62022CO0031
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 1 de agosto de 2022 (
*1
)
«Recurso de casación — Intervención — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas ejecutado por el Reino de Bélgica — Admisión de intervenciones en el marco de un procedimiento de casación contra una sentencia del Tribunal General — Anulación de la decisión del Tribunal General — Devolución del asunto al Tribunal General — Decisión del Tribunal General por la que se deniega unir a los autos del asunto las observaciones escritas sobre la sentencia que procede a dicha devolución presentadas por una parte coadyuvante en el procedimiento de casación — Decisión implícita del Tribunal General de no reconocer a una parte coadyuvante en el procedimiento de casación la condición de coadyuvante ante el Tribunal General — Admisibilidad del recurso de casación — Condición de coadyuvante ante el Tribunal General de una parte coadyuvante en el procedimiento de casación»
En el asunto C‑31/22 P(I),
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 10 de enero de 2022,
Atlas Copco Airpower NV, con domicilio social en Amberes (Bélgica),
Atlas Copco AB, con domicilio social en Nacka (Suecia),
representadas por el Sr. A. von Bonin, Rechtsanwalt, y los Sres. O. W. Brouwer, A. Pliego Selie y T. C. van Helfteren, advocaten,
partes recurrentes,
y en el que las otras partes en el procedimiento son:
Magnetrol International NV, con domicilio social en Zele (Bélgica), representada por los Sres. H. Gilliams y L. Goossens, advocaten,
parte demandante en primera instancia,
Comisión Europea, representada por el Sr. P.‑J. Loewenthal y la Sra. F. Tomat, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. L. Bay Larsen (Ponente), Vicepresidente, los Sres. A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, I. Jarukaitis y N. Jääskinen y la Sra. I. Ziemele, Presidentes de Sala, y los Sres. M. Ilešič, P. G. Xuereb y N. Piçarra, la Sra. L. S. Rossi, los Sres. A. Kumin y N. Wahl y la Sra. O. Spineanu-Matei, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de julio de 2022;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso de casación, Atlas Copco Airpower NV y Atlas Copco AB solicitan la anulación de la decisión del Tribunal General, de 6 de diciembre de 2021, por la que este denegó reconocerles la condición de coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV y unir a los autos de ese asunto las observaciones escritas presentadas por ellas sobre las conclusiones que procede extraer de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), para la solución del litigio en dicho asunto (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).
Marco jurídico
2
El artículo 1, apartado 2, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General establece que, a efectos de la aplicación de dicho Reglamento de Procedimiento, los términos «parte» y «partes», cuando no vayan acompañados de otras indicaciones, designan a cualquiera de las partes procesales, incluidos los coadyuvantes.
3
El artículo 60 del mismo Reglamento de Procedimiento establece que los plazos procesales se ampliarán, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.
4
El artículo 79 de ese Reglamento de Procedimiento dispone lo siguiente:
«En el Diario Oficial de la Unión Europea se publicará un anuncio que contendrá la fecha de presentación de la demanda que inicie el proceso, el nombre de las partes principales, las pretensiones de la demanda y una indicación de los motivos y de las principales alegaciones invocadas.»
5
Los artículos 142 a 145 del mismo Reglamento de Procedimiento establecen las normas que regulan la intervención ante el Tribunal General.
6
El artículo 143, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General establece que «la demanda de intervención solo podrá presentarse dentro de un plazo de seis semanas a partir de la publicación del anuncio contemplado en el artículo 79».
7
A tenor del artículo 215 de dicho Reglamento de Procedimiento:
«Cuando el Tribunal de Justicia anule una sentencia o un auto del Tribunal General y decida devolver el asunto a este último para que resuelva, dicho asunto quedará sometido a la competencia del Tribunal General en virtud de la resolución que acuerde la devolución.»
8
El artículo 217 del mismo Reglamento de Procedimiento tiene el siguiente tenor:
«1.   Si la resolución anulada por el Tribunal de Justicia se adoptó después de que el Tribunal General declarase terminada la fase escrita del procedimiento sobre el fondo del asunto seguido ante él, las partes en el procedimiento ante el Tribunal General podrán presentar sus observaciones escritas sobre las conclusiones que para la solución del litigio procede extraer de la resolución del Tribunal de Justicia, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de esta última resolución. Este plazo no podrá ser prorrogado.
[…]
3.   Si las circunstancias lo justifican, el Presidente podrá autorizar la presentación de escritos de observaciones complementarios.»
9
El artículo 219 del mismo Reglamento de Procedimiento dispone:
«El Tribunal General decidirá sobre las costas relativas, por una parte, a los procedimientos entablados ante dicho Tribunal General y, por otra, al procedimiento de casación seguido ante el Tribunal de Justicia.»
