62022CJ0183
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 15 de junio de 2023 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Agricultura — Organización común de mercados — Reglamento (UE) n.o 1308/2013 — Estatutos de organizaciones de productores — Artículo 153, apartado 1, letra b) — Regla de pertenencia de los miembros a una sola organización de productores — Alcance — Artículo 153, apartado 2, letra c) — Control democrático de la organización de productores y de las decisiones adoptadas en su seno por los miembros productores — Control que ejerce una persona sobre determinados miembros de la organización de productores»
En el asunto C‑183/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo, Francia), mediante resolución de 10 de marzo de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de marzo de 2022, en el procedimiento entre
Saint‑Louis Sucre
y
Premier ministre,
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
SICA des betteraviers d’Étrépagny,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por el Sr. E. Regan, Presidente de Sala, y los Sres. D. Gratsias (Ponente), M. Ilešič, I. Jarukaitis y Z. Csehi, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretaria: Sra. M. Krausenböck, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de noviembre de 2022;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Saint‑Louis Sucre, por los Sres. J.‑P. Duhamel y F.‑C. Laprévote, la Sra. A. Magraner‑Oliver y el Sr. F. Six, avocats;
–
en nombre de SICA des betteraviers d’Étrépagny, por el Sr. F. Molinié, avocat;
–
en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. Bain y J.‑L. Carré, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. M. Konstantinidis y F. Le Bot, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 9 de febrero de 2023;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 153 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 671; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 45), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017 (DO 2017, L 350, p. 15) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1308/2013»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la sociedad Saint‑Louis Sucre, por una parte, y el Premier ministre (Primer Ministro, Francia), el ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Ministro de Agricultura y Alimentación, Francia) y la société d’intérêt collectif agricole (SICA) des betteraviers d’Étrépagny (en lo sucesivo, «SICA»), por otra, en relación con el reconocimiento de esta última como organización de productores (en lo sucesivo, «OP») de remolacha azucarera en el sector del azúcar.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento (UE) n.o 1307/2013
3
El artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 21), establece:
«A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
b)
“explotación”: todas las unidades utilizadas para actividades agrarias y administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro;
c)
“actividad agraria”:
i)
la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrarios, o
[…]».
Reglamento n.o 1308/2013
4
El considerando 131 del Reglamento n.o 1308/2013 tiene el siguiente tenor:
«Las organizaciones de productores y sus asociaciones pueden desempeñar una función muy útil en la concentración de la oferta y en la mejora de la comercialización y planificación, así como para adaptar la producción a la demanda, optimizar los costes de producción y estabilizar los precios a la producción, llevar a cabo investigaciones, fomentar las prácticas correctas y prestar asistencia técnica, gestionar los productos derivados y administrar los instrumentos de gestión del riesgo de que dispongan sus miembros, contribuyendo así a fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria.»
5
El artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento establece la organización común de mercados de los productos agrarios, que comprende todos los productos enumerados en el anexo I del Tratado FUE, salvo los productos de la pesca y de la acuicultura definidos en los actos legislativos de la Unión relativos a la organización común de mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura.
6
De conformidad con el artículo 1, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento, en relación con la parte III de su anexo I, la remolacha azucarera está comprendida en la organización común del sector del azúcar.
7
En virtud del artículo 3, apartado 3, del mismo Reglamento, serán de aplicación a efectos del mismo, salvo disposición en contrario, las definiciones que figuran, en particular, en el Reglamento n.o 1307/2013.
