62024CC0182
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 10 de abril de 2025 (
1
)
Asunto C‑182/24
RB, en calidad de sucesor de Claude Chabrol,
AD, representado por su curadora, NM, en calidad de sucesor de Claude Chabrol,
DR, en calidad de sucesor de Claude Chabrol,
ZB, en calidad de sucesor de Claude Chabrol,
VQ, en calidad de sucesor de Claude Chabrol,
RZ, en calidad de sucesor de Paul Gégauff,
DQ, en calidad de sucesor de Paul Gégauff,
FI, en calidad de sucesor de Paul Gégauff,
LF, en calidad de sucesor de Paul Gégauff
contra
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD),
Radio Days SARL,
Brinter Company Ltd,
BS,
MW,
Artedis SA,
Panoceanic Films SA,
con intervención de:
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM),
HU, en calidad de sucesor de Pierre Jansen,
YG, en calidad de sucesor de Ellery Queen,
VH, en calidad de sucesor de Ellery Queen,
IA,
ID, en calidad de sucesor de Jean Patrick Manchette,
Succession Daniel Boulanger, en calidad de sucesor de Daniel Boulanger,
HK, en calidad de sucesor de Claude Brulé,
QY, en calidad de sucesor de Claude Brulé,
WY, en calidad de sucesor de Claude Brulé,
KE, en calidad de sucesor de Claude Brulé,
NA, en calidad de sucesor de Claude Brulé,
IY, en calidad de sucesor de Claude Brulé,
Herencia Nicholas Blake, en calidad de sucesor de Nicholas Blake,
Herencia Edward Atiyah, en calidad de sucesor de Edward Atiyah,
Herencia Ellery Queen, en calidad de sucesor de Ellery Queen,
Herencia Richard Neely, en calidad de sucesor de Richard Neely,
Herencia Patricia Highsmith,
Herencia Charlotte Armstrong, en calidad de sucesor de Charlotte Armstrong,
WI, en calidad de sucesor de Claude Rank,
QT, en calidad de sucesor de Hubert Monteilhet
[Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de primera instancia de París, Francia)]
«Procedimiento prejudicial — Derecho de autor y derechos afines — Respeto de los derechos de propiedad intelectual — Vías de recurso adecuadas — Directiva 2001/29/CE — Artículo 8 — Directiva 2004/48/CE — Artículo 3 — Directiva 2006/116/CE — Artículos 1 y 2 — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Legislación nacional que condiciona la admisibilidad de la demanda de protección del derecho de propiedad intelectual presentada por algún coautor a que los demás coautores sean llamados al proceso — Autonomía procesal — Principio de efectividad»
1.
En 1990, el director de cine Claude Chabrol y el guionista Paul Gégauff cedieron a una distribuidora, por un período de treinta años, los derechos de explotación de algunas de sus películas.
2.
En 2019, ya fallecidos Claude Chabrol y Paul Gégauff, sus respectivos herederos presentaron una demanda contra la distribuidora y otras sociedades con ella relacionadas solicitando, entre otras pretensiones, el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del incumplimiento de obligaciones contractuales y de la vulneración de los derechos de autor.
3.
Los demandados opusieron, como motivo de inadmisibilidad de la demanda, la falta de llamada al proceso de todos los coautores que habían participado en la realización de las películas, o de sus derechohabientes. Adujeron que, según el derecho francés, una acción dirigida a que se respeten los derechos de los autores de una obra colectiva (una «obra en colaboración») requiere la llamada al proceso de todos los coautores.
4.
El tribunal que ha de zanjar ese litigio eleva al Tribunal de Justicia dos preguntas prejudiciales con las que quiere saber, en síntesis, si la obligación de llamar al proceso a todos los coautores, como condición de admisibilidad de la demanda, es compatible con el derecho de la Unión. En particular, con la Directiva 2001/29/CE, (
2
) la Directiva 2004/48/CE, (
3
) la Directiva 2006/115/CE (
4
) y la Directiva 2006/116/CE, (
5
) en relación con los artículos 17 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta»).
I. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
1. Directiva 2001/29
5.
Conforme al artículo 8 («Sanciones y vías de recurso»):
«1.   Los Estados miembros establecerán las sanciones y vías de recurso adecuadas en relación con la violación de los derechos y las obligaciones previstos en la presente Directiva y adoptarán cuantas disposiciones resulten necesarias para garantizar que se apliquen tales sanciones y vías de recurso. Las sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
2.   Cada uno de los Estados miembros adoptará las medidas necesarias para garantizar que los titulares de los derechos cuyos intereses se vean perjudicados por una actividad ilícita llevada a cabo en su territorio puedan interponer una acción de resarcimiento de daños y perjuicios y/o solicitar medidas cautelares y, en su caso, que se incaute el material ilícito y los dispositivos, productos o componentes a que se refiere el apartado 2 del artículo 6.
[…]».
2. Directiva 2004/48
6.
El artículo 3 («Obligación general») enuncia:
«1.   Los Estados miembros establecerán las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere la presente Directiva. Dichas medidas, procedimientos y recursos serán justos y equitativos, no serán inútilmente complejos o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.
2.   Dichas medidas, procedimientos y recursos serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso».
3. Directiva 2006/116
7.
El artículo 1 («Duración de los derechos de autor») reza:
«1.   Los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas a que se refiere el artículo 2 del Convenio de Berna se extenderán durante la vida del autor y setenta años después de su muerte, independientemente de la fecha en la que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público.
2.   En el caso de una obra común a varios autores, el plazo previsto en el apartado 1 se calculará a partir de la muerte del último autor superviviente.
[…]».
8.
