Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 18 de diciembre de 2025 (1)
Asunto C‑280/25 [Lin II] (i)
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
Procedimiento penal
contra
M. G. D.,
con intervención de:
Statul român — Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare
[Petición de decisión prejudicial planteada por la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Tribunal Supremo, Rumanía)]
« Procedimiento prejudicial — Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Artículo 325 TFUE, apartado 1 — Convenio “PIF” — Artículo 2, apartado 1 — Obligación de luchar contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión con medidas disuasorias y efectivas — Concepto de fraude grave — Plazo de prescripción de la responsabilidad penal — Riesgo sistémico de impunidad — Protección de los derechos fundamentales — Artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Principio de legalidad penal — Exigencias de previsibilidad y de precisión de la ley penal — Principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable (lex mitior) — Estándar nacional de protección de los derechos fundamentales — Aplicación de la sentencia Lin I — Límites al principio de primacía del derecho de la Unión — Sentencias nacionales firmes con efecto de cosa juzgada — Supuestos de prescripción de la responsabilidad penal acaecidos antes de la sentencia Lin I no reconocidos por sentencia firme — Principio nacional de prohibición de creación de una lex tertia en la aplicación de la ley penal más favorable — Falta de previsibilidad y precisión del criterio del riesgo sistémico de impunidad »
1.        En la sentencia Lin, (2) el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 325 TFUE, apartado 1, y el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF (3) en los siguientes términos:
«[…] [L]os órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no están obligados a dejar inaplicadas las sentencias del tribunal constitucional de ese Estado miembro que invaliden la disposición legislativa nacional que regula las causas de interrupción del plazo de prescripción en materia penal por vulnerarse el principio de legalidad de los delitos y las penas tal como se protege en derecho nacional, en sus exigencias relativas a la previsibilidad y a la precisión de la ley penal, incluso si estas sentencias tienen como consecuencia que un número considerable de asuntos penales, incluidos asuntos relativos a infracciones de fraude grave que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, serán archivados debido a la prescripción de la responsabilidad penal.
En cambio, dichas disposiciones del derecho de la Unión deben interpretarse en el sentido de que
los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro están obligados a dejar inaplicado un estándar nacional de protección relativo al principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable (lex mitior) que permita cuestionar, también en el marco de recursos contra sentencias firmes, la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal en tales asuntos por actuaciones procesales realizadas antes de la constatación de invalidez».
2.        Ahora, una formación jurisdiccional de la Sala de lo Penal (en lo sucesivo, «Sala de lo Penal») de la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía) se dirige al Tribunal de Justicia exponiéndole algunas dificultades que encuentra para aplicar la sentencia Lin I, sobre cuyo contenido versan las preguntas prejudiciales.
I.      Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
3.        Las normas del derecho de la Unión que se transcriben en la sentencia Lin I [a saber, las disposiciones correspondientes del Convenio PIF
y de la Directiva (UE) 2017/1371 (4)] son igualmente aplicables en este reenvío prejudicial.
B.      Derecho rumano
1.      Legislación en materia penal
4.        En la sentencia Lin I se transcriben, asimismo, las disposiciones del derecho rumano (Constitución de Rumanía, Código Penal de 1968, modificado en 1996, (5) Código Penal de 2009, (6) modificado por el Decreto-ley n.º 71, de 30 de mayo de 2022, (7) Código de Enjuiciamiento Penal (8) y Ley n.º 241/2005) (9) aplicables al litigio.
2.      Jurisprudencia rumana anterior a la sentencia Lin I, sobre la prescripción en materia penal (10)
a)      Sentencia constitucional n.º 297/2018
5.        Mediante la sentencia n.º 297/2018, de 26 de abril de 2018, publicada el 25 de junio de 2018, el Tribunal Constitucional, al estimar una excepción de inconstitucionalidad, declaró que era inconstitucional la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal por la realización de cualquier actuación procesal en un procedimiento, tal como figuraba en el artículo 155, apartado 1, del Código Penal de 2009.
6.        A juicio del Tribunal Constitucional, aquella disposición del Código Penal de 2009 carecía de previsibilidad y vulneraba el principio de legalidad de los delitos y las penas, dado que la expresión «cualquier actuación procesal», que en ella figuraba, comprendía también las actuaciones que no se comunican al sospechoso o al acusado. Esta circunstancia le impedía tener conocimiento de que el plazo de prescripción había sido interrumpido y de que había comenzado a correr un nuevo plazo de prescripción de su responsabilidad penal. (11)
7.        El legislador rumano no intervino para modificar el artículo 155, apartado 1, del Código Penal de 2009 en el sentido prescrito por el Tribunal Constitucional y se generó una jurisprudencia no uniforme en los tribunales ordinarios sobre la interrupción de los plazos de prescripción de la responsabilidad penal.
b)      Sentencia constitucional n.º 358/2022
8.        Mediante la sentencia n.º 358/2022, de 26 de mayo de 2022, publicada el 9 de junio de 2022, el Tribunal Constitucional, al estimar una nueva excepción de inconstitucionalidad, declaró que el artículo 155, apartado 1, del Código Penal de 2009 era inconstitucional.
9.        El Tribunal Constitucional señaló que:
–        El legislador no había intervenido, como exige el artículo 147, apartado 1, de la Constitución, para poner en conformidad las disposiciones declaradas inconstitucionales en la sentencia n.º 297/2018 y regular los casos en los que el plazo de prescripción de la responsabilidad penal se interrumpe.
–        A falta de esa intervención legislativa, las autoridades judiciales no podían determinar por sí mismas los motivos de interrupción de la prescripción de la responsabilidad. Se producía una falta de claridad y de previsibilidad de la aplicación del artículo 155, apartado 1, del Código Penal de 2009, que daba lugar a una práctica judicial no uniforme. El marco jurídico vigente no proporcionaba los elementos legislativos necesarios para una aplicación previsible del artículo 155, apartado 1, del mencionado Código Penal tras la sentencia n.º 297/2018.
–        En consecuencia, el derecho positivo rumano no contemplaba ningún supuesto de interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal a partir de la fecha de publicación de la sentencia n.º 297/2018 y hasta la entrada en vigor de un acto normativo del legislador que regulase expresamente los motivos de interrupción de dicho plazo. (12)
c)      Sentencia 67/2022, del Tribunal Supremo
10.      En la sentencia 67/2022, de 25 de octubre de 2022 (en lo sucesivo, «sentencia 67/2022»), publicada el 28 de noviembre de 2022, el Tribunal Supremo hizo estas declaraciones:
–        Las normas relativas a la interrupción de la prescripción son reglas de derecho penal material (sustantivo). Desde el punto de vista de su aplicación en el tiempo, están sujetas al principio de irretroactividad de la ley penal, previsto en el artículo 3 del Código Penal de 2009, con excepción de las disposiciones más favorables, de conformidad con el principio de la
lex mitior del artículo 15, apartado 2, de la Constitución rumana y del artículo 5 del mencionado Código Penal.
–        Entre el 25 de junio de 2018 (fecha de publicación de la sentencia constitucional n.º 297/2018, precisada por la sentencia constitucional n.º 358/2022) y el 30 de mayo de 2022, el artículo 155, apartado 1, del Código Penal de 2009 no contempló ningún motivo de interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal.
–        Un órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso extraordinario de anulación, basado en los efectos de las sentencias constitucionales n.º 297/2018 y n.º 358/2022, no puede volver a examinar la prescripción de la responsabilidad penal, una vez que el tribunal de apelación ha sometido a discusión y examinado la incidencia de este motivo de sobreseimiento de la causa penal en el curso de un proceso anterior a la sentencia constitucional n.º 358/2022.
3.      Jurisprudencia rumana posterior a la sentencia Lin I
11.      El Tribunal Supremo, en dos formaciones jurisdiccionales ampliadas, (13) ha dictado las sentencias n.º 37, de 17 de junio de 2024 (en lo sucesivo, «sentencia 37/2024»)
y n.º 16, de 16 de septiembre de 2024 (en lo sucesivo, «sentencia 16/2024»), en las que analiza la incidencia de la sentencia Lin I sobre lo que es objeto de este reenvío prejudicial.
12.      Sin perjuicio de que ulteriormente me detendré sobre su contenido, esas dos sentencias del Tribunal Supremo se oponen a que los órganos jurisdiccionales rumanos dejen inaplicada la jurisprudencia nacional relativa a la aplicación del principio de la lex
mitior a la interrupción del cómputo del plazo de prescripción de la responsabilidad penal.
II.    Hechos, litigio y preguntas prejudiciales
13.      Los hechos del procedimiento penal, tal como se transcriben en la decisión de reenvío, fueron, en lo sustancial, los que siguen.
14.      Entre el 3 de mayo de 2012 y el 23 de enero 2014, en su condición de administrador de dos sociedades mercantiles y con un único propósito delictivo, M. G. D. facilitó de forma reiterada y deliberada a B. V., coacusado en el mismo procedimiento, doce facturas fiscales correspondientes a adquisiciones ficticias.
15.      B. V. registró las facturas en los libros contables de otra sociedad mercantil, con el propósito de disminuir la base imponible y perjudicar a la Hacienda Pública. El perjuicio ocasionado a la Hacienda Pública ascendió a 268 536 leus rumanos (RON) (equivalentes a 59 304 euros), de los cuales el IVA ascendía a 163 656 RON (equivalentes a 36 142 euros).
16.      El 24 de febrero de 2022, el Tribunalul Bihor (Tribunal de Bihor, Rumanía) condenó a
M. G. D. por los hechos de los que venía acusado, como cómplice de un delito de fraude fiscal.
17.      El 21 de marzo de 2024, la Curtea de Apel Oradea (Tribunal Superior de Oradea, Rumanía) estimó el recurso de apelación de M. G. D. contra la sentencia dictada en primera instancia.
