61993C0417
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. PHILIPPE LÉGER
presentadas el 14 de febrero de 1995 (
*1
)
1.
Mediante recurso interpuesto el 12 de octubre de 1993, el Parlamento Europeo (en lo sucesivo, «Parlamento») solicita la anulación del Reglamento (Euratom, CEE) n° 2053/93 del Consejo, de 19 de julio de 1993, relativo a la concesión de una asistencia técnica a los Estados Independientes de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a Mongolia en su esfuerzo de reforma y de recuperación económicas. (
1
)
2.
El presente asunto ofrece a este Tribunal la ocasión de definir su postura sobre dos cuestiones clave en las relaciones entre el Parlamento y el Consejo. ¿Se cumple el requisito de consulta efectiva al Parlamento cuando el Consejo delibera sobre una propuesta de Reglamento de la Comisión antes de que el Parlamento emita su dictamen y adopta ese Reglamento cuatro días después del dictamen de este último? ¿Pueden los órganos del Consejo estudiar la propuesta y proponer modificaciones a la misma antes incluso de que se solicite el dictamen del Parlamento?
3.
El Reglamento n° 2053/93 fue adoptado en las circunstancias siguientes.
4.
El programa de asistencia TACIS fue establecido, para los años 1991 y 1992, por el Reglamento (CEE, Euratom) n° 2157/91 del Consejo, de 15 de julio de 1991. (
2
)
5.
La Comisión adoptó el 25 de noviembre de 1992 una propuesta de Reglamento [COM(92) 475 final] (
3
) que permitía proseguir el esfuerzo de asistencia tècnica a los nuevos Estados Independientes sobre la base de programas indicativos de una duración de tres años. (
4
) Como el Reglamento n° 2157/91, esta propuesta tiene como base jurídica los artículos 235 del Tratado CEE y 203 del Tratado CEEA.
6.
Esta propuesta fue transmitida al Consejo el 15 de enero de 1993 por los servicios de la Comisión y fue comunicada para información al Parlamento el mismo día.
7.
Como consecuencia de las actividades de un grupo de trabajo del Consejo denominado«ex-URSS», se transmitió un documento al Coreper el 4 de marzo de 1993. (
5
) El examen de la propuesta de Reglamento que efectuó el Consejo el 5 de abril de 1993 permitió «[comprobar que había] una gran convergencia de opiniones». (
6
) Se acordó volver a examinar la propuesta cuando el Parlamento hubiera emitido su dictamen.
8.
El 5 de marzo de 1993, el Consejo comunicó la propuesta de la Comisión al Parlamento para dictamen. Se solicitó que éste se emitiera en la sesión de abril. (
7
)
9.
El 12 de marzo de 1993, el Presidente del Parlamento remitió la propuesta a las comisiones competentes para su examen.
10.
El 23 de marzo de 1993, el Consejo confirmó su gestión y solicitó la aplicación del procedimiento de urgencia previsto por el artículo 75 del Reglamento Interno del Parlamento. (
8
) Esta solicitud fue denegada el 20 de abril de 1993. (
9
)
11.
El 26 de abril de 1993 fue examinado un proyecto de informe (
10
) por la comisión «Relaciones económicas exteriores» (en lo sucesivo, «comisión REX») que adoptó por unanimidad un proyecto de resolución legislativa el 5 de mayo de 1993.
12.
El 27 de mayo de 1993, el Parlamento adoptó casi todas las enmiendas propuestas por la comisión REX. (
11
) No obstante, el ponente obtuvo el aplazamiento de la votación sobre el proyecto de resolución legislativa, con arreglo al apartado 2 (
12
) del artículo 40 del Reglamento del Parlamento, (
13
)«[...] habida cuenta de la posición del Consejo [...]». (
14
)
13.
El 16 de junio de 1993, el Consejo volvió a solicitar que se utilizara el procedimiento de urgencia e incluso, si fuera necesario, que se convocara una sesión extraordinaria para que el dictamen fuese emitido en junio.
14.
El 22 de junio de 1993, el Parlamento accedió a esta solicitud.
15.
Tras una última remisión a la comisión competente el 24 de junio de 1993, la resolución legislativa con la que termina el procedimiento de consulta fue adoptada el 14 de julio de 1993: la propuesta de la Comisión fue rechazada. (
15
)
16.
El Consejo adoptó definitivamente el Reglamento n° 2053/93 el 19 de julio de 1993.
17.
El recurso de anulación se basa en tres motivos:
—
El procedimiento de consulta al Parlamento tuvo lugar en circunstancias ilegales. Fue ficticio y constituyó una infracción del artículo 5 del Tratado CEE.
—
El Parlamento debió haber sido consultado de nuevo.
—
El Reglamento n° 2053/93 es ilegal en la medida en que prevé la posibilidad de que el Consejo efectúe discrecionalmente modificaciones internas, sin intervención del Parlamento.
18.
Examinaré estos tres motivos sucesivamente.
I. Sobre la ilegalidad del procedimiento de consulta
19.
Como ya se ha señalado, «el Parlamento es, entre los actores institucionales del procedimiento de consulta [Instituciones políticas (
16
) y Estados miembros], el único que no está presente en las reuniones del Consejo». (
17
)
20.
Esto recalca la importancia que tiene para el equilibrio entre las Instituciones el respeto de las prerrogativas del Parlamento en el procedimiento de consulta, aun cuando éste ya no sea, desde el Acta Unica Europea, el único medio que tiene el Parlamento para hacer oír su voz en el procedimiento legislativo.
21.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia ha establecido tres principios:
—
la consulta es una formalidad esencial;
—
la consulta debe ser efectiva;
—
el procedimiento legislativo no es disponible.
22.
El recurso de anulación que dio lugar a la sentencia de 29 de octubre de 1980, Roquette Frères/Consejo, (
18
) se refería a un Reglamento adoptado por el Consejo sin que se hubiera respetado el procedimiento de consulta.
23.
Con una fórmula lapidaria, este Tribunal de Justicia consideró que:
«La consulta prevista por el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 43, así como por otras disposiciones paralelas del Tratado, es el medio que permite que el Parlamento participe efectivamente en el proceso legislativo de la Comunidad. Esta competencia representa un elemento esencial del equilibrio institucional ordenado por el Tratado. Es el reflejo, aunque limitado, en el ámbito comunitario, de un principio democrático fundamental según el cual los pueblos participan en el ejercicio del poder a través de una asamblea representativa. En consecuencia, la consulta al Parlamento en debida forma en los casos previstos por el Tratado constituye una forma esencial, cuyo incumplimiento implica la nulidad del acto afectado.» (
19
)
24.
El Tribunal de Justicia aplica esta fórmula no sólo a supuestos en que no hay consulta, sino también a situaciones en que ésta es insuficiente. (
20
)
25.
Aunque es corriente que la Comisión dirija, para su información, una copia de su propuesta de Reglamento al Parlamento, (
21
) sólo el Consejo presenta formalmente a este último una solicitud de dictamen. El requisito de la consulta no se cumple por la mera presentación de dicha solicitud. «[...] el cumplimiento de dicha exigencia implica que el Parlamento exprese su opinión». (
22
) El puro y simple rechazo de la propuesta por parte del Parlamento es un dictamen en el sentido del Tratado. (
23
)
26.
La consulta debe ser efectiva. Debe poder «[...] tener consecuencias sobre el contenido del acto adoptado». (
24
) El Parlamento debe poder influir sobre el contenido de los actos normativos adoptados por el Consejo. De esto se desprende que el Consejo debe esperar el dictamen del Parlamento antes de adoptar el acto.
