61982C0007
CONCLUSIONES COMPLEMENTARIAS DEL ABOGADO GENERAL
SR. GERHARD REISCHL
presentadas el 11 de enero de 1983 (
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)
Señor Presidente,
Señores Jueces,
En las conclusiones que presenté el 16 de noviembre de 1982, tenía razones para pensar que la Comisión no era competente para adoptar la Decisión 81/1030/CEE, de 29 de octubre de 1981, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 86 del Tratado CEE (IV/29.839 — GVL) (DO L 370, p. 49), Decisión cuyas particularidades expliqué ampliamente, y que, en consecuencia, sólo desde el punto de vista formal, procede anularla. Sigo manteniendo esta opinión, pero como el Tribunal de Justicia me ha instado a que exprese también mi postura sobre los demás motivos formulados por la demandante, haré a este respecto, con carácter complementario y subsidiario, las siguientes observaciones:
I. Sobre los demás motivos relativos al procedimiento
1. Sobre el motivo relativo al incumplimiento del apartado 1 del artículo 2 y del artículo 4 del Reglamento no 99/63/CEE (DO 1963, 127, p. 2268; EE 08/01, p. 62)
La demandante alega que, en su Decisión, la Comisión se excedió de los cargos formulados en el pliego de cargos de 4 de septiembre de 1980. En su opinión, de dicho pliego no se deducía, en efecto, que los denunciantes pudieran ser, en su caso, nacionales de países terceros con residencia en la Comunidad. Considera que el hecho de que la Decisión tomara también en consideración su comportamiento frente a estas personas produjo el efecto de limitar los derechos que le reconocen el apartado 1 del artículo 2 y el artículo 4 del Reglamento no 99/63 en el marco de su defensa.
A tenor del apartado 1 del artículo 2 de dicho Reglamento, la Comisión comunicará «por escrito a las empresas y a las asociaciones de empresas las quejas presentadas contra ellas». Conforme al artículo 4 del Reglamento, la Comisión solamente mantendrá «contra las empresas y las asociaciones de empresas destinatárias las quejas respecto a las cuales aquéllas hayan podido manifestar sus puntos de vista». Tal como señaló el Tribunal de Justicia en el asunto Fedetab, (
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) de estas disposiciones se deduce que la Comisión sólo debería tener en cuenta en su Decisión los cargos comunicados por escrito a las empresas y asociaciones de empresas afectadas una vez que hubiera dado a los interesados la oportunidad de manifestar sus puntos de vista a este respecto.
No obstante, tal como ha señalado acertadamente la Comisión, la demandante dispuso de esta oportunidad. En efecto, en su pliego de cargos, la Comisión indica de forma muy general que pretende declarar que el comportamiento de GVL consistente en negarse a celebrar contratos de gestión con artistas extranjeros cuando éstos no están domiciliados en la República Federal es contrario al artículo 86 del Tratado CEE. Por otra parte, siempre se hace referencia simplemente, de forma muy general, a «artistas extranjeros» (véanse, por ejemplo, los apartados 27, 30, 49, 51 a 56, 59, 61, 78 y 81 del pliego de cargos). Además, a tenor del artículo 50, las medidas «que conducen a discriminaciones basadas en los Estados miembros y en la nacionalidad o que tienen por efecto perjudicar a los agentes económicos de los demás Estados miembros» van dirigidos contra la realización de un mercado único. Estos ejemplos muestran precisamente que el pliego de cargos incluye el comportamiento imputado a GVL en la Decisión. Como la demandante pudo manifestar su punto de vista sobre el cargo según el cual discrimina a los artistas extranjeros domiciliados en otro Estado miembro, pero que no disponen de un domicilio en Alemania, respecto a los artistas alemanes, no se incumplieron las disposiciones que garantizan el derecho de defensa.
2. Motivo relativo a la falta de toma de consideración de las definiciones de postura procedentes de la demandante
Además, la demandante critica a la demandada que, en su Decisión, ésta no tuvo en cuenta los elementos derivados del procedimiento administrativo y, en esta medida, incumplió lo dispuesto en el Reglamento no 99/63, relativo a las audiencias.
