62024CJ0136_RES
Asunto C-136/24 P
Alaa Hamoudi
contra
Agencia Europea de la Guardia de FronterasyCostas
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de diciembre de 2025
«Recurso de casación — Política común en materia de asilo e inmigración — Reglamento (UE) 2019/1896 — Gestión europea integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea — Guardia Europea de Fronteras y Costas — Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) — Obligaciones que incumben a Frontex en materia de protección de los derechos fundamentales — Prácticas de devolución sumaria (pushback) a un tercer país en la región del mar Egeo — Responsabilidad extracontractual de Frontex — Perjuicio real y cierto — Carga de la prueba — Tutela judicial efectiva — Indicios razonables — Obligación del Tribunal General de instruir el asunto»
Recurso de casación — Motivos — Necesidad de una crítica precisa de un extremo del razonamiento del Tribunal General — Necesidad de indicar con precisión los argumentos jurídicos que apoyan los motivos invocados — Inexistencia — Inadmisibilidad
[Art. 256 TFUE, ap. 1, párr. 2; Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, art. 58, párr. 1; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 168, ap. 1, letra d), y 169, ap. 2]
(véanse los apartados 54 y 55)
Recurso de casación — Motivos — Reglas en materia de carga y práctica de la prueba — Cuestión de Derecho
(Art. 256 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, art. 58, párr. 1)
(véase el apartado 60)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Perjuicio — Existencia y amplitud del perjuicio — Carga de la prueba
(Art. 340 TFUE, párr. 2)
(véase el apartado 71)
Derecho de la Unión Europea — Valores y objetivos de la Unión — Valores — Respeto del Estado de Derecho — Alcance — Control judicial efectivo — Derecho a la tutela judicial efectiva — Recurso de indemnización — Apreciación a la luz del conjunto del sistema de tutela judicial de los particulares
(Art. 2 TUE; arts. 256 TFUE, ap. 1, 268 TFUE y 340 TFUE, párrs. 2 y 3; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 72 a 75)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho a la tutela judicial efectiva — Carga y aportación de la prueba — Derechos conferidos a los particulares por el Derecho de la Unión — Obligación del Tribunal General de no menoscabar la efectividad de la tutela judicial — Respeto de los principios de igualdad de armas y de contradicción — Obligación de garantizar el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 77 y 78)
Procedimiento judicial — Diligencias de prueba — Solicitud de presentación de documentos — Facultad de apreciación del juez de la Unión — Límites — Obligación de garantizar el pleno respeto de las exigencias derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva — Alcance — Reglas en materia de carga y práctica de la prueba que no permiten garantizar la tutela judicial efectiva — Obligación que tiene el juez de la Unión de completar la información de que dispone
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, arts. 88, 89 y 91)
(véanse los apartados 79 y 80 a 83)
Recurso de casación — Motivos — Control por el Tribunal de Justicia de la decisión del Tribunal General de no acordar diligencias de prueba — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación del Tribunal General sobre la necesidad de completar la información — Presuntas víctimas de una operación de devolución sumaria — Apreciación por el Tribunal General de la existencia de pruebas concluyentes en lugar de indicios razonables — Error de Derecho — Anulación del auto recurrido
(Art. 256 TFUE)
(véanse los apartados 104 a 106 y 110 a 112)
Recurso de casación — Motivos — Control por el Tribunal de Justicia de la decisión del Tribunal General de no acordar diligencias de prueba — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación del Tribunal General sobre la necesidad de completar la información — Pruebas — Valor probatorio — Elementos suficientes para aportar indicios razonables — Apreciación por el juez de la Unión — Respeto del principio de libre apreciación de la prueba — Testimonio de una parte demandante descartado por tener escaso valor probatorio — No consideración de todas las pruebas presentadas — Error de Derecho
(Art. 256 TFUE)
(véanse los apartados 115 a 117, 119, 123 y 152)
Recurso de casación — Motivos — Control por el Tribunal de Justicia de la decisión del Tribunal General de no acordar diligencias de prueba — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación del Tribunal General sobre la necesidad de completar la información — Pruebas — Elementos suficientes para aportar indicios razonables — Negativa del juez de la Unión a continuar el procedimiento e instruir un asunto pendiente antes de pronunciarse sobre él — Infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Error de Derecho
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 130 a 132, 147, 148 y 150)
Resumen
Con ocasión de la estimación del recurso de casación interpuesto por el Sr. Alaa Hamoudi, nacional sirio (en lo sucesivo, «recurrente»), contra el auto del Tribunal General de 13 de diciembre de 2023, (
1
) el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, precisa, habida cuenta de la obligación de garantizar la tutela judicial efectiva, el nivel de prueba aplicable y las obligaciones de instrucción del asunto que incumben al Tribunal General cuando un refugiado afirma haber sido víctima de una operación de devolución sumaria en la que habría estado implicada la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y, por este motivo, interpone un recurso de indemnización contra dicha Agencia.
