62024CJ0203
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 4 de septiembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Seguridad social — Trabajadores migrantes — Legislación aplicable — Reglamento (CE) n.o 883/2004 — Artículo 13, apartado 1 — Reglamento (CE) n.o 987/2009 — Artículo 14, apartados 8 y 10 — Trabajador que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en varios Estados miembros — Ejercicio de menos del 25 % de la actividad en el Estado miembro de residencia — Concepto de “parte sustancial de la actividad” — Criterios de conexión relacionados con el tiempo de trabajo o la remuneración — Consideración de otras circunstancias — Duración del período de apreciación — Facultad de apreciación de las instituciones competentes»
En el asunto C‑203/24 [Hakamp], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), mediante resolución de 15 de marzo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de marzo de 2024, en el procedimiento entre
KN
y
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. A. Kumin, Presidente de Sala, el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de la Sala Primera, y la Sra. I. Ziemele, Juez;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de KN, por el Sr. M. J. van Dam, advocaat;
–
en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. K. Bulterman y M. H. S. Gijzen, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno checo, por la Sra. J. Benešová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard y la Sra. M. Guiresse, en calidad de agentes;
–
en nombre del Principado de Liechtenstein, por las Sras. A. Entner-Koch y R. Schobel, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. B.‑R. Killmann y la Sra. F. van Schaik, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012 (DO 2012, L 149, p. 4) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 883/2004»), y del artículo 14, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2009, L 284, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento n.o 465/2012 (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 987/2009»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre KN, un trabajador por cuenta ajena, y el Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (Consejo de Administración de la Tesorería de la Seguridad Social, Países Bajos; en lo sucesivo, «SVB») en relación con la determinación provisional de la normativa que le es aplicable en materia de seguridad social.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento n.o 883/2004
3
Los considerandos 1, 3 y 45 del Reglamento n.o 883/2004 tienen la siguiente redacción:
«(1)
Las normas sobre coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social forman parte del marco de la libre circulación de personas y deben contribuir a mejorar el nivel de vida y las condiciones de empleo de estas.
[…]
(3)
El Reglamento (CEE) n.o 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad [(DO 1971, L 149, p. 2; EE 05/01, p. 98)] ha sido modificado en numerosas ocasiones para reflejar no ya solo la evolución experimentada a nivel comunitario, incluidas las sentencias del Tribunal de Justicia, sino también los cambios que se han producido en las legislaciones nacionales. Este tipo de factores ha contribuido a que las normas de coordinación comunitarias resulten complejas y sumamente extensas. Por ello, para lograr el objetivo de la libre circulación de personas, se ha hecho imprescindible sustituirlas, a la vez que se lleva a cabo su modernización y simplificación.
[…]
(45)
Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, la adopción de medidas de coordinación para garantizar que el derecho a la libre circulación de personas pueda ejercerse de forma efectiva, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario […]».
4
El artículo 11 de este Reglamento dispone:
«1.   Las personas a las cuales sea aplicable el presente Reglamento estarán sometidas a la legislación de un único Estado miembro. Esta legislación será determinada con arreglo al presente título.
[…]»
5
El artículo 13 de dicho Reglamento, titulado «Ejercicio de actividades en dos o más Estados miembros», establece en su apartado 1:
«La persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros estará sujeta:
a)
a la legislación del Estado miembro de residencia, si ejerce una parte sustancial de su actividad en dicho Estado miembro, o
b)
si no ejerce una parte sustancial de su actividad en el Estado miembro de residencia:
i)
a la legislación del Estado miembro en el que tenga su sede o domicilio la empresa o el empleador, cuando la persona solo esté contratada por una empresa o empleador, o
[…]».
Reglamento n.o 987/2009
6
El considerando 1 del Reglamento n.o 987/2009 tiene el siguiente tenor:
«El Reglamento [n.o 883/2004] moderniza las normas de coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social de los Estados miembros estableciendo las medidas y los procedimientos de actuación necesarios y velando por su simplificación en beneficio de todos los interesados. Procede adoptar sus normas de aplicación.»