A este respecto, procede indicar, tal como ha señalado el Tribunal de Justicia en el asunto Fedetab, (
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) entre otros, que, por principio, la Comisión debe tener en cuenta los elementos que resultan del procedimiento administrativo, bien para abandonar cargos que se hayan revelado carentes de fundamento, bien para organizar y completar, tanto respecto a los hechos como jurídicamente, su razonamiento en apoyo de los motivos que mantiene. No obstante, tal como expone esta misma sentencia, esto no puede significar que la Comisión deba tratar detalladamente todas las cuestiones de hecho y de Derecho que han sido planteadas por las partes durante el procedimiento administrativo (a este respecto, véanse también las sentencias Europemballage y Continental Can/Comisión (
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) y Consten y Grundig/Comisión (
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)). A fortiori, no puede estar obligada a considerar correctas las alegaciones de la demandante. En consecuencia, procede desestimar también este motivo.
3. Sobre el motivo relativo a errores cometidos en la determinación de los hechos
Por otra parte, la demandante critica a la Comisión que los hechos contienen, tal como esta Institución los describe en su Decisión, lagunas o inexactitudes sobre una serie de cuestiones y que, en consecuencia, le han conducido a una valoración jurídica errónea.
No obstante, es imposible demostrar, sin volver a situar esta cuestión en el contexto de los motivos relativos al fondo, si la determinación de los hechos en la que la demandante basa su razonamiento puede viciar la Decisión en caso de que se revele efectivamente errónea. Por lo tanto, me propongo abordar ahora estos motivos.
II. Sobre el motivo relativo a la aplicación del artículo 86 del Tratado
La demandante solicita que se anule la Decisión debido a que la Comisión realizó una aplicación errónea del artículo 86 del Tratado en varios aspectos.
Antes de tratar detalladamente este motivo, me permito recordar una vez más el alcance de la Decisión impugnada. Esta se limita a declarar que la negativa opuesta por la demandante hasta el 21 de noviembre de 1980 a celebrar contratos de gestión con artistas extranjeros sin domicilio en Alemania constituyó un abuso de posición dominante a efectos del artículo 86 del Tratado, en la medida en que dichos artistas no eran nacionales de otros Estado miembro ni estaban domiciliados en él. En consecuencia, de acuerdo con esta Decisión, el comportamiento de la demandante era abusivo a efectos del artículo 86 del Tratado porque, para gestionar sus derechos en concepto de segunda explotación, se exigía a dichos artistas —al contrario que a sus homólogos alemanes— que tuvieran un domicilio en Alemania. Por lo tanto, carece de importancia saber si dichos artistas disponen de derechos de esta naturaleza en la República Federal o en su país de origen, cuál es en conjunto su situación económica o si está garantizada la reciprocidad. En la misma medida, también puede dejarse en suspenso la cuestión de si los hechos correspondientes, tal como están descritos en la Decisión, son erróneos o inexactos, como piensa la demandante, ya que —si estoy en lo ciertola Decisión no se basa, en definitiva, en dichas determinaciones.
1. Sobre la aplicabilidad del apartado 2 del artículo 90 del Tratado
A tenor de esta disposición, las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general sólo quedan sometidas a las normas del Tratado, en especial a las normas sobre la competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de Derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. La demandante estima que, por su parte, está incluida en la categoría de empresas contemplada en esta disposición, ya que la Ley alemana sobre la gestión de los derechos de autor supedita su actividad a una autorización de la autoridad pública, por una parte, y le impone, por otra, una serie de obligaciones de gestión, fundamentalmente la obligación de contratar y de gestionar los derechos de explotación, que están basadas en el Derecho público.
