62023TJ1103
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada)
de 2 de julio de 2025 (
*1
)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Registro internacional que designa a la Unión Europea — Marca denominativa TESTAROSSA — Uso efectivo de la marca — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Uso por terceros — Naturaleza del uso — Consentimiento tácito del titular de la marca — Prueba del uso efectivo — Automóviles de segunda mano — Piezas de recambio y accesorios»
En el asunto T‑1103/23,
Ferrari SpA, con domicilio social en Módena (Italia), representada por las Sras. K. Muraro y G. Russo y por el Sr. C. Comolli Acquaviva, abogados,
parte recurrente,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. E. Markakis, en calidad de agente,
parte recurrida,
en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
Kurt Hesse, con domicilio en Núremberg (Alemania), representado por el Sr. M. Krogmann, abogado,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada),
integrado por el Sr. A. Kornezov (Ponente), Presidente, y los Sres. G. De Baere, D. Petrlík y K. Kecsmár y la Sra. S. Kingston, Jueces;
Secretario: Sr. G. Mitrev, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 12 de diciembre de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la recurrente, Ferrari SpA, solicita la anulación de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 29 de agosto de 2023 (asuntos acumulados R 334/2017‑5 y R 343/2017‑5), en su versión rectificada el 28 de septiembre de 2023 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
Antecedentes del litigio
2
Mediante registro internacional de 17 de octubre de 2006 que designa a la Unión Europea, recibido por la EUIPO el 8 de febrero de 2007, Ferrari solicitó la protección en la Unión de la marca denominativa TESTAROSSA.
3
Los productos incluidos en el registro internacional estaban comprendidos, en particular, en la clase 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y correspondían a la descripción siguiente: «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; vehículos terrestres de motor; automóviles; piezas estructurales y de recambio, sus componentes y accesorios, incluidos todos en esta clase; frenos, motores, neumáticos para vehículos terrestres de motor incluidos en esta clase; bicicletas, bicicletas de motor, furgonetas y camiones».
4
El registro internacional se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias el 8 de febrero de 2007 y se inscribió en el registro de marcas comunitarias el 12 de diciembre de 2007.
5
El 7 de septiembre de 2015, el Sr. Kurt Hesse, parte coadyuvante, solicitó la anulación de los efectos de este registro internacional para los productos citados en el apartado 3 de la presente sentencia, con arreglo al artículo 158, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [actualmente artículo 198, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)], en relación con el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001].
6
Mediante resolución de 16 de diciembre de 2016, la División de Anulación estimó parcialmente dicha solicitud y declaró la caducidad de la marca controvertida por lo que respecta a los «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; vehículos terrestres de motor; piezas estructurales y de recambio, sus componentes y accesorios, incluidos todos en esta clase; frenos, motores, neumáticos para vehículos terrestres de motor incluidos en esta clase; bicicletas, bicicletas de motor, furgonetas y camiones», con efectos a partir del 16 de diciembre de 2016. En cambio, desestimó la solicitud de caducidad en lo que atañe a los «automóviles».
7
El 13 de febrero de 2017, el coadyuvante interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación parcial de la resolución de la División de Anulación, en la medida en que esta última había desestimado la solicitud de caducidad de la marca controvertida por lo que respecta a los «automóviles».
8
El 14 de febrero de 2017, la recurrente también interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación parcial de la resolución de la División de Anulación, en la medida en que esta última había declarado la caducidad de la marca controvertida para «piezas estructurales y de recambio, componentes y accesorios (de vehículos) incluidos todos en esta clase; motores» (en lo sucesivo, «piezas estructurales y accesorios»).
9
Mediante la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó el recurso del coadyuvante y desestimó el de la recurrente. En consecuencia, la recurrente perdió sus derechos sobre la marca controvertida para todos los productos mencionados en el apartado 3 de la presente sentencia.
Pretensiones de las partes
10
La recurrente solicita al Tribunal General que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Modifique la resolución impugnada en la medida en que queda acreditado un uso efectivo de la marca controvertida por lo que respecta a los «automóviles» y a las piezas estructurales y accesorios, incluidos en la clase 12.
–
Condene a la EUIPO y al coadyuvante a cargar con las costas del procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso y del presente procedimiento.
11
En la vista, la recurrente renunció a su segunda pretensión, de lo que el Tribunal General dejó constancia en el acta de la vista.
12
La EUIPO solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene a la recurrente a cargar con las costas si se celebra una vista oral.
13
El coadyuvante solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la recurrente.
Fundamentos de Derecho
Sobre la determinación del Derecho material y procesal aplicable ratione temporis
14
Habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de caducidad en cuestión, a saber, el 7 de septiembre de 2015, que es determinante a efectos de identificar el Derecho material aplicable, los hechos del presente litigio se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.o 207/2009 y el Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.o 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1) (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de junio de 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, no publicada, EU:C:2019:471, apartado 2, y de 3 de julio de 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, apartado 3).
15
A este respecto, de lo dispuesto en el artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009 se desprende que el efecto de una eventual declaración de caducidad tendrá efectos retroactivos desde la fecha de la solicitud de caducidad. Además, en la medida en que, según reiterada jurisprudencia, se considera, en general, que las normas de procedimiento son aplicables en la fecha en que entran en vigor (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España, C‑610/10, EU:C:2012:781, apartado 45 y jurisprudencia citada), el litigio se rige por las normas de procedimiento del Reglamento 2017/1001. No obstante, debe señalarse que, por lo que respecta a la prueba del uso efectivo de la marca controvertida, en virtud, en particular, del artículo 82, apartado 2, letras d), f) e i), del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1), el litigio se rige por las disposiciones del Reglamento n.o 2868/95 [sentencia de 24 de marzo de 2021, Novomatic/EUIPO — adp Gauselmann (Power Stars), T‑588/19, no publicada, EU:T:2021:157, apartado 20].
16
En consecuencia, en el presente asunto, en lo que respecta al Derecho material, las referencias a las disposiciones del Reglamento 2017/1001 hechas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada y por las partes en sus escritos deben entenderse realizadas a las disposiciones de idéntico tenor del Reglamento n.o 207/2009.
