62024CJ0554
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 22 de enero de 2026 (
*1
)
«Recurso de casación — Artículos 259 TFUE, 260 TFUE y 279 TFUE — Ejecución por un Estado miembro de un auto de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia que impone medidas provisionales — Condena al pago de una multa coercitiva diaria hasta la ejecución del auto — Omisión de la adopción de las medidas necesarias para dar cumplimiento al auto y pagar la multa coercitiva — Archivo del asunto sobre el fondo — Cobro por compensación de los créditos derivados del impago de la multa coercitiva — Recurso de anulación»
En el asunto C‑554/24 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 14 de agosto de 2024,
República de Polonia, representada por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente,
parte recurrente,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Comisión Europea, representada por el Sr. J. Estrada de Solà, la Sra. K. Herrmann y el Sr. O. Verheecke, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin, S. Gervasoni y M. Bošnjak, Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 10 de julio de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, la República de Polonia solicita, por una parte, la anulación de la sentencia del Tribunal General de 29 de mayo de 2024, Polonia/Comisión (T‑200/22 y T‑314/22, en lo sucesivo, sentencia recurrida, EU:T:2024:329), mediante la cual el Tribunal General desestimó sus recursos contra las decisiones de la Comisión Europea de 7 y 8 de febrero de 2022, 16 y 31 de marzo de 2022 y 16 de mayo de 2022 (en lo sucesivo, conjuntamente, «decisiones controvertidas»), por las que la Comisión cobró por compensación las cantidades adeudadas por la República de Polonia en concepto de multa coercitiva diaria impuesta por la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia en su auto de 20 de septiembre de 2021, República Checa/Polonia (C‑121/21 R, en lo sucesivo, «auto de 20 de septiembre de 2021», EU:C:2021:752), y, por otra parte, la anulación de las decisiones controvertidas.
Marco jurídico
Tratado FUE
2
El artículo 259 TFUE establece:
«Cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados.
Antes de que un Estado miembro interponga, contra otro Estado miembro, un recurso fundado en un supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, deberá someter el asunto a la Comisión.
La Comisión emitirá un dictamen motivado, una vez que los Estados interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio.
Si la Comisión no hubiere emitido el dictamen en el plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, la falta de dictamen no será obstáculo para poder recurrir al Tribunal.»
3
El artículo 260 TFUE dispone:
«1.   Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal.
2.   Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal, podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. La Comisión indicará el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias.
Si el Tribunal declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.
Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 259.
[…]»
4
El artículo 279 TFUE prevé:
«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podrá ordenar las medidas provisionales necesarias en los asuntos de que esté conociendo.»
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
5
El artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece:
«Las sentencias serán motivadas. […]»
6
El artículo 39, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispone:
«La resolución del Presidente o de su sustituto tendrá solo carácter provisional y no prejuzgará en modo alguno la decisión del Tribunal de Justicia en cuanto al asunto principal.»
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia
7
El artículo 147 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, titulado «Acuerdo amistoso», dispone en su apartado 1:
«Si, antes de que el Tribunal resuelva, las partes llegaran a un acuerdo sobre la solución que debe darse al litigio e informaran al Tribunal de que renuncian a toda pretensión, el Presidente ordenará el archivo del asunto haciéndolo constar en el Registro y decidirá sobre las costas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 141, atendiendo, en su caso, a las propuestas formuladas al efecto por las partes.»
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El artículo 160 de este Reglamento, que lleva por título «Demanda de suspensión o de medidas provisionales», establece:
«1.   La demanda de que se suspenda la ejecución de un acto de una institución conforme a lo dispuesto en los artículos 278 TFUE y 157 TCEEA solo será admisible si el demandante hubiera impugnado dicho acto mediante recurso ante el Tribunal.
2.   Las demandas relativas a las demás medidas provisionales previstas en el artículo 279 TFUE solo serán admisibles si se formulan por una de las partes de un asunto sometido al Tribunal y guardan relación con el mismo.
3.   Las demandas mencionadas en los apartados anteriores especificarán el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada.
[…]»
9
El artículo 162 de dicho Reglamento dispone:
«1.   La decisión sobre la demanda se adoptará mediante auto motivado, contra el que no se dará recurso alguno. Dicho auto se notificará inmediatamente a las partes.
2.   La ejecución del auto podrá subordinarse a que el demandante constituya una caución cuyo importe y modalidades se determinarán habida cuenta de las circunstancias concurrentes.
3.   El auto podrá establecer una fecha a partir de la cual la medida dejará de ser aplicable. En caso contrario, la medida quedará sin efecto cuando se pronuncie la sentencia que ponga fin al proceso.
4.   El auto tendrá un carácter meramente provisional y no prejuzgará en modo alguno la decisión del Tribunal sobre el asunto principal.»
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El artículo 163 del Reglamento de Procedimiento establece:
«A instancia de parte, el auto podrá ser modificado o revocado en cualquier momento si varían las circunstancias.»
Antecedentes del litigio
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El 26 de febrero de 2021, la República Checa interpuso un recurso con arreglo al artículo 259 TFUE al objeto de que se declarara que la República de Polonia había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho de la Unión al ampliar y prolongar las actividades de extracción de lignito en la mina a cielo abierto de Turów (Polonia), situada en las proximidades de las fronteras de la República Checa y de la República Federal de Alemania (asunto C‑121/21).
12
Al mismo tiempo, la República Checa presentó una demanda de medidas provisionales con arreglo al artículo 279 TFUE al objeto de que se ordenara a la República de Polonia, a la espera de que el Tribunal de Justicia dictara sentencia sobre el fondo, que cesara inmediatamente las actividades de extracción de lignito en la mina de Turów.