27.
Si bien la adopción del dictamen por parte del Parlamento no está sujeta a ningún requisito de plazo, considero que las facultades de éste no son ilimitadas: en mi opinión, del apartado 36 de la sentencia Roquette Frères/Consejo, antes citada, resulta que el Consejo puede soslayar la falta de dictamen del Parlamento si demuestra que «[...] agotó todas las posibilidades de obtener el dictamen previo del Parlamento», salvo que se reconozca a éste un derecho de veto. (
25
)
28.
Como puede verse, cuando es exigida, la consulta da lugar a obligaciones tanto por parte del Consejo como del Parlamento. (
26
)
29.
Por último, el procedimiento legislativo no tiene carácter dispositivo. No se deja a la discreción de los Estados miembros o de las Instituciones: (
27
)
«En el marco del equilibrio de poderes entre las Instituciones previsto por los Tratados, la práctica del Parlamento Europeo no puede privar a otras Instituciones de una prerrogativa que les atribuyen los propios Tratados.» (
28
)
30.
En la sentencia de 23 de febrero de 1988, Reino Unido/Consejo, (
29
) este Tribunal de Justicia consideró que:
«[...] las normas relativas a la formación de la voluntad de las Instituciones comunitarias están establecidas en el Tratado y [...] no tienen carácter dispositivo ni para los Estados miembros ni para las propias Instituciones». (
30
)
31.
Observo en estos tres principios la aplicación de un principio general de cooperación leal entre Instituciones, basado en el hecho de que éstas están unidas en la realización de objetivos comunes establecidos por el Tratado (
31
) y asociadas en el proceso de adopción de decisiones.
32.
Este principio ya está presente en el artículo 5 del Tratado CEE que se refiere a los Estados miembros —pero que impone también a las Instituciones comunitarias deberes recíprocos de cooperación leal con los Estados miembros— (
32
) y en el artículo 162 del mismo texto (
33
) que se refiere a las relaciones entre el Consejo y la Comisión.
33.
El Tribunal de Justicia lo ha aplicado a las relaciones entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento en el marco del procedimiento presupuestario, basado esencialmente, según la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Grecia/Consejo, (
34
) en el «diálogo interinstitucional». (
35
)
34.
Aun cuando las facultades del Parlamento no son tan amplias en el marco del procedimiento de consulta como en el del procedimiento presupuestario, dicho diálogo es igualmente indispensable. Es lo que ocurre, muy especialmente, en el marco del artículo 235 del Tratado CEE que permite al Consejo adoptar decisiones en materias en las que el Tratado no le reconoce poder de acción. El ámbito de intervención del legislador no está tan sólidamente determinado en estos casos como, por ejemplo, en materia de política agrícola común, a la que también se aplica el procedimiento de consulta (apartado 2 del artículo 43 del Tratado CEE).
35.
¿Tuvo lugar dicho diálogo en el presente asunto?
36.
No se discute que el Parlamento fue consultado sobre la propuesta de Reglamento de la Comisión. Lo único que se cuestiona son las circunstancias de esa consulta. Estas suscitan tres cuestiones que examinaré sucesivamente:
A.
¿Puede el Consejo deliberar sobre la propuesta de Reglamento antes de recibir el dictamen del Parlamento, pero después de haber transmitido la solicitud de dictamen a este último?
B.
¿Puede el Consejo deliberar sobre la propuesta de Reglamento antes incluso de haber transmitido la solicitud de dictamen al Parlamento ?
C.
¿En el presente asunto, ¿cooperó lealmente el Consejo con el Parlamento?
— A —
37.
¿Puede el Consejo deliberar sobre la propuesta de la Comisión antes de que el Parlamento haya dado a conocer su dictamen? ¿Cuáles son las facultades del Consejo cuando está a la espera del dictamen del Parlamento?
38.
Es cierto que, a tenor del artículo 235 del Tratado, el Consejo actúa previa consulta al Parlamento y a propuesta de la Comisión. ¿Puede discutir el texto antes de dicha consulta?
39.
Con el paso del tiempo y a medida que ha ido creciendo la actividad normativa de la Comunidad, la práctica del procedimiento legislativo, cuando implica la consulta al Parlamento, ha evolucionado mucho.
40.
Ya el 16 de octubre de 1973, en una comunicación dirigida a la Asamblea, el Consejo se había comprometido a facilitar el procedimiento de consulta:
«El Consejo ha adoptado medidas internas destinadas a que la decisión de consultar a la Asamblea sobre una propuesta de la Comisión tenga lugar en el plazo más corto posible [en principio, una semana después de la recepción de la propuesta de la Comisión] [...] Por otra parte, el Consejo ha adoptado disposiciones internas destinadas a que los dictámenes de la Asamblea puedan tomarse en consideración en las mejores condiciones.» (
36
)
41.
Desde 1986, en preguntas a la Presidencia, varios Parlamentarios europeos (
37
) se hacían eco de dos desviaciones. Por un lado, la discusión sobre las diferentes propuestas de la Comisión se desarrolla simultáneamente en el seno del Consejo y en las comisiones parlamentarias. Parece ser que esta práctica no es excepcional: «In practice, work on a Commission proposal begins immediately within Council bodies, without waiting for the Parliament's Opinion, but the final decision cannot be taken until the Opinion has been received and considered by the Council.» (
38
) Así pues, el Parlamento se ve obligado a discutir sobre la base de textos de la Comisión que ya no son actuales. Por otro lado, siempre según los referidos parlamentarios, el Consejo adopta cada vez más decisiones provisionales, «quedando pendiente el dictamen del Parlamento». Las cifras citadas en las respuestas de la Presidencia del Parlamento a las preguntas del Sr. de Vries (
39
) muestran que indudablemente esta práctica ha ido aumentado. (
40
)
42.
Mediante una Resolución de 10 de octubre de 1990, (
41
) el Parlamento «1. [Exigía] al Consejo que respete los procedimientos previstos por los Tratados y que renuncie a acuerdos políticos antes de haber examinado los dictámenes del [Parlamento Europeo]».
43.
El 21 de noviembre de 1990, el Parlamento adoptaba una Resolución sobre la obligación del Consejo de esperar el dictamen del Parlamento, (
42
) en la que señalaba que «en numerosos casos» se habían iniciado en el Consejo los trabajos sobre una propuesta de la Comisión antes de que el Parlamento hubiera emitido su dictamen y que incluso se habían concertado de antemano acuerdos políticos.
44.
¿Es compatible esta práctica con los derechos reconocidos al Parlamento en el marco del procedimiento de consulta?
45.
Sería vano querer obligar al Consejo a esperar el dictamen del Parlamento sobre la propuesta de la Comisión antes de iniciar cualquier estudio, discusión o reflexión sobre la propuesta de acto de que se trate. (
43
) En mi opinión, dicha práctica está justificada por razones jurídicas y por razones de política legislativa.
46.
En cuanto a estas últimas, señalaré los siguientes puntos:
—
los inevitables plazos del procedimiento de consulta al Parlamento;
—
la admisión restrictiva por parte de éste del procedimiento de urgencia previsto en el artículo 97 de su Reglamento (antiguo artículo 75);
—
la necesidad de adoptar disposiciones a corto plazo en todos los ámbitos en los que las normativas están previstas para un período limitado en el tiempo o deben ser renovadas periódicamente;
—
el tiempo necesario, en las materias en que se requiere la unanimidad, para buscar un compromiso en el seno del Consejo;
—
un enriquecimiento del debate en el seno de las comisiones del Parlamento ante las que el representante del Consejo podrá, llegado el caso, estar en condiciones de comunicar la postura de su Institución.
