61967C0002
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. KARL ROEMER
presentadas el 1 de junio de 1967 (
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)
Índice
Introducción (exposición de los hechos, cuestiones planteadas por el Tribunal remitente)
Respuesta a las cuestiones planteadas
1. Objeciones suscitadas por la demandada en el proceso ante el Juez de Luxemburgo
2. Respuesta a la primera cuestión
3. Respuesta a la segunda cuestión
4. Resumen y conclusiones
Señor Presidente,
Señores Jueces,
El presente proceso, cuyo origen es una petición de la Cour supérieure de justice de Luxembourg «en funciones de Cour de cassation» nos da por primera vez ocasión de presentar conclusiones sobre una materia poco clara y difícilmente comprensible: la Seguridad Social de los trabajadores migrantes.
Mis conclusiones versarán sobre los siguientes hechos:
A lo largo de su vida profesional, el demandante en el litigio pendiente ante la Cour de Luxembourg ejerció la profesión de representante de comercio sucesivamente en Alemania, Bélgica y Luxemburgo; se afilió a los regímenes de Seguridad Social de cada uno de estos países a los efectos del seguro de jubilación. Al cumplir, el 24 de enero de 1958, sesenta y cinco años, cuando residía y ejercía una actividad en el Gran Ducado de Luxemburgo (en Bertrange), y alcanzar de este modo el límite de edad que requerían las legislaciones de los tres Estados miembros, no pudo presentar a la Caisse de pension luxembourgoise des employés privés una solicitud de pensión de jubilación, por no haber cumplido el período de diez años de cotización que se exigía en este caso. Este requisito no se cumplió hasta el 1 de julio de 1959, habiendo entretanto continuado en el ejercicio de su actividad. Cuando se procedió a calcular el importe de la pensión de jubilación, las instituciones de seguros de los tres Estados miembros se atuvieron al Reglamento no 3 del Consejo relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes. A este respecto hay que indicar que, de acuerdo tanto con la legislación luxemburguesa como de la belga, el demandante tenía derecho a la prestación sin recurrir a la acumulación de los períodos de cotización en los diferentes Estados miembros, mientras que, como el régimen de Seguridad Social alemán exige un período de quince años de cotización, no podía beneficiarse de la prestación más que computando los períodos de cotización en los otros Estados miembros. Aplicando la letra b) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3 la institución de seguros de Luxemburgo (véase la decisión de la «sous-commision des pensions» de 24 de octubre de 1962) calculó primeramente el importe de la prestación a la que el interesado tendría derecho según la legislación de Luxemburgo si todos los períodos de cotización se hubieran hecho efectivos en aquel país. Seguidamente, el importe de la pensión que habría de pagar la institución de Luxemburgo se calculó sobre la base de este importe («teórico») a prorrata de la duración de los períodos cotizados bajo la legislación luxemburguesa antes de la producción de la contingencia, en relación con la duración total de los períodos cotizados bajo las legislaciones de todos los Estados miembros interesados antes de la producción de la contingencia». Este método de cálculo -he citado casi literalmente el artículo 28 del Reglamento no 3- es llamado generalmente «prorrateo».
En el caso del demandante, tuvo como consecuencia que la pensión que había de pagar la institución luxemburguesa fuera de importe inferior al que habría resultado del cálculo de la pensión según el Derecho luxemburgués, en función tan sólo de los períodos de cotización en Luxemburgo; en efecto, la pensión de jubilación que abonan las instituciones de este país se compone de una parte fija («parte fundamental»), que es independiente del período de cotización, y una parte complementaria que se calcula en función de esta última.
Se comprende que el demandante no aceptara este resultado y recurriera al Conseil arbitral des assurances sociales. Pedía, en primer lugar, que su caso se decidiera tan sólo según el Derecho luxemburgués, y computando tan sólo los períodos de cotización hechos efectivos en este país, ya que no necesitaba computar (es decir, acumular, como lo dispone el artículo 27 del Reglamento no 3) períodos de cotización hechos efectivos en otros Estados miembros. En consecuencia, según el demandante, no se debía recurrir al prorrateo. En cualquier caso, según la letra e) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3, no era lícito computar en este cálculo los períodos de cotización hechos efectivos en Bélgica y las prestaciones debidas en este país; en efecto, de acuerdo con la Ley belga de 12 de julio de 1957 (modificada por la Ley de 3 de abril de 1962), la cuantía de la pensión a cargo de la institución belga no era abonada aunque se hubiera alcanzado el límite de edad y se cumplieran los restantes requisitos, en tanto que el interesado continuara ejerciendo una actividad profesional, como en el presente caso.
