Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 5 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Directiva 2013/32/UE — Artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, letra b) — Procedimientos para la concesión o la retirada de la protección internacional — Posibilidad de ampliar el plazo de decisión de seis meses en caso de un gran número de solicitudes de protección internacional presentadas simultáneamente — Decisiones de ampliación sucesivas — Requisitos y límites — Artículo 4, apartado 1 — Obligación de los Estados miembros de garantizar que la autoridad decisoria disponga de los medios apropiados para llevar a cabo sus tareas »
En el asunto C‑489/24 [Safita], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos), mediante resolución de 10 de julio de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 11 de julio de 2024, en el procedimiento entre
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
y
X,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. J. Passer (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. E. Regan y D. Gratsias, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretaria: Sra. A. Lamote, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de julio de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de
X, por las Sras. V. M. Oliana, advocate, y S. Rafi, experte;
–        en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. M. K. Bulterman y A. Hanje, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno húngaro, por la Sra. Zs. Biró-Tóth y el Sr. M. Z. Fehér, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Azema, A. Baeckelmans, F. Blanc y M. Debieuvre, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO 2013, L 180, p. 60), en relación con el artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva.
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Secretario de Estado de Justicia y Seguridad, Países Bajos) y X, nacional sirio, en relación con la no adopción, por parte de esa autoridad y dentro del plazo legal de seis meses, de una decisión sobre su solicitud del permiso de residencia temporal por asilo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        Los considerandos 3 y 18 de la Directiva 2013/32 exponen lo siguiente:
«(3)      El Consejo Europeo, en su sesión especial en Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención [sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el] 28 de julio de 1951 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.º 2545 (1954)], modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 (“Convención de Ginebra”), afirmando así el principio de no devolución y garantizando que ninguna persona sufra de nuevo persecución.
[…]
(18)      En interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de protección internacional, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de protección internacional, sin perjuicio de que se efectúe un examen suficiente y completo.»
4        El artículo 4 de dicha Directiva, titulado «Autoridades responsables», dispone en su apartado 1:
«Los Estados miembros designarán para todos los procedimientos una autoridad decisoria que será responsable de examinar convenientemente las solicitudes de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva. Los Estados miembros garantizarán que dicha autoridad cuente con los medios apropiados, incluido personal competente en número suficiente, para llevar a cabo sus tareas de conformidad con la presente Directiva.»
5        El artículo 31 de la misma Directiva, titulado «Procedimiento de examen», establece lo siguiente:
«1.      Los Estados miembros tramitarán las solicitudes de protección internacional en un procedimiento de examen de conformidad con los principios y garantías fundamentales del capítulo II.
2.      Los Estados miembros procurarán que dicho examen concluya lo más rápidamente posible, sin perjuicio de un examen suficiente y completo.
3.      Los Estados miembros procurarán que el procedimiento de examen termine en el plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud.
Cuando se aplique a una solicitud el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) n.º 604/2013 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31)], el plazo de seis meses empezará a contar a partir del momento en que se determine el Estado miembro responsable de su examen de conformidad con el citado Reglamento, el solicitante se halle en el territorio de dicho Estado miembro y la autoridad competente se haya hecho cargo de él.
Los Estados miembros podrán ampliar el plazo de seis meses establecido en el presente apartado por un período que no excederá de otros nueve meses cuando:
[…]
b)      un gran número de nacionales de terceros países o apátridas soliciten simultáneamente protección internacional, haciendo muy difícil en la práctica concluir el procedimiento en el plazo de seis meses;
[…]
De forma excepcional, en circunstancias debidamente justificadas, los Estados miembros podrán ampliar los plazos establecidos en el presente apartado por un máximo de tres meses cuando ello sea necesario para garantizar un examen adecuado y completo de la solicitud de protección internacional.
[…]
5.      En cualquier caso, los Estados miembros concluirán el procedimiento de examen en un plazo máximo de veintiún meses a partir del momento de presentación de la solicitud.
