62021TJ0326
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta ampliada)
de 21 de junio de 2023 (
*1
)
«Dumping — Importación de extrusiones de aluminio originarias de China — Reglamento de Ejecución (UE) 2021/546 — Establecimiento de un derecho antidumping definitivo — Artículo 1, apartado 4, del Reglamento (UE) 2016/1036 — Definición del producto afectado — Determinación del valor normal — Artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento 2016/1036 — Informe que constata la existencia de distorsiones significativas en el país exportador — Carga de la prueba — Recurso a un país representativo — Artículo 3, apartados 1, 2, 3, 5 y 6, del Reglamento 2016/1036 — Perjuicio — Factores e índices económicos que influyen en el estado de la industria de la Unión — Derecho de defensa — Principio de buena administración»
En el asunto T‑326/21,
Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd, con domicilio social en Qingyuan (China),
Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, con domicilio social en Yuan Tan Town (China),
representadas por los Sres. M. Maresca, C. Malinconico y D. Guardamagna, la Sra. M. Guardamagna y los Sres. D. Maresca, A. Cerruti, A. Malinconico y G. Falla, abogados,
partes demandantes,
apoyadas por
Airoldi Metalli SpA, con domicilio social en Molteno (Italia), representada por el Sr. M. Campa, la Sra. M. Pirovano y los Sres. D. Rovetta y V. Villante, abogados,
parte coadyuvante,
contra
Comisión Europea, representada por el Sr. G. Luengo, la Sra. P. Němečková y el Sr. A. Spina, en calidad de agentes,
parte demandada,
apoyada por
Parlamento Europeo, representado por el Sr. A. Neergaard y las Sras. M. Peternel y L. Stefani, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta ampliada),
integrado por el Sr. S. Papasavvas, Presidente, y los Sres. R. da Silva Passos y S. Gervasoni (Ponente) y las Sras. I. Reine y T. Pynnä, Jueces;
Secretaria: Sra. P. Núñez Ruiz, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 16 de enero de 2023;
dicta la siguiente
Sentencia (
1
)
1
Mediante su recurso, las demandantes, Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd y Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd, solicitan, por una parte, sobre la base del artículo 263 TFUE, la anulación, con carácter principal, del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/546 de la Comisión, de 29 de marzo de 2021, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de extrusiones de aluminio originarias de la República Popular China (DO 2021, L 109, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»), en cuanto las afecta, y, con carácter subsidiario, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 21; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), y, por otra parte, sobre la base del artículo 268 TFUE, la indemnización de los perjuicios que alegan haber sufrido por la aplicación del Reglamento impugnado y del Reglamento de base.
I. Antecedentes del litigio
2
Las demandantes son sociedades chinas que operan en el sector de la producción de semielaborados de aluminio y que producen y exportan a la Unión Europea extrusiones de aluminio.
3
El 3 de enero de 2020, la asociación European Aluminium, que representaba más del 25 % de la producción total de extrusiones de aluminio en la Unión, presentó ante la Comisión Europea una denuncia referida a determinadas prácticas de dumping y al perjuicio material que de ellas resultaba.
4
El 14 de febrero de 2020, la Comisión publicó el anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones en la Unión de extrusiones de aluminio originarias de la República Popular China (DO 2020, C 51, p. 26), en virtud del artículo 5 del Reglamento de base.
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El producto investigado en lo relativo al dumping y al perjuicio subsiguiente eran «barras, perfiles (huecos o no huecos) y tubos, sin montar, incluso preparados para la construcción (por ejemplo, cortados a medida, taladrados, curvados, biselados o roscados); fabricados con aluminio, aleado o sin alear, con un contenido de aluminio inferior o igual al 99,3 %». Dicho producto incluía los productos denominados comúnmente «extrusiones de aluminio» en referencia a su proceso de fabricación más habitual, aunque también podían fabricarse con otros procesos de producción, como la laminación, el forjado o la fundición.
6
La investigación del dumping y del perjuicio subsiguiente abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 (en lo sucesivo, «período de investigación»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el final del período de investigación (en lo sucesivo, «período considerado»).
7
Mediante escrito de 26 de febrero de 2020, la Comisión incluyó a las demandantes en la muestra de productores exportadores tomada en consideración en su análisis.
8
Los días 6 de abril y 29 de mayo de 2020, las demandantes presentaron observaciones. Entre el 6 y el 29 de abril de 2020, las demandantes presentaron a la Comisión los cuestionarios correspondientes cumplimentados, acompañados de los anexos que contenían la información solicitada. Los días 3, 5 y 12 de junio de 2020 tuvieron lugar las verificaciones a distancia para el examen de los documentos contables aportados y para la presentación de otros documentos.
9
A raíz de una solicitud de European Aluminium, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1215, de 21 de agosto de 2020, por el que se someten a registro las importaciones de extrusiones de aluminio originarias de la República Popular China (DO 2020, L 275, p. 16). El 30 de septiembre de 2020, las demandantes interpusieron un recurso de anulación basado en el artículo 263 TFUE contra dicho Reglamento de Ejecución. Mediante auto de 22 de diciembre de 2021, Guangdong Haomei New Materials y Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Comisión (T‑604/20, no publicado, EU:T:2021:952), el Tribunal General declaró el sobreseimiento de dicho recurso por desaparición del interés en ejercitar la acción.
10
El 22 de septiembre de 2020, la Comisión informó a las demandantes del posible establecimiento de un derecho antidumping provisional. El 25 de septiembre de 2020, las demandantes presentaron nuevas observaciones.
11
El 12 de octubre de 2020, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1428, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de extrusiones de aluminio originarias de la República Popular China (DO 2020, L 336, p. 8; en lo sucesivo, «Reglamento provisional»). El derecho antidumping provisional impuesto a las demandantes fue del 30,4 %.
12
El 14 de diciembre de 2020, las demandantes interpusieron un recurso de anulación basado en el artículo 263 TFUE contra el Reglamento provisional. Mediante auto de 22 de diciembre de 2021, Guangdong Haomei New Materials y Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Comisión (T‑725/20, no publicado, EU:T:2021:957), el Tribunal General declaró la inadmisibilidad de dicho recurso.
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El 22 de diciembre de 2020, la Comisión comunicó a las demandantes la divulgación final, que incluía los hechos y consideraciones que había estimado esenciales y en virtud de los cuales estaba a punto de aplicar derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de extrusiones de aluminio originarias de China. Las demandantes presentaron sus observaciones a esta divulgación final el 7 de enero de 2021.
14
El 8 de febrero de 2021, la Comisión adoptó una divulgación final adicional —que fue comunicada a las partes interesadas— para reflejar el hecho de que, a raíz de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión, el mercado de esta última solo incluía 27 Estados miembros. Las demandantes presentaron sus observaciones a dicha divulgación final adicional el 16 de febrero de 2021.
15
El 29 de marzo de 2021, la Comisión adoptó el Reglamento impugnado. El artículo 1, apartado 2, del Reglamento impugnado fijó el tipo del derecho antidumping definitivo aplicado a las demandantes en el 21,2 %.
II. Pretensiones de las partes
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Las demandantes, apoyadas por Airoldi Metalli SpA (en lo sucesivo, «Airoldi»), solicitan al Tribunal General que:
–
Anule el Reglamento impugnado en lo que las afecta.
–
Con carácter subsidiario, anule el Reglamento de base.
–
Condene a la Comisión a indemnizar el perjuicio causado por la aplicación del Reglamento de base y del Reglamento impugnado.
–
Condene en costas a la Comisión.
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La Comisión, apoyada por el Parlamento Europeo, solicita al Tribunal General que:
–
Declare la inadmisibilidad del recurso de indemnización.
–
Declare la inadmisibilidad del recurso de anulación del Reglamento de base o, en cualquier caso, lo desestime por infundado.
–
Desestime el recurso de anulación del Reglamento impugnado por infundado.
–
Condene en costas a las demandantes.
III. Fundamentos de Derecho
[omissis]
C. Sobre la primera pretensión, por la que se solicita la anulación del Reglamento impugnado en la medida en que afecta a las demandantes
33
En apoyo de su recurso, las demandantes formulan cinco motivos, que pueden resumirse, en esencia, del siguiente modo:
–
el primero, basado en la violación del principio de buena administración y en desviación de poder;
–
el segundo, basado en la vulneración del derecho de defensa y en errores cometidos por la Comisión en la definición del producto afectado, en la determinación de la existencia de distorsiones significativas en el mercado chino, en la determinación del país representativo y en la determinación del valor normal;
–
el tercero, basado en errores cometidos por la Comisión cuando llegó a la conclusión de la existencia de perjuicio para la industria de la Unión y de causalidad;
–
el cuarto y el quinto, basados en la vulneración del Derecho internacional, de los derechos fundamentales de las demandantes y del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).
[omissis]
2.
Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y en errores cometidos por la Comisión en la definición del producto afectado, en la determinación de la existencia de distorsiones significativas en el mercado chino, en la determinación del país representativo y en la determinación del valor normal
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El segundo motivo se fundamenta en siete partes, basadas, en esencia, la primera, en la vulneración del derecho de defensa de las demandantes, la segunda y la tercera, que procede examinar conjuntamente, en errores en la definición del producto afectado, la cuarta, en errores en la determinación de la existencia de distorsiones significativas en el mercado chino, la quinta y la sexta, que procede examinar conjuntamente, en la inadecuada selección de Turquía como país representativo y, la séptima, en la errónea determinación del valor normal.
[omissis]
b)
Definición del producto afectado
55
En sus partes segunda y tercera, las demandantes reprochan a la Comisión haber considerado que las extrusiones de aluminio procedentes de China eran un único producto. Estiman que la Comisión recurrió a una técnica errónea, la evaluación «fisicoquímica», y sobrepasó los límites de su margen de apreciación al definir el producto afectado. Afirman que fabrican millares de tipologías de extrusiones de aluminio y que, por esta razón, hay que hacer distinciones, ya que el grupo al que pertenecen opera en nichos de mercado no cubiertos por los productores de la Unión.
56
A este respecto, procede señalar que del artículo 1 del Reglamento de base, titulado «Principios», que se refiere, en su apartado 1, a «todo producto objeto de dumping, cuyo despacho a libre práctica en la Unión cause un perjuicio», se desprende que la investigación antidumping recae sobre un producto concreto. Las instituciones de la Unión definieron ese «producto considerado» al inicio de la citada investigación. Además, el artículo 1, apartado 4, de dicho Reglamento define el «producto similar» como un producto que sea idéntico, es decir, igual al producto considerado, o, a falta del mismo, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado.
57
Según reiterada jurisprudencia, la definición del producto afectado en el marco de una investigación antidumping tiene como finalidad ayudar a elaborar la lista de los productos que, en su caso, serán objeto de la imposición de los derechos antidumping. Para esta operación, las instituciones pueden tener en cuenta varios factores, como las características físicas, técnicas y químicas de los productos, su uso, la posibilidad de intercambio, la percepción que de ellos tiene el consumidor, los canales de distribución, el proceso de fabricación, los costes de producción y la calidad (sentencias de 13 de septiembre de 2010, Whirlpool Europe/Consejo, T‑314/06, EU:T:2010:390, apartado 138, y de 11 de septiembre de 2014, Gold East Paper y Gold Huasheng Paper/Consejo, T‑444/11, EU:T:2014:773, apartado 329).
58
De ello resulta que productos que no son idénticos pueden, en determinadas circunstancias, agruparse en la misma definición del producto considerado y ser objeto, conjuntamente, de una investigación antidumping. El Reglamento de base no exige que el concepto de «producto considerado» designe necesariamente un producto entendido como un todo homogéneo e integrado por productos similares (véase, por analogía, la sentencia de 17 de marzo de 2016, Portmeirion Group, C‑232/14, EU:C:2016:180, apartado 42). La definición del «producto considerado», en el momento de la apertura de la investigación, no prohíbe a las instituciones de la Unión subdividir ese producto en tipos o en modelos de productos distintos y basarse en comparaciones entre el precio del producto en el mercado de la Unión y el precio de las importaciones, modelo por modelo o tipo por tipo (véase, por analogía, la sentencia de 5 de abril de 2017, Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo, C‑376/15 P y C‑377/15 P, EU:C:2017:269, apartado 59).
