AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala de Casación)
de 15 de enero de 2009
Asunto T‑306/08 P
Kurt-Wolfgang Braun-Neumann
contra
Parlamento Europeo
«Recurso de casación — Función pública — Pensiones — Pensión de muerte y supervivencia — Abono de un 50 % debido a la existencia de un segundo cónyuge supérstite — Acto lesivo — Reclamación extemporánea»
Objeto: Recurso de casación interpuesto contra el auto del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera), de 23
de mayo de 2008, Braun Neumann/Parlamento (F‑79/07, aún no publicado en la Recopilación), y por el que se solicita que se
anule el citado auto.
Resultado: Se desestima el recurso de casación. Cada parte cargará con las costas en que haya incurrido en el marco del presente procedimiento.
Sumario
1.      Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Requisitos de forma — Inexistencia
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
2.      Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Plazos
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
3.      Funcionarios — Recursos — Reclamación administrativa previa — Plazos
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
1.      El carácter informal de una medida de la Administración no se opone a su calificación como acto lesivo, lo cual no depende
de su forma o denominación, sino que está determinado por su sustancia y en particular por el dato de si produce efectos jurídicos
obligatorios que puedan afectar directa e inmediatamente a los intereses del demandante, por modificar de forma caracterizada
su situación jurídica.
(véase el apartado 32)
Referencia: Tribunal de Justicia, 1 de febrero de 1979, Deshormes/Comisión (17/78, Rec. p. 189), apartado 10; Tribunal de
Primera Instancia, 19 de octubre de 1995, Obst/Comisión (T‑562/93, RecFP pp. I‑A‑247 y II‑737), apartado 23; Tribunal de Primera
Instancia, 9 de septiembre de 2008, Marcuccio/Comisión, (T‑144/08, aún no publicado en la Recopilación), apartado 25
2.      Ninguna disposición expresa del Derecho comunitario impone a las instituciones una obligación general de informar a los destinatarios
de los actos de las posibilidades de interponer recursos jurisdiccionales ni de los plazos en que pueden presentarse. El hecho
de que la respuesta a la reclamación administrativa previa no indique los recursos que puede ejercitar el interesado no obliga
al juez comunitario a admitir un recurso interpuesto fuera de plazo, en aplicación de los principios de seguridad jurídica
y de proporcionalidad.
(véanse los apartados 34 y 35)
Referencia: Tribunal de Justicia, 5 de marzo de 1999, Guérin automobiles/Comisión (C‑153/98 P, Rec. p. 1441), apartados 13
y 15; Tribunal de Primera Instancia, 24 de febrero de 2000, ADT Projekt/Comisión (T‑145/98, Rec. p. II‑387), apartado 210;
Tribunal de Primera Instancia, 22 de diciembre de 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento (T‑146/04, Rec. p. II‑5989), apartado 131
3.      El plazo de tres meses establecido en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto para presentar una reclamación contra un acto
lesivo es de orden público y no puede quedar al arbitrio de las partes ni del juez, en la medida en que tiene como finalidad
garantizar la claridad y seguridad de las situaciones jurídicas, así como la certeza del Derecho. En consecuencia, corresponde
al juez comunitario comprobar de oficio si se ha respetado dicho plazo. El hecho de que la institución no observara, en la
fase de respuesta a la reclamación administrativa, que ésta era extemporánea y, por consiguiente, inadmisible, o de que ella
misma indicara de forma expresa que el demandante todavía podía interponer un recurso jurisdiccional, no es relevante para
la admisibilidad del recurso en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto. En efecto, tales circunstancias no pueden
tener por efecto dejar sin aplicación el sistema de plazos imperativos que establecen los artículos 90 y 91 del Estatuto,
y menos aún el de eximir al Tribunal de la obligación que le incumbe de comprobar el cumplimiento de los plazos estatutarios.
(véanse los apartados 36 y 37)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 17 de octubre de 1991, Offermann/Parlamento (T‑129/89, Rec. p. II‑855), apartado
34; Tribunal de Primera Instancia, 18 de marzo de 1997, Rasmussen/Comisión (T‑35/96, RecFP pp. I‑A‑61 y II‑187), apartado
30; Tribunal de Primera Instancia, 7 de septiembre de 2005, Krahl/Comisión (T‑358/03, RecFP pp. I‑A‑215 y II‑993), apartado
35, y la jurisprudencia citada, y apartado 36