62022CO0629
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava)
de 26 de abril de 2023 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Política de inmigración — Directiva 2008/115/CE — Normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular — Artículo 6, apartado 2 — Decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada de una duración de tres años — Nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado miembro — Negativa de la autoridad nacional de policía a permitir a dicho nacional dirigirse al territorio de ese otro Estado miembro antes de adoptar la decisión de retorno en su contra»
En el asunto C‑629/22,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo de Gotemburgo, Tribunal de Inmigración, Suecia), mediante resolución de 27 de septiembre de 2022, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de octubre de 2022, en el procedimiento entre
A. L.
y
Migrationsverket,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Octava),
integrado por el Sr. M. Safjan (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. N. Piçarra y N. Jääskinen, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Pikamäe;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre A. L., nacional de un tercer país en situación irregular en Suecia, y la Migrationsverket (Agencia de Migración, Suecia) en relación con la decisión de esta última de desestimar el recurso administrativo interpuesto por A. L. contra la decisión de retorno adoptada contra él por la autoridad sueca de policía y contra la prohibición de entrada en Suecia que acompañaba a dicha decisión.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El artículo 1 de la Directiva 2008/115, titulado «Objeto», establece:
«La presente Directiva establece normas y procedimientos comunes que deberán aplicarse en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, de conformidad con los derechos fundamentales como principios generales del Derecho comunitario, así como del Derecho internacional, incluidas las obligaciones en materia de protección de los refugiados y de derechos humanos.»
4
El artículo 2 de esta Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», dispone en su apartado 2:
«Los Estados miembros podrán decidir no aplicar la presente Directiva a los nacionales de terceros países:
a)
a los que se deniegue la entrada con arreglo al artículo 13 del [Reglamento (CE) n.o 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (código de fronteras Schengen) (DO 2006, L 105, p. 1)], o que sean detenidos o interceptados por las autoridades competentes con ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores terrestres, marítimas o aéreas de un Estado miembro y no hayan obtenido ulteriormente una autorización o derecho de estancia en dicho Estado miembro;
b)
que estén sujetos a medidas de retorno que sean constitutivas de sanciones penales o consecuencia de sanciones penales, con arreglo a la legislación nacional, o que estén sujetos a procedimientos de extradición.»
5
El artículo 4 de dicha Directiva, titulado «Disposiciones más favorables», enuncia:
«1.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las disposiciones más favorables de:
a)
acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre la Comunidad o la Comunidad y sus Estados miembros y uno o varios terceros países;
b)
acuerdos bilaterales o multilaterales concluidos entre uno o varios Estados miembros y uno o varios terceros países.
2.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de cualquier disposición del acervo comunitario en el ámbito de la inmigración y del asilo que pueda ser más favorable para el nacional de un tercer país.
3.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar o mantener disposiciones que sean más favorables para las personas a quienes se aplica, a condición de que tales disposiciones sean compatibles con la presente Directiva.
4.   Por lo que respecta a los nacionales de terceros países excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva con arreglo al artículo 2, apartado 2, letra a), los Estados miembros:
a)
se asegurarán de que el trato y el nivel de protección no sean menos favorables que los establecidos en el artículo 8, apartados 4 y 5 (limitaciones al recurso a medidas coercitivas), el artículo 9, apartado 2, letra a) (aplazamiento de la expulsión), el artículo 14, apartado 1, letras b) y d) (asistencia sanitaria urgente y toma en consideración de las necesidades de las personas vulnerables) y los artículos 16 y 17 (condiciones del internamiento), y
b)
respetarán el principio de no devolución.»
6
A tenor del artículo 6 de la misma Directiva, titulado «Decisión de retorno»:
«1.   Los Estados miembros dictarán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio, sin perjuicio de las excepciones contempladas en los apartados 2 a 5.
2.   A los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en el territorio de un Estado miembro y sean titulares de un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia expedido por otro Estado miembro se les exigirá que se dirijan de inmediato al territorio de dicho Estado miembro. En caso de que el nacional de un tercer país de que se trate no cumpla esta exigencia, o si fuera necesaria su salida inmediata por motivos de orden público o de seguridad nacional, se aplicará el apartado 1.
