62020TJ0499
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada)
de 30 de abril de 2025 (
*1
)
«Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2016 — Exclusión de determinados pasivos del cálculo de las aportaciones ex ante — Artículo 5, apartado 1, letras a), b) y f), del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 — Excepción de ilegalidad — Principio de irretroactividad — Responsabilidad extracontractual — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Enriquecimiento sin causa»
En el asunto T‑499/20,
Banco Cooperativo Español, S. A., con domicilio social en Madrid, representado por los Sres. D. Sarmiento Ramírez-Escudero y J. Beltrán de Lubiano Sáez de Urabain, abogados,
parte demandante,
contra
Junta Única de Resolución (JUR), representada por la Sra. C. De Falco, en calidad de agente, asistida por los Sres. B. Meyring, F. B. Fernández de Trocóniz Robles y T. E. Klupsch y por la Sra. S. Ianc, abogados,
parte demandada,
apoyada por
Comisión Europea, representada por el Sr. D. Triantafyllou y las Sras. A. Steiblytė y P. Němečková, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada),
integrado por el Sr. A. Kornezov, Presidente, y los Sres. D. Petrlík y K. Kecsmár (Ponente) y las Sras. S. Kingston y L. Spangsberg Grønfeldt, Jueces;
Secretaria: Sra. S. Jund, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 27 de junio de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
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Mediante su recurso, la demandante, Banco Cooperativo Español, S. A., solicita, por un lado, sobre la base del artículo 263 TFUE, la anulación de la Decisión SRB/ES/2022/79 de la Junta Única de Resolución (JUR), de 7 de diciembre de 2022, por la que se revoca la Decisión SRB/ES/2020/16 de la JUR, de 19 de marzo de 2020, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante correspondientes a 2016 de Banco Cooperativo Español, S. A., Hypo Vorarlberg Bank AG (anteriormente Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG) y Portigon AG al Fondo Único de Resolución, y se calculan sus aportaciones ex ante correspondientes a 2016 al Fondo Único de Resolución (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), en cuanto a ella se refiere, y, por otro lado, sobre la base del artículo 268 TFUE, la reparación del daño que alega haber sufrido como consecuencia de la citada Decisión.
Antecedentes del litigio
2
En España, las cajas rurales son cooperativas de crédito que ofrecen servicios financieros en el medio rural.
3
La demandante es una entidad de crédito creada en 1990 por varias cajas rurales, que son sus accionistas. Encabeza una red constituida por estas entidades y ofrece servicios bancarios a particulares y a empresas, entre las que figuran, en particular, las cajas rurales. Uno de los principales servicios prestados a las cajas rurales es la gestión centralizada de su tesorería.
4
Así, la demandante y las cajas rurales suscribieron, el 25 de enero de 1994, un acuerdo de tesorería (en lo sucesivo, «Acuerdo de Tesorería») con objeto de regular la colocación por la demandante de la liquidez de las cajas rurales por cuenta de estas. Por un lado, en dicho Acuerdo se prevé que las cajas rurales cederán fondos a la demandante para su colocación en el mercado interbancario o monetario. Por otro lado, habida cuenta de que la demandante asume, en nombre propio, el riesgo de contrapartida de todos los fondos invertidos, la cláusula 4 del citado Acuerdo contiene una garantía de asunción por las cajas rurales de cualquier pérdida u obligación originada por la actividad desarrollada en el mercado interbancario por la demandante en nombre de estas.
5
La demandante opera también como intermediario, de manera que sus miembros puedan acceder a la financiación del Banco Central Europeo (BCE), obteniendo directamente de este la financiación y allegándola a las cajas rurales en las mismas condiciones que las que recibió del BCE.
6
Finalmente, con el fin de acceder a las operaciones de refinanciación a largo plazo ofrecidas por el BCE, la demandante participa en distintas subastas realizadas por el BCE en nombre de un grupo que constituyó con cierto número de cajas rurales. La demandante es la responsable de dicho grupo y se encarga de gestionar y distribuir entre sus diferentes miembros los importes, derechos y obligaciones derivados de tales subastas.
7
Debido a las diferentes actividades que realiza la demandante en nombre de las cajas rurales, en su pasivo existen determinados saldos que aparecen también en el pasivo de las referidas cajas y que corresponden a la garantía que estas últimas le otorgan para esas actividades.
8
Mediante su Decisión SRB/ES/SRF/2016/06, de 15 de abril de 2016, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante correspondientes a 2016 al Fondo Único de Resolución, la JUR fijó, de conformidad con el artículo 70, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1), las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR) (en lo sucesivo, «aportaciones ex ante») para 2016 (en lo sucesivo, «período de contribución 2016») de las entidades comprendidas en el artículo 2, a las que es de aplicación lo dispuesto en el artículo 67, apartado 4, del citado Reglamento (en lo sucesivo, «entidades»), entre ellas la demandante.
9
Mediante su Decisión SRB/ES/SRF/2016/13, de 20 de mayo de 2016, sobre el ajuste de las aportaciones ex ante para 2016 al FUR, por la que se completa la Decisión SRB/ES/SRF/2016/06, la JUR rectificó el cálculo de las aportaciones ex ante de las entidades para el período de contribución 2016.
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El 19 de marzo de 2020, la JUR adoptó la Decisión SRB/ES/2020/16 sobre el cálculo de la aportación ex ante de la demandante para el período de contribución 2016 (en lo sucesivo, «Decisión de 19 de marzo de 2020»), por la que se revocaban y se sustituían las Decisiones mencionadas en los anteriores apartados 8 y 9 (en lo sucesivo, «Decisiones iniciales»). Según los considerandos 7 y 8 de la Decisión de 19 de marzo de 2020, esta tenía por objeto subsanar los vicios de procedimiento y de motivación de las Decisiones iniciales que fueron constatados por el Tribunal General en las sentencias de 28 de noviembre de 2019, Banco Cooperativo Español/JUR (T‑323/16, EU:T:2019:822), de 28 de noviembre de 2019, Hypo Vorarlberg Bank/JUR (T‑377/16, T‑645/16 y T‑809/16, EU:T:2019:823), y de 28 de noviembre de 2019, Portigon/JUR (T‑365/16, EU:T:2019:824).
11
En particular de los apartados 95 y 111 de la sentencia de 28 de noviembre de 2019, Banco Cooperativo Español/JUR (T‑323/16, EU:T:2019:822), se desprende que el Tribunal General anuló la primera de las Decisiones iniciales en lo que respecta a la demandante debido a que no se cumplía el requisito de autenticación de la referida Decisión y a que el procedimiento para la adopción de esta se tramitó haciendo manifiestamente caso omiso de los requisitos procedimentales aplicables a su aprobación por parte de los miembros de la sesión ejecutiva de la JUR y al modo de recoger tal aprobación, motivo que fue invocado de oficio por el Tribunal General. En cambio, el Tribunal General no se pronunció sobre el cálculo del importe de la aportación ex ante correspondiente al período de contribución 2016 de la demandante.
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En el asunto que dio lugar a la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), la Comisión Europea y la JUR solicitaron la anulación de la sentencia de 23 de septiembre de 2020, Landesbank Baden-Württemberg/JUR (T‑411/17, EU:T:2020:435), mediante la que el Tribunal General había anulado la Decisión de la JUR sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2017, en lo que afectaba a la parte demandante. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia estimó el recurso de casación interpuesto por la JUR y la Comisión por lo que se refería al requisito de la autenticación de la citada Decisión, pero declaró que esta no estaba suficientemente motivada y que el primer motivo formulado en primera instancia por Landesbank Baden-Württemberg era procedente (sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 171).
13
El 7 de diciembre de 2022, la JUR adoptó la Decisión impugnada, por la que retiraba, a la vez que la sustituía, la Decisión de 19 de marzo de 2020. Según los considerandos 19 a 22 de la Decisión impugnada, esta tenía por objeto subsanar la falta de motivación que la JUR había constatado a raíz de la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), y de los autos de 3 de marzo de 2022, JUR/Portigon y Comisión (C‑664/20 P, no publicado, EU:C:2022:161), y de 3 de marzo de 2022, JUR/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, no publicado, EU:C:2022:162).
14
El 2 de febrero de 2023, la Autoridad de Resolución Ejecutiva (FROB), en su calidad de autoridad nacional de resolución en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 3, del Reglamento n.o 806/2014, notificó a la demandante la Decisión impugnada.
Decisión impugnada
15
La Decisión impugnada incluye el texto de la propia resolución y, en cuanto concierne a la demandante, cinco anexos.
16
La Decisión impugnada describe, en su texto, en las secciones 3 a 10, el proceso de determinación de las aportaciones ex ante correspondientes al período de contribución 2016, que se aplica a todas las entidades.
17
Más concretamente, en la sección 6 de la Decisión impugnada, la JUR determinó el nivel de financiación anual, mencionado en el artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que especifica condiciones uniformes de aplicación del Reglamento n.o 806/2014 en lo que respecta a las aportaciones ex ante al FUR (DO 2015, L 15, p. 1), correspondiente al período de contribución 2016 (en lo sucesivo, «nivel de financiación anual»).
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La JUR explicó que había fijado el referido nivel de financiación anual en una octava parte del 1,05 % del importe de los depósitos garantizados correspondientes a 2015, calculado al término del ejercicio, de todas las entidades, sobre la base de los datos comunicados por las entidades con arreglo al artículo 14, apartado 2, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44).
