61991J0004
INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-4/91 (
*1
)
I. Hechos y fase escrita del procedimiento
1. Contexto normativo nacional
El artículo 5 de la Ley francesa n° 83-634, de 13 de julio de 1983, por la que se regulan los derechos y obligaciones de los funcionarios (Estatuto general de los funcionarios del Estado y de las colectividades territoriales; JORF de 14.7.1983, p. 2174), dispone:
«Nadie podrá tener la condición de funcionario:
1) —
si no posee la nacionalidad francesa.»
2. Litigio principal y cuestión prejudicial
La Sra. Annegret Bleis, de nacionalidad alemana, es titular de una licenciatura en ciencias humanas expedida por la Facultad de París-X (Nanterre). Mediante carta de 14 de octubre de 1988, solicitó al ministère de l'Education nationale tomar parte en el concurso para el certificado de aptitud para el profesorado de enseñanza secundaria externa de alemán (CAPES).
El 3 de noviembre de 1988, el sous-directeur du recrutement (subdirector de selección) del citado ministerio le respondió manifestando que no podría presentarse al citado concurso por su nacionalidad.
El 30 de diciembre de 1988, la Sra. Bleis interpuso un recurso de alzada contra esta resolución ante el ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Como consecuencia del silencio mantenido por el ministre d'Etat durante más de cuatro meses acerca del recurso de alzada de la Sra. Bleis, ésta decidió presentar ante el tribunal administratif de Paris un recurso de anulación contra la resolución desestimatoria presunta resultante del silencio administrativo.
Mediante resolución de 4 de diciembre de 1990, el tribunal administratif de Paris (Sección Sexta, Sala Primera) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«El empleo de profesor titular de enseñanza secundaria de los centros docentes públicos franceses, ¿constituye un empleo en la Administración Pública con arreglo al apartado 4 del artículo 48 del Tratado?»
3. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
La resolución de remisión del tribunal administratif de Paris se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de enero de 1991.
Conforme al artículo 20 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE, presentaron observaciones escritas la parte demandante en el asunto principal, representada por Me Sylvie Deniniolle, Abogado de París; la Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Jean-Claude Séché, miembro de su Servicio Jurídico, en calidad de Agente, y la República Francesa, representada por la Sra. Edwige Belliard y el Sr. Claude Chavance, del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agentes.
Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba y atribuir el asunto a la Sala Tercera.
II. Resumen de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia
La Sra. Bleis alega que la normativa francesa establece una discriminación por razón de la nacionalidad, en lo relativo al acceso a la enseñanza secundaria, lo cual resulta contrario al artículo 48 del Tratado.
A juicio de la Sra. Bleis, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencias de 12 de febrero de 1974, Sotgiu, 152/73, Ree. p. 153; de 17 de diciembre de 1980, Comisión/Bélgica, 149/79, Rec. p. 3881; de 26 de mayo de 1982, Comisión/Bélgica, 149/79, Rec. p. 1845; de 3 de junio de 1986, Comisión/Francia, 307/84, Rec. p. 1725; de 3 de julio de 1986, Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, 66/85, Rec. p. 2121; de 16 de junio de 1987, Comisión/Italia, 225/85, Rec. p. 2625, y de 30 de mayo de 1989, Pilar Allué, 33/88, Rec. p. 1591), se deduce que, para calificar un empleo de empleo en la Administración Pública, debe tenerse en cuenta la naturaleza de las funciones y de las responsabilidades que el citado empleo implica.
La Sra. Bleis afirma que la política de la Comisión, plasmada en su comunicación «La libre circulación de los trabajadores y el acceso a los empleos en la Administración Pública de los Estados miembros — La acción de la Comisión en materia de aplicación del apartado 4 del artículo 48 del Tratado CEE» (DO C 72 de 18.3.1988, p. 2), en favor de una mayor movilidad de los trabajadores, así como los programas Erasmus incluyen la enseñanza en los centros públicos como uno de los ejes prioritarios.
Dado que el citado empleo no implica el ejercicio de prerrogativas de poder público y tampoco lleva consigo responsabilidad alguna para la salvaguardia de los intereses generales del Estado, se propone al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente forma a la cuestión prejudicial.