7
El artículo 14 de este Reglamento, titulado «Precisiones relativas a los artículos 12 y 13 del Reglamento [n.o 883/2004]», dispone en su apartado 8:
«A los efectos de la aplicación del artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento [n.o 883/2004], se entenderá que el trabajador ejerce “una parte sustancial de su actividad” por cuenta propia o por cuenta ajena en un Estado miembro si ejerce en él una parte cuantitativamente importante del conjunto de sus actividades por cuenta propia o ajena, sin que se trate necesariamente de la mayor parte de esas actividades.
Para determinar si una parte sustancial de la actividad se ejerce en un Estado miembro se tendrá en cuenta la siguiente lista indicativa de criterios:
a)
en el caso de las actividades asalariadas, el tiempo de trabajo o la remuneración, y
b)
en el caso de las actividades por cuenta propia, el volumen de negocios, el tiempo de trabajo, el número de servicios prestados o los ingresos.
En el contexto de una evaluación global, el hecho de alcanzar un porcentaje inferior al 25 % para los criterios antes mencionados será un indicador de que una parte sustancial de las actividades no se ejerce en el Estado miembro de que se trate.»
8
El artículo 14, apartado 10, de dicho Reglamento dispone:
«Para determinar la legislación aplicable a efectos de los apartados 8 y 9, las instituciones de que se trate tendrán en cuenta la situación prevista para los 12 meses civiles siguientes.»
9
El artículo 16 de este mismo Reglamento, que trata del «Procedimiento de aplicación del artículo 13 del Reglamento [n.o 883/2004]», establece en sus apartados 1 a 2:
«1.   La persona que ejerza actividades en dos o más Estados miembros informará de ello a la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro de residencia.
2.   La institución designada del lugar de residencia determinará sin demora la legislación aplicable al interesado, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 13 del Reglamento [n.o 883/2004] y del artículo 14 del Reglamento [n.o 987/2009]. Esa determinación inicial tendrá carácter provisional. La institución informará a la institución designada de cada uno de los Estados miembros en los que se ejerza una actividad de su decisión provisional.»
Decisiones del Comité Mixto del Espacio Económico Europeo (EEE)
10
El anexo VI (Seguridad social) del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), comprende, en virtud de la Decisión del Comité Mixto del EEE n.o 76/2011, de 1 de julio de 2011, por la que se modifica el anexo VI (Seguridad social) y el Protocolo 37 del Acuerdo EEE (DO 2011, L 262, p. 33), que entró en vigor el 1 de junio de 2012, el Reglamento n.o 883/2004 y el Reglamento n.o 987/2009 como «actos a los que se hace referencia». Estos Reglamentos se aplican en Liechtenstein desde el 1 de junio de 2012.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
11
En 2016, KN residía en los Países Bajos. Entre el 4 de febrero y el 31 de diciembre de 2016 (en lo sucesivo, «período controvertido»), KN trabajó como barquero en un buque de navegación interior (en lo sucesivo, «buque») matriculado en los Países Bajos y propiedad de una compañía de transporte marítimo registrada y establecida en los Países Bajos, que se encargaba de su explotación. KN ejerció sus actividades en Bélgica, en Alemania y en los Países Bajos. Según el diario de navegación del buque, este navegó en 2016 durante aproximadamente el 22 % de su tiempo total de navegación en los Países Bajos. Durante el período controvertido, KN figuraba en el registro de personal de un empleador establecido en Liechtenstein.
12
De dicho diario de navegación también se desprende que, durante los años 2013 y 2014, el buque ya había navegado en los Países Bajos durante el 22 % y el 24 %, respectivamente, del tiempo total de navegación. No obstante, durante este período, KN no trabajó ni para el empleador establecido en Liechtenstein ni en el buque.
13
Mediante escrito de 25 de julio de 2017, la institución competente del Principado de Liechtenstein solicitó al SVB, sobre la base del artículo 6 del Reglamento n.o 987/2009, que determinara provisionalmente la normativa aplicable a KN para el período controvertido.
