SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 19 de noviembre de 2025 (*)
« Derecho institucional — Miembro del Parlamento Europeo — Acoso psicológico — Decisiones de la presidenta del Parlamento por las que se declara la existencia de acoso psicológico a un asistente parlamentario acreditado y se impone una amonestación a un miembro del Parlamento — Derecho de defensa — Principio de buena administración — Plazos del procedimiento — Desviación de poder — Concepto de “acoso” — Artículo 12 bis del Estatuto de los Funcionarios — Error de apreciación »
En el asunto T‑173/24,
DI, representado por los Sres. S. Rodríguez Bajón y A. Gómez-Acebo Dennes, abogados,
parte demandante,
contra
Parlamento Europeo, representado por las Sras. E. Despotopoulou y D. Boytha y por el Sr. I. Lázaro Betancor, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado, durante las deliberaciones, por el Sr. R. da Silva Passos, Presidente, y las Sras. I. Reine y T. Pynnä (Ponente), Jueces;
Secretaria: Sra. P. Núñez Ruiz, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 8 de mayo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, el demandante, DI, solicita la anulación de las decisiones de la presidenta del Parlamento Europeo de 30 de enero de 2024 mediante las cuales esta, en primer lugar, consideró que determinadas conductas atribuidas al demandante, consideradas individualmente y en su conjunto, constituían, en el sentido del artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), acoso psicológico (en lo sucesivo, «decisión por la que se declara el acoso») y, en segundo lugar, impuso a aquel una amonestación (en lo sucesivo, «decisión sobre la sanción»).
I.      Antecedentes del litigio
2        El demandante fue miembro del Parlamento durante la legislatura 2019‑2024.
3        El 18 de julio de 2022, una persona (en lo sucesivo, «denunciante») que desempeñaba las funciones de asistente parlamentario acreditado (en lo sucesivo, «APA») del demandante presentó contra este una queja por acoso psicológico ante la Dirección General (DG) de Personal del Parlamento, solicitando asistencia al amparo del artículo 24 del Estatuto.
4        La DG de Personal llevó a cabo un estudio preliminar de los hechos alegados por el denunciante. En tal contexto, el denunciante fue oído el 26 de agosto de 2022.
5        El 31 de agosto de 2022, la DG de Personal transmitió al Comité Consultivo del Parlamento Europeo para las quejas por acoso que afectan a diputados (en lo sucesivo, «Comité») su estudio preliminar elaborado a efectos de establecer la existencia de indicios razonables de acoso psicológico.
6        El 15 de septiembre de 2022, el denunciante completó su queja con nuevas pruebas.
7        El 11 de octubre de 2022, el Comité decidió abrir una investigación y facilitó al demandante un resumen de la queja y las pruebas no confidenciales que servían de base a esta.
8        El 24 de octubre de 2022, el demandante remitió sus observaciones escritas sobre el resumen de la queja y sobre las pruebas facilitadas.
9        El 15 de noviembre de 2022, el demandante compareció ante el Comité.
10      El 6 de enero de 2023, el denunciante respondió a una solicitud de información adicional del Parlamento.
11      El 8 de marzo de 2023, el Comité emitió su informe final.
12      El 3 de mayo de 2023, la presidenta del Parlamento remitió al demandante una versión no confidencial del informe del Comité.
13      El 7 de junio de 2023, la presidenta del Parlamento oyó al demandante en relación con el informe del Comité.
14      El 29 de junio de 2023, el Parlamento envió al demandante una versión no confidencial, traducida al español, del informe del Comité.
15      El 20 de julio de 2023, el demandante presentó sus observaciones a la presidenta del Parlamento. Estas fueron traducidas y posteriormente remitidas al Comité, que las examinó en sus reuniones de 26 de septiembre y de 11 de octubre de 2023.
16      El 12 de octubre de 2023, el Comité dio a la presidenta del Parlamento su opinión sobre las observaciones del demandante.
17      El 30 de enero de 2024, la presidenta del Parlamento adoptó la decisión por la que se declara el acoso y la decisión sobre la sanción (en lo sucesivo, conjuntamente, «decisiones impugnadas»). En la decisión por la que se declara el acoso, la presidenta del Parlamento consideró que el demandante había cometido acoso psicológico contra el denunciante en la medida en que, en primer lugar, había exigido a este disponibilidad de veinticuatro horas al día y de siete días a la semana, incluso durante los días festivos y las vacaciones; en segundo lugar, le había dirigido en repetidas ocasiones comentarios amenazadores, insultantes o hirientes; en tercer lugar, le había pedido que realizara tareas domésticas ajenas a sus funciones, y, en cuarto lugar, le había dado una orden contradictoria. En la decisión sobre la sanción, la presidenta del Parlamento impuso al demandante la sanción de amonestación por su comportamiento para con el denunciante.
18      El 28 de febrero de 2024, la presidenta del Parlamento pronunció en sesión plenaria la decisión sobre la sanción.
II.    Pretensiones de las partes
19      El demandante solicita al Tribunal General que:
–        Anule las decisiones impugnadas.
–        Anule «cualquier actuación conexa» con las decisiones impugnadas.
–        Condene en costas al Parlamento.
20      El Parlamento solicita al Tribunal General que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas al demandante.
III. Fundamentos de Derecho
21      En apoyo de su recurso, el demandante invoca cinco motivos, basados, el primero, en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a una buena administración, el segundo, en el incumplimiento de los plazos del procedimiento, el tercero, en una desviación de poder, el cuarto, en errores de apreciación y, el quinto, en el incumplimiento de la obligación de confidencialidad debido a filtraciones relativas a la investigación del Comité.
A.      Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión
22      Mediante su segunda pretensión, el demandante solicita la anulación de «cualquier actuación conexa» con las decisiones impugnadas, a saber, cualquier acto que se base en estas.
23      El Parlamento considera que debe declararse la inadmisibilidad de la segunda pretensión, ya que incumbe al demandante identificar con precisión los actos cuya anulación solicita al Tribunal General.
24      Es preciso recordar que, en virtud del artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al procedimiento ante el Tribunal General con arreglo al artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto y al artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la demanda que inicia el procedimiento ha de indicar el objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal General ejercer su control jurisdiccional, en su caso, sin apoyarse en otros datos (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2024, RS/BEI, T‑624/22, no publicada, EU:T:2024:461, apartado 49).
25      En el presente asunto, el demandante no identifica otra actuación conexa con las decisiones impugnadas que no sea la lectura pública de la sanción que le fue impuesta. Según él, la anulación o la revocación de esa lectura no es sino la consecuencia de la anulación de las decisiones impugnadas.
26      El demandante no ha identificado en la demanda los actos a los que se refiere su segunda pretensión, de modo que esta debe declararse inadmisible por falta de precisión en cuanto a su objeto. Por lo que respecta a las puntualizaciones que se aportaron en la fase de réplica, estas son extemporáneas. Así pues, no pueden subsanar la falta de precisión que se ha señalado.
27      Por consiguiente, procede declarar inadmisible la segunda pretensión.
B.      Sobre el primer motivo de recurso, basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a una buena administración
28      Mediante su primer motivo de recurso, el demandante sostiene que, en varias ocasiones durante el desarrollo del procedimiento, el Comité no respetó su derecho de defensa, consagrado en el artículo 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), ni su derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta. El primer motivo de recurso se compone, en esencia, de seis partes.
29      En primer término, la decisión del Comité de llamar a declarar únicamente a uno de los cinco testigos que el demandante había propuesto vulneró, a juicio de este, su derecho de defensa. Según afirma, los testimonios propuestos eran pertinentes y relevantes para su defensa, ya que los testigos formaban parte de su equipo y estaban directamente vinculados con los hechos del presente asunto.
30      En segundo término, el demandante aduce que el Comité tendría que haber indicado la razón por la que rechazó a cuatro de los testigos por él propuestos.
31      En tercer término, el demandante alega que la apreciación de que la declaración del testigo que él había propuesto no era creíble habida cuenta de la situación profesional de tal testigo debería haberse aplicado igualmente a los testigos propuestos por el denunciante.
32      En cuarto término, el demandante considera que no tuvo la posibilidad de conocer determinadas pruebas aportadas por el denunciante sobre las alegaciones de este en relación con la realización de tareas domésticas. Según el demandante, del informe del Comité se desprende que el denunciante amplió su queja en su escrito de 6 de enero de 2023, incorporando nuevos hechos sobre la realización de tareas ajenas a su cargo. El demandante sostiene que no tuvo conocimiento de ello hasta que recibió el informe del Comité, de modo que no pudo construir una defensa eficaz para refutar esos nuevos hechos.
