62022CO0030
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 24 de marzo de 2023 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Trabajadores migrantes — Desempleo — Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica — Seguridad social — Artículo 30 — Determinación del derecho a prestación por desempleo — Reglamento (CE) n.o 883/2004 — Artículo 65, apartado 2 — Nacional de un Estado miembro que ha ejercido una actividad por cuenta ajena en el Reino Unido — Extinción de su contrato de trabajo después de la retirada del Reino Unido y de la finalización del período transitorio fijado en dicho Acuerdo — Derecho de esa persona a una prestación por desempleo en virtud de la legislación del citado Estado miembro al regresar a este»
En el asunto C‑30/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Veliko Tarnovo, Bulgaria), mediante resolución de 20 de diciembre de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de enero de 2022, en el procedimiento entre
DV
y
Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut — Veliko Tarnovo,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. F. Biltgen (Ponente) y N. Wahl, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno búlgaro, por las Sras. M. Georgieva, T. Mitova y E. Petranova, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno checo, por los Sres. O. Serdula, M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. D. Martin y la Sra. N. Nikolova, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 30 y 31 del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2020, L 29, p. 7; en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), firmado en Bruselas (Bélgica) y en Londres (Reino Unido) el 24 de enero de 2020 y que entró en vigor el 1 de febrero de 2020, así como del artículo 65, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»).
2
Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre DV y el Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut — Veliko Tarnovo (Director del Departamento Regional del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Veliko Tarnovo, Bulgaria), relativo a la negativa de este último de conceder a DV prestaciones por desempleo tras la extinción de su relación laboral en el Reino Unido el 29 de marzo de 2021.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Acuerdo de Retirada
3
El Acuerdo de Retirada fue aprobado en nombre de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica mediante la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020 (DO 2020, L 29, p. 1).
4
El párrafo sexto del preámbulo de dicho Acuerdo tiene el siguiente tenor:
«Reconociendo que es necesario proporcionar protección recíproca a los ciudadanos de la Unión [Europea] y a los nacionales del Reino Unido [de Gran Bretaña e Irlanda del Norte], así como a los miembros de sus familias respectivas, cuando hayan ejercido sus derechos de libre circulación antes de una fecha fijada en el presente Acuerdo, y garantizar que los derechos que les corresponden en virtud del presente Acuerdo sean exigibles y se basen en el principio de no discriminación; reconociendo asimismo que deben protegerse los derechos devengados por períodos de cotización a sistemas de seguridad social».
5
El artículo 7, apartado 1, de dicho Acuerdo dispone:
«A efectos del presente Acuerdo, se entenderá que todas las referencias a los Estados miembros y a las autoridades competentes de estos en las disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del presente Acuerdo incluyen al Reino Unido y sus autoridades competentes, salvo en lo que respecta a:
[…]».
6
El artículo 10, apartado 1, letra a), del mismo Acuerdo está redactado como sigue:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el título III, la presente parte se aplicará a las personas siguientes:
a)
los ciudadanos de la Unión que hayan ejercido su derecho de residencia en el Reino Unido con arreglo al Derecho de la Unión antes del final del período transitorio y sigan residiendo en él después de este período».
7
El título III de la segunda parte del Acuerdo de Retirada, rubricado «Coordinación de los sistemas de seguridad social», comprende los artículos 30 a 36 del Acuerdo.
8
El artículo 30, apartados 1 a 4, de ese Acuerdo establece:
«1.   El presente título se aplicará a las personas siguientes:
a)
ciudadanos de la Unión sujetos a la legislación del Reino Unido al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
[…]
c)
ciudadanos de la Unión que residan en el Reino Unido y estén sujetos a la legislación de un Estado miembro al final del período transitorio, así como los miembros de sus familias y sus supérstites;
[…]
e)
personas no comprendidas en las letras a) a d) que sean:
i)
ciudadanos de la Unión que ejerzan una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia en el Reino Unido al final del período transitorio y que, con arreglo al título II del [Reglamento n.o 883/2004], estén sujetos a la legislación de un Estado miembro, así como los miembros de sus familias y sus supérstites […]
[…]
2.   Las personas a que se refiere el apartado 1 estarán cubiertas durante el tiempo en el que se encuentren, sin interrupción, en una de las situaciones descritas en dicho apartado que afecten a un Estado miembro y al Reino Unido al mismo tiempo.