14
Mediante resolución de 8 de noviembre de 2019, el SVB consideró que la legislación neerlandesa era la aplicable durante el período controvertido y expidió un certificado que acreditaba la aplicación del régimen neerlandés de seguridad social (certificado A1) para dicho período.
15
KN presentó una reclamación que fue desestimada por el SVB mediante resolución de 6 de marzo de 2020, debido a que el interesado había ejercido, durante el período controvertido, una parte sustancial de su actividad por cuenta ajena en los Países Bajos. Para llegar a esta conclusión, el SVB tuvo en cuenta no solo el tiempo de navegación del buque en el que trabajó KN, tal como resulta del diario de navegación, sino también el hecho de que KN residía en los Países Bajos, que el buque estaba matriculado en ese país y que la compañía propietaria y operadora del buque estaba establecida allí.
16
Dado que el rechtbank Midden-Nederland (Tribunal de Primera Instancia de los Países Bajos Centrales, Países Bajos) desestimó su recurso contra esta resolución del SVB, KN recurrió en apelación ante el Centrale Raad van Beroep (Tribunal Central de Apelación, Países Bajos), aportando documentos de los que se desprendía que su tiempo de trabajo en los Países Bajos se limitaba al 18,5 % de su tiempo de trabajo total durante el período controvertido.
17
Mediante sentencia de 19 de mayo de 2022, el Centrale Raad van Beroep (Tribunal Central de Apelación) desestimó dicho recurso de apelación al apreciar que la normativa neerlandesa en materia de seguridad social era efectivamente aplicable para el período controvertido. Según dicho órgano jurisdiccional, puede considerarse, no obstante, que un trabajador que ejerce menos del 25 % de su actividad por cuenta ajena en el Estado miembro de residencia ha ejercido una parte sustancial de dicha actividad en ese Estado si existen suficientes indicaciones adicionales en este sentido.
18
El Centrale Raad van Beroep (Tribunal Central de Apelación) consideró que el SVB había demostrado suficientemente que KN ejerció una parte sustancial de su actividad por cuenta ajena en el Estado miembro de residencia, teniendo en cuenta, a este respecto, que el buque en el que había trabajado también navegó en 2013 y en 2014 en los Países Bajos durante, respectivamente, el 22 % y el 24 % de su tiempo total de navegación, que el interesado residía en los Países Bajos, que el buque estaba registrado en ese país y que tanto el propietario como el operador del buque estaban establecidos allí.
19
KN interpuso un recurso de casación contra la sentencia del Centrale Raad van Beroep (Tribunal Central de Apelación) ante el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente. Sostiene que, al tener en cuenta circunstancias carentes de pertinencia para determinar dónde ejerció la parte sustancial de sus actividades por cuenta ajena, el Centrale Raad van Beroep (Tribunal Central de Apelación) aplicó incorrectamente el artículo 13 del Reglamento n.o 883/2004 y el artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009. Además, según KN, dicho órgano jurisdiccional incurrió en error al no tomar en consideración el hecho de que el empleador está establecido en Liechtenstein y que el embarque y desembarque del buque tuvieron lugar en Bélgica, y no en los Países Bajos.
20
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se plantea varias cuestiones.
21
En primer lugar, dicho órgano jurisdiccional pretende saber qué circunstancias pueden ser pertinentes para considerar que trabajadores que realizan menos del 25 % de su tiempo de trabajo en el Estado miembro de residencia ejercen en él una parte sustancial de su actividad por cuenta ajena.
22
Según el órgano jurisdiccional remitente, del uso, en el artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009, en su versión en neerlandés, de los términos «mede» (también) e «indicatieve criteria» (lista indicativa de criterios), así como del sustantivo «indicatie» (indicación) se desprende indiscutiblemente que, en el supuesto de que el tiempo de trabajo o la remuneración en el Estado miembro de residencia representen menos del 25 % de los elementos previstos para el conjunto de las actividades del trabajador en los distintos Estados miembros, existe la posibilidad de tener en cuenta otras circunstancias en el contexto de una evaluación global de la situación de dicho trabajador.
