62022CJ0546
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 4 de octubre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Viajes combinados y servicios de viaje vinculados — Directiva (UE) 2015/2302 — Artículo 12, apartado 3 — Terminación de un contrato de viaje combinado por el organizador — Circunstancias inevitables y extraordinarias — Imposibilidad de realización del viaje por tales circunstancias — Recomendación oficial que desaconseja los viajes al país de destino debido a la propagación de la COVID‑19»
En el asunto C‑546/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), mediante resolución de 29 de junio de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de agosto de 2022, en el procedimiento entre
GF
y
Schauinsland-Reisen GmbH,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, la Sra. A. Prechal (Ponente), Presidenta de la Sala Segunda, en funciones de Juez de la Sala Séptima, y el Sr. N. Wahl, Juez;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de GF, por el Sr. A. Konrad, Rechtsanwalt;
–
en nombre de Schauinsland-Reisen GmbH, por el Sr. M. Wukoschitz, Rechtsanwalt;
–
en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. A. Dimitrakopoulou, C. Kokkosi, y E. Tsaousi, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. B.‑R. Killmann y la Sra. I. Rubene, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12, apartado 3, de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo (DO 2015, L 326, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre GF y Schauinsland-Reisen GmbH en relación con una reclamación de daños y perjuicios formulada por GF contra Schauinsland-Reisen por haber procedido esta última a la terminación del contrato de viaje combinado celebrado entre ambas partes, a raíz de la publicación de una recomendación oficial que desaconsejaba a los viajeros que se desplazaran al país de destino del viaje combinado.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
Los considerandos 29 a 32 de la Directiva 2015/2302 tienen el siguiente tenor:
«(29)
Teniendo en cuenta las especificidades de los contratos de viaje combinado, deben establecerse los derechos y las obligaciones de las partes contratantes para el período anterior y posterior al inicio del viaje combinado, en particular si el viaje combinado no se ejecuta de manera correcta o si cambian determinadas circunstancias.
(30)
Dado que los viajes combinados se contratan a menudo con gran antelación a su fecha de ejecución, pueden producirse imprevistos. […]
(31)
Los viajeros también deben poder poner fin al contrato de viaje combinado en cualquier momento antes de su inicio a cambio del pago de una penalización por terminación que sea adecuada y justificable, teniendo cuenta el ahorro de costes y los ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios de viaje. Asimismo, deben tener derecho a poner fin al contrato de viaje combinado sin pagar ninguna penalización por terminación cuando se den circunstancias inevitables y extraordinarias que afecten significativamente a la ejecución del viaje. Tales circunstancias pueden ser, por ejemplo, una guerra u otros problemas graves de seguridad como el terrorismo, riesgos importantes para la salud humana como el brote de una enfermedad grave en el lugar de destino, o catástrofes naturales como inundaciones o terremotos, o condiciones meteorológicas que hagan imposible desplazarse con seguridad al lugar de destino según lo convenido en el contrato de viaje combinado.
(32)
En situaciones concretas, el organizador también debe tener derecho a poner fin al contrato de viaje combinado antes de su inicio sin pagar indemnización […]».
4
El artículo 1 de esta Directiva, que lleva por título «Objeto», establece:
«La presente Directiva tiene por objeto contribuir al buen funcionamiento del mercado interior y a la consecución de un nivel de protección de los consumidores elevado y lo más uniforme posible mediante la aproximación de determinados aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en relación con los contratos entre viajeros y empresarios relativos a viajes combinados y a servicios de viaje vinculados.»
5
El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Definiciones», dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
12)
“circunstancias inevitables y extraordinarias”: una situación fuera del control de la parte que la alega y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables;
[…]».
6
El artículo 12 de la Directiva 2015/2302, con el epígrafe «Terminación del contrato de viaje combinado y derecho de desistimiento antes del inicio del viaje», establece lo siguiente en sus apartados 2 y 3:
«2.   […] El viajero tendrá derecho a poner fin al contrato de viaje combinado antes del inicio del viaje sin pagar ninguna penalización de concurrir circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino. En caso de terminación del contrato de viaje combinado con arreglo al presente apartado, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualesquiera pagos realizados por el viaje combinado, pero no a una indemnización adicional.
