Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 23 de abril de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Propiedad intelectual — Directiva 2004/48/CE — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Artículo 9, apartado 5 — Medidas provisionales — No interposición de una acción sobre el fondo — Normativa nacional que establece el mantenimiento de los efectos de las medidas cautelares que pueden anticipar los efectos de una resolución sobre el fondo »
En el asunto C‑132/25,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), mediante resolución de 10 de febrero de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el mismo día, en el procedimiento entre
M.M. Ristorazione Srl
y
Villa Ramazzini Srl,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. S. Rodin y N. Piçarra, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de M. M.
Ristorazione Srl, por el Sr. B. Pasanisi, avvocato;
–        en nombre de Villa Ramazzini Srl, por el Sr. M. Machetta, avvocato;
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por el Sr. F. Montanaro, avvocato dello Stato, y el Sr. I. Fresu, procuratore dello Stato;
–        en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. A. Hanje y el Sr. J. Langer, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. C. Biz, la Sra. J. Samnadda y el Sr. J. Szczodrowski, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 5, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre M. M.
Ristorazione Srl y
Villa Ramazzini Srl, titular de la marca figurativa Mò Mò, en relación con una solicitud de M. M.
Ristorazione dirigida a que se declare la ineficacia de un auto de medidas cautelares por el que se le impide utilizar el signo distintivo «Mò Mò Pizza e Salute», así como cualquier otro signo distintivo que contenga la marca Mò Mò.
Marco jurídico
Derecho Internacional
3        El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio constituye el anexo
1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (DO 1994, L 336, p. 1; en lo sucesivo, «Acuerdo sobre los ADPIC»). Son partes del Acuerdo sobre los ADPIC los miembros de la OMC, entre ellos, todos los Estados miembros de la Unión Europea y la propia Unión.
4        El artículo
50 de dicho Acuerdo, que figura en su parte III, dispone:
«1.      Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a:
a)      evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquellas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después del despacho de aduana;
b)      preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.
2.      Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.
[…]
6.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.
[…]»
Derecho de la Unión
5        Los considerandos 4, 5 y 22 de la Directiva 2004/48 enuncian:
«4.      En el plano internacional, todos los Estados miembros, así como la propia Comunidad [Europea], para
lo que respecta a los temas de su competencia, están vinculados por el [Acuerdo sobre los ADPIC] […]
5.      El Acuerdo sobre los ADPIC contiene, entre otras, disposiciones relativas a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, que constituyen normas comunes aplicables a
nivel internacional y se ponen en práctica en todos los Estados miembros. La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones internacionales de los Estados miembros, incluidas las contraídas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.
[…]
22.      También es imprescindible establecer medidas provisionales que permitan la cesación inmediata de la infracción [de los derechos de propiedad intelectual] sin esperar una decisión sobre el fondo, al mismo tiempo que se respetan los derechos a la defensa, se vela por la proporcionalidad de las medidas provisionales respecto a las particularidades de cada caso y se proporcionan las garantías necesarias para cubrir los gastos y perjuicios ocasionados a la parte demandada por una petición injustificada. Estas medidas están especialmente justificadas en los casos en que se establezca debidamente que cualquier retraso puede ocasionar un perjuicio irreparable al titular de un derecho de propiedad intelectual.»
6        El artículo 2 de esa Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone en su apartado 1:
«Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate.»
7        El artículo
3 de la referida Directiva, con el título «Obligación general», dispone:
«1.      Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.
2.      Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso.»
8        El artículo 9 de esa misma Directiva, que lleva por título «Medidas provisionales y cautelares», tiene el siguiente tenor:
«1.      Los Estados miembros garantizarán que, a petición del solicitante, las autoridades judiciales puedan:
a)      dictar contra el presunto infractor un mandamiento judicial destinado a prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, a prohibir, con carácter provisional y, cuando proceda, si así lo dispone el Derecho nacional, bajo pago de multa coercitiva, la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho, o a supeditar tal continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular; también podrá dictarse un mandamiento judicial, en las mismas condiciones, contra el intermediario cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual; los mandamientos judiciales contra intermediarios cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de autor o un derecho afín se contemplan en la Directiva 2001/29/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10)];
b)      ordenar la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual para impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales.