19
En la sección 7 de la Decisión impugnada, la JUR describió el método conforme al cual debían calcularse las aportaciones ex ante correspondientes al período de contribución 2016. A este respecto, en el considerando 95 de la citada Decisión, precisó que, para dicho período, el 60 % de las aportaciones ex ante se había calculado sobre la «base nacional», es decir, a partir de los datos comunicados por entidades autorizadas en el territorio del Estado miembro participante en cuestión (en lo sucesivo, «base nacional»), de conformidad con el artículo 103 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.o 1093/2010 y (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2014, L 173, p. 190; corrección de errores en DO 2020, L 378, p. 27), y con arreglo al artículo 4 del Reglamento Delegado 2015/63. El resto de las aportaciones ex ante (esto es, el 40 %) se calculó sobre la «base de la unión bancaria», es decir, a partir de los datos comunicados por todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes en el Mecanismo Único de Resolución (MUR) (en lo sucesivo, «base de la unión bancaria» y «Estados miembros participantes»), de conformidad con los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014 y con el artículo 4 del Reglamento de Ejecución 2015/81.
20
Por otra parte, la JUR calculó las aportaciones ex ante de las entidades, incluida la demandante, siguiendo las siguientes fases principales.
21
En la primera fase del cálculo de las aportaciones ex ante, la JUR calculó, de conformidad con el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014, la contribución anual de base de cada entidad a prorrata del importe de los pasivos de la entidad considerada, con exclusión de sus fondos propios y depósitos con cobertura, con respecto a los pasivos totales, con exclusión de los fondos propios y los depósitos con cobertura, de todas las entidades autorizadas en el territorio de los Estados miembros participantes. De conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, la JUR dedujo determinados tipos de pasivos del pasivo total de la entidad que debía tenerse en cuenta para determinar dicha contribución.
22
En la segunda fase del cálculo de las aportaciones ex ante, la JUR procedió a un ajuste de la contribución anual de base en función del perfil de riesgo de la entidad en cuestión, de conformidad con el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra b), del Reglamento n.o 806/2014. Evaluó este perfil de riesgo con arreglo a los cuatro pilares de riesgo mencionados en el artículo 6 del Reglamento Delegado 2015/63, que constan de diversos indicadores de riesgo. Con el fin de clasificar a las entidades según su nivel de riesgo, para empezar, la JUR estableció —en relación con cada indicador de riesgo aplicado para el período de contribución 2016— una serie de intervalos (grupos de riesgo) a los que fueron asignadas las entidades, de conformidad con lo dispuesto en el anexo I de dicho Reglamento Delegado, bajo el epígrafe «Etapa 2», punto 3. En relación con cada indicador de riesgo, se atribuyó a las entidades integrantes de cada intervalo un valor común, denominado «valor discretizado». Mediante la combinación de los valores discretizados para cada indicador de riesgo, la JUR calculó el «multiplicador de ajuste en función del perfil de riesgo» de la entidad en cuestión (en lo sucesivo, «multiplicador de ajuste»). Multiplicando la contribución anual de base de la entidad por su multiplicador de ajuste, la JUR determinó la «contribución anual de base ajustada al riesgo» de dicha entidad.
23
A continuación, la JUR sumó todas las contribuciones anuales de base ajustadas al riesgo para obtener el «denominador común» utilizado para calcular la parte del nivel de financiación anual que debía abonar cada entidad.
24
Por último, la JUR calculó la aportación ex ante de cada entidad repartiendo el nivel de financiación anual entre todas las entidades de acuerdo con la ratio existente entre la contribución anual de base ajustada al riesgo, por un lado, y el denominador común, por otro.
25
El anexo I de la Decisión impugnada contiene la ficha individual de la demandante, que muestra los resultados del cálculo de su aportación ex ante. Esta ficha indica el importe de la contribución anual de base de la demandante y el valor de su multiplicador de ajuste, tanto sobre la base de la unión bancaria como sobre la base nacional, especificando, en relación con cada indicador de riesgo, el número del intervalo al que fue asignada la demandante. Además, la ficha individual expone una serie de datos que se utilizan para calcular las aportaciones ex ante de todas las entidades afectadas, que la JUR determinó adicionando o combinando los datos individuales de todas esas entidades. Por último, la referida ficha individual contiene los datos facilitados por la demandante en el formulario de declaración relativo a su aportación ex ante y utilizados para calcular esta aportación.
26
El anexo II de la Decisión impugnada contiene una serie de estadísticas referentes al cálculo de las aportaciones ex ante para cada Estado miembro participante, en forma resumida y agregada. Dicho anexo precisa, en particular, el importe global de las aportaciones ex ante adeudado por las entidades afectadas en cada uno de esos Estados miembros. Por otra parte, ese mismo anexo enumera, respecto a cada indicador de riesgo, el número de intervalos, el número de entidades incluidas en cada uno de los intervalos y los valores mínimos y máximos de estos intervalos. En el caso de los intervalos relativos a la base nacional, por razones de confidencialidad, dichos valores se reducen o se aumentan en un importe aleatorio, manteniéndose la distribución original de las entidades.
27
Los anexos III bis, III ter y IV bis de la Decisión impugnada examinan las observaciones presentadas por otras entidades distintas de la demandante en el marco de la consulta evacuada por la JUR previamente a la adopción de la Decisión impugnada.
28
El anexo IV ter de la Decisión impugnada, titulado «Notificación individual del Fondo Único de Resolución acerca del Banco Cooperativo Español, S. A. con respecto a los datos empleados para el cálculo de las contribuciones ex ante de 2016 al Fondo Único de Resolución, lo cual constituye información confidencial», examina las observaciones presentadas por la demandante en el marco del trámite de consulta.
Pretensiones de las partes
29
La demandante solicita esencialmente al Tribunal General que:
–
Anule la Decisión impugnada en la medida en que la afecta.
–
Con carácter subsidiario, anule la Decisión impugnada en la medida en que produce efectos retroactivos desde la fecha de adopción de la Decisión de 15 de abril de 2016.
–
Condene a la JUR a indemnizarla:
–
En el importe correspondiente a los intereses de demora sobre la cantidad de 9933563,47 euros por el tiempo transcurrido entre el 23 de junio de 2016 y la fecha en que la JUR pague las cantidades debidas, calculados al tipo de refinanciación del BCE aplicable, incrementado en 3,5 puntos porcentuales.
–
Con carácter subsidiario, y solo en caso de que el Tribunal General anule la Decisión impugnada únicamente por cuanto produce efectos retroactivos, en el importe correspondiente a los intereses de demora sobre la cantidad de 9933563,47 euros por el tiempo transcurrido entre el 23 de junio de 2016 y la fecha a partir de la cual la Decisión impugnada podía producir efectos, calculados al tipo de refinanciación del BCE aplicable, incrementado en 3,5 puntos porcentuales.
–
Subsidiariamente a los dos puntos anteriores, en el importe correspondiente a la rentabilidad que habría obtenido la demandante de haber adquirido, en la subasta de 16 de junio de 2016, obligaciones del Estado español a diez años de un importe correspondiente a la aportación ex ante de 2016, calculada desde el 23 de junio de 2016 hasta la fecha en que la JUR pague las cantidades debidas (o, en caso de que el Tribunal General considere que la Decisión impugnada se ajusta a Derecho en el fondo pero no puede desplegar efectos retroactivos, hasta la fecha de la Decisión impugnada).
–
Condene en costas a la JUR.
30
La JUR solicita al Tribunal General que:
–
Con carácter principal, desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
–
Con carácter subsidiario, en caso de que el Tribunal General estime uno o más de los motivos de la demandante, mantenga los efectos de la Decisión impugnada hasta su sustitución o, al menos, durante seis meses a partir del día en que la sentencia que anule la referida Decisión sea definitiva.
31
La Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre las pretensiones de anulación
32
La demandante invoca tres motivos de recurso. El primer motivo se basa en una excepción de ilegalidad del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63. El segundo, invocado para el supuesto de que el Tribunal General estime el primer motivo, se basa en una infracción del artículo 103, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/59 y del artículo 70 del Reglamento n.o 806/2014. El tercer motivo se basa en la violación del principio de seguridad jurídica.
33
En su escrito de adaptación de la demanda, presentado con arreglo al artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la demandante indica que mantiene todas las alegaciones que expuso en su escrito de demanda, precisando al mismo tiempo que, tras la revocación de la Decisión de 19 de marzo de 2020 y su sustitución por la Decisión impugnada, sus pretensiones deben entenderse referidas a la Decisión impugnada en lugar de a la Decisión de 19 de marzo de 2020.
34
La JUR impugna la procedencia de los tres motivos invocados y cuestiona la admisibilidad de los dos primeros.
Sobre la admisibilidad de los motivos de recurso primero y segundo
35
Mediante su primer motivo, la demandante cuestiona la legalidad del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, en particular por cuanto dicha disposición no excluye del cálculo de las aportaciones ex ante determinados pasivos generados en el marco de las actividades que realiza por cuenta de las cajas rurales, y, mediante su segundo motivo, invoca las consecuencias jurídicas que entiende procede extraer de tal ilegalidad.
36
La JUR sostiene, en esencia, que los motivos primero y segundo son inadmisibles por inexistencia de interés en ejercitar la acción, en la medida en que la demandante solicita al Tribunal General que declare inaplicable una disposición que no era aplicable al cálculo de su aportación ex ante para el período de contribución 2016. De ello se sigue, según la JUR, que la demandante carece de interés en que se declare la ilegalidad de la disposición controvertida.
37
La demandante rebate las alegaciones de la JUR.
