COONAN 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. HENRI MA YRAS 
presentadas el 14 de febrero de 1980 * 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
I. El presente asunto, que ha sido atribui­
do a la Sala Tercera, afecta solamente a una 
pequeña cantidad de dinero, pero más allá 
del caso concreto, pudiera afectar a determi­
nadas categorías de trabajadores migrantes. 
Plantea cuestiones delicadas que me obliga­
rán a dar explicaciones bastante complica­
das, y lamento que el Gobierno de la Repú­
blica de Irlanda, cuya legislación es igual­
mente objeto de debate, no haya presentado 
observaciones. Por otro lado, nadie ha 
comparecido en representación de la de­
mandante en el litigio principal. 
La Sra. Coonan era lo que se ha dado en 
llamar una «persona de avanzada edad» (an 
elderly Irishwoman). Nacida en la Repúbli­
ca de Irlanda el 30 de abril de 1911, cotizó 
de 1963 a 1972 al régimen de Seguridad 
Social de dicho país (Social Welfare Acts) 
como trabajadora por cuenta ajena. No se 
trasladó al Reino Unido hasta el 17 de 
marzo de 1973, cuando se hallaba a punto 
de cumplir los 62 años, y allí prosiguió su 
actividad por cuenta ajena. En ese momento 
no había alcanzado los 65 años, que es la 
edad normal de jubilación en Irlanda, pero 
había superado la edad legal de jubilación 
en el Reino Unido, fijada en los 60 años 
para las mujeres. 
La delegación local de la Seguridad Social 
del Reino Unido consideró sin embargo que 
la interesada tenía derecho a «elegir» la 
posibilidad de cotizar al régimen nacional 
de Seguridad Social (National Insurance 
Act 1965), con arreglo a la cuota uniforme. 
De este modo, la Sra. Coonan fue afiliada a 
dicho régimen, se le atribuyó un número 
nacional de afiliación y en la medida en que 
la cuantía de sus ingresos le obligaba a ello, 
entre el 16 de abril de 1973 y el 29 de sep­
tiembre de 1974, hizo efectivas cotizaciones 
de la clase I (class I contributions) por un 
importe total de 51,16 UKL, y en el período 
1975/1976, en virtud de la Social Security 
Act 1975, hizo efectivas cotizaciones calcu­
ladas con arreglo a los ingresos de la clase 
I por un total de 16,74 UKL. Fue igualmen­
te asegurada contra los accidentes de trabajo 
(industrial injuries) y abonó las correspon­
dientes cotizaciones. 
Lengua original: francés. 
493
CONCLUSIONES DEL SR. MA YRAS - ASUNTO 110/79 
De los autos resulta que en febrero de 1974, 
la interesada solicitó que se reconociese su 
derecho a percibir una pensión de jubila­
ción. Pero el 12 de julio de 1974, el delega­
do de la Seguridad Social (Insurance Offi­
cer) le respondió que no tenía derecho a tal 
pensión porque no había hecho efectivo un 
mínimo de 104 períodos de cotización antes 
de cumplir los 60 años. 
El 14 de noviembre de 1975, y con objeto 
de obtener las prestaciones pecuniarias del 
seguro de enfermedad (sickness benefit), la 
Sra. Coonan presentò en la delegación local 
del Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social (DHSS), un certificado médico fe­
chado ese mismo día, por el que se certifica­
ba que a causa de una insuficiencia cardía­
ca, la interesada había estado incapacitada 
para trabajar desde el 12 de noviembre de 
1975 y que la incapacidad se prolongaría 
hasta el 21 de noviembre. 
Dicha incapacidad continuó hasta el 7 
de abril de 1976, e incluso después, y la 
Sra. Coonan reclamó de nuevo el disfrute de 
las prestaciones en metálico del seguro de 
enfermedad pero estas últimas reclamacio­
nes no son objeto del litigio principal. Sin 
embargo, la solución que se dé al mismo 
incidirá en la suerte que corran sus reclama­
ciones posteriores. 
En efecto, el 21 de noviembre de 1975, el 
delegado de la Seguridad Social desestimó 
la solicitud presentada el 14 de noviembre 
por la interesada debido a que en la fecha en 
que había comenzado a depender de la 
Seguridad Social británica tenía más de 60 
años y no tenía derecho a una pensión de 
categoría A (category A pension) en virtud 
de su propio seguro nacional. Se suponía 
por tanto que al salir de Irlanda había deja­
do de trabajar por cuenta ajena y se había 
jubilado. 
El recurso que la interesada interpuso el 13 
de septiembre de 1976 ante el «local tribu­
nal» de Bristol corrió idéntica suerte. 
La Sra. Coonan apeló la sentencia de dicho 
Tribunal ante el National Insurance Com­
missioner, el cual, por resolución de 10 de 
julio de 1979, planteó al Tribunal de Justi­
cia siete cuestiones prejudiciales reproduci­
das en el informe para la vista, sobre la 
interpretación del Reglamento (CEE) 
n° 1408/71 del Consejo, relativo a la aplica­
ción de los regímenes de Seguridad Social 
a los trabajadores por cuenta ajena y a sus 
familias que se desplazan dentro de la Co­
munidad. Aunque la Sra. Coonan falleció el 
8 de septiembre de 1979, el National Com­
missioner considera que la respuesta a las 
cuestiones planteadas es necesaria para 
permitirle tomar una decisión. 