2.      En caso de infracciones cometidas a escala comercial, los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales puedan ordenar, si la parte perjudicada justifica circunstancias que puedan poner en peligro el cobro de los daños y perjuicios, el embargo preventivo de los bienes muebles e inmuebles del supuesto infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos. A tal efecto, las autoridades competentes podrán ordenar la transmisión de documentos bancarios, financieros o comerciales o el acceso adecuado a la información pertinente.
3.      Respecto de las medidas citadas en los apartados 1 y 2, las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al solicitante que facilite todas las pruebas razonablemente disponibles a fin de cerciorarse con suficiente seguridad de que él es el titular del derecho y que se infringe su derecho o es inminente tal infracción.
4.      Los Estados miembros garantizarán que las medidas provisionales a las que se refieren los apartados 1 y 2 puedan adoptarse, cuando proceda, sin que sea oída la otra parte, en particular en el caso de que un retraso ocasionase un perjuicio irreparable al titular del derecho. En este caso, las partes serán informadas de ello sin dilación y a más tardar tras la ejecución de las medidas.
A petición del demandado tendrá lugar una revisión, que incluirá el derecho a ser oído, con el fin de decidir, en un plazo razonable tras la notificación de las medidas, si estas son modificadas, revocadas o confirmadas.
5.      Los Estados miembros garantizarán que las medidas provisionales a las que se refieren los apartados 1 y 2 se revoquen o, cuando menos, se suspendan sus efectos a petición del demandado, si el solicitante no interpone en un plazo razonable una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial competente, plazo que determinará la autoridad judicial que ordene las medidas, cuando la legislación de un Estado miembro así lo permita, o, en ausencia de dicha determinación, en un plazo que no supere los 20 días hábiles o 31 días naturales, si este último fuera mayor.
[…]»
Derecho italiano
CPI
9        El artículo 131 del Decreto Legislativo
n.º 30
—Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n.º 273 (Decreto Legislativo
n.º 30, por el que se aprueba el Código de la Propiedad Industrial con arreglo al artículo 15 de la Ley n.º 273, de 12 de diciembre de 2002), de 10 de febrero de 2005 (GURI n.º 52, de 4 de marzo de 2005, suplemento ordinario n.º 28), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «CPI»), titulado «Mandamiento judicial», establece:
«1.      El titular de un derecho de propiedad industrial podrá solicitar un mandamiento judicial contra cualquier infracción inminente de su derecho y contra la continuación o repetición de infracciones que se estén produciendo. En particular, podrá solicitar un mandamiento judicial contra la fabricación, comercialización y utilización de los productos falsificados, así como una orden de retirada de dichos productos del mercado contra cualquier persona que los posea o tenga acceso a ellos de otro modo, de conformidad con las disposiciones del Código Procesal Civil [(en lo sucesivo, «CPC»)] relativas a los procedimientos cautelares.
El mandamiento judicial y la orden de retirada de dichos productos podrán solicitarse, por los mismos motivos, respecto de cualquier persona cuyos servicios se utilicen para infringir un derecho de propiedad industrial.
2.      Al dictar el mandamiento judicial, el juez podrá
fijar una cantidad adeudada por cada infracción o incumplimiento constatado posteriormente y por cada retraso en la ejecución de la medida.»
10      El artículo
132 del CPI, titulado «Protección cautelar anticipada y relación entre el procedimiento de medidas cautelares y el procedimiento sobre el fondo», dispone:
«1.      Las medidas contempladas en los artículos
126, 128, 129, 131 y 133 también podrán acordarse durante el procedimiento de solicitud de una patente o de registro, siempre que la solicitud de tales medidas se haya hecho accesible al público o a las personas a las que se haya notificado.
