62023CJ0790
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 30 de octubre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Protocolo (n.o 22) sobre la posición de Dinamarca, anexo al Tratado UE y al Tratado FUE — Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada por un nacional de un tercer país — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Artículo 18, apartado 1, letra d) — Obligaciones del Estado miembro responsable — Obligación de readmisión del nacional de un tercer país cuya solicitud se haya rechazado y que haya formulado una solicitud en otro Estado miembro — Concepto de “solicitud [de protección internacional]” — Estatuto especial del Reino de Dinamarca — Concepto de “rechazo” — Decisión de denegación de la prórroga o de la renovación de un documento de residencia temporal — Exclusión»
En el asunto C‑790/23 [Qassioun], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), mediante resolución de 18 de diciembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 21 de diciembre de 2023, en el procedimiento entre
X
y
Maahanmuuttovirasto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer (Ponente), E. Regan, D. Gratsias y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. G. Chiapponi, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 29 de enero de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de X, por el Sr. V. Matilainen, asianajaja;
–
en nombre de la Maahanmuuttovirasto, por los Sres. I. Haahtela y M. Montin, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. H. Leppo, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno danés, por la Sra. D. Elkan, el Sr. M. Jespersen y la Sra. C. A. Maertens, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, R. Kanitz y N. Scheffel, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. M. K. Bulterman y el Sr. J. M. Hoogveld, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Azéma, A. Katsimerou, T. Simonen e I. Söderlund, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno suizo, por el Sr. L. Lanzrein y la Sra. V. Michel, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre X, de nacionalidad siria, y la Maahanmuuttovirasto (Agencia de Inmigración, Finlandia) relativo a una resolución de esta autoridad nacional por la que se denegó una solicitud de protección internacional presentada por X, se dispuso su traslado a Dinamarca y se le impuso una prohibición de entrada en Finlandia.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Protocolo sobre la posición de Dinamarca
3
El artículo 1 del Protocolo (n.o 22) sobre la posición de Dinamarca, anexo a los Tratados UE y FUE (en lo sucesivo, «Protocolo sobre la posición de Dinamarca»), establece:
«Dinamarca no participará en la adopción por el Consejo [de la Unión Europea] de medidas propuestas en virtud del título V de la tercera parte del Tratado [FUE]. […]
[…]»
4
El artículo 2 de este Protocolo dispone:
«Ninguna de las disposiciones del título V de la tercera parte del Tratado [FUE], ninguna medida adoptada en virtud de dicho título, ninguna disposición de acuerdo internacional alguno celebrado por la Unión [Europea] en virtud de dicho título y ninguna decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretativa de cualquiera de dichas disposiciones o medidas, ni ninguna medida modificada o modificable en virtud de dicho título vinculará a Dinamarca ni le será aplicable; estas disposiciones, medidas o decisiones no afectarán en modo alguno a las competencias, derechos y obligaciones de Dinamarca; dichas disposiciones, medidas o decisiones no afectarán en modo alguno al acervo comunitario o de la Unión, ni formarán parte del Derecho de la Unión, tal y como estos se aplican a Dinamarca. […]»
Acuerdo entre la Unión y Dinamarca
5
El artículo 1 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (DO 2006, L 66, p. 38; en lo sucesivo, «Acuerdo entre la Unión y Dinamarca»), que fue aprobado en nombre de la Unión mediante la Decisión 2006/188/CE del Consejo, de 21 de febrero de 2006 (DO 2006, L 66, p. 37), prevé:
«1.   El objetivo del presente Acuerdo es aplicar las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país [(DO 2003, L 50, p. 1)], del Reglamento (CE) n.o 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema “Eurodac” para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín [(DO 2000, L 316, p. 1; en lo sucesivo, “Reglamento Eurodac”),] y sus medidas de aplicación a la relación entre la Comunidad y Dinamarca, de conformidad con el artículo 2, apartados 1 y 2.
2.   El propósito de las Partes Contratantes es lograr una aplicación e interpretación uniformes de las disposiciones de los Reglamentos y de sus normas de aplicación en todos los Estados miembros.
