62022CO0636_SUM
Asunto C‑636/22
PY
(Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’appello di Lecce)
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 16 de noviembre de 2023
«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia — Cooperación judicial en materia penal — Orden de detención europea — Decisión Marco 2002/584/JAI — Garantías que deberá dar el Estado miembro emisor — Artículo 5, punto 3 — Objetivo de reinserción social — Nacionales de terceros Estados que residen en el territorio del Estado miembro de ejecución — Igualdad de trato — Artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea»
Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros — Entrega de un nacional o residente del Estado miembro de ejecución a efectos de entablar una acción penal — Garantías que debe dar el Estado miembro emisor — Devolución de la persona en cuestión al Estado miembro de ejecución, para cumplir en este la pena o la medida de seguridad privativas de libertad — Normativa nacional del Estado miembro de ejecución que excluye la posibilidad de supeditar a condiciones la entrega de un nacional de un tercer país residente en el territorio de dicho Estado miembro — Respeto del principio de igualdad ante la ley — Inexistencia — Improcedencia
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 20; Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, arts. 4, punto 6, y 5, punto 3)
(véanse los apartados 36 a 40 y el punto 1 del fallo)
Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros — Entrega de un nacional o residente del Estado miembro de ejecución a efectos de entablar una acción penal — Garantías que debe dar el Estado miembro emisor — Devolución de la persona en cuestión al Estado miembro de ejecución, para cumplir en este la pena o la medida de seguridad privativas de libertad — Requisitos — Interés legítimo que justifique la ejecución de la pena en el Estado miembro de ejecución — Objetivo de reinserción social una vez ejecutada la pena — Apreciación de la autoridad judicial de ejecución — Circunstancias que deben tenerse en cuenta
(Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, art. 5, punto 3)
(véase el apartado 44 y el punto 2 del fallo)
Véase el texto de la resolución.