62023CJ0798_RES
Asunto C‑798/23 [Abbottly] (
i
)
Minister for Justice
contra
SH
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court (Irlanda)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 9 de octubre de 2025
«Procedimiento prejudicial — Cooperación policial y judicial en materia penal — Decisión Marco 2002/584/JAI — Artículo 4 bis, apartado 1 — Procedimiento de entrega entre Estados miembros — Orden de detención europea — Requisitos de ejecución — Motivos de no ejecución facultativa — Ejecución obligatoria — Excepciones — Concepto de “juicio del que derive la resolución” — Pena accesoria de vigilancia policial — Incumplimiento de las condiciones impuestas por dicha vigilancia — Resolución por la que se convierte el régimen de vigilancia policial en una pena privativa de libertad — Pena impuesta en rebeldía»
Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros — Motivos de no ejecución facultativa de la orden de detención europea — Orden dictada a efectos de la ejecución de una pena impuesta en rebeldía — Incomparecencia personal del imputado en el juicio — Concepto de juicio del que derive la resolución — Concepto de resolución — Resolución por la que se convierte una pena de vigilancia policial en una pena privativa de libertad sobre la base de un coeficiente fijo — Inclusión
(Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI, art. 4 bis, ap. 1)
(véanse los apartados 36, 44 a 51 y 54 y el fallo)
Resumen
En el contexto de un procedimiento relativo a la ejecución de una orden de detención europea (en lo sucesivo, «orden de detención europea en cuestión») dictada contra una persona física con vistas a la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta tras la conversión de una pena accesoria de vigilancia policial, el Tribunal de Justicia ha interpretado el concepto de «juicio del que derive la resolución» que figura en el artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584. (
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)
La persona en cuestión, SH, fue condenada en 2014 por los órganos jurisdiccionales letones por dos delitos. En 2015, estas condenas fueron refundidas, dando lugar a una pena privativa de libertad acumulada de cuatro años y nueve meses que llevaba aparejada una pena accesoria de vigilancia policial de tres años, que comenzaría a ejecutarse a partir del momento en que SH cumpliera la pena privativa de libertad.
Al incumplir la obligación, derivada del régimen de vigilancia policial, de presentarse en la comisaría de Policía en los tres días laborables siguientes al de su salida de prisión, SH fue declarado culpable de haber cometido una infracción administrativa y condenado a pagar dos multas.
El 19 de agosto de 2020, a instancia del servicio de la comisaría de Policía letona competente, el órgano jurisdiccional letón competente dictó una resolución por la que ordenaba que la parte no ejecutada de la pena accesoria de vigilancia policial impuesta a SH, a saber, dos años y dos días, se convirtiera en una pena privativa de libertad de un año y un día, de conformidad con la posibilidad prevista en el Derecho penal letón. (
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) Esta resolución se dictó tras una vista en la que SH no compareció, al no haber recibido la citación judicial que se le había enviado. SH no recurrió esta resolución en apelación.
Posteriormente, el órgano jurisdiccional letón competente dictó una orden de detención europea contra SH a efectos de la ejecución de la pena privativa de libertad que se le había impuesto el 19 de agosto de 2020.
El Minister for Justice and Equality (Ministro de Justicia e Igualdad, Irlanda) solicitó a las autoridades judiciales irlandesas competentes la entrega de SH a la República de Letonia en virtud de la orden de detención europea en cuestión. Tras la desestimación de esta solicitud en primera instancia, y posteriormente en apelación, sobre la base de la disposición que transpone al Derecho irlandés el artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, (
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) el Ministro de Justicia e Igualdad interpuso un recurso de apelación excepcional ante el órgano jurisdiccional remitente, la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda).
