Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 27 de marzo de 2025 (1)
Asunto C‑129/24
Coillte Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe
contra
Commissioner for Environmental Information
partes coadyuvantes:
Personas no identificadas, también llamadas con el nombre de John y/o Jane Doe,
Irlanda,
Attorney General,
Right to Know CLG
[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda)]
« Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Convenio de Aarhus — Directiva 2003/4/CE — Acceso del público a la información medioambiental — Acceso a la información medioambiental previa solicitud — Conceptos de “solicitante” y de “solicitud” — Solicitud anónima o con seudónimo — Requisito de que los solicitantes proporcionen su nombre real y una dirección física actual — Invalidez de la solicitud — Denegación de la solicitud cuando sea manifiestamente irrazonable »
I.      Introducción
1.        El derecho de acceso a la información medioambiental es el primero de los tres pilares en los que se basa el Convenio de Aarhus, (2) junto con el derecho a la participación del público y el acceso a la justicia. (3) El objetivo último de estos derechos consiste en que todo ciudadano pueda «hacer valer» el «derecho a vivir en un medio ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar, y [cumplir] el deber, tanto individualmente como en asociación con otros, de proteger y mejorar el medio ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras». (4) El Convenio de Aarhus tiene una «identidad dual», (5) estableciendo una vinculación entre los derechos medioambientales y los derechos humanos. (6) Sus «pilares» se «complementan mutuamente»; (7) el derecho de acceso a la información medioambiental es un requisito previo para la aplicación de los otros derechos. (8)
2.        El considerando 1 de la Directiva 2003/4/CE (9) refleja la importancia del derecho a la información y expresa la aspiración a que «un mayor acceso del público a la información medioambiental y la difusión de tal información [contribuya] a una mayor concienciación en materia de medio ambiente […] y, en definitiva, a la mejora del medio ambiente».
3.        El presente asunto versa sobre la cuestión de si el acceso a la información medioambiental puede, como norma general, supeditarse al requisito de que los solicitantes proporcionen su nombre y dirección física. En el presente asunto se plantea también la cuestión de las salvaguardias de que disponen las autoridades públicas cuando tramitan solicitudes que consideren frívolas o maliciosas.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho internacional
4.        El artículo 4, apartado 1, letra a), del Convenio de Aarhus dispone:
«1.      Cada Parte procurará que, sin perjuicio de lo expresado en los apartados siguientes del presente artículo, las autoridades públicas pongan a disposición del público, en el marco de su legislación nacional, las informaciones sobre el medio ambiente que les soliciten, en particular, si se hace tal petición y sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) más abajo, copias de los documentos en que las informaciones se encuentren efectivamente consignadas, independientemente de que estos documentos incluyan o no otras informaciones:
a)      sin que el público tenga que invocar un interés particular».
B.      Derecho de la Unión
5.        Con arreglo al artículo 2, punto 5, de la Directiva 2003/4, por «solicitante» se entenderá «toda persona física o jurídica que solicite información medioambiental.»
6.        El artículo 3 de la Directiva 2003/4, titulado «Acceso a la información medioambiental previa solicitud», dispone en su apartado 1 lo siguiente:
«Los Estados miembros harán lo necesario para que las autoridades públicas estén obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, a poner la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante, a petición de este, y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado.»
C.      Derecho irlandés
7.        El artículo 6 del European Communities (Access to Information on the Environment) Regulations 2007 to 2014 [Reglamento de 2007‑2014 — Comunidades Europeas (acceso a la información medioambiental)] (en lo sucesivo, «Reglamento AIE») prevé:
«6.      (1) La solicitud de información medioambiental deberá:
[…]
c) indicar el nombre, dirección y otros datos de contacto pertinentes del solicitante […]
[…]
2)      El solicitante no estará obligado a declarar el interés que le lleva a presentar la solicitud».
III. Breve exposición del litigio principal y cuestiones prejudiciales
8.        Entre el 13 de marzo y el 30  de mayo de 2022, uno o varios solicitantes (probablemente uno, pero quizás más de uno) se dirigieron por escrito de modo persistente a Coillte (empresa forestal semipública de Irlanda), a través de un número muy elevado de solicitudes probablemente anónimas o con seudónimo en un formato idéntico o casi idéntico, solicitando acceso a información medioambiental. No se proporcionaban direcciones físicas. Los nombres se inspiraban en personajes de películas.
9.        Coillte había tramitado normalmente anteriores solicitudes en las que se utilizaron nombres empleados por los solicitantes en el presente procedimiento porque, en ese momento, parecían ser solicitudes puntuales. Sin embargo, cuando a partir del 20 de marzo de 2022 empezaron a recibirse solicitudes anónimas de un estilo y tipo similares y con la misma formulación, Coillte se percató de que se trataba, al parecer, de una campaña organizada y tomó medidas para verificar la identidad de los solicitantes.
10.      Coillte estimó, de manera razonable a juicio del órgano jurisdiccional remitente, que tales solicitudes no se dirigían a recabar información medioambiental y parecían formar parte de una campaña más amplia realizada por personas desconocidas por motivos cuestionables. La campaña ocasionó repercusiones muy significativas en las actividades de Coillte y tuvo como consecuencia que se desviaran tiempo y recursos de las auténticas solicitudes de información medioambiental con los consiguientes retrasos y frustración de los verdaderos solicitantes de información medioambiental.
11.      Coillte contestó a tales solicitudes pidiendo una dirección (actual) a los solicitantes y la confirmación de que los nombres eran los nombres (legales) verdaderos de los solicitantes. El órgano jurisdiccional remitente considera que Coillte llegó a la conclusión, razonable a la vista de las circunstancias, de que existían dudas prima facie acerca de la autenticidad de los datos de identificación proporcionados por los solicitantes. El órgano jurisdiccional remitente considera asimismo que, habida cuenta del número de solicitudes realizadas, la autoridad pública actuó de forma razonable con el fin de determinar si las solicitudes eran manifiestamente irrazonables debido al volumen, la naturaleza y la frecuencia de otras solicitudes presentadas por el mismo solicitante.
12.      El órgano jurisdiccional remitente estima que, a falta de pruebas en contrario, la confirmación que Coillte pidió del nombre real o la dirección física actual del solicitante tenía por objeto verificar la identidad del solicitante, y no determinar el interés de este.
13.      Dado que no se aportó ninguno de los datos requeridos por Coillte, esta denegó las solicitudes por no ser válidas con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento AIE.
14.      A continuación, los solicitantes pidieron a Coillte que llevara a cabo una revisión interna. Coillte pidió a los solicitantes que confirmaran sus nombres legales reales e indicaran sus direcciones actuales. Dado que estas peticiones de confirmación fueron ignoradas de nuevo, las solicitudes de revisión interna fueron denegadas por no ser válidas.
15.      Varias de las decisiones denegatorias de las solicitudes de información fueron recurridas ante el Commissioner for Environmental Information (Agencia de Información en materia de Medio Ambiente, Irlanda; en lo sucesivo, «Agencia»). La Agencia dictó una resolución el 29  de agosto de 2022 (en lo sucesivo, «resolución recurrida»), en la que afirmaba su competencia para examinar los recursos y declaró que Coillte carecía de fundamento para considerar inválidas las solicitudes anónimas o con seudónimo con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento AIE.
16.      Coillte interpuso ante el órgano jurisdiccional remitente un recurso de casación contra la resolución recurrida.
17.      Irlanda y el Attorney General (Fiscal General, Irlanda) intervinieron en el procedimiento judicial como partes coadyuvantes y Right to Know CLG (en lo sucesivo, «Right to Know») como amicus curiae.
18.      El órgano jurisdiccional remitente desea que se precise la interpretación del término «solicitud» que figura en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2003/4 y del término «solicitante» que aparece en el artículo 2, punto 5, de la misma Directiva.
19.      Por lo que respecta al término «solicitud», el órgano jurisdiccional remitente señala que, conforme al artículo 6 del Reglamento AIE, una solicitud de información medioambiental debe cumplir determinados requisitos formales, en particular la indicación de un nombre y una dirección. Una solicitud que no cumpla esos requisitos formales deberá considerarse inválida. El órgano jurisdiccional remitente considera, por tanto, que la palabra «solicitud» solo puede referirse a una solicitud válida que cumpla lo dispuesto en la Directiva 2003/4 y en la legislación nacional de transposición.
