62020CJ0575
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 16 de diciembre de 2021 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Contaminación atmosférica — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Directiva 2003/87/CE — Instalaciones de combustión de combustibles — Anexo I — Potencia térmica nominal total — Métodos de cálculo — Regla de agregación»
En el asunto C‑575/20,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), mediante resolución de 29 de septiembre de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de noviembre de 2020, en el procedimiento entre
Apollo Tyres (Hungary) Kft.
y
Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. C. Lycourgos (Ponente), Presidente de la Sala Cuarta, en funciones de Presidente de la Sala Décima, y los Sres. I. Jarukaitis y M. Ilešič, Jueces;
Abogado General: Sr. E. Tanchev;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Apollo Tyres (Hungary) Kft., por el Sr. T. Biczi, ügyvéd;
–
en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Z. Fehér y la Sra. K. Szíjjártó, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Wils y B. De Meester y por la Sra. K. Talabér-Ritz, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del anexo I, punto 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO 2003, L 275, p. 32), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018 (DO 2018, L 76, p. 3) (en lo sucesivo, «Directiva 2003/87»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Apollo Tyres (Hungary) Kft. (en lo sucesivo, «Apollo Tyres») y el Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter (Ministro de Innovación y Tecnología, Hungría) (en lo sucesivo, «Ministro de Innovación») en relación con la multa impuesta por este a dicha sociedad por haber emitido gases de efecto invernadero sin ser titular de un permiso de emisión.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/87 dispone:
«La presente Directiva se aplicará a las emisiones generadas por las actividades a que se refiere el anexo I y a los gases de efecto invernadero que figuran en el anexo II.»
4
El artículo 3 de dicha Directiva establece:
«A efectos de la presente Directiva serán de aplicación las siguientes definiciones:
[…]
b)
“emisión”: la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero a partir de fuentes situadas en una instalación o la liberación, procedente de una aeronave que realiza una actividad de aviación enumerada en el anexo I, de los gases especificados por lo que se refiere a dicha actividad;
[…]
e)
“instalación”: una unidad técnica fija donde se lleven a cabo una o varias actividades de las enumeradas en el anexo I, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden una relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación;
[…]».
5
El artículo 4 de la citada Directiva establece:
«Los Estados miembros velarán por que, a partir del 1 de enero de 2005, ninguna instalación lleve a cabo ninguna de las actividades enumeradas en el anexo I que dé lugar a emisiones especificadas en relación con dicha actividad, salvo si su titular posee un permiso expedido por una autoridad competente, de conformidad con los artículos 5 y 6, o salvo si la instalación está excluida del [régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE)] de la [Unión Europea] con arreglo al artículo 27. Esto también se aplicará a las instalaciones incluidas conforme al artículo 24.»
6
El artículo 7 de la misma Directiva tiene la siguiente redacción:
«El titular notificará a la autoridad competente cualquier cambio previsto en el carácter o en el funcionamiento de la instalación o cualquier ampliación o reducción significativa de su capacidad que pueda hacer necesaria la actualización del permiso de emisión de gases de efecto invernadero. Cuando resulte necesario, la autoridad competente procederá a la actualización del permiso. En los casos en que cambie la identidad del titular de la instalación, la autoridad competente actualizará el permiso introduciendo el nombre y la dirección del nuevo titular.»
7
A tenor del artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2003/87:
«Para el período hasta el 31 de diciembre de 2020, los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 30 de abril de cada año, el titular de cada instalación entregue un número de derechos de emisión, distintos de los derechos de emisión expedidos en virtud del capítulo II, que sea equivalente a las emisiones totales de esa instalación durante el año natural anterior, verificadas de conformidad con el artículo 15, y por que dichos derechos de emisión se cancelen a continuación. Para el período a partir del 1 de enero de 2021, los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 30 de abril de cada año, el titular de cada instalación entregue un número de derechos de emisión, que sea equivalente a las emisiones totales de esa instalación durante el año natural anterior, verificadas de conformidad con el artículo 15, y por que dichos derechos de emisión se cancelen a continuación, con sujeción a la revisión a que se refiere el artículo 28 ter.»
