62024CO0001
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 2 de octubre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Artículo 267 TFUE — Concepto de “órgano jurisdiccional” — College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos, Países Bajos) — Jurisdicción obligatoria — Decisión no vinculante — Inadmisibilidad manifiesta»
En el asunto C‑1/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos, Países Bajos), mediante resolución de 8 de mayo de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de enero de 2024, en el procedimiento entre
X
y
Achmea Schadeverzekeringen NV,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por la Sra. O. Spineanu-Matei, Presidenta de Sala, y los Sres. J.‑C. Bonichot (Ponente) y S. Rodin, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Pikamäe;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 53, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO 2004, L 373, p. 37).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento seguido ante el College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos, Países Bajos) entre X, propietaria de una empresa individual, y Achmea Schadeverzekeringen NV, una compañía de seguros (en lo sucesivo «Achmea»), en relación con el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso de los empresarios a los seguros contra las consecuencias de las ausencias de su personal.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El artículo 3 de la Directiva 2004/113, titulado «Ámbito de aplicación», establece:
«1.   Dentro de los límites de los poderes conferidos a la Comunidad [Europea], la presente Directiva se aplicará a todas las personas que suministren bienes y servicios disponibles para el público, con independencia de la persona de que se trate, tanto en lo relativo al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, y que se ofrezcan fuera del ámbito de la vida privada y familiar, y a las transacciones que se efectúen en ese contexto.
[…]
4.   La presente Directiva no se aplicará a asuntos relacionados con el empleo y la ocupación. No se aplicará a asuntos relacionados con el trabajo por cuenta propia, en la medida en que dichos asuntos estén cubiertos por otros actos legislativos comunitarios.»
4
El artículo 5 de esta Directiva, titulado «Factores actuariales», dispone en su apartado 1:
«Los Estados miembros velarán por que en todos los nuevos contratos que se celebren después del 21 de diciembre de 2007 a más tardar, el hecho de tener en cuenta el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones a efectos de seguros y servicios financieros afines no dé lugar a diferencias en las primas y prestaciones de las personas consideradas individualmente.»
Derecho neerlandés
5
El artículo 7 de la Algemene wet gelijke behandeling (Ley General sobre la Igualdad de Trato), de 2 de marzo de 1994 (Stb. 1994, n.o 230) (en lo sucesivo, «Ley sobre la Igualdad de Trato»), establece en su apartado 1:
«Se prohíbe la discriminación en el suministro de bienes o servicios o en la concesión del acceso a bienes o servicios, así como en la celebración, la ejecución o la rescisión de contratos en la materia, y en el suministro de orientaciones sobre las carreras y de asesoramiento o información sobre la orientación escolar o profesional, cuando estas operaciones sean efectuadas:
a.
en el ejercicio de una profesión o de una actividad mercantil;
b.
por los poderes públicos;
c.
por instituciones que operen en el ámbito de la vivienda, de la protección social, de los cuidados de salud, de la cultura o de la enseñanza, o bien
d.
por personas físicas que no actúen en el ejercicio de una profesión o de una actividad mercantil, siempre que el suministro tenga lugar en el sector público.»
6
El artículo 10, apartado 1, de la Wet College voor de rechten van de mens (Ley relativa al Instituto de los Derechos Humanos), de 24 de noviembre de 2011 (Stb. 2011, n.o 573), tiene el siguiente tenor:
«A petición escrita, el [College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos)] podrá realizar una investigación con el fin de determinar si se comete o se ha cometido una discriminación en el sentido de la Ley General sobre la Igualdad de Trato, de la [Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Ley relativa a la Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres)] o del artículo 646 del Libro 7 del [Burgerlijk Wetboek (Código Civil)], y podrá notificar su decisión al respecto. El [College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos)] podrá también investigar por iniciativa propia con el fin de determinar si tal discriminación se comete de manera sistemática y podrá notificar su decisión al respecto.»
7
El artículo 11 de la Ley relativa al Instituto de los Derechos Humanos dispone en su apartado 1:
«El [College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos)] iniciará una investigación y notificará por escrito su decisión, que deberá estar motivada, a la parte solicitante, al autor de la discriminación y, en su caso, a la víctima de la discriminación.»
8
El artículo 13 de esta Ley establece en su apartado 1:
«El [College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos)] podrá ejercer acciones para solicitar que un comportamiento contrario a la Ley General sobre la Igualdad de Trato, a la Ley relativa a la Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres o al artículo 646 del Libro 7 del Código Civil sea declarado ilegal, que se prohíba dicho comportamiento o que se ordene que se eliminen las consecuencias de dicho comportamiento.»
