SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
de 28 de junio de 2016 (*)
«Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Suministro e instalación de mobiliario y accesorios en los edificios de la EUIPO — Desestimación de la oferta de un licitador — Recurso de anulación — Decisión de adjudicación — Inexistencia de afectación directa — Inadmisibilidad — Obligación de motivación — Principio de buena administración — Proporcionalidad — Régimen de exclusión de las ofertas — Responsabilidad extracontractual — Perjuicio material — Daño moral»
En el asunto T‑652/14,
AF Steelcase, S.A., con domicilio social en Madrid, representada por los Sres. S. Rodríguez Bajón y A. Gómez-Acebo Dennes, abogados,
parte demandante,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada inicialmente por los Sres. N. Bambara y M. Paolacci y posteriormente por los Sres. Bambara y J.F. Crespo Carrillo, en calidad de agentes,
parte demandada,
que tiene por objeto, por una parte, una pretensión basada en el artículo 263 TFUE y dirigida a la anulación de la decisión de la EUIPO de 8 de julio de 2014 mediante la que se desestimó la oferta presentada por la demandante en el marco de una licitación para el suministro e instalación de mobiliario y accesorios en los edificios de la EUIPO (DO 2014/S 023-035020) y de las decisiones conexas a la decisión de desestimar la oferta de la demandante, incluida, en su caso, la decisión de adjudicación, así como una petición de reanudación del procedimiento de licitación en la fase anterior a la decisión de 8 de julio de 2014, y, por otra parte, una pretensión de indemnización, con arreglo al artículo 268 TFUE, dirigida a obtener la reparación de los daños que la demandante alega haber sufrido,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),
integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. S. Gervasoni y L. Madise (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de febrero de 2016;
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        Mediante una convocatoria de licitación de 1 de febrero de 2014, publicada en el Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea (DO 2014, S 23) con el número 2014/S 023-035020, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) convocó una licitación para la celebración de un contrato marco de un año de duración, renovable anualmente por un período máximo de cuatro años, para el suministro e instalación en sus edificios de mobiliario y accesorios (lote 1) y de señalética (lote 2), precisando que los licitadores podrían presentar una oferta por ambos lotes o por uno solo.
2        El procedimiento previsto en la convocatoria de licitación de que se trata era un procedimiento abierto con adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. A tenor de la Guía para los licitadores aprobada por la EUIPO (en los sucesivo, «Guía para los licitadores»), el procedimiento en cuestión se regía por el artículo 104, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»), y por el artículo 127, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (DO 2012, L 362, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento Delegado»).
3        Según lo previsto en la Guía para los licitadores, el procedimiento de licitación de que se trata constaba de varias fases, en particular una fase de evaluación, en la que la EUIPO valoraba las ofertas recibidas según los criterios establecidos en la convocatoria de licitación, y una fase de adjudicación, que comenzaba con la firma de la decisión de adjudicación, seguida de la notificación de los resultados a todos los licitadores.
4        El punto 9 de la Guía para los licitadores, que lleva como epígrafe «Evaluación de los licitadores y las ofertas», dispone que «[l]a evaluación de las ofertas correrá a cargo del Comité de Evaluación específicamente nombrado al efecto y que trabaja en condiciones de estricta confidencialidad» y que «[u]na vez finalizada la evaluación, el Comité de Evaluación elaborará un informe dirigido al ordenante responsable, quien adoptará la decisión final sobre la adjudicación del contrato». Dispone asimismo que «[l]as ofertas se evaluarán en cuatro fases, de acuerdo con los requisitos y criterios establecidos explícitamente con antelación en el anuncio de contrato y/o la convocatoria de licitación», y que «[s]olo pasarán a la siguiente fase de la evaluación las ofertas que reúnan los requisitos correspondientes a cada una de las fases del procedimiento». Las fases en cuestión son las siguientes: exclusión, selección, evaluación y adjudicación. En la fase de adjudicación sólo se tomaban en consideración las ofertas que hubieran superado la fase anterior, en la que eran evaluadas tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista financiero.
5        Las ofertas relativas al lote 1 debían comprender dos partes ―a saber, una parte técnica y otra financiera― y ser presentadas utilizando el modelo de formulario de respuesta (en lo sucesivo, «formulario de respuesta»). Cada licitador debía incluir en su oferta un catálogo de artículos agrupados por subfamilias, siguiendo las especificaciones técnicas, y rellenar el documento relativo a la propuesta financiera que figuraba en el anexo 20 del formulario de respuesta (en lo sucesivo, «anexo 20»). En la página inicial del anexo 20 se indicaba que la oferta económica se redactaría «a partir de los cuadros de precios que se adjuntan en las páginas siguientes» y que el licitador debía «cumplimentar todas las celdas [casillas] sombreadas en gris» de dicho anexo. En la misma página se precisaba que las ofertas que dejaran sin cumplimentar alguna de las celdas (casillas) sombreadas en gris quedarían excluidas.
6        La penúltima columna de este anexo 20, compuesta de casillas sombreadas en gris, llevaba como epígrafe «Descuento sobre catálogo con todos los gastos incluidos para cada subfamilia (%) (*)», y el asterisco remitía a una nota a pie de página así redactada: «Estos descuentos por subfamilias tendrán carácter contractual por lo que será[n] de aplicación sobre cualquier pedido que se realice sobre el[/los] catálogo/s del contratista durante la vigencia del contrato». Además, los puntos 4 y 8 de las especificaciones técnicas, relativos al «alcance del contrato» y al «protocolo de solicitud de pedidos», indicaban que la EUIPO «podrá solicitar al contratista cualquiera de los artículos que figuren en su[/s] catálogo/s que formarán parte de su oferta con el descuento reflejado para cada familia o subfamilias y que deberá cumplimentar» y que la «relación de artículos especificados en [el anexo 20] no tendrá carácter exhaustivo».
7        La demandante, AF Steelcase, S.A., es una empresa especializada en el diseño, fabricación, asesoramiento y venta de mobiliario de oficina. Presentó a la EUIPO una oferta por el lote 1.
8        Mediante escrito de 8 de julio de 2014, la EUIPO comunicó a la demandante su decisión de excluir la oferta de ésta (en lo sucesivo, «decisión de desestimación de la oferta»), debido a que, contrariamente a las indicaciones del formulario de respuesta, tal oferta contenía una modificación de las casillas correspondientes a los descuentos por familias de artículos en la tabla de precios que figuraba en el anexo 20. En ese mismo escrito, la EUIPO informó también a la demandante de su intención de adjudicar el lote 1 a otro licitador, Actiu Berbegal y Formas, S.A., cuya oferta había sido considerada la más ventajosa económicamente por el Comité de Evaluación.
9        Mediante otra decisión de 8 de julio de 2014 (en lo sucesivo, «decisión de adjudicación»), la EUIPO adjudicó el lote 1 a otro licitador, a saber, la mencionada sociedad Actiu Berbegal y Formas.
10      Mediante escrito de 14 de julio de 2014, la demandante comunicó a la EUIPO su intención de interponer recurso contra la decisión de desestimación de su oferta.