8
El artículo 152 del Reglamento n.o 1308/2013, titulado «Organizaciones de productores», establece, en sus apartados 1 a 1 ter:
«1.   Los Estados miembros podrán reconocer a las [OP] que lo soliciten y que:
a)
estén constituidas y controladas de conformidad con el artículo 153, apartado 2, letra c), por productores de un sector específico enumerado en el artículo 1, apartado 2;
b)
se hayan creado a iniciativa de los productores y realicen como mínimo una de las siguientes actividades:
i)
transformación conjunta,
ii)
distribución conjunta, incluidas las plataformas de venta conjuntas o las de transporte conjunto,
iii)
envasado, etiquetado y promoción conjuntos,
iv)
organización conjunta del control de la calidad,
v)
uso conjunto de equipos o instalaciones de almacenamiento,
vi)
gestión conjunta de los residuos directamente relacionados con la producción,
vii)
adquisición conjunta de materias primas,
viii)
cualquier otro tipo de actividades conjuntas de servicios destinados a realizar uno de los objetivos enumerados en la letra c) del presente apartado;
c)
persigan una finalidad específica, que podrá consistir en uno o más de los objetivos siguientes:
i)
garantizar que la producción se planifique y se ajuste con arreglo a la demanda, sobre todo en lo referente a la calidad y a la cantidad;
ii)
concentrar la oferta y la comercialización de los productos de sus miembros, incluyendo la comercialización directa;
iii)
optimizar los costes de producción y los beneficios de las inversiones realizadas en respuesta a normas relativas al medio ambiente y al bienestar de los animales, y estabilizar los precios de producción;
[…]
1 bis.   No obstante lo dispuesto en el artículo 101 [TFUE], apartado 1, […] una [OP], reconocida en virtud del apartado 1 del presente artículo, podrá planificar la producción, optimizar los costes de producción, comercializar y negociar contratos para el suministro de productos agrícolas, en nombre de sus miembros con respecto a una parte o a la totalidad de la producción.
Las actividades a que se refiere el primer párrafo podrán tener lugar:
a)
siempre que se ejerzan realmente una o varias de las actividades contempladas en el apartado 1, letra b), incisos i) a vii), contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 39 [TFUE];
b)
siempre que la [OP] concentre la oferta y comercialice los productos de sus miembros, con independencia de que los productores transfieran o no la propiedad de los productos agrícolas a la [OP];
c)
con independencia de que el precio negociado sea o no el mismo para la producción conjunta de algunos o todos los miembros;
d)
siempre que los productores de que se trate no sean miembros de ninguna otra [OP] en lo que atañe a los productos cubiertos por las actividades a que se refiere el párrafo primero;
e)
siempre que el producto agrícola en cuestión no esté sujeto a una obligación de entrega derivada de la pertenencia del agricultor a una cooperativa que no es miembro de la [OP] de que se trata, de conformidad con las condiciones establecidas en los estatutos de la cooperativa o por las normas y decisiones previstas en ellos o derivadas de ellos.
No obstante, los Estados miembros podrán establecer excepciones a la condición establecida en el párrafo segundo, letra d), en casos debidamente justificados, en los que los productores asociados posean dos unidades de producción distintas situadas en zonas geográficas diferentes.
1 ter.   A los efectos del presente artículo, las referencias a las [OP] también incluirán a las asociaciones de [OP] reconocidas en virtud del artículo 156, apartado 1, si dichas asociaciones cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo.»
9
El artículo 153 de dicho Reglamento, titulado «Estatutos de organizaciones de productores», dispone:
«1.   Los estatutos de una [OP] obligarán en particular a los productores asociados a:
a)
aplicar las normas adoptadas por la [OP] en materia de notificación de la producción, producción, comercialización y protección del medio ambiente;
b)
pertenecer a una sola [OP] con respecto a un producto determinado de la explotación; no obstante, los Estados miembros pueden establecer excepciones a esta condición en casos debidamente justificados, en los que los productores asociados posean dos unidades de producción distintas situadas en zonas geográficas diferentes;
c)
facilitar la información solicitada a efectos estadísticos por la [OP].
2.   Los estatutos de una [OP] deberán prever también lo siguiente:
[…]
c)
las normas que garanticen a los productores asociados el control democrático de su organización y de las decisiones de esta;
[…]».
10
El artículo 206 del mencionado Reglamento, titulado «Directrices de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia a la agricultura», dispone en su párrafo primero:
«Salvo disposición en contrario del presente Reglamento y de conformidad con el artículo 42 [TFUE], los artículos 101 [TFUE] a 106 [TFUE] y sus disposiciones de aplicación se aplicarán, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 207 a 210 del presente Reglamento, a todos los acuerdos, decisiones y prácticas contemplados en el artículo 101 [TFUE], apartado 1, […] y en el artículo 102 [TFUE] relativos a la producción o el comercio de productos agrarios.»
11
El artículo 209 del mismo Reglamento, titulado «Excepciones relativas a los objetivos de la Política Agrícola Común, los agricultores y las asociaciones de agricultores», establece en su apartado 1:
«El artículo 101 [TFUE], apartado 1, […] no se aplicará a los acuerdos, decisiones y prácticas contemplados en el artículo 206 del presente Reglamento que sean necesarios para la consecución de los objetivos fijados en el artículo 39 [TFUE].
