62024CO0475
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 12 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 168 — Derecho a deducción del IVA — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo — Artículo 50 — Principio non bis in idem — Sobreseimiento de actuaciones penales respecto de personas físicas — Procedimiento administrativo relativo a una sociedad que tiene la condición de sujeto pasivo — Examen de pruebas recabadas durante las actuaciones penales — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Respuesta que puede deducirse claramente de la jurisprudencia»
En el asunto C‑475/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Constanţa (Tribunal Superior de Constanza, Rumanía), mediante resolución de 9 de abril de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de julio de 2024, en el procedimiento entre
Fashion TV RO SRL,
Maestro SPRL
y
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi — Serviciul Soluţionare Contestaţii — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța,
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța — Activitatea de Inspecţie Fiscală,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por la Sra. I. Ziemele, Presidenta de Sala, el Sr. T. von Danwitz (Ponente), Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Sexta, y el Sr. A. Kumin, Juez;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Fashion TV RO SRL, por el Sr. T. Chiuariu;
–
en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. R. Antonie, E. Gane, y L. Ghiţă, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno checo, por la Sra. L. Březinová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Armenia y T. Isacu de Groot, en calidad de agentes;
oído el Abogado General, el Sr. D. Spielmann;
dicta el siguiente
Auto
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva del IVA»), de los artículos 47 y 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la sociedad Fashion TV RO SRL (en lo sucesivo, «Fashion TV») y la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Serviciul Soluționare Contestații — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța (Dirección General Regional de Hacienda de Galați — Servicio de Resolución de Reclamaciones — Administración Provincial de Hacienda de Constanza, Rumanía) y la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța — Activitatea de Inspecție Fiscală (Dirección General Regional de Hacienda de Galați — Administración Provincial de Hacienda de Constanza — Actividad de Inspección Tributaria, Rumanía) relativo a la denegación del derecho a deducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) que Fashion TV afirma haber soportado con motivo de la adquisición de bienes.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El artículo 167 de la Directiva del IVA establece que el derecho a deducir nace en el momento en que es exigible el impuesto deducible.
4
A tenor del artículo 168 de esta Directiva:
«En la medida en que los bienes y los servicios se utilicen para las necesidades de sus operaciones gravadas, el sujeto pasivo tendrá derecho, en el Estado miembro en el que realice estas operaciones, a deducir del importe del impuesto del que es deudor los siguientes importes:
a)
el IVA devengado o pagado en dicho Estado miembro por los bienes que le hayan sido o le vayan a ser entregados y por los servicios que le hayan sido o le vayan a ser prestados por otro sujeto pasivo;
[…]».
5
El artículo 178, letra a), de dicha Directiva dispone que, para poder ejercer el derecho a la deducción contemplada en el artículo 168, letra a), de la misma, el sujeto pasivo deberá estar en posesión de una factura expedida conforme a los requisitos establecidos en la misma Directiva.
Derecho rumano
6
El artículo 6 del Codul de procedură penală (Código de Enjuiciamiento Criminal), titulado «Non bis in idem», está redactado en los siguientes términos:
«Nadie podrá ser perseguido o juzgado por haber cometido un delito si ha sido previamente condenado mediante sentencia firme por el mismo hecho, aunque tenga otra calificación jurídica.»
7
El artículo 335 de dicho Código, titulado «Continuación en caso de reapertura de un procedimiento penal», dispone:
1)   Si el superior jerárquico del fiscal que dictó la resolución comprobara posteriormente que la circunstancia que motivó el sobreseimiento no existía, revocará tal resolución y ordenará la reapertura de las diligencias penales. Las disposiciones del artículo 317 se aplicarán en consecuencia.
2)   Cuando aparezcan hechos o circunstancias nuevos de los que se desprenda que la circunstancia que motivó el sobreseimiento ha desaparecido, el fiscal revocará la resolución y ordenará la reapertura de las diligencias penales.
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
8
Fashion TV lleva a cabo actividades de producción cinematográfica, de vídeos y de programas de televisión. Durante el período 2014‑2015, esta sociedad fue objeto de una inspección tributaria, a raíz de la cual se establecieron a su cargo, mediante una liquidación, cuotas tributarias adicionales en concepto, en particular, de IVA, aumentadas con intereses, incrementos y recargos de demora, por un importe de 416360 leus rumanos (RON) (en torno a 81340 euros), respecto de la liquidación complementaria del IVA practicada.
