AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
de 29 de noviembre de 2017 (*)
«Procedimiento sobre medidas provisionales — Régimen de ayudas contenido en la legislación fiscal española — Disposición en materia de impuesto sobre sociedades que permite que las empresas españolas amorticen el fondo de comercio resultante de la adquisición de una participación en empresas extranjeras — Inclusión en el régimen de las adquisiciones directas de participaciones en sociedades holding extranjeras — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»
En el asunto T‑252/15 R,
Ferrovial, S.A., con domicilio social en Madrid,
Ferrovial Servicios, S.A., con domicilio social en Madrid,
Amey UK plc, con domicilio social en Oxford (Reino Unido),
representadas por los Sres. M. Muñoz Pérez y M. Linares Gil, abogados,
partes demandantes,
contra
Comisión Europea,
parte demandada,
que tiene por objeto una demanda basada en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE en la que se solicita la suspensión de la ejecución de la Decisión (UE) 2015/314 de la Comisión, de 15 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) ejecutada por España — Régimen relativo a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras (DO 2015, L 56, p. 38),
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
dicta el siguiente
Auto
Antecedentes del litigio, procedimiento y pretensiones de las partes
1        Mediante la Decisión (UE) 2015/314, de 15 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) ejecutada por España — Régimen relativo a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras (DO 2015, L 56, p. 38; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión Europea ha declarado, en el artículo 1, que «la nueva interpretación administrativa adoptada por el Reino de España que amplía el ámbito de aplicación del artículo 12, apartado 5, del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [...], y que ha sido ejecutada ilegalmente por el Reino de España infringiendo lo dispuesto en el artículo 108 [TFUE], apartado 3, es incompatible con el mercado interior».
2        De conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Decisión impugnada, el Reino de España debe proceder a recuperar la ayuda de los beneficiarios, recuperación que, con arreglo a su artículo 5, apartado 1, será inmediata y efectiva.
3        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 21 de mayo de 2015, las demandantes, Ferrovial, S.A., Ferrovial Servicios, S.A., y Amey UK plc, interpusieron un recurso en el que solicitaban, fundamentalmente, la anulación de la Decisión impugnada.
4        Mediante resolución de 17 de julio de 2015 se suspendió el procedimiento, a la espera de la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group y otros (C‑20/15 P y C‑21/15 P, EU:C:2016:981). Una vez dictada la sentencia, se reanudó el procedimiento.
5        El 13 de noviembre de 2017, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria de España giró a una de las demandantes, Ferrovial, S.A., una liquidación definitiva para recuperar la ayuda (en lo sucesivo, «liquidación»).
6        Según la liquidación, Ferrovial debe abonar la suma de 36 799 187,97 euros antes del 20 de diciembre de 2017.
7        Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de noviembre de 2017, las demandantes han interpuesto la presente demanda de medidas provisionales, en la que, en esencia, solicitan al Presidente del Tribunal que, antes incluso de que la Comisión haya presentado sus observaciones en el presente procedimiento, suspenda la ejecución de la Decisión impugnada en la medida en que obliga al Reino de España a recuperar la ayuda.
Fundamentos de Derecho
8        De una lectura conjunta de los artículos 278 TFUE y 279 TFUE, por un lado, y del artículo 256 TFUE, apartado 1, por otro, resulta que el juez de medidas provisionales puede, si considera que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado ante el Tribunal u ordenar las medidas provisionales necesarias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 156 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal. Ahora bien, el artículo 278 TFUE sienta el principio de la falta de carácter suspensivo de los recursos, pues los actos adoptados por las instituciones de la Unión disfrutan de una presunción de legalidad. Por tanto, sólo con carácter excepcional puede el juez de medidas provisionales ordenar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado ante el Tribunal o imponer medidas provisionales (auto de 19 de julio de 2016, Bélgica/Comisión, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, apartado 12).
9        El artículo 156, apartado 4, primera frase, del Reglamento de Procedimiento dispone que las demandas de medidas provisionales deben especificar «el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada».
10      De este modo, el juez de medidas provisionales puede ordenar la suspensión de la ejecución y las demás medidas provisionales si se demuestra que a primera vista la concesión de las mismas resulta material y jurídicamente justificada (fumus boni iuris) y que tales medidas son urgentes, en el sentido de que es necesario otorgarlas y que surtan efectos antes de que se resuelva sobre el recurso principal para evitar que los intereses de la parte que las solicita sufran un perjuicio grave e irreparable. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben desestimarse cuando no concurra alguno de ellos. El juez de medidas provisionales debe proceder asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego (véase el auto de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/Comisión, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, apartado 21 y jurisprudencia citada).
11      En el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la concurrencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma jurídica le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional [véase el auto de 19 de julio de 2012, Akhras/Consejo, C‑110/12 P(R), no publicado, EU:C:2012:507, apartado 23 y jurisprudencia citada].
