SENTENCIA DE 27.3.1980 - ASUNTO 61/79 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
de 27 de marzo de 1980* 
En el asunto 61/79, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo 
al artículo 177 del Tratado CEE, por el Tribunale civile e penale de Milán, 
destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional 
entre 
Amministrazione delle Finanze dello Stato 
y 
Denkavit Italiana Sri, 
una decision prejudicial sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 13 
y del artículo 92 del Tratado CEE, en materia de devolución de las cantidades 
percibidas en concepto de exacciones de efecto equivalente a derechos de 
aduana, 
Lengua de procedimiento: alemán. 
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DENKAVIT ITALIANA 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
integrado por los Sres.: H. Kutscher, Presidente; A. O'Keeffe y A. Touffait, 
Presidentes de Sala; J. Meitēns de Wilmars, P. Pescatore, A.J. Mackenzie 
Stuart, G. Bosco, T. Koopmans y O. Due, Jueces; 
Abogado General: Sr. G. Reischl; 
Secretario: A. Van Houtte; 
dicta la siguiente 
Sentencia 
(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 
Fundamentos de Derecho 
1 Mediante resolución de 1 de marzo de 1979, recibida en la Secretaría del 
Tribunal de Justicia el 13 de abril del mismo afio, el Tribunale civile e penale 
di Milano planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones 
prejudiciales sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 13 y del artículo 
92 del Tratado CEE, en relación con el derecho de los contribuyentes a obtener 
la devolución de gravámenes nacionales incompatibles con el Derecho 
comunitario que hayan pagado previamente. 
2 El texto de las cuestiones es el siguiente: 
«A) ¿Es compatible con la normativa comunitaria, y en particular con el 
espíritu del apartado 2 del artículo 13 y del artículo 92 del Tratado CEE, 
la devolución de sumas percibidas en concepto de derechos de aduana 
(en este caso, derechos de inspección sanitaria) antes de que las 
Instituciones comunitarias las clasifiquen como exacciones de efecto 
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SENTENCIA DE 27.3.1980 - ASUNTO 61/79 
equivalente a derechos de aduana y cuya carga ya fue repercutida en su 
día a los compradores de los productos importados? 
B) ¿Se opone la normativa comunitaria, y en particular el apartado 2 del 
artículo 13 y el artículo 92 del Tratado CEE, a que la prohibición y la 
supresión de las exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana 
creen para los particulares el derecho a pedir la devolución de las 
cantidades que han pagado indebidamente al Estado y que éste, por su 
parte, ha percibido ilegalmente en concepto de exacciones de efecto 
equivalente, después de que el Derecho comunitario suprimiera dichas 
exacciones, pero antes de que las Instituciones comunitarias las clasificaran 
como exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana?» 
3 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio, incoado en 1978, 
entre Denkavit Italiana Sri y la Amministrazione delle finanze dello Stato, 
referente a un importe de 2 783 140 LIT pagado por dicha sociedad entre 1971 
y 1974 en concepto de tasas de inspección sanitaria, de conformidad con el 
artículo 32 del Testo Unico n° 1265 de 27 de julio de 1934 relativo a la 
legislación en materia sanitaria (Suppi. ord. alla GURI, 9 de agosto de 1934, 
n. 186). 
4 Fundamentalmente, se refieren a la existencia y al alcance de la obligación de 
los Estados miembros que han percibido gravámenes o cánones nacionales, 
declarados posteriormente incompatibles con el Derecho comunitario, de 
devolverlos a instancia del contribuyente. 
5 En sus observaciones escritas, el Gobierno italiano hace hincapié en los graves 
inconvenientes económicos que resultarían para los Estados miembros de la 
obligación de devolver a los operadores económicos unos gravámenes y 
cánones nacionales, percibidos y pagados en la convicción común de que eran 
conformes al Derecho comunitario, cuando, tras un plazo a veces de varios 
años, una interpretación del Derecho comunitario dada por el Tribunal de 
Justicia en el marco del procedimiento previsto en el artículo 177 del Tratado 
muestra a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales nacionales una 
incompatibilidad que no era evidente y les induce, en virtud de la primacía del 
Derecho comunitario, a no aplicar las disposiciones nacionales de que se trate. 
