62000CV0001_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
Ante el Tribunal de Justicia se presentó una solicitud de dictamen, recibida en la Secretaría el 13 de octubre de 2000, formulada por la Comisión de las Comunidades Europeas con arreglo al artículo 300 CE, apartado 6, que dispone lo siguiente:
«El Consejo, la Comisión o un Estado miembro podrán solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de cualquier acuerdo previsto con las disposiciones del presente Tratado. Cuando el dictamen del Tribunal de Justicia sea negativo, el acuerdo sólo podrá entrar en vigor en las condiciones establecidas en el artículo 48 del Tratado de la Unión Europea.»
Motivación de la sentencia
I. Exposición de la solicitud de dictamen
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la compatibilidad con las disposiciones del Tratado CE de un proyecto de Acuerdo referente a la creación del Espacio Europeo Aéreo Común (en lo sucesivo, «Acuerdo EEAC») que concluirán la República de Bulgaria, la República Checa, la República de Estonia, la Comunidad Europea, la República de Hungría, la República de Islandia, la República de Letonia, la República de Lituania, el Reino de Noruega, la República de Polonia, Rumania, la República Eslovaca y la República de Eslovenia (en lo sucesivo, «partes contratantes»), y en particular del sistema de vigilancia jurídica previsto en el mismo.
En su reunión de 3 de octubre de 1996, el Consejo autorizó a la Comisión a que iniciara la negociación de acuerdos entre la República de Bulgaria, la República de Estonia, la República de Hungría, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Polonia, Rumania, la República Eslovaca, la República de Eslovenia, la República Checa (en lo sucesivo, «Estados asociados») y la Comunidad para el acceso a los mercados del transporte aéreo. En ese momento se dejó claro que cualquier apertura del mercado comunitario del transporte aéreo debía efectuarse paralelamente a la aproximación de la legislación de los Estados asociados al acervo comunitario en el sector de la aviación, de modo que la liberalización y la armonización progresaran simultáneamente.
Tras una reunión multilateral celebrada en junio de 1999, en la que también participaron el Reino de Noruega y la República de Islandia, y tras la celebración de reuniones bilaterales a lo largo del segundo semestre de 1999, se pudo llegar a una versión del proyecto de Acuerdo EEAC (en lo sucesivo, «Proyecto» o «Proyecto de Acuerdo EEAC») con la que, en términos generales, estos dos Estados y los Estados asociados (en lo sucesivo, conjuntamente, «Estados partes») se mostraron conformes.
Esta versión, que, según la Comisión, ya sólo suscita cuestiones técnicas en relación con los proyectos de protocolo bilateral con la República de Polonia y con la República de Hungría, fue enviada a los Estados partes el 6 de abril de 2000.
La solicitud de dictamen se refiere a esta versión del Proyecto.
II. Procedimiento
De conformidad con el artículo 107, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la solicitud de dictamen de la Comisión, representada por el Sr. F. Benyon y la Sra. M.-J. Jonczy, en calidad de agentes, fue notificada al Consejo, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros.
Han presentado observaciones escritas:
- el Gobierno danés, representado por el Sr. J. Molde, en calidad de agente;
- el Gobierno helénico, representado por las Sras. A. Samoni-Rantou y S. Chala y por el Sr. G. Karipsiadis, en calidad de agentes;
- el Gobierno español, representado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, en calidad de agente;
- el Gobierno italiano, representado por el Sr. U. Leanza, en calidad de agente, asistido por el Sr. L. Daniele, avvocato;
- el Gobierno del Reino Unido, representado por el Sr. J.E. Collins, en calidad de agente, asistido por el Sr. D. Wyatt, QC;
- el Parlamento Europeo, representado por los Sres. R. Passos y A. Caiola, en calidad de agentes;
- el Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. J.-P. Jacqué y R. Gosalbo Bono, en calidad de agentes.
De conformidad con el artículo 108, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los abogados generales fueron oídos el 23 de noviembre de 2001 por el Tribunal de Justicia, reunido con carácter reservado.
III. Análisis del Proyecto de Acuerdo EEAC
El objetivo del Acuerdo EEAC es regular el acceso a los mercados del transporte aéreo de las partes contratantes mediante normas comunes, basadas en la normativa en vigor en esta materia en la Comunidad, y que tienen por objeto el libre acceso al mercado, la libertad de establecimiento, la competencia en igualdad de condiciones, la seguridad y el medio ambiente.
El artículo 1, apartado 1, del Proyecto de Acuerdo EEAC establece que las disposiciones del Derecho comunitario enumeradas en el anexo I del Proyecto forman parte de las normas aplicables a las partes contratantes.
Los artículos 6 a 9 del Proyecto se refieren al derecho de establecimiento. El artículo 6 prohíbe las restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de los Estados miembros y de los Estados partes. El artículo 7 prevé la equiparación de las sociedades a dichos nacionales. El artículo 8 regula las excepciones a los artículos 6 y 7. El artículo 9 prohíbe las restricciones cuantitativas a las transferencias de equipos y material necesarios para la prestación de los servicios de transporte aéreo.
El artículo 10 del Proyecto permite a las partes contratantes suspender o modificar la autorización de funcionamiento de una compañía aérea en los casos en que no esté garantizada la seguridad del funcionamiento de ésta.
Por lo que se refiere a las normas de competencia, el artículo 12 del Proyecto prohíbe los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas contrarias a la competencia, mientras que su artículo 13 prohíbe los abusos de posición dominante. El artículo 14 del Proyecto hace referencia a las operaciones de concentración y su artículo 15 a las empresas públicas o a las que disfruten de derechos especiales o exclusivos, así como a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal. Por su parte, el artículo 16 del Proyecto declara las ayudas de Estado incompatibles con el Acuerdo EEAC, salvo que se establezca lo contrario.
Los artículos 17 a 22 del Proyecto regulan el cumplimiento del Acuerdo.
El artículo 17 del Proyecto impone a las partes contratantes la obligación de garantizar que los derechos otorgados por el Acuerdo EEAC, incluidas las disposiciones recogidas en su anexo I, puedan invocarse ante los tribunales nacionales. Dicho artículo prevé que «en aquellos casos en que puedan verse afectados servicios aéreos reales o potenciales que deban autorizarse con arreglo a lo dispuesto en el presente Acuerdo, las instituciones comunitarias dispondrán de los poderes que les han sido conferidos en virtud de las disposiciones de los actos incluidos o citados en el anexo I».
Este mismo artículo atribuye competencia exclusiva al Tribunal de Justicia para apreciar la legalidad de las decisiones de las instituciones comunitarias adoptadas sobre la base del Acuerdo EEAC.
Según los artículos 19 a 22 del Proyecto, incumbe a la autoridad competente de la Comunidad, por una parte, aplicar los artículos 12 y 13 de dicho texto en los casos en que resulten afectados los intercambios con la Comunidad y, por otra parte, realizar los controles previstos en los artículos 14 a 16 del Proyecto.
El artículo 23 del Proyecto precisa las normas aplicables en materia de interpretación. A efectos del presente dictamen, procede reproducir íntegramente dicho artículo:
«1. En la medida en que las disposiciones de este Acuerdo y de los actos especificados en el anexo I sean sustancialmente idénticas a las correspondientes normas del Tratado CE y a los actos adoptados para la aplicación del mismo, dichas disposiciones se interpretarán, en cuanto a su ejecución y aplicación, con arreglo a los fallos y resoluciones pertinentes del Tribunal de Justicia y de la Comisión de las Comunidades Europeas emitidos antes de la fecha de la firma del presente Acuerdo. Se comunicarán a las demás Partes Contratantes los fallos y resoluciones tomados después de la firma del Acuerdo. A petición de una de las Partes Contratantes, el Comité Mixto determinará las implicaciones de dichos fallos y resoluciones posteriores, con objeto de garantizar la correcta aplicación del presente Acuerdo. Las interpretaciones existentes se comunicarán antes de la fecha de la firma del Acuerdo a las Partes Estado en el presente Acuerdo. Las decisiones tomadas por el Comité Mixto con arreglo a este procedimiento deberán ser conformes a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
2. Cuando surja en un caso pendiente sometido a un tribunal de una Parte Estado una cuestión de interpretación del presente Acuerdo, de las disposiciones de los actos especificados en el anexo I o de los actos adoptados en aplicación del mismo cuyo contenido sea idéntico al de las normas correspondientes del Tratado CE o al de los actos adoptados en aplicación de este, el tribunal solicitará, si lo considera necesario para poder pronunciar sentencia, que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictamine sobre el asunto, con arreglo a lo dispuesto en el protocolo IV. La Parte Estado podrá decidir mediante una resolución las normas que sus tribunales deberán seguir para aplicar esta disposición, con arreglo a lo dispuesto en el protocolo IV. Dicha resolución se comunicará al depositario y al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El depositario informará a las demás Partes Contratantes.
3. En los casos en que un tribunal de una Parte Contratante cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno emita una sentencia sin haber podido remitirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, la Parte Contratante en cuestión deberá enviar dicha sentencia al Comité Mixto, a fin de que este mantenga la interpretación homogénea del presente Acuerdo. Si, en el plazo de dos meses tras haber sido sometida al Comité Mixto una discrepancia entre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y la sentencia del tribunal de una Parte Contratante, dicho Comité no consigue mantener la interpretación homogénea del Acuerdo, serán aplicables los procedimientos establecidos en el artículo 27.»
El artículo 24 del Proyecto de Acuerdo EEAC precisa que éste «no prejuzga el derecho de las Partes Contratantes a modificar unilateralmente su legislación sobre cualquier punto regulado por dicho Acuerdo, siempre que se respete el principio de no discriminación», y prevé que se informe al Comité Mixto de cualquier modificación legislativa aprobada por una parte contratante.
