandas, se indica que “la reciente resolución del [SEPD,] que podría tener consecuencias operativas sobre la acción de Europol, confirma la necesidad de una rápida adopción del Reglamento”, que “la Presidencia propuso a las delegaciones que se incluyera un nuevo artículo 74 [bis] cuyo objetivo fuera aclarar en mayor medida la situación de los datos actualmente en posesión de Europol, en particular en el contexto de la resolución del SEPD de 3 de enero de 2022 antes mencionada” y que “numerosas delegaciones acogieron favorablemente los principios de esta propuesta en la reunión del 19 de enero [de 2022], pero resulta necesaria una aprobación por el Comité debido a su reciente presentación y al reto que, tras la resolución del SEPD, este tema representa”.
–        12      Mediante escrito de 15 de julio de 2022, el SEPD preguntó a Europol si, a la vista de los artículos 74 bis y 74 ter del Reglamento Europol modificado, seguía aplicándose su resolución de 3 de enero de 2022 o si Europol consideraba que los referidos preceptos habían sustituido o modificado el alcance de la citada resolución.
–        13      Mediante escrito de 22 de agosto de 2022, Europol respondió al SEPD, en esencia, que seguía aplicando determinados puntos de la resolución de 3 de enero de 2022, pero que, en ese momento, no estaba en condiciones de comentar la situación a 3 de enero de 2023 ni la presentación de nuevos informes de aplicación en virtud de tal resolución. Este escrito menciona igualmente el hecho de que los artículos 74 bis y 74 ter del Reglamento Europol modificado no se aplicaron a determinadas contribuciones que habían sido suprimidas».
II.    Procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido
6.        En su recurso ante el Tribunal General, el SEPD instó la anulación de las disposiciones transitorias controvertidas.
7.        En su escrito de contestación, el Parlamento solicitó al Tribunal General la desestimación del recurso.
8.        Por su parte, el Consejo opuso una excepción de inadmisibilidad del recurso basada en «[…] dos motivos. […] Por un lado, que el recurso es inadmisible, puesto que el SEPD no figura mencionado en el artículo 263 TFUE, párrafos segundo y tercero, ni tampoco en virtud de la sentencia […] Parlamento/Consejo [(8)] y, por otro lado, que el SEPD no está directa e individualmente afectado en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto». (9)
9.        En cuanto a esta objeción de inadmisibilidad, el SEPD sostuvo:
–        «Con carácter principal, que su legitimación para interponer un recurso de anulación al amparo del artículo 263 TFUE está justificada por la necesidad de disponer de un recurso judicial en defensa de sus prerrogativas institucionales, en particular su independencia como autoridad de control conforme al artículo 8, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [(Carta)] y el equilibrio institucional entre el papel de las autoridades de control y el papel del legislador. A este respecto, indica que tiene legitimación activa en virtud de la jurisprudencia derivada de la sentencia [Parlamento/Consejo], que, a su entender, ha de aplicarse por analogía al presente asunto, puesto que tal sentencia demuestra que la protección de las prerrogativas institucionales permite, de forma excepcional, que una institución las defienda sin que deba exigírsele que cumpla los requisitos de admisibilidad aplicables a las personas físicas o jurídicas con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto». (10)
–        «[…] Con carácter subsidiario, el SEPD alega que los preceptos impugnados le afectan directa e individualmente y que tiene un interés claro y efectivo en su anulación […]». (11)
10.      El Tribunal General ha inadmitido el recurso del SEPD por las siguientes razones:
–        En primer lugar, el SEPD, aun siendo un órgano de la Unión dotado de un estatuto particular, no figura ni entre las partes demandantes mencionadas en el artículo 263 TFUE, párrafos segundo y tercero, ni en la lista de instituciones del artículo 13 TUE, apartado 1.
–        En segundo lugar, frente a la invocación por parte del SEPD de la jurisprudencia derivada de la sentencia Parlamento/Consejo, la legitimación reconocida entonces al Parlamento se explica por la necesidad de colmar la laguna que suponía en aquel tiempo la inexistencia de remedios impugnatorios contra actos de las demás instituciones que pudieran menoscabar las prerrogativas del Parlamento. En el caso del SEPD, sin embargo, éste puede ahora interponer un recurso de anulación sobre la base del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, en la medida en que es un órgano creado mediante un acto de derecho derivado que puede equipararse a una persona jurídica.
–        En tercer lugar, el SEPD, en su condición de órgano de la Unión, puede asimilarse a una persona jurídica en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, de modo que, en cuanto tal, está legitimado para interponer un recurso de anulación contra las disposiciones transitorias controvertidas, siempre que le afecten directa e individualmente.
–        A este último respecto, las disposiciones transitorias controvertidas modifican el régimen jurídico de la protección de datos cuya supervisión corresponde al SEPD, pero no inciden en la naturaleza o en el alcance de las competencias que la legislación de la Unión atribuye al recurrente, por lo que no concurre el requisito de la afectación directa.
–        En consecuencia, dado que las disposiciones transitorias controvertidas no afectan directamente a la situación jurídica del SEPD y que los requisitos de afectación directa y de afectación individual del acto cuya anulación se solicita son acumulativos, el Tribunal General concluye que el recurso es, en parte, inadmisible, y, en parte, manifiestamente inadmisible.
III. El recurso de casación y el procedimiento ante el Tribunal de Justicia
11.      En su recurso de casación, el SEPD interesa:
–        La anulación del auto impugnado.
–        La anulación de las disposiciones transitorias controvertidas.
–        La condena en costas de las partes demandadas en la primera instancia.
