62023CC0460
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 7 de noviembre de 2024 (
1
)
Asunto C‑460/23 [Kinsa] (
i
)
OB
Procedimiento penal
con intervención de:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Bologna (Tribunal de Bolonia, Italia)]
«Procedimiento prejudicial — Política de inmigración — Directiva 2002/90/CE — Tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro — Artículo 1, apartado 1, letra a) — Definición de la tipificación general — Validez — Artículo 1, apartado 2 — Disposición facultativa que exime de responsabilidad penal a la persona que ayude a entrar de forma irregular en un Estado miembro con fines humanitarios — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 49 — Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas — Acto por el que una madre de familia, nacional de un tercer país, facilita la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro de dos menores de edad, miembros de su familia, utilizando documentos de identidad falsos»
I. Introducción
1.
Desde que se adoptó la Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, (
2
) la cuestión de la tipificación penal en el Derecho de la Unión del acto por el que una persona ayuda a un nacional de un tercer país a entrar de manera irregular en el territorio de un Estado miembro, por compasión, altruismo o solidaridad, con fines humanitarios o por obligación familiar, ha suscitado un intenso debate en el seno no solo de la sociedad civil, sino también de las instituciones europeas e internacionales. La presente petición de decisión prejudicial es el reflejo de las numerosas preocupaciones expresadas en este contexto.
2.
Esta petición se planteó a raíz de que las autoridades judiciales italianas iniciaran un proceso penal contra una nacional congoleña que había colaborado en la entrada irregular en el territorio nacional de dos miembros de su familia, su hija y su sobrina, ambas menores de edad, utilizando pasaportes falsos. Se le acusa de haber cometido un delito de ayuda a la entrada irregular en el territorio italiano, en concurso con un delito de posesión de documentos de identidad falsos, previstos por la normativa italiana. Si bien es cierto que se trata de una práctica con la que están familiarizadas las autoridades aduaneras y policiales de los Estados miembros, el Tribunale di Bologna (Tribunal de Bolonia, Italia) se pregunta, en el presente asunto, sobre la responsabilidad penal de esa madre de familia y, con carácter más general, de quienes actúan de manera desinteresada, así como sobre la a sanción aplicable a estos últimos, en virtud del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 y de la disposición de la normativa nacional que la transpone. (
3
)
3.
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente plantea dudas en cuanto a la validez del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, en particular por lo que respecta a su conformidad con el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (
4
) Dicho órgano jurisdiccional considera que, al exigir a los Estados miembros que tipifiquen la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro, aun cuando esa conducta no tenga ánimo de lucro, y sin prever, en una disposición de carácter vinculante, una exención expresa de la responsabilidad penal de quienes actúen con el fin de facilitar el ejercicio, por parte de la persona de que se trate, de su derecho a la vida y a la integridad física, de su derecho de asilo, o incluso de su derecho al respeto de la vida familiar, tal tipificación no es razonable ni garantiza el respeto de los derechos fundamentales del autor del acto y de la persona en cuestión.
4.
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente plantea dudas similares sobre la transposición al Derecho italiano del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90. En esencia, se pregunta si, en una situación como la que es objeto del litigio principal, la gravedad de la sanción a la que puede exponerse la interesada está en consonancia con la gravedad de la infracción que ha cometido y si no excede de lo que resulta necesario para lograr los objetivos que persigue el legislador nacional, de conformidad con el principio de proporcionalidad de los delitos y las penas. (
5
)
5.
En las presentes conclusiones, comenzaré señalando, antes de nada, que la tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro prevista en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 no contiene ninguna indicación que permita corroborar la tesis de la Comisión Europea según la cual la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro facilitada por un progenitor debido a sus obligaciones familiares o por solidaridad familiar no debe considerarse comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición.
6.
A continuación, proseguiré mi análisis explicando las razones por las que no existe, en mi opinión, ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, a la luz de los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, consagrados en el artículo 49, apartados 1 y 3, de la Carta.
7.
Por último, por lo que respecta a la normativa nacional controvertida, expondré que corresponde al órgano jurisdiccional remitente llevar a cabo un examen concreto de su proporcionalidad habida cuenta, en particular, de la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a las personas respecto de las que se haya acreditado que han actuado de manera desinteresada, con el fin de prestar ayuda humanitaria o debido a la existencia de vínculos familiares, o de adaptar el régimen de sanciones que les es aplicable.
II. Marco jurídico
A. Derecho de la Unión
8.
La Directiva 2002/90 define las infracciones relativas a la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, mientras que la Decisión Marco 2002/946/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, (
6
) establece las normas mínimas en lo que respecta a la naturaleza de las sanciones que pueden imponerse, a la responsabilidad de las personas jurídicas y a la competencia entre los Estados miembros.
1.
Directiva 2002/90
9.
La Directiva 2002/90 fue adoptada sobre la base de dos disposiciones. La primera es el artículo 61 CE, letra a) (actualmente, artículos 67 TFUE y 68 TFUE), que establecía que el Consejo de la Unión Europea adoptará medidas de acompañamiento directamente vinculadas con la libre circulación de personas y relativas a los controles en las fronteras exteriores y la inmigración, así como medidas para prevenir y luchar contra la delincuencia. La segunda es el artículo 63 CE, párrafo primero, punto 3, letra b) [actualmente, artículo 79 TFUE, apartado 2, letra c)], que preveía la adopción de medidas en el ámbito de la inmigración y la residencia ilegales.
10.
Los considerandos 1 a 4 de esta Directiva disponen:
«(1)
Uno de los objetivos de la Unión Europea es el establecimiento progresivo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, que implica en particular la lucha contra la inmigración clandestina.
(2)
Es preciso, por consiguiente, combatir la ayuda a la inmigración clandestina, tanto la que se refiere al cruce irregular de la frontera en sentido estricto como la que se presta para alimentar las redes de explotación de seres humanos.
(3)
A tal fin, es fundamental la aproximación de las disposiciones jurídicas existentes, en particular, por una parte, una definición precisa de la infracción correspondiente y los supuestos eximentes, lo que constituye el objeto de la presente Directiva, y por otra, normas mínimas para las sanciones, […] lo que constituye el objeto de la Decisión Marco [2002/946].
(4)
La presente Directiva tiene por objeto definir la ayuda a la inmigración clandestina y hacer por consiguiente más eficaz la aplicación de la Decisión Marco [2002/946] con el fin de impedir la citada infracción.»
11.
El artículo 1 de dicha Directiva, titulado «Tipificación general», establece:
«1.   Los Estados miembros adoptarán sanciones adecuadas:
a)
contra cualquier persona que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro a entrar en el territorio de un Estado miembro […], vulnerando la legislación del Estado de que se trate sobre entrada […] de extranjeros;
[…]
2.   Los Estados miembros podrán decidir, en aplicación de su legislación y de sus prácticas nacionales, no imponer sanciones a la conducta definida en la letra a) del apartado 1 en los casos en que el objetivo de esta conducta sea prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate.»
12.
El artículo 3 de la misma Directiva, titulado «Sanciones», prevé:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que las infracciones contempladas en los artículos 1 y 2 estén sometidas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.»
2.
Decisión Marco 2002/946
13.
La Decisión Marco 2002/946 se basa en el artículo 29 TUE (actualmente, artículo 67 TFUE), en el artículo 31 TUE, letra e) (actualmente, artículo 83 TFUE, apartado 1) y en el artículo 34 TUE, apartado 2, letra b).
14.
El artículo 1 de esta Decisión Marco, titulado «Sanciones», establece:
«1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que las infracciones definidas en los artículos 1 y 2 de la Directiva [2002/90] sean punibles con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias que puedan dar lugar a extradición.
[…]
3.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las infracciones definidas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 […] de la Directiva [2002/90] que hayan sido cometidas con ánimo de lucro, sean punibles con penas privativas de libertad cuya duración máxima no podrá ser inferior a ocho años, cuando hayan sido cometidas en alguna de las circunstancias siguientes:
–
infracción cometida como parte de las actividades de una organización delictiva con arreglo a la definición de la Acción común 98/733/JAI, [ (
7
)]
–
infracción cometida poniendo en peligro la vida de las personas que son objeto de la infracción.
[…]»
15.
El artículo 6 de dicha Decisión Marco, titulado «Derecho internacional relativo a los refugiados», dispone:
«La presente Decisión marco se aplicará sin perjuicio de la protección concedida a los refugiados y a los solicitantes de asilo con arreglo al Derecho internacional sobre refugiados u otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, especialmente al cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones internacionales en virtud de los artículos 31 y 33 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, [adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951].» (
8
)
B. Derecho italiano
1.
Decreto Legislativo n.o 286/1998
16.
El artículo 12, apartados 1 y 2, del decreto legislativo n.o 286 — Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto Legislativo n.o 286, por el que se aprueba el texto único de las disposiciones reguladoras de la inmigración y de las normas sobre el estatuto del extranjero), (
9
) de 25 de julio de 1998, dispone:
«1.   Salvo que los hechos sean constitutivos de un delito más grave, todo aquel que, infringiendo las disposiciones de este texto único, promueva, dirija, organice, financie o lleve a cabo el transporte de extranjeros a Italia o realice otros actos cuyo objeto sea permitirles entrar ilegalmente en Italia o en el territorio de otro Estado del que no son nacionales o en el que no disponen de permiso de residencia permanente será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa de 15000 euros por cada persona.
2.   Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 54 del codice penale [(Código Penal)], no constituyen delito las actividades de auxilio y ayuda humanitaria proporcionadas en Italia a los extranjeros en estado de necesidad y que ya estén presentes en el territorio del Estado.»
2.
Código Penal
17.
El artículo 54 del Código Penal, titulado «Estado de necesidad», establece, en su párrafo primero:
«No podrá ser castigado quien hubiera actuado para protegerse de un peligro actual de sufrir daños personales graves, o para proteger a otra persona de ese peligro, siempre y cuando el peligro no haya sido provocado intencionadamente por la persona en cuestión y no haya podido evitarse de otra forma, y que los actos de la persona sean proporcionados al peligro.»
III. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
18.
El 27 de agosto de 2019, la interesada, una nacional congoleña, se presentó en el puesto fronterizo aéreo de Bolonia (Italia), a la llegada de un vuelo procedente de Casablanca (Marruecos), con un pasaporte falso senegalés. Iba acompañada de su hija y de su sobrina, de 8 y 13 años, respectivamente, por las que también presentó documentos de identidad falsos.
19.
