62018CJ0236_RES
Asunto C‑236/18
GRDF SA
contra
Eni Gas & Power France SA y otros
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de diciembre de 2019
«Procedimiento prejudicial — Normas comunes para el mercado interior del gas natural — Directiva 2009/73/CE — Artículo 41, apartado 11 — Resolución de conflictos relativos a las obligaciones del gestor de la red — Efectos en el tiempo de las decisiones de la autoridad competente para la resolución de conflictos — Seguridad jurídica — Confianza legítima»
Aproximación de las legislaciones — Medidas de aproximación — Normas comunes para el mercado interior del gas natural — Directiva 2009/73/CE — Ámbito de aplicación — Condiciones de acceso a la red impuestas a los suministradores de gas natural por el gestor de la red de distribución — Cláusula contractual que obliga a los suministradores a soportar el riesgo de impago de los importes que deben los clientes finales en concepto de tarifa de distribución — Inclusión
[Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 32, ap. 1, 41, ap. 1, letras a) y b), aps. 10 y 11]
(véanse los apartados 23 a 26)
Aproximación de las legislaciones — Medidas de aproximación — Normas comunes para el mercado interior del gas natural — Directiva 2009/73/CE — Obligaciones y competencias de la autoridad reguladora — Contratos de transporte de gas entre el gestor de la red de distribución y los suministradores — Cláusula contractual que obliga a los suministradores a soportar el riesgo de impago de los importes que deben los clientes finales en concepto de tarifa de distribución — Obligaciones del gestor de la red de distribución — Sistema de acceso a la red basado en tarifas publicadas, aplicables de forma objetiva y sin discriminación entre los usuarios de la red — Autoridad reguladora en su calidad de organismo competente para la resolución de conflictos — Decisión de la autoridad reguladora por la que se impone la modificación del contrato para que este sea conforme con la Directiva durante todo el período contractual — Procedencia — Violación de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima — Inexistencia
[Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2003/55/CE, art. 33, ap. 1, y 2009/73/CE, considerandos 4, 6, 25 y 40 y arts. 1, 32, ap. 1, 41, ap. 1, letra b), 10 y 11]
(véanse los apartados 29 a 52 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia se pronuncia sobre el alcance temporal de las decisiones adoptadas por las autoridades reguladoras nacionales en el marco de su función de resolución de conflictos en el mercado del gas natural
En la sentencia GRDF (C‑236/18), dictada el 19 de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado sobre el alcance temporal de la facultad de decisión conferida a las autoridades reguladoras nacionales en el marco de su función de resolución de conflictos en el mercado del gas natural, establecida en el artículo 41, apartado 11, de la Directiva 2009/73, sobre el mercado interior del gas natural. (
1
)
Este asunto tiene su origen en un litigio entre dos suministradores de gas natural y GRDF, el gestor de la red de distribución de gas natural en Francia, en relación con la validez de una cláusula que figura en sus contratos de transporte de gas natural a través de la red de distribución, celebrados en 2005 y en 2008. En virtud de esta cláusula, los suministradores estaban obligados a recaudar, en el contexto de los contratos celebrados con los clientes finales, las cantidades adeudadas en concepto de tarifa por los servicios de distribución de GRDF para transferirlas después a dicho gestor, incluso si los clientes finales no las habían abonado. En 2014, una decisión del Comité de resolución de conflictos de la Comisión de Regulación de la Energía (en lo sucesivo, «CRE») declaró que esos contratos eran incompatibles con la Directiva desde la fecha de su celebración. Esta decisión fue confirmada en apelación, por lo que GRDF interpuso un recurso ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación), que decidió plantear una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia para determinar, en esencia, si la Directiva 2009/73 se oponía a que una decisión de una autoridad reguladora produjera efectos antes del origen del conflicto entre las partes.
El Tribunal de Justicia ha confirmado que es competente para responder a la petición de decisión prejudicial porque dicha petición se basa en la premisa de que la obligación impuesta a los suministradores de gas por el gestor de la red, como condición de acceso a dicha red, es una práctica incompatible con las disposiciones de la Directiva 2009/73.
En cuanto al fondo, el Tribunal de Justicia ha declarado que la citada Directiva no se opone a que una autoridad reguladora, en su calidad de organismo competente para la resolución de conflictos, adopte una decisión por la que se imponga al gestor de la red la obligación de modificar un contrato de transporte de gas natural celebrado con un suministrador para que este contrato se ajuste al Derecho de la Unión durante toda la duración del contrato, incluido, por lo tanto, el período anterior al origen del conflicto entre las partes. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado, en primer lugar, que el artículo 41, apartado 11, de la Directiva 2009/73 no precisa cuáles son los efectos en el tiempo de las decisiones adoptadas por la autoridad reguladora en su calidad de organismo competente para la resolución de conflictos. A continuación, este Tribunal, en su interpretación de dicha disposición a la luz del objetivo y del contexto de la Directiva 2009/73, ha señalado que, en virtud del artículo 41, apartado 1, letra b), de la Directiva 2009/73, la función de la autoridad reguladora es garantizar el cumplimiento de las obligaciones que incumben a los gestores de red, entre ellas la de aplicar el sistema de acceso de terceros a la red de forma objetiva y sin discriminación entre los usuarios de la red. Esto implica que los Estados miembros deben velar por que la autoridad reguladora, en virtud del artículo 41, apartado 10, de la Directiva 2009/73, esté facultada para adoptar decisiones vinculantes para las empresas de gas natural, exigiéndoles modificar, en caso necesario, las condiciones de conexión y de acceso a la red, incluidas las tarifas, para que estas sean proporcionadas y se apliquen de manera no discriminatoria. Pues bien, limitar el alcance temporal de una decisión de la autoridad reguladora, en su calidad de organismo competente para la resolución de conflictos, al período posterior a la aparición del conflicto entre las partes, sería contrario a los objetivos de la Directiva 2009/73 y socavaría su efecto útil.
El Tribunal de Justicia ha declarado, por otra parte, que esta interpretación del artículo 41, apartado 11, de la Directiva 2009/73 no es cuestionada por el principio de seguridad jurídica ni por el principio de protección de la confianza legítima. En efecto, por un lado, si bien es cierto que un órgano jurisdiccional nacional puede mantener, excepcionalmente y respetando las exigencias del Tribunal de Justicia, determinados efectos de un acto nacional anulado, en el caso de autos el órgano jurisdiccional remitente no ha mencionado datos concretos que permitan identificar riesgos específicos para la seguridad jurídica. Por otro lado, aunque GRDF alega que los contratos de transporte litigiosos se negociaron bajo el control y la supervisión de la CRE, no ha demostrado que esta última le hubiera dado garantías concretas sobre la conformidad de la cláusula controvertida, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
(
1
)	Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO 2009, L 211, p. 94).