62020CJ0700_RES
Asunto C‑700/20
London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited
contra
Kingdom of Spain
[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 20 de junio de 2022
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro — Motivos de denegación del reconocimiento — Artículo 34, punto 3 — Resolución inconciliable con una resolución dictada previamente entre las mismas partes en el Estado miembro requerido — Requisitos — Observancia, por parte de la resolución dictada previamente en los términos de un laudo arbitral, de las disposiciones y de los objetivos fundamentales del Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Artículo 34, punto 1 — Reconocimiento manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido — Requisitos»
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Ámbito de aplicación — Materias excluidas — Arbitraje — Reconocimiento y ejecución por parte de un tribunal nacional de un laudo arbitral — Resolución dictada en los términos de un laudo arbitral — Cuestión comprendida en el Derecho nacional y en el Derecho internacional aplicables — Exclusión del ámbito de aplicación
[Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 1, ap. 4; Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, art. 1, ap. 2, letra d)]
(véanse los apartados 43 a 45 y 47)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Reconocimiento y ejecución de resoluciones — Concepto de resolución — Resolución dictada en los términos de un laudo arbitral — Inclusión — Requisitos — Comprobación de la observancia de las disposiciones y de los objetivos fundamentales del Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Falta — Resolución que no puede impedir el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro
[Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, considerando 16 y arts. 27, 32 y 34, punto 3]
(véanse los apartados 48 a 50, 53 a 57 y 71 a 73 y el punto 1 del fallo)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Competencia en materia de seguros — Objetivos — Protección de la parte más débil
[Reglamento (CE) n.o 44/2001, art. 34, punto 3]
(véanse los apartados 59 a 62)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Litispendencia — Demandas entre las mismas partes con la misma causa y el mismo objeto — Obligación de inhibirse del tribunal ante el que se haya interpuesto la segunda demanda — Requisitos
[Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, art. 27]
(véanse los apartados 64, 68 y 69)
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Reconocimiento y ejecución de resoluciones — Motivos de denegación — Violación del orden público del Estado requerido — Concepto — Fuerza de cosa juzgada de una resolución dictada previamente — Resolución dictada en los términos de un laudo arbitral — Inaplicabilidad del artículo 34, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 a esta resolución — Exclusión
[Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, arts. 34, puntos 1 y 3]
(véanse los apartados 77 a 80 y el punto 2 del fallo)
Resumen
A raíz del naufragio del petrolero Prestige frente a las costas españolas en 2002, que provocó graves daños medioambientales, se incoó un procedimiento penal en España contra el capitán del buque, entre otras personas.
En el marco de ese procedimiento, diversas personas jurídicas, entre ellas el Estado español, ejercitaron acciones civiles contra el capitán y los propietarios del Prestige, así como contra el London P&I Club, asegurador de la responsabilidad del buque y de sus propietarios. Todos estos encausados fueron declarados civilmente responsables por los tribunales españoles. Mediante auto de ejecución de 1 de marzo de 2019, la Audiencia Provincial de A Coruña fijó las cuantías que cada actor, entre ellos el Estado español, podía reclamar a los respectivos encausados.
Pues bien, con posterioridad a que se hubieran ejercitado las acciones civiles ante los tribunales españoles, el London P&I Club entabló en Londres un procedimiento arbitral con el objeto de que se declarara que, en virtud de la cláusula compromisoria que figuraba en el contrato de seguro celebrado con los propietarios del Prestige, el Reino de España estaba obligado a formular sus pretensiones en tal procedimiento arbitral, en vez de en España, y que en cualquier caso no se lo podía considerar responsable frente al Reino de España. En efecto, el London P&I Club aducía que el contrato de seguro estipulaba que, conforme a la cláusula «pay to be paid» (pagar para poder cobrar), el asegurado debe haber pagado al perjudicado la indemnización correspondiente antes de poder reclamar el importe al asegurador. El tribunal arbitral acogió las pretensiones del London P&I Club al considerar que el Derecho inglés resultaba aplicable al contrato. El London P&I Club, al amparo de la ley nacional sobre el arbitraje, (
1
) sometió el asunto a la High Court of Justice, (
2
) que, el 22 de octubre de 2013, autorizó la ejecución del laudo arbitral en el territorio nacional y dictó, ese mismo día, una sentencia en los términos de dicho laudo. El recurso de apelación interpuesto por el Reino de España contra la referida autorización fue desestimado.
