Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 5 de septiembre de 2024 (1)
Asuntos C‑367/22 P, C‑369/22 P, C‑370/22 P, C‑375/22 P, C‑378/22 P, C‑379/22 P, C‑380/22 P, C‑381/22 P, C‑382/22 P, C‑385/22 P, C‑386/22 P, C‑401/22 P y C‑403/22 P
Air Canada (C‑367/22 P), Air France (C‑369/22 P), Air France-KLM (C‑370/22 P), LATAM Airlines Group y Lan Cargo (C‑375/22 P), British Airways (C‑378/22 P), Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo (C‑379/22 P), Deutsche Lufthansa y otros (C‑380/22 P), Japan Airlines (C‑381/22 P), Cathay Pacific Airways (C‑382/22 P), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (C‑385/22 P), Martinair Holland (C‑386/22 P), Cargolux Airlines (C‑401/22 P) y SAS Cargo Group y otros (C‑403/22 P)
contra
Comisión Europea
« Recurso de casación — Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo del transporte aéreo de mercancías — Artículo 101 TFUE, apartado 1, y artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) — Coordinación de elementos del precio de los servicios de transporte aéreo de mercancías — Recargo por combustible, recargo por seguridad y negativa al pago de comisiones sobre los recargos — Infracción única y continua — Competencia de la Comisión Europea — Criterio “de los efectos cualificados” — Anulación parcial de la Decisión controvertida — Pruebas de la participación en la infracción — Principio de igualdad de trato — Prescripción de la facultad sancionadora de la Comisión — Multas — Competencia jurisdiccional plena »
Índice
I. Introducción
II. Antecedentes del litigio
A. Cártel de que se trata
B. Procedimiento ante la Comisión y Decisión controvertida
C. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencias recurridas
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
IV. Análisis
A. Sobre los motivos relativos a la falta de competencia de la Comisión para constatar y sancionar una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo 53 del Acuerdo EEE en materia de servicios de transporte de mercancías entrantes
1. Sobre la competencia de la Comisión para constatar y sancionar una infracción relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes atendiendo únicamente al criterio de los «efectos cualificados»
2. Sobre la aplicación del criterio de los «efectos cualificados»
a) Sobre el examen de los efectos cualificados de la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes considerada de forma aislada
1) Sobre el criterio de la restricción de la competencia por el objeto como criterio no pertinente
2) Sobre la demostración de la existencia de efectos cualificados
i) Sobre el nivel de prueba pertinente
ii) Sobre la existencia de efectos cualificados en el presente asunto
– Carácter inmediato de los efectos
– Carácter sustancial de los efectos
– Carácter previsible de los efectos
b) Sobre el recurso al concepto de «infracción única y continua» considerada en su conjunto
1) Sobre la pertinencia del examen de los efectos cualificados de la coordinación de los servicios de transporte de mercancías entrantes en relación con la infracción única y continua considerada en su conjunto
2) Sobre la demostración de los efectos de la infracción única y continua considerada en su conjunto
3) Sobre el recurso al concepto de «práctica colusoria a nivel mundial»
3. Sobre determinados vicios de carácter procesal de las sentencias recurridas
a) Sobre la sustitución de motivos
b) Sobre la vulneración del derecho de defensa
c) Sobre la inversión de la carga de la prueba
B. Sobre los motivos relativos al fundamento de la Decisión controvertida
1. Sobre la participación en la infracción única y continua
a) Sobre la responsabilidad de Air Canada por las rutas no pertinentes
b) Sobre la violación del principio de igualdad de trato por lo que respecta a Cargolux
c) Sobre la responsabilidad de Cargolux por el recargo por seguridad
d) Sobre los errores en la apreciación de las pruebas en lo que respecta a Cathay Pacific Airways
2. Sobre la anulación (únicamente) parcial de la Decisión controvertida en lo que respecta a LATAM Airlines Group y Lan Cargo
3. Sobre la prescripción de la potestad sancionadora de la Comisión en relación con Air Canada y Singapore Airlines
C. Sobre el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena por el Tribunal General en lo que respecta a SAS Cargo
1. Sobre el derecho a ser oído y el principio de contradicción
2. Sobre la obligación de motivación
3. Sobre el principio ne ultra petita
4. Sobre la presunción de inocencia y el principio de igualdad de trato
V. Conclusión
I.      Introducción
1.        Las presentes conclusiones versan sobre una serie de trece recursos de casación interpuestos por compañías aéreas (en lo sucesivo, «recurrentes») (2) contra sentencias del Tribunal General de 30 de marzo de 2022 (en lo sucesivo, «sentencias recurridas»), (3) solicitando la anulación de la Decisión de la Comisión de 17 de marzo de 2017 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), (4) relativa a un cártel en forma de infracción única y continua en el mercado de los servicios de transporte aéreo de mercancías (en lo sucesivo, «cártel de que se trata»).
2.        El cártel de que se trata, ejecutado en su totalidad durante el período comprendido entre el 7 de diciembre de 1999 y el 14 de febrero de 2006, fue sancionado por la Comisión Europea sobre la base del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el Transporte Aéreo (en lo sucesivo, «Acuerdo CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo») y se refiere a los servicios de transporte de mercancías prestados en las rutas entre aeropuertos del EEE (en lo sucesivo, «rutas intra-EEE»), en las rutas entre aeropuertos de la Unión Europea y aeropuertos situados fuera del EEE (en lo sucesivo, «rutas Unión-terceros países»), en las rutas entre aeropuertos situados en países que son Partes contratantes del Acuerdo EEE y que no son miembros de la Unión y aeropuertos situados en terceros países (en lo sucesivo, «rutas EEE excepto Unión-terceros países» y, conjuntamente con las rutas Unión-terceros países, «rutas EEE-terceros países») y en las rutas entre aeropuertos de la Unión y aeropuertos suizos (en lo sucesivo, «rutas Unión-Suiza»).
3.        Las presentes conclusiones, que se centran en diferentes motivos de los recursos de casación, se refieren principalmente a la competencia de la Comisión para constatar y sancionar una infracción única y continua del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con los servicios de transporte de mercancías prestados en rutas con origen en terceros países y con destino al EEE (en lo sucesivo, «rutas entrantes» y «servicios de transporte de mercancías entrantes») y, más concretamente, a la aplicación del criterio denominado «de los efectos cualificados» en el territorio del EEE a acuerdos aplicados fuera del EEE. Las principales cuestiones planteadas por estos recursos de casación versan sobre:
–        si el criterio «de los efectos cualificados» basta para fundamentar la competencia de la Comisión para constatar y sancionar una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con los servicios de transporte de mercancías entrantes, así como el nivel de prueba requerido a este respecto y la aplicación de dicho criterio en el presente asunto, en particular a la luz de la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión; (5)
–        si el concepto de «infracción única y continua» supone implícitamente que cada elemento constitutivo de dicha infracción, examinado individualmente, pueda constituir una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE y si este concepto es pertinente para apreciar la competencia de la Comisión para constatar y sancionar una infracción de esas disposiciones en relación con los servicios de transporte de mercancías entrantes, en particular a la luz de la sentencia de 16 de junio de 2022, Sony Corporation y Sony Electronics/Comisión. (6)
II.    Antecedentes del litigio
4.        En la medida en que son pertinentes a efectos de las presentes conclusiones, los hechos y el marco jurídico de los asuntos objeto de los recursos de casación, tal como se exponen en la Decisión controvertida y en las sentencias recurridas, pueden resumirse del siguiente modo.
A.      Cártel de que se trata
5.        En el sector del transporte de mercancías, el transporte de cargas por vía aérea es realizado por las compañías aéreas (en lo sucesivo, «transportistas») y, por regla general, tiene lugar en un mercado a diferentes niveles: en sentido ascendente, los transportistas prestan sus servicios de transporte de mercancías a los transitarios, a cambio de un precio que se compone, por una parte, de tarifas calculadas por kilogramo y, por otra, de recargos destinados a cubrir determinados costes; en sentido descendente, los transitarios organizan el envío de estas cargas en nombre de los expedidores. Para poder operar, a nivel mundial, en todos los destinos principales de transporte de mercancías con frecuencias suficientes, los transportistas han desarrollado un sistema de acuerdos, incluso en el marco de alianzas comerciales más amplias entre transportistas.
6.        El cártel de que se trata se refiere a los tres elementos siguientes: el establecimiento y la gestión de un recargo destinado a hacer frente al creciente coste del combustible (en lo sucesivo, «recargo por combustible») (7) y de un recargo destinado a hacer frente al coste de determinadas medidas de seguridad adoptadas tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (en lo sucesivo, «recargo por seguridad»), (8) así como la negativa al pago de comisiones sobre los recargos (en lo sucesivo, «negativa al pago de comisiones»). (9)
B.      Procedimiento ante la Comisión y Decisión controvertida
7.        A raíz de una investigación iniciada en 2005 (10) y de un pliego de cargos adoptado el 19 de diciembre de 2007 (en lo sucesivo, «pliego de cargos»), (11) la Comisión adoptó el 9 de noviembre de 2010 una primera Decisión (en lo sucesivo, «Decisión de 2010») (12) por la que constató la existencia de una infracción única y continua del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo relativa, en particular, al recargo por combustible, al recargo por seguridad y a la negativa al pago de comisiones. (13)
8.        Dado que la Decisión de 2010 había sido anulada, total o parcialmente, por el Tribunal General, mediante sentencias de 16 de diciembre de 2015, (14) por vicios de motivación, la Comisión reanudó el procedimiento y adoptó la Decisión controvertida, el 17 de marzo de 2017, respecto de diecinueve transportistas (en lo sucesivo, «transportistas implicados»), entre los que figuraban las recurrentes. (15) Mediante dicha Decisión, la Comisión constató una infracción única y continua del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo, en virtud de la cual estos transportistas habían coordinado su comportamiento en materia de precios para la prestación de servicios de transporte de mercancías en todo el mundo a través del recargo por combustible, el recargo por seguridad y la negativa al pago de comisiones.
9.        En primer lugar, la Comisión describió y analizó los principios básicos y la estructura del cártel de que se trata, indicando que la investigación había revelado la existencia de un cártel de ámbito mundial basado en una red de contactos bilaterales y multilaterales mantenidos durante un período prolongado entre los competidores, cuyo objetivo común era coordinar su comportamiento en relación con diversos elementos del precio de los servicios de transporte de mercancías, a saber, el recargo por combustible, el recargo por seguridad y la negativa al pago de comisiones. (16)
10.      En segundo lugar, la Comisión aplicó a los hechos del presente asunto el artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo. (17)
11.      Con carácter preliminar, examinó los límites de su competencia territorial y temporal para constatar y sancionar una infracción de las normas de competencia en el presente asunto y sostuvo que no aplicaría el artículo 101 TFUE a los acuerdos y prácticas anteriores al 1 de mayo de 2004 en relación con las rutas Unión-terceros países, (18) el artículo 53 del Acuerdo EEE a los acuerdos y prácticas anteriores al 19 de mayo de 2005 en relación con las rutas EEE-terceros países (19) y el artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo a los acuerdos y prácticas anteriores al 1 de junio de 2002 en relación con las rutas Unión-Suiza. (20)
12.      Además, en respuesta a las alegaciones mediante las que se cuestionaba la aplicación extraterritorial del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE a los servicios de transporte de mercancías entrantes, (21) la Comisión consideró, tras recordar que dichas disposiciones eran aplicables a los acuerdos que se pongan en práctica dentro de la Unión o del EEE (según el criterio denominado «de la puesta en práctica») o que tengan efectos inmediatos, sustanciales y previsibles en la Unión o en el EEE (según el criterio denominado «de los efectos cualificados»), (22) que, en el presente asunto, se cumplían ambos criterios.
13.      Por una parte, el criterio de la puesta en práctica se cumplía por el hecho de que el cártel de que se trata se aplicaba en el EEE: los servicios en cuestión se prestaban parcialmente en el territorio del EEE y numerosos contactos mediante los cuales los destinatarios habían coordinado los recargos y el impago de comisiones habían tenido lugar en el interior del EEE o habían implicado a participantes que se encontraban en el EEE. (23)
14.      Por otra parte, el criterio de los efectos cualificados se cumplía por tres motivos. Los dos primeros motivos, que figuran en el considerando 1045 de la Decisión controvertida, se referían a los efectos de la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes considerada de forma aislada, mientras que el tercer motivo, que figura en el considerando 1046 de la Decisión controvertida, se refería a los efectos de la infracción única y continua considerada en su conjunto. Más concretamente:
–        el primer motivo consistía en que los mayores costes del transporte aéreo hacia el EEE y, en consecuencia, los precios más elevados de las mercancías importadas podían, por su propia naturaleza, surtir efectos sobre los consumidores en el EEE;
–        el segundo motivo se refería a los efectos de la coordinación de los servicios de transporte de mercancías entrantes también sobre la prestación de servicios de transporte de mercancías por otros transportistas en el EEE, entre los centros de conexión («hubs») en el EEE utilizados por los transportistas de países terceros y los aeropuertos de destino de esos envíos dentro del EEE en los que no operaba el transportista del tercer país;
–        el tercer motivo estaba relacionado con la implementación mundial del cártel y con el hecho de que los pactos de este cártel relativos a las rutas entrantes formaban parte integral de la infracción única y continua. (24)
15.      Con carácter principal, antes de nada, la Comisión declaró que los transportistas implicados (25) habían coordinado su comportamiento o influido en los precios, lo que equivalía en definitiva a la fijación de precios en relación con el recargo por combustible, el recargo por seguridad y la negativa al pago de comisiones. (26) Consideró que el comportamiento en cuestión constituía una infracción única y continua del artículo 101 TFUE, (27) así como una restricción de la competencia por el objeto, al menos en la Unión, en el EEE y en Suiza. (28)
16.      A continuación, la Comisión concluyó que la infracción única y continua podía afectar de manera significativa a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, entre las Partes contratantes del Acuerdo EEE y entre las Partes contratantes del Acuerdo CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo (29) y excluyó que el cártel de que se trata pudiera acogerse a una excepción en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 3. (30)
17.      Por último, la Comisión determinó la duración total de la infracción, estableciendo que el cártel de que se trata había comenzado el 7 de diciembre de 1999 y había continuado hasta el 14 de febrero de 2006, (31) así como la duración de dicha infracción respecto de cada recurrente. (32)
18.      En tercer y último lugar, la Comisión impuso medidas correctoras y multas. (33)
C.      Procedimiento ante el Tribunal General y sentencias recurridas
19.      Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General los días 29, 30 y 31 de mayo de 2017, las recurrentes interpusieron recursos en los que solicitaban, en esencia, la anulación total o parcial de la Decisión controvertida en lo que a ellas respecta, así como la supresión o la reducción del importe de la multa impuesta.
20.      En apoyo de sus recursos, las recurrentes invocaban, en particular, motivos relativos a la competencia de la Comisión, (34) a infracciones en el procedimiento y al fundamento de la Decisión controvertida. Posteriormente, el Tribunal General planteó de oficio el motivo basado en la falta de competencia de la Comisión en relación con el Acuerdo CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo para constatar y sancionar una infracción del artículo 53 del Acuerdo EEE en las rutas EEE excepto Unión-Suiza.
21.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General desestimó los recursos de Martinair, KLM, Cargolux, Air France-KLM, Air France, Lufthansa y Singapore Airlines Cargo. (35) En cambio, anuló parcialmente la Decisión controvertida y redujo la multa en lo que se refiere a la participación en la infracción de determinados transportistas en las rutas siguientes:
–        por lo que respecta a Japan Airlines y Cathay Pacific Airways, en las rutas intra-EEE y las rutas Unión-Suiza; (36)
–        por lo que respecta a Air Canada, en las rutas intra-EEE, las rutas Unión-terceros países y las rutas EEE excepto Unión-terceros países, en cuanto al componente de la infracción única y continua relativo a la negativa al pago de comisiones; (37)
–        por lo que respecta a British Airways, por una parte, en las rutas intra-EEE y las rutas Unión-terceros países en cuanto al componente de la infracción única y continua relativo a la negativa al pago de comisiones y, por otra parte, en las rutas EEE excepto Unión-terceros países; (38)
–        por lo que respecta a LATAM Airlines Group y Lan Cargo, por una parte, en las rutas intra-EEE y EEE excepto Unión-terceros países y, por otra parte, en las rutas Unión-terceros países en cuanto al recargo por seguridad y a la negativa al pago de comisiones, así como al recargo por combustible antes del 22 de julio de 2005; (39)
–        por lo que respecta a SAS Cargo Group, por una parte, en las rutas intra-EEE, Unión-terceros países y EEE excepto Unión-terceros países, en cuanto a la negativa al pago de comisiones, y, por otra parte, en las rutas Unión-terceros países y EEE excepto Unión-terceros países procedentes de Tailandia entre el 20 de julio de 2005 y el 14 de febrero de 2006, en relación con el recargo por combustible. (40)
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
22.      Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia entre el 7 y el 17 de junio de 2023, las recurrentes interpusieron recursos de casación contra las sentencias recurridas. En esencia, solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Anule las sentencias recurridas.
–        En consecuencia, anule la Decisión controvertida en la medida en que las afecta o, con carácter subsidiario, reduzca el importe de la multa.
–        Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.
–        Condene a la Comisión al pago de las costas de ambas instancias.
23.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime los recursos de casación y condene en costas a las recurrentes.
–        Con carácter subsidiario, si se estima el recurso de casación, devuelva el asunto al Tribunal General y reserve la decisión sobre las costas.
24.      Las partes también respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia en las vistas orales celebradas del 10 al 22 de abril de 2024.
IV.    Análisis
25.      Los recursos de casación interpuestos por las recurrentes se articulan en una serie de motivos que, en gran parte, se solapan. Las presentes conclusiones se refieren a los siguientes motivos:
–        motivos relativos a la competencia de la Comisión (sección A), esto es, la competencia de esta para constatar una infracción en materia de servicios de transporte de mercancías entrantes únicamente respecto del criterio de los «efectos cualificados» (1), de la aplicación de este criterio de los «efectos cualificados» (2), así como de determinados vicios de carácter formal de las sentencias recurridas (3);
–        determinados motivos relativos al examen del Tribunal General en cuanto al fundamento de la Decisión controvertida (sección B), a saber, la participación en la «infracción única y continua» (1), la anulación (solo) parcial de dicha Decisión (2) y la prescripción de la potestad sancionadora de la Comisión (3),
–        motivos relativos al ejercicio de la competencia jurisdiccional plena del Tribunal General (sección C).
A.      Sobre los motivos relativos a la falta de competencia de la Comisión para constatar y sancionar una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo 53 del Acuerdo EEE en materia de servicios de transporte de mercancías entrantes
26.      Mediante la Decisión controvertida, la Comisión afirmó su competencia para constatar y sancionar una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE en relación con la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes (en lo sucesivo, «competencia extraterritorial de la Comisión»), (41) basándose en que se cumplían tanto el criterio de la puesta en práctica como el de los efectos cualificados. (42)
27.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General declaró que la competencia extraterritorial de la Comisión podía determinarse, bien a la luz del criterio de la puesta en práctica, bien a la luz del criterio de los efectos cualificados, (43) y que estos criterios eran alternativos. (44) En el presente asunto, concluyó que se cumplía el criterio de los efectos cualificados y que, por lo tanto, no procedía examinar la aplicación del criterio de la puesta en práctica. (45)
28.      Las recurrentes impugnan este análisis formulando, en esencia, dos series de alegaciones, la primera basada en que la competencia de la Comisión no podía basarse únicamente en la aplicación del criterio de los efectos cualificados (1) y la segunda basada en errores en la aplicación de este criterio (2). También formulan motivos o alegaciones relativos a determinados vicios de carácter procesal de las sentencias recurridas, que será preciso examinar en último lugar (3).
1.      Sobre la competencia de la Comisión para constatar y sancionar una infracción relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes atendiendo únicamente al criterio de los «efectos cualificados»
29.      Varias recurrentes (46) reprochan al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho en la medida en que apreció la competencia extraterritorial de la Comisión atendiendo únicamente al criterio de los efectos cualificados, que sería una condición necesaria pero no suficiente para establecer dicha competencia, sin efectuar un análisis de los efectos contrarios a la competencia en el mercado interior según el criterio de la puesta en práctica. (47) Según estas recurrentes, por una parte, el criterio de los efectos cualificados solo es un criterio de Derecho internacional público para determinar el Derecho nacional (en el presente asunto, el de la Unión) aplicable a efectos de regular un comportamiento adoptado en un país tercero y no un criterio que permita verificar la competencia extraterritorial de la Comisión con arreglo al Derecho de la Unión. (48) Por otra parte, el criterio de la puesta en práctica, que no ha sido examinado por el Tribunal General, es, en su opinión, el criterio de Derecho de la Unión indispensable para establecer la competencia extraterritorial de la Comisión, (49) lo que exige la definición del mercado de referencia, el análisis del contexto económico y jurídico y el examen de la hipótesis de contraste.
30.      Por lo tanto, procede examinar si el Tribunal General declaró acertadamente que el criterio de los efectos cualificados podía servir por sí solo de fundamento a la competencia de la Comisión en las circunstancias del presente asunto.
31.      He de señalar que el criterio de los efectos cualificados, incluso a falta de una formulación establecida y compartida, (50) también se admite generalmente en Derecho internacional público (51) como principio jurisdiccional que permite aplicar el Derecho nacional de la competencia en presencia de efectos económicos, en el territorio nacional, de prácticas llevadas a cabo fuera de dicho territorio por parte de empresas también establecidas fuera de dicho territorio (es decir, la aplicación «extraterritorial» de este Derecho), (52) lo que no parecen cuestionar las partes. (53)
32.      En cambio, el origen y la naturaleza del criterio de la puesta en práctica
son más controvertidos. Según las recurrentes, este criterio se deriva principalmente de la sentencia pasta de madera y no es un criterio de Derecho internacional público, sino un concepto de Derecho de la Unión desarrollado por el Tribunal de Justicia para establecer la aplicación del artículo 101 TFUE. Sin embargo, no me parece que, en la sentencia pasta de madera, el Tribunal de Justicia haya querido introducir un criterio adicional para establecer dicha competencia (54) ni, en cualquier caso, un criterio exclusivo, acumulativo o de rango superior al de los efectos cualificados para establecer la competencia de la Comisión, como reconoció implícitamente el Tribunal de Justicia en la sentencia Intel. (55)
33.      Sentado lo anterior, me parece que las recurrentes confunden, por una parte, la cuestión de la competencia extraterritorial de la Comisión en virtud del Derecho internacional público y, por otra parte, la aplicación del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE al presente asunto, es decir, la cuestión del carácter contrario a la competencia del cártel de que se trata dentro del mercado interior. (56)
34.      En efecto, la Comisión es competente para aplicar las normas de competencia de la Unión y del EEE en la medida en que sean aplicables, respectivamente, el Tratado FUE y el Acuerdo EEE. Si bien la aplicación «extraterritorial» de estas normas está sujeta a las condiciones impuestas por el Derecho internacional público y, por lo tanto, en particular, al criterio de los efectos cualificados, la competencia de la Comisión para constatar y sancionar, en el sentido del Derecho de la Unión, una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE solo está sujeta al criterio (sustancial) de la restricción de la competencia (por el objeto o por el efecto) dentro del mercado interior.
35.      Las recurrentes tratan de eludir este aspecto afirmando que la referencia, en el artículo 101 TFUE y en el artículo 53 del Acuerdo EEE, a la restricción de la competencia «dentro del mercado interior» introduce, en esencia, un criterio de competencia que exige que la Comisión demuestre que el comportamiento reprochado tiene efectos concretos en el mercado interior antes de que pueda apreciar, de conformidad con estas disposiciones, la existencia de una restricción de la competencia por el objeto o por el efecto. Esta interpretación me parece contraria al tenor y al objetivo de dichas disposiciones, en la medida en que introduce una distinción artificial entre, por una parte, los efectos del comportamiento reprochado dentro del mercado interior (criterio supuestamente relativo a la competencia de la Comisión para perseguir tal comportamiento) y, por otra parte, la existencia de una restricción de la competencia por el objeto o por el efecto (criterio sustancial relativo a la aplicación de la disposición en cuestión). Pues bien, la referencia en dichas disposiciones a los efectos en el mercado interior no constituye, en mi opinión, un criterio que regule específicamente la competencia de la Comisión, (57) sino más bien uno de los elementos del criterio sustancial para la aplicación de las disposiciones en cuestión.
36.      A mi modo ver, la Comisión solo debía justificar su competencia extraterritorial a la luz del Derecho internacional público (y, por lo tanto, a la luz del criterio de los efectos cualificados). Una vez comprobado que se cumplía esta condición, la Comisión podía a continuación constatar y sancionar cualquier infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, siempre que el comportamiento reprochado satisfaga las condiciones de fondo establecidas por dichas disposiciones, incluida la de la restricción de la competencia, por el objeto o por el efecto, dentro del mercado interior.
37.      En conclusión, me parece que el Tribunal General no incurrió en error al establecer la competencia extraterritorial de la Comisión por referencia únicamente al criterio de los efectos cualificados. Por lo tanto, es necesario comprobar ahora si el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al declarar que la Comisión había aplicado correctamente este criterio.
2.      Sobre la aplicación del criterio de los «efectos cualificados»
38.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General consideró que, en la Decisión controvertida, la Comisión se basó en tres motivos para afirmar que se cumplía el criterio de los efectos cualificados, de los que los dos primeros se refieren a los efectos de la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes considerada de forma aislada (considerando 1045 de la Decisión controvertida) y el tercer motivo se refiere a los efectos de la infracción única y continua considerada en su conjunto (considerando 1046 de dicha Decisión). (58) En estas sentencias, el Tribunal General estimó los motivos primero y tercero y consideró que no procedía examinar el segundo. (59)
39.      Las recurrentes impugnan la apreciación del Tribunal General relativa, por una parte, a la demostración de los efectos cualificados de la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes considerada de forma aislada (primer motivo considerado por la Comisión) (a) y, por otra parte, al recurso al concepto de «infracción única y continua» considerada en su conjunto (tercer motivo considerado por la Comisión) (b). (60)
a)      Sobre el examen de los efectos cualificados de la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes considerada de forma aislada
40.      Por lo que respecta al primer motivo tenido en cuenta por la Comisión en el considerando 1045 de la Decisión controvertida, varias recurrentes (61) reprochan al Tribunal General haber incurrido en errores de Derecho, en primer lugar, al confirmar la conclusión de la Comisión de que la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes podía calificarse de restricción de la competencia por el objeto, por lo que no estaba obligada a llevar a cabo una apreciación de los efectos contrarios a la competencia (1) y, en segundo lugar, al considerar que la Comisión había demostrado que dicho comportamiento producía efectos cualificados, es decir, efectos inmediatos, sustanciales y previsibles, en el EEE (2).
