Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 23 de abril de 2026 (1)
Asunto C‑456/24
Halozyme, Inc.
contra
Úřad průmyslového vlastnictví
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa)]
« Procedimiento prejudicial — Medicamentos para uso humano — Certificado complementario de protección — Reglamento (CE) n.º 469/2009 — Artículo
1, letra b) — Definición de “producto” — Principio activo — Directiva 2001/83/CE — Autorización de comercialización — Artículo 1, puntos 3 bis y 3 ter — Principio activo — Excipiente »
I.      Introducción
1.        La presente petición de decisión prejudicial, planteada por el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa), brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de volver a analizar el complejo régimen que regula la expedición de certificados complementarios de protección (en lo sucesivo, «CCP»), establecido por el Reglamento (CE) n.º 469/2009 (en lo sucesivo, «Reglamento CCP»). (2)
2.        Es preciso recordar que los CCP constituyen derechos de propiedad intelectual sui generis destinados a compensar, al menos en parte, la pérdida efectiva de la protección conferida por una patente como consecuencia del transcurso del tiempo necesario para obtener una autorización de comercialización (en lo sucesivo, «AC»). A tal fin, es posible prorrogar la protección conferida por una patente durante un período máximo de cinco años con respecto a determinadas sustancias protegidas por una patente que actúen como principios activos de medicamentos cuya comercialización esté autorizada en al menos un Estado miembro. (3)
3.        En el presente asunto, Halozyme, Inc., una sociedad farmacéutica establecida en los Estados Unidos, solicitó a la Úřad průmyslového vlastnictví (Oficina de Propiedad Industrial, República Checa) la concesión de un CCP para una composición que formaba parte del medicamento denominado «Herceptin SC». Tras la denegación, por la referida autoridad, del CCP solicitado, el litigio llegó finalmente al órgano jurisdiccional remitente.
4.        En este contexto, dicho órgano jurisdiccional solicita orientación sobre la interpretación de determinadas disposiciones del Reglamento CCP, en particular sus artículos 1, letra b), y 3, letra a). El artículo 1, letra b), define el «producto» que puede ser objeto de un CCP como el «principio activo o la composición de principios activos de un medicamento», mientras que el artículo 3, letra a), supedita la concesión de un CCP a la condición de que el producto en cuestión esté «protegido por una patente de base en vigor».
5.        A petición del Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán en las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente en la medida en que se refieren al artículo 1, letra b), del Reglamento CCP. El principal aspecto que debe dilucidarse es si la clasificación, en la AC pertinente, de una de las sustancias para las que Halozyme solicita protección como «excipiente»
—es decir, un componente no activo del medicamento—
excluye necesariamente que dicha sustancia se considere un «principio activo» en el sentido del artículo 1, letra b), y, por tanto, que pueda acogerse a la protección del CCP.
6.        Aunque el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de interpretar el artículo 1, letra b), del Reglamento CCP, no ha abordado expresamente hasta ahora esta cuestión específicamente. (4) A falta de orientaciones claras, se han adoptado criterios divergentes en el ámbito nacional. Como ilustra el presente asunto, las solicitudes presentadas por Halozyme para la misma sustancia han dado lugar a resultados diferentes en distintos Estados miembros. Por tanto, la presente petición de decisión prejudicial ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de aclarar oportunamente su jurisprudencia al respecto y, en su caso, de desarrollarla.
II.    Marco jurídico
A.      Reglamento CCP
7.        El artículo 1 del Reglamento CCP, titulado «Definiciones», tiene el siguiente tenor:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a)      “medicamento”: cualquier sustancia o composición que se presente como poseedora de propiedades curativas o preventivas de las enfermedades humanas o animales, así como cualquier sustancia o composición que pueda ser administrada al ser humano o a los animales para establecer un diagnóstico médico o para restablecer, corregir o modificar funciones orgánicas en el ser humano o en los animales;
b)      “producto”: el principio activo o la composición de principios activos de un medicamento;
[…]».
8.        El artículo 3 de dicho Reglamento dispone:
«El certificado se expedirá si, en el Estado miembro en que se presente la solicitud a que se refiere el artículo 7 y en la fecha de esta solicitud:
a)      el producto está protegido por una patente de base en vigor;
b)      el producto, como medicamento, ha obtenido una autorización de comercialización vigente conforme a la Directiva 2001/83/CE o a la Directiva 2001/82/CE, según los casos;
c)      el producto no ha sido objeto ya de un certificado;
d)      la autorización mencionada en la letra b) es la primera autorización de comercialización del producto como medicamento.»
9.        Con arreglo al artículo 8 del Reglamento CCP:
«1.      La solicitud de certificado deberá contener:
a)      una petición de expedición del certificado […];
b)      una copia de la autorización de comercialización a que se hace referencia en el artículo 3, letra b), en la que se identifique el producto y que contenga, en particular, el número y la fecha de la autorización, así como un resumen de las características del producto, de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2001/83/CE o con el artículo 14 de la Directiva 2001/82/CE;
[…]».
B.      Directiva 2001/83/CE
10.      El artículo 1 de la Directiva 2001/83/CE (en lo sucesivo, «Directiva sobre medicamentos») (5) establece:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
3 bis)            Principio activo (sustancia activa):
toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un medicamento y que, al ser utilizadas en su producción, se convierten en un componente activo de dicho medicamento destinado a ejercer una acción farmacológica, inmunológica o metabólica con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas, o de establecer un diagnóstico médico;
3 ter)            Excipiente:
todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del material de acondicionamiento;
[…]».
III. Hechos del litigio y cuestiones prejudiciales planteadas
11.      Halozyme, recurrente en el litigio principal, es titular de la patente europea EP. 2 163 643, titulada «Glicoproteína hialuronidasa soluble (sHASEGP), proceso para prepararla, usos y composiciones farmacéuticas que la comprenden», validada, entre otros, en la República Checa (6) (en lo sucesivo, «patente de base»).
12.      La patente tiene por objeto una invención que consiste, en esencia, en determinadas enzimas que degradan el ácido hialurónico en el cuerpo, facilitando así la dispersión y la absorción de medicamentos coadministrados por vía subcutánea. La hialuronidasa humana recombinante PH20 (rHuPH20) es una de esas enzimas modificadas genéticamente. Las reivindicaciones de la patente de base se refieren, en particular, a la utilización de tal enzima en combinación con un agente anticancerígeno
—más concretamente, un anticuerpo monoclonal—
para el tratamiento del cáncer de mama.
13.      El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal utilizado como sustancia activa en el tratamiento del cáncer de mama y otros tumores malignos. Se comercializa en la Unión Europea desde principios de la década de 2000 en un medicamento conocido como «Herceptin», de Roche, una empresa farmacéutica que no participa directamente en el presente procedimiento. A tal fin, Roche obtuvo, en 2000, una AC otorgada por la Comisión Europea en el marco del procedimiento centralizado, que comprendía la administración intravenosa de dicho producto. En agosto de 2013, la Comisión concedió una extensión de línea (7) de esta AC para una nueva formulación subcutánea del Herceptin (Herceptin SC), que combinaba el trastuzumab con la rHuPH20. En la documentación relativa a la AC, el trastuzumab se identifica como principio activo, mientras que la rHuPH20 se incluye en la categoría de excipiente y se describe, además, como un «nuevo excipiente».
14.      Halozyme solicitó protección mediante CCP en varios Estados miembros con respecto a dicha formulación subcutánea y, más concretamente, a la combinación de trastuzumab y rHuPH20. En la República Checa, presentó una solicitud ante la Oficina de Propiedad Industrial el 21 de julio de 2015, en la que invocó la patente de base y la AC mencionada. En su solicitud, Halozyme incluyó la rHuPH20 en la categoría de principios activos y, en consecuencia, describió el «producto» para el que se solicitaba protección como una composición de dos principios activos, a saber, trastuzumab y rHuPH20.
