62014CC0398
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
PEDRO CRUZ VILLALÓN
presentadas el 22 de septiembre de 2015 (
1
)
Asunto C‑398/14
Comisión
contra
República portuguesa
(Recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión contra la República portuguesa)
«Directiva 91/271/CEE — Aguas urbanas residuales — Tratamiento — Momento relevante para el cumplimiento de la obligación impuesta por el artículo 4, apartado 1 de la Directiva 91/271/CEE — Anexo I, letra D, de la Directiva 91/271/CEE — Procedimiento de control de la calidad de las aguas tratadas»
1.
Mediante el presente recurso, la Comisión reprocha a la República portuguesa el incumplimiento del artículo 4 de la Directiva 91/271/CEE, (
2
) sosteniendo, en particular, que para cumplir con dicho precepto no basta la sola instalación de las estaciones depuradoras, siendo además necesaria la realización satisfactoria de los controles previstos en la letra D del Anexo I de aquella Directiva. Se ofrece así al Tribunal de Justicia la oportunidad de analizar explícitamente la problemática de la conexión entre el artículo 4 de la Directiva y la referida letra D de su Anexo I, más allá de la existencia de algún pronunciamiento aislado por su parte.
2.
A lo largo del procedimiento precontencioso, y aún en sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia, tanto la Comisión como la República portuguesa han centrado el debate en la identificación de las concretas aglomeraciones que no se habrían ajustado al criterio de cumplimiento del artículo 4 de la Directiva 91/271 defendido por la Comisión.
3.
No obstante, el Tribunal de Justicia requirió a las partes, ex artículo 61, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, para que durante el acto de la vista pública expusieran su parecer sobre las condiciones de cumplimiento de aquel precepto; en particular, sobre si debía atenderse al momento de la entrada en funcionamiento de la estación o si, en aplicación del Anexo I, letra D, de la Directiva 91/271 —en el que se exige a los Estados miembros que velen por que se aplique un método de control de la calidad de los vertidos—, era necesario el transcurso de un año desde la puesta en marcha de la estación, planteándose la cuestión del posible vínculo entre dicha letra D y el artículo 4, apartados 1 y 3, de la Directiva.
I. Marco normativo
A. Derecho de la Unión
4.
Los considerandos primero, tercero, cuarto y octavo de la Directiva 91/271 son del siguiente tenor:
«Considerando que, en su Resolución de 28 de junio de 1988 [ (
3
) ] sobre la protección del Mar del Norte y de otras aguas de la Comunidad, el Consejo solicitó a la Comisión que presentara propuestas con las medidas necesarias a nivel comunitario para el tratamiento de las aguas residuales urbanas;
[…]
Considerando que es necesario un tratamiento secundario de las aguas residuales urbanas para evitar que la evacuación de dichas aguas tratadas de manera insuficiente tenga repercusiones negativas en el medio ambiente;
Considerando que es necesario exigir un tratamiento más riguroso en las zonas sensibles mientras que un tratamiento primario puede ser adecuado en algunas zonas menos sensibles;
[…]
Considerando que es necesario controlar las instalaciones de tratamiento, las aguas receptoras y la evacuación de lodos para garantizar la protección del medio ambiente de las repercusiones negativas de los vertidos de aguas residuales;
[…]».
5.
El artículo 1 de la Directiva 91/271 dispone lo siguiente:
«La presente Directiva tiene por objeto la recogida, el tratamiento y el vertido de las aguas residuales urbanas y el tratamiento y vertido de las aguas residuales procedentes de determinados sectores industriales.
El objetivo de la Directiva es proteger al medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las mencionadas aguas residuales.»
6.
De conformidad con el artículo 2 de la misma Directiva, a sus efectos, «se entenderá por:
1)
“Aguas residuales urbanas”: las aguas residuales domésticas o la mezcla de las mismas con aguas residuales industriales y/o aguas de correntía pluvial.
[…]
5)
“Sistema colector”: un sistema de conductos que recoja y conduzca las aguas residuales urbanas.
6)
“1 e‑h (equivalente habitante)”: la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO 5) de 60 g de oxígeno por día.
[…]
8)
“Tratamiento secundario”: el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso que incluya, por lo general, un tratamiento biológico con sedimentación secundaria, u otro proceso en el que se respeten los requisitos del cuadro 1 del Anexo I.