El artículo 2 («Obras cinematográficas o audiovisuales») indica:
«1.   Se considerará autor o coautor al director principal de una obra cinematográfica o audiovisual. Los Estados miembros podrán designar a otros coautores.
2.   El plazo de protección de una obra cinematográfica o audiovisual expirará setenta años después de la muerte de la última de las siguientes personas que hayan sobrevivido, tanto si han sido designados coautores como si no: el director principal, el autor del guion, el autor de los diálogos y el compositor de la banda sonora específicamente compuesta para la obra cinematográfica o audiovisual».
9.
En el artículo 9 («Derechos morales») se lee:
«Lo dispuesto en la presente Directiva no afectará a la legislación de los Estados miembros en materia de derechos morales».
B.
Derecho francés
1. Code de la propriété intellectuelle (Código de la Propiedad Intelectual) (
6
)
10.
En el artículo L. 113-2 figura:
«Se considerará que es de colaboración la obra en cuya creación hayan participado varias personas físicas […]».
11.
El artículo L. 113-3 preceptúa:
«La obra en colaboración es propiedad común de los coautores.
Los coautores deben ejercer sus derechos de común acuerdo.
En caso de falta de acuerdo, corresponderá al órgano jurisdiccional de lo civil pronunciarse al respecto.
Cuando la participación de cada coautor corresponda a géneros diferentes, cada uno podrá, salvo pacto en contrario, explotar por separado su contribución personal, sin perjudicar en ningún caso a la explotación de la obra común».
12.
El artículo L. 113-7 expone:
«Tendrán la condición de autor de una obra audiovisual la persona o personas físicas que realicen la creación intelectual de esta obra. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que es coautor de una obra audiovisual realizada en colaboración: 1.o el autor del guion; 2.o el autor de la adaptación; 3.o el autor del texto hablado; 4.o el autor de las composiciones musicales, con o sin palabras, especialmente realizadas para la obra; 5.o el director […]».
2. Code de procedure civil (Código de Enjuiciamiento Civil) (
7
)
13.
El artículo 126 prevé que, cuando la situación que dé lugar a un motivo de inadmisión pueda ser subsanada, se rechazará la inadmisibilidad si su causa ha desaparecido en el momento en el que el juez se haya de pronunciar.
14.
Para el artículo 659, cuando la persona a la que deba notificarse el documento no tenga domicilio, residencia ni lugar de trabajo conocidos, el huissier
de justice levantará acta en la que relatará con precisión las diligencias que haya realizado para buscar al destinatario del documento. El mismo día o, a más tardar, el primer día laborable siguiente, so pena de nulidad, el huissier
de justice enviará al destinatario, por carta certificada con acuse de recibo, a la última dirección conocida, una copia del acta, a la que se adjuntará una copia del documento objeto de la notificación.
15.
Según el artículo 780, que atañe al procedimiento escrito ante los tribunales de primera instancia, el control de la tramitación corresponde a un juez de la Sala que conozca del asunto, que velará por el desarrollo leal del procedimiento, especialmente por la puntualidad del intercambio y la comunicación de documentos.
16.
A tenor del artículo 788, el juez que instruye el proceso civil ejerce todas las facultades necesarias para la comunicación, la obtención y la presentación de documentos.
II. Hechos, litigio y preguntas prejudiciales
17.
Los hechos relevantes, tal como se describen en la decisión de reenvío, (
8
) son los siguientes:
–
Claude Chabrol dirigió entre 1967 y 1974 catorce películas. En cinco de ellas colaboró Paul Gégauff como autor de los diálogos, del guion o de la adaptación.
–
Los materiales de las películas pertenecían a su productor, SA Les Films La Boétie, que, en liquidación, los cedió, por contrato de 25 de marzo de 1982, a la sociedad de derecho inglés entonces denominada Brinter Co.
–
Por contratos de 8 de junio de 1990, Claude Chabrol cedió a la sociedad Brinter Company Ltd (en lo sucesivo, «sociedad Brinter») el derecho de «continuar la explotación» (
9
) de varias películas, por un período de treinta años. El Sr. BS se presentaba como director de la sociedad Brinter.
–
Los derechos de explotación de Paul Gégauff respecto de las cinco películas en las que había colaborado fueron objeto de contratos de 8 de junio de 1990, firmados por cuatro herederos de aquél con la sociedad Brinter, a la que cedieron el derecho de «continuar la explotación» de las películas, por un período de treinta años. (
10
)
–
Mediante un mandato de venta fechado el 1 de enero de 1990, la sociedad Brinter autorizó a la sociedad Artedis SA, por un período de doce meses prorrogables por tácita reconducción, a firmar directamente contratos de venta con los compradores y recibir el precio. Ese contrato afectaba a las catorce películas en liza, a excepción de una de ellas. La Sra. MW se presentaba como directora de la sociedad Artedis.
–
En virtud de un contrato de 18 de febrero de 2012, la sociedad Brinter cedió a la sociedad Panoceanic Films SA el derecho de explotación de cinco de las películas en liza.
18.
El 11 de julio de 2019, los herederos de Claude Chabrol y de Paul Gégauff demandaron a la sociedad Brinter, a la sociedad Artedis, a la sociedad Panoceanic Films, a la sociedad Radio Days SARL, a la Sra. MW y al Sr. BS (
11
) por violación de contrato y de los derechos de autor (
12
) correspondientes a catorce películas, de cinco de las cuales era coautor Paul Gégauff.
19.
El 27 de enero de 2020, los demandados opusieron una excepción de inadmisibilidad, porque no se había llamado al proceso a diecinueve coautores de las películas en litigio.
20.
