62021CJ0110_RES
Asunto C‑110/21 P
Universität Bremen
contra
Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 14 de julio de 2022
«Recurso de casación — Recurso de anulación — Artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Representación de una parte no privilegiada en el marco de un recurso directo ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea — Profesor universitario — Profesor que enseña en la universidad representada en dicho recurso y que ejerce funciones de coordinador y jefe de equipo del proyecto objeto del litigio — Requisito de independencia — Existencia de un interés directo y personal en la solución del litigio»
Procedimiento judicial — Escrito de interposición del recurso — Requisitos de forma — Requisitos relativos al firmante — Calidad de tercero respecto a las partes — Universidad representada por un profesor vinculado a ella en virtud de una relación de carácter funcionarial — Procedencia a la luz del requisito de independencia — Profesor que ejerce funciones de coordinador y de jefe de equipo del proyecto objeto del litigio — Irrelevancia
(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 19)
(véanse los apartados 55 a 58, 61 a 64, 66 y 67)
Resumen
La Universidad de Bremen fue designada coordinadora de un consorcio de investigación compuesto por varias universidades europeas que lleva a cabo investigaciones de Derecho comparado interdisciplinar en el ámbito del Derecho y la política de vivienda en toda la Unión.
El 17 de marzo de 2019, tras una convocatoria de propuestas, la Universidad de Bremen presentó ante la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) una propuesta de proyecto. Esa propuesta recibió una puntuación que la clasificó en el décimo puesto entre las candidaturas presentadas. Mediante Decisión de 16 de julio de 2019, (
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) la REA rechazó dicha propuesta debido a que, a causa de los límites presupuestarios, solo podía seleccionar los proyectos clasificados en los tres primeros puestos. El 25 de septiembre de 2019, la Universidad de Bremen interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de dicha Decisión.
Mediante auto de 16 de diciembre de 2020, (
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) el Tribunal General declaró la inadmisibilidad manifiesta (
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) de dicho recurso por considerar que el profesor que representaba a la Universidad de que se trata no era un tercero con respecto a este última y que, por consiguiente, no cumplía el requisito de independencia establecido en el Estatuto del Tribunal de Justicia. (
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)
En el marco del recurso de casación interpuesto por la Universidad de Bremen, el Tribunal de Justicia anula ese auto del Tribunal General por considerar que este último incurrió en error al declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso. En este contexto, aporta precisiones sobre el requisito de independencia impuesto a los representantes de las partes no privilegiadas (
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) en el marco de un recurso directo ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que, al aplicar el requisito de independencia impuesto por el Derecho de la Unión a los representantes de las partes no privilegiadas, el juez de la Unión ejerce un control limitado en la medida en que se limita a sancionar con la inadmisibilidad los recursos en los que resulte evidente que el representante en cuestión no está en condiciones de llevar a cabo su misión de defensa velando de la mejor manera posible por los intereses de su cliente, de tal modo que ese representante debe ser excluido en interés de este último.
A continuación, el Tribunal de Justicia examina si el requisito de independencia desarrollado en la jurisprudencia respecto a los abogados se aplica también a los profesores universitarios facultados para la representación procesal.
A este respecto, considera que las dos profesiones no son comparables en cuanto a la descripción de sus funciones, dado que el abogado está llamado a garantizar la protección y la defensa de los intereses de su cliente, mientras que la función del profesor universitario es la de impartir una enseñanza y realizar investigaciones con total independencia, habida cuenta de la libertad académica que rige dicha profesión. Sin embargo, cuando un profesor universitario representa a una parte ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, ya no ejerce su profesión de docente e investigador, sino que cumple la misma misión que aquella que incumbe a un abogado, es decir, la representación de las partes no privilegiadas. Además, los profesores que están facultados a actuar en juicio en virtud del Derecho de su Estado miembro gozan de los mismos derechos que el Estatuto del Tribunal de Justicia reconoce a los abogados. (
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)
De ello se desprende, según el Tribunal de Justicia, que, conforme al objetivo de la misión de representación realizada, consistente, principalmente, en proteger y defender lo mejor posible los intereses del mandante, los profesores universitarios deben cumplir los mismos criterios de independencia que los que se aplican a los abogados. Estos criterios se definen de manera negativa, por la inexistencia de una relación laboral entre el representante y su cliente y, de manera positiva, por referencia a la deontología, que implica, en particular, la inexistencia de un vínculo que menoscabe de manera manifiesta la capacidad del abogado para llevar a cabo su misión de defensa velando, de la mejor manera posible, por los intereses de su cliente, observando la ley y las normas profesionales.