11      El 22 de julio de 2014, la demandante presentó ante la EUIPO una solicitud de examen complementario de su oferta, en la que se indicaban las razones por las cuales, a su entender, la decisión de desestimar su oferta era contraria a Derecho.
12      Mediante escrito de 8 de agosto de 2014, en repuesta a los escritos de la demandante de 14 y 22 de julio de 2014, la EUIPO denegó a ésta su solicitud de examen complementario y le hizo saber, entre otras cosas, que, al modificar el anexo 20, había presentado una oferta financiera incompleta, no conforme al objeto de la licitación y que, por consiguiente, no había podido compararla con las demás ofertas financieras. Según la EUIPO, la oferta de la demandante era incompleta porque faltaba determinada información relativa a los descuentos por subfamilia de artículos. La EUIPO afirmaba que, al no disponer de esa información, no pudo determinar el precio de la oferta basándose en los elementos requeridos por los documentos de la licitación, es decir, en particular, la indicación de un descuento único por subfamilia de artículos. A juicio de la EUIPO, tal como se desprende de los documentos de la licitación, esa indicación tenía carácter contractual y le permitía conocer el descuento igualmente aplicable a los demás artículos del catálogo o catálogos adjuntos a las ofertas, artículos que la EUIPO podía elegir en el curso de la duración prevista del contrato, dado que los 35 artículos del anexo 20 no se enumeraban con carácter exhaustivo. Asimismo, la EUIPO precisaba que no había ninguna razón para pedir aclaraciones a la demandante, ya que su oferta no era ambigua ni adolecía de ningún error material manifiesto que pudiera justificar tal petición.
13      El 28 de agosto de 2014, una vez vencido el plazo de 14 días de espera previa previsto desde el envío de la decisión de desestimación de la oferta el 8 de julio de 2014, la EUIPO celebró el acuerdo marco con el primer clasificado.
14      El 19 de septiembre de 2014, se publicó en el Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea (DO 2014/S 180-316746) el anuncio de adjudicación de contrato y quedó cerrado el procedimiento de licitación.
Procedimiento y pretensiones de las partes
15      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 8 de septiembre de 2014, la demandante interpuso el presente recurso.
16      Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de septiembre de 2014, la demandante formuló una demanda de medidas provisionales, en la que, en particular, solicitó al Tribunal que suspendiese la tramitación del procedimiento de licitación, sus efectos y todos sus actos conexos y derivados.
17      La EUIPO presentó su escrito de contestación el 21 de noviembre de 2014.
18      Mediante auto de 5 de diciembre de 2014, AF Steelcase/OAMI (T‑652/14 R, no publicado, EU:T:2014:1026), el Presidente del Tribunal desestimó la demanda de medidas provisionales y reservó la decisión sobre las costas.
19      La réplica y la dúplica se presentaron, respectivamente, el 14 de enero y el 2 de marzo de 2015.
20      A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda), en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89 de su Reglamento de Procedimiento, instó a la EUIPO a que le remitiese la versión original del anexo 20 y el pliego de condiciones relativos a la convocatoria de licitación número 214/S 023-035020.
21      La EUIPO cumplimentó dicho requerimiento en el plazo fijado.
22      La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la decisión de desestimación de su oferta.
–        Anule todas las demás decisiones conexas de la EUIPO en relación con la licitación de referencia, incluida, en su caso, la decisión de adjudicación.
–        Ordene la reanudación del procedimiento de licitación en la fase anterior a la decisión de desestimación de su oferta a fin de que ésta sea valorada.
–        Con carácter subsidiario, en caso de que ya no sea posible la reanudación del procedimiento de licitación en la fase anterior a la decisión de desestimación de su oferta, condene a la EUIPO a abonarle, por una parte, 20 380 euros en concepto de indemnización del perjuicio material y, por otra parte, 24 000 euros en concepto de indemnización del daño moral.
–        Condene en costas a la EUIPO.
23      La EUIPO solicita al Tribunal que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso o lo desestime por infundado.
–        En cualquier caso, condene en costas a la demandante.
24      Interrogada al respecto en la vista, la demandante precisó que, mediante su segunda pretensión, solicitaba únicamente la anulación de la decisión de adjudicación.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de los documentos aportados por la demandante en la vista
25      En la vista, la demandante solicitó al Tribunal autorización para aportar a los autos, en primer lugar, un escrito de la EUIPO de 6 de mayo de 2014 en el que se instaba a uno de los licitadores a facilitar aclaraciones en cuanto a su oferta correspondiente al lote 2; en segundo lugar, la respuesta de dicho licitador de 8 de mayo de 2014, y, en tercer lugar, el informe de 30 de junio de 2014 redactado por el Comité de Evaluación con el fin de indicar a la EUIPO la oferta económicamente más ventajosa correspondiente a cada lote (véase el anterior apartado 4). Según precisó ella misma en la vista, la demandante había solicitado a la EUIPO los mencionados documentos una vez finalizada la fase escrita del procedimiento y los aportó en la vista a fin de demostrar que, en el marco del procedimiento de licitación de que se trata, la EUIPO había pedido a uno de los licitadores aclaraciones en relación con su oferta, mientras que se había abstenido de hacerlo en el caso de la oferta de la demandante.
26      La EUIPO alegó la inadmisibilidad de los referidos documentos, argumentando que su incorporación a los autos supondría permitir a la demandante invocar un motivo nuevo, basado en la violación del principio de igualdad de trato entre los licitadores.
27      La demandante replicó que los documentos en cuestión servían de apoyo al motivo basado en la violación del principio de buena administración que había invocado en la demanda.
28      El Tribunal tuvo conocimiento en la vista de los documentos en cuestión, reservando su decisión en cuanto a la admisibilidad de los mismos.
29      Según el artículo 85, apartados 1 a 3, del Reglamento de Procedimiento, que reproduce en lo sustancial lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, y en el artículo 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991:
«1.      Las pruebas y la proposición de prueba se presentarán en el primer turno de escritos de alegaciones.
2.      En la réplica y en la dúplica las partes principales podrán aún aportar pruebas o proponer pruebas en apoyo de sus alegaciones, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen.
3.      Excepcionalmente, las partes principales podrán aún aportar o proponer pruebas antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen.»
30      En el caso de autos, la demandante se limitó a indicar que, con posterioridad a la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento, había hecho gestiones ante la EUIPO con el fin de averiguar si existían documentos relativos a posibles peticiones de aclaraciones que la EUIPO hubiera remitido a otros licitadores y, en caso de respuesta afirmativa, solicitar que se le diera traslado de los mismos.
31      Así pues, la razón de que los documentos en cuestión se hubieran aportado en la vista obedecía al hecho de que la demandante únicamente había solicitado el acceso a tales documentos con posterioridad a la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento.
32      Ahora bien, tal motivación no justifica que los documentos en cuestión se hayan aportado en la vista. En efecto, habida cuenta de las fechas de los documentos mencionados en el anterior apartado 25, la demandante habría podido perfectamente llevar a cabo ante la EUIPO las gestiones necesarias para que se le diera traslado de dichos documentos antes de interponer recurso ante el Tribunal el 8 de septiembre de 2014.
