62004CJ0258_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C‑258/04,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la cour du travail de Liège (Bélgica), mediante resolución de 7 de junio de 2004, recibida en el Tribunal de Justicia el 17 de junio de 2004, en el procedimiento entre
Office national de l’emploi
y
Ioannis Ioannidis,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues (Ponente), M. Ilešič y E. Levits, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. R. Grass;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
– en nombre del Office national de l’emploi, por M es Y. Denoiseux y G. Lewalle, avocats;
– en nombre del Gobierno belga, por M es Y. Denoiseux y G. Lewalle, avocats;
– en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. S. Bodina y Z. Chatzipavlou y el Sr. M. Apessos, en calidad de agentes;
– en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. M. Condou y el Sr. D. Martin, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 9 de junio de 2005;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 12 CE, 17 CE y 18 CE.
2. Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. Ioannidis y el Office national de l'emploi (en lo sucesivo, «ONEM»), relativo a la resolución por la cual éste denegó al interesado el subsidio de espera regulado en la legislación belga.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
3. El artículo 12 CE, párrafo primero, dispone:
«En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.»
4. El artículo 17 CE tiene el siguiente tenor:
«1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. […]
2. Los ciudadanos de la Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el presente Tratado.»
5. El artículo 18 CE, apartado 1, establece que todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en dicho Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.
6. Con arreglo al artículo 39 CE, apartado 2, la libre circulación de los trabajadores supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.
7. A tenor del artículo 39 CE, apartado 3, «sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho:
a) de responder a ofertas efectivas de trabajo;
[...]».
8. Según el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 2434/92 del Consejo, de 27 de julio de 1992, (DO L 245, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1612/68»), el trabajador nacional de un Estado miembro se beneficiará, en el territorio de otros Estados miembros, de las mismas ventajas sociales y fiscales que los trabajadores nacionales.
Normativa nacional
9. La normativa belga regula la concesión de subsidios de desempleo, designados con la expresión «subsidios de espera», a los jóvenes que acaban de terminar sus estudios y buscan su primer empleo.
10. El artículo 36, apartado 1, párrafo primero, del Real Decreto de 25 de noviembre de 1991, por el que se regula el desempleo (Moniteur belge
de 31 de diciembre de 1991, p. 29888), en su versión modificada por el Real Decreto de 13 de diciembre de 1996 (Moniteur belge
de 31 de diciembre de 1996, p. 32265; en lo sucesivo, «Real Decreto»), dispone:
«Para poder acceder al subsidio de espera, el joven trabajador deberá cumplir los siguientes requisitos:
1º haber superado la escolarización obligatoria;
2º a)	bien haber terminado estudios completos del ciclo secundario superior o del ciclo secundario inferior de formación técnica o profesional en un centro docente organizado, subvencionado o reconocido por una Comunidad;
[...]
h) bien haber cursado estudios o recibido enseñanza en otro Estado miembro de la Unión Europea, si se cumplen simultáneamente los siguientes requisitos:
– que el joven presente documentos acreditativos de que los estudios o la enseñanza son del mismo nivel y equivalentes a los mencionados en las letras anteriores;
– que, en el momento de la solicitud de subsidios, el joven esté, como hijo, a cargo de trabajadores migrantes a efectos del artículo 48 del Tratado CE, residentes en Bélgica;
[...]»
Litigio principal y cuestión prejudicial
11. El Sr. Ioannidis, de nacionalidad griega, llegó a Bélgica en 1994, una vez finalizados sus estudios de enseñanza secundaria en Grecia. Se reconoció la equivalencia del certificado de estudios que el interesado había obtenido en Grecia con el certificado homologado de enseñanza secundaria superior, que en Bélgica da acceso a la enseñanza superior de corta duración.
12. Tras completar un ciclo de tres años de formación, el Sr. Ioannidis obtuvo el 29 de junio de 2000 el diploma de graduado en kinesiterapia, expedido por la haute école de la province de Liège André Vésale, y seguidamente se inscribió como demandante de empleo a tiempo completo en el office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi.