9
La Administración tributaria consideró que los requisitos para deducir el IVA supuestamente soportado por Fashion TV por adquisiciones de bienes no se cumplían, en la medida en que el IVA se había deducido sobre la base de facturas en ninguna de las cuales los proveedores habían sido identificados a efectos del IVA, o no habían sido identificados a tal efecto en la fecha de las facturas; de facturas emitidas por proveedores cuyo número de identificación no correspondía a ninguna sociedad que figurara en las bases de datos de la Administración tributaria rumana o correspondía a otra sociedad; de facturas emitidas por proveedores declarados inactivos en la fecha de que se tratase, y de facturas referidas a operaciones no reconocidas por los proveedores en cuestión.
10
El 11 de agosto de 2015, tras emitir la liquidación tributaria, la Administración tributaria rumana acudió al Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța (Fiscalía ante el Tribunal Superior de Constanza, Rumanía) a fin de que se determinara si los hechos expuestos en el apartado anterior del presente auto constituían infracciones penales. A tal efecto, se incoaron actuaciones penales contra dos personas físicas, DX y JC, gerente y contable de Fashion TV, respectivamente, sobre la base de indicios que sugerían que dichas personas físicas habían cometido fraude fiscal, al haber incluido operaciones y facturas ficticias en las cuentas y en las declaraciones de IVA de esta sociedad. Sin embargo, las actuaciones penales fueron sobreseídas mediante auto de 31 de enero de 2023, debido a que, en esencia, no se acreditó que existiera una infracción y había transcurrido el plazo de prescripción.
11
En paralelo, en su condición de sujeto pasivo, Fashion TV impugnó la liquidación ante el Tribunalul Constanţa (Tribunal de Distrito de Constanza, Rumanía), que desestimó su recurso por infundado. Dicho órgano jurisdiccional consideró, en particular, que la apreciación de la Administración tributaria rumana se basaba en elementos objetivos respecto al carácter ficticio de las operaciones económicas invocadas y que Fashion TV no había aportado prueba en contrario.
12
Fashion TV interpuso un recurso contra la sentencia de primera instancia ante la Curtea de Apel Constanța (Tribunal Superior de Constanza, Rumanía), que es el órgano jurisdiccional remitente. Con el fin de resolver sobre este recurso, dicho órgano jurisdiccional pretende completar las pruebas que constan en el expediente tributario incorporando en él las recabadas en el marco del procedimiento penal. Fashion TV se opone a ello, debido a que, en su opinión, el examen de las pruebas recabadas durante las actuaciones penales menoscaba la autoridad de la cosa juzgada, de la que goza el auto de sobreseimiento, el principio de non bis in idem, el derecho a un proceso equitativo y los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.
13
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el juez competente en materia tributaria puede, o incluso debe, comprobar si se cumplen los requisitos materiales y formales establecidos en la Directiva del IVA para el ejercicio del derecho a deducción, en particular, mediante el examen de las pruebas recabadas durante actuaciones penales anteriores, o si, por el contrario, los artículos 47 y 50 de la Carta, así como los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, se oponen a ese examen, con el resultado de que habría que poner fin al procedimiento judicial en materia tributaria en beneficio del sujeto obligado.
14
En este contexto, la Curtea de Apel Constanța (Tribunal Superior de Constanza) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«En unas circunstancias como las del presente asunto, en el que se ha dictado una resolución de sobreseimiento de las actuaciones penales por la comisión del delito de evasión fiscal respecto del representante legal del sujeto pasivo, basándose en que el hecho delictivo no existe ni existen pruebas de que el representante legal del sujeto pasivo haya cometido el delito y, además, la responsabilidad penal ha prescrito, ¿exigen los artículos 47 y 50 de la [Carta] y los principios generales del Derecho de seguridad jurídica y de confianza legítima la aplicación del principio non bis in idem, con la consiguiente conclusión de los procedimientos tributarios contra el sujeto pasivo, o bien el objetivo de combatir el fraude fiscal, la evasión fiscal y los eventuales abusos, consagrado por la Directiva [del IVA] permite o incluso obliga al órgano jurisdiccional civil que conoce de la demanda de anulación de la liquidación tributaria emitida con respecto al propio sujeto pasivo a comprobar si se cumplen los requisitos materiales y formales establecidos en la Directiva [del IVA] para el ejercicio del derecho a deducción, incluso examinando las pruebas practicadas en el curso de las actuaciones penales?»