[…]»
7.
En virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 91/271:
«Los Estados miembros velarán por que todas las aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas:
—
a más tardar, el 31 de diciembre del año 2000 en el caso de las aglomeraciones con más de 15000 equivalentes habitante (“e‑h”), y
—
a más tardar, el 31 de diciembre del año 2005 en el caso de las aglomeraciones que tengan entre 2000 y 15000 e‑h.
[…]».
8.
El artículo 4 de la misma Directiva establece lo siguiente:
«1.   Los Estados miembros velarán por que las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente, en las siguientes circunstancias:
—
a más tardar el 31 de diciembre del año 2000 para todos los vertidos que procedan de aglomeraciones que representen más de 15000 e‑h;
—
a más tardar el 31 de diciembre del año 2005 para todos los vertidos que procedan de aglomeraciones que representen entre 10000 y 15000 e‑h;
—
a más tardar el 31 de diciembre del año 2005 para los vertidos en aguas dulces o estuarios que procedan de aglomeraciones que representen entre 2000 y 10000 e‑h.
[…]
3.   Los vertidos procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas mencionados en los apartados 1 y 2 cumplirán los requisitos pertinentes de la letra B del Anexo I. […].
4.   La carga expresada en e‑h se calculará a partir del máximo registrado de la carga semanal media que entre en una instalación de tratamiento durante el año, sin tener en cuenta situaciones excepcionales como, por ejemplo, las producidas por una lluvia intensa.»
9.
De conformidad con el artículo 15, apartado 1 de la repetida Directiva:
«Las autoridades competentes u organismos correspondientes controlarán:
—
los vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas para verificar el cumplimiento de los requisitos de la letra B del Anexo I con arreglo a los procedimientos de control establecidos en la letra D del Anexo I;
[…]».
10.
El Anexo I de la Directiva 91/271, bajo el título de «Requisitos de las aguas residuales urbanas», se articula en los siguientes cuatro apartados: A. Sistemas colectores; B. Vertidos de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas a aguas receptoras; C. Aguas residuales industriales; D. Métodos de referencia para el seguimiento y evaluación de resultados.
11.
De acuerdo con la letra B del Anexo I:
«1.
Las instalaciones de tratamiento de aguas residuales se diseñarán o modificarán de manera que se puedan obtener muestras representativas de las aguas residuales que lleguen y del efluente tratado antes de efectuar el vertido en las aguas receptoras.
2.
Los vertidos de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas sujetos a tratamiento según lo previsto en los artículos 4 y 5 de la presente Directiva deberán cumplir los requisitos que figuran en el cuadro 1.
[…]».
12.
La letra D del Anexo I de la Directiva dispone:
«1.
Los Estados miembros velarán por que se aplique un método de control que corresponda al menos al nivel de los requisitos que se indican a continuación:
Podrán utilizarse métodos alternativos respecto a los indicados en los apartados 2, 3 y 4 siempre que pueda demostrarse que se obtienen resultados equivalentes.
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión toda la información pertinente relativa al método aplicado. En caso de que la Comisión considere que no se cumplen los requisitos indicados en los apartados 2, 3 y 4, presentará al Consejo una propuesta adecuada.
2.
Se tomarán muestras durante un período de 24 horas, proporcionalmente al caudal o a intervalos regulares, en el mismo punto claramente definido de la salida de la instalación de tratamiento, y de ser necesario en su entrada, para vigilar el cumplimiento de los requisitos aplicables a los vertidos de aguas residuales en virtud de la presente Directiva.
Se aplicarán prácticas internacionales de laboratorio correctas con objeto de que se reduzca al mínimo el deterioro de las muestras en el periodo que media entre la recogida y el análisis.
3.
El número mínimo anual de muestras se establecerá según el tamaño de la instalación de tratamiento y se recogerá a intervalos regulares durante el año:
– de 2000 a 9999 e‑h: 12 muestras durante el primer año.
4 muestras los siguientes años siempre que pueda demostrarse que el agua del primer año cumple las disposiciones de la presente Directiva; si una de las cuatro muestras no resultara conforme, se tomarán 12 muestras el año siguiente.
– de 10000 a 49999 e‑h: 12 muestras.