12.      El SEPD articula su recurso en un motivo principal y otro subsidiario:
–        Con carácter principal, denuncia una infracción del principio de equilibrio institucional, en el sentido de la sentencia Parlamento/Consejo, y de su derecho a un recurso efectivo para la protección de la prerrogativa de su independencia.
–        A título subsidiario, sostiene que el Tribunal General ha incurrido en error al considerar que el SEPD no se ha visto directamente afectado por las disposiciones transitorias controvertidas, en los términos exigidos por el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
13.      El Parlamento interesa:
–        La desestimación del recurso.
–        La condena en costas del SEPD.
14.      El Consejo interesa:
–        La desestimación del recurso, por ser manifiestamente inadmisible o, a título subsidiario, manifiestamente infundado.
–        La condena en costas del SEPD.
15.      La República Francesa y la Comisión han depositado observaciones escritas en apoyo del Parlamento y del Consejo.
16.      Tras la presentación de sendos escritos de réplica y dúplica, tuvo lugar una vista pública el 11 de marzo de 2025, en la que comparecieron el SEPD, el Parlamento, el Consejo y la Comisión.
IV.    Apreciación
A.      Motivo de casación principal
1.      Alegaciones de las partes
a)      Sobre la admisibilidad
17.      El Consejo propugna la inadmisibilidad de este motivo, por cuanto el SEPD se habría limitado a repetir los argumentos de la primera instancia y a manifestar su desacuerdo con el auto recurrido, sin identificar claramente los errores de derecho denunciados.
18.      El SEPD replica que su recurso identifica específicamente los puntos controvertidos y que, en esta instancia, le cabe contestar la interpretación del derecho realizada por el Tribunal General, cuya motivación sería, además, insuficiente.
b)      Sobre el fondo
19.      El SEPD defiende que el Tribunal General debió reconocerle legitimación para impugnar las disposiciones transitorias controvertidas, con independencia de los requisitos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, pues de otro modo se priva a una autoridad de control independiente, en el sentido del artículo 8, apartado 3, de la Carta, del derecho a recurrir ante un órgano jurisdiccional para preservar el equilibrio institucional.
20.      En apoyo de esta pretensión, el SEPD había traído a colación la sentencia Parlamento/Consejo, que el Tribunal General ha considerado no pertinente por razones que, a juicio del SEPD, carecen de fundamento. Al igual que el Parlamento en el supuesto que dio lugar a aquella sentencia, el SEPD no dispone en la actualidad de ninguna vía de recurso que le permita defender su independencia, protegida por el artículo 8, apartado 3, de la Carta en tanto que componente esencial de la protección de los datos personales.
21.      Para el SEPD, estar dotado de personalidad jurídica, a diferencia del Parlamento en el caso de la sentencia Parlamento/Consejo, no puede privarle de la posibilidad de defender su independencia, comprometida inevitablemente por el carácter retroactivo de las disposiciones transitorias controvertidas.
22.      Lo decisivo, a juicio del SEPD, es que, como declaró el Tribunal de Justicia, se garantice la indemnidad del sistema de distribución de competencias establecido por los Tratados. Este postulado exige que haya vías de recurso accesibles, además de a las instituciones, a un órgano como el SEPD, en aras del principio de equilibrio de poderes.
23.      Que el Tribunal General haya reducido a la vía del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, el remedio impugnatorio accesible al SEPD ha supuesto, según este último, la creación de una laguna en el conjunto del sistema jurisdiccional establecido por los Tratados. Sólo una legitimación general y autónoma puede asegurar la defensa jurisdiccional de las prerrogativas del SEPD en toda circunstancia, sin depender del cumplimiento de condiciones que, como las del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, únicamente concurren en supuestos muy excepcionales. La independencia del SEPD puede verse afectada por medidas que no le conciernan directa e individualmente, pero sean capaces de incentivar un riesgo de «obediencia anticipada».
24.      El SEPD reprocha, asimismo, al Tribunal General que le haya atribuido la pretensión de un derecho «privilegiado» a cuestionar toda legislación en materia de tratamiento de datos personales. Su única intención es, por el contrario, que se reconozca su derecho a defender la prerrogativa de su independencia, en los términos de la sentencia Parlamento/Consejo, y en esa estricta medida oponerse al contenido de un acto legislativo determinado en circunstancias muy específicas.
25.      El Parlamento y el Consejo, apoyados por la Comisión y el Gobierno francés, postulan la desestimación del motivo principal del recurso por cuanto el SEPD no puede recurrir en anulación al margen de las condiciones establecidas en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
26.      A juicio del Parlamento y del Consejo, los términos del artículo 263 TFUE son tajantes: por voluntad de los autores de los Tratados, el SEPD no pertenece al círculo de los legitimados para recurrir sin necesidad de cumplir las condiciones del párrafo cuatro de ese artículo.
27.      El Consejo descarta que exista la laguna denunciada por el SEPD y sostiene que acceder a su pretensión permitiría que éste impugnara potencialmente todo acto legislativo en materia de protección de datos, dificultando la modificación de la legislación al respecto.
28.      El Parlamento, el Consejo y la Comisión coinciden en suscribir la interpretación de la sentencia Parlamento/Consejo asumida por el Tribunal General. Destacan que los Tratados no confieren al SEPD (órgano de derecho derivado al que corresponde una parte del control del derecho de la Unión en materia de protección de datos) una prerrogativa comparable a la discutida en aquel asunto.
29.      La Comisión alega que la interpretación defendida por el SEPD podría aplicarse a todos los órganos y organismos de la Unión, en detrimento de las condiciones del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Condiciones que, interpretadas a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva, no impiden la debida protección de los datos de carácter personal, que es la razón última de la independencia acordada al SEPD, sin necesidad de reconocer a este último una legitimación directa y general.
