62022CJ0162_RES
Asunto C‑162/22
Procedimiento incoado por A. G.
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 7 de septiembre de 2023
«Procedimiento prejudicial — Telecomunicaciones — Tratamiento de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/58/CE — Ámbito de aplicación — Artículo 15, apartado 1 — Datos conservados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y puestos a disposición de las autoridades encargadas de los procesos penales — Utilización posterior de esos datos con ocasión de una investigación sobre una conducta indebida en el ejercicio del cargo»
Aproximación de las legislaciones — Sector de las telecomunicaciones — Tratamiento de los datos personales y protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas — Directiva 2002/58/CE — Facultad de los Estados miembros para limitar el alcance de determinados derechos y obligaciones — Medidas nacionales que imponen a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas la conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico y de localización — Datos puestos a disposición de las autoridades competentes a efectos de la lucha contra la delincuencia grave — Utilización posterior de esos datos con ocasión de investigaciones de conductas indebidas en el ejercicio del cargo relacionadas con la corrupción — Improcedencia
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 7, 8, 11 y 52, ap. 1; Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 15, ap. 1)
(véanse los apartados 30 a 43 y el fallo)
Resumen
El Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra (Fiscalía General de la República de Lituania; en lo sucesivo, «Fiscalía General») incoó una investigación administrativa contra el demandante en el litigio principal, que en esa época ejercía las funciones de fiscal en una fiscalía lituana, por existir indicios de que este había proporcionado ilegalmente al sospechoso y a su abogado, en el marco de una instrucción que dirigía, información relevante de dicha instrucción.
En su informe sobre esta investigación, la comisión de la Fiscalía General declaró que el demandante en el litigio principal había incurrido efectivamente en una conducta indebida en el ejercicio de su cargo. Según el citado informe, dicha conducta indebida quedaba demostrada por los datos recabados durante la investigación administrativa. En concreto, la información obtenida durante las operaciones de investigación criminal y los datos recabados en las dos instrucciones penales confirmaban la existencia de comunicaciones telefónicas entre el demandante en el litigio principal y el abogado del sospechoso durante la instrucción que el demandante dirigía contra este último. Sobre la base del mismo informe, la Fiscalía General adoptó dos resoluciones mediante las cuales impuso al demandante en el litigio principal una sanción y le separó del servicio. El Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Vilna, Lituania), que conocía del recurso de anulación interpuesto contra ambas resoluciones, desestimó dicho recurso, basándose, en particular, en que las operaciones de investigación criminal efectuadas en dicho asunto eran conformes a Derecho y que la información recabada de conformidad con las disposiciones de la Ley de Inteligencia Criminal (
1
) había sido utilizada legalmente para apreciar la existencia de una conducta indebida supuestamente cometida por el demandante en el litigio principal en el ejercicio de su cargo.
Este último interpuso recurso de apelación ante el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, alegando que el acceso por parte de los órganos de investigación, en el marco de una operación de investigación criminal, a los datos de tráfico y al contenido mismo de las comunicaciones electrónicas constituía una vulneración de los derechos fundamentales de tal gravedad que, habida cuenta de las disposiciones de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (
2
) y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), dicho acceso solo podía concederse a los efectos de la lucha contra las infracciones graves. Pues bien, según el demandante en el litigio principal, la Ley de Inteligencia Criminal (
3
) establece que tales datos pueden utilizarse para investigar no solo infracciones graves, sino también faltas disciplinarias o faltas cometidas en el ejercicio del cargo relacionadas con actos de corrupción.
Según el órgano jurisdiccional remitente, las cuestiones prejudiciales planteadas por el demandante en el litigio principal se refieren a dos elementos, a saber, por un lado, el acceso a los datos conservados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas con fines distintos de la lucha contra las infracciones graves y la prevención de las amenazas graves contra la seguridad pública y, por otro lado, una vez obtenido dicho acceso, la utilización de esos datos para investigar conductas indebidas en el ejercicio del cargo relacionadas con la corrupción.