3.   El presente título también se aplicará a las personas que no estén o hayan dejado de estar incluidas en las letras a) a e) del apartado 1 del presente artículo, pero que estén incluidas en el artículo 10 del presente Acuerdo, así como a los miembros de sus familias y a sus supérstites.
4.   Las personas a que se refiere el apartado 3 estarán cubiertas durante el tiempo en que sigan teniendo derecho a residir en el Estado de acogida en virtud del artículo 13 del presente Acuerdo o derecho a trabajar en su Estado de trabajo en virtud de los artículos 24 o 25 del presente Acuerdo.»
9
El artículo 31, apartado 1, párrafo primero, de dicho Acuerdo dispone:
«Las normas y objetivos establecidos en el artículo 48 [TFUE], en el [Reglamento n.o 883/2004] y en el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2009, L 284, p. 1),] se aplicarán a las personas cubiertas por el presente título.»
10
A tenor del artículo 32, apartado 1, letra a), del mismo Acuerdo:
«Las normas siguientes se aplicarán a las situaciones siguientes dentro de los límites definidos por el presente artículo, y en la medida en que afecten a personas que no estén comprendidas en el artículo 30 o que dejen de estarlo:
a)
las personas siguientes estarán cubiertas por el presente título a efectos de hacer valer y totalizar períodos de seguro, empleo, actividad por cuenta propia o residencia, incluidos los derechos y obligaciones derivados de dichos períodos de conformidad con el [Reglamento n.o 883/2004]:
i)
los ciudadanos de la Unión […] que hubieran estado sujetos a la legislación del Reino Unido antes del final del período transitorio, y los miembros de su familia y sus supérstites,
[…]
A efectos de la totalización de los períodos, se tendrán en cuenta los períodos completados antes y después del final del período transitorio con arreglo al [Reglamento n.o 883/2004].»
11
El artículo 126 del Acuerdo de Retirada está redactado en los siguientes términos:
«Se establece un período transitorio o de ejecución, que comenzará en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y finalizará el 31 de diciembre de 2020.»
Reglamento n.o 883/2004
12
El artículo 1, letra j), del Reglamento n.o 883/2004 define, para los fines de este último, el término «residencia» como el lugar en que una persona reside habitualmente.
13
El capítulo 6 del título III de dicho Reglamento, rubricado «Prestaciones de desempleo», comprende los artículos 61 a 65 bis.
14
El artículo 61 de ese Reglamento, rubricado «Normas especiales sobre totalización de períodos de seguro, de empleo o de actividad por cuenta propia», dispone:
«1.   La institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine la adquisición, la conservación, la duración o la recuperación del derecho a las prestaciones al requisito de haber cubierto períodos de seguro, de empleo o de actividad por cuenta propia tendrá en cuenta, en la medida necesaria, los períodos de seguro, de empleo o de actividad por cuenta propia cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro como si se hubieran cubierto bajo la legislación que dicha institución aplica.
No obstante, cuando la legislación aplicable supedite la concesión de determinadas prestaciones al cumplimiento de períodos de seguro, no se tendrán en cuenta los períodos de empleo o de actividad por cuenta propia cumplidos bajo la legislación de otro Estado miembro, salvo en caso de que dichos períodos se hubieran considerado períodos de seguro de haberse cumplido con arreglo a la legislación aplicable.
2.   Salvo en los casos a que se refiere la letra a) del apartado 5 del artículo 65, la aplicación del apartado 1 del presente artículo estará supeditada a que el interesado haya cumplido en último lugar, con arreglo a la legislación en virtud de la cual solicita las prestaciones:
–
períodos de seguro, si así lo requiere esa legislación,
–
períodos de empleo, si así lo requiere esa legislación,
o
–
períodos de actividad por cuenta propia, si así lo requiere esa legislación.»