13. Del 10 de octubre de 2000 al 29 de junio de 2001, el interesado recibió en Francia una formación retribuida en reeducación vestibular, mediante un contrato de trabajo como técnico en una sociedad civil profesional de médicos especializados en otorrinolaringología.
14. El 7 de agosto de 2001, de regreso a Bélgica, el Sr. Ioannidis presentó ante la ONEM una solicitud de subsidio de espera.
15. Mediante resolución de 5 de octubre de 2001, el ONEM denegó dicha solicitud, dado que el Sr. Ioannidis no había finalizado sus estudios de enseñanza secundaria en un centro docente organizado, subvencionado o reconocido por una de las tres Comunidades de Bélgica, tal y como exige el artículo 36, apartado 1, párrafo primero, número 2, letra a), del Real Decreto.
16. El Sr. Ioannidis recurrió contra dicha resolución ante el tribunal du travail de Liège. Mediante sentencia de 7 de octubre de 2002, este órgano jurisdiccional anuló la resolución, señalando que, «cuando solicitó el subsidio, el propio solicitante era un trabajador migrante que había trabajado en Francia», y que «el artículo 36 del Real Decreto […], tal y como lo interpreta la Administración, es claramente contrario al artículo [39 CE]».
17. Al conocer del recurso de apelación que el ONEM interpuso contra dicha sentencia, la cour du travail de Liège ha constatado que el Sr. Ioannidis no cumple ninguno de los requisitos exigidos de forma alternativa por la normativa nacional. En particular, no obedece a lo prescrito en el artículo 36, apartado 1, párrafo primero, número 2, letra a), del Real Decreto, puesto que no terminó sus estudios de enseñanza secundaria en Bélgica, ni a lo prescrito en la letra h) del mismo precepto. El órgano jurisdiccional remitente observa que el interesado terminó en otro Estado miembro sus estudios del ciclo secundario superior, cuya equivalencia e idéntico nivel a los señalados en la letra a) del mismo precepto del Real Decreto han quedado demostrados mediante la prueba documental aportada. En cambio, según dicho órgano jurisdiccional, de los autos no se desprende que, a fecha de presentación de la solicitud del subsidio de espera, los padres del Sr. Ioannidis fueran trabajadores migrantes residentes en Bélgica.
18. El órgano jurisdiccional remitente se cuestiona la existencia de una eventual discriminación indirecta del Sr. Ioannidis, puesto que se le denegó el subsidio de espera por el solo motivo de no haber terminado sus estudios del ciclo secundario superior en un centro docente organizado, subvencionado o reconocido por las autoridades públicas belgas, a pesar de que finalizó estudios equivalentes en su país de origen. Por consiguiente, la cour du travail de Liège ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«El derecho comunitario (en particular los artículos 12 CE, 17 CE y 18 CE), ¿se opone a que la normativa de un Estado miembro (como, en Bélgica, el Real Decreto de 25 de noviembre de 1991, por el que se regula el desempleo), que concede a los demandantes de empleo de, en principio, menos de 30 años subsidios denominados de espera, en función de los estudios de enseñanza secundaria que hayan cursado, los supedite, para quienes sean nacionales de otro Estado miembro, en los mismos términos que a sus nacionales, al requisito de que los estudios exigidos se hayan terminado en un centro docente organizado, subvencionado o reconocido por una de las tres Comunidades nacionales [como prevé, en el Real Decreto antes citado, el artículo 36, apartado 1, párrafo primero, número 2, letra a)], de modo que los subsidios de espera se deniegan a un joven demandante de empleo que, sin pertenecer a la familia de un trabajador migrante, tiene la nacionalidad de otro Estado miembro donde, antes de desplazarse dentro de la Unión, había cursado estudios de enseñanza secundaria, reconocidos como equivalentes a los reclamados por las autoridades del Estado donde se solicitan los subsidios de espera?»