59
Además, la alegación de que el producto considerado está mal definido debe basarse en argumentos que muestren, bien que las instituciones evaluaron incorrectamente los factores que consideraron pertinentes, bien que la aplicación de otros factores más pertinentes exigía restringir la definición del producto considerado (sentencia de 13 de septiembre de 2010, Whirlpool Europe/Consejo, T‑314/06, EU:T:2010:390, apartado 141).
60
En este control, es preciso tener en cuenta el hecho de que, en el ámbito de las medidas de defensa comercial, las instituciones de la Unión disponen de una amplia facultad discrecional debido a la complejidad de las situaciones económicas, políticas y jurídicas que deben examinar (véase la sentencia de 18 de octubre de 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Consejo, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, apartado 63 y jurisprudencia citada). A este respecto, dado que ya se ha declarado que la determinación del producto similar está comprendida en el ejercicio de la amplia facultad de apreciación reconocida a las instituciones y es, por tanto, objeto de un control limitado, debe seguirse el mismo enfoque por lo que respecta al control de la procedencia de la determinación del producto considerado [sentencia de 10 de octubre de 2012, Gem-Year y Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consejo, T‑172/09, no publicada, EU:T:2012:532, apartado 62].
61
No obstante, como acertadamente ponen de relieve las demandantes, la facultad de apreciación de la Comisión a este respecto no es ilimitada. Las apreciaciones de la Comisión están sometidas al control del Tribunal General, que, en este contexto, tiene por objeto la comprobación del respeto de las normas jurídicas aplicables, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la inexistencia de desviación de poder (véase la sentencia de 17 de diciembre de 2008, HEG y Graphite India/Consejo, T‑462/04, EU:T:2008:586, apartado 120 y jurisprudencia citada).
62
Así pues, procede examinar si, en el caso de autos, la Comisión excedió su amplia facultad de apreciación al tratar como productos considerados las «barras, perfiles (huecos o no huecos) y tubos, sin montar, incluso preparados para la construcción (por ejemplo, cortados a medida, taladrados, curvados, biselados o roscados), fabricados con aluminio, aleado o sin alear, con un contenido de aluminio inferior o igual al 99,3 %», denominados comúnmente «extrusiones de aluminio» (véanse los considerandos 38 y 40 del Reglamento provisional, confirmados por el considerando 94 del Reglamento impugnado, sin perjuicio de la información adicional facilitada en los considerandos 90 a 93 de este último). La Comisión subrayó que el producto afectado debía ser tratado como un único producto (considerandos 56 y 197 del Reglamento impugnado).
63
En el considerando 56 del Reglamento impugnado, la Comisión justificó esta decisión explicando que los productos incluidos en la definición del producto afectado compartían las mismas características físicas, técnicas y químicas básicas que este último producto.
64
Procede señalar, en relación con el método utilizado para definir el producto afectado, que la Comisión precisó, en los considerandos 56 y 69 del Reglamento impugnado, que, aunque determinadas extrusiones específicas pudiesen utilizarse solo para una aplicación concreta, esto se debía a que eran productos a medida y se producían expresamente para su uso previsto. La Comisión tuvo en cuenta el hecho de que la práctica comercial había introducido una serie de distinciones, incluso entre aleaciones duras y blandas, perfiles de tamaño mediano y grande, perfiles habituales y especiales, y extrusiones que se utilizarán para aplicaciones concretas. No obstante, si bien muchos productores están presentes en varias de estas categorías, producen según las características técnicas de sus máquinas y sobre la base de los requisitos de sus diversos clientes. Con respecto, más concretamente, a las aleaciones, tras la investigación la Comisión concluyó que existe una serie de aleaciones de aluminio y que distintas aleaciones pueden ser adecuadas para una aplicación determinada. La Comisión tuvo en cuenta la alegación formulada por distintas partes según la cual el mercado debe distinguirse utilizando los criterios mencionados anteriormente. A pesar de eso, dada la ausencia de una clara línea divisoria o de un criterio de distinción claro entre los diferentes productos que justifique un análisis por segmentos, la Comisión concluyó que la evaluación del dumping y del perjuicio debe realizarse para la industria de la Unión en su conjunto, examinando todos los tipos de extrusiones de aluminio conjuntamente y garantizando que los productos afectados sean comparables.
65
En el considerando 61 del Reglamento impugnado, la Comisión recordó que no había negado la complejidad de varias extrusiones de aluminio, incluidas aquellas del sector ferroviario, ni el hecho de que diferentes tipos de productos pudieran tener características específicas, usos o procesos de producción distintos, que pudieran cumplir diferentes normas sobre productos o que la intercambiabilidad pudiera no ser universal entre cada uno de estos tipos. La información proporcionada con respecto a las especificidades relacionadas con los tipos no había refutado el hecho de que los tipos en cuestión compartían las mismas características físicas, químicas y técnicas básicas, independientemente del sector en el que se utilizaran. Además, en el considerando 197 del Reglamento impugnado, la Comisión indicó que la industria de la Unión participaba en el mercado de las aleaciones duras y blandas, perfiles de tamaño mediano y grande y perfiles habituales y especiales y se enfrentaba a la competencia de las importaciones procedentes de China objeto de dumping de todos estos tipos de productos. También puso de relieve que tanto los productores de la Unión como los chinos podían elaborar distintos tipos de productos y decidir concentrarse en algunos de ellos cuando las condiciones del mercado lo permitían.
66
En el examen del análisis de la Comisión, resulta que esta tuvo en cuenta varios factores pertinentes conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 57 anterior, como, en particular, las características físicas, técnicas y químicas de los productos, su uso, la posibilidad de intercambio, la demanda por parte de los clientes y el proceso de fabricación.
67
Además, de conformidad con la regla de que la carga de la prueba incumbe a la parte demandante, la cual debe proponer pruebas concluyentes en apoyo de su alegación (véase la sentencia de 19 de septiembre de 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Comisión, T‑228/17, EU:T:2019:619, apartado 127 y jurisprudencia citada), las demandantes no han demostrado que la Comisión hubiese evaluado erróneamente los factores que había considerado pertinentes, ni en qué otros factores más pertinentes debería haberse basado. El hecho de que los precios de las demandantes fueran conformes o superiores a los precios de los productores de la Unión, suponiendo que estuviera acreditado, es irrelevante a efectos de ese análisis.
68
Por tanto, las demandantes no han demostrado que la Comisión haya incurrido en error manifiesto de apreciación en la definición del producto afectado. Por consiguiente, deben desestimarse las partes segunda y tercera del segundo motivo.
c)
Existencia de distorsiones significativas en el mercado chino
69
Las demandantes, apoyadas por Airoldi, alegan que la Comisión sometió sus productos a derechos antidumping compensatorios en virtud de un análisis vago e hipotético, basado en el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las distorsiones significativas en la economía de la República Popular China a efectos de las investigaciones de defensa comercial, de 20 de diciembre de 2017 [SWD(2017) 483 final/2; en lo sucesivo, «informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino»], e hizo caso omiso de las pruebas que presentaron. Pues bien, sostienen que los exportadores han de poder ser oídos y demostrar que, por lo que a ellos respecta, no existen distorsiones.
70
Por su parte, Airoldi cuestiona la legalidad del informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino, utilizado por la Comisión, que, en su opinión, no cumple los requisitos del artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base.
71
La Comisión sostiene que no cabe admitir la impugnación de la legalidad del informe sobre las distorsiones significativas del mercado chino por parte de Airoldi, ya que no fue planteada por las demandantes.
72
A este respecto, es preciso recordar que la determinación del valor normal de un producto constituye una de las etapas esenciales que ha de permitir determinar la existencia de un eventual dumping. El artículo 2, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de base establece, a este respecto, que «el valor normal se basará en principio en los precios pagados o por pagar, en el curso de operaciones comerciales normales, por clientes independientes en el país de exportación».
73
Hay que señalar también que, a la hora de determinar el valor normal, tanto del tenor como de la sistemática de dicha disposición se desprende que es el precio realmente pagado o por pagar en el curso de operaciones comerciales normales lo que hay que tener en principio en cuenta preferentemente para determinar el valor normal (sentencia de 1 de octubre de 2014, Consejo/Alumina, C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, apartado 20). En efecto, en virtud del apartado 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, solo puede aceptarse una excepción a este principio si se considera que no es adecuado utilizar los precios y costes internos del país exportador debido a la existencia en ese país de distorsiones significativas (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 1 de octubre de 2014, Consejo/Alumina, C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, apartado 20).
74
El artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base define una distorsión como «significativa»«cuando los precios o costes notificados, incluidos los costes de las materias primas y la energía, no son fruto de las fuerzas del mercado libre por verse afectados por una intervención sustancial de los poderes públicos» e incluye una lista indicativa de factores que pueden tenerse en cuenta en el análisis de la existencia de tales distorsiones.
75
El artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base dispone lo siguiente:
«En caso de que la Comisión disponga de indicios fundados de la posible existencia en un determinado país o sector de ese país de distorsiones significativas a tenor de la letra b), y cuando proceda a efectos de la aplicación efectiva del presente Reglamento, la Comisión elaborará, publicará y actualizará periódicamente un informe en el que se describan las circunstancias del mercado contempladas en la letra b) que se den en ese país o sector. Dichos informes y los elementos de prueba en los que se basen se incorporarán al expediente de toda investigación relacionada con ese país o sector. Las partes interesadas tendrán amplia oportunidad de refutar, complementar, comentar o invocar ese informe y los elementos de prueba en los que se base en toda investigación en la que se haga uso del informe y los elementos de prueba en cuestión. Al evaluar la existencia de distorsiones significativas, la Comisión tendrá en cuenta todos los elementos de prueba pertinentes que figuran en el expediente de la investigación.»
76
El concepto de «distorsiones significativas» y el método de cálculo del valor normal cuando se dan tales distorsiones en el país exportador fueron introducidos en el Reglamento de base por el Reglamento (UE) 2017/2321 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que se modifican el Reglamento de base y el Reglamento (UE) 2016/1037, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (DO 2017, L 338, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento por el que se modifica el Reglamento de base»).
77
De lo dispuesto en el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base resulta que, cuando la Comisión elabore un informe en el que se describan las circunstancias del mercado en un país exportador, tendrá en cuenta, en la evaluación de la existencia de distorsiones significativas, los factores mencionados en el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del mismo Reglamento.
78
A este respecto, procede señalar que la amplia facultad de apreciación de la que disponen las instituciones de la Unión en el ámbito de las medidas de defensa comercial debido a la complejidad de las situaciones económicas, políticas y jurídicas que deben examinar (véase la sentencia de 18 de octubre de 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Consejo, C‑100/17 P, EU:C:2018:842, apartado 63 y jurisprudencia citada) tiene también por objeto la determinación de la existencia de distorsiones significativas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base y la decisión de elaborar el informe previsto en el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), de dicho Reglamento. Lo mismo puede decirse de las situaciones de hecho, de tipo jurídico y político, que se manifiesten en el país de que se trate y que las instituciones de la Unión deben evaluar para determinar si un exportador actúa en condiciones de mercado sin interferencias significativas del Estado (véase, por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, Gold East Paper y Gold Huasheng Paper/Consejo, T‑443/11, EU:T:2014:774, apartado 163 y jurisprudencia citada).
79
Si bien, en el ámbito de las medidas de defensa comercial y, en particular, de las medidas antidumping, el juez de la Unión no puede intervenir en la apreciación reservada a las autoridades de la Unión, le compete no obstante asegurarse de que las instituciones de que se trate han tenido en cuenta todas las circunstancias pertinentes y han evaluado las informaciones obrantes en el expediente con toda la diligencia necesaria (véase, por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, Gold East Paper y Gold Huasheng Paper/Consejo, T‑443/11, EU:T:2014:774, apartado 164 y jurisprudencia citada).
