Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 12 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Devolución del IVA — Directiva 2008/9/CE — Artículos
2, 15 y 23 — Principios de neutralidad del IVA, de efectividad y de proporcionalidad — Sujeto pasivo establecido en un Estado miembro distinto del de devolución del IVA — Solicitud de devolución del IVA — Problemas de orden técnico en la transmisión electrónica de la solicitud — Inacción de la Administración tributaria del Estado miembro de devolución ante la que se presenta la solicitud — Resolución judicial firme — Fuerza de cosa juzgada »
En el asunto C‑527/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara (Tribunal de lo Tributario de Primera Instancia de Pescara, Italia), mediante resolución de 19 de julio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de julio de 2024, en el procedimiento entre
Harry et Associés Sarl
y
Agenzia delle entrate — Riscossione — Pescara,
Agenzia delle entrate — Centro operativo di Pescara,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. M. Condinanzi, Presidente de Sala, y los Sres. N. Jääskinen y A. Kornezov (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Harry et Associés Sarl, por el Sr. L. Del Federico, avvocato;
–        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. S. Fiorentino, en calidad de agente, asistido por la Sra. G. M. De Socio y por el Sr. A. Giovannini, avvocati dello Stato;
–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. P. Carlin y F. Moro, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 167 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1), en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008 (DO 2008, L 44, p. 11) (en lo sucesivo, «Directiva del IVA»), considerado a la luz de los principios de neutralidad fiscal y de proporcionalidad.
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Harry et Associés Sarl, una sociedad de Derecho francés, y la Agenzia delle entrate — Riscossione — Pescara (Administración Tributaria — Servicio de Recaudación — Pescara, Italia) y la Agenzia delle entrate — Centro Operativo di Pescara (Administración Tributaria — Centro Operativo de Pescara, Italia) (en lo sucesivo, «COP») en relación con una solicitud de devolución del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva del IVA
3        El artículo 167 de la Directiva del IVA dispone:
«El derecho a deducir nace en el momento en que es exigible el impuesto deducible.»
4        El artículo 169 de esta Directiva establece:
«Además de la deducción contemplada en el artículo 168, el sujeto pasivo tendrá derecho a deducir el IVA a que se refiere dicho artículo en la medida en que los bienes y los servicios se utilicen para las necesidades de las siguientes operaciones:
a)      sus operaciones correspondientes a las actividades contempladas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 9, efectuadas fuera del Estado miembro en el que dicho impuesto debe devengarse o pagarse, que hubiesen originado el derecho a la deducción si se hubieran efectuado en dicho Estado miembro;
b)      sus operaciones exentas conformes a los artículos
138, 142 y 144, los artículos
146 a 149, los artículos
151, 152, 153 y 156, la letra b) del apartado
1 del artículo
157, los artículos
158 a
161 y el artículo 164;
c)      sus operaciones exentas conforme a las letras a) a f) del apartado 1 del artículo 135, cuando el destinatario esté establecido fuera de la Comunidad [Europea] o cuando estas operaciones estén directamente relacionadas con los bienes que se destinan a ser exportados fuera de la Comunidad.»
5        Con arreglo al artículo 170 de dicha Directiva:
«Todo sujeto pasivo que, con arreglo […] al artículo 2, punto 1, y al artículo 3 de la Directiva 2008/9/CE [del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro (DO 2008, L 44, p. 23; corrección de errores en DO L, 2025/90659),] y al artículo 171 de la presente Directiva, no esté establecido en el Estado miembro en el que realice las compras de bienes y servicios o las importaciones de bienes gravados con IVA, tendrá derecho a obtener la devolución de dicho impuesto en la medida en que los bienes o servicios se utilicen para las operaciones siguientes:
a)      las operaciones contempladas en el artículo 169;
b)      las operaciones para las que únicamente adeudan el impuesto el adquiriente o el destinatario de conformidad con los artículos 194 a 197 y 199.»
6        El artículo 171, apartado 1, de la Directiva del IVA establece:
«La devolución del IVA en favor de los sujetos pasivos que no estén establecidos en el Estado miembro en el que realicen las compras de bienes y servicios o las importaciones de bienes gravados con el IVA, pero que estén establecidos en otro Estado miembro, se efectuará según las normas de desarrollo previstas por la Directiva [2008/9].»
Directiva 2008/9
7        A tenor del considerando 3 de la Directiva 2008/9:
«El nuevo procedimiento debe mejorar la posición de las empresas, pues los Estados miembros estarán obligados a pagar intereses si se ha realizado tarde la devolución, y reforzará el derecho de las empresas a recurrir.»
8        El artículo 1 de esta Directiva dispone:
«La presente Directiva establece las disposiciones de aplicación relativas a la devolución del [IVA], prevista en el artículo 170 de la [Directiva del IVA], a los sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3.»
9        El artículo 2 de la Directiva 2008/9 preceptúa:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
4)      “solicitud de devolución”, la solicitud presentada por el sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro de devolución para que se le devuelva el IVA soportado en el Estado miembro de devolución por los bienes o servicios que le hayan sido entregados o prestados por otros sujetos pasivos en ese Estado miembro o por la importación de bienes en dicho Estado miembro
[…]».
