Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
Sr. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 4 de septiembre de 2025 (1)
Asunto C‑43/24 [Shipov] (i)
K. M. H.
contra
Obshtina Stara Zagora
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria)]
« Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Artículo 21 TFUE, apartado 1 — Artículos 7 y 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros — Obstáculos — Solicitud de modificación de los datos del estado civil de una persona transgénero — Inexistencia de procedimiento nacional — Inexistencia de acto adoptado en otro Estado miembro — Obligación del Estado miembro de origen de reconocer y anotar en el acta de nacimiento el cambio de identidad de género, así como los cambios posteriores — Directiva 2004/38/CE — Artículo 4 — Obligación de expedir documentos de identidad conformes con la identidad de género vivida »
I.      Introducción
1.        La petición de decisión prejudicial se ha planteado en el procedimiento incoado por
K. M. H. contra el Obshtina Stara Zagora (Ayuntamiento de Stara Zagora, Bulgaria), con el objeto de que dicte una sentencia por la que se declare su cambio de sexo y se ordene el cambio de nombre (2) y que este cambio figure en su certificado de nacimiento.
2.        Por tanto, el presente procedimiento prejudicial versa sobre el reconocimiento y la inscripción en el registro civil, por las autoridades de un Estado miembro competentes para modificar su acta de nacimiento, de la condición de persona trans de una nacional de ese Estado miembro. Si bien esta persona ha ejercido su libertad de circular y residir en otro Estado miembro, el objeto de su pretensión no es el reconocimiento del cambio de un elemento de su identidad adquirido legalmente en otro Estado miembro.
3.        Pues bien, hasta la sentencia de 4 de octubre de 2024, Mirin, (3) la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la inscripción en el registro civil se desarrolló únicamente en el marco del reconocimiento por un Estado miembro de los efectos de un acto o una decisión obtenidos en otro Estado miembro y principalmente sobre la base del derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, que se enuncia en el artículo 21 TFUE, si bien recordando que el Derecho de la Unión no menoscaba las competencias de los Estados miembros en el ámbito del estado civil.
4.        Además, en esa corriente jurisprudencial, en lo que respecta al reconocimiento de vínculos jurídicos, el Tribunal de Justicia ha
puesto énfasis en precisar de modo expreso que el reconocimiento por un Estado miembro de una situación jurídica establecida legalmente en otro Estado miembro no obliga al primer Estado miembro en el que dicha situación produce los efectos previstos por el Derecho de la Unión a modificar su normativa sobre el estado civil de las personas. (4) Por último, en otros ámbitos, el Tribunal de Justicia ha reafirmado la competencia de los Estados miembros en materia del reconocimiento jurídico de la identidad de género. (5)
5.        En el asunto que dio lugar a la sentencia Mirin, existía un procedimiento nacional de cambio de identidad de género en el Estado miembro del que era nacional la persona interesada. (6) No sucede lo mismo en el caso de autos, ya que el Estado miembro del que es nacional la persona interesada se opone firmemente al reconocimiento de los cambios de identidad de género.
6.        Por tanto, mediante la petición de decisión prejudicial se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de la normativa de un Estado miembro que, tal como es interpretada por los tribunales nacionales, no reconoce ni el cambio de la identidad de género de uno de sus nacionales ni sus consecuencias, cuando ese cambio de la identidad de género no ha sido declarado legalmente en otro Estado miembro. (7) El objeto del litigio, en la medida en que se refiere a la competencia de los Estados miembros en materia del estado civil de las personas, es trascendental.
7.        Así pues, el Tribunal de Justicia deberá determinar si la situación del litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, cuál es el obstáculo al ejercicio de los derechos que puede invocar la persona interesada y si ese obstáculo puede estar justificado.
8.        Expondré las razones por las que el Tribunal de Justicia puede considerar, de conformidad con determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, que un Estado miembro debe eliminar los obstáculos a la libertad de circulación y residencia creados por el hecho de que en dicho Estado miembro no se reconozca jurídicamente la identidad de género vivida por uno de sus nacionales, modificando su acta de nacimiento y sus documentos de identidad, incluso si no se declarado legalmente en otro Estado miembro el cambio de identidad de género.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
9.        En las presentes conclusiones haré referencia a los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, apartado 1, a los artículos 7 y 45, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (8) y al artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE. (9)
B.      Derecho búlgaro
1.      Ley del Registro Civil
10.      A tenor del artículo 1, apartado 2, de la Ley del Registro Civil, en su versión aplicable al litigio principal:
«La inscripción del estado civil consiste en anotar el nacimiento, el matrimonio y el fallecimiento en los registros civiles y en inscribir a las personas en el censo.»
11.      El artículo 2, apartado 1, de esta Ley dispone:
«La inscripción en el registro civil de la República de Bulgaria se basa en los datos que figuran en sus certificados de estado civil y en los datos que consten en otros documentos indicados por la ley.»
12.      Con arreglo al artículo 3 de dicha Ley:
«1.      En los registros civiles se inscribirán los hechos mencionados en el artículo 1, apartado 2, referentes a todas las personas que en el momento de producirse sean ciudadanos búlgaros y los relativos a las personas que, sin ser ciudadanos búlgaros, se encuentren en el territorio de la República de Bulgaria en el momento en que tengan lugar.
2.      Se inscribirán en el censo:
1.      todos los nacionales búlgaros;
[…] [ (10)]»
13.      Según el artículo 8, apartado 1, de la misma Ley, los datos principales de la inscripción en el registro civil son el nombre, fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad y número de identificación personal.
14.      El artículo 9, apartado 1, de la Ley del Registro Civil establece:
«El nombre de un ciudadano búlgaro nacido en el territorio de la República de Bulgaria se compone de un nombre de pila, un patronímico y un apellido. Los tres componentes del nombre se harán constar en el acta de nacimiento.»
15.      El artículo 13 de dicha Ley dispone:
«El patronímico de una persona se compone del nombre de pila del padre con el sufijo —ov o —ev y una terminación según el sexo del hijo, salvo si el nombre de pila del padre no permite añadir esas terminaciones o si son contrarias a las tradiciones familiares, étnicas o religiosas de los progenitores.»
16.      De conformidad con el artículo 14, apartado 1, de dicha Ley:
«El apellido de una persona es el apellido o patronímico del padre con el sufijo
—ov o —ev y una terminación según el sexo del hijo, salvo si las tradiciones familiares, étnicas o religiosas exigen otra cosa.»
17.      El artículo 19, apartado 1, de esta Ley está redactado en los siguientes términos:
«El cambio del nombre de pila, patronímico o apellido será autorizado judicialmente, previa solicitud escrita de la persona interesada, cuando sea ridículo, deshonroso o socialmente inaceptable, así como en los supuestos en que así lo exijan circunstancias significativas.»
18.      A tenor del artículo 45, apartado 1, puntos 6 a 8, de la Ley del Registro Civil, el acta de nacimiento incluirá el nombre del neonato, su número de identificación personal (únicamente en el caso de los ciudadanos búlgaros), el sexo y la nacionalidad.
19.      El artículo 73 de esta Ley establece que la modificación de los datos relativos al estado civil que figuren en los certificados emitidos de estado civil deberá efectuarse por vía judicial o administrativa.
20.      Conforme al artículo 76, apartado 5, de la referida Ley, el nombre y el sexo se modificarán judicialmente.
21.      Con arreglo al artículo 100 de la misma Ley, el sistema único de inscripción en el registro civil y de servicios administrativos para la población (ESGRAON) es un sistema nacional de inscripción en el registro civil de las personas físicas en la República de Bulgaria y una fuente de datos personales referentes a esas personas.
22.      A tenor del artículo 101, apartados 1 a 4, de la Ley del Registro Civil:
«Las funciones del ESGRAON son:
1.      crear y mantener registros civiles;
2.      crear y mantener un registro civil electrónico nacional;
3.      crear y mantener un censo;
4.      establecer el sistema de creación y asignación del identificador administrativo único (número de identificación personal) de las personas físicas y crear y mantener el registro de números de identificación personal.»
2.      Ley de Documentos de Identidad Búlgaros
23.      De conformidad con el artículo 4, apartado 1, de la Zakon za bulgarskite lichni dokumenti (Ley de
Documentos de Identidad Búlgaros), (11) de 1 de abril de 1999, en su versión aplicable al litigio principal, todo nacional búlgaro tiene derecho a un documento de identidad.
24.      El artículo 9, apartado 1, de esta Ley dispone:
«En caso de cambio de nombre, número de identificación personal (número personal/número personal de extranjero), sexo, nacionalidad o modificación sustancial y duradera del aspecto externo, la persona estará obligada a solicitar nuevos documentos de identidad búlgaros en un plazo máximo de treinta días.»
25.      El artículo 13, apartado 1, de la citada Ley enumera los tipos de documentos de identidad. Se trata, en particular, del documento de identidad, del pasaporte y del permiso de conducir.
26.      En virtud del artículo 16, apartado 1, de la misma Ley, los nombres, la fecha de nacimiento, el número de identificación personal, el sexo y la nacionalidad del interesado deben figurar en los documentos de identidad. Los apartados 2 y 6 de dicho artículo precisan que el pasaporte y el documento de identidad deberán contener también datos biométricos.