8
El artículo 14, apartado 3, de esa Directiva dispone:
«Los Estados miembros velarán por que todos los titulares de instalación o los operadores de aeronaves supervisen y notifiquen las emisiones de la instalación durante cada año natural, o a partir del 1 de enero de 2010 para las aeronaves operadas, a la autoridad competente una vez finalizado ese año, de conformidad con los actos a que se refiere el apartado 1.»
9
El artículo 27 bis, apartado 3, de la citada Directiva dispone:
«Los Estados miembros también podrán excluir del RCDE de la [Unión] las unidades de generación de electricidad de reserva y de seguridad que no hayan estado en funcionamiento más de 300 horas al año en cada uno de los tres años anteriores a la notificación prevista en el apartado 1, letra a), en las mismas condiciones que las establecidas en los apartados 1 y 2.»
10
Entre las actividades previstas en el anexo I de esta misma Directiva, titulado «Categorías de actividades a las que se aplica la presente Directiva», figura la «combustión en instalaciones con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW (excepto las instalaciones de incineración de residuos peligrosos o urbanos)».
11
El punto 3 de este anexo tiene la siguiente redacción:
«Cuando se calcule la potencia térmica nominal total de una instalación para decidir sobre su inclusión en el RCDE de la [Unión], se sumarán las potencias térmicas nominales de todas las unidades técnicas que formen parte de la misma en las que se utilicen combustibles dentro de la instalación. Estas unidades pueden incluir todo tipo de calderas, quemadores, turbinas, calentadores, hornos, incineradores, calcinadores, cocedores, estufas, secadoras, motores, pilas de combustible, unidades de combustión con transportadores de oxígeno (chemical looping), antorchas y unidades de post-combustión térmicas o catalíticas. Las unidades con una potencia térmica nominal inferior a 3 MW y las que utilicen exclusivamente biomasa no se tendrán en cuenta a efectos de este cálculo. Las “unidades que utilizan exclusivamente biomasa” incluyen las que utilizan combustibles fósiles únicamente durante el arranque o la parada de la unidad.»
Derecho húngaro
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El artículo 2, punto 24, de la az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény (Ley n.o 217 de 2012 sobre la participación en el régimen de comercio comunitario de [derechos de emisión de] gases de efecto invernadero y en la aplicación de la decisión de reparto del esfuerzo) [Magyar Közlöny 2012/180. (XII.27.) dispone:
«Instalación: una unidad técnica fija donde se lleven a cabo una o varias actividades de las enumeradas en los números I a XXI del anexo I o cualesquiera otras actividades relacionadas tecnológicamente con ellas, así como actividades que guarden una relación de índole técnica con las llevadas a cabo en dicho lugar, y que den lugar a las emisiones de gases de efecto invernadero que se especifican en el anexo I o que tengan repercusiones directas sobre dichas emisiones.»
13
El punto 3.1 del anexo 1 de dicha Ley define la actividad como la «combustión de combustibles en instalaciones con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW (exceptuando las instalaciones de incineración de residuos peligrosos o de residuos urbanos)».
14
El artículo 1, apartado 5, del az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet (Decreto Gubernamental n.o 410, de 28 de diciembre de 2012, relativo a determinadas normas de desarrollo de la Ley n.o 217 de 2012 sobre la participación en el régimen de comercio comunitario de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y en la aplicación de la decisión de reparto del esfuerzo) [Magyar Közlöny 2012/182. (XII.28.)] dispone:
«La autoridad expedirá el permiso de emisión sobre la base de una resolución administrativa que establezca las condiciones de uso medioambiental cuando aprecie que el titular cumple las condiciones establecidas en la Ley [n.o 217 de 2012]. El anexo 3 especifica los requisitos materiales detallados del permiso de emisión.»