Mediante escritos de 5 de mayo y de 12 de junio de 2020, para regularizar sus demandas, los demandantes llamaron al proceso a:
–
Siete personas físicas a las que consideraban coautores o derechohabientes de coautores fallecidos anteriormente. (
13
)
–
Ocho «herencias» de coautores, respecto de las cuales no habían podido identificar las personas físicas que tuvieran la cualidad de herederos. (
14
)
–
Dos sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor, de las que una representa a los autores y compositores dramáticos (
15
) y otra a los autores, compositores y editores de música. (
16
)
21.
Por auto de 9 de febrero de 2023, (
17
) el juez que instruía el proceso civil ordenó a los demandados que facilitasen los datos de identificación de los coautores y de los derechohabientes de las películas.
22.
Los demandantes, aun contando con esos datos, no pudieron localizar y llamar al proceso a todos los coautores y derechohabientes de las películas, a causa del número de éstas (catorce), su antigüedad (producidas entre 1967 y 1974), la complejidad de los intervinientes (director, guionista, compositor de la música, autor de la obra literaria preexistente) y la muerte de algunos de los coautores, cuyos herederos no son conocidos o no residen en Francia.
23.
El tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de primera instancia de París, Francia), que ha de resolver la controversia, afirma que «desde el 27 de enero de 2020 […], el litigio se encuentra paralizado por la imposibilidad de identificar sus múltiples herederos sucesivos [de los coautores de las películas]». (
18
)
24.
Subraya, asimismo, que «[…] las partes han realizado un esfuerzo considerable para identificar a los coautores o a sus sucesores, sin que estos hayan podido ser debidamente llamados a intervenir, tal como exige la jurisprudencia nacional basada en el artículo L. 113‑3 del [CPI]». (
19
)
25.
Para el tribunal a quo, en lo que atañe al derecho a la tutela judicial efectiva que garantiza la Carta, los demandantes en este litigio resultan, de hecho, imposibilitados de acceder al juez civil que ha de resolver el fondo de sus pretensiones si no pueden dirigir su acción contra la totalidad de los derechohabientes de los coautores de las obras en liza. (
20
) El disfrute de los derechos de autor de los demandantes dependerá, pues, de su capacidad para identificar a los otros cotitulares de estos derechos. (
21
)
26.
En este contexto, el órgano remitente dirige al Tribunal de Justicia dos preguntas prejudiciales:
«1)
¿Pueden interpretarse los artículos 2, 3, 4 y 8 de la Directiva 2001/29 […], los artículos 1 a 3 de la Directiva 2004/48 […] y los artículos 1, 2 y 9 de la Directiva 2006/116 […], por cuanto garantizan al autor y al coautor de una obra cinematográfica o audiovisual tanto el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción de sus obras y su comunicación al público como un plazo de protección que expirará setenta años después de la muerte del último autor superviviente, al mismo tiempo que obligan a los Estados miembros a prever sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias y vías de recurso adecuadas en relación con la violación de los derechos de autor, así como medidas, procedimientos y recursos que no sean inútilmente complejos o gravosos ni comporten plazos injustificables o retrasos innecesarios, en el sentido de que, para que sea admisible una demanda por violación del derecho de autor sobre una obra realizada en colaboración, interpuesta por su titular, deberá llamarse a intervenir en el proceso a todos los coautores?
2)
¿Debe interpretarse el derecho del titular de un derecho de autor a la tutela judicial efectiva y al acceso a la justicia, que forma parte del derecho a un proceso equitativo, garantizado de forma conjunta por los artículos 2, 3, 4 y 8 de la Directiva 2001/29 […], los artículos 1 a 3 de la Directiva 2004/48 […], los artículos 1, 2 y 9 de la Directiva 2006/116 […], la Directiva 2006/115 […], de 12, y los artículos 17 y 47 de la Carta […], en el sentido de que la admisibilidad de la demanda por violación de derechos de autor estará o no supeditada a que se llame a intervenir en el proceso a todos los coautores de la obra?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
27.
La petición de decisión prejudicial tuvo entrada en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo de 2024.
28.
Han presentado observaciones escritas:
–
De manera conjunta, los herederos de Claude Chabrol (las Sras. DR y VQ y los Sres. ZB y AD, este último representado por su curadora) y los herederos de Paul Gégauff (los Sres. RZ y DQ y las Sras. FI y LF).
–
De manera independiente, el heredero de Claude Chabrol, el Sr. RB.
–
De manera conjunta, el Sr. BS, la Sra. MW, la sociedad Artedis, la sociedad Brinter, la sociedad Panoceanic Films y la sociedad Radio Days (demandados en el litigio de origen).
–
Los Gobiernos austriaco y francés, así como la Comisión Europea.
29.
El Tribunal de Justicia no ha considerado indispensable la celebración de una vista.
IV. Apreciación
A.
Observaciones preliminares
1. Disposiciones aplicables
30.
El reenvío prejudicial versa, en exclusiva, sobre un problema procesal que deriva de la interpretación del artículo L. 113-3 del CPI. No se discute el alcance material de los derechos de autor que, una vez despejada la objeción procesal, podrían entrar en juego.
31.
El artículo L. 113-3 del CPI dispone que los coautores de una obra en colaboración han de ejercer sus derechos de común acuerdo. La jurisprudencia nacional lo ha interpretado en el sentido de que «el coautor de una obra en colaboración debe llamar al proceso a los otros autores de la obra, so pena de inadmisibilidad, cuando actúa judicialmente para la defensa de sus derechos patrimoniales, en la medida en que su contribución no puede separarse de la de los coautores». (
22
)
32.
El tribunal de reenvío quiere saber, en síntesis, si la regla nacional así interpretada es conforme con el derecho de la Unión, del que invoca las disposiciones que incluye en sus dos preguntas.
33.