La interesada fue detenida el 28 de agosto de 2019 y, mediante resolución del Tribunale per i minorenni (Tribunal de Menores, Italia), las dos menores fueron ingresadas en un centro de acogida. Las autoridades judiciales italianas iniciaron un proceso penal contra ella, a quien se acusa de haber cometido un delito de ayuda a la entrada irregular en el territorio nacional, en concurso con un delito de posesión de documentos de identidad falsos, previstos por la normativa italiana. En la vista de validación de la detención que tuvo lugar el 29 de agosto de 2019 ante el Giudice per le Indagini Preliminari (juez de instrucción, Italia) del Tribunale di Bologna (Tribunal de Bolonia), la interesada declaró que había huido de la República Democrática del Congo para ponerse a salvo de las amenazas de muerte dirigidas contra ella a raíz de la ruptura de su relación con su pareja, y que también temía por la integridad física de las dos menores. El juez confirmó la detención de la interesada, pero desestimó la solicitud del Pubblico Ministero (Ministerio Fiscal, Italia) de que se acordara su ingreso en prisión preventiva.
20.
El 9 de octubre de 2019, la interesada presentó una solicitud de protección internacional, cuyo examen sigue pendiente, según las indicaciones facilitadas en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia el 18 de junio de 2024.
21.
El examen forense que se llevó a cabo en virtud de la resolución del Tribunale per i minorenni (Tribunal de Menores) permitió establecer el vínculo de filiación entre la interesada y una de las menores, sobre la que se le restituyó entonces la patria potestad. En cambio, este examen no pudo llevarse a cabo respecto de la segunda menor, puesto que, el 10 de septiembre de 2019, abandonó, por iniciativa propia, el centro en el que había sido acogida, y ya no ha podido ser localizada. El órgano jurisdiccional remitente precisa que del informe de los servicios sociales relativo a las entrevistas mantenidas con las menores se desprende que la segunda niña es, en efecto, sobrina de la interesada, y que se hizo cargo de ella tras el fallecimiento de la madre de la menor.
22.
En la vista celebrada el 29 de mayo de 2023, el abogado de la interesada propuso plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. El Tribunale di Bologna (Tribunal de Bolonia), al albergar dudas sobre la legalidad de la tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro, tal como se prevé, en el Derecho de la Unión, en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 y, en el Derecho italiano, en el artículo 12, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 286/1998, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Se opone la [Carta], y, en particular, el principio de proporcionalidad al que se refiere el artículo 52, apartado 1, en relación con el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad a los que se refieren los artículos 6 y 17, los derechos a la vida y a la integridad de la persona a los que se refieren los artículos 2 y 3, el derecho de asilo al que se refiere el artículo 18 y el respeto de la vida familiar al que se refiere el artículo 7, a las disposiciones de la Directiva [2002/90] y de la Decisión Marco [2002/946] transpuestas al ordenamiento jurídico italiano mediante el artículo 12 [del Decreto Legislativo n.o 286/1998], en la medida en que imponen a los Estados miembros la obligación de establecer sanciones de naturaleza penal a quien de forma intencional facilite o lleve a cabo actos destinados a facilitar la entrada de extranjeros de modo irregular en el territorio de la Unión, aun cuando la conducta no tenga ánimo de lucro, sin obligar al mismo tiempo a los Estados miembros a excluir la relevancia penal de conductas de ayuda a la entrada irregular cuyo fin sea prestar ayuda humanitaria a extranjeros?
2)
¿Se opone la [Carta], y, en particular, el principio de proporcionalidad al que se refiere el artículo 52, apartado 1, en relación con el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad a los que se refieren los artículos 6 y 17, los derechos a la vida y a la integridad de la persona a los que se refieren los artículos 2 y 3, el derecho de asilo al que se refiere el artículo 18 y el respeto de la vida familiar al que se refiere el artículo 7, a lo dispuesto en el tipo penal establecido en el artículo 12 [del Decreto Legislativo n.o 286/1998], en la medida en que sanciona la conducta del que lleva a cabo actos destinados a facilitar la entrada ilegal de un extranjero en el territorio del Estado, aun cuando la conducta no tenga ánimo de lucro, sin excluir al mismo tiempo la relevancia penal de conductas de ayuda a la entrada irregular cuyo fin sea prestar ayuda humanitaria a extranjeros?»
23.
La recurrente, los Gobiernos italiano y húngaro, el Consejo y la Comisión han presentado sus observaciones escritas y orales en la vista celebrada el 18 de junio de 2024.
IV. Análisis
A. Observaciones preliminares
24.
Con carácter preliminar, procede señalar que el órgano jurisdiccional remitente centra su análisis en la tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro prestada con fines humanitarios, expresamente prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2002/90.
25.
En primer lugar, debo precisar que los términos empleados en este artículo, según los cuales los Estados miembros «podrán decidir no imponer sanciones» si la ayuda se presta con fines humanitarios, son ambiguos por lo que respecta tanto a su significado como a su alcance. (
10
) En las presentes conclusiones, consideraré que estos términos deben interpretarse en el sentido de que los Estados miembros pueden, en virtud de ese artículo, prever una causa de exención de la responsabilidad penal. En efecto, habida cuenta de la terminología empleada por el legislador de la Unión, considero que este quiso establecer un paralelismo entre el principio de la tipificación penal del acto por el que una persona presta ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro, enunciado en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva («los Estados miembros adoptarán sanciones adecuadas»), y la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a dicha persona cuando ese acto tenga fines humanitarios, prevista en el artículo 1, apartado 2, de la citada Directiva («los Estados miembros podrán decidir […] no imponer sanciones»).
26.
En segundo lugar, opino que las cuestiones prejudiciales planteadas no obligan a determinar si un acto como el que es objeto del presente asunto está comprendido en el concepto de «ayuda humanitaria» en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2002/90. En efecto, el debate es más amplio y versa, ante todo, sobre la tipificación penal, o más bien sobre la inexistencia de una exención expresa de responsabilidad penal, en el texto de dicha Directiva, a la que puedan acogerse quienes prestan ayuda sin ánimo de lucro. De este modo, la ayuda denunciada en el litigio principal fue prestada por una madre de familia a su hija y a su sobrina y, por tanto, podría examinarse desde el punto de vista de la existencia de una obligación o de la solidaridad familiar, como afirma la Comisión en sus observaciones.
27.
Pues bien, del estudio comparado del Derecho internacional y el Derecho de la Unión resulta que, en caso de que se demuestre que la ayuda se ha prestado únicamente en interés de familiares cercanos, sobre todo si son menores de edad, algunos Estados miembros admiten que se trata, por naturaleza, de un acto humanitario, y otros consideran que está amparada por la inmunidad familiar.
28.
Por consiguiente, a la vista de estos elementos, en las presentes conclusiones, me referiré más ampliamente a los actos de quienes prestan ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro de manera desinteresada, por altruismo, compasión o solidaridad, por razones humanitarias o debido a la existencia de vínculos familiares.
B. Sobre la primera cuestión prejudicial
29.
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 es inválido por violar el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 52, apartado 1, de la Carta.
30.
El examen de la proporcionalidad de la tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro exige determinar previamente su alcance. En efecto, la Comisión sostiene en sus observaciones que esta tipificación no comprende una actuación como la que es objeto del presente asunto, en virtud de la cual una madre de familia, nacional de un tercer país, presta ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro a menores a su cargo.
1.
Alcance de la tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro [artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90]
31.
La Directiva 2002/90 tipifica, en su artículo 1, apartado 1, letra a), la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro y define los elementos objetivos y subjetivos de dicha infracción, dejando a la discreción de los Estados miembros la elección de la sanción más adecuada. (
11
) Si bien es cierto que prestar ayuda para cometer una infracción constituye, en principio, un hecho punible conforme a los principios que rigen la teoría de la complicidad, el legislador de la Unión quiso eludir estos principios tipificando la ayuda a la entrada irregular como una infracción autónoma.
32.
En primer término, del título del artículo 1 de la Directiva («Tipificación general») y de la terminología empleada por el legislador de la Unión se desprende que este artículo tiene por objeto definir el marco general de la infracción de ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro. En efecto, de conformidad con el considerando 3 de la citada Directiva, el legislador de la Unión pretende aproximar las disposiciones penales de los Estados miembros. Esta tipificación está comprendida en el ámbito de una competencia penal compartida entre el legislador de la Unión y el legislador nacional, que está obligado a transponer dicha tipificación en su ordenamiento jurídico.
33.
Pues bien, he de señalar que la definición de esa infracción no contiene indicación alguna que permita corroborar la tesis de la Comisión. La Directiva 2002/90 define la conducta prohibida de manera abstracta, sin excluir ninguna de las formas que puede adoptar la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro ni ninguna de las personas que pueden prestarla, por lo que estas últimas son tratadas rigurosamente del mismo modo.
34.
El elemento objetivo de la infracción de ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro es «cualquier persona» que «ayude» a un nacional de un tercer país a entrar irregularmente en el territorio de un Estado miembro, ya se trate de una frontera interior o exterior al espacio Schengen. (
12
) Estos últimos elementos reflejan la terminología que suele emplearse en los ordenamientos jurídicos nacionales para establecer una tipificación general. (
13
)
35.
El concepto de «ayuda» engloba todas las formas que puede adoptar la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro, desde la financiación del transporte en sentido estricto, hasta la gestión de dicho transporte, la fabricación o entrega de documentos falsos, la organización de matrimonios de conveniencia, o cualquier otro medio destinado a facilitar esa entrada irregular. (
14
)
36.
Por otra parte, al sancionar la ayuda prestada por «cualquier persona», el legislador de la Unión tiene en cuenta el número y la diversidad de los perfiles de las personas que pueden estar implicadas, que incluyen quienes actúan a título individual y espontáneo o como parte de una acción organizada o colectiva (en particular, los participantes o miembros de una red de migración ilegal, como los traficantes, directivos o reclutadores, o incluso los conductores, timoneles, mensajeros, vigilantes, fabricantes de pasaportes falsos, proveedores, funcionarios o prestadores de servicios ilegítimos). (
15
)
37.
En lo que respecta al elemento subjetivo o intelectual de esta tipificación general, el legislador de la Unión distingue el elemento intencional, constitutivo de la infracción, del objetivo perseguido por la comisión de esta.
38.
Así pues, la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro está tipificada con independencia de los motivos de su autor. Sin embargo, tal infracción solo existe si es el resultado de una conducta intencionada. No se refiere a quien ayuda al cruce irregular de la frontera con falta de consideración, imprudencia o negligencia (dolo eventual), sino a la persona que actúa «intencionadamente», es decir, que tiene conocimiento de la irregularidad de la situación de la persona de que se trate en relación con el cruce de la frontera, pero que, pese a todo, tiene la voluntad y la conciencia de cometer el acto castigado por la ley (dolo general). (
16
)
39.
En cambio, no se exige ningún dolo especial. En efecto, el legislador de la Unión, habida cuenta, en particular, de las dificultades relacionadas con la prueba de la obtención de un beneficio material, (
17
) optó por no supeditar la represión de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro al ánimo de lucro, que prefirió considerar una circunstancia agravante en el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/946. Esta infracción difiere, pues, de la ayuda a permanecer de forma irregular en el territorio de un Estado miembro prevista en el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2002/90, que exige un dolo especial, a saber, el ánimo de lucro.
