62024CJ0590
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 22 de enero de 2026 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Procedimientos de adjudicación de contratos públicos — Directiva 2014/23/UE — Adjudicación de contratos de concesión — Directiva 2014/24/UE — Motivos de exclusión — Normativa nacional por la que se crea un registro de socios del sector público — Exigencia de imparcialidad de la persona legitimada para inscribir en ese registro al socio del sector público — Imposición de una multa por incumplimiento de esta exigencia — Exclusión automática de la participación en contratos públicos en caso de impago de dicha multa — Artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Carácter penal de la sanción — Previsibilidad y proporcionalidad de la misma — Principio de seguridad jurídica»
En el asunto C‑590/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca), mediante resolución de 3 de septiembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de septiembre de 2024, en el procedimiento penal tramitado contra
AK Dlhopolec s.r.o.,
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.,
A. B.,
X. Y.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por la Sra. O. Spineanu-Matei, Presidenta de Sala, el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Presidente de la Sala Tercera, en funciones de Juez de la Sala Octava, y el Sr. S. Rodin, Juez,
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de X. Y., A. B., AK Dlhopolec s.r.o. y MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., por la Sra. Z. Klúzová, advokátka;
–
en nombre del Gobierno eslovaco, por la Sra. E. V. Larišová y el Sr. A. Lukáčik, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Biolan, R. Lindenthal y G. Wils, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 26 TFUE, 49 TFUE y 114 TFUE, del artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), de los artículos 3, 38 y 41 de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO 2014, L 94, p. 1), de los artículos 57 y 58 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65), y del principio de seguridad jurídica.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento relativo a la imposición de una multa a AK Dlhopolec s.r.o. (en lo sucesivo, «Dlhopolec»), a MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. (en lo sucesivo, «Mabonex Slovakia)» y a A. B. y a X. Y., directivos de Mabonex Slovakia (en lo sucesivo, conjuntamente, «Dlhopolec y otros»), por una infracción supuestamente cometida al inscribir en Eslovaquia a Mabonex Slovakia en el registro de socios del sector público (en lo sucesivo, «RSSP»).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Carta
3
El artículo 49, apartados 1 y 3, de la Carta dispone:
«1.   Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho interno o el Derecho internacional. Del mismo modo, no podrá imponerse una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Si con posterioridad a esta infracción la ley dispone una pena más leve, deberá aplicarse esta.
[…]
3.   La intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción.»
Directiva 2014/23
4
El artículo 3 de la Directiva 2014/23, titulado «Principio de igualdad de trato, no discriminación y transparencia» establece que:
«1.   Los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras darán a los operadores económicos un trato igualitario y no discriminatorio y actuarán de forma transparente y proporcionada.
El procedimiento de adjudicación de la concesión, incluida la estimación del valor, no será concebido con la intención de excluirlo del ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de favorecer o perjudicar indebidamente a determinados operadores económicos o determinadas obras, suministros o servicios.
2.   Los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras tendrán como objetivo garantizar la transparencia del procedimiento de adjudicación y de la ejecución del contrato, respetando al mismo tiempo el artículo 28.»
5
El artículo 38 de esta Directiva, titulado «Selección y evaluación cualitativa de los candidatos», contiene, en particular, los motivos de exclusión de los procedimientos de adjudicación de concesiones.
6
El artículo 41 de la referida Directiva establece los criterios de adjudicación de las concesiones.
Directiva 2014/24
7
El artículo 18 apartado 1 de la Directiva 2014/24 establece que los poderes adjudicadores tratarán a los operadores económicos en pie de igualdad y sin discriminaciones, y actuarán de manera transparente y proporcionada.
8
El artículo 57 de la Directiva 2014/24 recoge, en particular, los motivos de exclusión de los operadores económicos de la participación en un procedimiento de contratación pública. El artículo 58 de esta Directiva establece los criterios de selección para participar en tal procedimiento.
Derecho eslovaco
Ley sobre el RSSP
9
El artículo 13, apartado 1, de la zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ley n.o 315/2016 relativa al registro de socios del sector público y por la que se modifican y completan determinadas leyes), de 25 de octubre de 2016, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley sobre el RSSP»), establece:
«Si se facilitan datos falsos o incompletos sobre el beneficiario efectivo o los empleados del sector público en la solicitud de inscripción [en el RSSP] con arreglo al artículo 4, apartado 4, letra f), no se cumple la obligación de solicitar la modificación de los datos sobre el beneficiario efectivo inscritos en el registro dentro del plazo mencionado en el artículo 9, apartado 1, o se infringe la prohibición mencionada en el artículo 19, la autoridad de registro impondrá las siguientes sanciones:
a)
al socio del sector público una multa por el importe del beneficio económico que el socio del sector público haya obtenido; si no puede determinarse el importe del beneficio económico, la autoridad encargada del Registro impondrá una multa de entre 10000 euros y 1000000 de euros,
b)
a una persona que sea un órgano estatutario o un miembro de un órgano estatutario de un socio del sector público en el momento del incumplimiento de la obligación establecida en la frase introductoria, una multa de entre 10000 euros y 100000 euros; los miembros del órgano estatutario estarán obligados solidariamente a pagar la multa establecida en la frase anterior.
[…]»
10
Con arreglo al artículo 13, apartado 2, de la mencionada Ley, la autoridad encargada del registro excluirá del RSSP a un socio del sector público inscrito cuando le haya impuesto una multa, que haya adquirido firmeza, por no haber presentado una solicitud de modificación de los datos inscritos en el citado registro relativos al beneficiario efectivo dentro del plazo legal o por haber infringido la prohibición establecida en el artículo 19 de la citada Ley y la multa no haya sido pagada dentro del plazo fijado por el órgano jurisdiccional competente.
11
De conformidad con el artículo 13, apartado 4, de la Ley sobre el RSSP, la autoridad encargada del registro impondrá una multa de entre 10000 euros y 100000 euros a una persona legitimada si infringe la prohibición contemplada en el artículo 19 de la citada Ley.
12
Con arreglo al artículo 13, apartado 5, primera frase de la Ley sobre el RSSP, la persona legitimada garantizará el pago de la multa impuesta a la persona que actúe como órgano estatutario del socio del sector público.
13
De conformidad con el artículo 13, apartado 6, de la mencionada Ley, al imponer una multa, la autoridad encargada del registro tendrá especialmente en cuenta la naturaleza, la gravedad, la forma en que fue cometida y las consecuencias de la infracción.
14
El artículo 13a de dicha Ley prohíbe la inscripción ulterior en el RSSP de un socio del sector público durante un período de dos años a partir de la fecha en que fue excluido de dicho registro.
15
El artículo 14 de la Ley sobre el RSSP establece que una decisión por la que se imponga una multa por los motivos previstos en el artículo 13, apartado 2, de esa Ley constituye también una decisión de exclusión de conformidad con el artículo 13a del Obchodný zákonník (Código de Comercio). Podrán ser excluidos los órganos estatutarios o los miembros de un órgano estatutario del socio del sector público que haya sido excluido del RSSP. Como consecuencia de una decisión de exclusión, los miembros excluidos de un órgano estatutario no pueden, durante un período de tres años a partir de la fecha en que la decisión sea firme, ejercer como miembros de un órgano estatutario o como miembros del órgano de supervisión en ninguna sociedad mercantil o cooperativa.
16
De conformidad con el artículo 15 de la Ley sobre el RSSP, una entidad del sector público que, como parte de un contrato, transfiera fondos o bienes, derechos de propiedad u otros derechos patrimoniales a un socio del sector público, tiene derecho a resolver el contrato el día en que la decisión sobre la multa adquiera firmeza.
17
Con arreglo al artículo 19, letra c), de la citada Ley, «una persona legitimada no podrá desempeñar actividades en virtud de esta Ley si […] mantiene con un socio del sector público o con miembros de sus órganos cualquier relación que pueda generar dudas sobre su imparcialidad, en particular si está vinculada con un socio del sector público por vínculos personales o patrimoniales; no constituye una relación que pueda dar lugar a dudas sobre la imparcialidad de una persona legitimada una relación entre un socio del sector público y una persona legitimada en el contexto del desempeño de su actividad en virtud de normativas específicas».