Sobre la cuestión prejudicial
15
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 168 de la Directiva del IVA, leído a la luz de los artículos 47 y 50 de la Carta, así como de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional que conoce de un litigio relativo al ejercicio del derecho a deducción del IVA debe comprobar si se cumplen, por parte del sujeto pasivo de que se trate, los requisitos materiales y formales establecidos por esta Directiva, en particular, procediendo al examen de las pruebas recabadas durante actuaciones penales anteriores en relación con personas distintas de ese sujeto pasivo, o, por el contrario, en el sentido de que estos artículos y principios se oponen a dicho examen, en particular cuando esas actuaciones penales hayan abocado al sobreseimiento.
Sobre la admisibilidad
16
El Gobierno rumano cuestiona la admisibilidad de la cuestión prejudicial, en la medida en que, a su parecer, el órgano jurisdiccional remitente no expone las razones precisas por las cuales estima que la interpretación de determinados principios y disposiciones referidos en dicha cuestión prejudicial son necesarios para la resolución del litigio principal.
17
Además, dicho Gobierno, así como el Gobierno checo y la Comisión Europea, alega que el artículo 50 de la Carta no es aplicable a las circunstancias del litigio principal.
18
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 3 de abril de 2025, Swiftair, C‑701/23, EU:C:2025:237, apartado 21 y jurisprudencia citada).
19
Asimismo, es preciso señalar que los requisitos relativos al contenido de una petición de decisión prejudicial se encuentran de manera explícita en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y que el órgano jurisdiccional remitente, en el marco de la cooperación instaurada en el artículo 267 TFUE, los debe conocer y respetar escrupulosamente. En virtud de estos requisitos, que se recuerdan en el apartado 15 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO 2019, C 380, p. 1), toda petición de decisión prejudicial debe contener «una exposición concisa del objeto del litigio principal y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en los que se basan las cuestiones prejudiciales», «el texto de las disposiciones nacionales que puedan ser aplicables al asunto y, en su caso, la jurisprudencia nacional pertinente», así como la «indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, y de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal» (sentencia de 3 de abril de 2025, Swiftair, C‑701/23, EU:C:2025:237, apartado 22).
Sobre el artículo 50 de la Carta
20
En relación con el artículo 50 de la Carta, procede recordar, en primer lugar, que los procedimientos relativos a infracciones en materia de IVA y que pretenden garantizar la exacta recaudación de este impuesto y evitar el fraude, como los controvertidos en el litigio principal, constituyen una aplicación de la Directiva del IVA y, por consiguiente, del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta. Así, las disposiciones de Derecho nacional que regulen tales procedimientos pertenecen al ámbito de aplicación de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de abril de 2017, Orsi y Baldetti, C‑217/15 y C‑350/15, EU:C:2017:264, apartado 16 y jurisprudencia citada).
21
Dicho esto, es preciso igualmente recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual la aplicación del principio non bis in idem, garantizado en el artículo 50 de la Carta, presupone, en primer lugar, que sea la misma persona la que es objeto de las sanciones o de las actuaciones penales en cuestión. De la propia redacción de este artículo se desprende que prohíbe perseguir judicialmente o sancionar penalmente a una misma persona más de una vez por una misma infracción (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de abril de 2017, Orsi y Baldetti, C‑217/15 y C‑350/15, EU:C:2017:264, apartados 17 y 18).
22
Pues bien, en el presente asunto, consta que las actuaciones penales fueron sustanciadas respecto a dos personas físicas, DX y JC, que son jurídicamente distintas del sujeto pasivo en el litigio principal, Fashion TV. Por consiguiente, como han señalado fundadamente los Gobiernos checo y rumano, al igual que la Comisión, en sus observaciones escritas, el requisito para que resulte aplicable el principio non bis in idem, conforme al cual la «misma persona» debe ser objeto de las sanciones y de las actuaciones penales de que se trate, no parece concurrir. El hecho de que se haya seguido un procedimiento penal contra DX y JC por hechos cometidos en su condición de representantes legales de Fashion TV no puede desvirtuar esta conclusión. En estas circunstancias, el artículo 50 de la Carta no parece aplicable al litigio principal (véase, por analogía, la sentencia de 5 de abril de 2017, Orsi y Baldetti, C‑217/15 y C‑350/15, EU:C:2017:264, apartados 22, 23 y 26).
