62003TO0346_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto T-346/03,
Grégoire Krikorian, con domicilio en Bouc‑Bel‑Air (Francia),
Suzanne Krikorian,
con domicilio en Bouc‑Bel‑Air,
Euro - Arménie ASBL,
con sede en Marsella (Francia),
representados por el Sr. P. Krikorian, abogado,
partes demandantes,
contra
Parlamento Europeo,
representado por los Sres. R. Passos y A. Baas, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
Consejo de la Unión Europea,
representado por la Sra. S. Kyriakopoulou y el Sr. G. Marhic, en calidad de agentes,
y
Comisión de las Comunidades Europeas,
representada por los Sres. F. Dintilhac y C. Ladenburger, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
partes demandadas,
que tiene por objeto un recurso de indemnización del perjuicio moral que los demandantes han sufrido debido, principalmente, al hecho de haberse reconocido a la República de Turquía el estatuto de Estado candidato a la adhesión a la Unión Europea,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),
integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y el Sr. P. Mengozzi y la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Jueces;
Secretario: Sr. H. Jung;
dicta el siguiente
Auto
Motivación de la sentencia
Hechos que dieron lugar al litigio y procedimiento
1. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de octubre de 2003, los demandantes interpusieron el presente recurso de indemnización, mediante el cual solicitan la reparación del perjuicio que se les ha irrogado, principalmente, por el hecho de haberse reconocido a la República de Turquía el estatuto de Estado candidato a la adhesión a la Unión Europea, siendo así que dicho Estado se había negado a reconocer el genocidio perpetrado en 1915 contra los armenios que residían en Turquía.
2. Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
– Declare que la Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 1987, sobre una solución política del problema armenio (DO C 190, p. 119, en lo sucesivo, «Resolución de 1987») tiene fuerza jurídica vinculante para la Comunidad Europea.
– Declare que las partes demandadas han violado de una forma suficientemente caracterizada el Derecho comunitario en perjuicio de los demandantes.
– condene a las partes demandadas a pagar a cada uno de los demandantes la cantidad de un euro en concepto de indemnización de daños y perjuicios.
– Condene a las demandadas al pago de las costas, evaluadas en 30.000 euros, más los intereses.
3. Mediante documento separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de octubre de 2003, los demandantes presentaron una demanda de medidas provisionales encaminada, principalmente, a que las Instituciones demandadas suspendieran el procedimiento de examen de la candidatura de la República de Turquía a la adhesión a la Unión Europea y supeditaran la reanudación del citado procedimiento al previo reconocimiento por el referido Estado del genocidio antes mencionado.
Fundamentos de Derecho
Alegaciones de las partes
4. Según los demandantes, el primer elemento que generó la responsabilidad extracontractual de la Comunidad reside en el hecho de que el Consejo Europeo, en su reunión celebrada en Helsinki (Finlandia) los días 10 y 11 de diciembre de 1999, había reconocido oficialmente a la República de Turquía el estatuto de Estado candidato llamado a ingresar en la Unión Europea, aunque sin supeditar dicha adhesión al previo reconocimiento por el referido Estado del genocidio al que antes se ha aludido. Además los demandantes ponen de manifiesto que la República de Turquía disfruta de una asociación para la adhesión, la cual prevé en particular una importante ayuda que permite a dicho Estado seguir caminando de forma irreversible por la vía de la adhesión. Sobre este particular, los demandantes se refieren a varios documentos entre los que se hallan los Reglamentos (CE) nº 390/2001 del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativo a la asistencia en favor de Turquía en el marco de una estrategia de preadhesión, y, en particular del establecimiento de una asociación para la adhesión (DO L 58, p. 1), y nº 2500/2001 del Consejo, de 17 de diciembre de 2001, relativo a la asistencia financiera de preadhesión a favor de Turquía y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) nº 3906/89, (CE) nº 1267/1999, (CE) nº 1268/1999 y (CE) nº 555/2000 (DO L 342, p. 1), así como la Decisión 2001/235/CE del Consejo, de 8 de marzo de 2001, sobre los principios, prioridades, objetivos intermedios y condiciones contenidos en la asociación para la adhesión de la República de Turquía (DO L 85, p. 13).
5. Por este motivo, las Instituciones demandadas han incumplido manifiestamente la Resolución de 1987. En dicha Resolución, el Parlamento declaró que la negativa del Gobierno turco a reconocer el citado genocidio constituía un obstáculo insuperable para al examen de una posible adhesión de la República de Turquía.
6. En opinión de los demandantes, la Resolución de 1987 constituye un acto jurídico que puede producir efectos jurídicos, de la misma forma que las recomendaciones y los dictámenes (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 1989, Grimaldi, C‑322/88, Rec. p. 4407). En el presente caso, la Resolución de 1987 produce o va destinada a producir unos efectos jurídicos que sobrepasan el ámbito de la organización interna de las actividades del Parlamento (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de octubre de 2001, Martinez y otros/Parlamento, T‑222/99, T‑327/99 y T‑329/99, Rec. p. II‑2823). En efecto, mediante la citada Resolución, el Parlamento pretendió establecer públicamente un requisito especial de adhesión para la República de Turquía, consistente en el reconocimiento previo por dicho Estado del genocidio en cuestión. Además, los términos utilizados en la Resolución no permiten que subsista ambigüedad alguna por lo que atañe a la intención de la Institución comunitaria.