Ley de Contratación Pública
18
De conformidad con el artículo 11, apartado 1, de la zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ley n.o 343/2015 sobre contratación pública y por la que se modifican y completan determinadas leyes), de 18 de noviembre de 2015, en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Contratación Pública»), la inscripción en el RSSP constituye un requisito para que el operador económico pueda participar en un procedimiento de adjudicación de contratos públicos como licitador o subcontratista de un licitador.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
19
La Ley sobre el RSSP exige la inscripción en dicho registro de las personas físicas o jurídicas que deseen mantener relaciones patrimoniales con el sector público y que, en consecuencia, perciban fondos públicos, incluidos fondos europeos, en particular celebrando con el sector público un contrato cuando el valor de las prestaciones supere los umbrales fijados por dicha Ley. La referida Ley califica de «socio del sector público» a toda persona que pretenda entablar tales relaciones patrimoniales con las distintas entidades que forman parte del sector público. Entre la información que debe registrarse en el RSSP figura la relativa al beneficiario efectivo del socio del sector público. En efecto, la Ley sobre el RSSP tiene por objeto garantizar la transparencia de las relaciones jurídicas que establece el sector público garantizando la divulgación de las estructuras de propiedad y de gestión de las entidades que mantienen relaciones económicas con este sector.
20
A efectos de su inscripción en el RSSP, el socio del sector público está obligado a dirigirse a una «persona legitimada», a saber, una persona independiente (en particular, un abogado o un notario) que actúe con la diligencia debida, que deberá comprobar la identificación del beneficiario efectivo de ese socio del sector público y que, tras dicha comprobación, solicitará la inscripción del referido socio en el RSSP.
21
Mediante autos de 3 de octubre de 2022 y de 21 de febrero de 2023, el Okresný súd Žilina (Tribunal Comarcal de Žilina, República Eslovaca), de conformidad con el artículo 13 de la Ley sobre el RSSP, impuso una multa de 20000 euros a Mabonex Slovakia, como «socio del sector público», una multa de 10000 euros a los administradores A. B. y X. Y., que actuaban en nombre de esa sociedad en calidad de órgano estatutario, multa que deberán pagar solidariamente, y una multa de 20000 euros a Dlhopolec, como «persona legitimada».
22
El citado órgano jurisdiccional consideró que, habida cuenta de la relación existente entre uno de los administradores del socio del sector público y el gerente de la persona legitimada, que eran socios y gerentes de una sociedad tercera, existían elementos objetivos que podían generar dudas sobre la imparcialidad de la persona legitimada, en el sentido del artículo 19, letra c), de la Ley sobre el RSSP.
23
Dlhopolec y otros interpusieron recurso de apelación contra esos autos ante el Krajský súd v Žiline (Tribunal Regional de Žilina, República Eslovaca), que desestimó su recurso mediante auto de 18 de julio de 2023. Interpusieron entonces un recurso de casación contra el referido auto ante el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca), que es el órgano jurisdiccional remitente.
24
Este órgano jurisdiccional explica, en primer término, que, para examinar la imparcialidad de la persona legitimada, los órganos jurisdiccionales de primera instancia y de apelación se inspiraron en la jurisprudencia relativa a la apreciación de la imparcialidad de los jueces en el marco de los procedimientos relativos a la recusación de estos.
25
En segundo término, precisa que, aunque el recurso de casación tenga por objeto impugnar la legalidad de la multa impuesta con arreglo al artículo 13 de la Ley sobre el RSSP, también deben tomarse en consideración las demás consecuencias jurídicas que tal sanción puede entrañar para el socio del sector público, para las personas que ejercen la función de órgano estatutario y para la persona legitimada.
26
En efecto, el socio del sector público es excluido del RSSP cuando la multa que le fue impuesta haya adquirido firmeza y no haya sido pagada en el plazo fijado por el órgano jurisdiccional competente. Además, la persona legitimada es responsable solidaria del pago de la multa impuesta a la persona que actúe como órgano estatutario del socio del sector público. Por otra parte, la posible exclusión del socio del sector público del RSSP puede conllevar la prohibición para los afectados de ejercer, durante un período de tres años, la función de miembro de un órgano estatutario de una sociedad. Por último, la entidad del sector público que proporciona fondos o bienes a un socio del sector público tiene derecho a resolver el contrato firmado con el socio del sector público en la fecha en que adquiera firmeza la decisión de imponer una multa.
27
En tercer término, el órgano jurisdiccional remitente indica que la inscripción en el RSSP constituye un requisito para que un operador económico pueda, con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la Ley de Contratación Pública, participar en un procedimiento de contratación pública como licitador o subcontratista de un licitador. Dado que esta Ley transpuso, en particular, las Directivas 2014/23 y 2014/24 al ordenamiento jurídico eslovaco y se aplica tanto a la adjudicación de contratos públicos cuyo valor estimado supere los umbrales establecidos por dichas Directivas como a la adjudicación de contratos públicos cuyo valor no alcance esos umbrales, la cuestión de la inscripción en el RSSP o de la posible exclusión de ese registro de un socio del sector público está, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, comprendida directamente en el ámbito de aplicación de las normas de contratación pública reguladas por el Derecho de la Unión.
28
En cuarto término, dicho órgano jurisdiccional señala que, a falta de inscripción en el RSSP o durante un período de dos años a partir de la exclusión de la inscripción en el citado Registro como resultado de una sanción, una persona física o jurídica no puede entablar relaciones patrimoniales con el sector público ni percibir fondos europeos (excepto los incluidos en el Fondo Europeo Agrícola de Garantía) ni licitar para la celebración de un contrato con una entidad perteneciente al sector público cuando el valor del contrato supere el umbral fijado por la Ley sobre el RSSP. Esas prohibiciones, derivadas de la imposición de multas y de las eventuales consecuencias jurídicas que se derivan de ellas, constituyen, además, en su opinión, obstáculos al ejercicio de la libertad de empresa, a la libre circulación de bienes y capitales y a la libre prestación de servicios dentro de la Unión. Precisa, además, que en la República Eslovaca existen dos sistemas de identificación de los beneficiarios efectivos de un operador económico, a saber, el que se deriva de la ley que transpone la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO 2015, L 141, p. 73), y el que resulta de la Ley sobre el RSSP. Así pues, en la práctica, no se excluye que el beneficiario efectivo sea diferente a efectos de estas dos leyes, lo que, según el órgano jurisdiccional remitente, resulta problemático.
29
En quinto término, el órgano jurisdiccional remitente considera que, habida cuenta de la naturaleza de la infracción de la Ley sobre el RSSP y de la gravedad de la sanción que de ella se deriva, esta constituye una sanción de carácter penal y, por consiguiente, debe imponerse respetando los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, recogidos en el artículo 49 de la Carta.
30
Las respuestas a las tres primeras cuestiones prejudiciales son consideradas cruciales por el órgano jurisdiccional remitente para evaluar si la posible exclusión del RSSP, como consecuencia secundaria del impago de la multa impuesta al socio del sector público, es compatible con el Derecho de la Unión que rige el funcionamiento del mercado interior y la contratación pública.
31
Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional considera que una respuesta a las cuestiones prejudiciales tercera a quinta permitirá apreciar si la imposición de la multa y las consecuencias secundarias que pueden derivarse de ella pueden considerarse previsibles y proporcionadas para las personas sancionadas y, por tanto, conformes con los principios aplicables en materia de sanciones consagrados por el Derecho de la Unión. A este respecto, las imprecisiones y las incoherencias identificadas en las disposiciones de la Ley sobre el RSSP son aún más problemáticas cuando, como sucede en el litigio principal, el «beneficio económico» del socio del sector público derivado de sus operaciones comerciales con el sector público resulta negativo.
32
Según el órgano jurisdiccional remitente, es cierto que del artículo 13, apartado 6, de la Ley sobre el RSSP se deduce que la autoridad encargada del registro, cuando impone la multa, tomará en consideración, en particular, la naturaleza, la gravedad, la forma en que fue cometido y las consecuencias del incumplimiento de la obligación de inscripción en el RSSP. Dicho esto, esa disposición solo se aplica —en su opinión— cuando es imposible determinar el beneficio económico obtenido por el socio del sector público. Señala, además, que, cuando pueda determinarse ese beneficio, el artículo 13, apartado 1, de dicha Ley exige que la multa se imponga por un importe equivalente al importe de ese beneficio, sin tener en cuenta en modo alguno los hechos que dan lugar a la imposición de la multa y sin que se establezca un límite máximo en cuanto al importe de la multa que puede imponerse. Añade, por último, que solo la interpretación de la exposición de motivos de dicha Ley por los órganos jurisdiccionales nacionales proporciona indicaciones sobre el modo en que debe entenderse el concepto de «beneficio económico».