38
Según reiterada jurisprudencia, una excepción de ilegalidad planteada de manera incidental al amparo del artículo 277 TFUE, con ocasión de la impugnación de la legalidad de otro acto mediante la pretensión principal, solo es admisible cuando exista una conexión entre el acto impugnado y la norma cuya supuesta ilegalidad se alega. Pues bien, como el artículo 277 TFUE no tiene por objeto permitir que una parte impugne la aplicabilidad de cualquier acto de carácter general en apoyo de cualquier tipo de recurso, el alcance de una excepción de ilegalidad debe limitarse a lo que sea indispensable para la solución del litigio. De ello resulta que el acto general cuya ilegalidad se alega debe ser aplicable, directa o indirectamente, al asunto que es objeto del recurso y que debe existir una relación jurídica directa entre la decisión individual impugnada y el acto general en cuestión (sentencias de 30 de abril de 2019, Wattiau/Parlamento, T‑737/17, EU:T:2019:273, apartado 56, y de 16 de junio de 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Comisión, T‑126/19, EU:T:2021:360, apartado 33).
39
Además, una excepción de ilegalidad solo es admisible si puede procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que la haya planteado (véase la sentencia de 6 de julio de 2022, MZ/Comisión, T‑631/20, EU:T:2022:426, apartado 40 y jurisprudencia citada).
40
No obstante, de la jurisprudencia también se desprende que el artículo 277 TFUE debe interpretarse de forma suficientemente amplia para garantizar un control de legalidad efectivo de los actos de las instituciones de carácter general a favor de las personas que no están legitimadas para interponer un recurso directo contra tales actos. Así, el ámbito de aplicación del artículo 277 TFUE debe extenderse a los actos de las instituciones que hayan sido pertinentes para la adopción de la decisión objeto del recurso de anulación, en el sentido de que dicha decisión se sustente esencialmente en ellos, aun cuando tales actos no constituyan formalmente la base jurídica de la decisión. Por lo demás, a efectos del examen de una excepción de ilegalidad, las normas de un único régimen no pueden dividirse artificialmente (véase la sentencia de 16 de junio de 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Comisión, T‑126/19, EU:T:2021:360, apartado 34 y jurisprudencia citada).
41
El artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 enumera las condiciones en las que procederá excluir un pasivo del cálculo de las aportaciones ex ante. A este respecto, en los apartados 18 y 19 del anexo IV ter de la Decisión impugnada, la JUR explica las razones por las que los pasivos generados en el marco de las actividades que la demandante realiza por cuenta de las cajas rurales no podían ser excluidos del cálculo de la aportación ex ante de esta última con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63.
42
Mediante su excepción de ilegalidad, la demandante alega que, si el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 se interpretara en el sentido de que no permite excluir del cálculo de su aportación ex ante los pasivos generados en el marco de las actividades que realiza por cuenta de las cajas rurales, dicha disposición contravendría el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59, el artículo 70, apartados 2 y 6, del Reglamento n.o 806/2014, el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y el principio de proporcionalidad, por cuanto estas normas imponían a la Comisión, al adoptar el citado Reglamento Delegado, establecer un régimen de exclusión de pasivos, como el que contiene el artículo 5, apartado 1, de dicho Reglamento, que permitiera excluir del cálculo de las aportaciones ex ante los pasivos antes mencionados.
43
De esta manera, si se estimara la presente excepción de ilegalidad, correspondería a la JUR volver a examinar su postura en cuanto a la solicitud de la demandante de excluir los pasivos en cuestión del cálculo de su aportación ex ante, y a la Comisión, adoptar las medidas que garanticen un tratamiento de esos pasivos que sea conforme con las normas de rango superior mencionadas en el anterior apartado 42, en su caso, ampliando el alcance de las exclusiones previstas por el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63.
44
A la vista de lo anterior, procede concluir que existe una relación jurídica directa entre la Decisión impugnada y el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 y que la demandante tiene un interés en obtener una eventual declaración de ilegalidad de esta disposición.
45
A mayor abundamiento, las alegaciones de la JUR expuestas en el anterior apartado 36 implicarían separar artificialmente las normas que componen el régimen del cálculo de las aportaciones ex ante establecido por el Reglamento Delegado 2015/63 y privar al artículo 277 TFUE de todo efecto útil, dado que la demandante no tendría la posibilidad de impugnar la legalidad de una disposición que establece la exclusión de determinados pasivos de dicho cálculo cuando la supuesta ilegalidad no residiera en la existencia de tal exclusión, sino más bien en las condiciones de esa exclusión (véase, por analogía, la sentencia de 16 de junio de 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Comisión, T‑126/19, EU:T:2021:360, apartado 42).
46
Por cuanto antecede, la excepción de inadmisibilidad planteada por la JUR debe ser desestimada.
Sobre el primer motivo de recurso, basado en la ilegalidad del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63
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El primer motivo, que se estructura en tres partes, está basado en la ilegalidad del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 a la vista, primero, del artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59; segundo, del artículo 16 de la Carta, y, tercero, del principio de proporcionalidad.
– Sobre la primera parte, relativa a la ilegalidad del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 a la vista del artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59
48
La demandante alega que las actividades que realiza por cuenta de las cajas rurales solo representan un bajo nivel de riesgo, dadas las garantías que dichas cajas le concedieron con arreglo al Acuerdo de Tesorería. Para la demandante, por tanto, la Comisión debería haber incluido los pasivos vinculados a esas actividades entre los enumerados en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, que excluye determinados pasivos de la base de cálculo de las aportaciones ex ante, para no infringir el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59, que la obliga a adoptar un acto delegado para especificar de qué manera deben ajustarse las aportaciones ex ante al perfil de riesgo de las entidades.
49
Según la demandante, la Comisión, al no haber previsto en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 la exclusión de los pasivos descritos en el anterior apartado 48, creó una situación de «doble cómputo» de los pasivos vinculados a las actividades que la demandante realiza para las cajas rurales, debido a que estas también contabilizan un pasivo, que corresponde a la garantía que conceden a la demandante por esas actividades.
50
El hecho de que la Comisión haya previsto varias exenciones en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 para evitar tal doble cómputo viene a ilustrar la circunstancia de que dicho doble cómputo de pasivos puede dar lugar a una infracción del artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59.
51
A este respecto, la demandante se apoya en un «claro paralelismo» entre, por un lado, algunos de sus pasivos, generados con ocasión de las actividades que realiza por cuenta de las cajas rurales, y, por otro lado, los pasivos excluidos, primero, en el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento Delegado 2015/63 (pasivos intragrupo); segundo, en el artículo 5, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento (pasivos generados por una entidad que sea miembro de un sistema institucional de protección; en lo sucesivo, «SIP»), y, tercero, en el artículo 5, apartado 1, letra f), del mismo Reglamento (créditos promocionales).
52
Al preguntarle sobre el alcance de sus alegaciones en la vista, la demandante puntualizó que no invocaba ninguna violación del principio de igualdad de trato, sino que planteaba únicamente la incompatibilidad del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 con el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59.
53
La JUR, apoyada por la Comisión, rebate las alegaciones de la demandante.
54
Procede señalar que, de conformidad con el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados al objeto de especificar el concepto de «ajuste de las [aportaciones ex ante] en función del perfil de riesgo de las entidades».
55
En el contexto de un poder delegado en el sentido del artículo 290 TFUE, la Comisión goza, en el ejercicio de las competencias que le han sido atribuidas, de una amplia facultad de apreciación cuando su acción implica, en particular, realizar apreciaciones y evaluaciones complejas (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, apartado 53 y jurisprudencia citada).
56
Así ocurre con la fijación de los criterios de ajuste de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo con arreglo al artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59 (sentencias de 20 de diciembre de 2023, Landesbank Baden-Württemberg/JUR, T‑389/21, EU:T:2023:827, apartado 106, y de 20 de diciembre de 2023, Banque postale/JUR, T‑383/21, EU:T:2023:845, apartado 153).
57
A este respecto, es preciso recordar que la naturaleza específica de las aportaciones ex ante estriba, como se infiere de los considerandos 105 a 107 de la Directiva 2014/59 y del considerando 41 del Reglamento n.o 806/2014, en garantizar, siguiendo un sistema de tipo contributivo, que el sector financiero proporcione recursos financieros suficientes al MUR para que este pueda cumplir sus funciones, incentivando al mismo tiempo a las entidades afectadas para que operen con arreglo a modelos menos arriesgados (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 113).
58
En este contexto, y como resulta del considerando 114 de la Directiva 2014/59, el legislador de la Unión encomendó a la Comisión especificar, mediante un acto delegado, la forma en que las aportaciones ex ante de las entidades deben ajustarse a los dispositivos de financiación para la resolución en función de su perfil de riesgo.
59
Desde esta misma perspectiva, el considerando 107 de la Directiva 2014/59 precisa que, con el fin de garantizar un cálculo equitativo de las aportaciones ex ante y proporcionar incentivos para operar con arreglo a modelos menos arriesgados, las contribuciones a los mecanismos nacionales de financiación deben tener en cuenta el riesgo de crédito, liquidez y mercado asumido por las entidades.
60
De lo anterior se infiere que la Comisión debía elaborar normas de ajuste de las aportaciones ex ante en función del perfil de riesgo de las entidades siguiendo dos finalidades relacionadas, a saber, por un lado, garantizar que se tengan en cuenta los diferentes riesgos generados por las actividades de las entidades, bancarias o, más en general, financieras, y, por otro lado, proporcionar a esas mismas entidades incentivos para operar conforme a modelos menos arriesgados.
61
Pues bien, como se desprende de los documentos concernientes a la adopción del Reglamento Delegado 2015/63, en particular los documentos «Estudio técnico del JRC en apoyo de la legislación de segundo nivel de la Comisión sobre las contribuciones al Fondo (Único) de Resolución basadas en el riesgo» y «Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: estimaciones de la aplicación del método propuesto para el cálculo de las aportaciones a los mecanismos de financiación de las resoluciones», la elaboración de tales normas de ajuste de las aportaciones ex ante en función del perfil de riesgo de las entidades implicaba apreciaciones y evaluaciones complejas por parte de la Comisión, pues esta debía examinar los diferentes aspectos pertinentes para la comprensión de los diversos tipos de riesgo en los sectores bancario y financiero.