Según el órgano jurisdiccional remitente, la resolución de que se trata es equiparable a la revocación de la suspensión de la ejecución de una pena que, de conformidad con lo declarado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Ardic, (
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) no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584. De dicha sentencia se desprende que el concepto de «resolución», en el sentido de esta disposición, no comprende una resolución relativa a la ejecución o a la aplicación de una pena privativa de libertad impuesta con anterioridad, como la revocación de la suspensión de la ejecución, salvo cuando dicha resolución tenga por objeto o por efecto modificar la naturaleza o la gravedad de la pena y la autoridad que la haya dictado haya dispuesto de cierto margen de apreciación a este respecto.
En el presente asunto, dado que el órgano jurisdiccional letón que dictó la orden de detención europea en cuestión no ha adoptado ninguna resolución judicial nueva que modifique la naturaleza o la gravedad de la pena privativa de libertad impuesta con anterioridad, el órgano jurisdiccional remitente considera que no procede denegar la entrega de SH. En efecto, en caso de incumplimiento de las condiciones de la vigilancia policial, el tiempo de privación de libertad puede imponerse y determinarse mediante una operación aritmética prevista en el Derecho letón. Así pues, la decisión por la que se convierte la pena accesoria de vigilancia policial en una pena privativa de libertad podría asimilarse a una resolución relativa a la ejecución o a la aplicación de una pena privativa de libertad impuesta con anterioridad y, por tanto, podría no estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584.
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas en la medida en que, aunque la perspectiva de una nueva pena de prisión era inherente a las penas impuestas con anterioridad a SH, que fueron refundidas en 2015, la pena impuesta el 19 de agosto de 2020 no solo obligó a SH a cumplir las penas privativas de libertad impuestas inicialmente.
En este contexto, el Tribunal Supremo se pregunta si está comprendido en el concepto de «juicio del que derive la resolución», en el sentido del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, un procedimiento al término del cual un órgano jurisdiccional nacional puede ordenar, en razón del incumplimiento de las condiciones que llevaba aparejadas una pena de vigilancia policial a la que la persona en cuestión había sido condenada anteriormente como pena accesoria de una pena privativa de libertad, la conversión de la duración pendiente de cumplimiento de dicha pena accesoria en una pena privativa de libertad.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia recuerda que el artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584 limita la posibilidad de denegar la ejecución de una orden de detención europea enumerando, de manera exhaustiva, en las letras a) a d) de esta disposición, los supuestos en los que no pueden denegarse el reconocimiento y la ejecución de una resolución dictada a raíz de un juicio celebrado sin comparecencia personal del imputado.
En efecto, en cada uno de los supuestos que se contemplan en el artículo 4 bis, apartado 1, letras a) a d), de la Decisión Marco 2002/584, la ejecución de la orden de detención europea no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo ni el derecho de defensa del interesado.
Antes de comprobar la existencia de alguno de estos supuestos, la autoridad judicial de ejecución debe determinar si se enfrenta a una situación en la que la persona reclamada no compareció personalmente en el «juicio del que derive la resolución», en el sentido del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584.
Según reiterada jurisprudencia, esta expresión que figura en la disposición en cuestión debe entenderse en el sentido de que se refiere al procedimiento en que se dicta la resolución judicial por la que se condena definitivamente a la persona cuya entrega se solicita en el marco de la ejecución de una orden de detención europea. (
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)
El Tribunal de Justicia ha considerado que una resolución relativa a la ejecución o a la aplicación de una pena privativa de libertad impuesta con anterioridad no constituye una «resolución» en el sentido de dicho artículo 4 bis, apartado 1, salvo cuando afecte a la declaración de culpabilidad o tenga por objeto o por efecto modificar la naturaleza o la gravedad de esa pena y la autoridad que la haya dictado haya dispuesto de cierto margen de apreciación a este respecto. (
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)
Pues bien, en el presente asunto, el fundamento para dictar la orden de detención europea fue la resolución por la que se convertía la pena accesoria de vigilancia policial en una pena privativa de libertad. El órgano jurisdiccional remitente se preguntó si tal resolución puede estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, en la medida en que no tenga por objeto o por efecto modificar la naturaleza o la gravedad de la pena impuesta con anterioridad a la persona buscada y en que la autoridad que la dictó no haya dispuesto de cierto margen de apreciación a este respecto, y el Tribunal de Justicia ha comprobado si la resolución en cuestión puede calificarse de «resolución relativa a la ejecución o a la aplicación de una pena privativa de libertad impuesta con anterioridad», en el sentido de la jurisprudencia, en cuyo caso no constituiría una «resolución» en el sentido del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado que el Derecho letón parece establecer una distinción entre una resolución por la que se impone una pena privativa de libertad y una resolución por la que se impone el sometimiento a vigilancia policial, resolución esta última que constituye siempre, por su propia naturaleza, una pena accesoria a una pena privativa de libertad.
