62020CJ0391_RES
Asunto C‑391/20
Cilevičs y otros
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de septiembre de 2022
«Procedimiento prejudicial — Artículo 49 TFUE — Libertad de establecimiento — Restricción — Justificación — Organización del sistema educativo — Centros de educación superior — Obligación de impartir los programas de estudios en la lengua oficial del Estado miembro de que se trate — Artículo 4 TUE, apartado 2 — Identidad nacional de los Estados miembros — Defensa y promoción de la lengua oficial de los Estados miembros — Principio de proporcionalidad»
Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestión planteada en relación con un litigio que se circunscribe al interior de un solo Estado miembro — Disposiciones nacionales aplicables tanto a los nacionales como a los ciudadanos de otros Estados miembros — Competencia en razón del posible efecto sobre personas procedentes de otros Estados miembros
(Art. 267 TFUE)
(véanse los apartados 31 y 32)
Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Disposiciones del Tratado — Ámbitos de aplicación respectivos — Organización de cursos de educación superior remunerados que se efectúan de manera estable y continua — Examen a la luz de la libertad de establecimiento
(Art. 56 TFUE)
(véanse los apartados 50 a 53)
Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Restricciones — Examen a la luz de la libertad de establecimiento de una restricción instaurada por una normativa nacional — Alcance — Restricciones al ejercicio de los derechos y libertados previstos por la Carta de los Derechos Fundamentales — Inclusión
(Art. 49 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 15 a 17)
(véase el apartado 56)
Libre circulación de personas — Libertad de establecimiento — Restricciones — Defensa y promoción de la lengua oficial de los Estados miembros — Obligación de los centros de educación superior de impartir sus programas de estudios exclusivamente en la lengua oficial del Estado miembro de que se trate — Procedencia — Requisitos — Justificación por motivos relacionados con la protección de la identidad nacional — Respeto del principio de proporcionalidad
(Art. 49 TFUE)
(véanse los apartados 59, 61 a 64, 67 a 70, 75, 76, 81 y 83 a 87 y el fallo)
Resumen
Veinte diputados de la Latvijas Republikas Saeima (Parlamento, Letonia) interpusieron ante la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia) un recurso que tenía por objeto que se controlara la constitucionalidad de determinadas disposiciones de la Ley letona de Centros de Educación Superior.
Tras su reforma de 2018, la referida Ley tiene por objeto promover la lengua oficial de la República de Letonia, obligando a los centros de educación superior a impartir sus programas de estudios en esa lengua. No obstante, dicha Ley establece cuatro excepciones a esa obligación. En primer lugar, los programas de estudios cursados en Letonia por estudiantes extranjeros y los programas de estudios organizados en el marco de la cooperación prevista en programas de la Unión Europea y acuerdos internacionales podrán impartirse en lenguas oficiales de la Unión Europea. En segundo lugar, los programas de estudios podrán impartirse en lenguas oficiales de la Unión, pero únicamente hasta un quinto del número de créditos. En tercer lugar, los programas de estudios de lenguas y de cultura y los programas de lenguas podrán impartirse en lenguas extranjeras. En cuarto y último lugar, los programas de estudios conjuntos podrán impartirse en lenguas oficiales de la Unión Europea.
Por otra parte, la Ley letona de Centros de Educación Superior no es aplicable a dos centros privados, que siguen rigiéndose por leyes especiales y pueden seguir ofreciendo programas de estudios en otras lenguas oficiales de la Unión.
Mediante su recurso, los demandantes alegan, en particular, que, al crear una barrera a la entrada en el mercado de la educación superior e impedir que los nacionales y empresas de otros Estados miembros presten servicios de educación superior en lenguas extranjeras, la Ley está vulnerando, en particular, la libertad de establecimiento garantizada por el artículo 49 TFUE.