33      En quinto término, el demandante estima que no tuvo la posibilidad de desarrollar su defensa en la misma medida que el denunciante. Este completó su queja el 15 de septiembre de 2022, cuando el estudio preliminar ya había sido elevado al Comité. El demandante afirma que no ha tenido tantas oportunidades de actualizar sus alegaciones.
34      En sexto término, el demandante considera que no pudo tener conocimiento del acta o, al menos, de un resumen de las declaraciones de los testigos examinados por el Comité. Según señala, el informe del Comité no contenía la transcripción, ni siquiera parcial, de las declaraciones de los testigos. Añade que, en el anexo II de la versión no confidencial que se le envió, se suprimió el resumen de la comparecencia de aquellos. Por consiguiente, el demandante afirma no haber podido formular eficazmente sus observaciones.
35      El Parlamento rebate estas alegaciones.
1.      Aplicabilidad del artículo 48, apartado 2, de la Carta
36      Según el Parlamento, el demandante no está legitimado para invocar un motivo basado en la vulneración del derecho de defensa, en el sentido del artículo 48 de la Carta, en el procedimiento ante el Comité.
37      Para el conjunto de este motivo de recurso, el demandante invoca la vulneración de su derecho de defensa, consagrado en el artículo 48, apartado 2, de la Carta, y de su derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41, apartados 1 y 2, de la Carta.
38      A este respecto, el Tribunal General ya ha señalado que un procedimiento de esta índole no revestía carácter penal, por lo que el artículo 48, apartado 2, de la Carta no era de aplicación al asunto de que se trataba (sentencia de 15 de octubre de 2025, VZ/Parlamento, T‑223/23, no publicada, EU:T:2025:958, apartado 59). En cambio, de la jurisprudencia se desprende que el principio general de respeto del derecho de defensa se aplica cuando, como ocurre en el presente asunto, el procedimiento incoado puede dar lugar, y ha dado lugar, a una sanción por acoso contra un miembro del Parlamento (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de febrero de 2021, Moi/Parlamento, T‑17/19, EU:T:2021:51, apartados 97 a 102 y jurisprudencia citada).
39      El derecho de defensa comprende el derecho a ser oído y el derecho a acceder al expediente. Si se trata, más concretamente, de un procedimiento destinado a demostrar la existencia de acoso, el principio general de respeto del derecho de defensa implica que, con observancia de las eventuales exigencias de confidencialidad, se faciliten a la persona incursa en él, antes de la adopción de la decisión que le sea lesiva, todos los documentos del expediente, de cargo y de descargo, relativos a dicho acoso y que esa persona sea oída sobre ellos (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de febrero de 2021, Moi/Parlamento, T‑17/19, EU:T:2021:51, apartados 101 y 103 y jurisprudencia citada).
40      Se ha de recordar además que el artículo 41, apartado 2, letras a) y b), de la Carta, que es igualmente aplicable al asunto que nos ocupa, establece que el derecho a una buena administración incluye el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente y el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial.
41      Por consiguiente, procede examinar si, como aduce el demandante, en el presente asunto se ha violado el principio general de respeto del derecho de defensa y se ha infringido el artículo 41, apartado 2, de la Carta.
2.      Primera parte del primer motivo de recurso, relativa a la negativa del Parlamento a oír a testigos propuestos por el demandante
42      Según el demandante, cuatro de los testigos que él propuso y que el Comité rechazó eran pertinentes y relevantes para su defensa.
43      En lo que atañe a esos testimonios propuestos por el demandante y rechazados por el Comité, procede señalar que, según el demandante, estos eran pertinentes por las siguientes razones.
44      El primer testigo, sustituto del denunciante, tenía, según el demandante, pleno conocimiento del tipo de trabajo que requería el puesto y del ambiente de trabajo existente en el equipo.
45      El segundo testigo, miembro de la oficina del demandante y con posterioridad jefa de dicha oficina, podía dar cuenta de la carga de trabajo y del tipo de relación que el demandante mantenía con su equipo.
46      El tercer testigo, jefa de los servicios administrativos de la delegación del partido político del demandante, sabía, según este, que el denunciante estaba intentado obtener otro puesto de trabajo. Además, este testigo podría haber aclarado que jamás se pensó en despedir al denunciante.
47      El cuarto testigo, amigo del denunciante, podría, según señala el demandante, haber dado fe de que el denunciante se excusaba ante terceros señalando que se encontraba trabajando, cuando, en realidad, estaba participando en numerosas reuniones de amigos y compañeros que se celebraban al final de las jornadas laborables o durante los fines de semana. El demandante considera que este tipo de actitud pone en entredicho la credibilidad de las afirmaciones del denunciante.
48      A este respecto, el artículo 9, apartado 4, de la Decisión de la Mesa, de 2 de julio de 2018, sobre el funcionamiento del Comité y los procedimientos para la tramitación de quejas (en lo sucesivo, «Decisión de la Mesa»), dispone que, sobre la base del estudio preliminar, el Comité evaluará, entre otras cosas, si se ha de oír a testigos.
49      Además, según la jurisprudencia, la entidad responsable de una investigación administrativa, a la que corresponde tramitar de forma proporcionada los expedientes que se le someten, dispone de una amplia facultad de apreciación en lo que respecta a la dirección de la investigación y, en particular, a la evaluación de la calidad y la utilidad de la cooperación de los testigos (véase la sentencia de 3 de octubre de 2019, DQ y otros/Parlamento, T‑730/18, EU:T:2019:725, apartado 77 y jurisprudencia citada). Por otra parte, la referida entidad no tiene en ningún caso la obligación de convocar a todos los testigos propuestos por las partes del asunto (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, apartado 187).
50      A este respecto, de la decisión por la que se declara el acoso se desprende que la determinación de no oír a cuatro de los testigos propuestos por el demandante se deriva del examen de la calidad de estos y de la utilidad de sus testimonios para dirigir la investigación. Como defiende el Parlamento, para el Comité tienen utilidad, en el sentido de la jurisprudencia antes citada, los testimonios de las personas que hayan observado directamente las situaciones acaecidas entre las partes y el comportamiento del miembro del Parlamento hacia la parte que formula la queja, con el fin de comprobar las alegaciones formuladas en esta.
51      Pues bien, por lo que respecta a los testigos primero y segundo, el Parlamento expone, sin que el demandante lo haya rebatido, que estas personas fueron contratadas tras el comienzo de la baja por enfermedad del denunciante y, por tanto, no pudieron presenciar ninguna de las interacciones mencionadas en la queja. Por lo que respecta a los testigos tercero y cuarto, el demandante no indica que estos hubieran presenciado cualesquiera de las interacciones mencionadas en la queja. Es más, el testimonio de estos últimos no parecía ir a referirse específicamente a las alegaciones formuladas en la queja, sino más bien a las aspiraciones profesionales del denunciante y a la manera en que este ocupaba su tiempo libre. Así pues, el Comité podía considerar, fundadamente, que la cooperación de esos cuatro testigos no habría tenido ninguna utilidad, en el sentido de la jurisprudencia citada en apartado 49 de la presente sentencia, a efectos de dirigir la investigación.
52      En consecuencia, el demandante no puede demostrar que el Comité se excediera en el uso de su amplia facultad de apreciación por no haber recabado los testimonios de esos cuatro testigos.
53      A la luz de estas consideraciones, procede desestimar la primera parte del primer motivo de recurso.
3.      Segunda parte del primer motivo de recurso, relativa a la supuesta falta de motivación de la elección de los testigos
54      El demandante aduce que el Comité tendría que haber indicado la razón por la que rechazó a cuatro de los testigos por él propuestos.
55      El artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta establece que el derecho a una buena administración incluye la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.
56      Según el artículo 10 de la Decisión de la Mesa, el Comité transmitirá al presidente del Parlamento un dictamen motivado sobre la existencia o no del acoso denunciado.
57      Por lo tanto, es preciso considerar que el informe del Comité no es más que un dictamen sobre el supuesto acoso, destinado al presidente del Parlamento, pero no una resolución. Además, la Decisión de la Mesa no obliga al Comité a motivar la dirección de su procedimiento.
58      En cualquier caso, en la decisión por la que se declara el acoso, la presidenta del Parlamento respondió, de manera concisa, a la observación del demandante sobre la falta de motivación por lo que respecta a la decisión del Comité de no oír a cuatro de los testigos que aquel había propuesto. La presidenta informó al demandante, en esencia, de que el Comité no estaba obligado a convocar a todos los testigos propuestos por las partes y de que la determinación que el Comité había tomado de no recabar los testimonios de todos los testigos propuestos por el demandante derivaba de un examen de la calidad y de la utilidad de esos testimonios. Así pues, la decisión por la que se declara el acoso contiene una explicación sobre la elección de los testigos.
