COMISIÓN /FRANCIA 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. GERHARD REISCHL 
presentadas el 2 de julio de 1980 * 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
El recurso por incumplimiento sobre el que 
presento hoy mis conclusiones tiene por 
objeto la compatibilidad de la normativa 
francesa sobre publicidad de las bebidas 
alcohólicas con la prohibición de las medi­
das de efecto equivalente a restricciones 
cuantitativas a la importación, establecida 
por el artículo 30 del Tratado CEE. 
En Francia, el «Code des débits de boissons 
et des mesures contre l'alcoolisme» (Decreto 
de 8 de febrero de 1955, ordonnance 59-107 
de 7 de enero de 1959, en el artículo L 1 de 
su Título 1), clasifica las bebidas en cinco 
grupos al objeto de regular su fabricación, 
su venta y su consumo. 
El primer grupo comprende las bebidas no 
alcohólicas. El segundo grupo, añadido pol­
la ordonnance 60-1253 de 29 de noviembre 
de 1960, incluye las bebidas no destiladas, 
tales como el vino, la cerveza, la sidra de 
manzanas, la perada y el aguamiel. Este 
grupo comprende también los vinos dulces 
naturales a los que se aplica el régimen 
fiscal de los vinos, así como las cremas de 
casis y los zumos de frutas o de hortalizas 
fermentados que contengan de 1 a 3o de 
alcohol. Forman parte del tercer grupo los 
vinos dulces naturales no incluidos en el 
segundo grupo, los vinos de licor, los aperi­
tivos a base de vino y los licores de fresas, 
frambuesas, casis o cerezas, con graduación 
no superior a 18° de alcohol puro. El cuarto 
grupo, añadido por la Ley 57-725 de 27 de 
junio de 1957, comprende las siguientes 
clases de bebidas: roñes, aguardientes de 
caña, alcoholes derivados de la destilación 
de vinos, sidras, peradas o frutas a los que 
no se haya añadido ninguna esencia, así 
como los licores edulcorados con azúcar, 
glucosa o miel en una proporción mínima de 
400 gramos por litro para los licores anisa­
dos y de 200 gramos por litro para los de­
más licores y que no contengan más de 
medio gramo de esencia por litro. Por últi­
mo, el quinto grupo comprende todas las 
demás bebidas alcohólicas. 
En su capítulo II, especialmente en los 
artículos L 17 y L 18, el «Code des débits 
de boissons et des mesures contre l'alcoolis­
me» regula la publicidad de las bebidas. 
Según dichas disposiciones, no existe ningu­
na restricción de la publicidad de las bebi­
das enumeradas en los grupos 1,2 y 4; para 
Lengua original: alemán. 
747
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTO 152/78 
las bebidas del tercer grupo, la publicidad 
queda limitada de tal forma que únicamente 
puede citarse el nombre del producto, su 
composición, el nombre y la dirección del 
fabricante y de los vendedores. Por último, 
se prohibe cualquier publicidad de todas las 
bebidas clasificadas en el quinto grupo, es 
decir, de todas las bebidas alcohólicas que 
no están expresamente mencionadas en la 
Ley. 
Esta normativa fue ya criticada en la reco­
mendación de la Comisión 70/125/CEE de 
22 de diciembre de 1969, dirigida a la Re­
pública Francesa y relativa a la organización 
del monopolio nacional de carácter comer­
cial de los alcoholes (DO 1970, L 31, p. 
17), porque perjudicaba notablemente a 
determinados productos que pueden ser 
considerados tradicionalmente como pro­
ductos de otros Estados miembros. En un 
. posterior intercambio de correspondencia 
entre la Comisión y el Gobierno francés, 
éste sostuvo, por el contrario, que esta 
normativa sobre la publicidad de las bebidas 
alcohólicas, que no establece ninguna 
distinción según el origen de estos produc­
tos, sirve para luchar contra el alcoholismo 
y, por lo tanto, es útil para la salud pública. 