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DENKA VIT ITALIANA 
6 Esto es así especialmente en lo que respecta a muchas exacciones -en 
particular tasas de control sanitario— percibidas en las fronteras, cuyo efecto 
equivalente al de un derecho de aduana prohibido por el Tratado sólo se hace 
patente de forma gradual en el marco de la interpretación dada por el Tribunal 
de Justicia a este concepto. La propia Comisión se ha dado cuenta de la 
necesidad de plazos notablemente más largos que los previstos originariamente 
-es decir, el final del período transitorio- para descubrir más de 500 tipos de 
cánones y determinar si tenían o no carácter de exacciones de efecto 
equivalente a derechos de aduana. 
7 El Gobierno italiano insiste también en las notables diferencias que hay de un 
Estado miembro a otro en lo que se refiere a las condiciones en que pueden 
ejercitarse acciones para impugnar tributos reclamados o percibidos de manera 
irregular, o para recuperar impuestos indebidamente pagados. Esas diferencias 
son tales que dan lugar, a su vez, en detrimento de los operadores económicos, 
a «una situación de desequilibrio» totalmente análoga a la que había sido 
creada por la percepción indebida. 
8 El Gobierno italiano señala, por último, que los gravámenes indebidamente 
percibidos fueron, por su misma naturaleza, repercutidos en los precios por los 
operadores económicos que los habían pagado, de modo que, a fin de cuentas, 
quienes cargaran con ellos fueron los consumidores finales. Devolvérselos a 
los operadores económicos constituiría un enriquecimiento injustificado y 
vendría a ser, de hecho, una ayuda. 
9 Estas consideraciones llevan al Gobierno italiano a la conclusión de que es 
preciso reconocer la existencia de un principio general de Derecho comunitario 
según el cual la devolución de sumas percibidas en concepto de derechos, cuyo 
efecto equivalente a derechos de aduana ha sido reconocido, sólo puede 
admitirse para importes que se hayan percibido con posterioridad a la sentencia 
del Tribunal de Justicia que clasificó al tipo de gravamen de referencia como 
exacción de efecto equivalente. Por otra parte, según el Gobierno italiano, la 
necesidad de un principio de este tipo ha sido reconocida por el Tribunal de 
Justicia en su sentencia de 8 de abril de 1976, Defrenne (43/75,<- Rec. p. 455), 
y lleva a considerar que el derecho del particular a no pagar la exacción de 
efecto equivalente y la obligación del Estado que ha incurrido en 
incumplimiento, de devolver ésta después de que ha sido percibida, no se 
corresponden necesariamente. 
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10 En cambio, según Denkavit Italiana, el efecto directo de la prohibición de 
percibir exacciones de efecto equivalente a derechos de aduana, establecida por 
el apartado 2 del artículo 13 del Tratado, implica que dicho efecto, junto con 
los derechos que se derivan de él para los particulares, se produce a partir de 
la fecha prevista en dicha disposición para la supresión de esas exacciones, 
cualquiera que sea, por otra parte, el momento en que se declare o se haya 
declarado judicialmente la incompatibilidad de la exacción de que se trate con 
el Derecho comunitario, ya sea por el Tribunal de Justicia en el marco de un 
procedimiento por incumplimiento de Estado, conforme al artículo 169 del 
Tratado, o por los órganos jurisdiccionales nacionales como consecuencia de 
una interpretación, con arreglo al artículo 177, del alcance de la disposición 
comunitaria de que se trate. 
Este efecto directo implica incluso consecuencias más radicales, en el sentido 
de que cualquier disposición de Derecho nacional que excluya o limite el 
ejercicio de los derechos conferidos a los justiciables en virtud de las 
disposiciones de Derecho comunitario directamente aplicables debería ser 
considerada ella misma incompatible con la disposición comunitaria de que se 
trate. 
11 Las cuestiones planteadas, que están estrechamente relacionadas entre sí, se 
refieren al alcance de dos disposiciones del Tratado: El apartado 2 del artículo 
13 y el artículo 92. Mediante ellas se pregunta cuál es el efecto de estas 
disposiciones sobre el derecho de los justiciables a reclamar la devolución de 
los gravámenes nacionales y sobre la obligación correlativa del Estado 
miembro de devolverlos en el supuesto de que se cumplan, juntos o por 
separado, dos requisitos exigidos por el órgano jurisdiccional,- a saber: a) 
cuando el carácter de exacción de efecto equivalente a derechos de aduana de 
importación de esos gravámenes nacionales y, por consiguiente, su 
incompatibilidad con la prohibición establecida en el apartado 2 del artículo 13 
hayan sido declarados, una vez finalizado el período transitorio, sólo como 
consecuencia de una interpretación dada por el Tribunal de Justicia en el marco 
del artículo 177 del Tratado; b) cuando el operador económico que ha pagado 
dichos gravámenes haya transferido la carga de los mismos a los compradores 
de los productos importados. 
