61971J0093
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 17 de mayo de 1972 (
1
)
En el asunto 93/71,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el pretore di Lonato, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Orsolina Leonesio, agricultora de Monica (Provincia de Brescia, Italia),
y
Ministero dell'Agricoltura e Foreste della Repubblica italiana,
una decisión prejudicial sobre la interpretación:
—
De los artículos 1 al 4 del Reglamen (CEE) no 1975/69 del Consejo, de 6 de octubre de 1969, por el que se establece un régimen de primas especialmente por el sacrificio de vacas (DO L 252, p. 1).
—
De los artículos 3 al 11 del Reglamento (CEE) no 2195/69 de la Comisión, de 4 de noviembre de 1969, por el que se establecen las modalidades de aplicación del referido régimen (DO L 278, p. 6),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; J. Mertens de Wilmars y H. Kutscher (Ponente), Presidentes de Sala; A.M. Donner, A. Trabucchi, R. Monaco y P. Pescatore, Jueces;
Abogado General: Sr. K. Roemer;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
1
1)
Considerando que mediante resolución de 3 de noviembre de 1971, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de noviembre de 1971, el pretore di Lonato planteó dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del Reglamento (CEE) no 1975/69 del Consejo, de 6 de octubre de 1969, y del Reglamento (CEE) no 2195/69 de la Comisión, de 4 de noviembre de 1969, relativos a la concesión de primas a los agricultores que lleven a cabo el sacrificio de sus vacas lecheras;
2
que, mediante la primera cuestión, se pide al Tribunal de Justicia que declare «si son directamente aplicables en el ordenamiento jurídico italiano las disposiciones del Reglamento no 1975/69 y del Reglamento no 2195/69, y, en caso afirmativo, si confieren a los particulares derechos individuales que los órganos jurisdiccionales nacionales deben tutelar»;
que, mediante la segunda cuestión, se pretende saber fundamentalmente si, cuando se reúnen los requisitos que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 5 y los artículos 6 y 9 del Reglamento no 2195/69, los referidos Reglamentos, al regular la prima por animal sacrificado, confieren al agricultor interesado un derecho al cobro de dicha prima exigible contra el Estado miembro al que pertenezca, derecho que el Juez nacional deba tutelar directamente y que el mencionado Estado no puede someter a requisitos adicionales, particularmente en cuanto al plazo para el pago que establece el artículo 10 del Reglamento no 2195/69;
3
que dichas cuestiones se suscitaron en relación con el hecho de que la demandante en el litigio principal, al considerar que había cumplido todos los requisitos a los que los mencionados Reglamentos supeditan la concesión de la prima por el sacrificio de vacas lecheras, presentó ante el pretore di Lonato una demanda en procedimiento sumario solicitando que se condenara al Ministero dell'Agricoltora e della Foreste italiano al pago de la referida prima;
que, por otra parte, consta en autos que las autoridades nacionales, si bien concedieron la prima mediante «autorización provisional», suspendieron su pago basándose en que estaba supeditado a la previa adopción por el Parlamento italiano de disposiciones legislativas que autorizaran los créditos necesarios.
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Considerando que ambas cuestiones están íntimamente relacionadas, procede responder conjuntamente a las mismas.
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2)
Considerando que, a tenor del párrafo segundo del artículo 189 del Tratado, el Reglamento «tendrá un alcance general» y será «directamente aplicable en cada Estado miembro»;
que, por consiguiente, debido a su propia naturaleza y a su función en el sistema de fuentes del Derecho comunitario, el Reglamento tiene efectos directos, resultando idóneo, en cuanto tal, para conferir a los particulares derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de proteger;
6
que, por lo que atañe a derechos de crédito exigibles contra el Estado, dichos derechos nacen cuando se cumplen los requisitos previstos por el Reglamento, sin que resulte posible supeditar su ejercicio, en el ámbito nacional, a disposiciones de aplicación distintas de las que pudieran figurar en el propio Reglamento;
que procede responder a las cuestiones planteadas a la luz de estas consideraciones.