59      De lo anterior se sigue que procede desestimar la segunda parte del primer motivo de recurso.
4.      Tercera parte del primer motivo de recurso, relativa a la credibilidad de los testigos
60      Según el demandante, el Parlamento consideró que la declaración de un testigo que el propio demandante había propuesto no era creíble habida cuenta de la situación profesional de tal testigo y, más concretamente, del vínculo existente entre ellos. Ahora bien, el demandante señala que los vínculos existentes entre un testigo y la parte interesada no pueden ser un criterio para apreciar la credibilidad del primero. Es más, a su juicio, igual reparo debería haberse aplicado igualmente a los testigos propuestos por el denunciante.
61      A este respecto, es preciso señalar que, en el punto 5.1.3 del informe del Comité, relativo a los testigos, se indica lo siguiente:
«De los tres testigos que escuchó el Comité, uno se consideró creíble. De los otros dos testigos, uno se consideró parcialmente creíble y el otro, no creíble, debido a algunas contradicciones flagrantes entre su testimonio y las pruebas escritas y el testimonio tanto del diputado como del denunciante. Al evaluar el testimonio de los testigos, el Comité también tuvo en cuenta su situación profesional.»
62      A la luz de esta constatación, la alegación del demandante se basa únicamente en suposiciones, toda vez que la credibilidad de los testigos fue evaluada sobre la base de la coherencia de estos con las pruebas escritas y con los testimonios del demandante y del denunciante. Al mencionar la situación profesional como elemento que se tuvo en cuenta, el Comité no hizo distinciones entre testigos.
63      Por consiguiente, procede desestimar la tercera parte del primer motivo de recurso.
5.      Cuarta parte del primer motivo de recurso, relativa a la inexistencia de acceso al escrito de 6 de enero de 2023
64      El demandante alega que no pudo defenderse frente a nueva información sobre las tareas domésticas presentada en el escrito de 6 de enero de 2023, de la que tuvo conocimiento cuando recibió el informe del Comité.
65      Es preciso reseñar que, en el punto 1.1 del informe del Comité, se indica que, el 16 de diciembre de 2022, el Comité solicitó información adicional al denunciante y que este facilitó su respuesta el 6 de enero de 2023. En el informe del Comité, no hay otras referencias a este intercambio. En la decisión por la que se declara el acoso, la presidenta del Parlamento indicó que el denunciante no había presentado nuevas alegaciones ni nuevas pruebas en su escrito de 6 de enero de 2023.
66      A este respecto, debe señalarse que, al presentar sus observaciones sobre el informe del Comité, el demandante tuvo ocasión de manifestar eficazmente su punto de vista sobre los elementos que el Parlamento había previsto utilizar contra él (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2022, WT/Comisión, T‑91/20, no publicada, EU:T:2022:510, apartado 67 y jurisprudencia citada). Además, el demandante no especifica ni cuál era la información que no pudo rebatir antes de recibir el informe del Comité ni cuál era la pertinencia de esta para declarar el acoso.
67      Por consiguiente, procede desestimar la cuarta parte del primer motivo de recurso.
6.      Quinta parte del primer motivo de recurso, relativa a la imposibilidad de que el demandante completara su defensa en la misma medida que el denunciante
68      El demandante alega que ha habido un desequilibrio entre él y el denunciante en cuanto a las posibilidades de formular alegaciones ante el Comité, de modo que se ha violado el principio de igualdad de armas. Más concretamente, el demandante afirma que el denunciante pudo ampliar su denuncia en dos ocasiones, mientras que no se ofreció igual posibilidad al demandante en el contexto de su defensa.
69      A este respecto, el desarrollo del procedimiento en el Comité se rige por el artículo 9, apartado 2, de la Decisión de la Mesa, según el cual el Comité informará al diputado afectado de la queja y le enviará un resumen de las acusaciones formuladas contra él para que tenga conocimiento de ellas y, si así lo desea, presente su posición y alegaciones. El Comité concederá un plazo razonable al diputado denunciado para responder antes de que el denunciante sea oído por el Comité. Según el artículo 9, apartado 3, de la Decisión de la Mesa, el denunciante será invitado a comparecer en solitario lo antes posible.
70      En el presente asunto, del informe del Comité se desprende que el denunciante pudo completar su queja el 15 de septiembre de 2022 y que fue oído el 15 de noviembre de 2022. De dicho informe se desprende asimismo que, el 24 de octubre de 2022, el demandante remitió sus observaciones escritas sobre el resumen de la queja y sobre las pruebas y que, a continuación, compareció ante el Comité el 15 de noviembre de 2022. Por lo que respecta a la información adicional enviada por el denunciante el 6 de enero de 2023, se trata de una respuesta a una solicitud del Comité y de información que no fue incluida en el informe de este.
71      Por lo tanto, procede declarar que el Comité respetó las disposiciones de la Decisión de la Mesa antes mencionadas. Además, el demandante no especifica información concreta en el informe del Comité sobre la que supuestamente no hubiera podido expresarse durante la tramitación de la queja. Por consiguiente, no se ha demostrado la supuesta vulneración del derecho de defensa y procede desestimar la quinta parte del primer motivo de recurso.
7.      Sexta parte del primer motivo de recurso, relativa a la denegación de acceso a las declaraciones de los testigos
72      El demandante alega que no pudo tener conocimiento del acta ni de un resumen de las declaraciones de los testigos examinados por el Comité, ya que en la versión del informe del Comité que se le remitió se había ocultado completamente el anexo II de ese informe.
73      Según la jurisprudencia, en un procedimiento destinado a demostrar la existencia de acoso, el principio general de respeto del derecho de defensa implica que, con observancia de las eventuales exigencias de confidencialidad, se faciliten a la persona incursa en él, antes de la adopción de la decisión que le sea lesiva, todos los documentos del expediente, de cargo y de descargo, relativos a dicho acoso y que esa persona sea oída sobre ellos (véase la sentencia de 12 de marzo de 2025, Semedo/Parlamento, T‑349/23, EU:T:2025:252, apartado 30 y jurisprudencia citada).
74      Se desprende igualmente de la jurisprudencia que, para poder presentar debidamente sus observaciones, la persona acusada de acoso tiene derecho a que se le comunique, al menos, un resumen de las declaraciones de las diferentes personas consultadas durante la investigación, en la medida en que el Comité haya utilizado esas declaraciones en su informe para formular recomendaciones a la presidenta del Parlamento, y la comunicación de dicho resumen debe realizarse respetando, en su caso, el principio de confidencialidad (véase la sentencia de 12 de marzo de 2025, Semedo/Parlamento, T‑349/23, EU:T:2025:252, apartado 31 y jurisprudencia citada).
75      Con el fin de garantizar la confidencialidad de los testimonios y los objetivos que esta protege, al tiempo que se asegura que se oye eficazmente a la persona interesada antes de que se adopte en su contra una decisión lesiva, puede recurrirse a determinadas técnicas como la anonimización, la divulgación del contenido esencial de los testimonios en forma de resumen o el ocultamiento de determinadas partes del contenido de los testimonios (véase la sentencia de 12 de marzo de 2025, Semedo/Parlamento, T‑349/23, EU:T:2025:252, apartado 32 y jurisprudencia citada).
76      En el presente asunto, es preciso señalar que la versión no confidencial del informe del Comité incluye una evaluación de tres testimonios, a la que se ha hecho referencia en el apartado 61 de la presente sentencia. Además, el Comité mencionó en dos ocasiones las declaraciones de los testigos que habían sido utilizadas para formular las recomendaciones.
77      Con ocasión de la remisión de la versión no confidencial del informe del Comité para recabar las observaciones del demandante, la presidenta del Parlamento indicó a este los puntos que contenían un resumen de las declaraciones de los testigos. Estas se encontraban recogidas en la citada versión en los siguientes términos.