[…]»
6
A tenor del artículo 2, apartado 1, de este Acuerdo:
«Las disposiciones del [Reglamento n.o 343/2003], adjunto al presente Acuerdo y parte integrante del mismo, así como sus normas de aplicación […], de conformidad con el Derecho internacional, se aplicarán a las relaciones entre la Comunidad y Dinamarca.»
7
El artículo 3 de dicho Acuerdo, que lleva por título «Modificaciones del [Reglamento n.o 343/2003] y del Reglamento Eurodac», prevé:
«1.   Dinamarca no participará en la adopción de modificaciones del [Reglamento n.o 343/2003] y del Reglamento Eurodac y tales modificaciones no serán vinculantes ni aplicables en Dinamarca.
2.   Cuando se adopte alguna modificación de los Reglamentos Dinamarca notificará a la Comisión su decisión de aplicar o no el contenido de tales modificaciones. La notificación se hará en el momento de la adopción de las modificaciones o en los 30 días subsiguientes.
[…]»
8
De conformidad con esta última disposición, Dinamarca notificó a la Comisión su decisión de aplicar el Reglamento n.o 604/2013.
Reglamento n.o 604/2013
9
El artículo 2 del Reglamento n.o 604/2013 establece:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
b)
“solicitud de protección internacional”: la solicitud de protección internacional definida en el artículo 2, letra h), de la Directiva [2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9];
[…]
l)
“documento de residencia”: cualquier autorización expedida por las autoridades de un Estado miembro por la que se autoriza a un nacional de un tercer país o a un apátrida a permanecer en su territorio, incluidos los documentos en los que se materializa la autorización de permanecer en el territorio en el marco de un régimen de protección temporal o a la espera de que finalicen las circunstancias que se oponen a la ejecución de una medida de expulsión, con excepción de los visados y de las autorizaciones de residencia expedidos durante el período requerido para determinar el Estado miembro responsable según lo estipulado en el presente Reglamento o durante el examen de una solicitud de protección internacional o de una solicitud de un permiso de residencia;
[…]».
10
El artículo 3 de este Reglamento, titulado «Acceso al procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional», establece:
«1.   Los Estados miembros examinarán toda solicitud de protección internacional presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida, ya sea en el territorio de cualquiera de ellos, incluida la frontera, o en las zonas de tránsito. La solicitud será examinada por un solo Estado miembro, que será aquel que los criterios mencionados en el capítulo III designen como responsable.
2.   Cuando, con arreglo a los criterios enumerados en el presente Reglamento, no pueda determinarse el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional, será responsable del examen el primer Estado miembro ante el que se haya presentado la solicitud de protección internacional.
[…]»
11
El capítulo III de dicho Reglamento, que lleva por título «Criterios de determinación del Estado miembro responsable», comprende sus artículos 7 a 15. El artículo 12 del mismo Reglamento, titulado «Expedición de documentos de residencia y visados», dispone:
«1.   Si el solicitante es titular de un documento de residencia válido, el Estado miembro que haya expedido dicho permiso será el responsable del examen de la solicitud de protección internacional.
2.   Si el solicitante es titular de un visado válido, el Estado miembro que haya expedido dicho visado será responsable del examen de la solicitud de protección internacional […]
[…]
4.   Si el solicitante solo es titular de uno o de varios documentos de residencia caducados desde hace menos de dos años o de uno o de varios visados caducados desde hace menos de seis meses, que efectivamente le hayan permitido la entrada en el territorio de un Estado miembro, los apartados 1, 2 y 3 serán aplicables mientras el solicitante no haya abandonado el territorio de los Estados miembros.
Cuando el solicitante sea titular de uno o más permisos de residencia caducados desde hace más de dos años o de uno o varios visados caducados desde hace más de seis meses, que efectivamente le hayan permitido la entrada al territorio de un Estado miembro, y no haya abandonado el territorio de los Estados miembros, será responsable el Estado miembro en el que se haya presentado la solicitud de protección internacional.