Por lo que se refiere a la cuestión de la inexistencia de una relación laboral entre el representante y su cliente, el Tribunal de Justicia observa que, en el caso de autos, el profesor universitario en cuestión está vinculado a la Universidad que representa en virtud de una relación de carácter funcionarial. Con arreglo a los requisitos y las normas del Derecho nacional, ese estatuto le confiere independencia no solo en lo que concierne a su condición de docente e investigador, sino también de representante de partes no privilegiadas ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. En la medida en que la representación procesal no forma parte de las funciones que dicho profesor está llamado a ejercer en la universidad como docente o investigador, dicha representación no está vinculada en modo alguno a sus funciones académicas y, por lo tanto, se lleva a cabo al margen de cualquier vínculo de subordinación con esta, aun cuando esté llamado a representar a dicha universidad.
Además, el Tribunal de Justicia estima que, a la luz de su jurisprudencia, (
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) la existencia de una relación de carácter funcionarial entre un profesor y la universidad a la que representa es insuficiente para considerar que ese profesor se encuentra en una situación que le impide actuar en defensa de los intereses de dicha universidad.
Por último, el Tribunal de Justicia añade que, dado que el Estatuto del Tribunal de Justicia confiere a los profesores los mismos derechos reconocidos a los abogados, (
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) se presume que un profesor facultado en virtud del Derecho nacional para actuar en juicio cumple, en principio, el requisito de independencia, y ello aun cuando dicho profesor represente a la universidad en la que ejerce sus actividades académicas.
Por lo que respecta a la inexistencia de un vínculo que menoscabe la capacidad del representante para llevar a cabo su misión de defensa velando, de la mejor manera posible, por los intereses de su cliente, el Tribunal de Justicia considera que el Tribunal General incurrió en error al considerar que, en la medida en que el representante de la universidad en cuestión era coordinador y jefe de equipo del proyecto y asumía tareas y funciones esenciales en el marco de este, su vínculo personal con el objeto del litigio comprometía su capacidad para prestar la asistencia jurídica que dicha Universidad necesitaba.
En efecto, según el Tribunal de Justicia, las funciones ejercidas por el representante de que se trata en el marco del proyecto objeto del litigio implicaban, ciertamente, que ese último tenía intereses comunes con la Universidad de Bremen. Sin embargo, tales intereses no bastan para demostrar la incapacidad de ese representante para asumir debidamente la representación que se le había confiado.
Además, en la medida en que no se ha invocado ningún elemento que indique que esos intereses se oponían a que la Universidad de Bremen fuera representada en juicio por dicho representante, el Tribunal General excedió los límites de su control establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que el Tribunal General incurrió en error al declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso por considerar que la Universidad de Bremen no estaba debidamente representada por el profesor universitario de que se trata.
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1
)	Decisión Ares (2019) 4590599 de la REA, de 16 de julio de 2019.
(
2
)	Auto de 16 de diciembre de 2020, Universität Bremen/REA (T‑660/19, no publicado, EU:T:2020:633).
(
3
)	En el sentido del artículo 126 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
(
4
)	Véase el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto del Tribunal de Justicia»).
(
5
)	Las partes privilegiadas son las partes a que se refiere el artículo 19, párrafos primero y segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, es decir, los Estados miembros, las instituciones de la Unión, los Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, distintos de los Estados miembros, y el Órgano de Vigilancia de la AELC al que se refiere dicho Acuerdo.
(
6
)	Artículo 19, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia
(
7
)	Sentencia de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, (C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73, apartados 66 y 67).
(
8
)	En el sentido del artículo 19, párrafos tercero y séptimo, del Estatuto del Tribunal de Justicia.