33      Habida cuenta de todo lo expuesto, procede considerar que no existen circunstancias particulares que justifiquen que los documentos mencionados en el anterior apartado 25 se hayan aportado en la vista. Por consiguiente, los documentos en cuestión no pueden incorporarse a los autos.
Sobre la admisibilidad de la pretensión de que se ordene la reanudación del procedimiento de licitación en la fase anterior a la decisión de desestimación de la oferta de la demandante
34      La EUIPO considera que la pretensión de reanudación del procedimiento de licitación en la fase anterior a la decisión de desestimar la oferta de la demandante es inadmisible, porque equivale a solicitar al juez de la Unión que dicte órdenes conminatorias a una institución europea, lo cual, a su entender, con arreglo al artículo 266 TFUE, rebasa el ámbito de las competencias del juez de la Unión.
35      La demandante alega que, en caso de anulación de la decisión de desestimación de una oferta y de las decisiones posteriores de un procedimiento de licitación, la institución de la Unión Europea que debe, en virtud del artículo 266 TFUE, adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal estará obligada a sustituir la decisión contraria a Derecho por otra decisión y a reanudar el procedimiento de licitación en la fase que precedió a la decisión ilegal, salvo si ello ya no fuera materialmente posible, en cuyo caso deberá reparar el perjuicio sufrido por la demandante concediendo una indemnización por daños y perjuicios.
36      Ahora bien, constituye jurisprudencia reiterada que, en el marco del control de legalidad basado en el artículo 263 TFUE, el Tribunal no es competente para dirigir órdenes conminatorias a las instituciones, los órganos o los organismos de la Unión ni para sustituir la actuación de éstos por la suya propia. En efecto, con arreglo al artículo 264 TFUE, el Tribunal tiene únicamente la posibilidad de anular el acto impugnado. Corresponde luego a la institución de que se trate, de conformidad con el artículo 266 TFUE, adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal (véase la sentencia de 16 de diciembre de 2010, HIT Trading y Berkman Forwarding/Comisión, T‑191/09, no publicada, EU:T:2010:535, apartado 20 y jurisprudencia citada).
37      Así pues, de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 36 se desprende que incumbe a las instituciones afectadas determinar las medidas que han de adoptar para restablecer a la parte demandante en la situación en la que se encontraba antes de la adopción del acto impugnado. No es competencia del Tribunal ordenar a las instituciones afectadas qué medidas deben adoptar.
38      Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión de que se ordene la reanudación del procedimiento en la fase anterior a la decisión de desestimación de la oferta de la demandante.
Sobre la pretensión de que se anule la decisión de desestimación de la oferta de la demandante
39      Para fundamentar su pretensión de que se anule la decisión de desestimación de su oferta, la demandante invoca tres motivos, el primero de ellos basado en el incumplimiento de la obligación de motivación; el segundo, en la violación de los principios de buena administración y de proporcionalidad y, el tercero, en la infracción del régimen de exclusión de las ofertas de los licitadores.
Sobre el primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
40      Mediante el primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, la demandante sostiene, por un lado, que la decisión de desestimación contiene una insuficiente motivación de las causas en las cuales se basa la exclusión de su oferta. Por otro lado, a la luz del escrito de 8 de agosto de 2014, recibido como respuesta a su solicitud de examen complementario de su oferta, la empresa demandante alega que las causas de exclusión indicadas en la decisión de desestimación de su oferta ―a saber, que dicha empresa «ha modificado las casillas correspondientes al descuento por familias de la tabla de precios» que contenía el anexo 20― son diferentes de las que se indican en el escrito de 8 de agosto de 2014, a saber, que la empresa demandante «ha producido una oferta incompleta y la consecuente imposibilidad, por parte de la [EUIPO], de compararla con las otras ofertas financieras en función de su precio». Por lo tanto, concluye la demandante, la motivación expuesta por la EUIPO resulta incompatible con el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y con el artículo 18 del Código europeo de buena conducta administrativa adoptado a raíz de la resolución del Parlamento Europeo de 6 de septiembre de 2001 (DO 2002, C 72, p. 331), aplicable en el caso de autos de conformidad con el punto 1 de la Guía para los licitadores.
41      La EUIPO cuestiona la admisibilidad del motivo basado en la motivación insuficiente, alegando que la demandante no concretó las razones que permiten considerar que la decisión de desestimación de su oferta no estaba suficientemente motivada, sino que se limitó a indicar que la motivación de dicha decisión resultaba contraria al derecho de defensa, basando su argumentación en el artículo 41 de la Carta, que no se aplica a las personas jurídicas como la demandante, y en la infracción del artículo 18 del Código europeo de buena conducta administrativa, que no es vinculante para la EUIPO. Por último, la EUIPO cuestiona también el carácter fundado del primer motivo.
42      Con carácter preliminar, es menester precisar que, tal como consta en acta, la EUIPO, interrogada en la vista acerca de la aplicabilidad del artículo 41 de la Carta a las personas jurídicas, como lo es la sociedad demandante, renunció a defender que dicho artículo no resultaba aplicable a la demandante. Por lo demás, la jurisprudencia ha precisado que el artículo en cuestión se aplica a toda persona, incluidas las personas jurídicas (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de febrero de 2013, Bank Saderat Iran/Consejo, T‑494/10, EU:T:2013:59, apartado 34).
43      Con carácter principal, procede recordar que, a tenor del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta, la administración tiene la obligación de motivar sus decisiones. Según reiterada jurisprudencia, esta obligación de motivación implica que, con arreglo al artículo 296 TFUE, el autor de un acto debe mostrar de forma clara e inequívoca el razonamiento en el que éste se basa, de modo que, por un lado, los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otro, el juez pueda ejercer su control (véase la sentencia de 26 de septiembre de 2014, B&S Europe/Comisión, T‑222/13, no publicada, EU:T:2014:837, apartado 24 y jurisprudencia citada).
44      La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia de 23 de mayo de 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, no publicada, EU:T:2014:275, apartado 153 y jurisprudencia citada).
45      En el marco de un procedimiento de licitación abierto como el aquí se examina, las disposiciones normativas que determinan el contenido de la obligación de motivación que incumbe al órgano de contratación frente al candidato o licitador que no ha sido seleccionado son las contenidas en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento Financiero y en el artículo 161, apartado 2, del Reglamento Delegado (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Ricoh Belgium/Consejo, T‑691/13, no publicada, EU:T:2015:641, aparado 34). Según el artículo 113, apartado 2, del Reglamento Financiero, el órgano de contratación informará a los candidatos o licitadores no seleccionados de los motivos por los que se hubiere desestimado su candidatura u oferta. En virtud del artículo 161, apartado 2, del Reglamento Delegado, el órgano de contratación comunicará, en el plazo máximo de 15 días naturales a partir de la recepción de una solicitud por escrito, la información a que se refiere el artículo 113, apartado 2, del Reglamento Financiero.