20.      En cuanto al término «solicitante», el órgano jurisdiccional remitente estima que por este ha de entenderse una persona física o jurídica identificada mediante su nombre legal y dirección física, y no una persona anónima o con seudónimo. Añade que el hecho de que la Directiva 2003/4 confiera derechos a las personas físicas y jurídicas implica que el solicitante debe proporcionar un nombre real y una dirección física a fin de acreditar el derecho a ser tratado como solicitante. La falta de esta información puede conducir también a un resultado insatisfactorio cuando una controversia llega a los tribunales, como ha sucedido con las partes interesadas, que no son identificables mediante la información mínima exigida para participar en el procedimiento.
21.      El órgano jurisdiccional remitente pregunta si, en caso de que el Tribunal de Justicia concluyera que no se exige que el «solicitante», en el sentido de la Directiva 2003/4, esté identificado, dicha Directiva se opone a una normativa nacional que obliga a los solicitantes a proporcionar sus nombres o una dirección física actual para efectuar una solicitud. El órgano jurisdiccional remitente estima que, conforme al principio de autonomía procesal nacional, un Estado miembro puede optar por una transposición de la Directiva 2003/4 que exija a los solicitantes identificarse, a fin de que la autoridad pública pueda comprobar que son las personas físicas o jurídicas a las que se confieren los derechos de los solicitantes.
22.      El órgano jurisdiccional remitente desea saber si, en caso de que el Tribunal de Justicia considere que la Directiva 2003/4 se opone a una normativa nacional que exige que los solicitantes estén identificados, una autoridad pública puede, no obstante, pedir la confirmación del nombre o la dirección física actual del solicitante cuando tenga motivos razonables para sospechar que la información facilitada es falsa o incompleta. El hecho de que esa información pudiera dar lugar a especulaciones sobre el interés del solicitante no debe ser pertinente.
23.      Por último, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si una autoridad puede pedir información sobre la identidad del solicitante con objeto de determinar si una solicitud concreta es manifiestamente irrazonable debido al volumen, la naturaleza y la frecuencia de otras solicitudes presentadas por el mismo solicitante.
24.      En estas circunstancias, la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Debe entenderse que el término “solicitud” a efectos del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 4, apartado 1, del [Convenio de Aarhus], se refiere únicamente a una solicitud válida con arreglo a la Directiva y a las disposiciones nacionales de transposición de la Directiva al Estado miembro de que se trate?
2)      ¿Debe entenderse que el término “solicitante” a efectos del artículo 2, punto 5, de la Directiva 2003/4, en relación, en particular, con los artículos 4, apartado 1, letra b), o 6, apartados 1 o 2, o 2, apartado 5, y 4, apartados 1 y 3, letra b), del [Convenio de Aarhus], se refiere a una persona física o jurídica identificada por su nombre real o su dirección física actual, en oposición a una persona que permanezca en el anonimato o utilice un seudónimo o a un solicitante cuyo único dato de contacto sea el correo electrónico?
3)      En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿se opone el artículo 3, apartados 1 o 5, letra c), de la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 4, apartado 1, del [Convenio de Aarhus], a una normativa nacional que exige a los solicitantes proporcionar su nombre real o su dirección física actual para poder presentar una solicitud?
4)      En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión y de respuesta, en general, afirmativa a la tercera cuestión, ¿se opone la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 4 del [Convenio de Aarhus], a que una autoridad pública que tenga motivos razonables para considerar que, a primera vista, existen dudas sobre la autenticidad de la información proporcionada por un solicitante en relación con su identidad, solicite la confirmación del nombre real del solicitante o de su dirección física actual, con objeto de comprobar la identidad de dicho solicitante, y no de determinar su interés, aun cuando la comunicación de dicho nombre real o dirección física actual pudiera permitir indirectamente a la autoridad pública realizar inferencias o especulaciones sobre el interés del solicitante, si lo hubiere, a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva?
5)      Si la respuesta a la segunda cuestión es negativa, y la respuesta a la tercera cuestión es, en general, afirmativa, ¿se opone el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva, en relación con el artículo 4, apartado 3, letra b), del [Convenio de Aarhus], a que una autoridad pública solicite confirmación del nombre real del solicitante o de su dirección física actual, con objeto de determinar si una solicitud concreta es manifiestamente irrazonable debido al volumen, la naturaleza y la frecuencia de otras solicitudes presentadas por el mismo solicitante, y no de determinar el interés de dicho solicitante, aun cuando la comunicación de dicho nombre real o dirección física actual pudiera permitir indirectamente a la autoridad pública realizar inferencias o especulaciones sobre el interés del solicitante, si lo hubiere, a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva?»
25.      Coillte, la Agencia, los Gobiernos checo e italiano, Irlanda y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas.
IV.    Apreciación
A.      Observaciones preliminares
26.      Antes de nada, procede recordar que, al convertirse en parte del Convenio de Aarhus, la Unión Europea se comprometió a garantizar, en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el principio general del acceso a la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas. (10)
27.      Como confirma el considerando 5 de la Directiva 2003/4, al adoptar esa Directiva, el legislador de la Unión pretendía asegurar la compatibilidad del Derecho de la Unión con el citado Convenio, con vistas a su celebración por la Unión, estableciendo un régimen general que garantice que toda persona física o jurídica de un Estado miembro tenga derecho de acceso a la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre sin que dicha persona esté obligada a invocar un interés determinado. (11)
28.      De ello se sigue que, para interpretar la Directiva 2003/4, debe tenerse en cuenta el texto y el objeto del Convenio de Aarhus, que esa Directiva se propone aplicar en el ámbito del Derecho de la Unión. (12)
29.      Además, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus puede considerarse un documento explicativo que, en su caso, cabe tener en cuenta, entre otros elementos pertinentes, para interpretar ese Convenio, aunque los análisis que incluye no tienen ninguna fuerza obligatoria y carecen del alcance normativo inherente a las disposiciones del citado Convenio. (13)
B.      Primera cuestión prejudicial
30.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el término «solicitud» que figura en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 4, apartado 1, del Convenio de Aarhus, debe entenderse en el sentido de que se refiere únicamente a una solicitud válida de conformidad con dicha Directiva y con la normativa nacional de transposición al Estado miembro de que se trate.
31.      Con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2003/4, los Estados miembros garantizarán que toda «persona que considere que su solicitud de información ha sido ignorada, rechazada sin fundamento […], respondida de forma inadecuada o tratada de manera no conforme con las disposiciones de los artículos 3, 4 o 5, tenga acceso a un procedimiento en el que los actos u omisiones de la autoridad pública correspondiente puedan ser reconsiderados por esa u otra autoridad pública o recurridos administrativamente ante una entidad independiente e imparcial creada por ley».
32.      Del sistema de la Directiva 2003/4 se desprende claramente, como observó en esencia la Comisión, que la expresión «solicitud de información» contenida en el artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva se refiere a una «solicitud» presentada con arreglo al artículo 3 de la misma Directiva.
33.      De acuerdo con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4, la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas deberá ponerse a disposición de «cualquier solicitante, a petición de este, y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado».
34.      La Directiva 2003/4 no define el término «solicitud» ni impone requisitos específicos de validez en el artículo 3 para la presentación de una solicitud por un solicitante.
35.      Sin embargo, conforme a reiterada jurisprudencia, el derecho de acceso garantizado por la Directiva 2003/4 solo opera en la medida en que la información solicitada esté comprendida en el ámbito de las disposiciones sobre el acceso del público establecidas por esa Directiva, lo que presupone, en particular, que constituya «información medioambiental» en el sentido del artículo 2, punto 1, de dicha Directiva. (14)
36.      Por consiguiente, la solicitud debe satisfacer los requisitos generales establecidos en el artículo 3 para que opere el derecho de acceso, que presuponen que la solicitud ha de ser presentada por un «solicitante» a una «autoridad pública» y debe estar dirigida a obtener «información medioambiental» que «obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre». El significado de estos términos se define en el artículo 2 de la Directiva 2003/4.
37.      Por lo demás, ni el artículo 2, punto 5, ni el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4 imponen requisitos relativos a la forma o a la validez de la presentación de una solicitud. El término «solicitud» debe entenderse, en sentido amplio, como cualquier solicitud presentada con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.
