62021CC0711
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANTHONY MICHAEL COLLINS
presentadas el 2 de marzo de 2023 (
1
)
Asuntos acumulados C‑711/21 y C‑712/21
XXX (C‑711/21)
XXX (C‑712/21)
contra
État belge, representado por el Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica)]
«Procedimiento prejudicial — Política de inmigración — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 4, 7 y 47 — Directiva 2008/115/CE — Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Decisión de retorno — Cambio de circunstancias relativas a la vida familiar y al estado de salud del nacional de un tercer país tras la adopción de la decisión de retorno — Invocación de un cambio de circunstancias tras la conclusión del procedimiento de protección internacional — Último momento en el que se puede invocar un cambio de circunstancias — Artículo 267 TFUE — Subsistencia del objeto del litigio principal — Obligación del órgano jurisdiccional remitente de comprobar este extremo — Principio de cooperación leal — Artículo 4 TUE, apartado 3 — Admisibilidad de la petición de decisión prejudicial»
I. Introducción
1.
Las presentes peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto sendas decisiones de retorno que las autoridades belgas adoptaron respecto de los recurrentes en los litigios principales (en lo sucesivo, «recurrentes»), tras la desestimación de sus solicitudes de protección internacional. El Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica) (
2
) solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la compatibilidad de las decisiones de retorno con los artículos 4, 7 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y con los artículos 5, 6, apartado 6, y 14 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (
3
) (en lo sucesivo, «Directiva de retorno»). En este contexto, el Conseil d’État (Consejo de Estado) se pregunta si un órgano jurisdiccional que controla la legalidad de dichas decisiones de retorno puede tener en cuenta los cambios en la vida familiar o en el estado de salud de los solicitantes producidos una vez confirmada la validez de las decisiones desestimatorias de sus solicitudes de protección internacional.
II. Procedimientos principales
A.
Asunto C‑711/21
2.
XXX, nacional de un tercer país, al parecer llegó a Bélgica el 16 de marzo de 2017. El 24 de marzo de 2017, solicitó a la autoridad belga competente el reconocimiento de la condición de refugiado. El 20 de julio de 2017, el Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Comisario General de Refugiados y Apátridas, Bélgica; en lo sucesivo, «CGRA») desestimó la solicitud de XXX y le denegó asimismo la concesión de protección subsidiaria. En consecuencia, el 26 de julio de 2017, la autoridad competente ordenó a XXX que abandonara el territorio belga.
3.
El 21 de agosto de 2017, XXX interpuso un recurso ante el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica; en lo sucesivo, «CCE») contra la decisión del CGRA de 20 de julio de 2017 desestimatoria de protección internacional. El CCE desestimó dicho recurso el 11 de enero de 2018.
4.
El 24 de agosto de 2017, XXX interpuso un recurso ante el CCE contra la decisión de 26 de julio de 2017 por la que se le ordenaba abandonar el territorio belga. En una vista, XXX presentó documentos que acreditaban que se habían producido cambios en su vida familiar y en su estado de salud. Mediante sentencia de 22 de octubre de 2019, el CCE desestimó su recurso. El CCE declaró que XXX ya no podía impugnar la orden de 26 de julio de 2017 de abandonar el territorio belga, puesto que la sentencia de 11 de enero de 2018 por la que se desestimó su recurso contra la decisión desestimatoria de protección internacional del CGRA había resuelto definitivamente la cuestión. Señaló que, al apreciar la legalidad de una orden de abandonar el territorio belga, no podía tener en cuenta los acontecimientos sobrevenidos a la adopción de dicha orden. (
4
) El CCE también consideró que no podía prosperar la alegación de XXX según la cual las autoridades no podían dictar contra él una orden de abandonar el territorio mientras estuviera pendiente su recurso contra la decisión del CGRA desestimatoria de protección internacional, puesto que su recurso contra esta decisión se había resuelto el 11 de enero de 2018.
5.