[…]»
12
A tenor del artículo 18 del Reglamento n.o 604/2013, titulado «Obligaciones del Estado miembro responsable»:
«1.   El Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento deberá:
[…]
d)
readmitir […] al nacional de un tercer país o al apátrida cuya solicitud se haya rechazado y que haya formulado una solicitud en otro Estado miembro o se encuentre en el territorio de otro Estado miembro sin un documento de residencia.
[…]»
13
El artículo 48 del Reglamento n.o 604/2013 dispone que queda derogado el Reglamento n.o 343/2003 y que las referencias a este Reglamento se entenderán hechas al Reglamento n.o 604/2013.
Directiva 2011/95
14
El artículo 2, letra h), de la Directiva 2011/95 define la «solicitud de protección internacional», a los efectos de esta Directiva, como una «petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de [dicha] Directiva y pueda solicitarse por separado».
15
El artículo 19 de esta Directiva, que lleva por título «Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección subsidiaria», establece:
«1.   Por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional […], los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado concedido a los nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, en caso de que dichas personas hayan dejado de tener derecho a solicitar protección subsidiaria […]
[…]
4.   Sin perjuicio del deber de los nacionales de terceros países o apátridas […] de proporcionar todos los hechos pertinentes y presentar toda la documentación pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que haya concedido el estatuto de protección subsidiaria demostrará en cada caso que la persona de que se trate ha dejado de tener derecho o no tiene derecho a protección subsidiaria […]».
Directiva 2013/32/UE
16
La Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60), enuncia, en su artículo 11, titulado «Requisitos de la resolución de la autoridad decisoria»:
«1.   Los Estados miembros garantizarán que las resoluciones sobre las solicitudes de protección internacional se dicten por escrito.
2.   Los Estados miembros también procurarán que, cuando se desestime una solicitud respecto del estatuto de refugiado y/o del estatuto de protección subsidiaria, las razones de hecho y de derecho se detallen en la resolución y se informe por escrito sobre qué hacer ante una denegación.
No será preciso que los Estados miembros ofrezcan información escrita sobre cómo impugnar una resolución negativa, en relación con una resolución, cuando se haya informado de ello anteriormente al solicitante por escrito o por vía electrónica a la que tenga acceso el solicitante.
[…]»
Derecho finlandés
17
De conformidad con el artículo 103, apartado 2, de la Ulkomaalaislaki (301/2004) [Ley de Extranjería (301/2004)], de 30 de abril de 2004, podrá declararse la inadmisibilidad de una solicitud de protección internacional presentada en Finlandia si la persona que haya formulado dicha solicitud puede ser trasladada a otro Estado miembro que, con arreglo al Reglamento n.o 604/2013, sea responsable de examinar la citada solicitud.
Derecho danés
18
El artículo 7 de la Udlændingeloven (Ley de Extranjería), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Extranjería»), dispone:
«[…]
2.   Se concederá un documento de residencia temporal al extranjero que lo solicite si corre el riesgo de sufrir pena de muerte, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes en caso de regresar a su país de origen. […]
3.   En los supuestos a que se refiere el apartado 2, el documento de residencia temporal se concederá previa solicitud cuando el riesgo de sufrir pena de muerte, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes se base en una situación especialmente grave en el país de origen caracterizada por una violencia indiscriminada y ataques contra la población civil. […]
[…]»
19
El artículo 11, apartado 2, de esta Ley prevé:
«[…] La Oficina de Extranjería decidirá de oficio sobre la prórroga temporal de los permisos de residencia expedidos de conformidad con el artículo 7 […] si siguen existiendo motivos para ello. […]»
Litigio principal y cuestión prejudicial
20
La demandante en el litigio principal es de nacionalidad siria.
21
El 1 de julio de 2016, presentó una solicitud de protección internacional en el Reino de Dinamarca.