9
A tenor del artículo 28 del Besluit werkwijze onderzoek gelijke behandeling (Decreto Regulador de las Actuaciones de Investigación sobre la Igualdad de Trato):
«La decisión del [College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos)], eventualmente acompañada de recomendaciones, será pública. Cuando, según el [College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos)], lo justifique la protección de los intereses esenciales de las partes, de las personas interesadas o de terceros, podrá ser suficiente la entrega de una copia anonimizada de la decisión.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
10
X emplea exclusivamente a personal femenino en su empresa.
11
Achmea ofrece seguros distintos del seguro de vida a los empresarios, incluidos seguros contra las consecuencias de las ausencias de su personal.
12
Según el Derecho neerlandés, en caso de ausencia de un empleado por motivo de enfermedad, el empresario está obligado a seguir pagando una parte del salario durante un período, en principio, de hasta 102 semanas. El empresario puede asegurar este riesgo con una aseguradora suscribiendo un seguro contra las consecuencias de tal ausencia. En dicho seguro, se establece el pago al empresario de una indemnización que cubre una parte del salario de un empleado enfermo durante los dos primeros años de enfermedad.
13
El sitio de Internet de Achmea contiene una herramienta que permite calcular el importe de la prima de la póliza de seguros. X utilizó dicha herramienta como empleador de personal femenino exclusivamente y el cálculo efectuado de esta forma dio como resultado una prima de casi 920,64 euros al mes. Tras realizar un nuevo cálculo partiendo del supuesto de que solo empleara a personal masculino, el resultado fue una prima de 691,88 euros al mes.
14
En respuesta a una solicitud de X, Achmea explicó que el importe de la prima se calcula en función de diversos datos relativos al riesgo y datos históricos en los que intervienen diferentes factores, entre ellos el sexo.
15
Las condiciones del seguro de Achmea indican que la prima depende de la actividad de la empresa, de datos relativos a las ausencias de los empleados en el sector de actividad de que se trate, a saber, en función del número de empleados, de las tasas de cobertura, de datos relativos a los empleados, tales como el salario anual garantizado, el año de nacimiento y el sexo, de los días de ausencia y de las indemnizaciones pagadas en los últimos tres años.
16
X presentó una solicitud ante el College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos), que es el organismo remitente, con el fin de obtener una decisión que respondiera a la cuestión de si, en las condiciones antes descritas, existe una discriminación por razón de sexo prohibida. A este respecto, X considera que Achmea practica tal discriminación al incluir el factor sexo en el cálculo del importe de la prima del seguro contra las consecuencias de la ausencia de los empleados, de ahí que la prima que debe pagarse para un personal enteramente femenino sea más elevada que la correspondiente a un personal enteramente masculino.
17
Achmea arguye ante el organismo remitente, por el contrario, que exige una prima más elevada para asegurar a las mujeres porque su tasa media de ausencias por enfermedad es estadísticamente más elevada. Según Achmea, de la Directiva 2004/113 se infiere únicamente que tener en cuenta el factor sexo en el marco de los seguros no puede implicar para los particulares diferencias en las primas y prestaciones. Por lo tanto, la citada Directiva solo se aplica a los seguros y pensiones privados, voluntarios y no ligados a una relación laboral. Pues bien, para Achmea, el seguro en cuestión del asunto sometido al organismo remitente no tiene tales características, de modo que se permite tener en cuenta el factor sexo para la determinación de la prima.
18
El organismo remitente alberga dudas, en primer lugar, sobre si X puede invocar la Directiva 2004/113. Entiende que X no puede ampararse en la protección que otorga el artículo 7 de la Ley sobre la Igualdad de Trato, toda vez que no es ella quien resulta discriminada, sino sus empleados. Ahora bien, según el organismo remitente, el citado artículo debe ser considerado como transposición al Derecho neerlandés de esa Directiva, lo cual hace necesario determinar el alcance de esta.
19
En segundo lugar, dicho organismo entiende que del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2004/113 puede deducirse implícitamente que están permitidas las diferencias en las primas y prestaciones para las personas distintas de los particulares derivadas de haber tenido en cuenta el sexo como factor actuarial. Considera que, en el supuesto de que la Directiva 2004/113 fuera aplicable en el presente asunto, habría de determinarse si tener en cuenta diferencias actuariales relacionadas con el sexo en el cálculo del importe de la prima del seguro contra las consecuencias de la ausencia de los empleados entraña una discriminación indirecta por razones de sexo por cuanto un empresario será menos propenso, en su caso, a contratar mujeres. Dicho organismo alberga dudas sobre la razón por la que podrían tenerse en cuenta diferencias actuariales entre hombres y mujeres en las primas que pagan los empresarios o empleadores por los seguros contra las consecuencias de la ausencia de los empleados, siendo así que no podrían tenerse en cuenta tales diferencias en las primas que pagan los asegurados particulares por los seguros privados.