El artículo 101 [TFUE], apartado 1, […] no se aplicará a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de agricultores, asociaciones de agricultores o asociaciones de estas asociaciones, [OP] reconocidas al amparo del artículo 152 o del artículo 161 del presente Reglamento, o asociaciones de [OP] reconocidas al amparo del artículo 156 del presente Reglamento, que se refieran a la producción o venta de productos agrícolas o a la utilización de instalaciones comunes de almacenamiento, tratamiento o transformación de productos agrarios, a menos que pongan en peligro los objetivos establecidos en el artículo 39 [TFUE].
El presente apartado no se aplicará a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que conlleven la obligación de cobrar un precio idéntico o por medio de los cuales quede excluida la competencia.»
Reglamento 2017/2393
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El considerando 52 del Reglamento 2017/2393 tiene el siguiente tenor:
«Las [OP] y sus asociaciones pueden desempeñar una función muy útil en la concentración de la oferta y en la mejora de la comercialización y planificación, así como para adaptar la producción a la demanda, optimizar los costes de producción y estabilizar los precios a la producción, llevar a cabo investigaciones, fomentar las mejores prácticas y prestar asistencia técnica, gestionar los productos derivados y administrar los instrumentos de gestión del riesgo de que dispongan sus miembros, contribuyendo así a fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria. Sus actividades, incluidas las negociaciones contractuales relativas al suministro de productos agrícolas por dichas [OP] y sus asociaciones a la hora de concentrar la oferta e introducir los productos de sus miembros en el mercado, contribuyen, por tanto, a la consecución de los objetivos de la [política agrícola común (PAC)] establecidos en el artículo 39 [TFUE], ya que refuerzan la posición de los agricultores en la cadena alimentaria y pueden contribuir a un mejor funcionamiento de la misma. La reforma de la PAC en 2013 reforzó la función de las [OP]. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 101 [TFUE], la posibilidad de llevar a cabo actividades como la planificación de la producción, la optimización de los costes, la introducción de los productos de los miembros productores en el mercado y la puesta en marcha de negociaciones contractuales debe, por lo tanto, regularse de forma explícita como un derecho de las [OP] reconocidas en todos los sectores para los que el Reglamento [n.o 1308/2013] establece una organización común de los mercados. Esa excepción debe cubrir únicamente a las [OP] que ejercen realmente una actividad destinada a la integración económica y que concentran la oferta e introducen los productos de sus miembros en el mercado. Sin embargo, además de la aplicación del artículo 102 [TFUE] a dichas [OP], deben establecerse salvaguardias para garantizar que dichas actividades no excluyan la competencia o pongan en peligro los objetivos establecidos en el artículo 39 [TFUE]. […]»
Derecho francés
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En virtud del artículo L. 551‑1 del code rural et de la pêche maritime (Código Rural y de Pesca Marítima), «la autoridad administrativa reconocerá a las [OP] y a las asociaciones de [OP] en los sectores regulados por el Reglamento que establece la organización común de mercados de los productos agrícolas en las condiciones establecidas en este».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
14
Mediante Orden Ministerial de 20 de diciembre de 2019, el Ministro de Agricultura y Alimentación reconoció a SICA como OP en el sector del azúcar con respecto a la remolacha azucarera.
15
Mediante demanda presentada ante el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo, Francia), órgano jurisdiccional remitente, Saint‑Louis Sucre, sociedad que produce azúcar a partir de remolacha azucarera, solicitó la anulación de la Orden Ministerial de 20 de diciembre de 2019. En apoyo de su demanda, Saint‑Louis Sucre invoca, en particular, dos motivos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 153, apartado 1, letra b), y del artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013.
16
En apoyo del motivo basado en la infracción del artículo 153, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, Saint‑Louis Sucre alega que la Confédération générale des planteurs de betteraves Eure (Confederación General de Cultivadores de Remolacha Eure; en lo sucesivo, «CGB Eure»), la Confédération générale des planteurs de betteraves Île‑de‑France (Confederación General de Cultivadores de Remolacha Île‑de‑France; en lo sucesivo, «CGB Île‑de‑France») y la sociedad Naples Investissement, que no son productores, son miembros a la vez de SICA y de SICA Roye‑Déshydratation, que también había sido reconocida como OP en el momento de la adopción de la Orden Ministerial de 20 de diciembre de 2019. La demandante aduce que, habida cuenta de este hecho, el Ministro de Agricultura y Alimentación debería haber denegado la solicitud de reconocimiento de SICA en virtud del artículo 153, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013.
