62024CJ0643
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 27 de noviembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Derecho de defensa — Reglamento (CE) n.o 805/2004 — Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Artículo 20 — Procedimiento de ejecución — Competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de ejecución — Artículos 21 y 23 — Motivos de denegación, suspensión o limitación de la ejecución — Reglamento (CE) n.o 1393/2007 — Notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales — Artículo 8 — Negativa a aceptar el documento — Ausencia de traducción a una lengua que el destinatario entienda, a la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, en su caso, a una de las lenguas oficiales del lugar en el que deba efectuarse la notificación o el traslado del documento — Omisión del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007 — Consecuencias — Apreciación por los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen»
En el asunto C‑643/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal), mediante resolución de 4 de septiembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de septiembre de 2024, en el procedimiento entre
Manuel Costa Filhos Lda.
y
OÜ Wine Port of Paldiski,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. S. Rodin y N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de OÜ Wine Port of Paldiski, por la Sra. M. A. Brogueira y el Sr. P. Moreira, advogados;
–
en nombre del Gobierno portugués, por las Sras. P. Barros da Costa, S. Duarte Afonso y M. J. Ramos, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea por los Sres. S. Noë y B. Rechena, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO 2004, L 143, p. 15; corrección de errores en DO 2021, L 405, p. 33), y del artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo (DO 2007, L 324, p. 79), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (DO 2013, L 158, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1393/2007»).
2
Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre, por un lado, la sociedad Manuel Costa Filhos Lda. (en lo sucesivo, «Manuel Costa»), con domicilio social en Vizela (Portugal), y, por otro lado, la sociedad OÜ Wine Port of Paldiski (en lo sucesivo, «Wine Port»), con domicilio social en Tallin (Estonia), en relación con la ejecución en Portugal de una resolución dictada y certificada como título ejecutivo europeo en Estonia.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento n.o 805/2004
3
Los considerandos 8, 10 a 12, 14, 18 y 21 del Reglamento n.o 805/2004 tienen la siguiente redacción:
«(8)
En sus conclusiones de Tampere, el Consejo Europeo estimó que conviene acelerar y simplificar el acceso a la ejecución en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya dictado la resolución, eliminando toda medida intermedia que deba tomarse antes de la ejecución en el Estado miembro en el que se persiga la misma. Una resolución que haya sido certificada como título ejecutivo europeo por el órgano jurisdiccional de origen debe considerarse, a los efectos de la ejecución, como si se hubiera dictado en el Estado miembro en el que se persigue la ejecución. […]
[…]
(10)
Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro haya dictado una resolución sobre un crédito no impugnado en ausencia del deudor en el procedimiento, la supresión de los controles en el Estado miembro de ejecución debe estar inseparablemente vinculada y sujeta a la existencia de una garantía suficiente de que se observen los derechos de la defensa.
(11)
El presente Reglamento trata de promover los derechos fundamentales y tiene en cuenta los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [(en lo sucesivo, «Carta»)]. En especial, busca garantizar el pleno respeto del derecho a un juicio justo, reconocido en el artículo 47 de la Carta.
(12)
Procede establecer normas mínimas para los procedimientos judiciales que conducen a la resolución, con objeto de que el deudor esté informado, con el tiempo suficiente y de manera tal que pueda preparar su defensa, de la acción judicial contra él, de los requisitos para su participación activa en los procedimientos para impugnar el crédito y de las consecuencias que acarree su no participación.
[…]
(14)
Todos los métodos de notificación enumerados en los artículos 13 y 14 se caracterizan por ofrecer bien una certidumbre total (artículo 13) o bien un alto grado de probabilidad (artículo 14) de que el documento notificado ha sido recibido por su destinatario. En la segunda categoría, solo debe certificarse una resolución como título ejecutivo europeo si el Estado miembro de origen dispone de un mecanismo adecuado para brindar al deudor el derecho a solicitar la revisión plena de la resolución en las condiciones contempladas en el artículo 19 en los casos excepcionales en que, no obstante el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14, el documento no haya sido recibido por el destinatario.
[…]
(18)
El principio de confianza recíproca en la Administración de justicia de los Estados miembros justifica que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro considere que se cumplen todas las condiciones de la certificación como título ejecutivo europeo para permitir que una resolución resulte ejecutiva en todos los demás Estados miembros, sin que los órganos jurisdiccionales de aquel en que la resolución deba ejecutarse procedan a revisar si se han cumplido las normas mínimas procesales.
[…]
(21)
Cuando un documento deba remitirse de un Estado miembro a otro para su notificación en este último, el presente Reglamento, y en particular las normas sobre notificación previstas en el mismo, debe aplicarse juntamente con el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil [(DO 2000, L 160, p. 37),], y en especial con su artículo 14 en conjunción con la información comunicada por los Estados miembros con arreglo a su artículo 23.»
