62024TO0509(01)
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
de 6 de junio de 2025 (
*1
)
«Cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea — Escritos del fiscal europeo delegado — Artículo 42, apartados 1 a 3, del Reglamento (UE) 2017/1939 — Incompetencia»
En el asunto T‑509/24,
Research Investments s. r. o., con domicilio social en Zákolany (República Checa),
Areál Zákolany s. r. o., con domicilio social en Zákolany,
Simon Cihelník, con domicilio en Krupka (República Checa),
representados por el Sr. J. Mašek, abogado,
partes demandantes,
contra
Fiscalía Europea, representada por los Sres. L. De Matteis y E. Farhat, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
integrado por la Sra. M. J. Costeira, Presidenta, y la Sra. M. Kancheva y el Sr. P. Zilgalvis (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
visto el auto de 17 de marzo de 2025, Research Investments y otros/Fiscalía Europea (T‑509/24 R, no publicado, EU:T:2025:310);
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:
–
la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 1 de octubre de 2024;
–
la excepción de inadmisibilidad e incompetencia formulada por la Fiscalía Europea mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal General el 11 de diciembre de 2024;
–
las observaciones de los demandantes sobre la excepción de inadmisibilidad e incompetencia presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 7 de enero de 2025;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, los demandantes, Research Investments s. r. o., Areál Zákolany s. r. o. y el Sr. Simon Cihelník, solicitan la anulación de los tres escritos del fiscal europeo delegado checo de 1 y 15 de agosto de 2024, mediante los que este último respondió a los escritos, titulados «Requerimiento para actuar a los efectos del artículo 265 TFUE (y del artículo 263 TFUE)», que dichos demandantes habían dirigido a la Fiscalía Europea (en lo sucesivo, conjuntamente, «escritos impugnados»).
Antecedentes del litigio
2
A raíz de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Europea en relación con presuntos delitos de fraude de subvenciones, perjuicio para los intereses financieros de la Unión Europea y blanqueo de capitales, se formuló acusación contra los demandantes mediante decisión del fiscal europeo delegado checo de 24 de junio de 2022 y se ordenó su comparecencia ante el órgano jurisdiccional territorialmente competente, a saber, el Krajský soud v Praze (Tribunal Regional de Praga, República Checa), el 28 de junio de 2022. Este asunto lleva la referencia 3 T 30/2022.
3
El 5 de diciembre de 2022 se inició la fase de juicio oral, que aún está en curso.
4
Los días 1 y 14 de agosto de 2024, los demandantes remitieron a la Fiscalía Europea tres escritos, titulados «Requerimiento para actuar a los efectos del artículo 265 TFUE (y del artículo 263 TFUE)». En dichos escritos, los demandantes indicaban que la Fiscalía Europea no era competente para ejercer la acción penal en el asunto mencionado en el anterior apartado 2 y que todos sus escritos procesales eran nulos y carecían de efecto jurídico alguno. Además, requerían a la Fiscalía Europea para actuar de conformidad con los artículos 22, apartados 1 y 3, 25, apartado 3, letra a), y 39 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO 2017, L 283, p. 1), adoptando una decisión de archivo del asunto o de interrupción del procedimiento, sin lo cual se verían obligados a interponer un recurso ante el Tribunal General con arreglo al artículo 265 TFUE o a recurrir al procedimiento previsto en el artículo 263 TFUE.
5
Mediante los escritos impugnados, el fiscal europeo delegado checo informó a los demandantes de que consideraba que sus escritos, mencionados en el apartado 4 anterior, constituían un elemento de su defensa en el procedimiento penal pendiente ante el Krajský soud v Praze (Tribunal Regional de Praga) y que, por esta razón, se transmitirían a dicho órgano jurisdiccional. Asimismo, el fiscal europeo delegado checo recordó que los órganos jurisdiccionales nacionales ya habían examinado las objeciones de los demandantes en cuanto a la competencia de la Fiscalía Europea en el presente asunto. Dicho fiscal indicó además que, debido a las normas aplicables al control jurisdiccional de los actos procesales de la Fiscalía Europea, los artículos 265 TFUE y 263 TFUE no eran aplicables al caso de autos.
6
Por otra parte, en los escritos dirigidos a Research Investments y a Areál Zákolany, fechados el 15 de agosto de 2024 y notificados el 19 de agosto de 2024, el fiscal europeo delegado checo llamó su atención sobre la conexión entre el Reglamento 2017/1939 y el artículo 3 de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO 2017, L 198, p. 29), que define los fraudes que afectan a los intereses financieros de la Unión, así como sobre la notificación realizada por la República Checa con arreglo al artículo 117 del Reglamento 2017/1939, en relación con la cuestión de la denominada competencia «directa» de la Fiscalía Europea para examinar los delitos a los que se refiere dicha notificación.