3.   Los Estados miembros podrán abstenerse de dictar una decisión de retorno contra un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio si otro Estado miembro se hace cargo del mencionado nacional en virtud de acuerdos o convenios bilaterales vigentes en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. En ese caso, el Estado miembro que se haya hecho cargo del nacional de un tercer país de que se trate aplicará el apartado 1.
4.   Los Estados miembros podrán, en cualquier momento, decidir conceder a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho de estancia por razones humanitarias o de otro tipo. En este caso no se dictará ninguna decisión de retorno. De haberse ya dictado, se revocará la decisión de retorno o se suspenderá durante el periodo de validez del permiso de residencia o de otra autorización que otorgue un derecho de estancia.
5.   Si el nacional de un tercer país que se halla en situación irregular en el territorio de un Estado miembro tiene pendiente un procedimiento pendiente de renovación del permiso de residencia u otra autorización que otorgue el derecho de estancia, el Estado miembro considerará la posibilidad de abstenerse de dictar una decisión de retorno hasta que finalice el procedimiento pendiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6.
6.   La presente Directiva no impedirá a los Estados miembros adoptar una decisión sobre la finalización de la situación regular, unida a una decisión de retorno y/o de expulsión y/o a una prohibición de entrada, en una única decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial, si así lo dispone su legislación nacional, sin perjuicio de las garantías procedimentales previstas en el Capítulo III y otras disposiciones pertinentes del Derecho comunitario y nacional.»
7
El artículo 11 de la Directiva 2008/115, titulado «Prohibición de entrada», está redactado como sigue:
«1.   Las decisiones de retorno deberán ir acompañadas de una prohibición de entrada:
a)
si no se ha concedido ningún plazo para la salida voluntaria, o
b)
si la obligación de retorno no se ha cumplido.
En otros casos, las decisiones de retorno podrán ir acompañadas de una prohibición de entrada.
2.   La duración de la prohibición de entrada se determinará con la debida consideración de todas las circunstancias pertinentes del caso concreto y, en principio, su vigencia no excederá de cinco años. Podrá sin embargo exceder de cinco años si el nacional de un tercer país representa una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
[…]»
Derecho sueco
8
El artículo 6 a del capítulo 8 de la Utlänningslag (2005:716) [Ley (2005:716) de Extranjería] dispone:
«Cuando se plantee la expulsión con arreglo a los artículos 2, 3 o 6 [del presente capítulo] de un extranjero que tenga un permiso de residencia válido o alguna otra forma de autorización que otorgue un derecho de estancia en otro Estado miembro de la [Unión Europea], la autoridad decisoria deberá requerir al extranjero para que se dirija voluntariamente al otro Estado miembro de la [Unión] en un plazo razonable. La autoridad decisoria solo podrá adoptar una decisión de expulsión si el extranjero no ha cumplido ese requerimiento.
El primer párrafo no se aplica si:
[…]
5.
Es probable que el extranjero no dé cumplimiento al requerimiento.
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
9
El 23 de marzo de 2022, A. L., nacional de un tercer país, fue objeto de un control de tráfico en Suecia. Con ocasión de dicho control, la autoridad sueca de policía comprobó que A. L. no tenía ni autorización de estancia ni permiso de trabajo en Suecia. Sin embargo, este presentó un permiso de residencia croata válido hasta el 25 de junio de 2022 y alegó que trabajaba para una agencia croata que había arrendado sus servicios a una empresa sueca.
10
Ese mismo día, la mencionada autoridad de policía adoptó una decisión por la que ordenaba a A. L. que abandonara el territorio sueco. Esta decisión iba acompañada de una prohibición de entrada en Suecia durante un período de tres años. De la resolución de remisión se desprende que dicha autoridad de policía no requirió a A. L. para que regresara voluntariamente a Croacia, debido a que, a su juicio, era probable que no fuese a dar cumplimiento a tal requerimiento.