15
A tenor del punto 2.7 del anexo 2 de este Decreto:
«Cuando se calcule la potencia térmica nominal total de una instalación para decidir sobre su inclusión en el régimen comunitario, se sumarán las potencias térmicas nominales de todas las unidades técnicas que formen parte de la misma —incluidos los equipos exonerados con arreglo al artículo 15/B de la Ley [n.o 217 de 2012], esto es, las unidades de reserva y de seguridad— en las que se utilicen combustibles dentro de la instalación. Estas unidades pueden incluir todo tipo de calderas, quemadores, turbinas, calentadores, hornos, incineradores, calcinadores, cocedores, estufas, secadoras, motores, pilas de combustible, unidades de combustión con transportadores de oxígeno (chemical looping), antorchas y unidades de poscombustión térmicas o catalíticas, incluidos los equipos exonerados con arreglo al artículo 15/B de la Ley [n.o 217 de 2012]. Las unidades con una potencia térmica nominal inferior a 3 MW y las que utilicen exclusivamente biomasa no se tendrán en cuenta a efectos de este cálculo. Las “unidades que utilizan exclusivamente biomasa” incluyen las que utilizan combustibles fósiles únicamente durante el arranque o la parada de la unidad.»
16
El artículo 2, punto 7, de la a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (Orden 53/2017 del ministro de Agricultura, de 18 de octubre, relativa a las condiciones de funcionamiento de las unidades de combustión con una potencia térmica nominal total igual o superior a 140 kW, pero inferior a 50 MW, y a los valores límite de emisión de contaminantes del aire) [Magyar Közlöny 2017/169. (X.18.)] dispone:
«La potencia térmica nominal es el contenido calórico, expresado en kilovatios (kW) o en megavatios (MW), del combustible suministrado por unidad de tiempo a la unidad de combustión de que se trate necesario para que la unidad de combustión funcione a la potencia nominal establecida en una resolución administrativa.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
17
En el marco de su producción de neumáticos, Apollo Tyres explota tres calderas de vapor.
18
El representante exclusivo de los fabricantes de estas calderas ha certificado que la potencia máxima de combustión de las citadas calderas se había ajustado mediante un programa informático en los siguientes valores: 8,991 MW, 8,791 MW y 8,962 MW. Asimismo, para que la potencia térmica de las mismas calderas permanezca por debajo de 20 MW, siempre se apaga una de ellas, de modo que la potencia máxima que puede alcanzar la instalación es de 17,953 MW (8,991 MW + 8,962 MW). Sirven para acreditar este extremo el sistema de registro del consumo de gas, los registros diarios de las calderas y los documentos que registran el consumo de gas. El permiso de explotación actualizado en materia de protección de la calidad del aire, expedido a Apollo Tyres, también deja constancia de que no pueden estar en funcionamiento simultáneamente más de dos calderas, por lo cual la potencia térmica total que puede alcanzarse es, como máximo, de 17,953 MW.
19
El Ministro de Innovación impuso, el 20 de marzo de 2020, una multa de 29000000 de forintos húngaros (HUF) (aproximadamente 81200 euros) a Apollo Tyres por la emisión de gases de efecto invernadero sin autorización, debido a que, contrariamente a lo que sostiene dicha sociedad, habida cuenta de la potencia térmica nominal de las tres calderas que componen su instalación, esta última dispone de una potencia térmica nominal total de más de 20 MW, sin que sea necesario tomar en consideración las limitaciones impuestas a la potencia nominal de esas calderas.
20
Apollo Tyres impugna la legalidad de esta decisión ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría).
21
Dicho órgano jurisdiccional se pregunta si, para determinar si una instalación debe incluirse en el RCDE de la Unión, es necesario que una unidad técnica que compone dicha instalación tenga una incidencia directa en las emisiones. En otras palabras, se trata de saber si, en esa unidad técnica, debe desarrollarse una actividad que implique la combustión de combustible o una actividad directamente vinculada o técnicamente relacionada directamente con dicha actividad.