II. La finalidad de dichas cuestiones era 
esencialmente determinar si una persona, 
que se hallaba asegurada a la Seguridad 
Social de la República de Irlanda, y que 
después de cumplir los 60 años, se trasladó 
al Reino Unido para desarrollar allí una 
actividad regular en calidad de trabajador 
por cuenta ajena, y que como tal cotizó al 
régimen de seguro de enfermedad y de 
accidentes de trabajo de dicho país, debe 
considerarse asegurada en el Reino Unido 
494
COONAN 
con arreglo a la letra a) del artículo 1 del 
Reglamento, para poder percibir prestacio­
nes de enfermedad en metálico a las que 
únicamente tienen acceso quienes tengan 
derecho a una pensión de jubilación en el 
Reino Unido. El National Insurance Com­
missioner desearía entonces saber cuál es la 
institución competente para determinar el 
derecho de la Sra. Coonan a percibir las 
prestaciones de enfermedad y cuáles son las 
disposiciones comunitarias aplicables. 
Para entender la razón de ser de estas cues­
tiones es necesario aportar algunas explica­
ciones sobre el régimen general de jubila­
ción aplicable a la sazón en el Reino Unido, 
puesto que el régimen de las prestaciones de 
enfermedad en metálico estaba estrecha­
mente vinculado al mismo. La situación es 
algo complicada por causa de los cambios 
producidos el 5 de abril de 1975. 
Esta fecha es importante por dos razones: 
por una parte, coincide con el inicio del año 
fiscal; por otra, marca la entrada en vigor de 
determinadas disposiciones de la Social 
Security Act 1975, ley que coordinó y 
modificó las disposiciones anteriores en 
determinados puntos. Sin perder el espíritu 
del régimen anterior, la mencionada ley 
introdujo una novedad importante en lo que 
respecta a las personas que se hallaban en la 
situación de la Sra. Coonan. A partir de 
dicha fecha se suprimió la obligación de 
cotizar al régimen de seguro de accidentes 
de trabajo, pero los trabajadores por cuenta 
ajena (employed earners) conservaron el 
derecho a percibir prestaciones en metálico 
por accidentes de trabajo (industrial injuries 
benefits), distintas de las prestaciones de 
enfermedad en metálico, en caso de que se 
produjese la contingencia de accidente. El 
régimen (scheme) de seguro de accidentes 
de trabajo, autónomo hasta entonces, fue 
asimilado al régimen general (the national 
insurance scheme). El carácter ya de por sí 
unitario del régimen británico de Seguridad 
Social se vio así reforzado. 
En el Reino Unido, la edad legal (pensiona-
ble age) a partir de la cual los trabajadores 
por cuenta ajena residentes en ese país 
pueden acceder a una pensión nacional de 
jubilación uniforme (flat rate pension) está 
fijada en 65 años para los hombres y en 60 
para las mujeres. En la República de Irlan­
da, la edad normal de jubilación se alcanza 
a los 65 años. 
Las pensiones de jubilación de dividían en 
dos grupos: la pensión uniforme (flat rate 
pension), y la pensión proporcional (gradua­
ted pension). El asunto pendiente ante el 
National Commissioner afecta únicamente 
a la pensión uniforme [pensión de categoría 
A, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 
(1) (b) y en el Anexo 3, Parte I, apartado 5 
de la Social Security Act 1975]. 
Además del requisito de edad, para 
tener derecho a la mencionada pensión era 
necesario: 
1) que el interesado hubiera realmente 
abonado a la Seguridad Social del Rei­
no Unido un mínimo de 156 cotizacio­
nes uniformes (flat rate) y que una 
media anual de 50 cotizaciones pudiera 
495
CONCLUSIONES DEL SR. MA YRAS - ASUNTO 110/79 
serle computada real o ficticiamente (en 
este caso, se habla de «staggered contri­
butions»); si al interesado sólo podía 
computarsele una media anual inferior 
a 50 cotizaciones, pero superior a 13, 
tenía derecho a una pensión reducida; 
2) que el interesado se hubiese efectiva-
• mente jubilado, es decir, que hubiese 
dejado de ejercer una actividad por 
cuenta ajena. El hecho de que la retri­
bución que un hombre mayor de 65 
años o una mujer mayor de 60 percibie­
se por dicha actividad no alcanzase un 
determinado mínimo semanal no impe­
día el disfrute de una pensión de jubila­
ción; pero en todo caso, dicho requisito 
se consideraba cumplido al alcanzar la 
edad de 70 años los hombres y de 65 
las mujeres. 
Cuando a pesar de haber alcanzado la edad 
de jubilación y tener derecho a una pensión 
uniforme (flat rate), una persona continuaba 
trabajando y cotizando al seguro de enfer­
medad era, evidentemente, porque esa 
persona pensaba obtener un beneficio en un 
momento posterior. Dicho beneficio consis­
tía en que cuando dicha persona se jubilara 
por fin, la pensión que le correspondiese 
percibir en ese momento se vería incremen­
tada en función del tiempo que hubiese 
continuado cotizando (artículo 31 de la 
National Insurance Act 1965). Por consi­
guiente, el hecho de continuar cotizando al 
seguro de enfermedad no tenía por objeto ni 
finalidad primordiales mantener, por medio 
de las prestaciones en metálico, el nivel de 
ingresos que se le habría garantizado si 
hubiese dejado de trabajar al alcanzar la 
edad de jubilación. El objeto de estas consi­
deraciones es responder a la pregunta for­
mulada por este Tribunal de Justicia a la 
que se respondió en la vista oral. 
