Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 30 de abril de 2026 (*)
« Incumplimiento de Estado — Artículo 258 TFUE — Directiva (UE)
2019/520 — Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera y facilitación del intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión Europea — Falta de transposición — Falta de comunicación de las posibles medidas de transposición — Artículo
260 TFUE, apartado 3 — Pretensión de condena al pago de una suma a tanto alzado »
En el asunto C‑479/23,
que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo a los artículos 258 TFUE y 260 TFUE, apartado 3, el 26 de julio de 2023,
Comisión Europea, representada por la Sra. M. Ilkova y el Sr. P. Messina, en calidad de agentes,
parte demandante,
contra
República de Bulgaria, representada por las Sras. T. Mitova y S. Ruseva y el Sr. R. Stoyanov, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. J. Passer, Presidente de Sala, la Sra. M. L. Arastey Sahún (Ponente), Presidenta de la Sala Quinta, y el Sr. D. Gratsias, Juez;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su demanda, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Declare que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 32, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/520 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión (DO 2019, L 91, p. 45), al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva o, en todo caso, al no haber informado sobre dichas disposiciones a la Comisión.
–        Condene a la República de Bulgaria a abonar a la Comisión la suma a tanto alzado que corresponda al importe más elevado de entre los dos siguientes:
–        un importe diario de 1 800 euros, multiplicado por el número de días transcurridos entre el día siguiente al de expiración del plazo de transposición establecido en la citada Directiva y la fecha en que se ponga fin a la infracción o, si esta persiste, la fecha en que se dicte sentencia en el presente asunto;
–        una suma a tanto alzado mínima de 504 000 euros.
–        Si el incumplimiento de obligaciones declarado en el primer guion persiste en la fecha en que el Tribunal de Justicia dicte sentencia en el presente asunto, condene a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión una multa coercitiva por importe de 9 720 euros diarios desde que se dicte la citada sentencia hasta la fecha en que la República de Bulgaria dé cumplimiento a las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2019/520.
–        Condene en costas a la República de Bulgaria.
Marco jurídico
Directiva 2019/520
2        Según los considerandos 2 y 3 de la Directiva 2019/520:
«(2)      Es conveniente establecer la generalización del despliegue de los sistemas de telepeaje de carretera en los Estados miembros y en los países vecinos y disponer, en la medida de lo posible, de sistemas fiables, fáciles de usar y rentables adaptados al futuro desarrollo de la política de tarificación a escala de la Unión y a los futuros avances tecnológicos. Por consiguiente, es necesario que los sistemas de telepeaje de carretera sean interoperables para reducir el coste y las cargas relacionados con el pago de peajes en toda la Unión.
(3)      Los sistemas de peaje electrónicos interoperables contribuyen a la consecución de los objetivos definidos por el Derecho de la Unión en materia de peajes de carretera.»
3        El artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
«En la presente Directiva se fijan las condiciones necesarias a los siguientes efectos:
a)      garantizar la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en toda la red de carreteras de la Unión, autopistas urbanas e interurbanas, carreteras de primer orden o de categoría inferior y diversas infraestructuras como túneles o puentes y transbordadores, y
b)      facilitar el intercambio transfronterizo de datos procedentes de los registros de matriculación de vehículos sobre los vehículos y los propietarios o titulares de vehículos relacionados con el impago de cánones de carretera de cualquier tipo en la Unión.
[…]»
4        El artículo 2 de la citada Directiva establece:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
2)      “proveedor de servicios de peaje”: una entidad jurídica que presta servicios de peaje en uno o varios dominios del [Servicio Europeo de Telepeaje (SET)] para una o varias clases de vehículos;
3)      “perceptor de peaje”: una entidad pública o privada que cobra peajes por la circulación de vehículos en un dominio del SET;
[…]
16)      “notificación de peaje”: una declaración realizada a un perceptor de peaje que confirma la presencia de un vehículo en un dominio del SET, en un formato acordado entre el proveedor del servicio de peaje y el perceptor de peaje;
17)      “parámetros de clasificación del vehículo”: la información relacionada con el vehículo con arreglo a la cual se calculan los peajes sobre la base de los datos contextuales del peaje;
[…]
21)      “peaje” o “canon de carretera”: el canon que deben abonar los usuarios de las carreteras para circular por una carretera determinada, una red de carreteras, una estructura, como un puente o un túnel, o un transbordador;
[…]
26)      “vehículo”: un vehículo de motor o conjunto de vehículos articulados, destinados o utilizados para el transporte de pasajeros o bienes por carretera;
[…]
29)      “vehículo ligero”: un vehículo con una masa máxima admisible no superior a 3,5 toneladas.»
5        El artículo 5 de esa misma Directiva tiene la siguiente redacción:
«[…]
4.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando sea necesario, los proveedores del SET cuyo registro hayan autorizado, o que presten los servicios del SET en su territorio, faciliten a los usuarios del SET unos [equipos instalados a bordo (EIB)] que cumplan los requisitos establecidos en la presente Directiva, así como en las Directivas 2014/53/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (DO 2014, L 153, p. 62),] y 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (DO 2014, L 96, p. 79)]. Podrán pedir a los proveedores del SET de que se trate que demuestren el cumplimiento de dichos requisitos.
5.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores del SET que presten servicios del SET en su territorio mantengan listas de los EIB invalidados relacionados con sus contratos de SET con los usuarios del SET. Tomarán las medidas necesarias para garantizar que tales listas se mantengan cumpliendo estrictamente las normas de la Unión sobre protección de datos personales que figuran, en particular, en el Reglamento (UE) 2016/679 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1),] y en la Directiva 2002/58/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO 2002, L 201, p. 37)].
[…]
7.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores del SET que presten servicios del SET en su territorio faciliten a los perceptores de peaje la información que estos necesiten, tanto para calcular y aplicar el peaje a los vehículos de los usuarios del SET como para poder verificar el cálculo del peaje aplicado a los vehículos de los usuarios del SET por los proveedores del SET.
[…]
9.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje responsable de un dominio del SET en su territorio pueda obtener de los proveedores del SET datos relativos a todos los vehículos de los que sean propietarios o titulares los clientes del proveedor del SET y que hayan circulado en un período determinado en el dominio del SET del que es responsable el perceptor de peaje, así como datos relativos a los propietarios o titulares de dichos vehículos, en la medida en que el perceptor de peaje necesite tales datos para cumplir sus obligaciones con las autoridades fiscales. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que el proveedor del SET facilite los datos solicitados a más tardar dos días después de recibir la solicitud. Tomarán las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje no comunique dichos datos a ningún otro proveedor de servicios de peaje. Tomarán las medidas necesarias para garantizar que, si el perceptor de peaje está integrado en una entidad con un proveedor de servicios de peaje, los datos se utilicen únicamente para el cumplimiento por el perceptor de peaje de sus obligaciones con las autoridades fiscales.
[…]»
6        A tenor del artículo 6 de la Directiva 2019/520:
«1.      Cuando un dominio del SET no cumpla las condiciones de interoperabilidad técnica y de procedimiento establecidas por la presente Directiva, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el dominio del SET tomará las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje responsable evalúe el problema con las partes interesadas y, si entra dentro de su esfera de responsabilidades, tome medidas correctoras para garantizar la interoperabilidad del sistema de peaje con el SET. Si fuera necesario, el Estado miembro actualizará el registro a que se refiere el artículo 21, apartado 1, respecto a la información a que se refiere su letra a).
[…]
3.      Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que los perceptores de peaje responsables de dominios del SET en su territorio acepten sin discriminaciones a cualquier proveedor del SET que solicite prestar servicios del SET en los mencionados dominios.
La aceptación de un proveedor del SET en un dominio del SET estará sujeta al cumplimiento por parte del proveedor de las obligaciones y las condiciones generales establecidas en la declaración de dominio del SET.
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los perceptores de peaje no exijan a los proveedores del SET el uso de soluciones o procesos técnicos concretos que dificulten la interoperabilidad de los componentes de este con los sistemas de telepeaje de carretera en otros dominios del SET.
Si un perceptor de peaje y un proveedor del SET no pudieran llegar a un acuerdo, el asunto podrá remitirse al órgano de conciliación responsable del dominio de peaje en cuestión.
4.      Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que los contratos entre perceptores de peaje y proveedores del SET referentes a la prestación de servicios del SET en el territorio nacional permitan que el proveedor del SET emita la factura de peaje directamente al usuario del SET.
El perceptor de peaje podrá solicitar que el proveedor del SET facture al usuario en su nombre y por su cuenta, y el proveedor del SET cumplirá dicha solicitud.