El 6 de noviembre de 2019, el recurrente interpuso un recurso de casación contra la sentencia del CCE de 22 de octubre de 2019 ante el Conseil d’État (Consejo de Estado). Este órgano jurisdiccional afirma, en primer lugar, que, en el contexto de una pretensión de anulación de una orden de abandonar el territorio belga, el CCE debería, en principio, examinar dicha orden ex tunc. En segundo lugar, estima que la sentencia Gnandi no identifica claramente el momento en el que un nacional de un tercer país puede invocar un cambio de circunstancias a tal efecto ni se pronuncia, por tanto, sobre la cuestión de si un órgano jurisdiccional puede tener en cuenta circunstancias producidas tras la adopción de una decisión de retorno. (
5
) Este planteamiento puede tener implicaciones importantes a efectos de la aplicación de la Directiva de retorno, en particular de su artículo 5, según el cual, al aplicar la Directiva, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta, entre otros factores, la vida familiar y el estado de salud del nacional de un tercer país de que se trate.
B.
Asunto C‑712/21
6.
El 29 de febrero de 2016, XXX solicitó a la autoridad belga competente el reconocimiento de la condición de refugiada. El 30 de septiembre de 2016, el CGRA desestimó su solicitud y le denegó asimismo la concesión de protección subsidiaria. Habida cuenta de la decisión del CGRA, el 6 de octubre de 2016 la autoridad competente ordenó a XXX abandonar el territorio belga.
7.
El 28 de octubre de 2016, XXX interpuso un recurso ante el CCE contra la decisión del CGRA de 30 de septiembre de 2016. Este recurso fue desestimado el 19 de enero de 2017. El 7 de noviembre de 2016, XXX interpuso un recurso contra la orden de abandonar el territorio de 6 de octubre de 2016 ante el CCE. Tras celebrarse una vista en la que XXX presentó documentos relativos a su vida privada, el CCE desestimó, mediante sentencia de 22 de octubre de 2019, su recurso contra la orden de abandonar el territorio. Dicho órgano jurisdiccional siguió el mismo razonamiento que se expone en el punto 4 de las presentes conclusiones.
8.
XXX interpuso un recurso de casación ante el Conseil d’État (Consejo de Estado) contra la sentencia del CCE de 22 de octubre de 2019. Por las mismas razones que se exponen en el punto 5 de las presentes conclusiones, el Conseil d’État (Consejo de Estado) consideró que en la sentencia Gnandi no se precisa hasta qué momento un órgano que examina la legalidad de una decisión de retorno puede tener en cuenta un cambio de circunstancias relativo a la vida familiar de un nacional de un tercer país.
9.
En los litigios principales de los asuntos C‑711/21 y C‑712/21, el Conseil d’État (Consejo de Estado) declaró que los artículos 4, (
6
) 7 y 47 de la Carta y los artículos 5, 6, apartado 6, y 14 de la Directiva de retorno pueden obligar al órgano jurisdiccional que controla la legalidad de una orden de abandonar el territorio, adoptada a raíz de la denegación de una solicitud de protección internacional, a tener en cuenta los cambios relativos a la vida familiar o al estado de salud de un solicitante que hayan tenido lugar antes de la fecha en que se efectúe dicho control. En consecuencia, el Conseil d’État suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«(1)
¿Deben interpretarse los artículos 4,[ (
7
)] 7 y 47 de la [Carta] y los artículos 5, 6, apartado 6, y 13 de la [Directiva de retorno], a la luz de la [sentencia Gnandi], en el sentido de que el juez que conoce de un recurso contra una decisión de retorno adoptada tras una decisión que deniegue la concesión de protección internacional solo puede, al apreciar la legalidad de la decisión de retorno, tomar en consideración los cambios en las circunstancias que puedan incidir de forma significativa en la apreciación de la situación de conformidad con el citado artículo 5 cuando tales cambios se produzcan antes de que el [CCE] ponga fin al procedimiento en materia de protección internacional?
(2)
¿Es preciso que las circunstancias mencionadas en el artículo 5 de la [Directiva de retorno] se hayan producido mientras el extranjero se hallaba en situación regular o estaba autorizado a permanecer en el territorio?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
10.
Mediante resolución de 4 de enero de 2022, el Presidente del Tribunal de Justicia ordenó la acumulación de los asuntos C‑711/21 y C‑712/21 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
11.
Los recurrentes, los Gobiernos belga y neerlandés y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas.
