62024CJ0510
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 16 de octubre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Cohesión económica, social y territorial — Fondos de la Unión Europea — Gestión y control — Obligación de que los Estados miembros adopten disposiciones para garantizar un examen efectivo de las reclamaciones relativas a los Fondos — Normativa nacional que excluye todo recurso judicial contra una decisión por la que se ordena el reembolso de una subvención de la Unión debido a una irregularidad — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva»
En el asunto C‑510/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), mediante resolución de 11 de julio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de julio de 2024, en el procedimiento entre
PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Kft.
y
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. F. Schalin (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. M. Gavalec y Z. Csehi, Jueces;
Abogado General: Sr. A. Biondi;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno húngaro, por la Sra. Zs. Biró-Tóth y el Sr. M. Z. Fehér, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. B. Béres y la Sra. C. Ehrbar, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Kft. (en lo sucesivo, «Profil-copy»), una sociedad húngara, y el Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (Ministerio de Administración Pública y Desarrollo Regional, Hungría; en lo sucesivo, «Ministerio»), que actúa como autoridad de gestión del programa operativo «Desarrollo Económico e Innovación Plus», en relación con la recuperación de una subvención abonada a Profil-Copy.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El artículo 47 de la Carta establece:
«Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.
Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.
[…]»
4
En virtud del artículo 69 del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (DO 2021, L 231, p. 159):
«[…]
2   Los Estados miembros deberán garantizar la legalidad y la regularidad del gasto incluido en las cuentas presentadas a la Comisión [Europea] y emprenderán todas las acciones necesarias para prevenir irregularidades, incluido el fraude, detectarlas, corregirlas e informar sobre ellas. […]
[…]
7.   Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar la tramitación efectiva de las reclamaciones relativas a los Fondos. El ámbito, las normas y los procedimientos relacionados con dichas disposiciones serán responsabilidad de los Estados miembros, de conformidad con su marco institucional y jurídico. […]
A efectos del presente artículo, el concepto de reclamación incluirá todo litigio entre beneficiarios potenciales y ya seleccionados con respecto a las operaciones propuestas o ya seleccionadas, así como todo litigio con terceros sobre la ejecución del programa o sus operaciones, independientemente de la calificación de las vías de recurso jurisdiccional establecidas en virtud del Derecho nacional.
[…]»
Derecho húngaro
Decreto n.o 256/2021
5
El artículo 132, apartado 1, de a 2021‑2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny 2021/91) (Decreto del Gobierno n.o 256/2021, de 18 de mayo, sobre el régimen de utilización de las subvenciones con cargo a determinados fondos de la Unión Europea durante el período de programación 2021‑2027; en lo sucesivo, «Decreto n.o 256/2021»), establece que la autoridad de gestión celebra con el beneficiario un contrato de subvención de Derecho civil y que las normas relativas al contrato de subvención deben aplicarse, mutatis mutandis, cuando la relación jurídica de subvención se establezca mediante un acto de concesión de la subvención emitido por la autoridad de gestión.
6
En caso de sospecha de irregularidades, la autoridad de gestión tramita un procedimiento de irregularidad conforme al capítulo XIII del Decreto n.o 256/2021.
7
El artículo 397, apartado 2, de dicho Decreto dispone que, si se constata una irregularidad, la autoridad de gestión puede, entre otras cosas, resolver el contrato de subvención.
8
A tenor del artículo 403, apartado 1, del citado Decreto:
«Si la decisión por la que se constata una irregularidad es ilegal o contraria al contrato de subvención o a la convocatoria de esta, el beneficiario puede interponer una vez recurso contra ella».
9
A este respecto, el artículo 408, apartado 1, letra d), del Decreto n.o 256/2021 dispone que, si el recurso interpuesto por el beneficiario tiene por objeto una decisión por la que se resuelve un recurso, la Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság del Miniszterelnökség (Dirección de Auditoría Interna e Integridad de la Oficina del Primer Ministro, Hungría; en lo sucesivo, «Dirección de Auditoría Interna e Integridad») lo declara inadmisible sin examinarlo en cuanto al fondo.