Por el contrario, la Comisión insistió en su 
opinión según la cual los artículos L 17 y 
L 18 del «Code des debits de boissons et 
des mesures contre l'alcoolisme» pueden 
obstaculizar la importación a Francia de 
bebidas alcohólicos de otros Estados miem­
bros y, por consiguiente, constituyen una 
medida de efecto equivalente a una restric­
ción cuantitativa a la importación en el 
sentido del artículo 30 del Tratado CEE, no 
justificada por el artículo 36 del mismo. 
Mediante escrito de 4 de junio de 1976, la 
Comisión inició un procedimiento formal 
con arreglo al artículo 169 del Tratado 
CEE. Dado que el Gobierno francés, me­
diante escrito de su representación perma­
nente de 9 de julio de 1976, insistió en su 
punto de vista, la Comisión emitió un dicta­
men motivado dirigido a la República Fran­
cesa, con arreglo al apartado 1 del artícu­
lo 169 del Tratado CEE, mediante escrito 
de 25 de enero de 1978. Mediante escrito de 
su representación permanente de 29 de 
marzo de 1978, el Gobierno francés hizo 
saber a la Comisión que dedicaría una 
atención especial a este dictamen y que 
volvería a ponerse en contacto con ella en el 
plazo más breve posible, para informarla de 
sus intenciones. Al no haber tenido más 
noticias del Gobierno francés, la Comisión 
decidió entonces presentar el recurso inter­
puesto ante el Tribunal de Justicia el 6 de 
julio de 1978, en el que solicita que se 
declare que el Gobierno francés ha incum­
plido las obligaciones que le incumben en 
virtud del artículo 30 del Tratado al regular 
de forma discriminatoria la publicidad de 
las bebidas alcohólicas y al obstaculizar así 
la libertad de intercambios intracomunitá­
rios; solicita además que se condene en 
costas a la República Francesa. 
Por su parte, la República Francesa solicita 
que se desestime el recurso de la Comisión 
y que se la condene en costas. 
1. Para formular una apreciación de este 
asunto, es necesario ante todo aclarar la 
cuestión, que el Tribunal de Justicia no ha 
tratado hasta ahora, de si una limitación 
nacional de la publicidad de determinadas 
748
COMISIÓN / FRANCIA 
bebidas alcohólicas, sin relación con la 
importación, puede ser una medida de efec­
to equivalente a una restricción cuantitativa 
a la importación en el sentido del artícu­
lo 30 del Tratado CEE. La finalidad de esta 
disposición es garantizar la libertad de los 
intercambios comerciales entre los Estados 
miembros en circunstancias normales de 
competencia. En su jurisprudencia anterior, 
el Tribunal de Justicia ha establecido clara­
mente que cualquier normativa comercial o 
medida de los Estados miembros que pueda 
obstaculizar directa o indirectamente, real o 
potencialmente, el comercio intracomunitá­
rio debe considerarse como medida de 
efecto equivalente a las restricciones cuanti­
tativas (véanse sobre el particular las sen­
tencias de 11 de julio de 1974, Dassonville, 
8/74,« Rec. p. 837; de 8 de julio de 1975, 
Rewe-Zentralfinanz, 4/75," Rec. p. 843; de 
20 de mayo de 1976, De Peijper, 104/75,« 
Rec. p. 613; de 15 de diciembre de 1976, 
Simmenthal SpA, 35/76,« Rec. p. 1871, y 
de 15 de diciembre de 1976, Donckerwolc-
ke y otros, 41/76,« Rec. p. 1921). Ya de 
esta formulación se deduce que deben tener­
se en cuenta los artículos 30y siguientes no 
sólo cuando se hace más difícil el paso de la 
frontera por una mercancía, sino también 
cuando su comercialización en el Estado de 
importación se ve obstaculizada en compa­
ración con los productos nacionales. Como 
se sabe, las medidas prohibidas que acaban 
de mencionarse pueden adoptar las formas 
más diversas. 
