62024TJ0113_EXT
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 23 de julio de 2025 (
*1
)
«Contratos públicos — Protección de los intereses financieros de la Unión — Recurso de anulación — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad parcial — Criterios de exclusión de la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos — Concepto de “sentencia firme por la que se establece la culpabilidad de la persona o de la entidad” — Artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 — Personas con poderes de representación, decisión o control respecto a una persona o entidad que se encuentra en una situación de exclusión — Artículo 136, apartado 4, letra a), del Reglamento 2018/1046 — Obligación de motivación — Proporcionalidad»
En el asunto T‑113/24,
Lattanzio KIBS SpA, con domicilio social en Milán (Italia),
CY,
CV,
CW,
representados por los Sres. M. Hommé y B. O’Connor, abogados,
partes demandantes,
contra
Comisión Europea, representada por la Sra. F. Moro y el Sr. P. Rossi, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. A. Kornezov (Ponente), Presidente, y el Sr. K. Kecsmár y la Sra. S. Kingston, Jueces;
Secretario: Sr. P. Cullen, administrador;
visto el auto de 8 de mayo de 2024, Lattanzio KIBS y otros/Comisión (T‑113/24 R, no publicado, EU:T:2024:306);
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 15 de enero de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia (
1
)
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, los demandantes, Lattanzio KIBS SpA (en lo sucesivo, «LKIBS»), así como CY, CV y CW, solicitan la anulación de la Decisión Ares(2023) 8545235 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativa al procedimiento de exclusión de LKIBS de la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y de concesión de subvenciones regulados por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1296/2013, (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013, (UE) n.o 1304/2013, (UE) n.o 1309/2013, (UE) n.o 1316/2013, (UE) n.o 223/2014 y (UE) n.o 283/2014 y la Decisión n.o 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1), y por el Reglamento (UE) 2018/1877 del Consejo, de 26 de noviembre de 2018, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al undécimo Fondo Europeo de Desarrollo y se deroga el Reglamento (UE) 2015/323 (DO 2018, L 307, p. 1) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
[omissis]
Pretensiones de las partes
10
Las partes demandantes solicitan al Tribunal General que:
–
Anule la Decisión impugnada.
–
Condene en costas a la Comisión.
11
La Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Declare inadmisible el recurso por cuanto ha sido interpuesto por CW y, en cualquier caso, lo desestime en su totalidad por infundado.
–
Condene en costas a las partes demandantes.
Fundamentos de Derecho
[omissis]
Sobre el fondo
21
En apoyo de su recurso, los demandantes invocan ocho motivos, basados esencialmente, el primero, en un error manifiesto de apreciación al haber considerado la Comisión que la sentencia del Tribunal de Milán era una sentencia firme por la que se establece la culpabilidad de CY y de CV por corrupción; el segundo, en la infracción del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046; el tercero, en que la Comisión debería haber tenido en cuenta el Derecho nacional en la aplicación de esta disposición; el cuarto, en la infracción del artículo 136, apartado 4, del Reglamento 2018/1046; el quinto, en la falta de motivación; el sexto, en la vulneración del principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 136, apartado 3, del Reglamento 2018/1046 y en el artículo 5 TUE, apartado 4; el séptimo, en la infracción del artículo 136, apartado 6, letra a), del Reglamento 2018/1046, y, el octavo, en la violación del derecho a ser oído consagrado en el artículo 41 de la Carta.
Motivos primero, segundo y tercero, basados esencialmente en la infracción del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046
22
Mediante sus tres primeros motivos, que procede examinar conjuntamente, los demandantes alegan, en esencia, que la Comisión infringió el artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046 al haber considerado que la sentencia del Tribunal de Milán era una sentencia firme por la que se establece la culpabilidad de CY y de CV por corrupción.
23
En el marco del primer motivo, los demandantes sostienen que la Comisión calificó, erróneamente, el procedimiento de «patteggiamento», que llevó a que se dictara la sentencia del Tribunal de Milán y que está previsto en el artículo 444 del codice di procedura penale (Código de Enjuiciamiento Criminal), de procedimiento de «reconocimiento previo de culpabilidad» («plea bargain» en inglés) y que, en el marco de este procedimiento, CY y CV habían reconocido su culpabilidad. Pues bien, consideran que tal conclusión es errónea, en la medida en que, al dictar una sentencia en virtud de dicha disposición, el juez nacional no lleva a cabo una apreciación de los hechos y de la culpabilidad de los acusados.