12      Teniendo en cuenta los documentos obrantes en autos, el juez de medidas provisionales considera que dispone de todos los datos necesarios para pronunciarse sobre la presente demanda de medidas provisionales, sin necesidad de oír previamente las explicaciones orales de las partes.
13      A la luz de las circunstancias del presente asunto, procede examinar en primer lugar si se cumple el requisito de la existencia de urgencia.
14      A efectos de verificar si las medidas provisionales solicitadas son urgentes, procede recordar que la finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales es garantizar la plena eficacia de la futura resolución definitiva, con objeto de evitar una laguna en la protección jurídica que ofrece el juez de la Unión. Para alcanzar este objetivo, la urgencia debe apreciarse, con carácter general, en relación con la necesidad de pronunciarse provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Incumbe a esa parte aportar la prueba de que no puede esperar a que se resuelva el procedimiento relativo al recurso sobre el fondo sin sufrir un perjuicio grave e irreparable (véase el auto de 14 de enero de 2016, AGC Glass Europe y otros/Comisión, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, apartado 27 y jurisprudencia citada).
15      Además, es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada, en caso de demanda de suspensión de la ejecución de un acto de la Unión, la concesión de la medida provisional solicitada sólo se justifica si dicho acto es la causa determinante del perjuicio grave e irreparable alegado (véase el auto de 14 de enero de 2016, AGC Glass Europe y otros/Comisión, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, apartado 45 y jurisprudencia citada).
16      A este respecto, debe señalarse que, según las demandantes, el perjuicio alegado consiste en «la seria posibilidad de que la [Decisión impugnada] [determine] la pérdida de determinados contratos celebrados por Amey UK [...], así como [las] más que seguras posibilidades de que dicha entidad se [vea] impedida para participar en las licitaciones públicas que constituyen parte esencial de su actividad».
17      Además, las demandantes afirman lo siguiente:
«Previamente a la justificación de la existencia de un perjuicio grave e irreparable para Amey UK, [...] debemos señalar que a pesar de que Ferrovial [...] es la sociedad del Grupo Ferrovial que ha recibido la liquidación y la que resulta, por tanto, obligada a ingresar el importe de 36 799 187,97 euros exigido por la Administración española, es en realidad Amey UK [...] la que sufre el perjuicio grave irreparable, porque con base en un acuerdo del Consejo de Administración de Ferrovial [...] de 28 de octubre de 2013 [...], en caso de que la sociedad dominante del grupo, en este caso Ferrovial [...], se vea obligada a pagar a la Hacienda Pública como consecuencia de incoación de actas de inspección por el impuesto sobre sociedades (incluyendo cuota, sanción, recargos e intereses) y que tengan su origen en operaciones realizadas por otras sociedades pertenecientes al grupo fiscal, como sucedería en este caso con Amey UK [...], deberán ser abonadas por cada una de dichas sociedades. El pago se realizará por dichas sociedades a favor de la sociedad dominante en la fecha en que esta sociedad realice el pago a la Hacienda Pública. Dicha práctica del grupo fiscal responde a la intención de fomentar el adecuado cumplimiento con las obligaciones tributarias respectivas de cada una de las entidades integradas en el mismo y supone, en definitiva, que a pesar de que Ferrovial [...] sea la [...] obligada al pago de la deuda a la Administración española, una vez efectuado el mismo, este será repercutido a Amey UK [...], por tener la deuda su origen en operaciones realizadas por esta, de manera que es Amey UK [...] la que realmente sufre el perjuicio.»
18      Por tanto, de lo afirmado por las demandantes se deduce que la causa determinante del perjuicio alegado, que recae sobre Amey UK, no radica en la Decisión impugnada, que obliga al Reino de España a proceder a la recuperación de la ayuda, sino en el «acuerdo del Consejo de Administración de Ferrovial [...] de 28 de octubre de 2013».
19      En efecto, el hecho de que una de las demandantes, Amey UK, esté expuesta al perjuicio alegado se debe únicamente al «acuerdo del Consejo de Administración de Ferrovial [...] de 28 de octubre de 2013», en virtud del cual el importe de la ayuda que debe recuperarse en ejecución de la Decisión impugnada recae, dentro del grupo de sociedades que conforman las demandantes, sobre Amey UK.
20      En estas circunstancias, no cabe considerar que la Decisión impugnada constituya la causa determinante del perjuicio grave e irreparable alegado, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 15 del presente auto.
21      De cuanto antecede resulta que la demanda de medidas provisionales debe ser desestimada, al no haber acreditado las demandantes la existencia de urgencia, sin que sea necesario pronunciarse sobre el fumus boni iuris ni ponderar los intereses en juego.
22      De conformidad con el artículo 158, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, procede reservar la decisión sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
resuelve:
1)      Desestimar la demanda de medidas provisionales.
2)      Reservar la decisión sobre las costas.
Dictado en Luxemburgo, a 29 de noviembre de 2017.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
M. Jaeger
*      Lengua de procedimiento: español.