27.      El apartado 1, punto 16, de las Disposiciones Adicionales de la Ley de
Documentos de Identidad Búlgaros añade que los datos biométricos consistirán en una imagen facial del ciudadano y sus huellas dactilares.
III. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
28.      K. M. H. nació el 7 de agosto de 1990 en Bulgaria y fue inscrita como una persona de sexo masculino, con un nombre —compuesto por un nombre de pila, un patronímico y un apellido— (12) correspondiente a ese sexo. Asimismo, se le asignó un número de identificación personal y se le expidió un documento de identidad, que también la identifican como persona de sexo masculino. Sin embargo,
K. M. H. afirma que, (13) desde su infancia, «siempre se ha sentido mujer, tanto en su aspecto externo como en su comportamiento, sensibilidad, sentimientos y maneras». (14)
29.      Esta persona vive actualmente de forma permanente en Italia con su pareja italiana (15) que se hace cargo de su manutención. Ha seguido un tratamiento hormonal gracias al cual se presenta como mujer y desea someterse a una intervención quirúrgica para cambiar de sexo, lo que implicaría un cambio de estado civil. La discordancia entre su aspecto externo y su comportamiento como persona de sexo femenino, por una parte, y el hecho de poseer documentación oficial de identidad, en particular su documento de identidad, de una persona de sexo masculino, por otra parte, le causan inconvenientes y problemas a diario,
en especial para encontrar trabajo.
30.      Por ello, en 2017,
K. M. H. solicitó al Rayonen sad Stara Zagora (Tribunal de Primera Instancia de Stara Zagora, Bulgaria), al amparo del artículo 19, apartado 1, de la Ley del Registro Civil, que declarara su condición de persona de sexo femenino y ordenase el cambio de su nombre de
K. M. H. (nombre de pila, patronímico y apellido masculinos) a
K. M. H. (nombre de pila, patronímico y apellido femeninos) y que dicho cambio se anotara en el certificado de nacimiento que se le expidió.
31.      Dicho tribunal, que dispuso de varios informes médicos y de un dictamen pericial confirmando las declaraciones de
K. M. H. sobre la identidad de género reivindicada, desestimó su demanda el 28 de febrero de 2018. Admitió que
K. M. H. es una persona transgénero y declaró que la demanda solicitando el reconocimiento de su cambio de identidad de género (16) emana de una voluntad libre y una decisión informada. Sin embargo, consideró que no se cumplía el criterio jurídico que permite estimar esa demanda con arreglo al artículo 73 de la Ley del Registro Civil, en relación con el artículo 19 de esta misma Ley. Estimó que el Derecho objetivo búlgaro no contempla la posibilidad de modificar, sobre la base de motivos psicológicos, los hechos acreditados
en un certificado de estado civil.
32.      Esa resolución fue confirmada en apelación por el Okrazhen sad Stara Zagora (Tribunal Provincial de Stara Zagora, Bulgaria), el 15 de junio de 2018, cuya motivación era, en primer lugar, que el legislador búlgaro ha establecido la inscripción del sexo determinado en el momento del nacimiento sobre la base de los caracteres sexuales primarios. Solo es posible autorizar el cambio de sexo si viene impuesto por una modificación corporal. Asimismo, las disposiciones de la Ley del Registro Civil son perfectamente claras y no dejan margen para una interpretación distinta. Por último, corresponde al Estado, en su condición de legislador, adoptar medidas que respeten la vida privada y familiar de los ciudadanos, conforme a lo previsto en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, (17) que es de aplicación directa.
33.      A raíz del recurso de casación admitido en virtud del auto de 7 de febrero de 2019, el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria) declaró, mediante resolución de 28 de junio de 2019, que, pese a la inexistencia de una regulación en el Derecho nacional, el principio del respeto de la vida privada y familiar exige que el tribunal aprecie caso por caso si concurren los requisitos materiales del cambio de identidad de género de una persona a los que está supeditada la modificación jurídica de los datos relativos al estado civil que constan en el acta de nacimiento, a fin de alcanzar el justo equilibrio necesario entre el interés público y el interés personal, de conformidad con el artículo 8 del CEDH. Decidió devolver el asunto al Okrazhen sad Stara Zagora (Tribunal Provincial de Stara Zagora) para que este recabara nuevos elementos de prueba sobre la situación médica de
K. M. H.
34.      Mediante resolución de 21 de noviembre de 2019, ese tribunal, que dispuso de un segundo dictamen pericial confirmando que
K. M. H. es una persona transgénero, desestimó de nuevo su demanda de cambio de estado civil reiterando la motivación de su primera resolución, basada en la inexistencia de procedimiento que permita anotar el «sexo psicológico» en un acta de nacimiento.
35.      K. M. H. interpuso recurso de casación contra dicha resolución ante el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo). El recurso de casación fue admitido el 26 de junio de 2023 habida cuenta de la incompatibilidad de dicha resolución con la sentencia de 30 de abril de 1996, P./S., (18) invocada por
K. M. H., relativa a las siguientes cuestiones jurídicas, objeto del litigio, que el tribunal remitente resume de este modo: «¿Tienen las personas físicas el derecho a determinar su propia identidad, incluida la pertenencia a un sexo concreto? ¿Constituye una desigualdad de trato la negativa de un tribunal a autorizar un cambio de sexo, nombre y número de identificación personal en los certificados del estado civil de un demandante que afirma ser transexual?»
36.      Este procedimiento se había reabierto después de que el pleno de las salas de lo civil del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) dictara su resolución de interpretación n.º 2/2020, de 20 de febrero de 2023, (19) que vincula a todas las autoridades del Estado y a todos los órganos jurisdiccionales, incluidas las salas del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo). En respuesta a la cuestión de si los requisitos previos para la modificación de los datos de las actas de estado civil de una persona que afirma ser transgénero se derivan del artículo 8 del CEDH, (20) se declaró, en primer lugar, que el Derecho sustantivo vigente en Bulgaria no contempla la posibilidad de cambiar, en tal supuesto, los datos relativos al sexo, al nombre y al número de identificación personal que figuran en las actas del estado civil. En segundo lugar, el Derecho de la Unión no impone una conclusión distinta, ya que las normas relativas al estado civil de las personas son competencia de los Estados miembros. Finalmente, dicha resolución se basa en la sentencia n.º 15, de 26 de octubre de 2021, del Konstitutsionen sad (Tribunal Constitucional, Bulgaria), de la que se desprende que el término «sexo» contenido en la Constitución solo puede entenderse en su sentido biológico y que el interés público prevalece sobre el interés de las personas transgénero, en virtud de las normas y principios morales o religiosos que subyacen a las ideas y los valores arraigados en la sociedad, cuya estabilidad y continuidad deben garantizarse. A este respecto, dicha sentencia subraya la repercusión de la modificación del acta de nacimiento de una persona que afirma ser «transexual» en el estado civil de otras personas, incluidos los menores y las personas discapacitadas, como los hijos de esa persona, así como su cónyuge.
37.      El Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) alberga, sin embargo, dudas acerca de la interpretación adoptada en la resolución de interpretación. En primer lugar, argumenta, remitiéndose al artículo 8 del CEDH y al artículo 9 TUE, que se crearía una discriminación con arreglo a tales disposiciones si el ámbito de aplicación del Derecho nacional que prohíbe la discriminación por razón de sexo se circunscribiera a las personas intersexuales y a otras personas por determinadas razones médicas. Menciona asimismo casos idénticos o similares tratados de manera diferente en otros Estados miembros,
con el objetivo de alegar una vulneración del derecho a un juicio justo de las personas transgénero búlgaras.
38.      En segundo lugar, el referido tribunal remitente pregunta si la prohibición de modificar jurídicamente los datos que constan en el acta de nacimiento no viola los principios de igualdad de los ciudadanos de la Unión y de libre circulación enunciados en los artículos 8 TFUE y 21 TFUE, y «reafirmados por el artículo 7 de la Carta […] y por el artículo 8 del CEDH», debido al hecho de que las personas afectadas no pueden acreditar su identidad con sus documentos de identidad en los que figuran como personas del sexo opuesto.
39.      Por último, dicho tribunal estima que incumbe al Tribunal de Justicia apreciar si una interpretación vinculante de la Constitución, efectuada en virtud de una resolución del Konstitutsionen sad (Tribunal Constitucional), con arreglo a la cual el concepto de «sexo» ha de entenderse únicamente en sentido biológico, es conforme con las exigencias del Derecho de la Unión y puede constituir un obstáculo jurídico para que se tenga en cuenta la identidad de género en los documentos acreditativos del estado civil.
40.      En estas circunstancias, el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Se oponen los principios de igualdad de los ciudadanos de la Unión y de libre circulación, consagrados en el artículo 9 TUE y en los artículos 8 [TFUE] y 21 [TFUE] y reafirmados por el artículo 7 de la [Carta] y por el artículo 8 del CEDH, a una normativa nacional de un Estado miembro que excluye toda posibilidad de modificar los asientos registrales relativos al sexo, al nombre y al número de identificación (EGN) en los documentos sobre el estado civil de un solicitante que afirma ser [una persona transgénero]?
