62023CJ0439
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 19 de septiembre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Contratación de un trabajador con contrato de duración determinada como trabajador con contrato de duración indefinida — Determinación de la antigüedad — No consideración de los períodos de empleo completados en el marco de contratos de trabajo de duración determinada celebrados antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 1999/70 — Aplicación inmediata a los efectos futuros de una situación nacida bajo la vigencia de la ley anterior»
En el asunto C‑439/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale civile di Padova (Tribunal Civil de Padua, Italia), mediante resolución de 22 de junio de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de julio de 2023, en el procedimiento entre
KV
y
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. T. von Danwitz, Presidente de Sala, el Sr. A. Arabadjiev (Ponente), Presidente de la Sala Primera, y el Sr. P. G. Xuereb, Juez;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de KV, por el Sr. F. Americo, avvocato;
–
en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente, asistida por las Sras. L. Fiandaca y M. T. Lubrano Lobianco, avvocati dello stato;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. D. Recchia y F. van Schaik, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo Marco»), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada (DO 1999, L 175, p. 43).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre KV y el Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) (Consejo Nacional de Investigación, Italia) sobre el cálculo de su antigüedad en el momento de la celebración de un contrato de trabajo por tiempo indefinido con dicho Consejo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
Se desprende del considerando 14 de la Directiva 1999/70, basada en el artículo 139 CE, apartado 2, que las partes contratantes del Acuerdo Marco desearon, mediante la celebración de tal Acuerdo Marco, mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando la aplicación del principio de no discriminación y establecer un marco para impedir los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada o de relaciones laborales de este tipo.
4
Según el artículo 1 de la Directiva 1999/70, esta tiene por objeto «aplicar el [Acuerdo Marco], que figura en el anexo, celebrado […] entre las organizaciones interprofesionales de carácter general (UNICE, CEEP y CES)».
5
El artículo 2, párrafos primero y tercero, de esta Directiva dispone:
«Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a lo más tardar el 10 de julio de 2001 o se asegurarán de que, como máximo en dicha fecha, los interlocutores sociales hayan establecido las disposiciones necesarias mediante acuerdo, adoptando los Estados miembros todas las disposiciones necesarias para poder garantizar en todo momento los resultados fijados por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión [Europea].
[…]
Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones contempladas en el apartado 1, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.»
6
En virtud del artículo 3 de la Directiva 1999/70, esta entró en vigor el 10 de julio de 1999, fecha de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
7
A tenor de su cláusula 1, el objeto del Acuerdo Marco es:
«a)
mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación;
b)
establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada.»
8
La cláusula 2, punto 1, del Acuerdo Marco es del siguiente tenor:
«El presente Acuerdo se aplica a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.»
9
La cláusula 4 del Acuerdo Marco establece:
«1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.
[…]
4. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada que para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas.»
Derecho italiano
10
El artículo 6, apartado 1, del Decreto Legislativo n. 368 — Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES (Decreto Legislativo n.o 368 relativo a la aplicación de la Directiva [1999/70]), de 6 de septiembre de 2001 (GURI n.o 235, de 9 de octubre de 2001, p. 4), que transpuso la Directiva 1999/70 al ordenamiento jurídico italiano, dispone:
«El trabajador con contrato de duración determinada tendrá derecho, en proporción al tiempo de trabajo realizado, a las vacaciones retribuidas y a la paga extraordinaria de Navidad o correspondiente al decimotercer mes, así como a la indemnización por extinción de contrato y a todas las demás ventajas concedidas en la empresa a los trabajadores con contrato de duración indefinida comparables, es decir, aquellos que estén clasificados en el mismo nivel en virtud de los criterios de clasificación establecidos en el convenio colectivo, siempre que ello no sea objetivamente incompatible con la naturaleza del contrato de duración determinada.»
