AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
de 20 de enero de 2021 (*)
«Recurso de anulación — Derecho institucional — Miembro del Parlamento — Privilegios e inmunidades — Solicitud de adoptar con carácter urgente una iniciativa para confirmar la inmunidad de un diputado europeo — Acto no recurrible — Inadmisibilidad»
En el asunto T‑734/19,
Oriol Junqueras i Vies, con domicilio en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), representado por el Sr. A. Van den Eynde Adroer, abogado,
parte demandante,
contra
Parlamento Europeo, representado por los Sres. F. Drexler y N. Görlitz y la Sra. C. Burgos, en calidad de agentes,
parte demandada,
que tiene por objeto un recurso basado en el artículo
263 TFUE por el que se solicita la anulación del escrito de 22 de agosto de 2019 mediante el que el presidente del Parlamento denegó la solicitud de adoptar con carácter urgente una iniciativa para confirmar la inmunidad del demandante, presentada el 4 de julio de 2019 en nombre de este por la Sra. Riba i Giner, diputada europea, sobre la base del artículo
8 del Reglamento interno del Parlamento,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
integrado por la Sra. A. Marcoulli, Presidenta, y los Sres. S. Frimodt
Nielsen y C. Iliopoulos (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
dicta el siguiente
Auto
Marco jurídico
Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea
1        El artículo
8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, anejo a los Tratados UE y FUE (en lo sucesivo, «Protocolo n.º 7»), dispone lo siguiente:
«Los miembros del Parlamento Europeo no podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones.»
2        A tenor del artículo 9 del Protocolo n.º 7:
«Mientras el Parlamento […] esté en período de sesiones, sus miembros gozarán:
a)      en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;
b)      en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial.
Gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento […] o regresen de este.
No podrá invocarse la inmunidad en caso de flagrante delito ni podrá esta obstruir el ejercicio por el Parlamento […] de su derecho a suspender la inmunidad de uno de sus miembros.»
Reglamento interno del Parlamento (2019‑2024)
3        El artículo
5 del Reglamento interno del Parlamento (en lo sucesivo, «Reglamento interno»), titulado «Privilegios e inmunidades», establece lo siguiente:
«1.      Los diputados gozan de los privilegios y las inmunidades establecidos en el Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.
2.      En el ejercicio de sus prerrogativas con respecto a los privilegios y las inmunidades, el Parlamento actuará para mantener su integridad como asamblea legislativa democrática y para garantizar la independencia de los diputados en el ejercicio de sus funciones. La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados.
[…]»
4        El artículo
7 del Reglamento interno, titulado «Amparo de los privilegios e inmunidades», estipula lo siguiente:
«1.      En caso de que se alegue que las autoridades de un Estado miembro han vulnerado o están a punto de vulnerar los privilegios e inmunidades de un diputado o un antiguo diputado, podrá solicitarse, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, una decisión del Parlamento respecto a si se ha producido, o es probable que se produzca, una vulneración de dichos privilegios e inmunidades.
2.      En particular, podrá formularse dicha solicitud de amparo de los privilegios e inmunidades si se considera que las circunstancias podrían constituir una restricción de orden administrativo o de otro tipo a la libertad de movimiento de los diputados cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento o regresen de este, o a la expresión de opiniones o emisión de votos en el ejercicio de sus funciones, o si se considera que las circunstancias podrían entrar en el ámbito de aplicación del artículo 9 del Protocolo n.º 7
sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea.
[…]
5.      En los casos en que se haya decidido no amparar los privilegios e inmunidades de un diputado, este podrá solicitar excepcionalmente que se reexamine la decisión presentando nuevas pruebas, de conformidad con el artículo 9, apartado 1. La solicitud de reexamen no se admitirá si se ha incoado un procedimiento jurisdiccional contra la decisión en virtud del artículo 263 [TFUE] o si el presidente [del Parlamento] considera que las nuevas pruebas presentadas no están lo suficientemente fundadas para justificar un reexamen.»
5        El artículo
8 del Reglamento interno, titulado «Acción urgente del presidente [del Parlamento] para confirmar la inmunidad», preceptúa lo siguiente:
«1.      Con carácter de urgencia, cuando un diputado sea detenido o vea restringida su libertad de movimiento en vulneración manifiesta de sus privilegios e inmunidades, el presidente [del Parlamento], previa consulta al presidente y al ponente de la comisión competente, podrá adoptar la iniciativa de confirmar los privilegios e inmunidades del diputado afectado. El presidente [del Parlamento] notificará esta iniciativa a la comisión competente e informará al Parlamento.
2.      Cuando el presidente [del Parlamento] haga uso de las facultades que le confiere el apartado 1, la comisión competente tomará conocimiento de la iniciativa del presidente [del Parlamento] en su reunión siguiente. Cuando la comisión lo considere necesario, podrá elaborar un informe para someterlo al Pleno.»
6        El artículo
9 del Reglamento interno, titulado «Procedimientos relativos a la inmunidad», prescribe lo siguiente:
«1.      Todo suplicatorio dirigido al presidente [del Parlamento] por una autoridad competente de un Estado miembro con objeto de suspender la inmunidad de un diputado, o toda solicitud de un diputado o un antiguo diputado con objeto de que se amparen sus privilegios e inmunidades, se comunicará al Pleno y se remitirá a la comisión competente.
2.      Con el consentimiento del diputado o antiguo diputado interesado, la solicitud podrá ser presentada por otro diputado, quien podrá representar al diputado o antiguo diputado interesado en todas las fases del procedimiento.
[…]
3.      La comisión examinará sin demora, pero teniendo en cuenta su complejidad relativa, los suplicatorios de suspensión de la inmunidad parlamentaria o las solicitudes de amparo de los privilegios e inmunidades.
4.      La comisión formulará una propuesta de decisión motivada, que recomendará la concesión o denegación del suplicatorio de suspensión de la inmunidad o de la solicitud de amparo de la inmunidad y los privilegios. Las enmiendas serán inadmisibles. Si se rechaza una propuesta, se entenderá adoptada la decisión contraria.