2)      ¿Se oponen los principios de igualdad de los ciudadanos de la Unión y de libre circulación, consagrados en el artículo 9 TUE y en los artículos 8 [TFUE] y 21 [TFUE], así como el principio de no discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual consagrado en el artículo 10 TFUE, reafirmados todos ellos por el artículo 7 de la Carta y por el artículo 8 del CEDH, y el principio de tutela judicial efectiva a una jurisprudencia nacional (en el presente asunto, la resolución de interpretación […]) con arreglo a la cual el Derecho objetivo material vigente en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea no contempla ninguna posibilidad de modificar el sexo, el nombre y el número de identificación en los documentos sobre el estado civil de un solicitante que afirma ser [una persona transgénero], lo que coloca a esta persona en una situación distinta de la que tendría en otro Estado miembro cuya jurisprudencia dispusiese lo contrario?
¿Es admisible una jurisprudencia nacional que, atendiendo a una serie de valores religiosos y planteamientos morales, no permite ningún cambio en la identidad de género, a no ser que resulte necesario por razones médicas en el caso de determinadas personas (intersexuales)?
¿Es admisible una jurisprudencia nacional que, atendiendo a una serie de valores religiosos y planteamientos morales, solo permite el cambio de sexo por razones médicas en determinados casos y para determinadas personas (intersexuales), pero no en otros supuestos de cambio en la identidad de género por otros motivos médicos?
3)      ¿Es válida también respecto al sexo, como elemento esencial de la inscripción registral del estado civil, la obligación de los Estados miembros de la Unión Europea de reconocer el estado civil de una persona que haya sido declarado en otro Estado miembro con arreglo a su propia legislación, obligación reconocida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia [desarrollada en las sentencias de 5 de junio de 2018, Coman y otros (C‑673/16, EU:C:2018:385), y [Pancharevo]] relativa a la aplicación de la Directiva [2004/38] y del artículo 21 TFUE, apartado 1? ¿Exige el hecho de que se haya declarado el cambio de sexo en otro Estado miembro en favor de una persona poseedora también de la nacionalidad búlgara que se inscriba esta circunstancia también en el registro correspondiente de la República de Bulgaria?
4)      ¿Es admisible, en atención al derecho a un juicio justo que se deriva de la Carta y del CEDH, una interpretación vinculante de la Constitución efectuada mediante una sentencia del Konstitutsionen sad (Tribunal Constitucional) con arreglo a la cual el concepto de “sexo” se ha de entender únicamente en sentido biológico? ¿Es conforme esta interpretación con las exigencias del Derecho de la Unión y puede constituir un obstáculo jurídico para la inscripción de un cambio de sexo [en el registro civil]?»
41.      El 27 de mayo de 2024, el tribunal remitente respondió a una petición de información del Tribunal de Justicia.
42.      K. M. H., los Gobiernos estonio, húngaro, neerlandés y portugués, así como la Comisión Europea presentaron observaciones escritas.
K. M. H., los Gobiernos búlgaro y neerlandés, así como la Comisión participaron en la vista que se celebró el 22 de mayo de 2025, durante la cual respondieron también a las preguntas orales formuladas por el Tribunal de Justicia.
IV.    Análisis
43.      Con carácter preliminar, procede señalar que, mientras que la primera cuestión prejudicial tiene por objeto la normativa nacional que excluye la inscripción en el registro civil de la condición de persona transgénero, las demás cuestiones prejudiciales se refieren a la jurisprudencia nacional según la cual la interpretación de esa normativa no permite modificar el estado civil de una persona transgénero.
44.      En este contexto, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la igualdad de los ciudadanos de la Unión, su libertad de circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros, la prohibición de la discriminación y la tutela judicial efectiva, derechos estos que se consagran en la Carta, se oponen a que la normativa nacional y la interpretación que de ella hacen los tribunales nacionales no permitan el «cambio en la identidad de género» (21) de un nacional búlgaro para anotar dicho cambio en su certificado de nacimiento y documentos de identidad, incluso sin tratamiento quirúrgico de reasignación de sexo.
45.      Dado que esta petición de decisión prejudicial se enmarca en un litigio entre una persona de nacionalidad búlgara y la autoridad búlgara competente en materia de inscripción en el registro civil, que no tiene por objeto el reconocimiento de un acto o una decisión registrados en otro Estado miembro, debe precisarse en qué se fundamenta la competencia del Tribunal de Justicia. (22)
46.      En mi opinión, basta con constatar que la situación de
K. M. H. está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 21 TFUE, apartado 1. (23) Efectivamente, como nacional búlgara, (24) K. M. H. ha ejercido su derecho a la libre circulación en otro Estado miembro, a saber, la República Italiana. Desea residir y trabajar en ese país, circular libremente en el territorio de los Estados miembros con la identidad resultante del reconocimiento jurídico de su identidad de género en su Estado miembro de origen, así como que se garantice su vida familiar con su pareja italiana. La República de Bulgaria es la única competente para expedir a
K. M. H. un documento de identidad o un pasaporte en el que se indique su nacionalidad.
47.      Por tanto,
K. M. H. puede invocar, en especial, el derecho fundamental e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que los artículos 20 TFUE, apartado 2, letra a), y 21 TFUE, apartado 1, confieren a todo ciudadano de la Unión, con sujeción, conforme a este último precepto, a las limitaciones y condiciones previstas en los Tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. (25) A este respecto, la Directiva 2004/38 tiene por objeto particular fijar las condiciones de ejercicio de tales derechos y las limitaciones a estos. (26) En concreto, en su artículo 4, apartado 3, prevé la expedición de un documento de identidad o un pasaporte.
48.      En lo que atañe a las cuestiones prejudiciales del tribunal remitente y, antes de nada, a las dos primeras, procede señalar que este planteó su petición de decisión prejudicial y respondió a la solicitud de información formulada por el Tribunal de Justicia antes de que se dictara la sentencia Mirin, relativa a la anotación en el certificado de nacimiento de un ciudadano de la Unión, por parte de la autoridad competente del Estado miembro del que es nacional dicho ciudadano, del cambio de su nombre e identidad de género. El Tribunal de Justicia declaró que «los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, apartado 1, a la luz de los artículos 7 y 45 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que no permite reconocer y anotar en el certificado de nacimiento de un nacional de ese Estado miembro el cambio de nombre y de identidad de género legalmente adquirido en otro Estado miembro con ocasión del ejercicio de su libertad de circulación y de residencia, con la consecuencia de obligarle a iniciar un nuevo procedimiento, de tipo jurisdiccional, de cambio de identidad de género en ese primer Estado miembro, que hace abstracción de este cambio ya legalmente adquirido en ese otro Estado miembro». (27)
49.      Sin embargo, existe una diferencia importante entre el asunto que dio lugar a la sentencia Mirin y el presente asunto, a saber, que en el caso de autos no hay un cambio de identidad de género legalmente adquirido en otro Estado miembro. Por consiguiente, las cuestiones prejudiciales primera y segunda siguen siendo pertinentes.
50.      Asimismo, si bien la sentencia Mirin permite disipar las dudas del tribunal remitente expuestas en su tercera cuestión prejudicial, esta cuestión es inadmisible, ya que no es ese el objeto del litigio y, por tanto, resulta hipotética. En efecto,
K. M. H. no ha obtenido ninguna decisión judicial o administrativa en Italia, en donde reside, tal como resulta de la respuesta del tribunal remitente a la petición de información del Tribunal de Justicia.
51.      Por último, considero que la cuarta cuestión prejudicial puede entenderse en el sentido de que se pregunta si el tribunal remitente se encuentra imposibilitado para interpretar una disposición nacional de conformidad con el Derecho de la Unión por el solo hecho de que esa disposición ha sido interpretada por el Konstitutsionen sad (Tribunal Constitucional) en un sentido que supuestamente no es
compatible con dicho Derecho. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe responderse en sentido negativo.
52.      En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado, por una parte, que el juez nacional que haya ejercido la facultad que le confiere el artículo 267 TFUE, párrafo segundo, debe, en su caso, dejar de lado las valoraciones de un órgano jurisdiccional nacional superior si, habida cuenta de la interpretación dada por el Tribunal de Justicia, estima que estas no son compatibles con el Derecho de la Unión, dejando inaplicada, en su caso, la norma nacional que lo obliga a atenerse a las resoluciones de dicho órgano jurisdiccional superior. Por otra parte, dicha solución también es aplicable cuando un órgano jurisdiccional ordinario está vinculado por una resolución de un tribunal constitucional nacional que dicho órgano jurisdiccional estime contraria al Derecho de la Unión. (28)
53.      Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia centrar mi análisis en las cuestiones prejudiciales primera y segunda, en la medida en que se basan en los artículos 21 TFUE y 7 de la Carta, y examinarlas conjuntamente.