22
En estas circunstancias, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Puede interpretarse la Directiva 2003/87, en particular su anexo I, punto 3, en el sentido de que, a la hora de decidir sobre la inclusión en el régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el interior de la Unión (RCDE de la UE) de la [combustión de combustibles] que se lleva a cabo en la instalación de que se trata, incide en [el cálculo de] la potencia térmica nominal total de la instalación el hecho de que un equipo que forma parte de dicha instalación opere sujeto a una limitación (extremo que ha quedado acreditado)?»
Sobre la cuestión prejudicial
23
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el anexo I, punto 3, de la Directiva 2003/87 debe interpretarse en el sentido de que la potencia térmica nominal total de una instalación debe calcularse tomando en consideración las limitaciones impuestas por su titular a la potencia térmica nominal máxima de combustión de dicha instalación.
24
Con carácter preliminar, es preciso recordar que el objeto de la Directiva 2003/87 es el establecimiento de un régimen para el comercio de derechos de emisión que persigue la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático y cuyo objetivo último es la protección del medio ambiente (sentencia de 11 de noviembre de 2021, Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf, C‑938/19, EU:C:2021:908, apartado 67 y jurisprudencia citada).
25
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/87 prevé que el ámbito de aplicación de esta abarca las emisiones generadas por las actividades a que se refiere su anexo I y a los gases de efecto invernadero que figuran en el anexo II, entre los que está en particular el dióxido de carbono (sentencia de 28 de julio de 2016, Vattenfall Europe Generation, C‑457/15, EU:C:2016:613, apartado 28).
26
De conformidad con el artículo 3, letra e), de esa Directiva, el concepto de «instalación» se define como una unidad técnica fija donde se lleven a cabo una o varias actividades de las enumeradas en el anexo I, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden una relación de índole técnica con las actividades llevadas a cabo en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.
27
Entre las actividades previstas en el anexo I de la misma Directiva está la combustión en instalaciones con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW, excepto las instalaciones de incineración de residuos peligrosos o urbanos (sentencia de 28 de julio de 2016, Vattenfall Europe Generation, C‑457/15, EU:C:2016:613, apartado 35).
28
El punto 3 de ese anexo I fija una regla de agregación que precisa las condiciones en las que debe apreciarse si la potencia térmica nominal total de combustión en una instalación es superior a 20 MW (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de abril de 2021, Granarolo, C‑617/19, EU:C:2021:338, apartado 59).
29
En virtud de esta regla de agregación, la potencia térmica nominal total de una instalación se calcula sumando las potencias térmicas nominales de todas las unidades técnicas que la componen, en las que se queman carburantes, con excepción de las unidades con una potencia térmica nominal inferior a 3 MW y las unidades que utilizan exclusivamente biomasa.
30
En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que la instalación de que se trata en el litigio principal, cuya actividad consiste en la combustión de combustibles que producen gases de efecto invernadero, está compuesta por tres calderas. Aunque la potencia térmica máxima de cada una de ellas es de más de 12 MW, un procedimiento informático permite limitar su potencia térmica respectiva a 8,991 MW, 8,791 MW y 8,962 MW. Asimismo, un mecanismo instalado por el titular de estas calderas hace que solo dos de estas tres calderas puedan funcionar simultáneamente.
31
Para responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente, procede señalar, en primer lugar, que la regla de agregación, establecida en el anexo I, punto 3, de la Directiva 2003/87, debe interpretarse en el sentido de que obliga, en principio, a sumar la potencia térmica nominal máxima del conjunto de unidades técnicas que componen la instalación considerada, aun cuando estas no funcionen a plena capacidad.
32
En efecto, en primer término, esta interpretación está en consonancia con la finalidad de la Directiva 2003/87, que, a tenor de su artículo 1, no es otra que fomentar reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente (sentencia de 20 de junio de 2019, ExxonMobil Production Deutschland, C‑682/17, EU:C:2019:518, apartado 55 y jurisprudencia citada).
33
Así, por una parte, calcular la potencia térmica nominal total de una instalación determinada tomando en consideración la potencia térmica nominal máxima de sus unidades técnicas permite someter más instalaciones emisoras de gases de efecto invernadero a las obligaciones impuestas por dicha Directiva con el fin de preservar el medio ambiente.