Vuelvo ahora a las prestaciones de enferme­
dad en metálico. 
De la lectura conjunta de las disposiciones 
contenidas en los apartados 1 y 2 del artícu­
lo 14 de la Social Security Act 1975, se 
desprende que para tener derecho a dichas 
prestaciones, el interesado debe cumplir los 
requisitos exigidos para el disfrute de una 
pensión de jubilación de la categoría A. 
Ahora bien, según el Insurance Officer, la 
Sra. Coonan no reunía los requisitos exigi­
dos a una persona mayor de 60 años: única­
mente hubiera tenido derecho a una pensión 
de jubilación de la categoría A, en virtud de 
su propio seguro, si «se hubiese jubilado» 
(retired from regular employment) y presen­
tado la correspondiente solicitud. Las coti­
zaciones que pagó en el Reino Unido no le 
servían, porque nunca había estado legal­
mente afiliada al régimen nacional de Segu­
ridad Social. De la lectura conjunta de las 
disposiciones contenidas en los artículos 4, 
6, 14, 28, Anexo 3, de la Social Security 
Act 1975, se desprende que una mujer que 
haya superado la edad normal de jubilación 
(pensionable age) y que siga trabajando por 
cuenta ajena después de cumplidos los 60 
años, no puede ni debe continuar cotizando 
al seguro de enfermedad a no ser que ya 
estuviese afiliada en el Reino Unido antes 
de haber alcanzado dicha edad. 
496
COONAN 
Por otro lado, las 16,74 UKL que la intere­
sada había pagado «por error» en el período 
1975/1976 con arreglo a la Social Security 
Act 1975 le fueron reembolsadas, y cuan­
do el National Commissioner adoptó su 
decisión, se tramitaba la devolución de las 
51,16 UKL que la Sia. Coonan había paga­
do «indebidamente» en concepto de cotiza­
ciones por prestaciones uniformes, devolu­
ción esta última que, conforme se aseguró 
durante la vista, ya se había efectuado. 
En cambio, no se le han devuelto las cotiza­
ciones, dicho sea de paso, mínimas, pagadas 
en 1973/1974 y en 1974/1975 con cargo al 
seguro de accidentes de trabajo, puesto que 
la interesada estaba obligada a pagarlas en 
virtud de la National Insurance (Industrial 
Injuries) Act de 1965. 
III. El Insurance Officer, al menos en sus 
observaciones escritas, y más especialmente 
la Comisión, consideran que la mayoría de 
las cuestiones planteadas ante este Tribunal 
de Justicia no son pertinentes ni necesarias 
para la solución del litigio. Si por parte del 
delegado de la Seguridad Social, a quien el 
Juez consultó antes de redactar las pregun­
tas que se proponía plantear ante este Tribu­
nal de Justicia, esta actitud no deja de ser un 
tanto sorprendente, aún lo es más por parte 
de la Comisión que, en gran medida, es la 
única que puede ilustrarnos. 
1. Como claramente puso de manifiesto el 
representante del Insurance Officer en sus 
observaciones orales, el problema consiste 
esencialmente en si una persona que se halle 
en la situación de la Sra. Coonan debe ser 
considerada como un «trabajador» en el 
sentido de la letra a) del artículo 1 del Re­
glamento a efectos de aplicación de las 
disposiciones en materia de prestaciones de 
enfermedad en metálico. 
La Comisión sostiene que a falta de armo­
nización de los requisitos de afiliación a la 
Seguridad Social en los distintos Estados 
miembros, dicha cuestión es competencia 
exclusiva de las autoridades nacionales. La 
Comisión recuerda que el Reglamento 
n° 1408/71 tiene por objeto únicamente la 
coordinación de los regímenes nacionales 
de Seguridad Social y la libre circulación de 
prestaciones, no la armonización de los 
requisitos de afiliación. 
En lo que respecta al Reglamento 
n° 1408/71, lo decisivo no es el hecho de 
desarrollar una actividad por cuenta ajena, 
con las contingencias generales o especiales 
inherentes a la misma (enfermedad, acciden­
tes de trabajo), sino hallarse válidamente 
afiliado o pagar cotizaciones. 
Si bien dicha afirmación era exacta por lo 
que se refiere al Reglamento n° 3, primer 
Reglamento del Consejo relativo a la Segu­
ridad Social de los trabajadores migrantes, 
ciertamente ya no lo es, en forma tan cate­
górica, con respeto al Reglamento 
n° 1408/71. Determinadas disposiciones de 
este último van más allá de una mera coor­
dinación y en sus observaciones en los 
asuntos en los que recayó la sentencia de 19 
de junio de 1980, Testa (asuntos acumula­
dos 41/79 y 121/79, Rec. p. 1979) el Go-
497
CONCLUSIONES DEL SR. MA YRAS - ASUNTO 110/79 
bierno de la República Federal de Alemania 
citó, a este respecto, el artículo 69 en mate­
ria de desempleo. 
De todos modos, esta concepción restrictiva 
únicamente puede sostenerse en caso de que 
el Reglamento n° 1408/71 haya llevado a 
cabo correctamente la coordinación exigida 
y su resultado no sea otorgar a los interesa­
dos derechos inferiores a los que se derivan 
en su favor de los tratados internacionales o 
de los convenios bilaterales celebrados entre 
los Estados miembros antes de su entrada en 
vigor. 