4
De conformidad con el artículo 1 de este Reglamento, titulado «Objeto»:
«La finalidad del presente Reglamento es crear un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, que permita, mediante la fijación de normas mínimas, la libre circulación en todos los Estados miembros de resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, sin que deba llevarse a cabo ningún procedimiento intermedio en el Estado miembro de ejecución para el reconocimiento y ejecución.»
5
A tenor del artículo 5 del referido Reglamento, titulado «Supresión del exequatur»:
«Una resolución que se haya certificado como título ejecutivo europeo en el Estado miembro de origen será reconocida y ejecutada en los demás Estados miembros sin que se requiera ninguna declaración de ejecutividad y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento.»
6
El artículo 10 del mismo Reglamento, titulado «Rectificación o revocación del certificado de título ejecutivo europeo», establece en sus apartados 1 y 2:
«1.   Previa solicitud ante el órgano jurisdiccional de origen, el certificado de título ejecutivo europeo:
a)
se rectificará cuando, debido a un error material, haya discrepancias entre la resolución y el certificado;
b)
se revocará cuando la emisión del certificado sea manifiestamente indebida a tenor de los requisitos del presente Reglamento.
2.   Se aplicará el Derecho del Estado miembro de origen a la rectificación y revocación del certificado de título ejecutivo europeo.»
7
A tenor del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 805/2004, titulado «Notificación con acuse de recibo por parte del deudor», que figura en el capítulo III de dicho Reglamento, titulado «Normas mínimas aplicables a los procedimientos»:
«El escrito de incoación o documento equivalente podrán haberse notificado al deudor mediante alguna de las siguientes formas:
a)
notificación personal acreditada por acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado por el deudor;
b)
notificación personal acreditada por un documento firmado por la persona competente que la haya realizado en el que declare que el deudor recibió el documento o que se negó a recibirlo sin justificación legal y en el que conste la fecha de la notificación;
c)
notificación por correo acreditada mediante acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el deudor;
d)
notificación por medios electrónicos como telecopia o correo electrónico, acreditada mediante acuse de recibo, en el que conste la fecha de recepción, firmado y reenviado por el deudor.»
8
El artículo 14 del referido Reglamento, titulado «Notificación sin acuse de recibo por parte del deudor», establece:
«1.   La notificación al deudor del escrito de incoación o documento equivalente y, en su caso, la citación para una vista se podrá haber realizado asimismo de alguna de las siguientes formas:
a)
notificación personal, en la dirección personal del deudor, a personas que vivan en la misma dirección que este, o estén empleadas en ese lugar;
b)
en caso de un deudor que es trabajador por cuenta propia, o de una persona jurídica, notificación personal, en el establecimiento comercial del deudor a personas empleadas por él;
c)
depósito del escrito en el buzón del deudor;
d)
depósito del escrito en una oficina de correos o ante las autoridades públicas competentes y notificación escrita de dicho depósito en el buzón del deudor, si en la notificación escrita consta claramente el carácter judicial del escrito o el hecho de que tiene como efecto jurídico hacer efectiva la notificación y, por tanto, constituir la fecha de inicio del cómputo de los plazos pertinentes;
e)
notificación por correo sin acuse de recibo con arreglo al apartado 3 cuando el deudor tenga su dirección en el Estado miembro de origen;
f)
por medios electrónicos con acuse de recibo acreditado mediante una confirmación automática de entrega, siempre que el deudor haya aceptado expresamente con anterioridad este medio de notificación.
2.   A efectos del presente Reglamento, no será admisible la notificación con arreglo al apartado 1 si no se conoce con certeza la dirección del deudor.
3.   Dará fe de la notificación realizada con arreglo a las letras a) a d) del apartado 1:
a)
un documento firmado por la persona competente que haya efectuado la notificación en el que consten:
i)
la forma utilizada para la notificación; y
ii)
la fecha de la notificación, y
iii)
cuando el escrito se haya notificado a una persona distinta del deudor, el nombre de dicha persona y su relación con el deudor;
o bien
b)
un acuse de recibo de la persona que haya recibido la notificación a efectos de las letras a) y b) del apartado 1.»
9
De conformidad con el artículo 18 del mencionado Reglamento, titulado «Subsanación del incumplimiento de las normas mínimas», que figura en el citado capítulo III:
«1.   Si el procedimiento en el Estado miembro de origen no cumple los requisitos procesales establecidos en los artículos 13 a 17, este incumplimiento se subsanará y la resolución podrá ser certificada como título ejecutivo europeo siempre que:
a)
la resolución haya sido notificada al deudor de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 13 o en el artículo 14; y
b)
el deudor haya tenido la posibilidad de impugnar la resolución mediante un recurso que permita su revisión plena y el deudor haya sido debidamente informado en la resolución o junto con ella acerca de los requisitos procesales para la impugnación, incluido el nombre y la dirección de la institución ante la que hay que incoar el procedimiento de impugnación y, si procede, el plazo; y
c)
el deudor no haya impugnado la resolución con arreglo a los requisitos procesales pertinentes.