El Tribunal Constitucional de la República de Letonia expresa dudas sobre si la normativa de un Estado miembro que en el ámbito de la educación superior (incluidos los centros privados de educación superior) obliga a utilizar la lengua oficial de dicho Estado miembro, a la vez que establece determinadas excepciones a esa obligación, constituye una restricción a la libertad de establecimiento. Por consiguiente, acordó plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia para poder resolver sobre la compatibilidad de la Ley de Centros de Educación Superior con el Derecho de la Unión.
En su sentencia, el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, declara que el artículo 49 TFUE no se opone a la normativa de un Estado miembro que impone, en principio, a los centros de educación superior la obligación de impartir sus programas de estudios exclusivamente en la lengua oficial de dicho Estado miembro. No obstante, tal normativa debe estar justificada por motivos relacionados con la protección de la identidad nacional de dicho Estado miembro, es decir, debe ser necesaria y proporcionada a la protección del objetivo legítimamente perseguido.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que, con arreglo al artículo 6 TFUE, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros, en particular en el ámbito de la educación. Si bien el Derecho de la Unión no menoscaba esta competencia de los Estados miembros en lo que se refiere, por una parte, al contenido de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística, y, por otra parte, al contenido y a la organización de la formación profesional, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión en el ejercicio de esa competencia, incluidas las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento.
En el caso de autos, el Tribunal de Justicia señala que, aunque los nacionales de otros Estados miembros pueden establecerse en Letonia e impartir programas de educación superior, tal posibilidad está, en principio, condicionada por la obligación de impartirlos únicamente en la lengua oficial de ese Estado miembro. Pues bien, tal obligación puede hacer menos atractivo para esos nacionales su establecimiento en Letonia y constituye, por tanto, una restricción a la libertad de establecimiento.
Siguiendo el esquema bien establecido por su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia examina a continuación la existencia de una justificación para la restricción declarada y verifica el respeto del principio de proporcionalidad. En cuanto a la existencia de una razón imperiosa de interés general, la obligación controvertida tiene por objeto defender y promover la utilización de la lengua oficial de la República de Letonia, lo que constituye un objetivo legítimo que puede justificar, en principio, una restricción a la libertad de establecimiento. En efecto, a tenor del artículo 3 TUE, apartado 3, párrafo cuarto, y del artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística. Con arreglo al artículo 4 TUE, apartado 2, la Unión respetará también la identidad nacional de sus Estados miembros, de la que forma parte asimismo la protección de la lengua oficial del Estado miembro de que se trate. Procede reconocer la importancia que reviste la enseñanza para la consecución de tal objetivo.
Por lo que respecta a la proporcionalidad de la restricción declarada, esta debe ser, en primer lugar, apropiada para garantizar la realización del objetivo legítimamente perseguido por la normativa de que se trate. A tal efecto, solo se considerará que dicha normativa es idónea para garantizar el objetivo de defensa y promoción de la lengua letona si responde verdaderamente al empeño por hacerlo y se aplica de manera congruente y sistemática. Habida cuenta de su alcance limitado, las excepciones a la obligación de que se trata, en particular para los dos centros de educación superior cuyo funcionamiento se rige por leyes especiales, no obstan a la realización de dicho objetivo. Al permitir a determinados centros de educación superior acogerse a un régimen excepcional, se enmarcan en una lógica de cooperación universitaria internacional particular y, por tanto, no privan de congruencia a la normativa controvertida.
En segundo lugar, la restricción no puede ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido. De este modo, es legítimo que los Estados miembros establezcan, en principio, la obligación de que se utilice su lengua oficial en el marco de los programas de educación superior, siempre que tal obligación vaya acompañada de excepciones que garanticen que en el marco de la formación universitaria se pueda utilizar otra lengua que no sea la oficial. En el caso de autos, con el fin de no ir más allá de lo necesario para ello, tales excepciones deberían permitir la utilización de una lengua que no sea el letón, al menos en lo que respecta a la formación impartida en el marco de la cooperación europea o internacional y a la formación relativa a una cultura y a lenguas que no sean la letona.