6.      Los Estados miembros velarán por que, en caso de que no sea posible adoptar una resolución al cabo de seis meses, al solicitante:
a)      se le informe de la demora, y
b)      se le facilite, a petición propia, información sobre las razones de la demora y el plazo en el que previsiblemente se adoptará la resolución.
[…]»
Derecho neerlandés
Ley de Extranjería de 2000
6        El artículo 42 de la Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) [Ley de Reforma General de la Ley de Extranjería (Ley de Extranjería de 2000)], de 23 de noviembre de 2000 (Stb. 2000, n.º 495), establece lo siguiente:
«1.      La decisión relativa a la solicitud de concesión de un permiso de residencia temporal a que se refiere el artículo 28 o de un permiso de residencia por tiempo indefinido a que se refiere el artículo 33 se adoptará en el plazo de seis meses a partir de la recepción de la solicitud.
[…]
4.      El plazo a que se refiere el apartado 1 podrá ampliarse, como máximo, por nueve meses más, cuando:
[…]
b)      un gran número de nacionales de terceros países presenten al mismo tiempo una solicitud, haciendo muy difícil en la práctica concluir el procedimiento en el plazo de seis meses; […]
[…]».
WBV 2022/22
7        El 21 de septiembre de 2022, el Secretario de Estado de Justicia y Seguridad adoptó el Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Decreto por el que se modifica la Circular de Extranjería de 2000; en lo sucesivo, «WBV 2022/22»), que entró en vigor el 27 de septiembre de 2022.
8        El WBV 2022/22 modificó la Vreemdelingencirculaire 2000 (Circular de Extranjería de 2000), ampliando, en particular, el plazo de examen de las solicitudes de asilo previsto por la Ley de Extranjería de 2000. En lo sucesivo, dicha circular tenía el siguiente tenor:
«[…]
2.13      Decisión
Plazo para adoptar una decisión
El [Immigratie‑ en Naturalisatiedienst (Servicio de Inmigración y Naturalización, Países Bajos; en lo sucesivo, “IND”)] adoptará una decisión sobre la solicitud en los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud de concesión o de ampliación de un permiso de residencia temporal por asilo. Este plazo podrá ampliarse sobre la base del artículo
42 de la [Ley de Extranjería de 2000].
A partir de la entrada en vigor del WBV 2022/22, el IND hará uso de la facultad prevista en el artículo
42, apartado
4, letra b), de la [Ley de Extranjería de 2000] de ampliar en nueve meses el plazo en materia de asilo. Esto significa que el IND amplía en nueve meses el plazo legal para la resolución de todas las solicitudes de concesión de un permiso de residencia temporal por asilo si el plazo legal para adoptar una decisión sobre una solicitud aún no ha expirado en la fecha de entrada en vigor de la WBV 2022/22. Esta ampliación del plazo de decisión se aplicará a las solicitudes presentadas hasta el 1 de enero de 2023.
[…]»
WBV 2023/3
9        El Secretario de Estado de Justicia y Seguridad adoptó, el 26 de enero de 2023, el Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Decreto por el que se modifica la Circular de Extranjería de 2000; en lo sucesivo, «WBV 2023/3»), que, una vez más, modificó la Circular de Extranjería de 2000 del siguiente modo:
«[…]
2.13      Emisión de la decisión
El [IND] adoptará una decisión sobre la solicitud en un plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud de concesión o ampliación de un permiso de residencia temporal por asilo. Este plazo podrá ampliarse sobre la base del artículo
42 de la [Ley de Extranjería de 2000].
[…]
Tras la publicación del WBV 2023/3, la ampliación de nueve meses del plazo de decisión también se aplica a las solicitudes de asilo presentadas entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2024.
[…]»
WBV 2023/26
10      El 27 de diciembre de 2023, el Secretario de Estado de Justicia y Seguridad adoptó el Besluit houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Decreto por el que se modifica la Circular de Extranjería de 2000; en lo sucesivo, «WBV 2023/26»), que volvió a modificar la Circular de Extranjería de 2000 en los siguientes términos:
«[…]
2.13      Emisión de la decisión
El [IND] adoptará una decisión sobre la solicitud en un plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud de concesión o de ampliación de un permiso de residencia temporal por asilo. Este plazo podrá ampliarse sobre la base del artículo
42 de la [Ley de Extranjería de 2000].