15.      El 11 de enero de 2019, la Oficina de Propiedad Industrial denegó la solicitud de Halozyme y el 6 de noviembre de 2020 el Presidente de dicha Oficina confirmó esa decisión. Ambos consideraron, en esencia, que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 3, letras a), b), y, en su caso, d), del Reglamento CCP. A este respecto, señalaron, en primer lugar, que el trastuzumab no se menciona en las reivindicaciones ni en la descripción de la patente de base y, en segundo lugar, que la rHuPH20 se califica de excipiente en la AC, sin que se haya demostrado que tenga un efecto anticancerígeno autónomo.
16.      Halozyme interpuso recurso contra la decisión del Presidente de la Oficina de Propiedad Industrial ante el Městský soud v Praze (Tribunal Municipal de Praga, República Checa). Mediante sentencia de 13 de junio de 2022, dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso por considerar que la rHuPH20 no puede considerarse un «principio activo» en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento CCP. Para llegar a esta conclusión, señaló que de las pruebas de que disponía no resultaba inequívocamente que la rHuPH20, al usarse en combinación con el trastuzumab, ejerciese una acción farmacológica, inmunológica o metabólica propia en el tratamiento del cáncer de mama.
17.      Halozyme interpuso entonces recurso de casación ante el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo). Al albergar dudas sobre la interpretación de los artículos 1, letra b), y 3, letra a), del Reglamento CCP, dicho órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 1, letra b), del [Reglamento CCP], en el sentido de que una sustancia que ha sido definida explícitamente como excipiente en la [AC] de un medicamento no puede ser considerada un principio activo?
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 1, letra b), del [Reglamento CCP], a la luz de los artículos 8, apartado 1, y 10, apartados 1 a 3, de dicho Reglamento, en el sentido de que una sustancia debe considerarse un principio activo si tiene un efecto terapéutico propio comprendido en las indicaciones terapéuticas cubiertas por los términos de una [AC] y demostrable con arreglo a la patente de base y a la documentación que debe acompañarse obligatoriamente a la solicitud de expedición del certificado?
3)      En caso de respuesta negativa a las cuestiones primera y segunda, ¿debe interpretarse el artículo 1, letra b), del [Reglamento CCP] en el sentido de que una sustancia debe considerarse un principio activo si tiene un efecto terapéutico propio comprendido en las indicaciones terapéuticas cubiertas por los términos de una [AC] y que un experto en la materia identificaría como demostrado en la fecha de presentación de la patente de base o en la fecha de prioridad de dicha patente?
4)      ¿Debe interpretarse el artículo 1, letra b), del [Reglamento CCP] en el sentido de que, en particular, un excipiente debe considerarse un principio activo con un efecto terapéutico propio comprendido en las indicaciones terapéuticas cubiertas por los términos de la [AC] de un medicamento para tratar el cáncer de mama, si dicho excipiente se descompone en otra sustancia que está presente naturalmente en el organismo humano, facilitando la acción del principio activo principal sobre las células cancerígenas del cáncer de mama, cuando, de acuerdo con algunos estudios y artículos científicos, ese excipiente o sustancia relacionada haya detenido por sí misma el crecimiento de un cáncer de este u otro tipo o haya dado lugar a su reducción in vitro o bien en modelos animales, y otros artículos científicos confirman su acción potencialmente igual en los seres humanos?
5)      ¿Debe interpretarse el artículo 3, letra a), del [Reglamento CCP], en relación con el artículo 1, letra b), de dicho Reglamento, en el sentido de que la composición formada por dos principios activos también debe considerarse un producto protegido por una patente de base, cuando solo uno de esos principios activos sea objeto de la invención amparada por la patente de base y las reivindicaciones de la patente prevén su potencial combinación con otras categorías alternativas de principios activos, una de las cuales puede incluir el otro principio activo en opinión de un experto en la materia con arreglo al estado de la técnica en la fecha de presentación de la patente de base o en la fecha de prioridad de dicha patente?
6)      En caso de respuesta negativa a la quinta cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 3, letra a), del [Reglamento CCP], en relación con el artículo 1, letra b), de dicho Reglamento, en el sentido de que la composición formada por dos principios activos también debe considerarse un producto protegido por una patente de base, cuando solo uno de esos principios activos sea objeto de la invención amparada por la patente de base y las reivindicaciones de la patente prevén su potencial combinación con otras categorías alternativas de principios activos, una de las cuales incluía, en la fecha de presentación de la patente de base o en la fecha de prioridad de dicha patente, el único principio activo que era objeto de la autorización de comercialización del medicamento, con independencia de si, en esa fecha, existían otras sustancias en esa categoría?»
18.      Han presentado observaciones escritas Halozyme, los Gobiernos checo, irlandés, francés, neerlandés y finlandés (en lo sucesivo, conjuntamente, «Gobiernos que han presentado observaciones»), y la Comisión. Estas partes interesadas, a excepción del Gobierno finlandés, también formularon observaciones orales en la vista celebrada el 29 de octubre de 2025.
IV.    Análisis
19.      Como se ha expuesto en la introducción, el Tribunal de Justicia ha solicitado que las presentes conclusiones se centren únicamente en las cuatro primeras cuestiones prejudiciales. (8) Mediante estas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se dilucide cómo determinar si una sustancia puede considerarse un «principio activo» en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento CCP y, por tanto, parte de un «producto» a que puede concederse un CCP.
20.      Para contextualizar estas cuestiones, procede comenzar recordando algunas características fundamentales tanto del sistema de patentes como de los procedimientos de AC (sección A). A continuación, expondré las principales características del régimen de los CCP, así como los elementos pertinentes de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sección B). En este contexto, identificaré el punto central de la presente petición de decisión prejudicial y resumiré las principales alegaciones formuladas por las partes interesadas (sección C). Por último, examinaré con más detalle el concepto de «principio activo» a efectos del artículo 1, letra b), del Reglamento CCP (sección D). Como se verá, la respuesta propuesta a la primera cuestión prejudicial hace innecesario, en mi opinión, el examen de las cuestiones segunda a cuarta.
A.      Intersección entre el Derecho de patentes y el Derecho regulatorio farmacéutico
21.      El régimen de los CCP se sitúa en la intersección entre el Derecho de patentes y el Derecho regulatorio farmacéutico y está expresamente concebido en relación con ambos.
22.      Con carácter preliminar, procede recordar, como ya he señalado en mis conclusiones presentadas en el asunto Teva II, (9) que, en lo que atañe a las patentes en el ámbito de los medicamentos, cuando una persona (por lo general una empresa farmacéutica) descubre, a través de la investigación, que una determinada sustancia, o familia de sustancias o combinación de sustancias, tiene un cierto efecto sobre el cuerpo humano que la hace útil para prevenir, tratar o controlar una determinada enfermedad o afección, es posible, siempre que se cumplan los requisitos aplicables, (10) obtener una patente para dicha invención. La patente confiere a su titular derechos exclusivos, equivalentes, en esencia, a un monopolio temporal sobre la invención patentada, durante un período de veinte años.
23.      No obstante, para que el titular de la patente pueda comercializar la invención en la Unión como medicamento, debe obtener una AC para dicho medicamento, tras una evaluación científica rigurosa de su calidad, seguridad y eficacia. A este respecto, la Directiva sobre medicamentos constituye el principal instrumento jurídico que establece las normas relativas a la autorización, fabricación y comercialización de medicamentos en la Unión.
