62023CC0337
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANTHONY MICHAEL COLLINS
presentadas el 12 de septiembre de 2024 (
1
)
Asunto C‑337/23
APS Beta Bulgaria EOOD,
Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria)]
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas abusivas — Directiva 93/13/CEE — Directiva 2008/48/CE — Fianza a cambio de una remuneración constituida por un fiador profesional elegido por el prestamista — Contratos de crédito vinculados — Reembolso de un préstamo por el fiador — Subrogación en los derechos del prestamista»
I. Introducción
1.
Mediante la presente petición de decisión prejudicial, el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria) plantea al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones relativas a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de determinadas cláusulas incluidas en contratos de crédito al consumo cuando los cesionarios de garantías de préstamo pretenden recuperar de los consumidores prestatarios las cantidades prestadas en virtud de dichos contratos.
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
2.
El artículo 3 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, (
2
) dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones:
[…]
c)
“contrato de crédito”: contrato mediante el cual un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un crédito en forma de pago aplazado, préstamo u otra facilidad de pago similar […]
n)
“contrato de crédito vinculado”: un contrato de crédito en el que
i)
el contrato en cuestión sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos, y
ii)
los dos contratos constituyen una unidad comercial desde un punto de vista objetivo; se considerará que existe una unidad comercial cuando el proveedor del bien o el suministrador del servicio financian el crédito al consumo o, en el caso de que este sea financiado por un tercero, cuando el prestamista se sirve de la intervención del proveedor del bien o el suministrador del servicio en la preparación o celebración del contrato de crédito, o cuando los bienes específicos o la prestación de un servicio específico vienen expresamente indicados en el contrato de crédito.»
3.
El artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/48 es del siguiente tenor:
«Si los bienes o servicios estipulados en un contrato de crédito vinculado no son entregados, o lo son solo en parte, o no son conformes con el contrato de suministro de bienes o servicios, el consumidor tendrá derecho de recurso contra el prestamista siempre que haya recurrido contra el proveedor y no haya obtenido de él la satisfacción a que tiene derecho con arreglo a lo dispuesto por la ley o por el contrato de suministro de bienes o servicios. Los Estados miembros establecerán en qué medida y bajo qué condiciones se podrá ejercer dicho derecho.»
4.
El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2008/48 establece:
«Cuando los derechos del prestamista en virtud de un contrato de crédito o el propio contrato sean cedidos a un tercero, el consumidor podrá hacer valer ante el nuevo titular las mismas excepciones y defensas que ante el prestamista original, entre ellas el derecho a una compensación si está autorizada en el Estado miembro afectado.»
5.
De conformidad con el artículo 22 de la Directiva 2008/48:
«1.   En la medida en que la presente Directiva contiene disposiciones armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener o adoptar en su Derecho nacional disposiciones diferentes de las que se establecen en la presente Directiva. […]
2.   Los Estados miembros velarán por que el consumidor no pueda renunciar a los derechos que se le confieren en virtud de las disposiciones nacionales que den cumplimiento o correspondan a la presente Directiva.
3.   Los Estados miembros garantizarán además que las disposiciones que adopten para dar cumplimiento a la presente Directiva no puedan eludirse de resultas del modo en que se formulen los contratos, especialmente como consecuencia de la integración de operaciones de disposición de fondos o contratos de crédito sujetos a la presente Directiva en contratos de crédito cuyo carácter u objetivo permita sustraerlos a su ámbito de aplicación.
[…]»
B.
Derecho búlgaro
6.
En virtud del artículo 147, apartado 1, de la Zakon za zadalzheniyata i dogovorite (
3
) (Ley de Obligaciones y Contratos, en su versión modificada; en lo sucesivo, «ZZD»):
«El fiador seguirá siendo responsable incluso después de que la obligación principal haya pasado a ser exigible, si el acreedor ejercita una acción contra el deudor en el plazo de seis meses. Esta disposición se aplicará también cuando el fiador haya limitado expresamente su garantía hasta el vencimiento de la obligación principal.
La prórroga del plazo concedido por el acreedor al deudor no surtirá efecto respecto del fiador, si este no ha dado su consentimiento.»
III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
7.
