Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ANDREA BIONDI
presentadas el 16 de octubre de 2025 (1)
Asunto C‑457/23 P
Deutsche Lufthansa AG
contra
Ryanair DAC,
Condor Flugdienst GmbH,
Comisión Europea,
República Federal de Alemania,
República Francesa
« Recurso de casación — Ayuda de Estado — Mercado alemán del transporte aéreo — Ayuda otorgada por la República Federal de Alemania en favor de una compañía aérea en el contexto de la pandemia de COVID‑19 — Marco temporal de las medidas de ayuda estatal — Recapitalización de Deutsche Lufthansa AG — Decisión de la Comisión Europea de no formular objeciones »
Índice
I.
Introducción
II.
Observaciones preliminares
A.
Objetivo, alcance y naturaleza jurídica del Marco temporal
B.
Sobre el nivel de control jurisdiccional
C.
Flexibilidad en la aplicación del Marco temporal
III.
Sobre el recurso de casación
A.
Primer motivo de casación
1.
Primera parte del primer motivo de casación
2.
Segunda parte del primer motivo de casación
a)
Sobre la primera imputación
b)
Sobre la segunda imputación
c)
Sobre la tercera imputación
d)
Sobre la cuarta imputación
e)
Conclusiones sobre la segunda parte del primer motivo de casación
3.
Tercera parte del primer motivo de casación
a)
Sobre la primera imputación
b)
Sobre la segunda imputación
c)
Sobre la tercera imputación
d)
Sobre la cuarta imputación
e)
Sobre la quinta imputación
f)
Imputaciones de la Comisión y de la República Federal de Alemania basadas en la vulneración de su derecho de defensa
g)
Conclusión sobre el primer motivo de casación
B.
Segundo motivo de casación
1.
Sobre el mecanismo alternativo asociado a la participación en el capital
a)
Sobre la primera imputación
b)
Sobre la segunda imputación
2.
Sobre el mecanismo alternativo asociado a la participación sin voto II
3.
Conclusión sobre el segundo motivo de casación
C.
Tercer motivo de casación
D.
Cuarto motivo de casación
1.
Sobre la primera imputación, basada en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que incumbía a la Comisión tener en cuenta factores adicionales para apreciar la existencia de un poder de mercado significativo
2.
Sobre la segunda imputación, basada en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al concluir que DLH no tenía un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena
E.
Quinto motivo de casación
F.
Sexto motivo de casación
G.
Conclusiones sobre el recurso de casación y costas
IV.
Conclusión
I.      Introducción
1.        El 12 de junio de 2020, la República Federal de Alemania notificó a la Comisión Europea, con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), y al Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID‑19 (2) (en lo sucesivo, «Marco temporal»), una ayuda individual en forma de una recapitalización de un importe de 6 000 millones de euros (en lo sucesivo, «medida en cuestión») concedida a Deutsche Lufthansa AG (en lo sucesivo, «DLH»). (3) La medida en cuestión, parte de un conjunto más amplio de medidas de apoyo al grupo Lufthansa (en lo sucesivo, «Grupo LH»), constaba de tres partes, a saber, una participación en el capital del 20 % y dos participaciones sin voto (en lo sucesivo, «participación sin voto I» y «participación sin voto II»).
2.        El 25 de junio de 2020, la Comisión adoptó una decisión en la que concluyó que la medida en cuestión constituía una ayuda de Estado compatible con el mercado interior en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»). (4) Ryanair DAC y Condor Flugdienst GmbH (en lo sucesivo, «Condor») interpusieron sendos recursos de anulación contra esa decisión. (5)
3.        Mediante sentencia de 10 de mayo de 2023, Ryanair y Condor Flugdienst/Comisión (Lufthansa; COVID‑19), (6) el Tribunal General anuló la Decisión controvertida. Según el Tribunal General, la citada decisión adolecía de varios errores e irregularidades relativos a la aplicación del Marco temporal, que podían fundamentar, cada uno de ellos, su anulación. (7)
4.        Mediante su recurso de casación, DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, solicita ahora la anulación de esa sentencia.
II.    Observaciones preliminares
5.        A pesar de su extensión y de los numerosos motivos y alegaciones específicos formulados por todas las partes, el presente recurso de casación plantea esencialmente dos cuestiones. En primer lugar, el alcance de la facultad de apreciación y de la flexibilidad de que dispone la Comisión para aplicar el Marco temporal o para apartarse de él. En segundo lugar, el nivel de control jurisdiccional que aplica el Tribunal General cuando aprecia la conformidad de la Decisión controvertida con determinados criterios específicos previstos por el propio Marco temporal. Es bastante evidente que la respuesta a la segunda pregunta depende de cómo se enmarque la primera, lo cual está supeditado, en gran medida, al objetivo, alcance y de la naturaleza jurídica de dicho instrumento. Pese a que el Marco temporal ya no es aplicable, el presente asunto reviste una importancia horizontal en el ámbito de la legislación sobre ayudas de Estado, dada la proliferación y creciente importancia de esos instrumentos a lo largo de los años.
A.      Objetivo, alcance y naturaleza jurídica del Marco temporal
6.        En primer término, en lo que respecta al objetivo y alcance del Marco temporal, conviene señalar que sus bases jurídicas se hallan en el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), (8) con el fin de completar otras posibilidades disponibles, a saber, el artículo 107 TFUE, apartado 2, letra b), (9) para hace frente a emergencias y ayudar a los Estados miembros a superarlas. En el contexto de la pandemia mundial de COVID‑19, estaba sin duda plenamente justificado recurrir a una base jurídica del Tratado relacionada con las emergencias, ya que todos los Estados miembros se vieron afectados, en distinto grado, por una grave perturbación en su economía. (10) Por consiguiente, no cabe duda de que el Marco temporal se concibió fundamentalmente para garantizar que empresas de todo tipo conservasen cierta liquidez y preservar la continuidad de las actividades económicas durante y después del trágico brote de COVID‑19. El Marco temporal también tenía otros objetivos complementarios, pero igualmente fundamentales, a saber, aplicar las normas sobre ayudas de Estado de manera «específica y proporcionada» para garantizar que las medidas nacionales de apoyo fueran eficaces de cara a ayudar a las empresas afectadas durante el brote de COVID‑19, y enmarcar las medidas nacionales de ayuda en el sistema de control de las ayudas de Estado para garantizar que no se fragmentase el mercado interior de la Unión y mantener intactas las condiciones de competencia equitativas. (11) En efecto, el Marco temporal no suspendió la aplicación de las normas en materia de ayudas de Estado, simplemente las adaptó a la situación de emergencia.
7.        Tampoco hay que olvidar que el Marco temporal ha sido una especie de instrumento vivo, que ha sido reformulado, actualizado y modificado siete veces. (12) Con cada nueva versión, a medida que la Comisión adquiría más experiencia y conocimiento sobre el impacto de la COVID‑19 en el mercado interior de la Unión, se introdujeron progresivamente criterios más específicos y detallados sobre la compatibilidad de las medidas nacionales. Hay muchos ejemplos, pero ninguno mejor que las disposiciones sobre recapitalización añadidas a la tercera versión del Marco temporal. (13) Los beneficiarios no solo estaban sujetos a numerosas limitaciones, sino que, además, para medidas de más de 250 millones de euros concedidas a empresas con poder de mercado significativo, el Marco temporal exigía que los Estados miembros propusieran medidas adicionales para proteger la competencia efectiva, como compromisos estructurales o de comportamiento. (14) La imposición de condiciones de defensa de la competencia y de medidas correctoras en el Marco temporal reafirmaba la intención de mantener unas condiciones de competencia equitativas y garantizar un acceso abierto y no discriminatorio al mercado.
8.        En segundo término, en lo que respecta a la naturaleza jurídica del Marco temporal, conviene recordar que, como ha afirmado el Tribunal de Justicia en reiteradas ocasiones, a la hora de evaluar la compatibilidad de medidas de ayuda con el mercado interior con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 3, la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación y, al ejercerla, puede adoptar instrumentos jurídicos no vinculantes para determinar los criterios sobre cuya base se propone realizar su evaluación. (15)
9.        Huelga decir que estos instrumentos deben ser siempre conformes con el Tratado. (16) Por consiguiente, como ha aclarado el Tribunal de Justicia, la Comisión no puede infringir el artículo 107 TFUE, apartado 3, adoptando directrices viciadas de un error de Derecho o de un error manifiesto de apreciación, ni renunciar, mediante la adopción de directrices, al ejercicio de la facultad de apreciación que esta disposición le confiere. (17)
10.      Pues bien, al adoptar tales directrices, comunicaciones o demás instrumentos pertenecientes al amplio ámbito de las normas no vinculantes y al anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los casos previstos en ellas, la Comisión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y, por norma general, no puede ya apartarse de tales instrumentos, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del Derecho, como la igualdad de trato o la protección de la confianza legítima. (18)
11.      Así, esos instrumentos no vinculantes tienen por objeto acotar la facultad discrecional de la Comisión, no ampliarla. Además, a través de los principios generales de la Unión, sirven de parámetros que guían el control jurisdiccional sobre el modo en el que la Comisión ejerce su facultad discrecional.
12.      El Tribunal General también ha aclarado que la adopción de directrices no libera a la Comisión de su obligación de examinar las circunstancias específicas excepcionales que un Estado miembro invoca en un caso concreto para solicitar la aplicación directa del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b). (19) Por lo tanto, los Estados miembros conservan la facultad de notificar a la Comisión proyectos de ayuda de Estado que no se ajusten a los criterios previstos por esas directrices. (20) Sin embargo, si lo hacen, asumen el riesgo de que la Comisión dicte una decisión que las declare incompatibles con el mercado interior, dado que esas directrices establecen condiciones para garantizar que las ayudas de Estado concedidas, comprendidas en su ámbito de aplicación, se ajustan al Derecho de la Unión y la Comisión solo puede apartarse de ellas en circunstancias excepcionales. (21) Así, aunque no obligan a los Estados miembros, (22) los instrumentos no vinculantes proporcionan una orientación que acota y canaliza las medidas de los Estados miembros.
13.      Es evidente que estos conocidos principios se aplican al Marco temporal, que constituye el entorno de referencia para apreciar la compatibilidad con el mercado interior de una medida estatal concedida en el contexto de la COVID‑19. En efecto, el Tribunal de Justicia ha indicado claramente que tal instrumento vincula a la Comisión. (23) Por consiguiente, conforme a la consolidada jurisprudencia que se ha recordado, si un Estado miembro le notifica un proyecto de ayuda de Estado que cumple los criterios enunciados en el Marco temporal, la Comisión debe, en principio, autorizar dicho proyecto. En cambio, los Estados miembros conservan la facultad de notificar a la Comisión proyectos de ayudas de Estado que no respondan a los criterios fijados por el Marco temporal y la Comisión puede autorizar tales proyectos en circunstancias excepcionales. (24)
B.      Sobre el nivel de control jurisdiccional
14.      La sujeción a control jurisdiccional del ejercicio de la facultad discrecional de decisión del poder ejecutivo es un principio fundamental de todo sistema jurídico basado en el Estado de Derecho. No obstante, dado que ese ejercicio implica apreciaciones económicas, técnicas y sociales complejas, así como elecciones políticas, este control está sujeto a límites destinados a preservar un cierto equilibrio institucional entre los poderes ejecutivo y judicial y a tener en cuenta la falta de conocimientos técnicos de la judicatura no especializada.
15.      La apreciación de la compatibilidad de medidas de ayuda con el mercado interior en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 3, es competencia exclusiva de la Comisión, (25) que, como se ha señalado anteriormente, disfruta de una amplia facultad discrecional, cuyo ejercicio implica la realización de apreciaciones económicas y sociales complejas. Así, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el control de estas apreciaciones se limita a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, así como a controlar la exactitud material de los hechos alegados y la ausencia de error de Derecho, de error manifiesto al apreciar los hechos o de desviación de poder. (26) No corresponde a los órganos jurisdiccionales sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia.
16.      Sin embargo, precisamente en atención a la facultad de apreciación de que dispone la Comisión para aplicar el artículo
107 TFUE, apartado
3, es esencial que se efectúe un control jurisdiccional riguroso, aunque dentro de los límites antes expuestos. El Tribunal de Justicia ha expresado claramente esa necesidad al afirmar que «en el caso de que las Instituciones de la [Unión] dispongan de tal facultad de apreciación, el respeto de las garantías que otorga el ordenamiento jurídico [de la Unión] en los procedimientos administrativos reviste una importancia no menos fundamental. Entre estas garantías figuran, en particular, la obligación de la Institución competente de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos relevantes del asunto de que se trata, el derecho del interesado a expresar su punto de vista, y el de que se le motive la Decisión de modo suficiente. Solo de este modo el Tribunal de Justicia puede comprobar si concurren los elementos de hecho y de Derecho de los que depende el ejercicio de la facultad de apreciación». (27)
17.      El Tribunal de Justicia ha aclarado que la facultad de apreciación de que dispone la Comisión a la hora de efectuar valoraciones complejas de orden económico, en particular, en el ámbito de las ayudas de Estado, no implica que el juez de la Unión deba abstenerse de controlar la interpretación de datos de naturaleza económica efectuada por la Comisión. (28) El juez de la Unión no solo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen la totalidad de los datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sustentar las conclusiones que se deducen de los mismos. (29)
18.      Así pues, la intensidad del control jurisdiccional de las apreciaciones económicas depende en realidad de su grado de complejidad y de que impliquen elecciones políticas u objetivas. Por consiguiente, conviene ser especialmente cuidadoso para evitar que el recurso automático a una fórmula general sobre el control marginal de las «apreciaciones económicas complejas» dé lugar a que categorías enteras de apreciaciones de la Comisión escapen automáticamente a un control jurisdiccional suficientemente intenso.
19.      Por último, en mi opinión, la naturaleza específica de los instrumentos no vinculantes en el ámbito de las ayudas estatales, incluido el Macro temporal, no debe confundirse con el correcto nivel de control judicial que deben ejercer los órganos jurisdiccionales de la Unión. Estos instrumentos pueden tener naturaleza no vinculante, ya que constituyen una excepción a los requisitos institucionales y legislativos normales, pero, una vez adoptados, no existe ningún motivo para que el control del modo en que se aplican no sea de la misma intensidad (y esté
sujeto a los mismos límites) que el que los órganos jurisdiccionales de la Unión aplican a las medidas vinculantes.
C.      Flexibilidad en la aplicación del Marco temporal
20.      El Marco temporal incluye varias «normas abiertas», sobre todo en materia de recapitalización, (30) que permiten a la Comisión aceptar soluciones alternativas a las expresamente previstas en las disposiciones del Marco temporal. Se suscita pues la cuestión de hasta qué punto puede apartarse la Comisión del Marco temporal en virtud de la facultad discrecional que le confieren esas normas.
21.      Estas normas tienen por objeto ofrecer una cierta flexibilidad en los casos en los que una aplicación meramente formalista del Marco temporal no es factible, permitiendo a la Comisión llevar a cabo una «evaluación más global» de la estructura y efectos de la medida. (31) Sin
embargo, esa flexibilidad no puede asimilarse a una discrecionalidad total, no circunscrita a las directrices publicadas por la propia Comisión. Proporcionar cierta flexibilidad mediante «normas abiertas», con arreglo al Marco temporal, no puede suponer otorgar carta blanca a la Comisión, que, en principio, está vinculada por las normas que adopta. Cualquier interpretación menos estricta iría en contra de la consolidada jurisprudencia en materia de efecto vinculante de las directrices, mermaría la eficacia del control judicial y erosionaría la seguridad jurídica al permitir potencialmente a la Comisión ampararse en la redacción abierta del Marco temporal para eludir las normas que ella misma se ha impuesto.
22.      Además, una medida nacional que no cumpla todos los requisitos de las directrices pertinentes, en este caso el Marco temporal, debe prohibirse, en principio, salvo que pueda demostrarse claramente que existen circunstancias excepcionales que exigen que se evalúe directamente a la luz del Tratado. (32) En otras palabras, cuando ni el método «meramente formalista» ni el de la «evaluación global» son adecuados, solo puede aceptarse potencialmente una medida nacional en virtud del artículo
107 TFUE, apartado
3, en circunstancias excepcionales. Una interpretación laxa de las directrices por parte de la Comisión, que eluda de hecho las normas que ella misma se ha impuesto, entraría en conflicto con esa jurisprudencia, cuyo objetivo es garantizar el respeto del principio general de igualdad de trato.
23.      A continuación examinaré el recurso de casación sobre la base de todas las consideraciones anteriores.
III. Sobre el recurso de casación
24.      En apoyo de su recurso de casación, DLH invoca seis motivos.
A.      Primer motivo de casación
25.      Mediante su primer motivo de casación, DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, impugna los apartados
112 a 138 de la sentencia recurrida, alegando que en ellos se interpreta de forma incorrecta el apartado 49, letra c), del Marco temporal y que se ha aplicado un nivel de control inadecuado.
26.      El apartado 49 del Marco temporal establece cuatro condiciones de «subvencionabilidad y entrada» que deben cumplir las «medidas de recapitalización en el contexto de la COVID‑19». (33) En los apartados 112 a 138 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y estimó las alegaciones de Ryanair y de Condor basadas en el incumplimiento del apartado 49, letra c), del Marco temporal, según el cual, para poder acogerse a una medida de recapitalización, el beneficiario debe, entre otras cosas, estar en una situación en la que no puede conseguir financiación en los mercados en condiciones asequibles.
27.      En primer lugar, el Tribunal General declaró que, durante el período anterior a la adopción de la Decisión controvertida, el Grupo LH era propietario de la amplia mayoría de su flota de aviones y que DLH podía utilizar sus aeronaves y piezas de recambio como garantía para movilizar fondos en los mercados financieros. Según el Tribunal General, esos datos se desprendían «de forma clara, inequívoca y concordante de varios elementos probatorios» aportados por Ryanair, (34) sobre los que esa sociedad había llamado la atención tanto del Gobierno alemán como de la Comisión antes de la adopción de la Decisión controvertida (35) (apartados 118 a 121 de la sentencia recurrida). En segundo lugar, el Tribunal General observó que, en la Decisión controvertida, la Comisión se limitó a afirmar que DLH no podía aportar «suficientes garantías» para conseguir instrumentos de financiación en los mercados «por el importe total» de la ayuda, sin justificar suficientemente esa afirmación. En particular afirmó que no había nada en la Decisión controvertida que indicara que la Comisión hubiera examinado la disponibilidad, en su caso, de garantías tales como las aeronaves libres de cargas de DLH ni el valor de estas ni las condiciones de los eventuales préstamos que podían conseguirse en los mercados financieros contra tales garantías (apartados
122 a 124 de la sentencia recurrida). A este respecto, la Comisión no podía basarse en presunciones (apartado
131 de la sentencia recurrida). Por último, el Tribunal General señaló que la afirmación de la Comisión recogida en el considerando 22 de la Decisión controvertida, en la que precisa que las «garantías» de DLH no eran suficientes para cubrir el «importe total» de los fondos necesarios, partía de una premisa errónea, según la cual la financiación que pueda conseguirse en los mercados debe cubrir necesariamente todas las necesidades del beneficiario. Ni el tenor ni el objetivo ni el contexto del apartado 49, letra c), del Marco temporal respaldan esa tesis. Al partir de esa premisa falsa y, por consiguiente, al no apreciar si DLH podía haber acudido a los mercados para conseguir una parte significativa de la financiación que necesitaba, la Comisión no tuvo en cuenta todas las circunstancias pertinentes a los efectos de examinar la condición establecida en el apartado 49, letra c), del Marco temporal. En su opinión, esta conclusión queda corroborada tanto por el apartado 44 del Marco temporal, según el cual las medidas recapitalización no deben superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario, como, de un modo más general, por el principio general de proporcionalidad (apartados 125, 127 a 130 y 132 de la sentencia recurrida). Por otra parte, el Tribunal General declaró que, en cualquier caso, la Comisión había partido para formular su premisa de un importe superior (9 000 millones de euros) que el que figuraba en la medida controvertida (6 000 millones de euros, según el considerando 26 de la Decisión controvertida), lo cual «pon[ía] en entredicho el mismo fundamento de su examen» (apartado
126 de la sentencia recurrida).