«El empleo de profesores titulares de enseñanza secundaria de los centros docentes públicos franceses no constituye un empleo en la Administración Pública con arreglo al apartado 4 del artículo 48 del Tratado CEE.»
La Comisión alega que la medida de que se trata es contraria al apartado 4 del artículo 48 del Tratado. Tratándose concretamente de profesores, no se discute que son, al igual que el resto de los funcionarios, «trabajadores» en el sentido del artículo 48 que, por consiguiente, gozan de la libre circulación establecida en esta disposición (sentencia de 3 de julio de 1986, Lawrie-Blum, antes citada, apartado 20).
A juicio de la Comisión, en una serie de sentencias relativas al apartado 4 del artículo 48, el Tribunal de Justicia ha establecido algunos principios fundamentales a este respecto: por tratarse de una excepción a una libertad fundamental, esta disposición es de interpretación estricta; el concepto de «empleos en la Administración Pública» tiene un alcance comunitario; y la admisión al empleo tan sólo puede excluirse para determinadas actividades de la Administración. De la sentencia de 17 de diciembre de 1980, Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 10, se deduce que tan sólo se hallan comprendidos en el apartado 4 del artículo 48 aquellos empleos que suponen una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses generales del Estado o de las demás colectividades públicas. Los citados empleos suponen, efectivamente, por parte de sus titulares, la existencia de una relación particular de solidaridad respecto del Estado, así como la reciprocidad de derechos y deberes que son el fundamento del vínculo de nacionalidad.
De ello se deduce que los empleos de profesores no se hallan comprendidos en esta disposición, como el Tribunal de Justicia ha declarado en dos ocasiones (sentencias de 3 de julio de 1986, Deborah Lawrie-Blum, antes citada, y de 30 mayo de 1989, Pilar Allué, antes citada, apartado 7).
La Comisión observa que la normativa francesa no se opone al empleo de extranjeros como no titulares, si bien exige el requisito de la nacionalidad francesa para su selección como titulares. El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de los empleos de enfermero o de enfermera en los hospitales públicos, sobre la distinción entre agentes titulares y agentes contractuales en la Administración francesa, en lo relativo al acceso al empleo de nacionales de los demás Estados miembros (sentencia de 3 de junio de 1986, Comisión/Francia, antes citada, apartado 16). A juicio de la Comisión, la respuesta del Tribunal de Justicia acerca del alcance del apartado 4 del artículo 48 puede aplicarse a los empleos de profesores, como los que se cuestionan en el presente asunto.
Finalmente la Comisión recuerda que, en su comunicación sobre el acceso a los empleos en la Administración Pública, consideró que la excepción establecida en el apartado 4 del artículo 48 se refiere a las funciones específicas del Estado y de las colectividades que pueden serle asimiladas, como son las fuerzas armadas, la policía y demás fuerzas de orden público, la magistratura, la administración tributaria y la diplomacia. En esta lista no se halla incluida la enseñanza.
De todo lo anterior se deduce que la respuesta a la cuestión prejudicial debe ser la siguiente:
«El empleo de profesor titular de enseñanza secundaria de los centros docentes públicos franceses no constituye un empleo en la Administración Pública con arreglo al apartado 4 del artículo 48 del Tratado CEE.»
El Gobierno fiancés no discute que la normativa controvertida infringe el artículo 48 del Tratado. Señala al Tribunal de Justicia que el ministère de l'Education nationale ha interpuesto un recurso de apelación ante el Conseil d'Etat contra la resolución de remisión del tribunal administratif de Paris.
El Gobierno francés precisa, además, que el Consejo de Ministros de Francia acaba de adoptar un proyecto de Ley por el que se modifica la Ley n° 83-634, de 13 de julio de 1983, mediante el cual se da acceso a la función pública francesa, tanto en lo relativo a los funcionarios del Estado como de las demás colectividades públicas, a los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad para aquellos empleos cuyas atribuciones no suponen una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público del Estado o de las demás colectividades públicas. El texto será presentado al Parlamento en su período de sesiones de primavera. Con arreglo a esta Ley, los cuerpos docentes quedarán abiertos a los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad.
J.C. Moitinho de Almeida
Juez Ponente
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)	Lengua de procedimiento: francés.