5.      El peaje cobrado por los perceptores de peaje a los usuarios del SET no será superior al peaje nacional o local correspondiente. Lo anterior no afectará al derecho de los Estados miembros a establecer rebajas o descuentos para promover la utilización del telepeaje. Todas las rebajas o descuentos en los peajes que los Estados miembros o los perceptores de peaje ofrezcan a los usuarios de EIB deberán ser transparentes, anunciarse públicamente y ser accesibles en las mismas condiciones para los clientes de los proveedores del SET.
6.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los perceptores de peaje acepten en sus dominios del SET cualquier EIB operativo de los proveedores del SET con los que hayan establecido relaciones contractuales si ha sido certificado con arreglo al procedimiento definido en los actos de ejecución a que se refiere el artículo 15, apartado 7, y no está incluido en la lista de EIB invalidados mencionada en el artículo 5, apartado 5.
7.      En caso de deficiencias en el funcionamiento del SET imputables al perceptor de peaje, este deberá tener previsto un modo de servicio degradado que permita que los vehículos dotados del equipo a que se refiere el apartado 6 puedan circular en condiciones de seguridad y con un retraso mínimo sin que sean considerados sospechosos de impago de cánones de carretera.
[…]»
7        El artículo 7, apartado 3, de dicha Directiva dispone:
«Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que[,] en los dominios del SET en los que haya un proveedor principal del servicio, el método de cálculo de la remuneración de los proveedores del SET tenga la misma estructura que la remuneración por servicios comparables prestados por el proveedor principal del servicio. La cuantía de la remuneración de los proveedores del SET podrá diferir de la remuneración del proveedor principal del servicio, si tal diferencia está justificada por:
a)      el coste de requisitos y obligaciones específicos aplicables al proveedor principal del servicio, pero no a los proveedores del SET, y
b)      la necesidad de deducir de la remuneración de los proveedores del SET los gastos fijos repercutidos por el perceptor de peaje en razón de los costes que para él supone ofrecer, explotar y mantener en su dominio de peaje un sistema conforme al SET, incluidos los costes de acreditación, siempre y cuando dichos costes no estén incluidos en el peaje.»
8        El artículo 8 de la citada Directiva establece, en sus apartados 2 y 3:
«2.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que el perceptor de peaje tenga derecho a exigir al proveedor del SET el pago correspondiente a las notificaciones de peaje debidamente justificadas, y a las notificaciones de peaje fallidas debidamente justificadas, referentes a cualquier cuenta de usuario del SET gestionada por dicho proveedor del SET.
3.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, si un proveedor del SET ha enviado a un perceptor de peaje una lista de EIB invalidados de acuerdo con lo indicado en el artículo 5, apartado 5, dicho proveedor deje de ser responsable de cualquier futuro peaje devengado a través del uso de dichos EIB. El número de elementos en la lista de EIB invalidados, el formato de la misma y la frecuencia de actualización deberán ser consensuados entre los perceptores de peaje y los proveedores del SET.»
9        A tenor del artículo 9 de esa misma Directiva:
«Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que las entidades jurídicas que presten servicios de peaje lleven una contabilidad que permita distinguir con claridad los gastos e ingresos relacionados con la prestación de servicios de peaje de los gastos e ingresos relacionados con otras actividades. La información sobre los gastos e ingresos relacionados con la prestación de servicios de peaje se facilitará al órgano de conciliación o al órgano jurisdiccional competente que la solicite. Los Estados miembros tomarán también las medidas necesarias para garantizar que no se permitan subvenciones cruzadas entre las actividades realizadas en calidad de proveedor de servicios de peaje y las demás actividades.»
10      El artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2019/520 tiene la siguiente redacción:
«Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que la relación de los usuarios del SET con los perceptores de peaje dentro del marco del SET se limite, en su caso, al proceso de facturación de conformidad con el artículo 6, apartado 4, y a los procesos de control del cumplimiento de la obligación de pago de cánones. Las interacciones entre los usuarios y los proveedores del SET, o su EIB, podrán ser específicas para cada proveedor, siempre que no se comprometa la interoperabilidad del SET.»
11      El artículo 21, apartado 5, de dicha Directiva establece:
«Al final de cada año natural, las autoridades de los Estados miembros encargadas de los registros comunicarán a la Comisión, por medios electrónicos, los registros de los dominios del SET y de los proveedores del SET. La Comisión pondrá la información a disposición de los demás Estados miembros. Cualquier incoherencia respecto a la situación en un Estado miembro será comunicada al Estado miembro de registro y a la Comisión.»
12      El artículo 24 de la citada Directiva dispone:
«1.      El Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de carretera deberá decidir si incoa o no un procedimiento respecto al impago de dicho canon.
Cuando el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de carretera decida incoar dicho procedimiento, deberá informar debidamente, de conformidad con su legislación nacional, al propietario, al titular del vehículo o a cualquier otra persona identificada como presunta autora del impago del canon de carretera.
Esta información deberá incluir, según proceda conforme a su legislación nacional, las consecuencias jurídicas de la infracción en el territorio del Estado miembro en el que se produjo el impago del canon de carretera con arreglo a su Derecho.
2.      Al enviar la notificación al propietario, al titular del vehículo o a cualquier otra persona identificada como presunta autora del impago del canon de carretera, el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago deberá incluir, con arreglo a su Derecho nacional, toda la información pertinente, en particular la naturaleza del impago del canon de carretera, el lugar, la fecha y la hora en que se cometió, el título de las normas de la legislación nacional que se hayan infringido, el derecho a recurrir y a tener acceso a la información, así como la sanción y, cuando proceda, los datos relativos al dispositivo empleado para detectar el impago del canon de carretera. A tal efecto, el Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago del canon de carretera basará la notificación en la plantilla que figura en el anexo II.
[…]»
13      A tenor del artículo 25 de esa misma Directiva:
«1.      El Estado miembro en cuyo territorio se produjo el impago de un canon de carretera podrá facilitar a la entidad responsable de recaudar el canon de carretera los datos obtenidos mediante el procedimiento contemplado en el artículo 23, apartado 1, únicamente si se cumplen las siguientes condiciones:
a)      los datos transferidos se limitan a lo que dicha entidad necesita para obtener el canon de carretera que se adeuda;
b)      el procedimiento para obtener el canon de carretera que se adeuda se ajusta al procedimiento previsto en el artículo 24;
c)      la entidad de que se trata será responsable de la realización de este procedimiento, y
d)      el cumplimiento de la orden de pago emitida por la entidad que recibe los datos pone fin al impago del canon de carretera.
2.      Los Estados miembros velarán por que los datos facilitados a la entidad responsable se utilicen con el único fin de obtener el canon de carretera que se adeuda y que se supriman inmediatamente una vez que se haya abonado el canon de carretera o, si el impago persiste, dentro de un plazo razonable tras la transferencia de los datos que ha de fijar el Estado miembro.»
14      El artículo 32 de la Directiva 2019/520 establece:
«1.      Los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el 19
de octubre de 2021 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 27 y en los anexos I y II. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Aplicarán tales medidas a partir del 19
de octubre de 2021.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán asimismo una mención que precise que las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor a la Directiva derogada por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de dicha mención.
2.      Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.»
15      El artículo 33 de dicha Directiva dispone:
«Queda derogada la Directiva 2004/52/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras de la Comunidad (DO 2004, L 166, p. 124)], con efectos a partir del 20
de octubre de 2021, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de incorporación al Derecho interno de la Directiva establecidos en el anexo III, parte B.
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo IV.»
16      El anexo II de la Directiva 2019/520 establece una plantilla para la notificación a que se refiere el artículo
24 de dicha Directiva.
Comunicación de 2023
17      La Comunicación 2023/C‑2/01 de la Comisión, titulada «Sanciones financieras en los procedimientos de infracción» (DO 2023, C 2, p. 1; en lo sucesivo, «Comunicación de 2023»), establece, en sus apartados 3 y 4, normas sobre las «multas coercitivas» y el «pago a tanto alzado».
18      El apartado 4.2 de dicha Comunicación precisa el método de cálculo de la suma a tanto alzado del siguiente modo:
«La suma a tanto alzado se calcula con un método similar al utilizado para calcular la multa coercitiva, es decir:
–        multiplicar una tasa fija por un coeficiente de gravedad,
–        multiplicar el resultado por el factor n,
–        multiplicar el resultado por el número de días en que persista la infracción
[…].
[…]»
19      El apartado 4.2.1 de la citada Comunicación establece:
«Para calcular la suma a tanto alzado, el importe diario ha de multiplicarse por el número de días en que persista la infracción. Este último se define de la manera siguiente:
[…]
–        para los recursos interpuestos con arreglo al artículo 260 [TFUE], apartado 3, […] se trata del número de días transcurridos entre el día siguiente a la expiración del plazo de transposición establecido en la directiva de que se trate y la fecha en que se pone fin a la infracción o, en su defecto, la fecha del pronunciamiento de la sentencia con arreglo al artículo 260 [TFUE].