30.      En todo caso, el Parlamento sostiene que no ha habido menoscabo alguno de la independencia del SEPD, sino ejercicio legítimo de la potestad legislativa para modificar el marco normativo de la protección de los datos personales.
2.      Análisis
a)      Sobre la admisibilidad
31.      Contra el parecer del Consejo, no considero que el motivo principal del recurso de casación sea inadmisible.
32.      Ciertamente, no cumpliría los requisitos de motivación establecidos en los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia un recurso de casación que se limitara a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones formulados ante el Tribunal General. (12)
33.      No obstante, con arreglo a la sentencia Alemania/Comisión, «las cuestiones de derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación, cuando un recurrente cuestiona la interpretación o la aplicación del derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General». (13)
34.      Así ocurre en este caso. Si el SEPD reitera los argumentos esgrimidos en primera instancia para justificar la admisibilidad de su recurso de anulación, lo hace censurando ahora la interpretación del artículo 263 TFUE defendida por el Tribunal General. El SEPD identifica (y critica) los fundamentos de derecho del auto recurrido, indicando de manera precisa los argumentos jurídicos que apoyan su pretensión.
b)      Sobre el fondo
35.      En los apartados 26 a 35 del auto recurrido constan las razones por las que, según el Tribunal General, el SEPD no puede interponer un recurso sin atenerse a las condiciones establecidas en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
36.      El Tribunal General subraya que el SEPD no figura entre las instituciones expresamente legitimadas, en virtud del artículo 263 TFUE, a) para recurrir por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder (párrafo segundo); y b) en el caso de determinadas instituciones, para interponer recursos con el fin de salvaguardar sus prerrogativas (párrafo tercero).
37.      Las partes así legitimadas son, concretamente:
–        Los Estados miembros, el Parlamento, el Consejo y la Comisión, a quienes el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, confiere una legitimación general.
–        El Tribunal de Cuentas, el Banco Central Europeo y el Comité de las Regiones, quienes, en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo tercero, pueden recurrir con el fin de salvaguardar sus propias prerrogativas.
38.      Además de no figurar entre las partes mencionadas en el artículo 263 TFUE, párrafos segundo y tercero, el SEPD tampoco se halla en la lista de las instituciones que enumera el artículo 13 TUE, apartado 1. Con la excepción del Comité de las Regiones, esas instituciones son las mismas a las que el Tratado FUE ha reconocido la legitimación activa que ahora pretende el SEPD, ausente de esa lista. (14)
39.      El SEPD es un órgano de la Unión instituido por una disposición de derecho derivado. (15) En cuanto tal, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no puede considerarse integrado en el concepto de «instituciones»: a tenor del artículo 13 TUE, apartado 1, ese concepto se refiere a un elenco preciso de entidades que no incluye los órganos y organismos de la Unión. (16)
40.      Con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo primero, in fine, está sujeta al control del Tribunal de Justicia «la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros». Sin embargo, tales órganos y organismos no se cuentan entre los sujetos legitimados para instar el ejercicio de la jurisdicción del Tribunal de Justicia a título de los párrafos segundo y tercero del mismo artículo 263 TFUE.
41.      Se trata de una exclusión deliberada, pues, como bien señala el Tribunal General, la inclusión del Comité de las Regiones entre las partes demandantes a las que se refiere el artículo 263 TFUE, párrafo tercero, demuestra que, «pese a que los redactores del Tratado tuvieron en cuenta a otros sujetos distintos de las instituciones en la lista de personas facultadas para defender sus prerrogativas con arreglo a dicha disposición, optaron por no incluir al SEPD». (17)
42.      El SEPD es una autoridad independiente que ha de controlar, a tenor del artículo 16 TFUE, apartado 2, que las instituciones, órganos y organismos de la propia Unión respeten las normas de la Unión en esta materia. (18) Esta circunstancia hace del SEPD un órgano de la Unión dotado de independencia, pero no una institución de la Unión.
43.      El SEPD no acudió al Tribunal de Justicia para impugnar las nuevas disposiciones, como sería obligado si fuera una institución de la Unión. En efecto, el artículo 51, letra b), del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reserva a la competencia de éste los recursos contemplados en el artículo 263 TFUE que haya interpuesto, en particular, una institución de la Unión contra un acto legislativo. Tal modo de actuar revela que el propio SEPD no se consideraba a sí mismo una institución de la Unión.
44.      Lo que el SEPD discute son, más bien, los argumentos del Tribunal General para denegar la aplicación analógica de la sentencia Parlamento/Consejo, que se desarrollan en los apartados 38 a 55 del auto recurrido.
45.      El SEPD parece, pues, admitir, al menos de modo implícito, que el artículo 263 TFUE, párrafos segundo y tercero, abocaría a la solución asumida en el auto recurrido. No obstante, estima que, frente a la literalidad de aquellos dos preceptos, deben prevalecer las consideraciones que llevaron al Tribunal de Justicia, en la sentencia Parlamento/Consejo, a reconocer al Parlamento la legitimación activa entonces discutida.