40.
Del análisis literal del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 resulta que la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro se define de manera objetiva, sin que la intención que subyace a dicha ayuda esté expresamente incluida en la definición de esta infracción penal. De ello deduzco que están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha disposición todos los actos por los que una persona presta, con pleno conocimiento de causa y de modo meditado y deliberado, su ayuda al cruce irregular de la frontera de un Estado miembro, con independencia de los motivos de esa persona y sin que tal disposición contenga ninguna indicación que permita restringir su alcance.
41.
Por consiguiente, un acto como el que es objeto del presente asunto, por el que una nacional de un tercer país facilita intencionadamente, utilizando documentos de identidad falsos, la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro de dos menores de edad a su cargo, se corresponde con la infracción tipificada en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la citada Directiva, al concurrir los elementos objetivo y subjetivo de tal infracción.
42.
En segundo término, esta interpretación se ve corroborada por la finalidad de la Directiva 2002/90.
43.
En efecto, si bien dicha Directiva y la Decisión Marco 2002/946 que la completa constituyen un «paquete de medidas sobre la ayuda a la migración ilegal» (Facilitators Package), (
18
) estas medidas van más allá de la mera lucha contra las redes de inmigración clandestina. Del tenor del considerando 2 de cada uno de estos textos se deduce claramente que el legislador de la Unión pretendía alcanzar dos objetivos, a saber, «combatir la ayuda a la inmigración clandestina, tanto la que se refiere al cruce irregular de la frontera en sentido estricto como la que se presta para alimentar las redes de explotación de seres humanos». (
19
) Por tanto, la Directiva 2002/90 persigue objetivos más amplios que los establecidos en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, de la que es parte la Unión. (
20
)
44.
Así pues, el primer objetivo del legislador de la Unión es luchar contra la ayuda al cruce irregular de la frontera en sentido estricto, para lo cual tipifica esa conducta, en términos generales, en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, y deja a cargo de los Estados miembros la adopción de sanciones, que deben ser «adecuadas», contra aquellos que, con independencia de la naturaleza de sus motivos, hayan actuado con pleno conocimiento de causa.
45.
El segundo objetivo es atacar con mayor dureza la ayuda al cruce irregular de la frontera con ánimo de lucro y, de este modo, complementar los instrumentos adoptados con el fin de combatir el empleo ilegal, la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños. (
21
) Estos objetivos se reflejan específicamente en el artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/946, al recoger las circunstancias agravantes de la infracción tipificada en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 e imponer penas cuya naturaleza y grado de gravedad están determinados por el legislador de la Unión. (
22
)
46.
Estos dos objetivos, uno general y el otro particular, respaldan la interpretación según la cual, en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, el legislador de la Unión pretendió establecer una tipificación general que abarque todos los actos dirigidos a facilitar la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro, incluso cuando tales actos se cometan de manera desinteresada, por altruismo, compasión o solidaridad, con fines humanitarios o debido a la existencia de vínculos familiares. Excluir del ámbito de aplicación de esta disposición el acto por el que un progenitor, nacional de un tercer país, facilita la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro de menores de edad de los que supuestamente tiene la custodia, utilizando documentos de identidad falsos, iría manifiestamente en contra de los mencionados objetivos, en particular, en la medida en que ello sustraería de la atención de las autoridades públicas conductas sospechosas, que podrían ser contrarias al interés de esos menores.
47.
El Tribunal de Justicia confirmó el alcance amplio de dicha tipificación en la sentencia de 10 de abril de 2012, Vo. (
23
) En efecto, declaró que «no solo el Derecho de la Unión no impide que un Estado miembro abra un proceso penal contra cualquier persona que intencionadamente ayude a un nacional de un Estado tercero a entrar en el territorio de un Estado miembro vulnerando la normativa aplicable, sino que obliga expresamente al Estado miembro de que se trate a actuar penalmente contra esa persona» y a «establecer y aplicar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra los autores de las infracciones contempladas en la Decisión Marco [2002/946] y en la Directiva 2002/90, y en particular contra los traficantes de personas». (
24
)
48.
En tercer y último término, esta interpretación se ve corroborada por los trabajos preparatorios que llevaron a la adopción de la Directiva 2002/90.
49.
En efecto, pese a que el artículo 4 de la propuesta de Directiva formulada por la República Francesa (
25
) permitía a los «Estados [miembros] que lo consideren conveniente no tener en cuenta las infracciones mencionadas en los artículos 1 y 2 si las personas implicadas acreditan lazos familiares con el extranjero de que se trate (cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y hermanas, así como los cónyuges de estos)», (
26
) esta exención desapareció en el texto definitivo de la Directiva 2002/90. Asimismo, si bien es cierto que, en sus enmiendas, el Parlamento Europeo propuso integrar en la definición de la infracción el criterio del beneficio económico, mencionado en el anterior artículo 27, apartado 1, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, (
27
) esta enmienda también fue rechazada. (
28
)
50.
Habida cuenta de estas consideraciones, el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 debe interpretarse, en mi opinión, en el sentido de que el acto por el que una madre de familia, nacional de un tercer país, facilita intencionadamente la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro de dos miembros de su familia, su hija y sobrina, menores de edad, utilizando documentos de identidad falsos constituye una infracción.
51.
Procede ahora examinar la validez de esta disposición, que constituye el núcleo de la primera cuestión prejudicial.
2.
Apreciación de la validez del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90
52.
El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 es inválido porque viola el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 52, apartado 1, de la Carta al exigir a los Estados miembros que tipifiquen la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro, aun cuando esa conducta no tenga ánimo de lucro, y sin prever, en una disposición de carácter vinculante, una exención expresa de la responsabilidad penal de quienes actúen de manera desinteresada, con fines humanitarios o debido a la existencia de vínculos familiares.
53.
Según el órgano jurisdiccional remitente, el legislador de la Unión no establece un equilibrio razonable entre los intereses en juego al no restringir en modo alguno la aplicación de esta tipificación y al recurrir a una disposición facultativa, en virtud de la cual los Estados miembros tienen libertad para eximir de responsabilidad penal el acto cometido con fines humanitarios. En su opinión, tal tipificación constituye un menoscabo desproporcionado de los derechos fundamentales tanto de quien presta la ayuda como de quien la recibe, en particular, del derecho a la vida (artículo 2 de la Carta), el derecho a la integridad de la persona (artículo 3 de la Carta), el derecho a la libertad (artículo 6 de la Carta), el derecho al respeto de la vida familiar (artículo 7 de la Carta), el derecho a la propiedad (artículo 17 de la Carta) y el derecho de asilo (artículo 18 de la Carta).
54.
En línea con las consideraciones formuladas por el órgano jurisdiccional remitente en cuanto al carácter excesivamente amplio de dicha tipificación, la recurrente también reprocha al legislador de la Unión haber violado el principio de legalidad de los delitos y las penas, consagrado en el artículo 49, apartado 1, de la Carta, en sus exigencias relativas a la precisión y la previsibilidad de la Ley penal. En su opinión, la conducta punible no está claramente definida, puesto que la tipificación de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro con fines humanitarios se deja a la discreción de cada Estado miembro.
55.
A continuación, examinaré la validez de la disposición controvertida desde cada una de estas perspectivas, a la luz de los principios fundamentales de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, consagrados en el artículo 49 de la Carta. En efecto, si bien el órgano jurisdiccional remitente se refiere al artículo 52, apartado 1, de la Carta, considero que, habida cuenta, por un lado, del objeto del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, que establece una infracción de carácter penal cuya comisión da lugar a una sanción de la misma naturaleza que puede llegar a ser muy grave, y, por otro lado, de la finalidad esencialmente represiva de esta, el control de proporcionalidad debe ejercerse a la luz, ante todo, del artículo 49, apartado 3, de la Carta. (
29
)
a)
Validez del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 a la luz del principio de legalidad de los delitos y las penas
56.
La tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro prevista en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 ha dado lugar a abundante literatura y ha sido objeto de no pocas críticas que muestran, en particular, la tensión entre la aproximación de las normas de Derecho penal material en la Unión y el margen de apreciación conferido a los Estados miembros. (
30
) En línea con las observaciones formuladas por la recurrente, son muchos quienes consideran que, al obligar a los Estados miembros a tipificar y sancionar penalmente a «cualquier persona» que «ayude» a entrar en el territorio de un Estado miembro de manera irregular, el legislador de la Unión empleó conceptos vagos e imprecisos, incompatibles con las exigencias del principio de legalidad de los delitos y las penas, puesto que los interesados no pueden conocer el grado de responsabilidad penal derivado de sus actos. (
31
)
57.
Pues bien, a mi juicio, tales críticas no pueden conducir a invalidar el texto controvertido. En efecto, es esencial tener en cuenta el reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros en esta materia, así como la naturaleza del texto cuya validez se somete a la apreciación del Tribunal de Justicia.
58.
El Tribunal de Justicia ha recordado en numerosas ocasiones en su jurisprudencia la importancia que reviste, tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de legalidad de los delitos y las penas consagrado en el artículo 49, apartado 1, de la Carta, en sus exigencias relativas a la previsibilidad, la precisión y la irretroactividad de la Ley penal aplicable. (
32
) Este principio tiene el mismo sentido y el mismo alcance que el garantizado en el artículo 7, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. (
33
) Según reiterada jurisprudencia, este principio constituye una manifestación específica del principio general de seguridad jurídica e implica, concretamente, que la ley debe definir claramente las infracciones y las penas que las castigan. (
34
) El principio de legalidad de los delitos y las penas debe guiar la adopción de normas relativas a la responsabilidad penal. En la medida en que constituye un principio general del Derecho de la Unión y forma parte de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, se aplica no solo a las instituciones de la Unión, sino también a los Estados miembros cuando transponen y aplican el Derecho de la Unión. (
35
)
59.
Así pues, al obligar a los Estados miembros a tipificar y sancionar la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro, el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, en relación con el artículo 3 de esta, debe respetar el principio de legalidad de los delitos y las penas.
60.
No obstante, de los debates mantenidos en la vista se desprende que la fuerza de este principio depende de la naturaleza de las competencias atribuidas al legislador de la Unión y del texto en el que se enmarca la tipificación en cuestión. En efecto, dicho principio expresa una norma de atribución de la competencia penal únicamente a la ley. Por tanto, se aplica de manera diferente en función de que la norma de Derecho penal material se incluya en un acto directamente ejecutivo porque fue adoptado por el legislador de la Unión en el marco de una competencia exclusiva o de que la norma figure en una directiva que requiere ser transpuesta a los ordenamientos jurídicos nacionales por haber sido adoptada en el marco de una competencia compartida.
61.