2.      Si el órgano jurisdiccional que dicte la medida cautelar no fijara un plazo para que las partes interpongan una acción sobre el fondo, esta deberá interponerse en un plazo de veinte días hábiles o de treinta y un días naturales si este último fuera mayor. El plazo comenzará a correr a partir de la fecha del auto si se dicta en la vista o, en su defecto, a partir de su notificación. Cuando se soliciten medidas provisionales complementarias a la de descripción, de manera simultánea o con carácter subsidiario a esta,
para el cómputo del plazo se tendrá en cuenta el auto del órgano jurisdiccional designado, en el que este también se pronunciará
sobre dichas medidas complementarias.
3.      Si no se inicia un procedimiento sobre el fondo en el plazo imperativo previsto en el apartado
2, o si, una vez iniciado, se pone fin al mismo, se suspenderán los efectos de la medida cautelar.
4.      Lo dispuesto en el apartado
3 no se aplicará a las medidas urgentes adoptadas en virtud del artículo
700 del [CPC] ni a las demás medidas cautelares
que puedan anticipar los efectos de la resolución sobre el fondo [(en lo sucesivo, «medidas anticipatorias»)]. En tal caso, cualquiera de las partes podrá instar el procedimiento sobre el fondo.
[…]»
CPC
11      El artículo 700 del CPC establece:
«Salvo en los casos regulados por las secciones anteriores del presente capítulo, toda persona que tenga motivos fundados para temer que, en el transcurso del tiempo necesario para hacer valer su derecho por la vía ordinaria, este pueda sufrir un perjuicio inminente e irreparable, podrá acudir al juez para que adopte las medidas urgentes que, en atención a las circunstancias, considere más apropiadas para garantizar provisionalmente los efectos de la resolución sobre el fondo.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
12      Villa Ramazzini, empresa establecida en Italia, es titular de la marca figurativa Mò Mò.
13      M.M. Ristorazione, una empresa también establecida en Italia, utilizaba el signo distintivo «Mò Mò Pizza, Sapori e Salute».
14      Mediante auto de medidas cautelares de 22 de marzo de 2018, el Tribunale di Roma (Tribunal de Roma, Italia) estimó una solicitud de tutela cautelar presentada por Villa Ramazzini. En particular, dicho órgano jurisdiccional prohibió a M.M.
Ristorazione el uso del signo «Mò Mò Pizza, Sapori e Salute», así como de cualquier otro signo distintivo que contuviera la marca Mò Mò, ordenó la supresión de ese signo del rótulo de M.M.
Ristorazione y le impuso una multa coercitiva por cada día de retraso en la ejecución de su resolución, a partir de la notificación de esta con efecto ejecutivo.
15      M.M. Ristorazione presentó ante el Tribunale di Roma (Tribunal de Roma) una solicitud de declaración de ineficacia del auto de medidas cautelares de 22 de marzo de 2018. Sostuvo que ese
auto había dejado de surtir efecto en virtud del artículo
132, apartado
3, del CPI y del artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48, ya que Villa Ramazzini no había instado un procedimiento sobre el fondo a fin de que se declarase su derecho.
16      Mediante sentencia de 8 de julio de 2020, el Tribunale di Roma (Tribunal de Roma) desestimó esta solicitud de declaración de ineficacia sobre la base del artículo
132, apartado
4, del CPI, según el cual la sanción consistente en dejar sin efecto la medida cautelar
por no haberse instado dentro de plazo el procedimiento sobre el fondo no se aplica a las medidas anticipatorias, tales como, según
ese órgano jurisdiccional, el mandamiento judicial de no hacer
dirigido a M.M.
Ristorazione. Según dicho órgano jurisdiccional, el artículo
9 de la Directiva 2004/48 se refiere exclusivamente a las medidas provisionales en cuanto tales, y no a las que puedan anticipar los efectos de la resolución sobre el fondo.