El funcionamiento del Comité Mixto se regula en los artículos 25 y 26 del Proyecto. El Comité Mixto está compuesto por representantes de las partes contratantes; la Comunidad dispone de un número de representantes igual al de sus Estados miembros. El Comité Mixto actúa en principio por unanimidad, y sus decisiones son vinculantes para las partes contratantes.
El artículo 27 del Proyecto regula la resolución de controversias. Dicho artículo establece lo siguiente:
«1. Las Partes Contratantes podrán someter al Comité Mixto un asunto sobre el que haya controversia relacionado con la aplicación del presente Acuerdo excepto en el caso de que se hayan previsto procedimientos específicos en el presente Acuerdo y, en particular, en los apartados 2 y 3 del artículo 17, el artículo 19, el 20, los apartados 1 a 4 del artículo 22 y los apartados 2 y 3 del artículo 23.
2. Cuando de conformidad con el apartado 1 se haya sometido al Comité Mixto un asunto sobre el que hay controversia, se celebran inmediatamente consultas con las partes en conflicto. En los casos en los que la Comunidad no sea parte en la controversia, una de las partes en disputa podrá invitar a participar en las consultas a un representante de la Comunidad. Si las partes en conflicto tienen una propuesta de solución, la someterán inmediatamente al Comité Mixto. Las decisiones tomadas por el Comité Mixto de acuerdo con este procedimiento no afectarán a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
3. Si en los tres meses siguientes a la fecha de sumisión de un asunto, el Comité Mixto no ha decidido sobre la cuestión, las partes en conflicto podrán dirigirse al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuya sentencia será definitiva y vinculante. El procedimiento de remisión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas figura en el protocolo IV.
4. Si el Comité Mixto no adoptase una decisión sobre una cuestión determinada a los tres meses de la fecha de remisión de la misma, las Partes Contratantes podrán tomar las medidas de salvaguardia adecuadas en virtud de los artículos 28 y 29 del presente Acuerdo, por un período no superior a 6 meses. Transcurrido ese período, las Partes Contratantes podrán denunciar el Acuerdo con efectos inmediatos. Las Partes Contratantes no tomarán medidas de salvaguardia sobre un asunto que haya sido remitido al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de acuerdo con este Acuerdo, excepto en los casos establecidos en el apartado 2 del artículo 10 o de acuerdo con los procedimientos establecidos en los actos individuales especificados en el anexo I.»
Los artículos 28 y 29 del Proyecto se refieren a las medidas de salvaguardia, a sus límites y al procedimiento previsto en tal caso respecto de las demás partes contratantes.
El artículo 30 del Proyecto se refiere a la revelación de información, y los artículos 31 a 34 a los países terceros y los organismos internacionales. El artículo 35 del Proyecto contiene disposiciones transitorias, y su artículo 36 regula la relación del Acuerdo EEAC con los acuerdos bilaterales de transporte aéreo. Los artículos 37 a 42 del Proyecto contienen las cláusulas finales, de las que se desprende, en particular, que el Acuerdo EEAC entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente al depósito de los instrumentos de ratificación o de aprobación de la Comunidad y tres firmantes más.
El anexo I del Proyecto enumera las normas aplicables a la aviación civil que han de cumplir las partes contratantes, y su anexo II las normas de competencia que figuran en los acuerdos europeos celebrados por la Comunidad y cada uno de los Estados asociados. Los anexos III, IV y V del Proyecto contienen, respectivamente, la lista de las autoridades competentes de las partes contratantes en asuntos de competencia, la de sus boletines oficiales y la de sus autoridades competentes en asuntos de seguridad aérea.
El Protocolo I del Proyecto versa sobre las adaptaciones horizontales que deben aplicarse, en el marco del Acuerdo EEAC, a todos los actos que figuran en el anexo I de dicho Acuerdo.
El Protocolo II del Proyecto hace referencia a las normas de competencia aplicables a las empresas.
El Protocolo III del Proyecto regula la cooperación entre las autoridades de competencia en la aplicación de las normas de competencia referentes a empresas.
El Protocolo IV del Proyecto regula el procedimiento de remisión al Tribunal de Justicia. El título 1 prevé que, cuando se someta un asunto al Tribunal de Justicia con arreglo a su artículo 23, apartado 2, se aplicarán los procedimientos previstos en materia de cuestiones prejudiciales dentro de la Comunidad, y que los Estados partes gozarán, al igual que los Estados miembros, de la facultad de presentar observaciones. El título 2 de este Protocolo establece que los Estados partes podrán decidir o bien que los tribunales de dichos Estados que conozcan de un asunto en última instancia deberán plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales de interpretación o validez cuya resolución sea necesaria para que tales tribunales puedan dictar sentencia, bien que cualquier tribunal podrá plantear tales cuestiones al Tribunal de Justicia, o bien combinar ambas posibilidades. El título 3 de dicho Protocolo precisa que las remisiones al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 27 del Acuerdo EEAC recibirán el mismo tratamiento que las controversias sometidas en virtud del artículo 239 CE. El título 4 del mismo Protocolo establece el régimen lingüístico de las remisiones al Tribunal de Justicia.
Los Protocolos V a XIV del Proyecto establecen las disposiciones transitorias aplicables a las relaciones entre la Comunidad y cada uno de los Estados asociados.
IV. Resumen de las observaciones escritas presentadas por las instituciones comunitarias y los gobiernos de los Estados miembros
La Comisión recuerda la evolución de las normas comunitarias en el sector del transporte aéreo, que ha culminado en la liberalización que representa el «tercer paquete» en el marco de un mercado único del transporte aéreo. La Comisión menciona, en particular, los Reglamentos (CEE) nº 2407/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre la concesión de licencias a las compañías aéreas (DO L 240, p. 1); nº 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias (DO L 240, p. 8), y nº 2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre tarifas y fletes de los servicios aéreos (DO L 240, p. 15), completados por otras muchas medidas. También se han armonizado otra serie de aspectos en el plano comunitario, en particular aspectos técnicos, de seguridad o sociales. Las correspondientes decisiones figuran en el anexo I del Proyecto. Además, las normas del Tratado en materia de competencia y sus procedimientos de aplicación también forman parte del acervo comunitario en el sector considerado.
Según la Comisión, el Proyecto también tiene en cuenta los «acuerdos europeos» celebrados entre las Comunidades, los Estados miembros y cada uno de los diez países de Europa Central y Oriental. Estos acuerdos bilaterales, que excluyen al transporte aéreo del derecho de establecimiento y prevén la celebración de acuerdos separados para el acceso a dichos mercados, no contienen procedimientos uniformes de aplicación que permitan establecer un Espacio Europeo Aéreo Común (en lo sucesivo, «EEAC») de carácter multilateral sobre las bases existentes.
La Comisión precisa que negoció el Proyecto sobre la base de los principios enunciados en el dictamen 1/92, de 10 de abril de 1992 (Rec. p. I-2821), relativo a un proyecto de Acuerdo sobre la creación del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, «EEE»), y de las directrices de negociación formuladas por el Consejo. La Comisión señala que, habida cuenta de la voluntad de cada uno de los Estados asociados de adherirse a la Comunidad y de la inexistencia de vínculos institucionales como los creados en el marco de la Asociación Europea de Libre Comercio (en lo sucesivo, «AELC»), no era realista prever la creación de una estructura jurisdiccional o de ejecución separada, similar a los «dos pilares» del EEE.
La Comisión analiza a continuación en su solicitud de dictamen las disposiciones del Proyecto relativas a las normas de competencia, las destinadas a garantizar la aplicación e interpretación uniformes del Acuerdo EEAC y las relativas a la resolución de controversias.
Tras recordar que el Tribunal de Justicia ha admitido que la Comunidad puede celebrar acuerdos internacionales en el ámbito de las normas de competencia (dictamen 1/92, antes citado, apartado 40), la Comisión sostiene que el Proyecto no afecta al reparto de competencias en el seno de la Comunidad. Las competencias de la Comisión simplemente se amplían a los intercambios entre los Estados partes.
La uniformidad en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo EEAC y de las normas comunitarias queda así garantizada por una construcción en «pilar único» consistente en confiar la aplicación de las normas de dicho Acuerdo y de sus anexos a una única y misma entidad, a saber, la Comisión, que dispone, a la hora de aplicar las normas de competencia y las demás normas del transporte aéreo, de facultades tan amplias respecto de los Estados partes como respecto de los Estados miembros.
Por otra parte, el artículo 17, apartado 3, del Proyecto, atribuye competencia exclusiva al Tribunal de Justicia para controlar la legalidad de las decisiones de las instituciones comunitarias adoptadas sobre la base del Acuerdo EEAC. La Comisión señala que el Tribunal de Justicia ha admitido que un acuerdo puede atribuirle nuevas competencias si éstas no desvirtúan su función tal y como ha sido concebida por el Tratado (dictamen 1/92, antes citado, apartado 32); en opinión de la Comisión, esta función no se ve alterada por una ampliación del control de legalidad, dado que el Tribunal de Justicia ya se ha declarado competente para pronunciarse sobre un recurso de anulación contra cualquier acto de una institución que produzca efectos jurídicos, cualquiera que sea el fundamento de dicho acto (sentencia de 2 de marzo de 1994, Parlamento/Consejo, C-316/91, Rec. p. I-625, apartados 8 y 9).
En los ámbitos en los que el Acuerdo EEAC no confiere una facultad de decisión a las instituciones comunitarias, el artículo 23 del Proyecto tiende a garantizar una interpretación homogénea de las disposiciones pertinentes de este Acuerdo y de las normas comunitarias.