15
El artículo 65, apartados 2 y 5, del mismo Reglamento establece:
«2.   Las personas en situación de desempleo total que durante su último período de actividad por cuenta ajena o propia hayan residido en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente y sigan residiendo en dicho Estado miembro o regresen a él se pondrán a disposición de los servicios de empleo del Estado miembro de residencia. Sin perjuicio del artículo 64, las personas en situación de desempleo total podrán, como medida complementaria, ponerse a disposición de los servicios de empleo del Estado miembro en que haya transcurrido su último período de actividad por cuenta ajena o propia.
[…]
5.
a)
Las personas desempleadas que se indican en la primera y en la segunda frases del apartado 2 recibirán prestaciones con arreglo a la legislación del Estado miembro de residencia como si hubieran estado sujetas a la legislación de este durante su último período de actividad como trabajador por cuenta ajena o propia. Estas prestaciones serán otorgadas por la institución del lugar de residencia.
[…]»
Derecho búlgaro
16
El artículo 54a, apartado 1, del Kodeks za sotsialno osiguriavane (Código de la Seguridad Social) (DV n.o 77, de 16 de septiembre de 2021; en lo sucesivo, «Código de la Seguridad Social») dispone:
«Tendrán derecho a prestaciones por desempleo las personas por las que se hayan abonado o devengado cotizaciones obligatorias en concepto de seguro al Fondo de “desempleo” durante al menos 12 de los 18 meses anteriores a la baja en el seguro y que:
1.   estén inscritas como desempleadas en la agencia de empleo;
2.   no hayan adquirido el derecho a una pensión de jubilación en la República de Bulgaria o a una pensión de vejez en otro Estado ni perciban una pensión de jubilación reducida en virtud del artículo 68a o una pensión profesional en virtud del artículo 168;
3.   no ejerzan ninguna una actividad profesional sujeta al seguro obligatorio en virtud del presente Código o de la legislación de otro Estado, con excepción de las personas contempladas en el artículo 114a, apartado 1, del Kodeks na truda [(Código de Trabajo)].»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
17
La demandante en el litigio principal, DV, de nacionalidad búlgara, ejerció desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 29 de marzo de 2021 una actividad por cuenta ajena en el Reino Unido para diferentes empleadores en el ámbito de los servicios sociales y sanitarios.
18
El 2 de abril de 2021, DV solicitó en Bulgaria, en condición de persona desempleada, prestaciones por desempleo con arreglo al Código de la Seguridad Social. Aportó diversos documentos en justificación de su solicitud, entre ellos un certificado de residencia a efectos de aplicación del artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.o 883/2004. Asimismo, se llevó a cabo un intercambio electrónico de información sobre la situación de DV entre el Reino Unido y la República de Bulgaria.
19
Mediante resolución de 18 de agosto de 2021, el organismo búlgaro gestor del seguro de desempleo denegó la solicitud debido a que, tras los períodos de seguro cubiertos por DV en el Reino Unido hasta el 29 de marzo de 2021, no constaba ningún período durante el cual la demandante hubiera estado dada de alta en un seguro social búlgaro. Según dicho organismo, el artículo 30 del Acuerdo de Retirada no resultaba de aplicación porque DV había interrumpido, con su regreso a Bulgaria, la situación transfronteriza en la que se encontraba en la fecha en que finalizó el período transitorio fijado en el artículo 126 de ese Acuerdo (en lo sucesivo, «período transitorio»), a saber, el 31 de diciembre de 2020, y, por consiguiente, su situación ya no afectaba a un Estado miembro y al Reino Unido al mismo tiempo. Además, por lo que respecta al artículo 32 del mismo Acuerdo, que se refiere a la totalización de los períodos de seguro cubiertos antes y después del final del período transitorio, DV no había ejercido en Bulgaria ninguna actividad profesional cuya terminación permitiera determinar si cumplía los requisitos exigidos por el Derecho búlgaro que regula el derecho a las prestaciones por desempleo.
20
DV interpuso un recurso administrativo contra dicha resolución, que fue desestimado el 27 de septiembre de 2021 por la demandada en el litigio principal. Seguidamente, DV recurrió esta resolución desestimatoria ante el órgano jurisdiccional remitente, el Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Veliko Tarnovo, Bulgaria).