17      M.M. Ristorazione interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia ante la Corte d’appello di Roma (Tribunal de Apelación de Roma, Italia), que confirmó la sentencia dictada en primera instancia. Tras calificar como medidas anticipatorias las órdenes de no hacer contempladas en el artículo
131 del CPI, dicho órgano jurisdiccional consideró que, cuando esas medidas han adquirido firmeza, pueden, por sí solas, proteger de manera definitiva el derecho de la parte demandante. A este respecto, entiende que las referidas medidas deben distinguirse de las contempladas en el artículo
9 de la Directiva 2004/48, que se caracterizan por la finalidad de preservar una situación de hecho para que la resolución principal pueda desplegar sus efectos en el futuro. Según el referido órgano jurisdiccional, la regulación de las medidas anticipatorias responde al principio de economía procesal, regulado en el artículo
3 de esa Directiva.
18      M.M. Ristorazione interpuso recurso de casación ante la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente. En apoyo de su recurso de casación, invoca dos motivos, el primero de los cuales se basa, en particular, en la infracción del artículo
9 de la Directiva 2004/48 y del artículo
132 del CPI. Según M.M.
Ristorazione, el citado artículo
9 comprende las medidas anticipatorias, como los mandamientos judiciales dirigidos a prevenir o poner fin a las infracciones. Además, sostiene que el artículo
3 de esa Directiva no se opone a que las medidas anticipatorias puedan dejar de producir sus efectos.
19      El órgano jurisdiccional remitente señala, en primer lugar, que, si bien el artículo
132, apartado
3, del CPI establece la regla general según la cual la medida cautelar perderá su eficacia si dentro del plazo imperativo establecido no se insta el procedimiento sobre el fondo, el artículo
132, apartado
4, del CPI dispone que esa norma no se aplicará a las medidas urgentes adoptadas en virtud del artículo
700 del CPC ni a las demás medidas cautelares
que puedan anticipar los efectos de la resolución sobre el fondo,
teniendo cualquiera de las partes la posibilidad de
instar un procedimiento sobre el fondo.
20      Dicho órgano jurisdiccional añade que del artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48 se desprende que las medidas provisionales a que se refieren los apartados
1 y 2 de ese artículo deben revocarse o, cuando menos, suspenderse sus efectos a petición del demandado, si el solicitante no interpone, en un plazo razonable, una acción sobre el fondo.
21      El referido órgano jurisdiccional precisa que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las medidas contempladas en el artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48 figuran entre los instrumentos jurídicos previstos por el legislador de la Unión que permiten atenuar de manera global el riesgo de que el demandado se vea perjudicado por las medidas provisionales y, de este modo, protegerlo.
22      El mismo órgano jurisdiccional observa que, entre las medidas mencionadas en el artículo
9, apartado
1, letra a), de la Directiva 2004/48, figura el mandamiento judicial interlocutorio, que coincide con el mandamiento judicial de no hacer previsto en el artículo
131, apartado
1, del CPI, y el pago de una multa coercitiva, que equivale a la fijación de una «cantidad adeudada por cada infracción o incumplimiento constatado posteriormente y por cada retraso en la ejecución de la medida», prevista en el artículo
131, apartado
2, del CPI.
23      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente expone que, en el ámbito nacional, ni la jurisprudencia ni la doctrina permiten dar una respuesta unívoca en cuanto a si el artículo
132, apartado
4, del CPI infringe las disposiciones de la Directiva 2004/48.