20
En tales circunstancias, el College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse la Directiva [2004/113] en el sentido de que se aplica también en la situación de la solicitante, que no está efectivamente discriminada con motivo de su sexo, pero que sufre una desventaja debido a que emplea exclusivamente a personal femenino y que, en consecuencia, paga una prima más elevada que la que pagaría si emplease (también) a personal masculino?
2)
A la vista igualmente del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea —y en caso de que la Directiva 2004/113 sea aplicable a la situación de la solicitante en su calidad de empresaria—[,] ¿debe interpretarse esta Directiva en el sentido de que tener en cuenta el sexo como factor a efectos de los servicios de seguro y servicios financieros conexos tampoco debiera entrañar diferencias en las primas y prestaciones para los empresarios (que no sean particulares)?»
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
21
En virtud del artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando una petición de decisión prejudicial sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
22
En el presente asunto, procede aplicar esta disposición.
23
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución del litigio que deban dirimir (sentencia de 7 de mayo de 2024, NADA y otros, C‑115/22, EU:C:2024:384, apartado 33 y jurisprudencia citada).
24
Además, para dilucidar si el organismo remitente tiene la condición de «órgano jurisdiccional» a efectos del artículo 267 TFUE, cuestión que depende únicamente del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta un conjunto de factores, como son, entre otros, el origen legal del organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del referido organismo de normas jurídicas y su independencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de junio de 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, p. 395; de 3 de mayo de 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, apartado 41, y de 7 de mayo de 2024, NADA y otros, C‑115/22, EU:C:2024:384, apartado 35).
25
De reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende asimismo que los órganos jurisdiccionales nacionales solo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter judicial (sentencia de 3 de mayo de 2022, CityRail, C‑453/20, EU:C:2022:341, apartado 42 y jurisprudencia citada).
26
En el presente asunto, los factores para apreciar la existencia de un «órgano jurisdiccional» se desprenden de la respuesta del organismo remitente, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de abril de 2024, a un requerimiento de información remitido por este.
27
Si bien es cierto que el origen legal del College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos) y de su competencia, la aplicación de las normas jurídicas por este y el carácter contradictorio de su procedimiento parecen confirmados por las disposiciones de la Ley relativa al Instituto de los Derechos Humanos y las precisiones aportadas por este instituto, no ocurre lo mismo con el requisito según el cual el organismo remitente debe tener carácter de jurisdicción obligatoria.
28
A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la jurisdicción de un organismo remitente, cuya competencia no depende de un acuerdo entre las partes, es obligatoria cuando su decisión es vinculante para estas últimas (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de septiembre de 1997, Dorsch Consult, C‑54/96, EU:C:1997:413, apartados 27 y 29, y de 6 de octubre de 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C‑203/14, EU:C:2015:664, apartados 22 a 25).
29
Es patente que, en el presente asunto, no se da tal circunstancia.
30
En primer lugar, debe señalarse que, en su respuesta al requerimiento de información del Tribunal de Justicia, el mencionado instituto indica que sus decisiones no tienen el valor de una decisión judicial en el sentido de la legislación neerlandesa.
31
En segundo lugar, según el artículo 10, apartado 1, párrafo primero, de la Ley relativa al Instituto de los Derechos Humanos, este instituto está facultado para llevar a cabo, previa petición escrita, una investigación con el fin de determinar si se comete o se ha cometido una discriminación en el sentido, en particular, de la Ley sobre la Igualdad de Trato o del Código Civil neerlandés. A tenor del artículo 11, apartado 1, de la Ley relativa al Instituto de los Derechos Humanos, dicho instituto notificará su decisión motivada a la parte solicitante, al autor de la discriminación y, en su caso, a la víctima. Además, según el artículo 28 del Decreto Regulador de las Actuaciones de Investigación sobre la Igualdad de Trato, la decisión del mismo instituto será pública.
32
Sin embargo, estas disposiciones no precisan los efectos jurídicos concretos de las «decisiones» adoptadas tras una investigación del College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos).
