Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 20 de marzo de 2025 (*)
« Procedimiento prejudicial — Política agrícola común — Financiación por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) — Programa Nacional de Desarrollo Rural 2007‑2013 — Medidas de desarrollo rural — Ayudas relativas al bienestar de los animales — Errores de cálculo — Reducción de esas ayudas por las autoridades nacionales sin esperar una decisión definitiva de la Comisión Europea — Incidencia de la expiración del plazo para modificar ese programa y de las decisiones de la Comisión por las que se aprueba o modifica dicho programa — Inexistencia de contradicción entre una sentencia del Tribunal de Justicia y una sentencia del Tribunal General — Responsabilidad del Estado miembro de que se trate por infracción del Derecho de la Unión »
En el asunto C‑116/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Curtea de Apel Piteşti (Tribunal Superior de Piteşti, Rumanía), mediante resolución de 28 de noviembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de febrero de 2024, en el procedimiento entre
Porcellino Grasso SRL
y
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Vâlcea,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. A. Kumin (Ponente), Presidente de Sala, el Sr. F. Biltgen, Presidente de la Sala Primera, y la Sra. I. Ziemele, Juez;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Porcellino Grasso SRL, por el Sr. C. S. Strătulă y la Sra. O. Strătulă, avocaţi;
–        en nombre del Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, por el Sr. F. I. Barbu y la Sra. A. Popescu, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno rumano, por las Sras. R. Antonie, E. Gane y A. Rotăreanu, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. L. Radu Bouyon y M. Salyková, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 288 TFUE, 291 TFUE y 297 TFUE, del principio del Derecho de la Unión en virtud del cual una decisión de la Comisión Europea produce efectos jurídicos hasta su anulación, de los artículos 18 y 19 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2005, L 277, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009 (DO 2009, L 30, p. 100) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1698/2005»), así como del artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2006, L 368, p. 15), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 335/2013 de la Comisión, de 12 de abril de 2013 (DO 2013, L 105, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1974/2006»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por una parte, Porcellino Grasso SRL y, por otra parte, el Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Rumanía), la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (Agencia de Financiación de Inversiones Rurales, Rumanía), la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (Agencia de Pagos e Intervención en la Agricultura, Rumanía) y la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul Județean Vâlcea (Agencia de Pagos e Intervención en la Agricultura — Centro Provincial de Vâlcea, Rumanía) (en lo sucesivo, «APIA Vâlcea») en relación con una reducción de las ayudas relativas al bienestar de los animales.
Marco jurídico
Reglamento n.º 1698/2005
3        El artículo 18 del Reglamento n.º 1698/2005, titulado «Preparación y aprobación», disponía:
«1.      Los Estados miembros establecerán los programas de desarrollo rural en estrecha colaboración con los agentes a que se refiere el artículo 6.
2.      Los Estados miembros presentarán a la Comisión una propuesta para cada programa de desarrollo rural en la que conste la información mencionada en el artículo 16.
3.      La Comisión evaluará los programas propuestos sobre la base de su coherencia con las directrices estratégicas comunitarias, el plan estratégico nacional y el presente Reglamento.
En caso de que considere que un determinado programa de desarrollo rural no es coherente con las directrices estratégicas comunitarias relativas al desarrollo rural, el plan estratégico nacional o el presente Reglamento, la Comisión pedirá al Estado miembro que revise el programa propuesto en consecuencia.
4.      Los programas de desarrollo rural se aprobarán de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 90, apartado 2.»
4        El artículo 19 del este Reglamento, titulado «Revisión», establecía:
«1.      Los programas de desarrollo rural serán reexaminados y, si procede, adaptados durante el período restante por el Estado miembro previa aprobación del Comité de seguimiento. Estas revisiones deberán tener en cuenta el resultado de las evaluaciones y los informes anuales de la Comisión, especialmente con objeto de reforzar o adaptar la forma en que se tienen en cuenta las prioridades comunitarias.
2.      La Comisión adoptará una decisión sobre las solicitudes de revisión de los programas de desarrollo rural después de la presentación de la solicitud correspondiente por el Estado miembro, de acuerdo con el procedimiento mencionado en el artículo 90, apartado 2. Las modificaciones que exijan la aprobación mediante una decisión de la Comisión se determinarán de acuerdo con el procedimiento mencionado en el artículo 90, apartado 2.»
5        El artículo 40 de dicho Reglamento, titulado «Ayudas relativas al bienestar de los animales», era del siguiente tenor:
«1.      Las ayudas relativas al bienestar de los animales estipuladas en el artículo 36, letra a), inciso v), se concederán a los agricultores que suscriban de forma voluntaria compromisos relativos al bienestar de los animales.
2.      Las ayudas relativas al bienestar de los animales solo cubrirán los compromisos que impongan mayores exigencias que los requisitos obligatorios correspondientes establecidos en el artículo 4 y en el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 [del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 y (CE) n.º 2529/2001 (DO 2003, L 270, p. 1)] y otros requisitos obligatorios pertinentes establecidos en la legislación nacional, señalados en el programa.
