62021CC0770
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 20 de abril de 2023 (
1
)
Asunto C‑770/21
OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH
contra
Direktor na Teritorialna direktsia «Mitnitsa Plovdiv» pri Agentsia «Mitnitsi»
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Sofía, Bulgaria)]
«Procedimiento prejudicial — Código aduanero de la Unión — Determinación del valor en aduana de las frutas y hortalizas a las que se aplica un precio de entrada — Valor de transacción declarado superior al valor de importación a tanto alzado — Comercialización de productos en condiciones que confirman la veracidad del valor de transacción — Venta con pérdidas — Control judicial de la resolución por la que se determina la deuda aduanera — Inexistencia de un contrato comercial relativo a la importación — Concepto de “personas que tienen jurídicamente la condición de asociadas”»
I. Introducción
1.
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las siguientes disposiciones:
–
los artículos 22, 44, 70 y 74 del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, (
2
) en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2016/2339 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016; (
3
)
–
los artículos 127 y 142 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento n.o 952/2013, (
4
) en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/604 de la Comisión, de 18 de abril de 2018, (
5
) y
–
el artículo 75 del Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las sanciones que deben aplicarse en esos sectores y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la Comisión, (
6
) en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2018/1145 de la Comisión, de 7 de junio de 2018. (
7
)
2.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la sociedad OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb GmbH (en lo sucesivo, «OGL-Food») y el Direktor na Teritorialna direktsia «Mitnitsa Plovdiv» pri Agentsia «Mitnitsi» (Director de la Dirección Territorial «Aduana de Plovdiv» de la Agencia Central Aduanera, Bulgaria; en lo sucesivo, «director de aduanas») relativo al valor de transacción declarado en la importación de calabacines frescos originarios de Turquía.
3.
Este asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar las condiciones en las que una resolución de los servicios aduaneros por la que se excluye un valor de transacción puede impugnarse ante el juez y, en particular, si, en la fase de impugnación judicial de dicha resolución, pueden modificarse los motivos de esta última.
4.
En las presentes conclusiones, limitadas, a petición del Tribunal de Justicia, al examen de las cuestiones prejudiciales primera y segunda, propondré que se responda, por un lado, que los motivos de la resolución aduanera no pueden modificarse en la fase de impugnación judicial y, por otro lado, con carácter subsidiario, que la apreciación de la condición jurídica de asociado está sujeta al Derecho nacional y, en consecuencia, los elementos de apreciación propuestos por el órgano jurisdiccional remitente solo son pertinentes si permiten determinar tal condición con arreglo al Derecho nacional.
II. Marco jurídico
A.
Legislación aduanera
1. Código aduanero de la Unión
5.
El artículo 1, apartado 1, del código aduanero de la Unión es del siguiente tenor:
«El presente Reglamento establece el código aduanero de la Unión […], que contiene las disposiciones y procedimientos generales aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión [Europea] o que salgan del mismo.
Sin perjuicio del Derecho y de los convenios internacionales y de la normativa de la Unión aplicable a otros ámbitos, el código se aplicará de manera uniforme en todo el territorio aduanero de la Unión.»
6.
El artículo 5, puntos 1 y 3, del código aduanero de la Unión establece:
«A los efectos del [código aduanero de la Unión], se entenderá por:
1)
“autoridades aduaneras”: las administraciones de aduanas de los Estados miembros competentes para aplicar la legislación aduanera, así como cualquier otra autoridad que esté facultada por la legislación nacional para aplicar determinadas disposiciones de esa legislación;
[…]
3)
“controles aduaneros”: los actos específicos efectuados por las autoridades aduaneras para garantizar el cumplimiento de la legislación aduanera y las demás disposiciones sobre entrada, salida, tránsito, circulación, depósito y destino final de las mercancías que circulen entre el territorio aduanero de la Unión y otros países o territorios situados fuera de aquel, así como sobre la presencia y la circulación en el territorio aduanero de la Unión de mercancías no pertenecientes a la Unión y de mercancías incluidas en el régimen de destino final.»
7.
El artículo 22 de dicho código, titulado «Decisiones adoptadas previa solicitud», dispone, en sus artículos 6 y 7:
«6.   Antes de adoptar una decisión que perjudique al solicitante, las autoridades aduaneras comunicarán los motivos en los que pretenden basar su decisión a este último, el cual tendrá la oportunidad de presentar observaciones dentro de un plazo establecido, que comenzará a contar a partir de la fecha en que reciba o se considere que deba haber recibido la comunicación. Tras el vencimiento de ese plazo, se notificará al solicitante, del modo debido, la decisión adoptada.
[…]
7.   Cuando perjudique al solicitante, la decisión que se adopte deberá exponer los motivos que han llevado a su adopción y mencionará el derecho de recurso que dispone el artículo 44.»
8.
A tenor del artículo 29 del citado código, titulado «Decisiones adoptadas sin solicitud previa»:
«Excepto cuando una autoridad aduanera actúe en calidad de autoridad judicial, las disposiciones del artículo 22, apartados 4, 5, 6 y 7, […] se aplicarán también a las decisiones que tomen las autoridades aduaneras sin solicitud previa de la persona interesada.»
9.
En virtud del artículo 44 del mismo código, titulado «Derecho de recurso»:
«1.   Toda persona tendrá derecho a recurrir una decisión de las autoridades aduaneras relativa a la aplicación de la legislación aduanera, cuando esta le afecte directa e individualmente.
[…]
2.   El derecho de recurso podrá ejercerse en al menos dos fases:
a)
inicialmente, ante las autoridades aduaneras o ante una autoridad judicial u otro órgano designado a tal efecto por los Estados miembros;
b)
subsiguientemente, ante un órgano superior independiente, que podrá ser, según las disposiciones vigentes en los Estados miembros, una autoridad judicial o un órgano especializado equivalente.
[…]
4.   Los Estados miembros garantizarán que los procedimientos de recurso aplicados hagan posible la rápida confirmación o corrección de las decisiones tomadas por las autoridades aduaneras.»
10.
El artículo 70 del código aduanero de la Unión, titulado «Método de valoración en aduana basado en el valor de transacción», está redactado en los siguientes términos:
«1.   La base principal para determinar el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción, que es el precio realmente pagado o por pagar por ellas cuando se vendan para su exportación al territorio aduanero de la Unión, ajustado, en su caso.
2.   El precio realmente pagado o por pagar será el pago total que el comprador haya efectuado o deba efectuar al vendedor o a un tercero en favor del vendedor, por las mercancías importadas, e incluirá todos los pagos efectuados o por efectuar como condición de la venta de esas mercancías.
3.   El valor de transacción se aplicará siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
[…]
d)
que no exista vinculación entre comprador y vendedor o la vinculación no tenga influencia en el precio.»
11.
El artículo 74 de dicho código, titulado «Métodos secundarios de valoración en aduana», prevé, en sus apartados 1 y 2:
«1.   En caso de que la determinación del valor en aduana de las mercancías no sea posible en el marco del artículo 70, se irán aplicando sucesivamente las letras a) a d) del apartado 2 del presente artículo hasta llegar a aquella que permita en primer lugar determinar dicho valor.
[…]
2.   En el marco del apartado 1, el valor en aduana será:
[…]
c)
el valor basado en el precio unitario al que se venda en el territorio aduanero de la Unión a personas no vinculadas con los vendedores la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías idénticas o similares también importadas […]
[…]».
2. Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión
12.
En el capítulo 3 del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión, titulado «Valor en aduana de las mercancías», incluido en el título II, relativo a los «elementos en que se basa la aplicación de los derechos de importación o de exportación y otras medidas en el comercio de mercancías», el artículo 127 está formulado en los siguientes términos:
«[Artículo 70, apartado 3, letra d), del (código aduanero de la Unión)]
1.   A efectos del presente capítulo, se considerará que dos personas están vinculadas si se cumple una de las siguientes condiciones:
[…]
b)
si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas;
[…]
e)
si una de ellas controla, directa o indirectamente, a la otra;
f)
si ambas son controladas, directa o indirectamente, por una tercera persona;
g)
si juntas controlan, directa o indirectamente, a una tercera persona;
[…]».
13.
El artículo 134 de este Reglamento de Ejecución, titulado «Transacciones entre personas vinculadas», prevé:
«[Artículo 70, apartado 3, letra d), del (código aduanero de la Unión)]
1.   Si el comprador y el vendedor están vinculados, y para determinar si tal vinculación no ha influido en el precio, se examinarán, como sea necesario, las circunstancias de la venta y se dará la oportunidad al declarante de suministrar información detallada adicional que pueda ser necesaria acerca de dichas circunstancias.