34
Por otra parte, tomar en consideración la potencia de esas unidades permite, tanto a la autoridad nacional competente para la asignación de derechos de emisión (en lo sucesivo, «autoridad nacional competente») como a los titulares, identificar de manera estable las instalaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.
35
Pues bien, a la autoridad nacional competente le resultaría extremadamente difícil hacer respetar las obligaciones que, en virtud de la Directiva 2003/87, recaen sobre los titulares de instalaciones sujetas al RCDE de la Unión y, en particular, la obligación, prevista en su artículo 4, de obtener un permiso de emisión de gases de efecto invernadero; la obligación, prevista en su artículo 14, apartado 3, de supervisar y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por sus actividades, y la obligación, establecida en su artículo 12, apartado 3, de entregar, en principio, un número de derechos de emisión equivalente a las emisiones totales de sus instalaciones, si una instalación pudiera lícitamente estar incluida o excluida del RCDE en función de meras modificaciones temporales del volumen de su actividad de combustión.
36
Además, la toma en consideración de la potencia térmica nominal máxima de las unidades técnicas que componen una instalación permite garantizar la previsibilidad de las restricciones impuestas a los titulares de instalaciones sujetas al RCDE de la Unión y, de este modo, también puede contribuir al respeto del principio de seguridad jurídica, que exige que la normativa de la Unión permita a los interesados conocer sin ambigüedad sus derechos y obligaciones y adoptar las medidas oportunas en consecuencia (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de noviembre de 2021, Aurubis, C‑271/20, EU:C:2021:959, apartado 69 y jurisprudencia citada).
37
En segundo término, tal interpretación se ve corroborada por el artículo 27 bis, apartado 3, de la Directiva 2003/87. En virtud de esta disposición, los Estados miembros pueden excluir del RCDE de la Unión las unidades de generación de electricidad de reserva y de seguridad de una instalación siempre que estas no hayan estado funcionando más de 300 horas al año en cada uno de los tres años anteriores a la notificación, por el Estado miembro de que se trate, de dichas unidades a la Comisión Europea. De ello se deduce que el mero hecho de que una unidad técnica de una instalación no funcione, durante un determinado período, no implica automáticamente que no deba tomarse en consideración para determinar si la instalación de la que forma parte está sujeta al RCDE de la Unión.
38
Asimismo, el documento de orientación de la Comisión de 18 de marzo de 2010, relativo a la interpretación del anexo I de la Directiva 2003/87 (Guidance on Interpretation of Annex I of the EU ETS Directive), que, aun sin ser vinculante, puede servir para arrojar luz sobre la estructura general de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de enero de 2018, INEOS, C‑58/17, EU:C:2018:19, apartado 41 y jurisprudencia citada), precisa, en su punto 3.3.1, que la potencia térmica total se especifica normalmente por el constructor y se muestra en el aparato técnico con la aprobación de la autoridad de control.
39
En tercer término, la necesidad de tomar en consideración, en el cálculo de la potencia térmica nominal total de una instalación, la potencia térmica nominal máxima de las unidades técnicas que la componen se ve confirmada además por el hecho de que varias versiones lingüísticas del anexo I, punto 3, de la Directiva 2003/87, en particular, las versiones en lengua española, griega, italiana, húngara, neerlandesa o portuguesa, hacen referencia expresa a la potencia térmica «nominal» total de la instalación, calculada sumando las potencias térmicas «nominales» de las unidades técnicas que la componen [véase, por analogía, la sentencia de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico), C‑439/19, EU:C:2021:504, apartado 79].
40
Pues bien, cuando se utiliza, como en el caso de autos, en un contexto técnico y energético, el adjetivo «nominal» remite, en su sentido habitual, a una característica o a un rendimiento anunciado por el constructor de un aparato o de una instalación o incluso a la potencia permanente máxima alcanzada en las condiciones normales de funcionamiento en el momento de la recepción de ese aparato o de esa instalación, con independencia de que el citado aparato o instalación pueda funcionar, en su caso, en determinados momentos, por debajo de tal potencia máxima.