10
El artículo 414, apartado 1, de dicho Decreto establece lo siguiente:
«Al término del procedimiento de recurso, la Dirección de Auditoría Interna e Integridad:
a)
confirma la decisión por la que se constata la irregularidad;
b)
anula la decisión por la que se constata la irregularidad, o
c)
anula la decisión por la que se constata la irregularidad e incoa la tramitación de un nuevo procedimiento de irregularidad ante la autoridad de gestión.»
11
En virtud del artículo 418 del referido Decreto:
«En caso de percepción indebida de una subvención o de utilización de esta de forma contraria a la ley o no conforme con el destino para el que fue concedida o en caso de revocación de la subvención o de resolución unilateral o por mutuo acuerdo del contrato de subvención, el beneficiario está obligado a reembolsar la subvención indebidamente percibida».
12
La autoridad de gestión procede a cobrar la deuda mediante requerimiento de pago o mediante compensación o mediante autorización de pago a plazos. De no lograrlo por estos medios, la autoridad de gestión exhorta sin demora a la Administración tributaria del Estado, en virtud del artículo 436, apartado 1, de mismo Decreto, a cobrar a través de la vía de apremio tributaria la subvención no reembolsada.
Ley CXXX de 2016, de Enjuiciamiento Civil
13
El artículo 103, apartado 1, de la a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Ley CXXX de 2016, de Enjuiciamiento Civil) (Magyar Közlöny 2016/190) establece que el tribunal civil competente puede dictar medidas provisionales a instancia de parte.
Ley CLIII de 2017, sobre los Procedimientos de Apremio de la Administración Tributaria
14
El artículo 15 de la az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Ley CLIII de 2017, sobre los Procedimientos de Apremio de la Administración Tributaria; en lo sucesivo, «Ley sobre los Procedimientos de Apremio») (Magyar Közlöny 2017/193) no menciona a los tribunales entre los organismos facultados para suspender la vía de apremio.
15
Cuando la autoridad de gestión le somete el asunto en virtud del artículo 436, apartado 1, del Decreto n.o 256/2021, la Administración tributaria emite una orden oficial de transferencia, que el proveedor de servicios de pago (banco) de la parte obligada al reembolso debe ejecutar en virtud del artículo 42, apartado 1, de la Ley sobre los Procedimientos de Apremio. Dicha Administración también procede, en virtud del esa Ley, a la ejecución forzosa sobre bienes muebles e inmuebles.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
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Profil-Copy recibió una subvención por importe de 125184193 forintos húngaros (HUF) (aproximadamente 315000 euros) para la instalación de paneles solares. La subvención se concedió en el marco del programa operativo húngaro «Desarrollo Económico e Innovación Plus», ejecutado para el período 2021‑2027 y financiado con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al Fondo Social Europeo Plus (FSE +).
17
Al haber comprobado la existencia de una irregularidad, el Ministerio, actuando como autoridad de gestión de dicho programa, ordenó la revocación del acto de concesión de la subvención y la recuperación de la subvención abonada.
18
A raíz de un recurso interpuesto por Profil-Copy ante la Dirección de Auditoría Interna e Integridad, dicha resolución fue confirmada y ya no es susceptible de recurso alguno, de conformidad con los artículos 403, apartado 1, y 408, apartado 1, letra d), del Decreto n.o 256/2021.
19
En consecuencia, la autoridad de gestión revocó la subvención indebidamente concedida a Profil-Copy y le pidió que la reembolsara, a la vez que le informó de que, en su defecto, estaría facultada para solicitar a la Administración tributaria nacional que procediera al cobro de la deuda correspondiente a la subvención indebida.
20
Dado que la legislación húngara califica la relación entre la autoridad de gestión y el beneficiario de la subvención de la Unión de relación de Derecho civil, Profil-Copy presentó una demanda civil ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), tribunal remitente, con el fin de evitar las consecuencias de la decisión que ordenaba el reembolso de la subvención que había percibido.