47.
Una práctica de este tipo está más fundamentalmente justificada por razones jurídicas.
48.
Por un lado, ningún texto impone al Consejo un deber de abstención hasta que se haya emitido el dictamen del Parlamento. (
44
)
49.
Por otra parte, y sobre todo, el procedimiento de consulta no da al Parlamento el derecho de emitir un dictamen sobre el último estado del texto elaborado por el Consejo. Por su propia esencia, este texto es flexible y cambiante hasta la adopción del Reglamento definitivo. Si bien prohibe al Consejo adoptar definitivamente un acto antes de haber recibido el dictamen del Parlamento, este procedimiento no exige en ningún momento una adecuación rigurosa entre el texto sobre el que el Parlamento emite su dictamen y el que resulta de los trabajos del Consejo. El Parlamento emite su dictamen sobre la propuesta de la Comisión. Es precisamente lo que distingue el procedimiento de consulta del procedimiento legislativo de codecisión, en el que se busca un «acuerdo sobre un proyecto común» (
45
) o del procedimiento de cooperación en el que se consulta al Parlamento no sólo sobre la propuesta de la Comisión, sino también sobre la «postura común» adoptada por el Consejo. (
46
) Por último, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento de dictamen conforme, en el que el Consejo no puede adoptar un acto diferente de aquel que haya sido objeto del dictamen, el procedimiento de consulta le autoriza a apartarse del texto sometido al Parlamento.
50.
Tanto el Tratado como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y la práctica parlamentaria han establecido garantías para proteger la efectividad de la consulta al Parlamento.
51.
Antes de la adopción del dictamen, la Comisión mantiene, en principio, informada en debida forma a la comisión competente del Parlamento de las principales orientaciones que resultan de las discusiones que tienen lugar en el Consejo, especialmente cuando éstas se apartan de su propuesta inicial, con arreglo al código de buena conducta que presentó al Parlamento en febrero de 1990. (
47
)
52.
Como ha considerado este Tribunal de Justicia en la sentencia de 30 de septiembre de 1982, Tunnel Refineries/Consejo, (
48
) si el Parlamento aprueba sin enmiendas la propuesta de Reglamento y si las discusiones preparatorias en el seno del Consejo no dan lugar a ninguna modificación sustancial en la versión definitiva del Reglamento, éste podía ser adoptado sin consultar nuevamente al Parlamento, una vez emitido el dictamen de éste.
53.
El Parlamento debe ser consultado nuevamente si el Consejo mantiene modificaciones sustanciales en la versión del texto definitivamente adoptada, de conformidad con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en materia de nueva consulta. (
49
) Esta no tiene lugar a la menor modificación del texto.
54.
Si el Consejo efectúa modificaciones de la propuesta en el marco de las discusiones preparatorias, la Comisión puede hacer uso de su prerrogativa de someter una propuesta modificada al Consejo que la transmite al Parlamento, lo que permite a éste debatir un texto actualizado e influir en las deliberaciones del Consejo. Efectivamente, mientras el Consejo no se haya pronunciado, la Comisión puede modificar su propuesta durante todo el curso de los procedimientos que llevan a la adopción de un acto comunitario, en virtud del apartado 2 del artículo 189 A del Tratado CE, (
50
) pero ni el Consejo ni el Parlamento pueden obligarle a ello. Los Sres. Wyatt y Dashwood vieron esta posibilidad: «[...] the Commission may alter is proposal in order to facilitate decision-marking within the Council». (
51
)
55.
Por tanto, en este supuesto, el Parlamento no tiene, hablando con propiedad, que ser «consultado nuevamente» (aún no ha emitido su dictamen), sino ser consultado sobre una propuesta modificada. Es exactamente lo que sugería el Parlamento en su Resolución de 21 de noviembre de 1990 (
52
) sobre la obligación de esperar el dictamen del Parlamento en el procedimiento de cooperación:
«[El Parlamento] subraya [...] que la práctica aplicada para el establecimiento sin retrasos del Mercado Interior para el 1 de enero de 1993, requiere a menudo el examen de propuestas legislativas de modo casi paralelo por parte del Parlamento Europeo y del Consejo y, en consecuencia, pide a la Comisión, con el fin de permitir al Parlamento Europeo opinar acerca de una propuesta legislativa no caduca, que utilice la vía prevista en el apartado 3 del artículo 149 del Tratado y que presente formalmente una propuesta modificada, antes de la primera lectura en el PE, con el fin de reflejar la evolución de los trabajos del Consejo en caso de que éste indujese a la Comisión a decidir modificar de forma sustancial la propuesta inicial.»
56.
En este sentido, el Parlamento, en su sesión de 15 de septiembre de 1993, (
53
) adoptó un nuevo artículo 56 de su Reglamento que dispone lo siguiente:
«Modificación de la propuesta de la Comisión
1.
Si, durante el examen de una propuesta de la Comisión, la comisión competente tuviere conocimiento de que el Consejo se propone modificar sustancialmente la citada propuesta, preguntará formalmente a la Comisión si se propone modificar su propuesta.
2.
Si la Comisión declarare su intención de modificar la propuesta, la comisión competente aplazará el examen de la misma hasta que hubiere sido informada respecto de la nueva propuesta o de las modificaciones de la Comisión.
3.
Durante el examen de una propuesta de la Comisión en la comisión competente, la Comisión, por propia iniciativa, podrá también presentar, directamente en comisión, enmiendas a su propuesta.
4.
Si, a raíz de una pregunta formulada de conformidad con el apartado 1, la Comisión declarare que no se propone modificar su propuesta, la comisión competente continuará el examen de la misma. La declaración de la Comisión se adjuntará al informe y el Parlamento la considerará vinculante para la Comisión, incluso una vez finalizada la primera lectura.
5.
Si tras la declaración de la Comisión contemplada en el apartado 4, el Consejo, no obstante la posición de la Comisión, adoptare una decisión que modifique sustancialmente la propuesta inicial de la Comisión, el Presidente recordará al Consejo su obligación de consultar nuevamente al Parlamento.»
57.
Observemos que, a través de este texto del Reglamento del Parlamento, éste admite implícitamente que el Consejo puede, antes de haber recibido el dictamen del Parlamento, debatir una propuesta de la Comisión.
58.
En mi opinión, el procedimiento previsto por este artículo puede proteger las prerrogativas del Parlamento. Gracias a la presentación por parte de la Comisión de una propuesta modificada, será consultado sobre un texto que tiene en cuenta posibles modificaciones que resulten de las negociaciones en el seno del Consejo y podrá influir eficazmente en las deliberaciones de éste.
59.
No obstante, el Parlamento no depende de la Comisión. Una posible omisión de ésta —que no estime procedente presentar una propuesta modificada— no impide que deba ser consultado nuevamente en caso de que haya una modificación sustancial.
60.
Pero reconocer al Parlamento, en nombre de la efectividad de la consulta, el derecho a ser consultado sobre el último estado del texto tal como resulta de los trabajos del Consejo, cualquiera que sea la importancia de las modificaciones efectuadas por éste a la propuesta, equivale, en mi opinión, a desnaturalizar el procedimiento de consulta y hacer de él un tipo de procedimiento de cooperación.