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Mediante auto de 21 de mayo de 2021, República Checa/Polonia (C‑121/21 R, en lo sucesivo, «auto de 21 de mayo de 2021», EU:C:2021:420), la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia estimó dicha demanda de medidas provisionales y ordenó a la República de Polonia que cesara, con carácter inmediato y hasta que se dictase la sentencia que pusiera fin al procedimiento en el asunto C‑121/21, las actividades de extracción en la mina mencionada.
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El 7 de junio de 2021, la República Checa, al considerar que la República de Polonia no había cumplido el auto de 21 de mayo de 2021, interpuso una nueva demanda de medidas provisionales con arreglo al artículo 279 TFUE al objeto de que se condenara a este Estado miembro a pagar, al presupuesto de la Unión, una multa coercitiva diaria de cinco millones de euros hasta que se diera cumplimiento a dicho auto.
15
El 29 de junio de 2021, la República de Polonia solicitó, al amparo del artículo 163 del Reglamento de Procedimiento, que se revocara el auto de 21 de mayo de 2021.
16
Mediante auto de 20 de septiembre de 2021, la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia, por un lado, desestimó la solicitud de la República de Polonia de que se revocara el auto de 21 de mayo de 2021 y, por otro lado, condenó a este Estado miembro a pagar a la Comisión una multa coercitiva diaria de 500000 euros, a partir de la fecha de notificación del auto de 20 de septiembre de 2021 y hasta que ese Estado miembro diera cumplimiento al auto de 21 de mayo de 2021.
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El 19 de octubre de 2021, la Comisión solicitó a las autoridades polacas que aportaran pruebas del cese de las actividades de extracción de lignito en la mina de Turów. Dado que la República de Polonia no proporcionó tales pruebas, la Comisión remitió a este Estado miembro, entre el 5 de noviembre de 2021 y el 8 de marzo de 2022, solicitudes de pago de las cantidades adeudadas en concepto de multa coercitiva diaria al término de cada período de treinta días.
18
El 3 de febrero de 2022, la República Checa y la República de Polonia concluyeron un acuerdo para poner fin al litigio que había dado lugar al asunto C‑121/21 (en lo sucesivo, «acuerdo amistoso»).
19
El 4 de febrero de 2022, los dos Estados miembros informaron al Tribunal de Justicia de que, a raíz del acuerdo amistoso, renunciaban a toda pretensión en el asunto C‑121/21, y las autoridades polacas solicitaron a la Comisión que pusiera fin al procedimiento de ejecución de las multas coercitivas impuestas por el auto de 20 de septiembre de 2021.
20
Mediante auto de 4 de febrero de 2022, República Checa/Polonia (Mina de Turów) (C‑121/21, en lo sucesivo, «auto de 4 de febrero de 2022», EU:C:2022:82), se archivó el asunto C‑121/21, haciéndose constar así en el Registro del Tribunal de Justicia.
21
Ese mismo día, la República de Polonia solicitó, al amparo del artículo 163 del Reglamento de Procedimiento, que se revocara el auto de 20 de septiembre de 2021.
22
El 11 de febrero de 2022, las autoridades polacas solicitaron de nuevo a la Comisión que pusiera fin al procedimiento de ejecución de las multas coercitivas impuestas por el Tribunal de Justicia en este auto.
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El 22 de febrero de 2022, la Comisión respondió a los escritos de la República de Polonia de 4 y 11 de febrero de 2022 indicando que, mientras no se «anulase» el auto de 20 de septiembre de 2021, tenía la intención de exigir el cobro de las cantidades adeudadas a 3 de febrero de 2022.
24
Mediante auto de 19 de mayo de 2022, República Checa/Polonia (Mina de Turów) (C‑121/21 R‑RAP, en lo sucesivo, «auto de 19 de mayo de 2022», EU:C:2022:408), el Vicepresidente del Tribunal de Justicia desestimó la solicitud de la República de Polonia de que se revocara el auto de 20 de septiembre de 2021. El apartado 26 de este auto presenta el siguiente tenor: «por consiguiente, en el presente asunto, desde el 4 de febrero de 2022, fecha del auto del Presidente del Tribunal de Justicia, República Checa/Polonia (Mina de Turów) (C‑121/21, […] EU:C:2022:82), que acordaba el archivo del asunto C‑121/21, la República de Polonia ya no está obligada a cesar inmediatamente las actividades de extracción de lignito en la mina de Turów. Asimismo, debe considerarse que a partir de esa fecha ha caducado la condena a este Estado miembro a pagar a la Comisión una multa coercitiva de 500000 euros diarios hasta el cese de tales actividades.»
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Tras requerir a la República de Polonia para que pagara las cantidades adeudadas a 3 de febrero de 2022 más los intereses de demora e indicarle que, en caso de impago, procedería al cobro de dichas cantidades mediante compensación, en virtud de los artículos 101, apartado 1, y 102 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»), la Comisión decidió proceder a la compensación de las cantidades adeudadas en concepto de la multa coercitiva impuesta por el Tribunal de Justicia en el auto de 20 de septiembre de 2021. Mediante decisiones de 7 y 8 de febrero y de 16 y 31 de marzo de 2022, la Comisión procedió a compensar las cantidades adeudadas correspondientes al período comprendido entre el 20 de septiembre de 2021 y el 17 de enero de 2022, y, mediante su decisión de 16 de mayo de 2022, las cantidades adeudadas correspondientes al período transcurrido entre el 18 de enero y el 3 de febrero de 2022. La cantidad así cobrada mediante compensación ascendía, en cuanto al principal, a 68500000 euros, aproximadamente.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
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Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General, respectivamente, el 19 de abril y el 25 de mayo de 2022, la República de Polonia interpuso dos recursos, con arreglo al artículo 263 TFUE, por los que solicitaba la anulación, por una parte, de las decisiones de 7 y 8 de febrero y de 16 y 31 de marzo de 2022 y, por otra parte, de la decisión del 16 de mayo de ese mismo año.