2.   Si el procedimiento en el Estado miembro de origen no cumple los requisitos procesales establecidos en el artículo 13 o en el artículo 14, este incumplimiento se subsanará si el comportamiento del deudor durante las actuaciones judiciales demuestra que ha recibido personalmente el documento que se le debía notificar con el tiempo suficiente para preparar su defensa.»
10
El artículo 20 del mismo Reglamento, titulado «Procedimiento de ejecución», dispone en su apartado 1:
«Sin perjuicio de las disposiciones del presente capítulo, los procedimientos de ejecución se regirán por la legislación del Estado miembro de ejecución.
Las resoluciones certificadas como títulos ejecutivos europeos se ejecutarán en las mismas condiciones que las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución.»
11
El artículo 21 del Reglamento n.o 805/2004, titulado «Denegación de ejecución», establece:
«1.   A instancia del deudor, el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de ejecución denegará la ejecución si la resolución certificada como título ejecutivo europeo es incompatible con una resolución dictada con anterioridad en un Estado miembro o en un tercer país, siempre que:
a)
la resolución anterior tenga el mismo objeto y se refiera a las mismas partes, y
b)
la resolución anterior se haya dictado en el Estado miembro de ejecución o cumpla las condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución, y
c)
no se haya alegado y no haya podido alegarse la incompatibilidad para impugnar el crédito durante el procedimiento judicial en el Estado miembro de origen.
2.   El título ejecutivo europeo y la resolución en que se base no podrán en ningún caso ser objeto de revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro de ejecución.»
12
A tenor del artículo 23 del referido Reglamento, titulado «Suspensión o limitación de la ejecución»:
«Si el deudor hubiere:
–
impugnado una resolución, certificada como título ejecutivo europeo, incluida una solicitud de revisión a tenor del artículo 19, o
–
solicitado la rectificación o la revocación de un certificado de título ejecutivo europeo con arreglo al artículo 10,
el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución, podrán, a instancia del deudor:
a)
limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares, o bien
b)
subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que determinará dicho órgano jurisdiccional o autoridad competente, o bien
c)
en circunstancias excepcionales, suspender el procedimiento de ejecución.»
13
El artículo 28 del mencionado Reglamento, titulado «Relación con el Reglamento [n.o 1348/2000]», dispone:
«El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Reglamento [n.o 1348/2000].»
Reglamento n.o 1393/2007
14
El Reglamento n.o 1393/2007 fue derogado por el Reglamento (UE) 2020/1784 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») (DO 2020, L 405, p. 40), aplicable a partir del 1 de julio de 2022. Sin embargo, habida cuenta de la fecha de los hechos que dieron lugar al litigio principal, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz del Reglamento n.o 1393/2007.
15
El artículo 8 del Reglamento n.o 1393/2007, titulado «Negativa a aceptar un documento», disponía en su apartado 1:
«El organismo receptor informará al destinatario, mediante el formulario normalizado que figura en el anexo II, de que puede negarse a aceptar el documento que deba notificarse o trasladarse, bien en el momento de la notificación o traslado, o bien devolviendo el documento al organismo receptor en el plazo de una semana, si no está redactado en una de las lenguas siguientes o no va acompañado de una traducción a dichas lenguas:
a)
una lengua que el destinatario entienda, o bien
b)
la lengua oficial del Estado miembro requerido, o la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar en el que deba efectuarse la notificación o el traslado si existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro.»
16
El formulario normalizado, titulado «Información al destinatario sobre el derecho a negarse a aceptar un documento», que figura en el anexo II del referido Reglamento, contiene la mención siguiente a la atención del destinatario del acto:
«Puede usted negarse a aceptar el documento si no está redactado en una lengua que usted entienda o en una lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar de notificación o traslado, o si no va acompañado de una traducción a alguna de esas lenguas.
Si desea usted ejercitar este derecho, debe negarse a aceptar el documento en el momento de la notificación o traslado directamente ante la persona que notifique o traslade el documento o devolverlo a la dirección que se indica a continuación dentro del plazo de una semana, declarando que se niega a aceptarlo.»
Derecho portugués
17
El artículo 191, apartado 1, del Código de Processo Civil (Código de Enjuiciamiento Civil) (en lo sucesivo, «CPC») dispone:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 188, la notificación será nula cuando no se hayan cumplido los requisitos formales previstos en la ley.»