Sobre la cuestión prejudicial
19. Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Derecho comunitario se opone a que un Estado miembro deniegue el subsidio de espera a un nacional de otro Estado miembro que busca su primer empleo, por el solo motivo de que el interesado haya terminado sus estudios de enseñanza secundaria en otro Estado miembro.
20. Con carácter preliminar, ha de señalarse que la circunstancia de que el órgano jurisdiccional remitente se haya referido en la cuestión prejudicial a determinadas disposiciones del Derecho comunitario no impide que el Tribunal de Justicia proporcione al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación que puedan permitirle resolver el asunto que le ha sido sometido, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones (véanse, en particular, las sentencias de 12 de diciembre de 1990, SARPP, C‑241/89, Rec. p. I‑4695, apartado 8, y de 7 de septiembre de 2004, Trojani, C‑456/02, Rec. p. I‑7573, apartado 38).
21. En el caso de autos, ha de recordarse que los nacionales de un Estado miembro que buscan empleo en otro Estado miembro entran dentro del ámbito de aplicación del artículo 39 CE y, por consiguiente, tienen derecho a la igualdad de trato regulada en el apartado 2 de dicha disposición.
22. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, habida cuenta de la creación de la ciudadanía de la Unión y de la interpretación del derecho a la igualdad de trato del que gozan quienes ostentan dicha ciudadanía, no es posible excluir del ámbito de aplicación del artículo 39 CE, apartado 2, una prestación de naturaleza financiera destinada a facilitar el acceso al empleo en el mercado laboral de un Estado miembro (sentencia de 23 de marzo de 2004, Collins, C‑138/02, Rec. p. I‑2703, apartado 63).
23. Ha quedado acreditado que los subsidios de espera regulados por la normativa nacional controvertida en el litigio principal son prestaciones sociales, cuyo objetivo es facilitar a los jóvenes el paso de la enseñanza al mercado laboral (sentencia de 11 de julio de 2002, D’Hoop, C‑224/98, Rec. p. I‑6191, apartado 38).
24. Consta igualmente que, cuando presentó la solicitud de dicho subsidio, el Sr. Ioannidis tenía la condición de nacional de un Estado miembro que, una vez terminados sus estudios, busca un empleo en otro Estado miembro.
25. Dadas las circunstancias, el interesado puede ampararse en el artículo 39 CE para defender que no puede ser objeto de discriminación por razón de la nacionalidad en materia de concesión de subsidios de espera.
26. Según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato prohíbe no sólo las discriminaciones manifiestas, basadas en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, conduzca de hecho al mismo resultado (véanse, en particular, las sentencias de 12 de febrero de 1974, Sotgiu, 152/73, Rec. p. 153, apartado 11, y de 15 de marzo de 2005, Bidar, C‑209/03, Rec. p. I‑0000, apartado 51).
27. La normativa interna controvertida en el litigio principal establece un trato diferenciado entre los ciudadanos que hayan terminado sus estudios de ciclo secundario en Bélgica y aquellos que los hayan finalizado en otro Estado miembro, de forma que sólo los primeros tienen derecho a los subsidios de espera.
28. Este requisito encierra un riesgo de perjudicar principalmente a los nacionales de otros Estados miembros. En efecto, en la medida en que se vincula la concesión de los subsidios al hecho de que el solicitante haya obtenido el indispensable diploma en Bélgica, los nacionales belgas podrán cumplir más fácilmente dicho requisito.
29. Semejante diferencia de trato sólo resulta justificable si se basa en consideraciones objetivas, independientes de la nacionalidad de las personas afectadas y proporcionadas al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional (sentencias de 23 de mayo de 1996, O’Flynn, C‑237/94, Rec. p. I‑2617, apartado 19, y Collins, antes citada, apartado 66).
30. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, resulta legítimo que el legislador nacional desee asegurarse de la existencia de un vínculo real entre el solicitante de dichos subsidios y el mercado geográfico laboral objeto de controversia (sentencia D’Hoop, antes citada, apartado 38).