1)      Sobre el criterio de la restricción de la competencia por el objeto como criterio no pertinente
41.      Según las recurrentes, la existencia de una restricción de la competencia por el objeto, tal como fue identificada por la Comisión y confirmada por el Tribunal General, no es un criterio pertinente para el examen del criterio de los efectos cualificados con el fin de apreciar la competencia extraterritorial de la Comisión. Alegan que la comprobación de esta competencia persigue una finalidad diferente de la apreciación de la existencia de una restricción de la competencia por el objeto y exige así un nivel de prueba más elevado que esta última. Por consiguiente, en su opinión, la Comisión no podía eludir el análisis de los efectos concretos de la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes basándose únicamente en que el comportamiento reprochado constituía una restricción de la competencia por el objeto (62) y debería haber apreciado si existía una relación de causalidad entre ese comportamiento y el efecto contrario a la competencia alegado en el EEE. (63)
42.      Como he señalado en los puntos 33 y 34 de las presentes conclusiones, procede distinguir entre, por una parte, la competencia extraterritorial de la Comisión en virtud del Derecho internacional público y, por otra parte, la cuestión del carácter contrario a la competencia del cártel de que se trata dentro del mercado interior. El criterio de los efectos cualificados, en el que se basa el Derecho internacional público a efectos de la aplicación extraterritorial de las normas de competencia, no coincide con el análisis de la restricción de la competencia por el objeto o por el efecto con miras a la aplicación de dichas disposiciones. (64) Sencillamente, se trata de dos elementos de análisis distintos. (65)
43.      En el presente asunto, la Comisión examinó la existencia de efectos cualificados con arreglo al Derecho internacional público en los considerandos 1045 y 1046 de la Decisión controvertida, que forman parte del apartado 5.3.8 de esta, dedicado a su competencia extraterritorial. (66) En sus considerandos, la Comisión no se basó en la existencia de una restricción de la competencia por el objeto. Aunque, en otros considerandos de dicha Decisión, la Comisión consideró que no tenía que llevar a cabo una apreciación de los efectos contrarios a la competencia concretos del comportamiento de los transportistas implicados, dado que se había basado en el objeto contrario a la competencia de dicho comportamiento, lo hizo en un contexto y con un propósito diferentes. Por ejemplo, en el considerando 917 de la citada Decisión, la Comisión consideró que no era necesario demostrar la existencia de efectos contrarios a la competencia reales para constatar una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE. No utilizó esta alegación para fundamentar, con carácter preliminar, la aplicación extraterritorial de esas disposiciones a la luz del Derecho internacional público. Además, esta consideración se encuentra en el apartado 5.3.3 de la Decisión controvertida, dedicada al análisis (en cuanto al fondo) de la restricción de la competencia. (67)
44.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General interpretó el criterio de los efectos cualificados precisando, en esencia, que dicho criterio «no exige demostrar que el comportamiento controvertido ha producido efectos que se han materializado efectivamente en el mercado interior o dentro del EEE», sino que, «al contrario, según la jurisprudencia, basta con tener en cuenta el efecto probable de esta conducta sobre la competencia». (68)
45.      A la luz de estas precisiones, no comparto la alegación de las recurrentes según la cual el Tribunal General consideró que la Comisión, tras haber calificado el comportamiento en cuestión de restricción de la competencia por el objeto, ya no estaba obligada a demostrar que dicho comportamiento tenía efectos cualificados.
46.      Ciertamente, el Tribunal General precisó, en un pasaje que puede inducir a confusión, que, «ante un comportamiento que, como en el presente asunto, la Comisión consideró que revelaba tal grado de nocividad para la competencia en el mercado interior o en el EEE que podía calificarse de restricción de la competencia “por el objeto”, en el sentido del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, la aplicación del criterio de los efectos cualificados tampoco puede exigir la demostración de los efectos concretos que supone la calificación de un comportamiento de restricción de la competencia “por el efecto”, en el sentido de dichas disposiciones». (69)
47.      Sin embargo, considero que, en dicho pasaje, el Tribunal General probablemente pretendía señalar que sería paradójico exigir un análisis de la restricción de la competencia por el efecto en relación con un comportamiento que puede calificarse de restricción de la competencia por el objeto. (70) En cualquier caso, este pasaje no tiene ninguna incidencia sobre el fondo del razonamiento del Tribunal General, dado que, en los apartados siguientes de las sentencias recurridas, este último analizó acertadamente la aplicación del criterio de los efectos cualificados por la Comisión a la luz de sus elementos clave, a saber, del carácter previsible, sustancial e inmediato de los efectos, y no de la posible existencia de una restricción por el objeto. (71)
48.      Además, no es pertinente la alegación de las recurrentes de que, cuando una práctica se implementa fuera del EEE, no puede tener por objeto restringir la competencia en el interior del EEE, (72) puesto que se refiere a la procedencia de la apreciación fáctica del Tribunal General en cuanto a la existencia de una distorsión de la competencia. (73) En cualquier caso, me parece que las recurrentes no han conseguido demostrar el fundamento de dicha alegación, dado que, tal como acreditó la Comisión y confirmó el Tribunal General, el cártel se había implementado mundialmente y tenía por objeto común restringir la competencia en todo el mundo, incluido en el EEE.
49.      En conclusión, considero que ni la Comisión ni el Tribunal General aplicaron el criterio de la restricción de la competencia por el objeto como criterio pertinente en relación con la apreciación de la competencia extraterritorial de la Comisión y que las alegaciones de las recurrentes a este respecto son inoperantes.
2)      Sobre la demostración de la existencia de efectos cualificados
50.      Según las recurrentes, el Tribunal General concluyó erróneamente que, mediante la Decisión controvertida, la Comisión, a quien incumbe la carga de la prueba, había demostrado que el comportamiento reprochado tenía efectos cualificados, es decir, efectos inmediatos, sustanciales y previsibles en el EEE. Más concretamente, por una parte, el Tribunal General se limitó a declarar que los efectos mencionados por la Comisión meramente «podían» producirse, utilizando, en esencia, un nivel de prueba inadecuado (i) y, por otra parte, el análisis de los efectos cualificados por parte del Tribunal General es, en cualquier caso, erróneo, puesto que los efectos del comportamiento reprochado sobre la competencia en el EEE no son inmediatos, sustanciales y previsibles (ii).
i)      Sobre el nivel de prueba pertinente
51.      Mediante el primer motivo expuesto en el considerando 1045 de la Decisión controvertida, la Comisión concluyó que las prácticas contrarias a la competencia en los terceros países relativas a los servicios de transporte de mercancías entrantes podían tener efectos inmediatos, sustanciales y previsibles en la Unión o en el EEE, basándose, en esencia, en que los mayores costes del transporte aéreo hacia el EEE, y, en consecuencia, los precios más elevados de las mercancías importadas, podían tener efectos sobre los consumidores en el EEE «por su propia naturaleza».
52.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General desarrolló este argumento basándose en los considerandos 14, 17 y 70 de la Decisión controvertida y en las respuestas de las partes a las diligencias de ordenación del procedimiento. Constató que los transportistas vendían sus servicios de transporte de mercancías exclusiva o casi exclusivamente a los transitarios y que estos últimos compraban estos servicios concretamente como intermediarios, para consolidarlos en un lote de servicios cuyo objeto era organizar el transporte integrado de mercancías hacia el territorio del EEE en nombre de los expedidores, que podían ser, en particular, los compradores o los propietarios de las mercancías transportadas y era probable que estuvieran establecidos dentro del EEE. Según el Tribunal General, «a poco que» los transitarios repercutan en el precio de sus lotes de servicios el posible sobrecoste derivado del cártel de que se trata, la infracción única y continua, en la medida en que se refiere a las rutas entrantes, podía afectar en particular a la competencia que ejercen los transitarios para captar la clientela de estos expedidores y, por ello, el efecto examinado podía materializarse precisamente en el mercado interior o en el EEE. En consecuencia, los efectos producidos por el comportamiento controvertido consisten en el sobrecoste que los expedidores podían haber tenido que abonar y en el encarecimiento de las mercancías importadas al EEE que podía haberse derivado de ello. (74) El Tribunal General concluyó, en particular, que estos efectos «estaban comprendidos en el curso normal de las cosas y de la racionalidad económica» o en el «funcionamiento normal del mercado». (75)
53.      Las recurrentes critican, en esencia, la actitud «permisiva» del Tribunal General en cuanto al nivel de prueba utilizado por la Comisión, que le habría permitido establecer su competencia sobre la base de efectos puramente hipotéticos, lo que le permitiría perseguir cualquier violación de la competencia en todo el mundo. Alegan que la Comisión no identificó restricciones de la competencia en el mercado interior, cuando debería haber demostrado que los efectos no solo «podían» producirse, sino que eran «probables», o, en todo caso, «más probables que improbables».
54.      A este respecto, considero que la Comisión podía basarse en el hecho de que el comportamiento reprochado, realizado fuera del EEE, «podía» producir efectos cualificados en el EEE. En consecuencia, para demostrar la existencia de efectos cualificados (y, por lo tanto, su competencia extraterritorial), la Comisión no estaba obligada a demostrar la existencia de efectos concretos, como, por ejemplo, los necesarios para demostrar una restricción de la competencia por el efecto en el sentido del artículo 101 TFUE. Como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia Intel, el criterio de los efectos cualificados persigue el objetivo de englobar conductas no adoptadas en el territorio de la Unión, pero cuyos efectos contrarios a la competencia «pueden» hacerse sentir en el mercado de la Unión. (76)
55.      Esta afirmación no queda desvirtuada por la referencia efectuada por el Tribunal General, en las sentencias recurridas, al apartado 51 de la sentencia Intel, relativa a los «efectos probables» del comportamiento reprochado sobre la competencia. (77) Las recurrentes concluyen de ello que no basta con que esos efectos «puedan» producirse (contrariamente al nivel de prueba exigido para demostrar la existencia de una restricción de la competencia por el objeto), sino que el umbral de probabilidad o de verosimilitud solo se alcanza cuando se demuestra que es «más probable que improbable» que la práctica tenga un efecto contrario a la competencia. Sin embargo, en el contexto de la sentencia Intel, el análisis del carácter previsible de los efectos, al igual que el de su carácter inmediato y sustancial, se inscribe en el análisis global del criterio de los efectos cualificados, en el que el Tribunal de Justicia precisó, en particular en el apartado 45 de dicha sentencia, que se trataba de efectos que «pueden» hacerse sentir en el mercado interior. La referencia que se hace en las sentencias recurridas al apartado 51 de la referida sentencia debe interpretarse, a mi juicio, en este sentido.
56.      Además, si bien, en lo que respecta a la prueba de un comportamiento contrario a la competencia, la Comisión puede limitarse a constatar que la práctica impugnada tiene un objeto contrario a la competencia, sin que esté obligada a demostrar la existencia de efectos concretos en el mercado, me parece tanto más razonable que, para demostrar, con carácter preliminar, su competencia, la Comisión no esté obligada a demostrar que el comportamiento reprochado, realizado fuera del mercado interior, produce efectos concretos en este último. De lo contrario, resultaría paradójico, por ejemplo, que incluso una restricción de la competencia por el objeto fuera tratada, en esencia, como una restricción de la competencia por el efecto cuando se produce en un contexto extraterritorial.
57.      En conclusión, considero que, contrariamente a lo que sostienen las partes, correspondía a la Comisión indicar que las prácticas en cuestión «podían» tener efectos cualificados sobre la competencia en el mercado interior, sin que estuviera obligada a demostrar que tales efectos se hubieran producido o que su materialización fuera «más probable que improbable». Por lo tanto, procede examinar, a la luz del nivel de prueba antes definido, si el Tribunal General incurrió en errores al reconocer que, en el presente asunto, la Comisión había demostrado la existencia de efectos cualificados.
ii)    Sobre la existencia de efectos cualificados en el presente asunto
58.      Como señalan las recurrentes, la Comisión se basó, en el considerando 1045 de la Decisión controvertida, con una motivación muy concisa, en una cadena de acontecimientos relativamente larga, cuya realización presumió. Es cierto que la Comisión no ha desarrollado de forma exhaustiva su razonamiento, que parece relativamente sucinto. No obstante, es necesario examinar si ese razonamiento es, con todo, suficiente para establecer su competencia a la luz del nivel de prueba definido en los puntos 54 y 57 de las presentes conclusiones.
59.      En esencia, me parece que, con esta formulación bastante simplista, la Comisión aplicó una presunción que se articula del siguiente modo: en primer lugar, la coordinación de los transportistas relativa a los recargos y a la negativa al pago de comisiones repercutió en los precios de los servicios de transporte aéreo de mercancías vendidos a los transitarios; a continuación, este aumento provocó, a su vez, el aumento de los precios aplicados por estos últimos a los expedidores, lo que, en último lugar, afectó a los precios facturados por estos últimos a los consumidores establecidos en el EEE.
60.      Por lo tanto, se plantea la cuestión de si, como declaró el Tribunal General en las sentencias recurridas, los efectos previstos por la Comisión estaban comprendidos «en el curso normal de las cosas y de la racionalidad económica». (78) En otras palabras, ¿puede concluirse, sobre la base de un razonamiento que parte, en esencia, de una presunción, que la coordinación de los transportistas relativa a los recargos y a la negativa al pago de comisiones, en lo que respecta a los servicios de transporte de mercancías entrantes, podía tener como efecto inmediato, sustancial y previsible el aumento de los precios de los servicios de transporte para los consumidores establecidos en el EEE?
61.      A este respecto, teniendo presente que es necesario observar cierta cautela al utilizar presunciones como elementos de prueba en el Derecho de la competencia, (79) pero teniendo también en cuenta que la determinación de la competencia extraterritorial de la Comisión, en el presente asunto, solo fue un paso preliminar al examen del fundamento de su decisión, considero que, una vez demostrado que, al menos a primera vista, tal encadenamiento de acontecimientos «podía», según el curso normal de las cosas, producirse, el Tribunal General podía concluir que la Comisión había cumplido, como mínimo, la carga inicial de la prueba que recae en ella (80) y que, de este modo, incumbía a las recurrentes presentar pruebas en contrario.
62.      Por consiguiente, procede examinar si el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al considerar que las alegaciones y las pruebas presentadas por las recurrentes para rebatir la existencia de efectos cualificados no podían cuestionar la conclusión de la Comisión en lo que respecta, respectivamente, al carácter inmediato, sustancial y previsible de dichos efectos. (81)
–       Carácter inmediato de los efectos
63.      Según las recurrentes, los efectos del comportamiento de los transportistas sobre la competencia en el EEE no eran directos ni inmediatos, ya que dependían de las acciones independientes de otros actores de la cadena de valor, a saber, los transitarios y los expedidores, lo que excluye cualquier relación de causalidad entre el comportamiento de los transportistas y sus supuestos efectos. La Comisión, en su análisis confirmado por el Tribunal General, definió como «cualificados» efectos meramente indirectos, a saber, la posible repercusión de los sobrecostes derivados del cártel de que se trata en los precios aplicados por los transitarios a los expedidores y por estos últimos a sus propios clientes, sin efectuar ningún examen de los mercados pertinentes, en particular en sentido descendente, y sin definir siquiera el mercado, lo que era fundamental para determinar si las partes del cártel eran competidoras. (82)
64.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General validó el razonamiento muy breve seguido por la Comisión en la Decisión controvertida al considerar, en esencia, que la exigencia de un vínculo de «causalidad inmediata» entre el comportamiento de que se trata y el efecto examinado no se puede identificar con una «causalidad única» que exija de manera absoluta y general una interrupción de la cadena causal por el hecho de que la actuación de un tercero contribuya causalmente a los efectos de que se trata. (83) En el presente asunto, la intervención de los transitarios, que era previsible que, con total autonomía, repercutieran a los expedidores el sobrecoste que habían soportado, había podido contribuir causalmente al efecto examinado, si bien no podía, por sí sola, interrumpir la cadena causal que resultaba del cártel de que se trata «a tenor del funcionamiento normal del mercado». (84)
65.      A este respecto, me parece que las recurrentes se limitan a negar el carácter especulativo o superficial de dichas constataciones.
66.      Es cierto que el análisis de la Comisión, confirmado por el Tribunal General, es muy simplista y, por ejemplo, probablemente no satisfaría un nivel de prueba como el exigido para demostrar la restricción de la competencia por el efecto o, menos aún, el exigido en una acción por daños y perjuicios. Sin embargo, a la luz del nivel de prueba definido en los puntos 51 a 57 de las presentes conclusiones, no me parece que las recurrentes consigan demostrar que el encadenamiento de acontecimientos alegado por la Comisión no «podía», al menos, «producirse» (85) ni que las constataciones realizadas por el Tribunal General a este respecto conlleven una desnaturalización de los hechos.
–       Carácter sustancial de los efectos
67.      Según las recurrentes, la Comisión no había demostrado que los efectos del comportamiento de los transportistas sobre la competencia en el EEE fueran sustanciales, ya que no había llevado a cabo ningún análisis sobre si los servicios de transporte de mercancías representaban una proporción significativa de los costes de los expedidores establecidos en el EEE. (86)
68.      A este respecto, es cierto que, mediante la Decisión controvertida, la Comisión no cuantificó el impacto del supuesto aumento de los precios de los servicios de transporte aéreo de mercancías entrantes en los precios finalmente pagados por los expedidores establecidos en el EEE o en los precios pagados por sus clientes establecidos en el EEE.
69.      No obstante, en las sentencias recurridas, el Tribunal General ratificó la conclusión de la Comisión basándose, en particular, en elementos contextuales, que no se mencionan en el considerando 1045 de la Decisión controvertida, sino que resultan de su análisis global. En primer lugar, se refirió a la duración importante de la infracción, mencionada en el considerando 1146 de dicha Decisión; en segundo lugar, se refirió al alcance de esta infracción que, como se desprende del considerando 889 de la citada Decisión, atañía a las medidas de aplicación general, como el recargo por combustible y el recargo por seguridad, que no eran específicas de una ruta y estaban destinadas a aplicarse a todas las rutas a nivel mundial, incluidas las rutas al EEE; en tercer lugar, se basó en la naturaleza de dicha infracción, subrayando que, como se desprende de los considerandos 1030 y 1208 de la misma Decisión, esta tenía por objeto restringir la competencia y se refería a una restricción especialmente grave, a saber, la fijación de diversos elementos del precio. (87) El Tribunal General también mencionó, a mayor abundamiento, por una parte, el hecho de que los recargos que eran objeto del cártel de que se trata representaron, durante el período en que se produjo la infracción, un porcentaje considerable del precio total de los servicios de transporte de mercancías, como precisó la Comisión en el considerando 1031 de la Decisión controvertida, (88) y, por otra parte, la importancia de las empresas que participaron en el comportamiento reprochado, cuya cuota de mercado combinada en el mercado mundial, según el considerando 1209 de dicha Decisión, ascendió al 34 % en 2005, incluidas las rutas globales (salientes y entrantes) EEE-terceros países. (89)
70.      A este respecto, las recurrentes se limitan a señalar la falta de un cálculo preciso en el análisis efectuado por la Comisión y confirmado por el Tribunal General. Sin embargo, habida cuenta del nivel de prueba definido en los puntos 51 a 57 de las presentes conclusiones, considero que la Comisión, en la apreciación de su propia competencia, no estaba obligada a efectuar dicho cálculo. (90) La cuestión del cálculo de las repercusiones económicas concretas en los distintos niveles de la cadena se plantea eventualmente en el contexto de un análisis de la restricción de la competencia por el efecto, de la determinación de la multa o de las acciones por daños y perjuicios.
–       Carácter previsible de los efectos
71.      Según las recurrentes, los efectos estimados por la Comisión y reconocidos por el Tribunal General no son ni previsibles ni probables, dado que la hipótesis de que los transitarios repercutían el aumento de los precios de los servicios de transporte de mercancías entrantes a los expedidores establecidos en el mercado interior es improbable. (91) La Comisión no verificó el efecto de las prácticas impugnadas (limitadas a los recargos) sobre el precio de venta de los servicios de transporte de mercancías, sobre los costes totales del transporte facturado a los expedidores por los transitarios y sobre el precio aplicado por los expedidores a los consumidores. Los supuestos efectos del comportamiento reprochado siguen siendo hipotéticos o de menor importancia y la existencia de un nexo causal, mencionada por el Tribunal General, ni es pertinente ni está fundamentada. (92)
72.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General recordó que los efectos con cuya materialización razonablemente deban contar las partes del cártel de que se trata, según la experiencia general, cumplen el requisito de previsibilidad (93) y se basó una vez más en elementos contextuales que no se mencionan en el considerando 1045 de la Decisión controvertida, sino en otras partes de esta, para concluir que dicho requisito se cumplía en el presente asunto. Tras recordar, remitiéndose a los considerandos 846, 909, 1199 y 1208 de dicha Decisión, que, según la experiencia, un comportamiento colusorio de fijación horizontal de los precios da lugar, en particular, a alzas de precios, (94) el Tribunal General analizó el carácter previsible de los efectos del comportamiento reprochado, por una parte, sobre los precios aplicados por los transportistas y, por otra parte, sobre los precios aplicados por los transitarios. Por lo que respecta, por una parte, a los precios aplicados por los transportistas, el Tribunal General consideró que era previsible que la fijación horizontal del recargo por combustible y del recargo por seguridad diera lugar al aumento del nivel de estos, reforzado por la negativa al pago de comisiones, y que ello aumentara el precio de los servicios de transporte de mercancías. (95) En lo tocante, por otra parte, a las repercusiones del precio de los servicios de transporte de mercancías entrantes sobre los precios aplicados por los transitarios, concluyó que el precio de los servicios de transporte de mercancías constituía un insumo para los transitarios, un coste variable cuyo incremento tiene, en principio, como efecto aumentar el coste marginal con respecto al cual los transitarios definen sus propios precios, (96) y que los transportistas podían prever razonablemente que los transitarios repercutieran tal sobrecoste sobre los expedidores. (97) Estos elementos bastaban, según el Tribunal General, para concluir que el efecto del comportamiento reprochado estaba comprendido en el «curso normal de las cosas» y de la «racionalidad económica». (98)
73.      En este sentido, conviene recordar que, en el apartado 51 de la sentencia Intel, el Tribunal de Justicia precisó que, para que el requisito de la previsibilidad de los efectos quede satisfecho, bastaba con tener en cuenta los efectos probables de una conducta sobre la competencia. Además, como señaló la Abogada General Kokott en sus conclusiones presentadas en el asunto Kone y otros, (99) son previsibles (o producidos por una causalidad adecuada) todos los daños con cuya materialización razonablemente deban contar los participantes en el cártel según la experiencia general, en contraposición a los daños debidos a un encadenamiento totalmente extraordinario de circunstancias y, por tanto, a un desarrollo causal atípico. A este respecto, como ha declarado el Tribunal de Justicia, las prácticas que conducen a la fijación horizontal de los precios por los cárteles pueden afectar particularmente a la competencia. (100)
74.      Me parece que estos principios son aplicables al presente asunto, dado que, en particular, era extremadamente probable que los aumentos de los recargos provocados por el cártel contribuyeran al incremento de los precios de los servicios de transporte de mercancías prestados por los transitarios y que el precio de los servicios de transporte de mercancías, que constituye un insumo para los transitarios, tuviera por efecto aumentar el coste marginal con respecto al cual los transitarios definen sus propios precios y, en sentido descendente, aumentar los costes de los expedidores y, por lo tanto, los precios aplicados por estos. Además, el hecho de que una parte del cártel de que se trata pretendiera coordinar la negativa al pago de comisiones por parte de los transitarios es indicativo de su propensión a repercutir sistemáticamente los recargos. (101)
75.      En conclusión, no me parece que las recurrentes hayan logrado desvirtuar la presunción resumida en el punto 59 de las presentes conclusiones ni demostrar que el comportamiento reprochado no pudiera producir efectos inmediatos, sustanciales y previsibles en el mercado interior ni que las conclusiones de la Comisión a este respecto estuvieran viciadas por una desnaturalización de los hechos.
b)      Sobre el recurso al concepto de «infracción única y continua» considerada en su conjunto
76.      Por lo que respecta al tercer motivo en el que se basó la Comisión en el considerando 1046 de la Decisión controvertida para demostrar que el criterio de los efectos cualificados se cumplía también en relación con los efectos de la infracción única y continua considerada en su conjunto, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en errores de Derecho al confirmar las conclusiones de la Comisión relativas, en primer lugar, a la pertinencia del examen de los efectos cualificados de la coordinación de los servicios de transporte de mercancías entrantes en relación con la infracción única y continua considerada en su conjunto (1); a continuación, a la demostración de los efectos de la infracción única y continua considerada en su conjunto (2) y, por último, al recurso al concepto atípico de «práctica colusoria a nivel mundial» (3).
1)      Sobre la pertinencia del examen de los efectos cualificados de la coordinación de los servicios de transporte de mercancías entrantes en relación con la infracción única y continua considerada en su conjunto
77.      Varias recurrentes (102) alegan que, en las sentencias recurridas, el Tribunal General declaró que la Comisión podía basar, en el considerando 1046 de la Decisión controvertida, su competencia extraterritorial en los efectos cualificados de la infracción única y continua considerada en su conjunto y no en cada comportamiento considerado individualmente, mientras que, para poder establecer tal competencia, cada elemento de una infracción única y continua debería, considerado aisladamente, poder producir tales efectos y perseguir la finalidad única de restringir la competencia en el EEE (y, por lo tanto, poder constituir una infracción de las disposiciones en cuestión). (103) Además, consideran que un comportamiento adoptado en mercados situados fuera del EEE no podría tener por objeto restringir la competencia en el EEE. Por otra parte, alegan que el recurso, en dicho considerando 1046 de la Decisión controvertida, al concepto de «práctica colusoria a nivel mundial» para describir la infracción única y continua tampoco afecta a la calificación jurídica del comportamiento con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 1, y al artículo 53 del Acuerdo EEE.
78.      En las sentencias recurridas, el Tribunal General señaló que, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, nada impide apreciar si la Comisión dispone de la competencia necesaria para aplicar, en cada caso, el Derecho de la competencia de la Unión (o del EEE) al comportamiento de las empresas de que se trata, considerado en su conjunto, habida cuenta de la infracción única y continua. (104) En el presente asunto, precisó que, en los considerandos 869 y 1046 de la Decisión controvertida, la Comisión había calificado, en esencia, el comportamiento controvertido de «infracción única y continua», incluso en la medida en que se refería a los servicios de transporte de mercancías entrantes, y había examinado los efectos de dicha infracción considerada en su conjunto, como cártel ejecutado a nivel mundial. (105) Una vez confirmadas estas conclusiones mediante el análisis del motivo relativo a la procedencia de la imputación a las recurrentes de la responsabilidad de la infracción única y continua, el Tribunal General concluyó que era previsible que, considerada en su conjunto, la infracción única y continua produjera efectos inmediatos y sustanciales en el mercado interior, habida cuenta de que, como señaló la Comisión, respectivamente en los considerandos 903, 1209 y 1146 de dicha Decisión, el comportamiento reprochado tenía por objeto restringir la competencia, en particular en la Unión y en el EEE, reunía a transportistas con cuotas de mercado importantes y una parte significativa de este afectó a las rutas intra-EEE durante un período de más de seis años.