28.      El primer motivo de casación consta de tres partes.
1.      Primera parte del primer motivo de casación
29.      DLH alega que el Tribunal General desnaturalizó las alegaciones de la Comisión que figuran en los considerandos 22 y 100 de la Decisión controvertida. Desde su punto de vista, el Tribunal General no podía deducir de esos considerandos que, en opinión de la Comisión, la financiación en los mercados privados «debe […] necesariamente» cubrir siempre todas las necesidades del beneficiario.
30.      Ha de señalarse que, en la Decisión controvertida, la apreciación de la Comisión sobre la subvencionabilidad de la medida en cuestión con arreglo al punto
49, letra c), del Marco temporal solo figura en un considerando, a saber, el considerando 100. En la primera frase de ese considerando, (36) la Comisión se remite a los considerandos 21 a 24, recogidos en la sección 2.3 de esa misma Decisión, que describen el objeto de la medida. Los considerandos 22 y 23 reproducen las alegaciones de las autoridades alemanas sobre subvencionabilidad con arreglo al apartado 49, letra c), del Marco temporal. Esos considerandos tratan exclusivamente sobre la incapacidad de DLH de movilizar, tanto por vía de deuda como de capital, fondos suficientes para cubrir el importe total de los 9 000 millones de euros que serían necesarios para preservar la continuidad de la actividad económica del grupo durante y después del brote de COVID‑19. En cambio, no se analiza en modo alguno la capacidad de DLH para financiar únicamente una parte de ese importe, o del importe de 6 000 millones de euros fijado por la medida en cuestión. En estas circunstancias, el Tribunal General interpretó correctamente los considerandos 22 y 100 de la Decisión controvertida en el sentido de que expresaban la opinión de que, en virtud del apartado
49, letra c), del Marco temporal, la financiación que puede obtenerse en los mercados debe cubrir necesariamente todas las necesidades del beneficiario. Cabe señalar que, en sus escritos, la Comisión no propone una interpretación diferente de estos considerandos.
31.      Habida cuenta de lo anterior, considero que procede rechazar la primera parte del primer motivo de casación.
2.      Segunda parte del primer motivo de casación
32.      DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, sostiene que el Tribunal General incurrió en error al declarar que la Comisión estaba obligada a apreciar, en la fase del análisis de subvencionabilidad previsto en el apartado
49, letra c), del Marco temporal, si podía obtenerse en el mercado una parte significativa de la financiación que necesitaba un beneficiario. DLH formula cuatro imputaciones a este respecto.
a)      Sobre la primera imputación
33.      DLH alega que el tenor del apartado
49, letra c), del Marco temporal no corrobora la tesis del Tribunal General, que se basa en una interpretación incompleta y errónea de dicha disposición.
34.      En mi opinión, esta imputación debe rechazarse.
35.      En contra de lo que afirma DLH, el tenor «abierto y amplio» del apartado 49, letra c), del Marco temporal es perfectamente compatible con la interpretación que propone el Tribunal General, según la cual las empresas solo pueden acogerse a medidas de recapitalización con arreglo al Marco temporal en la medida en que no puedan conseguir financiación en los mercados.
36.      Como aducen tanto DLH como la Comisión, es cierto que puede deducirse de la totalidad del texto del apartado 49, letra c), del Marco temporal que el criterio decisivo para determinar la subvencionabilidad es si el beneficiario ha podido obtener suficiente financiación para garantizar su «viabilidad». (37)
37.      Sin embargo, esa interpretación no contradice la interpretación que adoptó el Tribunal General, según la cual, cuando el beneficiario puede movilizar en los mercados una parte (significativa) de la financiación que necesita para seguir siendo viable, la condición prevista en tal disposición no se cumple para la totalidad de sus necesidades.
b)      Sobre la segunda imputación
38.      DLH sostiene que el Tribunal General interpretó erróneamente la finalidad del apartado
49, letra c), del Marco temporal e incurrió en error al extrapolar el principio de mínimo necesario aplicable al análisis de proporcionalidad al análisis de subvencionabilidad. Según DLH, el apartado
49 del Marco temporal es el punto de entrada para la evaluación de una medida notificada, que permite a la Comisión comprobar si la medida notificada cumple criterios generales y más formales. Así pues, la finalidad del apartado 49 del Marco temporal y, en particular, de la condición prevista en su letra c), no es instaurar un análisis detallado sobre si una intervención pública se limita al mínimo necesario, cuestión que forma parte de la proporcionalidad de la ayuda con arreglo al apartado 54 del Marco temporal. (38) Tanto la Comisión como la República Federal de Alemania están de acuerdo con la postura de DLH.
39.      En el apartado
129 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la condición establecida en el apartado
49, letra c), del Marco temporal pretende «limitar la intervención estatal y, por ende, la utilización de los recursos públicos únicamente a aquellos casos en los que el beneficiario es incapaz de encontrar financiación en los mercados financieros en condiciones asequibles».
40.      Teniendo en cuenta su redacción, considero que no es razonable cuestionar esa interpretación de la finalidad de esta disposición. (39) Como reconoce la propia DLH, cada una de las condiciones establecidas en el apartado 49 antes citado responde a una finalidad particular. No cabe duda de que la prevista en la letra c) pretende evitar que los Estados miembros incurran en gastos públicos para ayudar a empresas que pueden conseguir financiación por otras vías. En el contexto de la pandemia de COVID‑19, evitar este gasto fue crucial, debido al gran número de empresas afectadas en todos los sectores de la economía y a la necesidad de los Estados miembros de establecer prioridades para asignar sus recursos limitados.
41.      Precisado lo anterior, considero que las alegaciones de DLH deben rechazarse por los siguientes motivos.
42.      En primer lugar, es cierto, como ha señalado acertadamente DLH, que el apartado 49 del Marco temporal es el «punto de entrada» para la apreciación de una medida notificada con arreglo a ese instrumento. Sin embargo, ello no implica necesariamente que la Comisión no esté obligada a efectuar a un análisis completo y detallado de todos los factores pertinentes para comprobar que se cumplen las condiciones previstas en ese apartado.
43.      En general, esas condiciones tienen por objeto, en esencia, excluir las medidas de recapitalización que no sean necesarias a la luz de los objetivos perseguidos por el Marco temporal o que no respondan a un interés común y que, por lo tanto, no puedan declararse compatibles con el mercado interior. Cuando una empresa consigue cubrir una parte significativa e importante de sus necesidades financieras en los mercados en condiciones asequibles, no puede considerarse «necesaria» una medida de recapitalización destinada a cubrir la totalidad de esas necesidades. (40)
44.      Por lo tanto, no comparto la opinión de que, en el contexto del apartado 49, letra c), del Marco temporal, basta con que la Comisión se base en todas las necesidades de financiación del beneficiario y aprecie si pueden obtenerse íntegramente en los mercados. La alegación formulada por la Comisión según la cual el apartado
49, letra c), del Marco temporal es, por definición, binario
—de modo que, en caso de que no se cumpla plenamente la condición prevista en ese apartado, la empresa no puede optar a una recapitalización—
es errónea. En efecto, ese razonamiento atribuye más peso a las posibles consecuencias económicas negativas para el beneficiario de una medida incumplidora rechazada que a la correcta apreciación de la medida en sí.
45.      En efecto, adoptar la interpretación del apartado
49, letra c), del Marco temporal propuesta por DLH, la Comisión y la República Federal de Alemania generaría situaciones en las que una medida con arreglo a la sección 3.11 del Marco temporal se consideraría subvencionable aun cuando su beneficiario pudiera obtener financiación en los mercados respecto de la práctica totalidad del importe de la ayuda, salvo una parte marginal. Ese resultado no sería compatible con el principio de proporcionalidad e iría en contra de las exigencias establecidas en el apartado 19 del Marco temporal. (41)
46.      En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de que el Tribunal General trasladó una parte del examen de la proporcionalidad con arreglo al apartado 54 del Marco temporal a la apreciación de la subvencionabilidad, procede señalar que la primera parte de ese examen obliga a la Comisión a comprobar que el importe de la recapitalización en el contexto de la COVID‑19 «no […] super[e] el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario».
47.      En mi opinión, esa comprobación es radicalmente distinta a la apreciación que la Comisión debe efectuar con arreglo al apartado
49, letra c), del Marco temporal, tal como lo interpreta el Tribunal General en los apartados
127 a 131 de la sentencia recurrida. Evaluar si el beneficiario de una medida de recapitalización notificada puede obtener otras formas de financiación para cubrir sus necesidades, y hasta qué punto puede hacerlo, difiere del análisis de si la medida va más allá de lo necesario para garantizar la viabilidad de ese beneficiario. La finalidad del apartado 54 del Marco temporal también es distinta, ya que consiste en garantizar que el beneficiario no reciba más ayuda de la necesaria para restablecer la liquidez y garantizar su viabilidad.
48.      Por lo tanto, no es incoherente que, en el sistema del Marco temporal, ambas apreciaciones estén reguladas en distintas disposiciones, al margen de que ambas den expresión al principio de proporcionalidad. (42)
49.      En cualquier caso, aun suponiendo que DLH estuviera en lo correcto al considerar que el Tribunal General trasladó a la fase del análisis de subvencionabilidad una apreciación que forma parte de la evaluación que debe llevarse a cabo con arreglo al punto
54 del Marco temporal, su alegación es excesivamente formalista. Partiendo de la premisa de que, cuando analiza la proporcionalidad de una medida de recapitalización notificada con arreglo al Marco temporal, la Comisión debe comprobar si esa medida cubre más que las necesidades del beneficiario que este no puede satisfacer acudiendo a los mercados, poco importa la fase en la que se efectúe esa comprobación. En el caso de autos, tampoco parece que la Comisión haya procedido a tal apreciación en el marco del examen de la proporcionalidad de la ayuda con arreglo al apartado 54 del Marco temporal.
c)      Sobre la tercera imputación
50.      DLH, apoyada por la Comisión, alega que el Tribunal General se contradijo en los apartados
150 a 217 de la sentencia recurrida al desestimar por infundadas todas las alegaciones formuladas por Ryanair y Condor en relación con el importe de la ayuda.
51.      A este respecto, baste señalar que todas las imputaciones examinadas y rechazadas por el Tribunal General en dichos apartados se referían a la interpretación del apartado
54 del Marco temporal o a su aplicación al caso de autos. En esencia, Ryanair y Condor reprocharon a la Comisión, bien haber calculado incorrectamente el importe de la ayuda necesaria para garantizar la viabilidad de DLH, bien no haber evaluado correctamente el alcance de la ventaja concedida en virtud de la medida en cuestión. Ninguna de estas críticas se refería a la cuestión de si la ayuda se limitaba al importe que DLH no podía obtener en los mercados.
52.      Por consiguiente, no existe contradicción alguna entre el razonamiento del Tribunal General que figura en los apartados de la sentencia recurrida antes mencionados y los referidos al análisis del apartado
49, letra c), del Marco temporal. (43) Por consiguiente, considero que procede rechazar esta imputación.
d)      Sobre la cuarta imputación
53.      DLH aduce que la interpretación extensiva del apartado 49, letra c), del Marco temporal adoptada en la sentencia recurrida es contraria a la propia jurisprudencia del Tribunal General recogida en las sentencias de 19 de mayo de 2021, Ryanair/Comisión (España; COVID‑19), (44) y Finnair II del Tribunal General. Refiriéndose a esta última, DLH formula una alegación adicional y aduce que el Tribunal General vulneró el principio de igualdad de trato al aplicar una interpretación más estricta del punto
49, letra c), del Marco temporal, a pesar de que las recapitalizaciones de Finnair y de DLH guardan relación con una situación prácticamente idéntica.
54.      Por lo que respecta a la primera de las sentencias antes mencionadas, DLH se remite a la parte del razonamiento del Tribunal General en la que este rechazó una imputación que preconizaba un criterio alternativo a los elegidos por el Estado miembro de que se trataba para poder acceder al régimen de ayudas en cuestión. (45) En el apartado 49 de esa sentencia, el Tribunal General declaró que, al apreciar las medidas en el contexto de la COVID‑19, la Comisión «no está obligad[a] a demostrar de forma positiva que ninguna otra medida imaginable, por definición hipotética, permitiría garantizar mejor el objetivo perseguido» y no está obligada a llevar a cabo una «prospección normativa para analizar cualquier medida alternativa que pudiera contemplarse». (46)
55.      A este respecto, ha de recordarse que, en los apartados
125 a 132 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la Comisión no había interpretado correctamente el alcance de la condición recogida en el apartado
49, letra c), del Marco temporal y, por consiguiente, que no había demostrado suficientemente que se cumpliera esa condición en relación con la totalidad del importe de la medida notificada. Por consiguiente, contrariamente a lo que da a entender DLH, el Tribunal General no impuso a la Comisión la carga de evaluar toda medida hipotética e igualmente legítima que pudiera eventualmente aplicarse en lugar de la medida notificada, sino simplemente de acreditar, de forma positiva, que la medida notificada era conforme al apartado
49, letra c), del Marco temporal.
56.      Por lo que respecta a la sentencia Finnair II del Tribunal General,
DLH aduce que la Comisión no estaba obligada a analizar si el beneficiario podría haber obtenido una parte significativa de la financiación en el mercado. (47) En consecuencia, el Tribunal General avaló una interpretación del apartado 49, letra c), del Marco temporal según la cual todas las necesidades de liquidez del beneficiario conforman la base del análisis de la subvencionabilidad.
57.      No comparto esa interpretación de la sentencia Finnair II del Tribunal General. De los apartados
50, 51 y 53 de dicha sentencia se desprende que Finnair no presentó una solicitud de recapitalización a la República de Finlandia hasta después de haber explorado todas las soluciones disponibles en el mercado y no conseguir obtener una financiación que le permitiera cubrir todas sus necesidades de tesorería. (48) Por lo tanto, esa medida tenía por objeto cubrir únicamente las necesidades de tesorería que había quedado acreditado que Finnair no podía satisfacer por otros medios.
58.      En consecuencia, el Tribunal General no incurrió en una contradicción en el presente asunto cuando rechazó una interpretación del apartado
49, letra c), del Marco temporal según la cual, para cumplir la condición que figura en dicho apartado, basta con probar que el beneficiario no puede satisfacer la totalidad de sus necesidades de liquidez en los mercados.
59.      Habida cuenta de lo anterior, considero que procede rechazar la cuarta imputación de la segunda parte del primer motivo de casación. Del mismo modo, procede rechazar la imputación adicional formulada por DLH, basada en la violación del principio de igualdad de trato, por carecer de fundamento fáctico.
e)      Conclusiones sobre la segunda parte del primer motivo de casación
60.      Por las razones expuestas, considero que deben desestimarse todas las imputaciones formuladas por DLH en apoyo de la segunda parte de su primer motivo de casación y, por consiguiente, esta parte en su totalidad.
3.      Tercera parte del primer motivo de casación
61.      Mediante la tercera parte de su primer motivo de casación, DLH apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, arguye que, en los apartados 117 y 131 a 135 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al exigir a la Comisión que recabara información adicional para apreciar si se cumplía lo dispuesto en el apartado 49, letra c), del Marco temporal. También sostiene que el Tribunal General extrajo sus propias conclusiones en cuanto a la disponibilidad de financiación para DLH, sustituyendo la apreciación de la Comisión sobre circunstancias económicas complejas por la suya propia, sin acreditar con carácter previo su falta de plausibilidad. DLH formula cinco imputaciones.
a)      Sobre la primera imputación
62.      DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, arguye que el Tribunal General aplicó incorrectamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el alcance de las obligaciones de la Comisión durante el examen previo de una ayuda de Estado notificada. DLH menciona, en particular, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Tempus Energy y Tempus Energy Technology. (49)
63.      En esa sentencia, el Tribunal de Justicia, en línea con su consolidada jurisprudencia, reafirmó que el juez de la Unión debe apreciar la legalidad de una decisión de no formular objeciones adoptada al término del procedimiento de examen previo no solo en función de la información de que la Comisión disponía en el momento en que la adoptó, sino también de la información de que esta podía disponer. La información de que la Comisión «podía disponer» incluye aquellos elementos que resultaban pertinentes para la apreciación que debía efectuarse en el procedimiento de examen previo (50) y que, a petición suya, habría podido obtener durante el procedimiento administrativo previo. (51) No obstante, no corresponde a la Comisión buscar, por iniciativa propia y a falta de cualquier indicio en este sentido, toda la información que pueda tener relación con el asunto de que conoce, aun cuando tal información sea de dominio público. (52)
64.      Creo que, en el presente asunto, el Tribunal General no interpretó incorrectamente el alcance de las obligaciones de la Comisión que acabo de mencionar.
65.      Como he recordado en el punto 27 de las presentes conclusiones, el Tribunal General básicamente consideró que el análisis llevado a cabo por la Comisión durante el procedimiento administrativo era insuficiente e incompleto por dos motivos. En primer lugar, la Comisión no examinó la eventual disponibilidad de aeronaves libres de cargas de DLH como garantías para acceder a financiación en los mercados en condiciones asequibles, a pesar de las pruebas sobre las que Ryanair había llamado su atención. En segundo lugar, la Comisión no analizó si esas garantías podrían haber permitido a DLH movilizar una parte significativa de la financiación que necesitaba.