Antecedentes del litigio
10
Mediante la Decisión (UE) 2016/1699, de 11 de enero de 2016, sobre el régimen de ayudas estatales en la forma de exención de los beneficios extraordinarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicado por Bélgica (DO 2016, L 260, p. 61; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), la Comisión Europea consideró que determinadas exenciones concedidas por el Reino de Bélgica constituían un régimen de ayudas, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, que era incompatible con el mercado interior y que se había ejecutado infringiendo el artículo 108 TFUE, apartado 3. La Comisión ordenó recuperar de sus beneficiarios las ayudas así concedidas, beneficiarios cuya lista definitiva debía elaborar el Reino de Bélgica con posterioridad.
Procedimiento ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia y decisión impugnada
11
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal General el 22 de marzo y el 25 de mayo de 2016, el Reino de Bélgica y Magnetrol International NV interpusieron sendos recursos de anulación de la Decisión controvertida, registrados respectivamente con los números T‑131/16 y T‑263/16.
12
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 31 de mayo de 2016, Atlas Copco Airpower y Atlas Copco interpusieron un recurso de anulación contra dicha Decisión, registrado con el número T‑278/16.
13
Mediante escrito de 20 de febrero de 2018, el Secretario del Tribunal General les informó de que el Presidente de la Sala que conocía del asunto había decidido suspender el procedimiento en el asunto T‑278/16 hasta que se resolviera el litigio en los asuntos T‑131/16 y T‑263/16.
14
Mediante auto de 17 de mayo de 2018, el Presidente de la Sala Séptima ampliada del Tribunal General decidió acumular los asuntos T‑131/16 y T‑263/16 a efectos de la fase oral del procedimiento y de la resolución que pone fin al proceso.
15
Mediante sentencia de 14 de febrero de 2019, Bélgica y Magnetrol International/Comisión (T‑131/16 y T‑263/16, EU:T:2019:91), el Tribunal General anuló la Decisión controvertida.
16
El 24 de abril de 2019, la Comisión interpuso un recurso de casación contra dicha sentencia. Este recurso de casación se registró con el número C‑337/19 P.
17
Mediante autos de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International, el Presidente del Tribunal de Justicia admitió la intervención de Anheuser-Busch InBev SA/NV, Ampar BVBA, Atlas Copco Airpower y Atlas Copco (C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:909), así como de Soudal NV y Esko-Graphics BVBA (C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:915) en apoyo de las pretensiones de Magnetrol International.
18
Mediante sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), el Tribunal de Justicia:
–
Anuló la sentencia del Tribunal General de 14 de febrero de 2019, Bélgica y Magnetrol International/Comisión (T‑131/16 y T‑263/16, EU:T:2019:91).
–
Desestimó los motivos primero y segundo del recurso en el asunto T‑131/16 y el primer motivo y la primera parte del tercer motivo del recurso en el asunto T‑263/16.
–
Devolvió el asunto al Tribunal General para que se pronunciase sobre los motivos tercero a quinto del recurso en el asunto T‑131/16 y sobre el segundo motivo, las partes segunda y tercera del tercer motivo y el cuarto motivo en el asunto T‑263/16.
–
Reservó la decisión sobre las costas.
19
El 25 de noviembre de 2021, Atlas Copco Airpower y Atlas Copco remitieron al Tribunal General, con arreglo al artículo 217 de su Reglamento de Procedimiento, observaciones sobre las conclusiones que procede extraer de la sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), para la solución del litigio en el asunto T‑263/16 RENV (en lo sucesivo, «observaciones controvertidas»).
20
Mediante escrito de 6 de diciembre de 2021, notificado a Atlas Copco Airpower y a Atlas Copco el 17 de diciembre de 2021, el Secretario del Tribunal General les informó de que, puesto que estas observaciones no constituían un documento previsto por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el Presidente de la Sala del Tribunal General a la que se había sometido el asunto había decidido no incorporarlas a los autos.
21
Mediante escrito de 29 de diciembre de 2021, dirigido al Presidente del Tribunal General y a sus miembros, Atlas Copco Airpower y Atlas Copco, basándose en particular en el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:909), y en la jurisprudencia del Tribunal General, solicitaron, por una parte, la corrección del «error» cometido por el Tribunal General y, por otra parte, la confirmación de su condición de partes coadyuvantes ante el Tribunal General, solicitando una respuesta en el plazo de cinco días.
Pretensiones de las partes
22
Atlas Copco Airpower y Atlas Copco solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la decisión impugnada.
–
Declare que las recurrentes conservan su condición de partes coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV tras la devolución del asunto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia.
23
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a Atlas Copco Airpower y Atlas Copco.
24
Magnetrol International, que no ha presentado formalmente pretensiones, considera que el Tribunal de Justicia debe confirmar la condición de coadyuvante de Atlas Copco Airpower y de Atlas Copco en el asunto T‑263/16 RENV.
Sobre el recurso de casación
Admisibilidad del recurso de casación
Alegaciones
25
La Comisión alega la inadmisibilidad del recurso de casación.
26
Expone que, si bien el artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que toda persona cuya demanda de intervención sea desestimada podrá interponer un recurso de casación contra la decisión del Tribunal General por la que se desestima dicha demanda, las recurrentes no han presentado, en el caso de autos, ninguna demanda de intervención ante el Tribunal General.