79.      A este respecto, debe examinarse si, como alegan las recurrentes, el concepto de «infracción única y continua» supone implícitamente que cada elemento constitutivo de la infracción, examinado por separado, constituye una infracción y persigue la finalidad de obstaculizar la competencia en el EEE o si, como ha declarado el Tribunal General, este concepto permite tomar en consideración el objetivo contrario a la competencia de la infracción única y continua considerada en su conjunto.
80.      En la sentencia Sony, el Tribunal de Justicia concluyó —tras recordar las características del concepto de «infracción única y continua» (106) y precisar que una empresa que haya participado en tal infracción puede ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de esa infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción, sin que sea necesaria su participación directa en todos los comportamientos contrarios a la competencia que compongan tal infracción (107)— que si bien el concepto de «infracción única y continua» supone un conjunto de comportamientos que pueden constituir también, en sí mismos, una infracción del artículo 101 TFUE (lo mismo cabe decir del artículo 53 del Acuerdo EEE), de ello no puede deducirse que cada uno de esos comportamientos deba calificarse necesariamente, en sí mismo y aisladamente considerado, de infracción distinta de dicha disposición. (108)
81.      Aunque estos principios se han desarrollado en el marco de una alegación basada en la vulneración del derecho de defensa, (109) no veo ninguna razón por la que no deban aplicarse en el contexto de la apreciación de la competencia extraterritorial de la Comisión. (110)
82.      En conclusión, me parece que el Tribunal General no incurrió en error al considerar que la Comisión podía basar correctamente su competencia extraterritorial en los efectos de la infracción única y continua considerada en su conjunto. Por lo tanto, debe comprobarse si también actuó acertadamente al considerar que la Comisión había demostrado la existencia de los efectos de esta infracción única y continua en el mercado interior.
2)      Sobre la demostración de los efectos de la infracción única y continua considerada en su conjunto
83.      Air Canada y SAS Cargo Group (111) sostienen que la aplicación del criterio de los efectos cualificados respecto de la infracción única y continua por parte de la Comisión, confirmada por el Tribunal General, es errónea porque el considerando 1046 de la Decisión controvertida no contiene ningún análisis de dichos efectos.
84.      Mediante este considerando, la Comisión señaló, en esencia, que el cártel había sido ejecutado mundialmente y que los acuerdos del cártel relativos a las rutas entrantes formaban parte integrante de la infracción única y continua. (112)
85.      A este respecto, es cierto que dicho considerando no contiene ningún análisis específico de los efectos de la infracción única y continua, considerada en su conjunto, sobre el mercado interior, por lo que respecta al comportamiento relativo a los servicios de transporte de mercancías entrantes. No obstante, para validar la conclusión de la Comisión, el Tribunal General se remitió de nuevo a otros considerandos de dicha Decisión, de los que se desprende que la Comisión consideró que los comportamientos en cuestión, en primer lugar, constituían una restricción de la competencia por el objeto (considerando 903 de la misma Decisión); a continuación, afectaban a transportistas con cuotas de mercado importantes (considerando 1209 de dicha Decisión) y, por último, se referían, en una parte significativa, a las rutas intra-EEE y habían sido ejecutados durante un período de más de seis años (considerando 1146 de la Decisión controvertida). (113)
86.      Una vez más, cabe señalar que el análisis efectuado por la Comisión en el considerando 1046 de la Decisión controvertida no satisface, por ejemplo, el nivel de prueba requerido para demostrar la existencia de una restricción de la competencia por el efecto. Sin embargo, a la luz del nivel de prueba definido en los puntos 51 a 57 de las presentes conclusiones y habida cuenta de lo que se desprende del conjunto de la Decisión controvertida, considero que el Tribunal General no incurrió en error al estimar que la Comisión había demostrado, al menos inicialmente, los efectos cualificados de la infracción única y continua en su conjunto.
87.      Por su parte, las recurrentes se limitan a negar la falta de un análisis de los efectos concretos del comportamiento reprochado, sin demostrar que las constataciones de la Comisión adolezcan de una desnaturalización de los hechos. Además, por lo que se refiere a la alegación según la cual, para poder aplicar el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE, el comportamiento reprochado debe tener como objetivo específico obstaculizar la competencia en el EEE, basta con señalar que el cártel tenía como finalidad lograr una aplicación uniforme de los recargos a nivel mundial, con el fin de evitar su elusión mediante la utilización de otras rutas (entrantes), lo que pone de manifiesto la intención de restringir la competencia también en el EEE. (114) Además, contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, esta interpretación no entraña por sí sola, a mi modo de ver, el riesgo de permitir a la Comisión utilizar el concepto de «infracción única y continua» para ampliar su competencia a un comportamiento adoptado en cualquier lugar del mundo, sin relación alguna con el EEE, y de actuar así como «árbitro de la competencia» a nivel mundial. En efecto, la Comisión está obligada, no obstante, a demostrar que este comportamiento, que persigue un objetivo común, puede tener efectos contrarios a la competencia en el EEE, tanto en relación con el criterio (relativo a la competencia) de los efectos cualificados como del criterio (sustantivo) de la restricción de la competencia, por el objeto o por el efecto, en el mercado interior. (115)
88.      En consecuencia, a mi modo de ver, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes no solo podía producir efectos cualificados en cuanto tal, sino también en el contexto de la infracción única y continua y del objeto contrario a la competencia de dicha infracción.
3)      Sobre el recurso al concepto de «práctica colusoria a nivel mundial»
89.      LATAM Airlines Group y Lan Cargo reprochan al Tribunal General no haber examinado el motivo según el cual la Comisión no era competente para constatar la existencia de una «práctica colusoria a nivel mundial». (116) El Tribunal General consideró que este motivo partía de la premisa errónea de que la Comisión, en la parte dispositiva de la Decisión controvertida, había constatado la existencia de una infracción de las normas de competencia relativa a las rutas entre aeropuertos situados fuera del EEE, mientras que las recurrentes habían alegado que la Comisión no era competente para constatar el carácter mundial del cártel, constatación que, tanto si se trata de una constatación fáctica como de una constatación jurídica sui generis, produce efectos perjudiciales, concretamente para los órganos jurisdiccionales nacionales que deben conocer de acciones civiles por daños y perjuicios relacionadas con dicho cártel.
90.      A este respecto, cabe señalar que la Comisión precisó, en el artículo 1 de la Decisión controvertida, que las recurrentes habían cometido una infracción única y continua del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo «al coordinar su comportamiento en materia de precios para la prestación de servicios de transporte aéreo de mercancías en todo el mundo». En la exposición de motivos de dicha Decisión, la Comisión calificó este comportamiento de «práctica colusoria a nivel mundial». (117)
91.      Como declaró el Tribunal General en los apartados 151 y 358 de la sentencia LATAM Airlines Group y Lan Cargo, la referencia en el artículo 1 de dicha Decisión a la existencia de una coordinación «en todo el mundo» (lo mismo cabe decir de las referencias a la «práctica colusoria a nivel mundial» en la exposición de motivos de la misma Decisión) no es más que una constatación de hecho, de la que la Comisión extrajo la conclusión de que existía una infracción única y continua de las disposiciones antes citadas. (118) Por tanto, no me parece que la Comisión haya excedido los límites de su competencia. Esa institución se limitó a definir el contexto (mundial) del cártel y extrajo de ello consecuencias al proceder a la aplicación de normas para las que sin duda alguna es competente.
92.      A este respecto, el hecho de que el Tribunal General considerara, en el apartado 362 de la sentencia LATAM Airlines Group y Lan Cargo, que la argumentación de las recurrentes partía de la premisa errónea de que la Comisión había constatado la existencia de una infracción de las normas de competencia que englobaba las rutas entre aeropuertos situados fuera del EEE no es más que una indicación de que, según el Tribunal General, solo la constatación jurídica de una infracción
de las normas de competencia a nivel mundial —lo que no ocurría en el presente asunto (ya que se trataba de una mera constatación fáctica de una coordinación
del comportamiento de las recurrentes a nivel mundial)— podía afectar a la competencia de la Comisión. (119)
93.      Además, no puede excluirse la posibilidad de que la Comisión formule constataciones de hecho basándose en el posible efecto vinculante o persuasivo de dichas constataciones sobre las decisiones de las autoridades y de los órganos jurisdiccionales nacionales, incluso en virtud del artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003, (120) habida cuenta de que dichas constataciones no conllevan una aplicación de las normas de competencia que exceda de las competencias de la Comisión. (121) Corresponderá a tales autoridades u órganos jurisdiccionales apreciar el valor probatorio que deben conceder a las constataciones de hecho de la Comisión.
94.      En cualquier caso, no se trata de saber si la Comisión podía utilizar la expresión «práctica colusoria a nivel mundial», sino más bien de comprobar si la utilización de dicho término implica un error de Derecho o de apreciación, o incluso si es consecuencia de una desnaturalización de los hechos, lo que no se ha demostrado en el presente asunto.
3.      Sobre determinados vicios de carácter procesal de las sentencias recurridas
95.      Según algunas recurrentes, al examinar la apreciación de la Comisión sobre su competencia extraterritorial, el Tribunal General, en primer lugar, sustituyó la apreciación de la Comisión, que era insuficiente, por la suya propia, efectuando así una sustitución de motivos (a); a continuación, apreció la legalidad de la Decisión controvertida sobre la base de elementos posteriores a esta, vulnerando el derecho de defensa de las recurrentes (b), y, por último, invirtió la carga de la prueba que incumbía a la Comisión haciéndola recaer en las recurrentes (c).
a)      Sobre la sustitución de motivos
96.      Varias recurrentes (122) alegan que el Tribunal General sustituyó la motivación de la Comisión por la suya propia en lo que respecta a la aplicación del criterio de los efectos cualificados. Mientras que la Comisión solo dedicó el considerando 1045 de la Decisión controvertida al análisis de los efectos cualificados de la coordinación de los servicios de transporte de mercancías entrantes, limitándose a mencionar en términos generales los «efectos inmediatos, sustanciales y previsibles», el Tribunal General dedicó numerosos apartados de las sentencias recurridas a la aplicación de dicho criterio, teniendo en cuenta en particular la pertinencia y el carácter previsible, sustancial e inmediato de los efectos. Además, interpretó asimismo que el considerando 1046 de la Decisión controvertida también se basaba en el criterio de los efectos cualificados. (123) Por otra parte, aducen que el Tribunal General colmó las lagunas de la Decisión controvertida basándose en hechos nuevos, en particular por lo que se refiere al efecto sobre la competencia entre los transitarios, así como sobre los expedidores y las mercancías, y también en elementos de prueba extraídos de considerandos ajenos al apartado relativo a los efectos cualificados o que no figuraban en la Decisión controvertida. De este modo, el Tribunal General sustituyó, según ellas, la apreciación de la Comisión por la suya propia.
97.      En mi opinión, es cierto que, como he señalado en los puntos 58 y 85 de las presentes conclusiones, el examen que la Comisión hace de su propia competencia extraterritorial en los considerandos 1045 y 1046 de la Decisión controvertida es particularmente sucinto, mientras que el Tribunal General dedicó varios apartados de las sentencias recurridas al análisis de este criterio, realizando un considerable esfuerzo para explicar y detallar, frente a las alegaciones de las partes, el fundamento del razonamiento relativamente simplista de la Comisión. No obstante, antes de poder concluir que se ha producido una sustitución de motivos, aún debe verificarse, en primer lugar, en qué medida la Comisión estaba obligada a motivar su propia competencia extraterritorial en la Decisión controvertida; a continuación, si la motivación de dicha Decisión relativa a la competencia extraterritorial puede considerarse adecuada y, por último, si la extensión de las sentencias recurridas en este punto puede justificarse por la necesidad de que el Tribunal General responda a las alegaciones de las recurrentes.
98.      Antes de nada, me parece probable que, como ha subrayado la Comisión en el marco de los presentes asuntos, el apartado 5.3.8 de la Decisión controvertida, relativo a la aplicabilidad del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE a las rutas entrantes (y, por lo tanto, a la competencia extraterritorial de la Comisión), se introdujera en respuesta a las alegaciones de las partes en las que se cuestionaba la competencia de la Comisión en relación con dichas rutas. En efecto, no hay ningún apartado que se refiera a la competencia de la Comisión en relación con las rutas intra-EEE y las rutas salientes, que no han sido objeto de controversia. Por otra parte, no considero que la Comisión, al adoptar una decisión, esté obligada en principio a motivar sistemáticamente su propia competencia, con independencia de las alegaciones formuladas por las partes durante el procedimiento administrativo.
99.      A continuación, por una parte, ha de observarse que, en las sentencias recurridas, el Tribunal General ratificó la conclusión de la Comisión en el considerando 1045 de la Decisión controvertida consistente, como he señalado en el punto 59 de las presentes conclusiones, en una presunción basada también en elementos contextuales que, ciertamente, no se mencionan en ese considerando, pero que se desprenden sin embargo del análisis efectuado por la Comisión en otros pasajes de esta. Por otra parte, me parece que, en el considerando 1046 de la citada Decisión, la Comisión se limitó a vincular su competencia extraterritorial a su competencia general para constatar y sancionar la infracción única y continua en cuestión. A este respecto, como he señalado en los puntos 83 a 87 de las presentes conclusiones, el Tribunal General se limitó a validar este análisis basándose en considerandos posteriores de la misma Decisión.
100. En mi opinión, en la medida en que la Decisión controvertida, considerada en su conjunto, contiene elementos que demuestran que el comportamiento relativo a los servicios de transporte de mercancías entrantes podía tener efectos cualificados en el mercado interior, de conformidad con el nivel de prueba definido en los puntos 51 a 57 de las presentes conclusiones, ello permite por sí mismo concluir que los motivos de dicha Decisión son suficientes para fundamentar la conclusión de la Comisión. En efecto, de los puntos 58 a 75 de las presentes conclusiones se desprende que el Tribunal General no incurrió en un error de Derecho al considerar que el examen de la existencia de efectos cualificados realizado por la Comisión bastaba para fundamentar su conclusión sobre este aspecto.
101. Por último, en estas circunstancias, el desequilibrio entre la brevísima explicación dada por la Comisión en la Decisión controvertida y las largas consideraciones que el Tribunal General dedicó a este mismo elemento en las sentencias recurridas bien puede explicarse por la necesidad del Tribunal General de responder a las alegaciones formuladas por las recurrentes. (124)
b)      Sobre la vulneración del derecho de defensa
102. Air Canada, Cargolux y SAS Cargo Group reprochan al Tribunal General haber apreciado la legalidad de la Decisión controvertida sobre la base de elementos posteriores al pliego de cargos (125) o a dicha Decisión. (126) En su opinión, el Tribunal General basó la competencia de la Comisión en el criterio de los efectos cualificados, que no figura en el pliego de cargos ni en la Decisión controvertida, vulnerando así el derecho de defensa. (127)
103. A este respecto, el Reglamento n.º 1/2003 prevé que la Comisión dirija a una empresa a la que pretende imponer una sanción por infracción de las normas sobre la competencia un pliego de cargos que contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas contra esa empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos de prueba en los que se basa la Comisión, a fin de que la referida empresa pueda hacer valer eficazmente sus alegaciones en el procedimiento administrativo incoado contra ella. (128)
104. Si bien la Comisión puede precisar, en su decisión final, una calificación jurídica de los hechos que efectuó, con carácter provisional, en el pliego de cargos, teniendo en cuenta los elementos resultantes del procedimiento administrativo, ya sea para desistir de los cargos que hayan resultado ser infundados, ya sea para adaptar y completar, tanto fáctica como jurídicamente, su argumentación en apoyo de los cargos que formule, ello implica que la Comisión debe enunciar en el pliego de cargos cualquier calificación jurídica de los hechos que vaya a tomar en consideración en su decisión final. (129)
105. De lo anterior resulta que el derecho de defensa de la empresa afectada solo será vulnerado debido a una discordancia entre el pliego de cargos y la decisión final si una imputación recogida en esta última no se expuso en el pliego de cargos o no se expuso de manera suficiente para que los destinatarios del pliego de cargos pudieran formular eficazmente sus alegaciones en el marco del procedimiento incoado contra ellos. (130)
106. En este sentido, considero que, en la medida en que el pliego de cargos precisaba que la infracción única y continua reprochada por la Comisión abarcaba rutas con terceros países, las recurrentes pudieron formular observaciones al respecto.
107. Por lo que se refiere a la Decisión controvertida, Air Canada y Cargolux alegan que el razonamiento y la interpretación detallados y exhaustivos del Tribunal General relativos a la aplicación del criterio de los efectos cualificados no formaban parte de dicha Decisión. (131) Sin embargo, como se desprende del análisis anterior, procede señalar que la Decisión controvertida se refiere explícitamente, en particular en el considerando 1045, a los efectos inmediatos, sustanciales y previsibles del comportamiento reprochado en el mercado interior, lo que brindó a dichas recurrentes la ocasión de formular ante el Tribunal General motivos o alegaciones muy detallados. (132)
c)      Sobre la inversión de la carga de la prueba
108. Determinadas recurrentes (133) reprochan al Tribunal General haber desestimado el motivo basado en la falta de efectos cualificados de la infracción, debido a que no habían refutado la existencia de tales efectos, que, sin embargo, la Comisión no había demostrado. (134) Así, según ellas, el Tribunal General invirtió la carga de la prueba que incumbe a la Comisión haciéndola recaer en las recurrentes. (135)
109. A este respecto, es preciso señalar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien la carga legal de la prueba recae en la Comisión cuando alega una infracción de las normas sobre competencia, los elementos de hecho que invoca pueden obligar a la otra parte a dar una explicación o una justificación sin la cual es posible concluir que se ha satisfecho la carga de la prueba. (136)
110. En mi opinión, la alegación en cuestión está supeditada a la relativa a la demostración de la existencia de efectos cualificados, en el sentido de que si el Tribunal General declaró acertadamente en las sentencias recurridas que el razonamiento de la Comisión en la Decisión controvertida relativo a los efectos cualificados del comportamiento reprochado en el mercado interior era correcto, (137) cabe concluir razonablemente que la Comisión había satisfecho su carga (inicial) de la prueba y que correspondía a las partes aportar pruebas que pudieran cuestionar las apreciaciones de la Comisión demostrando que la Decisión controvertida adolecía de errores de Derecho sobre este punto.
111. Por consiguiente, al desestimar las alegaciones de las partes a este respecto, el Tribunal General no invirtió la carga de la prueba, sino que se limitó a declarar su incapacidad para aportar la prueba en contrario.
112. En conclusión, no considero que el Tribunal General haya incurrido en un error de Derecho al establecer la competencia de la Comisión para constatar y sancionar una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE en materia de servicios de transporte de mercancías entrantes.
B.      Sobre los motivos relativos al fundamento de la Decisión controvertida
113. Algunas recurrentes invocan motivos que se refieren, respectivamente, a la participación en la infracción única y continua (1), a la anulación solo parcial de la Decisión controvertida respecto de LATAM Airlines Group y Lan Cargo (2) y a la prescripción de la potestad sancionadora de la Comisión por lo que respecta a Air Canada y Singapore Airlines (3).
1.      Sobre la participación en la infracción única y continua
114. Mediante los motivos que se analizan a continuación, algunas recurrentes niegan, desde distintos ángulos, su participación en la infracción única y continua sancionada por la Comisión. Se trata de la responsabilidad de Air Canada por las rutas que nunca había explotado o que no podía haber explotado legalmente, a saber, las rutas intra-EEE y Unión-Suiza (en lo sucesivo, «rutas no pertinentes») (a), de la violación del principio de igualdad de trato por lo que respecta a Cargolux (b), de la responsabilidad por el recargo por seguridad también en lo que respecta a Cargolux (c) y de errores en la apreciación de las pruebas en lo que respecta a Cathay Pacific Airways (d).
a)      Sobre la responsabilidad de Air Canada por las rutas no pertinentes
115. Mediante su segundo motivo, Air Canada alega que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al reconocer su responsabilidad por las rutas no pertinentes.
116. Mediante la Decisión controvertida, la Comisión desestimó las alegaciones de algunas partes relativas a la pertinencia de los contactos en relación con las rutas no pertinentes basándose, en esencia, en el concepto de «infracción única y continua». Más concretamente, la Comisión concluyó, en primer lugar, que «todos los contactos se referían a recargos […], habían tenido lugar en paralelo […] y se referían en gran parte a los mismos transportistas» (considerando 888); en segundo lugar, que «los recargos [eran] medidas de aplicación general que no [eran] específicas de una ruta» (considerando 889) y, en tercer lugar, que «los contactos relativos a las rutas que los transportistas nunca habían explotado o que no podían haber explotado legalmente [eran] pertinentes para demostrar la existencia de la infracción única y continua, habida cuenta de que no existía ningún obstáculo insuperable que impidiera a las partes prestar servicios de transporte de mercancías en estas rutas» (considerando 890). (138)
117. En la sentencia Air Canada, el Tribunal General desestimó la alegación de la recurrente basada en que había demostrado que se enfrentaba a «obstáculos insuperables» que le impidieron prestar servicios de transporte de mercancías en las rutas no pertinentes. (139)
118. La recurrente, al considerar que el Tribunal General, basándose en una premisa errónea, desestimó esta alegación debido a que la condición de competidor potencial no era un requisito para imputarle la responsabilidad por dichas rutas, formula cuatro alegaciones.
119. En primer lugar, que el Tribunal General, en los apartados 376 a 379 de la sentencia Air Canada, al centrar su respuesta únicamente en la cuestión relativa a la condición de competidor potencial, llevó a cabo una sustitución de motivos. A este respecto, debo señalar que, en los apartados en cuestión, el Tribunal General simplemente ha indicado que la condición de competidor potencial, puesta de relieve por la Comisión en el considerando 890 de la Decisión controvertida, no era un elemento decisivo a la luz de los demás elementos examinados en dicha Decisión y, en particular, del objetivo común contrario a la competencia, así como de la participación de la recurrente en la concertación relativa a las rutas no pertinentes y del conocimiento que tenía de las actividades relativas a dichas rutas en las que no había participado directamente. Por ello, no me parece que el Tribunal General haya sustituido la apreciación de la Comisión por la suya propia.
120. En segundo lugar, que el Tribunal General vulneró su derecho de defensa al basarse, en los apartados 364 a 377 de la sentencia Air Canada, en una jurisprudencia y una argumentación que no figuraban en la Decisión controvertida. A este respecto, es preciso señalar que, en esos apartados, el Tribunal General se limitó a mencionar los principios aplicables en materia de restricción de la competencia por el objeto en el contexto de una infracción única y continua sin vulnerar el derecho de defensa de la recurrente. (140)
121. En tercer lugar, que el Tribunal General incumplió la obligación de motivación, al no explicar la pertinencia de la jurisprudencia citada para llegar a la conclusión alcanzada en el apartado 377 de la sentencia Air Canada. A este respecto, basta con señalar que, en el apartado de esa sentencia, el Tribunal General se limitó a resumir, sobre la base de la misma jurisprudencia citada en los apartados 364 a 376 de la referida sentencia, las condiciones en las que la Comisión podía considerar a la recurrente responsable de una infracción única y continua en lo que respecta a las rutas no pertinentes. Pues bien, ese resumen no constituye la motivación de su apreciación relativa a la responsabilidad de la recurrente, que se realiza posteriormente, a saber, en los apartados 378 a 385 de la misma sentencia.
122. En cuarto lugar, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que la referida jurisprudencia permitía fundamentar la conclusión de que la existencia de una relación de competencia, al menos potencial, entre los transportistas, a la que se hace referencia implícitamente en el considerando 890 de la Decisión controvertida, no era un requisito para imputarle a la recurrente la responsabilidad por la infracción única y continua de que se trata. Pues bien, me parece que, mediante esta alegación, la recurrente, sin cuestionar los dos primeros motivos por los que la Comisión tuvo en cuenta los contactos relativos a las rutas no pertinentes (considerandos 888 y 889 de la Decisión controvertida), rebate la apreciación del Tribunal General relativa al tercer motivo (considerando 890 de dicha Decisión), alegando que, contrariamente a lo que había declarado la Comisión, existían «obstáculos insuperables» que le impedían prestar servicios en esas rutas (y, por tanto, ser calificada de «competidor potencial»). A este respecto, las posiciones de las partes difieren en cuanto a si los tres motivos en los que se basó la Comisión en los considerandos 888 a 890 de la Decisión controvertida son acumulativos, como sostiene Air Canada, o si son, por el contrario, alternativos, como afirma la Comisión en sus escritos.
123. En mi opinión, en los considerandos 888 a 890 de la Decisión controvertida, la Comisión se limitó a enumerar los distintos elementos en función de los cuales dedujo, en el presente asunto, la responsabilidad de las partes que formularon la alegación de que se trata. Además, como resumió el Tribunal General en el apartado 377 de la sentencia Air Canada, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la imputación de la responsabilidad a una empresa en el marco de una infracción única y continua depende principalmente de dos elementos, a saber, por una parte, el hecho de que esa empresa pretendiese contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por las empresas de que se trata y, por otra parte, que tuviera conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por las otras empresas para alcanzar los mismos objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y estaba dispuesta a asumir el riesgo. (141) A este respecto, como señala el Tribunal General en el apartado 379 de la sentencia Air Canada, la condición de competidor (potencial) no es un elemento decisivo a efectos de la imputación de la responsabilidad.
124. Por lo tanto, si bien es cierto que la alegación basada en la inexistencia de «obstáculos insuperables» a la prestación de servicios de transporte aéreo de mercancías en las rutas no pertinentes formaba parte de los elementos sobre cuya base la Comisión declaró la responsabilidad de la recurrente por el comportamiento adoptado en esas rutas, tal elemento no era decisivo a este respecto. Por consiguiente, me parece que el Tribunal General no incurrió en errores de Derecho cuando, en los apartados 380 a 385 de la sentencia Air Canada, ratificó la conclusión de la Comisión, al reconocer la responsabilidad de la recurrente debido a que, por una parte, había participado en la concertación relativa a las rutas no pertinentes y, por otra parte, tuvo conocimiento de las actividades contrarias a la competencia relativas a dichas rutas en las que no había participado directamente.
b)      Sobre la violación del principio de igualdad de trato por lo que respecta a Cargolux
125. Mediante la segunda parte de su cuarto motivo, Cargolux alega que el Tribunal General violó el principio de igualdad de trato (142) en la medida en que, por una parte, excluyó la implicación de British Airways en la parte de la infracción relativa a la negativa al pago de comisiones y redujo el importe de la multa respecto a esta última y no a Cargolux, a pesar de la existencia de pruebas similares, y, por otra parte, redujo el importe de la multa de SAS Cargo Group habida cuenta de la limitada participación en la parte de la infracción relativa a la negativa al pago de comisiones de esta última y no la de Cargolux, a pesar de la duración similar del comportamiento controvertido.