12 Antes de examinar la respuesta que procede dar a las cuestiones planteadas, 
debe señalarse que el Tribunal de Justicia, pronunciándose en virtud del 
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DENKA VIT ITALIANA 
artículo 177 del Tratado CEE, no declara la incompatibilidad de un gravamen 
nacional determinado con el Derecho comunitario ni la prohibición correlativa 
de percibirlo en un caso concreto. En el marco de la cooperación judicial 
establecida por dicha disposición, compete a los órganos jurisdiccionales 
nacionales, aplicando la norma fundamental de la primacía del Derecho 
comunitario, garantizar, en los litigios que les someten los interesados, la 
protección de los derechos que se derivan para los justiciables, en virtud del 
propio Tratado, del efecto directo de la prohibición de percibir exacciones de 
efecto equivalente a derechos de aduana. Las cuestiones planteadas deben 
responderse teniendo en cuenta esta circunstancia. 
Sobre el apartado 2 del artículo 13 del Tratado 
13 El apartado 2 del artículo 13 del Tratado dispone que «las exacciones de efecto 
equivalente a los derechos de aduana de importación, en vigor entre los Estados 
miembros, serán suprimidas progresivamente por éstos durante el período 
transitorio. La Comisión determinará, mediante Directivas, el ritmo de tal 
supresión. Se inspirará en las normas previstas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 14 y en las Directivas adoptadas por el Consejo en aplicación del 
citado apartado 2». 
14 Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia, expresada 
especialmente en sus sentencias de 19 de junio de 1973, Capolongo (77/72," 
Rec. p. 611); de 18 de junio de 1975, IGAV (94/74,« Rec. p. 699), y de 5 de 
febrero de 1976, Bresciani (87/75,« Rec. p. 129), que el apartado 2 del artículo 
13 implica, a más tardar desde el final del período transitorio, es decir, a partii­
del 1 de enero de 1970, en lo que respecta a todas las exacciones de efecto 
equivalente a derechos de aduana, una prohibición precisa e incondicional de 
percibir dichas exacciones, de modo que esta disposición se presta 
perfectamente, por su misma naturaleza, a producir efectos directos en las 
relaciones jurídicas entre los Estados miembros y sus justiciables. Como ha 
declarado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 9 de marzo de 1978, 
Simmenthal (106/77," Rec. pp. 629 y ss., especialmente p. 643), las normas de 
Derecho comunitario deben surtir sus efectos de manera plena y uniforme en 
todos los Estados miembros a partir de su entrada en vigor y durante todo su 
período de validez. 
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15 El artículo 177 del Tratado dispone que el Tribunal de Justicia es competente 
para pronunciarse con carácter prejudicial, entre otras cosas, sobre la 
interpretación del Tratado y de los actos adoptados por las Instituciones. Esta 
competencia tiene por objeto garantizar una interpretación y una aplicación 
uniformes del Derecho comunitario, y en especial de las disposiciones que 
tienen efecto directo, por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales. 
16 La interpretación que, en el ejercicio de la competencia que le confiere el 
artículo 177, da el Tribunal de Justicia de una norma de Derecho comunitario, 
aclara y especifica, cuando es necesario, el significado y el alcance de dicha 
norma, tal como ésta debe o habría debido entenderse y aplicarse desde el 
momento de su entrada en vigor. De esto resulta que la norma así interpretada 
puede y debe ser aplicada por el Juez incluso a relaciones jurídicas nacidas y 
constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de 
• interpretación, siempre y cuando, por otra parte, se reúnan los requisitos 
necesarios para someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio 
relativo a la aplicación de dicha norma. 
17 Unicamente con carácter excepcional podría el Tribunal de Justicia, como ha 
reconocido en su sentencia de 8 de abril de 1976, Defrenne (43/75,« Rec. 
p. 455), con arreglo a un principio general de seguridad jurídica inherente al 
ordenamiento jurídico comunitario y teniendo en cuenta los graves problemas 
que su sentencia podría crear, por lo que respecta al pasado, en las relaciones 
jurídicas establecidas de buena fe, llegar a limitar la posibilidad de que 
cualquier interesado invoque la disposición así interpretada con el fin de 
cuestionar esas relaciones jurídicas. 