66.      Al criticar a la Comisión por no haber indagado en la posibilidad de que DLH pudiera conseguir financiación en los mercados utilizando su flota como garantía, el Tribunal General no impuso la obligación de recabar información de oficio a falta de cualquier indicio que exigiera una investigación más profunda. Meramente exigió a la Comisión hacer uso de la información pertinente de la que ya disponía, a saber, la declaración de marzo de 2020 (53) a la que el Tribunal General se refiere en el apartado 118 de la sentencia recurrida, que incluía datos sobre el valor de los aviones de DLH libres de cargas, indicado en ese mismo apartado y en el apartado 134 de la sentencia. (54)
67.      A este respecto, ha de observarse, en primer término, que difícilmente puede ponerse en duda que el tipo y valor de los activos propiedad del beneficiario y su disponibilidad como garantía, son, en principio, datos pertinentes para apreciar si puede obtener financiación en los mercados con arreglo al apartado 49, letra c), del Marco temporal. (55) En segundo término, el mero hecho, destacado por DLH y la Comisión, de que la declaración de marzo de 2020 fuera más de dos meses anterior a la notificación de la medida en cuestión no basta, por sí mismo
—ni siquiera en un contexto de cambios permanentes provocados por la pandemia—, para poner automáticamente en entredicho la exactitud de esos datos en el momento en que se realizó el procedimiento de examen previo. (56)
68.      Por lo tanto, desde mi punto de vista, el Tribunal General no cometió un error cuando concluyó que la Comisión estaba obligada a tener en cuenta esa información y a examinar, incluso recabando pruebas adicionales, las condiciones en las que DLH podría haber obtenido financiación en los mercados ofreciendo las citadas garantías. (57)
69.      Además, de una lectura completa del apartado
132 de la sentencia recurrida se desprende claramente que, cuando indica que la Comisión no tuvo en cuenta «todas las circunstancias pertinentes» (58) a los efectos de examinar la condición establecida en el punto 49, letra c), del Marco temporal, el Tribunal General se refirió a la inexistencia de cualquier apreciación con respecto a si DLH podía movilizar una parte significativa de la financiación que necesitaba en los mercados. Por consiguiente, en contra de lo que afirma la Comisión, no puede inferirse de esa declaración que el Tribunal General impusiera a la Comisión una obligación excesiva de recabar y examinar información cuya existencia o pertinencia desconocía.
70.      Por último, deben rechazarse por inadmisibles las alegaciones de DLH, de la Comisión y de la República Federal de Alemania mediante las que estas partes pretenden cuestionar la apreciación del valor probatorio de las pruebas invocadas por el Tribunal General en los apartados
118 y 119 de la sentencia recurrida. Conforme a reiterada jurisprudencia, en principio incumbe en exclusiva al Tribunal General realizar esa apreciación. (59)
71.      De lo anterior resulta, en mi opinión, que la presente imputación debe rechazarse por infundada.
b)      Sobre la segunda imputación
72.      DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, aduce que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho cuando llegó a la conclusión de que la Comisión no había examinado si DLH podía haber obtenido financiación en los mercados en condiciones asequibles ofreciendo garantías. Se remiten, en particular, al considerando 22 de la Decisión controvertida, en el que la Comisión indicó que «DLH no dispondría de garantías suficientes para obtener instrumentos de deuda titulizados sobre el importe total del préstamo corriente por valores y valores de mercado».
73.      A este respecto, ha de señalarse que, en el apartado
122 de la sentencia recurrida, el Tribunal General reconoció que, en la Decisión controvertida, la Comisión había apreciado si DLH disponía de «suficientes garantías» para conseguir instrumentos de financiación en los mercados. Sin embargo, consideró que esta afirmación no estaba justificada en modo alguno, que las garantías mencionadas por la Comisión no estaban identificadas y que nada en la Decisión controvertida indicaba que se hubiera examinado la disponibilidad de las aeronaves libres de cargas de DLH como garantía. (60) El Tribunal General también observó que el considerando 22 de la Decisión controvertida únicamente se refería de manera explícita a la capacidad de DLH para conseguir financiación para cubrir el importe total que necesitaba [9 000 millones de euros] y que la Comisión no había examinado si DLH podría haber movilizado una parte significativa de la financiación que necesitaba. (61)
74.      Ni DLH ni la Comisión o la República Federal de Alemania aportan elementos que permitan poner en entredicho esas conclusiones.
75.      En primer lugar, la alegación de la República Federal de Alemania según la cual el Tribunal General desnaturalizó el considerando 22 de la Decisión controvertida se solapa con la imputación formulada por DLH en la primera parte de su primer motivo de casación. Por consiguiente, me remito al análisis realizado en los puntos 29 y 30 de las presentes conclusiones, en los que propongo que se rechace esa imputación.
76.      En segundo lugar, las numerosas referencias que DLH realiza a las observaciones de la República Federal de Alemania durante el procedimiento administrativo (62) no demuestra que se haya abordado, ni tan siquiera examinado, en ese procedimiento la cuestión de si DLH podría haber utilizado sus aeronaves libres de cargas como garantía para conseguir financiación en los mercados. (63) Además, todas las alegaciones formuladas por DLH para demostrar que esa opción no era viable guardan relación con la totalidad del importe de 9 000 millones de euros, (64) por lo que son insuficientes para rebatir el razonamiento del Tribunal General.
77.      En tercer lugar, buena parte de los argumentos formulados por DLH, la Comisión, y la República Federal de Alemania están dirigidos a demostrar que era poco probable que DLH lograra cubrir la totalidad o una parte significativa de sus necesidades de financiación en los mercados. Estos argumentos pretenden justificar a posteriori que en la Decisión controvertida no figure ninguna apreciación sobre una eventual financiación parcial mediante un crédito garantizado, de modo que son inoperantes para acreditar que la Comisión llevó efectivamente a cabo esa apreciación.
78.      Por último, la alegación de la República Federal de Alemania según la cual la Comisión no estaba obligada a pronunciarse más a fondo sobre la utilización de garantías por parte de DLH, puesto que una decisión con arreglo al artículo
108 TFUE, apartado
3, simplemente debe exponer las razones por las que la apreciación de la compatibilidad de la medida notificada con el mercado interior no plantea serias dificultades, se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida. En los apartados
118 a 138 de esa sentencia, el Tribunal General declaró que la apreciación efectuada para determinar si la medida controvertida era conforme con el apartado
49, letra c), del Marco temporal era insuficiente e incompleta, y no que la Comisión no hubiera motivado su decisión a este respecto.
79.      A la luz de lo anterior, considero que esta segunda imputación también es infundada y debe ser rechazada.
c)      Sobre la tercera imputación
80.      DLH alega que, en el apartado
120 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó su escrito de formalización de la intervención y el escrito de contestación de la Comisión al afirmar que no habían impugnado los datos aportados por el experto de Ryanair en su informe Oxera I y reproducidos en los apartados
118 y 119 de dicha sentencia.
81.      Para apreciar este motivo, es preciso señalar que los datos cuya «exactitud y fiabilidad» no han sido cuestionados, según las apreciaciones del Tribunal General que constan en el apartado
120 de la sentencia recurrida, se enumeran en los apartados
118 y 119 de dicha sentencia. Se refieren a la consistencia de la flota del Grupo LH, al valor de sus aeronaves y piezas de recambio libres de cargas y a la capacidad de DLH para movilizar entre 1 000 y 3 700 millones de euros de financiación mediante préstamos utilizando estos activos como garantías.
82.      De su escrito de formalización de la intervención ante el Tribunal General se desprende que DLH impugnó efectivamente las alegaciones de Ryanair basadas en el informe Oxera I sobre la capacidad de otras compañías aéreas para obtener financiación alternativa en el mercado mediante deuda titulizada. Sin embargo, no consta que DLH haya puesto en duda los datos sobre el valor de los activos especificados en el punto 81 de las presentes conclusiones. Por lo que se refiere a la posibilidad de utilizar su flota como garantía, DLH se limitó a indicar que no disponía de «garantías suficientes para obtener en los mercados instrumentos de deudas titulizadas por el importe requerido de 9 000 millones de euros», admitiendo al mismo tiempo que ofrecer sus aeronaves como garantía habría permitido la ejecución de operaciones de financiación, pero únicamente «para un importe muy limitado», sin especificar nada más.
83.      Por consiguiente, resulta que el Tribunal General no desnaturalizó el escrito de formalización de la intervención de DLH. Lo mismo cabe afirmar con respecto al argumento de defensa de la Comisión, que también se centra en la fiabilidad de los datos recogidos en el informe Oxera I sobre las opciones de financiación alternativas a disposición de otras compañías aéreas.
84.      En consecuencia, desde mi punto de vista procede rechazar la presente imputación por infundada.
d)      Sobre la cuarta imputación
85.      DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, alega que, al extraer sus propias conclusiones en cuanto a la financiación a disposición de DLH, el Tribunal General efectuó su propia apreciación sobre circunstancias económicas complejas y sustituyó con ella a la de la Comisión. Al actuar de este modo, el Tribunal General usurpó la amplia facultad de apreciación que tiene reconocida la Comisión para efectuar apreciaciones económicas complejas, en lugar de limitarse a examinar la legalidad de esa apreciación.
86.      A este respecto, procede señalar que el Tribunal General reconoció, en el apartado
117 de la sentencia recurrida, que la cuestión de si DLH estaba en una situación en la que no podía conseguir financiación en los mercados en condiciones asequibles requería consideraciones económicas complejas, sujetas a un control limitado. Sin embargo, llegó a la conclusión de que, al realizar esas apreciaciones, la Comisión no tuvo en cuenta «todas las circunstancias [ (65)] pertinentes a los efectos de examinar la condición establecida en el punto 49, letra c), del Marco temporal». (66)
87.      Por consiguiente, en contra de lo que aducen DLH, la Comisión y la República Federal de Alemania, el Tribunal General no analizó el mercado financiero y sustituyó la apreciación económica de la Comisión por la suya propia. Consideró, sobre la base de las pruebas aportadas por Ryanair, que el examen que había llevado a cabo la Comisión era insuficiente e incompleto, porque no había abordado la cuestión de la disponibilidad de financiación mediante deuda garantizada, que constituía «un aspecto importante de la condición del punto 49, letra c), del Marco temporal». (67)
88.      Al proceder de este modo, el Tribunal General aplicó la jurisprudencia recordada en el punto 17 de las presentes conclusiones, según la cual debe verificar si los elementos probatorios invocados constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos. (68)
89.      No tener en cuenta elementos esenciales constituye un error manifiesto en la apreciación de los hechos, (69) que, en sí, cuestiona la plausibilidad (70) del análisis llevado a cabo por el autor del acto impugnado. (71) Además, la conclusión del carácter insuficiente o incompleto del examen pone en entredicho la legalidad de la decisión de no formular objeciones, como la Decisión controvertida, ya que constituye un indicio de la existencia de serias dificultades para apreciar la medida notificada. (72)
90.      Por las razones antes expuestas, considero que la presente imputación es infundada y debe ser rechazada.
e)      Sobre la quinta imputación
91.      DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, rebate la afirmación recogida en el apartado
126 de la sentencia recurrida, según la cual, al apreciar la capacidad de DLH para obtener financiación en los mercados, la Comisión partió erróneamente de un importe más elevado que el que constituye el objeto de la medida controvertida (9 000 millones de euros en lugar de 6 000 millones de euros).
92.      Como ya he recordado, la medida en cuestión formaba parte de una serie más amplia de medidas de apoyo al Grupo LH. Entre ellas figuraba un préstamo estatal de 3 000 millones de euros ejecutado a través del banco de desarrollo público alemán Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (en lo sucesivo, «KfW»).
93.      Es cierto que la Decisión controvertida señala que DLH necesitaba financiación por un importe total de 9 000 millones de euros para garantizar su viabilidad. (73) Sin embargo, la medida en cuestión, respecto de la cual debe comprobarse la concurrencia del primer elemento de la condición de subvencionabilidad establecida en el apartado 49, letra c), del Marco temporal, ascendía a 6 000 millones de euros. Los 3 000 millones de euros restantes debían quedar cubiertos con el préstamo antes mencionado, es decir, una medida horizontal cuya disponibilidad debía examinarse en relación con el segundo elemento de esa condición. Por lo tanto, la afirmación del Tribunal General es correcta.
94.      DLH, la Comisión y la República Federal de Alemania alegan que el considerando 22 de la Decisión controvertida indicaba un importe de 9 000 millones de euros porque KfW exigía la recapitalización de DLH como condición previa para la concesión del préstamo. No excluyo que la existencia de tal relación entre las dos medidas pueda justificar la referencia de la Comisión a la totalidad de las necesidades de financiación de DLH, aun cuando esa justificación no figura en la parte de la Decisión controvertida relativa a la apreciación con arreglo al apartado
49, letra c), del Marco temporal.
95.      En cualquier caso, aun suponiendo que el Tribunal de Justicia considere fundada la presente alegación, esta no basta, por sí sola, para poner en tela de juicio la conclusión del Tribunal General sobre la existencia de una infracción del apartado
49, letra c), del Marco temporal.
f)      Imputaciones de la Comisión y de la República Federal de Alemania basadas en la vulneración de su derecho de defensa
96.      La Comisión alega que, en los apartados
118 y 119 de la sentencia recurrida, el Tribunal General identificó de oficio datos concretos de los anexos del expediente, pero no brindó a la Comisión ni a las partes coadyuvantes la posibilidad de responder a esas alegaciones, en las que finalmente se basó en gran medida para realizar su apreciación. La República Federal de Alemania formula, en esencia, la misma imputación.
97.      Conviene señalar que esas alegaciones, en cuanto a su naturaleza, (74) son distintas
—cuando no radicalmente opuestas (75) a las formuladas por DHL en su tercera imputación, hasta el punto de que su admisibilidad parece cuestionable. (76)
98.      En cualquier caso, deberían desestimarse en cuanto al fondo. A este respecto, baste señalar que el Tribunal General no planteó ningún motivo de oficio, (77) ni se basó en datos a los que la Comisión o las partes coadyuvantes en primera instancia no tuvieran acceso y sobre los que no pudieran debatir o ser oídas. (78) Además, los argumentos de Ryanair sobre la consistencia y valor de la flota del Grupo LH y sobre la capacidad de DLH para movilizar al menos una parte de la financiación que necesitaba en el mercado ofreciendo sus aeronaves y piezas de recambio como garantía figuraban claramente en sus observaciones escritas ante el Tribunal General, en particular, en su respuesta al escrito de formalización de la intervención de DLH. (79)
g)      Conclusión sobre el primer motivo de casación
99.      A la luz de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el primer motivo de casación.
B.      Segundo motivo de casación
100. Mediante su segundo motivo de casación, DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, impugna los apartados 242 a 270 de la sentencia recurrida, alegando que el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando declaró que ni la participación en el capital ni la
participación sin voto II llevaban asociados «mecanismos alternativos» en el sentido de los apartados 62 y 68 del Marco temporal.
1.      Sobre el mecanismo alternativo asociado a la participación en el capital
101. De conformidad con el apartado 61 del Marco temporal, «toda medida de recapitalización ha de incluir un mecanismo de ajuste al alza que incremente la remuneración del Estado con el fin de incentivar al beneficiario a recomprar las aportaciones de capital del Estado». (80) Según el apartado 62 del Marco temporal, «la Comisión puede aceptar mecanismos alternativos, siempre y cuando estos conduzcan, en términos globales, a un resultado similar en lo que se refiere a los efectos incentivadores para la salida del Estado y tengan una incidencia global similar en la remuneración del Estado».
102. En el presente asunto, no se discute que la remuneración de la participación en el capital no prevé ningún mecanismo de ajuste al alza de la remuneración en el sentido del apartado 61 del Marco temporal. Sin embargo, la Comisión declaró, en los considerandos 136 a 142 de la Decisión controvertida, que la «estructura global» de la medida en cuestión constituía un mecanismo alternativo conforme al apartado 62 del Marco temporal relativo a la remuneración del Estado y a los incentivos de la beneficiaria para recomprar la participación en el capital del Estado. En cuanto a la remuneración del Estado, la Comisión señaló que la República Federal de Alemania iba a adquirir las acciones de DLH con un descuento del 71,9 % sobre el precio máximo de la acción previsto en el apartado 60 del Marco temporal. (81) Ese descuento permitía a la República Federal de Alemania obtener una participación sustancialmente superior al entrar (del 20 %) de la que habría tenido si se hubiera aplicado el precio máximo de la acción, incluso después de los dos ajustes al alza previstos en el apartado 61 del Marco temporal. En cuanto a los efectos incentivadores para la salida del Estado, la Comisión entendió que los distintos componentes de la medida en cuestión (la participación en el capital, la participación sin voto I y la participación sin voto II) estaban muy interconectados y que era preciso tener en cuenta su efecto combinado en lo que respecta a los incentivos de salida. En consecuencia, en los considerandos 139 y 141 de la Decisión controvertida, la Comisión se refirió a varios factores, que se enumeran en el apartado 248 de la sentencia recurrida, para justificar esa conclusión. (82)
103. En la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que la Comisión había incumplido los apartados
61 y 62 del Marco temporal en la medida en que no exigió la inclusión de un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración o un mecanismo similar en la remuneración de la participación en el capital (apartado
270 de la sentencia recurrida).
104. DLH formula dos imputaciones contra esta conclusión.
a)      Sobre la primera imputación
105. Mediante su primera imputación, DLH sostiene que, al apreciar si la participación en el capital estaba sujeta a un mecanismo alternativo conforme al apartado
62 del Marco temporal, el Tribunal General adoptó un enfoque formalista erróneo, suprimiendo casi por completo la amplia facultad de apreciación de la Comisión, excediendo los límites del control jurisdiccional e interpretando erróneamente el Marco temporal.
106. A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que los argumentos de DLH están parcialmente basados en una interpretación incorrecta de la sentencia recurrida. En contra de lo que propugna DLH, el Tribunal General no afirmó que la Comisión no podía considerar que los efectos combinados de la medida en cuestión sobre los incentivos para la salida validaban un mecanismo alternativo al mecanismo de ajuste al alza conforme al apartado 62 del Marco temporal. Por el contrario, al revisar el análisis realizado por la Comisión, el Tribunal General llegó a la conclusión de que esta no había «probado de modo suficiente en Derecho» que la «estructura global» de la medida en cuestión condujera a efectos incentivadores para la salida del Estado del comparables a los efectos incentivadores generados por un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración, en el sentido del punto 62 del Marco temporal. (83)
107. En segundo lugar, de los principios recordados en los puntos 15 a 18 de las presentes conclusiones se desprende claramente que, en los apartados 249 a 262 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no rebasó los límites del control jurisdiccional de las apreciaciones que la Comisión debe realizar a la hora de determinar si se ha cumplido lo dispuesto en el apartado 62 del Marco temporal. (84) En esos apartados el Tribunal General se limitó a comprobar la pertinencia de los factores en los que se basó la Comisión y la congruencia económica y jurídica de las conclusiones extraídas de ellos. DLH simplemente recuerda la amplia facultad de apreciación de que dispone la Comisión en la aplicación del apartado
62 del Marco temporal, sin demostrar el carácter complejo de las apreciaciones que figuran en los considerandos 139 a 141 de la Decisión controvertida y sin fundamentar su alegación de que el Tribunal General sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya propia.
108. En tercer lugar, por lo que respecta a la supuesta interpretación errónea del Marco temporal, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión exige tener en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (85) Cada disposición de Derecho de la Unión debe situarse en su contexto e interpretarse a la luz del conjunto de las disposiciones de ese Derecho, de sus finalidades y de su grado de evolución en la fecha en la que deba aplicarse la disposición de que se trate. (86) La génesis de una disposición de Derecho de la Unión también puede revelar elementos pertinentes para su interpretación. (87) Estos principios, que orientan la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión, también se aplican cuando el juez de la Unión debe interpretara las directrices de la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales, al margen de su carácter no vinculante. (88)
109. Aunque el apartado 62 del Marco temporal, que prevé que la Comisión puede aceptar mecanismos alternativos al mecanismo de ajuste al alza de la remuneración de base, establecido en el apartado 61 del Marco temporal, no se considera expresamente una excepción de ese segundo apartado, desde mi punto de vista su alcance debe ser objeto de una interpretación estricta a la luz de su objetivo.