5.      La comisión podrá pedir a la autoridad competente cuantas informaciones o aclaraciones estime necesarias para formarse un criterio sobre la procedencia de la suspensión de la inmunidad o de su amparo.
6.      El diputado interesado tendrá una oportunidad de ser oído y podrá aportar cuantos documentos o elementos de prueba escritos estime oportunos.
[…]
El presidente de la comisión invitará al diputado a ser oído, indicando fecha y hora. El diputado interesado podrá renunciar al derecho a ser oído.
[…]
7.      Cuando el suplicatorio de suspensión o la solicitud de amparo de la inmunidad se formulen por varios cargos, cada uno de estos podrá ser objeto de una decisión distinta. Excepcionalmente, el informe de la comisión podrá proponer que se conceda la suspensión o el amparo de la inmunidad únicamente a efectos del ejercicio de la acción penal, sin que pueda adoptarse contra el diputado, mientras no recaiga sentencia firme, medida alguna de detención, prisión provisional o cualquier otra que le impida ejercer las funciones propias de su mandato.
8.      La comisión podrá emitir una opinión motivada sobre la competencia de la autoridad de que se trate y sobre la admisibilidad del suplicatorio, pero en ningún caso se pronunciará sobre la culpabilidad o no culpabilidad del diputado ni sobre la procedencia o improcedencia de perseguir penalmente las opiniones o actos que a aquel se atribuyan, ni siquiera en el supuesto de que el examen del suplicatorio proporcione a la comisión un conocimiento profundo del asunto.
9.      La propuesta de decisión de la comisión se incluirá de oficio en el orden del día de la primera sesión que siga a la fecha de su presentación. No se podrán presentar enmiendas a dicha propuesta.
[…]
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 173 [de este Reglamento], el diputado cuyos privilegios e inmunidades sean objeto de examen no podrá intervenir en el debate.
Se procederá a la votación de la propuesta o las propuestas de decisión contenidas en el informe durante el primer turno de votaciones que siga al debate.
Una vez examinada la cuestión por el Parlamento, se procederá a votar por separado cada una de las propuestas contenidas en el informe. Si se rechaza una propuesta, se entenderá adoptada la decisión contraria.
10.      El presidente [del Parlamento] comunicará inmediatamente la decisión del Parlamento al diputado interesado y a la autoridad competente del Estado miembro de que se trate, solicitando que se le informe sobre cualquier hecho nuevo que se produzca o sobre cualquier resolución judicial que se dicte en el correspondiente proceso. En cuanto el presidente [del Parlamento] reciba esa información, la comunicará al Parlamento en la forma que estime más oportuna, si es necesario previa consulta a la comisión competente.
11.      La comisión tramitará el asunto y tratará los documentos recibidos con la máxima confidencialidad. La comisión examinará siempre a puerta cerrada las solicitudes relativas a procedimientos sobre inmunidad parlamentaria.
12.      El Parlamento únicamente examinará los suplicatorios de suspensión de la inmunidad de un diputado que le hayan sido transmitidos por las autoridades judiciales o por las representaciones permanentes de los Estados miembros.
[…]
14.      Toda consulta formulada por una autoridad competente sobre el alcance de los privilegios e inmunidades de los diputados se tramitará con arreglo a las anteriores disposiciones.»
7        El artículo
22 del Reglamento interno, titulado «Funciones del presidente [del Parlamento]», establece lo siguiente:
«1.      El presidente [del Parlamento] dirigirá, de conformidad con el presente Reglamento interno, todas las actividades del Parlamento y de sus órganos. Dispondrá de todos los poderes para presidir las deliberaciones del Parlamento y garantizar su desarrollo normal.
2.      El presidente [del Parlamento] abrirá, suspenderá y levantará las sesiones. Decidirá sobre la admisibilidad de las enmiendas y otros textos sometidos a votación, así como sobre la admisibilidad de las preguntas parlamentarias. Velará por la observancia del presente Reglamento interno, mantendrá el orden, concederá la palabra, cerrará los debates, someterá a votación los asuntos y proclamará el resultado de las votaciones. Remitirá, asimismo, a las comisiones las comunicaciones que sean de la competencia de estas.
3.      El presidente [del Parlamento] solamente podrá hacer uso de la palabra en un debate para presentar el tema o para pedir a los intervinientes que se vuelva a él. Si desea intervenir en un debate, abandonará la presidencia y no volverá a ocuparla hasta que haya finalizado el debate.
[…]»
8        A tenor del artículo
149 del Reglamento interno, titulado «Recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea»:
«[…]
3.      El presidente [del Parlamento] interpondrá recurso ante el Tribunal de Justicia, en nombre del Parlamento, con arreglo a la recomendación de la comisión competente para asuntos jurídicos.
[…]
4.      El presidente [del Parlamento], previa consulta a la comisión competente para asuntos jurídicos, presentará observaciones o intervendrá en nombre del Parlamento en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
[…]»
9        Por último, el artículo
236 del Reglamento interno, titulado «Aplicación del Reglamento interno», dispone lo siguiente:
«1.      El presidente del Parlamento podrá someter a examen de la comisión competente las dudas sobre la aplicación o la interpretación del presente Reglamento interno.
[…]»
Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
10      El demandante, D. Oriol Junqueras i Vies, era vicepresidente del Gobierno autonómico de Cataluña en el momento en que el Parlamento de Cataluña adoptó la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación (DOGC n.º 7449A, de 6 de septiembre de 2017, p. 1), y la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (DOGC n.º 7451A, de 8 de septiembre de 2017, p. 1), así como cuando se celebró, el 1 de octubre de 2017, el referéndum de autodeterminación previsto por la primera de estas dos leyes, cuyas disposiciones habían sido entretanto suspendidas en virtud de una resolución del Tribunal Constitucional.
11      A raíz de la adopción de las leyes mencionadas en el anterior apartado 10 y de la celebración del referéndum de autodeterminación, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y el partido político VOX promovieron un proceso penal contra varias personas, entre ellas el demandante, al considerar que habían participado en un proceso de secesión y cometido, en este marco, actos subsumibles en tres tipos penales, a saber, en primer lugar, el tipo penal de «rebelión» o de «sedición»; en segundo lugar, el de «desobediencia», y, en tercer lugar, el de «malversación de caudales públicos».