126. En cuanto a la supuesta violación del principio de igualdad de trato en relación con British Airways, en primer lugar, basta con señalar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una decisión por la que se declara la existencia de un cártel constituye un conjunto de decisiones dirigidas a sus destinatarios individuales, siendo así que la validez de una de estas decisiones no afecta a la de las demás. (143) Además, de reiterada jurisprudencia también se desprende que el principio de igualdad de trato debe conciliarse con el respeto de la legalidad, conforme al cual nadie puede invocar en su beneficio una ilegalidad cometida en favor de otro. (144) A continuación, como alega la Comisión, lo que importa no es el número de pruebas examinadas para demostrar la participación, sino si el conjunto de indicios que invoca, apreciado en su conjunto, es suficientemente preciso y concordante para fundamentar la firme convicción de que la empresa participó en la infracción única y continua. (145) Por último, las pruebas del presente asunto se refieren a la participación de los diferentes transportistas en la infracción única y continua. Por lo tanto, tales pruebas deben ser examinadas por la Comisión a la luz de la situación específica de cada transportista y no pueden interpretarse de manera inequívoca independientemente de su contexto. (146) Procede, por tanto, desestimar este argumento.
127. Por lo que respecta a la supuesta violación del principio de igualdad de trato respecto de Cargolux en relación con SAS Cargo, basta con señalar que si bien el Tribunal General, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, está obligado, en particular, a respetar el deber de motivación y el principio de igualdad de trato, (147) en el presente asunto, el Tribunal General expuso de modo suficiente con arreglo a Derecho los elementos que tuvo en cuenta para determinar la multa que debía imponerse a Cargolux. (148) Puesto que, en el asunto de que se trata, únicamente se le sometió la Decisión controvertida en la medida en que afecta a Cargolux, no puede considerarse que esté obligado a tener en cuenta la situación de otras empresas que son objeto de dicha Decisión, máxime cuando, como se desprende de la sentencia Cargolux Airlines, la recurrente no formuló ante el Tribunal General la alegación basada en la desigualdad de trato.
c)      Sobre la responsabilidad de Cargolux por el recargo por seguridad
128. Mediante la tercera parte de su cuarto motivo, Cargolux alega que el Tribunal General declaró erróneamente que la Comisión podía deducir fundadamente que Cargolux siguió participando en el componente de la infracción única y continua relativo al recargo por seguridad durante los períodos en los que era indiscutido que nada probaba la existencia de contactos que la implicaran (en lo sucesivo, «períodos sin contactos»).
129. En efecto, en la sentencia Cargolux Airlines, el Tribunal General reconoció que la Decisión controvertida denotaba una «laguna» en los documentos que debían acreditar la participación en cuestión (apartado 467). (149) Dicho esto, el Tribunal General concluyó, basándose en las circunstancias del presente asunto (apartados 473 a 476), que la Comisión podía señalar fundadamente que la participación de la recurrente en el componente de la infracción única y continua relativo al recargo por seguridad había continuado durante esos períodos (apartado 477). La recurrente impugna la pertinencia de todas estas circunstancias formulando una serie de alegaciones que, sin embargo, no me convencen.
130. Con carácter preliminar, quisiera señalar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, procede recordar que el hecho de que no se haya aportado prueba de la existencia de un acuerdo o, al menos, de su ejecución por una empresa para algunos períodos determinados no impide considerar que la infracción existió durante un período global más largo que dichos períodos, a condición de que tal comprobación se base en indicios objetivos y concordantes. En el marco de una infracción que se prolonga a lo largo de varios años, el hecho de que las manifestaciones del cártel se produzcan en períodos diferentes, que pueden estar separados por lapsos de tiempo más o menos largos, no incide en la existencia de dicho cártel, siempre que las diferentes acciones que constituyen la infracción persigan un único fin y se encuadren en el marco de una infracción de carácter único y continuado. (150)
131. Por lo que respecta a las alegaciones invocadas por la recurrente, en primer lugar, esta refuta la constatación realizada por el Tribunal General en el apartado 473 de la sentencia Cargolux Airlines de que el recargo por combustible (respecto del cual la participación de la recurrente continuó durante todo el período relevante) y el recargo por seguridad se inscribían en una única infracción que perseguía un objetivo único, lo que retoma las alegaciones formuladas en el marco de la segunda parte del tercer motivo del recurso de casación y que no se examina en el marco de las presentes conclusiones. (151)
132. En segundo lugar, la recurrente impugna la apreciación efectuada por el Tribunal General en el apartado 474 de la sentencia Cargolux Airlines, según la cual la aplicación del recargo por seguridad exigía contactos significativamente menos frecuentes que la aplicación del recargo por combustible, puesto que no se basaba en un índice cuya evolución exigiera ajustes periódicos. Con ello, impugna las apreciaciones fácticas del Tribunal General, sin demostrar ninguna desnaturalización de los hechos o de los elementos de prueba.
133. En tercer lugar, la recurrente hace valer que el Tribunal General, en el apartado 475 de la sentencia Cargolux Airlines, invirtió la carga de la prueba cuando afirmó que esta no había negado que los efectos de la coordinación relativa al recargo por seguridad se habían mantenido durante los períodos sin contactos ni había alegado haber ignorado que los demás transportistas implicados seguían coordinándose en relación con el recargo por seguridad durante ese período. No obstante, me parece que, mediante estas observaciones, el Tribunal General simplemente quiso señalar que, una vez que la Comisión había demostrado, conforme a la carga de la prueba que le incumbía, que el recargo por seguridad había surtido sus efectos hasta el final del período pertinente y que, durante ese período, se habían producido contactos entre los transportistas, correspondía a la recurrente aportar, en su caso, cualquier prueba en contrario.
134. En cuarto lugar, la recurrente rebate la alegación que figura en el apartado 476 de la sentencia Cargolux Airlines según la cual no había demostrado ni aducido que se hubiera distanciado públicamente de la coordinación relativa al recargo por seguridad durante los períodos de sin contactos probados o incluso que hubiera reanudado un comportamiento de competencia leal e independiente en el mercado de referencia durante esos períodos. Sin embargo, no aporta ninguna prueba de que esta constatación esté viciada por una desnaturalización de los hechos. Además, esta alegación me parece inoperante, dado que dicha falta de distanciamiento público no es el único elemento en el que el Tribunal General basó su conclusión. (152)
135. Por consiguiente, propongo que se desestime la parte del motivo en cuestión.
d)      Sobre los errores en la apreciación de las pruebas en lo que respecta a Cathay Pacific Airways
136. Mediante sus motivos cuarto y quinto, Cathay Pacific Airways alega, en particular, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al aceptar pruebas relativas al comportamiento adoptado antes del período en que se produjo la infracción o que escapa a la competencia geográfica de la Comisión para fundamentar su conclusión de que la recurrente había participado en la infracción única y continua. (153) En esencia, la alegación principal de la recurrente se basa en que el Tribunal General ratificó las pruebas utilizadas por la Comisión sin explicar si consideró que esas pruebas constituían medios para «corroborar» otras pruebas (directas) o si trató tales elementos como pruebas directas de la participación de la recurrente en la infracción única y continua. (154)
137. A este respecto, en la sentencia Cathay Pacific Airways, el Tribunal General, al examinar la primera alegación de la tercera parte del tercer motivo, basada en errores en la imputación a la recurrente de la infracción única y continua, analizó si se habían tenido en cuenta, en particular, contactos anteriores al período en que se produjo la infracción y fuera de la competencia geográfica de la Comisión. (155)
138. Por lo que respecta, en primer lugar, a los contactos anteriores al período en que se produjo la infracción, el Tribunal General señaló, por una parte, que varios de los contactos impugnados por la recurrente se referían a rutas que eran de su competencia (apartados 315 a 321). Por otra parte, consideró que los restantes contactos impugnados, si bien habían tenido lugar en terceros países o implicaban a empleados locales de los transportistas implicados en esos países, podían no obstante ser pertinentes (apartado 322) (156) y que, en esencia, la apreciación de esos contactos no era decisiva para la solución adoptada (apartado 323). En este contexto, el Tribunal General comprobó, en esencia, la pertinencia de esos contactos en el contexto de la infracción única y continua en cuestión (apartados 325 a 327) (157) y concluyó que la recurrente no había «afirmado que estos contactos no corroborasen su interpretación de otros elementos de prueba» y que no se había alegado que «escaparan a la competencia de la Comisión». Precisó que la cuarentena de contactos impugnados por la recurrente se encontraba entre los cerca de noventa contactos controvertidos que la Comisión había examinado en la Decisión controvertida (apartado 328).
139. Por lo que respecta, en segundo lugar, a los contactos fuera de la competencia geográfica de la Comisión, el Tribunal General, de manera similar, por una parte, precisó que en la medida en que esos contactos se referían a las rutas con salida en Suiza sin distinción, no podía reprocharse a la Comisión haber considerado que también se referían a las rutas Unión-Suiza (apartado 332) y, por otra parte, que dichos contactos tendían asimismo a corroborar los cerca de noventa contactos examinados por la Comisión para demostrar la participación de la recurrente en la infracción única y continua (apartados 333 y 334).
140. A este respecto, debe recordarse que el principio que prevalece en el Derecho de la Unión por lo que se refiere al valor probatorio de los medios de prueba es el de la libre aportación de la prueba, y el único criterio pertinente para apreciar las pruebas aportadas reside en su credibilidad. (158) Si bien corresponde a la Comisión recabar pruebas suficientemente precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que se ha cometido la infracción, cada una de las pruebas aportadas no debe necesariamente responder a estos criterios en relación con cada elemento de la infracción. Basta con que el conjunto de indicios invocados por la Comisión, apreciado en su globalidad, responda a este requisito. (159)
141. En el presente asunto, considero que el Tribunal General no estaba obligado a especificar su carácter de prueba directa o de medio para corroborar cada prueba examinada en la sentencia Cathay Pacific Airways, en la medida en que las pruebas examinadas bastaban para asentar la firme convicción de que se había cometido la infracción, según el principio de la libre aportación de la prueba recordado en el punto anterior de las presentes conclusiones.
142. En efecto, en la sentencia Cathay Pacific Airways, el Tribunal General, por una parte, se refirió a la pertinencia de algunas de las pruebas impugnadas por la recurrente (apartados 315 a 321), lo que esta última no cuestiona en el marco de las alegaciones examinadas, y, por otra parte, explicó que las demás pruebas impugnadas por la recurrente podían ser pertinentes (apartados 322 y 332), precisando al mismo tiempo que, en cualquier caso, estos contactos podían ser útiles para «corroborar» las demás pruebas, habida cuenta de que dichos contactos no eran sino una parte de los cerca de noventa contactos en los que se basó la Comisión en la Decisión controvertida (apartados 328 y 333).
143. Por lo tanto, el Tribunal General calificó los contactos como destinados a «corroborar» las demás pruebas con carácter subsidiario y respecto a una parte de los contactos controvertidos, lo que no ponen en entredicho las alegaciones de la recurrente.
144. Por consiguiente, en las circunstancias del presente asunto, considero que el Tribunal General no estaba obligado a calificar el valor probatorio de cada una de esas pruebas con objeto de confirmar la apreciación de la Comisión en cuanto a la pertinencia de esos contactos y que procede desestimar las alegaciones de la recurrente.
2.      Sobre la anulación (únicamente) parcial de la Decisión controvertida en lo que respecta a LATAM Airlines Group y Lan Cargo
145. Mediante su primer motivo, LATAM Airlines Group y Lan Cargo alegan que, al haber excluido la responsabilidad de las recurrentes por los componentes de la infracción única y continua relativos al recargo por seguridad y a la negativa al pago de comisiones, el Tribunal General incurrió en error al anular solo parcialmente la Decisión controvertida, dado que estos componentes no pueden separarse del otro componente de la infracción única y continua, a saber, el recargo por combustible. Más concretamente, el Tribunal General no motivó el carácter separable de estos componentes, e invirtió la carga de la prueba trasladándola a las recurrentes en lo que atañe a su falta de responsabilidad por el recargo por combustible. En cualquier caso, incurrió, según las recurrentes, en error en cuanto a la separabilidad de los componentes.
146. A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que, en el marco de una infracción única y continua, la Comisión únicamente puede imputar a una empresa la responsabilidad de los comportamientos en los que participó directamente y de los comportamientos previstos o ejecutados por los otros participantes para alcanzar los mismos objetivos que los que ella perseguía y de los que se acredite que tenía conocimiento o podía haberlos previsto razonablemente y estaba dispuesta a asumir el riesgo. No obstante, el Tribunal de Justicia ha precisado que eso no puede llevar a exonerar a dicha empresa de su responsabilidad por los comportamientos en los que consta que participó o de los que efectivamente puede ser considerada responsable. (160) Sin embargo, únicamente puede dividirse así una decisión de la Comisión que califica un cártel global de infracción única y continua si, por una parte, a la citada empresa se le dio la oportunidad, durante el procedimiento administrativo, de comprender que también se le reprochaba cada uno de los comportamientos que lo componen, y, por tanto, de defenderse sobre este punto, y si, por otra, la citada Decisión es suficientemente clara a este respecto. (161)
147. Pues bien, como señala la Comisión en sus escritos, estos dos últimos requisitos no se discuten en el presente asunto, dado que el pliego de cargos y la Decisión controvertida exponen claramente la afirmación de que las recurrentes habían participado en cada uno de los componentes de la infracción única y continua.
148. Dicho esto, las recurrentes aducen que, en el presente asunto, el recargo por seguridad y la negativa al pago de comisiones no podían separarse del recargo por combustible, puesto que se trata de «componentes equivalentes» de la infracción única y continua entre los que la Comisión no estableció, mediante la Decisión controvertida, ninguna jerarquía. (162) Además, la propia Comisión reconoció que los dos componentes en cuestión no podían separarse cuando concluyó, en el considerando 863 de dicha Decisión, que «sería artificioso querer subdividir tal comportamiento continuo, caracterizado por una única finalidad, para ver en él varias infracciones distintas, cuando constituía una infracción única que se manifestaba progresivamente tanto en forma de acuerdos como de prácticas concertadas». (163)
149. Ha de observarse que, como subraya la Comisión en sus observaciones escritas, la necesidad de demostrar que los elementos cuya anulación parcial se solicita son «separables» del resto del acto no implica que estos elementos deban clasificarse necesariamente como «accesorios». (164) Por lo tanto, la cuestión que se plantea es si el comportamiento relativo al recargo por combustible, respecto del que el Tribunal General ha declarado la responsabilidad de las recurrentes, puede «separarse» del comportamiento relativo al recargo por seguridad, respecto del que este órgano jurisdiccional ha excluido la responsabilidad de las recurrentes.
150. Por otra parte, no me parece que la expresión utilizada por la Comisión, en el considerando 863 de la Decisión controvertida, según la cual «sería artificioso querer subdividir tal comportamiento continuo […] tratándolo como si estuviera constituido por infracciones distintas», sea determinante para la calificación de la infracción en cuestión. En efecto, con esta expresión, la Comisión quiso precisar los límites del concepto de «infracción única y continua» tal como se aplica a las diferentes prácticas adoptadas por las partes y que perseguían el mismo objetivo contrario a la competencia, con independencia de que dichas prácticas pudieran o no constituir infracciones distintas, como precisa claramente en el considerando 862 de dicha Decisión. (165) Además, como recordó la Comisión durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, toda constatación de una infracción única y continua se basa en la premisa de que sería artificioso disociar sus diferentes componentes.
151. No obstante, si bien es cierto que, en el pliego de cargos y en la Decisión controvertida, la Comisión demostró que las recurrentes habían participado en el componente de la infracción única y continua relativo al recargo por combustible (166) (lo que no se discute en el marco del motivo examinado), también es cierto que, en dicha Decisión, la Comisión no precisó que la coordinación relativa al recargo por combustible, respecto del cual se declaró la responsabilidad de las recurrentes, no solo constituía un componente de la infracción única y continua, sino también una infracción distinta.
152. En la sentencia LATAM Airlines Group y Lan Cargo, el Tribunal General anuló la Decisión controvertida en la medida en que imputaba a las recurrentes los componentes de la infracción única y continua relativos al recargo por seguridad y a la negativa al pago de comisiones, si bien declaró que no procedía anular la totalidad de la Decisión controvertida, puesto que las recurrentes no habían demostrado que la Comisión hubiera incurrido en error de Derecho al declarar que habían participado en la referida infracción. (167) Pues bien, el Tribunal General no facilita ninguna explicación sobre si el comportamiento relativo al recargo por combustible constituía una infracción separada del comportamiento relativo al recargo por seguridad y a la negativa al pago de comisiones.
153. Sin embargo, si nos centramos en el fondo de la apreciación de la Comisión, del conjunto de la Decisión controvertida se desprende que la Comisión consideró que las prácticas relativas a cada uno de los componentes de la infracción única y continua constituían infracciones del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE. Por ejemplo, en el considerando 846 de dicha Decisión, la Comisión explicó que los destinatarios de esta habían mantenido contactos bilaterales y multilaterales en cuyo marco habían coordinado su comportamiento o influido en los precios, lo que equivalía en definitiva a la fijación de precios en relación con el recargo por combustible, el recargo por seguridad y la negativa al pago de comisiones. Así pues, de este pasaje se desprende claramente que el comportamiento reprochado, calificado de «fijación de precios» y, en consecuencia, implícitamente de infracción de las disposiciones citadas, estaba constituido por los tres elementos de la infracción única y continua. Albergo dudas sobre el hecho de que ninguna de las partes interesadas fuera consciente de que su comportamiento respecto de cada uno de los componentes de la infracción, o al menos la coordinación relativa a ambos recargos, (168) constituía en sí mismo una «fijación de precios» y, por lo tanto, una infracción de dichas disposiciones. (169)
154. Por consiguiente, me parece que el Tribunal General no estaba obligado a motivar expresamente la cuestión de si el recargo por combustible constituía «una infracción» a secas, puesto que las recurrentes habían tenido la oportunidad, durante el procedimiento administrativo, de comprender que también se les reprochaba cada uno de los comportamientos separados que componían la infracción única y continua y, por lo tanto, de defenderse sobre este punto, y que la Decisión controvertida era suficientemente clara a este respecto. (170)
155. Por último, en cuanto a la alegación de las recurrentes basada en la inversión de la carga de la prueba, basta con señalar que, en el apartado 632 de la sentencia LATAM Airlines Group y Lan Cargo, que fue impugnado por las recurrentes, el Tribunal General, cuando señala que las recurrentes «no [habían] demostrado que la Comisión hubiera incurrido en error de Derecho al declarar que habían participado en dicha infracción», se remite al apartado 581 de dicha sentencia, que concluye su análisis previo relativo a la participación de las recurrentes en el componente de la infracción única y continua relativo al recargo por combustible a partir del 22 de julio de 2005, como se pone de relieve en el apartado 580 de dicha sentencia. En consecuencia, tras declarar que la Comisión había aportado las pruebas de dicha participación, el Tribunal General añadió que las recurrentes no habían aportado prueba en contrario. Al hacerlo, no invirtió la carga de la prueba, sino que se limitó a señalar que, frente a las pruebas aportadas por la Comisión, las recurrentes no habían aportado ninguna prueba en contrario.
3.      Sobre la prescripción de la potestad sancionadora de la Comisión en relación con Air Canada y Singapore Airlines
156. Mediante sus respectivos motivos tercero y cuarto, Air Canada y Singapore Airlines alegan que el Tribunal General debería haber declarado de oficio que la potestad sancionadora respecto de sus comportamientos relativos a las rutas intra-EEE y Unión-Suiza había prescrito a partir del 14 de febrero de 2016, (171) como hizo, a petición de las partes en el procedimiento, respecto de Japan Airlines, Cathay Pacific Airways y LATAM Airlines Group. (172) En efecto, el motivo basado en la prescripción de la potestad sancionadora de la Comisión con arreglo al artículo 25 del Reglamento n.º 1/2003 es, en opinión de las recurrentes, un motivo de orden público en virtud de varios principios fundamentales. (173)
157. Con carácter preliminar, ha de recordarse que, como han observado algunos Abogados Generales, (174) un motivo es de orden público cuando, por una parte, la norma infringida pretenda contribuir a un objetivo o valor fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión y desempeñe un papel significativo en la consecución de dicho objetivo o valor y, por otra parte, si dicha norma fue establecida en interés de terceros o de la colectividad en general, y no meramente en interés de las personas directamente afectadas.
158. Aunque, hasta la fecha, el juez de la Unión no se ha pronunciado sobre la cuestión de si el Tribunal General es competente para plantear de oficio un motivo basado en la prescripción de una decisión de imponer una multa por la infracción del Derecho de la competencia, propongo que se responda negativamente a esta cuestión. En efecto, si bien es cierto que el plazo de prescripción en cuestión puede contribuir, en cierta medida, a lograr los objetivos fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión, no puede determinarse en interés de terceros o de la colectividad, sino únicamente de las personas afectadas.
159. En efecto, en primer lugar, me parece que este plazo no constituye un plazo procesal, sino más bien un plazo que entraña la extinción de la acción judicial.
160. A este respecto, cabe observar que, aunque se trata de ámbitos diferentes, el Tribunal de Justicia ha declarado, en particular, que la prescripción es una causa de sobreseimiento que, a diferencia de los plazos de procedimiento, no es de orden público, sino que extingue la acción de responsabilidad solo a instancia de la parte demandada (175) y, en el marco de un recurso en materia de función pública, que el motivo basado en el incumplimiento de un plazo de prescripción no era de orden público. (176) A mi modo de ver, la motivación de estas decisiones es aplicable en el presente asunto. En efecto, el objeto de la norma de que se trata es proteger los intereses de los justiciables y no el interés público.
161. Por lo tanto, contrariamente a las alegaciones de las partes, el plazo de prescripción en cuestión no es comparable al plazo de recurso con arreglo al artículo 263 TFUE, cuya naturaleza de orden público no se discute. En efecto, en este último caso, existe un interés público, basado en particular en el principio de seguridad jurídica, en que los recursos de anulación de decisiones no se interpongan una vez transcurrido el plazo aplicable, lo que menoscabaría gravemente la seguridad jurídica de la que gozan los terceros en cuanto a la legalidad de un acto de una institución de la Unión tras la expiración de dicho plazo. (177)
162. En segundo lugar, no me parece que el incumplimiento del plazo en cuestión pueda conducir a la incompetencia de la institución de que se trate.
163. En efecto, si bien el Tribunal de Justicia ha señalado que determinados plazos de caducidad constituían motivos de orden público, en la medida en que se referían a la competencia ratione temporis de la institución que había adoptado los actos controvertidos, (178) tal consecuencia no está vinculada simplemente al transcurso del plazo para la adopción del acto, sino más bien a la inexistencia o a la supresión de la base jurídica que habilita al autor del acto para actuar. (179) Por lo tanto, el transcurso del plazo de prescripción de que se trata no implica, en sí mismo, la extralimitación de la competencia de la Comisión para imponer sanciones.
164. En tercer lugar, la naturaleza de orden público del motivo basado en el transcurso del plazo de prescripción no puede justificarse por el carácter esencialmente penal de las multas en materia de competencia en el marco del artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH». (180)
165. En efecto, si bien, a pesar de lo dispuesto en el artículo 23, apartado 5, del Reglamento n.º 1/2003, del que se desprende que las decisiones por las que se imponen multas por infracciones del Derecho de la competencia no tienen carácter penal, el Tribunal de Justicia ha reconocido, al menos implícitamente, la naturaleza de facto penal de las sanciones por infracciones del Derecho de la competencia de la Unión a efectos de la aplicación del aspecto penal del artículo 6, apartado 1, del CEDH, (181) considero que el Derecho de la competencia no forma parte del «núcleo duro» del Derecho penal, de modo que las garantías previstas en el Derecho penal en sentido estricto no se aplican con todo su rigor. (182) De ello se desprende que la naturaleza de facto penal de las sanciones no implica, por sí sola, un interés público en la prescripción de las sanciones con arreglo al artículo 25 del Reglamento n.º 1/2003.
166. En cuarto lugar, lo mismo cabe decir de las referencias, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al carácter de orden público del Derecho de la competencia (183) y, más concretamente, del orden público económico. (184) En efecto, el hecho de que el Derecho de la competencia actúe, en esencia, en beneficio del orden público (económico) no implica que todas estas disposiciones estén comprendidas en dicho orden público. (185)
167. Por último, en lo que respecta al principio de igualdad de trato, procede formular dos observaciones: por una parte, que de reiterada jurisprudencia se desprende que, en esencia, una decisión por la que se declara la existencia de un cártel constituye un conjunto de decisiones dirigidas a sus destinatarios individuales, siendo así que la validez de una de estas decisiones no afecta a la de las demás, (186) y, por otra parte, que si bien de reiterada jurisprudencia se desprende que las empresas que han interpuesto recurso no se encuentran en la misma situación procesal que las empresas que no lo han interpuesto, (187) el mismo principio debería aplicarse, en mi opinión, en lo que respecta a las empresas que no han formulado un motivo relativo a la prescripción.
168. Además, es preciso observar que el examen de un plazo de prescripción implica normalmente una apreciación de naturaleza fáctica que, a falta de pruebas relativas a los hechos propuestos por la parte interesada, viola el principio de naturaleza rogada y no puede ser planteada de oficio por el juez de la Unión. (188) Por otra parte, me pregunto si la posibilidad de anular de oficio una decisión por la que se declara la existencia de una infracción más allá del plazo fijado para la interposición de un recurso genera el riesgo de hacer que las acciones indemnizatorias de los particulares (private enforcement) resulten más aleatorias. (189)
169. En conclusión, considero que el plazo de prescripción no debe interpretarse como un motivo de orden público que deba ser planteado de oficio por el juez de la Unión. Procede, por tanto, desestimar los motivos en cuestión.
C.      Sobre el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena por el Tribunal General en lo que respecta a SAS Cargo
170. En la sentencia SAS Cargo Group, el Tribunal General, al estimar la segunda pretensión de las recurrentes dirigida a reducir el importe de la multa, anuló parcialmente la Decisión controvertida en lo que respecta a las sociedades de SAS Cargo Group y ejerció su competencia jurisdiccional plena (190) para reducir la multa impuesta a estas. Sin embargo, para calcular el importe de base de la multa, incluyó el volumen de negocios realizado en las rutas interiores de un único Estado miembro (en lo sucesivo, «ventas domésticas») (191) en el valor de las ventas de estas recurrentes, tras señalar que dicho volumen de negocios fue excluido por la Comisión «inadvertidamente». (192) Procedió de este modo basándose en que el volumen de negocios correspondiente a las ventas domésticas estaba comprendido en el ámbito de aplicación de la infracción única y continua (193) y «también con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los transportistas implicados que han interpuesto recursos contra la Decisión [controvertida]», (194) y ello pese a que la Comisión, tras haber sido interrogada por el Tribunal General en cuanto a la compatibilidad de dicha exclusión con el principio de igualdad de trato y con el punto 13 de sus Directrices para el cálculo de las multas, (195) consideró que no procedía tener en cuenta dicho volumen de negocios en el cálculo de la multa. (196) En consecuencia, el Tribunal General procedió a una reducción de la multa inferior a la que habría realizado de no haberse efectuado tal corrección.
171. Mediante su quinto motivo, las recurrentes alegan que, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, el Tribunal General vulneró el derecho a ser oído y violó el principio de contradicción (1), incumplió la obligación de motivación (2), violó el principio ne ultra petita (3) y vulneró la presunción de inocencia y violó el principio de igualdad de trato (4).