[…]»
20      El anexo I de la Comunicación de 2023, titulado «Datos utilizados para determinar las sanciones financieras propuestas al Tribunal [de Justicia]», prevé, en su apartado 2, que la tasa fija aplicable a la suma a tanto alzado que se menciona en el apartado
4.2.2 de la citada Comunicación se establece en 1 000 euros diarios, es decir, un tercio de la tasa fija aplicable a las multas coercitivas, y, en su apartado 3, que, para la República de Bulgaria, el factor «n» se establece en un 0,18. En el apartado 5 de dicho anexo I se precisa que, para la República de Bulgaria, la suma a tanto alzado mínima establecida asciende a 504 000 euros.
Procedimiento administrativo previo
21      El 25 de noviembre de 2021, la Comisión remitió a la República de Bulgaria un escrito de requerimiento en el que le recordaba que el 19 de octubre de 2021 había expirado el plazo de transposición de la Directiva 2019/520 y que aún no se le habían notificado las disposiciones para la transposición íntegra de dicha Directiva.
22      En su respuesta de 24 de enero de 2022, la República de Bulgaria indicó a la Comisión que la citada Directiva se transpondría al Derecho búlgaro con la adopción de la Zakon za izmenenie i dopalnenie na Zakona za patishtata (Ley por la que se modifica y completa la Ley de Carreteras), del Postanovlenie za izmenenie i dopalnenie na Naredbata za usloviyata, reda i pravilata za izgrazhdane i funktsionirane na smesena sistema za taksuvane na razlichnite kategorii patni prevozni sredstva na baza vreme i na baza izminato razstoyanie (Decreto por el que se modifica y completa el Reglamento sobre modalidades y normas de establecimiento y explotación del sistema mixto de tarificación
de las diferentes categorías de vehículos de carretera en función de la duración y de la distancia recorrida) y del Naredba za usloviyata, reda i pravilata za postigane na operativnata savmestimost na elektronni sistemi za patno taksuvane (Reglamento sobre modalidades y normas de aplicación de la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera), textos que estaban en curso de adopción.
23      Ante la falta de cualquier comunicación posterior en relación con la transposición de la Directiva 2019/520, la Comisión dirigió a la República de Bulgaria, el 19 de mayo de 2022, un dictamen motivado en el que la instaba a adoptar, en un plazo de dos meses a partir de su recepción, las medidas necesarias para atenerse a él.
24      Mediante escrito de 18 de julio de 2022, la República de Bulgaria no negó la infracción imputada, pero precisó que el proyecto de la Ley por la que se modifica y completa la Ley de Carreteras había sido aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de mayo de 2022 y presentado a la Asamblea Nacional búlgara ese mismo día para su adopción. Dicho Estado miembro añadió que todos los proyectos y actos normativos destinados a transponer íntegramente las disposiciones de dicha Directiva al Derecho búlgaro se adoptarían para septiembre de 2022, pero que, sin embargo, no podían descartarse retrasos.
25      Al estimar que, después de la expiración del plazo de transposición de la citada Directiva, seguían sin haberse adoptado o, al menos, notificado a la Comisión las disposiciones para su completa transposición, dicha institución interpuso el presente recurso.
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
26      El 12 de febrero de 2024, se dio por concluida la fase escrita del procedimiento en el presente asunto.
27      Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2024, oídas las partes, se suspendió el procedimiento en el presente asunto hasta que la Comisión analizara actos que, entretanto, habían sido adoptados por la República de Bulgaria.
28      Mediante misiva de 31 de octubre de 2024, la Comisión informó al Tribunal de Justicia de que la República de Bulgaria le había notificado, los días 1 y 14 de febrero de 2024, varias disposiciones legislativas y una disposición reglamentaria de transposición de la Directiva 2019/520. El 18 de febrero de 2024, la República de Bulgaria había indicado a la Comisión que el 30 de mayo de 2024 debía adoptarse un reglamento destinado a llevar a cabo la transposición íntegra de dicha Directiva. En posteriores comunicaciones informales, la República de Bulgaria también había indicado que las disposiciones destinadas a transponer íntegramente la citada Directiva debían adoptarse a más tardar el 30 de agosto de 2024. Sin embargo, según la Comisión, después del 18 de febrero de 2024 no se le había notificado ninguna disposición adicional de transposición.
29      En consecuencia, la Comisión indicó que, si bien la República de Bulgaria había realizado, durante el procedimiento contencioso, determinados avances en la transposición de la Directiva 2019/520, dicha transposición seguía estando incompleta.
30      En estas circunstancias, la Comisión adaptó sus pretensiones de condena de dicho Estado miembro al pago tanto de una suma a tanto alzado como de una multa coercitiva. Por lo que respecta a la suma a tanto alzado, propuso distinguir tres períodos de infracción y solicitar, por el primer período, comprendido entre el 20 de octubre de 2021 y el 31 de enero de 2024, un importe de 1 799 280 euros; por el segundo período, comprendido entre el 1 y el 13 de febrero de 2024, un importe de 18 144 euros, y, por el tercer período, comprendido entre el 14 de febrero de 2024 y la fecha en que se dictara sentencia en el presente asunto o, si el incumplimiento cesaba antes de dicha fecha, la fecha en la que se le pusiera fin, un importe diario de 1 080 euros. Por lo que respecta a la multa coercitiva, la Comisión invitó al Tribunal de Justicia a establecerla en 5 814 euros diarios hasta que se cumpliera plenamente la obligación prevista en el artículo
32 de la Directiva 2019/520.
31      Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de noviembre de 2024, se reanudó el procedimiento en el presente asunto.
32      El 9 de diciembre de 2024, la República de Bulgaria presentó sus observaciones sobre el desistimiento parcial de la Comisión y sobre la adaptación de las pretensiones de esta.
33      Mediante misiva presentada el 30 de septiembre de 2025, la República de Bulgaria solicitó poder proponer nuevas pruebas para acreditar la transposición completa de la Directiva 2019/520 al Derecho búlgaro. De conformidad con el artículo
128, apartado
2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Presidente de la Sala Décima, el 3 de octubre de 2025, estimó dicha solicitud y fijó a la Comisión un plazo que expiraba el 17 de octubre de 2025 para que se pronunciara sobre esos nuevos medios de prueba.
34      Mediante misiva de 15 de octubre de 2025, la Comisión presentó sus observaciones sobre esos nuevos medios de prueba, que le habían sido notificados por la República de Bulgaria el 26 de septiembre de 2025, e indicó que consideraba que, entretanto, dicho Estado miembro había cumplido la obligación que le incumbía en virtud del artículo
32, apartado
1, de la Directiva 2019/520 de adoptar y notificar todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para transponer la citada Directiva.
35      Consiguientemente, la Comisión, por un lado, desistió de nuevo parcialmente de su recurso, retirando su pretensión de que se condenara a la República de Bulgaria al pago de una multa coercitiva, y, por otro lado, modificó sus pretensiones sobre la condena de dicho Estado miembro al pago de una suma a tanto alzado, solicitando por este concepto un importe total de 2 458 296 euros, de los cuales 1 801 440 euros eran por el período comprendido entre el 20 de octubre de 2021 y el 31 de enero de 2 024,
19 656 euros, por el período comprendido entre el 1 y el 13 de febrero de 2024 y, 637 200 euros, por el período comprendido entre el 14 de febrero de 2024 y el 25 de septiembre de 2025.
36      Mediante misiva de 3 de noviembre de 2025, la República de Bulgaria solicitó al Tribunal de Justicia, por un lado, que estimara el desistimiento parcial del recurso de la Comisión por cuanto se refería a la imposición de una multa coercitiva y, por otro, que desestimara en su totalidad la pretensión de la Comisión de condenarla al pago de una suma a tanto alzado de 2 458 296 euros o, con carácter subsidiario, que redujera su importe al mínimo posible a la vista de las circunstancias del caso de autos.
Sobre el recurso
Sobre el incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE
Alegaciones de las partes
37      En su demanda, la Comisión señala que, a la expiración del plazo fijado en el dictamen motivado, la República de Bulgaria no había adoptado las disposiciones necesarias para transponer la Directiva 2019/520 al Derecho nacional.
38      La Comisión afirma, además, que la República de Bulgaria incumplió su obligación de informarla inmediatamente sobre el texto de dichas disposiciones.