27
En apoyo de sus recursos de anulación, la República de Polonia formuló dos motivos idénticos, basados, el primero de ellos, en la infracción de los artículos 101, apartado 1, y 102 del Reglamento Financiero, en relación con el artículo 98 de este Reglamento, y, el segundo, en una infracción del artículo 296 TFUE y de los artículos 41, apartado 2, letra c), y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
28
En la sentencia recurrida, el Tribunal General rechazó ambos motivos por infundados y, por consiguiente, desestimó íntegramente los recursos.
29
Por lo que respecta, en particular, a las consecuencias del archivo del asunto C‑121/21 en la multa coercitiva diaria impuesta a la República de Polonia, el Tribunal General, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, señaló, en esencia, en primer lugar, que el auto de 4 de febrero de 2022 no hacía mención alguna ni de las medidas provisionales prescritas por el auto de 21 de mayo de 2021 ni de esta multa coercitiva impuesta con arreglo al artículo 279 TFUE; en segundo lugar, que la demanda de revocación del auto de 20 de septiembre de 2021 formulada por la República de Polonia había sido desestimada en el auto de 19 de mayo de 2022; y, finalmente, que se desprendía expresamente del apartado 26 de este último auto que la condena de la República de Polonia a pagar a la Comisión una multa coercitiva de 500000 euros diarios hasta el cese de las actividades de extracción de lignito de la mina de Turów debía considerarse caducada desde el 4 de febrero de 2022, de manera que esta multa coercitiva había dejado de producir efectos a partir de esa fecha.
30
En el apartado 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal General observó que dicha multa coercitiva había surtido efectos durante el período comprendido entre la fecha de la notificación del auto de 20 de septiembre de 2021 y la fecha del archivo del asunto C‑121/21 y, en el apartado 42 de esa sentencia, declaró que, si bien el archivo de dicho litigio había tenido incidencia en el curso de la multa coercitiva, no había tenido por efecto, en cambio, extinguir la obligación, para la República de Polonia, de abonar el importe adeudado en concepto de multa coercitiva y que cualquier otra conclusión implicaría cuestionar la finalidad de la multa coercitiva, a saber, garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, inherente al valor del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 TUE.
31
El Tribunal General consideró que las alegaciones formuladas por la República de Polonia no podían invalidar esta conclusión.
32
En primer lugar, recordó, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que el auto de 20 de septiembre de 2021 no era recurrible en casación, por lo que no podía ser anulado retroactivamente.
33
En segundo lugar, el Tribunal General consideró, en respuesta a la alegación de la República de Polonia según la cual la mayoría de los sistemas jurídicos nacionales establecen que las medidas cautelares adoptadas dejan retroactivamente de producir efectos cuando el procedimiento principal queda sin objeto, que la remisión a las normas procesales nacionales carece de pertinencia, dado que, en este caso, la legalidad de las decisiones controvertidas debía examinarse únicamente a la luz de las normas del Derecho de la Unión. A este respecto, el Tribunal General precisó, en el apartado 45 de esa sentencia, que ese Estado miembro había admitido que las normas procesales de los Estados miembros no eran vinculantes para los órganos jurisdiccionales de la Unión y, en el apartado 46 de dicha sentencia, que, aun suponiendo que en determinados sistemas jurídicos nacionales las medidas cautelares adoptadas, a la espera de una resolución definitiva, dejen de surtir efectos con carácter retroactivo cuando el procedimiento principal quede sin objeto, esta declaración no basta para demostrar que dichas normas procesales formen parte de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y, por ello, puedan formar parte del ordenamiento jurídico de la Unión como fuente de Derecho.
34
En tercer lugar, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, el Tribunal General rechazó la alegación de que proseguir la ejecución de la multa coercitiva pese al archivo del asunto C‑121/21 fuera más allá de la única finalidad perseguida por esta multa coercitiva, a saber, la de garantizar la eficacia de la sentencia sobre el fondo. A este respecto, constató que, en el caso de autos, la multa coercitiva impuesta con arreglo al artículo 279 TFUE no solo pretendía garantizar la eficacia de dicha sentencia sobre el fondo, sino que también tenía por objeto que se respetaran las medidas provisionales prescritas por el auto de 21 de mayo de 2021 y disuadir a la República de Polonia de retrasar la adecuación de su comportamiento a dicho auto. En el apartado 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal General añadió, en esencia, que la alegación formulada por este Estado miembro, de ser acogida, vaciaría de todo contenido el mecanismo de la multa coercitiva impuesta con arreglo al artículo 279 TFUE, en la medida en que llevaría a aceptar que la parte obligada incumpla deliberadamente la obligación de atenerse a las medidas provisionales acordadas en un procedimiento sobre medidas provisionales hasta la conclusión del procedimiento sobre el fondo, lo que menoscabaría la eficacia del Derecho de la Unión.
35
Puesto que las dos otras alegaciones formuladas por la República de Polonia con respecto a las consecuencias del archivo del asunto C‑121/21 tampoco fueron acogidas por el Tribunal General, este declaró, en el apartado 51 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había cometido ninguna infracción de los artículos 101 y 102 del Reglamento Financiero, en relación con el artículo 98 de este Reglamento.
Pretensiones de las partes en el recurso de casación
36
Mediante su recurso de casación, la República de Polonia solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida en su totalidad.
–
Anule las decisiones controvertidas.
–
Imponga a la Comisión las costas de ambas instancias.
37
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación por ser manifiestamente infundado.
–
Condene en costas a la República de Polonia.