Comparto la opinión de la Comisión de que no puede seguirse este razonamiento. A este respecto, es necesario recordar en primer lugar que, tal como destacó el Tribunal de Justicia en el asunto BRT II, (
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) procede definir estrictamente el tipo de empresas que pueden invocar el apartado 2 del artículo 90, dado que esta disposición permite, en determinadas circunstancias, establecer excepciones a las normas del Tratado. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, aunque a dicha disposición pueden estar sometidas empresas privadas —como lo es seguramente en el caso de autos la empresa demandante-, «éstas deben, no obstante, estar encargadas de la gestión de servicios de interés económico general a través de un acto de la autoridad pública». El Tribunal de Justicia consideró que no se cumplía este requisito en el caso de la sociedad belga de explotación de los derechos de autor Sabam. Ahora bien, de acuerdo con una opinión acertada, lo mismo debería ocurrir en el caso de la demandante, a pesar de la Ley alemana sobre la gestión de los derechos de autor, ya que dicha Ley sólo regula la autorización a la que está sometida el ejercicio de esta actividad, los derechos y obligaciones de estas sociedades y la tutela que el Estado ejerce sobre ellas, pero no confía misión alguna a través de un acto de la autoridad pública a sociedades gestoras que deben descansar en principios de Derecho privado. Por último, y tal vez principalmente, debe reconocerse también que la Comisión tiene razón cuando afirma que la demandante gestiona únicamente los intereses privados de los artistas, sin que se le haya confiado la gestión de servicios de interés económico general.
Aun cuando, en definitiva, se quisiera considerar que se cumple dicho requisito, las normas sobre la competencia sólo serían inaplicables con arreglo a esta disposición en la medida en que su aplicación produjera modificaciones de hecho o de Derecho en el cumplimiento de las tareas específicas confiadas a las empresas afectadas. A este respecto, la demandante observa que si se extendiera la obligación de gestión a los artistas contemplados en la Decisión, ello le impediría de hecho cumplir la misión que se le ha confiado, ya que en ese caso quedaría obligada, por una parte, a desarrollar de forma considerable su estructura administrativa para poder comprobar en cada caso la existencia de derechos susceptibles de explotación y, por otra, a demostrar cada vez, en el momento del reparto de los ingresos por cánones, si los artistas extranjeros habían disfrutado o no de tales derechos. No obstante, como a este respecto se trata todo lo más de una dificultad administrativa adicional, no puede afirmarse que la aplicación de las normas de competencia supone para la demandante un obstáculo de hecho o de derecho que le dificulta el cumplimiento de la misión que se le ha confiado.
2. Sobre la cuestión de si, antes de imputar a la demandante un abuso de posición dominante de conformidad con el artículo 86 del Tratado, procede examinar sus Estatutos a la luz del artículo 85 del Tratado
Durante la fase oral del procedimiento, la demandante expresó sus dudas sobre si, a priori, un comportamiento de sus directivos conforme a sus Estatutos queda incluido en el cargo relativo a un abuso de acuerdo con el artículo 86, dado que dichos Estatutos, que deben considerarse una decisión adoptada por una asociación de empresas, no fueron sometidos en cuanto tales a un examen a la luz del artículo 85 del Tratado.
No obstante, en mi opinión, procede responder también negativamente a esta cuestión previa, ya que, en definitiva, la Comisión debe seguir disponiendo de libertad para reprimir el comportamiento abusivo de una empresa en el mercado basándose en el artículo 86, independientemente de la cuestión de si dicho comportamiento es imputable a una decisión de una asociación de empresas incompatible con el artículo 85 del Tratado, cuestión que debería comprobarse detalladamente.
3. Sobre la cuestión de si la demandante disfruta de una posición dominante en su condición de empresa a efectos del articulo 86 del Tratado
Por último, la demandante no niega que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véanse, a este respecto, la citada sentencia BRT II, (
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) y la sentencia Greenwich Film (
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)), es una empresa a efectos del artículo 86. Por el contrario, las opiniones difieren sobre la cuestión de si la demandante disfruta o no de una posición dominante. A su vez, esta cuestión depende de la forma en que se defina el mercado concretamente afectado.