27
Afirma que el Tribunal General adoptó una sola decisión, a saber, la de no unir a los autos del asunto T‑263/16 RENV las observaciones controvertidas. Sin embargo, el recurso de casación no se dirige contra esta decisión. Además, dicha decisión no forma parte de las resoluciones a que se refieren los artículos 56 y 57 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, no puede ser objeto de un recurso de casación.
28
En realidad, según la Comisión, el presente recurso de casación tiene la finalidad de eludir la decisión del Presidente de la Sala del Tribunal General que conoce del asunto T‑278/16 de suspender el procedimiento en dicho asunto hasta que se resuelva el litigio en los asuntos T‑131/16 y T‑263/16, pese a que esta decisión tampoco puede ser objeto de un recurso de casación. Este riesgo de elusión ya fue señalado en el apartado 19 del auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 2019, Consejo/K. Chrysostomides & Co. y otros (C‑597/18 P, no publicado, EU:C:2019:743), en el curso del examen de una demanda de intervención presentada por una parte demandante en un asunto suspendido a consecuencia de la designación de determinados asuntos como asuntos «piloto».
29
Según Atlas Copco Airpower y Atlas Copco, la decisión del Tribunal General de no unir las observaciones controvertidas a los autos del asunto T‑263/16 RENV constituye una negativa a admitirlas como coadyuvantes en dicho asunto, negativa contra la cual se puede interponer un recurso de casación con arreglo al artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Apreciación
30
Con carácter preliminar, para examinar la admisibilidad del recurso de casación, procede determinar el alcance de la decisión contenida en el escrito del Secretario del Tribunal de General de 6 de diciembre de 2021.
31
A este respecto, es preciso señalar que el artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General dispone que, cuando el Tribunal de Justicia anula una resolución del Tribunal General y decide devolverle el asunto para que resuelva una vez finalizada la fase escrita del procedimiento sobre el fondo del asunto seguido ante él, las partes en el procedimiento ante el Tribunal General podrán presentar sus observaciones escritas sobre las conclusiones que para la solución del litigio procede extraer de la resolución del Tribunal de Justicia, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de esta última resolución.
32
Pues bien, es pacífico, en primer lugar, que el presente asunto corresponde al supuesto contemplado en esa disposición y, en segundo lugar, que las observaciones controvertidas se presentaron dentro del plazo previsto en ella, ampliado en el plazo por razón de la distancia fijado en el artículo 60 de dicho Reglamento de Procedimiento, de modo que su desestimación no se basa en la extemporaneidad de su presentación.
33
De ello se deduce que, a pesar de su concisión, el escrito del Secretario del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021, al referirse a la negativa del Tribunal General a unir las observaciones controvertidas a los autos del asunto T‑263/16 RENV por constituir un documento no previsto por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, debe entenderse en el sentido de que refleja la decisión del Tribunal General de no reconocer a las recurrentes la condición de coadyuvantes en el referido asunto, que estas consideran haber adquirido de pleno derecho sobre la base de su admisión a intervenir en el recurso de casación en el asunto C‑337/19 P.
34
En este contexto, debe considerarse que el presente recurso de casación, habida cuenta de que critica dicho escrito en su totalidad y denuncia, en particular, la irregularidad de la negativa del Tribunal General a unir a los autos del asunto T‑263/16 RENV las observaciones controvertidas, tiene por objeto la anulación de la decisión impugnada no solo por cuanto no reconoce a las recurrentes la condición de partes coadyuvantes en ese asunto, sino también porque deniega unir tales observaciones a los autos del citado asunto.
35
Por tanto, procede desestimar la alegación de la Comisión según la cual el presente recurso de casación se dirige contra una decisión que el Tribunal General no ha adoptado.
36
Por lo que respecta al derecho a interponer un recurso de casación contra la decisión impugnada, el artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispone que cualquier persona cuya demanda de intervención hubiere sido desestimada podrá interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la decisión del Tribunal General que haya desestimado su demanda de intervención.
37
En el caso de autos, ciertamente, no se discute que, mediante la decisión impugnada, el Tribunal General no desestimó una demanda de intervención, pues las recurrentes no presentaron tal demanda ante el Tribunal General.
38
Sin embargo, también debe señalarse que el alcance de la decisión —inherente al escrito del Secretario del Tribunal General de 6 de diciembre de 2021— de no reconocer la condición de coadyuvantes a las recurrentes en el asunto T‑263/16 RENV es similar al que habría tenido una decisión del Tribunal General de desestimar una demanda de intervención presentada por las recurrentes, a saber, que ambas privan a una parte que sostiene que, en virtud del artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe disfrutar de una posición procesal específica, sobre la base de su interés en la solución del litigio, del conjunto de derechos aparejados a esa posición.