46      La jurisprudencia precisó asimismo que la obligación de motivación debía apreciarse en función de la información de la que disponía el demandante en el momento de interponer el recurso (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de abril de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión, T‑49/09, no publicada, EU:T:2012:186, apartado 36 y jurisprudencia citada, y de 23 de mayo de 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, no publicada, EU:T:2014:275, apartado 167 y jurisprudencia citada).
47      Por último, ha de recordarse que la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE constituye un requisito sustancial de forma que debe distinguirse de la cuestión del carácter fundado de la motivación, pues ésta corresponde al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo (véase la sentencia de 23 de mayo de 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, no publicada, EU:T:2014:275, apartado 154 y jurisprudencia citada).
48      En primer lugar, en el presente caso procede observar que de la decisión de desestimación de la oferta de la demandante se desprende que la EUIPO no se contentó con informar a aquélla acerca de la exclusión de su oferta, sino que le indicó las razones para tal exclusión, a saber, la modificación ―sobre la que no existe controversia― de las casillas sombreadas en gris que figuraban en la tabla de precios contenida en el anexo 20 y que correspondían a los descuentos por subfamilias de artículos.
49      En segundo lugar, es preciso subrayar que, mediante escrito de 14 de julio de 2014 (véase el anterior apartado 10), la demandante informó a la EUIPO de su intención de interponer un recurso contra la decisión de desestimación de su oferta, sin solicitar a ésta mayores explicaciones. Además, mediante escrito de 22 de julio de 2014 (véase el anterior apartado 11), la demandante presentó ante la EUIPO una solicitud de examen complementario de su oferta, en la que se indicaban, por un lado, las razones por las cuales consideraba que la formulación de su oferta era conforme a las prescripciones de la convocatoria de licitación controvertida y, por otro lado, que la EUIPO debería, en todo caso, haberle pedido aclaraciones a este respecto.
50      Por último, conviene recordar que, en su escrito de 8 de agosto de 2014 (véase el anterior apartado 12), la EUIPO explicó a la demandante que la modificación de su oferta había tenido como consecuencia que su proposición financiera resultara incompleta, lo que no permitía comparar útilmente esta oferta con las demás. La EUIPO resaltó también el carácter contractual de los descuentos que figuraban en la tabla de precios contenida en el anexo 20 y la utilidad de éstos para los futuros pedidos que se realizaran a lo largo de la duración del contrato sobre la base de los catálogos del licitador seleccionado, pedidos que podían referirse a artículos distintos de los que figuraban en el citado anexo 20, cuyo número era de 35. Finalmente, la EUIPO precisó que no había considerado necesario ponerse en contacto con la demandante, puesto que no se trataba de corregir un error material manifiesto ni de disipar una ambigüedad.
51      Pues bien, procede hacer constar que la demandante impugnó las razones de su exclusión en el marco de su escrito de 22 de julio de 2014, sin tener necesidad de solicitar explicaciones adicionales. Así pues, la EUIPO indicó, de modo suficiente con arreglo a Derecho, las razones por las que había decidido excluir la oferta de la demandante, de manera que su escrito de 8 de agosto de 2014, lejos de haber efectuado una sustitución de la motivación, se limitó a reproducir las razones de la exclusión que ya figuraban en la decisión de desestimación de la oferta, tales como el incumplimiento de las prescripciones contenidas en el anexo 20, especificando las consecuencias de la modificación en cuestión, a saber, la imposibilidad de comparar la oferta de la demandante con las ofertas de los demás licitadores.
52      Procede, pues, considerar que las razones expuestas por la EUIPO en la decisión de desestimación de la oferta se atienen a la exigencia de motivación contemplada en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo. En efecto, por un lado, la EUIPO indicó de forma suficiente con arreglo a Derecho las razones por las que había excluido la oferta de la demandante, primero de un modo conciso, y a continuación con más detalle para responder a las alegaciones formuladas por la demandante en su escrito de 22 de julio de 2014. Por otro lado, en el escrito de 8 de agosto de 2014, la EUIPO no procedió a sustituir la motivación, sino que recordó y precisó las razones para excluir la oferta de la demandante, de conformidad con la evolución de las conversaciones mantenidas con esta última. En todo caso, no es baladí observar que la motivación de la decisión de desestimar la oferta de la demandante permitió a ésta acudir al juez de la Unión para cuestionar la conformidad a Derecho de dicha decisión, como se deduce de los motivos que la propia demandante ha invocado en el marco del presente recurso para cuestionar el carácter fundado de esa misma decisión. De lo anterior se deduce que la demandante tuvo la posibilidad de conocer y refutar oportunamente las razones que llevaron a la EUIPO a excluir su oferta y que el Tribunal está en condiciones de examinar si tales razones tienen o no fundamento.
53      En tales circunstancias, procede desestimar el primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, sin que resulte necesario pronunciarse, por un lado, sobre la admisibilidad de ese motivo y, por otro, sobre si el artículo 18 del Código europeo de buena conducta administrativa vincula o no a la EUIPO, en la medida en que dicho artículo reproduce y precisa, en lo sustancial, el contenido del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta.
Sobre los motivos segundo y tercero, uno de ellos basado en la violación de los principios de buena administración y de proporcionalidad y el otro en la inobservancia del régimen de exclusión de las ofertas
54      Con carácter preliminar, es necesario precisar que la demandante reconoció en la vista que era errónea la referencia al artículo 8 del pliego de condiciones, tal como figuraba en el escrito de demanda. En efecto, la demandante confirmó que su intención, en realidad, era referirse al punto 10 de la Guía para los licitadores.
55      Con carácter principal, conviene recordar que, mediante sus motivos segundo y tercero, que procede examinar conjuntamente, la demandante reprocha a la EUIPO haber violado los principios de buena administración y de proporcionalidad y no haberse atenido a las normas sobre la exclusión de las ofertas de los licitadores aplicables en el caso de autos. Según la demandante, antes de adoptar la decisión de desestimar su oferta, la EUIPO debería haber actuado con prudencia y diligencia, conforme a los principios de buena administración y de proporcionalidad, y haberse puesto en contacto con ella a fin de permitirle corregir la divergencia en el formato constatada en su oferta en relación con las indicaciones contenidas en el anexo 20. En efecto, el punto 10 de la Guía para los licitadores, el artículo 96, apartado 2, del Reglamento Financiero y el artículo 160, apartado 3, del Reglamento Delegado autorizan al órgano de contratación a ponerse en contacto con los licitadores para instarles a aportar aclaraciones o corregir errores materiales manifiestos que no afecten a los términos esenciales de la oferta. La demandante aduce que, como la divergencia en el formato de su oferta, que es consecuencia del «desglose […] del descuento por artículos», puede ser corregida mediante un sencillo cálculo, no supone una modificación de los términos esenciales de la oferta. La demandante llega así a la conclusión de que la EUIPO hubiera debido dirigirse a ella pidiéndole aclaraciones. Una petición de esta naturaleza no habría vulnerado el principio de igualdad de trato entre los licitadores, pues no habría tenido como efecto permitirle modificar los términos de su oferta, que contenía ya todos los requisitos esenciales relativos a los descuentos y a los precios de los artículos. En cambio, concluye la demandante, no puede justificarse la exclusión de su oferta en virtud del artículo 158, apartado 3, del Reglamento Delegado, que autoriza al órgano de contratación a eliminar las ofertas que no contengan todos los requisitos esenciales exigidos en los documentos de licitación, habida cuenta de que su oferta sí contenía tales requisitos.
