62012CC0093_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
1. Por primera vez, el Tribunal de Justicia debe dilucidar si los principios de efectividad y equivalencia, así como el artículo 47, párrafo primero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), se oponen a una norma procesal nacional en virtud de la cual se concentran los litigios relativos a las decisiones de la autoridad nacional responsable del pago de las ayudas agrícolas al amparo de la política agrícola común (en lo sucesivo, «PAC») en un órgano jurisdiccional único.
2. En efecto, el Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) estima que tal especialización en el ámbito de dichos litigios podría disuadir, o incluso impedir, a los justiciables afectados, a saber los agricultores, el acceso a los tribunales, lo que constituye una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.
3. En las presentes conclusiones, expondré las razones por las que considero que el artículo 47, párrafo primero, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma procesal nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual se concentran los litigios relativos a las decisiones de la autoridad nacional responsable del pago de las ayudas agrícolas al amparo de la PAC en el Administrativen sad Sofia-grad, siempre que dicha norma no obstaculice de manera excesiva el acceso del justiciable a los tribunales, lo cual deberá ser comprobado por el juez nacional.
I – Marco jurídico
A – Derecho de la Unión
4. El 30 de noviembre de 2009 la Comisión Europea adoptó el Reglamento (CE) nº 1122/2009, que establece normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo en lo referido a la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control en los regímenes de ayuda directa a los agricultores establecidos por ese Reglamento, y normas de desarrollo del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo referido a la condicionalidad en el régimen de ayuda establecido para el sector vitivinícola. (2)
5. El artículo 58 del Reglamento nº 1122/2009 prevé lo siguiente:
«Si, para un grupo de cultivos, la superficie declarada a efectos de cualesquiera regímenes de ayuda por superficie, excepto los relativos a las patatas de fécula y las semillas, según lo dispuesto en el título IV, capítulo 1, secciones 2 y 5, del Reglamento (CE) nº 73/2009, sobrepasa la superficie determinada de conformidad con el artículo 57 del presente Reglamento, la ayuda se calculará sobre la base de la superficie determinada, reducida en el doble de la diferencia comprobada, si esta es superior al 3 % o a dos hectáreas pero inferior o igual al 20 % de la superficie determinada.
Si la diferencia es superior al 20 % de la superficie determinada, no se concederá ayuda alguna por superficie en relación con el grupo de cultivos en cuestión.
Si la diferencia es superior al 50 %, el agricultor quedará excluido nuevamente del beneficio de la ayuda hasta el importe que corresponda a la diferencia entre la superficie declarada y la superficie determinada con arreglo al artículo 57 del presente Reglamento. Ese importe se recuperará según lo dispuesto en el artículo 5 ter
del Reglamento (CE) nº 885/2006 de la Comisión. Si el importe no puede recuperarse íntegramente según lo dispuesto en ese artículo en los tres años civiles siguientes a aquel en que se haya descubierto la irregularidad, se cancelará el saldo.»
B – Derecho búlgaro
6. En virtud del artículo 1, apartado 6, de la Ley de ayuda a los agricultores (Zakon za podpomagane na zemedelskite proizvoditeli), esta última regula la aplicación del régimen de pago único por superficie conforme a la PAC de la Unión Europea.
7. Con arreglo al artículo 128 del Código de procedimiento administrativo (Administrativnoprotsesualen kodeks; en lo sucesivo, «APK»), están sometidos a la competencia de los tribunales del orden administrativo todos los asuntos sobre solicitudes de adopción, modificación, anulación o declaración de nulidad de un acto administrativo.
8. El artículo 133, apartado 1, del APK prevé que conocerá del asunto el Administrativen sad-grad (tribunal contencioso-administrativo) en cuya jurisdicción tenga su sede la autoridad que ha adoptado el acto administrativo impugnado.
9. En Bulgaria, la única autoridad competente para aceptar o desestimar las solicitudes de ayuda al amparo de los regímenes de la PAC es el Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» (Director ejecutivo del fondo nacional de agricultura; en lo sucesivo, «Direktor»), con sede en Sofía.
10. El artículo 19 de las Disposiciones transitorias y finales de la Ley de modificación y complemento del APK prevé que los actos administrativos individuales adoptados en virtud de la Ley sobre la propiedad y la explotación de las tierras agrícolas (Zakon za sobstvenostta i polzuvaneto na zemedelskite zemi) y de su decreto de desarrollo, así como la negativa a dictar este tipo de actos –con la excepción de los que hayan sido adoptados por el Ministro de Agricultura y Alimentación (Ministar na zemedelieto i hranite)– podrán ser objeto de recurso con arreglo al APK ante el Rayonen sad) (tribunal de primera instancia) del lugar en el que esté situado el inmueble.