61.
Lo repetiré, el dictamen debe emitirse sobre la propuesta de la Comisión, sabiendo que el Parlamento será informado de cualquier modificación sustancial de ésta de la que el Consejo tomaría la iniciativa ya sea mediante una nueva propuesta de la Comisión o mediante una nueva consulta.
62.
En cambio, la postura del Consejo no puede ser definitiva y es necesariamente objeto de enmiendas mientras no se emita el dictamen del Parlamento. (
54
)
63.
Pienso que, mediante este «diálogo interinstitucional» que este Tribunal de Justicia mencionaba en la sentencia Grecia/Comisión, antes citada, se respeta el principio constitucional de cooperación leal entre Instituciones.
64.
En conclusión, sobre este primer punto, considero que el Consejo y el Parlamento pueden proceder simultáneamente al examen de la propuesta, debiendo precisarse que, si las discusiones preparatorias y los acuerdos políticos celebrados en el seno del Consejo han dado lugar a modificaciones sustanciales en el Reglamento definitivamente adoptado, es necesaria una nueva consulta.
65.
Como puede verse, la respuesta al primer motivo depende de si ha habido una modificación sustancial. Por lo tanto, este motivo coincide con el segundo, referente a la nueva consulta, en una cuestión que les es común: ¿ha habido, para el Consejo, una modificación sustancial de la propuesta inicial de la Comisión?
— B —
66.
¿Qué pasa cuando el Consejo delibera sobre la propuesta de la Comisión y la modifica antes incluso de consultar al Parlamento? ¿Puede comunicar a éste una solicitud de consulta que se refiera a un texto que no recoge el último estado de sus propias deliberaciones?
67.
El principio constitucional de cooperación leal entre Instituciones exige que el texto de la propuesta sometido al dictamen del Parlamento y el texto examinado por el Consejo sean idénticos.
68.
¿Qué pasa, en lo que respecta a este principio, cuando el Consejo y el Parlamento han recibido un texto idéntico y en la fecha en la que el Parlamento recibe del Consejo la propuesta inicial de la Comisión, este texto ya ha sido modificado en el seno del Consejo?
69.
Haré aquí tres observaciones.
70.
En primer lugar, semejante cuestión no se plantearía si el Consejo enviase la solicitud de dictamen al Parlamento en cuanto recibe la propuesta de la Comisión antes de iniciar su examen. (
55
)
71.
En segundo lugar, dado que el dictamen del Parlamento se refiere, como hemos visto, a la propuesta de la Comisión y no al último estado del texto sobre el que se delibera en el seno del Consejo, las normas de procedimiento legislativo comunitarias no se oponen a que éste pueda comenzar a discutir la propuesta antes incluso de enviar la solicitud de dictamen a condición de que se reserve siempre la posibilidad de modificar, a la luz del dictamen del Parlamento, la orientación provisional que haya adoptado. Por tanto, en esa fase no puede adoptar un texto definitivo.
72.
En el presente asunto,
—
antes de que se transmitiera la solicitud de dictamen al Parlamento el 5 de marzo de 1993, la propuesta aún no había sido examinada ni por el Coreper (que la examinaría por primera vez el 24 de marzo de 1993) ni por el Consejo (que efectuaría un primer examen el 5 de abril de 1993). El 5 de marzo de 1993, había un documento de trabajo elaborado por el grupo «ex-URSS» denominado informe provisional y el texto del Reglamento «tal como está en el estado actual de los trabajos del grupo»;
—
el texto elaborado por el grupo «ex-URSS» el 4 de marzo de 1993, o sea la víspera de la consulta al Parlamento, no era un texto definitivo: la cuestión de la aplicación del Reglamento TACIS a Mongolia no estaba resuelta. (
56
) La lista de los ámbitos prioritarios de asistencia técnica del Anexo II no había sido definitivamente adoptada y había varias reservas sobre ella. El Comité propuesto era un comité de gestión y cuatro Estados miembros manifestaron el deseo de que se utilizara un procedimiento del tipo III. (
57
) El Reglamento definitivo volvería a adoptar esta fórmula.
73.
Por consiguiente, me parece muy exagerado mantener que el 5 de marzo de 1993 la propuesta «[...] ya no era de actualidad [...]» (
58
) o «[...] que incluso antes de que el Parlamento fuese consultado, el estado de las discusiones en el seno del Consejo había hecho que ese texto fuese obsoleto». (
59
)
74.
En tercer lugar, las modificaciones de la propuesta consideradas en el seno del Consejo antes del envío de la solicitud de dictamen no afectan a la legalidad del procedimiento en la medida en que deberán, al igual que las modificaciones efectuadas después de dicho envío, dar lugar a una nueva consulta si son sustanciales y si se recogen en el Reglamento definitivo.
75.
La facultad que tiene el Consejo de deliberar sobre la propuesta antes incluso de que el Parlamento la examine, tiene como límite el abuso de derecho que consistiría en dejar a este último en total ignorancia sobre la evolución del texto en el seno del Consejo. Este es el punto que se debe comprobar.
— C —
76.
Mantengo que hubo cooperación leal entre Instituciones que permitió al Parlamento conocer la postura del Consejo sobre los principales puntos de desacuerdo. Efectivamente:
—
resulta que el Consejo nunca tuvo la intención de prescindir del dictamen del Parlamento Europeo; (
60
)
—
la comisión REX conocía la intención del Consejo de añadir un Anexo II en el que figurasen los sectores prioritarios para la acción de asistencia e incluso la hizo suya con la enmienda n° 20 que propuso. Sabía también que el Consejo se proponía establecer un comité de reglamentación; (
61
)
—
el representante de la Comisión que asistió a los debates informó al Parlamento de la modificación que el Consejo se proponía hacer en el texto sobre la cuestión de la comitología. (
62
) Además, la postura del Consejo sobre esta cuestión (
63
) fue lo que llevó al Parlamento a emitir un dictamen de rechazo; (
64
)
—
el Consejo fue representado en los debates ante el Parlamento de 26 y 27 de mayo de 1993.
77.
Haré una última observación. No es cierto que el Parlamento hiciera todo lo que estaba a su alcance para influir en la decisión del Consejo:
—
el Consejo necesariamente habría debatido sobre el texto de nuevo si se hubiesen presentado enmiendas. La Comisión también habría podido hacer suyas eventuales enmiendas presentando una propuesta modificada. (
65
) El Consejo habría podido no seguirla únicamente en caso de decidirlo por unanimidad. (
66
) El Parlamento prefirió emitir un dictamen de rechazo puro y simple de la propuesta de la Comisión;
—
el Parlamento habría podido también, al emitir su dictamen, iniciar el procedimiento de concertación previsto por la declaración común de 4 de marzo de 1975, (
67
) lo que preconizaba el punto 4 del proyecto de resolución legislativa elaborado por la comisión REX. Es sabido que aquí el principal punto de fricción entre el Consejo y el Parlamento se refería a la comitología. Ahora bien, en una Resolución de 23 de octubre de 1986, el Parlamento Europeo había formulado precisamente el deseo de poder «[...] exigir una concertación del Consejo si éste quiere prever un procedimiento de comité para un acto jurídico». (
68
)
78.
Por consiguiente, estimo que la consulta al Parlamento no fue ficticia y que no se menoscabaron sus prerrogativas, a no ser que las modificaciones decididas por el Consejo fuesen sustanciales, en cuyo caso se imponía una nueva consulta. Este es precisamente el objeto del segundo motivo.