Sobre el fondo
17
La recurrente invoca cuatro motivos, basados, en esencia, el primero, en la falta de motivación en la medida en que no se tuvieron en cuenta todos los factores pertinentes en la apreciación del uso efectivo de la marca controvertida; el segundo, en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009; el tercero, en la infracción del artículo 15, apartado 2, de dicho Reglamento (actualmente artículo 18, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), y, el cuarto, en errores de apreciación en cuanto al uso de la marca controvertida para las piezas de recambio y accesorios.
18
En virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009, se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la EUIPO, si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, que, en el presente asunto, abarca del 7 de septiembre de 2010 al 6 de septiembre de 2015, inclusive (en lo sucesivo, «período pertinente»), dicha marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y no existen causas justificativas de la falta de uso.
19
Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del Reglamento n.o 2868/95, que se aplica mutatis mutandis a los procedimientos de caducidad conforme a la regla 40, apartado 5, del mismo Reglamento, la prueba del uso debe referirse al lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca anterior. De conformidad con el apartado 4 de esta regla, las pruebas deben limitarse preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como, por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n.o 207/2009.
20
Así pues, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (véase, por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, apartado 43). Además, el requisito relativo al uso efectivo de la marca exige que esta se utilice públicamente y de cara al exterior, en la forma en que esté protegida en el territorio pertinente [véanse las sentencias de 18 de marzo de 2015, Naazneen Investments/OAMI — Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, no publicada, EU:T:2015:160, apartado 25 y jurisprudencia citada, y de 11 de enero de 2023, Hecht Pharma/EUIPO — Gufic BioSciences (Gufic), T‑346/21, EU:T:2023:2, apartado 22 (no publicado) y jurisprudencia citada].
21
Por otra parte, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización real y suficiente de la marca en el mercado de que se trate [véase la sentencia de 23 de septiembre de 2009, Cohausz/OAMI — Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, no publicada, EU:T:2009:354, apartado 36 y jurisprudencia citada].
22
Según reiterada jurisprudencia, la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias que puedan determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para obtener o mantener cuotas de mercado en beneficio de los productos o servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la amplitud y frecuencia del uso de la marca (véase la sentencia de 18 de marzo de 2015, SMART WATER, T‑250/13, no publicada, EU:T:2015:160, apartado 26 y jurisprudencia citada).
23
Procede examinar a la luz de estos principios las alegaciones de la recurrente, mediante las que impugna, en esencia, las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a la falta de uso efectivo de la marca controvertida por lo que respecta, por un lado, a los «automóviles» comprendidos en la clase 12 y, por el otro, a las piezas de recambio y accesorios incluidos en la misma clase. Así pues, es preciso examinar, para empezar, y conjuntamente, los motivos segundo y tercero; a continuación, el cuarto motivo, y, por último, en su caso, el primer motivo.
Motivos segundo y tercero, relativos a la prueba del uso efectivo de la marca controvertida por lo que respecta a los automóviles
24
En la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló, antes de nada, que la recurrente no había fabricado ni distribuido, durante el período pertinente, ningún automóvil nuevo con la marca controvertida y que tampoco había vendido ella misma automóviles de segunda mano de la marca TESTAROSSA. A continuación, en lo que concierne a la venta por terceros de automóviles de segunda mano de la marca TESTAROSSA, la Sala de Recurso declaró, en esencia, que, para probar el uso efectivo de dicha marca, el titular debía demostrar que tales ventas se habían efectuado con su consentimiento. En su opinión, no existe una norma de aplicación automática según la cual toda venta de segunda mano de la que tenga conocimiento el titular de la marca debe considerarse un uso efectivo de la marca con su consentimiento, pues el consentimiento del titular de la marca no es necesario para la reventa de esos productos de segunda mano. A este respecto, la Sala de Recurso estimó que la recurrente no había demostrado que hubiera consentido la venta de automóviles de segunda mano de la marca TESTAROSSA por terceros, en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.o 207/2009. Por último, precisó que el hecho de que la recurrente prestara un servicio consistente en certificar que un vehículo de segunda mano concreto es un auténtico Testarossa (en lo sucesivo, «servicio de certificación») carece de pertinencia, en la medida en que dicho servicio se prestaba respecto de la marca Ferrari y no para la marca controvertida, de modo que no probaba el uso efectivo de esta última.
25
La recurrente rebate estas apreciaciones y alega, en primer lugar, que las ventas de vehículos de segunda mano de la marca TESTAROSSA por concesionarios autorizados, avaladas por ella mediante facturas, tuvieron lugar con su consentimiento. A su juicio, el hecho de que estos concesionarios le proporcionaran facturas que acreditaban la venta de vehículos de segunda mano de la marca TESTAROSSA confirma, tácitamente, que utilizaron la marca controvertida con su consentimiento. En segundo lugar, la recurrente aduce que presta a los revendedores un servicio de certificación, a cambio de una remuneración. Así, dicho servicio le genera ingresos y se relaciona directamente con las ventas de automóviles de segunda mano de la marca TESTAROSSA por los concesionarios autorizados, en la medida en que los certificados expedidos en este contexto aumentan el valor de dichos automóviles y facilitan su reventa.
26
La EUIPO y el coadyuvante sostienen, en primer lugar, que el consentimiento de la recurrente no puede presuponerse por el mero hecho de que esta no se opusiera al uso de la marca controvertida por terceros. Consideran que la falta de una licencia que mencionara expresamente la marca controvertida, o de otra forma de consentimiento de la recurrente al uso de dicha marca por terceros, muestra la pasividad de esta. En segundo lugar, según la EUIPO, la recurrente no ha demostrado que hubiera adoptado un comportamiento activo en el mercado de los automóviles de segunda mano que le permitiera conservar la posibilidad de controlar la calidad de los productos de que se trata. El coadyuvante añade que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el servicio de certificación carece de pertinencia, en la medida en que se presta para la marca Ferrari.
27
Con carácter preliminar, procede recordar, como se ha señalado en el apartado 19 de la presente sentencia, que la prueba del uso debe referirse al lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca anterior. En el caso de autos, como por otra parte confirmó la EUIPO en la vista, la Sala de Recurso se limitó, en la resolución impugnada, a apreciar la naturaleza del uso de la marca controvertida. En estas circunstancias, este criterio es el único sometido al control del Tribunal General en el presente asunto.