38.      La exigencia de interpretar el término «solicitud» en sentido amplio se ve corroborada por el artículo 4, apartado 1, del Convenio de Aarhus, que obliga a las partes a velar por que se ponga a disposición del público la información medioambiental que se les solicite en el marco de la legislación nacional. Según la Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus, «una “solicitud” puede ser cualquier comunicación de un miembro del público a una autoridad pública solicitando información medioambiental». (15) Dicha Guía indica también que «el Convenio no precisa la forma de la solicitud, lo que implica que cualquier solicitud que cumpla los requisitos del artículo 4, ya sea verbal o escrita, será considerada como tal en virtud del Convenio». (16)
39.      Los problemas que suscita la primera cuestión prejudicial son si los Estados miembros pueden imponer requisitos de validez para la presentación de una solicitud y si pueden supeditar a tales requisitos el derecho de acceso a la justicia contemplado en el artículo 6 de la Directiva 2003/4.
40.      En primer lugar, procede señalar que, con arreglo al artículo 3, apartado 5, letra c), de la Directiva 2003/4, a efectos del ejercicio del derecho de acceso a la información medioambiental previa petición, los Estados miembros garantizarán que «se definan las modalidades prácticas necesarias» para garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho. Son ejemplos de esas «modalidades prácticas» la designación de responsables de información, la creación y el mantenimiento de medios de consulta de la información solicitada y los registros o listas de la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o puntos de información. De conformidad con el considerando 15 de dicha Directiva, «estas modalidades garantizarán un acceso fácil y efectivo a la información y su progresiva puesta a disposición del público». El artículo 3, apartado 5, letras a) y b), se refiere a la obligación de los Estados miembros de garantizar que los funcionarios asistan al público cuando trate de acceder a la información y de garantizar que las listas de autoridades públicas sean accesibles públicamente. Además, conforme al artículo 3, apartado 5, último párrafo, los Estados miembros velarán por que las autoridades públicas informen al público de manera adecuada sobre los derechos de los que disfrutan y faciliten en la medida en que se considere apropiado información, consejo y asesoramiento al efecto.
41.      En el contexto del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2003/4, la obligación de garantizar «modalidades prácticas» para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información medioambiental forma parte del deber de las autoridades públicas de facilitar al público el ejercicio de sus derechos. (17)
42.      Por consiguiente, la obligación prevista en el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2003/4 de definir «modalidades prácticas» para el ejercicio del derecho a solicitar información difiere del establecimiento de requisitos de validez. En efecto, mientras que las «modalidades prácticas» tienen por objeto facilitar el acceso a la información, los requisitos de validez son condiciones formales o requisitos previos que el solicitante debe cumplir para tener acceso a la información de que se trate.
43.      Aunque la legislación nacional puede establecer el marco para presentar y tramitar una solicitud, las normas pertinentes no pueden ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2003/4, es decir, asegurar un acceso sencillo y efectivo a la información medioambiental.
44.      En segundo lugar, se desprende del artículo 6 de la Directiva 2003/4 que los actos u omisiones de la autoridad pública deben ser susceptibles de recurso administrativo y judicial si la «solicitud de información ha sido ignorada, rechazada sin fundamento (parcial o totalmente), respondida de forma inadecuada o tratada de manera no conforme con las disposiciones de los artículos 3, 4 o 5».
45.      Así pues, el ejercicio del derecho de acceso a la justicia no depende de si la autoridad pública considera que la solicitud es válida o que concurren los requisitos de aplicación del derecho de acceso a la información medioambiental en el Derecho nacional. La cuestión de si existe o no una «solicitud» conforme a la Directiva 2003/4 —como sucede con todos los demás requisitos sustantivos relativos al nacimiento del derecho de acceso a la información medioambiental— ha de poder ser objeto de recurso administrativo y judicial con arreglo al artículo 6 de la referida Directiva. Incumbe a la entidad responsable comprobar si una solicitud de información medioambiental cumple los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.
46.      De no ser así, el derecho de acceso a la justicia y la competencia conferida por el artículo 6 de la Directiva 2003/4 a las entidades independientes e imparciales creadas por ley y a los órganos jurisdiccionales dependerían de la interpretación de los requisitos para el acceso a la información medioambiental que adopten las autoridades nacionales. Como ha afirmado la Agencia, el mecanismo para garantizar el acceso a la justicia podría verse perjudicado por el simple hecho de que una autoridad pública estimase inválida una solicitud.
47.      Habida cuenta de lo anterior, considero que el término «solicitud» que figura en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 4, apartado 1, del Convenio de Aarhus, debe interpretarse en el sentido de que se refiere a una solicitud presentada conforme al artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva. La cuestión de si una solicitud está comprendida en el ámbito de aplicación de esta última disposición debe ser susceptible de recurso administrativo y judicial con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2003/4.
C.      Segunda cuestión prejudicial
48.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el término «solicitante» contenido en el artículo 2, punto 5, de la Directiva 2003/4, en relación con los artículos 2 y 4 del Convenio de Aarhus, se refiere a una persona física o jurídica identificada por su nombre real o su dirección física actual, en oposición a una persona que permanezca en el anonimato o utilice un seudónimo o un solicitante cuyo único dato de contacto sea el correo electrónico.
49.      Conforme al artículo 2, punto 5, un «solicitante» es «toda persona física o jurídica que solicite información medioambiental».
50.      En virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4, las autoridades públicas están obligadas a poner la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de «cualquier solicitante, a petición de este, y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado».
51.      Se suscita la cuestión de si el concepto de «solicitante» implica la identificación de las personas físicas o jurídicas por su nombre real o si puede comprender también a los solicitantes anónimos o que utilizan un seudónimo.
52.      Ha de tenerse presente que, según reiterada jurisprudencia, tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme. (18)
53.      Para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (19)
54.      En cuanto al tenor literal del artículo 2, punto 5, este califica de solicitante a «toda persona física o jurídica». No precisa que esas personas físicas o jurídicas deban estar identificadas mediante su nombre legal real o su dirección física actual.
55.      El órgano jurisdiccional remitente considera que, para la concesión de derechos a personas físicas y jurídicas, es necesario que el solicitante proporcione un nombre real o una dirección física a fin de acreditar el derecho a ser tratado como solicitante.
56.      Coillte, los Gobiernos checo e italiano e Irlanda apoyan esta tesis. Sostienen que solo una persona identificada por su nombre y dirección puede presentar una solicitud de información medioambiental. Ello se debe a que las autoridades públicas han de poder confirmar la situación de la persona que presenta la solicitud, para lo cual el sistema más sencillo y obvio es exigir que facilite un nombre real o una dirección física actual.
57.      Por el contrario, la Agencia y Right to Know alegan que la palabra «solicitante», ante la falta de toda referencia a la identidad del solicitante, no exige la identificación.
58.      La Comisión aduce que la referencia a una «persona» en el artículo 2, punto 5, de la Directiva 2003/4 presupone que esa persona exista realmente e impide que una persona ficticia presente una solicitud al amparo de la citada Directiva y se acoja a sus disposiciones. La Comisión propone asimismo que se tengan en cuenta las formas en que la información medioambiental puede ponerse a disposición, que no siempre exigen la identificación del solicitante.
59.      En mi opinión, el requisito de identificación del solicitante no es inherente al concepto de «solicitante». Como observó en esencia la Comisión, el hecho de que una persona sea identificable conforme al artículo 2, punto 5, no significa que se exija la identificación en virtud de ese precepto. En efecto, una cosa es aceptar que el solicitante ha de existir realmente, y no ser un bot automatizado o una persona ficticia. Y otra cosa distinta es suponer que los solicitantes deban, por principio, facilitar datos de identificación para ejercer el derecho conferido por el artículo 3, apartado 1, y ser objeto sistemáticamente de una comprobación de identidad.
60.      Por tanto, como señala la Comisión, en lo que respecta a la definición de «solicitante» en el sentido del artículo 2, punto 5, de la Directiva 2003/4, la mera existencia de una persona física o jurídica es suficiente para que esa persona disfrute de los derechos contemplados en dicha Directiva.
61.      Lo anterior se entiende sin perjuicio del margen de apreciación de que disponen los Estados miembros para prever situaciones en las que sea necesario identificar al solicitante, tal como se expondrá con mayor detalle más adelante en relación con las cuestiones prejudiciales tercera, cuarta y quinta.