Además, el Derecho letón no parece establecer un mecanismo de conversión automática de una pena de vigilancia policial en una pena privativa de libertad si la persona en cuestión incumple las condiciones de dicha pena de vigilancia policial, puesto que el órgano jurisdiccional dispone de facultad de apreciación a este respecto.
Asimismo, la pena privativa de libertad que en su caso se haya impuesto a raíz del incumplimiento de las condiciones de la pena accesoria tiene por objeto reprimir, no la infracción penal inicial que dio lugar a la imposición de la pena de vigilancia policial como pena accesoria, sino los incumplimientos específicos de las condiciones que lleva aparejadas dicha pena de vigilancia policial.
Por consiguiente, una resolución por la que se impone una pena privativa de libertad en lugar de la pena accesoria de vigilancia policial no constituye una resolución relativa a la ejecución o a la aplicación de una pena privativa de libertad impuesta con anterioridad, sino que debe considerarse una resolución por la que se impone una nueva pena privativa de libertad, cuya naturaleza es diferente de la inicialmente impuesta.
Tal resolución debe calificarse de «resolución» en el sentido del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584 y el procedimiento al término del cual fue adoptada debe considerarse comprendido en el concepto de «juicio del que derive la resolución», en el sentido de dicha disposición.
El Tribunal de Justicia ha precisado que lo que importa a efectos de la calificación de «juicio del que derive la resolución», en el sentido del artículo 4 bis, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, es que el procedimiento relativo a la conversión de la pena pueda conducir a una privación de libertad que, pese a ser previsible en caso de incumplimiento de las condiciones que llevaba aparejadas la vigilancia policial, no formaba parte, como tal, de la condena inicial y exigía, por tanto, la imposición de una nueva condena que sustituyera la primera.
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i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
1
)	Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO 2009, L 81, p. 24) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2002/584»).
(
2
)	El Derecho penal letón contempla la posibilidad de que el órgano jurisdiccional nacional competente, cuando una persona es condenada dos veces en un período de un año por incumplir las condiciones a las que se había sometido la vigilancia policial, sustituya la pena accesoria de vigilancia policial por una pena privativa de libertad de duración determinada sobre la base de un coeficiente fijo, a saber, un día de prisión por cada dos días de vigilancia policial que queden por cumplir.
(
3
)	Este artículo establece que la autoridad judicial de ejecución puede denegar la ejecución de la orden de detención europea dirigida a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad si el imputado no compareció personalmente en el juicio del que derive la resolución, salvo en los supuestos contemplados en el apartado 1, letras a) a d), de dicho artículo.
(
4
)	Sentencia de 22 de diciembre de 2017, Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026).
(
5
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Condena en rebeldía) (C‑396/22, EU:C:2023:1029), apartados 26 y 27 y jurisprudencia citada.
(
6
)	Sentencias de 22 de diciembre de 2017, Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026), apartados 77 y 88, y de 23 de marzo de 2023, Minister for Justice and Equality (Revocación de la suspensión) (C‑514/21 y C‑515/21, EU:C:2023:235), apartado 53.