10      El artículo 3 de esta Directiva dispone:
«La presente Directiva se aplicará a los sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución que reúnan las siguientes condiciones:
a)      durante el período de devolución, no hayan tenido en el Estado miembro de devolución, la sede de su actividad económica, o un establecimiento permanente desde el que se hayan realizado operaciones económicas, o, en caso de no existir dicha sede o establecimiento permanente, su domicilio o residencia habitual;
b)      durante el período de devolución, no hayan entregado bienes o prestado servicios que se consideren entregados o prestados en el Estado miembro de devolución, excepto cuando se trate de las siguientes operaciones:
i)      la prestación de servicios de transporte y servicios accesorios exentos en virtud de lo dispuesto en los artículos 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 y 160 de la [Directiva del IVA];
ii)      la entrega de bienes y la prestación de servicios a la persona que sea deudora del impuesto según lo especificado en los artículos 194 a 197 y el artículo 199 de la [Directiva del IVA].»
11      El artículo 5 de la Directiva 2008/9 establece:
«Cada Estado miembro reembolsará a los sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución la cuota del IVA que hayan soportado en relación con bienes y servicios que les hayan sido entregados o prestados por otros sujetos pasivos en ese Estado miembro o en relación con la importación de bienes en dicho Estado miembro, a condición de que tales bienes y servicios se utilicen a efectos de las siguientes operaciones:
a)      las operaciones a que se refiere el artículo 169, letras a) y b), de la [Directiva del IVA];
b)      las operaciones para una persona obligada al pago del impuesto con arreglo a lo dispuesto en los artículos 194 a 197 y el artículo 199 de la [Directiva del IVA], según se apliquen en el Estado miembro de devolución.
Sin perjuicio del artículo 6 y a los efectos de la aplicación de la presente Directiva, el derecho a devolución del impuesto soportado se determinará con arreglo [a] la [Directiva del IVA], según se aplique en el Estado miembro de devolución.»
12      El artículo 7 de la Directiva 2008/9 está redactado en los siguientes términos:
«A fin de obtener la devolución del IVA en el Estado miembro de devolución, el sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro de devolución deberá dirigir una solicitud de devolución electrónica al Estado miembro de devolución, y presentarla al Estado miembro en que esté establecido a través del portal electrónico puesto a disposición por ese Estado miembro.»
13      El artículo 15 de esta Directiva establece:
«1.      La solicitud de devolución deberá presentarse al Estado miembro de establecimiento a más tardar el 30 de septiembre del año civil siguiente al período de devolución. La solicitud de devolución se considerará como presentada únicamente si el solicitante ha facilitado toda la información exigida en los artículos 8, 9 y 11.
2.      El Estado miembro de establecimiento deberá enviar sin demora al solicitante un acuse de recibo electrónico.»
14      El artículo 20, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
«Cuando el Estado miembro de devolución considere que no ha recibido toda la información pertinente sobre la que basar su decisión en relación con la totalidad o una parte de la devolución solicitada, podrá solicitar por vía electrónica la información adicional, en particular al solicitante o a la autoridad competente del Estado miembro de establecimiento dentro del plazo de cuatro meses a que se refiere el artículo 19, apartado 2. Cuando la información adicional haya sido solicitada a una persona que no sea dicho solicitante ni la autoridad competente del Estado miembro de establecimiento, la solicitud solo se hará por vía electrónica, solo si el receptor de la solicitud cuenta con dichos medios electrónicos.
De ser necesario, el Estado miembro de devolución podrá solicitar información ulterior.
[…]»
15      Con arreglo al artículo 23 de la misma Directiva:
«1.      Si se denegara la solicitud de devolución en su totalidad o en parte, el Estado miembro de devolución deberá comunicar al solicitante la razón de dicha denegación junto con la decisión.
2.      Contra las decisiones de desestimación de las solicitudes de devolución cabrá recurso del solicitante ante las autoridades competentes del Estado miembro de devolución en las mismas condiciones en cuanto a la forma y los plazos que las previstas para los recursos correspondientes a las solicitudes de devolución presentadas por personas establecidas en dicho Estado miembro.
Cuando, con arreglo a la legislación del Estado miembro de devolución, el hecho de no tomar una decisión sobre la solicitud de devolución en los plazos fijados en la presente Directiva no sea considerado como una aceptación ni como un rechazo de dicha solicitud, todos los procedimientos administrativos y judiciales que sean accesibles en dicha situación a los sujetos pasivos que estén establecidos en ese Estado miembro deberán ser igualmente accesibles al solicitante. De no existir dichos procedimientos, el hecho de no tomar una decisión sobre la solicitud de devolución dentro [de] los plazos fijados se considerará como un rechazo de dicha solicitud.»
Derecho italiano
Decreto n.º 633/1972
16      El decreto del Presidente della Repubblica n. 633 — Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (Decreto del Presidente de la República n.º 633 por el que se establece y se regula el impuesto sobre el valor añadido), de 26 de octubre de 1972 (GURI n.º 292, de 11 de noviembre de 1972, suplemento ordinario n.º 1; en lo sucesivo, «Decreto n.º 633/1972»), dispone, en su artículo 38 bis 2, que lleva por título «Realización de las devoluciones a los no residentes establecidos en otro Estado miembro de la Comunidad»:
«1.      Las personas establecidas en otros Estados miembros de la Comunidad, sujetas al impuesto en el Estado en el que tengan su domicilio o su residencia habitual, solicitarán la devolución del impuesto pagado por la importación de bienes y por la adquisición de bienes y servicios, siempre que sea deducible en virtud de los artículos 19 y 19 bis, apartados 1 y 2, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. No podrán solicitar la devolución aquellas personas que dispusieran de un establecimiento permanente en el territorio del Estado durante el período de referencia […]
[…]
4.      La solicitud de devolución se enviará telemáticamente a través del Estado miembro en el que tenga su domicilio el solicitante.
