62023CC0790
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 30 de abril de 2025 (
1
)
Asunto C‑790/23 [Qassioun] (
i
)
X
contra
Maahanmuuttovirasto
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia)]
«Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional — Artículo 18 — Obligaciones del Estado miembro responsable — Obligaciones de readmisión del solicitante de protección internacional cuya “solicitud se haya rechazado” — Solicitud presentada en un Estado miembro sujeto al Reglamento n.o 604/2013, pero que no está vinculado por las Directivas 2011/95/UE y 2013/32/UE — Nacional de un tercer país al que el Reino de Dinamarca ha retirado la protección temporal concedida con arreglo al Derecho nacional — Concepto de “solicitud [de protección internacional] rechazada”»
I. Introducción
1.
La presente petición de decisión prejudicial brinda al Tribunal de Justicia una nueva oportunidad para pronunciarse sobre el alcance de las consecuencias vinculadas a la participación diferenciada del Reino de Dinamarca en las normas que integran el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). (
2
)
2.
En efecto, por lo que respecta a la tercera parte, título V, del Tratado FUE, que comprende, en particular, las políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración, este Estado miembro goza de un estatuto especial en virtud del Protocolo (n.o 22) sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado UE y al Tratado FUE, que lo distingue de los demás Estados miembros. Si bien, en virtud de un acuerdo internacional con la Unión Europea, (
3
) el Reino de Dinamarca miembro se ha comprometido a aplicar el Reglamento (UE) n.o 604/2013, (
4
) no está vinculado, en cambio, por las Directivas 2011/95/UE (
5
) y 2013/32/UE (
6
) asociadas a él. Por consiguiente, las decisiones adoptadas por dicho Estado miembro en el marco del examen de las solicitudes de protección internacional que se le presentan de conformidad con las disposiciones de su Derecho nacional se adoptan a la luz de requisitos materiales y con arreglo a modalidades procesales propias de dicho Estado miembro.
3.
La petición de decisión prejudicial se ha planteado en el marco de un litigio entre una nacional siria y la Maahanmuuttovirasto (Oficina Nacional de Inmigración, Finlandia; en lo sucesivo, «Oficina de Inmigración finlandesa»), ante la que presentó una solicitud de protección internacional cuando acababa de retirársele la protección temporal que le había concedido el Reino de Dinamarca. La Oficina de Inmigración finlandesa rechazó su solicitud por inadmisible, basándose en que el Reino de Dinamarca era el Estado miembro responsable del examen de su solicitud, que además había aceptado readmitirla sobre la base del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III. El Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), que es el órgano jurisdiccional remitente, impugna la base jurídica en la que se funda esta readmisión debido a que esta disposición se aplica a un nacional de un tercer país «cuya solicitud se haya rechazado y que haya formulado una solicitud en otro Estado miembro», lo cual no se corresponde, a su juicio, con su situación.
4.
El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que un Estado miembro ante el que una persona ha presentado una nueva solicitud de protección internacional puede solicitar al Reino de Dinamarca que readmita a dicha persona si se cumplen los requisitos mencionados en el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III. (
7
) En el presente asunto, se pide al Tribunal de Justicia que determine si tales requisitos se cumplen efectivamente en una situación en la que el Reino de Dinamarca no denegó la anterior solicitud de protección internacional de la demandante en sentido estricto, sino que le retiró una protección temporal que le había concedido anteriormente en virtud de su Derecho interno.
5.
Por las razones que desarrollaré a continuación, sostengo que el Reino de Dinamarca no puede ser considerado el Estado miembro responsable al que incumbe la obligación de readmisión prevista en el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III. Es cierto que la aplicación efectiva de dicho Reglamento al Reino de Dinamarca aboga en favor de una interpretación amplia de los requisitos de aplicación de esta disposición. No obstante, como paso a exponer, esa interpretación entra en colisión, a mi juicio, con el sentido y el alcance de las normas y conceptos armonizados por el legislador de la Unión en las Directivas 2011/95 y 2013/32, en las que se basan el Reglamento Dublín III y, más ampliamente, el SECA.
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
1. Acuerdo entre la Unión y Dinamarca
6.
Mediante el Acuerdo entre la Unión y Dinamarca, aprobado en nombre de la Unión mediante la Decisión 2006/188/CE, (
8
) la Unión y el Reino de Dinamarca acordaron, entre otras cosas, ampliar, «de conformidad con el Derecho internacional», la aplicación del Reglamento (CE) n.o 343/2003 (
9
) a las relaciones entre ellos. Posteriormente, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, de dicho Acuerdo, este Estado miembro notificó a la Comisión Europea su decisión de aplicar la «modificación» de dicho Reglamento que constituye el Reglamento Dublín III.