II. Sobre la obligación de consultar de nuevo
79.
La obligación de consultar nuevamente al Parlamento no está prevista por el Tratado. No obstante, el Tribunal de Justicia considera que:
«[...] la exigencia de consultar al Parlamento Europeo durante el procedimiento legislativo, en los casos previstos por el Tratado, implica la necesidad de consultarle nuevamente siempre que el texto finalmente adoptado, considerado en su conjunto, difiera en su contenido material del texto sobre el cual ya se haya consultado al Parlamento, salvo en los casos en que las enmiendas respondan, en lo fundamental, al deseo expresado por el propio Parlamento». (
69
)
80.
Según el Parlamento, la propuesta de la Comisión fue objeto de cuatro modificaciones sustanciales:
—
en cuanto a los beneficiarios de la asistencia TACIS (artículo 2);
—
en cuanto al ámbito de aplicación ratione materiae del Reglamento con la adición de un Anexo II;
—
al añadir un requisito nuevo de reciprocidad (apartado 4 del artículo 7);
—
en cuanto a la comitología (artículo 7). El Consejo utilizó un Comité de reglamentación en lugar de un Comité de gestión.
81.
El primer punto es una disposición técnica destinada a evitar que Mongolia se acoja simultáneamente a la ayuda financiera y técnica prevista por el Reglamento (CEE) n° 443/92 (
70
) y a la asistencia TACIS. Esta disposición únicamente permitió mantener en el programa TACIS a Mongolia, que ya disfrutaba de programas de asistencia. (
71
) Mongolia figura entre los beneficiarios del programa TACIS tanto en la propuesta de Reglamento como en el Reglamento mismo. La adición del nuevo artículo 2 en este último texto sólo permitió evitar una acumulación de ayudas. En su dictamen de 20 de abril de 1993, la comisión de presupuestos «[...] considera importante que Mongolia figure entre los beneficiarios, habida cuenta de su situación y de sus necesidades de ayuda comparables a las de varios Estados independientes, así como de la voluntad de este Estado de instaurar un sistema político democrático». (
72
) En el punto 4 de su exposición de motivos, el informe de la comisión REX sugiere muy directamente que Mongolia no puede acumular la ayuda a los países en vías de desarrollo de Asia, prevista por el Reglamento n° 443/92, y la del programa TACIS. (
73
)
82.
El nuevo artículo 2 modifica las modalidades de la asistencia aportada a Mongolia. No afecta al contenido material del Reglamento.
83.
Sobre el segundo punto, la adición del Anexo II no implicaba una nueva consulta al Parlamento. El Anexo II enumera «en particular», en los ámbitos «indicativos» (
74
) prioritarios a los que se refiere la asistencia técnica. Dicha enumeración tiene carácter de ejemplo y no es exhaustiva. Sustituye al apartado 3 del artículo 3 de la propuesta de la Comisión que disponía lo siguiente:
«La asistencia técnica dará prioridad a los ámbitos del desarrollo de los recursos humanos; el apoyo a las empresas, incluidos los servicios financieros; la producción, distribución y comercialización de productos alimenticios; la energía y los transportes.»
84.
Esta disposición, que tampoco tiene carácter exhaustivo, no excluye ninguno de los ámbitos contemplados en el Anexo II.
85.
Además, dicho Anexo es casi idéntico a la enmienda n° 24 por la que se crea un Anexo I bis, adoptada por el Parlamento el 27 de mayo de 1993. (
75
)
86.
La sustitución del apartado 3 del artículo 3 de la propuesta por el apartado 3 del artículo 4 y el Anexo II del Reglamento constituye una modificación del modo de definición del ámbito de aplicación ratione materiae del Reglamento. Aun cuando el Anexo II cita a título de ejemplo más ámbitos, no modifica sustancialmente el alcance de dicho ámbito de aplicación. Se trata de un «cambio de método más bien que de un cambio de fondo», en el sentido del apartado 23 de la sentencia Buyl y otros/Comisión, antes citada.
87.
Sobre el tercer punto, señalaré que el hecho de establecer un requisito de reciprocidad no ha hecho más que confirmar una práctica constante en la materia y que ello no altera ni los principios ni el sistema del programa TACIS.
88.
Detengámonos en la cuestión —mucho más delicada— de la comitología. El artículo 7 de la propuesta de la Comisión preveía un Comité de gestión del tipo II. b: (
76
) la Comisión adopta medidas que son de inmediata aplicación. Si éstas no se ajustan al dictamen del Comité, la Comisión aplaza su aplicación durante un período de seis semanas, plazo en el que el Consejo, por mayoría cualificada, puede tomar una decisión diferente que sustituirá a la de la Comisión.
89.
El artículo 8 del Reglamento n° 2053/93 prevé un Comité de reglamentación del tipo III. a: en caso de falta de dictamen o de dictamen negativo del Comité, la Comisión está obligada a transformar su proyecto en propuesta de medida al Consejo. Si éste no toma una decisión, la Comisión es competente de nuevo y transforma su propuesta en Decisión.
90.
Considero que hay una diferencia sustancial entre el Comité de carácter consultivo del procedimiento I y los comités previstos por los procedimientos II y III; el primero excluye cualquier facultad de decisión del Consejo.
91.
También hay una diferencia sustancial entre los comités de tipo II. a, II. b y III. a, por un lado, y del tipo III. b, por otro. En efecto, sólo este último procedimiento puede llevar a un callejón sin salida, ya que el Consejo puede bloquear cualquier decisión por mayoría simple.
92.
En cambio, los procedimientos de tipo II. a, II. b y III. a sólo difieren entre sí en puntos de menor importancia, como los plazos, y en el hecho de que, en el último caso, la decisión del Consejo se toma a propuesta de la Comisión, lo que refuerza la postura de ésta, dado que el Consejo sólo podrá apartarse de dicha propuesta si decide por unanimidad. (
77
)Tienen en común que, a falta de decisión del Consejo, la competencia ejecutiva vuelve a la Comisión, que decide.
93.
De ello deduzco que entre el Comité de gestión del tipo II. b y el Comité de reglamentación de tipo III. a no hay tales diferencias como para que pueda hablarse de modificaciones sustanciales del Reglamento que afectan «[...] a la propia esencia del mecanismo establecido [...]». (
78
)
94.
Por tanto, estimo que no ha habido ninguna modificación sustancial de la propuesta de la Comisión en el Reglamento definitivamente adoptado.
95.
La nueva consulta al Parlamento no se imponía por un segundo motivo. Efectivamente, es esencial señalar aquí que el Parlamento conocía el proyecto del Consejo de establecer un Comité de tipo III (
79
) y que la cuestión de la comitología fue verdaderamente el punto central de los debates ante el Parlamento, (
80
) dado que varios parlamentarios imputan a la existencia de un comité de gestión en el programa TACIS 1991/1992 los retrasos en la puesta a disposición de las financiaciones y en la toma de decisión. (
81
) Dicha cuestión constituyó el obstáculo entre el Consejo y el Parlamento que finalmente daría lugar a que éste rechazara la propuesta.
96.
El representante del Consejo en los debates fue interpelado sobre esta cuestión. (
82
)
97.
Pero, al término de los debates, el Parlamento, que no ignoraba las intenciones del Consejo, eligió rechazar globalmente la propuesta de Reglamento. Así pues, no se llevó a cabo la adopción de la enmienda que preveía un comité de consulta, propuesta por la comisión REX.
98.