12.
En sus observaciones escritas de 29 de marzo de 2022, el Gobierno belga alegaba que ambos asuntos eran inadmisibles puesto que la interpretación del Derecho de la Unión que solicitaba el órgano jurisdiccional remitente ya no era necesaria para poder dictar sentencia. El 30 de marzo de 2020, la autoridad competente concedió al recurrente en el asunto C‑711/21 un permiso de residencia. (
8
) El 8 de marzo de 2021, la autoridad competente concedió a la recurrente en el asunto C‑712/21 un permiso de residencia válido hasta el 18 de febrero de 2021, renovado posteriormente hasta el 18 de febrero de 2023. (
9
) El Gobierno belga también informó al Tribunal de Justicia de que, el 24 de febrero de 2022, la autoridad belga competente (
10
) había comunicado estas circunstancias al Conseil d’État (Consejo de Estado).
13.
El 17 de junio de 2022, el Presidente del Tribunal de Justicia se dirigió por escrito al Conseil d’État (Consejo de Estado) para que le indicase si los recurrentes tenían derecho a residir en Bélgica y, en caso afirmativo, si deseaba mantener sus peticiones de decisión prejudicial. El 27 de junio de 2022, el Conseil d’État (Consejo de Estado) confirmó, tras oír al abogado de los recurrentes, que se había reconocido a ambos el derecho de residencia en Bélgica. No obstante, se reafirmó en su voluntad de mantener sus peticiones de decisión prejudicial. El Conseil d’État (Consejo de Estado) precisó que, según el abogado de los recurrentes, su derecho a permanecer en Bélgica es temporal y el Gobierno belga no ha revocado las decisiones de retorno. El abogado de los recurrentes sostuvo que, si su derecho de residencia en Bélgica no se prorroga, el Gobierno belga puede tratar de reactivar el procedimiento de retorno sobre la base de las decisiones de retorno adoptadas respecto de los recurrentes.
14.
A la vista de la respuesta del Conseil d’État (Consejo de Estado), el 6 de julio de 2022, el Juez Ponente y el Abogado General instaron (
11
) al Gobierno belga a que informase al Tribunal de Justicia del estado en el que se encontraban las decisiones de retorno adoptadas respecto de los recurrentes, así como de cualquier otra decisión de retorno que se hubiera podido adoptar contra ellos. El 15 de julio de 2022, el Gobierno belga respondió que «la concesión de un permiso de residencia es incompatible con una decisión de retorno. Una decisión de retorno queda revocada de pleno Derecho por la concesión de un permiso de residencia, sin que sea necesario que la autoridad competente adopte una nueva decisión de retorno». El Gobierno belga concluyó que, a la luz de reciente jurisprudencia del Conseil d’État (Consejo de Estado) sobre esa precisa cuestión, (
12
) los recurrentes ya no tenían interés en ejercitar la acción de anulación de las decisiones de retorno.
15.
El 20 de julio de 2022, el Tribunal de Justicia transmitió la respuesta del Gobierno belga de 15 de julio de 2022 al Conseil d’État (Consejo de Estado). Volvió a preguntarle si deseaba mantener sus peticiones de decisión prejudicial y le pidió, en caso afirmativo, que indicase sus razones.
16.
El 3 de agosto de 2022, el Conseil d’État (Consejo de Estado) señaló que, habida cuenta de las posiciones discordantes del abogado de los recurrentes y del Gobierno belga, no puede retirar sus peticiones de decisión prejudicial sin oír previamente a las partes y pronunciarse sobre el interés de estas en mantener sus acciones de anulación. Además, informó de que el procedimiento se ha suspendido hasta que el Tribunal de Justicia responda a las cuestiones prejudiciales planteadas. En consecuencia, el Conseil d’État (Consejo de Estado) consideró que no puede pronunciarse sobre el estado en el que se encuentran las decisiones de retorno ni sobre el interés de los recurrentes en ejercitar sus acciones.
IV. Competencia del Tribunal de Justicia para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas
17.