24
Por otro lado, arguyen que del artículo 445, apartado 1 bis, del Código de Enjuiciamiento Criminal se desprende que una sentencia dictada en virtud del artículo 444 de ese mismo Código no es una sentencia condenatoria. Afirman que la primera disposición citada prevé que tal sentencia puede únicamente «asimilarse» a una condena, lo que demuestra implícitamente que una sentencia de «patteggiamento» no puede calificarse de sentencia condenatoria.
25
En el marco del segundo motivo, los demandantes alegan que la Comisión infringió el artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046 al considerar que la sentencia del Tribunal de Milán constituía una base válida para excluir a LKIBS de la participación en los procedimientos de adjudicación regulados, en particular, por el Reglamento 2018/1046. Si bien no cuestionan que la sentencia del Tribunal de Milán es una sentencia firme, aducen que dicha sentencia no establece que CY y CV sean culpables del delito de corrupción.
26
En el marco del tercer motivo, los demandantes alegan que la Comisión estaba obligada a tener en cuenta el Derecho nacional al interpretar la sentencia del Tribunal de Milán. En particular, debería haber apreciado esa sentencia a la luz del artículo 445, apartado 1 bis, del Código de Enjuiciamiento Criminal, del que se desprende, según aquellos, que una sentencia dictada en virtud del artículo 444 de dicho Código no puede utilizarse en un procedimiento administrativo como el que llevó a la adopción de la Decisión impugnada.
27
La Comisión solicita que se desestimen los tres primeros motivos.
28
A tenor del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046, «el ordenador competente excluirá a las personas o entidades a que se refiere el artículo 135, apartado 2, de la participación en los procedimientos de adjudicación regulados por el [citado] Reglamento o de la posibilidad de ser seleccionadas para la ejecución de los fondos de la Unión cuando la persona o entidad se encuentre en una o más de las siguientes situaciones de exclusión: [aquella en que] se haya establecido mediante sentencia firme que la persona o entidad es culpable de […] corrupción, según se define en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva (UE) 2017/1371 o […] tal como se define en la legislación aplicable».
29
En la Decisión impugnada, la Comisión consideró, en esencia, que la sentencia del Tribunal de Milán era una sentencia firme y que, al solicitar y consentir la aplicación de una pena reducida, CY y CV habían reconocido su culpabilidad por corrupción en el sentido del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046.
30
A este respecto, en primer término, procede constatar que de dicha sentencia se desprende que CY y CV, en su calidad [confidencial] (
2
) del «grupo Lattanzio», incluida Lattanzio Advisory, actualmente LAIC, y de otras sociedades del grupo, fueron acusados por el fiscal encargado del asunto, en particular, de corrupción en el sentido del Código Penal italiano. Se afirma que estas personas ofrecieron sumas de dinero a funcionarios de la República de Macedonia del Norte y acordaron con ellos pagos de sumas de dinero y otros servicios o ventajas para obtener la dependencia estable de estos funcionarios respecto a los intereses de Lattanzio Advisory y del «grupo Lattanzio» en el marco de licitaciones para contratos financiados por la Unión en ese Estado.
31
En segundo término, de dicha sentencia se desprende que los acusados solicitaron la aplicación del procedimiento especial previsto en el artículo 444 del Código de Enjuiciamiento Criminal y que el fiscal estuvo de acuerdo con esta propuesta.
32
En tercer término, el Tribunale di Milano (Tribunal de Milán) constató, en esencia, que los elementos de prueba de que disponía demostraban suficientemente, antes de nada, la existencia de los hechos imputados, a continuación, que estos hechos correspondían a una infracción penal, en particular la de corrupción en el sentido del Código Penal italiano, y, por último, que tales hechos podían atribuirse a los acusados. El Tribunale di Milano (Tribunal de Milán) constató asimismo que no existían causas de extinción de la infracción, o vicios relativos a los requisitos procesales, tal como podían deducirse de las diligencias de investigación y, en particular, de las fuentes de pruebas aportadas, que las partes habían dado válidamente su consentimiento, que los hechos reprochados a los acusados habían sido calificados jurídicamente de manera correcta y que la pena negociada era adecuada para la infracción penal en cuestión.
33
Sobre la base de estas constataciones, el Tribunale di Milano (Tribunal de Milán) condenó a CY y a CV a una pena de prisión de dos años suspendida e impuso a Lattanzio Advisory, actualmente LAIC, una sanción pecuniaria de 80000 euros.