33
Por lo que respecta a la sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente subraya que el artículo 19, letra c), de la Ley sobre el RSSP no establece criterios precisos relativos a la calidad, la naturaleza, la duración o la proximidad de la relación o de los vínculos que puedan suscitar dudas en cuanto a la imparcialidad de la persona legitimada, y que esta disposición otorga a la autoridad encargada del registro, que es quien impone la sanción, un amplio margen de apreciación. Así pues, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si el hecho de imponer una multa como la controvertida en el litigio principal puede considerarse previsible y proporcionado y, por tanto, conforme con los principios aplicables en materia de sanciones reconocidos por el Derecho de la Unión, en particular en el artículo 49 de la Carta.
34
En esas circunstancias, el Najvyšší súd Slovenskej republiky (Tribunal Supremo de la República Eslovaca) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿[Debe interpretarse el artículo] 26 [TFUE], en relación con los artículos 49 TFUE y 114 TFUE, y el artículo 57 [de la Directiva 2014/24], en relación con el artículo 58, de [esa Directiva], y el artículo 3 [de la Directiva 2014/23], en relación con los artículos 38 y 41 [de esta última Directiva] en el sentido de que se oponen a una normativa como la controvertida en el presente asunto que vincula la imposición de una multa con arreglo al artículo 13 de la Ley sobre el RSSP y el impago de la misma con la exclusión de celebrar contratos de concesión y acuerdos con el sector público (ya sea sobre la base de un procedimiento de contratación pública o no), únicamente como consecuencia de (y, por tanto, en razón de) la exclusión del [RSSP]?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿[debe interpretarse el artículo 26 TFUE] en relación con los artículos 49 TFUE y 114 TFUE y el artículo 57 [de la Directiva 2014/24] en relación con el artículo 58 de [esa Directiva] y con el artículo 3 [de la Directiva 2014/23], en relación con los artículos 38 y 41 de [esta última Directiva] en el sentido de que se opone a la imposición de una multa con arreglo al artículo 13, apartado 1, letra a), de la Ley sobre el RSSP, cuyo impago puede dar lugar a la exclusión del RSSP?
3)
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 49 de la [Carta] y el principio de proporcionalidad de las penas que de él se deriva en el sentido de que se opone a una normativa, como la controvertida en el presente asunto, que automáticamente, sin posibilidad de tener en cuenta la gravedad de la infracción (conducta ilícita), las circunstancias individuales en las que fue cometida y las razones del impago de la multa impuesta al socio del sector público, vincula el impago de la multa con la exclusión de ese socio del RSSP y con la imposibilidad de incluirlo en el RSSP durante un período de dos años a partir de la fecha de su exclusión?
4)
¿Deben interpretarse las disposiciones del artículo 49 de la Carta y el principio de proporcionalidad de las penas en el sentido de que se oponen a una normativa, como la controvertida en el presente asunto, en virtud de la cual una autoridad que impone una multa a un socio del sector público impone automáticamente una multa por el importe del beneficio económico [obtenido por este], sin que la autoridad pueda distinguir cuál es la infracción que motiva la imposición de la multa y sin que pueda tener en cuenta otras consecuencias jurídicas negativas (sanciones) que puedan derivarse para la persona sancionada tras la imposición de la multa?
5)
¿Deben interpretarse las disposiciones del artículo 49 de la Carta y el principio de legalidad y proporcionalidad de las penas, así como el principio de seguridad jurídica, en el sentido de que se oponen a una normativa, como la controvertida en el presente asunto, en virtud de la cual se impone una multa por el importe del beneficio económico [obtenido por el socio del sector público], pese a que la propia norma jurídica no establece expresamente los parámetros básicos para determinarlo, específicamente en lo que se refiere a la base de cálculo del beneficio económico y al período durante el cual se obtuvo dicho beneficio económico?
6)
¿Deben interpretarse las disposiciones del artículo 49 de la Carta, así como el principio de legalidad de las penas y el principio de seguridad jurídica, en el sentido de que se oponen a una normativa, como la controvertida en el presente asunto, en virtud de la cual la base jurídica para la imposición de una multa es el incumplimiento del requisito de imparcialidad por parte de una persona legitimada, sin establecer con más detalle los criterios en función de los cuales debe evaluarse dicha imparcialidad?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
35
El Gobierno eslovaco sostiene, con carácter principal, que el Tribunal de Justicia no es competente para responder a la presente petición de decisión prejudicial. Considera, en efecto, que ninguno de los ámbitos del Derecho de la Unión identificados por el órgano jurisdiccional remitente se refiere a la Ley sobre el RSSP, la cual, como indica el propio órgano jurisdiccional remitente, no transpone ningún acto del Derecho de la Unión al ordenamiento jurídico eslovaco.
36
A este respecto, dicho Gobierno afirma, en primer lugar, que el órgano jurisdiccional remitente se limita a evocar de manera muy imprecisa la existencia de un vínculo de conexión entre la normativa de la Unión en materia de contratación pública y el objeto de la petición de decisión prejudicial. Señala que, en cualquier caso, dicho órgano jurisdiccional se basa en una apreciación jurídica errónea por lo que respecta a las consecuencias que la Ley sobre el RSSP puede producir respecto a esa normativa.
37
Seguidamente, señala que las indicaciones del referido órgano jurisdiccional relativas a la legislación eslovaca en materia de lucha contra el blanqueo de capitales no pueden, por sí solas, demostrar la existencia de un vínculo de conexión suficiente con la Directiva 2015/849. Por lo demás, según el Gobierno eslovaco, el procedimiento principal no versa en modo alguno sobre la cuestión de la interpretación de la citada Directiva.
38
Por último, dicho Gobierno considera que el órgano jurisdiccional remitente no precisa en modo alguno las consideraciones que le han llevado a concluir que la Ley sobre el RSSP constituye un obstáculo al ejercicio de las libertades fundamentales ni que, en el marco de la legislación controvertida en el litigio principal, estemos ante una «aplicación del Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta.
39
Debe recordarse a este respecto que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de la remisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia solo puede interpretar el Derecho de la Unión dentro de los límites de las competencias que le son atribuidas (véase la sentencia de 4 de septiembre de 2025, AW T, C‑225/22, EU:C:2025:649, apartado 30 y jurisprudencia citada).
40
Por lo que respecta, en primer término, a la aplicabilidad de la Directiva 2015/849, basta con señalar que el órgano jurisdiccional remitente no ha planteado al Tribunal de Justicia ninguna cuestión relativa a la interpretación de esa Directiva y que, con el fin de responder a la petición de decisión prejudicial, no es preciso interpretarla. Así pues, las alegaciones formuladas por la República Eslovaca en este sentido carecen de pertinencia respecto a la cuestión de si el Tribunal de Justicia es competente para responder a la petición de decisión prejudicial.
41
En segundo término, por lo que respecta a la cuestión de si existe un vínculo de conexión suficiente entre la normativa de la Unión en materia de contratación pública y el objeto de la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente precisa que toda persona física o jurídica que desee mantener relaciones patrimoniales con el sector público y, en particular, celebrar un contrato en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público está obligada, cuando el valor de la prestación patrimonial supere el umbral fijado por la ley aplicable, a inscribirse obligatoriamente en el RSSP, al menos, por la duración del contrato en cuestión celebrado con el sector público.
42
Dicho órgano jurisdiccional añade que la Ley sobre el RSSP modificó la Ley de Contratación Pública, que transpuso al ordenamiento jurídico eslovaco, en particular, las Directivas 2014/23 y 2014/24.
43
Además, a raíz de la solicitud de información dirigida el 22 de octubre de 2024 por el Presidente del Tribunal de Justicia al órgano jurisdiccional remitente, este confirmó que algunas de las operaciones comerciales realizadas por Mabonex Slovakia, y cuyas facturas se tuvieron en cuenta para calcular el beneficio económico que dicha sociedad obtuvo a efectos de la imposición de la multa controvertida en el litigio principal, se ejecutaron sobre la base de contratos celebrados al término de procedimientos de adjudicación de contratos públicos regulados por la legislación nacional de transposición de las Directivas 2014/23 y 2014/24.
44
Habida cuenta de estos elementos, procede declarar que existe un vínculo de conexión suficiente entre el objeto de la petición de decisión prejudicial y las Directivas 2014/23 y 2014/24. Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que, como afirma el Gobierno eslovaco, el órgano jurisdiccional remitente se haya basado en una interpretación errónea de las consecuencias que la Ley sobre el RSSP tiene sobre la legislación eslovaca en materia de contratación pública, apreciación esta que forma parte de la interpretación del Derecho nacional que el Tribunal de Justicia no está facultado para cuestionar en el marco del procedimiento de remisión prejudicial (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de octubre de 2025, Attal et Associés, C‑321/24, EU:C:2025:836, apartado 24 y jurisprudencia citada).
