Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 13 de mayo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Salud pública — Legislación alimentaria — Reglamento (CE) n.º 178/2002 — Principios y requisitos generales — Reglamento (CE) n.º 852/2004 — Higiene de los productos alimenticios — Artículo 4, apartado 2 — Obligaciones generales y específicas de todos los operadores de empresa alimentaria — Alcance — Anexo II — Requisitos higiénicos generales aplicables a dichos operadores — Artículo 5 — Principios del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (principios del APPCC) — Alcance — Constatación reiterada, por parte de la autoridad competente, de restos y heces de plagas en tiendas y almacenes de una empresa alimentaria — Delito previsto en el Derecho nacional en aplicación del artículo 17, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.º 178/2002 »
En el asunto C‑483/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Bélgica), mediante resolución de 26 de junio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de julio de 2024, en el procedimiento penal instruido contra
Aldi SA,
con intervención de:
Procureur général près la cour d’appel de Liège,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, y la Sra. O. Spineanu-Matei y los Sres. S. Rodin, N. Piçarra (Ponente) y N. Fenger, Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. G. Chiapponi, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de junio de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Aldi SA, por los Sres. N. Cariat y D. Verwaerde, avocats, y por el Sr. H. Van Bavel, advocaat;
–        en nombre del Gobierno belga, por el Sr. P. Cottin y las Sras. M. Jacobs y C. Pochet, en calidad de agentes;
–        en nombre de Irlanda, por la Sra. M. Browne, Chief State Solicitor, y la Sra. S. Finnegan y el Sr. A. Joyce, en calidad de agentes, asistidos por la Sra. B. Quigley, SC, y el Sr. S. Brittain, BL;
–        en nombre del Gobierno helénico, por las Sras. E. Leftheriotou y A. Vasilopoulou, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno francés, por las Sras. P. Chansou y B. Travard, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno luxemburgués, por los Sres. A. Germeaux y T. Schell, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. M. K. Bulterman y el Sr. J. Langer, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. F. Le Bot y la Sra. M. Zerwes, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 9 de octubre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 2, y del anexo II, capítulos I, punto 2, letra c), V, punto 1, letra a), y IX, puntos 2 a 4, del Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios (DO 2004, L 139, p. 1; corrección de errores en DO 2004, L 226, p. 3, y DO 2023, L 65, p. 59).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal instruido contra un operador de empresa alimentaria, Aldi SA, contra el que se siguen actuaciones por varios delitos a causa del incumplimiento del Reglamento n.º 852/2004.
Marco jurídico
Reglamento (CE) n.º 178/2002
3        El considerando 30 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO 2002, L 31, p. 1; corrección de errores en DO 2021, L 11, p. 21), tiene la redacción siguiente:
«El explotador de la empresa alimentaria es quien está mejor capacitado para diseñar un sistema seguro de suministro de alimentos y conseguir que los alimentos que suministra sean seguros. Por lo tanto, debe ser el responsable legal principal de la seguridad alimentaria. […]»
4        El artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento, titulado «Objetivo y ámbito de aplicación», establece:
«El presente Reglamento proporciona la base para asegurar un nivel elevado de protección de la salud de las personas y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos, teniendo en cuenta, en particular, la diversidad del suministro de alimentos, incluidos los productos tradicionales, al tiempo que se garantiza el funcionamiento eficaz del mercado interior. Establece principios y responsabilidades comunes, los medios para proporcionar una base científica sólida y disposiciones y procedimientos organizativos eficientes en los que basar la toma de decisiones en cuestiones referentes a la seguridad de los alimentos y los piensos.»
5        El artículo 3 del mencionado Reglamento, titulado «Otras definiciones», dispone:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
2)      “Empresa alimentaria”, toda empresa pública o privada que, con o sin ánimo de lucro, lleve a cabo cualquier actividad relacionada con cualquiera de las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos.
3)      “Explotador de empresa alimentaria” (también denominado “operador de empresa alimentaria”), las personas físicas o jurídicas responsables de asegurar el cumplimiento de los requisitos de la legislación alimentaria en la empresa alimentaria bajo su control.
[…]
9)      “Riesgo”, la ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y de la gravedad de ese efecto, como consecuencia de un factor de peligro.
[…]
14)      “Factor de peligro”, todo agente biológico, químico o físico presente en un alimento o en un pienso, o toda condición biológica, química o física de un alimento o un pienso que pueda causar un efecto perjudicial para la salud.