80
De conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base, el informe sobre las circunstancias del mercado en un país y los elementos de prueba en los que se base se incorporarán al expediente de la investigación. Para evaluar la existencia de distorsiones significativas, la Comisión tendrá en cuenta todas las pruebas pertinentes incorporadas al expediente de la investigación, incluidas las invocadas por las partes interesadas. Interpretada a la luz del considerando 7 del Reglamento por el que se modifica el Reglamento de base, esta disposición significa que, para evaluar la existencia de distorsiones significativas en un tercer país, la Comisión debe tener en cuenta todos los elementos útiles relativos a las circunstancias del mercado interior de los exportadores y productores de ese país incorporados al expediente y que las partes interesadas han podido comentar. Cuando del informe al que se refiere el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base, incorporado al expediente, se desprenda que existen distorsiones significativas en el mercado interior del país de que se trate, la Comisión deberá permitir a tales exportadores y productores poner en entredicho esas constataciones y solo llegará a una conclusión sobre esta cuestión una vez examinadas debidamente las pruebas que aporten para demostrar, en particular, que sus precios y costes en el mercado interior no están distorsionados.
81
Así, en el sistema establecido por el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, las constataciones contenidas en el informe al que se refiere dicha disposición pueden tener como consecuencia, en su caso, que la carga de la prueba en contrario recaiga sobre el productor que desea ser reconocido como empresa cuyos precios en el mercado interior no están distorsionados. No obstante, corresponde en cualquier caso a la Comisión apreciar si los elementos aportados por el productor son suficientes a tal efecto y al juez de la Unión verificar si dicha apreciación adolece de un error manifiesto (véase, por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, Gold East Paper y Gold Huasheng Paper/Consejo, T‑443/11, EU:T:2014:774, apartado 165 y jurisprudencia citada).
82
Además, resulta del principio de buena administración, el cual forma parte de los principios generales del Derecho de la Unión, que la carga de la prueba que puede corresponder, por tanto, a los productores exportadores en virtud del artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base no debe exceder de los límites de lo razonable (véase, por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, Gold East Paper y Gold Huasheng Paper/Consejo, T‑443/11, EU:T:2014:774, apartado 166 y jurisprudencia citada).
83
Las alegaciones de las demandantes y de Airoldi relativas a la evaluación de la existencia de distorsiones significativas en el mercado chino llevada a cabo por la Comisión deben examinarse a la luz de estas consideraciones.
84
En primer lugar, procede examinar las alegaciones de Airoldi de que el informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino, en la medida en que reviste la forma de un mero documento de trabajo de los servicios de la Comisión, no cumple los requisitos del artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base.
85
La Comisión sostiene que no procede admitir esas alegaciones de Airoldi, ya que sobrepasan el marco definido por los motivos y pretensiones de las demandantes.
86
A este respecto, procede recordar que el artículo 142, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento dispone que las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar, total o parcialmente, las pretensiones de una de las partes.
87
Según la jurisprudencia, una parte cuya intervención en un litigio se admite no puede modificar el objeto del litigio tal como se haya circunscrito en las pretensiones y los motivos de las partes principales. Por lo tanto, únicamente son admisibles las alegaciones de un coadyuvante que se inscriben dentro del marco definido por dichas pretensiones y motivos (sentencia de 7 de octubre de 2014, Alemania/Consejo, C‑399/12, EU:C:2014:2258, apartado 27). Si bien con arreglo al artículo 145, apartado 2, letra b), del Reglamento de Procedimiento el escrito de formalización de la intervención debe contener los motivos y alegaciones del coadyuvante, no por ello este es libre de invocar motivos nuevos, distintos de los invocados por la demandante. En efecto, ese artículo se inscribe en el ámbito de los límites establecidos por el procedimiento de intervención y debe interpretarse a la luz del artículo 142 del mismo Reglamento, de conformidad con el cual la intervención no puede tener otro fin que apoyar, total o parcialmente, las pretensiones de una de las partes, es accesoria al litigio principal y el coadyuvante aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención (sentencia de 10 de noviembre de 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Comisión, C‑449/14 P, EU:C:2016:848, apartado 121).
88
Por otro lado, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 13 de marzo de 2019, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑128/17, EU:C:2019:194), cuyo objeto era la anulación de una directiva, el Estado miembro demandante sostenía que había sido privado de la información necesaria para participar debidamente en el proceso que condujo a la adopción de la directiva impugnada. Un Estado miembro parte coadyuvante había alegado a su vez que el procedimiento legislativo no se había tramitado con arreglo al Reglamento interno del Consejo de la Unión Europea debido a la comunicación tardía de cierta información y de determinados documentos. El Tribunal de Justicia declaró que las alegaciones así formuladas por el Estado miembro parte coadyuvante no se inscribían dentro del marco definido por las pretensiones y motivos de la parte principal en cuyo apoyo se había producido la intervención y que, por tanto, no eran admisibles (sentencia de 13 de marzo de 2019, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑128/17, EU:C:2019:194, apartados 78 a 80).
89
Así pues, para pronunciarse sobre la admisibilidad de las alegaciones formuladas por Airoldi, corresponde al Tribunal General comprobar que se inscriben dentro del marco definido por las pretensiones y motivos de las demandantes en cuyo apoyo interviene.
90
En el caso de autos, con sus alegaciones —cuya admisibilidad refuta la Comisión—, Airoldi cuestiona la conformidad del informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino con el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base. En primer término, Airoldi alega que el informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino es un mero documento de trabajo de los servicios de la Dirección General (DG) «Comercio» de la Comisión, que no parece haber sido objeto de ningún procedimiento de aprobación por su órgano colegial. Estima que se trata de un acto administrativo interno de los servicios de la DG «Comercio» de la Comisión que los demás servicios de la Comisión no revisaron. En segundo término, aduce que dicho informe no fue objeto de «publicación», de conformidad con lo exigido por el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base, ya que solo fue publicado en inglés en el sitio de Internet de la DG «Comercio» de la Comisión. En tercer término, tampoco fue actualizado y los datos citados datan de 2017.
91
En la vista, Airoldi precisó que, mediante esa alegación, impugnaba la legalidad del procedimiento de elaboración del informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino. Sostuvo que dicho informe era un acto de alcance general irregular en su génesis y que sus alegaciones debían interpretarse como formuladas en apoyo de una excepción de ilegalidad en el sentido del artículo 277 TFUE.
92
Mediante tales alegaciones, Airoldi formula en realidad un motivo nuevo en apoyo de la crítica del cálculo del valor normal que figura en el Reglamento impugnado. Es cierto que las demandantes, en la primera parte del primer motivo y en la cuarta parte del segundo motivo, cuestionan las conclusiones de la Comisión, basadas en el informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino, en cuanto a las distorsiones significativas, y alegan, asimismo, por medio de la séptima parte de su segundo motivo, que la Comisión determinó erróneamente el valor normal en virtud de dicho informe. Sin embargo, no formulan ningún motivo basado, por vía de excepción, en que el informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino al que hacen referencia en varias ocasiones adolezca de ilegalidad. En particular, en el apartado 115 de la demanda, únicamente cuestionan que en ese informe no se analicen en profundidad las condiciones que ellas mismas aplican.
93
En la vista, las demandantes precisaron que, en su opinión, el informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino no tenía ningún efecto jurídico. Afirmaron que no negaban la legalidad de dicho informe.
94
De ello se deduce que las alegaciones de Airoldi se refieren a un aspecto del Reglamento impugnado que las demandantes no habían cuestionado, concretamente la legalidad del procedimiento de elaboración del informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino, en virtud del cual se adoptó el Reglamento impugnado. Pues bien, la alegación de las demandantes, referida únicamente a la utilización de dicho informe, se basa en la premisa de que dicho informe es válido. De ello se deduce que el motivo formulado por Airoldi no se inscribe dentro del marco definido por las pretensiones y motivos de las demandantes.
95
Además, contrariamente a lo que alegó Airoldi en la vista, el Tribunal General no puede examinar de oficio una excepción de ilegalidad como la invocada en el caso de autos, ya que no constituye un motivo de orden público.
96
Por consiguiente, no son admisibles el presente motivo formulado por Airoldi y las alegaciones que lo sustentan y, como tales, han de ser desestimados.
97
En segundo lugar, procede examinar las alegaciones de las demandantes de que la Comisión les impuso derechos antidumping compensatorios como consecuencia de una evaluación global desfavorable de la economía china y en virtud de un análisis vago e hipotético, basado en el informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino. En su opinión, el procedimiento se fundamenta en hechos vagos y potenciales y la investigación que las afecta no se basa en hechos, sino en ideas preconcebidas.
98
A este respecto, procede recordar que, como se ha señalado en los apartados 78 y 80 anteriores, por una parte, la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación en la determinación de la existencia de distorsiones significativas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base y, por otra parte, debe tener en cuenta todos los elementos útiles relativos a la situación del mercado interior de los exportadores y productores del país afectado y permitir a dichos exportadores y productores demostrar fehacientemente que sus precios y costes en el mercado interior no están distorsionados.
99
En el caso de autos, en el considerando 139 del Reglamento impugnado, la Comisión indicó haber constatado la existencia de distorsiones significativas en el sector de los productos afectados, de modo que procedía aplicar el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base. A este respecto, se remitió, en la sección 3.2.1 del Reglamento provisional, a la evaluación de la existencia de distorsiones significativas en el sector del aluminio —que incluye el producto afectado— en China.
100
Más concretamente, en el Reglamento provisional, la Comisión analizó punto por punto los diferentes factores que se han de tener en cuenta, en virtud del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, concretamente la existencia de un mercado abastecido en una proporción significativa por empresas que son propiedad de las autoridades del país exportador o que operan bajo su control o supervisión política o bajo su dirección (considerandos 98 a 104 del Reglamento provisional), la presencia del Estado en las empresas, lo que le permite interferir en los precios o los costes (considerandos 105 a 112 del Reglamento provisional), la existencia de políticas públicas o medidas discriminatorias que favorecen a los proveedores internos o que influyen en las fuerzas del mercado libre (considerandos 113 a 135 del Reglamento provisional), la falta de aplicación o la aplicación discriminatoria de las leyes en materia de concurso de acreedores, sociedades y propiedad, o su ejecución inadecuada (considerandos 136 a 140 del Reglamento provisional), la existencia de costes salariales distorsionados (considerandos 141 y 142 del Reglamento provisional) y la existencia de acceso a la financiación concedido por instituciones que aplican objetivos de política pública o que de otro modo no actúan con independencia del Estado (considerandos 143 a 153 del Reglamento provisional). La Comisión dedujo de ello, habida cuenta también de la falta de cooperación por parte de la Administración china, que en este caso no era adecuado utilizar los precios y los costes internos para determinar el valor normal (considerando 157 del Reglamento provisional).
101
En su evaluación, la Comisión tuvo en cuenta el informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino, incorporado al expediente (considerando 73 del Reglamento provisional), y los estudios e informes contenidos en la denuncia de European Aluminium (considerando 74 del Reglamento provisional), concretamente un informe sobre el exceso de capacidades de China, publicado por la Cámara de Comercio de la Unión en China, el estudio de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) titulado «Medición de las distorsiones en los mercados internacionales: la cadena de valor del aluminio» (OECD Trade Policy Papers, n.o 218, París) y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/915 de la Comisión, de 4 de junio de 2019, por el que se establece un derecho antidumping definitivo en relación con las importaciones de determinadas hojas de aluminio en rollos originarias de la República Popular China tras una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base (DO 2019, L 146, p. 63). De varios considerandos y notas al pie del Reglamento provisional se desprende que la Comisión también tuvo en cuenta distintos datos disponibles, procedentes de agencias de prensa, documentos y sitios de Internet chinos y un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado «Solucionar el problema del endeudamiento empresarial de China» (WP/16/203) (considerandos 91 a 156 del Reglamento provisional).