Dichos compromisos se suscribirán por norma general por un período de entre cinco y siete años. En casos de necesidad debidamente justificados, se establecerá un período más largo de acuerdo con el procedimiento a que se refiere el artículo 90, apartado 2, en el caso de determinados tipos de compromiso.
3.      Las ayudas se concederán anualmente y cubrirán los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivados del compromiso suscrito. De ser necesario, podrán cubrir también los costes de transacción.
La ayuda se limitará al importe máximo establecido en el anexo I.»
Reglamento n.º 1974/2006
6        El artículo 6, apartado 1, del Reglamento n.º 1974/2006 disponía:
«Las modificaciones introducidas en los programas de desarrollo rural se clasifican en las siguientes categorías:
a)      revisiones con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento [n.º 1698/2005];
b)      revisiones derivadas de procedimientos de coordinación con miras a la utilización de los recursos financieros a que se hace referencia en el artículo 77, apartado 3, del Reglamento [n.º 1698/2005];
b bis)            modificaciones del plan de financiación relativas a la aplicación del artículo 70, apartado 4 ter, del Reglamento [n.º 1698/2005];
c)      otras modificaciones no incluidas en las letras a), b) y b bis) del presente apartado.»
7        A tenor del artículo 9, apartados 1 a 3, de dicho Reglamento:
«1.      Las modificaciones introducidas en los programas por los Estados miembros previstas en el artículo 6, apartado 1, letra c), podrán implicar la modificación de los desgloses financieros por medidas dentro de un eje, así como modificaciones de carácter no financiero relativas a la introducción de nuevas medidas y de nuevos tipos de operaciones, la retirada de medidas y tipos de operaciones existentes, las modificaciones relativas a la excepción contemplada en el artículo 5, apartado 6, del Reglamento [n.º 1698/2005], o la incorporación de datos o descripciones referentes a medidas que ya figuren en el programa.
2.      También se autorizará a los Estados miembros a introducir modificaciones mencionadas en el artículo 6, apartado 1, letra c), consistentes en transferir entre ejes dentro de un mismo año civil un 3 % como máximo de la contribución total del Feader al programa para el período de programación en su conjunto.
3.      Las modificaciones de programas contempladas en los apartados 1 y 2 se podrán introducir hasta el 31 de diciembre de 2015, a condición de que los Estados miembros las notifiquen el 31 de agosto de 2015 a más tardar.»
Reglamento (UE) n.º 1306/2013
8        Con el título «Gastos del Feader», el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549, y corrección de errores DO 2016, L 130, p. 13), enuncia:
«El Feader financiará, en gestión compartida entre los Estados miembros y la Unión [Europea]. Financiará la contribución financiera de la Unión en favor de los programas de desarrollo rural ejecutados de conformidad con el derecho de la Unión relativo a la ayuda al desarrollo rural.»
9        El artículo 52 de dicho Reglamento, titulado «Liquidación de conformidad», dispone, en su apartado 1:
«Cuando compruebe que algunos de los gastos a que se refieren el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5 no se han efectuado de conformidad con la legislación de la Unión y, en el caso del Feader, con la legislación de la Unión y nacional aplicable contemplada en el artículo 85 del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 320)], la Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan los importes que deban excluirse de la financiación de la Unión. […]»
10      El artículo 58 del Reglamento n.º 1306/2013, con el epígrafe «Protección de los intereses financieros de la Unión», precisa en su apartado 1:
«Los Estados miembros adoptarán, en el contexto de la [política agrícola común (PAC)], todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas y cualquier otra medida necesarias para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión y, en concreto, para:
a)      cerciorarse de la legalidad y corrección de las operaciones financiadas por [el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Feader];
b)      garantizar una prevención eficaz contra el fraude, en particular en lo que atañe a los ámbitos con un elevado nivel de riesgo, y que deberá tener un efecto disuasorio, teniendo en cuenta los costes y beneficios así como la proporcionalidad de las medidas;
c)      prevenir, detectar y corregir las irregularidades;
d)      imponer sanciones que sean efectivas, disuasorias y proporcionadas de acuerdo con el derecho de la Unión o, en su defecto, la legislación nacional, y emprender las acciones legales a tal efecto cuando sea necesario;
e)      recuperar los pagos indebidos más los intereses y emprender las acciones legales a tal efecto cuando sea necesario.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
11      Tras la adopción de la Decisión C(2008) 3831 de la Comisión, de 16 de julio de 2008, por la que se aprueba el programa de desarrollo rural del Feader para Rumanía correspondiente al período de programación 2007‑2013, ese Estado miembro aprobó una serie de disposiciones para la mejora del bienestar de los animales. A petición de dicho Estado miembro, la Comisión, mediante su Decisión de Ejecución C(2012) 3529, de 25 de mayo de 2012, incluyó en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2007‑2013 (en lo sucesivo, «PNDR 2007‑2013») una medida de ayuda en forma de pagos destinados a compensar las pérdidas de ingresos y los costes adicionales soportados por los agricultores que habían asumido voluntariamente la aplicación de normas destinadas a mejorar el bienestar de los animales (en lo sucesivo, «medida 215»). Por lo que respecta a los cerdos de engorde, se prevé, de conformidad con esta medida, un pago anual de 4,90 euros por «unidad de ganado mayor» (UGM) en concepto de ayuda a la mejora del bienestar animal durante el transporte (en lo sucesivo, «ayuda a la mejora del transporte»), y un pago anual de 16,80 euros/UGM en concepto de ayuda a la reducción de molestias en un 30 % respecto al nivel mínimo obligatorio (en lo sucesivo, «ayuda a la reducción de molestias»).