5.      […] La decisión relativa a la devolución del impuesto se notificará al solicitante en los cuatro meses siguientes a la recepción de la solicitud, salvo en los casos previstos en los apartados siguientes.
6.      En el plazo de cuatro meses previsto en el apartado 5, la Administración tributaria podrá pedir por vía electrónica al solicitante de la devolución o al Estado miembro en el que este esté establecido información adicional a los efectos de obtener todos los datos pertinentes sobre los que fundamentar la decisión de devolución. La información adicional podrá solicitarse, en su caso, a otra persona, incluso por vía telemática, a condición de que el destinatario disponga de los medios necesarios. La información solicitada se facilitará a la Administración tributaria en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud por el destinatario. En caso de que se solicite información adicional, la comunicación a que se refiere el apartado 5 se efectuará en los dos meses siguientes a la fecha en que la información haya llegado a la Administración tributaria o en los dos meses siguientes a la expiración infructuosa del plazo de un mes mencionado en la tercera frase. Dichos plazos no serán aplicables si expiran antes de que transcurran seis meses desde la recepción de la solicitud de devolución, en cuyo caso la Administración tributaria procederá a la notificación contemplada en el apartado 5 en los seis meses siguientes a la recepción de la solicitud.
7.      La Administración tributaria podrá solicitar información complementaria a la prevista en el apartado 6. La información solicitada se facilitará a la Administración tributaria en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud por el destinatario. En tal supuesto, la comunicación contemplada en el apartado 5 se realizará, en cualquier caso, en los ocho meses siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de devolución.
[…]
11.      Las personas que reciban una devolución indebida deberán restituir las cantidades indebidamente devueltas en el plazo de sesenta días a partir de la notificación de la decisión adoptada a tal efecto por la Administración tributaria […]
12.      A la espera del pago del importe adeudado en concepto de devolución indebidamente efectuada y de las sanciones correspondientes, la Administración tributaria suspenderá cualquier reembolso posterior al interesado hasta un importe equivalente.»
Decreto Legislativo n.º 546/1992
17      El artículo 21, apartado 2, del decreto legislativo
n. 546 — Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Decreto Legislativo
n.º 546, por el que se establecen disposiciones relativas al procedimiento tributario en virtud de la delegación otorgada al Gobierno con arreglo al artículo 30 de la Ley n.º 413 de 30 de diciembre de 1991), de 31 de diciembre de 1992 (GURI n.º 9, de 13 de enero de 1993, suplemento ordinario n.º 8; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo
n.º 546/1992»), establece:
«Podrá interponerse recurso contra una resolución desestimatoria tácita en el sentido del artículo 19, apartado 1, letras g) y g) bis, una vez transcurridos noventa días desde la presentación de la solicitud de devolución dentro de los plazos previstos por cada ley tributaria y mientras no haya prescrito el derecho a devolución. A falta de disposiciones específicas, la solicitud de devolución no podrá presentarse una vez transcurridos dos años desde la fecha de pago o desde el día en que se haya producido el hecho generador de la devolución, si esta última fecha fuera posterior.»
Código Civil
18      El artículo 2909 del codice civile (Código Civil), titulado «Cosa juzgada», dispone:
«Las apreciaciones realizadas en una sentencia que haya adquirido fuerza de cosa juzgada vincularán plenamente a las partes, a sus herederos y a sus causahabientes.»
Código de Procedimiento Civil
19      El artículo 324 del Codice di procedura civile (Código de Procedimiento Civil), que lleva por título «Fuerza de cosa juzgada formal», preceptúa:
«Se considerará firme aquella sentencia que ya no pueda ser objeto de un recurso en materia de competencia, de un recurso de apelación, de un recurso de casación o de un recurso de revisión por los motivos enunciados en el artículo 395, puntos 4 y 5».
Litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
20      El 26 de septiembre de 2016, Harry et Associés presentó ante la Administración tributaria francesa una solicitud de devolución del IVA por un importe de 98 740,93 euros en concepto de operaciones realizadas en Italia en 2015.
21      Dicha Administración transmitió la solicitud por vía electrónica al COP, que era la Administración tributaria del Estado miembro de devolución. Ahora bien, el fichero electrónico que contenía dicha solicitud presentaba ciertos errores técnicos que lo hacían ilegible. Por este motivo, aunque la propia solicitud fue recibida debidamente por la Administración tributaria francesa y a continuación por el COP, no fue tramitada ni examinada por este último.
22      Debido a la ausencia de devolución del IVA y de cualquier actuación por parte del COP, Harry et Associés presentó una demanda ante la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara (Tribunal de lo Tributario de Primera Instancia de Pescara, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente. En una primera sentencia, este reconoció el derecho de Harry et Associés a la devolución del IVA.
23      En consecuencia, el COP devolvió el IVA en cuestión a esta sociedad, a la vez que interpuso recurso de apelación contra esta sentencia ante la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (Tribunal de lo Tributario de Segunda Instancia, Italia).
