Asunto C‑521/21
MJ
contra
AA
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy Poznań)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 24 de marzo de 2026
« Procedimiento prejudicial — Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión — Independencia judicial — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — Artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Normativa y jurisprudencia nacionales que prohíben a los órganos jurisdiccionales nacionales cuestionar la legitimidad de los tribunales y de los órganos constitucionales o de declarar o apreciar la legalidad del nombramiento de los jueces o de las funciones jurisdiccionales de estos — Obligación del juez que conoce de la recusación de otro juez de comprobar el cumplimiento de la exigencia de ser un “juez establecido previamente por la ley” — Nombramiento de los jueces ordinarios en Polonia — Falta de independencia de la Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia) — Inexistencia de tutela judicial efectiva de los candidatos al cargo de juez de que se trata — Juez que no constituye un “juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley” — Posibilidad de apartar a un juez de una sala »
1.        Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Respeto del principio de independencia judicial — Primacía — Obligaciones de los órganos jurisdiccionales nacionales — Normativa y jurisprudencia nacionales que prohíben a los órganos jurisdiccionales nacionales cuestionar la legitimidad de los tribunales y de los órganos constitucionales o de declarar o apreciar la legalidad del nombramiento de los jueces o de las funciones jurisdiccionales de estos — Improcedencia — Obligación del juez que conoce de la recusación de otro juez basada en las condiciones del nombramiento de este de comprobar el cumplimiento de la exigencia de ser un juez establecido previamente por la ley
(Art. 19 TUE, ap. 1, párr. 2; art. 267 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 55 a 66 y el punto 1 del fallo)
2.        Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Aplicación del Derecho de la Unión al litigio principal — Exclusión — Transmisión al órgano jurisdiccional remitente de todos los criterios de interpretación propios del Derecho de la Unión — Inclusión
(Art. 267 TFUE)
(véase el apartado 80)
3.        Estados miembros — Obligaciones — Establecimiento de las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva — Respeto de la exigencia del tribunal establecido por la ley — Propuesta de recusación de un juez — Comprobación de dicha exigencia por el tribunal nacional que conoce de esa recusación — Juez nombrado para ese cargo a raíz de un procedimiento en el que intervino un órgano que no ofrece garantías de independencia — Inexistencia de tutela judicial efectiva de los candidatos al cargo de juez de que se trata — Circunstancias estas que no afectan a la independencia e imparcialidad de dicho juez — Requisito
(Art. 19 TUE, ap. 1, párr. 2; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 79 y 81 a 94 y el punto 2 del fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Tribunal de Distrito de Poznan-Stare Miasto, Polonia), precisa su jurisprudencia relativa a la exigencia de un «juez establecido previamente por la ley», a efectos del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Más concretamente, se pronuncia sobre el alcance del examen que debe realizar el juez encargado de pronunciarse sobre la propuesta de recusación de un juez ordinario debido a irregularidades relativas al nombramiento de este, así como sobre las consecuencias que debe extraer de ello.
En el marco de un litigio relativo a un crédito, el demandado en el litigio principal, mediante escrito de 21 de mayo de 2021, propuso la recusación de la jueza S. C., que conocía de dicho litigio. Alegó que esta persona no había sido válidamente nombrada para desempeñar el cargo de juez, puesto que la resolución relativa a su nombramiento había sido adoptada por la Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia; en lo sucesivo, «KRS»), en su nueva composición, cuya constitucionalidad había sido puesta en duda por el Naczelny Sąd Administracyjny (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Polonia).
El examen de dicha recusación se sometió al tribunal remitente, que actúa en formación unipersonal, el cual expresó sus dudas sobre determinados aspectos del nombramiento de la jueza S. C.
En este contexto, el tribunal remitente decidió suspender el procedimiento para preguntar al Tribunal de Justicia, en esencia, sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión, por un lado, del procedimiento de nombramiento de la jueza en cuestión, en particular habida cuenta de la composición y la función de la KRS en ese procedimiento y de la inexistencia de tutela judicial efectiva de los participantes en dicho procedimiento, y, por otro lado, de las disposiciones nacionales aplicables, tal como han sido interpretadas por el Trybunał Konstytucyjny (Tribunal Constitucional), en virtud de las cuales el examen de la legalidad del nombramiento de un juez es competencia exclusiva, que está limitada, de la Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos, Polonia) del Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia). (1)
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer término, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, el artículo 47 de la Carta y el principio de primacía del Derecho de la Unión se oponen a la normativa de un Estado miembro y a la jurisprudencia de su tribunal constitucional, que interpreta la Constitución de ese Estado miembro y dicha normativa, que confieren a un órgano competencia exclusiva para decidir sobre una propuesta de recusación de un juez basada en las condiciones del nombramiento de este, privando a dicho órgano de la facultad de examinar tal propuesta si en ella se cuestiona la legalidad del procedimiento de nombramiento de dicho juez. El Tribunal de Justicia puntualiza que corresponde al tribunal nacional que conoce de la recusación abstenerse de aplicar esa normativa tal como se interpreta en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y examinar él mismo la legalidad del nombramiento de ese juez, en particular comprobando que este último cumple la exigencia de ser un «juez establecido previamente por la ley» y, en su caso, acordando la recusación de ese mismo juez si las eventuales irregularidades de que adolece dicho nombramiento implican un incumplimiento de esta exigencia.