54.      Dado que
K. M. H. puede invocar el artículo 21 TFUE, apartado 1, cabe descartar, a mi juicio, algunos de los fundamentos aducidos por el tribunal remitente, a saber, las normas relativas a la igualdad (artículos 9 TUE y 8 TFUE), la no discriminación (artículo 10 TFUE) y la tutela judicial efectiva (artículo 47 de la Carta).
55.      Propongo por ello reformular las cuestiones prejudiciales primera y segunda. Además, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE y a fin de proporcionar una respuesta útil al tribunal remitente a efectos de dirimir el litigio del que conoce, el Tribunal de Justicia puede tener que tomar en consideración normas del Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial. (29)
56.      Por consiguiente, debe entenderse, a la luz de la finalidad de la petición de decisión prejudicial, (30) que el tribunal remitente pregunta, en esencia, si los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, apartado 1, así como los artículos 7 y 45, apartado 1, de la Carta, en relación con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2004/38, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, tal como la interpretan los tribunales nacionales, no permite que el cambio de identidad de género de sus nacionales, incluso sin tratamiento quirúrgico de reasignación de sexo, y el cambio de su nombre y número de identificación personal sean reconocidos jurídicamente y anotados en su acta de nacimiento, cuando de dicha anotación depende la modificación de las declaraciones que figuran en sus documentos de identidad.
57.      En materia de estado civil y reconocimiento jurídico de la condición de persona transgénero, el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado sobre las obligaciones de los Estados miembros en virtud del Derecho de la Unión en circunstancias concretas, a saber, el cambio de identidad de género adquirido legalmente en otro Estado miembro. (31) El razonamiento que subyace a esta jurisprudencia es idéntico al que corresponde al nombre. Se basa en la constatación de que el ejercicio de los derechos conferidos por los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, apartado 1, se ve obstaculizado cuando la identidad de un ciudadano «móvil» de la Unión reconocida en un Estado miembro es distinta de la registrada en el Estado miembro del que es nacional. (32)
58.      Este obstáculo justifica que se establezca un límite a la competencia de los Estados miembros en materia de estado civil de las personas. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el estado actual del Derecho de la Unión, el estado civil de las personas, en el que se incluyen las normas relativas al cambio de nombre de pila, de apellido y de identidad de género de una persona, es una materia que es competencia de los Estados miembros y el Derecho de la Unión no menoscaba esta competencia. No obstante, cada Estado miembro debe respetar el Derecho de la Unión al ejercitar dicha competencia y, en particular, las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libertad, reconocida a todo ciudadano de la Unión, de circular y de residir en el territorio de los Estados miembros, reconociendo, a tal efecto, el estado civil de las personas establecido en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de este. (33)
59.      Sin embargo, cuando no existe acto o decisión obtenidos legalmente en un Estado miembro diferente de aquel del que es nacional el interesado, no se trata ya de resolver las dificultades relacionadas con el estado civil de una persona que, por el mero hecho de que ha ejercido su libertad de circulación y residencia en un Estado miembro, difiere según los Estados miembros en cuestión.
60.      La cuestión novedosa que se plantea al Tribunal de Justicia consiste en determinar la forma de garantizar la efectividad del ejercicio de esta libertad cuando la identidad de género vivida por un ciudadano de la Unión difiere de la identidad de género que resulta de la indicación de su sexo en su certificado de nacimiento, que se traslada a su documento de identidad o pasaporte. En el caso de autos, en concreto, como alega
K. M. H. ante los tribunales nacionales, no dispone de documentos de identidad que le permitan circular, residir y trabajar en el territorio de los Estados miembros, sin tener que disipar las dudas suscitadas por la discordancia entre, por un lado, la indicación de su sexo en tales documentos, que coincide con la que consta en su certificado de nacimiento, y, por otro lado, su identidad de género vivida.
61.      Por consiguiente, se suscita la cuestión de determinar cuál puede ser el fundamento en Derecho de la Unión de la obligación que tienen los Estados miembros de reconocer jurídicamente el cambio de identidad de género de uno de sus nacionales nacido en su territorio.
62.      A falta de acto o decisión adoptados en otro Estado miembro, creo que no cabe extender a tal situación el ámbito de aplicación del artículo 21 TFUE, apartado 1, tal como ha sido interpretado en materia de identidad de los ciudadanos de la Unión «móviles» cuando esa identidad es distinta según los Estados miembros de que se trate. Decidir sobre este único fundamento, incluso a la luz del artículo 7 de la Carta, que un Estado miembro tiene la obligación de reconocer jurídicamente la identidad de género equivaldría a poner en entredicho el principio de la competencia de los Estados miembros en materia de estatuto personal y, en consecuencia, de estado civil. Una decisión de este tipo conduciría en última instancia al reconocimiento ilimitado de los derechos vinculados a la ciudadanía de la Unión, cuando ninguna disposición de los Tratados lo prevé. Además, una interpretación basada en el artículo 45, apartado 1, de la Carta está limitada por el artículo 51, apartado 2, de la Carta.
63.      Por ello considero, al igual que la Comisión, que se manifestó en este sentido en la vista, que parece preferible una respuesta fundamentada en el artículo 21 TFUE, apartado 1, en relación con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2004/38.
64.      Esta interpretación presenta la ventaja fundamental de mantenerse dentro de los límites y condiciones de ejercicio por los ciudadanos de la Unión de su libertad de circulación y residencia, consagrada en el artículo 21 TFUE, apartado 1, que determina la Directiva 2004/38. (34) Además, tal respuesta puede encontrar apoyo en tres resoluciones del Tribunal de Justicia, a saber, la sentencia Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, relativa a los requisitos de expedición de un documento de identidad con valor de documento de viaje dentro de la Unión Europea, por un lado, y las sentencias Mirin y Deldits, sobre la inscripción de la condición de persona trans en los registros públicos, por otro lado.
65.      En efecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que se inscribe en la creación del espacio sin fronteras interiores ofrecido por la Unión a sus ciudadanos el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, conferido directamente a todos ellos por los artículos 20 TFUE, apartado 2, letra a), y 21 TFUE, apartado 1, y cuyo ejercicio tiene por objeto facilitar, según reiterada jurisprudencia, la Directiva 2004/38. (35)
66.      Así, los documentos de identidad y los pasaportes, que contienen en particular la imagen facial de sus titulares, sirven para identificar a los ciudadanos de la Unión (36) con el fin, en concreto, de acreditar su condición de beneficiarios del derecho a circular y residir en el territorio de los Estados miembros y, por lo tanto, ejercer ese derecho. (37)
67.      Por consiguiente, si los documentos de identidad y los pasaportes expedidos por el Estado miembro de que se trate recogen el dato del sexo de su titular sobre la base de su certificado de nacimiento, la identidad de género vivida por este debería figurar en dicho certificado si es distinta de la que le fue asignado al nacer. (38) Lo mismo sucede con el nombre de pila, el apellido y, en su caso, el número de identificación personal concordantes con el cambio de identidad de género. A este respecto, cabe recordar que la indicación del sexo tiene repercusiones psicosociales, (39) puesto que determinan la identidad de género masculina o femenina. Por tanto, si en una situación concreta esta indicación no coincide con la identidad de género vivida por la persona en cuestión, (40) la documentación presentada para acreditar la identidad (documento de identidad o pasaporte) suscitará necesariamente dudas en torno a su autenticidad o veracidad. (41)
68.      Sobre este aspecto, por lo que respecta a la indicación del sexo en los documentos de identidad o en los pasaportes, me parece oportuno formular algunas observaciones fundamentales.
69.      Conviene distinguir entre la legislación europea en materia de expedición de pasaportes, por una parte, y de documentos de identidad, por otra. Los pasaportes se rigen por el Reglamento (CE) n.º 2252/2004. (42) El Reglamento 2025/1208 es aplicable ahora a los documentos de identidad.
70.      Aunque en ambos casos estos Reglamentos se remiten a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (43) y, en particular, a las establecidas en el documento 9303, sobre documentos de viaje de lectura mecánica, (44) es preciso resaltar las diferencias.
71.      Por lo que respecta a los pasaportes, en la parte 4 del documento 9303, que se titula «Especificaciones para los pasaportes de lectura mecánica (MRP) y otros MRTD [ (45)] de tamaño D3[ (46)]», (47) se establece, en la zona II, que contiene los «datos personales obligatorios y opcionales», una casilla 11 relativa al sexo del titular del pasaporte, en la siguiente forma en español: «F para el femenino, M para el masculino o X en caso indefinido». (48) Así pues, según esta norma, los Estados miembros tienen la obligación de establecer una casilla para incluir en ella un dato relativo al sexo. Sin embargo, pueden quedar dispensados de indicarlo. (49)
72.      Por lo que atañe a los documentos de identidad, las mismas especificaciones relativas a la indicación del sexo figuran en la parte 5 del documento 9303, que se titula «Especificaciones para documentos oficiales de viaje de lectura mecánica (MROTD) de tamaño DV1 [ (50)]». (51)
73.      No obstante, en el caso de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión, los Estados miembros podrán establecer excepciones a estas especificaciones, tal como dispone el artículo 3, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento 2025/1208, interpretado a la luz de su considerando 25. Así pues, respecto de tales documentos de identidad, el legislador de la Unión optó por:
–        emplear el término «género» en lugar del término «sexo» que figura en el documento 9303 para designar este dato que ha de incluirse en una casilla del documento de identidad, y
–        hacer opcional la indicación por los Estados miembros del «género» (en el sentido de «sexo» según el documento 9303) de una persona en su documento de identidad. En otras palabras, los Estados miembros no están obligados a incluir una casilla relativa al género (o sexo) en este documento. (52)
74.      Por consiguiente, para proseguir el análisis de las condiciones en las que debe expedirse un documento de identidad concordante con la identidad de género vivida por un ciudadano de la Unión transgénero, hay que situarse en el supuesto de que el Estado miembro del que es nacional indique el género (o sexo) en los documentos de identidad.