1.      Sobre el derecho a ser oído y el principio de contradicción
172. Por lo que respecta, en primer lugar, al derecho a ser oído y al principio de contradicción, las recurrentes en el asunto SAS Cargo Group alegan que no se les dio la posibilidad de rebatir la conclusión del Tribunal General según la cual la multa era discriminatoria, en la medida en que ninguna de las partes en el procedimiento había planteado este extremo.
173. Con carácter preliminar, procede recordar que el derecho a ser oído y el principio de contradicción forman parte del derecho de defensa y se aplican a cualquier procedimiento que pueda desembocar en una decisión de una institución de la Unión que afecte de manera considerable a los intereses de una persona. (197)
174. Por regla general, el derecho a ser oído garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses, (198) mientras que el principio de contradicción implica, por una parte, el derecho de las partes procesales de obtener comunicación de las pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas y, por otra parte, la prohibición de basar una resolución judicial en hechos y documentos de los cuales las propias partes, o una de ellas, no han podido tener conocimiento y sobre los cuales no han podido presentar sus observaciones. (199)
175. Pues bien, como señala el Tribunal General en el apartado 937 de la sentencia SAS Cargo Group, y como recuerdan las propias recurrentes en el asunto SAS Cargo Group en sus escritos, el Tribunal General las instó a pronunciarse sobre las respuestas de la Comisión a las preguntas formuladas por el Tribunal General, incluida una pregunta relativa a los volúmenes de negocios en los que esta había basado sus cálculos en lo que respecta a las multas impuestas, mediante la cual el Tribunal General solicitó expresamente que se adujera la razón que llevó a la Comisión a excluir los volúmenes de negocios correspondientes a las ventas domésticas.
176. En estas circunstancias, me parece que el Tribunal General no vulneró el derecho a ser oído de las recurrentes en el asunto SAS Cargo Group ni violó el principio de contradicción, dado que estas, que habían formulado un motivo relativo a la revisión de la multa que las afectaba, fueron oídas en relación con la inclusión del volumen de negocios correspondiente a las ventas domésticas en el valor de las ventas y pudieron formular eficazmente su punto de vista sobre este aspecto.
177. En cuanto al argumento de las recurrentes en el asunto SAS Cargo Group de que la pregunta que se les había formulado carecía de contenido suficiente para satisfacer el derecho a ser oído, procede señalar que la pregunta planteada a la Comisión, sobre la que se pidió a las recurrentes que se pronunciaran, se refería explícitamente al hecho de que los volúmenes de negocios excluían lo que se denominaba «cabotaje en Escandinavia». Por lo tanto, era previsible que el Tribunal General, con independencia de la posición adoptada por la Comisión, hubiera podido reconsiderar este elemento en su análisis. (200) Es más, si bien el Tribunal General debe respetar el derecho de defensa de las partes, no puede estar obligado a pedirles que se pronuncien sobre el razonamiento que pretende adoptar para resolver el litigio de que conoce. (201)
2.      Sobre la obligación de motivación
178. Según las recurrentes en el asunto SAS Cargo Group, el Tribunal General incumplió su obligación de motivación al no haber respondido a sus observaciones según las cuales no se encontraban en una situación similar a la de los demás transportistas y no existía un comportamiento ilícito en las rutas internas que justificara la inclusión del volumen de negocios correspondiente a las ventas domésticas en el valor de las ventas.
179. Pues bien, en los apartados 935, 936 y 939 de la sentencia SAS Cargo Group, el Tribunal General señaló, en primer lugar, que el artículo 1, apartado 1, de la Decisión controvertida se refería a los comportamientos que se producen tanto en las rutas entre Estados miembros o Partes contratantes del Acuerdo EEE como en las rutas operadas en el interior de un único Estado miembro o de una sola Parte contratante; en segundo lugar, que, en estas circunstancias, las ventas domésticas estaban comprendidas en el ámbito de aplicación de la infracción única y continua y, en tercer lugar, que el volumen de negocios correspondiente a las ventas domésticas no se había incluido en el valor de las ventas debido a una «inadvertencia». El Tribunal General, en el apartado 940 de dicha sentencia, concluyó que, «también con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los transportistas implicados que han interpuesto recursos contra la Decisión [controvertida]», era importante reintegrar el volumen de negocios correspondiente a las ventas domésticas en los valores de las ventas.
180. A este respecto, me parece que el Tribunal General ha expuesto claramente el razonamiento que ha seguido, lo que, por otra parte, permitió a las recurrentes formular sus alegaciones contra las conclusiones del Tribunal General. (202) Ciertamente, el razonamiento del Tribunal General no parece coherente cuando, en el apartado 932 de la sentencia SAS Cargo Group, deduce de la respuesta de la Comisión a sus preguntas que era posible que el volumen de negocios correspondiente a las ventas domésticas no se hubiera deducido del valor de las ventas aplicado a los demás transportistas implicados y, en el apartado 939 de la citada sentencia, concluye que este volumen de negocios no se integró en el valor de las ventas. Sin embargo, esta constatación parece formar parte más bien del fundamento de la motivación del Tribunal General (203) y se examinará más adelante. (204)
3.      Sobre el principio ne ultra petita
181. Según las recurrentes en el asunto SAS Cargo Group, el Tribunal General violó el principio ne ultra petita al realizar una corrección del importe de base de la multa desfavorable para las recurrentes, más allá (e incluso en contra) de las conclusiones de la Comisión, efectuando así un control de oficio que no es de su competencia.
182. Con carácter preliminar, como he recordado en mis conclusiones presentadas en el asunto Westfälische Drahtindustrie y Pampus Industriebeteiligungen/Comisión, (205) cuando ejerce su competencia jurisdiccional plena en virtud de la potestad que le confiere el artículo 31 del Reglamento n.º 1/2003, el órgano jurisdiccional de la Unión está facultado, al objeto de determinar el importe de dicha sanción, para sustituir la apreciación de la Comisión —autora del acto en el que se fijó inicialmente ese importe— por la suya propia. En consecuencia, el órgano jurisdiccional de la Unión puede reformar el acto impugnado, incluso sin anularlo, teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho, para suprimir, reducir o aumentar el importe de la multa (control de novo). (206) De ello se desprende que, si bien el alcance de esta competencia jurisdiccional plena se limita estrictamente, a diferencia del control de la legalidad, a la determinación del importe de la multa, (207) el juez de la Unión únicamente está facultado para ejercer su competencia jurisdiccional plena cuando se somete a su apreciación la cuestión del importe de la multa, (208) y el ejercicio de esta competencia implica la atribución definitiva a dicho juez de la facultad de imponer sanciones. (209)
183. Procede no obstante recordar que el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena no equivale a un control de oficio y que el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión es contradictorio. Por consiguiente, exceptuando los motivos de orden público que el juez debe examinar de oficio, corresponde a la parte demandante alegar los motivos contra esta y aportar las pruebas en apoyo de dichos motivos. (210) De ello se desprende que la competencia jurisdiccional plena del Tribunal General no escapa al principio de justicia rogada, del que el principio ne ultra petita no es sino el corolario. (211)
184. Más allá de estas indicaciones, el alcance del ejercicio por el juez de la Unión de su competencia jurisdiccional plena en relación con el importe de una multa impuesta por la Comisión en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE es objeto de debate, (212) en particular en lo que se refiere a la posibilidad de incrementar la multa a falta de una solicitud en este sentido (reformatio in peius) (213) o de plantear de oficio determinadas cuestiones, debate que, (214) hasta la fecha, aún no ha sido zanjado por el Tribunal de Justicia. (215)
185. En la sentencia SAS Cargo Group, el Tribunal General examinó las pretensiones de las recurrentes relativas a la modificación (más concretamente a la reducción) del importe de la multa (apartados 911 a 917) y las estimó parcialmente, reduciendo dicho importe (apartados 961 y 962), y tuvo en cuenta también, en un sentido desfavorable para las referidas recurrentes y en contra de las posiciones de ambas partes, un elemento de hecho que no había sido discutido, a saber, el volumen de negocios correspondiente a las ventas domésticas.
186. De este modo, el Tribunal General, que conoce del asunto en virtud de su competencia jurisdiccional plena, se pronunció en el marco de un motivo formulado por las recurrentes en el asunto SAS Cargo Group dirigido a obtener la reducción de la multa y reexaminó todos los elementos relativos al cálculo de la multa haciendo uso de su facultad de apreciación (216) y teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho pertinentes. (217)
187. A este respecto, aunque, a primera vista, el Tribunal General, actuando en virtud de su competencia jurisdiccional plena en el marco de un motivo relativo a la reducción de la multa, no ha ido más allá de las pretensiones (petitum) de las recurrentes en el asunto SAS Cargo Group, (218) me pregunto si no ha excedido los límites de su competencia jurisdiccional plena al modificar uno de los elementos constitutivos del valor de base de las ventas en contra de la posición de las dos partes. En efecto, aunque, cuando se pronuncia en el marco de un motivo formulado por las partes, el Tribunal General puede volver a examinar todos los elementos relativos al cálculo de la multa haciendo uso de su facultad de apreciación, no puede cuestionar conclusiones fácticas que no han sido impugnadas por las partes. De otro modo, contrariamente a la jurisprudencia citada en el punto 183 de las presentes conclusiones, el principio de justicia rogada no tendría ninguna razón de ser en el marco de la competencia jurisdiccional plena del Tribunal General. (219)
188. Por otra parte, también me pregunto si un elemento como el volumen de negocios correspondiente a las ventas domésticas, que está comprendido en el alcance geográfico del cártel de que se trata y se refiere no solo al cálculo del importe de la multa, sino también a la declaración de la infracción, no puede ser cuestionado de oficio por el Tribunal General, al margen de su apreciación de la legalidad de la Decisión controvertida. Me parece que, a pesar de tratarse también de una cuestión que hasta la fecha sigue siendo muy controvertida, el Tribunal de Justicia limita la competencia de jurisdicción plena del Tribunal General a la determinación del importe de la multa impuesta por la Comisión, con exclusión de los elementos de hecho que influyen en la constatación de la infracción. (220)
189. En el presente asunto, me parece que la Comisión no ha definido claramente el contorno del alcance geográfico de la infracción respecto de los vuelos interestatales. En efecto, la Comisión solo abordó el alcance geográfico de la infracción en el apartado 5.3.7 de la Decisión controvertida, relativo al «efecto sobre el comercio entre los Estados miembros, entre las Partes contratantes del Acuerdo EEE y entre las Partes contratantes del Acuerdo suizo». A este respecto, en la Decisión controvertida, la Comisión explica que «los acuerdos colusorios abarcaban la totalidad del territorio del EEE, así como Suiza», y, en esencia, tenían por objeto restringir la competencia entre los transportistas «en rutas dentro del EEE, en rutas entre las Partes contratantes del Acuerdo Unión-Suiza y en rutas entre las Partes contratantes del Acuerdo EEE y terceros países» (considerando 1030). Pues bien, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General en los apartados 935 y 936 de la sentencia SAS Cargo Group, de estos pasajes no se desprende que el volumen de negocios correspondiente a las ventas domésticas esté «evidentemente comprendido en el ámbito de aplicación de la infracción única y continua».
4.      Sobre la presunción de inocencia y el principio de igualdad de trato
190. Según las recurrentes en el asunto SAS Cargo Group, el Tribunal General vulneró la presunción de inocencia (221) y violó el principio de igualdad de trato, (222) dado que incluyó el volumen de negocios correspondiente a las ventas domésticas en el valor de las ventas con el fin de tratarlas de manera igualitaria con respecto a los demás transportistas, a pesar de que consideraba simplemente «posible» (y no demostrado de modo suficiente con arreglo a Derecho) que esos otros transportistas no hubieran excluido tales cifras.
191. En los apartados 935 a 937 de la sentencia SAS Cargo Group, el Tribunal General consideró, en esencia, que las ventas domésticas estaban comprendidas en el ámbito de aplicación de la infracción única y continua y, por lo tanto, deberían haberse reintegrado en el valor de las ventas, lo que, según el Tribunal General, también era la intención de la Comisión.
192. Pues bien, habida cuenta de los límites del control por el Tribunal de Justicia de las acciones del Tribunal General en el marco de un recurso de casación, (223) procede señalar que esta conclusión no está respaldada por ninguna prueba fiable. En efecto, como señalan las recurrentes, el Tribunal General observa en el apartado 932 de la sentencia SAS Cargo Group que, como se desprende de la respuesta dada por la Comisión a sus preguntas, era posible
que el volumen de negocios correspondiente a las ventas domésticas no se hubiera deducido del valor de las ventas aplicado a los demás transportistas implicados. (224) Siendo así, en el apartado 939 de dicha sentencia, el Tribunal General concluye, en esencia, que ese volumen de negocios no se integró en el valor de las ventas y, en el apartado 940 de la misma sentencia, integró tal volumen de negocios. En otras palabras, la premisa de que era posible que esas ventas se hubieran excluido del valor de las ventas por las otras recurrentes llevó al Tribunal General a concluir que esas ventas estaban efectivamente integradas en dicho valor, lo que le obligaba a incluir tales ventas en el valor de las ventas de las recurrentes en el asunto SAS Cargo Group. Con ello, el Tribunal General incurrió, en mi opinión, en una desnaturalización de la prueba. (225)
193. A la luz de cuanto antecede, propongo que se estime el quinto motivo de las recurrentes en el asunto SAS Cargo Group y, en consecuencia, se devuelva el asunto al Tribunal General, para que se pronuncie sobre el fondo de la segunda pretensión, dirigida a reducir el importe de la multa.
V.      Conclusión
194. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime los recursos en los asuntos Air Canada/Comisión (C‑367/22 P), Air France/Comisión (C‑369/22 P), Air France-KLM/Comisión (C‑370/22 P), LATAM Airlines Group y Lan Cargo/Comisión (C‑375/22 P), British Airways/Comisión (C‑378/22 P), Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo/Comisión (C‑379/22 P), Deutsche Lufthansa y otros/Comisión (C‑380/22 P), Japan Airlines/Comisión (C‑381/22 P), Cathay Pacific Airways/Comisión (C‑382/22 P), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Comisión (C‑385/22 P), Martinair Holland/Comisión (C‑386/22 P) y Cargolux Airlines/Comisión (C‑401/22 P).
–        Anule la sentencia del Tribunal General de 30 de marzo de 2022, SAS Cargo Group y otros/Comisión (T‑324/17, EU:T:2022:175), en lo que atañe a la segunda pretensión dirigida a reducir el importe de la multa.
–        Devuelva el asunto al Tribunal general para que se pronuncie sobre el fondo de la segunda pretensión
–        Desestime el recurso en todo lo demás.
1      Lengua original: francés.
2      En el presente asunto, se trata de las siguientes compañías aéreas: Air Canada, Air France-KLM, Société Air France (en lo sucesivo, «Air France»), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (en lo sucesivo, «KLM»), British Airways plc, Cargolux Airlines International SA (en lo sucesivo, «Cargolux»), Cathay Pacific Airways Ltd, Deutsche Lufthansa AG (en lo sucesivo, «Lufthansa»), Japan Airlines International Co. Ltd (en lo sucesivo, «Japan Airlines»), LATAM Airlines Group SA y Lan Cargo SA, Martinair Holland NV (en lo sucesivo, «Martinair»), SAS Cargo Group y otros (en lo sucesivo, «SAS Cargo Group»), Singapore Airlines Ltd y Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (en lo sucesivo, «Singapore Airlines»).
3      Sentencias de 30 de marzo de 2022, Martinair Holland/Comisión (T‑323/17, en lo sucesivo, «sentencia Martinair», EU:T:2022:174); SAS Cargo Group y otros/Comisión (T‑324/17, en lo sucesivo, «sentencia SAS Cargo Group», EU:T:2022:175); Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Comisión (T‑325/17, en lo sucesivo, «sentencia KLM», EU:T:2022:176); Air Canada/Comisión (T‑326/17, en lo sucesivo, «sentencia Air Canada», EU:T:2022:177); Cargolux Airlines/Comisión (T‑334/17, en lo sucesivo, «sentencia Cargolux Airlines», EU:T:2022:178); Air France-KLM/Comisión (T‑337/17, en lo sucesivo, «sentencia Air France-KLM», EU:T:2022:179); Air France/Comisión (T‑338/17, en lo sucesivo, «sentencia Air France», EU:T:2022:180); Japan Airlines/Comisión (T‑340/17, en lo sucesivo, «sentencia Japan Airlines», EU:T:2022:181); British Airways/Comisión (T‑341/17, en lo sucesivo, «sentencia British Airways», EU:T:2022:182); Deutsche Lufthansa y otros/Comisión (T‑342/17, en lo sucesivo, «sentencia Deutsche Lufthansa», EU:T:2022:183); Cathay Pacific Airways/Comisión (T‑343/17, en lo sucesivo, «sentencia Cathay Pacific Airways», EU:T:2022:184); LATAM Airlines Group y Lan Cargo/Comisión (T‑344/17, en lo sucesivo, «sentencia LATAM Airlines Group y Lan Cargo», EU:T:2022:185), y Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo/Comisión (T‑350/17, en lo sucesivo, «sentencia Singapore Airlines», EU:T:2022:186).
4      Decisión C(2017) 1742 final relativa a un procedimiento en virtud del artículo [101 TFUE], el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías).
5      C‑413/14 P, en lo sucesivo, «sentencia Intel», EU:C:2017:632.
6      C‑697/19 P, en lo sucesivo, «sentencia Sony», EU:C:2022:478.
7      Este recargo, que se introdujo en 1996, ha sido suprimido varias veces y posteriormente reintroducido y ha sido objeto de diversas modificaciones (véanse los considerandos 114 a 117 de la Decisión controvertida).
8      Este recargo estaba justificado por el aumento de los costes debido al incremento de las primas de seguro, el aumento de los costes de seguridad y las ineficiencias operativas, como el cambio de itinerario de determinados vuelos (véanse los considerandos 577 a 580 de la Decisión controvertida).
9      Estas comisiones estaban vinculadas a los costes soportados por los transitarios para recaudar los recargos de los expedidores por cuenta de los transportistas (véanse los considerandos 675 a 677 de la Decisión controvertida).
10      En el curso de dicha investigación, que siguió a una solicitud de dispensa de pago presentada por Lufthansa y algunas de sus filiales en virtud de su Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3; en lo sucesivo, «Comunicación sobre clemencia de 2002»), la Comisión efectuó inspecciones sin previo aviso en los locales de varios transportistas —con arreglo al artículo 20 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1)—, recibió solicitudes de algunos de ellos al amparo de la Comunicación sobre clemencia de 2002 y envió varias solicitudes de información.
11      El pliego de cargos afectaba a un total de veintisiete transportistas, entre los que figuraban las recurrentes.
12      Decisión C(2010) 7694 final relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo [CE-Suiza] sobre el Transporte Aéreo (asunto C.39258 — Transporte aéreo de mercancías). Esta Decisión afectaba a veintiún transportistas, entre ellos las recurrentes.
13      Mediante esta Decisión, la Comisión, antes de nada, declaró que los transportistas implicados habían coordinado su comportamiento en materia de precios para la prestación de servicios de transporte de mercancías; a continuación, impuso sanciones a estos transportistas y, por último, les exigió que pusieran fin inmediatamente a las infracciones cometidas y se abstuvieran de todo acto o comportamiento referidos en la citada Decisión o que tenga el mismo o similar objeto o efecto.
14      En lo que atañe a las recurrentes, véanse las sentencias Air Canada/Comisión (T‑9/11, EU:T:2015:994); Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Comisión (T‑28/11, EU:T:2015:995); Japan Airlines/Comisión (T‑36/11, EU:T:2015:992); Cathay Pacific Airways/Comisión (T‑38/11, EU:T:2015:985); Cargolux Airlines/Comisión (T‑39/11, EU:T:2015:991); LATAM Airlines Group y Lan Cargo/Comisión (T‑40/11, EU:T:2015:986); Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo Pte/Comisión (T‑43/11, EU:T:2015:989); Deutsche Lufthansa y otros/Comisión (T‑46/11, EU:T:2015:987); British Airways/Comisión (T‑48/11, EU:T:2015:988), confirmada en casación mediante la sentencia de 14 de noviembre de 2017, British Airways/Comisión, (C‑122/16 P, EU:C:2017:861); SAS Cargo Group y otros/Comisión (T‑56/11, EU:T:2015:990); Air France-KLM/Comisión (T‑62/11, EU:T:2015:996); Air France/Comisión (T‑63/11, EU:T:2015:993), y Martinair Holland/Comisión (T‑67/11, EU:T:2015:984).
15      La Comisión se basó en el mismo pliego de cargos de 19 de diciembre de 2007. El 20 de mayo de 2016, remitió un escrito a los transportistas sancionados por la Decisión de 2010 que habían interpuesto un recurso contra esta ante el Tribunal General, informándoles de que tenía intención de adoptar una nueva decisión e invitándoles a presentar sus observaciones al respecto.
16      Véanse los apartados 4.1 y 4.3 a 4.6 de la Decisión controvertida. Según el considerando 119 de dicha Decisión, para la aplicación del recargo por combustible a nivel local, a menudo se aplicaba un sistema según el cual las compañías aéreas dominantes en determinadas rutas o en determinados países anunciaban el cambio en primer lugar y posteriormente eran seguidas por las demás. Además, las asociaciones locales de transportistas organizaban foros multilaterales de debate que podían utilizarse a este respecto.
17      Véase la sección 5 de la Decisión controvertida.
18      Véanse los considerandos 822 a 824 de la Decisión controvertida. En efecto, antes de esa fecha (marcada por la entrada en vigor del Reglamento n.º 1/2003), el Reglamento (CEE) n.º 3975/87 del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, por el que se establecen las normas de desarrollo de las reglas de competencia para empresas del sector del transporte aéreo (DO 1987, L 374, p. 1), confería a la Comisión la competencia para aplicar los artículos 101 TFUE y 102 TFUE a los transportes aéreos internacionales entre aeropuertos dentro de la Unión, excluyendo los transportes aéreos internacionales entre los aeropuertos de un Estado miembro y los de un país tercero, que seguían estando sujetos a los artículos 104 TFUE y 105 TFUE.
19      Véanse los considerandos 825 a 828 de la Decisión controvertida. En efecto, antes de esa fecha [marcada por la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 411/2004 del Consejo, de 26 de febrero de 2004, por el que se deroga el Reglamento n.º 3975/87 y se modifican el Reglamento (CEE) n.º 3976/87 y el Reglamento n.º 1/2003, en lo que respecta al transporte aéreo entre la Comunidad y terceros países (DO 2004, L 68, p. 1)], el Protocolo 21 del Acuerdo EEE sobre la aplicación de las normas de competencia relativas a las empresas (DO 1994, L 1, p. 181) amplió el régimen previsto por el Reglamento n.º 3975/87 (véase la nota 18 de las presentes conclusiones) a la aplicación de las normas en materia de competencia previstas en el Acuerdo EEE, excluyendo de este modo que la Comisión pudiera aplicar los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE a los transportes aéreos internacionales entre los aeropuertos de los Estados partes del EEE que no son miembros de la Unión y los de terceros países.
20      Véanse los considerandos 829 a 832 de la Decisión controvertida. En efecto, antes de esa fecha [marcada por la entrada en vigor de la Decisión n.º 1/2007 del Comité Mixto de transporte aéreo Comunidad/Suiza instituido por el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, de 5 de diciembre de 2007, por la que se sustituye el anexo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (DO 2008, L 34, p. 19)], se aplicaba el Reglamento n.º 3975/87 (véase la nota 18 de las presentes conclusiones). La Comisión declaró que la Decisión controvertida no pretendía revelar infracción alguna del artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo en relación con los servicios de transporte de mercancías entre Suiza y terceros países.
21      Véanse los considerandos 1036 a 1040 de la Decisión controvertida.
22      Véase el considerando 1042 de la Decisión controvertida.
23      Véase el considerando 1043 de la Decisión controvertida.
24      Véase el considerando 1046 de la Decisión controvertida. La Comisión precisó que, en muchos casos, los pactos del cártel se organizaban a nivel central y el personal local se limitaba a aplicarlos y que la aplicación uniforme de los recargos a escala mundial era un elemento clave del cártel.
25      En la sección 6 (más concretamente, considerandos 1070 a 1145) de la Decisión controvertida, la Comisión identificó a los transportistas implicados, en su condición de «empresas», como los destinatarios de la Decisión controvertida.
26      Véanse los considerandos 846 a 861 de la Decisión controvertida. La Comisión identificó un sistema general de coordinación del comportamiento sobre precios para los servicios de transporte de mercancías que constituía una infracción compleja compuesta por varias acciones que podían calificarse bien como acuerdos, bien como prácticas concertadas en cuyo marco los competidores habían sustituido conscientemente los riesgos de la competencia por la cooperación práctica entre ellos.
27      En efecto, por una parte, este comportamiento perseguía un objetivo anticompetitivo único consistente en obstaculizar la competencia en el sector del transporte de mercancías dentro del EEE, se refería a un servicio único (a saber, la prestación de servicios de transporte de mercancías y su tarificación), afectaba a las mismas empresas, tenía una naturaleza única y se refería a tres componentes, a saber, el recargo por combustible, el recargo por seguridad y la negativa al pago de comisiones, sobre los que se había debatido frecuentemente y de forma conjunta durante los mismos contactos con los competidores (véanse los considerandos 869 a 880 de la Decisión controvertida). Aunque algunas recurrentes (a saber, Air Canada, SAS Cargo Group y Lan Cargo) no estaban implicadas en cada uno de los tres componentes de la infracción única, la Comisión consideró no obstante que, habida cuenta de su implicación en los demás elementos de la infracción, habían podido razonablemente prever la existencia de intercambios entre las partes sobre los demás elementos y estuvieron dispuestas a asumir tal riesgo, pero también que existían pruebas de que estas recurrentes estaban al corriente de los debates relativos a estos otros elementos (véanse los considerandos 881 a 883 de la Decisión controvertida). Por otra parte, la infracción en cuestión tenía carácter continuo (véase el considerando 884 de la Decisión controvertida).
28      Véanse los considerandos 903 a 921 de la Decisión controvertida. En este contexto, la Comisión consideró que, habida cuenta del ámbito mundial del cártel de que se trata, los contactos que se habían producido en los terceros países y los contactos relativos a las rutas en las que los transportistas nunca habían operado o en las que no habían podido operar legalmente eran, no obstante, relevantes para acreditar la existencia de la infracción única y continua (véanse los considerandos 885 a 890 de la Decisión controvertida). La Comisión examinó también las normativas de determinados países terceros, desestimado las alegaciones de varios transportistas implicados según las cuales dichas normativas les obligaban a concertarse sobre los recargos, basándose en que dichos transportistas no habían logrado demostrar que hubieran actuado forzados por dichos países terceros (véanse los considerandos 972 a 1023 de la Decisión controvertida).
