62023CJ0625
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 13 de febrero de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Agricultura — Política agrícola común — Reglamento (CE) n.o 1782/2003 — Régimen de pago único — Artículo 33 — Reglamento (CE) n.o 795/2004 — Derechos de ayuda — Admisibilidad a efectos de la ayuda — Artículo 15 — Concepto de “escisión” — Reducción de superficies agrarias tras la asignación provisional de los derechos de ayuda — Incidencia de esta reducción en la asignación definitiva de la ayuda»
En el asunto C‑625/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), mediante resolución de 17 de julio de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de octubre de 2023, en el procedimiento entre
Società Agricola Circe di OL Società Semplice
y
ST, en nombre propio y como administrador de la sociedad unipersonal Agricola Case Rosse di ST,
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y el Sr. A. Kumin (Ponente) y la Sra. I. Ziemele, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de ST, en nombre propio y como administrador de la sociedad unipersonal Agricola Case Rosse di ST, por el Sr. G. M. Masoni, avvocato;
–
en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por los Sres. M. Di Benedetto y E. Feola, avvocati dello Stato;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. C. Becker y F. Moro, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1), así como del artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO 2004, L 141, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Società Agricola Circe di OL Società Semplice (en lo sucesivo, «Società Agricola Circe»), por una parte, y ST, que actúa en nombre propio y como administrador de la sociedad unipersonal Agricola Case Rosse di ST (en lo sucesivo, «Agricola Case Rosse»), y la Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA, Agencia para la Concesión de Ayudas en el Sector Agrícola, Italia), por otra parte, en relación con la asignación definitiva de derechos de ayuda en el marco del régimen de pago único a Società Agricola Circe.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento n.o 1782/2003
3
El Reglamento n.o 1782/2003 fue derogado por el Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1290/2005, (CE) n.o 247/2006, (CE) n.o 378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 (DO 2009, L 30, p. 16).
4
Los considerandos 16, 21, 24, 25, 28, 29 y 30 del Reglamento n.o 1782/2003 exponían lo siguiente:
«(16)
La identificación de las parcelas agrarias constituye un factor clave para la correcta aplicación de los regímenes vinculados a la superficie. […]
[…]
(21)
Los regímenes de ayuda instaurados en virtud de la política agrícola común prevén ayudas directas a la renta, en particular con vistas a garantizar un nivel de vida equitativo a la población agraria. Este objetivo está estrechamente relacionado con el mantenimiento de las zonas rurales. A fin de evitar toda asignación indebida de fondos comunitarios, conviene no abonar ninguna ayuda a los agricultores que hayan creado artificialmente las condiciones requeridas para obtener tales pagos.
[…]
(24)
El aumento de la competitividad de la agricultura comunitaria y la promoción de la calidad alimentaria y de las normas medioambientales implican necesariamente un descenso de los precios institucionales de los productos agrarios y un incremento de los costes de producción para las explotaciones agrarias de la Comunidad [Europea]. Para alcanzar estos objetivos y fomentar una agricultura más orientada al mercado y sostenible, es preciso llevar plenamente a cabo el proceso de transición de las ayudas a la producción a las ayudas a los agricultores, introduciendo un sistema de ayuda disociada a la renta de cada explotación. Si bien la disociación no alterará los importes reales pagados a los agricultores, aumentará sensiblemente la eficacia de la ayuda a la renta. Resulta, pues, procedente condicionar el pago único por explotación al cumplimento de una serie de requisitos medioambientales, de seguridad alimentaria, de salud y bienestar de los animales, así como de mantenimiento de la explotación en buenas condiciones agrarias y medioambientales.
(25)
Este sistema debe agrupar diversos pagos directos recibidos actualmente por los agricultores al amparo de distintos regímenes en un pago único, que se determinará a partir de los derechos ostentados previamente, dentro de un período de referencia, ajustados en función de la plena aplicación de las medidas introducidas en el marco de la Agenda 2000 y de las modificaciones de los importes de las ayudas previstas en el presente Reglamento.