II – Hechos del litigio principal
11. ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov (en lo sucesivo, «Agrokonsulting») está registrado como agricultor desde el 23 de marzo de 2007. El 11 de mayo de 2010, presentó una solicitud de ayuda al amparo de los regímenes de ayuda de la PAC, por una parte, de pago único por superficie y, por otra, de suplementos nacionales por hectárea de tierra agrícola. Las tierras agrícolas de que se trata se encuentran en la región de Veliko Tarnovo (Bulgaria), a aproximadamente 250 kilómetros de la ciudad de Sofía.
12. Mediante escrito de 2 de octubre de 2011, el Direktor denegó la solicitud de Agrokonsulting, puesto que las superficies declaradas por éste no se atenían a los requisitos del Reglamento nº 1122/2009.
13. Agrokonsulting interpuso un recurso contra tal decisión ante el Administrativen sad-Burgas (Bulgaria). El 16 de noviembre de 2011, este órgano jurisdiccional planteó la existencia de un conflicto de competencia, suspendió el procedimiento y remitió el asunto al Administrativen sad Sofia-grad, para que se pronunciara sobre su competencia, ya que, en virtud del artículo 133 del APK, conocerá del asunto el tribunal contencioso-administrativo en cuya jurisdicción tenga su sede el Direktor, esto es, Sofía.
14. El Administrativen sad Sofia-grad estima que el conflicto de competencia debe someterse al Varhoven administrativen sad). Sin embargo, el Administrativen sad Sofia-grad alberga dudas acerca de la interpretación y el alcance que procede dar a los principios de autonomía procesal, efectividad y equivalencia. Por tanto, decidió suspender el procedimiento y plantear dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.
III – Cuestiones prejudiciales
15. El órgano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) ¿Deben interpretarse el principio de efectividad desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta […] en el sentido de que se oponen a una disposición procesal nacional como el artículo 133, apartado 1, del APK, que vincula la competencia judicial en litigios contencioso-administrativos relacionados con la ejecución de la política agrícola común de la Unión Europea exclusivamente a la sede de la autoridad administrativa que adoptó el acto administrativo impugnado, habida cuenta de que dicha disposición no considera la situación de los terrenos ni el lugar de residencia del justiciable?
2) ¿Debe interpretarse el principio de equivalencia desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia […] en el sentido de que se opone a una disposición procesal nacional como el artículo 133, apartado 1, del APK, que vincula la competencia judicial en litigios contencioso-administrativos relacionados con la ejecución de la política agrícola común de la Unión Europea exclusivamente a la sede de la autoridad administrativa que adoptó el acto administrativo impugnado, si se tiene en cuenta el [apartado 19 de las disposiciones transitorias y finales de la Ley por la que se modifica y complementa el APK], que versa sobre la competencia judicial en litigios contencioso-administrativos nacionales relacionados con terrenos agrícolas?»
IV – Análisis
16. Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta esencialmente si los principios de equivalencia y efectividad, así como el artículo 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma procesal nacional, como el artículo 133, apartado 1, del APK, que tiene como consecuencia concentrar en el Administrativen sad Sofia-grad los litigios relativos a las decisiones de la autoridad nacional responsable del pago de las ayudas agrícolas al amparo de la PAC.
A – Observaciones preliminares
17. En sus observaciones escritas, el Gobierno alemán alega la falta de competencia del Tribunal de Justicia para responder a la primera cuestión prejudicial en la medida en que se refiere al artículo 47 de la Carta. Considera que la disposición controvertida en el litigio principal no se refiere a la aplicación del Derecho de la Unión.
18. No comparto esta opinión.
19. En virtud del artículo 51, apartado 1, de la Carta, las disposiciones de esta última se dirigen a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. El apartado 2 de dicho artículo prevé, por su parte, que la Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados.
20. Los apartados 1 y 2 de dicho artículo están íntimamente relacionados. En efecto, el apartado 1 especifica su ámbito de aplicación y el apartado 2 lo confirma, indicando que la Carta no puede tener por efecto ampliar las competencias o misiones conferidas a la Unión por los Tratados. Se trata de mencionar explícitamente lo que lógicamente se infiere del principio de subsidiariedad y del hecho de que la Unión sólo disponga de competencias de atribución. (3)
21. En el caso de autos, conviene recordar el contexto jurídico en el que se sitúa el presente asunto. El artículo 133, apartado 1, del APK prevé una norma de atribución de competencia, en particular, en lo que respecta a los litigios sobre el pago de las ayudas agrícolas al amparo del Reglamento nº 1122/2009. Es cierto que dicha norma no persigue trasponer el citado Reglamento. Sin embargo, afecta necesariamente al Derecho de la Unión y en especial a los derechos de los justiciables derivados de dicho Reglamento, en la medida en que, si se comprueba que la mencionada norma vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, dichos derechos podrían verse modificados considerablemente o incluso totalmente denegados.
