62023TJ1093_RES
Asunto T‑1093/23
AH
contra
Comisión Europea
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta ampliada) de 22 de enero de 2025
«Función pública — Agentes contractuales — Retribución — Indemnización por expatriación — Denegación de la concesión de la indemnización por expatriación — Cálculo del período quinquenal de referencia — Artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto — Responsabilidad»
Funcionarios — Retribución — Indemnización por expatriación — Condiciones de concesión— Residencia habitual fuera del Estado miembro de destino durante el período de referencia — Aplicación en caso de contratos sucesivos celebrados entre el interesado y distintas instituciones establecidas en el lugar de destino — Mantenimiento del derecho a percibir la indemnización por expatriación
[Estatuto de los Funcionarios, anexo VII, art. 4, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 32 a 34, 36 a 42 y 44 a 47)
Recursos de funcionarios — Competencia jurisdiccional plena — Litigios de carácter pecuniario en el sentido del artículo 91, apartado 1, del Estatuto — Concepto — Acción destinada a obtener el pago retroactivo de la indemnización por expatriación — Inclusión
(Estatuto de los funcionarios, art. 91, ap. 1)
(véanse los apartados 50 a 53)
Resumen
El Tribunal General, constituido en Sala ampliada, que conoce de un recurso interpuesto por AH, agente contractual, anula la decisión de la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) de la Comisión Europea por la que se le deniega a AH la indemnización por expatriación (en lo sucesivo, «decisión impugnada»). De este modo, el Tribunal General precisa las circunstancias en las que debe concederse a los agentes contractuales el derecho a percibir la indemnización por expatriación.
El demandante, un nacional italiano que reside en Bruselas desde mayo de 2017, fue contratado como agente contractual en el Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023. Al determinar sus derechos económicos con ocasión de su entrada al servicio del Comité de las Regiones, este le concedió la indemnización por expatriación prevista en el artículo 69 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), calculada de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII de dicho Estatuto.
Tras ser contratado para el puesto de agente contractual en la Secretaría General del Consejo (SGC), el demandante puso fin a sus funciones en el Comité de las Regiones el 31 de enero de 2023. Un día más tarde, entró al servicio de la SGC.
Con ocasión de esta última contratación, la PMO le comunicó la decisión impugnada, según la cual no tenía derecho a percibir la indemnización por expatriación dado que, por un lado, su contrato con la SGC suponía una nueva entrada al servicio. Por otro lado, había trabajado y residido en Bélgica durante todo el período de referencia de cinco años, que da lugar a dicho derecho, previsto en el artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guion, del anexo VII del Estatuto, que se fijó del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2022, esto es, durante un período de cinco años que expiró antes del 1 de febrero de 2023, fecha en que la SGC contrató al demandante.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal General señala que la indemnización por expatriación tiene por objeto compensar las cargas y desventajas particulares resultantes de la entrada al servicio de la Unión para los funcionarios y agentes que se ven por ello obligados a cambiar su residencia del Estado de su domicilio al Estado de destino y a integrarse en un entorno nuevo.
En el presente asunto, la situación en que se hallaba el demandante en el momento de su entrada al servicio del Comité de las Regiones no cambió en el momento de su entrada al servicio de la SGC. Lo mismo sucede con las cargas y desventajas que la indemnización por expatriación pretende compensar. Por tanto, no hubo una interrupción temporal entre el contrato celebrado con el Comité de las Regiones y el contrato celebrado con la SGC. Además, dado que el Comité de las Regiones y la SGC se encuentran en Bélgica, el cambio de empleo no supuso un cambio de Estado de destino.
A este respecto, la inexistencia de interrupción temporal entre los contratos celebrados sucesivamente por el demandante con el Comité de las Regiones y la SGC, así como el hecho de que no cambiara de Estado de destino, permiten concluir que, a pesar del cambio de empleador, existía una continuidad entre dichos contratos que justificaba la prórroga de su derecho a la indemnización por expatriación determinada con ocasión de su entrada al servicio del Comité de las Regiones.
En consecuencia, el Tribunal General considera que la PMO incurrió en un error manifiesto de apreciación y en un error de Derecho por lo que respecta a la interpretación del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto al denegar al demandante el derecho a la indemnización por expatriación cuando fue contratado por la SGC.
En segundo lugar, el Tribunal General recuerda que, en los litigios de carácter pecuniario, dispone de competencia jurisdiccional plena, de conformidad con el artículo 91, apartado 1, segunda frase, del Estatuto, que le encomienda la misión de ofrecer una solución completa a los litigios que se le han sometido, es decir, de pronunciarse sobre la totalidad de los derechos y obligaciones del agente, sin perjuicio de atribuir a la institución de que se trate la ejecución, bajo su control, de ciertas partes de la sentencia en las condiciones específicas que él establezca.
A efectos de dicha disposición, constituyen «litigios de carácter pecuniario» no solo las acciones de responsabilidad ejercitadas contra una institución por miembros de su personal, sino también todas aquellas que intenten obtener el abono por una institución a un miembro de su personal de una cantidad a la que este considera tener derecho en virtud del Estatuto o de otro acto que regule sus relaciones laborales. Corresponde, pues, al juez de la Unión condenar, en su caso, a la institución al pago de la suma a la que el recurrente tiene derecho en virtud del Estatuto o de otro acto jurídico.
Por tanto, el Tribunal General considera que el demandante tiene derecho a percibir la indemnización por expatriación a partir del 1 de febrero de 2023, esto es, la fecha en que fue contratado por la SGC.