75.      En tal caso, como ocurre en Bulgaria, (53) el obstáculo al ejercicio del derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que soporta un ciudadano de la Unión transgénero se deriva de la expedición, por la única autoridad competente, a saber, la de su Estado miembro de origen, de un documento de identidad que recoge obligatoriamente la indicación del sexo que consta en su certificado de nacimiento, aunque ya no coincida con su identidad de género vivida. En estas circunstancias, ese documento de identidad no es conforme con su finalidad. Ha de recordarse que dicha finalidad consiste en permitir la identificación del titular sin que pueda cuestionarse la autenticidad de los documentos que presenta o la veracidad de los datos contenidos en ellos. (54)
76.      Por consiguiente, esta constatación debería llevar al Tribunal de Justicia a poner de manifiesto una nueva modalidad de obstáculo al ejercicio por un ciudadano de la Unión de los derechos garantizados por el artículo 21 TFUE y el artículo 45, apartado 1, de la Carta, interpretados a la luz
del artículo 7 de esta última. Dicho obstáculo no se deriva de la existencia de dos documentos divergentes del estado civil relativos a la misma persona, sino de la indicación obligatoria en el documento de identidad del sexo resultante del certificado de nacimiento, sin que sea posible hacer constar en él una identidad de género distinta, a saber, la vivida.
77.      El Tribunal de Justicia podría considerar entonces que, en tal situación, un Estado miembro no puede invocar que, en su Derecho nacional, no existe procedimiento de reconocimiento jurídico de la condición de persona trans para poner obstáculos al derecho de obtener un documento de identidad que facilite el ejercicio del derecho del ciudadano de la Unión de que se trate a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. (55)
78.      Debería rechazarse igualmente, a mi juicio, la alegación formulada por el Gobierno búlgaro en la vista, según la cual, dado que el documento de identidad es el reflejo del certificado de nacimiento, este solo puede contener la indicación del sexo registrado en el momento del nacimiento de la persona interesada. Ciertamente, el certificado de nacimiento constituye la base sobre la que se elaboran los documentos de identidad (56) debido a su finalidad probatoria común en materia de identidad y, si bien el contenido del primero es exhaustivo, el de los segundos es una síntesis. (57)
79.      En efecto, en un acta de nacimiento se registran una constatación, a saber, el nacimiento de una persona de un sexo generalmente determinado y la identidad que se le ha proporcionado (apellido y nombre de pila), así como los vínculos con uno o ambos progenitores. Las indicaciones del sexo, del nombre de pila y del apellido sirven para identificar a la persona cuyo nacimiento se ha registrado. En función de los Estados miembros, estas indicaciones pueden estar correlacionadas entre sí en diversos grados, ya sean sociológicos, por ejemplo para la elección del nombre de pila, o jurídicos, por ejemplo en Bulgaria, para el apellido, (58) o en Hungría, según las observaciones escritas presentadas por el Gobierno húngaro, respecto del nombre de pila.
80.      Además, la decisión de que el certificado de nacimiento sea el documento de referencia en el que se consignan las modificaciones de las indicaciones que contiene, con fines probatorios, en particular con vistas a la expedición de documentos de identidad, forma parte del ejercicio por los Estados miembros de su competencia en materia tanto de estado civil (59) como de expedición de documentos de identidad. (60)
81.      No obstante, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión al ejercer dicha competencia en esas dos materias y, en particular, las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libertad, reconocida a todo ciudadano de la Unión, de circular y residir en el territorio de los Estados miembros. (61)
82.      Por consiguiente, en un sistema jurídico en el que el certificado de nacimiento es el único documento de referencia durante toda la vida de una persona, la expedición de un documento de identidad de una persona transgénero con la indicación de la identidad de género vivida, que, por tanto, no coincide con el sexo que figura en su acta de nacimiento, debe estar precedida de un registro oficial del cambio de identidad de género, habida cuenta de los rigurosos requisitos que confieren al documento de identidad su valor probatorio, (62) a efectos de ejercer el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Dicho de otro modo, el hecho de que el documento de identidad recoja una indicación del sexo extraída únicamente del certificado de nacimiento de la persona, tal como se establece legalmente en el Estado miembro competente por razón de su nacionalidad, genera para ese Estado, como consecuencia de la finalidad del documento de identidad, la obligación de reconocer jurídicamente la identidad de género vivida y anotarla en dicho certificado. (63)
83.      En estas circunstancias, una normativa nacional que, tal como la
interpretan los tribunales nacionales, no permite a una persona transgénero, sin obtener el reconocimiento de su identidad de género, disfrutar de un derecho protegido por el Derecho de la Unión como, en el presente asunto, el derecho a poseer un documento de identidad que le permita ejercer libremente su derecho a circular y residir en el territorio de los Estados miembros, constituye una restricción al derecho de libre circulación y residencia previsto en el artículo 21 TFUE, apartado 1. (64)
84.      Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que «también debe constatarse tal restricción respecto al derecho consagrado en el artículo 45, apartado 1, de la Carta». (65)
85.      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una normativa nacional que puede restringir el ejercicio de ese derecho, consagrado en el artículo 21 TFUE, solo podría justificarse si se basara en consideraciones objetivas y fuera proporcionada al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional. (66)
86.      Además, una normativa nacional que impide que una persona transgénero, al no reconocer su identidad de género, reúna un requisito necesario para disfrutar de un derecho protegido por el Derecho de la Unión debe considerarse, en principio, incompatible con el Derecho de la Unión. (67)
87.      En el caso de autos, el tribunal remitente cita la sentencia del Konstitutsionen sad (Tribunal Constitucional) n.º 15, de 26 de octubre de 2021, sobre la que se basa la resolución de interpretación, (68) que se fundamenta en el principio según el cual en el acta de nacimiento solo se anota el «sexo biológico», por una parte, así como en valores religiosos y planteamientos morales en relación con las repercusiones del cambio del estado civil de una persona transgénero para los miembros de su familia, (69) por otra parte.
88.      El Gobierno búlgaro no alegó en la vista ninguna justificación concreta. Afirmó que el reconocimiento jurídico de la identidad de género es una competencia exclusiva de los Estados miembros, que debe ser respetada en la Unión.
89.      Aun suponiendo que la normativa nacional, tal como la interpretan el Konstitutsionen sad (Tribunal Constitucional) y el pleno de las salas de lo civil del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) en su resolución de interpretación, persiga un objetivo legítimo, en cualquier caso, solo podría considerarse justificada si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta, cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia y, en particular, con el derecho al respeto de la vida privada contemplado en el artículo 7 de la Carta. (70)
90.      Dado que los derechos que garantiza el artículo 7 de la Carta tienen, con arreglo al artículo 52, apartado 3, de la Carta, el mismo sentido y alcance que los que garantiza el artículo 8 del CEDH, disposición esta última que constituye un umbral mínimo de protección, (71) procede considerar que resulta de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (72) que los Estados miembros, en virtud de las obligaciones positivas que se derivan para ellos del artículo 8 del CEDH, (73) están obligados a garantizar el reconocimiento del cambio de identidad de género, en particular permitiendo a los interesados que se modifique su estado civil, con las consecuencias resultantes de ello, (74) en los documentos oficiales, de manera rápida, transparente y accesible.