12      El 13 de agosto de 2012, Porcellino Grasso solicitó a la APIA Vâlcea una serie de ayudas no reembolsables para la mejora del transporte y la reducción de molestias, a cambio de su compromiso de respetar en sus explotaciones, durante al menos cinco años, unas medidas relativas al bienestar de los cerdos de engorde.
13      El 14 de agosto de 2015, Porcellino Grasso presentó ante la APIA Vâlcea una solicitud de pago de dichas ayudas para el período comprendido entre el 16 de julio de 2015 y el 15 de julio de 2016, correspondiente a su cuarto año de compromiso.
14      El 8 de marzo de 2016, la APIA Vâlcea indicó a Porcellino Grasso que, a raíz de una visita de auditoría realizada por los representantes del Tribunal de Cuentas Europeo para el ejercicio 2015, se habían detectado errores que habían dado lugar a niveles excesivos de pagos en relación con las ayudas a la mejora del transporte y a la reducción de molestias abonadas con arreglo a la medida 215.
15      Debido a estos errores, la APIA Vâlcea explicó que reduciría el importe de las ayudas adeudado a Porcellino Grasso, que había pasado a 1,43 euros/UGM por la ayuda a la mejora del transporte y a 14,18 euros/UGM por la ayuda a la reducción de molestias. Posteriormente, esta reducción se convirtió en definitiva mediante la adopción de una orden del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
16      Porcellino Grasso interpuso sendos recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de pago adoptadas, que seguían pendientes en la fecha de presentación de esta petición de decisión prejudicial.
17      El 31 de enero de 2017, Porcellino Grasso presentó ante la APIA Vâlcea, entre otras, una solicitud de pago de las ayudas a la mejora del transporte y a la reducción de molestias para el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017, correspondiente a su sexto año de compromiso.
18      Mediante resolución de 6 de febrero de 2018, la APIA Vâlcea aprobó dicha solicitud calculando, no obstante, los pagos que debían efectuarse en concepto de estas ayudas sobre la base de los importes reducidos mencionados en el apartado 15 de la presente sentencia.
19      Porcellino Grasso presentó una reclamación contra dicha resolución, que fue desestimada el 8 de marzo de 2018.
20      A continuación, interpuso un recurso ante la Curtea de Apel Piteşti (Tribunal Superior de Piteşti, Rumanía), que es el órgano jurisdiccional remitente, para obtener, en particular, la anulación de dicha resolución y del acto por el que se desestimó su reclamación, así como la reparación del perjuicio por un importe equivalente a la diferencia entre la cantidad que consideraba que se le adeudaba y la que se le había abonado efectivamente.
21      El órgano jurisdiccional remitente señala, en primer lugar, que, mediante la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), el Tribunal de Justicia declaró, en esencia, que el Derecho de la Unión no se opone a que las autoridades nacionales que participan en la aplicación de una medida de ayuda financiera no reembolsable adopten, debido a un error de cálculo declarado por el Tribunal de Cuentas, actos que impongan una reducción del importe de la ayuda financiera reconocida por el PNDR 2007‑2013, tal como fue aprobado por la Comisión, sin esperar a que esta adopte una decisión que excluya de la financiación de la Unión los importes resultantes de dicho error de cálculo.
22      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente no excluye que existan normas y principios de la Unión invocados por Porcellino Grasso, distintos de los tenidos en cuenta en dicha sentencia, que puedan oponerse a que las autoridades rumanas reduzcan el importe de la ayuda económica controvertida en el litigio principal. Señala, en ese sentido, que dicho importe fue determinado por la Decisión de Ejecución C(2012) 3529 por la que se modifica el PNDR 2007‑2013 y que esta no fue revocada, ni anulada, ni podía modificarse en la fecha en que se identificaron los errores de cálculo mencionados en el apartado 14 de la presente sentencia.
23      A continuación, el órgano jurisdiccional remitente indica que, según las alegaciones de Porcellino Grasso, la sentencia del Tribunal General de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), versa, en esencia, sobre cuestiones de hecho y de Derecho idénticas a las controvertidas en el asunto que dio lugar a la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899). Pues bien, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, esa sentencia del Tribunal General está en contradicción con esta segunda sentencia, ya que el Tribunal General y el Tribunal de Justicia han llegado a conclusiones diferentes en lo que atañe, en particular, al principio de protección de la confianza legítima. Por lo tanto, se pregunta si puede tener en cuenta dicha sentencia del Tribunal General para resolver el litigio del que conoce.