21
En el marco de dicha acción, Profil-Copy solicitó que se declarara la ilegalidad tanto de la decisión por la que se constataba la irregularidad como de la orden de reembolso de la subvención supuestamente indebida. Asimismo, solicitó a dicho tribunal la adopción de una medida provisional basada en el artículo 103, apartado 1, de la Ley CXXX de 2016, de Enjuiciamiento Civil, dirigida a prohibir al Ministerio que procediera a la recuperación o al cobro forzoso del importe reclamado. A tal efecto, Profil-Copy alega que, mientras que el Ministerio puede, acudiendo a la Administración tributaria, proceder a la ejecución forzosa en su contra antes de que se haya dictado una sentencia civil firme sobre el fondo de su demanda, ella solo puede hacer valer sus derechos contra el Ministerio en un procedimiento civil ordinario. Por su parte, el Ministerio refuta ante el tribunal remitente la competencia de este para adoptar tal medida provisional.
22
A este respecto, el tribunal remitente precisa que, en el marco del litigio principal, le corresponde comprobar si, a la hora de proceder a la recuperación de las subvenciones, la autoridad de gestión respetó el Decreto n.o 256/2021, que ejecuta el Reglamento 2021/1060.
23
Además, dicho tribunal explica que recientemente se le han sometido varios asuntos similares en los que los justiciables solicitan que se prohíba provisionalmente al Ministerio el cobro de una deuda. Estos justiciables alegan que la ejecución forzosa imposibilitaría la continuación de su actividad económica, creando un riesgo de insolvencia o incluso de liquidación judicial antes de la conclusión definitiva del proceso. Existiría con ello un riesgo real de que los destinatarios de una decisión de recuperación de la subvención dejaran de existir incluso antes de que concluyera el proceso mediante una resolución definitiva, lo que les impediría hacer valer sus derechos.
24
En este contexto, los tribunales civiles húngaros permiten al destinatario de una decisión ejecutiva de recuperación de una subvención ejercitar posteriormente una acción civil para que se declare la ilegalidad de esa decisión en el marco de un recurso contra la decisión por la que se resuelve el contrato de subvención.
25
El tribunal remitente explica, no obstante, que la jurisprudencia húngara está dividida en cuanto a la competencia de los tribunales civiles para conocer de las demandas de medidas provisionales presentadas en este tipo de asuntos. Una primera corriente jurisprudencial considera que, dado que la legislación húngara incluye el contrato de subvención de la Unión en el ámbito del Derecho civil, nada obsta para la adopción de medidas provisionales. En cambio, según la segunda línea jurisprudencial, tal demanda de medida provisional debe inadmitirse por incompetencia del tribunal ante el que se presentó, ya que el artículo 15 de la Ley sobre los Procedimientos de Apremio no menciona a los tribunales entre los órganos facultados para suspender los procedimientos de apremio incoados por la Administración tributaria.
26
En la medida en que, primero, el tribunal remitente está llamado a examinar la legalidad de la recuperación de una subvención de la Unión concedida en virtud del Reglamento 2021/1060, segundo, el apartado 7 del artículo 69 de dicho Reglamento exige a los Estados miembros que garanticen el examen efectivo de las reclamaciones relativas a los fondos europeos y, tercero, el artículo 47 de la Carta confiere el derecho a la tutela judicial efectiva a toda persona cuyos derechos garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido vulnerados, el tribunal remitente considera necesario plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial para determinar si el sistema de tratamiento de las irregularidades previsto por la legislación húngara es compatible con el artículo 47.
27
En estas circunstancias, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Tiene el beneficiario de una subvención el derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 47 de la [Carta], frente a una declaración ejecutiva de la autoridad de gestión que lo obliga a reembolsar la subvención de la Unión que se le ha abonado?