18
En el marco del procedimiento de ejecución, el artículo 696 del CPC establece:
«Una sentencia firme solo podrá ser objeto de recurso si:
[…]
e)
habiéndose sustanciado el procedimiento en rebeldía, debido a la falta absoluta de intervención de la parte demandada, se demuestra que:
i)
esta no fue notificada o la notificación efectuada es nula;
ii)
la parte demandada no tuvo conocimiento de la notificación por circunstancias que no le son imputables;
iii)
la parte demandada no pudo presentar escrito de contestación por motivos de fuerza mayor;
[…]».
19
Con arreglo al artículo 729 del CPC:
«Si la ejecución se basa en una sentencia, la oposición solo podrá fundarse en alguno de los motivos siguientes:
[…]
d)
Falta de intervención de la parte demandada en el procedimiento declarativo cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el artículo 696, letra e), del [CPC].
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
20
Wine Port inició un procedimiento de ejecución forzosa en Portugal contra Manuel Costa, sobre la base de una resolución dictada el 12 de abril de 2022 por el Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja (Tribunal de Primera Instancia de Harju, con sede en Tallin, Estonia), certificada como título ejecutivo europeo en virtud del Reglamento n.o 805/2004, por la que se condenó a Manuel Costa a pagar a Wine Port una indemnización por importe de 38732,84 euros y unas costas procesales por importe de 2418,97 euros, más intereses de demora.
21
Manuel Costa se opuso a dicha ejecución, alegando que no había recibido traslado o notificación sobre el proceso en el que se dictó la referida resolución y que no había tenido conocimiento de ella hasta el momento de su ejecución, de modo que no había podido interponer recurso contra tal resolución.
22
Wine Port rebatió esta alegación, aduciendo que el escrito de demanda y la tasación de las costas judiciales habían sido debidamente notificados a Manuel Costa, en su domicilio social, y que su representante legal firmó y fechó en cada ocasión los correspondientes acuses de recibo, sin que dicha sociedad impugnara la existencia, validez o efectividad del crédito reclamado.
23
En particular, tras la notificación del escrito de demanda, el órgano jurisdiccional estonio instó a Manuel Costa a formular, si así lo deseaba, oposición en un plazo de veintiocho días a partir del acuse de recibo de dicho escrito de demanda, fechado el 21 de enero de 2022 y firmado por el representante legal de dicha sociedad.
24
El 24 de marzo de 2022, el mencionado órgano jurisdiccional también notificó a Manuel Costa una tasación de las costas procesales, indicándole que disponía de un plazo de cinco días para presentar sus observaciones o impugnar esas costas. Esta notificación también fue recibida en el domicilio social de la referida sociedad, sin que esta se pronunciara al respecto.
25
El 22 de junio de 2022, se notificó a la citada sociedad, mediante carta certificada, el hecho de que la resolución de 12 de abril de 2022 había pasado a ser un título ejecutivo.
26
Todos los documentos así notificados se redactaron en estonio y no se acompañaron del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007.
27
En el marco del procedimiento de ejecución forzosa, el órgano jurisdiccional portugués de primera instancia estimó la oposición formulada por Manuel Costa y ordenó la suspensión de la ejecución, al considerar que la notificación dirigida a dicha sociedad a efectos del procedimiento declarativo en Estonia era nula, en el sentido del artículo 191, apartado 1, del CPC. Consideró que esa notificación no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 1393/2007, en la medida en que los documentos notificados a la referida sociedad no estaban redactados en portugués ni iban acompañados del formulario normalizado que figura en el anexo II del citado Reglamento, que permitiría a esta última ser informada de su derecho a negarse a aceptar dichos documentos.
28
Wine Port interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia ante el Tribunal da Relação do Porto (Audiencia de Oporto, Portugal), que, mediante sentencia de 11 de abril de 2024, lo estimó y ordenó la continuación del procedimiento de ejecución. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional consideró que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, de las sentencias de 16 de septiembre de 2015, Alpha Bank Cyprus (C‑519/13, EU:C:2015:603), y de 2 de marzo de 2017, Henderson (C‑354/15, EU:C:2017:157), así como del auto de 5 de mayo de 2022, ING Luxembourg (C‑346/21, EU:C:2022:368), se desprende que la omisión del envío, junto con la notificación mediante carta certificada con acuse de recibo, del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007 no tenía como consecuencia la nulidad de dicha notificación.
29
Manuel Costa interpuso ante el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo, Portugal), que es el órgano jurisdiccional remitente, un recurso de casación contra la sentencia dictada en apelación.
30
Dicho órgano jurisdiccional precisa que de la jurisprudencia citada en el apartado 28 de la presente sentencia se desprende que la omisión del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007 no puede dar lugar a la nulidad de la notificación, sino que únicamente genera una obligación de subsanación. No obstante, observa que, en los asuntos que dieron lugar a la citada jurisprudencia, la omisión de ese formulario se constató durante el procedimiento declarativo, en un momento en el que aún era posible subsanar esa omisión mediante la comunicación al interesado del referido formulario. Señala que, en cambio, en el caso de autos, la omisión del formulario se invocó después de que el procedimiento declarativo hubiese concluido, de modo que ya no sería posible proceder a la subsanación.