12      En la fase de instrucción de ese proceso penal se acordó la situación de prisión provisional para el demandante, mediante auto de 2 de noviembre de 2017, con arreglo al artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
13      Durante la celebración del juicio oral del citado proceso, el demandante se presentó como candidato a las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el 26 de mayo de 2019. Resultó electo, como consta en la proclamación oficial de los resultados electorales mediante el acuerdo de la Junta Electoral Central, de 13 de junio de 2019, por el que se procede a la «proclamación de Diputados electos al Parlamento […] en las elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019» (BOE n.º 142, de 14 de junio de 2019, p. 62477), de conformidad con el artículo 224, apartado 1, de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (BOE n.º 147, de 20 de junio de 1985, p. 19110; en lo sucesivo, «Ley electoral española»). Por otro lado, en dicho acuerdo la Junta Electoral Central procedió, conforme prevé la misma disposición, a atribuir a los electos, entre los que se encontraba el demandante, los escaños que corresponden al Reino de España en el Parlamento.
14      Mediante auto de 14 de junio de 2019, el Tribunal Supremo denegó la solicitud del demandante de un permiso extraordinario de salida del centro penitenciario para comparecer, bajo vigilancia policial, ante la Junta Electoral Central con el fin de prestar el juramento o la promesa de acatar la Constitución española que exige el artículo 224, apartado 2, de la Ley electoral española.
15      El 20 de junio de 2019, la Junta Electoral Central adoptó un acuerdo en el que declaraba que el demandante no había prestado el juramento o la promesa de acatamiento en cuestión y, de conformidad con el artículo 224, apartado 2, de la Ley electoral española, declaró vacante el escaño correspondiente al demandante en el Parlamento y suspendidas todas las prerrogativas que le pudieran corresponder por razón de su cargo.
16      Contra el auto mencionado en el anterior apartado 14, el demandante interpuso un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo en el que invocaba las inmunidades establecidas en el artículo 9 del Protocolo n.º 7.
17      El 1 de julio de 2019, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento en el recurso a que se refiere el apartado 16 anterior y plantear al Tribunal de Justicia varias cuestiones prejudiciales (asunto C‑502/19, Junqueras Vies).
18      El 2 de julio de 2019, el presidente del Parlamento procedió a la apertura del primer período de sesiones de la legislatura resultante de las elecciones al Parlamento celebradas el 26 de mayo de 2019. El demandante no asistió a esa primera sesión.
19      El 4 de julio de 2019, la Sra. Riba i Giner, diputada europea, con base en el artículo 8 del Reglamento interno, solicitó al presidente del Parlamento, en nombre del demandante, que adoptara medidas urgentes para confirmar la inmunidad de este (en lo sucesivo, «solicitud de 4 de julio de 2019 de la Sra. Riba i Giner»).
20      Mediante escrito de 22 de agosto de 2019, el presidente del Parlamento informó a la Sra. Riba i Giner de la denegación de su solicitud de 4 de julio de 2019 (en lo sucesivo, «acto impugnado»).
21      Mediante sentencia dictada el 14 de octubre de 2019 en el proceso penal promovido, entre otros, contra el demandante, el Tribunal Supremo condenó a este, por un lado, a una pena de trece años de prisión y, por otro, a una pena de trece años de inhabilitación absoluta, con la consiguiente privación definitiva de todos sus honores, empleos y cargos públicos, aunque sean electivos, e incapacidad para obtener o ejercer otros nuevos.
22      Mediante sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), el Tribunal de Justicia declaró que debía considerarse que goza de inmunidad en virtud del artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7 una persona que había sido oficialmente proclamada electa al Parlamento mientras se encontraba en situación de prisión provisional en el marco de un proceso penal por delitos graves, pero que no había sido autorizada a cumplir ciertos requisitos previstos por el Derecho interno tras la proclamación ni a desplazarse al Parlamento para participar en su primera sesión. El Tribunal de Justicia precisó que esta inmunidad implicaba el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta, al objeto de permitir al interesado desplazarse al Parlamento y cumplir allí las formalidades requeridas. Además, el Tribunal de Justicia indicó que, si el tribunal nacional competente estimaba que debía mantenerse la medida de prisión provisional tras la adquisición por el interesado de la condición de miembro del Parlamento, habría de solicitar a la mayor brevedad al Parlamento que suspendiese dicha inmunidad, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del mismo Protocolo. Por último, el Tribunal de Justicia consideró que incumbía al tribunal remitente apreciar los efectos aparejados a las inmunidades de que pudiera gozar el interesado en otros posibles procedimientos, con observancia del Derecho de la Unión Europea y, en particular, del principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, párrafo primero (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, apartados 87 y 90 a 93).
23      En el Pleno de 13 de enero de 2020, el Parlamento tomó nota, tras la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), de la elección del demandante al Parlamento con efectos desde el 2 de julio de 2019.
Procedimiento y pretensiones de las partes
24      El demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 4 de noviembre de 2019.
25      Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de febrero de 2020, el Parlamento propuso una excepción de inadmisibilidad con arreglo al artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
26      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de marzo de 2020, el demandante formuló sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad.
27      El demandante solicita al Tribunal que:
–        Desestime la excepción de inadmisibilidad y declare admisible el recurso.
–        Anule el acto impugnado.
–        Condene en costas al Parlamento.
28      El Parlamento solicita al Tribunal que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso.
–        Condene en costas al demandante.
29      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de enero de 2020, el Reino de España solicitó intervenir en el presente asunto en apoyo de las pretensiones del Parlamento.
30      Mediante escrito de 21 de julio de 2020, el Tribunal formuló preguntas a las partes en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, con arreglo al artículo 89, apartado 3, letra a), del Reglamento de Procedimiento, a las que las partes respondieron el 31 de agosto de 2020, esto es, dentro de los plazos señalados.
31      En su respuesta de 31 de agosto de 2020 a las preguntas escritas formuladas por el Tribunal, el demandante solicita con carácter subsidiario al Tribunal que una el examen de la excepción de inadmisibilidad al examen del fondo.