[…]
(28)
Con objeto de que los agricultores puedan elegir libremente lo que desean producir en sus tierras, incluidos los productos que siguen estando sujetos a los regímenes de ayuda no disociada, y lograr así una agricultura más orientada al mercado, el pago único no debe subordinarse a la producción de ningún producto específico. No obstante, para evitar distorsiones de la competencia, algunos productos deberían ser excluidos de la producción en tierras subvencionables.
(29)
A fin de determinar el importe al que tiene derecho un agricultor con arreglo al nuevo régimen, resulta oportuno remitirse a los importes que le han sido concedidos durante un período de referencia. […] El pago único debe establecerse con referencia a la explotación.
(30)
El importe global al que tiene derecho una explotación debe dividirse en varias fracciones (derechos de ayuda) y quedar vinculado a un determinado número de hectáreas admisibles que habrá de definirse, a fin de facilitar la cesión de los derechos a prima. Para evitar cesiones de carácter especulativo que den lugar a la acumulación de derechos de ayuda sin la correspondiente base agraria, a efectos de la concesión de la ayuda conviene establecer una vinculación entre los derechos y un determinado número de hectáreas admisibles, así como la posibilidad de limitar la cesión de derechos a una misma región. Teniendo en cuenta la situación particular de la ganadería ovina y caprina, resulta oportuno prever disposiciones específicas en relación con las ayudas que no están directamente vinculadas a una superficie.»
5
El artículo 1 de ese Reglamento tenía la siguiente redacción:
«El presente Reglamento establece:
[…]
–
una ayuda a la renta para los agricultores (en lo sucesivo denominada "el régimen de pago único")
[…]».
6
El artículo 2 de dicho Reglamento disponía:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a)
“agricultor”: toda persona física o jurídica o todo grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorgue la legislación nacional al grupo y a sus miembros, cuya explotación esté situada en el territorio de la Comunidad […] y que ejerza una actividad agraria;
b)
“explotación”: todas las unidades de producción administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro;
c)
“actividad agraria”: la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales […];
[…]».
7
El artículo 33 del Reglamento n.o 1782/2003, titulado «Admisibilidad al régimen», establecía:
«1.   Los agricultores podrán acogerse al régimen de pago único […]
[…]
3.   En caso de que se produzcan fusiones durante el período de referencia o en fecha no posterior al 31 de diciembre del año anterior al año de aplicación del régimen de pago único, el agricultor que gestione la nueva explotación tendrá acceso al régimen de pago único con arreglo a las mismas condiciones que los agricultores que gestionaran las explotaciones iniciales.
En caso de que se produzcan escisiones durante el período de referencia o en fecha no posterior al 31 de diciembre del año anterior al año de aplicación del régimen de pago único, los agricultores que gestionen las explotaciones tendrán acceso proporcional al régimen de pago único con arreglo a las mismas condiciones que el agricultor que gestionara la explotación inicial.»
8
El artículo 36, apartado 1, de ese Reglamento disponía:
«La ayuda derivada del régimen de pago único se abonará con referencia a los derechos de ayuda definidos en el capítulo 3, acompañados de un número igual de hectáreas admisibles, según se definen en el apartado 2 del artículo 44.»
9
El artículo 38 de dicho Reglamento establecía:
«El período de referencia comprenderá los años naturales 2000, 2001 y 2002.»
10
El capítulo 3 del Reglamento n.o 1782/2003, titulado «Derechos de ayuda», incluía el artículo 43 de ese Reglamento, titulado, a su vez, «Determinación de los derechos de ayuda», que establecía, en su apartado 1:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48, se reconocerá a cada agricultor un derecho de ayuda por hectárea, que se calculará dividiendo el importe de referencia por el número medio trienal del total de hectáreas que, durante el período de referencia, hayan dado lugar a alguno de los pagos directos enumerados en el anexo VI.
El número total de derechos de ayuda será igual al número medio de hectáreas anteriormente citado.