31
Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se plantea la cuestión de si, en tal supuesto, habida cuenta de las exigencias impuestas por el respeto del derecho de defensa, consagrado en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta y en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 1393/2007 se opone a que se declare la nulidad de la notificación realizada mediante carta certificada con acuse de recibo por no ir acompañada del formulario normalizado que figura en el anexo II de dicho Reglamento.
32
El referido órgano jurisdiccional también se pregunta sobre la interpretación del artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.o 805/2004, señalando a este respecto que de esta disposición se desprende que las resoluciones certificadas como títulos ejecutivos europeos se ejecutarán en las mismas condiciones que las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución.
33
Precisa que, en la jurisprudencia nacional, esta disposición se ha interpretado en el sentido de que, en una ejecución basada en un título ejecutivo europeo, la parte ejecutada puede oponer a dicha ejecución las mismas causas que podría invocar en una ejecución basada en una resolución dictada en el Estado miembro de ejecución. Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente indica que el artículo 729, letra d), del CPC, en relación con el artículo 696, letra e), de dicho Código, permite a la parte ejecutada oponerse a la ejecución alegando que no intervino en el procedimiento declarativo y que la notificación mediante carta certificada con acuse de recibo es nula porque no se acompañó del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007.
34
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si tal interpretación es compatible con el objetivo perseguido por el artículo 1 del Reglamento n.o 805/2004 y con los requisitos mínimos de notificación, previstos en los artículos 13 y 14 de dicho Reglamento, interpretados a la luz de su considerando 14, que debe cumplir el procedimiento en el que se dictó la resolución certificada como título ejecutivo europeo.
35
En estas circunstancias, el Supremo Tribunal de Justiça (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
En el supuesto de que, desde el punto de vista procesal, no pueda subsanarse la omisión del envío del formulario normalizado que figura en el anexo II del [Reglamento n.o 1393/2007], debido a que el procedimiento declarativo ya haya dado lugar a una sentencia condenatoria firme, ¿se opone el artículo 8, apartado 1, del citado Reglamento, teniendo en cuenta el derecho de defensa del destinatario de dicho documento de conformidad con las exigencias de un proceso equitativo, consagrado en el artículo 47, párrafo segundo, de la [Carta] y en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, a una normativa nacional que declara nula la notificación mediante carta certificada con acuse de recibo cuando no vaya acompañada del formulario normalizado que figura en el anexo II de dicho Reglamento?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 20, apartado 1, del [Reglamento n.o 805/2004], que dispone que «las resoluciones certificadas como títulos ejecutivos europeos se ejecutarán en las mismas condiciones que las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución», en el sentido de que la parte ejecutada puede oponerse a la ejecución basada en un título ejecutivo europeo invocando las mismas causas que podría invocar en una ejecución basada en una resolución dictada en el Estado miembro de ejecución, en particular, alegando que no intervino en el procedimiento de declaración y que la notificación que se le dirigió mediante carta certificada con acuse de recibo era nula porque no iba acompañada del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007?
3)
Habida cuenta de los objetivos que llevaron a la creación del título ejecutivo europeo (artículo 1 del Reglamento n.o 805/2004) y de los requisitos mínimos de notificación a los que debe ajustarse el procedimiento en que se haya dictado una resolución certificada como título ejecutivo europeo (artículos 13 y 14 de ese Reglamento), los cuales, a tenor del considerando 14 de dicho Reglamento, se caracterizan por ofrecer una certidumbre total (artículo 13) o un alto grado de probabilidad (artículo 14) de que el documento notificado haya sido recibido por su destinatario, ¿se opone el Reglamento n.o 805/2004 a una legislación nacional, como la prevista en el artículo 729, letra d), del [CPC], en relación con el artículo 696, letra e), inciso i), de dicho Código, de la que se desprende que la parte ejecutada puede oponerse a la ejecución alegando que no intervino en el procedimiento de declaración y que la notificación que se le dirigió mediante carta certificada con acuse de recibo era nula porque no iba acompañada del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales segunda y tercera
36
Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente y en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.o 805/2004 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa del Estado miembro de ejecución que permite, en el marco de la ejecución de una resolución judicial dictada y certificada como título ejecutivo europeo en el Estado miembro de origen, a la parte ejecutada oponerse a dicha ejecución basándose en que, en el procedimiento que dio lugar a esa resolución, se le notificó o dio traslado del escrito de demanda mediante carta certificada con acuse de recibo, sin que estuviera redactado en una lengua que esa parte entendiese o en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, en su caso, en una de las lenguas oficiales del lugar en el que debiese efectuarse la notificación o el traslado, o bien fuese acompañado de una traducción a dichas lenguas, y sin ir acompañado del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007, que permite informar a la referida parte del derecho de que dispone a negarse a aceptar el documento que deba notificarse o trasladarse.