[…]
Tras la publicación del WBV 2023/26, la ampliación de nueve meses del plazo de decisión se aplica también a las solicitudes de asilo presentadas entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025.
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
11      X, nacional sirio, presentó una solicitud de protección internacional en los Países Bajos el 17 de febrero de 2023.
12      El 23 de agosto de 2023, X requirió un pronunciamiento al Secretario de Estado de Justicia y Seguridad, por no haberse adoptado una decisión en el plazo de seis meses contemplado en el artículo
42, apartado
1, de la Ley de Extranjería de 2000.
13      Dado que el Secretario de Estado de Justicia y Seguridad no se pronunció en las dos semanas siguientes a dicho requerimiento, X presentó un recurso ante el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos).
14      Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2023, dicho órgano jurisdiccional declaró la inadmisibilidad del recurso, en la medida en que se refería a la no adopción de una decisión dentro del plazo al efecto, al considerar que el plazo de decisión de seis meses aplicable a dicha solicitud se había ampliado regularmente en nueve meses a raíz de la adopción del WBV 2023/3. No obstante, ese órgano jurisdiccional determinó que la duración de esa ampliación se limitaba a nueve meses desde la entrada en vigor del WBV 2022/22. De ello deduce que el WBV 2023/3 y la ampliación del plazo que prevé no son aplicables a las solicitudes de asilo presentadas después del 26 de junio de 2023.
15      El Secretario de Estado de Justicia y Seguridad interpuso recurso de apelación contra esa sentencia ante el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente. X se adhirió a la apelación contra dicha sentencia.
16      Ante el órgano jurisdiccional remitente, el Secretario de Estado de Justicia y Seguridad alega que el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya) incurrió en error al considerar, en primer término, que el WBV 2023/3 era contrario al artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32 en lo que respecta a las solicitudes de asilo presentadas después del 26 de junio de 2023, es decir, nueve meses después de la entrada en vigor del WBV 2022/22, y, en segundo término, que las sucesivas ampliaciones debían limitarse en el tiempo, habida cuenta del artículo
4, apartado
1, de la Directiva 2013/32. El Secretario de Estado de Justicia y Seguridad estima que puede hacer uso de la facultad de ampliar en nueve meses el plazo de decisión, aunque ya lo haya hecho con anterioridad, siempre que la afluencia de solicitantes de asilo sea tal que este plazo ampliado resulte necesario para la tramitación adecuada y completa
de las solicitudes de asilo. Invoca un aumento del número de solicitudes de asilo en 2023 en comparación con 2022 y alega que sigue enfrentándose a retrasos en la tramitación de las solicitudes de asilo, a pesar de las medidas adoptadas para reducir el plazo de tramitación de dichas solicitudes y aumentar el número de decisiones dictadas.
17      En apoyo de su adhesión a la apelación, X sostiene que el rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya) incurrió en error al declarar que el artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32 podía aplicarse a la situación en la que el Secretario de Estado de Justicia y Seguridad afirma encontrarse. En ese sentido, aduce que el ámbito de aplicación de esta disposición no comprende un aumento progresivo del número de solicitudes de asilo. Añade que, en consecuencia, la ampliación del plazo de decisión sobre la base tanto del WBV 2022/22 como del WBV 2023/3 es ilegal.
18      El órgano jurisdiccional remitente considera que, aunque la petición de decisión prejudicial planteada anteriormente al Tribunal de Justicia, que dio lugar a la sentencia de 8 de mayo de 2025, Zimir (C‑662/23, EU:C:2025:326), se refería a la interpretación de las mismas disposiciones del Derecho de la Unión, resulta necesario plantear al Tribunal de Justicia cuestiones adicionales para que dilucide si el Secretario de Estado de Justicia y Seguridad está facultado para ampliar de nuevo, mediante el WBV 2023/3, el plazo para adoptar una decisión sobre las solicitudes de asilo.