24      Este último órgano jurisdiccional anuló la mencionada sentencia de primera instancia, al considerar que, debido a problemas de orden técnico en la transmisión electrónica de la solicitud de devolución del IVA, esta solicitud no debía considerarse como presentada, de manera que la inacción del COP no podía asimilarse a una resolución desestimatoria tácita de tal solicitud. Por consiguiente, declaró inadmisible la demanda presentada por Harry et Associés.
25      A continuación, Harry et Associés interpuso un recurso de casación ante la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia), que lo desestimó mediante auto, esencialmente por los mismos motivos que se han expuesto en el apartado anterior.
26      Posteriormente, el COP emitió un acto de recaudación contra Harry et Associés por el importe del IVA anteriormente devuelto, incrementado en intereses de demora y costas judiciales.
27      Mediante un nuevo recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, Harry et Associés impugnó dicho acto de recaudación.
28      En esencia, el órgano jurisdiccional remitente estima que el referido acto de recaudación vulnera el derecho de Harry et Associés a la devolución del IVA y el principio de neutralidad del IVA. Considera que no puede negarse este derecho debido a problemas de orden técnico en la transmisión electrónica de la solicitud de devolución que no son imputables a Harry et Associés.
29      Asimismo, se pregunta si la fuerza de cosa juzgada del auto de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) impide que se pronuncie, en el asunto principal, sobre la existencia, en favor de Harry et Associés, de un derecho a la devolución del IVA, a la luz, en particular, de las sentencias de 21 de febrero de 2006, Halifax y otros (C‑255/02, EU:C:2006:121), de 18 de julio de 2007, Lucchini (C‑119/05, EU:C:2007:434), y de 3 de septiembre de 2009, Fallimento Olimpiclub (C‑2/08, EU:C:2009:506).
30      En estas circunstancias, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pescara (Tribunal de lo Tributario de Primera Instancia de Pescara) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Se oponen el artículo 167 de la Directiva [del IVA] y los principios generales de neutralidad del IVA y de proporcionalidad de la limitación del derecho a deducción del IVA:
a)      a una normativa nacional como la contenida en el artículo 21, apartado 2, del Decreto Legislativo [n.º 546/1992] y en el artículo 38 bis 2, del Decreto [n.º 633/1972], que, en el ordenamiento jurídico interno, al permitir considerar carente de efectos una solicitud de devolución viciada por errores técnicos informáticos, excluye el acceso a la justicia y puede dar lugar a la pérdida del derecho a la devolución en una situación material en la que corresponde al sujeto pasivo la devolución del IVA;
b)      a un principio jurídico, como el establecido por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), según el cual “la solicitud de la devolución del saldo acreedor del IVA, que, debido a problemas de orden técnico en la transmisión telemática, no es visible para la Administración tributaria, no puede dar lugar a silencio negativo, susceptible de recurso, en la medida en que la Administración tributaria no está en condiciones de pronunciarse”, que, en el caso de autos puede impedir el acceso directo a la justicia y, por tanto, puede entrañar la pérdida del derecho a la devolución del impuesto, no obstante una situación material en la que se reconoce ese derecho?»
31      El órgano jurisdiccional remitente también solicitó al Tribunal de Justicia que sometiera el presente asunto al procedimiento acelerado previsto en el artículo 105, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2024, Harry et Associés (C‑527/24, EU:C:2024:966), este decidió desestimar tal solicitud.
Sobre la cuestión prejudicial
Sobre la admisibilidad
32      El Gobierno italiano afirma que la cuestión planteada carece de pertinencia debido a que, en virtud de los problemas de orden técnico de la solicitud de devolución del IVA presentada por Harry et Associés, esta solicitud no puede considerarse como presentada en el sentido del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/9.
33      A este respecto, debe señalarse que, en la medida en que la alegación formulada por este Gobierno versa sobre la cuestión de la presentación de una solicitud de devolución del IVA, en el sentido del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/9, esta problemática se refiere al fondo de la cuestión prejudicial y no a su admisibilidad, de modo que debe examinarse en el marco del examen del fondo de dicha cuestión (véase, por analogía, la sentencia de 19 de septiembre de 2024, Consiglio nazionale delle Ricerche, C‑439/23, EU:C:2024:773, apartado 27 y jurisprudencia citada).
34      Por lo tanto, procede declarar que la cuestión prejudicial es admisible.
Sobre el fondo
35      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le planteen. El hecho de que un órgano jurisdiccional nacional, en el plano formal, haya formulado una cuestión prejudicial refiriéndose a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia proporcione a ese órgano jurisdiccional todos los elementos de interpretación que puedan permitirle resolver el asunto del que conoce, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio (sentencia de 4 de octubre de 2024, Herbaria Kräuterparadies II, C‑240/23, EU:C:2024:852, apartado 46 y jurisprudencia citada).
36      En la formulación de su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación, en particular, del artículo 167 de la Directiva del IVA, que es relativo a la fecha en la que nace el derecho a la deducción del IVA.
37      Pues bien, en el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende, por una parte, que el litigio principal no se refiere al derecho a la deducción del IVA, sino al derecho a la devolución de dicho impuesto, regulado por los artículos 170 y 171, apartado 1, de la Directiva del IVA, así como por las disposiciones de la Directiva 2008/9, cuyos artículos 15, apartado 1, segunda frase, 20, apartado 1, y 23, apartado 2, tienen una especial relevancia para la respuesta que debe darse a la cuestión prejudicial, puesto que, en el presente caso, reclama este derecho a la devolución un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro distinto del de devolución del IVA, a saber, en una situación que se rige por lo dispuesto en esta última Directiva.