17
El órgano jurisdiccional remitente considera que la apreciación de este motivo depende de la respuesta que se dé a la cuestión de si la mencionada disposición, que exige que los miembros de una OP pertenezcan a una sola OP con respecto a un producto determinado de la explotación, debe interpretarse en el sentido de que la referida prohibición de pluripertenencia es de aplicación únicamente a los miembros productores o a todos los miembros de una OP, incluidos los miembros no productores.
18
En apoyo del motivo basado en la infracción del artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013, Saint‑Louis Sucre sostiene que la Orden Ministerial de 20 de diciembre de 2019 fue adoptada infringiendo dicha disposición, puesto que los productores miembros de SICA no pueden ejercer el control democrático de su organización y de las decisiones de esta.
19
En particular, Saint‑Louis Sucre alega que la Confédération générale des planteurs de betteraves (Confederación General de Cultivadores de Remolacha; en lo sucesivo, «CGB») posee la práctica totalidad del capital de Naples Investissement y controla de hecho a CGB Eure y a CGB Île‑de‑France. Habida cuenta de que Naples Investissement, CGB Eure y CGB Île‑de‑France poseen, respectivamente, el 8,7 %, el 15,1 % y el 7,6 % del capital de SICA, CGB controla, a través de estas tres entidades, que están obligadas a aplicar sus directrices, el 31,4 % del total de dicho capital. En opinión de Saint‑Louis Sucre, este hecho contraviene los estatutos de SICA, que limitan al 10 % el porcentaje de los derechos de voto de cada uno de sus miembros en la asamblea general, y pone de manifiesto una vulneración del principio de control democrático de SICA por parte de sus miembros productores. Asimismo, Saint‑Louis Sucre sostiene que, de los trece administradores de SICA, tres representan respectivamente a CGB Eure, a CGB Île‑de‑France y a Naples Investissement, y otros seis son productores, miembros de CGB, en la que desempeñan responsabilidades importantes. Saint‑Louis Sucre añade que la vulneración del principio establecido en el artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013 se ve agravada por el hecho de que el director de SICA y una parte de sus activos han sido puestos a disposición de esta por CGB.
20
El órgano jurisdiccional remitente estima que, para responder a este motivo basado en la infracción del artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013, es preciso determinar si, para apreciar la independencia de los miembros de la organización de que se trata, se debe examinar únicamente si el capital de alguno de ellos en realidad está en manos de una misma persona física o jurídica, o si procede además tomar en consideración otros vínculos como, por lo que respecta a los miembros que no son productores, la afiliación a una misma confederación de asociaciones profesionales o, por lo que respecta a los miembros productores, el desempeño de responsabilidades de dirección en dicha confederación. Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente considera que la fundamentación de este motivo también depende de si, para concluir que existe un control efectivo sobre la OP por parte de sus miembros productores, basta con que estos dispongan de la mayoría de los derechos de voto en la asamblea general o bien ha de examinarse, además, si, habida cuenta de la distribución de los derechos de voto entre los miembros realmente independientes, el porcentaje de los derechos de voto de uno o más miembros no productores les permite, incluso sin contar con mayoría, controlar las decisiones que adopte la OP.
21
En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse la norma establecida en [el artículo 153, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013], según la cual los estatutos de una [OP] obligarán a sus miembros a «pertenecer a una sola [OP] con respecto a un producto determinado de la explotación», en el sentido de que se aplica únicamente a los miembros productores?
2)
Para garantizar el respeto del principio previsto en [el artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013], según el cual los productores miembros de una [OP] deben controlar, de forma democrática, su organización y las decisiones de esta:
–
con el fin de apreciar la independencia de cada uno de los miembros de la organización, ¿debe tenerse en cuenta exclusivamente la participación en su capital de una misma persona física o jurídica, o también otros vínculos tales como, respecto a miembros no productores, la afiliación a una misma confederación de asociaciones profesionales o, respecto a los miembros productores, el desempeño de responsabilidades de dirección dentro de tal confederación?