Tras recordar las enseñanzas extraídas de la sentencia Privacy International (
4
) relativas al ámbito de aplicación de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, y las extraídas de la sentencia Prokuratuur (Condiciones de acceso a los datos relativos a las comunicaciones electrónicas) (
5
) en lo que atañe al objetivo de prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, el órgano jurisdiccional remitente señala que el Tribunal de Justicia aún no se ha pronunciado sobre la incidencia de la utilización posterior de los datos de que trata en la injerencia en los derechos fundamentales. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si dicha utilización posterior debe asimismo considerarse constitutiva de una injerencia en los derechos fundamentales consagrados en la Carta (
6
) de tal gravedad que solo la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de las amenazas graves contra la seguridad pública pueden justificarla, lo que excluiría la posibilidad de utilizar esos datos en investigaciones relativas a conductas indebidas en el ejercicio del cargo relacionadas con la corrupción.
Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia precisa el alcance de su jurisprudencia resultante de las sentencias La Quadrature du Net y otros (
7
) y Commissioner of An Garda Síochána y otros (
8
) y declara que el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, interpretado a la luz de la Carta, (
9
) se opone a que datos personales relativos a comunicaciones electrónicas que hayan sido conservados, en aplicación de una medida legislativa adoptada en virtud de dicha disposición, por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y que posteriormente, en aplicación de dicha medida, se hayan puesto a disposición de las autoridades competentes a efectos de la lucha contra la delincuencia grave, puedan utilizarse en el marco de investigaciones relativas a conductas indebidas en el ejercicio del cargo relacionadas con la corrupción.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta a las condiciones en las que los datos de tráfico y de localización relativos a tales comunicaciones pueden utilizarse en un procedimiento administrativo relativo a actos ilícitos relacionados con la corrupción, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que solo puede concederse el acceso a dichos datos, en aplicación de una medida adoptada en virtud del artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, si esos datos han sido conservados por esos proveedores de conformidad con dicha disposición. Además, la utilización posterior de los datos mencionados solo es posible si, por un lado, la conservación de dichos datos por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas era conforme con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, tal como lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y, por otra parte, el acceso a esos mismos datos concedido a las autoridades competentes era también conforme con dicha disposición.
Por lo que respecta a los objetivos que pueden justificar la utilización, por las autoridades públicas, de datos conservados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en aplicación de una medida conforme con esas disposiciones, procede recordar que el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, interpretado a la luz de la Carta, el Tribunal de Justicia recuerda que esta disposición permite a los Estados miembros establecer excepciones a la obligación de principio de garantizar la confidencialidad de los datos personales, enunciada en el artículo 5, apartado 1, de dicha Directiva, así como de las obligaciones correspondientes, mencionadas, en particular, en los artículos 6 y 9 de la misma Directiva, cuando tal limitación constituya una medida necesaria, apropiada y proporcionada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública, o para la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas. Para ello, los Estados miembros podrán adoptar, entre otras, medidas legislativas en virtud de las cuales los datos se conserven durante un plazo limitado justificado por uno de esos motivos.
A continuación, el Tribunal de Justicia señala que el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas no puede justificar que la excepción a la obligación de principio de garantizar la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas y de los datos relativos a ellas y, en particular, a la prohibición de almacenar esos datos, prevista en el artículo 5 de la citada Directiva, se convierta en la norma si no se quiere privar en gran medida a esta última disposición de su alcance
Por lo que respecta a los objetivos que pueden justificar una limitación de los derechos y de las obligaciones previstos, en particular, en los artículos 5, 6 y 9 de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, el Tribunal de Justicia recuerda que la enumeración de los objetivos que figuran en el artículo 15, apartado 1, primera frase, de dicha Directiva tiene carácter exhaustivo, de modo que la medida legal que se adopte en virtud de esta disposición ha de responder efectiva y estrictamente a uno de ellos.
Por lo que toca a los objetivos de interés general que permiten justificar una medida adoptada en virtud del artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende, en particular, de las sentencias La Quadrature du Net y otros y Commissioner of An Garda Síochána y otros, que conforme al principio de proporcionalidad, existe una jerarquía entre dichos objetivos en función de su importancia respectiva y que la importancia del objetivo perseguido por tal medida debe ser correlativa a la gravedad de la injerencia que supone la medida. A este respecto, la importancia del objetivo de protección de la seguridad nacional, supera la de los demás objetivos contemplados en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, en particular los objetivos de combatir la delincuencia en general, incluso grave, y de protección de la seguridad pública. Sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta, el objetivo de protección de la seguridad nacional puede justificar medidas que supongan injerencias en los derechos fundamentales más graves que las que podrían justificar esos otros objetivos.