[…]»
6        El artículo 14 de ese mismo Reglamento, titulado «Requisitos de seguridad alimentaria», establece:
«1.      No se comercializarán los alimentos que no sean seguros.
2.      Se considerará que un alimento no es seguro cuando:
a)      sea nocivo para la salud;
b)      no sea apto para el consumo humano.
[…]
5.      A la hora de determinar si un alimento no es apto para el consumo humano, se tendrá en cuenta si el alimento resulta inaceptable para el consumo humano de acuerdo con el uso para el que está destinado, por estar contaminado por una materia extraña o de otra forma, o estar putrefacto, deteriorado o descompuesto.
[…]»
7        A tenor del artículo 17 del Reglamento n.º 178/2002, titulado «Responsabilidades»:
«1.      Los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos se asegurarán, en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución que tienen lugar en las empresas bajo su control, de que los alimentos o los piensos cumplen los requisitos de la legislación alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades y verificarán que se cumplen dichos requisitos.
2.      Los Estados miembros velarán por el cumplimiento de la legislación alimentaria, y controlarán y verificarán que los explotadores de empresas alimentarias y de empresas de piensos cumplen los requisitos pertinentes de la legislación alimentaria en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución.
[…]
Los Estados miembros regularán asimismo las medidas y las sanciones aplicables a las infracciones de la legislación alimentaria y de la legislación relativa a los piensos. Esas medidas y sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.»
Reglamento n.º 852/2004
8        Según los considerandos 1, 7, 8, 12 y 16 del Reglamento n.º 852/2004:
«(1)      Uno de los objetivos fundamentales de la legislación alimentaria consiste en lograr un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas, según establece el Reglamento [n.º 178/2002, que] establece asimismo otros principios y definiciones comunes para la legislación alimentaria comunitaria y nacional, incluyendo el objetivo de lograr la libre circulación de los alimentos en la Comunidad [Europea].
[…]
(7)      El objetivo principal de las nuevas normas de higiene generales y específicas es garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en relación con la seguridad alimentaria.
(8)      Es necesario un planteamiento integrado para garantizar la seguridad alimentaria desde el lugar de producción primaria hasta su puesta en el mercado o exportación. Cada uno de los operadores de empresa alimentaria a lo largo de la cadena alimentaria debe garantizar que no se comprometa la seguridad alimentaria.
[…]
(12)      La seguridad alimentaria es el resultado de diversos factores: deben establecerse normas mínimas en materia de higiene mediante actos legislativos, deben implantarse controles oficiales para comprobar el cumplimiento de las normas por parte de los operadores de empresa alimentaria, y los operadores de empresa alimentaria deben establecer y poner en marcha programas y procedimientos de seguridad alimentaria basados en los principios de [análisis de peligros y puntos críticos de control; en lo sucesivo, “principios del APPCC”].
[…]
(16)      La flexibilidad también es conveniente para poder seguir utilizando métodos tradicionales en cualquiera de las fases de producción, transformación o distribución de alimentos y en relación con los requisitos estructurales de los establecimientos. […] No obstante, la flexibilidad no debe poner en peligro los objetivos de higiene de los alimentos. […]»
9        El artículo 1 de dicho Reglamento, titulado «Ámbito de aplicación», establece, en su apartado 1:
«El presente Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de empresa alimentaria en materia de higiene de los productos alimenticios, teniendo particularmente en cuenta los principios siguientes:
a)      el operador de empresa alimentaria es el principal responsable de la seguridad alimentaria;
b)      la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria a lo largo de la cadena alimentaria, empezando en la producción primaria;
[…]
d)      la aplicación general de procedimientos basados en los principios [del APPCC] que, junto con la aplicación de prácticas higiénicas correctas, debería reforzar la responsabilidad de los operadores de empresa alimentaria;
[…]».
10      El artículo 2 del mencionado Reglamento, titulado «Definiciones», dispone:
«1.      A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a)      “higiene alimentaria”: denominada en lo sucesivo “higiene”: las medidas y condiciones necesarias para controlar los peligros y garantizar la aptitud para el consumo humano de un producto alimenticio teniendo en cuenta la utilización prevista para dicho producto;
[…]
d)      “autoridad competente”: la autoridad central de un Estado miembro facultada para garantizar el cumplimiento de los requisitos del presente Reglamento o cualquier otra autoridad en la que la autoridad central haya delegado dicha competencia; en su caso igualmente la autoridad correspondiente de un país tercero;
[…]
f)      “contaminación”: la introducción o presencia de un peligro;
[…]
2.      Las definiciones establecidas en el Reglamento [n.º 178/2002] serán igualmente de aplicación.
[…]»
11      A tenor del artículo 3 de ese mismo Reglamento, titulado «Obligaciones generales»:
«Los operadores de empresa alimentaria se cerciorarán de que en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos bajo su control se cumplen los requisitos de higiene pertinentes contemplados en el presente Reglamento.»