Entre esas disposiciones se halla la Directiva 2006/115, sobre cuyo contenido, sin embargo, el tribunal de reenvío nada afirma en cuanto a su eventual influencia en el litigio, ni detalla qué artículos, en concreto, suscitan sus dudas. De ahí que, a mi juicio, la respuesta del Tribunal de Justicia puede prescindir del análisis de esta disposición.
34.
No ocurre lo mismo con la Directiva 2001/29, la Directiva 2004/48 y la Directiva 2006/116. Las tres incorporan preceptos que, de suyo, tienen aptitud para influir en la respuesta prejudicial:
–
El artículo 8, apartados 1 y 2, de la Directiva 2001/29 obliga a que los Estados miembros establezcan vías de recurso adecuadas en relación con la violación de los derechos de autor y los derechos afines a los derechos de autor, así como a garantizar que los titulares de esos derechos puedan interponer una acción de resarcimiento de daños y perjuicios.
–
El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/48 obliga a los Estados miembros a establecer los procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Esos procedimientos y recursos no han de ser inútilmente complejos o gravosos, antes bien, efectivos, proporcionados y disuasorios.
–
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2006/116, al regular la duración de los derechos de autor, indica que, en el caso de una obra común a varios autores, el plazo de protección se calculará a partir de la muerte del último autor superviviente.
35.
En lo que atañe a los artículos 17 y 47 de la Carta, es este último el que tiene una mayor incidencia en el litigio, una vez que los derechos de autor gozan del reconocimiento de las normas de la Unión desde el punto de vista de la tutela judicial, con lo que se abre la puerta a la aplicación de la propia Carta (artículo 51, apartado 1). La interpretación del artículo 17, apartado 2, de la Carta («se protege la propiedad intelectual») habrá de hacerse al aplicar los preceptos de derecho derivado en los que esa protección se plasma.
2. Derechos de autor implicados en el litigio
36.
La decisión de reenvío indica, en varios de sus apartados, que las pretensiones de los «consorts» (
23
) Chabrol y Gégauff abarcan derechos de autor de naturaleza tanto patrimonial como moral. (
24
)
37.
No existiendo dudas sobre la naturaleza patrimonial de los derechos de autor supuestamente vulnerados en este asunto, resulta discutible si, verdaderamente, están también en liza derechos morales. De confirmarse que así es, habría que tener en cuenta que el artículo 9 de la Directiva 2006/116 excluye que sus disposiciones afecten a la legislación de los Estados miembros en materia de derechos morales.
38.
Corresponderá al tribunal de reenvío dilucidar qué derechos de autor (patrimoniales o morales) podrían haber sido vulnerados. Para responder a sus preguntas prejudiciales, ceñidas a la objeción de inadmisibilidad opuesta por los demandados, la inclusión o la exclusión de los derechos morales de autor no tiene mayor transcendencia.
B.
Respuesta a las preguntas prejudiciales
39.
A mi modo de ver, las dos preguntas admiten un tratamiento conjunto. Mi análisis abordará tanto los problemas que suscita la cotitularidad de los derechos de autor como las condiciones y los límites impuestos a la defensa de estos derechos en vía judicial.
1. Cotitularidad del derecho autor
40.
La legislación de la Unión o bien da por supuesta la posibilidad de cotitularidad (copropiedad) de los derechos de autor, o bien se refiere a ella de modo expreso.
41.
La Directiva 2001/29 (
25
) y la Directiva 2004/48 (
26
) se refieren al «autor» o al «titular de un derecho de propiedad intelectual», empleando estos términos, indistintamente, en singular o en plural.
42.
La Directiva 2006/116 reconoce la cotitularidad de los derechos de autor: su considerando décimo cuarto alude a «los casos en que una o más personas físicas estén identificadas como autores». Su artículo 1, apartado 2, contempla, específicamente, el supuesto de «una obra común a varios autores».
43.
En particular, por lo que atañe a las obras cinematográficas o audiovisuales, el artículo 2 de la Directiva 2006/116 permite que los Estados designen a «otros coautores» junto al director principal. Así sucede en este caso.
44.
Puede afirmarse, pues, que, cuando varias personas son autoras o titulares de derechos de propiedad intelectual sobre una obra cinematográfica, todas ellas están protegidas. Tanto ellas como, una vez fallecidas, sus herederos son acreedores al respeto de los derechos de autor sobre la obra cinematográfica hecha en colaboración.
45.
Al igual que sucede en el ámbito gemelo de la propiedad industrial, (
27
) el problema respecto de los derechos de autor es cómo los cotitulares pueden defender sus pretensiones, ante el silencio de las normas de la Unión sobre las modalidades procesales aptas para garantizar la protección de tales derechos.
46.
El artículo 4, letra a), de la Directiva 2004/48 reconoce legitimación «para solicitar la aplicación de medidas procedimientos y recursos […] a […] los titulares de derechos de propiedad intelectual con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable». (
28
)
47.
El Tribunal de Justicia entiende que la legislación aplicable «se refiere tanto a la legislación nacional pertinente como, en su caso, a la legislación de la Unión». (
29
)
48.
Ahora bien, la legislación de la Unión no contiene disposiciones específicas relativas al ejercicio de acciones judiciales por los cotitulares de los derechos de autor. No existe armonización a este respecto y corresponde a los Estados miembros adoptar las normas adecuadas para regular el ejercicio de esas acciones ante sus órganos jurisdiccionales. El derecho de la Unión no fija las condiciones a las que se somete el ejercicio, por parte de los cotitulares, de los derechos que les asisten en cuanto tales. (
30
)
49.
En consecuencia, la «legislación aplicable» a la protección judicial de los derechos de autor sobre una obra en común es, en principio, la que emana de los Estados miembros.
