AM & S / COMISIÓN
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL .
SIR GORDON SLYNN
presentadas el 26 de enero de 1982 *
Señor Presidente ,
Señores Jueces ,
En febrero de 1979, funcionarios de la
Comisión requirieron a la parte demandante
que les permitiera examinar determinados
documentos, en relación con una investiga­
ción abierta, de conformidad con lo previsto
en el apartado 1 del artículo 14 del Regla­
mento n° 17 del Consejo, de 21 de febrero
de 1962 (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01,
p. 22). Setrataba de una investigación sobre
las condiciones de competencia en materia
de producción y distribución de metal de
zinc, de aleación y de concentrado de zinc,
con el fin de comprobar la inexistencia de
infracción a los artículos 85 y 86 del Trata­
do CEE. La parte demandante entregó
copias de la mayor parte de los documentos;
algunos de los cuales, por el contrario , no
fueron mostrados, al estimar la parte deman­
dante que estaban cubiertos por el secreto
profesional, lo que le autorizaba a no divul­
garlos. Tras un período de discusión e inter­
cambio de correspondencia, la Comisión
ordenó a la parte demandante que presenta­
ra los documentos discutidos , en virtud de la
letra b) del artículo 1 de una Decisión de 6
dejulio de 1979, adoptada en aplicación del
apartado 3 del artículo 14 del Reglamento
n° 17. La parte demandante interpuso un
recurso de anulación, con arreglo al artículo
173 del Tratado CEE, solicitando que se
declarara nula y sin efecto alguno la letra b)
del artículo 1 de la Decisión, o, subsidiaria­
mente, que se anulara en la medida en que
exigía que exhibieran al inspector de la
Comisión todos y cadauno de los documen­
tos, en su integridad, respecto de los cuales
la parte demandante invocaba su carácter
confidencial . Una vez que la parte deman­
dante, la Comisión, la Comisión Consultiva
de Colegios de Abogados de la Comunidad
Europea (en lo sucesivo, «CCBE») y los
Gobiernos del Reino Unido y Francia hubie­
ran presentado susobservaciones escritas y
evacuado sus correspondientes informes
orales, el Abogado General, Sr. Warner,
propuso al Tribunal de Justicia, en sus
conclusiones presentadasel 28 de enero de
1981, que anulara la letra b) del artículo 1
de la Decisión. La exposición de hechos del
litigio se exponen con todo detalle en sus
conclusiones, sin que nosotros pensemos
que sea de alguna utilidad para el Tribunal
de Justicia el que la repitamos.
Estimando que determinados elementos
(como la fecha y el lugar en que se exten­
dieron los documentos, la función y el status
*
Lengua original : inglés.
467
CONCLUSIONES DE SIR GORDON SLYNN - ASUNTO 155/79
exactos del autor y del destinatario, así
como una información suficiente sobre la
naturaleza o el contenido de los documen­
tos) no habían sido aportados, el Tribunal
de Justicia, mediante auto de 4 de febrero
de 1981, ordenó la reapertura de la fase oral
del procedimiento y la presentación de los
documentos a dicho Tribunal , en sobre
cerrado, a fin de poder elaborar un informe
al respecto.
Los documentos fueron presentados, y tanto
el Juez Ponente como nosotros hemos teni­
do oportunidad de examinarlos. Con poste­
rioridad seredactó un acta, que secomunicó
a las partes, acerca de su naturaleza. Aun­
que los documentos presentados pueden
clasificarse, grosso modo , dentro de las
categoríasresumidas por el Abogado Gene­
ral Sr. Warner, en la página 12 de sus con­
clusiones, estimamos que, dadala importan­
cia del presente procedimiento , procede
identificar más en concreto la naturaleza de
los documentos discutidos.
Estos pueden dividirse en las categorías
siguientes; a saber, los documentos en los
que se solicita consejo jurídico , aquéllos en
los que se contiene el consejo jurídico
solicitado y, en tercer lugar, aquellos docu­
mentos en los que se resume un consejo
jurídico :
A— 1) Solicitudes de consejo jurídico
formuladas por un «Solicitor » em­
pleado por una sociedad que, inter
alia , presta asistencia jurídica a la
parte demandante («la sociedad de
servicios»), destinadas a dos «Ba­
rristers» que ejercen libremente la
profesión de Abogado (documento
n° l );
2) solicitudes de consejo jurídico
formulados por directivos de la
parte demandante y dirigidas a
un «Solicitor » queejerce libremen­
te en Inglaterra su profesión
(documento n° 5);
3) un télex en el que se propone que
se solicite consejo jurídico a
«Solicitors » independientes esta­
blecidos en un país tercero, acerca
de la situación legal en dicho país,
dirigido por un directivo de la par­
te demandante a otro directivo de
la sociedad matriz directa de ésta
(documento n° 13).
B— 1) Un memorándum que contiene un
dictamen acerca de la situación
jurídica en un paístercero, dirigido
por un «Solicitor » habilitado en
este país, empleado por una socie­
dad miembro del grupo del que
forma parte la demandante, a lös
empleados de una sociedad miem­
bro del mismo grupo, distinta de la
sociedad demandante (documento
n°2);
2) una carta en la que se contiene un
dictamen de la situaciónjurídica en
un país tercero, dirigida por un
gabinete de «Solicitors» indepen­
dientes, establecidos en este país
tercero, a un empleado de la socie­
dad matriz directa de la demandan­
te (documento n° 3);
468
AM & S / COMISIÓN
3) una carta en la que se recoge un
dictamen, dirigido por un «Solici­
tor» independiente establecido en
Inglaterra a un directivo de una
sociedad miembro del mismo gru­
po, distinta de la parte demandante
(documento n° 7);
4) cartas con dictámenes jurídicos ,
dirigidas por un «Solicitor » inde­
pendiente establecido en Inglaterra
a varios directivos de la parte de­
mandante (documento n° 4);
5) un memorándum en el que se con­
tiene un dictamen jurídico , dirigi­
do por un «Solicitor » empleado por
la sociedad de servicios, a un di­
rectivo de la parte demandante
(documento n° 10).
C- 1) Un memorándum en el que seresu­
me un dictamen de un «Solicitor »
empleado por la sociedad de servi­
cios y dirigido por un directivo de
la parte demandante a otro directi­
vo (documento n° 11);
2) un memorándum en el que se resu­
me un dictamen de un «Solicitor »
empleado por la sociedad de servi­
cios y dirigido por un directivo de
la parte demandante a un directivo
de la sociedad matriz directa de
ésta (documento n° 16);
3) un memorándum en el que se resu­
me un dictamen de un «Solicitor »
independienteestablecido en Ingla­
terra, dirigido por un directivo de
la parte demandante a otro directi­
vo (documento n° 12);
4) varios télex en los que se resume
el consejo jurídico prestado por
«Barristers» y «Solicitors » inde­
pendientes establecidos en un país
tercero, relativo a la situación jurí­
dica en dicho país, intercambiados
entre un directivo de la parte de­
mandante y un directivo de la
sociedad matriz directa de ésta
(documento n° 17).
Se instó a laspartespara que, en la vista que
debería celebrarse a causa de la reapertura
de la faseoral del procedimiento , manifesta­
ran su postura acerca de la doctrina y la
jurisprudencia relativas a la existencia y al
ámbito de la protección de que se beneficia,
en los procedimientos de investigación
incoados por las autoridades públicas de
cara a averiguar la comisión de infracciones
en materia económica, especialmentepor lo
que respectaal ámbito de la competencia, la
correspondencia intercambiada entre:
a) dos Abogados;
b) un Abogado independientey su cliente;
c) una empresay un Abogado vinculado
a la primera por una relación contrac­
tual permanente o por un contrato de
trabajo;
d) un jurista de una empresay un emplea­
do de ésta o de una empresa pertene­
ciente al mismo grupo;
469
CONCLUSIONES DE SIR GORDON SLYNN -ASUNTO 155/79
e) empleados de una misma empresa o de
empresas diferentes pertenecientes al
mismo grupo, cuando la corresponden­
cia se refiera al consejo jurídico presta­
do, bien por un Abogado independien­
te, bien por un Abogado o por un juris­
ta al servicio de una de estas empresas
o al servicio de empresastercerasperte­
necientes al mismo grupo.
En la vista celebrada tras la reapertura de la
fase oral del procedimiento , presentaron
observaciones complementarias todas las
partes que ya habían evacuado los corres­
pondientes informes orales en la primera
vista, y sus Abogados o Agentes se refirie­
ron, no sólo a los puntos específicamente
indicados en el auto del Tribunal de Justi­
cia, sino también, atendiendo a la sugeren­
cia en este sentido, a las cuestiones de prin­
cipio en el asunto.
Procede decidir , en primer lugar, cuáles son
realmente los puntos objeto del litigio que
deben ser examinados en esta fase del pro­
cedimiento . Como ha mostrado con todo
detalle el Abogado General Sr. Warner, la
Comisión se declaró dispuesta a aceptar
que, con independencia del Derecho vigen­
te, no utilizaría determinados documentos.
