62020TJ0631_RES
Asunto T‑631/20
MZ
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Octava ampliada) de 6 de julio de 2022
«Función pública — Funcionarios — Oposición EPSO/AD/363/18 para la contratación de administradores en el ámbito de la fiscalidad — Limitación de la elección de la segunda lengua en la que se realizan las pruebas — No inclusión en la lista de reserva — Excepción de ilegalidad — Admisibilidad — Discriminación por razón de la lengua — Clase de puestos de trabajo que deben proveerse — Justificación — Interés del servicio — Proporcionalidad»
Recursos de funcionarios — Excepción de ilegalidad — Actos cuya ilegalidad puede ser alegada — Convocatoria de oposición — Régimen lingüístico — Admisibilidad — Requisitos — Vínculo jurídico directo entre el acto impugnado y la convocatoria de oposición de que se trate — Alcance — Necesidad de demostrar la posibilidad de haber obtenido una mejor puntuación en las pruebas de no haber existido la limitación lingüística
(Art. 266 TFUE, 270 TFUE y 277 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47)
(véanse los apartados 31 a 48 y 51 a 54)
Funcionarios — Convocatoria de oposición general — Lenguas de participación en las pruebas — Limitación de la elección de la segunda lengua — Discriminación por razón de la lengua — Justificación por el interés del servicio en incorporar a personas inmediatamente operativas — Procedencia — Requisito — Vínculo entre la naturaleza de las funciones correspondientes a los puestos de trabajo que deban proveerse y los conocimientos jurídicos requeridos
[Estatuto de los Funcionarios, arts. 1 quinquies y 28, letra f), y anexo III, art. 1, ap. 1, letra f); Reglamento n.o 1 del Consejo, art. 1]
(véanse los apartados 69 a 71 y 77 a 94)
Resumen
El 11 de octubre de 2018, la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) publicó la convocatoria de oposición general EPSO/AD/363/18. Dicha convocatoria tenía como finalidad la constitución de listas de reservas para la contratación de administradores en los ámbitos de Aduanas y Fiscalidad. La convocatoria de oposición exigía, en particular, como requisito de admisión a la oposición, tener conocimientos de, al menos, dos lenguas oficiales de la Unión Europea, la segunda de las cuales debía ser el inglés o el francés.
La demandante, MZ, de nacionalidad italiana, presentó su candidatura a dicha oposición y eligió el italiano como primera lengua y el francés como segunda lengua (en lo sucesivo, «segunda lengua»). Fue invitada al centro de evaluación donde participó en las pruebas que se realizaron en esta última lengua.
Posteriormente, el presidente del tribunal de oposición comunicó a la demandante la decisión del tribunal de no incluir su nombre en la lista de reserva por no haber obtenido la puntuación mínima exigida en cada una de las pruebas. A raíz de una solicitud de revisión presentada por la demandante, el tribunal de oposición adoptó una decisión (en lo sucesivo, «decisión impugnada») que confirmaba su decisión inicial.
La demandante interpuso, a continuación, un recurso de anulación ante el Tribunal General. A este respecto, invoca, entre otros, un motivo basado en una excepción de ilegalidad del régimen lingüístico establecido en la convocatoria de oposición.
El Tribunal estima el recurso y aporta aclaraciones en cuanto a la admisibilidad de una excepción de ilegalidad de una convocatoria de oposición propuesta por un candidato excluido.
Apreciación del Tribunal
El Tribunal indica, en primer lugar, que, cuando un candidato sufre las consecuencias de una convocatoria de oposición, que es un acto de alcance general, sin haber podido solicitar su anulación en el marco de un recurso que, sin lugar a dudas, habría sido admisible, la admisibilidad de una excepción de ilegalidad no está sujeta a la demostración de la existencia de un vínculo estrecho entre los propios motivos de la decisión individual impugnada y el motivo relativo a la ilegalidad de la convocatoria de oposición no impugnada dentro del plazo establecido.
En tal caso, habida cuenta del principio de tutela judicial efectiva, que implica que un acto que no puede ser objeto de un recurso de anulación debe poder ser objeto de una excepción de ilegalidad, la admisibilidad de la excepción de ilegalidad de un acto de alcance general está sujeta al doble requisito de que el acto individual impugnado se haya adoptado en aplicación directa del acto de alcance general y de que la parte demandante tenga interés en impugnar la decisión individual objeto de la acción principal.
En segundo lugar, por lo que respecta al primer requisito, que consiste en determinar si la decisión impugnada se adoptó en aplicación directa de la convocatoria de oposición, puede alegarse la ilegalidad de lo dispuesto en un acto de alcance general que sea la base de la decisión individual o que tenga un vínculo jurídico directo con dicha decisión. Tal es el caso de una convocatoria de oposición que constituye tanto el marco de legalidad como el marco de apreciación para el tribunal de oposición, y que establece el procedimiento según el cual el tribunal adoptó la decisión impugnada.
En cuanto al segundo requisito, relativo al interés en ejercitar la acción, implica que la excepción de ilegalidad pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que la haya formulado. Pues bien, a este respecto, no cabe exigir a la parte demandante que demuestre que, en ejecución de una sentencia de anulación, obtendría necesariamente una mejor puntuación en las pruebas del centro de evaluación, ya que ello supondría imponerle una prueba imposible de aportar, sino únicamente que demuestre que no cabe excluir la posibilidad de que ello se produzca. A este respecto, en el caso de autos, la preferencia otorgada al inglés o al francés, con exclusión de todas las demás lenguas oficiales de la Unión, puede haber conferido una ventaja en las pruebas a los candidatos para los que una de esas dos lenguas sea la lengua de la que posean un mayor dominio, en detrimento de los demás candidatos para quienes no sea así. Por tanto, la excepción de ilegalidad es admisible.
En tercer lugar, el Tribunal examina la admisibilidad de la justificación relativa a la limitación de la elección de la segunda lengua por la necesidad de contratar a personas inmediatamente operativas. A este respecto, la constatación de que el inglés y el francés son, en principio, las dos lenguas cuyo conocimiento está más extendido en las Direcciones a las que podrían incorporarse los candidatos seleccionados en la oposición no basta, por sí sola, para determinar los conocimientos lingüísticos que podían exigirse objetivamente respecto de las funciones particulares que las personas seleccionadas habrán de ejercer. En efecto, es preciso verificar si, habida cuenta de la clase de puestos de trabajo que deban proveerse, el conocimiento de solo una de estas dos lenguas, como segunda lengua, permite efectivamente que un funcionario que acaba de entrar en funciones sea inmediatamente operativo y, en su caso, comprobar que la exigencia de realizar todas las pruebas del centro de evaluación en la segunda lengua era idónea para responder a tal necesidad. En el caso de autos, si bien el conocimiento extendido del francés en la institución de que se trata no permite excluir que un candidato seleccionado que solo tenga un conocimiento satisfactorio del francés sea, a largo plazo, operativo, no puede sin embargo considerarse, habida cuenta de la clase de puestos de trabajo que deben proveerse, que tal candidato seleccionado sería inmediatamente operativo tal como exige la convocatoria de la oposición.