62023CJ0562
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 27 de febrero de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Espectro radioeléctrico armonizado — Derechos de uso individuales por un plazo limitado — Prórroga de estos derechos — Directiva 2002/20/CE — Artículo 5, apartado 2 — Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE — Artículo 5, apartado 2 — Código europeo de las comunicaciones electrónicas — Directiva (UE) 2018/1972 — Artículo 49, apartados 1 y 2 — Aplicabilidad temporal»
En el asunto C‑562/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Upravno sodišče (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Eslovenia), mediante resolución de 24 de agosto de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de septiembre de 2023, en el procedimiento entre
T‑2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
y
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. T. von Danwitz (Ponente), Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y el Sr. A. Kumin y la Sra. I. Ziemele, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Pikamäe;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno esloveno, por la Sra. V. Klemenc, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno español, por el Sr. L. Aguilera Ruiz, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–
en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. O. Gariazzo y L. Malferrari y por la Sra. B. Rous Demiri, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO 2002, L 108, p. 21), del artículo 5, apartado 2, párrafo cuarto, de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 37) (en lo sucesivo, «Directiva 2002/20 modificada»), y del artículo 49, apartados 1 y 2, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas (DO 2018, L 321, p. 36).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre T‑2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. (en lo sucesivo, «T‑2»), una sociedad eslovena, y la Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Agencia de Redes y Servicios de Comunicación de la República de Eslovenia; en lo sucesivo, «Agencia») en relación con la denegación por esta última de la solicitud de prorrogar la validez de la decisión por la que concedieron a T‑2 derechos de uso individual del espectro radioeléctrico.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2002/20
3
El artículo 5 de la Directiva 2002/20, que lleva por título «Derechos de uso de radiofrecuencias y números», disponía, en su apartado 2, párrafo segundo:
«[…] Cuando los Estados miembros otorguen derechos de uso por un plazo limitado, su duración será adecuada al servicio de que se trate.»
4
El artículo 5 de la Directiva 2002/20 modificada, titulado «Derechos de uso de radiofrecuencias y números», disponía en su apartado 2, párrafo cuarto:
«Cuando los Estados miembros otorguen derechos de uso por un plazo limitado, su duración será adecuada al servicio de que se trate en relación con el objetivo perseguido, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de autorizar un período apropiado de amortización de las inversiones.»
5
La Directiva 2002/20 ha sido derogada y sustituida por la Directiva 2018/1972.
Directiva 2018/1972
6
Los considerandos 1, 131 y 323 de la Directiva 2018/1972 tienen el siguiente tenor:
«(1)
Las Directivas […] 2002/20/CE […] han sido modificadas de forma sustancial. Con motivo de nuevas modificaciones, conviene, en aras de la claridad, proceder a la refundición de las citadas Directivas.
[…]
(131)
La gestión eficaz del espectro radioeléctrico puede asegurarse facilitando un uso eficiente continuo del espectro radioeléctrico que ya se haya asignado. Con objeto de garantizar la seguridad jurídica a los titulares de derechos, conviene pensar en la posibilidad de renovar los derechos de uso dentro de un plazo apropiado con anterioridad a la expiración de los derechos de que se trate, por ejemplo, cuando los derechos hayan sido asignados por quince o más años, al menos dos años antes de la expiración de dichos derechos, a menos que se haya excluido explícitamente la posibilidad de renovación en el momento de la asignación. […]
[…]
(323)
Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, conseguir un marco armonizado y simplificado para la regulación de las redes de comunicaciones electrónicas, los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos y servicios asociados, de las condiciones para la autorización de redes y servicios, del uso del espectro radioeléctrico […], no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión [Europea], esta puede adoptar medidas […]».
7
El artículo 1 de la Directiva 2018/1972, titulado «Objeto, ámbito de aplicación y finalidades», establece, en su apartado 1:
«La presente Directiva establece un marco armonizado para la regulación de las redes de comunicaciones electrónicas, los servicios de comunicaciones electrónicas, los recursos y servicios asociados y algunos aspectos de los equipos terminales. Fija las misiones de las autoridades nacionales de reglamentación y, cuando proceda, de otras autoridades competentes, e introduce una serie de procedimientos para garantizar la aplicación armonizada del marco regulador en toda la Unión.»