39      A ese respecto, la Comisión recuerda que, de conformidad con reiterada jurisprudencia, en particular con las sentencias de 27 de octubre de 2011, Comisión/Polonia (C‑362/10, EU:C:2011:703), apartado 46, y de 15 de octubre de 2015, Comisión/Alemania (C‑137/14, EU:C:2015:683), apartado 51, las disposiciones de una directiva deben ser ejecutadas con indiscutible fuerza imperativa y con la especificidad, precisión y claridad requeridas para cumplir la exigencia de seguridad jurídica. Además, la Comisión recuerda que, cuando una directiva prevé expresamente que las disposiciones de transposición incluyan una referencia a la propia directiva o vayan acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial, como establece, en este caso, el artículo 32, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 2019/520, es necesario, en cualquier caso, adoptar un acto positivo de adaptación del Derecho interno. La Comisión invoca a ese respecto el apartado 49 de la sentencia de 11 de junio de 2015, Comisión/Polonia (C‑29/14, EU:C:2015:379).
40      Basándose en los apartados
51 y 59 de la sentencia de 8 de julio de 2019, Comisión/Bélgica (Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Redes de alta velocidad) (C‑543/17, EU:C:2019:573), la Comisión expone que los Estados miembros están obligados, por otra parte, a facilitarle información clara y precisa sobre la transposición de una directiva. Afirma que deben indicar inequívocamente cuáles son las medidas legales, reglamentarias y administrativas mediante las cuales consideran haber cumplido las distintas obligaciones que les impone la directiva. Añade que los Estados miembros también están obligados a indicar, respecto a cada disposición de esa directiva, la o las medidas nacionales que garanticen su transposición y que a esta comunicación se podrá acompañar, en su caso, una tabla de correspondencias.
41      En su escrito de contestación, la República de Bulgaria replica que, durante el procedimiento administrativo previo, cumplió las obligaciones que le incumbían en virtud del principio de cooperación leal y facilitó a la Comisión toda la información necesaria a su debido tiempo. Afirma, además, que las autoridades nacionales encargadas de la transposición de la Directiva 2019/520 realizaron de buena fe todos los esfuerzos dirigidos a transponer las disposiciones de esta.
42      La República de Bulgaria justifica los retrasos en la transposición por la inestabilidad política debida a las sucesivas disoluciones de la Asamblea Nacional.
43      Alega que se vio en la imposibilidad objetiva de ejecutar las disposiciones de la Directiva 2019/520, al no disponer de un órgano legislativo que pudiera adoptar leyes de transposición, y que dicha situación constituye un caso de fuerza mayor.
44      Afirma que la Comisión no tuvo debidamente en cuenta las circunstancias invocadas por ella, a saber, la compleja situación política búlgara, con sus consecuencias en el trabajo legislativo, y la pandemia de COVID‑19, pese a que dispone de un margen de apreciación en virtud de los artículos
258 TFUE y 260 TFUE a tal efecto.
45      Entiende que, en cualquier caso, aunque aún no se hubiera transpuesto íntegramente la Directiva 2019/520, las distintas leyes existentes ya ejecutaban algunos de sus requisitos.
46      Aduce que, en particular, los conceptos definidos en el artículo
2, puntos
2, 3, 16, 17, 21, 26 y 29, de dicha Directiva figuraban en la Zakon za patishtata (Ley de Carreteras) (DV n.º 26, de 29 de marzo de 2000), en la Zakon za dvizhenie po patishtata (Ley de Circulación Vial) (DV n.º 20, de 5 de marzo de 1999) y en el Naredba za usloviyata, reda i pravilata za izgrazhdane i funktsionirane na smesena sistema za taksuvane na razlichnite kategorii patni prevozni sredstva na baza vreme i na baza izminato razstoyanie (Reglamento sobre modalidades y normas de establecimiento y explotación del sistema mixto de tarificación de las diferentes categorías de vehículos de carretera en función de la duración y de la distancia recorrida).
47      A su juicio, además, las disposiciones búlgaras existentes tenían por objeto ejecutar los artículos
5, apartados
5 y 7,
6, apartados
3, 5 y 7, y
8, apartado
2, de la Directiva 2019/520.
48      En su escrito de réplica, la Comisión alega que cumplió su deber de acreditar la existencia del incumplimiento que arguye y no se basó a este respecto en presunción alguna.
49      Afirma que, en cualquier caso, aun cuando existiera, en cierta medida, un solapamiento entre las disposiciones del Derecho nacional búlgaro vigentes antes de la fecha de adopción de la Directiva 2019/520 y las disposiciones modificadas después de esa fecha, la República de Bulgaria no notificó las disposiciones nacionales de transposición de dicha Directiva, pasando así por alto lo preceptuado en su artículo 32.
50      Basándose en la sentencia de 10 de enero de 2008, Comisión/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3), apartados
21 y 22, la Comisión objeta, para desestimar la alegación de la República de Bulgaria relativa a la supuesta imposibilidad objetiva de transponer las disposiciones de la Directiva 2019/520, que un Estado miembro no puede alegar dificultades internas, ni siquiera de orden constitucional, para justificar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, en particular de los plazos previstos por una directiva.
51      En lo que atañe a la alegación relativa a la pandemia de COVID‑19, también formulada por la República de Bulgaria, la Comisión recuerda que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, con los apartados
130 a 132 de la sentencia de 13 de diciembre de 2001, Comisión/Francia (C‑1/00, EU:C:2001:687), los Estados miembros solo pueden invocar la fuerza mayor como circunstancia eximente si ponen de manifiesto dificultades insuperables específicas que les impidan temporalmente cumplir sus obligaciones concretas derivadas del Derecho de la Unión. Estima que de los apartados
54 y 55 de la sentencia de 25 de enero de 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39), resulta que los Estados miembros están obligados a acreditar un vínculo concreto entre las circunstancias invocadas como fuerza mayor, por un lado, y una infracción concreta del Derecho de la Unión, por otro.
52      Pues bien, entiende que, en el caso de autos, la República de Bulgaria no ha demostrado que las circunstancias que rodearon la pandemia de COVID‑19 constituyeran dificultades insuperables específicas y no ha acreditado ningún vínculo entre dichas circunstancias y la falta de transposición de la Directiva 2019/520.
53      Aduce que, además, según reiterada jurisprudencia, que se recordó en el contexto de la pandemia de COVID‑19, la fuerza mayor solo puede invocarse respecto del período necesario para remediar dificultades de dicha naturaleza.
54      Pues bien, arguye que, en el caso de autos, el retraso en la transposición no es proporcionado a la necesidad de remediar las dificultades vinculadas a dicha pandemia, puesto que el presente recurso se interpuso el 26 de julio de 2023, es decir, más de veintiún meses después de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2019/520, y que dicha transposición seguía sin haberse rematado en el momento de la presentación del escrito de réplica.
55      En su escrito de dúplica, la República de Bulgaria hace referencia a los trabajos legislativos rematados durante 2024 con el fin de transponer al Derecho búlgaro la Directiva 2019/520.
56      En lo que atañe a la alegación relativa a la inestabilidad política, dicho Estado miembro subraya el carácter extraordinario de dicha inestabilidad, debido a que, durante períodos prolongados, no era posible legislar y, por tanto, llevar a cabo la transposición de dicha Directiva.
57      En lo que atañe a la pandemia de COVID‑19, la República de Bulgaria hace referencia a su gran duración y a su severidad, que impidieron al poder legislativo rematar dicha transposición en los plazos preceptuados.
58      En su escrito de desistimiento parcial, la Comisión sostiene que la transposición de la Directiva 2019/520 no podía considerarse completa.
59      Afirma que dicho Estado miembro no la había informado sobre todas las disposiciones de transposición de las disposiciones del anexo II de dicha Directiva.
60      Entiende que, en particular, la obligación establecida en el artículo
24, apartado
2, de la Directiva 2019/520, que remite al anexo II de esta, no se había transpuesto íntegramente.
61      Aduce que la República de Bulgaria la informó de que los artículos
5, apartado
4,
6, apartado
6,
8, apartado
3,
9,
21, apartado
5, y
25 de la Directiva 2019/520 habían sido objeto de «transposición parcial», pero que dicho Estado miembro no la informó sobre la normativa nacional que llevaba a cabo la transposición completa de dichas disposiciones.
62      En lo que atañe a los artículos
5, apartado
9, última frase, y
6, apartado
1, última frase, de la Directiva 2019/520, la Comisión considera que las disposiciones nacionales mencionadas en concreto por la República de Bulgaria en la tabla de correspondencias remitida por dicho Estado miembro no cubrían las obligaciones establecidas en dichas disposiciones.
