62022CJ0115_RES
Asunto C‑115/22
SO
(Petición de decisión prejudicial planteada por la Unabhängige Schiedskommission Wien)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 7 de mayo de 2024
«Procedimiento prejudicial — Admisibilidad — Artículo 267 TFUE — Concepto de “órgano jurisdiccional” — Comisión nacional de arbitraje competente en materia de lucha contra el dopaje en el ámbito del deporte — Criterios — Independencia del organismo remitente — Principio de tutela judicial efectiva — Inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial»
Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 267 TFUE — Concepto — Unabhängige Schiedskommission Wien (Comisión Independiente de Arbitraje de Viena, Austria) — Exclusión
(Art. 267 TFUE)
(véanse los apartados 34 a 38, 48 a 50, 52 a 54, 56 y 57 y el fallo)
Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 267 TFUE — Concepto — Criterio de independencia — Estatuto de los miembros del organismo nacional de que se trate — Exigencia de inamovilidad — Alcance
(Art. 267 TFUE)
(véanse los apartados 41 a 44)
Cuestiones prejudiciales — Sometimiento al Tribunal de Justicia — Órgano jurisdiccional nacional en el sentido del artículo 267 TFUE — Concepto — Criterio de independencia — Imparcialidad — Concepto
(Art. 267 TFUE)
(véanse los apartados 45 a 47)
Derecho de la Unión — Primacía — Derecho nacional contrario — Comisión nacional de arbitraje competente en materia de lucha contra el dopaje en el ámbito del deporte — Obligación de dejar inaplicadas las disposiciones nacionales no conformes con las disposiciones del Derecho de la Unión dotadas de efecto directo
(véase el apartado 55)
Resumen
El Tribunal de Justicia, pronunciándose en Gran Sala, declara la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial planteada por la Unabhängige Schiedskommission Wien (Comisión Independiente de Arbitraje de Viena, Austria; en lo sucesivo, «USK»), por no cumplir dicho organismo el requisito de independencia exigido para ser calificado como «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.
La recurrente en el procedimiento principal fue atleta de competición de 1998 a 2015. En 2021, la Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA), agencia independiente de lucha contra el dopaje, presentó una solicitud de examen del caso de la recurrente a la Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (Comisión jurídica antidopaje austriaca; en lo sucesivo, «ÖADR»), por considerar que había infringido las normas antidopaje. (
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)
Mediante decisión de 31 de mayo de 2021, la ÖADR declaró a la recurrente culpable de dicha infracción. Anuló todos los resultados que había obtenido durante el período en cuestión y la desposeyó de todas las primas de participación y premios en metálico adquiridos. Asimismo, la ÖADR impuso a la recurrente una suspensión de participación en todo tipo de competición deportiva durante un período de cuatro años. Durante el procedimiento, la recurrente solicitó que dicha decisión no se pusiera en conocimiento del público en general, concretamente no divulgando ni publicando su nombre ni otras características individuales. La ÖADR denegó tal solicitud.
La recurrente presentó una solicitud de revisión ante la USK, organismo remitente en el presente asunto, con el fin de que se modificara dicha decisión para que el público en general no fuera informado, mediante la publicación de su nombre completo en un sitio de Internet de libre acceso, de las infracciones de la normativa antidopaje que había cometido ni de las sanciones que se le habían impuesto. Mediante decisión de 21 de diciembre de 2021, la USK confirmó dichas sanciones. Sin embargo, decidió resolver por separado sobre la solicitud de no publicar las infracciones de la normativa antidopaje cometidas por la recurrente y las correspondientes sanciones, reservando su decisión a este respecto.
Al albergar dudas acerca de la conformidad de esta publicación con el RGPD, (
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) la USK planteó una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia verifica, a la luz de la evolución reciente de su jurisprudencia, (
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) si el organismo remitente puede ser calificado de «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.
El Tribunal de Justicia comienza por recordar su reiterada jurisprudencia en la materia, en virtud de la cual, para dilucidar si el organismo remitente en cuestión tiene la condición de «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE, cuestión que depende únicamente del Derecho de la Unión, debe tener en cuenta un conjunto de factores, como son, entre otros, el origen legal del organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del organismo de normas jurídicas y su independencia. Además, los órganos jurisdiccionales nacionales solo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter judicial. Así pues, la competencia de un organismo para pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie deberá determinarse basándose tanto en criterios estructurales como funcionales.
Por lo que respecta a estos criterios estructurales, el Tribunal de Justicia señala que de los datos que constan en los autos que se le han remitido y, en particular, de las disposiciones de la Ley Federal Antidopaje de 2021 (
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) se desprende que la USK cumple los criterios relativos a su origen legal, a su permanencia, al carácter obligatorio de su jurisdicción y al carácter contradictorio del procedimiento tramitado ante ella. En cambio, se plantea la cuestión de si la USK responde al criterio de independencia.
En cuanto a este criterio, el Tribunal de Justicia subraya que la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, indispensable para la tutela judicial efectiva, es inherente a la misión de juzgar. Por lo tanto, resulta esencial para el buen funcionamiento del sistema de cooperación judicial ínsito en el mecanismo de remisión prejudicial previsto en el artículo 267 TFUE, habida cuenta de que, de conformidad con su reiterada jurisprudencia, tal mecanismo únicamente puede activarlo un órgano que se atenga, entre otros, al criterio de independencia Así, el Tribunal de Justicia recuerda que el concepto de independencia comporta dos aspectos.