23
En este contexto, ha de recordarse que, cuando las disposiciones del Derecho de la Unión a las que se refiere una cuestión prejudicial no son aplicables al litigio principal y, por tanto, carecen de pertinencia para su resolución, procede considerar que la decisión prejudicial solicitada no es necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente pueda dictar sentencia y que esa cuestión es, en consecuencia, inadmisible (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 2025, Swiftair, C‑701/23, EU:C:2025:237, apartado 28 y jurisprudencia citada).
24
De ello se infiere que la cuestión prejudicial planteada en el presente asunto por el órgano jurisdiccional remitente es, por este motivo, inadmisible, en la medida en que se refiere al artículo 50 de la Carta.
Sobre los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima
25
Es preciso recordar que el principio de seguridad jurídica, cuyo corolario es el principio de protección de la confianza legítima, exige, por una parte, que las reglas jurídicas sean claras y precisas y, por otra parte, que su aplicación sea previsible para los justiciables, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables. Este principio exige, en concreto, que la normativa en cuestión permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que estos puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia [véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de junio de 2024, Prysmian Cabluri şi Sisteme, C‑168/23, EU:C:2024:557, apartado 40, y de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad), C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 158 y jurisprudencia citada].
26
El principio de protección de la confianza legítima solo puede ser invocado por un justiciable al que una autoridad administrativa haya hecho concebir esperanzas fundadas basadas en garantías concretas, incondicionales y concordantes, procedentes de fuentes autorizadas y fiables, que le hubiera proporcionado (sentencia de 27 de junio de 2024, Prysmian Cabluri şi Sisteme, C‑168/23, EU:C:2024:557, apartado 41 y jurisprudencia citada).
27
Estos principios deben ser respetados por los Estados miembros en los ámbitos regulados por el Derecho de la Unión. A este respecto, las normas jurídicas de los Estados miembros deben formularse de una manera inequívoca, que permita a las personas interesadas conocer sus derechos y obligaciones de forma clara y precisa y a los órganos jurisdiccionales nacionales garantizar su cumplimiento (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartados 45 y 46 y jurisprudencia citada).
28
En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente hace referencia a la alegación formulada por Fashion TV, según la cual el examen, en el marco de un procedimiento de naturaleza tributaria pendiente ante él, de las pruebas recabadas durante el procedimiento penal que se había sustanciado contra DX y JC puede menoscabar la autoridad de cosa juzgada de la que goza el auto de sobreseimiento dictado respecto a esas personas físicas.
29
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente no explica cómo un examen de ese tipo daría lugar a una violación del principio de seguridad jurídica o del de protección de la confianza legítima con respecto a Fashion TV, en su condición de sujeto pasivo. Además, dicho órgano jurisdiccional no indica por qué las disposiciones pertinentes del Derecho rumano carecen de claridad, precisión o previsibilidad, y no menciona en modo alguno las garantías proporcionadas a Fashion TV por la Administración tributaria rumana con respecto al derecho a deducción, en relación con el auto de sobreseimiento. En este sentido, dicho órgano jurisdiccional no explica el vínculo que pretende establecer entre los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, por una parte, y la legislación nacional aplicable al litigio principal, por otra.
30
Por tanto, en lo que respecta a estos principios, la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente no cumple los requisitos referidos en el apartado 19 del presente auto. De ello se colige que esta cuestión prejudicial es igualmente inadmisible en la medida en que tiene por objeto los principios mencionados.
31
Por consiguiente, procede responder a dicha cuestión prejudicial únicamente en la medida en que se refiere al artículo 168 de la Directiva del IVA, leído a la luz del artículo 47 de la Carta.
Sobre el fondo
32
Conforme al artículo 99 del Reglamento de Procedimiento, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.
33
En el presente asunto, procede aplicar esta disposición.
34
Según reiterada jurisprudencia, el derecho de los sujetos pasivos a deducir del IVA del que son deudores el IVA devengado o pagado por ellos por los bienes adquiridos y los servicios recibidos constituye un principio fundamental del sistema común del IVA. Como el Tribunal de Justicia ha declarado en numerosas ocasiones, el derecho a la deducción previsto en los artículos 167 y siguientes de la Directiva del IVA forma parte del mecanismo del IVA y, en principio, no puede limitarse, siempre que los sujetos pasivos que deseen ejercitarlo cumplan las exigencias o requisitos tanto materiales como formales a los que está supeditado (sentencia de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartado 32 y jurisprudencia citada).