2. Regla nacional, límites a la autonomía procesal y artículo 47 de la Carta
50.
La regla que contiene el artículo L. 113-3 del CPI me parece, en su dicción literal, inobjetable. No veo qué motivos habría para rechazar un precepto circunscrito a declarar que los coautores de una obra en colaboración deben ejercer sus derechos de común acuerdo y que, de no alcanzarse ese acuerdo, el juez decidirá al respecto.
51.
Esa regla resulta coherente con la comprensión habitual, en los diferentes ordenamientos jurídicos, de la copropiedad de los bienes y de los derechos. (
31
) Tanto más cuanto que el ejercicio en común de sus derechos por parte de los coautores, a tenor de la jurisprudencia nacional, se exige sólo en la medida en que la contribución de uno no pueda separarse de la del resto. (
32
)
52.
La traducción de esa regla en términos procesales, por parte de la jurisprudencia francesa, ha abocado a deducir de ella una causa de inadmisibilidad de las demandas: estas se rechazarán a limine cuando el coautor de una obra que actúa judicialmente para la defensa de sus derechos no haya llamado al proceso al resto de cotitulares.
53.
El binomio regla del CPI/interpretación jurisprudencial implica, como el propio Gobierno francés reconoce, (
33
) una restricción del acceso al juez. Con todo, no me parece censurable en sí mismo, a reserva de lo que inmediatamente diré sobre sus límites.
54.
Los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro pueden subordinar la admisión de una demanda presentada por el cotitular de una obra en común a que se llame al proceso al resto de los coautores. Semejante requisito procesal es lógico en los supuestos en los que la ley instaure un «litisconsorcio activo necesario». (
34
) Y nada obsta a que, como aquí ocurre, la ley requiera, si no la obligada presencia de otros demandantes, al menos su emplazamiento. (
35
)
55.
Una regla de estas características, tenga o no origen jurisprudencial, entra dentro de la autonomía procesal de los Estados miembros y podrá, en consecuencia, aceptarse si responde a objetivos legítimos y no sobrepasa los límites que a continuación expondré.
56.
Esa regla se inspira en los objetivos legítimos que el Gobierno francés y la Comisión destacan. Protege los derechos de los cotitulares ausentes, en plano de igualdad, permitiéndoles contar con la información suficiente para acudir, o no, al proceso. (
36
) En esa misma medida, contribuye a la seguridad jurídica y a una buena administración de justicia, anticipándose a los problemas que podrían suscitarse en cuanto a la litispendencia, a la ulterior acumulación de acciones, a la eventualidad de decisiones contradictorias si cada coautor actúa de modo independiente, o a la conveniencia de evitar posteriores demandas por los coautores no emplazados. (
37
)
57.
Ahora bien, la restricción que esta regla impone al cotitular de un derecho de autor ha de sujetarse al doble escrutinio de su ajuste a los principios de equivalencia y efectividad, por un lado, (
38
) y a las exigencias derivadas del artículo 47 de la Carta, por otro. Este último consagra el principio de tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables.
58.
Esa dualidad de enfoques abocará al mismo resultado si, finalmente, el tribunal de reenvío entendiera que, en un supuesto como éste, el ejercicio del derecho a obtener la protección judicial para defender los derechos de autor se somete a una obligación procesal excesivamente difícil o de imposible cumplimiento.
59.
No discutiéndose aquí la aplicación del principio de equivalencia, todo el debate gira sobre el de efectividad. A este respecto, el Gobierno francés afirma que la obligación controvertida no resulta excesivamente difícil de cumplir ni va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, (
39
) pues:
–
No es obligatorio llamar al proceso a todos los cotitulares cuando el litigio versa sobre una parte de la obra individualizable.
–
El emplazamiento de todos los cotitulares no pretende que efectivamente acudan al proceso: basta que sean convocados para tener la oportunidad de comparecer.
–
Es suficiente aportar el nombre y el domicilio de la persona que se ha de emplazar. Si no se saben sus datos, el artículo 659 del Código de Enjuiciamiento Civil permite la citación en su último domicilio conocido.
–
Aun cuando no sea conocido el nombre y el domicilio de las personas que se hayan de emplazar, pueden subsanarse las causas de inadmisibilidad de la demanda y el juez tiene facultades para imponer a terceras personas que faciliten esos datos de los cotitulares desconocidos.
60.
Estas modulaciones de la obligación procesal controvertida atenúan, ciertamente, su rigor, pero no excluyen que, en situaciones como las de autos, la aplicación de la regla, aún mitigada, aboque a la parálisis del proceso mismo, con la consiguiente falta de protección de los derechos de los demandantes.
61.
De hecho, el Gobierno francés admite que la llamada al proceso del conjunto de los coautores puede constituir, en determinados supuestos, «[…] una exigencia irrazonable, apta para hacer imposible o excesivamente difícil al demandante el ejercicio de los derechos conferidos por el derecho de la Unión». En esas hipótesis, añade, «el juez podrá, […] adoptar una interpretación menos rigurosa del criterio de admisibilidad». (
40
)
62.
Corresponderá, ciertamente, al tribunal de reenvío apreciar si, a la vista de las circunstancias singulares del litigio, la aplicación de las exigencias procesales impuestas a los demandantes vulnera, o no, el principio de efectividad y el artículo 47 de la Carta.
63.
Se producirá esa vulneración si, a pesar de sus esfuerzos y de haber actuado con la diligencia debida, los demandantes no consiguen emplazar al conjunto de los cotitulares, por razones ajenas a su voluntad. En esa situación, la exigencia inexorable de llamar a estos últimos al proceso, so pena de inadmisibilidad de la demanda, podría hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por las normas de la Unión. (
41
)
64.