El artículo 23, apartado 1, del Proyecto preserva la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario al imponer una interpretación del Acuerdo EEAC conforme a las decisiones de la Comisión y a las sentencias del Tribunal de Justicia anteriores a la firma del Acuerdo y al confiar al Comité Mixto la tarea de determinar las implicaciones de las decisiones y de las sentencias posteriores a dicha firma de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
El artículo 23, apartado 2, del Proyecto permite a los órganos jurisdiccionales de los Estados partes solicitar al Tribunal de Justicia, de manera análoga a la prevista en el artículo 234 CE, que «dictamine sobre el asunto». Esta disposición del Proyecto, que es conforme con la estrategia de preadhesión de los Estados asociados, también tiene en cuenta el apartado 33 del dictamen 1/92, antes citado, según el cual la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia debe tener carácter vinculante.
Los Estados partes pueden optar, en virtud del Protocolo IV del Proyecto, entre una remisión obligatoria y una remisión facultativa al Tribunal de Justicia; según la Comisión, el Tribunal de Justicia ha considerado que esta libertad no suscita ninguna objeción de principio (dictamen 1/91, de 14 de diciembre de 1991, Rec. p. I-6079, apartado 60). Además, toda parte contratante debe enviar al Comité Mixto cualquier sentencia de un órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia y que no haya podido plantear la cuestión al Tribunal de Justicia, y dicho Comité debe entonces intervenir para mantener la interpretación homogénea del Acuerdo EEAC.
La Comisión considera, por tanto, que la construcción en «pilar único» y la competencia de interpretación atribuida al Tribunal de Justicia reducen el riesgo de controversias sobre la aplicación del Acuerdo EEAC. No obstante, en caso de que surgieran tales controversias, el artículo 27 del Proyecto regula su resolución de una manera que resulta conforme con los apartados 23 y 24 del dictamen 1/92, antes citado. En efecto, las decisiones adoptadas por el Comité Mixto en este marco no afectan en absoluto a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Además, a falta de solución, las partes pueden dirigirse al Tribunal de Justicia, cuya sentencia es, según el Proyecto, definitiva y vinculante.
La Comisión sostiene, por consiguiente, que las tres funciones que el Proyecto atribuye al Tribunal de Justicia, a saber, el control de legalidad, la interpretación y la resolución de controversias, eliminan toda posibilidad de divergencia o de conflicto entre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y la interpretación del Acuerdo EEAC. No obstante, con el fin de evitar toda inseguridad jurídica y en consideración a la función del Tribunal de Justicia, la Comisión decidió presentar una solicitud de dictamen sobre la compatibilidad con el Tratado del sistema de vigilancia jurídica previsto en el Proyecto y en particular del artículo 23, apartados 2 y 3, del mismo.
El Gobierno danés, por su parte, sostiene que el régimen de vigilancia propuesto en el Proyecto no plantea ningún problema de Derecho comunitario. No obstante, dicho Gobierno, remitiéndose a los asuntos denominados «de cielo abierto», pendientes en la actualidad ante el Tribunal de Justicia, cuestiona la presentación realizada por la Comisión del estado de la armonización en el sector del transporte aéreo, ya que considera que no se ha llevado a cabo una armonización completa en esta materia, y manifiesta su deseo de que el Tribunal de Justicia evite prejuzgar dichos asuntos en su respuesta a la solicitud de dictamen.
El Gobierno helénico aprueba el sistema jurisdiccional previsto en el Proyecto, pero considera, a este respecto, que ciertas disposiciones están redactadas de una manera demasiado imprecisa o que pueden ser incompatibles con el Tratado. Basándose en los dictámenes 1/91 y 1/92, antes citados, el Gobierno helénico sostiene que los dos criterios pertinentes para apreciar la compatibilidad con el Tratado de este aspecto del Proyecto exigen que no se ponga en peligro la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario y que no se desvirtúe la función del Tribunal de Justicia, que consiste en adoptar resoluciones vinculantes.
Según el Gobierno helénico, el órgano que desempeña el papel central a efectos de garantizar la aplicación homogénea del Acuerdo EEAC es el Comité Mixto; por tanto, procede apreciar, esencialmente, la conformidad de sus decisiones con estos dos criterios.
Por lo que se refiere al artículo 23, apartado 1, del Proyecto, la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario queda garantizada, por lo que se refiere a las decisiones que el Comité Mixto puede verse abocado a adoptar para determinar las implicaciones de futuras resoluciones del Tribunal de Justicia, por el hecho de que este Comité está expresamente obligado a seguir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El único problema puede provenir de que esta disposición sólo permite la intervención del Comité Mixto a instancias de una de las partes contratantes y que, en tal caso, es probable que dicho Comité no pueda adoptar una decisión por falta de acuerdo de sus miembros. Pues bien, el Proyecto no prevé nada para tal supuesto, salvo el procedimiento general de resolución de controversias. Según el Gobierno helénico, podría preverse una remisión expresa similar a la prevista en el artículo 23, apartado 3, del Proyecto o a la contenida en el artículo 105 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»).
El Gobierno helénico sostiene, respecto del procedimiento prejudicial previsto en el artículo 23, apartados 2 y 3, del Proyecto, que la facultad discrecional que se concede a los Estados partes en relación con la remisión de cuestiones al Tribunal de Justicia por sus órganos jurisdiccionales nacionales es análoga a la que confiere el artículo 107 del Acuerdo EEE, que el Tribunal de Justicia había considerado conforme con el Tratado. No obstante, al remitirse al Protocolo IV del Proyecto, el artículo 23, apartado 2, impone límites a la libertad del Estado parte, lo que, a priori, no puede suscitar cuestiones de compatibilidad. Según dicho Gobierno, procede señalar, no obstante, que la opción prevista en el artículo 23, apartado 2, y en el Protocolo IV del Proyecto no permite a los Estados partes imponer una remisión obligatoria a sus órganos jurisdiccionales o a algunos de ellos, ya que, en cualquier caso, dichos órganos jurisdiccionales sólo deben dirigirse al Tribunal de Justicia si estiman necesario un pronunciamiento de éste para poder dictar sentencia. Por tanto, únicamente se prevé una remisión facultativa. El Gobierno helénico considera que esto no constituye una causa de incompatibilidad, dado que las respuestas del Tribunal de Justicia son vinculantes, pero que podría resultar conveniente completar la enumeración de las posibilidades concedidas a los Estados partes.
Además, este dispositivo permite la aparición de jurisprudencias divergentes procedentes de los órganos jurisdiccionales nacionales que no hubiesen considerado necesario dirigirse al Tribunal de Justicia. En efecto, la obligación de enviar las sentencias al Comité Mixto, que resulta del artículo 23, apartado 3, del Proyecto, sólo se aplica a los órganos jurisdiccionales que resuelven en última instancia y que no hayan «podido remitirse al Tribunal de Justicia», lo que no abarca claramente a los órganos jurisdiccionales que hubieran decidido no remitirse al Tribunal de Justicia aunque pudieran hacerlo. Según el Gobierno helénico, este supuesto no puede quedar comprendido en otras disposiciones y debería, por tanto, estar previsto en dicho apartado.
Además, según el Gobierno helénico, la articulación del procedimiento de remisión al Comité Mixto previsto en el artículo 23, apartado 3, del Proyecto con el previsto en su artículo 27 carece de claridad, en particular por lo que se refiere al punto de partida del plazo mencionado en ambas disposiciones.
Por otra parte, el Gobierno helénico considera que el principio del respeto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia debería figurar, como disposición general, en el artículo 27, apartado 1, del Proyecto, y no en los apartados de este artículo que regulan las fases del procedimiento. Por lo que se refiere a la competencia que el artículo 27, apartado 3, del Proyecto atribuye al Tribunal de Justicia para la resolución de controversias, tal competencia es conforme, en opinión del Gobierno helénico, con el artículo 234 CE, interpretado en relación con el artículo 239 CE, aun cuando las partes en el litigio no sean miembros de la Comunidad, dado que las resoluciones adoptadas poseen carácter vinculante.
Según el Gobierno español, el artículo 23, apartados 2 y 3, del Proyecto puede considerarse compatible con el Tratado.
Las disposiciones del artículo 23, apartado 2, del Proyecto, en relación con el Protocolo IV del mismo, establecen un procedimiento prejudicial de carácter facultativo pero que crea una obligación para el órgano jurisdiccional nacional de aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Sin embargo, existe una contradicción, que sería necesario corregir, entre el artículo 23, apartado 2, y el Protocolo IV del Proyecto, ya que este artículo sólo menciona la posibilidad de plantear cuestiones de interpretación, mientras que el Protocolo IV también hace referencia a cuestiones de validez.
La posibilidad de atribuir a órganos jurisdiccionales de Estados que no son miembros de la Comunidad el derecho a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia ya fue declarada conforme con el Tratado por el Tribunal de Justicia en sus dictámenes 1/91 y 1/92, antes citados, así como el hecho de que se dé libertad a las partes contratantes para autorizar o no a sus órganos jurisdiccionales a plantear cuestiones al Tribunal de Justicia. Es necesario, sin embargo, que las respuestas del Tribunal de Justicia tengan carácter obligatorio, lo que queda garantizado en el presente caso por el título 1, apartado 1, del Protocolo IV.