29      Véanse los considerandos 1024 a 1035 de la Decisión controvertida.
30      Véanse los considerandos 1047 a 1052 de la Decisión controvertida.
31      Más concretamente, la Comisión determinó y precisó que dicho cártel había infringido el artículo 101 TFUE durante el período comprendido entre el 7 de diciembre de 1999 y el 14 de febrero de 2006, en lo que respecta al transporte aéreo entre aeropuertos dentro de la Unión, y del 1 de mayo de 2004 al 14 de febrero de 2006, en lo que respecta al transporte aéreo en las rutas Unión-terceros países; el artículo 53 del Acuerdo EEE, del 7 de diciembre de 1999 al 14 de febrero de 2006, en lo que respecta al transporte aéreo en las rutas intra-EEE, y del 19 de mayo de 2005 al 14 de febrero de 2006, en lo que respecta al transporte aéreo en las rutas EEE excepto Unión-terceros países, y el artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo, del 1 de junio de 2002 al 14 de febrero de 2006, en lo que respecta al transporte aéreo en las rutas Unión-Suiza (véase el considerando 1146 de la Decisión controvertida).
32      Véanse los considerandos 1147 a 1169 de la Decisión controvertida.
33      Véase la sección 8 de la Decisión controvertida. De conformidad con las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2), la Comisión calculó el importe de base de la multa teniendo en cuenta el valor de las ventas, la gravedad y la duración de la infracción y aplicando el importe adicional (sección 8.3 de la Decisión controvertida), efectuó ajustes en función de las circunstancias agravantes y atenuantes (sección 8.4 de dicha Decisión) y del límite del 10 % del volumen de negocios (sección 8.5 de la citada Decisión), tuvo en cuenta las solicitudes de clemencia (sección 8.6 de la misma Decisión) y la capacidad de pago de los transportistas implicados (sección 8.7 de la Decisión controvertida) para establecer, finalmente, el importe de las multas que debían imponerse a estas últimas (véase la sección 8.8 de dicha Decisión).
34      Estos motivos versan sobre la posibilidad de constatar y sancionar una infracción relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes, así como a los servicios en las rutas Unión-terceros países antes del 1 de mayo de 2004 y en las rutas EEE excepto Unión-terceros países antes del 19 de mayo de 2005.
35      Sentencias Martinair, KLM, Cargolux Airlines, Air France-KLM, Air France, Deutsche Lufthansa y Singapore Airlines.
36      Respectivamente, artículo 1, apartados 1, letra h), y 4, letra h), de la Decisión controvertida (sentencia Japan Airlines) y artículo 1, apartados 1, letra g), y 4, letra g), de dicha Decisión (sentencia Cathay Pacific Airways).
37      Artículo 1, apartados 1, letra a), 2, letra a), 3, letra a), y 4, letra a), de dicha Decisión (sentencia Air Canada).
38      Respectivamente, por una parte, artículo 1, apartados 1, letra e), 2, letra e), y 3, letra e), de dicha Decisión y, por otra parte, artículo 1, apartado 4, letra e), de esta (sentencia British Airways).
39      Respectivamente, artículo 1, apartados 1, letras i) y j), 3, letras i) y j), y 4, letras i) y j), de la Decisión controvertida; artículo 1, apartado 2, letras i) y j), de dicha Decisión, y artículo 3, letra i), de la citada Decisión (sentencia LATAM Airlines Group y Lan Cargo).
40      Respectivamente, artículo 1, apartados 1, letras o), p) y q), 2, letras o) y p), 3, letras o) y p), y 4, letras o), p) y q), de la Decisión controvertida; artículo 1, apartado 2, letras o) y p), de esta Decisión; artículo 1, apartado 3, letras o) y p), de dicha Decisión; artículo 3, letras n) a r), de la misma Decisión (sentencia SAS Cargo Group).
41      Me gustaría dejar claro que la expresión «competencia extraterritorial» utilizada en las presentes conclusiones se refiere, de manera general, a la aplicación del Derecho de la competencia de la Unión y del EEE por parte de la Comisión respecto de las prácticas llevadas a cabo fuera del EEE por empresas también establecidas fuera del EEE, con independencia de cualquier debate sobre el alcance exacto de tal definición (véanse, en particular, las conclusiones del Abogado General Wathelet presentadas en el asunto InnoLux/Comisión, C‑231/14 P, EU:C:2015:292, punto 37).
42      Véase el punto 12 de las presentes conclusiones.
43      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 212.
44      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 213.
45      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 279.
46      Se trata, más concretamente, de las siguientes compañías aéreas: Air Canada (primera parte del primer motivo), Japan Airlines (primer motivo), Air France (segunda parte del primer motivo), Air France-KLM (segunda parte del segundo motivo), Singapore Airlines (segunda parte del primer motivo), Deutsche Lufthansa (primera parte del motivo único) y Cargolux (primera parte del primer motivo).
47      Una recurrente (a saber, Singapore Airlines, para la primera parte de su primer motivo) aborda también esta alegación desde el punto de vista de la desnaturalización del motivo de recurso relativo a la incompetencia de la Comisión, en la medida en que el Tribunal General respondió a este motivo como si se basara en la impugnación de la competencia de la Comisión en virtud de un motivo diferente de Derecho internacional público, lo cual era una condición necesaria pero insuficiente para establecer la competencia de la Comisión en el presente asunto.
48      Además, dado que el concepto de «efectos cualificados» en Derecho internacional público es fundamentalmente distinto del concepto de «restricción de la competencia» que figura en el artículo 101 TFUE y en el artículo 53 del Acuerdo EEE, el hecho de determinar el ámbito de aplicación territorial de una disposición de un tratado de la Unión sobre la base del Derecho internacional público sería contrario al principio fundamental de autonomía del Derecho de la Unión con respecto tanto al Derecho de los Estados miembros como al Derecho internacional.
49      En lo que respecta al artículo 101 TFUE, ello se desprende de la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión (89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 y 125/85 a 129/85, en lo sucesivo, «sentencia pasta de madera», EU:C:1988:447), apartados 11 a 18.
50      Parece que la formulación más habitual de este criterio en el Derecho de la competencia, elaborada en Estados Unidos, se refiere a «efectos directos, sustanciales y previsibles» sobre el comercio de Estados Unidos, como se precisa en la Foreign Trade Antitrust Improvements Act of 1982 (FTAIA) [Pub. L. No 97-290, 96 Stat. 1246 (codified at 15 U.S.C. § 6a)]. De acuerdo con estas normas, en esencia, la Sherman Act ya no debía aplicarse a una conducta que implicara intercambios comerciales con países extranjeros, con excepción de las importaciones, salvo que dicha conducta tuviera un «efecto directo, sustancial y razonablemente previsible» («direct, substantial, and reasonably foreseeable effect») en el comercio interior o de importación o sobre las actividades de exportación de una persona nacional. Véanse en la doctrina, en particular, Claudel, E.: «Territorialité vs extraterritorialité : les affres du champ d’application dans l’espace du droit européen de la concurrence», L’extraterritorialité en droit de l’Union européenne, 2021, p. 142; Wagner-von Papp, F.: «Competition Law, Extraterritoriality & Bilateral Agreements», Research Handbook on International Competition Law, 2012, pp. 23 a 39.
51      Además, no comparto la consideración del Tribunal General de que el criterio de los efectos cualificados (al igual que el criterio de la puesta en práctica) no solo serviría de fundamento a la competencia de la Comisión «en virtud del Derecho internacional público» o permitiría justificar la aplicación de las normas de competencia de la Unión y del EEE «en virtud del Derecho internacional público» (véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartados 212 y 226), sino que también «se fundamenta en el tenor literal del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE» (sentencia Air Canada, apartado 233) y, por lo tanto, estaría incluido, como criterio de Derecho de la Unión, en el ámbito de aplicación de estas disposiciones. En mi opinión, este criterio constituye un criterio específico de Derecho internacional público distinto de los criterios relativos a la aplicación del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE y, como precisaré más adelante, no coincide con el criterio de la restricción de la competencia (por el objeto o por el efecto) en el mercado interior (véase el punto 42 de las presentes conclusiones).
52      Véanse, en particular, las conclusiones del Abogado General Mayras presentadas en el asunto Imperial Chemical Industries/Comisión (48/69, EU:C:1972:32), pp.  699 a 700; del Abogado General Darmon presentadas en los asuntos acumulados Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión (89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 y 125/85 a 129/85, en lo sucesivo, «conclusiones presentadas en el asunto pasta de madera», EU:C:1988:258), puntos 19 a 46, y del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Intel Corporation/Comisión (C‑413/14 P, en lo sucesivo, «conclusiones presentadas en el asunto Intel», EU:C:2016:788), punto 297. Como explica el Abogado General Darmon en sus conclusiones presentadas en el asunto pasta de madera (puntos 19 a 21), la teoría de los efectos como fundamento de la competencia estatal en Derecho internacional se deriva del principio de territorialidad y, más concretamente, del principio de territorialidad objetiva (distinto del de territorialidad subjetiva), que permite a un Estado «conocer aquellos actos cuya ejecución comenzó en el extranjero, pero que se perfeccionaron, al menos parcialmente, en su propio territorio». Véase, asimismo, «OECD Revised recommendation of the Council Concerning Cooperation between Member countries on Anticompetitive Practices affecting International Trade» («Recomendación revisada del Consejo de la [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)] relativa a la cooperación entre los países miembros en materia de prácticas contrarias a la competencia que afectan al comercio internacional»), 1995 (consultable únicamente en lengua inglesa a través de la siguiente dirección de Internet: http://www.oecd.org/daf/competition/21570317.pdf). Véase, en la doctrina, Martyniszyn, M.: «Extraterritoriality in competition law: changing frictions», Parrish, A., y Ryngaert, C., eds., Research Handbook on Extraterritoriality in International Law, Northampton, 2023, pp. 35 a 48.
53      La doctrina señala una evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a este respecto (véanse, en particular, Puetz, A.: «“Extraterritoriality” in European Law: Airfreight and Beyond», Air and Space Law, vol. 46, n.o 6, 2021, pp. 770 a 774, y Munari, M.: «Sui limiti internazionali all’applicazione extraterritoriale del diritto europeo della concorrenza», Rivista di Diritto Internazionale, fasc. 1, 2016, pp. 42 a 50). A pesar de que el criterio de los efectos cualificados parecía haber sido tenido en cuenta por una jurisprudencia muy antigua (sentencia de 25 de noviembre de 1971, Béguelin Import, 22/71, EU:C:1971:113, apartado 11), ratificada por las propuestas de algunos Abogados Generales (véanse las conclusiones del Abogado General Mayras presentadas en el asunto Imperial Chemical Industries/Comisión, 48/69, EU:C:1972:32, pp. 699 a 700, y las conclusiones presentadas en el asunto pasta de madera, puntos 19 a 46), el Tribunal de Justicia examinó la cuestión de la aplicación extraterritorial de las normas de competencia de la Unión en un primer momento desde el punto de vista de la doctrina de la unidad económica (véase la sentencia de 14 de julio de 1972, Imperial Chemical Industries/Comisión, 48/69, EU:C:1972:70, apartados 130 a 141), posteriormente desde el punto de vista del criterio de la puesta en práctica (véase la sentencia pasta de madera, apartados 12 a 17) y, por último, desde el punto de vista del criterio de los efectos (véase la sentencia Intel, apartados 40 a 47). Sobre las ambigüedades de la teoría de los efectos y su relación «notoriamente poco clara» con la teoría de la puesta en práctica, véase, en particular, Wagner-von Papp, F.: «Competition Law, Extraterritoriality & Bilateral Agreements», Research Handbook on International Competition Law, 2012, pp. 42 a 46. Véase, asimismo, Prete, L.: «On implementation and effects: the recent case-law on the territorial (or extraterritorial?) application of EU competition rules», Journal of European Competition Law & Practice, vol. 9, n.º 8, 2018, p. 493. Este último autor considera que el criterio de la puesta en práctica, según el Abogado General Wahl en sus conclusiones presentadas en el asunto Intel, constituye una subespecie del criterio de los efectos, mientras que, según el Tribunal de Justicia en la sentencia Intel, dicho criterio es un criterio alternativo a este.
54      Ante la propuesta explícita del Abogado General Darmon en sus conclusiones presentadas en esos asuntos de adoptar el criterio de los efectos cualificados (en su formulación, el «criterio del efecto directo, sustancial y previsible») como criterio de la competencia de la Unión (en aquel momento, la Comunidad Económica Europea) (puntos 57 y 58 de dichas conclusiones), el Tribunal de Justicia se refirió simplemente, tras distinguir entre la adopción del acuerdo colusorio y su ejecución (sentencia pasta de madera, apartado 16), al hecho de que el cártel había sido «puesto en práctica» dentro del mercado interior (en aquel momento, el mercado común) (sentencia pasta de madera, apartado 17). En dicho asunto, la «puesta en práctica» a que se refiere el Tribunal de Justicia hace referencia al hecho de que las empresas implicadas, todas ellas establecidas en terceros países, efectuaban ventas directamente a compradores establecidos en la Unión (sentencia pasta de madera, apartado 12). Además, el Tribunal de Justicia se refiere explícitamente a la competencia de la Unión a la luz del principio de territorialidad, tal como se reconoce en el Derecho internacional público (sentencia pasta de madera, apartado 18). En consecuencia, parece que el Tribunal de Justicia ha considerado, al menos implícitamente, la puesta en práctica del cártel de que se trata en la Unión como una demostración indiscutible de sus efectos en el mercado interior, sin querer introducir un criterio ulterior (alternativo o acumulativo). En cualquier caso, en la sentencia Intel, el Tribunal de Justicia precisó que el criterio de los efectos cualificados perseguía el mismo objetivo que el de la puesta en práctica, a saber, englobar conductas no adoptadas en el territorio de la Unión, pero cuyos efectos contrarios a la competencia pueden hacerse sentir en el mercado de la Unión (apartado 45 de dicha sentencia).
55      Apartado 62. Véanse también, en este sentido, las conclusiones presentadas en el asunto Intel, punto 290.
56      Con la expresión «mercado interior», me refiero tanto al mercado interior de la Unión como al del EEE.
57      Contrariamente, por ejemplo, al criterio de la afectación del comercio entre Estados miembros, que distingue el ámbito de aplicación (por la Comisión o por las autoridades de los Estados miembros) del Derecho de la Unión del de los Estados miembros (véanse, en particular, la sentencia de 28 de abril de 1998, Javico, C‑306/96, EU:C:1998:173, apartado 15, y las conclusiones del Abogado General Mayras presentadas en el asunto Imperial Chemical Industries/Comisión, 48/69, EU:C:1972:32, p. 697).
58      Véase el punto 14 de las presentes conclusiones.
59      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 279. La Comisión, en las vistas, insistió en particular en el hecho de que la apreciación del criterio de los efectos cualificados en relación con la infracción única y continua considerada en su conjunto (tercer motivo) bastaba para demostrar la aplicación de dicho criterio y en que la apreciación relativa a los efectos cualificados de la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes considerada de forma aislada (primer motivo) constituía una apreciación que había realizado a mayor abundamiento, en respuesta a las alegaciones formuladas por las partes.
60      Es preciso observar, además, que no siempre es fácil distinguir entre, por una parte, los efectos de la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes, que se analizan aquí, y, por otra parte, los de la infracción única y continua considerada en su conjunto, que se examinarán en los puntos 77 y 93 de las presentes conclusiones. Me pregunto, a este respecto, si los elementos tenidos en cuenta por la Comisión en los considerandos 1045 y 1046 de la Decisión controvertida no habrían merecido un análisis conjunto. En cualquier caso, analizaré estos elementos por separado para apreciar el razonamiento del Tribunal General.
61      Más concretamente, Air Canada (segunda parte del primer motivo), Air France (segunda parte del primer motivo), Air France-KLM (segunda parte del segundo motivo), Singapore Airlines (partes tercera, cuarta y sexta del primer motivo), British Airways (segunda parte del primer motivo), Deutsche Lufthansa (cuarta parte del motivo único), LATAM Airlines Group y Lan Cargo (segunda parte del tercer motivo), Japan Airlines (segunda parte del segundo motivo), Cathay Pacific (partes primera y tercera del primer motivo), KLM y Martinair (partes primera y segunda del primer motivo), Cargolux (segunda parte del primer motivo) y SAS Cargo Group (partes primera y cuarta del tercer motivo).
62      Las recurrentes se refieren, en particular, a los considerandos 917, 1190 y 1277 de la Decisión controvertida, en los que la Comisión declaró, en esencia, que no estaba obligada a llevar a cabo una apreciación de los efectos contrarios a la competencia del comportamiento controvertido a la luz de su objeto contrario a la competencia.
63      Según las recurrentes, el criterio de los efectos cualificados no podía cumplirse aludiendo a efectos meramente posibles, especulativos o hipotéticos, ya que, de lo contrario, la Comisión sería competente para conocer de cualquier infracción por el objeto de las normas de competencia en cualquier parte del mundo.
64      Si bien, según mi leal saber y entender, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado claramente sobre esta cuestión, el Abogado General Darmon la había planteado en sus conclusiones presentadas en el asunto pasta de madera, señalando que no estaba claro que el concepto de «efecto» previsto en el artículo 101 TFUE (en aquel momento, artículo 85 TCEE) sea, estrictamente hablando, el fundamento de la competencia extraterritorial de la Comisión. Señaló, no obstante, que si bien este concepto, al igual que el de «objeto», permite determinar de forma indudable la existencia de una infracción al Derecho material de la competencia en un caso en el que la propia competencia de la Unión sea incuestionable, también puede cumplir otra función, en tanto que criterio de competencia, y que, entonces, su contenido no es necesariamente idéntico al del efecto en Derecho material (véanse el punto 10 de dichas conclusiones).
65      Dicho esto, no puede descartarse que la demostración de que una práctica aplicada en un tercer país tiene un objeto contrario a la competencia en el mercado interior pueda bastar para considerar que también se cumple el criterio de los efectos cualificados. De hecho, aunque los dos criterios en cuestión persiguen objetivos diferentes, los elementos en los que se basa la Comisión para demostrar que dicha práctica tiene un objeto contrario a la competencia también podrían ser suficientes para establecer que es probable que produzca efectos cualificados dentro del mercado interior. En cualquier caso, aunque se trata de dos criterios diferentes, considero que el nivel de prueba exigido para demostrar la aplicación extraterritorial del Derecho de la competencia de la Unión en el sentido del Derecho internacional público no puede ser superior al necesario para demostrar la existencia de una restricción de la competencia (por el objeto o por el efecto) en el sentido del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE (véanse los puntos 51 y 57 de las presentes conclusiones).
66      Este apartado, titulado «Aplicabilidad del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE a las rutas entrantes», pretendía, como se desprende en particular del considerando 1036 de la Decisión controvertida, responder a la alegación de algunas partes que, basándose en particular en las sentencias pasta de madera y de 25 de marzo de 1999, Gencor/Comisión (T‑102/96, EU:T:1999:65), afirmaban que estas disposiciones no se aplicaban a las rutas entrantes.
67      La Comisión mencionó igualmente el hecho de que no estaba obligada a llevar a cabo una apreciación de los efectos contrarios a la competencia del comportamiento reprochado a la luz de su objeto contrario a la competencia en los considerandos 1190 y 1277 de la Decisión controvertida, que se refieren, respectivamente, a la determinación del importe de base de las multas y a la aplicación de circunstancias atenuantes en el marco de las multas.
68      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 230, que remite a la sentencia Intel, apartado 51.
69      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 232. Este razonamiento se desarrolla posteriormente, en particular, en los apartados 233 a 237 de la sentencia Air Canada, en los que el Tribunal General reitera esencialmente la constatación de que una restricción de la competencia por el objeto no requiere una apreciación de los efectos contrarios a la competencia.
70      Esta interpretación se aproxima, a mi modo de ver, a la observación realizada por el Abogado General Darmon en sus conclusiones presentadas en el asunto pasta de madera, citada en la nota 64 de las presentes conclusiones.
71      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartados 238 a 279.
72      Según las recurrentes, de la sentencia de 28 de abril de 1998, Javico (C‑306/96, EU:C:1998:173), se desprende que si un acuerdo contrario a la competencia está destinado a aplicarse en un territorio situado fuera del EEE, no puede considerarse que tenga por objeto restringir de manera sensible la competencia dentro del mercado común, y que aunque un comportamiento pueda considerarse una restricción por el objeto cuando tiene lugar en el EEE, el mismo comportamiento no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE si se produce fuera del EEE.
73      Además, las recurrentes no han logrado refutar el hecho de que los contactos contrarios a la competencia, incluidos los mantenidos a nivel local con los representantes locales de las recurrentes, se referían al conjunto de las rutas a escala mundial y no se limitaban únicamente al mercado local, con el fin de garantizar que los transitarios no pudieran eludir el cártel enviando mercancías por rutas indirectas.
74      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartados 238 a 244.
75      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartados 260 y 276. Estas afirmaciones se refieren, respectivamente, al carácter previsible e inmediato de los efectos, si bien, a mi modo de ver, proporcionan una indicación del enfoque adoptado por el Tribunal General en materia de nivel de prueba.
76      Véase la sentencia Intel, apartado 45.
77      Véase la sentencia Air Canada, apartado 230.
78      Véase el punto 52 de las presentes conclusiones.
79      Véanse, en particular, en la doctrina, Fernández, C.: «Presumptions and Burden of Proof in EU Competition Law: The Intel Judgment», Journal of European Competition Law & Pratice, vol. 10, n.o 7, 2019, y Kalintiri, A.: «Analytical shortcuts in EU competition enforcement: proxies, premises and presumptions», Journal of Competition Law & Economics, vol. 16, n.o 3, 2020.
80      A este respecto, el Tribunal de Justicia también ha declarado que se había determinado que algunos comportamientos colusorios, como los que llevan a la fijación horizontal de los precios por los cárteles, podían considerarse hasta tal punto aptos para generar efectos negativos, en especial en los precios, la cantidad o la calidad de los productos o los servicios, que cabía estimar innecesaria la demostración de que tenían efectos concretos en el mercado a efectos de aplicar el artículo 101 TFUE. En efecto, la experiencia muestra que esos comportamientos dan lugar a reducciones de la producción y alzas de precios que conducen a una deficiente asignación de los recursos en perjuicio especialmente de los consumidores (véase, por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, CB/Comisión, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, apartado 51 y jurisprudencia citada).
81      A este respecto, debe precisarse, con carácter preliminar, que varias de las alegaciones formuladas por las recurrentes en sus recursos de casación se refieren a cuestiones de hecho que, en principio, no están sujetas al control del Tribunal de Justicia. En efecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que la apreciación de los hechos por parte del Tribunal General no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia, salvo en el caso de desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal General, extremo que incumbe indicar al recurrente y que debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin necesidad de efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2021, Qualcomm y Qualcomm Europe/Comisión, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).
82      El Tribunal General se basó en los efectos en las rutas entrantes en el país tercero en el que los transportistas estaban establecidos y no en el mercado interior, mientras que cualquier efecto producido por dicho comportamiento en el mercado interior se situaría al menos dos escalones por debajo del comportamiento observado en dicho país tercero.
83      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 274. Ha de observarse, además, que, en las sentencias recurridas, el Tribunal General señaló que la exigencia de inmediatez de los efectos producidos por el comportamiento controvertido se refiere al nexo causal entre dicho comportamiento y el efecto examinado (el Tribunal General se remite a las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Kone y otros, C‑557/12, EU:C:2014:45, puntos 33 y 34, que se refieren a la apreciación del nexo causal en el marco de la responsabilidad civil de las partes de una práctica colusoria), mientras que, en la sentencia de 25 de marzo de 1999, Gencor/Comisión (T‑102/96, EU:T:1999:65), apartados 93 a 95, apreció el criterio del efecto inmediato desde un punto de vista cronológico, en relación con el plazo en el que se había apreciado el efecto y no con la causa de dicho efecto.
84      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartados 275 y 276.
85      Véase la nota 80 de las presentes conclusiones.
86      Además, el Tribunal General no tuvo en cuenta las pruebas de las que se desprendía que la mayor parte de los expedidores estaban establecidos fuera del EEE y que las recurrentes solo habían vendido a los expedidores establecidos en el EEE un pequeño porcentaje en las rutas entrantes (en un caso, el 0,04 % de las ventas). Además, en el considerando 1241 de la Decisión controvertida, la Comisión redujo, no obstante, el importe de base de la multa en un 50 %, reconociendo así que una parte de los daños podía haber sido causada fuera del EEE.
87      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartados 265 a 267.
88      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartados 268 a 270. A este respecto, el Tribunal General se basa en una carta de la Hong Kong Association of Freight Forwarding & Logistics (Asociación de Tránsito y Logística de Hong Kong) al presidente del Comité Ejecutivo del Subcomité de Carga de la Board of Airline Representatives (Asociación de Representantes de Compañías Aéreas) en Hong Kong. En las vistas, los representantes de la Comisión señalaron que los costes asociados a los recargos se situaban en una horquilla que representaba aproximadamente entre el 10 % y el 14,5 % del precio de venta.
89      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 271, en la que el Tribunal General señala que las recurrentes realizaban un volumen de negocios importante en las rutas entrantes.
90      Además, el Tribunal de Justicia subrayó que no era necesario, en el marco de la aplicación del artículo 101 TFUE, demostrar los efectos concretos en el mercado de algunos comportamientos colusorios, como los cárteles, que llevan a la fijación horizontal de los precios (véase la jurisprudencia citada en la nota 80 de las presentes conclusiones).
91      El Tribunal General se basa en una «cadena de previsibilidad» que consta de tres etapas: en primer lugar, era previsible que la fijación de los recargos condujera al aumento del nivel de estos y de los precios de los servicios de transporte de mercancías; a continuación, era previsible que los transitarios repercutieran el sobrecoste de los servicios de transporte de mercancías en los expedidores y, por último, era previsible que los expedidores repercutieran dichos costes en el precio de sus mercancías vendidas en el EEE (véase, en particular, la sentencia Japan Airlines, apartados 120 a 129).
92      Según las recurrentes, una evaluación de la probabilidad de que el comportamiento controvertido dé lugar a repercusiones exigiría un complejo análisis fáctico y económico. Además, la Comisión no demostró que un efecto contrario a la competencia fuera «más probable que improbable» (véase la nota 76 de las presentes conclusiones), es decir, superior al 50 % de las posibilidades, dado que la Comisión redujo el importe de base de la multa en un 50 % alegando que era probable que una parte del perjuicio ocasionado por el comportamiento en las rutas EEE-terceros países se hubiera causado fuera del EEE (considerando 1241 de la Decisión controvertida).
93      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 247. El Tribunal General se basa, a este respecto, en las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Kone y otros (C‑557/12, EU:C:2014:45), punto 42.
94      El Tribunal General se refiere, en particular, a la sentencia de 11 de septiembre de 2014, CB/Comisión (C‑67/13 P, EU:C:2014:2204), apartado 51.