Comparto de hecho el punto de vista del 
Primer Abogado General Sr. Jean-Pierre 
Warner, expresado en sus conclusiones en 
el asunto en el que recayó la sentencia de 13 
de octubre de 1977, Manzoni (112/76, Rec. 
pp. 1647 y ss. especialmente p. 1670), y 
según el cual la jurisprudencia sentada en el 
asunto en el que recayó la sentencia de 10 
de diciembre de 1969, Caisse d'assurance 
vieillesse (34/69," Rec. p. 597), conforme 
a la cual los Reglamentos comunitarios no 
pueden limitar los derechos adquiridos por 
los tratados en virtud de la legislación na­
cional, debe mantenerse a pesar de la sen­
tencia de 7 de junio de 1973, Wälder 
(82/72,« Rec. p. 599), cuyo apartado 8 
(p. 604) precisa que el Reglamento 
n° 1408/71, «en lo que respecta a su ámbito 
personal de aplicación, este último sustituye 
a los Convenios de Seguridad Social cele­
brados entre Estados miembros que no 
figuren en el artículo 6 ni en el Anexo D del 
Reglamento n° 3 (las disposiciones corres­
pondientes del Reglamento n° 1408/71 son 
el artículo 7 y el Anexo II), aunque la 
aplicación de dichos Convenios implique 
para los beneficiarios prestaciones supe­
riores a aquellas que resultan de dicho 
Reglamento». 
Si el Reglamento no autoriza a tener en 
cuenta los períodos de afiliación a la Seguri­
dad Social cubiertos en otro Estado miem­
bro (en este caso concreto, Irlanda) para 
permitir que una mujer mayor de 60 años 
pueda, en virtud de la actividad por cuenta 
ajena que desarrolla, ser asegurada contra la 
contingencia de enfermedad en otro Estado 
miembro (en este caso, el Reino Unido), a 
no ser que ya haya estado afiliada y haya 
pagado cotizaciones en este último Estado 
antes de alcanzar dicha edad, cuando de 
hecho, dicha persona pagó cotizaciones 
-aunque «por error»- de dicho seguro y del 
seguro de accidentes de trabajo, debe enton­
ces ponerse de manifiesto, repitiendo los 
términos empleados por el Primer Abogado 
General Sr. Jean-Pierre Wagner en el asun­
to en el que recayó la sentencia de 9 de 
noviembre de 1977, Warry (41/77, Rec. 
pp. 2085 y ss., especialmente p. 2103), que 
el Reglamento «desde esta perspectiva ha 
incumplido manifiestamente su objetivo» (it 
has glaringly failed in its purpose). 
El hecho de cotizar a la Seguridad Social 
con objeto de obtener prestaciones en metá­
lico constituye, si no una obligación, al 
menos un derecho a partir del momento en 
que un trabajador continúa desarrollando 
debidamente una actividad por cuenta ajena 
y renuncia, por esta causa, a cobrar la 
pensión a la que en principio tendría dere­
cho. En este caso, las prestaciones en metá-
498
COONAN 
lico no hacen sino compensar el lucro ce­
sante que resulta para el trabajador del 
aplazamiento del disfrute de su pensión. 
La principal objeción invocada ante el 
National Commissioner y que la Comisión 
ha desarrollado ampliamente consiste en 
afirmar que el estimar la solicitud de la 
Sra. Coonan llevaría consigo una discrimi­
nación indirecta en perjuicio de los nacio­
nales británicos que hubiesen trabajado en 
un Estado miembro y que retornasen al 
Reino Unido en las mismas condiciones en 
que lo hiciera la interesada; parece ser que 
en este caso, tales personas verían desesti­
madas sus solicitudes, al igual que lo fue la 
de la Sra. Coonan. 
Cabe preguntarse en primer lugar si no 
resulta excepcional que un ciudadano britá­
nico reanude una actividad por cuenta ajena 
después de haber trabajado en otro Estado 
miembro o en un país tercero y una vez 
alcanzada la edad de 65 años en el caso del 
hombre y la de 60 en el de la mujer, y si 
esta aparente inexistencia de discriminación 
no perjudica de hecho y sobre todo a los 
nacionales de la República de Irlanda, 
puesto que la mayoría de los trabajadores 
por cuenta ajena nacionales de los Estados 
miembros con posibilidades de instalarse en 
el Reino Unido y trabajar allí en tales condi­
ciones eran irlandeses. 
Suponiendo que una solicitud de esa natura­
leza presentada por un ciudadano británico 
fuese desestimada, sería todavía necesario 
que la desestimación fuese conforme a la 
normativa comunitaria. Que yo sepa, el caso 
aún no se ha planteado ni ha sido sometido 
al Tribunal de Justicia. 
Por último, suponiendo que la aplicación 
del Derecho comunitario diese lugar efecti­
vamente a una discriminación inversa en 
perjuicio de los ciudadanos británicos, tal 
discriminación no dejaría de constituir un 
asunto interno de los Estados miembros, y 
no impediría que los nacionales de los 
demás Estados miembros fuesen -en apa­
riencia- mejor tratados (véase la decisión 
dictada el 14 de diciembre de 1978 por el 
National Commissioner a la luz de la sen­
tencia de 28 de junio de 1978, Kenny, 
1/78," Rec. p. 1489). 