[…]»
11
El artículo 44, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento disponía:
«1.   Todo derecho de ayuda unido a una hectárea admisible permitirá cobrar el importe que determine dicho derecho.
2.   Se entenderá por "hectáreas admisibles" las superficies agrarias de la explotación consistentes en tierras de cultivo y pastos permanentes, salvo las ocupadas por cultivos permanentes o bosques o las utilizadas para actividades no agrarias.»
Reglamento n.o 795/2004
12
El Reglamento n.o 795/2004 fue derogado por el Reglamento (CE) n.o 1120/2009 de la Comisión, de 29 de octubre de 2009, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el título III del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO 2009, L 316, p. 1).
13
Los considerandos 1, 2, 10 y 11 del Reglamento n.o 795/2004 exponían:
«(1)
Deben establecerse disposiciones de aplicación del título III del Reglamento [n.o 1782/2003] por el que se establece el régimen de pago único para los agricultores.
(2)
En aras de la claridad resulta procedente prever algunas definiciones. En su caso, deben utilizarse las definiciones que ya se aplican en situaciones similares o que se han venido utilizando durante años.
[…]
(10)
Para facilitar la ejecución del régimen de pago único, es pertinente permitir que los Estados miembros puedan proceder, desde el año anterior al primer año de aplicación del régimen, a la identificación de los beneficiarios potenciales del régimen, en especial en los casos en que la explotación haya sufrido modificaciones debido a una herencia o a modificaciones jurídicas, y al establecimiento provisional de los derechos de ayuda.
(11)
En el artículo 33 del Reglamento [n.o 1782/2003] se definen las circunstancias específicas que permiten a los agricultores acceder al régimen de pago único. Para evitar que tales circunstancias sirvan de pretexto para no aplicar las normas sobre cesiones normales de una explotación con sus respectivas cantidades de referencia, deben formularse una serie de condiciones y definiciones para la aplicación de dichas circunstancias.»
14
El artículo 1 del Reglamento n.o 795/2004 disponía:
«El presente Reglamento establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el título III del Reglamento [n.o 1782/2003].»
15
El artículo 2 del Reglamento n.o 795/2004 establecía:
«A los efectos del título III del Reglamento [n.o 1782/2003] y del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes:
[…]
j)
«unidad de producción»: al menos una superficie, incluidas las superficies forrajeras en la acepción del apartado 3 del artículo 43 del Reglamento [n.o 1782/2003], que dio derecho a pagos directos durante el período de referencia o un animal que hubiera dado derecho a pagos directos, durante el período de referencia, acompañados, en su caso, de un derecho a la prima correspondiente;
[…]».
16
El artículo 15 del Reglamento n.o 795/2004, titulado «Fusiones y escisiones», establecía en su apartado 2:
«A los fines previstos en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 33 del Reglamento [n.o 1782/2003], por “escisión” se entenderá la escisión de un agricultor en, como mínimo, dos nuevos agricultores distintos, en la acepción de la letra a) del artículo 2 del Reglamento [n.o 1782/2003], de los cuales como mínimo uno permanece controlado, en términos de gestión, beneficios y riesgos financieros, por como mínimo una de las personas jurídicas o físicas que originalmente gestionaban la explotación, o la escisión de un agricultor en, como mínimo, un nuevo agricultor distinto, en la acepción de la letra a) del artículo 2 del Reglamento [n.o 1782/2003], permaneciendo el otro controlado, en términos de gestión, beneficios y riesgos financieros, por el agricultor que gestionaba inicialmente la explotación.
El número y el valor de los derechos de ayuda se establecerán sobre la base del importe de referencia y del número de hectáreas correspondiente a las unidades de producción cedidas de la explotación inicial.»