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
relativa a medidas nacionales de control de 
precios me parece que reviste una impor­
tancia particular para la solución del pre­
sente asunto. En sus sentencias de 26 de 
febrero de 1976, Riccardo Tasca (65/75, 
Rec. p. 291) y SADAM (asuntos acumula­
dos 88/75, 89/75 y 90/75,« Rec. p. 323), en 
las que se trataba de pronunciarse acerca de 
una disposición nacional en materia de 
precios, el Tribunal de Justicia confirmó en 
primer lugar la interpretación mencionada 
anteriormente del concepto de medida de 
efecto equivalente a las restricciones cuanti­
tativas, y a continuación declaró: 
«Si bien un precio máximo, indistintamente 
aplicable a los productos nacionales y a los 
importados, no constituye por sí mismo una 
medida de efecto equivalente a una restric­
ción cuantitativa, no obstante puede produ­
cir este efecto cuando se fija a un nivel tal 
que la venta de los productos importados 
resulta imposible, o más difícil que la de los 
productos nacionales.». 
La sentencia de 24 de enero de 1978, Van 
Tiggele -precios mínimos de la ginebra-
(82/77,« Rec. p. 25), se expresa en el mis­
mo sentido. 
Esta idea debe también aplicarse a la limi­
tación nacional de la publicidad de determi­
nadas bebidas alcohólicas. Sobre el particu­
lar procede ante todo destacar que, como 
declaró el Tribunal de Justicia en su senten­
cia de 20 de febrero de 1979, Rewe 
(120/78,« Rec. p. 649), a falta de una nor­
mativa común sobre la producción y la 
comercialización del alcohol y de las bebi­
das espirituosas, los Estados miembros son 
competentes para regular, cada uno en su 
territorio, todo cuanto se refiere a dicha 
producción y comercialización. Deben 
749
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTO 152/78 
aceptarse los obstáculos a la circulación 
intracomunitária que deriven de las discre­
pancias entre las legislaciones nacionales 
relativas a la comercialización de los pro­
ductos de que se trata, a condición de que 
dichas disposiciones, independientemente 
de que se trate de medidas aplicables indis­
tintamente o no, sean necesarias para satis­
facer exigencias imperativas, como por 
ejemplo la protección de la salud pública. 
Otro requisito que procede exigir-esta idea 
puede deducirse de las citadas sentencias 
del Tribunal de Justicia relativas a las dispo­
siciones nacionales en materia de precios-
es que una normativa nacional sobre co­
mercialización -posiblemente necesaria-, 
como por ejemplo una limitación de la 
publicidad, no puede redundar en perjuicio 
de los productos importados frente a los 
productos nacionales similares. Es evidente 
que una limitación de la publicidad de 
determinados productos, que se aplica 
principalmente a los productos importados, 
mientras que no afecta a productos naciona­
les similares, puede tener potencialmente 
para los importadores un efecto restrictivo 
de la competencia. En semejante caso, se 
trata de una discriminación arbitraria o de 
una restricción encubierta del comercio 
entre los Estados miembros en el sentido del 
apartado 2 del artículo 36 del Tratado CEE 
y la consecuencia es que las disposiciones 
de que se trata deben considerarse medidas 
de efecto equivalente a restricciones cuanti­
tativas a la importación. 
2. En el caso de autos, es preciso examinar 
aún si la normativa sobre la publicidad de 
las bebidas alcohólicas, establecida en 
Francia por el «Code des débits de boissons 
et des mesures contre l'alcoolisme», es 
necesaria y adecuada para satisfacer la 
exigencia imperativa de la protección de la 
salud pública y si esta normativa concreta 
no perjudica a los productos importados 
frente a los productos nacionales similares. 
Las dos partes reconocen que es necesario 
combatir el alcoholismo, que constituye un 
peligro para la salud pública. Igualmente 
están de acuerdo en que una limitación de la 
publicidad de las bebidas alcohólicas puede 
en principio contribuir a luchar eficazmente 
contra este peligro. La discrepancia se 
refiere únicamente a si la publicidad de las 
bebidas alcohólicas está regulada en Francia 
de forma discriminatoria, es decir, si la 
diferencia de trato entre estas bebidas, 
según sean más o menos perjudiciales, está 
justificada objetivamente. 