Según jurisprudencia reiterada, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en virtud del artículo 267 TFUE disfrutan de una presunción de pertinencia. En el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, establecida por dicha disposición, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Sin embargo, tanto del tenor como del sistema del artículo 267 TFUE se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales solo están habilitados para plantear cuestiones prejudiciales en la medida en que ante ellos penda un litigio en el que proceda adoptar una decisión que puede tener en cuenta la respuesta del Tribunal de Justicia. Este no puede formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas. Así pues, una petición de decisión prejudicial debe ser necesaria para la solución efectiva del litigio de que conoce el órgano jurisdiccional remitente. (
13
)
18.
De ello se desprende que corresponde al Tribunal de Justicia examinar, si es necesario, las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia y, en particular, de comprobar si la interpretación del Derecho de la Unión que se le pide guarda relación con la realidad y el objeto del litigio principal, de manera que no se conduzca a dicho Tribunal a formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas. (
14
) Si resulta que la cuestión planteada manifiestamente no es pertinente para resolver el litigio, el Tribunal de Justicia deberá acordar el sobreseimiento. (
15
)
19.
El procedimiento de remisión prejudicial contemplado en el artículo 267 TFUE, que establece un diálogo entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, es la piedra angular del sistema jurisdiccional consagrado en los Tratados. Tiene como finalidad garantizar la unidad de interpretación del Derecho de la Unión, permitiendo de ese modo garantizar, en particular, su coherencia, su plena eficacia y su autonomía. (
16
) El artículo 267 TFUE y el sistema de diálogo y cooperación judicial que establece constituyen una lex specialis que expresa el principio básico enunciado en el artículo 4 TUE, apartado 3, (
17
) según el cual la Unión y los Estados miembros tienen un deber de cooperación leal en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados. (
18
) Los órganos jurisdiccionales nacionales, como emanaciones del Estado, están vinculados por este principio en sus relaciones con las instituciones de la Unión, incluido el Tribunal de Justicia. (
19
) El deber de cooperación leal tiene carácter recíproco, como resulta claramente del tenor del artículo 4 TUE, apartado 3, según el cual la Unión y los Estados miembros «se respetarán y asistirán mutuamente». (
20
) En el marco de la división de las funciones jurisdiccionales entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, prevista en el artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia se pronuncia con carácter prejudicial sin que tenga en principio obligación de examinar las circunstancias que han llevado a los órganos jurisdiccionales nacionales a plantear las cuestiones ni en qué forma se proponen aplicar la disposición o las disposiciones de Derecho de la Unión cuya interpretación le han solicitado. La situación cambia únicamente en los casos en que el procedimiento del artículo 267 TFUE ha sido utilizado de forma improcedente y tiende, en realidad, a llevar al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre un litigio ficticio, o cuando sea manifiesto que las disposiciones de Derecho de la Unión sometidas a la interpretación del Tribunal de Justicia no pueden aplicarse en la resolución del litigio en el que se han planteado las cuestiones. (
21
)
20.
A la vista de la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Gobierno belga en sus observaciones escritas y de la correspondencia intercambiada entre el Tribunal de Justicia, el Conseil d’État (Consejo de Estado) y el Gobierno belga, la cuestión de si el Conseil d’État (Consejo de Estado) debe tomar en consideración la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas para resolver los litigios principales sigue siendo muy incierta. A este respecto, de la jurisprudencia del Conseil d’État (Consejo de Estado) evocada por el Gobierno belga en su respuesta al Tribunal de Justicia de 15 de julio de 2022 resulta claramente que no es necesario que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales planteadas para la resolución efectiva de los recursos de que conoce el Conseil d’État (Consejo de Estado), dado que las decisiones de retorno, que constituyen el objeto de tales recursos, han desaparecido del ordenamiento jurídico belga. (
22
)
21.
Aunque en última instancia corresponde al Conseil d’État (Consejo de Estado) pronunciarse al respecto, dicho órgano jurisdiccional —cuando el Tribunal de Justicia volvió a pedirle, el 20 de julio de 2022, que indicara si deseaba mantener sus peticiones de decisión prejudicial y, en caso afirmativo, por qué razones— no examinó la pertinencia de su propia jurisprudencia reciente y se limitó a confirmar su voluntad de mantener esas peticiones sin explicar los motivos por los que considera que afectarán a la solución de los litigios de que conoce. (
23
) El Conseil d’État (Consejo de Estado) se limitó a señalar que, cuando el procedimiento de que conoce se encuentra suspendido, es necesario oír a las partes antes de pronunciarse.