11
A. L. se desplazó a Zagreb (Croacia) el 1 de abril de 2022.
12
A. L. interpuso un recurso administrativo contra la decisión mencionada en el apartado 10 del presente auto ante la Agencia de Migración. Al desestimar dicho recurso, A. L. interpuso un recurso en vía judicial contra la resolución desestimatoria ante el Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo de Gotemburgo, Tribunal de Inmigración, Suecia), que es el órgano jurisdiccional remitente.
13
Dicho órgano jurisdiccional se pregunta si el artículo 6 a del capítulo 8 de la Ley (2005:716) de Extranjería, que transpone al ordenamiento jurídico sueco el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115, es compatible con esta.
14
A juicio de dicho órgano jurisdiccional, es cierto que el citado artículo 6 a, párrafo primero, dispone, de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva, que la autoridad nacional competente debe permitir a un nacional de un tercer país que disponga del derecho de estancia en un Estado miembro dirigirse voluntariamente a este último, antes de pronunciarse sobre su eventual retorno. No obstante, dicho artículo 6 a, párrafo segundo, punto 5, contempla una excepción que no está prevista en el artículo 6, apartado 2, de la citada Directiva, en la medida en que, cuando sea probable que ese nacional de un tercer país no vaya a dirigirse a ese Estado miembro, podrá adoptarse una decisión de retorno contra él sin que esa autoridad le haya permitido previamente dirigirse a dicho Estado miembro.
15
En estas circunstancias, el Förvaltningsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo de Gotemburgo, Tribunal de Inmigración) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Qué implica el artículo 6, apartado 2, de la Directiva [2008/115]? ¿Supone que deberá exigirse al nacional de un tercer Estado que abandone de inmediato el Estado miembro en el que se encuentra en situación irregular para dirigirse al Estado miembro en el que tiene un permiso de residencia válido, a menos que la salida inmediata del nacional de ese tercer Estado sea necesaria por motivos de orden público o seguridad nacional?
2)
¿Proporcionan la Directiva [2008/115] o alguna otra normativa de la [Unión] orientaciones sobre las consecuencias de que una autoridad nacional no haya dictado el requerimiento necesario con arreglo al artículo 6, apartado 2, de dicha Directiva? La eventual falta de adopción del requerimiento necesario, ¿entraña que la decisión de expulsión y la decisión de prohibición de entrada sean inválidas?
3)
Si el artículo 6, apartado 2, de la Directiva [2008/115] implica ese requerimiento y esa consecuencia, ¿es suficientemente claro y preciso para tener efecto directo?
4)
Una norma nacional, como la disposición sueca del artículo 6 a del capítulo 8 de la Ley [(2005:716)] de Extranjería, que establece otras excepciones a la eventual obligación de dictar un [requerimiento], ¿es compatible con el Derecho de la Unión?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
16
En virtud del artículo 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando la respuesta a una cuestión prejudicial pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a tal cuestión no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.
17
En el presente asunto procede aplicar esta disposición.
Cuestiones prejudiciales primera y cuarta
18
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y cuarta, que procede examinar conjuntamente y en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que las autoridades competentes de un Estado miembro están obligadas a permitir a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en el territorio de ese Estado miembro y que disponga de un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia expedido por otro Estado miembro dirigirse a este último antes de adoptar, en su caso, una decisión de retorno contra él, aun cuando dichas autoridades consideren probable que ese nacional no vaya a dar cumplimiento a un requerimiento de dirigirse a ese otro Estado miembro.
19
Con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115, se exigirá a los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en el territorio de un Estado miembro y sean titulares de un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia expedido por otro Estado miembro que se dirijan de inmediato al territorio de dicho Estado miembro. En caso de que el nacional de un tercer país de que se trate no cumpla esta exigencia, o si fuera necesaria su salida inmediata por motivos de orden público o de seguridad nacional, se aplicará el apartado 1 de este artículo 6. Esta última disposición dispone que los Estados miembros dictarán una decisión de retorno contra cualquier nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio.