24.      La AC puede concederse a escala de la Unión, mediante un procedimiento centralizado, o a escala nacional, mediante un procedimiento descentralizado, de reconocimiento mutuo o estrictamente nacional. (11)
25.      En el procedimiento centralizado, (12) que, como se ha señalado en punto 13 de las presentes conclusiones, se siguió por lo que respecta al Herceptin SC, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) debe realizar la evaluación científica de una solicitud de AC. Sobre la base del dictamen de la EMA, la Comisión decide entonces conceder o denegar la AC, válida en toda la Unión Europea.
26.      En cambio, en los demás procedimientos, la evaluación científica de la solicitud de AC la realizan las autoridades competentes de los Estados miembros, que pueden entonces conceder las autorizaciones nacionales correspondientes.
27.      En todos los casos, tanto la EMA como las autoridades nacionales competentes (en lo sucesivo, conjuntamente, «autoridades competentes en materia de medicamentos») analizan, al realizar su evaluación científica, la composición del medicamento, distinguiendo sus sustancias activas y sus excipientes. La composición así aprobada, junto con una lista de excipientes, se indica en el «resumen de las características del producto», que forma parte de la AC. (13) En las presentes conclusiones se hará referencia a dicha clasificación de una sustancia en la AC.
28.      El procedimiento que conduce a la concesión de una AC suele ser largo, debido a los numerosos ensayos preclínicos y estudios clínicos exigidos. En consecuencia, el período efectivo durante el cual el titular de una patente puede explotar comercialmente una invención farmacéutica al amparo de la protección conferida por una patente se ve
considerablemente reducido.
B.      Régimen de los CCP y jurisprudencia relativa a los «principios activos»
29.      En este contexto, el legislador de la Unión consideró necesario compensar, en cierta medida, los retrasos inherentes al proceso regulatorio, de modo que previó un mecanismo que pudiera prorrogar, en determinadas circunstancias, la protección conferida por una patente durante un período adicional de hasta cinco años tras la expiración de su período de validez normal. Para lograr este objetivo, se prevé la concesión de CCP que, en principio, en virtud del Reglamento CCP, confieren los mismos derechos y están sujetos las mismas limitaciones y obligaciones que la patente subyacente.
30.      En la actualidad, los CCP se conceden exclusivamente a nivel nacional. Por consiguiente, aun cuando una empresa farmacéutica sea titular de una patente europea (14) y haya obtenido una AC en el marco del procedimiento centralizado, que es válida en toda la Unión, deberá presentar solicitudes de CCP distintas en cada Estado miembro en el que desee obtener protección complementaria.
31.      Corresponde a las autoridades nacionales competentes (en lo sucesivo, «oficinas nacionales de patentes») (15) examinar si tales solicitudes cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento CCP. Un requisito previo e indispensable a este respecto es que la solicitud de CCP se refiera a un «producto».
32.      De conformidad con el artículo 4 del Reglamento CCP, la protección conferida por el CCP solo se extiende al «producto» amparado por la AC correspondiente. Como ya se ha indicado, el artículo 1, letra b), de dicho Reglamento define ese término como «el principio activo o la composición de principios activos de un medicamento». De ello se deduce que un CCP no se expide para el medicamento como tal, sino únicamente para el «producto» en sentido estricto, es decir, el principio activo o la composición de principios activos que contiene.
33.      Ahora bien, el Reglamento CCP no define el concepto de «principio activo». En consecuencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que la determinación del significado y del alcance de dichos términos debe efectuarse considerando el contexto general en el que se utilizan y de conformidad con su sentido habitual en el lenguaje corriente. (16) Sobre esta base, el Tribunal de Justicia ha precisado que la expresión «principio activo» no incluye, en su acepción común en farmacología, las sustancias incluidas en la composición de un medicamento que no ejerzan un efecto terapéutico propio sobre el organismo humano o animal. (17)
34.      Además, el Tribunal de Justicia ha señalado que las expresiones «sustancia activa» y «principio activo», tal como se emplean, respectivamente, en la Directiva sobre medicamentos y el Reglamento CCP, deben entenderse como sinónimos. (18) Ha admitido que la definición del concepto de «sustancia activa» que figura en el artículo 1, punto 3 bis, de la Directiva
—que se refiere, en esencia, a las sustancias que ejercen una acción farmacológica, inmunológica o metabólica con fines terapéuticos—
también es pertinente para la interpretación del Reglamento CCP.
35.      Del estado actual de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que una sustancia que no produce por sí misma un efecto terapéutico por su acción farmacológica, inmunológica o metabólica no puede considerarse un principio activo y, por consiguiente, un «producto» en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento CCP. (19) Esta conclusión es válida incluso cuando dicha sustancia mejora o es necesaria para el efecto terapéutico de otra sustancia contenida en el medicamento. (20)
36.      En este contexto, el Tribunal de Justicia ha tenido que examinar en varias ocasiones la situación de los excipientes, que se definen en el artículo 1, punto 3 ter, de la Directiva sobre medicamentos como «todo componente de un medicamento distinto del principio activo y del material de acondicionamiento». Los excipientes pueden desempeñar diversas funciones, como mejorar la estabilidad de un medicamento, facilitar su absorción o incluso mejorar la eficacia terapéutica del principio activo. (21) No obstante, el Tribunal de Justicia ha establecido reiteradamente una clara distinción entre excipientes y principios activos, a efectos tanto de la Directiva sobre medicamentos como del Reglamento CCP. (22) De ello se deduce que un excipiente no puede estar comprendido en el concepto de «producto» en el sentido del Reglamento CCP y, por tanto, no puede acogerse a la protección conferida por un CCP.
C.      Punto principal y tesis formuladas
37.      Habida cuenta de todo lo expuesto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia todavía no ha precisado cómo determinar si una determinada sustancia tiene un efecto terapéutico propio y, por tanto, puede calificarse de principio activo a efectos del Reglamento CCP. Esto es, en esencia, lo que subyace a las cuatro primeras cuestiones prejudiciales planteadas en el presente asunto. Dichas cuestiones se concretan en un único dilema: ¿deben las autoridades competentes
—las oficinas nacionales de patentes y, en su caso, los órganos jurisdiccionales nacionales—
limitarse a la clasificación adoptada en la AC del medicamento (primera cuestión) o, por el contrario, deben realizar una evaluación sustantiva autónoma, con independencia de dicha calificación, y, en tal caso, sobre la base de qué criterios (cuestiones prejudiciales segunda a cuarta)?
38.      La respuesta a esta cuestión es crucial para el litigio principal. Debo recordar que Halozyme solicitó un CCP para el «producto» consistente en la combinación de rHuPH20 y trastuzumab como «composición de principios activos» en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento CCP. Sin embargo, en la AC correspondiente la rHuPH20 está clasificada en la categoría de «excipiente». Si esta clasificación impidiera por sí sola que la rHuPH20 se considere un principio activo a efectos del Reglamento CCP, el trastuzumab seguiría siendo el único principio activo del Herceptin SC. En tal caso, la combinación que invoca Halozyme no podría considerarse una composición de «principios activos» y, por consiguiente, no constituiría un «producto» que pueda acogerse a la protección conferida por el CCP. (23) A la inversa, si aquella clasificación no fuera determinante y las oficinas nacionales de patentes estuvieran obligadas a realizar una evaluación sustantiva autónoma de la función que desempeña la rHuPH20, el resultado podría ser diferente. (24)
39.      Las partes interesadas que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia discrepan sobre esta cuestión. En particular, los Gobiernos que han presentado observaciones y la Comisión (25) sostienen que la clasificación adoptada en la AC es determinante y que las autoridades que examinan la solicitud de CCP no pueden apartarse de ella. Si se adoptase este criterio, la rHuPH20 no podría considerarse un principio activo a efectos de la solicitud de CCP de que se trata. He de señalarse que esta postura coincide, en esencia, con la apreciación provisional del órgano jurisdiccional remitente.