3.   El organizador podrá poner fin al contrato de viaje combinado y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado por el viaje combinado, pero no será responsable de ninguna indemnización adicional, si:
[…]
b)
el organizador se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y notifica su terminación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.»
7
El artículo 13 de esta Directiva, titulado «Responsabilidad por la ejecución del viaje combinado», establece en su apartado 3:
«Si cualquiera de los servicios del viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato de viaje combinado, el organizador deberá subsanar la falta de conformidad, salvo:
a)
si resulta imposible, o
b)
si ello entraña un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afectados.
Se aplicará el artículo 14 si el organizador, de conformidad con las letras a) o b), no subsana la falta de conformidad.»
8
El artículo 16 de dicha Directiva, titulado «Obligación de prestar asistencia», establece:
«Los Estados miembros garantizarán que el organizador proporcione asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades, en especial en las circunstancias contempladas en el artículo 13, apartado 7, en particular mediante:
a)
el suministro de información adecuada sobre los servicios sanitarios, las autoridades locales y la asistencia consular, y
b)
la asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje alternativas.
El organizador podrá facturar un recargo razonable por dicha asistencia si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero. Dicho recargo no superará en ningún caso los costes reales en los que haya incurrido el organizador.»
Derecho austriaco
9
Según el artículo 10, apartado 3, segundo supuesto, de la Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pauschalreisegesetz – PRG) (Ley relativa a los Viajes Combinados y a los Servicios de Viaje Vinculados), de 24 de abril de 2017 (BGB1. I, 50/2017), en su versión aplicable al litigio principal, un organizador de viajes puede dar por terminado el contrato de viaje combinado antes de su inicio a cambio del reembolso de la totalidad de los pagos que se hayan realizado por ese viaje combinado, pero no será responsable de ninguna indemnización adicional, si se ve en la imposibilidad de ejecutar ese contrato de viaje por circunstancias inevitables y extraordinarias y comunica al viajero la terminación de dicho contrato de viaje sin demora indebida, en todo caso antes del inicio de ese viaje combinado.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
10
El 13 de mayo de 2020, GF, un médico especialista con consulta propia, y su esposa celebraron con Schauinsland-Reisen un contrato relativo a la organización, por esta última, de un viaje combinado con destino a las Maldivas que debía tener lugar durante el período comprendido entre el 26 de diciembre de 2020 y el 2 de enero de 2021. El precio global de ese viaje combinado era de 8620 euros.
11
Desde diciembre de 2020, debido a los riesgos sanitarios provocados por la pandemia de COVID‑19, existía una alerta de máximo nivel a los viajeros para las Maldivas, publicada por el Außenministerium (Ministerio de Asuntos Exteriores, Austria), según la cual «se desaconsejaba todo tipo de viajes turísticos y no necesarios, incluidos viajes de vacaciones y visitas familiares, a ese país».
12
En ese momento, la tasa de incidencia del virus en siete días registrada en las Maldivas era de 34,7 nuevas infecciones por 100000 habitantes y, por tanto, inferior a la establecida en Austria, que, en la fecha de referencia mencionada del 14 de diciembre de 2020, ascendía a 220 por 100000 habitantes.
13
El 3 de diciembre de 2020, Schauinsland-Reisen puso fin al contrato de viaje combinado basándose en dicha alerta. A más tardar el 9 de diciembre de 2020, se comunicaron a GF los motivos de dicha terminación del contrato y se le hizo una transferencia para devolverle el pago anticipado realizado.
14
GF interpuso ante el Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunal Regional de lo Civil de Graz, Austria) una demanda en reclamación de daños y perjuicios, por importe de 21821,82 euros, para él y su esposa. En este contexto, solicitó que se le indemnizasen los perjuicios sufridos a raíz de la referida terminación del contrato, por la pérdida del disfrute de las vacaciones y por los ingresos dejados de percibir como consecuencia del cierre de su consulta debido al viaje previsto, que ya no pudo cancelar de forma inmediata tras dicha terminación del contrato. Además, reclamó el pago de una «cantidad a tanto alzado por los gastos».
