62021CJ0393_RES
Asunto C‑393/21
Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 16 de febrero de 2023
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.o 805/2004 — Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Artículo 23, letra c) — Suspensión de la ejecución de una resolución certificada como título ejecutivo europeo — Circunstancias excepcionales — Concepto»
Cooperación judicial en materia civil — Creación de un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Reglamento (CE) n.o 805/2004 — Impugnación, por el deudor, en el Estado miembro de origen de una resolución certificada como título ejecutivo europeo o presentación de una solicitud de rectificación o de revocación del certificado de título ejecutivo europeo — Procedimiento de ejecución de dicha resolución — Suspensión o limitación de la ejecución — Concepto de circunstancias excepcionales — Riesgo real para el deudor de sufrir un perjuicio especialmente grave — Reparación imposible o extremadamente difícil de dicho perjuicio — Inclusión — Circunstancias ligadas al procedimiento judicial dirigido en el Estado miembro de origen contra la referida resolución o contra el certificado — Exclusión
[Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 23]
(véanse los apartados 31, 33 a 38 y 42 a 46 y el punto 1 del fallo)
Cooperación judicial en materia civil — Creación de un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Reglamento (CE) n.o 805/2004 — Suspensión o limitación de la ejecución — Aplicación simultánea, por el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de ejecución, de las medidas de limitación del procedimiento de ejecución y de constitución de una garantía — Procedencia — Aplicación simultánea, por el mismo órgano jurisdiccional o autoridad, de una de esas dos medidas con la de suspensión del procedimiento de ejecución — Improcedencia
[Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 23]
(véanse los apartados 49, 50, 52 y 53 y el punto 2 del fallo)
Cooperación judicial en materia civil — Creación de un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados — Reglamento (CE) n.o 805/2004 — Requisitos para la certificación como título ejecutivo europeo — Suspensión, en el Estado miembro de origen, de la ejecutividad de una resolución certificada como título ejecutivo europeo — Presentación del certificado a que se refiere el artículo 6, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 805/2004 ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución — El órgano jurisdiccional en cuestión está obligado, en virtud de esa decisión, a suspender el procedimiento de ejecución iniciado en el Estado miembro de ejecución
[Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 6, aps. 1 y 2, y art. 11]
(véanse los apartados 56, 58 a 64 y el punto 3 del fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia precisa el concepto de «circunstancias excepcionales» que permiten al órgano jurisdiccional competente suspender la ejecución de una resolución certificada como título ejecutivo europeo
Cuando se ha suspendido la ejecutividad de una resolución certificada como título ejecutivo europeo en el Estado miembro de origen, el órgano jurisdiccional nacional del Estado miembro de ejecución debe velar por que se suspenda el procedimiento
El 14 de junio de 2019, el Amtsgericht Hünfeld (Tribunal de lo Civil y Penal de Hünfeld, Alemania) emitió un requerimiento de pago contra Arik Air Limited para el cobro de un crédito de 2292993,32 euros a favor de Lufthansa Technik AERO Alzey GmbH (en lo sucesivo «Lufthansa») y expidió posteriormente, el 24 de octubre 2019, un título ejecutivo europeo y, el 2 de diciembre de 2019, un certificado de título ejecutivo europeo.
Lufthansa solicitó a un agente judicial ejerciente en Lituania la ejecución de dicho título ejecutivo frente a Arik Air.
Esta última sociedad presentó ante el Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania) una solicitud para que se revocara el certificado de título ejecutivo europeo (
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) y se dejara sin efecto la ejecución forzosa de la deuda. A tal efecto, sostiene que el Tribunal de lo Civil y Penal de Hünfeld le había notificado irregularmente los documentos procesales, por lo que no pudo formular en plazo oposición contra el requerimiento de pago en cuestión.
En Lituania, Arik Air presentó, asimismo, una solicitud ante un agente judicial para que suspendiera el procedimiento de ejecución hasta que recayera una resolución definitiva del Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, solicitud que el agente judicial denegó por estimar que, en esas circunstancias, la normativa nacional no permitía la suspensión del procedimiento.
Mediante auto de abril de 2020 el Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno, al considerar que Arik Air no había demostrado que el citado título hubiera sido expedido ilegalmente ni que hubieran expirado los plazos para formular oposición sin que mediara culpa por su parte, supeditó la suspensión de la ejecución forzosa del título ejecutivo europeo en cuestión a la constitución de una garantía de 2000000 de euros.
Mediante auto dictado en junio 2020 el Kauno apylinkės teismas (Tribunal Comarcal de Kaunas, Lituania) desestimó el recurso interpuesto por Airk Air contra la decisión del agente judicial de denegar la suspensión de dicho procedimiento de ejecución.
En apelación, el Kauno apygardos teismas (Tribunal Regional de Kaunas, Lituania) anuló el citado auto y suspendió el procedimiento de ejecución de que se trata a la espera de la resolución definitiva del órgano jurisdiccional alemán sobre las pretensiones de Arik Air. Dicho órgano jurisdiccional consideró, dado el riesgo de sufrir un perjuicio desproporcionado que podía resultar del procedimiento de ejecución incoado contra Arik Air, que la interposición de un recurso contra el certificado de título ejecutivo europeo ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen bastaba para fundamentar la suspensión de ese procedimiento. Asimismo, estimó que no había motivo alguno para considerar que correspondía al Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Fráncfort del Meno pronunciarse sobre la procedencia de la solicitud de suspensión de los actos de ejecución.
Lufthansa interpuso entonces recurso de casación ante el Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal de Lituania) contra esta resolución.