63      Arguye que, por lo que respecta al artículo
14, apartado
1, segunda frase, de la Directiva 2019/520, la República de Bulgaria indicó que la legislación búlgara en vigor era plenamente conforme con dicha disposición, dado que no establecía ninguna restricción respecto de los proveedores del SET o de sus EIB, de manera que no se comprometía la interoperabilidad de dicho citado servicio. No obstante, la Comisión considera que dicha disposición debía transponerse de manera explícita para garantizar las especificidades del citado servicio.
64      Añade que la República de Bulgaria sostuvo que determinadas disposiciones de la Directiva 2019/520 no eran aplicables en su territorio, sin formular, no obstante, alegaciones convincentes en apoyo de dicho razonamiento.
65      En particular, la Comisión considera que el carácter facultativo del artículo
6, apartado
4, párrafo segundo, de dicha Directiva se refiere a su ejecución por el perceptor de peaje y no a la obligación de transposición, que incumbe al Estado miembro.
66      Por lo que respecta al artículo
7, apartado
3, de la Directiva 2019/520, afirma que, aun cuando no existiera un proveedor principal en los dominios del SET situados en el territorio de la República de Bulgaria, dicha disposición debía transponerse, dado que, en un futuro, un proveedor principal podría empezar a prestar servicios en el mercado de dicho Estado miembro.
67      Por lo que respecta al artículo
14, apartado
1, primera frase, de la Directiva 2019/520, según la Comisión, la República de Bulgaria sostuvo que, conforme al Derecho búlgaro, el perceptor de peaje no tenía un vínculo directo con los usuarios del SET. A juicio de la institución, dicha disposición debía transponerse de manera explícita para establecer las normas de relación entre el perceptor de peaje y los usuarios de dicho servicio.
68      La Comisión concluye que la República de Bulgaria tenía por transponer «aproximadamente el 30 %» de las disposiciones de la Directiva 2019/520.
69      En su respuesta a la primera misiva de desistimiento parcial de la Comisión, la República de Bulgaria alega que era errónea la afirmación de dicha institución de que el requisito del artículo
6, apartado
1, última frase, de la Directiva 2019/520 no se hubiera transpuesto al Derecho búlgaro. Aduce que dicho requisito estaba previsto en el artículo
38 del Reglamento sobre modalidades y normas de establecimiento y explotación del sistema mixto de tarificación de las diferentes categorías de vehículos de carretera en función de la duración y de la distancia recorrida, notificado en el sistema Themis el 1 de febrero de 2024 con el número MNE
(2024)
00609.
70      Arguye que el artículo
24, apartado
2, de la Directiva 2019/520, que remite al anexo II de esta, se transponía, aunque fuera parcialmente, en el artículo
189 decies, apartado
4, de la Ley de Circulación Vial, notificado en el sistema Themis el 1 de febrero de 2024 con el número MNE
(2024)
00606.
71      Afirma que, por lo que respecta al requisito del artículo
5, apartado
9, última frase, de la Directiva 2019/520, según el Derecho búlgaro, el proveedor del SET era siempre una persona distinta del perceptor de peaje. Entiende que el prestador de dicho servicio era un profesional, en el sentido del artículo
10 nonies, apartado
3, de la Ley de Carreteras, mientras que el perceptor de peaje era la Agentsia za patna infrastruktura (Agencia de Infraestructuras Viales, Bulgaria), que era una autoridad pública. Aduce que, en consecuencia, el requisito establecido en el artículo
5, apartado
9, de dicha Directiva no era aplicable a la República de Bulgaria.
72      Además, la República de Bulgaria reitera la argumentación expuesta en su escrito de contestación, según la cual la inestabilidad política que experimentó le hizo absolutamente imposible evitar los retrasos en la transposición de las disposiciones de la Directiva 2019/520.
Apreciación del Tribunal de Justicia
73      Según el artículo
32, apartado
1, párrafo primero, de la Directiva 2019/520, los Estados miembros adoptarán y publicarán a más tardar el 19
de octubre de 2021 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 27 y en los anexos I y II de dicha Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. A tenor del párrafo tercero del citado apartado 1, cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la citada Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán asimismo una mención que precise que las referencias hechas en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor a la Directiva 2004/52, derogada por la Directiva 2019/520, se entenderán hechas a la segunda de ambas. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia y la formulación de dicha mención.
74      Según jurisprudencia reiterada, la existencia de un incumplimiento debe ser determinada en función de la situación del Estado miembro afectado tal como esta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado de la Comisión, de manera que los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia [sentencia de 25 de febrero de 2021, Comisión/España (Directiva datos personales — Ámbito penal), C‑658/19, EU:C:2021:138, apartado 15, y de 25 de abril de 2024, Comisión/Polonia (Directiva sobre denunciantes), C‑147/23, EU:C:2024:346, apartado
28 y jurisprudencia citada].
75      En el caso de autos, la República de Bulgaria no niega que, a la expiración del plazo fijado en el dictamen motivado de 19 de mayo de 2022, no había adoptado disposiciones destinadas a llevar a cabo una transposición completa de la Directiva 2019/520 que incluyeran una referencia a esta o fueran acompañadas de dicha referencia en la publicación oficial, de conformidad con el artículo
32, apartado
1, de dicha Directiva.
76      Dicho Estado miembro precisa, no obstante, que la legislación nacional existente ya ejecuta algunos de los requisitos establecidos en la citada Directiva.
77      Dicha argumentación, mediante la cual dicho Estado miembro pretende acreditar que solo ha incumplido parcialmente sus obligaciones resultantes de la Directiva 2019/520 debido a la existencia de disposiciones de Derecho nacional que ya ejecutan algunos de dichos requisitos, está, no obstante, abocada a la desestimación.
78      En efecto, basta con recordar que, si bien la adaptación del Derecho interno a una directiva puede estar garantizada por normativa interna ya en vigor, no sucede así en el caso de autos. En cualquier caso, en aquel supuesto, los Estados miembros no están dispensados de la obligación formal de informar a la Comisión de dichas normas a fin de que esta pueda apreciar que se atienen a dicha directiva [sentencia de 22 de mayo de 2025, Comisión/Bulgaria (Directiva datos abiertos y reutilización de la información del sector público), C‑237/23, EU:C:2025:373, apartado
66 y jurisprudencia citada]. Por otra parte, cuando, como sucede en el caso de autos, una directiva prevé expresamente que los Estados miembros están obligados a garantizar que las disposiciones necesarias para su cumplimiento hagan referencia a dicha directiva o vayan acompañadas de tal referencia en su publicación oficial, es necesario, en todo caso, que los Estados miembros adopten un acto positivo de transposición de la directiva de que se trate [véase la sentencia de 14 de marzo de 2024, Comisión/Letonia (Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas), C‑454/22, EU:C:2024:235, apartado 33 y jurisprudencia citada].
79      La República de Bulgaria alega, asimismo, que le resultaba imposible objetivamente llevar a cabo la transposición completa de la Directiva 2019/520 a causa, por un lado, de la inestabilidad política provocada en Bulgaria por los frecuentes cambios de Gobierno y la disolución de la Asamblea Nacional y, por otro lado, de la pandemia de COVID‑19, que afirma que ocasionó retrasos en los trabajos legislativos, y que ambos factores constituyen, asimismo, casos de fuerza mayor.
80      No cabe acoger la alegación relativa a la inestabilidad política, puesto que, de conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión como la falta de transposición de una directiva dentro del plazo fijado [sentencias de 25 de febrero de 2021, Comisión/España (Directiva datos personales — Ámbito penal), C‑658/19, EU:C:2021:138, apartado 19 y jurisprudencia citada, y de 25 de abril de 2024, Comisión/Polonia (Directiva sobre denunciantes), C‑147/23, EU:C:2024:346, apartado 33].
81      En lo que atañe a la alegación relativa a la pandemia de COVID‑19, basta con recordar que, aunque el concepto de «fuerza mayor» no presupone una imposibilidad absoluta de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, exige, sin embargo, que el incumplimiento de que se trate responda a circunstancias anormales e imprevisibles, ajenas a quien las invoca, cuyas consecuencias no hubieran podido evitarse ni siquiera actuando con la mayor diligencia, y que la situación de fuerza mayor solo pueda invocarse respecto del período necesario para remediar esas dificultades [sentencias de 8 de junio de 2023, Comisión/Eslovaquia (Derecho a la terminación sin penalización), C‑540/21, EU:C:2023:450, apartado 81, y de 25 de abril de 2024, Comisión/Polonia (Directiva sobre denunciantes), C‑147/23, EU:C:2024:346, apartado 36].