15
Con tal fin, GF alegó que la alerta a los viajeros publicada por el Ministerio de Asuntos Exteriores no constituía una circunstancia inevitable y extraordinaria que impidiera a Schauinsland-Reisen ejecutar el contrato de viaje combinado, máxime cuando la incidencia del virus en siete días en las Maldivas era, en el momento de la terminación de dicho contrato de viaje, menor que la de Austria, que la cobertura en materia de asistencia sanitaria era allí suficiente y que, además, él y su esposa habían contratado un seguro médico de viaje.
16
Schauinsland-Reisen se defendió argumentando que no se le podía exigir razonablemente que ejecutara el contrato de viaje combinado haciendo caso omiso de la publicación de tal alerta, dadas las incalculables consecuencias que podría haber tenido que asumir en razón de su responsabilidad como organizador de viajes. Por otra parte, habida cuenta de las restricciones de salida aplicables en Austria a partir del 26 de diciembre de 2020, de todas formas, GF no habría obtenido la autorización para viajar.
17
Mediante sentencia de 13 de julio de 2021, el Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Tribunal Regional de lo Civil de Graz) desestimó la demanda de indemnización de daños y perjuicios presentada por GF, al considerar que Schauinsland-Reisen había invocado válidamente circunstancias inevitables y extraordinarias para justificar la terminación del contrato de viaje combinado, por lo que se excluía todo derecho de GF a que se le pagara una indemnización por daños y perjuicios.
18
Mediante sentencia de 27 de enero de 2022, el Oberlandesgericht Graz (Tribunal Superior Regional de Graz, Austria), en grado de apelación, confirmó la sentencia dictada en primera instancia. Dicho órgano jurisdiccional consideró que, aunque la alerta a los viajeros fuera un mero indicio de obstáculos extraordinarios, Schauinsland-Reisen no incurrió en ningún caso en culpa, habida cuenta de la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia de COVID‑19 que imperaba en el momento de la terminación del contrato de viaje combinado.
19
GF interpuso recurso de casación ante el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), que es el órgano jurisdiccional remitente.
20
Dicho órgano jurisdiccional precisa que la alerta a los viajeros, acompañada de una recomendación a la población para que se abstuviera de realizar cualquier viaje turístico al destino del viaje previsto, había sido publicada unas tres semanas antes del inicio del viaje combinado en cuestión. Además, según el citado órgano jurisdiccional, tanto la evolución de la pandemia de COVID‑19 como la referida publicación escapaban al control de Schauinsland-Reisen, y esta última no pudo evitar sus consecuencias adoptando medidas razonables.
21
No obstante, para el órgano jurisdiccional remitente, en primer lugar, se plantea la cuestión de si la publicación de tal alerta basta por sí sola para acreditar un riesgo elevado que pueda autorizar al organizador de viajes a declarar la terminación del contrato de viaje combinado en cuestión sin estar obligado a abonar una indemnización adicional, habida cuenta, en particular, de las eventuales medidas sanitarias que pueden obstaculizar la realización de ese contrato de viaje, o si debe exigirse a dicho organizador que evalúe los riesgos él mismo, con independencia de la propia alerta, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto.
22
El órgano jurisdiccional remitente indica que, en defensa del carácter determinante de la referida alerta, podría acogerse la alegación de que la alerta pública a los viajeros es divulgada por un organismo cualificado e imparcial y es inequívoca, por lo que cumple las exigencias de claridad y de seguridad jurídica para el público interesado. Además, una autoridad estatal como la del litigio principal dispone, por regla general, de medios más fiables que una empresa para apreciar la situación de riesgo en el lugar de destino.
23
Sin embargo, para el órgano jurisdiccional remitente, en contra de tal carácter determinante podría aducirse que, en vista de la evolución constante de la situación sanitaria en las distintas regiones afectadas, la alerta a los viajeros publicada por las autoridades no necesariamente refleja con exactitud el riesgo real existente en cada lugar en la fecha del viaje contratado.