Pero no es necesario insistir en estos co­
mentarios, porque la afiliación de la deman­
dante me parece, salvo prueba en contrario, 
perfectamente válida. Pido disculpas por 
entrar aquí a tratar de la aplicación del 
Derecho comunitario o de la interpretación 
de convenios bilaterales, que este Tribunal 
ha considerado que no es de su competencia 
a pesar de que tales convenios constituyen 
parte integrante de los Reglamentos de 
Seguridad Social [artículo 95 del Reglamen­
to n° 1408/71 y artículo 11 del Reglamento 
(CEE) n° 574/72]. Dicha postura me parece 
acorde con la preocupación constante del 
Tribunal de Justicia por la salvaguardia de 
los derechos fundamentales y con la doctri­
na del que fuera su Presidente, Sr. A.M. 
Donner, según el cual «es necesaria una 
interpretación basada fundamentalmente en 
el análisis del caso concreto para alcanzar la 
finalidad del artículo 177, que es promover 
la aplicación uniforme del Derecho comuni-
499
CONCLUSIONES DEL SR. MA YRAS - ASUNTO 110/79 
tario. La interpretación debe hacerse tenien­
do en cuenta las circunstancias por las 
cuales se solicita; en caso contrario, no 
ofrece aclaración alguna y en el mejor de 
los casos, no es más que una especie de 
explicación de las disposiciones comunita­
rias que sólo aporta al Juez nacional una 
ayuda precaria y permanece muda en los 
puntos realmente controvertidos». «La 
evolución de la jurisprudencia -añade el 
expresidente Sr. A.M. Dormer- se orienta 
claramente hacia una interpretación del caso 
concreto.» 
Sobre la base de lo que precede, haré las 
siguientes observaciones: 
Ni la afiliación, aun no fraudulenta, a un 
régimen de protección social, ni el pago de 
cotizaciones, pueden atribuir a una persona 
asegurada un derecho adquirido que impida 
la regularización de su situación de confor­
midad con las normas que definen su estatu­
to. Sin embargo, una institución de Seguri­
dad Social no puede poner en tela de juicio 
retroactivamente la afiliación a un régimen 
de trabajadores por cuenta ajena de una 
persona cuya afiliación a dicho régimen 
haya sido autorizada por una resolución 
administrativa individual de afiliación. 
Evidentemente, no tengo intención alguna 
de prejuzgar la decisión final del Secretary 
of State, si es él la autoridad competente 
para resolver esta cuestión a la que el Natio­
nal Commissioner se reserva el derecho de 
apelar [artículo 93 (1) (b) de la Social Secu­
rity Act 1975], Pero, cómo ya he destacado 
en la exposición de los hechos, debe dejarse 
clara constancia de que a su llegada al 
Reino Unido, la Sra. Coonan fue inscrita en 
el régimen nacional de Seguridad Social, se 
le atribuyó un número de inscripción y pagó 
cotizaciones. Fue más tarde, al solicitar la 
interesada las prestaciones de enfermedad 
en metálico, cuando se comprobó que las 
cotizaciones se habían pagado «por error» y 
se iniciaron los trámites para su devolución. 
En todo caso, nos hallaríamos ante un error 
de derecho (mistake of law) y no ante un 
error de hecho (mistake of fact). 
Por mi parte, considero que la prueba de 
que la afiliación de la demandante fue sin 
duda alguna objeto de una resolución admi­
nistrativa que después de todo no era ilegal, 
reside en el hecho de que la afiliación rue 
posible por las dieciocho cotizaciones que 
le fueron computadas como teóricamente 
pagadas entre el comienzo del año de coti­
zación (contribution year) y el inicio efecti­
vo del seguro obligatorio. Así parece dedu­
cirse de las disposiciones del Convenio 
sobre Seguridad Social, firmado en Lon­
dres el 29 de marzo de 1960, entre el Go­
bierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y el de la República de 
Irlanda (S I 1960, n° 707), al que el Natio­
nal Commissioner hace discretamente 
alusión en su decisión, pero sobre el que la 
Comisión guarda absoluto silencio. 
Dicho Convenio es igualmente objeto de 
debate en la sentencia Walsh (143/79," 
Rec. 1980, p. 1639) del que conoce la Sala 
Segunda, y me permito la libertad de citarlo 
a partir del texto publicado en la Recopila­
ción de Tratados publicada por la Secretaría 
500
COONAN 
de las Naciones Unidas (vol. 371, pp. 5 y ss. 
para la traducción francesa): 
«Resueltos a cooperar en el ámbito social, 
deseosos de adoptar medidas que permitan 
a las personas que se trasladen de un país a 
otro disfrutar de las prestaciones de Seguri­
dad Social previstas para las contingencias 
de enfermedad, maternidad, desempleo, 
viudedad y orfandad», 
ambos Gobiernos adoptaron, concretamente 
en lo que respecta a las prestaciones de 
enfermedad en metálico, la disposición 
siguiente: 
Artículo 7 
«1) [...] Si una persona asegurada en virtud 
de la legislación de uno de los Estados 
contratantes se halla en el otro Estado 
contratante, se entiende que, a efectos 
de las prestaciones de enfermedad en 
metálico y de la asignación de materni­
dad [...], 
a) las disposiciones de la legislación 
del primer Estado contratante no le 
son aplicables; y 
b) en la aplicación al interesado de las 
disposiciones de la legislación del 
otro Estado contratante, en virtud 
de las cuales tenga derecho a perci­
bir tales prestaciones en su tipo 
más elevado, 
[...] 