38      Por otra parte, como se ha señalado en el apartado 29 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional remitente se plantea la duda de si, para poder subsanar la posible incompatibilidad de la normativa nacional, tal como la interpreta la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), con el Derecho de la Unión, debe inaplicar el auto de dicho órgano jurisdiccional, que ha adquirido fuerza de cosa juzgada.
39      En estas circunstancias, debe entenderse la cuestión prejudicial planteada en el sentido de que pregunta al Tribunal de Justicia si los artículos 170 y 171, apartado 1, de la Directiva del IVA, en relación con los artículos 15, apartado 1, segunda frase, 20, apartado 1 y 23, apartado 2, de la Directiva 2008/9, así como con los principios de neutralidad del IVA, de proporcionalidad y de buena administración, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, tal como la interpreta una resolución judicial firme, según la cual un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro distinto del de devolución del IVA se ve privado tanto del derecho a la devolución del IVA como del derecho de acceso a la justicia para impugnar la inacción de la Administración tributaria del Estado miembro de devolución, ante la que se ha presentado la solicitud de devolución del IVA de este sujeto pasivo, por el motivo de que dicha solicitud no puede considerarse como presentada debido a problemas de orden técnico que se produjeron durante su transmisión electrónica.
40      En primer lugar, ha de recordarse, por una parte, que, con arreglo al artículo 170, letra a), de la Directiva del IVA, en relación con el artículo 169 de esta Directiva y con los artículos 3 y 5 de la Directiva 2008/9, todo sujeto pasivo que no esté establecido en el Estado miembro en el que realice las compras de bienes y servicios o las importaciones de bienes gravados con IVA tendrá derecho a obtener la devolución de dicho impuesto en la medida en que los bienes o servicios se utilicen, bien para operaciones correspondientes a las actividades contempladas en el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva del IVA, efectuadas fuera del Estado miembro en el que dicho impuesto debe devengarse o pagarse, que hubiesen originado el derecho a la deducción si se hubieran realizado en dicho Estado miembro, bien para operaciones exentas mencionadas en el artículo 169, letras b) y c), de esta Directiva. Por otra parte, el artículo 171 de la referida Directiva se remite a la Directiva 2008/9 en lo que respecta a las condiciones de ejercicio de este derecho (sentencia de 2 de mayo de 2019, Sea Chefs Cruise Services, C‑133/18, EU:C:2019:354, apartado 33).
41      En cuanto al derecho a devolución, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el derecho de un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro a obtener la devolución del IVA abonado en otro Estado miembro, regulado en la Directiva 2008/9, es análogo al derecho a deducir el IVA soportado en su propio Estado miembro, que reconoce la Directiva del IVA a dicho sujeto pasivo (sentencia de 2 de mayo de 2019, Sea Chefs Cruise Services, C‑133/18, EU:C:2019:354, apartado 34 y jurisprudencia citada).
42      Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que, al igual que el derecho a deducción, el derecho a devolución constituye un principio fundamental del sistema común del IVA, establecido por la legislación de la Unión, que tiene por objeto liberar completamente al empresario de la carga del IVA devengado o pagado en todas sus actividades económicas. El sistema común del IVA garantiza, por lo tanto, la neutralidad con respecto a la carga fiscal de todas las actividades económicas, cualesquiera que sean los fines o los resultados de las mismas, a condición de que dichas actividades estén a su vez, en principio, sujetas al IVA (sentencia de 2 de mayo de 2019, Sea Chefs Cruise Services, C‑133/18, EU:C:2019:354, apartado 35 y jurisprudencia citada).
43      Por lo tanto, el derecho a la devolución forma parte del mecanismo del IVA y, en principio, no puede limitarse. Este derecho puede ejercitarse inmediatamente respecto a la totalidad de las cuotas que hayan gravado las operaciones anteriores (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de mayo de 2019, Sea Chefs Cruise Services, C‑133/18, EU:C:2019:354, apartado 36 y jurisprudencia citada).
44      Pues bien, el principio fundamental de neutralidad del IVA exige que se conceda la devolución del IVA soportado si se cumplen los requisitos materiales, aun cuando los sujetos pasivos hayan omitido determinados requisitos formales. Solo cabría otra conclusión en caso de que el incumplimiento de tales requisitos formales tuviera como efecto impedir la aportación de la prueba cierta de que se han cumplido los requisitos materiales (sentencia de 17 de diciembre de 2020, Bundeszentralamt für Steuern, C‑346/19, EU:C:2020:1050, apartados 47 y 48 y jurisprudencia citada).
45      Así pues, la aplicación estricta de las exigencias formales contravendría los principios de neutralidad y proporcionalidad, dado que tendría como efecto impedir de manera desproporcionada al sujeto pasivo beneficiarse de la neutralidad fiscal con respecto a sus operaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2018, Vădan, C‑664/16, EU:C:2018:933, apartado 42).
46      En lo referente a las condiciones de ejercicio del derecho a la devolución del IVA, según se definen en la Directiva 2008/9, procede señalar que el artículo 7 de esta Directiva dispone que el sujeto pasivo no establecido en el Estado miembro de devolución deberá dirigir su solicitud de devolución a dicho Estado miembro presentándola al Estado miembro en que esté establecido, a través del portal electrónico puesto a disposición por este segundo Estado miembro.
