62024CJ0466
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 23 de octubre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Agricultura — Política agrícola común (PAC) — Reglamento (UE) 2021/2115 — Ayuda a los planes estratégicos — Reglamento (UE) n.o 1307/2013 — Pagos directos a los agricultores — Superficies a disposición de los agricultores — Título jurídico para el uso de estas superficies — Modalidades de registro de este título jurídico — Superficies declaradas en virtud de regímenes de ayuda superiores a aquellas para las que se ha registrado el título jurídico de uso — Sanciones administrativas en caso de sobredeclaración de superficies — Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 — Artículo 19 bis — Sanciones — Aplicabilidad de este artículo tras la derogación del Reglamento Delegado n.o 640/2014»
En el asunto C‑466/24 [Venshova], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Administrativen sad — Varna (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna, Bulgaria), mediante resolución de 18 de junio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de julio de 2024, en el procedimiento entre
LQ
y
Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. M. Condinanzi (Ponente), Presidente de Sala, y el Sr. N. Jääskinen y la Sra. R. Frendo, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. C. Becker, G. Koleva y M. Salyková, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación:
–
del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1305/2013 y (UE) n.o 1307/2013 (DO 2021, L 435, p. 1; corrección de errores en DO 2023, L 56, p. 31);
–
del artículo 28 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia (DO 2014, L 255, p. 59);
–
de los artículos 18, 19 y 19 bis del Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad (DO 2014, L 181, p. 48), en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2016/1393 de la Comisión, de 4 de mayo de 2016 (DO 2016, L 225, p. 41; corrección de errores en DO 2016, L 227, p. 5) (en lo sucesivo, «Reglamento Delegado n.o 640/2014»);
–
del artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre LQ, persona física, y el Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» (director ejecutivo adjunto del Fondo Nacional de Agricultura, Bulgaria; en lo sucesivo, «DFZ») en relación con la decisión de este último de reducir el importe de la ayuda financiera solicitada por LQ para el ejercicio 2021, en virtud de varios regímenes de ayuda y medidas de pagos directos por superficie, y de imponerle sanciones por sobredeclaraciones de superficies.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento (UE) n.o 1306/2013
3
El Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 352/78, (CE) n.o 165/94, (CE) n.o 2799/98, (CE) n.o 814/2000, (CE) n.o 1290/2005 y (CE) n.o 485/2008 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 549; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 17), fue derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023 por el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1306/2013 (DO 2021, L 435, p. 187). No obstante, en virtud del artículo 104 del Reglamento 2021/2116, los artículos 59, 63, 64, 67, 68, 74 y 77 del Reglamento n.o 1306/2013 seguirán siendo aplicables en lo que respecta a los gastos efectuados y los pagos realizados para los regímenes de ayuda en virtud del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 608; corrección de errores en DO 2016, L 130, p. 21), con respecto al año natural 2022 y anteriores. Dado que la solicitud de ayuda controvertida en el litigio principal se refiere al ejercicio 2021, el Reglamento n.o 1306/2013 es aplicable en el caso de autos.
4
El artículo 59 del Reglamento n.o 1306/2013, titulado «Principios generales de los controles», establece en su apartado 1:
«Salvo que se disponga lo contrario, el régimen adoptado por los Estados miembros […] incluirá el control administrativo sistemático de todas las solicitudes de ayuda y solicitudes de pago. Este sistema se completará con controles sobre el terreno.»
5
El artículo 63 de este Reglamento, titulado «Pagos indebidos y sanciones administrativas», dispone en sus apartados 1 y 2:
«1.   En caso de que se constate que un beneficiario no cumple los criterios de admisibilidad, los compromisos u otras obligaciones relativos a las condiciones de concesión de la ayuda o de apoyo previstos en la legislación agrícola sectorial, la ayuda no será abonada o será retirada en su totalidad o en parte y, si procede, no se asignarán o se retirarán los correspondientes derechos de pago a que se refiere el artículo 21 del Reglamento [n.o 1307/2013].
[…]
2.   Por otra parte, cuando así lo disponga la legislación agrícola sectorial, los Estados miembros también impondrán sanciones administrativas, de acuerdo con las normas establecidas en los artículos 64 y 77. […]»
6
A tenor del artículo 64, apartado 4, del Reglamento n.o 1306/2013, titulado «Aplicación de sanciones administrativas»:
«Las sanciones administrativas podrán adoptar una de las formas siguientes:
a)
reducción de la cuantía de la ayuda o del apoyo que se pague en relación con la solicitud de ayuda o la solicitud de pago afectadas por el incumplimiento o solicitudes adicionales; no obstante, en lo que respecta a la ayuda al desarrollo rural, ello se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de suspender el apoyo cuando quepa esperar que el beneficiario subsane el incumplimiento en un plazo razonable;
b)
pago de un importe calculado en función de la cantidad y/o la duración del incumplimiento;
c)
suspensión o retirada de una aprobación, reconocimiento o autorización;
d)
exclusión del derecho a participar en el régimen de ayudas o en la medida de apoyo u otra medida en cuestión o a beneficiarse de ellos.»
7
El capítulo 2, titulado «Sistema integrado de gestión y control», del título V del referido Reglamento incluye su artículo 67, apartados 1 y 2, que tiene la siguiente redacción:
«1.   Cada Estado miembro creará y administrará un sistema integrado de gestión y control (el “sistema integrado”).
2.   El sistema integrado se aplicará a los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I del Reglamento [n.o 1307/2013].»
8
El artículo 68, apartado 1, del Reglamento n.o 1306/2013 establece:
«El sistema integrado comprenderá los siguientes elementos:
a)
una base de datos informática;
b)
un sistema de identificación de las parcelas agrarias;
c)
un sistema de identificación y registro de los derechos de pago;
d)
solicitudes de ayuda y solicitudes de pago;
e)
un sistema de control integrado;
f)
un único sistema de registro de la identidad de cada beneficiario de la ayuda a que se refiere el artículo 67, apartado 2, que presente una solicitud de ayuda o una solicitud de pago.»
9
El artículo 72, apartado 1, de este Reglamento dispone:
«El beneficiario de la ayuda a que se refiere el artículo 67, apartado 2, presentará anualmente una solicitud de pagos directos o una solicitud de pago para la zona de que se trate y para las medidas de desarrollo rural relacionadas con los animales en la que se indicarán, según proceda:
a)
todas las parcelas agrarias de la explotación, así como la superficie no agrícola para la que se solicita la ayuda indicada en el artículo 67, apartado 2;
b)
los derechos de pago declarados para la activación;
c)
cualquier otro dato previsto por el presente Reglamento o exigido con vistas a la aplicación de la legislación agrícola sectorial correspondiente o por el Estado miembro de que se trate.
[…]»
10
A tenor del artículo 74, apartado 1, del referido Reglamento:
«De acuerdo con el artículo 59, los Estados miembros, a través de los organismos pagadores o de los organismos autorizados a actuar en su nombre, someterán las solicitudes de ayuda a controles administrativos a fin de verificar las condiciones de admisibilidad al beneficio de la ayuda. Estos controles serán completados con controles sobre el terreno.»
11
El artículo 77 del mismo Reglamento, titulado «Aplicación de sanciones administrativas», tiene la siguiente redacción:
«1.   En lo referente a las sanciones administrativas indicadas en el artículo 63, apartado 2, el presente artículo se aplicará en caso de incumplimiento en relación con los criterios de admisibilidad, compromisos u otras obligaciones resultantes de la aplicación de las normas sobre ayuda a que se refiere el artículo 67, apartado 2.
[…]
4.   Las sanciones administrativas podrán adoptar las formas siguientes:
a)
reducción de la cuantía de la ayuda o el apoyo que se hayan pagado o vayan a pagarse en relación con las solicitudes de ayuda o de pago afectadas por el incumplimiento, o en relación con solicitudes de ayuda o de pago para años anteriores o posteriores;
b)
pago de un importe calculado en función de la cantidad y/o la duración del incumplimiento;
c)
exclusión del derecho a participar en el régimen de ayudas o en la medida de apoyo en cuestión.
[…]»
Reglamento n.o 1307/2013
12
El Reglamento n.o 1307/2013 fue derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023 por el Reglamento 2021/2115. No obstante, en virtud del artículo 154, apartado 2, de dicho Reglamento, el Reglamento n.o 1307/2013 seguirá siendo aplicable a las solicitudes de ayuda relativas a los años de solicitud que comiencen antes del 1 de enero de 2023. Dado que la solicitud de ayuda controvertida en el litigio principal se refiere al ejercicio 2021, el Reglamento n.o 1307/2013 es aplicable en el caso de autos.
13
El considerando 2 del Reglamento n.o 1307/2013 señala:
«Uno de los objetivos principales y de las exigencias esenciales de la reforma de la [política agrícola común (PAC)] es la reducción de la carga administrativa. […]»
14
El artículo 5 de dicho Reglamento dispone:
«El Reglamento [n.o 1306/2013] y las disposiciones adoptadas en virtud del mismo serán de aplicación para los regímenes establecidos en el presente Reglamento.»
15
A tenor del artículo 32 del Reglamento n.o 1307/2013:
«1.   La ayuda en virtud del régimen de pago básico se concederá a los agricultores tras la activación de un derecho de pago por hectárea admisible, declarada de conformidad con el artículo 33, apartado 1, en el Estado miembro donde haya sido asignado. […]
2.   A los efectos del presente título, se entenderá por “hectárea admisible”:
a)
cualquier superficie agraria de la explotación, incluidas las superficies que no estuvieran en buenas condiciones agrarias a 30 de junio de 2003 en los Estados miembros que se adhirieron a la Unión [Europea] el 1 de mayo de 2004 y que optaron en el momento de su adhesión por aplicar el régimen de pago único por superficie, que se utilice para una actividad agraria o, en caso de utilizarse igualmente para actividades no agrarias, que se utilice predominantemente para actividades agrarias; o
[…]
4.   Las superficies serán consideradas como hectáreas admisibles solamente si cumplen la definición de hectárea admisible durante todo el año natural, salvo en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales.
[…]»
16
El artículo 33 del referido Reglamento, titulado «Declaración de las hectáreas admisibles», establece en su apartado 1:
«A efectos de la activación de los derechos de pago prevista en el artículo 32, apartado 1, el agricultor declarará las parcelas correspondientes a las hectáreas admisibles vinculadas a los derechos de pago. Salvo en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales, dichas parcelas serán las que estén a disposición del agricultor en una fecha fijada por el Estado miembro, que no será posterior a la fecha fijada en dicho Estado miembro para la modificación de la solicitud de ayuda contemplada en el artículo 72, apartado 1, del Reglamento [n.o 1306/2013].»
17
El artículo 36 del Reglamento n.o 1307/2013, que regula específicamente el régimen de pago único por superficie, dispone en sus apartados 2 y 5:
«2.   El régimen de pago único por superficie se concederá sobre una base anual para cada hectárea admisible declarada por el agricultor de conformidad con el artículo 72, apartado 1, primer párrafo, letra a) del Reglamento [n.o 1306/2013]. […]
[…]
5.   Salvo en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales, las hectáreas a que se refiere el apartado 1 bis tienen que estar a disposición del agricultor en una fecha fijada por el Estado miembro, que no será posterior a la fecha fijada en dicho Estado miembro para la modificación de la solicitud de ayuda contemplada en el artículo 72, apartado 1, letra a), del Reglamento [n.o 1306/2013].»
18
A tenor del artículo 48 del Reglamento n.o 1307/2013, que establece las normas generales relativas al pago para zonas con limitaciones naturales:
«1.   Los Estados miembros podrán conceder un pago a los agricultores con derecho a un pago en virtud del régimen de pago básico o del régimen de pago único por superficie contemplados en el capítulo 1 y cuyas explotaciones estén total o parcialmente situadas en zonas con limitaciones naturales, designadas por los Estados miembros […].
[…]
3.   […] el pago para zonas con limitaciones naturales se concederá anualmente por cada hectárea admisible situada en las zonas a las que los Estados miembros hayan decidido conceder un pago de conformidad con el apartado 2 del presente artículo y se abonará tras la activación de los derechos de pago por aquellas hectáreas que posean los agricultores de que se trate o, en los Estados miembros que apliquen el artículo 36 del presente Reglamento, tras la declaración de aquellas hectáreas admisibles por los agricultores de que se trate.
[…]»
Reglamento Delegado n.o 640/2014
19
El Reglamento Delegado n.o 640/2014 fue derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023 por el Reglamento Delegado (UE) 2022/1172 de la Comisión, de 4 de mayo de 2022, por el que se completa el Reglamento 2021/2116 en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control de la política agrícola común y la aplicación y el cálculo de las sanciones administrativas en el marco de la condicionalidad (DO 2022, L 183, p. 12). No obstante, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Delegado 2022/1172, el Reglamento Delegado n.o 640/2014 seguirá siendo aplicable a las solicitudes de ayuda para pagos directos presentadas antes del 1 de enero de 2023. Así pues, habida cuenta de la fecha de los hechos del litigio principal, el Reglamento Delegado n.o 640/2014 es aplicable en el caso de autos.
20
Los considerandos 2 y 19 del Reglamento Delegado n.o 640/2014 tienen la siguiente redacción:
«(2)
En particular, deben establecerse normas para completar determinados elementos no esenciales del Reglamento [n.o 1306/2013] en relación con el funcionamiento del sistema integrado de gestión y control (en lo sucesivo, “el sistema integrado”), los plazos para la presentación de las solicitudes de ayuda y las solicitudes de pago, las condiciones para la denegación total o parcial de la ayuda y la retirada total o parcial de la ayuda indebida y la determinación de las sanciones administrativas aplicables a los casos de incumplimiento relacionados con las condiciones para recibir la ayuda de los regímenes establecidos por el Reglamento [n.o 1307/2013].
[…]
(19)
Es preciso que las sanciones administrativas se fijen teniendo en cuenta los principios de disuasión y proporcionalidad y los problemas específicos vinculados a casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales. Las sanciones administrativas deben ser objeto de una gradación proporcional a la gravedad del incumplimiento cometido y llegar hasta la total exclusión de uno o varios regímenes de ayuda por superficie o medidas de ayuda por superficie durante un período dado. Las sanciones deben tener en cuenta las particularidades de los distintos regímenes de ayuda o medidas de ayuda con relación a los criterios de admisibilidad, los compromisos y las demás obligaciones o la posibilidad de que un beneficiario pueda no declarar todas sus superficies para crear artificialmente la condición de estar exento de las obligaciones de ecologización. Las sanciones administrativas del presente Reglamento deben considerarse suficientemente disuasorias para desaconsejar los incumplimientos intencionados.»
21
El artículo 19 bis del Reglamento Delegado n.o 640/2014, titulado «Sanciones administrativas en caso de sobredeclaración de superficies en el régimen de pago básico, el régimen de pago único por superficie, el pago redistributivo, el régimen para jóvenes agricultores, el pago para zonas con limitaciones naturales, el régimen para pequeños agricultores, los pagos Natura 2000 y en virtud de la Directiva marco sobre el agua y los pagos destinados a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas», dispone:
«1.   Si, para un grupo de cultivos en la acepción del artículo 17, apartado 1, la superficie declarada a efectos de los regímenes de ayuda contemplados en el título III, capítulos 1, 2, 4 y 5, y en el título V, del Reglamento [n.o 1307/2013] y de las medidas de apoyo contempladas en los artículos 30 y 31 del Reglamento (UE) n.o 1305/2013 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 487)], sobrepasa la superficie determinada de conformidad con el artículo 18 del presente Reglamento, la ayuda o el apoyo se calculará sobre la base de la superficie determinada, reducida en 1,5 veces de la diferencia comprobada, si esta es superior al 3 % de la superficie determinada o a 2 hectáreas.
La sanción administrativa no superará el 100 % de los importes basados en la superficie declarada.
2.   Cuando aún no se haya impuesto ninguna sanción administrativa al beneficiario en virtud del apartado 1 por sobredeclaración de superficies en el marco del régimen de ayudas o de la medida de apoyo de que se trate, la sanción administrativa prevista en dicho apartado se reducirá un 50 % si la diferencia entre la superficie declarada y la superficie determinada no es superior al 10 % de la superficie determinada.
3.   Cuando un beneficiario haya reducido su sanción administrativa de conformidad con el apartado 2, y se le imponga otra sanción administrativa contemplada en el presente artículo y en el artículo 21 en el marco del régimen de ayudas o de la medida de apoyo de que se trate en el año de solicitud siguiente, este tendrá que abonar la totalidad de la sanción administrativa correspondiente a dicho siguiente año de solicitud así como el importe de la reducción calculada de conformidad con el apartado 2 de la sanción administrativa calculada de conformidad con el apartado 1.
4.   Si el importe calculado con arreglo a los apartados 1, 2 y 3 no puede recuperarse íntegramente en los tres años naturales siguientes a aquel en que se haya descubierto la irregularidad, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Ejecución [n.o 908/2014], se cancelará el saldo pendiente.»
Reglamento 2021/2115
22
El artículo 4, apartado 4, letra a), del Reglamento 2021/2115 establece:
«A efectos de los tipos de intervenciones en forma de pagos directos, el concepto de “hectárea admisible” se determinará de manera que cubra zonas que estén a disposición del agricultor y que consistan en:
a)
cualquier superficie agrícola de la explotación que, durante el año para el que se solicita la ayuda, se utilice para una actividad agrícola o, cuando la superficie se utilice también para actividades no agrícolas, se emplee predominantemente para actividades agrícolas […]».
Derecho búlgaro
ZPZP
23
El artículo 41 de la Zakon za podpomagane na zemedelskite proizvoditeli (Ley de Apoyo a los Agricultores) (DV n.o 58, de 22 de mayo de 1998), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «ZPZP»), dispone:
«(1)   Los agricultores registrados con arreglo al artículo 7 podrán solicitar una ayuda en virtud de los regímenes mencionados en el artículo 38a, apartado 1, mediante la presentación de una solicitud de ayuda de conformidad con el artículo 32, apartado 1, para el año natural de que se trate.
[…]
(3)   Los terrenos agrícolas a los que se refiera la solicitud de ayuda deberán estar a disposición de los agricultores a 31 de mayo del año natural de que se trate, de conformidad con el artículo 36, apartado 5, del Reglamento [n.o 1307/2013], lo que se certifica mediante un título jurídico de uso registrado con arreglo a la [Zakon za sobstvenostta i polzvaneto na zemedelskite zemi (Ley sobre la Propiedad y el Uso de Terrenos Agrícolas)].
(4)   El título jurídico del uso de los terrenos agrícolas se registrará en los servicios municipales de agricultura del lugar donde se encuentren las propiedades, mediante un programa informático especializado gestionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques. El registro podrá efectuarse hasta la expiración de los plazos previstos por el Reglamento mencionado en el artículo 32, apartado 5, para la presentación de la solicitud de ayuda y las modificaciones de esta.
(5)   El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques clasificará, resumirá y transmitirá al organismo pagador, de una sola vez o por etapas, los datos relativos a los títulos jurídicos registrados para el uso de los terrenos agrícolas. […]
(6)   Cuando se presente una solicitud de ayuda a través del sistema integrado de gestión y control [en lo sucesivo, “SIGC”)], el organismo pagador verificará los datos de la solicitud, que se compararán con los datos mencionados en el apartado 5. Si el agricultor incluye en su solicitud terrenos agrícolas situados fuera de las superficies para las que existe título jurídico o en una extensión que exceda el título jurídico de uso registrado, el sistema generará una notificación de error. Se presentará al agricultor la notificación de error para que la firme.
(7)   Una vez expirados los plazos de presentación de la solicitud de ayuda y de modificación de la misma, previstos en el Reglamento mencionado en el artículo 32, apartado 5, el organismo pagador procederá a un control administrativo de todas las solicitudes de ayuda presentadas respecto de las cuales el sistema haya emitido una notificación de error. Durante el control, la información contenida en las solicitudes de ayuda se comparará con los datos mencionados en el apartado 5 relativos al cumplimiento de los requisitos contemplados en los apartados 3 y 4.
(8)   Cuando la verificación a que se refiere el apartado 7 revele la existencia de terrenos agrícolas reivindicados sin título jurídico para su uso, el organismo pagador procederá a una determinación geográfica de la superficie y de la ubicación de dichos terrenos. En este caso, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques proporcionará información adicional al organismo pagador.
(9)   Cuando la verificación efectuada con arreglo a los apartados 7 y 8 no revele ningún título jurídico registrado en el sentido del apartado 4, el organismo pagador aplicará lo dispuesto en el artículo 43, apartado 3.»
24
El artículo 43 de la ZPZP establece:
«(1)   El organismo pagador efectuará los pagos directos correspondientes a las solicitudes presentadas cuando compruebe que:
1.
el solicitante utiliza las superficies agrarias declaradas en la solicitud y ejerce en ellas una actividad agrícola;
[…]
4.
las superficies declaradas a efectos de la ayuda se consideren subvencionables en los controles a que se refiere el artículo 37, apartados 3 y 4.
[…]
(3)   El organismo pagador reducirá el importe del pago o denegará el pago en concepto de los regímenes de pago directo cuando:
[…]
4.
el solicitante haya declarado superficies que no explota o superficies que no cumplen los criterios de subvencionabilidad establecidos en el Reglamento al que se refiere el artículo 40;
5.
para una misma superficie, se hayan presentado dos o más solicitudes y no se haya eliminado el solapamiento de superficies;
[…]
7.
el solicitante de la ayuda no es quien utiliza las superficies agrícolas declaradas;
[…]
10.
las superficies declaradas a efectos de la ayuda se consideren no subvencionables en los controles a los que se refiere el artículo 37, apartados 3 y 4.
(4)   El organismo pagador reducirá el importe del pago o denegará el pago al que se refiere el apartado 3 de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa de la Unión.»
Reglamento n.o 5, de 27 de febrero de 2009
25
El artículo 2 de la naredba n.o 5 za usloviyata i reda za podavane na zayavlenia po shemi i merki za direktni plashtania (Reglamento n.o 5, sobre los requisitos y el procedimiento de presentación de solicitudes en el marco de los regímenes y medidas de pagos directos), de 27 de febrero de 2009 (DV n.o 22 de 2009), en su versión aplicable al litigio principal, establece:
«(1)   Podrán disfrutar de la ayuda en virtud de los regímenes y medidas mencionados en el artículo 1 los agricultores que exploten terrenos agrícolas o críen ganado y que cumplan los requisitos del artículo 41 de la [ZPZP].
(2)   Las personas a las que se refiere el apartado 1 presentarán una solicitud de ayuda sobre la base de los regímenes y medidas contemplados en el artículo 1 mediante un formulario que deberá aprobar anualmente el [DFZ] — Organismo pagador (Razplashtatelna agentsia — RA). Cuando soliciten la ayuda por primera vez, las personas a las que se refiere el apartado 1 deberán también cumplimentar una solicitud de registro.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
26
LQ presentó una solicitud de ayuda financiera en el marco de distintos regímenes y medidas de pagos directos por superficie para el ejercicio 2021 financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el presupuesto nacional de la República de Bulgaria.
27
Mediante escrito de 13 de enero de 2023, el DFZ informó a LQ de la autorización de una ayuda y de su pago sobre la base de las superficies declaradas para el ejercicio 2021. Dicho escrito indicaba que los importes de las ayudas solicitadas por LQ, en virtud del régimen de pago por las zonas con limitaciones naturales, del régimen de pago único por superficie y de las ayudas por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, se habían reducido y que se habían impuesto sanciones por sobredeclaraciones de superficies.
28
LQ presentó un recurso contra el referido escrito ante el Administrativen sad — Varna (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna, Bulgaria), alegando que carecía de motivación, lo que no permitía comprender sobre la base de qué elementos de hecho se había adoptado esa decisión, y que la autoridad competente había incurrido en un error de Derecho.
29
De la resolución de remisión se desprende que la reducción de los importes de las ayudas solicitadas por LQ fue decidida sobre la base de los resultados de un control administrativo de admisibilidad de las superficies, efectuado de conformidad con el artículo 74 del Reglamento n.o 1306/2013, los artículos 28 y 29 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 1306/2013 en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad (DO 2014, L 227, p. 69), y el artículo 37, apartado 2, de la ZPZP, mediante la comparación de los datos disponibles en los registros del SIGC con los contenidos en la base de datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques de Bulgaria.
30
En dicho control se comprobó que las superficies declaradas en la solicitud de ayuda presentada por LQ para el ejercicio 2021 eran superiores a aquellas para las que se había registrado el título jurídico de uso con arreglo a la normativa nacional.
31
Por las superficies indicadas en la solicitud de ayuda de LQ, que fueron consideradas no admisibles o declaradas en exceso, se le impuso una sanción con arreglo al artículo 19 bis del Reglamento Delegado n.o 640/2014.
32
LQ alega que el escrito de 13 de enero de 2023, mencionado en el apartado 27 de la presente sentencia, no hace referencia alguna a una posible falta de conformidad de los datos que aportó en su solicitud de ayuda con los utilizados por el DFZ en el marco de sus controles. Más concretamente, a su juicio, dicho escrito no proporciona ninguna información de la que pueda deducirse que se llevaron a cabo controles administrativos ni indica los casos de falta de conformidad de la solicitud de ayuda que se detectaron.
33
El DFZ sostiene que, con arreglo al artículo 41, apartado 3, de la ZPZP, las superficies agrícolas declaradas en la solicitud de ayuda deben estar a disposición de los agricultores a 31 de mayo del año natural de que se trate, lo cual puede ser acreditado a través del registro del título jurídico de uso de dichas superficies.
34
En el caso de autos, el DFZ sostiene que decidió reducir los importes de las ayudas concedidas a LQ e imponer sanciones de conformidad con la referida disposición, ya que LQ había declarado en su solicitud de ayuda una superficie superior a la constatada a raíz de los controles administrativos realizados. A este respecto, el DFZ precisa que, mediante escrito de 8 de junio de 2023, había informado en primer lugar a LQ de la falta de datos sobre el título jurídico de uso de la parcela con el número 78519‑1127‑22‑1, a la que LQ había hecho referencia en la solicitud de ayuda en virtud del régimen de pago por las zonas con limitaciones naturales. Por lo que respecta a la solicitud de ayuda de LQ en virtud del régimen de pago único por superficie, el DFZ sostiene que la parcela con el número 001182‑8‑1‑1 no reúne las características adecuadas para recibir la ayuda correspondiente. Por último, en un escrito de 30 de octubre de 2023, el DFZ indicó a LQ que la imposición de sanciones administrativas se había decidido precisamente por la diferencia encontrada entre la superficie declarada y la superficie comprobada tras los controles.
35
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el Derecho de la Unión permite que una disposición nacional como el artículo 41, apartados 3 y 4, de la ZPZP o una práctica de la autoridad administrativa nacional competente denieguen a los agricultores la concesión de una ayuda por superficies cuyo título jurídico de uso no hayan registrado en las bases de datos previstas al efecto, dentro de los plazos establecidos por el Derecho nacional.
36
Por lo que respecta al artículo 19 bis del Reglamento Delegado n.o 640/2014, sobre cuya base el DFZ impuso sanciones a LQ, el órgano jurisdiccional remitente observa que dicho Reglamento Delegado, incluso derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023, sigue siendo aplicable a las solicitudes de ayuda para pagos directos presentadas antes de esa fecha, como ocurre en el litigio principal. Sin embargo, constata que la versión consolidada del referido Reglamento Delegado ya no contiene el citado artículo 19 bis. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si debe considerarse que ese artículo estaba en vigor en la fecha en que se impusieron las sanciones a LQ, a saber, el 13 de enero de 2023.
37
En estas circunstancias, el Administrativen sad — Varna (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Están permitidas, de conformidad con el artículo 4, apartado 4, del Reglamento [2021/2115], el artículo 28 del Reglamento de Ejecución [n.o 908/2014] y los artículos 18 y 19 del Reglamento Delegado [n.o 640/2014], una norma y una práctica nacionales del organismo pagador de la República de Bulgaria relativas a la aplicación de disposiciones nacionales, en particular del artículo 41, apartados 3 y 4, de la [ZPZP], en virtud de las cuales se deniega al agricultor el derecho a una subvención por las superficies para las que celebró un contrato de explotación por el mismo año, aunque sin registrar dicho título jurídico en el sistema del Ministerio de Agricultura dentro de los plazos establecidos por la ley?
2)
¿Debe imponerse al agricultor, a la vista del artículo 49, apartado 1, tercera frase, de la [Carta], una sanción con arreglo al artículo 19 bis del Reglamento Delegado n.o 640/2014 [derogado por el Reglamento Delegado [2022/1172], cuyo considerando 16 establece: “en interés de la claridad y la seguridad jurídica, el Reglamento Delegado [n.o 640/2014] debe ser derogado. No obstante, este debe seguir aplicándose a las solicitudes de ayuda para pagos directos presentadas antes del 1 de enero de 2023, a las solicitudes de pago presentadas en relación con las medidas de ayuda aplicadas en el marco del Reglamento [n.o 1305/2013] y al sistema de control y sanciones administrativas en relación con las normas de ecocondicionalidad”], que estaba en vigor en el ejercicio 2021, si en la fecha del escrito mediante el que se impuso la sanción, a saber, el 13 de enero de 2023, no existía el artículo 19 bis del Reglamento Delegado [n.o 640/2014], en su versión aplicable a partir del 1 de enero de 2023?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
Sobre la admisibilidad
38
La Comisión Europea alberga dudas respecto a la admisibilidad de la primera cuestión prejudicial debido a que, en su opinión, de la resolución de remisión no se desprenden sin ambigüedad los elementos de hecho y de Derecho necesarios para que el Tribunal de Justicia responda de forma útil a la cuestión planteada. En efecto, la Comisión considera que el órgano jurisdiccional remitente no ha expuesto claramente los hechos ni reproducido el marco jurídico nacional pertinente, en particular las disposiciones nacionales que establecen la obligación de registrar el título jurídico de uso de los terrenos agrícolas. A su entender, tampoco especifica las razones por las que estima necesaria una interpretación del artículo 4, apartado 4, del Reglamento 2021/2115, del artículo 28 del Reglamento de Ejecución n.o 908/2014 y de los artículos 18 y 19 del Reglamento Delegado n.o 640/2014.
39
Según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir (sentencia de 27 de abril de 2023, Castorama Polska y Knor, C‑628/21, EU:C:2023:342, apartado 25 y jurisprudencia citada).
40
A este respecto, es preciso recordar que, en el contexto de este procedimiento, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. De lo anterior se deduce que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 29 de julio de 2024, LivaNova, C‑713/22, EU:C:2024:642, apartado 53 y jurisprudencia citada).
41
En el caso de autos, como se desprende de la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente, el recurso en el litigio principal se dirige contra el escrito del DFZ, de 13 de enero de 2023, mediante el que este informó a LQ de la reducción de los importes de las ayudas financieras solicitadas por LQ para el ejercicio 2021 en virtud de distintos regímenes de ayuda y medidas de pagos directos por superficie, así como de la imposición de sanciones por las sobredeclaraciones de superficies constatadas.
42
El DFZ redujo el importe de las ayudas financieras solicitadas por LQ debido a que, a raíz de un control de la admisibilidad de las superficies, efectuado sobre la base de una comparación de los datos declarados por LQ en su solicitud de ayuda con los que figuraban en el sistema del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques, se constató que LQ no había registrado, como exige el artículo 41, apartados 3 y 4, de la ZPZP, el título jurídico de uso de todas las parcelas agrícolas mencionadas en su solicitud de ayuda.