11
El artículo 36 de la legge n. 70 — Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente (Ley n.o 70 sobre disposiciones acerca de la reorganización de los organismos públicos y la relación laboral de los trabajadores), de 20 de marzo de 1975 (GURI n.o 87, de 2 de abril de 1975), en su versión aplicable al litigio principal, establece:
«Para atender necesidades particulares de la investigación científica, el [CNR] [podrá] proveerse de personal de investigación avanzada, incluidos nacionales extranjeros, mediante un contrato de duración determinada de duración no superior a cinco años. En el marco de programas de investigación individuales y para toda la duración del programa, también se autorizará la provisión mediante un contrato de personal de investigación y personal técnico altamente especializado.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
12
El demandante en el litigio principal, KV, trabajó para el CNR, persona jurídica de Derecho público, mediante tres contratos de trabajo de duración determinada durante los períodos comprendidos entre el 2 de noviembre de 1993 y el 31 de marzo de 1995, entre el 1 de agosto de 1995 y el 1 de agosto de 2000 y entre el 4 de septiembre de 2000 y el 30 de septiembre de 2001, respectivamente, para desempeñar tareas de tecnólogo y de investigador.
13
Dado que este demandante superó una oposición, fue contratado por el CNR, a partir del 1 de octubre de 2001, mediante un contrato de trabajo por tiempo indefinido para desempeñar las mismas tareas. Con ocasión de esta contratación, el CNR no reconoció, a efectos de la determinación de la antigüedad en el servicio y de la retribución del demandante en el litigio principal, ninguna antigüedad por el trabajo por cuenta ajena realizado por este en el marco de los contratos de trabajo de duración determinada celebrados antes de la expiración del plazo concedido a los Estados miembros para transponer la Directiva 1999/70, a saber, de conformidad con el artículo 2, párrafo primero, de esta, el 10 de julio de 2001.
14
El 8 de febrero de 2022, el demandante en el litigio principal interpuso ante el Tribunale civile di Padova (Tribunal Civil de Padua, Italia), el órgano jurisdiccional remitente, un recurso dirigido, en particular, a que se declare, con arreglo a la cláusula 4 del Acuerdo Marco, la existencia de su derecho al reconocimiento de la antigüedad en el servicio adquirida en virtud de ese trabajo por cuenta ajena y de los correspondientes incrementos salariales.
15
Ante dicho órgano jurisdiccional, el CNR solicitó que se desestime ese recurso, invocando, en particular, la falta de efecto retroactivo de la Directiva 1999/70.
16
Según el órgano jurisdiccional remitente, a efectos de la petición de decisión prejudicial, lo único relevante es la cuestión del ámbito de aplicación temporal de la referida Directiva.
17
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente observa, en primer lugar, que la relación laboral del demandante en el litigio principal que duró desde el 2 de noviembre de 1993 hasta el 31 de marzo de 1995 se ejecutó íntegramente antes de la entrada en vigor de la citada Directiva; en segundo lugar, que la relación laboral de este que duró desde el 1 de agosto de 1995 hasta el 1 de agosto de 2000 nació antes de la entrada en vigor de la misma Directiva y se extinguió con posterioridad a esa entrada en vigor, pero antes de la expiración del plazo fijado para la transposición de la mencionada Directiva, y, en tercer lugar, que la relación laboral del demandante en el litigio principal que comenzó el 4 de septiembre de 2000 y finalizó anticipadamente el 30 de septiembre de 2001, debido a que este demandante superó una oposición, nació y se ejecutó casi totalmente durante el período comprendido entre la entrada en vigor de la Directiva 1999/70 y la expiración de ese plazo. Afirma que la República Italiana transpuso esta Directiva en su ordenamiento jurídico interno unos meses después de la expiración de dicho plazo, a saber, el 24 de octubre de 2001, fecha de entrada en vigor del Decreto Legislativo n.o 368, de 6 de septiembre de 2001.
18
A su entender, los contratos de trabajo de duración determinada de que se trata en el litigio principal no constituyen prórrogas de una relación laboral de duración determinada inicial, sino que son actos que establecen ex novo relaciones laborales de duración determinada sucesivas e independientes.
19
El órgano jurisdiccional remitente precisa que, si los períodos de trabajo de que se trata se hubieran completado en virtud de contratos de trabajo de duración indefinida, se habrían tenido en cuenta para el cálculo de la antigüedad global adquirida por el demandante en el litigio principal.