34
Se desprende así de la sentencia del Tribunal de Milán, tal como confirmaron los demandantes en la vista, en esencia, que existían pruebas suficientes de la existencia de los hechos imputados, los cuales eran calificados jurídicamente como corrupción en el sentido del Código Penal italiano, que estos hechos podían ser atribuidos, en particular, a CY y a CV y que se condenó a estos a una pena privativa de libertad suspendida por dichos hechos. Además, se impuso una sanción pecuniaria a Lattanzio Advisory, actualmente LAIC, por los mismos hechos.
35
En lo que respecta a la cuestión de si la sentencia del Tribunal de Milán constituye una sentencia firme por la que se establece la culpabilidad por corrupción de las personas y entidades de que se trata, en el sentido del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046, es pacífico entre las partes que esa sentencia es una sentencia firme.
36
Por lo que se refiere al requisito según el cual debe establecerse, mediante sentencia firme, que la persona o entidad en cuestión es culpable de corrupción, procede señalar que el tenor literal del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046 no precisa si debe considerarse que una sentencia firme dictada en el marco de un procedimiento penal especial —como el procedimiento de «patteggiamento» previsto en el Código de Enjuiciamiento Criminal, que, sin declarar formalmente a los acusados culpables de corrupción, establece que se les puede imputar tales hechos y les impone, por estos hechos, una pena y una sanción pecuniaria— cumple este requisito.
37
En estas circunstancias, procede efectuar una interpretación contextual y teleológica del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046 (véase, por analogía, la sentencia de 4 de marzo de 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18, EU:C:2020:153, apartados 42 y 43).
38
En cuanto al contexto en el que se incardina esta disposición, ha de señalarse que las disposiciones del Reglamento 2018/1046, incluidas las comprendidas en el título V, capítulo 2, sección 2, de este, relativas al sistema de detección rápida y de exclusión, del que forma parte el artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), de dicho Reglamento, son de carácter administrativo y no penal. En particular, en virtud del artículo 91 del Reglamento 2018/1046, el capítulo 5 del título IV de este, titulado «Responsabilidad de los agentes financieros», no prejuzga la responsabilidad penal en que puedan incurrir los agentes financieros en las condiciones previstas en el Derecho nacional aplicable y en las disposiciones vigentes relativas a la protección de los intereses financieros de la Unión y a la lucha contra la corrupción en la que estén implicados funcionarios de la Unión o de los Estados miembros.
39
Así, como disposición de carácter administrativo, el artículo 136, apartado 1, letra d), del Reglamento 2018/1046 no tiene por objeto establecer la responsabilidad penal, en el Derecho nacional, de una persona física o jurídica, sino que se limita a determinar los supuestos en los que esta persona debe ser excluida de los procedimientos de adjudicación regulados por dicho Reglamento, en particular en el supuesto de corrupción a que se refiere el artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del citado Reglamento.
40
En cuanto a la interpretación teleológica del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046, procede señalar que tanto del considerando 64 de dicho Reglamento como del artículo 135, apartado 1, de este se desprende que el objetivo del sistema de exclusión es garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión. Así, por una parte, el mencionado artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046 tiene por objeto excluir de los procedimientos de adjudicación regulados por ese Reglamento a las personas y entidades que, debido a sus comportamientos, pueden representar un riesgo para los intereses financieros de la Unión. Por otra parte, esta disposición permite a la Comisión cumplir con la obligación de buena gestión financiera de los recursos de la Unión que le impone el artículo 317 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de septiembre de 2023, Imdea Materiales/Comisión, T‑765/21, no publicada, EU:T:2023:588, apartado 81).
41
Por otro lado, es precisamente para evitar el riesgo de perjudicar los intereses financieros de la Unión por lo que el Reglamento 2018/1046 contempla supuestos, como los previstos en su artículo 136, apartados 2 y 5, que permiten excluir provisionalmente a los licitadores de los procedimientos de adjudicación que regula, incluso sin una sentencia firme por la que se establezca la culpabilidad de las personas o entidades de que se trate.
42
Además, según reiterada jurisprudencia, la aplicación de las normas nacionales no debe menoscabar el efecto útil de un acto de la Unión [sentencia de 16 de mayo de 2024, Toplofikatsia Sofia (Concepto de domicilio del demandado), C‑222/23, EU:C:2024:405, apartado 55]. Así, cuando una disposición del Derecho de la Unión pueda ser objeto de varias interpretaciones, deberá darse prioridad a la que permita garantizar su eficacia (véase la sentencia de 23 de noviembre de 2023, EVN Business Service y otros, C‑480/22, EU:C:2023:918, apartado 37 y jurisprudencia citada).