Por lo que se refiere al artículo 23, apartado 3, del Proyecto, que aborda el supuesto de una divergencia jurisprudencial entre un órgano jurisdiccional de última instancia de un Estado parte y el Tribunal de Justicia, y que debe interpretarse en relación con el artículo 27 del Proyecto, al que se remite, el Gobierno español considera que su redacción actual puede considerarse compatible con el Tratado, pero que es poco clara y podría mejorarse en un aspecto: en efecto, el artículo 23, apartado 3, del Proyecto no precisa que, en el supuesto examinado, el Comité Mixto está obligado a respetar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El artículo 27 del Proyecto sólo puede aplicarse en el caso de que el Comité Mixto no alcance una solución, y únicamente esta disposición prevé que las decisiones del Comité Mixto no pueden afectar a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Para una mayor claridad, sería conveniente especificar también en el artículo 23, apartado 3, del Proyecto que, cuando se haya planteado una divergencia ante el Comité Mixto, su decisión debe respetar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
El Gobierno italiano niega la afirmación de la Comisión según la cual dado que el Acuerdo EEE ha servido de modelo a los artículos 23 y 27 del Proyecto, éstos son necesariamente compatibles con el Tratado. En efecto, dicho Gobierno expone que el Tribunal de Justicia sólo aceptó con reticencias la fórmula recogida en el Acuerdo EEE, y que lo hizo basándose en un contexto particular que difiere del Proyecto.
El Gobierno italiano considera que el control de la aplicación del Acuerdo EEAC previsto en el Proyecto es de naturaleza puramente política y no jurisdiccional. El Comité Mixto es un órgano de carácter diplomático encargado de determinar las implicaciones de las sentencias del Tribunal de Justicia, de garantizar la interpretación homogénea de dicho Acuerdo y de resolver las controversias. El ejercicio de estas funciones no está sujeto a ningún control y los procedimientos aplicables no están fijados de manera adecuada. La mera mención de la obligación del Comité Mixto de respetar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sólo tiene valor declarativo.
Las funciones de control del Tribunal de Justicia son, por el contrario, limitadas, salvo el examen de la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias adoptados sobre la base del Acuerdo EEAC. Sólo son vinculantes sus sentencias anteriores a la firma de dicho Acuerdo. Su competencia prejudicial depende exclusivamente de la voluntad de los Estados partes y, a diferencia de lo que afirma la Comisión, no se precisa la eficacia de las sentencias dictadas con arreglo a este procedimiento. Si bien la interpretación efectuada por el Tribunal de Justicia se impone al órgano jurisdiccional remitente, dicha interpretación, a diferencia de las sentencias dictadas con arreglo al artículo 234 CE, no puede vincular a los órganos jurisdiccionales de los Estados partes que sólo han aceptado la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia por la vía de una eventual intervención del Comité Mixto.
Por tanto, se trata, según el Gobierno italiano, de procedimientos de control arcaicos y ajenos a la tradición comunitaria ya consolidada.
En particular, este Gobierno cuestiona tres aspectos del Proyecto.
En primer lugar, el artículo 23, apartado 1, del Proyecto se limita a prever que las decisiones del Comité Mixto que determinen las implicaciones de decisiones y sentencias posteriores a la firma del Acuerdo EEAC deben ser conformes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Pues bien, según el Gobierno italiano el Tribunal de Justicia formuló en su día reservas sobre las disposiciones correspondientes del Acuerdo EEE, en particular sobre la distinción entre la jurisprudencia nueva y la antigua (dictamen 1/91, antes citado, apartado 26), así como sobre el respeto de determinados aspectos esenciales de la jurisprudencia (dictamen 1/91, antes citado, apartado 28). Asimismo, el Tribunal de Justicia sólo levantó sus reservas sobre las disposiciones del artículo 105 del Acuerdo EEE, que fue introducido tras el dictamen 1/91, antes citado, y que atribuye a un comité la misión de garantizar la interpretación homogénea de este Acuerdo, debido a la existencia del «procès-verbal agréé ad article 105», que impone a dicho comité que sus decisiones no afecten a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (dictamen 1/92, antes citado, apartados 22 a 25).
Los requisitos para la intervención del Comité Mixto previstos en el artículo 23, apartado 1, del Proyecto son imprecisos y poco rigurosos, ya que dicho Comité actúa a petición de una parte contratante, que el empleo del término «implicaciones» le confiere una facultad casi discrecional para intervenir o no, y que la unanimidad exigida dificulta el ejercicio de sus facultades. En cambio, el hecho de que pueda intervenir con carácter preventivo constituye una importante garantía.
En segundo lugar, el artículo 23, apartado 2, del Proyecto presenta, en su versión italiana, una redacción sorprendente al referirse al carácter vinculante de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia con carácter prejudicial. En efecto, el dictamen 1/91, antes citado, declaró incompatible con el Tratado la posibilidad de solicitar al Tribunal de Justicia que «se pronuncie» («di pronunciarsi») sobre una cuestión de interpretación; el dictamen 1/92, antes citado, admitió, por el contrario, el efecto vinculante de una petición de «resolución» («decisione»). Pues bien, el Proyecto, en su versión italiana, no emplea el término «decisione», sino la expresión «di pronunciarsi».
Por último, por lo que se refiere a la función del Comité Mixto, los procedimientos previstos en los artículos 23, apartado 3, y 27 del Proyecto se aproximan mucho a los que figuran en los artículos 105 y 111 del Acuerdo EEE y que el Tribunal de Justicia consideró compatibles con el Tratado en el dictamen 1/92, antes citado. No obstante, cabe preguntarse, según el Gobierno italiano, por el motivo por el que el artículo 27, apartado 2, del Proyecto establece que las decisiones del Comité Mixto «no afectarán a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia», cuando el artículo 23, apartado 1, del Proyecto contempla la exigencia más estricta de que las decisiones adoptadas sean «conformes a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia». La primera redacción sólo garantiza la autonomía del Derecho comunitario; la segunda garantiza la eficacia de las resoluciones del Tribunal de Justicia y debería utilizarse en ambos casos.
El Gobierno del Reino Unido, por su parte, considera que el régimen de control jurisdiccional y de resolución de controversias previsto en el Proyecto, incluido su artículo 23, apartados 2 y 3, es compatible con el Tratado, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en sus dictámenes 1/91 y 1/92, antes citados.
Por lo que respecta a la función de la Comisión en la aplicación de las normas de competencia y de otras normas previstas en el Acuerdo EEAC, dicha función es conforme con el principio sentado por el Tribunal de Justicia en los apartados 40 y 41 del dictamen 1/92, antes citado, según el cual un acuerdo internacional puede atribuir competencias a la Comunidad y a sus instituciones en el ámbito del Derecho de la competencia, siempre que esta atribución no desvirtúe sus competencias previstas en el Tratado. En efecto, las normas del Acuerdo EEAC que corresponde aplicar a la Comisión son idénticas a las que figuran en el Derecho comunitario primario y derivado.
Además, el control jurisdiccional de los actos adoptados por la Comisión sobre esta base queda reservado al Tribunal de Justicia, lo que, más que atribuirle una competencia de la que dispone en todo caso, supone prohibir la intervención en dicho control de cualquier otro órgano jurisdiccional de una parte contratante. Por tanto, los actos de las instituciones comunitarias competentes están sujetos al mismo control jurisdiccional, con independencia de que apliquen las normas del Acuerdo EEAC o las normas comunitarias correspondientes.
Por lo que se refiere a las decisiones de la Comisión y a las sentencias del Tribunal de Justicia anteriores a la fecha de la firma del Acuerdo EEAC, el Gobierno del Reino Unido considera que el hecho de que éstas, en virtud del artículo 23, apartado 1, del Proyecto, se impongan automáticamente a la hora de interpretar y aplicar dicho Acuerdo es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar la concordancia entre los dos cuerpos normativos.
En el caso de las decisiones y sentencias posteriores a esta firma, el hecho de que el Comité Mixto deba determinar sus implicaciones de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, exigencia más rigurosa que la que resulta del artículo 105 del Acuerdo EEE, garantiza una evolución armoniosa de los dos cuerpos normativos y es, por tanto, compatible con el Tratado.
Por lo que respecta a la competencia atribuida al Tribunal de Justicia por el artículo 23, apartado 2, del Proyecto para pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por los órganos jurisdiccionales de un Estado parte, dicha competencia no suscita objeciones, dado que, por una parte, queda claro que la resolución mediante la cual el Tribunal de Justicia «dictamina sobre el asunto» es vinculante (véase el dictamen 1/92, antes citado, apartado 37) y que, por otra parte, la libertad de los Estados partes de autorizar o no a sus órganos jurisdiccionales a que planteen cuestiones al Tribunal de Justicia no es, en sí misma, censurable (dictamen 1/91, antes citado, apartado 60).
En relación con la competencia que el artículo 23, apartado 3, del Proyecto atribuye al Comité Mixto «a fin de que este mantenga la interpretación homogénea» del Acuerdo EEAC cuando una sentencia de un órgano jurisdiccional de una parte contratante se aparta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Gobierno del Reino Unido sostiene que, dado que la posibilidad de que se produzca una divergencia jurisprudencial no puede dar lugar a la incompatibilidad de un acuerdo con el Tratado (dictamen 1/91, antes citado, apartado 60), lo mismo ocurre, y con mayor motivo, con las disposiciones concebidas para corregir las consecuencias de tal posibilidad. Además, a la luz del artículo 23, apartado 1, del Proyecto, la obligación del Comité Mixto de intervenir «a fin de que [se] mantenga la interpretación homogénea» del Acuerdo EEAC sólo puede interpretarse en el sentido de que exige que toda intervención de dicho Comité sea conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Así pues, el artículo 23, apartado 3, del Proyecto es compatible con el Tratado.