40.      Halozyme sostiene, en cambio, que la clasificación de una sustancia en la AC no es determinante a efectos del Reglamento CCP. Aboga por que se lleve a cabo una evaluación autónoma en el contexto del procedimiento de obtención del CCP, basada en los efectos terapéuticos reales de la sustancia y no en su clasificación regulatoria. A este respecto, aduce que, aunque la rHuPH20 se haya calificado de excipiente en la AC, se ha demostrado, en estudios y ensayos clínicos, que tiene un efecto terapéutico propio en el tratamiento del cáncer de mama, más allá de la mera facilitación de la administración subcutánea y de la absorción del trastuzumab.
41.      Ambas posturas se basan, según indican las partes que las propugnan, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Al mismo tiempo, como ya se ha señalado, distintas autoridades nacionales de la Unión han llegado a conclusiones divergentes en lo que respecta a las solicitudes de CCP equivalentes presentadas por Halozyme. Se han adoptado decisiones favorables a esta sociedad en Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Italia, Chipre, Luxemburgo y Polonia, mientras que las autoridades competentes francesas, neerlandesas y suecas han denegado la solicitud. (26) Esta divergencia es en sí misma reveladora de la necesidad de aclaración.
42.      En estas circunstancias, considero necesaria y oportuna una aclaración de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 1, letra b), del Reglamento CCP. Por tanto, examinaré el concepto de «principio activo» en el sentido de dicha disposición, con el fin de determinar cómo debe clasificarse una sustancia.
D.      Cómo determinar si una sustancia es un «principio activo» a efectos del Reglamento CCP
43.      El artículo 1, letra b), del Reglamento CCP no especifica cómo determinar si una sustancia puede calificarse de «principio activo». No obstante, habida cuenta del contexto en el que se enmarca esta disposición (sección 1) y de los objetivos del Reglamento CCP (sección 2), y a pesar de las alegaciones formuladas por Halozyme (sección 3), considero que tal determinación debe efectuarse exclusivamente sobre la base de la clasificación de la sustancia en la AC pertinente.
1.      Concepto de «principio activo» habida cuenta del contexto
44.      En lo tocante al contexto en el que se enmarca el artículo 1, letra b), del Reglamento CCP, es evidente que, como se ha expuesto en la anterior sección A, el régimen de los CCP está inextricablemente ligado al marco regulador de los medicamentos y, en particular, a la Directiva sobre medicamentos.
45.      La concesión de un CCP para un «producto» está supeditada a la obtención previa de una AC relativa a ese mismo «producto», de conformidad con las disposiciones de la Directiva sobre medicamentos. A este respecto, basta recordar que, a tenor del artículo 4 del Reglamento CCP, la protección conferida por el CCP «solo se extenderá al producto amparado por la [AC] del medicamento correspondiente» (el subrayado es mío). El considerando 10 de dicho Reglamento subraya asimismo que tal protección debe «limitarse estrictamente al producto amparado por la [AC] en su calidad de medicamento» (el subrayado es mío).
46.      Esta lógica también se refleja en las disposiciones de procedimiento del Reglamento CCP. El artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento exige que las solicitudes de CCP contengan «una copia de la [AC] […] en la que se identifique el producto» (el subrayado es mío). Por su parte, el artículo 9, apartado 2, letra d), del citado Reglamento dispone que el anuncio de una solicitud de CCP debe indicar, entre otros datos, el «número y fecha de la [AC] […] y el producto que se identifique en la autorización» (el subrayado es mío).
47.      De ello se sigue, en mi opinión, que el Reglamento CCP se basa en la premisa de que el «producto» es la sustancia, o composición, que se identifica como principio activo en la AC. Por tanto, las expresiones «sustancia activa» y «principio activo», que se emplean respectivamente en la Directiva sobre medicamentos y en el Reglamento CCP, no solo son sinónimas desde el punto de vista conceptual (como parece admitir Halozyme), sino que también deben entenderse y aplicarse de manera armonizada, uniforme y coherente en estos dos marcos jurídicos estrechamente relacionados.
48.      Esta conclusión se extiende necesariamente a la distinción entre sustancias activas y excipientes. La Directiva sobre medicamentos trata estas categorías como distintas y excluyentes entre sí, y, como se ha señalado en el punto 36 de las presentes conclusiones, el Tribunal de Justicia también ha reconocido la pertinencia de tal distinción en el contexto del Reglamento CCP. En consecuencia, una sustancia clasificada como excipiente en el procedimiento de AC no puede ser posteriormente reclasificada como principio activo en el procedimiento de obtención del CCP.
49.      Esta interpretación también se ve corroborada por el artículo 3, letra b), del Reglamento CCP, que supedita la concesión de un CCP a que «el producto, como medicamento, ha[ya] obtenido una autorización de comercialización vigente». A mi juicio, tal condición no puede considerarse satisfecha cuando una sustancia está simplemente presente en el medicamento. Por el contrario, la autorización debe referirse a dicha sustancia en su condición de principio activo. Por consiguiente, como sostienen varios de los Gobiernos que han presentado observaciones, una sustancia no autorizada como principio activo en la AC no puede cumplir este requisito.
50.      De lo anterior se desprende, en mi opinión, que el procedimiento de obtención del CCP no tiene por objeto revisar
—y menos aún ignorar—
la clasificación regulatoria adoptada en el procedimiento de AC, sino que debe basarse en ella. Esta conclusión también está en consonancia con la arquitectura global del sistema. La evaluación de las propiedades y los efectos de una sustancia contenida en un medicamento implica evaluaciones científicas complejas y exhaustivas, que el legislador ha encomendado a las autoridades competentes en materia de medicamentos, para que el medicamento pueda comercializarse al público. Dichas autoridades disponen de los conocimientos técnicos y de los recursos necesarios, y la AC que expiden constituye la determinación oficial de la función terapéutica de las sustancias de que se trata.
51.      En mi opinión, los objetivos perseguidos por el Reglamento CCP confirman esta interpretación.
2.      Objetivos del Reglamento CCP
52.      Como resulta de los considerandos y de los antecedentes legislativos del Reglamento CCP, este persigue tres objetivos estrechamente relacionados entre sí: en primer lugar, compensar a los titulares de patentes por los retrasos regulatorios; en segundo lugar, establecer un sistema simple y transparente para la concesión de CCP, y, en tercer lugar, garantizar la adopción de un criterio uniforme en todos los Estados miembros.
a)      Compensación por los retrasos regulatorios
53.      En primer lugar, el objetivo principal del Reglamento CCP (27) es fomentar la investigación y la innovación farmacéuticas en la Unión compensando a los titulares de patentes por los retrasos inherentes a la obtención de una AC, que demoran la explotación comercial de sus invenciones patentadas. (28)
54.      Sin embargo, como ha precisado el Tribunal de Justicia, este objetivo no es ilimitado. La voluntad del legislador es proteger la investigación «que conduce a la primera comercialización de un principio activo o de una combinación de principios activos», en particular de «nuevos principios activos». Tales sustancias son las que se someten a pruebas exhaustivas en cuanto a su calidad, seguridad y eficacia (29)y las que provocan los retrasos regulatorios que el CCP pretende compensar.
