PIECK 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) 
de3dejuliodel980* 
En el asunto 157/79, 
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo 
al artículo 177 del Tratado CEE, por la Pontypridd Magistrates' Court de Mid 
Glamorgan, Wales, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho 
órgano jurisdiccional entre 
The Queen 
y 
Stanislaus Pieck, 
una decisión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 7 y 48 del 
Tratado CEE, así como de las Directivas del Consejo 68/360/CEE, de 15 de 
octubre de 1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la 
estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro 
de la Comunidad (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), y 64/221/CEE, de 25 de 
febrero de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los 
extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia, justificadas pol­
lazones de orden público, seguridad y salud pública (DO 1964, 56, p. 850; EE 
05/01, p. 36), 
Lengua de procedimiento: inglés. 
663
SENTENCIA DE 3.7.1980 - ASUNTO 157/79 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 
integrado por los Sres.: A. O'Keeffe, Presidente de Sala, G. Bosco y 
T. Koopmans, Jueces; 
Abogado General: Sr. J.P. Warner; 
Secretario: Sr. J.A. Pompe, Secretario adjunto; 
dicta la siguiente 
Sentencia 
(No se transcriben los antecedentes de hecho.) 
Fundamentos de Derecho 
1 Mediante resolución de 5 de septiembre de 1979, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 10 de octubre siguiente, la Pontypridd Magistrates' Court planteó, 
con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones relativas a la 
interpretación de los artículos 7 y 48 del Tratado, así como de las Directivas 
del Consejo 64/221/CEE, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las 
medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de 
residencia, justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública 
(DO 1964, 56, p. 850; EE 05/01, p. 36), y 68/360/CEE, de 15 de octubre de 
1968, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los 
trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad 
(DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88). 
2 El organo jurisdiccional nacional instruyó un proceso penal contra un nacional . 
neerlandés residente en Cardiff, País de Gales, donde ejercía una actividad por 
cuenta ajena, a quien se le imputaba el haber permanecido voluntariamente en 
el Reino Unido, una vez transcurrido el plazo permitido, sin ser un «patrial» 
(nacional británico con derecho a residir en el Reino Unido) y habiendo sido 
664
PIECK 
autorizado únicamente a entrar o a permanecer en el Reino Unido durante un 
período limitado. El imputado no tenía tarjeta de residencia; la última vez que 
entró en territorio británico, el 29 de julio de 1978, se estampó en su pasaporte 
un sello con la mención: «autorización de entrada en el Reino Unido durante 
un período de 6 meses». 
Sobre la primera cuestión 
3 Mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber 
cuál es el sentido de los términos «visado de entrada u obligación equivalente», 
contenidos en el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 68/360. 
4 El Tribunal de Justicia ya ha declarado en diferentes ocasiones que el derecho 
de los ciudadanos de un Estado miembro a entrar en el territorio de otro Estado 
miembro y a residir en él constituye, con arreglo a los objetivos perseguidos 
por el Tratado, un derecho conferido directamente por éste, según el caso, pol­
las disposiciones de aplicación. 
5 La Directiva 68/360 tiene por objeto, tal y como indican sus considerandos, 
adoptar, en cuanto a la supresión de las restricciones aún existentes en materia 
de desplazamiento y residencia en la Comunidad, medidas acordes con los 
derechos y facultades reconocidos a los nacionales de los Estados miembros, 
por el Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, 
relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO 
L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77). Con este fin, la Directiva determina las 
circunstancias en las que los ciudadanos de los Estados miembros pueden 
ejercer el derecho a abandonar el territorio de su país de origen para acceder 
a una actividad por cuenta ajena en el territorio de otro Estado miembro, así 
como su derecho a ser admitidos en el territorio de este último Estado y residir 
en él. 
6 El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva dispone, a este respecto, que los 
Estados miembros admitirán en su territorio a las personas a las que se aplica 
el Reglamento n° 1612/68, mediante la simple presentación de una tarjeta de 
identidad o de un pasaporte válido. El apartado 2 añade que no se podrá 
imponer ningún visado de entrada ni otra obligación equivalente a los 
trabajadores de que se trata. 
665
SENTENCIA DE 3.7.1980 - ASUNTO 157/79 
7 El Gobierno británico ha mantenido, durante la vista celebrada ante el Tribunal 
de Justicia, que la expresión «visado de entrada» se refiere exclusivamente a 
una autorización escrita, expedida con anterioridad a la llegada del viajero a la 
frontera, que figura en el pasaporte o en un documento separado. Por el 
contrario, un sello que se estampa en el pasaporte en el momento de la llegada 
y que autoriza la entrada en el territorio no puede considerarse un visado de 
entrada o un documento equivalente. 