8
Con arreglo al artículo 2 de esta Directiva, que lleva por título «Definiciones»:
«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
25)
“espectro radioeléctrico armonizado”: el espectro radioeléctrico cuyas condiciones de disponibilidad y uso eficiente se han armonizado a través de una medida técnica de aplicación de conformidad con el artículo 4 de la Decisión n.o 676/2002/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (DO 2002, L 108, p. 1)];
[…]».
9
El artículo 47 de la Directiva 2018/1972, titulado «Condiciones asociadas a los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico», dispone en su apartado 1:
«Las autoridades competentes impondrán condiciones a los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, de forma que se garantice el uso óptimo y más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico. Antes de la asignación o la renovación de esos derechos, definirán claramente dichas condiciones, incluido el nivel de uso requerido y la posibilidad de cumplir dicha obligación a través del comercio o el alquiler con el fin de garantizar la aplicación de estas condiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30. Las condiciones asociadas a las renovaciones de los derechos de uso del espectro radioeléctrico no podrán otorgar ventajas indebidas a los actuales titulares de esos derechos.
[…]
Las autoridades competentes de manera puntual y transparente celebrarán consultas con las partes interesadas y les informarán acerca de las condiciones asociadas al uso de derechos individuales antes de su imposición. Determinarán previamente e informarán a las partes interesadas de una forma transparente de los criterios que se aplicarán en la evaluación del cumplimiento de las condiciones.»
10
El artículo 49 de esta Directiva, titulado «Duración de los derechos», establece en sus apartados 1 y 2:
«1.   Cuando los Estados miembros autoricen derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico por un plazo limitado, se asegurarán de que el derecho de uso se concede por un período apropiado en relación con los objetivos perseguidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, apartado 2, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de garantizar la competencia, así como en particular un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico y de promover la innovación y las inversiones eficientes, incluso autorizando un período apropiado de amortización de las inversiones.
2.   Cuando concedan derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico cuyas condiciones armonizadas se hayan establecido por medidas técnicas de ejecución conforme a la Decisión n.o [676/2002] para permitir el uso de servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricas de banda ancha (en lo sucesivo, “servicios de banda ancha inalámbrica”) por un período limitado, los Estados miembros garantizarán a los titulares de los derechos, durante un período mínimo de veinte años, la previsibilidad normativa respecto de las condiciones de inversión en infraestructuras a las que se supedita el uso de dicho espectro radioeléctrico, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el apartado 1 del presente artículo. El presente artículo está sujeto, en su caso, a cualquier modificación de las condiciones vinculadas a esos derechos de uso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.
A tal efecto, los Estados miembros velarán por que esos derechos sean válidos durante un período de al menos quince años y, cuando resulte necesario para cumplir lo dispuesto en el párrafo primero, incluirán una ampliación adecuada de ese período, en las condiciones establecidas en el presente apartado.
Antes de la concesión de derechos de uso, los Estados miembros pondrán a disposición de todas las partes interesadas, de forma transparente, los criterios generales de prórroga de su duración, como parte de las condiciones establecidas en el artículo 55, apartados 3 y 6. Dichos criterios generales se basarán en:
a)
la necesidad de garantizar el uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico de que se trate, los objetivos a los que se refiere el artículo 45, apartado 2, letras a) y b), o los objetivos de interés general de protección de la seguridad de la vida humana, el orden público, la seguridad pública o la defensa, y
b)
la necesidad de garantizar una competencia no falseada.
A más tardar dos años antes de la fecha de expiración del período de vigencia inicial de un derecho individual de uso, la autoridad competente realizará una evaluación objetiva y prospectiva de los criterios generales establecidos para su ampliación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, letra c). Siempre que no haya puesto en marcha ninguna medida coercitiva por incumplimiento de las condiciones de los derechos de uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30, la autoridad competente concederá la ampliación del derecho de uso, salvo en caso de que considere que esta no cumple los criterios generales establecidos en el párrafo tercero, letras a) o b), del presente apartado.