A continuación, el Reino de España solicitó y obtuvo el reconocimiento en el Reino Unido, al amparo del artículo 33 del Reglamento n.o 44/2001, (
3
) del auto de ejecución de 1 de marzo de 2019 dictado por la Audiencia Provincial de A Coruña. No obstante, el London P&I Club interpuso recurso de apelación contra este reconocimiento ante la High Court of Justice.
En respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice, el Tribunal de Justicia aclara, en particular, los requisitos que debe satisfacer una sentencia dictada por tribunal de un Estado miembro en los términos de un laudo arbitral para constituir una resolución, a los efectos del artículo 34, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, (
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) capaz de impedir el reconocimiento, en ese Estado miembro, de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia declara que una sentencia dictada en los términos de un laudo arbitral se encuadra en la exclusión del arbitraje contemplada en el artículo 1, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 44/2001 (
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) y que, por lo tanto, no puede gozar del reconocimiento mutuo entre los Estados miembros y circular en el espacio judicial de la Unión conforme a las disposiciones de dicho Reglamento.
Dicho esto, tal sentencia puede tener la consideración de resolución, a los efectos del artículo 34, punto 3, de dicho Reglamento, capaz de impedir, en el Estado miembro en el que haya recaído, el reconocimiento de una resolución dictada por un tribunal de otro Estado miembro cuando esta sea inconciliable con dicha sentencia. En efecto, el concepto de «resolución» se define de manera amplia en el Reglamento n.o 44/2001. Por otra parte, el artículo 34, punto 3, de este Reglamento persigue un objetivo específico, proteger la integridad del ordenamiento jurídico interno del Estado miembro y garantizar que su orden social no se vea perturbado por la obligación de reconocer una resolución judicial dictada en otro Estado miembro que sea inconciliable con una resolución dictada, entre las mismas partes, por sus propios tribunales.
Sin embargo, cosa distinta sucede cuando el laudo arbitral en cuyos términos se ha dictado esa sentencia se emitió en unas circunstancias en las que no habría sido posible dictar, con observancia de las disposiciones y de los objetivos fundamentales del Reglamento n.o 44/2001, una resolución judicial comprendida en su ámbito de aplicación.
En efecto, el conjunto de los objetivos perseguidos por dicho Reglamento se refleja en los principios que inspiran la cooperación judicial en materia civil en el seno de la Unión, como, en particular, los principios de seguridad jurídica para los justiciables, de buena administración de justicia, de reducción al máximo del riesgo de procedimientos paralelos y de confianza recíproca en la justicia. Por otra parte, la confianza recíproca en la justicia dentro de la Unión, en la que se fundamentan las normas que este Reglamento contempla en materia de reconocimiento de las resoluciones judiciales, no alcanza a las decisiones de los tribunales arbitrales ni a las resoluciones judiciales dictadas en los términos de tales decisiones.
Pues bien, el Tribunal de Justicia hace constar que el contenido del laudo arbitral examinado en el litigio principal no habría podido ser objeto de una resolución judicial comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 44/2001 sin infringir dos reglas fundamentales de este Reglamento concernientes al efecto relativo de la cláusula compromisoria insertada en un contrato de seguro y a la litispendencia.