110. El apartado 62 del Marco temporal pretende otorgar una flexibilidad limitada en los casos en que no sea factible el cumplimiento formal de las normas del Marco temporal relativas a la remuneración y a la salida del Estado, permitiendo a la Comisión realizar una «apreciación global» de la medida en cuestión, de su estructura y de sus efectos. (89) Sin embargo, exige que el mecanismo alternativo tenga un resultado similar al del mecanismo estándar de ajuste al alza de la remuneración de base, expresamente previsto en el Marco temporal, tanto en lo que se refiere a los efectos incentivadores para la salida del Estado como a su remuneración. De ello se deduce que, cuando se aparta del mecanismo de ajuste al alza de la remuneración de base, previsto en el apartado
61 del Marco temporal, la Comisión debe poder acreditar claramente que el mecanismo alternativo garantiza tal resultado similar. En este contexto, la sentencia Finnair II, a la que se ha remitido la Comisión, no sirve de ayuda. La flexibilidad que el Tribunal de Justicia reconoció al Marco temporal en esa sentencia (90) no puede justificar apartarse de los requisitos establecidos en él cuando el Estado miembro no ha demostrado la existencia de circunstancias excepcionales. (91)
111. Por último, la alegación de que el Tribunal General excluyó la pertinencia, con arreglo al apartado
62 del Marco temporal, de alguno de los factores enumerados en el apartado
248 de la sentencia recurrida, debido a que las cuestiones y materias subyacentes se rigen por disposiciones y requisitos distintos, se basa también en una lectura parcial de dicha sentencia.
112. Por lo que respecta al precio de compra inicial de las acciones, es cierto que, en el apartado
255 de la sentencia recurrida, el Tribunal General subrayó que los apartados
60 y 61 del Marco temporal establecen dos requisitos distintos. Sin embargo, lejos de basarse en esa única afirmación, el Tribunal General expuso que los mecanismos a que se refieren los apartados 61 y 62 del Marco temporal constituyen un incentivo ex
post para recomprar la participación del Estado lo antes posible, mientras que, por el contrario, el precio de compra de la acción incide en la situación del beneficiario ex
ante y no tiene por qué tender necesariamente a incrementar ese incentivo, «puesto que el precio de las acciones puede fluctuar tanto al alza como a la baja». (92) El hecho, destacado por DLH, de que la medida en cuestión garantizaba el «sobrecumplimiento» del Marco temporal, debido al elevado descuento concedido a la República Federal de Alemania sobre el precio máximo de la acción, no pone en entredicho esa conclusión. Tampoco lo hace el hecho, igualmente invocado por DLH, de que ese descuento garantizaba a la República Federal de Alemania una participación del 20 % y una minoría de bloqueo. El Marco temporal no exige que el mecanismo de ajuste al alza de la remuneración o un mecanismo similar estén supeditados a la importancia de la participación estatal adquirida (93) o a su precio.
113. Pueden formularse consideraciones similares por lo que respecta al precio de las acciones en el momento en que son revendidas por el Estado, al tipo de interés creciente de las participaciones sin voto I y II y a los compromisos de comportamiento asumidos por DLH, mencionados respectivamente en los apartados
259, 260 y 262 de la sentencia recurrida.
114. Dado que estos factores están cubiertos por los apartados
63, 66 y 72 del Marco temporal, que establecen requisitos específicos, el Tribunal General actuó correctamente cuando consideró que la Comisión no podía basarse en el cumplimiento (o sobrecumplimiento) de esos requisitos para apreciar la existencia de un mecanismo alternativo a los efectos del 62 del Marco temporal. (94) Según el Marco temporal, las medidas de recapitalización «debe[n] estar sujeta[s] a condiciones estrictas», (95) que están previstas en las secciones 3.11.2, y 3.11.4 a 3.11.7. Si la Comisión concluye que concurre uno de estos requisitos basándose simplemente en que se cumplen todos los demás, estaría ignorando el carácter obligatorio del requisito de que se trata y eludiendo su aplicación.
115. La Comisión debe determinar la incidencia de tales factores para garantizar la conformidad con el punto
62 del Marco temporal. Eso es precisamente lo que, en opinión del Tribunal General, la Comisión no hizo en la Decisión controvertida.
116. Habida cuenta de lo anterior, considero que procede desestimar la primera imputación invocada por DLH.
b)      Sobre la segunda imputación
117. Mediante su segunda imputación, DLH reprocha al Tribunal General haber efectuado una calificación jurídica inexacta de los hechos y haber extraído conclusiones jurídicas erróneas de ellos.
118. En primer lugar, DLH critica que el Tribunal General entendiera que varios factores en los que la Comisión se había apoyado no podían ser tenidos en cuenta para acreditar el cumplimiento del apartado 62 del Marco temporal. Esta imputación replica, en esencia, las mismas alegaciones que DLH invocó en apoyo de su primera imputación, censurando el enfoque formalista supuestamente seguido por el Tribunal General. Como se ha indicado anteriormente, estas alegaciones se basan en una interpretación errónea de la sentencia recurrida. (96) El Tribunal General no afirmó en ninguna parte de esa sentencia que tales factores no pudieran ser tenidos en cuenta en absoluto. Más bien los consideró insuficientes para justificar la inexistencia de un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración o de otro mecanismo que cumpliera los requisitos previstos en el apartado 62 del Marco temporal.
119. En segundo lugar, DLH aduce que el Tribunal General desnaturalizó el objeto de los apartados 60 a 62 del Marco temporal al declarar que los mecanismos alternativos al mecanismo del ajuste al alza de la remuneración también debían incluir en todo caso una remuneración creciente a lo largo del tiempo y ser un incentivo ex
post para una salida puntual del Estado. Es preciso rechazar también esa censura. La interpretación de los apartados
61 y 62 del Marco temporal adoptada por el Tribunal General es plenamente acorde con el tenor y finalidad de esas disposiciones, (97) así como con los principios generales en materia de remuneración y amortización de recapitalización en el contexto de la COVID‑19 enunciados en los apartados 55 a 59 del Marco temporal. (98)
120. Mediante sus restantes argumentos, DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, aduce que el Tribunal General ha desnaturalizado los hechos. A este respecto, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal General es el único competente para determinar los hechos, por una parte, y para apreciarlos, por otra. (99) La apreciación de los hechos y de las pruebas no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en sede de casación, salvo cuando tales hechos o pruebas hayan sido desnaturalizados. (100) Por lo tanto, cuando un recurrente en casación aduce que el Tribunal General ha desnaturalizado las pruebas o los hechos, debe demostrar los errores de apreciación que, desde su punto de vista, han dado lugar a esa desnaturalización. Además, dicha desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran los autos a disposición del Tribunal General, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. (101) En mi opinión, en el presente asunto no concurren esos requisitos. DLH básicamente pretende que el Tribunal de Justicia efectúe una nueva apreciación de los hechos, repitiendo las alegaciones formuladas ante el Tribunal General o invocando nuevos hechos y alegaciones, lo cual no es admisible en fase de casación y que, en cualquier caso, no están suficientemente fundamentados. (102)
121. Habida cuenta de lo anterior, procede rechazar también la presente imputación.
2.      Sobre el mecanismo alternativo asociado a la participación sin voto II
122. Cuando rebate la conclusión del Tribunal General sobre la inexistencia de un mecanismo alternativo asociado a la participación sin voto II de conformidad con el apartado 68 del Marco temporal, (103) DLH se basa en los mismos argumentos que esgrimió en apoyo de su alegación referida a la participación en el capital. (104) Por consiguiente, me remito a las consideraciones antes expuestas, mutatis mutandis, para rechazar esa imputación.
123. La Comisión ha formulado una imputación autónoma según la cual el Tribunal General se pronunció ultra petita cuando consideró, en el apartado 270 de la sentencia recurrida, que la Comisión había infringido el apartado 70 del Marco temporal. (105) A este respecto, me limitaré a señalar que, aun considerando que esa imputación estuviera fundada, no permitiría poner en duda otras infracciones, en particular de los apartados 61, 62 y 68 del Marco temporal, sobre la base de las cuales se ha estimado la censura de Ryanair sobre la inexistencia de un mecanismo de ajuste al alza para incrementar la remuneración. Por lo tanto, no permitiría revocar esa parte de la sentencia recurrida.
3.      Conclusión sobre el segundo motivo de casación
124. Por las razones expuestas, considero que procede desestimar el segundo motivo de casación.
C.      Tercer motivo de casación
125. Mediante su tercer motivo de casación, DLH impugna los apartados
272 a 288 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General declaró que la Comisión había infringido el apartado
67 del Marco temporal al aceptar un precio de las acciones, en el momento de la conversión de la participación sin voto II en capital, que no seguía el método exigido en dicho apartado.
126. Según el apartado
67 del Marco temporal, la conversión de instrumentos híbridos en capital «se efectuará a un nivel inferior en un 5 % o más al precio teórico sin derechos de suscripción en el momento de la conversión».
127. En el caso de autos, la participación sin voto II estaba compuesta por dos tramos («participación sin voto II‑A» y «participación sin voto II‑B»), en función del acontecimiento que activa la conversión en capital. La participación sin voto II‑A podía convertirse en acciones por un precio fijo de 2,56 euros por acción, (106) mientras que la participación sin voto II‑B, podía serlo por el precio de mercado de las acciones en el momento de la conversión, menos el 10 o el 5,25 %. (107) En el considerando 158 de la Decisión controvertida, la Comisión expuso, por un lado, que «cabía esperar que todos los precios fueran conformes al requisito establecido en el punto 67 del Marco temporal, aunque podría existir un precio por debajo del cual no se cumpliera el requisito del punto 67 del Marco temporal». Por otra parte, señaló que la República Federal de Alemania se había comprometido a solicitar su aprobación al ejercicio de la opción de conversión «en caso de que el precio máximo de conversión calculado empleado la metodología del precio teórico sin derechos de suscripción en el momento de la conversión menos un 5 % [estuviera] por debajo de los precios de conversión fijados para la participación sin voto II (tramos A o B) en el momento de la conversión».
128. En la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, en primer lugar, que la Comisión no había explicado las razones por las que estaba justificado fijar o calcular los precios de las acciones en el momento de la conversión de la participación sin voto II en capital sin seguir el método exigido en el apartado 67 del Marco temporal, (108) ni había expuesto circunstancia excepcional alguna que pudiera justificar el incumplimiento de dicho método. (109) En segundo lugar, el Tribunal General entendió que la Comisión no podía apartarse de la norma establecida en ese apartado alegando que el Estado miembro interesado iba a solicitar su autorización antes de ejercitar su derecho de conversión. A este respecto, destacó que, de conformidad con el régimen de autorización previa con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, una medida de ayuda debe declararse compatible con el mercado interior ex ante, antes de que pueda ejecutarse. (110)
129. DLH formula dos imputaciones en apoyo de su tercer motivo de casación.
130. Mediante su primera imputación aduce, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, que el Tribunal General no tuvo en cuenta el apartado 59 del Marco temporal, que permite recurrir a métodos alternativos de remuneración. Alega que los precios de conversión conducen, en términos globales, a un resultado similar al perseguido por el apartado 67 y que, en el caso de autos, era necesario un método de cálculo diferente del precio de conversión, ya que no era posible calcular el precio teórico sin derechos de suscripción.
131. En la medida en que guarda relación con la interpretación y la aplicación de los apartados
59 y 67 del Marco temporal efectuada por el Tribunal General, esta imputación plantea, en su conjunto, una cuestión de Derecho, sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. Sin embargo, por las razones que expondré a continuación, considero que carece de fundamento.
132. En efecto, el apartado 59 del Marco temporal permite soluciones distintas a las metodologías de remuneración que figuran en él. La Comisión se refirió a este apartado en el considerando 134 de la Decisión controvertida cuando expuso los principios generales relativos a la remuneración y a la salida del Estado. En el considerando siguiente, la Comisión precisó que había evaluado la conformidad de la medida en cuestión con estos principios generales. De ello resulta sin duda alguna que la Comisión consideró efectivamente la posibilidad de basarse en metodologías de remuneración alternativas a lo largo de su apreciación, incluso en lo que respecta a los instrumentos híbridos de capital.
133. No obstante, ha de señalarse en primer término que el apartado 67 del Marco temporal está redactado en términos vinculantes y, a diferencia de lo que ocurre con los apartados
62 y 68, que permiten expresamente a la Comisión aceptar mecanismos alternativos, no prevé esa posibilidad. En mi opinión, estos elementos suscitan dudas sobre la procedencia de la interpretación que propone DLH, según la cual el apartado
59 del Marco temporal permite a la Comisión establecer excepciones al método de cálculo expuesto en el apartado 67 del Marco temporal.
134. En segundo término, el citado apartado fija un precio máximo de conversión. Por ende, se suscita la cuestión de si tiene sentido aplicar el criterio del «resultado similar» a esa prescripción. En la misma línea cabría preguntarse de qué manera un precio de conversión fijado ex ante, como el de la participación sin voto II‑A, y precios de conversión calculados empleado parámetros alternativos, como los que se aplican a la participación sin voto II‑B, pueden dar lugar al cumplimiento sistemático previsible de ese precio máximo. La Comisión tenía muy presente la posibilidad, no meramente teórica, de que podría producirse una desviación del resultado perseguido por el apartado
67 del Marco temporal, tal como se desprende de la redacción del considerando 158 de la Decisión controvertida.
135. En tercer término, la Comisión no se refirió en modo alguno al apartado 59 del Marco temporal en la Decisión controvertida para justificar haberse desviado de lo dispuesto en el apartado 67 del Marco temporal en lo que respecta a los precios de conversión de las participaciones sin voto II‑A y II‑B. (111) Tampoco afirmó expresamente ante el Tribunal General (112) que se hubiera adoptado una medida alternativa con arreglo al citado apartado 59. Como señaló el Tribunal General en el apartado 282 de la sentencia recurrida, ni en la Decisión impugnada ni en los escritos presentados ante el Tribunal General la Comisión citó ningún pasaje del Marco temporal ni otra norma jurídica o circunstancia excepcional que le permitiera establecer una excepción al apartado 67 del Marco temporal. (113) Por lo tanto, parece que, pese a afirmar que los métodos de remuneración empleados eran compatibles con el apartado 59, la Comisión invocó ese apartado, así como una línea de razonamiento basada en mecanismos alternativos, por primera vez ante el Tribunal de Justicia. Probablemente ello explique la razón por la cual el Tribunal General no mencionó expresamente ese apartado en los apartados 272 a 288 de la sentencia recurrida y por qué declaró que la Comisión no había invocado circunstancia excepcional alguna que permitiera justificar el incumplimiento del apartado 67 del Marco temporal. (114)
136. En cuarto término, incluso en esas circunstancias, el Tribunal General no descartó que la Comisión pudiera aplicar una metodología de remuneración alternativa al precio de conversión de los instrumentos híbridos de capital. De hecho, en el apartado 279 de la sentencia recurrida, declaró que la Comisión no había justificado haberse apartado de la metodología exigida por el apartado 67 del Marco temporal. Pues bien, esa justificación implicaba demostrar que la metodología alternativa seleccionada conducía, en términos globales, a un resultado similar al perseguido por ese apartado. Creo que es innegable que no se ha proporcionado esa demostración. Por el contrario, la propia Comisión reconoció que el precio máximo de conversión calculado en función del precio teórico sin derechos de suscripción no siempre podía respetarse, admitiendo así que, en determinados casos, la metodología alternativa elegida podía no ser conforme con lo dispuesto tanto en el apartado 67 como, por consiguiente, en el apartado
59 del Marco temporal.
137. Por último, en lo que respecta a la alegación de DLH de que, en el caso de autos, no era posible calcular el precio teórico sin derechos de suscripción, baste señalar que en la Decisión controvertida no se aprecia ni invoca en ninguna parte esa imposibilidad para justificar apartarse del apartado 67 del Marco temporal. (115) Además, la cuestión de si era factible realizar ese cálculo constituye una apreciación de hecho que incumbe realizar al Tribunal General. Lo mismo cabe afirmar del argumento esgrimido por la Comisión según el cual la metodología para calcular los precios de conversión de la participación sin voto II era más beneficiosa para el Estado que la resultante de la aplicación del Marco temporal. En cualquier caso, en general, parece que tanto DLH como la Comisión están intentando justificar a posteriori haberse apartado de las normas pertinentes del Marco temporal más que invocar debidamente una apreciación insuficiente o errónea del Tribunal General.
138. Mediante su segunda imputación, DLH, apoyada por la Comisión, alega que el riesgo de incumplimiento del apartado 67 del Marco temporal era meramente teórico y que la solicitud de autorización a la Comisión prevista tenía por objeto garantizar el cumplimiento, y no debía interpretarse como una excepción o un aplazamiento de la decisión. Además, DLH aduce que el mecanismo alternativo escogido garantizaba el cumplimiento ex ante del apartado 67, dado que, de conformidad con el considerando 158 de la Decisión controvertida, se tendría que haber solicitado y obtenido la aprobación de la Comisión antes de la ejecución de la conversión.
139. Desde mi punto de vista, esa alegación también debe rechazarse.
140. Al aplazar hasta después de la adopción de la Decisión controvertida su apreciación definitiva sobre el cumplimiento de uno de los requisitos del Marco temporal, la Comisión renunció a realizar una evaluación completa ex ante de la compatibilidad de la medida en cuestión con el mercado interior, según exige el artículo 108 TFUE, apartado 3. Como consideró acertadamente el Tribunal General, la Comisión no puede aceptar una excepción a las normas establecidas en sus directrices en el momento de emitir su decisión sobre la compatibilidad de una medida por el único motivo de que el Estado miembro en cuestión se ha comprometido a solicitar una autorización adicional. (116)
141. En contra de lo que sostiene DLH, el considerando 158 de la Decisión controvertida no proporciona un «nivel adicional de seguridad» que garantice el «máximo cumplimiento» del Marco temporal. Más bien autoriza a apartarse de las normas recogidas en ese instrumento, sustituyendo una apreciación ex ante
de incumplimiento con arreglo al Marco temporal por un requisito procedimental y un acuerdo para actuar ex post. Además, de la redacción del considerando 158 de la Decisión controvertida se desprende claramente que, mientras que la República Federal de Alemania se había comprometido a solicitar (y obtener) el acuerdo de la Comisión antes de ejercer su derecho a la conversión, no se comprometió a velar por que el precio de conversión de la participación sin voto II cumpliera los requisitos del apartado 67 del Marco temporal. (117) No puede reprocharse al Tribunal General ninguna interpretación incorrecta de la Decisión controvertida a este respecto. (118)
142. El considerando 158 de la Decisión controvertida no solo aplazó la decisión sobre la adecuación del precio de conversión hasta la fecha en que se produjera dicha conversión. Aceptó sin justificación alguna una metodología que ya había sido considerada inadecuada para garantizar el resultado perseguido por el citado apartado
67 ex ante, permitiendo apartarse de ese apartado ex post, a saber, en la fase de su aplicación.
143. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el tercer motivo de casación.