Por consiguiente, deben desestimarse los dos primeros motivos.
III. Sobre la ilegalidad intrínseca del Reglamento n° 2053/93
99.
Para el Parlamento, «[...] simplemente es ilegal que un texto adoptado previa consulta obligatoria al Parlamento prevea que puede ser modificado en curso de aplicación, sin respetar nuevamente esta formalidad». (
83
)
100.
A tenor del párrafo segundo del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento impugnado:
«Los contratos de servicios, por regla general, se adjudicarán mediante licitaciones restringidas y mediante acuerdos privados para operaciones de hasta 300.000 ecus. El Consejo podrá revisar esta cantidad a propuesta de la Comisión, habida cuenta de la experiencia en casos similares.»
101.
El Parlamento mantiene que el respeto de sus prerrogativas impone que se le consulte antes de la adopción de esa revisión, tratándose de un Reglamento basado en el artículo 235 del Tratado.
102.
En la Comunidad hay cierta jerarquía de normas. Frente a los Reglamentos de base, adoptados directamente con arreglo a los procedimientos previstos por los Tratados, están los Reglamentos de aplicación o de ejecución, adoptados ya sea por la Comisión previa habilitación del Consejo en virtud del tercer guión del artículo 155 del Tratado CEE, ya sea por el propio Consejo en virtud del tercer guión del artículo 145 del mismo texto. El procedimiento de adopción de estos Reglamentos está previsto para el Reglamento de base.
103.
Estas dos categorías de actos están jerarquizadas en la medida en que el Reglamento de ejecución no puede ni modificar ni no tener en cuenta los principios establecidos por el Reglamento de base. El primero no debe rebasar el marco de la ejecución de los principios del segundo. (
84
)«El poder delegado no es [...] más que un poder de ejecución y no un poder de aplicación primaria de una disposición del Tratado.» (
85
)
104.
El Tribunal de Justicia ha sancionado este poder de delegación del Consejo mediante una abundante jurisprudencia dictada en materia de política agrícola común:
«[...] tanto el sistema legislativo del Tratado, que se refleja especialmente en el ultimo guión del artículo 155, como la práctica reiterada de las Instituciones comunitarias establecen, de conformidad con los conceptos jurídicos recibidos en todos los Estados miembros, una distinción entre las medidas que se basan directamente en el Tratado mismo y el Derecho derivado destinado a garantizar su ejecución;
[...] por tanto, no se puede exigir que todos los detalles de los Reglamentos referentes a la política agrícola común sean establecidos por el Consejo según el procedimiento del artículo 43;
[...] se cumple dicha disposición cuando los elementos esenciales de la materia que debe regularse se han adoptado de conformidad con el procedimiento previsto por ella;
[...] en cambio, las disposiciones de ejecución de los Reglamentos de base pueden ser adoptadas siguiendo un procedimiento diferente del previsto en el artículo 43, bien por el propio Consejo, bien por la Comisión en virtud de una habilitación con arreglo al artículo 155». (
86
)
105.
El Tribunal de Justicia considera, en lo que respecta a este artículo, que el sistema del Tratado en el que debe situarse, así como las exigencias de la práctica, requieren una interpretación amplia del concepto de ejecución. (
87
)
106.
La delegación en favor de la Comisión de la facultad de adoptar los Reglamentos de ejecución es también habitual en materia de contratos públicos. (
88
)
107.
El Acta Unica Europea, al modificar el artículo 145 del Tratado, ha limitado la facultad reconocida al Consejo de atribuirse asimismo la competencia de ejecución:
«[...] el Consejo sólo en casos específicos podrá reservarse el ejercicio directo de las competencias de ejecución, decisión que deberá motivar de manera circunstanciada». (
89
)
108.
Ausente de los comités que intervienen junto a la Comisión, (
90
) el Parlamento tampoco participa en determinados procedimientos para los que el Consejo se reserva el poder de ejecución, como es el previsto por el artículo 7 del Reglamento n° 2053/93. Este sistema no carece de lógica. Si bien es normal que el Parlamento sea «[...] consultado cada vez que se trata de definir una opinión política, es igualmente evidente que su función no es intervenir cuando se trata de adoptar un simple acto de gestión». (
91
) El carácter accesorio o secundario de las modalidades de ejecución justifica que éstas se decidan con menos solemnidad. Por tanto, esta posibilidad de delegación es una postura de poder entre el Parlamento y las otras Instituciones que pueden encontrar ahí un medio de excluir al Parlamento del proceso legislativo. (
92
) Así pues, desde 1967, (
93
) el Parlamento pedía ser consultado sobre todos los textos que sean consecuencia de Reglamentos de base y que tengan una influencia notable en los efectos políticos, económicos o jurídicos de estos Reglamentos. En una Resolución relativa a los procedimientos comunitarios de ejecución del Derecho comunitario derivado, (
94
) el Parlamento pedía una limitación estricta de las competencias de los comités, «organismos no previstos por el Tratado».
109.
Lo cierto es que, en virtud del artículo 145 del Tratado, el hecho de que el Consejo delegue en sí mismo el poder de ejecución es indudablemente lícito, aun cuando el procedimiento de adopción de los Reglamentos de ejecución no obedezca a las mismas normas que el referente al Reglamento de base.
110.
Pero, precisamente, el artículo 7 del Reglamento impugnado, ¿se refiere a las modalidades de ejecución o de aplicación del Reglamento de base o trata de los principios de fondo establecidos por este texto?
111.
La fijación del límite a partir del cual los contratos de servicios ya no pueden adjudicarse mediante licitaciones restringidas y mediante acuerdos privados, ¿es una modalidad de ejecución o de aplicación del Reglamento n° 2053/93?
112.
Haré aquí dos observaciones.
113.
El párrafo segundo del apartado 2 del artículo 7 del Reglamento n° 2053/93 fue recogido del Reglamento anterior n° 2157/91 que preveía el mismo modo de revisión del límite de 300.000 ECU. (
95
)
114.
En ambos casos, el procedimiento de revisión del límite que excluía al Parlamento no figuraba en la propuesta de la Comisión y fue añadido por el Consejo.
115.
El poder delegado al Consejo trata sólo de las modalidades de adjudicación de los contratos de servicios. Es cierto que la elección del procedimiento de acuerdo directo y de licitación restringida permite acelerar el proceso de decisión y que la reducción del límite por debajo del cual la Comisión puede tratar mediante acuerdo directo refuerza la eficacia del sistema. No obstante, el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 7 no cuestiona ni los principios ni el sistema del Reglamento y no se aparta de las «competencias de ejecución», (
96
) que son las únicas en que cabe la delegación.
116.
Así pues, también debe desestimarse el tercer motivo.
117.
Por consiguiente, considero que debe desestimarse el recurso en su totalidad.
(
*1
)	Lengua original: francés.
(
1
)	DO L 187, p. 1.
(
2
)	Reglamento relativo a la concesión de una asistencia técnica a la Unión tic Repúblicas Socialistas Soviéticas en el esfuerzo de saneamiento y recuperación de su economía {DO L 201, p.2).
(
3
)	DO 1993, C 48, p. 13.
(
4
)	Apartado 1 del artículo 5.
(
5
)	Véanse las respuestas del Consejo a las preguntas escritas del Tribunal de Justicia.
(
6
)	Ibidem.
(
7
)	Anexo 2 del recurso.
(
8
)	Anexo 3 del recurso.
(
9
)	DO C 150, p. 26.