18.      La sentencia de 21 de marzo de 2024 ordenó el archivo del procedimiento penal respecto de M. G. D.
tras apreciar el vencimiento del plazo de prescripción de la responsabilidad penal por el delito continuado de complicidad en el fraude fiscal, tipificado en el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Ley n.º 241/2005. (14)
19.      El Ministerio Fiscal ha interpuesto un recurso de casación contra la sentencia de 21 de marzo de 2024. En él afirma que no procede el archivo del procedimiento penal, pues era aplicable la sentencia Lin I (15) y, por lo tanto, el plazo de prescripción de la responsabilidad penal no había vencido. (16)
20.      El órgano jurisdiccional remitente señala que, dictada con posterioridad a la sentencia Lin I, la sentencia recurrida en casación aplica el estándar nacional relativo a la aplicación de la ley penal más favorable, tal como el propio Tribunal
Supremo había establecido en la sentencia 67/2022 y corroborado (en unas formaciones jurisdiccionales distintas de las de reenvío) en las sentencias 37/2024 y 16/2024, vinculantes para los tribunales nacionales.
21.      En este contexto, la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo dirige al Tribunal de Justicia las siguientes preguntas prejudiciales:
«1)      En ausencia de una disposición de derecho nacional que fije un importe mínimo para considerar grave el fraude que afecte a los intereses financieros de la [Unión], ¿deben interpretarse y aplicarse las disposiciones del derecho de la Unión, a saber, el artículo 325 [TFUE], los artículos 1, apartado 1, letra a), 2 y 9 del Convenio PIF, [así como] el artículo 49 de la [Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»)], en el sentido de que el fraude únicamente se considera grave cuando se refiera a un importe superior a 50 000 euros?
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿deben interpretarse los artículos 2 TUE y 4 TUE, apartados 2 y 3, los artículos 2 TFUE, apartado 2, y 325 TFUE, apartado 1, y el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF, tal como han sido interpretados en la sentencia del Tribunal de Justicia [Lin I],
[así como] los artículos 49, apartado 1, 52, apartado 3, y 53 de la Carta, en el sentido de que, en un procedimiento penal que tiene por objeto delitos relativos [al impuesto sobre el valor añadido (IVA)], el órgano jurisdiccional nacional debe dejar inaplicado el estándar nacional de protección relativo al principio de la lex mitior, tal como resulta de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo de dicho Estado miembro, según el cual las actuaciones procesales realizadas con anterioridad a la invalidación de la disposición legislativa nacional que regula las causas de interrupción de los plazos de prescripción de la responsabilidad penal no interrumpen la prescripción cuando:
a)      la no aplicación de dicho estándar nacional sea incompatible con la prohibición de la aplicación de la lex tertia — principio de rango constitucional;
b)      pueda considerarse, al aplicar dicha jurisprudencia nacional, que el plazo general de prescripción de la responsabilidad penal había vencido antes del pronunciamiento de la sentencia Lin [I];
c)      la no aplicación, en virtud del derecho de la Unión, de dicho estándar nacional podía tener por efecto garantizar un nivel de protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta que no sería equivalente o comparable con la protección garantizada por el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos [(en lo sucesivo, “CEDH”)];
d)      la normativa nacional no establezca criterios específicos a partir de los cuales el órgano jurisdiccional del Estado miembro pueda apreciar previamente el riesgo sistémico de impunidad causado por la aplicación de dicho estándar nacional a los delitos de fraude grave que afecte a los intereses financieros de la [Unión]?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
22.      La petición de decisión prejudicial se registró en el Tribunal de Justicia el 10 de abril de 2025. Se ha tramitado por el procedimiento acelerado, de conformidad con el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
23.      Han presentado observaciones escritas el Gobierno rumano y la Comisión Europea. Ambos intervinieron en la vista celebrada el 7 de octubre de 2025.
IV.    Apreciación
A.      Primera pregunta prejudicial
24.      El tribunal de reenvío quiere saber, en síntesis, si, a falta de una disposición de derecho interno que fije un importe mínimo para considerar grave el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión, un fraude en materia de IVA se calificará de grave únicamente cuando se refiera a un importe superior a 50 000 euros.
25.      Las normas del derecho de la Unión cuya interpretación precisa el tribunal de reenvío
son el artículo 325 TFUE y los artículos 1, apartado 1, 2 y 9 del Convenio PIF, a la luz del principio de legalidad de los delitos y de las penas, consagrado en el artículo 49 de la Carta.
1.      Artículo 325 TFUE
26.      El artículo 325 TFUE, apartado 1, impone a los Estados miembros el deber de luchar contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión mediante medidas disuasorias y efectivas. (17) Este precepto no limita la represión al fraude grave y se refiere, sin más, al fraude,
exento de calificativos, que afecte a los intereses financieros de la Unión.
27.      El artículo 325 TFUE, repito, no menciona el concepto de fraude grave que, sin embargo, sí aparece en el Convenio PIF (artículo 2).
28.      La interpretación del artículo 325 TFUE, pues, no aporta ninguna respuesta específica a la primera pregunta del tribunal de reenvío.
2.      Convenio PIF
29.      El artículo 1 del Convenio PIF define, a efectos de este Convenio, las conductas constitutivas de fraude que afectan a los intereses financieros de la Unión.
30.      El artículo 2 del Convenio PIF obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para que a los comportamientos que contempla el artículo 1 les sean impuestas sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, entre las que figuren, al menos en caso de fraude grave, penas de privación de libertad que puedan dar lugar a la extradición.
31.      A tenor de este mismo precepto (artículo 2 del Convenio PIF, apartados 1 y 2):
«1.      […] [D]ebe considerarse como fraude grave cualquier fraude que afecte a un montante mínimo a fijar por cada Estado miembro. Este montante mínimo no puede ser fijado en más de 50 000 [euros].
2.      No obstante, un Estado miembro puede prever, para los casos de fraude leve por un importe total inferior a 4 000 [euros] y en el que no concurran circunstancias particulares de gravedad con arreglo a su legislación, sanciones de carácter distinto del de las contempladas en el apartado 1».
32.      El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF está formulado en términos claros y precisos y no está sujeto a ninguna condición, de manera que tiene efecto directo. (18)
33.      Así pues, la distinción entre las categorías de fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión es propia del Convenio PIF. Conforme a su artículo 2:
–        Se consideran fraudes leves los de un montante inferior a 4 000 euros y en los que no concurran circunstancias particulares de gravedad. Los Estados miembros pueden castigar estos fraudes leves con sanciones administrativas, aunque nada impide que opten por hacerlo con sanciones penales.
–        Los fraudes no leves, pero tampoco necesariamente graves, son los de un montante superior a 4 000 euros y que presenten circunstancias particulares. Los Estados miembros han de castigarlos con sanciones penales efectivas y disuasorias.
–        Los fraudes graves son los de una cuantía superior a 4 000 euros, que presenten circunstancias particulares de gravedad y que generen un perjuicio a los intereses financieros de la Unión de «un montante mínimo a fijar por cada Estado miembro». Este mínimo no puede ser establecido en más de 50 000 euros. Los Estados han de castigar
los fraudes graves con sanciones penales efectivas y disuasorias, que deben conllevar penas de privación de libertad que puedan dar lugar a la extradición.
34.      El Convenio PIF no impide, según su artículo 9, que los Estados miembros adopten disposiciones de derecho interno que repriman con mayor intensidad los fraudes a los intereses financieros de la Unión.
35.      Los Estados miembros pueden, pues, decidir la imposición de penas de privación de libertad para sancionar cualquier categoría de fraude. Pueden, asimismo, fijar una cuantía inferior a 50 000 euros para calificar de grave un fraude a los intereses financieros de la Unión o, simplemente, no establecer umbral alguno. (19)
36.      La imposición de sanciones penales para proteger los intereses financieros de la Unión es una materia en la que existe una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros, en el sentido del artículo 4 TFUE, apartado 2. (20)
37.      Ciertamente, parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se ha referido a fraudes graves a los intereses financieros de la Unión para destacar la primacía del derecho de la Unión frente a normas nacionales que dificultaban su represión. (21) En otros pronunciamientos, sin embargo, ha mencionado sólo fraudes sin añadirles calificativos. (22)
38.      En mi opinión, estas diferencias no son significativas y se deben al tipo y la cuantía de las actividades fraudulentas de los litigios que habían generado las cuestiones prejudiciales.
39.      Se deduce de lo expuesto que el derecho de la Unión otorga libertad a los Estados miembros para que definan la noción de fraude grave, con la exigencia de que, si lo fijan a partir de un umbral cuantitativo, el importe mínimo que establecerá cada Estado miembro no podrá superar los 50 000 euros.
3.      Legislación rumana
40.      Rumanía ha adoptado una legislación interna que, según las informaciones que constan en los autos, ha acogido la posibilidad que le ofrece el Convenio PIF para endurecer la represión de los fraudes a los intereses financieros de la Unión.
41.      El artículo 9, apartado 1, de la Ley n.º 241/2005, en su versión vigente el 23 de enero de 2014, enumera las categorías de actos constitutivos de infracciones de fraude fiscal castigadas con una pena de privación de libertad,
con independencia del montante del perjuicio ocasionado.
42.      El artículo 9, apartados 2 y 3, de la Ley n.º 241/2005
fija umbrales mínimos para los perjuicios causados, pero únicamente a los efectos de aumentar los límites mínimo y máximo de las penas de privación de libertad.
43.      La opción legislativa de Rumanía me parece compatible con el artículo 325 TFUE y con el Convenio PIF.
44.      En ausencia de norma nacional que establezca un umbral mínimo de perjuicio, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar la existencia de circunstancias que, conforme a su legislación nacional común, confieran un carácter grave a los fraudes cometidos. Entre ellas pueden contarse
la forma continuada de la infracción, (23) la reincidencia, el grado de organización del fraude, la pertenencia a una asociación de malhechores o a una organización criminal y el montante del fraude.
4.      Calificación del fraude en el litigio de origen
45.      En este asunto, el perjuicio total ocasionado a la Hacienda Pública fue de 268 536 RON (equivalentes a 59 304 euros), de los que el IVA ascendía a 163 656 RON (equivalentes a 36 142 euros).