95      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartados 250 a 252. El Tribunal General se basó, a este respecto, en los considerandos 874, 879 y 899 de la Decisión controvertida, en los que la Comisión explica que la infracción única y continua en cuestión tenía por objeto eliminar la incertidumbre en materia de precios en el sector del transporte aéreo de mercancías, así como en el considerando 17 de dicha Decisión, en el que la Comisión precisa que los transportistas añaden los recargos a las tarifas negociadas con los transitarios (o, en raras ocasiones, directamente con los expedidores). Al mismo tiempo, el Tribunal General desestimó, en la medida en que no se había demostrado, la alegación basada en que, al no existir un cártel sobre las tarifas (por parte de los clientes de los transportistas) y, por lo tanto, en una situación de competencia en los servicios en fases posteriores, el aumento de los precios aplicados por los transportistas se vería compensado por una reducción correspondiente de las tarifas y de otros recargos según un «efecto de vasos comunicantes» (véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 252). Algunas recurrentes citan también un informe económico que la Comisión no tuvo en cuenta debido a que la alegación relativa al efecto de los vasos comunicantes se refería a una restricción de la competencia por el efecto, mientras que la Comisión había aplicado el criterio de la restricción de la competencia por el objeto (considerando 1190 de la Decisión controvertida). Sin embargo, la pertinencia de dicho informe fue descartada por el Tribunal General en su apreciación de los hechos (véase, en particular, la sentencia Air France, apartados 142 y 143).
96      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartados 253 a 258. El Tribunal General se basó, a este respecto, en los considerandos 14 y 70 de la Decisión controvertida, en los que la Comisión había precisado, en esencia, que los clientes de servicios de transporte aéreo de mercancías eran principalmente los transitarios.
97      El Tribunal General precisó que el coste de las mercancías cuyo transporte organizan generalmente los transitarios en nombre de los expedidores incluía el precio de los servicios de tránsito y, en concreto, el de los servicios de transporte de mercancías, basándose en los considerandos 70 y 1031 de la Decisión controvertida, en los que la Comisión había concluido, en esencia, que los precios del transporte en cuestión representaban una parte del precio de venta final de las mercancías transportadas, que repercutía en su venta.
98      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 260.
99      C‑557/12, EU:C:2014:45, punto 42.
100      Véase la nota 80 de las presentes conclusiones.
101      Véanse los considerandos 675 a 677 de la Decisión controvertida, en los que la Comisión señala que los transitarios estaban especialmente preocupados por no poder recibir una comisión por la percepción de los recargos por parte de las compañías aéreas.
102      Más concretamente, Air Canada (segunda parte del primer motivo), British Airways (tercer motivo), Air France (segunda parte del primer motivo), Air France-KLM (segunda parte del segundo motivo), LATAM Airlines Group y Lan Cargo (primera parte del tercer motivo), Singapore Airlines (quinta parte del primer motivo), Deutsche Lufthansa (segunda parte del motivo único), Japan Airlines (primera parte del segundo motivo), Cathay Pacific (segunda parte del primer motivo), Cargolux (tercera parte del primer motivo), KLM (cuarta parte del primer motivo) y SAS Cargo Group (quinta parte del tercer motivo).
103      Como señaló el Abogado General Wahl en sus conclusiones presentadas en el asunto Intel (punto 319), el concepto de infracción única y continua es una mera regla procedimental que tiene como finalidad aliviar la carga probatoria que pesa sobre las autoridades de competencia y un principio de prueba para calificar una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1. De lo contrario, según las recurrentes, la Comisión podría utilizar ese concepto para ampliar su competencia a un comportamiento adoptado en cualquier lugar del mundo, sin relación alguna con el EEE.
104      El Tribunal General se basó, a este respecto, en las sentencias Intel, apartado 50, y de 12 de julio de 2018, Brugg Kabel y Kabelwerke Brugg/Comisión (T‑441/14, EU:T:2018:453), apartados 105 y 106.
105      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartados 284 a 286. El Tribunal General precisó que la aplicación uniforme de los recargos se integraba en una estrategia conjunta que pretendía neutralizar el riesgo de que los transitarios pudieran eludir los efectos del cártel de que se trata optando por rutas indirectas que no estuvieran sujetas a recargos coordinados para enviar mercancías, habida cuenta de que, como se desprendía del considerando 72 de la Decisión controvertida, el factor tiempo era menos importante para el transporte de mercancías que para el de pasajeros, de modo que las mercancías podían transportarse con un número de escalas más elevado y las rutas indirectas podían sustituir, en consecuencia, a las rutas directas. Al actuar así, la Comisión evitó el riesgo de una fragmentación artificiosa de un comportamiento contrario a la competencia global que podía afectar a la estructura del mercado en el interior del EEE, dividiéndola en una serie de comportamientos distintos que podrían escapar, total o parcialmente, a la competencia de la Unión, como se desprendía del apartado 57 de la sentencia Intel. Además, el Tribunal General desestimó la alegación de que la Comisión estaba obligada, en el presente asunto, a definir el mercado de referencia (véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartados 287 y 288).
106      En efecto, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que una infracción del artículo 101 TFUE (lo mismo cabe decir del artículo 53 del Acuerdo EEE) puede resultar no solo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Así, cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el mercado interior, la Comisión puede imputar la responsabilidad por esas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (véase, en este sentido, la sentencia Sony, apartado 62 y jurisprudencia citada).
107      Véase, en este sentido, la sentencia Sony, apartados 63 y 64 y jurisprudencia citada.
108      Véase, en este sentido, la sentencia Sony, apartado 67. En efecto, como también ha declarado el Tribunal de Justicia, prohibir a la Comisión aplicar el criterio de los efectos cualificados al comportamiento colusorio considerado en su conjunto podría dar lugar a una fragmentación artificiosa de una conducta anticompetitiva global que podría afectar a la estructura del mercado en el interior del EEE, dividiéndola en una serie de conductas distintas que podrían escapar a la competencia de la Unión (sentencia Intel, apartado 57).
109      Véase la sentencia Sony, apartados 66 a 72. A este respecto, el Tribunal de Justicia precisa que, cuando la Comisión tiene la intención de reprochar a los destinatarios de un pliego de cargos no solo una infracción única y continua, sino también cada uno de los comportamientos que constituyen esta infracción considerados separadamente como infracciones distintas, el respeto del derecho de defensa de esos destinatarios exige que la Comisión exponga, en el pliego de cargos, los elementos necesarios para que puedan comprender que la Comisión actúa contra ellos en virtud tanto de dicha infracción única y continua como de cada una de tales infracciones distintas (apartado 73 de dicha sentencia).
110      En efecto, la teoría de los efectos cualificados solo puede aplicarse en relación con las infracciones (en el presente asunto, al Derecho de la competencia) previstas por el Derecho de la Unión.
111      En el marco, respectivamente, de la segunda parte del primer motivo y de la quinta parte del tercer motivo.
112      Véase el punto 14 de las presentes conclusiones.
113      Véase, en particular, la sentencia Air Canada, apartado 290.
114      Como se desprende de la Decisión controvertida y como confirmó posteriormente el Tribunal General en las sentencias recurridas, las recurrentes participaron en un cártel mundial cuyas características eran las mismas en todo el mundo y no eran específicas de ninguna ruta concreta. Las recurrentes no han logrado demostrar que el Tribunal General haya incurrido en error de Derecho o haya desviado los elementos de prueba aportados por la Comisión cuando declaró, en particular, que los contactos entre los transportistas, incluidos los mantenidos a nivel local, se limitaban a los servicios de transporte de mercancías entrantes y no formaban parte de la estrategia global del cártel de que se trata.
115      Como ha precisado el Tribunal General, el hecho de que, en el contexto de un mercado mundial, otras partes del mundo se vean afectadas por el comportamiento reprochado (en el presente asunto, una concentración) no puede impedir que la Unión ejerza su control sobre dicho comportamiento que afecta sustancialmente a la competencia en el mercado interior (véase, por analogía, la sentencia de 25 de marzo de 1999, Gencor/Comisión, T‑102/96, EU:T:1999:65, apartado 98). En efecto, la competencia extraterritorial de la Comisión se limita a las consecuencias de ese comportamiento en el mercado interior, sin tener en cuenta sus repercusiones posteriores en otros territorios.
116      Se trata del tercer motivo del recurso de casación, relativo al cuarto motivo del recurso en primera instancia.
117      Véanse, en particular, los considerandos 889 y 1046 de la Decisión controvertida.
118      En cambio, la afirmación de la Comisión en el considerando 1210 de la Decisión controvertida, según la cual el alcance de la infracción (y no del cártel) era mundial, es incorrecta. No obstante, es evidente, habida cuenta del contexto en el que se adoptó dicha Decisión, que se trata de un error que no influye en las conclusiones de la Comisión relativas a la infracción única y continua objeto de la citada Decisión, como señaló el Tribunal General, en particular, en el apartado 153 de la sentencia LATAM Airlines Group y Lan Cargo.
119      Esta circunstancia distingue los presentes asunto del que fue objeto de la sentencia Sony, en la que el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal General, al haber partido de la premisa de que cada uno de los comportamientos que componen la infracción única y continua alegada en el pliego de cargos debía calificarse necesariamente de infracción distinta, había confundido el concepto de «comportamiento» y el de «infracción» y que, por lo tanto, las recurrentes no podían comprender, a falta de una indicación clara en el pliego de cargos, que la Comisión pretendía actuar contra ellas no solo en virtud de la infracción única y continua alegada en el pliego de cargos, sino también de varias infracciones distintas constituidas por los diferentes contactos bilaterales mencionados en este último (apartados 77 y 78 de la sentencia Sony).
120      El artículo 16 de dicho Reglamento establece, en particular, que cuando los órganos jurisdiccionales nacionales y las autoridades de competencia de los Estados miembros se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión.
121      A este respecto, observo, además, que las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Glawischnig-Piesczek (C‑18/18, EU:C:2019:458), punto 100, citadas por las recurrentes, no son pertinentes en el presente asunto. En efecto, en el punto invocado por estas, el Abogado General subraya, en esencia, que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, cuando se pronuncian sobre la retirada de datos difundidos a través de Internet a nivel mundial, deben adoptar una postura comedida, por cortesía internacional, limitando los efectos extraterritoriales de sus requerimientos en materia de lesión de la intimidad y de los derechos de la personalidad. Independientemente del contexto, que, por lo demás, es muy diferente, es evidente que, en este pasaje, el Abogado General se refiere a resoluciones judiciales (requerimientos) y no a apreciaciones de hecho.
122      Más concretamente, Air Canada (segunda parte del primer motivo), Air France (segunda parte del primer motivo), Air France-KLM (segunda parte del segundo motivo), British Airways (primera parte del primer motivo), Singapore Airlines (séptima parte del primer motivo), Deutsche Lufthansa (tercera parte del motivo único), Japan Airlines (segunda parte del segundo motivo), Cathay Pacific (cuarta parte del primer motivo), KLM (tercera parte del primer motivo), Cargolux (quinta parte del primer motivo) y SAS Cargo Group (segunda parte del tercer motivo).
123      Véase el punto 14 de las presentes conclusiones.
124      Véase, en este sentido, la sentencia de 2 de abril de 2009, Bouygues y Bouygues Télécom/Comisión (C‑431/07 P, EU:C:2009:223), apartado 68. En efecto, en sus recursos en primera instancia, las recurrentes invocaron motivos muy detallados relativos a la falta de competencia extraterritorial de la Comisión y basados, en particular, en un error en la aplicación de los criterios de ejecución y de los efectos cualificados, tanto en lo que respecta a la coordinación relativa a los servicios de transporte de mercancías entrantes considerados aisladamente (y a la pertinencia y al carácter previsible, sustancial e inmediato de dichos efectos) como a la infracción única y continua considerada en su conjunto. Véanse, a este respecto, la segunda parte del cuarto motivo del recurso que fue objeto de la sentencia Air Canada; la segunda parte del primer motivo del recurso que fue objeto de la sentencia Singapore Airlines; el cuarto motivo del recurso que fue objeto de la sentencia Deutsche Lufthansa; las partes segunda y tercera del sexto motivo del recurso que fue objeto de la sentencia Cargolux Airlines; las partes segunda y tercera del cuarto motivo del recurso que fue objeto de la sentencia British Airways; las partes segunda y tercera del tercer motivo del recurso que fue objeto de la sentencia Air France; las partes segunda y tercera del tercer motivo del recurso que fue objeto de la sentencia Air France-KLM; las partes segunda y tercera del tercer motivo del recurso que fue objeto de la sentencia KLM; las partes segunda y tercera del sexto motivo del recurso que fue objeto de la sentencia Cathay Pacific Airways; la primera parte del segundo motivo del recurso que fue objeto de la sentencia SAS Cargo Group y el quinto motivo del recurso que fue objeto de la sentencia Japan Airlines.
125      Más concretamente, SAS Cargo Group (primera parte del segundo motivo).
126      Más concretamente, Air Canada (segunda parte del primer motivo) y Cargolux (sexta parte del primer motivo).
127      Las recurrentes también formulan una alegación según la cual el Tribunal General, en las sentencias recurridas, añadió un nuevo razonamiento, alegación que, a mi modo de ver, se solapa con la alegación basada en una sustitución de motivos que se examina en los puntos 96 a 101 de las presentes conclusiones.
128      Véase la sentencia Sony, apartados 69 y 70 y jurisprudencia citada. Este pliego de cargos constituye la garantía procedimental por la que se aplica el principio fundamental del Derecho de la Unión que exige el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de una sanción.
129      Véase, en este sentido, sentencia Sony, apartado 71 y jurisprudencia citada.
130      Véase, en este sentido, sentencia Sony, apartado 72 y jurisprudencia citada.
131      En mi opinión, esta alegación se solapa en gran medida con la basada en la sustitución de motivos, examinada en los puntos 96 a 101 de las presentes conclusiones.
132      Respectivamente, el cuarto motivo, basado en errores en la aplicación del criterio de los efectos cualificados, y la segunda parte del segundo motivo, basada en que los comportamientos imputados en la Decisión son nuevos o se han modificado sustancialmente en relación con el pliego de cargos.
133      Más concretamente, Air Canada (segunda parte del primer motivo), Air France (segunda parte del primer motivo), Air France-KLM (segunda parte del segundo motivo), Japan Airlines (segunda parte del segundo motivo), Cargolux (cuarta parte del primer motivo) y SAS Cargo Group (tercera parte del tercer motivo).
134      Esto se aplica en particular a las apreciaciones del Tribunal General sobre la previsibilidad de los efectos y su carácter inmediato.
135      Esto también quedaría demostrado por el hecho de que el Tribunal General haya utilizado términos imprecisos como «a poco que», «puede» y «que puede haberse derivado de ello».
136      Véase, en particular, en este sentido, la sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6), apartados 78 y 79. En efecto, por lo que respecta en particular a los cárteles, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción a las normas sobre competencia. En estas circunstancias, basta con que el conjunto de indicios invocados por la Comisión, apreciado globalmente, cumpla este requisito (véase en particular, en este sentido, la sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6, apartados 35 a 37 y jurisprudencia citada).
137      Habida cuenta del nivel de prueba definido en los puntos 51 y 57 de las presentes conclusiones y de conformidad con mi apreciación desarrollada en los puntos 58 a 75 de las presentes conclusiones.
138      A este último respecto, la Comisión subrayó, a modo de ejemplo, que «cada transportista habría podido superar cualquier obstáculo jurídico o técnico a la prestación [de estos servicios] gracias [en particular] a acuerdos celebrados con otros transportistas». Así, la Comisión, remitiéndose a otros considerandos de la Decisión controvertida, puso como ejemplo el «interlining», la reserva de capacidad y el reparto de capacidad y precisó que «el hecho de que los transportistas coordinaran su comportamiento en materia de precios con respecto al recargo por combustible, al recargo por seguridad y a [la negativa al pago de] comisiones sobre los recargos en todas las rutas a nivel mundial [indicaba] claramente que no existía ningún obstáculo insuperable a la prestación de servicios de transporte de mercancías en ninguna ruta».
139      El Tribunal General, en primer lugar, declaró que la Comisión podía considerar responsable a la recurrente de los comportamientos impugnados en las rutas no pertinentes, siempre que se hubiera acreditado que pretendía contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los transportistas implicados y que tuvo conocimiento de los comportamientos infractores previstos o ejecutados por estos para alcanzar los mismos objetivos y en los que no había participado directamente, o que pudo de forma razonable haberlos previsto y estaba dispuesta a asumir el riesgo (apartado 377); a continuación, excluyó que la Comisión hubiera imputado a la recurrente la responsabilidad por la infracción única y continua basándose en su condición de competidor potencial (apartados 378 y 379) y, por último, concluyó, en esencia, que, en virtud de los numerosos contactos mantenidos con competidores, la recurrente o bien había participado en la concertación relativa a las rutas en cuestión, o bien había tenido conocimiento de las actividades relativas a esta (apartados 380 a 385).
140      Además, la recurrente no explica en modo alguno en qué medida estas referencias jurisprudenciales podrían haber afectado negativamente a su derecho de defensa.
141      Véase, en particular, la sentencia de 13 de julio de 2023, Nichicon Corporation/Comisión (C‑757/21 P, EU:C:2023:575), apartado 124 y jurisprudencia citada.
142      Procede recordar que el principio de igualdad de trato constituye un principio general del Derecho de la Unión, consagrado por los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Según reiterada jurisprudencia, dicho principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (véase, en particular, la sentencia de 24 de septiembre de 2020, Prysmian y Prysmian Cavi e Sistemi/Comisión, C‑601/18 P, EU:C:2020:751, apartado 101 y jurisprudencia citada).
143      Por ejemplo, en la sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros (C‑310/97 P, EU:C:1999:407), apartados 62 y 63, el Tribunal de Justicia declaró que el principio de seguridad jurídica se opone a que, en el supuesto de que se hayan adoptado en el marco de un procedimiento común varias decisiones individuales similares por las que se imponen multas y solo algunos de sus destinatarios hayan solicitado y obtenido la anulación en vía judicial de las decisiones que los afecten, la institución de la que emanan deba revisar, a instancia de otros destinatarios, la legalidad de las decisiones no impugnadas a la luz de los fundamentos de la sentencia de anulación y apreciar si, a raíz de dicho examen, procede devolver las multas pagadas.
144      Véase la sentencia de 16 de junio de 2016, Evonik Degussa y AlzChem/Comisión (C‑155/14 P, EU:C:2016:446), apartado 58 y jurisprudencia citada.
145      Véase, en este sentido, la sentencia Sony, apartado 101. De lo contrario, el Tribunal General correría el riesgo de tratar situaciones diferentes de forma similar, lo que constituiría una violación del principio de igualdad de trato (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal General de 19 de mayo de 2010, Chalkor/Comisión, T‑21/05, EU:T:2010:205, apartado 104).
146      Por otra parte, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Tribunal General no está obligado a justificar la solución adoptada en un asunto con respecto a la adoptada en otro asunto sobre el que se haya pronunciado, aun cuando este se refiera a la misma decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, apartado 66 y jurisprudencia citada). Además, la recurrente impugna la apreciación de las pruebas realizada por el Tribunal General, sin demostrar la existencia de una desnaturalización de los hechos por su parte.
147      Véase, en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 2021, Pometon/Comisión (C‑440/19 P, EU:C:2021:214), apartado 138 y jurisprudencia citada. El Tribunal de Justicia precisa que el ejercicio de una competencia jurisdiccional plena no debe dar lugar, en el momento de determinar la cuantía de las multas que se imponen a las empresas que han participado en una infracción de las normas sobre la competencia, a una discriminación entre tales empresas.
148      Sentencia Cargolux Airlines, apartados 631 a 647.
149      Se trata de la participación entre el 26 de noviembre de 2002 (considerando 618 de la Decisión controvertida) y el 14 de enero de 2004 (considerando 660 de dicha Decisión), así como desde el 28 de septiembre de 2004 (considerando 640 de la citada Decisión) hasta el final de la infracción única y continua, a saber, el 14 de febrero de 2006.
150      Véase, en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 2021, Pometon/Comisión (C‑440/19 P, EU:C:2021:214), apartado 112 y jurisprudencia citada.
151      Sin embargo, me parece que, a primera vista, la recurrente no logra demostrar que los dos comportamientos no se inscribieran en una infracción única y continua.
152      Además, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la aprobación tácita de una iniciativa ilícita sin distanciarse públicamente de su contenido ni denunciarla a las autoridades administrativas produce el efecto de incitar a que se continúe con la infracción y pone en riesgo que se descubra. Esta complicidad constituye un modo pasivo de participar en la infracción que puede conllevar la responsabilidad de la empresa afectada. De esta jurisprudencia resulta que la Comisión puede considerar que la infracción, o la participación de una empresa en la infracción, no se ha interrumpido, aunque no tenga pruebas de la infracción para algunos períodos determinados, cuando las distintas acciones que forman parte de dicha infracción persigan un único fin y puedan incluirse en una infracción de carácter único y continuado y cuando la empresa afectada no haya alegado indicios o pruebas que demuestren que, por el contrario, la infracción o su participación en ella no continuó durante esos períodos (véase la sentencia de 18 de marzo de 2021, Pometon/Comisión, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, apartados 113 y 114 y jurisprudencia citada).
153      Esta alegación se desarrolla en el marco del quinto motivo y, de manera incidental, en el marco del cuarto motivo, que se refiere esencialmente a las alegaciones relativas a la apreciación de las pruebas relativas a la participación de la recurrente en la infracción única y continua, que no son objeto de las presentes conclusiones.
154      Por lo tanto, las alegaciones de la recurrente analizadas a continuación no tienen en cuenta la procedencia de la apreciación de las pruebas pertinentes por parte de la Comisión y del Tribunal General y plantean, en esencia, la cuestión de en qué medida estos últimos deberían haber demostrado, respecto de cada prueba, su carácter de prueba directa de la infracción única y continua o de medio para «corroborar» la interpretación de otras pruebas.
155      A saber, los contactos vinculados, respectivamente, con las rutas Unión-terceros países anteriores al 1 de mayo de 2004 y con las rutas Suiza-terceros países.
156      Según el Tribunal General, «nada impedía a los transportistas implicados coordinarse o intercambiar información en tales países sobre los servicios de transporte de mercancías, en particular intra-EEE».
157      El Tribunal General llevó a cabo este examen a la luz de su propia jurisprudencia, mencionada en el apartado 324 de la sentencia Cathay Pacific Airways, según la cual la Comisión puede basarse en contactos anteriores al período de la infracción (respecto del que no era competente) para construir una imagen global de la situación y, de este modo, corroborar la interpretación de ciertos elementos de prueba (véanse las sentencias de 8 de julio de 2008, Lafarge/Comisión, T‑54/03, EU:T:2008:255, apartados 427 y 428; de 30 de mayo de 2006, Bank Austria Creditanstalt/Comisión, T‑198/03, EU:T:2006:136, apartado 89, y de 22 de marzo de 2012, Slovak Telekom/Comisión, T‑458/09 y T‑171/10, EU:T:2012:145, apartados 45 a 52).
158      Véase, en particular, la sentencia de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión (C‑407/04 P, EU:C:2007:53), apartado 63.
159      Véase, en particular, la sentencia de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión (C‑407/08 P, EU:C:2010:389), apartado 47. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrarios a la competencia se infiere de ciertas coincidencias e indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una infracción de las normas sobre competencia y que tales indicios y coincidencias, evaluados globalmente, no solo pueden revelar la existencia de acuerdos o prácticas contrarios a la competencia, sino también la duración de prácticas colusorias continuadas y el período de aplicación de acuerdos celebrados en contra de las reglas en materia de competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 2021, Pometon/Comisión, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, apartados 110 y 111 y jurisprudencia citada). Ello no impide, por supuesto, que el Tribunal General pueda, en su caso, adoptar un enfoque más puntual, destinado a explicar el valor probatorio de determinados elementos de prueba (en este caso, la doctrina habla de «“atomistic” approach of the need of corroboration»: véase Castillo de la Torre, F., y Gippini Fournier, E.: «Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law», Elgar Competition Law and Practice, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2024, p. 308).
160      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778), apartado 44. En efecto, el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado no es relevante al imputarle una infracción, dado que únicamente procede tomar en consideración dichos elementos cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, se determine la multa (apartado 45 y jurisprudencia citada).
161      Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778), apartado 46. Véase, en la doctrina, Cournot, M.: «Participation in a Complex Infrigement: A Questionable Assessment by the Court of Justice», European Law Reporter, 2013, pp. 225 a 231; Robin, C.: «Réunion avec des concurrents : parfois une preuve de participation à une entente, parfois non», Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation, 2013, n.º 37, p. 26; Muguet-Poullennec, G.: «Infraction complexe et “éléments séparables”», Revue Lamy de la Concurrence : droit, économie, régulation, 2013, n.º 37, pp. 76 y 77.
162      Parten del principio según el cual una anulación únicamente parcial de elementos accesorios no modificaría la esencia de una infracción única y continua en el sentido de la sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión (C‑603/13 P, EU:C:2016:38), apartado 86.
163      Las recurrentes señalan que la misma expresión (sería «artificioso subdividir [el] comportamiento continuado» en cuestión) fue utilizada en la decisión de la Comisión que fue objeto de la sentencia de 4 de julio de 2013, Comisión/Aalberts Industries y otros (C‑287/11 P, EU:C:2013:445), apartado 61, por la que el Tribunal de Justicia declaró que era imposible proceder a la anulación parcial.
164      Además, mediante la sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión (C‑603/13 P, EU:C:2016:38), apartado 86, citada por las recurrentes, el Tribunal de Justicia se limitó a concluir que, en las circunstancias del presente asunto, el hecho de que los elementos respecto de los que el Tribunal General había constatado que no habían probado la responsabilidad de la parte en cuestión fueran meros componentes «accesorios» constituía una razón suficiente para concluir que eran «separables». Sin embargo, esta conclusión no implica que, para que los elementos sean «separables», es necesario en todo caso que sean «accesorios».
165      Por otra parte, en lo tocante a la sentencia de 4 de julio de 2013, Comisión/Aalberts Industries y otros (C‑287/11 P, EU:C:2013:445), apartados 64 y 65, citada por las recurrentes, del tenor de dicha sentencia (apartado 65) se desprende claramente que la declaración según la cual la propia Comisión constató que sería artificioso subdividir el comportamiento continuo en cuestión para excluir la posibilidad de una anulación parcial se formuló con carácter subsidiario, dado que el Tribunal de Justicia se basó principalmente en el hecho de que, en la decisión que fue objeto de dicha sentencia, la Comisión no había indicado que el otro componente de la infracción única y continua constituyera una infracción.
166      Véase, en particular, el considerando 775 de la Decisión controvertida.
167      Sentencia LATAM Airlines Group y Lan Cargo, apartados 631 y 632, que remiten al apartado 581 de dicha sentencia, en el que el Tribunal General concluyó que, aunque la Comisión hubiera incurrido en un error al considerar que podía declararse la responsabilidad de las recurrentes respecto del componente de la infracción única y continua relativo al recargo por combustible desde el 25 de febrero de 2003 hasta el 21 de julio de 2005, estas últimas no habían demostrado que hubiera incurrido en error al considerar que habían participado en dicha infracción después de esta última fecha.
168      Esta conclusión podría, en su caso, ser menos evidente por lo que respecta a la negativa al pago de comisiones, puesto que se trata de un comportamiento accesorio respecto de los recargos.