– de 50000 o más: 24 muestras.
[…]»
13.
El cuadro 1 del Anexo I de la Directiva 91/271 contiene los «Requisitos por los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas sujetos a los dispuesto en los artículos 4 y 5 de la presente Directiva […]».
B. Derecho nacional
14.
La Directiva 91/271 ha sido traspuesta en el Derecho portugués por el Decreto-Ley no 152/97, de 19 de junio. (
4
)
15.
El artículo 5, apartado 2, del citado Decreto-Ley no 152/97 dispone determinados plazos para que las entidades mencionadas en su artículo 4 adopten los métodos necesarios para que los residuos actuales o previstos a la fecha de su entrada en vigor sean objeto de un tratamiento secundario. En particular, se fija el 31 de diciembre de 2005 para las aglomeraciones con un e‑h superior a 10000 e inferior o igual a 15000 y para las aglomeraciones con un e‑h superior a 2000 e inferior o igual a 10000 en caso de vertidos de aguas dulces o de estuarios.
16.
De conformidad con el artículo 14 del Decreto-Ley no 152/97, el incumplimiento de las disposiciones del artículo 5, apartado 2, constituye una infracción susceptible de multa.
II. El procedimiento precontencioso
17.
El procedimiento previo al presente recurso se inició en 2009 y tenía por objeto el posible incumplimiento por parte de la República portuguesa de los artículos 3, 4 y 10 de la Directiva 91/271 en relación con 186 aglomeraciones.
18.
A lo largo del procedimiento previo la República portuguesa ha dado satisfacción parcial a los requerimientos de la Comisión, de manera que finalmente el recurso de esta última se centra en el incumplimiento por aquélla del artículo 4 de la Directiva 91/271 en relación con 52 aglomeraciones.
III. El recurso de la Comisión y el procedimiento ante el Tribunal de Justicia
19.
En su escrito de recurso, la Comisión sostuvo que para cumplir con el precepto transcrito no basta con que se instalen estaciones depuradoras (obligación impuesta por el artículo 3 de la misma Directiva 91/271), sino que es necesario que las estaciones funcionen y que lo hagan de manera que las aguas tratadas respondan a las exigencias previstas en el Anexo I de aquella Directiva.
20.
A su juicio, para determinar si las aguas tratadas cumplen con las exigencias del Anexo I es preciso que sean objeto del seguimiento prescrito en la letra D del referido Anexo I a lo largo del primer año.
21.
El Gobierno portugués no discutía lo anterior en su contestación al recurso, centrando su defensa en que las aglomeraciones concernidas serían en realidad 26 y en que los trabajos necesarios para cumplir con el requerimiento están muy avanzados.
22.
Según se ha dicho ya, el Tribunal de Justicia requirió en su momento a las partes para que expusieran su parecer sobre las condiciones de cumplimiento del artículo 4 de la Directiva 91/271, invitándolas a que tomarán posición sobre la concreta cuestión de si era suficiente con la entrada en funcionamiento de la estación o era además necesario que, en aplicación del Anexo I, letra D, de la Directiva, en el que se exige a los Estados miembros que velen por que se aplique un método de control de la calidad de los vertidos, se superaran satisfactoriamente dichos controles durante el primer año de funcionamiento.
23.
Durante el acto de la vista, la Comisión sostuvo que no era suficiente con la construcción de una estación depuradora, sino que era preciso que funcionara correctamente, toda vez que la finalidad de la Directiva 91/271 es garantizar la calidad de las aguas tratadas, no la mera construcción de estaciones depuradoras. Para la Comisión, el correcto funcionamiento de la estación sólo puede acreditarse con la realización de los controles previstos en el Anexo I, letra D, de la Directiva 91/271, para los que es necesario un número mínimo anual de muestras según el tamaño de la estación de tratamiento, específicamente durante el primer año de funcionamiento.
24.
La República portuguesa, por su parte, considera que el momento relevante, a efectos del cumplimiento del artículo 4 de la Directiva, es el de la entrada en funcionamiento de la estación depuradora; más concretamente, el momento en el que, con la puesta en funcionamiento de la estación, se supera el primer control de la calidad de los vertidos.
IV. Apreciación
A. Preliminar
25.