7.
El undécimo párrafo del preámbulo del Acuerdo entre la Unión y Dinamarca establece que «el Tribunal de Justicia [de la Unión Europea] deberá tener competencia para asegurar la aplicación e interpretación uniformes de este Acuerdo, incluidas las disposiciones de los Reglamentos y de cualquier norma [de la Unión] de aplicación que forme parte de este Acuerdo».
8.
El artículo 1 de este Acuerdo, titulado «Objetivo», establece:
«1.   El objetivo del presente Acuerdo es aplicar las disposiciones del [Reglamento Dublín II] […] y sus medidas de aplicación a la relación entre la [Unión] y Dinamarca, de conformidad con el artículo 2, apartados 1 y 2.
2.   El propósito de las Partes Contratantes es lograr una aplicación e interpretación uniformes de las disposiciones de [este] Reglament[o] y de sus normas de aplicación en todos los Estados miembros.
[…]»
9.
El artículo 2, apartado 1, de dicho Acuerdo establece:
«Las disposiciones del Reglamento Dublín II […], de conformidad con el Derecho internacional, se aplicarán a las relaciones entre la [Unión] y Dinamarca.»
2. Reglamento Dublín III
10.
El artículo 2, letras b) y d), del Reglamento Dublín III dispone:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
b)
“solicitud de protección internacional”: la solicitud de protección internacional definida en el artículo 2, letra h), de la Directiva [2011/95 (
10
)];
[…]
d)
“examen de una solicitud de protección internacional”: todo examen de una solicitud de protección internacional o toda resolución o sentencia sobre una solicitud de protección internacional dictada por las autoridades competentes conforme a la Directiva [2013/32] y a la Directiva [2011/95], con excepción de los procedimientos de determinación del Estado responsable en virtud de las disposiciones del presente Reglamento».
11.
El artículo 3 de este Reglamento, titulado «Acceso al procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional», establece:
«1.   Los Estados miembros examinarán toda solicitud de protección internacional presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida, ya sea en el territorio de cualquiera de ellos, incluida la frontera, o en las zonas de tránsito. La solicitud será examinada por un solo Estado miembro, que será aquel que los criterios mencionados en el capítulo III designen como responsable.
2.   Cuando, con arreglo a los criterios enumerados en el presente Reglamento, no pueda determinarse el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional, será responsable del examen el primer Estado miembro ante el que se haya presentado la solicitud de protección internacional.
[…]»
12.
El artículo 18 del Reglamento establece las «obligaciones del Estado miembro responsable» en los términos siguientes:
«1.   El Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento deberá:
[…]
d)
readmitir […] al nacional de un tercer país o al apátrida cuya solicitud se haya rechazado y que haya formulado una solicitud en otro Estado miembro o se encuentre en el territorio de otro Estado miembro sin un documento de residencia.
2.   […]
En los supuestos contemplados en el apartado 1, letra d), únicamente cuando la solicitud se haya rechazado en primera instancia, el Estado miembro responsable se asegurará de que la persona interesada tenga o haya tenido la oportunidad de obtener una tutela judicial efectiva […]».
B.
Derecho finlandés
13.
De conformidad con el artículo 103, apartado 2, de la ulkomaalaislaki (301/2004) [Ley de Extranjería (301/2004)], de 30 de abril de 2004, podrá rechazarse por inadmisible la solicitud de protección internacional si el solicitante puede ser trasladado a otro Estado que sea responsable de examinar la solicitud de asilo en virtud del Reglamento Dublín III.
C.
Derecho danés
14.
El artículo 7, apartados 1 a 3, de la udlændingeloven (Ley de Extranjería), en su versión aplicable a los hechos del procedimiento principal, (
11
) dispone:
«1.   Se concederá un permiso de residencia temporal a un extranjero que lo solicite cuando esté comprendido en el ámbito de aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. [ (
12
)]
2.   Se concederá un permiso de residencia temporal a un extranjero que lo solicite si está amenazado de pena de muerte, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes al regresar a su país de origen. Una solicitud en el sentido de la primera frase también se considerará una solicitud de permiso de residencia temporal con arreglo al apartado 1.