35
Por cuanto se refiere a las exigencias o requisitos materiales a los que está supeditado el derecho a deducir el IVA, del artículo 168, letra a), de la Directiva del IVA se desprende que, para poder acogerse a ese derecho, es preciso, por un lado, que el interesado sea un «sujeto pasivo» en el sentido de dicha Directiva y, por otro, que los bienes o servicios en los cuales se fundamenta el derecho a deducción sean utilizados posteriormente por el sujeto pasivo para las necesidades de sus propias operaciones gravadas, así como que, previamente, esos bienes o servicios hayan sido entregados o prestados por otro sujeto pasivo. En cuanto a las condiciones de ejercicio del derecho a deducción del IVA, que se asimilan a exigencias o requisitos de naturaleza formal, el artículo 178, letra a), de la Directiva del IVA establece que el sujeto pasivo deberá estar en posesión de una factura expedida conforme a los requisitos establecidos en la misma Directiva (sentencia de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartado 33 y jurisprudencia citada).
36
Los requisitos materiales del derecho a deducción solo se cumplen en caso de que se haya realizado efectivamente la entrega de bienes o prestación de servicios a que se refiere la factura. En cuanto a la carga de la prueba, según reiterada jurisprudencia, incumbe al sujeto pasivo que solicita la deducción del IVA probar que cumple los requisitos previstos para tener derecho a ella. Las autoridades tributarias pueden, por consiguiente, exigir al propio sujeto pasivo que presente las pruebas que consideren necesarias para apreciar si procede conceder la deducción solicitada. En cuanto a la valoración de dichas pruebas, incumbe realizarla al juez nacional, con arreglo a las normas del Derecho nacional en materia de prueba, efectuando una apreciación global de todos los elementos y circunstancias de hecho del asunto principal (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartado 34, y de 12 de diciembre de 2024, Weatherford Atlas Gip, C‑527/23, EU:C:2024:1024, apartados 36 y 37 y jurisprudencia citada).
37
En este contexto, el derecho a deducción puede denegarse al sujeto pasivo si se prueba objetivamente que ha sido invocado de manera fraudulenta o abusiva. En efecto, es necesario recordar que la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y los posibles abusos es un objetivo reconocido y promovido por la Directiva del IVA y que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que los justiciables no pueden prevalerse de las normas del Derecho de la Unión de forma abusiva o fraudulenta. Así pues, aun cuando se dieran los requisitos materiales para el derecho a deducción, corresponde a las autoridades y tribunales nacionales denegar ese derecho cuando resulte objetivamente acreditado que ha sido invocado de manera fraudulenta o abusiva (sentencia de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartados 35 y jurisprudencia citada).
38
Dado que la denegación del derecho a deducción supone una excepción a la aplicación del principio fundamental que constituye este derecho, corresponde a las autoridades tributarias acreditar suficientemente con arreglo a Derecho los elementos objetivos que permitan llegar a la conclusión de que el sujeto pasivo cometió un fraude del IVA o sabía o debería haber sabido que la operación en la cual se fundamenta el derecho a deducción formaba parte de un fraude de este tipo. Incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar a continuación si esas autoridades tributarias han demostrado la existencia de tales elementos objetivos (sentencia de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartado 37 y jurisprudencia citada).
39
A este respecto, puesto que el Derecho de la Unión no establece normas relativas a la práctica de la prueba en casos de fraude del IVA, la Administración tributaria debe acreditar estos elementos objetivos de conformidad con las normas del Derecho nacional. Sin embargo, tales normas no podrán menoscabar la eficacia del Derecho de la Unión y deberán respetar los derechos garantizados por ese ordenamiento jurídico, y en especial por la Carta (sentencias de 24 de febrero de 2022, SC Cridar Cons, C‑582/20, EU:C:2022:114, apartado 36, y de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartado 38 y jurisprudencia citada).
40
De este modo y en tales circunstancias, el Tribunal de Justicia ha declarado que el Derecho de la Unión no se opone, en particular, a que, en el marco de un procedimiento administrativo, la Administración tributaria pueda utilizar, con el fin de constatar la existencia de una práctica abusiva en materia de IVA, pruebas obtenidas en el marco de un procedimiento penal nacional paralelo aún no concluido referido al sujeto pasivo, siempre que se respeten los derechos garantizados por el Derecho de la Unión, y en especial por la Carta. Asimismo, ha declarado que, con esta misma salvedad, la Administración tributaria, para demostrar la existencia de fraude del IVA, debe poder basarse en pruebas obtenidas en procedimientos no concluidos que no conciernen al sujeto pasivo o recabadas en procedimientos conexos en los que el sujeto pasivo no era parte (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de febrero de 2022, SC Cridar Cons, C‑582/20, EU:C:2022:114, apartado 37 y jurisprudencia citada).