Por lo que respecta a la resolución de controversias, las disposiciones del artículo 27 del Proyecto sobre el Comité Mixto son comparables a las del artículo 111 del Acuerdo EEE, que, según el Tribunal de Justicia, «no ponen en peligro el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario» (dictamen 1/92, antes citado, apartado 29). Las disposiciones del mismo artículo 27 que atribuyen competencia al Tribunal de Justicia también son compatibles con el Tratado, tal como ha admitido ya el Tribunal de Justicia en relación con disposiciones análogas (dictamen 1/92, antes citado, apartados 33 y 35).
El Parlamento considera que el sistema de vigilancia jurídica previsto en el Proyecto es compatible con el Tratado.
El Parlamento señala que, con arreglo a lo establecido en el Proyecto, es posible que órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de un asunto en última instancia no estén obligados a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, incluso en el supuesto de que se cuestione la validez de un acto adoptado sobre la base de disposiciones sustancialmente idénticas a las normas comunitarias. Existe, por tanto, un riesgo teórico de interpretaciones divergentes.
Sin embargo, el presente procedimiento de dictamen sólo tiene por objeto la apreciación de la compatibilidad de este sistema jurisdiccional con el Tratado. El Parlamento considera que, a efectos de esta apreciación, procede determinar, esencialmente, si el sistema previsto «puede hacer peligrar la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario en la consecución de los objetivos de éste» (dictamen 1/91, antes citado, apartado 30). Pues bien, el Tribunal de Justicia consideró, en relación con el Acuerdo EEE, que el hecho de que algunos órganos jurisdiccionales no estuvieran obligados a dirigirse al Tribunal de Justicia no amenazaba la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario.
Según el Parlamento, el Tribunal de Justicia también señaló que sus sentencias dictadas con carácter prejudicial debían ser vinculantes (dictamen 1/91, antes citado, apartado 61). El Parlamento sostiene que este carácter vinculante queda garantizado en el Proyecto, ya que en él se hace referencia a las sentencias dictadas en procedimientos prejudiciales mediante la expresión «dictamine sobre el asunto» (artículo 23, apartado 2, del Proyecto) y se señala que dicho pronunciamiento ha de aplicarse (Protocolo IV del Proyecto), que las decisiones adoptadas por el Comité Mixto cuando se le plantee la existencia de jurisprudencias divergentes «no afectarán a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia» (artículo 27, apartado 2, del Proyecto), que las sentencias del Tribunal de Justicia que resuelvan una controversia serán definitivas y vinculantes (artículo 27, apartado 3, del Proyecto) y que el procedimiento de resolución de controversias puede dar lugar a la adopción de medidas de salvaguardia si el órgano jurisdiccional del Estado parte mantiene su interpretación divergente (artículo 27, apartado 4, del Proyecto).
La función de garante de la interpretación homogénea del Acuerdo EEAC atribuida al Comité Mixto es comparable a la del comité previsto en el Acuerdo EEE. El Parlamento señala que en su día se preguntó, en relación con este último Acuerdo, por la capacidad de un «órgano administrativo» para hallar soluciones adecuadas a conflictos sobre divergencias jurisprudenciales. El Tribunal de Justicia admitió, no obstante, que la atribución de esta competencia a este último comité era compatible con el Tratado si dicho comité estaba obligado, por una disposición que vinculase a las partes contratantes, a no ignorar el carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal de Justicia en el ordenamiento jurídico comunitario.
El Parlamento considera que la función que el Proyecto atribuye al Comité Mixto no pone en peligro el carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ni la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario, ya que las decisiones de este Comité que interpretan el Acuerdo EEAC deben ser conformes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (artículo 23, apartado 1, del Proyecto), que son vinculantes para las partes contratantes (artículo 26, apartado 1, del Proyecto), que las decisiones de este Comité adoptadas en el marco del procedimiento de resolución de controversias no pueden afectar a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (artículo 27, apartado 2, del Proyecto), que el Tribunal de Justicia dicta, sobre la base del artículo 27, apartado 3, del Proyecto, sentencias definitivas y vinculantes y que, en caso de que resulte imposible hallar una solución al litigio, cabe la posibilidad de denunciar el Acuerdo EEAC (artículo 27, apartado 4, del Proyecto).
El Consejo considera que la solicitud de dictamen es admisible en relación con las dos cuestiones de fondo planteadas, a saber, la cuestión general de la compatibilidad del Proyecto con las exigencias del ordenamiento jurídico comunitario y la cuestión específica de la compatibilidad con el Tratado del sistema de vigilancia previsto en el Proyecto. En efecto, el Proyecto contiene, por una parte, normas comunes destinadas a crear un espacio aéreo común mediante la integración de los mercados del transporte aéreo de todas las partes contratantes, incluida la Comunidad, y, por otra parte, disposiciones destinadas a garantizar la aplicación e interpretación uniformes de estas normas.
En opinión del Consejo, procede examinar las garantías de una verdadera homogeneidad del Derecho en el EEAC que aporta el Proyecto. El Consejo sostiene a este respecto que, al igual que en la creación del EEE, la homogeneidad de las normas jurídicas en este espacio no queda garantizada por la identidad de contenido o de redacción de las disposiciones del Derecho comunitario en materia de transporte aéreo y de las disposiciones correspondientes del Proyecto (dictamen 1/91, antes citado, apartado 22). En efecto, el Consejo considera que el Derecho comunitario, cuyo objetivo es la integración, no se sitúa en el mismo ordenamiento jurídico que dicho espacio, que se basa en una lógica de cooperación.
Procede preguntarse entonces, según el Consejo, si los mecanismos de convergencia establecidos en el Proyecto son capaces de compensar esta diferencia estructural, a la luz de los dictámenes 1/91 y 1/92, antes citados. El mecanismo de integración de la nueva legislación de las partes contratantes (artículo 24 del Proyecto), el método de integración, que retoma la distinción entre reglamentos y directivas (artículo 2 del Proyecto), y el carácter obligatorio de los actos comunitarios (artículo 2 del Proyecto), así como la posibilidad de invocarlos ante los tribunales (artículo 17 del Proyecto), tienen como objetivo reforzar la homogeneidad de las normas de Derecho siguiendo el modelo del artículo 249 CE. Pero no bastan para garantizar dicha homogeneidad, que depende también de la existencia de mecanismos jurisdiccionales de interpretación y de aplicación satisfactorios.
Según el Consejo, el Tribunal de Justicia ha admitido que un acuerdo internacional puede prever la creación de un sistema jurisdiccional diferenciado que vincule a la Comunidad. No obstante, en el caso de un acuerdo que, como el del presente caso, recoge disposiciones esenciales del ordenamiento comunitario y persigue un objetivo de aplicación uniforme de estas disposiciones, el mecanismo jurisdiccional debe respetar el carácter exclusivo de la competencia que el artículo 220 CE atribuye al Tribunal de Justicia para garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación del Tratado.
A este respecto, el Consejo señala que el Proyecto no crea un órgano jurisdiccional específico; que, por lo que se refiere a las normas de Derecho comunitario anteriores a su firma, el Proyecto establece una facultad de someter cuestiones prejudiciales distinta de la obligación de remisión prevista, en el Derecho comunitario, en el artículo 234 CE, párrafo tercero, y que, por lo que respecta a las normas de Derecho comunitario posteriores, confía al Comité Mixto la tarea de determinar sus consecuencias.
La libertad concedida a los Estados partes para atribuir carácter facultativo a la remisión prejudicial no suscita ninguna objeción de principio. Por lo que se refiere al respeto del carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal de Justicia y de la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario, si bien el artículo 23 del Proyecto no precisa si se refiere a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en su conjunto, esta disposición resulta suficiente, habida cuenta del artículo 1, apartado 3, del Proyecto, que preserva las competencias comunitarias.
Además, las competencias atribuidas al Comité Mixto no pueden ignorar el carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal de Justicia, ya que, en primer lugar, sus decisiones basadas en el artículo 23, apartado 1, del Proyecto deben ser conformes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; en segundo lugar, si se le somete un asunto en virtud del apartado 3 de este artículo, dicho Comité ha de mantener la interpretación homogénea del acuerdo EEAC a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y, por último, sus decisiones son vinculantes para las partes contratantes, de conformidad con el artículo 26 del Proyecto.
La función de órgano de resolución de controversias asignada al Comité Mixto tampoco desvirtúa la función del Tribunal de Justicia, ya que las decisiones de este Comité basadas en el artículo 27, apartado 2, del Proyecto no pueden afectar a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que la sentencia de éste, cuando conozca de una controversia que el Comité no haya podido resolver, es definitiva y vinculante, y que, si no se somete la cuestión ante el Tribunal de Justicia, la Comunidad puede denunciar el Acuerdo EEAC con efectos inmediatos.
Tras examinar el reparto de competencias en materia de competencia y los mecanismos de vigilancia previstos en este ámbito, el Consejo considera que el Proyecto no desvirtúa las competencias de la Comunidad, ya que reproduce las disposiciones comunitarias aplicables y las extiende a los Estados partes. Sin embargo, esta identidad de redacción no basta para responder a las exigencias del Tribunal de Justicia; es necesario también que no se desvirtúen las competencias de las instituciones comunitarias en materia de competencia.
El Consejo recuerda a este respecto que el Derecho comunitario de la competencia y de las ayudas de Estado se basa en el principio de descentralización, ya que las competencias son ejercidas a la vez por la Comisión y por las autoridades nacionales, bajo el control del Tribunal de Justicia. En su opinión, las disposiciones del Proyecto de Acuerdo EEAC no afectan a este reparto.
