62021CJ0181_RES
Asuntos acumulados C‑181/21 y C‑269/21
G.contraM. S.
y
BCyDCcontraX
(Peticiones de decisión prejudicial planteadaspor el Sąd Okręgowy w Katowicach y por el Sąd Okręgowy w Krakowie)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 9 de enero de 2024
«Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Posibilidad de que el órgano jurisdiccional remitente tome en consideración la sentencia prejudicial del Tribunal de Justicia — Necesidad de la interpretación solicitada para que el órgano jurisdiccional remitente pueda emitir su fallo — Independencia judicial — Condiciones de nombramiento de los jueces ordinarios — Posibilidad de cuestionar un auto mediante el que se ha resuelto con carácter firme sobre una demanda de medidas cautelares — Posibilidad de apartar a un juez de una sala — Inadmisibilidad de las peticiones de decisión prejudicial»
Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Límites — Cuestiones que carecen manifiestamente de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil — Cuestiones sobre el cumplimiento de las exigencias inherentes a todo tribunal independiente e imparcial, previamente establecido por la ley, por parte de una sala jurisdiccional de la que forma parte un juez nombrado en circunstancias particulares — Competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales para apreciar la legalidad de esa sala o cuestionar su resolución firme — Inexistencia — Inadmisibilidad
(Art. 267 TFUE)
(véanse los apartados 68 a 78)
Resumen
La Gran Sala del Tribunal de Justicia declara inadmisibles dos peticiones de decisión prejudicial presentadas por jueces polacos que se preguntaban por la conformidad de la composición de la sala, en los asuntos principales, con las exigencias inherentes al tribunal independiente e imparcial a los efectos del Derecho de la Unión.
En el primer asunto (C‑181/21), se designó a una sala de tres jueces del Sąd Okręgowy w Katowicach (Tribunal Regional de Katowice, Polonia) para examinar una reclamación formulada contra un auto por el que se había desestimado la oposición de un consumidor contra un requerimiento de pago. El juez ponente en ese asunto expresó dudas en cuanto a que la sala tuviera la condición de «órgano jurisdiccional», habida cuenta de las circunstancias en las que se había nombrado jueza del Tribunal Regional de Katowice a A. Z., quien también integraba la sala. Las preocupaciones del juez ponente se referían, en particular, al estatuto y al modo de funcionamiento de la Krajowa Rada Sądownictwa (Consejo Nacional del Poder Judicial, Polonia; en lo sucesivo, «CNPJ» (
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)), que participa en tal procedimiento de nombramiento.
Por lo que respecta al asunto C‑269/21, una sala de tres jueces del Sąd Okręgowy w Krakowie (Tribunal Regional de Cracovia, Polonia) examinó la reclamación formulada por un banco contra un auto mediante el que un órgano unipersonal del mismo Tribunal había acogido una demanda de medidas cautelares presentada por unos consumidores. La referida sala de tres jueces reformó el auto recurrido, desestimó dicha demanda en su totalidad y devolvió el asunto al órgano unipersonal. El juez que integra este órgano unipersonal alberga dudas en cuanto a la conformidad con el Derecho de la Unión de la composición de la sala que resolvió sobre la reclamación del banco y, en consecuencia, en cuanto a la validez de la resolución que esta adoptó. En efecto, una de las integrantes de esa sala era la jueza A. T., a quien se nombró para la plaza en el Tribunal Regional de Cracovia en 2021 al término de un procedimiento en el que participó el CNPJ.