46.      Dada su naturaleza y sus efectos, los hechos enjuiciados (24) pudieran, en principio, constituir un fraude en el sentido del artículo 325 TFUE y del artículo 1, apartado 1, letra b), del Convenio PIF. (25)
47.      La noción de «fraude» del Convenio PIF (26) engloba los ingresos procedentes de la aplicación de un tipo uniforme a la base armonizada del IVA, determinada según las normas de la Unión. Es irrelevante que el IVA no sea percibido directamente por cuenta de la Unión. (27) Además, debe tenerse en cuenta el montante total del fraude, dada la dificultad para determinar con precisión su impacto sobre el presupuesto de la Unión y sobre el presupuesto del Estado miembro. (28)
48.      A reserva de la apreciación del tribunal de reenvío, todo parece indicar que:
–        El montante global del perjuicio (esto es, no sólo el causado a los intereses financieros de la Unión) supera el umbral de los 50 000 euros, que establece el artículo 2, apartado 2, del Convenio PIF para calificar un fraude como grave.
–        El fraude era organizado y se extendió durante un período de casi dos años.
–        Una infracción de este tipo estaba sancionada por el derecho rumano aplicable en el momento de los hechos con una pena de prisión.
49.      Desde la perspectiva del derecho de la Unión, pues, nada impide que el tribunal de remisión, con estos elementos y con los adicionales que pueda valorar con arreglo a su derecho interno (reincidencia, pertenencia a organización criminal u otros), califique la infracción como fraude grave a los intereses financieros de la Unión.
5.      Conclusión intermedia
50.      En suma, el artículo 325 TFUE, apartado 1, y los artículos 1, 2 y 9 del Convenio PIF deben interpretarse en el sentido de que los Estados miembros pueden calificar de grave un fraude a los intereses financieros de la Unión también cuando su importe no sea superior a 50 000 euros.
B.      Segunda pregunta prejudicial
51.      La segunda pregunta prejudicial tiene una formulación compleja.
52.      Formalmente, el tribunal de reenvío solicita la interpretación de los artículos 2 TUE y 4 TUE, apartados 2 y 3, 2 TFUE, apartado 2, y 325 TFUE, apartado 1, del artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF, así como de los artículos 49, 52, apartado 3, y 53 de la Carta.
53.      El tribunal de reenvío quiere saber si
los mencionados preceptos deben interpretarse «[…] en el sentido de que en un procedimiento penal […] por delitos relativos al [IVA], el órgano jurisdiccional nacional debe dejar inaplicado el estándar nacional de protección relativo al principio de la lex mitior, tal como resulta de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo de [un] Estado miembro».
54.      La respuesta a la segunda
pregunta prejudicial exige, ante todo, prestar atención a la situación generada en Rumanía por la sentencia Lin I.
Examinada esa situación en el apartado 1 de este epígrafe,
–        me referiré a las conclusiones que pronuncié en el asunto Lin I (apartado 2);
–        abordaré las dificultades para aplicar la sentencia Lin I
a las infracciones prescritas, con o sin sentencia firme (apartado 3);
–        trataré
los problemas suscitados por la aplicación del principio nacional que prohíbe la creación de una lex tertia (apartado 4), y
–        finalmente, me
detendré en la previsibilidad y la precisión del criterio que, según la sentencia Lin I, permite no aplicar el estándar nacional de protección (apartado 5).
1.      Situación generada en Rumanía por la sentencia Lin I
55.      La sentencia Lin I se pronunció el 24 de julio de 2023. En ella, como ya he avanzado, el Tribunal de Justicia consideró que:
–        El estándar nacional de protección relativo a la previsibilidad de la ley penal (resultante de la sentencia constitucional n.º 297/2018)
y el estándar nacional de protección relativo al principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable (resultante de la sentencia del Tribunal Supremo
67/2022) podían crear un riesgo sistémico de impunidad en beneficio de los autores de fraudes graves a los intereses financieros de la Unión.
–        Ambos estándares resultan, en principio, incompatibles con el artículo 325 TFUE, apartado 1, y con los artículos 1 y 2 del Convenio PIF. Constituían garantías que iban más allá de los derechos protegidos por el artículo 49 de la Carta
y, por ende, del artículo 7 del CEDH. No obstante, los tribunales nacionales no tienen la obligación de dejar inaplicadas las sentencias del Tribunal Constitucional relativas al primer estándar.
56.      En efecto, la sentencia Lin I, siguiendo el precedente de la sentencia M. A. S. y M. B., aceptó un límite externo a la primacía del derecho de la Unión: los órganos jurisdiccionales rumanos no estaban obligados a dejar inaplicada la jurisprudencia nacional establecida por las sentencias constitucionales n.º 297/2018 y n.º 358/2022, a pesar de la existencia de un riesgo sistémico de impunidad de las infracciones de fraude grave que afecten a los intereses financieros de la Unión, en la medida en que esas
sentencias se basan en el principio de legalidad de los delitos y las penas tal como se protege en el derecho nacional, en sus exigencias relativas a la previsibilidad y a la precisión de la ley penal.
57.      Ahora bien, la sentencia Lin I
no aceptó este límite externo a la primacía del artículo 325 TFUE, apartado 1, y de los artículos 1 y 2 del Convenio PIF con respecto al estándar nacional del principio de la lex mitior. Declaró que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro están obligados a dejar inaplicado un estándar nacional de protección relativo al principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable (lex mitior) que permita cuestionar, también en el marco de recursos contra sentencias firmes, la interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal en tales asuntos por actuaciones procesales realizadas antes de la constatación de invalidez.
58.      La jurisprudencia Lin I fue corroborada por el Tribunal de Justicia en dos autos de 9 de enero de 2024. (29)
59.      El Tribunal
Supremo (al menos, algunas de sus formaciones) no parece aceptar la jurisprudencia Lin I en lo relativo a la no aplicación del estándar nacional de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable. Esta reticencia se ha plasmado básicamente en sus
sentencias 37/2024
y 16/2024,
cuyo contenido examinaré a continuación.
a)      Sentencia del Tribunal Supremo 37/2024
60.      En esta sentencia, el Tribunal Supremo considera
que la prescripción de la responsabilidad penal —inescindible de su interrupción— es, en el derecho rumano, una institución que pertenece al derecho material y está sujeta, entre otros, al principio de la lex mitior. A partir de esa premisa, entiende que:
–        El estándar nacional de protección relativo al principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, incluso en materia de interrupción de la prescripción de la responsabilidad penal, materializa el principio de legalidad de los delitos y de las penas, tal como está regulado en el artículo 7 del CEDH y en el artículo 49 de la Carta, y garantiza una protección más amplia, lo que obliga a aplicarlo con prioridad.
–        La obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales nacionales por la sentencia Lin I garantiza un nivel de protección que no es equivalente ni comparable con el del artículo 7 del CEDH. Al apreciar la compatibilidad de las normas jurídicas nacionales con el derecho de la Unión en el ámbito de la protección de los intereses financieros de ésta, el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta las informaciones y explicaciones proporcionadas por el órgano jurisdiccional de reenvío, que reflejaban de una manera deficiente y, en algunos puntos, errónea, la situación jurídica resultante de las sentencias nacionales relativas al principio de legalidad de los delitos y de las penas y los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional.
–        Dejar inaplicada la jurisprudencia fijada en la sentencia 67/2022 supondría una vulneración tanto del derecho fundamental a la legalidad de los delitos y de las penas, tal como está plasmado en el ordenamiento jurídico nacional, cuanto de la seguridad jurídica, al crear las premisas para la aplicación diferenciada del tratamiento jurídico del concurso de leyes en el tiempo en función de la naturaleza del delito, según se trate de un delito que afecte los intereses financieros de la Unión o de otro delito.
b)      Sentencia del Tribunal Supremo 16/2024
61.      En esta sentencia, el Tribunal Supremo declara que:
–        Con independencia del importe del perjuicio y sin que sea necesaria una evaluación concreta del riesgo sistémico de impunidad en todos los asuntos que tienen por objeto delitos contra los intereses financieros de la Unión y delitos de corrupción, las actuaciones procesales dictadas antes del 25 de junio de 2018 (fecha de la publicación, en el Monitorul Oficial al României, de la sentencia n.º 297/2018 del Tribunal Constitucional) únicamente tienen por efecto interrumpir el plazo de prescripción de la responsabilidad penal si la ley penal más favorable determinada en su conjunto con arreglo a la sentencia constitucional n.º 265, de 6 de mayo de 2014 (en lo sucesivo, «sentencia constitucional n.º 265/2014»), es el Código Penal o la legislación penal especial, en su versión vigente entre el 1 de febrero de 2014 y el 24 de junio de 2018. (30)
–        En virtud de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»), corresponde a los órganos jurisdiccionales determinar y aplicar las disposiciones del
CEDH y la jurisprudencia pertinente del TEDH relativa a la interpretación de los derechos inalienables cuando, en lo que respecta a dichos derechos, exista una discrepancia entre el estándar de protección conferido por la Carta, tal como la interpreta el Tribunal de Justicia, por una parte, y el conferido por el TEDH, por otra parte, en el sentido de que el primero es inferior al segundo.
–        Los principios de legalidad de los delitos, de retroactividad de la ley penal más favorable y de irretroactividad de la ley penal más severa forman parte de la categoría de los derechos inalienables, que se circunscriben a las tradiciones constitucionales de los Estados miembros.
–        En lo que concierne al mecanismo de aplicación de la ley penal más favorable en el derecho nacional, el Tribunal Constitucional declaró (sentencia constitucional n.º 265/2014) que es necesario aplicar la ley penal más favorable en su conjunto, lo que supone la elección, entre las leyes que se van sucediendo y utilizando el criterio de la apreciación in concreto, de una sola ley penal aplicable, a saber, la más favorable.
–        Sólo así se puede evitar imponer un trato jurídico diferenciado en caso de concurrencia de delitos (por ejemplo, cuando se constate la existencia de causas de interrupción de la prescripción de la responsabilidad penal en caso de fraudes en el pago del IVA y, al mismo tiempo, la inexistencia de tales causas en caso de fraudes en el impuesto de sociedades, ajenos al presupuesto de la Unión) o crear un doble estándar en materia de derechos fundamentales, que podría conducir a la imposición de una pena ilegal.
