Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. RIMVYDAS NORKUS
presentadas el 4 de septiembre de 2025 (1)
Asunto C‑480/24
Ģenerālprokuratūra
con intervención de:
ČIEKURI-SHISHKI SIA,
COUNTRY HELI SIA
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākās tiesas Senāts (Tribunal Supremo, Letonia)]
« Procedimiento prejudicial — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas a la vista de la situación en Ucrania — Reglamento (UE) n.º 269/2014 — Artículo 2 — Concepto de persona jurídica “asociada” a una persona física incluida en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014 — Conceptos de fondos y de recursos económicos cuya “propiedad, tenencia o control” corresponde a tal persona física — Artículo 11 — Obligación de no satisfacer ninguna reclamación presentada por las personas a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo — Ámbito de aplicación — Efectos jurídicos — Verificación de oficio por el juez nacional de la identidad de las partes en relación con los artículos 2 y 11 — RGPD — Artículos 5 y 6 — Divulgación y publicación en una sentencia de datos de carácter personal de una persona física incluida en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014 »
I.      Introducción
1.        La presente petición de decisión prejudicial, formulada por la Augstākās tiesas Senāts (Tribunal Supremo, Letonia) con arreglo al artículo 267 TFUE, tiene por objeto la interpretación de los artículos 2 y 11, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, (2) en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1765 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023 (3) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 269/2014»).
2.        Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre una persona de Derecho letón, ČIEKURI-SHISHKI SIA, y otra persona de Derecho letón, COUNTRY HELI SIA, sobre reclamación de una cantidad adeudada por la segunda de las sociedades a la primera. Un tribunal letón condenó a esta última devolver un préstamo mediante una resolución judicial que ha adquirido firmeza. COUNTRY HELI está participada al 50 % por ČIEKURI-SHISHKI, así como por una persona jurídica de Derecho chipriota, la sociedad ABACUS (CYPRUS) LIMITED, cuyo titular real es una persona física a la que se aplican las medidas restrictivas adoptadas por la Unión en el contexto de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El órgano jurisdiccional remitente, que conoce de un recurso de casación, debe resolver si, en una situación como esta, la sentencia del tribunal letón puede ejecutarse o si debe anularse.
3.        Este asunto suscita una serie de cuestiones relativas a la interpretación del Reglamento n.º 269/2014, a las que el Tribunal de Justicia debe dar respuesta con objeto de garantizar la eficacia de las medidas restrictivas. Tratan, entre otras materias, del poder del juez nacional para determinar, con arreglo al Derecho de la Unión, si las medidas contempladas en dicho Reglamento son aplicables a una persona jurídica, así como de los criterios que el juez debe aplicar al fundamentar su apreciación. El examen de estas cuestiones exige un análisis de la articulación entre el ordenamiento jurídico de la Unión y el Derecho nacional, en particular, en lo relativo a la función encomendada a los órganos jurisdiccionales nacionales y a la incidencia del régimen de medidas restrictivas en el Derecho privado. Estas cuestiones interpretativas revisten una importancia que rebasa ampliamente el marco del litigio principal.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
1.      Reglamento n.º 269/2014
4.        El artículo 1 del Reglamento n.º 269/2014 establece lo siguiente:
«A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a)      “demanda”, cualquier demanda, con independencia de que se haya interpuesto o no mediante procedimiento judicial, formulada, antes o después del 17 de marzo de 2014, en virtud de un contrato o transacción o en relación con estos, incluida en particular:
i)      una demanda de cumplimiento de una obligación surgida en virtud de un contrato o transacción o en relación con estos;
ii)      una demanda de prórroga o pago de una fianza, una garantía financiera o una indemnización, independientemente de la forma que adopte;
iii)      una demanda de compensación en relación con un contrato o transacción;
iv)      una demanda de reconvención;
v)      una demanda de reconocimiento o ejecución, incluso mediante procedimiento de exequátur, de una sentencia, un laudo arbitral o resolución equivalente, dondequiera que se adopte o se dicte;
[…]
c)      “autoridades competentes”: las autoridades competentes de los Estados miembros tal como se mencionan en las páginas web enumeradas en el anexo II;
[…]».
5.        El artículo 2 de este Reglamento dispone:
«1.      Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o a personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I.
2.      No se pondrá a disposición directa ni indirecta de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos, o de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, que figuren en el anexo I, ni se utilizará en su beneficio, ningún fondo o recurso económico.»
6.        El artículo 3, apartado 1, del referido Reglamento dispone que, en el anexo I de este último se incluirán a distintas categorías de personas físicas o jurídicas, de entidades o de organismos «y a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas».
7.        El artículo 9, apartado 1, del mismo Reglamento está redactado en estos términos:
«Queda prohibido participar de manera consciente y deliberada en acciones cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas a que se refiere el artículo 2.»
8.        El artículo 11 del Reglamento n.º 269/2014 establece:
«1.      No se satisfará reclamación alguna relacionada con un contrato o transacción cuya ejecución se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente, por las medidas impuestas por el presente Reglamento, incluidas las reclamaciones de indemnización o cualquier otra solicitud de este tipo, tales como una reclamación de compensación o una reclamación a título de garantía, en particular cualquier reclamación que tenga por objeto la prórroga o el pago de una fianza, una garantía financiera o una indemnización, en particular financieras, independientemente de la forma que adopte, si la presentan:
a)      personas físicas o jurídicas, entidades u organismos designados que figuren en la lista del anexo I;
b)      cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo que actúe a través o en nombre de una de las personas, entidades u organismos a que se refiere la letra a).
2.      En cualquier procedimiento destinado a dar curso a una reclamación, la carga de la prueba de que el apartado 1 no prohíbe satisfacer la reclamación recaerá en la persona física o jurídica, entidad u organismo que pretenda llevar adelante la misma.
3.      El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el apartado 1 a someter a control judicial la legalidad del incumplimiento de obligaciones contractuales de conformidad con el presente Reglamento.»
9.        El artículo 14 de dicho Reglamento está redactado en los siguientes términos:
«1.      Cuando el Consejo decida someter a una persona física o jurídica, entidad u organismo a las medidas a las que se refiere el artículo 2, modificará el anexo I en consecuencia.
2.      El Consejo comunicará su decisión, junto con los motivos de su inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refiere el apartado 1, ya sea directamente si se conoce su domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, y ofrecerá a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo la oportunidad de formular alegaciones.
3.      Si se formulan alegaciones o presentan nuevas pruebas sustantivas, el Consejo revisará su decisión e informará a la persona física o jurídica, entidad u organismo en consecuencia.
4.      La lista del anexo I se revisará periódicamente y, al menos, cada doce meses.»
10.      El artículo 17 del citado Reglamento dispone:
«El presente Reglamento se aplicará:
[…]
d)      a cualquier persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que se haya registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro;
[…]».
2.      Reglamento de Ejecución (UE) 2022/336
11.      Los considerandos 10 a 13 del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/336 del Consejo, de 28 de febrero de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.º 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, (4) enuncian lo siguiente:
«(10)      El 24 de febrero de 2022, el Alto Representante emitió una declaración en nombre de la Unión en la que condenaba con la máxima firmeza la invasión no provocada de Ucrania por parte de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia y la participación de Bielorrusia en esta agresión contra Ucrania. El Alto Representante indicaba que la respuesta de la Unión incluirá medidas restrictivas tanto sectoriales como individuales.
(11)      El 24 de febrero de 2022, el Consejo Europeo condenó con la máxima firmeza la agresión militar no provocada e injustificada que la Federación de Rusia ha llevado a cabo contra Ucrania. Con las acciones militares ilegales que ha emprendido, Rusia está violando gravemente el Derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y socavando la seguridad y la estabilidad europeas y mundiales. El Consejo Europeo acordó la imposición de medidas restrictivas adicionales con consecuencias graves e incalculables para Rusia por su actuación, en estrecha coordinación con los socios y aliados.
(12)      Habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo considera que deben añadirse veintiséis personas y una entidad a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I del Reglamento [n.º 269/2014].
(13)      Por lo tanto, procede modificar el anexo I del Reglamento [n.º 269/2014] en consecuencia.»
B.      Derecho letón
12.      Los artículos 483 y 484 de la civilprocesa likums (Ley de Enjuiciamiento Civil) disponen que el fiscal general podrá, cumpliéndose ciertos requisitos, interponer un recurso de protesta casacional (reservado al Ministerio Público) ante la Augstākās tiesas Senāts (Tribunal Supremo) contra determinadas resoluciones judiciales firmes.
III. Hechos que originaron el litigio, procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
13.      El 19 de mayo de 2015, se celebró un contrato de préstamo entre ČIEKURI-SHISHKI, prestamista, y COUNTRY HELI, el prestatario, por un importe de 3 407 347,10 euros.