Sobre el recurso de casación
38
En apoyo de su recurso de casación, la República de Polonia invoca dos motivos, basados, el primero, en una infracción del artículo 279 TFUE y, el segundo, en una infracción del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Primer motivo de casación, basado en una infracción del artículo 279 TFUE
39
El primer motivo invocado por la República de Polonia se articula en cuatro partes. En la medida en que las alegaciones formuladas en apoyo de las partes primera a tercera se solapan, procede examinar conjuntamente estas partes.
Sobre las partes primera a tercera del primer motivo de casación
– Alegaciones de las partes
40
Mediante la primera parte de su primer motivo, la República de Polonia reprocha al Tribunal General haber acogido una interpretación errónea del principio del carácter accesorio y no definitivo del procedimiento sobre medidas provisionales con respecto al procedimiento sobre el fondo del asunto y haber hecho primar el principio de efectividad del Derecho de la Unión sobre el principio de protección de los intereses de la parte que solicitó las medidas provisionales. En su opinión, el planteamiento seguido en los apartados 42 y 47 de la sentencia recurrida equivale a atribuir un carácter autónomo a las medidas provisionales consistentes en la condena a pagar una multa coercitiva diaria, por cuanto estas medidas sirven a intereses distintos de aquellos por los que se adoptan las medidas provisionales «ordinarias». Sin embargo, a su parecer, el artículo 279 TFUE no permite adoptar medidas provisionales que presenten un carácter autónomo de este tipo. A su entender, habida cuenta de la naturaleza de una medida provisional consistente en la imposición de una multa coercitiva diaria, dicha medida solo puede tener como objetivo el que se desprende del artículo 279 TFUE, a saber, garantizar la eficacia de la futura sentencia sobre el fondo del asunto. Según afirma, una medida provisional que consiste en la imposición de una multa coercitiva de ese tipo también está supeditada al objetivo de protección de los intereses de la parte que ha solicitado dicha medida provisional.
41
La República de Polonia admite que es cierto que, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que el objetivo de la multa coercitiva de que se respeten las medidas provisionales debe ponerse en pie de igualdad con el objetivo de garantizar la eficacia de la sentencia sobre el fondo. Sin embargo, en su opinión, la conclusión a la que llegó el Tribunal General tras su razonamiento produce un efecto diferente, por cuanto hizo prevalecer el primero de esos objetivos sobre el segundo. Según este Estado miembro, cuando un auto que adopta medidas provisionales «principales» queda sin objeto debido al archivo del asunto en el que se ha tramitado el procedimiento de medidas provisionales, la medida provisional «accesoria», en este caso, la imposición de una multa coercitiva diaria, queda igualmente sin objeto. A su parecer, de este modo, la desaparición del motivo por el cual se ordenaron las medidas provisionales hace desaparecer toda justificación para proseguir su ejecución.
42
La República de Polonia afirma que el principio de eficacia del Derecho de la Unión, que, en relación con la sentencia recurrida, se refiere al auto de 20 de septiembre de 2021, es decir, a un elemento secundario con respecto al auto de 21 de mayo de 2021 que acordó las medidas provisionales principales, consistentes en el cese inmediato de las actividades de extracción de lignito en la mina de Turów, no puede primar sobre el principio general en el que se basan las medidas adoptadas con arreglo al artículo 279 TFUE, esto es, el principio del carácter temporal y accesorio de estas medidas respecto de la resolución del asunto sobre el fondo. En su opinión, el Tribunal General no tuvo en cuenta, en el punto 42 de la sentencia recurrida, la función principal de las medidas provisionales, que se basa en el principio del carácter accesorio y no definitivo respecto del procedimiento sobre el fondo.
43
Mediante la segunda parte de su primer motivo, la República de Polonia reprocha al Tribunal General haber violado el principio del carácter no definitivo y accesorio de las medidas adoptadas con base en el artículo 279 TFUE al acoger una interpretación que impide que una parte en el proceso vea restituidos sus derechos patrimoniales al término del procedimiento sobre el fondo.
44
A este respecto, la República de Polonia sostiene, por una parte, que, conforme a reiterada jurisprudencia, un perjuicio de naturaleza económica no puede, salvo en circunstancias excepcionales, ser considerado irreparable ni difícilmente reparable, ya que normalmente puede ser objeto de una compensación económica posterior. En su opinión, corresponde al juez de medidas provisionales determinar si los derechos patrimoniales de una parte pueden ser restituidos al término del procedimiento sobre el fondo y es posible, de conformidad con el artículo 162, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, supeditar la ejecución del auto que impone las medidas provisionales a la constitución, por parte de quien las solicita, de una caución. A su parecer, esta posibilidad permite garantizar que el demandado pueda ver restituidos sus derechos patrimoniales cuando sus pretensiones son estimadas en el procedimiento sobre el fondo. Sin embargo, en su opinión, el planteamiento seguido por el Tribunal General en la sentencia recurrida equivale a atribuir un carácter irreversible a la multa coercitiva diaria impuesta.
45
La República de Polonia alega, por otra parte, que la consideración contenida en el apartado 42 de la sentencia recurrida, según la cual el archivo del litigio en el procedimiento sobre el fondo no conllevó poner fin, con efectos ex tunc, a las medidas provisionales consistentes en la obligación de pagar una multa coercitiva, no halla fundamento alguno en el artículo 279 TFUE. A su parecer, el hecho de proseguir la ejecución de esta obligación neutraliza los efectos de la conclusión del procedimiento a raíz del archivo del asunto sobre el fondo. Sin embargo, según la República de Polonia, la interpretación acogida por el Tribunal General en la sentencia recurrida no permite poner remedio a los efectos producidos por las medidas provisionales y perpetúa sus efectos negativos para la parte obligada, con independencia de la resolución del litigio en cuanto al fondo. En su opinión, tal interpretación implica que los créditos que nacen de la obligación de pagar la multa coercitiva diaria de que se trata en el asunto de autos no pueden ser objeto de ninguna medida de restitución ni, en particular, de ninguna acción de indemnización.