78      Por lo que respecta a la alegación de que el demandante exigió una disponibilidad de veinticuatro horas al día y de siete días a la semana, incluso durante los días festivos y las vacaciones, se indica lo siguiente:
«Además de las importantes pruebas escritas que demuestran la alegación del denunciante, el testimonio oral de dos de los testigos también respaldó [estas] afirmaciones. Uno de los testigos indicó que a veces surgían conversaciones [el fin de semana o fuera del horario de trabajo] y tareas que debían realizarse durante [esos períodos], especialmente en lo que respecta a la Comisión AFET. Cuando [los miembros del] personal estaba[n] ausente[s], todavía tenía[n] que limpiar la bandeja de entrada, por lo que no podía[n] desconectarse por completo de todo, ya que necesitaba[n] mantenerse al tanto de lo que sucediera. Lo confirmó también otro testigo, que testificó que se les [había dicho] que el diputado no dejaba de trabajar durante las vacaciones, especialmente en lo relativo a las redes sociales, por lo que el personal tenía que seguir trabajando y publicando en las redes sociales para el diputado. A uno de los testigos se le dijo explícitamente en una entrevista con el diputado antes de su contratación que se esperaba que [los empleados] trabajara[n] también fuera del horario de trabajo y que estuviera[n] siempre a punto por si llegaba una solicitud de trabajo.»
79      En cuanto a la alegación relativa a los comentarios amenazantes, ofensivos e hirientes, en la página 21 del informe del Comité se indica lo siguiente:
«La afirmación del denunciante de que el diputado amenazó con despedir a los APA durante la reunión del 1 de septiembre de 2021 se ve confirmada indirectamente por pruebas escritas, a saber, un intercambio de WhatsApp del 9 de septiembre de 2021 en el que se hace referencia al denunciante como despedido hace una semana. El testimonio oral confirma que durante la reunión el diputado sostuvo que el tiempo que tardaron en reaccionar los APA frente a algunos hechos durante el verano no fue bueno[,] que debería haberse hecho más en las redes sociales para dar a conocer la opinión del diputado [y] que aunque los APA estuvieran de vacaciones, debían seguir pendientes de lo que ocurría y estar al tanto. Sin embargo, no ha podido probarse que el diputado señalara hacia el montón de candidaturas recibidas a fin de presionar a los APA para que trabajaran con más ahínco.»
80      En la página 22 de su informe, el Comité hizo constar que había tenido en cuenta «las pruebas escritas y orales mencionadas anteriormente, que corroboran directa o indirectamente las afirmaciones del denunciante, así como las contradicciones entre las pruebas escritas y algunas de las declaraciones realizadas por el diputado en sus observaciones y durante la comparecencia».
81      A este respecto, procede señalar que el Comité describió detalladamente los testimonios en la versión no confidencial de su informe, en la medida en que fueron utilizados para formular recomendaciones a la presidenta del Parlamento. Así pues, al demandante le fue comunicado el contenido esencial de los testimonios que el Comité utilizó, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 74 de la presente sentencia, y tuvo ocasión de formular eficazmente sus observaciones sobre esas declaraciones.
82      Por lo que respecta al anexo II del informe del Comité, titulado «Resumen de las comparecencias de tres testigos», es cierto que, en la versión no confidencial del informe del Comité, ese anexo se ocultó completamente. No comunicar el contenido de dicho anexo a la persona objeto de investigación puede provocar confusión en esta, quien, conforme a la jurisprudencia mencionada en el apartado 74 de la presente sentencia, tiene derecho a que se le comunique, al menos, un resumen de las declaraciones de los testigos.
83      No obstante, según la jurisprudencia citada en el apartado 75 de la presente sentencia, las exigencias de confidencialidad de los testimonios permiten a la institución de que se trate recurrir a determinadas técnicas, como la anonimización y la divulgación del contenido esencial de los testimonios en forma de resumen, en la medida en que el Comité haya utilizado las declaraciones en su informe para formular recomendaciones a la presidenta del Parlamento. El Parlamento sostiene que se atuvo a estas exigencias para respetar los intereses legítimos de confidencialidad. Pese a que se ocultara el anexo II del informe del Comité, al demandante se le comunicó el contenido esencial de los testimonios pertinente para las recomendaciones del Comité, como se ha indicado en el apartado 81 de la presente sentencia.
84      Además, el demandante no contradice los hechos que el Comité consideró acreditados basándose en las pruebas orales y la demanda tampoco expresa dudas en relación con el contenido de los testimonios recogidos en la versión no confidencial del informe del Comité. En estas circunstancias, la información comunicada al demandante en la versión no confidencial del informe del Comité debe considerarse suficiente para que aquel pudiera ejercitar su derecho de defensa.
85      De lo anterior se sigue que una diligencia de prueba relativa a la comunicación del anexo II del informe del Comité, como solicita el demandante, no tendría por objeto precisar las imputaciones concretas formuladas por el demandante ni probar la veracidad de sus alegaciones fácticas. Así pues, la diligencia de prueba solicitada por el demandante no se considera necesaria para la resolución del litigio.
86      Por consiguiente, procede desestimar la sexta parte del primer motivo y el primer motivo de recurso en su totalidad.
C.      Sobre el segundo motivo de recurso, basado en el incumplimiento de los plazos del procedimiento
87      El segundo motivo de recurso se divide en dos partes.
88      En primer término, el demandante aduce que, tras la presentación de la queja, el 18 de julio de 2022, el estudio preliminar no se presentó hasta el 31 de agosto de 2022, es decir, en un plazo de cuarenta y cinco días, que es superior al plazo de cuarenta días establecido en el artículo 4, apartado 2, de la Decisión de la Mesa.
89      En segundo término, el demandante afirma que no se respetó el plazo de seis semanas entre la recepción del informe del Comité y la comunicación de la decisión de la presidenta del Parlamento, previsto en el artículo 11, apartado 1, de la Decisión de la Mesa, puesto que la presidenta del Parlamento transmitió al demandante una versión no confidencial del informe final el 3 de mayo de 2023 y las decisiones impugnadas se adoptaron el 30 de enero de 2024. A juicio del demandante, el incumplimiento de este plazo da lugar a una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica. En el presente asunto, según afirma el demandante, se produjo un cambio de presidencia en el Comité tras las audiencias a las partes y a los testigos y justo antes de que el Comité emitiera su informe, dando al traste con el principio de inmediación.
90      El Parlamento rebate estas alegaciones.
1.      Primera parte, relativa al plazo para presentar un estudio preliminar
91      Con carácter previo, es preciso señalar que, aunque el Parlamento indica que la primera parte del segundo motivo de recurso es inadmisible, está formulando, en realidad, alegaciones sobre la procedencia de esta parte y su operatividad.
92      Dicho esto, cabe recordar que el artículo 4, apartado 2, párrafo primero, de la Decisión de la Mesa establece que, «en un plazo de cuarenta días a partir de la recepción de la queja, el servicio responsable presentará un estudio preliminar al Comité y a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos».
93      En el asunto que nos ocupa, la fecha de recepción de la queja es el 18 de julio de 2022. La DG de Personal remitió al Comité su estudio preliminar el 31 de agosto de 2022, es decir, algunos días después de que, con fecha de 27 de agosto de 2022, expirara el plazo de cuarenta días.
94      Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, una irregularidad procesal solo puede sancionarse con la anulación de la decisión impugnada si se demuestra que esa irregularidad procesal hubiera podido influir en el contenido de dicha decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de julio de 2024, LW/Comisión, T‑232/23, no publicada, EU:T:2024:482, apartado 71 y jurisprudencia citada).
95      El demandante no ha alegado ni ha demostrado que, sin esta irregularidad procesal, las decisiones impugnadas habrían podido dar lugar a un resultado diferente.
96      En tales circunstancias, procede desestimar la primera parte del segundo motivo de recurso.
2.      Segunda parte, relativa al plazo para comunicar la decisión de la presidenta del Parlamento
97      El artículo 11, apartado 1, de la Decisión de la Mesa establece que, «a la luz del dictamen transmitido por el Comité, el presidente del Parlamento emitirá una decisión motivada sobre la existencia o no de acoso» y «hará lo posible por notificar su decisión al denunciante y al diputado denunciado en un plazo de seis semanas desde la recepción del informe, e informará de su decisión al Comité y a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos».
98      En el presente asunto, el Comité remitió su informe a la presidenta del Parlamento el 8 de marzo de 2023 y esta adoptó las decisiones impugnadas el 30 de enero de 2024, es decir, cerca de once meses después de la recepción del citado informe. De lo anterior se sigue que la presidenta del Parlamento no comunicó sus decisiones al demandante dentro del plazo mencionado en el artículo 11, apartado 1, de la Decisión de la Mesa. Una situación así es lamentable a la vista de los hechos que se reprochan al demandante.
99      Sin embargo, el empleo de los términos «hacer lo posible» en el artículo 11, apartado 1, de la Decisión de la Mesa indica que no se trata de un plazo estricto, sino de un plazo indicativo. Así y todo, el carácter indicativo de este plazo no exime a la presidenta del Parlamento de adoptar sus decisiones en un plazo razonable.