En relación con el concepto, la demandante quisiera extender dicho mercado a los intercambios de prestaciones entre los artistas y los usuarios de las obras, ya que ella misma sólo ejerce su actividad en calidad de «cua-si-representante» de los artistas. Teniendo en cuenta un mercado tan ampliamente definido, se comprobaría que la demandante no disfruta de una posición dominante, ya que el intercambio de prestaciones entre los artistas y los usuarios de las obras podría efectuarse por otro medio y sin la intervención de una sociedad de explotación. Además, el supuesto de una posición dominante en el mercado quedaría ya excluida sólo põiel hecho de que, a diferencia de la gestión de los derechos de primera explotación, los artistas esperan en general de la segunda explotación ingresos relativamente escasos.
Por el contrario, la Comisión considera que el mercado de referencia incluye exclusivamente la gestión a título oneroso de derechos en concepto de segunda explotación por cuenta de los artistas y no el intercambio de prestaciones entre los artistas y los usuarios de las obras. Ahora bien, en este mercado de prestaciones de servicios tan estrechamente definido, la demandante es la única sociedad de explotación y, por lo tanto, dispone de una posición dominante.
Comparto la opinión de la Comisión según la cual el mercado de referencia incluye simplemente la gestión a título oneroso de derechos de segunda explotación por cuenta de los artistas y no el intercambio de prestaciones entre los artistas y los usuarios de sus obras. En este contexto debe reconocerse sin duda a la demandante que su actividad no consiste, como afirma la Decisión equivocadamente, en proporcionar prestaciones ejecutadas por los artistas y grabadas en soportes sonoros a los usuarios de sus obras, sino que su actividad principal sólo reside en la prestación de servicios que facilita a los artistas al gestionar sus derechos en concepto de segunda explotación y defender los derechos que de ahí resultan frente a los usuarios. No obstante, este error puede no tenerse en cuenta en la medida en que finalmente la Comisión parte también en su Decisión de la opinión según la cual el mercado de referencia consiste en la gestión a título oneroso de los derechos de los artistas. Pero si los artistas quieren hacer que sus derechos en concepto de segunda explotación sean gestionados de esta forma en Alemania, no tiene más remedio que recurrir a los servicios de la demandante que, en esta medida, dispone de una posición dominante, dado que en la República Federal de Alemania no existe ninguna otra sociedad de explotación que gestione los derechos en concepto de segunda explotación. En este marco, en contra de la opinión de la demandante, el importe del canon que los artistas pueden obtener por la explotación de sus derechos de autor carece de importancia a la hora de valorar la posición de la sociedad de explotación en el mercado.
4. Sobre el cargo relativo a la explotación abusiva de una posición dominante
En opinión de la Comisión, la demandante incumplió la prohibición de prácticas abusivas establecida en el párrafo primero del artículo 86 del Tratado, en la medida en que privó a los extranjeros sin domicilio en Alemania de la posibilidad de demostrar, en el caso de autos, la existencia de derechos en concepto de segunda explotación y de hacer que fueran gestionados. Al exigir que los extranjeros, a diferencia de los alemanes, tengan un domicilio en Alemania, aplica a los primeros un trato discriminatorio basado en la nacionalidad. La demandante objeta sobre esta cuestión que no trató de forma distinta a los artistas extranjeros debido a su nacionalidad, sino que simplemente introdujo distinciones según la «calidad de titular de derechos». No obstante, a este respecto, el domicilio constituye en su opinión un criterio objetivo, aunque no tiene valor obligatorio absoluto en materia de posesión de derechos de autor que pueden ser explotados en la República Federal de Alemania.