2.   Sin embargo, las mercancías se valorarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 70, apartado 1, del [código aduanero de la Unión], cuando el declarante demuestre que dicho valor de transacción se aproxima notablemente a uno de los valores de ensayo siguientes, determinado en ese mismo momento o aproximadamente en el mismo momento:
[…]
b)
el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado de conformidad con el artículo 74, apartado 2, letra c), del [código aduanero de la Unión];
[…]».
14.
El artículo 142 del citado Reglamento de Ejecución, titulado «Método deductivo», dispone:
«[Artículo 74, apartado 2, letra c), del (código aduanero de la Unión)]
1.   El precio unitario utilizado para determinar el valor en aduana con arreglo al artículo 74, apartado 2, letra c), del [código aduanero de la Unión] será el precio al que las mercancías importadas o mercancías idénticas o similares importadas se vendan en la Unión en el mismo estado en que son importadas, en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento muy cercano.
[…]
4.   Las ventas siguientes no se tendrán en cuenta a efectos de determinar el valor en aduana con arreglo al artículo 74, apartado 2, letra c), del [código aduanero de la Unión]:
[…]
b)
las ventas a personas vinculadas;
[…]
5.   Al determinar el valor en aduana, al precio unitario determinado de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 a 4 se le aplicarán las siguientes deducciones:
[…]
c)
los derechos de importación y otros impuestos que deben pagarse en el territorio aduanero de la Unión por la importación o por la venta de las mercancías.
[…]»
B.
Legislación relativa a la importación de frutas y hortalizas a las que se aplica un precio de entrada
1. Reglamento (UE) n.o 1308/2013
15.
El considerando 147 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007, (
8
) en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, (
9
) dispone:
«Conviene mantener para ciertos productos el régimen de precios de entrada. A fin de garantizar la eficacia de ese régimen deben delegarse en la Comisión [Europea] los poderes para adoptar determinados actos a efectos de verificar la veracidad del precio declarado de un lote, utilizando un valor de importación a tanto alzado y establecer las condiciones en que se requiere la constitución de una garantía.»
16.
El artículo 181 del Reglamento n.o 1308/2013, titulado «Régimen de precios de entrada aplicable a determinados productos del sector de las frutas y hortalizas, del sector de las frutas y hortalizas transformadas y del sector vitivinícola», establece:
«1.   Con miras a la aplicación de los derechos del arancel aduanero común a los productos de los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas y a los zumos y mostos de uva, el precio de entrada de un lote será igual al valor en aduana del mismo calculado de conformidad con el Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo [ (
10
)] y el Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión. [ (
11
)]
2.   Para garantizar la eficacia del régimen, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados conforme al artículo 227 para disponer que la veracidad del precio de entrada declarado del lote sea comprobado utilizando un valor de importación a tanto alzado y establecer las condiciones en las cuales sea necesario constituir una garantía.
3.   La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer normas para el cálculo del valor de importación a tanto alzado a que se refiere el apartado 2. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 229, apartado 2.»
2. Reglamento Delegado 2017/891
17.
En el título III del Reglamento Delegado 2017/891, que tiene por rúbrica «Intercambios comerciales con terceros países — Régimen de precios de entrada», se incluyen los artículos 73 a 75.
18.
El artículo 74 de este Reglamento Delegado, titulado «Notificación de precios y cantidades de productos importados», preceptúa, en su apartado 1:
«A más tardar a las 12.00 horas (hora de Bruselas) del primer día hábil siguiente, con respecto a cada producto y durante los períodos indicados en el anexo VII, parte A, por cada día de mercado y por cada origen, los Estados miembros notificarán a la Comisión:
a)
los precios medios representativos de los productos importados de terceros países y vendidos en los mercados de importación de los Estados miembros, y
b)
las cantidades totales correspondientes a los precios mencionados en la letra a).
A los efectos del párrafo primero, letra a), los Estados miembros notificarán a la Comisión los mercados de importación que consideren representativos, entre los que figurarán Londres, Milán, Perpiñán y Rungis.
Cuando las cantidades totales contempladas en el párrafo primero, letra b), sean inferiores a diez toneladas, no se notificarán a la Comisión los precios correspondientes.»
19.
Con arreglo al artículo 75 de dicho Reglamento Delegado, titulado «Base del precio de entrada»:
«1.   A los efectos del artículo 181, apartado 1, del Reglamento [n.o 1308/2013], los productos de los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas a que se refiere dicho artículo serán los que figuran en el anexo VII del presente Reglamento.
2.   Cuando el valor en aduana de los productos enumerados en el anexo VII, parte A, se determine de acuerdo con el valor de transacción contemplado en el artículo 70 del [código aduanero de la Unión] y ese valor en aduana sea superior en más de un 8 % al calculado por la Comisión como valor de importación a tanto alzado en el momento de efectuarse la declaración de despacho a libre práctica de esos productos, el importador deberá constituir la garantía que dispone el artículo 148 del Reglamento de Ejecución [del código aduanero de la Unión]. A tal efecto, la cuantía de los derechos de importación a la que pueden quedar sujetos los productos enumerados en el anexo VII, parte A, del presente Reglamento será la cuantía de los derechos que se hubieran debido si los productos en cuestión hubiesen sido clasificados sobre la base del valor de importación a tanto alzado.
[…]
3.   Cuando el valor en aduana de los productos enumerados en el anexo VII, parte A, se calcule de acuerdo con el artículo 74, apartado 2, letra c), del [código aduanero de la Unión], se procederá a restar de los derechos los conceptos que dispone el artículo 38, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892. [ (
12
)] En ese caso, el importador deberá constituir una garantía igual al importe de los derechos que habría pagado si la clasificación de los productos se hubiera efectuado sobre la base del valor de importación a tanto alzado aplicable.
4.   El valor en aduana de los productos importados en el marco del régimen comercial de la venta en consignación se determinará directamente de conformidad con el artículo 74, apartado 2, letra c), del [código aduanero de la Unión], y a tal fin, se aplicará durante los períodos en vigor el valor de importación a tanto alzado calculado de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de Ejecución [2017/892].
5.   A partir de la venta de los productos, el importador dispondrá de un plazo de un mes, con un límite de cuatro meses desde la fecha en que se haya aceptado la declaración de despacho a libre práctica, para probar que el lote se comercializó en condiciones que confirman la veracidad de los precios mencionados en el artículo 70 del [código aduanero de la Unión] o para determinar el valor en aduana previsto en el artículo 74, apartado 2, letra c), de ese mismo [código].
Sin perjuicio de la aplicación del apartado 6, el incumplimiento de alguno de esos plazos entrañará la pérdida de la garantía constituida.
La garantía constituida solo se devolverá en la medida en que se presenten, a satisfacción de las autoridades aduaneras, las pruebas referentes a las condiciones de salida al mercado. De no hacerse así, se perderá en concepto de pago de los derechos de importación.
Para probar que el lote se comercializó en las condiciones a las que se refiere el párrafo primero, el importador facilitará, además de la factura, toda la documentación que sea necesaria para someter a los controles de aduana pertinentes la venta y la salida al mercado de cada uno de los productos que compongan el lote, incluidos los documentos referentes al transporte, seguro, manipulación y almacenamiento de este.
[…]
6.   A solicitud debidamente justificada del importador, las autoridades competentes del Estado miembro podrán prorrogar por un máximo de tres meses el plazo de cuatro previsto en el apartado 5, párrafo primero.
[…]»
20.
El anexo VII, parte A, del Reglamento Delegado 2017/891, contiene, en particular, la siguiente entrada:
Código NC
Designación de la mercancía
Período de aplicación
0709 90 70
Calabacines
Del 1 de enero al 31 de diciembre
3. Reglamento de Ejecución 2017/892
21.
El artículo 38 del Reglamento de Ejecución 2017/892, titulado «Valores de importación a tanto alzado», establece, en sus apartados 1 y 2:
«1.   La Comisión fijará, con respecto a cada producto y durante los períodos de aplicación indicados en la parte A del anexo VII del Reglamento Delegado [2017/891], para cada día hábil y por cada origen, un valor de importación a tanto alzado igual a la media ponderada de los precios representativos a que se refiere el artículo 74 de dicho Reglamento, del que deducirá una cantidad a tanto alzado de 5 euros por cada 100 kg y los derechos de aduana ad valorem.