100    A este respecto, es preciso comenzar puntualizando que la queja se basaba en numerosas alegaciones y que el denunciante y el demandante habían presentado un número considerable de pruebas, a saber, más de cuatrocientas páginas. Además, como precisa el Parlamento, sin que el demandante lo rebata, el 3 de mayo de 2023, la presidenta del Parlamento invitó al demandante a una entrevista, que se celebró el 7 de junio de 2023, para que este presentara sus observaciones sobre la versión no confidencial del informe del Comité. A raíz de esta entrevista, el demandante solicitó presentar observaciones por escrito y obtener, a tal fin, una traducción al español del informe del Comité, que le fue transmitida el 29 de junio de 2023. Tras recibir las observaciones del demandante el 20 de julio de 2023, la presidenta del Parlamento consideró necesario someterlas al Comité para que este evaluara la incidencia de estas en las conclusiones de su informe. Una vez traducidas las observaciones del demandante, el Comité pudo examinarlas en sus reuniones de 26 de septiembre y de 11 de octubre de 2023. El Comité remitió a la presidenta del Parlamento su opinión sobre las observaciones del demandante el 12 de octubre de 2023. La presidenta adoptó las decisiones impugnadas el 30 de enero de 2024.
101    De cuanto antecede se desprende que las etapas procesales antes mencionadas y la presentación de observaciones escritas, así como los plazos de traducción, contribuyeron sin duda a que el procedimiento se alargara. Con todo, si bien es cierto también que la queja contenía numerosas alegaciones, puesto que el denunciante y el demandante presentaron al Comité más de cuatrocientas páginas de pruebas que debieron traducirse al español, no es menos cierto que la sensibilidad de los asuntos de acoso exige una tramitación diligente con toda la celeridad requerida, siendo el plazo previsto en el artículo 11, apartado 1, de la Decisión de la Mesa una expresión de lo anterior. Por lo tanto, salvo en casos excepcionales y muy justificados, el procedimiento ante la presidenta del Parlamento no debería durar once meses.
102    Atendiendo a estas circunstancias, procede considerar excesivo el tiempo transcurrido para la tramitación del asunto por la presidenta del Parlamento.
103    Sentado lo anterior, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 94 de la presente sentencia, el hecho de que las decisiones impugnadas no hayan sido comunicadas en un plazo razonable no puede, en las circunstancias específicas del asunto, afectar por sí solo a la legalidad de aquellas. A este respecto, el demandante parece sostener que el excesivo tiempo transcurrido entre la recepción del informe del Comité y la decisión por la que se declara el acoso influyó en el contenido de esta decisión debido a un cambio de presidencia en el Comité. El Parlamento defiende, sin que el demandante lo rebata eficazmente, que el cambio en la composición del Comité se produjo en noviembre de 2023, de modo que este llevó a término su investigación con una composición invariada. La alegación del demandante según la cual la presidencia del Comité no quería asumir las conclusiones del informe se basa en una interpretación puramente hipotética de las conclusiones del informe del Comité, que no guarda relación con la legalidad de las decisiones impugnadas.
104    En estas circunstancias, el demandante no demuestra que el plazo entre la comunicación del informe del Comité y la notificación de las decisiones impugnadas haya podido influir en el contenido de estas. Por lo tanto, el hecho de que la presidenta del Parlamento no comunicara sus decisiones al demandante en un plazo razonable no puede, en ningún caso, justificar la anulación de las decisiones impugnadas.
105    De lo anterior se sigue que procede desestimar la segunda parte del segundo motivo y, consecuentemente, el segundo motivo de recurso en su totalidad.
D.      Sobre el tercer motivo de recurso, basado en una violación del principio de presunción de inocencia y en una desviación de poder
106    El demandante defiende que las decisiones impugnadas constituyen una violación del principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 48, apartado 1, de la Carta y una desviación de poder, en la medida en que, según afirma, en ellas se reconoce que no se han acreditado todas las alegaciones. Más concretamente, por un lado, en lo que atañe a la violación del principio de presunción de inocencia, el demandante considera que esta presunción no ha sido destruida, puesto que la decisión sobre la sanción declara, en el considerando 7, que su culpabilidad no ha sido sólidamente acreditada. Por otro lado, en lo que atañe a la desviación de poder, el demandante sostiene que, pese a que se consideró que no se había demostrado su culpabilidad, la presidenta del Parlamento adoptó, no obstante, la decisión sobre la sanción. Al obrar así, la presidenta del Parlamento hizo uso de sus facultades con una finalidad distinta de aquella para la que le fueron conferidas.
107    El Parlamento rebate estas alegaciones.
108    El principio de presunción de inocencia, invocado por el demandante, exige que se presuma inocente a toda persona acusada de una infracción mientras su culpabilidad no haya sido declarada legalmente. La presunción de inocencia es un principio general del Derecho de la Unión, enunciado en el artículo 48, apartado 1, de la Carta (véase la sentencia de 22 de junio de 2023, DI/BCE, C‑513/21 P, EU:C:2023:500, apartado 80 y jurisprudencia citada).
109    Según una jurisprudencia reiterada, el concepto de desviación de poder se refiere al hecho de que una autoridad administrativa haga uso de sus facultades con una finalidad distinta de aquella para la que le fueron conferidas. Una decisión solamente está viciada de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptada con dicha finalidad (véase la sentencia de 21 de septiembre de 2005, EDP/Comisión, T‑87/05, EU:T:2005:333, apartado 87 y jurisprudencia citada).
110    En el considerando 7 de la decisión sobre la sanción se indica lo siguiente:
«Sobre la base del informe final y a la luz de las observaciones del diputado y [de] la posición del Comité sobre las observaciones adicionales, la presidenta [del Parlamento] concluyó, en su decisión de 30 enero de 2024, que, de conformidad con el artículo 11 de la Decisión de la Mesa, el comportamiento descrito por el denunciante constituye acoso psicológico por parte del diputado en el sentido del artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto de los funcionarios. Esta es la primera vez que se determina una situación de acoso en relación con [el] diputado y algunas de las alegaciones en su contra no resultaron probadas.»
111    Es preciso recalcar que la argumentación del demandante deriva de una lectura errónea del considerando 7 de la decisión sobre la sanción. Así, al mismo tiempo que se reconoce que el demandante adoptó un comportamiento constitutivo de acoso psicológico, la última frase del considerando 7 indica que es la primera vez que se acredita un comportamiento de acoso por lo que respecta al demandante y que algunas alegaciones del denunciante no han sido probadas. En el contexto de la fijación de la sanción, esta frase no desvirtúa la conclusión de que el demandante tuvo comportamientos constitutivos de acoso psicológico, sino que pretende justificar, habida cuenta en particular de que no se han probado todas las alegaciones expuestas en la queja, el carácter moderado de la sanción adoptada.
112    Por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene el demandante, su culpabilidad fue reconocida en la decisión por la que se declara el acoso y no cabe estimar ninguna violación del principio de presunción de inocencia ni desviación de poder alguna, toda vez que la argumentación formulada en apoyo de estas alegaciones se basa en una premisa errónea.
113    En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo de recurso.
E.      Sobre el cuarto motivo de recurso, basado en errores de apreciación
114    El cuarto motivo de recurso se divide, en esencia, en dos partes, la primera de las cuales consta de cinco imputaciones, que corresponden a cada uno de los hechos que el Parlamento consideró probados, a saber, la disponibilidad exigida fuera de las horas de trabajo, los comentarios amenazantes, los comentarios insultantes, la realización de tareas domésticas y las instrucciones contradictorias.
115    En primer término, el demandante aduce errores de apreciación en la decisión por la que se declara el acoso. Considera que no existen pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.
116    En primer lugar, por lo que respecta a la disponibilidad exigida por el demandante fuera de las horas de trabajo, este considera que debería haberse tenido en cuenta que, en el contexto de sus funciones, los acontecimientos internacionales, respecto de los cuales supuestamente exigió al denunciante más actividad, incluso los fines de semana y en períodos de vacaciones, tenían una relevancia considerable. Los requerimientos del demandante en este ámbito no fueron, a juicio de este, continuados, reiterados o sistemáticos. El Comité y la presidenta del Parlamento tampoco tuvieron suficientemente en cuenta el hecho de que los trabajos requeridos de modo puntual por el demandante coincidían habitualmente con textos muy breves para ser publicados en redes sociales. Por último, los ejemplos presentados por el demandante ponen de manifiesto, a juicio de este, la falta de organización en la entrega de los trabajos del denunciante.