Fundamentos de Derecho
32      En virtud del artículo 130, apartados 1 y 7, del Reglamento de Procedimiento, si la parte demandada lo solicita, el Tribunal puede decidir sobre la inadmisión o la incompetencia sin entrar en el fondo del asunto. En este caso, y dado que el Parlamento ha solicitado que se decida sobre la inadmisión, el Tribunal, estimando que los documentos que obran en autos le proporcionan información suficiente, decide resolver sobre tal solicitud sin continuar el procedimiento.
33      El Parlamento invoca la inadmisibilidad del recurso por no ir dirigido contra un acto que pueda ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al
artículo
263 TFUE. En primer lugar, el Parlamento sostiene que, mediante el acto impugnado, su presidente simplemente informó a la Sra. Riba i Giner, diputada europea, de que no podía examinar su solicitud de 4 de julio de 2019.  En segundo lugar, el Parlamento alega que el artículo
8 del Reglamento interno no confiere a los diputados europeos el derecho a exigir que su presidente adopte una iniciativa en el sentido de dicha disposición. En tercer lugar, el Parlamento afirma que, en un caso como el de autos, en que el Derecho español no confiere competencia a las asambleas legislativas nacionales para solicitar la suspensión de las actuaciones judiciales contra un diputado, una iniciativa adoptada con carácter de urgencia por su presidente basándose en el artículo
8 del Reglamento interno no es sino una opinión carente de efectos jurídicos obligatorios respecto a las autoridades nacionales.
34      El demandante solicita que se desestime la excepción de inadmisibilidad. En particular, sostiene que las decisiones del presidente del Parlamento adoptadas sobre la base del artículo
8 del Reglamento interno producen efectos jurídicos obligatorios. A este respecto, el demandante alega que el acto impugnado denegó el reconocimiento de su condición de diputado europeo, impidiéndole así ejercer su mandato y gozar de la protección de la inmunidad prevista en el artículo
9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7. Por otra parte, en su respuesta a las preguntas escritas del Tribunal, formuladas en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, el demandante sostiene que procede interpretar el artículo
8 del Reglamento interno en el sentido de que impone al presidente del Parlamento el deber y la obligación de adoptar una iniciativa para afirmar y proteger la inmunidad del diputado europeo interesado.
Según él, tal iniciativa tiene como efecto, en esencia, reconocer y amparar todos los derechos de que goza el demandante en su condición de diputado europeo y obligar a las autoridades españolas, por una parte, a constatar su obligación de respetar las inmunidades de que disfruta, así como la integridad del Parlamento, y, por otra parte, a cumplir el Derecho de la Unión.
35      Según reiterada jurisprudencia, se consideran actos recurribles, en el sentido del artículo 263 TFUE, todos los actos adoptados por las instituciones, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, que tienen por objeto producir efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante, modificando de forma esencial su situación jurídica (sentencias de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, EU:C:1981:264, apartado 9, y de 26 de enero de 2010, Internationaler Hilfsfonds/Comisión, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, apartado 51; véase asimismo la sentencia de 25 de octubre de 2017, Rumanía/Comisión, C‑599/15 P, EU:C:2017:801, apartado 47 y jurisprudencia citada).
36      Para determinar si el acto recurrido produce esos efectos, hay que atenerse a la esencia de dicho acto y apreciar tales efectos en función de criterios objetivos, como el contenido de ese mismo acto, tomando en consideración, en su caso, el contexto en el que se adoptó y las facultades de la institución de la Unión autora del mismo (véase la sentencia de 20 de febrero de 2018, Bélgica/Comisión, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, apartado 32 y jurisprudencia citada).
37      Según la jurisprudencia, no solo los actos preparatorios
están excluidos del control jurisdiccional previsto en el artículo 263 TFUE, sino también cualquier acto que no produzca efectos jurídicos obligatorios, como los actos confirmatorios y los actos de mera ejecución, las simples recomendaciones y dictámenes, así como, en principio, las instrucciones internas [véase el auto de 14 de mayo de 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Irlanda)/Comisión, C‑477/11 P, no publicado, EU:C:2012:292, apartado 52 y jurisprudencia citada]. Además, los actos de carácter puramente informativo no pueden ni afectar a los intereses del destinatario ni modificar la situación jurídica de este en relación con la situación anterior a la recepción de dichos actos (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2012, Sina Bank/Consejo, T‑15/11, EU:T:2012:661, apartado 30 y jurisprudencia citada).
38      De la jurisprudencia se desprende igualmente que la respuesta de una institución de la Unión a una solicitud que se le ha formulado no constituye necesariamente una decisión, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, que permita al destinatario de la respuesta la interposición de un recurso de anulación (autos de 27 de enero de 1993, Miethke/Parlamento, C‑25/92, EU:C:1993:32, apartado 10; de 11 de diciembre de 1998, Scottish Soft Fruit Growers/Comisión, T‑22/98, EU:T:1998:286, apartado 34, y de 5 de septiembre de 2012, Farage/Parlamento y Buzek, T‑564/11, no publicado, EU:T:2012:403, apartado 27).
39      Por último, de la jurisprudencia se desprende que, cuando una decisión de una institución de la Unión reviste carácter negativo, debe ser apreciada en función de la naturaleza de la solicitud a la que responde (sentencias de 8 de marzo de 1972, Nordgetreide/Comisión, 42/71, EU:C:1972:16, apartado 5; de 24 de noviembre de 1992, Buckl y otros/Comisión, C‑15/91 y C‑108/91, EU:C:1992:454, apartado 22, y de 9 de octubre de 2018, Multiconnect/Comisión, T‑884/16, no publicada, EU:T:2018:665, apartado 45). En particular, una negativa es un acto que puede ser objeto de recurso de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE cuando el acto que la institución de la Unión se niega a adoptar hubiera podido ser impugnado en virtud de esta disposición (véase la sentencia de 22 de octubre de 1996, Salt Union/Comisión, T‑330/94, EU:T:1996:154, apartado 32 y jurisprudencia citada). De ello se desprende que la denegación, por una institución, de una solicitud que se le había formulado no constituye un acto que pueda ser objeto de un recurso de anulación cuando dicha solicitud no tenía como finalidad la adopción, por esa institución, de una medida que produjese efectos jurídicos obligatorios (véase el auto de 5 de septiembre de 2012, Farage/Parlamento y Buzek, T‑564/11, no publicado, EU:T:2012:403, apartado 27 y jurisprudencia citada; véase asimismo, en ese sentido, el auto de 1 de febrero de 2018, Collins/Parlamento, T‑919/16, no publicado, EU:T:2018:58, apartado 28).