3.   En los casos a que se refiere el apartado 2, el permiso de residencia temporal se concederá previa solicitud cuando el riesgo de pena de muerte, tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes se base en una situación especialmente grave en el país de origen caracterizada por una violencia indiscriminada y ataques contra la población civil. Una solicitud en el sentido de la primera frase también se considerará una solicitud de permiso de residencia con arreglo a los apartados 1 y 2.»
15.
El artículo 11, apartado 2, de la Ley de Extranjería danesa dispone:
«El permiso de residencia temporal concedido con posibilidad de residencia permanente se prorrogará previa solicitud, a menos que existan motivos para revocar el permiso de residencia […]. La Udlændingestyrelse [(Oficina de Extranjería, Dinamarca (
13
))] decidirá de oficio sobre la prórroga de un permiso de residencia expedido para una estancia temporal de conformidad con el artículo 7 […] si siguen existiendo motivos para ello. […]»
III. Hechos del procedimiento principal y cuestión prejudicial
16.
La demandante, de nacionalidad siria, presentó una solicitud de protección internacional ante las autoridades danesas el 1 de julio de 2016.
17.
El 29 de agosto de 2016, se le expidió un documento de residencia sobre la base de la concesión de protección temporal en virtud del artículo 7, apartado 3, de la Ley de Extranjería danesa. Este documento de residencia, que entró en vigor el día de su expedición, tenía inicialmente una validez de un año. Posteriormente, se prorrogó varias veces por el mismo período, a iniciativa de la Oficina de Extranjería danesa. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2020, la Oficina de Extranjería danesa decidió, también de oficio, no renovar el documento de residencia, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, de dicha Ley, alegando que habían desaparecido los motivos por los que se había expedido. La Flygtningenævnet (Comisión de Apelación para los Refugiados, Dinamarca) confirmó esta resolución el 2 de julio de 2021 y ordenó a la demandante que abandonara Dinamarca en el plazo de un mes.
18.
El 27 de julio de 2021, la demandante presentó una solicitud protección internacional en Finlandia.
19.
El 29 de julio de 2021, la Oficina de Inmigración finlandesa, que es la autoridad finlandesa competente para examinar dicha solicitud, presentó al Reino de Dinamarca una petición de readmisión de la demandante con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III. El 5 de agosto de 2021, el Reino de Dinamarca aceptó dicha petición.
20.
El 12 de noviembre de 2021, la Oficina de Inmigración finlandesa rechazó la solicitud de protección internacional de la demandante por inadmisible, debido a que el Reino de Dinamarca era el responsable de examinar la solicitud, por lo que dispuso su traslado a dicho Estado miembro y le impuso una prohibición de entrar en Finlandia durante dos años.
21.
La demandante interpuso recurso contra dicha resolución ante el Helsingin hallinto-oikeus (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Helsinki, Finlandia), que lo desestimó. Posteriormente, solicitó autorización para interponer recurso de casación ante el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo).
22.
En apoyo de esta pretensión, alega, en particular, que la resolución mediante la cual la Oficina de Inmigración finlandesa rechazó su solicitud de protección internacional por inadmisible es contraria al Derecho de la Unión.
23.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, si concurren los requisitos que dan lugar a la obligación de readmisión prevista en el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III y, más concretamente, si puede considerarse que la primera solicitud de protección internacional presentada en Dinamarca por la demandante constituye una «solicitud [de protección internacional que] se haya rechazado» por la autoridad danesa competente, en el sentido de dicha disposición.
24.
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala, en primer lugar, que la solicitud de que se trata fue objeto inicialmente de una serie de resoluciones parcialmente favorables, en la medida en que la Oficina de Extranjería danesa expidió a favor de la demandante un documento de residencia temporal que posteriormente prorrogó en varias ocasiones. Dicho órgano jurisdiccional añade que solo posteriormente, y por iniciativa de dicha autoridad, se adoptó la decisión de no renovar dicho documento de residencia temporal. Ese órgano jurisdiccional se pregunta si, en tal situación, puede acreditarse la existencia de una denegación de una solicitud de protección internacional, en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III.
25.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que, habida cuenta de la particular situación jurídica del Reino de Dinamarca, los procedimientos nacionales aplicados en dicho Estado miembro para examinar las solicitudes de protección internacional difieren de los tramitados en los demás Estados miembros y, por tanto, se pregunta qué definición ha de darse al concepto de «solicitud».
26.