43
Así pues, la primera cuestión prejudicial se refiere claramente a una situación en la que la base de datos informática del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Bosques no contiene información sobre el título jurídico de uso de una parcela comprendida en la solicitud de ayuda financiera presentada por LQ para el ejercicio 2021.
44
Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, la petición de decisión prejudicial contiene una exposición del objeto del litigio principal y de los hechos relevantes, así como el tenor de las disposiciones nacionales de que se trata, incluido el artículo 41, apartados 3 y 4, de la ZPZP.
45
Además, dicha petición indica las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a solicitar la interpretación de la normativa de la Unión. En efecto, de la referida petición de decisión prejudicial se desprende que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia existente se refiere a hechos diferentes de los controvertidos en el litigio principal y a una normativa nacional diferente de la controvertida en dicho litigio.
46
De ello se deduce que la primera cuestión prejudicial es admisible.
Sobre el fondo
47
Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado. En consonancia con esto, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (véase, en ese sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2023, Groenland Poultry, C‑169/22, EU:C:2023:638, apartado 47 y jurisprudencia citada).
48
En el presente asunto, la primera cuestión prejudicial se refiere al artículo 4, apartado 4, del Reglamento 2021/2115, que, a efectos de los tipos de intervenciones en forma de pagos directos, define el concepto de «hectárea admisible».
49
Pues bien, como se desprende de la petición de decisión prejudicial, LQ presentó una solicitud de ayuda financiera en el marco de distintos regímenes de ayuda y medidas de pagos directos por superficie para el ejercicio 2021 financiados por el FEAGA, el Feader y el presupuesto nacional de la República de Bulgaria.
50
De ello se deduce que únicamente las disposiciones del Reglamento n.o 1307/2013 pueden aplicarse ratione materiae al litigio principal. En efecto, en virtud, respectivamente, del artículo 1, apartado 2, y del artículo 154 del Reglamento 2021/2115, por una parte, este Reglamento se aplica a la ayuda de la Unión financiada por el FEAGA y el Feader destinada a las intervenciones que se especifican en el plan estratégico de la PAC elaborado por un Estado miembro y aprobado por la Comisión, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2027, y, por otra parte, el Reglamento n.o 1307/2013 sigue siendo aplicable a las solicitudes de ayuda relativas a los años de solicitud que comiencen antes del 1 de enero de 2023.
51
A este respecto, dado que, según la información que figura en la resolución de remisión, la supuesta falta de registro del título jurídico de uso de una de las parcelas de LQ atañe a la solicitud de ayuda presentada en virtud del régimen de pago por las zonas con limitaciones naturales, son pertinentes en el marco de la primera cuestión prejudicial las disposiciones del artículo 48 del Reglamento n.o 1307/2013, que define las normas generales que regulan el régimen de pago para tales zonas.
52
Los apartados 1 y 3 de dicho artículo 48 remiten, a efectos de la identificación de las superficies comprendidas en el ámbito de aplicación de la ayuda relativa a las zonas con limitaciones naturales y de la determinación de sus modalidades de pago, a las disposiciones aplicables al régimen de pago básico y a las relativas al régimen de pago único por superficie.
53
En el caso de autos, la primera cuestión prejudicial se refiere principalmente a la carga de la prueba que incumbe a los agricultores para demostrar que las parcelas agrícolas declaradas en su solicitud de ayuda estaban efectivamente a su disposición en la fecha de presentación de la solicitud. Además, de la información que figura en la resolución de remisión se desprende que LQ presentó una solicitud de ayuda únicamente en virtud del régimen de pago único por superficie, sin haber solicitado ayuda en virtud del régimen de pago básico. Por consiguiente, procede considerar que, en el marco de la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita la interpretación de lo dispuesto en los artículos 32, apartado 2, letra a), y 36, apartados 2 y 5, del Reglamento n.o 1307/2013, que, respectivamente, definen la «hectárea admisible» y establecen el requisito según el cual las hectáreas declaradas en la solicitud de ayuda deben estar «a disposición del agricultor en una fecha fijada por el Estado miembro».
54
Por tanto, ha de considerarse que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 32, apartado 2, letra a), y 36, apartados 2 y 5, del Reglamento n.o 1307/2013 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional o a una práctica nacional en virtud de la cual puede denegarse a un agricultor el derecho al pago de la ayuda por superficies para cuyo uso haya celebrado un contrato para el año de que se trate, cuando ese contrato, como título jurídico del uso de dichas superficies, no haya sido registrado en la base de datos informática designada a tal efecto dentro de los plazos previstos por el Derecho nacional.
55
Según reiterada jurisprudencia, para interpretar disposiciones del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que formen parte (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2024, Agrarmarkt Austria, C‑350/23, EU:C:2024:771, apartado 57 y jurisprudencia citada).
56
A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que el artículo 32, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1307/2013 define el concepto de «hectárea admisible» como «cualquier superficie agraria de la explotación […] que se utilice para una actividad agraria o, en caso de utilizarse igualmente para actividades no agrarias, que se utilice predominantemente para actividades agrarias».
57
Según el tenor de los apartados 2 y 5 del artículo 36 del referido Reglamento, el régimen de pago único por superficie se concederá anualmente para cada hectárea admisible declarada por el agricultor de conformidad con el artículo 72, apartado 1, párrafo primero, letra a), del Reglamento n.o 1306/2013 y, salvo en caso de fuerza mayor o en circunstancias excepcionales, dichas hectáreas deben estar a disposición del agricultor en una fecha fijada por el Estado miembro, que no será posterior a la fecha límite fijada por dicho Estado miembro para la modificación de la solicitud de ayuda contemplada en el artículo 72, apartado 1, del citado Reglamento.
58
De la lectura conjunta de estas disposiciones se desprende que, para la concesión de la ayuda solicitada, el agricultor debe efectivamente utilizar y tener a su disposición las superficies declaradas en la solicitud de ayuda.
59
En segundo lugar, por lo que respecta al contexto en el que se inscriben las mencionadas disposiciones, procede señalar que el Reglamento n.o 1307/2013 establece las disposiciones aplicables a los regímenes de ayuda, en particular las relativas a los pagos directos a los agricultores, incluidas las referentes a las condiciones de acceso a dichos pagos.
