62023CJ0393_RES
Asunto C‑393/23
Athenian Brewery SA
y
Heineken NV
contra
Macedonian Thrace Brewery SA
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 13 de febrero d 2025
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Competencias especiales — Artículo 8, punto 1 — Pluralidad de demandados — Demandas vinculadas por una “relación tan estrecha” que resulta oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo — Artículo 102 TFUE — Concepto de “empresa” — Sociedad matriz y filial — Infracción cometida por la filial — Presunción de ejercicio de una influencia decisiva por la matriz — Responsabilidad solidaria — Decisión de una autoridad nacional de defensa de la competencia — Acciones por daños y perjuicios»
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento n.o 1215/2012 — Competencias especiales — Pluralidad de demandados — Competencia del tribunal del domicilio de uno de los codemandados — Interpretación estricta — Requisito — Relación de conexión — Concepto de conexión
(Reglamento n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4 y 8, punto 1)
(véanse los apartados 21 a 27)
Competencia — Normas de la Unión — Infracciones — Imputación — Sociedad matriz y filiales — Unidad económica — Criterios de apreciación — Presunción de ejercicio de una influencia decisiva de la matriz sobre las filiales de las que posee la totalidad o la práctica totalidad del capital — Carácter refutable — Persona física o jurídica que alega haber sufrido un perjuicio como consecuencia de la participación de una filial en una infracción de las normas sobre competencia del Derecho de la Unión — Demanda dirigida contra la sociedad matriz — Aplicabilidad de la presunción
(Art. 102 TFUE; Reglamento n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 8, punto 1)
(véanse los apartados 37 a 40)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento n.o 1215/2012 — Competencias especiales — Pluralidad de demandados — Competencia del tribunal del domicilio de uno de los codemandados — Comprobación por los órganos jurisdiccionales nacionales de su competencia internacional — Práctica de la prueba — Alcance
(Reglamento n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo)
(véanse los apartados 41 a 47 y el fallo)
Resumen
En respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), el Tribunal de Justicia desarrolla su jurisprudencia sobre la regla de competencia especial establecida en el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012, (
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) según la cual una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada, si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una «relación tan estrecha» que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente. El contexto es el de una demanda, dirigida a que se condene solidariamente a una sociedad matriz, domiciliada en los Países Bajos, y a su filial, domiciliada en otro Estado miembro, a reparar los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la comisión, por esa filial, de una infracción de las normas sobre competencia, presentada por la víctima de la infracción ante el órgano jurisdiccional del domicilio de la sociedad matriz. Se plantea al Tribunal de Justicia la cuestión de si este último órgano jurisdiccional puede, para apreciar la existencia de tal relación estrecha y para determinar su competencia internacional, partir de la presunción iuris tantum (
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) según la cual, en el caso específico de que una sociedad matriz sea titular, directa o indirectamente, de la totalidad o la casi totalidad del capital de la filial que ha infringido las normas en materia de competencia, dicha sociedad matriz ejerce efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial y puede ser considerada responsable de la infracción del mismo modo que la referida filial (en lo sucesivo, «presunción de influencia decisiva y de responsabilidad de la sociedad matriz»).
Las empresas cerveceras Athenian Brewery SA (en lo sucesivo, «AB») y Macedonian Thrace Brewery SA (en lo sucesivo «MTB»), establecidas en Grecia, operan en el mercado griego de la cerveza. AB forma parte del grupo Heineken, cuya sociedad matriz, Heineken, establecida en Ámsterdam (Países Bajos), define la estrategia y los objetivos del grupo, sin realizar por sí misma actividades operativas en Grecia. Entre septiembre de 1998 y el 14 de septiembre de 2014, Heineken poseía indirectamente en torno al 98,8 % de los títulos en que se divide el capital social de AB.
Mediante decisión de 19 de septiembre de 2014, la autoridad griega de defensa de la competencia declaró que AB había abusado de su posición dominante en el mercado griego de la cerveza en el período mencionado y que tal comportamiento debía considerarse una infracción única y continua del artículo 102 TFUE y de la ley griega de defensa de la competencia. A pesar de que MTB había solicitado que se incluyera a Heineken en la investigación, la autoridad de defensa de la competencia consideró, en su decisión, que no existían pruebas de una implicación directa de Heineken en las infracciones constatadas y que las circunstancias concretas no permitían presumir que Heineken hubiera ejercido una influencia decisiva sobre AB.