41
Entre los derechos garantizados por el Derecho de la Unión figura, en particular, por una parte, el respeto del derecho de defensa, que, según jurisprudencia reiterada, constituye un principio general del Derecho de la Unión que resulta de aplicación cuando la Administración se propone adoptar un acto lesivo para una persona. En virtud de este principio, debe permitirse a los destinatarios de decisiones que afecten significativamente a sus intereses dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los elementos en los que la Administración vaya a basar su decisión. Esta obligación recae sobre las administraciones de los Estados miembros cuando adoptan resoluciones que entran dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, aun cuando la legislación de la Unión aplicable no establezca expresamente tal requisito formal [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, apartado 39, y de 13 de junio de 2024, C (Administradores y liquidadores concursales), C‑696/22, EU:C:2024:499, apartados 104 a 106 y jurisprudencia citada].
42
El principio de respeto del derecho de defensa se aplica en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, en las que un Estado miembro, para dar cumplimiento a la obligación que se desprende de la aplicación del Derecho de la Unión de adoptar todas las medidas legales y reglamentarias apropiadas para garantizar la percepción de la totalidad del IVA adeudado en su territorio y luchar contra el fraude, somete al sujeto pasivo a un procedimiento de inspección tributaria [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de junio de 2024, C (Administradores y liquidadores concursales), C‑696/22, EU:C:2024:499, apartado 107 y jurisprudencia citada].
43
Forma parte del respeto del derecho de defensa el derecho a ser oído, que garantiza a toda persona la posibilidad de dar a conocer de manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo, antes de la adopción de cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses. Este derecho exige igualmente que la Administración preste toda la atención necesaria a las observaciones formuladas de este modo por el interesado, examinando minuciosa e imparcialmente todos los datos pertinentes del asunto de que se trate y motivando su decisión detalladamente, de manera que la obligación de motivar una decisión de modo suficientemente específico y concreto para que el interesado pueda comprender las razones de la denegación que se opone a su solicitud constituye el corolario del principio del respeto del derecho de defensa (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, apartados 41 y 42 y jurisprudencia citada).
44
Por otra parte, también ha de tenerse en cuenta el artículo 47 de la Carta, que garantiza la efectividad de la tutela judicial. A tenor de este artículo, toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en dicho artículo. En particular, toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, apartado 60).
45
El principio de igualdad de armas, que forma parte integrante del principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, consagrado en el artículo 47 de la Carta, toda vez que es el corolario del concepto mismo de proceso equitativo, al igual que el principio de contradicción, implica la obligación de ofrecer a cada una de las partes una oportunidad razonable de formular sus pretensiones, incluyendo la aportación de pruebas, en condiciones que no coloquen a una de ellas en una situación de manifiesta desventaja en relación con la parte contraria (sentencia de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, apartado 61 y jurisprudencia citada).
46
Este principio tiene como finalidad asegurar el equilibrio procesal entre las partes de un proceso judicial, garantizando la igualdad de sus derechos y obligaciones en lo referente, en particular, a las normas que rigen la práctica de la prueba y el debate contradictorio ante el juez y el derecho de recurso de las partes. Para cumplir las exigencias vinculadas al derecho a un proceso equitativo, procede que las partes tengan conocimiento y puedan debatir de forma contradictoria sobre los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento (véase la sentencia de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, apartado 62 y jurisprudencia citada).
47
En este sentido, la efectividad del control judicial garantizado por el artículo 47 de la Carta exige que el tribunal que lleve a cabo el control de la legalidad de una resolución por la que se aplica el Derecho de la Unión pueda comprobar si las pruebas en las que se basó dicha resolución se obtuvieron y utilizaron vulnerando los derechos garantizados por ese ordenamiento jurídico y, en particular, por la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, apartado 63 y jurisprudencia citada).