102
La Administración china no presentó observaciones ni pruebas que pudieran refutar los datos contenidos en el expediente del caso en la fase inicial y la Comisión la informó de que pretendía aplicar el artículo 18 del Reglamento de base, que permite formular conclusiones sobre la base de los datos disponibles (considerandos 66 y 76 del Reglamento provisional).
103
Las demandantes formularon observaciones al respecto antes de la adopción del Reglamento provisional (considerando 77 del Reglamento provisional) y observaciones relativas al Reglamento provisional (considerandos 95 y 96 del Reglamento impugnado).
104
Del análisis de los diferentes aspectos del mercado chino, de la variedad de las fuentes de datos disponibles revisados, que no se limitan al informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino, y de las conclusiones extraídas de dichas fuentes se desprende que la Comisión, lejos de limitarse a un análisis vago e hipotético, como aducen las demandantes, basó sus conclusiones relativas a la existencia de distorsiones significativas en el mercado chino en un análisis objetivo de los datos disponibles pertinentes, examinó minuciosa e imparcialmente todos los elementos pertinentes del caso de autos y no sobrepasó la amplia facultad de apreciación que le reconoce la jurisprudencia en la materia (véase el apartado 77 anterior).
105
En tercer lugar, las demandantes sostienen que la existencia de distorsiones significativas en el mercado chino no puede considerarse acreditada de forma automática para todos los exportadores afectados. Afirman que las partes interesadas tienen derecho a ser oídas a efectos de demostrar que no existen distorsiones en lo que a ellas respecta. Aducen que la Comisión no tuvo en cuenta las pruebas que presentaron.
106
En primer término, estiman que la Comisión no consideró el hecho de que sus precios en el mercado europeo están en línea con los de los productores europeos, que el método de cálculo del precio medio de las extrusiones europeas es manifiestamente erróneo y que las cuotas del mercado pertinente en Europa fueron modificadas.
107
No obstante, como acertadamente subraya la Comisión y las demandantes han reconocido en la vista, los precios que aplican en el mercado europeo no son pertinentes para el cálculo del valor normal, que se basa en los precios en el país de exportación (artículo 2, apartado 1, del Reglamento de base) o en los costes correspondientes de producción y venta de un país representativo adecuado [artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base]. Los precios que aplican las demandantes en el mercado europeo tampoco son pertinentes para determinar la existencia de distorsiones significativas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, para lo cual el criterio pertinente consiste, en el caso de autos, en saber si el sector de las extrusiones de aluminio se ve afectado por distorsiones significativas en el mercado chino.
108
En consecuencia, se han de desestimar tales alegaciones.
109
En segundo término, las demandantes sostienen haber demostrado que no disfrutaron de condiciones privilegiadas en la financiación obtenida durante el período de investigación, ni de políticas preferenciales, y presentan datos relativos al tipo de interés relativo a la financiación que recibieron durante ese período. Estiman que la Comisión no tuvo en cuenta estos elementos en el considerando 103 del Reglamento impugnado.
110
No obstante, de la lectura del considerando 103 del Reglamento impugnado resulta que la Comisión tuvo en cuenta la existencia de préstamos concedidos por bancos estatales y no el tipo de interés de dichos préstamos. En efecto, el tipo de interés, aunque sea una variable importante, no es más que uno de los elementos que se deben considerar cuando se trata de determinar la existencia de una financiación ventajosa. También pueden ser determinantes otras consideraciones, como las condiciones de acceso a la financiación, las condiciones de solvencia de las entidades financiadas y los plazos de tramitación y de pago. Por tanto, la alegación de las demandantes, limitada a los tipos de interés aplicados a su financiación, no basta para invalidar el razonamiento de la Comisión.
111
En tercer término, las demandantes sostienen que la Comisión no les dio la oportunidad de demostrar que sus precios no son objeto de distorsiones.
112
A este respecto, basta señalar que, como se desprende de los apartados 10 y 13 anteriores, las demandantes tuvieron la oportunidad de presentar sus observaciones sobre la existencia de distorsiones significativas en el mercado chino tanto antes de la adopción del Reglamento provisional como antes de la adopción del Reglamento impugnado. Por otro lado, de la lectura de estos Reglamentos resulta que una parte de las secciones dedicadas a analizar la existencia de distorsiones significativas en el mercado chino se dedica a responder a las alegaciones de las demandantes.
113
Así pues, se ofreció a las demandantes la posibilidad de dar a conocer eficazmente sus puntos de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos y de las circunstancias alegadas y sobre los medios de prueba que la Comisión tuvo en cuenta en apoyo de su conclusión relativa a las distorsiones significativas en el mercado chino. Tampoco exponen ningún aspecto que no hubieran podido invocar ni hubieran tenido la oportunidad de presentar a la Comisión [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2014, Crown Equipment (Suzhou) y Crown Gabelstapler/Consejo, T‑643/11, EU:T:2014:1076, apartado 42].
114
Las demandantes tampoco presentan con mayor detalle las supuestas pruebas, distintas de las examinadas en los apartados 106 a 110 anteriores, que la Comisión no tomó en consideración. Por consiguiente, esta alegación no es lo suficientemente precisa como para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal General resolver el recurso y procede declarar su inadmisibilidad (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Comisión, T‑228/17, EU:T:2019:619, apartados 166 y 167 y jurisprudencia citada).
115
En cuarto término, en la vista, las demandantes añadieron que no fueron consultadas cuando se elaboró el informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino, lo que, en su opinión, conlleva que su utilización en lo que a ellas respecta vulnera su derecho de defensa.
116
A este respecto, es preciso recordar que, en virtud del artículo 84, apartado 1, del Reglamento de procedimiento, en el curso del proceso no pueden invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento o que constituyan una ampliación de un motivo invocado con anterioridad, directa o implícitamente, en la demanda y que presente un estrecho vínculo con este [véase la sentencia de 7 de noviembre de 2019, Intas Pharmaceuticals/EUIPO — Laboratorios Indas (INTAS), T‑380/18, EU:T:2019:782, apartado 26 (no publicado) y jurisprudencia citada]. Según la jurisprudencia, el artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento también es aplicable a las imputaciones o alegaciones. Además, el carácter genérico del epígrafe de un motivo invocado en el escrito de demanda no puede amparar que, en una fase posterior del procedimiento, se formulen alegaciones específicas que no presenten una relación suficientemente estrecha con las alegaciones invocadas en dicho escrito de demanda (véase la sentencia de 14 de julio de 2021, AQ/eu-LISA, T‑164/19, no publicada, EU:T:2021:456, apartado 59 y jurisprudencia citada).
117
En el caso de autos, hay que señalar que en modo alguno se desprende de la demanda que en ella se alegue la infracción del derecho de defensa en los términos descritos en el apartado 115 anterior. Además, como se ha mencionado en los apartados 92 a 94 anteriores, en sus escritos las demandantes no han cuestionado la legalidad del procedimiento de elaboración del informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino.
118
En cualquier caso, por una parte, el Reglamento de base no establece la consulta, a efectos de la elaboración del informe previsto en el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), de dicho Reglamento, de los productores exportadores del país tercero objeto de dicho informe, informe que es un documento de alcance general y puede aplicarse a varios supuestos. Por otra parte, cuando se ha aplicado el informe sobre las distorsiones significativas en el mercado chino, se han respetado plenamente los derechos de las demandantes, como se desprende de los apartados 103 y 105 anteriores.
119
Por consiguiente, la alegación formulada por las demandantes en la vista, que debe considerarse nueva y, consecuentemente, inadmisible, debe ser desestimada, en cualquier caso, por infundada.
120
Por tanto, procede desestimar estas alegaciones de las demandantes y, con ellas, la cuarta parte del segundo motivo en su conjunto.
d)
Selección de Turquía como país representativo
121
En primer lugar, en las partes quinta y sexta del segundo motivo, las demandantes sostienen que la Comisión concluyó erróneamente que existían distorsiones significativas en el mercado chino que, en cualquier caso, no las afectan. En consecuencia, según las demandantes, se equivocó al recurrir a un país representativo para calcular el valor normal. Añaden que no hubo debate contradictorio acerca de la selección del país representativo.
122
A este respecto, procede señalar que las alegaciones de las demandantes en cuanto a la conclusión de la Comisión relativa a la existencia de distorsiones significativas en el mercado chino han sido desestimadas en el examen de la tercera y la cuarta partes del segundo motivo. Además, como ella misma alega, la Comisión publicó, el 16 de marzo de 2020, una primera nota para el expediente sobre las fuentes utilizadas para determinar el valor normal, mediante la cual localizó, sobre la base de los criterios que guían la elección de precios o valores de referencia no distorsionados, varios posibles países representativos. La Comisión recabó observaciones sobre esta primera nota y publicó una segunda el 25 de junio de 2020, en la que respondió a las observaciones e informó a las partes interesadas de que tenía intención de seleccionar a Turquía como país representativo.
123
Dado que las demandantes no formulan alegaciones adicionales a este respecto en el marco de la presente parte, se han de desestimar tales alegaciones.
124
En segundo lugar, las demandantes alegan que la selección de Turquía como país representativo es errónea.
125
A este respecto, procede recordar que el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base establece que, si se determina que no es adecuado utilizar los precios y costes internos del país exportador debido a la existencia en ese país de distorsiones significativas, el valor normal se calculará exclusivamente a partir de costes de producción y venta que reflejen precios o valores de referencia no distorsionados. Para ello, la Comisión puede utilizar como fuentes, en particular, los costes correspondientes de producción y venta de un país representativo adecuado con un nivel de desarrollo económico similar al del país exportador.
126
Esta disposición fue introducida en el Reglamento de base mediante el Reglamento por el que se modifica el Reglamento de base, que también sustituyó las disposiciones del antiguo artículo 2, apartado 7, letra a), del mismo Reglamento, según las cuales «se seleccionará un tercer país de economía de mercado apropiado de manera no irrazonable, teniendo debidamente en cuenta cualquier información fiable de la que se disponga en el momento de la selección». De su tenor se desprende que el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base y el antiguo artículo 2, apartado 7, letra a), del mismo Reglamento persiguen el mismo objetivo, esto es, determinar el método de cálculo del valor normal en el supuesto de importaciones procedentes de países cuyos precios y costes internos no puedan tomarse en consideración debido a las condiciones de mercado en el país afectado. Sin embargo, estas dos disposiciones tienen una formulación diferente, lo que significa, como acertadamente pone de relieve la Comisión, que, a efectos de la interpretación del artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, solo cabe extrapolar parcialmente la jurisprudencia que interpretaba el antiguo artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base. En efecto, aquella disposición introduce una definición diferente del país representativo, que debe ser «adecuado» y tener «un nivel de desarrollo económico similar al del país exportador». Por lo que respecta a los datos que se han de tener en cuenta, esta misma disposición precisa que se trata de datos «pertinentes», a condición de que estén disponibles. También se introduce un elemento de jerarquización entre varios países representativos adecuados, ya que se precisa que, para la selección del país representativo, deberá darse preferencia a los países «con un nivel adecuado de protección social y medioambiental».
127
Dicho esto, según reiterada jurisprudencia, las instituciones de la Unión gozan de una amplia facultad de apreciación en relación con la determinación del valor normal para países que no tienen economía de mercado (véase la sentencia de 19 de septiembre de 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Comisión, T‑228/17, EU:T:2019:619, apartado 126 y jurisprudencia citada) y la elección a tal efecto del país análogo también está comprendida en la amplia facultad de apreciación de que disponen las instituciones de la Unión en el ámbito de la política comercial común, debido a la complejidad de las situaciones económicas y políticas que deben examinar (véase la sentencia de 29 de julio de 2019, Shanxi Taigang Stainless Steel/Comisión, C‑436/18 P, EU:C:2019:643, apartado 30 y jurisprudencia citada). Esta jurisprudencia también se aplica al artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, que, no obstante, limita el margen de apreciación de la Comisión en la medida en que el país seleccionado debe tener un nivel de desarrollo económico similar al del país exportador.