Mediante contratos individuales de crédito al consumo, Easy Asset Management AD y Credisimo AD, personas jurídicas de Derecho búlgaro, prestaron a consumidores prestatarios cantidades de entre 300 levas búlgaras (BGN) (aproximadamente 150 euros) y 1700 BGN (aproximadamente 870 euros) (
4
) a unos tipos de interés de entre el 40 % y el 50 % aproximadamente, a reembolsar en plazos comprendidos entre tres y dieciocho meses. En virtud de cada uno de estos contratos de crédito, el consumidor prestatario está obligado a aportar una garantía en forma de fianza. (
5
) Pueden otorgar dicha garantía dos personas físicas que cumplan determinados criterios de crédito, (
6
) un banco o una sociedad designada por el prestamista. (
7
) En cada uno de los asuntos de los que conoce el órgano jurisdiccional remitente, el consumidor prestatario aportó una garantía constituida por una sociedad designada por el prestamista, bien Financial Bulgaria EOOD, filial de Easy Asset Management, bien I Trust EOOD. Tras el impago de un préstamo por el consumidor prestatario, el fiador pagó al prestamista sobre la base de la garantía. Posteriormente, los fiadores cedieron sus respectivos derechos bien a APS Beta Bulgaria EOOD (la primera demandante; en lo sucesivo, «APS Beta Bulgaria»), o a Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD (la segunda demandante; en lo sucesivo «Agentsia»).
8.
El procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente consta de siete pretensiones ex parte de APS Beta Bulgaria y Agentsia, (
8
) en las que solicitan que se condene a los consumidores prestatarios al pago de las cantidades que los fiadores abonaron a los prestamistas en virtud de los contratos de crédito. (
9
) Estos importes incluían la remuneración por el coste de la garantía superior al 75 % de la cantidad total reembolsable en virtud de los contratos de crédito.
9.
El órgano jurisdiccional remitente señala que el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria) interpreta el artículo 147, apartado 1, de la ZZD en el sentido de que, cuando el acreedor no haya ejercitado una acción contra el deudor en los seis meses siguientes al vencimiento de la obligación principal, cualquier garantía de pago de dicha deuda se extingue de oficio. (
10
) Algunos órganos jurisdiccionales nacionales opinan que solo el fiador puede invocar el artículo 147, apartado 1, de la ZZD frente al acreedor. Sin perjuicio de que las obligaciones del fiador frente al acreedor se hayan extinguido debido a que este no demandó al deudor a su debido tiempo, el fiador puede recuperar de un deudor incumplidor las cantidades que haya abonado sobre la base de la garantía. (
11
) En los asuntos primero, segundo y tercero sometidos al órgano jurisdiccional remitente, Financial Bulgaria e I Trust pagaron al prestamista más de seis meses después de la fecha de vencimiento del último plazo y cedieron sus derechos en virtud de las garantías a APS Beta Bulgaria. En los asuntos cuarto, séptimo y octavo, Financial Bulgaria liquidó la deuda más de seis meses después de la fecha de vencimiento del último plazo y cedió a Agentsia sus derechos previstos en las garantías. En el quinto asunto, Financial Bulgaria liquidó la deuda en el plazo de seis meses y cedió sus derechos en virtud de la garantía a Agentsia.
10.
En este contexto, el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Deben interpretarse los artículos 4, apartado 2, y 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, [ (
12
)] sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores […], en el sentido de que, cuando un contrato de crédito estipula una obligación, a cargo del consumidor, de celebrar un contrato de fianza con un fiador designado por el prestamista, el contenido del contrato de fianza no constituye el “objeto principal” del contrato con ese tercero, sino una parte del contenido del contrato de crédito? ¿Tiene alguna relevancia a este respecto que el prestamista y el fiador sean personas vinculadas?
2)
¿Debe interpretarse el punto 1, letra i), del anexo de la Directiva [93/13] en el sentido de que, cuando el consumidor está obligado a designar un fiador en el marco de un contrato de crédito ya celebrado —siendo una de las posibilidades que aquel designe a una persona indicada por el prestamista—, ha de considerarse que no resulta claro cuál es el contenido de la obligación del consumidor derivada del contrato de fianza suscrito el día de la celebración del contrato de crédito, una vez celebrado este, al no haberle sido posible al consumidor elegir o proponer él mismo a la persona que el prestamista debía designar como futuro fiador?