2.   Si se establece un valor de importación a tanto alzado para los productos y períodos de aplicación que figuran en la parte A del anexo VII del Reglamento Delegado [2017/891], de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 75 de dicho Reglamento y en el presente artículo, no se aplicará el precio unitario mencionado en el artículo 142 del [código aduanero de la Unión]. En tal caso, será sustituido por el valor de importación a tanto alzado contemplado en el apartado 1.»
4. Reglamento (CEE) n.o 2658/87
22.
El Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, (
13
) en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1602 de la Comisión, de 11 de octubre de 2018, (
14
) contiene, en su anexo I, tercera parte, sección I, anexo 2, titulado «Productos a los que se aplica un precio de entrada», en particular, la siguiente entrada:
Código NC
Designación de la mercancía
Tipo del derecho convencional (%)
0709 93 10
Calabacines (zapallitos):
[…]
[…]
[…]
Del 1 de abril al 31 de mayo:
Con un precio de entrada por 100 kg de peso neto:
Superior o igual a 69,2 €
12,8
Superior o igual a 67,8 € pero inferior a 69,2 €
12,8 + 1,4 €/100 kg/net
Superior o igual a 66,4 € pero inferior a 67,8 €
12,8 + 2,8 €/100 kg/net
Superior o igual a 65 € pero inferior a 66,4 €
12,8 + 4,2 €/100 kg/net
Superior o igual a 63,7 € pero inferior a 65 €
12,8 + 5,5 €/100 kg/net
Inferior a 63,7 €
12,8 + 15,2 €/100 kg/net
[…]
[…]
[…]
III. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
23.
El 23 de abril de 2019, OGL-Food presentó, como sociedad importadora, una declaración en aduana ante la Oficina Aduanera de Svilengrad (Bulgaria) relativa a una importación, para su despacho a libre práctica con destino al consumo final, de «calabacines frescos» incluidos en la subpartida 07099310 de la nomenclatura de mercancías, con un peso de 4800 kg, originarios de Turquía (en lo sucesivo, «lote controvertido»), y cuyo valor en aduana declarado era, al cambio, de 90,81 euros por cada 100 kg. El exportador era una sociedad establecida en Antalya (Turquía).
24.
El 23 de abril de 2019, el valor de importación a tanto alzado establecido por la Comisión para los calabacines de cualquier procedencia era de 53,80 euros por cada 100 kg. Dado que el valor de transacción declarado del lote controvertido excedía en más del 8 % dicho valor de importación a tanto alzado, OGL-Food constituyó una garantía por importe de 982,17 levas búlgaras (BGN) (alrededor de 502 euros), de conformidad con el artículo 75, apartado 2, del Reglamento Delegado 2017/891.
25.
Mediante escrito de 24 de abril de 2019, la autoridad aduanera, que había establecido el precio total satisfecho por el lote controvertido en 109,60 euros por cada 100 kg, habida cuenta de los diversos gastos soportados por OGL-Food, informó a esta de que, en virtud del artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891, estaba obligada a probar que el lote controvertido había sido comercializado en condiciones que confirmasen la veracidad del valor declarado en aduana.
26.
El 23 de mayo de 2019, OGL-Food presentó ante la autoridad aduanera una serie de documentos relativos, en particular, a la compraventa del lote controvertido y solicitó, sobre la base de las pruebas aportadas, la devolución de la garantía constituida.
27.
Según el desglose del precio de venta, OGL-Food vendió el lote controvertido a un precio de 106 euros por cada 100 kg. Dado que este precio era inferior al precio de compra total, de 109,60 euros por cada 100 kg, que OGL-Food había satisfecho para adquirir el lote controvertido, la autoridad aduanera consideró que dicha sociedad no había probado que ese lote se hubiera comercializado en condiciones que confirmasen la veracidad del valor de transacción declarado. En este contexto, de conformidad con el artículo 75, apartado 5, párrafo tercero, del Reglamento Delegado 2017/891, la garantía constituida debía retenerse en concepto de pago de los derechos de importación.
28.
Con arreglo al artículo 22, apartado 6, del código aduanero de la Unión, se informó a OGL-Food de los motivos en los que el director de aduanas pretendía basar su decisión y se le dio la oportunidad de presentar observaciones en un plazo de 30 días.
29.
En sus observaciones, OGL-Food alegó, antes de nada, que el artículo 75 del Reglamento Delegado 2017/891 no exige que la reventa dé lugar a beneficios para probar la veracidad del valor de transacción declarado como valor en aduana. A continuación, señaló que la venta en cuestión se inscribía en una prolongada relación comercial con la cadena internacional de hipermercados Lidl y que examinar un período más largo habría permitido observar la obtención de beneficios. Por último, OGL-Food afirmó que el precio al que vendió el lote controvertido era claramente superior al valor de importación a tanto alzado calculado por la Comisión para dichos productos el 23 de abril de 2019.
30.
Mediante resolución de 30 de octubre de 2020, (
15
) el director de aduanas declaró, en particular, que OGL-Food había perdido la garantía en concepto de pago de los derechos de importación, fijados en 982,17 BGN. Esta resolución se basaba, en primer término, en el hecho de que OGL-Food no aportó elementos que permitieran explicar la diferencia significativa entre el valor de transacción declarado, de 90,81 euros por cada 100 kg, y el valor de importación a tanto alzado, de 53,80 euros por cada 100 kg, tales como la calidad especial o la procedencia biológica del lote controvertido, descrito simplemente como «de primera calidad». En segundo término, el director de aduanas tuvo en cuenta las pérdidas registradas con la venta del lote controvertido para considerar que OGL-Food no había probado que dicho lote había sido comercializado en condiciones que confirmasen la veracidad del valor de transacción declarado en el sentido del artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891.
31.
En apoyo de su recurso de anulación de la resolución de 30 de octubre de 2020, interpuesto ante el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Sofía, Bulgaria), OGL-Food alega que las pruebas aportadas ante la autoridad aduanera, que no han sido impugnadas, confirman que el valor de transacción declarado cumple las condiciones previstas en el artículo 70 del código aduanero de la Unión. En este contexto, OGL-Food precisa, por un lado, que la existencia de un beneficio derivado de la venta de productos comparables a un cliente concreto debe calcularse mensualmente, y no respecto de cada operación individual. Por otro lado, afirma que el precio de venta del lote controvertido en el mercado de la Unión, calculado de conformidad con el artículo 74, apartado 2, letra c), del código aduanero de la Unión, confirma la veracidad del valor de transacción declarado. OGL-Food añade, además, que ella y Lidl no tienen la condición de asociadas a efectos del artículo 127, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión.
32.
Por su parte, el director de aduanas señala, en primer término, que OGL-Food no ha aportado pruebas que permitan justificar el elevado nivel del valor de transacción declarado en relación con el valor de importación a tanto alzado, referidas, en particular, a la calidad excepcional de los productos en cuestión o a su procedencia de la agricultura biológica. En segundo término, considera que el hecho de que OGL-Food vendiera con pérdidas el lote controvertido no se ajusta a la lógica del mercado, que le exige buscar un beneficio comercial. En tercer término, aduce que el código aduanero de la Unión se aplica sin perjuicio del Reglamento Delegado 2017/891. Pues bien, este último excluye que puedan tenerse en cuenta otras operaciones de importación para apreciar la veracidad del valor de transacción declarado a efectos de la importación del lote controvertido. Además, en cuarto término, sostiene que el método secundario de valoración en aduana previsto en el artículo 74, apartado 2, letra c), del código aduanero de la Unión no es aplicable al presente asunto.
33.
El órgano jurisdiccional remitente parece considerar que el análisis contenido en la resolución de 30 de octubre de 2020, desfavorable para OGL-Food, no es conforme a la jurisprudencia nacional relativa a la interpretación del artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891. No obstante, dicho órgano jurisdiccional también considera infundadas las alegaciones de OGL-Food. En particular, a su juicio, es preciso examinar si la relación que tiene OGL-Food con el exportador y con su cliente en la Unión, Lidl, permite calificarlos de personas vinculadas en el sentido de los artículos 70, apartado 3, letra d), y 74, apartado 2, letra c), del código aduanero de la Unión.
34.