82      Si bien es cierto que una crisis sanitaria de la envergadura de la pandemia de COVID‑19 es un acontecimiento anormal e imprevisible, en el que la República de Bulgaria no tuvo parte, no es menos cierto que correspondía a dicho Estado miembro actuar con toda la diligencia debida e informar a su debido tiempo a la Comisión de las dificultades encontradas, como mínimo antes de la expiración del plazo fijado en el dictamen motivado de 19 de mayo de 2022 [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de abril de 2024, Comisión/Polonia (Directiva sobre denunciantes), C‑147/23, EU:C:2024:346, apartado 36]. Pues bien, como se desprende de los apartados 6 a 8 del escrito de dúplica, y como confirmó la Comisión en la misiva de 31 de octubre de 2024 mediante la que desistía parcialmente de sus pretensiones, a dicha fecha, la República de Bulgaria no había transpuesto de manera completa la Directiva 2019/520.
83      Por otra parte, dicho Estado miembro no arguye que la pandemia de COVID‑19 justifique por sí sola la totalidad del retraso que se le imputa en la transposición de dicha Directiva. Por último, si el legislador de la Unión hubiera considerado que los efectos de esta pandemia, que afectó a la totalidad del territorio de la Unión, eran tales que se impedía a los Estados miembros cumplir las obligaciones que les incumbían en virtud de esa misma Directiva, habría decidido prorrogar su plazo de transposición, cosa que no hizo [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de mayo de 2025, Comisión/Bulgaria (Directiva datos abiertos y reutilización de la información del sector público), C‑237/23, EU:C:2025:373, apartado 65 y jurisprudencia citada].
84      Habida cuenta de dichas consideraciones, ha de declararse que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2019/520 al no haber adoptado, al expirar el plazo fijado en el dictamen motivado de 19 de mayo de 2022, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva y, por tanto, al no haber informado sobre dichas disposiciones a la Comisión.
Sobre la solicitud presentada con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3
Alegaciones de las partes
85      En su demanda, la Comisión alega que, en una Unión basada en el respeto del Estado de Derecho, todas las directivas deben considerarse de igual importancia y deben ser objeto de transposición íntegra por parte de los Estados miembros dentro de los plazos que en ellas se fijan.
86      Dicha institución se basa, asimismo, en la sentencia de 8 de julio de 2019, Comisión/Bélgica (Artículo
260 TFUE, apartado
3 — Redes de Alta Velocidad) (C‑543/17, EU:C:2019:573, apartados
51 y 59), para recordar la obligación de los Estados miembros de facilitar información suficientemente clara y precisa sobre las disposiciones nacionales que transponen las disposiciones correspondientes de una directiva.
87      Al considerar que el incumplimiento imputado a la República de Bulgaria persistía en la fecha en la que la Comisión interpuso el presente recurso ante el Tribunal de Justicia, dicha institución propone, sobre la base del artículo 260 TFUE, apartado 3, que se condene a dicho Estado miembro al pago tanto de una suma a tanto alzado.
88      Con vistas a la fijación de dicha sanción financiera, la Comisión se basa en los principios generales a que se refiere el apartado 2 de la Comunicación de 2023 y en el método de cálculo que figura en el apartado 4 de dicha Comunicación. En particular, dicha institución indica que la determinación del importe de la suma a tanto alzado debe basarse en los criterios fundamentales de la gravedad de la infracción, su duración y la necesidad de garantizar el efecto disuasorio de la sanción para evitar la reincidencia.
89      Habida cuenta de dichos elementos, la Comisión propone, en primer lugar, aplicar en el caso de autos un coeficiente de gravedad de 10.
90      En segundo lugar, en cuanto a la necesidad de garantizar el efecto disuasorio de la sanción en relación con la capacidad de pago del Estado miembro de que se trata, la Comisión indica que, con arreglo al apartado
3 del anexo I de la Comunicación de 2023, el factor «n» para la República de Bulgaria es del 0,18.
91      A la vista de dichos elementos, la Comisión propone calcular el importe de la suma a tanto alzado de conformidad con el apartado
4.2 de la Comunicación de 2023, multiplicando la tasa fija aplicable a la suma a tanto alzado, establecida en 1 000 euros diarios, por el coeficiente de gravedad de 10 que se adopta en el caso de autos, y posteriormente por el factor «n» de dicho Estado miembro (0,18). Afirma que el producto de dichos elementos da lugar a un importe diario de 1 800 euros, que se ha de multiplicar a continuación por el número de días que persista la infracción.
92      En consecuencia, la Comisión propone imponer a la República de Bulgaria el pago de una suma a tanto alzado de 1 800 euros diarios, siendo la suma a tanto alzado mínima de 504 000 euros, de conformidad con el apartado
5 del anexo I de la Comunicación de 2023.
93      En su escrito de contestación, la República de Bulgaria solicita, con carácter principal, que se desestime la pretensión de la Comisión de que se impongan sanciones financieras y, con carácter subsidiario, que se reduzca su importe, al entender que el importe propuesto por la Comisión era manifiestamente desproporcionado en relación con la infracción que se arguye.
94      Por lo que respecta a la gravedad de la infracción, dicho Estado miembro considera que se han de tener en cuenta la inestabilidad política y las consecuencias de la pandemia de COVID‑19. A ese respecto, afirma que la Comisión también debería haber tenido en cuenta que la legislación búlgara existente cumplía parcialmente los requisitos de la Directiva 2019/520.
95      Entiende que, aunque la citada legislación no hiciera referencia expresa a la Directiva 2019/520, ello no impedía a los particulares invocarla y derivar de ella derechos.
96      La República de Bulgaria sostiene que, en asuntos relativos a ámbitos sensibles, la Comisión había propuesto el mismo coeficiente de gravedad que el que reclama en el presente asunto, o incluso, en algunos de dichos asuntos, un coeficiente de gravedad menos elevado. Cita a este respecto los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 7 de septiembre de 2016, Comisión/Grecia (C‑584/14, EU:C:2016:636), y de 26 de julio de 2017, Comune di Corridonia y otros (C‑196/16 y C‑197/16, EU:C:2017:589).
97      Aduce que, en el caso de autos, los efectos de una transposición incompleta de la Directiva 2019/520 no ponen directamente en peligro la salud humana y no causan daños al medio ambiente ni pérdida de recursos propios de la Unión.
98      Por tanto, la República de Bulgaria solicita al Tribunal de Justicia que desestime en su totalidad la pretensión de pago de una suma a tanto alzado o, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere necesario imponer dicha sanción, que fije el importe de esta en su mínimo.
99      En su escrito de réplica, la Comisión sostiene que de los hechos del caso de autos no se desprende que el importe de la sanción financiera solicitada fuera inadecuado ni que procediera que el Tribunal de Justicia lo reduzca.
100    Dicha institución subraya que la República de Bulgaria no la informó sobre ninguna disposición de transposición de la Directiva 2019/520 antes de la fecha límite de transposición de esta, a saber, el 19 de octubre de 2021, ni la había informado sobre ella después de dicha fecha.
101    Afirma que, en estas circunstancias, la imposición de la suma a tanto alzado era una medida proporcionada al incumplimiento cometido.
102    La Comisión alega que la Directiva 2019/520 refuerza la eficacia de las condiciones marco en el mercado del cobro mediante telepeaje, mejorando la interoperabilidad de los sistemas y estableciendo una base jurídica para el intercambio transfronterizo de información sobre los vehículos y sobre sus propietarios o titulares en situación de impago de cánones de carretera en la Unión. Añade que dicha Directiva contribuye a la realización del mercado interior y del mercado digital único.
103    Estima que todos los casos de falta de transposición y de información sobre posibles disposiciones de transposición de una directiva de la Unión constituyen un incumplimiento de la misma gravedad, ya que la naturaleza de la directiva de que se trate no afecta al coeficiente de gravedad que se adoptará.
104    Afirma que el coeficiente de gravedad de 10 sobre 20 es particularmente moderado en caso de falta de transposición de una directiva y de falta total de información sobre las disposiciones nacionales de transposición.
105    En su escrito de dúplica, la República de Bulgaria recuerda que la Comisión debería haber tenido en cuenta, en su solicitud de imposición de sanciones financieras, las circunstancias propias de la situación política nacional y de la pandemia de COVID‑19, que provocaron dificultades severas en el trabajo del poder legislativo que debía transponer las disposiciones de la Directiva 2019/520.
106    Afirma que imponer a los Estados miembros una suma a tanto alzado puede menoscabar la calidad de la transposición de las directivas de la Unión, ya que, de ese modo, se incita a los Estados miembros a transponerlas en el plazo fijado sin tener necesariamente en cuenta la calidad de dicha transposición. Entiende que tal enfoque pasa por alto el principio de proporcionalidad, que se establece en el artículo
5 TUE, apartado
4, y no es compatible con el deber de cooperación leal de la Comisión.