12      El artículo 4 del Reglamento n.º 852/2004, titulado «Requisitos generales y específicos en materia de higiene», establece, en su apartado 2:
«Los operadores de empresa alimentaria que desempeñen su actividad en cualquiera de las fases de producción, transformación y distribución de alimentos […] cumplirán las normas generales de higiene que figuran en el anexo II […].»
13      El artículo 5 de dicho Reglamento, titulado «Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control», establece:
«1.      Los operadores de empresa alimentaria deberán crear, aplicar y mantener un procedimiento o procedimientos permanentes basados en los principios del APPCC.
2.      Los principios [del] APPCC son los siguientes:
a)      detectar cualquier peligro que deba evitarse, eliminarse o reducirse a niveles aceptables;
b)      detectar los puntos críticos de control en la fase o fases en las que el control sea esencial para evitar o eliminar un peligro o reducirlo a niveles aceptables;
c)      establecer, en los puntos críticos de control, límites críticos que diferencien la aceptabilidad de la inaceptabilidad para la prevención, eliminación o reducción de los peligros detectados;
d)      establecer y aplicar procedimientos de vigilancia efectivos en los puntos críticos de control;
e)      establecer medidas correctivas cuando la vigilancia indique que un punto crítico de control no está controlado;
f)      establecer procedimientos, que se aplicarán regularmente, para verificar que las medidas contempladas en las letras a) a e) son eficaces,
y
g)      elaborar documentos y registros en función de la naturaleza y el tamaño de la empresa alimentaria para demostrar la aplicación efectiva de las medidas contempladas en las letras a) a f).
[…]»
14      El anexo II del mencionado Reglamento se titula «Requisitos higiénicos generales aplicables a todos los operadores de empresa alimentaria (excepto si es de aplicación el anexo I)». Su capítulo I, titulado «Requisitos generales de los locales destinados a los productos alimenticios (que no sean los mencionados en el capítulo III)», dispone, en su punto 2:
«La disposición, el diseño, la construcción, el emplazamiento y el tamaño de los locales destinados a los productos alimenticios:
[…]
c)      permitirán unas prácticas de higiene alimentaria correctas, incluida la protección contra la contaminación, y en particular el control de las plagas,
[…]».
15      El capítulo V de dicho anexo II, titulado «Requisitos del equipo», establece, en su punto 1:
«Todos los artículos, instalaciones y equipos que estén en contacto con los productos alimenticios:
a)      deberán limpiarse perfectamente y, en caso necesario, desinfectarse. La limpieza y desinfección se realizarán con la frecuencia necesaria para evitar cualquier riesgo de contaminación;
[…]».
16      El capítulo IX del mencionado anexo II, titulado «Disposiciones aplicables a los productos alimenticios», dispone, en sus puntos 2 a 4:
«2.      Las materias primas y todos los ingredientes almacenados en una empresa del sector alimentario deberán conservarse en condiciones adecuadas que permitan evitar su deterioro nocivo y protegerlos de la contaminación.
3.      En todas las etapas de producción, transformación y distribución, los productos alimenticios deberán estar protegidos contra cualquier foco de contaminación que pueda hacerlos no aptos para el consumo humano o nocivos para la salud, o contaminarlos de manera que pueda considerarse razonablemente desaconsejable su consumo en ese estado.
4.      Deberán aplicarse procedimientos adecuados de lucha contra las plagas. […]»
Litigio principal y cuestión prejudicial
17      A raíz de controles efectuados los días 20 de septiembre de 2020, 25 de noviembre de 2021, 12 de enero de 2022, 4, 7 y 8 de febrero de 2022, 29 de junio de 2022 y 6 y 13 de julio de 2022 en seis tiendas y un almacén operados por Aldi, la autoridad competente, en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 852/2004, levantó varias actas en las que constaba, en particular, en once ocasiones, la presencia de excrementos de roedores y, en tres ocasiones, la presencia de artículos roídos y sucios a la venta en las tiendas en cuestión, la presencia de suciedad y de riesgos de contaminación y la inexistencia de un sistema de control en la recepción de la entrega de productos.