46.      Comparto, sin embargo, el parecer del Tribunal General sobre este extremo.
47.      La lectura de la sentencia Parlamento/Consejo que hace el Tribunal General le conduce a «recordar» que, en ella, «el Tribunal de Justicia declaró que el texto del artículo 173 del Tratado CEE no ofrecía al Parlamento ninguna posibilidad de impugnar, ante los jueces de la Unión, los actos adoptados por las demás instituciones que pudieran menoscabar sus propias prerrogativas y optó por colmar esta laguna recurriendo al principio general del equilibrio institucional». (19)
48.      En la sentencia Parlamento/Consejo, el Tribunal de Justicia sostuvo que:
–        Las prerrogativas del Parlamento «constituyen uno de los elementos del equilibrio institucional creado por los Tratados [que] han instituido […] un sistema de reparto de competencias entre las distintas instituciones de la [Unión], que atribuye a cada una un ámbito de actuación propio dentro de la estructura institucional de la [Unión] en el marco de la ejecución de las funciones a ellas asignadas». (20)
–        Era preciso «garantizar el mantenimiento del equilibrio institucional, y, por consiguiente, el control jurisdiccional del respeto de las prerrogativas del Parlamento cuando, a tal efecto, este último interponga ante este Tribunal el correspondiente recurso, a través de una vía procesal adaptada al objetivo por aquél perseguido». (21)
–        En aras de esa obligación, incumbía al propio Tribunal de Justicia «garantizar la plena aplicación de las disposiciones de los Tratados relativas al equilibrio institucional y efectuarlo de manera tal que, al igual que las restantes instituciones, no puedan menoscabarse las prerrogativas del Parlamento sin que éste, de manera cierta y eficaz, pueda disponer de una de las vías procesales previstas en los Tratados». (22)
–        «El hecho de que en los Tratados no exista una disposición que confiera al [Parlamento] la legitimación activa para interponer recursos de anulación puede constituir una laguna de orden procesal, pero esta laguna no puede prevalecer contra el interés fundamental en que se mantenga y respete el equilibrio institucional definido por los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas». (23)
49.      En consecuencia, el Tribunal de Justicia reconoció al Parlamento «legitimación activa para interponer […] un recurso de anulación contra un acto del Consejo o de la Comisión, a condición de que el objeto del mismo no sea otro que la salvaguarda de sus prerrogativas propias y que en el mismo se invoquen únicamente motivos basados en la violación de estas últimas». (24)
50.      Las circunstancias del SEPD son muy diferentes de las que concurrían, respecto del Parlamento, en el momento en el que se dictó la sentencia Parlamento/Consejo.
51.      En primer lugar, la sentencia Parlamento/Consejo alude al equilibrio institucional en relación con el reparto de competencia «entre las distintas instituciones de la [Unión]». El SEPD no es una institución de la Unión, como ya he expuesto.
52.      En segundo lugar, en el escenario contemplado por la sentencia Parlamento/Consejo, el Parlamento sólo disponía de vías procesales «ineficaces o inciertas» para defender sus prerrogativas. Aquí, por el contrario, el SEPD tiene a su alcance, en la actualidad, un remedio impugnatorio eficaz y cierto. El SEPD asevera (25) que está en condiciones de probar que cumple los requisitos de legitimación activa exigidos por el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. (26)
53.      Al admitir esa posibilidad, precisamente para este asunto, el SEPD desactiva, en buena medida, su primer motivo de casación, en lo que atañe a la aplicación de la doctrina que contiene la sentencia Parlamento/Consejo. Esta última, repito, tenía como punto de partida que el Parlamento carecía de vías de recuso eficaces y ciertas.
54.      Sentado lo anterior, poco importa que existan o no otras situaciones en las que, aun viéndose afectadas sus prerrogativas, el SEPD no estaría legitimado para acceder al Tribunal de Justicia por la vía del artículo 263 TFUE, apartado cuarto. (27) Puedan o no darse hipótesis como las apuntadas por el SEPD, importa aquí únicamente el supuesto concreto y real planteado ante el Tribunal General. Sólo en relación con este supuesto se ha de dilucidar si el SEPD cumple los requisitos para impugnar las disposiciones transitorias controvertidas.
55.      En suma, opino que el SEPD carece de la legitimación activa que prevé el artículo 263 TFUE, párrafos segundo y tercero, lo que determinará la desestimación de su motivo de casación principal.
B.      Motivo de casación subsidiario
1.      Alegaciones de las partes
a)      Sobre la admisibilidad
56.      El Consejo considera que también este motivo es inadmisible, por las mismas razones que deberían abocar a la inadmisión del motivo principal.
b)      Sobre el fondo
57.      El SEPD comienza denunciando la poca claridad de los apartados 76 y 77 del auto recurrido, donde se afirma que la resolución de 3 de enero de 2022 «es una resolución administrativa que no puede afectar a actos legislativos como el [REM] ni incidir en su contenido» y que, «por más que los preceptos impugnados modifiquen el marco jurídico aplicable, cuyo respeto se encarga de supervisar el SEPD, y pese a que no tengan estrictamente el mismo alcance que el de la resolución de 3 de enero de 2022, no afectan, sin embargo, a su situación jurídica».
58.      A juicio del SEPD, estas afirmaciones incurren en dos errores. Por un lado, no advierten que el ejercicio de los poderes del SEPD requiere de seguridad jurídica y que esos poderes se han visto perjudicados por la adopción de medidas retroactivas. Por otro lado, no reconocen que las disposiciones transitorias controvertidas pretenden neutralizar los efectos en curso de una decisión concreta y, por tanto, se dirigen al SEPD y a Europol.
59.      Para el SEPD, es justamente el carácter retroactivo de las disposiciones transitorias controvertidas lo que pone en cuestión su independencia, que en nada se vería afectada si la modificación legislativa se aplicara pro futuro.
60.      Añade el SEPD que aquellas disposiciones le afectan también de un modo particular en el ejercicio de su función de control en el ámbito de la protección de datos. Aquí están en juego datos personales cuya protección se ve comprometida por disposiciones transitorias que, por esa misma razón, necesariamente conciernen al propio SEPD.
61.      El Parlamento y el Consejo, apoyados por la Comisión y el Gobierno francés, suscriben, en esencia, los argumentos del Tribunal General.