7. A este respecto, los demandantes recuerdan que, desde la entrada en vigor del Acta Única Europea, el 1º de julio de 1987, el artículo 237 del Tratado CEE, desde entonces derogado, facultaba al Parlamento para oponerse a la adhesión de la República de Turquía e indican que, en lo sucesivo, la exigencia de un dictamen favorable del Parlamento resulta del artículo 49 del Tratado de la Unión Europea. Los demandantes señalan que la Resolución de 1987 fue publicada –y puesta así en su conocimiento– con posterioridad a la citada fecha, a saber el 20 de julio de 1987.
8. De ello se desprende que la Resolución de 1987 había hecho nacer en el ánimo de los demandantes la confianza legítima en que el Parlamento haría uso, llegado el caso, de su derecho de veto al pronunciarse sobre la adhesión de la República de Turquía o, con un carácter más general, en el hecho de que dicha institución se opondría al examen de la candidatura de la República de Turquía mientras ésta no hubiera reconocido el genocidio en cuestión. Las circunstancias recordadas en el apartado 4 supra constituyen una defraudación de dicha confianza legítima.
9. Por consiguiente, los demandantes afirman que, puesto que la Comunidad se ha impuesto a sí misma una obligación de comportamiento y una obligación de resultado, la mera afirmación de haberse incumplido lo dispuesto en la Resolución de 1987 basta para acreditar una infracción suficientemente caracterizada del Derecho Comunitario.
10. Los demandantes invocan asimismo una conculcación de varios derechos fundamentales, entre los que se hallan en particular el derecho a no ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes y el derecho al respecto de la vida privada, consagrados en los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de Noviembre de 1950.
11. Finalmente, los demandantes alegan que han sufrido un perjuicio moral, en su calidad de miembros de la Comunidad armenia y de descendientes de personas que escaparon del referido genocidio.
12. A este respecto, los demandantes indican que el comportamiento observado por las Instituciones demandadas constituye un atentado contra su dignidad habida cuenta de que, según ellos alegan, el recuerdo de las víctimas del citado genocidio y el afán de verdad histórica forman parte integrante de la dignidad de todos los Armenios. Además, puesto que el citado genocidio forma parte integrante de la historia y de la identidad del pueblo armenio, la propia identidad de los demandantes se ve afectada de una forma irreparable por el comportamiento de las Instituciones demandadas. Finalmente, el hecho de cuestionar la realidad del citado genocidio provoca una marginalización y un sentimiento de inferioridad en el seno de la comunidad armenia. De esta forma, la actitud de la República de Turquía tiene como efecto relegar a los demandantes al ostracismo, ya que a éstos se les considera víctimas de segundo orden. Estas circunstancias tienen como consecuencia que los demandantes alberguen un sentimiento de profunda injusticia, lo cual les impide también llevar su duelo de una forma satisfactoria.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
13. A tenor del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando un recurso carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado. A la luz del escrito de interposición del recurso, este Tribunal de Primera Instancia se considera en condiciones de resolver sobre el fondo del presente recurso, sin oír las observaciones de las Instituciones demandadas y sin abrir la fase oral.
14. Según una reiterada jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, a la que se refiere el artículo 288 CE, párrafo segundo, es necesario que concurra un conjunto de requisitos, a saber la ilicitud de la actuación imputada a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre la actuación alegada y el perjuicio invocado (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec p. 3057, apartado 16; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 1996, International Procurement Services/Comisión, T‑175/94, Rec. p. II‑729, apartado 44; de 16 de octubre de 1996, Efisol/Comisión, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, apartado 30, y de 11 de julio de 1997, Oleifici Italiani/Comisión, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, apartado 20).
15. Puesto que no se cumple uno de tales requisitos, debe desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1999, Atlanta/Comunidad Europea, C‑104/97 P, Rec. p. I‑6893, apartado 65).
16. En el presente caso, los demandantes invocan, en esencia, dos circunstancias que pueden generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, a saber, por un lado el reconocimiento a la República de Turquía por el Consejo Europeo reunido en Helsinki los días 10 y 11 de diciembre de 1999 del estatuto de Estado candidato llamado a ingresar en la Unión Europea y, por otro, al hecho de que el referido Estado disfruta de una asociación para la adhesión a la Unión Europea.
17. Por lo que atañe al reconocimiento a la República de Turquía del estatuto de Estado candidato llamado a ingresar en la Unión Europea, es forzoso reconocer que dicho reconocimiento resulta de un acto dictado por el Consejo Europeo, el cual no es una Institución de la Comunidad en el sentido del artículo 7 CE. Ahora bien, según se ha recordado en el apartado 14 supra, únicamente el comportamiento de una Institución de la Comunidad puede generar la responsabilidad extracontractual de la Comunidad. En estas circunstancias, debe rechazarse el argumento según el cual el reconocimiento a la República de Turquía del estatuto de Estado candidato llamado a ingresar en la Unión Europea puede generar la responsabilidad de la Comunidad.