–        Por consiguiente, incluso con posterioridad a la sentencia Lin I, para determinar qué actuaciones procesales interrumpen el plazo de prescripción antes del 25 de junio de 2018, los órganos jurisdiccionales rumanos deben determinar la ley penal más favorable en su conjunto y evitar crear una lex tertia.
–        Como institución de derecho penal material, la prescripción de la responsabilidad penal constituye uno de los criterios a tener en cuenta para aplicar la ley penal más favorable en su conjunto y ha de evaluarse en el marco del mecanismo creado por la sentencia constitucional n.º 265/2014.
–        Dado que, durante el período comprendido entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de mayo de 2022, los plazos de prescripción de la responsabilidad penal corrieron sin posibilidad de interrupción, dejar inaplicada la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
tendría como efecto reactivar la responsabilidad penal —en virtud de una ley penal ulterior más restrictiva— después del vencimiento de los plazos de prescripción aplicables, con la consiguiente vulneración del artículo 7, apartado 1, del CEDH.
2.      Conclusiones pronunciadas en el asunto Lin I (31)
62.      No sería adecuado por mi parte reiterar, in extenso, las consideraciones expuestas en las conclusiones del asunto Lin I  que el Tribunal de Justicia no compartió.
63.      Con la interpretación propuesta en esas conclusiones, el artículo 49 de la Carta habría amparado, como límite a la primacía del derecho de la Unión, que los órganos jurisdiccionales rumanos aplicasen, en cuanto ley penal más favorable, la interpretada por las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre la interrupción de los plazos de prescripción de la responsabilidad penal.
64.      El mismo resultado se habría alcanzado extendiendo la jurisprudencia M. A. S. y M. B. al asunto Lin I, es decir, dando preferencia a la aplicación del estándar nacional de protección del principio de la lex mitior (estándar más elevado que el del artículo 49 de la Carta) sobre el artículo 325 TFUE, con objeto de maximizar la protección de los derechos fundamentales frente a la salvaguarda de los intereses financieros de la Unión en casos de fraude grave.
65.      Al Tribunal de Justicia se le ofrece ahora la posibilidad (que,
en mi opinión, debería acoger) de reconsiderar la parte de la sentencia Lin I
relativa a la inaplicación del estándar nacional más elevado de protección del principio de la lex mitior.
66.      La lealtad que los abogados generales deben al Tribunal de Justicia les obliga a señalar lo que consideren puntos débiles de una sentencia ya pronunciada, con el fin de que se pueda o bien explicarla mejor (aun en un sentido discrepante de las conclusiones) y dar una respuesta jurisdiccional, en lo posible, inmune a la crítica, (32) o bien matizarla (incluso rectificarla), como de hecho sucedió con la sentencia
M. A. S. y M. B. respecto a la precedente sentencia Taricco, en el marco del diálogo con los más altos tribunales nacionales.
67.      Desde esta perspectiva, creo que, en particular, son dos los extremos de la sentencia Lin I que necesitarían una mayor explicación.
68.      El primero atañe a la afirmación que figura en el apartado 108 de la sentencia Lin I: «[…] de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las reglas que regulan la prescripción en materia penal no están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 49, apartado 1, de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia [Taricco], apartados 54 a 57)».
69.      Pues bien, de esos apartados de la sentencia Taricco no se puede inferir taxativamente que las reglas de prescripción en materia penal estén excluidas del ámbito de aplicación del artículo 49, apartado 1, de la Carta. El Tribunal de Justicia, si quiere mantener esa exclusión, debería encontrar apoyos más sólidos.
70.      El segundo extremo que, a mi parecer, requiere o mayor explicación
o, preferiblemente, una rectificación concierne al «incremento» del riesgo sistémico de impunidad de las infracciones graves contra los intereses financieros de la Unión, como argumento clave para rechazar el estándar nacional de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable.
Por lo que después diré, este argumento suscita
no pocas dificultades. (33)
71.      En cualquier caso, como abogado general debo plantearme la hipótesis de que el Tribunal de Justicia mantenga la jurisprudencia Lin I y analizar los obstáculos que el tribunal remitente encuentra para su aplicación en Rumanía.
3.      Aplicación de la sentencia Lin I a infracciones prescritas
72.      En la letra b) de la segunda pregunta prejudicial, el tribunal de reenvío toma como premisa que «al aplicar [la] jurisprudencia nacional, […] el plazo general de prescripción de la responsabilidad penal había vencido antes del pronunciamiento de la sentencia Lin [I]».
73.      Si la prescripción de la responsabilidad penal, por aplicación de la sentencia 67/2022 del Tribunal Supremo, se produjo
antes de la sentencia Lin I, ¿podría esta última incidir en los procesos penales sobre
infracciones ya prescritas?
La respuesta demanda verificar si la prescripción de la responsabilidad penal ha sido declarada, o no,
en sentencia firme que tenga efectos de cosa juzgada.
a)      Sentencias firmes con efecto de cosa juzgada
74.      Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva no implica la obligación de los Estados miembros de establecer vías de recurso extraordinarias que permitan reabrir un procedimiento finalizado mediante sentencia firme,
a raíz de que se dicte una sentencia prejudicial interpretativa.
75.      El derecho de la Unión no exige que, para tener en cuenta la interpretación de un precepto aplicable de ese derecho adoptada por el Tribunal de Justicia con posterioridad a la resolución de un órgano jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada, éste deba, por regla general, reconsiderar dicha resolución. (34)
76.      El principio de cosa juzgada
garantiza tanto la estabilidad del derecho y de las relaciones jurídicas como la recta administración de la justicia. De ahí que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o haber expirado los plazos previstos para el ejercicio de tales recursos. (35)
77.      En consecuencia, el derecho de la Unión no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a inaplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque así se subsanase una situación nacional incompatible con ese derecho. (36)
78.      Cuando la Unión carece de normativa en una materia, las modalidades de aplicación del principio de cosa juzgada se rigen por el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, en virtud de la autonomía procesal de éstos, con observancia, no obstante, de los principios de equivalencia y de efectividad. (37)
79.      De conformidad con esta jurisprudencia, y a reserva de la apreciación del tribunal de reenvío sobre su derecho interno, entiendo que la aplicación de la sentencia Lin I no puede conllevar la anulación de las resoluciones judiciales firmes, pronunciadas antes de que aquélla se dictara. Esta imposibilidad jurídica se extiende a las sentencias firmes dictadas (antes de la sentencia Lin I) en aplicación del estándar nacional más elevado de protección del principio de la lex mitior, aunque se genere con ello impunidad para los delitos graves contra los intereses financieros de la Unión.
80.      No advierto que concurran en este asunto ninguno de los supuestos excepcionales en los que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia antepone la primacía de las normas de la Unión al efecto de cosa juzgada de sentencias firmes nacionales.
La primacía de las normas de la Unión ha de ceder, pues, ante la obligación de respetar el efecto de cosa juzgada de las sentencias nacionales firmes. (38)
b)      Sentencias no firmes
81.      La prescripción de la responsabilidad penal, en el asunto de autos, la constata una sentencia de apelación que ha sido recurrida en casación.
82.      El Tribunal de Justicia ha dado una interpretación autónoma del concepto de sentencia firme utilizado en el artículo 49, apartado
1, última frase, de la Carta. (39) Así, una condena no puede considerarse firme cuando pueda ser objeto de un recurso ordinario, esto es, cualquier recurso que forme parte del desarrollo normal de un proceso y que, como tal, constituya una actuación procesal con la que debe contar razonablemente cualquiera de las partes. (40)
83.      Por definición, carece de firmeza una sentencia penal
contra la que es admisible, y se ha interpuesto en plazo, un recurso de casación.
En principio, pues, el Tribunal Supremo podría aplicar la sentencia Lin I sin verse compelido a respetar el efecto de cosa juzgada del que, repito, carece la sentencia dictada en apelación.
84.      Ahora bien, hay que plantearse qué ocurre cuando el fraude fiscal tuvo lugar mucho antes de la sentencia Lin I
(en este caso, entre 2012 y 2014) y un tribunal de apelación declara, en 2024, que la responsabilidad penal había prescrito por el transcurso del plazo de ocho años, calculados sin interrupción en aplicación del estándar nacional de protección de la lex mitior. En esta situación,
¿la sentencia Lin I
exige
reactivar la responsabilidad penal?
85.      Mi respuesta a esta pregunta es negativa, como paso a exponer.
86.      Se podría argumentar que el artículo 325 TFUE y los artículos 1 y 2 del Convenio PIF obligan desde su entrada en vigor (respectivamente el 1 de diciembre de 2009 y el 1 de enero de 2008) a Rumanía y que la sentencia Lin I interpreta dichos preceptos con efectos ex tunc.
87.      En esta línea, el estándar rumano de protección de la lex mitior resultante de la sentencia 67/2022 del Tribunal Supremo sería incompatible con las normas del derecho de la Unión desde el momento mismo en que éstas (que producen efecto directo) entraron en vigor para Rumanía. La primacía del derecho de la Unión conduciría a considerar subsistentes las responsabilidades penales por fraudes graves en materia de IVA, cuando su prescripción se hubiera producido en aplicación del estándar rumano de la lex mitior antes de la sentencia Lin I, sin haber sido declarada (la prescripción) por sentencia firme.
88.      Creo, sin embargo, que la jurisprudencia del TEDH, aplicable en el marco del artículo 49 de la Carta a tenor de su artículo 52, apartado 3, obliga a descartar esta interpretación.
89.      Según el TEDH:
–        El restablecimiento de la responsabilidad penal después de la expiración del plazo de prescripción es incompatible con los principios fundamentales de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege) y previsibilidad consagrados en el artículo 7 del CEDH.
