62022TJ0448_RES
Asunto T‑448/22
PW
contra
Servicio Europeo de Acción Exterior
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 2 de octubre de 2024
«Función pública — Agente contractual — Denegación de reembolso de los gastos de viaje anual de los hijos a cargo — Artículo 8, apartado 1, del anexo VII del Estatuto — Recurso de anulación — Acto lesivo — Decisión por la que se fija definitivamente la posición de la Administración — Admisibilidad — Principio de buena administración — Deber de asistencia y protección»
Recursos de funcionarios — Acto lesivo — Concepto — Respuesta de la Administración que no puede considerarse constitutiva de la posición definitiva de la institución debido a la falta de información pertinente — Exclusión
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
(véanse los apartados 31, 33, 34, 41 y 42)
Funcionarios — Reembolso de gastos — Gastos del viaje anual — Requisitos y modalidades — Facultad de apreciación del legislador de la Unión — Adopción de disposiciones generales de aplicación que prevén el pago en un mes específico sobre la base de las circunstancias familiares del beneficiario — Fijación por parte de la Administración de un plazo razonable que permita al beneficiario comunicar esta información — Procedencia
(Estatuto de los Funcionarios, anexo VII, art. 8, ap. 1)
(véanse los apartados 57 a 62, 65 y 66)
Actos de las instituciones — Directrices internas — Concepto — Norma publicada en la Intranet de una institución — Inclusión — Efectos jurídicos
(véanse los apartados 64, 68 y 72)
Recursos de funcionarios — Motivos — Motivo basado en el incumplimiento del deber de asistencia y protección — Impugnación de la aplicación por parte de la Administración de un plazo al demandante — Falta de explicación de los errores supuestamente cometidos en el marco de la ponderación de intereses — Referencia general a los efectos de la pandemia de COVID‑19 — Desestimación
(Estatuto de los Funcionarios, anexo VII, art. 8)
(véanse los apartados 78 a 80)
Procedimiento judicial — Costas — Gastos abusivos o temerarios — Comportamiento de una institución que ha favorecido el nacimiento del litigio
(Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, art. 135, ap. 2)
(véase el apartado 85)
Resumen
En su sentencia, el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto por PW, agente contractual del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), contra la decisión implícita del SEAE por la que se denegaba su solicitud de pago de los gastos de viaje anual de sus hijos a cargo para todo el año 2020.
En esta ocasión, el Tribunal General completó la jurisprudencia existente en relación con el concepto de «acto lesivo». También aportó precisiones sobre la naturaleza de los gastos de viaje anual y la interpretación del artículo 8 del anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), que regula el pago de estos gastos, así como sobre el valor jurídico de las reglas disponibles en la Intranet de las instituciones.
En febrero de 2020, el demandante se incorporó a la Delegación de la Unión Europea, situada en Washington, D. C. (Estados Unidos). La esposa del demandante prestaba servicio en el Parlamento Europeo en Bruselas (Bélgica). Debido a su mayor grado, era ella quien percibía los complementos familiares y, por ello, el pago de los gastos de viaje anual.
En junio, el demandante se puso en contacto con el SEAE para solicitar el pago de los gastos de viaje anual por sus cuatro hijos a cargo y, a continuación, realizó varias gestiones siguiendo las instrucciones del SEAE y de la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO), para que se le abonaran dichos gastos.
Dado que el demandante no había respetado el plazo establecido para el cambio de beneficiario del pago de los gastos de viaje anual para el año en curso, a saber, el 2 de mayo, el pago de los gastos de viaje anual correspondientes a los hijos de la pareja, calculados sobre la base de la distancia entre Bruselas y Madrid, fue efectuado por el Parlamento en julio de 2020 en beneficio de la esposa del demandante.
El demandante solicitó la regularización del pago de dichos gastos. Mediante correo electrónico de 18 de enero de 2021, el SEAE indicó al demandante que se efectuaría un pago de «2/12» por sus hijos a cargo con su salario del mes de febrero.
Al no recibir el pago que esperaba ni con su salario del mes de febrero ni con el del mes de marzo, el demandante reiteró su solicitud en varias ocasiones. Mediante correo electrónico de 29 de marzo de 2021, la PMO le informó de que un análisis detallado del expediente ponía de manifiesto que ya había recibido el reembolso de los gastos de viaje anual por sus hijos a cargo con sus salarios de los meses de agosto de 2020, diciembre de 2020 y febrero de 2021.
Al considerar que tenía derecho a percibir el pago de la totalidad de los gastos de viaje anual por sus hijos a cargo correspondientes al año 2020, el demandante rechazó, en su correo electrónico de 30 de marzo de 2021, el importe indicado por la PMO. El SEAE no respondió a este correo electrónico.
El demandante presentó una reclamación contra la decisión implícita por la que se denegaba la corrección del cálculo del reembolso de los gastos en cuestión, declarada inadmisible, por extemporánea, por el SEAE, que consideró que el acto lesivo para el demandante era el correo electrónico de 18 de enero de 2021.