2)
En caso de que la autoridad de gestión, mediante una declaración ejecutiva, obligue al beneficiario a reembolsar una subvención de la Unión que se le ha abonado y este, a falta de otras vías de recurso, ejercite una acción civil para evitar las consecuencias, ¿debe considerarse esta acción civil tutela judicial a efectos del artículo 47 de la [Carta]?
3)
¿Se considera tutela judicial efectiva, a efectos del artículo 47 de la [Carta], aquella que no es apta para evitar el riesgo real de una situación en la que el interesado devenga insolvente como consecuencia de la medida examinada mediante el recurso, pero ejecutada antes de que este se haya resuelto?
4)
¿Qué puede hacer el órgano jurisdiccional nacional si la respuesta a la tercera cuestión prejudicial es negativa, pero considera que la legislación nacional no le permite evitar el riesgo real de una situación en la que el interesado devenga insolvente como consecuencia de la medida examinada mediante el recurso, pero ejecutada antes de que este se haya resuelto? ¿Puede el órgano jurisdiccional dictar medidas provisionales para evitar el riesgo de insolvencia de la parte hasta que el procedimiento haya concluido con carácter firme en caso de que solo así pueda garantizar la efectividad de la tutela judicial, aun cuando considere que el Derecho interno no lo permite?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
28
Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 47 de la Carta debe interpretarse en el sentido de que el beneficiario de una subvención concedida en el marco de la aplicación del Reglamento 2021/1060 tiene derecho a la tutela judicial efectiva contra una decisión ejecutiva de la autoridad de gestión de un programa financiado con cargo a fondos de la Unión que le obliga a reembolsar dicha subvención.
29
Según resulta de su artículo 51, apartado 1, las disposiciones de la Carta están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.
30
Así sucede en el caso de autos, ya que la decisión por la que se ordena revocar la concesión y recuperar la subvención abonada a Profil-Copy se dictó sobre la base del Decreto n.o 256/2021, que ejecuta el Reglamento 2021/1060 estableciendo normas detalladas para la utilización de las subvenciones procedentes de determinados fondos de la Unión durante el período de programación 2021‑2027.
31
En efecto, el reconocimiento, en un caso concreto, del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta, presupone que la persona que lo invoque se ampare en derechos o libertades garantizados por el Derecho de la Unión o que esa persona sea objeto de actuaciones que constituyan una aplicación del Derecho de la Unión [véase, en particular, la sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efectos de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 34].
32
En el presente asunto, la acción civil ejercitada por Profil-Copy tiene por objeto que se declare la ilegalidad, por una parte, de la decisión de la autoridad de gestión por la que se revocó la concesión de la subvención que se le había concedido en el marco del programa «Desarrollo Económico e Innovación Plus», financiado con cargo al FEDER y al FSE +, y, por otra parte y en consecuencia, de la orden de reembolso de dicha subvención.
33
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 47 de la Carta debe interpretarse en el sentido de que el beneficiario de una subvención de la Unión concedida en el marco de la ejecución del Reglamento 2021/1060 tiene derecho a la tutela judicial efectiva contra una decisión ejecutiva de la autoridad de gestión de un programa financiado por fondos de la Unión por la que se le ordena reembolsar dicha subvención.
34
Es preciso recordar que incumbe al tribunal remitente determinar, en los asuntos de que conoce, cuál es la interpretación correcta del Derecho nacional (sentencia de 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli, C‑188/10 y C‑189/10, EU:C:2010:363, apartado 49).
Cuestiones prejudiciales segunda a cuarta
35
Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda a cuarta, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 47 de la Carta debe interpretarse en el sentido de que es constitutiva de tutela judicial efectiva la posibilidad de que el beneficiario de una subvención de la Unión, por un lado, impugne con carácter incidental una decisión ejecutiva que le obliga a reembolsar esa subvención en el marco de una acción ejercitada ante un órgano jurisdiccional civil con el fin de que se declare la ilegalidad de una decisión por la que se revoca la concesión de una subvención de la Unión y, por otro, solicite, en el marco de esa acción, la adopción de medidas provisionales para suspender la ejecución de esa decisión.