14.      El 19 de enero de 2023, ČIEKURI-SHISHKI (en lo sucesivo, «demandante») interpuso una demanda contra COUNTRY HELI (en lo sucesivo, «demandada»), en reclamación del principal y de los intereses del préstamo. En la demanda se indica que el 50 % del capital de la demandada es propiedad de la demandante, y el otro 50 %, de una sociedad con sede en Chipre, ABACUS (CYPRUS) LIMITED, cuyo titular real es una persona física, D.
15.      Mediante sentencia de 13 de septiembre de 2023, la Rīgas rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de la Comarca de Riga, Letonia) declaró que la demandada seguía sin haber devuelto el importe recibido en préstamo y sin haber abonado los intereses devengados. Dicho órgano jurisdiccional estimó la demanda, condenando a la demandada a devolver a la demandante la deuda reclamada. Sin embargo, no examinó, en su sentencia, si eran aplicables a la demandante o la demandada las medidas restrictivas adoptadas por la Unión respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, en particular las adoptadas en virtud o sobre la base del Reglamento n.º 269/2014.
16.      La sentencia, que no fue objeto de recurso, devino firme el 4 de octubre de 2023.
17.      El 12 de octubre de 2023, se dictó una orden de ejecución, que fue remitida al registro de ejecuciones.
18.      En el ejercicio de los derechos que le confieren los artículos 483 y 484 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el fiscal general en funciones interpuso recurso de casación contra la sentencia la Rīgas rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de la Comarca de Riga) de 13 de septiembre de 2023, por el que solicitó la anulación de dicha sentencia y la suspensión de su ejecución mientras se resolvía el recurso. El fiscal general alegó que, dado que D estaba incluido por el Reglamento de Ejecución 2022/336 por el que se aplica el Reglamento n.º 269/2014 en la lista de las personas a las que se aplican medidas restrictivas que figura en el anexo I de este último Reglamento, las disposiciones de este son aplicables a la demandada en una configuración como la del procedimiento principal. Añade que, habida cuenta de que la demanda de la demandante se presentó después de la inclusión de D en esta lista, la Rīgas rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de la Comarca de Riga) debería haber comprobado si el verdadero propósito de esa demanda era eludir las medidas restrictivas adoptadas contra D.
19.      Mediante auto de 8 de febrero de 2024, la Augstākās tiesas Senāts (Tribunal Supremo), que es el órgano jurisdiccional remitente, resolvió admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por el fiscal general, con suspensión de la ejecución de la sentencia de primera instancia.
20.      El órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 2 del Reglamento n.º 269/2014 no ofrece una respuesta clara sobre cómo puede determinarse si una persona jurídica como la demandada debe ser considerada como una persona jurídica «asociada» a una persona física incluida en el anexo I de dicho Reglamento, cuando su estructura de capital está compuesta por varias sociedades y el titular real de una de esas sociedades resulta ser una persona física. En efecto, podría ser razonable suponer que, en este caso, la demandada es propiedad o está posiblemente controlada por D, como titular real. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta también si la demandante, como persona jurídica que posee el 50 % del capital de la demandada, puede, a su vez, ser calificada de persona jurídica «asociada», sin lo cual la eficacia de las medidas restrictivas adoptadas contra D podría verse comprometida.
21.      Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente desea obtener unas aclaraciones acerca del ámbito de aplicación ratione personae y los efectos jurídicos del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014. En particular, considera que no sería razonable denegar al juez nacional la posibilidad de conocer y estimar una demanda sujeta a dicha disposición, siempre y cuando el juez aclare expresamente, en la parte dispositiva de la sentencia, que esta solo podrá ejecutarse, de manera voluntaria o forzosa, si se levantan las medidas restrictivas contra la persona afectada. El órgano jurisdiccional remitente también se interroga acerca de si el Reglamento n.º 269/2014 obliga al juez nacional a verificar de oficio si alguna de las partes procesales en un asunto civil es una de las personas mencionadas en los artículos 2 u 11, apartado 1, de dicho Reglamento, y en qué medida lo hace.
22.      En estas circunstancias, la Augstākās tiesas Senāts (Tribunal Supremo) resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Qué circunstancias indican que una persona es persona asociada en el sentido del artículo 2 del [Reglamento n.º 269/2014]? ¿Y debe ser considerada como persona jurídica asociada una persona jurídica cuyas acciones pertenecen en un 50 % a una persona jurídica y el beneficiario efectivo de esta última es una persona física que figura en la lista del anexo del Reglamento de Ejecución [2022/336]?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda parte de la primera cuestión prejudicial, ¿debe ser considerada también como persona jurídica asociada, en el sentido del artículo 2 del Reglamento n.º 269/2014, una persona jurídica que posee un 50 % de las acciones de la persona jurídica descrita en la segunda parte de la primera cuestión prejudicial?
3)      Las personas, entidades u organismos mencionados en el artículo 11, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 269/2014, ¿incluyen también a las personas jurídicas asociadas, en el sentido del artículo 2 del Reglamento n.º 269/2014?
4)      ¿Está obligado el órgano jurisdiccional, al examinar cualquier pretensión, a verificar por su propia iniciativa si alguna de las partes procesales es una de las personas mencionadas en el artículo 2 o en el artículo 11, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento n.º 269/2014?
5)      ¿Qué efectos jurídicos derivan de lo establecido en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, el cual dispone que las reclamaciones que formulen las personas mencionadas en las letras a) o b) de ese apartado “no se satisfarán”? ¿O puede admitirse que esas reclamaciones sean enjuiciadas en cuanto al fondo cuando en la parte dispositiva de la sentencia del órgano jurisdiccional se declare que la sentencia no podrá ejecutarse mientras esas personas estén incluidas en la correspondiente lista?
6)      ¿Produce efectos jurídicos el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014 cuando el demandante no es una de las personas mencionadas en las letras a) o b) de ese apartado, pero el demandado sí es una de las personas mencionadas en las letras a) o b) de ese apartado?
7)      ¿Deberían revelarse, en la fundamentación jurídica de la resolución del órgano jurisdiccional, los datos de la persona física afectada por las sanciones (nombre y apellido)? Y ¿estos datos personales tendrían que seudonimizarse cuando se publique la resolución del órgano jurisdiccional?»
IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
23.      La resolución de remisión, de 4 de julio de 2024, fue recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de julio de 2024.
24.      El fiscal general, la demandante en el litigio principal, los Gobiernos letón, neerlandés y finlandés, así como la Comisión Europea, presentaron observaciones escritas en el plazo impartido por el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
25.      El Tribunal de Justicia decidió, con arreglo al artículo 76, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, que no se celebrara vista oral.
V.      Análisis jurídico
A.      Observaciones preliminares
26.      El Reglamento n.º 269/2014 fue adoptado por la Unión Europea el 17 de marzo de 2014, como reacción a la situación en Ucrania, en particular, a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia. Tras el inicio de la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania en 2022, dicho Reglamento ha cobrado una importancia cada vez mayor. Constituye uno de los principales instrumentos de sanciones dirigidas contra Rusia. Prevé la inmovilización de los activos de las personas y entidades responsables de acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y de otras personas mencionadas por el artículo 2 de la Decisión 2014/145/PESC. (5) Prohíbe asimismo suministrarles, directa o indirectamente, fondos o recursos económicos. La lista anexa al Reglamento es objeto actualizaciones regulares que comprenden responsables políticos, oligarcas, militares, empresas y propagandistas vinculados con el Kremlin. Estas medidas se inscriben en una respuesta más amplia de la Unión, que incluye asimismo sanciones económicas y comerciales, para ejercer presión sobre Rusia para que ponga fin a sus acciones militares y respete el Derecho internacional.
27.      En Derecho de la Unión, las «medidas restrictivas» se adoptan mediante decisiones del Consejo, «que definirán el enfoque de la Unión sobre un asunto concreto de carácter geográfico o temático», en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC) y en virtud del artículo 29 TUE. Dado que las decisiones adoptadas en el marco de la PESC no producen efecto directo en el ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, no pueden crear por sí mismas obligaciones para personas físicas o jurídicas. Su aplicación requiere, por lo tanto, adoptar, sobre la base del artículo 215 TFUE, «medidas restrictivas», en forma de actos de Derecho derivado cuya finalidad sea «la interrupción o la reducción, total o parcial, de las relaciones económicas y financieras con uno o varios terceros países» (apartado 1) o «medidas restrictivas contra personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no estatales» (apartado 2). (6)
28.      Al ejercer las competencias conferidas al Consejo por la base jurídica del artículo 215 TFUE, el Consejo suele optar por la adopción de reglamentos. El Reglamento n.º 269/2014, que constituye el núcleo del presente asunto, pertenece precisamente a esta categoría de actos. La naturaleza jurídica de las «medidas restrictivas» representa uno de los distintos aspectos que deben abordarse al examinar las cuestiones prejudiciales. También habrán de analizarse las medidas concretas que los órganos competentes de los Estados miembros, incluidos sus órganos jurisdiccionales, deben tomar con objeto de dotar de plenos efectos a dicho Reglamento en sus respectivos ordenamientos jurídicos. La coherencia y la aplicación efectiva de estas medidas son, en efecto, cruciales para garantizar los objetivos perseguidos por la PESC dentro de la Unión.