56      La demandante añade que, al decidir excluir su oferta, la EUIPO violó igualmente el principio de proporcionalidad. En efecto, tras recordar que todos los licitadores tenían derecho a ser evaluados sobre la base de criterios objetivos, a fin de respetar el principio de igualdad de trato, la demandante precisa que la modificación de las casillas correspondientes al descuento por subfamilias de la tabla de precios incluida en el anexo 20 no suponía dificultad alguna para la comparación y valoración de las ofertas. La comparación financiera de las ofertas podría haberse realizado basándose únicamente en los precios y no en los descuentos, dado que una comparación basada en los descuentos podría producir el efecto de favorecer a una oferta más onerosa que aplicara un descuento más elevado a un precio base más elevado, en relación con una oferta que presentara un porcentaje de descuento menor aplicado a un precio base más bajo. En presencia de una modificación meramente formal, la EUIPO, en lugar de excluir la oferta de la demandante, habría podido aplicar el baremo previsto en el criterio 5, mencionado en el pliego de condiciones correspondiente a la convocatoria de licitación y relativo a la «calidad documental de la oferta en sí misma» (10 puntos), a saber: 2,5 puntos por el contenido documental, 2,5 puntos por la presentación, 2,5 puntos por la pertinencia de la información aportada y 2,5 puntos por la claridad de la estructura. La demandante aduce que, de este modo, la desestimación de su oferta resulta desproporcionada en relación con el objetivo perseguido, a saber, obtener la oferta económicamente más ventajosa, y es contraria al objetivo de promover la concurrencia de ofertas.
57      En cuanto al principio de buena administración, procede recordar de inmediato que, en virtud del artículo 41 de la Carta, toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. A este respecto, la jurisprudencia ha precisado que el mencionado principio obliga a la administración a examinar cuidadosa e imparcialmente todos los datos pertinentes del asunto, a recabar todos los datos de hecho y de Derecho necesarios para el ejercicio de su facultad de apreciación y a garantizar el correcto desarrollo y la eficacia de los procedimientos tramitados por ella (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Brookfield New Zealand y Elaris/OCVV y Schniga, C‑534/10 P, EU:C:2012:813, apartado 51).
58      A continuación, conviene precisar que, si bien la demandante reprocha a la EUIPO haber incurrido en errores de Derecho y de apreciación, no aduce ningún argumento idóneo para demostrar que dicha institución, además de haber incurrido en tales errores, se haya abstenido de examinar su oferta cuidadosa e imparcialmente y dentro de un plazo razonable. La demandante alega, en particular, que la EUIPO debería haber actuado con prudencia y diligencia y, antes de adoptar la decisión de desestimar su oferta, debería haberle requerido para que aportara aclaraciones, de conformidad con el punto 10 de la Guía para los licitadores ―que lleva como epígrafe «Aclaración de las ofertas»―, con el artículo 96, apartado 2, del Reglamento Financiero ―cuyo epígrafe es «Buena administración»― y con el artículo 160, apartado 3, del Reglamento Delegado ―que lleva como epígrafe «Contactos entre los órganos de contratación y los licitadores»―. La demandante añade que el desglose de los descuentos suponía una variación de escasa entidad que no afectaba a los términos esenciales de su oferta, puesto que los descuentos no formaban parte de los «requisitos esenciales» y dado que el criterio fundamental era el precio final. De este modo, concluye la demandante, las precisiones aportadas a raíz de la petición de aclaraciones no son contrarias al artículo 158, apartado 3, del Reglamento Delegado.
59      El punto 10 de la Guía para los licitadores prevé que si fuera necesario obtener aclaraciones en relación con alguna oferta o si se hubieran de corregir errores evidentes en la redacción de la misma, la Oficina podrá ponerse en contacto por escrito con el licitador, sin que tal contacto pueda entrañar, en ningún caso, una modificación de los términos de la oferta.
60      Según el artículo 96, apartado 2, del Reglamento Financiero:
«Cuando, a raíz de un error material manifiesto por parte del solicitante o del licitador, el solicitante [o] el licitador no presente pruebas o declaraciones, el comité de evaluación o, si procede, el ordenador competente deberá, excepto en los casos debidamente justificados, pedir al solicitante o al licitador que presente la información que falta o que aclare los documentos justificativos. Dicha información o aclaración no modificará sustancialmente la propuesta ni los términos de la oferta.»
61      El artículo 160, apartado 3, del Reglamento Delegado dispone que, «[e]n el supuesto de que, tras la apertura de las ofertas, una oferta requiriera aclaración o fuera preciso corregir errores materiales manifiestos en su redacción, el órgano de contratación podrá tomar la iniciativa de ponerse en contacto con el licitador, sin que tal contacto pueda entrañar, en ningún caso, una modificación de los términos de la oferta».
62      Según el artículo 158, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento Delegado, «[q]uedarán eliminadas las solicitudes de participación y las ofertas que no contengan todos los requisitos esenciales exigidos en los documentos de licitación».
63      Por otro lado, de la jurisprudencia se desprende que la observancia de los principios generales del Derecho puede generar la obligación del órgano de contratación de ponerse en contacto con un licitador. Así sucede, en particular, cuando manifiestamente es a la vez materialmente posible y necesario obtener precisiones en relación con la oferta de un licitador. Cuando el tenor literal de una oferta y las circunstancias del caso de las que tiene conocimiento el órgano de contratación indiquen que es probable que la ambigüedad pueda explicarse con sencillez y disiparse con facilidad, resultará, en principio, contrario a la norma general de buena administración que el comité de evaluación rechace la oferta de un licitador sin ejercitar su facultad de pedir precisiones. En cambio, si el órgano de contratación no tiene la posibilidad de determinar con eficacia y rapidez a qué corresponde efectivamente la oferta en cuestión, no quedará más opción que rechazar ésta, debiendo recordarse que, en interés de la seguridad jurídica, es esencial que el órgano de contratación esté en condiciones de verificar con precisión el contenido de la oferta y, en particular, la conformidad de ésta con los requisitos previstos en la convocatoria de licitación (véase la sentencia de 23 de mayo de 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, no publicada, EU:T:2014:275, apartados 299 y 300 y jurisprudencia citada).
64      La jurisprudencia ha precisado también que el contacto con el licitador en ningún caso podía dar lugar a una modificación de los términos de la oferta (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de abril de 2014, Evropaïki Dynamiki/Comisión, T‑340/09, no publicada, EU:T:2014:208, apartado 168).