28
Asimismo, debe precisarse que las partes no discuten que la fabricación de automóviles del modelo Testarossa tuvo lugar entre los años 1984 y 1996 y que, por consiguiente, durante el período pertinente, no se fabricó ni comercializó ningún automóvil nuevo con la marca controvertida.
29
Consta, además, como confirmaron la recurrente y la EUIPO en la vista, que, durante el período pertinente, los automóviles de segunda mano de la marca TESTAROSSA no fueron comercializados por la propia recurrente, sino por terceros, a saber, en particular, concesionarios o distribuidores autorizados por ella, establecidos en Italia, Alemania, Bélgica, Francia y España.
30
Según la jurisprudencia, la reventa, como tal, de un producto de segunda mano que lleva una marca no significa que esa marca sea «utilizada» en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009. En efecto, esa marca se usó cuando fue colocada por su titular en el producto nuevo cuando este se comercializó por primera vez. No obstante, si el titular de la marca en cuestión utiliza efectivamente esa marca, de conformidad con su función esencial de garantizar la identidad de origen de los productos para los que fue registrada, al revender productos de segunda mano, dicho uso puede constituir un «uso efectivo» de la citada marca, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari, C‑720/18 y C‑721/18, EU:C:2020:854, apartados 55 y 56).
31
El artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009, relativo al agotamiento de los derechos conferidos por la marca, confirma esta interpretación. En efecto, de esta disposición se desprende que el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir el uso de la misma para productos ya comercializados en la Unión con dicha marca por ese titular o con su consentimiento. De ello se desprende que una marca puede utilizarse para productos ya comercializados con esa marca. El hecho de que el titular de la marca no pueda prohibir a terceros el uso de su marca para productos ya comercializados con ella no significa que no pueda utilizarla él mismo para dichos productos (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari, C‑720/18 y C‑721/18, EU:C:2020:854, apartados 58 y 59).
32
Además, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, el uso de la marca con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular. Por consiguiente, como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 76 de la resolución impugnada, la conclusión que figura en el apartado 31 de la presente sentencia se aplica también al uso de la marca por terceros con el consentimiento del titular, extremo que, por lo demás, las partes no discuten. En consecuencia, el titular de la marca sigue teniendo la posibilidad de demostrar que esta ha sido objeto de un uso efectivo para productos de segunda mano vendidos con esa marca por terceros con su consentimiento.
33
Por otra parte, incumbe al titular de la marca aportar la prueba de que ha prestado su consentimiento para el uso alegado de esa marca por un tercero (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, apartado 44).
34
En el presente asunto, consta que la recurrente no ha presentado pruebas, como una licencia, que demuestren su consentimiento expreso al uso de la marca controvertida por terceros durante el período pertinente. En cambio, sostiene que las pruebas que ha presentado permiten acreditar que sí consintió tácitamente dicho uso.
35
A este respecto, según la jurisprudencia, el consentimiento del titular de la marca puede manifestarse de manera expresa o tácita. En efecto, el consentimiento del titular debe manifestarse de modo que refleje con certeza la voluntad de renunciar a su derecho exclusivo sobre la marca. Esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa del consentimiento. Sin embargo, no cabe excluir que, en algunos casos, pueda resultar de forma tácita de circunstancias y elementos anteriores, simultáneos o posteriores al uso de la marca por un tercero, que también reflejen con certeza la renuncia del titular a su derecho [véanse las sentencias de 13 de enero de 2011, Park/OAMI — Bae (PINE TREE), T‑28/09, no publicada, EU:T:2011:7, apartado 61 y jurisprudencia citada, y de 8 de junio de 2022, Muschaweck/EUIPO — Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, apartado 71 (no publicado) y jurisprudencia citada].
36
Por tanto, procede examinar si tal consentimiento tácito del titular resulta de circunstancias y elementos anteriores, simultáneos o posteriores al uso de la marca controvertida por un tercero.
37
A este respecto, según la jurisprudencia, cuando el titular de una marca que es objeto de un procedimiento de caducidad invoca determinados actos de uso de dicha marca por un tercero como uso efectivo en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.o 207/2009, alega, implícitamente, que este uso ha sido efectuado con su consentimiento [sentencia de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, apartado 24].
38
No obstante, cabe señalar, en línea con la EUIPO, que, en el contexto específico del uso de una marca para productos de segunda mano, el consentimiento tácito no puede deducirse del mero hecho de que el titular tenga conocimiento del uso de la marca por un tercero y no se oponga a dicho uso. En efecto, el consentimiento del titular no es jurídicamente necesario para que un tercero utilice la marca en productos de segunda mano. Ahora bien, para que pueda apreciarse la existencia de tal consentimiento tácito en ese contexto específico, es preciso que el titular intervenga en el uso de la marca por terceros.
39
Las circunstancias y elementos pertinentes que pueden reflejar la existencia de tal consentimiento tácito deben examinarse, como señaló por lo demás la EUIPO en la vista, a la luz, en particular, de los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o aumentar la cuota de mercado de los productos protegidos por la marca, así como de las características del mercado (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 18 de marzo de 2015, SMART WATER, T‑250/13, no publicada, EU:T:2015:160, apartado 26 y jurisprudencia citada).
40
En el presente asunto, en primer lugar, la recurrente presentó facturas de venta de vehículos de segunda mano de la marca TESTAROSSA emitidas por concesionarios autorizados por ella, en las que figuraban los siguientes datos: «Ferrari Vertragshändler» (concesionario Ferrari), «Ferrari und Ferrari Classiche Vetragspartner» (socio contractual de Ferrari y Ferrari Classiche), «Offizieller Ferrari und Maserati Vetragshändler» (concesionario oficial Ferrari y Maserati) o incluso «distribuidor-taller autorizado».
41
De ello se deduce que el uso de la marca controvertida que invoca la recurrente no es un uso efectuado por cualquier tercero que no tiene ninguna relación con ella, sino por concesionarios y distribuidores autorizados, con los que la recurrente mantiene vínculos económicos y contractuales, extremo que no se discute en el presente asunto.