20
Ese órgano jurisdiccional señala la existencia, en el ordenamiento jurídico italiano, de dos corrientes jurisprudenciales divergentes en lo que respecta al alcance del ámbito de aplicación ratione temporis de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco. Según la primera corriente, el principio de irretroactividad del Derecho de la Unión, conforme al cual las normas sustantivas solo se aplican a las situaciones nacidas después de su entrada en vigor, excluye la aplicación de esta cláusula a relaciones laborales de duración determinada ejecutadas en su totalidad antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 1999/70. Según la segunda corriente jurisprudencial, el principio conforme al cual una norma nueva se aplica, salvo excepción, inmediatamente a los efectos futuros de las situaciones nacidas durante la vigencia de la ley anterior permite tener en cuenta, a efectos del cálculo de la antigüedad global del trabajador con contrato de duración indefinida, también los períodos de trabajo de duración determinada definitivamente completados antes de la entrada en vigor de esa Directiva.
21
El órgano jurisdiccional remitente considera que este último principio debe interpretarse en el sentido que le atribuye la primera corriente jurisprudencial. A su entender, dicho último principio se refiere a las situaciones nacidas antes de la entrada en vigor de la nueva norma y que perduran, en una continuidad sustancial, durante el período posterior, y no a las situaciones que hayan nacido y se hayan extinguido íntegramente antes de la entrada en vigor de la nueva norma.
22
A su juicio, esta interpretación es conforme con los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, que excluyen que las normas sustantivas del Derecho de la Unión sean aplicables, con carácter retroactivo, a relaciones jurídicas definidas antes de su entrada en vigor, a menos que de sus términos, finalidad o sistema se desprenda claramente que debe atribuírseles tal efecto.
23
Al considerar que dicha interpretación también se ve corroborada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente estima que la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco, interpretada a la luz de esta jurisprudencia, debe entenderse en el sentido de que no incluye relaciones laborales de duración determinada como las existentes entre las partes del litigio principal entre el 2 de noviembre de 1993 y el 31 de marzo de 1995 y entre el 1 de agosto de 1995 y el 1 de agosto de 2000, en la medida en que cada una de esas relaciones agotó plenamente sus efectos antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 1999/70.
24
En cambio, dicha cláusula podría incluir la relación laboral de duración determinada que se extiende del 4 de septiembre de 2000 al 30 de septiembre de 2001, puesto que esta estaba en curso en la fecha de expiración de ese plazo.
25
En estas circunstancias, el Tribunale civile di Padova (Tribunal Civil de Padua) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión perjudicial:
«La cláusula 4, punto 1, del [Acuerdo Marco]:
–
¿Se debe aplicar ratione temporis a las relaciones laborales por cuenta ajena de duración determinada constituidas y finalizadas por expiración del plazo convenido en una fecha anterior a la entrada en vigor de la Directiva [1999/70] (10 de julio de 1999)?
–
¿Se debe aplicar ratione temporis a las relaciones laborales por cuenta ajena de duración determinada constituidas mediante un contrato individual de trabajo suscrito en fecha anterior a la entrada en vigor de la Directiva [1999/70] (10 de julio de 1999) y finalizadas por expiración del plazo convenido en una fecha comprendida entre la entrada en vigor de la Directiva [1999/70] y el vencimiento del plazo otorgado a los Estados miembros para su transposición (10 de julio de 2001)?
–
¿Se debe aplicar ratione temporis a las relaciones laborales por cuenta ajena de duración determinada constituidas mediante un contrato individual de trabajo suscrito en el período comprendido entre la entrada en vigor de la Directiva [1999/70] (10 de julio de 1999) y el vencimiento del plazo otorgado a los Estados miembros para su transposición (10 de julio de 2001), y finalizadas por expiración del plazo convenido con posterioridad a esta última fecha?»
Sobre la cuestión prejudicial
Sobre la admisibilidad
26
El Gobierno italiano sostiene que la cuestión prejudicial es inadmisible debido a que la interpretación de la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco carece de utilidad alguna para responder a esta cuestión. En su opinión, la referida cuestión no versa sobre el trato al demandante en el litigio principal durante sus relaciones laborales de duración determinada, sino sobre el reconocimiento del servicio que prestó en el marco de dichas relaciones laborales a efectos de la determinación de su retribución para el período posterior a la conversión de su relación laboral en relación laboral de duración indefinida. Ahora bien, objeta, esta cuestión se rige por la cláusula 4, punto 4, del Acuerdo Marco y no por la cláusula 4, punto 1, de este.