62.      En particular, el Parlamento esgrime que, de admitirse que cualquier modificación de preceptos ya aplicados por el SEPD afectan a éste directamente, se le reconocería el estatus de recurrente privilegiado, en contradicción con el artículo 263 TFUE. En esa misma línea, el Gobierno francés advierte de que así se vaciaría de contenido el criterio de la afectación directa.
2.      Análisis
a)      Sobre la admisibilidad
63.      Las razones que he expuesto para rechazar la inadmisibilidad del motivo de casación principal defendida por el Consejo pueden extenderse al motivo subsidiario.
b)      Sobre el fondo
64.      Tanto el Tribunal General como las instituciones personadas en este procedimiento coinciden en que el SEPD no disfruta de la legitimación atribuida por el artículo 263 TFUE, párrafos segundo y tercero (legitimación privilegiada). Coinciden, asimismo, en que la legitimación del SEPD está subordinada al cumplimiento de las condiciones del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. Hasta aquí, estoy de acuerdo con sus apreciaciones.
65.      No estoy de acuerdo, sin embargo, en que el SEPD no cumpla, en este caso, las condiciones requeridas por el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
66.      Excluida la legitimación privilegiada a la que aspira el SEPD, creo que la naturaleza de las funciones de control de la normativa sobre la protección de datos, confiadas a este órgano, debiera desaconsejar una interpretación excesivamente rigurosa de su legitimación ordinaria para acceder la jurisdicción.
67.      Si antes he afirmado que el SEPD no ostenta la cualidad de institución de la Unión, ahora debo subrayar que desarrolla una importante función, consagrada en el Tratado FUE, para garantizar que las instituciones, órganos y organismos de la Unión se atengan a las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal. El ejercicio de estas funciones, en su vertiente de impugnación ante los Tribunales de la Unión, no debería ser menoscabado sin muy sólidos motivos.
68.      Por las razones que expondré a continuación, entiendo que incluso una interpretación restrictiva de los requisitos del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, permitiría reconocer al SEPD la legitimación que le ha sido denegada en el auto recurrido.
69.      La solución que propugno no implica prejuzgar el fondo del recurso de anulación. En la fase de examen de la admisibilidad de un recurso no hay que anticipar la solución de fondo: basta verificar si el recurrente ha expuesto de forma pertinente las razones por las que la disposición controvertida produce efectos en su situación jurídica. (28)
70.      El Tribunal General ha descartado que las disposiciones transitorias controvertidas afecten directamente al SEPD, tal como exige el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto. De un lado, porque esas disposiciones habrían modificado la normativa que el SEPD se encarga de supervisar, pero no sus propias competencias. (29) De otro, porque tales disposiciones dejan «un cierto margen de apreciación a Europol». (30)
71.      El enfoque que adopta el Tribunal General al exponer los criterios para discernir si existe «afectación directa» es, en principio, correcto. El Tribunal de Justicia ha reiterado que, para impugnar una medida concreta, se requieren dos condiciones acumulativas «[…] a saber, que esa medida, por un lado, surta efectos directamente en la situación jurídica de esa persona y, por otro, que no deje ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener ésta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión, sin aplicación de otras normas intermedias». (31)
72.      Sin embargo, al evaluar si las disposiciones transitorias controvertidas inciden en la situación jurídica del SEPD en este asunto, creo que el Tribunal General se pronuncia, en realidad, sobre algo que atañe no a la admisibilidad, sino al fondo del recurso: sus consideraciones clave versan sobre los posibles efectos de las disposiciones transitorias controvertidas en la independencia del SEPD. En particular, el Tribunal General descarta que el (supuesto) carácter retroactivo de las disposiciones transitorias controvertidas pueda comprometer la independencia del SEPD.
73.      A mi juicio, lo único que competía al Tribunal General en esta fase procesal era constatar si el SEPD había expuesto de forma pertinente (esto es, razonable y verosímil) las razones por las que aquellas disposiciones podían producir ese efecto.
74.      Algo similar ocurre con el segundo de los requisitos mencionados: el Tribunal General da por sentado que las disposiciones transitorias controvertidas otorgan un margen de apreciación a Europol para decidir «si continúa o no el tratamiento de determinados datos», lo que pondría de manifiesto que «los preceptos impugnados […] carecen de un carácter meramente automático». (32)
75.      El Tribunal General rechaza la denuncia del SEPD (en cuanto a las consecuencias del ejercicio de ese margen de apreciación respecto de su resolución de 3 de enero de 2022), aseverando que «los preceptos impugnados no impiden que el SEPD ejerza como considere oportuno sus competencias propias». (33)
76.      Esta última apreciación, sin embargo, se enfrenta a dos objeciones:
–        Por un lado, zanja, de nuevo, el debate de fondo prejuzgando, en la fase de apreciación de la admisibilidad, los efectos jurídicos producidos por las disposiciones transitorias controvertidas sobre la situación de quien pretende impugnarlas. (34) Lo zanja, además, esgrimiendo la posibilidad teórica de que Europol actúe de una determinada manera cuando, de hecho, la respuesta dada por Europol al SEPD el 22 de agosto de 2022 (35) ponía de manifiesto que, al menos, Europol no aplicaba ya una parte de la resolución del SEPD de 3 de enero de 2022.
–        Por otro lado, desplaza el problema a la eventual reacción del SEPD contra las (futuras) decisiones de Europol, cuando lo determinante para la solución del litigio era dilucidar si las disposiciones transitorias controvertidas se sobreponían, por sí mismas y con carácter ad hoc, a resoluciones singulares previamente adoptadas por el SEPD y dirigidas contra ciertos comportamientos, asimismo pasados, de Europol. En semejantes condiciones, era defendible que el «margen de apreciación» otorgado permitía, eo ipso, a Europol no avenirse a lo establecido en la decisión del SEPD de 3 de enero de 2022.
