SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)
de 5 de julio de 2007
Asunto F‑25/06
Béatrice Ider y otros
contra
Comisión de las Comunidades Europeas
«Función pública — Agentes contractuales — Clasificación y retribución — Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas (OIB) — Agentes encargados de tareas de ejecución — Antiguos trabajadores por cuenta ajena sometidos al Derecho belga — Cambio en el régimen aplicable — Igualdad de trato»
Objeto: Recurso interpuesto al amparo de los artículos 236 CE y 152 EA, en el que las Sras. Ider y Desorbay y el Sr. Noschese, agentes
contractuales de la Comisión, solicitan la anulación de las decisiones de la autoridad facultada para proceder a la contratación
de agentes por las que se determinaron su clasificación y sus retribuciones, en virtud de los contratos de agentes contractuales
firmados en abril de 2005 y que entraron en vigor el 1 de mayo siguiente, así como la anulación de las decisiones de dicha
autoridad de 21 de noviembre de 2005 por las que se desestimaron las reclamaciones interpuestas por los demandantes contra
las primeras decisiones mencionadas.
Resultado: Se anula la decisión por la que la Comisión fijó la retribución de la Sra. Ider, en virtud del contrato de agente contractual
firmado en abril de 2005. Se desestima el recurso en todo lo demás. La Comisión de las Comunidades Europeas cargará con sus
propias costas y con la mitad de las costas de la Sra. Ider. La Sra. Ider cargará con la mitad de sus propias costas. La Sra.
Desorbay y el Sr. Noschese cargarán con sus propias costas.
Sumario
1.      Funcionarios — Agentes contractuales — Retribución
(Régimen aplicable a los otros agentes, anexo, art. 2, ap. 2)
2.      Funcionarios — Agentes contractuales — Retribución
(Régimen aplicable a los otros agentes, anexo, art. 2, ap. 2)
1.      El tenor del artículo 2, apartado 2, del anexo del Régimen aplicable a los otros agentes muestra claramente que, al contratar
como agente a un trabajador antes vinculado a la institución por un contrato laboral de Derecho nacional, el abono de un importe
suplementario a la retribución del agente, en el caso de que ésta se hubiera reducido con respecto a la que antes percibía
como trabajador, es meramente facultativo para la institución. Además, dicho artículo 2, apartado 2, otorga a la institución
un gran margen de apreciación para determinar dicho importe suplementario, ya que le corresponde tener en cuenta las diferencias
existentes entre la legislación nacional antes aplicada en materia fiscal, de seguridad social y de pensiones y las disposiciones
aplicables al agente contractual.
A efectos de aplicar el artículo 2, apartado 2, del anexo del Régimen aplicable a los otros agentes, la Comisión ha adoptado
los artículos 7 y 8 de las Disposiciones generales de aplicación de las medidas transitorias aplicables a los agentes contratados
por la Oficina de Infraestructuras de Bruselas en las guarderías y los jardines de infancia de Bruselas y los anexos I a III
de tales Disposiciones generales de aplicación. Pues bien, según lo preceptuado en estas últimas disposiciones, la Comisión
se ha comprometido efectivamente a abonar un importe suplementario a determinadas categorías de agentes contractuales con
arreglo a los procedimientos establecidos en ellas. No obstante, estos últimos procedimientos de aplicación del artículo 2,
apartado 2, del anexo del Régimen aplicable a los otros agentes no pueden infringir las normas superiores del Derecho de la
función pública.
(véanse los apartados 92, 93 y 95)
2.      Para saber si la inclusión de los complementos familiares en la definición de las retribuciones netas, en cuanto agente contractual,
por una parte, y en cuanto trabajador por cuenta ajena sometido al Derecho nacional, por otra, puede penalizar a los agentes
contractuales que, en las fechas contempladas en los artículos 7 y 8 de las Disposiciones generales de aplicación de las medidas
transitorias aplicables a los agentes contratados por la Oficina de Infraestructuras de Bruselas en las guarderías y los jardines
de infancia de Bruselas, tenían hijos a su cargo, en comparación con aquellos que, en esas mismas fechas, no los tenían, es
preciso hacer constar, en primer lugar, que estas dos categorías de agentes contractuales se hallan en situaciones comparables
desde el punto de vista de la finalidad del artículo 2, apartado 2, del anexo del Régimen aplicable a los otros agentes, que
pretende compensar la eventual reducción de la retribución producida al pasar los interesados al estatuto de agente contractual.
En segundo lugar, la inclusión de los complementos familiares en la definición de las retribuciones netas, en cuanto agente
contractual, por una parte, y en cuanto trabajador por cuenta ajena sometido al Derecho nacional, por otra, repercute directamente
en la determinación del importe suplementario que resulta de la comparación de tales retribuciones netas, efectuada según
los procedimientos del anexo I de las mencionadas Disposiciones generales de aplicación. En el supuesto de que el importe
de los complementos familiares comunitarios, incluidos en el primer término de la comparación, fuese superior al de los complementos
percibidos en virtud de la normativa del Estado miembro de destino, incluidos en el segundo término de la comparación, el
importe suplementario a la retribución abonado a las personas que ya tenían uno o varios hijos a su cargo en la fecha en que
pasaron al estatuto de agente contractual se vería reducido en la misma medida.
De ello se deduce que la inclusión de los complementos familiares en la definición de las retribuciones puede provocar diferencias
de trato en términos de salario, dependiendo de que el agente contractual de que se trata tuviera o no hijos a su cargo en
las fechas contempladas en los artículos 7 y 8 de las Disposiciones generales de aplicación, y ello en perjuicio del agente
que tenía uno o varios hijos a su cargo en esas fechas. A este respecto, el hecho de que los complementos familiares constituyan
un componente de la retribución que las Comunidades tienen la obligación de abonar a sus funcionarios o agentes no puede sin
embargo llevar a justificar unas diferencias de trato entre agentes contractuales cuando se trata únicamente de otorgarles
un suplemento salarial destinado a compensar la reducción de su retribución experimentada al pasar de un régimen de Derecho
nacional a un régimen de Derecho comunitario.
Por consiguiente, al no existir justificación objetiva alguna, el anexo I, puntos A y B, de las Disposiciones generales de
aplicación de las medidas transitorias aplicables a los agentes contratados por la Oficina de Infraestructuras de Bruselas
en las guarderías y los jardines de infancia de Bruselas, al que se remite el artículo 7 de estas mismas Disposiciones generales
de aplicación, viola el principio general de igualdad de trato.
(véanse los apartados 96 a 101)