117    En segundo lugar, en cuanto a los comentarios amenazantes, el demandante considera que los comentarios en cuestión se dirigieron a todo el equipo y tenían por objeto subrayar la realización incorrecta de un trabajo o la necesidad de mejorar.
118    En tercer lugar, en lo que atañe a los comentarios insultantes o hirientes, el demandante critica la apreciación realizada por el Comité de sus mensajes de los días 23 y 24 de mayo de 2021, 15 de agosto de 2021, 6 de enero de 2022 y 4 de abril de 2022. Defiende que la finalidad de estos no era menospreciar, sino corregir errores, como ciertas faltas evidentes de coordinación del equipo y fallos en la ejecución de las tareas. Por lo que respecta a los comentarios de 6 de enero de 2022, el demandante afirma no haber proferido comentario hiriente alguno. A su juicio, la crítica por parte de un superior jerárquico del trabajo realizado por un subordinado no es, en sí, un comportamiento inadecuado.
119    En cuarto lugar, por lo que se refiere a las tareas domésticas, el demandante afirma haber pedido en contadas ocasiones, dentro de un período de tres años, la colaboración de su equipo para solventar algunos problemas inesperados de tipo personal. Según el demandante, el denunciante se ofreció a prestarle esa ayuda, que consistió en atender una cita, recoger unas cortinas y abrir la puerta de su apartamento a los instaladores de una lavadora. En cuanto al episodio de la recogida de un paquete, el 16 de junio de 2021, tal hecho pertenecía, según el demandante, a la esfera de actividad profesional, ya que dicho paquete fue entregado en el Parlamento y, además, fue recogido por un asistente que no era el denunciante.
120    En quinto lugar, en relación con las instrucciones contradictorias de 23 de mayo de 2021, a juicio del demandante, el Comité no precisa dónde reside la contradicción reprochada. En cualquier caso, se trata, a su entender, de una situación demasiado puntual como para poder sustentar la acusación de acoso.
121    En segundo término, el demandante aduce que los hechos no permiten integrar el tipo de «acoso psicológico». A su juicio, un observador imparcial y razonable no habría percibido el comportamiento del demandante como abusivo. Según afirma, la intencionalidad no se ha demostrado. Además, señala que el estado de cansancio o agotamiento psicológico provocado por el estrés profesional, propio del puesto desempeñado por el denunciante, no debe confundirse con el acoso psicológico, caracterizado por un comportamiento intencionado y reiterado, que no se da en el presente caso.
122    El Parlamento rebate estas alegaciones.
123    Mediante su argumentación, el demandante no pone en cuestión ninguno de los hechos que el Comité considera probados, sino que rebate su apreciación.
124    Según el artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto, aplicable por analogía a los APA en virtud del artículo 127 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «ROA»), «por “acoso psicológico” se entenderá cualquier conducta abusiva que se manifieste de forma duradera, reiterada o sistemática mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos de carácter intencional que atenten contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona».
125    En lo que concierne al concepto de acoso psicológico, este se define, a efectos del artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto, como una «conducta abusiva» que, primero, se materializa mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos que se manifiesten «de forma duradera, reiterada o sistemática», lo que implica que el acoso psicológico debe entenderse como un proceso que necesariamente se inscribe en el tiempo y que supone la existencia de acciones reiteradas o continuadas que sean «intencionales», y no «accidentales». Además, este concepto exige que tales comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos hayan tenido como efecto atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. Por lo tanto, no es necesario probar que los comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos controvertidos se realizaron con la intención de atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. En otras palabras, puede haber acoso psicológico sin que quede demostrado que el acosador pretendía, mediante sus acciones, desacreditar a la víctima o deteriorar intencionadamente sus condiciones de trabajo. Basta con que esas acciones, siempre y cuando se realizaran voluntariamente, hayan dado lugar objetivamente a las referidas consecuencias (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, apartados 76 y 77).
126    Por último, toda vez que, en virtud del artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto, la acción de que se trate debe presentar carácter abusivo, resulta que la calificación de «acoso» se supedita al requisito de que aquel revista una realidad objetiva suficiente, en el sentido de que un observador imparcial y razonable, dotado de una sensibilidad normal y que se encuentre en las mismas condiciones, consideraría el comportamiento o el acto en cuestión excesivo y criticable (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, apartado 78).
127    Por lo que respecta a la cuestión de si los hechos son constitutivos o no de acoso psicológico, la administración no dispone de una amplia facultad de apreciación. Por lo tanto, ante una alegación de acoso psicológico, ha de investigarse si la administración ha cometido un error de apreciación de los hechos y no un error manifiesto de apreciación de tales hechos. Sobre la calificación jurídica de los hechos efectuada por la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en cuanto a la existencia de acoso psicológico, el control del juez de la Unión es un control completo y no restringido (véase la sentencia de 23 de febrero de 2022, OA/CESE, T‑671/20, no publicada, EU:T:2022:82, apartados 50 y 51 y jurisprudencia citada).
128    En el presente asunto, corresponde al Tribunal General comprobar si el Parlamento incurrió en un error de apreciación de los hechos y si el Parlamento consideró acertadamente que los hechos probados eran constitutivos de acoso psicológico en el sentido del artículo 12 bis del Estatuto.
1.      Primera parte del cuarto motivo de recurso, relativa a la apreciación de los hechos
a)      Primera imputación, relacionada con la disponibilidad exigida por el demandante
129    El demandante defiende que debería haberse tenido en cuenta el contexto de sus funciones. Según afirma, los requerimientos correspondientes a tareas que debían llevarse a cabo fuera de las horas de trabajo en relación con acontecimientos internacionales no eran continuados, reiterados o sistemáticos. Por otra parte, aduce que existieron fallos de organización en la entrega de trabajos del denunciante.
130    Es preciso recordar que las condiciones de trabajo de los APA están reguladas por el capítulo 4 del título VII del ROA. En virtud del artículo 131, apartado 2, del ROA, el diputado fijará la duración semanal del trabajo de un APA, que, en circunstancias normales, no podrá exceder de cuarenta y dos horas por semana. Según el artículo 131, apartado 3, del ROA, no podrá obligarse al APA a trabajar horas extraordinarias, salvo en casos de urgencia o acumulación excepcional de trabajo.
131    De lo anterior se sigue que las alegaciones del demandante basadas en la naturaleza de sus funciones o de las funciones de los APA no pueden, salvo en casos de urgencia o acumulación excepcional de trabajo, justificar una disponibilidad constante de sus APA.
132    Por otra parte, el demandante únicamente indica cinco acontecimientos internacionales, acaecidos entre el 23 de mayo de 2021 y el 3 de abril de 2022, que requirieron contribuciones inmediatas por parte del denunciante. Sin embargo, no rebate las pruebas escritas presentadas ante el Comité ni la conclusión de la presidenta del Parlamento, según las cuales, durante ese período, el demandante dirigió preguntas al denunciante y al conjunto de sus APA durante más de la mitad de los fines de semana y en diez de los treinta días del período de vacaciones anuales del denunciante. Tampoco rebate las apreciaciones del Comité según las cuales el demandante requería regularmente al denunciante, fuera de las horas de trabajo, para responder a preguntas que se formulaban al demandante en Instagram, para limpiar su bandeja de entrada de correo electrónico, para responder a las solicitudes de entrevista, para alimentar la cuenta de Twitter del demandante y para facilitar a este fotos de su presentación en una conferencia. Así pues, debe desestimarse la alegación del demandante de que sus requerimientos correspondientes a tareas que debían llevarse a cabo fuera de las horas de trabajo no fueron continuados, reiterados o sistemáticos.
133    Por lo que respecta a los supuestos fallos de organización en la entrega de trabajos del denunciante, es preciso puntualizar que hechos de esa naturaleza, que tal vez podrían justificar la adopción de medidas disciplinarias o un despido motivado por la ruptura del vínculo de confianza, en ningún caso pueden justificar que un miembro de una institución de la Unión adopte una conducta abusiva, reiterada e intencionada para con un funcionario o agente de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, apartado 87). En efecto, incluso suponiendo que el denunciante no hubiera prestado servicios profesionales satisfactorios al demandante, no es menos cierto que aquel tenía derecho a gozar de condiciones de trabajo en las que se respetasen su salud y su dignidad.
134    En cuanto a que el propio denunciante se pusiera en contacto con el demandante fuera de sus horas de trabajo o no rechazara las misiones que se le confiaban, estos hechos carecen de incidencia sobre la legalidad de las decisiones impugnadas, habida cuenta, por un lado, de que el contacto de 6 de enero de 2022, esto es, en un día festivo, es un hecho aislado y, por otro lado, de que la inexistencia de rechazo, en las circunstancias del presente asunto, no puede considerarse como una renuncia por parte del denunciante a los derechos que le reconoce el ROA.