Pretensiones de las partes
7
Los demandantes solicitan al Tribunal General que:
–
Anule los escritos impugnados.
–
Declare que la Fiscalía Europea ha infringido el Derecho de la Unión en la medida en que, durante la fase de investigación y durante el proceso penal ante el órgano jurisdiccional nacional, no se abstuvo —de manera contraria a Derecho— de ejercer su competencia en el ejercicio de la acción penal contra los demandantes, como establece el artículo 25, apartado 3, letra a), del Reglamento 2017/1939, y que, en consecuencia, todos los escritos procesales presentados por la Fiscalía Europea en el presente asunto son nulos.
–
Declare que la Fiscalía Europea infringió el Derecho de la Unión en la medida en que, durante el proceso penal ante el órgano jurisdiccional nacional, se abstuvo —de manera contraria a Derecho— de archivar el asunto o de interrumpir el procedimiento con arreglo a lo previsto en el artículo 39 del Reglamento 2017/1939, razón por la cual la decisión de la Fiscalía Europea de continuar el procedimiento ante el órgano jurisdiccional nacional es nula.
–
Condene en costas a la Fiscalía Europea.
8
Mediante su excepción de inadmisibilidad e incompetencia, la Fiscalía Europea solicita al Tribunal General que:
–
Declare la inadmisibilidad del recurso o lo desestime por falta de competencia.
–
Condene en costas a los demandantes.
9
En respuesta a la excepción de inadmisibilidad e incompetencia, los demandantes solicitan al Tribunal General la desestimación de la referida excepción.
Fundamentos de Derecho
10
Con arreglo al artículo 130, apartados 1 y 7, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, si la parte demandada lo solicita, el Tribunal General podrá decidir sobre la inadmisión del recurso o sobre su competencia sin entrar en el fondo del asunto. En el caso de autos, dado que la Fiscalía Europea ha solicitado que se decida sobre la inadmisión del recurso y sobre la competencia del Tribunal General, este decide resolver sobre esta pretensión sin continuar el procedimiento, al considerar que los documentos que obran en autos le proporcionan información suficiente.
11
En su excepción de inadmisibilidad e incompetencia, la Fiscalía Europea invoca dos causas de inadmisión, basadas, la primera, en que el recurso no se dirige contra un acto que produce efectos jurídicos frente a terceros y, la segunda, en la incompetencia del Tribunal General. Procede comenzar el examen por esta última.
12
Mediante su segunda causa de inadmisión, la Fiscalía Europea sostiene, en esencia, que el Tribunal General no es competente para controlar la legalidad de los escritos impugnados, de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento 2017/1939, que atribuye esta competencia a los órganos jurisdiccionales nacionales. Asimismo, la Fiscalía Europea sostiene que las pretensiones segunda y tercera de los demandantes deben desestimarse debido a la falta de competencia del Tribunal General para conocer de ellas, en la medida en que no existe una vía de recurso que permita al juez de la Unión pronunciarse mediante una declaración general o de principio.
13
Los demandantes se oponen a la segunda causa de inadmisión. Con carácter preliminar, solicitan al Tribunal General que compruebe si la excepción de inadmisibilidad e incompetencia se presentó dentro del plazo establecido en el artículo 81, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. Por lo que respecta a la primera pretensión, alegan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el único competente en materia de anulación de los actos de las instituciones de la Unión, de conformidad con el artículo 267 TFUE, párrafo primero, letra b), y con el artículo 127 del Reglamento de Procedimiento. Además, consideran que los escritos impugnados constituyen «decisiones sui generis por las que se archiva un asunto». Por lo tanto, en su opinión, el control de la legalidad de los escritos impugnados corresponde al Tribunal General, de conformidad con una interpretación «amplia» del artículo 42, apartado 3, del Reglamento 2017/1939. Además, consideran competente al Tribunal General para conocer de las pretensiones segunda y tercera, dado que, si se examina el asunto, el Tribunal General está obligado a realizar una interpretación amplia del Reglamento 2017/1939, bien desde un punto de vista procesal en cuanto a la admisibilidad del recurso, bien a efectos de una eventual decisión sobre el fondo del asunto.