22. Por consiguiente, la República de Bulgaria, al adoptar esa norma de competencia, actúa en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. (4)
23. Admitir que no se trata, en el presente asunto, de una aplicación del Derecho de la Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, basándose en que la norma de que se trata es una norma procesal nacional, equivaldría a excluir toda posibilidad de examinar la compatibilidad de una norma de ese tipo con los derechos fundamentales garantizados por la Carta.
24. Además, no entiendo en qué sentido el examen de la cuestión prejudicial, a la luz del artículo 47 de la Carta, ampliaría el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de ésta o crearía una competencia o misión nueva para la Unión o modificaría las competencias y misiones definidas en los Tratados, en el sentido del artículo 51, apartado 2, de la Carta.
B – Sobre las cuestiones prejudiciales
25. En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la cuestión de si la atribución de una competencia exclusiva, a favor del Administrativen sad Sofia-grad, en un grupo determinado de litigios, a saber, los relativos a las decisiones de la autoridad nacional responsable del pago de las ayudas agrícolas al amparo de la PAC, puede privar a los interesados, en este caso los agricultores, de una tutela judicial efectiva.
26. A este respecto, procede recordar que, en virtud de reiterada jurisprudencia, a falta de normativa de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos de los justiciables derivados del Derecho de la Unión. (5)
27. Se trata en este caso de una manifestación del principio de autonomía procesal de los Estados miembros. Sin embargo, no es menos cierto que esta regulación procesal no debe ser menos favorable que la que regula las acciones de Derecho interno similares (principio de equivalencia), y no debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). (6)
28. Por tanto, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que declare si estos principios y el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 47 de la Carta se oponen a una normativa nacional que atribuye competencia exclusiva al Administrativen sad Sofia-grad en los litigios relativos al pago de ayudas agrícolas en el marco de la PAC.
29. Sin embargo, considero oportuno llevar a cabo este examen únicamente desde el punto de vista del artículo 47 de la Carta.
30. En efecto, las exigencias de equivalencia y de efectividad expresan la obligación general a cargo de los Estados miembros de garantizar la tutela judicial de los derechos que los justiciables deducen del Derecho de la Unión. (7)
31. El principio de tutela judicial efectiva, que es un derecho fundamental, incluye el derecho a un recurso efectivo. (8) Este derecho se recoge en el artículo 47, párrafo primero, de la Carta, que afirma que toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva.
32. Así pues, a la vista de estos elementos, me parece que la cuestión sólo puede examinarse a la luz de esta disposición. (9)
33. Más específicamente, la cuestión consiste en determinar si se impide al solicitante de una ayuda agrícola, en el marco de la PAC, invocar sus derechos derivados de la legislación de la Unión por el mero hecho de que los litigios relativos al pago de dicha ayuda se concentran exclusivamente en el Administrativen sad Sofia-grad. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente estima que la distancia geográfica entre el lugar de residencia del solicitante y el lugar en el que está ubicado el órgano jurisdiccional podría, en ciertos casos como el del litigio principal, constituir un obstáculo al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que impide el acceso físico a un tribunal o, al menos, disuade a dicho solicitante de comparecer en juicio. Por tanto, existe una vulneración del artículo 47, párrafo primero, de la Carta.
34. En realidad, la cuestión de la especialización del Administrativen sad Sofia-grad se sitúa en el núcleo de la controversia. ¿Se impide así en concreto el acceso físico de un justiciable al tribunal o, al menos, le disuade?
35. En el ejercicio de su poder soberano, los Estados miembros optan a menudo por la especialización de los litigios en la organización de su estructura jurisdiccional, bien porque los litigios de que se trata son de carácter técnico o bien porque son especiales, como los relativos a patentes, menores de edad o terrorismo. (10)
36. Esta especialización puede presentar distintas formas, como la concentración de litigios ante un órgano jurisdiccional o la creación de salas especializadas en el seno de un mismo órgano jurisdiccional.
37. Así, el Estado miembro ha de tomar en consideración varios factores para la organización de la planta judicial del territorio y, en particular, la accesibilidad de los medios de transporte con objeto de que el justiciable pueda disfrutar de un acceso físico efectivo al órgano jurisdiccional. La apreciación así efectuada por las autoridades nacionales depende de las particularidades propias de cada territorio.