65      Por otro lado, ha de recordarse que la finalidad del procedimiento de adjudicación de un contrato es satisfacer en las mejores condiciones posibles las necesidades del órgano de contratación. Por consiguiente, el órgano de contratación debe poder definir libremente el objeto de un contrato público en función de sus necesidades, lo que implica que no puede estar obligado a tomar en consideración una oferta relativa a un objeto distinto al que ella busca, tal y como se enuncia en los documentos de licitación (sentencia de 13 de septiembre de 2011, Dredging International y Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, apartado 68). Las consecuencias de que la oferta no sea conforme con el objeto del contrato se regulan en el artículo 158, apartado 3, del Reglamento Delegado, recordado en el anterior apartado 62 (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2011, Dredging International y Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, apartado 67).
66      Por una parte, a la luz tanto de las disposiciones mencionadas en los anteriores apartados 60 y 61 como de la jurisprudencia citada en los apartados 63 y 64, procede constatar que la modificación que la demandante introdujo en la formulación de su oferta no puede calificarse de error material manifiesto, ya que, como pone de relieve acertadamente la EUIPO y confirma la demandante, tal modificación en relación con las prescripciones del anexo 20 no había sido introducida por error, sino deliberadamente, «con la intención de proporcionar una información más útil y detallada a la [EUIPO] que aportara una valoración extra positiva a la presentación de la oferta». Además, tal y como la EUIPO indica fundadamente en el escrito de 8 de agosto de 2014, mencionado en el anterior apartado 12, los precios finales para cada artículo del citado anexo 20 que figuran en la oferta de la demandante son coherentes con los descuentos que ella misma indica «por artículo». En efecto, aplicando tales descuentos al precio de cada artículo, se obtienen los precios finales que indica la demandante en su oferta. Así pues, los cálculos son correctos y no adolecen de ningún error manifiesto.
67      Por otra parte, procede observar que la redacción de la oferta de la demandante no contiene ninguna ambigüedad. Tal y como alega fundadamente la EUIPO, la oferta de la demandante, al indicar los descuentos individuales para cada uno de los 35 artículos del anexo 20, era clara en lo que proponía. Así pues, presentada de ese modo, la oferta contravenía las prescripciones de la penúltima columna del citado anexo, que prevé que se indique un descuento único para cada subfamilia de artículos. La observancia de tal indicación se veía facilitada por el hecho de que los diferentes artículos que forman una subfamilia estaban agrupados en todos los casos en una misma casilla que se resaltaba al sombrearla en gris. Esa forma de presentar los descuentos en el anexo 20 se distinguía claramente de la utilizada para el «precio unitario sobre catálogo», para el «precio total sobre catálogo» y para el «importe final con todos los gastos incluidos», pues esos precios y ese importe se referían a cada artículo individual.
68      En lo que atañe a la alegación de la demandante orientada a argumentar que la EUIPO podría haber calculado fácilmente los descuentos por subfamilia, dicha institución replica con acierto que existen diferentes métodos para convertir los descuentos individuales en un descuento único, métodos que consisten bien en calcular la media ponderada del descuento para cada subfamilia de productos, dividiendo el importe total final (tras aplicar el descuento) de los artículos de una subfamilia por el importe total original (sin descuento) de esos artículos, bien en calcular la media aritmética, sumando los descuentos indicados para los diferentes artículos de una misma subfamilia y dividiendo el resultado obtenido por el número de artículos. Así pues, la incertidumbre sobre cuál de los dos métodos escogería la demandante para determinar un único descuento para cada subfamilia no podía calificarse de ambigüedad en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 63.
69      Si la EUIPO hubiera tomado contacto con la demandante para saber cuál era el «buen» método de conversión que debía aplicarse, la respuesta de esta última habría llevado, en cualquier caso, a una modificación de los términos de su oferta, ya que las cifras correspondientes a los descuentos indicados para los diferentes artículos individuales se habrían visto reemplazadas, necesariamente, por unas cifras relativas a los descuentos por subfamilias. Es cierto que esas cifras habrían sido idénticas para tres subfamilias (mesas de trabajo, mesas para zonas públicas y mesas para restauración), puesto que el descuento individual era el mismo para todos los artículos de cada una de esas subfamilias. Sin embargo, no habría ocurrido así en el caso de otras subfamilias ―mesas para biblioteca, sillas de trabajo, sillas para zonas públicas, sillas para restauración, sofás para zonas públicas e iluminación―, pues a los artículos que componían cada una de ellas se les atribuía un descuento individual distinto y, en el caso de ciertos artículos de dos subfamilias, descuentos negativos diferentes, lo que hacía aumentar el precio final tras aplicar el descuento. Por lo tanto, toda conversión habría significado una modificación de las cifras que figuraban en la oferta, y ello con independencia del método aplicado.
70      Además, habida cuenta de que la lista de productos de la columna «Artículos» del anexo 20 no era exhaustiva, según recordó y puso de relieve la EUIPO en la vista, la indicación de descuentos «por artículo» del citado anexo 20, tal como hizo la demandante, no permitía a la EUIPO conocer el descuento aplicable a otros productos de la misma subfamilia de artículos, en la medida en que tales productos no correspondieran a alguno de los artículos del anexo 20. De ello se deduce que, en todo caso, la aplicación de uno u otro método de conversión de los descuentos individuales «por artículo» en un descuento único por subfamilia no habría garantizado que la EUIPO pudiera conocer el descuento aplicable a cualquier producto incluido en el catálogo adjunto a la oferta de la demandante y perteneciente a alguna de las subfamilias de dicho anexo 20, pero que no correspondiera a alguno de los artículos de ese mismo anexo.
71      Por consiguiente, según resulta de los anteriores apartados 68 a 70, contrariamente a lo que defiende la demandante, los porcentajes de descuento por subfamilia no podían deducirse con sencillez de su oferta y una petición de aclaración habría tenido como efecto permitirle modificar los términos de su oferta y no meramente aportar precisiones. Así pues, tal petición habría ido más allá de las circunstancias contempladas en el artículo 96, apartado 2, del Reglamento Financiero y en el artículo 160, apartado 3, del Reglamento Delegado, así como en el punto 10 de la Guía para los licitadores.
72      Además, el contrato de que se trata fue adjudicado, de conformidad con el pliego de condiciones, al licitador que había presentado la oferta económicamente más ventajosa, en el sentido del artículo 149, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado, y no al licitador que había ofrecido el precio más bajo, en el sentido de la letra a) de esa misma disposición del Reglamento.
73      Así pues, el precio no era el único criterio esencial del contrato en cuestión, ni el único «requisito específico» querido por el órgano de contratación. Según resulta del escrito de 8 de agosto de 2015 (véase el anterior apartado 12) y del punto 4 del anexo II del formulario de respuesta que contenía las especificaciones técnicas, una de las ventajas económicas que buscaba la EUIPO en el marco del procedimiento de licitación de que se trata era el derecho a pedir al licitador seleccionado «cualquiera de los artículos que figuren en su[/s] catálogo/s que formarán parte de su oferta con el descuento reflejado para cada familia o subfamilias y que deberá cumplimentar». A este respecto, tal como se ha recordado en el anterior apartado 70, la EUIPO subraya el carácter no exhaustivo de la enumeración de los artículos mencionados en el anexo 20 y el carácter contractual de los «porcentajes de descuento por subfamilia», debido a que eran de aplicación «sobre cualquier pedido que se realice sobre el[/los] catálogo/s del contratista durante la vigencia del contrato», que podía llegar a extenderse hasta cuatro años (véanse los anteriores apartados 1 y 6).