77.      Con independencia de lo anterior, no estoy muy seguro de que el requisito del margen de apreciación haya de referirse, en las circunstancias de este caso, a la conducta de Europol. Si, como entiendo, las disposiciones transitorias controvertidas afectan al SEPD de manera directa y, según veremos, también individual, es porque producen efectos jurídicos en una resolución concreta del SEPD y, en esa medida, tienen a éste por destinatario. El SEPD no disponía de ningún margen de maniobra sobre el objeto de aquella decisión, una vez que, por efecto de las disposiciones transitorias controvertidas, su actuación debía ajustarse, imperativamente, a lo que resulta de tales disposiciones.
78.      De la exposición de los hechos por parte del SEPD y del relato fáctico contenido en el auto recurrido se infiere, en mi opinión, que las disposiciones transitorias controvertidas afectaban directamente al SEPD. Que lo hicieran atentando contra sus competencias, o menoscabando su independencia, es algo que, repito, constituye el problema de fondo que el SEPD planteaba ante el Tribunal General.
79.      El contraste entre el contenido de la resolución del SEPD de 3 de enero de 2022 y el de las disposiciones transitorias controvertidas revela que era, cuando menos, legítimo defender que, mediante el Reglamento Europol modificado, el legislador pretendía «corregir» una decisión del SEPD, que había ganado firmeza (no había sido recurrida por Europol).
80.      En efecto:
–        Por un lado, el SEPD había instado a Europol a la categorización, en un plazo de doce meses, de los conjuntos de datos que obraban en su poder a 3 de enero de 2022.
–        Por otro lado, las disposiciones transitorias controvertidas: a) extendían hasta los dieciocho meses, prorrogables, el plazo de que dispone Europol para categorizar los datos que obren en su poder al tiempo de su entrada en vigor, es decir, el 28 de junio de 2022; y b) especificaban las condiciones y los procedimientos conforme a los cuales se autoriza, en apoyo de una investigación penal en curso, el tratamiento de datos personales que no atañan a las categorías de interesados enumeradas en el anexo II del REI y que hayan sido facilitados a Europol antes del 28 de junio de 2022.
81.      El SEPD se cuida de asegurar que no pretende gozar de legitimación para recurrir cualquier modificación del marco normativo en el que se encuadra el contenido de sus funciones. Es más, no tiene inconveniente en admitir, como hizo en la vista, que nada tendría que oponer a la nueva regulación si sólo se aplicara pro futuro.
82.      Afirma, sin embargo, que, en este caso, la modificación le afecta en la medida en que con ella se altera el contenido de una previa resolución suya, ya firme, adoptada con arreglo a la normativa vigente, generándose así un riesgo de obediencia anticipada susceptible de cuestionar su independencia.
83.      Podrá discutirse, como hace el Parlamento, que las disposiciones transitorias controvertidas tengan efecto retroactivo. Es también discutible que, incluso admitida su retroactividad, comprometan negativamente la independencia del SEPD. En términos generales, opino que, cuando el poder legislativo modifica el contenido material de las disposiciones que debe aplicar un órgano administrativo, no por eso atenta a la independencia de tal órgano. (36)
84.      Pero, insisto, esa es la cuestión de fondo suscitada por el SEPD con su recurso de anulación, que no puede soslayarse desestimándola por adelantado. En realidad, el Tribunal General anticipa sus razones de fondo sobre la pretensión sustantiva del SEPD, como fundamento de la decisión de inadmitir el recurso de anulación.
85.      El carácter ad hoc de las disposiciones transitorias controvertidas permite dar asimismo por satisfecho el requisito de la afectación individual, aspecto este sobre el que, pese a no haberse pronunciado el Tribunal General, procede una respuesta en esta instancia. (37)
86.      La afectación individual  queda de manifiesto, en mi opinión, con la mera relación de los avatares del procedimiento legislativo que culminó con la aprobación de las disposiciones transitorias controvertidas. El Tribunal General los ha pormenorizado en los apartados 5 a 11 del auto recurrido.
87.      Puede leerse en esos apartados cómo el procedimiento legislativo comenzó antes de que se adoptara la decisión del SEPD de 3 de enero de 2022; concretamente, el 9 de diciembre de 2020 con una propuesta de modificación del REI, presentada por la Comisión. En el Dictamen 4/2021, (38) el propio SEPD se mostró favorable, con algunas reservas, a esa propuesta.
88.      Resulta significativo que, poco después de adoptada la decisión del SEPD de 3 de enero de 2022, el 1 de febrero de 2022, tras la última negociación a tres bandas, se añadieran las disposiciones transitorias controvertidas. Todo lleva a pensar que en el origen de esa incorporación se encuentra el documento n.º 5370/22 del Consejo, de 24 de enero de 2022, sobre la preparación para el diálogo a tres bandas. (39) En él consta que:
–        «la reciente resolución del [SEPD,] que podría tener consecuencias operativas sobre la acción de Europol, confirma la necesidad de una rápida adopción del Reglamento»;
–        «la Presidencia propuso a las delegaciones que se incluyera un nuevo artículo 74 [bis] cuyo objetivo fuera aclarar en mayor medida la situación de los datos actualmente en posesión de Europol, en particular en el contexto de la resolución del SEPD de 3 de enero de 2022 antes mencionada»; y
–        «numerosas delegaciones acogieron favorablemente los principios de esta propuesta en la reunión del 19 de enero [de 2022], pero resulta necesaria una aprobación por el Comité debido a su reciente presentación y al reto que, tras la resolución del SEPD, este tema representa». (40)
89.      Es difícil negar que las disposiciones transitorias controvertidas constituyen una respuesta a la medida de la resolución del SEPD de 3 de enero de 2022 y, por tanto, destinadas al SEPD de manera individual. Se trata de unas reglas que, ante el reto que suponía esa resolución del SEPD, ya inatacable en cuanto gozaba de firmeza, tratan de sobreponerse a su contenido y a sus consecuencias.