Mediante el auto recurrido, el Tribunal General había desestimado el recurso del recurrente (
2
) por el que solicitaba la reparación del perjuicio que afirmaba haber sufrido como consecuencia de la violación, por parte de Frontex, de determinados derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») (
3
) y de determinadas obligaciones que el Reglamento 2019/1896 (
4
) impone a dicha Agencia. Según el recurrente, esa violación se produjo en el marco de las operaciones de Frontex en el mar Egeo y, más concretamente, durante una supuesta operación de devolución desde el territorio de la Unión a Turquía efectuada por las autoridades griegas (en lo sucesivo, «operación de devolución sumaria»). El recurrente afirma que, durante esa operación, fue devuelto al mar, junto con otras personas que huyeron de su país tercero de origen, solo unas horas después de su llegada a una isla griega, sin haber tenido la posibilidad de presentar una solicitud de protección internacional.
En el procedimiento en primera instancia, el recurrente se basó en varios elementos de prueba para demostrar su presencia en la referida operación, a saber, en su propio testimonio, en un artículo de un medio de comunicación publicado en Internet y dos vídeos incluidos en dicho artículo y en cuatro fotografías. Además, había solicitado en varias ocasiones al Tribunal General que adoptara diligencias de ordenación del procedimiento o diligencias de prueba, en particular, para que Frontex aportara determinados documentos que obraban en su poder que podían respaldar el recurso del recurrente.
Al considerar que los elementos de prueba presentados por el recurrente eran insuficientes para demostrar, de manera concluyente, su presencia en la operación de devolución sumaria y, por tanto, la realidad del perjuicio invocado, el Tribunal General desestimó el recurso por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
En apoyo de su recurso de casación, el recurrente alega, en particular, que el Tribunal General violó los principios que rigen la carga de la prueba al imponer exigencias en la materia que son difíciles, o incluso imposibles, de cumplir en el marco de operaciones de devolución sumaria.
Más concretamente, a su juicio del recurrente, el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al no tener en cuenta la necesidad de adaptar la carga de la prueba y no atender su solicitud de que se ordenara a Frontex presentar determinados documentos, a la vista de las circunstancias particulares del recurso por responsabilidad extracontractual contra Frontex por los daños que afirma haber sufrido como consecuencia de las supuestas infracciones del Reglamento 2019/1896 y de la Carta a raíz de su supuesta devolución sumaria.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En su sentencia, el Tribunal de Justicia verifica, en particular, si el Tribunal General incumplió su obligación de adaptar las reglas relativas a la carga y a la práctica de la prueba con el fin de garantizar al recurrente la tutela judicial efectiva.
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que, si bien Frontex y las autoridades nacionales responsables de la gestión de las fronteras tienen una responsabilidad compartida en la gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión, Frontex es plenamente responsable y debe rendir cuentas en relación con todas las decisiones que tome y con todas las actividades de la que sea única responsable en virtud del Reglamento 2019/1896. En materia de responsabilidad extracontractual, el artículo 97, apartado 4, del mencionado Reglamento y el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, del que constituye una concreción, establecen que Frontex, de conformidad con los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, deberá reparar los daños y perjuicios causados por sus servicios o por su personal en el ejercicio de sus funciones.
El Tribunal de Justicia señala que de su jurisprudencia se desprende que para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, en virtud del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, es necesario que concurran un conjunto de requisitos, en particular, el relativo a la realidad del daño, que exige que el perjuicio cuya reparación se solicita sea real y cierto. En el supuesto de que no se cumpla alguno de tales requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad.
