62024CJ0150_RES
Asunto C‑150/24 [Aroja] (
i
)
A
contra
Rikoskomisario B
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 5 de marzo de 2026
«Procedimiento prejudicial — Política de inmigración — Normas y procedimientos comunes para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — Internamiento a efectos de expulsión — Artículo 15, apartados 5 y 6 — Cálculo del tiempo de internamiento ya cumplido — Suma de todos los períodos de internamiento anteriores — Condiciones — Ejecución de una única decisión de retorno — Artículo 15, apartado 3, segunda frase — Internamiento prorrogado más allá del período máximo inicial establecido en el artículo 15, apartado 5 — Supervisión de una autoridad judicial — Legislación nacional que supedita el inicio del control judicial a que lo solicite la persona internada — Momento en el que debe efectuarse tal control — Consecuencia de la inexistencia de control en tiempo oportuno»
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de inmigración — Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — Internamiento a efectos de expulsión — Duración máxima — Cálculo — Suma de todos los períodos de internamiento cumplidos en un Estado miembro con vistas a la ejecución de una única decisión de retorno
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 6; Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 15, aps. 5 y 6)
(véanse los apartados 53 a 69 y 73 y el punto 1 del fallo)
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de inmigración — Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — Internamiento a efectos de expulsión — Revisión a intervalos razonables — Superación del período máximo de internamiento inicial de seis meses — Obligación de control por una autoridad judicial — Subordinación del ejercicio del control a que lo solicite la persona internada — Improcedencia
(Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 15, aps. 3 y 5)
(véanse los apartados 75 a 79 y el punto 2 del fallo)
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de inmigración — Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — Internamiento a efectos de expulsión — Posible prórroga del internamiento — Decisión de la autoridad administrativa de prorrogar el internamiento más allá del período máximo inicial de seis meses — Supervisión por una autoridad judicial — Obligación de llevar a cabo dicha supervisión lo más rápidamente posible desde la adopción de la decisión administrativa
(Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 15, aps. 2, 3, 5 y 6)
(véanse los apartados 80 a 89 y el punto 3 del fallo)
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de inmigración — Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — Internamiento a efectos de expulsión — Posible prórroga del internamiento — Decisión de la autoridad administrativa de prorrogar el internamiento más allá del período máximo inicial de seis meses — Inexistencia de supervisión por una autoridad judicial en tiempo oportuno — Consecuencias — Levantamiento automático del internamiento — Inexistencia — Requisitos
(Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 15, aps. 1 a 6)
(véanse los apartados 90 a 100 y el punto 4 del fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia), se pronuncia sobre el cálculo de los períodos máximos de internamiento a efectos de expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular y sobre las garantías procedimentales aplicables a los períodos de internamiento prolongados, a la luz del artículo 15 de la Directiva 2008/115. (
1
)
En septiembre de 2022, A, nacional marroquí, llegó ilegalmente a Finlandia, cuando recaía sobre él una prohibición de entrada que abarcaba el espacio Schengen. El día de su llegada, fue internado por primera vez a efectos de su expulsión a Marruecos.
En septiembre de 2023, A fue internado por tercera vez, a efectos de esa misma expulsión. A esa fecha, ya había estado internado durante un período total de cinco meses y veintitrés días. No obstante, según el órgano jurisdiccional remitente, concurrían las condiciones para superar el período máximo inicial de internamiento de seis meses, dado que la ejecución de la expulsión se había retrasado debido, por un lado, a la falta de cooperación de A y, por otro, a que el Reino de Marruecos no había proporcionado la documentación necesaria. Este tercer período de internamiento fue examinado de oficio y mantenido por el Etelä-Karjalan käräjäoikeus (Tribunal de Primera Instancia de Carelia Meridional, Finlandia) después de que pudiera haberse superado el período máximo inicial de internamiento de seis meses.
Al desestimarse su recurso de apelación, A solicitó la anulación de esta resolución ante el órgano jurisdiccional remitente. En apoyo de su recurso, invoca la ilegalidad de su internamiento debido a que la cuestión de la superación del período máximo de seis meses no se había abordado conforme a las normas de procedimiento aplicables. Por su parte, el órgano jurisdiccional remitente considera que una interpretación según la cual deben tomarse en consideración todos los períodos de internamiento cumplidos para apreciar la duración máxima del internamiento puede justificarse por el hecho de que, durante esos períodos, el internamiento de A se basaba en el mismo fundamento jurídico.