Mediante resolución de 27 de noviembre de 1963, el Conseil arbitral dio la razón al recurrente y revocó la decisión de la Caisse. Pero no terminó así el asunto. La Caisse apeló y una resolución del Conseil supérieur des assurances sociales de 19 de noviembre de 1964 declaró válida la decisión inicial de la subcomisión de pensiones. Indicó en particular que, conforme a la letra e) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3, no era posible no computar los períodos de cotización cubiertos en Bélgica, ya que se cumplían los requisitos exigidos por el Derecho belga para el nacimiento del derecho a pensión y que sólo se suspendió el pago de la pensión en razón de que el interesado continuaba ejerciendo una actividad.
Finalmente, a instancia del demandante, el asunto llegó al más alto órgano de Luxemburgo, la Cour supérieure de justice en funciones de Cour de cassation. Ésta decidió que, para juzgar aquel caso, era preciso resolver algunas cuestiones de Derecho comunitario. Esta es la razón por la que, siguiendo las conclusiones de su procureur général d'État, decidió, el 5 de enero de 1967, suspender el procedimiento y, de acuerdo con el artículo 177 del Tratado CEE, someter al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la cuestión de «si el comienzo y la letra b) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3 del Consejo relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes, de 25 de septiembre de 1958, es aplicable para fijar la cuantía de la pensión de jubilación debida por la Caisse de pensión de employés privés de Luxembourg, incluso en el caso en el que dicha aplicación no tuviera por efecto la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones de las que trata el apartado 1 del artículo 27, y con carácter subsidiario, si el artículo 28 del citado Reglamento no 3, considerado como indistintamente aplicable incluso al margen de los casos de adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones, es conforme a la disposición en que se basa el citado artículo 28, a saber el artículo 51 del Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957 y es, por lo tanto, plenamente válido».
De acuerdo con el artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia, las partes en el litigio ante el órgano jurisdiccional nacional, los Estados miembros, la Comisión y el Consejo han tenido la posibilidad de formular observaciones sobre estas cuestiones. La Caisse de pension luxembourgeoise y la Comisión presentaron observaciones escritas. Además, en la vista, estas instituciones y el demandante en el litigio ante el órgano jurisdiccional luxemburgués informaron brevemente. A la luz de estas observaciones y de la jurisprudencia elaborada hasta el presente por este Tribunal de Justicia sobre el Reglamento no 3, voy a intentar responder ahora a las cuestiones planteadas.
Respuesta a las cuestiones planteadas
1. Objeciones suscitadas por la demandada en el proceso ante el Juez de Luxemburgo
Ante todo he de examinar brevemente ciertas objeciones que la parte demandada en el proceso ante el órgano jurisdiccional luxemburgués ha suscitado en sus observaciones. Según ellas, el Tribunal de Justicia debería declararse incompetente en relación con las cuestiones planteadas, ya que el litigio propiamente dicho no versa sobre el Derecho comunitario, sino sobre la interpretación del Derecho belga. Habría igualmente que considerar que los objetivos del artículo 51 del Tratado CEE no comprendían casos como el presente, ya que se trata de un asegurado que, en el momento en que se firmó el Tratado CEE, estaba cerca de cumplir los 65 años y no podía, como trabajador migrante, beneficiarse de las ventajas dispuestas por el mismo, ni adquirir nuevos derechos a las prestaciones.
Opino que estas objeciones no son correctas.
En lo que se refiere en primer lugar a la última cuestión, como lo demostró la Comisión en el curso de los debates orales, se deduce claramente de la terminología de varias disposiciones del Reglamento no 3, que el mismo no se aplica tan sólo en los casos en que los trabajadores migrantes hayan adquirido derechos después de la entrada en vigor del Reglamento, sino que se debe igualmente aplicar a los contratos de trabajo terminados antes de su entrada en vigor. Esto lo indican, en particular, las disposiciones de los artículos 4,27 y 28 (en el capítulo sobre jubilación y fallecimiento) y 53. Es por lo tanto muy posible que la interpretación que se nos solicita sea necesaria para el litigio pendiente ante el Tribunal de Luxemburgo, que debe ser resuelto de acuerdo con el Derecho comunitario y cuya solución exige que se tengan en cuenta igualmente elementos que no tienen por consecuencia la adquisición de derechos, a condición tan sólo de que sean relevantes para la ley nacional aplicable. Por lo tanto, las cuestiones de interpretación planteadas son importantes para la sentencia nacional que ha de dictarse.