En la misma Decisión se hace referencia a
la respuestadada en el Parlamento Europeo
a la pregunta escrita n° 63/78, formulada
por el Sr. Cousté, en la que se declara que
«la Comisión , queriendo ser imparcial e
inspirándose en las disposiciones regulado­
ras de la competencia de varios Estados
miembros, manifiesta su disposición a no
utilizar como prueba de eventuales infrac­
ciones de las normas de la competencia de
la Comunidad, aquellos documentos que
revistan un carácter estrictamentejurídico y
que hayan sido redactados con el fin de
obtener o prestar consejo jurídico en rela­
ción con el Derecho vigente, o que seinscri­
ban dentro de la organización de la defensa
de la empresa o asociación de empresas
afectada. En presencia de documentos de
esta naturaleza, la Comisión no hará copia
de los mismos». Manifestaba, no obstante,
la Comisión que su inspector tenía derecho
a examinar los documentos y a plantear
determinadas preguntas «en la medida
necesaria para determinar si los mismos
podrían utilizarse o no». En una carta con
fecha de 31 de octubre de 1979, dirigida a
los «Solicitors » de la parte demandante, la
Comisión afirmaba haber aceptado en todo
momento que el inspector no debía leer las
cartas en su integridad, pero que, no obstan­
te, debía poder asegurarse«objetivamente,
y con un grado suficiente de certidumbre, de
que el documento está protegido por el
Derecho comunitario ». En su escrito de
contestación a la demanda la Comisión se
declaró «dispuesta a garantizar que sus
inspectores serían informados de que no
debían utilizar la información que podrían
adquirir en el examen de los documentos»,
a efectos de decidir si estáno no protegidos
y, en segundo lugar, que el inspector sólo
estará autorizado a examinar los documen­
tos en la medida necesaria para determinar
si puedenserutilizados o no como medio de
prueba.
En su escrito de duplica, la Comisión admi­
tió (p. 2) «que existe un principio general de
primer orden que reconoce el derecho a
obtener consejojurídico confidencial , y que
la existencia de este principio implica una
470
AM & S / COMISIÓN
cierta protección contra la eventual divul­
gación de los documentos redactadoscon el
fin de obtener o prestar dicho consejojurídi­
co». Estima la Comisión que el único punto
debatido es la cuestión de si existe o no un
procedimiento que permita determinar si un
documento está cubierto por el secreto
profesional, y que el único procedimiento
existente espermitir que el inspector decida
por sí solo. Y precisa que, en el supuestode
que el documento se utilice , o se adopte
finalmente una Decisión por la que se decla­
re una infracción, la sociedad afectada
podrá interponer un recurso de anulación
contra la referida Decisión ante el Tribunal
de Justicia, con arreglo a lo previsto en el
artículo 173 del Tratado.
En la primera vista, la Comisión estimó
oportuno no pronunciarse sobre la existen­
cia en Derecho comunitario de un principio
protector del secreto profesional. En la
segundavista, el Agente de la Comisión ha
afirmado que, en la faseactual de desarrollo
del Derecho comunitario de la competencia,
cuatro principios son de aplicación al pre­
sente litigio , en tanto que manifestaciones
de un principio general de protección de la
relación confidencial mantenida entre un
Abogado y su cliente. El aludido represen­
tante de la Comisión los ha formulado de la
manera siguiente:
1) Los documentos escritos a o por un
Abogado, que tengan por objeto la
defensa de un cliente en un procedi­
miento ya comenzado, no pueden ser
utilizados como prueba, ni examinados
por nadie, salvo por la persona compe­
tente para decidir si el documento está
protegido por el secreto profesional.
Este principio se aplica independiente­
mente de que los documentos estén en
posesión del Abogado o de su cliente; y
ello , sólo cuando el Abogado haya sido
consultado en calidad de tal.
2) Los documentos escritos a o por un
Abogado, en los que sesolicite o preste
consejo jurídico , no pueden utilizarse
como prueba cuando se encuentren en
posesión del Abogado (ni siquiera
cuando no estén protegidos por el pri­
mer principio ). A estos documentos
sólo debe tener accesola persona com­
petente para decidir si el documento
estáo no protegido . Dicho principio se
aplica solamente cuando el Abogado
seaconsultado en calidad de tal, y cesa
de aplicarse si el Abogado colabora o
participa directamente en las activida­
des ilegales de su cliente.
3) Debe existir una persona distinta del
Abogado o su cliente, con la facultad
de decidir si un documento está o no
protegido ; y, en la fase actual de desa­
rrollo del Derecho comunitario , esta
persona es el inspector de la Comisión.
4) Cuando una autoridad pública, como la
Comisión , ha declarado formalmente
que no utilizará determinados docu­
mentos como medio probatorio (aunque
a ello no se oponga la legislación vi­
gente), las empresaspueden ampararse
en esta declaración (hasta tanto no sea
revocada). Si, en un determinado asun­
to la Comisión utilizara una prueba del
471
CONCLUSIONES DE SIR GORDON SLYNN - ASUNTO 155/79
tipo de las que se ha comprometido a
no utilizar , este hecho constituiría un
motivo suficiente para anular la Deci­
sión basada en la prueba de que se
tratare, siempre que la prueba fuese de
suficiente relevancia para motivar la
anulación de la Decisión .
La Comisión admite que el término «Aboga­
do» abarca al mismo tiempo al Abogado
independiente y al jurista asalariado al
servicio de una sociedad, en la medida en
que está efectivamente sujeto a reglas de
deontologia profesional y de disciplina ,
comparables a las aplicables al Abogado
independiente en el Estado miembro en el
que ejerza su profesión.
Tal y como hemos comprendido el parecer
de la Comisión, ésta admite que el cuarto
principio es un principio de Derecho al
igual que los otros tres, pero sobre la base
de la protección de las expectativas legíti­
mas o, quizás, de lo que en el «common
law» se denomina un «estoppel».
Sin dejar de estimar que, en relación con el
primer y cuarto principios , siempre algo es
mejor que nada, la parte demandante no
acepta los principios segundo y tercero tal y
como han sido formulados.
La referida parte demandante pretende
llegar a una formulación más amplia del
principio , siendo en ello apoyada por el
Gobierno del Reino Unido y por la CCBE .
El Gobierno francés acepta el tercer princi­
pio en la medida en que exista una norma
protectora, rechazando, sin embargo, los
restantes, tal y como han sido formulados
por la Comisión, por estimar que no forman
parte del Derecho comunitario .
Es evidente que la postura inicialmente
defendida por la parte demandantey por la
Comisión ; a saber, que enel presenteasunto
seplantea tan sólo un problema de procedi­
miento y que los aspectos relativos a los
límites de la protección pueden examinarse
en el futuro, no esaceptable. Estimamos, en
efecto, que tanto la CCBE como el Agente
del Gobierno francéstenían razón al preten­
der, en un principio , que, con carácter pre­
vio a toda cuestión de procedimiento, era
preciso dilucidar el problema relativo a la
existencia de un derecho a la protección. En
líneas generales, el presente litigio no tiene
por objeto la manera como debería llevarse
a efecto la práctica administrativa propuesta
por la Comisión; sino la cuestión relativa a
la existencia de un presunto principio pro­
tector del carácter confidencial de la rela­
ción mantenida entre un Abogado y su
cliente y, en caso afirmativo : a) cuál es su
alcance en relación con los documentos de
que se trata; y b) cómo ha de resolverse un
litigio relativo al derecho de invocar dicho
principio .
En la segundavista, el Agente de la Comi­
sión declaró que éstano deseabautilizar los
documentos numerados del 1 al 10, que
figuran en la lista de los documentos hasta
entonces discutidos. Independientemente
del sentido de la sentencia que resuelva el
presente procedimiento, la Comisión man­
tendrá esta posición. Puede parecer tenta­
dor, a primera vista, eliminar estos docu-
472
AM & S / COMISIÓN
mentos de la lista, ignorándolos a efectos de
las presentes conclusiones y de la futura
sentenciadel Tribunal de Justicia. En nues­
tra opinión , sería un error actuar en este
sentido. Las partes siguen estando en desa­
cuerdo sobre la principal cuestión debatida
en el presente procedimiento : la Comisión
pretendetener derecho a examinar todos los
documentos, aunque estédispuesta a renun­
ciar a su ejercicio ; mientras que la sociedad
niega esta prerrogativa. Por otra parte, los
documentos de que setrata forman parte de
una categoría que reviste una importancia
fundamental de cara a la resolución de las
cuestiones aún pendientes. Dado el tiempo
y la atención consagradasa estepunto por el
Tribunal de Justicia y por las partes, proce­
de, en nuestra opinión , y quizás sea inevita­
ble, que los documentos seconsideren en su
conjunto.
Las facultades de investigación de que la
Comisión dispone, en cumplimiento de las
obligaciones que le incumben en virtud del
artículo 89 del Tratado CEE y de las dispo­
siciones adoptadasen aplicación del artículo
87 del Tratado CEE, son las atribuidas en el
artículo 14 del Reglamento n° 17. La Comi­
sión puede «proceder a cuantas verificacio­
nes considere necesariasen las empresas y
las asociaciones de empresas» y, a tal efec­
to, sus agentesacreditados están facultados
para controlar los libros y otros documentos
relativos a sus operaciones mercantiles, a
hacer copia de los mismos y a pedir explica­
ciones verbales. En momento alguno se
hace referencia a ninguna excepción o
protección que podría eventualmente invo­
carse basándoseen el carácter confidencial
de las relaciones mantenidas entre un Abo­
gado y su cliente. ¿Obliga este silencio a
concluir que nunca será aplicable una
protección de estetipo , bajo ninguna forma
y en ninguna situación? En nuestra opinión ,
tal no esel caso. El problema que se plantea
es, si, en primer lugar, existe un principio de
Derecho comunitario , con independencia
del tenor del Reglamento y, en segundo
lugar, si, correctamente interpretado, este
texto puede restringir la aplicación del
referido principio . La cuestión no es si un
principio de Derecho comunitario prima
sobre el artículo 14, sino si el artículo 14
excluye la aplicación de un principio de
Derecho comunitario .
Por consiguiente y en nuestra opinión , para
pronunciarse acerca de la validez de la letra
b) del artículo 1 de la Decisión de la Comi­
sión, serápreciso determinar:
a) si existe un principio general de Dere­
cho comunitario que, sin perjuicio del
tercer punto, proteja los documentos
que contengan lo que ha dado en deno­
minarse informaciones de naturaleza
confidencial intercambiadas entre un
Abogado y su cliente, así como el con­
tenido de estos documentos, de su
revelación y de su utilización en el
marco de procedimientos judiciales ,
cuasijudiciales o administrativos ;
b) en caso de respuestaafirmativa , si los
documentos de que se trata en el pre­
sente procedimiento están protegidos
por dicho principio ;
c) si, correctamenteinterpretado, el Regla­
mento n° 17 (y, en particular, su artícu-
473
CONCLUSIONES DE SIR GORDON SLYNN - ASUNTO 155/79
lo 14) impide aplicar el principio en el
marco de un procedimiento investiga­
dor seguido por la Comisión;
d) la manera como debe resolverse toda
controversia surgida acerca de si di­
chos documentos están protegidos
por el referido principio , a falta de un
acuerdo entre la Comisión y la empresa
afectada.