23
Pues bien, a su juicio, no solo el artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009 no menciona cuáles son esas otras circunstancias pertinentes, sino que además resulta difícil saber qué importancia debe darse al último párrafo de dicho apartado 8, según el cual el hecho de que se registre un porcentaje inferior al 25 % respecto de los criterios de conexión allí mencionados indica que una parte sustancial de las actividades no se ejerce en el Estado miembro de residencia.
24
Según el órgano jurisdiccional remitente, el tenor del artículo 13, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 883/2004 permite afirmar que el concepto de «parte sustancial» debe referirse a las actividades por cuenta ajena de la persona en cuestión. El artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009 aclara que debe tratarse de una parte de las actividades que, desde el punto de vista cuantitativo, sea importante. Así pues, el órgano jurisdiccional remitente se inclina por concluir que las demás circunstancias deben guardar relación directa con el ejercicio de las actividades, ofrecer una indicación sobre el lugar en el que se ejercen las actividades y dar lugar, por lo que respecta a la importancia que puede atribuirse a las actividades ejercidas en el Estado miembro de residencia en relación con el conjunto de las actividades de la persona en cuestión, a conclusiones en términos cuantitativos.
25
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente estima que procede excluir de las distintas circunstancias que deben tomarse en consideración el lugar en el que está matriculado el buque, el lugar en el que están establecidos el propietario y el operador del buque, o el lugar en el que el trabajador embarca o desembarca del buque, o incluso las indicaciones sobre el tiempo o el lugar de navegación durante los años en los que el trabajador no estaba al servicio de su empleador de Liechtenstein. Además, según el órgano jurisdiccional remitente, el lugar del domicilio del trabajador no puede constituir una indicación pertinente, ya que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 trata precisamente del supuesto en el que un trabajador ejerce una parte de su actividad o actividades en el Estado miembro de residencia. A su juicio, el lugar de establecimiento del empresario tampoco guarda relación con el ejercicio de actividades en dicho Estado.
26
En tercer lugar, por lo que respecta al período que debe tomarse en consideración para apreciar si un trabajador por cuenta ajena ejerce una parte sustancial de su actividad en el Estado miembro de residencia, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si debe limitarse al período al que se refiere el certificado A1 o si puede ser más amplio, en su caso, para que corresponda a un año civil. El artículo 14, apartado 10, del Reglamento n.o 987/2009 prevé que se tenga en cuenta la situación para los doce meses civiles siguientes, sin especificar, no obstante, a partir de qué momento se calcula dicho plazo, ya sea día a día, ya sea a partir del final de un período determinado.
27
El Reglamento n.o 987/2009 no contiene ninguna disposición sobre la toma en consideración de un período anterior al período de que se trata. Pues bien, según la Guía práctica sobre la legislación aplicable en la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza, elaborada y aprobada por la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social y publicada en diciembre de 2013 (en lo sucesivo, «Guía práctica»), las condiciones anteriores de ejercicio de las actividades también podrían ser un indicador fiable del comportamiento futuro del trabajador en cuestión.
28
En cuarto lugar, el órgano jurisdiccional remitente se plantea la cuestión de cuál es el margen de apreciación de que dispone la institución competente en el contexto de la emisión de un certificado A1 para determinar si un trabajador ejerce una parte sustancial de sus actividades en el Estado miembro de residencia.
29
En tales circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Qué circunstancias o clases de circunstancias resultan idóneas para apreciar, al amparo del artículo 14, apartado 8, del Reglamento [n.o 987/2009], la cuestión de si una persona que realiza una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros ejerce una parte sustancial de su actividad en el Estado de residencia en un caso en el que queda probado que realiza tales actividades en dicho Estado durante el 22 % de su tiempo de trabajo? ¿Se exigirá a tal fin que (i) una circunstancia esté directamente relacionada con la realización de las actividades, (ii) una circunstancia constituya una indicación del lugar en el que se ejerce la actividad, y (iii) de la circunstancia puedan extraerse conclusiones cuantitativas en lo tocante a la importancia que puede atribuirse a la actividad realizada en el Estado de residencia en comparación con el total de las actividades de la persona interesada?