18      En consecuencia, la fiscalía inició actuaciones contra Aldi por un delito, previsto en el Derecho nacional, de incumplimiento, por parte de cualquier operador de empresa alimentaria, en el sentido del artículo 3, punto 3, del Reglamento n.º 178/2002, de las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, en relación con determinadas disposiciones del anexo II, del Reglamento n.º 852/2004.
19      Mediante sentencia de 15 de marzo de 2023, el tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau (Tribunal de lo Penal de la Provincia de Luxemburgo, Sección de Neufchâteau, Bélgica), absolvió a Aldi de todos los cargos que se le imputaban.
20      Mediante sentencia de 12 de febrero de 2024, la cour d’appel de Liège (Tribunal de Apelación de Lieja, Bélgica) confirmó la sentencia apelada, al considerar que el Reglamento n.º 852/2004 no impone a los operadores de empresa alimentaria que desempeñen su actividad en cualquiera de las fases de producción, transformación y distribución de alimentos una obligación de resultado en el ámbito de la lucha contra las plagas, sino un conjunto de obligaciones de medios. Según la resolución, por tanto, la presencia de restos y excrementos de plagas dentro de las tiendas y del almacén de que se trataba no constituye, en sí misma, un incumplimiento de dicho Reglamento. Para ello, dicho órgano jurisdiccional se basó en los principios del APPCC enunciados en el artículo 5 del mencionado Reglamento y en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de sistemas de gestión de la seguridad alimentaria que contemplan buenas prácticas de higiene y procedimientos basados en los principios del APPCC, especialmente la facilitación/flexibilidad respecto de su aplicación en determinadas empresas alimentarias (DO 2022, C 355, p. 1).
21      El procureur général près la cour d’appel de Liège (Fiscal General del Tribunal de Apelación de Lieja) interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente, alegando que dicha interpretación vacía de contenido el imperativo de higiene y de seguridad alimentaria establecido por el Reglamento n.º 852/2004. En su opinión, el margen de apreciación que dicho Reglamento deja a los operadores de empresa alimentaria tiene por objeto únicamente la elección de las prácticas que deben adoptarse, no el resultado que debe lograrse. Afirma que, por lo tanto, la constatación, por parte de la autoridad competente, de la presencia de restos y excrementos de plagas es suficiente para demostrar que no se ha respetado dicho imperativo, sin que dicha autoridad esté obligada a acreditar que el operador de que se trate no ha puesto en marcha todos los medios posibles para luchar contra dicho peligro.
22      En estas circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«Las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento [n.º 852/2004], así como en el anexo II de dicho Reglamento y, más concretamente, en el capítulo I, punto 2, letra c), el capítulo V, punto 1, letra a), y el capítulo IX, puntos 2, 3 y 4, ¿imponen a los operadores de empresas alimentarias mayoristas y minoristas una obligación de resultado, de modo que la constatación de restos o excrementos de plagas en tiendas y almacenes es suficiente, salvo en caso de fuerza mayor, causa externa o error invencible, para acreditar la infracción de dicho Reglamento, o bien los operadores de empresas alimentarias solo están sujetos a una obligación de medios, es decir, a hacer todo lo posible para evitar la presencia de plagas, de modo que la mera constatación, por parte de la autoridad competente, de restos y excrementos de plagas en tiendas y almacenes no es suficiente para acreditar la infracción de dicho Reglamento?»
Sobre la cuestión prejudicial
Sobre la admisibilidad
23      En sus observaciones escritas, Aldi ha alegado que, al no haberse actuado contra ella por infracciones de las disposiciones del anexo II, capítulos V, punto 1, letra a), y IX, punto 2, del Reglamento n.º 852/2004, solo la interpretación de los capítulos I, punto 2, letra c), y IX, puntos 3 y 4, de dicho anexo es pertinente para resolver sobre el procedimiento penal del litigio principal.
24      Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la resolución judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencias de 2 de diciembre de 2025, Stichting Right to Consumer Justice y Stichting App Stores Claims, C‑34/24, EU:C:2025:936, apartado 39, y de 18 de diciembre de 2025, Lukoil Bulgaria, C‑260/24, EU:C:2025:988, apartado 18 y jurisprudencia citada).
25      El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 29 de enero de 2026, Fondazione Teatro alla Scala di Milano, C‑668/24, EU:C:2026:60, apartado 35 y jurisprudencia citada).