Como es sabido, el hecho de que un Estado miembro no discuta el incumplimiento imputado por la Comisión no impide que el Tribunal de Justicia verifique si es correcta la interpretación del Derecho de la Unión que ha llevado a la Comisión a interponer su recurso. En palabras de la sentencia Comisión/Suecia, «en el marco de un recurso por incumplimiento corresponde al Tribunal de Justicia declarar si el incumplimiento imputado existe o no, aunque el Estado demandado no niegue el incumplimiento». (
5
)
26.
En el presente caso, la República portuguesa ha discutido, inicialmente, en sus observaciones escritas, la apreciación de la Comisión respecto del incumplimiento del artículo 4 de la Directiva 91/271 en relación con varias aglomeraciones, pero sin poner en cuestión la interpretación de dicho precepto en la que se ha basado la Comisión para considerar que la República portuguesa había incurrido en la infracción de una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados (artículo 258 TFUE).
27.
En la medida en que, fuera cual fuera la defensa asumida por la República portuguesa, «corresponde al Tribunal de Justicia declarar si el incumplimiento imputado existe o no», las partes fueron invitadas, según se ha dicho ya, a manifestarse sobre la interpretación del artículo 4 de la Directiva 91/271 en su relación con la letra D del Anexo I de la misma Directiva. Con ese motivo, ya en el acto de la vista la República portuguesa ha discutido la interpretación de aquel precepto defendida por la Comisión, sosteniendo que sólo puede darse por incumplido si la estación de tratamiento no ha entrado en funcionamiento en la fecha prescrita en el mismo, sin necesidad de que transcurra el tiempo necesario para la realización de los controles establecidos en la referida letra D del Anexo I.
28.
Procede, por tanto, determinar si la interpretación del artículo 4 de la Directiva 91/271 asumida por la Comisión se ajusta o no a Derecho, pues de esa circunstancia ha de depender, en último término, la existencia del incumplimiento denunciado mediante el recurso que ha dado lugar a este procedimiento.
B. Sobre los pronunciamientos del Tribunal de Justicia acerca del vínculo entre el artículo 4 y la letra D del Anexo I de la Directiva 91/271
29.
El artículo 4 de la Directiva 91/271 dispone en su apartado 1 que «[l]os Estados miembros velarán por que las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente». Tal obligación debe haberse satisfecho, según el tipo de aglomeración, antes del 31 de diciembre de 2000 o del 31 de diciembre de 2005.
30.
Por otro lado, y de conformidad con el apartado 3 del mismo artículo 4, «[l]os vertidos procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas mencionados en los apartados 1 y 2 cumplirán los requisitos pertinentes de la letra B del Anexo I. […]».
31.
La letra B del Anexo I, por su parte, establece en su apartado 1 que «[l]as instalaciones de tratamiento de aguas residuales se diseñarán o modificarán de manera que se puedan obtener muestras representativas de las aguas residuales que lleguen y del efluente tratado antes de efectuar el vertido en las aguas receptoras», disponiendo su apartado 2 que «[l]os vertidos de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas sujetos a tratamiento según lo previsto en los artículos 4 y 5 de la presente Directiva deberán cumplir los requisitos que figuran en el cuadro 1».
32.
El artículo 4 de la Directiva 91/271 no hace mención, sin embargo, de la letra D del mismo Anexo I, de acuerdo con el cual, según se previene en su apartado 1, «[l]os Estados miembros velarán por que se aplique un método de control que corresponda al menos al nivel de los requisitos que se indican a continuación». A ello se añade, de conformidad con el apartado 2 de la misma letra D, la obligación de tomar muestras «durante un período de 24 horas, proporcionalmente al caudal o a intervalos regulares, en el mismo punto claramente definido de la salida de la instalación de tratamiento, y de ser necesario en su entrada, para vigilar el cumplimiento de los requisitos aplicables a los vertidos de aguas residuales en virtud de la presente Directiva». Además, de conformidad con el apartado 3, se establece un «número mínimo anual de muestras […] según el tamaño de la instalación de tratamiento» y la obligación de recogerlas «a intervalos regulares durante el año».
33.