En efecto, por un lado, debe apreciarse si, a falta de un contrato mercantil o de cualquier otro vínculo jurídico entre las partes, la existencia de una relación de aprovisionamiento duradera, periódica y recurrente, como la que es objeto del litigio principal, tal como se refleja en las facturas y en las correspondientes anotaciones contables, basta para calificar al exportador y a OGL-Food de personas que tienen «jurídicamente la condición de asociadas», en el sentido del artículo 127, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión, y, por tanto, de personas vinculadas, en el sentido del artículo 70, apartado 3, letra d), del código aduanero de la Unión, en cuyo caso se habría de comprobar si esa vinculación influyó en el valor de transacción declarado del lote.
35.
Por otro lado, OGL-Food alegó ante el órgano jurisdiccional remitente que el valor de transacción declarado debería haber sido aceptado por la autoridad aduanera debido a que se aproximaba al valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado de conformidad con el artículo 74, apartado 2, letra c), del código aduanero de la Unión, tal como calculó el perito judicial a petición de ella. Dicho órgano jurisdiccional estima que, para apreciar la pertinencia de esta alegación basada en el artículo 134, apartado 2, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión, es preciso examinar si OGL-Food y su comprador en el primer nivel comercial, Lidl, son personas vinculadas, en el sentido del artículo 74, apartado 2, letra c), del código aduanero de la Unión y del artículo 142, apartado 4, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión, que establece sus normas de desarrollo. A este respecto, el citado órgano jurisdiccional considera que el concepto de «personas vinculadas» tiene el mismo significado a efectos de los artículos 70, apartado 3, letra d), y 74, apartado 2, letra c), del código aduanero de la Unión, por un lado, y de los artículos 127, apartado 1, y 142, apartado 4, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión, por otro lado.
36.
Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente se plantea la cuestión de si un importador puede invocar el método deductivo previsto en el artículo 74, apartado 2, letra c), del código aduanero de la Unión (
16
) por primera vez en el momento de interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución por la que se determina la deuda aduanera, es decir, tras la expiración de los plazos establecidos en el artículo 75, apartados 5 y 6, del Reglamento Delegado 2017/891, que entraña la pérdida de la garantía. En caso de respuesta negativa, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas en cuanto al respeto del derecho de defensa del importador y en cuanto a si puede declarar que el importador es una persona vinculada al exportador o a su cliente en la Unión en el sentido de estas últimas disposiciones, cuando la resolución por la que se determina la deuda aduanera no ha excluido el valor de transacción por este motivo.
37.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta asimismo si el artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891 debe interpretarse en el sentido de que el importador ha de presentar un contrato de compra o cualquier otro documento equivalente, si la autoridad aduanera puede tener en cuenta el hecho de que el lote controvertido fue vendido con pérdidas en el mercado de la Unión y si las circunstancias en que se efectuó esa venta con pérdidas resultan pertinentes a efectos de la aplicación de la citada disposición.
38.
Por último, el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide si el artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891 debe interpretarse en el sentido de que la autoridad aduanera puede determinar el valor en aduana correspondiente al valor de importación a tanto alzado cuando el valor de transacción declarado es anormalmente elevado, sin cuestionar la autenticidad de la factura extendida por el exportador ni el comprobante del pago efectuado a este último, y a falta de pruebas adicionales presentadas por el importador para demostrar la veracidad del valor de transacción declarado.
39.
En estas circunstancias, el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Ha de entenderse que, en atención al artículo 70, apartado 1, del [código aduanero de la Unión], en relación con el artículo 75, apartados 5, párrafo primero, y 6, del Reglamento Delegado [2017/891], para valorar el requisito del artículo 70, apartado 3, letra d), del código aduanero [de la Unión] de que “no exista vinculación entre comprador y vendedor”, se han de considerar relevantes para la aplicación del valor de transacción de las mercancías a efectos aduaneros, en relación con una declaración en aduana concreta para la importación de hortalizas:
–
los datos relativos a las relaciones comerciales entre las partes de la importación y de la venta de las mismas mercancías en el primer nivel comercial dentro de la Unión, concretamente los datos sobre entregas prolongadas y regulares de mercancías del mismo tipo, en cantidad considerable y por un valor sustancial, que excluyen la posibilidad de que la relación respecto a la importación de que se trate fuese meramente casual;
–
los datos relativos a las facturas expedidas por las entregas, al pago del precio, al registro de las facturas en la contabilidad y en los libros del [impuesto sobre el valor añadido (IVA)] del importador y al derecho de deducción ejercido respecto a la importación concreta;
–
el hecho de que el valor de transacción declarado de la importación concreta de que se trate sea sustancialmente superior al valor de importación a tanto alzado establecido por la Comisión a efectos de la aplicación de los derechos de importación en el sector de las hortalizas para la misma mercancía, habiéndose vendido esta con pérdidas en la Unión;
–
el hecho de que el importador no haya presentado ni el contrato mercantil relativo a la importación concreta requerido por las autoridades aduaneras ni ningún otro documento referente a otra relación jurídica entre las partes contractuales?
En caso de que sean relevantes los referidos datos y circunstancias, ¿permiten considerar al comerciante exportador e importador o al importador y comprador en el primer nivel comercial dentro de la Unión como “jurídicamente asociados” o como personas vinculadas en el sentido de los artículos 127, apartado 1, letra b), y 142, apartado 4, letra b), del Reglamento de Ejecución [del código aduanero de la Unión]?
En caso de que, pese a ser relevantes los mencionados datos y circunstancias, no basten para considerar personas vinculadas a los comerciantes, ¿se ha de apreciar a efectos de la comprobación prevista en el artículo 75, apartado 6, del Reglamento Delegado [2017/891] si la vinculación entre los comerciantes ha influido en la fijación de un precio más elevado de las mercancías importadas, a fin de contrarrestar la elusión de derechos de aduana y la pérdida de ingresos tributarios para el presupuesto de la Unión, teniendo en cuenta también la posterior venta con pérdidas en el primer nivel comercial dentro de la Unión?
2)
¿Se deduce de los artículos 47, párrafo primero, y 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea [en lo sucesivo, “Carta”], interpretados en relación con el derecho de recurso que asiste al importador en virtud del artículo 44, apartado 1, del [código aduanero de la Unión], de la obligación de las autoridades aduaneras, con arreglo al artículo 29 en relación con el artículo 22, apartado 7, del citado código aduanero, de motivar las resoluciones, y de las circunstancias del caso, habida cuenta de que el tribunal de primera instancia, en el procedimiento contencioso-administrativo contra la resolución, debe examinar de oficio la licitud de esta, incluso considerando puntos de vista no formulados en el recurso, y debe recabar de oficio nuevos elementos de prueba e informes periciales, que:
–
el requisito del artículo 70, apartado 3, letra d), del [código aduanero de la Unión] de que “no exista vinculación entre comprador y vendedor o la vinculación no tenga influencia en el precio” se puede comprobar por primera vez en el procedimiento judicial, o debe la autoridad aduanera valorar ya esta cuestión en la motivación de la resolución impugnada?
–
cuando el importador, pese a haber tenido la posibilidad procesal, no ha declarado expresamente que el valor de las mercancías importadas se determina aplicando el método deductivo del artículo 74, apartado 2, letra c), del [código aduanero de la Unión], debido al plazo de preclusión expreso que existe para tal valoración, sería contrario al artículo 75, apartados 5 y 6, del Reglamento Delegado [2017/891] que dicho valor se comprobase por primera vez en el procedimiento contencioso-administrativo contra la resolución, teniendo en cuenta también las objeciones del importador basadas en el argumento de que el precio de venta de las mercancías en la Unión es similar al precio de transacción declarado?
3)
¿Se deduce del artículo 75, apartado 5, párrafo cuarto, del Reglamento Delegado [2017/891], con arreglo al cual “el importador facilitará […] toda la documentación que sea necesaria para someter a los controles de aduana pertinentes la venta y la salida al mercado de cada uno de los productos que compongan el lote”, habida cuenta de la interpretación que se hace en el punto 1 del fallo de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2020, X (Cobro de derechos adicionales de importación) (C‑160/18, EU:C:2020:190), respecto a la prueba del valor de transacción declarado con arreglo al artículo 70, apartado 1, del código aduanero de la Unión, en las circunstancias del presente caso, que:
–
las autoridades aduaneras y, en el procedimiento contencioso-administrativo, el tribunal están obligados a tener en cuenta que las mercancías importadas (hortalizas) se han vendido con pérdidas en la Unión, como serio indicio de que el precio de importación declarado ha sido artificialmente elevado, también a efectos de valorar la vinculación entre las personas que ha influido en el valor de transacción declarado, en particular, para contrarrestar la elusión de los derechos de aduana y la pérdida de ingresos tributarios?