24      En estas circunstancias, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 5, de la Directiva [2004/48] en el sentido de que se opone a una disposición de la normativa nacional, en particular el artículo 132, apartado 4, del [CPI], con arreglo al cual la ineficacia de las medidas cautelares, en caso de que no se inste el procedimiento sobre el fondo dentro de un plazo imperativo, prevista en el artículo 132, apartado 3, del CPI, no se aplica a las medidas urgentes adoptadas con arreglo al artículo 700 del [CPC], ni a las demás medidas cautelares que pueden anticipar los efectos de la resolución judicial sobre el fondo, a pesar de que, en tales casos, cualquiera de las partes esté facultada para instar dicho procedimiento sobre el fondo?»
Sobre la cuestión prejudicial
25      Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una disposición nacional que permite mantener
determinadas medidas cautelares, como las que tienen por objeto anticipar los efectos de una resolución judicial sobre el fondo, pese a que el solicitante no ha interpuesto una acción dirigida a obtener tal resolución en el plazo previsto en el referido artículo
9, apartado
5, y el demandado solicita que se revoquen esas medidas cautelares o, cuando menos, que se suspendan sus efectos.
26      Con carácter preliminar, procede recordar que el Acuerdo sobre los ADPIC, que forma parte integrante del ordenamiento jurídico de la Unión, vincula a la Unión y, por tanto, prima sobre los actos del Derecho derivado de la Unión, que deben interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con lo dispuesto en ese Acuerdo (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2024:172, apartado
70 y jurisprudencia citada).
27      A este respecto, los considerandos 4 y 5 de la Directiva 2004/48 indican que esta Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC, al que están vinculados todos los Estados miembros, así como la propia Unión. Por otra parte, el artículo
9 de la referida Directiva refleja el texto del artículo
50 de ese Acuerdo. De ello se deduce que la misma Directiva debe interpretarse, en la medida de lo posible, de conformidad con las obligaciones internacionales de la Unión derivadas del citado Acuerdo.
28      Además, conforme a reiterada jurisprudencia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tomar en consideración no solamente su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte (véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado
12, y de 19 de junio de 2025, CeramTec, C‑17/24, EU:C:2025:455, apartado
33 y jurisprudencia citada).
29      En primer lugar, el artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48 obliga a los Estados miembros a velar por que las medidas provisionales a que se refieren los apartados
1 y 2 de dicho artículo
9 se revoquen o, cuando menos, se suspendan sus efectos a petición del demandado, si
el solicitante no ha interpuesto en un plazo razonable una acción sobre el fondo ante la autoridad judicial
competente, plazo que determinará la autoridad judicial que ordene las medidas o, en ausencia de dicha determinación, en un plazo que no supere los 20 días hábiles o 31 días naturales, si este último fuera mayor.
30      Del tenor del artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48 se desprende, en primer lugar, que se trata de las medidas provisionales comprendidas en el artículo
9, apartado
1, letra a), de dicha Directiva. Estas medidas tienen por objeto, en particular, en forma de mandamiento judicial, prevenir cualquier infracción inminente de un derecho de propiedad intelectual, prohibir, con carácter provisional y, cuando proceda si así lo dispone el Derecho nacional, bajo pago de multa coercitiva, la continuación de las infracciones alegadas de ese derecho o supeditar tal continuación a la presentación de garantías destinadas a asegurar la indemnización del titular del derecho.
31      Se trata, a continuación, de las medidas provisionales comprendidas en el artículo
9, apartado
1, letra b), de la referida Directiva, a saber, las que ordenan la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infringir un derecho de propiedad intelectual para impedir su introducción o circulación en los circuitos comerciales.
32      Por último, se trata de las medidas provisionales del artículo
9, apartado
2, de la misma Directiva, que tienen por objeto ordenar el embargo preventivo de los bienes muebles e inmuebles del presunto infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos.
33      Así pues, el tenor del artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48, en relación con los apartados
1 y 2 de este artículo, abarca un amplio espectro de medidas provisionales y no excluye las medidas provisionales que tienen por objeto anticipar los efectos de la resolución sobre el fondo.