A continuación, el Tribunal de Justicia aborda las reglas sobre la carga y la práctica de la prueba relativas al nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Unión. Recuerda que incumbe, en principio, a la parte que invoca esa responsabilidad demostrar que se cumplen los requisitos para que se genere dicha responsabilidad. Así pues, dicha parte está obligada, en particular, a probar la existencia y la amplitud del perjuicio que invoca. A tal efecto, puede recurrir a medios de prueba de cualquier naturaleza en virtud del principio de la libre aportación de pruebas.
No obstante, en el ejercicio de la competencia conferida al Tribunal General y al Tribunal de Justicia (
5
) para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refiere el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, el juez de la Unión debe garantizar la tutela judicial efectiva de los particulares.
En efecto, un recurso de indemnización debe examinarse en relación con el conjunto del sistema de tutela judicial de los particulares establecido por los Tratados y contribuye al carácter efectivo de dicha tutela. El Tribunal de Justicia precisa a este respecto que el principio de tutela judicial efectiva se desprende tanto del artículo 2 TUE como del artículo 47 de la Carta, y que la aplicación de las reglas relativas a la carga y a la práctica de la prueba no puede menoscabar la efectividad de la tutela judicial de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los particulares. Por tanto, el Tribunal General no puede imponer una carga de la prueba excesiva o imposible de satisfacer o cuestionar el principio de igualdad de armas, sino que debe garantizar el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del asunto del que conoce, si es necesario adaptando las reglas relativas a la carga y a la práctica de la prueba.
Por último, el Tribunal de Justicia recuerda que se han conferido al Tribunal General facultades para el impulso y la instrucción de los asuntos de que conoce, lo que le permite, en particular, acordar diligencias de ordenación del procedimiento y diligencias de prueba. Así, el Tribunal General puede requerir a las partes que presenten todos los documentos o escritos relativos al asunto y que faciliten todas la informaciones que estime convenientes.
Si bien corresponde al Tribunal General decidir si es necesario hacer uso de esas facultades, deben respetarse plenamente las exigencias derivadas del artículo 47 de la Carta. Por tanto, cuando la aplicación de las reglas en materia de carga y práctica de la prueba no permita excepcionalmente garantizar la tutela judicial efectiva del demandante, el Tribunal General debe ejercer tales facultades para completar la información de que dispone en el asunto del que conoce, siempre que el demandante haya aportado un mínimo de elementos que acrediten la utilidad de dicha intervención. Así pues, el Tribunal General no puede limitarse a desestimar las alegaciones del demandante por insuficiencia de prueba, cuando lo cierto es que incumbe a dicho Tribunal, en particular accediendo a la petición del demandante de que se acuerden diligencias de prueba, como la presentación de documentos, hacer disipar la incertidumbre que puede existir en cuanto a la exactitud de tales alegaciones.
El Tribunal de Justicia señala que, en el marco de un recurso de casación en el que se cuestiona la aplicación por el Tribunal General de las reglas relativas a la carga y a la práctica de la prueba, le corresponde comprobar si este ha cumplido sus obligaciones respetando plenamente las exigencias derivadas del artículo 47 de la Carta.
A este respecto, el Tribunal de Justicia observa, en primer lugar, que una operación de devolución sumaria, como la controvertida en el asunto recurrido en casación, se caracteriza por una gran vulnerabilidad de las personas que son objeto de ella, así como por la falta de identificación y de trato individualizado de esas personas por parte de las autoridades. Además, en el momento de los hechos, dichas personas se encuentran en una situación en la que les resulta muy difícil recabar elementos de prueba para demostrar tales hechos o en la que incluso queda excluida toda posibilidad a este respecto. En cambio, habida cuenta de las tareas que le atribuye el Reglamento 2019/1896, Frontex puede, en principio, disponer de información pertinente para probar la existencia de devoluciones sumarias.