24      Por último, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el principio de responsabilidad de los Estados miembros en caso de infracción del Derecho de la Unión obliga al Estado rumano a abonar a un beneficiario como Porcellino Grasso las cantidades adeudadas en concepto de ayudas a la mejora del transporte y a la reducción de molestias por el importe inicialmente previsto por la Decisión de Ejecución C(2012) 3529, durante todo el período de vigencia de los compromisos asumidos por dicho beneficiario.
25      En estas circunstancias, la Curtea de Apel Pitești (Tribunal Superior de Pitești) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Se oponen los artículos 288 TFUE, 291 TFUE y 297 TFUE y el principio del Derecho de la Unión según el cual una decisión de la Comisión […] produce efectos jurídicos mientras no haya sido anulada —tal como fue consagrado en las sentencias de 8 de julio de 1999, Chemie Linz/Comisión, (C‑245/92 P, EU:C:1999:363), de 5 de octubre de 2004, Comisión/Grecia, (C‑475/01, EU:C:2004:585), de 6 de octubre de 2015, Schrems (C‑362/14, EU:C.2015:650), de 14 de junio de 2012, CIVAD (C‑533/10, EU:C.2012:347), de 22 de octubre de 1987, Foto-Frost (314/85, EU:C:1987:452), de 3 de julio de 219, Eurobolt (C‑644/17, EU:C:219:555), y de 12 de febrero de 2008, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication (C‑199/06, EU:C:2008:79)— y el artículo 9, apartado 3, del Reglamento [n.º 1974/2006], así como los artículos 18 y 19 del Reglamento n.º 1698/2005, a la práctica de las autoridades nacionales rumanas de adoptar actos internos que infringen la Decisión de Ejecución [C(2012) 3529] de modificación del [PDR 2013‑2013], o de no aplicar dicha Decisión, mientras que esta no fue modificada ni anulada?
2)      Habida cuenta de la obligación general de los Estados miembros de respetar el Derecho de la Unión, ¿está facultado el órgano jurisdiccional nacional para tener en cuenta, en la resolución del asunto del que conoce, los efectos y la motivación (los fundamentos) de una sentencia del Tribunal General, dictada en un recurso de anulación regulado por el artículo 263 TFUE, por la que se anuló una Decisión de Ejecución de la Comisión Europea en un asunto similar [a saber, la sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T.2023:5)], cuando dicho órgano jurisdiccional debe respetar una sentencia de interpretación dictada por el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 267 TFUE (a saber, la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑493/21, EU:C:2022:899)], que no contiene sin embargo apreciaciones sobre la validez y los efectos de las decisiones de ejecución de la Comisión Europea [la Decisión C(2012) 3529, y la Decisión de Ejecución (UE) 2018/152, de la Comisión, de 13 de junio de 2018, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO 2018, L 152, p. 29)], sino únicamente sobre la recuperación de una ayuda financiera en ausencia de una decisión de la Comisión Europea a este respecto?
3)      ¿Exige el principio de responsabilidad del Estado, en una situación como la del presente asunto, que el Estado rumano abone a los beneficiarios de la medida 215 las cuotas de ayuda en la cuantía establecida en la Decisión de Ejecución [C(2012) 3529], durante todo el período de los compromisos adquiridos por dichos beneficiarios?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
26      Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, habida cuenta de las consideraciones expuestas por el Tribunal General en su sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), una serie de normas y principios del Derecho de la Unión, que no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), tienen por efecto cuestionar el fallo de esta última sentencia, en la medida en que tales normas y principios deban interpretarse en el sentido de que se oponen a que las autoridades nacionales que participan en la aplicación de una medida de ayuda financiera no reembolsable adopten, debido a un error de cálculo declarado por el Tribunal de Cuentas, actos que impongan una reducción del importe de la ayuda financiera reconocida por el PNDR 2007‑2013, tal como fue aprobado y modificado mediante decisiones de la Comisión, cuando dicho programa ya no podía ser revisado ni modificado en la fecha en que se constataron tales errores.
Sobre la admisibilidad
27      En primer lugar, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sostiene que las cuestiones prejudiciales primera y segunda son inadmisibles, dado que la primera cuestión prejudicial ya fue aclarada por la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), y que la segunda cuestión prejudicial no está comprendida en el objeto de la remisión prejudicial prevista en el artículo 267 TFUE.
28      A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia es competente para precisar el alcance de una sentencia interpretativa dictada con carácter prejudicial a la luz de disposiciones del Derecho de la Unión o de una jurisprudencia que no habían sido abordadas en dicha sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2017, M.A.S. y M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, apartado 28).
29      Pues bien, mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente solicita una interpretación de la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), respecto de disposiciones del Derecho de la Unión y de una sentencia del Tribunal General que no fueron examinadas en esa primera sentencia. En estas circunstancias, las cuestiones prejudiciales planteadas son admisibles.
30      Dicho esto, procede recordar, en segundo lugar, que, como establece el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, es indispensable que la petición de decisión prejudicial contenga la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.