–
el importador está obligado a presentar un contrato, o cualquier otro documento equivalente, para acreditar el precio adeudado por las mercancías en su venta a la exportación al territorio aduanero de la Unión, o es suficiente acreditar el pago del valor declarado de las mercancías en la importación? o
–
el importador solo está obligado a presentar los documentos expresamente mencionados en el artículo 75, apartado 5, párrafo cuarto, del Reglamento Delegado [2017/891] para acreditar el valor de transacción declarado en la importación de las hortalizas, de manera que, a efectos de la comprobación prevista en el artículo 75, apartado 6, de dicho Reglamento respecto al no reconocimiento del valor de transacción y a la determinación de los derechos de aduana, son irrelevantes las circunstancias relativas a la venta con pérdidas de dichas mercancías en la Unión?
4)
¿Se deduce del artículo 75, apartados 5 y 6, del Reglamento Delegado [2017/891] y de la interpretación que contiene la sentencia de 16 de junio de 2016, EURO 2004. Hungary (C‑291/15, EU:C:2016:455), en las circunstancias del asunto principal, que el valor en aduana en la importación de hortalizas desde terceros países no se ha de determinar atendiendo al valor de transacción declarado cuando:
–
el valor de transacción declarado es sustancialmente superior al valor de importación a tanto alzado establecido por la Comisión para la misma mercancía a efectos de la aplicación de los derechos de importación en el sector de las hortalizas;
–
la autoridad aduanera ni rebate ni cuestiona de otro modo la veracidad de la factura y del comprobante del pago del precio, presentados como prueba del precio de importación efectivamente pagado;
–
pese al requerimiento de la autoridad aduanera, el importador no ha presentado un contrato, o cualquier otro documento equivalente, para acreditar el precio adeudado por las mercancías en su venta a la exportación al territorio aduanero de la Unión, incluidas pruebas adicionales relativas a los elementos económicos de las mercancías que justifiquen su mayor valor en la venta por el exportador, [por ejemplo] que se trata de un producto biológico o que el lote concreto es de una calidad especial?»
40.
Han presentado observaciones escritas OGL-Food, el director de aduanas, el Gobierno búlgaro y la Comisión. Estas partes también participaron en la vista celebrada el 25 de enero de 2023, en la que respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral.
IV. Análisis
A.
Observaciones preliminares sobre el marco jurídico
41.
Cabe recordar que el artículo 1, apartado 1, del código aduanero de la Unión dispone que este último contiene las disposiciones y procedimientos generales aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión o que salgan de él. Añade que el código se aplicará de manera uniforme en todo el territorio aduanero de la Unión, «sin perjuicio […] de los convenios internacionales y de la normativa de la Unión aplicable a otros ámbitos». Así pues, la normativa aduanera aplicable a las frutas y hortalizas derivada del Reglamento n.o 1308/2013 y del Reglamento Delegado 2017/891 constituye una normativa especial en relación con el código aduanero de la Unión.
42.
El artículo 181 del Reglamento n.o 1308/2013 prevé, por un lado, el establecimiento de un precio de entrada respecto de ciertos productos de los sectores de las frutas y hortalizas, igual al valor en aduana del lote calculado de conformidad con el código aduanero de la Unión y con su Reglamento de Ejecución. Por otro lado, faculta a la Comisión para adoptar actos delegados para disponer que la veracidad del precio de entrada declarado del lote se compruebe utilizando un valor de importación a tanto alzado y establecer las condiciones en las cuales sea necesario constituir una garantía.
43.
Sobre esta base, la Comisión, en el artículo 74, apartado 1, del Reglamento Delegado 2017/891, estableció, respecto de determinadas frutas y hortalizas, como los calabacines, que los Estados miembros notificarán diariamente, por un lado, los precios medios representativos de dichas frutas y hortalizas importadas de terceros países y vendidas en los mercados de importación de los Estados miembros y, por el otro, las cantidades totales de estos productos cuando sean superiores a diez toneladas correspondientes a esos precios medios.
44.
En cuanto a la base del precio de entrada de estas mismas frutas y hortalizas, entre las que se incluyen los calabacines, el artículo 75 del citado Reglamento Delegado establece tres modalidades de cálculo del valor en aduana.
45.
La primera modalidad de cálculo se refiere al valor de transacción determinado con arreglo al artículo 70 del código aduanero de la Unión. (
17
) Procede recordar que este artículo dispone que la base principal para determinar el valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción, que es el precio realmente pagado o por pagar por ellas cuando se vendan para su exportación al territorio aduanero de la Unión. (
18
) El artículo 70 establece asimismo que este valor de transacción se aplicará si se cumplen determinadas condiciones, entre las que se incluye, en particular, el requisito de que no existan vínculos entre comprador y vendedor o de que la vinculación no tenga influencia en el precio. (
19
) El artículo 127, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión precisa que dos personas están vinculadas si ambas tienen jurídicamente la condición de asociadas.
46.
En este primer supuesto, si el valor de transacción declarado por el importador de calabacines es superior en más de un 8 % al valor de importación a tanto alzado calculado por la Comisión en el momento del despacho a libre práctica, el importador deberá constituir una garantía igual a la cuantía de los derechos que se hubieran debido si los productos en cuestión hubiesen sido clasificados sobre la base del valor de importación a tanto alzado. (
20
) La cuantía de los derechos variables debidos será cero cuando los calabacines tengan un precio de entrada igual o superior a 69,20 euros por cada 100 kg de peso neto; en cambio, por debajo de ese límite, cuanto menor sea el precio de entrada, mayor será la cuantía de derechos variables debidos. (
21
)
47.
En la segunda modalidad de cálculo puede utilizarse el método deductivo. (
22
) A modo de recordatorio, el artículo 74, apartado 2, letra c), del código aduanero de la Unión dispone que, en caso de que la determinación del valor de transacción no sea posible, el valor en aduana se basará en el precio unitario al que se venda en el territorio aduanero de la Unión a personas no vinculadas con los vendedores la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías idénticas o similares también importadas. El artículo 142 del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión realiza varias precisiones: para empezar, las ventas de referencia deben efectuarse en el momento de la importación de las mercancías objeto de valoración o en un momento muy cercano; (
23
) a continuación, no deben tomarse en cuenta las ventas a personas vinculadas; (
24
) por último, del precio unitario deben deducirse, en particular, los derechos de importación. (
25
)
48.
Cuando se aplica el método deductivo a un lote de calabacines, el artículo 75, apartado 3, del Reglamento Delegado 2017/891 establece que se procederá a restar de los derechos los conceptos que dispone el artículo 38, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2017/892 y que, en ese caso, el importador deberá constituir una garantía igual al importe de los derechos que habría pagado si la clasificación de los productos se hubiera efectuado sobre la base del valor de importación a tanto alzado aplicable. El referido artículo 38, apartado 1, dispone que la Comisión fijará, en particular, con respecto a los calabacines, para cada día hábil y por cada origen, un valor de importación a tanto alzado igual a la media ponderada de los precios representativos a que se refiere el artículo 74 del Reglamento Delegado 2017/891, del que deducirá una cantidad a tanto alzado de 5 euros por cada 100 kg y los derechos de aduana ad valorem.
49.
De este modo, la cuantía de los derechos deducidos del precio unitario de un lote de calabacines para fijar el valor en aduana debe calcularse sobre la base del valor de importación a tanto alzado del día de que se trate, a la espera de que se pruebe la veracidad del precio unitario.
50.
La tercera modalidad de cálculo es un método simplificado aplicable a los productos importados en el marco del régimen comercial de venta en consignación. En estos casos, el artículo 75, apartado 4, del Reglamento Delegado 2017/891 prevé directamente la aplicación del método deductivo, si bien con la peculiaridad de que se aplica el valor de importación a tanto alzado calculado de conformidad con el artículo 38 del Reglamento de Ejecución 2017/892. Como ya he indicado en el punto 48 de las presentes conclusiones, el apartado 1 de dicho artículo preceptúa que la Comisión fijará diariamente un valor de importación a tanto alzado. En cuanto a su apartado 2, este dispone que, si se establece un valor de importación a tanto alzado, no se aplicará el precio unitario mencionado en el artículo 142 del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión y será sustituido por el valor de importación a tanto alzado contemplado en el apartado 1.