29.      Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán sobre las cuestiones prejudiciales cuarta, quinta y sexta, las cuales pueden reagruparse en dos ejes temáticos diferenciados. La cuarta cuestión prejudicial se refiere a la eventual obligación del juez nacional de comprobar de oficio si una de las partes del procedimiento es una persona contemplada por los artículos 2 y 11 del Reglamento n.º 269/2014. Las cuestiones prejudiciales quinta y sexta versan, por su parte, sobre el ámbito de aplicación y sobre los efectos jurídicos del artículo 11, apartado 1, de dicho Reglamento. Abordaré estas cuestiones por separado.
30.      Con arreglo a las normas de reparto de competencias que existen en el marco del procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde, por una parte, al Tribunal de Justicia interpretar las disposiciones del Derecho de la Unión identificadas por el órgano jurisdiccional nacional, bajo su única responsabilidad y a la luz del conjunto de elementos fácticos y jurídicos del litigio principal, como determinantes para la solución del litigio. (7) Por otra parte, corresponde al órgano jurisdiccional nacional aplicar dichas disposiciones al caso de autos, teniendo en cuenta la interpretación aportada por el Tribunal de Justicia. Para dar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil a las cuestiones planteadas, integraré en mi análisis un conjunto de disposiciones que podrían resultar aplicables, sin perjuicio de la apreciación de las circunstancias concurrentes por parte de dicho órgano jurisdiccional nacional. (8)
B.      Sobre la cuarta cuestión prejudicial
31.      Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea averiguar si los artículos 2 y 11, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 269/2014 deben interpretarse en el sentido de que el juez nacional está obligado a verificar por su propia iniciativa si alguna de las partes procesales es una de las personas mencionadas en dichas disposiciones.
32.      Como he explicado en mis observaciones preliminares, la Unión suele recurrir al instrumento jurídico del Reglamento para garantizar la aplicación de las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo en el marco de la PESC. (9) Como resulta del considerando 10 del Reglamento n.º 269/2014, se ha previsto una entrada en vigor inmediata con el fin de garantizar la efectividad de estas medidas. Conforme al artículo 288 TFUE, el Reglamento tendrá un alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en el conjunto de los Estados miembros. Por lo tanto, el recurso a este instrumento jurídico garantiza la aplicación uniforme de las medidas restrictivas. (10) Además, con arreglo al artículo 17 del Reglamento n.º 269/2014, este se aplicará a cualquier persona, entidad u organismo que figure en él. La puesta en funcionamiento y aplicación de estas medidas restrictivas es responsabilidad de los Estados miembros, a través de sus autoridades competentes.
33.      Las disposiciones de los reglamentos son, en principio, vinculantes para todos los órganos de los Estados miembros en el marco de sus respectivas competencias, incluido el poder judicial. Este último desempeña una función central, velando por el cumplimiento del Derecho de la Unión y controlando, en su caso, la legalidad de las medidas ordenadas por el Estado. Esto significa que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden pronunciarse sobre la legalidad de los actos por los que se aplican, a escala nacional, (11) medidas restrictivas tales como sanciones o restricciones comerciales. De esta manera, el poder judicial contribuye a garantizar la seguridad jurídica y a asegurarse de que las medidas se ajusten al marco jurídico. En el caso de que una medida se considere ilegal, el órgano jurisdiccional competente podrá anularla o modificarla. De este modo, el poder judicial contribuye a prevenir los abusos de poder y a preservar el Estado de Derecho dentro de la Unión.
34.      La aplicación de un reglamento que contemple medidas restrictivas corresponde principalmente a los órganos del Estado con una competencia especializada en materia de supervisión financiera. Dichos órganos disponen de los medios necesarios y están, por lo tanto, habilitados para ejecutar las sanciones económicas previstas, tales como la inmovilización de activos, la prohibición de conceder créditos o la de efectuar pagos a ciertas personas u organismos. Les corresponde ordenar medidas concretas contra las personas y organismos que figuran en las listas a que se refiere el reglamento. Los mencionados órganos, encargados de ejecutar el reglamento y, en su caso, las medidas nacionales de aplicación, suelen pertenecer —aunque no siempre— al poder ejecutivo.
35.      En este contexto, debe señalarse que, si bien el anexo II del Reglamento n.º 269/2014 enumera páginas web que proporcionan información sobre las autoridades competentes y direcciones para las notificaciones a la Comisión, el propio Reglamento no contiene precisiones acerca de las autoridades nacionales ni de su cometido concreto en la puesta en funcionamiento y aplicación de las medidas restrictivas. El hecho de que los órganos o ministerios designados difieran en función de los Estados miembros refleja el reconocimiento de una amplia autonomía institucional conferida a estos últimos en materia de ejecución de las medidas restrictivas. No obstante, de él se deduce que ciertos Ministerios, tales como los de Economía y de Hacienda, suelen desempeñar una función particular, debido a su competencia especializada en el ámbito del comercio internacional y del control de los movimientos de capitales. (12)
36.      Ha de señalarse asimismo que el Reglamento n.º 269/2014 tampoco incluye disposiciones precisas acerca de la forma concreta en la que los Estados miembros deben ejecutar las medidas restrictivas. No se prevé en él ninguna armonización de las normas procesales nacionales. Dicho Reglamento más bien se limita a fijar un objetivo concreto, como la inmovilización de algunos activos o recursos económicos. Algunos objetivos también se formulan de un modo relativamente amplio, o dependen de una apreciación de las circunstancias concretas como cuando se ordena que las personas físicas mencionadas en el anexo I, o las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociadas a ellas no puedan recibir ni beneficiarse, ni directa ni indirectamente, de fondos o de recursos económicos. Estos elementos permiten concluir que los Estados miembros gozan de un amplio margen de maniobra en relación con la forma de alcanzar los objetivos fijados. (13)
37.      Esta forma de aplicación y de puesta en funcionamiento descentralizada de las medidas restrictivas tiene en cuenta la estructura de la Unión y el principio de subsidiariedad consagrado por el Tratado UE. (14) Refleja asimismo la complejidad de la tarea que la Unión y sus Estados miembros tienen ante sí, especialmente frente a una multitud de casos en los que unas personas y organismos intentan eludir el régimen de sanciones. Desde esta perspectiva, parece sensato, en efecto, encomendar la responsabilidad de la aplicación concreta del Reglamento n.º 269/2014, así como la adopción, en su caso, de medidas nacionales de aplicación a las autoridades nacionales, más próximas de los hechos y, por otra parte, dotadas de una competencia especializada concreta.
38.      Debe precisarse que, pese a la aplicación y ejecución descentralizadas de las medidas restrictivas, incumbe a los Estados miembros tomar todas las medidas necesarias para garantizar que las medidas restrictivas de la Unión no se vean soslayadas. El artículo 29 TUE les obliga a velar por la conformidad de sus políticas nacionales con las posiciones de la Unión. En consecuencia, los Estados miembros deben coordinar sus esfuerzos a nivel nacional y supranacional con el fin de prevenir cualquier elusión y, en definitiva, garantizar la efectividad de las sanciones de la Unión. (15) En efecto, al igual que en otros ámbitos comparables, en particular, en materia de transposición de las directivas por parte de los Estados miembros, la descentralización de la aplicación y de la ejecución de las medidas restrictivas no puede menoscabar la eficacia del Derecho de la Unión.
39.      Esta es la razón por la cual el Tribunal de Justicia, cuando reconoce, a falta de disposiciones en contra del Derecho de la Unión, una autonomía procesal a los Estados miembros, tiende a subrayar que la aplicación del Derecho de la Unión no debe hacerse prácticamente imposible ni excesivamente difícil. Otro límite a esta autonomía procesal resulta, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del principio de equivalencia, con arreglo al cual la aplicación del Derecho de la Unión no debe ser menos favorable que la del Derecho nacional aplicable en situaciones comparables. (16) De este modo, los principios de equivalencia y de efectividad constituyen criterios jurídicos cruciales que permiten evaluar la conformidad de una medida nacional concreta con las exigencias del Reglamento n.º 269/2014.
40.      En efecto, considero que una interpretación de estos principios permite dar respuesta a la cuarta cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente. Como ya he señalado en las presentes conclusiones, la aplicación de un reglamento que contemple medidas restrictivas corresponde principalmente a los órganos del Estado que intervienen en el ámbito de la supervisión financiera y disponen de las competencias necesarias para ordenar medidas concretas. (17) Aunque no cabe dudar de la función central del juez nacional en la garantía de la tutela judicial, (18) difícilmente puede exigirse a un miembro del poder judicial que disponga, en todos los casos, de la especialización necesaria para adoptar las medidas apropiadas en las situaciones decisivas, en particular, en lo relativo a los activos de una persona incluida en el anexo I del Reglamento n.º 269/2014. Por añadidura, es preciso tener presente que su función es esencialmente diferente de la del ejecutivo y que resultaría problemático, a la luz del principio de separación de poderes, en vigor en los Estados miembros, confiarle tareas que normalmente corresponden a este último.