Dictamen del Tribunal de Justicia
1 Según lo establecido en el apartado 15 de la solicitud de dictamen, tal como está redactada en varias de sus versiones lingüísticas, se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la compatibilidad con las disposiciones del Tratado del sistema de vigilancia «jurisdiccional» previsto en el Proyecto (por ejemplo, «gerichtliche Kontrolle» en la versión alemana, «judicial supervision» en la inglesa y «controllo giurisdizionale» en la italiana). Sin embargo, de otras versiones lingüísticas de la solicitud de dictamen se desprende que ésta tiene por objeto el sistema de vigilancia «jurídica» previsto en el Proyecto (por ejemplo, «surveillance juridique» en la versión francesa y «vigilancia jurídica» en la española). Asimismo, de la solicitud de dictamen en su conjunto, y especialmente de la indicación de que la Comisión se pregunta «en particular» por la compatibilidad con el Tratado del artículo 23, apartados 2 y 3, del Proyecto, se desprende que esta solicitud no sólo se refiere a la compatibilidad de los mecanismos de carácter jurisdiccional previstos en el Proyecto, sino también a la compatibilidad de todas las disposiciones de dicho texto destinadas a garantizar la aplicación e interpretación uniformes del Acuerdo EEAC y de sus anexos, así como a prevenir y resolver las posibles controversias. En consecuencia, la solicitud de dictamen tiene por objeto los artículos 17, 23 y 27, así como el Protocolo IV del Proyecto. No versa sobre el alcance de la competencia externa de la Comunidad. Tal como señala la Comisión en la solicitud de dictamen, el Acuerdo EEAC se concluirá entre la Comunidad y los Estados partes, es decir, Estados que no son miembros de ella.
2 Según el artículo 1 del Proyecto, el objetivo del Acuerdo EEAC es «crear el Espacio Europeo Aéreo Común, [que] se basará en el libre acceso al mercado, la libertad de establecimiento, iguales condiciones de competencia y normas comunes, incluidas las áreas de seguridad y medio ambiente». El preámbulo del Proyecto empieza reconociendo «el carácter integrado de la aviación civil internacional» y afirmando que el EEAC se basa en «el respeto de las mismas normas», las de «la legislación pertinente en vigor en la Comunidad Europea». Dicho preámbulo señala que las partes contratantes tienen en cuenta «que los Estados asociados se han comprometido en los Acuerdos Europeos a hacer compatibles sus legislaciones con la de la Comunidad». Así pues, las partes contratantes persiguen un alto grado de integración, que implica, tal como precisa la Comisión en su solicitud de dictamen, el establecimiento de mecanismos que garanticen efectivamente la uniformidad en la aplicación e interpretación de las disposiciones del Acuerdo EEAC y de las normas de fondo a las que se remiten sus anexos.
3 Por lo que respecta a sus objetivos, el Proyecto sigue una lógica comparable a la del Acuerdo EEE, del que se elaboraron dos proyectos que fueron objeto de los dictámenes 1/91 y 1/92, antes citados. Si bien, a diferencia del Acuerdo EEE, el Proyecto sólo tiene una dimensión sectorial, limitada al transporte aéreo, su objetivo es, al igual que el de dicho Acuerdo, la extensión del acervo comunitario a nuevos Estados, mediante la aplicación a un ámbito geográfico más amplio de normas que son, en esencia, las del Derecho comunitario.
4 Las partes contratantes también se fijan como objetivo, en particular para evitar cualquier distorsión en el ámbito de las normas de competencia, la aplicación y el respeto de estas disposiciones comunes de la manera más homogénea posible, en aras de una cooperación leal. Las disposiciones del Acuerdo EEAC relativas a la vigilancia jurídica, cuya redacción se inspira directamente, en varios aspectos, en el Acuerdo EEE, deben analizarse desde esta óptica.
5 En ciertos casos, el objetivo de uniformidad en la interpretación y aplicación de las mismas normas puede afectar, hasta el punto de desvirtuarlas, a las competencias de la Comunidad y de sus instituciones o a las condiciones de interpretación de las normas comunitarias. Un acuerdo que incida de esta manera en el ordenamiento jurídico comunitario no podría adoptarse exclusivamente sobre la base del artículo 300 CE, dado que vulneraría los fundamentos de la Comunidad y por tanto las disposiciones del propio Tratado. Así, el Tribunal de Justicia consideró que el primer proyecto de Acuerdo sobre la creación del EEE sometido a su apreciación ponía en peligro la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario y era, por consiguiente, incompatible con el Tratado, en la medida en que dicho proyecto, habida cuenta del objetivo de homogeneidad manifestado por sus autores, atribuía la interpretación en última instancia de las normas de dicho Acuerdo, sustancialmente idénticas a las del Derecho comunitario, a un Tribunal EEE que, además, podía verse abocado a pronunciarse sobre el reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros (dictamen 1/91, antes citado, apartados 30 a 46).
6 Por el contrario, cuando un acuerdo diferencia más claramente, en el plano institucional, a la Comunidad de las demás partes contratantes y no condiciona, desvirtuándolo, el ejercicio de las competencias de la Comunidad y de sus instituciones ni la interpretación del Derecho comunitario, puede considerarse que la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario queda garantizada. En particular, el riesgo de que la ejecución de un acuerdo afecte a los fundamentos de la Comunidad es menor cuando los Estados partes en dicho acuerdo forman parte de una misma organización, dotada de un órgano jurisdiccional y de una autoridad de vigilancia propios, distintos de las instituciones comunitarias. Éste era el caso del segundo proyecto de Acuerdo sobre la creación del EEE sometido al dictamen del Tribunal de Justicia, que éste consideró compatible con el Tratado basándose en esta diferencia de contexto: se había abandonado el proyecto de crear un Tribunal EEE, se había creado el Tribunal AELC y las decisiones del comité encargado de resolver las controversias entre la Comunidad y los Estados de la AELC, así como de velar por la interpretación homogénea de las normas del EEE, no podían en ningún caso afectar a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (dictamen 1/92, antes citado, apartados 18 a 35).
7 El Proyecto de Acuerdo EEAC, cuyos objetivos son comparables a los del Acuerdo EEE, se basa, sin embargo, en un esquema institucional diferente. Mientras que el Acuerdo EEE se apoya en los «dos pilares» constituidos, por una parte, por las Comunidades y, por otra, por la AELC, el Proyecto pretende fundar el EEAC en un «pilar único», solución que resulta posible y necesaria debido a la inexistencia de vínculos institucionales preexistentes en el ámbito del transporte aéreo entre los Estados partes. En aquellos casos en que las disposiciones comunitarias prevén la competencia de las instituciones comunitarias, en particular de la Comisión, en numerosos supuestos, respecto de las normas de competencia, las mismas instituciones son competentes para aplicar al conjunto del EEAC las disposiciones correspondientes contempladas en el Proyecto. En los ámbitos en los que ni las normas de competencia ni las disposiciones de Derecho derivado mencionadas en el anexo I del Proyecto atribuyen competencia a las instituciones comunitarias, corresponde a los Estados partes aplicar las disposiciones del Acuerdo EEAC. El Comité Mixto creado por el artículo 25 del Proyecto es el encargado de resolver las controversias y de que las disposiciones se apliquen de manera homogénea. Por otra parte, el Proyecto da la posibilidad a los Estados partes de autorizar a sus órganos jurisdiccionales a someter cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, facultad que, en el presente caso, es tanto más importante cuanto que no existe ningún órgano jurisdiccional común a estos Estados que pueda garantizar, fuera del territorio comunitario, cierta unidad en la interpretación de las normas del Acuerdo EEAC.
8 Así pues, el Proyecto reconoce amplias competencias a la Comisión, que quedaría encargada de que se respetaran las normas de competencia del EEAC en el conjunto de dicho Espacio. El Proyecto también atribuye al Comité Mixto del EEAC responsabilidades que pueden resultar más amplias que las previstas para el comité mixto del EEE: los casos de divergencia en la interpretación de las normas del Acuerdo EEAC o de controversia en su aplicación susceptibles de ser sometidos al primer Comité podrían ser más numerosos, en la medida en que no existe para los Estados partes ninguna organización específica de la que formen parte comparable a la AELC, ni ningún órgano jurisdiccional común.
9 Esta opción institucional por un «pilar único», en el que la Comisión, en particular, asume una nueva función reguladora, puede contribuir al alto grado de integración de los distintos mercados de transporte aéreo que persiguen las partes contratantes. Asimismo, la gran similitud que existe entre los términos del Proyecto y las disposiciones comunitarias correspondientes puede favorecer el respeto de las normas comunes de competencia, seguridad, medio ambiente y sociales aplicables en el seno del EEAC y facilitar así el ejercicio de las nuevas funciones de la Comisión, y constituye la principal garantía de uniformidad en las condiciones de apertura de los mercados para los operadores y nacionales de los Estados partes o comprendidos en el ámbito del Acuerdo EEAC.
10 Sin embargo, estas orientaciones reflejadas en el Proyecto tienen por efecto, por una parte, la yuxtaposición en un mismo espacio geográfico, el del EEAC, de normas de Derecho comunitario y de normas que las reproducen, que no serán aplicadas ni interpretadas sistemáticamente por las mismas autoridades u organismos, lo que podría dar lugar a divergencias perjudiciales para el funcionamiento del Acuerdo EEAC. Por otra parte, dichas orientaciones tienen como consecuencia confiar a la Comisión la aplicación de numerosas normas de este Acuerdo fuera del territorio comunitario, creando así relaciones particulares entre la Comunidad y los Estados partes.
