62024CJ0084_RES
Asunto C‑84/24
UAB EM SYSTEM
contra
AB SEB bankasyAS Citadele banka Lietuvos filialas
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de marzo de 2026
«Procedimiento prejudicial — Política exterior y de seguridad común — Reglamento (CE) n.o 765/2006 — Medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia — Artículo 2, apartado 1 — Anexo I — Lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas — Inclusión del nombre de un accionista de una sociedad en dicha lista — Posesión del 50 % del capital de esa sociedad por dicho accionista — Inmovilización de los capitales de una sociedad no incluida en la lista — Control por una persona o entidad incluida en la lista de una persona jurídica no incluida en la lista — Criterios de apreciación — Derecho a la tutela judicial efectiva — Derecho de Defensa»
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Bielorrusia — Inmovilización de los capitales de determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Bielorrusia — Concepto de capitales — Activos depositados en las cuentas bancarias de una sociedad — Inclusión
[Reglamentos (CE) del Consejo n.o 765/2006, arts. 1, punto 1, letra b), y 2, ap. 1, y (UE) n.o 1014/2012]
(véanse los apartados 50 y 51)
Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas contra Bielorrusia — Inmovilización de los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a personas, entidades u organismos sujetos a estas medidas — Alcance — Activos depositados en las cuentas bancarias de una sociedad no sujeta a las medidas restrictivas — Capital de esta sociedad propiedad en un 50 % de una persona sujeta a estas medidas — Presunción de control de la sociedad y de sus activos por dicha persona — Inclusión
[Reglamentos (CEE) del Consejo n.o 765/2006, art. 2, ap. 1, y (UE) n.o 1014/2012]
(véanse los apartados 54 a 57, 63 a 73, 77 a 85 y 89 a 93 y el punto 1 del fallo)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva — Medidas restrictivas contra Bielorrusia — Inmovilización de los capitales de determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Bielorrusia — Obligaciones del Consejo — Comunicación de las pruebas inculpatorias al interesado y derecho a ser oído — Derecho de acceso al expediente
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 41 y 47; Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo, art. 2, ap. 1 y (UE) n.o 1014/2012]
(véanse los apartados 102 a 105)
Derecho de la Unión Europea — Principios — Derecho de defensa — Derecho a la tutela judicial efectiva — Medidas restrictivas contra Bielorrusia — Inmovilización de capitales de una sociedad no sujeta a las medidas — Capitales que se presume que son propiedad o están bajo el control de una persona sujeta a estas medidas — Obligación de los Estados miembros de establecer un procedimiento para impugnar la medida de inmovilización de capitales y obtener su levantamiento
[Art. 19 TUE, ap. 1; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Reglamentos del Consejo (CEE) n.o 765/2006, arts. 2, ap. 1, y 8 bis, y (UE) n.o 1014/2012]
(véanse los apartados 106 a 112 y 120 y el punto 2 del fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania), precisa el alcance de la inmovilización de los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a personas o entidades sujetas a medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Bielorrusia, en el sentido del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 765/2006. (
1
)
En 2020, dos entidades bancarias lituanas inmovilizaron los activos mantenidos en las cuentas bancarias de la sociedad UAB EM SYSTEM (en lo sucesivo, «EM System»), debido a que uno de sus dos accionistas, que posee el 50 % de su capital, había sido incluido en la lista de personas, entidades u organismos sujetos a las medidas restrictivas. (
2
)
Dado que los recursos interpuestos por EM System contra la inmovilización de los activos depositados en sus cuentas fueron desestimados en primera instancia y en apelación, dicha sociedad interpuso un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente alegando que sus capitales no estaban en realidad controlados por el accionista incluido en la lista controvertida.
Al albergar dudas, en particular, sobre los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar si una persona jurídica o una entidad es propiedad o está bajo el control de otra persona o entidad, en el sentido del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 765/2006, dicho órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 765/2006 establece la inmovilización de todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo I de dicho Reglamento.
Al término de una interpretación literal y contextual del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 765/2006, el Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que la inmovilización de capitales en virtud de esta disposición se aplica no solo a las personas y entidades incluidas en la lista que figura en el anexo I de dicho Reglamento, sino también a las personas y entidades que no se mencionan nominalmente en esa lista, siempre que la propiedad, la tenencia o el control de sus capitales y recursos económicos correspondan también a una persona, una entidad o un organismo incluido en la referida lista.