41.      Dicho esto, no debe perderse de vista que el poder judicial también está sujeto a las disposiciones del Reglamento n.º 269/2014 y que está obligado, en el marco de sus competencias, a garantizar la aplicación de este. En otros términos, la actuación del juez nacional, al igual que la de los demás órganos del Estado, también ha de apreciarse a la luz del principio de efectividad en la aplicación del Derecho de la Unión. (19) No obstante, han de tenerse en cuenta las condiciones particulares en las que interviene el poder judicial, especialmente el hecho de que el juez nacional solo puede ejercer las competencias que le confiere el Derecho procesal nacional. Esta limitación se desprende del principio del Estado de Derecho, que caracteriza los sistemas jurídicos de todos los Estados miembros de la Unión.
42.      A este respecto, es preciso tener presente que el procedimiento civil, en los sistemas jurídicos de los Estados miembros, se caracteriza principalmente por el principio de contradicción, según el cual el juez adquiere su convicción sobre la base de los argumentos expuestos por las partes. Además, el principio dispositivo, del procedimiento civil, (20) permite a las partes iniciar libremente un procedimiento, determinar su objeto y poner fin a este. En otros términos, el juez civil solo está obligado, en principio, a tener en cuenta los elementos invocados por las partes en el litigio. Por lo tanto, las partes son dueñas del objeto del litigio y el juez adopta, en principio, una postura pasiva. (21) Constituyen una excepción a este principio los hechos llamados «notorios», que suelen ser conocidos o que resultan, al menos familiares, para el juez, quien posee una especialización personal en un ámbito particular y puede así tenerlos en cuenta en su razonamiento. Estas características distinguen fundamentalmente al juez civil de otros órganos del Estado, como el ministerio público, en el procedimiento penal, que pueden, ellos sí, iniciar investigaciones de oficio.
43.      En este contexto, procede recordar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que afirma que el Derecho de la Unión no exige, en principio, que el juez nacional examine de oficio un motivo fundado en la infracción de disposiciones de la Unión cuando el examen de este motivo le obligaría a salirse de los límites del litigio tal como ha sido circunscrito por las partes. Esta limitación del poder del juez nacional está justificada por el principio según el cual la iniciativa en un proceso corresponde a las partes. Por consiguiente, con arreglo a esta jurisprudencia, el juez nacional solo puede actuar de oficio en casos excepcionales, en los que el interés público exige su intervención. (22) Este punto requiere explicaciones más detalladas.
44.      El Tribunal de Justicia ha identificado, en su jurisprudencia, una serie de hipótesis en las que ha reconocido que el juez nacional debe apreciar de oficio una infracción de las normas del Derecho de la Unión. (23) El elemento común a estas hipótesis es que la norma de Derecho aplicable está dotada de un carácter coercitivo y confiere derechos a los justiciables. El Tribunal de Justicia establece que el juez nacional, en nombre de un interés público de protección de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión, debe apreciar de oficio tal infracción y salirse, por lo tanto, de los límites establecidos por las partes, cuando una de las partes en el procedimiento se vería perjudicada, en la medida en que dicha protección no podría garantizarse de otro modo, en particular, por no poder alegarla con arreglo al Derecho nacional o incluso cuando ese Derecho no contempla ninguna otra forma de protección.
45.      Aunque la jurisprudencia citada en el punto anterior se basa en consideraciones que tienen que ver con la protección de los derechos conferidos a los justiciables por el Derecho de la Unión, no se excluye, en mi opinión, que este enfoque pueda también aplicarse en supuestos en los que no se trata de salvaguardar un interés público que consista en la protección de derechos subjetivos de los individuos, sino más bien en garantizar la realización de un interés autónomo propio de la Unión, como organización supranacional y sujeto de Derecho internacional, capaz de ejercer una acción exterior dirigida a garantizar el cumplimiento del orden internacional basado en normas. (24) La vocación de la Carta de las Naciones Unidas, piedra angular de ese orden jurídico, es salvaguardar la paz y la seguridad mundial. La Unión se ha comprometido solemnemente a contribuir a la realización de este objetivo. (25)
46.      En el caso de autos, es evidente que existe un interés público en una aplicación eficaz del Reglamento n.º 269/2014, que justifica, en mi opinión, un ajuste de los límites de la autonomía procesal de los Estados miembros con objeto de responder a las exigencias de la realización de los objetivos de la PESC dentro de la Unión. (26) La diversidad de las tradiciones jurídicas en los Estados miembros no puede constituir un obstáculo ni ofrecer por ello la posibilidad de eludir el régimen de sanciones de la Unión. Sin embargo, así ocurriría si las personas incluidas en el anexo I de dicho Reglamento pudieran llevar a cabo operaciones en Estados miembros cuya legislación nacional sea más bien permisiva. Por otra parte, debe evitarse que los litigios se planteen ante órganos jurisdiccionales que no apliquen las medidas restrictivas de la Unión con el debido rigor.
47.      La sentencia Bank Melli Iran (27) reviste una especial pertinencia para el examen de las cuestiones prejudiciales, al recordar que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen obligación de garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión. Según el Tribunal de Justicia, este imperativo se aplica a todos los litigios de que conozcan, incluso en el marco de procesos civiles. (28) También ha de señalarse que la mencionada sentencia parte del principio de que incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales actuar cuando existen pruebas que permiten suponer que una persona ha infringido el Derecho de la Unión. (29) Aunque esta sentencia no trata directamente del régimen de medidas restrictivas de la Unión, sino de la protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por un tercer Estado —en aquel caso, las medidas restrictivas adoptadas por los Estados Unidos de América contra Irán—, aun así, se plantea en un ámbito conexo, relacionado con el Derecho de las sanciones internacionales, lo cual justifica que se tenga en cuenta en el análisis jurídico. A la luz de dicha jurisprudencia, se evidencia la legitimidad de exigir a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros que contribuyan activamente a impedir, en el marco de los procesos en materia civil, cualquier elusión de las sanciones de la Unión impuestas por el Reglamento n.º 269/2014.
48.      Por último, es preciso recordar, en el marco del análisis, el concepto de «elusión», tal y como lo define la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En la sentencia Afrasiabi y otros, (30) el Tribunal de Justicia precisó que este concepto designa las actividades que tienen por objeto o como efecto directo o indirecto sustraer a su autor de la aplicación de las medidas de la Unión, en otros términos, actividades que tengan el objetivo o el resultado, directo o indirecto, de frustrar las prohibiciones establecidas por la Unión. (31) La definición dada por el Tribunal de Justicia es resueltamente amplia y evidencia la importancia del objeto de las actividades de elusión —es decir, sus potenciales efectos— además de su efecto real, es decir, sus consecuencias concretas. De ello se infiere que debe incluirse en el término «elusión» no solo las actividades que frustran efectivamente los objetivos de las medidas restrictivas, sino también aquellas dirigidas a hacerlas fracasar, con independencia de su resultado efectivo. (32) A la vista del desafío al que deben enfrentarse la Unión y sus Estados miembros, parece que se imponen contramedidas sólidas.
49.      El Tribunal de Justicia se ha basado, en su razonamiento, en la interpretación de una disposición (33) que corresponde, en esencia, al artículo 9 del Reglamento n.º 269/2014 y que el juez nacional deberá aplicar, en su caso, al litigio principal, si considera que se cumplen los requisitos. Se trata de una disposición fundamental dirigida a evitar la elusión de las sanciones. Mientras que otras disposiciones prohíben actos concretos —tales como la puesta a disposición de recursos económicos de las personas incluidas en la lista—, (34) el artículo 9 de dicho Reglamento se refiere, por su parte, a las formas indirectas o disimuladas de actos que permiten eludir tales prohibiciones. Su objetivo normativo es colmar las lagunas que pueden manifestarse cuando se eludan las sanciones mediante acciones indirectas. De este modo, esta disposición desempeña la función de una cláusula de salvaguardia dirigida a garantizar que queden cubiertas hasta las estrategias elusivas más creativas o disimuladas.
50.      Por las razones que acabo de exponer, considero que debiera exigirse una intervención de oficio del juez nacional en aquellos casos en que los argumentos de las partes, los hechos de los que el juez tiene conocimiento o las circunstancias del asunto permiten considerar, sobre la base de indicios, que los artículos 2 y 11, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 269/2014 son aplicables a una de las partes en el litigio. Solo así puede evitarse que el juez nacional se vea impelido a no actuar y se vea obligado, contra su propia convicción, a permitir que una persona incluida en el anexo I escape de la aplicación de las medidas restrictivas previstas. El juez no debe contribuir a una elusión de las sanciones ni intencionadamente ni por negligencia.