62
Habida cuenta de lo anterior, la Comisión disponía de una amplia facultad de apreciación a efectos de adoptar, en virtud del artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59, las normas que especifican el concepto de «ajuste de las [aportaciones ex ante] en función del perfil de riesgo de las entidades».
63
En estas circunstancias, por lo que se refiere al método de ajuste de las contribuciones anuales de base con arreglo al artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59, el control del juez de la Unión debe limitarse a examinar si la Comisión, al ejercer la facultad de apreciación de que dispone, incurrió en error manifiesto o desviación de poder o, incluso, rebasó manifiestamente los límites de esa facultad (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2011, Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, apartado 60).
64
Por consiguiente, corresponde a la demandante demostrar que el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 adolece de tales vicios al no excluir del cálculo de la aportación ex ante pasivos como los generados con ocasión de las actividades que aquella realiza por cuenta de las cajas rurales.
65
En primer lugar, de conformidad con el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59 y el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, todas las entidades están, en principio, obligadas al pago de aportaciones ex ante y todos sus pasivos han de ser tenidos en cuenta, en principio, a efectos del cálculo de dichas aportaciones, al margen de los fondos propios y depósitos con cobertura. Por lo tanto, toda excepción a ese principio, como las introducidas por el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, debe interpretarse de manera restrictiva (véase en este sentido, por analogía, la sentencia de 12 de octubre de 2017, Kamin und Grill Shop, C‑289/16, EU:C:2017:758, apartado 20 y jurisprudencia citada).
66
Tal planteamiento se corresponde con un sistema de tipo contributivo del conjunto de aportaciones ex ante, como el descrito en el anterior apartado 57. En efecto, de conformidad con ese sistema, todas las entidades, incluidas aquellas cuya probabilidad de resolución es supuestamente menor a la vista de los pasivos que poseen, se benefician de sus aportaciones ex ante por la estabilidad del sistema financiero que garantiza el FUR.
67
Por otra parte, de conformidad con el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59 y el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014, las aportaciones ex ante se ajustan al perfil de riesgo de las entidades. El artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59 establece ocho aspectos que la Comisión debe tener en cuenta al adoptar el acto delegado al que se hace referencia en dicha disposición a efectos de especificar el concepto de «ajuste de las [aportaciones ex ante] en función del perfil de riesgo de las entidades». Pues bien, aunque el «nivel de riesgo de la entidad» figura entre esos aspectos, de modo que la Comisión está obligada a tenerlo en cuenta al adoptar el Reglamento Delegado 2015/63, dicho aspecto solo constituye uno de los ocho criterios que la Comisión debe tener en cuenta en la elaboración de un acto de este tipo.
68
En cambio, nada en el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59 indica que la Comisión esté obligada a atribuir una importancia preponderante a uno o varios de los aspectos enumerados en dicha disposición, como el nivel de riesgo de la entidad. Esta disposición no precisa de qué manera debe ser tenido en cuenta por la Comisión el referido nivel.
69
Además, si bien el artículo 103, apartado 7, letra h), de la Directiva 2014/59 establece que la Comisión deberá tener en cuenta, a efectos del ajuste de las aportaciones ex ante al perfil de riesgo de las entidades de que se trate, el hecho de que la entidad pertenezca a un SIP, esta misma disposición no menciona ninguna otra categoría de afiliación comercial o contractual que deba ser tenida en cuenta por la Comisión en los actos delegados que está facultada para adoptar.
70
En segundo lugar, la demandante no puede sostener que las actividades que realiza por cuenta de las cajas rurales solo representan un bajo nivel de riesgo.
71
A este respecto, por lo que se refiere a la analogía que la demandante establece con la exclusión prevista en el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento Delegado 2015/63 para determinados pasivos intragrupo, procede señalar, de entrada, que de los considerandos 8 y 9 del citado Reglamento se desprende que el cálculo individual de las contribuciones podría dar lugar, en el caso de los grupos, a un doble cómputo de determinados pasivos al establecer la contribución anual de base de las diferentes entidades del grupo, ya que el pasivo relacionado con los acuerdos que las entidades del mismo grupo suscriban entre sí sería parte del total del pasivo que debe tenerse en cuenta para determinar la contribución anual de base de cada una de las entidades del grupo. Por consiguiente, debe clarificarse la determinación de la contribución anual de base en el caso de los grupos, a fin de reflejar la interrelación de las entidades del grupo y evitar el doble cómputo de las exposiciones intragrupo. Con objeto de garantizar la igualdad de condiciones entre las entidades que formen parte de un grupo y las entidades que sean miembros de un SIP o estén afiliadas de forma permanente a un organismo central, debe dispensarse a estas últimas el mismo tratamiento. A efectos del cálculo de la contribución anual de base de una entidad de un grupo, el total del pasivo considerado no incluirá el pasivo derivado de cualquier contrato que esa entidad celebre con cualquier otra entidad del mismo grupo. No obstante, dicha exclusión solo será posible en caso de que cada entidad del grupo esté establecida en la Unión Europea, esté íntegramente incluida en la misma supervisión consolidada, esté sujeta a unos procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos adecuados y centralizados, y no existan impedimentos importantes de tipo práctico o jurídico para el inmediato reembolso del pasivo pertinente al vencimiento. De esta forma se evitará que el pasivo quede excluido de la base de cálculo de las aportaciones ex ante en caso de que no existan garantías de que las exposiciones de financiación intragrupo queden cubiertas cuando se deteriore la situación financiera del grupo.
72
En tal sentido, el Tribunal de Justicia ha recalcado que el artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento Delegado 2015/63 no pretendía eliminar completamente toda forma de doble cómputo de los pasivos y solo excluye tal práctica en la medida en que existan garantías suficientes de que las exposiciones de financiación intragrupo quedarán cubiertas cuando se deteriore la situación financiera del grupo (sentencia de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, apartado 94).
73
Por lo tanto, se trata de dilucidar si existen o no garantías suficientes, en el sentido de la jurisprudencia, de que las exposiciones de financiación intragrupo quedarán cubiertas en caso de deterioro de la situación financiera de la red formada, en el presente asunto, por la demandante y las cajas rurales accionistas. A este respecto, la demandante se apoya, en particular, en la cláusula 4 del Acuerdo de Tesorería, según la cual las cajas rurales «garantizan mancomunadamente cualquier quebranto» que pudiera sufrir la demandante como consecuencia de las inversiones realizadas por ella en el mercado interbancario con los fondos recibidos, y en el carácter «permanente y vinculante» del referido Acuerdo.
74
A este respecto, conviene observar que el supuesto carácter «permanente y vinculante» del Acuerdo de Tesorería no puede considerarse probado por la mera circunstancia de que dicho Acuerdo no haya sufrido ninguna modificación desde 1994. En efecto, aunque sea cierto que cualquier modificación del Acuerdo de Tesorería debe ser aprobada por el Banco de España, no es menos cierto que, según la cláusula 5 de dicho Acuerdo, cada una de las cajas rurales podrá retirarse unilateralmente del Acuerdo notificándolo por escrito al Consejo de Administración de la demandante con efectos desde el fin del segundo mes siguiente a la recepción de la notificación en dicho Consejo. En cambio, el artículo 113, apartado 7, letra f), del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento n.o 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1), prescribe, en particular, una obligación de comunicar el abandono del acuerdo sobre la creación de un SIP con una antelación de al menos veinticuatro meses.
75
La demandante confirmó asimismo, en la vista, que la red que formaba con las cajas rurales accionistas no constituía totalmente una misma supervisión consolidada y no estaba sujeta a unos procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos adecuados y centralizados, de modo que su situación difería tanto de la de los grupos, como resulta en particular del considerando 9 del Reglamento Delegado 2015/63 mencionado en el anterior apartado 71, como de la de los SIP (véanse especialmente el artículo 113, apartado 7, del Reglamento n.o 575/2013 y el apartado 87 de la presente sentencia). La demandante no ha explicado cómo sería posible, sin tal supervisión consolidada y centralizada, verificar los fondos de que disponen las cajas rurales y cerciorarse de que son suficientes para cubrir las deudas que, según ella, quedan garantizadas en virtud del Acuerdo de Tesorería.
76
En cualquier caso, la JUR afirma fundadamente que el Reglamento Delegado 2015/63 no ha previsto una exclusión de los pasivos del cálculo de la aportación ex ante de cada entidad de forma individual, sino únicamente en función de determinadas categorías de pasivos, definidos de manera abstracta, objetiva y general. Pues bien, como indicó la JUR, sin que la demandante lo haya rebatido, aunque existen redes de cajas rurales en varios Estados miembros, las condiciones contractuales y normativas en las que operan pueden variar mucho de un caso a otro. De esta manera, el argumento de la demandante, en cuanto que se basa en las características específicas de una situación individual, la suya, definida por el Acuerdo de Tesorería, no puede determinar la ilegalidad del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63.
77
Así pues, la demandante no ha demostrado que existieran garantías suficientes de que las exposiciones de financiación en el marco de las actividades que realizaba por cuenta de las cajas rurales quedarían cubiertas en caso de deterioro de la situación financiera de la red formada, en el presente asunto, por ella misma y las cajas rurales accionistas.
78
En tercer lugar, se ha de observar que las alegaciones de la demandante según las cuales existe un «claro paralelismo» entre su situación y las descritas en el artículo 5, apartado 1, letras a), b) o f), del Reglamento Delegado 2015/63 no pueden prosperar.