En realidad, el hecho de disponer de un domicilio en la República Federal de Alemania no prueba que un artista posea efectivamente, en el caso contemplado, derechos en concepto de segunda explotación. Por una parte, el nacimiento de los derechos no está relacionado con el domicilio y, por otra, es perfectamente posible que, aun teniendo un domicilio en Alemania, el artista haya cedido en otro lugar sus derechos susceptibles de explotación. Por lo tanto, la gestión de los derechos de segunda explotación sólo depende de si un artista es efectivamente titular de los derechos que dice poseer, correspondiéndole la carga de la prueba independientemente de su domicilio. En este sentido, el hecho de exigir a los extranjeros que tengan un domicilio en Alemania constituye una distinción que no está objetivamente justificada, dado que no se refiere a la prestación y, en consecuencia, como afirma acertadamente la Decisión, representa una discriminación basada en la nacionalidad prohibida por el Tratado.
No obstante, como expone con razón la Comisión, la discriminación basada en la nacionalidad a efectos del párrafo primero del artículo 86 no sólo es abusiva únicamente en la medida en que afecta a los ciudadanos. Al contrario, el concepto de abuso contenido en dicho artículo comprende todo comportamiento adoptado por una empresa que ocupa una posición dominante en el mercado frente a todos los participantes en éste, sin tener en cuenta su nacionalidad, desde el momento en que sea incompatible con los principios del mercado común y perjudique a las personas afectadas en la medida en que dicho comportamiento no se base en motivos objetivos relativos a la prestación. En consecuencia, el punto decisivo, quedando excluido cualquier otro, es que se cree una relación comunitaria en la medida en.que el comportamiento abusivo perjudique el comercio intracomunitário, criterio que deberá volver a ser examinado a continuación.
5. Sobre el cargo relativo a la discriminación a efectos de la letra c) del párrafo segundo del articulo 86 del Tratado
Basándose en la teoría según la cual sólo es la representante de los artistas, la demandante afirma que los artistas ejecutantes nacionales o extranjeros no son, a efectos de esta disposición, terceros contratantes que compiten entre sí respecto al ejercicio de sus derechos en concepto de segunda explotación. Como la mera reivindicación de derechos pecuniarios no puede considerarse como actividad comercial, los artistas no deben ser definidos en la vida económica como «empresarios», sino como «consumidores» que no pueden acogerse a la protección establecida por la letra c) del párrafo segundo del artículo 86 del Tratado.
En este contexto procede, en mi opinión, adherirse a la teoría de la Comisión según la cual, a efectos de dicha disposición, el concepto de «terceros contratantes» exige simplemente averiguar si existe o puede existir un intercambio de prestaciones con la empresa que domina el mercado, con independencia de que los terceros contratantes compitan o no en el marco de tales relaciones comerciales. Este intercambio de prestaciones entre los artistas y la demandante se concreta en el hecho de que la prestación de la demandante, a saber su actividad de gestión contemplada como prestación de servicios, sólo se produce a cambio de una indemnización que está constituida por una parte de los cánones percibidos. En consecuencia, los artistas afectados deben ser considerados terceros contratantes de la demandante, aun cuando no compitan respecto al servicio que esta última les presta al gestionar sus derechos en concepto de segunda explotación.
No obstante, la demandante observa acertadamente que la prohibición especial de discriminación de la letra c) del párrafo segundo del artículo 86 del Tratado sólo opera cuando existe una perturbación del juego de la competencia entre los terceros contratantes de la empresa dominante. Ahora bien, no ve en qué medida puede perjudicara la competencia que se hacen entre sí los artistas la gestión de derechos en concepto de segunda explotación por el hecho de que determinados artistas queden excluidos de dicha gestión. En efecto, en su opinión, en relación con la competencia en materia de «prestaciones» sólo es importante la ejecución artística y no la capacidad económica.