18 No obstante, tal limitación sólo puede admitirse en la misma sentencia que 
resuelva sobre la interpretación solicitada. La exigencia fundamental de una 
aplicación uniforme y general del Derecho comunitario implica que compete 
exclusivamente al Tribunal de Justicia decidir acerca de las limitaciones 
temporales que hay que poner a la interpretación dada por él. 
19 Los requisitos necesarios para tales limitaciones no se reúnen cuando el litigio 
sometido ante el órgano jurisdiccional nacional resulta de la prohibición de 
percibir exacciones nacionales de efecto equivalente a derechos de aduana de 
importación, ya que el alcance general de esta prohibición y su carácter 
absoluto habían sido reconocidos por el Tribunal de Justicia desde 1962, es 
408
DENKAVIT ITALIANA 
decir, antes del final del período transitorio, en su sentencia de 14 de diciembre 
de 1962, Comisión/Luxemburgo y Bélgica (asuntos acumulados 2/62 y 3/62," 
Rec. p. 813). En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que «el 
concepto de "exacción de efecto equivalente", lejos de aparecer como una 
excepción a la regla general de prohibición de los derechos de aduana, se 
presenta, por el contrario, como un complemento necesario, que permite la 
eficacia de aquélla». 
20 Del mismo modo, en su sentencia de 16 de junio de 1966, Alemania/Comisión 
(asuntos acumulados 52/65 y 55/65,- Rec. p. 227) el Tribunal de Justicia 
desestimó el argumento de que los cánones administrativos que constituyen la 
contrapartida de una prestación específica de la Administración podían no 
incluirse en el concepto de exacciones de efecto equivalente. En su sentencia 
de 10 de diciembre de 1968, Comisión/Italia (7/68," Rec. p. 617), este 
Tribunal confirmó esa misma interpretación en cuanto a los gravámenes sobre 
obras de arte italianas y, en su sentencia de 1 de julio de 1969, Comisión/Italia 
(24/68, Rec. p. 193), en cuanto a derechos de estadística. Por último, en su 
sentencia de la misma fecha, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders (asuntos 
acumulados 2/69 y 3/69,» Rec. p. 211), el Tribunal de Justicia declaró que el 
concepto de exacción de efecto equivalente, contemplado en los artículos 9 y 
12 del Tratado CEE, incluye cualquier carga pecuniaria, distinta a un derecho 
de aduana propiamente dicho, que grave, por el hecho de cruzar la frontera, las 
mercancías que circulan dentro de la Comunidad, siempre y cuando dicha carga 
no esté permitida por disposiciones específicas del Tratado, sin que, por otra 
parte, sea necesario tener en cuenta que el gravamen de referencia tenía 
objetivos caracterizados de Seguridad Social. 
21 De esta jurisprudencia reiterada resulta que tanto los Estados miembros como 
los operadores económicos interesados estaban, desde antes del final del 
período transitorio, es decir, desde antes de que la prohibición tuviese, en 
virtud del apartado 2 del artículo 13 del Tratado CEE, un efecto general e 
incondicional, suficientemente informados del alcance de dicha prohibición 
como para que no proceda limitar su alcance, en todo caso en lo que respecta 
al período posterior al 1 de enero de 1970. 
22 No obstante, debe señalarse que, cuando la consecuencia de una norma de 
Derecho comunitario -como el apartado 2 del artículo 13 del Tratado- es 
prohibir, con los efectos descritos más arriba, la percepción de gravámenes o 
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cánones nacionales, la garantía de los derechos que el efecto directo de tal 
prohibición otorga a los justiciables no exige necesariamente una norma 
uniforme y común a los Estados miembros relativa a los requisitos de forma y 
de fondo de cuya observancia dependa la impugnación o la recuperación de 
dichos gravámenes. 
23 De una aproximación comparativa de los sistemas nacionales se desprende que 
el problema de la impugnación de gravámenes ilegalmente reclamados o de la 
devolución de gravámenes indebidamente pagados se resuelve de diferentes 
maneras en los distintos Estados miembros e incluso, dentro de un mismo 
Estado, según los diversos tipos de impuestos y gravámenes de que se trate. En 
algunos casos, las impugnaciones o demandas de este tipo están sometidas por 
la ley a requisitos concretos de forma y de plazo en lo que respecta tanto a las 
reclamaciones dirigidas a la Administración Tributaria como a los recursos 
jurisdiccionales. Precisamente, a efectos del funcionamiento de tales medios 
de impugnación, este Tribunal de Justicia reconoció, en sus sentencias de 16 
de diciembre de 1976, Rewe (33/76,« Rec. p. 1989) y Comet (45/76, Rec. 
p. 2043) la compatibilidad con el Derecho comunitario de la fijación de plazos 
razonables de recurso en interés de la seguridad jurídica que protege tanto al 
contribuyente como a la Administración de que se trate. 