24
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, existiendo una alerta de máximo nivel a los viajeros, puede considerarse que un organizador «se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias», en el sentido del artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2015/2302, a pesar de que la ejecución del viaje en cuestión no es en principio imposible y el cliente de ese organizador declaró que aceptaba el riesgo identificado.
25
En tales circunstancias, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 3, de la Directiva [2015/2302] en el sentido de que un organizador de viajes puede invocar que se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato de viaje por circunstancias inevitables y extraordinarias cuando la autoridad autorizada para ello en el Estado miembro del cliente haya emitido una alerta de viaje del máximo nivel, desalentando los viajes al país de destino antes del inicio previsto del viaje?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial:
¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2015/2302 en el sentido de que no existen circunstancias inevitables y extraordinarias si el viajero, consciente de la alerta de viaje y de la incertidumbre sobre la evolución ulterior de la situación de pandemia, ha declarado que, no obstante, desea realizar el viaje, y al organizador no le habría resultado imposible ejecutar el viaje?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
26
Mediante decisión de 3 de marzo de 2023, el Presidente del Tribunal de Justicia suspendió el presente procedimiento a la espera de la resolución que pusiera fin al proceso en el asunto C‑299/22.
27
Mediante decisión de 4 de marzo de 2024, el Presidente del Tribunal de Justicia notificó al órgano jurisdiccional remitente las sentencias de 29 de febrero de 2024, Tez Tour (C‑299/22, EU:C:2024:181), y de 29 de febrero de 2024, Kiwi Tours (C‑584/22, EU:C:2024:188), instándole a indicar si, habida cuenta de dichas sentencias, deseaba mantener su petición de decisión prejudicial.
28
Mediante escrito de 7 de marzo de 2024, presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el día siguiente, dicho órgano jurisdiccional indicó que mantenía su petición de decisión prejudicial. A este respecto, señaló que, si bien las sentencias mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia proporcionaban elementos útiles para responder a las cuestiones planteadas, puesto que aclaraban la interpretación del concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias» en el sentido de la Directiva 2015/2302, consideraba esencial que se precisara, además, en qué condiciones puede considerarse que un organizador «se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato» por tales circunstancias, en el sentido del artículo 12, apartado 3, de dicha Directiva.
Sobre las cuestiones prejudiciales
29
Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302 debe interpretarse en el sentido de que, para considerar probado que se ve en la imposibilidad de ejecutar un contrato de viaje combinado por «circunstancias inevitables y extraordinarias», en el sentido de dicha disposición, basta con que el organizador se apoye en la publicación, por las autoridades competentes, de una recomendación oficial que tiene por objeto desaconsejar a los viajeros que se desplacen a la zona afectada, aun cuando el viajero haya declarado que desea mantener su viaje a pesar de todo y aunque no hubiera resultado objetivamente imposible para el organizador en cuestión ejecutar dicho contrato de viaje.
30
A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que el artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302 establece que el organizador puede poner fin a un contrato de viaje combinado y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado por el viaje combinado de que se trata, pero no será responsable de ninguna indemnización adicional, si se ve en la imposibilidad de ejecutar dicho contrato de viaje por circunstancias inevitables y extraordinarias y notifica la terminación del citado contrato de viaje al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
31
El concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias», en el sentido de dicha disposición, se define en el artículo 3, punto 12, de esta Directiva como «una situación fuera del control de la parte que la alega y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas razonables».
32
El considerando 31 de la citada Directiva ilustra el alcance de ese concepto, al mencionar que «pueden ser, por ejemplo, una guerra u otros problemas graves de seguridad como el terrorismo, riesgos importantes para la salud humana como el brote de una enfermedad grave en el lugar de destino, o catástrofes naturales como inundaciones o terremotos, o condiciones meteorológicas que hagan imposible desplazarse con seguridad al lugar de destino según lo convenido en el contrato de viaje combinado».