En relación con la primera objeción suscitada por la demandada en el litigio ante el órgano jurisdiccional luxemburgués, diré que no se refiere evidentemente al conjunto de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia, sino tan sólo, salvo error por mi parte, a la segunda parte de éstas, es decir, sobre la interpretación de las letras e) y f) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3. En todo caso, el Tribunal de Justicia tendrá, pues, que pronunciarse sobre si es posible realizar el cálculo proporcional dispuesto por el artículo 28 cuando no es necesaria la acumulación de los diferentes períodos de cotización para el nacimiento del derecho a las prestaciones en un Estado miembro. Pero además, el Tribunal es igualmente competente para interpretar la segunda cuestión. Sin duda, se puede admitir que la cuestión de si el demandante adquirió definitivamente derecho a las prestaciones según el Derecho belga y si tan sólo es la efectividad de este derecho la que ha estado suspendida en razón de que el interesado ha continuado ejerciendo una actividad, ha quedado resuelta definitivamente por los órganos jurisdiccionales inferiores luxemburgueses como un problema de interpretación del Derecho extranjero, es decir, que esta cuestión no puede ser examinada nuevamente por la Cour de cassation. Aun así, la cuestión de cuál será la incidencia de esta consecuencia jurídica, derivada del Derecho belga, en la aplicación del Derecho comunitario, no ha quedado, sin embargo, resuelta. Es evidente que se trata igualmente de un problema de interpretación del Derecho comunitario y que el Tribunal de Justicia tiene competencia para resolverlo.
Finalmente recordaré brevemente que una solicitud de revocación formulada por la Caisse, parte demandada, y dirigida contra la resolución de remisión, suscitó ciertos problemas en el marco del litigio ante el órgano jurisdiccional luxemburgués. Pero estos problemas no tienen importancia para nosotros, ya que el Tribunal de Luxemburgo no ha solicitado la suspensión de las actuaciones en el procedimiento prejudicial. Se deduce de esto que dicho Tribunal opina que de todos modos una decisión sobre las cuestiones planteadas es necesaria para pronunciar su sentencia, cualquiera que sea el curso que se de a la solicitud de revocación de la remisión.
Por lo tanto, no procede la inadmisión de las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia por alguna de las razones indicadas. Examinaré, pues, cuáles son los problemas de interpretación que estas cuestiones suscitan en particular.
2. Respuesta a la primera cuestión
No es necesario que repitamos el texto de la primera cuestión. Fundamentalmente se trata de si es posible calcular el importe debido por una institución de seguro según la prorrata dispuesta por la letra b) del apartado 1 del artículo 28 (lo que se llama el prorrateo), incluso cuando la acumulación de los períodos de cotización cubiertos en los diferentes Estados miembros, de acuerdo con el artículo 27, no sea necesaria para el nacimiento del derecho a pensión.
No obstante, como la Comisión justamente indica, esta cuestión, redactada en términos generales, exige primero ser aclarada a la luz de los hechos del caso concreto; se trata, en efecto, de un asegurado que no necesita recurrir a la acumulación de sus períodos de cotización para adquirir su derecho en relación con la legislación de Luxembourg, pero que debe tenerla en cuenta para justificar su derecho a pensión en relación con el seguro de jubilación alemán. Hay pues que preguntarse si el artículo 28 es aplicable para todos los derechos a las prestaciones de un asegurado, incluso si su adquisición depende de la acumulación de los períodos de cotización tan sólo en un Estado miembro.
Si hubiera que atenerse tan sólo al texto del Reglamento no 3, creo que la interpretación no plantearía dificultades. En lo que se refiere a la aplicación del artículo 28, se limita a remitir al «asegurado mencionado en el artículo 27», definido a su vez como una persona que ha estado sujeta sucesiva o alternativamente a la legislación de dos o varios Estados miembros. El criterio decisivo de aplicación sería, pues, el que el asegurado haya esta sujeto a las legislaciones de varios Estados miembros, y no la necesidad, para adquirir el derecho a pensión, de acumular los períodos de cotización cubiertos en los diferentes Estados miembros. Si los autores del Reglamento hubieran deseado este último requisito, la fórmula de introducción del artículo 28 (así puede afirmarse con certeza) habría sido redactada de diferente manera.