En este último supuesto, el principio de legalidad de los delitos y las penas se inscribe en el contexto de la cooperación entre el legislador de la Unión y el legislador nacional, que no tienen el mismo mandato ya que legislan en niveles diferentes. Mientras que el primero define normas mínimas cuyos destinatarios son los Estados miembros, el segundo debe a continuación transponerlas y concretarlas en una norma de Derecho nacional, que es la única de la que se derivará la responsabilidad penal de la persona. (
36
) La doctrina reconoce que el respeto de las exigencias de este principio es, por tanto, más complejo en este caso debido a las dos etapas distintas que caracterizan la tipificación penal de una conducta o de un acto, a saber, una etapa europea y una etapa nacional, de suerte que la aplicación de dicho principio, como medio de garantizar la legalidad de la normativa de la Unión, resulta más restringida. (
37
)
62.
De este modo, en la sentencia de 3 de junio de 2008, Intertanko y otros, (
38
) si bien el Tribunal de Justicia no negó la aplicación del principio de legalidad de los delitos y las penas a las directivas, consideró, no obstante, que las exigencias derivadas de dicho principio se imponen a la norma nacional.
63.
En ese asunto, se preguntó al Tribunal de Justicia si el artículo 4 de la Directiva 2005/35/CE (
39
) violaba el principio general de seguridad jurídica al obligar a los Estados miembros a sancionar las descargas de sustancias contaminantes efectuadas por los buques con «negligencia grave», sin definir ese concepto. El Tribunal de Justicia respondió negativamente a esta cuestión sobre la base de un razonamiento que consta de tres fases.
64.
De entrada, el Tribunal de Justicia señaló que dicho concepto y el de «de forma intencional» corresponden a «criterios de nacimiento de la responsabilidad destinados a aplicarse a un número indefinido de situaciones que es imposible tipificar por anticipado, y no a conductas concretas que puedan detallarse en un acto normativo, sea de Derecho comunitario o de Derecho nacional». (
40
) A continuación, precisó que esos conceptos están «plenamente integrados y se utilizan en los ordenamientos jurídicos respectivos de los Estados miembros», (
41
) e indicó, por último, que, conforme al artículo 249 CE (actualmente, artículo 288 TFUE), los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros deben adaptarse a una directiva, y que la definición misma de las infracciones y las sanciones previstas en ella serán las que resulten de las reglas adoptadas por los Estados miembros. (
42
)
65.
En efecto, según reiterada jurisprudencia, una directiva no puede, por sí sola, imponer obligaciones a un particular ni, por tanto, ser invocada como tal frente a él. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que una directiva no puede, por sí sola y con independencia de una ley nacional adoptada por un Estado miembro para su aplicación, crear o agravar la responsabilidad penal de quienes infrinjan sus disposiciones. (
43
)
66.
Este razonamiento me parece extrapolable al presente asunto.
67.
Desde el Tratado CE, la infracción de ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro ya no tiene su origen únicamente en los ordenamientos jurídicos nacionales, sino también en el Derecho de la Unión, que tiene por objeto la aproximación de dichos ordenamientos.
68.
En la vista, el Consejo expuso que dicha tipificación resulta del compromiso entre, por un lado, la necesidad de aproximar las normativas nacionales existentes en lo que atañe a la «definición precisa» de esa infracción y a las sanciones penales aplicables (considerandos 3 y 4 de la Directiva 2002/90), con vistas a alcanzar un objetivo común, a saber, el establecimiento progresivo de un espacio de libertad, seguridad y justicia (considerando 1 de la citada Directiva), y, por otro, la necesidad de respetar la identidad nacional y el poder represivo de los Estados miembros. (
44
) En respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, el Consejo señaló que la «definición precisa» de la infracción, a la que se refiere el considerando 3 de la Directiva, debe entenderse, en el contexto de tal aproximación, como una definición explícita y clara que debe permitir a los Estados miembros disipar cualquier duda sobre los elementos constitutivos de la infracción, al tiempo que, dado su carácter general, deja a estos últimos un margen de maniobra para integrar esa tipificación en su Derecho nacional, habida cuenta de su propio sistema penal. (
45
)
69.
En efecto, como ya ha declarado recientemente el Tribunal de Justicia, los sistemas jurídicos de los Estados miembros en el ámbito penal presentan importantes diferencias. (
46
) De este modo, la aproximación de las normas de Derecho penal sustantivo constituye, según la doctrina, un modo de integración jurídica que permite mantener una cierta flexibilidad por lo que respecta a los Derechos nacionales existentes, pues implica su adaptación en función de los objetivos definidos por el legislador de la Unión. (
47
)
70.
Este es el contexto en el que se enmarca el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, que establece, recuérdese, una «tipificación general».
71.
En primer término, esta disposición no tiene por objeto ni por finalidad detallar los comportamientos punibles, ya que los elementos objetivo y subjetivo de la infracción pueden aplicarse a un número indefinido de situaciones. A este respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado, a la luz del artículo 7 del CEDH, que, en virtud del propio principio de generalidad de la ley, el tenor de las leyes no siempre es preciso, y que es habitual legislar utilizando categorías más bien generales y no enumeraciones exhaustivas. Señala, en este sentido, que las fórmulas más o menos vagas que se usan en muchas leyes pretenden evitar una rigidez excesiva y permitir la adaptación de esas leyes a los cambios de situación. En lo que atañe a los «casos límite», considera que no bastan, por sí solos, para hacer que una disposición sea incompatible con el artículo 7 del CEDH, siempre que dicha disposición resulte suficientemente clara en la gran mayoría de los casos, puesto que la función del juez es precisamente disipar las dudas que puedan surgir en cuanto a la interpretación de las normas, teniendo en cuenta la evolución de la práctica habitual. (
48
)
72.
En segundo término, el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 no puede generar, por sí solo, responsabilidad penal sobre las personas y precisa, mediante su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales, de apoyo legal para la aplicación de dicha responsabilidad. Por tanto, esta disposición preserva la atribución de la competencia represiva a la ley adoptada por los Estados miembros y su único efecto es delimitar la aplicación de dicha ley. (
49
) De este modo, el legislador de la Unión deja a los Estados miembros la tarea de aplicar tal disposición de indiscutible carácter vinculante, mediante una normativa nacional que sea respetuosa con los principios generales de la Unión y los derechos fundamentales garantizados por la Carta y que, por consiguiente, sea proporcionada y tenga la especificidad, precisión y claridad necesarias para cumplir la exigencia de seguridad jurídica. (
50
) He de recordar, a este respecto, que el principio de legalidad de los delitos y las penas exige que el justiciable pueda saber, a partir del texto de la disposición pertinente y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los tribunales y de un dictamen jurídico, qué actos y omisiones generan su responsabilidad penal. (
51
) Según el Tribunal de Justicia, este principio no prohíbe la aclaración progresiva de las reglas de la responsabilidad penal de un asunto a otro, siempre que el resultado fuera razonablemente previsible en el momento en que se cometió la infracción, en particular habida cuenta de la interpretación que la jurisprudencia daba en aquel momento a la disposición legal examinada. (
52
)
73.
Además, el legislador de la Unión deja a cargo de los Estados miembros la labor de definir, en función de sus propios sistemas jurídicos y, en particular, de sus criterios de nacimiento de la responsabilidad penal, en qué medida una persona puede, habida cuenta de las circunstancias del caso concreto, acogerse a una exención de la responsabilidad penal o a una exención o reducción de la pena. En la sentencia de 30 de abril de 2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, (
53
) el Tribunal de Justicia declaró, en este sentido, que la definición de las circunstancias atenuantes y agravantes y de las sanciones refleja tanto la realidad social como las tradiciones jurídicas, que varían no solo entre los Estados miembros, sino también en el tiempo. (
54
) El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2002/90 pone en manos de los Estados miembros la tarea de precisar, conforme a su propia normativa y su práctica nacional, si el autor de un acto con fines humanitarios puede estar amparado por una exención de la responsabilidad penal. Esta disposición es completamente acorde a esta lógica y, por lo demás, no puede interpretarse en el sentido de que enumera de manera exhaustiva las situaciones en las que los Estados miembros pueden no imponer sanciones.
74.
Habida cuenta de todas estas consideraciones, no existe, en mi opinión, ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, a la luz del principio de legalidad de los delitos y las penas, consagrado en el artículo 49, apartado 1, de la Carta.
75.
Procede examinar a continuación la validez del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 desde la perspectiva del principio de proporcionalidad de los delitos y las penas garantizado también por el artículo 49 de la Carta, en su apartado 3.
b)
Validez del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 a la luz del principio de proporcionalidad de los delitos y las penas
76.
Con arreglo al artículo 49, apartado 3, de la Carta, la intensidad de las penas no debe ser desproporcionada en relación con la infracción. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que este principio no solo rige en lo que respecta a la determinación de los elementos constitutivos de una infracción, sino también en cuanto atañe a la determinación de las normas relativas a la intensidad de las sanciones y a la apreciación de los elementos que pueden tenerse en cuenta para fijarlas. (
55
) De conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Carta, dicho principio es de obligado cumplimiento para los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión, en particular, cuando no exista una normativa de la Unión armonizada en el ámbito de las sanciones aplicables.
1) Proporcionalidad de la tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro establecida en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90
77.
Es preciso determinar si el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, al exigir que los Estados miembros tipifiquen la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro sin tener en cuenta los motivos del autor del acto y al limitarse a prever una causa facultativa de exención de la responsabilidad penal en caso de que esa ayuda se preste con fines humanitarios, por un lado, es idóneo para alcanzar los objetivos perseguidos por dicha Directiva y, por otro, no sobrepasa los límites de lo que es necesario para alcanzarlos. (
56
)
i) Carácter adecuado de la tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro para alcanzar los objetivos perseguidos
78.
En primer lugar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una medida nacional solo es adecuada para garantizar la consecución del objetivo invocado si responde efectivamente al propósito de lograrlo de forma coherente y sistemática. (
57
)
79.
A mi juicio, la idoneidad de la tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro para alcanzar los objetivos perseguidos por la Directiva 2002/90 es incuestionable. En efecto, si el legislador de la Unión pretende luchar contra la ayuda prestada al cruce irregular de la frontera en sentido estricto, pero también contra la ayuda prestada en el marco de redes delictivas, y ello con el fin de garantizar un espacio de libertad, seguridad y justicia, me parece coherente que se tipifiquen todas las formas de ayuda que contribuyan a la entrada irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro, con independencia de los motivos de sus autores y sin que se tengan en cuenta sus objetivos.
ii) Carácter necesario de la tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro para alcanzar los objetivos perseguidos
80.
En segundo lugar, considero que optar por no incluir el ánimo de lucro entre los elementos constitutivos de la infracción y por no eximir expresamente la responsabilidad penal de quienes actúen con fines humanitarios o debido a la existencia de vínculos familiares, sino por dejar a los Estados miembros la posibilidad de hacerlo, es imprescindible por lo que respecta al primero de los objetivos que persigue la Directiva, a saber, combatir la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro en sentido estricto. (
58
)
81.