33
Del tenor de la disposición del artículo 12, apartado 3, letra b), en relación con el artículo 3, punto 12, de la Directiva 2015/2302, tal como quedan aclaradas estas disposiciones por el referido considerando 31, se desprende que el ejercicio, por un organizador, de su derecho a poner fin a un contrato de viaje combinado sin ser responsable de ninguna indemnización adicional depende únicamente de que concurran circunstancias objetivas que puedan influir en la ejecución del viaje combinado y de la notificación de la terminación de dicho contrato al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 31).
34
Además, en la medida en que el ejercicio de este derecho está supeditado, en particular, al requisito de que el organizador «se [vea] en la imposibilidad de ejecutar el contrato [de viaje] por circunstancias inevitables y extraordinarias», este requisito debe cumplirse necesariamente en la fecha de esa terminación (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de febrero de 2024, Kiwi Tours, C‑584/22, EU:C:2024:188, apartado 27, y de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 65).
35
Por lo que respecta, en primer lugar, al referido requisito, en la medida en que exige que concurran «circunstancias inevitables y extraordinarias», debe considerarse que este se cumple cuando tales circunstancias concurran efectivamente en la fecha de la terminación del contrato de viaje combinado de que se trate, lo que implica que, en esa fecha, exista una situación que encaje en la definición del concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias», tal como se recoge en el artículo 3, punto 12, de la Directiva 2015/2302 y se aclara en el considerando 31 de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Kiwi Tours, C‑584/22, EU:C:2024:188, apartado 29).
36
En cambio, no es suficiente por sí solo, para poder constatar que concurren «circunstancias inevitables y extraordinarias», que las autoridades competentes hayan publicado una recomendación oficial dirigida a desaconsejar a los viajeros que acudan a la zona afectada (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 32).
37
En efecto, en caso contrario, tal automatismo sería contradictorio con la naturaleza y el fundamento mismo de la adopción de tales recomendaciones, que ponen de manifiesto, con fines informativos al público en general, circunstancias objetivas generadoras de riesgos sanitarios o de otro tipo que pueden estar comprendidas en el concepto de «circunstancias inevitables y extraordinarias», en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302, y, por tanto, necesariamente, una situación evolutiva y variable en función de los lugares afectados (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 33).
38
Así pues, tales recomendaciones no necesariamente reflejan con exactitud la situación tal como se presenta objetivamente en un momento dado en el lugar en el que debe ejecutarse el viaje de que se trata, como el órgano jurisdiccional remitente señala igualmente.
39
De este modo, aun cuando, por su propia naturaleza, puedan tener un valor probatorio importante en cuanto a la realidad de la concurrencia, en los países a los que se refieren, de tales circunstancias y de las consecuencias que se derivan de ellas sobre la ejecución del viaje combinado en cuestión, no puede atribuirse a dichas recomendaciones, sin embargo, una fuerza probatoria tan importante que constituyan, a este respecto, pruebas irrefutables (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 37).
40
Este análisis se ve corroborado por la génesis de la Directiva 2015/2302. En efecto, como indica la Comisión Europea, contrariamente a la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los viajes combinados y los servicios asistidos de viaje, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo, adoptada por la Comisión el 9 de julio de 2013 [COM(2013) 512 final], que es el origen de aquella Directiva y cuyo considerando 26, última frase, indica que «se considerará en particular que se dan circunstancias [inevitables y extraordinarias] cuando informes fiables y públicamente disponibles, como las recomendaciones emitidas por las autoridades de los Estados miembros, desaconsejen viajar al lugar de destino», dicha Directiva no incluye, in fine, ninguna precisión sobre el valor probatorio, ni siquiera sobre la fuerza probatoria determinante, de tales recomendaciones.
41
En este contexto, a falta, en la Directiva 2015/2302, de disposiciones que regulen la prueba de la concurrencia de «circunstancias inevitables y extraordinarias», en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), de dicha Directiva, corresponde, en virtud del principio de autonomía procesal, y siempre y cuando se respeten los principios de equivalencia y de efectividad, al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer el régimen de práctica de la prueba, los medios de prueba admisibles ante el órgano jurisdiccional nacional competente o los principios que rigen la apreciación, por parte de dicho órgano jurisdiccional, de la fuerza probatoria de las pruebas que se le han presentado, así como el nivel de prueba exigido (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 38).