Al tribunal de reenvío se le abren, pues, dos opciones:
–
Podría, si lo estima pertinente, interpretar la regla nacional en el sentido menos riguroso que propone el Gobierno francés, para atemperarla a las exigencias del derecho de la Unión. Según ese Gobierno, la legislación interna ofrece la suficiente flexibilidad a tal efecto, sin necesidad de efectuar una interpretación contra
legem de las correspondientes disposiciones. (
42
)
–
Si, pese a todo, considera que no puede interpretar la regla procesal de un modo iuxta legem acorde con el derecho de la Unión, por impedírselo la jurisprudencia del más alto tribunal francés, cuya aplicación conduce, en este caso, irremisiblemente a la vulneración del artículo 47 de la Carta, deberá dejarla de lado. (
43
)
65.
Cualquiera de esas opciones deberá abocar al mismo resultado: el derecho de los cotitulares a defender sus pretensiones, frente a quienes (supuestamente) han vulnerado sus derechos de autor, no puede sujetarse a requisitos procesales de imposible o muy difícil cumplimiento, lo que equivaldría a la neutralización, en la práctica, de aquel derecho.
66.
Sin ánimo de sustituir al tribunal de reenvío en su juicio, quizás se le pueden sugerir algunas indicaciones que faciliten el ajuste de la regla procesal controvertida al derecho de la Unión y, a la vez, desbloqueen la parálisis del proceso, evitando más dilaciones.
67.
Insisto, de todas maneras, en que sólo el tribunal de reenvío (que, lógicamente, tiene un mejor conocimiento del derecho nacional) está en condiciones de llevar a cabo la interpretación conforme a la que antes me he referido.
68.
En este asunto, los demandantes, aun cuando reivindiquen para sí las consecuencias patrimoniales y morales derivadas de sus derechos de autor, manifiestan que, con su demanda, «actúan en el interés común de los cotitulares» (
44
) y tratan de «proteger los derechos de la totalidad de los coautores de las películas». (
45
)
69.
Si los demandantes, según ellos mismos confiesan, intervienen en defensa de la propiedad intelectual común, el éxito de su pretensión beneficiará a la totalidad de los cotitulares de las películas. La sentencia que ponga fin a la controversia corroborando la existencia de una vulneración de los derechos de autor favorecerá (al menos, de manera indirecta) la situación jurídica del conjunto de cotitulares.
70.
Los demandantes, pues, no aspiran a limitar los derechos de autor sobre la obra en colaboración que correspondan a otros cotitulares. Al contrario, con su reacción procesal frente a la (alegada) vulneración de esos derechos, intentan mejorar la situación jurídica del conjunto de los coautores. Propiamente hablando, no se trata de que los intereses de unos coautores prevalgan sobre los de otros, en cuyo caso habría que encontrar el punto de equilibrio adecuado.
71.
En este contexto de defensa de un derecho de titularidad común, me pregunto si las normas que disciplinan la propiedad compartida en el derecho francés no podrían justificar que, excepcionalmente, alguno de los cotitulares ejerza acciones en provecho de la cosa común, aún sin la llamada al proceso y sin el consenso explícito de todos ellos.
72.
Las observaciones escritas del Sr. RB apuntan a esta posibilidad. Recuerdan la regulación del Código Civil francés relativa a la indivisión y cómo el artículo 815-2 de ese código permite que cualquier titular de la cosa indivisa tome las medidas necesarias para su conservación, incluso si no presentan un carácter urgente. (
46
)
73.
Desde otra perspectiva, quizá se pudiera acudir, por analogía, a la norma aplicable en la hipótesis de que alguno de los cotitulares se encuentre imposibilitado de manifestar su voluntad. En esa hipótesis, otro cotitular de la cosa en común, autorizado judicialmente, puede suplir la ausencia de consentimiento.
74.
De hecho, a tenor del artículo L. 113-3, párrafo tercero, del CPI, ante la falta de acuerdo de los coautores de una obra en colaboración, corresponde a la jurisdicción civil pronunciarse al respecto. Compete al tribunal de reenvío resolver si la «falta de acuerdo» a la que alude este precepto comprende el supuesto de que tal acuerdo no se haya logrado por la imposibilidad de identificar a todos los coautores de la obra en colaboración.
75.
Tampoco excluyo que se pudiera hacer uso de uno de los principios que, en los derechos civiles de no pocos Estados, se aplican a la gestión de negocios ajenos sin mandato. En su virtud, los actos realizados por quien gestione, no estando obligado a hacerlo, los negocios de otro, en beneficio de éste y sin su oposición, pueden producir efectos favorables para este último, asumiendo el «gestor oficioso» las obligaciones de un mandatario.
76.
Si se reconoce a un cotitular la capacidad para defender el derecho común en beneficio de todos los cotitulares, esa facultad sustantiva debería tener su proyección procesal. Se superaría así el obstáculo que supone la obligación de llamar al proceso a aquellos titulares cuya identificación resulta, de facto, prácticamente imposible.
77.
La defensa del derecho de autor sobre la cosa en común podría, pues, efectuarse por uno o varios cotitulares cuando, dadas las circunstancias concurrentes, fuera imposible emplazar al resto, tras haberse desplegado la diligencia debida para identificarlos y llamarlos al proceso.
78.
Estas indicaciones, insisto, no tratan de suplir la labor del tribunal de reenvío en la búsqueda de soluciones aceptables según el derecho nacional. Si ninguna de las reglas, preceptos y principios antes mencionados le permite interpretar el derecho interno de un modo respetuoso con el artículo 47 de la Carta, en relación con los preceptos correspondientes de las Directivas sobre la protección de los derechos de autor, deberá dejar inaplicada la disposición incompatible con el derecho de la Unión. Es indiferente, a este respecto, que tal incompatibilidad no derive, estrictamente, del CPI, sino de la interpretación que de él hayan llevado a cabo los tribunales nacionales.