–
¿basta, para concluir que existe un control efectivo sobre la [OP] por sus miembros productores, con que estos últimos dispongan de la mayoría de votos, o bien ha de examinarse si, habida cuenta de la distribución de votos entre los miembros realmente independientes, la cuota de los derechos de voto de uno o varios miembros no productores les permite, incluso sin contar con mayoría, controlar las decisiones adoptadas por la organización?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
22
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 153, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013 debe interpretarse en el sentido de que la obligación de pertenecer a una sola OP afecta exclusivamente a los miembros de esta que tengan la condición de productores o bien al conjunto de sus miembros, tanto productores como no productores.
23
Procede señalar, en primer lugar, que el artículo 152, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1308/2013 no se opone a que los Estados miembros reconozcan a las OP que cuenten con miembros que sean personas físicas o entidades que no tengan la condición de productores.
24
A este respecto, es cierto que el artículo 152, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 1308/2013 dispone que las OP que los Estados miembros pueden reconocer, previa solicitud, deben estar constituidas por productores pertenecientes a alguno de los sectores enumerados en el artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento. No obstante, interpretada en su contexto, esta disposición debe entenderse en el sentido de que no excluye la posibilidad de que los Estados miembros reconozcan a las OP que no estén constituidas exclusivamente por productores.
25
En efecto, el artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013 establece que los «productores asociados» de una OP son los que deben ejercer el control de la organización y de las decisiones de esta. Pues bien, si las OP reconocidas solo pudieran estar constituidas por productores, esta aclaración sería superflua y bastaría una referencia general a los miembros de las OP.
26
De ello se deduce que el Reglamento n.o 1308/2013 no se opone a que los Estados miembros reconozcan a las OP que admiten miembros que no sean productores, siempre que los productores asociados sean los que, de conformidad con el artículo 153, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento, ejerzan el control democrático de su organización y de las decisiones de esta.
27
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la regla de pertenencia a una sola OP establecida en el artículo 153, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013, procede observar que, tal como señaló la Abogada General en el punto 44 de sus conclusiones, si bien, según la mayoría de las versiones lingüísticas de la frase introductoria de este artículo 153, apartado 1, en particular las versiones en lengua española, danesa, alemana, inglesa, neerlandesa, polaca y portuguesa, la mencionada regla hace referencia a los «productores asociados» de la OP de que se trate, la versión francesa, sin embargo, solo hace referencia a los «miembros».
28
Pues bien, dado que, por principio, debe reconocerse el mismo valor a todas las versiones lingüísticas de un acto de la Unión, en caso de discrepancia entre versiones, la disposición de que se trate debe interpretarse en función del sistema general y de la finalidad de la normativa de la que forma parte (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de febrero de 2018, Bélgica/Comisión, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, apartado 49 y jurisprudencia citada).
29
Por lo que respecta al sistema general del Reglamento n.o 1308/2013, su artículo 3, apartado 3, establece, en particular, que a los efectos de este Reglamento son de aplicación las definiciones que figuran en el Reglamento n.o 1307/2013.
30
Así, la aclaración que establece el artículo 153, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013, según la cual la obligación de pertenecer a una sola OP se aplica «respecto a un producto determinado de la explotación», debe interpretarse a la luz del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1307/2013, que define el concepto de «explotación» como todas las unidades utilizadas para actividades agrarias y administradas por un agricultor y situadas en el territorio de un mismo Estado miembro. Por otra parte, el artículo 4, apartado 1, letra c), inciso i), del Reglamento n.o 1307/2013 dispone que el concepto de «actividad agraria» comprende, en particular, la producción y el cultivo de productos agrarios. De ello se desprende que la aclaración que figura en el artículo 153, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013 se refiere a la producción de productos agrarios, lo que indica que la obligación establecida en dicha disposición afecta únicamente a los miembros de la OP que sean productores.
31
Por lo que respecta a la finalidad del Reglamento n.o 1308/2013, de su considerando 131, que encuentra su reflejo en el artículo 152, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, se desprende que las organizaciones de productores y sus asociaciones pueden desempeñar un papel importante en la concentración de la oferta y en la mejora de la comercialización, la planificación y la adaptación de la producción a la demanda, en la optimización de los costes de producción, en la estabilización de los precios de producción, en la realización de estudios y el fomento de mejores prácticas, en la prestación de asistencia técnica y en la gestión de los subproductos y los instrumentos de gestión del riesgo de que dispongan sus miembros, contribuyendo así a fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria.