39
Además, cuando el Tribunal de Justicia ha estimado que un recurso de casación es fundado, ha anulado la resolución del Tribunal General y ha devuelto el asunto ante este último para que resuelva, no cabe razonablemente esperar de una parte coadyuvante en dicho recurso de casación —que considera que tiene, de pleno derecho, la condición de coadyuvante ante el Tribunal General— que presente formalmente una demanda de intervención ante este último órgano jurisdiccional con el único fin de poder interponer un recurso de casación, con arreglo al artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contra la decisión por la que se desestime dicha demanda.
40
En efecto, en cualquier caso, tal demanda solo podría ser desestimada por el Tribunal General por ser extemporánea, puesto que el artículo 143, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de este, en relación con el artículo 79 del mismo Reglamento de Procedimiento, establece que una demanda de intervención debe presentarse en un plazo de seis semanas que comienza a correr a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del anuncio que menciona por primera vez la presentación de la demanda que inicia el proceso en el asunto de que se trate.
41
En este contexto, considerar que un coadyuvante en casación en un asunto —que pretende disfrutar de pleno derecho de la condición de coadyuvante ante el Tribunal General a raíz de la devolución de este asunto a dicho órgano jurisdiccional— no puede interponer un recurso de casación, con arreglo al artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contra una decisión del Tribunal General por la que se le deniega tal condición por el mero hecho de que el Tribunal General no ha desestimado formalmente una demanda de intervención, privaría a la parte afectada de toda tutela judicial que le permita invocar ante el Tribunal General los derechos procesales que, en su opinión, le confiere el artículo 40 de dicho Estatuto, pese a que el artículo 57, párrafo primero, del referido Estatuto tiene precisamente por objeto garantizar esa tutela.
42
En efecto, en el supuesto de que dicho coadyuvante en casación invocara fundadamente su condición de coadyuvante ante el Tribunal General en un asunto que ha sido devuelto a este último por el Tribunal de Justicia, cuestión que debe resolverse en la fase del examen sobre el fondo del presente recurso de casación y que, por tanto, no puede dilucidarse en la fase de la apreciación de su admisibilidad, no tendría ninguna otra vía de recurso para hacer valer sus derechos procesales derivados del artículo 40 del mismo Estatuto.
43
Así, en primer lugar, una parte coadyuvante en casación no puede interponer, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un recurso de casación contra una decisión del Tribunal General que le deniega la condición de coadyuvante en el asunto que el Tribunal de Justicia ha devuelto a dicho órgano jurisdiccional.
44
Esta disposición establece que puede interponerse recurso de casación contra las resoluciones del Tribunal General que pongan fin al proceso, así como contra las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad.
45
En el caso de autos, procede señalar que la decisión impugnada no pone fin al proceso en el asunto T‑263/16 RENV ante el Tribunal General ni dirime, siquiera parcialmente, el fondo del asunto.
46
Además, si bien dicha decisión pone fin, efectivamente, a un incidente procesal relativo a la condición de coadyuvantes de las recurrentes ante el Tribunal General, tal incidente no se refiere a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad.
47
Pues bien, el Tribunal de Justicia ha declarado que los recursos de casación interpuestos con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las resoluciones del Tribunal General que pongan fin a un incidente procesal de naturaleza diferente a la de los incidentes procesales a los que remite dicha disposición deben declararse inadmisibles (véanse, en este sentido, el auto de 4 de octubre de 1999, Comisión/ADT Projekt, C‑349/99 P, EU:C:1999:475, apartados 10 y 11, y la sentencia de 8 de enero de 2002, Francia/Monsanto y Comisión, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, apartado 46).
48
Por otra parte, es preciso señalar que, cuando resuelve un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, el Tribunal General se pronuncia sobre una pretensión de una parte cuyo objetivo consiste en que se ponga fin a un proceso sin entrar en el fondo del asunto, razón por la cual tal resolución debe poder someterse al Tribunal de Justicia sin esperar una eventual resolución sobre el fondo. En cambio, ese no es el caso de una decisión que pone fin a un incidente procesal relativo a una intervención.
49
Así, el Tribunal de Justicia ha considerado que la decisión por la que el Tribunal General estima una demanda de intervención no puede ser objeto de un recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2019, Bayerische Motoren Werke y Freistaat Sachsen/Comisión, C‑654/17 P, EU:C:2019:634, apartados 29 y 30).
50
Habida cuenta de lo anterior, esta solución debe aplicarse también a un recurso de casación interpuesto contra una decisión del Tribunal General en la que se deniega reconocer a un coadyuvante en casación la condición de coadyuvante en un asunto que le ha devuelto el Tribunal de Justicia.
51
En segundo lugar, la interposición de un recurso de casación, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contra la resolución que ponga fin al proceso en el que la persona afectada afirma tener la condición de coadyuvante no le confiere una tutela judicial suficiente, ya que ese recurso solo puede ser interpuesto por las partes ante el Tribunal General y el ejercicio de tal vía de recurso, en cualquier caso, no permitiría preservar la utilidad de una eventual intervención ante el Tribunal General, asegurando la admisión de dicha intervención en una fase del procedimiento en la que dicha intervención puede contribuir de manera efectiva a los debates ante el órgano jurisdiccional.