62.      El Convenio de Aarhus tampoco precisa que los solicitantes de información medioambiental deban identificarse para ejercer su derecho de acceso a esa información. El Convenio de Aarhus no contiene una definición del término «solicitante». De conformidad con el artículo 4, apartado 1, de dicho Convenio, las autoridades públicas pondrán a disposición «del público» las informaciones sobre el medio ambiente que les soliciten. Con arreglo al artículo 2, apartado 4, de ese Convenio, por «público» se entiende «una o varias personas físicas o jurídicas y, con arreglo a la legislación o la costumbre del país, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas». Esta definición amplia de «público» se interpreta en la Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus en el sentido de que se aplica el criterio de «toda persona». (20)
63.      Como se observa en la doctrina, (21) el hecho de que el Convenio de Aarhus no exija proporcionar información identificativa al realizar una solicitud y la inexistencia del requisito de declarar un interés supone que las autoridades públicas deben adoptar un enfoque «indiferente con respecto al solicitante». Según dicho enfoque, «ningún solicitante —ya sea un particular, una ONG u otra persona— de información medioambiental necesita identificarse ni justificar su solicitud». (22)
64.      Uno de los motivos por los que el órgano jurisdiccional remitente estima que puede ser necesaria la identificación es porque ello permite comprobar que los solicitantes son las personas físicas o jurídicas a quienes se confieren derechos de solicitantes, en contraposición, más concretamente, a las entidades sin personalidad jurídica. Coillte comparte esta tesis, al igual que varias partes interesadas, incluido el Gobierno checo, que alega que la Directiva 2003/4 y el Convenio de Aarhus vinculan el derecho a la información medioambiental a la personalidad jurídica del solicitante.
65.      A este respecto, debe señalarse que del considerando 2 de la Directiva 2003/4 se desprende que esta «amplía el nivel actual de acceso establecido en virtud de la Directiva 90/313/CEE». (23) Cuando estaba vigente la Directiva 90/313, la doctrina enfatizaba que el ámbito de aplicación personal del derecho a la información medioambiental es amplio y que debe entenderse en el sentido de que incluye a «prácticamente todos», sin exigir una forma jurídica específica. (24) Una interpretación amplia del ámbito de aplicación personal del derecho a la información medioambiental se ve respaldada por el objetivo del acceso del público a esta clase de información, que es, según el considerando 1 de la Directiva 2003/4, «[contribuir] a una mayor concienciación en materia de medio ambiente, a un intercambio libre de puntos de vista, a una más efectiva participación del público en la toma de decisiones medioambientales y, en definitiva, a la mejora del medio ambiente». La doctrina ha observado que la Directiva 2003/4 «ha situado el acceso a la información en el contexto de un derecho humano» y que, por tanto, «el derecho se concede no solo a los ciudadanos de la Unión, sino a todos, incluidas las asociaciones». (25)
66.      Además, conforme al artículo 3, apartado 5, letra a), de la Directiva 2003/4, los funcionarios deben asistir «al público cuando trate de acceder a la información». El artículo 2, punto 6, de dicha Directiva define «público» como «una o varias personas físicas o jurídicas y, con arreglo a la legislación o la costumbre del país, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas». De la lectura conjunta de estas dos disposiciones se desprende que las personas físicas o jurídicas y, con arreglo a la legislación o la costumbre del país, las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas deben tener la posibilidad de solicitar acceso a la información medioambiental.
67.      La exigencia del artículo 3, apartado 5, letra a), de la Directiva 2003/4 de que los funcionarios asistan «al público» cuando trate de acceder a la información quedaría privada de sentido si se negara a determinadas categorías del «público» y, en particular, a las asociaciones sin personalidad jurídica todo derecho a solicitar el acceso a la información medioambiental previa petición con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva.
68.      Además, como se ha indicado anteriormente en las observaciones preliminares, para interpretar la Directiva 2003/4 debe tenerse en cuenta el texto y el objetivo del Convenio de Aarhus, que esa Directiva se propone aplicar en el ámbito del Derecho de la Unión. (26) A este respecto, procede recordar que el Convenio de Aarhus sigue el principio de «toda persona» en relación con el derecho de acceso a la información medioambiental. (27) De conformidad con el Convenio de Aarhus, el «público» comprende, en particular, las «asociaciones, organizaciones o grupos» de personas físicas o jurídicas «con arreglo a la legislación o la costumbre del país». Los requisitos fijados por el Derecho nacional deben respetar el objetivo del Convenio de Aarhus de asegurar un «amplio acceso» a los derechos que este confiere. (28) Una interpretación que permitiera a las autoridades denegar el derecho a la información medioambiental atendiendo únicamente a la personalidad jurídica de los solicitantes podría menoscabar ese principio.
69.      En cualquier caso, las personas físicas concretas que sean miembros de una asociación (aún) no constituida tienen obviamente el derecho a solicitar el acceso a la información. (29)
70.      En consecuencia, dado que todos tienen el derecho de acceso a la información medioambiental, la comprobación del estatuto jurídico del «solicitante» únicamente no puede constituir un motivo para exigir la identificación de este.
71.      En lo que se refiere al contexto del término «solicitante», cabe recordar que, según el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4, las autoridades públicas están obligadas, en virtud de esta Directiva, a poner la información medioambiental a disposición de «cualquier solicitante, a petición de este, y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado». Del considerando 8 de la citada Directiva se desprende que toda persona física o jurídica disfruta del derecho de acceso a la información medioambiental sin tener que declarar un interés determinado.
72.      El derecho de «todo» solicitante a recabar información medioambiental y la correspondiente obligación de las autoridades de facilitar tal información complementan la obligación proactiva de las autoridades de proporcionar información que se deriva del artículo 7 de la Directiva 2003/4. Con arreglo al artículo 1, letra b), de esta Directiva, la obligación proactiva tiene por objeto garantizar que, «de oficio, la información medioambiental se difunda y se ponga a disposición del público paulatinamente con objeto de lograr una difusión y puesta a disposición del público lo más amplia y sistemática posible de dicha información». Además, conforme al considerando 9 de la mencionada Directiva, las autoridades públicas han de difundir y poner a disposición del público en general la información medioambiental «de la forma más amplia posible […], especialmente por medio de las tecnologías de la información y de las comunicaciones».
73.      Del artículo 7 de la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 1, letra b), de esta y a la luz del considerando 9 de la misma, se desprende que la información medioambiental debe «ponerse a disposición» del público, «de oficio» y «de la forma más amplia posible», de modo que el público ni siquiera tiene que solicitar esa información. La expresión «poner a disposición» es suficientemente amplia como para incluir una diversidad de métodos de facilitar la información. Como ha sostenido Right to Know, la información medioambiental puede ponerse a disposición de un solicitante en las oficinas de una autoridad pública (mediante su consulta o recogida), a través de un sitio web o poniéndola a disposición para que sea recogida por un agente. En ninguna de estas situaciones existe una razón evidente por la que las personas físicas o jurídicas que desean ejercer su derecho de acceso a la información medioambiental deban identificarse previamente. Además, la Directiva 2003/4 no especifica el canal a través del cual la información ha de «ponerse a disposición». Por tanto, la información puede enviarse, por ejemplo, a la dirección de correo electrónico del solicitante si este se puso en contacto con la Administración utilizando este medio.
74.      La obligación general de las autoridades públicas de difundir proactivamente la información al público respalda la interpretación según la cual, cuando un miembro del público pretende acceder a la información medioambiental previa petición, no existe un requisito específico de proporcionar datos de identidad.
75.      Coillte, Irlanda y el Gobierno checo aducen que el artículo 6 de la Directiva 2003/4 respalda la conclusión de que el término «solicitante» exige la identificación de la persona que presenta la solicitud. En su opinión, en la medida en que un solicitante puede interponer un recurso administrativo contra una decisión denegatoria de una solicitud de información, con arreglo al artículo 6, apartado 1, y un recurso ante un órgano jurisdiccional, conforme al artículo 6, apartado 2, el solicitante debe ser identificado cuando pide información medioambiental.