D.      Cuarto motivo de casación
144. Mediante su cuarto motivo de casación, DLH impugna los apartados
373 a 412 de la sentencia recurrida. DLH formula dos imputaciones. En primer lugar, alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho y rebasó los límites del control judicial al considerar que incumbía a la Comisión tener en cuenta factores adicionales para apreciar la existencia de un poder de mercado significativo a efectos de la aplicación del apartado 72 del Marco Temporal. En segundo lugar, DLH arguye que el Tribunal General llegó a la conclusión errónea de que la Comisión no podía considerar válidamente que DLH no tenía un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena «al menos» durante la temporada IATA de verano 2019.
145. Según el apartado
72 del Marco temporal, si el beneficiario de una medida de recapitalización en el contexto de la COVID‑19 de más de 250 millones de euros es una empresa con poder de mercado significativo en al menos uno de los mercados de referencia en los que opera, los Estados miembros deben proponer medidas adicionales para proteger la competencia efectiva en dichos mercados y, en particular, ofrecer compromisos estructurales o de comportamiento previstos en la Comunicación sobre las soluciones admisibles.
1.      Sobre la primera imputación, basada en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que incumbía a la Comisión tener en cuenta factores adicionales para apreciar la existencia de un poder de mercado significativo
146. En la Decisión controvertida, la Comisión entendió que los mercados en los que opera el beneficiario que resultaban pertinentes a efectos de apreciar los efectos falseadores de la competencia de la medida en cuestión eran los mercados de la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros desde y hacia los aeropuertos en los que operaba DLH. La Comisión evaluó si el Grupo LH tenía un poder de mercado significativo en los aeropuertos pertinentes (119) examinando tres criterios, a saber, su cuota de franjas horarias en esos aeropuertos, el nivel de congestión en esos aeropuertos y la cuota de franjas horarias en manos de los competidores. (120) Sobre la base de esos criterios, la Comisión llegó a la conclusión de que el Grupo LH únicamente tenía un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich durante la temporada IATA de verano 2019 y la temporada IATA de invierno 2019/2020.
147. En la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que, al examinar únicamente factores referidos, en esencia, a los obstáculos a la entrada y a la expansión en lo relativo a la capacidad aeroportuaria, la Comisión no consideró todos los factores pertinentes en este asunto para apreciar la existencia de un poder de mercado significativo en el mercado de los servicios de transporte aéreo de pasajeros. Según el Tribunal General, la Comisión no tuvo en cuenta los factores que se referían directamente a la prestación de esos servicios, como el número de vuelos o de asientos ofrecidos en las franjas asignadas, que podían proporcionar información directa sobre las cuotas de mercado de DLH y sus competidores en ese mercado. (121) Al no tener en cuenta esos factores, pese a la importancia de las cuotas de mercado como indicador de un poder de mercado significativo, (122) la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación que vició tanto la Decisión controvertida como la Decisión rectificativa.
148. DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, alega que el Tribunal General no ha demostrado la existencia de un error manifiesto de apreciación, ha rebasado los límites del control judicial, sustituyendo la motivación de la Comisión por la suya propia, y ha llevado a cabo una apreciación manifiestamente errónea de las pruebas. En opinión de esas partes, los criterios examinados en la Decisión controvertida eran exactos y un indicador suficiente de la posición de DLH en el mercado en los aeropuertos de referencia, y los factores identificados por el Tribunal General no tenían un valor probatorio adicional significativo. Además, el Tribunal General no expuso ninguna razón suficiente por la que la Comisión estuviera obligada a tomar en consideración dichos factores, sino que se limitó a realizar una vaga referencia a «todos los factores pertinentes».
149. Ha de observarse, en primer lugar, que, al examinar los criterios pertinentes elegidos por la Comisión para identificar la existencia de un poder de mercado significativo, el Tribunal General aplicó el criterio del error manifiesto de apreciación, precisando que el alcance de su control estaba limitado a este respecto. (123) Por lo tanto, procede rechazar la alegación de DLH en la medida en que con ella aduce que el Tribunal General no tuvo en cuenta la amplia facultad de apreciación de que dispone la Comisión en ese ámbito.
150. En segundo lugar, contrariamente a lo que afirma DLH partiendo de una lectura parcial y errónea de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó con precisión los factores que la Comisión no tuvo en cuenta y por qué esos factores eran pertinentes en el caso de autos. (124) El Tribunal General ofreció suficientes razones por las que la Comisión estaba obligada a tenerlos en cuenta.
151. En tercer lugar, ya he recordado que incumbe al Tribunal General verificar si los elementos probatorios invocados constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos. (125) Además, como ya se ha recordado, no tener en cuenta elementos esenciales constituye un error manifiesto en la apreciación de los hechos, que, en sí, cuestiona la plausibilidad del análisis llevado a cabo por el autor del acto impugnado. (126) Por consiguiente, el Tribunal General estaba legitimado para considerar que la Comisión había cometido un error de este tipo al no tener en cuenta factores que podrían haber tenido una incidencia significativa (127) a la hora a apreciar el poder de mercado de DLH a los efectos del apartado 72 del Marco temporal, sin rebasar el alcance de su control ni sustituir la apreciación (o motivación) de la Comisión por la suya propia.
152. En cuarto lugar, el Tribunal General se limitó a afirmar la pertinencia de tales factores y la insuficiencia de los criterios examinados por la Comisión, absteniéndose expresamente de evaluar la incidencia de los primeros y su relación con los segundos, lo que habría implicado sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia. (128) Cuando anuló la Decisión controvertida, el Tribunal General no proporcionó una apreciación alternativa y dejó en manos de la Comisión la tarea de realizarla a la luz de los factores pertinentes.
153. En quinto lugar, el Tribunal General no puso en entredicho la adecuación de los parámetros utilizados por la Comisión. Reconoció, por el contrario, su pertinencia como indicadores de barreras a la entrada o a la expansión. Sin embargo, entendió que no eran suficientes, pues no ofrecían información sobre las cuotas de mercado de DLH y sus competidores en el mercado de referencia. Para fundamentar su conclusión sobre la importancia de incluir factores relacionados con el mercado de la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros, el Tribunal General se basó en datos obrantes en autos, que no habían sido puestos en cuestión ante él, según los cuales las cuotas de mercado de DLH, expresadas en términos de frecuencias (de vuelos) y en asientos ofrecidos con origen o destino a los aeropuertos de referencia, rebasaban, en ocasiones de manera considerable, las cuotas de franjas indicadas en la Decisión controvertida. (129) DLH no ha alegado que se hayan desnaturalizado las pruebas a este respecto.
154. En sexto lugar, no me convence el argumento que esgrime la Comisión según el cual las cuotas de mercado en términos de frecuencias y asientos, o se solapan necesariamente con los parámetros que figuran en la Decisión controvertida (y pueden deducirse de ellos), o son también medidas de capacidad aeroportuaria. Aunque es cierto que, según el Reglamento n.º 95/93, (130) una franja horaria solo da derecho a un único aterrizaje o despegue en una hora determinada, (131) los transportistas aéreos tienen aún margen para decidir la frecuencia de sus vuelos, pues se aplica la regla de «se usa o se pierde» hasta al 80 % de las franjas horarias asignadas a cada compañía. (132) Además, ese argumento parece quedar desvirtuado por los datos no controvertidos en los que se apoyó el Tribunal General.
155. Por último, DLH apoyada por la Comisión, aduce que los criterios adoptados en la Decisión controvertida se ajustan a la práctica y a la jurisprudencia en materia de control de las concentraciones. Sin embargo, los asuntos citados por DLH y la Comisión guardaban relación con la adquisición de franjas horarias a compañías aéreas que habían dejado de operar y ya no estaban presentes en el mercado de la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros, (133) mientras que la medida en cuestión tiene por objeto permitir que DLH siga operando en el mercado. Por lo tanto, aunque las cuotas de mercado en términos de frecuencias y de asientos no tienen ningún sentido en el primer caso, pueden constituir indicadores importantes de poder de mercado en el segundo, como parecen indicar los datos en los que el Tribunal General se apoyó. El hecho de que, al revisar la definición de los mercados de referencia, el Tribunal General considerara que una medida de recapitalización como la medida en cuestión tiene un efecto similar al de una concentración relacionada con franjas horarias (134) no pone automáticamente en entredicho la pertinencia de las cuotas de mercado en la prestación de servicios de transporte aéreo en los aeropuertos de referencia al apreciar un poder de mercado significativo.
2.      Sobre la segunda imputación, basada en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al concluir que DLH no tenía un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena
156. DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, arguye que el Tribunal General no logró demostrar que la Comisión había cometido un error manifiesto de apreciación al concluir que DLH no poseía un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena. Esta imputación se dirige contra los apartados
388 a 412 de la sentencia recurrida.
157. Tanto respecto del aeropuerto de Düsseldorf como del de Viena, el Tribunal General observó que una apreciación global de los criterios que tuvo en cuenta la Comisión demostraba la existencia de una cuota de franjas elevada, (135) incluso durante las horas punta, del Grupo Lufthansa, un nivel muy elevado de congestión y una posición débil de los competidores de dicho grupo. De ello dedujo que, sobre la única base de dichos criterios, la Comisión no podía concluir correctamente que el Grupo LH no dispusiera de un poder de mercado significativo en esos aeropuertos, al menos durante la temporada IATA de verano 2019. (136) Además, el Tribunal General observó que los criterios que llevaron a la Comisión a concluir que el Grupo LH disfrutaba de un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich no diferían sustancialmente de los de los aeropuertos de Düsseldorf y Viena, al menos en lo que respecta a la temporada IATA de verano 2019. (137)
158. A título de observación preliminar conviene señalar que, en caso de que el Tribunal de Justicia rechace la primera imputación del presente motivo de recurso, como propongo, el error de apreciación identificado por el Tribunal General en cuanto a los criterios tenidos en cuenta por la Comisión para apreciar si el Grupo LH tenía un poder de mercado significativo también quedaría confirmado con respecto a los aeropuertos de Düsseldorf y Viena. En tal caso, la presente imputación sería inoperante. (138) En cualquier caso, la examinaré brevemente.
159. DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, aduce, en primer término, que el Tribunal General rebasó los límites del control judicial al interferir en la facultad de apreciación de la Comisión y sustituir el análisis del mercado realizado por esa institución por el suyo propio.
160. Sobre esta cuestión, ha de observarse que DLH se basa de nuevo en una interpretación restrictiva de los límites del control jurisdiccional del juez de la Unión sobre apreciaciones económicas complejas que, por los motivos que ya he expuesto, no comparto. En el caso de autos, de los apartados
396 a 407 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General se limitó a afirmar que los datos en los que se había basado la Comisión no respaldaban, por sí solos, la conclusión de que el Grupo LH no disponía de un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena. Por lo demás, el Tribunal General se abstuvo expresamente de sustituir la apreciación económica de la Comisión por la suya propia. (139)
161. DLH también arguye que el razonamiento recogido en la sentencia recurrida es demasiado impreciso e insuficiente para determinar la existencia de un error manifiesto de apreciación y que el Tribunal General no motivó debidamente su decisión.
162. Esta alegación debe rechazarse. El Tribunal General basó su razonamiento en los datos que la Comisión tuvo en cuenta e indicó claramente por qué esos datos, por sí solos, no permitían a la Comisión descartar que DLH tuviera un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena. Los apartados
396 a 407 están suficientemente motivados a este respecto.
163. Por último, según DLH, la Comisión estaba en lo correcto cuando llegó a la conclusión de que DLH no tenía un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena. Por un lado, los parámetros del poder de mercado significativo con respecto a los aeropuertos de Düsseldorf y Viena diferían de manera sustancial de los de los aeropuertos de Fráncfort y Múnich, pues la cuota de franjas horarias de DLH era sustancialmente superior en esos últimos aeropuertos que en los primeros. Además, en contra de la premisa de la que partió el Tribunal General, una cuota media de franjas horarias del 44 % o del 46 % no basta para presuponer que existe una posición de dominio según la jurisprudencia y la consolidada práctica de la Comisión en materia de control de las concentraciones. Por otro lado, comparar los datos de la temporada IATA de verano 2019 y con los de la temporada IATA de invierno 2019/2020, como hizo el Tribunal General, es inadecuado, ya que, en el sector aéreo, las temporadas de invierno y verano constituyen dos períodos completamente distintos.
164. A diferencia de lo que aduce Condor, esa alegación no es puramente fáctica, sino que pone en cuestión la calificación jurídica de los hechos realizada por el Tribunal General, por lo que es admisible. Dicho esto, en mi opinión debe ser desestimada.
165. En primer lugar, contrariamente a lo que suponen DLH y la Comisión, el Tribunal General no partió de la premisa de que una cuota media de franjas horarias por encima de un umbral del 40 % indica la existencia de una posición dominante y, por ende, de un poder de mercado significativo. En el apartado 397 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, refiriéndose por analogía a la jurisprudencia en materia de apreciación de la existencia de una posición dominante, (140) afirmó expresamente que una cuota de mercado superior al 40 % «constituye un primer indicio que debe tenerse en cuenta, entre otros», y no es un elemento decisivo, por sí solo, para apreciar la existencia de un poder de mercado significativo. (141) A este respecto, es preciso tener en cuenta que el Tribunal General no consideró que el Grupo LH tuviera un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena. Se limitó a concluir que los criterios en los que se había basado la Comisión no eran suficientes para excluir esa posibilidad y que, por consiguiente, las conclusiones extraídas de ellos eran incongruentes.
166. En lo que respecta a la alegación según la cual el Tribunal General cometió un error al comparar la cuota de franjas horarias y los índices de congestión entre los aeropuertos de Düsseldorf y Viena durante la temporada IATA de verano 2019, por un lado, y los aeropuertos de Múnich y Fráncfort durante la temporada IATA de invierno 2019/2020, por otro, coincido con Ryanair en que esa comparación no es errónea, en sí, dado que las cuotas son una medida relativa. En la medida en que la Comisión no consideró que eran necesarias cuotas más elevadas para apreciar la existencia de un poder de mercado significativo durante la temporada de verano que para la temporada de invierno, tal comparación resulta válida.
167. Sea como fuere, la conclusión de que la Comisión no podía considerar que el Grupo LH no tenía un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Düsseldorf y Viena basándose exclusivamente en los datos recogidos en la Decisión controvertida, es autónoma. El Tribunal General declaró únicamente con carácter subsidiario que tal conclusión también era incoherente, puesto que los criterios que llevaron a la Comisión a considerar que el grupo LH disfrutaba de un poder de mercado significativo en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich no diferían sustancialmente de los relativos a los aeropuertos de Düsseldorf y Viena. (142) En la medida en que DLH aduce que esos criterios son diferentes, formula una alegación fáctica que queda fuera del ámbito de competencia del Tribunal de Justicia.
168. Habida cuenta de todo lo anterior, considero que el cuarto motivo de casación debe desestimarse en su totalidad.
E.      Quinto motivo de casación
169. Mediante su quinto motivo de casación, por el que se impugnan los apartados 467 a 480 de la sentencia recurrida, DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho y sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya propia cuando examinó los compromisos estructurales impuestos con arreglo al apartado 72 del Marco temporal. DLH y la Comisión aducen además que el razonamiento del Tribunal General contiene contradicciones.
170. La medida en cuestión estaba supeditada al compromiso de la República Federal de Alemania de que DLH cedería franjas horarias y activos adicionales a una compañía aérea en el aeropuerto de Fráncfort FRA y a otra compañía aérea en el aeropuerto de Múnich. (143) El procedimiento de cesión de franjas horarias constaba de dos etapas. (144) En primer lugar, las franjas horarias debían ofrecerse «solo a los recién llegados», es decir los transportistas aéreos que no cuentan con una base en los aeropuertos de Fráncfort y de Múnich, a condición, en particular, de que se comprometieran a establecer en ellos una base de cuatro aviones como mínimo. En segundo lugar, si, después de tres temporadas IATA, tras el completo restablecimiento de la regla de «se usa o se pierde», las franjas no se habían cedido a un «recién llegado», se pondrían a disposición de una compañía aérea que ya contase con una base en esos dos aeropuertos («compañías aéreas ya establecidas») para la ampliación de su base existente. (145) En consecuencia, los competidores del Grupo LH que ya contasen con una base en Fráncfort y Múnich no podían adquirir la cartera de franjas horarias cedidas durante la primera etapa del procedimiento.
171. En la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que, al excluir a las compañías aéreas ya establecidas de la primera etapa del procedimiento de cesión de las franjas en cuestión, la Comisión no examinó todos los elementos pertinentes relativos al compromiso propuesto, apreciados en función de la estructura y de las características particulares de los mercados de referencia, incluida la posición del beneficiario y de sus competidores en esos mercados, incurriendo así en error manifiesto de apreciación. (146)
172. En primer término, DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, aducen que el Tribunal General interfirió indebidamente en la amplia facultad de apreciación de la Comisión a la hora de aprobar compromisos estructurales con arreglo al apartado 72 del Marco temporal, sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya propia y actuó en contra de su propia jurisprudencia derivada de la sentencia de 13 de mayo de 2015, Niki Luftfahrt/Comisión. (147)
173. Al igual que muchos otros aspectos de la Decisión controvertida antes indicados, las apreciaciones económicas complejas que la Comisión debe efectuar cuando examina compromisos justifican que disponga de una facultad de apreciación bastante amplia para evaluar su adecuación y suficiencia. Inevitablemente, ello tiene un impacto en las competencias del juez de la Unión en el marco del control judicial de los compromisos aceptados, como se expone en los puntos 15 a 18 de las presentes conclusiones y como el propio Tribunal General ha recordado en la sentencia recurrida. (148) Sin embargo, esa facultad tiene sus límites. En particular, no exime a la Comisión del control judicial sobre la suficiencia de las pruebas invocadas y la congruencia de las conclusiones extraídas de ellas. Tampoco la exime de que se examine su interpretación de los datos económicos y el respeto de los límites que se impone a su facultad de apreciación cuando adopta directrices. (149) Como señaló acertadamente el Tribunal General en la sentencia recurrida, (150) los compromisos suscritos con arreglo al apartado 72 del Marco temporal no solo deben cumplir ese Marco, sino también las condiciones establecidas en la Comunicación sobre las soluciones admisibles, a la que dicho apartado se remite expresamente. En consecuencia, tanto el Marco temporal como la Comunicación sobre las soluciones admisibles definen y limitan el alcance de la facultad de apreciación de la Comisión a la hora de apreciar compromisos con arreglo al citado apartado.
174. En contra de lo que sostienen DLH, la Comisión y la República Federal de Alemania, creo que el Tribunal General no sustituyó la apreciación de la Comisión ni propuso una estructura de compromisos alternativa. Se limitó a examinar el análisis de la Comisión y a constatar que esta no había tenido en cuenta todos los factores pertinentes relativos a la evaluación propuesta, como exige específicamente el apartado
12 de la Comunicación sobre las soluciones admisibles. (151) Consideró que la Comisión no había examinado si la exclusión de los competidores ya existentes durante la primera etapa del procedimiento de cesión de franjas horarias era apropiada y necesaria para proteger la competencia efectiva, con arreglo al apartado 72 del Marco temporal, (152) y expuso los motivo por los que ese examen era necesario en el presente asunto. (153) En particular, el Tribunal General manifestó sus reservas sobre la apreciación de la Comisión, pues no analizó si la exclusión de las compañías ya establecidas provocaría una fragmentación aún mayor de la competencia en esos aeropuertos. (154)
175. Al señalar las deficiencias de la evaluación de la Comisión, ofreciendo ejemplos claros para ilustrar sus dudas y llegar en última instancia a la conclusión de que el análisis era manifiestamente incompleto y no cumplía las normas que delimitan el ejercicio de la facultad de apreciación de la Comisión, el Tribunal General no rebasó el alcance de su control de una apreciación económica compleja, tal como se expone en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
176. En sus escritos, la Comisión alega brevemente que el apartado 12 de la Comunicación sobre las soluciones admisibles, a saber, la exigencia específica de tomar en consideración «la estructura y […] las características particulares del mercado […], incluida la posición de las partes y de otros protagonistas», es una disposición de «carácter general, que no le impone la obligación de evaluar específicamente, a la luz de esos criterios, todos y cada uno de los aspectos de los compromisos propuestos».