En estas circunstancias, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento [Dublín III] en el sentido de que la denegación de la solicitud con arreglo a dicha disposición comprende el supuesto de no renovación de un documento de residencia temporal concedido anteriormente al interesado en Dinamarca, a instancia suya, debido a una necesidad de protección, cuando la decisión de no renovar el documento de residencia no se adoptó a raíz de una solicitud de dicha persona, sino de oficio por la autoridad?»
27.
La Oficina de Inmigración finlandesa, los Gobiernos finlandés, danés, alemán, neerlandés y suizo y la Comisión presentaron observaciones escritas. Dichas partes e interesados (con excepción de los Gobiernos neerlandés y suizo) participaron, junto con la demandante, en la vista celebrada el 29 de enero de 2025, en la que también respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral.
IV. Análisis
28.
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia si el artículo 18, apartado 1, letra d) del Reglamento Dublín III debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una situación en la que al nacional de un tercer país o apátrida se le ha retirado la protección temporal que le había concedido el Reino de Dinamarca tras la presentación de una solicitud de protección internacional con arreglo a las disposiciones internas de dicho Estado miembro y, con posterioridad a dicha retirada, dicho nacional de un tercer país o apátrida ha presentado una solicitud ante otro Estado miembro.
A.
Observaciones preliminares
29.
Con carácter preliminar, es necesario aclarar la naturaleza de la protección que el Reino de Dinamarca concedió a la demandante por un período superior a cuatro años sobre la base del artículo 7, apartado 3, de la Ley de Extranjería danesa. En efecto, el Gobierno finlandés basa sus observaciones en la premisa de que la concesión de dicha protección debe considerarse equivalente a la concesión de protección internacional.
30.
Pues bien, en mi opinión, esta premisa debe rechazarse, ya que la protección temporal de que se benefició la demandante no puede tener la consideración de «protección internacional» en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 2011/95. Consta que no obtuvo ni el estatuto de refugiado en el sentido del artículo 2, letra e), de dicha Directiva ni el estatuto de protección subsidiaria en el sentido del artículo 2, letra g), de esta última.
31.
Es cierto que esta protección temporal se concede sobre la base de requisitos bastante parecidos a los que rigen la concesión de la protección subsidiaria previstos en el artículo 15 de dicha Directiva. En efecto, la protección prevista en el artículo 7, apartado 3, de la Ley de Extranjería danesa tiene como destinatarios a los nacionales de terceros países que puedan verse expuestos a pena de muerte, tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes como consecuencia de la situación general imperante en el país de origen, por ejemplo, como consecuencia de una guerra. (
14
)
32.
Sin embargo, difiere en dos aspectos. En primer lugar, la protección temporal prevista en el artículo 7, apartado 3, de la Ley de Extranjería danesa se concede con sujeción a requisitos materiales y con arreglo a normas de procedimiento propias del Derecho danés. En segundo lugar, los derechos conferidos al beneficiario de dicha protección temporal son distintos, tanto por su naturaleza como por su alcance, de los derechos vinculados al estatuto conferido por la protección subsidiaria y contemplados en el capítulo VII de la Directiva 2011/95.
33.
Por consiguiente, examinaré la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente partiendo de la base de que la protección temporal prevista en el artículo 7, apartado 3, de la Ley de Extranjería danesa constituye otro tipo de protección, ajena al ámbito de aplicación de las Directivas 2011/95 y 2013/32, que se prevé y concede únicamente sobre la base de las disposiciones del Derecho danés.
B.
Sobre el fondo
34.
El artículo 18 del Reglamento Dublín III define las obligaciones generales y específicas que incumben al Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional, al que se pide que se haga cargo de un solicitante de dicha protección o que lo readmita.
35.
Las obligaciones relativas tanto a la toma a cargo o a la readmisión de este solicitante como a la tramitación de su solicitud de protección internacional se determinan en función de la evolución del procedimiento de examen de la solicitud en dicho Estado miembro. El artículo 18, apartado 1, del Reglamento Dublín III establece una lista exhaustiva de cuatro supuestos. En primer lugar, la toma a cargo del solicitante que haya presentado una solicitud en otro Estado miembro [letra a)]. En segundo lugar, la readmisión del solicitante cuya solicitud esté siendo examinada en el Estado miembro responsable y que haya presentado una solicitud en otro Estado miembro [letra b)]. En tercer lugar, la readmisión del nacional de un tercer país o del apátrida que haya retirado su solicitud mientras se estaba examinando en el Estado miembro responsable y que haya formulado una solicitud en otro Estado miembro [letra c)]. En cuarto lugar, la readmisión del nacional de un tercer país o apátrida cuya «solicitud [de protección internacional] se haya rechazado y que haya formulado una solicitud en otro Estado miembro» [letra d)]. Es este cuarto caso cuya interpretación se solicita. Según el Tribunal de Justicia, el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III contempla, en particular, los supuestos en los que una solicitud de protección internacional ha sido rechazada mediante una resolución de la autoridad responsable que todavía no ha adquirido firmeza. (
15
)
36.