42
A este respecto, el Tribunal General ha tenido ocasión de señalar que el uso de la marca de una sociedad fabricante por una sociedad distribuidora vinculada económicamente a ella puede considerarse como un uso de dicha marca con el consentimiento del titular y, por tanto, hecho por el titular, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 [véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de febrero de 2011, J & F Participações/OAMI — Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, no publicada, EU:T:2011:47, apartado 32; de 5 de marzo de 2019, Meblo Trade/EUIPO — Meblo Int (MEBLO), T‑263/18, no publicada, EU:T:2019:134, apartado 80 y jurisprudencia citada, y de 16 de octubre de 2024, Fractal Analytics/EUIPO — Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, no publicada, EU:T:2024:696, apartado 102 y jurisprudencia citada].
43
Estas consideraciones se aplican mutatis mutandis cuando una sociedad de distribución autorizada por el titular de la marca de una sociedad fabricante, como la marca controvertida, utiliza dicha marca, en la medida en que tal autorización establezca una relación entre ambas sociedades que, a falta de indicación en contrario, presuponga que el titular de la marca ha autorizado, aunque solo sea tácitamente, al concesionario o al distribuidor autorizado a utilizar sus marcas en el marco de sus actividades económicas en el mercado.
44
En el presente asunto, esta apreciación se ve corroborada por los usos que se consideren justificados en el sector económico en cuestión y por las características del mercado de que se trata. En efecto, es habitual en el mercado del automóvil que los coches se comercialicen con una marca que designa al fabricante —en el presente asunto, la marca denominativa Ferrari o la marca figurativa de la recurrente que representa a un caballo rampante— y una segunda marca que designa el modelo —como la marca controvertida—, que están intrínsecamente vinculadas. Así pues, según los usos que se consideran justificados en este sector, un distribuidor o concesionario autorizado por Ferrari está autorizado a comercializar todos los modelos de coche de dicho fabricante. Además, según los usos que se consideran justificados en el sector de los automóviles de segunda mano, procede distinguir las ventas de vehículos de segunda mano efectuadas por un tercero independiente, que no tiene ninguna relación con el fabricante, de las realizadas por un concesionario o distribuidor autorizado por dicho fabricante. Esto es tanto más cierto cuando se trata, como en el presente asunto, de vehículos de segunda mano antiguos, de colección, de lujo y de alta gama, que son especialmente valorados y apreciados por coleccionistas. En efecto, es notorio que, en este mercado específico, el hecho de que estos automóviles sean vendidos por un concesionario o distribuidor autorizado por el titular de la marca puede indicar el origen comercial de dichos automóviles y generar confianza a los clientes en cuanto a que su mantenimiento y, en su caso, la sustitución de sus piezas de recambio y accesorios se han efectuado sin afectar al origen comercial del vehículo.
45
Por tanto, contrariamente a la Sala de Recurso, procede considerar que la venta de un automóvil de segunda mano de la marca TESTAROSSA por un concesionario o un distribuidor autorizado por el titular de la marca controvertida constituye un indicio de que dicha venta se efectúa con el consentimiento, aunque solo sea tácito, de este último.
46
En segundo lugar, la recurrente también presentó facturas emitidas por ella, dirigidas a clientes en Italia, Suiza, Países Bajos y Reino Unido, relativas al servicio de certificación mencionado en los apartados 24 y 25 de la presente sentencia.
47
Según la jurisprudencia, el uso efectivo, por parte de su titular, de una marca registrada para determinados productos, para servicios que se relacionan directamente con los productos ya comercializados y que están destinados a satisfacer las necesidades de los clientes de esos productos, puede constituir un «uso efectivo» de dicha marca, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari, C‑720/18 y C‑721/18, EU:C:2020:854, apartado 62).
48
Sin embargo, ese uso presupone el uso efectivo de la marca de que se trate en la prestación de los servicios en cuestión. En efecto, a falta de uso de dicha marca, no puede hablarse evidentemente de «uso efectivo» de ella, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009 (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari, C‑720/18 y C‑721/18, EU:C:2020:854, apartado 63).
49
En el presente asunto, de los autos y, en particular, del contenido de las facturas se desprende que el servicio de certificación tiene por objeto certificar la autenticidad de los automóviles de segunda mano de la marca TESTAROSSA («certificazione autenticità vettura Testarossa», en italiano). Como expuso la recurrente en la vista, tal «certificado de autenticidad», que expide en particular a sus concesionarios autorizados en el marco de la venta de vehículos de segunda mano de la marca TESTAROSSA, acredita, a cambio de una remuneración y tras las comprobaciones oportunas, que el automóvil en cuestión es un modelo Testarossa original.
50
La recurrente también ha presentado un documento titulado «ficha técnica», que constituye un ejemplo de solicitud de certificación de un automóvil de segunda mano de la marca TESTAROSSA. De ello se desprende que, para obtener un certificado de autenticidad, el solicitante debe facilitar información precisa sobre el origen de cada una de las piezas principales del vehículo, como el motor, la caja de cambios, el depósito o incluso la bomba de carburante, así como datos históricos sobre sus posibles sustituciones, todo ello respaldado por fotografías del coche y de sus piezas.
51
Por otra parte, la recurrente explicó, en su respuesta a una pregunta escrita del Tribunal General y en la vista, que tales certificados desempeñaban un papel importante en la venta de automóviles de segunda mano de la marca TESTAROSSA, en la medida en que garantizan a los compradores el origen comercial del vehículo y aumentan su valor en comparación con otro automóvil de segunda mano que no disponga de tal certificado.
52
En consecuencia, el servicio de certificación se relaciona directamente con las ventas de automóviles de segunda mano de la marca TESTAROSSA por concesionarios autorizados y está destinado a satisfacer las necesidades de los clientes de dichos automóviles, de modo que el uso en cuestión puede constituir, conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 47 de la presente sentencia, un «uso efectivo» de dicha marca, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009.
53
En cuanto al hecho, señalado por la Sala de Recurso, de que dicha certificación no se expida con la marca controvertida, sino con la marca Ferrari, basta señalar que la marca controvertida también figura, de forma claramente visible e identificable, en el propio objeto de estas facturas.
54
Pues bien, de reiterada jurisprudencia se desprende que no existe ningún precepto en el sistema de la marca de la Unión que obligue al titular a probar el uso de su marca por separado, de forma independiente de cualquier otra marca o de cualquier otro signo. Por tanto, puede suceder que dos o más marcas se usen conjuntamente y de forma autónoma, con o sin el nombre de la sociedad fabricante. De este modo, la utilización conjunta de otra marca y la marca controvertida no afecta por sí sola a la función de identificación que desempeña esa otra marca con respecto a los productos de que se trata [véase la sentencia de 8 de junio de 2022, Apple/EUIPO — Swatch (THINK DIFFERENT), T‑26/21 a T‑28/21, no publicada, EU:T:2022:350, apartado 87 y jurisprudencia citada]. Además, el requisito del uso efectivo de una marca puede cumplirse cuando la marca se utiliza conjuntamente con otra marca, siempre que la marca continúe siendo percibida como una indicación del origen del producto en cuestión [véase la sentencia de 23 de septiembre de 2020, CEDC International/EUIPO — Underberg (Forma de brizna de hierba dentro de una botella), T‑796/16, EU:T:2020:439, apartado 142 y jurisprudencia citada].
55
En el presente asunto, como se ha indicado en el apartado 44 de la presente sentencia, consta que es habitual que los automóviles se comercialicen con una marca que designa al fabricante y una segunda marca que designa el modelo, de modo que el uso simultáneo de la marca Ferrari y la marca controvertida, que designa un modelo específico de automóviles Ferrari, en las facturas relativas al servicio de certificación es conforme a los usos del mercado en cuestión.
56
Por tanto, la Sala de Recurso incurrió en error al descartar, por considerar que carecen de pertinencia, las pruebas relativas a la certificación de automóviles de segunda mano de la marca TESTAROSSA.
57
Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de la EUIPO según la cual la recurrente se mantuvo pasiva durante el período pertinente, pues, como se desprende de las consideraciones anteriores, en particular de las relativas al servicio de certificación, la recurrente participó en determinadas ventas de vehículos de segunda mano de la marca TESTAROSSA, efectuadas por sus concesionarios y distribuidores autorizados, y obtuvo un beneficio económico gracias a los ingresos generados por este servicio.
58
Por otra parte, en la medida en que la recurrente invoca el renombre de la marca controvertida en la Unión durante el período pertinente, procede recordar que la prueba del uso que incumbe al titular de la marca controvertida no puede suprimirse o mitigarse por haberse determinado que dicha marca gozaba de renombre en la Unión durante el período pertinente [sentencia de 8 de abril de 2016, Frinsa del Noroeste/EUIPO — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T‑638/14, no publicada, EU:T:2016:199, apartado 35], de modo que esa prueba debe aportarse con independencia del renombre.
59
Sin embargo, no puede excluirse que, en determinadas circunstancias, como en el presente asunto, el renombre de la marca controvertida constituya un elemento más que proporciona información sobre los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para obtener o mantener cuotas de mercado en beneficio de los productos o servicios protegidos por la marca, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 22 de la presente sentencia. En particular, como se ha indicado en el apartado 44 anterior, el hecho de que un automóvil especialmente reputado sea vendido por un concesionario o distribuidor autorizado por el titular de la marca puede generar confianza a los clientes en cuanto a que su mantenimiento y, en su caso, la sustitución de sus piezas de recambio y accesorios se han efectuado sin afectar al origen comercial del vehículo.
60
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede señalar que la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al concluir que la recurrente no había demostrado que hubiera consentido, tácitamente, el uso de la marca controvertida por terceros para «automóviles», comprendidos en la clase 12.
61
Por tanto, procede estimar los motivos segundo y tercero.
Cuarto motivo, relativo a la prueba del uso efectivo de la marca controvertida para piezas de recambio y accesorios
62
En la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró inadmisibles, en el marco del recurso interpuesto por la recurrente, las pruebas relativas al uso de la marca controvertida para piezas de recambio y accesorios, comprendidas en la clase 12, presentadas por la recurrente por primera vez ante ella, antes de desestimarlas en cuanto al fondo. En cambio, en el recurso interpuesto por el coadyuvante, examinó el fondo de esas mismas pruebas, sin pronunciarse sobre su admisibilidad. Al término de dicho examen, consideró que las citadas pruebas no permitían demostrar el uso efectivo de la marca controvertida para las piezas de recambio y accesorios.
63
Procede examinar la motivación de la resolución impugnada por lo que respecta a la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso y, a continuación, las alegaciones de la recurrente sobre el fondo.
– Sobre la motivación de la resolución impugnada
64
Según reiterada jurisprudencia, una falta o insuficiencia de motivación es un vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 263 TFUE y constituye un motivo de orden público que puede, e incluso debe, ser examinado de oficio por el juez de la Unión (sentencias de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartado 34, y de 9 de marzo de 2023, Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Comisión, C‑682/20 P, EU:C:2023:170, apartado 39). A este respecto, cabe precisar que el principio de contradicción forma parte del derecho de defensa y se aplica a cualquier procedimiento que pueda desembocar en una decisión de una institución de la Unión que afecte de manera sensible a los intereses de una persona (sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartado 50). Por tanto, el propio juez debe respetar el principio de contradicción, en particular cuando zanja un litigio sobre la base de un motivo examinado de oficio (sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartado 54).
65
A este respecto, procede recordar que, de conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009, la EUIPO podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.
66
Del tenor del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 se deriva que, en general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta tal presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n.o 207/2009 y que no se prohíbe en modo alguno a la EUIPO que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente (sentencias de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 42, y de 24 de enero de 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, apartado 55).
67
Al precisar que la EUIPO «podrá», en tal caso, decidir no tener en cuenta tales pruebas, el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 otorga a la EUIPO una amplia facultad de apreciación al objeto de decidir, motivando su decisión sobre este extremo, si procede o no tener en cuenta aquellas (sentencias de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 43, y de 28 de febrero de 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, apartado 49).
68
Por lo que respecta al ejercicio de esta facultad de apreciación, procede recordar que, según la jurisprudencia, tal toma en consideración puede justificarse, en particular, cuando la EUIPO considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden a primera vista ser realmente pertinentes y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración [véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de marzo de 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 44; de 28 de febrero de 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, apartado 63, y de 4 de octubre de 2018, Blackmore/EUIPO — Paice (DEEP PURPLE), T‑344/16, no publicada, EU:T:2018:648, apartado 54].