33
Es cierto que, según la respuesta del referido instituto, las decisiones de este pueden tener efectos jurídicos. Según la jurisprudencia del Hoge Raad (Tribunal Supremo, Países Bajos), citada en esa respuesta, un órgano jurisdiccional no podía apartarse de una decisión del Commissie gelijke behandeling (Comité de la Igualdad de Trato, Países Bajos), que era el organismo predecesor del College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos), sin que hubiera motivado debidamente su posición al respecto. Cabe añadir que, según una investigación de «seguimiento» de las decisiones del citado instituto, estas últimas conducen en casi el 74 % de los casos a la adopción, por la parte solicitante, de medidas conformes a las mismas decisiones. Por otra parte, dado que dichas decisiones, en la mayor parte de los casos, se publican en el sitio de Internet del citado instituto con la indicación del nombre de la parte denunciada, tienen supuestamente un efecto disuasorio.
34
Por consiguiente, la única consecuencia jurídica de una decisión del College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos) es la de generar una obligación de motivación específica a cargo del órgano jurisdiccional que resuelva sobre el fondo, en el supuesto de que este órgano jurisdiccional no siguiera tal decisión.
35
Pues bien, aunque, al parecer, no resulta controvertido que las decisiones del College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos) se respetan y por regla general son aceptadas, también es cierto que no se imponen a las partes y no serían vinculantes para los órganos jurisdiccionales que eventualmente tuvieran que conocer del litigio subsiguiente a tal decisión. Dado que la única obligación del órgano jurisdiccional que eventualmente tuviera que pronunciarse consistiría en explicar las razones por las que no sigue la posición del instituto, que se analiza como una obligación de motivación reforzada, dicha obligación no implica que la misma decisión tenga fuerza obligatoria. Por lo tanto, las decisiones de dicho instituto no son vinculantes en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
36
En tercer lugar, según el artículo 13 de la Ley relativa al Instituto de los Derechos Humanos, este podrá ejercer acciones para solicitar que un comportamiento contrario a la legislación neerlandesa sobre la igualdad de trato sea declarado ilegal, que se prohíba dicho comportamiento o que se ordene que se eliminen las consecuencias de dicho comportamiento. Asimismo, en su respuesta al requerimiento de información, el College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos) confirmó que puede ejercer las correspondientes acciones una vez que concluya el procedimiento que tramita en el presente asunto.
37
No obstante, esta circunstancia, lejos de demostrar el carácter jurisdiccional del College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos) en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, indica que las decisiones en las que refleja su posición no tienen fuerza obligatoria. En efecto, si su decisión fuera vinculante, no sería necesario instar un procedimiento judicial una vez concluida su investigación. Por lo tanto, el organismo remitente parece apoyarse más bien en su autoridad para garantizar que sus decisiones se respetan y, en caso contrario, dicho instituto o las partes interesadas pueden instar un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales civiles neerlandeses.
38
En cuarto lugar, según la respuesta presentada por el organismo remitente, una persona interesada puede también acudir a los órganos jurisdiccionales civiles competentes, sin que sea preceptivo someter antes el asunto al College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos). Este instituto indica, sobre este particular, que su competencia es «potestativa» y no «exclusiva».
39
Si bien es cierto que un organismo remitente puede ser considerado un «órgano jurisdiccional» en el sentido del artículo 267 TFUE, a pesar de su competencia potestativa, es decir, pese a que la parte demandante puede elegir acudir directamente a otro órgano jurisdiccional (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 2015, Consorci Sanitari del Maresme, C‑203/14, EU:C:2015:664, apartados 23 a 25, y de 20 de septiembre de 2018, Montte, C‑546/16, EU:C:2018:752, apartados 23 y 24), también es cierto que de los apartados 30 a 37 del presente auto se infiere que las decisiones del College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos) no tienen carácter vinculante para las partes en el procedimiento seguido ante este.
40
Por consiguiente, es patente que el organismo remitente en el presente asunto no satisface el requisito según el cual su jurisdicción debe ser obligatoria. De ello se sigue que el College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos) no es un «órgano jurisdiccional», en el sentido del artículo 267 TFUE, y que la petición de decisión prejudicial es manifiestamente inadmisible.
Costas
41
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del asunto principal, el carácter de un incidente promovido ante el organismo remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
La petición de decisión prejudicial presentada por el College voor de Rechten van de Mens (Instituto de los Derechos Humanos, Países Bajos), mediante resolución de 8 de mayo de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de enero de 2024, es manifiestamente inadmisible.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.