60
A este respecto, es preciso observar que los artículos 32, apartado 2, letra a), y 36, apartados 2 y 5, del Reglamento n.o 1307/2013 están comprendidos en las partes de este Reglamento dedicadas a la aplicación del régimen de pago básico y del régimen de pago único por superficie. Pues bien, dado que las ayudas en virtud de estos regímenes se conceden a los agricultores tras la activación de un derecho de pago por hectárea admisible, la determinación de las hectáreas admisibles que están a disposición del agricultor es esencial para la correcta aplicación de dichos regímenes, en la medida en que permite comprobar el cumplimiento de las condiciones de concesión de esas ayudas y en que el número de hectáreas admisibles constituye la base de cálculo del importe de la ayuda que debe abonarse al agricultor que ha presentado la solicitud de ayuda.
61
La definición del concepto de «hectárea admisible», prevista en el artículo 32, apartado 2, letra a), del antedicho Reglamento, pese a estar incluida en la parte de este relativa a la aplicación del régimen de pago básico, es, como precisa la propia disposición, pertinente «a los efectos del presente título», que incluye el artículo 36 del mismo Reglamento.
62
En tercer lugar, por lo que respecta a los objetivos perseguidos por el Reglamento n.o 1307/2013, estos deben determinarse a la luz de las tareas de la gestión compartida de los fondos de la Unión con los Estados miembros, en el marco de la PAC.
63
A este respecto, por una parte, procede recordar que una de las exigencias esenciales de la reforma de la PAC llevada a cabo por el Reglamento n.o 1307/2013, tal como se enuncia en el considerando 2 de dicho Reglamento, es la reducción de la carga administrativa.
64
Dicho esto, se desprende claramente de la normativa de la Unión relativa a la protección de los intereses financieros de la Unión, a la financiación de la PAC y al SIGC que los Estados miembros tienen la obligación de adoptar las medidas idóneas para garantizar la correcta ejecución del SIGC y deben, en particular, tomar las medidas necesarias para cerciorarse de que las operaciones financiadas por la Unión se ejecutan realmente y de manera correcta, así como para prevenir y hacer frente a las irregularidades (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Pontini y otros, C‑375/08, EU:C:2010:365, apartado 75).
65
A tal fin, por una parte, con arreglo a los artículos 63, 64 y 77 del Reglamento n.o 1306/2013, que, como indica el artículo 5 del Reglamento n.o 1307/2013, está estrechamente vinculado a este último Reglamento, los Estados miembros impondrán sanciones administrativas, que deberán ser proporcionadas y graduadas según la gravedad, amplitud, duración y reiteración del incumplimiento observado, y que podrán adoptar la forma de una reducción de la cuantía de la ayuda, un pago de un importe calculado en función de la cantidad o la duración del incumplimiento, la suspensión o retirada de una aprobación, reconocimiento o autorización, o la exclusión del derecho a participar en el régimen de ayuda o en la medida de apoyo u otra medida en cuestión o a beneficiarse de ellos.
66
Por otra parte, en virtud de los artículos 67 a 73 del Reglamento n.o 1306/2013, cada Estado miembro creará y administrará un SIGC, que se aplicará a los regímenes de ayuda enumerados en el anexo I del Reglamento n.o 1307/2013 y que incluirá, en particular, un sistema de identificación de las parcelas agrícolas y de registro de las solicitudes de ayuda y de pago. Su objetivo principal será verificar la autenticidad de las operaciones financiadas por el presupuesto de la Unión en el marco de la PAC y su conformidad con los criterios de admisibilidad de las ayudas o medidas de apoyo, así como mejorar la eficacia y el seguimiento del apoyo prestado por la Unión, en particular facilitando la prevención de irregularidades y fraudes y la aplicación de las sanciones adecuadas.
67
Por consiguiente, ningún elemento del Reglamento Delegado n.o 640/2014 permite considerar que los Estados miembros no puedan adoptar, con el fin de garantizar la correcta aplicación de dicho Reglamento, normas nacionales que exijan que el agricultor, cuando presente una solicitud de ayuda a través de la base de datos informática designada a tal efecto, indique, en apoyo de dicha solicitud, los títulos jurídicos de uso de las parcelas agrícolas identificadas como hectáreas admisibles a efectos de la admisibilidad a la medida de ayuda solicitada y del cálculo del importe de la ayuda.
68
A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que los Estados miembros disponen de un margen de apreciación en cuanto a los documentos acreditativos y a las pruebas que procede exigir a un solicitante de ayuda respecto a las superficies objeto de su solicitud [sentencia de 17 de diciembre de 2020, Land Berlin (Derechos de pago en relación con la PAC), C‑216/19, EU:C:2020:1046, apartado 35 y jurisprudencia citada]. En el ejercicio de este margen de apreciación, los Estados miembros pueden introducir precisiones en cuanto a las pruebas que han de proporcionarse en apoyo de una solicitud de ayudas remitiéndose, en particular, a las prácticas habituales en su territorio en el ámbito de la agricultura relativas al disfrute y al uso de las superficies forrajeras, así como a los títulos que han de presentarse respecto a este uso (sentencia de 24 de junio de 2010, Pontini y otros, C‑375/08, EU:C:2010:365, apartado 82).
69
No obstante, en el ejercicio de su margen de apreciación, los Estados miembros deben respetar los objetivos perseguidos por la normativa de la Unión de que se trate y los principios generales del Derecho de la Unión, como los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de junio de 2019, Azienda Agricola Barausse Antonio e Gabriele, C‑348/18, EU:C:2019:545, apartado 57, y de 7 de abril de 2022, Avio Lucos, C‑116/20, EU:C:2022:273, apartado 63).
70
Si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, en cada caso concreto, si se han respetado estos principios (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Pontini y otros, C‑375/08, EU:C:2010:365, apartado 89), conforme a reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia es competente para proporcionar al órgano jurisdiccional remitente todos los elementos de interpretación pertenecientes al Derecho de la Unión que le permitan apreciar tal conformidad para la resolución del asunto que le haya sido sometido (sentencia de 11 de junio de 2020, Subdelegación del Gobierno en Guadalajara, C‑448/19, EU:C:2020:467, apartado 17 y jurisprudencia citada).