No hay necesidadde afirmar que principios
generales, no explícitamente consagradosen
el Tratado o en disposiciones de Derecho
derivado, pueden formar parte del Derecho
comunitario , cuya salvaguardiacorresponde
al Tribunal de Justicia. Esto es algo que se
desprende con toda claridad de un artículo
del JuezSr. Pescatore, publicado en Cahiers
de droit européen (1968, p. 629). No pensa­
mos que el principio se limite a los «dere­
chos fundamentales» que es el objeto espe­
cífico del artículo citado; sino que su base
esmásamplia, como efectivamente admiten
ambas partes en el presente procedimiento .
La Comisión afirma que debe existir un
consenso entre los Derechos de todos los
Estados miembros; de maneraque el Tribu­
nal de Justicia no puede proclamar un prin­
cipio que vaya más allá de lo aceptado por
cada uno de estos últimos . La Comisión no
cita referencia específica alguna en apoyo
de esta afirmación, ni indica el nivel o el
grado de consensonecesario para establecer
la existencia de un principio general. La
CCBE , cuyo parecer la parte demandanteha
hecho suyo, en líneas generales, alegaque el
fin del ordenamiento comunitario es encon­
trar la mejor solución en términos cualitati­
vos, a la luz de la orientación, de la tenden­
cia general y del espíritu que informa los
derechos nacionales. En apoyo de esta
afirmación se cita: P. Reuter, en Mélanges
Rolin (1964, p. 273); el artículo citado del
Juez Sr. Pescatore (ya citado, pp. 654 y
655); Ipsen, Europäisches Gemeinschaft­
srecht (1972, p. 114); W. Ganshof van der
Meersch, L'ordrejuridique des Communau­
tés européennes , (1975, pp. 150 y 163);
Louis, L'ordre juridique communautaire
(1979, p. 164), y Zweigert, Nouvelles
(1969, apartado 1203).
El Abogado General Sr. Lagrange, adop­
tó una posición similar en las conclu­
siones presentadas en el asunto
Hoogovens/Alta Autoridad (14/61, Rec.
1962, pp. 485 y ss., especialmente pp. 538
y 539) y la misma idea se recoge en otros
asuntos(véanse, por ejemplo, Zuckerfabrik
Schöppenstedt/Consejo, 5/71,» Rec. 1971,
pp. 975 y ss., especialmente p. 991, y Wer-
hahnHansamuehley otros/Consejo, asuntos
acumulados 63/72 a 69/72, Rec. 1973,
pp. 1229 y ss., especialmente p. 1258). No
citaremos los apartados correspondientes;
sin embargo, estimamos oportuno recordar
al Tribunal de Justicia el parecer del Juez
Kutscher acerca de la deducción de princi­
pios generales del Derecho a partir de un
estudio de la situación jurídica existente en
los Estados miembros:
«Se admite unánimemente que, al interpre­
tar comparativamente o completar el orde­
namiento comunitario , el Tribunal de Justi­
cia no está obligado a basar su decisión en,
por ejemplo, el mínimo común a las diferen­
tes soluciones nacionales, la media aritméti­
ca o, incluso, la solución adoptada por la
474
AM & S / COMISIÓN
mayoría de los Ordenamientos jurídicos . El
Tribunal de Justicia debe sopesar, valorar y
buscar la solución «óptima» y más apropia­
da al problema concreto.» («Methods of
interpretation as seen by a judge at the
Court of Justice», Encuentro judicial y
universitario , 1976, p. 29).
Del hecho de que el Ordenamiento na­
cional puede ser objeto de un análisis
comparado, a efectos de determinar el
contenido del Derecho comunitario dan fe
numerosos asuntos, entre los que cabe
citar, a modo de ejemplo, los siguientes:
Assider/Alta Autoridad (3/54, Rec. 1954,
p. 123); LTU /Eurocontrol (29 /76 ,- Rec.
1976, p. 1541), apartado 3; Países Bajos/
Rüffer (814 /79,- Rec. 1980, p. 3807); Noid
KG /Comisión (4/73«, Rec. 1974, p. 491 ,
apartado 13); Espérance-Longdoz /Alta
Autoridad (3/65, Rec. 1965, pp. 1321 y ss.,
especialmente p. 1352). Este proceder se
aplica, no para incorporar el Derecho nacio­
nal, como tal, al Derecho comunitario , sino
para utilizar aquel Derecho como medio
para descubrir un principio no escrito de
Derecho comunitario [véanse, por ejemplo,
los siguientes asuntos: Nold KG /Alta Auto­
ridad (18/57, Rec. 1959, pp. 89 y ss., espe­
cialmente p. 160); Ruhrkohlen- Venkaufsge-
sellschaft y otros/Alta Autoridad (asuntos
acumulados 36/59 a 38/59 y 40/59, Rec.
1960, pp. 857 y ss., especialmente pp. 890
y 910), Abogado General Sr. Lagrange;
Internationale Handelsgesellschaft MBH
(11/70, Rec. 1970, pp. 1125 y ss., especial­
mente p. 1149), apartados 3 y 4, en concreto
p. 1149, Abogado General Sr. Dutheillet de
Lamothe]. La idea varias veces sugerida
implícitamente , si no explícitamente , a lo
largo del presente procedimiento , según la
cual la parte demandanteno estaría hacien­
do otra cosa que intentar introducir en un
molde no receptivo un principio nacional
del «common law», nos parece injusta, en
relación con lo alegado por la parte deman­
dante que, como la CCBE y el Gobierno del
Reino Unido , ha intentado desgajar de los
Derechos nacionales un principio que,
formando parte del Derecho comunitario ,
deberáadaptarse, en su aplicación concreta,
al procedimiento comunitario .
En relación con el examen de los derechos
nacionales, no creemos que, como condi­
ción previa para la existencia de un princi­
pio de Derecho comunitario , haya de exigir­
seque dicho principio seexpresede manera
idéntica, o se aplique en los mismos térmi­
nos en todos los Estados miembros . Es
evidente que la unanimidad en un tema
relacionado con el Derecho comunitario
puede constituir un indicio muy claro de la
existencia de un principio de Derecho co­
munitario . Sin embargo, la unanimidad total
en la formulación y aplicación de dicho
principio , no es necesaria; esta unanimidad
es incluso improbable, dada la ampliación
de la Comunidad. Juzgamosmás que proba­
ble que existan diferencias entre los diver­
sos Estados miembros, por lo que respecta
a la aplicación de los principios relaciona­
dos con una «bonne administration de la
justice », el rechazo de un «déni de justice »
y el «principe de proportionnalité », a los
que se hace referencia en la página 643 del
artículo publicado en los Cahiers de droit
européen . Ahora bien, estasdiferencias no
impiden que estos principios se integren
en el Derecho comunitario . Efectivamente,
en la sentenciadictada en el asunto Transo­
cean Marine Paint Association /Comisión
475
CONCLUSIONES DE SIR GORDON SLYNN - ASUNTO 155/79
(17/74,- Rec. 1974, p. 1063), seadmitióla
existenciade un derechoa seroído, aunque
el AbogadoGeneralSr. Warnerobservara
queel principio audi alteram partem sóloes
posible encontrarlo en algunos Estados
miembros. El hecho de que los procedi­
mientos puedanser penalesen un Estado
miembroy civiles en otro, quelosprocedi­
mientos judiciales difieran, que existan
prácticas distintas por razoneshistóricas,
que se apliquenrequisitosdiferentes, con­
vierte dichas divergenciasen algo inevita­
ble. En nuestraopinión, lo que es preciso
buscaresun principio general, aunqueesté
formuladoen unostérminosamplios. En la
medidaen queun principio deestetipo sea
ampliamenteadmitido, podrá, cuandosea
deaplicación, considerarseparteintegrante
del ordenamientocomunitario. Esel Tribu­
nal de Justicia el órgano competentepara
articular ese principio de la manera«más
apropiadaymejor», empleandolos términos
del JuezSr. Kutscher, con el sistemaproce­
dimentalcomunitario. De la mismamanera,
el hecho de que en determinadosEstados
miembrosel principio generalpuedahaber
sidomodificadoo excluidoendeterminados
ámbitoscubiertospor un texto legislativo,
no excluyenecesariamentela existenciadel
principio. A los Estadosmiembrosy (dentro
de los límites de sus competencias) a los
órganostitulares de la potestadlegislativa
comunitaria, correspondedecidir si el prin­
cipio generalexistentedebesermodificado
o excluido.
A causadeestasdivergenciasa nivel proce­
dimentaly práctico, esimportante, en nues­
traopinión, no efectuarun análisiscompara­
tivo excesivamentedetalladode formulacio­
neso reglasconcretas. Lo importanteesel
marcogeneral. De estamanera, la cuestión
queseplanteano essi el «legal professional
privilege» (denominación inadecuada, y
derechodel cliente) es idéntico al «secret
professionnel» (deber que, entre otros,
incumbe al Abogado), lo queseguramente
no es el caso; sino si de estasdiversas
fuentesemergeun conceptode protección
de la relación confidencial mantenida
entreel Abogadoy sucliente, comoocurre,
porejemplo, enInglaterraconel «privilege»
o con cualquier otra regla relativa a la
protección de la «confidentiality», y en
Francia, conla amalgamadel «secretprofes­
sionnel», des«droitsde la défense» y delas
reglas aplicables al «secretdes lettres
confidentielles».