74      La estipulación contractual relativa a los porcentajes de los descuentos permitía a la EUIPO comprar a precio fijo al licitador seleccionado, en su caso durante cuatro años, los productos incluidos en cualquiera de las subfamilias y que no figuraran en el anexo 20. La mencionada estipulación confería al contrato público en cuestión una dimensión adicional que se sumaba al aspecto del contrato relativo al precio final para la compra de los 35 artículos enumerados en dicho anexo, de modo que identificaba uno de los «requisitos específicos» queridos por el órgano de contratación y formaba parte del objeto del contrato. Del mismo modo, los descuentos por subfamilia constituían un parámetro indispensable para determinar el precio final del artículo que la EUIPO eligiera definitivamente para amueblar sus oficinas.
75      En tanto que parte del objeto del contrato, en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 65, los porcentajes de descuento para cada subfamilia de artículos de la penúltima columna del anexo 20 se incluían entre los requisitos esenciales que la oferta de la demandante debía contener para no ser desestimada con arreglo al artículo 158, apartado 3, del Reglamento Delegado. Así pues, al no indicar los descuentos por subfamilia, la oferta de la demandante era incompleta y no podía ser comparada con las ofertas de los demás licitadores.
76      En efecto, la jurisprudencia ha precisado que la conformidad de una oferta con el objeto del contrato, tal como éste se describe en el pliego de condiciones, se valora en una fase anterior a la comparación de las ofertas, por cuanto sólo aquellas ofertas que se atengan al mencionado objeto podrán valorarse a la luz de los criterios de adjudicación y, por tanto, ser comparadas (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2011, Dredging International y Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, apartados 69 y 72).
77      Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la EUIPO no incurrió en error de Derecho cuando, antes de adjudicar el contrato, excluyó la oferta de la demandante sin atribuirle ninguna calificación ni compararla con las restantes ofertas.
78      Por otro lado, si la EUIPO no se hubiera atenido a las condiciones que ella misma había fijado en los documentos del procedimiento de licitación, habría vulnerado el principio de igualdad de trato entre los licitadores y su actuación habría afectado negativamente a una competencia sana y efectiva. En este sentido, la jurisprudencia ha precisado que, cuando, en el marco de un procedimiento de licitación, el órgano de contratación define las condiciones que pretende imponer a los licitadores, se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de las condiciones que de este modo ha definido con respecto a cualquiera de los licitadores sin vulnerar el principio de igualdad de trato entre los licitadores (sentencia de 20 de marzo de 2013, Nexans France/Empresa Común Fusion for Energy, T‑415/10, EU:T:2013:141, apartado 80). Así pues, el hecho de que el órgano de contratación se aparte de los documentos de licitación aceptando ofertas que no correspondan al objeto del contrato tal y como éste se define en dichos documentos es inconciliable con los principios de transparencia y de igualdad de trato (sentencia de 13 de septiembre de 2011, Dredging International y Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, apartado 70).
79      A la luz de lo que antecede, tampoco puede prosperar el motivo basado en la violación del principio de proporcionalidad. En efecto, como la oferta de la demandante no se ajustaba al objeto del contrato y no podía ser comparada con las ofertas competidoras, la EUIPO estaba obligada a excluirla, sin disponer de la posibilidad de optar entre diversas medidas alternativas (véase, por analogía, la sentencia de 23 de mayo de 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, no publicada, EU:T:2014:275, apartado 301). En particular, contrariamente a lo alegado por la demandante, la EUIPO no habría podido recurrir a otra medida menos rigurosa, consistente en aplicar el criterio de valoración relativo a la «calidad documental de la oferta en sí misma», dado que la aplicación de ese criterio habría requerido que la oferta pudiera compararse con las demás y que se atuviera al objeto del contrato. Ahora bien, como se deduce del examen que acaba de llevarse a cabo, en el presente asunto no concurren esos dos requisitos.
80      Habida cuenta de las observaciones anteriores en su conjunto, procede desestimar por infundados los motivos segundo y tercero, basados, por un lado, en la violación de los principios de proporcionalidad y de buena administración y, por otro, en la inobservancia del régimen de exclusión de las ofertas.
81      En cuanto a las alegaciones formuladas por la demandante en la vista y que están orientadas a sostener que la EUIPO, contraviniendo el principio de igualdad de trato y de no discriminación, pidió aclaraciones a otro licitador y no a la demandante, conviene realizar las siguientes observaciones.
82      En primer lugar, tal como se indicó en el anterior apartado 33, el Tribunal no admitió la incorporación a los autos de los documentos aportados en la vista por la demandante en apoyo de las alegaciones en cuestión. Así pues, tales alegaciones no han sido probadas.
83      En segundo lugar, tal como explicó la EUIPO en la vista, sin refutación por parte de la demandante, el licitador al que la EUIPO pidió aclaraciones había presentado una oferta por el lote 2 (véase el anterior apartado 1), mientras que la demandante había presentado una oferta por el lote 1 (véase el anterior apartado 7). A este respecto, el Tribunal pudo tener constancia del hecho de que la petición de aclaraciones en cuestión había sido ocasionada por la ambigüedad ―reconocida por la propia EUIPO― de las indicaciones facilitadas a los licitadores para presentar las ofertas correspondientes al lote 2, mientras que, en el caso de las indicaciones facilitadas a los licitadores para presentar las ofertas relativas al lote 1, ni la EUIPO había observado ambigüedad alguna ni la demandante la había invocado. Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la situación de ésta y la del licitador al que se refieren los documentos aportados en la vista son, en todo caso, situaciones diferentes y no pueden ser tratadas de idéntica manera.
84      De lo anterior se deduce que procede desestimar las alegaciones formuladas por la demandante en la vista, sin que resulte necesario dilucidar si, por una parte, como sostiene la EUIPO, al valerse de tales alegaciones la demandante invocó un motivo nuevo, basado en la violación del principio de igualdad de trato entre los licitadores, o si, por otra parte, como sostiene la demandante, las alegaciones en cuestión constituyen el desarrollo de un motivo invocado en el escrito de demanda y basado en la violación del principio de buena administración.
85      Al no haber prosperado ninguno de los motivos invocados por la demandante, procede desestimar la pretensión de que se anule la decisión de desestimar su oferta.
Sobre la pretensión de que se anule la decisión de adjudicación
86      Al estar comprendidos los requisitos de admisibilidad de un recurso, y en particular la legitimación activa de una parte demandante, en las causas de inadmisión de orden público, corresponde al Tribunal comprobar de oficio si la demandante está legitimada, en el caso de autos, para impugnar la decisión de adjudicación (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2014, Flying Holding y otros/Comisión, T‑91/12 y T‑280/12, EU:T:2014:832, apartado 104 y jurisprudencia citada).