37
Procede recordar que, por lo que respecta a la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión, según reiterada jurisprudencia, debe tomarse en consideración no solamente su redacción, sino también el contexto en el que se inscribe y los objetivos que persigue el acto del que forma parte (sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck_292/82, EU:C:1983:335, apartado 12, y de 7 de julio de 2022, LKW WALTER, C‑7/21, EU:C:2022:527, apartado 33 y jurisprudencia citada).
38
En primer lugar, como se desprende del tenor del artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.o 805/2004, esta disposición establece que, sin perjuicio de las disposiciones del capítulo IV de dicho Reglamento, del que forman parte los artículos 21 y 23 de este, que enuncian los motivos de denegación, suspensión o limitación de la ejecución de una resolución certificada como título ejecutivo europeo, tal resolución se ejecutará en las mismas condiciones que las resoluciones dictadas en el Estado miembro de ejecución.
39
Del tenor de estas disposiciones se desprende que el procedimiento de ejecución se regirá por la legislación del Estado miembro de ejecución y que los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro están facultados para denegar, suspender o limitar la ejecución de una resolución judicial certificada como título ejecutivo europeo por los motivos previstos en el mencionado Reglamento.
40
En segundo lugar, procede observar que, en el sistema del referido Reglamento, se ejerce un claro reparto de competencias entre, por una parte, los órganos jurisdiccionales y las autoridades del Estado miembro de origen y, por otra parte, los del Estado miembro de ejecución, acompañado de una serie de requisitos que deben observarse tanto en el procedimiento que conduce a la adopción de una resolución relativa a un crédito no impugnado como en la ejecución de esta resolución. Este reparto de competencias deriva del hecho de que el crédito y el título ejecutivo europeo que lo incorpora se constituyen conforme al Derecho del Estado miembro de origen, mientras que el procedimiento de ejecución se rige, conforme a la citada disposición, por la ley del Estado miembro de ejecución (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, apartado 38).
41
De este modo, en el Estado miembro de origen, la certificación de una resolución relativa a un crédito no impugnado como título ejecutivo europeo está supeditada al cumplimiento de las normas mínimas establecidas en el capítulo III del Reglamento n.o 805/2004. A este respecto, con arreglo al artículo 18 del referido Reglamento, el incumplimiento de dichas normas solo puede ser subsanado ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades de ese Estado (sentencia de 16 de febrero de 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, apartado 39).
42
Estas normas mínimas materializan la voluntad del legislador de la Unión Europea de velar por que los procedimientos que culminan con la adopción de resoluciones relativas a créditos no impugnados garanticen suficientemente la salvaguarda del derecho de defensa en el Estado miembro de origen, habida cuenta del principio de no fiscalización a este respecto en el Estado miembro de ejecución (sentencia de 28 de febrero de 2018, Collect Inkasso y otros, C‑289/17, EU:C:2018:133, apartado 36), y tienen por objeto, como se dice en el considerando 12 del citado Reglamento, que el deudor esté informado, con el tiempo suficiente y de manera tal que pueda preparar su defensa, de la acción judicial contra él, de los requisitos para su participación activa en los procedimientos para impugnar el crédito y de las consecuencias que acarree su no participación.
43
A efectos de la comunicación de esa información, cuando un documento deba transmitirse de un Estado miembro a otro, del artículo 28 del Reglamento n.o 805/2004, interpretado a la luz de su considerando 21, se desprende que dicho Reglamento no afectará a la aplicación del Reglamento n.o 1348/2000, que precedió al Reglamento n.o 1393/2007. Por tanto, la notificación o el traslado de tal documento debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 1, de este último Reglamento y, en consecuencia, ir acompañado, del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007 para informar al destinatario del derecho de que dispone a negarse a aceptar el documento que debe notificarse o trasladarse cuando no esté redactado en una lengua que dicho destinatario entienda o en la lengua oficial del Estado miembro requerido o, en su caso, en una de las lenguas oficiales del lugar en el que deba efectuarse la notificación o el traslado de tal documento, o bien no vaya acompañado de una traducción a dichas lenguas.
44
Por consiguiente, es preciso velar no solo por que el deudor esté debidamente informado de la existencia y del contenido de la acción ejercitada contra él en el extranjero y pueda conocer y comprender de manera efectiva y completa el sentido y el alcance de dicha acción, sino también por que pueda interponerse un recurso apropiado en el Estado miembro de origen en caso de que no se cumplan esos requisitos.
45
De ello se deduce que, si el escrito de demanda o un documento equivalente no se ha notificado o trasladado acompañado del referido formulario y si esta omisión no ha sido subsanada durante el procedimiento en el Estado miembro de origen, la resolución dictada en el marco de dicho procedimiento no puede cumplir los requisitos de las normas mínimas previstas en el capítulo III del Reglamento n.o 805/2004 y no puede certificarse como título ejecutivo europeo.