27
En la medida en que esta alegación se refiere a la determinación de la disposición del Derecho de la Unión aplicable al litigio principal, se refiere al fondo de la cuestión prejudicial planteada y no a su admisibilidad, de modo que debe examinarse en el marco del examen del fondo de dicha cuestión (véase, por analogía, la sentencia de 18 de enero de 2024, Lietuvos notarų rūmai y otros, C‑128/21, EU:C:2024:49, apartado 43 y jurisprudencia citada).
28
En consecuencia, procede declarar admisible la cuestión prejudicial.
Sobre el fondo
29
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la antigüedad adquirida por un trabajador en virtud de contratos de trabajo de duración determinada ejecutados total o parcialmente antes de la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 1999/70 no se tenga en cuenta para determinar la retribución de ese trabajador en el momento de su contratación por tiempo indefinido después de dicha fecha.
30
En el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este Tribunal proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. En efecto, el Tribunal de Justicia tiene la misión de interpretar cuantas disposiciones del Derecho de la Unión sean necesarias para que los órganos jurisdiccionales nacionales puedan resolver los litigios que se les hayan sometido, aun cuando tales disposiciones no se mencionen expresamente en las cuestiones remitidas por dichos órganos jurisdiccionales [sentencia de 21 de diciembre de 2021, Skarb Państwa (Cobertura del seguro de vehículos automóviles), C‑428/20, EU:C:2021:1043, apartado 24].
31
A este respecto, es preciso recordar que la cláusula 4, punto 1, del Acuerdo Marco incluye una prohibición de tratar, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, a los trabajadores con un contrato de duración determinada de modo menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de trabajo de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. El punto 4 de esa cláusula enuncia la misma prohibición por lo que respecta a los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo (sentencias de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, apartado 39 y jurisprudencia citada; de 20 de septiembre de 2018, Motter, C‑466/17, EU:C:2018:758, apartado 26, y de 30 de noviembre de 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS, C‑270/22, EU:C:2023:933, apartados 52 y 53).
32
Consta que el litigio principal, que versa sobre el cálculo de la antigüedad del demandante en el litigio principal en el momento de la celebración de su contrato de trabajo de duración indefinida, se refiere a tales criterios.
33
En estas circunstancias, para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, procede interpretar también la cláusula 4, punto 4, del Acuerdo Marco.
34
A este respecto, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado ya que la cláusula 4 del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye por completo la toma en consideración de los períodos de servicio prestados por un trabajador con contrato de trabajo de duración determinada en un organismo público para determinar la antigüedad de aquel con ocasión de su contratación por tiempo indefinido por este organismo, a menos que esta exclusión esté justificada por «razones objetivas», en el sentido de los puntos 1 o 4 de dicha cláusula. El mero hecho de que el trabajador con contrato de duración determinada haya cumplido esos períodos de servicio sobre la base de un contrato o de una relación laboral de duración determinada no constituye tal razón objetiva (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, apartado 71).
35
En el presente asunto, de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que el demandante en el litigio principal, cuando ejercía sus funciones en el CNR en el marco de contratos de trabajo de duración determinada, se encontraba en una situación comparable a la de los trabajadores contratados por tiempo indefinido por dicho organismo, puesto que realizaba tareas que podían ser desempeñadas por trabajadores con contrato de duración indefinida.
36
Por lo que respecta al trato menos favorable de los trabajadores con contrato de duración determinada de que se trata en el litigio principal, dicho órgano jurisdiccional precisa que, si el trabajo desempeñado por el demandante en el litigio principal en virtud de sus contratos de trabajo de duración determinada se hubiera desempeñado en el marco de un contrato de trabajo por tiempo indefinido, se habría tenido en cuenta en el cálculo de su antigüedad global.