A este respecto, la Comisión considera que 
la clasificación se ha realizado con base en 
motivos no pertinentes y sirve sobre todo 
para limitar la comercialización de las 
bebidas no francesas. Unicamente podrían 
admitirse, como criterio objetivo para apre­
ciar el perjuicio que causan estas bebidas, 
su contenido en alcohol y, en segundo lugar, 
su contenido en azúcar y en esencias. Así 
pues, en su opinión, todas las bebidas que, 
según estos criterios, presenten iguales 
cualidades deben considerarse similares y, 
por lo tanto, igualmente nocivas. 
Por el contrario, según el Gobierno francés, 
además de estos criterios, deben considerar­
se también toda una serie de otros factores 
para apreciar hasta qué punto son nocivas 
para la salud determinadas bebidas. Habría 
750
COMISIÓN /FRANCIA 
que citar aquí especialmente los diferentes 
componentes no alcohólicos que determinan 
el sabor de las bebidas y por consiguiente 
conducen a unos hábitos de consumo dife­
rentes de país a país y que deben tenerse en 
cuenta en la lucha contra el alcoholismo. 
Por otra parte, hay que considerar que una 
bebida puede consumirse como aperitivo o 
como digestivo. En los consumidores puede 
observarse una fuerte inclinación por los 
aperitivos, entre los que se puede de nuevo 
distinguir entre los aperitivos llamados 
dulces, elaborados principalmente a partii­
del vino, y los que derivan de otro alcohol y 
que se consumen secos o mezclados con 
agua. Esta distinción lleva a considerar 
justificado incluir los aperitivos a base de 
vino entre las bebidas del tercer grupo, cuya 
publicidad sólo está limitada, y por otra 
parte clasificar en el quinto grupo, para el 
que se prohibe toda publicidad, los aperiti­
vos a base de otros alcoholes, como los 
aguardientes anisados, el whisky y el aguar­
diente de grano. Según el Gobierno francés, 
su legislación constituye a este respecto una 
normativa de conjunto coherente, que se 
acomoda a los distintos hábitos de consumo. 
Añade que las bebidas del tercer y cuarto 
grupos tienen efectos distintos desde el 
punto de vista de la salud y, por lo tanto, se 
hallan lógicamente clasificadas en grupos 
diferentes. Por último, precisamente el 
hecho de que los grupos para los que la 
publicidad se halla limitada o prohibida 
incluyan igualmente las bebidas de origen 
fiancés prueba que la intención no era la de 
perjudicar a las bebidas no francesas. 
No obstante, por diversas razones, esta 
argumentación del Gobierno fiancés no es 
convincente. Efectivamente, para decidir si 
se está en presencia de una medida de efecto 
equivalente a una restricción cuantitativa a 
la importación, el elemento decisivo no es 
que se haya tenido la intención de obstacu­
lizar el comercio mediante la medida de que 
se trate, sino más bien que la normativa 
pueda constituir un obstáculo al comercio. 
Además el hecho de que los productos 
nacionales se vean también perjudicados 
por efecto de una medida que obstaculice el 
comercio no excluye la dificultad causada a 
la importación. Como he señalado al princi­
pio de estas conclusiones, por el contrario, 
se está en presencia de una medida de efecto 
equivalente a una restricción cuantitativa a 
la importación desde el momento en que los 
productos importados se vean perjudicados 
en comparación con los productos naciona­
les similares o que se encuentren en compe­
tencia con ellos y, por este motivo, estos 
últimos obtengan una ventaja competitiva. 
Al examinar la cuestión de en qué medida 
las distintas bebidas son similares o compi­
ten entre sí, debe señalarse en primer lugar 
que, según la normativa francesa, no se 
halla sometida a limitación alguna la publi­
cidad de los alcoholes de vino, frutas, 
cereales y caña de azúcar, mientras que, por 
otra parte, no puede hacerse ninguna publi­
cidad de los alcoholes fabricados a partii­
de melaza, patata y otros productos de base. 