55.      En cambio, los excipientes, aunque son objeto de determinadas evaluaciones de seguridad, no están sujetos, en principio, al mismo nivel de control, en particular en lo que respecta a la eficacia, ni a la misma carga regulatoria. (30) Por consiguiente, cuando una sustancia solo ha sido evaluada en el procedimiento de AC como excipiente, el tipo de retraso regulatorio que el CCP pretende compensar no se produce respecto de dicha sustancia.
56.      Además, permitir lo que equivaldría, en esencia, a una reclasificación de una sustancia durante el procedimiento de obtención del CCP podría abrir la puerta a un comportamiento estratégico dirigido a eludir el marco de la AC. (31) Más concretamente, en la práctica, podría darse el caso de
una solicitud dirigida a la reclasificación de un excipiente como principio activo en el contexto del procedimiento de obtención del CCP en dos tipos de situaciones.
57.      Por un lado, una sustancia ha podido ser calificada de excipiente y, por tanto, ser evaluada como tal en el procedimiento de AC. Si un solicitante afirmase a continuación, en una solicitud de CCP, que la misma sustancia es en realidad un principio activo, se eludirían los requisitos aplicables a las sustancias activas en el contexto del procedimiento de AC, los cuales, precisamente por su rigor y duración, justifican el mecanismo de compensación previsto en el Reglamento CCP.
58.      Por otro lado, una sustancia puede haberse clasificado como principio activo en la solicitud de AC, pero haberse evaluado en última instancia por las autoridades competentes en materia de medicamentos como excipiente. En tal caso, la Directiva sobre medicamentos establece mecanismos específicos para solicitar una revisión de dicha evaluación. (32) El procedimiento de obtención del CCP no puede servir de alternativa para impugnar las conclusiones alcanzadas
en el procedimiento de AC y, como han señalado todos los Gobiernos que han presentado observaciones, tampoco se puede solicitar a las oficinas nacionales de patentes que sustituyan la evaluación de las autoridades competentes en materia de medicamentos por la suya propia. (33)
59.      El presente asunto está comprendido, en esencia, en el primero de los supuestos mencionados, aunque presenta una particularidad: Roche, que, a mi entender, celebró un acuerdo con Halozyme relativo al uso de la rHuPH20 en el Herceptin SC, no describió la rHuPH20 como principio activo en la correspondiente solicitud de AC. Sin embargo, no fue Roche quien solicitó el CCP, sino Halozyme, en su condición de titular de la patente de base. Halozyme alegó en la vista que, en su opinión, Roche debería haber calificado la rHuPH20 de sustancia activa en el procedimiento de AC. En cualquier caso, las consideraciones expuestas anteriormente siguen siendo plenamente aplicables. El procedimiento de obtención del CCP no puede servir para subsanar lo que Halozyme considera un error en el procedimiento de AC, ni tampoco puede conferir una ventaja cuando no se produjo ningún retraso regulatorio
—que el CCP pretende compensar—
provocado por la evaluación de la rHuPH20 como principio activo. (34)
b)      Sistema simple y transparente
60.      En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que, como se desprende de la génesis del Reglamento CCP, el legislador de la Unión pretendió instaurar un sistema sencillo en su funcionamiento basado en condiciones de, en principio, fácil verificación. (35) A este respecto, el punto 16 de la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión que finalmente se convirtió en el primer Reglamento CCP (en lo sucesivo, «exposición de motivos») (36) se refiere expresamente al establecimiento de «un sistema simple y transparente que las partes interesadas puedan aplicar fácilmente», sin imponer una carga administrativa excesiva a las oficinas nacionales de patentes. En este mismo pasaje se subraya que la documentación requerida para una solicitud de CCP «se limita a lo estrictamente necesario para que las oficinas puedan adoptar una decisión» sobre la expedición del CCP, y que el examen de las condiciones pertinentes «implica la utilización de datos objetivos y fáciles de verificar».
61.      En consonancia con este objetivo, corresponde a las oficinas nacionales de patentes determinar si debe concederse un CCP para una determinada sustancia o composición basándose únicamente en tres documentos: i) la solicitud presentada, ii) la patente de base invocada y iii) la AC del medicamento de que se trata.
62.      A este respecto, procede recordar que, en virtud del artículo 8 del Reglamento CCP, el único documento justificativo esencial exigido, en principio, además de la propia solicitud, es una copia de la AC. (37) Es significativo que, como se indica en el punto 48 de la exposición de motivos, dicho documento se exija precisamente porque «permite identificar el producto».
63.      Los citados elementos, considerados conjuntamente, confirman, a mi parecer, de una forma especialmente clara, que la labor de las oficinas nacionales de patentes al determinar si una sustancia debe considerarse un «principio activo» a efectos del Reglamento CCP se limita a comprobar formalmente la clasificación de esa sustancia en la AC. A este respecto, estoy de acuerdo con la mayoría de los Gobiernos que han presentado observaciones en que el Reglamento CCP no exige ni permite a las autoridades nacionales de patentes ir más allá de la AC y realizar una nueva evaluación sustantiva de la función de una sustancia contenida en un medicamento.
64.      Llevar a cabo esta nueva evaluación en el procedimiento de obtención del CCP atentaría contra el objetivo de simplicidad y eficacia perseguido por dicho Reglamento, al tiempo que menoscabaría la seguridad jurídica. Como se ha indicado en el punto 50 de las presentes conclusiones, la evaluación de las propiedades y los efectos de una sustancia contenida en un medicamento implica evaluaciones científicas complejas y altamente técnicas. Reproducir este ejercicio en el contexto del procedimiento de obtención del CCP llevaría inevitablemente a que el examen resultara más largo y gravoso e impondría exigencias adicionales a las oficinas nacionales de patentes, tanto en términos de conocimientos especializados como de recursos. En efecto, no está nada claro que las referidas oficinas, que no poseen los conocimientos científicos especializados de las autoridades competentes en materia de medicamentos, puedan efectuar razonablemente tal evaluación de manera coherente y fiable. Recurrir a elementos externos, como publicaciones o estudios científicos, como sugiere Halozyme, lejos de resolver estas dificultades, introduciría una incertidumbre adicional, en particular en lo que atañe a la elección, el valor probatorio y la interpretación coherente de dichos elementos en los distintos Estados miembros.(38)
c)      Adopción de un criterio uniforme en los Estados miembros
65.      En tercer lugar, de los considerandos 7 y 8 del Reglamento CCP se desprende que el legislador de la Unión pretendió establecer un sistema uniforme de expedición de CCP, sujeto a condiciones idénticas en todos los Estados miembros, con vistas a garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.
66.      Este objetivo se vería comprometido si cada una de las oficinas nacionales de patentes realizara una evaluación sustantiva autónoma para determinar si una sustancia concreta puede calificarse de «principio activo» en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento CCP. Habida cuenta de la complejidad técnica inherente a tal evaluación, este criterio daría lugar inevitablemente a divergencias en la aplicación del Reglamento CCP en el conjunto de la Unión y menoscabaría de este modo el objetivo perseguido por el legislador.
67.      Esto es precisamente lo que parece suceder en el presente asunto. Las solicitudes de CCP presentadas por Halozyme, relativas al mismo medicamento y basadas en la misma patente de base y en la misma AC, (39) han dado lugar a resultados contradictorios en distintos Estados miembros, lo que, en mi opinión, no debería haberse producido.