37
Ahora bien, el Tribunal de Justicia ha declarado que reglas relativas a los períodos de servicio que deben cumplirse para poder ser clasificado en una categoría retributiva superior, como las controvertidas en el litigio principal, están comprendidas en el concepto de «condiciones de trabajo» en el sentido de la cláusula 4 del Acuerdo Marco (sentencia de 30 de noviembre de 2023, Ministero dell’Istruzione e INPS, C‑270/22, EU:C:2023:933, apartado 55 y jurisprudencia citada).
38
El mero hecho de que un trabajador haya adquirido la condición de trabajador fijo no excluye la posibilidad de que pueda invocar en determinadas circunstancias el principio de no discriminación enunciado en la referida cláusula 4 (sentencia de 18 de octubre de 2012, Valenza y otros, C‑302/11 a C‑305/11, EU:C:2012:646, apartado 34 y jurisprudencia citada).
39
Por lo que respecta a la aplicabilidad temporal de la referida cláusula 4, procede recordar que, en principio, una norma jurídica nueva se aplica a partir de la entrada en vigor del acto que la establece. Si bien esta norma no se aplica a las situaciones jurídicas nacidas y consolidadas definitivamente bajo la vigencia de la norma anterior, sí se aplica a los efectos futuros de una situación nacida bajo la vigencia de la norma anterior, así como a las situaciones jurídicas nuevas. Únicamente no sucede así, sin perjuicio del principio de irretroactividad de los actos jurídicos, cuando la nueva norma lleva aparejadas disposiciones concretas que determinan específicamente su ámbito de aplicación temporal (sentencia de 22 de junio de 2022, Volvo y DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, apartado 32 y jurisprudencia citada).
40
Así, los actos adoptados para la transposición de una directiva deben aplicarse a los efectos futuros de las situaciones nacidas bajo la vigencia de la ley anterior, a partir de la fecha de expiración del plazo de transposición, salvo que la directiva disponga otra cosa [sentencia de 21 de diciembre de 2021, Skarb Państwa (Cobertura del seguro de vehículos automóviles), C‑428/20, EU:C:2021:1043, apartado 32].
41
Es preciso señalar que ni la Directiva 1999/70 ni el Acuerdo Marco contienen disposiciones concretas que determinen específicamente su ámbito de aplicación temporal.
42
Por consiguiente, procede determinar si la situación jurídica de que se trata en el litigio principal constituye una situación consolidada antes de la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 1999/70.
43
A este respecto, es preciso subrayar que esta situación se refiere al reconocimiento de la antigüedad del demandante en el litigio principal, adquirida en ejecución de contratos de trabajo de duración determinada hasta el 1 de octubre de 2001, a efectos de la determinación de su retribución a partir de esa fecha.
44
Aunque esta antigüedad se adquirió principalmente antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 1999/70, dicha situación atañe a la determinación de las implicaciones de tal antigüedad para la retribución que el mencionado demandante percibe en virtud de su contrato de trabajo de duración indefinida, celebrado después de esa fecha, y, por tanto, a la aplicación de la cláusula 4 del Acuerdo Marco después de esa misma fecha.
45
Como ha señalado, en esencia, la Comisión, la situación jurídica de que se trata en el litigio principal es análoga a la del cálculo de la antigüedad requerida para adquirir el derecho a una pensión de jubilación, examinada en los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 10 de junio de 2010, Bruno y otros (C‑395/08 y C‑396/08, EU:C:2010:329), y de 7 de noviembre de 2018, O’Brien (C‑432/17, EU:C:2018:879), que planteaban la cuestión del cómputo de los períodos anteriores a la expiración del plazo de transposición de la Directiva 97/81/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa al Acuerdo Marco sobre el Trabajo a Tiempo Parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES (DO 1998, L 14, p. 9).
46
En efecto, en el apartado 35 de esta última sentencia, el Tribunal de Justicia señaló que la circunstancia de que un derecho a pensión se adquiera definitivamente al término del correspondiente período de antigüedad no permite concluir que la situación jurídica del trabajador de que se trate deba considerarse definitivamente consolidada, puesto que ese trabajador solo podrá invocar efectivamente este derecho para el pago de su pensión de jubilación en un momento posterior y teniendo en cuenta los períodos de antigüedad pertinentes. El Tribunal de Justicia concluyó, en el apartado 36 de la última sentencia citada, que, cuando la constitución de los derechos a pensión se extiende a períodos tanto anteriores como posteriores a la expiración del plazo de transposición de la Directiva 97/81, procede considerar que la determinación de dichos derechos se rige por las disposiciones de esta Directiva, incluyendo los períodos de antigüedad anteriores a la fecha de su entrada en vigor.