79
En primer término, del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento Delegado 2015/63 y del considerando 9 de este Reglamento, mencionados en el anterior apartado 71, se desprende que los pasivos intragrupo que se deriven de operaciones realizadas por una entidad con otra entidad que forme parte del mismo grupo solamente podrán excluirse del cálculo de las aportaciones ex ante si se cumplen las condiciones enumeradas en dicho artículo.
80
El concepto de «grupo» se define en el artículo 2, apartado 1, punto 26, de la Directiva 2014/59 en el sentido de que alude a «una empresa matriz y sus filiales». En cuanto a los conceptos de «filial» y de «empresa matriz», estos se definen en el artículo 2, apartado 1, puntos 5 y 6, de la citada Directiva, por remisión al artículo 4 del Reglamento n.o 575/2013, el cual se remite, a su vez, a los artículos 1 y 2 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, Séptima Directiva basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas (DO 1983, L 193, p. 1; EE 17/01, p. 119), con los que se corresponde, en esencia, el artículo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349 del Consejo (DO 2013, L 182, p. 19). De las citadas definiciones se deriva que la relación matriz-filial supone una forma de control que implica que la empresa matriz tenga la mayoría de los derechos de voto ejercidos por los socios o accionistas dentro de la filial, el derecho de nombrar o revocar a determinados directivos de la filial, o, incluso, una influencia dominante sobre dicha filial (sentencia de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, apartados 85 y 86).
81
De esta manera, no puede considerarse probada una relación matriz-filial por la mera existencia de relaciones económicas que reflejen una asociación entre varias entidades sin que una de ellas controle a los demás miembros del grupo que conforma con tales entidades (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, apartado 87).
82
En el caso de autos, la demandante admitió, por un lado, que ninguna de las cajas rurales accionistas ejercía un control real sobre ella ni podía determinar imperativamente la dirección de sus negocios o la estrategia de su gestión y, por otro lado, que tampoco ella controlaba a las cajas rurales. Por lo tanto, la demandante no ha demostrado que sus relaciones comerciales o contractuales con las cajas rurales se caracterizaran por el mismo grado de control que el de un grupo en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento Delegado 2015/63, como admitió en la vista.
83
En lo atinente al doble cómputo de pasivos criticado por la demandante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, como se ha recordado en el anterior apartado 72, que el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 no pretendía eliminar toda forma de doble cómputo de los pasivos (véase en este sentido la sentencia de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, apartado 94). Además, como se ha señalado en el anterior apartado 74, la demandante no ha demostrado que existieran garantías suficientes de que las exposiciones de financiación quedarían cubiertas en caso de deterioro de la situación financiera de la red que forma con las cajas rurales accionistas.
84
Análogamente, la toma en consideración de los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de proporcionalidad no permite justificar otro resultado, toda vez que el Reglamento Delegado 2015/63 ha establecido una distinción entre situaciones que presentan notables particularidades, directamente relacionadas con los riesgos que presentan los pasivos de que se trata (véase la sentencia de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca, C‑414/18, EU:C:2019:1036, apartado 95 y jurisprudencia citada).
85
Por añadidura, en la sentencia de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca (C‑414/18, EU:C:2019:1036), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 no confiere a las autoridades competentes una facultad discrecional para excluir determinados pasivos, en concepto de adaptación en función del riesgo, de las contribuciones a que se refiere el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59, sino que, por el contrario, enumera con precisión las condiciones en las que un pasivo es objeto de tal exclusión.
86
Si bien es cierto que la cuestión prejudicial planteada en la sentencia de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca (C‑414/18, EU:C:2019:1036), no se refería a la legalidad del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, el Tribunal de Justicia, tras considerar el marco jurídico, que comprendía en particular la Directiva 2014/59 y los principios de igualdad de trato, de no discriminación y de proporcionalidad, no identificó ninguna base que justificara una interpretación más amplia de las excepciones del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63. Por lo tanto, de esa sentencia se infiere que la manera en que la Comisión ejerció sus competencias delegadas en este caso concreto es, según el Tribunal de Justicia, conforme al artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59.
87
En segundo término, el artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado 2015/63 trata de las entidades que sean miembros de un SIP en el sentido del artículo 2, apartado 1, punto 8, de la Directiva 2014/59 y que hayan sido autorizadas por la autoridad competente a aplicar el artículo 113, apartado 7, del Reglamento n.o 575/2013 mediante un acuerdo suscrito con otra entidad que sea miembro del mismo SIP.
88
Según el artículo 2, apartado 1, punto 8, de la Directiva 2014/59, un SIP es todo mecanismo que cumpla los requisitos del artículo 113, apartado 7, del Reglamento n.o 575/2013. El artículo 113, apartado 7, del Reglamento n.o 575/2013 define un SIP como un «acuerdo de responsabilidad contractual o legal […] que proteja a las entidades y, en particular, garantice su liquidez y solvencia, a fin de evitar la quiebra, cuando resulte necesario». Este acuerdo de responsabilidad debe cumplir los requisitos acumulativos enumerados en la citada disposición, relativos, en particular, a una supervisión prudencial adecuada, a la previsión de mecanismos para el seguimiento, la clasificación y el control de riesgos y de las correspondientes posibilidades de ejercer una influencia, a la disponibilidad de fondos y la libre transferencia o reembolso de fondos propios por las contrapartes, a la publicación de determinados informes consolidados o agregados, a la obligación de los miembros que deseen abandonar el SIP de notificarlo con una antelación de al menos veinticuatro meses, a la exclusión de toda constitución inapropiada de fondos propios y a una participación suficientemente amplia y predominantemente homogénea.
89
En el caso de autos, la demandante no demuestra que existan, en el marco de sus relaciones con las cajas rurales, obligaciones equivalentes a las obligaciones acumulativas que impone el artículo 113, apartado 7, del Reglamento n.o 575/2013.
90
Lo mismo acontece, en tercer término, en lo referente al supuesto paralelismo entre la situación de la demandante y la descrita en el artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63, relativo a los préstamos promocionales concedidos por los bancos de fomento.
91
El artículo 5, apartado 1, letra f), del Reglamento Delegado 2015/63 establece que las aportaciones ex ante se calcularán excluyendo «en el caso de las entidades que concedan préstamos promocionales, los pasivos de la entidad intermediaria frente al banco originario, otro banco de fomento u otra entidad intermediaria y los pasivos del banco de fomento originador frente a las partes financiadoras, en la medida en que el importe de esos pasivos se corresponda con los préstamos promocionales de dicha entidad».
92
Según el artículo 3, punto 28, del Reglamento Delegado 2015/63, por «préstamo promocional» se entenderá «un préstamo concedido por un banco de fomento o a través de un banco intermediario en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro, a fin de fomentar los objetivos públicos de la administración central o de las administraciones regionales de un Estado miembro».
93
En el presente asunto, la demandante no ha demostrado que, en el marco de los servicios bancarios que ofrece, entre otros, a las cajas rurales (véanse los anteriores apartados 5 y 6), los préstamos objeto de tales servicios correspondieran o fueran similares a los préstamos concedidos por un banco de fomento o un banco intermediario en condiciones no competitivas y sin ánimo de lucro, a fin de fomentar los objetivos públicos de la administración central o de las administraciones regionales de un Estado miembro.
94
En cuarto lugar, en la medida en que la demandante reprocha a la Comisión no haber concedido a la JUR un margen de apreciación con el fin de excluir situaciones semejantes a las enumeradas en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, procede señalar, como se desprende del anterior apartado 65, que las exclusiones que figuran en dicho artículo constituyen excepciones al principio según el cual todos los pasivos, al margen de los fondos propios y depósitos con cobertura, han de ser tenidos en cuenta, de suerte que el artículo 5, apartado 1, del citado Reglamento Delegado debe ser objeto de una interpretación restrictiva. En tales circunstancias, no cabe reprochar a la Comisión no haber concedido a la JUR un margen de apreciación que le permitiera ampliar el ámbito de aplicación de las referidas exclusiones.
95
En quinto lugar, procede desestimar el argumento de la demandante basado en la circunstancia de que las redes de cooperativas, como la red de la que forma parte, constituyen una categoría reconocida en el marco de la normativa prudencial bancaria, en particular el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa el Reglamento n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito (DO 2015, L 11, p. 1). El hecho de que las características específicas de tales redes sean tenidas en cuenta en el marco de la supervisión prudencial de las entidades no implica que también vayan a serlo en el marco de la financiación del MUR, habida cuenta de que se trata de normas que regulan aspectos diferentes del sector bancario. La normativa prudencial tiene por objeto garantizar, en particular, que las instituciones financieras operen con recursos suficientes para asumir los riesgos inherentes a sus actividades financieras, mientras que las aportaciones al FUR, con arreglo al Reglamento n.o 806/2014 y al Reglamento Delegado 2015/63, se destinan a la constitución de un fondo que, en determinadas circunstancias, puede prestar asistencia en caso de resolución. A este respecto, la Comisión explicó en la vista, sin que la demandante haya rebatido este extremo, que los pasivos generados en el contexto del funcionamiento de las redes de cooperativas no fueron excluidos del cálculo de las aportaciones ex ante en virtud del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 porque, al no existir una obligación de supervisión centralizada ni de un nivel suficiente de transparencia y de control, los supervisores de tales redes no pueden cerciorarse de la situación financiera de las entidades de que se trata ni de la solvencia de estas a largo plazo, en contraposición con lo que sucede en el caso de los SIP y de los grupos, como se infiere, en esencia, del considerando 9 del Reglamento Delegado 2015/63, mencionado en el anterior apartado 71.