26      En el caso de autos, con independencia de si las disposiciones del anexo II, capítulos V, punto 1, letra a), y IX, punto 2, del Reglamento n.º 852/2004 se invocaron específicamente en el marco de las actuaciones penales seguidas contra Aldi, basta con observar que dichas disposiciones contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria y forman parte del contexto a la luz del cual debe interpretarse todo ese anexo. Por consiguiente, no cabe considerar que la interpretación de dichas disposiciones solicitada carezca de relación con la realidad ni con el objeto del litigio principal o que el problema expuesto por el órgano jurisdiccional remitente en relación con esas mismas disposiciones sea de naturaleza hipotética.
27      Por otra parte, en la vista ante el Tribunal de Justicia, Aldi alegó que la cuestión planteada no se refiere a la interpretación del Derecho de la Unión, sino a la aplicación de sanciones penales previstas por la legislación belga, ya que el Reglamento n.º 852/2004 no contiene ninguna disposición en materia de sanciones penales.
28      Como ha señalado la Abogada General en el punto 29 de sus conclusiones, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el alcance de las obligaciones impuestas a los operadores de empresa alimentaria por el Reglamento n.º 852/2004, que remite expresamente al Reglamento n.º 178/2002. Pues bien, este, en su artículo 17, apartado 2, párrafo tercero, obliga a los Estados miembros a prever medidas y sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias aplicables a las infracciones de la legislación de la Unión en materia alimentaria.
29      Por consiguiente, el presente asunto está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, ya que el litigio principal se refiere a incumplimientos del Reglamento n.º 852/2004 imputados a Aldi y tipificados como delito por el legislador belga, y la cuestión planteada tiene, efectivamente, por objeto la interpretación de dicho Reglamento.
30      De lo que antecede resulta la admisibilidad de la cuestión prejudicial.
Sobre el fondo
31      Con carácter preliminar, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, en su caso, las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. Además, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (véanse las sentencias de 20 de marzo de 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, apartado 9, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 44).
32      Mediante su única cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si las disposiciones del anexo II, capítulos I, punto 2, letra c), V, punto 1, letra a), y IX, puntos 2 a 4, del Reglamento n.º 852/2004, en relación con los artículos 4, apartado 2, y 5, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que la constatación, por parte de la autoridad competente, de restos y excrementos de plagas en tiendas y almacenes de una empresa alimentaria es suficiente para acreditar la existencia del incumplimiento de las obligaciones que incumben al operador de empresa alimentaria bajo cuyo control está dicha empresa, en virtud de dichas disposiciones, sin que sea necesario demostrar además que dicho operador no utilizó todos los medios posibles para evitar la presencia de tales plagas.
33      Con carácter preliminar, es preciso recordar que el objetivo principal del Reglamento n.º 852/2004 consiste en garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en relación con la seguridad alimentaria, como se desprende, en particular, del considerando 7 de dicho Reglamento. Dicho objetivo contribuye por sí mismo a la realización de un objetivo fundamental de la legislación alimentaria de la Unión, a saber, la consecución de un nivel elevado de protección de la vida y la salud de las personas, también contemplado en el Reglamento n.º 178/2002, como se desprende, en particular, de su artículo 1, apartado 1.
34      Ese último Reglamento, como recuerda el considerando 1 del Reglamento n.º 852/2004, enuncia asimismo otros principios y definiciones comunes para la legislación alimentaria de la Unión y nacional. Por lo tanto, el Reglamento n.º 178/2002 está vinculado estrechamente con el Reglamento n.º 852/2004, cuyo artículo 2, apartado 2, dispone que las definiciones establecidas en aquel serán igualmente de aplicación en el marco de este.
35      Para comenzar, el artículo 14, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 178/2002 dispone que no se podrán comercializar los alimentos que «no sean seguros», es decir, si se consideran nocivos para la salud o no aptos para el consumo humano.
36      A continuación, el artículo 17, apartado 1, de dicho Reglamento, interpretado a la luz del considerando 30, impone al operador de empresa alimentaria, tal como se define a este en su artículo 3, punto 3, la responsabilidad legal principal de asegurarse, en todas las fases de la producción, la transformación y la distribución que tienen lugar en las empresas que están bajo su control, de que los alimentos cumplen los requisitos de la legislación alimentaria pertinentes a los efectos de sus actividades y de verificar que se cumplen dichos requisitos. En ese contexto, el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 852/2004 establece el principio de que el operador de empresa alimentaria es el principal responsable de la seguridad alimentaria.