47
Estas consideraciones son igualmente válidas, mutatis mutandis, con respecto a la Directiva 1999/70 y al derecho a la remuneración reclamada por el demandante en el litigio principal en virtud de la antigüedad adquirida en el marco de sus contratos de trabajo de duración determinada, ya que solo posteriormente y teniendo en cuenta los períodos de antigüedad pertinentes podrá tal demandante hacer valer efectivamente ese derecho.
48
El hecho, puesto de relieve por el órgano jurisdiccional remitente y por el Gobierno italiano, de que la antigüedad de dicho demandante se haya adquirido, en particular, en virtud de contratos de trabajo de duración determinada que se extinguieron antes de la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 1999/70 no puede llevar a una conclusión diferente.
49
En efecto, la antigüedad en el servicio se adquiere progresivamente por el trabajador, aun cuando se adquiera en virtud de contratos de trabajo que han finalizado, y continúa caracterizando la situación de este tras la finalización. Así pues, la duración de cada relación laboral y la fecha en que esta finalizó carecen de pertinencia para el cálculo de la antigüedad en el servicio de un trabajador, que presupone, en principio, determinar la duración total de sus períodos de empleo.
50
Además, el litigio principal versa sobre la aplicabilidad de la cláusula 4 del Acuerdo Marco después de la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 1999/70 en el marco de la toma en consideración de la antigüedad resultante de esos contratos de duración determinada y no sobre la aplicabilidad de dicha cláusula a los propios contratos de trabajo antes de esa fecha. Como subraya, en esencia, la Comisión, dado que el recurso del demandante en el litigio principal no se dirige a cuestionar las condiciones de ejecución de los propios contratos de trabajo, no tiene por objeto la aplicación retroactiva de la citada cláusula.
51
En estas circunstancias, no puede considerarse que la situación jurídica de que se trata en el litigio principal se consolidara definitivamente en la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 1999/70.
52
Esta conclusión no queda desvirtuada por los apartados 99 a 104 de la sentencia de 22 de junio de 2022, Volvo y DAF Trucks (C‑267/20, EU:C:2022:494), citada por el órgano jurisdiccional remitente y por el Gobierno italiano, en los que el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que procede considerar que la presunción iuris tantum establecida en el artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1), según la cual las infracciones cometidas en el marco de un cártel causan un perjuicio, no puede aplicarse ratione temporis a una acción por daños que, pese a haber sido ejercitada después de la entrada en vigor de las disposiciones nacionales que transponen tardíamente esa Directiva al Derecho nacional, se refiere a una infracción del Derecho de la competencia que finalizó antes de que expirara el plazo de transposición de esta.
53
En efecto, como se desprende de los apartados 100 a 102 de la referida sentencia, esta solución estaba justificada por la naturaleza y el mecanismo de funcionamiento particulares de esa disposición de la Directiva 2014/104, cuya aplicación temporal requiere la existencia de un acuerdo colusorio en curso.
54
Ahora bien, esta situación no tiene equivalente en lo que respecta a la cláusula 4 del Acuerdo Marco.
55
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que la cláusula 4, puntos 1 y 4, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la antigüedad adquirida por un trabajador en virtud de contratos de trabajo de duración determinada ejecutados total o parcialmente antes de la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 1999/70 no se tenga en cuenta para determinar la retribución del trabajador en el momento de su contratación por tiempo indefinido después de dicha fecha, a menos que esta exclusión esté justificada por razones objetivas.
Costas
56
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
La cláusula 4, puntos 1 y 4, del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que la antigüedad adquirida por un trabajador en virtud de contratos de trabajo de duración determinada ejecutados total o parcialmente antes de la fecha de expiración del plazo de transposición de esa Directiva no se tenga en cuenta para determinar la retribución del trabajador en el momento de su contratación por tiempo indefinido después de dicha fecha, a menos que esta exclusión esté justificada por razones objetivas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.