96
A la vista de cuanto antecede, procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo de recurso.
– Sobre la segunda parte, relativa a la ilegalidad del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 a la luz del artículo 16 de la Carta
97
La demandante sostiene que el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 infringe el artículo 16 de la Carta, por cuanto restringe desproporcionadamente su derecho a la libertad de empresa al impedir la exclusión de un importe significativo de pasivos registrados en su balance de la base del cálculo de su aportación ex ante, sin ninguna relación con su perfil de riesgo.
98
La JUR, apoyada por la Comisión, rebate las alegaciones de la demandante.
99
La protección conferida por el artículo 16 de la Carta conlleva la libertad de ejercer una actividad económica o mercantil, la libertad contractual y la libre competencia (véase la sentencia de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, apartado 79 y jurisprudencia citada).
100
Sin embargo, la libertad de empresa no constituye una prerrogativa absoluta. Puede quedar sometida a un amplio abanico de intervenciones del poder público que establezcan limitaciones al ejercicio de la actividad económica en aras del interés general (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, apartados 45 y 46 y jurisprudencia citada, y de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, apartados 80 y 81 y jurisprudencia citada).
101
Esta circunstancia se refleja, en particular, en el modo en el que han de apreciarse los actos de la Unión a la vista del artículo 52, apartado 1, de la Carta (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, apartado 47, y de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, apartado 82).
102
De conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades consagrados por la Carta deberá ser establecida por la ley, respetar el contenido esencial de esos derechos y libertades y, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, ser necesaria y responder efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás (sentencias de 22 de enero de 2013, Sky Österreich, C‑283/11, EU:C:2013:28, apartado 48, y de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran, C‑124/20, EU:C:2021:1035, apartado 83).
103
En el caso de autos, suponiendo que la obligación de la demandante de pagar aportaciones ex ante sin la posibilidad de excluir algunos de sus pasivos de la base de cálculo de la contribución anual de base con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 constituya una injerencia en la libertad de empresa, procede observar de entrada que dicha disposición se adoptó sobre la base de los artículos 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014 y de los artículos 102 y 103 de la Directiva 2014/59, de modo que la imposibilidad de excluir los pasivos de que se trata está prevista por la ley.
104
Por otra parte, en lo que respecta al argumento de la demandante según el cual el requisito de que se respete el contenido esencial de la libertad de empresa no se cumple, ya que la aportación ex ante que debe pagar equivale aproximadamente al 20 % del resultado del ejercicio al que corresponde el cálculo de dicha aportación, procede señalar que la obligación de la demandante de pagar aportaciones ex ante no lleva aparejada, ni para ella ni para la generalidad de las empresas que realizan una actividad mercantil, una prohibición de ejercer tal actividad. Por lo demás, las medidas en cuestión son de carácter temporal, puesto que solo son aplicables durante el período inicial previsto en el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.o 806/2014. Así pues, respetan el contenido esencial de la libertad de empresa (véase, por analogía, la sentencia de 12 de julio de 2018, Spika y otros, C‑540/16, EU:C:2018:565, apartado 38).
105
Además, la obligación de las entidades afectadas de contribuir al FUR persigue un objetivo de interés general, como se desprende del anterior apartado 57, a saber, garantizar, siguiendo un sistema de tipo contributivo, que el sector financiero proporcione recursos financieros suficientes al MUR para que este pueda cumplir sus funciones, incentivando al mismo tiempo a las entidades afectadas para que operen con arreglo a modelos menos arriesgados.
106
Habida cuenta del objetivo mencionado en el anterior apartado 105, incumbe a la JUR recaudar las aportaciones de las entidades afectadas con el fin de financiar la ejecución del MUR, mecanismo con el que se pretende reforzar la estabilidad de las referidas entidades en los Estados miembros participantes y evitar que las eventuales crisis tengan repercusiones en los Estados miembros no participantes, según el considerando 12 del Reglamento n.o 806/2014, facilitando así el funcionamiento del mercado interior en su conjunto.
107
Además, por lo que se refiere al carácter proporcionado, habida cuenta de los objetivos de interés general reconocidos por la Unión, de la exclusión de la demandante de los supuestos previstos en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, esta sostiene que dicha disposición no tiene en cuenta el objetivo específico y concreto impuesto por el legislador de la Unión según el cual el método de cálculo debe reflejar el perfil de riesgo de cada entidad.
108
A este respecto, debe precisarse que, como se desprende del anterior apartado 105, la obligación de las entidades afectadas de contribuir al FUR persigue la consecución de un objetivo más amplio que el invocado por la demandante. En el marco de este objetivo, el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 pretende impedir que se excluyan de la base de cálculo de las aportaciones ex ante determinados pasivos si no existen garantías de que las exposiciones de financiación en cuestión quedarán cubiertas en caso de que se deteriore la situación financiera de la entidad afectada o del grupo al que pertenece.
109
De igual forma, las alegaciones expuestas por la demandante no tienen en cuenta que el perfil de riesgo de una entidad se evalúa no solamente por medio del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, sino también por medio de los indicadores de riesgo contemplados en los artículos 6 y 7 de dicho Reglamento, que permiten, en su caso, tener en cuenta los aspectos de su funcionamiento que revelen un bajo perfil de riesgo.
110
Por último, la demandante no ha demostrado que existieran medios menos restrictivos para lograr el objetivo perseguido con la misma eficacia. En vista del análisis que figura, en particular, en los anteriores apartados 70 a 93, no puede prosperar la afirmación de la demandante de que la Comisión bien podía haber optado por excluir los pasivos vinculados a las actividades que aquella realiza por cuenta de las cajas rurales al existir garantías suficientes en virtud del Acuerdo de Tesorería al que se ha hecho referencia en el anterior apartado 4, por las razones expuestas en los anteriores apartados 74 a 96, y tal afirmación, en cualquier caso, no demuestra suficientemente que el citado Acuerdo incentive a las entidades afectadas a operar con arreglo a modelos de funcionamiento menos arriesgados.
111
En estas circunstancias, la demandante no ha demostrado que el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 sea contrario al artículo 16 de la Carta.
112
Por consiguiente, la segunda parte del primer motivo de recurso debe desestimarse por infundada.
– Sobre la tercera parte, relativa a la ilegalidad del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 a la luz del principio de proporcionalidad
113
La demandante sostiene que la Comisión, al adoptar el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, incurrió en una violación del principio de proporcionalidad.
114
La JUR, apoyada por la Comisión, rebate las alegaciones de la demandante.
115
A este respecto, procede recordar que el principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, exige que los actos de las instituciones de la Unión sean idóneos para alcanzar los objetivos legítimos perseguidos por la normativa de que se trate y no vayan más allá de lo necesario para alcanzar tales objetivos, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas a la luz de los objetivos perseguidos (sentencias de 4 de mayo de 2016, Philip Morris Brands y otros, C‑547/14, EU:C:2016:325, apartado 165, y de 20 de enero de 2021, ABLV Bank/JUR, T‑758/18, EU:T:2021:28, apartado 142; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 2010, Vodafone y otros, C‑58/08, EU:C:2010:321, apartado 51).
116
Del anterior apartado 62 se desprende que la Comisión disponía de una amplia facultad de apreciación a efectos de adoptar, en virtud del artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59, las normas que especifican el concepto de «ajuste de las [aportaciones ex ante] en función del perfil de riesgo de las entidades».
117
A la vista de lo anterior, y de conformidad con la jurisprudencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros, C‑62/14, EU:C:2015:400, apartados 80, 81 y 91, y de 21 de diciembre de 2022, Firearms United Network y otros/Comisión, T‑187/21, no publicada, EU:T:2022:848, apartados 122 y 123 y jurisprudencia citada), el control por el Tribunal General del respeto del principio de proporcionalidad debe limitarse a examinar si el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 es manifiestamente inadecuado a la vista del objetivo perseguido por la Comisión, si no va manifiestamente más allá de lo necesario para alcanzarlo o si no conlleva desventajas manifiestamente desproporcionadas con dicho objetivo.
118
En primer lugar, como se infiere del apartado 149 del escrito de demanda, la demandante no cuestiona que el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 sea idóneo para contribuir a la realización del objetivo mencionado en el anterior apartado 57.
119
En segundo lugar, por lo que se refiere a la necesidad de la medida prevista por el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, conviene recordar que esta disposición excluye de la base de cálculo de las aportaciones ex ante unos importes que figuran en el pasivo de entidades que, por diferentes razones, presentan menos riesgo.
120
A este respecto, de los anteriores apartados 54 a 96 se desprende que la alegación de la demandante mediante la que sostiene que la Comisión incurrió en error al excluir del artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 pasivos vinculados a las actividades que aquella realiza para las cajas rurales debe ser desestimada.
121
De esta manera, considerando la amplia facultad de apreciación de que dispone la Comisión, esta podía entender que, para alcanzar el objetivo mencionado en el anterior apartado 57, no convenía excluir del cálculo de la base de las aportaciones ex ante, con arreglo al artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, los pasivos vinculados a las actividades que la demandante realiza para las cajas rurales, debido en esencia a que no existían garantías suficientes de que las exposiciones de financiación de la demandante, en el marco de las actividades que realiza por cuenta de las cajas rurales, quedarían cubiertas en caso de deterioro de su situación financiera. Por lo tanto, esta disposición no va más allá de lo necesario para alcanzar el referido objetivo.
122
En tercer lugar, como se desprende igualmente del anterior apartado 110, la demandante no ha demostrado que el objetivo mencionado en el anterior apartado 57 pudiera alcanzarse con la misma eficacia mediante una medida menos onerosa, a saber, en este caso, la inclusión en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 de los pasivos vinculados a las actividades que realiza para las cajas rurales.