La cuestión que plantea el órgano jurisdiccional remitente tiene por objeto determinar en qué medida puede considerarse que el Reino de Dinamarca rechazó la solicitud de protección internacional de la demandante en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III, al retirarle la protección temporal que le había concedido en virtud de su Derecho interno.
37.
Comparto en cierta medida las alegaciones formuladas por determinados Estados miembros que, habida cuenta de la particular situación jurídica del Reino de Dinamarca, proponen que los términos de dicha disposición se interpreten de manera suficientemente amplia para asegurar la participación efectiva de dicho Estado miembro en el Reglamento Dublín III, de modo que se garantice el efecto útil del artículo 2 del Acuerdo entre la Unión y Dinamarca. Así, el Gobierno alemán alega que una interpretación estricta de las disposiciones contempladas en el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III haría imposible su aplicación respecto al Reino de Dinamarca, menoscabando la posibilidad reconocida a dicho Estado miembro de participar de forma voluntaria y selectiva en el espacio de libertad, seguridad y justicia.
38.
Sin embargo, en mi opinión, tales alegaciones van más allá de una interpretación amplia de los términos del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III. En efecto, aun cuando dicha interpretación se limitara a las obligaciones de toma a cargo o de readmisión que incumben al Reino de Dinamarca, introducen un riesgo de confusión entre conceptos que han sido armonizados por las Directivas 2011/95 y 2013/32, y en los que se basa el Reglamento Dublín III.
39.
Así, los Gobiernos danés y suizo alegan, en esencia, que la solicitud de protección internacional presentada por la demandante el 1 de julio de 2016 fue denegada «temporalmente» por el Reino de Dinamarca cuando este concedió y renovó la protección temporal prevista en su Derecho interno, y que posteriormente fue denegada «definitivamente», en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III, cuando confirmó la retirada de dicha protección el 2 de julio de 2021. Según esta interpretación, la solicitud de protección internacional, sobre cuya base se adoptaron las sucesivas resoluciones de renovar y luego de no renovar el documento de residencia temporal, estuvo, por tanto, en suspenso desde el 29 de agosto de 2016 hasta el 2 de julio de 2021, fecha en la que fue definitivamente rechazada. Esta es también la opinión del Gobierno alemán, que se basa en la definición del concepto de «retirada de la solicitud de protección internacional» que figura en el artículo 2, letra e), del Reglamento Dublín III. En su opinión, es posible considerar que, al no haber retirado la demandante su solicitud, esta continuó existiendo de forma efectiva en tanto no fue objeto de una resolución definitiva, por ejemplo, porque no dio lugar más que a una sucesión de resoluciones de concesión o de prórroga de un documento de residencia temporal. El Gobierno danés añade, por otro lado, que, en este contexto, una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional y una resolución de retirada de la protección temporal tienen el mismo efecto jurídico.
40.
La Oficina de Inmigración finlandesa no está de acuerdo con esta interpretación, alegando, principalmente, que solo la resolución de 29 de agosto de 2016, por la que se expidió a la demandante un documento de residencia temporal, puede entenderse como una resolución denegatoria de la solicitud de protección internacional, ya que dicha resolución no concedió protección internacional a la demandante. En su opinión, la resolución por la que se retiraba la protección temporal carece de efectos jurídicos a los fines de la aplicación del artículo 18 del Reglamento Dublín III.
41.
El Gobierno neerlandés, por su parte, alega que el concepto de «solicitud rechazada» es una expresión genérica que abarca los diversos casos en los que el solicitante no puede o ya no puede acogerse a la protección internacional.
42.
Creo que tales interpretaciones pueden plantear más dificultades de las que resuelven, debido a las contorsiones jurídicas que implican.
43.
En primer lugar, tienen por efecto extender el ámbito de aplicación del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III a una situación a la que el legislador de la Unión no se refirió en dicha disposición, pero que regula específicamente en el artículo 12 de dicho Reglamento. En efecto, inserto en el capítulo III de dicho Reglamento, el artículo 12, apartado 4, del Reglamento Dublín III establece expresamente las condiciones en las que un Estado miembro que haya expedido un documento de residencia a un solicitante de protección internacional puede ser considerado responsable del examen de la solicitud de dicho solicitante.