18. Por lo que atañe al hecho de que la República de Turquía disfrute de una asociación para la adhesión a la Unión Europea, debe observarse que los demandantes se fundan en la tesis según la cual el comportamiento de las Instituciones demandadas es contrario a Derecho por cuanto infringe la Resolución de 1987.
19. Sobre este particular, basta señalar que la Resolución de 1987 es un documento que contiene varias declaraciones de carácter puramente político, las cuales pueden ser modificadas por el Parlamento, en cualquier momento. Por este motivo, dicha Resolución no puede producir unos efectos jurídicos obligatorios frente a su autor ni, con mayor motivo, frente a las demás Instituciones demandadas.
20. Esta afirmación basta también para excluir el argumento según el cual la Resolución de 1987 habría podido hacer nacer una confianza legítima en los demandantes, en la medida en que las Instituciones se fundan en el tenor literal de la citada Resolución (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1985, Salerno y otros/Comisión y Consejo, 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 y 10/84, Rec. p. 2253, apartado 59, y de 28 de noviembre de 1991, Luxemburgo/Parlamento, C‑213/88 y C‑39/89, Rec. p. I‑5643, apartado 25).
21. Por lo que atañe a la supuesta conculcación de los derechos fundamentales (véase el apartado 10 supra),
basta observar que los demandantes se limitan a afirmar que se ha producido una conculcación de tales derechos, sin explicar de qué forma ésta deriva del comportamiento que se les reprocha en el presente caso a las Instituciones demandadas.
22. A mayor abundamiento, conviene destacar, por un lado, que los demandantes no han demostrado fehacientemente que, en el presente caso, se cumpla el requisito relativo a la relación de causalidad.
23. En efecto, según una reiterada jurisprudencia, debe existir una relación directa de causa a efecto entre la falta supuestamente cometida por la Institución de que se trata y el perjuicio alegado, relación que incumbe probar al demandante (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de abril de 2002, EVO/Consejo y Comisión, T‑220/96, Rec. p. II‑2265, apartado 41, y la jurisprudencia citada). Además el comportamiento ilegal de la Institución de que se trata debe ser la causa directa y determinante del citado perjuicio (autos del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2000, Aduanas Pujol Rubio y otros/Consejo y Comisión, T‑614/97, Rec. p. II‑2387, apartado 19; de 16 de junio de 2000_Transfluvia y otros/Consejo y Comisión, T‑611/97, T‑619/97 a T‑627/97, Rec. p. II‑2405, apartado 17, y de 12 de diciembre de 2000, Royal Olympic Cruises y otros/Consejo y Comisión, T‑201/99, Rec. p. II‑4005, apartado 26, confirmado, en el marco de un recurso de casación, mediante auto del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2002 Royal Olympic Cruises y otros/Consejo y Comisión, C‑49/01 P, no publicado en la Recopilación).
24. En el presente caso, de las alegaciones formuladas por los demandantes se desprende que el perjuicio moral alegado es consecuencia de la negativa del Gobierno turco a reconocer el genocidio de que se trata y no del comportamiento que se reprocha a las Instituciones demandadas. En estas circunstancias, los demandantes no han demostrado en modo alguno que el comportamiento reprochado a las Instituciones demandadas sea la causa directa y determinante del perjuicio alegado.
25. Por otro lado, en lo que se refiere al requisito según el cual los demandantes deben haber sufrido un perjuicio real y cierto, es forzoso reconocer que los demandantes se limitaron a invocar, en su escrito de interposición del recurso, en términos generales, un perjuicio moral que se le ha irrogado a la comunidad armenia, sin facilitar la menor indicación acerca de la materialidad y la amplitud del perjuicio que estiman haber sufrido personalmente. De esta forma, los demandantes no han facilitado unas informaciones que permitan al Tribunal de Primera Instancia comprobar que los demandantes han sufrido efectivamente un perjuicio real y cierto que les afecte personalmente (véase, en este sentido la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2003, Hameico Stuttgart y otros/Consejo y Comisión, T‑99/98, Rec. p. II‑0000, apartados 68 y 69).
26. En estas circunstancias, es manifiesto que los demandantes no han demostrado que concurran los requisitos que generan la responsabilidad extracontractual de la Comunidad.
27. De todo lo anterior se deduce que las pretensiones de indemnización carecen manifiestamente de fundamento.
Decisión sobre las costas
Costas
28. En virtud del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
29. Sin embargo, en el presente caso, el auto se dicta en virtud del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, antes de que las partes demandadas hayan presentado su escrito de contestación y hayan podido solicitar la condena en costas. Por ello, debe aplicarse el artículo 87, apartado 3 del Reglamento de Procedimiento, conforme al cual, en circunstancias excepcionales, el Tribunal de Primera Instancia puede repartir las costas.
30. Al haber sido desestimados los motivos formulados por los demandantes, procede condenarlos en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
resuelve:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a las partes demandantes.