21
Según el órgano jurisdiccional remitente, la apreciación de la legalidad de la resolución desestimatoria está vinculada, e incluso supeditada, a la aplicabilidad de las normas enunciadas en los artículos 61 a 65 del Reglamento n.o 883/2004, así como de las disposiciones del Reglamento n.o 987/2009 que concretan dichas normas, a la situación controvertida en el litigio principal, habida cuenta del artículo 31, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, o a la aplicabilidad del artículo 32 de ese Acuerdo a los meros efectos de la totalización de los períodos en cuestión.
22
Dicho órgano jurisdiccional considera que la situación de DV no se corresponde con el supuesto contemplado en el artículo 30, apartado 1, letra c), del Acuerdo de Retirada, que la demandada en el litigio principal considera pertinente, sino con el previsto en el artículo 30, apartado 1, letra a), de ese Acuerdo, que se aplica a los ciudadanos de la Unión sujetos a la legislación del Reino Unido al final del período transitorio.
23
Por lo que respecta a la aplicabilidad del artículo 31, apartado 1, del Acuerdo de Retirada y, por consiguiente, de las disposiciones del Reglamento n.o 883/2004, el órgano jurisdiccional remitente precisa que, según la demandada en el litigio principal, la situación de DV no está comprendida en los supuestos contemplados en el artículo 30, apartado 1, de dicho Acuerdo, ya que la aplicación de estos está condicionada por el artículo 30, apartado 2, del Acuerdo, en virtud del cual las personas a que se refiere el apartado 1 del artículo 30 estarán cubiertas «durante el tiempo» en el que se encuentren, sin interrupción, en una de las situaciones descritas en dicho apartado y que afecten a un Estado miembro y al Reino Unido al mismo tiempo. Pues bien, la terminación del empleo de DV en el Reino Unido el 29 de marzo de 2021 puso fin a la situación en la que esta se encontraba.
24
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la expresión «durante el tiempo» debe interpretarse en el sentido de que las personas a las que se refiere el citado artículo 30, apartado 1, únicamente están comprendidas en alguna de las situaciones enunciadas en esta disposición mientras se encuentren en tal situación, o bien en el sentido de que, habida cuenta de la lógica de las disposiciones controvertidas del Acuerdo de Retirada y del objetivo de este último, esas personas continúan comprendidas en la citada disposición en caso que se hayan encontrado en tal situación durante todo el período transitorio, de modo que un cambio de situación que se produzca después de ese período no incide en la aplicabilidad de dicha disposición.
25
Con carácter subsidiario, el órgano jurisdiccional remitente se plantea la posible aplicación del artículo 30, apartado 3, del Acuerdo de Retirada al litigio principal, dado que, a su juicio, la situación de DV está contemplada en el artículo 10, apartado 1, letra a), de dicho Acuerdo, al que se remite el citado artículo 30, apartado 3. A este respecto, se pregunta si la limitación prevista en el artículo 30, apartado 4, del Acuerdo de Retirada excluye la aplicación a DV del citado artículo 30, apartado 3, dado que esta ya no tiene derecho a residir en el Reino Unido desde la extinción de su relación laboral, o si esa limitación se refiere a un derecho a residir o a trabajar que se haya ejercido después de la expiración del período transitorio, siendo irrelevante el momento en que se haya extinguido ese derecho tras dicho período.
26
En estas circunstancias, el Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Veliko Tarnovo) ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 30, apartado 2, del [Acuerdo de Retirada], en relación con el artículo 30, apartado 1, letra a), del mismo, en el sentido de que las personas a las que se refiere la segunda disposición están comprendidas en el ámbito de aplicación personal del artículo 31, apartado 1, del Acuerdo si han sido nacionales de un único Estado miembro durante todo el período transitorio sin interrupción y han estado al mismo tiempo sujetas a la legislación del Reino Unido, o debe interpretarse en el sentido de que las personas a las que se refiere el artículo 30, apartado 1, letra a), del Acuerdo únicamente están incluidas en el ámbito de aplicación personal del artículo 31, apartado 1, [en caso de que ejerzan] una actividad profesional en el Reino Unido al final del período transitorio y/o después de su finalización?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 30, apartado 2, del Acuerdo [de Retirada], en relación con el artículo 30, apartado 1, letra c), del mismo, en el sentido de que las personas a las que se refiere la segunda disposición están comprendidas en el ámbito de aplicación personal del artículo 31, apartado 1, del Acuerdo si, en su condición de ciudadanos de la Unión, han residido exclusivamente y sin interrupción en el Reino Unido durante todo el período transitorio y, al mismo tiempo, han estado sujetas a la legislación de un único Estado miembro durante todo el período transitorio hasta su salida de aquel territorio, o debe interpretarse en el sentido de que las personas a las que se refiere el artículo 30, apartado 1, letra c), [de dicho Acuerdo] no están comprendidas en el ámbito de aplicación personal del artículo 31, apartado 1, si han dejado de residir en el Reino Unido una vez finalizado el período transitorio?