47      Con arreglo al artículo 15, apartado 1, segunda frase, de dicha Directiva, tal solicitud se considerará como presentada al Estado miembro de establecimiento únicamente si dicho sujeto pasivo ha facilitado toda la información exigida en los artículos 8, 9 y 11 de la mencionada Directiva.
48      En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que, el 26 de septiembre de 2016, Harry et Associés presentó, en el plazo previsto en el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/9, a la Administración tributaria francesa, que es la Administración tributaria del Estado miembro de su establecimiento, una solicitud dirigida a obtener la devolución del IVA correspondiente a las operaciones realizadas en Italia en 2015. Esta solicitud fue transmitida por esta Administración al COP, la Administración tributaria del Estado miembro de devolución, por vía electrónica, como establece el artículo 7 de esta Directiva. También se deduce de esta resolución que la mencionada solicitud fue debidamente recibida, en primer lugar, por la Administración tributaria francesa y, en segundo lugar, por el COP. Además, ningún elemento de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia permite considerar que la propia solicitud no contuviera la información exigida en los artículos 8, 9 y 11 de dicha Directiva ni que no se hubieran cumplido los requisitos establecidos en el artículo 3 de la misma Directiva.
49      Asimismo, de la resolución de remisión se desprende que, debido a problemas de orden técnico no imputables al sujeto pasivo, el COP no pudo abrir el fichero electrónico que contenía su solicitud de devolución.
50      A este respecto, es preciso recordar que, cuando un Estado miembro aplica el Derecho de la Unión, las exigencias derivadas del principio general de buena administración y, en particular, el derecho de toda persona a que sus asuntos sean tratados imparcialmente y dentro de un plazo razonable son aplicables en el marco de un procedimiento de inspección tributaria. Dicho principio de buena administración exige que una Administración tributaria como el COP proceda, en el marco de las obligaciones de comprobación que le incumben, a un examen diligente e imparcial de todos los aspectos pertinentes, de modo que se asegure de que dispone, al adoptar su decisión, de los datos más completos y fiables posibles para ello (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2021, CHEP Equipment Pooling, C‑396/20, EU:C:2021:867, apartado 48).
51      Por consiguiente, si, debido a problemas de orden técnico, tal Administración tributaria no consigue abrir el fichero electrónico que contiene una solicitud de devolución del IVA que se le había transmitido debidamente por vía electrónica, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 2008/9, el principio de buena administración exige que comunique al sujeto pasivo, si procede a través de la Administración tributaria del Estado miembro de establecimiento de este último, la existencia de los problemas de orden técnico que le impiden abrir dicho fichero electrónico, solicitándole que los subsane, presentando, en su caso, un nuevo fichero electrónico plenamente funcional.
52      Por lo demás, con arreglo al artículo 20, apartado 1, de la Directiva 2008/9, cuando la Administración tributaria del Estado miembro de devolución considere que no ha recibido la información pertinente sobre la que basar su decisión en relación con la totalidad o una parte de tal solicitud, podrá solicitar por vía electrónica información adicional, en particular al sujeto pasivo o a las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento. Pues bien, esta disposición quedaría en gran medida privada de su efecto útil si esa Administración pudiera considerar inmediatamente que, debido a problemas de orden técnico, no se había presentado ninguna solicitud de devolución, aun cuando la Administración tributaria del Estado miembro de establecimiento del sujeto pasivo le hubiera transmitido tal solicitud por vía electrónica y esta hubiera sido debidamente recibida por la Administración del Estado miembro de devolución.
53      De este modo, en una situación como la descrita en la resolución de remisión y recordada en el apartado 48 de la presente sentencia, los principios de buena administración, de neutralidad del IVA y de proporcionalidad exigen que la Administración tributaria del Estado miembro de devolución considere la solicitud de devolución como «presentada», en el sentido del artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2008/9, y que haga uso, en su caso, de la facultad que le confiere el artículo 20, apartado 1, de dicha Directiva, esencialmente transpuesta al Derecho italiano mediante el artículo 38 bis 2, apartados 6 y 7, del Decreto n.º 633/1972, de solicitar al sujeto pasivo, si procede a través de la autoridad tributaria del Estado miembro de establecimiento de este último, que se le transmita un nuevo fichero electrónico no corrupto y que contenga dicha solicitud (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 2020, Bundeszentralamt für Steuern, C‑346/19, EU:C:2020:1050, apartados 49 a 51).
54      Pues bien, en el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que el COP no comunicó a Harry et Associés, de forma directa o a través de la Administración tributaria de su Estado miembro de establecimiento, la existencia de problemas de orden técnico que le impedían abrir el fichero electrónico que contenía la solicitud de devolución del IVA, solicitándole, en su caso, que los subsanara presentando un nuevo fichero electrónico plenamente funcional. El COP tampoco adoptó resolución expresa alguna rechazando la solicitud de devolución.
55      En estas circunstancias, no cabe considerar, únicamente debido a los problemas de orden técnico que se produjeron durante la transmisión del fichero electrónico que contenía una solicitud de devolución del IVA, que no se hubiera presentado ninguna solicitud, en el sentido del artículo 15, apartado 1, segunda frase, de la Directiva 2008/9, siendo así que tal solicitud se había transmitido efectivamente de conformidad con el procedimiento establecido en esta Directiva y que fue debidamente recibida tanto por la Administración tributaria del Estado miembro de establecimiento del sujeto pasivo como por la del Estado miembro de devolución.