51.
Por tanto, el valor en aduana de un lote de calabacines importado en el marco del régimen comercial de venta en consignación se fijará en función del valor de importación a tanto alzado del día de que se trate. Dado que este valor se conoce inmediatamente, no es necesario constituir una garantía para el supuesto de que se determine posteriormente el valor en aduana, como en las dos primeras modalidades de cálculo.
52.
La cuestión de la determinación definitiva del valor en aduana es objeto del artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891. En efecto, en virtud de dicho apartado, a partir de la venta de los productos, el importador dispondrá de un plazo de un mes, con un límite de cuatro meses desde la fecha en que se haya aceptado la declaración de despacho a libre práctica, para probar que el lote se comercializó en condiciones que confirman la veracidad de los precios mencionados en el artículo 70 del código aduanero de la Unión o para determinar el valor en aduana con arreglo al método deductivo. Ese mismo apartado precisa que el incumplimiento de alguno de esos plazos entrañará la pérdida de la garantía constituida, que solo se devolverá en la medida en que se presenten, a satisfacción de las autoridades aduaneras, las pruebas referentes a las condiciones de salida al mercado. De no hacerse así, la garantía se perderá en concepto de pago de los derechos de importación. Por otra parte, para probar que el lote se comercializó en aquellas condiciones, el importador debe facilitar, además de la factura, toda la documentación que sea necesaria para someter a los controles de aduana pertinentes la venta y la salida al mercado de cada uno de los productos que compongan el lote, incluidos los documentos referentes al transporte, seguro, manipulación y almacenamiento de este.
53.
La interpretación del artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891 constituye el núcleo de las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia. Examinaré, en primer lugar, la segunda cuestión prejudicial, relativa a la posibilidad de modificar los motivos de la resolución aduanera en la fase judicial, y, en segundo lugar, la primera cuestión prejudicial, relativa al concepto de personas asociadas o vinculadas.
B.
Segunda cuestión prejudicial
54.
El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el método de determinación del valor en aduana de las mercancías importadas puede ser modificado de oficio por el juez o a instancia del importador en la fase judicial y, por consiguiente, una vez transcurridos los plazos previstos en el artículo 75, apartados 5 y 6, del Reglamento Delegado 2017/891 para que el importador pueda probar el valor en aduana declarado, habida cuenta del derecho a la tutela judicial efectiva y de la obligación de motivación protegidos, respectivamente, por los artículos 47 y 41, apartado 2, letra c), de la Carta, y por los artículo 44, apartado 1, y 29, en relación con el artículo 22, apartado 7, del código aduanero de la Unión. Asimismo, dicho órgano jurisdiccional desea que se determine si, por un lado, la condición del artículo 70, apartado 3, letra d), del código aduanero de la Unión relativa a las personas vinculadas puede examinarse por primera vez en el procedimiento judicial y, por el otro, si el método deductivo puede invocarse por primera vez en ese mismo procedimiento con carácter principal o como objeción, en la medida en que el valor de transacción declarado se aproximaba notablemente al valor calculado según este método deductivo.
55.
Así pues, me parece que la cuestión puede dividirse en dos subcuestiones. En primer lugar, ¿pueden modificarse en el procedimiento judicial los motivos de la resolución aduanera, ya sea porque el juez los sustituya de oficio por otros o de resultas de una objeción formulada por el demandante? En segundo lugar, ¿pueden referirse los nuevos motivos de la resolución aduanera a la vinculación entre las partes y a la influencia de esta vinculación en el precio en unas circunstancias como las del litigio principal?
56.
En primer término, en cuanto a la modificación de los motivos de la resolución aduanera, la cuestión debe examinarse habida cuenta de los plazos y la sanción de su incumplimiento que establece el artículo 75 del Reglamento Delegado 2017/891, debiendo recordarse que el órgano jurisdiccional remitente ha señalado que, con arreglo a su normativa nacional, está obligado a examinar de oficio la licitud de la resolución impugnada, incluso considerando puntos de vista no formulados en el recurso, y a recabar de oficio nuevos elementos de prueba e informes periciales.
57.
A falta de normativa de la Unión en la materia, cada Estado miembro debe configurar, en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, la regulación de los procedimientos administrativos y judiciales destinados a asegurar un nivel elevado de salvaguarda de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables. La regulación de la aplicación de las vías de recurso previstas por el Derecho de la Unión no debe ser menos favorable que la referente a los recursos semejantes establecidos para la protección de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno (principio de equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). (
26
)
58.
Pues bien, en el presente asunto, la normativa aduanera de la Unión establece normas de procedimiento específicas.
59.
Por un lado, el código aduanero de la Unión dispone que los controles aduaneros se reservan a las autoridades aduaneras, (
27
) a saber, las administraciones de aduanas o cualquier otra autoridad que esté facultada con arreglo al Derecho nacional para aplicar determinadas disposiciones de la legislación aduanera. (
28
) Con arreglo a este código, antes de adoptar una decisión que perjudique al solicitante, las autoridades aduaneras comunicarán a este los motivos en los que pretenden basar su resolución, el cual tendrá la oportunidad de presentar observaciones dentro de un plazo establecido. (
29
) Dicho código también prevé que, cuando perjudique al solicitante, la resolución que se adopte deberá exponer los motivos que han llevado a su adopción y mencionará el derecho de recurso previsto en el artículo 44 del mismo código. (
30
) Asimismo, el código aduanero de la Unión establece que el procedimiento de recurso contra la resolución aduanera se divide en dos fases sucesivas: la primera, ante las autoridades aduaneras, y la segunda, ante un órgano superior independiente, que podrá ser una autoridad judicial. (
31
) Por añadidura, este código señala que una autoridad aduanera podrá actuar en calidad de autoridad judicial, (
32
) pero no a la inversa.
60.
En la fase de recurso ante las autoridades aduaneras, el código aduanero de la Unión confiere al importador dos derechos: el derecho a obtener una motivación de la resolución que le perjudica y el derecho, que precede al primero, a ser informado de los motivos en los que se pretende basar tal resolución. Por consiguiente, la sustitución por el juez, de oficio o a instancia del importador, de los motivos de la decisión durante el procedimiento judicial, sobre la base de disposiciones de procedimiento nacionales, puede considerarse un control aduanero que, como tal, debe reservarse a las autoridades aduaneras del Estado miembro con arreglo al código aduanero de la Unión, el cual debe primar sobre dichas disposiciones de procedimiento, en tanto que normativa especial. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente no aclara si dispone de una habilitación legal o reglamentaria para aplicar determinadas disposiciones aduaneras.
61.
Esta organización del procedimiento de recurso en dos fases (administrativa y judicial), así como la protección reforzada de las obligaciones de información previa y de motivación, pueden garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y la obligación de motivación protegidos, respectivamente, por los artículos 47 y 41, apartado 2, letra c), de la Carta.
62.
Por otro lado, el artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891 establece dos plazos en los que el importador debe o bien probar que el lote se comercializó en condiciones que confirman la veracidad de los precios mencionados en el artículo 70 del código aduanero de la Unión, o bien determinar el valor en aduana con arreglo al método deductivo. La garantía se pierde si no se cumplen estos plazos (un mes a partir de la venta de los productos, con un límite de cuatro meses desde la fecha en que se haya aceptado la declaración de despacho a libre práctica) o si no se prueba que la mercancía se comercializó en las condiciones previstas. (
33
) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891 da lugar a una única sanción: la pérdida de la garantía calculada en función del valor de importación a tanto alzado.
63.
Esta particularidad del régimen aduanero aplicable a determinadas frutas y hortalizas, como los calabacines, ilustra perfectamente el hecho de que la elección de la modalidad de cálculo del valor en aduana debe hacerse en la fase de recurso ante las autoridades aduaneras. Por consiguiente, incumbe al importador probar el valor en aduana en función del fundamento utilizado, so pena de perder la garantía.
64.
De todos estos elementos se desprende, por tanto, que el fundamento del valor en aduana empleado no puede modificarse en la fase de recurso judicial contra una resolución aduanera, pues ello equivaldría a privar al importador de sus derechos a ser informado previamente de los motivos de una resolución aduanera que podría perjudicarle y a que dicha resolución aduanera perjudicial esté motivada.
65.
En segundo término, en lo tocante a la naturaleza de los nuevos motivos invocados ante el juez, ¿pueden referirse a la vinculación entre las personas y a la influencia de esta vinculación en el precio en unas circunstancias como las del litigio principal?