V. Conclusión
79.
A tenor de lo expuesto, propongo responder al tribunal judiciaire de Paris (Tribunal de primera instancia de París, Francia) en estos términos:
«El artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y el artículo 3 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en relación con los artículos 1 y 2 de la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, y con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que:
no se oponen, en principio, a que la admisibilidad de una acción por violación de los derechos de propiedad intelectual sobre una obra común a varios autores esté supeditada a que se llame al proceso a todos los coautores.
No obstante, la aplicación de este requisito no puede determinar que el ejercicio de acciones sólo por alguno o algunos de los coautores resulte imposible o excesivamente difícil de llevar a cabo, en cuyo caso el juez nacional ha de dar prevalencia al derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 47 de la Carta».
(
1
)	Lengua original: español.
(
2
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10).
(
3
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).
(
4
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (DO 2006, L 376, p. 28).
(
5
)	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (DO 2006, L 372, p. 12).
(
6
)	Loi n.o 92-597 du 1 juillet 1992, relative au code de la propriété intellectuelle (JORF n.o 0153, de 3 de julio de 1992). En lo sucesivo, «CPI».
(
7
)	Décret n.o 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile (JORF n.o 0285, de 9 de diciembre de 1975).
(
8
)	Apartados 1 a 12 y 42 a 60 de la decisión de reenvío.
(
9
)	La cesión de ese derecho comprendía la representación cinematográfica comercial y no comercial, la teledifusión, los videogramas realizados por cualquier procedimiento técnico no conocido por entonces, así como el derecho de remake.
(
10
)	Los términos de esos contratos parecen similares a los suscritos por Claude Chabrol con la sociedad Brinter.
(
11
)	En sus observaciones escritas (apartado 1), uno de los herederos de Claude Chabrol (el Sr. RB) afirma que el Sr. BS es quien adquirió los derechos de autor sobre las catorce películas, a través de sus sociedades Brinter y Artedis. Añade que la Sra. MW es cónyuge del Sr. BS y dirige las sociedades Artedis, Panoceanic Films y Radio Days.
(
12
)	Según la decisión de reenvío (apartado 54), «a la vista de las pretensiones de las partes, la demanda se presenta como una acción en violación de los derechos patrimoniales y morales de autor, de naturaleza extracontractual, a resultas de la cual se formulan las principales pretensiones de indemnización. Algunas de estas pretensiones apoyan, igualmente, una acción de responsabilidad contractual y de ruptura de actos contractuales, por causa de su expiración, por efecto de la cláusula resolutoria o por resolución judicial ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales».
(
13
)	Apartado 57 de la decisión de reenvío.
(
14
)	Apartado 57 de la decisión de reenvío. Las «herencias» llamadas al proceso fueron: la «herencia de Charlotte Armstrong», la «herencia de Daniel Boulanger», la «herencia de Nicholas Blake», la «herencia de Claude Brulé», la «herencia de Edward Atiyah», la «herencia de Ellery Queen», la «herencia de Richard Neely» y la «herencia de Patricia Highsmith».
(
15
)	Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Según la decisión de reenvío (apartado 59), inicialmente los demandantes la consideraron representante de las «herencias» y, posteriormente, obligada a comunicar los nombres de las personas derechohabientes de los coautores, o reputados como tales.
(
16
)	Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).
(
17
)	Aunque esta es la fecha que consta en la decisión de reenvío, parece obedecer a un error tipográfico, tratándose, en realidad, del día 16 de febrero de 2023. Así lo destaca el Sr. RB en sus observaciones escritas.
(
18
)	Apartado 55 de la decisión de reenvío.
(
19
)	Apartado 116 de la decisión de reenvío.
(
20
)	Apartado 120 de la decisión de reenvío.
(
21
)	Apartado 132.1 de la decisión de reenvío.
(
22
)	Sentencia de 10 de mayo de 1995, dictada en el recurso de casación n.o 93‑10.945 por la Sala Primera de lo Civil de la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), que se cita en el apartado 77.1 de la decisión de reenvío. En los apartados 78 y 79 de la decisión de reenvío se citan, además, las sentencias del mismo alto órgano judicial de 12 de mayo de 2011, dictada en el recurso de casación n.o 10‑14.646 («la admisibilidad de la acción en violación [de los derechos de autor] interpuesta por uno de los coautores o sus derechohabientes […] está subordinada a la llamada al proceso del conjunto [de los coautores]»), y de 21 de marzo de 2018, dictada en el recurso de casación n.o 17‑14.728 («si el coautor […] puede actuar solo en defensa de su derecho moral, es a condición de que su contribución pueda individualizarse;[…] si no, debe […] llamar al proceso a los otros autores»).
(
23
)	El empleo del término «consorts» por el tribunal de reenvío para designar, respectivamente, a los herederos de Claude Chabrol y Paul Gégauff puede entenderse en sentido procesal, esto es, en cuanto que esos herederos son litis consortes. Ulteriormente aludiré al «litisconsorcio» como institución procesal.
(
24
)	En los apartados 24, 25 y 27 de la decisión de reenvío se trascriben las pretensiones de algunos de los demandantes, que alegan explícitamente la violación de los derechos morales. En el apartado 54 de la misma decisión, el tribunal a quo señala que «la demanda se presenta como una acción por violación de derechos patrimoniales y morales de autor, de naturaleza extracontractual, que motiva las principales pretensiones indemnizatorias en causa […]».