ii) las cotizaciones de seguro de 
la categoría apropiada pagadas 
o que le hayan sido computa­
das y las prestaciones de enfer­
medad en metálico o las asig­
naciones de maternidad paga­
das o reclamadas en el primer 
Estado contratante serán asi­
miladas respectivamente a las 
cotizaciones de seguro de la 
categoría apropiada pagadas o 
que le hayan sido computadas 
y a las prestaciones de enfer­
medad en metálico o a las 
asignaciones de maternidad 
pagadas o reclamadas en ese 
otro Estado contratante: 
No obstante: 
aa) cuando se trate de una persona 
que haya estado asegurada en 
virtud de la legislación de la 
República de Irlanda y se en­
cuentre en el Reino Unido, el 
tipo al que se pagarán las pres­
taciones de enfermedad en 
metálico o las asignaciones de 
maternidad (incluidos los au­
mentos) en virtud del inciso ii) 
de la letra b) del presente apar­
tado, no podrá ser superior al 
tipo al que tales prestaciones 
501
CONCLUSIONES DEL SR. MA YRAS - ASUNTO 110/79 
hubiesen sido pagadas (sin 
prejuicio de las disposiciones 
relativas a la acumulación de 
prestaciones) en aplicación de 
las disposiciones de la legisla­
ción de la República de Irlan­
da, si el interesado hubiese 
permanecido en dicho Estado 
y hubiese pagado en su totali­
dad las cotizaciones previstas 
por dicha legislación, excepto 
si dicha persona hubiese abo­
nado un mínimo de trece coti­
zaciones semanales en virtud 
de la legislación de Gran Bre­
taña desde la fecha de su últi­
ma entrada en Gran Bretaña, 
hubiese abonado o le hubiese 
sido computado un mínimo de 
veintiséis cotizaciones en vir­
tud de dicha legislación duran­
te el correspondiente año de 
cotización, o si habiendo soli­
citado el disfrute de la presta­
ción o de la asignación en una 
fecha que se halle comprendi­
da en un período de interrup­
ción de trabajo definido por la 
legislación de Gran Bretaña, el 
interesado tuviese derecho, 
con anterioridad a la fecha de 
su última entrada en Gran Bre­
taña, a una prestación de en­
fermedad en metálico o a una 
asignación de maternidad en 
virtud de dicha legislación en 
una fecha comprendida en di­
cho período [...]» 
El Acta de adhesión (artículo 29, Anexo I, 
IX, Política Social), bajo el epígrafe «Dispo­
siciones de convenios de Seguridad Social 
que siguen siendo aplicables no obstante el 
artículo 6 del Reglamento», contiene, en el. 
punto 30, Irlanda - Reino Unido, la palabra 
«Ninguna». Ello quiere decir por tanto que, 
en principio, el Convenio de 1960 dejaba de 
ser aplicable. Pero las modificaciones 
introducidas en el Reglamento n° 1408/71 
por el Acta de Adhesión no entraron en 
vigor hasta el 1 de abril de 1973. Ignoro si 
dicho Convenio ha dejado de estar en vigor, 
pero no hay duda de que era aplicable a la 
Sra. Coonan cuando el 17 de marzo de 
1973, llegó al Reino Unido. 
Por lo que respecta al período posterior al 1 
de abril de 1973, debe tenerse muy en cuen­
ta lo siguiente: 
«Considerando que las modificaciones 
introducidas en la legislación del Reino 
Unido (se trata de la Social Security Act 
1975) exigen modalidades especiales de 
aplicación de las reglas relativas a la totali­
zación de los períodos de seguro, con objeto 
de que los períodos cubiertos en los demás 
Estados miembros puedan tenerse en cuenta 
para la determinación del derecho a las 
prestaciones previstas por dicha legislación 
[...]» 
El inciso ii) de la letra a) del apartado 2 del 
artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1209/76 
del Consejo, de 30 de abril de 1976, intro­
dujo en el punto 30 de la parte A del Anexo 
II delReglamenton°1408/71 (Disposiciones 
de convenios de Seguridad Social que si­
guen siendo aplicables no obstante el artícu­
lo 6 del Reglamento) la frase «artículo 8 del 
502
COONAN 
Convenio Irlanda - Reino Unido de 14 de 
septiembre de 1971 sobre Seguridad So­
cial», con objeto de permitir, para el cálculo 
de las pensiones de vejez o de viudedad en 
uno de los dos países, la inclusión de las 
cotizaciones ficticias computadas en el otro 
país en el ámbito del seguro de enfermedad. 
El legislador comunitario colmó así una 
laguna de la normativa que afectaba a los 
trabajadores de dichos Estados en lo que 
respecta al uso y la transferencia de contri­
buciones ficticias computadas en el ámbito 
del seguro de enfermedad para el cálculo de 
pensiones de vejez o de viudedad. La men­
cionada disposición entró en vigor con 
carácter retroactivo el 1 de abril de 1973. 
En relación con lo anterior, pueden igual­
mente citarse los considerandos del Regla­
mento (CEE) n° 2595/77 del Consejo, de 21 
de noviembre de 1977, en los que se hace 
constar que el mismo tiene por objeto «per­
mitir que todo trabajador titular de una 
pensión o de una renta en virtud de la legis­
lación de un Estado miembro que ocupe un 
empleo en el territorio de otro Estado miem­
bro pueda ser asegurado de conformidad 
con la legislación de este último Estado, 
aunque la misma dispensa de la afiliación 
obligatoria a los titulares de una pensión o 
de una renta», así como «permitir que todo 
trabajador pueda, sin restricción alguna, 
percibir la renta o la pensión adquirida en 
virtud de la legislación de un Estado 
miembro y aplazar la liquidación de la 
pensión o de la renta adquirida en virtud de 
la legislación de un Estado miembro con 
objeto de percibir el aumento del importe de 
dicha pensión o renta que resultase de tal 
aplazamiento». 