Sin embargo, procede responder a esta observación que, bajo el concepto de competencia, debe interpretarse la competencia de manera muy general, tomando a los terceros contratantes de la empresa dominante en el momento de la ejecución de sus prestaciones frente a sus usuarios. Pero en el momento de la «comercialización» de sus prestaciones artísticas, los artistas compiten unos con otros en la medida en que deben «vender» sus prestaciones a los «usuarios» de la forma más rentable posible. Aunque, en el marco de dicha competencia, debe reconocerse a la demandante que en el momento de la prestación artística la ejecución puede ser decisiva, no es menos cierto que, precisamente para los artistas ejecutantes que no disfrutan de una gran notoriedad, la capacidad económica no carece cuando menos de importancia en relación con su éxito en el mercado. En principio, un artista que obtiene ingresos por la realización de derechos en concepto de segunda explotación puede ofrecer su prestación a mejor precio que el que no dispone de tales ingresos. En consecuencia, se encuentra en una mejor situación de competencia aun cuando no debe olvidarse que, por una parte, en ciertos casos los derechos en concepto de segunda explotación se retribuyen al mismo tiempo que los derechos en concepto de primera explotación y, por otra, la pérdida de ingresos no es muy elevada —de acuerdos con los datos de la demandante, el canon medio correspondiente a una segunda explotación asciende aproximadamente a 3.000 DM—.
En relación con el problema de la equivalencia de las prestaciones efectuadas, la demandante destaca una vez más que, con arreglo al derecho de la propiedad literaria y artística, dichas prestaciones ofrecen aspectos diferentes para los artistas nacionales y los artistas extranjeros. Por lo tanto, en su opinión, se llega precisamente a la cuestión previa de saber si tales derechos existen y en qué medida.
No obstante, como he indicado anteriormente, en contra de la opinión de la demandante, debe considerarse que los derechos de propiedad artística de los artistas extranjeros tienen, en la medida en que existen en la República Federal de Alemania, un valor idéntico al de los de sus colegas nacionales, con independencia del domicilio, que nada aporta respecto a la existencia efectiva de derechos en concepto de segunda explotación. En esta medida, procede comprobar, tanto respecto a los artistas nacionales como a los extranjeros, que son titulares de tales derechos.
6. Sobre la falta de elementos justificativos
En este contexto, la demandante expone con carácter subsidiario una serie de motivos que, en su opinión, justifican objetivamente el diferente trato reservado a los artistas afectados, ya que los requisitos para la adquisición de derechos en concepto de segunda explotación son distintos para los artistas nacionales y los artistas extranjeros.
Sobre este punto, puedo limitarme una vez más —sin entrar en detalles— a hacer constar que, como he dicho anteriormente, la Decisión no tiene por objeto crear para cada artista una situación general idéntica a la de sus colegas. En este marco, tal como explica acertadamente la Comisión, la situación jurídica de los artistas extranjeros en la República Federal de Alemania río depende de su situación en el extranjero. Por el contrario, la cuestión primordial es saber si reciben el mismo trato que los artistas nacionales en relación con sus derechos en concepto de segunda explotación existentes —como se ha probado— en Alemania. Como, a este respecto, la exigencia de un domicilio en Alemania no se corresponde con la prestación, este requisito es fundamentalmente contrario a la prohibición contenida en el artículo 86 del Tratado. En este contexto, no puede negarse la posibilidad de que la demandante encuentre dificultades prácticas en la realización de derechos en concepto de segunda explotación por cuenta de artistas extranjeros, sin que, si embargo, ello pueda justificar la negativa general a celebrar contratos de gestión con los extranjeros que no están domiciliados en Alemania. En definitiva, tampoco se puede invocar como motivo justificativo la obligación de gestión contenida en el artículo 6 de la Wahrnehmungsgesetz (Ley sobre la gestión), ya que dicha obligación no significa en cualquier caso que no puedan ser gestionados los derechos en concepto de segunda explotación pertenecientes a los demás artistas. Aunque, en particular, como piensa la demandante, la inclusión de los artistas extranjeros debería llevar efectivamente a que los ingresos por cánones disponibles tuvieran que repartirse entre un mayor número de titulares, lo que produciría un efecto perjudicial para los artistas nacionales, siempre se podría solucionar este inconveniente, a poco que la demandante estableciera cánones más elevados en el marco de acuerdos generales suscritos con el usuario de obras musicales.