76.      No me convence el paralelismo establecido entre los requisitos para el ejercicio del derecho a la información medioambiental y el procedimiento para la interposición de un recurso ante una autoridad administrativa o ante un órgano jurisdiccional. Los requisitos previstos para el ejercicio de cada uno de esos derechos deben examinarse por separado. El reconocimiento de la posibilidad de presentar una solicitud anónima con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4 ha de entenderse, no obstante, sin perjuicio de la regulación que los Estados miembros pueden adoptar para el ejercicio del derecho a interponer un recurso administrativo o judicial. La regulación adoptada por los Estados miembros para la aplicación del derecho de acceso a la información medioambiental está comprendida en el ámbito del principio de autonomía procesal, sin perjuicio del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad y del derecho a la tutela judicial efectiva ante un juez imparcial, de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (30)
77.      Tampoco me convence el paralelismo trazado por la Comisión entre el régimen en cuestión y el aplicable al acceso del público a los documentos en virtud del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. (31) En primer lugar, el círculo de los beneficiarios del derecho de acceso a los documentos con arreglo al Reglamento n.º 1049/2001 es más restrictivo que el de los beneficiarios del derecho a la información medioambiental contemplado en la Directiva 2003/4. En efecto, de acuerdo con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.º 1049/2001, el derecho a acceder a los documentos corresponde a «todo ciudadano de la Unión, así como [a] toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro». No existen estas limitaciones para el círculo de los beneficiarios del derecho de acceso a la información medioambiental. En segundo lugar, el acceso del público a la información medioambiental que obre en poder de las instituciones de la Unión se rige por el Reglamento (CE) n.º 1367/2006. (32) Este Reglamento, como ha observado la doctrina, (33) «amplía los beneficiarios del derecho de acceso» en virtud del artículo 2 del Reglamento n.º 1049/2001, reconociendo que un solicitante tiene derecho de acceso a la información medioambiental «sin discriminación por razón de nacionalidad, ciudadanía o domicilio, y, en el caso de las personas jurídicas, sin discriminación por razón del lugar en que estas tengan su sede oficial o un centro efectivo de actividades». (34)
78.      Por tanto, ante estas diferencias en el círculo de beneficiarios, resulta inadecuado imponer el requisito de que los solicitantes al amparo de la Directiva 2003/4 sean identificados sobre la base de los requisitos establecidos en el Reglamento n.º 1049/2001.
79.      En lo que atañe a los objetivos de la Directiva 2003/4, según el artículo 1, letra a), de dicha Directiva, esta pretende garantizar el derecho de acceso a la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre. Tal como se desprende del considerando 1 de la referida Directiva y como ya se ha señalado en el anterior punto 65, ese derecho contribuye a «una más efectiva participación del público en la toma de decisiones medioambientales y, en definitiva, a la mejora del medio ambiente». Además, del considerando 2 de esta misma Directiva se infiere que el derecho de acceso del público a la información medioambiental forma parte de «un proceso de cambio» en relación con la «apertura y transparencia». (35) También se desprende del considerando 16 de la citada Directiva que la divulgación de la información atiende al interés público. En consecuencia, el derecho de acceso a la información que posibilita la divulgación sirve a un objetivo de interés público y no depende del interés de la persona concreta que solicite la divulgación de la información. Por esta razón, y como dispone expresamente el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4, los solicitantes no están obligados a declarar un interés determinado.
80.      El hecho de que los solicitantes puedan pedir información medioambiental sin tener que identificarse contribuye al objetivo de un acceso más amplio a la información medioambiental y a la transparencia. Mantener el anonimato puede ser especialmente importante, como han afirmado en esencia la Agencia y Right to Know, en el caso de determinados solicitantes cuando la indicación de su dirección y nombre legal pudiera revelar indirectamente su interés en presentar la solicitud. (36) La inexistencia de la exigencia de identificación también es coherente con el objetivo de interés público del derecho a la información. (37)
81.      Coillte y varias partes interesadas han advertido del riesgo de que la inteligencia artificial genere y envíe automáticamente solicitudes de acceso. Dicho riesgo, por grave que sea, no parece inherente a las solicitudes anónimas. Está relacionado más bien con el uso de los medios de la sociedad de la información para comunicarse con las autoridades públicas (a diferencia de lo que sucede con las solicitudes presentadas físicamente). Con el fin de prevenir tal riesgo, corresponde al Estado miembro adoptar las salvaguardias técnicas necesarias para garantizar que las autoridades tramiten únicamente las solicitudes procedentes de una persona, y no de un bot automatizado. (38)
82.      Los Gobiernos que han presentado observaciones escritas e Irlanda han advertido también del riesgo de abuso como consecuencia de las solicitudes anónimas o con seudónimo. Procede recordar que, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/4, los Estados miembros pueden denegar una solicitud de información medioambiental si es «manifiestamente irrazonable». Este motivo de denegación es lo suficientemente amplio como para permitir que la autoridad pública deniegue una solicitud maliciosa o que persiga acosar o causar perturbaciones. Como explicaré más adelante en relación con la quinta cuestión prejudicial, a la hora de aplicar esta excepción, las autoridades públicas pueden requerir la identificación.
83.      Así pues, el abuso del derecho a la información puede motivar la denegación de la solicitud, pero no justifica una interpretación restrictiva del término «solicitante».
84.      Concluyo que se desprende del tenor literal, el contexto y el objetivo del artículo 2, punto 5, de la Directiva 2003/4 que el concepto de «solicitante» no exige la identificación de la persona física o jurídica que solicita información medioambiental con arreglo al artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva.
85.      Habida cuenta de lo anterior, considero que el término «solicitante» que figura en el artículo 2, punto 5, de la Directiva 2003/4, en relación con los artículos 2 y 4 del Convenio de Aarhus, debe interpretarse en el sentido de que no se limita a las personas físicas o jurídicas identificadas mediante su nombre real o dirección física actual, sino que incluye también a una persona que permanezca en el anonimato o utilice un seudónimo o a un solicitante cuyo único dato de contacto sea el correo electrónico.
D.      Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta
86.      Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 4, apartado 1, del Convenio de Aarhus, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que exige a los solicitantes proporcionar su nombre y dirección física para presentar una solicitud de información medioambiental y de que se opone a que una autoridad pública verifique la identidad del solicitante, aun cuando tenga dudas acerca de la autenticidad de la información de identificación facilitada por el solicitante.
87.      Será necesario responder a esta cuestión si el Tribunal de Justicia sigue la respuesta que propongo a la segunda cuestión prejudicial.
88.      El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4, que, como se ha indicado anteriormente, establece la obligación de las autoridades públicas de «poner la información medioambiental que obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante, a petición de este, y sin que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado», se corresponde con el artículo 4, apartado 1, del Convenio de Aarhus. Esta última disposición obliga a las autoridades públicas a facilitar al público información medioambiental en respuesta a la solicitud de tal información.
89.      Como se ha señalado anteriormente en la respuesta a la segunda cuestión prejudicial, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4 no entraña una exigencia inherente de que el solicitante aporte datos de identidad.
90.      La cuestión que se plantea es si los Estados miembros pueden establecer, en su legislación nacional, esa exigencia de aportar una identificación.
91.      Del artículo 288 TFUE se desprende que, al transponer una directiva, los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación respecto de la selección de los procedimientos y los medios destinados a garantizar su aplicación. Esta libertad de elección no menoscaba la obligación de cada Estado miembro destinatario de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de la directiva de que se trate, conforme al objetivo de esta. (39)
92.      En lo que atañe a la aplicación del derecho de acceso a la información medioambiental, el artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2003/4 dispone específicamente que los Estados miembros deberán definir «las modalidades prácticas» para garantizar «el ejercicio efectivo» de ese derecho. Como se ha observado anteriormente, (40) el objetivo de estas modalidades prácticas es facilitar el ejercicio de ese derecho.
93.      El artículo 4, apartado 1, del Convenio de Aarhus prevé que las autoridades públicas deben poner a disposición la información medioambiental «en el marco de su legislación nacional». Según la Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus, ello significa que la «legislación nacional debe establecer un marco relativo al procedimiento para responder a las solicitudes de información con arreglo al Convenio [de Aarhus]». (41) A efectos de la aplicación del derecho a la información medioambiental, se considera que el Derecho de la Unión y, más concretamente, la Directiva 2003/4 son parte del ordenamiento jurídico nacional de los Estados miembros. (42)
94.      Del artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2003/4 y del artículo 4, apartado 1, del Convenio de Aarhus resulta que, en el contexto de la definición de las modalidades prácticas para el ejercicio efectivo del derecho a la información medioambiental, los Estados miembros disponen de un margen de apreciación para determinar el marco del procedimiento de presentación y tramitación de solicitudes de información.
95.      En este contexto, en primer lugar, la identificación del solicitante podría ser necesaria para que las autoridades respondan a la solicitud. Las autoridades públicas podrían, por ejemplo, exigir el nombre y la dirección postal del solicitante si este no facilita otros datos de contacto.
96.      También pueden ser necesarios los datos de la identidad del solicitante cuando la información se facilita a cambio de una contraprestación económica (razonable), de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2003/4. (43)
97.      En segundo lugar, pueden ser necesarios los datos de identidad cuando la solicitud de información esté comprendida en una de las excepciones contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2003/4.