MTB presentó ante el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos) una demanda por la que solicitaba que se declarase a AB y a Heineken responsables solidarias de la infracción mencionada y, por tanto, que se las condenara solidariamente a indemnizar a MTB por la totalidad de los daños y perjuicios sufridos por esta como consecuencia de tal infracción.
El tribunal de Ámsterdam se declaró competente para conocer de las pretensiones formuladas contra Heineken en virtud del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, por encontrarse el domicilio social de esta sociedad en Ámsterdam. En cambio, declaró que carecía de competencia para conocer de la demanda interpuesta contra AB, al estimar que no se cumplía el requisito de una relación estrecha, en el sentido del artículo 8, punto 1, del mismo Reglamento, entre las demandas dirigidas contra Heineken y AB.
El órgano jurisdiccional ante el que se interpuso recurso de apelación anuló la resolución del tribunal de Ámsterdam y devolvió el asunto a ese tribunal para un nuevo examen y una resolución sobre el fondo. Consideró que dichas sociedades se encontraban en la misma situación de hecho y que no podía excluirse con certeza que formaran una única empresa.
AB y Heineken interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo de los Países Bajos, que es el órgano jurisdiccional remitente. Este órgano jurisdiccional se pregunta, en esencia, si en las circunstancias del asunto principal, (
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) el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012 se opone a que el órgano jurisdiccional del domicilio de la sociedad matriz ante el que se haya presentado la demanda se base exclusivamente, para determinar su competencia internacional, en la presunción de influencia decisiva y de responsabilidad de la sociedad matriz.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que la regla de competencia especial, establecida en la disposición citada, debe ser objeto de interpretación estricta, en la medida en que constituye una excepción al principio de competencia judicial del foro del domicilio del demandado.
Por consiguiente, para la aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012, procede verificar si entre las pretensiones formuladas por el mismo demandante contra distintos demandados existe un punto de conexión de tal naturaleza que resulte oportuno juzgarlas conjuntamente, a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente. Para poder considerar contradictorias las resoluciones, debe existir una divergencia en la solución del litigio que se inscriba en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho. (
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)
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si existe tal situación de hecho y de Derecho, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del asunto que se le haya sometido, y velar por que las pretensiones formuladas contra el único de los codemandados cuyo domicilio justifica su competencia no tengan por objeto que se cumplan de forma artificial los requisitos de aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012.
No obstante, el Tribunal de Justicia puede proporcionar elementos de interpretación del Derecho Unión que sean útiles para dicha apreciación. Así, ha declarado que el requisito de la existencia de una misma situación de hecho y de Derecho debe estimarse cumplido cuando se dirijan contra varias empresas que hayan participado en una infracción única y continua de las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, declarada por una decisión de la Comisión Europea, en cuanto partes demandadas, demandas basadas en su participación en dicha infracción, a pesar de que las demandadas en el litigio principal hayan participado de forma dispar, desde el punto de vista geográfico y temporal, en las prácticas colusorias consideradas. (
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)
También se impone tal apreciación en el caso de demandas basadas en la participación de una sociedad en una infracción de las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, presentadas contra dicha sociedad y su sociedad matriz, cuando se alega que forman conjuntamente una única empresa.
En efecto, cuando se demuestra que la sociedad y su filial forman parte de una misma unidad económica y constituyen, por tanto, una única empresa en el sentido de las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia, la propia existencia de esa unidad económica, autora de la infracción, determina, de manera decisiva, la responsabilidad de una u otra de las sociedades que componen la empresa por el comportamiento contrario a la competencia de esta última. Los conceptos de «empresa» y de «unidad económica», conllevan de pleno derecho la responsabilidad solidaria de las entidades que componen la unidad económica en el momento de la comisión de la infracción.
A este respecto, el hecho de que, como en el presente asunto, la responsabilidad solidaria de la sociedad matriz y de su filial por la infracción de las normas sobre competencia del Derecho de la Unión no haya sido declarada en una decisión definitiva de la Comisión no se opone a la aplicación del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012 a tales demandas.