66.
En efecto, OGL-Food precisó en la vista que, durante el procedimiento judicial, no solicitó que se modificase la modalidad de cálculo del valor en aduana en favor del método deductivo, (
34
) sino que, al justificar las modalidades de comercialización de los productos declarados con un valor de transacción, deseaba que se le aplicara la posibilidad que concede el artículo 134, apartado 2, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión de probar que el valor de transacción se aproximaba notablemente al valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado según el método deductivo.
67.
Es preciso señalar, sin embargo, que el artículo 134 del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión es una disposición de aplicación del artículo 70, apartado 3, letra d), del código aduanero de la Unión y resulta aplicable a las transacciones entre personas vinculadas.
68.
Pues bien, durante la fase del procedimiento administrativo, la importadora no alegó estar vinculada con el comprador en el primer nivel comercial ni proporcionó el eventual contrato que la vinculaba a este último, como había solicitado el servicio de aduanas, y, a fortiori, tampoco trató de demostrar que tal vinculación no había influido en el precio. Ciertamente, durante esta fase, habría podido probar las condiciones de comercialización de los productos importados sobre la base del artículo 134, apartado 2, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión, lo que implicaría haber probado asimismo que ella y el comprador en el primer nivel comercial estaban vinculados, conforme a las modalidades previstas en el artículo 127 de dicho Reglamento de Ejecución, (
35
) y que tal vinculación no había influido en el precio.
69.
Por otra parte, los motivos formulados por el director de aduanas no se refieren a la condición de personas vinculadas, sino que se basan en otros elementos: el elevado precio de compra de la importación (un 40,75 % superior al valor de importación a tanto alzado) y la reventa con pérdidas.
70.
En consecuencia, la alegación relativa al valor próximo al valor de transacción es totalmente nueva respecto de los motivos expuestos por el director de aduanas y formularla en la fase judicial equivale a solicitar al juez que ejerza él mismo el control aduanero, lo que va más allá de la mera formulación de objeciones sobre los propios motivos.
71.
En conclusión, propongo responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 75, apartados 2, 5 y 6, del Reglamento Delegado 2017/891, en relación con los artículos 5, puntos 1 y 3, 22, apartado 6, 29 y 44, apartado 2, del código aduanero de la Unión, debe interpretarse en el sentido de que los plazos y la sanción de su incumplimiento que prevé dicho artículo se oponen a que los motivos de la resolución aduanera se modifiquen en la fase judicial de impugnación de esa resolución, en particular por lo que respecta al método de cálculo del valor en aduana elegido o el concepto de «personas vinculadas», en el sentido del artículo 70, apartado 3, letra d), del código aduanero de la Unión.
C.
Primera cuestión prejudicial
72.
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre los datos pertinentes para demostrar la condición de asociadas o de personas vinculadas en el sentido de los artículos 127, apartado 1, letra b), y 142, apartado 4, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión. Además, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas sobre si la comprobación a que se refiere el artículo 75 del Reglamento Delegado 2017/891 impone la obligación de apreciar, con el fin de evitar la elusión de derechos de aduana, si la relación entre los operadores influyó en la determinación de un precio más elevado de las mercancías revendidas posteriormente con pérdidas.
73.
Propongo examinar esta cuestión con carácter subsidiario, habida cuenta de la respuesta dada a la segunda cuestión prejudicial.
74.
El Tribunal de Justicia ha declarado recientemente, en la sentencia de 9 de junio de 2022, Baltic Master, (
36
) que el artículo 181 bis del Reglamento de Aplicación —que se incluyó a raíz de la modificación de este por el Reglamento (CE) n.o 3254/94 de la Comisión, de 19 de diciembre de 1994— (
37
) permite a las autoridades aduaneras excluir el valor de transacción para determinar el valor en aduana cuando estimen que el valor declarado de las mercancías importadas no refleja su valor real y ello con independencia de que exista un vínculo entre el importador y el exportador. (
38
) El carácter general de la formulación permite ampliarla por analogía al artículo 140 del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión, que reprodujo en esencia dicho artículo 181 bis, relativo a la no aceptación del valor de transacción declarado. En efecto, este artículo 140 prevé, por un lado, que, «si las autoridades aduaneras tienen dudas fundadas de si el valor declarado de la transacción representa el importe total pagado o por pagar contemplado en el artículo 70, apartado 1, del [código aduanero], podrán solicitar al declarante que aporte información adicional» y, por el otro, que, «si no se disipan sus dudas, las autoridades aduaneras podrán decidir que el valor de las mercancías no puede determinarse de conformidad con el artículo 70, apartado 1, [de dicho código]».
75.
En esa misma sentencia, el Tribunal de Justicia precisó que, «por lo que respecta al vínculo entre personas por su condición de asociadas, contemplado en el artículo 143, apartado 1, letra b), del Reglamento de Aplicación, [ (
39
)] es preciso subrayar que el propio tenor de esta disposición excluye cualquier asociación de hecho». (
40
) Añadió que «esta disposición, que se refiere a las personas que tengan “jurídicamente la condición de asociadas”, requiere, a efectos de reconocer la existencia de un vínculo, demostrar que se cumplen los requisitos establecidos por las disposiciones nacionales relativas a la condición de asociadas y, de ese modo, excluye toda asociación que no sea de Derecho». (
41
)
76.
De ello resulta que la apreciación de la condición jurídica de asociado está sujeta al Derecho nacional y que los elementos mencionados por el órgano jurisdiccional remitente (carácter no puntual de las relaciones comerciales, datos relativos a las facturas emitidas por las entregas, al pago del precio, al registro de las facturas en la contabilidad y en los registros del IVA del importador y al derecho a deducción del impuesto, valor de transacción declarado sustancialmente superior al valor de importación a tanto alzado asociado a una reventa con pérdidas y ausencia de un contrato comercial) solo son pertinentes si sirven para fundamentar tal condición con arreglo al Derecho nacional.
77.
Ahora bien, proponer una respuesta a esta cuestión exige examinar la articulación entre las disposiciones especiales aplicables a determinadas frutas y hortalizas, como los calabacines, con las disposiciones generales del código aduanero de la Unión y de su Reglamento de Ejecución.
78.
En efecto, cuando el importador ha declarado un valor de transacción, el artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891 dispone que dicho importador debe probar, en un plazo de un mes a partir de la venta de los productos, con un límite de cuatro meses desde la fecha en que se haya aceptado la declaración de despacho a libre práctica, que el lote se comercializó en condiciones que confirman la veracidad de los precios mencionados en el artículo 70 del código aduanero de la Unión.
79.
Por tanto, ¿basta con que el importador pruebe que, al revender las mercancías importadas, concurren las condiciones del artículo 70 del código aduanero de la Unión, en particular la relativa a las personas vinculadas, o simplemente debe demostrar que las condiciones de comercialización justifican el valor de transacción declarado?
80.
La admisibilidad de la cuestión prejudicial depende de la respuesta a este interrogante, pues si bastase con probar únicamente la existencia de una vinculación entre el importador y el comprador en el primer nivel comercial y su influencia en el precio, no sería necesario preguntarse acerca de las condiciones de comercialización de los productos.
81.
Una interpretación literal podría dar a entender que la mera prueba de la reventa a un precio que justifique el valor de transacción declarado es suficiente. Pues bien, la formulación por la que optó el legislador de la Unión no se limita a exigir probar la veracidad del valor de transacción, sino que se extiende a las condiciones de comercialización de la mercancía revendida. Ciertamente, el artículo 75, apartado 5, párrafo tercero, del Reglamento Delegado 2017/891 precisa que la garantía solo se devolverá en la medida en que se presenten, a satisfacción de las autoridades aduaneras, las pruebas referentes a las condiciones de salida al mercado.
82.
No obstante, si se tiene en cuenta la finalidad de esta disposición, que es impedir una sobrefacturación fraudulenta en el momento de la importación destinada a eludir el pago de derechos de aduana, parece que la remisión a las condiciones del artículo 70 del código aduanero de la Unión debe ser completa. En efecto, si bien es posible que dos partes vinculadas actúen fraudulentamente al facturar el producto exportado, también cabe que lo hagan al revender ese producto en el territorio de la Unión, de modo que, para justificar el valor de transacción, resulta pertinente que la reventa de productos no pueda realizarse a personas vinculadas o que se exija probar que tal vinculación no ha influido en el precio. Pues bien, el Derecho de la Unión relativo a la valoración en aduana tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutral que excluya la utilización de unos valores en aduana arbitrarios o ficticios. El valor en aduana debe reflejar, pues, el verdadero valor económico de la mercancía importada. (
42
)
83.