(
25
)	Artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29, en cuanto al derecho exclusivo «a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma, de la totalidad o parte» de sus obras. El derecho se atribuye «a los autores».
(
26
)	El artículo 4, letra a), de la Directiva 2004/48 ordena a los Estados miembros que reconozcan «legitimidad para solicitar la aplicación de las medidas, procedimientos y recursos mencionados en el presente capítulo a: a) los titulares de derechos de propiedad intelectual con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable; […]» Cursiva añadida.
(
27
)	El artículo 1 de la Directiva 2004/48 establece que, a los efectos de esa Directiva, el término «derechos de propiedad intelectual» incluye los derechos de propiedad industrial.
(
28
)	Cursiva añadida. La legitimación reconocida a los titulares de esos derechos se extiende, lógicamente, a los coautores de una obra en común y, como en este caso ocurre, a sus herederos.
(
29
)	Sentencia de 7 de agosto de 2018, SNB-REACT (C‑521/17, EU:C:2018:639), apartado 31.
(
30
)	Véase por analogía, en cuanto a la protección de los cotitulares de derechos conferidos por las marcas de la Unión, la sentencia de 27 de abril de 2023, Legea (C‑686/21, EU:C:2023:357), apartado 36: «El Reglamento n.o 40/94 [del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO 2004, L 70, p. 1)], […] aun reconociendo la copropiedad de una marca de la Unión, no contiene ninguna disposición que regule las condiciones del ejercicio, por parte de los cotitulares de tal marca, de los derechos conferidos por esta […]». En mis conclusiones para ese asunto (C‑686/21, EU:C:2022:977) aludí a los problemas generales que suscita la cotitularidad de las marcas.
(
31
)	En el apartado 67 de sus observaciones escritas, la Comisión defiende que la regla controvertida es «inherente al régimen de la proindivisión».
(
32
)	Sentencia de 10 de mayo de 1995, dictada en el recurso de casación n.o 93-10.945 por la Sala Primera de lo Civil de la Cour de cassation (Tribunal de Casación).
(
33
)	Apartado 50 de las observaciones escritas del Gobierno francés.
(
34
)	El «litisconsorcio activo necesario» implica, como presupuesto ineludible, la presencia de una pluralidad de partes demandantes cuya actuación conjunta en el proceso constituye una obligación establecida o bien por la ley, o bien por la naturaleza de la relación discutida.
(
35
)	El término «emplazamiento» equivale, en su acepción procesal, a la llamada a intervenir en el proceso que se ofrece a una persona.
(
36
)	Apartados 53 a 56 de las observaciones escritas del Gobierno francés y apartados 69 y 70 de las observaciones escritas de la Comisión.
(
37
)	Apartados 58 a 62 de las observaciones escritas del Gobierno francés y apartado 72 de las observaciones escritas de la Comisión.
(
38
)	«[…] ante la inexistencia de normas de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal, configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el derecho de la Unión confiere a los justiciables, a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el derecho de la Unión (principio de efectividad)». Sentencia de 30 de abril de 2024, M. N. (EncroChat) (C‑670/22, EU:C:2024:372), apartado 129.
(
39
)	Apartados 71 a 78 de las observaciones escritas del Gobierno francés.
(
40
)	Apartados 85 y 86 de las observaciones escritas del Gobierno francés.
(
41
)	Aun cuando en aquel litigio no se trataba de una objeción de inadmisibilidad de la demanda, el Tribunal de Justicia ha declarado que puede incurrir en «una vulneración caracterizada de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de propiedad intelectual, de que disfruta el titular de los derechos de autor» la interpretación de una norma nacional relativa a la producción y la obtención de elementos de prueba que, en la práctica, imposibilitaba «demostrar que se ha producido la infracción de los derechos de autor denunciada». Sentencia de 18 de octubre de 2018, Bastei Lübbe (C‑149/17, EU:C:2018:841), apartado 51.
(
42
)	Sentencia de 11 de julio de 2024, Skarb Państwa (Retraso en el pago no significativo o de escasa cuantía) (C‑279/23, EU:C:2024:605), apartado 29: «el principio de interpretación conforme del derecho nacional con el derecho de la Unión exige que los órganos jurisdiccionales nacionales, respetando, en particular, la prohibición de una interpretación contra legem del derecho nacional, hagan todo lo que sea de su competencia, tomando en consideración la totalidad de su derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, a fin de garantizar la plena efectividad de la directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta».
(
43
)	Ibidem, apartado 30: «La exigencia de interpretación conforme incluye, en particular, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada si esta se basa en una interpretación del derecho nacional incompatible con los objetivos de una directiva. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional no puede considerar válidamente que se encuentra imposibilitado para interpretar la norma nacional de que se trata de conformidad con el derecho de la Unión por el mero hecho de que, de forma reiterada, haya interpretado esa norma en un sentido que no es compatible con ese derecho».
(
44
)	Observaciones escritas del Sr. RB, apartado 17.
(
45
)	Observaciones escritas del resto de herederos de Claude Chabrol y de Paul Gégauff, apartados 21 y 22.
(
46
)	Apartados 12 y siguientes de las observaciones escritas del Sr. RB, en los que alega que la acción por violación de los derechos de autor tiende a la «conservación» de esos derechos y que, por su naturaleza, esa acción se entabla en defensa del interés común de los cotitulares. En la misma línea, las observaciones escritas (apartados 27 y 28) del resto de herederos de Claude Chabrol y Paul Gégauff indican que la acción entablada por los demandantes es de carácter defensivo, cuyo fin es preservar el interés común de todos los coautores y sus derechohabientes. La decisión de reenvío (apartado 86) se refiere, en términos generales, a la posibilidad de que la acción se limite a instar una medida de conservación.