En primer término, si bien es cierto que el acto por el que una madre ayuda a sus hijos a entrar irregularmente en el territorio de un Estado miembro puede resultar absolutamente justificado, no lo es menos que dicho acto constituye una ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro, de modo que no prever en principio su tipificación no permitiría alcanzar este objetivo. Es evidente que corresponde entonces al juez nacional determinar los motivos y apreciar en qué medida tal acto es necesario para salvaguardar un interés superior y está justificado, habida cuenta de las disposiciones de su Derecho nacional, que se exima al interesado de responsabilidad penal o se le permita acogerse a una exención o reducción de la pena.
82.
Aunque huelga recordar que la ayuda a la inmigración irregular constituye una grave amenaza para la preservación del orden público y la gestión de las fronteras, es esencial, en cambio, insistir en los riesgos a los que pueden verse expuestas las personas afectadas debido, en particular, a las actividades ilegales que pueden derivarse de ella. Estos riesgos son, en particular, el trabajo encubierto, el fraude documental, la delincuencia, el tráfico de drogas, la prostitución, la explotación sexual o incluso la trata de seres humanos. Aunque no cabe duda de que la ayuda prestada a las personas que han entrado de manera irregular en el territorio de los Estados miembros no constituye necesariamente una actividad lucrativa o delictiva y no genera sistemáticamente un riesgo grave para la vida de esas personas, plantea, no obstante, gravísimos problemas derivados de la situación de gran precariedad y dependencia a la que pueden estar expuestas dichas personas, sobre todo las más vulnerables, como los menores no acompañados.
83.
Al incluir todos los actos que contribuyen a la entrada irregular de nacionales de terceros países en el territorio de un Estado miembro en el ámbito de intervención de las autoridades públicas y, en particular, en el ámbito de actuación de las autoridades penales, el legislador de la Unión garantiza no solo un mejor control de los flujos migratorios, sino también una mayor vigilancia de tales actos, especialmente de aquellos que, bajo la apariencia de ser llevados a cabo por solidaridad o debido a la existencia de vínculos familiares, podrían, en realidad, perseguir otras finalidades y exponer a las personas afectadas a una grave vulneración de sus derechos fundamentales.
84.
Así pues, habida cuenta de la naturaleza de las amenazas a las que se enfrentan las personas afectadas y de su vulnerabilidad, y habida cuenta también de la gravedad de este fenómeno, de su naturaleza cambiante y de las dificultades relacionadas con la prueba de la existencia de un beneficio material, el legislador de la Unión pudo legítimamente considerar que procedía distinguir el elemento subjetivo de la infracción, constitutivo de esta, del objetivo perseguido por ella. Por tanto, estableció un sistema gradual de sanciones y optó por que el ánimo de lucro sea una circunstancia agravante. Aunque encomienda a los Estados miembros la tarea de adoptar una sanción «adecuada» contra cualquier persona que intencionadamente ayude a entrar en el territorio de un Estado miembro de manera irregular —y al juez nacional, las de apreciar los motivos de dicha persona y determinar la correspondiente sanción—, cuando la ayuda se preste con ánimo de lucro, obliga a esos Estados miembros a imponer una pena privativa de libertad (cuyo quantum dependerá, en virtud del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/946, de la medida en que dicho acto haya sido cometido bajo los auspicios de una organización delictiva o poniendo en peligro la vida de las personas de que se trate).
85.
En segundo término, cabe señalar una vez más que el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 establece el marco general de la tipificación que los Estados miembros deben transponer a su ordenamiento jurídico. Por consiguiente, corresponde al legislador nacional definir en un acto normativo, sobre la base de las normas relativas al nacimiento de la responsabilidad penal previstas en su ordenamiento jurídico, el conjunto de hechos y circunstancias que justifican una exención de la responsabilidad penal o una exención o reducción de la pena. Estas suelen estar previstas por la ley con carácter general y pueden establecerse específicamente para cada una de las infracciones de que se trate. (
59
) Si bien el artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva deja en manos de los Estados miembros la labor de determinar en qué medida la ayuda a la entrada irregular en su territorio prestada con fines humanitarios puede estar exenta de responsabilidad penal, ello no les impide prever, en su normativa nacional, otras circunstancias en las que el autor del acto podría acogerse a tal exención o a una exención o reducción de la pena de resultas, por ejemplo, de un estado de necesidad o de la existencia de vínculos familiares.
86.
En tercer y último lugar, he de recordar que la tipificación penal de la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro establecida en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 no puede dar lugar a que se permita a los Estados miembros incumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la Carta o de otros instrumentos del Derecho de la Unión o del Derecho internacional. De este modo, no puede impedirse al nacional de un tercer país o al apátrida ejercer su derecho fundamental a solicitar asilo en un Estado miembro, garantizado en el artículo 18 de la Carta, o a solicitar la reagrupación familiar. (
60
) A raíz de la reserva que había formulado en cuanto al carácter facultativo de la disposición recogida en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2002/90, (
61
) la Comisión recordó, en su comunicación citada en la nota 31 de las presentes conclusiones, que los Estados miembros están obligados a respetar el Derecho internacional humanitario. (
62
)
87.
A la vista de estas consideraciones, debo concluir que el artículo 1, apartados 1, letra a), y 2, de la Directiva 2002/90, en la medida en que exige a los Estados miembros tipificar penalmente el acto por el que una persona, con conocimiento de causa, preste su ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro, sin eximir expresamente de responsabilidad penal a quien actúe de manera desinteresada, con fines humanitarios o por obligación o solidaridad familiar, al tiempo que deja a los Estados miembros discrecionalidad para hacerlo, por un lado, puede considerarse adecuado para alcanzar el objetivo de combatir la ayuda a la inmigración irregular, tanto la que se refiere al cruce irregular de la frontera en sentido estricto como la que se presta para alimentar las redes de explotación de seres humanos, y, por otro, no sobrepasa los límites de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo.
88.
A continuación, procede examinar la proporcionalidad del régimen de sanciones previsto en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90.
2) Proporcionalidad del régimen de sanciones previsto en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90
89.
El artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 no prevé sanciones penales concretas aplicables en caso de ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro. Sin embargo, el legislador de la Unión exige a los Estados miembros adoptar contra el autor de la infracción sanciones «penales» (artículo 1 de la Decisión Marco 2002/946) que sean, por un lado, «adecuadas» [artículo 1, apartado 1, letra a), de dicha Directiva] y, por otro, «efectivas, proporcionadas y disuasorias» (artículo 3 de la misma Directiva). (
63
)
90.
Estos criterios objetivos deben permitir a cada uno de los Estados miembros determinar el nivel de las sanciones aplicables en función de su propia política penal. Corresponde a estos últimos aplicar el requisito de proporcionalidad de las sanciones. El hecho de que dispongan, en este contexto, de un margen de apreciación no excluye, en sí mismo, que pueda efectuarse un control jurisdiccional a fin de comprobar si han sobrepasado los límites fijados a dicho margen de apreciación al establecer sanciones desproporcionadas o inapropiadas.
91.
A la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe considerarse que cada una de estas dos disposiciones está dotada de efecto directo y puede por tanto ser invocada por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales frente a un Estado miembro que las haya transpuesto incorrectamente. (
64
)
92.
En primer lugar, la exigencia relativa a la naturaleza adecuada y proporcionada de las sanciones establecida en las citadas disposiciones tiene carácter incondicional. (
65
) En efecto, por un lado, tanto el artículo 1, apartado 1, como el artículo 3 de la Directiva 2002/90 formulan esta exigencia en términos absolutos. Por otro lado, dicha exigencia no necesita la adopción de ningún acto de las instituciones de la Unión, y estas disposiciones no confieren, en modo alguno, a los Estados miembros la facultad de condicionar o de restringir el alcance de ambas. (
66
)
93.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho de que las citadas disposiciones deban transponerse no desvirtúa el carácter incondicional de la exigencia de adecuación y proporcionalidad de las sanciones. (
67
)
94.
En segundo lugar, los artículos 1, apartado 1, y 3 de la Directiva 2002/90 son suficientemente precisos. Si bien es cierto que estas dos disposiciones dejan a los Estados miembros cierto margen de apreciación para definir el régimen de sanciones aplicable a la infracción tipificada en el artículo 1, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, ese margen de apreciación está limitado por la prohibición de establecer sanciones que no sean adecuadas y proporcionadas.
95.
Habida cuenta de lo anterior, no existe, en mi opinión, ninguna razón para cuestionar la proporcionalidad del régimen de sanciones establecido en los referidos artículos.
96.
Por consiguiente, no he detectado ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 a la luz del principio de proporcionalidad de los delitos y las penas, consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta.
C. Sobre la segunda cuestión prejudicial
97.
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 52, apartado 1, y 49, apartado 3, de la Carta deben interpretarse en el sentido de que el principio de proporcionalidad de los delitos y las penas se opone a una normativa nacional que impone una sanción a quien preste ayuda a la entrada irregular en el territorio nacional, aun cuando el autor de dicha infracción penal no tenga ánimo de lucro, sin prever, al mismo tiempo, una exención expresa de la responsabilidad de quienes actúen con fines humanitarios.
98.
En las consideraciones anteriores, he expuesto las razones por las que el principio de proporcionalidad de los delitos y las penas no se opone, en mi opinión, a la tipificación establecida por el legislador de la Unión en el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90. El legislador italiano incluyó esta tipificación en el artículo 12, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 286/1998, artículo que establece, además, el régimen de sanciones aplicable.
99.
También he señalado que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva deja en manos de los Estados miembros la labor de determinar en qué medida la persona que presta la ayuda a la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro con fines humanitarios puede estar exenta de responsabilidad penal o acogerse a una exención o reducción de la pena aplicable. Asimismo, he precisado que nada impide a los Estados miembros prever, en su normativa nacional, otras circunstancias en las que el autor del acto podría acogerse a tal exención de la responsabilidad penal o a tal exención o reducción de la pena de resultas, por ejemplo, de un estado de necesidad o de la existencia de vínculos familiares.
100.
En el presente asunto, considero que el Tribunal de Justicia no dispone de elementos suficientes para llevar a cabo una apreciación sobre la base del principio de proporcionalidad, puesto que los autos que le han sido remitidos no permiten conocer los requisitos de aplicación del artículo 12, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 286/1998, (
68
) el alcance preciso de las causas de exención de la responsabilidad penal o de exención o de reducción de la pena previstas por la normativa italiana, o incluso el margen de apreciación de que dispone el juez nacional para conceder las circunstancias atenuantes o para individualizar la pena.
101.
Por tanto, me limitaré a realizar algunas observaciones.
102.