177. La argumentación de la Comisión no resulta convincente, en particular, habida cuenta de las especificidades del Marco temporal, que deben necesariamente tenerse en cuenta a la hora de apreciar la adecuación y la suficiencia de los compromisos impuestos con arreglo al apartado
72 de dicho instrumento. A la luz de estas especificidades, los citados compromisos deben concebirse de manera que garanticen que, tras la concesión de la ayuda, el beneficiario no vaya a estar en una posición más fuerte que la que tenía antes del brote de COVID‑19 y que se mantendrá la competencia efectiva en los mercados de referencia, como señaló acertadamente el Tribunal General. (155) Por lo tanto, tener en cuenta la estructura y las características del mercado, incluida la posición de los competidores existentes del beneficiario, tal como exige el apartado 12 de la Comunicación sobre las soluciones admisibles, es manifiestamente pertinente a los efectos del apartado 72 del Marco temporal. Ello resulta aún más evidente dado que, como se destaca en el apartado 45 del Marco temporal, las ayudas en forma de instrumentos de capital y/o de instrumentos híbridos de capital falsean considerablemente la competencia.
178. En este contexto, no abordar las preocupaciones relativas a una mayor fragmentación de la competencia en su apreciación podría constituir efectivamente un error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión que el Tribunal General estaba facultado para constatar. (156) Esto es así, en especial, en una situación en la que la propia Comisión, al evaluar la existencia de un poder de mercado significativo, ha reconocido que la competencia a la que se enfrentaba el Grupo LH en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich era débil y fragmentada. (157) Lo mismo cabe afirmar en relación con la desproporción entre el peso del beneficiario y el peso de sus competidores más próximos.
179. A la luz de lo anterior, considero que el Tribunal General no sustituyó la apreciación de la Comisión por la suya propia, ni fue en contra de su propia jurisprudencia, cuando llegó a la conclusión de que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación al no examinar en la Decisión controvertida si era adecuado excluir de la primera etapa del procedimiento de cesión de franjas horarias a los competidores que ya poseían una base en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich.
180. En segundo término, DLH, apoyada por la Comisión, alega que el razonamiento que figura en los apartados
473, 474 y 476 de la sentencia recurrida contradice directamente las apreciaciones del Tribunal General que figuran, respectivamente, en los apartados
452 y 463 de esa misma sentencia.
181. No logro detectar esas contradicciones.
182. En primer lugar, en el apartado
452 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que el número de franjas horarias que debían cederse habría permitido la entrada de un nuevo competidor que tuviera un tamaño comparable al de los competidores que ya existían en el mercado, generando una presión competitiva comparable a la que ejercían los competidores actuales.
183. Esta conclusión no está en contradicción con el apartado
473, en el que el Tribunal General subrayó el mayor peso del Grupo LH respecto del de sus competidores más próximos, en particular por lo que respecta al número de aeronaves basadas en los aeropuertos de Múnich y Fráncfort. Ese desequilibrio habría persistido incluso después de la cesión, ya que el tamaño del nuevo competidor sería comparable al de los competidores ya establecidos en esos aeropuertos. Tampoco existe contradicción alguna por lo que respecta al apartado
474 de la sentencia recurrida. De hecho, la primera frase de este apartado reproduce casi palabra por palabra la primera frase del apartado 452, referida al tamaño de un recién llegado comparable al de los competidores existentes. (158) Sin embargo, el apartado 474 aborda la cuestión relativa a los efectos de la exclusión de competidores ya basados en los aeropuertos de Fráncfort y de Múnich de la primera etapa del procedimiento de cesión de franjas en el nivel de fragmentación de la competencia en esos aeropuertos. No puede constatarse contradicción alguna con el apartado 452, que trata sobre otra cuestión, relativa al carácter suficiente del número de franjas horarias cedidas.
184. En segundo lugar, la alegación de que el apartado
476 de la sentencia recurrida contradice el apartado
463 de dicha sentencia también se basa en una lectura parcial de la sentencia recurrida. La conclusión del Tribunal General de que los competidores que ya contaban con una base en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich podrían estar mejor situados para aumentar la presión competitiva sobre el Grupo LH, pues incurrirían en menos costes, no contradice la desestimación de la alegación de Ryanair de que la exigencia impuesta a los recién llegados de establecer una base era desproporcionada porque incrementaba los costes de entrada. En el apartado
463 de la sentencia recurrida, el Tribunal General autorizó esta exigencia tras haber ponderado los costes de entrada adicionales impuestos a los recién llegados y los beneficios en términos de mayor presión competitiva sobre DLH. En cuanto al examen de la adecuación de la exclusión de los competidores existentes de la primera etapa del procedimiento de cesión de franjas horarias, el Tribunal General analizó los elevados costes de entrada para los recién llegados desde un prisma distinto, a saber, su impacto en la eficacia del procedimiento de cesión de franjas.
(159)
185. Por último, la República Federal de Alemania formula una imputación autónoma según la cual el «enfoque amplio» adoptado por el Tribunal General en los apartados 472 y siguientes de la sentencia recurrida, y los excesivos requisitos impuestos a los compromisos estructurales adicionales en el apartado 72 del Marco temporal, dan lugar, en esencia, a que se restrinja el alcance del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b). El apartado 72 del Marco temporal pretende atenuar aún más las restricciones a la competencia de una ayuda que ya ha sido considerada proporcionada a la luz de esa disposición del Tratado. Por lo tanto, el Tribunal General no tuvo en cuenta la interacción entre el Marco temporal y el Derecho primario.
186. Esta imputación, cuya admisibilidad suscita dudas, (160) es, en cualquier caso, manifiestamente infundada. La República Federal de Alemania no pone en entredicho la conformidad con el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), del apartado 72 del Marco temporal, en la medida en que impone, para las medidas de recapitalización que superen un determinado umbral, la adopción de medidas adicionales para proteger la competencia en mercados en los que el beneficiario goza de un poder de mercado significativo y con sujeción a las cuales la ayuda puede considerarse compatible. Únicamente critica el modo en que el Tribunal General examinó esas medidas en el presente asunto. No obstante, los compromisos suscritos en relación con las medidas comprendidas en el ámbito del artículo
107 TFUE, apartado
3, letra b), y en el apartado
72 del Marco temporal no están eximidos de la exigencia de que se realice una evaluación apropiada de su adecuación y suficiencia para garantizar la compatibilidad de las medidas en cuestión.
187. En este contexto, conviene recordar que el objetivo de los compromisos suscritos con arreglo al apartado
72 del Marco temporal y de la Comunicación sobre las soluciones admisibles es eliminar por completo la eventualidad de que la medida de recapitalización en cuestión pueda obstaculizar de forma significativa la competencia efectiva en los mercados en los que el beneficiario goza de un poder de mercado significativo, así como disipar toda duda en cuanto a la compatibilidad de esta medida con el mercado interior. (161) Por lo tanto, corresponde a la Comisión velar por que exista una probabilidad suficiente de que los compromisos impuestos puedan aplicarse de manera eficaz y puntual, incluso aumentando el atractivo de la medida correctora. (162) A su vez, corresponde al juez de la Unión controlar la apreciación de la Comisión, dentro de los límites ya expuestos. Por las razones anteriormente indicadas, en el caso de autos no se han rebasado dichos límites. Por consiguiente, debe rechazarse la imputación formulada por la República Federal de Alemania.
188. A la luz de todas las consideraciones anteriores, sugiero al Tribunal de Justicia que desestime el quinto motivo de casación.
F.      Sexto motivo de casación
189. Mediante su sexto motivo de casación, dirigido contra los apartados 496 a 502 de la sentencia recurrida, DLH, apoyada por la Comisión y la República Federal de Alemania, aducen que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que la Comisión incumplió su obligación de motivación en lo que respecta a la remuneración del paquete de cesiones de franjas horarias.
190. Según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivación establecida en el artículo
296 TFUE constituye un requisito sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues esta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. La motivación exigida por el citado artículo debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional comunitario ejercer su control. A este respecto, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias de dicho artículo debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. (163)
191. Por lo que respecta, más concretamente, a una decisión de no formular objeciones con arreglo al artículo
108 TFUE, apartado
3, como en el caso de autos, el Tribunal de Justicia ha precisado que tal decisión, que se adopta en plazos breves, únicamente debe contener las razones por las cuales la Comisión considera que no existen serias dificultades de apreciación de la compatibilidad de la ayuda controvertida con el mercado interior, y que procede considerar que incluso una motivación sucinta de dicha decisión cumple el requisito de motivación exigido en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, siempre que muestre de manera clara e inequívoca las razones por las cuales la Comisión consideró que no existían dificultades de ese tipo. (164) El equilibrio entre la obligación de motivación y la necesidad de eficacia, consagrado en esa jurisprudencia, resulta crucial durante crisis como la del COVID‑19, en las que la Comisión se enfrenta a un volumen excepcional de notificaciones. (165) Con todo, el contexto en el que se ha adoptado la ayuda en cuestión no permite rebajar la exigencia de motivación que las instituciones de la Unión deben cumplir con arreglo al artículo 296 TFUE según ha sido interpretado por la jurisprudencia antes citada. (166)
192. En el caso de autos, el Tribunal General confirmó que la motivación de la Comisión era suficiente sobre la mayoría de los aspectos de la Decisión controvertida, aun cuando resultaba particularmente sucinta. (167) Únicamente consideró que existía falta de motivación en lo que respecta a la exigencia de que las cesiones de franjas horarias debían realizarse a cambio de una remuneración.
193. Esta conclusión se ajusta, en mi opinión, a la jurisprudencia antes recordada y no adolece de los errores apuntados por DLH, la Comisión, y la República Federal de Alemania.
194. En primer lugar, el Tribunal General señaló acertadamente la falta de cualquier indicación en la Decisión controvertida que aclarase las razones por las cuales la Comisión consideró que era apropiado que la cesión de franjas horarias se remunerara. (168) En contra de lo que sostienen DLH, la Comisión, y la República Federal de Alemania, los considerandos 71 y 74 de esa Decisión, que figuran en la sección 2, titulada «Descripción de la medida», únicamente indican el contenido de los compromisos propuestos, así como el procedimiento de cesión de franjas horarias, pero no proporcionan ningún razonamiento sobre la razón de ser de la exigencia de remuneración.
195. En segundo lugar, el Tribunal General no ignoró que los compromisos propuestos no solo incluían la cesión de franjas horarias, sino también otros activos necesarios para que un recién llegado pudiera establecer una base, lo que mencionó expresamente en el apartado
497 de la sentencia recurrida. Sin embargo, separó correctamente la cuestión de la remuneración de la cesión de las franjas horarias de la de la remuneración de los activos accesorios, centrándose en la primera, como se desprende claramente de la última frase del apartado 497 antes mencionado y de los apartados siguientes 498 a 501.
196. En tercer lugar, el Tribunal General fundamentó correctamente por qué era de importancia decisiva en el caso de autos justificar la exigencia de que la cesión de las franjas se remunerara. Subrayó que tal exigencia podía reducir la eficacia de los compromisos correspondientes. (169) Contrariamente a lo que sostiene la República Federal de Alemania, los compromisos con arreglo al apartado 72 del Marco temporal deben concebirse de manera que sean lo más eficaces posibles. Para cumplir el objetivo que persigue esa disposición del Marco temporal, consistente en proteger una competencia efectiva en los mercados en los que el beneficiario goza de un poder de mercado significativo, tales compromisos deben poder ser ejecutados de manera efectiva en un breve plazo. (170)
197. En cuarto lugar, DLH afirma erróneamente que el Tribunal General aceptó la alegación de Condor según la cual la cesión de franjas horarias en cuestión estaba comprendida en el ámbito de aplicación del artículo
8 ter del Reglamento n.º 95/93, (171) pese a que se basaba expresamente en el artículo
8 bis, apartado
1, letra b), inciso iii), de dicho Reglamento. (172) A este respecto, ha de señalarse, en primer término, que la Comisión no afirmó en ninguna parte de la Decisión controvertida que la cesión de franjas horarias estuviera basada (y, menos aún, basada correctamente) en la citada disposición. No cabe considerar que el mero hecho de que, al exponer el contenido de los compromisos de cesión de franjas horarias propuestos por la República Federal de Alemania, se reprodujera parcialmente en los apartados 71 y 74 de la citada Decisión el tenor del artículo 8 bis, apartado 1, letra b), inciso iii), antes citado, implica que la Comisión adoptara una postura sobre la base jurídica (correcta), con arreglo al Reglamento n.º 95/93, de la cesión de franjas horarias de que se trata. En segundo término, es preciso tener en cuenta que, en contra de lo que aduce DLH, el Tribunal General no abordó tampoco esa cuestión ni aplicó el artículo 8 ter de ese Reglamento a los asuntos de ayudas de Estado. Se limitó a subrayar que, dado que la cesión de franjas horarias había sido exigida por una autoridad pública en el ejercicio de sus facultades y que el Reglamento n.º 95/93 contiene normas específicas a este respecto que excluyen la compensación monetaria, era aún más importante abordar la cuestión de la compatibilidad del requisito de remuneración con dicho Reglamento. En consecuencia, declaró que la Decisión controvertida también adolecía de falta de motivación sobre este punto.
198. Por último, por lo que respecta a la alegación de que el Tribunal General incurrió en un error al apreciar el nivel de motivación exigido, basta señalar que, en los apartados
499 a 501 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no declaró que la motivación fuera insuficiente para cumplir el nivel que, conforme a Derecho, se aplica a las decisiones adoptadas con arreglo al artículo
108 TFUE, apartado
3, o a las apreciaciones económicas complejas. Entendió que la Decisión controvertida no contenía ninguna motivación sobre cuestiones que revestían una importancia decisiva.
199. Habida cuenta de lo anterior, considero que el sexto motivo de casación debe desestimarse por infundado.
G.      Conclusiones sobre el recurso de casación y costas
200. A la luz de todas estas consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación en su totalidad. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que condene a DLH a pagar las costas de Ryanair y Condor derivadas del presente recurso de casación y a la República Federal de Alemania y a la Comisión a cargar con sus propias costas, de conformidad con los artículos 138, apartado 1, y 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, que se aplican al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de ese mismo Reglamento.
IV.    Conclusión
201. Propongo al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación, condene a Deutsche Lufthansa AG a cargar con las costas en que hayan incurrido Ryanair DAC y Condor Flugdienst GmbH y condene a la República Federal de Alemania y a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas.
1      Lengua original: inglés.
2      Comunicación de la Comisión, de 19 de marzo de 2020 (DO 2020, C 91 I, p. 1), en su versión modificada el 3 de abril de 2020 (DO 2020, C 112 I, p. 1) y el 8 de mayo de 2020 (DO 2020, C 164, p. 3). En mayo de 2022, la Comisión anunció la eliminación progresiva del Marco temporal. La fecha de extinción de la mayor parte de las herramientas previstas en él era el 30 de junio de 2022. No obstante, se autorizó a los Estados miembros a establecer ayudas a la inversión y a la solvencia, respectivamente, hasta el 31 de diciembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023. Además, la conversión y reestructuración de instrumentos de deuda, como préstamos y garantías, hacia otras formas de ayuda, como las subvenciones directas, era posible hasta el 30 de junio de 2023.
3      DLH es la matriz del Grupo Lufthansa, que incluye, entre otras, a las sociedades Lufthansa Passenger Airlines, Brussels Airlines SA/NV, Austrian Airlines AG, Swiss International Air Lines Ltd y Edelweiss Air AG.
4      Decisión C(2020) 4372 final de la Comisión, de 25 de junio de 2020, relativa a la ayuda estatal SA 57153 (2020/N) — Alemania — COVID‑19 — Ayuda en favor de Lufthansa. El 20 de noviembre de 2020, se publicó información relativa a la citada Decisión (DO 2020, C 397, p. 2). El 14 de diciembre de 2021, la Comisión adoptó la Decisión C(2021) 9606 final, por la que se corregía la Decisión impugnada (en lo sucesivo, «Decisión rectificativa»).
5      La República Federal de Alemania y la República Francesa intervinieron en apoyo de las pretensiones de la Comisión en el asunto T‑34/21.
6      T‑34/21 y T‑87/21, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:248.
7      Véase la sentencia recurrida, apartados 504 y 505.
8      El artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), permite a la Comisión poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.
9      El artículo 107 TFUE, apartado 2, letra b), exige a la Comisión que declare de iure compatibles con el mercado interior las ayudas «destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional».
10      Así ocurrió en la crisis financiera de 2008. Véanse las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Kotnik y otros (C‑526/14, EU:C:2016:102), punto 56, y la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Freistaat Sachsen y otros/Comisión (C‑57/00 P y C‑61/00 P, EU:C:2003:510), apartados 97 y 98.
11      Véase el Marco temporal, apartado 10.
12      En efecto, la Comisión dispone de una facultad discrecional, previa revisión y consulta, para enmendar, modificar (o incluso derogar) sus directrices en cualquier momento y para fijar su plazo de vigencia. De hecho, la Comisión está obligada a someter a sus directrices a verificación continua para reconocer cualquier tipo de evolución significativa no cubierta por estos actos. Véase la sentencia de 8 de marzo de 2016, Grecia/Comisión (C‑431/14 P, EU:C:2016:145), apartado 71.
13      DO 2020, C 164, p. 3.
14      Véase el Marco temporal, apartado 72. Estos compromisos debían aplicarse de conformidad con lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión relativa a las soluciones admisibles con arreglo al Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo y al Reglamento (CE) n.º 802/2004 de la Comisión (en lo sucesivo, «Comunicación sobre las soluciones admisibles»).
15      Véase, entre otras, la sentencia de 19 de julio de 2016, Kotnik y otros (C‑526/14, en lo sucesivo, «sentencia Kotnik», EU:C:2016:570), apartados 38 y 39.
16      Véanse, entre otras, las sentencias de 11 de septiembre de 2008, Alemania y otros/Kronofrance (C‑75/05 P y C‑80/05 P, EU:C:2008:482), apartado 65, y de 2 de diciembre de 2010, Holland Malt/Comisión (C‑464/09 P, EU:C:2010:733), apartado 47 y jurisprudencia citada.
17      Véase la sentencia de 8 de marzo de 2016, Grecia/Comisión (C‑431/14 P, EU:C:2016:145), apartado 71.
18      Véase la sentencia de 7 de noviembre de 2024, Ryanair/Comisión (C‑588/22 P, en lo sucesivo, «sentencia Finnair II», EU:C:2024:935), apartado 58 y jurisprudencia citada.
