62022CJ0776_RES
Asunto C‑776/22 P
Studio Legale Ughi e Nunziante
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de septiembre de 2025
«Recurso de casación — Recurso de anulación — Artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Representación de las partes no privilegiadas en un recurso directo ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea — Representación de un bufete de abogados por un socio de dicho bufete — Abogado que tiene la calidad de tercero con respecto a la parte demandante — Presunción de independencia — Desvirtuación de la presunción — Requisitos»
Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Requisitos relativos al firmante — Calidad de tercero respecto a las partes — Exigencia de independencia — Representación de un bufete de abogados por un socio de dicho bufete — Procedencia
(Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, art. 19, párrs. 3 y 4; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 51, ap. 1)
(véanse los apartados 49 a 52, 58 a 62 y 64 a 69)
Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Requisitos relativos al firmante — Calidad de tercero respecto a las partes — Representación de una persona jurídica por un abogado — Inobservancia de la exigencia de independencia — Motivo de orden público — Obligación del Tribunal General de advertir al demandante de la irregularidad — Posibilidad de subsanación mediante la designación de un nuevo abogado
(Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, arts. 19 y 21; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 51, aps. 2 a 4, y 78, aps. 1 a 6)
(véanse los apartados 70 a 80)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conocía de un recurso de casación en formación de Gran Sala, anuló el auto del Tribunal General en el asunto Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO. (
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) En su sentencia, el Tribunal de Justicia precisó en qué medida un bufete de abogados puede ser representado ante el juez de la Unión por un abogado que es socio de dicho bufete. Además, se pronunció sobre el alcance de la exigencia de independencia de los representantes de las partes no privilegiadas y sobre la posibilidad de que una parte subsane una demanda que no satisfaga dicha exigencia.
El 26 de septiembre de 2017, Studio Legale Ughi e Nunziante, una asociación profesional italiana (en lo sucesivo, «bufete de abogados»), presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de caducidad de la marca denominativa de la Unión UGHI E NUNZIANTE para todos los servicios para los que se había registrado dicha marca.
Mediante resolución de 23 de febrero de 2021, la División de Anulación de la EUIPO estimó dicha solicitud para todos los servicios, con excepción de los «servicios jurídicos». (
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) El 1 de marzo de 2021, el bufete de abogados interpuso un recurso ante la EUIPO contra esa resolución, que fue desestimado mediante resolución de 8 de abril de 2022 de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO.
El bufete de abogados interpuso entonces un recurso de anulación de dicha resolución ante el Tribunal General. Mediante el auto recurrido, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad manifiesta del recurso, indicando que el bufete de abogados estaba representado por tres abogados que ejercían su actividad en ese bufete en calidad de socios y que esta calidad no era compatible con la exigencia de independencia necesaria para representar a dicho bufete ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. Más concretamente, según el Tribunal General, esos abogados no tenían la calidad de tercero independiente con respecto a la parte recurrente. Además, declaró que ese incumplimiento no podía ser objeto de subsanación. Este es el contexto en el que el bufete de abogados interpuso un recurso de casación contra dicho auto ante el Tribunal de Justicia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia recordó que la representación de las partes no privilegiadas ante los órganos jurisdiccionales de la Unión debe cumplir dos requisitos acumulativos. Por un lado, esas partes deberán estar representadas por un abogado y, por otro lado, únicamente un abogado que esté facultado para ejercer ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE podrá representar o asistir a una parte ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. (
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)
Por lo que respecta al requisito relativo a la facultad del abogado para ejercer ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, el Tribunal de Justicia indicó que ya había declarado que el sentido y el alcance de dicho requisito deben interpretarse mediante la remisión al Derecho nacional de que se trate. (
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) Habida cuenta de que, en este asunto, los abogados designados por el bufete de abogados estaban facultados para ejercer ante los órganos jurisdiccionales italianos, el Tribunal de Justicia consideró que el Tribunal General había incurrido en un error de Derecho al declarar que el recurso en primera instancia no se había interpuesto respetando el citado requisito.