Partiendo de dicha evaluación, la autoridad competente notificará al titular de los derechos si se concede la ampliación del período del derecho de uso.
En caso de que la prórroga del derecho de uso no se conceda, la autoridad competente aplicará el artículo 48 para la concesión de derechos de uso de esa banda del espectro radioeléctrico específica.
Las medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el presente apartado deberán ser proporcionadas, no discriminatorias, transparentes y estar motivadas.
No obstante lo dispuesto en el artículo 23, las partes interesadas podrán presentar observaciones sobre cualquier proyecto de medida establecida en virtud de lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del presente apartado durante un período no inferior a tres meses.
El presente apartado se aplicará sin perjuicio de la aplicación de los artículos 19 [sobre restricción o retirada de derechos] y 30 [sobre el cumplimiento de las condiciones de la autorización general o de los derechos de uso del espectro radioeléctrico y de los recursos de numeración y sobre el cumplimiento de obligaciones específicas].
Para establecer las tasas por los derechos de uso, los Estados miembros tendrán en cuenta el mecanismo previsto en el presente apartado.»
11
El artículo 124 de la Directiva 2018/1972, titulado «Transposición», dispone en su apartado 1:
«Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 21 de diciembre de 2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva. […]
Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del 21 de diciembre de 2020.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva […]».
12
A tenor del artículo 125 de esa Directiva, que lleva por título «Derogación»:
«Las Directivas […] [2002/20] […], enumeradas en el anexo XII, parte A, quedan derogadas con efectos a partir del 21 de diciembre de 2020 […].
[…]»
13
El artículo 126 de la Directiva 2018/1972, titulado «Entrada en vigor», establece:
«La presente Directiva entrará en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.»
Decisión n.o 676/2002
14
El artículo 1 de la Decisión n.o 676/2002, titulado «Objetivo y ámbito de aplicación», dispone en su apartado 1:
«El objetivo de la presente Decisión es establecer en la Comunidad un marco político y jurídico que asegure la coordinación de los planteamientos políticos y, en su caso, las condiciones armonizadas que permitan la disponibilidad y el uso eficiente del espectro radioeléctrico necesarios para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior en ámbitos de políticas comunitarias como las comunicaciones electrónicas, los transportes, y la investigación y el desarrollo (I+D).»
15
El artículo 2 de esta Decisión, con el título «Definición», establece:
«A efectos de la presente Decisión, se entenderá por “espectro radioeléctrico” las ondas radioeléctricas en las frecuencias comprendidas entre 9 kHz y 3000 GHz; las ondas radioeléctricas son ondas electromagnéticas propagadas por el espacio sin guía artificial.»
Derecho esloveno
16
A tenor del artículo 155 de la Ustava Republike Slovenije (Constitución de la República de Eslovenia):
«Las leyes, las demás normas y los actos de carácter general no podrán tener efecto retroactivo. Solamente por ley podrá establecerse que algunas de sus disposiciones concretas tengan efecto retroactivo, cuando así lo exija el interés público y siempre que ello no incida en derechos adquiridos.»
17
El artículo 50, apartado 1, de la Zakon o elektronskih komunikacijah (Ley sobre las Comunicaciones Electrónicas) (Uradni list RS, n.o 43/04; en lo sucesivo, «Zekom») disponía:
«La decisión de asignación de radiofrecuencias será adoptada por la Agencia para un período determinado, y en concreto con una duración máxima de 15 años, salvo para la asignación de radiofrecuencias destinadas a servicios de radiotelefonía móvil aeronáutica o marítima.»
18
El artículo 51 de la Zekom establecía:
«La validez de una decisión de asignación de radiofrecuencias podrá prorrogarse a solicitud de su titular, siempre que se cumplan todos los requisitos prescritos para el uso de dichas radiofrecuencias en el momento de la expiración de su validez.»