No obstante, como lo he señalado en diversas ocasiones, este método de interpretación no es suficiente para los textos del Derecho comunitario. Por esta razón, cuando se trataba de interpretar el Reglamento no 3 en asuntos anteriores, el Tribunal de Justicia se inspiró ante todo en los objetivos hacia los que, según el propio Tratado, debían encaminarse los Reglamentos del Consejo sobre la Seguridad Social de los trabajadores migrantes, y se preguntó cuáles eran, en estas condiciones, el espíritu y la finalidad del Reglamento no 3.
Su respuesta, formulada en el asunto 100/63_- del cual entendió este Tribunal de Justicia por remisión de la Céntrale Raad van Beroep, era la siguiente: la finalidad del artículo 51 del Tratado es permitir al trabajador migrante la adquisición del derecho a prestaciones mediante la acumulación de los períodos de trabajo que cubrió en los diferentes Estados miembros. Este objetivo no se alcanzaría si el trabajador migrante «para ejercitar la libre circulación que se le garantiza, tuviera que sufrir la pérdida de derechos ya adquiridos en uno de los Estados miembros». En cuanto a las relaciones que existen entre el artículo 27 y el artículo 28 del Reglamento no 3, el Tribunal de Justicia afirma que «los requisitos de aplicación de este artículo están sujetos a los del artículo 27»; tan sólo cuando los requisitos exigidos para el nacimiento del derecho a prestaciones se cumplen por medio de la acumulación de períodos de trabajo hechos efectivos en los diferentes Estados miembros, en tal supuesto las prestaciones de seguro podrían calcularse mediante prorrateo de los períodos de trabajo; por lo tanto, el artículo 28 sólo se aplica «cuando se trata de adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones» conforme al artículo 27 del Reglamento no 3.
Aun así sería erróneo llegar a la conclusión de que la cuestión que nos interesa ahora ha recibido ya una respuesta definitiva. Por una parte, no hay que olvidar el aspecto particular que presenta este caso, y que permite preguntarse si la necesidad de aplicar el artículo 27 para la adquisición de derecho a prestaciones en un Estado miembro basta para justificar el cálculo proporcional de los derechos a prestaciones adquiridos en otro Estado miembro sin recurrir a la acumulación de los diferentes períodos de cotización. Pues, incluso en caso afirmativo, es decir, si admitimos que existe entre el artículo 28 y el artículo 27 un vínculo menos estrecho que lo que parece afirmar la sentencia 100/63, se puede, en un caso como el presente, como lo ha demostrado la Comisión (y prescindo del Derecho belga, del que trataré más tarde) evitar el riesgo de que un trabajador migrante obtenga prestaciones «inferiores al total de aquellas a las que tendría derecho, sin la aplicación de dicho Reglamento, conforme a la legislación de cada uno de los Estados miembros» (
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) y esto por el sistema de complementos previsto por el apartado 3 del artículo 28 del Reglamento no 3. Por otra parte, en un proceso posterior (asunto 4/66), el Tribunal de Justicia, ante cuestiones análogas, tomó como base para su interpretación un elemento suplementario, destinado a tener en cuenta el espíritu y finalidad del Reglamento no 3. Declaró en aquel momento que, si bien era cierto que una interpretación conjunta del Reglamento no 3 y del artículo 51 del Tratado conducía al principio de que el desplazamiento no debía producir para el trabajador migrante la pérdida de los derechos a las prestaciones, tampoco era admisible que, por el simple juego de las legislaciones de varios Estados miembros «(un) trabajador migrante debiera obtener necesariamente un importe total más elevado que aquel al que tendría derecho conforme al apartado 3 del artículo 28». Según este artículo «si el importe de la prestación que el interesado puede solicitar, sin aplicación de las disposiciones del artículo 27, tan sólo por los períodos de cotización cubiertos conforme a la legislación de un Estado miembro, es superior al total de las prestaciones que resulte de la aplicación de los apartados 1 y 2 precedentes del presente artículo, tendrá derecho, por parte de la institución de este Estado, a un complemento igual a la diferencia». De este modo, para la interpretación del Reglamento no 3, el Tribunal de Justicia ha reconocido abiertamente la necesidad de evitar una acumulación indebida de las prestaciones del seguro, necesidad que se funda en que las relaciones de la Seguridad Social no tienen un carácter estrictamente sinalagmático, y que las prestaciones en este campo son financiadas en gran medida con la ayuda de fondos públicos.