El primero de ellos, de índole externa, supone que el órgano en cuestión ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a nadie y sin recibir órdenes ni instrucciones, cualquiera que sea su procedencia, estando así protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia en el enjuiciamiento por sus miembros de los litigios de los que conozca e influir en sus decisiones. A este respecto, la inamovilidad de los miembros del órgano en cuestión constituye una garantía inherente a la independencia judicial, puesto que tiene por objeto proteger a la persona de quienes tienen la misión de juzgar.
Más específicamente, el principio de inamovilidad, cuya importancia capital ha de destacarse, exige, en particular, que los jueces puedan permanecer en el ejercicio de sus funciones en tanto no hayan alcanzado la edad de jubilación forzosa o hasta que termine su mandato cuando este tenga una duración determinada. Aunque no tiene carácter absoluto, este principio solo puede ser objeto de excepciones cuando existan motivos legítimos e imperiosos que lo justifiquen y siempre que se respete el principio de proporcionalidad. Así, se admite de manera general que los jueces puedan ser cesados si no reúnen las condiciones de aptitud para continuar en el ejercicio de sus funciones por motivo de incapacidad o de falta grave, observando los procedimientos establecidos al efecto. Por lo tanto, la garantía de inamovilidad de los miembros de un órgano jurisdiccional exige que los supuestos de cese de los miembros del órgano en cuestión estén previstos en una normativa específica, mediante disposiciones legales expresas que ofrezcan garantías superiores a las previstas por las normas generales del Derecho administrativo y del Derecho laboral que resulten aplicables en caso de cese abusivo.
El segundo aspecto, interno, del concepto de «independencia» se asocia al concepto de imparcialidad y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de aquel. Este aspecto exige el respeto de la objetividad y la inexistencia de cualquier interés en la solución del litigio que no sea el de la estricta aplicación de la norma jurídica. El concepto de «independencia» implica, pues, ante todo que el órgano de que se trate tenga la calidad de tercero con respecto a la autoridad que haya adoptado la decisión recurrida. Estas garantías de independencia e imparcialidad postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición del órgano, así como al nombramiento, a la duración del mandato y a las causas de inhibición, recusación y cese de sus miembros, que permitan excluir toda duda legítima en el ánimo de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y en lo que respecta a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio.
A este respecto, por lo que se refiere a la USK, el Tribunal de Justicia observa que el Reglamento de Procedimiento de dicha Comisión relativo a la ADBG establece que sus miembros son independientes en el ejercicio de sus funciones y están sujetos al principio de imparcialidad. Sin embargo, en virtud de la ADBG, (
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) los miembros de la USK son nombrados por el ministro federal de Arte, Cultura, Administraciones Públicas y Deporte por un mandato renovable de cuatro años, que puede ser revocado anticipadamente «por motivos graves», sin que este concepto se defina en la legislación nacional. En particular, la inamovilidad de los miembros de la USK no está garantizada por ninguna norma específica. Además, la decisión de destituir a los miembros de la USK compete únicamente al ministro federal de Arte, Cultura, Administraciones Públicas y Deporte, es decir, un miembro del Ejecutivo, sin que se hayan establecido previamente criterios precisos ni garantías concretas.
El Tribunal de Justicia deduce de ello que la normativa nacional aplicable no garantiza que los miembros de la USK se encuentren a resguardo de presiones externas, directas o indirectas, que puedan hacer dudar de su independencia, de modo que dicho organismo no cumple la exigencia de independencia propia de un órgano jurisdiccional, considerada en su aspecto externo. Por lo tanto, la USK no puede calificarse como «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia puntualiza que esta circunstancia no la exime de la obligación de garantizar la aplicación del Derecho de la Unión al adoptar sus resoluciones e inaplicar, en su caso, las disposiciones nacionales que resulten contrarias a disposiciones del Derecho de la Unión dotadas de efecto directo, ya que esa obligación recae sobre el conjunto de las autoridades nacionales competentes y no solamente sobre las autoridades judiciales.
Por otra parte, el Tribunal de Justicia señala que de la información que obra en su poder se desprende que la recurrente en el procedimiento principal presentó ante la Österreichische Datenschutzbehörde (autoridad austriaca de protección de datos) una reclamación por violación de dicha protección, al amparo del artículo 77, apartado 1, del RGPD. Este órgano adoptó una resolución desestimatoria, que es objeto de un recurso ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo, Austria) con arreglo al artículo 78, apartado 1, del RGPD. (
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) Dicho recurso ha sido suspendido a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones planteadas en el presente asunto.
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1
)	La International Association of Athletics Federations (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) adoptó normas de competición para el período 2014‑2015 y normas antidopaje en 2017.
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2
)	Más concretamente, con los artículos 5, apartado 1, letras a) y c), 6, apartado 3, 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) (DO 2016, L 119, p. 1; en lo sucesivo, «RGPD»).
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3
)	En su apreciación, el Tribunal de Justicia hace referencia, en particular, a las sentencias de 21 de enero de 2020, Banco de Santander (C‑274/14, EU:C:2020:17), y de 3 de mayo de 2022, CityRail (C‑453/20, EU:C:2022:341).
(
4
)	Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 (Ley Federal Antidopaje de 2021), de 23 de diciembre de 2020 (BGBl. I, 152/2020; en lo sucesivo, «ADBG»).
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5
)	En virtud del artículo 8, apartado 3, de la ADBG.
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6
)	Véase, a este respecto, la sentencia de 7 de diciembre de 2023, SCHUFA Holding (Exoneración del pasivo insatisfecho) (C‑26/22 y C‑64/22, EU:C:2023:958), apartados 52 y 70.