3.      Alegaciones de Halozyme
68.      Sin embargo, la conclusión anterior no queda desvirtuada por las alegaciones formuladas por Halozyme, que examinaré a continuación.
a)      Primacía de la eficacia real sobre la clasificación regulatoria
69.      Halozyme sostiene que, a efectos del Reglamento CCP, el criterio decisivo para determinar si una sustancia constituye un «principio activo» reside en su eficacia real, y no en su clasificación regulatoria en la AC. Halozyme afirma extraer esta tesis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
70.      Procede aclarar antes de nada que, por «eficacia real», Halozyme no se refiere a una propiedad intrínseca e inmutable de una determinada sustancia: todas las partes interesadas, incluida la propia Halozyme, reconocieron en la vista que la naturaleza «activa» de una sustancia no puede determinarse de manera abstracta, sino que depende de la función que desempeña en un medicamento específico. Así pues, una misma sustancia puede constituir un principio activo en un medicamento, pero un excipiente en otro. Por ejemplo, como se mencionó en la vista, la vitamina C es una sustancia activa cuando se utiliza para el tratamiento del escorbuto, pero actúa meramente como excipiente
—por lo general, como antioxidante—
en muchos otros medicamentos. Esta interpretación se refleja en el artículo 1, punto 3 bis, de la Directiva sobre medicamentos, que define los principios activos como aquellas sustancias que, «al ser utilizadas en [la] producción [de un medicamento], se convierten en un componente activo de dicho medicamento» (el subrayado es mío).
71.      Si bien no se discute esta premisa, las partes discrepan en cuanto a las implicaciones que pueden extraerse de ella. Los Gobiernos que han presentado observaciones consideran que la función de una sustancia contenida en un medicamento autorizado solo puede ser la que ha sido evaluada, aprobada e identificada expresamente en la AC. Halozyme sostiene, en cambio, que dicha función debe volver a examinarse de manera autónoma en el procedimiento de obtención del CCP. En apoyo de esta alegación, invoca principalmente la sentencia Forsgren del Tribunal de Justicia. (40)
72.      En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que una sustancia puede calificarse de principio activo, en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento CCP, únicamente «si se determina que aquella produce un efecto farmacológico, inmunológico o metabólico propio cubierto por las indicaciones terapéuticas de la AC, extremo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente tomando en consideración la totalidad de las circunstancias de hecho que caracterizan el litigio principal». (41) Halozyme infiere de este pasaje que el artículo 1, letra b), exige que se lleve a cabo una evaluación sustantiva de la eficacia terapéutica, basada en todos los hechos pertinentes, y no impone que se adopte estrictamente la clasificación de la AC. Aduce, además, que la rHuPH20 cumple los criterios establecidos en la sentencia Forsgren, en la medida en que produce un efecto propio cubierto por las indicaciones terapéuticas del Herceptin SC, esto es, el tratamiento del cáncer de mama (véase asimismo el punto 40 de las presentes conclusiones).
73.      Es cierto que, si se lee de manera aislada, este pasaje de la sentencia Forsgren podría considerarse un apoyo a la tesis de Halozyme. También parece haber contribuido, en cierta medida, a los resultados divergentes observados en el presente asunto en los distintos Estados miembros.
74.      No obstante, a mi juicio, la citada sentencia no puede interpretarse en términos tan amplios. Por el contrario, debe interpretarse a la luz de su contexto fáctico específico. (42) En el referido asunto, la sustancia en cuestión no había sido clasificada de forma clara en la AC, pues no figuraba en la lista de excipientes, sino que se mencionaba junto a las sustancias activas, como proteína transportadora, sin ser explícitamente definida como sustancia activa. Precisamente debido a esa ambigüedad, el Tribunal de Justicia dejó al órgano jurisdiccional remitente la tarea de determinar la función de la sustancia en cuestión sobre la base de todos los hechos pertinentes. Por consiguiente, y en línea con la posición de los Gobiernos que han presentado observaciones, la Comisión y el órgano jurisdiccional remitente, la sentencia Forsgren debe entenderse, a lo sumo, en el sentido de que se aplica en tales circunstancias excepcionales. (43)
75.      En cualquier caso, como subrayó en la vista el Gobierno francés, la sentencia Forsgren no cuestiona la autoridad de la AC. Por el contrario, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia se refirió en varias ocasiones al tenor de la AC, declarando, en particular, que no puede concederse un CCP para un «principio activo cuyo efecto no está comprendido en las indicaciones terapéuticas cubiertas por los términos de la AC» (el subrayado es mío). (44)
76.      En este contexto, me parece difícil calificar la posición de Halozyme de coherente. Admite que deben tenerse en cuenta las indicaciones terapéuticas que figuran en la AC, pero, al mismo tiempo, pretende obviar la AC en lo que atañe a la clasificación de las sustancias que se considera que cumplen
—o no—
tales indicaciones. En esencia, este criterio parte de la premisa de que la AC es determinante en cuanto a los «fines» del medicamento, pero no respecto de los «medios» que permiten alcanzar tales fines. Esta distinción no me parece convincente.
77.      En aras de la exhaustividad, abordaré brevemente las demás alegaciones formuladas por Halozyme. En primer término, se basa en la sentencia MIT, una de las primeras resoluciones en la materia, y alega que, en ella, el Tribunal de Justicia examinó la eficacia de la sustancia en cuestión desde un punto de vista puramente fáctico, sin tener en cuenta su clasificación en la AC. Sin embargo, este argumento no tiene en cuenta el contexto legislativo de dicho asunto. En el momento de los hechos, la predecesora de la Directiva sobre medicamentos en lo concerniente a las AC (45) no definía los conceptos de «sustancia activa» y de «excipiente», no distinguía claramente uno del otro y tampoco exigía la inclusión de una lista de excipientes en el resumen de las características del producto. En ese marco normativo menos desarrollado, era natural que el Tribunal de Justicia comenzase su análisis aclarando el sentido de los referidos conceptos para concluir que los excipientes no están comprendidos en el concepto de «producto».
78.      En segundo término, Halozyme se remite a la sentencia Bayer CropScience (46) y sostiene que también demuestra que la clasificación en la AC no es determinante. Sin embargo, dicho asunto se refería a productos fitosanitarios, que están sujetos a un marco jurídico distinto. La cuestión que se planteaba es si una sustancia clasificada de «protector» (47) en la AC podía, no obstante, constituir un «producto» y justificar de este modo la concesión de un CCP. El Tribunal de Justicia declaró que una sustancia calificada de «protector» en la AC pertinente puede constituir un «producto», siempre que ejerza una acción tóxica, fitotóxica o fitosanitaria propia, en particular, debido a su efecto en el metabolismo vegetal.
79.      Aunque guardo ciertas reservas en cuanto al razonamiento seguido en la citada sentencia, basta observar, a efectos del presente asunto, que, como han señalado la mayoría de los Gobiernos que han presentado observaciones y la Comisión, aunque existan similitudes entre los dos regímenes de los CCP, el marco normativo aplicable a los productos fitosanitarios difiere en aspectos esenciales del que regula los medicamentos. Por consiguiente, el razonamiento de la sentencia Bayer CropScience no es extrapolable al presente asunto.
b)      Retrasos regulatorios realmente sufridos
80.      Halozyme ha formulado otra alegación basada en el objetivo del Reglamento CCP de compensar los retrasos regulatorios con vistas a fomentar la investigación farmacéutica,
que es costosa y larga. A este respecto, sostiene que la rHuPH20 debería poder disfrutar de la protección de un CCP, dado que su combinación con el trastuzumab requirió la realización de pruebas clínicas exhaustivas
—en particular, ensayos de fase III completos—
que le permitieron obtener la extensión de línea de la AC del Herceptin SC (véase el punto 13 de las presentes conclusiones). En su opinión, basarse estrictamente en la clasificación de la AC privaría al titular de la patente de base de la posibilidad de obtener un CCP, a pesar de los retrasos sufridos.