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3)
Considerando que, por lo que se refiere a los requisitos que debe haber cumplido el agricultor para poder exigir el pago de la prima, al deudor de la misma y al plazo en el que debe realizarse el pago, es preciso remitirse a los artículos 1 a 4 y 12 del Reglamento no 1975/69, así como a los artículos 3, 7, 9 y 10 del Reglamento no 2195/69;
8
que, a tenor del artículo 1 del Reglamento no 1975/69, «los agricultores que posean al menos dos vacas lecheras podrán beneficiarse, previa solicitud y en las condiciones definidas más adelante, de una prima por animal sacrificado» fijada en 200 unidades de cuenta por cada vaca lechera sacrificada, en virtud del apartado 3 de ese mismo Reglamento;
9
que en virtud del artículo 2 de dicho Reglamento, «la concesión de la prima estará supeditada, en particular, al compromiso escrito del beneficiario, a) de abandonar completamente la producción de leche y, b) de llevar a cabo, en el transcurso del período que se determine y a más tardar el 30 de abril de 1970, el sacrificio de todas las vacas lecheras que formen parte de su explotación»;
10
que el apartado 1 del artículo 4 de ese mismo Reglamento dispone que, «por lo que se refiere a los agricultores que posean de dos a cinco vacas lecheras, la prima será abonada cuando el solicitante pruebe que ha cumplido el compromiso a que se refiere la letra b) del artículo 2»;
11
que el artículo 12 del referido Reglamento, al precisar que «el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola, Sección Orientación, reembolsará a los Estados miembros el 50 % de las primas» de que se trata, implica que los Estados miembros son deudores de dichas primas en relación con los agricultores;
12
que, a tenor del artículo 3 del Reglamento no 2195/69, «la solicitud de concesión de la prima se presentará, dentro del período comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 1969, ante la autoridad competente designada por cada Estado miembro», debiendo contener ciertas indicaciones y declaraciones;
13
que el artículo 7 de ese mismo Reglamento precisa que «el período para el sacrificio de la res, a que se refiere la letra b) del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1975/69, estará comprendido entre el 9 de febrero y el 30 de abril de 1970»;
14
que el artículo 9 de ese mismo Reglamento determina la manera en que el agricultor debe realizar la prueba que prevé el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n
o
1975/69;
15
que, a tenor del artículo 10 del Reglamento no 2195/69, «la prima a que se refiere el apartado 1 del artículo 4, […] del Reglamento no 1975/69 se abonará en el plazo de dos meses a contar desde la prueba del sacrificio de la res, realizada de conformidad con el artículo 9 del presente Reglamento».
16
Considerando que del apartado 1 del artículo 5 del Reglamento no 2195/69 resulta que la concesión de la prima estaba supeditada a la declaración por la Comisión de «que se pueden tramitar las solicitudes presentadas», declaración que, para todas las solicitudes presentadas al amparo del artículo 3 de dicho Reglamento, se hizo con arreglo a la letra a) del artículo 1 del Reglamento no 140/70.
17
Considerando que, a tenor del artículo 10 del Reglamento no 1975/69, la Comisión estaba facultada para autorizar a los Estados miembros «a establecer requisitos adicionales» para la concesión de la prima de que se trata, y que el artículo 19 del Reglamento no 2195/69 establece tales requisitos requiriendo a los Estados miembros para que, en su caso, comuniquen a la Comisión las disposiciones que hubiesen adoptado en aplicación de dicho artículo;
que, sin embargo, consta en autos que Italia no hizo uso de la referida autorización;
que consta, asimismo, en autos que la República Italiana adopto las medidas técnicas previstas por el artículo 4, el apartado 2 del artículo 5 y los artículos 6, 8 y 11 del Reglamento no 2195/69.
18
4)
Considerando que del conjunto de estas disposiciones resulta que, si se cumplían todos los requisitos previstos por los Reglamentos nos 1975/69 y 2195/69, dichos Reglamentos conferían a los agricultores el derecho a obtener del Estado miembro al que pertenecían el pago de la prima por animal sacrificado, derecho que los órganos jurisdiccionales nacionales debían tutelar y que podía ejercitarse, en cada caso concreto, a partir de la expiración del período de dos meses consecutivo a haber aportado la prueba del sacrificio de la res, prevista en el artículo 10 del Reglamento no 2195/69.