Habida cuenta, en especial, de estas particularidades, no puede exigirse a personas como el recurrente que aporten pruebas concluyentes del desarrollo de dicha operación y de su presencia en la misma. En efecto, no adaptar la carga de la prueba podría obstaculizar cualquier recurso de las víctimas de una operación de devolución sumaria contra Frontex por actos supuestamente ilegales cometidos por esta Agencia, lo que conferiría una inmunidad de hecho a este última y pondría así en peligro la protección efectiva de los derechos fundamentales de esas víctimas. Así pues, el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado por el artículo 47 de la Carta y por el CEDH, tal y como lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exige que baste con que dichas personas aporten indicios razonables del desarrollo de esa operación en la que participa Frontex y de su presencia durante la misma. Por tanto, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que procedía apreciar si el recurrente había aportado pruebas concluyentes de dicha presencia. Este error de Derecho vició necesariamente sus apreciaciones de los elementos de prueba presentados por el recurrente, ya que esta apreciación se realizó a la luz de un nivel de prueba demasiado elevado, vulnerando el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia examina, sobre la base de las constataciones del Tribunal General, si el recurrente ha aportado esos indicios razonables. Recuerda que el corolario del principio de libre aportación de la prueba es el principio de libre apreciación de la prueba, en virtud del cual el único criterio pertinente para apreciar el valor probatorio de las pruebas aportadas lícitamente reside en su credibilidad.
Por lo que respecta, en particular, a la apreciación del valor probatorio del testimonio escrito del recurrente, el Tribunal de Justicia señala que esta exige comprobar la credibilidad y la verosimilitud de la información que contiene. En especial, el testimonio de una parte demandante no puede descartarse por tener escaso valor probatorio sin tener en cuenta el conjunto de las pruebas presentadas en un caso concreto. Por tanto, considerar, como hizo el Tribunal General, que, por regla general, el testimonio de la propia parte demandante tiene escaso valor probatorio constituye un error de Derecho. Además, de las constataciones del Tribunal General se desprende que el testimonio escrito del recurrente era suficientemente detallado, concreto y coherente para constituir un indicio razonable del hecho de que fue efectivamente víctima de una operación de devolución sumaria, lo que, por otra parte, queda corroborado por otros elementos de prueba aportados por el recurrente, en particular un artículo de un medio de comunicación, conformando así un conjunto de elementos de prueba concordantes.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia señala que, cuando un demandante aporta indicios razonables de que ha sido víctima de una devolución sumaria y reprocha a Frontex su implicación en dicha devolución sumaria, incumbe al Tribunal General continuar el procedimiento e instruir el asunto del que conoce para apreciar, sobre la base de todos los datos de que dispone, la veracidad de este hecho. Si se llega a la conclusión de que esos indicios razonables no han quedado refutados durante un interrogatorio al demandante ni por las pruebas y alegaciones presentadas por las demás partes en dicho asunto en sus escritos procesales ni por otros eventuales elementos de prueba obtenidos en el marco de la instrucción del asunto, ese hecho deberá presumirse probado.
En particular, el Tribunal General estaba obligado, en el presente asunto, a adoptar diligencias de ordenación del procedimiento o diligencias de prueba para obtener de Frontex toda la información pertinente de que dispusiese con el fin de aclarar las circunstancias de la operación sumaria en cuestión y permitirle estar suficientemente informado para apreciar la procedencia del recurso del recurrente y garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de este último. Por tanto, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al denegar las solicitudes formuladas en ese sentido por el recurrente.
Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal de Justicia decide anular el auto recurrido y devuelve el asunto al Tribunal General.
(
1
)	Auto de 13 de diciembre de 2023, Hamoudi/Frontex (T‑136/22, EU:T:2023:821; en lo sucesivo, «auto recurrido»).
(
2
)	Recurso basado en el artículo 268 TFUE según el cual «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refieren los párrafos segundo y tercero del artículo 340» y en el artículo 340 TFUE, cuyo párrafo segundo establece que «en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros».
(
3
)	Artículos 1, 2, 3, 4, 6, 18, 19 y 21.
(
4
)	Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1052/2013 y (UE) 2016/1624 (DO 2019, L 295, p. 1). La supuesta infracción atañe, en particular, a su artículo 46, apartados 4 y 5.
(
5
)	Artículo 268 TFUE, en relación con el artículo 256 TFUE, apartado 1.