24 En otros casos, los recursos que tienen por objeto el reembolso de gravámenes 
indebidamente pagados deben interponerse ante los órganos jurisdiccionales 
ordinarios, principalmente en forma de recursos para la devolución de 
cantidades indebidamente pagadas. Estos recursos pueden interponerse durante 
plazos más o menos largos, en algunos casos durante el plazo de prescripción 
establecido por el Derecho común, de modo que los Estados miembros pueden 
encontrarse ante reclamaciones acumuladas de considerable importancia en 
caso de que se declare que determinadas disposiciones fiscales nacionales son 
incompatibles con las exigencias del Derecho comunitario. 
25 De las sentencias de 16 de diciembre de 1976 (Rewe y Comet, antes citadas) 
resulta que, con arreglo al principio de cooperación establecido en el artículo 
5 del Tratado CEE^ incumbe a los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros garantizar la protección jurídica que se deriva para los justiciables 
del efecto directo de las disposiciones de Derecho comunitario. A falta de una 
normativa comunitaria en materia de impugnación o de recuperación de 
gravámenes nacionales ilegalmente reclamados o indebidamente percibidos, 
410
DENKA VIT ITALIANA 
corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar 
los órganos jurisdiccionales competentes y regular las modalidades procesales 
de los recursos judiciales destinados a garantizar la protección de los derechos 
que se derivan para los justiciables del efecto directo del Derecho comunitario, 
entendiéndose que dichas modalidades no pueden ser menos favorables que las 
relativas a recursos similares de naturaleza interna y que en ningún caso pueden 
ser dispuestas de forma que hagan imposible en la práctica el ejercicio de los 
derechos que los órganos jurisdiccionales nacionales tienen la obligación de 
proteger. 
26 Debe especificarse a este respecto que la protección de los derechos 
garantizados en la materia por el ordenamiento jurídico comunitario no exige 
que se conceda una devolución de gravámenes indebidamente percibidos en 
condiciones que darían lugar a un enriquecimiento injusto de los interesados. 
Por tanto, nada se opone, desde el punto de vista del Derecho comunitario, a 
que los órganos jurisdiccionales nacionales tengan en cuenta, de conformidad 
con su Derecho nacional, el hecho de que unos gravámenes indebidamente 
percibidos han podido ser incluidos en los precios de la empresa deudora del 
gravamen y repercutidos sobre los compradores. 
27 El Gobierno italiano ha recordado los límites que pueden ponerse legalmente 
al ejercicio del derecho a impugnar tributos ilegales o a reclamar su 
devolución, y la distinción que, a este respecto, hacen las legislaciones 
nacionales entre las condiciones relativas a la negativa a pagar un impuesto o 
a la impugnación de su percepción y las relativas a la recuperación de tributos 
ya pagados anteriormente. Sin embargo, estas consideraciones, en lo que se 
refiere a tributos nacionales y en el estado actual del Derecho comunitario, 
deben llevarse a la práctica en el marco de las legislaciones nacionales, habida 
cuenta de los límites antes mencionados. 
28 Así pues, las cuestiones relativas a la interpretación del apartado 2 del artículo 
13 deben responderse de la manera siguiente: 
a) El efecto directo del apartado 2 del artículo 13 del Tratado implica que, 
desde el final del período transitorio, pueden interponerse ante las 
Administraciones y ante los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros, según el caso, recursos contra gravámenes nacionales que 
tengan un efecto equivalente a derechos de aduana, o solicitudes de 
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SENTENCIA DE 27.3.1980 - ASUNTO 61/79 
reembolso de dichos gravámenes, incluso en lo que respecta al período 
anterior al momento en que tal clasificación de esos gravámenes resulte de 
una interpretación dada por el Tribunal de Justicia en el marco del artículo 
177 del Tratado. 
b) No obstante, corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado 
miembro determinar las condiciones en que los contribuyentes pueden 
impugnar dichos tributos o reclamar su devolución, siempre que esas 
condiciones no sean menos favorables que las referentes a recursos 
similares de naturaleza interna y que no hagan imposible en la práctica el 
ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico 
comunitario. 
c) Desde el punto de vista del Derecho comunitario, nada se opone a que los 
órganos jurisdiccionales nacionales tengan en cuenta, de conformidad con 
su Derecho nacional, el hecho de que unos gravámenes indebidamente 
percibidos han podido ser incluidos en los precios de la empresa deudora 
del gravamen y repercutidos sobre los compradores. 