19      Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, y en caso afirmativo con qué requisitos, un Estado miembro puede, en varias ocasiones y de manera consecutiva, hacer uso de la facultad, prevista en el artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32, de ampliar el plazo de decisión para tramitar solicitudes de asilo, habida cuenta, en particular, de su obligación, establecida en el artículo
4, apartado
1, de dicha Directiva, de garantizar que la autoridad encargada del examen de las solicitudes de asilo disponga de los medios adecuados, incluido personal competente en número suficiente, para desempeñar sus funciones. A este respecto, señala que es poco probable que las circunstancias que condujeron a la ampliación del plazo de decisión sobre la base de los Decretos
WBV 2022/22 y WBV 2023/3 cambien en un futuro próximo y precisa que, entretanto, el Secretario de Estado de Justicia y Seguridad adoptó una tercera decisión de ampliación, al adoptar el Decreto WBV 2023/26.
20      En estas circunstancias, el Raad van State (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Se presta el artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva [2013/32] a su aplicación sucesiva por parte de la autoridad decisoria?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
a)      ¿Con qué requisitos puede la autoridad decisoria aplicar de forma sucesiva el artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva [2013/32] y está limitada la duración total del período durante el cual la autoridad decisoria puede aplicar de forma sucesiva esta disposición?
b)      ¿En qué medida puede o debe el órgano jurisdiccional, para responder a la cuestión de si la autoridad decisoria estaba facultada para ampliar el plazo de resolución consecutivamente a un decreto de ampliación anterior, tener en cuenta el aumento del número de solicitudes de asilo, también a la vista del período previo al decreto de ampliación anterior, y los eventuales esfuerzos realizados por la autoridad decisoria para aumentar la capacidad de resolución de los asuntos atrasados con el fin de poder garantizar
—a la luz del artículo 4, apartado 1, de la Directiva [2013/32]—
un examen adecuado y completo de las solicitudes de asilo?»
Cuestiones prejudiciales
21      Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo
4, apartado
1, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede, y, en caso afirmativo, con qué requisitos, decidir, en varias ocasiones y de manera consecutiva, ampliar en un máximo de nueve meses el plazo aplicable al procedimiento de examen de las solicitudes de protección internacional de que conoce.
22      El artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32 establece que los Estados miembros podrán ampliar en nueve meses como máximo el plazo para examinar las solicitudes de protección internacional cuando un gran número de nacionales de terceros países o apátridas soliciten simultáneamente protección internacional, haciendo muy difícil en la práctica concluir el procedimiento en el plazo de seis meses previsto en el artículo 31, apartado 3, párrafo primero, de esa Directiva.
23      Así pues, la posibilidad de que los Estados miembros amplíen el plazo de seis meses para examinar las solicitudes de protección internacional con arreglo a esa disposición está supeditada al cumplimiento de tres requisitos estrechamente vinculados entre sí y acumulativos, a saber, primero, que esas solicitudes se presenten «simultáneamente»; segundo, que dichas solicitudes sean presentadas por «un gran número» de nacionales de terceros países o apátridas, y, tercero, que ello haga «muy difícil en la práctica [para las autoridades del Estado miembro] concluir el procedimiento en el plazo de seis meses». Estos requisitos, que son interdependientes, deben interpretarse de manera conjunta (sentencia de 8 de mayo de 2025, Zimir, C‑662/23, EU:C:2025:326, apartado 33).
24      El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que, de conformidad con el artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32, un Estado miembro puede ampliar en nueve meses el plazo de seis meses establecido en el artículo 31, apartado 3, párrafo primero, de esa Directiva para el examen de las solicitudes de protección internacional, en caso de que en un breve período de tiempo se produzca un aumento significativo del número de solicitudes con respecto a la tendencia habitual y previsible en ese Estado miembro, lo que excluye la situación en la que se produzca un aumento progresivo del número de solicitudes de protección internacional durante un largo período (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Zimir, C‑662/23, EU:C:2025:326, apartado 49).