–        Cuando, conforme al derecho interno, el plazo de prescripción expira, de modo que queda excluida la responsabilidad penal, el artículo 7 del CEDH se opone, a falta de una base jurídica válida, a que se puedan iniciar nuevas acciones judiciales en relación con ese delito. Lo contrario sería admitir «la aplicación retroactiva de la ley penal en perjuicio del imputado». (41)
–        El
CEDH no exige a los Estados parte que descarten un plazo de prescripción aplicable y, por lo tanto, restablezcan un plazo de prescripción vencido. Hay situaciones en las que no es posible la reapertura de un proceso penal y una de ellas es cuando tal proceso se ha cerrado debido a la expiración del plazo de prescripción previsto en la legislación nacional. Su reapertura plantea problemas de seguridad jurídica y afecta a los derechos de defensa garantizados por el artículo 7 del CEDH. (42)
–        La imprescriptibilidad de un delito requiere una base jurídica suficientemente clara y previsible, (43) tanto si se halla en el derecho nacional como en el derecho internacional. (44)
90.      La aplicación de la sentencia Lin I aboca, en realidad, a «reabrir» plazos de prescripción que, según el derecho rumano tal como lo interpretan sus más altos tribunales, habían expirado. En esa misma medida, reactiva la persecución penal de fraudes en materia de IVA cometidos antes del pronunciamiento de la sentencia Lin I y ya prescritos.
91.      Sin perjuicio de que la sentencia Lin I, como todas las sentencias del Tribunal de Justicia, debe ser acatada, difícilmente podría calificarse de
base jurídica suficientemente clara y previsible (45) para no aplicar las reglas de prescripción de la responsabilidad penal enunciadas en la sentencia 67/2022 del
Tribunal Supremo. (46)
92.      Varias razones me permiten llegar a esta conclusión intermedia, habida cuenta de que la sentencia Lin I:
–        No declara imprescriptibles los delitos por fraudes graves en materia de IVA contra los intereses financieros de la Unión. (47)
–        Ha introducido la imposibilidad de invocar el estándar rumano de protección de la lex mitior
(más elevado que el del derecho de la Unión)
en términos que requerirían una mayor claridad. Lo ha hecho, además, sobre la base de una premisa que, según los tribunales nacionales, no refleja bien el derecho interno, pues el estándar nacional de protección relativo al principio de aplicación retroactiva de la lex mitior, incluso en materia de interrupción de la prescripción de la responsabilidad, materializa, de modo inescindible, el principio de legalidad de los delitos y de las penas.
–        Ha dado lugar a interpretaciones divergentes, como ponen de relieve las sentencias del Tribunal Supremo 37/2024
y 16/2024, así como esta misma petición de decisión prejudicial. El reenvío prejudicial revela que, incluso dentro del mismo Tribunal Supremo rumano, subsisten discrepancias relevantes sobre la aplicación de la sentencia Lin I, según cuál sea la formación jurisdiccional de ese Alto Tribunal llamada a decidir. (48)
–        Se aparta de la línea sentada en la sentencia M. A. S. y M. B., relativa a las reglas de prescripción en materia penal en Italia.
La inaplicación del estándar rumano sobre la lex mitior permite imponer a determinadas personas sanciones penales que
habrían evitado
de aplicarse el estándar nacional, al igual que sucedía en Italia. (49)
–        Reconoce (como era lógico
a la luz de la sentencia M. A. S. y M. B.) que el límite externo a la primacía del derecho de la Unión
se aplica para el principio de legalidad penal, pero lo rechaza, simultáneamente, para el principio de la lex mitior. Este último, sin embargo, según el Tribunal Supremo, forma parte ineludible del principio de legalidad penal en Rumanía.
–        Tras apreciar que la aplicación de ambos estándares nacionales generaba un riesgo sistémico de impunidad, afirma que el segundo (el relativo a la lex mitior) conllevaba una prolongación mayor en el tiempo de dicho riesgo. (50) Sin embargo, este dato no está acreditado por las estadísticas disponibles. Para el Tribunal Supremo, la afectación del principio de legalidad penal es idéntica en el caso de ambos estándares nacionales y el riesgo de impunidad también.
93.      La falta de previsibilidad de la sentencia Lin I, en relación con la aplicación del estándar nacional de la lex mitior a la interrupción de la prescripción penal,
se advierte aún más a la vista de que descansa sobre el postulado de considerar las normas relativas a la prescripción como de derecho procesal y no de derecho penal material. Tal postulado, sin embargo, no deriva del derecho de la Unión (51) y, por el contrario, se opone a la constante jurisprudencia de los altos tribunales rumanos
para el caso de su país.
94.      En el momento de los hechos controvertidos, el régimen de prescripción aplicable a las infracciones penales relativas al IVA no había sido objeto de armonización por el legislador de la Unión. (52) Por consiguiente, los Estados miembros eran libres de prever que, en su ordenamiento jurídico, el tratamiento de la prescripción de la responsabilidad penal (incluido lo relativo a su interrupción) correspondía al derecho penal material.
Así lo han considerado, repito, las altas jurisdicciones rumanas.
95.      Por eso, la opción del Tribunal de Justicia de atribuir carácter procesal a las normas de prescripción de la responsabilidad penal (53) resultó conflictiva en la sentencia Taricco
y hubo de ser matizada en la sentencia M. A. S. y M. B. Esta última admitió, como ya he expuesto, una limitación a la primacía del derecho de la Unión, tras aceptar el carácter material de las normas de prescripción en derecho italiano. (54)
96.      En otros casos, el propio Tribunal de Justicia ha reconocido naturaleza material y no procesal a la prescripción establecida en normas del derecho de la Unión. Así, en la sentencia Volvo y DAF Trucks, el propio Tribunal de Justicia afirmó que «[…] a diferencia de los plazos procesales, el plazo de prescripción, al conllevar la extinción de la acción judicial, se refiere al derecho material, ya que afecta al ejercicio de un derecho subjetivo que la persona afectada ya no podrá invocar de manera efectiva ante un tribunal». (55) Por eso, reconoció carácter sustantivo y no procesal al artículo 10 («Plazos») de la Directiva 2014/104. (56)
97.      Así pues, considero que las normas del derecho de la Unión a las que se refiere la segunda pregunta prejudicial:
–        No exigen revisar las sentencias penales firmes, con efecto de cosa juzgada, en las que se haya apreciado que el plazo de prescripción de la responsabilidad penal había vencido antes de que se dictase la sentencia Lin I, con fundamento en el estándar nacional de protección de la ley penal más favorable.
–        No se oponen a aplicar el estándar nacional de protección de la ley penal más favorable a infracciones consumadas antes de que se dictase la sentencia Lin I, en la medida en que esta sentencia no constituye una base jurídica clara y previsible para reestablecer la responsabilidad penal por delitos cuya prescripción haya sido declarada por los tribunales rumanos, aun sin carácter firme.
4.      Prohibición de aplicar una lex tertia
98.      El tribunal de reenvío asevera [en la letra a) de la segunda pregunta prejudicial] que «la prohibición de la aplicación de la lex tertia
[es un] principio de rango constitucional».
99.      A partir de esa afirmación, el tribunal de reenvío pregunta si procede dejar inaplicado el estándar nacional de protección relativo a la lex mitior cuando su no aplicación sea incompatible con el principio constitucional de interdicción de la lex tertia. (57)
100. En virtud de la sentencia constitucional n.º 265/2014, la
aplicación retroactiva de la ley penal más favorable debe realizarse utilizando el método de comparación global y no el método de comparación diferenciada. Así, en caso de concurrencia de regímenes jurídicos sucesivos:
–        Se ha de elegir y aplicar aquella ley que, en su conjunto, garantice una situación más favorable al acusado.
–        Sin embargo, no pueden combinarse las disposiciones favorables de las leyes concurrentes y crear, por la vía judicial, una lex tertia, que supondría reconocer a los jueces la posibilidad de elaborar normas penales en contra del artículo 61 de la Constitución rumana.
–        La determinación de la ley penal más favorable debe tener en cuenta un cierto número de elementos, tales como el tipo y la cuantía de las penas, las condiciones de incriminación, las causas de exclusión de la responsabilidad penal, la influencia de las circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes, las reglas sobre la participación, la tentativa, la reincidencia, entre otros. (58)
101. Si la he comprendido bien, la prohibición de crear una lex tertia
impide que los órganos jurisdiccionales nacionales, ante la sucesión de varios regímenes jurídicos, mezclen
elementos de uno de ellos (por ejemplo, los que atañen a la definición de los delitos y a las penas) con elementos de otro
(por ejemplo, las normas reguladoras de la prescripción de la responsabilidad penal). Se trataría así de evitar que los órganos jurisdiccionales «construyan» la ley penal más favorable.
102. El tribunal de reenvío, al contestar a las preguntas del Tribunal de Justicia sobre esta prohibición, indica que, de aplicarse la sentencia Lin I, la ley penal más favorable resultaría de la combinación de varias disposiciones de las leyes concurrentes. En la vista, el Gobierno rumano confirmó esta aseveración.
103. Así, a la interrupción de la prescripción en el caso de un fraude grave en materia de IVA, cometido el 1 de enero de 2016,
para el que rige un plazo de prescripción de diez años en el derecho rumano, se aplicarían sucesivamente:
–        El régimen del artículo 155, apartado 1, del Código Penal de 2009, vigente hasta que la sentencia constitucional n.º 297/2018 lo declaró inválido. Con arreglo a este régimen, interrumpía la prescripción cualquier actuación procesal, se comunicase
o no al imputado.
–        El régimen resultante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, aplicable desde el 25 de junio de 2018 al 30 de mayo de 2022. Conforme a él, no existían en derecho rumano motivos de interrupción del plazo de prescripción de la responsabilidad penal. La ausencia de esos motivos de interrupción se extiende retroactivamente a hechos cometidos
durante el período anterior a 2018, en cuanto norma penal más favorable.
–        El régimen resultante de la modificación del artículo 155, apartado 1, del Código Penal de 2009 por la OUG n.º 71/2022, aplicable desde el 30 de mayo de 2022. En su virtud, interrumpen la prescripción las actuaciones procesales comunicadas al imputado.
104. En este ejemplo, se aplicarían al fraude grave en materia de IVA regímenes dispares de interrupción de la prescripción de la responsabilidad penal que, de seguirse el criterio de la sentencia Lin I, sería preciso combinar.