128
También se ha declarado que procede comprobar si la Comisión no ha ignorado factores esenciales o pertinentes para determinar la idoneidad del país escogido y si las informaciones obrantes en el expediente han sido examinadas con la debida diligencia para que pueda considerarse que el valor normal del producto de que se trate se ha determinado de manera apropiada y no irrazonable (véanse las sentencias de 10 de septiembre de 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, apartado 51 y jurisprudencia citada, y de 23 de abril de 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Comisión, T‑675/15, no publicada, EU:T:2018:209, apartado 32 y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia de 29 de mayo de 1997, Rotexchemie, C‑26/96, EU:C:1997:261, apartados 23 y 24). Esta jurisprudencia puede extrapolarse a situaciones en las que la existencia de distorsiones significativas en el país exportador justifique la utilización de los datos procedentes de un país representativo adecuado para el cálculo del valor normal, lo que también conlleva el examen de situaciones económicas y políticas complejas.
129
Además, como se desprende del artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, los tribunales de la Unión deben cerciorarse de que la Comisión haya tomado en consideración los factores esenciales para determinar la idoneidad del país escogido. A tal efecto, corresponde a las instituciones de la Unión, teniendo en cuenta las demás posibilidades que se presentan, encontrar un país tercero con un nivel de desarrollo económico similar al del país exportador. Cuando varios países pueden resultar seleccionados a la luz de los datos de los que se disponga, la Comisión procede a efectuar un análisis comparativo de esos diversos países y da preferencia a los países con un nivel adecuado de protección social y medioambiental.
130
En el presente asunto, la Comisión publicó, el 16 de marzo de 2020, una primera nota para el expediente en relación con las fuentes empleadas para la determinación del valor normal, mediante la cual, sobre la base de los criterios que guían la elección de precios o valores de referencia no distorsionados, localizó los siguientes posibles países representativos: Brasil, Colombia, Ecuador, República Islámica de Irán, Kazajistán, Malasia, Mauricio, México, Montenegro, Rusia, Serbia, Sri Lanka, Tailandia y Turquía (considerandos 35 y 161 del Reglamento provisional). A raíz de las observaciones recibidas, informó a las partes interesadas, mediante nota de 25 de junio de 2020, de que tenía intención de seleccionar a Turquía como país representativo (considerandos 37 y 164 del Reglamento provisional). Los criterios para seleccionar el país representativo eran, en primer término, un nivel de desarrollo económico similar al de China; en segundo término, la producción del producto objeto de investigación en el país y, en tercer término, la disponibilidad de datos públicos pertinentes en el país (considerando 159 del Reglamento provisional). La Comisión recordó que se daría preferencia, en su caso, al país con un nivel adecuado de protección social y medioambiental (considerando 159 del Reglamento provisional). Tras examinar las observaciones de las partes interesadas a raíz de la divulgación final, la Comisión confirmó, en el considerando 152 del Reglamento impugnado, la selección de Turquía como país representativo.
131
En este contexto, habida cuenta de que la carga de la prueba incumbe a la parte demandante, que debe proponer pruebas concluyentes en apoyo de su alegación (véase la sentencia de 19 de septiembre de 2019, Zhejiang Jndia Pipeline Industry/Comisión, T‑228/17, EU:T:2019:619, apartado 127 y jurisprudencia citada), procede comprobar si las demandantes han aportado pruebas que demuestren que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación seleccionando a Turquía como país representativo.
132
Las demandantes sostienen que la Comisión siguió a European Aluminium cuando seleccionó a Turquía como país representativo. Alegan que tal selección no tiene en cuenta el número de habitantes de China y de Turquía ni la demanda interna, que, como consecuencia del principio de economía de escala, implica que el aumento de la producción conlleva la disminución de los costes fijos. Según las demandantes, tal selección no respeta los criterios establecidos por la jurisprudencia anterior, según la cual corresponde a las instituciones de la Unión, teniendo en cuenta las demás posibilidades que se presentan, intentar encontrar un país tercero en el que el precio de un producto similar se forme en circunstancias comparables en lo posible a las del país de exportación, siempre y cuando se trate de un país de economía de mercado (sentencia de 10 de septiembre de 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland, C‑687/13, EU:C:2015:573, apartado 49).
133
A este respecto, procede señalar que la jurisprudencia invocada por las demandantes se refiere a la selección de un «país tercero de economía de mercado» en virtud del antiguo artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base. Así, no todos los parámetros establecidos por la sentencia de 10 de septiembre de 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:573), son automáticamente extrapolables, en cuanto tales, al artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base. Más concretamente, esta última disposición exige que el país representativo adecuado presente «un nivel de desarrollo económico similar al del país exportador», y no que sea un país de economía de mercado, y establece un parámetro adicional, relativo a un nivel adecuado de protección social y medioambiental. De ello se deduce que el criterio que debe respetarse ahora es el nivel de desarrollo económico similar al del país exportador. Siempre que se respete este criterio, sigue siendo aplicable la esencia de la jurisprudencia relativa al antiguo artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, concretamente que la Comisión debe basarse en un país tercero en el que el precio de un producto similar se forme en circunstancias comparables en lo posible a las del país de exportación, de conformidad con el deber de diligencia que recae en la Comisión en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 127 anterior.
134
La Comisión basó su selección de Turquía como país representativo en los criterios que se recogen en el apartado 130 anterior. Entre estos criterios, el primero es un nivel de desarrollo económico similar al de China. La Comisión explicó, en el considerando 159 del Reglamento provisional, que había utilizado países con una renta nacional bruta similar a la de China según la base de datos del Banco Mundial. En el considerando 151 del Reglamento impugnado precisó que, según la clasificación del Banco Mundial, Turquía tenía el mismo nivel de desarrollo que China (ingresos medianos altos) y, por ese motivo, era un país representativo. También tuvo en cuenta el hecho de que la investigación había revelado que las extrusiones de aluminio constituidas por los dos tipos de aleaciones, blandas y duras, se fabricaban en Turquía.
135
Las demandantes no niegan que Turquía tiene un nivel de desarrollo similar al de China. Su alegación sobre la economía de escala, basada en que China tiene un número de habitantes superior a Turquía y en que la demanda interna es diferente, no invalida las conclusiones de la Comisión. Por una parte, en modo alguno se desprende del Reglamento de base que la Comisión deba tomar en consideración la población de los países cuando selecciona el país representativo. Por otra parte, dado que China es el país más poblado del mundo, no sería razonable exigir a la Comisión que utilice como país representativo un país con una población equivalente. Por idéntico motivo, tampoco puede aceptarse la alegación de las demandantes relativa a la demanda interna y a la economía de escala.
136
Por tanto, las demandantes no han demostrado que la Comisión haya incurrido en un error manifiesto de apreciación en la selección de Turquía como país representativo.
137
En tercer lugar, las demandantes aducen que la selección del país de referencia adolece de falta de motivación. Estiman que la Comisión no precisó por qué el precio que aplican los productores turcos citados en el Reglamento provisional puede ser un elemento de comparación ni explicó el proceso de formación del precio de dichas empresas. En el Reglamento impugnado la Comisión tampoco motivó la comparabilidad de Turquía como país representativo ni tuvo en cuenta sus observaciones en cuanto a la diferencia de tipologías y de cantidades de los productos fabricados.
138
Según reiterada jurisprudencia, la falta o insuficiencia de motivación constituye un vicio sustancial de forma, distinto, en cuanto tal, del motivo basado en la inexactitud de la fundamentación de la decisión, cuyo control forma parte del examen del fondo de dicha decisión [sentencias de 19 de junio de 2009, Qualcomm/Comisión, T‑48/04, EU:T:2009:212, apartado 175, y de 18 de octubre de 2016, Crown Equipment (Suzhou) y Crown Gabelstapler/Consejo, T‑351/13, no publicada, EU:T:2016:616, apartado 110]. La motivación exigida por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control [sentencias de 30 de septiembre de 2003, Eurocoton y otros/Consejo, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, apartado 88, y de 12 de diciembre de 2014, Crown Equipment (Suzhou) y Crown Gabelstapler/Consejo, T‑643/11, EU:T:2014:1076, apartado 129 (no publicado)].
139
En cambio, las instituciones no están obligadas a responder, en la motivación del Reglamento provisional o definitivo, a todos los puntos de hecho y de Derecho invocados por los interesados durante el procedimiento administrativo (véase la sentencia de 25 de octubre de 2011, Transnational CompanyKazchrome y ENRC Marketing/Consejo, T‑192/08, EU:T:2011:619, apartado 256 y jurisprudencia citada).
140
En este contexto, se ha de observar que, en los considerandos 159 a 165 del Reglamento provisional y en los considerandos 142 a 152 del Reglamento impugnado, la Comisión expuso de forma clara e inequívoca los criterios pertinentes para seleccionar el país representativo y las razones que llevaron a la selección de Turquía. En efecto, la Comisión expuso, en primer lugar, los criterios utilizados (considerando 159 del Reglamento provisional), identificó la lista de países potencialmente representativos (considerando 161 del Reglamento provisional), explicó el procedimiento de consulta con las partes interesadas (considerandos 160 a 163 del Reglamento provisional y considerandos 143 y 144 del Reglamento impugnado) y explicó por qué no se podían tener en cuenta las observaciones de determinadas partes interesadas (considerandos 163 y 164 del Reglamento provisional y 145 a 151 del Reglamento impugnado). Así, la Comisión aclaró que en Turquía se producen los dos tipos de aleaciones, blandas y duras (considerando 164 del Reglamento provisional), que la unión aduanera no podía implicar que Turquía no fuera un país representativo adecuado (considerando 147 del Reglamento impugnado), que Turquía era el país representativo más adecuado sobre la base de los datos disponibles por lo que respecta a las normas sociales y medioambientales (considerando 148 del Reglamento impugnado) y que, según la clasificación del Banco Mundial, Turquía tenía el mismo nivel de desarrollo que China (considerando 151 del Reglamento impugnado).
141
Además, la alegación de que la Comisión no tuvo en cuenta las observaciones de las demandantes en cuanto a la diferencia de tipologías y de cantidades de los productos fabricados tiene por objeto cuestionar la fundamentación del Reglamento impugnado. Esta alegación ha sido desestimada en los apartados 51 y 56 a 68 anteriores.
142
En consecuencia, habida cuenta de que las instituciones no están obligadas a responder a todos los puntos de hecho y de Derecho invocados por los interesados durante el procedimiento administrativo, las demandantes no pueden reprochar a la Comisión el incumplimiento de la obligación de motivación.
143
Por tanto, procede desestimar estas alegaciones de las demandantes y las partes quinta y sexta del segundo motivo en su totalidad.
[omissis]
3.
Sobre el tercer motivo, basado en errores cometidos por la Comisión cuando llegó a la conclusión de la existencia de perjuicio para la industria de la Unión y de causalidad
153
Las demandantes dividen, en esencia, el tercer motivo en cuatro partes y reciben el apoyo de Airoldi, que también agrupa sus alegaciones en dos partes.
154
Con carácter preliminar, procede recordar que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento de base define el concepto de «perjuicio» entendiéndolo, salvo disposición en contrario, como el perjuicio importante sufrido por la industria de la Unión o la amenaza de perjuicio importante para esa industria, y que dicho artículo remite a sus disposiciones para interpretar este concepto.
155
El artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base regula la determinación de la existencia de perjuicio. Esta se basará en pruebas reales e incluirá un examen objetivo, por una parte, del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de las mismas en los precios de productos similares en el mercado de la Unión y, por otra parte, de los efectos de esas importaciones sobre la industria de la Unión.
156
El artículo 3, apartado 3, del Reglamento de base establece que, por lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, habrá que «[tener] en cuenta si ha habido un aumento considerable de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo de la Unión», que, «en lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, [habrá que tener] en cuenta si ha existido una subcotización significativa de los precios con respecto al precio de un producto similar de la industria de la Unión, o bien si el efecto de tales importaciones es disminuir los precios de forma importante o impedir considerablemente la subida que en otro caso se hubiera producido» y que «ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva».