36
Con carácter preliminar, procede recordar que, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, solo el juez nacional es competente para interpretar y aplicar el Derecho nacional [sentencias de 4 de mayo de 1999, Sürül, C‑262/96, EU:C:1999:228, apartado 95; de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 76; de 22 de septiembre de 2022, Servicios prescriptor y Medios de pagos EFC, C‑215/21, EU:C:2022:723, apartado 26, y de 9 de abril de 2024, Profi Credit Polska (Reapertura del procedimiento finalizado mediante una resolución firme), C‑582/21, EU:C:2024:282, apartados 31 y 54].
37
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia partirá de la premisa, recordada en el apartado 25 de la presente sentencia, de que la jurisprudencia húngara está dividida en lo que respecta a la competencia de los órganos jurisdiccionales civiles para dictar medidas provisionales en acciones que tienen por objeto prohibir provisionalmente a la autoridad de gestión proceder a la recuperación de una subvención que considera indebidamente abonada a su beneficiario.
38
El artículo 47 de la Carta establece que toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en ese artículo, lo que implica que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley.
39
A este derecho corresponde la obligación que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, impone a los Estados miembros de establecer las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión [sentencias de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, apartado 44, y de 6 de octubre de 2020, État luxembourgeois (Derecho de recurso contra una solicitud de información en materia fiscal), C‑245/19 y C‑246/19, EU:C:2020:795, apartado 47].
40
A este respecto, si bien, a falta de normas de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar, en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, la regulación procesal de los recursos judiciales y, sin perjuicio de los principios de equivalencia y de efectividad, la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos individuales derivados del ordenamiento jurídico de la Unión, incumbe, no obstante, a los Estados miembros la responsabilidad de garantizar, en cada caso, la observancia del derecho a la tutela judicial efectiva de dichos derechos como se garantiza en el artículo 47 de la Carta [sentencias de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo), C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18, EU:C:2019:982, apartado 115 y jurisprudencia citada; de 2 de junio de 2022, Skeyes, C‑353/20, EU:C:2022:423, apartado 52, y de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 64].
41
Sin embargo, el Derecho de la Unión no tiene como efecto obligar a los Estados miembros a crear vías de recurso distintas de las existentes en el Derecho interno, a menos que del sistema del ordenamiento jurídico nacional en cuestión se desprenda que no existe ninguna vía de recurso judicial que permita, siquiera sea por vía incidental, garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables o que la única vía de los justiciables para acceder a un juez sea infringir el Derecho (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de marzo de 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, apartados 40, 41, 64 y 65, y de 2 de junio de 2022, Skeyes, C‑353/20, EU:C:2022:423, apartado 54).
42
En el presente asunto, de la petición de decisión prejudicial se desprende, habida cuenta del estado de la normativa húngara, que los órganos jurisdiccionales civiles se han reconocido competentes para apreciar, con carácter incidental, la compatibilidad con el Derecho de la Unión de una decisión ejecutiva de la autoridad de gestión por la que se ordena la recuperación de una subvención de la Unión, con motivo de un recurso interpuesto por el beneficiario de dicha subvención contra, en particular, una decisión por la que se revoca la concesión de dicha subvención o por la que se resuelve el contrato de subvención.
43
Es preciso añadir que el juez nacional que conoce de un litigio regulado por el Derecho de la Unión debe poder dictar medidas provisionales que garanticen la plena eficacia de la resolución judicial que se pronuncie acerca de la existencia de los derechos invocados sobre la base del Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de junio de 1990, Factortame y otros, C‑213/89, EU:C:1990:257, apartado 21; de 13 de marzo de 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, apartados 67 y 77, y de 2 de junio de 2022, Skeyes, C‑353/20, EU:C:2022:423, apartado 53). De ello resulta que el juez que, en tales circunstancias, dictaría medidas provisionales si a ello no se opusiese una norma de Derecho nacional está obligado a excluir la aplicación de esta última norma.