A la vista de estos elementos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si los períodos de internamiento consecutivos, interrumpidos por períodos de libertad, deben sumarse sin excepción o si, y por qué motivos, pueden excluirse del cálculo períodos de internamiento anteriores. Por otra parte, se pregunta sobre las exigencias de plazo a las que está sujeto el control judicial de los períodos de internamiento prolongados y sobre las consecuencias de una eventual irregularidad de dicho control.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia interpreta el artículo 15, apartados 5 y 6, de la Directiva 2008/115 en el sentido de que, para comprobar si ha transcurrido el período máximo de internamiento establecido por un Estado miembro en virtud de una de estas disposiciones, deben sumarse todos los períodos de internamiento cumplidos en ese Estado miembro por un nacional de un tercer país en situación irregular con arreglo al artículo 15 de dicha Directiva, con vistas a la ejecución de una única decisión de retorno. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que esos períodos de internamiento se intercalen con períodos de libertad.
En efecto, el Tribunal de Justicia recuerda que todo internamiento de un nacional de un tercer país constituye una injerencia grave en el derecho a la libertad, recogido en el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. También precisa que tal medida tiene por objeto garantizar la efectividad del procedimiento de retorno y no persigue ninguna finalidad punitiva.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia subraya que supeditar la suma eventual de los períodos de internamiento a la presencia de determinadas circunstancias fácticas podría menoscabar el objetivo de garantizar un período máximo de internamiento común en los Estados miembros. Además, la falta de consideración de esos períodos podría suponer, según los casos, una violación del principio de proporcionalidad, que exige que todo internamiento previo a la expulsión sea lo más corto posible.
Por lo que respecta al riesgo de fuga y al hecho de que el nacional de que se trate evite o dificulte la preparación del retorno o del proceso de expulsión, el Tribunal de Justicia señala que estos elementos constituyen motivos que permiten justificar el internamiento. Sin embargo, hacer correr un nuevo plazo de internamiento sobre la base de estos motivos, siendo así que se trata de la ejecución de una única decisión de retorno, podría privar de eficacia al período máximo de internamiento establecido en la Directiva 2008/115. En cuanto a la eventual toma en consideración de otras circunstancias fácticas que caracterizan la situación del nacional de que se trate, no precisadas y por naturaleza variables y subjetivas, expondría a las personas afectadas a un riesgo de arbitrariedad, habida cuenta de la inseguridad jurídica que de ello se derivaría.
En segundo lugar, dado que el control por una autoridad judicial de la decisión de prorrogar el período de internamiento inicial más allá de seis meses debe efectuarse obligatoriamente, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 15, apartado 3, segunda frase, de la Directiva 2008/115 se opone a que el ejercicio del control, por una autoridad judicial, de la superación del período máximo de internamiento inicial de seis meses establecido en virtud del artículo 15, apartado 5, de dicha Directiva se supedite a que lo solicite la persona internada.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia subraya que, ante la inexistencia de normas establecidas por el Derecho de la Unión respecto a las modalidades procedimentales relativas al control judicial de las revisiones del internamiento en caso de períodos de internamiento prolongados, los Estados miembros siguen siendo competentes, conforme al principio de autonomía procesal y sin perjuicio del respeto de los principios de equivalencia y eficacia, para regular estas modalidades, garantizando el respeto de los derechos fundamentales y la plena efectividad de las disposiciones del Derecho de la Unión. Por lo tanto, siempre que respeten esos principios, los Estados miembros no están obligados a establecer que el control, por una autoridad judicial, de la decisión de la autoridad administrativa de prorrogar el internamiento más allá del período máximo inicial de internamiento se produzca antes de que transcurra dicho período. Dicho esto, el principio de equivalencia exige que ese control no se produzca más tarde de lo previsto en el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/115 por lo que respecta a un internamiento, dado que el internamiento y la prórroga del internamiento tienen una naturaleza análoga. Por consiguiente, debe tener lugar lo más rápidamente posible a partir de la adopción de dicha decisión.
En cuarto y último lugar, el Tribunal de Justicia estima que la inexistencia de supervisión por una autoridad judicial, en tiempo oportuno, de la decisión administrativa de prorrogar el internamiento más allá del período máximo inicial de seis meses establecido en el artículo 15, apartado 5, de la Directiva 2008/115 no implica automáticamente la obligación de poner fin inmediatamente al internamiento si, en el momento en que se lleva a cabo ese control judicial, se cumplen todas las condiciones sustantivas que justifican el mantenimiento del internamiento y no ha transcurrido el período máximo de internamiento establecido en el artículo 15, apartado 6, de dicha Directiva. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia recuerda que la obligación de que una autoridad judicial controle las decisiones de las autoridades administrativas por las que se prorroga el internamiento más allá del período máximo inicial de seis meses no figura entre los requisitos de legalidad del internamiento en virtud de la Directiva 2008/115, sino entre los que tienen por objeto garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de los nacionales de terceros países internados por un Estado miembro.
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i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
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1
)	Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98).