69
En el presente asunto, en primer lugar, como se ha recordado en el apartado 62 de la presente sentencia, en el recurso interpuesto por la recurrente, la Sala de Recurso declaró la inadmisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante ella, relativas a las piezas de recambio y accesorios, por haber sido presentadas extemporáneamente. A tal fin, en los apartados 168 y 169 de la resolución impugnada, se limitó a indicar que las pruebas presentadas ante la División de Anulación no eran «satisfactorias» y que, «habida cuenta de [su] falta de solidez […], la facultad discrecional no [podía] ejercerse a favor de la [recurrente]».
70
Esta motivación no permite cerciorarse de que la Sala de Recurso haya examinado la admisibilidad de esas pruebas a la luz de los criterios jurisprudenciales evocados en el apartado 68 de la presente sentencia. En particular, no permite comprobar si la Sala de Recurso examinó si tales pruebas podían a primera vista ser realmente pertinentes para la solución del recurso interpuesto ante ella y si la fase del procedimiento en la que se produjo dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodeaban se oponían a esa toma en consideración. A este respecto, la mera afirmación de que las pruebas presentadas ante la División de Anulación no eran «satisfactorias» no constituye una motivación suficiente, puesto que no aporta ninguna información que permita comprender por qué no se cumplen en el presente asunto los criterios establecidos por la jurisprudencia, que permiten que las salas de recurso tengan en cuenta pruebas presentadas extemporáneamente.
71
Al ser interrogada en la vista sobre si la resolución impugnada adolecía de una motivación insuficiente en cuanto a la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso, la EUIPO indicó, en esencia, que no era necesario analizar esos criterios en la medida en que, en cualquier caso, tales pruebas habían sido examinadas posteriormente en cuanto al fondo en la resolución impugnada.
72
Sin embargo, el hecho de que las citadas pruebas hayan sido examinadas, en cualquier caso, en cuanto al fondo no subsana la insuficiencia de motivación de que adolece la resolución impugnada por lo que respecta a su inadmisibilidad, sino que se refiere más bien a las consecuencias de esta insuficiencia en la legalidad de la resolución impugnada, que se analizarán a continuación.
73
En estas circunstancias, procede señalar que la resolución impugnada adolece de una insuficiencia de motivación, que el Tribunal General debe declarar de oficio.
74
En segundo lugar, como se ha indicado en el apartado 62 de la presente sentencia, cabe observar que la Sala de Recurso, por un lado, declaró inadmisibles dichas pruebas en el recurso interpuesto por la recurrente, mientras que, por el otro, en el del recurso interpuesto por el coadyuvante, no declaró la supuesta inadmisibilidad de esas mismas pruebas y procedió directamente a examinarlas en cuanto al fondo.
75
Mediante una pregunta escrita, el Tribunal General instó a las partes a presentar sus observaciones sobre el eventual carácter incoherente de la motivación de la resolución impugnada a este respecto, en el supuesto de que el Tribunal General considerase pertinente plantear de oficio esta cuestión. En respuesta a dicha pregunta, la recurrente alegó que la resolución impugnada adolecía de una contradicción en su motivación a este respecto, que debía dar lugar a su anulación. Por su parte, la EUIPO señaló que el criterio de la Sala de Recurso no era contradictorio, puesto que, en cualquier caso, las pruebas de que se trata habían sido examinadas y desestimadas en cuanto al fondo en ambos recursos, de modo que la motivación contradictoria en cuestión no afectaba a la legalidad de la resolución impugnada. El coadyuvante formuló alegaciones análogas.
76
A este respecto, procede señalar que la resolución impugnada adolece de una contradicción en su motivación que el Tribunal General debe examinar de oficio, en la medida en que las mismas pruebas fueron declaradas inadmisibles, con carácter principal, en el recurso interpuesto por la recurrente, mientras que se consideraron admisibles, implícita pero necesariamente, en el recurso interpuesto por el coadyuvante.
77
En cuanto a la alegación de la EUIPO reproducida en el apartado 75 de la presente sentencia, debe observarse, como se ha indicado en el apartado 72 anterior, que no tiene incidencia en el hecho de que la resolución impugnada adolece de una contradicción en su motivación por lo que respecta a la inadmisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso, sino que se refiere más bien a las consecuencias de esta contradicción en la legalidad de la resolución impugnada, que se analizarán a continuación.
78
Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal General no está en condiciones de determinar si la Sala de Recurso podía, sin incurrir en error, declarar inadmisibles las pruebas en cuestión. En efecto, como se ha expuesto en los apartados 72 y 76 de la presente sentencia, la resolución impugnada adolece, por un lado, de una motivación insuficiente y, por el otro, de una contradicción en su motivación.
79
En estas circunstancias, procede examinar la alegación de la EUIPO según la cual los vicios de motivación señalados anteriormente no afectan a la legalidad de la resolución impugnada, en la medida en que, en cualquier caso, la Sala de Recurso desestimó dichas pruebas en cuanto al fondo.
– Sobre el fondo
80
En la resolución impugnada, en primer lugar, la Sala de Recurso declaró que la marca controvertida no había sido utilizada para piezas de recambio y accesorios por la recurrente, sino por comerciantes independientes, y que de las pruebas no se desprendía que dicho uso se hubiera hecho con el consentimiento de la recurrente. En segundo lugar, señaló que la marca controvertida había sido utilizada, para dichos productos, con fines «descriptivos», y no para indicar su origen comercial. Según la Sala de Recurso, las pruebas presentadas por la recurrente no distinguían entre las piezas de recambio y accesorios vendidos con la marca controvertida y las piezas de recambio y accesorios genéricos compatibles con los automóviles del modelo Testarossa. En tercer lugar, por lo que respecta a las pruebas que muestran piezas de recambio y accesorios que llevan la marca controvertida, la Sala de Recurso subrayó que se trataba de casos aislados que no eran suficientes para demostrar un uso efectivo de la marca controvertida para tales piezas y accesorios.