Como indicó la Comisión, este riesgo, incompatible con el espíritu del Reglamento no 3 (artículo 11) existe en particular en los regímenes de seguro, como el de Luxemburgo, que no establece ningún período mínimo de cotización o sólo un período de corta duración y para los cuales el derecho a prestaciones (en todo caso en lo que se refiere a la «parte fundamental») no depende de la duración de la cotización. Si, en este caso, tras haber estado afiliado durante bastante tiempo a un régimen de Seguridad Social de un Estado miembro que condiciona el derecho a las prestaciones a la duración de las cotizaciones, un trabajador migrante ejerce después su actividad tan sólo por un breve período en un Estado miembro que aplica uno de estos sistemas especiales, la simple acumulación de los derechos a las prestaciones producirá para el asegurado unos beneficios que deberían estimarse injustificados, porque se puede pensar que estos sistemas especiales fueron concebidos para el caso normal del trabajador que desarrolla toda su vida laboral en el marco de un solo régimen de seguro. De esta manera el asegurado tendría realmente un doble derecho a las prestaciones por el mismo período de cotización.
Para evitar esta acumulación, teniendo en cuenta que el Reglamento no 3 en su forma actual no prevé un derecho de opción a favor de un régimen de seguro que produzca la pérdida de los derechos a las prestaciones con respecto a las otras instituciones (apartado 4 del artículo 28 del Reglamento no 3), la única solución posible es recurrir al principio del prorrateo. Aunque es cierto, como admite la Comisión, que esto no justifica adoptar el principio del cálculo proporcional en general, en tanto que no entre en vigor el nuevo sistema provisto de amplios mecanismos de compensación, destinado a evitar la pérdida de los derechos a las prestaciones, permite, sin embargo, una interpretación relativamente amplia del artículo 28 para los casos como el presente, en los que no hay peligro de pérdida de los derechos a las prestaciones. Realmente esta interpretación está igualmente indicada por la necesidad de aplicar, de manera uniforme el Reglamento no 3 a las situaciones en que intervienen varias legislaciones nacionales de seguro. Efectivamente, en un cierto sentido, los diferentes derechos a prestaciones respecto a diferentes regímenes de Seguridad Social constituyen para el trabajador migrante una unidad. Por esta razón no es admisible valorar de manera diferente la actividad laboral de un trabajador migrante cumplida en varios Estados miembros, de modo que para un país sólo se computara un cierto período de su actividad, mientras que para otro país se computara el conjunto de la misma según el artículo 27 del Reglamento no 3. Si, por lo tanto, el trabajador migrante disfruta de las ventajas del Reglamento no 3, gracias al artículo 27 del mismo, lo que implica necesariamente recurrir al cálculo proporcional dispuesto por el artículo 28, a este trabajador migrante no se le puede aplicar en otro Estado miembro el artículo 28 de manera diferente. Finalmente, esta interpretación se encuentra igualmente confirmada por la interpretación comparativa de las letras f) y g) del artículo 28. En efecto, en tanto que con arreglo a la letra f), si una persona cumple con los requisitos de una sola de las legislaciones de los Estados miembros, sin que le sea necesario recurrir a los períodos cubiertos bajo una o varias de las restantes legislaciones, el importe de la prestación se determina conforme a la única legislación con respecto a la cual se adquiere el derecho, teniendo tan sólo en cuenta los períodos cubiertos bajo esta legislación, la letra g) dispone una revisión, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) (es decir, con el cálculo proporcional) de las prestaciones ya liquidadas en las condiciones dispuestas de acuerdo con la letra f) «a medida que se cumplan los requisitos exigidos por una o varias de las otras legislaciones, teniendo en cuenta la acumulación de los períodos mencionada en el artículo 27».
La respuesta que hay que dar a la primera cuestión sometida al Tribunal de Justicia debería ser la siguiente: la letra b) del apartado 1 del artículo 28 es también aplicable para el cálculo de las pensiones de jubilación previstas por el Reglamento no 3 respecto a la institución del seguro de un Estado miembro cuya legislación concede derecho a las prestaciones sin computar los períodos de cotización cubiertos en otro Estado miembro, cuando la legislación del otro Estado miembro hace necesaria esta acumulación para adquirir derecho a las prestaciones.