19
A tenor del artículo 53, apartado 1, de la Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom‑1) [Ley sobre las Comunicaciones Electrónicas (ZEKom‑1)] (Uradni list RS, n.o 109/12; en lo sucesivo, «Zekom‑1»), que sustituyó a la Zekom y estuvo en vigor del 15 de enero de 2013 al 9 de noviembre de 2022:
«La decisión de asignación de radiofrecuencias será adoptada por la Agencia por un plazo determinado, respetando un período adecuado, necesario para la amortización de las inversiones y, en cualquier caso, por un período máximo de 15 años, salvo para la asignación de radiofrecuencias destinadas a los servicios de radiotelefonía móvil aeronáutica y marítima.»
20
El artículo 54, apartado 1, de la Zekom‑1 disponía:
«La validez de las decisiones de asignación de radiofrecuencias, con excepción de las decisiones de asignación de radiofrecuencias dirigidas a garantizar la prestación de servicios públicos de comunicaciones a los usuarios finales, podrá prorrogarse a solicitud de su titular, siempre que se cumplan todos los requisitos prescritos en el momento de la expiración de su validez para el uso de estas radiofrecuencias y teniendo en cuenta, además, los objetivos perseguidos por los artículos 194, 195, 196 y 197 de la presente Ley.»
21
En virtud del artículo 240 de la Zekom‑1, las decisiones adoptadas sobre la base de la Zekom podían ser modificadas, anuladas o expirar de acuerdo a las condiciones y procedimientos previstos en la Zekom‑1.
22
Según el artículo 307, apartado 1, de la Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom‑2) [Ley sobre las Comunicaciones Electrónicas (ZEKom‑2)] (Uradni list RS, n.o 130/22; en lo sucesivo, «Zekom‑2»), que sustituyó a la Zekom‑1 y transpuso al Derecho esloveno la Directiva 2018/1972, aplicable a partir del 10 de noviembre de 2022, las decisiones adoptadas sobre la base de la Zekom‑1 y vinculadas a plazos que, en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, no hubieran expirado todavía pueden modificarse, anularse o revocarse en las condiciones y según los procedimientos contemplados en la Zekom‑2.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
23
Mediante decisión de 21 de septiembre de 2006, la Agencia concedió a T‑2 derechos individuales de uso de radiofrecuencias, por un período de quince años, con el fin de garantizar servicios públicos de comunicaciones a los consumidores finales. El anuncio de licitación sobre cuya base se adoptó esa decisión no preveía la posibilidad de prorrogar dicho período.
24
El 20 de agosto de 2021, T‑2 solicitó una prórroga de cinco años de la validez de la referida decisión para una parte de esas radiofrecuencias, invocando, en particular, el artículo 49 de la Directiva 2018/1972.
25
El 1 de octubre de 2021, la Agencia denegó la solicitud debido a que, por una parte, en virtud de la Zekom-1, el período de validez de dicha decisión no podía prorrogarse más allá de quince años y, por otra parte, a que tal prórroga tampoco podía concederse sobre la base del artículo 49 de la Directiva 2018/1972.
26
Por lo que respecta a esta disposición, la Agencia especificó que la prórroga de la duración de los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico, de conformidad con el artículo 49, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2018/1972, se estableció por primera vez en dicha Directiva con el fin de garantizar la previsibilidad de la regulación a lo largo de veinte años y que, por tanto, esta finalidad no podía conocerse en 2006, cuando la Agencia asignó los derechos de uso a T‑2.
27
T‑2 interpuso un recurso contra la resolución denegatoria de su solicitud ante el Upravno sodišče (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Eslovenia).
28
Ante este órgano jurisdiccional, T‑2 alega que la Zekom‑1 es contraria a la Directiva 2018/1972 y que el artículo 49, apartado 2, de esta tiene efecto directo. Según T‑2, esta disposición se aplica a los derechos individuales de uso de radiofrecuencias asignados antes de la adopción de esa Directiva y que no hayan expirado en la fecha de su entrada en vigor. De ello se deduce que la Agencia estaba obligada a tramitar un procedimiento de renovación de los derechos de uso individuales concedidos a T‑2 durante el año 2006, a más tardar dos años antes de su expiración, y que, a partir del 21 de diciembre de 2020, fecha de expiración del plazo de transposición de la citada Directiva, la Agencia debería haber permitido que los derechos de uso individuales asignados por un período inferior a veinte años disfrutaran de un período de validez de veinte años.