11 En este contexto, caracterizado por el hecho de que muchas de las normas del Acuerdo EEAC son, materialmente, las del Derecho comunitario, corresponde al Tribunal de Justicia verificar si el Proyecto que se le somete contiene medidas suficientes, comparables al menos a las previstas en el Acuerdo EEE, que puedan garantizar que la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario no resulte afectada por la pretensión de unidad en la interpretación de estas normas y por los nuevos vínculos institucionales establecidos por el Acuerdo EEAC entre la Comunidad y los Estados partes. En particular, los mecanismos de este Acuerdo deben impedir que la Comunidad, en caso de litigio con un Estado parte, se vea sometida a una interpretación determinada de las normas de Derecho comunitario recogidas en dicho Acuerdo. Así pues, este Acuerdo debe permitir prevenir e impedir que se menoscabe de este modo el objetivo de unidad en la interpretación del Derecho comunitario establecido en el artículo 220 CE y la función de control de la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias que corresponde al Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, el dictamen 1/91, antes citado, apartados 41 a 46).
12 Así, la protección de la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario supone, por una parte, que las competencias de la Comunidad y de sus instituciones, tal como las concibe el Tratado, no queden desvirtuadas (dictámenes 1/91, apartados 61 a 65, y 1/92, apartados 32 y 41, antes citados).
13 Por otra parte, implica que los mecanismos relativos a la unidad en la interpretación de las normas del Acuerdo EEAC y a la resolución de controversias no tengan por efecto imponer a la Comunidad y a sus instituciones, en el ejercicio de sus competencias internas, una interpretación determinada de las normas de Derecho comunitario recogidas en dicho Acuerdo (dictámenes 1/91 y 1/92, antes citados).
14 Por lo que se refiere a la incidencia del Proyecto de Acuerdo EEAC en las competencias de la Comunidad y de sus instituciones, debe considerarse que éste no afecta a la naturaleza de dichas competencias hasta el punto de que deba declararse incompatible con el Tratado.
15 Por una parte, el Acuerdo EEAC no tendrá incidencia en el reparto de competencias entre la Comunidad y los Estados miembros.
16 En efecto, los Estados miembros no serán partes en el Acuerdo EEAC. Por tanto, no existe ningún riesgo de que el Comité Mixto o un órgano jurisdiccional que conozca de un litigio sobre la interpretación de determinadas disposiciones de dicho Acuerdo aplique o interprete el concepto de «parte contratante» de manera que se determinen las competencias respectivas de los Estados miembros y de la Comunidad (véase, en este sentido, para una conclusión en sentido contrario, el dictamen 1/91, antes citado, apartados 31 a 36).
17 Además, el hecho de que los Estados miembros no sean partes en el Acuerdo EEAC garantiza que las controversias entre los Estados miembros o entre éstos y las instituciones comunitarias relativas a la interpretación de las normas de Derecho comunitario aplicables al transporte aéreo continuarán estando sujetas únicamente a los mecanismos previstos en el Tratado. En efecto, el procedimiento de resolución de controversias por el Comité Mixto, establecido en el artículo 27 del Proyecto, sólo se refiere a los litigios entre los Estados partes y los litigios entre estos Estados, o uno de ellos, y la Comunidad. Por tanto, no vulnera las disposiciones del artículo 292 CE, según el cual «los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación del presente Tratado a un procedimiento de solución distinto de los previstos en este mismo Tratado».
18 Por otra parte, la ampliación de las competencias de las instituciones de la Comunidad prevista en el Proyecto tampoco afecta a la naturaleza de dichas competencias.
19 Varias disposiciones del Proyecto, en concreto sus artículos 19 a 22, reconocen competencias a las instituciones comunitarias en relación con los Estados partes, que no son miembros de la Comunidad. Es el caso, en particular, de la Comisión, en virtud de lo dispuesto en los artículos 11 a 16 del Proyecto, relativos a las normas de competencia, y en los artículos 17 a 22 del Proyecto, relativos al cumplimiento del Acuerdo EEAC, pero también del Tribunal de Justicia, que podrá, en virtud del artículo 23, apartado 2, y del Protocolo IV del Proyecto, pronunciarse sobre cuestiones prejudiciales planteadas por órganos jurisdiccionales de los Estados partes y, con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Proyecto, resolver las controversias que las partes contratantes hayan decidido someterle, en caso de que fracase el procedimiento ante el Comité Mixto.
20 El Tribunal de Justicia ya ha admitido que un acuerdo internacional celebrado por la Comunidad con Estados terceros puede tener incidencias en las competencias de las instituciones comunitarias, sin que por ello deba considerarse incompatible con el Tratado. Tal como señaló en sus dictámenes relativos a los proyectos de Acuerdo sobre la creación del EEE, un acuerdo de este tipo es considerado compatible con el Tratado si no desvirtúa las competencias que éste atribuye a las instituciones de la Comunidad (véase, en particular, el dictamen 1/92, apartados 32 y 41).
21 Pues bien, aunque el Proyecto de Acuerdo EEAC incide en las competencias de las instituciones comunitarias, dicho Proyecto no desvirtúa estas competencias y, por consiguiente, no pone en peligro la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario.
22 En efecto, por lo que respecta a la Comisión, las disposiciones del Proyecto se inspiran directamente en las disposiciones del Tratado que definen la función que ésta ejerce en el ámbito de la competencia en relación con los Estados miembros. La identidad entre las normas de fondo del Acuerdo EEAC y las del Derecho comunitario, que la Comisión deberá aplicar junto a los Estados partes, así como la opción institucional de un «pilar único», también deben considerarse como garantías que preservan la naturaleza de las competencias de las instituciones comunitarias.
23 Por lo que se refiere al Tribunal de Justicia, las disposiciones del Proyecto de Acuerdo EEAC cumplen los requisitos esenciales para la preservación de la naturaleza de sus competencias.
24 Por una parte, el artículo 17, apartado 3, de este texto atribuye al Tribunal de Justicia la tarea de pronunciarse «en todas las cuestiones referentes a la legalidad de las decisiones tomadas por las instituciones comunitarias de conformidad con el presente Acuerdo». Así pues, no se vulnera el monopolio del control de legalidad de los actos de las instituciones comunitarias, con independencia de que éstas actúen con arreglo al Tratado o sobre la base de otro acto internacional, que los artículos 230 CE y 234 CE, en particular, reconocen al Tribunal de Justicia.
25 Por otra parte, en todos los supuestos en que el Proyecto atribuye competencias al Tribunal de Justicia quedará garantizado el carácter vinculante de sus resoluciones, contrariamente a los temores expresados a este respecto por el Gobierno italiano en sus observaciones (véase el dictamen 1/91, antes citado, apartados 59 a 65). Es el caso tanto de los procedimientos de remisión prejudicial previstos en el artículo 23, apartado 2, y en el Protocolo IV del Proyecto como de los procedimientos de resolución de controversias previstos en el artículo 27, apartado 3, del Proyecto, que establece que la «sentencia [del Tribunal de Justicia] será definitiva y vinculante».
26 En estas circunstancias, las disposiciones del Proyecto de Acuerdo EEAC no desvirtúan las competencias de la Comunidad y de sus instituciones y, por consiguiente, no ponen en peligro la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario. Por consiguiente, pueden considerarse compatibles con el Tratado.
27 Tras el análisis de las incidencias del Proyecto en las competencias de la Comunidad y de sus instituciones, procede examinar el alcance de los mecanismos que el Proyecto prevé para garantizar la interpretación homogénea de las normas del Acuerdo EEAC y para la resolución de controversias. Tal como se ha señalado en el apartado 13 del presente dictamen, la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario no quedaría garantizada si estos mecanismos tuvieran por efecto imponer a la Comunidad y a sus instituciones, en el ejercicio de sus competencias internas, una interpretación determinada de las normas de Derecho comunitario recogidas en dicho Acuerdo.
28 A este respecto, deben analizarse sucesivamente las disposiciones que determinan las características de las normas del Acuerdo EEAC, los mecanismos de remisión prejudicial, las disposiciones del artículo 23, apartado 1, del Proyecto y las del apartado 3 del mismo artículo, relativas a la interpretación de dichas normas, así como los mecanismos de resolución de controversias.
29 En primer lugar, el Proyecto prevé que, conforme a la voluntad de las partes contratantes, las normas del Acuerdo EEAC respetarán las características generales del Derecho comunitario. Así, el preámbulo del Proyecto reafirma que «los Estados asociados se han comprometido en los Acuerdos Europeos a hacer compatibles sus legislaciones con la de la Comunidad». El artículo 2 del Proyecto precisa, de manera paralela a lo dispuesto en el artículo 249 CE, que los actos incluidos en el anexo I del Proyecto correspondientes a reglamentos comunitarios «se incorporarán íntegramente en el ordenamiento jurídico interno de las Partes Contratantes» y que los actos correspondientes a directivas comunitarias «dejarán a las autoridades de las Partes Contratantes la elección de la forma y de los medios para su aplicación». El artículo 17, apartado 1, del Proyecto prevé además que las partes contratantes garantizarán que los derechos otorgados por el Acuerdo EEAC «puedan ser invocados ante los tribunales nacionales». Del conjunto de estas disposiciones se desprende que el objetivo de homogeneidad en la aplicación de las normas contenidas en el Acuerdo EEAC se perseguirá respetando las características esenciales de las normas comunitarias.
30 En segundo lugar, los mecanismos de remisión prejudicial previstos en el artículo 23, apartado 2, y en el Protocolo IV del Proyecto, que confieren a los Estados partes la posibilidad de autorizar a sus órganos jurisdiccionales a plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia, pueden considerarse compatibles con el Tratado.
31 No cabe duda de que estas disposiciones no tienen por objeto conferir de pleno Derecho a los órganos jurisdiccionales de los Estados partes la facultad de dirigirse al Tribunal de Justicia. En efecto, cada Estado parte tiene a su disposición las posibilidades alternativas de remisión prejudicial establecidas por el Protocolo IV del Proyecto «al adoptar una decisión en cuanto a las normas de aplicación [del artículo 23, apartado 2, del Proyecto]». Esta interpretación queda confirmada por las disposiciones del artículo 23, apartado 3, del Proyecto, que contemplan la situación en la que un órgano jurisdiccional de un Estado parte no pueda «remitirse al Tribunal de Justicia».