Por el contrario, el estándar rumano de protección de la lex mitior hace que se aplique únicamente el régimen de interrupción de la prescripción más favorable, también a todas las actuaciones procesales acaecidas entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de mayo de 2022.
105. La aplicación de la sentencia Lin I crearía, por tanto, una lex tertia
para configurar la determinación de la ley penal más favorable. No sucedería así con la solución adoptada por el Tribunal Supremo en sus sentencias 67/2022, 16/2024 y 37/2024.
106. En mi opinión, incluso si la que acabo de describir fuera la consecuencia de aplicar la sentencia Lin I, el principio que prohíbe la aplicación de una lex tertia para identificar la lex mitior
no difiere significativamente del estándar de protección nacional más elevado que ya analizó la sentencia Lin I.
107. Si en la sentencia Lin I el Tribunal de Justicia no siguió el precedente de la sentencia M. A. S. y M. B. y rechazó que los órganos jurisdiccionales rumanos aplicasen su estándar de protección más elevado, en lo que atañe a la lex mitior, no veo razones para cambiar esa línea jurisprudencial a fin de respetar la exigencia constitucional de no crear una lex tertia.
108. En efecto, la prohibición de crear una lex tertia
no es sino una más de las reglas nacionales (cierto que con rango constitucional) que, en Rumanía, impregnan la puesta en práctica
del principio de aplicación retroactiva de las leyes penales más favorables al acusado. La sentencia Lin I descarta este principio, en su conjunto, al declarar que los órganos jurisdiccionales rumanos están obligados a no aplicar el estándar nacional de protección correspondiente para evitar el riesgo de impunidad de los fraudes a los intereses financieros de la Unión.
109. En cuanto a la diferencia de trato entre el régimen de prescripción aplicable (con arreglo a la sentencia Lin I) a los fraudes que afecten a los intereses financieros de la Unión y el que atañe a otros delitos, ciertamente existe. Implica que a un procesado le serían aplicables normas diferentes en materia de interrupción de los plazos de prescripción de la responsabilidad penal, según si se trata de infracciones en materia de IVA
o de infracciones relativas al impuesto de sociedades, por ejemplo.
110. Ahora bien, esa diferencia:
–        Por un lado, no supone la aplicación de una lex tertia con respecto al principio de la lex mitior, sino que resulta del ámbito de aplicación del derecho de la Unión, en concreto del artículo 325 TFUE.
–        Por otro lado, implica que los fraudes en tributos a los que no se aplica el artículo 325 TFUE
se beneficiarían del estándar rumano de protección del principio de la ley penal más favorable.
5.      Riesgo sistémico de impunidad: extensión e incertidumbre
111. El tribunal de reenvío toma como premisa que el derecho nacional no establece criterios específicos para que un órgano jurisdiccional pueda apreciar el riesgo sistémico de impunidad al que se refiere la sentencia Lin I [letra d) de la segunda pregunta prejudicial].
112. En la sentencia Lin I, el Tribunal de Justicia consideró que la situación jurídica generada por las sentencias constitucionales n.º 297/2018 y n.º 358/2022 y la sentencia 67/2022 del Tribunal Supremo «genera un riesgo sistémico de impunidad respecto a las infracciones de fraude grave que afecte a los intereses financieros de la Unión, en particular en los asuntos cuya complejidad requiere una instrucción más larga por parte de las autoridades penales». (59)
113. Tal situación, añadió, «[…] comporta el riesgo intrínseco de que muchos casos de fraude grave que afecte a los intereses financieros de la Unión no puedan ser sancionados debido a la expiración de dicho plazo [(de prescripción)], en particular en los asuntos cuya complejidad requiere una instrucción más larga […]». (60)
114. Como puede apreciarse, el Tribunal de Justicia determinó por sí mismo, en la sentencia Lin I, que la aplicación de la jurisprudencia de los más altos tribunales nacionales suponía un riesgo sistémico de impunidad para los autores de fraudes graves, en detrimento de los intereses financieros de la Unión. Por lo tanto, esta apreciación no deben realizarla ya los órganos jurisdiccionales rumanos cuando apliquen la sentencia Lin I, sino tenerla por dada.
115. Más problemas presenta la distinción que el Tribunal de Justicia realiza entre: a) el riesgo sistémico de impunidad que conlleva la aplicación de la jurisprudencia rumana respecto a la previsibilidad de la ley penal; y b) ese mismo riesgo respecto al principio de la lex mitior. (61)
116. El razonamiento del Tribunal de Justicia sobre esa distinción (62) aboca a que, sólo en el segundo caso (es decir, si el juez nacional se atiene al estándar nacional de la lex mitior para actuaciones procesales realizadas antes del 25 de junio de 2018), quedan comprometidas la primacía, la unidad y la efectividad del derecho de la Unión.
117. En otras palabras, la sentencia Lin I
tolera el riesgo sistémico de impunidad para fraudes graves contra los intereses financieros de la Unión cometidos entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de mayo de 2022, cuando deriva de aplicar el estándar nacional de protección relativo a la previsibilidad de la ley penal, pero no acepta dicho riesgo cuando se extiende a supuestos anteriores al 25 de junio de 2018 en los que se aplica
el estándar nacional de protección del principio de la lex mitior (otro componente del mismo principio de legalidad penal).
118. A mi modo de ver, la sentencia Lin I no ofrece argumentos suficientes para demostrar por qué el riesgo sistémico de impunidad diverge según se aplique un estándar nacional u otro.
119. En primer lugar, el estándar nacional de protección de la lex mitior tiene un impacto limitado sobre la eliminación de la responsabilidad penal. No conlleva la despenalización de los delitos por fraude grave contra los intereses financieros de la Unión. Se ciñe a evitar que opere la interrupción de la prescripción penal entre el 1 de febrero de 2014 y el 25 de junio de 2018, prolongando hacia atrás
el régimen aplicable entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de mayo de 2022, que validó la sentencia Lin I.
120. En supuestos como el de autos, la sentencia dictada en apelación, al aplicar el estándar nacional de la lex mitior, ha declarado extinguida la responsabilidad penal de
un acusado (cómplice del delito, con un plazo de prescripción de ocho años), pero no de otro (autor del delito, con un plazo de prescripción de diez años). El estándar nacional de la lex mitior únicamente extiende, de modo retroactivo, la inexistencia de actuaciones procesales capaces de interrumpir la prescripción, pero no despenaliza, repito, los fraudes graves en materia de IVA ni acorta el plazo de prescripción para su persecución.
121. En segundo lugar, el incremento del riesgo de impunidad por la aplicación del estándar nacional de protección de la lex mitior
en relación con la aplicación del estándar nacional relativo al principio de legalidad parece más una conjetura
que un hecho constatado, pues:
–        No se sabe con certeza el número de infractores beneficiados por la inexistencia de interrupciones de la prescripción de la responsabilidad penal entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de mayo de 2022, que la sentencia Lin I
tolera en aras de proteger la previsibilidad de la ley penal.
–        Tampoco se conoce el impacto real que supone aplicar el principio de la lex mitior a la interrupción de la prescripción de la responsabilidad penal sobre supuestos anteriores al 25 de junio de 2018, aplicación que, según la sentencia Lin I, supone un riesgo para la unidad, la primacía y la efectividad del derecho de la Unión.
122. Los datos aportados en la vista por el Gobierno rumano, aunque no tienen una desagregación exhaustiva, apuntan a que los archivos de las causas penales por fraude fiscal durante el período 2014 a 2025, fundados en la prescripción de la responsabilidad penal por aplicación de la ley más favorable, son muy limitados.
No corroboran el temor a un riesgo sistémico de impunidad de este género de conductas.
123. En la sentencia M. A. S. y M. B., el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la modificación de los plazos de prescripción de la responsabilidad penal en Italia. Afirmó que el juez nacional ha de verificar si la inaplicación de reglas nacionales en esta materia, por efecto de una sentencia del Tribunal de Justicia, «conduce a una situación de incertidumbre en el ordenamiento jurídico [nacional], respecto a la determinación del régimen de prescripción aplicable, que menoscaba el principio de precisión de la ley aplicable». (63)
124. Pues bien, ante la incertidumbre generada por una sentencia del Tribunal de Justicia, se admitió que el juez nacional no estaba obligado a dejar sin aplicación las disposiciones nacionales allí controvertidas. Esta misma doctrina puede extrapolarse a la sentencia Lin I, en lo que atañe a los fraudes
que perjudican los intereses financieros de la Unión, acaecidos en Rumanía antes del 25 de junio de 2018.
125. En efecto, la situación creada por la sentencia Lin I
provoca una inseguridad a los órganos jurisdiccionales rumanos
(al aplicar el estándar nacional de protección del principio de la lex mitior)
equiparable a la producida
en Italia con la aplicación de la sentencia Taricco. De ahí que, también por esta circunstancia, esté justificada la aceptación de un límite externo a la primacía del derecho de la Unión, de manera similar a lo asumido por el Tribunal de Justicia en la sentencia M. A. S. y M. B.
V.      Conclusión
126. A tenor de las consideraciones precedentes, sugiero responder a la primera pregunta de la Sala de lo Penal de la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo, Rumanía) en estos términos:
«El artículo 325 TFUE, apartado 1, y los artículos 1, 2 y 9 del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995 y anexo al Acto del Consejo de 26 de julio de 1995,
han de interpretarse en el sentido de que:
los Estados miembros pueden calificar de grave un fraude a los intereses financieros de la Unión Europea cuando su importe no sea superior a 50 000 euros».
127. Sugiero, asimismo,
al Tribunal de Justicia que, a la vista de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales que deciden en última instancia, reconsidere los pronunciamientos de la sentencia de 24 de julio de 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606),
en cuanto a la obligación de dejar inaplicado el estándar nacional de protección relativo al principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable y declare que:
«El artículo 325 TFUE, apartado 1, y los artículos 1, 2 y 9 del Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995 y anexo al Acto del Consejo de 26 de julio de 1995,
no exigen revisar las sentencias penales firmes, con efecto de cosa juzgada, en las que se haya apreciado que el plazo de prescripción de la responsabilidad penal había vencido antes de que se dictase la sentencia Lin, con fundamento en el estándar nacional de protección de la ley penal más favorable;
no se oponen a aplicar el estándar nacional de protección de la ley penal más favorable a infracciones consumadas antes de que se dictase la sentencia Lin, en la medida en que esta sentencia no constituye una base jurídica clara y previsible para reestablecer la responsabilidad penal por delitos cuya prescripción haya sido declarada por los tribunales rumanos, aun sin carácter firme».