46
Mediante la tercera parte de su primer motivo, dirigido contra los apartados 47 y 48 de la sentencia recurrida, la República de Polonia estima que el Tribunal General acogió una interpretación del artículo 279 TFUE que convierte una medida provisional consistente en la obligación de pagar una multa coercitiva diaria en una medida autónoma de carácter sancionador. Sin embargo, en su opinión, el artículo 279 TFUE no confiere al juez de medidas provisionales la facultad de imponer sanciones. A su parecer, dado que la ejecución de una obligación derivada de un auto de medidas provisionales que ha quedado sin objeto ya no puede, evidentemente, perseguir un objetivo preventivo, esa ejecución tiene claramente un objetivo represivo, consistente en sancionar a la parte obligada por haber eludido esta obligación.
47
Además, la República de Polonia afirma que el objetivo consistente en garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, inherente al principio del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 TUE, mencionado en los apartados 32 y 42 de la sentencia recurrida, no puede justificar la interpretación del artículo 279 TFUE acogida por el Tribunal General, dado que este objetivo puede ser perseguido eficazmente en el marco de un procedimiento por incumplimiento incoado con arreglo al artículo 258 TFUE y ser ejecutado por medio de las sanciones previstas en el artículo 260, apartado 2, TFUE.
48
La Comisión considera que las tres partes del primer motivo carecen de fundamento y deben, por tanto, desestimarse.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
49
Es preciso recordar que el hecho de hacer respetar por un Estado miembro las medidas provisionales adoptadas por el juez que conoce de las medidas provisionales, previendo la imposición de una multa coercitiva en caso de incumplimiento de estas, tiene por objeto garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, la cual es inherente al valor del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 TUE y en el que se basa la Unión (auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartado 102).
50
Si bien es cierto que el alcance del procedimiento sobre medidas provisionales con arreglo al artículo 279 TFUE se ve limitado por su carácter accesorio respecto al procedimiento en cuanto al fondo y por la naturaleza provisional de las medidas que pueden adoptarse a su término, se caracteriza no obstante por la extensión de las prerrogativas reconocidas al juez de medidas provisionales a fin de permitirle garantizar la plena eficacia de la decisión definitiva (auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartado 103).
51
Por tanto, si el juez de medidas provisionales estima que las circunstancias del asunto exigen que se adopten medidas suplementarias para garantizar la eficacia de las medidas provisionales solicitadas, es competente, en particular, en virtud del artículo 279 TFUE, para imponer una multa coercitiva a un Estado miembro en caso de que este no respete las medidas provisionales decretadas (auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartado 104).
52
En efecto, dado que la perspectiva de la imposición de una multa coercitiva en tal caso contribuye a disuadir al Estado miembro concernido de no respetar las medidas provisionales decretadas, la misma refuerza la eficacia de estas y, por ello, garantiza la plena eficacia de la decisión definitiva, situándose así completamente en la órbita del objetivo del artículo 279 TFUE (auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartado 105).
53
Resulta de la jurisprudencia mencionada en los apartados 49 a 52 de la presente sentencia que la imposición de una multa coercitiva diaria en caso de incumplimiento por un Estado miembro de una medida provisional principal adoptada contra este último debe considerarse una medida provisional accesoria dirigida a garantizar la plena eficacia, por una parte, del auto que impuso la medida provisional principal y, por otra, de la resolución definitiva que debe dictarse y, por consiguiente, la aplicación efectiva del Derecho de la Unión.
54
Por lo que respecta a la alegación de la República de Polonia según la cual, en materia de medidas provisionales, ha de atribuirse la misma importancia al principio de efectividad del Derecho de la Unión y al principio de protección de los intereses de la parte que solicitó las medidas provisionales, es preciso señalar que, ciertamente, de conformidad con el artículo 160, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, incumbe al demandante, en efecto, solicitar las medidas provisionales que estime necesarias y acreditar que se cumplen los requisitos para su concesión. Sin embargo, no es menos cierto que, en un asunto como el que ha dado lugar al presente litigo, la multa coercitiva diaria no se abona a la parte que haya solicitado su imposición y no pretende resarcir a esta por el incumplimiento, por la parte contraria, de las medidas provisionales principales impuestas por el juez de medidas provisionales con arreglo al artículo 279 TFUE. Esta multa coercitiva se abona al presupuesto de la Unión, lo que demuestra que tiene por objetivo asegurar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión en aras del interés general.
55
Además, una vez que se ha acudido ante el juez de medidas provisionales, este debe asegurarse de que las medidas que se propone ordenar son lo suficientemente eficaces como para alcanzar su objetivo y adoptar, en el marco del amplio margen de apreciación que le concede el artículo 279 TFUE, en su caso, de oficio, cualquier medida accesoria cuyo fin sea garantizar la eficacia de las medidas provisionales que ordena (véase, en este sentido, el auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartados 98 y 99). Por tanto, una vez que el juez de medidas provisionales ha adoptado una resolución que impone una medida provisional, ya sea esta de carácter principal o accesorio, la parte que haya solicitado esta medida provisional ya no puede modificar su solicitud con carácter retroactivo, sino únicamente para el futuro.
56
La interpretación según la que las partes en el litigio pueden actuar sobre una medida provisional solicitada y adoptada de conformidad con el artículo 279 TFUE únicamente para el futuro y no con carácter retroactivo viene corroborada tanto por el artículo 163 como por el artículo 162 del Reglamento de Procedimiento.