51.      Con objeto de no cargar al juez nacional con exigencias insuperables en la práctica, las obligaciones que le incumben no han de ser excesivas. El principio de efectividad ya se cumpliría si, ante la presencia de indicios, el juez se dirigiera a las autoridades competentes, utilizando sus prerrogativas, para conseguir información adicional acerca de la identidad y el grado de implicación de la persona en cuestión. Estas autoridades especializadas deberían contestar lo antes posible a la solicitud del juez, en un espíritu de cooperación leal, a efectos de la aplicación del Derecho de la Unión, como así lo exige el artículo 4 TUE, apartado 3. Si se confirmaran las sospechas sobre la identidad de una de las partes del litigio como persona a la que se aplican las medidas restrictivas, el juez debería adoptar entonces medidas apropiadas, como las previstas por el Reglamento n.º 269/2014 y el Derecho nacional.
52.      Los indicios que pueden apuntar a una posible implicación de las personas incluidas en la lista de sanciones de la Unión pueden abarcar, en particular, la nacionalidad de ciertos socios y eventuales operaciones financieras transfronterizas que pasan por Rusia o por Estados que mantienen relaciones económicas con esta. Dicho esto, debe subrayarse que no es posible determinar, por naturaleza, una lista exhaustiva de criterios pertinentes. En consecuencia, la práctica debe seguir evolucionando y adaptarse a las circunstancias concretas y actuales. (35) Con esta finalidad, los instrumentos de soft law, tales como las directrices publicadas tanto por las instituciones de la Unión como por las autoridades competentes de los Estados miembros, constituyen una fuente de orientaciones útil. (36) Estas directrices van dirigidas a dar respuesta al desafío que representa la armonización de las prácticas nacionales en materia de aplicación de las sanciones. (37)
53.      Resulta, por lo tanto, necesario que el juez intervenga desde la fase contenciosa con objeto de evitar que se lleven a cabo acciones que puedan menoscabar los objetivos del Reglamento n.º 269/2014, tales como, por ejemplo, la realización de créditos procedentes de contratos en los que participen personas físicas enumeradas en el anexo I de dicho Reglamento. Es legítimo esperar del juez, en el marco del litigio del que conoce, que esté en condiciones de aprehender relaciones jurídicas civiles complejas e identificar las situaciones en las que ciertas operaciones podrían ir dirigidas a soslayar el régimen de sanciones de la Unión.
54.      El juez dispone, además, de prerrogativas procesales que le permiten adoptar las medidas cautelares o correctoras necesarias, como la negativa a emitir un título ejecutivo basado en un contrato incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 269/2014. Sin embargo, no considero suficiente, a la vista de los intereses de la Unión, diferir la aplicación de las medidas restrictivas a la fase de ejecución. Un enfoque como este requeriría una intervención del Estado en una fase muy avanzada del procedimiento civil, con el riesgo de que el agente de la Administración de Justicia se vea imposibilitado para evaluar si la ejecución de un título contraviene las prescripciones del Reglamento n.º 269/2014.
55.      En efecto, salvo que contenga elementos que vayan manifiestamente en el sentido contrario, un título ejecutivo judicial se presume legal con arreglo al Derecho nacional. La seguridad jurídica exige que las excepciones contra dicho título ejecutivo en cuanto al fondo se desestimen, en principio, por inadmisibles. Además, procede indicar que, en tal supuesto, solo se examinaría la compatibilidad con las disposiciones del Reglamento n.º 269/2014 de aquellos créditos cuya ejecución corresponda al agente de la Administración de Justicia, excluyéndose otros posibles créditos conexos objeto del mismo litigio.
56.      En consecuencia, creo que, si se optara por la intervención del agente de la Administración de Justicia en la fase de ejecución de un título judicial más que por la del juez en la fase contenciosa para evaluar la aplicabilidad de las medidas restrictivas, como parece sugerir el Gobierno letón en sus observaciones escritas, existiría, en mi opinión, un riesgo no menor de que el Reglamento n.º 269/2014 no se aplicara con el debido rigor. En consecuencia, debe descartarse este enfoque.
57.      En interés de la eficacia del Derecho de la Unión, parece, por tanto, oportuno obligar al juez nacional a que intervenga de oficio, incluso solicitando los servicios competentes, con objeto de examinar la aplicabilidad de los artículos 2 y 11, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 269/2014, pero solo en los supuestos anteriormente mencionados, a saber, cuando las partes planteen expresamente esta cuestión o cuando los hechos sometidos a la consideración del juez o las circunstancias del asunto permitan considerar que tales disposiciones son aplicables. (38)
58.      Por lo que se refiere al presente asunto, es preciso señalar que el órgano jurisdiccional remitente se refiere al recurso de protesta casacional interpuesto por el fiscal general, del que resulta que los autos del procedimiento civil parecen contener elementos que permiten suponer que las disposiciones del Reglamento n.º 269/2014 son aplicables a la demandada. (39) Por otra parte, ese órgano jurisdiccional señala que la demandante, que es titular de una parte del capital social de la demandada, es también una persona asociada a la demandada y a su partícipe ABACUS (CYPRUS) LIMITED. La resolución de remisión no contiene ningún dato más preciso.
59.      A este respecto, basta recordar que, con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal. (40) Por consiguiente, corresponderá a los órganos jurisdiccionales letones examinar las circunstancias del asunto principal, en particular apreciar los elementos probatorios aportados por el fiscal general, y determinar si las disposiciones del Reglamento n.º 269/2014 resultan aplicables.
60.      A la vista de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial en el sentido de que, cuando esté en presencia de indicios, el órgano jurisdiccional que conoce de la demanda debe verificar de oficio si una de las partes del procedimiento figura entre las personas a que se refieren los artículos 2 u 11, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento n.º 269/2014 y utilizar, a tal fin, el conjunto de facultades de instrucción que posee. En particular, debe solicitar la información necesaria a las autoridades especializadas competentes, con objeto de poder realizar tal examen. Esta obligación de verificación también se extiende a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a las partes del procedimiento.
C.      Sobre la quinta cuestión prejudicial
61.      Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea determinar los efectos jurídicos del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, a cuyo tenor «no se satisfará reclamación alguna» presentada por las personas mencionadas en el artículo 11, apartado 1, letras a) o b), y saber si, pese a ello, tal reclamación puede examinarse en cuanto al fondo si la parte dispositiva de la sentencia establece que la esta no puede ejecutarse mientras esas personas estén incluidas en la correspondiente lista.
62.      Antes de examinar el contenido normativo de dicho artículo 11 del Reglamento n.º 269/2014, parece oportuno, en un afán de claridad, recordar brevemente la finalidad del artículo 2 de dicho Reglamento, pues ambas disposiciones guardan entre sí una relación estrecha y complementaria Solo puede captarse plenamente la función del artículo 11 a la luz del objetivo que persigue el mencionado artículo 2, el cual constituye una disposición nuclear del régimen sancionador.
63.      A este respecto, debe subrayarse que las medidas restrictivas de carácter financiero previstas por el artículo 2 del Reglamento n.º 269/2014 incluyen, por un lado, la inmovilización de fondos y recursos económicos de las personas físicas o jurídicas designadas, y, por otro lado, la prohibición de poner a disposición de esas personas ningún fondo o recurso económico.
64.      Es importante precisar que, como resulta de las orientaciones del Consejo sobre la aplicación de medidas restrictivas que pertenecen a la PESC, (41) dichas medidas en nada afectan al derecho de propiedad de las personas en cuestión sobre los activos inmovilizados. En particular, no implican un cambio de propiedad de los fondos y recursos. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la congelación de fondos es una medida cautelar que no pretende privar de su propiedad a las personas a las que afecta, pues por su propia naturaleza es una medida temporal y reversible. (42) El Reglamento n.º 269/2014 no prohíbe ni la validez ni celebración de contratos con personas que figuren en el anexo I. En otros términos, la validez de los contratos en materia civil permanece, en principio, intacta.
65.      No obstante, el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 269/2014 prohíbe cualquier puesta a disposición de fondos o de recursos económicos cuando pueda procurar una ventaja, directa o indirecta, a una persona designada. De ello se infiere que no puede ejecutarse un contrato si su ejecución tiene por efecto conferir un pago o cualquier otro beneficio financiero a tal persona. Esta prohibición se extiende a cualquier prestación, entrega o servicio previsto contractualmente en beneficio de una persona designada.