En consecuencia, el valor de transacción no puede utilizarse si la relación existente entre personas vinculadas en el momento de adquisición de los productos para la exportación y de su reventa en el territorio aduanero de la Unión ha influido en el precio. En este supuesto, el Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión permite utilizar el valor de transacción, aun en caso de vinculación entre las partes, cuando dicho valor se aproxime notablemente al valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado de conformidad con el método deductivo, (
43
) si bien no podrá compararse con el valor en aduana de mercancías importadas.
84.
No obstante, este objetivo de garantizar la veracidad económica de la compra y de la reventa y, por tanto, de la cuantía adecuada de los derechos de aduana también puede lograrse mediante la prueba de las condiciones de comercialización, en la medida en que unas condiciones de comercialización anormales pueden ser reflejo de una colusión entre personas vinculadas que ha influido en el precio. En este sentido, la obligación de probar las condiciones de comercialización podría considerarse una prueba simplificada de que la eventual vinculación entre las partes no ha influido en el precio. Esta interpretación es conforme con el objetivo de la normativa específica aplicable a las frutas y hortalizas perecederas, que consiste en facilitar la determinación de su valor para calcular su precio de entrada, dado que la mayoría de tales frutas y hortalizas perecederas se suministran bajo el régimen comercial de venta en consignación, lo que crea dificultades para determinar su precio. (
44
) Esta interpretación también puede justificarse por el hecho de que, a falta de pruebas de los elementos exigidos por el artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891 en el plazo señalado, el servicio de aduanas no devolverá la garantía calculada sobre la base del valor de importación a tanto alzado.
85.
De todas estas consideraciones se desprende que, aunque el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que los operadores están vinculados —lo cual no es el caso—, esta constatación sería insuficiente para demostrar que se cumplen las condiciones del artículo 75, apartado 5, del Reglamento Delegado 2017/891 y, en particular, que los productos se han comercializado en condiciones que confirman la veracidad de los precios. Por tanto, la respuesta a esta cuestión prejudicial —en mi opinión, inadmisible— no parece útil para la resolución del litigio.
86.
Con carácter subsidiario, propongo la siguiente respuesta: el artículo 70, apartado 3, letra d), del código aduanero de la Unión y el artículo 127, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión deben interpretarse en el sentido de que no puede considerarse que el comprador y el vendedor tengan jurídicamente la condición de asociados si no demuestran que concurren los requisitos previstos por las disposiciones nacionales referentes a tal condición, lo que excluye cualquier asociación que no sea de Derecho.
V. Conclusión
87.
A la luz del conjunto de consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Administrativen sad Sofia-grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Sofía, Bulgaria):
«1)
El artículo 75, apartados 2, 5 y 6, del Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las sanciones que deben aplicarse en esos sectores y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 543/2011 de la Comisión, en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2018/1145 de la Comisión, de 7 de junio de 2018, en relación con los artículos 5, puntos 1 y 3, 22, apartado 6, 29 y 44, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2016/2339 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016,
debe interpretarse en el sentido de que
los plazos y la sanción de su incumplimiento que prevé dicho artículo se oponen a que los motivos de la resolución aduanera se modifiquen en la fase judicial de impugnación de esa resolución, también por lo que respecta al método de cálculo del valor en aduana elegido o al concepto de “personas vinculadas”, en el sentido del artículo 70, apartado 3, letra d), del Reglamento n.o 952/2013, en su versión modificada por el Reglamento 2016/2339.
2)
La primera cuestión prejudicial es inadmisible, si bien, con carácter subsidiario, debe responderse del siguiente modo:
el artículo 70, apartado 3, letra d), del Reglamento n.o 952/2013, en su versión modificada por el Reglamento 2016/2339, y el artículo 127, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/604 de la Comisión, de 18 de abril de 2018,
deben interpretarse en el sentido de que
no puede considerarse que el comprador y el vendedor tengan jurídicamente la condición de asociados si no demuestran que concurren los requisitos previstos por las disposiciones nacionales referentes a tal condición, lo que excluye cualquier asociación que no sea de Derecho.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	DO 2013, L 269, p. 1.
(
3
)	DO 2016, L 354, p. 32; en lo sucesivo, «código aduanero de la Unión».
(
4
)	DO 2015, L 343, p. 558.
(
5
)	DO 2018, L 101, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión».
(
6
)	DO 2017, L 138, p. 4.
(
7
)	DO 2018, L 208, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Delegado 2017/891».
(
8
)	DO 2013, L 347, p. 671.
(
9
)	DO 2017, L 350, p. 15; en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1308/2013».
(
10
)	Reglamento de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO 1992, L 302, p. 1). Este Reglamento fue derogado por el Reglamento (CE) n.o 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) (DO 2008, L 145, p. 1), que a su vez fue derogado por el código aduanero de la Unión.
(
11
)	Reglamento de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario (DO 1993, L 253, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 46/1999 de la Comisión, de 8 de enero de 1999 (DO 1999, L 10, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de Aplicación»), derogado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/481 de la Comisión, de 1 de abril de 2016 (DO 2016, L 87, p. 24), a raíz de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión.
(
12
)	Reglamento de Ejecución de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas (DO 2017, L 138, p. 57).
(
13
)	DO 1987, L 256, p. 1.
(
14
)	DO 2018, L 273, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento n.o 2658/87».
(
15
)	En lo sucesivo, «resolución de 30 de octubre de 2020».
(
16
)	En lo sucesivo, «método deductivo».
(
17
)	Artículo 75, apartado 2, del Reglamento Delegado 2017/891.
(
18
)	Artículo 70, apartado 1, del código aduanero de la Unión.
(
19
)	Artículo 70, apartado 3, letra d), del código aduanero de la Unión.
(
20
)	Artículo 75, apartado 2, del Reglamento Delegado 2017/891.
(
21
)	Véase el punto 22 de las presentes conclusiones.
(
22
)	Artículo 75, apartado 3, del Reglamento Delegado 2017/891.
(
23
)	Artículo 142, apartado 1, del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión.
(
24
)	Artículo 142, apartado 4, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión.
(
25
)	Artículo 142, apartado 5, letra c), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión.
(
26
)	Véase la sentencia de 12 de enero de 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C‑132/21, EU:C:2023:2), apartados 45 y 48, y jurisprudencia citada.
(
27
)	Artículo 5, punto 3, del código aduanero de la Unión.
(
28
)	Artículo 5, punto 1, del código aduanero de la Unión.
(
29
)	Artículo 22, apartado 6, del código aduanero de la Unión.
(
30
)	Artículo 22, apartado 7, del código aduanero de la Unión.
(
31
)	Artículo 44, apartado 2, del código aduanero de la Unión.
(
32
)	Artículo 29 del código aduanero de la Unión.
(
33
)	Véase el punto 52 de las presentes conclusiones.
(
34
)	Segunda modalidad de cálculo; véase el punto 47 de las presentes conclusiones.
(
35
)	Que una de ellas forme parte de la dirección o del consejo de administración de la otra; que tengan jurídicamente la condición de asociadas; que una tercera persona posea, controle o tenga directa o indirectamente el 5 % o más de las acciones o títulos con derecho a voto de una y otra; que una sea empleada de la otra; que una de ellas controle, directa o indirectamente, a la otra; que ambas sean controladas por una tercera persona o que juntas controlen a una tercera persona, y que sean miembros de la misma familia.
(
36
)	C‑599/20, EU:C:2022:457.
(
37
)	DO 1994, L 346, p. 1.
(
38
)	Véase la sentencia de 9 de junio de 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457), apartado 34 y jurisprudencia citada.
(
39
)	Idéntico al artículo 127, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión.
(
40
)	Sentencia de 9 de junio de 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457), apartado 35.
(
41
)	Sentencia de 9 de junio de 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457), apartado 36.
(
42
)	Véase la sentencia de 9 de junio de 2022, Baltic Master (C‑599/20, EU:C:2022:457), apartado 24.
(
43
)	Artículo 134, apartado 2, letra b), del Reglamento de Ejecución del código aduanero de la Unión.
(
44
)	Considerando 31, del Reglamento Delegado 2017/891.