38. Por consiguiente, si bien es cierto que la obligación general a cargo de los Estados miembros de garantizar la tutela judicial de los derechos que los justiciables deducen del Derecho de la Unión también se aplica respecto a la designación de los tribunales competentes para conocer de las demandas basadas en dicho Derecho, (11) el Tribunal de Justicia no puede sustituir la apreciación de los Estados miembros por la suya propia en lo que se refiere al sistema que procede adoptar en materia de reparto de litigios y organización de la planta judicial en sus territorios respectivos. (12) El Estado miembro es el que está mejor situado para ello, ya que es el único que dispone de los conocimientos esenciales para realizar tal apreciación.
39. A mi juicio, el Tribunal de Justicia debe limitarse por tanto a indicar al juez nacional los elementos que han de tenerse en cuenta para dilucidar si la concentración de litigios en un órgano jurisdiccional obstaculiza excesivamente el acceso a los tribunales, vulnerando así el derecho a la tutela judicial efectiva.
40. A este respecto, en el apartado 45 de la sentencia DEB, antes citada, que se refería a la concesión de la asistencia jurídica gratuita, el Tribunal de Justicia declaró, retomando así la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el derecho de acceso a los tribunales no constituye un derecho absoluto. En consecuencia, el Tribunal de Justicia señaló que corresponde al juez nacional comprobar si los requisitos para la concesión de la asistencia jurídica gratuita constituyen una limitación del derecho de acceso a los tribunales que pueda afectar a la propia esencia de este derecho, si persiguen un fin legítimo y si existe una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido. (13)
41. Así debe suceder también en el presente asunto.
42. En particular, para determinar si la norma de atribución de competencia controvertida en el litigio principal vulnera el derecho de acceso a los tribunales, conviene en primer lugar, como indicó la Comisión en sus observaciones, comparar la distancia que el demandante deberá recorrer con la existencia de los medios de transporte que permiten desplazarse a Sofía. En el caso de autos, de los hechos del litigio principal se desprende que el domicilio de Agrokonsulting está ubicado en Burgas, a aproximadamente 370 kilómetros de Sofía. El órgano jurisdiccional remitente deberá tener en cuenta la existencia de una red de autopistas, así como del ferrocarril y el transporte aéreo.
43. A este respecto, el Direktor señaló en la vista que eran necesarias aproximadamente tres horas por autopista para desplazarse entre las dos ciudades. Si bien es cierto que esta distancia puede parecer considerable a juicio de los justiciables más vulnerables, no me parece que constituya un obstáculo sustancial que restrinja de manera excesiva el acceso al Administrativen sad Sofia-grad.
44. En todo caso, en su apreciación el órgano jurisdiccional remitente deberá verificar si los medios de transporte existentes son fácilmente accesibles por el demandante y si el coste que pueden ocasionar no es prohibitivo hasta el punto de disuadirle de interponer un recurso contra la decisión del Direktor por la que se desestimó su solicitud de ayuda agrícola. El órgano jurisdiccional remitente podrá, por ejemplo, apreciar estos costes a la luz de la cantidad que puede concederse a través de la asistencia jurídica gratuita.
45. Estos elementos deberán ponderarse también con el objetivo que persigue la norma nacional de atribución de competencia. En el caso de autos, la especialización del Administrativen sad Sofia-grad en los litigios relativos al pago de las ayudas agrícolas se explica por las propias particularidades de estos litigios.
46. En efecto, tanto en las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia como en la vista, todas las partes han mencionado estas particularidades. Así, la prueba del cumplimiento de los requisitos para obtener las ayudas agrícolas es aportada por los expertos designados por el órgano jurisdiccional. El Direktor señaló que dichos expertos no se desplazan nunca al lugar de que se trata, ya que utilizan la ortofotografía, es decir imágenes aéreas o por satélite que son consultadas en el sistema de control integrado ubicado en Sofía. En este tipo de litigios, el contacto directo y personal con el demandante parece por tanto mucho menos esencial que en el caso de litigios en materia penal o familiar, por ejemplo.