107    En su escrito de desistimiento parcial de 31 de octubre de 2024, la Comisión propone, habida cuenta de los progresos realizados por la República de Bulgaria en la transposición de la Directiva 2019/520 desde la interposición del presente recurso, que se redujera el coeficiente de gravedad en función del número de disposiciones nacionales de transposición que se le habían notificado. Así pues, propone distinguir dos nuevos períodos de infracción, el primero, comprendido entre el 1 de febrero de 2024, fecha de la primera notificación de las disposiciones de transposición, y el 13 de febrero de 2024, y, el segundo, desde el 14 de febrero de 2024, fecha de la segunda notificación de las disposiciones de transposición, hasta la fecha en que se dictara sentencia en el presente asunto o, si el incumplimiento cesaba antes de dicha fecha, hasta la fecha en la que se le pusiera fin, y aplicarles un coeficiente de gravedad que asciende, respectivamente, a 7 y a 5.
108    En cambio, indica que, para el cálculo de la suma a tanto alzado, utiliza, por lo que respecta al factor «n» y a las sumas a tanto alzado mínimas por Estado miembro, las cifras actualizadas que figuran en la Comunicación que publicó el 26 de enero de 2024 con el título «Actualización de los datos utilizados para calcular las sanciones financieras propuestas por la Comisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los procedimientos de infracción» (DO
C, C/2024/1123). La tasa fija actualizada aplicable a la suma a tanto alzado, prevista en el apartado
2 del anexo de dicha Comunicación, queda fijada en 1 080 euros diarios, el factor «n» para la República de Bulgaria, previsto en su apartado
3, es de 0,2, y la suma a tanto alzado mínima para dicho Estado miembro, establecida en el apartado
5 de dicho anexo, asciende a 603 000 euros.
109    Por tanto, por lo que respecta a la suma a tanto alzado, la Comisión distingue tres períodos de infracción y propone que se determine el importe diario a efectos de la fijación de dicha suma, aplicable a cada uno de ellos, de la siguiente manera:
–        Por el período comprendido entre el 20 de octubre de 2021 (día siguiente a la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva) y el 31 de enero de 2024 (día anterior a la primera notificación de las disposiciones de transposición), multiplicando el importe de la tasa fija actualizada aplicable a la suma a tanto alzado, fijada en 1 080 euros, por un coeficiente de gravedad de 10, y por el factor «n» de la República de Bulgaria, fijado en 0,2, lo que corresponde a un importe diario de 2 160 euros, que, a su vez, se multiplica por el número de días de persistencia de la infracción, a saber, 833 días. Afirma que el importe de la suma a tanto alzado por dicho período asciende a 1 799 280 euros.
–        Por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2024 (fecha de la primera notificación de las disposiciones de transposición) y el 13 de febrero de 2024 (día anterior a la segunda notificación de las disposiciones de transposición), multiplicando el importe de la tasa fija actualizada aplicable a la suma a tanto alzado (1 080 euros) por un coeficiente de gravedad de 7, y por el factor «n» de la República de Bulgaria, fijado en 0,2, lo que corresponde a un importe diario de 1 512 euros, que, a su vez, se multiplica por el número de días de persistencia de la infracción, a saber, 12 días. Afirma que el importe de la suma a tanto alzado por dicho período asciende a 18 144 euros.
–        Por el período comprendido entre el 14 de febrero de 2024 (fecha de la segunda notificación de las disposiciones de transposición) y la fecha en que cesara la infracción o se dictara sentencia en el presente asunto, multiplicando el importe de la tasa fija actualizada aplicable a la suma a tanto alzado (1 080 euros) por un coeficiente de gravedad de 5, y por el factor «n» de la República de Bulgaria, fijado en 0,2, lo que corresponde a un importe diario de 1 080 euros, que entiende que ha de multiplicarse por el número de días comprendidos entre la primera fecha y una de las otras dos fechas.
110    Añade que los importes que de ese modo determinó superan el de la suma a tanto alzado mínima de 603 000 euros para la República de Bulgaria, que, por lo tanto, ya no es pertinente.
111    En su respuesta a la misiva de desistimiento parcial de la Comisión, la República de Bulgaria invita al Tribunal de Justicia a desestimar la pretensión de sanción o, con carácter subsidiario, a reducir al mínimo el importe de la suma a tanto alzado solicitada.
112    Mediante sus pretensiones adicionales de 15 de octubre de 2025, presentadas a raíz de las nuevas pruebas presentadas por la República de Bulgaria, la Comisión propone que se fije el importe total de la suma a tanto alzado solicitada en 2 458 296 euros, correspondientes a 1 801 440 euros por el período comprendido entre el 20 de octubre de 2021 y el 31 de enero de 2024, en 19 656 euros, por el período comprendido entre el 1 y el 13 de febrero de 2024, y, en 637 200 euros, por el período comprendido entre el 14 de febrero de 2024 y el 25 de septiembre de 2025.
Apreciación del Tribunal de Justicia
–       Sobre la aplicación del artículo 260 TFUE, apartado 3, y sobre la conveniencia de imponer la sanción financiera propuesta por la Comisión
113    El artículo 260 TFUE, apartado 3, establece, en su párrafo primero, que, cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del artículo 258 TFUE por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, dicha institución podrá, si lo considera oportuno, indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho Estado y que considere adaptado a las circunstancias. De conformidad con el párrafo segundo de dicho artículo 260 TFUE, apartado 3, si el Tribunal comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer al Estado miembro afectado el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la Comisión, y la obligación de pago surtirá efecto en la fecha fijada por el Tribunal de Justicia en la sentencia.
114    Dado que, como se desprende del apartado 84 de la presente sentencia, ha quedado acreditado que, a la expiración del plazo fijado en el dictamen motivado de 19 de mayo de 2022, la República Bulgaria no había adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para la transposición al Derecho interno de las disposiciones de la Directiva 2019/520 ni, por tanto, informado sobre ellas a la Comisión, el incumplimiento cuya existencia se ha comprobado está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 260 TFUE, apartado 3.
115    De reiterada jurisprudencia se desprende que, para apreciar la oportunidad de imponer una sanción financiera, corresponde al Tribunal de Justicia determinar en cada caso, en función de las circunstancias concretas del asunto del que conoce y del grado de persuasión y de disuasión que considere necesario, las sanciones financieras que resulten apropiadas, en particular para evitar la repetición de infracciones del Derecho de la Unión análogas a las del caso de autos [sentencia de 25 de abril de 2024, Comisión/Polonia (Directiva sobre denunciantes), C‑147/23, EU:C:2024:346, apartado 62 y jurisprudencia citada].
116    En lo que atañe a la imposición de una suma a tanto alzado, procede considerar que el conjunto de elementos jurídicos y fácticos que rodearon el incumplimiento declarado, a saber, la absoluta falta de comunicación de las medidas legales, reglamentarias y administrativas necesarias para la transposición de la Directiva 2019/520 cuando expiró el plazo fijado en el dictamen motivado de 19 de mayo de 2022, constituye un indicador de que la prevención efectiva de la repetición de infracciones del Derecho de la Unión análogas a las del caso de autos requiere adoptar una medida disuasoria, como la imposición de una suma a tanto alzado [véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de febrero de 2021, Comisión/España (Directiva datos personales — Ámbito penal), C‑658/19, EU:C:2021:138, apartado
70, y de 29 de febrero de 2024, Comisión/Irlanda (Servicios de comunicación audiovisual), C‑679/22, EU:C:2024:178, apartado 73].
–       Sobre el importe de la suma a tanto alzado
117    Para calcular la suma a tanto alzado a cuyo pago puede condenarse a un Estado miembro en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 3, corresponde al Tribunal de Justicia, en el ejercicio de su facultad de apreciación, fijar su importe de tal manera que sea, por un lado, adecuado a las circunstancias y, por otro, proporcionado a la infracción cometida. Entre los factores pertinentes a este respecto figuran, en particular, la gravedad de la infracción declarada, el período durante el que dicha infracción ha persistido y la capacidad de pago del Estado miembro en cuestión [sentencia de 20 de marzo de 2025, Comisión/Bulgaria (Directiva sobre promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes), C‑480/23, EU:C:2025:194, apartado 89 y jurisprudencia citada].
118    Con carácter preliminar, por lo que respecta al hecho de que la Comisión invoque, para el cálculo de los importes de que se trata en el caso de autos, la Comunicación que publicó el 26 de enero de 2024, mencionada en el apartado
108 de la presente sentencia, basta con señalar que, a tenor del último párrafo de dicha Comunicación, «la Comisión aplicará las cifras actualizadas a las decisiones de llevar un asunto ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo
260 [TFUE] que adopte a partir de la publicación de la presente Comunicación en el Diario Oficial».