44.
En segundo lugar, estas interpretaciones no tienen en cuenta la «aplicación conjunta» de las Directivas 2011/95 y 2013/32 y del Reglamento Dublín III a la que se refirió el Tribunal de Justicia en su sentencia de 10 de diciembre de 2020, Minister for Justice and Equality (Solicitud de protección internacional en Irlanda). (
16
) Al ir mucho más allá del sentido y del alcance de los conceptos fundamentales definidos en dichas Directivas, entrañan el riesgo de introducir un requisito de geometría variable («la solicitud [que] se haya rechazado») en el mismo lugar en el que el legislador de la Unión ha pretendido establecer un método claro y viable para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional, (
17
) que se base en criterios objetivos y equitativos tanto para los Estados miembros como para las personas afectadas, de conformidad con los considerandos 4 y 5 de dicho Reglamento.
45.
Es cierto que el artículo 2 del Acuerdo entre la Unión y Dinamarca establece que las disposiciones del Reglamento Dublín III se aplican a dicho Estado miembro. Sin embargo, de su artículo 1, apartado 2, también se desprende que el propósito de las Partes contratantes es lograr una aplicación e interpretación uniformes de las disposiciones del Reglamento Dublín III y de sus normas de aplicación en todos los Estados miembros. En virtud del undécimo párrafo del preámbulo de dicho Acuerdo, el Tribunal de Justicia debe tener competencia para asegurar dicha uniformidad.
46.
Ahora bien, en la medida en que los requisitos de aplicación del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III se basan en normas que han sido armonizadas por las Directivas 2011/95 y 2013/32, admitir que, en circunstancias como las del caso de autos, el Reino de Dinamarca ha denegado una solicitud de protección internacional, cuando se ha limitado a poner fin a la protección nacional que había concedido en virtud de su Derecho interno, es, a mi juicio, contrario a ese objetivo.
47.
En efecto, el concepto de «solicitud de protección internacional» o de «solicitud» a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra d), de dicho Reglamento se define en el artículo 2, letra b), del mismo Reglamento, que remite al artículo 2, letra h), de la Directiva 2011/95. Si bien el Tribunal de Justicia ha subrayado que una solicitud de protección internacional presentada ante las autoridades competentes del Reino de Dinamarca con arreglo a las disposiciones internas de dicho Estado miembro es indiscutiblemente una «solicitud» presentada a un Estado miembro, considera, no obstante, que tal solicitud no constituye una «solicitud de protección internacional» en el sentido de dicha Directiva, es decir, una solicitud que «aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria», ya que, de conformidad con el Protocolo (n.o 22) sobre la posición de Dinamarca, anexo al Tratado UE y al Tratado FUE, dicha Directiva no se aplica al Reino de Dinamarca, como se recuerda en el considerando 51 de la misma. (
18
)
48.
De cuanto antecede se deduce que, al no haberse presentado a Dinamarca una «solicitud de protección internacional» en el sentido de la Directiva 2011/95, no podía existir una resolución denegatoria de tal solicitud en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III.
49.
Añado que no comparto la opinión del Gobierno neerlandés según la cual el Reglamento no precisa qué se entiende por la expresión «solicitud rechazada». En efecto, el artículo 2, letra d), de dicho Reglamento define el concepto de «examen de una solicitud de protección internacional» en el sentido de «todo examen de una solicitud de protección internacional o toda resolución o sentencia sobre una solicitud de protección internacional dictada por las autoridades competentes conforme a la Directiva [2013/32] y a la Directiva [2011/95], con excepción de los procedimientos de determinación del Estado responsable en virtud de las disposiciones del presente Reglamento». (
19
) Así, cuando una resolución relativa al estatuto de refugiado y/o al estatuto de protección subsidiaria desestime una solicitud en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra d), del mismo Reglamento, dicha resolución deberá adoptarse de conformidad con las normas y modalidades procesales establecidas en la Directiva 2013/32 y, en particular, en su artículo 11, apartado 2. (
20
)
50.
En este contexto, no creo que, en el asunto principal, quepa admitir que una solicitud de protección internacional haya estado pendiente de resolución durante cuatro años consecutivos, durante los cuales fue denegada con carácter provisional y luego de forma definitiva.
51.