29
La Agencia responde en su escrito de contestación que el artículo 49, apartado 2, de la Directiva 2018/1972 no prevé una prórroga automática de los derechos de uso individuales concedidos antes de la adopción de esta Directiva, sino que confiere a los Estados miembros un margen de apreciación a este respecto. Además, los requisitos de una prórroga de los derechos de uso individuales previstos en dicha disposición y, en particular, la necesidad de garantizar la previsibilidad de la regulación durante veinte años no podían conocerse en 2006, cuando se asignaron los derechos de uso objeto del litigio principal.
30
El órgano jurisdiccional remitente señala, por su parte, que el artículo 124 de la referida Directiva no establece un régimen transitorio aplicable a esos derechos y que el artículo 49, apartados 1 y 2, de la misma Directiva no parece de aplicación retroactiva, ya que esta disposición establece que los criterios generales de prórroga de los derechos de uso individuales deben conocerse antes incluso de la asignación de tales derechos.
31
En cuanto al Derecho nacional, el órgano jurisdiccional remitente subraya que el régimen transitorio previsto para la aplicación de la Directiva 2018/1972 que figura en la Zekom-2, adoptada el 28 de septiembre de 2022, se aplica a partir de su fecha de entrada en vigor, el 10 de noviembre de 2022, únicamente a los derechos en vigor en esa fecha, sin posibilidad de retroactividad.
32
Dicho órgano jurisdiccional añade que, si bien en la fecha de asignación de los derechos de uso a T‑2 era posible una prórroga con arreglo a la Zekom, ya no era así en el momento de su expiración, el 21 de septiembre de 2021, ya que la Zekom‑1 excluye cualquier prórroga de tales derechos que exceda de un período de quince años.
33
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente considera que la resolución del litigio principal depende de si los derechos de uso individuales del espectro radioeléctrico asignados a T‑2 antes de la entrada en vigor de la Directiva 2018/1972 deben prorrogarse cinco años con arreglo al artículo 49, apartados 1 y 2, de esa Directiva y si esta disposición tiene efecto directo en el litigio principal, al no haber sido transpuesta al Derecho esloveno en el plazo previsto por la referida Directiva. En caso de respuesta afirmativa, dicho órgano jurisdiccional considera necesario que el Tribunal de Justicia precise los criterios generales de prórroga de los derechos previstos en la citada disposición.
34
Además, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que el artículo 49, apartados 1 y 2, de la Directiva 2018/1972 no se aplica a la prórroga de derechos de uso individuales asignados antes de su entrada en vigor, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si procede aplicar directamente el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20 o el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20 modificada y, en su caso, cuáles son los criterios que permiten apreciar el carácter adecuado de la duración de la concesión de los derechos de uso individuales y la obligación de prorrogarla de conformidad con estas disposiciones.
35
En tales circunstancias, el Upravno sodišče (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Son claros, incondicionados y suficientemente precisos los apartados 1 y 2 del artículo 49 de la Directiva [2018/1972] para que los particulares puedan invocarlos en los procedimientos tramitados ante las autoridades administrativas y los órganos jurisdiccionales nacionales?
2)
¿Deben aplicarse los apartados 1 y 2 del artículo 49 de la Directiva [2018/1972] también a la prórroga de los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico que hayan sido asignados antes de la entrada en vigor de [esta Directiva]? ¿Cuáles son los criterios generales que se aplican en tal caso para determinar si debe prorrogarse un derecho individual?