34      En segundo lugar, del contexto en el que se inscribe el artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48 se desprende que esta disposición tiene por objeto conferir al demandado contra el que se dirige una medida provisional el derecho a poner fin a dicha medida si resulta que el solicitante no prosigue el litigio mediante la interposición de una acción sobre el fondo dentro del plazo establecido (véase, por analogía, la sentencia de 13 de septiembre de 2001, Schieving-Nijstad y otros, C‑89/99, EU:C:2001:438, apartado 42).
35      De hecho, el artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48 no obliga a los Estados miembros a prever la suspensión automática de los efectos de las medidas provisionales de que se trate debido a la expiración del plazo impuesto al solicitante para interponer la acción sobre el fondo, ya que esta disposición establece expresamente que se requerirá una petición del demandado a tal fin (véase, por analogía, la sentencia de 13 de septiembre de 2001, Schieving-Nijstad y otros, C‑89/99, EU:C:2001:438, apartado 60).
36      Por otra parte, el artículo
9, apartado
4, de esa Directiva dispone que, aunque las medidas provisionales hayan sido acordadas sin haber oído
al demandado, solo se revisarán a petición de este último.
37      En tercer lugar, en cuanto atañe a los objetivos y a la finalidad de la Directiva 2004/48, procede señalar que esta pretende regular los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a las infracciones de estos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier infracción de un derecho de propiedad intelectual existente (sentencia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact, C‑44/21, EU:C:2022:309, apartado
39 y jurisprudencia citada). De conformidad con el artículo
3, apartado
1, de esa Directiva, las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de esos derechos deben, en particular, ser justos y equitativos.
38      Además, el artículo
3, apartado
2, de la referida Directiva subraya que dichas medidas, procedimientos y recursos serán efectivos, proporcionados y disuasorios y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso. De este modo, esa disposición obliga a los Estados miembros y, en definitiva, a los órganos jurisdiccionales nacionales a ofrecer garantías de que, en particular, las medidas y los procedimientos contemplados en el artículo 9 de la Directiva 2004/48 no se utilicen de forma abusiva (sentencia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact, C‑44/21, EU:C:2022:309, apartado
43 y jurisprudencia citada).
39      Por otra parte, el objetivo perseguido por el artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48, como también se desprende del considerando 22 de esta Directiva, es garantizar que las medidas provisionales de que se trate no permanezcan indefinidamente en vigor sin que exista una resolución sobre el fondo. Dicho artículo
9, apartado
5, en relación con el artículo
3 de la misma Directiva, pretende, por tanto, prevenir los usos desproporcionados o abusivos de las medidas provisionales y evitar la creación de obstáculos al comercio legítimo, garantizando al demandado la posibilidad de solicitar su revocación si el solicitante no insta un procedimiento sobre el fondo.
40      Así pues, el artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48, que no contempla ninguna excepción a la regla que establece, constituye una de las garantías, en favor del demandado, que el legislador de la Unión consideró necesarias como contrapartida a las medidas provisionales rápidas y eficaces cuya existencia previó y que afectan a los intereses del demandado (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact, C‑44/21, EU:C:2022:309, apartados
43 a 48).
41      Pues bien, el mantenimiento en vigor de determinadas medidas cautelares sin que el solicitante esté obligado a instar un procedimiento sobre el fondo puede dar lugar a situaciones en las que una medida cautelar, que parece estar justificada en el marco de un procedimiento de urgencia, pero que posteriormente podría revelarse injustificada, seguiría afectando al demandado sin que exista un control judicial sobre el fondo del asunto y podría menoscabar, en la aplicación de las medidas destinadas a asegurar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, el objetivo perseguido por el artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48 y el principio de proporcionalidad, mencionado en el artículo
3, apartado
2, de esta.