22.
Habida cuenta de la jurisprudencia reciente del Conseil d’État (Consejo de Estado), (
24
) así como del hecho de que la autoridad belga competente le informó de que había expedido permisos de residencia a los recurrentes y de que dicho órgano jurisdiccional interrogó al respecto en varias ocasiones al abogado de estos, (
25
) no se comprende por qué el Conseil d’État (Consejo de Estado) no parece dispuesto a responder íntegramente a la pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, cooperando así con este último en su misión de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados. (
26
)
23.
En sus conclusiones presentadas en el asunto Di Donna, la Abogada General Kokott señaló que el espíritu de colaboración que debe presidir el funcionamiento de la remisión prejudicial supone que el órgano jurisdiccional nacional tenga en cuenta la función encomendada al Tribunal de Justicia, «que es la de contribuir a la administración de justicia en los Estados miembros y no la de formular dictámenes consultivos sobre cuestiones generales o hipotéticas». (
27
) En sus conclusiones presentadas en el asunto Pohotovosť, el Abogado General Wahl declaró que «es indispensable que los órganos jurisdiccionales nacionales expliquen las razones por las que consideran necesaria una respuesta a sus cuestiones para resolver el litigio, cuando dichas razones no se desprendan inequívocamente de los autos. El deber del Tribunal de Justicia de respetar las responsabilidades propias del juez nacional implica al mismo tiempo que el juez nacional debe tomar en consideración la función propia que el Tribunal de Justicia desempeña en el ámbito prejudicial. Así pues, el Tribunal de Justicia volvió a declarar recientemente que no procedía que se pronunciase en un supuesto en el que el órgano jurisdiccional remitente había mantenido su petición de decisión prejudicial absteniéndose de definir, a pesar de haber sido requerido para ello, su postura sobre los efectos de un hecho nuevo o de un acontecimiento sobre el que el Tribunal de Justicia había sido informado, en relación tanto con la decisión que debía adoptarse en el litigio principal como con la pertinencia de las cuestiones prejudiciales para la resolución del litigio principal». (
28
)
24.
A mi parecer, en el ejercicio de esta cooperación, el Conseil d’État (Consejo de Estado) podría haber levantado la suspensión del procedimiento pendiente ante él, haber oído a las partes y haberse pronunciado sobre la validez, a la luz del Derecho belga, de las decisiones de retorno adoptadas respecto de los recurrentes. En este contexto, es de reiterada jurisprudencia que una disposición del Derecho nacional que impide la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE debe dejarse inaplicada. (
29
) Sobre la base de la información de que dispone el Tribunal de Justicia, el presente procedimiento prejudicial carece, a primera vista, de objeto, de modo que las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales planteadas pueden resultar innecesarias para que el órgano jurisdiccional remitente pueda resolver los litigios de que conoce. (
30
) Dados los cambios producidos en las circunstancias de los recurrentes desde que se plantearon las cuestiones prejudiciales también existe un riesgo evidente de que el Tribunal de Justicia emplee inútilmente valiosos recursos para responder a tales cuestiones. Estas observaciones no obstan a la facultad que conserva el Conseil d’État (Consejo de Estado) de plantear nuevas cuestiones prejudiciales cuando haya comprobado que la respuesta a tales cuestiones es necesaria para la resolución efectiva del litigio de que conoce. (
31
)
V. Conclusión
25.
Por los motivos expuestos, propongo al Tribunal de Justicia que declare que no es competente, con arreglo al artículo 267 TFUE, para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica) el 4 de noviembre de 2021.
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	Con fecha de 4 de noviembre de 2021.
(
3
)	DO 2008, L 348, p. 98.
(
4
)	Se remitió a este respecto a la sentencia de 19 de junio de 2018, Gnandi (C‑181/16, en lo sucesivo, sentencia Gnandi, EU:C:2018:465).