52
Habida cuenta de lo anterior, la decisión por la que el Tribunal General —al no unir a los autos de un asunto que le ha sido devuelto tras la anulación de su resolución por el Tribunal de Justicia las observaciones de un coadyuvante en casación porque constituyen un documento no previsto por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General— deniega implícitamente a dicho coadyuvante en casación la condición de coadyuvante en ese asunto puede ser objeto de un recurso de casación sobre la base del artículo 57, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
53
El hecho de que esa persona haya interpuesto un recurso de anulación cuyo examen fue suspendido por el Tribunal General a la espera de la resolución que deba adoptarse en el procedimiento en el que esa persona pretende disfrutar de la condición de parte coadyuvante no impide, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, la interposición de un recurso de casación contra la decisión del Tribunal General que le deniega tal condición.
54
Ciertamente, se vulneraría el principio de buena administración de la justicia si las partes recurrentes en los asuntos suspendidos a raíz de la designación de determinados asuntos como asuntos «piloto» estuvieran autorizadas a intervenir en estos últimos por esta única circunstancia (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de septiembre de 2019, Consejo/K. Chrysostomides & Co. y otros, C‑597/18 P, no publicado, EU:C:2019:743, apartado 19).
55
Sin embargo, por una parte, esta consideración se refiere a la fundamentación de la decisión de denegar el reconocimiento de la condición de coadyuvante a una persona que la reivindica y, por tanto, no es pertinente para apreciar la admisibilidad de un recurso de casación interpuesto contra dicha decisión.
56
Por otra parte, si bien la Comisión alega, en esencia, que la admisibilidad de tal recurso de casación permitiría, en la práctica, impugnar ante el Tribunal de Justicia la decisión del Tribunal General de suspender la tramitación de un asunto a pesar de que esta no puede ser objeto de un recurso de casación, procede señalar, en todo caso, que, en el supuesto de anulación de la decisión del Tribunal General por la que se deniega al demandante en el asunto de que se trate la condición de coadyuvante en otro asunto ante el Tribunal General, la referida decisión de suspensión seguiría produciendo todos sus efectos.
57
Habida cuenta de todos estos elementos, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión.
Sobre el fondo
Alegaciones
58
Atlas Copco Airpower y Atlas Copco sostienen, mediante un motivo único, que el Tribunal General incurrió en dos errores de Derecho relativos, el primero, a la negativa a concederles la condición de partes coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV y, el segundo, a la negativa a unir a los autos las observaciones que desean formular sobre las conclusiones que procede extraer de la sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741).
59
En primer lugar, según ha estimado reiteradamente el Tribunal General, interesa a la buena administración de la justicia y a la continuidad del debate contencioso que, cuando se haya admitido la intervención de una parte en un recurso de casación, esta conserve su condición de coadyuvante en caso de devolución del asunto al Tribunal General tras la anulación de su resolución. Por consiguiente, según ellas, las recurrentes deberían haber sido consideradas partes coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV sin tener que presentar una demanda de intervención ante el Tribunal General.
60
En su opinión, esta solución se justifica también, según se deriva de la jurisprudencia del Tribunal General, por la finalidad de permitir a este último resolver sobre las costas cuando el Tribunal de Justicia haya reservado la decisión sobre las costas antes de devolver el asunto en cuestión al Tribunal General. Pues bien, esta es precisamente la situación en el caso de autos.
61
En segundo lugar, afirman que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al decidir no unir a los autos las observaciones controvertidas. Indican que el artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, que no define el concepto de «partes en el procedimiento ante el Tribunal General», no excluye que las partes coadyuvantes en un recurso de casación puedan adquirir la condición de «parte en el procedimiento ante el Tribunal General» con motivo de un procedimiento de casación.
62
La Comisión estima que el Tribunal General podía fundadamente negar a las recurrentes la condición de coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV.
63
Afirma que el artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General autoriza la presentación de observaciones escritas a raíz de la devolución del asunto por el Tribunal de Justicia al Tribunal General, no por «las partes en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia» o «las partes en el recurso de casación», sino únicamente por las «partes en el procedimiento ante el Tribunal General». El artículo 1, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento de Procedimiento precisa el alcance del referido artículo 217, apartado 1, al definir los términos «partes» y «parte» como «cualquiera de las partes procesales, incluidos los coadyuvantes».
64
Dado que, según la Comisión, las recurrentes no pueden invocar la condición de «partes en el procedimiento ante el Tribunal General», estimar el presente recurso equivaldría a crear una categoría de coadyuvantes sui generis que no estaría sujeta al cumplimiento del plazo previsto en el artículo 143, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General ni de los requisitos impuestos por el artículo 143, apartado 2, de dicho Reglamento de Procedimiento. Si se admitiera la intervención de tales partes, la Comisión no tendría la posibilidad de responder a las observaciones presentadas por ellas. Además, en la práctica, esta solución conduciría a eludir las medidas de suspensión de determinados procedimientos, adoptadas para permitir la designación y la tramitación prioritaria de asuntos «piloto».