El principio de proporcionalidad de los delitos y las penas, que el artículo 3 de la Directiva 2002/90 se limita a reflejar, tiene carácter imperativo. Ha de recordarse que, en virtud de este principio, el rigor de la pena debe ser adecuado a la gravedad de la infracción que castiga, en particular garantizando un efecto realmente disuasorio, sin ir más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos que legítimamente persiga la normativa de que se trate. (
69
) En este contexto, el Tribunal de Justicia exige que, al determinar la sanción y fijar su cuantía, se tengan en cuenta las circunstancias individuales del caso concreto. (
70
)
103.
Por consiguiente, el principio de proporcionalidad no solo exige al legislador nacional, cuando transpone la tipificación en cuestión a su ordenamiento jurídico, sino también a todos los actores del proceso penal, cuando llevan a cabo su aplicación, estructurar sus acciones en consonancia con dicho principio, garantizando, en particular, la individualización de la pena. (
71
) Así pues, el Tribunal de Justicia hace especial hincapié en la posibilidad de que dispone el juez nacional de modificar la calificación que podría figurar en el escrito de acusación, posibilidad que puede dar lugar a la imposición de una sanción menos severa, y de modular la sanción en relación con la gravedad del delito cuya comisión se ha acreditado. (
72
) A este respecto, el Derecho comparado pone de manifiesto que, al menos en el ordenamiento jurídico de los Estados miembros, se ha establecido un sistema que permite al juez garantizar dicha individualización, por un lado, mediante la diversificación de las penas que el juez puede imponer y, por otro, permitiendo, en función de las circunstancias particulares en las que se cometió la infracción, bien una exención de la responsabilidad penal, mediante el reconocimiento de inmunidades, bien la reducción o la exención de la pena.
104.
Según reiterada jurisprudencia, corresponde al órgano jurisdiccional nacional, que es el único competente para apreciar los hechos e interpretar el Derecho nacional, determinar si, en el litigio del que conoce, se han respetado tales exigencias.
105.
El artículo 12, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 286/1998 tipifica la ayuda al cruce irregular de la frontera, exista o no ánimo de lucro. Esta disposición establece un régimen sancionador particularmente severo, habida cuenta de la duración de la pena de prisión fijada, del importe de la sanción pecuniaria y de la combinación de ambos tipos de sanciones. (
73
)
106.
En efecto, por lo que respecta, antes de nada, a la pena privativa de libertad, el legislador italiano prevé una pena de prisión de dos a seis años. Debo señalar que la pena privativa de libertad es la pena que el legislador de la Unión establece en el caso concreto de que la ayuda a la entrada irregular se preste con ánimo de lucro.
107.
A continuación, en lo que atañe a la multa, el legislador italiano prevé un importe fijo de 15000 euros por cada persona. A este respecto, debo señalar que este importe se corresponde también con el previsto en el artículo 12, apartado 3, del Decreto Legislativo n.o 286/1998, para los supuestos en los que la ayuda se presta en el contexto de un tráfico ilícito de migrantes que pone en peligro la vida o la seguridad de las personas transportadas, al exponerlas a un riesgo de trato inhumano o degradante.
108.
Por último, por lo que se refiere a la acumulación de sanciones penales de distinta naturaleza, como sanciones pecuniarias y penas privativas de libertad, que el artículo 12, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 286/1998 parece permitir, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que tal acumulación debe venir acompañada de normas que permitan garantizar que la gravedad del conjunto de las sanciones impuestas corresponde a la gravedad de la infracción en cuestión. (
74
) Esta exigencia es tanto más imperiosa cuanto que la tipificación penal prevista en el artículo 12, apartado 1, de dicho Decreto Legislativo es amplia y parece permitir el ejercicio de acciones penales no solo contra quienes tienen una verdadera motivación delictiva sino también contra quienes actúan por razones humanitarias o por necesidad.
109.
Por consiguiente, es preciso tener en consideración el margen de apreciación de que dispone la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias penales previstas en el artículo 12, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 286/1998, y, en su caso, el juez nacional para adaptar la sanción penal aplicable, cuando el autor de la infracción ha actuado con el objetivo de prestar ayuda humanitaria, por necesidad o debido a la existencia de vínculos familiares. (
75
)
110.
En el presente asunto, es evidente que, cuando se incoa un proceso penal contra una madre de familia que facilitó la entrada irregular en el territorio nacional de dos miembros de su familia, a saber, su hija y su sobrina, todas ellas originarias de la República Democrática del Congo, tal situación plantea la cuestión de su inculpación y de la pena aplicable a esta. Un estudio comparado de la jurisprudencia realizado por la UNODC muestra que esta situación requiere un examen en profundidad de las circunstancias de hecho en las que se cometió dicha infracción y, en particular, de la personalidad y los motivos de su autor. (
76
)
111.
Sería contrario al principio de proporcionalidad cualquier sistema que no permitiese al juez nacional ponderar los intereses en juego y establecer una diferencia entre la inculpación de una persona de la que se haya acreditado que ha actuado por humanidad o necesidad, únicamente en interés de sus familiares cercanos, sobre todo si son menores de edad, y la de una persona que solo actúa guiada por la motivación delictiva de cometer el acto específicamente prohibido por la ley y de beneficiarse de ello. Por tanto, si bien es cierto que, en el litigio principal, la interesada actuó con pleno conocimiento de causa, de un modo manifiestamente meditado y deliberado, utilizando pasaportes falsos, esta intención no debe ocultar la posible existencia de un gesto desesperado y debe distinguirse, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, de una conducta llevada a cabo por quien actúa bajo los auspicios de una red o de una organización delictiva o poniendo en peligro la vida de las personas afectadas.
112.
En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente afirma que el artículo 12, apartado 2, del Decreto Legislativo n.o 286/1998, que establece una causa de exención de la responsabilidad penal en favor de las actividades de auxilio y ayuda humanitaria proporcionadas en Italia a los nacionales de terceros países en situación de vulnerabilidad que «ya estén presentes en el territorio del Estado» no es aplicable, por definición, a la infracción de ayuda a la entrada irregular en el territorio nacional. En cambio, el Gobierno italiano sostiene que dicho artículo, dado que se remite al artículo 54 del Código Penal, que prevé la inmunidad en caso de estado de necesidad, permite no sancionar penalmente las actuaciones cuya tipificación sería contraria al principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 52, apartado 1, de la Carta. De este modo, si se demostrara, al término del procedimiento, que la interesada actuó con la finalidad de proteger a su hija y a su sobrina de un perjuicio grave e irreparable a su persona, entonces sería posible declarar el estado de necesidad y eximirle de toda sanción penal.
113.
A la luz de estas consideraciones, corresponde, en última instancia, al órgano jurisdiccional remitente determinar, a la vista de todas las circunstancias de hecho en las que se cometió la infracción y, en particular, de la personalidad y los motivos que guiaron las acciones de su autor, si existen circunstancias objetivas que hayan justificado la comisión de dicha infracción —que, de no ser por ese contexto, sería punible— y, en su caso, comprobar si existen normas adecuadas para garantizar la exención de la responsabilidad penal o la exención o reducción de la pena prevista en el artículo 12, apartado 1, del Decreto Legislativo n.o 286/1998, de modo que la sanción sea adecuada a las exigencias de orden público y no vaya más allá de lo estrictamente necesario habida cuenta de la gravedad de la infracción cometida.
114.
A la vista de lo anterior, considero que procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el principio de proporcionalidad de los delitos y las penas, consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta, se opone a un sistema que no permite al juez nacional, cuando se incoa un proceso penal contra una madre de familia, nacional de un tercer país, que facilitó intencionadamente la entrada irregular en el territorio nacional de dos menores de edad, miembros de su familia, utilizando documentos de identidad falsos, ponderar los intereses en juego y establecer una diferencia entre la inculpación de una persona de la que se ha acreditado que ha actuado por humanidad o necesidad, únicamente en interés de los menores de edad, y la de una persona que solo actúa guiada por la motivación delictiva de cometer el acto específicamente prohibido por la ley con ánimo de lucro.
115.
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente realizar un examen concreto de la proporcionalidad de la normativa nacional que impone, a quien ayude a entrar en el territorio nacional de forma irregular, una pena privativa de libertad de entre dos y seis años y una sanción pecuniaria de 15000 euros por cada persona, teniendo en cuenta, en particular, la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a las personas respecto de las que se haya acreditado que han actuado de manera desinteresada, por altruismo, compasión o solidaridad, por razones humanitarias o debido a la existencia de vínculos familiares, o de adaptar el régimen de sanciones que les es aplicable.
V. Conclusión
116.
Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunale di Bologna (Tribunal de Bolonia, Italia):
«1)
El artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares,
debe interpretarse en el sentido de que
el acto por el que una madre de familia, nacional de un tercer país, facilita intencionadamente la entrada irregular en el territorio de un Estado miembro de dos miembros de su familia, su hija y sobrina, menores de edad, utilizando documentos de identidad falsos constituye una infracción.
2)
Del examen de la primera cuestión prejudicial no ha resultado ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90, a la luz de los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, consagrados en el artículo 49, apartados 1 y 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
3)
El principio de proporcionalidad de los delitos y las penas, consagrado en el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales, se opone a un sistema que no permite al juez nacional, cuando se incoa un proceso penal contra una madre de familia, nacional de un tercer país, que facilitó intencionadamente la entrada irregular en el territorio nacional de dos menores de edad, miembros de su familia, utilizando documentos de identidad falsos, ponderar los intereses en juego y establecer una diferencia entre la inculpación de una persona de la que se ha acreditado que ha actuado por humanidad o necesidad, únicamente en interés de los menores de edad, y la de una persona que solo actúa guiada por la motivación delictiva de cometer el acto específicamente prohibido por la ley con ánimo de lucro.
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente realizar un examen concreto de la proporcionalidad de la normativa nacional que impone, a quien ayude a entrar en el territorio nacional de forma irregular, una pena privativa de libertad de entre dos y seis años y una sanción pecuniaria de 15000 euros por cada persona, teniendo en cuenta, en particular, la posibilidad de eximir de responsabilidad penal a las personas respecto de las que se haya acreditado que han actuado de manera desinteresada, por altruismo, compasión o solidaridad, por razones humanitarias o debido a la existencia de vínculos familiares, o de adaptar el régimen de sanciones que les es aplicable.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
2
)	DO 2002, L 328, p. 17. El 28 de noviembre de 2023, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas para prevenir y combatir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares en la Unión, y por la que se sustituyen la Directiva 2002/90 del Consejo y la Decisión Marco 2002/946 del Consejo [COM (2023) 755 final].
(
3
)	Véase Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Women in Migrant Smuggling; A Case-law Analysis, 2019, p. 18. De este análisis se desprende asimismo que, aunque las mujeres pueden estar implicadas en redes de traficantes, en la mayoría de los casos facilitan los movimientos ilícitos de personas que conocen personalmente y con las que mantienen vínculos personales estrechos, sin esperar a recibir a cambio un beneficio económico o material (p. 22, párrafos tercero y cuarto).
(
4
)	En lo sucesivo, «Carta».