3)
Si de la interpretación del artículo 30, apartado 2, del Acuerdo [de Retirada], en relación con el artículo 30, apartado 1, letras a) y c), del mismo, resulta que dichas disposiciones no son aplicables a los hechos del procedimiento principal porque el ciudadano de la Unión ha puesto fin a su residencia en el Reino Unido tras el final del período transitorio, ¿debe interpretarse entonces el artículo 30, apartado 4, del Acuerdo, en relación con su apartado 3, en el sentido de que las personas que residen en el Estado de acogida o trabajan en el Estado de trabajo ya no están cubiertas por el artículo 31, apartado 1, del Acuerdo si sus relaciones jurídicas como trabajadores (por cuenta ajena) se han extinguido y, en consecuencia, han perdido su derecho de residencia y han abandonado el Estado de trabajo o el Estado de acogida una vez finalizado el período transitorio, o debe interpretarse en el sentido de que la restricción establecida en el artículo 30, apartado 4, [del Acuerdo] se refiere al derecho a residir y al derecho a trabajar ejercidos tras el final del período transitorio, sin que sea relevante cuándo se hayan extinguido esos derechos siempre que siguieran existiendo tras el final del período transitorio?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
27
En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente ha solicitado que su petición de decisión prejudicial se tramite por el procedimiento prejudicial acelerado previsto en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En apoyo de su solicitud, dicho órgano jurisdiccional señalaba que DV no percibe ningunos ingresos desde la extinción de su actividad por cuenta ajena en el Reino Unido y posiblemente se vea en la necesidad de ejercer su derecho a prestaciones por desempleo en dicho Estado, dentro de los plazos y con arreglo a los requisitos establecidos en la legislación de este.
28
Mediante resolución de 25 de febrero de 2022, el Presidente del Tribunal de Justicia, tras oír al Juez Ponente y al Abogado General, ha denegado esa solicitud por el motivo de que, por un lado, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ni el mero interés de los justiciables, por grande y legítimo que sea, en que se precise con la mayor rapidez posible el alcance de los derechos que les confiere el Derecho de la Unión ni el carácter económica o socialmente sensible del asunto principal implican que el litigio deba resolverse en breve plazo conforme al artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2019, M. V. y otros, C‑760/18, no publicado, EU:C:2019:170, apartado 18 y jurisprudencia citada) y, por otro lado, en lo que respecta a la posible necesidad de DV de ejercer su derecho a prestaciones por desempleo en el Reino Unido, el órgano jurisdiccional remitente no ha precisado cuál es el plazo previsto al efecto por la legislación de dicho Estado ni ha expuesto las razones que impidan a DV ejercer ese derecho antes de que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la petición de decisión prejudicial.
29
En segundo lugar, el 30 de septiembre de 2022, el Tribunal de Justicia ha enviado al órgano jurisdiccional remitente una solicitud de información para saber cuál era el Estado de residencia, en el sentido de los artículos 1, letra j), y 65, apartado 2, del Reglamento n.o 883/2004, de DV durante el período en que esta ejercía una actividad por cuenta ajena en el Reino Unido desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 29 de marzo de 2021.
30
El 11 de octubre de 2022, el órgano jurisdiccional remitente ha respondido a la referida solicitud que, durante todo ese período, el Estado de residencia de DV era el Reino Unido, según se desprende tanto del intercambio electrónico de información entre dicho Estado y la República de Bulgaria como del certificado de residencia aportado por DV a efectos de aplicación del artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.o 883/2004.