31      Pues bien, aunque en su primera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente hace referencia a los artículos 288 TFUE, 291 TFUE y 297 TFUE, así como al principio del Derecho de la Unión en virtud del cual una decisión de la Comisión produce efectos jurídicos hasta su anulación, es preciso señalar que no explica en absoluto, en su petición de decisión prejudicial, las razones que le han llevado a preguntarse sobre esos artículos y sobre ese principio. En particular, no explica las razones por las que, a su juicio, dichos artículos y dicho principio, especialmente en lo que atañe a su contenido, su contexto o su objetivo, pueden invalidar la interpretación que figura en el fallo de la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899). En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad de la primera cuestión prejudicial en la medida en que se refiere a esos artículos y a ese principio.
32      Por el contrario, la primera cuestión prejudicial es admisible en tanto en cuanto se refiere al artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.º 1974/2006 y a los artículos 18 y 19 del Reglamento n.º 1698/2005. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente señala, en esencia, en relación con las consideraciones expuestas por el Tribunal General en su sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), que, en virtud de estas disposiciones, el PNDR 2007‑2013, tal como fue aprobado por la Decisión C(2008) 3831 y modificado por la Decisión de Ejecución C(2012) 3529, ya no podía ser revisado ni modificado en la fecha en la que el Tribunal de Cuentas declaró los errores de cálculo de que se trata en el litigio principal. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta en esencia si, en tales circunstancias, las autoridades rumanas estaban facultadas para aplicar la reducción mencionada en el apartado 15 de la presente sentencia. De este modo, el órgano jurisdiccional remitente expone de manera suficiente las razones que le han llevado a preguntarse sobre la interpretación de dichas disposiciones.
33      De las consideraciones anteriores se desprende que la primera cuestión prejudicial es admisible en la medida en que se refiere al artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.º 1974/2006 y a los artículos 18 y 19 del Reglamento n.º 1698/2005 y que la segunda cuestión prejudicial es admisible en su totalidad.
Sobre el fondo
34      Con carácter preliminar, debe recordarse que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este Tribunal proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio que se le ha planteado. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular la cuestión prejudicial que se le ha planteado. Para ello, el Tribunal de Justicia puede extraer del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión las normas y los principios del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio principal [sentencia de 21 de marzo de 2024, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy (Posibilidad de rectificación en caso de tipo erróneo), C‑606/22, EU:C:2024:255, apartados 19 y 20 y jurisprudencia citada].
35      En el caso de autos, la primera cuestión prejudicial se basa, en esencia, en la premisa de que el PNDR 2007‑2013, tal como fue aprobado por la Decisión C(2008) 3831 y modificado por la Decisión de Ejecución C(2012) 3529, ya no podía ser revisado ni modificado en la fecha en la que el Tribunal de Cuentas declaró los errores de cálculo de que se trata en el litigio principal. En este contexto, el artículo 18 del Reglamento n.º 1698/2005 no resulta pertinente para responder a esta cuestión prejudicial, en la medida en que no se refiere, a tenor de su título, a diferencia del artículo 19 de dicho Reglamento y del artículo 9 del Reglamento n.º 1974/2006, a la revisión o modificación de los programas de desarrollo rural del Feader, sino a su «preparación y aprobación».
36      Por lo tanto, procede considerar que, mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, habida cuenta de las consideraciones expuestas por el Tribunal General en su sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), el artículo 19 del Reglamento n.º 1698/2005 y el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.º 1974/2006 tienen por efecto cuestionar el fallo de la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), en la medida en que estos artículos deban interpretarse en el sentido de que se oponen a que las autoridades nacionales que participan en la aplicación de una medida de ayuda financiera no reembolsable adopten, debido a errores de cálculo declarados por el Tribunal de Cuentas, actos que impongan una reducción del importe de la ayuda financiera reconocida por el PNDR 2007‑2013, tal como fue aprobado y modificado mediante decisiones de la Comisión, siendo así que dicho programa ya no podía ser revisado ni modificado en la fecha en que se declararon tales errores.
37      Tal como puso de manifiesto el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal General señaló, en los apartados 91 a 95 y 100 de la sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), que el PNDR 2007‑2013, en su versión aprobada por la Decisión C(2008) 3831 y modificada por la Decisión de Ejecución C(2012) 3529, ya no podía ser revisado ni modificado, en virtud del artículo 19 del Reglamento n.º 1698/2005 y del artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.º 1974/2006, en la fecha en la que se habían declarado errores de cálculo en relación con una ayuda relativa a la medida 215, distinta de las ayudas controvertidas en el litigio principal. Estas apreciaciones son ratione temporis extrapolables, mutatis mutandis, al litigio principal.
38      No obstante, el hecho de que dicho programa ya no pudiera ser revisado ni modificado, en virtud de estas disposiciones, en la fecha en que se declararon esos errores de cálculo no puede tener por efecto cuestionar el fallo de la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), que fue dictada en un contexto diferente al del asunto que dio lugar a la sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5).