37      Por último, el concepto de «contaminación» se define en el artículo 2, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 852/2004 como la introducción o presencia de un «peligro», mientras que, a su vez, el concepto de «factor de peligro» se define en el artículo 3, punto 14, del Reglamento n.º 178/2002 como todo agente biológico, químico o físico presente en los alimentos o toda condición biológica, química o física de estos que pueda causar un efecto perjudicial para la salud.
38      Esa definición amplia del concepto de «contaminación» deja patente la voluntad manifiesta del legislador de la Unión de incentivar una elevada protección de la seguridad alimentaria (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2019, A y otros, C‑347/17, EU:C:2019:720, apartado 40, y de 22 de febrero de 2024, Micreos Food Safety, C‑745/22, EU:C:2024:160, apartado 42).
39      El Tribunal de Justicia ya ha precisado que la importancia del objetivo de velar por la seguridad alimentaria y, de este modo, garantizar un elevado nivel de protección del consumidor puede justificar consecuencias económicas negativas, incluso considerables, para determinados operadores de empresa alimentaria (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Association of Independent Meat Suppliers y Cleveland Meat Company, C‑579/19, EU:C:2021:665, apartado 97).
40      Son los objetivos y principios que se recuerdan en los apartados 33 a 39 de la presente sentencia los que deben informar la interpretación de cada una de las disposiciones del Reglamento n.º 852/2004 que son pertinentes para responder a la cuestión prejudicial planteada con vistas a la aplicación efectiva de dichas disposiciones.
41      En primer lugar, el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.º 852/2004 obliga a los operadores de empresa alimentaria que desempeñen su actividad en cualquiera de las fases de producción, transformación y distribución de alimentos a cumplir, en particular, las normas generales de higiene que figuran en el anexo II de dicho Reglamento.
42      Dicha obligación se inscribe en el marco de la «obligación general» que establece el artículo 3, en relación con el considerando 8, del Reglamento n.º 852/2004 de que los operadores de empresa alimentaria se cercioraren de que en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución de alimentos bajo su control se cumplen los requisitos de higiene pertinentes contemplados en el mencionado Reglamento, con el fin de garantizar que no se comprometa la seguridad alimentaria.
43      El concepto de «higiene alimentaria» se define, en el artículo 2, apartado 1, letra a), de ese mismo Reglamento, en el sentido de que abarca las medidas y condiciones necesarias para controlar los peligros y garantizar la aptitud para el consumo humano de un producto alimenticio teniendo en cuenta la utilización prevista para dicho producto.
44      En segundo lugar, las disposiciones el anexo II del Reglamento n.º 852/2004, anexo al que remite el artículo 4, apartado 2, de dicho Reglamento, establece las normas generales de higiene aplicables, en principio, a todos los operadores de empresa alimentaria. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto expreso cinco de esas normas.
45      En primer término, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo I, punto 2, letra c), de dicho anexo II, los locales destinados a los productos alimenticios, por su disposición, diseño, construcción, emplazamiento y tamaño, permitirán unas prácticas de higiene alimentaria correctas, incluida la protección contra la contaminación, y en particular el control de las plagas.
46      Así pues, dicha disposición impone una obligación relativa a las características de los locales destinados a los productos alimenticios, que deberán permitir unas prácticas de higiene alimentaria correctas con el fin de proteger dichos productos contra la «contaminación», en el sentido del Reglamento n.º 852/2004. De ello se deduce que la presencia, en los locales destinados a los productos alimenticios, de restos o excrementos de las plagas que los operadores de empresa alimentaria deben controlar no constituye, en sí misma, un incumplimiento de la obligación que incumbe a dichos operadores con arreglo al anexo II, capítulo I, punto 2, letra c), de dicho Reglamento, siempre que las características de los mencionados locales sean idóneas para permitir tales prácticas correctas.
47      En segundo término, las disposiciones del capítulo V, punto 1, letra a), del mencionado anexo II prevén que los artículos, instalaciones y equipos que estén en contacto con los productos alimenticios deban limpiarse perfectamente y, en caso necesario, desinfectarse, con la frecuencia necesaria para evitar cualquier riesgo de contaminación. El concepto de «riesgo» se define en el artículo 3, punto 9, del Reglamento n.º 178/2002 como la ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud y de la gravedad de ese efecto, como consecuencia de un factor de peligro.
48      No cabe considerar cumplida dicha obligación de limpieza y desinfección con la necesaria frecuencia que permita evitar cualquier riesgo de contaminación cuando las autoridades competentes constatan la presencia de restos y excrementos de plagas dentro de instalaciones o en equipos que estén en contacto con los productos alimenticios.