135    Por estas razones, debe desestimarse la primera imputación.
b)      Segunda imputación, relacionada con los comentarios amenazantes
136    Por lo que se refiere a los comentarios amenazantes proferidos por el demandante, este considera que esos comentarios se dirigieron a todo el equipo y tenían por objeto subrayar la realización incorrecta de un trabajo o la necesidad de mejorar.
137    El domingo 23 de mayo de 2021, a las 18.17, el demandante se expresó del siguiente modo en un mensaje de audio de WhatsApp dirigido a su equipo: «No podemos seguir así. Sencillamente no podemos seguir así».
138    A partir de las 18.26 del mismo día, envió los siguientes mensajes: «Pero he sido yo el que me he dado cuenta y no el responsable», «No se trata de borrar cosas, se trata de no parecer idiotas», «Ya son las 18.30 y todavía no tengo un tuit» y también «¡¡¡Muchas gracias!!! ¡Qué vergüenza!».
139    De esos mensajes se desprende que el demandante reprochó al denunciante que no hubiese reaccionado con rapidez suficiente a los acontecimientos y que los intercambios sobre el contenido de los tuits que debían publicarse continuaron hasta medianoche.
140    Los mensajes del día siguiente, que era festivo, contienen los siguientes comentarios del demandante: «Esta oficina es un desastre absoluto», «Vuestras acciones con el personal de comunicación y nuestra organización interna son algo que nunca querría que imaginaran que podría ser posible en mi equipo» y también «¿Por qué tengo que pelearme con alguien de la delegación por culpa de vuestra incompetencia?».
141    El mensaje de 20 de agosto de 2021, enviado a todo el equipo, estaba redactado en los siguientes términos:
«Para mí es totalmente inaceptable recibir mis notas veinte minutos antes de una entrevista. Esto simplemente no funciona y voy a tener que tomar decisiones importantes. Por eso os voy a convocar a una reunión a principios de la semana del 30. Ya confirmaré la fecha y la hora. Lamento tener que actuar de esta manera, pero estoy inmensamente decepcionado con este equipo.»
142    El 6 de enero de 2022, durante un día festivo, el demandante envió un mensaje en el que se decía lo siguiente:
«Si no somos capaces de saber cuáles son los temas candentes de debate y dónde están las oportunidades políticas, entonces las cosas no pintan bien para nosotros.»
143    En contra de lo que afirma el demandante, los mensajes anteriormente citados daban a entender que habría consecuencias negativas y, en particular, represalias o medidas con consecuencias sobre el empleo del denunciante.
144    Ciertamente, la crítica por parte de un superior jerárquico del trabajo o de una tarea realizados por un subordinado no es, en sí, un comportamiento inadecuado, ya que, de ser así, la gestión de un servicio se haría prácticamente imposible. Del mismo modo, los comentarios negativos dirigidos a un asistente no necesariamente atentan contra su personalidad, su dignidad o su integridad si se formulan en términos comedidos y no se basan en acusaciones abusivas o sin relación alguna con hechos objetivos (sentencia de 17 de septiembre de 2014, CQ/Parlamento, F‑12/13, EU:F:2014:214, apartado 87). Sin embargo, de los mensajes enviados por el demandante se desprende que su tono sobrepasa los límites de la mera crítica y, de ese modo, resulta desproporcionado si se atiende al supuesto error cometido. En efecto, en el contexto de la disponibilidad permanente exigida por el demandante a los miembros de su equipo, procede declarar el carácter abusivo de tales mensajes, con independencia de que esas amenazas se dirigieran al conjunto de su equipo. El hecho de que dichas amenazas hayan sido proferidas a causa de una situación de estrés no afecta a la legalidad de las decisiones impugnadas, ya que el denunciante tiene derecho a disfrutar de unas condiciones de trabajo en las que se respeten su salud y su dignidad (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, apartados 86 a 88). Por otra parte, el demandante no aporta ningún elemento que demuestre que las amenazas pudieron haberse proferido supuestamente de modo accidental. Por lo tanto, no adolece de error la apreciación de la presidenta del Parlamento según la cual los referidos mensajes tenían un carácter amenazante.
145    Por las razones señaladas, debe desestimarse la segunda imputación.
c)      Tercera imputación, relacionada con los comentarios insultantes, hirientes o despectivos
146    El demandante defiende que sus manifestaciones de 23 y 24 de mayo de 2021, de 15 de agosto de 2021, de 6 de enero de 2022 y de 4 de abril de 2022 no tenían por objeto denigrar, sino corregir errores. Por lo que respecta a sus afirmaciones de 24 de mayo de 2021, alega que se dirigían a su jefa de oficina y no al denunciante.
147    Es preciso señalar, con carácter preliminar, que el demandante no rebate la apreciación del Comité sobre sus mensajes de 5 de agosto de 2021, de 10 de enero de 2022 y de 11 de febrero de 2022, que el Comité también consideró hirientes o insultantes.
148    Por lo que respecta al intercambio de 24 de mayo de 2021, que era día festivo, el demandante estimó que sus tres APA eran responsables del retraso de un comunicado de prensa y, a las 15.18, les dirigió la frase siguiente: «¡Los tres sois responsables de esto!». De este modo, y en contra de lo que afirma el demandante, la expresión de su decepción no se dirigió únicamente a la jefa de oficina.
149    Con respecto a este intercambio, mencionado en el apartado 140 de la presente sentencia, es preciso puntualizar igualmente que, a partir de las 7.45 de la mañana, los tres APA se dedicaron, a petición del demandante, a redactar tuits para la cuenta de este en relación con el desvío de un avión a Bielorrusia. Los APA acababan de enviar un comunicado de prensa poco antes de las 14.00, cuando el demandante vio una noticia en Twitter relacionada con el desvío del avión a Bielorrusia sobre la que este quiso emitir un segundo comunicado y culpó a sus APA por no haber reaccionado antes.
150    Por lo que se refiere a los mensajes enviados el domingo 15 de agosto de 2021, cuando el denunciante iba a estar de vacaciones la semana siguiente, el demandante se expresó del siguiente modo: «¿Os habéis planteado conseguir una entrevista sobre el conflicto internacional de referencia?», «¿Os dais cuenta de que, desde que comenzó el conflicto, ninguno de vosotros me ha informado de que había estallado?», «Vamos con más de 3 días de retraso» y también «Y se supone que somos el equipo de referencia en asuntos exteriores». El demandante defiende que se trata de un recordatorio de los objetivos profesionales del equipo.
151    Por lo que respecta a los mensajes de 6 de enero de 2022, enviados durante las vacaciones anuales del denunciante, el demandante respondió al denunciante que la propuesta de tuit de este no le interesaba a nadie. Según el demandante, este comentario formaba parte de un diálogo sobre cuál de los temas citados era el que tenía más interés.
152    En cuanto al mensaje del demandante de 4 de abril de 2022, a las 12.37 («Por eso se necesitan asesores, para ayudar a ver lo que una persona sola no puede ver o para ayudarla cuando no tiene tiempo para dedicarse a un tema concreto»), el demandante reprochaba en él al denunciante no haber estado a la altura de su papel de asesor, ya que no le recordó la fecha de las elecciones en Hungría ni le preparó un video sobre el tema. La observación puede considerarse ofensiva si se atiende a que el demandante ya había admitido que, sobre este tema, dos o tres tuits serían suficientes, había manifestado su conformidad en relación con un vídeo sobre las elecciones francesas y, como resulta de la respuesta del denunciante, estuvo ausente durante dos semanas y sus APA trabajaron doce días seguidos durante ese tiempo, de modo que les habría sido imposible grabar otro vídeo sobre las elecciones en Hungría.
153    Del conjunto de las comunicaciones del demandante se desprende que este exigía que sus APA garantizaran un seguimiento continuo de la prensa internacional y le propusieran instantáneamente mensajes que poder poner en línea. De los autos no se desprende que hubiera un modo de trabajo operativo que posibilitara un seguimiento continuo fuera de las horas de trabajo habituales de los APA. Por lo tanto, y como defiende el Parlamento, el supuesto retraso o fallo del equipo no parece haber resultado del incumplimiento de las normas de trabajo existentes en la oficina, sino más bien de la falta de disponibilidad de los APA fuera de las horas de trabajo.