El Tribunalde Justiciaharecibido informa­
ción muy detalladade las partessobreel
Derechoaplicabley sobrela prácticasegui­
da en los distintos Estadosmiembros. Va­
mos a tratar sobreestetema, no sin ciertas
dudas, que, en parte, se explican porque
cada miembro del Tribunal de Justicia
conoceinfinitamentemejor la situaciónde
supropioEstadomiembroqueunjurista de
otro país, y, en parte, porque hastaen la
vistasehamanifestadoun cierto desacuerdo
sobrela situaciónjurídica existenteen un
Estadomiembroconcreto. Aparentemente,
el Agentedel Gobiernofrancésno admite
que la CCBE haya analizadoy expuesto
correctamentela normativa aplicable en
Franciay en otros Estadosmiembros, aun­
que los representantesde los Abogados
francesesy los de otros Estadosmiembros
seanmiembrosdela CCBE y aunquevarios
juristas de estosEstadosmiembroshayan
sido expresamentecitados. El aludido
Agenteha afirmado que la descripciónno
476
AM & S / COMISIÓN
era correcta. Por lo que a nosotros respecta,
no podemos aceptar su afirmación en el
sentido de que el Agente del Reino Unido
no ha descrito correctamente la normativa
aplicable en el Reino Unido , ni tampoco el
análisis que aquél ha efectuado al respecto.
Nosotros tenemos la clara convicción de
que, en estamateria particular , dicho Agen­
te se ha equivocado, al proceder a un análi­
sis meramente parcial . Esta observación no
debe entenderse de ninguna manera como
una crítica . Por el contrario , el esfuerzo
hecho por esteAgente (como por los demás
Abogados y Agentes), al examinar los pun­
tos controvertidos sometidos al Tribunal de
Justicia no merecen sino elogios. Si evoca­
mos esta divergencia, lo hacemos con el
único fin de mostrar las dificultades que,
tanto el Tribunal de Justicia como las par­
tes, encuentran cuando proceden a analizar
de manera excesivamente minuciosa los
detalles de la normativa con la que, en los
distintos Estados miembros, se protege el
secreto profesional y el derecho de defensa,
y que vienen determinadas por los factores
a que se ha hecho referencia. Esta observa­
ción no excluye en absoluto la existencia de
un cierto derecho a la protección del carác­
ter confidencial de los documentos de carác­
ter jurídico ; ella pretende simplemente
resaltar, utilizando los términos del Aboga­
do General Sr. Warner, que es preciso ir al
corazón mismo del problema.
Se han presentado ante el Tribunal de Justi­
cia extractos de textos legislativos , dejuris­
prudencia, de doctrina y una cantidad ingen­
te de citas de asuntos ya resueltos. Antes
que exponer estos datos en su totalidad , es
nuestra intención resumir lo que, a efectos
de la resolución del presente litigio nos
parecen las características más relevantes;
siendo perfectamente conscientes de los
riesgos de simplificación excesiva y reduc-
cionismo que semejanteresumencomporta.
Trataremos, en primer lugar, de la situación
general en materia de protección de las
relaciones confidenciales mantenidas entre
un Abogado y su cliente, para, con posterio­
ridad, pasar a examinar la misma situación
a la luz del Derecho de la competencia.
En Bélgica, parece que las comunicaciones
confidenciales mantenidas entre un Aboga­
do y su cliente estánprotegidas y no pueden
ser recogidas ni utilizadas como medio de
prueba. Aunque la basede estanorma pueda
residir en que la información confiada al
Abogado debe ser protegida, de las conclu­
sionesdel Auditeur Sr. Huberlant, así como
de la sentencia del Conseil d'État de 8 de
junio de 1961 (JT 1962, p. 171), parece
deducirse que la norma abarcaigualmente el
consejo jurídico de carácter confidencial
prestado al cliente. Existe, por otra parte, un
principio superior de la inviolabilidad de la
correspondencia: véanse los artículos 10 y
22 de la Constitución .
En Dinamarca, la regla del secreto profesio­
nal prohibe a los Abogados prestar testimo­
nio sobre la información confidencial que
les haya sido confiada en ejercicio de su
profesión, pudiendo un Abogado negarsea
presentar aquellos documentos que estén
cubiertos por el secreto profesional. Los
documentos que recojan la comunicación
mantenida entre un acusado y su Abogado
están protegidos cuando estén en posesión
del acusado, de conformidad con lo previsto
en el artículo 786 de la Ley de Enjuicia-
477
CONCLUSIONES DE SIR GORDON SLYNN - ASUNTO 155/79
miento. El mismo principio parece aplicarse
a los procedimientos civiles .
En Alemania , los documentos confidencia­
les dirigidos a un Abogado están protegidos
cuando estén en su posesión, y la violación
del secreto profesional por el Abogado
constituye delito . Igualmente, cuando los
referidos documentos se encuentren en
posesión del Abogado no podrán ser reteni­
dos (artículo 97 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal ). Los documentos que se encuen­
tren en posesión del cliente podrán, en
principio , ser retenidos ; a menos que se
hayan elaborado después de incoarse el
procedimiento penal (Decisión del Bundes­
gerichtshof de 13.8.1973, NJW 1973,
p. 2035).
En Francia, la violación del secreto profe­
sional constituye delito y, aunque en deter­
minadas circunstancias puedan incautarse
los documentos correspondientes, incluso
cuando estén en posesión del Abogado , la
importancia de la regla queda puesta de
manifiesto en Lemaire : «Les règles de la
profession de l'avocat», cuyo texto se ha
incorporado a los autos. Esta regla guarda
una relación muy estrecha con el derecho a
un procesojusto (les droits de la défense).
El principio de los «droits de la défense» se
aplica aparentemente a los documentos
confidenciales dirigidos por el Abogado al
cliente y viceversa (véase, por ejemplo,
Cour d'appel de Paris, 13.11.1979, Gazette
du Palais 1980 n"» 90 a 92), y protege frente
a la retención de los documentos en que se
recoja el consejojurídico prestado al cliente
antes del inicio del procedimiento y que se
encuentren en su posesión o en la de una
persona vinculada al mismo (tribunal co­
rrectionnel de Nanterre, 18.12.1980, Gazet­
te du Palais 1981, p. 68: decisión que, es
preciso decirlo , fue apelada). Pareceser que
las cartasconfidenciales sebenefician igual­
mente de una protección más amplia que en
los sistemasdel «common law».
A la vista de la atención prestada, en parti­
cular, a la situación jurídica en Francia a lo
largo del presenteprocedimiento, quizás sea
interesante observar que la normativa que
acabamosde resumir seexpresa, quizás con
mayor claridad , en el apartado 357 de la
obra Droit européen de la concurrence
(Plaisant, Franceschelli, Lassier):
«Sans aucun doute, l'application de la loi
française, par exemple, aurait pour effet de
rendre inaccessible le dossier détenu par un
avocat régulièrement inscrit à un barreau, en
raison de ses règles déontologiques, et
notamment par le respect du secret profes­
sionnel prévu par l'article 378 du Code
pénal. De même, les documentsadresséspar
un avocat à ses clients demeurent couverts
par le secret professionnel, surtout si la
correspondance lui est adresséede manière
confidentielle.»
En Grecia, parece ser que la comunicación
confidencial que se encuentre en posesión
de Abogados estáa cubierto de los procedi­
mientos de investigación y de las diligencias
de instrucción practicados por órganos
administrativos o autoridadesjurisdicciona­
les. Los documentos que estén en posesión
478
AM & S / COMISIÓN
del cliente están protegidos por el principio
general de la inviolabilidad , consagrado por
el artículo 9 de la Constitución . Las faculta­
des de registro en las dependencias del
cliente se regulan en los artículos 253 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal .
Aunque puedan existir diferencias de deta­
lle, la situación jurídica existente en Irlanda
y el Reino Unido es idéntica en líneas gene­
rales, y ya ha sido expuesta, de manera más
completa, en las Conclusiones del Abogado
General, Sr. Warner. Sin embargo, quizás
sea útil repetir que la protección abarca al
mismo tiempo: a) la comunicación manteni­
da entre un particular y su Abogado , con el
fin de obtener o prestar consejo jurídico ,
independientemente de que éste guarde
relación con un procedimiento judicial
pendiente o aún no iniciado , y b) la comu­
nicación mantenida entre una persona y su
Abogado y otros particulares, cuyo fin
principal sea preparar un procedimiento
judicial ya pendiente o aún no iniciado .
Como en la mayoría de los Estados miem­
bros, en Italia , la ley prohibe a los Aboga­
dos testificar sobre informaciones que les
hayan sido confiadas por sus clientes, auto­
rizándoles a no revelar los documentos que
estén cubiertos por el secreto profesional.
Por otra parte, parece que, en la fase de
instrucción de los procedimientos penales,
los documentos en posesión de un Abogado
pueden ser ocupados, a menos que le hayan
sido confiados de cara a la preparación de la
defensa de su cliente. La protección es más
amplia en los procedimientos civiles , sin
que seextienda, en ningún caso, a los docu­
mentos en posesión del cliente. En el caso
de los Abogados, pareceserque el principio
del secreto profesional se fundamenta en el
derecho de defensa garantizado por el ar­
tículo 24 de la Constitución (véasede Leo­
ne, «Il secretoprofessionale: limiti e guaran-
zie», Rivista Italiana di Diritto e Procedura
Penale 1978 , p. 675).
En Luxemburgo , las reglas del secreto
profesional y de los «droits de la défense»
protegen, según parece, los documentos
confidenciales de carácter jurídico que se
encuentren en posesión de un Abogado y
del cliente , unavez iniciado el procedimien­
to; pero se ha aportado escasajurispruden­
cia que muestre cómo estos principios se
aplican en la práctica.
El Derecho neerlandésprohibe la revelación
de informaciones confidencialespor quienes
ejerzan una profesión como la de Abogado .
A estanorma sevincula un derecho a negar­
se a testificar acerca de informaciones cu­
biertas por el secreto profesional. Estas
informaciones comprenden, no sólo las
reveladas por el cliente, sino también y por
lo que respecta a los Abogados, el consejo
jurídico por ellos prestado(véase, por ejem­
plo , las decisiones del Gerechtshof de la
provincia de Drenthe, de 17 de noviembre
de 1869, W., p. 3161, y del Arrondisse­
mentsrechtbank Rotterdam, de 18 de octu­
bre de 1954, NJ 1955, n° 368). El artículo
98 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
prevé que, cuando se efectúe un registro en
el despacho de alguien que esté obligado
por el secreto profesional, debe observarse
la regla del secreto profesional, de manera
que los documentos protegidos por el mis-
479
CONCLUSIONES DE SIR GORDON SLYNN - ASUNTO 155/79
mo no pueden ser ocupados. No parece
existir doctrina o jurisprudencia que afirme
o niegue la protección de la corresponden­
cia intercambiada con un Abogado quehaya
sido encontrada en posesión del cliente.
La Comisión , la parte demandante y la
organización que representalos Colegios de
Abogados de todos los Estados miembros,
admiten que el resumen expuesto es, sustan-
cialmente, si no enteramente, una descrip­
ción correcta y aceptable de la situación
jurídica existente en los distintos Estados
miembros.
Nos parece un hecho significativo el que se
haya podido llegar a un acuerdo sobre la
existencia de los principios expuestos en el
documento por ellos preparado de cara a su
lectura ante el Tribunal de Justicia.
De dicho documento se desprende clara­
mente lo que, por otra parte, parece inevita­
ble; esto es, que la situación no es idéntica
en todos los Estados miembros. De la mis­
ma manera estimamos que es igualmente
cierto que en todos los Estadosmiembros se
reconoce que, tanto el interés público como
una correcta administración de Justicia
exigen, en tanto que principio general, que
un cliente pueda comunicar con su Abogado
con plena libertad, francamente y sin reser­
va alguna. Como seafirma en el «Les regles
de la profession d'avocat»:
«Il faut que le client "puisse avoir, en son
avocat, une confiance sans limite ", qu'il
puisse " négliger avec lui les précautions
qu'on prend dans les affaires ordinaires";
qu'il ne craigne pas "d'ouvrir son âme tout
entière à son défenseur et s'abandonner à sa
foi ".»
Independientemente de que se conciba
como un derecho del cliente o como un
deber del Abogado, este principio no tiene
nada que ver con una protección o un privi­
legio de este último . Dicho principio se
deriva fundamentalmente de la necesidadde
que, en una sociedad civilizada , todo parti­
cular pueda dirigirse a su Abogado para que
le asesorey ayudejurídicamente y para que
le represente, cuando se haya iniciado un
procedimiento ; basándoseigualmente en la
necesidad de que, en una sociedad que ha
elaborado un bloque complejo de normas
que afecta a todos los actos de una persona,
física o jurídica , ésta pueda saber lo que la
ley le permite, lo que le prohibe, en qué
circunstancias debe actuar con prudencia y
cuándo puede correr ciertos riesgos.
El hecho de que el referido principio del
carácter confidencial de lasrelaciones entre
un Abogado y su cliente pueda ser aplicado
de manera distinta y no tenga el mismo
ámbito de aplicación en un momento dado,
en todos los Estadosmiembros, no significa
que el principio no exista. En nuestra opi­
nión, éste debe calificarse como regla de
Derecho comunitario . Han de perfilarse,
tanto su modo de aplicación como el ámbito
de la misma, en Derecho comunitario y en
relación con las actuacionesy procedimien­
tos comunitarios, con el fin de llegar a la
solución mejory másapropiada, no sólo por
lo que respecta a las prácticas seguidas en
los distintos Estados miembros, sino tam-
480
AM & S / COMISIÓN
bien a los intereses de la Comunidad y de
sus Instituciones, de los Estados miembros
y de los sujetos de Derecho comunitario .
Es una cuestión pacífica el hecho de que los
documentos confidenciales del tipo a que
hemos aludido , que se encuentren en pose­
sión del Abogado, están protegidos . En la
medida en que se atienda al fin real perse­
guido por la protección y se pasen por alto
etiquetas y procedimientos como «legal
professional privilege » y «secret profession­
nel» que puedenno traducir con exactitud el
concepto, no vemos qué distinción justifica­
da pueda establecerse entre este tipo de
documentos, cuando se encuentren en
posesión del Abogado , y otros documentos
de la misma naturaleza, cuando seael clien­
te el que los posea. Si el Abogado tiene una
copia y el cliente otra, las dos deberían estar
protegidas. Una solicitud de consejo jurídi­
co y la prestación efectiva de éste, son de
naturaleza idéntica. Decir al cliente que sus
documentos estarán protegidos si los deja
en el despachode su Abogado, pero que no
lo serán si los conserva en su posesión, no
nosparecedefendible, pudiendo incitar , por
ejemplo, a prestar verbalmente consejo
jurídico , cuando éste sea desfavorable, y a
destruir o transferir determinados documen­
tos al despacho del Abogado. Sería cuando
menos sorprendente que, cuando los docu­
mentos del Abogado se encuentren ocasio­
nalmente en las dependencias del cliente el
día escogido por el inspector, deban ser
exhibidos, pero no cuando el Abogado se
los haya llevado consigo. En nuestra opi­
nión, la regla de protección del secreto
profesional, ampara la comunicación mante­
nida entre el Abogado y el cliente con el fin
de solicitar o prestar consejo jurídico , inde­
pendientementedel lugar en que se encuen­
tre y de que se haya iniciado un procedi­
miento judicial . Dicha regla protege el
contenido del consejo legal (dado oralmente
o por escrito) cualquiera que seala forma en
que se haya prestado: mediante carta, o en
un resumen, en una nota o en un acta.
Ha sido ampliamente discutida la posición
del Abogado empleado por cuenta ajena
como tal por una empresa. Si hemos com­
prendido bien, en determinados Estados
miembros, un trabajo por cuenta ajena a
tiempo completo es incompatible con el
estatuto profesional de Abogado en su
plenitud (tal es, aparentemente, el caso en
Bélgica, Francia, Italia y Luxemburgo ); en
otros países, el Abogado que trabaja por
cuenta ajena sigue sujeto a las reglas de
disciplina y deontologia profesionales.
Cuando el Abogado vinculado por un con­
trato laboral sigueestandocolegiado y sigue
sujeto a las referidas reglas de disciplina y
deontologia, estimamos que, en la materia
que nos ocupa, deberá ser tratado de la
misma manera que los Abogados indepen­
dientes. Puedenpresentarsecasosen los que
el Abogado ejerza otras funciones (como,
por ejemplo, en Inglaterra, las de secretario
de una sociedad); evidentemente, la comu­
nicación mantenida en ejercicio de estas
funciones no estaráprotegida. Un Abogado
independiente, que seamiembro o asociado
de una firma de Abogados podrá, durante
largos períodos de tiempo, trabajar para un
único cliente. Si en esecaso sus comunica­
ciones estánprotegidas, también deben serlo
en el supuestode que se trate de un Aboga­
do integrado en el Servicio Jurídico de una
sociedad. No vemos la razón por la que los
Abogados (habilitados profesionalmente y
481
CONCLUSIONES DE SIR GORDON SLYNN - ASUNTO 155/79
sujetos a la disciplina profesional) que
trabajen a tiempo completo por cuenta de
las Instituciones de la Comunidad, de «órga­
nos gubernamentales» o de servicios jurídi­
cos de empresasprivadas, no deban consi­
derarse lo suficientemente independientes
desde el punto de vista profesional, para
entrar dentro del ámbito de aplicación de la
regla de protección del secreto profesional.
Estimamos, por consiguiente, que el Agente
de la Comisión estaba en lo cierto cuando
afirmó que, en la medida en que esté sujeto
a las reglas de disciplina y deontologia
profesionales, el Abogado que trabaje por
cuenta ajena debe ser tratado de la misma
maneraque el Abogado independiente. Otro
tanto cabe decir por lo que respecta a la
comunicación confidencial mantenida entre
un Abogado establecido en un país determi­
nado y otro Abogado establecido en un país
distinto , en relación con las actividades de
sus clientes mutuos o respectivos.
Evidentemente, una correcta administración
de Justicia y los derechos del individuo no
son los únicos aspectos del interés general.
Deben contrastarse con otros aspectos de
este último , con los que eventualmente
pueden entrar en conflicto . Un legislador
puede decidir que alguno de estosaspectos,
que sería normalmente de aplicación , debe
ver reducido su alcance o, pura y simple­
mente, no ser aplicado , en ámbitos en los
que otros aspectosdel interés público deben
prevalecer. La eliminación de prácticas
restrictivas o de obstáculos a la libre compe­
tencia, son ejemplos del referido interés y,
con toda evidencia, en el momento actual
revisten un interés trascendental. ¿Es posi­
ble afirmar que existe una regla comúnmen­
te admitida en los Estados miembros, según
la cual la protección de las relaciones confi­
dencialesmantenidasentreun Abogado y su
cliente debaceder ante la potestadnecesaria
para investigar una presunta infracción a la
normativa en materia de competencia?
Por lo que a nosotros respecta, no conoce­
mos ninguna disposición de Derecho nacio­
nal que excluya expresamentetodo derecho
a la protección de estasrelaciones confiden­
ciales, en investigaciones o procedimientos
incoados en materia de competencia.
Si hemoscomprendido bien, la Ley belga de
27 de mayo de 1960 no menciona el secreto
profesional. Ahora bien, la Ley de Enjuicia­
miento Criminal tampoco lo hace. Este
silencio no excluye el derecho a la protec­
ción del secreto profesional en la norma
citada en último lugar; cabiendo dudar de
que así ocurra en relación con la primera,
aunqueno exista decisiónjudicial alguna en
la materia.
En Dinamarca, la legislación aplicable no
confiere el derecho a retener los documen­
tos, siendopreciso solicitar un mandamiento
judicial para obtener su exhibición . Hasta la
fecha, parece que un mandamiento del tipo
aludido no ha sido necesario, en la medida
en que las personassujetas a una investiga­
ción accedieron a que se examinaran los
referidos documentos. Sin embargo, y dado
que, aparentemente, el carácter confidencial
no seextiende en Derecho danésa los docu­
mentos encontradosen posesión del cliente,
no se planteauna limitación o no aplicación
del principio de protección de la confiden­
cialidad de esta clase de documentos.
482
AM & S / COMISIÓN
En un documento elaborado por el Bundes­
kartellamt, que ha sido presentado al Tribu­
nal de Justicia en la vista, los registros y la
ocupación de documentos efectuadosdentro
de un procedimiento de «sancionesadminis­
trativas de carácter pecuniario» de confor­
midad con lo previsto en la «Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (en lo sucesi­
vo, " GWB ")», están expresamente sujetos
en Alemania a lo dispuesto en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal . Por consiguiente
y en la medida en que el principio de pro­
tección de documentos confidenciales está
salvaguardado en Derecho alemán, los
documentos encontrados en posesión del
cliente no podrán ser ocupados, cuando se
hayan redactado con posterioridad a la
apertura de un procedimiento . Por otra
parte, las investigaciones efectuadas al
amparo de los artículos 46 y 51 y siguientes
de la GWB , similares al procedimiento
contemplado en el artículo 14 del Regla­
mento n° 17, no están sujetas a limitación
expresa alguna. Tanto el Bundeskartellamt
como la doctrina admite, sin embargo, que
los documentos confidenciales están prote­
gidos, con la misma amplitud y que, en
cualquier caso, sólo podrán ser ocupados
previo mandamiento judicial .
Se admite generalmente en Francia que el
silencio legal (véase, por ejemplo, el artícu­
lo 15 del Decreto legislativo n° 45/1484)
permite excluir el secretoprofesional (véase
la sentenciadel Conseil d'État, dictada en el
asunto Appareillé ; Recueil des arrêts du
Conseil d'État 1952, p. 512), amenos que la
correspondencia de que se trate esté «liée
d'une défense». Si se confirmara en vía de
apelación la interpretación amplia que de
esta expresión ha dado el tribunal correc­
tionnel de Nanterre, en su resolución de 18
de diciembre de 1980, convertiría la situa­
ción legal en Francia muy similar a la ya
existente en Alemania y, parece ser, en
Bélgica . Esta resolución judicial fue, sin
embargo, criticada .
Los artículos 25 y 26 de la Ley griega
n° 703/1977, que habilita al Servicio de
Protección de la Competencia a recabar
toda la información necesaria, y a efectuar
registros, excluyen expresamente los docu­
mentos confidenciales, remitiéndose al
artículo 9 de la Constitución y a los artícu­
los 212 y 253 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal .
El apartado 2 del artículo 7 del Anexo
Primero de las «Restrictive Practices Act»
de Irlanda sujeta expresamente las faculta­
des de la Restrictive Practice Commission,
en materia de audiencia de testigos bajo
juramento y requerimiento a éstos para que
presenten determinados documentos, al
régimen del «legal professional privilege ».
El inspector en materia de prácticas restric­
tivas disfruta de amplios poderes, similares
a los conferidos por el artículo 14 del Re­
glamento n° 17; ahora bien, la Sección 15
de la «Restrictive Practice Act » autoriza al
particular sometido a una investigación, a
solicitar a un Tribunal que declare que el
ejercicio de las facultades de inspección no
se justifica en aras de «The exigencies of
the common good». Al igual que el concep­
to inglés, el concepto irlandés del «legal
professional privilege » se fundamenta en el
interés público (y, por lo tanto, puede consi­
derarse inspirado en la idea del bien co­
mún); sin embargo, la «Restrictive Practices
483
CONCLUSIONES DE SIR GORDON SLYNN - ASUNTO 155/79
Act» parece exigir a los Tribunales irlande­
ses que comprueben si el interés público
aboga en favor o en contra del ejercicio por
parte del inspector de las facultades que le
son conferidas.
No parece existir en Italia legislación espe­
cífica en la materia, de tal manera que el
problema que nos ocupa no se plantea.
Parece ser, no obstante, que en las investi­
gaciones efectuadas en la instrucción de
procedimientos administrativos , en relación
con los cuales la normativa aplicable no
contiene a menudo disposiciones detalladas
sobre lasfacultades de inspección, un sector
de la doctrina ha estimado que las reglas
relativas a la instrucción de procedimientos
penales y civiles (que protegen los docu­
mentos confidenciales) son igualmente de
aplicación, según la naturaleza del procedi­
miento (véase Giannini , Diritto Amminis­
trativo , volumen II , 1970, pp. 970 y ss.). Sin
embargo, esta opinión no es pacífica.
En Luxemburgo , el artículo 5 de la Ley de
17 dejunio de 1970 otorga a la Commission
des pratiques commerciales restrictives
amplias facultades de investigación . En
virtud del artículo 6 dicha Comisión puede
solicitar igualmente al Ministro de Econo­
mía que abra una investigación , en cuyo
caso el Ministro habrá de designar a los
funcionarios responsablesde la misma. Las
facultades de estos últimos se definen a la
luz del artículo 8 de la Ley de 30 de junio
de 1961, que serefiere al control de precios.
Este artículo confiere al Office des prix «le
droit d'investigation le plus large». Ni en el
artículo 5 de la Ley de 17 de junio de 1970,
ni en el artículo 8 de la Ley de 30 de junio
de 1961 selimitan expresamentelas faculta­
des de investigación atribuidas a los funcio­
narios, sin que existan pronunciamientos
jurisprudenciales sobre la aplicación de
alguna modalidad determinada de protec­
ción del carácterconfidencial de las relacio­
nes mantenidas entre un Abogado y su
cliente en materia de competencia. Es inte­
resanteobservar, no obstante, que, segúnlo
que hemos entendido, la Commission des
practiques commerciales restrictives es un
organismo únicamente competente para
averiguar los hechos; careciendo de toda
potestad decisoria (artículo 3 de la Ley de
17 dejunio de 1970). Su función se limita a
efectuar investigaciones, previa orden del
ministro , y a elaborar un informe (en el que
pueden recogerse los votos particulares de
los miembros de la Comisión). La aplica­
ción de la Ley escompetencia exclusiva del
Ministro , y las resoluciones que éste adopte
pueden recurrirse ante el Conseil d'État. El
Ministro no puede imponer directamente
multas. Lo que sípuede hacer el Ministro es
prohibir una práctica concreta, previéndose
sanciones de orden penal para el supuesto
en que su resolución no serespete(artículos
7 y 89). Como vemos, la situación en Lu­
xemburgo es distinta de la que resulta del
Reglamento n° 17, en donde la Comisión es
al mismo tiempo órgano investigador y
decisor, estando igualmente facultada para
imponer multas.
En los Países Bajos, el artículo 25 de la
«Wet Economische Delicten» prevé que,
salvo disposición en contrario, las infraccio­
neseconómicas estaránsujetasa lo previsto
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que,
como ya hemosvisto, protege los documen­
tos confidenciales). El artículo 19 de la Ley
484
AM & S/COMISIÓN
regula las facultadesde inspección, prote­
giendoexpresamentelos documentosconfi­
denciales. El artículo 18 de la «Wet Econo­
mische Mededinging» se orienta en la
mismalínea.
La legislación del Reino Unido protege
expresamentelos documentosconfidencia­
les (véaseel artículo 85 del «Fair Trading
Act», de 1973, el artículo37 de la «Restricti­
ve PracticesAct», de 1976y el artículo3 de
la «Competition Act», de 1980). Parece
probablequeenInglaterraseanecesariauna
disposiciónexpresapararestringiro excluir
el «legalprofessionalprivilege».
Por consiguiente, puedellegarsea la con­
clusión de que no existe regla universal
alguna, ni siquiera ampliamenteadmitida,
en virtud de la cual la protecciónde docu­
mentos confidenciales, en su acepción
conocida, debaexcluirseenel ámbitodela
competencia. Existe, todo lo más, alguna
duda en casosconcretos; ahora bien, la
regla generales que la protección referida
seaplicaeneseámbito.
Por su lado, el Gobiernofrancés ha afirma­
do que, correctamenteinterpretado, el ar­
tículo 14 del Reglamenton° 17 confierea la
Comisiónunasfacultadesde investigación
totalmente ilimitados, no restringidospor
principio algunodeproteccióndel carácter
confidencialde la relaciónmantenidaentre
un Abogadoy sucliente.
Sehaafirmadoqueel silenciolegalrelativo
al principio de protección indicaba que
dicho principio debía ser completamente
excluido. Ya hehechounaampliareferencia
a los antecedenteshistóricosdel Reglamen­
to n° 17, conelfin de probarqueel Consejo
habíaexaminadodesdeestaperspectivala
cuestiónde anaeventuallimitación de las
facultades ele la Comisión, para acabar
rechazandola idea. Al mismo tiempo que
expresabasusdudassobrelaprocedenciade
interpretarun Reglamentoa partir de sus
antecedenteshistóricos, el AbogadoGeneral
Sr. Warner estimó que el Consejo no se
habíapronunciadoexpresamenteencontra
de la aplicaciónde un principio de protec­
ción del secreto profesional. Durante la
segundavista, su conclusiónfue discutida
por los Agentesdel Gobiernofrancésy de la
Comisión.