3)
En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, [el Upravno sodišče (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo) pregunta si] con el fin de evaluar un período adecuado de duración de los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico que se hayan asignado durante la vigencia de la Directiva [2002/20] y, por tanto, en relación con la posibilidad de que sean prorrogados, ¿procede aplicar la disposición contemplada en el artículo 5, apartado 2, de [esta Directiva] o bien el artículo 5, apartado 2, párrafo cuarto, de la Directiva [2002/20 modificada]? ¿Son dichas disposiciones, a tal fin, suficientemente claras, incondicionadas y precisas para que pueda apreciarse, sobre la base de estas, la adecuación de la duración de un derecho individual de uso del espectro radioeléctrico?
4)
En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿qué criterios procede aplicar para apreciar la adecuación de la duración de un derecho individual de uso del espectro radioeléctrico o la obligación de prórroga de tal derecho?
5)
En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera, segunda o tercera, ¿debe tenerse en cuenta, a efectos de la decisión sobre la prórroga, el hecho de que la posibilidad de una prórroga más allá de los quince años estaba expresamente excluida por las normas nacionales en vigor en el momento de la extinción del citado derecho de uso?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Segunda cuestión prejudicial
36
Mediante su segunda cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 49, apartados 1 y 2, de la Directiva 2018/1972 se aplica a la prórroga de la duración de derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico asignados antes de la fecha de entrada en vigor de esta Directiva, pero cuyo vencimiento es posterior a esa fecha. En su caso, solicita al Tribunal de Justicia que especifique las condiciones en las que se prorroga dicho período con arreglo a la citada disposición.
37
Con carácter preliminar, es preciso recordar que la Directiva 2018/1972 establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas. De los considerandos 1 y 323 y del artículo 1, párrafo primero, de esta Directiva se desprende que esta refunde varias Directivas, entre ellas la Directiva 2002/20, y establece un marco armonizado y simplificado para la regulación de las redes de comunicaciones electrónicas, los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos y servicios asociados. Dicha Directiva no se limita a codificar los actos del Derecho de la Unión que modifica o sustituye, sino que introduce modificaciones en el marco regulador que estaba en vigor antes de su adopción con el fin de tener en cuenta la evolución de la tecnología y del mercado [véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de marzo de 2024, Comisión/Polonia (Código europeo de las comunicaciones electrónicas), C‑452/22, EU:C:2024:232, apartado 84, y de 14 de marzo de 2024, Comisión/Eslovenia (Código europeo de las comunicaciones electrónicas), C‑457/22, EU:C:2024:237, apartado 74].
38
Según el artículo 124, apartado 1, de la Directiva 2018/1972, los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 21 de diciembre de 2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en esa Directiva y aplicarán dichas disposiciones a partir de esa fecha. Sin embargo, la referida Directiva no contiene un régimen transitorio relativo a los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico existentes en la expresada fecha.
39
En estas circunstancias, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, una norma jurídica nueva se aplica a partir de la fecha de entrada en vigor del acto que la contiene y que, si bien esta norma no se aplica a las situaciones jurídicas nacidas y definitivamente consolidadas con anterioridad a esa fecha, sí se aplica inmediatamente a los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de la ley antigua, así como a las situaciones jurídicas nuevas. Únicamente deja de ser así, sin perjuicio del principio de irretroactividad de los actos jurídicos, cuando la nueva norma va acompañada de disposiciones particulares que determinan específicamente su ámbito de aplicación temporal (sentencia de 14 de mayo de 2020, Azienda Municipale Ambiente, C‑15/19, EU:C:2020:371, apartado 57 y jurisprudencia citada).
40
Además, se considera, en general, que las normas de procedimiento son aplicables en la fecha en que entran en vigor, a diferencia de las normas sustantivas, que habitualmente se interpretan en el sentido de que solo contemplan situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor en la medida en que de sus términos, su finalidad o su sistema se desprenda claramente que debe atribuírseles dicho efecto (sentencia de 15 de junio de 2021, Facebook Ireland y otros, C‑645/19, EU:C:2021:483, apartado 100 y jurisprudencia citada).