81
Por un lado, la recurrente alega que la Sala de Recurso incurrió en error al negarse a reconocer el uso efectivo de la marca controvertida para las piezas de recambio y accesorios. A este respecto, reprocha a dicha Sala haber afirmado erróneamente que los terceros que intervenían en la venta de esas piezas y accesorios eran «comerciantes independientes» y que no podía considerarse que el uso de la marca controvertida para tales productos demostrara un uso efectivo para los automóviles «debido a la desproporción de [su] valor». Observa asimismo que, en su examen, la Sala de Recurso no tomó en consideración los criterios pertinentes para apreciar el uso efectivo, a saber, la naturaleza de los productos de que se trata, las características del mercado y la frecuencia del uso. Afirma, además, que la Sala de Recurso incurrió en error al interpretar el concepto de «uso efectivo» y al apreciar tal uso por parte de terceros, pues consideró erróneamente que las pruebas presentadas no bastaban para demostrar que se cumplía la función esencial de la marca.
82
Por otro lado, la recurrente aduce que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la jurisprudencia según la cual el uso de una marca registrada para piezas de recambio que forman parte integrante de los productos cubiertos por dicha marca puede constituir un uso efectivo no solo para las propias piezas de recambio, sino también para los productos cubiertos por dicha marca.
83
La EUIPO y el coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente y sostienen que el uso efectivo de la marca controvertida para las piezas de recambio y accesorios no ha sido probado y, en cualquier caso, no permite demostrar el uso para los «automóviles». Consideran que la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari (C‑720/18 y C‑721/18, EU:C:2020:854), no permite concluir automáticamente que el uso para piezas de recambio constituye un uso efectivo para los automóviles. El coadyuvante insiste en que las piezas de recambio y accesorios son productos secundarios, que suelen ser vendidos por revendedores independientes que utilizan la marca con carácter «descriptivo», sin que exista un vínculo directo con su titular. Observa asimismo que la recurrente no presentó contratos de licencia relativos al uso de la marca controvertida para piezas de recambio y accesorios.
84
En el presente asunto, la recurrente no cuestiona la apreciación de la Sala de Recurso según la cual las piezas de recambio y accesorios comercializados con la marca controvertida durante el período pertinente eran «principalmente» piezas de segunda mano.
85
Además, es pacífico entre las partes que el uso de la marca controvertida para las piezas de recambio y accesorios que invoca la recurrente no fue hecho por ella misma, sino por terceros.
86
A este respecto, la demandante no afirma haber dado su consentimiento expreso a tal uso. En cambio, sostiene que las pruebas que presentó ante la EUIPO, consideradas en su conjunto, sí permiten demostrar que dio su consentimiento tácito a este respecto.
87
En la vista, la recurrente también indicó que uno de sus concesionarios, que durante el período pertinente vendía piezas de recambio y accesorios con la marca controvertida, a saber, Maranello, pertenecía, en realidad, al mismo grupo de sociedades que ella. Sin embargo, en la medida en que esta circunstancia no se desprende de los autos ni ha sido respaldada por ninguna prueba, el Tribunal General no puede tomarla en consideración.
88
En primer término, es preciso señalar, como hizo la recurrente, y contrariamente a lo que declaró la Sala de Recurso, que, durante el período pertinente, como se desprende de las pruebas presentadas por la recurrente, el uso de la marca controvertida para las piezas de recambio y accesorios no fue realizado por comerciantes independientes, que no tenían ninguna relación con la recurrente, sino por concesionarios y distribuidores autorizados, con los que la recurrente mantenía vínculos económicos y contractuales.
89
En efecto, entre las pruebas presentadas por la recurrente figuran varias capturas de pantalla y extractos del sitio de Internet de Maranello, de los que se desprende que esta empresa posee los «derechos exclusivos de distribución mundial de todas las piezas producidas en fábrica para los automóviles Ferrari anteriores a 1995» y que vende piezas de recambio y accesorios «Ferrari», descritos como «piezas originales» («genuine parts»), conformes a los estándares aprobados, cuya calidad, seguridad y fiabilidad han sido verificadas. La recurrente también presentó facturas emitidas por Maranello y por otros concesionarios autorizados, que muestran la venta de tales piezas y accesorios a particulares en Alemania, Suiza y la República Checa, o incluso la prestación de servicios de reparación de automóviles de la marca TESTAROSSA.
90
Además, como se ha señalado en los apartados 49 y 50 de la presente sentencia, la recurrente ofrece, en particular, a concesionarios y distribuidores autorizados, el servicio de certificación, que tiene por objeto certificar la autenticidad de los automóviles de segunda mano de la marca TESTAROSSA e incluye la verificación del origen comercial de las piezas principales del vehículo.
91
Por tanto, por razones análogas a las expuestas en los apartados 34 a 56 de la presente sentencia, procede señalar que la recurrente ha demostrado haber dado su consentimiento tácito al uso de la marca controvertida, por parte de terceros, para piezas de recambio y accesorios.
92
En segundo término, la Sala de Recurso declaró que las pruebas presentadas por la recurrente mostraban un uso «descriptivo» de la marca controvertida para las piezas de recambio y accesorios, con el único fin de indicar que tales productos eran compatibles con automóviles de la marca TESTAROSSA.
93
A este respecto, debe observarse que la Sala de Recurso no tomó suficientemente en consideración el hecho de que las ventas de piezas de recambio y accesorios efectuadas por concesionarios autorizados, en particular por Maranello, se referían sobre todo a piezas originales («genuine parts») de la marca TESTAROSSA, como ya había alegado la recurrente ante la Sala de Recurso y ante la División de Anulación, y como se desprende del apartado 89 de la presente sentencia. En este sentido, es preciso señalar asimismo que determinadas pruebas, como las facturas emitidas por Maranello, contienen numerosas referencias a piezas de recambio y accesorios designados específicamente por la marca controvertida.
94
En cualquier caso, la propia Sala de Recurso reconoció, en el apartado 197 de la resolución impugnada, que determinadas piezas de recambio y accesorios llevaban la marca controvertida, si bien indicó que se trataba de «casos aislados». No obstante, la cuestión de si se trata o no de «casos aislados» se refiere al alcance del uso de la marca para tales piezas y accesorios y no a la naturaleza de dicho uso, que, como se ha indicado en el apartado 27 de la presente sentencia, constituye el único objeto del presente litigio.
95
De lo anterior se deduce que las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas al uso de la marca controvertida para piezas de recambio y accesorios adolecen de errores.