Aunquecompartamosestasdudas, lo alega­
do en la segundavista obliga a examinar
nuevamentesi los antecedenteshistóricos
del Reglamenton° 17muestran, de hecho,
con claridad la intenciónde susautores. El
Preámbulodeclaraque la Comisión debe
ostentarla potestaddeexigir lasinformacio­
nesy de procedera las verificacionesque
estimenecesariasparainvestigarlas prácti­
cas restrictivas contrarias al Tratado. El
Reglamentocontienecuatro disposiciones
que dan efecto a este considerando: los
artículos 11 a 14. Como se desprendede
unalecturaconjuntadel Proyectoinicial, las
enmiendaspropuestaspor la Comisiónde
MercadoInterior del Parlamento(que figu­
ran al igual que el proyecto inicial en el
«rapport Deringer», ParlamentoEuropeo,
doc. 57/1961), lasenmiendasdel Parlamen­
to (DO 1961,73, p. 1409) y la versión final ,
fueobjetode modificacionesimportanteslo
quehoy esel artículo 11 ; ahorabien, aparte
485
CONCLUSIONES DE SIR GORDON SLYNN - ASUNTO 155/79
de unanueva formulación del apartado 6 del
artículo 14, sólo se aprobaron enmiendas
textuales menores a los apartados 2, 3 y 5
del artículo 14.
En relación con estosartículos, la Comisión
del Mercado Interior planteó diversas cues­
tiones relativas al principio general de
legalidad observado por los Estados. Afir­
maba la referida Comisión que «Toute
personne tenue de fournir des renseigne­
ments doit avoir le droit de refuser le témoi­
gnage tout comme le secret professionnel,
par exemple, des avocats et des experts
-comptables, doit être garanti. En cas de
perquisition , il faut prévoir l'intervention
du tribunal du fait que d'après la loi fonda­
mentale allemande, par exemple, des per­
quisitions ne peuvent être faites que sur
mandat du juge. La possibilité pour
l'intéressé d'introduire un recours devant la
Cour de justice contre la décision de la
Commission ne remplace pas le mandat de
perquisition du juge , car le renversement de
la charge de la demande restreint d'une
façon inadmissible la défensede l'intéressé»
(apartado 121).
La única enmienda propuesta afectaba, no
obstante, al proyecto de artículo 11, al que
se añadía el apartado siguiente:
«Sont tenus de fournir les renseignements
demandés les propriétaires d'une entreprise
ou leurs représentants et, dans le cas de
personnesmorales, de sociétésou d'associa­
tions n'ayant pas la personnalité juridique ,
les personnes chargées de les représenter
selon la loi ou les statuts. Les personnes
tenues de fournir les renseignements peu­
vent refuser de répondre aux questions
lorsque ladite réponse risque de les exposer
elles-mêmesou d'exposerune despersonnes
pouvant refuser de témoigner en vertu du
Code national de procédure, ou les entrepri­
ses ou les associations d'entreprises qu'ils
(sic) représentent, à des sanctions pénales.»
Cuando se adoptó el Reglamento n° 17, se
eliminó la segunda frase. Es de todo punto
evidente que esta frase no se corresponde
con ninguna doctrina del secreto profesional
conocida en algún Estado miembro. A lo
que más se asemejadicha segunda frase es
a la regla existente en Derecho alemán (y
también en Derecho inglés), sepún In cual
i'na persona puedenegarsea declarar contra
sí mi«ma. El apartado 121 del «rapport
Deringer» muestra que al Derecho alemán
se le ha prestado una gran atención.
No todas las recomendaciones formuladas
en el informe se propusieron como enmien­
das al proyecto, y esposible que el deseode
proteger el secretoprofesional haya conoci­
do la misma suerte que la propuesta de
subordinar los registros a la expedición de
un mandamientojudicial . No obstantey aun
suponiendo que la enmienda al artículo 11
propuesta por el Parlamento pueda ser
interpretada como una referencia al secreto
profesional, se plantea la cuestión de por
qué no sepropuso ninguna enmienda similar
al artículo 14. No existe una respuestaclara
al respecto.
Estas informaciones disponibles acerca de
los antecedenteshistóricos del Reglamento
486
AM & S / COMISIÓN
están lejos de constituir un indicio claro de
la intención de sus autores. Estimamos que
todo lo que puede afirmarse es que la Co­
misión de Mercado Interior del Parlamento
consideró una limitación de las facultades
de investigación de la Comisión de que aquí
se discute, sin que la referida Comisión
parlamentaria propusiera ninguna enmienda
destinada a dar efecto a dicha limitación .
Nada indica que el Consejo o la Comisión
hayan considerado este punto, o en el su­
puesto de que haya sido así, de qué manera
lo hicieron. Esta es la razón por la que los
antecedenteshistóricos del Reglamento no
ofrecen ningún punto de apoyo, en nuestra
opinión, para interpretar el artículo 14.
Es imposible aceptar lo alegado en el senti­
do de que la exhibición de determinados
documentos a un funcionario debidamente
habilitado , en aplicación del artículo 14, no
daña en absoluto la protección del secreto
profesional, ampliamente reconocida en los
Estados miembros, como se desprende del
resumen que ya hemos hecho. De la misma
manera, tampoco podemos aceptar lo alega­
do en el sentido de que los procedimientos
incoados al amparo del artículo 14 son
meramente administrativos y se limitan a la
constatación de hechos, por lo que el princi­
pio no sería de aplicación en ningún supues­
to. En el procedimiento contemplado en el
Reglamento n° 17 no existe una separación
clara en la investigación entre una fase de
mera determinación de los hechos y otra
cuasijurisdiccional . El mismo Director
General conoce del expediente desdeque se
incoa hasta que se concluye. En cualquier
caso, nos remitimos a lo afirmado por el
Tribunal de Justicia en el asunto
Hoffrnann-La Roche/Comisión (85/76,-
Rec. 1979, p. 461 , apartado 9): «Conside­
rando que el respeto del derecho de defensa
en todo procedimiento que pueda conducir
a la imposición de sanciones, especialmente
a multas sancionadoras, o multas coerciti­
vas, constituye un principio fundamental de
Derecho comunitario que debe ser observa­
do, aunque setrate de un procedimiento de
caráctermeramenteadministrativo ». Esta es
la razón por la que, a nuestro modo de ver,
la naturaleza del procedimiento no excluye
la aplicación del principio .
En su informe de 1976sobre los métodos de
interpretación, el JuezSr. Kutscher, estima­
ba que el acto adoptado por una institución
comunitaria «debe ser interpretado, en la
medida de lo posible, de manera tal que sea
compatible con lasnormas del Tratado y los
principios generalesdel Derecho, que tam­
bién prevalecen sobreel Derecho comunita­
rio derivado. No han de tomarse en consi­
deración otras posibles interpretaciones que
conducirían a la incompatibilidad del acto
con el Derecho de rango superior y, por lo
tanto, a la inaplicabilidad o nulidad del acto
adoptado por la Institución» (p. 38).
Somos perfectamente conscientes de la
importancia que reviste el respeto de los
artículos 85 y 86 del Tratado, de la necesi­
dad de obtener todo tipo de información
sobre los hechos imputados a los particula­
res de que se trate, así como de las dificul­
tades en obtener las pruebas para determi­
nar la verdad. Sin embargo, correctamente
interpretado, el artículo 14 no habilita , en
nuestra opinión , a la Comisión para exami­
nar aquellos documentos que estén prote­
gidos por el principio general de protec-
487
CONCLUSIONES DE SIR GORDON SLYNN - ASUNTO 155/79
ción del secreto profesional, tal y comò
consideramosque se consagraen Derecho
comunitario.
Compartimos, por consiguiente, la opinión
defendidapor la Comisión; a saber, que, a
nivel jurídico , no esposible afirmar queel
Derechocomunitariono contieneun princi­
pio protectorde la comunicaciónconfiden­
cial mantenidaentreun Abogadoy suclien­
te. Sinembargoy comoya hemosexpuesto,
esteprincipio esmásvastoy máslógico, a
nuestromododever, quela reglalimitativa
propuestapor la Comisión. Setrata de un
principio generalde Derechocomunitario,
que es preciso deducir de un examendel
principio generalaplicado, de maneradis­
tinta, en los Estadosmiembros. Dicho prin­
cipio no es el resultado de una práctica
discrecional de la Administración, ni se
deriva de un conceptode «estoppel» que
puedadeducirsede una respuestadadaa
una cuestiónparlamentariaque no tendría
por qué ser necesariamentevinculantede
caraal futuro. La aplicacióndeesteprinci­
pio no estáexcluida en las investigaciones
abiertasen materia de competencia, ni el
artículo 14impide su aplicación.
De lo dicho se desprendeque, en nuestra
opinión, las opiniones defendidaspor los
Sres. Ehlermanny Oldekop (reproducidas
en susConclusionespor el AbogadoGene­
ral Sr. Warner, en la página 1623 de las
mismas, y a las que, aunque hayan sido
expresadasa título personal, otorgamosuna
importanciaconsiderable) sonbásicamente
correctas. Dichasopinioneslascomparten,
en lo fundamental, J. Sedemund, «Due
processin Community law») y otrosartícu­
los quehansidocitadosanteel Tribunalde
Justicia.
Un problemaparticularplanteanen el pre­
senteprocedimientolos documentoselabo­
rados por o para empresasdel grupo Río
Tinto Zinc distintasdela partedemandante.
Como estimóel Tribunal de Justiciaen el
asuntoICI/Comisión (48/69,- Rec. 1972,
pp. 619 y ss., especialmentep. 666), las
relacionesentrelos miembrosde un grupo
de sociedadesque formen una unidad
económicapuedensignificar quesuperso­
nalidadjurídica separadadebaconsiderarse
comounadistinciónmásformalquesustan­
cial; especialmentepor lo que respectaal
ámbitode la competencia. Porotraparte, un
dictamenjurídico elaboradobienpor Abo­
gadosque trabajenpor cuentaajena, bien
por Abogados independientes, y que se
encuentreen posesión de una sociedad
integradaen el grupo, puede, de hecho,
habersido solicitadoennombredetodaslas
sociedadespertenecientesal grupo. Tal es
sin dudaalgunael casocuando, comoen el
presenteprocedimiento, la función de un
miembro del grupo consiste en asesorar
jurídicamentea todo el grupo. En semejante
situación, parecerazonableconsiderarque
el interéscomúnde todoslosmiembrosdel
grupojustifica considerarcomo confiden­
cialeslos documentosquehayansido elabo­
radospor o paraalgúnmiembrodelgrupoy
que se encuentrenen posesión de otro
miembrodel grupo.