90.      No veo cómo, en esta tesitura, puede aceptarse que el SEPD no resulta afectado directa e individualmente por las disposiciones transitorias controvertidas, cuando éstas pretenden, de modo específico, contrarrestar una resolución singular adoptada por el propio SEPD y ya definitiva.
91.      El SEPD ha de garantizar y supervisar la aplicación de las disposiciones del Reglamento (UE) 2018/1725 (41) «y de cualquier otro acto de la Unión relacionado con la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de una institución u organismo de la Unión». (42)
92.      Si, al ejercer esa competencia, el SEPD impone una determinada actuación singular a un organismo de la Unión y frente a esa resolución (que deviene firme) se aprueba, después, una norma específicamente dirigida a neutralizarla, creo que debe reconocerse al SEPD la posibilidad de acudir a las instancias jurisdiccionales de la Unión para que enjuicien la validez de la (nueva) norma.
93.      En suma, considero que, sin prejuzgar el fondo de la cuestión planteada por el SEPD ante el Tribunal General en relación con la validez de las disposiciones transitorias controvertidas, estas últimas le conciernen en un grado suficiente para justificar la legitimación que le deniega el auto recurrido.
C.      Resolución definitiva del litigio
94.      De acuerdo con el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la estimación del recurso de casación comportará la anulación de la resolución del Tribunal General, pudiendo el Tribunal de Justicia o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
95.      El SEPD solicita que el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente la cuestión de fondo planteada en primera instancia.
96.      A mi juicio, el estado del litigio no permite su resolución definitiva por el Tribunal de Justicia. En realidad, así viene a reconocerlo el propio SEPD, quien interesa que se dicte «una sentencia definitiva después de haber dado a todas las partes la posibilidad de presentar sus observaciones sobre cada aspecto del asunto». (43)
97.      El debate en la primera instancia se ha centrado en la admisibilidad del recurso interpuesto por el SEPD contra las disposiciones transitorias controvertidas. Y si bien esa cuestión se ha resuelto, según acabo de exponer, anticipando el juicio de determinados extremos de la cuestión de fondo, esta última no ha sido objeto de un debate de totalidad, sino meramente instrumental, a los solos efectos de decidir la legitimación del SEPD contestada por el Parlamento y el Consejo. Procede, por tanto, la devolución del asunto al Tribunal General para su enjuiciamiento tras el oportuno debate contradictorio.
D.      Costas
98.      De conformidad con el artículo 184 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, y por así interesarlo el SEPD, procede la imposición de costas en esta instancia al Parlamento y al Consejo, asumiendo la República Federal de Alemania y la República Francesa sus propias costas.
V.      Conclusión
99.      En razón de cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia:
–        Estimar el recurso de casación.
–        Anular el auto del Tribunal General de 6 de septiembre de 2023, SEPD/Parlamento y Consejo (T‑578/22, EU:T:2023:522).
–        De conformidad con el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, devolver el asunto al Tribunal General para su resolución en cuanto al fondo.
–        Condenar en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.
–        Disponer que la República Federal de Alemania y la República Francesa asuman sus propias costas.
1      Lengua original: español.
2      Asunto T‑578/22, EU:T:2023:522. En lo sucesivo, «auto recurrido».
3      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO 2016, L 135, p. 53). En lo sucesivo, «Reglamento Europol inicial o REI».
4      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2022, en lo que se refiere a la cooperación de Europol con entidades privadas, el tratamiento de datos personales por Europol en apoyo de investigaciones penales y el papel de Europol en materia de investigación e innovación (DO 2022, L 169, p. 1). En lo sucesivo, me referiré a la versión del REI que resulta de esta modificación como «Reglamento Europol modificado o REM».
5      Se trata de dos disposiciones transitorias (artículos 74 bis
y 74 ter; en lo sucesivo, «disposiciones transitorias controvertidas») relativas, respectivamente, en lo que aquí interesa, al tratamiento de datos personales en apoyo de una investigación penal específica en curso y al tratamiento de datos personales en poder de Europol.
6      El artículo 18 («Fines de las actividades de tratamiento de la información») del REI establecía en sus apartados 3 y 5:
«3. El tratamiento, a efectos de análisis operativos como los mencionados en el apartado 2, letra c), se realizará mediante proyectos de análisis operativos a los que se aplicarán las siguientes garantías específicas:
a)      para cada proyecto de análisis operativo, el director ejecutivo definirá el objetivo específico, las categorías de datos personales y las categorías de interesados, los participantes, la duración de la conservación y condiciones de acceso, transferencia y uso de los datos en cuestión, e informará de ello al Consejo de Administración y al SEPD;
b)      los datos personales podrán recopilarse y tratarse solo a efectos del proyecto específico de análisis operativo. Cuando resulte evidente que los datos personales puedan ser pertinentes para otro proyecto de análisis operativo, solo se permitirá el tratamiento ulterior de dichos datos personales en la medida en que dicho tratamiento ulterior resulte necesario y proporcionado y los datos personales sean compatibles con las disposiciones establecidas en la letra a) que se apliquen al otro proyecto de análisis;
c)      solo el personal autorizado podrá acceder a los datos del proyecto correspondiente y tratarlos.