123
Además, en cuanto a la existencia de eventuales desventajas manifiestamente desproporcionadas con el objetivo mencionado en el anterior apartado 57, se ha de observar que la afirmación de que el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 pone en riesgo la función misma desempeñada por la demandante frente a las cajas rurales y la priva de su sentido económico no basta por sí sola para probar que existen tales desventajas. En efecto, no consta en los autos indicio alguno de que la función de la demandante corriera un riesgo por el hecho de que su aportación ex ante correspondiente al período de contribución 2016 se hubiera calculado sin excluir los pasivos en cuestión, de conformidad, en particular, con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63.
124
A este respecto, las alegaciones de la demandante no permiten comprender las razones por las que hubiera sido necesario, supuestamente, tratar de alcanzar una mayor coherencia entre el ámbito de la supervisión prudencial y el de la resolución. En particular, la demandante no relaciona de ningún modo el objetivo perseguido por el sistema de las aportaciones ex ante con las disposiciones de la normativa en materia de supervisión prudencial.
125
En consecuencia, procede desestimar por infundada la tercera parte del primer motivo de recurso y, por tanto, dicho motivo en su totalidad.
Sobre el segundo motivo de recurso, basado en la infracción del artículo 103, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2014/59 y del artículo 70 del Reglamento n.o 806/2014
126
Mediante el segundo motivo, la demandante solicita al Tribunal General, para el supuesto de que estime el primer motivo, que se pronuncie sobre la Decisión impugnada sin tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63. En particular, según la demandante, procede pronunciarse sobre dicha Decisión haciendo referencia únicamente a los criterios enunciados en las disposiciones correspondientes de la Directiva 2014/59 y del Reglamento n.o 806/2014.
127
Pues bien, habiendo sido desestimado el primer motivo de recurso, también debe desestimarse, en consecuencia, el segundo motivo.
Sobre el tercer motivo de recurso, basado en la violación del principio de seguridad jurídica
128
La demandante alega que la Decisión impugnada viola el principio de seguridad jurídica en la medida en que su parte dispositiva establece que surtirá efectos desde el 15 de abril de 2016, es decir, en la fecha en que surtió efectos la primera de las Decisiones iniciales. Para la demandante, el principio de seguridad jurídica se opone a que el punto de partida de la eficacia temporal de un acto se fije en una fecha anterior a su publicación. Excepcionalmente, un acto de la Unión puede tener efectos retroactivos si lo exige el objetivo que se persigue y se respeta debidamente la confianza legítima de los interesados, y si sus efectos retroactivos se desprenden claramente de la norma en cuestión. Para la demandante, dichos requisitos no se cumplen en el presente asunto.
129
La JUR rebate las alegaciones de la demandante.
130
La Decisión impugnada se adoptó el 7 de diciembre de 2022 y, de conformidad con el artículo 4 de su parte dispositiva, surtió efectos a partir del 15 de abril de 2016, esto es, en la fecha en que surtió efectos la primera de las Decisiones iniciales, las cuales fueron sustituidas a su vez, también con efectos desde el 15 de abril de 2016, por la Decisión de 19 de marzo de 2020, como se desprende de los anteriores apartados 10 y 13. Esta última Decisión surtió efectos también a partir del 15 de abril de 2016, conforme establecía el artículo 3 de su parte dispositiva.
131
Según los considerandos 19 a 22 de la Decisión impugnada, esta tenía por objeto subsanar la falta de motivación de la Decisión de 19 de marzo de 2020 que la JUR había constatado a raíz de la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), y de los autos de 3 de marzo de 2022, JUR/Portigon y Comisión (C‑664/20 P, no publicado, EU:C:2022:161), y de 3 de marzo de 2022, JUR/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, no publicado, EU:C:2022:162), relativos al cálculo del importe de las aportaciones ex ante correspondientes al período de contribución 2017.
132
Además, como se infiere de los considerandos 6 a 8 de la Decisión de 19 de marzo de 2020, esta tenía por objeto subsanar los vicios de procedimiento y la falta de motivación de las Decisiones iniciales que fueron constatados por el Tribunal General en las sentencias de 28 de noviembre de 2019, Banco Cooperativo Español/JUR (T‑323/16, EU:T:2019:822), de 28 de noviembre de 2019, Hypo Vorarlberg Bank/JUR (T‑377/16, T‑645/16 y T‑809/16, EU:T:2019:823), y de 28 de noviembre de 2019, Portigon/JUR (T‑365/16, EU:T:2019:824).
133
Por lo tanto, la Decisión impugnada y las sentencias y autos antes mencionados no modificaron el alcance de la obligación de la demandante de pagar una aportación ex ante para el período de contribución 2016 tal como fue decretada mediante la segunda de las Decisiones iniciales y existía para dicho período de contribución.
134
En efecto, el cálculo de la aportación ex ante de la demandante para el período de contribución 2016 y el importe de esta aportación eran los mismos en la segunda de las Decisiones iniciales, en la Decisión de 19 de marzo de 2020 y en la Decisión impugnada. A este respecto, los únicos elementos nuevos introducidos por la Decisión impugnada se encontraban en una motivación más amplia del cálculo de la aportación ex ante de la demandante para el período de contribución 2016.
135
En los considerandos 188 a 194 de la Decisión impugnada, la JUR expuso las razones por las que había fijado los efectos en el tiempo de la Decisión impugnada del modo descrito en el anterior apartado 130. En particular, precisó que había procedido de esa manera con el fin de mantener el título jurídico en virtud del cual se habían recaudado las aportaciones ex ante de las entidades afectadas durante el período de contribución 2016 y preservar la validez del pago de esas aportaciones.
136
Según la jurisprudencia, el principio de seguridad jurídica se opone a que un acto de la Unión comience a producir efectos en una fecha anterior a la de su adopción, salvo cuando excepcionalmente así lo exija el objetivo perseguido y se respete adecuadamente la confianza legítima de los interesados (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C‑331/88, EU:C:1990:391, apartado 45 y jurisprudencia citada, y de 5 de septiembre de 2014, Éditions Odile Jacob/Comisión, T‑471/11, EU:T:2014:739, apartado 102 y jurisprudencia citada).
137
En primer lugar, por lo que se refiere a la cuestión de si el objetivo perseguido mediante la Decisión impugnada exigía que esta surtiera efectos en una fecha anterior a la de su adopción, es preciso tener en cuenta el contexto en el que se adoptó dicha Decisión.
138
A este respecto, de los anteriores apartados 10 a 13 se desprende que la sentencia que anuló la primera de las Decisiones iniciales y las sentencias que condujeron a la revocación de la Decisión de 19 de marzo de 2020 no extinguen la obligación de la demandante de pagar su aportación ex ante correspondiente al período de contribución 2016, con arreglo al marco jurídico aplicable, ni revisan a la baja el importe de dicha aportación, extremo que la demandante no ha rebatido.
139
En estas circunstancias particulares, si la JUR no hubiese adoptado la Decisión impugnada con efectos a partir de la fecha de la primera de las Decisiones iniciales, la Decisión impugnada no habría podido surtir efectos durante el período que abarca del 15 de abril de 2016 al 7 de diciembre de 2022, durante el cual la demandante habría quedado dispensada de su obligación de pagar una aportación ex ante correspondiente al período de contribución 2016, cuando, en virtud de los artículos 2, 67, apartado 4, 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014, estaba sujeta a tal obligación. De igual forma, durante ese período, el FUR se habría visto privado, en contra de lo preceptuado por esas mismas disposiciones, de los fondos procedentes de las aportaciones ex ante de la demandante, lo que habría resultado en perjuicio del cumplimiento de la Directiva 2014/59, del Reglamento n.o 806/2014 y del Reglamento Delegado 2015/63 (véase, por analogía, la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartados 176 y 177).
140
Por consiguiente, al adoptar la Decisión impugnada con efectos desde el 15 de abril de 2016, se pretendía garantizar la concomitancia entre la aplicabilidad de la Decisión impugnada y el momento en que nació la obligación de la demandante de pagar una aportación ex ante para el período de contribución 2016 y, así, evitar un resultado contrario a la normativa aplicable. Pues bien, para lograr tal fin legítimo y de interés público, era necesario que la referida Decisión surtiera efectos desde una fecha anterior a la de su adopción, a saber, desde la misma fecha que la Decisión de 19 de marzo de 2020 a la que sustituía.
141
En segundo lugar, nada indica que, en las circunstancias del presente asunto, no se haya respetado debidamente la confianza legítima de la demandante o de terceros. La demandante no puede afirmar que la sentencia de 28 de noviembre de 2019, Banco Cooperativo Español/JUR (T‑323/16, EU:T:2019:822), creó una situación de confianza legítima en que la Decisión impugnada no surtiría efectos antes de la fecha de su adopción ni que las sentencias que anularon la primera de las Decisiones iniciales y condujeron a la revocación de la Decisión de 19 de marzo de 2020 podían dar lugar a una situación de confianza legítima en que solo se le impondría el pago de su aportación ex ante para el período de contribución 2016 a partir de una fecha posterior, cuando se adoptara una nueva Decisión. Contrariamente a lo que exige la jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de septiembre de 2021, FVE Holýšov I y otros/Comisión, C‑850/19 P, no publicada, EU:C:2021:740, apartado 34 y jurisprudencia citada), ninguna institución ha facilitado a la demandante información alguna precisa, incondicional y concordante en tal sentido (véanse los anteriores apartados 133 y 134).