20
Del referido artículo 6, apartado 2, se desprende que a un nacional de un tercer país, titular de un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue el derecho de estancia, expedido por un Estado miembro, que se halla en situación irregular en el territorio de otro Estado miembro, ha de permitírsele viajar a este último Estado en vez de adoptar, de entrada, una decisión de retorno contra él, a menos que así lo exijan el orden público o la seguridad nacional [véase, en ese sentido, la sentencia de 24 de febrero de 2021, M y otros (Traslado a un Estado miembro), C‑673/19, EU:C:2021:127, apartado 35 y jurisprudencia citada].
21
Ahora bien, esta disposición no puede interpretarse en el sentido de que introduce un supuesto de exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/115, que vendría a sumarse a los contemplados en su artículo 2, apartado 2, y que permitiría que los Estados miembros decidieran no aplicar las normas y los procedimientos comunes de retorno a los nacionales de terceros países incursos en situación irregular cuando se niegan a regresar inmediatamente al territorio del Estado miembro que les concede un derecho de residencia [sentencia de 24 de febrero de 2021, M y otros (Traslado a un Estado miembro), C‑673/19, EU:C:2021:127, apartado 36].
22
Por el contrario, en el supuesto de que esos nacionales se nieguen a regresar inmediatamente a ese territorio, los Estados miembros en cuyo territorio se encuentran esos nacionales de terceros países en situación irregular están obligados, en principio, en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115, en relación con el apartado 1 del citado artículo, a adoptar una decisión de retorno que obligue a aquellos a abandonar el territorio de la Unión [sentencia de 24 de febrero de 2021, M y otros (Traslado a un Estado miembro), C‑673/19, EU:C:2021:127, apartado 37 y jurisprudencia citada].
23
Por otro lado, como resulta tanto del título como del tenor de su artículo 1, la Directiva 2008/115 establece «normas y procedimientos comunes» que debe aplicar cada Estado miembro para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. De la expresión antes mencionada y también del sistema general de esa Directiva se deduce que los Estados miembros solo pueden establecer excepciones a esas normas y procedimientos conforme a las condiciones previstas por esa Directiva, en particular las enunciadas en su artículo 4 (sentencia de 28 de abril de 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, apartado 32).
24
Ese artículo 4, en su apartado 3, atribuye a los Estados miembros la facultad de adoptar o de mantener disposiciones más favorables para los nacionales de terceros países en situación irregular que las de la Directiva 2008/115, siempre que esas disposiciones sean compatibles con esta. No obstante, dicha Directiva no permite que esos Estados apliquen normas más severas en el ámbito que regula (sentencia de 28 de abril de 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, apartado 33).
25
A este respecto, el Tribunal de Justicia también ha observado que la Directiva 2008/115 establece con precisión el procedimiento que debe aplicar cada Estado miembro para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular en su territorio y fija el orden de desarrollo de las diferentes fases que integran sucesivamente ese procedimiento (sentencia de 28 de abril de 2011, El Dridi, C‑61/11 PPU, EU:C:2011:268, apartado 34).
26
A la luz de estas consideraciones, procede declarar que una interpretación del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 según la cual esta disposición permitiría a las autoridades competentes de los Estados miembros adoptar una decisión de retorno cuando sea «probable» que el nacional de un tercer país de que se trate no vaya a dar cumplimiento a un requerimiento de dirigirse de inmediato al territorio del Estado miembro que le ha expedido un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia equivaldría a establecer una excepción que no está contemplada en el citado artículo 6, apartado 2, y privaría, por tanto, a esta disposición de su efecto útil.
27
Por las razones que anteceden, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y cuarta que el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que las autoridades competentes de un Estado miembro están obligadas a permitir a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en el territorio de ese Estado miembro y que disponga de un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia expedido por otro Estado miembro dirigirse a este último antes de adoptar, en su caso, una decisión de retorno contra él, aun cuando dichas autoridades consideren probable que ese nacional no vaya a dar cumplimiento a un requerimiento de dirigirse a ese otro Estado miembro.
Tercera cuestión prejudicial
28
Mediante su tercera cuestión prejudicial, que procede examinar en segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, en la medida en que obliga a los Estados miembros a permitir a los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en su territorio dirigirse al Estado miembro que les ha expedido un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia antes de adoptar, en su caso, una decisión de retorno contra ellos, tiene efecto directo y puede, por tanto, ser invocado por los particulares ante los tribunales nacionales.
29
De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en todos aquellos casos en que las disposiciones de una directiva resulten, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas, los particulares pueden invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado miembro de que se trate, bien cuando este no adapte el Derecho nacional a esta Directiva dentro de los plazos señalados, bien cuando haga una transposición incorrecta de esta [sentencia de 1 de agosto de 2022, TL (Ausencia de intérprete y omisión de traducción), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, apartado 49 y jurisprudencia citada].
30
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que una disposición del Derecho de la Unión es, por un lado, incondicional cuando establece una obligación que no está sujeta a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución o en sus efectos, a que se adopte ningún acto de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros y, por otro lado, suficientemente precisa para ser invocada por un justiciable y aplicada por el juez cuando establece una obligación en términos inequívocos [sentencia de 1 de agosto de 2022, TL (Ausencia de intérprete y omisión de traducción), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, apartado 50 y jurisprudencia citada].
31
El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que, aun cuando una directiva deje a los Estados miembros un cierto margen de apreciación a la hora de adoptar las normas de aplicación, puede considerarse que una disposición de dicha directiva tiene carácter preciso e incondicional cuando pone a cargo de los Estados miembros, en términos inequívocos, una obligación de resultado precisa y que no está sometida a condición alguna en cuanto a la aplicación de la regla que recoge [sentencia de 1 de agosto de 2022, TL (Ausencia de intérprete y omisión de traducción), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, apartado 51 y jurisprudencia citada].
32
En este asunto, como se ha indicado en el apartado 25 del presente auto, la Directiva 2008/115 establece con precisión el procedimiento que debe aplicar cada Estado miembro al retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular y fija el orden de desarrollo de las diferentes fases que integran sucesivamente ese procedimiento.
33
A este respecto, del tenor del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 se desprende que solo en el supuesto de que el nacional de un tercer país de que se trate no dé cumplimiento a la obligación de dirigirse de inmediato al territorio del Estado miembro que le ha expedido un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia, o si fuera necesaria su salida inmediata por motivos de orden público o de seguridad nacional, el Estado miembro en cuyo territorio ese nacional se encuentre en situación irregular dictará una decisión de retorno, de conformidad con el apartado 1 de dicho artículo 6.
34
Es preciso señalar, por un lado, que la obligación de los Estados miembros de permitir a los nacionales de terceros países en situación irregular en su territorio dirigirse al Estado miembro que les ha expedido un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia tiene carácter incondicional, puesto que el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 no supedita esta obligación a la adopción de un acto de la Unión ni permite a los Estados miembros condicionar o restringir el alcance de dicha obligación.
35
Por otro lado, si bien la Directiva 2008/115 deja a los Estados miembros un cierto margen de apreciación a la hora de adoptar las normas prácticas destinadas a aplicar el procedimiento contemplado en su artículo 6, apartado 2, esa disposición pone a su cargo, en términos inequívocos, la obligación de permitir a los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en su territorio dirigirse al Estado miembro que les ha expedido un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia antes de adoptar contra ellos una decisión de retorno.
36
Por las razones que anteceden, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que, en la medida en que obliga a los Estados miembros a permitir a los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en su territorio dirigirse al Estado miembro que les ha expedido un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia antes de adoptar, en su caso, una decisión de retorno contra ellos, tiene efecto directo y puede, por tanto, ser invocado por los particulares ante los tribunales nacionales.
Segunda cuestión prejudicial
37
Mediante su segunda cuestión prejudicial, que procede examinar en último lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que cuando, contraviniendo esta disposición, un Estado miembro no permita a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio dirigirse de inmediato al Estado miembro que le ha expedido un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia antes de adoptar una decisión de retorno contra él, esa decisión de retorno y la prohibición de entrada que la acompañe son nulas.