8 Este argumento no puede admitirse. A efectos de la aplicación de la Directiva, 
que pretende suprimir las restricciones al desplazamiento de los trabajadores 
comunitarios dentro de la Comunidad, el momento en que se haya concedido 
la autorización para entrar en el territorio de un Estado miembro, y se haya 
indicado en un pasaporte o en otro documento, carece de importancia. Además, 
el derecho de los trabajadores comunitarios a entrar en el territorio de un 
Estado miembro, que el Derecho comunitario les confiere, no puede 
subordinarse a la expedición, por parte de la Administración de dicho Estado 
miembro, de la autorización correspondiente. 
9 Es cierto que el derecho de entrada de los trabajadores de que se trata no es 
ilimitado. Sin embargo, la única restricción que el artículo 48 del Tratado 
establece en lo relativo a la libertad de desplazamiento en el territorio de los 
Estados miembros, consiste en las limitaciones justificadas por razones de 
orden público, de seguridad y de salud públicas. Esta restricción debe 
entenderse, no como un requisito previo para adquirir el derecho de entrada y 
de residencia, sino como la posibilidad de restringir, en casos particulares y 
debidamente justificados, el ejercicio de un derecho que se deriva directamente 
del Tratado. Portanto, no justifica aquellas medidas administrativas que exijan, 
de modo general, otras formalidades en la frontera que no sean la simple 
presentación de una tarjeta de identidad o de un pasaporte válido. 
10 Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión que el apartado 2 del 
artículo 3 de la Directiva 68/360, que prohibe a los Estados miembros imponer 
un visado de entrada u otra obligación equivalente a los trabajadores 
comunitarios que se desplacen dentro de la Comunidad, debe interpretarse en 
el sentido de que los términos «visado de entrada u obligación equivalente» se 
refieren a toda formalidad destinada a autorizar la entrada en el territorio de un 
Estado miembro y que se sume al control en la frontera del pasaporte o de la 
666
PIECK 
tarjeta de identidad, independientemente del lugar y del momento en que se 
expida dicha autorización y de su forma. 
Sobre la segunda cuestión 
11 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber 
si, cuando un nacional comunitario entra en el territorio de un Estado miembro, 
la concesión, por parte de este último, de una autorización de residencia inicial 
para un período limitado a 6 meses, es compatible con los artículos 7 y 48 del 
Tratado, así como con las Directivas 64/221 y 68/360. 
12 El artículo 4 de la Directiva 68/360 dispone que los Estados miembros 
reconocerán el derecho de residencia en su territorio a las personas a las que 
se refiere la Directiva, y añade que dicho derecho se «acreditará» mediante la 
expedición de una autorización de residencia especial. Esta disposición debe 
interpretarse a la luz de los considerandos de la Directiva, según los cuales, la 
normativa aplicable en materia de residencia debe aproximar, lo más posible, 
la situación de los trabajadores de los demás Estados miembros a la de los 
nacionales. 
13 Este Tribunal de Justicia ya ha declarado, en su sentencia de 14 de julio de 
1977, Sagulo y otros (8/77,** Rec. p. 1495) que la expedición del documento 
especial de residencia previsto en el artículo 4, antes citado, sólo tiene efecto 
declarativo y no puede asimilarse, para los extranjeros titulares de los derechos 
derivados del artículo 48 del Tratado o de disposiciones paralelas, a una 
autorización de residencia como la prevista para los extranjeros en general, que 
implique una facultad discrecional de las autoridades nacionales. El Tribunal 
de Justicia dedujo de ello que un Estado miembro no puede exigir a una 
persona amparada por las disposiciones del Derecho comunitario la posesión 
de una autorización de residencia general, en lugar del documento previsto en 
el artículo 4 de la Directiva 68/360. 
14 Se desprende de ello que este Tribunal de Justicia ya respondió a la segunda 
cuestión en la sentencia antes citada. 
667
SENTENCIA DE 3.7.1980 - ASUNTO 157/79 
Sobre la tercera cuestión 
15 En la tercera cuestión se plantea si un nacional comunitario, que permanece en 
el territorio de un Estado miembro una vez finalizado el período previsto en la 
autorización de residencia, puede ser condenado en dicho Estado a penas 
privativas de libertad o que conlleven una propuesta de expulsión. 