91.      Además, en la sentencia P. H. c. Bulgaria, el TEDH hizo referencia a su sentencia de 9 de julio de 2020, Y. T. c. Bulgaria (75) subrayando que él había declarado que, «al negarse a reconocer legalmente la reasignación de sexo del demandante sin formular para ello una motivación suficiente y pertinente y sin explicar por qué en otros asuntos juzgados por los tribunales nacionales se había reconocido tal reasignación, las autoridades internas habían vulnerado injustificadamente el derecho del demandante al respeto de su vida privada». (76)
92.      Posteriormente, el TEDH se pronunció en el mismo sentido al considerar que «no ponderar los intereses personales de
la demandante y el interés público, en un contexto de prácticas divergentes del alto tribunal búlgaro, pone de manifiesto, al igual que el asunto [en el que recayó la sentencia] Y. T. c. Bulgaria […], una rigidez de razonamiento acerca del reconocimiento de la identidad sexual. En el caso de autos, esa rigidez ha colocado a la demandante, durante un período irrazonable y continuo, en una situación perturbadora que le inspira inútilmente sentimientos de vulnerabilidad, humillación y ansiedad (véanse, mutatis mutandis, [las sentencias de 11 de julio de 2002,] Christine Goodwin c. Reino Unido [CE:ECHR:2002:0711JUD002895795], §§ 77 y 78 […], e Y. T. c. Bulgaria […], § 72)». (77)
93.      Por otro lado, también en la sentencia P. H. c. Bulgaria, el TEDH, tras ser informado del procedimiento relativo a la resolución de interpretación aún pendiente en el momento en que se pronunció, (78) recordó «la necesidad de remitirse a las recomendaciones emitidas por órganos internacionales, en particular el Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre las medidas destinadas a combatir la discriminación por razón de orientación o identidad sexual, entre las que se encuentra la recomendación a los Estados para que permitan el cambio de nombre y de sexo en los documentos oficiales de manera rápida, transparente y accesible». (79)
94.      En este contexto, propongo al Tribunal de Justicia que considere que incumbe, en principio, al tribunal remitente, sin esperar a que la normativa nacional controvertida sea modificada por vía legislativa o mediante otro procedimiento constitucional, dotar de plena eficacia a la obligación mencionada en el punto 82 de las presentes conclusiones interpretando dicha normativa a la luz del Derecho de la Unión y, en particular, de las normas en materia de libertad de circulación y residencia, respeto de la vida privada y expedición de documentos de identidad o, en su caso, inaplicando tal normativa. (80) Estimo que, sin embargo, la indicación del sexo de la persona interesada que figura en su certificado de nacimiento una vez que se emite no se cuestiona ni se trata como un error que ha de rectificarse. (81)
95.      A este respecto, por una parte, la reiterada exposición en la sentencia P. H. c. Bulgaria de la línea jurisprudencial anterior a la resolución de interpretación según la cual «el Derecho interno permitía el reconocimiento de la reasignación jurídica de sexo», (82) así como el voto particular emitido por numerosos jueces con ocasión de la adopción de dicha resolución por una exigua mayoría (83) revisten un gran interés, (84) en la medida en que demuestran que la normativa nacional no ha sido interpretada de modo reiterado en un sentido incompatible con el Derecho de la Unión.
96.      Por otra parte, es preciso hacer hincapié en que, en la sentencia de 17 de febrero de 2022, Y c. Polonia, (85) el TEDH tuvo en cuenta que el sistema de registro de los nacimientos tiene un carácter histórico y que la referencia al sexo asignado en el nacimiento puede, en ciertas situaciones, ser útil para demostrar determinados hechos anteriores a la reasignación de sexo, aun cuando ello pueda causar cierta inquietud a la persona afectada. (86)
97.      Por otro
lado, cualquiera que sea el procedimiento adoptado por el Estado miembro en cuestión, parece oportuno recordar, en primer lugar, que el TEDH ha declarado que «el mantenimiento del principio de indisponibilidad del estado civil de las personas, de la garantía de la fiabilidad y coherencia del estado civil y, más en general, de la exigencia de seguridad jurídica son cuestiones de interés general y justifican el establecimiento de procedimientos rigurosos con el fin, en particular, de verificar las motivaciones profundas de una solicitud de cambio legal de identidad (véanse, mutatis mutandis, [las sentencias de 6 de abril de 2017,] A. P., Garçon y Nicot c. Francia, [CE:ECHR:2017:0406JUD007988512], § 142, [de 11 de octubre de 2018,] S. V. c. Italia, [CE:ECHR:2018:1011JUD005521608], § 69 […], e Y.T c. Bulgaria […], § 70)». (87)
98.      En segundo lugar, aunque corresponde a los Estados miembros determinar los requisitos para el reconocimiento jurídico del cambio de sexo de una persona, (88) debe precisarse, como consecuencia de la información facilitada por el Gobierno búlgaro en la vista, que no es admisible supeditar a la aportación de pruebas de un tratamiento quirúrgico de reasignación de sexo el ejercicio, por una persona transgénero, de su derecho a inscribir en el registro civil su condición de persona trans, a fin de obtener un documento de identidad o un pasaporte que se corresponda con su identidad de género.
99.      En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que tal exigencia probatoria menoscaba la esencia de los derechos fundamentales garantizados por la Carta y, en particular, la esencia del derecho a la integridad de la persona y del derecho al respeto de la vida privada y familiar, contemplados en sus artículos 3 y 7, respectivamente. (89) Además, recordó que el TEDH había declarado que el reconocimiento de la identidad de género de una persona trans no puede quedar supeditado a la realización de un tratamiento quirúrgico no deseado por esa persona (90) y que un certificado médico, incluido un diagnóstico psicológico previo, puede constituir una prueba pertinente y suficiente a este respecto. (91)
100. Por consiguiente, un procedimiento que conduzca a que se complete el estado civil de una persona trans, con vistas a obtener un documento de identidad concordante no debe supeditarse a la aportación de pruebas de un tratamiento quirúrgico de reasignación de sexo.
101. De todas estas consideraciones resulta que debe establecerse, si es necesario mediante una interpretación jurisprudencial de la normativa nacional, un procedimiento adecuado en materia de estado civil para que puedan expedirse a los nacionales búlgaros los documentos de identidad que se correspondan con la identidad de género vivida por estos.
V.      Conclusión
102. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria) de la manera siguiente:
«Los artículos 20 TFUE y 21 TFUE, apartado 1, y los artículos 7 y 45, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE,
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a una normativa nacional que, tal como la interpretan los tribunales nacionales, no permite que el cambio de identidad de género de sus nacionales, incluso sin tratamiento quirúrgico de reasignación de sexo, y el cambio de su nombre y número de identificación personal sean reconocidos jurídicamente y anotados en su acta de nacimiento, cuando de dicha anotación depende la modificación de las declaraciones que figuran en sus documentos de identidad.»
1      Lengua original: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      La palabra «nombre» se emplea aquí en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Zakon za grazhdanskata registratsia (Ley del Registro Civil), de 27 de julio de 1999 (DV n.º 67, de 27 de julio de 1999). Véanse, en los puntos 14 y 30 de las presentes conclusiones, respectivamente, la reproducción de esta disposición y la indicación del objeto de la demanda.
3      C‑4/23, en lo sucesivo, «sentencia Mirin», EU:C:2024:845.
4      Véanse, con respecto al matrimonio de personas del mismo sexo, la sentencia de 5 de junio de 2018, Coman y otros (C‑673/16, EU:C:2018:385), apartados 45 y 46, así como, sobre la filiación respecto de personas del mismo sexo, la sentencia de 14 de diciembre de 2021, Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo» (C‑490/20, en lo sucesivo, «sentencia Pancharevo», EU:C:2021:1008), apartado 57.
5      Véanse las sentencias de 26 de junio de 2018, MB (Cambio de sexo y pensión de jubilación) (C‑451/16, EU:C:2018:492), apartado 29, y de 13 de marzo de 2025, Deldits (C‑247/23, en lo sucesivo, «sentencia Deldits», EU:C:2025:172), apartado 37.
6      Véase la sentencia Mirin, apartados 67 a 70. He de observar, una vez más [véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Mirin (C‑4/23, EU:C:2024:385), punto 73], que de los veintisiete Estados miembros, veinticinco de ellos establecen procedimientos de cambio de estado civil para que la identidad legal de nacimiento pueda ser modificada como consecuencia de una decisión individual referente al género.
7      Para el supuesto contrario, véase la sentencia Mirin, apartado 57.
8      En lo sucesivo, «Carta».
9      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77, y corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35).
10      Con arreglo al artículo 93, apartado 4, de la Ley del Registro Civil, citada en la sentencia de 16 de mayo de 2024, Toplofikatsia Sofia (Concepto de domicilio del demandado) (C‑222/23, EU:C:2024:405), apartado 12, «los nacionales búlgaros que residan en el extranjero, que no estén inscritos en el censo y no puedan designar una dirección permanente en Bulgaria, serán censados de oficio en el distrito de Sredets de la ciudad de Sofía».
11      DV n.º 93, de 11 de agosto de 1998. El título de esta Ley fue modificado por el DV n.º 82, de 16 de octubre de 2009.
12      Véase el punto 14 de las presentes conclusiones.
13      Propongo al Tribunal de Justicia que utilice un pronombre femenino de acuerdo con la voluntad manifestada por la demandante en sus observaciones.
14      Véase el apartado 3 de la petición de decisión prejudicial.
15      Según las indicaciones facilitadas por el tribunal remitente a raíz de la petición de información del Tribunal de Justicia.