En este contexto, el demandante interpuso un recurso ante el Tribunal General solicitando la anulación de la decisión implícita.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal General recordó que únicamente las medidas que emanan de la autoridad competente y que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar de modo directo e inmediato a los intereses del interesado, modificando, de forma caracterizada, su situación jurídica, constituyen actos lesivos y fijan definitivamente la posición de la institución. La calificación de acto lesivo no depende de la forma o de la denominación de dicho acto, sino que viene determinada por su contenido.
El Tribunal General observó, a este respecto, que la información facilitada por el SEAE en el correo electrónico de 18 de enero de 2021 no era suficiente para que el demandante pudiese entender que se le denegaba el pago del importe total. Por consiguiente, no podía considerarse que este correo electrónico fijase la posición definitiva del SEAE sobre el pago de los gastos de viaje anual por sus hijos a cargo. Por lo tanto, este correo electrónico no podía dar inicio al cómputo del plazo de tres meses previsto en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
De ello se deduce que el demandante podía presentar ante la Administración, el 30 de marzo de 2021, una petición instándola a que adoptara una decisión al respecto. La ausencia de respuesta a esta petición en el plazo de cuatro meses a partir del día de la presentación de la petición equivale, de conformidad con el artículo 90, apartado 2, del Estatuto, a una decisión denegatoria implícita y, así, el demandante presentó acertadamente una reclamación solicitando su anulación el 28 de octubre de 2021, dentro del plazo de tres meses establecido en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto.
En segundo lugar, por lo que respecta al artículo 8 del anexo VII del Estatuto, el Tribunal General señala que tiene por objeto permitir al funcionario y a las personas a su cargo desplazarse, al menos una vez al año, al lugar de origen del funcionario, con el fin de mantener allí vínculos familiares, sociales y culturales. No obstante, en ejercicio de su potestad discrecional, el legislador decidió que se reembolsaran a los miembros de la función pública de la Unión los gastos de viaje anual efectuados con ocasión de sus vacaciones anuales, a pesar de que ninguna norma superior del Derecho de la Unión o del ordenamiento internacional lo obligaba a reconocer tales derechos a los funcionarios y a los miembros de sus familias. Por lo tanto, dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de determinar los requisitos y modalidades de tal reembolso.
Así, para gestionar el pago de los gastos de viaje anual por los hijos a cargo dentro del plazo previsto en las disposiciones generales de aplicación del artículo 8 del anexo VII del Estatuto (en lo sucesivo, «DGA»), adoptadas por la Comisión y aplicables al SEAE, la PMO fijó el plazo del 2 de mayo para presentar la solicitud prevista en dicho artículo, que determina cuál de los lugares de origen de los padres se tendrá en cuenta como base para el pago. De hecho, la fijación de ese plazo es tan razonable como necesaria para garantizar que la Administración pueda gestionar un gran número de expedientes y pagar los gastos de viaje anual en el plazo previsto por las DGA.
A este respecto, la regla establecida en la página de Intranet que contiene el plazo del 2 de mayo refleja la decisión implícita del SEAE de unificar el régimen aplicable a las dos categorías de personal, a saber, el personal destinado en la Unión y el destinado fuera de la Unión. De este modo, constituye una directriz interna para garantizar a los funcionarios afectados un trato idéntico por lo que respecta al pago de los gastos de viaje anual. En efecto, la decisión de una institución, comunicada a todo el personal y que precisa el procedimiento aplicable en ejercicio de su facultad de apreciación, es una directriz interna que, como tal, debe considerarse una regla de conducta que la Administración se impone a sí misma y de la que no puede apartarse sin precisar las razones que la han llevado a ello, so pena de vulnerar el principio de igualdad de trato.
Además, habida cuenta de la naturaleza a tanto alzado del pago y del plazo fijado por las DGA para efectuarlo, la PMO no sobrepasó su facultad de apreciación al establecer que la solicitud prevista en el artículo 8, apartado 1, del Estatuto no podía tener carácter retroactivo. En efecto, la observancia de este plazo no condiciona el pago de los gastos de viaje anual, que es un derecho estatutario y que se efectuará a uno u otro progenitor, sino que únicamente tiene por objeto permitir a la Administración disponer, en tiempo oportuno, de la información relativa a la distancia geográfica sobre cuya base se calcula el importe del pago.
Asimismo, el demandante no puede alegar válidamente que ignoraba el plazo fijado para la presentación de la solicitud conjunta de los cónyuges prevista en el artículo 8, apartado 1, del anexo VII del Estatuto. El personal del SEAE puede consultar dicho plazo en la página de Intranet de esta institución, lo que basta para demostrar que los funcionarios y agentes que tienen acceso a esa página lo conocen.
En consecuencia, habida cuenta del retraso en la presentación de la solicitud conjunta del demandante y de su esposa, el SEAE no infringió el artículo 8, apartado 1, del anexo VII del Estatuto al no proceder al pago íntegro de los gastos de viaje anual por los hijos a cargo del demandante sobre la base de la distancia entre Madrid y Washington.