39      En esencia, el Tribunal General declaró en los apartados 74, 86, 91, 92, 100, 102 y 113 de esta última sentencia que, aunque el importe de una ayuda comprendida en el ámbito de aplicación de la medida 215 fuera incompatible con el artículo 40, apartado 3, del Reglamento n.º 1698/2005 debido a un error de cálculo, la Comisión había generado en las autoridades rumanas una confianza legítima en que el pago de dicho importe estaba cubierto por la financiación de la Unión. En efecto, el Tribunal General declaró que la Comisión, tras una negociación específica con las autoridades rumanas, en el momento de la aprobación de la ayuda y del método de cálculo correspondiente disponía de toda la información que le permitía detectar ese error y apreciar la conformidad de tal ayuda con esa disposición. El Tribunal General dedujo de ello que dicho importe solo podía corregirse mediante una enmienda del PNDR 2007‑2013 y una decisión por la que se aprobara dicha enmienda, y no, como había hecho la Comisión, mediante una decisión de ejecución que excluyera de la financiación la parte errónea de la ayuda en cuestión. Por consiguiente, por estos motivos el Tribunal General anuló parcialmente la citada decisión de ejecución.
40      En el asunto que dio lugar a la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), también se trataba ciertamente, en relación con otras ayudas comprendidas en la medida 215, de importes que, debido a errores de cálculo, no eran conformes con el artículo 40, apartado 3, del Reglamento n.º 1698/2005 y que habían sido rectificados mediante una decisión de ejecución de la Comisión, a saber, la Decisión de Ejecución 2018/873.
41      No obstante, de los autos de ese asunto se desprende que, en lo que atañe al cálculo de esos importes, no se había reconocido una confianza legítima, en lo que a ellos respecta, en las relaciones entre Rumanía y la Comisión. En efecto, si bien es cierto que Rumanía, mediante su recurso en el asunto que dio lugar al auto de 30 de abril de 2019, Rumanía/Comisión (T‑530/18, EU:T:2019:269), solicitó la anulación de dicha decisión de ejecución y sostuvo que los métodos de cálculo aprobados por la Comisión en relación con los citados importes deberían haber quedado protegidos en virtud del principio de protección de la confianza legítima, el Tribunal General, mediante el referido auto, confirmado en casación por la sentencia de 10 de septiembre de 2020, Rumanía/Comisión (C‑498/19 P, EU:C:2020:686), declaró la inadmisibilidad del recurso por haber sido interpuesto extemporáneamente.
42      Por lo tanto, en los apartados 33 a 36 de su sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), el Tribunal de Justicia consideró que los importes de que se trata, no conformes con el artículo 40, apartado 3, del Reglamento n.º 1698/2005 y no reconocidos como protegidos por una confianza legítima en las relaciones entre Rumanía y la Comisión, debían ser corregidos tanto por la Comisión, sobre la base del artículo 52, apartado 1, del Reglamento n.º 1306/2013, mediante la adopción de una decisión de ejecución por la que se excluyera de la financiación de la Unión la parte errónea de las ayudas en cuestión, como por las autoridades nacionales, sobre la base del artículo 58, apartado 1, del Reglamento n.º 1306/2013, sin estar por lo demás dichas autoridades obligadas a esperar a que la Comisión adoptara tal decisión de ejecución.
43      En el apartado 44 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia precisó que, en esa apreciación, carecía de incidencia el principio de protección de la confianza legítima en las relaciones entre las autoridades rumanas y los agricultores beneficiarios de las ayudas de que se trata. En efecto, consideró que, al haberse determinado esos importes de manera no conforme con el artículo 40, apartado 3, del Reglamento n.º 1698/2005, las autoridades rumanas no habían podido infundir en esos agricultores una confianza legítima en que se podrían beneficiar de un trato contrario al Derecho de la Unión.
44      En el litigio principal, de las explicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que, en relación con unas ayudas también incluidas en la medida 215, aunque diferentes de las examinadas por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal General en sus respectivas sentencias de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), y de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), los errores de cálculo de que se trata dieron lugar a la determinación de importes no conformes con el artículo 40, apartado 3, del Reglamento n.º 1698/2005. Además, el órgano jurisdiccional remitente no indica que la Comisión u otras instituciones, órganos u organismos de la Unión hayan reconocido que esos importes estuvieran protegidos por una confianza legítima en las relaciones entre Rumanía y la Comisión. De ello se deduce que la situación controvertida en el litigio principal se corresponde, en esencia, con la controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899).
45      No obstante, en primer término, el órgano jurisdiccional remitente expone, en relación con las alegaciones de Porcellino Grasso, que el razonamiento seguido por el Tribunal General en su sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), es extrapolable al litigio principal, en la medida en que el principio de protección de la confianza legítima debe aplicarse, en las relaciones entre Rumanía y la Comisión, a dichos importes, debido a que, cuando esta aprobó la modificación del PNDR 2007‑2013, disponía de información que le permitía apreciar la conformidad de las ayudas controvertidas en el litigio principal y de los métodos de cálculo correspondientes con el artículo 40, apartado 3, del Reglamento n.º 1698/2005. Añade que, como esos importes gozan de protección en virtud de este principio, solo pueden rectificarse, conforme a las consideraciones del Tribunal General expuestas en el apartado 39 de la presente sentencia, mediante una enmienda del PNDR 2007‑2013 y una decisión por la que se apruebe dicha enmienda.