45
En tercer término, los elementos examinados en los apartados 40 a 42 de la presente sentencia permiten también considerar que, contrariamente a lo que sostiene el Gobierno eslovaco, la normativa controvertida en el litigio principal constituye una «aplicación del Derecho de la Unión», en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, apartado 42 y jurisprudencia citada).
46
En particular, según las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, recordadas en el apartado 41 de la presente sentencia, la inscripción en el RSSP constituye un requisito necesario para que un operador económico pueda celebrar un contrato en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público. La falta de tal inscripción se asemeja, por tanto, a un motivo de exclusión de la participación en tal procedimiento de adjudicación. Pues bien, es preciso señalar que, si bien el artículo 57 de la Directiva 2014/24 enumera de manera exhaustiva los motivos de exclusión, ello no excluye la facultad de los Estados miembros de mantener o de establecer normas materiales para garantizar, en particular, que se respeten, en el ámbito de los contratos públicos, el principio de igualdad de trato, consagrado en el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2014/24, así como el principio de transparencia que este último implica, que se imponen a los poderes adjudicadores en todo procedimiento de adjudicación de tal contrato y que constituyen la base de las directivas de la Unión relativas a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, siempre que se observe el principio de proporcionalidad (véase, en este sentido, las sentencias de 19 de mayo de 2009, Assitur, C‑538/07, EU:C:2009:317, apartado 21, y de 15 de septiembre de 2022, J. Sch. Omnibusunternehmen y K. Reisen, C‑416/21, EU:C:2022:689, apartado 58).
47
En estas circunstancias, al exigir la inscripción en el RSSP, de conformidad con la Ley sobre el RSSP, sobre cuya base se impusieron las multas controvertidas en el litigio principal, procede considerar que la República Eslovaca ha hecho uso de una facultad discrecional o de apreciación que forma parte integrante del régimen establecido mediante un acto del Derecho de la Unión, lo que, según reiterada jurisprudencia, implica que dicho Estado miembro aplica ese Derecho, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de noviembre de 2019, TSN y AKT, C‑609/17 y C‑610/17, EU:C:2019:981, apartado 50, y de 29 de julio de 2024, protectus, C‑185/23, EU:C:2024:657, apartado 59 y jurisprudencia citada).
48
En cuarto término, la alegación de la República Eslovaca según la cual el órgano jurisdiccional remitente no precisa en modo alguno las consideraciones que le han llevado a concluir que la Ley sobre el RSSP constituye un obstáculo al ejercicio de las libertades fundamentales, constituye una excepción de inadmisibilidad y no puede influir en la apreciación relativa a la competencia del Tribunal de Justicia para responder a la petición de decisión prejudicial.
49
De las consideraciones anteriores resulta que el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse sobre la petición de decisión prejudicial.
Admisibilidad de las cuestiones prejudiciales
50
El Gobierno eslovaco sostiene, en primer lugar, que las cuestiones prejudiciales primera a tercera son inadmisibles debido a su carácter abstracto y a su falta de pertinencia para resolver el litigio principal.
51
Dicho Gobierno indica, en esencia, que la sociedad Mabonex Slovakia no fue excluida del RSSP en virtud del artículo 13, apartado 2, de la Ley sobre el RSSP, sino que, por el contrario, en la fecha de presentación ante el Tribunal de Justicia de las observaciones escritas de dicho Gobierno, esta sociedad seguía inscrita en ese registro. Subraya, asimismo, que, después de que dicha sociedad haya abonado, dentro del plazo fijado por el órgano jurisdiccional competente, el importe de la multa que se le ha impuesto, tal exclusión ya no puede producirse sobre la base de la referida disposición. Pues bien, a su juicio, las cuestiones prejudiciales primera a tercera se refieren exclusivamente al supuesto, actualmente excluido, de una «posible exclusión [de Mabonex Slovakia] del RSSP como consecuencia secundaria del impago de la multa impuesta al socio del sector público», por lo que, según ese Gobierno, son inadmisibles.
52
El Gobierno eslovaco alega, en segundo lugar, que dar respuesta a las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta no es pertinente para la resolución del litigio principal. En efecto, contrariamente a lo que parecen sugerir estas cuestiones, dicho Gobierno señala que no se impuso a Mabonex Slovakia ninguna multa correspondiente al importe del beneficio económico obtenido, en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP, dado que la autoridad encargada del registro impuso, en realidad, a esa sociedad una multa sobre la base de la segunda parte de la frase del apartado 1, letra a), del citado artículo 13, ya que el beneficio económico no pudo determinarse, puesto que el resultado económico de esta sociedad resultó negativo.
53
A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir (sentencia de 21 de marzo de 2024, Remia Com Impex, C‑10/23, EU:C:2024:259, apartado 27 y jurisprudencia citada).
54
Según jurisprudencia igualmente reiterada, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que este respete escrupulosamente los requisitos relativos al contenido de la petición de decisión prejudicial expresamente mencionados en el artículo 94 del Reglamento del Procedimiento del Tribunal de Justicia (sentencia de 21 de marzo de 2024, Remia Com Impex, C‑10/23, EU:C:2024:259, apartado 28 y jurisprudencia citada). Estos requisitos se recuerdan, además, en los apartados 13, 15 y 16 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO C, C/2024/6008).
55
Así, con arreglo al artículo 94, letra a), del Reglamento de Procedimiento, es indispensable que el órgano jurisdiccional remitente defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales cuestiones. En efecto, en el marco del procedimiento instaurado en el artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia está únicamente habilitado para pronunciarse sobre la interpretación de una norma de la Unión partiendo de los hechos que le proporcione el órgano jurisdiccional nacional (sentencia de 21 de marzo de 2024, Remia Com Impex, C‑10/23, EU:C:2024:259, apartado 29 y jurisprudencia citada).
56
Por lo que respecta, en primer lugar, a las cuestiones prejudiciales primera a tercera planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, este indica que la respuesta a estas cuestiones es esencial para apreciar si la posible exclusión del socio del sector público del RSSP como consecuencia secundaria del impago de la multa que se le impuso es conforme con el Derecho de la Unión, en particular con determinadas disposiciones relativas al ejercicio de las libertades fundamentales. Pues bien, la petición de decisión prejudicial contiene, a este respecto, una exposición incompleta de los hechos del litigio principal, que no proporciona ninguna indicación que permita al Tribunal de Justicia determinar si Mabonex Slovakia, como socio del sector público, no ha pagado la multa y si, debido a dicho impago, esta sociedad fue efectivamente excluida del RSSP, con la consecuencia de que se ha visto privada de celebrar un contrato en el marco de un procedimiento de adjudicación de contratos públicos y de contratos de concesión con cualquier entidad pública.
57
De ello se deduce que estas cuestiones se basan en una situación hipotética, a saber, la exclusión de Mabonex Slovakia del RSSP, o no contienen elementos suficientes que permitan al Tribunal de Justicia dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente [véase, en este sentido, la sentencia de 21 de marzo de 2023, Mercedes-Benz Group (Responsabilidad de los fabricantes de vehículos equipados con dispositivos de desactivación), C‑100/21, EU:C:2023:229, apartado 53].
58
En estas circunstancias, procede declarar la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales primera a tercera.
59
En segundo lugar, cabe señalar que las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta tienen por objeto, en esencia, la interpretación del artículo 49, apartados 1 y 3, de la Carta, con el fin de permitir al órgano jurisdiccional remitente determinar si el artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP es suficientemente preciso y si respeta el principio de proporcionalidad de las penas.
60
Pues bien, el hecho de que la autoridad encargada del registro haya impuesto a Mabonex Slovakia una multa no sobre la base del beneficio económico que esta sociedad ha obtenido, de conformidad con el citado artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, sino sobre la base de los importes contemplados en la segunda parte de la frase de esta disposición, no implica, en sí mismo, que estas cuestiones sean inadmisibles.
61
En efecto, de la petición de decisión prejudicial se desprende que Dlhopolec y otros consideran que la autoridad encargada del registro debería haber impuesto una multa a dicha sociedad en virtud del artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP, dado que, en su opinión, podía determinarse el «beneficio económico», aun cuando hubiera sido negativo. Así pues, no cabe excluir que el examen de dichas cuestiones, a la luz de esta disposición, sea pertinente para la resolución del litigio principal.