40      En el caso de autos, con carácter preliminar, procede señalar que la solicitud de 4 de julio de 2019 de la Sra. Riba i Giner no es una solicitud de amparo de los privilegios e inmunidades de un diputado europeo en el sentido de los artículos 7 y 9 del Reglamento interno (en lo sucesivo, «solicitud de amparo de la inmunidad»), sino una solicitud dirigida al presidente del Parlamento en virtud del artículo 8 del citado Reglamento con el fin de que este adoptase con carácter urgente una iniciativa para confirmar la inmunidad de que
habría gozado
el demandante en su condición de diputado europeo.
41      Mediante el acto impugnado, el presidente del Parlamento denegó dicha solicitud argumentando, en esencia, que no podía adoptar una iniciativa en el sentido del artículo
8 del Reglamento interno respecto a una persona que, como el demandante, no tenía la condición de diputado europeo.
42      En primer lugar, se desprende del artículo 8, apartado 1, del Reglamento interno (véase el anterior apartado 5) que el presidente del Parlamento interviene de oficio en la cuestión de adoptar o no la iniciativa de confirmar los privilegios e inmunidades de un diputado europeo detenido o cuya libertad de movimiento se vea restringida en vulneración manifiesta de sus privilegios e inmunidades, dado que esta disposición no prevé que un diputado europeo ni un tercero pueda presentar al presidente del Parlamento una solicitud en este sentido.
43      Además, a tenor de esa disposición, el presidente del Parlamento «podrá» adoptar con carácter urgente la iniciativa de confirmar la inmunidad de un diputado europeo.
44      Así, del tenor literal del artículo 8, apartado 1, del Reglamento interno resulta que el presidente del Parlamento no está obligado en modo alguno a adoptar la iniciativa de confirmar la inmunidad de un diputado europeo y que dispone de una facultad discrecional a este respecto, incluso cuando el diputado esté detenido o vea restringida su libertad de movimiento en vulneración manifiesta de sus privilegios e inmunidades.
45      Esa facultad discrecional se ve confirmada en particular por la inexistencia de derechos procesales de los diputados europeos en el marco del procedimiento previsto en el artículo 8 del Reglamento interno, mientras que estos disponen expresamente de tales derechos en el marco del procedimiento regido por los artículos 7 y 9 de dicho Reglamento. A este respecto, procede señalar que, conforme al artículo 9, apartado 1, del Reglamento interno, el presidente del Parlamento ha de tramitar la solicitud de amparo de la inmunidad que le dirija un diputado o un antiguo diputado y, por tanto, comunicarla al Pleno y remitirla a la comisión competente. Además, a tenor del artículo 9, apartado 6, de ese Reglamento, el diputado europeo interesado dispone del derecho a ser oído y a aportar cuantos documentos o elementos de prueba escritos estime oportunos. Asimismo, el artículo 9, apartado 10, del Reglamento citado impone al presidente del Parlamento la obligación de comunicarle inmediatamente la decisión adoptada por la institución. Por último, el artículo 7, apartado 5, del Reglamento interno dispone que, en los casos en que se haya decidido no amparar los privilegios e inmunidades de un diputado europeo, este podrá solicitar excepcionalmente que se reexamine la decisión presentando nuevas pruebas, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del propio Reglamento interno.
46      Por el contrario, resulta obligado constatar que el artículo
8 del Reglamento interno no confiere expresamente a los diputados europeos derechos procesales que les permitan intervenir en el procedimiento de adopción de una iniciativa en el sentido de esta disposición.
47      Esta constatación no puede quedar desvirtuada por las alegaciones del demandante según las cuales, por una parte, goza de derechos procesales en virtud del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y, por otra parte, el artículo 8 del Reglamento interno impone al presidente del Parlamento la obligación de consultar al presidente de la comisión competente.
48      A este respecto, procede, en cualquier caso, desestimar la alegación del demandante según la cual, en esencia, el presidente del Parlamento no puede adoptar una iniciativa en el sentido del artículo
8 del Reglamento interno sin haber recabado previamente una opinión jurídica. En efecto, del tenor
de dicho artículo no se desprende que el presidente y el ponente de la comisión competente estén obligados a emitir dictamen alguno o a adoptar cualquier otro acto cuya omisión impida al presidente del Parlamento adoptar esa iniciativa. Además, a tenor del artículo
8, apartado
2, del Reglamento interno, solo después de que el presidente del Parlamento haya adoptado tal iniciativa podrá la comisión competente, si lo estima necesario, elaborar un informe sobre dicha iniciativa para presentarlo al Parlamento.
49      Así pues, el hecho de que, con arreglo al artículo
8, apartado
1, del Reglamento interno, el presidente del Parlamento esté obligado a consultar al presidente y al ponente de la comisión competente no solo no confiere a los diputados europeos derechos procesales que les permitan intervenir en el procedimiento de adopción de una iniciativa en el sentido de dicha disposición, sino que, además, no pone en entredicho la facultad discrecional de que dispone el presidente del Parlamento para adoptar una iniciativa en el sentido del artículo
8 del Reglamento interno.
50      Por último, resulta obligado observar que el Reglamento interno no define ni el concepto de «iniciativa de confirmar los privilegios e inmunidades» ni la forma que esta puede adoptar. Por lo tanto, procede considerar que el presidente del Parlamento dispone de un amplio margen de apreciación en cuanto a la forma que puede adoptar su iniciativa en el sentido del artículo
8 del Reglamento interno y que, en consecuencia, un diputado europeo no puede exigirle que adopte una u otra medida específica.