3)
En caso de que se responda a la anterior cuestión que resulta claro cuál es el objeto del contrato de fianza, ¿debe interpretarse el punto 1, letras i), j) y m), del anexo de la Directiva [93/13] en el sentido de que, cuando el consumidor se ha obligado a designar un fiador en el marco de un contrato de crédito ya celebrado —si una de las posibilidades consiste en que designe a una persona indicada por el prestamista—, ha de considerarse que no resulta claro cuál es el contenido de la obligación del consumidor derivada del contrato de crédito, y que ello puede dar lugar a la nulidad del contrato de crédito o de algunas de sus cláusulas?
4)
¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, de la Directiva [93/13], en relación con el artículo 8 de la Directiva 2005/29/CE, [ (
13
)] relativa a las prácticas comerciales desleales, en el sentido de que siempre que una persona que ha concedido un crédito exija que el consumidor celebre un contrato con una persona designada por el prestamista que garantizará el crédito de este frente al consumidor, se tratará de un caso de explotación de la posición desventajosa del consumidor y, por tanto, de una práctica comercial agresiva?
5)
En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión, ¿deben interpretarse los artículos 4, apartado 1, y 7 de la Directiva [93/13], en relación con el artículo 8, de la Directiva [2005/29], en el sentido de que, en un procedimiento judicial en el que solo existe una parte, como el proceso monitorio, en el que no interviene el consumidor, las dudas del órgano jurisdiccional sobre el carácter abusivo de una cláusula contractual pueden basarse en la mera sospecha de que el consumidor aceptó la cláusula como resultado de una práctica comercial desleal, o bien debe constatarse este último extremo con certeza?
6)
¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 2, de la Directiva [2008/48] en el sentido de que la citada disposición debe aplicarse en los casos en que el contrato de crédito esté vinculado a un servicio accesorio, consistente en la constitución de una fianza por un tercero a cambio de una remuneración, y el consumidor tenga la posibilidad no solo de ejercitar sus pretensiones frente al incumplimiento de las obligaciones del fiador, como el pago tras la expiración de un plazo legal, sino también invocar excepciones procesales que excluyan la obligación frente al fiador?
7)
¿Es conforme con el artículo 15, apartado 2, de la Directiva [2008/48], en relación con el principio de efectividad, o, en su caso —si se acepta que el contrato de crédito y el contrato de fianza constituyen negocios jurídicos vinculados—, con los artículos 5 y 7 de la Directiva [93/13], en relación con el punto 1, letras b) y c), del anexo de dicha Directiva, una jurisprudencia nacional según la cual el fiador de un contrato vinculado con un contrato de crédito al consumo, que ha percibido del consumidor una remuneración por la garantía del contrato de crédito y que ha pagado al acreedor principal en virtud de una cláusula contractual, pese a haber expirado el plazo establecido en el artículo 147 de la [ZZD] —lo que conlleva, según la jurisprudencia, la extinción de la fianza en su totalidad— puede alegar, no obstante, que se ha subrogado en los derechos del prestamista original e, invocando una jurisprudencia contradictoria relativa a la aplicación de dicha Ley, reclamar el pago al deudor principal?
8)
¿Debe interpretarse el artículo 3, letra g), de la Directiva [2008/48], en relación con el artículo 5 de la Directiva [93/13], en el sentido de que en el caso de una obligación de suscribir un contrato de fianza vinculado, estipulada en un contrato de crédito, que da lugar a un aumento del coste total del crédito, la tasa anual equivalente del crédito ha de calcularse también teniendo en cuenta el incremento de las cuotas por la remuneración del fiador? ¿Tiene alguna relevancia a este respecto quién sea la persona que ha elegido al fiador y la circunstancia de que este sea una persona vinculada al acreedor principal?