154    A la luz de la jurisprudencia citada en el apartado 144 de la presente sentencia, procede considerar que, habida cuenta de los esfuerzos realizados por el denunciante, de los que se ha dejado constancia en los apartados anteriores, de las peticiones reiteradas y de la falta de establecimiento de un modo de trabajo que permitiera el seguimiento continuo de los acontecimientos internacionales exigido por el demandante fuera de las horas de trabajo, no adolece de error la apreciación de la presidenta del Parlamento según la cual los reproches expresados por el demandante en esos mensajes tenían un carácter ofensivo o insultante para el denunciante. El hecho de que estos mensajes tuvieran como contexto acontecimientos de primer orden no atenúa el carácter abusivo de aquellos.
155    Por estas razones, debe desestimarse la tercera imputación.
d)      Cuarta imputación, relacionada con la realización de tareas domésticas
156    En lo que atañe a las tareas domésticas, el demandante pidió, supuestamente en contadas ocasiones, la colaboración de su equipo para solventar algunos problemas inesperados de tipo personal.
157    Con excepción de la recogida de un paquete el 16 de junio de 2021, el demandante no niega la realidad de sus peticiones de realización de tareas domésticas. No obstante, las justifica por su carácter excepcional.
158    Del análisis de los hechos que figura en el punto 5.2.5 del informe del Comité se desprende que no se trataba de contadas ocasiones. En efecto, el Comité pudo acreditar la existencia de, al menos, nueve tareas domésticas realizadas por el denunciante durante un período de seis meses. Aunque el demandante sostiene que tres de las situaciones identificadas estaban justificadas por circunstancias excepcionales, si se atiende al número de tareas domésticas realizadas por el denunciante durante un período de seis meses, no cabe sostener que fueran excepcionales.
159    Por lo que respecta a la circunstancia aducida por el demandante de que sus peticiones se dirigían a todo su equipo, como ya se ha recordado, esta circunstancia no afecta a la legalidad de las decisiones impugnadas. En cuanto a la existencia de una supuesta relación de amistad entre el demandante y su equipo, que supuestamente se había ofrecido de modo voluntario para llevar a cabo las tareas domésticas, esta afirmación es contradicha por los elementos del expediente, que ponen de manifiesto un contexto tenso y agobiante.
160    Por lo tanto, no existe error en la apreciación de la presidenta del Parlamento según la cual las tareas domésticas excedían de las responsabilidades del denunciante y no guardaban relación con el trabajo del demandante como diputado.
161    Por lo que respecta al mensaje de 16 de junio de 2021, el demandante pidió al denunciante que se dirigiera a su casa para recoger un paquete. La presidenta del Parlamento no consideró este hecho como un ejemplo de realización por el denunciante de una tarea doméstica, ya que esta tarea fue realizada por una persona distinta del denunciante. Por lo tanto, la alegación a este respecto debe desestimarse por inoperante.
162    De cuanto antecede resulta que debe desestimarse la cuarta imputación.
e)      Quinta imputación, relacionada con las instrucciones contradictorias dadas
163    En cuanto a las instrucciones contradictorias dadas el 23 de mayo de 2021, el demandante defiende que el Comité no especifica en qué consiste la contradicción reprochada. En cualquier caso, se trataría, a juicio del demandante, de una situación puntual.
164    Del punto 5.2.6 del informe del Comité se desprende que la contradicción reside en el hecho de que el demandante admitió que la cuestión del desvío de un vuelo a Bielorrusia era competencia de otro diputado, pero, tres horas más tarde, expresó su decepción por la tardía reacción del denunciante sobre este tema. Así pues, el Comité especificó en qué consistían las instrucciones contradictorias que se reprochan al demandante. Además, al actuar de ese modo, el demandante, en contra de lo que sostiene, dio efectivamente instrucciones contradictorias al denunciante. El hecho de que una situación de esa naturaleza fuera propia del entorno profesional en el que se desarrolló no puede desvirtuar la anterior apreciación.
165    Por lo que respecta a la alegación del demandante de que se trataba de una situación puntual, procede recordar que, cuando el acoso psicológico coincide con un proceso continuo en el tiempo, puede, por definición, ser el resultado de un conjunto de comportamientos diferentes que, considerados aisladamente, no constituirían necesariamente una situación de acoso psicológico, pero que, apreciados en su conjunto y en su contexto, incluso debido a la acumulación de tales comportamientos en el tiempo, podrían considerarse como tal. Esta es la razón por la cual, al examinarse si los comportamientos denunciados por una parte demandante son constitutivos de acoso psicológico, procede examinar estos hechos tanto aislada como conjuntamente, en cuanto elementos de un ambiente general de trabajo generado por otros comportamientos de un miembro del personal hacia otro miembro del personal (sentencia de 30 de enero de 2020, PV/Comisión, T‑786/16 y T‑224/18, no publicada, EU:T:2020:17, apartados 156 y 157).
166    Por lo tanto, la presidenta del Parlamento consideró acertadamente las instrucciones contradictorias formuladas por el demandante como un comportamiento aislado que cabía tener en cuenta en la apreciación global de la acusación de acoso.
167    Por estas razones, procede desestimar la quinta imputación y, en consecuencia, la primera parte del cuarto motivo de recurso en su totalidad.
2.      Segunda parte del cuarto motivo de recurso, relativa a la calificación de los hechos
168    El demandante defiende que los hechos no permiten integrar el tipo de «acoso psicológico» y que no se ha acreditado el carácter intencional. A juicio del demandante, no debe confundirse el estado de cansancio o agotamiento psicológico provocado por el estrés profesional, propio del puesto desempeñado por el denunciante, con el acoso psicológico, caracterizado por un comportamiento intencionado y reiterado, que, según afirma, no se da en el presente caso.
169    En el caso que nos ocupa, el comportamiento objetivamente abusivo del demandante desacreditó al denunciante y deterioró las condiciones de trabajo de este, como se ha demostrado en el contexto de la primera parte de este motivo de recurso. En efecto, las pruebas escritas muestran que el demandante ejerció una presión psicológica sobre el denunciante de manera continuada a lo largo del tiempo. Aun cuando el demandante no fuera consciente de ejercer tal presión, procede señalar que las acciones que la ocasionaron se cometieron voluntariamente, elemento este exigido por la jurisprudencia citada en el apartado 125 de la presente sentencia. Además, aun teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones desarrolladas por el demandante y el denunciante, una situación como la descrita debe calificarse de acoso psicológico. Por último, aun suponiendo que el denunciante, con su actitud, hubiera contribuido a esa situación, esta circunstancia no puede impedir que se declare una situación de acoso psicológico.
170    En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 125 y 126 de la presente sentencia, la presidenta del Parlamento podía concluir fundadamente que existió acoso psicológico en el sentido del artículo 12 bis, apartado 3, del Estatuto, sin necesidad de que quedase demostrado que el demandante, mediante sus acciones, pretendía desacreditar al denunciante o deteriorar deliberadamente las condiciones de trabajo de este.
171    Por lo tanto, procede desestimar la segunda parte del cuarto motivo y el cuarto motivo de recurso en su totalidad.
F.      Sobre el quinto motivo de recurso, basado en el incumplimiento de la obligación de confidencialidad debido a filtraciones relativas a la investigación del Comité
172    El demandante defiende que la filtración de información sobre la existencia del caso y de la queja infringió la legislación aplicable en materia de protección de datos personales. Afirma el demandante, a este respecto, que el Comité no aplicó las medidas apropiadas para garantizar la confidencialidad de los datos personales del demandante.
173    El Parlamento rebate estas alegaciones.
174    El demandante no aporta elementos que permitan acreditar la supuesta inobservancia por el Parlamento de la confidencialidad de los datos personales. En cualquier caso, no explica de qué modo la supuesta vulneración de la confidencialidad puede tener influencia en la legalidad de las decisiones impugnadas y en la resolución del litigio. Por consiguiente, este motivo es inoperante.
175    Procede, por tanto, desestimar el quinto motivo de recurso y, de ese modo, el recurso en su totalidad.
IV.    Costas
176    A tenor del artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General podrá imponer una condena en costas parcial o total a una parte, aunque sea la vencedora, si así lo justificase su actitud, incluso con anterioridad a la interposición del recurso.
177    En las circunstancias del presente asunto, el Tribunal General estima que el excesivo lapso de tiempo transcurrido entre la remisión del informe del Comité y la adopción de las decisiones impugnadas justifica que se condene al Parlamento a cargar, además de con sus propias costas, con la mitad de las costas en que haya incurrido el demandante. Por su parte, el demandante cargará con la mitad de sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      El Parlamento Europeo cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido DI.
3)      DI cargará con la mitad de sus propias costas.
da Silva Passos
Reine
Pynnä
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de noviembre de 2025.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: español.