44
Además, en la medida en que, como se señala en el apartado 25 de la presente sentencia, la jurisprudencia húngara está dividida en lo que respecta a la competencia de los tribunales civiles para dictar medidas provisionales en las acciones que tienen por objeto prohibir provisionalmente a la autoridad de gestión proceder a recuperar una subvención que considera indebidamente abonada a su beneficiario, es necesario remitirse a la exigencia de una interpretación coherente del Derecho nacional. Esta exigencia incluye la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en caso necesario, una jurisprudencia reiterada si esta se basa en una interpretación del Derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva. Por lo tanto, un tribunal nacional no puede considerarse válidamente impedido para interpretar una norma nacional de conformidad con el Derecho de la Unión por el mero hecho de que esa norma se haya interpretado de forma reiterada en un sentido que no es compatible con ese Derecho (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de abril de 2016, DI, C‑441/14, EU:C:2016:278, apartados 33 y 34).
45
En el presente asunto, en la medida en que el Derecho húngaro caracteriza la relación entre la autoridad de gestión y el beneficiario de la subvención de la Unión como una relación de Derecho civil y el artículo 103, apartado 1, de la Ley CXXX de 2016, de Enjuiciamiento Civil, faculta al tribunal civil competente para dictar, a instancia de parte, medidas provisionales, incumbe al tribunal remitente dar prioridad a la primera línea jurisprudencial mencionada en el apartado 25 de la presente sentencia y, en consecuencia, declararse competente para suspender la ejecución de la decisión ejecutiva de la autoridad de gestión por la que se ordena revocar la concesión y de la decisión de recuperación de la subvención de la Unión abonada inicialmente a Profil-Copy.
46
En efecto, si el tribunal remitente no pudiera suspender la ejecución de la decisión de recuperación mencionada en el apartado anterior, la autoridad de gestión podría obtener de la Administración tributaria la ejecución forzosa de dicha decisión. Pues bien, el derecho a la tutela judicial efectiva, en el sentido del artículo 47 de la Carta, sería ilusorio si una normativa nacional permitiera que una resolución judicial firme y obligatoria resultara ineficaz en detrimento de una parte. Tal normativa nacional vulneraría el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el citado artículo 47 (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de diciembre de 2019, Deutsche Umwelthilfe, C‑752/18, EU:C:2019:1114, apartados 35 y 36, y de 3 de julio de 2025, TOODE, C‑653/23, EU:C:2025:517, apartado 28).
47
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda a cuarta que el artículo 47 de la Carta debe interpretarse en el sentido de que es constitutiva de tutela judicial efectiva la posibilidad de que el beneficiario de una subvención de la Unión, por un lado, impugne con carácter incidental una decisión ejecutiva que le obliga a reembolsar dicha subvención en el marco de una acción ejercitada ante un órgano jurisdiccional civil con el fin de que se declare la ilegalidad de una decisión por la que se revoca la concesión de dicha subvención y, por otro, solicite, en el marco de esa acción, la adopción de medidas provisionales para suspender la ejecución de esa decisión.
Costas
48
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el tribunal remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
1)
El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
debe interpretarse en el sentido de que
el beneficiario de una subvención de la Unión Europea concedida en el marco de la ejecución del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, tiene derecho a la tutela judicial efectiva contra una decisión ejecutiva de la autoridad de gestión de un programa financiado con cargo a fondos de la Unión por la que se le ordena reembolsar dicha subvención.
2)
El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales
debe interpretarse en el sentido de que
es constitutiva de tutela judicial efectiva la posibilidad de que el beneficiario de una subvención de la Unión Europea, por un lado, impugne con carácter incidental una decisión ejecutiva que le obliga a reembolsar dicha subvención en el marco de una acción ejercitada ante un órgano jurisdiccional civil con el fin de que se declare la ilegalidad de una decisión por la que se revoca la concesión de dicha subvención y, por otro, solicite, en el marco de esa acción, la adopción de medidas provisionales para suspender la ejecución de esa decisión.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: húngaro.