(
5
)	El artículo 6, apartado 1, de la Directiva de retorno dispone que «los Estados miembros dictarán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 a 5». Con arreglo al apartado 6 de ese mismo artículo, «la presente Directiva no impedirá a los Estados miembros adoptar una decisión sobre la finalización de la situación regular, unida a una decisión de retorno y/o de expulsión y/o a una prohibición de entrada, en una única decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial, si así lo dispone su legislación nacional, sin perjuicio de las garantías procedimentales previstas en el Capítulo III y otras disposiciones pertinentes del Derecho comunitario y nacional».
(
6
)	El artículo 4 de la Carta carece de pertinencia en el asunto C‑712/21, puesto que la demandante no alegó que se hubiera infringido esta disposición.
(
7
)	Las cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C‑711/21 y C‑712/21 son idénticas, con la salvedad de que en el asunto C‑711/21 el Conseil d’État (Consejo de Estado) consideró que no procedía plantear una cuestión relativa al artículo 4 de la Carta.
(
8
)	El permiso de residencia en cuestión es una «Carte F». Tiene una validez de cinco años.
(
9
)	El permiso de residencia en cuestión es una «Carte A». Tiene una validez de un año y es renovable.
(
10
)	La Office des étrangers (Oficina de Extranjería, Bélgica).
(
11
)	De conformidad con el artículo 62, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
(
12
)	C.E. n.o 254.100 de 24 de junio de 2022. En dicha sentencia, el Conseil d’État (Consejo de Estado) declaró que, en la medida en que se ha concedido un permiso de residencia al recurrente, «tal decisión es incompatible con la orden de abandonar el territorio» y «constituye un acto contrario a esta, que ha desaparecido del ordenamiento jurídico. Dado que el acto administrativo impugnado […] ha desaparecido del ordenamiento jurídico, el fallo de la sentencia recurrida ya no puede dar lugar a una reclamación por parte del recurrente. Por consiguiente, el recurrente ya no tiene interés en ejercitar la presente acción».
(
13
)	Véanse las sentencias de 27 de junio de 2013, Di Donna (C‑492/11, EU:C:2013:428), apartados 24 a 26 y jurisprudencia citada; de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2014:101), apartados 27 a 29 y jurisprudencia citada, y de 24 de noviembre de 2020, Openbaar Ministerie (Falsedad documental) (C‑510/19, EU:C:2020:953), apartado 27 y jurisprudencia citada.
(
14
)	Si bien es cierto que el 4 de noviembre de 2021 el Conseil d’État (Consejo de Estado) no tenía conocimiento de que los recurrentes estaban en posesión de un permiso de residencia, el 24 de febrero de 2022 fue informado de esta circunstancia, que no comunicó al Tribunal de Justicia. En este contexto, el apartado 24 de las Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO 2019, C 380, p. 1) dispone, en particular, que «incumbe [al órgano jurisdiccional remitente] advertir al Tribunal de Justicia de todo incidente procesal capaz de afectar a su propio conocimiento del asunto […]».
(
15
)	Sentencia de 24 de octubre de 2013, Stoilov i Ko (C‑180/12, EU:C:2013:693), apartado 38. Pese a que el Gobierno belga ha planteado la cuestión de la admisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial en el presente asunto, de la citada sentencia y de la sentencia Gnandi (apartado 31) se desprende que el Tribunal de Justicia puede examinar de oficio la cuestión de la admisibilidad de tales peticiones. Con arreglo al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el órgano jurisdiccional remitente debe suspender el procedimiento. Sin embargo, el artículo 101 de su Reglamento de Procedimiento dispone que el Tribunal de Justicia podrá solicitar aclaraciones al órgano jurisdiccional remitente.
(
16
)	Sentencia de 2 de marzo de 2021, A.B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos) (C‑824/18, EU:C:2021:153), apartado 90.
(
17
)	Véase Temple Lang, J.: The Development by the Court of Justice of the Duties of Cooperation of National Authorities and Community Institutions Under Article 10 EC, Fordham International Law Journal, 2007, vol. 31, n.o 5, p. 1517. Véase asimismo Klamert, M.: «Article 4 TEU», en Kellerbauer, M., Klamert, M., y Tomkin, J., (eds): The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights: A Commentary, Oxford University Press, Nueva York (en línea), 2019, pp. 35 a 60.