47. Por último, no hay que pasar por alto que la concentración de litigios en un órgano jurisdiccional permite a éste adquirir una cierta experiencia, cuyo efecto consiste, en particular, en acortar los plazos del procedimiento. En el presente asunto, el Gobierno búlgaro indicó en la vista que los plazos ante el Administrativen sad Sofia-grad son de seis a ocho meses, frente a los doce o dieciocho que son la norma general. Pues bien, el derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable constituye también un aspecto esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. (14)
48. Por consiguiente, la especialización de un órgano jurisdiccional puede contribuir a una buena administración de justicia y a una resolución eficaz de los litigios, en interés de los justiciables. A este respecto, la Comisión señaló en la vista un elemento que me parece especialmente pertinente en el caso de autos. En efecto, en el marco de los pagos efectuados al amparo de la PAC, según el artículo 9 del Reglamento (CE) nº 883/2006, (15) todo gasto que se abone fuera de los términos o plazos reglamentarios se reducirá en el momento de la contabilización de los pagos. Los agricultores a los que se deniegue el pago de una ayuda agrícola por este motivo tendrán por tanto interés en que el recurso se resuelva rápidamente, por correr el riesgo de que en caso contrario el importe abonado se reduzca.
49. A la luz de las consideraciones precedentes, considero que el artículo 47, párrafo primero, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma procesal nacional, como la prevista en el artículo 133, apartado 1, del APK, en virtud de la cual se concentran los litigios relativos a las decisiones de la autoridad nacional responsable del pago de las ayudas agrícolas al amparo de la PAC en el Administrativen sad Sofia-grad, siempre que dicha norma no obstaculice de manera excesiva el acceso del justiciable a los tribunales, lo cual deberá ser comprobado por el juez nacional.
V – Conclusión
50. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia responder al Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) del siguiente modo:
«El artículo 47, párrafo primero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma procesal nacional, como la prevista en el artículo 133, apartado 1, del Código de procedimiento administrativo, en virtud de la cual se concentran los litigios relativos a las decisiones de la autoridad nacional responsable del pago de las ayudas agrícolas al amparo de la política agrícola común en el Administrativen sad Sofia-grad, siempre que dicha norma no obstaculice de manera excesiva el acceso del justiciable a los tribunales, lo cual deberá ser comprobado por el juez nacional.»
(1) .
(2)  ,	DO L 316, p. 65.
(3)  ,	Véanse las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales (DO 2007, C 303, p. 17).
(4)  ,	Las explicaciones correspondientes al artículo 51, apartado 1, de la Carta señalan que «en lo que a los Estados miembros se refiere, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende inequívocamente que la obligación de respetar los derechos fundamentales definidos en el marco de la Unión sólo se impone a los Estados miembros cuando actúan en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión»
(el subrayado es mío). Se citan en particular las sentencias de 13 de julio de 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609), de 18 de junio de 1991, ERT/DEP (C-260/89, Rec. p. I-2925) y de 18 de diciembre de 1997, Annibaldi (C-309/96, Rec. p I-7493). Me remito asimismo a los puntos 116 a 120 de mis conclusiones presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia de 6 de septiembre de 2011, Scattolon (C-108/10, Rec. p. I-7491). Para una confirmación de esta interpretación, véase, muy recientemente, la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10), apartados 17 y ss.
(5)
,	Véase la sentencia de 15 de abril de 2008, Impact (C-268/06, Rec. p. I-2483), apartado 44 y jurisprudencia citada.
(6)
,	Véase la sentencia de 22 de diciembre de 2010, DEB (C-279/09, Rec. p. I-13849), apartado 28 y jurisprudencia citada.
(7)  ,	Véase la sentencia de 29 de octubre de 2009, Pontin (C-63/08, Rec. p. I-10467), apartado 44 y jurisprudencia citada.
(8)  ,	Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros (C-199/11), apartados 46 y 48 y jurisprudencia citada.
(9)  ,	En la sentencia DEB, antes citada, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente se refería a si el principio de efectividad debía interpretarse en el sentido de que este principio se oponía a una normativa nacional según la cual el ejercicio de la acción se supeditaba al pago anticipado de costas procesales y no procedía conceder la asistencia jurídica gratuita a una persona jurídica aunque no pudiera satisfacer ese pago anticipado. El Tribunal de Justicia reformuló la cuestión planteada para examinarla únicamente a la luz del artículo 47 de la Carta (apartados 27 a 33).
(10)  ,	Véase el siguiente vínculo de Internet: https://e-justice.europa.eu
(11)  ,	Véase la sentencia Impact, antes citada, apartados 47 y 48. Véase también la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C-224/01, Rec. p. I-10239), apartado 46.
(12)  ,	Véase, en este sentido, la sentencia Köbler, antes citada, apartado 47 y jurisprudencia citada.
(13)  ,	Sentencia DEB, antes citada, apartados 46, 47 y 60.
(14)  ,	Véase el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta.
(15)  ,	Reglamento de la Comisión de 21 de junio de 2006 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la contabilidad de los organismos pagadores, a las declaraciones de gastos y de ingresos y a las condiciones de reintegro de los gastos en el marco del FEAGA y del FEADER (DO L 171, p. 1).