56      En segundo lugar, debe examinarse si el sujeto pasivo dispone, en virtud de la normativa nacional aplicable, tal como la interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales, de un recurso judicial efectivo frente a la inacción de la Administración tributaria del Estado miembro de devolución.
57      A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 23, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2008/9, contra las decisiones de desestimación de las solicitudes de devolución del IVA cabrá recurso del sujeto pasivo afectado ante las autoridades competentes del Estado miembro de devolución en las mismas condiciones en cuanto a la forma y los plazos que las previstas para los recursos correspondientes a las solicitudes de devolución presentadas por personas establecidas en dicho Estado miembro. Según el párrafo segundo de este artículo 23, apartado 2, cuando el hecho de que la Administración tributaria de dicho Estado miembro no tome una decisión no sea considerado como una aceptación ni como un rechazo de dicha solicitud, todos los procedimientos administrativos y judiciales que sean accesibles en la misma situación a los sujetos pasivos que estén establecidos en este mismo Estado miembro deberán ser igualmente accesibles al sujeto pasivo. De no existir dichos procedimientos, el hecho de no tomar una decisión se considerará como un rechazo de dicha solicitud.
58      Esta disposición debe interpretarse a la luz del considerando 3 de dicha Directiva, del que se desprende que esta tiene por objeto, entre otros aspectos, reforzar el derecho de las empresas a recurrir (sentencia de 16 de mayo de 2024, Slovenské Energetické Strojárne, C‑746/22, EU:C:2024:403, apartado 41).
59      Pues bien, aunque dicha disposición tiene por objeto garantizar el derecho de recurso de los sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, no es menos cierto que, en virtud del principio de la autonomía procesal de los Estados miembros, las condiciones de ejercicio de los recursos administrativos o judiciales se rigen por el ordenamiento jurídico interno de dicho Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de mayo de 2024, Slovenské Energetické Strojárne, C‑746/22, EU:C:2024:403, apartado 42).
60      Dicho esto, las normas que regulan estas condiciones no deben ser menos favorables que las que regulan situaciones similares de índole interna (principio de equivalencia) ni tener por efecto que resulte imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de mayo de 2024, Slovenské Energetické Strojárne, C‑746/22, EU:C:2024:403, apartado 43 y jurisprudencia citada).
61      En el presente caso, de la resolución de remisión se desprende, en esencia, que, con arreglo al artículo 21, apartado 2, del Decreto Legislativo
n.º 546/1992, si el sujeto pasivo ha presentado una solicitud de devolución del IVA en el plazo establecido y si la Administración tributaria del Estado miembro de devolución no ha dictado una resolución expresa (positiva o negativa) en el plazo de noventa días desde la fecha de presentación de dicha solicitud, este silencio se considerará como una resolución desestimatoria tácita de dicha solicitud. Según esta disposición, las resoluciones desestimatorias tácitas de las solicitudes de devolución del IVA pueden ser objeto de un recurso jurisdiccional.
62      Así pues, no parece que esta disposición sea incompatible, en sí misma, con las exigencias del artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2008/9.
63      Sin embargo, de la resolución de remisión se desprende que la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), en el auto mencionado en los apartados 25 y 29 de la presente sentencia, adoptó una interpretación del artículo 21, apartado 2, del Decreto Legislativo
n.º 546/1992 según la cual, en esencia, la inacción del COP, ante el que se había presentado una solicitud de devolución del IVA debidamente recibida pero ilegible debido a problemas de orden técnico en su transmisión telemática, no se considera como una resolución desestimatoria tácita que pueda recurrirse ante los tribunales.
64      En estas condiciones, la interpretación del artículo 21, apartado 2, del Decreto Legislativo
n.º 546/1992 adoptada por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), según se ha descrito en el apartado anterior, contraviene las exigencias establecidas en el artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2008/9, según las cuales, en esencia, la ausencia de decisión relativa a una solicitud de devolución debe poder ser objeto de un recurso jurisdiccional.
65      Esta interpretación del artículo 23, apartado 2, de la Directiva 2008/9, además, es la única que respeta el derecho a la tutela judicial efectiva conferido por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a toda persona cuyos derechos garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados.
66      En estas circunstancias, procede considerar que un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro distinto del de devolución del IVA no puede verse privado de los derechos que le reconoce el Derecho de la Unión, a saber, por una parte, su derecho a la devolución del IVA y, por otra, su derecho de acceso a la justicia, para impugnar la inacción de la Administración tributaria del Estado miembro de devolución, ante la que se ha presentado la solicitud de devolución del IVA de este sujeto pasivo, por el motivo de que dicha solicitud no puede considerarse como presentada debido a problemas de orden técnico que se produjeron durante su transmisión electrónica.
67      Pues bien, debe señalarse que de la resolución de remisión se desprende que el órgano jurisdiccional remitente no solo pregunta sobre la compatibilidad del auto de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), mencionado en los apartados 25 y 29 de la presente sentencia, con el Derecho de la Unión, sino que también expresa dudas sobre si este Derecho se opone a la aplicación de las disposiciones nacionales que consagran el principio de fuerza de cosa juzgada, como el artículo 2909 del Código Civil y el artículo 324 del Código de Procedimiento Civil. En particular, estas disposiciones pueden constituir el fundamento jurídico para oponer una excepción de inadmisibilidad contra la acción en el litigio principal, habida cuenta de que el órgano jurisdiccional remitente debe aplicar el principio establecido por la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) en el auto en cuestión, ya que este ha adquirido fuerza de cosa juzgada.