19      Véanse las sentencias Kotnik, apartado 41, y de 31 de enero de 2023, Comisión/Braesch y otros (C‑284/21 P, EU:C:2023:58), apartado 93.
20      Véase la sentencia Kotnik, apartado 43.
21      Véase, en este sentido, la sentencia de 31 de enero de 2023, Comisión/Braesch y otros (C‑284/21 P, EU:C:2023:58), apartados 92 y 95.
22      Véase, en este sentido, la sentencia Kotnik, apartado 44.
23      Véase la sentencia Finnair II, apartado 59.
24      Véase, por analogía, la sentencia Kotnik, apartado 43.
25      Véase, entre otras la sentencia Kotnik, apartado 37.
26      Según la conocida máxima que figura en la sentencia de 11 de julio de 1985, Remia y otros/Comisión (42/84, EU:C:1985:327), apartado 34, acuñada por el Tribunal de Justicia en el ámbito del Derecho de la competencia de la Unión y exportada al ámbito de las ayudas de Estado, entre otros. Véanse las sentencias de 26 de septiembre de 2002, España/Comisión (C‑351/98, EU:C:2002:530), apartado 74, y de 4 de octubre de 2024, E. Breuninger/Comisión (C‑124/23 P, EU:C:2024:860), apartado 30.
27      Véase la sentencia de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München (C‑269/90, EU:C:1991:438), apartado 14.
28      Véase la sentencia de 2 de septiembre de 2010, Comisión/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480), apartado 64.
29      Véase la sentencia de 15 de febrero de 2005, Comisión/Tetra Laval (C‑12/03 P, EU:C:2005:87), apartado 39, en el ámbito de las concentraciones, y, en materia de ayudas de Estado, las sentencias de 2 de septiembre de 2010, Comisión/Scott (C‑290/07 P, EU:C:2010:480), apartado 64, y de 20 de septiembre de 2018, España/Comisión (C‑114/17 P, EU:C:2018:753), apartado 104.
30      Véanse, por ejemplo, los apartados 62 y 68 del Marco temporal.
31      La propia Comisión habló, durante la vista de una aplicación «meramente formalista» y de una «evaluación global».
32      Véanse los puntos 12 y 13 de las presentes conclusiones.
33      Esta definición guarda relación con los regímenes de recapitalización y las medidas individuales de recapitalización de los Estados miembros para las empresas no financieras con arreglo al Marco temporal, no comprendidas en el ámbito de aplicación de la sección 3.1 de ese instrumento. Véase el apartado 46 del Marco temporal.
34      A saber, una declaración formulada el 19 de marzo de 2020 por el Director Financiero de la propia DLH (en lo sucesivo, «declaración de marzo de 2020»), un informe elaborado por Oxera titulado «Assessment of he Commission’s analysis of the proportionality of the aid to DLH» (Evaluación del análisis llevado a cabo por la Comisión sobre la proporcionalidad de la ayuda otorgada a DLH), de 21 de enero de 2021 (en lo sucesivo, «informe Oxera I») y un informe titulado «Rating Action: Moody’s retrograde Lufthansa a Ba1, ratings placed on review for downgrade» (Notación: Moody’s baja la calificación de Lufthansa a Ba1, nota situada bajo vigilancia para una posible rebaja), de 17 de marzo de 2020, elaborado por Moody’s (en lo sucesivo, «informe Moody’s»).
35      El Tribunal General hace referencia a dos escritos de 1 de abril de 2020 y de 3 de abril de 2020 de Ryanair dirigidos, respectivamente, al Gobierno alemán y a la Comisión.
36      La segunda frase del considerando 100 de la Decisión controvertida guardaba relación con las medidas horizontales a disposición de DLH en la República Federal de Alemania.
37      Ya sea consiguiendo financiación en el mercado en condiciones asequibles o a través de medidas horizontales existentes en el Estado miembro en cuestión, o mediante una combinación de ambas.
38      Según el apartado 54 del Marco temporal, «a fin de garantizar la proporcionalidad de la ayuda, el importe de la recapitalización en el contexto de la COVID‑19 no puede superar el mínimo necesario para garantizar la viabilidad del beneficiario y no debe ir más allá del restablecimiento de la estructura de capital del beneficiario previa a la pandemia de COVID‑19, es decir, de la situación a 31 de diciembre de 2019».
39      DLH no parece poner en entredicho la interpretación de la finalidad del apartado 49, letra c), del Marco temporal adoptada por el Tribunal General (o, en cualquier caso, no fundamenta esa alegación), como tampoco lo hace la Comisión.
40      Véase, en tal sentido, la sentencia de 22 de junio de 2022, Ryanair/Comisión (Finnair II; COVID‑19) (T‑657/20, en lo sucesivo, «sentencia Finnair II del Tribunal General», EU:T:2022:390), apartados 53 y 54. El recurso de casación que se interpuso contra esa sentencia fue desestimado mediante la sentencia Finnair II.
41      Según el apartado 19 del Marco temporal, los Estados miembros deben demostrar que las medidas de ayuda estatal notificadas a la Comisión en el marco de esa Comunicación son necesarias, adecuadas y proporcionadas para poner remedio a una gran perturbación de la economía del Estado miembro afectado.
42      Conviene señalar que Condor ha impugnado ante el Tribunal General la apreciación de DLH sobre la posibilidad de obtener financiación en los mercados como parte de su imputación relativa a un «análisis insuficiente e incompleto sobre la proporcionalidad de la ayuda». Al reorganizar, en el apartado 71 de la sentencia recurrida, las alegaciones formuladas por Ryanair y Condor, el Tribunal General siguió la estructura del Marco temporal, separando el análisis de la subvencionabilidad de DLH con arreglo al apartado 49, letra c) (apartados 112 a 138 de dicha sentencia), del del importe de la ayuda en virtud del apartado 54 (apartados 150 a 217 de la misma sentencia).
43      Lo mismo cabe afirmar con respecto a los apartados 186 a 189 de la sentencia recurrida, a los que se refiere la Comisión. En esos apartados, el Tribunal General afirmó que la Comisión no cometió ningún error manifiesto de apreciación al adoptar la calificación crediticia BBB como punto de referencia, pues no se discutía que esa calificación permite financiarse en condiciones asequibles. En contra de cuanto parece dar a entender la Comisión, no abordó la cuestión tratada en los apartados 125 a 132 de la sentencia recurrida de si DLH podía obtener financiación en los mercados en condiciones asequibles para cubrir, al menos, una parte significativa de sus necesidades, habida cuenta de las garantías que podía ofrecer.
44      T‑628/20, EU:T:2021:285.
45      Procede señalar que puede hallarse un razonamiento similar en los apartados 146 y 147 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal General rechazó una imputación referida a la infracción del apartado 53 del Marco temporal, basándose en la misma jurisprudencia que se cita en el apartado 49 de la sentencia de 19 de mayo de 2021, Ryanair/Comisión (España; Covid‑19) (T‑628/20, EU:T:2021:285).
46      Véase el apartado 49 de la sentencia de 19 de mayo de 2021, Ryanair/Comisión (España; COVID‑19) (T‑628/20, EU:T:2021:285).
47      DLH hace referencia al apartado 53 de la sentencia Finnair II del Tribunal General, y alega que, en él, el Tribunal General declaró que Finnair podía acogerse a la ayuda de recapitalización porque no había logrado obtener financiación en los mercados que le permitiera cubrir todas sus necesidades de tesorería.
48      Finnair había intentado obtener financiación en los mercados de crédito y había conseguido obtener una línea de crédito y negociar un acuerdo de venta y de arrendamiento-venta de sus aviones no gravados para obtener fondos suplementarios (apartado 50 de la sentencia Finnair II del Tribunal General). A pesar de esas medidas, se esperaba que los fondos propios de la empresa disminuirían considerablemente en comparación con la situación que concurría antes de la pandemia de COVID‑19 (apartado 51 de la sentencia Finnair II del Tribunal General).
49      C‑57/19 P, en lo sucesivo, «sentencia Tempus», EU:C:2021:663.
50      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la legalidad de una decisión de no formular objeciones adoptada al término del procedimiento de examen previo depende de si la apreciación de la información y de los elementos de que disponía la Comisión debería haber planteado objetivamente dudas en cuanto a la compatibilidad de la medida notificada con el mercado interior, dado que tales dudas deben dar lugar a la apertura de un procedimiento de investigación formal. Véase la sentencia Tempus, apartado 38.
51      Véase la sentencia Tempus, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada.
52      Véase la sentencia Tempus, apartado 45 y jurisprudencia citada.
53      Véase la nota 34 de las presentes conclusiones.
54      La Comisión no niega que tuviera conocimiento de esa declaración.
55      Véase el apartado 124 de la sentencia recurrida.
56      Asimismo, las alegaciones mediante las que DLH critica los datos recogidos en la declaración de marzo de 2020 como base de un cálculo prudente de las garantías de que disponía DLH, dado el contexto del mercado en el momento de la pandemia, no privan a esos datos de su pertinencia.
57      Véase el apartado 134 de la sentencia recurrida. Conviene señalar que, según el razonamiento del Tribunal General, la información recogida en la declaración de marzo de 2020 debería haber llevado a la Comisión a examinar si DLH podía obtener financiación en los mercados para, al menos, una parte de sus necesidades, ofreciendo sus aeronaves como garantía. Los informes Oxera I y Moody’s únicamente tenían por objeto fundamentar los datos recogidos en esa declaración.
58      Véase la segunda frase del apartado 132 de la sentencia recurrida. A este respecto, cabe mencionar que la palabra «evidence» constituye la traducción inglesa —en mi opinión, inadecuada— de la palabra «élements» en la versión francesa de la sentencia recurrida. La expresión «tous les éléments pertinents» hace referencia a los distintos componentes de la apreciación que la Comisión debía llevar a cabo y no a las pruebas en las que habría debido basarse.
59      Véase la sentencia de 10 de septiembre de 2024, Comisión/Irlanda y otros (C‑465/20 P, EU:C:2024:724), apartado 247 y jurisprudencia citada.
60      Véanse los apartados 123 y 125 de la sentencia recurrida.
61      Véanse los apartados 125 y 132 de la sentencia recurrida.
62      DLH se refiere a su respuesta de 8 de junio de 2020 a las preguntas formuladas por la Comisión el 19 de mayo de 2020 (en lo sucesivo, «respuesta de 8 de junio de 2020»). También se remite a los dos elementos de prueba recogidos en el anexo A.2 de esa respuesta, a saber, la presentación de Deutsche Bank sobre la falta de opciones de financiación a disposición de DLH y a un intento fallido de captar fondos mediante un pagaré. En su opinión, esas pruebas acreditaban los problemas a los que se había enfrentado a la hora de obtener financiación durante la pandemia sin apoyo previo del Estado.
63      La declaración de DLH de que la Comisión había «comprobado que ofrecer las aeronaves como garantía le habría permitido conseguir un importe muy limitado de financiación, en particular porque las operaciones de financiación de aeronaves se paralizaron por completo, dado que, aparentemente, las potenciales entidades de financiación de DLH interrumpieron su actividad por completo tras el brote de COVID‑19», no está fundamentada en modo alguno o, al menos, no de manera suficiente.
64      De la respuesta de 8 de junio de 2020 resulta que la Comisión solicitó a DLH, entre otras cosas, que explicara por qué no podía conseguir financiación en los mercados en condiciones asequibles desde el inicio de la pandemia de COVID‑19 y que justificara sus alegaciones con pruebas. La respuesta de DLH a esta solicitud se centraba en que DLH necesitaba financiación por un importe total de 9 000 millones de euros y en la imposibilidad de movilizar la totalidad de ese importe en los mercados mediante empréstitos. Además, las pruebas aportadas por DLH se referían principalmente a financiación no garantizada.
65      Véase la nota 58 de las presentes conclusiones.
66      Véase el apartado 132 de la sentencia recurrida.
67      Véase el apartado 124 de la sentencia recurrida. Los argumentos que la Comisión esgrime contra la alegación del Tribunal General sobre la importancia de apreciar la posibilidad de obtener financiación ofreciendo garantías se limitan a afirmaciones generales, que no ponen en entredicho la validez de esa alegación. A este respecto, ha de señalarse que el apartado 49, letra c), del Marco temporal no distingue entre financiación mediante deuda y financiación mediante capital. La propia Comisión reconoce que «una combinación adecuada de instrumentos de deuda y de capital puede proporcionar eficazmente el apoyo global que necesita una empresa». Es cierto que, inmediatamente después, aclara que «no es en absoluto seguro que el componente “deuda” (y, con mayor razón, la financiación mediante deuda garantizada) pueda o deba representar a menudo una parte significativa de dicha financiación global» (véase el apartado 26 del escrito de contestación de la Comisión). No obstante, ese era precisamente el examen que, según el Tribunal General, la Comisión debería haber realizado y no realizó.
68      Véanse, asimismo, los apartados 77 y 117 de la sentencia recurrida.
69      Véase, en ese sentido, la sentencia de 28 de noviembre de 2024, Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics y Jushi Egypt for Fiberglass Industry/Comisión (C‑269/23 P y C‑272/23 P, EU:C:2024:984), apartado 126 y jurisprudencia citada.
70      A este respecto, ha de observarse que, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia ha declarado que un error manifiesto puede acreditarse mediante datos que priven de plausibilidad a la apreciación de los hechos plasmada por la Comisión en su decisión, no ha reducido en modo alguno el amplio concepto de «error manifiesto de apreciación» a ese único supuesto. Véase la sentencia de 7 de mayo de 2020, BTB Holding Investments y Duferco Participations Holding/Comisión (C‑148/19 P, EU:C:2020:354), apartado 72.
71      Desde luego, la identificación de los hechos pertinentes a efectos de la realización de una apreciación económica puede implicar, en sí, el ejercicio de una facultad discrecional, tal como subraya la Comisión. Sin embargo, el Tribunal General solo puede ejercer un control útil sobre la solidez de las apreciaciones de la Comisión comprobando esa pertenencia. Por ello, según la jurisprudencia citada en los puntos 15 a 17 de las presentes conclusiones, el juez de la Unión está obligado a indagar sobre la pertinencia de esos hechos y su exhaustividad.
72      Véase, entre otras, la sentencia Tempus, apartado 41.
73      Véase el considerando 6 y la nota 6 de la Decisión controvertida.
74      DLH arguye que se han interpretado de forma incorrecta sus observaciones escritas ante el Tribunal General, mientras que la Comisión y la República Federal de Alemania invocan la vulneración de su derecho de defensa.
75      DLH aduce que tanto ella como la Comisión han rebatido los datos en los que se ha basado el Tribunal General, mientras que la Comisión y la República Federal de Alemania sostienen que no han tenido la ocasión de formular observaciones sobre ellos.
76      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de los artículos 172, 174, 176 y 178 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, leídos de manera conjunta, se desprende que el escrito de contestación no puede tener por objeto la anulación de la resolución del Tribunal de Justicia por motivos distintos y autónomos de los invocados en el recurso de casación, ya que tales motivos solo pueden ser invocados en el marco de una adhesión a la casación (véanse las sentencias de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, apartado 20, y de 3 de septiembre de 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland y otros/Comisión, C‑817/18 P, EU:C:2020:637, apartado 47).
77      La sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, EU:C:2009:742), apartado 56, en la que se apoya la Comisión no es, por consiguiente, pertinente.
78      Todos esos datos estaban recogidos en anexos de las observaciones escritas de Ryanair y figuraban en los autos a disposición del Tribunal General.
79      No obstante el hecho de que, como señala la Comisión, las observaciones escritas de Ryanair ante el Tribunal General no hacían referencia expresa a la parte del informe Oxera I a que se refiere el apartado 119 de la sentencia recurrida.
80      El incremento en la remuneración puede adoptar la forma de acciones adicionales concedidas al Estado o de otros mecanismos, y debe consistir en un aumento mínimo del 10 % de la remuneración del Estado transcurridos cuatro años desde la aportación de capital, si el Estado no ha vendido al menos el 40 % de su participación en el capital resultante de su aportación de capital, y transcurridos seis años desde la aportación de capital, si el Estado no ha vendido la totalidad de su participación.
81      El precio máximo por acción a que alude el apartado 60 del Marco temporal es el precio medio de la acción durante los quince días anteriores a la solicitud de aportación de capital. En el caso de DLH, dicho precio ascendía a 9,12 euros por acción. La medida en cuestión preveía un precio de 2,56 euros por acción.
82      Esos factores son i) el precio muy por debajo de su cotización por el que la República Federal de Alemania había adquirido las acciones de DLH; ii) el hecho de que la presencia del Estado en la participación de DLH habría sido indeseable para el beneficiario; iii) el hecho de que las participaciones sin voto I y II devengaban tipos de interés crecientes; iv) la probabilidad de que la conversión en capital de una parte de la participación sin voto II aumentara a lo largo del tiempo, lo cual habría contribuido a la dilución de las participaciones existentes en favor del Estado, y v) los compromisos de observar ciertos comportamientos, especialmente, la prohibición de pagar dividendos, que habrían seguido estando en vigor hasta la devolución total de la ayuda.
83      Véase el apartado 263 de la sentencia recurrida.
84      Como ha reconocido DLH, el Tribunal General recordó acertadamente, en los apartados 73 a 78 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia reiterada relativa a la amplia facultad de apreciación de que dispone la Comisión cuando efectúa apreciaciones económicas complejas y el consiguiente alcance limitado del control ejercido por el juez de la Unión sobre dichas apreciaciones.
85      Véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335), apartado 12, y de 10 de julio de 2025, Sánchez Romero Carvajal Jabugo (C‑322/24, EU:C:2025:556), apartado 35.
86      Véanse las sentencias de 6 de octubre de 1982, Cilfit y otros (283/81, EU:C:1982:335), apartado 20, y de 3 de septiembre de 2024, Illumina y Grail/Comisión (C‑611/22 P y C‑625/22 P, EU:C:2024:677), apartado 127.
87      Véanse las sentencias de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), apartado 50, y de 8 de mayo de 2025, KG y WA (C‑236/24, EU:C:2025:321), apartado 21.
88      Véase la sentencia de 12 de octubre de 2023, Est Wind Power (C‑11/22, EU:C:2023:765), apartado 46.
89      Véase el punto 21 de las presentes conclusiones.
90      En la sentencia Finnair II, el Tribunal de Justicia declaró que el «Tribunal General aplicó correctamente [la] jurisprudencia examinando si la Comisión podía concluir que concurrían circunstancias excepcionales específicas […] que, en un supuesto particular, le pueden facultar para autorizar una medida de ayuda con arreglo al artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), aun cuando dicha medida no reúna todos los requisitos del Marco temporal». En el presente asunto, no se llevó a cabo una apreciación de este tipo.
91      Ha de señalarse que la República Federal de Alemania no ha invocado circunstancias excepcionales para no aplicar el Marco temporal.
92      Véase el apartado 256 de la sentencia recurrida.
93      Conviene señalar, a título incidental, que la Decisión controvertida no se basa en ese motivo en concreto. En cualquier caso, según el Marco temporal, el mecanismo de ajuste al alza de la remuneración se considera aplicable incluso cuando la participación del Estado en el capital del beneficiario, resultante de la aportación de capital, rebasa el nivel adquirido por la República Federal de Alemania en el presente asunto (véase el ejemplo que figura en la nota 49 del Marco temporal).