43
Pues bien, una interpretación estricta del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046, como la propugnada por los demandantes, podría menoscabar el efecto útil de esta disposición, en la medida en que tuviera como consecuencia permitir a las personas y entidades a las que se han impuesto, mediante sentencia firme, penas y sanciones pecuniarias por corrupción participar, no obstante, en procedimientos de adjudicación de contratos públicos financiados por el presupuesto de la Unión, suponiendo de este modo un riesgo para los intereses financieros de la Unión y para la buena gestión financiera de los recursos de esta.
44
Por lo tanto, debe considerarse que una sentencia firme, como la del Tribunal de Milán, la cual, sin declarar formalmente la culpabilidad de las personas y entidades inculpadas, decreta no obstante, en esencia, que se les pueden atribuir actos de corrupción e imponer, por ello, una pena y una sanción pecuniaria, se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046.
45
Las alegaciones de los demandantes no ponen en cuestión esta conclusión.
46
En primer lugar, los demandantes alegan que la Decisión impugnada adolece de varios errores de traducción. No obstante, aun suponiéndolos acreditados, tales errores no afectan a la legalidad de dicha Decisión, en la medida en que no afectan ni a la interpretación del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046 plasmada en la presente sentencia ni a los elementos esenciales de la sentencia del Tribunal de Milán, tal como han sido resumidos en los anteriores apartados 30 a 34 y confirmados por las partes en la vista.
47
En segundo lugar, los demandantes alegan que el juez nacional no puede, en virtud del artículo 444 del Código de Enjuiciamiento Criminal, acordar la «absolución» en el sentido del artículo 530 de ese Código, incluso si los autos contienen pruebas de la inocencia del acusado.
48
Esta interpretación de dichas disposiciones de Derecho nacional efectuada por los demandantes, aun suponiéndola correcta, no tiene ninguna incidencia en el hecho de que de la sentencia del Tribunal de Milán, tal como se ha resumido en los anteriores apartados 30 a 34, se desprende, en particular, que existían pruebas suficientes de que determinados actos de corrupción podían atribuirse a CY y a CV, los cuales solicitaron poder beneficiarse del procedimiento previsto en el artículo 444 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y que, en cambio, no existían pruebas manifiestas de la inocencia de estos últimos.
49
En tercer lugar, los demandantes alegan que el artículo 445, apartado 1 bis, del Código de Enjuiciamiento Criminal no prevé, en contra de lo que señaló la Comisión en la Decisión impugnada, que una «sentenza di patteggiamento» dictada en virtud del artículo 444 de dicho Código constituya una condena penal, sino solamente que tal sentencia puede asimilarse a tal condena bajo ciertas condiciones. Además, subrayan las diferencias entre una sentencia dictada en virtud del artículo 444 del citado Código y una condena impuesta con arreglo al artículo 533 de este.
50
A este respecto, por una parte, baste con constatar que estas alegaciones se refieren a la calificación en el Derecho italiano de la sentencia del Tribunal de Milán y a las diferencias que puedan existir entre los efectos de tal sentencia y los vinculados a una condena penal en el sentido del artículo 533 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Pues bien, tales diferencias no pueden afectar a la interpretación del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046, que figura en el anterior apartado 44.
51
Por otra parte, y en cualquier caso, procede señalar, al igual que la Comisión, que, conforme a la última frase del artículo 445, apartado 1 bis, del Código de Enjuiciamiento Criminal, y sin perjuicio de las excepciones previstas a este respecto en las dos primeras frases de esa disposición, una sentencia dictada en virtud del artículo 444 de dicho Código se «asimila» a una condena.
52
Por otro lado, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar que una sentencia que ha adquirido firmeza y se ha dictado con arreglo al procedimiento de «patteggiamento», previsto en el artículo 444 del Código de Enjuiciamiento Criminal, constituía, a efectos de la comprobación de los requisitos para la aplicación del principio ne bis in idem, consagrado en el artículo 50 de la Carta, una condena penal firme (sentencia de 20 de marzo de 2018, Garlsson Real Estate y otros, C‑537/16, EU:C:2018:193, apartados 14, 30, 59 y 63).