Esta respuesta me obliga, pues, a examinar la segunda cuestión, la que, salvo error por mi parte, sólo quedaría privada de objeto si no se admitiera la posibilidad de prorrateo en el caso presente.
3. Respuesta a la segunda cuestión
Mediante la segunda cuestión el Tribunal remitente desea saber si el artículo 28 del Reglamento no 3 es conforme al artículo 51 del Tratado, es decir, si es válido en el supuesto de que sea aplicable incluso al margen de los casos de adquisición del derecho a las prestaciones gracias a la acumulación de varios períodos de cotización.
Con referencia a ciertas afirmaciones de la resolución de remisión así como a las conclusiones del procureur général d'État de Luxembourg, la Comisión plantea a priori la cuestión de si el Tribunal a quo solicitaba al Tribunal de Justicia apreciar la validez de la disposición discutida o tan sólo interpretarla.
Ahora bien, opino que esta cuestión está fuera de lugar, porque tan sólo cuenta la voluntad expresada por la resolución de remisión, formulada de manera bien clara, en particular, en la cuestión final. Se plantea tan sólo en una apreciación objetiva de todos los elementos del caso presente, tal como los conocemos. En efecto, observo que las dudas manifestadas por el Tribunal remitente sobre la validez del artículo 28 del Reglamento no 3 se basan en una cierta valoración de este artículo que dicho Tribunal considera afirmada e inatacable. Esta opinión se funda en ciertos términos empleados por el Derecho belga de la Seguridad Social relativos al nacimiento de los derechos a las prestaciones del seguro y la suspensión de las prestaciones en el caso en que el interesado continúe ejerciendo una actividad. Ahora bien, realmente no se trata tan sólo de una interpretación del Derecho belga que proviene del órgano jurisdiccional de Luxemburgo en concepto de apreciación de hechos y que se impone a la Cour supérieure de justice de aquel país en funciones de Cour de cassation, sino también de una interpretación en el marco del Derecho comunitario de la consecuencia jurídica que se deriva del Derecho belga. He, pues, de preguntarme si en el procedimiento de remisión hay que basarse tan sólo en la interpretación del Derecho comunitario admitida por la Cour supérieure de Luxembourg y resolver sobre esta base la cuestión de la validez, o bien si el Tribunal de Justicia es competente para deducir de la cuestión de la validez una cuestión de interpretación que, según la respuesta que se le dé, puede dejar sin objeto a la primera. Opino que no cabe duda de que el Tribunal de Justicia está facultado para elegir la segunda opción de la alternativa y que, por lo tanto, tendré, en primer lugar, que esforzarme en resolver la cuestión de la interpretación, que en el presente caso debe considerarse planteada implícitamente en lo que se refiere al artículo 28 del Reglamento no 3.
Esta cuestión versa sobre la interpretación de las letras e) y f), cuyo tenor es el siguiente:
«e)
si el interesado, teniendo en cuenta la acumulación de los períodos mencionados en el artículo 27, no reúne, en un determinado momento, los requisitos exigidos por todas las legislaciones que le son aplicables, pero cumple con los requisitos de una o varias de éstas, el importe de la prestación se determina de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del presente apartado; no obstante, si el derecho se adquiere de esta forma en relación con al menos dos legislaciones, y si no es necesario computar los períodos cubiertos bajo las legislaciones cuyos requisitos no se reúnen, estos períodos no serán computados para la aplicación de las disposiciones de la letra b) del presente apartado;
f)
si el interesado no reúne en un determinado momento los requisitos exigidos por todas las legislaciones que le son aplicables, pero cumple con los requisitos de una de ellas tan sólo, sin que sea necesario computar los períodos cubiertos bajo una o varias de las otras legislaciones, el importe de la prestación será determinado según la única legislación conforme a la cual se adquiere el derecho, computando tan sólo los períodos cubiertos bajo esta legislación».
Como tiene conocimiento este Tribunal, la Cour supérieure de justice de Luxembourg opina que no es posible en el caso presente la aplicación de estas disposiciones, puesto que en el Derecho belga ha nacido realmente un derecho a las prestaciones, y tan sólo está suspendida la efectividad del mismo por continuar el interesado ejerciendo una actividad. El verdadero problema de interpretación estriba, por lo tanto, en la búsqueda del sentido de los términos siguientes: «legislaciones […] cuyos requisitos no se reúnan». ¿Hay que entender aquí que se trata tan sólo de requisitos de tiempo, es decir, de la existencia de un período mínimo legal de cotización (que el demandante ha cubierto efectivamente según el Derecho belga), o bien que se den todos los requisitos legales exigidos para que las prestaciones del seguro sean efectivamente pagadas (es decir, igualmente la condición exigida por el Derecho belga de que el interesado no ejerza actividad alguna tras alcanzar el límite de edad)?