128. Si el Tribunal de Justicia mantiene
en su integridad los pronunciamientos de la
sentencia Lin, la
respuesta a la segunda
pregunta de la Sala de lo Penal de la Înalta Curte de Casație și Justiție (Tribunal Supremo) podría ser la siguiente:
«Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro no pueden adoptar decisiones incompatibles con la sentencia Lin.
En consecuencia, esos órganos jurisdiccionales:
están obligados a dejar inaplicado un estándar de protección relativo al principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable, sin que esa obligación varíe por efecto de una regla nacional que prohíbe la aplicación de una lex tertia;
no pueden ignorar que la sentencia Lin I ha determinado la existencia de un riesgo sistémico de impunidad para los fraudes graves a los intereses financieros de la Unión, al aplicar el estándar nacional de protección del principio de la ley penal más favorable, de manera que no es
imprescindible que esos órganos jurisdiccionales valoren en cada caso la existencia del referido riesgo».
1      Lengua original: español.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Sentencia de 24 de julio de 2023, Lin (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606; en lo sucesivo, «sentencia Lin I»).
3      Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, firmado en Bruselas el 26 de julio de 1995 y anexo al Acto del Consejo de 26 de julio de
1995 (DO 1995, C 316, p. 49; en lo sucesivo, «Convenio PIF»).
4      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal (DO 2017, L 198, p. 29; en lo sucesivo, «Directiva PIF»).
5      Codul Penal din 21 iulie 1968, republicat (Código Penal de 21 de julio de 1968, republicado) (Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 65 de 16 de abril de 1997). Este Código Penal es fruto del texto refundido por la Lege nr. 140/1996, pentru modificarea și completarea Codului penal (Ley n.º 140/1996 de modificación del Código Penal) (Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 289 de 14 de noviembre de 1996), y estuvo en vigor hasta el 1 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, «Código Penal de
1968»).
6      Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Ley n.o 286/2009 del Código Penal), de 17 de julio de 2009 (Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 510 de 24 de julio de 2009) (en lo sucesivo «Código Penal de 2009»). Está en vigor desde el 1 de febrero de 2014.
7      Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71 din 30 mai 2022 pentru modificarea articolului 155 alineatul (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (Decreto-ley n.º 71 de 30 de mayo de 2022, por el que se modifica el artículo 155, apartado 1, de la Ley n.º 286/2009, del Código Penal) (Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 531 de 30 de mayo de 2022; en lo sucesivo «OUG n.º 71/2022»).
8      Lege nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (Ley n.º 135/2010, relativa al Código de Enjuiciamiento Penal) (Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 486 de 15 de julio de 2010).
9      Legea nr. 241/2005 (Ley n.º 241/2005) (Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 672 de 27 de julio de 2005), modificada por la Legea nr. 50/2013 (Ley n.º 50/2013) (Monitorul Oficial al României, parte I, n.º 146 de 19 de marzo de 2013) — versión en vigor el 23 de enero de 2014.
10      Transcribo, en los puntos que siguen, la exposición de las sentencias que llevé a cabo en mis conclusiones del asunto Lin I (EU:C:2023:532). En lo sucesivo, como convención de escritura, emplearé las expresiones «Tribunal Supremo» y «Tribunal Constitucional».
11      Por el contrario, el Tribunal Constitucional consideró que la solución legislativa anterior (artículo 123, párrafo primero, del Código Penal de 1968) cumplía con las condiciones de previsibilidad impuestas por la Constitución, ya que disponía que sólo la realización de una actuación que, conforme a la ley, debía ser comunicada al imputado podía interrumpir el plazo de prescripción de la responsabilidad penal.
12      Ese acto normativo se aprobó pocos días después de la sentencia constitucional n.º 358/2022.
La OUG n.º 71/2022 modificó el artículo 155 del Código Penal de 2009. El apartado 1 de este artículo pasa, desde entonces, a tener el siguiente tenor: «[el] plazo de prescripción de la responsabilidad penal se interrumpirá por la realización en el procedimiento de cualquier actuación procesal que, conforme a lo establecido en la ley, deba comunicarse al investigado o al acusado».
13      Se trata, respectivamente, de la formación para la unificación de la doctrina y de la formación para la resolución de los recursos de casación en interés de Ley.
14      La decisión de reenvío (apartado 8) califica a esta sentencia de «definitiva», si bien indica que se ha declarado admisible el recurso de casación contra ella (apartado 6). En la vista se aclaró que el adjetivo «definitiva» no obsta a interponer, contra la sentencia de apelación, un recurso de casación.
15      El Ministerio Fiscal solicita que se tenga en cuenta el carácter vinculante de la interpretación del derecho de la Unión establecida en la sentencia Lin I y, por consiguiente, que se estime el recurso de casación.
16      En su opinión, hubo actuaciones procesales que interrumpieron el plazo de prescripción, tanto con anterioridad a la fecha de publicación de la sentencia constitucional n.º 297/2018
como después de la fecha de publicación de la sentencia constitucional n.º 358/2022.
17      Sentencias Lin I, apartado 83; y de 21 de diciembre de 2021, Euro Box Promotion y otros (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 y C‑840/19, EU:C:2021:1034, en lo sucesivo, «sentencia Euro Box Promotion»), apartado 181.
18      Sentencias Lin I, apartado 96; y Euro Box Promotion, apartado 253.
19      Véase, en este sentido, el Informe explicativo del convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO 1997, C 191, p. 1), apartado III, artículo 2: «Excepto para los casos de fraude que se refieran a un importe mínimo que establecerá cada Estado miembro y no podrá superar los 50 000 [euros], el Convenio deja en manos de los Estados miembros la definición, en función de sus prácticas tradicionales jurídicas, de las circunstancias de hecho que permiten calificar determinados comportamientos fraudulentos como elementos constitutivos de fraude grave. […] No obstante, cada Estado miembro tendrá la facultad de establecer penas de privación de libertad para los demás casos de fraude».
20      Sentencias Lin I, apartado 80; y de 5 de diciembre de 2017, M. A. S. y M. B. (C‑42/17, EU:C:2017:936; en lo sucesivo «sentencia M. A. S. y M. B.»), apartado 43.
21      Sentencias Lin I, apartado 97; Euro Box Promotion, apartado 213; M. A. S. y M. B., apartado 39; y de 5 de junio de 2018, Kolev y otros (C‑612/15, EU:C:2018:392), apartado 76.
22      Sentencias de 8 de septiembre de 2015, Taricco y otros (C‑105/14, EU:C:2015:555; en lo sucesivo, «sentencia Taricco»), apartado 58. Respecto a las infracciones de corrupción, no utiliza el calificativo de graves la sentencia Euro Box Promotion, apartados 194, 203, 212 y 213, ni el auto de 9 de enero de 2024, Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov (C‑131/23, EU:C:2024:42), apartados 75 y 85.
23      Decisión de reenvío, apartado 57.
24      Se reprocha al acusado un delito continuado de complicidad en el fraude fiscal, tipificado en el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Ley n.º 241/2005.
25      Como los hechos imputados ocurrieron entre 2012 y 2014, les resulta aplicable el Convenio PIF porque la Directiva PIF se aplica a partir del 6 de julio de 2019.
26      «Cualquier acción u omisión intencionada relativa [...] a la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la disminución ilegal de los recursos del presupuesto general de [la Unión] o de los presupuestos administrados por [la Unión] o por su cuenta».
27      Sentencia Taricco, apartado 41, así como sentencia de 2 de mayo de 2018, Scialdone (C‑574/15, EU:C:2018:295), apartados 37 a 39.
28      Esta solución la acoge expresamente el considerando cuarto de la Directiva PIF.
29      Asuntos Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov (C‑75/23, EU:C:2024:44), y Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Braşov (C‑131/23, EU:C:2024:42).
30      En la sentencia 16/2024, el Tribunal Supremo declara, asimismo, que «las actuaciones procesales que, en virtud de la Ley, deben comunicarse al investigado o al acusado con posterioridad al 30 de mayo de 2022 únicamente interrumpirán el cómputo del plazo de prescripción de la responsabilidad penal en lo que respecta a los hechos cometidos a partir del 30 de mayo de 2022 o con anterioridad si la ley penal más favorable determinada en su conjunto con arreglo a [la sentencia constitucional n.º 265/2014] es el Código Penal o la legislación penal especial, en su versión vigente a partir del 30 de mayo de 2022».
31      Conclusiones Lin I (C‑107/23 PPU, EU:C:2023:532).
32      Entre los autores críticos con la sentencia Lin I, véanse Alonso García, R., «Límites y contra-límites en la aplicación nacional de la CDFUE, y “preeminencia” del derecho de la UE (STJUE 24 julio 2023, C‑107/23 PPU, asunto Lin)», Revista Española de Derecho Europeo, 2024, n.º 1, pp. 149-167; Caiola, A., «La continuité d’une évolution jurisprudentielle. À la recherche de l’équilibre entre la protection des intérêts financiers de l’Union européenne et le respect du principe de légalité des délits et des peines», Revue des affaires européennes, 2023, n.º 3, p. 783; Dimitrakopulos, I., «Statutes of limitations and scope of Article 49 (1) of the EU Charter of Fundamental Rights: weaknesses of the ECJ’s approach in Taricco and Lin», European Law Review, 2025, n.º 2, pp. 221 a 228; y Bonelli, M., «Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin», Common Market Law Review, 2024, n.º 4, pp. 1045 a 1076.