62
De ello resulta que procede declarar la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta.
Cuestiones prejudiciales cuarta a sexta
Consideraciones preliminares
63
Dado que las cuestiones prejudiciales cuarta a sexta versan, en esencia, sobre la interpretación del artículo 49 de la Carta, procede determinar si esta disposición resulta aplicable en el marco del litigio principal examinando si el régimen sancionador controvertido en el litigio principal tiene carácter penal.
64
De reiterada jurisprudencia se desprende que, para apreciar el carácter penal de una sanción, en particular a efectos de la aplicación del artículo 49 de la Carta, son pertinentes tres criterios. El primero es la calificación jurídica de la infracción en Derecho interno, el segundo, la propia naturaleza de la infracción y el tercero, el grado de severidad de la sanción que puede imponerse al interesado (sentencia de 1 de agosto de 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, apartado 63 y jurisprudencia citada).
65
Si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, a la luz de estos criterios, si las multas impuestas a Dlhopolec y otros tienen carácter penal en el sentido del artículo 49, apartado 1, de la Carta, el Tribunal de Justicia, al resolver sobre la cuestión prejudicial, puede aportar, en todo caso, precisiones destinadas a orientar a dicho órgano jurisdiccional en su apreciación (sentencia de 1 de agosto de 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, apartado 64 y jurisprudencia citada).
66
En primer término, procede señalar que la Ley sobre el RSSP no califica de «penal» la sanción impuesta con arreglo a su artículo 13. No obstante, la aplicación del artículo 49 de la Carta se extiende, con independencia de la calificación de sanciones penales en Derecho interno, a sanciones que deban considerarse de carácter penal en atención a los otros dos criterios mencionados en el apartado 64 de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, apartado 66 y jurisprudencia citada).
67
Por lo que respecta, en segundo término, a la naturaleza de la infracción, cabe concluir que las multas impuestas por el incumplimiento de las exigencias de la Ley sobre el RSSP persiguen objetivos tanto de disuasión como de represión de dichas infracciones, en la medida en que, en virtud del artículo 13, apartado 1, letra a), de la Ley sobre el RSSP, se impone al socio del sector público una multa por el importe del beneficio económico que ha obtenido o una multa de un importe comprendido entre 10000 euros y 1000000 de euros, sin que tales multas tengan por objeto reparar el perjuicio causado por ellas (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, apartados 67 y 68 y jurisprudencia citada).
68
En tercer término, por lo que respecta al criterio relativo al grado de severidad de la sanción impuesta, de la petición de decisión prejudicial se desprende, por una parte, que el incumplimiento de la obligación de imparcialidad de la persona legitimada para inscribir al socio del sector público en el RSSP puede justificar la imposición de una multa a este último, bien por el importe del beneficio económico que dicho socio ha obtenido, bien cuando ese beneficio económico no pueda cuantificarse, por un importe comprendido entre 10000 euros y 1000000 de euros. Por otra parte, se impone a la persona legitimada una multa de un importe comprendido entre 10000 euros y 100000 euros.
69
Pues bien, procede recordar, a este respecto, que el grado de severidad de la sanción impuesta debe apreciarse en función de la pena máxima prevista en las disposiciones aplicables (sentencia de 1 de agosto de 2025, BAJI Trans, C‑544/23, EU:C:2025:614, apartado 70 y jurisprudencia citada).
70
En el caso de autos, es preciso señalar que, cuando se impone la multa a la vista del beneficio económico obtenido por el socio del sector público, no se establece ningún límite a este respecto. Además, en el supuesto de que dicho beneficio no pueda cuantificarse, la multa impuesta puede alcanzar 1000000 de euros para el socio del sector público y 100000 euros para la persona legitimada, importes que resultan considerables.
71
En estas circunstancias, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, procede subrayar que un régimen sancionador que presente las características enunciadas en el artículo 13 de la Ley sobre el RSSP tiene carácter penal, en el sentido del artículo 49 de la Carta. De ello se deduce que este régimen debe apreciarse a la luz de los principios de legalidad de los delitos y las penas y de proporcionalidad, consagrados en el artículo 49, apartados 1 y 3, de la Carta.
Sexta cuestión prejudicial
72
Mediante su sexta cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 49, apartado 1, de la Carta y el principio de seguridad jurídica deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que la persona legitimada para inscribir una sociedad en un registro de socios del sector público no puede efectuar tal inscripción cuando la relación que mantiene con el socio del sector público pueda generar dudas sobre su imparcialidad, en particular, debido a los vínculos personales o patrimoniales que la unen a ese socio del sector público, sin que se precisen otros criterios que permitan apreciar esta imparcialidad y aun cuando el incumplimiento de ese requisito de imparcialidad dé lugar a la imposición de una sanción de carácter penal.
73
El principio de seguridad jurídica exige, por una parte, que las normas jurídicas sean claras y precisas y, por otra, que su aplicación sea previsible para los justiciables, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables. Dicho principio exige, en concreto, que una normativa permita a los interesados conocer con exactitud el alcance de las obligaciones que les impone y que estos puedan conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (sentencia de 29 de julio de 2024, Belgian Association of Tax Lawyers y otros, C‑623/22, EU:C:2024:639, apartado 36 y jurisprudencia citada).
74
El principio de legalidad en materia penal, reconocido en el artículo 49, apartado 1, de la Carta, y que constituye una manifestación específica del principio general de seguridad jurídica, implica, concretamente, que la ley debe definir claramente las infracciones y las penas que las castigan. Este requisito se cumple cuando el justiciable puede saber, a partir del texto de la disposición pertinente y, si fuera necesario, con ayuda de la interpretación que de ella hacen los tribunales, qué acciones y omisiones desencadenan su responsabilidad penal (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de mayo de 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, apartado 50; de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 162, y de 29 de julio de 2024, Belgian Association of Tax Lawyers y otros, C‑623/22, EU:C:2024:639, apartados 39 y 40).
75
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, que consagra derechos que se corresponden con los garantizados por el artículo 49 de la Carta, como consecuencia de que, necesariamente, los actos legislativos sean de carácter general, su tenor literal no puede ser de una precisión plena. De ello se deriva que, si bien el empleo de la técnica legislativa que consiste en recurrir a categorías generales y no a listas exhaustivas deja a menudo zonas de sombra en los contornos de la definición, dichas dudas sobre los casos límite no bastan por sí mismas para hacer que la disposición en cuestión sea incompatible con el artículo 7 de dicho Convenio, siempre y cuando esa disposición resulte ser lo suficientemente clara en la gran mayoría de casos (véase en este sentido, en particular, TEDH, sentencia de 15 de noviembre de 1996, Cantoni c. Francia CE:ECHR:1996:1115JUD001786291, apartados 31 y 32). Estas consideraciones son igualmente válidas, en virtud del artículo 52, apartado 3, de la Carta, en lo que respecta al artículo 49 de esta (sentencia de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 165).
76
Además, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de nulla poena sine lege certa no puede interpretarse en el sentido de que prohíba la clarificación gradual de las reglas de la responsabilidad penal mediante interpretaciones jurisprudenciales, siempre y cuando estas sean razonablemente previsibles (sentencias de 28 de marzo de 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, apartado 167 y de 29 de julio de 2024, Belgian Association of Tax Lawyers y otros, C‑623/22, EU:C:2024:639, apartado 43).
77
En el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente indica, en esencia, que el artículo 19, letra c), de la Ley sobre el RSSP no establece criterios precisos relativos a la calidad, la naturaleza, la duración, la proximidad de la relación o los vínculos que puedan suscitar dudas en cuanto a la imparcialidad de la persona legitimada cuando inscribe a un socio del sector público en el RSSP y confiere, a este respecto, un amplio margen de apreciación a la autoridad encargada del registro que, en su caso, impone la sanción por incumplimiento de este requisito de imparcialidad.
78
Cabe recordar, de entrada, que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse, en un procedimiento prejudicial, sobre la interpretación de las disposiciones nacionales ni juzgar si la interpretación que hace de ellas el órgano jurisdiccional nacional es correcta, ya que tal interpretación es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales nacionales [sentencia de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato), C‑520/21, EU:C:2023:478, apartado 52 y jurisprudencia citada].