22
El 29 de agosto de 2016, la autoridad danesa competente en la materia le expidió un documento de residencia temporal sobre la base del artículo 7, apartado 3, de la Ley de Extranjería. Este documento de residencia, que entró en vigor el día de su expedición, tenía inicialmente una validez de un año. Posteriormente, se prorrogó varias veces por el mismo período, a iniciativa de la misma autoridad. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2020, dicha autoridad decidió, también de oficio, no renovar el referido documento de residencia, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, de la Ley de Extranjería.
23
El 27 de julio de 2021, la demandante en el litigio principal presentó una solicitud de protección internacional en Finlandia.
24
El 29 de julio de 2021, la Agencia de Inmigración, que es la autoridad finlandesa competente en la materia, presentó a la autoridad danesa competente una petición de readmisión de la demandante en el litigio principal por el Reino de Dinamarca con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013.
25
El 5 de agosto de 2021, el Reino de Dinamarca aceptó dicha petición.
26
El 12 de noviembre de 2021, la Agencia de Inmigración, al considerar que el Reino de Dinamarca era el Estado miembro responsable de examinar la solicitud de protección internacional que le había presentado la demandante en el litigio principal, adoptó una resolución por la que declaró la inadmisibilidad de dicha solicitud, disponiendo el traslado de la interesada a Dinamarca e imponiéndole una prohibición de entrada en Finlandia durante dos años.
27
La demandante en el litigio principal interpuso recurso contra dicha resolución ante el Helsingin hallinto-oikeus (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Helsinki, Finlandia), que lo desestimó.
28
Posteriormente, solicitó autorización para interponer recurso de casación ante el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), que es el órgano jurisdiccional remitente.
29
Con el fin de poder pronunciarse sobre esta solicitud, este órgano jurisdiccional entiende, en esencia, que es preciso determinar si el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013 es aplicable en una situación como aquella en la que se encuentra la demandante en el litigio principal y, a tal fin, si puede considerarse que la solicitud de protección internacional presentada por esta en el Reino de Dinamarca es una «solicitud [que] se haya rechazado», en el sentido de esta disposición.
30
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala, en primer lugar, que esta solicitud fue inicialmente objeto de una serie de resoluciones parcialmente favorables, en la medida en que la autoridad danesa competente expidió a favor de la demandante en el litigio principal un documento de residencia temporal que posteriormente prorrogó en varias ocasiones. Este órgano jurisdiccional añade que solo más adelante, y por iniciativa de dicha autoridad, se adoptó la decisión de no renovar dicho documento de residencia temporal. Habida cuenta de estos elementos, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si es posible considerar que la mencionada solicitud se ha «rechazado», en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013.
31
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente recuerda que el Reino de Dinamarca goza de un estatuto especial, reconocido por el Protocolo sobre la posición de Dinamarca, en relación con el sistema europeo común de asilo. En efecto, en virtud del Acuerdo entre la Unión y Dinamarca, este Estado miembro se ha comprometido a aplicar el Reglamento n.o 604/2013. En cambio, dicho Estado miembro no se ha comprometido a aplicar los actos del Derecho derivado de la Unión a los que se remite este Reglamento. En particular, no aplica la Directiva 2011/95, a la que se remite en concreto el artículo 2, letra b), de dicho Reglamento. En consecuencia, las únicas formas de protección internacional que pueden solicitarse válidamente a la autoridad danesa competente y que esta puede conceder son las que están previstas en el Derecho interno, con exclusión de aquellas a las que se refiere esta Directiva, debiendo observarse, en esencia, que, en el presente caso, no se concedió a la demandante en el litigio principal la protección aplicable a los refugiados, sino la protección subsidiaria prevista en la Ley de Extranjería. Habida cuenta de este estatuto especial, procede determinar si cabe considerar que una solicitud de protección internacional presentada por un nacional de un tercer país a esta autoridad es una «solicitud [de protección internacional]» en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013.
32
En estas circunstancias, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento [n.o 604/2013] en el sentido de que la denegación de la solicitud con arreglo a dicha disposición comprende el supuesto de no renovación de un documento de residencia temporal concedido anteriormente al interesado en Dinamarca, a instancia suya, debido a una necesidad de protección, cuando la decisión de no renovar el documento de residencia no se adoptó a raíz de una solicitud de dicha persona, sino de oficio por la autoridad?»
Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento
33
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 1 de julio de 2025, el Gobierno danés solicitó la reapertura de la fase oral del procedimiento, en virtud del artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En apoyo de su solicitud, alegó, en esencia, que el razonamiento que subyace a las conclusiones presentadas por el Abogado General no tenía debidamente en cuenta todo el marco jurídico en el que se inscribe la participación del Reino de Dinamarca en el Reglamento n.o 604/2013.
34
Procede recordar a este respecto, por una parte, que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento contemplan la posibilidad de que las partes del litigio principal y los interesados formulen observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General. Por otra parte, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. El Tribunal de Justicia no está vinculado ni por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que este desarrolla para llegar a las mismas. Por consiguiente, el hecho de que una parte del litigio principal o un interesado no estén de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no constituye en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral del procedimiento, sin importar cuáles sean las cuestiones que examine en sus conclusiones [sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartado 38 y jurisprudencia citada].
35
Es cierto que, con arreglo al artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte del litigio principal o un interesado hayan invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en la resolución que debe dictar.
36
En el presente asunto, no obstante, el Tribunal de Justicia considera, tras oír al Abogado General, que dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse y que la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento presentada por el Gobierno danés no pone de manifiesto ningún hecho nuevo que pueda influir decisivamente en la resolución que debe dictar.
37
Por lo tanto, no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
Sobre la cuestión prejudicial
38
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que la denegación de la prórroga o de la renovación de un documento de residencia anteriormente expedido a un nacional de un tercer país puede equipararse a la denegación de la solicitud de protección internacional presentada por dicho nacional de un tercer país, en el sentido de esta disposición.
39
Como observación previa, cabe destacar que el órgano jurisdiccional remitente consulta al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013 en un contexto jurídico específico.
40
En efecto, el objeto del litigio principal consiste en determinar si el Reino de Dinamarca está obligado a readmitir a una nacional de un tercer país que, tras haber presentado una solicitud de protección internacional en dicho Estado miembro y haber obtenido el derecho a la protección subsidiaria prevista en el Derecho interno de dicho Estado, ha presentado una nueva solicitud de protección internacional en Finlandia.
41
Pues bien, como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, el Reino de Dinamarca goza, en virtud de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, de un estatuto especial, que lo distingue de los demás Estados miembros, por lo que respecta a la tercera parte, título V, del Tratado FUE, que comprende, en particular, las políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración [sentencia de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca), C‑497/21, EU:C:2022:721, apartado 35].
42
En el marco de este estatuto especial, los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, del Acuerdo entre la Unión y Dinamarca establecen que el Reino de Dinamarca aplicará también las disposiciones del Reglamento n.o 343/2003. A raíz de la adopción del Reglamento n.o 604/2013, que derogó el Reglamento n.o 343/2003, el Reino de Dinamarca notificó, con arreglo al artículo 3, apartado 2, de dicho Acuerdo, su decisión de aplicar también el Reglamento n.o 604/2013.
43
El artículo 18, apartado 1, letra d), de este último Reglamento dispone que un Estado miembro debe readmitir al nacional de un tercer país o al apátrida cuya solicitud se haya rechazado y que haya formulado una solicitud en otro Estado miembro o se encuentre en el territorio de otro Estado miembro sin un documento de residencia. En consecuencia, en una situación como la examinada en el litigio principal, en la que un nacional de un tercer país ha presentado una solicitud de protección internacional en el Reino de Dinamarca, otro Estado miembro ante el que dicho nacional de un tercer país haya formulado una nueva solicitud de protección internacional puede solicitar al Reino de Dinamarca que readmita a dicho nacional de un tercer país, si se cumplen los requisitos previstos en esta disposición.
44
En cambio, de conformidad con el Protocolo sobre la posición de Dinamarca, la Directiva 2011/95 no se aplica al Reino de Dinamarca [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca), C‑497/21, EU:C:2022:721, apartado 43].