33      Bonelli, M., en «Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin», Common Market Law Review, 2024, n.º 4, p. 1075, afirma: «Whereas the Opinion of the Advocate General suggested opting for a high level of protection of fundamental rights that could ultimately act as a limit to the duty to set aside national case law, the Court opted for a much more primacy-oriented and effectiveness-oriented judgment, with limited consideration for the fundamental rights concerns expressed by the Advocate General. What is regrettable is not necessarily the outcome of the Court’s ruling, especially when one considers that ultimately the Court did accept certain limitations to primacy and effectiveness insofar as it saw the [Romanian Constitutional Court] judgments as expressions of a legitimate higher standard of protection. But rather the problem lies with the limited engagement with the question of how to define the EU standard of fundamental rights protection, and most notably with the lack of explanation of why the Romanian lex mitior standard as expressed in the Cassation Court decision could not be upheld».
34      Sentencias de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme) (C‑582/21, EU:C:2024:282; en lo sucesivo, «sentencia Profi Credit Polska»), apartados 35 y 36; de 6 de octubre de 2015, Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662), apartado
38; y de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067), apartado 60.
35      Sentencias Profi Credit Polska, apartado 37; y de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco (C‑600/19, EU:C:2022:394), apartado 41.
36      Sentencias Profi Credit Polska, apartado 38; de 17 de mayo de 2022, Ibercaja Banco (C‑600/19, EU:C:2022:394), apartado 42; de 2 de abril de 2020, CRPNPAC y Vueling Airlines (C‑370/17 y C‑371/18, EU:C:2020:260), apartado 89; de 11 de septiembre de 2019, Călin (C‑676/17, EU:C:2019:700), apartado
27; y de 6 de octubre de 2015, Târșia (C‑69/14, EU:C:2015:662), apartado 29.
37      Sentencias Profi Credit Polska, apartados 39 y 40; de 24 de octubre de 2018, XC y otros (C‑234/17, EU:C:2018:853), apartado
21; y de 10 de julio de 2014, Impresa Pizzarotti (C‑213/13, EU:C:2014:2067), apartado 54.
38      Sentencias de 2 de abril de 2020, CRPNPAC y Vueling Airlines (C‑370/17 y C‑371/18, EU:C:2020:260), apartados 96 y 97; y de 3 de septiembre de 2009, Fallimento Olimpiclub (C‑2/08, EU:C:2009:506), apartados 29 a 31.
39      Sentencia de 1 de agosto de 2025, Baji Trans (C‑544/23, EU:C:2025:614), apartados 100 a 107.
40      Sentencia de 1 de agosto de 2025, Baji Trans (C‑544/23, EU:C:2025:614), apartado 102.
41      TEDH, dictamen consultivo P16‑2021‑001, de 26 de abril de 2022, sobre la aplicación de la prescripción a las investigaciones, condenas y sanciones por infracciones constitutivas de actos de tortura, §§ 77 (en lo sucesivo, «TEDH, dictamen consultivo sobre prescripción de actos de tortura»); sentencias de 18 de junio de 2020, Antia y Khupenia c. Georgia (CE:ECHR:2020:0618JUD000752310), §§ 38 a 43; y de 22 de septiembre de 2015 Borcea c. Rumanía (CE:ECHR:2015:0922DEC005595914), § 65.
42      TEDH, dictamen consultivo sobre prescripción de actos de tortura, § 66; y sentencia de 12 de marzo de 2019, Taşdemir c. Turquía (dec.), n.º 52538/09, (CE:ECHR:2019:0312DEC005253809),
§ 14.
43      En el caso de Armenia, su Código Penal no recogía la imprescriptibilidad de la tortura, pero ésta derivaba de la aplicación en el derecho armenio de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y de las observaciones y recomendaciones del Comité contra la Tortura. El TEDH consideró en el dictamen antes referido que correspondía a la jurisdicción nacional determinar si existía por esta circunstancia una base jurídica suficientemente clara y previsible para considerar la tortura como un delito imprescriptible.
44      TEDH, dictamen consultivo sobre prescripción de actos de tortura, § 78. La tipificación en el Código Penal de un delito como imprescriptible no supone una flexibilización de la regla general de que un delito prescrito no se puede volver a perseguir porque ello implica una violación del principio de legalidad penal. La imprescriptibilidad se aplica a delitos de especial gravedad, como las torturas, cuya represión viene exigida por normas internacionales de carácter imperativo. En estos casos no hay prescripción de la responsabilidad penal y reactivación posterior de la persecución: simplemente la responsabilidad penal por esos delitos existirá siempre, sin estar condicionada por el transcurso del tiempo.
45      El TEDH acepta, y me parece lógico, que concurre la exigencia de previsibilidad de la base jurídica para reactivar una persecución penal respecto a hechos prescritos, derivada del artículo 7 del
CEDH, cuando se trata de interpretaciones jurisprudenciales previsibles de normas penales. Véanse las sentencias de 21 de octubre de 2013, Del Rio Prada c. España (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009), §§ 93, 112, 115 y 117; de 15 de abril de 2025, Badescu y otros c. Rumanía (CE:ECHR:2025:0415JUD002219818), § 125. Sin embargo, considera una violación del artículo 7 del CEDH las interpretaciones judiciales imprevisibles que endurecen la represión penal; véase la sentencia de 3 de diciembre de 2019, Parmark y Bakir c. Turquía (CE:ECHR:2019:1203JUD002242907), §§ 73 a 77, en la que rechazó la interpretación de los tribunales turcos que incluía en el delito de terrorismo la coerción moral.
46      Bonelli, M., «Growing pains: Direct effect, primacy and fundamental rights after Lin», Common Market Law Review, 2024, n.º 4, p. 1046: «in general, the approach of the Court until Lin had proved difficult to predict and understand».
47      El fraude a los intereses financieros de la Unión no es comparable al delito de torturas, cuya imprescriptibilidad proviene de su consideración de norma de ius cogens internacional, reconocida
en tratados internacionales.
48      Unas formaciones jurisdiccionales de la Sala de lo Penal parecen discrepar de la doctrina de las formaciones ampliadas del Tribunal Supremo competentes para resolver los recursos de unificación de doctrina y los recursos de casación en interés de Ley. Las dudas se plantean igualmente en el asunto C‑496/25, Lin III, pendiente ante el Tribunal de Justicia.
49      Sentencias M. A. S. y M. B., apartado 60; y Taricco, apartado 53.
50      Sentencia Lin I, apartado 122.
51      Tampoco deriva necesariamente del
CEDH.
La jurisprudencia del TEDH se había inclinado por considerar esas normas como de naturaleza procesal, en cuanto no determinan las infracciones y las penas que las reprimen, sino que se limitan a fijar una condición previa para la investigación del caso (TEDH, sentencias de 22 de junio de 2000, Coëme y otros c. Bélgica, CE:ECHR:2000:0622JUD003249296, § 149; de 12 de febrero de 2013, Previti c. Italia, CE:ECHR:2013:0212DEC000184508, § 80; y de 22 de septiembre de 2015 Borcea c. Rumanía, CE:ECHR:2015:0922DEC005595914, § 64). No obstante, el TEDH ha considerado que se vulnera el artículo 7 del CEDH cuando se condena a un acusado por una infracción ya prescrita, lo que implica reconocer carácter material, y no meramente procesal, a la prescripción (TEDH, dictamen consultivo sobre prescripción de actos de tortura, §§ 72 a 77; y sentencia de 18 de junio de 2020, Antia y Khupenia c. Georgia, CE:ECHR:2020:0618JUD000752310, §§ 38 a 43).
52      Con posterioridad, el artículo 12 de la Directiva PIF ha llevado a cabo una armonización parcial de las normas de prescripción aplicable a este tipo de delitos, pero tampoco ha aclarado si las normas de prescripción de la responsabilidad penal tienen una naturaleza sustantiva o procesal.
53      Sentencia Taricco, apartados 55 a 57.
54      Sentencia M. A. S. y M. B., apartado 45: «[…] la República Italiana tenía libertad, en aquel momento, para prever que, en su ordenamiento jurídico, ese régimen [(el régimen de prescripción aplicable a las infracciones penales relativas al IVA)] estuviese comprendido, al igual que las normas relativas a la definición de las infracciones y la determinación de las penas, en el derecho penal material y quedara sometido, como estas últimas normas, al principio de legalidad de los delitos y las penas».
55      Sentencia de 22 de junio de 2022, Volvo y DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494), apartado 46.
56      Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del derecho nacional, por infracciones del derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1).
57      El Tribunal de Justicia solicitó al de reenvío determinadas aclaraciones sobre este extremo, que fue objeto de debate en la vista.
58      Sentencia constitucional n.º 265/2014, apartados 31 y 32.
59      Sentencia Lin I, apartado 91.
60      Sentencia Lin I, apartado 94.
61      Sentencia Lin I, apartados 122 y 123.
62      Sentencia Lin I, apartado 122: «contrariamente al estándar nacional de protección relativo a la previsibilidad de la ley penal, que, según el órgano jurisdiccional remitente, se limita a neutralizar el efecto interruptor de actuaciones procesales realizadas durante el período comprendido entre el 25 de junio de 2018, fecha de publicación de la sentencia n.º 297/2018 de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional), y el 30 de mayo de 2022, fecha de entrada en vigor de la OUG n.º 71/2022, el estándar nacional de protección relativo al principio de la aplicación retroactiva de la ley penal más favorable (lex mitior) permite, al menos en algunos casos, neutralizar el efecto interruptor de actuaciones procesales realizadas incluso antes del 25 de junio de 2018, pero después de la entrada en vigor del Código Penal el 1 de febrero de 2014, esto es, durante un período de más de cuatro años».
63      Sentencia M. A. S. y M. B., apartado 59: «[…] corresponde al juez nacional verificar si la apreciación exigida por el apartado 58 de la sentencia Taricco, conforme a la cual las disposiciones del Código Penal controvertidas impiden imponer sanciones efectivas y disuasorias en un número considerable de casos de fraude grave que afectan a los intereses financieros de la Unión, conduce a una situación de incertidumbre en el ordenamiento jurídico italiano, respecto a la determinación del régimen de prescripción aplicable, que menoscaba el principio de precisión de la ley aplicable. De ser así, el juez nacional no está obligado a dejar sin aplicación las disposiciones del Código Penal controvertidas».