57
En efecto, por lo que respecta al artículo 163 del Reglamento de Procedimiento, debe recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una demanda presentada al amparo de esta disposición no tiene por objeto obtener del juez de medidas provisionales la anulación retroactiva de un auto mediante el que se haya concedido una medida provisional, sino solo su modificación o su revocación, pudiendo el juez de medidas provisionales reconsiderar, únicamente para el futuro, tal auto, lo que incluye, en su caso, una nueva apreciación, a la vista de las circunstancias existentes en la fecha de su decisión, de los motivos de hecho y de Derecho que justificaron a primera vista la concesión de la medida provisional en cuestión (auto de 19 de mayo de 2022, apartado 22 y jurisprudencia citada). Pues bien, si el juez de medidas provisionales puede reconsiderar tal auto únicamente para el futuro, es evidente que las acciones de las partes en el litigio, incluida una resolución amistosa, ya no pueden tener por efecto modificar, invalidar o anular con carácter retroactivo un auto que imponga tales medidas provisionales o sus efectos.
58
En lo que respecta al artículo 162 del Reglamento de Procedimiento, es necesario constatar que esta disposición, por cuanto prevé que contra los autos que adopten medidas provisionales no «se dará recurso alguno», tampoco concede ningún margen para una posible modificación, invalidación o anulación retroactivas de las medidas provisionales acordadas por el juez de medidas provisionales.
59
La interpretación anterior viene, además, corroborada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la que se desprende que, sin perjuicio del hecho de que una multa coercitiva diaria impuesta como medida provisional accesoria con el único fin de garantizar el respeto de las medidas provisionales principales es de carácter irreversible, la imposición de tal multa coercitiva no prejuzga la decisión en cuanto al fondo y está incluida, por tanto, en el ámbito de aplicación del artículo 279 TFUE (véase, en este sentido, el auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartados 106 a 108).
60
Pues bien, si puede considerarse que la imposición de una multa coercitiva de este tipo por parte del juez de medidas provisionales no prejuzga la decisión en cuanto al fondo, ello se debe a que esta medida provisional accesoria, a saber, la multa coercitiva diaria en cuestión, se impone, por una parte, para asegurar el respeto de las medidas provisionales de que se trate y, por otra parte, para preservar la plena eficacia de la resolución definitiva que se dicte y garantizar así la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, que es inherente al valor del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 TUE y en el que se fundamenta la Unión.
61
Además, la interpretación contenida en el apartado 54 de la presente sentencia no queda desvirtuada por la alegación de que las medidas provisionales solo tienen un carácter accesorio respecto al procedimiento sobre el fondo. En efecto, como resulta de los apartados 51 y 52 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia, si bien reconoce que el alcance del procedimiento sobre medidas provisionales con arreglo al artículo 279 TFUE se ve limitado por su carácter accesorio respecto al procedimiento sobre el fondo y por la naturaleza provisional de las medidas que pueden adoptarse al término del procedimiento sobre medidas provisionales, ha señalado, no obstante, que el juez que conoce de estas es competente en virtud del artículo 279 TFUE, en particular, para disponer la imposición de una multa coercitiva a un Estado miembro para el caso de que este no respete las medidas provisionales adoptadas. Pues bien, el hecho de que las medidas provisionales tengan un carácter accesorio respecto al procedimiento sobre el fondo no impide que algunas de estas medidas, aunque se apliquen durante un período definido, produzcan efectos irreversibles en relación con este período en la medida en que, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento de Procedimiento y sin perjuicio del artículo 163 de este Reglamento, producen estos efectos hasta la fecha establecida en el auto que las haya adoptado o hasta el pronunciamiento de la resolución que ponga fin a la instancia.
62
Por lo que respecta a la alegación de la República de Polonia de que, tras al acuerdo amistoso concluido con la República Checa, el auto de 21 de mayo de 2021 que impuso las medidas provisionales principales ha quedado sin objeto, de manera que ya no hay ninguna necesidad de asegurar su efectividad mediante una multa coercitiva diaria y, por tanto, el auto de 20 de septiembre de 2021 que la impuso también ha quedado sin efecto, basta con señalar que, como se deriva de las consideraciones anteriores, los efectos de una medida provisional accesoria solo pueden ser suspendidos para el futuro y no pueden ser anulados o modificados con carácter retroactivo.
63
Es preciso añadir que el Tribunal de Justicia también ha declarado que la imposición, por parte del juez de medidas provisionales, de una multa coercitiva con el fin de garantizar el respeto de medidas provisionales no prejuzga en modo alguno el sentido de la futura decisión en cuanto al fondo, de modo que una medida accesoria consistente en prever la imposición de una multa coercitiva diaria en caso de que un Estado miembro no respete las medidas provisionales decretadas contra él está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 279 TFUE (véase, en este sentido, el auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartados 107 y 108).
64
En contra de lo que sostiene la República de Polonia, el mantenimiento, a pesar del acuerdo amistoso, de la obligación de abonar el importe adeudado en concepto de multa coercitiva, impuesta en el auto de 20 de septiembre de 2021, no desvirtúa la finalidad de esta multa coercitiva, a saber, garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión. En efecto, en el presente asunto, resulta acreditado que, hasta la conclusión del acuerdo amistoso, la República de Polonia no había respetado ni las medidas provisionales principales decretadas en el auto de 21 de mayo de 2021 ni la medida provisional accesoria impuesta en el auto de 20 de septiembre de 2021, de modo que esta finalidad no se había logrado.
65
Por lo que respecta a la alegación de la República de Polonia según la cual el planteamiento adoptado por el Tribunal General en los apartados 47 y 48 de la sentencia recurrida equivale a atribuir un carácter sancionador a la multa coercitiva diaria, pese a que, conforme al artículo 279 TFUE, el juez de medidas provisionales no tiene la potestad de imponer sanciones, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una multa coercitiva diaria impuesta para garantizar la eficacia de una orden conminatoria dirigida a una parte en virtud del artículo 279 TFUE no puede considerarse una sanción (auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartado 102).