49      En tercer término, a tenor de lo dispuesto en el capítulo IX, punto 2, de ese mismo anexo II en relación con las normas aplicables a los productos alimenticios, las materias primas y todos los ingredientes almacenados en una empresa del sector alimentario deberán conservarse en condiciones adecuadas que permitan evitar su deterioro nocivo y protegerlos de la contaminación.
50      Del tenor de dichas disposiciones, en particular de las expresiones «todos los ingredientes almacenados» y «la contaminación», interpretado a la luz del objetivo perseguido por el Reglamento n.º 852/2004, que consiste en garantizar un elevado nivel de protección del consumidor en relación con la seguridad alimentaria, se deriva que no se está cumpliendo la obligación consistente en depositar adecuadamente, en el sentido de las mencionadas disposiciones, las materias primas y los ingredientes cuando, en los locales de almacenamiento situados dentro de una empresa alimentaria, la autoridad competente constata la presencia no solo de restos o de excrementos de plagas, sino también de productos roídos y sucios.
51      En cuarto término, las disposiciones del anexo II, capítulo IX, punto 3, del Reglamento n.º 852/2004 exigen que, en todas las etapas de producción, transformación y distribución, los productos alimenticios estén protegidos contra cualquier foco de contaminación que pueda hacerlos no aptos para el consumo humano o nocivos para la salud, o contaminarlos de manera que pueda considerarse razonablemente desaconsejable su consumo en ese estado.
52      El imperativo de proteger los productos alimenticios, «en todas las etapas de producción, transformación y distribución» de dichos productos, contra «cualquier foco de contaminación» causada por agentes biológicos, químicos o físicos que pueda hacerlos no aptos para el consumo, así como el objetivo de garantizar un nivel elevado de protección de la salud de los consumidores, implica que dichas disposiciones no se están cumpliendo cuando la autoridad competente constata productos alimenticios sucios y roídos por plagas en tiendas o almacenes de una empresa alimentaria.
53      En quinto término, en virtud de lo dispuesto en el capítulo IX, punto 4, de dicho anexo II, todo operador de empresa alimentaria deberá aplicar procedimientos adecuados de lucha contra las plagas en la empresa alimentaria que esté bajo su control.
54      De dichas disposiciones, interpretadas a la luz del objetivo del Reglamento n.º 852/2004 que consiste en garantizar la seguridad alimentaria y un nivel elevado de protección de la salud de los consumidores, se desprende que la constatación, por parte de la autoridad competente, de la presencia de plagas en las tiendas o almacenes de una empresa alimentaria es un indicio importante que contribuye a acreditar que el operador de dicha empresa no ha implantado procedimientos adecuados de lucha contra dichas plagas. A mayor abundamiento, de las mencionadas disposiciones se desprende que la constatación reiterada de la presencia de tales restos es suficiente para demostrar la inobservancia de la obligación de adoptar tales procedimientos adecuados.
55      En tercer lugar, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar las disposiciones del anexo II del Reglamento n.º 852/2004, es preciso tomar en consideración, en particular, el artículo 5 de dicho Reglamento (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2011, Astrid Preissl, C‑381/10, EU:C:2011:638, apartado 26, y Albrecht y otros, C‑382/10, EU:C:2011:639, apartado 18).
56      En virtud del artículo 5, apartado 1, del mencionado Reglamento, interpretado a la luz de su considerando 12, los operadores de empresa alimentaria tienen obligación de crear, aplicar y mantener un procedimiento o procedimientos permanentes basados en los principios del APPCC, en particular el que figura en el artículo 5, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, según el cual dichos operadores deberán identificar cualquier peligro que deba evitarse, eliminarse o reducirse a niveles aceptables. El artículo 1, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 852/2004 precisa, a ese respecto, que la aplicación general de procedimientos basados en los principios del APPCC, junto con la aplicación de prácticas higiénicas correctas, tiene por objeto reforzar la responsabilidad de los mencionados operadores.
57      De ello se deduce que la aplicación, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento n.º 852/2004, de los principios del APPCC no puede eximir al operador de empresa alimentaria de la responsabilidad que para él se deriva de incumplir lo dispuesto en el anexo II de dicho Reglamento, en relación con su artículo 4, apartado 2.