7. Sobre la incidencia en el comercio entre Estados miembros
Como expuso la demandante durante la fase oral del procedimiento, coincide con la Comisión en estimar que el hacerse cargo de misiones de gestión constituye una prestación de servicios y que esta última está incluida en el concepto de «comercio», tal como lo ha definido el Tribunal de Justicia en una serie de sentencias, en particular la Greenwich Film. (
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) No obstante, según la demandante, la demandada olvida la diferencia decisiva entre los derechos de autor «comercializables» y los derechos de propiedad artística en concepto de segunda explotación no comercializables. En consecuencia, la demandante no comprende cómo su comportamiento supuso un perjuicio para la libre circulación de servicios fuera de las fronteras.
Sin embargo, en el asunto Greenwich Film el Tribunal de Justicia estableció el principio según el cual la forma que revista la actividad de gestión de una sociedad de explotación puede afectar a la circulación de los servicios y al comercio entre los Estados miembros a efectos del artículo 86 del Tratado. Dado que, hasta el 21 de noviembre de 1980, la demandante se negó a celebrar contratos de gestión con artistas extranjeros domiciliados en otros Estados miembros, no se descarta que, como afirmó la Comisión en su Decisión, se hayan creado por esta vía obstáculos artificiales a la circulación de servicios entre la demandante, en su calidad de prestador de servicios en Alemania, y los artistas extranjeros, en su calidad de beneficiarios de servicios en otro Estado miembro. A este respecto, poco importa que la demandante limitara su actividad al territorio de la República Federal de Alemania, ya que en cualquier caso los terceros contratantes situados en otros Estados miembros quedaron excluidos de esta prestación.
En opinión de la Comisión, este comportamiento podía afectar también al comercio de manera sensible, puesto que una gran cantidad de titulares extranjeros se encontraron con el obstáculo de que se trata en el marco de la gestión de sus derechos.
No obstante, al igual que la demandante, dudo un poco de que este requisito de la prohibición de abusos de posición dominante se cumpliera efectivamente. Creo que no dispongo de elementos suficientes para pronunciarme sobre esta cuestión. Por ejemplo, en el fondo puede preguntarse si el comportamiento de la demandante puede tener incidencia sobre la estructura de la competencia efectiva en el mercado común. En este contexto, debe tenerse en cuenta en particular el hecho de que, aún después de que la demandante pusiera en conocimiento del público que había modificado su práctica en materia de gestión, de acuerdo con sus datos sólo un total de 133 artistas nacionales de otro Estado miembro —es decir el 0,6 % del número total de artistas de los que se encarga— presentaron una petición de gestión de sus derechos en concepto de segunda explotación.
III.
En conclusión, para resumir mi postura, considero que el Tribunal de Justicia sólo debe desestimar el recurso si, en contra de läs conclusiones que presenté el 16 de noviembre de 1982, estima que, teniendo en cuenta las circunstancias concretas del caso de autos, la Comisión era competente para adoptar la Decisión mencionada y si decide además que el comportamiento de la demandante podía afectar de manera sensible el comercio entre los Estados miembros.
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*1
)	Lengua original: alemán.
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1
)	Sentencia de 29 de octubre 1980, Van Landewyck/Comisión, «FEDETAB» (asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78, ↔ Rec. p. 3125).
(
2
)	Sentencia citada en la nota 1 supra.
(
3
)	Sentencia de 21 de febrero de 1973(6/72, ↔ Rec. p. 215).
(
4
)	Sentencia de 13 de julio de 1966 (asuntos acumulados 56/64 y 58/64, ↔ Rec. p. 429).
(
5
)	Sentencia de 21 de marzo de 1974, BRT, «BRT II» (127/73, ↔ Rec. p. 313).
(
6
)	Sentencia citada en la nota 5 supra.
(
7
)	Sentencia de 25 de octubre de 1979 (22/79, ↔ Rec. p. 3275).
(
8
)	Sentencia citada en la nota 7 supro.