9)
¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra g), de la Directiva [2008/48] en el sentido de que la información errónea sobre la tasa anual equivalente contenida en un contrato de crédito celebrado entre un profesional y un consumidor como prestatario debe considerarse equiparable a la falta de indicación de la tasa anual equivalente en dicho contrato, y el órgano jurisdiccional nacional debe aplicar las consecuencias jurídicas previstas por el Derecho interno para los casos de falta de indicación de la tasa anual equivalente en un contrato de crédito al consumo? ¿Debe considerarse que estas consecuencias también son necesariamente vinculantes para el fiador que ha pagado, en sus relaciones con el consumidor?
10)
¿Debe interpretarse el artículo 23, segunda frase, de la Directiva [2008/48] en el sentido de que puede considerarse proporcionada la sanción prevista por el Derecho nacional consistente en la nulidad del contrato de crédito al consumo, de manera que solo deberá reembolsarse el principal del préstamo concedido, en los casos en que el contrato de crédito al consumo no contenga una indicación precisa de cuál sea la tasa anual equivalente al no presentar los gastos por los servicios de un fiador profesional elegido por el prestamista, aunque la cifra de la tasa anual equivalente conste en el texto del contrato de crédito?
11)
¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE, [ (
14
)] sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) […], en relación con la parte A, punto 14, del anexo 1 de dicha Directiva, en el sentido de que el ejercicio profesional de una actividad remunerada como fiador de forma tal que la sociedad fiadora paga el importe total del crédito en todos los casos de incumplimiento de la obligación de pago del consumidor como deudor principal, y la remuneración se abona con cada cuota del crédito, con independencia del incumplimiento por el consumidor, constituye una “actividad de seguro” en el sentido de dicha Directiva?
12)
En caso de respuesta afirmativa a la undécima cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 14, apartado 1, de la Directiva [2009/138] en el sentido de que una persona que desarrolla la actividad mencionada en la undécima cuestión está sujeta a la obligación de obtener la autorización de las autoridades nacionales de supervisión competentes para la concesión de autorizaciones a las compañías aseguradoras?»
11.
Agentsia, el Gobierno checo (
15
) y la Comisión presentaron observaciones escritas al Tribunal de Justicia.
IV. Análisis
12.
El Tribunal de Justicia solicita mi opinión sobre la respuesta a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima. Agentsia y la Comisión proponen al Tribunal de Justicia que examine ambas cuestiones conjuntamente, propuesta que suscribo.
13.
Con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia debe proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular, en su caso, las cuestiones que se le hayan planteado. (
16
) Mediante las cuestiones prejudiciales sexta y séptima, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide, en primer lugar, si el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/48 es aplicable a los contratos de crédito vinculados a la constitución de una fianza por un tercero a cambio de una remuneración y, en segundo lugar, si los artículos 5 y 7 de la Directiva 93/13, en relación con el punto 1, letras b) y c) de su anexo, son aplicables a la jurisprudencia nacional según la cual el fiador que ha pagado al acreedor principal de un contrato de crédito al consumo puede reclamar el pago al deudor principal, a pesar de la extinción de dicha garantía.
A.
Sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales sexta y séptima
Observaciones de las partes
14.
Según Agentsia, el contrato de fianza proporciona al prestamista una garantía adicional del préstamo y asegura su ejecución plena y en plazo. Este contrato de fianza es distinto del contrato de crédito celebrado entre el prestamista y el consumidor prestatario, de modo que no puede considerarse que ambos contratos constituyen una unidad comercial. Además, el contrato de fianza no financia el contrato de crédito. Por consiguiente, el contrato de crédito y el contrato de fianza no son «contratos de crédito vinculados», con arreglo a la definición contenida en el artículo 3, letra n), de la Directiva 2008/48. Habida cuenta de que el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/48 únicamente se aplica a los contratos de crédito vinculados, no regula las operaciones a las que se refiere la resolución de remisión. Las cuestiones prejudiciales sexta y séptima no se refieren a los hechos del presente asunto, tienen carácter hipotético y, por tanto, no son admisibles.
15.
La Comisión no plantea ningún problema sobre la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales sexta y séptima.
Análisis
16.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir. En el marco de esta cooperación, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Cuando estas cuestiones se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. Las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas. (
17
)
17.