98.      El artículo 4 de esta Directiva enumera de forma precisa las excepciones que los Estados miembros pueden establecer al derecho de acceso a la información medioambiental. En la medida en que el Derecho nacional haya adoptado efectivamente dichas excepciones, las autoridades públicas podrán invocarlas para oponerse a las solicitudes de información de que conozcan. (44)
99.      Estas excepciones comprenden, en particular, una solicitud que es manifiestamente irrazonable, una solicitud relativa a materiales en curso de elaboración, a comunicaciones internas y a situaciones en las que la divulgación de información pueda afectar negativamente a la confidencialidad de los procedimientos de las autoridades públicas, las relaciones internacionales, la seguridad pública o la defensa nacional, la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial o el carácter confidencial de los datos personales.
100. A tenor del artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2003/4, en cada caso concreto, el interés público atendido por la divulgación deberá ponderarse con el interés atendido por la denegación de la divulgación. Por consiguiente, la denegación del acceso a la información medioambiental por los motivos contemplados en el artículo 4 ha de basarse siempre en una ponderación de los intereses en juego.
101. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la ponderación de los intereses debe resultar de un examen efectivo particular de cada caso concreto sometido a las autoridades competentes en el marco de una solicitud de acceso a información medioambiental basada en la Directiva 2003/4. (45)
102. Dado que el examen de una solicitud de acceso debe tener en cuenta los intereses específicos en juego en cada caso concreto, la autoridad pública también está obligada a examinar las indicaciones eventualmente facilitadas por el solicitante sobre los motivos que pueden justificar la divulgación de la información solicitada. (46)
103. Además, conforme al artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2003/4, la negativa a facilitar información se «notificará» al solicitante por escrito o electrónicamente, si la solicitud se ha hecho por escrito o si su autor así lo solicita. La notificación indicará los motivos de la denegación. Cuando se notifique una denegación, la autoridad pública dejará de facilitar información. Adoptará, en cambio, una decisión administrativa para la que pueden ser necesarios los datos de la identidad del solicitante. (47)
104. Resulta evidente que, en el contexto de la aplicación de una excepción al derecho de acceso a la información, la autoridad tiene que interactuar con el solicitante de una forma que no se limita a la mera puesta a disposición de la información. En tales situaciones, los Estados miembros pueden estimar necesario exigir la identificación del solicitante. (48)
105. Sin embargo, en caso de que un solicitante pida información medioambiental y proporcione unos datos de contacto y la autoridad pueda facilitar la información sin mantener ninguna interacción concreta con el solicitante y sin aplicar una excepción, no parece que la identificación del solicitante sea un requisito necesario para el ejercicio del derecho de acceso. No existe ninguna razón clara por la que, por ejemplo, una persona que desee acceder a los registros o listas de información medioambiental creados y mantenidos conforme al artículo 3, apartado 5, de la Directiva 2003/4 o que esté presente in situ en un centro para examinar información medioambiental tenga que identificarse previamente. Lo mismo se aplica, por ejemplo, a la persona que envíe un correo electrónico firmado con un seudónimo solicitando información medioambiental. (49)
106. Como han alegado, en esencia, la Agencia y Right to Know, exigir sistemáticamente que todos los solicitantes de información medioambiental se identifiquen podría disuadir a algunas personas de solicitarla. Como se ha señalado anteriormente en la respuesta a la primera cuestión prejudicial, para determinados solicitantes, su nombre podría ser un indicador de su interés y la obligación de revelarlo podría equivaler a una obligación de declarar su interés, en contra de lo dispuesto en la Directiva 2003/4 y en el Convenio de Aarhus. Esas partes han subrayado específicamente el riesgo de acoso de las personas que ejercen su derecho a la información medioambiental, un riesgo que no es teórico o abstracto, en especial cuando están en juego intereses económicos. El enfoque «indiferente con respecto al solicitante» y el enfoque «indiferente con respecto al motivo» pueden evitar el riesgo de represalias a que se refiere el artículo 3, apartado 8, del Convenio de Aarhus. (50)
107. Dado que la identificación del solicitante no puede exigirse como un requisito general para el ejercicio del derecho de acceso a la información medioambiental, las dudas acerca de la autenticidad de la información relativa a la identificación aportada por el solicitante no constituyen un motivo apropiado que permita a la Administración pretender la confirmación de la identidad del solicitante. Lo anterior es así, no obstante, como abordaré más adelante en el examen de la quinta cuestión prejudicial, sin perjuicio de la situación en la que se pide la confirmación para determinar si una solicitud es manifiestamente irrazonable, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/4.
108. A la luz de lo anterior, considero que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 4, apartado 1, del Convenio de Aarhus, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que exige, de manera general, a los solicitantes proporcionar su nombre y dirección física para presentar una solicitud de información medioambiental, incluso cuando existan dudas acerca de la autenticidad de la información relativa a la identificación aportada por el solicitante. Esto es así siempre que la identificación no sea necesaria a fin de responder a la solicitud y no sea aplicable una excepción en virtud del artículo 4 de dicha Directiva.
E.      Quinta cuestión prejudicial
109. Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 4, apartado 3, letra b), del Convenio de Aarhus, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una autoridad pública solicite confirmación del nombre real del solicitante o de su dirección física actual con objeto de determinar si una solicitud concreta es manifiestamente irrazonable debido al volumen, la naturaleza y la frecuencia de otras solicitudes presentadas por el mismo solicitante.
110. Según reiterada jurisprudencia, el derecho de acceso a la información medioambiental establecido en la Directiva 2003/4 significa que la divulgación de esa información debe ser la norma general y que las autoridades públicas únicamente deben poder denegar una solicitud de información medioambiental en casos concretos claramente definidos. Por tanto, los motivos de denegación deben interpretarse de modo restrictivo, de tal forma que el interés público atendido por la divulgación de la información debe ponderarse con el interés atendido por la denegación de la divulgación. (51)
111. Tal como se ha señalado anteriormente, (52) el artículo 4 de la citada Directiva enumera de forma precisa las excepciones que los Estados miembros pueden establecer al derecho de acceso a la información medioambiental. En la medida en que el Derecho nacional haya adoptado efectivamente dichas excepciones, las autoridades públicas podrán invocarlas para oponerse a las solicitudes de información de que conozcan. (53)
112. Así pues, los Estados miembros pueden, en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/4, prever que se deniegue una solicitud de información medioambiental si es «manifiestamente irrazonable».
113. El órgano jurisdiccional remitente pregunta específicamente si, en el contexto de la aplicación de esa excepción, las autoridades públicas pueden requerir la confirmación de la identidad del solicitante y si, para determinar el carácter razonable de la solicitud, pueden tener en cuenta el volumen, la naturaleza y la frecuencia de otras solicitudes presentadas por el mismo solicitante.
114. Procede señalar de inmediato que algunas versiones lingüísticas de las mencionadas disposiciones utilizan el término «irrazonable» (54) para describir una solicitud, mientras que otras emplean el término «abusiva». (55) No obstante, ninguna de las versiones lingüísticas indica criterios específicos para apreciar el carácter manifiestamente irrazonable o abusivo de una solicitud.
115. El artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2003/4 dispone que, si un Estado miembro prevé excepciones, podrá elaborar una lista públicamente accesible de criterios que sirva para que la autoridad interesada pueda decidir respecto del curso ulterior de la solicitud. (56)
116. Por tanto, los Estados miembros disponen de un margen de apreciación para determinar los factores para la aplicación de este motivo de denegación.
117. Sin embargo, dado que constituye una excepción a la norma general que obliga a facilitar información, la denegación basada en el carácter manifiestamente irrazonable de una solicitud debe continuar siendo excepcional.
118. A tal efecto, el criterio para considerar que una solicitud es manifiestamente irrazonable ha de ser estricto.
119. En particular, en lo que respecta al volumen de información solicitada, con arreglo al artículo 3, apartado 2, letra b), de la Directiva 2003/4, ese factor (y la complejidad de la información solicitada) justifica una ampliación del plazo de un mes en el que la Administración debe responder. De la lectura conjunta de los artículos 3, apartado 2, letra b), y 4, apartado 2, letra b), de la Directiva 2003/4 resulta que el volumen de la información solicitada no basta, por sí solo, para que una solicitud sea manifiestamente irrazonable. (57)
120. En cuanto a la frecuencia de las solicitudes, procede recordar que el derecho de acceso a la información medioambiental sirve al objetivo general de contribuir a una mayor concienciación en materia de medio ambiente. Un solicitante tiene derecho a pedir información medioambiental a distintas autoridades o a la misma autoridad, sin límites en cuanto al número de solicitudes. La fijación de un umbral numérico absoluto por encima del cual una solicitud podría calificarse de manifiestamente irrazonable podría menoscabar el derecho a la información medioambiental. (58)
121. Dicho esto, conforme a reiterada jurisprudencia, en el ordenamiento jurídico de la Unión existe un principio general del Derecho según el cual los justiciables no puedan invocar el Derecho de la Unión de forma abusiva o fraudulenta. (59) Los justiciables deben acatar este principio general del Derecho, (60) incluidos los solicitantes que ejercen su derecho a la información medioambiental.