79
En cambio, el Tribunal de Justicia, en el marco de la remisión prejudicial, es competente para facilitar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones útiles, basadas en los autos del asunto principal y en las observaciones que se le hayan presentado, que le permitan resolver el litigio del que conoce (sentencia de 19 de junio de 2025, Lietuvos bankas, C‑671/23, EU:C:2025:457, apartado 47 y jurisprudencia citada).
80
A este respecto, para permitir al órgano jurisdiccional remitente determinar si el grado de precisión del artículo 19, letra c), de la Ley sobre el RSSP cumple las exigencias del artículo 49, apartado 1, de la Carta en lo que respecta a los criterios que permiten apreciar el incumplimiento de la exigencia de imparcialidad que recae sobre la persona legitimada para comprobar la información pertinente e inscribir al socio del sector público en el RSSP, procede señalar, en primer término, que, según esta disposición, «una persona legitimada no podrá desempeñar actividades en virtud de esta Ley si […] mantiene con un socio del sector público o con miembros de sus órganos cualquier relación que pueda generar dudas sobre su imparcialidad, en particular si está vinculada con un socio del sector público por vínculos personales o patrimoniales; no constituye una relación que pueda dar lugar a dudas sobre la imparcialidad de una persona legitimada una relación entre un socio del sector público y una persona legitimada en el contexto del desempeño de su actividad en virtud de normativas específicas».
81
De ello se deduce que el artículo 19, letra c), de la Ley sobre el RSSP, en la medida en que precisa el alcance del requisito de imparcialidad haciendo referencia a la existencia de vínculos tanto personales como patrimoniales entre la persona legitimada y el socio del sector público, contiene una formulación conforme con la exigencia establecida en el artículo 49, apartado 1, de la Carta, tal como dicha disposición ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia en la jurisprudencia mencionada en el apartado 74 de la presente sentencia. En efecto, tal formulación, que caracteriza la naturaleza de las relaciones entre la persona legitimada y el socio del sector público, permite a estos últimos conocer, con un grado suficiente de claridad y precisión, el alcance de sus obligaciones en materia de imparcialidad a efectos de la inscripción de dicho socio en el RSSP y saber que el incumplimiento de esas obligaciones puede generar su responsabilidad penal, exponiéndolas a las multas previstas en el artículo 13 de la Ley sobre el RSSP.
82
Ello es tanto más cierto cuanto que el artículo 19, letra c), de dicha Ley precisa, por otra parte, las situaciones que no pueden considerarse constitutivas de una relación que pueda generar dudas sobre la imparcialidad de la persona legitimada, a saber, la relación entre el socio del sector público y la persona legitimada en el marco del ejercicio de su actividad regulada por normas específicas, lo que, según el órgano jurisdiccional remitente, se refiere, en particular, a la relación abogado‑cliente o a la intervención de notarios y asesores fiscales.
83
En segundo término, el hecho de que el citado artículo 19, letra c), deje un margen de apreciación a la autoridad encargada del registro para examinar si los vínculos existentes entre la persona legitimada y el socio del sector público pueden generar dudas sobre la exigencia de imparcialidad establecida en dicho artículo no puede, por sí mismo, llevar a considerar que esta disposición no es suficientemente clara y precisa, en el sentido del artículo 49, apartado 1, de la Carta. A este respecto, como indica el Gobierno eslovaco, y sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, la persona legitimada para inscribir a un socio del sector público en el RSSP debe, habida cuenta del tenor de dicho artículo 19, letra c), esperar razonablemente que dicha autoridad verifique los elementos de hecho y de Derecho que caracterizan los vínculos personales y patrimoniales que la unen a ese socio a efectos de determinar si pueden suscitar dudas en cuanto a la imparcialidad de esa persona y, por tanto, de impedirle inscribir a dicho socio en el RSSP.
84
En tercer término, el hecho, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, de que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes se hayan referido a la jurisprudencia relativa a la imparcialidad de los jueces para aclarar el alcance de la exigencia de imparcialidad que recae sobre la persona legitimada para inscribir al socio del sector público en el RSSP, en el sentido del artículo 19, letra c), de la Ley sobre el RSSP, tampoco puede considerarse contraria al artículo 49, apartado 1, de la Carta.
85
En efecto, como se ha recordado en el apartado 76 de la presente sentencia, el citado artículo 49, apartado 1, permite la clarificación gradual de las reglas de la responsabilidad penal mediante interpretaciones jurisprudenciales, siempre que estas sean razonablemente previsibles. Pues bien, es preciso señalar que la aplicación, por analogía, de una jurisprudencia existente en otro contexto jurídico no puede considerarse imprevisible, puesto que se inscribe en el marco de los métodos ordinarios de interpretación del Derecho.
86
Así pues, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, no es posible concluir, a la luz del tenor del artículo 19, letra c), de la Ley sobre el RSSP, en relación con el artículo 13 de dicha Ley, ni del método de interpretación utilizado por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, que la persona legitimada y el socio del sector público de que se trata no puedan determinar, de manera suficientemente clara y precisa, en el sentido del artículo 49, apartado 1, de la Carta, los actos y omisiones que pueden generar su responsabilidad penal.
87
Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que, según el órgano jurisdiccional remitente, en el caso de autos, tanto el Okresný súd Žilina (Tribunal Comarcal de Žilina) como el Krajský súd v Žiline (Tribunal Regional de Žilina) hayan considerado, en esencia, que la persona legitimada había infringido el artículo 19, letra c), de la Ley sobre el RSSP limitándose a constatar la existencia de una participación conjunta, por un lado, del socio y administrador de la persona legitimada y, por otro, del socio y gestor del socio del sector público en una sociedad tercera, sin proporcionar más indicaciones sobre la naturaleza y la intensidad de dicha relación mercantil.
88
En efecto, este elemento constituye una cuestión relativa al carácter correcto de la interpretación del Derecho nacional efectuada por dichos órganos jurisdiccionales y al cumplimiento de la obligación de motivación, que no puede influir en la apreciación de si esta disposición es suficientemente clara y precisa para cumplir los requisitos del artículo 49, apartado 1, de la Carta. En cualquier caso, aun suponiendo que esta interpretación se considere imprevisible, en el sentido de la jurisprudencia relativa a dicho artículo 49, apartado 1, tal constatación no permitiría concluir que el artículo 19, letra c), de la Ley sobre el RSSP, como tal, no cumple los requisitos de dicho artículo 49, apartado 1, sino que implica más bien que no puede acogerse dicha interpretación, dado que sería contraria a los derechos fundamentales.
89
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la sexta cuestión prejudicial que el artículo 49, apartado 1, de la Carta y el principio de seguridad jurídica deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece que la persona legitimada para inscribir una sociedad en un registro de socios del sector público no puede efectuar tal inscripción cuando la relación que mantiene con el socio del sector público pueda generar dudas sobre su imparcialidad, en particular, debido a los vínculos personales o patrimoniales que la unen a ese socio del sector público, sin que se precisen otros criterios que permitan apreciar esta imparcialidad y aun cuando el incumplimiento de ese requisito de imparcialidad dé lugar a la imposición de una sanción de carácter penal, siempre que, habida cuenta del tenor de dicha normativa nacional y de la interpretación de esta sobre la base de los métodos ordinarios de interpretación del Derecho por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, esa persona legitimada y dicho socio del sector público puedan determinar, de manera suficientemente clara y precisa, qué actos y omisiones pueden generar su responsabilidad penal.
Quinta cuestión prejudicial.
90
Mediante su quinta cuestión prejudicial, que procede examinar con carácter previo a la cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 49, apartado 1, de la Carta y el principio de seguridad jurídica deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, en caso de incumplimiento de la exigencia de imparcialidad que recae sobre la persona legitimada para inscribir una sociedad en un registro de socios del sector público, se limita a establecer la imposición a dicha sociedad de una multa correspondiente al importe del beneficio económico que haya obtenido en el marco de sus relaciones con el sector público, sin precisar los parámetros que permiten establecer ese beneficio.
91
De la petición de decisión prejudicial se desprende que el artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP establece que, en caso de infracción, en particular, de la prohibición establecida en el artículo 19, letra c), de dicha Ley, que exige que, a efectos de la inscripción del socio del sector público en el RSSP, la persona legitimada no mantenga ninguna relación con dicho socio o con los miembros de sus órganos que pueda generar dudas sobre su imparcialidad, la autoridad encargada del registro impondrá al socio del sector público «una multa por el importe del beneficio económico que dicho socio haya obtenido». Cuando no pueda cuantificarse ese beneficio económico, esa autoridad impondrá a dicho socio del sector público una multa de entre 10000 euros y 1000000 de euros.