51      Habida cuenta de lo anterior, en el caso de autos, procede considerar que la denegación de la solicitud de 4 de julio de 2019 de la Sra. Riba i Giner no es un acto impugnable, en el sentido del artículo 263 TFUE, puesto que se desprende del sistema del artículo 8 del Reglamento interno que el presidente del Parlamento no está obligado a adoptar una iniciativa en el sentido de dicho artículo, sino que dispone de una facultad discrecional a ese respecto que excluye el derecho del demandante de exigirle que defina su postura en un sentido determinado
(véanse, en este sentido, el auto de 24 de noviembre de 2016, Petraitis/Comisión, C‑137/16 P, no publicado, EU:C:2016:904, apartado 22 y jurisprudencia citada; la sentencia de 9 de septiembre de 2015, SV Capital/ABE, T‑660/14, EU:T:2015:608, apartados 47, 48 y 50, y el auto de 23 de enero de 2019, MLPS/Comisión, T‑304/18, no publicado, EU:T:2019:34, apartados
16 y 17).
52      Por consiguiente, procede desestimar la alegación del demandante según la cual el presidente del Parlamento estaba obligado, en virtud del artículo
8 del Reglamento interno, a proteger su inmunidad frente a las autoridades españolas y, a tal fin, debería haber adoptado rápidamente una serie de medidas consistentes, en particular, en exigir a esas autoridades su puesta en libertad.
53      En segundo lugar, procede señalar que la solicitud de 4 de julio de 2019 de la Sra. Riba i Giner no podía dar lugar a que el presidente del Parlamento adoptara una medida generadora de efectos jurídicos obligatorios frente a las autoridades españolas.
54      En primer término, la obligación de las autoridades nacionales de respetar las inmunidades de que gozan los diputados europeos en virtud del artículo
9 del Protocolo n.º 7 es anterior a cualquier iniciativa que el presidente del Parlamento decida, en su caso, adoptar sobre la base del artículo
8 del Reglamento interno. En efecto, dicha obligación existe desde el momento en que el diputado europeo interesado adquiere esa condición y, por lo tanto, desde la proclamación oficial de los resultados electorales por los Estados miembros
(véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115, apartados 77 y 81).
55      Esta interpretación se ve corroborada por el empleo, en el artículo
8 del Reglamento interno, de la expresión «confirmar la inmunidad», que demuestra que, mediante una iniciativa en el sentido de esta disposición, el presidente del Parlamento se limita a confirmar una situación preexistente.
56      Por lo tanto, procede desestimar la alegación del demandante según la cual una iniciativa adoptada sobre la base del artículo
8 del Reglamento interno habría tenido como efecto reconocer y amparar todos los derechos de que goza un diputado europeo en tal condición.
57      En segundo término, procede señalar que, mediante el procedimiento previsto en el artículo
8 del Reglamento interno, el presidente del Parlamento puede adoptar una «iniciativa», mientras que, al término del procedimiento regulado en los artículos
7 y 9 de dicho Reglamento, la institución adopta una «decisión».
58      Así pues, el propio tenor literal del artículo 8 del Reglamento interno certifica el carácter no vinculante de la iniciativa que eventualmente adopte con carácter urgente el presidente del Parlamento frente a las autoridades nacionales destinatarias de la misma.
59      A este respecto, cabe señalar que, en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal, el Parlamento precisó que la acción de su presidente en el marco del procedimiento establecido en el artículo
8 del Reglamento interno podía revestir distintas formas, como una carta o una llamada telefónica, cuyo único objeto sería llamar la atención de las autoridades nacionales sobre una situación que, a juicio del presidente del Parlamento,
podría constituir una vulneración aparente de los privilegios e inmunidades de que disfruta un diputado europeo.
60      En tercer término, en el supuesto de que el presidente del Parlamento decidiera adoptar una iniciativa en el sentido del artículo 8 del Reglamento interno, ninguna disposición del Protocolo n.º 7, del Acta
relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de septiembre de 1976 (DO 1976, L 278, p. 1), en su versión modificada por la Decisión 2002/772/CE, Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2002 y de 23 de septiembre de 2002 (DO 2002, L 283, p. 1), ni de dicho Reglamento interno prevé que las autoridades nacionales estén obligadas a darle curso, especificándose a este respecto que en cualquier caso se excluye que pueda imponerse a los Estados miembros una obligación con base únicamente en el artículo 8 del Reglamento interno (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T‑346/11 y T‑347/11, EU:T:2013:23, apartado 137).
61      En cuarto término, habida cuenta, por una parte, de la facultad discrecional de que dispone el presidente del Parlamento en cuanto a la oportunidad de adoptar una iniciativa en el sentido del artículo
8 del Reglamento interno y, por otra parte, de que el Parlamento no interviene en el procedimiento que conduce a su adopción, tal iniciativa únicamente expresa
la opinión del presidente del Parlamento sobre la existencia de una vulneración manifiesta de los privilegios y las inmunidades de un diputado europeo y no la de la institución. Así pues, una iniciativa en el sentido del artículo
8 del Reglamento interno debe distinguirse en cualquier caso de una resolución formal del Parlamento adoptada, por ejemplo, sobre la base de los artículos
7 y 9 de dicho Reglamento (véase el anterior apartado 45).
62      De ello se deduce que las iniciativas en el sentido del artículo
8 del Reglamento interno constituyen opiniones carentes de efectos jurídicos obligatorios frente a las autoridades nacionales a quienes se dirigen (véase la jurisprudencia citada en el apartado 37 anterior).
63      Por consiguiente, debe desestimarse la alegación del demandante según la cual una iniciativa en el sentido del artículo
8 del Reglamento interno habría tenido como efecto obligar a las autoridades españolas a tomar nota de su obligación de respetar las inmunidades de que, en su opinión, disfrutaba como diputado europeo, así como la integridad del Parlamento, y a cumplir el Derecho de la Unión.
64      Por último, conforme a la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados
38 y 39, procede considerar que el acto impugnado, por el que se denegó una solicitud que no tenía por objeto la adopción de una medida dotada de efectos jurídicos obligatorios, tampoco puede a su vez producir tales efectos.