Algunos de los escritos, por ejemplo el
documenton° 13, tratan sobrecuestiones
que no entrandentro de las categoríasa),
comunicacionesentre un Abogado y su
488
AM & S /COMISIÓN
cliente(o entreun Abogado y otro Aboga­
do) ni b), actasen las que serecogenestas
comunicaciones; categoríasya menciona­
das. Estaspartesdebenserpresentadas. No
existe ninguna dificultad práctica, para
preservarlaspartesprotegidas. Considera­
mos, con estareserva, quetodos los docu­
mentosque siguensiendodiscutidosestán
protegidosy no han de ser exhibidos a la
Comisión.
Aunque la cuestión procedimental haya
dejado de ser el principal problema, una
parte importantede la línea argumentaide
la Comisiónsigueconsistiendoen afirmar:
a) que el carácterprotegido o no de un
documentoconcretono puededependerde
la opiniónpersonalde la empresay b) que,
en la faseactualde desarrollodel Derecho
comunitario, el propio inspectores el que
debedecidir la cuestión, pudiendodirigirse
a suscolegas, con caráctergeneral, cuando
tengaalgunadudaal respecto. Estamosde
acuerdocon la primera parte de esta afir­
mación; por el contrario la segundanos
parecetotalmenteinaceptable. Pareceser
que, enun determinadonúmerode Estados
miembros, la decisiónsobresi un documen­
to estáprotegidono sedejaa la apreciación
de la autoridad investigadora: semejante
situaciónsería, por otra parte, intolerable.
No vamosa repetir la opinión manifestada
por el AbogadoGeneralSr. Warner, sobre
estepuntoenel asuntoquenosocupa, pero
la hacemosplenamentenuestra. Estamosde
acuerdoen que la cuestiónha de decidirla
un Tribunal independiente. Es demasiado
simplista afirmar que el inspector puede
hacerabstraccióne ignorarplenamentetodo
datoprotegidoquehayapodido leermien­
tras decidía acerca de la naturalezadel
documento. En ocasiones, los Juecespue­
denefectuarunaoperaciónsimilar, perosu
formación es distinta y, ni siquiera para
ellos es una tarea fácil. La situación en
Inglaterraseha exageradoen lasalegacio­
nes presentadasen nombre del Gobierno
francés, puestoque es frecuenteque una
decisión acercade si determinadosdocu­
mentosdebenser objeto de protecciónse
sustancieen procedimientoseparadoy sea
adoptadapor un Juezdistintodel llamadoa
pronunciarsesobreel fondo. Porotraparte,
en el ámbitoquenosocupaestimamosque
esnecesarioteneren cuentael sentimiento
deinjusticiaquepuedenexperimentarquie­
nes sean objeto de la investigación. Sin
dudaalguna, la empresaafectadaquedaráa
menudoen unasituaciónde incertidumbre
acerca de si el inspector ha prescindido
realmentedel elementode informaciónde
quesetrate o si, conscientementeo no, ha
planteadodeterminadospreguntaso efec­
tuadociertasindagacionesquesólopueden
haberseinspiradoenla informaciónprotegi­
da. No setrata, demaneraalguna, de dudar
de la buenafe o lasbuenasintencionesdel
inspector; setratasimplementedeponerde
manifiesto la dificultad de sabersi dicho
inspectorhasido influenciadoinconsciente­
mentepor lo quehayapodido leer y por lo
que, por hipótesis, no hubieradebidover.
Porconsiguiente, estimamosinsatisfactoria
la respuestadada al señor Cousté, en la
medidaen quesuponeúnicamenteel com­
promiso de la Comisión de no utilizar el
documento. En la medidaen que el docu­
mentodebaestarprotegido, la Comisiónno
debeverlo . El interésgeneralenquereposa
el principio deproteccióndel carácterconfi­
dencialde las relacionesmantenidasentre
489
CONCLUSIONESDE SIRGORDONSLYNN - ASUNTO 155/79
un Abogado y su cliente, nace a partir del
momento en que se solicita o presta consejo
jurídico , y subsiste en el futuro, con inde­
pendencia del momento en que se requiera
la exhibición de los documentos correspon­
dientes, con ocasión de una verificación .
No podemos compartir la tranquilidad con
que la Comisión sugiere que, al final , todos
los problemas pueden solucionarse. Dicha
Institución afirma, en efecto, que, cuando
una información protegida haya sido utiliza­
da para adoptar una Decisión por la que se
declare la existencia de una infracción,
dicha Decisión puede ser anulada por el
Tribunal de Justicia. Esta manera de enfocar
el problema pasa por alto, en nuestra opi­
nión, consideraciones importantes. La
información protegida (indebidamente
utilizada, por hipótesis) puede ser la piedra
angular de la argumentación de la Comi­
sión; puede aparecer en una fase temprana
de la investigación; ésta puede ser, y lo es a
menudo, larga, lo que significa que exige
mucho tiempo y esfuerzo del personal de la
Comisión. El coste para la Comunidad y,
por consiguiente, también para el contribu­
yente, así como para la empresa afectada,
puede ser extraordinariamente elevado. En
nuestra opinión , es más satisfactorio, más
razonable y más eficaz que la cuestión que
nos ocupa se resuelva en una fase anterior.
A menos que un texto legislativo comunita­
rio establezcaclaramente que no es posible
resolver estetipo de cuestiones en una fase
anterior, consideramos que la solución más
acertadaesla intervención judicial , antesde
que los documentos sean consultados y
utilizados . Es preferible evitar, en cualquier
caso, que una información protegida de este
tipo siga siendo utilizada , cuando existan
medios para decidir si está o no protegida.
No pensamosque el hecho de que semejan­
te decisión se adopte en una fase inicial
suponga un conflicto entre las funciones de
la Comisión y las jurisdiccionales ; puesto
que las funciones de una y de otra, de cara
a la realización de los fines del Tratado y
del ordenamiento comunitario , son comple­
mentarias y no contradictorias.
El Abogado General Sr. Warner, ha avanza­
do un cierto número de consideracionesque
abogan en favor de la idea de que la cues­
tión searesueltapor los Tribunales naciona­
les, aplicando la norma comunitaria; mien­
tras que, como nosotrosmismos hubiéramos
hecho, seoponía a que la protección depen­
diera del Derecho nacional del Estado
miembro en el que seencontrasenlos docu­
mentos. La solución por él apuntada es
manifiestamente una solución viable , aun­
que puedan surgir ciertas dificultades del
hechode que, enalgunospaíses, esel «bâton­
nier», no un Tribunal , quien decide si los
documentos estáno no protegidos.
Creemos que existe una solución alternati­
va, que no nos parece que presente tantas
desventajas como se le han atribuido . So­
mos de la opinión de que, a partir del mo­
mento en que la cuestión de principio quede
resuelta por el Tribunal de Justicia, los
puntos conflictivos en la mayor parte de los
procedimientos que puedan surgir en el
futuro serán probablemente menores. En la
mayoría de los casos, las partes probable­
mente podrán llegar a un acuerdo acerca de
si un documento entra, de hecho, dentro del
ámbito de aplicación del principio ; dado
490
AM & S / COMISIÓN
que el Abogadode la empresapodrácon­
vencer al inspector de la naturalezadel
documento sin necesidad de exhibirlo.
Cuandosurja una controversiay la Comi­
siónno quedesatisfecha, éstapodráadoptar
una Decisión que, eventualmente, podrá
recurrirseanteel Tribunal de Justicia, como
ha ocurrido en el caso de autos y, en su
caso, el asuntoseatribuirá a unaSala. A la
luz de la experienciaadquiridaen ámbitos
similares, no creemos que, como se ha
afirmado, vayaa producirseunaavalancha
derecursos. Tampocodebeotorgarsemayor
importanciaa lo afirmado en relación con
los presuntosretrasosy maniobrasdilatorias
que tienen lugar en los procedimientos
americanos. Losjuristasamericanossonlos
primerosen señalarquedichosretrasosno
sepresentanenel sistemadel ReinoUnido.
El Tribunal de Justiciadisponede medios
suficientesparaatajartodautilización frau­
dulentade lasvías procesales. Aunquelos
costesqueunaactitudprocesaldeestetipo
podría generar para la empresano sean
disuasivos, los Abogadosqueactúeneneste
tipo de litigios correríanel riesgo de ser
severamentecriticados por el Tribunal de
Justicia en su sentencia, por haber inter­
puestoantedicho Tribunalun recursomani­
fiestamente temerario, en relación con
determinadosdocumentos.
Estimamos, por consiguiente, que la solu­
ción másadecuadaconsisteenque, cuando
se suscite una controversia, la misma se
planteeal Tribunal de Justiciacomo en el
casopresente.
Por consiguiente y a reserva de lo ya dicho en relación con determinadas partes de
los documentos discutidos , estimamos que procede declarar nula y sin efecto
alguno la letra b) del artículo 1 de la Decisión de la Comisión de 6 de julio de
1979, así como que la Comisión debe ser condenada en costas. De la fase ulterior
del procedimiento no se desprende, en nuestra opinión , motivo alguno para
apartarsede la propuesta del Abogado General Sr. Warner, de que la Comisión sea
igualmente condenada a cargar con las costas de las partes coadyuvantes cuyas
pretensiones hayan sido estimadas; a saber, las del Gobierno del Reino Unido y de
la CCBE , así como que el Gobierno francés cargue con sus propias costas.
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