71
Por lo que se refiere al principio de seguridad jurídica, que el Tribunal de Justicia tiene en cuenta en el ámbito de las ayudas a los agricultores, en particular por lo que respecta a las disposiciones relativas a las sanciones administrativas (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de abril de 2024, Kaszamás, C‑79/23, EU:C:2024:329, apartado 59 y jurisprudencia citada), procede recordar que no solo exige que la normativa de la Unión permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone, sino también que estos puedan conocer, sin ambigüedad, sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, Teglgaard y Fløjstrupgård, C‑239/17, EU:C:2018:597, apartado 52 y jurisprudencia citada).
72
Por lo que respecta al principio de proporcionalidad, que, según el Tribunal de Justicia, exige que los medios que aplica una disposición sean adecuados para conseguir el objetivo perseguido y no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo, procede recordar que debe ser respetado tanto por el legislador de la Unión como por los legisladores y órganos jurisdiccionales nacionales que aplican el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Pontini y otros, C‑375/08, EU:C:2010:365, apartado 87).
73
Como se desprende de los apartados 65 a 67 de la presente sentencia, la normativa de la Unión relativa al SIGC, a la protección de los intereses financieros de la Unión y a la financiación de la PAC exige la adopción de medidas nacionales idóneas para garantizar la correcta ejecución del SIGC y cerciorarse de que los regímenes de ayuda financiados por la Unión se ejecutan realmente y de manera correcta. A este respecto, y en la medida en que sea pertinente en el marco del litigio principal, procede señalar que el artículo 72, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 1306/2013 enumera los elementos que deben indicarse en la solicitud de ayuda o de pago. En él se especifica que, además de la información que debe figurar en esas solicitudes en virtud de dicho Reglamento, estas también pueden tener que incluir información adicional impuesta por el Estado miembro competente, contribuyendo así a garantizar el respeto de los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad.
74
En el caso de autos, como observa la Comisión, por una parte, una disposición nacional como la aplicable al litigio principal, a saber, el artículo 41, apartados 3 y 4, de la ZPZP, persigue tal objetivo, en la medida en que pretende, en particular, impedir que los agricultores puedan aprovecharse abusivamente de terrenos ajenos con el fin de eludir la normativa de la Unión relativa a los regímenes de ayuda. Por otra parte, al exigir el registro del título jurídico de uso de las parcelas agrícolas declaradas en la solicitud de ayuda ante los servicios competentes del lugar en el que se encuentran esas parcelas, tal disposición nacional no parece imponer a los agricultores que solicitan una ayuda o un apoyo una obligación difícil de cumplir.
75
De ello se deduce que, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe las circunstancias del litigio principal, el requisito establecido en la normativa nacional controvertida, consistente en la presentación de un título jurídico válido a efectos del pago de una ayuda, cumple las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica, sin exceder, conforme al principio de proporcionalidad, lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido por dicha normativa.
76
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 32, apartado 2, letra a), y 36, apartados 2 y 5, del Reglamento n.o 1307/2013 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional o a una práctica nacional en virtud de la cual puede denegarse a un agricultor el derecho al pago de la ayuda por superficies para cuyo uso haya celebrado un contrato para el año de que se trate, cuando ese contrato, como título jurídico del uso de dichas superficies, no haya sido registrado en la base de datos informática designada a tal efecto dentro de los plazos previstos por el Derecho nacional, siempre que se respeten los objetivos perseguidos por la normativa de la Unión de que se trate y los principios generales del Derecho de la Unión, en particular los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica.
Segunda cuestión prejudicial
77
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 49, apartado 1, tercera frase, de la Carta es aplicable a una sanción como la impuesta a un agricultor en virtud del artículo 19 bis del Reglamento Delegado n.o 640/2014, en una situación en la que esta última disposición estaba en vigor en la fecha en la que se presentó la solicitud de ayuda y en la fecha en la que se impuso dicha sanción, pero que, en la fecha del examen del recurso interpuesto contra la misma sanción, había sido suprimida de la versión consolidada del referido Reglamento Delegado, el cual, aunque derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023, sigue siendo aplicable a las solicitudes presentadas antes de esa fecha de conformidad con el artículo 13 del Reglamento Delegado 2022/1172.
78
A este respecto, en el contexto de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 17 de octubre de 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, apartado 33).
79
De lo anterior se deduce que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada de una norma de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 17 de octubre de 2024, FA.RO. di YK & C., C‑16/23, EU:C:2024:886, apartado 34).
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Para empezar, es preciso recordar que, en el caso de autos, el Reglamento Delegado 2022/1172 derogó el Reglamento Delegado n.o 640/2014 y que del artículo 13 de ese primer Reglamento Delegado se desprende que este segundo Reglamento Delegado sigue aplicándose a las solicitudes de ayuda para pagos directos presentadas antes del 1 de enero de 2023. De ello se deduce que, dado que la solicitud de ayuda controvertida en el litigio principal se presentó en 2021, el artículo 19 bis del Reglamento Delegado n.o 640/2014 sigue aplicándose ratione temporis al litigio principal, aunque este último Reglamento Delegado haya sido derogado con efecto a partir del 1 de enero de 2023. El hecho de que la sanción se impusiera tras la derogación del Reglamento Delegado n.o 640/2014 carece de pertinencia a este respecto.
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A continuación, procede señalar que, contrariamente a lo que afirma el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 19 bis seguía formando parte tanto de la versión del Reglamento Delegado n.o 640/2014 aplicable ratione temporis al litigio principal como de la última versión consolidada de dicho Reglamento Delegado antes de su derogación.
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En estas circunstancias, en la medida en que se basa en una premisa errónea, la segunda cuestión prejudicial plantea un problema de naturaleza hipotética, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 79 de la presente sentencia, y debe, por tanto, declararse inadmisible (véase, por analogía, la sentencia de 16 de enero de 2025, Stangalov, C‑644/23, EU:C:2025:16, apartado 60 y jurisprudencia citada).
Costas
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Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
Los artículos 32, apartado 2, letra a), y 36, apartados 2 y 5, del Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.o 637/2008 y (CE) n.o 73/2009 del Consejo,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional o a una práctica nacional, en virtud de la cual puede denegarse a un agricultor el derecho al pago de la ayuda por superficies para cuyo uso haya celebrado un contrato para el año de que se trate, cuando ese contrato, como título jurídico del uso de dichas superficies, no haya sido registrado en la base de datos informática designada a tal efecto dentro de los plazos previstos por el Derecho nacional, siempre que se respeten los objetivos perseguidos por la normativa de la Unión de que se trate y los principios generales del Derecho de la Unión, en particular los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.