45
Así pues, en particular, no se aplica a este Estado miembro la definición del concepto de «solicitud de protección internacional» que aparece en el artículo 2, letra b), del Reglamento n.o 604/2013, por cuanto esta definición se remite a su vez al artículo 2, letra h), de la Directiva 2011/95, según el cual este concepto hace referencia a una petición de protección que haya sido presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida del que se presuma que aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria.
46
Por consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente relativa al requisito, previsto en el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013, de que la solicitud de protección internacional presentada por un nacional de un tercer país como la demandante en el litigio principal debe haberse rechazado, teniendo en cuenta este contexto jurídico específico derivado del estatuto especial del que goza el Reino de Dinamarca.
47
A este respecto, en primer lugar, ha de recordarse que, en lo referente al Reino de Dinamarca, la solicitud que debe haberse rechazado solo puede ser una solicitud presentada ante las autoridades competentes de ese Estado miembro con el fin de obtener el derecho a una de las formas de protección internacional previstas en su Derecho interno, como señaló el Abogado General en el punto 47 de sus conclusiones.
48
En efecto, dado que la Directiva 2011/95 no se aplica a dicho Estado miembro, como se desprende del apartado 44 de la presente sentencia, las solicitudes que se presentan a las autoridades competentes de este Estado no pueden tener válidamente por objeto la obtención de alguna de las formas de protección internacional previstas en esta Directiva [sentencias de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca), C‑497/21, EU:C:2022:721, apartado 43, y de 19 de diciembre de 2024, Khan Yunis y Baabda, C‑123/23 y C‑202/23, EU:C:2024:1042, apartado 60].
49
A este respecto, la aplicación del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013 cuando se trate de determinar si recae o no una obligación de readmisión sobre el Reino de Dinamarca se diferencia, por tanto, de la aplicación de esta disposición en lo referente a cualquier otro Estado miembro, que precisa de la existencia de una solicitud de protección internacional en el sentido del artículo 2, letra h), de la Directiva 2011/95.
50
Dicho esto, dado que la Unión y el Reino de Dinamarca han celebrado un acuerdo internacional que tiene por objeto permitir a este Estado miembro participar en la aplicación del Reglamento n.o 604/2013, las solicitudes que se presentan en dicho Estado miembro con el fin de obtener el derecho a alguna de las formas de protección internacional previstas en el Derecho interno de este último deben equipararse, a los efectos del artículo 18, apartado 1, letra d), de este Reglamento, a las solicitudes que pueden presentarse en cualquier otro Estado miembro con el fin de obtener el derecho a alguna de las formas de protección internacional previstas en la Directiva 2011/95. En efecto, tal equiparación es necesaria para garantizar el efecto útil de este acuerdo internacional, que refleja la voluntad común de la Unión y del Reino de Dinamarca de permitir a este Estado miembro participar en la aplicación del Reglamento n.o 604/2013.
51
En segundo lugar, la solicitud a la que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013 debe haber sido rechazada por la autoridad competente.
52
Habida cuenta de que el término «rechazado» que aparece en esta disposición no viene acompañado de una remisión expresa al Derecho interno de los Estados miembros, ha de considerarse que el concepto de «rechazo», en el sentido de la referida disposición, constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión que debe ser objeto, según una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de una interpretación uniforme [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Naturaleza del derecho de residencia en virtud del artículo 20 TFUE), C‑624/20, EU:C:2022:639, apartado 19 y jurisprudencia citada], que debe efectuarse teniendo en cuenta no solo este término en sí mismo, sino también el contexto en el que se inscribe el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013 y el objetivo perseguido por la normativa de la que forma parte esta disposición.
53
Para empezar, en lo tocante al término «rechazo», debe señalarse que, según su uso habitual, este término se refiere a la acción consistente en negarse a dar una respuesta positiva a una solicitud. En consecuencia, dicho término no puede referirse a la acción consistente en aceptar dar una respuesta positiva a tal solicitud, independientemente de si esta aceptación y esta respuesta positiva tienen un carácter temporal o definitivo.