Derecho italiano
17
Mediante el decreto ministeriale n.o 1688 (Orden Ministerial n.o 1688), de 20 de julio de 2004, el decreto ministeriale n.o 1788 (Orden Ministerial n.o 1788), de 5 de agosto de 2004, y el decreto ministeriale n.o 2026 (Orden Ministerial n.o 2026), de 24 de septiembre de 2004, se adoptaron en Derecho italiano las disposiciones de aplicación de los Reglamentos n.o 1782/2003 y n.o 795/2004.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
18
Los hermanos OL y ST tenían una participación en Società Agricola Circe di ST e OL en la fecha en que dicha sociedad solicitó la asignación de derechos de ayuda en virtud del régimen de pago único y en la fecha en que se asignaron provisionalmente 130 derechos de ayuda sobre la base de la superficie cultivada por dicha sociedad.
19
El 1 de agosto de 2002, con posterioridad a la asignación provisional de esos derechos, estos dos hermanos celebraron un acuerdo que preveía una serie de negocios jurídicos conexos, a saber, cesiones de participaciones sociales de esa misma sociedad, pero también de participaciones sociales de una sociedad tercera a dicho acuerdo, y una cesión de superficies cultivadas. Estos diversos negocios tuvieron como efecto que Società Agricola Circe, a saber, la nueva sociedad constituida únicamente por OL y su esposa, ya no poseyera la totalidad de las hectáreas para el cultivo indicadas en la solicitud de asignación de derechos de ayuda en virtud del régimen de pago único sobre la base de la cual se habían asignado provisionalmente tales derechos.
20
La AGEA asignó definitivamente 71 derechos de ayuda a Società Agricola Circe. De los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que los otros 59 derechos de ayuda, que habían sido asignados provisionalmente, fueron asignados con carácter definitivo a Agricola Case Rosse, que explotaba desde septiembre de 2002 las tierras cedidas por Società Agricola Circe di ST e OL.
21
El 5 de junio de 2006, Società Agricola Circe interpuso un recurso ante el Tribunale di Roma (Tribunal de Roma, Italia) contra la AGEA, ST y Agricola Case Rosse con el fin de que se declarase su derecho al pago de las ayudas correspondientes a 130 derechos de ayuda y de que se condenara a aquellos al pago de una indemnización por daños y perjuicios, al considerar que la asignación definitiva de los 71 derechos de ayuda era ilegal, ya que no se derivaba de una verdadera escisión de Società Agricola Circe di ST e OL. Según Società Agricola Circe, se había producido una mera transmisión de participaciones sociales de Società Agricola Circe di ST e OL.
22
Mediante sentencia de 27 de junio de 2011, el Tribunale di Roma (Tribunal de Roma) desestimó dicho recurso. Esta sentencia fue confirmada por una sentencia de la Corte d’appello di Roma (Tribunal de Apelación de Roma, Italia), de 21 de abril de 2017.
23
Este último órgano jurisdiccional interpretó el artículo 33, apartado 3, del Reglamento n.o 1782/2003, y, más concretamente, el término «escisión» que figura en él, estimando que, en ese Reglamento, dicho término se utiliza en un sentido amplio y «no técnico». Así, según dicho órgano jurisdiccional, dicho término no se refiere al concepto tal como se define en el Derecho de sociedades, sino a todas las situaciones en las que un agricultor suceda a otro y que impliquen una modificación de la superficie inicialmente cultivada. Por otra parte, ese mismo órgano jurisdiccional precisó que las ayudas debían estar vinculadas a la superficie cultivada. Por lo tanto, asignó proporcionalmente al agricultor que había cultivado los terrenos cedidos desde septiembre de 2002, es decir, a Agricola Case Rosse, algunos de los derechos de ayuda que habían sido asignados provisionalmente a Società Agricola Circe di ST e OL.
24
Società Agricola Circe interpuso un recurso de casación contra la sentencia de 21 de abril de 2017 ante la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente, alegando, en particular, que dicha sentencia infringía y aplicaba erróneamente el artículo 15 del Reglamento n.o 795/2004, los artículos 2, letra a), 33, 38, 45 y 46 del Reglamento n.o 1782/2003 y la normativa mediante la que el Estado italiano había adoptado las normas de desarrollo de estas disposiciones de la Unión, a saber, las Órdenes Ministeriales n.o 1668, de 20 de julio de 2004, n.o 1788, de 5 de agosto de 2004, y n.o 2026, de 24 de septiembre de 2004.