En lo que atañe, más en particular, al objetivo de prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, el Tribunal de Justicia ha señalado que, de conformidad con el principio de proporcionalidad, solo la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de las amenazas graves contra la seguridad pública pueden justificar las injerencias graves en los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta, como las que supone la conservación de los datos de tráfico y de los datos de localización. En consecuencia, solo las injerencias en tales derechos fundamentales que no presenten un carácter grave pueden estar justificadas por el objetivo de prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos en general.
De esta jurisprudencia se desprende que la lucha contra la delincuencia grave y la prevención de las amenazas graves contra la seguridad pública tienen una importancia menor, en la jerarquía de los objetivos de interés general, que la protección de la seguridad nacional, pero, en cambio, su importancia sobrepasa la de la lucha contra los delitos en general y la prevención de amenazas no graves contra la seguridad pública. En este contexto, el Tribunal de Justicia recuerda no obstante que, la posibilidad de que los Estados miembros justifiquen una limitación de los derechos y obligaciones previstos, en particular, en los artículos 5, 6 y 9 de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas debe apreciarse determinando la gravedad de la injerencia que supone esa limitación y comprobando que la importancia del objetivo de interés general perseguido por dicha limitación guarde relación con tal gravedad.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia recuerda que el acceso a los datos de tráfico y de localización conservados por los proveedores con arreglo a una medida adoptada de conformidad con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, que debe efectuarse respetando los requisitos que se derivan de la jurisprudencia que ha interpretado dicha Directiva, solo puede estar justificado, en principio, por el objetivo de interés general para el que dicha conservación se impuso a estos proveedores. Solo cabría una solución diferente si la importancia del objetivo perseguido por el acceso fuera mayor que la del objetivo que justificó la conservación.
Pues bien, según el Tribunal de Justicia, estas consideraciones se aplican mutatis mutandis a una utilización posterior de los datos de tráfico y de localización conservados por proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en aplicación de una medida adoptada en virtud del artículo 15, apartado 1, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas a efectos de la lucha contra la delincuencia grave. En efecto, tales datos no pueden, tras haber sido conservados y puestos a disposición de las autoridades competentes a efectos de la lucha contra la delincuencia grave, transmitirse a otras autoridades ni utilizarse para alcanzar objetivos como, en el presente asunto, la lucha contra las conductas indebidas en el ejercicio del cargo relacionadas con la corrupción, que son de una importancia menor, en la jerarquía de los objetivos de interés general, que el de la lucha contra la delincuencia grave y el de la prevención de las amenazas graves contra la seguridad pública. En efecto, autorizar, en tal situación, el acceso a los datos conservados y su utilización sería contrario a la jerarquía de objetivos de interés general anteriormente recordada.
(
1
)	Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos Įstatymas (Ley de la República de Lituania de Inteligencia Criminal), de 2 de octubre de 2012 (Žin., 2012, n.o 122‑6093), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Inteligencia Criminal»).
(
2
)	En particular, el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002 relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO 2002, L 201, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 11).
(
3
)	Artículo 19, apartado 3, de la Ley de Inteligencia Criminal.
(
4
)	Sentencia de 6 de octubre de 2020, Privacy International (C‑623/17, EU:C:2020:790), apartado 39.
(
5
)	Sentencia de 2 de marzo de 2021, Prokuratuur (Condiciones de acceso a los datos relativos a las comunicaciones electrónicas) (C‑746/18, EU:C:2021:152, apartados 33 y 35).
(
6
)	Artículos 7 y 8 de la Carta.
(
7
)	Sentencia de 6 de octubre de 2020, La Quadrature du Net y otros (C‑511/18, C‑512/18 y C‑520/18, EU:C:2020:791).
(
8
)	Sentencia de 5 de abril de 2022, Commissioner of An Garda Síochána y otros (C‑140/20, EU:C:2022:258).
(
9
)	Artículos 7, 8, 11 y 52, apartado 1, de la Carta.