Como señala la sentencia de 27 de febrero 
de 1980, Comisión/Francia (168/78, Rec. 
p. 347), en la que se trataba de las diferen­
cias de tributación en Francia entre el aguar­
diente de vino y de frutas por una parte y la 
ginebra y otros aguardientes de cereales por 
otra, Francia fabrica abundantes productos 
que pueden clasificarse en el primero de los 
citados grupos, como por ejemplo, el coñac, 
751
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTO 152/78 
el armaflac y el calvados. En cambio, Fran­
cia no cuenta con una producción importan­
te de ginebra ni de otros aguardientes fabri­
cados con cereales, como el aquavit, la 
ginebra, el gin, el aguardiente de grano y el 
whisky, que se importan en su mayor parte. 
En el asunto citado, el Gobierno francés 
también había intentado justificar la diferen­
cia del régimen fiscal por el hecho de que la 
normativa, al basarse en hábitos de consumo 
y en finalidades de utilización diferentes, 
favoreció la protección de la salud pública. 
En su sentencia de 27 de febrero de 1980, 
antes citada, el Tribunal de Justicia rechazó 
este razonamiento y afirmó claramente que 
la distinción en la que se basa el régimen 
fiscal francés no tenía ningún valor objetivo 
en relación con el artículo 95 del Tratado -
CEE, que era determinante en dicho asunto. 
Concretamente puso de relieve que los 
productos de que se trata, independiente­
mente de sus características respectivas, se 
incluyen en un grupo que se distingue de las 
demás bebidas alcohólicas por su gradua­
ción alcohólica relativamente alta. Los 
aguardientes obtenidos de cereales, incluida 
la ginebra, como productos de la destila­
ción, tienen en común con los demás aguar­
dientes suficientes propiedades como para 
constituir para el consumidor una oferta 
alternativa al menos en determinadas cir­
cunstancias. Por su naturaleza, los aguar­
dientes obtenidos de cereales y las ginebras 
pueden consumirse en las circunstancias 
más diversas y hacer la competencia simul­
táneamente a las bebidas calificadas de 
«aperitivos» y «digestivos» según la práctica 
fiscal francesa, por más que sirvan para usos 
que no entran en ninguna de estas catego­
rías. Esta multiplicidad de usos permite 
considerar que tales bebidas son similares o 
que al menos se hacen la competencia unas 
a otras. Siendo éstas las relaciones de com­
petencia y de sustitución entre las bebidas 
de que se trata, resulta patente el carácter 
proteccionista del sistema fiscal que critica­
ba la Comisión. 
Como subrayó atinadamente la Comisión, 
estas conclusiones deben aplicarse no sólo 
al artículo 95 sino también a los artículos 30 
y 36 del Tratado CEE. Como todos los 
aguardientes se caracterizan por un conteni­
do de alcohol y azúcar más o menos igual, 
constituyen en igual medida un peligro para 
la salud pública. La multiplicidad de usos a 
que me he referido demuestra precisamente 
que, desde el punto de vista objetivo, tam­
poco está justificado someter las bebidas de 
que se trata a un régimen distinto en aras de 
la protección de la salud pública por ser más 
o menos perjudiciales. La naturaleza protec­
cionista de la regulación de la publicidad, 
diferente para las diversas clases de aguar­
dientes, a la que se ha opuesto la Comisión, 
radica en el hecho de que una parte impor­
tante de la producción nacional, es decir, los 
aguardientes de vino, de frutas y de caña de 
azúcar, están sujetos a un régimen privile­
giado en comparación con otros productos 
que se importan casi en su totalidad de otros 
Estados miembros. Por otra parte, los espiri­
tuosos anisados, aunque constituyan un 
peligro particularmente grave para la salud 
pública a causa de su contenido de anetol, 
se equiparan a los demás aguardientes. 
Por último, tampoco prueba que no haya un 
efecto proteccionista la alegación del Go­
bierno francés al señalar que el whisky ha 
podido incrementar su cuota de mercado a 
pesar de las dificultades indicadas. Es sufi-
752
COMISIÓN / FRANCIA 
ciente a este respecto indicar que basta un 
obstáculo potencial al comercio para que 
pueda hablarse de medida de efecto equiva­
lente a una restricción cuantitativa a la 
importación y que, por lo demás, como ya 
dije en mis conclusiones en el 
asunto 168/78, citado en último lugar, una 
tendencia de este tipo puede tener otras 
causas. 