169      En cambio, no creo que el considerando 871 de la Decisión controvertida, citado a tal efecto por la Comisión en sus observaciones escritas, sea pertinente. En efecto, en dicho considerando, la Comisión se limita a afirmar, en particular, que algunas de las actividades (reuniones, contactos, intercambios) que constituyen la prueba de la infracción única y continua «podrían considerarse infracciones en sí mismas», sin aportar ninguna precisión al respecto.
170      Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens (C‑441/11 P, EU:C:2012:778), apartado 46.
171      El punto de partida del plazo de prescripción sería la fecha de cese de la infracción única y continua, a saber, el 14 de febrero de 2006, con arreglo al artículo 25, apartado 2, del Reglamento n.º 1/2003. Con carácter subsidiario, este plazo habría expirado el 9 de noviembre de 2015, si se considera que el plazo de prescripción se interrumpió hasta la Decisión de 2010.
172      Véanse las sentencias Japan Airlines (apartados 193 a 226); British Airways (apartados 220 a 223 y 226); Cathay Pacific Airways (apartados 244 a 247), y LATAM Airlines Group y Lan Cargo (apartados 133 a 139).
173      Más concretamente, se trata de los principios de seguridad jurídica, de buena administración de la justicia, de economía procesal, del interés público en la aplicación del Derecho de la competencia y del principio de igualdad de trato.
174      Véanse, en particular, las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Salzgitter/Comisión (C‑210/98 P, EU:C:2000:172), puntos 141 y 142, y las del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto British Airways/Comisión (C‑122/16 P, EU:C:2017:406), punto 103.
175      Véase la sentencia de 8 de noviembre de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión (C‑469/11 P, EU:C:2012:705), apartados 49 a 53 y jurisprudencia citada. El Tribunal de Justicia precisó en el apartado 52 de dicha sentencia que, a diferencia de los plazos de procedimiento, el plazo de prescripción controvertido, al entrañar la extinción de la acción procesal, está vinculada al Derecho material, ya que afecta al ejercicio de un derecho subjetivo, que la persona afectada ya no podrá invocar de manera efectiva ante un tribunal. En el apartado 53 de la citada sentencia, añadió que el plazo de prescripción establecido en el artículo 46, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene por función, en particular, por un lado, garantizar la protección de los derechos de la persona que se ha visto lesionada, ya que esta debe disponer de tiempo suficiente para recoger la información apropiada para presentar el posible recurso, y, por otro lado, evitar que la persona que se ha visto lesionada pueda retrasar ad infinitum el ejercicio de su derecho a una indemnización por daños y perjuicios. Este plazo protege a la persona que se ha visto lesionada y a la persona responsable del daño. El Tribunal de Justicia ha aplicado el mismo principio en relación con el plazo de prescripción establecido en el artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1) (véase la sentencia de 22 de junio de 2022, Volvo y DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, apartados 45 a 47).
176      Véase la sentencia de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento (C‑566/14 P, EU:C:2016:437), apartado 94. En dicho asunto, se trataba de un crédito vinculado a dietas de asistencia parlamentaria que el recurrente había obtenido por error.
177      En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicho plazo de recurso es de orden público, que se establece para garantizar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas y evitar cualquier discriminación o trato arbitrario en la administración de justicia. Corresponde al juez de la Unión comprobar, de oficio, si se ha respetado (véase, en particular, la sentencia de 23 de enero de 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, apartado 21).
178      Se trata de la sentencia de 13 de julio de 2000, Salzgitter/Comisión (C‑210/98 P, EU:C:2000:397), apartados 55 y 56, que versa sobre la compatibilidad, en el marco del Tratado CECA, de una ayuda notificada una vez expirado el plazo de notificación fijado en el quinto código de ayudas a la siderurgia [Decisión n.º 3855/91/CECA de la Comisión, de 27 de noviembre de 1991, por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas para la siderurgia (DO 1991, L 362, p. 57)], así como de determinadas sentencias relativas al plazo de caducidad fijado para la adopción de decisiones en el marco del Fondo de Cohesión (sentencia de 4 de septiembre de 2014, España/Comisión, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, apartado 103) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (sentencia de 24 de junio de 2015, España/Comisión, C‑263/13 P, EU:C:2015:415, apartado 57).
179      El Tribunal General llegó a una conclusión análoga en la sentencia de 13 de mayo de 2014, McBride y otros/Comisión (T‑458/10 a T‑467/10 y T‑471/10, EU:T:2014:249), apartados 25 a 36, confirmada en casación por la sentencia de 14 de junio de 2016, Comisión/McBride y otros (C‑361/14 P, EU:C:2016:434). Véase, en la doctrina, Clausen, F.: Les moyens d’ordre public devant la Cour de justice de l’Union européenne, Collection droit de l’Union européenne, Bruylant, Namur, 2018, pp. 185 a 187, 223 y 247.
180      Por lo que se refiere a la apreciación del carácter penal de los procedimientos y de las sanciones administrativas, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tres criterios son pertinentes. El primero es la calificación jurídica de la infracción en Derecho interno, el segundo, la propia naturaleza de la infracción y el tercero, la gravedad de la sanción que puede imponerse al interesado (véase en particular, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 35).
181      En aplicación de los criterios enunciados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la sentencia de 8 de junio de 1976, Engel y otros/Países Bajos (CE:ECHR:1976:0608JUD000510071) (véase, asimismo, la sentencia del TEDH de 27 de septiembre de 2011, A. Menarini Diagnostis c. Italia, CE:ECHR:2011:0927JUD004350908, §§ 39 a 44). Algunos Abogados Generales (en particular, el Abogado General Bot en sus conclusiones presentadas en el asunto ThyssenKrupp Nirosta/Comisión, C‑352/09 P, EU:C:2010:635, punto 49, y el Abogado General Pitruzzella en sus conclusiones presentadas en el asunto Whiteland Import Export, C‑308/19, EU:C:2020:639, punto 91) señalaron explícitamente que las multas a las que se refiere el artículo 23 del Reglamento n.º 1/2003 «son equiparables, por su naturaleza e importancia, a una sanción penal» y el correspondiente procedimiento «está incluido en la “materia penal” en el sentido del artículo 6, apartado 1, del [CEDH»]. Por lo que respecta al Tribunal de Justicia, véase la sentencia de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión (C‑501/11 P, EU:C:2013:522), apartado 33.
182      Véase, por analogía, en lo que respecta al derecho de defensa, la sentencia de 20 de diciembre de 2023, Crédit agricole y Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Comisión (T‑113/17, EU:T:2023:847), apartados 46 y 47. En efecto, según los términos utilizados por el TEDH, dado que el procedimiento de imposición de una multa no forma parte del «núcleo duro» del Derecho penal, las garantías ofrecidas por el aspecto penal del artículo 6 del CEDH no deben aplicarse necesariamente con todo su rigor (véase la sentencia del TEDH de 23 de noviembre de 2006, Jussila c. Finlandia, EC:ECHR:2006:1123JUD007305301, § 43).
183      El Tribunal de Justicia ha declarado, en esencia, que los artículos 101 TFUE y 102 TFUE constituyen disposiciones de orden público que los órganos jurisdiccionales nacionales deben aplicar de oficio (véanse, en particular, las sentencias de 1 de junio de 1999, Eco Swiss, C‑126/97, EU:C:1999:269, apartado 39, y de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros, C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, apartado 31).
184      Las recurrentes se basan, a este respecto, en resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales.
185      Algunos autores se refieren, a este respecto, al «orden público de dirección y no de protección», cuyo objetivo es trabajar para una mejor organización de la sociedad y de la economía, en beneficio del interés general (véase, en este sentido, Petit, N.: Droit européen de la concurrence, París, 2013, p. 39).
186      Véase el punto 126 de las presentes conclusiones.
187      Véase, en particular, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2017, British Airways/Comisión (C‑122/16 P, EU:C:2017:861), apartado 98.
188      Véase, por analogía, la sentencia de 8 de julio de 1999, Shell/Comisión (C‑234/92 P, EU:C:1999:361), apartado 68, en la que el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que el Tribunal General solo está obligado a ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento como consecuencia de una supuesta obligación de examinar de oficio motivos de orden público en función de los elementos de hecho incorporados al expediente (véase, en la doctrina, Corthaut, T.: EU Ordre Public, Alphen aan den Rijn, 2012, p. 226).
189      El Tribunal de Justicia ha señalado en varias ocasiones que la existencia de medios de reparación de daños civiles también puede cumplir una función de interés público, en la medida en que dichos medios pueden constituir un elemento disuasorio contra la infracción de las normas sobre competencia (véase, en particular, la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, apartados 26 y 27). Pues bien, me parece evidente que la posibilidad de cuestionar indefinidamente una decisión por la que se declara la existencia de una infracción, que, con arreglo al artículo 16 del Reglamento n.º 1/2003, es vinculante para los órganos jurisdiccionales, deja a las partes perjudicadas en una situación de incertidumbre respecto de la posibilidad de perseguir mediante acciones «follow-on» la infracción de las normas de competencia.
190      Debe recordarse que el sistema de control judicial de las decisiones de la Comisión relativas a los procedimientos de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE consiste en un control de legalidad de los actos de las instituciones establecido en el artículo 263 TFUE, que puede completarse, en virtud del artículo 261 TFUE y del artículo 31 del Reglamento n.o 1/2003, y a petición de los recurrentes, con el ejercicio por parte del Tribunal General de una competencia jurisdiccional plena respecto de las sanciones impuestas en este ámbito por la Comisión (véanse las sentencias de 25 de julio de 2018, Orange Polska/Comisión, C‑123/16 P, EU:C:2018:590, apartado 104 y jurisprudencia citada, y de 12 de enero de 2023, Lietuvos geležinkeliai/Comisión, C‑42/21 P, EU:C:2023:12, apartados 151 y 152 y jurisprudencia citada).
191      Se trata de los volúmenes de negocios relativos a las ventas que habían realizado en las rutas en las que operaban exclusivamente en el interior de Dinamarca, de Suecia y de Noruega, que habían sido excluidas durante el procedimiento administrativo a raíz de una solicitud de las recurrentes (véase la sentencia SAS Cargo Group, apartados 926 a 931).
192      Véase la sentencia SAS Cargo Group, apartado 939.
193      En el apartado 936 de la sentencia SAS Cargo Group, el Tribunal General precisó que el volumen de negocios en cuestión «est[aba] evidentemente comprendido en el ámbito de aplicación de la infracción única y continua» y «no se haría una justa apreciación de la importancia económica de esta y del papel desempeñado por cada transportista implicado a este respecto si no se tuviera en cuenta este volumen de negocios a los efectos del cálculo del importe de la multa».
194      Sentencia SAS Cargo Group, apartado 940.
195      Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1/2003.
196      Sentencia SAS Cargo Group, apartados 932 y 933.
197      Más concretamente, el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular a multas o a multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha puesto de relieve en varias ocasiones. En el marco del recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia tiene por objeto, por un lado, examinar en qué medida el Tribunal General ha tomado en consideración, de manera jurídicamente correcta, todos los factores esenciales para apreciar la gravedad de un determinado comportamiento a la luz de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE y 23 del Reglamento n.º 1/2003 y, por otro lado, examinar si el Tribunal General ha contestado de modo suficiente con arreglo a Derecho a todas las alegaciones formuladas por la recurrente sobre la supresión o la reducción de la multa (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2007, Groupe Danone/Comisión, C‑3/06 P, EU:C:2007:88, apartados 68 y 69 y jurisprudencia citada).
198      Véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2012, M. (C‑277/11, EU:C:2012:744), apartado [87] y jurisprudencia citada.
199      Véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), apartados 50 a 52 y jurisprudencia citada.
200      Sobre el concepto de «previsibilidad», véase la sentencia de 26 de septiembre de 2013, Alliance One International/Comisión (C‑679/11 P, EU:C:2013:606), apartado 111.
201      Véase, en este sentido, la sentencia de 28 de mayo de 2013, Abdulrahim/Consejo y Comisión (C‑239/12 P, EU:C:2013:331), apartado 49. Además, como ha señalado el Tribunal General, una vez que ha indicado los elementos de hecho y de Derecho en que se basará para calcular el importe de las multas, la Comisión no está obligada a precisar el peso que atribuirá a cada uno de estos elementos a la hora de determinar el importe de las multas. Facilitar indicaciones sobre el importe de las multas previstas antes de que las empresas hayan podido presentar sus observaciones sobre los cargos existentes contra ellas equivaldría a anticipar de una manera inadecuada la decisión de la Comisión (véase la sentencia de 7 de noviembre de 2019, Campine y Campine Recycling/Comisión, T‑240/17, EU:T:2019:778, apartado 356 y jurisprudencia citada). En mi opinión, el mismo principio debe aplicarse cuando el Tribunal General sustituye la apreciación de la Comisión por la suya propia para determinar el importe de la multa en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena.
202      En efecto, procede recordar que la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General en virtud del artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea le exige dar a conocer de manera clara e inequívoca el razonamiento que ha seguido, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional. Esta obligación no impone al Tribunal General el deber de exponer exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos articulados por las partes del litigio. Así pues, la motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones en las que se basó el Tribunal General y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control en el marco de un recurso de casación (véase, en particular, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, United Parcel Service/Comisión, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, apartado 47 y jurisprudencia citada). Más concretamente, en el marco de su obligación de motivación, incumbe al Tribunal General exponer de manera detallada los elementos que tiene en cuenta al determinar el importe de la multa (véase la sentencia de 14 de septiembre de 2016, Trafilerie Meridionali/Comisión, C‑519/15 P, EU:C:2016:682, apartado 52).
203      En efecto, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la obligación de motivación que incumbe al Tribunal General, que constituye un requisito sustancial, debe distinguirse del fundamento de la motivación, que pertenece, por su parte, al ámbito de la legalidad de fondo del acto controvertido (véase, en particular, la sentencia de 12 de enero de 2023, Jouvin/Comisión, C‑719/21 P, EU:C:2023:15, apartado 29 y jurisprudencia citada).
204      Véanse los puntos 190 a 192 de las presentes conclusiones.
205      C‑70/23 P, EU:C:2024:105, puntos 41 y 42.
206      Véase también, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, Orange Polska/Comisión (C‑123/16 P, EU:C:2018:590), apartado 106 y jurisprudencia citada.
207      Véase la sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión (C‑603/13 P, EU:C:2016:38), apartados 75 a 77 y jurisprudencia citada.
208      En otras palabras, esta competencia se ejerce «a petición de los demandantes» (véase en particular, en este sentido, el auto de 7 de julio de 2016, Westfälische Drahtindustrie y Pampus Industriebeteiligungen/Comisión, C‑523/15 P, EU:C:2016:541, apartado 30 y jurisprudencia citada). En la práctica, el Tribunal de Justicia no es muy exigente a este respecto, ya que ha declarado, por ejemplo, que una solicitud de anulación puede contener implícitamente una pretensión de reforma de la multa (véase la sentencia de 18 de diciembre de 2014, Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, apartado 83).
209      Véase también el auto de 7 de julio de 2016, Westfälische Drahtindustrie y Pampus Industriebeteiligungen/Comisión (C‑523/15 P, EU:C:2016:541), apartado 34. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que contrariamente a lo que resulta del artículo 23 del Reglamento n.º 1/2003, que confiere a la Comisión la facultad de imponer multas por infracción de las normas sobre competencia, el artículo 31 de este Reglamento confiere al Tribunal General una competencia jurisdiccional plena que forma parte integrante de su potestad de resolver sobre los recursos interpuestos contra las decisiones mediante las que la Comisión impone tal multa. Por consiguiente, este último artículo no tiene por objeto habilitar al Tribunal General para imponer una nueva multa jurídicamente distinta de la fijada por la Comisión, sino que completa el control jurisdiccional permitiendo al Tribunal General modificar el importe de la multa impuesta inicialmente (véase la sentencia de 4 de julio de 2024, Westfälische Drahtindustrie y Pampus Industriebeteiligungen/Comisión, C‑70/23 P, EU:C:2024:580, apartado 41).
210      Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión (C‑386/10 P, EU:C:2011:815), apartado 64. Véase también, por analogía, la sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión (C‑99/17 P, EU:C:2018:773), apartados 108 y 109. En esta última sentencia, el Tribunal de Justicia precisó que, a falta de una impugnación formulada oportunamente, ante el Tribunal General, de algunas consideraciones esgrimidas en la Decisión controvertida, la recurrente no puede alegar que el Tribunal General no actuó conforme a su competencia jurisdiccional plena. Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que incluso el carácter desproporcionado de una multa impuesta por una decisión de la Comisión, dado que no puede constituir un motivo de orden público, no es objeto de control de oficio por parte del Tribunal General (véase la sentencia de 14 de marzo de 2013, Viega/Comisión, C‑276/11 P, EU:C:2013:163, apartado 57 y jurisprudencia citada).
211      En efecto, el principio ultra petita prohíbe al juez, llamado a resolver un recurso de anulación, ir más allá de lo solicitado por las partes. Esta prohibición constituye la expresión del principio de justicia rogada, según el cual las partes determinan el objeto del litigio y el juez no puede ir más allá de dicho objeto del litigio (véanse, en particular, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Comisión/Alrosa, C‑441/07 P, EU:C:2009:555, punto 146 y jurisprudencia citada, y las del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto British Airways/Comisión, C‑122/16 P, EU:C:2017:406, puntos 83 y 84).
212      Véanse, por ejemplo, Bernardeau, L., y Christienne, J.‑P.: Les amendes en droit de la concurrence : pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union, Bruselas, 2013, p. 795 a 883; Forrester, I. S.: «A Challenge for Europe’s Judges: The Review of Fines in Competition Cases», European Law Review, vol. 36, n.º 2, 2011, pp. 185 a 207; Wahl, N.: «Enjeu et limites actuelles de la jurisprudence relative à la compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union en matière de concurrence», en Tizzano, A. (dir.), La Cour de justice de l’Union européenne sous la présidence de Vassilios Skouris (2003-2015). Liber amicorum Vassilios Skouris, Bruselas, 2015, pp. 727 a 740; Expert, H., y Poullet, C.: «La compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union en matière de concurrence : complément ou accessoire du contrôle de légalité ?», en Giacobbo Peyronnel, V., y Verdure, Ch. (dir.), Contentieux du droit de la concurrence de l’Union européenne, Bruselas, 2017, pp. 545 a 592.
213      Véanse, en particular, Cournot, M.: «L’interdiction de statuer ultra petita s’applique-t-elle au juge de l’amende ?», Revue des Affaires Européennes, 2015, n.º 1, pp. 123 y 124; Lenaerts, K., Gutman, K., y Nowak, J. T.: EU Procedural Law, Oxford, 2023, pp. 635 a 638. Algunos autores defienden una amplia facultad de pronunciarse ultra petita, precisando al mismo tiempo que no cabe esperar del demandante que solicite el incremento de su propia multa (véase, en este sentido, Christienne, J.‑P.: «Le contrôle juridictionnel des amendes après l’arrêt Telefónica : la pleine juridiction entre effervescence et évanescence», Concurrences, 2014, p. 31, y Gaulard, G.: La pleine juridiction du juge de l’Union européenne en droit de la concurrence, Bruselas, 2020, p. 273), aunque tampoco es infrecuente que, en la práctica, la Comisión, en particular mediante pretensiones formuladas con carácter reconvencional, solicite el incremento del importe de la multa (véase, en particular, Barbier de La Serre, É., y Lagathu, E.: «The Law on Fines Imposed in EU Competition Proceedings: On the Road to Consistency», Journal of European Competition Law & Practice, 2014, p. 400). Otros autores observan que el juez de la Unión es más bien reticente a incrementar la multa (véase Castillo de la Torre, F., y Gippini Fournier, E.: «Evidence, Proof and Judicial Review in EU Competition Law», op. cit., pp. 465 a 470).
214      Véase, en particular, Clausen, F.: Les moyens d’ordre public devant la Cour de justice de l’Union européenne, op. cit., pp. 407 a 413.
215      Aunque la Comisión aduce en sus escritos que la competencia jurisdiccional plena «puede prevalecer sobre el principio ne ultra petita», es preciso señalar que, hasta la fecha, el Tribunal de Justicia no ha respaldado tal enfoque, que, sin embargo, había sido propuesto por algunos Abogados Generales. Véanse, por ejemplo, las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en el asunto Groupe Danone/Comisión (C‑3/06 P, EU:C:2006:720), punto 49, y las del Abogado General Mengozzi presentadas en el asunto Comisión/Tomkins (C‑286/11 P, EU:C:2012:499), punto 37, en lo que respecta al papel marginal de la regla non ultra petita como límite al ejercicio de la competencia jurisdiccional plena por el juez de la Unión, así como las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en los asuntos acumulados Fresh Del Monte Produce y otros/Comisión y otros (C‑293/13 P y C‑294/13 P, EU:C:2014:2439), punto 273, sobre la falta de una prohibición de reformatio in peius en lo que respecta a la posibilidad de incrementar la multa.
216      En efecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que el control de plena jurisdicción ejercido por el Tribunal General implica, en particular, un control tanto de hecho como de Derecho, así como la facultad de valorar las pruebas, de anular la decisión impugnada y de modificar el importe de las multas (véanse, en particular, las sentencias de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, apartado 67, y de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, apartado 133). Una vez que el Tribunal General ha de ejercer un control de plena jurisdicción, este control se extiende a todas las circunstancias fácticas pertinentes (véase la jurisprudencia citada en el punto 183 de las presentes conclusiones). Por ejemplo, una anulación parcial de la declaración de infracción puede llevar al Tribunal General a reevaluar el importe de la multa «a la luz de todas las circunstancias del caso de autos» (véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 82). Como ha recordado en varias ocasiones el Tribunal General, el importe de la multa no puede mantenerse cuando es el resultado de haber tenido en cuenta un elemento fáctico materialmente inexacto (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2019, Quanta Storage/Comisión T‑772/15, EU:T:2019:519, apartado 276 y jurisprudencia citada).
217      En efecto, según el Tribunal de Justicia, una anulación parcial de la declaración de infracción puede llevar al Tribunal General a reevaluar el importe de la multa «a la luz de todas las circunstancias del caso de autos» (véase la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, EU:C:2012:778, apartado 82). Véase, asimismo, en la doctrina, Clausen, F.: Les moyens d’ordre public devant la Cour de justice de l’Union européenne, op. cit., p. 395.
218      En efecto, el petitum de dichas recurrentes se refería a la revisión de la multa en el marco de la competencia jurisdiccional plena, lo que hizo el Tribunal General al estimar parcialmente su pretensión.
219      En efecto, el Tribunal de Justicia ha precisado, en particular, que la mera interposición de un recurso contencioso no implica la atribución definitiva al juez de la Unión de la facultad de imponer sanciones (véase la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 693) y que el ejercicio de la competencia de plena jurisdicción no equivale a un control de oficio, no estando el Tribunal General obligado a proceder de oficio a una nueva instrucción completa del expediente (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, puntos 64 a 66.
220      En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la competencia jurisdiccional plena de la que dispone el Tribunal General en virtud del artículo 31 del Reglamento n.º 1/2003 se refiere únicamente a la valoración por parte de este de la multa impuesta por la Comisión, con exclusión de toda modificación de los elementos constitutivos de la infracción legalmente apreciada por la Comisión en la decisión de la que conoce el referido Tribunal (véase la sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, apartado 77). Véase, en la doctrina, Bernardeau, L., y Christienne, J.‑P.: Les amendes en droit de la concurrence : pratique décisionnelle et contrôle juridictionnel du droit de l’Union, op. cit., p. 868; Expert, H., y Poullet, C.: «La compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union en matière de concurrence : complément ou accessoire du contrôle de légalité ?», op. cit., p. 563 y 564, y, en sentido crítico, Gaulard, G.: La pleine juridiction du juge de l’Union européenne en droit de la concurrence, op. cit., p. 222 a 228.
221      Ha de observarse que las recurrentes en el asunto SAS Cargo Group no aportan explicaciones sobre la supuesta vulneración de la presunción de inocencia. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es necesario recordar que se vulnera dicho principio cuando una resolución judicial o una declaración oficial relativa a un acusado contiene una declaración clara, realizada sin que exista una condena definitiva, según la cual esa persona ha cometido la infracción en cuestión. En este contexto, procede destacar la importancia de la elección de los términos empleados por las autoridades judiciales y de las circunstancias particulares en las que estos hayan sido formulados, así como de la naturaleza y del contexto del procedimiento en cuestión (véase la sentencia de 18 de marzo de 2021, Pometon/Comisión, C‑440/19 P, EU:C:2021:214, apartado 62 y jurisprudencia citada).
222      Según reiterada jurisprudencia, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones jurídicas en el marco de un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal General por la suya, cuando este último resuelve, en el ejercicio de su competencia de jurisdicción plena, sobre el importe de las multas impuestas a determinadas empresas por haber infringido el Derecho de la Unión, el Tribunal General está sujeto a determinadas exigencias, entre las que se incluyen el deber de motivación —que le incumbe en virtud del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General a tenor del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto— y el principio de igualdad de trato (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2023, Lietuvos geležinkeliai/Comisión, C‑42/21 P, EU:C:2023:12, apartados 153 y 154 y jurisprudencia citada). Además, la violación del principio de igualdad de trato debido a un trato diferenciado presupone que las situaciones en cuestión son comparables, habida cuenta del conjunto de elementos que las caracterizan. Los elementos que caracterizan distintas situaciones y, de este modo, su carácter comparable deben apreciarse, en particular, a la luz del objeto y la finalidad del acto de la Unión que establece la distinción de que se trata. Además, deben tenerse en cuenta los principios y objetivos del ámbito al que pertenece el acto en cuestión (véase la sentencia de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión, C‑444/11 P, EU:C:2013:464, apartado 187 y jurisprudencia citada).
223      En efecto, la función del Tribunal de Justicia se limita, en el marco de un recurso de casación, a examinar si al ejercer su facultad de control jurisdiccional, el Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho. A tenor del artículo 256 TFUE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación debe limitarse a las cuestiones de Derecho y fundarse en motivos derivados de la falta de competencia del Tribunal General, de irregularidades del procedimiento ante dicho Tribunal que lesionen los intereses de la parte recurrente o de la violación del Derecho de la Unión por parte de este último. Por tanto, el recurso de casación solo puede fundarse en motivos referentes a la infracción de normas jurídicas, excluyendo cualquier apreciación de hecho. El Tribunal General es, por una parte, el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprende de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, el único competente para apreciar estos hechos. De lo anterior resulta que, salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba aportados ante el Tribunal General, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P, EU:C:2004:6, puntos 47 a 49).
224      En la vista, la Comisión declaró que no podía confirmar si esas ventas se habían incluido o no en el valor de las ventas por las otras recurrentes.
225      Por lo demás, el razonamiento del Tribunal General resulta aún menos claro, en la medida en que ha procedido de esta manera «también con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los transportistas implicados que han interpuesto recursos contra la Decisión [controvertida]» (apartado 940 de la sentencia SAS Cargo Group), indicando el adverbio «también» que el Tribunal General se ha basado en el principio de igualdad de trato a mayor abundamiento, lo que suscita dudas respecto de la fundamentación de su razonamiento.