142
Además, el artículo 266 TFUE solo obliga a la institución de la que emane el acto anulado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de anulación. En este sentido, la citada disposición exige a la institución interesada evitar que todo acto destinado a sustituir al acto anulado adolezca de irregularidades idénticas a las detectadas en dicha sentencia (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2017, Léon Van Parys/Comisión, T‑125/16, EU:T:2017:884, apartado 49 y jurisprudencia citada). Para adecuarse a una sentencia de anulación y darle plena ejecución, la institución está obligada a respetar no solo el fallo de la sentencia, sino también los fundamentos de Derecho que han conducido a aquel y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de noviembre de 2007, Italia/Comisión, C‑417/06 P, no publicada, EU:C:2007:733, apartado 50 y jurisprudencia citada).
143
De ello se sigue que, para adoptar una nueva decisión conforme a los fundamentos de Derecho que constituyen el sustento necesario del fallo de la sentencia de 28 de noviembre de 2019, Banco Cooperativo Español/JUR (T‑323/16, EU:T:2019:822), la JUR estaba obligada a respetar los requisitos formales que se incumplieron en el curso del procedimiento de adopción de la Decisión controvertida. Esta circunstancia no permitía a la demandante albergar expectativa alguna de que la Decisión impugnada no produciría efectos en una fecha anterior a la fecha de la decisión a la que había sustituido o de que solo se le impondría el pago de la aportación ex ante para el período de contribución 2016 a partir de una fecha posterior, cuando se adoptara una nueva decisión (véase, por analogía, la sentencia de 11 de enero de 2024, Eurobolt y otros/Comisión y Stafa Group, C‑517/22 P, EU:C:2024:9, apartados 55 y 56 y jurisprudencia citada).
144
Procede señalar, en consecuencia, que, contrariamente a lo que afirma la demandante, la Decisión impugnada no violó el principio de seguridad jurídica, puesto que se cumplen los requisitos mencionados en el anterior apartado 136 y, en este caso, la JUR podía lícitamente disponer que la Decisión impugnada produjera efectos a partir de una fecha anterior a la de su adopción, a saber, el 15 de abril de 2016, que corresponde a la fecha de la primera de las Decisiones iniciales. Lo mismo acontece, por lo demás, con respecto a la Decisión de 19 de marzo de 2020.
145
Por cuanto antecede, se ha de desestimar por infundado el tercer motivo de recurso y, por tanto, no pueden acogerse las pretensiones de anulación formuladas por la demandante.
Sobre las pretensiones indemnizatorias
146
La demandante invoca la responsabilidad extracontractual de la Unión a efectos de reclamar los intereses de demora que, según ella, le adeuda esta última desde el 23 de junio de 2016, fecha en la que pagó su aportación ex ante correspondiente al período de contribución 2016 con arreglo a la primera de las Decisiones iniciales, la cual fue anulada por el Tribunal General en lo que a ella respecta en la sentencia de 28 de noviembre de 2019, Banco Cooperativo Español/JUR (T‑323/16, EU:T:2019:822). La demandante alega, en particular, que la JUR le adeuda dichos intereses al no haberle reembolsado su aportación ex ante después de la referida anulación. Dicho de otro modo, para la demandante, la JUR se enriqueció injustamente. Así pues, la demandante basa sus pretensiones tanto en un enriquecimiento sin causa como en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE.
147
La JUR rebate las alegaciones de la demandante.
148
Por lo que respecta, para empezar, al derecho de la demandante a ejercitar una acción de enriquecimiento sin causa, basta con recordar que el recurso basado en tal enriquecimiento no se rige por el régimen de la responsabilidad extracontractual en sentido estricto, que solo se genera a condición de que concurran un conjunto de requisitos relativos a la ilicitud de la actuación reprochada a la Unión, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre esa actuación y el perjuicio invocado. Se distingue de los recursos interpuestos en virtud de dicho régimen en que no exige que se pruebe ningún comportamiento ilegal de la parte demandada, ni siquiera que exista una mera actitud, sino que solo requiere que se demuestre un enriquecimiento sin base legal válida de la parte demandada y un empobrecimiento de la parte demandante relacionado con dicho enriquecimiento (véase la sentencia de 23 de noviembre de 2022, Westfälische Drahtindustrie y otros/Comisión, T‑275/20, EU:T:2022:723, apartado 48 y jurisprudencia citada).
149
Tal acción basada en un enriquecimiento sin causa no puede prosperar en el presente asunto, dado que, como se ha señalado en los anteriores apartados 139 a 144, la demandante adeudaba, desde el 15 de abril de 2016, su aportación ex ante para el período de contribución 2016 con arreglo a los artículos 2, 67, apartado 4, 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014, y seguía adeudándola tras pronunciarse la sentencia de 28 de noviembre de 2019, Banco Cooperativo Español/JUR (T‑323/16, EU:T:2019:822), habida cuenta de que esa sentencia no implicaba que se anulara su obligación de contribuir al FUR para el período de contribución 2016 conforme a las disposiciones antes mencionadas. En el caso de autos, atendiendo a las fechas en que surtieron efectos la Decisión de 19 de marzo de 2020 y la Decisión impugnada, a saber, el 15 de abril de 2016, no incumbía a la JUR reembolsar a la demandante la totalidad o parte de la aportación ex ante de esta correspondiente al año de contribución 2016.
150
Por otra parte, es preciso recordar que, en virtud del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
151
Según la jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión en virtud del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, es necesario que concurra un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al autor del acto y el daño sufrido por los perjudicados (véase la sentencia de 5 de marzo de 2024, Kočner/Europol, C‑755/21 P, EU:C:2024:202, apartado 117 y jurisprudencia citada).
152
En el supuesto de que no se cumpla uno de los requisitos mencionados en el anterior apartado 151, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos de la responsabilidad extracontractual de la Unión (véanse las sentencias de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo y Comisión, C‑120/06 P y C‑121/06 P, EU:C:2008:476, apartado 165 y jurisprudencia citada, y de 21 de diciembre de 2023, United Parcel Service/Comisión, C‑297/22 P, EU:C:2023:1027, apartado 61 y jurisprudencia citada).
153
En el caso de autos, como se desprende del análisis de los motivos formulados en apoyo de las pretensiones de anulación, la demandante no ha demostrado la existencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. Por consiguiente, procede desestimar igualmente las presentes pretensiones indemnizatorias en cuanto que se basan en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE.
154
No obstan a esta conclusión las sentencias de 20 de enero de 2021, Comisión/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), y de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), invocadas por la demandante en sus escritos y en la vista, respectivamente.
155
En el apartado 56 de la sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), el Tribunal de Justicia señaló que, según la jurisprudencia, cuando se han recaudado cantidades de dinero infringiendo el Derecho de la Unión, ya sea por una autoridad nacional, ya sea por una institución, un órgano o un organismo de la Unión, debe procederse a la devolución de esas cantidades, y dicha devolución debe ir acompañada de intereses correspondientes a todo el período comprendido entre la fecha de pago de esas cantidades y la fecha de su devolución, lo que constituye la expresión de un principio general de pago de lo indebido.
156
Además, como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 62 de la sentencia de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), y como se desprende en esencia de los apartados 103 y 104 de la sentencia de 20 de enero de 2021, Comisión/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), cuando, en virtud del artículo 266 TFUE, párrafo primero, una institución, un órgano o un organismo de la Unión está obligado a devolver con intereses una cantidad de dinero determinada, no dispone de ningún margen de apreciación en cuanto a la oportunidad de abonar esos intereses, de modo que la mera infracción del Derecho de la Unión, consistente en la negativa a pagarlos, basta para demostrar la existencia de una violación suficientemente caracterizada de dicho Derecho que puede generar la responsabilidad extracontractual de la Unión.
157
Pues bien, a diferencia de la parte demandante en los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 20 de enero de 2021, Comisión/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), y de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), por las que el Tribunal de Justicia declaró con carácter firme que las multas controvertidas habían sido indebidamente pagadas, la demandante en el presente asunto seguía adeudando, desde el 15 de abril de 2016, la aportación ex ante que le correspondía satisfacer para el período de contribución 2016 con arreglo a los artículos 2, 67, apartado 4, 69 y 70 del Reglamento n.o 806/2014, cuyo importe no fue revisado a la baja (véanse los anteriores apartados 138 y 149).
158
Además, y contrariamente a las decisiones controvertidas en los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 20 de enero de 2021, Comisión/Printeos (C‑301/19 P, EU:C:2021:39), y de 11 de junio de 2024, Comisión/Deutsche Telekom (C‑221/22 P, EU:C:2024:488), tanto la Decisión impugnada como la Decisión de 19 de marzo de 2020 surtieron efectos, sin contravenir el principio de seguridad jurídica (véase el anterior apartado 144), en una fecha anterior a la de su adopción, a saber, el 15 de abril de 2016, de modo que no se adeuda ningún interés de demora por el período del 23 de junio de 2016, fecha en la que la demandante satisfizo su aportación ex ante para el período de contribución 2016, a la fecha de adopción de una de esas Decisiones.
159
Así pues, la JUR no estaba obligada a realizar ningún reembolso de aportaciones ex ante ni a pagar ningún interés de demora.
160
A la vista de cuanto antecede, deben desestimarse las pretensiones indemnizatorias de la demandante.
Costas
161
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la JUR, conforme a lo solicitado por esta última.
162
Conforme a lo dispuesto en el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la Comisión cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Banco Cooperativo Español, S. A., cargará con sus propias costas y con las de la Junta Única de Resolución (JUR).
3)
La Comisión Europea cargará con sus propias costas.
Kornezov
Petrlík
Kecsmár
Kingston
Spangsberg Grønfeldt
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de abril de 2025.
El Secretario
T. Henze
El Presidente
M. van der Woude
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.