Sobre este particular, quisiera asimismo 
mencionar el razonamiento de la Comisión 
según el cual, en lo relativo a los espirituo­
sos anisados, para los que está prohibida la 
publicidad, existe una ventaja competitiva 
frente a otros aguardientes que entran en el 
quinto grupo, por cuanto no está limitada la 
publicidad de los licores de anís que se 
incluyen en el cuarto grupo. Los fabricantes 
de espirituosos anisados muy conocidos en 
Francia tienen de este modo la posibilidad, 
añadiendo los términos «licor» o «anisette», 
de hacer indirectamente la publicidad de 
productos respecto de los cuales está prohi­
bida. El consumidor establece una relación 
entre los nombres de los fabricantes, espe­
cialmente a causa de la larga tradición de 
estas firmas, con los correspondientes 
aguardientes a base de anís. No existe sin 
embargo semejante posibilidad de publici­
dad indirecta para los fabricantes de whisky, 
por ejemplo. 
A mi parecer, este argumento sólo podría 
ser convincente si, desde el punto de vista 
de los consumidores, los licores de anís de 
que se trata no se consideraran efectivamen­
te en el mercado francés una categoría de 
bebidas independiente clasificada entre los 
licores y existiera de este modo una posibi­
lidad de confusión. Si, en realidad, los 
consumidores franceses no estuvieran en 
condiciones de distinguir entre los licores 
de anís y los espirituosos anisados, los 
productores no franceses de aguardientes, 
en especial, que no pueden disponer de esta 
posibilidad indirecta de publicidad, bien por 
razones de hecho o bien porque el nombre 
de su firma no se conoce suficientemente en 
el mercado francés, estarían en desventaja 
frente a los productores franceses. 
Por último, con arreglo a los criterios elabo­
rados por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, la clasificación de las demás bebi­
das alcohólicas en los distintos grupos no 
está justificada objetivamente y hace que los 
productos extranjeros se vean perjudicados 
frente a los productos nacionales similares 
o de la competencia. 
Es preciso pues tener en cuenta que los 
licores con un contenido de alcohol superior 
a 18°, edulcorados con azúcar, glucosa o 
miel, por ejemplo productos típicamente 
franceses como el Cointreau, el Grand 
Marnier, el Chartreuse, están comprendidos 
en el cuarto grupo, para el cual no se ha 
establecido ninguna limitación de la publici­
dad. Por el contrario, los licores de fresas, 
de frambuesas, de casis o de cerezas, con 
una graduación no superior a los 18°, se 
incluyen en el tercer grupo de bebidas, para 
las cuales sólo puede hacerse una publici­
dad limitada. Por lo tanto, estos últimos 
licores, cuyo contenido de azúcar es indis­
cutiblemente aproximadamente igual y que 
también se producen en gran cantidad en 
otros Estados miembros, se hallan sujetos a 
un régimen más estricto que los licores con 
753
CONCLUSIONES DEL SR. REISCHL - ASUNTO 152/78 
un contenido de alcohol más elevado. Según 
la sentencia Rewe (120/78, antes citada), 
esta diferencia de régimen tampoco puede 
justificarse por motivos de protección de la 
salud pública. En el asunto mencionado, la 
Administración federal del monopolio de 
los aguardientes denegó la autorización para 
importar una partida de casis de Dijon, de 
Francia a la República Federal de Alemania, 
principalmente por motivos de protección 
de la salud pública. Sobre el particular, el 
Gobierno alemán sostuvo que el estableci­
miento de un contenido mínimo de alcohol 
por la legislación nacional tenía como fina­
lidad evitar la proliferación de bebidas 
espirituosas en el mercado nacional, espe­
cialmente de bebidas espirituosas con un 
contenido moderado de alcohol porque, en 
su opinión, estos productos pueden provo­
car una adicción más fácilmente que las 
bebidas con un contenido de alcohol más 
elevado. El Tribunal de Justicia desestimó 
explícitamente estas consideraciones seña­
lando que el consumidor puede conseguir en 
el mercado una gama extremadamente 
variada de productos con un contenido de 
alcohol escaso o medio y que, además, una 
parte considerable de las bebidas alcohóli­
cas con elevada graduación alcohólica 
libremente comercializadas en el mercado 
alemán se consumen regularmente diluidas. 