(
10
)	Elaborado por el Diputado europeo Sr. Henry Chabert.
(
11
)	DO C 176, p. 178.
(
12
)	Convertido en el apartado 1 del artículo 105 tras las modificaciones del Reglamento del Parlamento como consecuencia del Tratado de la Unión Europea (DO 1993, C 268, p. 51).
(
13
)	Véase eī DO, Anexo, n° 3-431, Debates del Parlamento Europeo, Sesión 1993/1994, p. 344, y el DO 1993, C 255, p. 81.
(
14
)	DO C 176, p. 152.
(
15
)	Véase el DO, Anexo, n° 3-433, Debates del Parlamento Europeo, Sesiones 1993/1994, p. 191, y el DO 1993, C 255, p. 81.
(
16
)	Aunque no dispone de un derecho propio, la Comisión es «invitada» a asistir a las sesiones del Consejo (apartado 2 del artículo 4 del Reglamento Interno del Consejo). Así fue en el presente asunto.
(
17
)	Punto 16 de las observaciones del Parlamento en el escrito de intervención del Reino Unido en el asunto Parlamento/Consejo (C-65/93), actualmente pendiente.
(
18
)	Asunto 138/79, Rec. p. 3333.
(
19
)	Apartado 33.
(
20
)	Sentencias de 16 de julio de 1992, Parlamento/Consejo (C-65/90, Rec. p. I-4593), y de 1 de junio de 1994, Parlamento/Consejo (C-388/92, Rec. p. I-2067).
(
21
)	La Comisión se comprometió a ello mediante una comunicación de 20 de mayo de 1973 citada por Bieber, R.: «Artikel 137», en Kommentar zum EWG-Vertrag, Groeben, Thiesing, Ehlermann, 4.a ed., p. 4132. Así ocurrió en el asunto que nos ocupa.
(
22
)	Sentencia Roquette Frères/Consejo, antes citada, apartado 34.
(
23
)	Véase Bieber, R.: «Legislatíve procedure for the establishment of the single market», CMLR, 1988, pp. 711, 716.
(
24
)	Sentencia de 27 de septiembre de 1988, Comisión/Consejo (165/87, Rec. p. 5545), apartado 20.
(
25
)	Véase el citado asunto Parlamento/Consejo (C-65/93), nota 17 supra.
(
26
)	Véanse, en este sentido, los puntos 28 y 29 de las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en la sentencia de 2 de marzo de 1994, Parlamento/Consejo (C-316/91, Rec. p. I-625): «La participación del Parlamento en el procedimiento dc adopción de normas no debe considerarse solamente una prerrogativa, sino también una responsabilidad que pesa sobre el Parlamento y que éste no puede declinar» (punto 28).
(
27
)	Véase, a este respecto, el punto 48 de las conclusiones del Abogado General Sr. Darmon en la citada sentencia de 1 de junio de 1994, Parlamento/Consejo, nota 20 supra.
(
28
)	Sentencia de 10 de julio de 1986, Wybot (149/85, Rec. p. 2391), apartado 23.
(
29
)	Asunto 68/86, Rec. p. 855.
(
30
)	Apartado 38.
(
31
)	Artículo 4.
(
32
)	Sentencia de 10 de febrero de 1983, Luxemburgo/Parlamento (230/81, Rec. p. 255), apartado 37, y auto de 13 de julio de 1990, Zwartveld y otros (C-2/88 Imm., Ree. p. I-3365), apartado 17. Véanse también las conclusiones del Abogado Generai Sr. Mancini en la sentencia de 27 de septiembre de 1988, Grecia/Consejo (204/86, Rec. pp. 5323 y ss., especialmente p. 5349), y el punto 56 de las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en la sentencia de 31 de marzo de 1992, Consejo/Parlamento (C-284/90, Rec. p. I-2277).
(
33
)	Artículo 15 del Tratado de fusión. Puede pensarse que, si el Parlamento hubiera tenido en 1965 las facultades que tiene hoy, se habría evocado la necesidad de una colaboración entre el Parlamento y las otras Instituciones.
(
34
)	Citada en la nota 32 supra, apartado 16.
(
35
)	Véase también, sobre la colaboración entre la Comisión y el Consejo en el marco del artículo 58 del Tratado CECA, la sentencia de 11 de mayo de 1983, Klöckner-Werke/Comisión (244/81, Rec. p. 1451).
(
36
)	Bulletin dit Parlement européen, n° 34/73, de 19 de octubre de 1973, pp. 4 y 5.
(
37
)	Véase el Anexo 5 del recurso.
(
38
)	Wyatt and Dashwood, European Community Law, 1993, p. 37.
(
39
)	Anexo 5 del recurso.
(
40
)	Véase también Jacobs y Corbett: The European Parliament, 1990, p. 166: «The most serious difficulty for Parliament, however, arises where Council takes a decision “in principle” or “subject to Parliament's opinion” before this opinion has been delivered (11 times in 1986, eight in 1987, 12 in 1988, seven in 1989).»
(
41
)	Resolución sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo (DO C 284, p. 58).
(
42
)	DO C 324, p. 125.
(
43
)	Véanse, a este respecto, las declaraciones del Presidente en ejercicio del Consejo ante el Parlamento Europeo de 9 de octubre de 1990 (DO, Anexo, n° 3-394, Debates del Parlamento Europeo, Sesión 1990/1991, p. 79).
(
44
)	E! fenómeno se produce también en la fase de primera lectura del procedimiento de cooperación: los órganos del Consejo, por un lado, y las comisiones parlamentarias, por otro, examinan al mismo tiempo las propuestas legislativas.
(
45
)	Artículo 189 B del Tratado CE.
(
46
)	Artículo 189 C del Tratado CE.
(
47
)	Véase DO, Anexo, n° 3-386, Debates del Parlamento Europeo, Sesión 1990/1991, p. 32; Boletín CE 1/2-1990, punto 1.6.6, y Boletín CE 4-1990, punto 1.6.1.
(
48
)	Asunto 114/81, p. 3189.
(
49
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 16 de julio de 1992, antes citada, Parlamento/Consejo, nota 20 supra.
(
50
)	Que ha sustituido al apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE, derogado por el Tratado de la Unión Europea. La Comisión puede también retirar su propuesta de Reglamento. Véase el punto 6 de la Resolución sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre el cese de funcionarios en sus funciones, de 10 de octubre de 1985 (DOC 288, p. 103).
(
51
)	Op. cit. supra, p. 47.
(
52
)	Citada en la nota 42 supra, p. 127.
(
53
)	DO C 268, p. 66 (artículo 36 G).
(
54
)	Véase, en este sentido, la respuesta del Consejo de 1 de abril de 1985 a la pregunta esenta n° 1907/84 del Sr. de Vries (DO C 118, p. 12).
(
55
)	Se había comprometido, en la comunicación de 16 de octubre de 1973, antes citada, a respetar un plazo de una semana. Cabría preguntarse sobre el valor jurídico y el carácter vinculante de este compromiso si sus términos no fueran tan vagos. Sobre esta cuestión, véase Jacqué, J.-P.: «La pratique des institutions communautaires et le développement de la structure institutionnelle communautaire», en Die Dynamik des Europäischen Gemeinschaftsrechts — Thc dynamics of EC-law, Bieber R. y Ress G., editores, 1987.
(
56
)	Véase el punto 6 del informe provisional.
(
57
)	Nota 19 del texto del Reglamento.
(
58
)	Punto 15 del recurso.