En este contexto, el juez ponente, en el primer asunto, y el juez que integra el órgano unipersonal, en el segundo asunto, decidieron plantear al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales con el objeto de que se dilucidara esencialmente si, habida cuenta de las circunstancias particulares en las que se produjeron los nombramientos de las juezas A. Z. y A. T., las salas jurisdiccionales de las que forman parte cumplen las exigencias inherentes al tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, a los efectos del Derecho de la Unión, y si este Derecho (
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) obliga a apartar de oficio del examen de los asuntos de que se trata a tales juezas.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que tanto del tenor como del sistema del artículo 267 TFUE se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales solo están habilitados para plantear cuestiones prejudiciales en la medida en que ante ellos penda un litigio en el que proceda adoptar una decisión que pueda tener en cuenta la sentencia prejudicial. (
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)
A continuación, el Tribunal de Justicia señala que, aunque es cierto que todo órgano jurisdiccional tiene la obligación de verificar si, por su composición, es un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley, a los efectos, en particular, del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, cuando surja sobre este punto una duda fundada, no lo es menos que la necesidad, en el sentido del artículo 267 TFUE, de la interpretación prejudicial solicitada al Tribunal de Justicia presupone que el juez remitente pueda, por sí solo, deducir las consecuencias de esa interpretación apreciando, a la luz de esta, la legalidad del nombramiento de otro juez de la misma sala, en su caso recusándolo.
A este respecto, no es este el caso del juez remitente en el asunto C‑181/21, pues ni de la resolución de remisión ni de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, en virtud de las normas de Derecho nacional, pudiera actuar de tal modo por sí solo. Por lo tanto, la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión solicitada en el asunto C‑181/21 no responde a una necesidad objetiva relacionada con una decisión que el juez remitente pudiera, por sí solo, adoptar en el litigio principal
Por lo que atañe al asunto C‑269/21, el Tribunal de Justicia señala que el propio órgano jurisdiccional remitente subraya que ya no cabe recurso contra el auto de la sala de tres jueces mediante el que se reformó la resolución que él había adoptado y se desestimó la demanda de medidas cautelares de los consumidores afectados, de manera que dicho auto debe reputarse firme conforme al Derecho polaco. Pues bien, aunque alude al halo de inseguridad jurídica de que, a su entender, está rodeado el referido auto por las dudas sobre la regularidad de la composición de la sala que lo dictó, el órgano jurisdiccional remitente no hace referencia a ninguna disposición del Derecho procesal polaco que le confiera competencia para examinar —es más, actuando como órgano unipersonal— la conformidad, en concreto con el Derecho de la Unión, de un auto firme dictado sobre tal demanda de medidas cautelares por una sala de tres jueces. Asimismo, de los documentos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que el auto dictado por la sala de tres jueces vincula al juez remitente y que este carece de competencia para «recusar» a un juez de la sala que dictó ese auto o para cuestionar dicho auto.
Así pues, el Tribunal de Justicia hace constar que el órgano jurisdiccional remitente en el asunto C‑269/21 no es competente, en virtud de las normas de Derecho nacional, para apreciar la legalidad, en particular a la luz del Derecho de la Unión, de la sala de tres jueces que dictó el auto mediante el que se resolvió con carácter firme sobre la demanda de medidas cautelares y, en particular, de las condiciones en que se produjo el nombramiento de la jueza A. T., y para cuestionar, en su caso, dicho auto.
En efecto, al haberse desestimado en su integridad la demanda de medidas cautelares de los demandantes en el litigio principal, la sustanciación de dicha demanda fue resuelta con carácter firme por la sala de tres jueces. Por lo tanto, las cuestiones prejudiciales planteadas en el asunto C‑269/21 se refieren intrínsecamente a una fase del procedimiento en el asunto principal que ha concluido con carácter firme y que se distingue del litigio sobre el fondo, que es el único que sigue pendiente de resolución ante el órgano jurisdiccional remitente. Por lo tanto, estas cuestiones no responden a una necesidad objetiva para la resolución de este litigio, sino que tienen por objeto obtener del Tribunal de Justicia una apreciación general, desligada de las necesidades de dicho litigio, sobre el procedimiento de nombramiento de los jueces ordinarios en Polonia.
(
1
)	En su composición posterior a 2018.
(
2
)	Véanse los artículos 2 TUE y 19 TUE, apartado 1, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(
3
)	Sentencia de 22 de marzo de 2022, Prokurator Generalny y otros (Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo – Nombramiento), (C‑508/19, EU:C:2022:201, apartado 62 y jurisprudencia citada).