32
A este respecto, la obligación de pertenecer a una sola OP tiene por objeto preservar la eficacia con la que se alcanza el objetivo de fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria. En efecto, como se desprende del artículo 152, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento, las finalidades que persiguen las OP a que este Reglamento hace referencia, y que, como indica su considerando 131, contribuyen a tal objetivo, se persiguen en el marco del ejercicio de actividades que deben tener un carácter verdaderamente conjunto. Además, como pone de relieve el considerando 52 del Reglamento 2017/2393, con este mismo objetivo de fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria, el legislador de la Unión ha regulado de forma expresa, en virtud del artículo 152, apartado 1 bis, del Reglamento n.o 1308/2013, la posibilidad de que las OP reconocidas, no obstante lo dispuesto en el artículo 101 TFUE, puedan planificar la producción, optimizar los costes de producción, comercializar y negociar contratos para el suministro de productos agrícolas, en nombre de sus miembros, con respecto a una parte o a la totalidad de la producción.
33
Pues bien, la participación de productores, en calidad de miembros, en varias OP con respecto a un producto determinado de la explotación podría producir una fragmentación en el ejercicio de las actividades enumeradas en el artículo 152, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013. Ello, en principio, podría menoscabar la consecución eficaz de algunos de los objetivos que una OP puede perseguir, objetivos a los que hace referencia la letra c) de la misma disposición, como la planificación de la producción y su adaptación a la demanda, la concentración de la oferta y la optimización de los costes y, en última instancia, podría suponer un obstáculo a la consecución del objetivo de fortalecer la posición de los productores en la cadena alimentaria que, en particular, justifica la inaplicabilidad del artículo 101 TFUE.
34
Así pues, solo cuando los miembros productores de que se trate posean dos unidades de producción distintas situadas en zonas geográficas diferentes podrán los Estados miembros, de conformidad con el artículo 153, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013, reconocer, en casos debidamente justificados, a una OP a pesar de que algunos de sus miembros productores participen también en otra OP.
35
Sin embargo, el hecho de que determinados miembros de una OP que no tengan la condición de productores participen asimismo en otra OP no parece que pueda generar los efectos descritos en el apartado 33 de la presente sentencia. A este respecto, la posibilidad de que tal participación aumente el riesgo de coordinación contraria a la competencia entre las OP de que se trate no desvirtúa la conclusión derivada de la interpretación del sistema general y de la finalidad de las disposiciones del Reglamento n.o 1308/2013 relativas al reconocimiento de las OP.
36
En efecto, las misiones enunciadas en el artículo 152, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013 solo pueden justificar determinadas formas de coordinación o de concertación entre productores miembros de una misma OP o entre miembros de una misma asociación de OP. De ello se desprende que aquellos acuerdos o prácticas concertadas que no hayan surgido en el seno de una OP o de una asociación de OP, sino entre varias OP o entre varias asociaciones de OP, exceden de lo que es necesario para llevar a cabo las referidas misiones. Así pues, aun suponiendo que, debido a la participación de no productores en más de una OP, aumente el riesgo de coordinación entre esas distintas OP para aplicar precios fijos o excluir a la competencia, lo cierto es que tal conducta sigue estando prohibida por el artículo 101 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 209, apartado 1, del Reglamento n.o 1308/2013 (véase, por analogía, la sentencia de 14 de noviembre de 2017, APVE y otros, C‑671/15, EU:C:2017:860, apartados 57 a 59). Por consiguiente, corresponde a las autoridades nacionales de competencia y, en su caso, a la Comisión Europea ejercer sus competencias en la materia para prevenir y, en su caso, sancionar este tipo de conducta.
37
A la luz de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 153, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 1308/2013 debe interpretarse en el sentido de que la obligación de pertenecer a una sola OP afecta exclusivamente a los miembros de esta que tengan la condición de productores.