65      A la luz de las apreciaciones realizadas en los anteriores apartados
51, 62 y 64, el Parlamento está en lo cierto cuando sostiene que el acto impugnado no puede ser objeto de un recurso de anulación con arreglo al artículo
263 TFUE.
66      Esta conclusión no queda desvirtuada por las demás alegaciones que formula el demandante.
67      En primer lugar, debe desestimarse
la alegación del demandante según la cual, en
lo esencial, de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), se desprende, por una parte, que el presidente del Parlamento estaba obligado a adoptar una iniciativa en el sentido del artículo 8 del Reglamento interno para proteger la inmunidad de la que gozaría
en virtud del artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7 y, por otra parte, que tal iniciativa habría sido vinculante para las autoridades nacionales. A este respecto, baste constatar que, en la citada sentencia, el Tribunal de Justicia no interpretó de ninguna manera, y ni tan siquiera mencionó, el artículo 8 del Reglamento interno, limitándose a recordar las obligaciones que incumbían a las autoridades nacionales con arreglo, en particular, al artículo 9 del Protocolo n.º 7 (véase el anterior apartado 22).
68      En segundo lugar, procede desestimar la alegación del demandante según la cual, en lo esencial, los diputados europeos detenidos o cuya libertad de movimiento se vea restringida en vulneración manifiesta de sus privilegios e inmunidades tienen derecho a exigir al presidente del Parlamento que adopte una iniciativa sobre la base del artículo 8 del Reglamento interno, puesto que este artículo les confiere un derecho subjetivo a que el citado presidente actúe en defensa de las inmunidades de que gozan en virtud de los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7.
69      A este respecto, es preciso señalar que son los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7 los que crean derechos subjetivos para los diputados europeos y no las disposiciones del Reglamento interno (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T‑345/05, EU:T:2008:440, apartado 28, y de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T‑346/11 y T‑347/11, EU:T:2013:23, apartado 58).
70      En tercer lugar, procede desestimar por inoperante la alegación del demandante de que las inmunidades que prevén los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7 forman parte del derecho de sufragio activo y pasivo consagrado en el artículo 39 de la Carta, cuya violación puede invocarse frente al presidente del Parlamento conforme al artículo 51 de la propia Carta, y cuyo respeto debe exigir el Tribunal en virtud del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 47 de la Carta.
71      En efecto, esta alegación se refiere a la cuestión de la hipotética ilegalidad en cuanto al fondo del acto impugnado y no es pertinente a efectos de apreciar la admisibilidad del presente recurso.
72      En cuarto lugar, procede desestimar la alegación del demandante según la cual, en esencia, de la sentencia de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento (T‑346/11 y T‑347/11, EU:T:2013:23), se desprende que, a falta de un suplicatorio de suspensión de la inmunidad de un diputado europeo, las autoridades nacionales están vinculadas por una iniciativa del presidente del Parlamento adoptada sobre la base del artículo 8 del Reglamento interno cuando su finalidad consiste en proteger la inmunidad reconocida en el artículo 9 del Protocolo n.º 7.
73      A este respecto, basta señalar que la sentencia de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento (T‑346/11 y T‑347/11, EU:T:2013:23), no es pertinente en este caso. Por una parte, el asunto que dio lugar a esa sentencia se refería a una solicitud de amparo de la inmunidad dirigida al Parlamento conforme al artículo 9 del Reglamento interno y no una solicitud para que el presidente del Parlamento adoptara con carácter urgente una iniciativa en el sentido del artículo 8 de dicho Reglamento. Por otra parte, en la citada sentencia, el Tribunal declaró únicamente que una solicitud de amparo de la inmunidad carece de objeto cuando existe un suplicatorio de suspensión de la inmunidad (sentencia de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T‑346/11 y T‑347/11, EU:T:2013:23, apartado 57).
74      En quinto lugar, habida cuenta de las razones expuestas en los anteriores apartados 42 a 64, procede desestimar la alegación del demandante según la cual, en esencia, los artículos 3, apartado 6, 22, 149 y 236, apartado 1, del Reglamento interno, así como el artículo 51 de la Carta, imponen al presidente del Parlamento la obligación de reconocer y amparar todos los derechos derivados de su condición de diputado europeo frente al Parlamento de tal modo que una iniciativa en el sentido del artículo 8 del Reglamento interno produce efectos jurídicos obligatorios.
75      Por añadidura, de un lado, resulta obligado observar que los artículos 3, apartado 6, 22, 149 y 236, apartado 1, del Reglamento interno no comportan normas destinadas a garantizar la protección de los privilegios e inmunidades de que gozan los diputados europeos en virtud de los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7.
76      De otro lado, el artículo 51 de la Carta, que impone a las instituciones, órganos y organismos de la Unión el respeto de los derechos garantizados por ese texto, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias de la Unión tal como se las han atribuido los Tratados, no puede conferir un efecto jurídico vinculante a las iniciativas adoptadas por el presidente del Parlamento sobre la base del artículo 8 del Reglamento interno, siendo así que tales iniciativas no tienen por objeto ni por efecto crear obligaciones para los Estados miembros (véanse los anteriores apartados 53 a 62).
77      En sexto lugar, el demandante sostiene, en esencia, que su recurso es admisible, puesto que se desprende del artículo 47 en relación con el artículo 51 de la Carta, así como de la sentencia de 19 de septiembre de 2013, Reexamen Comisión/Strack (C‑579/12 RX‑II, EU:C:2013:570), que el Tribunal debe proteger los derechos fundamentales de los diputados europeos y que la protección contra la negativa a preservar esos derechos se garantiza mediante el derecho de recurso previsto en los Tratados.
78      Suponiendo que, mediante esta alegación, el demandante pretenda sostener que su recurso debe declararse admisible en virtud de su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta, basta señalar que, según la jurisprudencia, este artículo no tiene por objeto modificar el sistema de control judicial establecido en los Tratados y, en particular, las normas relativas a la admisibilidad de los recursos presentados directamente ante el juez de la Unión, tal como también se desprende de las explicaciones relativas a este artículo 47, las cuales deben tenerse en cuenta, con arreglo al artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo tercero, y al artículo 52, apartado 7, de la Carta, para la interpretación de esta (véase la sentencia de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, apartado 97 y jurisprudencia citada). Por lo tanto, los requisitos de admisibilidad de un recurso de anulación con arreglo al artículo
263 TFUE deben interpretarse a la luz del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sin que, no obstante, ello se traduzca en obviar los requisitos expresamente contemplados por dicho Tratado.