46      A este respecto, procede señalar que, si bien es cierto que la sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), se refiere, al igual que sucede en el caso de autos, a una ayuda comprendida en el ámbito de aplicación de la medida 215, se trataba de una ayuda diferente de las ayudas controvertidas en el litigio principal. En estas circunstancias, el Tribunal General no pudo examinar en dicha sentencia si, en el momento de la aprobación de la modificación del PNDR 2007‑2013, la Comisión disponía de la información que le permitiese apreciar la conformidad de estas últimas ayudas y de los métodos de cálculo correspondientes con el artículo 40, apartado 3, del Reglamento n.º 1698/2005, de modo que su razonamiento no puede extrapolarse mutatis mutandis al litigio principal. Por otra parte, debe señalarse que, en sus observaciones escritas, el Gobierno rumano no alega que invoque, en sus relaciones con la Comisión, el principio de protección de la confianza legítima en lo que respecta a las ayudas controvertidas en el litigio principal.
47      En segundo término, el órgano jurisdiccional remitente señala que, según las alegaciones de Porcellino Grasso, las consideraciones expuestas por el Tribunal General en el apartado 113 de la sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), contradicen los apartados 42 y 44 de la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899). En consecuencia, se pregunta si debería tener en cuenta estas consideraciones.
48      Como se desprende claramente de dicho apartado 113, el razonamiento del Tribunal General se inscribe en la línea del expuesto en los apartados 75 a 86 de la sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), según el cual los métodos de cálculo de que se trata y los importes determinados sobre la base de estos estaban protegidos, en las relaciones entre Rumanía y la Comisión, en virtud del principio de protección de la confianza legítima debido a que esos métodos e importes habían sido objeto de una «negociación específica con las autoridades rumanas» y a que, en el marco de dicha negociación, la Comisión disponía de todos los elementos que le permitían apreciar su conformidad con el artículo 40, apartado 3, del Reglamento n.º 1698/2005.
49      Pues bien, del apartado 42 de la presente sentencia se desprende que el asunto que dio lugar a la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899), versaba sobre importes de ayudas que no estaban protegidos por una confianza legítima en las relaciones entre Rumanía y la Comisión. Dado que esta sentencia se dictó en un contexto totalmente diferente del que era objeto del asunto que dio lugar a la sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), las consideraciones expuestas en el apartado 113 de esta última sentencia no son pertinentes a efectos de la interpretación de la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899).
50      De ello se deduce que los importes de las ayudas controvertidas en el litigio principal, determinados a raíz de errores de cálculo, no pueden considerarse, sobre la base de la sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), y a falta de toda indicación en contrario en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, protegidos por una confianza legítima en las relaciones entre Rumanía y la Comisión, de modo que, habida cuenta de las consideraciones expuestas en el apartado 44 de la presente sentencia, la situación controvertida en el litigio principal es, en esencia, la misma que la controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899).
51      Por consiguiente, en una situación en la que, a raíz de un error de cálculo, se han determinado importes de manera no conforme con el Derecho de la Unión y sin estar protegidos por una confianza legítima en las relaciones entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate, tanto esa institución como ese Estado miembro están obligados, como se desprende de los apartados 33 y 34 de la sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms (C‑443/21, EU:C:2022:899) y en virtud del artículo 310 TFUE, apartado 5, y de los artículos 52, apartado 1, y 58, apartado 1, del Reglamento n.º 1306/2013, a excluir de la financiación de la Unión los importes afectados por ese error de cálculo.
52      Tal exclusión no implica en modo alguno la necesidad de revisar o modificar el programa de desarrollo rural de que se trate.
53      En efecto, la corrección de un error de cálculo no conforme con el Derecho de la Unión y de los porcentajes y pagos que de él se derivan no implica ninguna revisión o modificación del programa de desarrollo rural de que se trate, sino que constituye, como resulta de las disposiciones mencionadas en el apartado 51 de la presente sentencia, una mera vuelta a la situación que, desde el principio, debería haber resultado de dicho programa si no se hubiera cometido tal error, de modo que no se cause ningún perjuicio al presupuesto de la Unión.
54      Por consiguiente, el hecho de que el PNDR 2007‑2013 ya no pudiera ser revisado ni modificado, en virtud del artículo 19 del Reglamento n.º 1698/2005 y del artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.º 1974/2006, en la fecha en que el Tribunal de Cuentas declaró los errores de cálculo de que se trata en el litigio principal no impide que tanto la Comisión como las autoridades nacionales adopten las medidas necesarias para corregir, en el marco de una liquidación de conformidad, los importes y los pagos afectados por esos errores.
55      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 19 del Reglamento n.º 1698/2005 y el artículo 9, apartado 3, del Reglamento n.º 1974/2006 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que las autoridades nacionales que participan en la aplicación de una medida de ayuda financiera no reembolsable adopten, debido a errores de cálculo declarados por el Tribunal de Cuentas, actos que impongan una reducción del importe de la ayuda financiera reconocida por el PNDR 2007‑2013, tal como fue aprobado y modificado mediante decisiones de la Comisión, siendo así que dicho programa ya no podía ser revisado ni modificado en la fecha en que se declararon tales errores. Las consideraciones expuestas por el Tribunal General en la sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), carecen de pertinencia a este respecto.