25
En apoyo de su recurso de casación, Società Agricola Circe aduce, en particular, que las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión definen el término «escisión» refiriéndose únicamente a la situación en la que una explotación agrícola se escinde en dos nuevas explotaciones. Así pues, la mera cesión de tierras es irrelevante a efectos de la asignación definitiva de los derechos de ayuda.
26
Según el órgano jurisdiccional remitente, para resolver el litigio del que conoce, es necesaria la interpretación del artículo 15 del Reglamento n.o 795/2004 y del artículo 33 del Reglamento n.o 1782/2003, así como de otras disposiciones de este último Reglamento, a fin de determinar, en primer término, el alcance del concepto de «escisión» de la explotación agrícola. En segundo término, suponiendo que este concepto se corresponda con el utilizado en el Derecho de sociedades, incluyendo, en particular, la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas (DO 2019, L 321, p. 1), y, por tanto, no comprenda una situación como aquella de la que conoce, tal interpretación también es necesaria, según dicho órgano jurisdiccional, para determinar si, y en qué medida, una reducción de la superficie cultivada que se ha producido tras la presentación de la solicitud de asignación de derechos de ayuda y la asignación provisional de estos, pero antes de su asignación definitiva, es relevante para esa asignación definitiva.
27
En estas circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Se debe interpretar que el término “escisión” incluido en el artículo 33, apartado 3, del Reglamento [n.o 1782/2003] y en el artículo 15 del Reglamento [n.o 795/2004] se refiere a la institución del Derecho de sociedades y presupone, por tanto, una modificación societaria que tiene como efecto la división del patrimonio inicial y del conjunto de las superficies cultivadas de una sola sociedad en dos patrimonios distintos pertenecientes a personas jurídicas diversas, o bien se puede interpretar en sentido amplio y de esta forma aplicable a todo acuerdo cuyo resultado final implique la cesión del patrimonio inicial y del conjunto de superficies cultivadas de la sociedad “agricultor” inicial a dos entidades distintas, incluso mediante la cesión de participaciones y la venta de terrenos?
2)
Según la correcta interpretación que se dé al conjunto de normas del Reglamento n.o 1782/2003 (artículos 2, 23, 24, 33, 34, 36, 38, 43 y 44), a efectos de la asignación definitiva de derechos PAC, con ocasión de la primera aplicación del pago único, ¿es determinante una disminución de la superficie cultivada y de las hectáreas admisibles ocurrida durante 2002, tras la presentación de la solicitud por parte del “agricultor" y la asignación provisional de los derechos, si aquella se produce como resultado de la cesión contractual de una parte de los terrenos afectados antes de que termine 2002 y dicha modificación, que supone una disminución, también puede llevarse a cabo de oficio con motivo de la asignación definitiva?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
28
Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 33, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1782/2003, en relación con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 795/2004, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «escisión», a efectos de estas disposiciones, comprende una situación en la que los negocios jurídicos conexos llevados a cabo entre varios agricultores durante el período de referencia, que incluyen una cesión de participaciones sociales y de superficies agrarias cultivadas, tienen como efecto que el patrimonio inicial de un agricultor y el conjunto de esas superficies se asignen a dos nuevos agricultores distintos, aun cuando tal situación no constituya una «escisión» en el sentido del Derecho de sociedades de la Unión, en particular de la Directiva 2019/2121.
29
Con carácter preliminar, procede señalar, en primer lugar, que el hecho de que los Reglamentos n.o 1782/2003 y n.o 795/2004 hayan sido derogados carece de incidencia en el objeto del litigio principal, dado que de los datos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que dichos Reglamentos son, en el presente asunto, aplicables ratione temporis.