(
5
)	Véase la sentencia de 19 de octubre de 2023, G. ST. T. (Proporcionalidad de la pena en caso de falsificación de marca) (C‑655/21, EU:C:2023:791), apartado 65 y jurisprudencia citada.
(
6
)	DO 2002, L 328, p. 1.
(
7
)	Acción común, de 21 de diciembre de 1998, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la Unión Europea (DO 1998, L 351, p. 1).
(
8
)	La Convención entró en vigor el 22 de abril de 1954 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954)] y fue completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado en Nueva York el 31 de enero de 1967, con fecha de entrada en vigor el 4 de octubre de 1967.
(
9
)	Suplemento ordinario de la GURI n.o 191, de 18 de agosto de 1998, en su versión modificada por la legge n.o 94 — Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Ley n.o 94 de Disposiciones en Materia de Seguridad Pública), de 15 de julio de 2009 (suplemento ordinario de la GURI n.o 170, de 24 de julio de 2009) (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.o 286/1998»).
(
10
)	En la versión inglesa, «may decide not to impose sanctions», y, en la versión italiana, «può decidere di non adottare sanzioni».
(
11
)	Según Gérard Cornu, la tipificación penal es una medida de política criminal por la que la autoridad competente (en principio, el poder legislativo) determina que un comportamiento determinado constituye una infracción y establece los elementos constitutivos de esta y la pena aplicable (Cornu, G., Vocabulaire juridique, PUF, París, 15.a ed., 2024).
(
12
)	El legislador de la Unión tipifica, en efecto, la ayuda prestada a la inmigración clandestina cuando atañe a la entrada «en el territorio de un Estado miembro» y señala previamente en el considerando 2 de la Directiva 2002/90 que es preciso combatir tal ayuda cuando se refiere al cruce irregular de la frontera «en sentido estricto».
(
13
)	Por ejemplo, el artículo 225‑5, apartado 1, del code pénal (Código Penal) francés define el delito de proxenetismo, en particular, como «todo acto, cometido por cualquier persona […], consistente en prestar ayuda, asistencia o protección a la prostitución de terceros».
(
14
)	En su nota informativa titulada «Lutter contre le trafic de migrants vers l’Union européenne — Principaux instruments», de abril de 2016, disponible en la dirección de Internet http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581391/EPRS_BRI%282016%29581391_FR.pdf, el Parlamento Europeo señala que «el tráfico de migrantes es un problema complejo y el modus operandi de los pasajeros suele ser muy flexible y cambiante. Por tanto, es importante adoptar un enfoque global para combatir este fenómeno» (p. 14). Véase asimismo el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 22 de marzo de 2017, relativo a la evaluación REFIT del marco jurídico de la Unión contra la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares: Paquete de medidas sobre la ayuda a la migración ilegal (Directiva 2002/90 y Decisión Marco 2002/946) [SWD(2017) 117 final], disponible, en lengua inglesa, en la siguiente dirección de Internet: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2017/0117/COM_SWD(2017)0117_EN.pdf
(
15
)	Véase la nota informativa del Parlamento Europeo citada en la nota 14 de las presentes conclusiones (p. 9), así como Comisión Europea, Dirección General de Migración y Asuntos de Interior, Étude sur le trafic illicite de migrants: Caractéristiques, réponses et coopération avec les pays tiers, synthèse générale, septiembre de 2015 (punto 1.3.2).
(
16
)	El término francés «sciemment» se ha traducido indistintamente en las otras versiones lingüísticas de la Directiva 2002/90 por los términos «intencionadamente», «deliberadamente» o incluso «voluntariamente».
(
17
)	Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión citado en la nota 14 de las presentes conclusiones (p. 9).
(
18
)	Véase la nota informativa del Parlamento Europeo citada en la nota 14 de las presentes conclusiones (pp. 2, 6 y 14).
(
19
)	El subrayado es mío.
(
20
)	Véanse la Decisión 2001/87/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2000, referente a la firma del Convenio de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y de los Protocolos adjuntos sobre la lucha contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y contra el tráfico de emigrantes por tierra, aire y mar, en nombre de la Comunidad Europea (DO 2001, L 30, p. 44); la Decisión 2006/616/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada en lo que se refiere a las disposiciones del Protocolo, en la medida en que estas entran en el ámbito de aplicación de los artículos 179 y 181 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO 2006, L 262, p. 24), y la Decisión 2006/617/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006, relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada en lo que se refiere a las disposiciones del Protocolo, en la medida en que estas entran en el ámbito de aplicación de la parte III, título IV, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO 2006, L 262, p. 34).
(
21
)	Véase asimismo el considerando 5 de la Directiva 2002/90.
(
22
)	El artículo 1, apartado 3, de esta Decisión Marco y el considerando 2 de la Directiva 2002/90 y de la misma Decisión Marco reflejan de forma clara e inequívoca el origen de este paquete de medidas, que fue adoptado después de que en junio de 2000 se produjera en Dover (Reino Unido) el trágico descubrimiento del cadáver de cincuenta y ocho personas chinas, víctimas de la inmigración clandestina, en un contenedor sellado de un camión matriculado en los Países Bajos, a raíz de lo cual los Estados miembros encomendaron a la República Francesa, que en aquel momento ejercía la presidencia de la Unión, proponer medidas para luchar contra estos delitos y contra el rápido desarrollo de las redes de inmigración clandestina en la Unión.
(
23
)	C‑83/12 PPU, EU:C:2012:202.
(
24
)	Sentencia de 10 de abril de 2012, Vo (C‑83/12 PPU, EU:C:2012:202), apartados 44 y 45. El subrayado es mío.
(
25
)	Iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares (DO 2000, C 253, p. 1).
(
26
)	Véase la nota explicativa 10711/00, de 28 de julio de 2000, sobre esta propuesta. El artículo 4 de dicha propuesta disponía: «Los Estados miembros podrán eximir de sanción para las infracciones contempladas en los artículos 1 y 2, a las personas que presenten con el extranjero que se beneficie de la ayuda […] los vínculos siguientes: […] sus ascendientes, descendientes y hermanos, así como los cónyuges de estos, […] su cónyuge o la persona que vive abiertamente en situación marital con la persona en cuestión».
(
27
)	Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y en vigor desde el 26 de marzo de 1995 (DO 2000, L 239, p. 19), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 265/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2010 (DO 2010, L 85, p. 1), y por el Reglamento (UE) n.o 610/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (DO 2013, L 182, p. 1).
(
28
)	Véase el informe final A5‑0315/2000 del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2000, sobre la iniciativa de la República Francesa con vistas a la adopción de la Directiva del Consejo destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares (enmienda 8, relativa al artículo 1 de dicha iniciativa).
(
29
)	Véase, a este respecto, la sentencia de 4 de mayo de 2023, Agenția Națională de Integritate (C‑40/21, EU:C:2023:367), apartados 33 y 34 y jurisprudencia citada. En la sentencia de 6 de octubre de 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803), apartado 97 y jurisprudencia citada, el Tribunal de Justicia señaló que «la gravedad de una sanción debe reflejar la gravedad de la infracción de que se trate, exigencia que no solo resulta del artículo 52, apartado 1, de la Carta, sino también del principio de proporcionalidad de las penas enunciado en el artículo 49, apartado 3, de esta».
(
30
)	Véanse, en particular, Galli, F., y Weyembergh, A., Approximation of substantive criminal law in the EU — The way forward, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruselas, 2013, y Zoumpoulakis, K., «The unresolved tension between the approximation of criminal norms in the EU and the question of national discretion: what is the role of minimum rules in EU criminal law?», Boom Strafblad, vol. 6, Boom uitgevers, Ámsterdam, pp. 315 a 318.
(
31
)	Véase, en este sentido, el punto 1 de la Comunicación de la Comisión titulada «Orientaciones de la Comisión sobre la aplicación de las normas de la UE destinadas a definir y prevenir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares» (DO 2020, C 323, p. 1). En cuanto a la doctrina, véase, en particular, Weyembergh, A., «Le rapprochement des incriminations et des sanctions pénales — Introduction», Revue internationale de droit pénal, vol. 77, Éres, Toulouse, n.os 1 y 2, 2006, pp. 185 a 192. Según esta autora, «además del déficit democrático del que, lamentablemente, adolecen, los trabajos de aproximación también se ven afectados por una falta de coherencia y una tendencia a reaccionar a los acontecimientos. Además, se caracterizan por una clara orientación represiva, como pone de manifiesto el recurso a definiciones amplias de infracciones preexistentes, tales como la de ayuda a la entrada irregular […]. Estas definiciones o conceptos centrados en la eficacia de la lucha contra las formas de delincuencia de que se trata conllevan riesgos de aplicaciones abusivas y pasan por alto las demás preocupaciones inherentes a la realización de la justicia penal, en particular las exigencias que forman parte sustancial del principio de legalidad, principio al que, sin embargo, se ha reconocido el estatuto de derecho fundamental» (p. 192).
(
32
)	Véase, en particular, la sentencia de 5 de diciembre de 2017, M. A. S. y M. B. (C‑42/17, EU:C:2017:936), apartados 51 a 56 y jurisprudencia citada.
(
33
)	Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (CEDH). Véanse, a este respecto, las sentencias del TEDH de 15 de noviembre de 1996, Cantoni c. Francia (CE:ECHR:1996:1115JUD001786291), § 29; de 7 de febrero de 2002, E.K. c. Turquía (CE:ECHR:2002:0207JUD002849695), § 51; de 29 de marzo de 2006, Achour c. Francia (CE:ECHR:2006:0329JUD006733501), § 41, y de 20 de septiembre de 2011, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Rusia (CE:ECHR:2011:0920JUD001490204), §§ 567 a 570.
(
34
)	Véanse las sentencias de 3 de mayo de 2007, Advocaten voor de Wereld (C‑303/05, EU:C:2007:261), apartados 49 y 50 y jurisprudencia citada; de 5 de mayo de 2022, BV (C‑570/20, EU:C:2022:348), apartado 38, y de 19 de octubre de 2023, G. ST. T. (Proporcionalidad de la pena en caso de falsificación de marca) (C‑655/21, EU:C:2023:791), apartados 49 y ss. y jurisprudencia citada.
(
35
)	Véase Peristeridou, C., «Chapter VI — Fragments of the Legality Principle in European Criminal Law», The Principle of Legality in European Criminal Law, Intersentia, Cambridge, 2015, pp. 177 a 220, en particular pp. 182 y 199.
(
36
)	Véase Peristeridou, C., op. cit., p. 199.
(
37
)	Véase, en particular, Kaiafa-Gbandi, M., «Approximation of substantive criminal law provisions in the EU and fundamental principles of criminal law», en Galli, F., y Weyembergh, A., op. cit., en particular p. 103, así como Peristeridou, C., op. cit., p. 199.
(
38
)	C‑308/06, EU:C:2008:312.