Por lo que atañe al efecto relativo de la cláusula compromisoria insertada en un contrato de seguro, un acuerdo atributivo de competencia celebrado entre un asegurador y un tomador del seguro no puede vincular a la persona perjudicada por el daño asegurado que desee entablar una acción directa por responsabilidad delictual o cuasidelictual contra el asegurador ante el tribunal del lugar en que se produjo el hecho dañoso o ante el tribunal del lugar de su domicilio. En consecuencia, un tribunal distinto de aquel que ya conoce de la acción directa no debe declararse competente sobre la base de tal cláusula compromisoria, a fin de garantizar el objetivo perseguido por el Reglamento n.o 44/2001, proteger a los perjudicados por un daño frente al asegurador de que se trate. Pues bien, este objetivo se vería comprometido si pudiera tener la consideración de «resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido», a los efectos del artículo 34, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, una sentencia dictada en los términos de un laudo arbitral mediante el cual un tribunal arbitral se declaró competente sobre la base de tal cláusula compromisoria.
En lo que respecta a la litispendencia, las circunstancias que caracterizan los dos procedimientos principales, en España y en el Reino Unido, corresponden precisamente a una situación en la que el tribunal ante el que se haya formulado la segunda demanda tiene que suspender de oficio el procedimiento en tanto no se haya declarado competente el tribunal ante el que se interpuso la primera y, posteriormente, inhibirse en favor de este cuando se haya declarado competente. (
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) En efecto, cuando se entabló el procedimiento arbitral, ya se encontraba pendiente ante los tribunales españoles un procedimiento. Este procedimiento enfrentaba a las mismas partes, a saber, en particular, al Estado español y al London P&I Club, y las acciones civiles ejercitadas ante los tribunales españoles ya se habían notificado a este último. Además, dichos procedimientos tenían el mismo objeto y la misma causa: la eventual declaración de responsabilidad del London P&I Club frente al Estado español. El Tribunal de Justicia concluye, por tanto, que incumbe al tribunal al que se ha solicitado que dicte una sentencia en los términos de un laudo arbitral comprobar la observancia de las disposiciones y de los objetivos fundamentales del Reglamento n.o 44/2001 para prevenir una elusión de estos. Llevar a término un procedimiento arbitral contraviniendo el efecto relativo de la cláusula compromisoria insertada en un contrato de seguro y las normas de litispendencia constituye una elusión. Pues bien, habida cuenta de que, en el presente caso, no se efectuó tal comprobación ante los tribunales del Reino Unido que conocieron del asunto, la sentencia dictada en los términos del laudo arbitral no puede impedir, en el litigio principal, el reconocimiento de una resolución recaída en otro Estado miembro.
También se preguntaba al Tribunal de Justicia si, alternativamente, en unas circunstancias como las del asunto principal, podría deducirse del artículo 34, punto 1, del Reglamento n.o 44/2001 (
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) un impedimento para el reconocimiento en el Reino Unido del auto de ejecución de 1 de marzo de 2019 dictado por la Audiencia Provincial de A Coruña. El Tribunal de Justicia declara que esta disposición no permite denegar el reconocimiento o la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro por su contrariedad con el orden público fundada en que esa resolución quebrantaría la fuerza de cosa juzgada de una sentencia dictada en los términos de un laudo arbitral. En efecto, el legislador de la Unión reguló exhaustivamente la cuestión de la fuerza de cosa juzgada de una resolución dictada previamente en los puntos 3 y 4 del artículo 34 de dicho Reglamento.
(
1
)	Arbitration Act 1996 (Ley de Arbitraje de 1996).
(
2
)	High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, Sala de lo Mercantil y de lo Contencioso-Administrativo, Sección de lo Comercial, Reino Unido] (en lo sucesivo, «High Court of Justice»).
(
3
)	Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
(
4
)	A tenor del artículo 34, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, la resolución no se reconocerá si fuere inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido.
(
5
)	Artículo 1, apartado 2, letra d), del Reglamento n.o 44/2001.
(
6
)	De conformidad con el artículo 27 del Reglamento n.o 44/2001.
(
7
)	A tenor de esta disposición, la resolución no se reconocerá si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido.