62023CJ0811
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 29 de enero de 2026 (
*1
)
«Recurso de casación — Política comercial — Medidas de política comercial relativas a determinados productos originarios de los Estados Unidos de América — Reglamento de Ejecución (UE) 2020/502 — Medidas adoptadas por los Estados Unidos sobre las importaciones de determinados productos derivados del acero y del aluminio — Decisión de la Unión Europea de suspensión de concesiones comerciales y otras obligaciones equivalentes — Derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de productos procedentes de los Estados Unidos — Artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Principio de buena administración — Derecho a ser oído — Principio ne ultra petita»
En el asunto C‑811/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 26 de diciembre de 2023,
Comisión Europea, representada por los Sres. G.‑D. Balan y M. Mataija, en calidad de agentes,
parte recurrente,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Zippo Manufacturing Co., con domicilio social en Bradford (Estados Unidos),
Zippo GmbH, con domicilio social en Emmerich am Rhein (Alemania),
representadas por los Sres. R. MacLean, avocat, y D. Sevilla Pascual, abogado,
partes demandantes en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. K. Jürimäe (Ponente), Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. F. Schalin, M. Gavalec y N. Fenger, Jueces;
Abogada General: Sra. T. Ćapeta;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 5 de junio de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 18 de octubre de 2023, Zippo Manufacturing y otros/Comisión (T‑402/20, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:640), por la que el Tribunal General anuló el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/502 de la Comisión, de 6 de abril de 2020, sobre determinadas medidas de política comercial relativas a determinados productos originarios de los Estados Unidos de América (DO 2020, L 109, p. 10; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»), en la medida en que se refiere a los productos comprendidos en la subpartida 96138000 de la nomenclatura combinada establecida por el Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (DO 1987, L 256, p. 1) (en lo sucesivo, «código NC 96138000»).
Marco jurídico
Derecho internacional
2
El Acuerdo sobre Salvaguardias figura en el anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (DO 1994, L 336, p. 1) (en lo sucesivo, «Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC»).
3
El artículo 8 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, titulado «Nivel de las concesiones y otras obligaciones», establece en su apartado 2:
«Si en las consultas que se celebren con arreglo al párrafo 3 del artículo 12 no se llega a un acuerdo en un plazo de 30 días, los Miembros exportadores afectados podrán, a más tardar 90 días después de que se haya puesto en aplicación la medida, suspender, al expirar un plazo de 30 días contado a partir de la fecha en que el Consejo del Comercio de Mercancías haya recibido aviso por escrito de tal suspensión, la aplicación, al comercio del Miembro que aplique la medida de salvaguardia, de concesiones u otras obligaciones sustancialmente equivalentes resultantes del [Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT)] de 1994, cuya suspensión no desapruebe el Consejo del Comercio de Mercancías.»
4
El artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, titulado «Notificación y consultas», establece en su apartado 3:
«El Miembro que se proponga aplicar o prorrogar una medida de salvaguardia dará oportunidades adecuadas para que se celebren consultas previas con los Miembros que tengan un interés sustancial como exportadores del producto de que se trate, con el fin de, entre otras cosas, examinar la información proporcionada en virtud del párrafo 2, intercambiar opiniones sobre la medida y llegar a un entendimiento sobre las formas de alcanzar el objetivo enunciado en el párrafo 1 del artículo 8.»
Derecho de la Unión
5
Con arreglo al artículo 1 del Reglamento (UE) n.o 654/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, sobre el ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas comerciales internacionales y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 3286/94 del Consejo por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (DO 2014, L 189, p. 50), que lleva por título «Objeto»:
«El presente Reglamento establece normas y procedimientos a fin de garantizar el ejercicio rápido efectivo por la Unión [Europea] de sus derechos a suspender o retirar concesiones u otras obligaciones en el marco de acuerdos comerciales internacionales con la intención de:
a)
responder a infracciones de las normas comerciales internacionales por parte de terceros países que afecten a los intereses de la Unión, con vistas a encontrar una solución satisfactoria que restablezca los beneficios para los operadores económicos de la Unión;
b)
reequilibrar las concesiones u otras obligaciones de las relaciones comerciales con terceros países, cuando el trato otorgado a las mercancías de la Unión se altere de tal modo que afecte a los intereses de la Unión.»
6
El artículo 3 del Reglamento n.o 654/2014, titulado «Ámbito de aplicación», establece en su letra c):
«El presente Reglamento se aplicará:
[…]
c)
para el reequilibrio de concesiones u otras obligaciones al que pueda dar derecho la aplicación de una medida de salvaguardia por un tercer país con arreglo al artículo 8 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC o a las disposiciones sobre salvaguardias incluidas en otros acuerdos comerciales internacionales, incluidos los regionales o bilaterales».
7
El artículo 4 de este Reglamento, titulado «Ejercicio de los derechos de la Unión», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Cuando sea necesario actuar para salvaguardar los intereses de la Unión en los casos a los que se refiere el artículo 3, la Comisión adoptará un acto de ejecución que determine las medidas de política comercial apropiadas. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen a que se refiere el artículo 8, apartado 2.»
8
Según el artículo 9, apartado 1, del citado Reglamento, titulado «Recogida de información»:
«La Comisión recabará información y puntos de vista sobre los intereses económicos de la Unión en determinadas mercancías o servicios o en determinados sectores, en aplicación del presente Reglamento, mediante un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea u otro medio de comunicación público adecuado, indicando el plazo en el que deban presentarse tales aportaciones. La Comisión tendrá en cuenta las aportaciones recibidas.»
Antecedentes del litigio y Reglamento controvertido
9
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 13 de la sentencia recurrida y, por cuanto se refieren al presente recurso de casación, pueden resumirse del siguiente modo.
10
Zippo Manufacturing Co. (en lo sucesivo, «ZMC»), Zippo GmbH y Zippo SAS, que dejó de existir como persona jurídica de Derecho francés (en lo sucesivo, conjuntamente, «demandantes en primera instancia»), pertenecen al mismo grupo de sociedades. Se dedican a la fabricación, distribución y comercialización de encendedores de tormenta mecánicos de metal, con la marca Zippo, así como al servicio postventa de dichos productos. Los referidos productos son fabricados por ZMC, que afirma ser el único fabricante conocido de este tipo de productos en los Estados Unidos.
11
ZMC exporta una parte de sus productos a la Unión. Los vende a sus filiales, Zippo GmbH y Zippo SAS, y a distribuidores independientes autorizados, con vistas a su comercialización en el territorio de la Unión. Los productos están comprendidos en el código NC 96138000, relativo a los «demás encendedores y mecheros», que figuran entre los «encendedores y mecheros, incluso mecánicos o eléctricos, y sus partes, excepto las piedras y mechas». Están sujetos en dicho código a derechos de aduana cuando entran en el territorio aduanero de la Unión.
12
El 24 de enero de 2020, los Estados Unidos adoptaron medidas en forma de un incremento arancelario a las importaciones de determinados productos derivados del acero y del aluminio, con efecto a partir del 8 de febrero de 2020 y por una duración ilimitada.
13
Estas medidas, calificadas por los Estados Unidos como medidas de seguridad, constituían, según la Comisión, medidas de salvaguardia adoptadas para limitar las importaciones con el fin de proteger la industria nacional contra la competencia extranjera, en aras de la prosperidad comercial de dicha industria. La Comisión consideró que era necesario adoptar medidas de ejecución del Reglamento n.o 654/2014.
14
El 6 de marzo de 2020, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, de ese Reglamento, la Comisión recabó el punto de vista de las partes interesadas, mediante un formulario disponible en el sitio de Internet de su Dirección General (DG) de Comercio. La recogida de información finalizó el 13 de marzo de 2020. Entre las medidas previstas al término de esa recogida de información, la Comisión señalaba la posibilidad de aplicar derechos de aduana adicionales a determinados productos originarios de los Estados Unidos y, en particular, en una primera fase, a los productos comprendidos en el código NC 96138000. Las demandantes en primera instancia no participaron en la referida recogida de información.
15
El 6 de abril de 2020, la Comisión adoptó el Reglamento controvertido.
16
El artículo 1 del citado Reglamento preveía:
«1.   La Comisión notificará inmediatamente por escrito y, en cualquier caso, no más tarde del 7 de abril de 2020, al Consejo del Comercio de Mercancías de la OMC que, si este no lo desaprueba, la Unión suspende, a partir del 8 de mayo de 2020, la aplicación al comercio con los Estados Unidos de las concesiones sobre derechos de importación con arreglo al GATT de 1994 en relación con los productos que figuran en el apartado 2.
2.   En consecuencia, la Unión aplicará derechos de aduana adicionales a las importaciones en la Unión de los productos enumerados a continuación originarios de los Estados Unidos en los siguientes términos:
a)
En la primera fase, se aplicarán a partir del 8 de mayo de 2020 derechos ad valorem adicionales del 20 % y el 7 % a las importaciones de los productos especificados de la siguiente manera:
Código NC
Derecho ad valorem adicional
9613 80 00
20 %
3926 30 00
7 %
[…]».
17
El artículo 2 del mencionado Reglamento disponía:
«La Unión aplicará los derechos de aduana adicionales contemplados en el artículo 1 siempre y cuando los Estados Unidos apliquen o vuelvan a aplicar sus medidas de salvaguardia, y en la medida en que lo hagan, de manera que pudiera afectar a los productos procedentes de la Unión. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio en el que se indicará la fecha en que los Estados Unidos hayan dejado de aplicar sus medidas de salvaguardia.»
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
18
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 30 de junio de 2020, las demandantes en primera instancia interpusieron un recurso de anulación del Reglamento controvertido en la medida en que las afectaba.
19
En apoyo de su recurso, las entonces demandantes invocaron cinco motivos. El quinto motivo, único examinado por el Tribunal General, se basaba en la violación del principio de buena administración.
20
Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal General el 18 de septiembre de 2020, la Comisión invocó la inadmisibilidad del citado recurso. Mediante auto de 6 de mayo de 2021, esta excepción se unió al examen del fondo del asunto.
21
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó, en un primer momento, la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, declarando la legitimación activa de ZMC debido a su afectación individual y directa por el Reglamento controvertido, así como el interés en ejercitar la acción de las demandantes en primera instancia. Por consiguiente, declaró la admisibilidad del recurso.
22
En un segundo momento, al pronunciarse sobre la procedencia del recurso en primera instancia, el Tribunal General examinó de entrada el quinto motivo. Al considerar que la Comisión había vulnerado el derecho de las demandantes en primera instancia a ser oídas, estimó este motivo. En consecuencia, anuló el Reglamento controvertido en la medida en que se refiere a los productos comprendidos en el código NC 96138000, sin examinar los demás motivos invocados por las demandantes en primera instancia.
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes en el recurso de casación
23
Mediante su recurso de casación, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Desestime el quinto motivo invocado en el asunto T‑402/20.
–
Condene a las demandantes en primera instancia a cargar con las costas del recurso de casación y del procedimiento en primera instancia.
24
ZMC y Zippo GmbH solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie en primera instancia sobre los motivos «pendientes».
–
Condene a la Comisión al pago de las costas correspondientes tanto al recurso de casación como al procedimiento en primera instancia.
Sobre el recurso de casación
25
En apoyo de su recurso de casación, la Comisión invoca dos motivos.
Primer motivo
26
Mediante el primer motivo de casación, la Comisión sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir que se había vulnerado el derecho de las demandantes en primera instancia a ser oídas con arreglo al artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Este motivo se divide en tres partes.
27
El Tribunal de Justicia considera oportuno examinar conjuntamente las partes primera y segunda de dicho motivo.
Partes primera y segunda
– Alegaciones de las partes
28
Mediante la primera parte del primer motivo de casación, que tiene por objeto impugnar los apartados 63, 65, 69, 71 a 73, 91 y 92 de la sentencia recurrida, la Comisión alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta la exigencia del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, según la cual el derecho a ser oído se aplica únicamente a las «medidas individuales», al aplicarlo al Reglamento controvertido. En ese sentido, alega que este es un acto de alcance general, como se desprende tanto de las apreciaciones del Tribunal General relativas a la afectación individual de las demandantes en primera instancia como de los apartados 69 y 72 de dicha sentencia.
29
En primer lugar, la Comisión sostiene que del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta se deriva que el derecho a ser oído se aplica únicamente a las medidas individuales, a saber, las adoptadas contra el interesado, que afectan a este de manera desfavorable. Afirma que la naturaleza individual de la medida de que se trate y su efecto desfavorable sobre los intereses del interesado constituyen dos requisitos acumulativos.
30
En opinión de la Comisión, estos requisitos se derivan también de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión, según la cual el derecho a ser oído está vinculado al ejercicio de una facultad de apreciación por parte de las instituciones de la Unión en casos individuales. Afirma que este derecho se aplica a cualquier procedimiento incoado contra una persona y que pueda desembocar en un acto que le sea lesivo, así como a cualquier medida adoptada contra una persona. Añade que se aplica, en particular, a los destinatarios de decisiones que afectan sensiblemente a sus intereses, como las decisiones sancionadoras, y que, si, en determinados asuntos, los órganos jurisdiccionales de la Unión no han llevado a cabo un examen separado y detallado de la exigencia de una «medida individual» además de la existencia de un efecto desfavorable sobre los intereses del interesado, ello se explica por el hecho de que dichos asuntos se referían precisamente a medidas individuales adoptadas contra personas concretas y cuyos destinatarios eran esas personas.
31
En segundo lugar, la Comisión insiste en que dicha jurisprudencia excluye la existencia de un derecho a ser oído, tanto en virtud del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta como de un principio general del Derecho, antes de la adopción de actos de alcance general. Afirma que, según la misma jurisprudencia, ni su proceso de elaboración ni estos actos en sí mismos exigen, en virtud del derecho a ser oído, la participación de las personas afectadas. Añade que solo cabría otra conclusión si una disposición expresa del marco jurídico que regula la adopción de un acto de alcance general reconociera tal derecho procedimental.
32
En tercer lugar, la Comisión reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta, en el caso de autos, la exigencia de una «medida individual» establecida en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta y en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión. Afirma que, con formulaciones variables, consideró, en los apartados 63, 65 y 71 a 73 de la sentencia recurrida, como único criterio del ámbito de aplicación del derecho a ser oído el efecto desfavorable generado por la medida de que se trata. Añade que el error de Derecho es tanto más flagrante cuanto que de los apartados 69 y 72 de dicha sentencia se desprende que el Reglamento controvertido no es una «medida individual».
33
La Comisión sostiene que la interpretación del derecho a ser oído adoptada de este modo por el Tribunal General tendría consecuencias perjudiciales, dado que numerosos actos de alcance general pueden resultar lesivos para los operadores económicos y los consumidores. Añade que esta implica que todos esos actos darían lugar a un derecho individual a ser oído. Entiende que ello ocasionaría dificultades prácticas, incertidumbres jurídicas y posibles vulneraciones del principio de igualdad de trato. En ese sentido, la Comisión afirma que sería imposible adoptar equitativamente medidas de alcance general si las instituciones de la Unión debieran tener en cuenta la situación personal de cualquier persona que pudiera verse afectada de manera desfavorable.
34
En consecuencia, en opinión de la Comisión, los actos de alcance general están normalmente sujetos a un procedimiento de adopción diferente, como el previsto en el artículo 9 del Reglamento n.o 654/2014, mediante el cual se invita a todas las partes interesadas a expresar su punto de vista, sin que algunas de ellas sean identificadas y consultadas individualmente.
35
Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, que tiene por objeto impugnar los apartados 73 a 77, 91 y 92 de la sentencia recurrida, la Comisión sostiene que, aun suponiendo que el Tribunal General hubiera examinado si, y constatado que, el Reglamento controvertido constituía una «medida individual», ello constituiría una interpretación y una aplicación erróneas del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta.
36
En primer lugar, considera que las apreciaciones que figuran en los apartados 74 a 77, 91 y 92 de la sentencia recurrida no demuestran que el procedimiento de adopción del Reglamento controvertido se iniciara contra las demandantes en primera instancia, ni que estas fueran las destinatarias de dicho Reglamento. En ese sentido, afirma que el Tribunal General admitió expresamente, en los apartados 69 y 72 de esa sentencia, que el citado Reglamento era un acto de alcance general.
37
Por otra parte, la Comisión considera que de los objetivos del Reglamento n.o 654/2014 se deriva claramente que todas las medidas que pueden adoptarse en virtud de este, como el Reglamento controvertido, son medidas de alcance general que regulan el comercio de determinados productos. Añade que, a la luz del artículo 1 del Reglamento n.o 654/2014, estos objetivos se refieren a la salvaguardia, de manera general, de los intereses de la Unión frente a terceros países. Afirma que ni dichos objetivos ni ninguna otra disposición de ese Reglamento exigen que se tome en consideración la situación personal o el comportamiento de los operadores económicos extranjeros.
38
Además, la Comisión considera que una medida no puede calificarse de «individual» por el mero hecho de que su autor pueda identificar o tenga conocimiento de una persona cuyos intereses pueden verse afectados de manera desfavorable por la adopción de dicha medida. La Comisión añade que, en la práctica, cuando prepara la adopción de una medida como el Reglamento controvertido, tiene necesariamente conocimiento del contexto del mercado, de los productos de que se trata y, al menos, de algunos de los principales exportadores y productores afectados. Aduce que, sin embargo, no existe un medio previsible para distinguir entre los operadores afectados que merecen un derecho individual a ser oídos y los que no lo merecen, por lo que sostiene que el enfoque del Tribunal General hace prácticamente imposible que la Comisión se ajuste, al mismo tiempo, a las exigencias del derecho a ser oído y al principio de igualdad de trato.
39
En segundo lugar, la Comisión alega que, si la sentencia recurrida debiera interpretarse en el sentido de que el Tribunal General creó una excepción al principio según el cual el derecho a ser oído no se aplica a las medidas de alcance general, también adolecería de un error de Derecho. En ese sentido, considera que la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión no admite ninguna excepción a este principio. A este respecto, añade que el hecho de que, en caso de afectación individual y directa de un operador, este goce de legitimación activa para impugnar un acto de alcance general no puede conferirle, además, el derecho a ser oído antes de la adopción de dicho acto. En opinión de la Comisión, se trata, en efecto, de cuestiones jurídicas distintas.
40
ZMC y Zippo GmbH responden que las partes primera y segunda del primer motivo de casación son «inoperantes, carentes de efecto o infundadas».
41
Por lo que respecta a la primera parte del primer motivo de casación, en primer lugar, ZMC y Zippo GmbH estiman, en esencia, que la Comisión no puede alegar, por un lado, que el análisis de la afectación individual en la fase de admisibilidad confirma el alcance general del Reglamento controvertido y, por otro lado, que la constatación de tal afectación y la constatación de que la medida de que se trata es individual con arreglo al artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta son dos cuestiones jurídicas distintas.
42
En segundo lugar, ZMC y Zippo GmbH rebaten la alegación de la Comisión de que el Reglamento controvertido constituye una medida de alcance general. Sostienen que esta alegación se basa en un criterio puramente formal y erróneo. Añaden que, por el contrario, la existencia de una medida individual debe apreciarse caso por caso teniendo en cuenta los elementos fácticos y jurídicos de que se trate. Afirman que, mientras que una medida de alcance general se basa en motivos objetivos sin referirse a exportadores, la Comisión, en el caso de autos, identificó los productos de la marca Zippo y se dirigió a ellos.
43
En tercer lugar, consideran que, si bien el Tribunal General no utilizó sistemáticamente el adjetivo «individual» o los términos «medida individual», sí recordó, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, que el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta se aplicaba a las «medidas individuales». Añaden que, del mismo modo, por ejemplo, en el apartado 74 de dicha sentencia, reconoció y aplicó los dos requisitos distintos de esta disposición, relativos a la existencia de una medida individual y a su efecto desfavorable sobre los intereses del interesado. Sostienen que, en el caso de autos, dado que el Reglamento controvertido se dirigió a los productos de ZMC, constituye una medida individual.
44
En cuarto lugar, ZMC y Zippo GmbH alegan que la jurisprudencia citada por la Comisión no permite extraer conclusiones en el caso de autos. Afirman que ninguno de los precedentes citados, relativos a actos adoptados al término de un procedimiento que no se había iniciado contra una persona o a actos legislativos, se refiere a una situación en la que una institución de la Unión hubiera identificado a un único operador económico y sus productos como objeto de una acción específica y de una determinada medida individual.
45
Por último, aducen que la Comisión no puede basarse en las dificultades prácticas y en las consecuencias perjudiciales de la interpretación adoptada por el Tribunal General para negar la vulneración de los derechos fundamentales. Afirman que, por lo demás, podría evitar fácilmente estas consecuencias si no tomara una «dirección deliberada» en el procedimiento de adopción de un reglamento.
46
Por lo que respecta a la segunda parte del primer motivo de casación, ZMC y Zippo GmbH alegan, en primer lugar, que el Tribunal General declaró la existencia de una medida individual en la medida en que la Comisión no solo conocía a las demandantes en primera instancia, sino que, por propia iniciativa, eligió los productos de la marca Zippo y se dirigió a ellos como objeto de las medidas de reequilibrio.
47
En segundo lugar, las demandantes en primera instancia afirman que la alegación de que el Reglamento controvertido no se adoptó al término de un procedimiento individual contra ellas se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida. Aducen que de los términos «incluso si», empleados en el apartado 72 de dicha sentencia, se desprende que el Tribunal General consideró que esta circunstancia procesal no era significativa.
48
En tercer lugar, opinan que, si bien los objetivos generales del Reglamento n.o 654/2014 no exigían tomar en consideración circunstancias individuales, no es menos cierto que el Tribunal General declaró que la Comisión había tenido en cuenta la situación individual de las demandantes en primera instancia.
49
En cuarto lugar, por lo que respecta a la alegación de la Comisión basada en el carácter general del Reglamento n.o 654/2014, ZMC y Zippo GmbH señalan que dicho Reglamento se refiere exclusivamente a la aplicación de medidas compensatorias contra los productos importados. Sostienen que, en cambio, la Comisión admitió que, a diferencia de las medidas iniciales adoptadas en 2018, el Reglamento controvertido fue adoptado para reflejar una expansión relativamente menor de la definición de los productos cubiertos por los derechos estadounidenses. En su opinión, ello reduce el margen de apreciación de la Comisión. Pues bien, consideran que este margen no le permite elegir, por razones subjetivas, un producto sin relación alguna con los productos de la Unión afectados de manera desfavorable por las medidas adoptadas por los Estados Unidos.
50
En quinto lugar, ZMC y Zippo GmbH añaden que la afirmación de la Comisión según la cual no existe ningún medio previsible para distinguir a los operadores afectados que merecen un derecho individual a ser oídos de los que no lo merecen no constituye más que un «argumento teórico», dado que, en el presente caso, sí se ha producido una identificación.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
51
Mediante las partes primera y segunda del primer motivo de casación, la Comisión reprocha, en esencia, al Tribunal General haber incurrido en errores de Derecho en la interpretación y aplicación del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta. Por un lado, dicha institución alega que el Tribunal General incurrió en error al declarar que el derecho a ser oído previsto en dicha disposición se aplicaba a las medidas de alcance general, como el Reglamento controvertido, cuando producen un efecto desfavorable sobre los intereses del interesado. Por otra parte, esa institución sostiene que, aun suponiendo que el Tribunal General calificara tal Reglamento de medida individual, esta conclusión es errónea.
52
Para pronunciarse sobre estas partes, procede, en primer lugar, determinar el ámbito de aplicación del derecho a ser oído.
53
A tenor del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, el derecho a una buena administración incluye, en particular, el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome respecto de ella una medida individual que la afecte desfavorablemente.
54
Habida cuenta del tenor de esta disposición, el derecho de toda persona a ser oída, consagrado en ella, se impone en cualquier procedimiento de adopción de una medida individual contra una persona y que la afecte desfavorablemente.
55
Por el contrario, esa disposición no tiene por objeto los procesos de elaboración de los actos de alcance general. En consecuencia, no está destinada a aplicarse en el supuesto de que una persona se considere afectada por un acto de alcance general (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de marzo de 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, apartado 49, y de 22 de junio de 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Comisión, C‑259/22 P, EU:C:2023:513, apartado 50), debiendo recordarse que un acto tiene alcance general si se aplica a situaciones determinadas objetivamente y produce efectos jurídicos frente a categorías de personas consideradas de manera general y abstracta (sentencias de 6 de octubre de 1982, Alusuisse Italia/Consejo y Comisión, 307/81, EU:C:1982:337, apartado 9, y de 17 de marzo de 2011, AJD Tuna, C‑221/09, EU:C:2011:153, apartado 51).
56
Esta lectura del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta viene corroborada en las explicaciones relativas al artículo 41 de la Carta, explicaciones que, con arreglo al artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo tercero, y al artículo 52, apartado 7, de la Carta, deben tenerse en cuenta para la interpretación de esta (véase, en ese sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 20 y jurisprudencia citada). En efecto, por lo que respecta al derecho a ser oído, estas explicaciones precisan que el enunciado de este derecho resulta de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de la Unión.
57
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, el principio del respeto del derecho de defensa, en todo procedimiento incoado contra una persona y que pueda desembocar en un acto que le sea lesivo, constituye un principio general del Derecho de la Unión que resulta aplicable aun cuando no exista una normativa específica al respecto. Este principio exige que se permita que los destinatarios de decisiones que afecten sensiblemente a sus intereses expresen útilmente su punto de vista acerca de los datos tenidos en cuenta en contra suya para fundamentar tales decisiones (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de febrero de 1992, Países Bajos y otros/Comisión, C‑48/90 y C‑66/90, EU:C:1992:63, apartado 44; de 24 de octubre de 1996, Comisión/Lisrestal y otros, C‑32/95 P, EU:C:1996:402, apartado 21; de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, apartado 51, y de 22 de junio de 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Comisión, C‑259/22 P, EU:C:2023:513, apartado 47).
58
Además, el derecho a ser oído persigue un doble objetivo. Por una parte, sirve para instruir el expediente y determinar los hechos de la manera más precisa y correcta posible y, por otra parte, permite garantizar una protección efectiva del interesado. El derecho a ser oído tiene por objeto, en particular, garantizar que cualquier decisión que afecte negativamente a una persona se adopte con pleno conocimiento de causa y tiene, en particular, la finalidad de permitir a la autoridad competente corregir un error o a la persona afectada invocar elementos relativos a su situación personal que militen en el sentido de que se adopte la decisión, de que no se adopte o de que tenga un contenido u otro (véase la sentencia de 4 de junio de 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, apartado 69 y jurisprudencia citada).
59
Así pues, el principio general del derecho a ser oído no se aplica a los actos de alcance general (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de octubre de 1999, Atlanta/Comunidad Europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, apartados 35 a 37).
60
No obstante, debe añadirse que la situación es distinta si una disposición expresa del marco jurídico que regula la adopción del acto de que se trate confiere tal derecho procedimental a una persona afectada. En efecto, aunque ni el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta ni el principio general de respeto del derecho a ser oído le obligan a ello, el legislador de la Unión tiene la facultad de establecer el derecho de las personas a las que se considera afectadas por un acto de alcance general a ser oídas, consultadas o informadas y de regular su ejercicio (véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de junio de 2023, Arysta LifeScience Great Britain/Comisión, C‑259/22 P, EU:C:2023:513, apartado 51).
61
De estos recordatorios se deriva que, como alega acertadamente la Comisión, el derecho a ser oído, en el sentido del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, no está destinado a aplicarse, en principio, en el supuesto de que una persona resulte afectada de manera desfavorable por un acto de alcance general.
62
En segundo lugar, procede examinar la fundamentación de las apreciaciones efectuadas por el Tribunal General en los apartados 63, 65, 69, 71 a 77, 91 y 92 de la sentencia recurrida a la luz de las consideraciones anteriores.
63
En dicha sentencia, el Tribunal General declaró, en primer término, en esencia, en sus apartados 66 y 67, que no se impugnan en casación, que el Reglamento n.o 654/2014, con arreglo al cual se adoptó el Reglamento controvertido, no confiere el derecho a ser oído a las empresas cuyos productos están sujetos a medidas de reequilibrio.
64
En segundo término, en los apartados 68 y 69 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que las empresas exportadoras de los productos afectados por las medidas de reequilibrio introducidas por un reglamento adoptado sobre la base del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 654/2014 no son destinatarias de esas medidas, que pretenden reequilibrar las concesiones en las relaciones comerciales con los Estados Unidos. No obstante, consideró, en los apartados 70 y 71 de dicha sentencia, que, en el caso de autos, las medidas de reequilibrio establecidas por el Reglamento controvertido tenían por objeto producir un impacto económico negativo sobre la actividad de esas empresas.
65
El Tribunal General dedujo de ello, en los apartados 72 y 73 de la sentencia recurrida, que, incluso si una medida de reequilibrio prevista por un acto de ejecución adoptado sobre la base del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 654/2014 no se adopta tras un procedimiento individual contra dichas empresas, puede constituir una medida que afecte negativamente a sus intereses, de modo que no puede excluirse que esas mismas empresas puedan hacer uso del derecho a ser oídas, al amparo del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta.
66
En este contexto, el Tribunal General consideró, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, que, cuando el desarrollo del procedimiento de adopción de un acto de ejecución sobre la base del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 654/2014 lleve a la Comisión a identificar a una persona física o jurídica cuyos intereses puedan verse perjudicados por las medidas previstas por ese acto, dicha persona debe poder invocar los elementos relativos a su situación personal que militen en el sentido de que se adopte ese acto, de que no se adopte o de que tenga un contenido u otro.
67
En tercer término, en el caso de autos, el Tribunal General declaró, en los apartados 75 y 76 de la sentencia recurrida, que la Comisión había identificado los productos de las demandantes en primera instancia como objeto de las medidas previstas por el Reglamento controvertido y sabía que tales medidas iban a afectarlas en gran parte. De ello dedujo, en el apartado 77 de la citada sentencia, que, en tales circunstancias, las entonces demandantes tenían derecho a ser oídas durante el procedimiento de adopción de dicho Reglamento.
68
Este razonamiento del Tribunal General adolece de dos errores de Derecho.
69
En primer término, el Tribunal General adoptó un criterio jurídico erróneo e interpretó erróneamente el ámbito de aplicación del derecho a ser oído previsto en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, al declarar, en particular, en los apartados 71 a 74 de la sentencia recurrida, que, cuando un acto de alcance general tiene un impacto negativo sobre los intereses de las personas afectadas por las medidas que introduce, estas personas pueden hacer uso del derecho a ser oídas. En efecto, como se desprende de esta disposición y de la jurisprudencia recordada en los apartados 53 a 62 de la presente sentencia, este derecho no está destinado a aplicarse a actos de alcance general, ni siquiera cuando estos afecten negativamente a los intereses de determinadas personas.
70
En segundo término, el Tribunal General también incurrió en error de Derecho al aplicar este criterio jurídico erróneo al caso de autos. A este respecto, es cierto que el Tribunal General no calificó expresamente el Reglamento controvertido de acto de alcance general o de medida individual. No es menos cierto que de las apreciaciones realizadas por el Tribunal General en los apartados 68, 69 y 72 de la citada sentencia se desprende con suficiente claridad que consideró ese Reglamento un acto de alcance general. En estas circunstancias, no podía declarar, sin incurrir en error de Derecho, en los apartados 75 a 77 de esa sentencia, que las demandantes en primera instancia tenían derecho a ser oídas durante el procedimiento de adopción del Reglamento controvertido debido, en esencia, a que, durante tal procedimiento, la Comisión había identificado sus productos como objeto de las medidas de reequilibrio previstas en ese Reglamento.
71
Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones formuladas por ZMC y Zippo GmbH.
72
En primer término, ZMC y Zippo GmbH consideran que el Reglamento controvertido no puede calificarse de acto de alcance general, puesto que la Comisión había identificado sus productos y se había dirigido a ellos durante el proceso que condujo a su adopción y que tal calificación estaría en contradicción con las apreciaciones efectuadas por el Tribunal General sobre su afectación individual y directa.
73
A este respecto, por una parte, procede señalar que el Reglamento controvertido define, en su artículo 1, apartado 2, de manera general y abstracta, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 55 de la presente sentencia, los productos a los que se aplica el derecho ad valorem adicional del 20 % que establece, a saber, los productos comprendidos en el código NC 96138000. Además, procede señalar que este Reglamento tiene por objeto, de conformidad con los artículos 3, letra c), y 4, apartado 1, del Reglamento n.o 654/2014, sobre cuya base se adoptó, reequilibrar las concesiones en las relaciones comerciales con los Estados Unidos y que el Reglamento controvertido no se adoptó al término de un procedimiento incoado contra las demandantes en primera instancia, que no son sus destinatarias. En estas circunstancias, procede considerar, al igual que la Abogada General en los puntos 71 y 72 de sus conclusiones, que el hecho de que la Comisión identificara a determinadas personas jurídicas a las que se aplicaría en gran medida ese derecho ad valorem no puede convertir, por sí solo, el Reglamento controvertido en una medida individual, en el sentido del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta.
74
Por otra parte, en cuanto a la alegación basada en la afectación individual y directa de las demandantes en primera instancia por el Reglamento controvertido, procede recordar que el hecho de que un acto de alcance general afecte individual y directamente a una persona no puede conferirle un derecho a ser oída antes de la adopción de tal acto (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de octubre de 1999, Atlanta/Comunidad Europea, C‑104/97 P, EU:C:1999:498, apartados 34 y 35). En efecto, la legitimación activa con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y el derecho a ser oído en virtud del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta son dos cuestiones jurídicas distintas que persiguen, como se desprende del punto 78 de las conclusiones de la Abogada General, finalidades distintas.
75
En segundo término, la alegación de ZMC y de Zippo GmbH según la cual el Tribunal General declaró la existencia de una medida individual adoptada en su contra se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida, como se deriva del apartado 70 de la presente sentencia.
76
En tercer término, la alegación basada en el margen de apreciación de la Comisión para elegir los productos sujetos a las medidas previstas por el Reglamento controvertido guarda relación con la apreciación de la procedencia de dichas medidas. En cambio, carece de pertinencia por lo que respecta a la existencia de un derecho de ZMC y de Zippo GmbH a ser oídas.
77
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede estimar las partes primera y segunda del primer motivo de casación.
Tercera parte
– Alegaciones de las partes
78
Mediante la tercera parte del primer motivo de casación, la Comisión sostiene que, en el supuesto de que las demandantes en primera instancia tuvieran derecho a ser oídas durante el proceso de adopción del Reglamento controvertido, el Tribunal General habría incurrido en error de Derecho al concluir que ese derecho no se les concedía a través de la consulta pública efectuada con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 654/2014.
79
ZMC y Zippo GmbH replican que esa parte del motivo es inadmisible y, en cualquier caso, infundada.
– Apreciación del Tribunal de Justicia
80
La tercera parte del primer motivo de casación se formula con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal de Justicia estimara que el Tribunal General había considerado acertadamente que las demandantes en primera instancia tenían derecho a ser oídas durante el proceso de adopción del Reglamento controvertido. Pues bien, del análisis de las partes primera y segunda de este motivo se deriva que no es así.
81
Por lo tanto, procede desestimar la tercera parte del primer motivo de casación por carecer de pertinencia, sin que sea necesario apreciar su admisibilidad.
82
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, debe concluirse que procede estimar las dos primeras partes del primer motivo de casación y desestimarlo en todo lo demás. A este respecto, los errores de Derecho constatados en el marco del examen de estas partes bastan para anular la sentencia recurrida.
83
No obstante, el Tribunal de Justicia considera oportuno examinar también, por razones de buena administración de la justicia, el segundo motivo de casación.
Segundo motivo
Alegaciones de las partes
84
Mediante el segundo motivo de casación, la Comisión sostiene que el Tribunal General vulneró el principio ne ultra petita. Aduce que, como se desprende del apartado 92 de la sentencia recurrida, el Tribunal General anuló el Reglamento controvertido «en la medida en que se refiere a los productos comprendidos en el código NC 96138000», mientras que el recurso tenía por objeto la anulación de dicho Reglamento únicamente en la medida en que se aplicaba a las demandantes en primera instancia. En consecuencia, considera que el Tribunal General se pronunció ultra petita.
85
ZMC y Zippo GmbH alegan que el segundo motivo de casación debe desestimarse por ser «inoperante o carente de efecto».
86
ZMC y Zippo GmbH sostienen que la anulación del Reglamento controvertido en la medida en que se refiere a los productos originarios de los Estados Unidos comprendidos en el código NC 96138000 equivale a una anulación de dicho Reglamento en la medida en que se refiere a sus productos, a la vista de las apreciaciones efectuadas por el Tribunal General en los apartados 27 y 29 de la sentencia recurrida. En particular, alegan que de ese apartado 29 se desprende que ZMC es la única productora-exportadora de productos comprendidos en dicho código desde el territorio de los Estados Unidos a la Unión. Por lo tanto, a su juicio, es altamente improbable, o incluso queda excluido, que el citado Reglamento afectara a encendedores originarios de los Estados Unidos fabricados por otras empresas de ese país. En cualquier caso, aducen que solo se habría tratado de daños accesorios del hecho de dirigirse a los productos de las demandantes en el litigio principal.
Apreciación del Tribunal de Justicia
87
Tal como ha declarado el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones, dado que el juez de la legalidad no puede pronunciarse ultra petita, la anulación que declare no puede ir más allá de la solicitada por el demandante (sentencias de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros, C‑310/97 P, EU:C:1999:407, apartado 52, y de 14 de noviembre de 2017, British Airways/Comisión, C‑122/16 P, EU:C:2017:861, apartado 81).
88
En el caso de autos, de la demanda en primera instancia se desprende inequívocamente que, como declaró el propio Tribunal General en el apartado 14 de la sentencia recurrida, las demandantes en primera instancia solicitaron la anulación del Reglamento controvertido y, en particular, de los artículos 1, apartado 2, letra a), y 2 de este, en la medida en que les resultaran de aplicación.
89
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General anuló el Reglamento controvertido «en la medida en que se refiere a los productos comprendidos en el código NC 96138000».
90
Pues bien, en la medida en que dicho Reglamento identifica los productos comprendidos en ese código, define, en términos abstractos y objetivos, una categoría de productos sujetos al derecho ad valorem adicional que impone, como se ha señalado en el apartado 73 de la presente sentencia. En este sentido, ese Reglamento puede aplicarse a esos productos, con independencia de la identidad de los productores, exportadores e importadores afectados.
91
De ello se deduce que, al anular el Reglamento controvertido en la medida en que se refiere a los productos comprendidos en dicho código, el Tribunal General sobrepasó el alcance de las pretensiones de las demandantes en primera instancia. A este respecto, la circunstancia de que ZMC sea la única productora-exportadora de productos comprendidos en el mismo código, aun suponiéndola acreditada, carece, en cualquier caso, de pertinencia.
92
En esas circunstancias, debe estimarse el segundo motivo del recurso de casación.
93
Habida cuenta de las conclusiones deducidas en los apartados 82 y 92 de la presente sentencia, procede estimar el recurso de casación y, por tanto, anular la sentencia recurrida, en tanto en cuanto anula el Reglamento controvertido, en la medida en que se refiere a los productos comprendidos en el código NC 96138000, y en tanto en cuanto resuelve sobre las costas.
Sobre el recurso ante el Tribunal General
94
Conforme al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia puede resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.
95
En el caso de autos, procede señalar de entrada que, como se desprende del apartado 93 de la presente sentencia, la sentencia recurrida solo se anula, en esencia, en la medida en que estimó el recurso en primera instancia. En cambio, la decisión por la que el Tribunal General puso fin a un incidente procesal al desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión mediante escrito separado no fue objeto de recurso de casación. Por tanto, esta decisión, contenida en dicha sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, apartado 50 y jurisprudencia citada), tiene fuerza de cosa juzgada, a pesar de la anulación parcial de dicha sentencia [véanse, por analogía, las sentencias de 4 de marzo de 2021, Comisión/Fútbol Club Barcelona, C‑362/19 P, EU:C:2021:169, apartados 109 y 110, y de 5 de septiembre de 2024, Comisión/República Checa (Encendedores de bolsillo), C‑494/22 P, EU:C:2024:684, apartados 155 y 156].
96
En cuanto al fondo, procede señalar que, en apoyo de su recurso de anulación, ZMC y Zippo GMBH invocan cinco motivos. Estos se basan, el primero, en la violación del principio de proporcionalidad; el segundo, en la violación de los principios de no discriminación y de igualdad de trato; el tercero, en el incumplimiento de la obligación de motivación; el cuarto, en el incumplimiento de las obligaciones que incumben a la Unión en virtud del Derecho de la OMC, y, el quinto, en la violación del principio de buena administración.
97
Habida cuenta, en particular, de que el quinto motivo fue objeto de debate contradictorio ante el Tribunal General y de que su análisis no requiere la adopción de ninguna diligencia adicional de ordenación del procedimiento o instrucción de los autos, el Tribunal de Justicia considera que procede resolver sobre el recurso en el asunto T‑402/20 en lo que respecta al quinto motivo y que el estado del recurso lo permite (véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de septiembre de 2020, Comisión y Consejo/Carreras Sequeros y otros, C‑119/19 P y C‑126/19 P, EU:C:2020:676, apartado 130).
98
En el marco del mismo quinto motivo, ZMC y Zippo GmbH impugnan, por una parte, el proceso de recogida de información llevado a cabo por la Comisión con arreglo al artículo 9 del Reglamento n.o 654/2014 y alegan, por otra parte, en esencia, que se vulneró su derecho a ser oídas.
99
Por lo que respecta a las alegaciones dirigidas a impugnar el proceso de recogida de información, el Tribunal de Justicia, a falta de impugnación específica por las partes a este respecto, resuelve hacer suyas las apreciaciones realizadas por el Tribunal General a este respecto en los apartados 53 a 58 de la sentencia recurrida.
100
Por lo que respecta a las alegaciones basadas, en esencia, en la vulneración del derecho de ZMC y de Zippo GmbH a ser oídas, de los apartados 53 a 61, 69, 70 y 73 de la presente sentencia se deriva que, al ser el Reglamento controvertido un acto de alcance general, estas no pueden invocar un derecho a ser oídas a falta de una disposición expresa del Reglamento n.o 654/2014 que les confiera tal derecho procedimental.
101
Por estas razones, procede desestimar el quinto motivo del recurso en primera instancia, en su totalidad, por infundado.
102
En cambio, el estado del litigio no permite resolverlo en relación con los motivos primero a cuarto del recurso en primera instancia.
103
En efecto, como se desprende del apartado 92 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que, al haberse estimado el quinto motivo de dicho recurso, no procedía examinar los demás motivos de este ni pronunciarse sobre la admisibilidad de determinadas pruebas aportadas por las demandantes en primera instancia. Pues bien, estos otros motivos implican llevar a cabo apreciaciones fácticas, en su caso complejas, con respecto a las cuales el Tribunal de Justicia considera que no dispone de todos los elementos de hecho necesarios.
104
En consecuencia, procede devolver el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre los motivos primero a cuarto invocados en apoyo del recurso en el asunto T‑402/20.
Costas
105
Dado que se devuelve el asunto al Tribunal General, debe reservarse la decisión sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
1)
Anular la sentencia del Tribunal General de 18 de octubre de 2023, Zippo Manufacturing y otros/Comisión (T‑402/20, EU:T:2023:640), en tanto en cuanto anula el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/502 de la Comisión, de 6 de abril de 2020, sobre determinadas medidas de política comercial relativas a determinados productos originarios de los Estados Unidos de América, en la medida en que refiere a los productos comprendidos en la subpartida 96138000 de la nomenclatura combinada establecida por el Reglamento (CEE) n.o 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, y resuelve sobre las costas.
2)
Devolver el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre los motivos primero a cuarto invocados en apoyo del recurso en el asunto T‑402/20.
3)
Reservar la decisión sobre las costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.