157
El apartado 5 del artículo 3 del Reglamento de base dispone que el examen de los efectos de las importaciones objeto de dumping sobre la industria de la Unión afectada incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en el estado de dicha industria, al tiempo que el apartado 6 precisa que las instituciones de la Unión están obligadas a demostrar, por todos los criterios relativos al estado de la industria de la Unión, la existencia de un perjuicio sufrido por dicha industria. En particular, dicho artículo establece que esos criterios implicarán la demostración de que el volumen o los niveles de precios mencionados en su apartado 3 son responsables de un efecto en la industria de la Unión, tal como se prevé en el apartado 5 de ese mismo artículo, y que ese efecto se produce en un grado tal que permita calificarlo como perjuicio importante (véase, por analogía, la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Transnational CompanyKazchrome y ENRC Marketing/Consejo, C‑10/12 P, no publicada, EU:C:2013:865, apartado 49).
158
Según reiterada jurisprudencia, la determinación del perjuicio supone la evaluación de cuestiones económicas complejas. Para ello, las instituciones de la Unión tienen reconocido un amplio margen de apreciación (véanse las sentencias de 7 de mayo de 1991, Nakajima/Consejo, C‑69/89, EU:C:1991:186, apartado 86 y jurisprudencia citada, y de 11 de septiembre de 2014, Gold East Paper y Gold Huasheng Paper/Consejo, T‑444/11, EU:T:2014:773, apartado 226 y jurisprudencia citada). El control jurisdiccional de tal apreciación debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas jurídicas aplicables, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta, de la falta de error manifiesto en la apreciación de los hechos o de la falta de desviación de poder. Así sucede, en especial, con la determinación de los factores que causan un perjuicio a la industria de la Unión en el marco de una investigación antidumping (véase la sentencia de 20 de enero de 2022, Comisión/Hubei Xinyegang Special Tube, C‑891/19 P, EU:C:2022:38, apartado 36 y jurisprudencia citada).
159
Además, corresponde a las demandantes aportar pruebas que permitan al Tribunal General comprobar que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación al evaluar el perjuicio (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, Gold East Paper y Gold Huasheng Paper/Consejo, T‑444/11, EU:T:2014:773, apartado 228 y jurisprudencia citada).
160
Procede examinar el tercer motivo de las demandantes a la luz de estos principios.
a)
Factores e índices económicos que influyen en el estado de la industria de la Unión
161
En la primera parte de este motivo, las demandantes formulan, en esencia, cuatro imputaciones, cuya finalidad es alegar que la Comisión valoró erróneamente los diferentes factores e índices económicos que influyen en el estado de la industria de la Unión.
1) Consideración de la cuota de mercado de la industria de la Unión
162
En la primera imputación formulada, las demandantes sostienen que la cuota de mercado de los productores de la Unión es superior al 85 %. Pues bien, consideran que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General se desprende que, cuando los productores de la Unión poseen una cuota de mercado importante, no puede hablarse de perjuicio para la industria de la Unión. Evidentemente, una elevada cuota de mercado de la industria de la Unión confiere a dicha industria una posición de fuerza que excluye la apreciación de vulnerabilidad de las empresas de la Unión.
163
A este respecto, es preciso señalar, como se desprende de los apartados 154 a 159 anteriores, que el Reglamento de base no establece ningún umbral de cuota de mercado de la industria de la Unión por debajo del cual no pueda considerarse que esa industria ha sufrido un perjuicio importante en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento. Además, la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación a este respecto.
164
Dicho esto, es indudable que la evolución de la cuota de mercado de la industria de la Unión constituye un factor de una relevancia significativa para apreciar la existencia de un perjuicio importante para dicha industria (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Consejo, T‑107/04, EU:T:2007:85, apartado 65).
165
Además, procede recordar que, si bien el examen de las instituciones debe llevar a la conclusión de que el perjuicio causado a la industria de la Unión es importante, no se exige que todos los factores e índices económicos pertinentes demuestren una tendencia negativa (sentencia de 25 de octubre de 2011, CHEMK y KF/Consejo, T‑190/08, EU:T:2011:618, apartado 114). Por otra parte, el mero hecho de que algunos factores del perjuicio hayan mejorado durante el período considerado no significa, sin embargo, que la industria de la Unión no haya sufrido un perjuicio importante (sentencia de 23 de abril de 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel/Comisión, T‑675/15, no publicada, EU:T:2018:209, apartado 93; véase también, en este sentido, la sentencia de 30 de marzo de 2000, Miwon/Consejo, T‑51/96, EU:T:2000:92, apartado 105).
166
En el caso de autos, para concluir que la industria de la Unión sufrió un perjuicio importante, en las secciones 4 y 5 del Reglamento impugnado la Comisión analizó la repercusión de las importaciones objeto de dumping evaluando distintos indicadores económicos, con arreglo al artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base.
167
Así, del cuadro n.o 5, reproducido en el considerando 229 del Reglamento impugnado, se desprende que la cuota de mercado de las ventas en el mercado libre de la industria de la Unión era del 84,4 % durante el período de investigación y que experimentó una disminución del 4 % durante el período considerado. La Comisión también aportó un cuadro que tiene en cuenta la retirada del Reino Unido de la Unión (véase el considerando 35 del Reglamento impugnado), aun cuando esa retirada se hizo efectiva después del período de investigación y del período considerado. Así, del cuadro n.o 5 bis, reproducido en el considerando 275 del Reglamento impugnado, se desprende que, sin considerar al Reino Unido, la cuota de mercado de la industria de la Unión era del 85,4 % durante el período de investigación y había perdido tres puntos porcentuales durante el período considerado.
168
En los considerandos 226 y 227 del Reglamento impugnado se explica que el consumo de la Unión en el mercado libre aumentó un 6 %, porcentaje confirmado, en lo relativo a la industria de la Unión sin considerar al Reino Unido, por el cuadro n.o 4 bis reproducido en el considerando 271 del Reglamento impugnado.
169
La Comisión confirmó, en el considerando 254 del Reglamento impugnado, las conclusiones relativas al estado de la industria de la Unión expuestas en los considerandos 271 a 274 del Reglamento provisional. Se trata, en particular, de las conclusiones con arreglo a las cuales se indica lo siguiente:
«271.
Varios indicadores reflejaban una tendencia positiva, entre ellos, la producción, la capacidad, el volumen de ventas en el mercado de la Unión y el empleo. No obstante, la evolución positiva de estos indicadores tuvo que ver con el incremento del consumo y, de hecho, estos indicadores deberían haber aumentado mucho más si la industria de la Unión hubiera podido beneficiarse plenamente del crecimiento del mercado. En efecto, pese al incremento del volumen de ventas, la industria de la Unión perdió cuota de mercado en el mercado libre.
272.
Los precios de las ventas en el mercado libre subieron un 19 %. Sin embargo, esta subida no pudo igualar el incremento de los costes (20 %). Esta evolución fue causada por la contención de los precios. La industria de la Unión no pudo subir precios en la misma medida que aumentaban los costes debido a la presión a la baja ejercida por las importaciones de China que subcotizaban los precios de la industria de la Unión. Teniendo en cuenta que los niveles de rentabilidad eran inferiores al nivel del objetivo de beneficio durante todo el período considerado, así como los volúmenes y bajos precios de las importaciones chinas, la Comisión concluyó que se habían contenido las subidas de precios durante todo el período considerado. En consecuencia, todos los indicadores de rendimiento financiero —en concreto la rentabilidad, el rendimiento de las inversiones y el flujo de caja— registraron una tendencia a la baja y, a lo largo del período considerado, los beneficios obtenidos fueron inferiores al nivel del objetivo de beneficio. Esto es especialmente perjudicial, pues el mercado del producto objeto de investigación creció durante el período considerado, y aun así la industria de la Unión registró unos beneficios reducidos y decrecientes. Pese a mantener la inversión lo más alta posible a fin de mantener la competitividad, es evidente que la industria de la Unión no obtenía unos niveles de beneficio suficientemente elevados para animar inversiones futuras. Además, el declive de la industria de la Unión se producía en un período de crecimiento en el mercado de la Unión. La industria de la Unión perdió un 5 % de cuota de mercado [cifra modificada en el Reglamento impugnado] en un mercado en crecimiento, y es evidente que no pudo aprovechar el crecimiento del mercado de la Unión.»
170
De estos datos se desprende que la Comisión tuvo debidamente en cuenta la elevada cuota de mercado de la industria de la Unión, así como la existencia de algunos indicadores que experimentaban una tendencia positiva. Las demandantes no han formulado la más mínima alegación ni presentado la más mínima prueba que permitan demostrar que las afirmaciones de la Comisión en los considerandos 271 y 272 del Reglamento impugnado, en particular el efecto en los precios, fueran manifiestamente erróneas. Así pues, no han demostrado que, con arreglo a los principios expuestos en los apartados 163 a 165 anteriores, la Comisión hubiese incurrido en error manifiesto de apreciación al constatar la evolución negativa de la cuota de mercado de la industria de la Unión y concluir que dicha industria había sufrido un perjuicio importante, habida cuenta de todos los indicadores pertinentes y, en particular, de la pérdida de cuota de mercado y del deterioro de la rentabilidad de la industria de la Unión. Por el contrario, la Comisión subrayó que el aumento del volumen de ventas solo había sido del 2 % (véase el cuadro n.o 5, reproducido en el considerando 245 del Reglamento provisional) en un momento en el que el consumo de la Unión había aumentado un 6 % (véase el cuadro n.o 4, reproducido en el considerando 226 del Reglamento impugnado) y que la subida de los precios no había podido igualar el incremento de los costes (véase el cuadro n.o 7, reproducido en el considerando 256 del Reglamento provisional).
171
No desvirtúa esta conclusión la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General citada por las demandantes, como acertadamente subraya la Comisión.
172
En efecto, las sentencias de 4 de febrero de 2021, eurocylinder systems (C‑324/19, EU:C:2021:94), y de 29 de enero de 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consejo (T‑528/09, EU:T:2014:35), ambas referidas al Reglamento (CE) n.o 926/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinados tubos sin soldadura de hierro o acero originarios de la República Popular China (DO 2009, L 262, p. 19), reconocieron la importancia del factor relativo a las cuotas de mercado de la industria de la Unión para determinar la existencia de perjuicio.
173
Sin embargo, la principal conclusión que debe deducirse de las sentencias de 4 de febrero de 2021, eurocylinder systems (C‑324/19, EU:C:2021:94), y de 29 de enero de 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consejo (T‑528/09, EU:T:2014:35), es que los distintos indicadores, incluida la cuota de mercado de la industria de la Unión, no deben entenderse de forma aislada, sino globalmente en su conjunto (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de febrero de 2021, eurocylinder systems, C‑324/19, EU:C:2021:94, apartado 49, y de 29 de enero de 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consejo, T‑528/09, EU:T:2014:35, apartados 61 a 63).
174
Además, en los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 4 de febrero de 2021, eurocylinder systems (C‑324/19, EU:C:2021:94), y de 29 de enero de 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consejo (T‑528/09, EU:T:2014:35), los factores económicos, al margen de la evolución de la cuota de mercado de la industria de la Unión, eran todos positivos (sentencia de 29 de enero de 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consejo, T‑528/09, EU:T:2014:35, apartados 59 a 61). Pues bien, en el presente asunto, del Reglamento provisional resulta que la utilización de la capacidad total (cuadro n.o 4, reproducido en el considerando 240 del Reglamento provisional), la rentabilidad y el rendimiento de las inversiones de la industria de la Unión (cuadro n.o 10, reproducido en el considerando 265 del Reglamento provisional) habían retrocedido durante el período considerado.