48
La efectividad del control judicial garantizado por el artículo 47 de la Carta exige también, en consecuencia, que el tribunal que conoce de un recurso contra una resolución de la Administración tributaria por la que se practica una liquidación complementaria del IVA esté facultado para comprobar si las pruebas recabadas en un procedimiento conexo, en el que el sujeto pasivo no era parte, y utilizadas para fundamentar esa resolución no lo fueron vulnerando los derechos garantizados por el Derecho de la Unión y, en particular, por la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2019, Glencore Agriculture Hungary, C‑189/18, EU:C:2019:861, apartado 65 y jurisprudencia citada).
49
En el presente asunto, a la luz de una jurisprudencia reiterada que se recuerda en los apartados 34 a 38 del presente auto, el órgano jurisdiccional competente en materia tributaria, llamado a examinar el derecho a deducción del IVA supuestamente soportado por Fashion TV, está obligado, por tanto, a comprobar si se cumplen los requisitos para el ejercicio de este derecho, examinando las pruebas que le han sido presentadas, conforme a las normas pertinentes del Derecho nacional, y efectuando, a tal efecto, una apreciación global de todos los elementos y circunstancias de hecho del asunto principal.
50
En este contexto, a fin de determinar si existe un fraude del IVA, incumbe a ese órgano jurisdiccional comprobar si la Administración tributaria ha acreditado suficientemente, con arreglo a Derecho, elementos objetivos que permitan llegar a la conclusión de que el sujeto pasivo ha cometido tal fraude o sabía o debería haber sabido que la operación invocada como fundamento del derecho a deducción formaba parte de un fraude del IVA. Tales elementos objetivos pueden haber sido recabados, en particular, durante procedimientos conexos en los cuales el sujeto pasivo no fuera parte.
51
Por consiguiente, dicho órgano jurisdiccional puede, a la luz de una jurisprudencia reiterada citada en los apartados 39 y 40 del presente auto, examinar pruebas recabadas en el marco de un procedimiento conexo en el que el sujeto pasivo no ha sido parte, como es el caso del procedimiento penal sustanciado respecto de DX y JC. Sobre este particular, la circunstancia de que este procedimiento conexo haya dado lugar a un auto de sobreseimiento en relación con esas personas físicas carece de incidencia y no puede justificar que el órgano jurisdiccional remitente omita comprobar el cumplimiento, por el sujeto pasivo, de los requisitos de ejercicio del derecho a deducción. Además, una circunstancia de este tipo no puede justificar que se ponga fin al procedimiento judicial en materia tributaria en beneficio del sujeto pasivo y que se reconozca a este el beneficio del derecho a deducción, sin que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto haya podido comprobar el cumplimiento de esos requisitos.
52
Dicho esto, el examen de las pruebas procedentes de un procedimiento penal conexo, que haya abocado a un auto de sobreseimiento y en el que el sujeto pasivo no era parte, debe respetar los derechos garantizados por el Derecho de la Unión y, en particular, por la Carta.
53
Habida cuenta de una jurisprudencia reiterada y de los principios referidos en los apartados 41 y 52 del presente auto, el órgano jurisdiccional remitente debe, en particular, cerciorarse de que la Administración tributaria rumana ha concedido al sujeto pasivo de que se trata la posibilidad de dar a conocer, de una manera adecuada y efectiva, su punto de vista durante el procedimiento administrativo, antes de que se adoptara la decisión de denegación del derecho a deducción.
54
Por consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 168 de la Directiva del IVA, leído a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional que conoce de un litigio relativo al ejercicio del derecho a deducción del IVA debe comprobar si se cumplen, por parte del sujeto pasivo de que se trate, los requisitos materiales y formales establecidos por esta Directiva y puede, con tal fin, proceder al examen de las pruebas recabadas durante actuaciones penales anteriores en relación con personas distintas del sujeto pasivo, a condición de que ese examen respete los derechos garantizados por el Derecho de la Unión, en particular por la Carta, incluido el principio de igualdad de armas y el derecho de defensa.
Costas
55
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 168 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, leído a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional que conoce de un litigio relativo al ejercicio del derecho a deducción del impuesto sobre el valor añadido debe comprobar si se cumplen, por parte del sujeto pasivo de que se trate, los requisitos materiales y formales establecidos por esta Directiva y puede, con tal fin, proceder al examen de las pruebas recabadas durante actuaciones penales anteriores en relación con personas distintas del sujeto pasivo, a condición de que ese examen respete los derechos garantizados por el Derecho de la Unión, en particular, por la Carta, incluidos el principio de igualdad de armas y el derecho de defensa.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: rumano.