(
39
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones (DO 2005, L 255, p. 11; corrección de errores en DO 2006, L 105, p. 66).
(
40
)	Sentencia de 3 de junio de 2008, Intertanko y otros (C‑308/06, EU:C:2008:312), apartado 73.
(
41
)	Sentencia de 3 de junio de 2008, Intertanko y otros (C‑308/06, EU:C:2008:312), apartado 74.
(
42
)	Véase la sentencia de 3 de junio de 2008, Intertanko y otros (C‑308/06, EU:C:2008:312), apartado 78.
(
43
)	Véase, en particular, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Vaditrans (C‑102/16, EU:C:2017:1012), apartado 56 y jurisprudencia citada.
(
44
)	Véase Zoumpoulakis, K., «Approximation of criminal sanctions in the European Union: A wild goose chase?», New Journal of European Criminal Law, vol. 13, n.o 3, Intersentia, Mortsel, 2022, pp. 333 a 345.
(
45
)	Véase, en este sentido, Peristeridou, C., «The principle of lex certa in national law and European perspectives», en Klip, A. H., Substantive Criminal Law of the European Union, Maklu, Amberes, 2011, pp. 69 a 95, en particular p. 91. Wieczorek, I., «EU constitutional limits to the Europeanization of punishment: A case study on offenders’ rehabilitation», Maastricht Journal of European and Comparative Law, Sage Publications, Londres, 2018, n.o 6, pp. 655 a 671, en particular pp. 659 y 660.
(
46
)	Véase la sentencia de 30 de abril de 2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (C‑178/22, EU:C:2024:371), apartado 45.
(
47
)	Véase Weyembergh, A., «Le rapprochement des incriminations et des sanctions pénales, introduction», op. cit., quien afirma que la aproximación supone un mayor grado de integración jurídica que la coordinación y la cooperación, en virtud de las cuales los ordenamientos jurídicos nacionales siguen siendo los mismos, aunque menor que la unificación, que conllevaría la sustitución de las normas nacionales preexistentes por nuevas normas de Derecho penal e implicaría una transferencia de competencia (p. 186).
(
48
)	Véase la sentencia del TEDH de 15 de noviembre de 1996, Cantoni c. Francia (CE:ECHR:1996:1115JUD001786291), §§ 31 y 32, relativa a la definición legal del concepto de «medicamento» contenida en el artículo L. 511 del code de la santé publique (Código Sanitario) francés entonces vigente.
(
49
)	Rebut, D., «Le principe de la légalité des délits et des peines», Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, París, 2005, pp. 595 a 610, en particular punto 753.
(
50
)	Véase, a título ilustrativo, la sentencia de 30 de abril de 2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (C‑178/22, EU:C:2024:371), apartado 49 y jurisprudencia citada.
(
51
)	Véase la sentencia de 3 de junio de 2008, Intertanko y otros (C‑308/06, EU:C:2008:312), apartado 71 y jurisprudencia citada.
(
52
)	Véanse las sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), apartado 167 y jurisprudencia citada, y de 5 de mayo de 2022, BV (C‑570/20, EU:C:2022:348), apartado 41.
(
53
)	C‑178/22, EU:C:2024:371.
(
54
)	Véase la sentencia de 30 de abril de 2024, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano (C‑178/22, EU:C:2024:371), apartado 45.
(
55
)	Véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803), apartado 98 y jurisprudencia citada.
(
56
)	Véase la sentencia de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk (C‑422/19 y C‑423/19, EU:C:2021:63), apartado 70.
(
57
)	Véanse, a este respecto, las sentencias de 2 de marzo de 2023, PrivatBank y otros (C‑78/21, EU:C:2023:137), apartado 72 y jurisprudencia citada, y de 29 de julio de 2024, BP France (C‑624/22, EU:C:2024:640), apartado 73 y jurisprudencia citada.
(
58
)	Esto diferencia el artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2002/90 del artículo 117 de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Ley sobre inmigración y protección de los refugiados) canadiense, que fue censurada por el Tribunal Supremo de Canadá en la sentencia de 27 de noviembre de 2015, R. c. Appulonappa. En efecto, dado que el objetivo de dicha Ley es luchar contra el tráfico de seres humanos vinculado a la delincuencia organizada transnacional, el citado tribunal declaró que, al tipificar como acto delictivo la incitación, ayuda o contribución a la entrada no autorizada de nacionales de terceros países, aun cuando dicho acto se realizara con el fin de prestar asistencia mutua, de ayudar a un familiar o por razones humanitarias, la citada Ley vulneraba el principio de proporcionalidad (apartados 70, 72 a 74, 77 y 84).
(
59
)	A mi juicio, tal disposición debe ponerse en relación con las disposiciones de los códigos penales nacionales que definen, en términos generales, los delitos y las infracciones, antes de precisar su alcance, los criterios de nacimiento de la responsabilidad, las circunstancias atenuantes o agravantes, los hechos justificativos y las sanciones (por ejemplo, el artículo 221‑1 del Código Penal francés que tipifica «el hecho de provocar voluntariamente la muerte de otra persona» o el artículo 311‑1 de dicho Código, que tipifica «la sustracción fraudulenta de bienes ajenos»).
(
60
)	En particular, los Estados miembros están obligados a no actuar de tal manera que se obstaculice la entrada en el territorio de los solicitantes de protección internacional (véase el artículo 6 de la Decisión Marco 2002/946). En la sentencia de 16 de noviembre de 2021, Comisión/Hungría (Tipificación penal de la asistencia a los solicitantes de asilo) (C‑821/19, EU:C:2021:930), apartado 136 y jurisprudencia citada, el Tribunal de Justicia declaró que todo nacional de un tercer país o apátrida tiene derecho a formular una solicitud de protección internacional en el territorio de un Estado miembro, incluso en sus fronteras o en sus zonas de tránsito, aun cuando se encuentre en situación irregular en dicho territorio. Debe reconocérsele este derecho, cualesquiera que sean las posibilidades de que prospere esa solicitud.
(
61
)	Véase el informe del Comité Mixto a nivel del Comité del Artículo 36, de los días 3 y 4 de mayo de 2001, al Comité Mixto a nivel de los Embajadores (documento 8632/01), p. 3.
(
62
)	Véase asimismo el informe elaborado en 2014 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), titulado «Criminalisation of migrants in an irregular situation and of persons engaging with them», en particular p. 16: «deberían adoptarse orientaciones prácticas para ayudar a los Estados miembros a aplicar la Directiva respetando los derechos fundamentales. Estas orientaciones tendrían que prever expresamente que no estará sujeta a sanciones la ayuda humanitaria a la entrada (salvamento marítimo y ayuda a los refugiados para garantizar su seguridad) ni la ayuda humanitaria sin ánimo de lucro (por ejemplo, en términos de alimentos, alojamiento, cuidados médicos o asesoramiento jurídico) prestada a migrantes en situación irregular» (traducción libre).
(
63
)	Según reiterada jurisprudencia, los Estados miembros están obligados a ejercer su competencia con observancia del Derecho de la Unión y sus principios generales, y, como resulta del artículo 3 de la Directiva 2002/90, respetando el principio de proporcionalidad (véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, ECOTEX BULGARIA, C‑544/19, EU:C:2021:803, apartado 84 y jurisprudencia citada).
(
64
)	Véase, en relación con el artículo 20 de la Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») (DO 2014, L 159, p. 11), la sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo) (C‑205/20, EU:C:2022:168), apartados 16 a 32.
(
65
)	Según reiterada jurisprudencia, aun cuando una directiva deje a los Estados miembros un cierto margen de apreciación a la hora de adoptar las normas de aplicación, puede considerarse que una disposición de dicha directiva tiene carácter preciso e incondicional cuando pone a cargo de los Estados miembros, en términos inequívocos, una obligación de resultado precisa y que no está sometida a condición alguna en cuanto a la aplicación de la regla que recoge [véase la sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 19].
(
66
)	Véase, por analogía, la sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo) (C‑205/20, EU:C:2022:168), apartados 23 y 24.
(
67
)	Según el Tribunal de Justicia, una interpretación según la cual la necesidad de transponer la exigencia de proporcionalidad de las sanciones establecida por la Directiva controvertida puede enervar su carácter incondicional equivaldría a impedir a los particulares afectados invocar, en su caso, la prohibición de adoptar sanciones desproporcionadas que esta exigencia impone. Pues bien, sería incompatible con el carácter vinculante que el artículo 288 TFUE reconoce a las directivas excluir, por regla general, que las personas afectadas puedan invocar tal prohibición [véase la sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartados 25 y 26].
(
68
)	Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro aplica el Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, cuando cumple una obligación establecida en una disposición del Derecho de la Unión de establecer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias respecto a las personas responsables de los delitos que se contemplan en dicha disposición [véase la sentencia de 19 de octubre de 2023, G. ST. T. (Proporcionalidad de la pena en caso de falsificación de marca), C‑655/21, EU:C:2023:791, apartado 43 y jurisprudencia citada].
(
69
)	Véase la sentencia de 19 de octubre de 2023, G. ST. T. (Proporcionalidad de la pena en caso de falsificación de marca) (C‑655/21, EU:C:2023:791), apartado 65 y jurisprudencia citada.
(
70
)	Véase la sentencia de 4 de octubre de 2018, Link Logistik N&N (C‑384/17, EU:C:2018:810), apartado 45.
(
71
)	Véase De Bondt, W., «The Missing Link between “Necessity” and “Approximation of Criminal Sanctions” in the EU», European Criminal Law Review, Beck, Múnich, 2014, n.o 4, pp. 147 a 168.
(
72
)	Véase la sentencia de 19 de octubre de 2023, G. ST. T. (Proporcionalidad de la pena en caso de falsificación de marca) (C‑655/21, EU:C:2023:791), apartado 68 y jurisprudencia citada.
(
73
)	He de recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando un Estado miembro excede su facultad de apreciación al establecer una normativa nacional que contempla sanciones desproporcionadas para las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a una directiva, la persona afectada debe poder invocar directamente la exigencia de proporcionalidad de las sanciones contemplada en dicha Directiva frente a tal normativa [véase la sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 30 y jurisprudencia citada].
(
74
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de marzo de 2018, Menci (C‑524/15, EU:C:2018:197), apartado 55, y de 5 de mayo de 2022, BV (C‑570/20, EU:C:2022:348), apartado 50.
(
75
)	Véase la sentencia de 20 de marzo de 2018, Menci (C‑524/15, EU:C:2018:197), apartado 58.
(
76
)	Cuando se demuestra que la ayuda se prestó únicamente en interés de familiares cercanos, sobre todo si son menores de edad, algunos países admiten que se trata, por naturaleza, de un acto humanitario, que no puede ser tipificado, mientras que otros consideran que la existencia de vínculos familiares no impide reconocer la culpabilidad de la madre de la familia (véase el análisis de la UNODC citado en la nota 3 de las presentes conclusiones, p. 19).