41
Para determinar si el artículo 49, apartados 1 y 2, de la Directiva 2018/1972 se aplica a la prórroga de derechos de uso individuales como los concedidos a T‑2, procede recordar, con carácter preliminar, que, en la fecha de concesión de tales derechos, es decir, el 21 de septiembre de 2006, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20 establecía que «cuando los Estados miembros otorguen derechos de uso por un plazo limitado, su duración será adecuada al servicio de que se trate». En su versión modificada por la Directiva 2009/140, este artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20 reproducía esta formulación añadiendo que su duración será adecuada al servicio de que se trate «en relación con el objetivo perseguido, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de autorizar un período apropiado de amortización de las inversiones». Por lo tanto, estas normas no establecían una duración precisa de los derechos de uso individuales ni requisitos en cuanto a su prórroga.
42
En cuanto a los apartados 1 y 2 de dicho artículo 49, es preciso señalar que estos se refieren, respectivamente, a los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico y a los derechos de uso cuyas condiciones armonizadas se hayan establecido por medidas técnicas de ejecución conforme a la Decisión n.o 676/2002 para permitir el uso de servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricas de banda ancha. En el presente asunto, de la documentación de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que, sin perjuicio de las comprobaciones del órgano jurisdiccional remitente, los derechos objeto del litigio principal están comprendidos únicamente en el ámbito de aplicación de dicho apartado 2.
43
Esta disposición establece, en su párrafo primero, que los Estados miembros garantizarán «a los titulares de los derechos, durante un período mínimo de veinte años, la previsibilidad normativa» respecto de las condiciones de inversión en infraestructuras, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el apartado 1 de este artículo, y, en su párrafo segundo, que, «a tal efecto, los Estados miembros velarán por que esos derechos sean válidos durante un período de al menos quince años y, cuando resulte necesario para cumplir lo dispuesto en el párrafo primero, incluirán una ampliación adecuada de ese período, en las condiciones establecidas en el presente apartado».
44
Por lo tanto, dicha disposición constituye una norma sustantiva que, conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 39 de la presente sentencia, solo se aplica a las situaciones jurídicas nacidas y definitivamente consolidadas con anterioridad a su entrada en vigor en la medida en que de sus términos, su finalidad o su sistema se desprenda claramente que debe atribuírsele tal efecto.
45
Pues bien, en primer lugar, la concesión a T‑2 de derechos de uso por un período de quince años constituye una situación jurídica nacida y definitivamente consolidada, debiendo recordarse, por una parte, que la decisión de asignación no preveía ninguna prórroga que excediera esa duración y, por otra parte, que tal prórroga tampoco estaba prevista en la Directiva 2002/20 ni en la Directiva 2002/20 modificada, que eran aplicables antes de la entrada en vigor de la Directiva 2018/1972. Además, de la documentación que obra en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la Agencia convocó una licitación para la adjudicación de los derechos objeto del litigio principal el 17 de diciembre de 2020, antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2018/1972, que dio lugar a su asignación a una empresa distinta de T‑2. Por lo demás, de dicha documentación no se deduce que T‑2 hubiera adquirido derechos a una prórroga o recibido garantías que le hicieran albergar una confianza legítima en este sentido, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
46
En segundo lugar, del tenor del artículo 49, apartado 2, de la Directiva 2018/1972 se desprende que esta disposición no está destinada a aplicarse retroactivamente. En efecto, su párrafo tercero establece que los criterios generales de prórroga de la duración de los derechos individuales de uso deben ser puestos a disposición de todas las partes interesadas «antes de la concesión de derechos de uso». Además, su párrafo cuarto dispone que, «a más tardar dos años antes de la fecha de expiración del período de vigencia inicial de un derecho individual de uso, la autoridad competente realizará una evaluación objetiva y prospectiva» de dichos criterios y añade que la prórroga de la duración de un derecho individual de uso está supeditada al cumplimiento de esos criterios.
47
El tenor del artículo 47, apartado 1, de esta Directiva, sobre las condiciones asociadas a los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico, corrobora la anterior conclusión. En efecto, esta disposición establece, en su párrafo primero, que las autoridades competentes definirán claramente todas estas condiciones «antes» de la asignación o la renovación de esos derechos y, en su párrafo tercero, que las autoridades competentes consultarán e informarán «de manera puntual y transparente» a las partes interesadas acerca de las condiciones asociadas a dichos derechos «antes de su imposición».