66.      Queda prohibido, con arreglo a dicha disposición, poner a disposición fondos o recursos económicos de forma indirecta, es decir, procurar una ventaja no directamente a la persona designada, sino a un tercero, cuando dicha ventaja beneficia indirectamente a esa persona. La prohibición de poner a disposición fondos o recursos económicos de manera indirecta se aplica asimismo en relación con entidades no designadas cuando existan motivos razonables para pensar que los fondos o recursos económicos serán transferidos, en todo o en parte, a una persona designada. Procede, en principio, presumir esta puesta a disposición indirecta cuando se ponen recursos económicos a disposición de una persona no designada cuya tenencia o control, directo o indirecto, corresponda a una persona designada. (43)
67.      Como recordó el Tribunal de Justicia en la sentencia Möllendorf y Möllendorf-Niehuus (44) el concepto de «puesta a disposición» ha de interpretarse de forma amplia y abarca cualquier operación que permita a una persona designada acceder directa o indirectamente a recursos económicos, incluida cualquier prestación ejecutada en virtud de un contrato sinalagmático. (45) Basándose en esta jurisprudencia, el Consejo precisó, en sus orientaciones, que los reglamentos que imponen medidas de inmovilización «prohibirán la realización de actos de ejecución de los contratos celebrados antes de la entrada en vigor de los reglamentos». (46)
68.      De ello resulta que la primacía del Derecho de la Unión conduce a una suspensión de hecho de las obligaciones contractuales incompatibles con el régimen de sanciones, mientras este último siga en vigor. Así es como debe interpretarse la formulación de las orientaciones del Consejo, en las que se afirma que, una vez entran en vigor, los reglamentos que imponen medidas de inmovilización «prevalecen sobre cualquier acuerdo contractual incompatible». (47) Aunque dichas orientaciones recurran a una terminología jurídicamente algo imprecisa, es evidente que se establece una suspensión temporal de las obligaciones contractuales en el supuesto de que su ejecución menoscabe los objetivos perseguidos por el Reglamento n.º 269/2014. Esta constatación es válida para el conjunto de las versiones lingüísticas examinadas, (48) lo cual parece explicarse por la voluntad de dejar a los ordenamientos jurídicos nacionales la responsabilidad de determinar la regulación detallada de la aplicación de este efecto suspensivo.
69.      En cambio, la finalidad del artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, que es objeto de las cuestiones prejudiciales quinta y sexta, es garantizar, en el plano procesal, la eficacia del artículo 2 de dicho Reglamento, impidiendo que una persona designada pueda alegar, por vía judicial, un derecho cuyo ejercicio contravenga las medidas restrictivas. De este modo, incluso cuando se ha conseguido una sentencia favorable ante un órgano jurisdiccional nacional, la ejecución de esta queda suspendida mientras la persona en cuestión esté sometida a las sanciones de la Unión.
70.      De igual modo, la referida disposición pretende proteger a la parte de un contrato que respete las obligaciones impuestas por el Reglamento n.º 269/2014 frente a las acciones de responsabilidad entabladas por la otra parte designada, en particular en reclamación de daños y perjuicios o en ejecución de una garantía contractual. (49) De no existir este mecanismo procesal, la parte no designada se encontraría en la tesitura insostenible de tener que elegir entre exponerse a sanciones penales si ejecuta el contrato (50) o arriesgarse a un fallo civil condenatorio si se niega a hacerlo. Como disposición de carácter procesal, la aplicación del artículo 11, apartado 1, de dicho Reglamento corresponde principalmente a los tribunales nacionales, siempre que se cumplan los requisitos legales que en él se prevén.
71.      Como señaló acertadamente el Gobierno finlandés en sus observaciones escritas, el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014 pretende esencialmente garantizar la aplicación efectiva de las medidas restrictivas, sin por ello llevar a cabo una armonización de las normas procesales de los Estados miembros, los cuales conservan, en este aspecto, su autonomía, sin perjuicio del respeto de los principios de equivalencia y de efectividad a los que ya se ha aludido en las presentes conclusiones. (51) Por lo tanto, la condición establecida en el artículo 11, apartado 1, de dicho Reglamento, en cuanto a que «no se satisfará reclamación alguna», mencionado por esta disposición, debe aplicarse con arreglo a los procedimientos establecidos por el Derecho nacional, por lo que no es posible dar curso a tales reclamaciones cuando ello conduzca a una vulneración de la obligación establecida en el artículo 2 del mencionado Reglamento.
72.      Por último, debe precisarse que el Reglamento n.º 269/2014 en nada compromete el respeto de los derechos fundamentales y de las garantías procesales. En efecto, artículo 11, apartado 3, de dicho Reglamento consagra expresamente el derecho de las personas a que se refiere el apartado 1 a someter a control judicial la legalidad del incumplimiento de las obligaciones contractuales al amparo de dicho Reglamento. Más aún, el apartado 2 obliga a toda persona física o jurídica, entidad u organismo que invoque un derecho dentro de un procedimiento, la carga de la probar que la ejecución de ese derecho no está prohibida a la vista del apartado 1.
73.      Desde esta perspectiva, debe señalarse que las disposiciones del artículo 11 del Reglamento n.º 269/2014 deben interpretarse a la luz del considerando 6 de dicho Reglamento, el cual precisa, en particular, que dicho Reglamento debe aplicarse con arreglo a los derechos fundamentales y a los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, garantizados por el artículo 47 de dicha Carta. De ello resulta que el órgano jurisdiccional nacional competente, llamado a pronunciarse sobre la eventual aplicación del artículo 11 del Reglamento n.º 269/2014, está obligado a respetar la Carta de los Derechos Fundamentales, con arreglo al artículo 51, apartado 1, de esta. (52)
74.      De las anteriores consideraciones se desprende que, cuando un procedimiento tiene por objeto una demanda que versa, directa o indirectamente, sobre un contrato cuya ejecución se ve afectada por medidas restrictivas, el órgano jurisdiccional nacional está obligado, con arreglo a su propio marco procesal, a garantizar el resultado prescrito en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, a saber «no satisfacer la reclamación». En otras palabras, no debe llevar adelante a tal demanda. El análisis del conjunto de versiones lingüísticas examinadas confirma esta interpretación. (53)
75.      Esta disposición no excluye la variante procesal, contemplada por el órgano jurisdiccional remitente, de pronunciarse sobre el fondo de tal demanda, a condición de que la parte dispositiva de la sentencia conlleve una cláusula que prohíba su ejecución mientras las personas en cuestión estén incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento n.º 269/2014. Esta variante procesal permitiría reducir el riesgo de que la aplicación de las medidas restrictivas no sea suficientemente eficaz en caso de que la intervención estatal se produzca únicamente en la fase de la ejecución por parte del agente de la Administración de Justicia. (54) Además, sería respetuosa con el artículo 11, apartado 3, de dicho Reglamento. (55)
76.      En esencia, la obligación de garantizar la efectividad de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión justifica que no se dé cumplimiento a las obligaciones contractuales en cuestión. En cambio, cuando el procedimiento verse sobre una demanda que no pueda considerarse referida, directa o indirectamente, a un contrato cuya ejecución se ve afectada por medidas restrictivas, el órgano jurisdiccional nacional podrá satisfacer la reclamación, incluso cuando se presente por una persona designada o por cualquier persona que actúe a través o en nombre de dicha persona.
77.      En consecuencia, el órgano jurisdiccional nacional puede, en principio, resolver sobre el fondo del recurso, a condición de que no satisfaga la reclamación a la que se refiere la prohibición establecida en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014. Si lo permite el marco procesal nacional, podrá también suspender el examen de la demanda hasta que el demandante deje de estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 1, letras a) o b), de dicho Reglamento. Sea como fuere, podrá satisfacer las reclamaciones que no estén incluidas en el ámbito de aplicación de la prohibición. Además, con arreglo al artículo 7 de dicho Reglamento, no se prohíben en virtud de su artículo 2, apartado 2, los pagos que dimanen de una resolución judicial, administrativa o arbitral adoptada en un Estado miembro o que sea ejecutiva en el Estado miembro de que se trate, siempre que los intereses, beneficios y otros pagos relacionados hayan sido inmovilizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1. De ello se desprende que no todas las demandas de carácter civil se excluyen automáticamente. Procede más bien apreciar cada demanda a la luz del estatuto jurídico de las partes en litigio y de sus efectos económicos.
78.      Así, una demanda dirigida a la declaración de la existencia de un derecho, desprovista de cualquier efecto ejecutivo, puede ser procedente en ciertas circunstancias. Un órgano jurisdiccional nacional solo puede pronunciarse sobre las demandas de carácter civil si puede garantizar que su resolución no contraviene las disposiciones relativas a las sanciones previstas por el Reglamento n.º 269/2014, por ejemplo, procurando, directa o indirectamente, a la persona designada un beneficio financiero prohibido por las sanciones. Por último, es importante señalar que las autoridades competentes pueden aplicar excepciones con arreglo al artículo 5, apartado 1, y a otras disposiciones de dicho Reglamento. Estas autorizaciones pretenden conciliar la aplicación de las sanciones con las exigencias de la protección jurídica.
