Asunto T‑530/24
FU
contra
Parlamento Europeo
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 29 de octubre de 2025
« Función pública — Funcionarios — Seguridad social — Artículo 73 del Estatuto — Accidente — Rechazo de la declaración de accidente — Declaración extemporánea — Superación del plazo de diez días hábiles a partir de la producción del accidente — Concepto de “motivo legítimo” »
1.      Funcionarios — Seguridad social — Seguro de accidentes y enfermedades profesionales — Accidente — Declaración extemporánea — Rechazo — Excepción — Fuerza mayor o motivo legítimo — Concepto — Rechazo de una declaración presentada de manera extemporánea sin que concurra fuerza mayor o motivo legítimo — Vulneración del principio de buena administración e incumplimiento del deber de asistencia y protección — Inexistencia
(Estatuto de los Funcionarios, art. 73, ap. 1; Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional, arts. 2, ap. 1, y 15, aps. 1 y 2)
(véanse los apartados 38 a 40, 42 a 45 y 48)
2.      Funcionarios — Seguridad social — Seguro de accidentes y enfermedades profesionales — Accidente — Declaración extemporánea — Rechazo — Obligación de motivación — Alcance
(Art. 296 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, c); Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional, art. 15, ap. 2)
(véase el apartado 41)
3.      Funcionarios — Seguridad social — Seguro de accidentes y enfermedades profesionales — Accidente — Régimen de cobertura — Subordinación de la presentación de las declaraciones a un requisito temporal — Incompatibilidad con el Estatuto — Inexistencia
(Estatuto de los Funcionarios, art. 73, ap. 1; Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional, art. 15, ap. 2)
(véanse los apartados 57 a 61)
Resumen
En su sentencia, el Tribunal General desestima el recurso interpuesto por FU, funcionaria del Parlamento Europeo, por el que solicitaba la anulación de la decisión del Parlamento de rechazar su declaración de accidente (en lo sucesivo, «Decisión recurrida»), y define el concepto de «motivo legítimo» que permite a una persona asegurada declarar un accidente tras la expiración del plazo establecido por la Reglamentación de cobertura. (1)
En agosto de 2023, con ocasión de un viaje a Grecia, la demandante sintió dolor en la rodilla derecha tras dar un salto. Acudió a un médico, el cual le aconsejó, en particular, que esperara a que la rodilla se le deshinchara antes de someterse a una resonancia magnética (en lo sucesivo, «RM»).
En septiembre de 2023, al seguir padeciendo dolores en la rodilla tras regresar de su viaje, la demandante consultó a su médico de cabecera, quien le pidió que se sometiera a exámenes médicos. Sobre la base de los resultados de la RM, un médico especialista en ortopedia recomendó a la demandante que consultara a un cirujano para obtener una segunda opinión y que contemplara, en su caso, someterse a una intervención quirúrgica. Posteriormente, un cirujano y otro especialista confirmaron que esa intervención era necesaria.
En noviembre 2023, la demandante presentó la declaración de accidente al Parlamento. Días más tarde, mediante la Decisión recurrida, la institución informó a la demandante del rechazo de su declaración de accidente, considerada extemporánea.
Apreciación del Tribunal General
El Tribunal General recuerda, para empezar, que la Reglamentación de cobertura establece que el asegurado víctima de un accidente o sus derechohabientes deberán declarar el accidente a la administración de la institución de la que dependa el asegurado. El plazo de diez días laborables en el que debe realizarse la declaración comienza a correr desde la fecha del accidente. Sin embargo, este plazo podrá excederse en caso de fuerza mayor, o por cualquier otro motivo legítimo, siempre y cuando el asegurado aporte la prueba del accidente y establezca el nexo causal entre ese accidente y los daños a su integridad física y psíquica.
En este contexto, el concepto de «motivo legítimo» debe aplicarse de forma estricta, por una parte, porque constituye una excepción a una obligación consolidada de presentar su declaración de accidente en un plazo de diez días laborables y, por otra parte, porque se trata de un concepto relativo a las disposiciones del Derecho de la Unión que dan derecho a prestaciones económicas
A este respecto, el concepto de «motivo legítimo» debe interpretarse en el sentido de que el asegurado debe demostrar que se ha enfrentado a una situación excepcional derivada de causas que no le son imputables y que se refieren a su incapacidad para presentar una declaración de accidente en los diez días laborables siguientes a la fecha del accidente.
Además, la mera acreditación del accidente no basta para justificar el retraso en la declaración del accidente. No obstante, aunque el asegurado no pueda beneficiarse de la cobertura complementaria del seguro de accidentes a falta de prueba de un caso de fuerza mayor o de cualquier otro motivo legítimo, este último sigue teniendo derecho al reembolso de los gastos médicos a través del régimen común del seguro de enfermedad.
En el presente caso, como la demandante, en su declaración de accidente, describió los síntomas que pudo constatar al día siguiente mismo del accidente, el médico al que consultó ese día le aconsejó realizar una RM al volver de viaje y puesto que los dolores persistían, no podía ignorar, antes de la expiración del plazo de diez días laborables tras la fecha del accidente, que había sufrido un accidente, en el sentido de la Reglamentación de cobertura. Por lo tanto, no puede sostener que tuvo conocimiento tardío de la gravedad de sus lesiones para demostrar que el retraso en su declaración de accidente estaba justificado por un motivo legítimo.
Por otra parte, es cierto que del formulario de declaración de accidente se desprende que dicha declaración debe ir acompañada de un dictamen emitido por un médico. Sin embargo, no se exige en modo alguno que se realice un diagnóstico completo para poder declarar un accidente. En efecto, la Reglamentación de cobertura solo requiere la presentación de un certificado médico en el que se especifiquen la naturaleza de las lesiones y las consecuencias probables del accidente.
Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal General considera que la demandante no ha probado la existencia de un caso de fuerza mayor o de un motivo legítimo que le impidiera respetar el plazo de diez días laborables establecido en la Reglamentación de cobertura.
1      Reglamentación común relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional de los funcionarios de las Comunidades Europeas, adoptada el 13 de diciembre de 2005 por las instituciones de la Unión con arreglo al artículo 73 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Reglamentación de cobertura»).