66
Dado que una multa coercitiva diaria impuesta por el juez de medidas provisionales para garantizar la aplicación efectiva de un auto que impone medidas provisionales principales refuerza la eficacia de estas al incitar al Estado miembro concernido a poner fin al incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de este auto, esta multa coercitiva garantiza, desde el momento en que se impone, la plena eficacia de la decisión definitiva que se dicte, así como la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, que es inherente al valor del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 TUE y en el cual se fundamenta la Unión, y, por consiguiente, entra indiscutiblemente en la órbita del objetivo del artículo 279 TFUE [véanse, en este sentido, el auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartado 105, y la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Comisión/Polonia (Control ultra vires de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia — Primacía del Derecho de la Unión), C‑448/23, EU:C:2025:975, apartado 130]. Una multa coercitiva diaria de este tipo tiene, por tanto, un carácter preventivo y no represivo.
67
El solo hecho de que, como en el presente asunto, el Estado miembro de que se trate no haya respetado ni el auto que impone las medidas provisionales principales ni el que acuerda la medida provisional accesoria, a saber, el pago de una multa coercitiva diaria, antes de la conclusión del asunto sobre el fondo no puede modificar la naturaleza preventiva de la multa coercitiva diaria impuesta por el juez de medidas provisionales con arreglo al artículo 279 TFUE. En efecto, cualquier otra interpretación menoscabaría el efecto útil de una medida provisional accesoria de este tipo, permitiendo a la parte obligada invocar su propia falta para impugnar la legalidad de la medida adoptada.
68
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede estimar que, al declarar en el apartado 47 de la sentencia recurrida que, en el caso de autos, la multa coercitiva diaria impuesta al amparo del artículo 279 TFUE no pretendía solamente garantizar la eficacia de la sentencia sobre el fondo, sino que también tenía por objetivo hacer respetar las medidas provisionales establecidas en el auto de 21 de mayo de 2021 y disuadir a la República de Polonia de retrasar la adecuación de su comportamiento a este auto, y, en el apartado 48 de dicha sentencia, que la alegación formulada por este Estado miembro no podía ser admitida, debido a que privaría el mecanismo de la multa coercitiva impuesta en virtud del artículo 279 TFUE de todo contenido, el Tribunal General adoptó una interpretación de este artículo acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y que no incurre en ningún error de Derecho.
69
En lo que respecta a la alegación de la República de Polonia según la cual el Tribunal General acogió una interpretación del artículo 279 TFUE que impide que los derechos patrimoniales del demandado sean restituidos al término del procedimiento sobre el fondo, consta que, tras el archivo del asunto sobre el fondo a raíz del acuerdo amistoso concluido entre la República Checa y la República de Polonia, esta última no pudo ver estimadas sus pretensiones en el marco de este procedimiento.
70
En último lugar, en lo que atañe a la alegación de la República de Polonia según la cual el objetivo consistente en garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión puede perseguirse eficazmente en el marco de un procedimiento por incumplimiento iniciado con arreglo al artículo 258 TFUE y lograrse por medio de las sanciones previstas en el artículo 260 TFUE, apartado 2, es necesario recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que tal interpretación del sistema de vías de recurso en el Derecho de la Unión en general y del procedimiento sobre medidas provisionales en particular perjudicaría el objetivo de este procedimiento, que es garantizar el respeto por parte del Estado miembro de las medidas provisionales decretadas contra él y garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, la cual es inherente al valor del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 TUE y en el que se basa la Unión (véase, en este sentido, el auto de 20 de noviembre de 2017, Comisión/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, apartado 102).
71
De ello se deriva que, al declarar, en los apartados 32, 42 y 48 de la sentencia recurrida, que acoger el planteamiento preconizado por la República de Polonia, según el cual, en el caso de autos, el archivo del asunto sobre el fondo tuvo por efecto extinguir la obligación de este Estado miembro de liquidar el importe adeudado en concepto de la multa coercitiva diaria impuesta en el auto de 20 de septiembre de 2021, equivaldría a apartarse de la finalidad de esta multa, consistente en garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, que es inherente al valor del Estado de Derecho consagrado en el artículo 2 TUE, el Tribunal General adoptó una interpretación del artículo 279 TFUE que es acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y no incurrió en ningún error de Derecho.
72
En consecuencia, las partes primera a tercera del primer motivo de casación deben ser desestimadas por infundadas.
Sobre la cuarta parte del primer motivo de casación
– Alegaciones de las partes
73
Mediante la cuarta parte de su primer motivo, dirigida contra los apartados 40 y 42 de la sentencia recurrida, la República de Polonia reprocha al Tribunal General haber interpretado de manera errónea el auto de 19 de mayo de 2022, al considerar, sobre la base de este auto, que el archivo del asunto sobre el fondo no había tenido por efecto extinguir la obligación, para este Estado miembro, de abonar el importe adeudado en concepto de multa coercitiva. A su parecer, el auto de 19 de mayo de 2022 no trataba sobre los efectos retroactivos del cese de las medidas provisionales y carece de pertinencia para responder a la cuestión de qué incidencia tuvo el archivo del asunto sobre el fondo en el procedimiento C‑121/21 sobre la obligación impuesta a la República de Polonia de abonar el importe adeudado en concepto de multa coercitiva diaria correspondiente al período anterior a la fecha del archivo de este asunto. Dicho Estado miembro considera, por tanto, que el Tribunal General no podía extraer del auto de 19 de mayo de 2022 ninguna conclusión que le permitiera apreciar esta cuestión.