31. Sin embargo, un requisito único relativo al lugar de obtención del diploma de fin de estudios secundarios tiene un carácter demasiado general y exclusivo. Sobrevalora indebidamente un elemento que no es necesariamente representativo del grado real y efectivo de vinculación entre el solicitante de los subsidios de espera y el mercado geográfico laboral, excluyendo cualquier otro elemento representativo. Así, el referido requisito va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido (sentencia D’Hoop, antes citada, apartado 39).
32. Por otro lado, del artículo 36, apartado 1, párrafo primero, número 2, letra h), del Real Decreto se desprende que un demandante de empleo que no hubiere terminado sus estudios de ciclo secundario en Bélgica tendrá aun así derecho a los subsidios de espera si hubiere cursado estudios o recibido una enseñanza del mismo nivel y equivalentes en otro Estado miembro y estuviere a cargo de trabajadores migrantes, a efectos del artículo 39 CE, residentes en Bélgica.
33. El hecho de que los padres del Sr. Ioannidis no sean trabajadores migrantes residentes en Bélgica no puede motivar en ningún caso la denegación del subsidio solicitado. En efecto, este requisito no se justifica por el deseo de asegurarse de la existencia de un vínculo real entre el solicitante y el mercado geográfico laboral correspondiente. Ciertamente, tal requisito se basa en un dato que puede considerarse representativo de un grado real y efectivo de vinculación. Sin embargo, no cabe excluir que una persona que, como el Sr. Ioannidis, una vez terminado un ciclo de estudios de enseñanza secundaria en un Estado miembro, curse estudios superiores en otro Estado miembro y obtenga el correspondiente diploma, pueda justificar un vínculo real con el mercado laboral de este Estado, aun cuando no esté a cargo de trabajadores migrantes residentes en el mismo. Por consiguiente, dicho requisito va igualmente más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo propuesto.
34. Debe añadirse que los subsidios de espera constituyen una ventaja social en el sentido del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68 (sentencia D’Hoop, antes citada, apartado 17).
35. Ahora bien, según una jurisprudencia reiterada, el principio de igualdad de trato enunciado en el artículo 7 del Reglamento nº 1612/68, aplicable a todas las ventajas que, con independencia de que estén vinculadas a un contrato de trabajo o no, se reconozcan con carácter general a los trabajadores nacionales en virtud, principalmente, de su condición objetiva de trabajadores o por el mero hecho de residir en el territorio nacional, también está destinado a impedir las discriminaciones en perjuicio de los descendientes que están a cargo del trabajador (véanse, en particular, las sentencias de 30 de septiembre de 1975, Cristini, 32/75, Rec. p. 1085, apartado 19; de 20 de junio de 1985, Deak, 94/84, Rec. p. 1873, apartado 22, y de 8 de junio de 1999, Meeusen, C‑337/97, Rec. p. I‑3289, apartado 22).
36. De lo anterior se deduce que los hijos a cargo de trabajadores migrantes residentes en Bélgica tienen derecho al subsidio de espera en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1612/68, con independencia de que, en su caso, exista un vínculo real con el mercado geográfico laboral correspondiente.
37. Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, no resulta necesario pronunciarse acerca de la interpretación de los artículos 12 CE, 17 CE y 18 CE.
38. Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 39 CE se opone a que un Estado miembro deniegue el subsidio de espera a un nacional de otro Estado miembro que busca su primer empleo sin estar, como hijo, a cargo de un trabajador migrante residente en el primer Estado, por el solo motivo de que el interesado haya terminado sus estudios de enseñanza secundaria en otro Estado miembro.
Costas
39. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 39 CE se opone a que un Estado miembro deniegue el subsidio de espera a un nacional de otro Estado miembro que busca su primer empleo sin estar, como hijo, a cargo de un trabajador migrante residente en el primer Estado, por el solo motivo de que el interesado haya terminado sus estudios de enseñanza secundaria en otro Estado miembro.