48
A falta de indicaciones explícitas, la finalidad de la duración de los derechos de uso prevista en el artículo 49, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2018/1972, consistente en garantizar la previsibilidad de la regulación durante un período mínimo de veinte años a partir de la concesión de los derechos de uso individuales, teniendo en cuenta las inversiones en infraestructuras que deben realizarse, tampoco avala una interpretación retroactiva, máxime cuando el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20 modificada, que era aplicable en el momento de la entrada en vigor de dicha Directiva, se refería únicamente a «la necesidad de autorizar un período apropiado de amortización de las inversiones».
49
Por último, procede añadir que la Directiva 2018/1972 se refiere a plazos que difícilmente pueden respetarse en un procedimiento de renovación aplicable, como en el asunto principal, a derechos ya concedidos antes de la entrada en vigor de esa Directiva. En efecto, el considerando 131 de la referida Directiva expone que conviene pensar en la posibilidad de renovar los derechos de uso dentro de un plazo apropiado con anterioridad a la expiración de los derechos de que se trate, por ejemplo, cuando los derechos hayan sido asignados por quince o más años, al menos dos años antes de la expiración de dichos derechos, a menos que se haya excluido explícitamente la posibilidad de renovación en el momento de la asignación.
50
Por consiguiente, dado que el artículo 49, apartado 2, de la Directiva 2018/1972 no está destinado a aplicarse ratione temporis a una situación jurídica como la controvertida en el litigio principal, nacida y definitivamente consolidada con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Directiva, las disposiciones del apartado 1 del citado artículo, a las que remite esa primera disposición, tampoco están destinadas a aplicarse a tal situación.
51
En consecuencia, no procede examinar las condiciones en las que es posible la prórroga, con arreglo a esas disposiciones, de la duración de derechos de uso individuales como los que se concedieron a T‑2 antes de la entrada en vigor de la expresada Directiva.
52
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 49, apartados 1 y 2, de la Directiva 2018/1972 no se aplica a la prórroga de la duración de derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico comprendidos en ese apartado 2 y asignados antes de la fecha de entrada en vigor de esta Directiva, pero cuyo vencimiento es posterior a esa fecha.
Cuestiones prejudiciales primera y tercera a quinta
53
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera a quinta, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se precise, en caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, si el artículo 49, apartados 1 y 2, de la Directiva 2018/1972 tiene efecto directo. En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión prejudicial, dicho órgano jurisdiccional pregunta al Tribunal de Justicia si procede aplicar directamente, en el litigio principal, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20 o el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20 modificada, para evaluar la adecuación de la duración de los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico y, en su caso, los criterios de dicha evaluación. El órgano jurisdiccional remitente solicita asimismo al Tribunal de Justicia que precise, en uno u otro caso, si debe tenerse en cuenta la circunstancia de que la normativa nacional aplicable en el momento de la expiración de los derechos excluya cualquier prórroga superior a quince años.
54
Habida cuenta de la respuesta dada a la segunda cuestión prejudicial, no ha lugar a pronunciarse sobre si el artículo 49, apartados 1 y 2, de la Directiva 2018/1972 tiene efecto directo.
55
En cuanto a la cuestión de si el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20 o el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/20 modificada pueden aplicarse directamente al litigio principal, es patente que tal extremo carece de pertinencia, ya que consta que estas disposiciones fueron transpuestas correctamente al Derecho esloveno.
56
Por consiguiente, tampoco ha lugar a precisar si la circunstancia de que la normativa nacional aplicable en el momento de la expiración de los derechos excluya cualquier prórroga superior a quince años es pertinente para el análisis de estas cuestiones.
Costas
57
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 49, apartados 1 y 2, de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las comunicaciones electrónicas, no se aplica a la prórroga de la duración de derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico comprendidos en ese apartado 2 y asignados antes de la fecha de entrada en vigor de esta Directiva, pero cuyo vencimiento es posterior a esa fecha.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: esloveno.