2)
A la vista de la respuesta que se dé a la primera cuestión, ¿deben o pueden tenerse en cuenta en esta apreciación: (i) el lugar de residencia del trabajador, (ii) el lugar de matriculación de la embarcación de navegación interior en la que el trabajador ejerce su actividad, (iii) el lugar de establecimiento del propietario y explotador de la embarcación de navegación interior, (iv) el lugar en el que la embarcación ha navegado en los períodos en los que el trabajador no ha ejercido su actividad a bordo de la misma y tampoco estaba empleado todavía por el empresario, (v) el lugar de establecimiento del empresario y (vi) el lugar donde el trabajador embarca y desembarca de la embarcación?
3)
¿A lo largo de qué período debe apreciarse si un trabajador ejerce una parte sustancial de su actividad en su Estado de residencia?
4)
A la hora de determinar la legislación aplicable, ¿dispone la institución competente de un Estado miembro de un margen de apreciación, que los tribunales deberán respetar en principio, en relación con el concepto de “parte sustancial de su actividad” contenido en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento [n.o 883/2004], y, en caso de respuesta afirmativa, hasta dónde llega dicho margen de apreciación?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
30
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar si una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros efectúa una parte sustancial de esa actividad en el Estado miembro de residencia, la institución competente tiene la posibilidad de tener en cuenta circunstancias distintas del tiempo de trabajo realizado o de la remuneración obtenida en ese Estado.
31
Del tenor del artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009 se desprende que una parte sustancial de una actividad por cuenta propia o por cuenta ajena en un Estado miembro significa que se ejerce en él una parte cuantitativamente importante del conjunto de sus actividades por cuenta propia o ajena, sin que se trate necesariamente de la mayor parte de esas actividades. Para determinar si una parte sustancial de las actividades se ejerce en un Estado miembro, se tendrá en cuenta, en el caso de las actividades por cuenta ajena, el tiempo de trabajo o la remuneración. El hecho de que se registre un porcentaje inferior al 25 % respecto de esos criterios indicará que no se ejerce una parte sustancial de la actividad en el Estado miembro de que se trate (sentencia de 19 de mayo de 2022, INAIL e INPS, C‑33/21, EU:C:2022:402, apartado 63).
32
Las dudas planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se derivan del hecho de que la versión neerlandesa del artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009 incluye el término «mede» (también) asociado a la mención de los criterios indicativos que deben tenerse en cuenta para determinar si una parte sustancial de las actividades por cuenta ajena de la persona en cuestión se ejerce en un Estado miembro. El órgano jurisdiccional remitente deduce de ello que cabe admitir criterios distintos de los del tiempo de trabajo o de la remuneración enumerados en dicha disposición.
33
Pues bien, es preciso señalar que otras versiones lingüísticas del artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009, como las versiones en alemán, francés, inglés o letón, no contienen el término «también».
34
Según reiterada jurisprudencia, la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de esta disposición y tampoco se le puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. Este enfoque sería incompatible con la exigencia de uniformidad en la aplicación del Derecho de la Unión. En caso de divergencia entre versiones lingüísticas, la norma de que se trata debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra (sentencias de 25 de marzo de 2010, Helmut Müller, C‑451/08, EU:C:2010:168, apartado 38 y jurisprudencia citada, y de 21 de marzo de 2024, Cobult, C‑76/23, EU:C:2024:253, apartado 25 y jurisprudencia citada).
35
Por lo que respecta al contexto de la normativa de la que forma parte la disposición controvertida, del propio título del Reglamento n.o 987/2009 se desprende que este tiene por objeto establecer las normas de aplicación del Reglamento n.o 883/2004. El artículo 14 del Reglamento n.o 987/2009 se titula, por su parte, «Precisiones relativas a los artículos 12 y 13 del Reglamento [n.o 883/2004]» y su apartado 8 se adoptó «a los efectos de la aplicación del artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento [n.o 883/2004]».
36
Por consiguiente, al interpretar el artículo 14 del Reglamento n.o 987/2009, deben tenerse en cuenta los artículos 12 y 13 del Reglamento n.o 883/2004.