(
18
)	Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión. Ayudarán a la Unión en el cumplimiento de su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión.
(
19
)	De conformidad con el artículo 4 TUE, apartado 3, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros están obligados a adoptar todas las medidas adecuadas para garantizar el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión. Véase la sentencia de 17 de diciembre de 2020, Comisión/Eslovenia (Archivos del BCE) (C‑316/19, EU:C:2020:1030), apartados 119 y 124.
(
20
)	Auto de 13 de julio de 1990, Zwartveld y otros (C‑2/88‑IMM, EU:C:1990:315), apartado 17.
(
21
)	Sentencia de 8 de noviembre de 1990, Gmurzynska‑Bscher (C‑231/89, EU:C:1990:386), apartado 23.
(
22
)	Véase C.E. n.o 254.100 de 24 de junio de 2022. El Conseil d’État (Consejo de Estado) debe verificar la pertinencia y el contenido de esta jurisprudencia nacional en el contexto de los litigios principales. Parece, sin perjuicio de la correspondiente verificación por el órgano jurisdiccional remitente, que su posición ha cambiado recientemente. Véase la sentencia de 15 de abril de 2021, État belge (Elementos posteriores a la decisión de traslado) (C‑194/19, EU:C:2021:270), apartado 20, relativa a un recurso similar ante el Conseil d’État (Consejo de Estado). En ese asunto, el Conseil d’État (Consejo de Estado) señaló, a raíz de una solicitud de información del Tribunal de Justicia, que el recurso de casación que era objeto del litigio principal, por el que se impugnaba la legalidad de una decisión por la que se denegaba la solicitud de asilo del recurrente y se le ordenaba abandonar el territorio belga, tenía un objeto, en la medida en que se refería a una resolución judicial que ninguna circunstancia de hecho podía hacer desaparecer del ordenamiento jurídico.
(
23
)	Véanse, en cambio, los apartados 32 y 33 de la sentencia Gnandi, en los que se constata que el Conseil d’État (Consejo de Estado) expuso de forma clara las razones por las que la respuesta del Tribunal de Justicia era necesaria para resolver el litigio de que conocía y por las que deseaba mantener su petición de decisión prejudicial. Véase asimismo la sentencia de 13 de septiembre de 2016, Rendón Marín (C‑165/14, EU:C:2016:675), apartados 30 y 31, en la que se indica que el Tribunal Supremo español declaró que, si bien el litigio de que conocía, relativo a la denegación de una autorización de residencia temporal, ya se había resuelto, seguía siendo útil una respuesta del Tribunal de Justicia a la cuestión prejudicial planteada al objeto de pronunciarse sobre una cuestión pendiente relativa a la reparación debida como consecuencia de dicha denegación.
(
24
)	Véase C.E. n.o 254.100 de 24 de junio de 2022.
(
25
)	Sin perjuicio de la correspondiente comprobación por el órgano jurisdiccional remitente, parece que este no interrogó a la autoridad belga competente a este respecto.
(
26
)	Véase, por analogía, la sentencia de 2 de marzo de 2021, A.B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos) (C‑824/18, EU:C:2021:153), apartado 107.
(
27
)	Conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Di Donna (C‑492/11, EU:C:2013:225), punto 22.
(
28
)	Conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Pohotovosť (C‑470/12, EU:C:2013:844), punto 29.
(
29
)	Sentencia de 2 de marzo de 2021, A.B. y otros (Nombramiento de jueces al Tribunal Supremo — Recursos) (C‑824/18, EU:C:2021:153), apartado 141 y jurisprudencia citada.
(
30
)	La respuesta del Tribunal de Justicia a cuestiones planteadas en tales circunstancias podría equivaler a formular una opinión consultiva sobre cuestiones hipotéticas, contraria a la misión encomendada al Tribunal de Justicia en el contexto de la cooperación judicial establecida por el artículo 267 TFUE.
(
31
)	Véase, por analogía, el auto de 12 de mayo de 2016, Security Service y otros (C‑692/15 a C‑694/15, EU:C:2016:344), apartado 30.