175
Por otra parte, los extractos de las sentencias de 4 de febrero de 2021, eurocylinder systems (C‑324/19, EU:C:2021:94), y de 29 de enero de 2014, Hubei Xinyegang Steel/Consejo (T‑528/09, EU:T:2014:35), citados por las demandantes, se refieren a un aspecto diferente del perjuicio, concretamente la apreciación de la situación de vulnerabilidad de la industria de la Unión al final del período de investigación para llegar a la conclusión de la existencia de una amenaza de perjuicio importante.
176
Además, la sentencia de 2 de mayo de 1995, NTN Corporation y Koyo Seiko/Consejo (T‑163/94 y T‑165/94, EU:T:1995:83), invocada por las demandantes, versa sobre una situación en la que el Consejo había incurrido en errores de hecho que habían puesto de manifiesto tendencias contrarias a la evolución real del mercado (véase el apartado 114 de dicha sentencia), errores que no se alegan en el presente litigio. En cuanto a la sentencia de 14 de marzo de 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Consejo (T‑107/04, EU:T:2007:85), también invocada por las demandantes, se refiere a una situación en la que el Consejo había cometido un error de hecho al dar una imagen de la evolución de la cuota de mercado de la industria de la Unión contraria a los datos reproducidos en el Reglamento provisional (véanse los apartados 63 a 66 de dicha sentencia).
177
No obstante, Airoldi alega, en primer término, que los datos relativos al perjuicio, en particular los referidos a la cuota de mercado de la industria de la Unión, no son correctos, ya que en la fase definitiva no se facilitó ningún dato reciente sobre distintos factores como el volumen de producción. Airoldi relaciona esta alegación con la supresión de gran parte de las importaciones con el código NC 76109090, que también abarca productos fuera del ámbito de la investigación (véase el considerando 202 del Reglamento impugnado) e incluye la retirada del Reino Unido de la Unión.
178
Con carácter preliminar, procede declarar que esta alegación de Airoldi se vincula al motivo de las demandantes relativo al análisis del perjuicio sufrido por la industria de la Unión. Se refiere, más concretamente, a los diferentes factores e índices que influyen en el estado de la industria de la Unión, que las demandantes abordan en la primera parte de su tercer motivo.
179
De ello se deduce que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, estas alegaciones se inscriben dentro del marco definido por las pretensiones y motivos de las demandantes, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 87 anterior. Por tanto, son admisibles.
180
Sin embargo, como indica la Comisión, el Reglamento impugnado explica, en su considerando 278, que los volúmenes de ventas de la industria de la Unión al mercado del Reino Unido representaban únicamente alrededor del 2 % del total de las ventas de esa industria, volumen que no podía tener un impacto significativo en los indicadores económicos de la industria de la Unión. El Reglamento impugnado concluye de ello que los indicadores relativos a la industria de la Unión son representativos, incluso teniendo en cuenta la retirada del Reino Unido, y resultan confirmados, al igual que las conclusiones que se deducen de ellos. Más aún, la Comisión recalculó la cuota de mercado de la industria de la Unión, excluyendo la constatada en el Reino Unido (véase el cuadro n.o 5 bis, reproducido en el considerando 275 del Reglamento impugnado). Además, la Comisión tuvo en cuenta la supresión de una parte de las importaciones con el código NC 76109090, tal como se desprende de los considerandos 202 a 216 y de los cuadros n.os 1, 2 y 3, reproducidos, respectivamente, en los considerandos 208, 217 y 220 del Reglamento impugnado.
181
Airoldi no formula alegaciones para demostrar que estas explicaciones de la Comisión son manifiestamente erróneas y que habrían sido necesarias adaptaciones. Así pues, habida cuenta de la carga de la prueba que le incumbe, procede desestimar estas alegaciones.
182
En segundo término, Airoldi también sostiene que, si la Comisión hubiera tomado en consideración la segmentación del mercado del aluminio, la disminución de los productos supuestamente perjudiciales importados con el código NC 76109090, el aumento de la cuota de mercado de la industria de la Unión del 81,1 % al 85,4 % y la disminución de las importaciones procedentes de China del 9,6 % al 5 %, circunstancias todas ellas que tuvieron lugar entre la adopción del Reglamento provisional y la del Reglamento impugnado, habría observado que, en realidad, se había visto reforzada la posición de la industria de la Unión.
183
Es preciso señalar una vez más que esta alegación de Airoldi se vincula al motivo de las demandantes relativo al análisis del perjuicio sufrido por la industria de la Unión y se refiere, más concretamente, a los diferentes factores e índices que influyen en el estado de la industria de la Unión, que las demandantes abordan en la primera parte de su tercer motivo. Guarda asimismo relación con las partes segunda y tercera del segundo motivo, mediante las que las demandantes reprochan a la Comisión haber considerado que las extrusiones de aluminio procedentes de China eran un único producto.
184
De ello se deduce que estas alegaciones se inscriben dentro del marco definido por las pretensiones y motivos de las demandantes, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 87 anterior. Por tanto, son admisibles, contrariamente a lo que sostiene la Comisión.
185
No obstante, como indica la Comisión, el Reglamento impugnado explica, en el considerando 56, por qué considera el producto afectado como un único producto (véanse los apartados 62 y 63 anteriores). Además, la Comisión tuvo en cuenta la supresión de una parte de las importaciones con el código NC 76109090, tal como se desprende de los considerandos 202 a 216 y de los cuadros n.os 1, 2 y 3, reproducidos, respectivamente, en los considerandos 208, 217 y 220 del Reglamento impugnado.
186
Por lo que se refiere a la supuesta disminución de la cuota de mercado de las importaciones procedentes de China y al aumento de la cuota de mercado de la industria de la Unión, se ha de observar lo siguiente.
187
Del cuadro n.o 5, reproducido en el considerando 245 del Reglamento provisional, se desprende que, en esa fase del procedimiento, la Comisión había estimado en el 81,1 % la cuota de mercado de la industria de la Unión en el mercado libre durante el período de investigación. Al concluir el procedimiento administrativo, esta cifra fue revisada al alza, concretamente al 84,4 %, a raíz de la revisión de los volúmenes de importación procedentes de China (véase el cuadro n.o 5, reproducido en los considerandos 229 y 230 del Reglamento impugnado). La cuota de mercado alegada por Airoldi, concretamente el 85,4 %, se refiere a la cuota de mercado en el mercado libre de la industria de la Unión durante el periodo de investigación, pero teniendo en cuenta la retirada del Reino Unido de la Unión (véase el cuadro n.o 5 bis, reproducido en el considerando 275 del Reglamento impugnado). Por un lado, de ello se deduce que las cifras alegadas por Airoldi no son directamente comparables, ya que su ámbito geográfico es diferente. Por otro, la Comisión explicó, en el considerando 276 del Reglamento impugnado, que, aunque la cuota de mercado de la industria de la Unión se revaluó hasta un nivel ligeramente superior en el período considerado, esa cuota de mercado aún se había reducido en tres puntos porcentuales.
188
Las mismas constataciones se aplican a la disminución de las importaciones procedentes de China. En efecto, por una parte, Airoldi compara los datos considerados en el Reglamento provisional con los datos del Reglamento impugnado sin tener en cuenta el Reino Unido (véanse el cuadro n.o 2, reproducido en el considerando 225 del Reglamento provisional, y el cuadro n.o 2 bis, reproducido en el considerando 262 del Reglamento impugnado). Por otra parte, la Comisión apreció, en el considerando 263 del Reglamento impugnado, que, sobre la base de los volúmenes ajustados de las importaciones, era posible observar niveles considerables de importaciones en términos tanto relativos como absolutos, que habían alcanzado el 5 % de la cuota de mercado durante el período de investigación. En cifras absolutas, las importaciones procedentes de China habían aumentado un 56 % durante el período considerado y la cuota de mercado total de las importaciones objeto de dumping había aumentado un 48 %.
189
Airoldi no formula alegaciones para demostrar que estas constataciones de la Comisión son manifiestamente erróneas y que, en realidad, la industria de la Unión se vio reforzada. Así pues, habida cuenta de la carga de la prueba que le incumbe, procede desestimar estas alegaciones.
190
Por consiguiente, se ha de desestimar la primera imputación.
2) Crecimiento y rentabilidad de la industria de la Unión
191
En su segunda imputación, las demandantes aducen que la Comisión ignoró la finalidad de la normativa antidumping al concluir que existía perjuicio para la industria de la Unión en un contexto de crecimiento significativo del consumo y de la rentabilidad de la industria de la Unión.
192
A este respecto, en lo que atañe al consumo de la Unión en el mercado libre, consta, ciertamente, que aumentó un 6 % durante el período considerado [véanse el cuadro n.o 4, reproducido en el considerando 226 del Reglamento impugnado, y el cuadro n.o 4 bis (industria de la Unión sin el Reino Unido), reproducido en el considerando 271 del Reglamento impugnado].
193
Sin embargo, para apreciar que la industria de la Unión sufre un perjuicio que pueda justificar la adopción de derechos antidumping, no se exige que todos los factores e índices económicos pertinentes demuestren una tendencia negativa (sentencia de 25 de octubre de 2011, CHEMK y KF/Consejo, T‑190/08, EU:T:2011:618, apartado 114).
194
Además, la Comisión matizó el aumento del consumo de la Unión señalando que, si bien había aumentado durante el período considerado, había bajado entre 2018 y el período de investigación (véanse el considerando 216 del Reglamento provisional y el cuadro n.o 4, reproducido en el considerando 226 del Reglamento impugnado). Más aún, y fundamentalmente, la Comisión subrayó con razón, en el considerando 271 del Reglamento provisional, que, a la vista de los datos disponibles, la industria de la Unión, a pesar del aumento de la demanda, había perdido cuota de mercado.
195
Por lo que respecta a la rentabilidad de la industria de la Unión, es preciso señalar que del cuadro n.o 10, reproducido en el considerando 265 del Reglamento provisional, se desprende que ciertamente es del 2 % durante el período de investigación, pero que pasó del 4,9 % al 2 % durante el período considerado. La Comisión pudo deducir de ello la existencia de una contención de los precios en un contexto en el que, como se deriva del cuadro n.o 7, reproducido en el considerando 275 del Reglamento provisional, los precios de la industria de la Unión aumentaron menos que los costes.
196
De lo anterior resulta que las demandantes no han demostrado que la Comisión haya incurrido en error manifiesto de apreciación al llegar a la conclusión de la existencia de un perjuicio importante para la industria de la Unión, a pesar del aumento del consumo de la Unión y de la rentabilidad del 2 % de dicha industria.
197
Por tanto, debe desestimarse la segunda imputación de las demandantes.
3) Consideración del precio y del volumen de las importaciones procedentes de China
198
En su tercera imputación, las demandantes sostienen, en primer término, que la Comisión hizo hincapié en el precio de los productos importados de China sin reconocer la pertinencia del volumen de las importaciones. En segundo término, alegan que el Reglamento impugnado incurre, sobre este particular, en una contradicción entre los considerandos 201 y 249.
199
Esta imputación de las demandantes se basa en una interpretación errónea del Reglamento impugnado.
200
En primer término, de la sección 4.3 del Reglamento impugnado, titulada «Importaciones procedentes del país afectado», y más concretamente de los cuadros n.os 1, 2 y 3, se desprende que la Comisión tomó ponderadamente en consideración no solo los precios de los productos importados de China, sino también el volumen de esas importaciones.
201
En segundo término, no existe contradicción entre los considerandos 201 y 249 del Reglamento impugnado, ya que estos considerandos versan sobre cuestiones diferentes. En efecto, el considerando 201 del Reglamento impugnado, bajo la rúbrica «Generalidades», explica, en particular, que «los precios chinos anormalmente bajos […] ejercieron una presión constante, [y que] esta presión tuvo múltiples implicaciones[, ya que] contuvo los precios de la industria de la Unión, evitó que esos precios reflejasen el aumento internacional de los precios de la materia prima (aluminio) y disminuyó la rentabilidad», y que, «para que ocurra esta situación de perjuicio, no son necesarios grandes volúmenes de importación, [puesto que] bastan incluso importaciones relativamente modestas o una cantidad significativa de importaciones a bajo precio (como ocurre indiscutiblemente en el caso que nos ocupa) para que se establezca un precio límite bajo que afecte a todo el mercado».