25      Por lo que respecta a la cuestión de si, y con qué requisitos, el artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32 permite a un Estado miembro decidir en varias ocasiones y de manera consecutiva ampliar el plazo del procedimiento de examen, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, deben tomarse en consideración no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, apartado
12, y de 11 de diciembre de 2025, GKV-Spitzenverband, C‑743/23, EU:C:2025:954, apartado 41).
26      A este respecto, procede señalar que el tenor del artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32 no permite, como tal, determinar si un Estado miembro puede decidir en varias ocasiones y de manera consecutiva ampliar el plazo aplicable al procedimiento de examen, siempre que se cumplan los tres requisitos enumerados en el apartado
23 de la presente sentencia.
27      En lo que atañe al contexto en el que se inscribe esta disposición, ha de observarse que, en virtud del artículo
31, apartado
2, de la Directiva 2013/32, los Estados miembros deben procurar que el procedimiento de examen concluya lo más rápidamente posible, sin perjuicio de un examen suficiente y completo. Además, con arreglo al artículo 31, apartado 3, párrafo primero, de esta Directiva, los Estados miembros procurarán que el procedimiento de examen termine en el plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud. Por otra parte, el artículo 31, apartado 3, párrafo cuarto, de dicha Directiva precisa que, de forma excepcional, en circunstancias debidamente justificadas, los Estados miembros podrán ampliar los plazos establecidos por un máximo de tres meses cuando ello sea necesario para garantizar un examen adecuado y completo de la solicitud de protección internacional. En cualquier caso, del artículo 31, apartado 5, de la misma Directiva se desprende que los Estados miembros concluirán el procedimiento de examen en un plazo máximo de veintiún meses a partir del momento de presentación de la solicitud.
28      También debe tenerse en cuenta el artículo
4, apartado
1, de la Directiva 2013/32, según el cual los Estados miembros velarán por que la autoridad que designen para examinar convenientemente las solicitudes de protección internacional cuente con los medios apropiados, incluido personal competente en número suficiente, para llevar a cabo sus tareas de conformidad con esa Directiva (véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Zimir, C‑662/23, EU:C:2025:326, apartado 40).
29      Por lo que respecta al objetivo perseguido por la Directiva 2013/32, de sus considerandos 3 y 18 se desprende que esta tiene por objeto establecer un sistema europeo común de asilo, en el que debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de protección internacional al término de un examen suficiente y completo de dichas solicitudes, sin perjuicio de la posibilidad de ampliar, de conformidad con el artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, de esa Directiva, el plazo de seis meses previsto en su artículo
31, apartado
3, párrafo primero, para responder a situaciones particulares que justifican un plazo de examen más largo, con el fin de poder garantizar tal examen adecuado y completo (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Zimir, C‑662/23, EU:C:2025:326, apartados 43 y 44).
30      Así pues, tanto del contexto en el que se inscribe el artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32 como del objetivo perseguido por esta Directiva se desprende que nada permite excluir a priori que un Estado miembro pueda decidir en varias ocasiones y de manera consecutiva ampliar el plazo del procedimiento de examen de las solicitudes de protección internacional de que conoce, siempre que se cumplan los tres requisitos enumerados en el apartado
23 de la presente sentencia y que el procedimiento de examen de una solicitud de protección internacional concreta concluya en un plazo máximo de veintiún meses a partir de la presentación de la solicitud.
31      No obstante, como se ha recordado en el apartado
24 de la presente sentencia, una interpretación del artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32 que permita a un Estado miembro ampliar ese plazo en caso de aumento progresivo del número de solicitudes durante un período prolongado pondría en peligro el objetivo perseguido por dicha Directiva.
32      Además, si el número de solicitudes de protección internacional se mantiene constantemente elevado durante un largo período, corresponde al Estado miembro de que se trate proporcionar a la autoridad decisoria medios adecuados y suficientes para permitirle tramitar las solicitudes de protección internacional con arreglo a la Directiva 2013/32, de conformidad con la obligación establecida en el artículo
4, apartado
1, de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Zimir, C‑662/23, EU:C:2025:326, apartado 55).