96
Por añadidura, procede señalar, como hace la recurrente, que el uso de la marca controvertida para las piezas de recambio y accesorios también puede constituir un uso de esta para los «automóviles», extremo que la Sala de Recurso negó erróneamente.
97
En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el uso, por parte de su titular o con el consentimiento de este, de una marca registrada para piezas de recambio que forman parte integrante de los productos cubiertos por dicha marca puede constituir un «uso efectivo», en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009, no solo para las propias piezas de recambio, sino también para los productos cubiertos por dicha marca. A este respecto, es irrelevante que el registro de la citada marca abarque no solo los productos enteros, sino también sus piezas de recambio (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari, C‑720/18 y C‑721/18, EU:C:2020:854, apartado 35).
98
Por consiguiente, una marca registrada para una categoría de productos y piezas de recambio que los componen ha sido objeto de un «uso efectivo», en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 207/2009, para todos los productos comprendidos en esa categoría y las piezas de recambio que los componen, si la marca solo ha sido objeto de tal uso para algunos de esos productos, como los coches deportivos de lujo de elevado precio, o solamente para las piezas de recambio o los accesorios que componen algunos de los referidos productos, a menos que de los hechos y pruebas pertinentes se desprenda que el consumidor que desea adquirir los mismos productos los percibe como una subcategoría independiente de la categoría de productos para la que se ha registrado la marca en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari, C‑720/18 y C‑721/18, EU:C:2020:854, apartado 53).
99
Por tanto, correspondía a la Sala de Recurso apreciar de manera concreta, principalmente teniendo en cuenta los productos o servicios en relación con los cuales el titular de una marca aportó la prueba del uso de su marca, si esos productos o servicios constituyen una subcategoría independiente respecto de los productos y servicios comprendidos en la clase de productos o servicios de que se trate, de manera que los productos o servicios para los que se ha probado el uso efectivo de la marca se pongan en relación con la categoría de los productos o servicios a que se refiere la solicitud de registro de dicha marca (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari, C‑720/18 y C‑721/18, EU:C:2020:854, apartado 41 y jurisprudencia citada).
100
Pues bien, la Sala de Recurso no efectuó tal examen en la resolución impugnada. En efecto, no constató que dichas piezas de recambio y accesorios constituían una subcategoría independiente con respecto a los automóviles, de modo que la prueba del uso de los primeros carece de pertinencia para los segundos.
101
La Sala de Recurso se limitó a declarar, por un lado, la existencia de una desproporción entre el valor económico de las piezas de recambio y los accesorios y el de los automóviles. No obstante, procede señalar, como hace la recurrente, que, al basarse en el valor económico de las piezas de recambio y accesorios, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la jurisprudencia reiterada, según la cual, en la medida en que el consumidor busca ante todo un producto o un servicio que pueda satisfacer sus necesidades específicas, la finalidad o el destino del producto o del servicio de que se trate tiene un carácter esencial en la orientación de su elección. Por ello, en la medida en que es aplicado por los consumidores con anterioridad a cualquier compra, el criterio de finalidad o de destino es un criterio primordial en la definición de una subcategoría de productos o de servicios [sentencias de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, apartado 29; de 16 de mayo de 2013, Aleris/OAMI — Carefusion 303 (ALARIS), T‑353/12, no publicada, EU:T:2013:257, apartado 22, y de 24 de enero de 2024, Agus/EUIPO — Alpen Food Group (ROYAL MILK), T‑603/22, no publicada, EU:T:2024:29, apartado 32].
102
Por otro lado, la Sala de Recurso subrayó que el público pertinente no consideraría que los fabricantes de piezas de recambio y accesorios tienen la capacidad técnica de fabricar automóviles, en la medida en que es bien sabido que los fabricantes de automóviles no fabrican todas las piezas de recambio y accesorios de sus vehículos. No obstante, si bien es cierto que los propios fabricantes de automóviles no suelen producir la totalidad de las piezas de recambio y accesorios y que, a la inversa, los fabricantes de tales piezas y accesorios no fabrican necesariamente automóviles, no lo es menos que determinadas piezas de recambio y accesorios son producidos, en efecto, por los propios fabricantes de automóviles o por terceros en virtud de una licencia. Por tanto, no existe una regla general según la cual el público pertinente considerará necesariamente que los automóviles y las piezas de recambio y accesorios de dichos automóviles proceden de dos fabricantes diferentes.
103
A la vista de las consideraciones que preceden, la resolución impugnada también adolece de errores de apreciación por lo que respecta a la pertinencia de las pruebas relativas a las piezas de recambio y accesorios para demostrar el uso de la marca controvertida para los automóviles. Estos errores se suman al señalado en el apartado 60 de la presente sentencia.
104
De cuanto antecede resulta que procede estimar el cuarto motivo.
105
Habida cuenta de lo anterior, y contrariamente a lo que alega la EUIPO, los vicios de motivación mencionados en los apartados 72 y 78 de la presente sentencia afectan a la solución del litigio. En consecuencia, la resolución impugnada adolece tanto de falta de motivación, por lo que respecta a la admisibilidad de las pruebas relativas a las piezas de recambio y accesorios, como de errores de apreciación, en lo que atañe a su examen en cuanto al fondo, de modo que debe anularse también a este respecto.
106
Por tanto, procede anular la resolución impugnada en su totalidad, sin que sea necesario examinar el primer motivo.
Costas
107
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la EUIPO y el coadyuvante, procede condenarlos en costas, conforme a lo solicitado por la recurrente.
108
Por otra parte, la recurrente ha solicitado que se condene a la EUIPO y al coadyuvante a cargar con las costas en las que incurrió en el procedimiento ante la Sala de Recurso. A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Por tanto, procede condenar asimismo a la EUIPO y al coadyuvante a cargar con los gastos indispensables soportados por la recurrente a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava ampliada)
decide:
1)
Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 29 de agosto de 2023 (asuntos acumulados R 334/2017‑5 y R 343/2017‑5).
2)
La EUIPO y el Sr. Kurt Hesse cargarán, además de con sus propias costas, con las de Ferrari SpA, incluidos los gastos indispensables soportados a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso.
Kornezov
De Baere
Petrlík
Kecsmár
Kingston
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de julio de 2025.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.