46
En consecuencia, un certificado expedido en tales circunstancias se considerará indebidamente emitido, en el sentido del artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 805/2004, de modo que debería ser revocado, si así se solicita, por el órgano jurisdiccional de origen.
47
Por su parte, los órganos jurisdiccionales o las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución, en el marco de la competencia que les confiere el artículo 20 del Reglamento n.o 805/2004, están facultados para examinar la existencia de elementos que justifiquen la denegación de la ejecución, con arreglo al artículo 21, apartado 1, de dicho Reglamento, o la limitación o la suspensión de la ejecución, de conformidad con el artículo 23 del citado Reglamento (sentencia de 16 de febrero de 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, apartado 40).
48
De ello se deduce que la parte ejecutada solo puede oponer a la ejecución en el Estado miembro de ejecución los motivos previstos en el artículo 21 del Reglamento n.o 805/2004, relativos a la existencia de resoluciones incompatibles, y en el artículo 23 de dicho Reglamento, relativos a la suspensión o a la limitación de la ejecución, en un procedimiento incoado en el Estado miembro de origen.
49
En particular, conforme al artículo 23, letra c), del Reglamento n.o 805/2004, si el deudor hubiere impugnado una resolución, certificada como título ejecutivo europeo, incluida una solicitud de revisión a tenor del artículo 19 de dicho Reglamento, o solicitado la rectificación o la revocación del certificado de título ejecutivo europeo con arreglo al artículo 10 del referido Reglamento, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución podrán, a instancia del deudor, en circunstancias excepcionales, suspender el procedimiento de ejecución.
50
Estas posibilidades de interponer un recurso o de efectuar una solicitud de revocación o una solicitud de revisión en el Estado miembro de origen garantizan que la supresión de los controles en el Estado miembro de ejecución, prevista por ese mismo Reglamento, no se produzca sin que se apliquen las garantías del respeto del derecho de defensa.
51
En el caso de autos, la circunstancia, como se desprende de las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente, de que la parte ejecutada no haya intervenido en el procedimiento declarativo al término del cual se dictó la resolución certificada como título ejecutivo europeo y de que la notificación que se le había enviado mediante carta certificada con acuse de recibo en el marco de dicho procedimiento no fuera acompañada del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007 no forma parte de los motivos previstos en los artículos 21 y 23 del Reglamento n.o 805/2004.
52
Tal circunstancia se refiere al procedimiento en el Estado miembro de origen y a la certificación de la resolución dictada al término de dicho procedimiento como título ejecutivo europeo, por lo que estos aspectos no pueden someterse a la apreciación de los órganos jurisdiccionales o de las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de febrero de 2023, Lufthansa Technik AERO Alzey, C‑393/21, EU:C:2023:104, apartado 41).
53
En tercer lugar, procede señalar que la interpretación del artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.o 805/2004 que se desprende del tenor y del contexto en el que se inscribe esta disposición responde al objetivo perseguido por dicho Reglamento que, como resulta de la lectura conjunta de sus artículos 1 y 5, interpretados a la luz de sus considerandos 8, 10, 11 y 18, tiene por objeto, dentro del respeto de la confianza recíproca en la Administración de justicia de los Estados miembros en la que se basa el reparto de competencias entre, por una parte, los órganos jurisdiccionales y las autoridades del Estado miembro de origen y, por otra parte, los del Estado miembro de ejecución, garantizar la libre circulación, en particular, de las resoluciones relativas a créditos no impugnados, acelerar y simplificar su ejecución, mediante la supresión del procedimiento para hacer ejecutorias dichas resoluciones, garantizando al mismo tiempo el respeto del derecho de defensa.
54
En el caso de autos, hasta la fecha no parece que se haya llevado a cabo en Estonia trámite alguno, como, por ejemplo, una solicitud de revocación del certificado de título ejecutivo europeo. En cambio, como se desprende de la resolución de remisión, ha quedado acreditado que Manuel Costa se opone a la ejecución en Portugal de la resolución judicial certificada como título ejecutivo europeo en Estonia debido a que, en el procedimiento que dio lugar a dicha resolución, el escrito de demanda no le fue notificado, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 1393/2007, en una lengua que esa parte entendiese o en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución y no fue acompañada del formulario normalizado que figura en el anexo II de dicho Reglamento, que permitiría informarle del derecho de que disponía a negarse a aceptar el documento que debía notificarse o trasladarse.
55
Pues bien, de lo anterior resulta que ese motivo no está comprendido en los previstos en los artículos 21 y 23 del Reglamento n.o 805/2004, que permiten denegar, suspender o limitar la ejecución de una resolución judicial certificada como título ejecutivo europeo.