37
A este respecto, es preciso recordar que las disposiciones del título II del Reglamento n.o 883/2004, titulado «Determinación de la legislación aplicable», del que forman parte los artículos 12 y 13 de dicho Reglamento, constituyen un sistema completo y uniforme de normas de conflicto de leyes que tienen por finalidad no solo evitar la aplicación simultánea de varias legislaciones nacionales y las complicaciones que pueden resultar de ello, sino también impedir que las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento se vean privadas de protección en materia de seguridad social, a falta de legislación aplicable (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2023, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C‑422/22, EU:C:2023:869, apartado 50 y jurisprudencia citada).
38
Como se desprende de los considerandos 1 y 45 del Reglamento n.o 883/2004, este tiene por objeto garantizar la coordinación entre los sistemas nacionales de seguridad social de los Estados miembros, a fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la libre circulación de personas y contribuir así a mejorar el nivel de vida y las condiciones de empleo de las personas que se desplazan en el interior de la Unión Europea, modernizando y simplificando al mismo tiempo las normas contenidas en el Reglamento n.o 1408/71 (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, AFMB y otros, C‑610/18, EU:C:2020:565, apartado 63).
39
Esta finalidad se concreta en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, que establece que las personas a las cuales sea aplicable este Reglamento solo están sometidas, en materia de seguridad social, a la legislación de un único Estado miembro, que se determina con arreglo al título II de dicho Reglamento.
40
Además, el citado artículo 11 establece, en su apartado 3, letra a), el principio según el cual la persona que ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro está sometida a la legislación de ese Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, AFMB y otros, C‑610/18, EU:C:2020:565, apartado 42).
41
Sin embargo, este principio se formula «a reserva de lo dispuesto en los artículos 12 a 16» del Reglamento n.o 883/2004, dado que, en determinadas situaciones particulares, existe el riesgo de que la aplicación pura y simple de dicho principio no evite, sino, al contrario, origine, tanto para el trabajador como para el empresario y los organismos de seguridad social, complicaciones administrativas que podrían tener como efecto obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas a quienes se aplica dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, AFMB y otros, C‑610/18, EU:C:2020:565, apartado 43).
42
Entre estas situaciones particulares figura la contemplada en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 y referida a la persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros.
43
El artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004 establece, en la letra a), que una persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros está sujeta a la legislación del Estado miembro de residencia si ejerce en él una parte sustancial de su actividad, mientras que, en la letra b) de dicha disposición, se establece que la persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros y que no ejerza una parte sustancial de dicha actividad en su Estado miembro de residencia está sujeta a la legislación del Estado miembro en el que tenga su sede o domicilio la empresa o el empleador.
44
Las normas de conflicto de leyes establecidas en el artículo 13, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.o 883/2004 garantizan que, cuando una persona ejerce una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros, se siga aplicando la legislación de un único Estado miembro, a saber, bien la legislación del Estado miembro de residencia de dicha persona, si ejerce en él una parte sustancial de su actividad, bien, en su defecto, la legislación del Estado miembro en el que esté establecido su empleador.
45
De este modo, el artículo 13, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.o 883/2004 contribuye a alcanzar ese objetivo, que se recuerda en los apartados 37 y 38 de la presente sentencia, por cuanto prevé, al mismo tiempo que simplifica las normas establecidas en la normativa anterior, normas que constituyen excepciones a la regla del Estado miembro de empleo recogida en el artículo 11, apartado 3, letra a), de dicho Reglamento, precisamente a fin de evitar complicaciones que, de otro modo, podrían resultar de la aplicación de esta regla a situaciones que implican el ejercicio de actividades en dos o más Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, AFMB y otros, C‑610/18, EU:C:2020:565, apartado 64).
46
Desde esta óptica, las normas especiales establecidas en las disposiciones mencionadas en el apartado 43 de la presente sentencia tienen por objeto garantizar que, conforme a la regla de unicidad recordada en el apartado 39 de la misma, los trabajadores que ejerzan actividades en dos o más Estados miembros estén sujetos a la legislación de un único Estado miembro y, a tal efecto, fijan criterios de conexión que tengan en cuenta la situación objetiva de dichos trabajadores con el fin de facilitar su libertad de circulación (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, AFMB y otros, C‑610/18, EU:C:2020:565, apartado 65).