42
No obstante, en lo que atañe más concretamente al principio de efectividad, este exige, respecto de la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables, que esa regulación no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 39).
43
Pues bien, admitir que la publicación de recomendaciones oficiales dirigidas a desaconsejar a los viajeros que viajen a la zona afectada basta por sí sola para que el organizador pueda terminar el contrato de viaje combinado de que se trate por «circunstancias inevitables y extraordinarias» en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302 y, por tanto, no sea responsable de ninguna indemnización adicional podría hacer imposible que el viajero ejercitara su derecho a tal indemnización, en la medida en que tales circunstancias pueden, en el momento de esa terminación, no existir o dejar de existir en esa zona a pesar de la adopción de esas recomendaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 40).
44
Por consiguiente, sin perjuicio del importante valor probatorio que los Estados miembros puedan atribuir, en virtud del principio de autonomía procesal, a dichas recomendaciones en lo que respecta a la existencia de un riesgo sanitario grave, el viajero debe tener, con todo, la posibilidad de invocar elementos que puedan desvirtuar el valor probatorio de las mismas recomendaciones para impugnar, de este modo, la procedencia de la terminación del contrato de viaje combinado de que se trate efectuada por el organizador con arreglo al artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302.
45
En el presente asunto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz de las alegaciones formuladas por GF, si Schauinsland-Reisen pudo considerar válidamente, en el momento de la terminación del contrato de viaje combinado, que se encontraba en presencia de «circunstancias inevitables y extraordinarias» en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302, en particular a la luz de la publicación por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la alerta de máximo nivel a los viajeros del litigio principal, publicada con motivo de los riesgos sanitarios provocados por la pandemia de COVID‑19.
46
En segundo lugar, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente constate que existían efectivamente, en el momento de la terminación del contrato de viaje combinado, «circunstancias inevitables y extraordinarias» en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302, procedería determinar si el organizador se vio «en la imposibilidad de ejecutar el contrato», en el sentido de esta disposición, debido a tales circunstancias.
47
A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que los términos «[verse] en la imposibilidad de ejecutar el contrato», utilizados en el artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302, difieren de los términos que se refieren a que concurran circunstancias «que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino», utilizados en el artículo 12, apartado 2, de esta Directiva, relativo al derecho a poner fin al contrato del viajero, términos que el Tribunal de Justicia ha interpretado en el sentido de que abarcan no solo los efectos que excluyan la propia posibilidad de ejecutar ese viaje combinado, sino también aquellos que impacten de forma significativa en las condiciones de ejecución del viaje combinado (sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 48).
48
Así las cosas, estas dos disposiciones persiguen el objetivo consistente en reconocer tanto al viajero como al organizador, en el supuesto de que concurran circunstancias inevitables y extraordinarias, derechos de terminación que les son propios (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 70).
49
A la vista de lo anterior, procede considerar, tal como ha interpretado el Tribunal de Justicia el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2015/2302, que, para declarar que el organizador se ve en la «imposibilidad de ejecutar el contrato» por circunstancias inevitables y extraordinarias en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), de dicha Directiva, no es necesario que este se halle, debido a tales circunstancias, en la imposibilidad objetiva de ejecutar el viaje combinado en cuestión. Por el contrario, basta con que las circunstancias invocadas afecten de manera significativa a las condiciones de ejecución de ese viaje combinado.
50
Por consiguiente, una crisis sanitaria como la propagación de la COVID‑19, habida cuenta del grave riesgo que representa para la salud humana, puede considerarse un acontecimiento por el cual el organizador «se ve en la imposibilidad de ejecutar el contrato», en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302, con independencia de que no por fuerza convierta dicha ejecución en objetivamente imposible (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 53).