19
Considerando que, a partir de ese momento, los Reglamentos citados confieren al agricultor el derecho a exigir el pago de la prima, sin que el Estado miembro afectado pueda basarse en su legislación o en su práctica administrativa para oponerse a dicho pago;
que esta afirmación se ve reforzada por el séptimo considerando del Reglamento no 2195/69, que señala la necesidad «de asegurarse de que las primas se paguen en todos los Estados miembros dentro de los mismos plazos».
20
Considerando, sin embargo, que el Gobierno italiano alega que los Reglamentos de referencia no podían atribuir el derecho al cobro de la prima mientras el legislador no hubiese aprobado los créditos necesarios al efecto.
21
Considerando que, a tenor del párrafo primero del artículo 5 del Tratado, «los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las Instituciones de la Comunidad»;
que si se admitiese la objeción de la República Italiana, se colocaría a los agricultores de este Estado en una situación más desfavorable que la de sus homólogos de los restantes Estados miembros, con infracción del principio fundamental que impone la aplicación uniforme de los Reglamentos en toda la Comunidad;
que, por otra parte, los Reglamentos nos 1975/69 y 2195/69, al enumerar con carácter exhaustivo los requisitos de los que depende el nacimiento de los derechos individuales de que se trata, no incluyen consideraciones de naturaleza presupuestaria;
22
que los Reglamentos comunitarios, para poder regir con la misma fuerza respecto a los ciudadanos de todos los Estados miembros, se integran en el sistema jurídico aplicable en el territorio nacional, que debe permitir que se produzca el efecto directo prescrito en el artículo 189, de manera que los particulares pueden invocar los referidos Reglamentos sin que se les pueda oponer disposiciones o prácticas del ordenamiento jurídico interno;
23
que las disposiciones presupuestarias de un Estado miembro no pueden, por consiguiente, obstaculizar la aplicabilidad directa de una disposición comunitaria ni, en consecuencia, la exigibilidad de los derechos individuales que dicha disposición atribuya a los particulares.
24
Considerando que los gastos efectuados por el Gobierno de la República Italiana y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso, y dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto;
vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídas las observaciones orales de la Sra. Leonesio, del Gobierno de la República Italiana y de la Comisión de las Comunidades Europeas;
oídas las conclusiones del Abogado General;
visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en especial, sus artículos 5, 177 y 189;
visto el Reglamento (CEE) no 1975/69 del Consejo, de 6 de octubre de 1969 (DO L 252 p. 1);
visto el Reglamento (CEE) no 2195/69 de la Comisión, de 4 de noviembre de 1969 (DO L 278, p. 6);
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea y, en especial, su artículo 20;
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el pretore di Lonato mediante resolución de 3 de noviembre de 1977, declara:
1)
£1 Reglamento comunitario produce efectos directos, resultando idóneo, en cuanto tal, para conferir a los particulares derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de proteger.
Los derechos de crédito exigibles contra el Estado, conferidos por tales Reglamentos, nacen cuando se cumplen los requisitos previstos por el Reglamento de que se trate, sin que resulte posible supeditar su ejercicio, en el ámbito nacional, a disposiciones de aplicación distintas de las que pudieran establecerse por el propio Reglamento.
2)
Desde el momento en que se cumplieron todos los requisitos previstos por los Reglamentos nos 1975/69 y 2195/69, dichos Reglamentos conferían a los agricultores el derecho a obtener del Estado miembro al que pertenecían el pago de la prima por animal sacrificado, derecho que los órganos jurisdiccionales debían tutelar y que podía ejercitarse, en cada caso concreto, a partir de la expiración del período de dos meses consecutivo a haber aportado la prueba del sacrificio de la res, prevista en el artículo 10 del Reglamento no 2195/69.
A partir de ese momento, los Reglamentos citados confieren al agricultor el derecho a exigir el pago de la prima, sin que el Estado miembro interesado pueda basarse en su legislación o en su práctica administrativa para oponerse a dicho pago.
Lecourt
Mertens de Wilmars
Kutscher
Donner
Trabucchi
Monaco
Pescatore
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de mayo de 1972.
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
R. Lecourt
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1
)	Lengua de procedimiento: italiano.