79.      Por las razones expuestas en los puntos anteriores, propongo contestar a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014 debe interpretarse en el sentido de que no prohíbe enjuiciar un asunto en cuanto al fondo, pero sí llevar adelante, en todo o en parte, una reclamación relativa a un contrato cuya ejecución se ve total o parcialmente afectada por medidas restrictivas. Una resolución de un órgano jurisdiccional nacional cuya parte dispositiva establezca que dicha resolución no será ejecutiva mientras el demandante esté incluido en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 1, letras a) o b), del Reglamento n.º 269/2014 se ajusta, en principio, a tal prohibición.
D.      Sobre la sexta cuestión prejudicial
80.      Mediante su sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014 produce efectos jurídicos cuando el demandante no es una de las personas mencionadas en las letras a) o b) de ese apartado, pero el demandado sí lo es.
81.      Debe recordarse, en primer lugar, que el objeto de esta disposición consiste en impedir la ejecución civil de contratos o de créditos que puedan contravenir las sanciones establecidas por el Reglamento n.º 269/2014. Dichas sanciones comprenden, en particular, la inmovilización de activos de ciertas personas físicas o jurídicas, enumeradas taxativamente en el anexo I de dicho Reglamento, (56) así como la prohibición de poner a su disposición recursos económicos o fondos.
82.      A este respecto, es preciso recordar que, en la sentencia Bank Sepah, (57) el Tribunal de Justicia consideró que, para lograr esos objetivos, no solo es legítimo, sino que, además, es indispensable que los conceptos de «bloqueo de fondos» y de «congelación de recursos económicos» se interpreten ampliamente, dado que se trata de impedir todo uso de los activos congelados que permita eludir los reglamentos en cuestión y aprovechar las lagunas del sistema. (58) Esta interpretación amplia implica que todos los activos de una persona designada deben inmovilizarse, incluidos los fondos procedentes de ella y aquellos destinados a esa persona. (59)
83.      Además, ha de observarse que el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014 no se limita a los procedimientos civiles en sentido estricto, sino que se aplica a las resoluciones cuyo reconocimiento, ejecución o efectos jurídicos podrían menoscabar la efectividad de las medidas restrictivas previstas por dicho Reglamento. Por lo tanto, la mencionada disposición no se dirige directamente a las partes del litigio —demandante o demandado—, en cuanto tales, sino que impone a los órganos jurisdiccionales la obligación general de no pronunciar resoluciones que puedan eludir la finalidad de las sanciones.
84.      De esta manera, cuando un demandante alega derechos procedentes de un contrato sujeto al artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014 —en particular, con una persona a la que se dirigen las sanciones— o cuya finalidad sea comprometer los objetivos perseguidos por dicho Reglamento, el órgano jurisdiccional que conoce de la demanda está obligado a no llevarla adelante. De este modo, el artículo 11, apartado 1, del citado Reglamento pretende garantizar la efectividad de las medidas restrictivas de la Unión y puede, por ello, producir efectos jurídicos respecto a las dos partes del procedimiento, en función de la persona a quien beneficie la operación. (60)
85.      Por otra parte, procede suscribir el análisis de la Comisión cuando señala que el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014 se refiere expresamente a una «reclamación», (61) término de un alcance mucho más estrecho que el de «procedimiento». En efecto, una persona que figura en el anexo I de dicho Reglamento puede intervenir en un procedimiento en calidad de demandada o demandante, en particular, en una demanda de reconvención. Esta demanda puede presentarse, en principio, por una u otra de las partes de un procedimiento. En consecuencia, la aplicabilidad de esta disposición siempre debe apreciarse a la luz de las circunstancias concretas del caso.
86.      A la vista de lo que antecede, propongo que se conteste a la sexta cuestión prejudicial que el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014 debe interpretarse en el sentido de que prohíbe satisfacer una reclamación incluida en el ámbito de aplicación de esta disposición, tanto si la ha presentado la parte demandante del procedimiento como si lo ha hecho la parte demandada.
VI.    Conclusión
87.      A la vista del conjunto de consideraciones que anteceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales formuladas por la Augstākās tiesas Senāts (Tribunal Supremo, Letonia):
«1)      Los artículos 2 y 11, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1765 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023,
deben interpretarse en el sentido de que,
cuando esté en presencia de indicios, el órgano jurisdiccional que conoce de la demanda debe verificar de oficio si una de las partes del procedimiento figura entre las personas a que se refieren los artículos 2 u 11, apartado 1, letras a) o b), de dicho Reglamento y utilizar, a tal fin, el conjunto de facultades de instrucción que posee. En particular, debe solicitar la información necesaria a las autoridades especializadas competentes, con objeto de poder realizar tal examen. Esta obligación de verificación también se extiende a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a las partes del procedimiento.
2)      El artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.º 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución2023/1465,
debe interpretarse en el sentido de que
–        no prohíbe enjuiciar un asunto en cuanto al fondo, pero sí llevar adelante, en todo o en parte, una reclamación relativa a un contrato cuya ejecución se ve total o parcialmente afectada por medidas restrictivas. Una resolución de un órgano jurisdiccional nacional cuya parte dispositiva establezca que dicha resolución no será ejecutiva mientras el demandante esté incluido en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 1, letras a) o b), de dicho Reglamento se ajusta, en principio, a tal prohibición;
–        prohíbe satisfacer una reclamación incluida en el ámbito de aplicación de esta disposición, tanto si la ha presentado la parte demandante del procedimiento como si lo ha hecho la parte demandada.»
1      Lengua original: francés.
2      DO 2014, L 78, p. 6; corrección de errores en DO 2014, L 121, p. 60.
3      DO 2023, L 226, p. 3.
4      DO 2022, L 58, p. 1.
5      Decisión del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16).
6      El Tribunal de Justicia considera el artículo 215 TFUE una pasarela entre los objetivos del Tratado UE en materia de PESC y las acciones de la Unión por las que se adoptan medidas restrictivas comprendidas en el ámbito de aplicación del Tratado FUE [véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), apartado 89, y de 10 de septiembre de 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723), apartado 45].
7      Véase la sentencia de 10 de marzo de 2011, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler (C‑274/09, EU:C:2011:130), apartados 29 y 36.
8      Según reiterada jurisprudencia, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de datos aportados por el órgano jurisdiccional nacional, y especialmente de la motivación de su resolución de remisión, los puntos de Derecho de la Unión que requieren una interpretación, habida cuenta del objeto del litigio (véase la sentencia de 9 de marzo de 2023, Registrų centras, C‑354/21, EU:C:2023:184, apartado 35).
9      Véanse el punto 28 de las presentes conclusiones.
10      Véanse las sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), apartado 89, y de 10 de septiembre de 2024, Neves 77 Solutions (C‑351/22, EU:C:2024:723), apartado 56.
11      El juez de la Unión y el juez nacional ejercen un control jurisdiccional en el marco de las competencias que les son conferidas, respectivamente. El control de los actos de la Unión como el Reglamento n.º 269/2014 corresponde a la competencia del juez de la Unión. En cambio, corresponde al juez nacional garantizar la tutela judicial frente a los actos estatales adoptados a escala nacional en ejecución o en aplicación de esos actos de la Unión.
12      Giumelli, F., Geelhoed, W., de Vries, M., y Molesini, A., «United in diversity? A study on the implementation of sanctions in the European Union, Beyond Foreign Policy?», EU Sanctions at the Intersection of Development, Trade, and CFSP, vol. 10, n.º 1, 2022, p. 41.
13      Portela, C., y Olsen, K., Mise en œuvre et suivi des régimes de sanctions de l’UE, y compris des recommandations visant à renforcer les capacités de l’UE à mettre en œuvre et à surveiller les sanctions, Estudio del Parlamento Europeo de 10 de octubre de 2023, p. 26.
14      Starski, P., «United in Sanctions? Some Observations on the EU Practice of ‘Restrictive Measures’ in the Face of the Russian Aggression against Ukraine», The EU Reexamined, 2024, p. 256.
15      Finelli, F., «Countering circumvention of restrictive measures: the EU response», Common Market Law Review, vol. 60, n.º 3, 2023, p. 737.
16      Véanse las sentencias de 26 de enero de 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales (C‑118/08, EU:C:2010:39), apartado 31, de 7 de abril de 2022, Caixabank (C‑385/20, EU:C:2022:278), apartado 47, y de 13 de marzo de 2025, Banco Santander (C‑230/24, EU:C:2025:177), apartado 20.
17      Véanse el punto 34 de las presentes conclusiones.
18      Véanse el punto 33 de las presentes conclusiones.
19      Blair, W., «The legal effect of sanctions against Russia on financial and commercial transactions», International sanctions: Monetary and financial law perspectives, Leiden, 2024, p. 313. El autor señala que los órganos jurisdiccionales nacionales no constituyen los principales instrumentos de aplicación de las sanciones. No obstante, en la medida en que las resoluciones que pronuncian tienen el efecto de aplicar y/o reconocer, directa o indirectamente, tales sanciones, este efecto constituye un elemento determinante de su eficacia global.