Sobre las cuestiones prejudiciales
31
En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a la cuestión prejudicial no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.
32
Procede aplicar esta disposición en el presente asunto.
33
Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe al Tribunal de Justicia no solamente reformular, en su caso, las cuestiones que se le planteen, sino también tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el órgano jurisdiccional nacional no se haya referido en el enunciado de sus cuestiones (sentencia de 12 de enero de 2023, RegioJet, C‑57/21, EU:C:2023:6, apartado 92 y jurisprudencia citada).
34
En el caso de autos, las cuestiones prejudiciales planteadas se refieren únicamente a la interpretación de los artículos 30 y 31 del Acuerdo de Retirada y tienen por objeto determinar si estas disposiciones resultan aplicables a un supuesto como el controvertido en el litigio principal, en el cual una persona que ha trabajado en el territorio del Reino Unido durante varios años regresa a Bulgaria una vez finalizado el período transitorio y solicita en este Estado miembro prestaciones por desempleo.
35
A este respecto, del párrafo sexto del preámbulo del Acuerdo de Retirada se desprende que es necesario proporcionar protección recíproca a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales del Reino Unido que hayan ejercido sus derechos de libre circulación antes de una fecha fijada en el Acuerdo, entre otros los derechos devengados por períodos de cotización a sistemas de seguridad social.
36
Asimismo, el artículo 7, apartado 1, del Acuerdo de Retirada precisa que, a efectos del Acuerdo, se entenderá que todas las referencias a los Estados miembros y a las autoridades competentes de estos en las disposiciones del Derecho de la Unión que resulten de aplicación en virtud del Acuerdo incluyen, salvo en determinadas excepciones, al Reino Unido y sus autoridades competentes.
37
De ello se deduce que el Acuerdo de Retirada no tiene por objetivo crear derechos independientes del Derecho de la Unión, sino proteger los derechos ejercidos en virtud del Derecho de la Unión antes del final del período transitorio, estableciendo que las disposiciones de este Derecho mencionadas en el Acuerdo resultarán aplicables a las situaciones definidas en este último, que afectan a los nacionales, a la legislación o al territorio del Reino Unido.
38
En concreto, el artículo 31 del Acuerdo de Retirada, que forma parte del título III de la segunda parte de dicho Acuerdo, rubricado «Coordinación de los sistemas de seguridad social», establece en su apartado 1 que las normas y objetivos establecidos, entre otros, en el Reglamento n.o 883/2004 se aplicarán a las personas cubiertas por ese título.
39
Por lo tanto, antes de examinar si las disposiciones del Acuerdo de Retirada pueden aplicarse a un supuesto como el controvertido en el litigio principal, procede determinar si las disposiciones del Reglamento n.o 883/2004 invocadas por DV le habrían resultado aplicables a esta con independencia de la retirada del Reino Unido de la Unión o del hecho de que DV haya ejercido su actividad por cuenta ajena en ese Estado, y no en un Estado miembro de la Unión. En efecto, de no ser así, no existirá ningún derecho adquirido en virtud del referido Reglamento, correspondiente al período de actividad por cuenta ajena cubierto por DV en el Reino Unido, que el Acuerdo de Retirada deba proteger.
40
En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende, por un lado, que el organismo búlgaro gestor del seguro de desempleo denegó a DV la concesión de prestaciones por desempleo debido a que, tras haber cubierto períodos de seguro en el Reino Unido correspondientes al ejercicio de una actividad por cuenta ajena en el territorio de ese Estado, DV regresó a Bulgaria, donde solicitó las referidas prestaciones sin haber ejercido una actividad profesional ni haber cubierto períodos de seguro en el territorio de dicho Estado miembro. Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente considera que, en virtud del artículo 31, apartado 1, del Acuerdo de Retirada, la legalidad de la resolución desestimatoria está supeditada a la aplicabilidad de lo dispuesto en los artículos 61 a 65 bis del Reglamento n.o 883/2004 a tales circunstancias.