Por lo tanto, en el caso de autos, el tribunal remitente debe abstenerse de aplicar la normativa polaca, interpretada, en particular, por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 14 de julio de 2021, que le prohíbe examinar la legalidad del nombramiento de la jueza S. C. y le obliga a remitir dicho examen a la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos, a fin de efectuar él mismo tal examen y extraer, en su caso, las consecuencias.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala asimismo que, habida cuenta del carácter sistémico de los nombramientos irregulares para los cargos de juez en Polonia, que afectan a alrededor del 30 % de los jueces de dicho Estado miembro, una apreciación caso por caso del cumplimiento de la exigencia de un «juez establecido previamente por la ley», en el ámbito de los procedimientos de recusación basados en las condiciones de nombramiento de los jueces de que se trate, no basta, en principio, para garantizar el pleno cumplimiento de la exigencia, derivada del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, de que los asuntos relacionados con el Derecho de la Unión sean examinados por tribunales independientes. En efecto, la existencia de vulneraciones sistémicas o generalizadas a la independencia del Poder Judicial nacional puede comprometer tanto el buen funcionamiento del procedimiento de remisión prejudicial como la uniformidad, la coherencia y la plena eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva, del que dicho procedimiento constituye un componente esencial.
Por lo tanto, con el fin, por un lado, de restablecer la confianza del público en el sistema judicial y garantizar el respeto del principio de separación de poderes y, por otro lado, de garantizar la continuidad y la eficacia del funcionamiento de la justicia, incluida la eficacia del mecanismo de remisión prejudicial, el ordenamiento jurídico nacional debe establecer, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, un marco normativo que permita evaluar las posibilidades de que las personas nombradas irregularmente para los cargos de juez sigan ejerciendo sus funciones. Sin embargo, esta disposición no impone a los Estados miembros un modelo único para garantizar la tutela judicial efectiva ni para restablecer la confianza del público en el sistema judicial. De este modo, los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación en cuanto al contenido concreto del marco normativo establecido a tal fin, a condición de que se garantice, no obstante, que solo las personas nombradas de forma irregular que ofrezcan suficientes garantías de independencia e imparcialidad puedan seguir ejerciendo sus funciones.
En segundo término, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y el artículo 47 de la Carta no se oponen a que se califique como «juez independiente e imparcial» una formación judicial integrada por un juez único nombrado para su cargo al término de un procedimiento de nombramiento caracterizado por el hecho de que, en primer lugar, la candidatura de dicho juez fue recomendada por un órgano que no ofrece garantías de independencia suficientes para descartar cualquier duda legítima en el ánimo de los justiciables sobre la regularidad de los procedimientos de nombramiento de jueces en los que interviene dicho órgano y, en segundo lugar, los participantes en ese procedimiento de nombramiento no tenían derecho a la tutela judicial efectiva, a falta de otros elementos pertinentes relativos al contexto que rodeó dicho procedimiento que fueran de tal naturaleza y gravedad que, considerados en conjunto, pudieran poner en entredicho la independencia o la imparcialidad de dicho juez.
A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que una irregularidad cometida con ocasión del nombramiento de uno o varios jueces en el seno del sistema judicial de que se trate supone la infracción de la exigencia de un «juez establecido previamente por la ley», en especial, cuando esa irregularidad es de tal naturaleza y gravedad que crea un riesgo real de que otras ramas del poder, en particular el Poder Ejecutivo, puedan ejercer una potestad discrecional indebida que ponga en peligro la integridad del resultado al que conduce el proceso de nombramiento y que genere así una duda legítima, en el ánimo de los justiciables, en cuanto a la independencia y la imparcialidad del juez o de los jueces en cuestión.
Corresponde, en última instancia, al tribunal remitente apreciar las irregularidades que en su caso se hubieran cometido en el marco del procedimiento de nombramiento de S. C. y el efecto que estas puedan tener en su condición de juez que reúne los requisitos establecidos en el artículo 47 de la Carta.
En cuanto a las consideraciones que deben tenerse en cuenta a este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que, por lo que se refiere al hecho de que la candidatura de la jueza S. C. fue recomendada por la KRS en su nueva composición, la circunstancia de que este órgano no ofrezca suficientes garantías de independencia no permite, por sí sola, concluir que se han incumplido las exigencias inherentes al artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 47 de la Carta. Lo mismo ocurre en cuanto a la inexistencia del derecho a la tutela judicial efectiva para los participantes en el procedimiento de nombramiento de que se trata, dado que solo es posible recurrir ante la Sala de Control Extraordinario y de Asuntos Públicos, la cual incumple la exigencia de ser un «juez establecido previamente por la ley». (2) Así pues, estos dos hechos, considerados aisladamente, no permiten concluir que la jueza de que se trata no cumple tal exigencia ni, por lo tanto, acordar su recusación.
En efecto, para apreciar si los jueces cumplen las exigencias de independencia e imparcialidad y constituyen un tribunal «establecido previamente por la ley», a efectos de las disposiciones anteriormente citadas, es preciso no solamente examinar los elementos relativos al procedimiento de su nombramiento, sino también tener en cuenta otros elementos contextuales pertinentes, efectuando una apreciación global de todos los elementos que rodean su nombramiento.
En el caso de autos, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al tribunal remitente, no parece que ninguna otra circunstancia fáctica ni jurídica que rodeara el nombramiento de la jueza S. C. pueda poner en entredicho la independencia o la imparcialidad de dicha jueza.
1      En particular, la sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de julio de 2021 (asunto P 7/20). Esta sentencia fue examinada por el Tribunal de Justicia, con posterioridad a la presentación de la petición de decisión prejudicial en el asunto de que se trata, en la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Comisión/Polonia (Control ultra vires de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Primacía del Derecho de la Unión) (C‑448/23, EU:C:2025:975).
2      En su sentencia de 21 de diciembre de 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Continuidad en el desempeño del cargo de juez) (C‑718/21, EU:C:2023:1015), el Tribunal de Justicia declaró que dicha Sala no tiene la condición de tribunal «independiente e imparcial, establecido previamente por la ley».