54
Por consiguiente, desde un punto de vista estrictamente literal, el concepto de «rechazo» que figura en el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013 no puede interpretarse de manera que incluya la denegación de la prórroga o de la renovación de un documento de residencia anteriormente expedido a un nacional de un tercer país que haya presentado una solicitud de protección internacional. Al contrario, la existencia de esta denegación de la prórroga o de la renovación implica necesariamente que se ha dado una respuesta positiva a dicha solicitud en una fase anterior, aun cuando tal respuesta positiva haya tenido un carácter temporal.
55
Desde esta perspectiva, el órgano jurisdiccional remitente considera, en esencia, que, a los efectos del litigio principal, una resolución mediante la cual la autoridad danesa competente expide un documento de residencia temporal a un nacional de un tercer país que haya presentado una solicitud de protección internacional en el Reino de Dinamarca, en virtud del artículo 7, apartados 2 y 3, de la Ley de Extranjería, debe equipararse, habida cuenta del contenido de esta Ley, a una decisión por la que se concede una protección subsidiaria, con carácter temporal, a dicho nacional de un tercer país. Por su parte, el Gobierno danés explica, en sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia, que existe una correspondencia entre estos dos tipos de resoluciones. En particular, destaca que el documento de residencia temporal que se expidió a la demandante en el litigio principal materializa la concesión de la protección subsidiaria que se corresponde, en el Derecho interno, con la protección subsidiaria prevista en la Directiva 2011/95.
56
A continuación, desde un punto de vista contextual, debe constatarse que tanto el análisis del propio Reglamento n.o 604/2013 como el de otros actos del Derecho derivado de la Unión, en consonancia con los cuales ha de interpretarse este Reglamento cuando sus disposiciones respectivas deban ser objeto de una aplicación combinada, corroboran la interpretación literal expuesta en el apartado 54 de la presente sentencia.
57
Por lo que respecta, por una parte, al Reglamento n.o 604/2013, debe observarse, en particular, que el artículo 2, letra l), de este Reglamento define el concepto de «documento de residencia», a los efectos de dicho Reglamento, como cualquier autorización expedida por las autoridades de un Estado miembro por la que se autoriza a un nacional de un tercer país o a un apátrida a permanecer en su territorio, con excepción de los visados y de las autorizaciones de residencia expedidos durante el período requerido para determinar el Estado miembro responsable según lo estipulado en el mismo Reglamento o durante el examen de una solicitud de protección internacional o de una solicitud de un permiso de residencia.
58
Así pues, esta definición confirma que la expedición de un documento de residencia a un nacional de un tercer país materializa una autorización otorgada a dicho nacional de un tercer país de permanecer en el territorio del Estado miembro de que se trate, debido a la concesión de protección internacional a este. Desde este punto de vista, es irrelevante que dicha concesión y dicha expedición sean objeto, en función del Derecho interno aplicable, de actos jurídicos distintos y sucesivos, de actos jurídicos distintos pero simultáneos, o bien de un único acto jurídico, como sucede en el presente asunto, según se desprende de las explicaciones del Gobierno danés resumidas en el apartado 55 de la presente sentencia. Como tal, dicha expedición implica que se da o se ha dado una respuesta positiva a la solicitud de protección internacional de dicho nacional de un tercer país, motivo por el cual no puede equipararse, aun en aquellos casos en que presenta un carácter temporal, a una forma de «rechazo» de esta solicitud, en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento.