El Tribunal de Justicia, al que se dirigió dicho órgano jurisdiccional, realiza precisiones en cuanto al sentido y al alcance del concepto de «circunstancias excepcionales» que permiten al órgano jurisdiccional o a la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución, en virtud del artículo 23 del Reglamento n.o 805/2004, (
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) suspender la ejecución de una resolución certificada como título ejecutivo europeo en el Estado miembro de origen.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha señalado que el concepto de «circunstancias excepcionales» mencionado en el artículo 23, letra c), del Reglamento n.o 805/2004 se refiere a una situación en la que la continuación del procedimiento de ejecución de una resolución certificada como título ejecutivo europeo, cuando el deudor haya impugnado en el Estado miembro de origen dicha resolución o haya presentado una solicitud de rectificación o de revocación del certificado de título ejecutivo europeo, exponga a ese deudor a un riesgo real de sufrir un perjuicio especialmente grave. Precisa que, en caso de anulación de la referida resolución o de rectificación o revocación del certificado de título ejecutivo europeo, la reparación de tal perjuicio sería imposible o extremadamente difícil. Este concepto no remite a circunstancias ligadas al procedimiento judicial dirigido en el Estado miembro de origen contra la resolución certificada como título ejecutivo europeo o contra el certificado de título ejecutivo europeo.
Para llegar a esta conclusión, el Tribunal de Justicia observa, en primer lugar, que el concepto de «circunstancias excepcionales» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión. A este respecto, el empleo, por el legislador de la Unión, de ese concepto indica que no pretendió limitar el alcance de dicha disposición únicamente a las situaciones de fuerza mayor, que resultan, por regla general, de acontecimientos imprevisibles e inevitables debidos a causas ajenas al deudor. Por consiguiente, la facultad de suspender el procedimiento de ejecución de una resolución certificada como título ejecutivo europeo debe entenderse reservada a los casos en que la continuación de la ejecución exponga al deudor a un riesgo real de sufrir un perjuicio especialmente grave cuya reparación sea imposible o extremadamente difícil en caso de estimarse la impugnación o la solicitud que haya presentado en el Estado miembro de origen. La incoación de tal procedimiento judicial por el deudor constituye, además, un requisito previo para que el órgano jurisdiccional o la autoridad competente del Estado miembro de ejecución examine la existencia de circunstancias excepcionales.
Además, el reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales y autoridades del Estado miembro de origen y los del Estado miembro de ejecución implica que estos últimos no son competentes para examinar, en el marco de una solicitud de suspensión del procedimiento de ejecución, una resolución sobre un crédito no impugnado dictada en el Estado miembro de origen o su certificación como título ejecutivo europeo. Así pues, los órganos jurisdiccionales o autoridades del Estado miembro de ejecución tienen un margen de apreciación limitado en lo que respecta a la apreciación de las circunstancias en virtud de las cuales es posible estimar una solicitud de suspensión de la ejecución. Al examinar tal solicitud estos órganos jurisdiccionales o autoridades deben limitarse, para constatar la existencia de circunstancias excepcionales en el sentido de esa disposición, a ponderar el interés del acreedor, consistente en proceder a la ejecución inmediata de la resolución relativa a su crédito, y el del deudor, consistente en evitar daños especialmente graves y de imposible o difícil reparación.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia precisa que el artículo 23 del Reglamento n.o 805/2004 permite la aplicación simultánea de las medidas de limitación del procedimiento de ejecución y de constitución de una garantía establecidas en las letras a) y b) de dicho artículo, (
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) pero no permite la aplicación simultánea de una de esas dos medidas con la de suspensión del procedimiento de ejecución establecida en su letra c).
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia declara que, cuando se ha suspendido la ejecutividad de una resolución certificada como título ejecutivo europeo en el Estado miembro de origen y se ha presentado ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro de ejecución el certificado al que se refiere el artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.o 805/2004, dicho órgano jurisdiccional está obligado, en virtud de esa decisión, a suspender el procedimiento de ejecución iniciado en este último Estado. (
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)
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)	Esta solicitud se ha presentado conforme al artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO 2004, L 143, p. 15).
(
2
)	Este artículo, titulado «Suspensión o limitación de la ejecución», dispone:
«Si el deudor hubiere:
– impugnado una resolución, certificada como título ejecutivo europeo, incluida una solicitud de revisión a tenor del artículo 19, o
– solicitado la rectificación o la revocación de un certificado de título ejecutivo europeo con arreglo al artículo 10,
el órgano jurisdiccional o la autoridad competente en el Estado miembro de ejecución, podrán, a instancia del deudor:
a) limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares, o bien
b) subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que determinará dicho órgano jurisdiccional o autoridad competente, o bien
c) en circunstancias excepcionales, suspender el procedimiento de ejecución.»
(
3
)	Estas medidas consisten, respectivamente, en limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares (a) y en subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que determinará el órgano jurisdiccional o autoridad competente en el Estado miembro de ejecución (b).
(
4
)	A este respecto el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la base del artículo 6, apartado 2, del Reglamento n.o 805/2004, en relación con el artículo 11 de este.
El artículo 6 del Reglamento n.o 805/2004, titulado «Requisitos para la certificación como título ejecutivo europeo», dispone, en su apartado 2: «Cuando una resolución certificada como título ejecutivo europeo haya cesado de ser ejecutiva o se haya suspendido o limitado su ejecutividad, se emitirá, previa solicitud presentada ante el órgano jurisdiccional de origen en cualquier momento, un certificado en el que se indique la falta o la limitación de ejecutividad, cumplimentando el formulario normalizado que figura en el Anexo IV.»
Por su parte, el artículo 11 del mismo Reglamento, titulado «Efecto del certificado de título ejecutivo europeo», establece: «El certificado de título ejecutivo europeo surtirá efecto únicamente dentro de los límites de la fuerza ejecutiva de la resolución.»