Sobre el artículo 92 del Tratado 
29 Al referirse en sus cuestiones al artículo 92 del Tratado, el órgano 
jurisdiccional nacional pregunta fundamentalmente si una recuperación por 
parte de los operadores económicos de gravámenes nacionales indebidamente 
percibidos en las condiciones descritas por dicho órgano jurisdiccional no 
debería considerarse como una ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado 
y ser, por tanto, incompatible con el Derecho comunitario. 
30 Según el apartado 1 del artículo 92, «serán incompatibles con el mercado 
común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre 
Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos 
estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, 
favoreciendo a determinadas empresas o producciones». 
31 Así pues, esta disposición se refiere a las decisiones de los Estados miembros 
mediante las que éstos, con el fin de alcanzar sus propios objetivos económicos 
y sociales, ponen, mediante decisiones unilaterales y autónomas, a disposición 
412
DENKA VIT ITALIANA 
de las empresas o de otros sujetos de derechos, recursos o les conceden 
ventajas destinadas a favorecer la realización de los objetivos económicos o 
sociales perseguidos. No se aplica a una obligación de pagar o de devolver 
sumas resultante de la circunstancia de que quien pagó esas sumas no las debía. 
De esto se desprende que un sistema tributario nacional, que permite a un 
contribuyente impugnar o reclamar la devolución de un impuesto, no constituye 
una ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado. Que sea posible o no 
recuperar un impuesto a causa de esta circunstancia depende, de hecho, de las 
características específicas de las legislaciones nacionales en materia de 
recuperación de las cantidades indebidamente pagadas, especialmente en el 
ámbito fiscal. 
32 Así pues, procede responder a las cuestiones relativas a la interpretación del 
artículo 92 del Tratado que la obligación de la Administración de un Estado 
miembro de devolver a los contribuyentes que lo soliciten, de conformidad con 
el Derecho nacional, gravámenes o cánones que no se debían a causa de su 
incompatibilidad con el Derecho comunitario, no constituye una ayuda en el 
sentido del artículo 92 del Tratado CEE. 
Costas 
33 Los gastos efectuados por los Gobiernos danés e italiano y por la Comisión de 
las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este 
Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el 
procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un 
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 
413
SENTENCIA DE 27.3.1980 -ASUNTO 61/79 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunale civile e penale 
di Milano mediante resolución de 1 de marzo de 1979, registrada en el Tribunal 
de Justicia el 13 de abril de 1979, declara: 
1) a) El efecto directo del apartado 2 del artículo 13 del Tratado implica 
que, desde el final del período transitorio, pueden interponerse 
ante las Administraciones y ante los órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros, según el caso, recursos contra gravámenes 
nacionales que tengan un efecto equivalente a derechos de aduana, 
o solicitudes de reembolso de dichos gravámenes, incluso en lo que 
respecta al período anterior al momento en que tal clasificación de 
esos gravámenes resulte de una interpretación dada por el 
Tribunal de Justicia en el marco del artículo 177 del Tratado. 
b) No obstante, corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado 
miembro determinar las condiciones en que los contribuyentes 
pueden impugnar dichos tributos o reclamar su devolución, 
siempre que esas condiciones no sean menos favorables que las 
referentes a recursos similares de naturaleza interna y que no 
hagan imposible en la práctica el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario. 
c) Desde el punto de vista del Derecho comunitario, nada se opone a 
que los órganos jurisdiccionales nacionales tengan en cuenta, de 
conformidad con su Derecho nacional, el hecho de que unos 
gravámenes indebidamente percibidos han podido ser incluidos en 
los precios de la empresa deudora del gravamen y repercutidos 
sobre los compradores. 
414
DENKA VIT ITALIANA 
2) La obligación de la Administración de un Estado miembro de devolver 
a los contribuyentes que lo soliciten, de conformidad con el Derecho 
nacional, gravámenes o cánones que no se debían a causa de su 
incompatibilidad con el Derecho comunitario, no constituye una ayuda 
a efectos del artículo 92 del Tratado CEE. 
Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore 
Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de marzo de 1980. 
El Secretario 
A. Van Houtte 
El Presidente 
H. Kutscher 
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