16      No retomo aquí las expresiones que figuran en determinada motivación de la petición de decisión prejudicial en francés, como «transexual», «transexualidad», «cambio de sexo civil» ni tampoco «cambiar el sexo que figura en el certificado de nacimiento», sino que únicamente empleo la expresión «identidad de género» que el tribunal remitente utiliza para justificar su solicitud de interpretación (véanse la segunda cuestión prejudicial y los apartados 79 y 80 de dicha petición). Me remito asimismo a las observaciones escritas de
K. M. H. En efecto, no se trata de rectificar la indicación del sexo en el certificado de nacimiento por considerarla errónea. Se trata de una solicitud de inscripción en el registro civil de una declaración de identidad de género, es decir, la afirmación de la convicción de pertenecer a un género diferente del que corresponde al sexo asignado en el nacimiento, acreditada mediante informes médicos. Véanse, sobre esta cuestión terminológica, mis conclusiones presentadas en el asunto Mirin (C‑4/23, EU:C:2024:385), nota 4, y las sentencias Mirin, apartado 2, y Deldits, apartados 2 y 39.
17      Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950; en lo sucesivo, «CEDH».
18      C‑13/94, EU:C:1996:170.
19      En lo sucesivo, «resolución de interpretación».
20      El tribunal remitente expone asimismo, en el apartado 22 de su petición de decisión prejudicial, el voto particular de veintiuno de los cuarenta y cuatro jueces que participaron en la adopción de dicha decisión, basado en la inexistencia de conflicto entre el artículo 8 del CEDH y la Konstitutsiya (Constitución), que sostiene que es posible una interpretación distinta, en particular, del artículo 76, apartado 5, de la Ley del Registro Civil y del apartado 1, punto 17, de las disposiciones adicionales de la Zakon za zashtita ot diskriminatsia (Ley de Protección contra la Discriminación), en vigor desde el 1 de enero de 2004 (DV n.º 86, de 30 de septiembre de 2003; el título de esta Ley fue modificado por el DV n.º 68, de 22 de agosto de 2006).
21      Esta expresión procede de la segunda cuestión prejudicial.
22      El Gobierno búlgaro sostuvo en la vista que, a la luz de tales circunstancias, la petición de decisión prejudicial es inadmisible.
23      Véase, en este sentido, la sentencia Mirin, apartado 41.
24      Sobre la declaración de que el estatuto de ciudadano de la Unión se deriva automáticamente de la condición de nacional de un Estado miembro, véase la sentencia de 29 de abril de 2025, Comisión/Malta (Ciudadanía para inversores) (C‑181/23, EU:C:2025:283), apartado 92. Véanse, asimismo, como recordatorio del principio según el cual el estatuto de ciudadano de la Unión constituye el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros, por una parte, y de los derechos que atribuye dicho estatuto, por otra parte, las sentencias Mirin, apartados 51 y 52 y jurisprudencia citada, y de 29 de abril de 2025, Comisión/Malta (Ciudadanía para inversores) (C‑181/23, EU:C:2025:283), apartado 92 y jurisprudencia citada.
25      Véase la sentencia Mirin, apartado 52.
26      Véase la sentencia de 22 de febrero de 2024, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (C‑491/21, en lo sucesivo, «sentencia Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date», EU:C:2024:143), apartado 27.
27      Sentencia Mirin, apartado 71.
28      Véanse las sentencias de 15 de enero de 2013, Križan y otros (C‑416/10, EU:C:2013:8), apartado 71, y de 26 de septiembre de 2024, Energotehnica (C‑792/22, EU:C:2024:788), apartados 61 y 62 y jurisprudencia citada.
29      Véanse, en particular, las sentencias de 20 de marzo de 1986, Tissier (35/85, EU:C:1986:143), apartado 9, y de 24 de junio de 2025, GR REAL (C‑351/23, EU:C:2025:474), apartado 61.
30      Véase el punto 38 de las presentes conclusiones.
31      Véase la sentencia Mirin, apartado 71.
32      Véase la sentencia Mirin, apartados 52 a 57. Con carácter más general, sobre el reconocimiento del estado civil de las personas determinado en otro Estado miembro con arreglo a la legislación de este, sobre la base de la libertad de todo ciudadano de la Unión de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, véase la sentencia Pancharevo, apartado 52 y jurisprudencia citada.
33      Véanse las sentencias Mirin, apartado 53, y Deldits, apartado 37.
34      En el apartado 27 de la sentencia Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, el Tribunal de Justicia subrayó que «tales limitaciones y condiciones son las establecidas en la Directiva 2004/38, que tiene por objeto particular fijar las condiciones de ejercicio de tales derechos y las limitaciones a estos».
35      Véase la sentencia de 29 de abril de 2025, Comisión/Malta (Ciudadanía para inversores) (C‑181/23, EU:C:2025:283), apartados 84 a 86 y jurisprudencia citada.
36      En relación con el documento de identidad, véanse los considerandos 17, 18, 21, 29 y 33, así como el artículo 3, apartado 5, del Reglamento (UE) 2025/1208 del Consejo, de 12 de junio de 2025, sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación (DO L, 2025/1208), que entró en vigor el 10 de julio de 2025 (véase el artículo 16 de este Reglamento). Sustituye al Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación (DO 2019, L 188, p. 67), cuyos efectos han sido mantenidos en las condiciones fijadas por el Tribunal de Justicia en la sentencia por la que se declaró la invalidez de este Reglamento [véase la sentencia de 21 de marzo de 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden (C‑61/22, EU:C:2024:251), apartado 128]. En cuanto a la integración de datos biométricos en los documentos de identidad, a saber, dos impresiones dactilares y la imagen facial, aquellas como complemento de esta, véase también la sentencia de 21 de marzo de 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden (C‑61/22, EU:C:2024:251), apartados 91, 98 y 99.
37      Véase la sentencia de 21 de marzo de 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden (C‑61/22, EU:C:2024:251), apartado 51. Véase también el artículo 11, apartado 6, del Reglamento 2025/1208.
38      Véase, por analogía, la sentencia Deldits, apartado 32.
39      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Mirin (C‑4/23, EU:C:2024:385), nota 4.
40      Sobre la definición de «identidad de género», véanse los Yogyakarta principles (Principios de Yogyakarta) +10 (Principios y obligaciones estatales adicionales sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales que complementan los Principios de Yogyakarta), adoptados en noviembre de 2017 (véase https://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/los-principios-de-yogyakarta-10/), p. 6, nota 2. Véase asimismo, en cuanto al hecho de que la identidad personal, de la que forma parte la identidad de género, pueda definirse como «el conjunto de percepciones y sentimientos que una persona desarrolla acerca de sí misma» o como «aquello que permite seguir siendo el mismo, realizarse y llegar a ser uno mismo en una sociedad y una cultura dadas, y en relación con los demás», Husser, A., La situation personnelle dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, tesis doctoral defendida el 1 de diciembre de 2023, Bruylant, Bruselas, 2024, p. 153, apartado 217 y nota 536.
41      Véase la sentencia Mirin, apartado 56.
42      Reglamento del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre normas para las medidas de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos por los Estados miembros (DO 2004, L 385, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 444/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009 (DO 2009, L 142, p. 1; corrección de errores en DO 2009, L 188, p. 127) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 2252/2004»).
43      El Convenio sobre Aviación Civil Internacional, firmado en Chicago el 7 de diciembre de 1944 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 15, n.º 102), estableció la OACI (o ICAO, por las siglas de «International Civil Aviation Organization» en inglés). La Unión no es parte en este Convenio (véase https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/air/international-aviation/european-union-icao_en, en particular «The Status of the EU at ICAO»), a diferencia de todos sus Estados miembros (véase la lista de Estados partes de la OACI en la siguiente dirección de Internet: https://www2023.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Chicago_ES.pdf).
44      Respecto del Reglamento n.º 2252/2004, véanse el artículo 1 y el anexo, citados en la sentencia de 2 de octubre de 2014, U (C‑101/13, EU:C:2014:2249), apartados 4 y 5. Respecto del Reglamento 2025/1208, véase el artículo 3. La última edición de este documento 9303, es decir, la octava, es de 2021 (en lo sucesivo, «documento 9303»).
45      «MRTD» significa «documento de viaje de lectura mecánica».
46      «D3» significa «documento de viaje de lectura mecánica de tamaño 3».
47      Disponible en la siguiente dirección de Internet: https://www. https://www.icao.int/sites/default/files/publications/DocSeries/9303_p. 4_cons_es.pdf.
48      Véase el documento 9303, parte 4, p. 14.
49      Véase el documento 9303, parte 4, sección 4.1.1.1, relativa a la Zona de Inspección Visual (ZIV) — Lista de datos, y nota p) de la sección 4.2.2.2 (pp. 14 y 21): «Cuando un Estado expedidor u organización expedidora no quiera identificar el sexo, se utilizará el carácter de relleno (<) en esa casilla de la [zona de lectura mecánica (ZLM)] y una X en la casilla correspondiente de la ZIV.»
50      «DV1» significa «documento oficial de viaje de lectura mecánica de tamaño 1».
51      Disponible en la dirección de Internet siguiente: https:// https://www2023.icao.int/publications/Documents/9303_p. 5_cons_es.pdf. Véase el documento 9303, parte 5, sección 4.1.1.1, relativa a la Zona de Inspección Visual (ZIV) — Lista de datos, así como nota f) de la sección 4.2.2.3 (pp. 10 y 17): «Cuando un Estado expedidor u organización expedidora no quiera identificar el sexo, se utilizará el carácter de relleno (<) en esa casilla en la ZLM y una X en la casilla correspondiente de la ZIV.»