41
A este respecto, ha de recordarse que el artículo 61 de dicho Reglamento establece en su apartado 1, entre otros extremos, que la institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine la adquisición del derecho a las prestaciones de desempleo al requisito de haber cubierto períodos de seguro tendrá en cuenta, en la medida necesaria, los períodos de seguro cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro como si se hubieran cubierto bajo la legislación que dicha institución aplica. No obstante, del apartado 2 del mismo artículo 61 se desprende que, salvo en los casos a que se refiere la letra a) del apartado 5 del artículo 65 de dicho Reglamento, la aplicación del apartado 1 del artículo 61 estará supeditada a que el interesado haya cumplido en último lugar, con arreglo a la legislación en virtud de la cual solicita las prestaciones, períodos de seguro, si así lo requiere esa legislación.
42
Por consiguiente, en la medida en que, con arreglo al artículo 54a, apartado 1, del Código de la Seguridad Social, la legislación búlgara supedita la adquisición del derecho a prestaciones por desempleo a la cobertura de períodos de seguro, y dado que DV no ha cubierto ningún período de seguro tras su regreso a Bulgaria, DV solo podría solicitar prestaciones por desempleo en virtud del Reglamento n.o 883/2004, mediante la totalización de los períodos de seguro cubiertos en otro Estado, en este caso el Reino Unido, si se encontrase en la situación contemplada en el artículo 65, apartado 5, letra a), en relación con el artículo 65, apartado 2, de dicho Reglamento.
43
A este respecto, el artículo 65, apartado 2, primera frase, del Reglamento n.o 883/2004 dispone que las personas en situación de desempleo total que durante su último período de actividad por cuenta ajena o propia hayan residido en un Estado miembro distinto del Estado miembro competente y sigan residiendo en dicho Estado miembro o regresen a él se pondrán a disposición de los servicios de empleo del Estado miembro de residencia. Con arreglo al mismo artículo 65, apartado 5, letra a), dichas personas recibirán prestaciones de desempleo con arreglo a la legislación del Estado miembro de residencia como si hubieran estado sujetas a la legislación de este durante su último período de actividad como trabajador por cuenta ajena o propia. Estas prestaciones serán otorgadas por la institución del lugar de residencia.
44
Pues bien, de la respuesta a la solicitud de información que se menciona en los apartados 29 y 30 del presente auto, facilitada por el órgano jurisdiccional remitente, único competente en el ámbito del procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE para apreciar los hechos del litigio del que conoce [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 2022, Fossil (Gibraltar), C‑705/20, EU:C:2022:680, apartado 37 y jurisprudencia citada], se desprende claramente que, durante todo el período en que ejerció su actividad por cuenta ajena en el territorio del Reino Unido, DV residía, en el sentido de los artículos 1, letra j), y 65, apartado 2, del Reglamento n.o 883/2004, en dicho Estado, el cual era durante ese período el Estado competente a efectos de esta última disposición. Únicamente tras la terminación de su actividad por cuenta ajena, DV regresó a Bulgaria para solicitar a la autoridad competente de este Estado miembro la concesión de prestaciones por desempleo.
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Por consiguiente, procede responder a la cuestión previa formulada en el apartado 39 del presente auto que el artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.o 883/2004 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a un supuesto en el que una persona solicita prestaciones por desempleo ante la autoridad competente de un Estado miembro en el cual no ha cubierto períodos de seguro, de empleo o de actividad por cuenta propia y a cuyo territorio regresa al término de un período de seguro, de empleo o de actividad por cuenta propia cubierto en otro Estado, en el cual residía, en el sentido de dicha disposición, durante todo este período.
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Habida cuenta de la respuesta dada a esa cuestión previa, no procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.
Costas
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Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
El artículo 65, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012,
debe interpretarse en el sentido de que
no se aplica a un supuesto en el que una persona solicita prestaciones por desempleo ante la autoridad competente de un Estado miembro en el cual no ha cubierto períodos de seguro, de empleo o de actividad por cuenta propia y a cuyo territorio regresa al término de un período de seguro, de empleo o de actividad por cuenta propia cubierto en otro Estado, en el cual residía, en el sentido de dicha disposición, durante todo este período.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.