No cabe duda de que esta consideración 
debe aplicarse igualmente al presente asun­
to. 
Además, según la normativa francesa, los 
vinos de licor, tales como el Oporto, el 
Málaga, el Jerez y el Madeira, deben in­
cluirse en el tercer grupo de bebidas, al que 
corresponde una normativa restrictiva, 
mientras que productos típicamente france­
ses, como el Avèze y la Suze, cuyo conteni­
do de alcohol y de azúcar es indiscutible­
mente equivalente y que están destinados a 
satisfacer los mismos hábitos de consumo, 
se incluyen en el cuarto grupo y por ende no 
están sujetos a limitación alguna en lo to­
cante a publicidad. Aunque estas categorías 
de bebidas tengan un gusto diferente, este 
criterio no ofrece una base suficiente para 
establecer distinciones en cuanto a los 
efectos perjudiciales de las bebidas de que 
se trata ya que, como declaró el Tribunal 
de Justicia en el asunto 168/78, antes 
citado, dicho criterio es demasiado variable 
en el tiempo y en el espacio para poder 
ofrecer por sí solo una base de diferencia­
ción suficientemente segura para permitir 
una delimitación. 
Por último, tiene razón la Comisión al des­
tacar que, en el segundo grupo de bebidas, 
para el que no hay ninguna limitación de 
publicidad y que comprende en general las 
bebidas alcohólicas obtenidas mediante un 
proceso de fermentación, como la cerveza y 
el vino, se incluyen igualmente los vinos 
dulces naturales suj etos a la normativa fiscal 
del alcohol francesa. Ello significa que 
puede hacerse una publicidad ilimitada de 
los vinos de licor de origen exclusivamente 
francés, mientras que los demás vinos de 
licor, que según todos los criterios pertinen­
tes, deben considerarse similares o por lo 
menos en competencia con los anteriores, 
están incluidos en el tercer grupo y por ende 
sujetos a una limitación. Ello se aplica 
asimismo a las cremas de casis, entre las 
cuales, según un Decreto de 28 de julio de 
1908 que regula la composición y la desig­
nación de esta bebida, se incluyen única-
754
COMISIÓN /FRANCIA 
mente los llamados casis de Dijon, es decir, 
también bebidas nacionales únicamente. Por 
el contrario, para los productos de la com­
petencia similares desde el punto de vista de 
los consumidores, tales como los licores de 
frutas procedentes de otros Estados miem­
bros, que están incluidos en el tercer grupo, 
tan sólo puede hacerse una publicidad limi­
tada, con la consecuencia de que, en lo que 
se refiere a su comercialización, estos pro­
ductos se encuentran en inferioridad de 
condiciones frente a los productos naciona­
les, sin que se advierta una diferencia justi­
ficada por razones relacionadas con los 
perjuicios que puedan causar a la salud 
pública. 
Basándose en todas estas consideraciones, 
tengo la convicción de que el «Code des 
débits de boissons et des mesures contre 
l'alcoolisme» vigente en Francia, que esta­
blece una regulación de la publicidad dife­
rente para las distintas bebidas alcohólicas, 
constituye una medida de efecto equivalente 
a una restricción cuantitativa a la importa­
ción, prohibida por el artículo 30 del Trata­
do CEE, puesto que la clasificación que 
establece puede perjudicar a las bebidas 
extranjeras en comparación con los produc­
tos nacionales, por más que aquéllas y éstas 
deban considerarse similares o en compe­
tencia en lo que se refiere a su carácter 
nocivo para la salud pública. 
3. En conclusión propongo al Tribunal de Justicia que declare que la República 
Francesa, al regular la publicidad de la bebidas alcohólicas de forma discriminato­
ria y obstaculizar así los intercambios intracomunitários, ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud del artículo 30 del Tratado CEE. Teniendo 
en cuenta el resultado de este asunto, la República Francesa debe ser también 
condenada en costas. 
755