Tercera cuestión prejudicial
56      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el principio de responsabilidad de los Estados miembros por infracción del Derecho de la Unión obliga al Estado rumano a abonar a los beneficiarios de la ayuda a la mejora del transporte y de la ayuda a la reducción de molestias las cantidades adeudadas en concepto de esas ayudas por los importes previstos en la Decisión de Ejecución C(2012) 3529, durante todo el período de vigencia de los compromisos que suscribieron.
57      Procede recordar que el Derecho de la Unión impone el principio de que los Estados miembros están obligados a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho de la Unión que les sean imputables (sentencia de 5 de marzo de 1996, Brasserie du pêcheur y Factortame, C‑46/93 y C‑48/93, EU:C:1996:79, apartado 17 y jurisprudencia citada).
58      En el caso de autos, de las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que, debido a los errores de cálculo de que se trata en el litigio principal, las cuotas de ayuda previstas por la Decisión de Ejecución C(2012) 3529 para la ayuda a la mejora del transporte y la ayuda a la reducción de molestias no eran conformes con el artículo 40, apartado 3, del Reglamento n.º 1698/2005. De estas apreciaciones se desprende asimismo que las autoridades rumanas adoptaron las medidas necesarias para corregir esas cuotas de modo que fueran conformes con dicha disposición y que, al hacerlo, pusieron fin a la infracción del Derecho de la Unión que les era imputable.
59      En estas circunstancias, un beneficiario de una ayuda como Porcellino Grasso no puede invocar el principio de responsabilidad de los Estados miembros por infracción del Derecho de la Unión para reclamar la diferencia entre el importe de los pagos que debería haber recibido inicialmente y el importe rectificado de esos pagos, cuando este último importe sea conforme con ese Derecho y el beneficiario no tenga derecho alguno a percibir esa diferencia.
60      En efecto, por un lado, el pago de la parte de importes afectados por errores de cálculo a un beneficiario de una ayuda como Porcellino Grasso equivaldría a un enriquecimiento sin causa de este, prohibido por el Derecho de la Unión, pues ese pago tendría como efecto un enriquecimiento sin base legal válida de ese beneficiario y un empobrecimiento de la Unión relacionado con ese enriquecimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de abril de 2008, Marks & Spencer, C‑309/06, EU:C:2008:211, apartado 41 y jurisprudencia citada, y de 28 de julio de 2011, Agrana Zucker, C‑309/10, EU:C:2011:531, apartado 53 y jurisprudencia citada).
61      Por otro lado, suponiendo que, en el marco de su acción de responsabilidad, Porcellino Grasso pretendiera invocar ante el órgano jurisdiccional remitente el principio de protección de la confianza legítima en sus relaciones con las autoridades rumanas, procede recordar que, como se ha indicado en el apartado 43 de la presente sentencia, este principio no puede fundamentar en favor de un justiciable una confianza legítima en que se podrá beneficiar de un trato contrario al Derecho de la Unión (sentencia de 17 de noviembre de 2022, Avicarvil Farms, C‑443/21, EU:C:2022:899, apartado 41).
62      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el principio de responsabilidad de los Estados miembros por infracción del Derecho de la Unión no se aplica cuando las cuotas de ayuda de las ayudas financieras concedidas en el marco de un programa de desarrollo rural del Feader han sido determinadas de manera no conforme con el Derecho de la Unión y los beneficiarios de esas ayudas han obtenido pagos por ellas, calculados sobre la base de cuotas corregidas, conformes con ese Derecho.
Costas
63      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
1)      El artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 74/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, y el artículo 9, apartado 3, del Reglamento (CE) n.º 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 335/2013 de la Comisión, de 12 de abril de 2013,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a que las autoridades nacionales que participan en la aplicación de una medida de ayuda financiera no reembolsable adopten, debido a errores de cálculo declarados por el Tribunal de Cuentas Europeo, actos que impongan una reducción del importe de la ayuda financiera reconocida por el Programa de Desarrollo Rural del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) para Rumanía para el período 2007‑2013, tal como fue aprobado y modificado mediante decisiones de la Comisión Europea, siendo así que dicho programa ya no podía ser revisado ni modificado en la fecha en que se declararon tales errores. Las consideraciones expuestas por el Tribunal General en la sentencia de 18 de enero de 2023, Rumanía/Comisión (T‑33/21, EU:T:2023:5), carecen de pertinencia a este respecto.
2)      El principio de responsabilidad de los Estados miembros por infracción del Derecho de la Unión no se aplica cuando las cuotas de ayuda de las ayudas financieras concedidas en el marco de un programa de desarrollo rural del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) han sido determinadas de manera no conforme con el Derecho de la Unión y los beneficiarios de esas ayudas han obtenido pagos por ellas, calculados sobre la base de cuotas corregidas, conformes con ese Derecho.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: rumano.