Las cuestiones prejudiciales sexta y séptima preguntan si el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/48 es aplicable a los contratos de crédito vinculados a la concesión de garantías por terceros a cambio del pago de una remuneración por el deudor y, en particular, si tales contratos constituyen «contratos de crédito vinculados», en el sentido de la citada Directiva. En estas dos cuestiones prejudiciales se pregunta al Tribunal de Justicia si determinadas disposiciones del Derecho derivado de la Unión pueden aplicarse a la situación fáctica que se describe en la resolución de remisión, cuya existencia no es discutida por las partes en el procedimiento. Tales circunstancias quedan claramente comprendidas en el ámbito de aplicación de la jurisprudencia a la que se remite el punto 16 de las presentes conclusiones. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que declare la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales sexta y séptima.
B.
Sobre el fondo
Observaciones de las partes
18.
Por las razones expuestas en el punto 14 de las presentes conclusiones, Agentsia sostiene que el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/48 no debe aplicarse cuando un contrato de crédito está vinculado a la prestación de un servicio accesorio, en este caso la garantía de un tercero a cambio del pago de una remuneración. Alega que la séptima cuestión prejudicial plantea cuestiones de Derecho nacional que implican la expiración de una garantía y que no tienen relación con créditos frente a un acreedor derivados de la entrega de bienes o la prestación de servicios. Agentsia señala, además, que el hecho de que el fiador no invoque el artículo 147 de la ZZD contra el acreedor, pese al transcurso de seis meses desde el vencimiento de la deuda principal, carece de consecuencias para el consumidor prestatario. Un crédito se adeuda con independencia de la identidad del acreedor.
19.
La Comisión comparte la opinión de que los contratos de crédito objeto de los litigios principales que se sustancian ante el órgano jurisdiccional remitente no reúnen los requisitos del artículo 3, letra n), de la Directiva 2008/48 y, por tanto, no constituyen contratos vinculados regulados por su artículo 15, apartado 2. El crédito concedido no financiaba exclusiva o parcialmente un contrato destinado a suministrar bienes identificables o a prestar un servicio identificable. Los contratos de fianza son, pues, accesorios al contrato de crédito y no conceden un crédito para la compra de bienes o servicios. La Comisión observa que la séptima cuestión prejudicial parece referirse a la aplicación e interpretación del Derecho nacional, más que a la cláusula de un contrato celebrado con consumidores, de modo que las disposiciones de la Directiva 93/13 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores no son aplicables.
20.
No obstante, la Comisión sugiere que el Tribunal de Justicia, en sus respuestas a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima, tenga en cuenta las circunstancias particulares en las que se dictó la resolución de remisión. La relación entre el prestamista y el fiador parece (
18
) que pretende disuadir a este último de que se ampare en el artículo 147, apartado 1, de la ZZD a efectos de extinguir la garantía. Si se permitiese al consumidor prestatario invocar esta disposición frente al acreedor, podría evitar el reembolso del importe prestado. Estas observaciones son especialmente pertinentes en circunstancias en las que el acceso al contrato de crédito está supeditado a que el consumidor prestatario obtenga una garantía por parte de una entidad designada por el acreedor.
21.
La Comisión añade que se elude el artículo 17 de la Directiva 2008/48 cuando un fiador puede invocar un contrato de garantía para obtener el reembolso de una deuda por un consumidor prestatario y no una cesión del derecho al cobro de dicha deuda. Según la Comisión, el artículo 17 de la citada Directiva parte de la presunción de que el cesionario de un crédito es un tercero independiente del prestamista. La protección que este artículo concede debe aplicarse con mayor motivo cuando el fiador sea una filial del prestamista original. Un acuerdo mediante el cual un acreedor y un fiador, actuando como una única unidad comercial, aceptan extinguir los derechos de un consumidor prestatario frente al acreedor, elude la Directiva 2008/48, al oponerse a lo dispuesto en su artículo 22, apartado 3.
Análisis
– Artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/48
22.