El Tribunal de Justicia ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre la cuestión del vínculo eventualmente existente entre el artículo 4 y la letra D del Anexo I de la Directiva 91/271. Así, en el asunto Comisión/Italia, (
6
) el Tribunal de Justicia dio por bueno el vínculo defendido por la Comisión entre el artículo 4 y la letra D del Anexo I de la Directiva 91/271 al concluir que el cumplimiento del artículo 4 de la Directiva estaba en función del respeto al procedimiento de toma de muestras establecido en la letra D del Anexo I de la Directiva 91/271.
34.
En el asunto Comisión/Bélgica, (
7
) el Gobierno belga sostuvo que no sería necesario observar el procedimiento de la letra D del Anexo I de la Directiva 91/271 si los primeros resultados tras la puesta en marcha de la estación depuradora satisfacen las exigencias de calidad establecidas en el cuadro 1 del mismo Anexo I. La Comisión considera que ese planteamiento fue desautorizado por el Tribunal de Justicia al resolver el fondo del asunto. Sin embargo, es lo cierto que en aquel caso el Tribunal de Justicia no tuvo realmente ocasión de pronunciarse sobre ese concreto particular, pues entonces fue determinante el hecho de que el Gobierno belga hubiera reconocido que las dos aglomeraciones concernidas ni siquiera disponían de instalaciones de tratamiento, (
8
) razón por la cual no puede decirse que en esta segunda sentencia se hubiera ratificado el criterio mantenido en la que resolvió el asunto Comisión/Italia. (
9
)
35.
Así las cosas, puede concluirse que, en realidad, ha sido una sola la ocasión en la que el Tribunal de Justicia ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el vínculo existente entre el artículo 4 y el Anexo I, letra D, de la Directiva 91/271, y ello de manera muy circunstancial. Ello explica que el Tribunal de Justicia haya requerido ahora a las partes para que tomaran posición sobre el particular.
C. Sobre la interpretación del artículo 4 en el sistema de la Directiva 91/271
36.
En un primer análisis del conjunto de la Directiva 91/271 se desprende que la vinculación del artículo 4 y la letra D de su Anexo I aboca a una contradicción con el artículo 3 de la misma Directiva.
En efecto, si para cumplir con el artículo 4 es necesario atenerse al procedimiento previsto en la letra D del Anexo I, entonces las estaciones depuradoras deberían haberse instalado un año antes de la fecha fijada en el artículo 3 para que las aguas residuales urbanas sean objeto de tratamiento, ya que el procedimiento de la letra D
37.
‚en los términos reclamados por la Comisión, debe desarrollarse a lo largo de un año.
38.
Sin embargo, las fechas impuestas por el artículo 3 de la Directiva para que todas las aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas colectores son las mismas que las fijadas en el artículo 4, apartado 1, para la aplicación del tratamiento en las condiciones exigidas por el apartado 3 del mismo artículo 4. Interpretar el artículo 4 en los términos propuestos por la Comisión —y asumidos por el Tribunal de Justicia en el asunto Comisión/Italia— (
10
) supondría inevitablemente dejar sin efecto el artículo 3.
39.
La interpretación literal de los artículos 3 y 4 de la Directiva 91/271 permite, a mi juicio, evitar la contradicción señalada y procurar una solución armoniosa con el sistema de la Directiva.
40.
A este respecto, es de notar, en primer término, que el artículo 4 no hace alusión en ningún momento a la letra D del Anexo I. El Anexo en cuestión sólo es objeto de mención expresa en el apartado 3 del precepto, en el que se prescribe que «[l]os vertidos […] mencionados en los apartados 1 y 2 cumplirán los requisitos pertinentes de la letra B del Anexo I». Tales requisitos se refieren a la calidad de los vertidos.
41.
La letra D del Anexo I, por su parte, se refiere a los «[m]étodos de referencia para el seguimiento y evaluación de resultados». Es decir, a los procedimientos que han de observarse para acreditar que los vertidos cumplen sucesivamente con los requisitos de calidad exigidos por la Directiva.
42.
Tales «métodos de referencia, seguimiento y evaluación» han de aplicarse en tanto estén en funcionamiento las instalaciones, es decir, de manera indefinida. De hecho, en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 91/271 se dispone que las autoridades deben controlar los vertidos «para verificar el cumplimiento de los requisitos de la letra B del Anexo I con arreglo a los procedimientos de control establecidos en la letra D del Anexo I». (
11
)
43.