92
Así pues, del referido artículo 13, apartado 1, letra a), se desprende que la posibilidad de cuantificar el beneficio económico obtenido por el socio del sector público, así como el importe del beneficio cuando este pueda cuantificarse, determinan o, al menos, influyen en el importe de la multa que se impone a dicho socio por incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 19, letra c), de la Ley sobre el RSSP. Por lo tanto, para respetar las exigencias del artículo 49, apartado 1, de la Carta, es necesario que el concepto de «beneficio económico», en el sentido de dicha Ley, sea suficientemente claro y preciso para permitir a los socios del sector público determinar las sanciones a las que se exponen en caso de infracción de dicha Ley.
93
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que el artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP no precisa si este concepto de «beneficio económico» se refiere al beneficio económico que la sociedad sancionada ha obtenido en virtud de un contrato celebrado con un organismo del sector público, contrato cuya celebración estaría supeditada, por ejemplo, a su inscripción en el RSSP, o si procede tener en cuenta el beneficio económico resultante de la actividad comercial y económica global de dicha sociedad. El referido órgano jurisdiccional añade que esta disposición no determina el período pertinente para apreciar tal beneficio, en particular, si procede tomar en consideración el período posterior a la inscripción en el RSSP, el período posterior a la celebración del contrato o el año natural anterior a aquel en el que se impone la sanción.
94
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente indica que tanto el Okresný súd Žilina (Tribunal Comarcal de Žilina) como el Krajský súd v Žiline (Tribunal Regional de Žilina) interpretaron el concepto de «beneficio económico», en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP, basándose en la exposición de motivos de dicha Ley. Así, dichos órganos jurisdiccionales consideraron que este concepto se refiere al beneficio que el socio del sector público obtuvo de las operaciones relevantes realizadas con el sector público durante el período comprendido entre la inscripción de dicho socio en el RSSP y el inicio del procedimiento sancionador.
95
Por tanto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la conformidad de este enfoque interpretativo con el artículo 49, apartado 1, de la Carta, subrayando al mismo tiempo que tal interpretación es conforme con la exposición de motivos de la Ley sobre el RSSP.
96
Cabe recordar que el hecho de que una normativa se refiera a conceptos amplios que deben aclararse gradualmente no impide, en principio, que pueda considerarse que dicha normativa establece normas claras y precisas que permitan al justiciable prever, en caso de infracción de dicha normativa, qué sanciones de carácter penal pueden imponerse. A este respecto, lo que importa es si la ambigüedad o vaguedad aparentes de estos conceptos pueden disiparse recurriendo a los métodos ordinarios de interpretación del Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Belgian Association of Tax Lawyers y otros, C‑623/22, EU:C:2024:639, apartado 44 y jurisprudencia citada).
97
Pues bien, en el caso de autos, procede señalar que una interpretación del concepto de «beneficio económico», en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP, mediante una remisión a la exposición de motivos de dicha Ley, constituye, según las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente, un método ordinario de interpretación en Derecho eslovaco.
98
En estas circunstancias, este concepto, tal como se interpreta mediante el referido método, resulta suficientemente claro y preciso a la luz de las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de legalidad en materia penal.
99
El órgano jurisdiccional remitente añade que, en el caso de autos, tras constatar que Mabonex Slovakia había obtenido un «beneficio económico» negativo derivado de sus operaciones comerciales con el sector público, el Okresný súd Žilina (Tribunal Comarcal de Žilina) y el Krajský súd v Žiline (Tribunal Regional de Žilina) decidieron imponer a dicha sociedad una multa de 20000 euros sobre la base del artículo 13, apartado 1, letra a), segunda parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP. Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, esta interpretación es problemática, ya que dicha Ley no precisa que un «beneficio económico» negativo deba entenderse referido a una situación en la que dicho beneficio no puede cuantificarse.
100
A este respecto, es preciso subrayar que, como se ha indicado en el apartado 88 de la presente sentencia, esta cuestión se refiere a la corrección de la interpretación del Derecho nacional, aspecto que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente. En cambio, dicha cuestión no puede afectar al carácter claro y preciso del artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP, en el sentido de los principios de seguridad jurídica y de legalidad en materia penal.
101
Para apreciar la observancia del artículo 49, apartado 1, de la Carta, es preciso determinar si un socio del sector público puede prever las situaciones en las que se expone a una multa y si el método de cálculo de esta presenta un carácter razonablemente previsible.
102
Pues bien, es preciso señalar, como hace el Gobierno eslovaco y sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, que, habida cuenta de la estructura y de la finalidad de dicha Ley, tal como resultan de la petición de decisión prejudicial, un socio del sector público, cuando de sus relaciones con el sector público resulte un resultado económico negativo, puede prever razonablemente que se expone a la imposición de una multa calculada de conformidad con el artículo 13, apartado 1, letra a), de dicha Ley cuando haya cometido una infracción de esa misma Ley. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar si, en tales circunstancias, ese socio del sector público podía prever razonablemente que un «beneficio económico» negativo podía asimilarse a una imposibilidad de cuantificar ese beneficio.
103
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 49, apartado 1, de la Carta y el principio de seguridad jurídica deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, en caso de incumplimiento de la exigencia de imparcialidad que recae sobre la persona legitimada para inscribir una sociedad en un registro de socios del sector público, se limita a establecer la imposición a dicha sociedad de una multa correspondiente al importe del beneficio económico que haya obtenido en el marco de sus relaciones con el sector público, sin precisar los parámetros que permiten establecer ese beneficio, siempre que esos parámetros puedan derivarse de un método ordinario de interpretación del Derecho aplicado por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, de modo que dicha sociedad pueda determinar, de manera suficientemente clara y precisa, las sanciones a las que se expone en caso de infracción de esa normativa.
Cuarta cuestión prejudicial
104
Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 49, apartado 3, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impone automáticamente a una sociedad que haya infringido dicha normativa una multa correspondiente al importe del beneficio económico que haya obtenido en el marco de sus relaciones con el sector público, sin que la autoridad competente pueda distinguir en función de la naturaleza de la infracción cometida ni tomar en consideración las demás consecuencias jurídicas negativas que la imposición de esa multa puede entrañar para la sociedad sancionada.
105
A este respecto, procede recordar que el principio de proporcionalidad de las penas recogido en el artículo 49, apartado 3, de la Carta exige que la severidad de una sanción refleje la gravedad de la infracción de que se trate [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803), apartado 97 y jurisprudencia citada].
106
El principio de proporcionalidad no solo rige en lo que respecta a la determinación de los elementos constitutivos de una infracción, sino también en cuanto atañe a la determinación de las normas relativas a la cuantía de las multas y a la apreciación de los elementos que pueden tenerse en cuenta para fijarlas (sentencia de 6 de octubre de 2021, ECOTEX BULGARIA, C‑544/19, EU:C:2021:803, apartado 98 y jurisprudencia citada).
107
También se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que las medidas represivas que permite una normativa nacional no deben exceder de lo que resulta necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos por dicha normativa. En este contexto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la severidad de las sanciones deberá adecuarse a la gravedad de las infracciones que reprimen, garantizando un efecto realmente disuasorio [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, ECOTEX BULGARIA (C‑544/19, EU:C:2021:803, apartados 99 y 100 y jurisprudencia citada).
108
En el presente asunto, como se desprende de la petición de decisión prejudicial, el artículo 13, apartado 1, letra a), primera frase, de la Ley sobre el RSSP prevé la imposición al socio del sector público de una multa correspondiente al importe del beneficio económico que este haya obtenido en el marco de sus relaciones con el sector público, y ello por todas las infracciones a las que se refiere, en particular, en caso de infracción de la prohibición establecida en el artículo 19, letra c), de dicha Ley.
109
Es preciso señalar, en primer lugar, que, habida cuenta del tenor de estas disposiciones y de los datos que figuran en la petición de decisión prejudicial, estas establecen un régimen de responsabilidad objetiva, en virtud del cual la constatación de los hechos constitutivos de la infracción, con independencia de la intención o de la negligencia de las personas afectadas, a saber, el operador económico, socio del sector público, y la persona legitimada para inscribirlo en el RSSP, basta para que la autoridad encargada del registro imponga una multa correspondiente al beneficio económico que ese operador económico haya obtenido en el marco de sus relaciones con el sector público.