(
59
)	Punto 4 del escrito de réplica.
(
60
)	Véase el documento del Coreper de 1 de abril de 1993 incorporado a los debates: «A la espera del dictamen del Parlamento Europeo, el Coreper procedió al examen de la propuesta de la Comisión, cuyos resultados figuran en Anexo. El Coreper sugiere al Consejo que confirme estos resultados, en la inteligencia de que éste deberá pronunciarse definitivamente ima vez emitido el dictamen del Parlamento Europeo»; el subrayado es mío.
(
61
)	Véase el punto 5 de la exposición de motivos del informe Chabert, Anexo al escrito de contestación del Consejo. Véase también la declaración del Ponente en los debates de 24 de junio de 1993 (DO, Anexo, n° 3-432, Debates del Parlamento Europeo, Sesión 1993/1994, p. 323).
(
62
)	Sir Leon Brittan declaró lo siguiente en los debates de 26 de mayo de 1993: «Por último, abordaré la cuestión de la comitología. Quiero ser perfectamente claro: en lo que respecta a la Comisión, inicialmente habíamos sugerido que se estableciera un Comité de gestión. En cuanto al Consejo, éste preconizó insistentemente la creación de un Comité de rcglamentación.» (DO, Anexo, n° 3-431, Debates del Parlamento Europeo, Sesión 1993/1994, p. 175).
(
63
)	Que era el único escollo verdadero: véase la declaración de 26 de mayo de 1993 del Ponente Chabert (DO 1993, Anexo, n° 3-431, Debates del Parlamento Europeo, Sesión 1993/1994, p. 177).
(
64
)	Véase la declaración del Ponente Chabert en los debates de 14 de julio de 1993 (DO, Anexo, n° 3-433, pp. 190 y 191).
(
65
)	Además, el representante de la Comisión había anunciado, durante los debates parlamentarios, que estaba dispuesto a recoger la mayor parte de las enmiendas del Parlamento (DO 1993, Anexo, n° 3-431, Debates del Parlamento Europeo, Sesión 1993/1994, p. 175). Sobre el papel capital de «Abogado del Parlamento» que puede desempeñar la Comisión en el procedimiento de consulta, véase Raworth, P.: «A Timid Step Forwards: Maastricht and the Democratisation of the European Community», ELR, 1994, pp.16 a 20.
(
66
)	Apartado 1 del artículo 189 A del Tratado.
(
67
)	Declaración común de la Asamblea, del Consejo y de la Comisión (DO C 89, p. 1). Véase también el artículo 63 del Reglamento del Parlamento.
(
68
)	Resolución con la que se concluye la consulta al Parlamento Europeo sobre la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo relativa a un Reglamento por el que se fijan las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO C 297, p. 94, punto 4).
(
69
)	Apartado 16 de la antes citada sentencia de 16 de julio de 1992, Parlamento/Consejo, nota 20 supra. Véanse también las sentencias de 15 de julio de 1970, ACE Chemiefarma/Comisión (41/69, Rec. p. 661), apartado 178, y de 4 de febrero de 1982, Buyl y otros/Comisión (817/79, Rec. p. 245), apartados 16 y 23.
(
70
)	Reglamento del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en vías de desarrollo de América Latina y Asia (DO L 52, p. 1).
(
71
)	Véase el escrito de contestación del Consejo, punto 21.
(
72
)	Anexo del escrito de contestación del Consejo. Véase la carta del Presidente de la comisión de presupuestos al Presidente de la comisión REX de 20 de abril de 1993 y su propuesta de enmienda n° 7.
(
73
)	Ibidem.
(
74
)	Apartado 3 del artículo 4 del Reglamento n° 2053/93.
(
75
)	DO C 176, p. 184.
(
76
)	Variante II. b de la Decisión 87/373/CEE «comitología» del Consejo, de 13 de julio de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 197, p. 33).
(
77
)	Víase, sobre este punto, Blumann, C: Dictionnaire juridique des Communautés européennes, A. Barav y C. Philip, editores, Comitologie, p. 197.
(
78
)	Sentencia tic 16 de julio dc 1992, Parlamento/Consejo, citada en la nota 20 supra, apartado 19.
(
79
)	Véase DO 1993, Anexo, n° 3-433, p. 191, y el punto 72 de las presentes conclusiones.
(
80
)	Véanse los proyectos de enmienda n° 18 dei informe de la comisión REX y n° 7 del dictamen de la comisión para el control presupuestario, así como los puntos 4 y 5 de la exposición de motivos del informe de la comisión REX.
(
81
)	Véase la intervención del Sr. Nielsen, Parlamentario: «El Comité de gestión da pruebas de demasiada burocracia y carece totalmente de transparencia. Creemos un Comité consultivo capaz de acelerar y mejorar tanto el proceso de decisión como la realización práctica de los proyectos.» (DO 1993, Anexo, n° 3-431, Debates del Parlamento Europeo, Sesión 1993/1994, p. 186). Véase también la intervención del Ponente Chabert durante los debates (DO 1993, Anexo, n° 3-431, Debates del Parlamento Europeo, Sesión 1993/1994, p. 169).
(
82
)	Ibidem, p. 177.
(
83
)	Punto 36 del recurso.
(
84
)	Véase la sentencia de 27 de septiembre de 1979, Eridania (230/78, Rec. p. 2749), apartados 9 y siguientes.
(
85
)	Informe Jozcau-Mangué sobre los problemas jurídicos de la consulta al Parlamento Europeo, 8 de agosto cíe 1967, documento 110, punto 24.
(
86
)	Sentencia de 17 de diciembre de 1970, Scheer (30/70, Rec. p. 1197), apartado 15. Véanse también las sentencias de 17 de diciembre de 1970, Köster, Berodt & Co. (25/70, Rec. p. 1161); de 16 de junio de 1987, Romkes (46/86, Rec. p. 2671); de 20 de septiembre de 1988, España/Consejo (203/86, Rec. p. 4563), y de 27 dc octubre dc 1992, Alemania/Comisión (C-240/90, Rec. p. I-5383).
(
87
)	Apartado 10 de la sentencia de 30 de octubre de 1975, Rey Soda (23/75, Rec. p. 1279).
(
88
)	Véase, por ejemplo, el artículo 31 de la Directiva 90/531/CEE del Consejo, de 17 de septiembre de 1990, relativa a los procedimientos de formalización de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DOL 297, p. 1), y el artículo 30 ter de la Directiva 89/440/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1989, que modifica la Directiva 71/305/CEE sobre coordinación de los procedimientos de celebración de los contratos públicos de obras (DO L 210, p. 1).
(
89
)	Sentencia de 24 de octubre de 1989, Comisión/Consejo (16/88, Rec. p. 3457), apartado 10.
(
90
)	Véase la Decisión 87/373, citada en la nota 76 supra, y Reich, Ch.: «Le Parlement européen et la “comitologie”», Revue du marché commun, n° 336, 1990, p. 319.
(
91
)	Informe Jozeau-Marigné, antes citado en la nota 85 supra, p. 5.
(
92
)	Véase el informe Hansen, Parlamento Europeo, Documentos de sesión, de 7 de julio de 1986, doc. A2-78/86.
(
93
)	Véase la Resolución de 17 de octubre de 1967 (DO 1967, 268, p. 7).
(
94
)	Resolución publicada en el DO 1968, C 108, p. 37.
(
95
)	Párrafo segundo del apartado 2 del artículo 6.
(
96
)	Artículo 145 del Tratado CE.