56
En cambio, procede observar que dicho motivo se refiere a la validez de la certificación de la resolución que debe ejecutarse como título ejecutivo europeo, la cual, como se ha recordado en los apartados 41 y 52 de la presente sentencia, solo puede impugnarse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen.
57
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que el artículo 20, apartado 1, del Reglamento n.o 805/2004 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa del Estado miembro de ejecución que permite, en el marco de la ejecución de una resolución judicial dictada y certificada como título ejecutivo europeo en el Estado miembro de origen, a la parte ejecutada oponerse a dicha ejecución basándose en que, en el procedimiento que dio lugar a esa resolución, se le notificó o dio traslado del escrito de demanda mediante carta certificada con acuse de recibo, sin que estuviera redactado en una lengua que esa parte entendiese o en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, en su caso, en una de las lenguas oficiales del lugar en el que debiese efectuarse la notificación o el traslado, o bien fuese acompañado de una traducción a dichas lenguas, y sin ir acompañado del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007, que permite informar a la referida parte del derecho de que dispone a negarse a aceptar el documento que deba notificarse o trasladarse.
Primera cuestión prejudicial
58
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.o 1393/2007 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual la notificación de un documento judicial efectuada mediante carta certificada con acuse de recibo es nula cuando el documento que debe notificarse está redactado en una lengua distinta de las mencionadas en dicha disposición y tal documento no va acompañado del formulario normalizado que figura en el anexo II del referido Reglamento, aun cuando el procedimiento a raíz del cual se ha certificado una resolución judicial como título ejecutivo europeo haya concluido, de modo que ya no es posible proceder a la subsanación de la citada notificación.
59
Con carácter preliminar, procede recordar que la negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible, en particular, cuando sea evidente que la disposición de Derecho de la Unión cuya interpretación se solicita al Tribunal de Justicia no es aplicable (sentencia de 17 de septiembre de 2015, van der Lans, C‑257/14, EU:C:2015:618, apartado 20 y jurisprudencia citada)
60
A este respecto, procede observar que, como se desprende de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el órgano jurisdiccional remitente, que conoce de una oposición a la ejecución de una resolución judicial certificada como título ejecutivo europeo en virtud del Reglamento n.o 805/2004, es competente para comprobar si los motivos invocados en apoyo de dicha oposición están comprendidos en los motivos de denegación de la ejecución, previstos en el artículo 21 de dicho Reglamento, o, en su caso, en los motivos de suspensión o de limitación de la ejecución, tal como se enuncian en el artículo 23 del referido Reglamento.
61
En cambio, como se ha recordado en los apartados 41 y 52 de la presente sentencia, la certificación de una resolución como título ejecutivo europeo, incluida la apreciación de la validez de dicha certificación, es competencia exclusiva del órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen que haya dictado esa resolución, al que puede dirigirse, a tal fin, una solicitud de revocación de un certificado emitido indebidamente, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 805/2004.
62
Así pues, para comprobar si el certificado del título ejecutivo europeo se emitió indebidamente, el órgano jurisdiccional de origen debería examinar si el procedimiento judicial en el Estado miembro de origen, que dio lugar a la resolución certificada como título ejecutivo europeo, cumplió los requisitos de las normas mínimas previstas en el capítulo III del Reglamento n.o 805/2004 o si, en su caso, se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 18 de dicho Reglamento, que permiten subsanar el incumplimiento de las normas mínimas.
63
De ello se deduce que la constatación de que se ha emitido indebidamente un certificado de título ejecutivo europeo, por falta de una notificación adecuada del escrito de demanda debido a la omisión del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento n.o 1393/2007 y a que no se redactó dicho escrito de demanda en una de las lenguas previstas en el artículo 8, apartado 1, del mencionado Reglamento, se rige por el Derecho del Estado miembro de origen y es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.
64
Por consiguiente, en la medida en que esa disposición no es aplicable al litigio del que conoce el órgano jurisdiccional remitente, no procede responder a la primera cuestión prejudicial.
Costas
65
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El artículo 20, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa del Estado miembro de ejecución que permite, en el marco de la ejecución de una resolución judicial dictada y certificada como título ejecutivo europeo en el Estado miembro de origen, a la parte ejecutada oponerse a dicha ejecución basándose en que, en el procedimiento que dio lugar a esa resolución, se le notificó o dio traslado del escrito de demanda mediante carta certificada con acuse de recibo, sin que estuviera redactado en una lengua que esa parte entendiese o en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, en su caso, en una de las lenguas oficiales del lugar en el que debiese efectuarse la notificación o el traslado, o bien fuese acompañado de una traducción a dichas lenguas, y sin ir acompañado del formulario normalizado que figura en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil («notificación y traslado de documentos») y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1348/2000 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 517/2013, que permite informar a la referida parte del derecho de que dispone a negarse a aceptar el documento que deba notificarse o trasladarse.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: portugués.