52      Por otro lado, debo observar que este dato no figura entre aquellos que la OACI considera identificativos en su Guía sobre la acreditación de la identidad, disponible en la siguiente dirección de Internet: ICAO Guide on Evidence of Identity.pdf (véase el punto 2.5).
53      Véase el punto 26 de las presentes conclusiones.
54      Véanse los puntos 57, 60, 66 y 67 de las presentes conclusiones.
55      Véanse, en este sentido, las sentencias Mirin, apartado 60 y jurisprudencia citada, y Deldits, apartado 37 y jurisprudencia citada.
56      Véase, en este sentido, la sentencia de 14 de octubre de 2008, Grunkin y Paul (C‑353/06, EU:C:2008:559), apartados 25 y 26. Véase también, respecto de una constatación anterior relativa a la normativa búlgara, la sentencia Pancharevo, apartados 44 y 45. Véase asimismo la guía de la OACI citada en la nota 52 de las presentes conclusiones, puntos 2.5 y 2.5.1.
57      Por ejemplo, en caso de cambio de nombre o de apellido.
58      Véanse los puntos 15 y 16 de las presentes conclusiones.
59      Véase el punto 58 de las presentes conclusiones.
60      Véanse los puntos 69 y ss. de las presentes conclusiones. En ciertos sistemas jurídicos, el reconocimiento jurídico de la identidad de género vivida puede bastar por sí solo para expedir un documento de identidad en el que se indique ese género. Véase, en particular, la sentencia Mirin, apartado 27. En ese caso, la expedición de un certificado de identidad de género supuso el pleno reconocimiento, a todos los efectos, del género adquirido por la persona interesada. Sin embargo, este certificado no puede utilizarse como medio de identificación. Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Mirin (C‑4/23, EU:C:2024:385), punto 16.
61      Véanse, respectivamente, las sentencias Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, apartado 38, y Deldits, apartado 37 y jurisprudencia citada.
62      Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de marzo de 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden (C‑61/22, EU:C:2024:251), apartado 91.
63      En este sentido, esta situación debe distinguirse de aquella sobre la base de la cual se ha desarrollado la jurisprudencia relativa a la igualdad de trato en caso de cambio de sexo. Esta última se refiere a los efectos de dicho cambio no relacionados con cuestiones de estado civil. Véanse las sentencias de 7 de enero de 2004, K. B. (C‑117/01, EU:C:2004:7), apartado 12; de 27 de abril de 2006, Richards (C‑423/04, EU:C:2006:256), apartado 28, y de 26 de junio de 2018, MB (Cambio de sexo y pensión de jubilación) (C‑451/16, EU:C:2018:492), apartados 22 y 35, en las que el Tribunal de Justicia considera adquirido dicho cambio, pues el concepto de «sexo» no se limita al sexo biológico. Véase, a este respecto, Husser, A., op. cit., p. 155, apartado 222. Véase, asimismo, la sentencia de 30 de abril de 1996, P./S. (C‑13/94, EU:C:1996:170), apartados 19 y 20, en la que el Tribunal de Justicia recuerda que debe garantizar el respeto del derecho a no ser discriminado por razón de sexo, que constituye uno de los derechos humanos fundamentales, y adopta un enfoque que tiene en cuenta el sentimiento de pertenencia a un sexo distinto del de nacimiento.
64      Véanse, en este sentido, las sentencias Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, apartado 48, y Mirin, apartado 57.
65      Véase la sentencia Mirin, apartado 58. Véase asimismo la sentencia Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, apartados 49 a 51.
66      Véase la sentencia Mirin, apartado 59 y jurisprudencia citada.
67      Véanse las sentencias Mirin, apartado 60, y Deldits, apartado 37.
68      Véase el punto 36 de las presentes conclusiones.
69      Véase una motivación casi idéntica en la sentencia del TEDH de 27 de septiembre de 2022, P. H. c. Bulgaria (CE:ECHR:2022:0927JUD004650920), § 4, in fine, y § 15; en lo sucesivo, «sentencia P. H. c. Bulgaria».
70      Véase la sentencia Mirin, apartado 62 y jurisprudencia citada.
71      Véanse, en particular, las sentencias Mirin, apartado 63 y jurisprudencia citada, y Deldits, apartado 46.
72      En lo sucesivo, «TEDH».
73      Véase la sentencia P. H. c. Bulgaria [§ 12, que precisa que los principios generales aplicables a la apreciación de las obligaciones positivas del Estado en la materia se resumieron en la sentencia del TEDH de 16 de julio de 2014, Hämäläinen c. Finlandia (CE:ECHR:2014:0716JUD003735909, § 65 a 67)].
74      Véase, en este sentido, la sentencia del TEDH de 16 de julio de 2014, Hämäläinen c. Finlandia (CE:ECHR:2014:0716JUD003735909), § 68 y jurisprudencia citada. La obligación positiva enunciada en esa sentencia se extendió posteriormente a los casos de las personas trans que no han realizado un tratamiento quirúrgico de reasignación de sexo [véase, por ejemplo, la sentencia del TEDH de 19 de enero de 2021, X e Y c. Rumanía, (CE:ECHR:2021:0119JUD000214516), § 165 y 168]. Véase asimismo la jurisprudencia citada en los apartados 64 a 66 de la sentencia Mirin. Cabe recordar, en particular, que «el artículo 8 del CEDH protege la identidad sexual de una persona como elemento constitutivo y uno de los aspectos más íntimos de su vida privada» (sentencia Mirin, apartado 64). Esta jurisprudencia del TEDH se diferencia de la relativa al matrimonio [véanse, a este respecto, mis conclusiones presentadas en el asunto Wojewoda Mazowiecki (C‑713/23, EU:C:2025:235), punto 48, primer guion] o a la filiación, en la medida en que únicamente admite un margen de apreciación limitado.
75      CE:ECHR:2020:0709JUD004170116, en lo sucesivo, «sentencia Y. T. c. Bulgaria».
76      Sentencia P. H. c. Bulgaria, § 12 y jurisprudencia citada.
77      Sentencia P. H. c. Bulgaria, § 17.
78      Véase la sentencia P. H. c. Bulgaria, § 6. Véase también el punto 36 de las presentes conclusiones.
79      Véase la sentencia P. H. c. Bulgaria, § 18 y jurisprudencia citada.
80      Véase, por analogía, la sentencia de 21 de enero de 2021, Whiteland Import Export (C‑308/19, EU:C:2021:47), apartado 58 y jurisprudencia citada.
81      Conviene observar que, en el marco del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO 2016, L 119, p. 1), los artículos 5, apartado 1, letra d), y 16, segunda frase, de dicho Reglamento establecen el derecho a que los datos personales se completen como una actualización.
82      Sentencia P. H. c. Bulgaria [§ 6, que se remite al resumen de la jurisprudencia búlgara en materia de cambio de sexo que figura en la sentencia Y. T. c. Bulgaria (§ 24 a 30)].
83      Véase, en relación con este voto particular, la nota 20 de las presentes conclusiones.
84      En la vista, se mencionaron los efectos de las resoluciones del TEDH para las personas afectadas y la aplicación del artículo 9, apartado 1, de la Ley de Documentos de Identidad Búlgaros (véase el punto 24 de las presentes conclusiones). Deben señalarse asimismo las disposiciones derivadas de la sentencia Y. T. c. Bulgaria (véase el § 19 de esa sentencia). Se trata de los artículos 20, apartado 2, punto 5, y 22, apartado 7, punto 3, del Pravilnik za izdavane na bulgarskite lichni dokumenti (Reglamento relativo a la Expedición de Documentos de Identidad Búlgaros), del Consejo de Ministros, de 8 de febrero de 2010 (DV n.º 12, de 12 de febrero de 2010), con arreglo a los cuales, en caso de cambio de sexo, si este no se ha incluido en la base de datos nacional «Población», habrá de adjuntarse a la solicitud de la nueva documentación acreditativa de la identidad (pasaporte o documento de identidad) un documento oficial expedido por las autoridades competentes. Dicho documento debe adjuntarse asimismo en caso de cambios sustanciales y duraderos del rostro (artículos 20, apartado 1, punto 2, y 22, apartado 6, punto 4, de dicho Reglamento).
85      CE:ECHR:2022:0217JUD007413114.
86      Véase la sentencia del TEDH de 17 de febrero de 2022, Y c. Polonia (CE:ECHR:2022:0217JUD007413114), § 79.
87      Sentencia P. H. c. Bulgaria, § 14.
88      Véase la sentencia de 27 de abril de 2006, Richards (C‑423/04, EU:C:2006:256), apartado 21 y jurisprudencia citada.
89      Véase la sentencia Deldits, apartado 45.
90      Véase la sentencia Deldits, apartado 48 y jurisprudencia citada.
91      Véase la sentencia Deldits, apartado 49 y jurisprudencia citada. En el caso de autos, según las indicaciones del tribunal remitente,
K. M. H. cumple los requisitos de carácter físico, social y psicológico para el reconocimiento jurídico del cambio de identidad de género.