Por consiguiente, no hubo solución de 
continuidad en el período durante el cual 
la interesada estuvo afiliada a la Seguridad 
Social. La Sra. Coonan podía y debía ser 
válidamente afiliada en el Reino Unido, y 
no es otra la razón por la que en dicho 
país le fueron computadas ficticiamente 
(awarded as stagger credits) dieciocho 
cotizaciones legales (statutory contribu­
tions). Sólo después de que la Sra. Coonan 
hubiese introducido su solicitud se cayó en 
la cuenta de que, después de todo, su afilia­
ción había sido «un error». 
El representante del Insurance Officer 
reconoció en la vista oral que, a efectos de 
las prestaciones del seguro de accidentes de 
trabajo, la interesada era una trabajadora y, 
por consiguiente, debía considerarse que se 
hallaba asegurada contra todas las contin­
gencias cubiertas por el seguro nacional. Sin 
embargo, la Comisión considera que no es 
necesario debatir este punto. Por mi parte 
opino, muy al contrario, que dicho elemen­
to es decisivo -el National Commissioner 
ha planteado una cuestión específica al 
respecto- y que, si las razones más arriba 
expuestas no bastasen para considerar a la 
Sra. Coonan como asegurada a efectos de 
las prestaciones de enfermedad, el hecho de 
que tuviese derecho a las prestaciones por 
accidentes de trabajo basta para que se la 
considere con derecho a las prestaciones de 
enfermedad en metálico. Con arreglo a la 
legislación del Reino Unido, un trabajador 
por cuenta ajena que paga cotizaciones está 
asegurado, no con respecto a una prestación 
en particular, sino con respecto a las presta­
ciones contributivas previstas por dicha 
legislación, aunque el derecho a una deter­
minada prestación quede sometido al cum-
503
CONCLUSIONES DEL SR. MA YRAS - ASUNTO 110/79 
plimiento de los requisitos de cotización 
previstos para dicha prestación. Si en lugar 
de caer enferma la Sra. Coonan hubiese sido 
víctima de un accidente de trabajo, hubiese 
tenido derecho a una indemnización (indus­
trial injury benefit) superior a las prestacio­
nes uniformes de enfermedad; ahora bien, 
en la medida en que las prestaciones por 
accidentes de trabajo y de enfermedad 
tienen por objeto suplir la pérdida de salario 
que resulta de la incapacidad laboral, ambas 
participan de la misma naturaleza. El Insu­
rance Officer añadió que dicha consecuen­
cia era conforme con las conclusiones que 
presenté el 13 de julio de 1976 en el asun­
to en el que recayó la sentencia de 29 de 
septiembre de 1976, Brack (17/76, Rec. 
pp. 1429 y ss., especialmente p. 1456). 
Quiero dejar constancia de que en definiti­
va, el Insurance Officer ha admitido, con 
loable franqueza, que no ponía en duda que 
la Sra. Coonan fuese una trabajadora a 
efectos de las prestaciones de enfermedad 
en metálico, y que él mismo lo había reco­
nocido así ante el National Commissioner. 
Partiré por tanto de la premisa de que 
una persona que se hallase en la situación 
de la Sra. Coonan estaría válidamente 
afiliada a la Seguridad Social del Reino 
Unido, y sobre esta base analizaré breve­
mente las demás cuestiones planteadas a 
este Tribunal. 
2. Lo que se pretende esencialmente averi­
guar con tales cuestiones es si en este caso, 
la institución competente para determinar el 
derecho a las prestaciones de enfermedad es 
la del Reino Unido, y si así fuera, cuáles son 
las disposiciones aplicables. 
Una vez resuelto el problema de la afilia­
ción de la interesada me parece evidente 
que en este caso la «institución competente» 
es la del Reino Unido, puesto que conforme 
al inciso i) de la letra o) del artículo 1 del 
Reglamento n° 1408/71, dicho término 
designa «la institución a la cual el interesa­
do esté afiliado en el momento de la solici­
tud de prestaciones». En virtud de lo dis­
puesto en el apartado 2 del artículo 4, y en 
el Anexo II del Reglamento n° 574/72 del 
Consejo, la institución del Reino Unido 
competente para las prestaciones de enfer­
medad en metálico, es, en lo que respeta a la 
Gran Bretaña, el Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social (Department of Health and 
Social Security). 
Añadiré que si por casualidad la institución 
británica hubiese albergado dudas sobre su 
competencia, habría estado obligada, con­
forme al artículo 86 del Reglamento, a 
trasladar sin demora la petición del interesa­
do a la institución competente, directamente 
o a través de las autoridades competentes de 
los Estados miembros afectados. 
Si, como propongo, este Tribunal de Justi­
cia da una respuesta afirmativa a las dos 
primeras cuestiones, la tercera cuestión, que 
contempla el supuesto del trabajador que 
está asegurado únicamente contra los acci­
dentes de trabajo, carece de objeto. Por el 
contrario, sigue siendo necesario pronun­
ciarse en relación con las cuatro últimas 
cuestiones, las cuales carecerían de objeto 
sólo en caso de que la institución competen­
te fuese la de la República de Irlanda. 