De lo anterior se desprende que la resolución adoptada por las autoridades danesas de retirar a la demandante la protección temporal y el documento de residencia que se le habían concedido el 29 de agosto de 2016 de conformidad con las disposiciones del Derecho nacional no puede calificarse de «resolución denegatoria» en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III en la medida en que, por una parte, de dicha resolución no se desprende que la demandante no cumpla los requisitos para obtener el estatuto de refugiado en el sentido del artículo 2, letra d), de la Directiva 2011/95 o el estatuto de protección subsidiaria en el sentido del artículo 2, letra f), de esta Directiva y, por otra parte, dicha resolución no se adoptó sobre la base de las disposiciones procesales establecidas en la Directiva 2013/32.
52.
En estas circunstancias, no comparto la alegación del Gobierno neerlandés según la cual la finalidad del Reglamento Dublín III se vería menoscabada si el segundo Estado miembro (en el caso de autos, la República de Finlandia) pasara a ser responsable del examen de dicha solicitud, si el primer Estado miembro (a saber, el Reino de Dinamarca) ya hubiera examinado si el solicitante puede (o ya no puede) acogerse a la protección internacional. En efecto, en tal supuesto, las autoridades finlandesas no estarían obligadas a reconsiderar la conclusión a que llegaron las autoridades danesas, en la medida en que el procedimiento de examen se regiría por normas diferentes, establecidas en las Directivas 2011/95 y 2013/32, tal como han sido interpretadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y a las que el Reino de Dinamarca no está vinculado.
53.
Habida cuenta de estas consideraciones, no creo que sea posible admitir que el Reino de Dinamarca haya rechazado la solicitud de protección internacional de la demandante en el sentido del artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III.
54.
Esta conclusión se inscribe en la línea de la formulada por el Tribunal de Justicia en el asunto Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca), que versaba sobre la aplicación de la Directiva 2013/32.
55.
En efecto, el Tribunal de Justicia declaró que una resolución adoptada por el Reino de Dinamarca sobre una solicitud de protección internacional no puede calificarse de «resolución definitiva» en el sentido del artículo 2, letra e), de la Directiva 2013/32, (
21
) es decir, de resolución por la cual se establece si se concede o no al nacional de un tercer país o al apátrida el estatuto de refugiado o de protección subsidiaria en virtud de la Directiva 2011/95 y contra la que ya no puede interponerse recurso en el marco de lo dispuesto en el capítulo V de la Directiva 2013/32.
56.
El Tribunal de Justicia concluyó de cuanto antecede que la existencia de una resolución anterior por la que se denegó una solicitud de protección internacional presentada a ese Estado miembro no permite calificar de «solicitud posterior», a efectos de los artículos 2, letra q), y 33, apartado 2, letra d), de la Directiva 2013/32, una solicitud de protección internacional, en el sentido de la Directiva 2011/95, presentada por el interesado a otro Estado miembro después de la adopción de esa resolución anterior. (
22
) A este respecto, el Tribunal de Justicia añadió que ni el Acuerdo entre la Unión y Dinamarca ni la posibilidad de que la normativa danesa prevea, para la concesión de la protección internacional, requisitos idénticos a los establecidos en la Directiva 2011/95, o similares, pueden llevar a una conclusión diferente. (
23
)
57.
A la luz de los elementos que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento Dublín III debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a una situación en la que al nacional de un tercer país o apátrida se le ha retirado la protección nacional que le había concedido el Reino de Dinamarca tras la presentación de una solicitud de protección internacional con arreglo a las disposiciones internas de dicho Estado miembro y, con posterioridad a dicha retirada, dicho nacional de un tercer país o apátrida ha presentado una solicitud ante otro Estado miembro.
58.
Por tanto, corresponderá a las autoridades finlandesas competentes determinar qué Estado miembro designan los criterios establecidos en el capítulo III del Reglamento Dublín III como responsable del examen de la solicitud de protección internacional de la demandante. (
24
) En particular, las autoridades finlandesas deberán, a mi juicio, apreciar si el Reino de Dinamarca puede ser responsable en tal sentido sobre la base del artículo 12, apartado 4, de dicho Reglamento, debido a que dicho Estado miembro ha expedido en el pasado un documento de residencia a la demandante, o si, por el contrario, existen motivos basados en la situación personal o familiar de la demandante que justifiquen que la República de Finlandia se declare responsable del examen de dicha solicitud.
V. Conclusión
59.