Por lo que respecta al requisito relativo a la obligación de que las partes no privilegiadas estén representadas por un abogado, el Tribunal de Justicia recordó que este requisito impone que se respeten dos exigencias. Por un lado, prohíbe la «autorrepresentación», es decir, esas partes no pueden, en ningún caso, representarse a sí mismas, sin que el Estatuto del TJUE o el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establezcan excepción alguna a esta prohibición. Por otro lado, dicho requisito obliga a los representantes de tales partes a respetar la exigencia de independencia, que se define tanto de manera negativa, por la inexistencia de toda relación laboral, caracterizada por la existencia de un vínculo de subordinación entre una parte y su representante, como de manera positiva, tomando como referencia la deontología y la disciplina profesional. A este respecto, se presume que cualquier abogado, independientemente de la forma en que ejerza su profesión, siempre que esté autorizada por la ley y las normas profesionales y deontológicas, responde a la exigencia de independencia que se deriva del citado requisito, salvo si existe un vínculo de subordinación entre la parte de que se trate y el abogado que haya sido designado para representarla.
En efecto, la exigencia de independencia presupone necesariamente la inexistencia de toda relación laboral, caracterizada por la existencia de un vínculo de subordinación entre la parte y el representante al que esta ha designado. Por lo tanto, la presunción de independencia no se aplica cuando existe tal relación laboral. Así sucede, en particular, en el supuesto de que unos abogados que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, ejercen su profesión como asalariados del bufete que los emplea representen a este ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. Lo mismo ocurre en el supuesto de que juristas de empresa (in-house lawyers), miembros de un colegio de abogados de un Estado miembro y facultados, en virtud del Derecho nacional de dicho Estado miembro, para representar ante los órganos jurisdiccionales nacionales a la persona jurídica a la que están ligados mediante una relación laboral, tengan que representar a esa persona ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. Salvo en los casos en que existe una relación laboral, se aplica la presunción de independencia, que solo puede desvirtuarse cuando de elementos concretos se desprenda que existen entre la parte de que se trate y el representante al que esta haya designado vínculos que menoscaben de manera manifiesta la capacidad del representante para llevar a cabo su misión de velar, lo mejor posible, por los intereses de su cliente o que dicho representante no observa las normas profesionales y deontológicas nacionales aplicables. (
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)
Según el Tribunal de Justicia, cuando unos abogados tienen la calidad de socios en el bufete de abogados al que representan ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, no puede considerarse que esta circunstancia sea, en sí, incompatible con la exigencia de independencia En efecto, por un lado, tal circunstancia no puede equipararse a aquella en la que existe una relación laboral. Por otro lado, a falta de elementos concretos que acrediten que existen vínculos entre el bufete y el socio al que aquel ha designado como su representante que menoscaban de manera manifiesta la capacidad de este último para llevar a cabo su misión de representación velando, lo mejor posible, por los intereses de la parte de que se trate o que demuestren que dicho socio no respeta las normas profesionales y deontológicas nacionales aplicables, no puede considerarse que queda desvirtuada la presunción de independencia del abogado asociado.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia consideró que, en este asunto, el Tribunal General no había tenido en cuenta el alcance de la exigencia de independencia y había incurrido en error de Derecho.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia recordó que cualquier circunstancia relacionada con la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto ante el Tribunal General, como la representación de una persona jurídica por un abogado para interponer dicho recurso, puede constituir un motivo de orden público que el juez de la Unión está obligado a plantearse de oficio. (
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) El hecho de que tal recurso no se haya interpuesto de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del TJUE, tal como este ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, constituye una circunstancia de esa índole. Sin embargo, la obligación de plantearse de oficio un motivo de orden público no puede obviar el respeto del derecho de defensa y, por consiguiente, en principio, el juez debe instar previamente a las partes a formular sus observaciones sobre dicho motivo.
En este asunto, el Tribunal de Justicia observó que el Tribunal General se había limitado a constatar que la parte recurrente era un bufete de abogados que había designado para representarlo a tres abogados que ejercían su actividad en dicho bufete, en calidad de socios, y a extraer de ello la conclusión, jurídicamente errónea, de que esos abogados no podían representar al citado bufete en condiciones compatibles con el artículo 19 del Estatuto del TJUE, incompatibilidad que, por otra parte, según el Tribunal General, no podía subsanarse una vez transcurrido el plazo para recurrir.