53
En cuarto lugar, es cierto, como señalan los demandantes, que la Comisión afirmó erróneamente, en el considerando 40 de la Decisión impugnada, que, al solicitar y consentir la aplicación de una pena reducida, como la que les impuso el Tribunale di Milano (Tribunal de Milán), los demandantes habían reconocido su culpabilidad. En efecto, tal reconocimiento explícito de culpabilidad no se desprende de dicha sentencia. No obstante, a fin de concluir que esa sentencia se incluye en el ámbito de aplicación del artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046, la Comisión no se basó únicamente en esta afirmación, sino que también tuvo en cuenta, en los considerandos 36 a 38 de la Decisión impugnada, el hecho, recordado en los anteriores apartados 32 y 34, de que, a tenor de la citada sentencia, existían pruebas suficientes según las cuales, en particular, los hechos imputados podían ser atribuidos a los acusados, de que el artículo 445, apartado 1 bis, del Código de Enjuiciamiento Criminal asimila a una condena las sentencias dictadas en virtud del artículo 444 de ese Código y de que el artículo 136, apartado 1, letra d), inciso ii), del Reglamento 2018/1046 no distingue entre las sentencias firmes en función de si estas se han dictado a raíz de un acuerdo alcanzado entre las personas de que se trate y el fiscal o no.
54
En quinto lugar, los demandantes se basan en la primera frase del artículo 445, apartado 1 bis, del Código de Enjuiciamiento Criminal, a tenor de la cual una sentencia dictada en virtud del artículo 444 de ese Código no produce efectos y no puede utilizarse como prueba, en particular, en procedimientos administrativos. Según aquellos, al ser de naturaleza administrativa el procedimiento que llevó a la adopción de la Decisión impugnada, la Comisión no puede invocar la sentencia del Tribunal de Milán a efectos de la adopción de esta.
55
No cabe sino desestimar esta alegación, puesto que la misma equivale a sostener que una disposición de Derecho nacional puede oponerse a la aplicación de una disposición de Derecho de la Unión. Así, esta alegación es contraria al principio de primacía del Derecho de la Unión, el cual consagra la preeminencia de este Derecho sobre el Derecho de los Estados miembros. Por consiguiente, este principio impone a todos los órganos de los Estados miembros la obligación de garantizar la plena eficacia de las distintas normas de la Unión, sin que el Derecho de los Estados miembros pueda mermar la eficacia reconocida a esas distintas normas en el territorio de dichos Estados (véase la sentencia de 11 de enero de 2024, Global Ink Trade, C‑537/22, EU:C:2024:6, apartado 23 y jurisprudencia citada). En virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, no puede admitirse que normas de Derecho interno, aun si son de rango constitucional, menoscaben la unidad y la eficacia del Derecho de la Unión (sentencia de 21 de diciembre de 2021, Randstad Italia, C‑497/20, EU:C:2021:1037, apartado 52).
56
En sexto lugar, procede desestimar la alegación formulada por los demandantes en la vista, basada en la sentencia de 18 de diciembre de 2024, TP/Comisión (T‑776/22, recurrida en casación, EU:T:2024:908). En efecto, en los apartados 44 y 45 de esa sentencia, el Tribunal General declaró que el ordenador competente para adoptar una medida de exclusión sobre la base del artículo 136, apartado 1, letras b) a d) y f) a h), del Reglamento 2018/1046 está vinculado por la calificación jurídica del comportamiento en cuestión, realizada en una sentencia firme o en una decisión administrativa definitiva, y no dispone del menor margen de apreciación en cuanto a dicha calificación. Pues bien, en este caso, no se trata de acoger una calificación jurídica de los comportamientos en cuestión diferente de la efectuada en la sentencia del Tribunal de Milán, sino de interpretar una disposición de Derecho de la Unión para determinar si esa sentencia, habida cuenta de las calificaciones jurídicas tal como figuran en ella, se incluye en el ámbito de aplicación de esta.
57
En atención a todas las consideraciones anteriores, procede desestimar los tres primeros motivos por infundados.
[omissis]
Octavo motivo, basado en la violación del derecho a ser oído consagrado en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta
[omissis]
124
Al no haberse estimado ninguno de los motivos invocados por los demandantes, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
125
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
126
Por haber sido desestimadas las pretensiones de los demandantes, procede condenarlos en costas, conforme a lo solicitado por la Comisión, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a Lattanzio KIBS SpA, así como a CY, a CV y a CW, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
Kornezov
Kecsmár
Kingston
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de julio de 2025.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
1
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.
(
2
)	Datos confidenciales ocultos.