30
En este contexto, procede señalar, en segundo lugar, que, a tenor del artículo 33, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1782/2003, si se producen escisiones durante el período de referencia, que comprende, según el artículo 38 de dicho Reglamento, los años naturales 2000 a 2002, o a más tardar el 31 de diciembre del año anterior al año de aplicación del régimen de pago único, los agricultores que intervengan en dicha escisión y gestionen las explotaciones de que se trate tendrán acceso «proporcional» al régimen de pago único, es decir, a una ayuda a la renta.
31
Pues bien, de la resolución de remisión se desprende, y, por otra parte, no se discute, que los negocios jurídicos conexos, que entrañaron para Società Agricola Circe, en particular, la reducción de las superficies agrarias cultivadas con respecto a las cultivadas por Società Agricola Circe di ST e OL, se llevaron a cabo durante el año 2002 y, por tanto, durante el período de referencia establecido por el artículo 38 del Reglamento n.o 1782/2003.
32
En tercer lugar, procede señalar que, según el órgano jurisdiccional remitente, el concepto de «escisión», tal como se define en el Derecho de sociedades, presupone una modificación de una sola sociedad que tiene como efecto dividir el patrimonio inicial y el conjunto de las superficies cultivadas de esta sociedad en dos patrimonios distintos pertenecientes a personas jurídicas diferentes. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional hace referencia, en particular, a la Directiva 2019/2121, que contiene una definición de este concepto. Añade que, en el presente asunto, Società Agricola Circe di ST e OL no fue objeto de una escisión en el sentido del Derecho de sociedades. De ello se deduce que solo una interpretación de dicho concepto más amplia que la aplicada en el Derecho de sociedades permitiría al órgano jurisdiccional remitente considerar que Società Agricola Circe di ST e OL fue objeto de una escisión, en el sentido del artículo 33, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1782/2003, en relación con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 795/2004.
33
A efectos de la interpretación de estas últimas disposiciones, procede recordar que el Reglamento n.o 795/2004, a tenor de su artículo 1, en relación con su considerando 1, establece las disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el título III del Reglamento n.o 1782/2003. A tal efecto, como se desprende de su considerando 2, el Reglamento n.o 795/2004, en aras de la claridad, formula una serie de definiciones.
34
Así, según el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 795/2004, a los fines previstos en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 33 del Reglamento n.o 1782/2003, por «escisión» se entenderá la escisión de un agricultor en, como mínimo, dos nuevos agricultores distintos, en la acepción de la letra a) del artículo 2 del Reglamento n.o 1782/2003, de los cuales como mínimo uno permanece controlado, en términos de gestión, beneficios y riesgos financieros, por como mínimo una de las personas jurídicas o físicas que originalmente gestionaban la explotación, o la escisión de un agricultor en, como mínimo, un nuevo agricultor distinto, en la acepción de la letra a) de ese artículo 2, permaneciendo el otro controlado, en términos de gestión, beneficios y riesgos financieros, por el agricultor que gestionaba inicialmente la explotación.
35
Procede señalar que el tenor de estas disposiciones no contiene ninguna referencia a instrumentos del Derecho de la Unión relativos al Derecho de sociedades, como la Directiva 2019/2121, que, según dicho órgano jurisdiccional, establecen una definición más restrictiva del concepto de «escisión».
36
Además, del tenor de dichas disposiciones se desprende que estas tampoco contienen una remisión al Derecho de los Estados miembros en lo que respecta a la determinación, a efectos de la aplicación del artículo 33, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1782/2003, del concepto de «escisión».
37
A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que una disposición del Derecho de la Unión que no incluya una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme que tenga en cuenta no solo el tenor de la disposición, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de octubre de 2012, Ketelä, C‑592/11, EU:C:2012:673, apartado 34 y jurisprudencia citada, y de 20 de abril de 2023, EEW Energy from Waste, C‑580/21, EU:C:2023:304, apartado 23 y jurisprudencia citada).