En virtud del artículo 3, letra n), de la Directiva 2008/48, un «contrato de crédito vinculado» requiere la concurrencia de dos condiciones: que el contrato en cuestión sirva exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes o a la prestación de servicios y que ambos contratos constituyan una unidad comercial desde un punto de vista objetivo. (
19
) De la resolución de remisión se desprende claramente que los contratos de crédito en cuestión en los litigios que se sustancian ante el órgano jurisdiccional remitente no financian la compra de bienes o servicios identificables. Los contratos de garantía tampoco prestan ningún servicio que paguen los contratos de crédito. Como señala acertadamente la Comisión, el contrato de fianza es accesorio al contrato de crédito. Por tanto, estos dos contratos no cumplen el primero de los requisitos acumulativos exigidos para que exista un «contrato de crédito vinculado», en el sentido de la Directiva 2008/48. Habida cuenta de que el artículo 15, apartado 2, de dicha Directiva se aplica a los «contratos de crédito vinculados» así definidos, esta disposición no puede aplicarse a aquellos contratos que no estén comprendidos en esta definición.
– Artículos 5 y 7 de la Directiva 93/13
23.
Según el órgano jurisdiccional remitente, la jurisprudencia nacional interpreta el artículo 147 de la ZZD en el sentido de que permite al fiador que ha pagado a un acreedor principal reclamar ese importe al deudor, a pesar de que la garantía se considere extinguida de pleno derecho. (
20
) La Directiva 93/13 tiene por objeto la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. El artículo 5 de la Directiva 93/13 exige que las cláusulas que consten por escrito en los contratos estén redactadas siempre de forma clara y comprensible y que, en caso de duda, prevalecerá la interpretación que sea más favorable para el consumidor. El artículo 7 de la Directiva 93/13 regula la utilización reiterada de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Como observa la Comisión, en la medida en que la séptima cuestión prejudicial se refiere a los artículos 5 y 7 de la Directiva 93/13, en relación con el punto 1, letras b) y c) de su anexo, lo hace en el contexto de la aplicación del Derecho nacional, y no de la interpretación de una cláusula de un contrato celebrado con un consumidor. Dado que, según su tenor literal, se aplican a la interpretación y al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, estas disposiciones del Derecho de la Unión no regulan la aplicación de disposiciones de Derecho nacional como el artículo 147 de la ZZD. (
21
)
– Elusión de las disposiciones de la Directiva 2008/48
24.
El artículo 267 TFUE confiere al Tribunal de Justicia competencia para interpretar el Derecho de la Unión cuando responde a las cuestiones prejudiciales que le plantean los órganos jurisdiccionales nacionales. (
22
) Si bien, para dar una respuesta útil, el Tribunal de Justicia puede tomar en consideración normas del Derecho de la Unión a las que el juez nacional no haga referencia, (
23
) su competencia para hacerlo es limitada por la clara separación de funciones entre él y los órganos jurisdiccionales nacionales que establece el artículo 267 TFUE (
24
) y con arreglo al cual los órganos jurisdiccionales nacionales deciden las cuestiones de Derecho de la Unión sobre las que solicitan una respuesta. (
25
) Por consiguiente, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales decidir la forma y el contenido de las cuestiones que desean plantear, que las partes en el litigio principal no pueden modificar. (
26
) Esta situación de hecho es conforme con la jurisprudencia que obliga al Tribunal de Justicia a ofrecer a los Gobiernos de los Estados miembros y a las partes la posibilidad de presentar observaciones sobre las cuestiones que se le plantean conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (
27
)
25.
Este procedimiento ofrece un buen ejemplo de, al menos, una parte de la razón de ser de la imposición de límites al ejercicio de la competencia del Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE. Habida cuenta de que el órgano jurisdiccional remitente no ha solicitado la interpretación del artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2008/48, no existe debate alguno sobre el fundamento jurídico de la afirmación de la Comisión según la cual esta disposición se basa en la hipótesis de que el cesionario al que se refiere debe ser un tercero independiente del prestamista original. No cabe duda, además, de que a tenor del artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2008/48, los Estados miembros están obligados a velar por que las disposiciones que adopten para la aplicación de dicha Directiva no puedan eludirse. (
28
) Puesto que el órgano jurisdiccional remitente no ha solicitado al Tribunal de Justicia que interprete el artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2008/48, no se le puede reprochar que no haya identificado si las disposiciones que la Comisión afirma que pueden estar siendo eludidas se promulgaron con ese fin. Por tanto, el Tribunal de Justicia carece del material necesario a efectos de ofrecer al órgano jurisdiccional remitente una interpretación del artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2008/48 de la que pueda valerse para resolver el litigio principal. Tal resultado no es compatible con el buen funcionamiento del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE.