En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre las implicaciones, para la eventual aplicación de la disposición citada, del hecho de que, por una parte, un demandante invoque, en apoyo de sus pretensiones contra una sociedad que ha participado en una infracción de las normas del Derecho de la Unión en materia de competencia y contra la sociedad que posee la totalidad o la casi totalidad del capital de la primera, la presunción de influencia decisiva y de responsabilidad de la sociedad matriz y, por otra parte, que la segunda sociedad niegue haber ejercido una influencia decisiva sobre su filial y formar con esta una unidad económica.
El Tribunal de Justicia destaca, en primer lugar, que tal presunción se ha desarrollado en el marco de la impugnación, por parte de las empresas afectadas, de las decisiones de la Comisión por las que declaraba la participación de estas en una infracción de las normas sobre competencia del Derecho de la Unión y les imponía multas con arreglo al Reglamento n.o 1/2003. (
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) En este contexto, el Tribunal de Justicia ha precisado que basta con que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad o la casi totalidad del capital social de esta para poder presumir que ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de esa filial. Consecuentemente, se puede considerar que la sociedad matriz es responsable solidaria del pago de la multa impuesta a su filial, a no ser que dicha sociedad matriz, a la que incumbe destruir esa presunción, aporte suficientes elementos probatorios que demuestren que su filial se conduce de manera autónoma en el mercado. (
7
)
El Tribunal de Justicia resalta que esta presunción también puede aplicarse en el caso de una demanda de una persona física o jurídica que alega haber sufrido un perjuicio como consecuencia de la participación de una sociedad en una infracción de las normas sobre competencia del Derecho de la Unión y que ha sido presentada contra otra sociedad que posee la totalidad o la casi totalidad del capital de la primera. (
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)
En segundo lugar, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en el momento de comprobar la competencia internacional, el tribunal ante el que se ha presentado la demanda no examina la admisibilidad ni la procedencia de esta, sino que se limita a identificar los puntos de conexión con el Estado del foro que justifican su competencia en virtud del artículo 8, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012.
En consecuencia, en una situación como la del asunto principal, el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda puede limitarse a comprobar que no cabe excluir a priori que haya existido una influencia decisiva de la sociedad matriz sobre la filial para que pueda declararse competente, siempre que lo permita el Derecho nacional.
Así sucederá si la parte demandante invoca la presunción de influencia decisiva y de responsabilidad de la sociedad matriz. No obstante, a efectos de la comprobación de que la demanda dirigida contra la sociedad matriz no tiene carácter artificial, las partes demandadas deben poder invocar indicios probatorios que sugieran, o bien que la sociedad matriz no era titular directa o indirectamente de la totalidad o la casi totalidad del capital de su filial, o bien que, a pesar de ello, debe destruirse dicha presunción.
En estas circunstancias, el artículo 8, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012 no se opone a que, en caso de demandas dirigidas a que se condene solidariamente a una sociedad matriz y a su filial a reparar los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la comisión, por la filial, de una infracción de las normas sobre competencia, el órgano jurisdiccional del domicilio de la sociedad matriz ante el que se haya presentado la demanda se base, para determinar su competencia internacional, en la presunción de influencia decisiva y de responsabilidad de la sociedad matriz, siempre que los demandados no se vean privados de la posibilidad mencionada con anterioridad.
(
1
)	Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
(
2
)	Reconocida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
(
3
)	Que se caracterizan por el hecho de que Heineken no operaba en el mercado griego de la cerveza, que las pretensiones formuladas contra ella por MTB se fundan únicamente en la influencia decisiva que supuestamente ejercía sobre el comportamiento de AB y que Heineken refuta haber ejercido tal influencia.
(
4
)	Sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, apartado 20).
(
5
)	Sentencia CDC Hydrogen Peroxide (antes citada, apartado 21).
(
6
)	El Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1).
(
7
)	Sentencia de 26 de octubre de 2017, Global Steel Wire y otros/Comisión, C‑457/16 P y C‑459/16 P a C‑461/16 P, EU:C:2017:819, apartado 84 y jurisprudencia citada).
(
8
)	En efecto, el concepto de «empresa», en el sentido de las normas sobre competencia del Derecho de la Unión, no puede tener un alcance diferente en el ámbito de la imposición, por la Comisión, de multas con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.o 1/2003 y en el de las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por infracción de las normas sobre competencia de la Unión.