47
Para determinar si una parte cuantitativamente importante del conjunto de las actividades del trabajador se ejerce en un Estado miembro, el artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009 debe interpretarse a la luz de estas consideraciones cuando hace referencia al tiempo de trabajo o a la remuneración.
48
A este respecto, es preciso señalar, por un lado, que el último párrafo del artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009, según el cual debe comprobarse, en el contexto de una evaluación global de la situación del trabajador en cuestión, si se alcanza el umbral del 25 %, hace referencia expresa a los criterios «antes mencionados», es decir, en el caso de una actividad por cuenta ajena, a los relativos al tiempo de trabajo o a la remuneración, con exclusión de cualquier otro criterio.
49
El hecho de que esta comprobación de los criterios enunciados se efectúe en el contexto de una evaluación global de la situación del trabajador en cuestión no significa que se puedan añadir otros criterios, sino que deben tenerse en cuenta el conjunto de las actividades por cuenta ajena de dicho trabajador.
50
Por otro lado, la redacción de esta disposición no deja lugar a dudas sobre el hecho de que, cuando no se alcance un porcentaje del 25 % en relación con los criterios relativos al tiempo de trabajo o a la remuneración, no puede concluirse que una parte sustancial de la actividad por cuenta ajena se ejerza en el Estado miembro de que se trate.
51
Admitir que un trabajador que ha ejercido menos del 25 % del conjunto de sus actividades por cuenta ajena en el territorio del Estado miembro de residencia pueda estar sujeto a la legislación de este último con arreglo al artículo 13, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 883/2004 no solo equivale a ignorar el carácter excepcional de los vínculos de conexión previstos en los artículos 12 a 14 de dicho Reglamento, incluidos los relativos al Estado miembro de residencia, sino también a crear incertidumbre en cuanto a la aplicación de las normas de conflicto de leyes recogidas en el título II del citado Reglamento, en detrimento de la simplicidad que dichas normas pretenden establecer por lo que respecta a la aplicación de los criterios de conexión basados en la situación objetiva en la que se encuentra el trabajador en cuestión.
52
La interpretación según la cual el hecho de que se registre un porcentaje inferior al 25 % respecto de los criterios relativos al tiempo de trabajo o a la remuneración no puede compensarse teniendo en cuenta otros criterios se ve confirmada además por las notas explicativas que figuran en la Guía práctica, documento que, por su naturaleza, carece de fuerza jurídica vinculante. No obstante, esta Guía constituye un instrumento útil para la interpretación de los Reglamentos n.o 883/2004 y n.o 987/2009. Así, en la parte de este documento relativa al concepto de «parte sustancial» de la actividad, se indica que los criterios de tiempo de trabajo o de remuneración deben tenerse en cuenta obligatoriamente para comprobar si el umbral del 25 % previsto en el artículo 14, apartado 8, último párrafo, del Reglamento n.o 987/2009 se alcanza en el Estado miembro de residencia, lo que constituiría entonces un indicador de que se ejerce una parte sustancial del conjunto de las actividades del trabajador en cuestión en ese Estado miembro. Aunque la Guía práctica enuncia que también pueden entrar en juego otros criterios —que, por otra parte, no define—, de todos los ejemplos concretos mencionados se desprende que el ejercicio de una actividad por cuenta ajena en el Estado miembro de residencia que represente menos del 25 % en términos de tiempo de trabajo o de remuneración no permite concluir que la legislación de dicho Estado sea aplicable.
53
Por consiguiente, procede concluir que el artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para poder considerar que una persona realiza una parte sustancial de su actividad por cuenta ajena en el Estado miembro de residencia, debe alcanzarse el umbral relativo al 25 % del tiempo de trabajo o de la remuneración en ese Estado miembro, sin que la toma en consideración de otros criterios pueda compensar la falta de cumplimiento de los criterios antes mencionados.