79      De ello se deduce que el demandante no puede sostener válidamente que el presente recurso de anulación debe ser admisible al amparo del artículo
47 de la Carta, pese a que, en cualquier caso, el acto impugnado no puede producir efectos jurídicos obligatorios en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 35.
80      Por lo tanto, debe desestimarse la alegación del demandante.
81      En séptimo lugar, el demandante sostiene que, como en la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), el Tribunal de Justicia consideró que el contenido de la inmunidad prevista en el artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7 venía determinado únicamente por el Derecho de la Unión, el recurso contra la denegación de la solicitud de 4 de julio de 2019 de la Sra. Riba i Giner es admisible, en lo sustancial, conforme a la sentencia de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento (T‑345/05, EU:T:2008:440).
82      A este respecto, basta señalar que la sentencia de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento (T‑345/05, EU:T:2008:440), no es pertinente en el caso de autos. En efecto, el asunto que dio lugar a dicha sentencia tenía por objeto una decisión del Parlamento de suspender la inmunidad de un diputado europeo, la cual había producido efectos jurídicos obligatorios por cuanto había privado automáticamente al diputado europeo afectado de su inmunidad y, por tanto, había permitido a las autoridades nacionales iniciar o proseguir procedimientos judiciales frente a él (sentencia de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T‑345/05, EU:T:2008:440, apartados 29 y 30). Esa decisión difiere pues de una iniciativa en el sentido del artículo 8 del Reglamento interno, que no tiene ningún efecto directo en los procedimientos judiciales nacionales de los que pueda ser objeto un diputado europeo.
83      Además, cabe recordar que, en el apartado 91 de la sentencia de 19 de diciembre de 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), el Tribunal de Justicia declaró que, conforme al artículo 9, párrafo tercero, del Protocolo n.º 7, incumbe al tribunal nacional competente que estime que debe mantenerse una medida de prisión provisional impuesta a una persona que haya adquirido la condición de diputado europeo solicitar a la mayor brevedad al Parlamento que suspenda la inmunidad reconocida en el párrafo segundo de dicho artículo (véase el anterior apartado 22).
84      Así pues, en el supuesto de que el presidente del Parlamento adoptara una iniciativa para confirmar la inmunidad de un diputado europeo, esta no eximiría a las autoridades nacionales de su obligación de solicitar al Parlamento que suspenda la inmunidad del diputado de que se trate, la cual dimana directamente del artículo 9, párrafo tercero, del Protocolo n.º 7 (véase el anterior apartado 22).
85      En consecuencia, debe desestimarse la alegación del demandante.
86      En octavo lugar, el demandante sostiene que, en el caso de autos, el presidente del Parlamento no decidió adoptar o no una iniciativa en el sentido del artículo 8 del Reglamento interno, sino que simplemente se declaró incompetente al respecto por no haber adquirido el demandante la condición de diputado europeo, de tal suerte que el presidente del Parlamento se negó no solo a amparar su inmunidad, sino también a reconocerle la condición de diputado europeo.
87      A este respecto, basta señalar que la alegación del demandante tiene por objeto impugnar el motivo por el que el presidente del Parlamento denegó la solicitud de 4 de julio de 2019 de la Sra. Riba i Giner y, por tanto, no puede afectar a la admisibilidad del recurso dirigido contra esta supuesta denegación.
88      En cualquier caso, el hecho de que, en el acto impugnado, el presidente del Parlamento considerara que el demandante no tenía la condición de diputado europeo no puede producir efectos jurídicos obligatorios para este, ya que ese motivo no es sino la opinión del presidente del Parlamento y no la de la institución (véase el anterior apartado 61).
89      Por ello, debe desestimarse la alegación del demandante.
90      A la luz de todo lo que antecede, procede concluir que el acto impugnado no produjo efectos jurídicos obligatorios que pudieran afectar a los intereses del demandante, modificando de forma esencial su situación jurídica. Por consiguiente, no constituye un acto impugnable mediante un recurso de anulación interpuesto al amparo del artículo 263 TFUE.
91      De ello se deduce que procede acoger la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Parlamento y, por tanto, declarar inadmisible el recurso, sin entrar en el fondo del asunto y sin que sea necesario examinar la otra causa de inadmisión invocada por el Parlamento, basada, en esencia, en la incompetencia del presidente del Parlamento para solicitar la suspensión de las actuaciones judiciales contra el demandante en un caso como el de autos, en que el Derecho español no ha conferido tal competencia a las asambleas legislativas nacionales (véase el apartado 33 anterior).
Sobre la demanda de intervención del Reino de España
92      A tenor del artículo 142, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la intervención quedará sin objeto cuando se declare la inadmisibilidad de la demanda. Conforme al artículo 144, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando la parte demandada presente una excepción de inadmisibilidad o de incompetencia, contemplada en el artículo 130, apartado 1, del mismo Reglamento, no se decidirá sobre la demanda de intervención hasta que la excepción haya sido rechazada o unida al examen del fondo.
93      En el presente asunto, al haberse declarado inadmisible el recurso en su totalidad, procede sobreseer la demanda de intervención del Reino de España.
Costas
94      En virtud del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
95      Al haberse desestimado las pretensiones del demandante, procede condenarlo a cargar con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el Parlamento, conforme a lo solicitado por este.
96      Por último, en aplicación del artículo 144, apartado 10, del Reglamento de Procedimiento, el Reino de España cargará con sus propias costas relativas a su demanda de intervención.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
resuelve:
1)      Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2)      Sobreseer la demanda de intervención del Reino de España.
3)      Condenar a D. Oriol Junqueras i Vies a cargar con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido el Parlamento Europeo.
4)      El Reino de España cargará con las costas relativas a su demanda de intervención.
Dictado en Luxemburgo, a 20 de enero de 2021.
El Secretario
La Presidenta
E. Coulon
A. Marcoulli
*      Lengua de procedimiento: español.