16 En la mencionada sentencia de 14 de julio de 1977, este Tribunal de Justicia 
ya manifestó que no procedía aplicar sanciones penales u otras medidas 
coercitivas, cuando una persona amparada por el Derecho comunitario no 
hubiera observado las disposiciones nacionales que exigen que dicha persona 
esté en posesión de una autorización de residencia general, en lugar del 
documento previsto por la Directiva 68/360, ya que las autoridades nacionales 
no pueden sancionar el incumplimiento de una norma incompatible con el 
Derecho comunitario. 
17 No obstante, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, puestas de 
relieve por el órgano jurisdiccional nacional, y a la luz de la respuesta que 
acaba de darse a la segunda cuestión, también puede interpretarse que la tercera 
cuestión plantea el problema de si un nacional de un Estado miembro, al que 
se aplica el régimen de libre circulación de trabajadores, que no se ha 
procurado la autorización de residencia especial prevista en el artículo 4 de la 
Directiva 68/360, puede ser sancionado con penas privativas de libertad o que 
conlleven una propuesta de expulsión. 
18 Entre las sanciones que lleven aparejada la inobservancia de las formalidades 
necesarias para acreditar el derecho de residencia de un trabajador amparado 
por el Derecho comunitario, la expulsión es, ciertamente, incompatible con las 
disposiciones del Tratado, dado que tal medida constituye la negación del 
propio derecho que el Tratado otorga y garantiza, tal y como el Tribunal de 
Justicia ha declarado ya en otros asuntos. 
19 En cuanto a otras sanciones, como la multa y la privación de libertad, si bien 
las autoridades nacionales pueden suponer, en relación con el incumplimiento 
de las disposiciones relativas a los permisos de residencia, sanciones 
comparables a las que se aplican a infracciones nacionales de orden menor, no 
está justificado, sin embargo, imponer una pena tan desproporcionada a la 
gravedad de la infracción que se convierta en un obstáculo para la libre 
668
PIECK 
circulación de personas. Este sería concretamente el caso, si dicha pena 
incluyera la privación de libertad. 
20 De ello se desprende que un nacional comunitario, al cual se aplique el régimen 
de libre circulación de trabajadores, que no se haya procurado la autorización 
de residencia especial prevista en el artículo 4 de la Directiva 68/360, no puede 
ser sancionado con una propuesta de expulsión o con penas que incluyan la 
privación de libertad. 
Costas 
21 Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de 
las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este 
Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el 
procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un 
incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste 
resolver sobre las costas. 
En virtud de todo lo expuesto, 
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera), 
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Pontypridd Magistrates' 
Court de Mid Glamorgan, Wales mediante resolución de 5 de septiembre de 
1979, declara: 
1) El apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 68/360/CEE, de 15 de 
octubre de 1968, que prohibe a los Estados miembros imponer un 
visado de entrada u otra obligación equivalente a los trabajadores 
comunitarios que se desplacen dentro de la Comunidad, debe 
interpretarse en el sentido de que los términos «visado de entrada u 
obligación equivalente» se refieren a toda formalidad destinada a 
autorizar la entrada en el territorio de un Estado miembro y que se 
669
SENTENCIA DE 3.7.1980 - ASUNTO 157/79 
sume al control en la frontera del pasaporte o de la tarjeta de 
identidad, independientemente del lugar y del momento en que se 
expida dicha autorización y de su forma. 
2) a) La expedición del documento especial de residencia previsto en el 
artículo 4 de la Directiva del Consejo 68/360, de 15 de octubre de 
1968, sólo tiene efecto declarativo y no puede asimilarse, para los 
extranjeros titulares de los derechos derivados del artículo 48 del 
Tratado CEE o de disposiciones paralelas, a una autorización de 
residencia como la prevista para los extranjeros en general, que 
implique una facultad discrecional de las autoridades nacionales. 
b) Un Estado miembro no puede exigir a una persona amparada 
por el Derecho comunitario la posesión de una autorización 
de residencia general, en lugar del documento previsto en el 
apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 68/360 interpretado 
en relación con su Anexo. 
3) Un nacional comunitario, al cual se aplique el régimen de libre 
circulación de trabajadores, que no se haya procurado la autorización 
de residencia especial prevista en el artículo 4 de la Directiva 68/360, 
no puede ser sancionado con una propuesta de expulsión o con penas 
que incluyan la privación de libertad. 
O'Keeffe Bosco Koopmans 
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de julio de 1980. 
Por el Secretario 
H.A. Rühl 
Administrador principal 
El Presidente de la Sala Primera 
A. O'Keeffe 
670