58      A ese respecto, no cabe considerar que «la facilitación/flexibilidad respecto de su aplicación en determinadas empresas alimentarias», a la que se refiere la Comunicación de la Comisión que se cita en el apartado 20 de la presente sentencia, permita eximir a un operador de empresa alimentaria de las obligaciones que recaen sobre él en virtud del artículo 4, apartado 2, en relación con el anexo II, del Reglamento n.º 852/2004. En efecto, tal como precisa el considerando 16 de dicho Reglamento, esta «facilitación/flexibilidad», destinada a que se puedan seguir utilizando métodos tradicionales, no puede tener por efecto poner en peligro los objetivos de higiene de los alimentos.
59      Tal como han sostenido, en esencia, el Gobierno francés y la Comisión Europea en sus observaciones escritas, las obligaciones establecidas en los artículos 4, apartado 2, y 5 del Reglamento n.º 852/2004 son complementarias, con el objetivo de reforzar la responsabilidad de los operadores de empresa alimentaria.
60      En el caso de autos, según la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente, los controles efectuados, reiterados con varios meses de intervalo en varias sucursales de la empresa alimentaria de que se trata, mostraron contaminación por restos de plagas en productos alimenticios, en la superficie de estos y en sus inmediaciones, la mayoría de los cuales ya se encontraban en la fase de comercialización, es decir, accesibles a los consumidores.
61      Por último, en la medida en que de la petición de decisión prejudicial no se desprende que, en el litigio principal, el operador de empresa alimentaria de que se trata hubiera alegado la existencia de un caso de fuerza mayor, de una causa externa o de un error invencible, no procede examinar dicho aspecto de la cuestión prejudicial planteada.
62      Habida cuenta del conjunto de fundamentos que anteceden, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que:
–        Las disposiciones del anexo II, capítulos V, punto 1, letra a), y IX, puntos 2 y 3, del Reglamento n.º 852/2004, en relación con los artículos 4, apartado 2, y 5, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que la constatación, por parte de la autoridad competente, de restos y excrementos de plagas en tiendas y almacenes de una empresa alimentaria es suficiente para acreditar la existencia del incumplimiento de las obligaciones que incumben al operador de empresa alimentaria bajo cuyo control está dicha empresa, en virtud de dichas disposiciones, sin que sea necesario demostrar además que dicho operador no utilizó todos los medios posibles para evitar la presencia de tales plagas.
–        Las disposiciones del anexo II, capítulo IX, punto 4, del Reglamento n.º 852/2004, en relación con los artículos 4, apartado 2, y 5, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que la constatación reiterada, por parte de la autoridad competente, de la presencia de tales restos y excrementos de plagas es suficiente para constatar que el mencionado operador no ha adoptado procedimientos adecuados de lucha contra tales plagas.
–        Las disposiciones del anexo II, capítulo I, punto 2, letra c), del Reglamento n.º 852/2004, en relación con los artículos 4, apartado 2, y 5, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento, deben interpretarse en el sentido de que la constatación de la existencia del incumplimiento de dichas disposiciones depende de que se acredite que las características de los locales de una empresa que se destinan a los productos alimenticios no permiten unas prácticas de higiene correctas.
Costas
63      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
–        Las disposiciones del anexo II, capítulos V, punto
1, letra a), y IX, puntos
2
y
3, del Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios, en relación con los artículos
4, apartado
2, y
5, apartados
1
y
2, de dicho Reglamento,
deben interpretarse en el sentido de que
la constatación, por parte de la autoridad competente, de restos y excrementos de plagas en tiendas y almacenes de una empresa alimentaria es suficiente para acreditar la existencia del incumplimiento de las obligaciones que incumben al operador de empresa alimentaria bajo cuyo control está dicha empresa, en virtud de dichas disposiciones, sin que sea necesario demostrar además que dicho operador no utilizó todos los medios posibles para evitar la presencia de tales plagas.
–        Las disposiciones del anexo II, capítulo IX, punto
4, del Reglamento n.º 852/2004, en relación con los
artículos
4, apartado
2, y
5, apartados
1
y
2, de este,
deben interpretarse en el sentido de que
la constatación reiterada, por parte de la autoridad competente, de la presencia de tales restos y excrementos de plagas es suficiente para constatar que el mencionado operador no ha adoptado procedimientos adecuados de lucha contra tales plagas.
–        Las disposiciones del anexo II, capítulo I, punto
2, letra c), del Reglamento n.º 852/2004, en relación con los artículos
4, apartado
2, y
5, apartados
1
y
2, de dicho Reglamento,
deben interpretarse en el sentido de que
la constatación de la existencia del incumplimiento de dichas disposiciones depende de que se acredite que las características de los locales de una empresa que se destinan a los productos alimenticios no permiten unas prácticas de higiene correctas.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.