En realidad, si me inspiro tan sólo en el texto de las disposiciones controvertidas, podría inclinarme a resolver la cuestión en el mismo sentido que el órgano jurisdiccional de Luxemburgo, es decir, declarar que, para la aplicación de las letras e) y f), lo único relevante es el nacimiento de un derecho a las prestaciones en función de los períodos de cotización. Pero, con independencia de las objeciones de principio contra una importancia exagerada del texto de la interpretación de las normativas comunitarias, se podría alegar que el Reglamento no 3 debe interpretarse teniendo en cuenta los objetivos del artículo 51 del Tratado. Por esta razón hay que dar preferencia a la interpretación que asegura la realización de estos objetivos, y según la cual el Reglamento del Consejo es válido, desde el punto de vista del Tratado. En particular, hay que tener en cuenta el principio señalado por la jurisprudencia de que en la interpretación de los Reglamentos sobre la Seguridad Social de los trabajadores migrantes, el asegurado no debe sufrir una disminución de sus derechos en comparación con su situación si dichos Reglamentos no hubieran sido aplicados. Ahora bien, se puede en el presente caso tener en cuenta ese requisito sin forzar el texto del artículo 28, cuya redacción realmente no es ni muy precisa ni muy clara. En efecto, las letras e) y f) del artículo 28 no distinguen de manera sutil, como lo hace la Cour de Luxembourg, entre la adquisición de un derecho y la suspensión del pago del mismo; se limitan a hablar de manera general de reunir los requisitos exigidos por ciertas legislaciones. Entre los mismos puede incluirse ciertamente, aquella que establece que tras alcanzar la edad de jubilación el interesado no ejerza ninguna actividad, como lo dispone la Ley belga de 12 de julio de 1957. En otro caso, la legislación belga ejercería, mediante el cálculo proporcional realizado conforme el artículo 28, una influencia perjudicial sobre la cuantía de las prestaciones que habría de pagar la institución de Luxemburgo, es decir, que el asegurado de este país experimentaría una pérdida de sus derechos tan sólo por ser trabajador migrante.
Por lo tanto, y de acuerdo con la Comisión, considero defendible una interpretación del artículo 28 que, cuando se trata de aplicar la letra e), autoriza a no computar los períodos de cotización cubiertos bajo una legislación que, por cualquier razón, deniega, provisional o definitivamente, el pago de la pensión de jubilación.
En consecuencia, la cuestión de la validez del artículo 28 carece efectivamente de relevancia.
4. Resumen y conclusiones
En lo que se refiere a las conclusiones, resumiré mi opinión de la manera siguiente: la respuesta que hay que dar a la primera cuestión planteada a este Tribunal debe ser la siguiente: la letra b) del apartado 1 del artículo 28 es igualmente aplicable para el cálculo de las pensiones de jubilación dispuesto por el Reglamento no 3 con respecto a las instituciones del seguro de un Estado miembro cuya legislación prevé el nacimiento de un derecho a prestaciones sin tener en cuenta los períodos de cotización cubiertos en otro Estado miembro, cuando la legislación de este Estado miembro hace necesaria esta acumulación para la adquisición del derecho a las prestaciones.
La segunda cuestión, relativa al examen de la legalidad del artículo 28, incluye de manera implícita una cuestión de interpretación de este artículo. La respuesta debe ser la siguiente: de acuerdo con la letra e) del artículo 28, para la determinación de la pensión de jubilación se puede, tanto para el importe total como para el cálculo proporcional, dejar de computar los períodos de cotización que se han cubierto bajo la legislación de otro Estado miembro en el caso en que, según la legislación de este Estado, la prestación no deba ser pagada por cualquier motivo.
El Tribunal de Justicia no tiene que pronunciarse sobre las costas cuya liquidación compete al Tribunal remitente.
(
*1
)	Lengua original: alemán.
(
1
)	Véase el asunto 100/63 (↔ Rec. 1964, pp. 1105 y ss., especialmente p. 1121).