122. La excepción establecida en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/4 refleja esa jurisprudencia del Tribunal de Justicia y confirma, como ha afirmado Irlanda, la importancia de evitar el abuso de los derechos que esa Directiva confiere.
123. Para determinar si una solicitud es manifiestamente irrazonable, la autoridad en cuestión debe tomar en consideración todas las circunstancias pertinentes de cada caso, incluida la naturaleza de la solicitud y su procedencia. Tal puede ser el caso en especial, como ha observado en esencia el Gobierno checo, cuando las circunstancias del caso muestren que la solicitud es maliciosa o frívola, cuando pueda ocasionar acoso o perturbación o cuando pongan de manifiesto la intención del solicitante o solicitantes de paralizar el funcionamiento de la autoridad pública desbordándola con solicitudes. (61)
124. En ese contexto, es posible que la confirmación del nombre y de la dirección del solicitante sea necesaria para que las autoridades puedan notificar a este los motivos de la negativa a facilitar la totalidad o parte de la información pedida, tal como establece el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2003/4.
125. De ello se deduce que la apreciación del carácter manifiestamente irrazonable de una solicitud no depende del número, la naturaleza o la frecuencia de las solicitudes consideradas aisladamente, sino de todas las circunstancias de cada caso. Esas circunstancias pueden incluir el uso de un seudónimo manifiestamente frívolo o malicioso.
126. A la luz de lo anterior, considero que el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 4, apartado 3, letra b), del Convenio de Aarhus, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una autoridad pública solicite la confirmación del nombre real del solicitante o de su dirección física actual con objeto de determinar si una solicitud concreta es manifiestamente irrazonable debido al volumen, la naturaleza y la frecuencia de otras solicitudes presentadas por el mismo solicitante, en la medida en que tales criterios no se tomen en consideración aisladamente, sino en el marco de una apreciación global de las circunstancias de cada caso. Así sucede especialmente cuando las circunstancias específicas del caso pongan de relieve que la solicitud es maliciosa o frívola, cuando esta pueda ocasionar acoso o perturbación o cuando ponga de manifiesto la intención del solicitante o solicitantes de paralizar el funcionamiento de la autoridad pública.
V.      Conclusión
127. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) del siguiente modo:
«1)      El término “solicitud” que figura en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, en relación con el artículo 4, apartado 1, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»),
debe interpretarse en el sentido de que se refiere a una solicitud presentada conforme al artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva. La cuestión de si una solicitud está comprendida en el ámbito de aplicación de esta última disposición debe ser susceptible de recurso administrativo y judicial con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2003/4.
2)      El término “solicitante” que figura en el artículo 2, punto 5, de la Directiva 2003/4, en relación con los artículos 2 y 4 del Convenio de Aarhus,
debe interpretarse en el sentido de que no se limita a las personas físicas o jurídicas identificadas mediante su nombre real o dirección física actual, sino que incluye también a una persona que permanezca en el anonimato o utilice un seudónimo o a un solicitante cuyo único dato de contacto sea el correo electrónico.
3)      El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 4, apartado 1, del Convenio de Aarhus,
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que exige, de manera general, a los solicitantes proporcionar su nombre y dirección física para presentar una solicitud de información medioambiental, incluso cuando existan dudas acerca de la autenticidad de la información relativa a la identificación aportada por el solicitante. Esto es así siempre que la identificación no sea necesaria a fin de responder a la solicitud y no sea aplicable una excepción en virtud del artículo 4 de dicha Directiva.
4)      El artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/4, en relación con el artículo 4, apartado 3, letra b), del Convenio de Aarhus,
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una autoridad pública solicite la confirmación del nombre real del solicitante o de su dirección física actual con objeto de determinar si una solicitud concreta es manifiestamente irrazonable debido al volumen, la naturaleza y la frecuencia de otras solicitudes presentadas por el mismo solicitante, en la medida en que tales criterios no se tomen en consideración aisladamente, sino en el marco de una apreciación global de las circunstancias de cada caso. Así sucede especialmente cuando las circunstancias específicas del caso pongan de relieve que la solicitud es maliciosa o frívola, cuando esta pueda ocasionar acoso o perturbación o cuando ponga de manifiesto la intención del solicitante o solicitantes de paralizar el funcionamiento de la autoridad pública.»
1      Lengua original: inglés.
2      Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO 2005, L 124, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»).
3      Véase Ebbesson, J., y otros, The Aarhus Convention: An Implementation Guide, 2.ª edición, Naciones Unidas, Ginebra, 2014, p. 19 (en lo sucesivo, «Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus»).
4      Véanse los párrafos séptimo y octavo del preámbulo del Convenio de Aarhus.
5      Barritt, E., The Foundations of the Aarhus Convention, Londres, Hart Publishing, 2020, p. 5.
6      Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 15.
7      Whittaker, S., Reid, C. T. y Mendel, J., Freedom of Environmental Information: Aspirations and Practice, Intersentia, Cambridge, 2023, p. 38.
8      El acceso a la información medioambiental y la comunicación de dicha información pueden justificarse también por motivos como la necesidad de promover el desarrollo sostenible y mejorar la aplicación de la legislación medioambiental. Véase Bell, S. y otros, Environmental Law, 9.ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2024, p. 248.
9      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO 2003, L 41, p. 26).
10      Sentencia de 15 de abril de 2021, Friends of the Irish Environment (C‑470/19, EU:C:2021:271), apartado 26 y jurisprudencia citada.
11      Sentencia de 19 de diciembre de 2013, Fish Legal y Shirley (C‑279/12, EU:C:2013:853), apartado 36 y jurisprudencia citada.
12      Sentencia de 19 de diciembre de 2013, Fish Legal y Shirley (C‑279/12, EU:C:2013:853), apartado 37 y jurisprudencia citada.
13      Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2022, Deutsche Umwelthilfe (Homologación de tipo de vehículos de motor) (C‑873/19, EU:C:2022:857), apartado 55 y jurisprudencia citada.
14      Sentencia de 15 de abril de 2021, Friends of the Irish Environment (C‑470/19, EU:C:2021:271), apartado 28 y jurisprudencia citada.
15      Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 79 (el subrayado es mío).
16      Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 79.
17      Véase la Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 62.
18      Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2021, Friends of the Irish Environment (C‑470/19, EU:C:2021:271), apartado 29 y jurisprudencia citada.
19      Sentencia de 16 de enero de 2025, Banco de Santander (Representación de consumidores individuales) (C‑346/23, EU:C:2025:13), apartado 43 y jurisprudencia citada.
20      Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 55 (el subrayado es mío).
21      Whittaker, S. y otros, nota 7, op. cit. p. 49.
22      Ibidem.
23      Directiva del Consejo, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente (DO 1990, L 158, p. 56).
24      Véase Krämer, L., «La Directive 90/313/CEE sur l’accès à l’information en matière d’environnement: genèse et perspectives d’application» en Pallemaerts, M. (ed.), Het recht op informatie inzake leefmilieu — Le droit à l’information en matière d’environnement — The right to environmental information, E. Story-Scientia, Bruselas, 1991, pp. 17 a 39, en especial p. 32 (el subrayado es mío); Klein, D. R., «Kapitel 3 Reaktive Umweltinformationspflichten», Umweltinformation im Völker- und Europarecht: Aktive Umweltaufklärung des Staates und Informationszugangsrechte des Bürgers, Mohr Siebeck, Tübingen, 2011, p. 320, en donde se cita bibliografía jurídica adicional.
25      Krämer, L. y Badger, C., Krämer’s EU Environmental Law, 9.ª ed., Hart Publishing, Oxford, 2024, p. 139 (el subrayado es mío). Véase, en general, Boer, B. (ed.), Environmental Law Dimensions of Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2015.