33      Por consiguiente, si bien un Estado miembro puede decidir en varias ocasiones y de manera consecutiva ampliar el plazo aplicable al procedimiento de examen de las solicitudes de protección internacional de que conoce, la duración acumulada de esas ampliaciones sucesivas no puede, sin embargo, exceder del tiempo necesario para que ese Estado miembro cumpla la obligación establecida en el artículo
4, apartado
1, de la Directiva 2013/32 y ponga más medios a disposición de la autoridad decisoria, de modo que esta vuelva a estar en condiciones de tramitar las solicitudes de protección internacional en el plazo de seis meses previsto en el artículo
31, apartado
3, párrafo primero, de dicha Directiva. Este tiempo necesario debe evaluarse teniendo en cuenta el tiempo requerido para contratar y formar al personal competente para tramitar de manera adecuada y completa
las solicitudes de protección internacional recibidas (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Zimir, C‑662/23, EU:C:2025:326, apartado 48).
34      Así pues, tras haber ampliado una primera vez, sobre la base del artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32,
el plazo aplicable al procedimiento de examen, el Estado miembro de que se trate solo podrá hacer uso de esta misma facultad para ampliar de nuevo ese plazo, con el fin, en particular, de tener en cuenta el aumento
—aunque no sea significativo—
del número de solicitudes de asilo en relación con el período cubierto por la decisión de ampliación anterior, si consigue demostrar, motivando debidamente su decisión a este respecto mediante elementos concretos, que, a pesar de los esfuerzos realizados para hacer frente a la afluencia simultánea de solicitudes de protección internacional, no dispuso de tiempo suficiente para asignar a la autoridad decisoria medios adecuados y suficientes, en particular mediante la contratación y la formación del personal competente, para permitirle tramitar las solicitudes de protección internacional de manera adecuada y completa en el plazo de seis meses previsto en el artículo
31, apartado
3, párrafo primero, de dicha Directiva.
35      Por otra parte, de conformidad con el artículo
31, apartado
6, de la Directiva 2013/32, los solicitantes de protección internacional de que se trate deben, por un lado, ser informados por la autoridad decisoria de que el Estado miembro del que esta depende ha decidido ampliar el plazo del procedimiento de examen de su solicitud y, por otro, recibir, a petición propia, toda la información sobre las razones de dicha ampliación y el plazo en el que es probable que su solicitud sea objeto de decisión.
36      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo
31, apartado
3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32, en relación con el artículo
4, apartado
1, de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro puede decidir, en varias ocasiones y de manera consecutiva, ampliar el plazo aplicable al procedimiento de examen de las solicitudes de protección internacional de que conoce, siempre que ese Estado miembro pueda demostrar, por una parte, que, a pesar de los esfuerzos realizados para hacer frente a la afluencia simultánea de solicitudes de protección internacional, no ha dispuesto de tiempo suficiente para cumplir su obligación de asignar a la autoridad decisoria medios adecuados y suficientes para permitirle tramitar esas solicitudes de manera adecuada y completa y, por otra parte, que la duración acumulada de las ampliaciones sucesivas no excede ni del tiempo que necesita para cumplir esta obligación ni del plazo máximo de veintiún meses a partir de la presentación de una solicitud de protección internacional concreta.
Costas
37      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
El artículo 31, apartado 3, párrafo tercero, letra b), de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, en relación con el artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva,
debe interpretarse en el sentido de que
un Estado miembro puede decidir, en varias ocasiones y de manera consecutiva, ampliar el plazo aplicable al procedimiento de examen de las solicitudes de protección internacional de que conoce, siempre que ese Estado miembro pueda demostrar, por una parte, que, a pesar de los esfuerzos realizados para hacer frente a la afluencia simultánea de solicitudes de protección internacional, no ha dispuesto de tiempo suficiente para cumplir su obligación de asignar a la autoridad decisoria medios adecuados y suficientes para permitirle tramitar esas solicitudes de manera adecuada y completa y, por otra parte, que la duración acumulada de las ampliaciones sucesivas no excede ni del tiempo que necesita para cumplir esta obligación ni del plazo máximo de veintiún meses a partir de la presentación de una solicitud de protección internacional concreta.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: neerlandés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.