Habida cuenta de todas las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) del modo siguiente:
«El artículo 18, apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida,
debe interpretarse en el sentido de que
no se aplica a una situación en la que al nacional de un tercer país o apátrida se le ha retirado la protección nacional que le había concedido el Reino de Dinamarca tras la presentación de una solicitud de protección internacional con arreglo a las disposiciones internas de dicho Estado miembro y, con posterioridad a dicha retirada, dicho nacional de un tercer país o apátrida ha presentado una solicitud ante otro Estado miembro.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
2
)	Véase, a este respecto, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca) [C‑497/21, en lo sucesivo, «sentencia Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca), EU:C:2022:721].
(
3
)	Acuerdo entre la [Unión] Europea y el Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (DO 2006, L 66, p. 38; en lo sucesivo, «Acuerdo entre la Unión y Dinamarca»).
(
4
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31; en lo sucesivo, «Reglamento Dublín III»).
(
5
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9).
(
6
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60).
(
7
)	Véase la sentencia Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca), apartado 49.
(
8
)	Decisión del Consejo, de 21 de febrero de 2006, relativa a la celebración del Acuerdo entre la [Unión] Europea y el Reino de Dinamarca por el que se extiende a Dinamarca lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país, y en el Reglamento (CE) n.o 2725/2000 del Consejo, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín (DO 2006, L 66, p. 37).
(
9
)	Reglamento del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (DO 2003, L 50, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Dublín II»). Este Reglamento fue derogado por el Reglamento Dublín III.
(
10
)	El artículo 2, letra h), de la Directiva 2011/95 define la «solicitud de protección internacional» como una «petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de [esta] Directiva y pueda solicitarse por separado».
(
11
)	Ley en su versión refundida por el lovbekendtgørelse nr. 1079 (Decreto de Refundición n.o 1079), de 10 de agosto de 2023; en lo sucesivo «Ley de Extranjería danesa».
(
12
)	Firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954)], entró en vigor el 22 de abril de 1954 y se completó por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967 y que entró en vigor el 4 de octubre de 1967.
(
13
)	En lo sucesivo, «Oficina de Extranjería danesa».
(
14
)	Para un análisis del alcance de la protección temporal en virtud del artículo 7, apartado 3, de la Ley de Extranjería danesa, véase, entre otras, la sentencia del Højesteret (Tribunal Supremo, Dinamarca) de 6 de noviembre de 2017, n.o 107/2017.
(
15
)	Véase la sentencia de 5 de julio de 2018, X (C‑213/17, EU:C:2018:538), apartados 31 y 32.
(
16
)	C‑616/19, EU:C:2020:1010, apartado 47.
(
17
)	Véase la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Tudmur (C‑185/24 y C‑189/24, EU:C:2024:1036), apartado 41 y jurisprudencia citada.
(
18
)	Véase la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Khan Yunis y Baabda (C‑123/23 y C‑202/23, EU:C:2024:1042), apartado 60, que remite a la sentencia Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca), apartados 35 y 43. Esta última sentencia recoge las enseñanzas extraídas de la sentencia de 20 de mayo de 2021, L. R. (Solicitud de asilo denegada por Noruega) (C‑8/20, EU:C:2021:404), siendo el Reino de Noruega un tercer Estado que aplica el Reglamento Dublín III en virtud del Acuerdo entre la [Unión] Europea y la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado miembro o en Islandia o Noruega — Declaraciones (DO 2001, L 93, p. 40), aprobado en nombre de la Unión mediante la Decisión 2001/258/CE del Consejo, de 15 de marzo de 2001 (DO 2001, L 93, p. 38).
(
19
)	El subrayado es mío.
(
20
)	Este artículo establece que «los Estados miembros […] procurarán que, cuando se desestime una solicitud respecto del estatuto de refugiado y/o del estatuto de protección subsidiaria, las razones de hecho y de derecho se detallen en la resolución y se informe por escrito sobre qué hacer ante una denegación.
No será preciso que los Estados miembros ofrezcan información escrita sobre cómo impugnar una resolución negativa, en relación con una resolución, cuando se haya informado de ello anteriormente al solicitante por escrito o por vía electrónica a la que tenga acceso el solicitante».
(
21
)	Véase la sentencia Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca), apartado 45.
(
22
)	Véase la sentencia Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca), apartado 47.
(
23
)	Véase la sentencia Bundesrepublik Deutschland (Solicitud de asilo denegada por Dinamarca), apartado 48.
(
24
)	Véanse el artículo 3, apartado 1, del Reglamento Dublín III y la sentencia de 16 de febrero de 2017, C. K. y otros (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127), apartado 56.