65
Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal General a la que se refieren las recurrentes se limita a dos resoluciones, la más reciente de las cuales es objeto de un recurso de casación en el que la Comisión impugna la condición de coadyuvante ante el Tribunal General de un coadyuvante en el recurso de casación. Por lo demás, la situación de las recurrentes es distinta de la de las partes en los asuntos que dieron lugar a esas dos resoluciones del Tribunal General.
66
Por otra parte, la solución adoptada por el Tribunal General no vulnera los derechos procesales fundamentales de las partes, puesto que estas, según la Comisión, hubieran podido intervenir ante el Tribunal General siguiendo el procedimiento previsto en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, a condición de cumplir con los plazos aplicables a dicho procedimiento.
Apreciación
67
El artículo 1, apartado 2, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General establece que los términos «parte» y «partes», cuando no vayan acompañados de otras indicaciones, designan, a efectos de dicho Reglamento de Procedimiento, cualquiera de las partes procesales, incluidos los coadyuvantes.
68
No obstante, esta disposición de alcance general no precisa los casos en los que el Tribunal General debe reconocer a una persona la condición de coadyuvante ante él.
69
A este respecto, si bien los artículos 142 a 145 de dicho Reglamento de Procedimiento regulan el régimen de la intervención ante el Tribunal General, estableciendo las normas sobre la presentación de las demandas de intervención y su examen, estos artículos no tratan de la condición que debe reconocerse a las personas cuya intervención en un asunto fue admitida por el Tribunal de Justicia en la fase de recurso de casación cuando el Tribunal de Justicia ha estimado que el recurso de casación es fundado, ha anulado la resolución del Tribunal General y ha devuelto el asunto a este último para que resuelva.
70
De igual manera, los artículos 217 y 218 de ese mismo Reglamento de Procedimiento, que tienen por objeto determinar el desarrollo del procedimiento y las normas aplicables a este en los procedimientos seguidos tras la anulación de una resolución del Tribunal General y la devolución del asunto a este último, tampoco contienen ninguna norma que precise la condición, en tales procedimientos, de los coadyuvantes en un recurso de casación.
71
En este contexto, es preciso señalar, como subrayan las recurrentes, que el examen de un asunto por el Tribunal General a raíz de una resolución del Tribunal de Justicia que anula la resolución del Tribunal General y le devuelve dicho asunto se sitúa en la continuidad del procedimiento de casación sustanciado ante el Tribunal de Justicia.
72
Esta continuidad queda expresamente reflejada en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. En primer lugar, se desprende del artículo 215 de dicho Reglamento de Procedimiento que el asunto queda directamente sometido a la competencia del Tribunal General en virtud de la resolución del Tribunal de Justicia por la que anula la resolución del Tribunal General y le devuelve el asunto para que resuelva. A continuación, con arreglo al artículo 217 de dicho Reglamento de Procedimiento, el plazo establecido para presentar observaciones sobre las conclusiones que procede extraer de esta resolución del Tribunal de Justicia para la solución del litigio empieza a correr a partir de la notificación de dicha resolución. Por último, el artículo 219 del mismo Reglamento de Procedimiento establece que el Tribunal General decide sobre las costas relativas no solo a los procedimientos entablados ante el Tribunal General sino también al procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia.
73
Además, con arreglo al artículo 61, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación por el Tribunal de Justicia de una resolución del Tribunal General y de devolución del asunto a este último, el Tribunal General está vinculado por las cuestiones de Derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Justicia.
74
Por consiguiente, incumbe al Tribunal General, al examinar de nuevo el recurso formulado en primera instancia a raíz de la devolución del asunto ante él, determinar las consecuencias, para la solución del litigio entre las partes, de la sentencia del Tribunal de Justicia que se pronuncia sobre el recurso de casación.
75
La presentación, en tal contexto, de observaciones por las partes, autorizada por el artículo 217 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, tiene precisamente por objeto permitirles exponer su postura en cuanto a las referidas consecuencias sobre la solución del litigio y completar la información del Tribunal General a este respecto.
76
Así pues, esta disposición tiene por finalidad garantizar —a semejanza del artículo 172 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que permite a todas las partes en el asunto de que se trate ante el Tribunal General que tengan interés en la estimación o en la desestimación del recurso de casación presentar un escrito de contestación ante el Tribunal de Justicia— la continuidad del debate contencioso en la tramitación de un mismo asunto ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.
77
Pues bien, en primer lugar, el reconocimiento por el Tribunal de Justicia de que una persona tiene la condición de parte coadyuvante supone, con arreglo al artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dicha persona ha podido demostrar un interés en la solución del litigio sometido al Tribunal de Justicia.