Segunda cuestión prejudicial
38
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si los estatutos de una OP incluyen normas que garanticen a sus miembros productores el control democrático de su organización y de las decisiones de esta, la autoridad nacional encargada del reconocimiento de dicha organización debe:
–
considerar que una persona controla a determinados miembros de la OP únicamente cuando esa persona posea una participación en el capital social de dichos miembros, o también cuando esa persona mantenga con ellos otro tipo de vínculos, como, por lo que respecta a los miembros no productores, la afiliación de estos a una misma confederación de asociaciones profesionales o, por lo que respecta a los miembros productores, el desempeño, por parte de estos, de responsabilidades de dirección dentro de tal confederación;
–
limitarse a comprobar que los productores miembros de la OP disponen de la mayoría de los derechos de voto en la asamblea general de la organización, o examinar también si, a la vista de la distribución de los derechos de voto entre los miembros que no están sometidos al control de otras personas, uno o más miembros no productores pueden controlar, incluso sin mayoría, las decisiones que adopta la OP.
39
De la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, mediante su segunda cuestión prejudicial, cómo debe interpretarse el artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013 en relación con una situación en la que determinados miembros de una OP están sometidos al control de otra persona y, por lo tanto, no son independientes.
40
A este respecto, en primer término, el tenor del artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013 indica que una OP debe estar dotada de estatutos que garanticen a los miembros productores el control democrático de su organización y de las decisiones de esta. Por consiguiente, los estatutos de que se trate deben incluir disposiciones que permitan excluir que el control de la OP pueda ser ejercido por miembros de esta que no sean productores.
41
Por lo que respecta, en segundo término, al contexto en el que se inscribe el artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013, procede señalar que este hace referencia al artículo 152, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, relativo a los requisitos que las OP deben cumplir para que los Estados miembros puedan, previa solicitud, reconocerlas. A este respecto, el artículo 152, apartado 1, letras b) y c), del mencionado Reglamento exige, además, que las OP se creen por iniciativa de los productores con el fin de ejercer determinadas actividades y de perseguir una finalidad específica enumerada por esas disposiciones. De ello se desprende que, en el artículo 153, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento, el legislador de la Unión quiso garantizar, mediante un requisito relativo al control democrático de la OP por parte de sus miembros productores, que el funcionamiento de una OP tenga lugar en condiciones que garanticen que sus miembros productores mantienen el poder sobre las decisiones relativas a las actividades y a los objetivos perseguidos por la OP.
42
Esta interpretación se ve corroborada, en tercer término, por la finalidad que persigue el Reglamento n.o 1308/2013. Como se ha recordado en el apartado 31 de la presente sentencia, la constitución de una OP tiene por objeto fortalecer la posición que ocupan los productores en la cadena alimentaria.
43
Pues bien, este objetivo se vería comprometido si el proceso de toma de decisiones en el seno de dicha OP permitiera favorecer los intereses de personas distintas de sus miembros productores. Para paliar este riesgo, es necesario que, en virtud de un control democrático por parte de los miembros productores, los miembros de la OP que tengan esta condición dispongan de la mayoría de los derechos de voto en los órganos de la OP y que los miembros no productores no dispongan de otras posibilidades de control de las decisiones de esta (véase, por analogía, la sentencia de 15 de junio de 1989, Stute Nahrungsmittelwerke, 77/88, EU:C:1989:249, apartados 12 y 15).
44
Si bien no cabe excluir que el requisito establecido en el artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013 pueda tener consecuencias en cuanto a la forma de participación de los propios miembros productores, procede recordar que, a la luz de las circunstancias del litigio principal, las dudas del órgano jurisdiccional remitente solo se refieren a las condiciones en las que es posible considerar que la participación de uno o de varios miembros no productores, habida cuenta de la forma y del alcance de tal participación, incumple el requisito del control democrático de la OP por parte de sus miembros productores.
45
A este respecto, como indicó la Abogada General en los puntos 78 y 79 de sus conclusiones, incumbe a la autoridad nacional competente para pronunciarse sobre la solicitud de reconocimiento de una OP examinar cualquier elemento que pueda indicar que, en realidad, no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013 y los establecidos, de conformidad con esta disposición, por los actos que regulan el funcionamiento de la OP.