20      Véanse las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Vedial/OAMI (C‑106/03 P, EU:C:2004:457), punto 28. Según el Abogado General, el principio dispositivo reviste gran utilidad para referirse a determinadas características del proceso, generalmente civil, que plasman el reconocimiento de la autonomía privada de las personas. A las partes, como dueñas de la acción, corresponde, no solo iniciarla o terminarla, sino también la fijación de su objeto. Se trata, al fin y al cabo, del reflejo procesal de la facultad de disposición sobre los propios derechos, que, en el plano material, se manifiesta en la primacía de la voluntad contractual. Constituye la justificación remota de esta máxima el que el titular, aunque sea potencial o presunto, de una cosa debe conservar esa facultad de disposición a efectos de traducirla en juicio, reclamándola o cediéndola, en todo o en parte, mediante desistimiento o allanamiento, y de definir, en suma, el litigio.
21      Siempre que las partes puedan disponer del objeto del litigio de acuerdo con el Derecho material.
22      Véanse las sentencias de 17 de diciembre de 2009, Martín Martín (C‑227/08, EU:C:2009:792), apartado 20; de 26 de abril de 2017, Farkas (C‑564/15, EU:C:2017:302), apartado 33, y de 14 de septiembre de 2023, Tuk Tuk Travel (C‑83/22, EU:C:2023:664), apartado 45.
23      La obligación del juez nacional de examinar de oficio el cumplimiento del Derecho de la Unión se aplica a ciertas disposiciones en materia de protección de los consumidores (véase la sentencia de 14 de septiembre de 2023, Tuk Tuk Travel, C‑83/22, EU:C:2023:664, apartados 45 a 47 y jurisprudencia citada) y de protección internacional [véanse las sentencias de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartado 94, y de 17 de octubre de 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, apartado 52].
24      Véase la sentencia de 4 de octubre de 2024, Comisión y Consejo/Frente Polisario (C‑779/21 P y C‑799/21 P, EU:C:2024:835), apartado 133.
25      Véanse, entre otros, el considerando 11 del preámbulo, los artículos 3, apartado 5, y 21, apartado 2, letra c), y el artículo 42 TUE, apartado 1. Véase la sentencia de 19 de julio de 2012, Parlamento/Consejo (C‑130/10, EU:C:2012:472), apartado 62.
26      Blair, W., «The legal effect of sanctions against Russia on financial and commercial transactions», International sanctions: Monetary and financial law perspectives, Leiden, 2024, p. 313. El autor parece considerar que la aplicación de las sanciones de la Unión es una cuestión de orden público.
27      Sentencia de 21 de diciembre de 2021 (C‑124/20, EU:C:2021:1035).
28      Sentencia de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran (C‑124/20, EU:C:2021:1035), apartados 55, 59 y 60.
29      Sentencia de 21 de diciembre de 2021, Bank Melli Iran (C‑124/20, EU:C:2021:1035), apartados 67 y 68.
30      Sentencia de 21 de diciembre de 2011 (C‑72/11, EU:C:2011:874).
31      Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2011, Afrasiabi y otros (C‑72/11, EU:C:2011:874), apartados 60 y 62.
32      Finelli, F., «Countering circumvention of restrictive measures: the EU response», Common Market Law Review, vol. 60, n.º 3, 2023, p. 734.
33      Artículo 7, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (DO 2007, L 103, p. 1).
34      Véanse los puntos 63 y ss. de las presentes conclusiones.
35      Vilà Sánchez, E., «The European Union’s sanctions regime on the Russian Federation from 2014 to 2022», Quaderns IEE: Revista de l’Institut d’Estudis Europeus, vol. 2, n.º 1, 2023, p. 55.
36      Las orientaciones contenidas en las directrices de la Comisión parecen especialmente útiles (véase, a este respecto, Circumvention red flags related to business partners and customers, en el documento «Guidance for EU operators: Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention»).
37      Giumelli, F., Geelhoed, W., de Vries, M., y Molesini, A., «United in diversity? A study on the implementation of sanctions in the European Union, Beyond Foreign Policy?», op. cit., p. 38.
38      Véanse el punto 50 de las presentes conclusiones.
39      Véase el apartado 4 de la resolución de remisión.
40      Véase la sentencia de 28 de julio de 2016, Kratzer (C‑423/15, EU:C:2016:604), apartado 27.
41      Véase el punto 32 del documento titulado «Medidas restrictivas (sanciones) — Actualización de las mejores prácticas de la UE para la aplicación eficaz de medidas restrictivas», de 3 de julio de 2024 (n.º doc. prec.: 10572/22) (en lo sucesivo, «orientaciones»).
42      Véase la sentencia de 15 de diciembre de 2022, Instrubel y otros (C‑753/21 y C‑754/21, EU:C:2022:987), apartado 50 y jurisprudencia citada.
43      Niestedt, M., EU-Außenwirtschafts‑ und Zollrecht, Krenzler, H. G., Herrmann, C., y Niestedt, M., «V. Embargo‑ und Sanktionsmaßnahmen», C. H. Beck, 2015, punto 50.
44      Sentencia de 11 de octubre de 2007 (C‑117/06, EU:C:2007:596).
45      Véase la sentencia de 11 de octubre de 2007, Möllendorf y Möllendorf-Niehuus (C‑117/06, EU:C:2007:596), apartado 56.
46      Véanse el punto 33 de las orientaciones.
47      Véase el punto 33 de las orientaciones.
48      Véanse las versiones en lengua española («prevalece sobre cualquier acuerdo contractual incompatible»), danesa («vil de gælde forud for alle uforenelige aftalemæssige arrangementer»), alemana («treten alle vertraglichen Regelungen, die mit ihnen nicht vereinbar sind, außer Kraft»), inglesa («override all incompatible contractual arrangements»), italiana («prevalgono su tutti gli accordi contrattuali incompatibili»), letona («tai ir prioritāte pār visiem neatbilstīgiem līgumiskiem noteikumiem»), lituana («jie yra viršesni už visas su jais nesuderinamas sutartines priemones»), neerlandesa («hebben zij voorrang boven alle daarmee onverenigbare contractuele regelingen»), polaca («uchylają one wszystkie niezgodne porozumienia umowne») y portuguesa («invalidam toda e qualquer disposição contratual que com eles seja incompatível»).
49      Siadat, A., y Schultess, A., «Russland-Embargo-VO und innerdeutsche Zahlungsaufträge», Zeitschrift für Bank und Kapitalmarktrecht, 2024, n.º 13, p. 591.
50      El Derecho de la Unión obliga a los Estados miembros a sancionar penalmente las vulneraciones de las medidas restrictivas de la Unión. Véase, a este respecto, la Directiva (UE) 2024/1226 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2018/1673 (DO L, 2024/1226).
51      Véanse el punto 39 de las presentes conclusiones.
52      Véase, por analogía, la sentencia de 12 de junio de 2014, Peftiev (C‑314/13, EU:C:2014:1645), apartado 24.
53      Véanse las versiones en lengua española («no se satisfará»), danesa («ingen fordringer må indfries»), alemana («wird nicht stattgegeben»), inglesa («no claims […] shall be satisfied»), italiana («non è concesso»), letona («neapmierina»), lituana («netenkinami»), neerlandesa («worden niet toegewezen»), polaca («nie są zaspokajane») y portuguesa («não há lugar ao pagamento»).
54      Véanse el punto 54 de las presentes conclusiones.
55      Véanse el punto 72 de las presentes conclusiones.
56      Véase la sentencia de 5 de septiembre de 2024, Jemerak (C‑109/23, EU:C:2024:681), apartado 48.
57      Sentencia de 11 de noviembre de 2021 (C‑340/20, EU:C:2021:903).
58      Sentencia de 11 de noviembre de 2021, Bank Sepah (C‑340/20, EU:C:2021:903), apartado 56.
59      Véase, a este respecto, el documento de la Comisión titulado «Consolidated FAQs on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014», respuesta a la pregunta 19, p. 34.
60      Cabe concebir que una persona designada por las medidas restrictivas lleve a cabo la compensación de una deuda que tenga respecto de la contraparte en el contrato con un crédito que ostente frente a dicha contraparte, y ello, en un procedimiento incoado por la contraparte, sin formular por ello una reconvención. Esta compensación va dirigida a liberar a la persona designada de su deuda con ocasión de un procedimiento iniciado por la contraparte en el contrato.
61      Véanse las versiones en lengua española («reclamación»), danesa («fordring»), alemana («Forderung»), inglesa («claim»), italiana («diritto»), letona («prasības»), lituana («reikalavimai»), neerlandesa («vordering»), polaca («roszczenia») y portuguesa («pedido»).