38
Si bien el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 795/2004 define el concepto de «escisión» como la escisión de un agricultor en, como mínimo, dos nuevos agricultores distintos, de los cuales como mínimo uno permanece controlado, en términos de gestión, beneficios y riesgos financieros, por como mínimo una de las personas jurídicas o físicas que originalmente gestionaban la explotación, o la escisión de un agricultor en, como mínimo, un nuevo agricultor distinto, permaneciendo el otro controlado, en términos de gestión, beneficios y riesgos financieros, por el agricultor que gestionaba inicialmente la explotación, esta disposición no precisa qué forma debe adoptar la operación de escisión del agricultor que gestionaba inicialmente la explotación para estar comprendido en este concepto y, por tanto, para que los agricultores que gestionen las explotaciones resultantes de tal escisión puedan acogerse al régimen de pago único. Así pues, al centrarse en la situación que resulta de tal operación, dicha disposición define el referido concepto en relación con los efectos de esa operación.
39
De ello se deduce que el tenor del artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 795/2004 permite considerar que el concepto de «escisión», contemplado en el artículo 33, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1782/2003, se aplica a una situación que resulta de negocios jurídicos conexos y, en particular, de una transmisión, durante el período de referencia, de superficies agrarias cultivadas, aun cuando tal situación no esté necesariamente comprendida en el concepto de «escisión» tal como se define en los instrumentos del Derecho de sociedades de la Unión, incluida, en particular, la Directiva 2019/2121.
40
Esta interpretación se ve confirmada por el sistema general del Reglamento n.o 1782/2003 y por la finalidad perseguida por este.
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A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que de la lectura conjunta de los artículos 36, apartado 1, 43, apartado 1, y 44, apartado 1, del Reglamento n.o 1782/2003 se desprende, para comenzar, que la ayuda a la renta de los agricultores derivada del régimen de pago único se abonará con referencia a los derechos de ayuda; a continuación, que se reconocerá a cada agricultor un derecho de ayuda por hectárea admisible, y, por último, que todo derecho de ayuda unido a una hectárea admisible permitirá cobrar el importe que determine dicho derecho.
42
Por lo tanto, procede considerar que el Reglamento n.o 1782/2003 reconoce la existencia de una vinculación entre, por un lado, los derechos de ayuda sobre la base de los cuales se paga la ayuda a la renta y, por otro lado, las superficies agrarias (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2010, van Dijk, C‑470/08, EU:C:2010:31, apartados 28 a 30).
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Pues bien, la existencia de esta vinculación se refleja también en el marco de una operación de escisión de un agricultor que tenga lugar durante el período de referencia. En efecto, de la lectura conjunta del artículo 33, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1782/2003 y del artículo 15, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.o 795/2004 se desprende que, debido a la escisión, el número de derechos de ayuda de cada uno de los agricultores que gestionan una parte de la explotación agrícola inicial debe ser necesariamente inferior al que ha sido abonado a la totalidad de esa explotación agrícola.
44
Así, en virtud de la primera de estas disposiciones, en caso de que se produzca la escisión durante el período de referencia o en fecha no posterior al 31 de diciembre del año anterior al año de aplicación del régimen de pago único, los agricultores que gestionen la explotación de que se trate tendrán acceso proporcional al régimen de pago único con arreglo a las mismas condiciones que el agricultor que gestionara la explotación inicial. Asimismo, según la segunda de dichas disposiciones, el número y el valor de los derechos de ayuda se establecerán sobre la base, en particular, del número de hectáreas correspondiente a las unidades de producción cedidas de la explotación inicial.
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En segundo lugar, por lo que respecta a la finalidad perseguida por el Reglamento n.o 1782/2003, procede recordar, antes de nada, que, tal como se expone en el considerando 24 de este, dicho Reglamento tenía como objetivo permitir la transición de las ayudas a la producción a las ayudas al productor mediante la reducción progresiva de los pagos directos y la introducción de un régimen de ayuda a la renta disociado de la producción, a saber, el pago único determinado sobre la base de los derechos anteriores durante un período de referencia, para aumentar la competitividad de los agricultores de la Unión (sentencia de 19 de septiembre de 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C‑373/11, EU:C:2013:567, apartado 17).