38
En virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, en el supuesto de que no resulte posible interpretar la normativa nacional conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, cualquier juez nacional que conozca de un asunto en el marco de su competencia estará obligado, como órgano de un Estado miembro, a abstenerse de aplicar cualquier disposición nacional contraria a una disposición de ese Derecho con efecto directo en el litigio de que conoce, como, en el presente asunto, el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, apartado 101 y jurisprudencia citada).
39
De ello se sigue que, salvo que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal pueda interpretarse de conformidad con el Derecho de la Unión, todo juez nacional que conozca de un asunto en el marco de su competencia debe negarse a aplicar tal normativa en el litigio del que conozca (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, apartado 102).
40
A este respecto, el juez nacional debe tener en cuenta, en particular, que ello implica, en su caso, la obligación de adoptar todas las disposiciones necesarias para que surta pleno efecto el Derecho de la Unión (sentencia de 16 de diciembre de 2010, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C‑239/09, EU:C:2010:778, apartado 53 y jurisprudencia citada).
41
En efecto, en virtud del principio de cooperación leal, establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3, los Estados miembros están obligados a eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del Derecho de la Unión [sentencia de 25 de junio de 2020, A y otros (Aerogeneradores en Aalter y Nevele), C‑24/19, EU:C:2020:503, apartado 83]. De ello resulta que las autoridades nacionales competentes, incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de un recurso contra un acto de Derecho interno adoptado infringiendo el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115, están obligadas a adoptar, en el ejercicio de sus competencias, todas las medidas necesarias para subsanar el incumplimiento, por parte de una autoridad nacional, de las obligaciones derivadas de esta última disposición. Ello puede dar lugar, por ejemplo, en virtud del Derecho nacional, a la nulidad de una decisión de retorno y, por lo tanto, también de una decisión que la acompañe, como la relativa a una prohibición de entrada con arreglo al artículo 11 de la mencionada Directiva.
42
Por las razones que anteceden, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115 debe interpretarse en el sentido de que cuando, contraviniendo esta disposición, un Estado miembro no permita a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio dirigirse de inmediato al Estado miembro que le ha expedido un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia antes de adoptar una decisión de retorno contra él, las autoridades nacionales competentes, incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de un recurso contra dicha decisión de retorno y la prohibición de entrada que la acompañe, están obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para subsanar el incumplimiento, por parte de una autoridad nacional, de las obligaciones derivadas de la mencionada disposición.
Costas
43
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
1)
El artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular,
debe interpretarse en el sentido de que
las autoridades competentes de un Estado miembro están obligadas a permitir a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en el territorio de ese Estado miembro y que disponga de un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia expedido por otro Estado miembro dirigirse a este último antes de adoptar, en su caso, una decisión de retorno contra él, aun cuando dichas autoridades consideren probable que ese nacional no vaya a dar cumplimiento a un requerimiento de dirigirse a ese otro Estado miembro.
2)
El artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115
debe interpretarse en el sentido de que,
en la medida en que obliga a los Estados miembros a permitir a los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en su territorio dirigirse al Estado miembro que les ha expedido un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia antes de adoptar, en su caso, una decisión de retorno contra ellos, tiene efecto directo y puede, por tanto, ser invocado por los particulares ante los tribunales nacionales.
3)
El artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2008/115
debe interpretarse en el sentido de que
cuando, contraviniendo esta disposición, un Estado miembro no permita a un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular en su territorio dirigirse de inmediato al Estado miembro que le ha expedido un permiso de residencia válido u otra autorización que otorgue un derecho de estancia antes de adoptar una decisión de retorno contra él, las autoridades nacionales competentes, incluidos los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de un recurso contra dicha decisión de retorno y la prohibición de entrada que la acompañe, están obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para subsanar el incumplimiento, por parte de una autoridad nacional, de las obligaciones derivadas de la mencionada disposición.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: sueco.