81.      Sin embargo, como se ha expuesto en los puntos 54 y siguientes de las presentes conclusiones, el régimen de los CCP no tiene por objeto compensar cualquier retraso regulatorio sufrido por el titular de una patente, sino únicamente los relacionados con la autorización de «nuevos principios activos». Si bien no se discute que Halozyme pudo estar expuesta a retrasos importantes, la consideración determinante es que tales retrasos no se deben a la evaluación y aprobación de la rHuPH20 como nuevo principio activo, pues se derivaron, por el contrario, del hecho de que el Herceptin SC implicaba una nueva vía de administración, que requirió de estudios adicionales destinados a evaluar su impacto sobre la actuación del trastuzumab. Además, dado que la rHuPH20 era un nuevo excipiente, es decir, un excipiente utilizado por primera vez en un medicamento, era necesario realizar una evaluación específica de su seguridad y presentar datos de apoyo adicionales. (48)
82.      En última instancia, corresponde al legislador determinar si otras formas de innovación farmacéutica y médica, como el desarrollo de nuevos excipientes o productos sanitarios, (49) deben disfrutar asimismo de una protección complementaria. Sin embargo, en el marco jurídico actual, tales innovaciones, en la medida en que no se refieran a nuevas sustancias activas, pueden estar protegidas por patentes, pero no están amparadas por la protección complementaria que ofrecen los CCP.
83.      Por último, debo añadir que, aun cuando investigaciones efectuadas tras la concesión de la AC, como las reflejadas en artículos científicos o estudios externos, demostrasen que la rHuPH20 cumple una función comparable a la de un principio activo, ello no justificaría que no se tenga en cuenta su clasificación en la AC. Como ya se ha señalado, los CCP tienen por objeto proteger «las inversiones efectuadas [por el titular de la patente] en la investigación» que conduzcan a la primera comercialización de un principio activo o una composición. (50) A mi juicio, los hallazgos científicos posteriores a la concesión de una AC, y que no formaron parte de la evaluación, no pueden tenerse en cuenta a efectos de la concesión de un CCP. (51)
84.      A la luz de lo anterior, considero que procede responder afirmativamente a la primera cuestión prejudicial, en el sentido de que una sustancia explícitamente definida como excipiente en la AC pertinente no puede considerarse un principio activo a efectos del artículo 1, letra b), del Reglamento CCP.
85.      En estas circunstancias, no procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta, que solo se han planteado para el caso de que se responda en sentido negativo a la primera cuestión prejudicial, puesto que se refieren a los elementos sobre cuya base debería efectuarse una evaluación autónoma si la clasificación de la AC no fuera determinante.
V.      Conclusión
86.      A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la primera cuestión prejudicial:
«El artículo 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 469/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos,
debe interpretarse en el sentido de que la calificación de una sustancia como “principio activo”, a efectos de dicha disposición, debe determinarse por referencia a la clasificación de las sustancias que figura en la autorización de comercialización invocada en apoyo de la solicitud del certificado complementario de protección. Por consiguiente, una sustancia explícitamente definida como “excipiente” en la autorización de comercialización no puede considerarse un “principio activo” a efectos del citado Reglamento.»
1      Lengua original: inglés.
2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (DO 2009, L 152, p. 1).
3      Sobre los matices específicos de los CCP como derecho de propiedad intelectual sui generis, véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Teva y otros (C‑119/22 y C‑149/22, en lo sucesivo, «conclusiones presentadas en el asunto Teva II», EU:C:2024:472), puntos 36 y ss.
4      En el asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de septiembre de 1999, Farmitalia (C‑392/97, EU:C:1999:416), se planteó una cuestión similar, que sin embargo no fue abordada como tal por el Tribunal de Justicia.
5      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO 2001, L 311, p. 67), en su versión aplicable en la fecha de los hechos del litigio principal.
6      CZ/EP
2 163 643, que lleva por título «Glicoproteína hialuronidasa soluble (sHASEGP), proceso para prepararla, usos y composición farmacéutica que la comprende».
7      Las extensiones de línea son modificaciones de las condiciones de una AC, necesarias para cambios importantes de un medicamento ya autorizado que afecten, en particular, a su dosis, forma farmacéutica y vía de administración.
8      He de observar que las cuestiones prejudiciales quinta y sexta tienen por objeto, en esencia, que se aclare si la combinación de rHuPH20 y trastuzumab está protegida, como producto, por la patente de base. Por consiguiente, únicamente serán pertinentes si la rHuPH20 puede considerarse un principio activo, pese a su clasificación en la AC. En cualquier caso, en mi opinión, los interrogantes planteados por estas cuestiones fueron resueltos por la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Teva y otros (C‑119/22 y C‑149/22, en lo sucesivo, «sentencia Teva II», EU:C:2024:1039), dictada después de la presentación de la presente petición de decisión prejudicial.
9      Véanse los puntos 34 a 39 de dichas conclusiones.
10      Estos requisitos se establecen en el Convenio sobre la Patente Europea o en la legislación nacional, dependiendo del tipo de patente de que se trate.
11      La elección entre estos cuatro procedimientos depende principalmente del tipo de medicamento de que se trate y del alcance de la comercialización prevista.
12      El procedimiento centralizado de AC se rige por el Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO 2004, L 136, p. 1). Este Reglamento no se menciona expresamente en el Reglamento CCP, que supedita la expedición de un CCP a la existencia de una AC válida con arreglo a la Directiva sobre medicamentos. No obstante, tanto en la práctica administrativa como en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se admite firmemente que los CCP pueden otorgarse para medicamentos autorizados con arreglo al procedimiento centralizado previsto en el Reglamento n.º 726/2004, máxime cuando todas las disposiciones sustantivas de la Directiva sobre medicamentos también son aplicables al procedimiento centralizado. Véanse asimismo las conclusiones del Abogado General Jääskinen presentadas en el asunto Seattle Genetics (C‑471/14, EU:C:2015:590), nota 5.
13      Véanse asimismo, a este respecto, aunque con especial atención al procedimiento descentralizado, mis conclusiones presentadas en el asunto Laboratoires Eurogenerics y Theramex France (C‑118/24, EU:C:2025:815), puntos 30 y ss.
14      Ahora bien, en aras de la exhaustividad, he de precisar que dicha patente europea corresponde a un conjunto de patentes nacionales.
15      Por comodidad, utilizaré la expresión «oficina de patentes» para designar a las autoridades nacionales competentes para expedir los CCP, que reciben distintas denominaciones en función del Estado miembro, tales como, en particular, «oficinas de propiedad industrial» u «oficinas de propiedad intelectual».
16      Véase la sentencia Teva II, apartado 42 y jurisprudencia citada.
17      Véanse las sentencias de 4 de mayo de 2006, Massachusetts Institute of Technology (C‑431/04, en lo sucesivo, «sentencia MIT», EU:C:2006:291), apartados 18 y 25; de 21 de marzo de 2019, Abraxis Bioscience (C‑443/17, EU:C:2019:238), apartado 27, y Teva II, apartado 44, así como el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2013, Glaxosmithkline Biologicals y Glaxosmithkline Biologicals, Niederlassung der Smithkline Beecham Pharma (C‑210/13, en lo sucesivo, «auto GSK», EU:C:2013:762), apartado 29.
18      Véase la sentencia MIT, apartado 21. Por tanto, también me referiré a estos términos de manera intercambiable en las presentes conclusiones.
19      Véase asimismo la sentencia de 9 de julio de 2020, Santen (C‑673/18, en lo sucesivo, «sentencia Santen», EU:C:2020:531), apartado 42.