94      Véase el apartado 267 de la sentencia recurrida.
95      Véase el apartado 45 del Marco temporal.
96      Véase el punto 106 de las presentes conclusiones.
97      Como ya se ha señalado, el apartado 61 del Marco temporal exige que se «incremente la remuneración del Estado» con el fin de incentivar al beneficiario a recomprar las aportaciones de capital del Estado. El apartado 62 del Marco temporal requiere que cualquier «mecanismo alternativo» tenga un «resultado similar», lo que implica, contrariamente a lo que sostiene DLH, que toda medida que se aparte del apartado 61 debe garantizar en todo caso el mismo efecto de hacer más onerosa la participación estatal a lo largo del tiempo.
98      Según el apartado 56 del Marco temporal, los Estados miembros «debe[n] instaurar un mecanismo para incentivar la amortización gradual» y el apartado 58 del Marco temporal dispone que «las medidas estatales de recapitalización […] deben incluir incentivos adecuados para que las empresas amorticen la recapitalización y busquen capital alternativo cuando las condiciones de mercado lo permitan, y para ello deben exigir una remuneración lo suficientemente elevada por la recapitalización». Desde mi punto de vista, esas disposiciones hacen claramente referencia a incentivos que deben operar ex post. El apartado 59 del Marco temporal no hace más que parafrasear el apartado 62.
99      Véanse las sentencias de 1 de octubre de 2014, Consejo/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245), apartado 16, y de 9 de diciembre de 2020, Groupe Canal +/Comisión (C‑132/19 P, EU:C:2020:1007), apartado 68.
100      Véanse las sentencias de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OHIM (C‑16/06 P, EU:C:2008:739), apartado 80, y de 4 de octubre de 2024, García Fernández y otros/Comisión y SRB (C‑541/22 P, EU:C:2024:820), apartado 211.
101      Véanse, en ese sentido, las sentencias de 25 de junio de 2020, SatCen/KF (C‑14/19 P, EU:C:2020:492), apartado 105 y jurisprudencia citada, y de 3 de julio de 2025, Glonatech/REA (C‑114/24 P, EU:C:2025:520), apartado 108.
102      DLH —apoyada por la República Federal de Alemania— aduce que un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración, como el previsto en el apartado 61 del Marco temporal, habría sido incompatible con el Derecho alemán de sociedades de capital y el Derecho derivado de la Unión en lo concerniente a la participación accionarial del Estado alemán. Esas supuestas restricciones legales no se invocaron ante el Tribunal General, de modo que constituyen alegaciones de hecho nuevas, que no son admisibles en esta fase del procedimiento. Además, DLH y la República Federal de Alemania simplemente hacen referencia a potenciales incompatibilidades, sin justificar de qué manera o por qué razón impiden un mecanismo de ajuste al alza de la remuneración.
103      El apartado 68 del Marco temporal recoge disposiciones análogas a las previstas en los apartados 61 y 62 de dicho instrumento en lo que respecta a los instrumentos híbridos de capital tras su conversión en capital.
104      En el apartado 265 de la sentencia recurrida, el Tribunal General también se basó en los motivos ya expuestos en los apartados 252 a 257 de esa sentencia sobre la participación en el capital.
105      El apartado 70 del Marco temporal establece que, «dado que la naturaleza de los instrumentos híbridos varía considerablemente, la Comisión no ofrece orientaciones para todos los tipos de instrumentos. Los instrumentos híbridos se regirán en cualquier caso por los principios antes mencionados, con una remuneración que refleje el riesgo inherente a cada instrumento».
106      Solo podía convertirse la participación sin voto II-A en caso de oferta de adquisición o cambio de control (sección 2.10.1.3.1 de la Decisión controvertida).
107      En función del hecho desencadenante (10 %, en caso de ejercicio del derecho de conversión para proteger al Estado frente a la dilución y 5,25 % en caso de que el ejercicio del derecho de conversión se active a consecuencia de un impago, sección 2.10.1.3.2 de la Decisión controvertida).
108      El Tribunal General señaló que el precio fijado para la participación sin voto II-A no tenía ninguna relación con el método exigido en el apartado 67 del Marco temporal y que, a diferencia del precio de la participación sin voto II-B, el precio teórico sin derechos de suscripción no coincide con el precio real de mercado de las acciones en el momento de la conversión.
109      Véanse los apartados 277 a 279 de la sentencia recurrida.
110      Véase el apartado 283 de la sentencia recurrida.
111      Conviene señalar, dicho sea de paso, que, en mi opinión, la terminología empleada en el considerando 158 de la Decisión controvertida difícilmente puede entenderse como una «luz verde» para recurrir a un método de remuneración alternativo con arreglo al apartado 59 del Marco temporal.
112      Al menos durante la fase escrita del procedimiento.
113      Esta conclusión no ha sido rebatida ante el Tribunal de Justicia.
114      Como ya se ha señalado y ha observado acertadamente DLH, cuando se establece un mecanismo alternativo válido, la Comisión no está obligada a demostrar la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse del Marco temporal y realizar una apreciación directamente a la luz del Tratado.
115      A este respecto, ha de señalarse que la República Federal de Alemania se comprometió a solicitar la autorización de la Comisión en caso de que el precio de conversión excediera del precio que se habría obtenido aplicando la metodología del precio teórico sin derechos de suscripción en el momento de la conversión menos un 5 %, lo cual apunta a que, en realidad, era posible calcular el precio teórico sin derechos de suscripción.
116      En particular cuando, como hizo en el considerando 158 de la Decisión controvertida, la Comisión ha reconocido la posibilidad de que no se respeten las normas aplicables. Conviene observar que el presente asunto difiere del que dio lugar a la sentencia de 28 de septiembre de 2023, Ryanair/Comisión (C‑320/21 P, EU:C:2023:712), apartados 63 y 64, en los que el Tribunal de Justicia consideró que el Tribunal General no había incurrido en un error de Derecho al aceptar que la Comisión podía basarse en el compromiso asumido por las autoridades suecas de presentarle el método de cálculo detallado que se utilizaría para cuantificar ex post los perjuicios sufridos por el beneficiario. En dicho asunto, el Tribunal General concluyó que la Decisión de la Comisión contenía una exposición suficientemente precisa del método de cálculo de dicho perjuicio en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 2, letra b), según lo interpreta el Tribunal de Justicia, y desestimó por tanto la alegación de Ryanair de que el Tribunal General había incumplido su obligación de apreciar la compatibilidad de la medida en cuestión con el mercado interior.
117      Véanse las notas 36 y 40 de la Decisión controvertida.
118      Véase el apartado 284 de la sentencia recurrida.
119      Nueve aeropuertos coordinados (es decir, aeropuertos con un nivel de congestión elevado), a saber, los de Berlín Tegel, Bruselas, Düsseldorf, Fráncfort, Hamburgo, Múnich, Palma de Mallorca, Stuttgart y Viena, a los que se añade, en la Decisión rectificativa, el de Hannover.
120      Véase el considerando 179 de la Decisión controvertida. Como recordó el Tribunal General, la Comisión también tuvo en cuenta el número de aviones estacionados en algunos de los aeropuertos pertinentes explotados por el referido grupo y por sus competidores (véase el apartado 373 de la sentencia recurrida).
121      Véanse los apartados 376 a 382.
122      En el apartado 368 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que debe entenderse que el concepto de poder de mercado significativo, en el sentido del apartado 72 del Marco temporal, es equivalente al de posición dominante del Derecho de la competencia. En los apartados 383 y 384, se basó, por analogía, en la jurisprudencia relativa a la apreciación de la existencia de una posición dominante.
123      Apartado 386 de la sentencia recurrida.
124      En los apartados 378 a 382 de la sentencia recurrida, el Tribunal General observó que los criterios aplicados en la Decisión controvertida guardaban fundamentalmente relación con la capacidad aeroportuaria y que, al haber establecido como mercado de referencia el mercado de los servicios de transporte aéreo de pasajeros, la Comisión no podía ignorar los factores que se referían directamente a la prestación de esos servicios, a saber, las frecuencias de los vuelos y los asientos ofrecidos.
125      Punto 17 de las presentes conclusiones.
126      Punto 89 de las presentes conclusiones.
127      Véase al apartado 379 de la sentencia recurrida, in fine.
128      Véase el apartado 394 de la sentencia recurrida.
129      Véase el apartado 380 de la sentencia recurrida. Véanse, asimismo, los apartados 392 y 393 de dicha sentencia.
130      Reglamento (CEE) n.º 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios (DO 1993, L 14, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n.º 894/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de mayo de 2002; el Reglamento (CE) n.º 1554/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2003; el Reglamento (CE) n.º 793/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004; el Reglamento (CE) n.º 545/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, y el Reglamento (UE) 2020/459 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020.
131      Véase el artículo 2, letra a), del Reglamento n.º 95/93.
132      Reglamento n.º 95/93, artículo 10, apartado 2. El argumento que invoca la Comisión en el sentido de que ese factor tiene poca importancia en lo que respecta al aeropuerto congestionado en el que podría considerarse que DLH disfruta de poder de mercado es una apreciación fáctica, que incumbe en exclusiva al Tribunal General.
133      Véanse las sentencias de 20 de octubre de 2021, Polskie Linie Lotnicze LOT/Comisión (T‑240/18, EU:T:2021:723), apartado 57, y de 20 de octubre de 2021, Polskie Linie Lotnicze LOT/Comisión (T‑296/18, EU:T:2021:724), apartado 80, citadas por DLH y la Comisión.
134      Véase el apartado 319 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General citó las sentencias de 20 de octubre de 2021, Polskie Linie Lotnicze LOT/Comisión (T‑240/18, EU:T:2021:723), apartado 57, y de 20 de octubre de 2021, Polskie Linie Lotnicze LOT/Comisión (T‑296/18, EU:T:2021:724), apartado 80. El paralelismo que realizó el Tribunal General se basa en que los fondos proporcionados a DLH no se imputaron a rutas específicas y podían ser utilizados para operar cualquier ruta entre pares de ciudades definidas como punto de origen y punto de destino de un aeropuerto.
135      Entre un 40 y un 50 % para el aeropuerto de Düsseldorf (50‑60 % a 55‑65 % durante las horas punta) y entre un 35 y un 45 % (50‑60 % durante las horas punta), para el aeropuerto de Viena. Las cifras se referían a la temporada IATA de verano 2019 (apartado 397 de la sentencia recurrida).
136      Véanse los apartados 396 a 401 de la sentencia recurrida en relación con el aeropuerto de Düsseldorf y los apartados 403 a 407 en relación con el aeropuerto de Viena.
137      El Tribunal General declaró que los datos relativos a los aeropuertos de Düsseldorf y Viena que figuran en la Decisión controvertida eran, en esencia, comparables, e incluso superiores, a los que caracterizaban la situación competitiva en los aeropuertos de Fráncfort y Múnich durante la temporada IATA de invierno 2019/2020, respecto de la cual la Comisión concluyó que el Grupo LH tenía de un poder de mercado significativo (véanse los apartados 402 a 409 de la sentencia recurrida).
138      Véase el apartado 411 de la sentencia recurrida.
139      Véase el apartado 394 de la sentencia recurrida.
140      Véanse las sentencias de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión (C‑62/86, EU:C:1991:286), apartado 60, y de 14 de febrero de 1978, United Brands y United Brands Continentaal/Comisión (27/76, EU:C:1978:22), apartados 107 a 113.
141      Por consiguiente, deben descartarse, por no ser pertinentes, las remisiones de DLH a la jurisprudencia y a la práctica decisoria en materia de determinación de la existencia de posición dominante.
142      Véanse los apartados 401 a 402 y 408 a 409 de la sentencia recurrida.
143      Considerando 70 de la Decisión controvertida.
144      Considerando 231 de la Decisión controvertida.
145      Considerandos 72 y 231 de la Decisión controvertida.
146      Sentencia recurrida, apartado 479. El Tribunal General indicó cinco motivos por los que el análisis de la Comisión era incompleto o inexistente: i) el peso varias veces más importante del Grupo LH respecto del de sus competidores más próximos; ii) la inexistencia de un análisis sobre si la entrada de recién llegados y la exclusión de los competidores ya establecidos «provocaría una fragmentación aún mayor de la competencia en esos aeropuertos»; iii) la exclusión de la primera etapa del procedimiento de compañías aéreas ya establecidas supuso de facto no dar opción, en esa primera etapa, a los competidores más próximos del Grupo LH; iv) los competidores que ya contaban con una base en esos dos aeropuertos habrían incurrido en menores costes, a diferencia de los recién llegados, y «podrían estar mejor situados para adquirir la cartera de franjas horarias en cuestión y para aumentar la presión competitiva»; v) la posibilidad de que las compañías aéreas ya establecidas pudieran optar a la adquisición de las franjas dependía del fracaso de la primera etapa, por lo que era incierta (véanse los apartados 473 a 477 de la sentencia recurrida).
147      Sentencia dictada en el asunto T‑162/10, EU:T:2015:283, apartado 295, en la que el Tribunal General declaró, en el contexto del control de las concentraciones, que «la circunstancia de que también habrían podido aceptarse otros compromisos o de que estos habrían sido más favorables para la competencia puede dar lugar a la anulación de la decisión, si la Comisión podía concluir razonablemente que los compromisos recogidos en la decisión permitían despejar las serias dudas existentes». En efecto, ese razonamiento está presente en la jurisprudencia del Tribunal General en materia de control de las concentraciones y lo ha estado desde hace tiempo (véanse, por ejemplo, las sentencias de 4 de julio de 2006, easyJet/Comisión, T‑177/04, EU:T:2006:187, apartado 128, y de 13 de noviembre de 2024, Iliad Italia/Comisión, T‑692/20, EU:T:2024:825, apartado 59). Sin embargo, nunca ha sido claramente avalado por el Tribunal de Justicia. En cualquier caso, como demostraré a continuación, no creo que el Tribunal General haya ido en contra de su propia jurisprudencia.
148      Véase la sentencia recurrida, apartados 422 y 423.
149      Véanse los puntos 17 y 21 de las presentes conclusiones.
150      Véanse las consideraciones preliminares del Tribunal General que figuran en los apartados 415 a 423 de la sentencia recurrida.
151      Conforme al apartado 12 de la Comunicación sobre las soluciones admisibles, la Comisión debe considerar «todos los factores pertinentes relativos a la solución propuesta», en particular, su «tipo, la escala y el alcance […], juzgados por referencia a la estructura y a las características particulares del mercado en el que surjan los problemas de competencia, incluida la posición de las partes y de otros protagonistas del mercado». Aunque el Tribunal General no mencionó expresamente la Comunicación sobre las soluciones admisibles en los apartados 478 y 479 de la sentencia recurrida, se refirió claramente al apartado 12 de dicha Comunicación, cuyo contenido se reproduce en el apartado 418.
152      Véanse los apartados 478 y 479 de la sentencia recurrida. Aunque en esos apartados el Tribunal General no mencionó expresamente la Comunicación de la Comisión sobre las soluciones admisibles, se refirió claramente al punto 12 de dicha Comunicación, cuyo contenido se reproduce en las consideraciones preliminares que figuran en el apartado 418 de dicha sentencia.
153      Véase la nota 146 de las presentes conclusiones.
154      Véase el apartado 474 de la sentencia recurrida.
155      Véase el apartado 421 de la sentencia recurrida.
156      Por consiguiente, no se aprecia ningún tipo de contradicción con la sentencia de 13 de mayo de 2015, Niki Luftfahrt/Comisión (T‑162/10, EU:T:2015:283), apartado 295.
157      Considerandos 190 y 197 de la Decisión controvertida.
158      Según el apartado 474, «[…] la preferencia que se da a los recién llegados tiene por efectos la entrada de un nuevo competidor cuya posición es comparable a la de los competidores ya basados en dichos aeropuertos, debido al tamaño de la cartera de franjas horarias y al número de aviones que tendrá que basar en esos aeropuertos, a saber, cuatro, debiendo precisarse que el número de aviones de los competidores que ya tienen una base en esos aeropuertos es de entre dos y diez».
159      A este respecto, ha de señalarse que excluir a los competidores ya establecidos de la primera etapa del procedimiento podía reducir sustancialmente las probabilidades de que esa cesión se realizara efectivamente, de manera que el compromiso resultaría potencialmente incompatible con, en particular, los apartados 10 (grado de certeza exigido de que será posible ejecutar la cesión) y 47 (potencial de la actividad empresarial para atraer a un comprador adecuado) de la Comunicación sobre las soluciones admisibles.
160      Véase la nota 76 de las presentes conclusiones.
161      Véase, por analogía, la sentencia de 16 de marzo de 2023, American Airlines/Comisión (C‑127/21 P, EU:C:2023:209), apartados 79 y 87.
162      Véase, por analogía, la sentencia de 16 de marzo de 2023, American Airlines/Comisión (C‑127/21 P, EU:C:2023:209), apartados 93 y 95.
163      Véase la sentencia de 11 de septiembre de 2025, Austria/Comisión (Centrale nucléaire Paks II) (C‑59/23 P, EU:C:2025:686), apartado 101 y jurisprudencia citada.
164      Véase la sentencia de 23 de noviembre de 2023, Ryanair/Comisión (C‑210/21 P, EU:C:2023:908), apartado 106 y jurisprudencia citada.
165      Véase, en particular, la sentencia de 23 de enero de 2025, Neos/Ryanair y Comisión (C‑490/23 P, EU:C:2025:32), apartados 58 y 59, sobre el deber de la Comisión de justificar que no se haya efectuado un examen expreso de la compatibilidad de una medida de ayuda a la vista de ciertas disposiciones o de ciertos principios del Derecho de la Unión distintos de las normas relativas a las ayudas de Estado. Sobre la especificidad de esa sentencia, véanse las conclusiones de la Abogada General Medina presentadas en el asunto Austria/Comisión (Centrale nucléaire Paks II) (C‑59/23 P, EU:C:2025:1259), nota 66.
166      Véanse las conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Ryanair/Comisión (C‑320/21 P, EU:C:2023:54), punto 98.
167      Véanse los apartados 207, 293, 431, y 459 de la sentencia recurrida.
168      Véase el apartado 498 de la sentencia recurrida.
169      Véanse los apartados 498 y 500 de la sentencia recurrida.
170      Véase el apartado 9 de la Comunicación sobre las soluciones admisibles y la jurisprudencia citada en las notas 161 y 162.
171      Según el artículo 8 ter del Reglamento n.º 95/93, frases segunda y tercera, «el presente Reglamento no afectará a las facultades de las autoridades públicas de exigir la transferencia de franjas entre compañías aéreas y de decidir el modo en que estas se asignan en virtud del derecho nacional en materia de competencia o de los artículos 81 y 82 del Tratado CE o del Reglamento (CEE) n.º 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas. Tales transferencias no podrán dar lugar a compensación económica».
172      Según el artículo 8 bis, apartado 1, letra b), inciso iii), del Reglamento n.º 95/93, «las franjas horarias podrán […] transferirse […] en el caso de una adquisición total o parcial, cuando las franjas estén directamente relacionadas con la compañía aérea adquirida».