Pues bien, según el Tribunal de Justicia, el Tribunal General debería, primero, haber comprobado, empleando eventualmente las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, si existía una relación laboral entre esos tres abogados y el bufete de abogados. A falta de tal relación laboral, solo la existencia de elementos concretos que acreditasen, o bien que los vínculos entre el bufete de abogados y los abogados asociados que lo representaban podían menoscabar de manera manifiesta la capacidad de estos para llevar a cabo su misión, o bien que dichos abogados no observaban las normas profesionales y deontológicas nacionales aplicables, hubiera permitido declarar la falta de independencia, a efectos del artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del TJUE.
El Tribunal de Justicia consideró que, a continuación, el Tribunal General, antes de pronunciarse al respecto, debería haber instado a la parte recurrente a presentar observaciones, con el fin de garantizar la efectividad del derecho de defensa de esta. Por último, si el Tribunal General consideraba que no se cumplía la exigencia de independencia, debería haber instado a la parte recurrente, antes de declarar la inadmisibilidad del recurso, a designar a un nuevo abogado. En efecto, habida cuenta de la gravedad de las consecuencias que se derivan de una infracción del artículo 19 del Estatuto del TJUE por lo que respecta al demandante, a saber, la irremediable declaración de inadmisibilidad del recurso, el demandante debe poder designar a un nuevo abogado, tras ser puesto en situación de conocer los elementos que justifican, según el Tribunal General, una decisión de inadmisibilidad y presentar observaciones sobre ellos.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia indicó que del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General (
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) se desprende que una parte no debe ser sancionada con la inadmisibilidad de su recurso sin haber sido invitada previamente a subsanar la situación, debido a que su demanda no reúne los requisitos exigidos. (
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) Del citado Reglamento de Procedimiento (
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) resulta también que lo mismo se aplica en caso de que el comportamiento de un abogado sea considerado incompatible con la dignidad del Tribunal General o con una buena administración de la justicia durante el procedimiento. En efecto, en tales supuestos, las disposiciones pertinentes de ese mismo Reglamento de Procedimiento garantizan la continuidad del procedimiento, al prever que la parte de que se trate pueda, según el caso, presentar los documentos requeridos o designar a un nuevo representante, en un plazo razonable fijado por la Secretaría. Además, el Tribunal de Justicia puntualizó que el artículo 21 del Estatuto del TJUE no fija de manera taxativa los supuestos de subsanación de un recurso y añadió que ya había tenido ocasión de considerar, sin que dicho artículo lo impidiese, que procede instar al demandante a subsanar la demanda si esta se ha presentado firmada por el propio demandante. (
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)
Además, el Tribunal de Justicia subrayó que de la práctica actual de los Estados miembros se desprende que, en el supuesto de que el Derecho nacional establezca que la validez de los actos procesales de una parte se ve afectada por la inobservancia de las normas relativas a la exigencia de independencia del representante de dicha parte, este incumplimiento puede, al menos, subsanarse en el curso del procedimiento.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia anuló el auto recurrido y devolvió el asunto al Tribunal General.
(
1
)	Auto de 10 de octubre de 2022, Studio Legale Ughi e Nunziante/EUIPO — Nunziante y Ughi (UGHI E NUNZIANTE) (T‑389/22, en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2022:662).
(
2
)	Se trata de los servicios de la clase 45 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
(
3
)	Requisitos enunciados en el artículo 19, párrafos tercero y cuarto, respectivamente, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto del TJUE»).
(
4
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA (C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73), apartado 56, y de 14 de julio de 2022, Universität Bremen/REA (C‑110/21 P, EU:C:2022:555), apartado 40 y jurisprudencia citada.
(
5
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA (C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73), apartado 64.
(
6
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2024, Pilatus Bank/BCE (C‑256/22 P, EU:C:2024:125), apartados 34 y 36 y jurisprudencia citada.
(
7
)	Artículo 78, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en relación con el artículo 51, apartados 2 a 4, de este.
(
8
)	Estos requisitos están enunciados en el artículo 78, apartados 1 a 5, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
(
9
)	Artículo 55, apartados 1 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
(
10
)	Véase, en este sentido, el auto de 5 de diciembre de 1996, Lopes/Tribunal de Justicia (C‑174/96 P, EU:C:1996:473), apartado 3.