202
En cambio, en el considerando 249 del Reglamento impugnado, la Comisión responde a las alegaciones mediante las cuales el grupo al que pertenecen las demandantes había negado la existencia de un perjuicio importante como consecuencia de que las comparaciones de precios realizadas por la Comisión fueron inadecuadas. A este respecto, la Comisión observó lo siguiente:
«La investigación ha demostrado que, al realizar una comparación por tipo de producto, los precios de estos exportadores estaban significativamente subcotizados respecto a los de la industria de la Unión, por lo que no estaban alineados y eran sensiblemente inferiores a estos. El Grupo Haomei también sugirió que se utilizaran los precios de los importadores como fuente de las comparaciones de precios. Sin embargo, […] la Comisión fundamentó sus comparaciones de precios en una base objetiva, empleando una metodología y cálculos detallados que se pusieron a disposición del Grupo Haomei. Esta metodología permitió efectuar comparaciones por tipo de producto aplicando varios criterios objetivos, por lo que era el método más representativo del que disponía la Comisión.»
203
De ello resulta que la Comisión no incurrió en ningún error manifiesto de apreciación ni tampoco se contradijo adoptando los considerandos 201 y 249 del Reglamento impugnado, que se refieren a temas diferentes.
204
Por tanto, debe desestimarse la tercera imputación de las demandantes.
4) Incremento de la cuota de mercado de las importaciones procedentes de China
205
En su cuarta imputación, las demandantes formulan varias alegaciones con el fin de sostener que la Comisión erró al considerar la cuota de mercado de las importaciones procedentes de China.
206
En primer lugar, alegan que, a raíz de la divulgación final adicional de 8 de febrero de 2021, la cantidad de productos afectados importados de China pasó de más de 300000 toneladas (al inicio del procedimiento) a 128853 toneladas. En este contexto, la Comisión no tuvo en cuenta esta disminución y no modificó en nada su evaluación del perjuicio y del dumping.
207
Como se desprende del cuadro n.o 2 bis, reproducido en el considerando 262 del Reglamento impugnado, la cifra de 128853 toneladas se refiere al volumen de las importaciones con ocho códigos de la nomenclatura combinada durante el período de investigación, teniendo en cuenta la retirada del Reino Unido de la Unión. El volumen total de las importaciones en la Unión procedentes de China durante el mismo período con idéntica base fue de 152551 toneladas y la cuota de mercado de China del 5 % (véase el cuadro n.o 2 bis, reproducido en el considerando 262 del Reglamento impugnado). Sin considerar la retirada del Reino Unido de la Unión, las importaciones procedentes de China con ocho códigos de la nomenclatura combinada fueron de 164641 toneladas y el volumen total de las importaciones procedentes de China fue de 191981 toneladas para una cuota de mercado del 6,2 % (véase el cuadro n.o 2, reproducido en el considerando 217 del Reglamento impugnado). Es pacífico que estas cifras son claramente inferiores a las presentadas en el cuadro n.o 2, reproducido en el considerando 225 del Reglamento provisional, concretamente un volumen de importaciones procedentes de China durante el período de investigación de 309853 toneladas para una cuota de mercado del 9,6 %.
208
Dicho esto, es preciso indicar, en primer término, que la alegación de las demandantes se basa en la comparación entre, por una parte, el volumen de las importaciones procedentes de China con ocho códigos de la nomenclatura combinada durante el período de investigación constatado en el Reglamento impugnado teniendo en cuenta la retirada del Reino Unido de la Unión y, por otra parte, el volumen total de importaciones procedente de China en la fase del Reglamento provisional y antes de realizar los ajustes. De ello se deduce que esta comparación se fundamenta en cifras referidas a volúmenes correspondientes a ámbitos material y geográfico diferentes y que no son directamente comparables.
209
En segundo término, procede señalar que, como subraya acertadamente la Comisión, aunque las cifras de las importaciones chinas fueron revisadas a la baja debido a las divergencias de opinión en cuanto a un código NC, la Comisión pudo confirmar, habida cuenta de los datos disponibles, que el volumen global de las importaciones chinas siguió siendo importante y que se había podido observar la misma tendencia de crecimiento que en la fase provisional.
210
En efecto, tras un análisis más minucioso de los volúmenes de las exportaciones procedentes de China como consecuencia de que el código NC 76109090 —que también abarca productos fuera del ámbito de la investigación— suscitara opiniones contradictorias (véase el considerando 202 del Reglamento impugnado), la Comisión revisó las cifras a la baja. Estimó que la penetración china había seguido siendo significativa (considerando 203 del Reglamento impugnado) y que, aun cuando la cuota de mercado china se había revisado a la baja en consecuencia, las importaciones habían seguido siendo significativas y se había observado la misma tendencia de crecimiento que en la fase provisional (considerando 213 del Reglamento impugnado). Tras analizar los diferentes factores y las alegaciones de las partes interesadas en los considerandos 208 a 249 del Reglamento impugnado, la Comisión concluyó, en el considerando 252 de dicho Reglamento, que los indicadores clave que demostraron el perjuicio en esa investigación habrían seguido siendo perjudiciales incluso si las importaciones procedentes de China se hubiesen evaluado sin incluir un código NC.
211
De ello se deduce que las demandantes sostienen erróneamente que la Comisión no tuvo en cuenta la revisión a la baja de los volúmenes de las importaciones procedentes de China. En consecuencia, se han de desestimar sus alegaciones.
212
En segundo lugar, las demandantes afirman que la cuota de mercado de las importaciones procedentes de China solo aumentó un 49 % entre 2016 y el período de investigación, valor extremadamente modesto que no puede considerarse una amenaza para la industria de la Unión, cuyos resultados son estables y positivos. Además, en su opinión, cualquier incremento de la cuota de mercado es irrelevante, puesto que la cuota de mercado inicial, en valor absoluto, es mínima, concretamente inferior al 15 %.
213
En primer término, debe subrayarse que las demandantes sostienen sin fundamento que una cuota de mercado de las importaciones procedentes de China inferior al 15 % es «mínima». En efecto, si bien el artículo 5, apartado 7, del Reglamento de base dispone que no se dará inicio al procedimiento cuando las importaciones procedentes de un país representen una cuota de mercado inferior al 1 %, la cuota de mercado de las importaciones procedentes de China es muy superior a ese porcentaje (véanse el cuadro n.o 2, reproducido en el considerando 217 del Reglamento impugnado, y el cuadro n.o 2 bis, reproducido en el considerando 262 del Reglamento impugnado). El Reglamento de base no establece ningún otro umbral de cuota de mercado para llegar a la conclusión de que las importaciones procedentes de un tercer país no pueden causar perjuicio.
214
En segundo término, el volumen total de las importaciones procedentes de China aumentó un 49 % entre 2016 y el período de investigación y la cuota de mercado de esas importaciones aumentó un 41 % entre 2016 y el mismo período. Este incremento no puede considerarse «modesto» y las demandantes no formulan alegaciones que permitan desvirtuar esta conclusión.
215
En tercer término, las alegaciones de las demandantes relativas al estado de la industria de la Unión han sido desestimadas en los apartados 162 a 197 anteriores y las demandantes no formulan, en la presente imputación, otras alegaciones que permitan concluir, en relación con la cuota de mercado de las importaciones procedentes de China, que la Comisión haya incurrido en un error manifiesto de apreciación.
216
Por consiguiente, procede desestimar estas alegaciones de las demandantes.
217
En tercer lugar, las demandantes sostienen que las importaciones procedentes de China ganaron cuotas de mercado en detrimento de los productores de terceros países y no en detrimento de los productores de la Unión. Añaden que de los informes anuales del grupo Hydro se desprende que el supuesto aumento de cuatro puntos porcentuales de la cuota de mercado de las importaciones procedentes de China pudiera haberse producido en detrimento de las cuotas de mercado de dicho grupo, que es una sociedad noruega y no un productor de la Unión.
218
A este respecto, los datos que alegan las demandantes en los apartados 140 y 141 de la demanda, relativos a las importaciones procedentes de terceros países distintos de China y a las importaciones procedentes de China, resultan, como precisaron las demandantes en la vista, del cuadro n.o 2 bis, reproducido en el considerando 262 del Reglamento impugnado (estos datos no se refieren al volumen total de las importaciones, sino a las importaciones con ocho códigos NC), y del cuadro n.o 6 bis, reproducido en el considerando 304 del Reglamento impugnado, y tienen en cuenta la retirada del Reino Unido de la Unión.
219
De los datos incluidos en esos cuadros se desprende que el volumen total de las importaciones procedentes de terceros países distintos de China pasó de 238937 toneladas en 2016 a 295248 toneladas en el período de investigación, lo que elevó la cuota de mercado de tales importaciones del 8,2 % al 9,6 %, mientras que el volumen total de las importaciones procedentes de China pasó de 97535 toneladas en 2016 a 152551 toneladas en el período de investigación, con lo que su cuota de mercado pasó del 3,4 % al 5 %. Aunque es pacífico, como también resulta de los datos aportados por las demandantes, que las importaciones procedentes de terceros países distintos de China disminuyeron entre 2017 y el período de investigación, la suma de las toneladas importadas procedentes de terceros países distintos de China y de las toneladas importadas anualmente procedentes de China muestra un aumento constante (y no una cuantía estable como afirman las demandantes). De ello resulta que el incremento del volumen de las importaciones procedentes de China supera la disminución del volumen de las importaciones procedentes de terceros países distintos de China.
220
Además, del cuadro n.o 2, reproducido en el considerando 217 del Reglamento impugnado, se desprende que, durante el período considerado, el volumen total de las importaciones procedentes de China creció un 49 % (o un 56 % teniendo en cuenta la retirada del Reino Unido de la Unión, como resulta del cuadro n.o 2 bis, reproducido en el considerando 262 del Reglamento impugnado). Al mismo tiempo, tanto del cuadro n.o 5, reproducido en el considerando 229 del Reglamento impugnado como del cuadro n.o 5 bis, reproducido en el considerando 275 del mismo Reglamento, se desprende que la cuota de mercado de la industria de la Unión disminuyó durante ese período.
221
Por otro lado, no pueden acogerse las alegaciones de las demandantes de que las importaciones procedentes de China pudieran haberse producido en detrimento de las cuotas de mercado del grupo Hydro, que es una sociedad noruega.
222
En efecto, las alegaciones relativas al grupo Hydro, suponiendo que estuvieran acreditadas, no respaldan la tesis formulada por las demandantes, ya que, como pone de manifiesto la Comisión sin ser contradicha por las demandantes, el grupo Hydro forma parte de la industria de la Unión y una de las sociedades del grupo, concretamente Hydro Extrusion Hungary k.f.t, domiciliada en Székesfehérvár (Hungría), formaba parte de los productores de la Unión incluidos en la muestra, como resulta del considerando 22 del Reglamento provisional.
223
Así pues, se ha de desestimar la alegación de que las importaciones procedentes de China no aumentaron en detrimento de las ventas de la industria de la Unión, sino en detrimento de las importaciones procedentes de terceros países distintos de China.
224
Por consiguiente, procede desestimar estas alegaciones de las demandantes y, con ellas, la primera parte del tercer motivo en su conjunto.
[omissis]
IV. Costas
270
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes, procede condenarlas a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión, de conformidad con lo solicitado por esta.
271
Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en virtud del cual las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas, el Parlamento cargará con sus propias costas.
272
A tenor del artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal General podrá decidir que una parte coadyuvante distinta de las mencionadas en los apartados 1 y 2 cargue con sus propias costas. Al haber intervenido Airoldi en apoyo de las demandantes, cuyas pretensiones han sido desestimadas, cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta ampliada)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd y Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd cargarán con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
3)
El Parlamento Europeo y Airoldi Metalli SpA cargarán con sus propias costas.
Papasavvas
Da Silva Passos
Gervasoni
Reine
Pynnä
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de junio de 2023.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.
(
1
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.