Parece claro, por tanto, que la letra D del Anexo I se refiere a una obligación continuada con la que se trata de asegurar que los vertidos cumplan a lo largo del tiempo los requisitos de calidad que han debido satisfacer desde la puesta en funcionamiento de la instalación. Entender que una instalación sólo puede empezar a funcionar en el sentido del artículo 4 de la Directiva 91/271 si sus vertidos han acreditado determinada calidad a lo largo de un año —que es la postura que viene a defender la Comisión cuando sostiene que el artículo 4 sólo se cumple si se ha observado el procedimiento de la letra D del Anexo I— no me parece concluyente.
44.
El hecho de que, como ha sostenido la Comisión durante la vista pública, la experiencia pueda demostrar que no son infrecuentes los casos de instalaciones depuradoras que comienzan su funcionamiento en condiciones que no permiten asegurar los niveles de calidad exigidos por la Directiva 91/271 no puede justificar la práctica de que se considere que las instalaciones construidas en los plazos del artículo 3 de la Directiva únicamente se han puesto en marcha cuando se haya constatado que las muestras examinadas a lo largo de un año con arreglo al procedimiento establecido en la letra D del Anexo I satisfacen los niveles consignados en la letra B del mismo Anexo. Ante esa eventualidad, la solución que debe imponerse es más bien la de constatar desde un principio si la instalación reúne las condiciones necesarias para ponerse en funcionamiento, es decir, si cumple en ese momento los requisitos de la letra B del Anexo I. Circunstancia para cuya acreditación no es preciso completar el procedimiento de muestreos de la letra D del Anexo I, cuya razón de ser, como ya he dicho, es asegurar que la calidad de las aguas tratadas sea siempre la que ha debido garantizarse desde el momento mismo en que la instalación se puso por primera vez en funcionamiento.
D. Sobre la aplicación de la interpretación propuesta del artículo 4 de la Directiva 91/271 a las circunstancias del caso
45.
De acuerdo con lo anterior, el recurso de la Comisión sólo puede prosperar en relación con aquellas aglomeraciones que no disponían de un sistema colector en funcionamiento en la fecha establecida por el artículo 4 de la Directiva 91/271 y de acuerdo con los requisitos exigidos por la letra B del Anexo I de la misma Directiva. Por el contrario, el recurso debe ser rechazado en lo que se refiere a las aglomeraciones que en aquella fecha contaban con un sistema colector en funcionamiento con arreglo a las condiciones de la letra B del Anexo I, sin necesidad de que se hayan superado satisfactoriamente los controles previstos para el primer año de funcionamiento en la letra D del mismo Anexo I.
V. Costas
46.
De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, propongo al Tribunal de Justicia que las partes asuman sus propias costas.
VI. Conclusión
47.
En virtud de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que decida lo siguiente:
1)
Disponer que la República portuguesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4 de la Directiva 91/271/CEE respecto de aquellas aglomeraciones que no disponían de un sistema colector en funcionamiento en la fecha establecida por dicho artículo y de acuerdo con los requisitos exigidos por la letra B del Anexo I de la misma Directiva.
2)
Desestimar el recurso en relación con las aglomeraciones que en aquella fecha contaban con un sistema colector en funcionamiento con arreglo a las condiciones de la letra B del Anexo I, sin necesidad de que se hayan superado satisfactoriamente los controles previstos para el primer año de funcionamiento en la letra D del mismo Anexo I.
3)
Disponer que las partes asuman sus propias costas.
(
1
)   Lengua original: español.
(
2
)   Directiva del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135, p. 40).
(
3
)   DO C 209, p. 3.
(
4
)   Diário da República, serie I‑A, no 139, p. 2959.
(
5
)   AsuntoC‑438/07, EU:C:2009:613, apartado 53.
(
6
)   AsuntoC‑565/10, EU:C:2012:476, apartados 37 a 39.
(
7
)   AsuntoC‑395/13, EU:C:2014:2347.
(
8
)   AsuntoC‑395/13, EU:C:2014:2347, apartado 48.
(
9
)   AsuntoC‑565/10, EU:C:2012:476.
(
10
)   AsuntoC‑565/10, EU:C:2012:476, apartados 37 a 39.
(
11
)   Cursiva añadida.