68      A este respecto, basta con constatar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que unas disposiciones del Derecho nacional que no solo impiden poner en tela de juicio una resolución judicial revestida de fuerza de cosa juzgada, aunque dicha resolución implique una infracción del Derecho de la Unión, sino que también impiden cuestionar, con ocasión de un control judicial de otra resolución de la autoridad tributaria competente relativa al mismo contribuyente o sujeto pasivo, pero correspondiente a otro ejercicio fiscal, cualquier declaración acerca de un punto fundamental común contenido en una resolución judicial revestida de fuerza de cosa juzgada, constituyen obstáculos de tal envergadura a la aplicación efectiva de las normas del Derecho de la Unión en materia de IVA que no pueden estar razonablemente justificadas por el principio de seguridad jurídica y que, por tanto, deben considerarse contrarias al principio de efectividad (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, apartados 29 y 31, así como de 2 de abril de 2020, CRPNPAC y Vueling Airlines, C‑370/17 y C‑37/18, EU:C:2020:260, apartado 94).
69      Lo mismo sucede, lógicamente, cuando el procedimiento judicial versa sobre otra resolución de la autoridad tributaria competente relativa al mismo contribuyente o sujeto pasivo, pero que tiene un objeto diferente (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de enero de 2025, BALTIC CONTAINER TERMINAL, C‑376/23, EU:C:2025:20, apartado 75 y jurisprudencia citada).
70      En efecto, tal aplicación del principio de fuerza de cosa juzgada tendría como consecuencia que, en el supuesto de que la resolución judicial definitiva se basare en una interpretación contraria al Derecho de la Unión, la aplicación incorrecta de este Derecho se reproduciría en cada resolución adoptada por los órganos jurisdiccionales sobre esos mismos hechos, sin que fuera posible corregir dicha interpretación hecha de manera contraria al referido Derecho (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2009, Fallimento Olimpiclub, C‑2/08, EU:C:2009:506, apartado 30, así como de 2 de abril de 2020, CRPNPAC y Vueling Airlines, C‑370/17 y C‑37/18, EU:C:2020:260, apartado 95).
71      En el caso de autos, sin perjuicio de verificación por parte del órgano jurisdiccional remitente, parece que el asunto que dio lugar al auto de la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación), mencionado en los apartados 25 y 29 de la presente sentencia, tenía por objeto, en esencia, la cuestión de si la inacción del COP constituía una resolución desestimatoria tácita de la solicitud de devolución del IVA y si podía ser objeto de un recurso jurisdiccional. Por lo tanto, parece que la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) no se pronunció sobre si, en cuanto al fondo, Harry et Associés tenía derecho a la devolución del IVA. Por el contrario, el objeto del litigio principal se refiere a la legalidad de un acto de recaudación del IVA, anteriormente devuelto, dirigido por la Administración tributaria a Harry et Associés. De este modo, siempre sin perjuicio de verificación por parte del órgano jurisdiccional remitente, parece que los objetos de ambos litigios son diferentes.
72      En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente acredite esta diferencia de objeto entre ambos litigios, parece que, en consecuencia, la aplicación del artículo 2909 del Código Civil y del artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, tal como los interpreta el órgano jurisdiccional remitente, tendría como consecuencia la perpetuación de una interpretación errónea del Derecho de la Unión, sin que sea posible corregirla, incluso en el marco de un litigio que tiene un objeto distinto de aquel en el que se realizó dicha interpretación, en la medida en que se refiere a otra resolución de la autoridad tributaria competente, lo que sería contrario al principio de efectividad, según lo interpreta la jurisprudencia citada en los apartados 68 a 70 de la presente sentencia.
73      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos 170 y 171, apartado 1, de la Directiva del IVA, en relación con los artículos 15, apartado 1, segunda frase, 20, apartado 1, y 23, apartado 2, de la Directiva 2008/9, así como con los principios de neutralidad del IVA, de proporcionalidad y de buena administración, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, tal como la interpreta una resolución judicial firme, según la cual un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro distinto del de devolución del IVA se ve privado tanto del derecho a la devolución del IVA como del derecho de acceso a la justicia para impugnar la inacción de la Administración tributaria del Estado miembro de devolución, ante la que se ha presentado la solicitud de devolución del IVA de este sujeto pasivo, por el motivo de que dicha solicitud no puede considerarse como presentada debido a problemas de orden técnico que se produjeron durante su transmisión electrónica.
Costas
74      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
Los artículos 170 y 171, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en su versión modificada por la Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, en relación con los artículos 15, apartado 1, segunda frase, 20, apartado 1, y 23, apartado 2, de la Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro, así como con los principios de neutralidad del impuesto sobre el valor añadido (IVA), de proporcionalidad y de buena administración,
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a una normativa nacional, tal como la interpreta una resolución judicial firme, según la cual un sujeto pasivo establecido en un Estado miembro distinto del de devolución del IVA se ve privado tanto del derecho a la devolución del IVA como del derecho de acceso a la justicia para impugnar la inacción de la Administración tributaria del Estado miembro de devolución, ante la que se ha presentado la solicitud de devolución del IVA de este sujeto pasivo, por el motivo de que dicha solicitud no puede considerarse como presentada debido a problemas de orden técnico que se produjeron durante su transmisión electrónica.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: italiano.