26      Véase el punto 28 supra. Esto refleja, en el ámbito de la legislación medioambiental, la consolidada jurisprudencia según la cual la normativa de la Unión debe interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del Derecho internacional, en particular cuando sus disposiciones tienen por objeto la aplicación de un acuerdo internacional celebrado por la Unión. Véase la sentencia de 6 de julio de 2023, BEI y Comisión/ClientEarth (C‑212/21 P y C‑223/21 P, EU:C:2023:546), apartado 66. Véase Krämer, L., «The Aarhus Convention and the European Union» en Banner, C. (ed.), The Aarhus Convention, A Guide for UK Lawyers, Hart Publishing, Londres, 2015, Bloomsbury, p. 79.
27      Véase el punto 62 supra.
28      Véase la Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 55. Véanse también mis conclusiones presentadas en el asunto Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD (C‑252/22, EU:C:2023:592), puntos 37 y 38.
29      Véase Klein, D. R., nota 24, op. cit. p. 321.
30      Véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2015, East Sussex County Council (C‑71/14, EU:C:2015:656), apartado 52 y jurisprudencia citada.
31      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43).
32      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13).
33      Etemire, U., «Access to environmental information under EU Law» en Peeters, M. y Eliantonio, M. (eds.), Research Handbook on EU Environmental Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2020, pp. 117 a 132, en especial p. 120.
34      Artículo 3 del Reglamento n.º 1367/2006.
35      En el enfoque basado en los derechos de transparencia en el ámbito del Derecho medioambiental, véase, entre otros, Hunter, B. D., «The emerging norm of transparency in international environmental governance» en Ala’i, P., y Vaughn, G. R., (eds) Research Handbook on Transparency, Edward Elgar, Cheltenham, Reino Unido, 2014.
36      La Agencia pone el ejemplo de una persona que haya formulado previamente objeciones ante una autoridad pública en relación con el impacto medioambiental de un proyecto, o de una persona que solicite información sobre una medida o actividad con impacto medioambiental en su localidad, o el caso de una organización que solicite información con objetivos medioambientales particulares.
37      Véase Whittaker, S. y otros, nota 7, op. cit., p. 49, que señala que «es irrelevante quién presenta la solicitud (o solicitudes) de información medioambiental, ya que todo aquel que lo haga debe hacerlo con el objetivo de proteger y mejorar el medio ambiente para la presente generación y las futuras generaciones».
38      Un ejemplo podría ser que las solicitudes electrónicas se presenten utilizando un formulario en el que se requiera, para enviarlo, verificar que el solicitante no es un robot.
39      Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de noviembre de 2020, Comisión/Austria (Autoridad responsable de la seguridad ferroviaria) (C‑796/19, EU:C:2020:920), apartado 60 y jurisprudencia citada.
40      Véase el punto 41 anterior.
41      Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus, p. 79.
42      Véase la Comunicación ACCC/C/2006/18, Dinamarca, del Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus.
43      Sobre el significado del concepto de contraprestación económica «razonable», véase la sentencia de 9 de septiembre de 1999, Comisión/Alemania (C‑217/97, EU:C:1999:395), apartado 48.
44      Sentencia de 23 de noviembre de 2023, Right to Know (C‑84/22, EU:C:2023:910), apartado 35.
45      Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicaciones internas) (C‑619/19, EU:C:2021:35), apartado 59.
46      Véase la sentencia de 20 de enero de 2021, Land Baden-Württemberg (Comunicaciones internas) (C‑619/19, EU:C:2021:35), apartado 63.
47      Véase Karg, M., «Informationszugang auf Antrag — § 4 Antrag und Verfahren — B. Antragserfordernis (Abs. UIG § 4 Absatz 1)», en Gersdorf, H. y Paal, B. P. (eds.), BeckOK, Informations- und Medienrecht, 45.ª ed., C. H. Beck, Múnich, 2021, apartado 5.
48      Por ejemplo, con arreglo a la ley sueca de transposición de la Directiva 2003/4 [Lag (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ] [Ley (2005:181) sobre la información medioambiental de determinados órganos individuales], todos pueden solicitar acceso a la información medioambiental. Según el artículo 3 de dicha Ley, las personas que soliciten información no están obligadas a indicar su nombre ni a declarar las razones de la solicitud. Sin embargo, la identificación podría ser necesaria para que la Administración examine si existen obstáculos a la divulgación de la información. Los obstáculos son esencialmente los mismos que los contemplados en el artículo 4 de la Directiva 2003/4. En Finlandia, la ley nacional que transpone la Directiva 2003/4 es la Laki vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta 28.01.2005/54 (Ley 2005/54 por la que se modifica el artículo 16 de la Ley de suministro de agua). Sin embargo, la normativa nacional ya cumplía efectivamente con las exigencias de la Directiva 2003/4 a la luz de las disposiciones pertinentes de la Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 (Ley 1999/621 sobre el acceso a la información). De conformidad con el artículo 13 de esta última Ley, los solicitantes de acceso no tienen que identificarse ni aportar las razones de la solicitud, a menos que sea necesario para el ejercicio del margen de apreciación de la autoridad o para determinar si la persona que solicita el acceso tiene derecho a acceder al documento. La ley griega que transpone la Directiva 2003/4 [Ypourgiki apofasi HP. 11764/653, Prosvasi toy koinou stis dimosies arches gia parochi pliroforion sxetika me to perivallon (Resolución ministerial HP. 11764/653, Acceso del público a la información medioambiental) (FEK B’327/17.03.2006)], en su versión codificada por el Proedriko Diatagma 28/2015, Kodikopoiisi diataxeon gia tin prosvasi se dimosia eggrafa kai stoixeia (Decreto presidencial 28/2015, Codificación de las disposiciones relativas al acceso a documentos públicos y elementos de información pública) (FEK A’34/23.03.2015), no especifica si la solicitud puede ser anónima. Sin embargo, procede destacar que, desde el 1 de enero de 2025, el Kodikas Dioikitikis Diadikasias (Código de procedimiento administrativo de Grecia, Ley 2690/1999, FEK A’ 45/9.3.1999), que se aplica a todas las autoridades públicas a menos que se disponga lo contrario, autoriza expresamente la presentación de solicitudes anónimas. No obstante, la autoridad no está obligada a responder en caso de denegación de una solicitud anónima o de una solicitud manifiestamente vaga o repetitiva.
49      Dicho esto, si el seudónimo utilizado pone de manifiesto una intención abusiva por parte del solicitante, la solicitud puede quedar comprendida en la excepción contemplada en el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/4.
50      Véase la Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus, donde se indica, en la p. 71, que, «dado que en muchas situaciones que implican apertura y transparencia y en las que están en juego intereses económicos, las personas que asumen el riesgo de exigir el cumplimiento de las normas y la aplicación de los procedimientos adecuados pueden necesitar ser protegidas contra represalias».
51      Sentencia de 23 de noviembre de 2023, Right to Know (C‑84/22, EU:C:2023:910), apartado 34.
52      Punto 98 de las presentes conclusiones.
53      Sentencia de 23 de noviembre de 2023, Right to Know (C‑84/22, EU:C:2023:910), apartado 35.
54      Este es el caso, por ejemplo, de las versiones búlgara («неоснователно»), checa («nepřiměřená»), letona («nepamatots»), española («irrazonable»), neerlandesa («onredelijk») y griega («παράλογη»).
55      Este es el caso, por ejemplo, de las versiones francesa («abusive»), alemana («missbräuchlich») y portuguesa («abusivo»).
56      La Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus indica, en la p. 84, que, en caso de que una parte (del Convenio de Aarhus) decida establecer esta excepción «tendrá que definir la expresión “manifiestamente irrazonable” para ayudar a las autoridades públicas a determinar si una solicitud es tan irrazonable que puede ser denegada al amparo de esa excepción y para proteger el interés del público en que el criterio no se aplique arbitrariamente».
57      La Guía de Aplicación del Convenio de Aarhus confirma este enfoque, al señalar, en la p. 84, que, «aunque el Convenio no ofrece indicaciones directas sobre la forma de definir la expresión “manifiestamente irrazonable”, es evidente que no ha de [referirse] únicamente al volumen y a la complejidad de la información solicitada».
58      Véase, por analogía, la sentencia de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas) (C‑416/23, EU:C:2025:3), apartado 47.
59      Sentencia de 19 de septiembre de 2024, Matmut (C‑236/23, EU:C:2024:761), apartado 51.
60      Ibidem, apartado 52.
61      Véase, por analogía, la sentencia de 9 de enero de 2025, Österreichische Datenschutzbehörde (Solicitudes excesivas) (C‑416/23, EU:C:2025:3), apartado 57.