32 No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha admitido, en relación con las disposiciones equivalentes del Acuerdo EEE, que los Estados pueden tener libertad para autorizar o no a sus órganos jurisdiccionales a dirigirse al Tribunal de Justicia (dictamen 1/91, antes citado, apartado 60).
33 El Tribunal de Justicia también consideró, en el mismo dictamen, que se le podían someter cuestiones prejudiciales procedentes de órganos jurisdiccionales que no pertenecieran a Estados miembros, siempre que sus respuestas tuvieran carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales remitentes (dictamen 1/91, antes citado, apartados 59 y 61 a 65). Esto es precisamente lo que ocurre en el Proyecto de Acuerdo EEAC, tal como se ha expuesto, ya que el sometimiento de una cuestión al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 23, apartado 2, de dicho texto, cuyas modalidades están precisadas en las distintas alternativas previstas en su Protocolo IV, le permitirá, con arreglo a lo dispuesto en dicho Protocolo, pronunciarse con carácter vinculante tanto sobre la interpretación como sobre la validez de las normas del Acuerdo EEAC.
34 En tercer lugar, los mecanismos contemplados en el artículo 23, apartado 1, del Proyecto, relativos a la interpretación de las disposiciones del Acuerdo EEAC sustancialmente idénticas a las del Derecho comunitario, permiten que las partes contratantes tengan en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de manera satisfactoria.
35 En efecto, el artículo 23, apartado 1, del Proyecto establece que las disposiciones de fondo del Acuerdo EEAC se interpretarán, a efectos de su ejecución y aplicación, con arreglo a las decisiones de la Comisión y a las sentencias del Tribunal de Justicia relativas a disposiciones idénticas del Derecho comunitario.
36 Aunque esta disposición limita el reconocimiento del carácter vinculante de las decisiones de la Comisión y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a las decisiones y a las sentencias anteriores a la firma del Acuerdo EEAC, este hecho no constituye, por sí solo, una causa de incompatibilidad con el Tratado, dado que se establecen procedimientos adecuados para que la jurisprudencia posterior del Tribunal de Justicia no resulte afectada y para garantizar así la unidad de interpretación de las normas del Derecho comunitario (dictamen 1/92, antes citado, apartados 21 a 23).
37 En su dictamen 1/92, antes citado, relativo al proyecto de Acuerdo sobre la creación del EEE, el Tribunal de Justicia declaró que los procedimientos que preveía para que se tomase en consideración su jurisprudencia eran suficientes. Los mecanismos previstos en dicho proyecto eran los siguientes: por una parte, el comité mixto del EEE recibía las sentencias y resoluciones del Tribunal de Justicia y del Tribunal AELE y debía examinar de manera permanente el desarrollo de su jurisprudencia para garantizar la interpretación homogénea del Acuerdo; por otra parte, las decisiones de este comité, tanto las que se debieran adoptar a raíz del desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia como las relativas a la resolución de controversias sobre la interpretación de dicho Acuerdo, se adoptaban «de común acuerdo» y no podían «en ningún caso afectar a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia». Esta última norma fue calificada por el Tribunal de Justicia, en el apartado 24 del mismo dictamen, de «garantía fundamental, indispensable para la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario».
38 Pues bien, las disposiciones del Proyecto de Acuerdo EEAC, aunque no son idénticas a las del Acuerdo EEE, contienen garantías globalmente comparables.
39 Primero, el artículo 23, apartado 1, de Proyecto establece expresamente y de manera vinculante para las partes contratantes que las decisiones del Comité Mixto, aunque no se atribuya a éste la función permanente de examinar el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de los órganos jurisdiccionales de los Estados partes, «deberán ser conformes a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia». Así pues, el Comité Mixto, cuya función consiste en garantizar la «correcta aplicación» del Acuerdo EEAC cuando una de las partes contratantes le somete alguna cuestión, no podrá imponer a los representantes de la Comunidad que formen parte de él una interpretación de las normas de dicho Acuerdo contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por otra parte, el texto del Proyecto tampoco impide que la posición adoptada por la Comunidad en el seno del Comité Mixto pueda, en su caso, someterse al Tribunal de Justicia a través de los recursos establecidos en el Tratado.
40 A continuación, la exigencia prevista en el artículo 25, apartado 3, del Proyecto, según la cual el Comité ha de decidir por unanimidad de sus miembros, si bien puede revelarse perjudicial para el buen funcionamiento del Acuerdo al no permitir interpretaciones de las normas del Acuerdo EEAC que sean siempre homogéneas, también debe considerarse una garantía para la Comunidad de que no se le impondrá, en sus relaciones con los Estados miembros o los nacionales de la Comunidad, una interpretación contraria a la jurisprudencia comunitaria.
41 Finalmente, el hecho de que el artículo 23, apartado 1, del Proyecto no prevea expresamente ninguna vía de recurso en el supuesto de que el Comité Mixto no logre adoptar una decisión sólo puede tener incidencias perjudiciales para el buen funcionamiento del Acuerdo EEAC. En efecto, las divergencias en la interpretación de las normas del Acuerdo EEAC entre la Comunidad y los Estados partes que puedan subsistir debido a esta laguna no tendrán, por sí solas, consecuencias sobre el ordenamiento jurídico comunitario, cuyas normas, sustancialmente idénticas pero formalmente distintas, conservarán su propia interpretación.
42 En cuarto lugar, el artículo 23, apartado 3, del Proyecto, que regula el supuesto en el que un órgano jurisdiccional de una parte contratante que se pronuncie en última instancia no pueda «remitirse al Tribunal de Justicia» y que prevé el envío de toda sentencia dictada por dicho órgano jurisdiccional al Comité Mixto para que éste mantenga la interpretación homogénea del Acuerdo EEAC, tampoco suscita objeciones.
43 En efecto, aunque este apartado no recoge la obligación del artículo 23, apartado 1, del Proyecto de que las decisiones del Comité Mixto sean «conformes a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia», la finalidad de la intervención del Comité Mixto en este contexto es, al igual que en el contexto más general del artículo 23, apartado 1, del Proyecto, mantener la uniformidad en la aplicación de las normas del Acuerdo EEAC. Por tanto, el requisito de que las decisiones del Comité Mixto sean conformes a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia es aplicable en todos los supuestos en los que dicho Comité pretende alcanzar este objetivo, tanto en virtud del apartado 1 como del apartado 3 de dicho artículo.
44 Por último, los mecanismos de resolución de controversias establecidos en el artículo 27 del Proyecto, procedimiento al que se remite el artículo 23, apartado 3, de éste, se inspiran en los previstos en el Acuerdo EEE, que el Tribunal de Justicia consideró compatibles con el Tratado, y se hallan recogidos en el Proyecto con una formulación más vinculante. Así, en el propio texto del Proyecto se precisa, en primer lugar, que las decisiones del Comité Mixto adoptadas en este marco «no afectarán a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia». En segundo lugar, es plenamente aplicable a este respecto el análisis ya realizado de las disposiciones del artículo 23, apartado 1, del Proyecto por lo que se refiere a los efectos de la regla de la unanimidad. Además, las controversias que el Comité Mixto no logre resolver podrán someterse al Tribunal de Justicia, cuya sentencia será «definitiva y vinculante». Por último, si bien estas controversias sometidas al Tribunal de Justicia deben, en virtud del título 3 del Protocolo IV del Proyecto, recibir «idéntico tratamiento al reservado a las controversias remitidas en virtud del artículo 239 del Tratado CE», es decir, deben someterse en virtud de un compromiso que requiere el acuerdo de las partes en la controversia, esta disposición tendrá como consecuencia limitar los supuestos en los que el Tribunal de Justicia deberá pronunciarse, pero no obligará a los representantes de la Comunidad en el seno del Comité Mixto a aplicar normas contrarias al Derecho comunitario.
45 Así pues, debe considerarse que los mecanismos relativos a la homogeneidad en la interpretación de las normas del Acuerdo EEAC y a la resolución de controversias no tendrán por efecto imponer a la Comunidad y a sus instituciones, en el ejercicio de sus competencias internas, una interpretación determinada de las normas de Derecho comunitario recogidas en dicho Acuerdo.
46 Por consiguiente, las disposiciones de los artículos 17, 23 y 27, así como del Protocolo IV del Acuerdo EEAC, en su redacción sometida a la apreciación del Tribunal de Justicia, no afectan a la autonomía del ordenamiento jurídico comunitario. En estas circunstancias, el sistema de vigilancia jurídica que este Acuerdo pretende establecer mediante dichas disposiciones debe declararse compatible con el Tratado.
Parte dispositiva
Por consiguiente,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por el Sr. G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente, el Sr. P. Jann, las Sras. F. Macken y N. Colneric y el Sr. S. von Bahr, Presidentes de Sala, los Sres. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris, J.N. Cunha Rodrigues y C.W.A. Timmermans, Jueces;
oídos los Sres. S. Alber, Primer Abogado General, F.G. Jacobs, P. Léger, D. Ruiz-Jarabo Colomer, J. Mischo, A. Tizzano, L.A. Geelhoed y la Sra. C. Stix-Hackl, Abogados Generales;
emite el siguiente dictamen:
El sistema de vigilancia jurídica que el Acuerdo referente a la creación del Espacio Europeo Aéreo Común pretende establecer mediante sus artículos 17, 23 y 27 y su Protocolo IV es compatible con el Tratado CE.