Esta interpretación se ve corroborada por el objetivo perseguido por las medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Bielorrusia, a saber, aumentar la presión sobre el régimen de Lukashenko y obligarle a modificar su comportamiento.
Para alcanzar este objetivo, es necesario, por una parte, que dichas medidas se apliquen a un conjunto de personas, grupos o entidades lo más amplio posible para evitar su elusión. Así pues, se impone una interpretación amplia de los conceptos de «tenencia» y de «control» en el sentido del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 765/2006, que tiene en cuenta las formas, tanto directas como indirectas, de influir en la utilización de los capitales y recursos económicos de una persona, entidad u organismo vinculado a una persona incluida en la lista.
Por otra parte, es imperativo garantizar tanto el efecto sorpresa como la rapidez con la que se imponen tales medidas, para que no sea posible aprovechar fácilmente las lagunas que privarían a dichas medidas de su efecto útil. Pues bien, para evitar el riesgo de que desaparezcan los activos de la persona afectada por las medidas restrictivas en caso de retraso en la aplicación de estas, es primordial que todos los encargados de aplicar el Reglamento n.o 765/2006 puedan decidir la inmovilización de los capitales y recursos económicos contra los que se dirigen dichas medidas lo antes posible.
En este contexto, la utilización de presunciones relativas a la estructura interna de la toma de decisiones de las personas jurídicas afectadas y de criterios claros para determinar que una persona jurídica o entidad es propiedad o está bajo el control de una persona incluida en la lista del anexo I del Reglamento n.o 765/2006 facilita la identificación de los capitales o recursos económicos que deben inmovilizarse, lo que contribuye a dificultar el desarrollo de mecanismos de elusión complejos, a impedir la fuga de fondos y a garantizar, como consecuencia de ello, una aplicación eficaz de las medidas restrictivas.
Entre los criterios pertinentes figuran el hecho de poder disponer o transferir dichos capitales o recursos económicos o, más en general, el hecho de poder ejercer una influencia dominante sobre una persona jurídica, entidad u organismo, en particular mediante el derecho o ejercitando la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos de administración, de dirección o de control. A este respecto, una persona que posee el 50 % del capital de una sociedad puede, en principio, imponer o impedir determinadas decisiones en el seno de dicha sociedad o, al menos, velar por que la actividad de dicha sociedad se desarrolle conforme a su voluntad. Por consiguiente, cabe presumir que una participación del 50 % en el capital de una sociedad permite controlar no solo a dicha sociedad, sino también sus fondos y recursos económicos.
Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal de Justicia concluye que ha de presumirse que los activos depositados en las cuentas bancarias de una sociedad que no está incluida en la lista que figura en el anexo I del Reglamento n.o 765/2006, pero cuyo capital pertenece en un 50 % a una persona incluida en esa lista, son capitales controlados por esa persona o que obran en su poder y que, por lo tanto, deben ser inmovilizados, en el sentido del artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento.
En segundo lugar, incumbe a los Estados miembros establecer un procedimiento que permita a las personas jurídicas, entidades y organismos cuyos capitales o recursos económicos hayan sido inmovilizados por presumirse que están en poder o bajo el control de una persona incluida en la lista del anexo I del Reglamento n.o 765/2006, así como a esa persona, impugnar dicha medida en el marco de un recurso ante las autoridades nacionales y, posteriormente, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, y obtener su levantamiento.
En efecto, según el Tribunal de Justicia, tal presunción de tenencia o de control solo será conforme con el principio de buena administración y con el derecho a la tutela judicial efectiva cuando sea iuris tantum y la persona jurídica, entidad u organismo de que se trate haya podido desvirtuar, en su caso, dicha presunción, demostrando que la persona incluida en la lista del anexo I del Reglamento n.o 765/2006 no tiene en su poder ni controla efectivamente sus capitales o recursos económicos, y haya podido obtener, en consecuencia, el levantamiento de la medida de inmovilización de sus capitales o recursos económicos. Tal facultad de desvirtuar la presunción de tenencia o de control debe concederse también a la persona incluida en dicha lista.
(
1
)	Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo, de 18 de mayo de 2006, relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Bielorrusia (DO 2006, L 134, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 1014/2012, de 6 de noviembre de 2012 (DO 2012, L 307, p. 1).
(
2
)	Anexo I del Reglamento n.o 765/2006, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/2129 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se aplica el artículo 8 bis, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas con respecto a Bielorrusia (DO 2020, L 426 I, p. 1).