87      En virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente.
88      Dado que consta en autos que el destinatario de la decisión de adjudicación es el consorcio ICAS, y no la sociedad demandante, procede comprobar si dicha decisión afecta directa e individualmente a esta última.
89      A este respecto, ha de recordarse que un acto en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, sólo puede afectar directamente a una persona física o jurídica si surte efectos directos en su situación jurídica (véase la sentencia de 26 de septiembre de 2014, Flying Holding y otros/Comisión, T‑91/12 y T‑280/12, EU:T:2014:832, apartado 107 y jurisprudencia citada).
90      Pues bien, se ha declarado reiteradamente que, cuando la oferta de un licitador es rechazada en una fase del procedimiento de licitación que precede a la decisión de adjudicación del contrato, de modo que tal oferta no se ha comparado con otras ofertas, la admisibilidad del recurso interpuesto por el licitador de que se trate contra la decisión de adjudicación del contrato está supeditada a la anulación de la decisión de rechazar su oferta (sentencias del Tribunal de 13 de septiembre de 2011, Dredging International y Ondernemingen Jan de Nul/EMSA, T‑8/09, EU:T:2011:461, apartados 134 y 135, y de 22 de mayo de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión, T‑17/09, no publicada, EU:T:2012:243, apartados 118 y 119).
91      En efecto, sólo si la decisión de rechazar la oferta es anulada, puede la decisión de adjudicar el contrato producir efectos directos en la situación jurídica del licitador cuya oferta fue rechazada en la fase que precede a la decisión de adjudicación del contrato. En cambio, cuando se desestima la pretensión de que se anule la decisión de rechazar la oferta, la decisión de adjudicación del contrato no puede tener consecuencias jurídicas para el licitador cuya oferta fue rechazada en la fase que precede a la decisión de adjudicación. En este caso, la decisión por la que se rechazó su oferta impide que el licitador de que se trate resulte directamente afectado por la decisión de adjudicar el contrato a otro licitador (véase la sentencia de 26 de septiembre de 2014, Flying Holding y otros/Comisión, T‑91/12 y T‑280/12, EU:T:2014:832, apartado 109 y jurisprudencia citada).
92      De este modo, cuando, como sucede en el caso de autos, la oferta de la demandante ha sido rechazada en la fase que precede a la decisión de adjudicación del contrato, por lo que no ha sido comparada con las demás ofertas, sólo si consigue demostrar que su oferta fue rechazada indebidamente, podrá la demandante acreditar que tenía derecho a que esa oferta fuera comparada con las de los demás licitadores y, por lo tanto, que la decisión de adjudicar el contrato a otro licitador produce efectos directos en su situación jurídica (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2014, Flying Holding y otros/Comisión, T‑91/12 y T‑280/12, EU:T:2014:832, apartado 110 y jurisprudencia citada).
93      Por lo tanto, al haberse desestimado en el caso de autos la pretensión de la demandante de que se anule la decisión de desestimar su oferta, no puede considerarse que la decisión de adjudicación del contrato la afecte directamente. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión de que se anule esta última decisión.
94      Por último, y a mayor abundamiento, no es baladí observar que, en todo caso, procedería desestimar igualmente la pretensión de que se anule la decisión de adjudicación del contrato, habida cuenta de que la demandante no invoca frente a dicha decisión de adjudicación ningún motivo diferente a los motivos que invocó para cuestionar la conformidad a Derecho de la decisión mediante la que se rechazó su oferta, y en la medida en que estos últimos motivos, aun suponiendo que fueran aplicables frente a la decisión de adjudicación, han sido desestimados todos ellos por el Tribunal (véase el anterior apartado 85).
Sobre la pretensión de indemnización
95      La demandante solicita una indemnización de daños y perjuicios por el perjuicio material y el daño moral que alega haber sufrido al resultar «injustamente frustrada» su participación en el procedimiento de licitación. Indica que el perjuicio material asciende a 20 380 euros y resulta de los gastos en que incurrió para responder a la convocatoria de licitación. En la vista, la demandante precisó que el daño moral, cuya cuantía estimaba en 24 000 euros, había sido calculado sobre la base del porcentaje del margen comercial que esperaba realizar de habérsele adjudicado el contrato y que estaba ligado al menoscabo de su imagen y de su reputación.
96      A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo, por el comportamiento ilícito de sus órganos, es preciso que concurran varios requisitos, a saber, ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, realidad del daño y existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio alegado. En el supuesto de que no concurra alguno de esos requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos (véase la sentencia de 19 de noviembre de 2014, European Dynamics Luxembourg y Evropaïki Dynamiki/Europol, T‑40/12 y T‑183/12, no publicada, EU:T:2014:972, apartado 161 y jurisprudencia citada).
97      En el caso de autos, con carácter preliminar, es preciso observar que el objeto del recurso de anulación está constituido por dos decisiones distintas, a saber, la decisión de desestimar la oferta de la demandante y la decisión de adjudicación del contrato.
98      Pues bien, por una parte, el examen de los motivos y alegaciones de la demandante relativos a la decisión de desestimar su oferta no ha revelado que esta decisión fuera contraria a Derecho. Por consiguiente, el requisito referente a la ilegalidad del comportamiento reprochado a la EUIPO no se cumple en lo que atañe a la citada decisión.
99      Por otra parte, según se hizo constar en el anterior apartado 93, no puede considerarse que la decisión de adjudicación afecte directamente a la demandante. De este modo, aun suponiendo que se hayan producido efectivamente los daños que la demandante alega haber sufrido, tales daños no pueden ser la consecuencia de la mencionada decisión de adjudicación, sino de la decisión de desestimar su oferta. Así pues, el requisito de existencia de una relación de causalidad no concurre en lo que atañe a la decisión de adjudicación.
100    En tales circunstancias, procede desestimar la pretensión de indemnización por infundada, sin que resulte necesario pronunciarse sobre su admisibilidad y, por lo tanto, debe desestimarse el recurso en su totalidad.
Costas
101    A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Como las pretensiones formuladas por la demandante han sido desestimadas, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Condenar en costas a AF Steelcase, S.A.
Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de junio de 2016.
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio
Procedimiento y pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de los documentos aportados por la demandante en la vista
Sobre la admisibilidad de la pretensión de que se ordene la reanudación del procedimiento de licitación en la fase anterior a la decisión de desestimación de la oferta de la demandante
Sobre la pretensión de que se anule la decisión de desestimación de la oferta de la demandante
Sobre el primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
Sobre los motivos segundo y tercero, uno de ellos basado en la violación de los principios de buena administración y de proporcionalidad y el otro en la inobservancia del régimen de exclusión de las ofertas
Sobre la pretensión de que se anule la decisión de adjudicación
Sobre la pretensión de indemnización
Costas
* Lengua de procedimiento: español.