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A continuación, del considerando 29 del Reglamento n.o 1782/2003, a tenor del cual el pago único debe establecerse con referencia a la explotación, se desprende que el legislador de la Unión deseaba reservar el pago de la ayuda, en función de los derechos de ayuda por hectárea, al agricultor que administrara efectivamente la explotación agrícola, es decir, un conjunto de unidades de producción.
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A este respecto, procede señalar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las superficies agrarias forman parte de la explotación de un agricultor cuando este ostenta la facultad de administrarlas con el fin de realizar una actividad agraria, es decir, cuando este dispone en relación con dichas superficies de una autonomía suficiente para realizar su actividad agraria (sentencia de 9 de junio de 2016, Planes Bresco, C‑333/15 y C‑334/15, EU:C:2016:426, apartado 37 y jurisprudencia citada).
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Por último, como resulta de su considerando 30, el Reglamento n.o 1782/2003 perseguía también el objetivo de evitar las cesiones de derechos de ayuda de carácter especulativo que dieran lugar a la acumulación de derechos de ayuda sin la correspondiente base agraria.
49
Pues bien, interpretar el concepto de «escisión» contemplado en el artículo 33, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1782/2003 en el sentido de que no permite considerar que un nuevo agricultor, al que se han transferido en el marco de negocios jurídicos conexos, durante el período de referencia, superficies agrarias cultivadas, pueda acceder al régimen de pago único pondría en peligro el conjunto de los objetivos perseguidos por dicho Reglamento, mencionados en los apartados 45, 46 y 48 de la presente sentencia, en la medida en que esta interpretación implicaría, por un lado, que el acceso a dicho régimen se concedería única e íntegramente al agricultor que ya no administra esas superficies y, por otro lado, que la ayuda se pagaría por derechos de ayuda que ya no están vinculados a dichas superficies.
50
De todas las consideraciones anteriores resulta que el artículo 33, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1782/2003, en relación con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 795/2004, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «escisión», a efectos de estas disposiciones, comprende una situación en la que los negocios jurídicos conexos llevados a cabo entre varios agricultores durante el período de referencia, que incluyen una cesión de participaciones sociales y de superficies agrarias cultivadas, tienen como efecto que el patrimonio inicial de un agricultor y el conjunto de esas superficies se asignen a dos nuevos agricultores distintos, aun cuando tal situación no constituya una «escisión» en el sentido del Derecho de sociedades de la Unión, en particular de la Directiva 2019/2121.
Segunda cuestión prejudicial
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De la resolución de remisión se desprende que la segunda cuestión prejudicial se plantea para el supuesto de que la respuesta a la primera cuestión prejudicial implique que el concepto de «escisión» contemplado en el artículo 33, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1782/2003, en relación con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 795/2004, remita al utilizado en el Derecho de sociedades.
52
Pues bien, habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no ha lugar a responder a la segunda cuestión prejudicial.
Costas
53
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 33, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.o 2019/93, (CE) n.o 1452/2001, (CE) n.o 1453/2001, (CE) n.o 1454/2001, (CE) n.o 1868/94, (CE) n.o 1251/1999, (CE) n.o 1254/1999, (CE) n.o 1673/2000, (CEE) n.o 2358/71 y (CE) n.o 2529/2001, en relación con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 795/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, que establece disposiciones de aplicación del régimen de pago único previsto en el Reglamento (CE) n.o 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores,
debe interpretarse en el sentido de que
el concepto de «escisión», a efectos de estas disposiciones, comprende una situación en la que los negocios jurídicos conexos llevados a cabo entre varios agricultores durante el período de referencia, que incluyen una cesión de participaciones sociales y de superficies agrarias cultivadas, tienen como efecto que el patrimonio inicial de un agricultor y el conjunto de esas superficies se asignen a dos nuevos agricultores distintos, aun cuando tal situación no constituya una «escisión» en el sentido del Derecho de sociedades de la Unión, en particular de la Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.