110
Pues bien, el hecho de que la multa impuesta en caso de infracción, en particular, de dicho artículo 19, letra c), pueda ser igual a tal beneficio no implica, en sí mismo, que el artículo 49, apartado 3, de la Carta se oponga al artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP. En efecto, no cabe excluir que una sanción que tiene por objeto retirar la totalidad del beneficio económico que una sociedad haya obtenido en el marco de sus relaciones con el sector público, cuando no se haya ajustado a las exigencias de dicha Ley, sea coherente y eficaz para alcanzar el objetivo perseguido por dicha Ley, que consiste en garantizar la transparencia de las relaciones jurídicas y comerciales que el sector público mantiene con sus socios.
111
Asimismo, la circunstancia, mencionada por el órgano jurisdiccional remitente, de que el artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP no fije ningún límite máximo para tal multa no resulta, en sí misma, contraria al principio de proporcionalidad de las penas, en el sentido del artículo 49, apartado 3, de la Carta, en la medida en que la introducción de tal límite podría poner en peligro la eficacia de la multa y su efecto disuasorio y represivo, en la medida en que podría incitar a determinados operadores económicos a no cumplir las obligaciones derivadas de dicha Ley cuando el beneficio económico que esperan obtener en el marco de sus relaciones con el sector público superase ese límite.
112
No obstante, en segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que, al aplicar el artículo 13, apartado 1, letra a), primera parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP, la autoridad encargada del registro impone, de manera automática, la multa prevista en dicha disposición, sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso concreto. Pues bien, procede señalar que tal automaticidad, en el contexto de una multa de importe potencialmente muy elevado, no respeta el principio de proporcionalidad en el sentido del artículo 49, apartado 3, de la Carta, puesto que la referida autoridad no tiene la facultad de modular el importe de la multa en función de la gravedad de la infracción cometida.
113
En particular, el citado órgano jurisdiccional precisa que la autoridad encargada del registro no tiene en cuenta el hecho de que la información registrada en el RSSP, relativa al beneficiario efectivo del socio del sector público, es correcta. Pues bien, la exactitud de esa información constituye una circunstancia pertinente a la hora de imponer la multa por dicha autoridad. En efecto, en el supuesto citado, esa información permite a las entidades del sector público disponer, de manera fiable, de todos los datos pertinentes relativos al operador económico que desea entablar relaciones jurídicas y comerciales con ese sector, garantizando de ese modo la transparencia en el marco de esas relaciones y garantizando, por tanto, la consecución del objetivo perseguido por la Ley sobre el RSSP.
114
En tercer lugar, del artículo 13, apartado 6, de la citada Ley se desprende que, al imponer una multa, la autoridad encargada del registro tendrá en cuenta, en particular, la naturaleza, la gravedad, la forma en que fue cometido y las consecuencias del incumplimiento de la obligación de que se trate. Dicho esto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que la disposición citada solo se aplica, en la práctica, en el supuesto de que el beneficio económico obtenido por el socio del sector público no pueda cuantificarse, de modo que el importe de la multa debe apreciarse a la luz del artículo 13, apartado 1, letra a), segunda parte de la frase, de la Ley sobre el RSSP.
115
Por lo tanto, si bien la aplicación, en ese supuesto, del artículo 13, apartado 6, de dicha Ley puede respetar el requisito de proporcionalidad establecido en el artículo 49, apartado 3, de la Carta, corresponde al órgano jurisdiccional remitente asegurarse de que, en el caso de autos, en el supuesto de que considere que la autoridad encargada del registro ha impuesto correctamente las multas controvertidas en el litigio principal sobre la base del artículo 13, apartado 1, letra a), segunda parte de la frase, de dicha Ley, la referida autoridad tomó en consideración todas las circunstancias pertinentes del caso de autos, de conformidad con el citado artículo 13, apartado 6.
116
En cuarto y último lugar, por lo que respecta a las demás consecuencias desfavorables que la Ley sobre el RSSP establece para la sociedad sancionada, el órgano jurisdiccional remitente indica, por un lado, que, una vez que la multa impuesta ha adquirido firmeza, la entidad del sector público puede, en virtud del artículo 15 de dicha Ley, resolver cualquier contrato con el socio del sector público. Es cierto, a este respecto, que tal resolución puede acarrear consecuencias potencialmente considerables para el operador económico de que se trate. No obstante, para comprobar el respeto del artículo 49, apartado 3, de la Carta, procede señalar que corresponde a la entidad del sector público, y no a la autoridad encargada del registro, que impone la multa, en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra a), de dicha Ley, tener en cuenta la gravedad de las consecuencias de tal resolución a la luz de todas las demás circunstancias pertinentes en cada caso. En efecto, en la fase de imposición de la multa, dicha autoridad no está en condiciones de determinar si la entidad pública procederá efectivamente a la resolución del contrato.
117
Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente considera problemático, desde el punto de vista del respeto del artículo 49, apartado 3, de la Carta, el hecho de que, con arreglo al artículo 13, apartado 2, de la Ley sobre el RSSP, esa misma autoridad proceda a la exclusión del socio del sector público del RSSP cuando haya impuesto una multa que haya adquirido firmeza, en particular, por infringir la prohibición establecida en el artículo 19 de dicha Ley, y que dicha multa no haya sido pagada en el plazo fijado por el órgano jurisdiccional competente.
118
A este respecto, procede subrayar que, al imponer la multa, la autoridad encargada del registro no está en condiciones de determinar si el socio del sector público se abstendrá de pagar dicha multa, de modo que este será excluido del RSSP. Por lo tanto, a la luz del artículo 49, apartado 3, de la Carta, no puede exigirse que la Ley sobre el RSSP obligue a dicha autoridad a tener en cuenta esa posibilidad al fijar el importe de la multa.
119
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 49, apartado 3, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impone automáticamente a una sociedad que haya infringido dicha normativa una multa correspondiente al importe del beneficio económico que haya obtenido en el marco de sus relaciones con el sector público, sin que la autoridad competente pueda tomar en consideración, a efectos de la determinación del importe de la multa, ninguna circunstancia relacionada con el incumplimiento de la obligación en cuestión. En cambio, el artículo 49, apartado 3, de la Carta debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece la imposición de una multa dentro de los límites de una horquilla que incluye un importe mínimo y máximo, siempre que la autoridad competente tenga en cuenta, en particular, la naturaleza, la gravedad, la forma en que se cometió y las consecuencias del incumplimiento de la obligación de que se trate.
Costas
120
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
1)
El artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el principio de seguridad jurídica deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece que la persona legitimada para inscribir una sociedad en un registro de socios del sector público no puede efectuar tal inscripción cuando la relación que mantiene con el socio del sector público pueda generar dudas sobre su imparcialidad, en particular, debido a los vínculos personales o patrimoniales que la unen a ese socio del sector público, sin que se precisen otros criterios que permitan apreciar esta imparcialidad y aun cuando el incumplimiento de ese requisito de imparcialidad dé lugar a la imposición de una sanción de carácter penal, siempre que, habida cuenta del tenor de dicha normativa nacional y de la interpretación de esta sobre la base de los métodos ordinarios de interpretación del Derecho por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, esa persona legitimada y dicho socio del sector público puedan determinar, de manera suficientemente clara y precisa, qué actos y omisiones pueden generar su responsabilidad penal.
2)
El artículo 49, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el principio de seguridad jurídica deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, en caso de incumplimiento del requisito de imparcialidad que incumbe a la persona legitimada para inscribir una sociedad en un registro de socios del sector público, se limita a prever la imposición a dicha sociedad de una multa equivalente al importe del beneficio económico que esta ha obtenido en el marco de sus relaciones con el sector público, sin precisar los parámetros que permiten determinar dicho beneficio, siempre que dichos parámetros puedan derivarse de un método ordinario de interpretación del Derecho, aplicado por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, de modo que dicha sociedad pueda determinar, de manera suficientemente clara y precisa, las sanciones a las que se expone en caso de infringir dicha normativa.
3)
El artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que impone automáticamente a una sociedad que haya infringido dicha normativa una multa correspondiente al importe del beneficio económico que haya obtenido en el marco de sus relaciones con el sector público, sin que la autoridad competente pueda tomar en consideración, a efectos de la determinación del importe de la multa, ninguna circunstancia relacionada con el incumplimiento de la obligación en cuestión. En cambio, el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece la imposición de una multa dentro de los límites de una horquilla que incluye un importe mínimo y máximo, siempre que la autoridad competente tenga en cuenta, en particular, la naturaleza, la gravedad, la forma en que se cometió y las consecuencias del incumplimiento de la obligación de que se trate.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: eslovaco.