46
En este contexto, corresponde a dicha autoridad nacional, por un lado, identificar, en los actos que regulan el funcionamiento de la OP, como sus estatutos o su reglamento interno, las disposiciones que, en su caso junto con la normativa nacional aplicable, garanticen que los miembros productores ejercen el control democrático de la OP y de las decisiones de esta. Por otro lado, la mencionada autoridad nacional debe comprobar si alguna de las circunstancias de hecho y de Derecho que concurren en la solicitud de reconocimiento de la que conoce puede dar lugar a que se eludan las disposiciones de que se trata.
47
Así pues, la autoridad nacional competente debe examinar, en particular, el control que una persona, como una confederación de asociaciones profesionales, puede ejercer sobre determinados miembros de la OP, productores o no productores. La existencia de tal control puede resultar de la participación de dicha persona en el capital social de determinados miembros de la OP, pero también de otras relaciones jurídicas, como la afiliación de determinadas personas jurídicas miembros de la OP a una misma confederación de asociaciones profesionales o el desempeño por determinadas personas físicas miembros de la OP de responsabilidades de dirección dentro de dicha confederación.
48
Si la autoridad nacional constata que determinados miembros de una OP pueden estar sometidos al control de otra persona, corresponde además a dicha autoridad examinar si este hecho impide a los productores miembros de la OP el control democrático de su organización y de las decisiones de esta.
49
A este respecto, debe examinar, por un lado, si el control por parte de una persona de determinados miembros de la OP que componen los órganos de la OP puede obligar a estos a cumplir las directrices que establezca dicha persona en el seno de los órganos en cuestión.
50
Por otro lado, procede determinar si el control así ejercido por una persona sobre determinados miembros de la OP permite a uno o a varios miembros no productores ejercer una influencia determinante en el seno de esos órganos de la OP, de modo que, aunque no posean la mayoría de los derechos de voto, puedan controlar las decisiones que adopte dicha OP, y obstaculizar así el control democrático de la mencionada OP por sus miembros productores.
51
A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013 debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si los estatutos de una OP incluyen normas que garanticen a sus miembros productores el control democrático de su organización y de las decisiones de esta, la autoridad nacional encargada del reconocimiento de dicha organización:
–
deberá examinar si una persona controla a determinados miembros de la OP teniendo en cuenta no solo el hecho de que esa persona posea una participación en el capital social de dichos miembros, sino también de que mantenga con ellos otro tipo de vínculos, como, por lo que respecta a los miembros no productores, la afiliación de estos a una misma confederación de asociaciones profesionales o, por lo que respecta a los miembros productores, el desempeño, por parte de estos, de responsabilidades de dirección dentro de tal confederación;
–
tras comprobar que los productores miembros de la OP disponen de la mayoría de los derechos de voto en la asamblea general de la organización, deberá examinar además si, a la vista de la distribución de los derechos de voto entre los miembros que no están sometidos al control de otras personas, uno o varios miembros no productores pueden, debido a la influencia determinante que podrían ejercer por ese motivo, controlar, incluso sin mayoría, las decisiones que adopta la OP.
Costas
52
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
1)
El artículo 153, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 del Consejo, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017,
debe interpretarse en el sentido de que
la obligación de pertenecer a una sola organización de productores afecta exclusivamente a los miembros de esta que tengan la condición de productores.
2)
El artículo 153, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 1308/2013, en su versión modificada por el Reglamento 2017/2393,
debe interpretarse en el sentido de que,
para determinar si los estatutos de una organización de productores incluyen normas que garanticen a sus miembros productores el control democrático de su organización y de las decisiones de esta, la autoridad nacional encargada del reconocimiento de dicha organización:
–
deberá examinar si una persona controla a determinados miembros de la organización de productores teniendo en cuenta no solo el hecho de que esa persona posea una participación en el capital social de dichos miembros, sino también de que mantenga con ellos otro tipo de vínculos, como, por lo que respecta a los miembros no productores, la afiliación de estos a una misma confederación de asociaciones profesionales o, por lo que respecta a los miembros productores, el desempeño, por parte de estos, de responsabilidades de dirección dentro de tal confederación;
–
tras comprobar que los productores miembros de la organización de productores disponen de la mayoría de los derechos de voto en la asamblea general de la organización, deberá examinar además si, a la vista de la distribución de los derechos de voto entre los miembros que no están sometidos al control de otras personas, uno o varios miembros no productores pueden, debido a la influencia determinante que podrían ejercer por ese motivo, controlar, incluso sin mayoría, las decisiones que adopta la organización de productores.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.