78
Por tanto, el hecho de negar a un coadyuvante en casación la condición de coadyuvante ante el Tribunal General cuando el asunto ha sido devuelto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia tiene como consecuencia, en la medida en que esa persona ya no puede presentar una demanda de intervención ante el Tribunal General por el motivo expuesto en el apartado 40 del presente auto, privar a dicha persona de toda posibilidad de presentar observaciones ante el Tribunal General sobre las consecuencias que procede extraer de una resolución del Tribunal de Justicia que, sin embargo, incide en sus intereses.
79
El artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece además que las personas que demuestran un interés pueden intervenir en los «litigios». Pues bien, se desprende de los artículos 55 y 56 de dicho Estatuto, al menos en su versión francesa, que el concepto de «litigio», en la medida en que se refiere a la controversia entre las partes, se distingue del de «proceso», que se refiere al procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional que conoce del litigio.
80
Ciertamente, no cabe excluir totalmente que, en determinados casos, en particular cuando el Tribunal de Justicia se haya pronunciado definitivamente sobre determinados aspectos de un asunto antes de devolverlo al Tribunal General, un coadyuvante en casación ya no tenga interés en la solución del litigio planteado ante el Tribunal General. No obstante, esta circunstancia no puede justificar, por sí sola, que no pueda reconocerse a un coadyuvante en casación la condición de coadyuvante en un asunto que ha sido devuelto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia, dado que corresponde a los órganos jurisdiccionales de la Unión comprobar, en el curso del procedimiento, que persiste el interés que justificó la intervención (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C‑199/92 P, EU:C:1999:358, apartados 52 a 55).
81
En el caso de autos, como subrayan las recurrentes, su demanda de intervención ante el Tribunal de Justicia fue estimada porque tenían interés en que la anulación ex tunc y erga omnes de la Decisión controvertida dictada por el Tribunal General alcanzara firmeza (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International, C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:909, apartado 17), anulación que constituye precisamente el objeto del procedimiento en el asunto T‑263/16 RENV en el que las recurrentes alegan poder intervenir.
82
En segundo lugar, procede señalar que la solución adoptada por el Tribunal General en la decisión impugnada implica supeditar la continuidad del debate contencioso en un asunto y el alcance de los efectos de la admisión de una parte a intervenir ante el Tribunal de Justicia a la decisión de este último, adoptada con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de resolver él mismo definitivamente el litigio o, por el contrario, de devolver el asunto al Tribunal General.
83
En efecto, como señaló el Abogado General en el punto 87 de sus conclusiones, cuando el Tribunal de Justicia resuelve definitivamente el litigio, en lugar de devolver el asunto al Tribunal General, el coadyuvante en casación puede formular sus alegaciones ante el órgano jurisdiccional de la Unión que debe pronunciarse sobre el recurso formulado en primera instancia, pero se le priva de tal facultad en caso de devolución del asunto al Tribunal General.
84
En tercer lugar, la solución adoptada por el Tribunal General resulta tanto más susceptible de afectar a la continuidad del debate contencioso ante los órganos jurisdiccionales de la Unión cuanto que el coadyuvante en casación debería poder intervenir de nuevo en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, respetando los requisitos establecidos en el artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en las disposiciones pertinentes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en caso de que se interpusiera un recurso de casación contra una nueva resolución del Tribunal General adoptada a raíz de la devolución del asunto ante él por el Tribunal de Justicia, y tendría, en consecuencia, que intervenir de modo intermitente en el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión en el marco de un único litigio.
85
En cuarto lugar, procede señalar que el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establece que este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado o cuando, siendo este fundado, dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
86
De esta disposición se desprende, a contrario, que, cuando el recurso de casación sea fundado, pero el Tribunal de Justicia devuelva el asunto al Tribunal General, el primero no decidirá sobre las costas.
87
En tal caso, incumbe necesariamente al Tribunal General decidir sobre las costas correspondientes al procedimiento de casación, como prevé expresamente, por otra parte, el artículo 219 de su Reglamento de Procedimiento.
88
Por consiguiente, negar a un coadyuvante en casación la condición de coadyuvante en un asunto que ha sido devuelto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia implicaría, cuando se hubieran presentado pretensiones ante el Tribunal de Justicia con el fin de que otra parte cargue con las costas de dicho coadyuvante o de condenar a este a cargar con las costas de otra parte, o bien que tales pretensiones no sean examinadas por un órgano jurisdiccional de la Unión, o bien que el Tribunal General deba pronunciarse sobre pretensiones referidas a una persona que no es parte en el procedimiento que se sigue ante él y que, por tanto, no ha podido defender sus pretensiones en el marco de tal procedimiento.
89
Así sucede precisamente en el presente asunto.
90
En efecto, en el caso de autos, cada una de las recurrentes y la Comisión han solicitado la condena de la otra parte al pago de las costas correspondientes al procedimiento de casación en el asunto C‑337/19 P.
91
Dado que, en la sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), el Tribunal de Justicia reservó la decisión sobre las costas, el Tribunal General, como alegan las recurrentes, deberá resolver, al examinar el asunto T‑263/16 RENV, sobre el reparto de las costas correspondientes al procedimiento de casación en el asunto C‑337/19 P entre las recurrentes y otras partes en ese procedimiento de casación.