74
La Comisión alega que debe desestimarse esta parte del primer motivo.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
75
Por lo que respecta a la cuarta parte del primer motivo, es preciso señalar que, como ha indicado fundadamente la República de Polonia, el Tribunal General se refirió expresamente, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, al apartado 26 del auto de 19 de mayo de 2022 y dedujo de este que la multa coercitiva diaria impuesta en el auto de 20 de septiembre de 2021«ha[bía] dejado de producir efectos a partir del 4 de febrero de 2022». Sin embargo, en ese mismo apartado de la sentencia, el Tribunal General también observó, por una parte, que el auto de 4 de febrero de 2022 no hacía mención alguna ni de las medidas provisionales prescritas por el auto de 21 de mayo de 2021 ni de la multa coercitiva diaria impuesta con arreglo al artículo 279 TFUE y, por otra parte, que en el auto de 19 de mayo de 2022 se había desestimado la pretensión de revocación del auto de 20 de septiembre de 2021 formulada por la República de Polonia.
76
Como resulta de la utilización de la expresión «por lo tanto» al comienzo del apartado 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, sobre la base de las tres constataciones que figuran en el apartado 40 de dicha sentencia y que han sido reiteradas en el apartado anterior de la presente sentencia, declaró que «la multa coercitiva diaria [había] surti[do] efectos durante el período comprendido entre la fecha de la notificación del auto de 20 de septiembre de 2021 […] y la del archivo del asunto C‑121/21».
77
Pues bien, en la medida en que el apartado 41 de la sentencia recurrida y, por tanto, la apreciación preliminar contenida en él no son cuestionados por la República de Polonia, debe considerarse que las constataciones que aparecen en los apartados 40 y 41 de dicha sentencia bastan para justificar la apreciación que el Tribunal General formuló en el apartado 42 de la misma, según la cual el archivo del asunto sobre el fondo no tuvo por efecto extinguir la obligación, para este Estado miembro, de abonar el importe adeudado en concepto de la multa coercitiva en cuestión, apreciación que solo se basaba en parte en el apartado 26 del auto de 19 de mayo de 2022, que, además, el Tribunal General se limitó a reproducir como tal en el apartado 40 de la sentencia recurrida.
78
En vista de todo lo anterior, procede declarar que la alegación formulada por la República de Polonia en apoyo de la cuarta parte del primer motivo se basa en una interpretación errónea de los apartados 40 y 42 de la sentencia recurrida.
79
Por consiguiente, procede desestimar por infundada la cuarta parte del primer motivo.
80
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el primer motivo debe desestimarse por infundado.
Segundo motivo de casación, basado en la infracción del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Alegaciones de las partes
81
Mediante su segundo motivo, dirigido, en esencia, contra el apartado 46 de la sentencia recurrida, la República de Polonia reprocha al Tribunal General haber incumplido su deber de motivación, al no haber expuesto debidamente las razones por las que desestimó la alegación según la cual las normas procesales nacionales que establecen que las medidas cautelares adoptadas, a la espera de una resolución definitiva, dejan de producir efectos retroactivamente cuando el procedimiento sobre el fondo queda sin objeto forman parte de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y pueden, en cuanto tales, formar parte del ordenamiento jurídico de la Unión como fuente de Derecho.
82
La República de Polonia sostiene que, tras haber desestimado su alegación, en el apartado 45 de la sentencia recurrida, sobre la base de que la legalidad de las decisiones controvertidas debía examinarse únicamente a la luz de las normas del Derecho de la Unión, el Tribunal General realizó una mera afirmación, en el apartado 46 de dicha sentencia, para desestimar la alegación basada en que las disposiciones nacionales invocadas por este Estado miembro podían ser consideradas parte del ordenamiento jurídico de la Unión como fuente de Derecho en el sentido del artículo 6 TUE, apartado 3, sin haber identificado ninguna disposición de los Tratados ni ningún principio general del Derecho de la Unión que se opusiera a tal calificación. A su parecer, por tanto, esta afirmación no le permite conocer las razones de la decisión del Tribunal General.
83
La Comisión considera que este motivo debe desestimarse.
Apreciación del Tribunal de Justicia
84
El segundo motivo invocado se basa en la falta de motivación del apartado 46 de la sentencia recurrida.
85
A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la motivación de una sentencia debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento del Tribunal General, de modo que permita a los interesados conocer las razones de la decisión adoptada y al Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional (sentencia de 23 de enero de 2025, Parlamento/Axa Assurances Luxembourg y otros, C‑766/21 P, EU:C:2025:31, apartado 80 y jurisprudencia citada).
86
En el apartado 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, «aun suponiendo que en determinados sistemas jurídicos nacionales las medidas cautelares adoptadas, a la espera de una resolución definitiva, dejen de surtir efectos con carácter retroactivo cuando el procedimiento principal quede sin objeto, esta declaración no basta para demostrar que dichas normas procesales formen parte de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y, por ello, puedan formar parte del ordenamiento jurídico de la Unión Europea como fuente de Derecho».
87
Pues bien, resulta inequívocamente de esta motivación que el Tribunal General estimó que, de conformidad con los requisitos en materia de prueba, las normas procesales invocadas por la República de Polonia en apoyo de su alegación no podían ser consideradas parte de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Se deriva de lo anterior que la sentencia recurrida no adolece, de ningún modo, con respecto a su apartado 46, de falta o insuficiencia de motivación.
88
De ello sigue que el segundo motivo debe desestimarse por infundado.
89
Por consiguiente, procede desestimar íntegramente el recurso de casación.
Costas
90
De acuerdo con el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
91
De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
92
Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de la República de Polonia y al haber visto esta desestimadas sus pretensiones, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
La República de Polonia cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.