41
Dicho esto, en segundo lugar, no puede excluirse que la limitación de potencia o el cierre de una instalación o de una unidad técnica que la compone pueda tomarse en consideración, en determinadas circunstancias, para determinar si la potencia térmica nominal total de la instalación sigue siendo superior a 20 MW.
42
A este respecto, es preciso señalar que, para garantizar la exactitud de los datos y circunstancias que deben tomarse en consideración en el marco del RCDE de la Unión, el artículo 7 de la Directiva 2003/87 obliga a los titulares a informar a las autoridades nacionales competentes de cualquier ampliación o reducción importante de la capacidad de sus instalaciones que puedan requerir una actualización del permiso de emisión de gases de efecto invernadero (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de marzo de 2017, ArcelorMittal Rodange et Schifflange, C‑321/15, EU:C:2017:179, apartados 25 y 26). De ello resulta que, cuando la propia capacidad de combustión de una instalación se reduce por debajo de 20 MW, ese titular debe poder alegar ante la autoridad nacional competente que su instalación ya no está sujeta a la obligación de poseer un permiso de emisión.
43
Por lo demás, cuando se establecen restricciones permanentes y controlables a la potencia térmica nominal máxima de una instalación o de una de sus unidades, sería contrario al objetivo perseguido por la Directiva 2003/87, tal como se ha señalado en el apartado 32 de la presente sentencia, no tomar en consideración tales restricciones para determinar si dicha instalación sigue estando comprendida en el RCDE de la Unión.
44
Asimismo, el documento de orientación mencionado en el apartado 38 de la presente sentencia precisa, en su punto 4.3, que pueden tomarse en consideración restricciones legales o físicas que impidan efectivamente la utilización completa de la potencia máxima de combustión siempre que, por una parte, dichas restricciones sean claramente identificadas por la autoridad nacional competente en un acto ejecutivo y, por otra parte, sean objeto de un control periódico por parte de dicha autoridad.
45
A la luz de lo anterior, y habida cuenta, en particular, de las orientaciones no vinculantes ofrecidas por el citado documento de orientación, procede considerar que, a efectos de la regla de agregación prevista en el anexo I, punto 3, de la Directiva 2003/87, la potencia térmica nominal máxima de una unidad técnica que compone una instalación no debe tomarse en consideración, en su integridad, cuando, por un lado, esa capacidad de rendimiento ha sido reducida, por su titular, de manera permanente, a saber, de forma que esa reducción no puede revertirse sin una intervención técnica importante o sin la aprobación de la autoridad nacional competente, y, por otro lado, tanto esa reducción como su carácter permanente pueden ser verificados por dicha autoridad. Corresponde a ese titular aportar a la citada autoridad las pruebas necesarias a este respecto.
46
Siempre que se cumplan los requisitos enunciados en el apartado anterior de la presente sentencia, el cierre de una unidad técnica que compone una instalación implica, por su parte, que la potencia térmica nominal máxima de esa unidad no deba tomarse en consideración a efectos de dicha regla de agregación.
47
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente que el anexo I, punto 3, de la Directiva 2003/87 debe interpretarse en el sentido de que la potencia térmica nominal total de una instalación debe calcularse sumando la potencia térmica nominal máxima de las unidades técnicas que la componen, salvo cuando las limitaciones impuestas por el titular a dicha potencia térmica máxima sean permanentes, y la existencia de estas limitaciones, al igual que su carácter permanente, sean efectivamente verificables por la autoridad nacional competente para la asignación de los derechos de emisión.
Costas
48
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
El anexo I, punto 3, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, debe interpretarse en el sentido de que la potencia térmica nominal total de una instalación debe calcularse sumando la potencia térmica nominal máxima de las unidades técnicas que la componen, salvo cuando las limitaciones impuestas por el titular a dicha potencia térmica máxima sean permanentes, y la existencia de estas limitaciones, al igual que su carácter permanente, sean efectivamente verificables por la autoridad nacional competente para la asignación de los derechos de emisión.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: húngaro.