119    En cualquier caso, procede recordar asimismo que, en el marco de la facultad de apreciación de que dispone el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 3, directrices como las contenidas en las comunicaciones de la Comisión, que establecen variables matemáticas como normas indicativas, no vinculan al Tribunal de Justicia, sino que contribuyen a garantizar la transparencia, la previsibilidad y la seguridad jurídica de la actuación de la propia Comisión cuando esta institución hace propuestas al Tribunal de Justicia [sentencia de 25 de abril de 2024, Comisión/Polonia (Directiva sobre denunciantes), C‑147/23, EU:C:2024:346, 69 y jurisprudencia citada].
120    Por lo que respecta, para empezar, a la gravedad de la infracción cometida, esta no puede determinarse mediante la aplicación automática de un coeficiente de gravedad [sentencia de 20 de marzo de 2025, Comisión/Bulgaria (Directiva sobre promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes), C‑480/23, EU:C:2025:194, apartado 90 y jurisprudencia citada]. En particular, al presumir que debe considerarse que el incumplimiento de la obligación de comunicar las medidas de transposición de una directiva tiene la misma gravedad con independencia de la directiva de que se trate, la Comisión no puede adaptar las sanciones pecuniarias en función de las consecuencias de la falta de ejecución de dicha obligación para los intereses privados y públicos. A este respecto, es evidente que las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que incumben a los Estados miembros para los intereses privados y públicos afectados pueden variar no solo de un Estado miembro a otro, sino también en función del contenido normativo de la directiva no transpuesta [sentencia de 22 de mayo de 2025, Comisión/Bulgaria (Directiva datos abiertos y reutilización de la información del sector público), C‑237/23, EU:C:2025:373, apartado
92 y jurisprudencia citada].
121    A fin de examinar la gravedad de la infracción declarada en el presente asunto, cabe recordar que la obligación de adoptar disposiciones para garantizar la transposición completa de una directiva y la obligación de comunicar dichas disposiciones a la Comisión constituyen obligaciones básicas de los Estados miembros destinadas a garantizar la plena efectividad del Derecho de la Unión y que, por lo tanto, debe considerarse que su incumplimiento reviste una gravedad considerable [sentencia de 20 de marzo de 2025, Comisión/Bulgaria (Directiva sobre promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes), C‑480/23, EU:C:2025:194, apartado 91 y jurisprudencia citada].
122    En el caso de autos, procede subrayar que la Directiva 2019/520 es un instrumento del Derecho de la Unión de una importancia considerable en la medida en que tiene por objeto, por un lado, garantizar la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje en toda la red de carreteras de la Unión, autopistas urbanas e interurbanas, carreteras de primer orden o de categoría inferior y diversas infraestructuras como túneles o puentes y transbordadores, y, por otro, facilitar el intercambio transfronterizo de datos procedentes de los registros de matriculación de vehículos sobre los vehículos y los propietarios o titulares de vehículos relacionados con el impago de cánones de carretera de cualquier tipo en la Unión.
123    Pues bien, la falta de transposición de las disposiciones de dicha Directiva merma la plena efectividad del Derecho de la Unión y su aplicación uniforme.
124    A ese respecto, como se desprende del apartado
75 de la presente sentencia, la República de Bulgaria no había adoptado, al expirar el plazo fijado en el dictamen motivado de 19 de mayo de 2022, ninguna disposición destinada a llevar a cabo una transposición completa de la Directiva 2019/520 que incluyera una referencia a esta o fuera acompañada de dicha referencia en la publicación oficial, de conformidad con el artículo 32, apartado 1, de dicha Directiva.
125    La República de Bulgaria invoca, en primer lugar, circunstancias relacionadas tanto con su contexto político nacional como con la pandemia de COVID‑19, las cuales, según dicho Estado miembro, deberían haberse tenido en cuenta al determinar el coeficiente de gravedad de la infracción de que se trata en el caso de autos. Pues bien, dicha argumentación no puede prosperar, por las razones indicadas en los apartados
80 a 83 de la presente sentencia.
126    En segundo lugar, la República de Bulgaria se remite a la argumentación suya que se expone en los apartados
45 a 47 de la presente sentencia, que, según afirma, demuestra que las disposiciones de la legislación búlgara existente cumplían una parte de los requisitos de la Directiva 2019/520, lo que entiende que no fue apreciado por la Comisión.
127    Sobre ese particular, procede recordar que, si bien es cierto que la alegación de un Estado miembro según la cual el marco legislativo existente en el momento de la adopción de una directiva ya era suficiente para considerar que dicho Estado miembro no incumplió sus obligaciones y que la falta de transposición de esta solo tuvo una incidencia limitada no puede ser pertinente a efectos de apreciar la oportunidad de imponer una sanción como la controvertida en el caso de autos, dicha alegación puede tenerse en cuenta para apreciar la gravedad del incumplimiento de que se trate a efectos del cálculo de la suma a tanto alzado [sentencia de 22 de mayo de 2025, Comisión/Bulgaria (Directiva datos abiertos y reutilización de la información del sector público), C‑237/23, EU:C:2025:373, apartado
99 y jurisprudencia citada].
128    En el caso de autos, como indica, por otra parte, la Comisión en su escrito de réplica, algunas de las obligaciones establecidas en la Directiva 2019/520 ya estaban previstas en la Decisión 2009/750/CE de la Comisión, de 6 de octubre de 2009, relativa a la definición del Servicio Europeo de Telepeaje y sus elementos técnicos (DO 2009, L 268, p. 11). No obstante, es pacífico que, como señala asimismo dicha institución, la Directiva 2019/520 introdujo modificaciones importantes en la legislación anterior e incluye numerosas disposiciones nuevas.
129    Por tanto, no cabe considerar que la existencia de normas nacionales anteriores a la adopción de la Directiva 2019/520, como las invocadas por la República de Bulgaria en el caso de autos, pueda constituir un factor que atenúe notablemente la gravedad de la infracción controvertida. Dicho esto, no se ha acreditado que las consecuencias del incumplimiento declarado en el caso de autos para los intereses privados y públicos fueran tan importantes como lo habrían sido si no existiera en el ordenamiento jurídico búlgaro ninguna disposición de contenido análogo al de las disposiciones de la Directiva 2019/520.
130    A continuación, en cuanto a la duración de la infracción, de los apartados
33 y 34 de la presente sentencia se desprende, en particular, que persistió durante casi cuatro años.
131    Por último, en lo que atañe a la determinación de la capacidad de pago de la República de Bulgaria, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no procede tener en cuenta, en el método de cálculo del factor «n», la importancia de la población de dicho Estado miembro [véase, en este sentido, la sentencia de 20 de marzo de 2025, Comisión/Bulgaria (Directiva sobre promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes), C‑480/23, EU:C:2025:194, apartado 101 y jurisprudencia citada].
132    En cambio, procede basarse en el producto interior bruto (PIB) de la República de Bulgaria como factor predominante. A este respecto, también hay que tener en cuenta la evolución reciente del PIB de ese Estado miembro, tal como se presenta en la fecha en la que el Tribunal de Justicia examina los hechos [sentencia de 20 de marzo de 2025, Comisión/Bulgaria (Directiva sobre promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes), C‑480/23, EU:C:2025:194, apartado 102 y jurisprudencia citada].
133    A la luz de dichas consideraciones y habida cuenta de la facultad de apreciación reconocida al Tribunal de Justicia por el artículo 260 TFUE, apartado 3, que establece que este no puede, por lo que respecta a la suma a tanto alzado cuyo pago impone, fijar un importe superior al indicado por la Comisión, procede considerar que la prevención efectiva de la repetición de infracciones análogas a la que resulta de la contravención del artículo 32, apartado 1, de la Directiva 2019/520 y que mermen la plena efectividad del Derecho de la Unión requiere la imposición de una suma a tanto alzado cuyo importe debe fijarse en 1 900 000 euros.
Costas
134    A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión que se condenara en costas a la República de Bulgaria y al haber sido desestimadas las pretensiones deducidas por esta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) decide:
1)      Declarar que la República de Bulgaria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 32, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/520 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera y por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión, al no haber adoptado, al expirar el plazo fijado en el dictamen motivado de 19 de mayo de 2022, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva y, por tanto, al no haber informado sobre dichas disposiciones a la Comisión Europea.
2)      Condenar a la República de Bulgaria a pagar a la Comisión Europea una suma a tanto alzado de un importe de 1 900 000 euros.
3)      Condenar a la República de Bulgaria cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: búlgaro.