[…]
5. Las categorías de datos personales y las categorías de interesados cuyos datos pueden ser recogidos y tratados para cada fin contemplado en el apartado 2 se enumeran en el anexo II».
7      El artículo 18, apartado 6, del REI disponía: «Europol podrá tratar datos de forma temporal con el fin de determinar si tales datos son pertinentes para el desempeño de sus tareas y, en caso de que lo sean, para qué fines de los previstos en el apartado 2. El Consejo de Administración, a propuesta del director ejecutivo y tras haber consultado al SEPD, especificará más detalladamente las condiciones relacionadas con el tratamiento de dichos datos, en particular en lo que se refiere al acceso a los mismos y a su uso, así como a los plazos de conservación y supresión, que no podrán superar los seis meses, teniendo en cuenta los principios mencionados en el artículo 28».
8      Sentencia interlocutoria de 22 de mayo de 1990, Parlamento/Consejo (C‑70/88, EU:C:1990:217; en lo sucesivo, «sentencia Parlamento/Consejo»).
9      Apartado 23 del auto recurrido.
10      Apartado 21 del auto recurrido.
11      Apartado 22 del auto recurrido.
12      Sentencia de 17 de diciembre de 2020, Alemania/Comisión (C‑475/19 P y C‑688/19 P, EU:C:2020:1036; en lo sucesivo, «sentencia Alemania/Comisión»), apartado 33, invocada por el Consejo.
13      Loc. ult. cit., con cita de jurisprudencia.
14      Así lo advierte el Tribunal General en el apartado 27 del auto recurrido.
15      Artículo 41, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1).
16      Apartado 29 del auto recurrido, que cita la sentencia de 14 de julio de 2022, Italia y Comune di Milano/Consejo y Parlamento (Sede de la Agencia Europea de Medicamentos) (C‑106/19 y C‑232/19, EU:C:2022:568), apartados 113 y 116.
17      Apartado 32 del auto recurrido.
18      En estos términos se expresa el apartado 33 del auto recurrido: «el estatuto del SEPD en cuanto que autoridad independiente de control se menciona en el artículo 16 TFUE, apartado 2, que establece que el respeto de las normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones, órganos y organismos de la Unión estará sometido al control de autoridades independientes, y en el artículo 8, apartado 3, de la Carta, que dispone que el respeto de las normas sobre la protección de los datos de carácter personal estará sujeto al control de una autoridad independiente».
19      Apartado 41 del auto recurrido. La sentencia Parlamento/Consejo reconoció (apartado 16) que podían revelarse «ineficaces o inciertas» las distintas vías procesales que, en la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Parlamento/Consejo (302/87, EU:C:1988:461), se habían reputado suficientes para someter al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia los actos del Consejo o de la Comisión adoptados infringiendo las prerrogativas del Parlamento.
20      Sentencia Parlamento/Consejo, apartado 21.
21      Sentencia Parlamento/Consejo, apartado 23.
22      Sentencia Parlamento/Consejo, apartado 25.
23      Sentencia Parlamento/Consejo, apartado 26.
24      Sentencia Parlamento/Consejo, apartado 27. Cursiva añadida.
25      Apartado 30 de su recurso de casación.
26      Es irrelevante, desde esta perspectiva, que, para el SEPD, el cumplimiento de esos requisitos sea consecuencia de las circunstancias «muy excepcionales» del presente caso.
27      Apartados 32 y 33 de su recurso de casación.
28      Sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci (C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), apartado 47: «en la medida en que el requisito relativo a la afectación directa exige que el acto impugnado produzca directamente efectos en la situación jurídica del demandante, el juez de la Unión está obligado a comprobar si este último ha expuesto de forma pertinente las razones por las que la decisión de la Comisión puede colocarlo en una posición competitiva desventajosa y, por lo tanto, producir efectos en su situación jurídica». Cursiva añadida.
29      Apartado 74 del auto recurrido.
30      Apartado 78 del auto recurrido.
31      Por todas, sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo (C‑348/20 P, EU:C:2022:548), apartados 43 y 44, con cita de jurisprudencia.
32      Apartados 80 y 82 del auto recurrido.
33      Apartado 83 del auto recurrido.
34      Sentencia de 12 de julio de 2022, Nord Stream 2/Parlamento y Consejo (C‑348/20 P, EU:C:2022:548), apartado 98, con cita de jurisprudencia.
35      Apartado 13 del auto recurrido.
36      En la vista hubo un extenso debate sobre esta cuestión que, a mi juicio, corresponde al enjuiciamiento material de las pretensiones del SEPD y no a la apreciación de la admisibilidad del recurso.
37      Aun cuando el Tribunal General haya descartado la existencia de una afectación directa, su decisión de inadmitir el recurso del SEPD podría estar justificada, a la postre, con arreglo a otros fundamentos de derecho; en particular, si no concurriera el requisito de la afectación individual. Por todas, sentencias de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci (C 622/16 P a C 624/16 P, EU:C:2018:873),
apartado 48, con cita de jurisprudencia; y de 22 de junio de 2021, Venezuela/Consejo (Afectación de un Estado tercero) (C‑872/19 P, EU:C:2021:507), apartados 86 y 87.
38      Dictamen del SEPD de 8 de marzo de 2021 sobre la propuesta de modificación del Reglamento de Europol, disponible en https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/opinions/edps-opinion-proposal-amendment-europol-regulation_en.
39      Disponible en https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST5370-2022-INIT/fr/pdf.
40      Apartado 11 del auto recurrido.
41      Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39).
42      Artículo 52, apartado 3, del Reglamento 2018/1725.
43      Apartado 68, in fine, de su recurso de casación.