54
De ello se deduce que, en un caso como el controvertido en el litigio principal, en el que consta que el trabajador ejerció el 22 % de su actividad por cuenta ajena en el Estado miembro de residencia, lo que es inferior al umbral del 25 % previsto en el artículo 14, apartado 8, último párrafo, del Reglamento n.o 987/2009, no puede aplicarse la norma de conflicto del artículo 13, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 883/2004, de modo que la legislación aplicable debe determinarse con arreglo a la norma de conflicto del artículo 13, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, que establece que el trabajador está sujeto a la legislación del Estado miembro en el que tenga su sede o domicilio la empresa o el empleador.
55
De lo anterior se desprende que no procede tener en cuenta otros criterios para determinar si el trabajador en cuestión ejerce una parte sustancial de su actividad por cuenta ajena en su Estado de residencia.
56
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar si una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros efectúa una parte sustancial de esa actividad en el Estado miembro de residencia, corresponde a la institución competente comprobar, en el contexto de una evaluación global de la situación de esa persona, si al menos el 25 % de su tiempo de trabajo o de su remuneración se realiza u obtiene, respectivamente, en ese Estado. En este contexto, no procede tomar en consideración otras circunstancias o criterios.
Tercera cuestión prejudicial
57
Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, qué período de tiempo debe tomarse en consideración para apreciar, en el contexto de la evaluación global prevista en el artículo 14, apartado 8, del Reglamento n.o 987/2009, si el trabajador en cuestión ejerce una parte sustancial de su actividad por cuenta ajena en el Estado miembro de residencia.
58
A este respecto, el artículo 14, apartado 10, del Reglamento n.o 987/2009 establece que las instituciones de que se trate deben tener en cuenta la situación prevista para los doce meses civiles siguientes.
59
Aunque esta disposición no especifica el punto de partida del período de doce meses que debe tomarse en consideración, de su tenor se desprende claramente que se trata de los doce meses siguientes, ya que ninguna disposición de dicho Reglamento hace referencia a la situación anterior del trabajador en cuestión.
60
Dado que la aplicación del artículo 14, apartado 10, del Reglamento n.o 987/2009, en relación con el artículo 14, apartado 8, de este Reglamento, está reservada a los casos en que un trabajador ejerce su actividad en dos o más Estados miembros, procede considerar que el punto de partida debe ser el del inicio del ejercicio de la actividad en dos o más Estados miembros.
61
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 14, apartados 8 y 10, del Reglamento n.o 987/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar, en el contexto de la evaluación global de la situación de una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros, si dicha persona ejerce una parte sustancial de su actividad en el Estado miembro de residencia, procede tener en cuenta su situación prevista para los doce meses civiles siguientes.
Cuarta cuestión prejudicial
62
Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, cuál es el margen de apreciación de que dispone la institución competente de un Estado miembro para determinar si un trabajador ha ejercido una parte sustancial de su actividad por cuenta ajena, en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 883/2004, en el Estado miembro de residencia.
63
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la cuarta cuestión prejudicial.
Costas
64
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
1)
El artículo 14, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012,
debe interpretarse en el sentido de que,
para apreciar si una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros efectúa una parte sustancial de esa actividad en el Estado miembro de residencia, corresponde a la institución competente comprobar, en el contexto de una evaluación global de la situación de esa persona, si al menos el 25 % de su tiempo de trabajo o de su remuneración se realiza u obtiene, respectivamente, en ese Estado. En este contexto, no procede tomar en consideración otras circunstancias o criterios.
2)
El artículo 14, apartados 8 y 10, del Reglamento n.o 987/2009, en su versión modificada por el Reglamento n.o 465/2012,
debe interpretarse en el sentido de que,
para apreciar, en el contexto de la evaluación global de la situación de una persona que ejerce normalmente una actividad por cuenta ajena en dos o más Estados miembros, si dicha persona ejerce una parte sustancial de su actividad en el Estado miembro de residencia, procede tener en cuenta su situación prevista para los doce meses civiles siguientes.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.