20      Véase el auto GSK, apartados 30, 31 y 45.
21      Véase, en particular, el anexo I, parte I, punto 3.2.2.1, de la Directiva sobre medicamentos, que proporciona una lista no exhaustiva de determinados tipos de excipientes, entre ellos los adyuvantes. Véase también el documento Guideline on excipients in the dossier for application for marketing authorisation of a medicinal product
de la EMA.
22      Véase el auto GSK, apartados 36 y 37.
23      La cuestión de si solo el trastuzumab podría obtener un CCP no es objeto del presente asunto y, en cualquier caso, consta que esta sustancia, autorizada y comercializada desde 2000, no cumple, por sí sola, los demás requisitos establecidos en el Reglamento CCP.
24      En efecto, varias oficinas nacionales de patentes han considerado que la rHuPH20 puede calificarse de «principio activo» y, por tanto, han concedido el CCP solicitado por Halozyme (véase el punto 41 de las presentes conclusiones).
25      A este respecto, se hace referencia a las declaraciones formuladas por la Comisión en la vista.
26      Como han señalado, en particular, el órgano jurisdiccional remitente y la Comisión.
27      Véanse los considerandos 2 a 6 y 9 del Reglamento CCP.
28      Véanse también el punto 29 de las presentes conclusiones y la sentencia Teva II, apartado 61.
29      Véase la sentencia Santen, apartados 55 y 57.
30      Véanse el anexo I de la Directiva sobre medicamentos, que establece los requisitos para las sustancias activas y los excipientes, así como Max Planck Institute for Innovation and Competition, Study on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certificates in the EU, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2018 (en lo sucesivo, «estudio MPI»), pp. 138 y 143.
31      Véase asimismo, a este respecto, el estudio MPI, p. 143.
32      Como subrayaron el Gobierno francés y la Comisión en la vista; véase el artículo 32, apartado 4, de la Directiva sobre medicamentos.
33      Ello es tanto más cierto cuanto que, como señaló acertadamente el Gobierno francés en la vista, el juez de la Unión solo ejerce un control limitado en este ámbito y no puede sustituir la evaluación científica de las autoridades competentes en materia de medicamentos por la suya propia; véase, a este respecto, la sentencia de 24 de septiembre de 2025, Sanofi/Comisión (T‑483/22, EU:T:2025:912), apartados 73 a 81 y jurisprudencia citada.
34      Procede añadir que el procedimiento seguido para la aprobación del Herceptin SC (véase el punto 13 de las presentes conclusiones) permitió también evitar las limitaciones adicionales inherentes a la evaluación de un producto combinado, suponiendo, a efectos argumentativos, que la rHuPH20 hubiera podido considerarse una sustancia activa. Como señaló la Comisión en la vista, la modificación de un medicamento consistente en la introducción de una sustancia activa adicional no puede, en principio, autorizarse como extensión de línea, sino que requiere una nueva AC para un producto combinado. Tal procedimiento implica el cumplimiento de requisitos adicionales, entre ellos, en particular, la necesidad de demostrar que las ventajas clínicas de la composición compensan sus inconvenientes potenciales respecto de la monoterapia (véase, en particular, a este respecto, EMA, Guideline on clinical development of fixed combination medicinal products).
35      Véase la sentencia Teva II, apartado 55.
36      Exposición de motivos de 11 de abril de 1990 sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos [COM(90) 101 final], que dio lugar al Reglamento (CEE) n.º 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos (DO 1992, L 182, p. 1), derogado y sustituido por el Reglamento CCP. Esta exposición de motivos debe considerarse pertinente en la medida en que se refiere a considerandos y disposiciones (como los controvertidos en el presente asunto) que se han mantenido, en esencia, inalterados en el actual Reglamento CCP.
37      Debo señalar que el solicitante ni siquiera tiene que presentar una copia de la patente de base que protege el «producto» en el sentido del artículo 3, letra a), del Reglamento CCP, dado que las propias oficinas nacionales de patentes deben identificarlo.
38      Debo añadir que el criterio defendido por Halozyme complicaría considerablemente, en la práctica, la misión encomendada a las oficinas nacionales de patentes. No solo afectaría a la comprobación de la calificación de una sustancia como «producto», sino también a la apreciación de si concurren los requisitos para la expedición de un CCP. A este respecto, cabe hacer referencia, en particular, al requisito, establecido en el artículo 3, letra d), del Reglamento CCP, según el cual la AC invocada debe ser «la primera autorización de comercialización del producto como medicamento». Como ha señalado Irlanda, las AC se indexan en el Registro de Medicamentos de la Unión por referencia a sus principios activos. En consecuencia, para determinar si un principio activo —o una composición de principios activos— ya ha sido autorizado, se espera que las oficinas nacionales de patentes lleven a cabo su comprobación teniendo en cuenta el nombre de la sustancia de que se trate. Pues bien, si una sustancia autorizada únicamente como excipiente pudiera ser tratada como un principio activo a efectos del Reglamento CCP, esta comprobación resultaría mucho más compleja. En tal caso, no sería fácil determinar si dicha sustancia ya formaba parte de un medicamento protegido por una autorización anterior, lo que menoscabaría la claridad y la fiabilidad del sistema.
39      El riesgo de criterios divergentes se manifiesta especialmente en una situación como la del presente asunto, en la que una sola AC centralizada define la composición de un medicamento. Dicho esto, he de observar que, aun cuando las AC se concedan en el marco de procedimientos descentralizados o de reconocimiento mutuo, los mecanismos de coordinación establecidos a escala de la Unión están concebidos para garantizar, en principio, una clasificación coherente de las sustancias en los distintos Estados miembros. A su vez, esta coherencia debería traducirse en un criterio uniforme para la concesión de CCP.
40      Sentencia de 15 de enero de 2015, Forsgren (C‑631/13, en lo sucesivo, «sentencia Forsgren», EU:C:2015:13).
41      Ibidem, apartado 54 y fallo.
42      Así ocurría asimismo en el asunto que dio lugar al auto GSK, también invocado por Halozyme. Por tanto, las mismas consideraciones son igualmente pertinentes.
43      Si el Tribunal de Justicia considerase que la sentencia Forsgren solo puede interpretarse en los términos generales propugnados por Halozyme, propongo al Tribunal de Justicia, como también ha alegado el Gobierno neerlandés, que revise dicha sentencia.
44      Sentencia Forsgren, apartado 39 y fallo.
45      Directiva 65/65/CEE del Consejo, de 26 de enero de 1965, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, sobre especialidades farmacéuticas (DO 1965, 22, p. 369; EE 13/01, p. 18), en su versión aplicable en el momento de los hechos.
46      Sentencia de 19 de junio de 2014, Bayer CropScience (C‑11/13, EU:C:2014:2010).
47      Los protectores son sustancias o preparados que se añaden a un producto fitosanitario para eliminar o reducir los efectos fitotóxicos de dicho producto en determinadas plantas.
48      Véanse, en particular, los puntos 2.4 y 3.2.2.4, letra d), del anexo I de la Directiva sobre medicamentos.
49      Véase, a este respecto, el estudio MPI, pp. 465 a 469.
50      Véanse el punto 54 de las presentes conclusiones y la sentencia Santen, apartados 55 y 57.
51      Véanse, por analogía, las sentencias de 12 de diciembre de 2013, Eli Lilly and Company  (C‑493/12, EU:C:2013:835), apartados 41 a 43, y de 30 de abril de 2020, Royalty Pharma Collection Trust (C‑650/17, EU:C:2020:327), apartados 45 y 46.