42      Por otra parte, el principio de economía procesal, invocado por el órgano jurisdiccional remitente, no puede prevalecer sobre las disposiciones expresas del Derecho derivado de la Unión, que exigen el establecimiento de garantías que permitan salvaguardar el derecho de defensa, tal como figura en los artículos
3 y 9 de la Directiva 2004/48, interpretados a la luz del artículo
50 del Acuerdo sobre los ADPIC y de los artículos
47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
43      Por último, el artículo
2, apartado
1, de la Directiva 2004/48, del que resulta que esta Directiva se aplica, sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse, en particular, en la legislación nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos (sentencia de 28 de abril de 2022, Phoenix Contact, C‑44/21, EU:C:2022:309, apartado
37 y jurisprudencia citada), no puede interpretarse en el sentido de que permite mantener en vigor determinadas medidas cautelares sin que el solicitante, que invoca un derecho de propiedad intelectual, esté obligado a instar un procedimiento sobre el fondo. En efecto, aunque una norma nacional que contemple el mantenimiento tales medidas podría ser más favorable para los titulares de derechos de propiedad intelectual, el legislador de la Unión ha establecido los requisitos para la aplicación de las medidas provisionales en los artículos
3 y 9 de la citada Directiva, de conformidad con el artículo
50 del Acuerdo sobre los ADPIC, velando al mismo tiempo por garantizar un equilibrio entre los derechos del titular de derechos de propiedad intelectual y el derecho de defensa con arreglo a los artículos
47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Por lo tanto, tales requisitos de aplicación no están sujetos a la autonomía procesal de los Estados miembros.
44      En cuarto lugar, el órgano jurisdiccional remitente expone que, según una parte de la doctrina, las medidas anticipatorias previstas en el artículo
132, apartado
4, del CPI no están comprendidas en las medidas provisionales a que se refiere el artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48.
Dicha corriente doctrinal
considera que, a
diferencia de las medidas provisionales en sentido estricto, estas medidas
pretenden proteger los derechos de propiedad intelectual del mismo modo que una resolución definitiva. Al anticiparse a la resolución sobre el fondo, entiende que
constituyen medidas provisionales atípicas.
45      A este respecto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si las medidas anticipatorias adoptadas en el marco del litigio principal constituyen medidas provisionales en el sentido del artículo
9, apartado
1, letra a), de la Directiva 2004/48.
46      No obstante, cabe señalar, por una parte, que no se discute que tanto el solicitante como el demandado pueden instar un procedimiento sobre el fondo, de modo que no parece que el legislador haya concebido tales medidas anticipatorias como jurídicamente definitivas, ya que él mismo las ha calificado
como medidas cautelares (véase, por analogía, la sentencia de 16 de junio de 1998, Hermès, C‑53/96, EU:C:1998:292, apartado 38).
47      Por otra parte, procede recordar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que «la circunstancia de que, en su caso, las partes quieran aceptar la resolución sobre medidas provisionales como solución “definitiva” de su controversia no puede modificar el carácter jurídico de una medida calificada como “provisional” a los efectos del artículo 50 del [Acuerdo sobre los ADPIC]» (sentencia de 16 de junio de 1998, Hermès, C‑53/96, EU:C:1998:292, apartado 44).
48      Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo
9, apartado
5, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de una disposición nacional que permite mantener determinadas medidas cautelares, como las que tienen por objeto anticipar los efectos de una resolución judicial sobre el fondo, pese a que el solicitante no ha interpuesto una acción dirigida a obtener tal resolución en el plazo previsto en el referido artículo
9, apartado
5, y el demandado solicita que se revoquen esas medidas cautelares o, cuando menos, que se suspendan sus efectos.
Costas
49      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El artículo 9, apartado 5, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a la aplicación de una disposición nacional que permite mantener determinadas medidas cautelares, como las que tienen por objeto anticipar los efectos de una resolución judicial sobre el fondo, pese a que el solicitante no ha interpuesto una acción dirigida a obtener tal resolución en el plazo previsto en el referido artículo 9, apartado 5, y el demandado solicita que se revoquen esas medidas cautelares o, cuando menos, que se suspendan sus efectos.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: italiano.