504
COONAN 
En materia de prestaciones de enfermedad, 
el apartado 1 del artículo 18, en la versión 
del apartado 3 del artículo 1 del Reglamento 
(CEE) n° 2864/72 del Consejo, de 19 de 
diciembre de 1972, dispone que «la institu­
ción competente de un Estado miembro 
cuya legislación subordine la adquisición, la 
conservación o la recuperación del derecho 
a las prestaciones al requisito de haber 
cubierto períodos de seguro, de empleo o de 
residencia, tendrá en cuenta, en la medida 
necesaria, los períodos de seguro, de em­
pleo o de residencia cubiertos bajo la legis­
lación de cualquier otro Estado miembro 
como si se tratara de períodos cubiertos 
bajo la legislación que aplica». 
En lo que respecta a las personas que se 
hallen en la situación de la Sra. Coonan, la 
legislación británica no supedita la adquisi­
ción del derecho a las prestaciones al requi­
sito de haber cubierto períodos de seguro, 
de empleo o de residencia: el tipo de la 
prestación de enfermedad se ñja conforme 
al tipo al que se hubiese pagado la pensión 
de vejez, siempre y cuando dichas personas 
tuviesen derecho a percibir una pensión de 
vejez uniforme (flat rate), es decir, hubiesen 
pagado un mínimo de trece cotizaciones 
semanales en virtud de la legislación de 
Gran Bretaña desde la fecha de su última 
entrada en dicho país o hubiesen pagado un 
mínimo (o les hubiese sido computado un 
mínimo) de veintiséis cotizaciones en virtud 
de dicha legislación durante el correspon­
diente año de cotización. 
En materia de vejez, el apartado 1 del ar­
tículo 45 del Reglamento n° 1408/71 (en la 
versión del apartado 13 del artículo 1 del 
Reglamento n° 2864/72, antes citado), 
dispone que «la institución de un Estado 
miembro cuya legislación subordine al 
requisito de haber cubierto determinados 
períodos de seguro o de residencia, la 
adquisición, la conservación o la recupera­
ción del derecho a las prestaciones, compu­
tará, en la medida necesaria, los períodos de 
seguro o de residencia cubiertos bajo la 
legislación de cualquier otro Estado miem­
bro, como si se tratase de períodos cubiertos 
bajo la legislación aplicada por ella». 
De la aplicación conjunta del apartado 17, 
añadido al punto «I. Reino Unido» de la 
letra b) del Anexo V del Reglamento 
n° 1408/71 por el inciso ii) de la letra b) del 
apartado 4 del artículo 1 del Reglamento 
n° 1209/76 del Consejo, que tiene efecto 
retroactivo al 6 de abril de 1975, y del 
apartado 5, parte I del Anexo 3 de la Social 
Security Act 1975, se desprende que la 
institución competente de Gran Bretaña 
computará los períodos de seguro o de 
residencia cubiertos bajo la legislación de 
los demás Estados miembros a efectos de la 
atribución de un derecho a pensión de con­
formidad con su propia legislación. 
En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 46, y mientras que el Secretary 
of State no haya anulado -suponiendo que 
ello sea legal desde el punto de vista del 
Derecho comunitario- la decisión en cuya 
virtud la Sra. Coonan fue afiliada al régimen 
nacional de Seguridad Social del Reino 
Unido, la institución competente deberá 
computar, a efectos del cálculo de su pen­
sión, las cotizaciones que la interesada pagó 
en Irlanda. 
505
CONCLUSIONES DEL SR. MA YRAS - ASUNTO 110/79 
No obstante, si la cifra obtenida conforme al 
artículo 46 fuese igual a la obtenida con 
arreglo al cálculo previsto en el artículo 18, 
no habría lugar a distinguir entre ambas 
hipótesis. 
Llegado al final de este análisis, debo confe­
sar que me resulta difícil formular unas 
respuestas útiles a las cuestiones planteadas 
por el National Commissioner, dado que ni 
el Insurance Officer ni la Comisión han 
propuesto texto concreto alguno. 
Mis conclusiones, sin embargo, son las siguientes: 
1) Por lo que respecta al Reino Unido, las disposiciones del Reglamento 
n° 1408/71 entraron en vigor el 1 de abril de 1973. 
2) Un trabaj ador que en el momento de solicitar la liquidación de prestaciones de 
enfermedad se halla inscrito en el régimen nacional de Seguridad Social de un 
Estado miembro y que paga íntegramente cotizaciones a la institución 
competente de ese Estado, está afiliado a dicha institución a efectos del inciso 
i) de la letra o) del artículo 1 del Reglamento n° 1408/71 de acuerdo con los 
artículos 18 y 46 del mencionado Reglamento, hasta tanto su afiliación a dicho 
régimen no haya sido válidamente anulada por la autoridad competente. 
3) Debe considerarse que un trabajador que esté asegurado en una institución de 
un Estado miembro únicamente contra los accidentes de trabajo está asegurado 
en dicha institución con arreglo al inciso i) de la letra o) del artículo 1 del 
Reglamento a efectos del artículo 18. 
4) Para el cálculo en el Reino Unido del importe de la pensión de vejez y el de las 
prestaciones de enfermedad en metálico, debió tenerse en cuenta lo dispuesto 
en los apartados 3 y 13 del artículo 1 del Reglamento n° 2864/72 del Consejo, 
así como lo establecido en el inciso ii), de la letra a), del apartado 2, y en el 
inciso ii), letra b) del apartado 4 del artículo 1 del Reglamento n° 1209/76 del 
Consejo. 
506