59
Asimismo, como destacó el Abogado General en el punto 43 de sus conclusiones, la interpretación que figura en los apartados 54 y 58 de la presente sentencia se ve corroborada por el hecho de que la situación de un nacional de un tercer país que, al igual que la demandante en el litigio principal, disponga de un documento de residencia caducado, por un lado, y no haya abandonado el territorio de los Estados miembros, por otro lado, está expresamente contemplada en el artículo 12, apartado 4, del Reglamento n.o 604/2013, es decir, por una disposición distinta del artículo 18, apartado 1, letra d), de este Reglamento. Este artículo 12, apartado 4, regula precisamente el procedimiento de determinación del Estado miembro responsable en tal situación. A este respecto, de esta última disposición se desprende que tal determinación depende del tiempo transcurrido desde la fecha en la que caducó el documento de residencia expedido al nacional de un tercer país de que se trate, extremo que corresponde comprobar únicamente al órgano jurisdiccional remitente.
60
Por otra parte, es importante recordar que, como se desprende claramente del artículo 1, apartado 2, del Acuerdo entre la Unión y Dinamarca, también debe garantizarse el cumplimiento del requisito de la interpretación y aplicación uniformes del Reglamento n.o 604/2013 en las situaciones que implican al Reino de Dinamarca.
61
Dicho requisito supone interpretar el Reglamento n.o 604/2013 teniendo en cuenta las disposiciones de la Directiva 2011/95 y las de la Directiva 2013/32, siempre y cuando dicha toma en consideración se limite a aclarar el alcance del concepto de «rechazo» contenido en el artículo 18, apartado 1, letra d), de este Reglamento.
62
Pues bien, estas dos Directivas distinguen claramente la situación en la que una solicitud de protección internacional es «rechazada» por la autoridad competente de un Estado miembro de las situaciones en las que esta autoridad dispone la finalización de la protección internacional que se había concedido a un nacional de un tercer país, la retira, la revoca o no la renueva. En lo que atañe, en particular, a la protección subsidiaria prevista en la Directiva 2011/95, el artículo 19 de esta Directiva precisa en concreto, en sus apartados 1 y 4, las condiciones en las que se puede eliminar el estatuto concedido por esta protección en el supuesto de que el nacional de un tercer país al que se haya otorgado este estatuto deje de tener derecho a este. En otras disposiciones de dicha Directiva, se establece un mecanismo parecido en lo referente al estatuto de refugiado.
63
Las resoluciones adoptadas en la materia, que presuponen todas ellas que se haya dado anteriormente una respuesta positiva a la solicitud de protección internacional presentada por este nacional de un tercer país, se distinguen además, desde un punto de vista tanto sustantivo como procesal, de las resoluciones mediante las cuales se desestima tal solicitud de protección internacional, también denominadas «resoluciones negativas», a las que, por su parte, se refiere el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2013/32.
64
Así pues, el examen del contexto en el que se enmarca el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013 confirma que el concepto de «rechazo» al que se refiere esta disposición no puede interpretarse de manera que incluya la denegación de la prórroga o de la renovación de un documento de residencia anteriormente expedido a un nacional de un tercer país que haya presentado una solicitud de protección internacional.
65
Por último, el análisis textual y contextual del concepto de «rechazo» que figura en el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013, según se ha expuesto en los apartados 53 a 64 de la presente sentencia, responde al objetivo de este Reglamento consistente, como resulta de su artículo 3, apartados 1 y 2, en encomendar el examen de las solicitudes de protección internacional a un único Estado miembro, designado como responsable en virtud de los criterios uniformes que se enuncian en el capítulo III de dicho Reglamento. Este objetivo, por lo demás, se recuerda en el Acuerdo entre la Unión y Dinamarca, como se desprende del apartado 60 de la presente sentencia.
66
Habida cuenta de todas las consideraciones expuestas, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento n.o 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que la denegación de la prórroga o de la renovación de un documento de residencia anteriormente expedido a un nacional de un tercer país no puede equipararse al rechazo de la solicitud de protección internacional presentada por dicho nacional de un tercer país, en el sentido de esta disposición.
Costas
67
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
El artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida,
debe interpretarse en el sentido de que
la denegación de la prórroga o de la renovación de un documento de residencia anteriormente expedido a un nacional de un tercer país no puede equipararse al rechazo de la solicitud de protección internacional presentada por dicho nacional de un tercer país, en el sentido de esta disposición.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: finés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.