51
Paralelamente, deben tenerse en cuenta también las medidas razonables que el organizador o el propio viajero hayan adoptado o puedan adoptar, en su caso, para que el viaje de que se trate pueda efectuarse a pesar de los riesgos sanitarios o de otro tipo generados por las circunstancias inevitables y extraordinarias invocadas por el organizador, debiendo precisarse que no puede exigirse al organizador que, para realizar el viaje en presencia de tales riesgos, soporte costes desproporcionados, teniendo en cuenta el valor de los correspondientes servicios de viaje.
52
En cambio, carece de pertinencia el mero hecho de que el viajero haya declarado que deseaba mantener dicho viaje a pesar de los riesgos constatados, en la medida en que la cuestión de si el organizador se veía en la imposibilidad de ejecutar el contrato debe examinarse de manera objetiva y no mediante apreciaciones puramente subjetivas (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartados 54 y 69).
53
En segundo lugar, dado que el impedimento para la ejecución de un contrato de viaje combinado no se manifiesta definitivamente hasta el momento en que el viaje en cuestión hubiera debido tener lugar y, por tanto, después de la fecha de terminación de ese contrato de viaje, la apreciación de tal impedimento tiene necesariamente carácter prospectivo (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de febrero de 2024, Kiwi Tours, C‑584/22, EU:C:2024:188, apartado 30, y de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 66).
54
De ello se deduce que esta apreciación debe basarse en un pronóstico por lo que se refiere a la probabilidad de que el organizador se vea «en la imposibilidad de ejecutar el contrato», en el sentido del artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302, debido a las circunstancias inevitables y extraordinarias que invoca (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de febrero de 2024, Kiwi Tours, C‑584/22, EU:C:2024:188, apartado 31, y de 29 de febrero de 2024, Tez Tour, C‑299/22, EU:C:2024:181, apartado 67).
55
De esta manera, es irrelevante si, en última instancia, la situación imperante en el momento del viaje previsto habría permitido o no la ejecución del contrato de viaje en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de febrero de 2024, Kiwi Tours, C‑584/22, EU:C:2024:188, apartado 49).
56
En el presente asunto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente apreciar si Schauinsland-Reisen, en el momento de la terminación del contrato de viaje combinado, podía estimar razonablemente, en particular sobre la base de la alerta a los viajeros del litigio principal, que probablemente se vería en la imposibilidad de ejecutar ese contrato de viaje debido a los riesgos sanitarios provocados por la pandemia de la COVID‑19, en la medida en que esta pandemia, aunque no necesariamente imposibilitara objetivamente la ejecución del citado contrato de viaje, habría afectado significativamente a las condiciones de dicha ejecución, por más que se hubieran adoptado medidas de un coste proporcionado.
57
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva 2015/2302 debe interpretarse en el sentido de que, para considerar probado que se ve en la imposibilidad de ejecutar un contrato de viaje combinado por circunstancias inevitables y extraordinarias, en el sentido de dicha disposición, basta con que el organizador se apoye en la publicación, por las autoridades competentes, de una recomendación oficial que tiene por objeto desaconsejar a los viajeros que se desplacen a la zona afectada, aun cuando el viajero haya declarado que desea mantener su viaje a pesar de todo y aunque no hubiera resultado objetivamente imposible para el organizador en cuestión ejecutar dicho contrato de viaje. Sin embargo, tal recomendación no puede constituir una prueba irrefutable a estos efectos.
Costas
58
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
El artículo 12, apartado 3, letra b), de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo,
debe interpretarse en el sentido de que,
para considerar probado que se ve en la imposibilidad de ejecutar un contrato de viaje combinado por circunstancias inevitables y extraordinarias, en el sentido de dicha disposición, basta con que el organizador se apoye en la publicación, por las autoridades competentes, de una recomendación oficial que tiene por objeto desaconsejar a los viajeros que se desplacen a la zona afectada, aun cuando el viajero haya declarado que desea mantener su viaje a pesar de todo y aunque no hubiera resultado objetivamente imposible para el organizador en cuestión ejecutar dicho contrato de viaje. Sin embargo, tal recomendación no puede constituir una prueba irrefutable a estos efectos.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.