V. Conclusión
26.
En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima, planteadas por el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria):
«1)
El artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, no se aplica a los contratos de crédito vinculados a un servicio accesorio, consistente en la constitución de una fianza por un tercero a cambio del pago de una remuneración, cuando dichos contratos de crédito no sirven exclusivamente para financiar un contrato de suministro de bienes identificables o de prestación de un servicio identificable.
2)
Los artículos 5 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el punto 1, letras b) y c) de su anexo, no se aplican a la jurisprudencia nacional según la cual un fiador que ha pagado al acreedor de un contrato de crédito al consumo puede reclamar el pago al deudor no obstante la extinción de esa fianza.»
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	DO 2008, L 133, p. 66, en su versión modificada por la Directiva 2011/90/UE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2011 (DO 2011, L 296, p. 35), por la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014 (DO 2014, L 60, p. 34), por el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 (DO 2016, L 171, p. 1), por el Reglamento (UE) 2019/1243 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 (DO 2019, L 198, p. 241), y por la Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021 (DO 2021, L 438, p. 1).
(
3
)	DV n.o 275, de 22 de noviembre de 1950, en vigor desde el 1 de enero de 1951, modificado en el DV n.o 35, de 27 de abril de 2021.
(
4
)	La Directiva 2008/48 no se aplica a los contratos de crédito cuyo importe total sea inferior a 200 euros. Véase su artículo 2, apartado 2, letra c).
(
5
)	En uno de los casos no se exigía garantía, pero, a falta de esta, el prestatario tuvo que esperar catorce días para la aprobación del préstamo. Cuando un consumidor prestatario haya celebrado un contrato de garantía con una persona elegida por el acreedor dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la ejecución del contrato de crédito o haya constituido una garantía bancaria incondicional en el plazo de diez días, deberá obtener la autorización del crédito en veinticuatro horas. La Comisión Europea señaló que estas condiciones ejercían presión sobre el consumidor prestatario para aceptar al fiador elegido por el acreedor.
(
6
)	Según el órgano jurisdiccional remitente, esta opción era posible en algunos de los asuntos objeto de la petición de decisión prejudicial.
(
7
)	La segunda demandante, Agentsia, alega que no eligió ni designó al fiador profesional propuesto, sino que más bien dio su consentimiento.
(
8
)	Mediante auto de 26 de octubre de 2023, el órgano jurisdiccional remitente informó al Tribunal de Justicia de que la resolución de remisión había quedado sin objeto en lo que respecta a la sexta de las ocho pretensiones.
(
9
)	El órgano jurisdiccional remitente señala que los prestatarios consumidores, que no son parte en el procedimiento, pueden impugnar los hechos que describe.
(
10
)	Resolución interpretativa n.o 4/2013, de 18 de junio de 2014, de la Sala Conjunta de lo Civil y Mercantil del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo).
(
11
)	Véase, por ejemplo, el auto n.o 5389 de 1 de marzo de 2019 del Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía), II-b Sala de Apelación, en el recurso de apelación en materia civil n.o 2165/2019.
(
12
)	Directiva de 5 de abril de 1993 (DO 1993, L 95, p. 29), en su versión modificada por la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 (DO 2011, L 304, p. 64), y por la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019 (DO 2019, L 328, p. 7).
(
13
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO 2005, L 149, p. 22).
(
14
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO 2009, L 335, p. 1).
(
15
)	En sus observaciones escritas, el Gobierno checo se limitó a responder a la undécima cuestión prejudicial.
(
16
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 10 de febrero de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Plazo de prescripción) (C‑219/20, EU:C:2022:89), apartado 33.
(
17
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2016, Eurosaneamientos y otros (C‑532/15 y C‑538/15, EU:C:2016:932), apartados 26 a 28 y jurisprudencia citada.