92
En quinto lugar, las alegaciones formuladas por la Comisión contra el reconocimiento a un coadyuvante en casación de la condición de coadyuvante en un asunto que ha sido devuelto al Tribunal General por el Tribunal de Justicia no pueden prosperar.
93
Así, en primer término, si bien el reconocimiento de la condición de parte coadyuvante ante el Tribunal General a una parte coadyuvante en el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia no está regulado por las normas previstas en el artículo 143 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, no puede considerarse que tal intervención ante el Tribunal General esté autorizada al margen de cualquier requisito de fondo o de forma. En efecto, el Tribunal de Justicia debe haber admitido previamente la intervención ante él de la persona en cuestión, en las condiciones definidas en el artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en las disposiciones pertinentes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
94
Además, el hecho de que esta solución permita a una parte presentar observaciones a las que las otras partes en el procedimiento ante el Tribunal General no puedan responder es irrelevante puesto que, por un lado, el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General no confiere, de manera general, un derecho a responder a las observaciones presentadas con arreglo al artículo 217 de dicho Reglamento de Procedimiento y, por otro lado, el artículo 217, apartado 3, de ese Reglamento de Procedimiento establece, no obstante, que, si las circunstancias lo justifican, se puede autorizar la presentación de escritos de observaciones complementarios.
95
Por último, en cuanto a la alegación de la Comisión según la cual el hecho de reconocer la condición de coadyuvante ante el Tribunal General a un coadyuvante en casación que es también demandante en un asunto suspendido por dicho órgano jurisdiccional, en el marco de la designación de un asunto «piloto», implicaría la elusión de la referida decisión de suspensión, es preciso resaltar que tal decisión de suspensión no puede tener por efecto obstaculizar la admisión de la intervención de ese demandante ante un órgano jurisdiccional de la Unión, cuando tal intervención deba autorizarse en virtud del artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (véase, en este sentido, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International, C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:909, apartados 14 y 18 y jurisprudencia citada).
96
Habida cuenta de los elementos anteriores, procede considerar que dicho artículo 40, el respeto de los derechos procesales garantizados a los coadyuvantes por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y el principio de buena administración de la justicia obligan, en el marco de una articulación coherente de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y ante el Tribunal General, a que un coadyuvante en casación goce de pleno derecho de la condición de coadyuvante ante el Tribunal General cuando se devuelva un asunto a este órgano jurisdiccional tras la anulación por el Tribunal de Justicia de una resolución del Tribunal General.
97
Pues bien, es pacífico en el caso de autos, por una parte, que, mediante el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 2019, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, no publicado, EU:C:2019:909), se admitió la intervención de Atlas Copco Airpower y Atlas Copco ante el Tribunal de Justicia en el asunto C‑337/19 P y que, por otra parte, mediante la sentencia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General de 14 de febrero de 2019, Bélgica y Magnetrol International/Comisión (T‑131/16 y T‑263/16, EU:T:2019:91), y devolvió los asuntos T‑131/16 y T‑263/16 al Tribunal General para que resolviera sobre algunos de los motivos invocados en ellos.
98
De esto se deduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al negar a las recurrentes la condición de partes coadyuvantes ante él en el asunto T‑263/16 RENV.
99
Por tanto, debe estimarse el motivo único formulado por las recurrentes y anular la decisión impugnada.
Sobre el litigio ante el Tribunal General
100
De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando el Tribunal de Justicia anule la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia puede resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
101
En el caso de autos, se desprende de los apartados 96 a 98 del presente auto que Atlas Copco Airpower y Atlas Copco tienen, de pleno derecho, la condición de coadyuvantes ante el Tribunal General en dicho asunto y disponen, en consecuencia, de todos los derechos inherentes a esa condición. En particular, disponen del derecho a presentar observaciones con arreglo al artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
102
Por tanto, corresponde al Tribunal General adoptar las medidas procesales que se derivan de dicha condición.
Costas
103
Con arreglo al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando el recurso de casación sea fundado y el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio, decidirá también sobre las costas.
104
A tenor del artículo 138, apartado 1, del referido Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
105
Pues bien, aunque se han desestimado las pretensiones de la Comisión, Atlas Copco Airpower, Atlas Copco y Magnetrol International no han solicitado su condena en costas. Por tanto, cada una de las partes cargará con sus propias costas correspondientes al presente procedimiento de casación.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) resuelve:
1)
Anular la decisión del Tribunal General, de 6 de diciembre de 2021, por la que se deniega reconocer a Atlas Copco Airpower NV y a Atlas Copco AB la condición de coadyuvantes en el asunto T‑263/16 RENV y unir a los autos de ese asunto las observaciones escritas presentadas por ellas sobre las conclusiones que procede extraer de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2021, Comisión/Bélgica y Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741), para la solución del litigio en dicho asunto.
2)
Atlas Copco Airpower, Atlas Copco, Magnetrol International NV y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.