(
18
)	La Comisión sostiene que Financial Bulgaria es una filial de Easy Asset Management. En cuanto a la relación entre Credisimo e I Trust, señala, en primer lugar, que el prestamista eligió al fiador del contrato de crédito al consumo. En segundo lugar, el fiador no ha invocado la extinción de la garantía frente al prestamista, en circunstancias en las que un fiador, consciente de la posibilidad de que un consumidor prestatario se encuentre en dificultades financieras, se inclinaría a hacerlo, en lugar de correr el riesgo de impago del consumidor prestatario.
(
19
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 21 de diciembre de 2023, BMW Bank y otros (C‑38/21, C‑47/21 y C‑232/21, EU:C:2023:1014), apartado 301, relativa a los contratos de crédito para el suministro de vehículos de motor.
(
20
)	En el marco del procedimiento previsto por el artículo 267 TFUE, no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación de disposiciones legales o reglamentarias nacionales ni juzgar si la interpretación que el órgano jurisdiccional remitente hace de ellas es correcta. Véanse, por ejemplo, las sentencias de 21 de septiembre de 2016, Etablissements Fr. Colruyt (C‑221/15, EU:C:2016:704), apartado 15, y de 5 de junio de 2018, Grupo Norte Facility (C‑574/16, EU:C:2018:390), apartado 32.
(
21
)	Los puntos 104 y 157 de la resolución de remisión señalan que uno de los contratos de crédito contiene una cláusula en la que se establece que el fiador seguirá siendo responsable, con arreglo a las estipulaciones del contrato de fianza, incluso una vez vencidas las obligaciones del consumidor en virtud del contrato de crédito al consumo, independientemente de que el prestamista haya iniciado un procedimiento contra el consumidor prestatario o el fiador en los seis meses siguientes al vencimiento de las obligaciones. Agentsia alega que tal cláusula beneficia a los consumidores en la medida en que sus obligaciones están garantizadas por otro deudor al que el acreedor puede reclamar el pago de la deuda.
(
22
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 27 de marzo de 2014, Torralbo Marcos (C‑265/13, EU:C:2014:187), apartado 27 y jurisprudencia citada.
(
23
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 17 de octubre de 2019, Comida paralela 12 (C‑579/18, EU:C:2019:875), apartado 22 y jurisprudencia citada.
(
24
)	Véanse, por ejemplo, las sentencias de 20 de junio de 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Desplazamiento de trabajadores de terceros países) (C‑540/22, EU:C:2024:530), apartado 105, y de 27 de junio de 2024, Peigli (C‑41/23, EU:C:2024:554), apartado 33 y jurisprudencia citada.
(
25
)	Véase, por ejemplo, la sentencia de 9 de julio de 2020, Raiffeisen Bank and BRD Groupe Societé Générale (C‑698/18 y C‑699/18, EU:C:2020:537), apartado 46. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende asimismo que, cuando un órgano jurisdiccional remitente indica expresamente en su resolución de remisión que no ha considerado necesario plantear una cuestión prejudicial o si se niega implícitamente a plantear al Tribunal de Justicia una cuestión planteada por una de las partes, el Tribunal de Justicia no puede responder a dicha cuestión ni tenerla en cuenta en su respuesta. Véase, por ejemplo, la sentencia de 13 de diciembre de 2018, Touring Tours und Travel y Sociedad de transportes (C‑412/17 y C‑474/17, EU:C:2018:1005), apartado 41 y jurisprudencia citada.
(
26
)	Véanse, por ejemplo, las sentencias de 18 de julio de 2013, Consiglio Nazionale dei Geologi (C‑136/12, EU:C:2013:489), apartados 29 y 30, y de 22 de diciembre de 2022, Airbnb Ireland UC y Airbnb Payments UK (C‑83/21, EU:C:2022:1018), apartados 82 a 84 y jurisprudencia citada.
(
27
)	Véanse, por ejemplo, las sentencias de 16 de octubre de 2014, Welmory (C‑605/12, EU:C:2014:2298), apartado 34 y jurisprudencia citada, y de 17 de diciembre de 2020, BAKATI PLUS (C‑656/19, EU:C:2020:1045), apartado 33.
(
28
)	Véase la sentencia de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito) (C‑714/22, EU:C:2024:263), apartado 41 y jurisprudencia citada.