14
Con carácter preliminar, procede señalar que la excepción de inadmisibilidad e incompetencia fue formulada por la Fiscalía Europea observando el plazo de presentación de tal excepción. En efecto, de los autos se desprende que la demanda fue notificada a la Fiscalía Europea el 10 de octubre de 2024 y que esta formuló la excepción de inadmisibilidad e incompetencia mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal General el 11 de diciembre de 2024. Por lo tanto, la excepción de inadmisibilidad e incompetencia se presentó en la Secretaría del Tribunal General dentro del plazo de dos meses establecido en el artículo 81, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, ampliado en el plazo por razón de la distancia previsto en el artículo 60 del mismo Reglamento.
15
A tenor del artículo 86 TFUE, apartado 3, el Reglamento por el que se crea la Fiscalía Europea establece, en particular, las normas aplicables al control jurisdiccional de los actos procesales realizados en el desempeño de sus funciones.
16
A este respecto, procede señalar que el mecanismo previsto por el legislador para garantizar el control de los actos procesales de la Fiscalía Europea es un mecanismo sui generis. Según el considerando 88 del Reglamento 2017/1939, este mecanismo tiene por objeto garantizar vías de recurso efectivas, de conformidad con el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo (véase el auto de 15 de diciembre de 2023, Stan/Fiscalía Europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, apartado 25 y jurisprudencia citada).
17
Por lo que se refiere a los actos procesales de la Fiscalía Europea, su control jurisdiccional está previsto en el artículo 42 del Reglamento 2017/1939. Más concretamente, el artículo 42, apartado 1, de dicho Reglamento establece, en particular, que los actos procesales de la Fiscalía Europea destinados a surtir efectos jurídicos frente a terceros serán objeto de control jurisdiccional por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes de conformidad con los requisitos y procedimientos establecidos en el Derecho nacional. El artículo 42, apartado 2, del mismo Reglamento precisa que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente, de conformidad con el artículo 267 TFUE, para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la validez de los actos procesales de la Fiscalía Europea, en la medida en que dicha cuestión de validez se plantee ante cualquier órgano jurisdiccional de un Estado miembro directamente sobre la base del Derecho de la Unión, así como sobre la interpretación o la validez de las disposiciones del Derecho de la Unión, incluido el Reglamento 2017/1939, y sobre la interpretación de los artículos 22 y 25 de dicho Reglamento en relación con cualquier conflicto de competencia entre la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes (auto de 15 de diciembre de 2023, Stan/Fiscalía Europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, apartado 26).
18
El artículo 42, apartados 3 y 8, del Reglamento 2017/1939 establece expresamente la competencia del juez de la Unión, con arreglo al artículo 263 TFUE, únicamente para las decisiones de la Fiscalía Europea por las que se archive un caso, en la medida en que sean impugnadas directamente con arreglo al Derecho de la Unión, así como para las decisiones de la Fiscalía Europea que afecten a los derechos de las personas de que se trate en virtud del capítulo VIII del Reglamento 2017/1939 y para las decisiones de la Fiscalía Europea que no sean actos procesales, como las relativas al derecho de acceso del público a los documentos, o para las decisiones por la que se destituya a fiscales europeos delegados adoptadas en virtud del artículo 17, apartado 3, de dicho Reglamento, o para cualesquiera otras decisiones administrativas (auto de 15 de diciembre de 2023, Stan/Fiscalía Europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, apartado 27).
19
Por lo que atañe al artículo 42, apartados 1 y 2, del Reglamento 2017/1939, se afirmó que el tenor de estas disposiciones no adolecía de ambigüedad alguna en la medida en que conferían a los órganos jurisdiccionales nacionales la competencia exclusiva para conocer de los actos procesales de la Fiscalía Europea destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros —al margen de las excepciones previstas en el artículo 42, apartado 3, de dicho Reglamento y del curso reservado a determinadas decisiones de la Fiscalía Europea contempladas en el artículo 42, apartado 8, del mismo Reglamento—, y que solo por la vía prejudicial conocía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la validez de tales actos, a la luz de las disposiciones del Derecho de la Unión, y de la interpretación o de la validez de las disposiciones del Reglamento 2017/1939 (auto de 15 de diciembre de 2023, Stan/Fiscalía Europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, apartado 31).
20
En el caso de autos, es preciso subrayar que, como se desprende del anterior apartado 5, en los escritos impugnados, el fiscal europeo delegado indicó que consideraba que los escritos que se le habían dirigido, titulados «Requerimientos para actuar», constituían un elemento de defensa de los demandantes en el proceso penal pendiente ante el Krajský soud v Praze (Tribunal Regional de Praga) y que, por esta razón, iba a transmitirlos a dicho órgano jurisdiccional.
21
De ello se deduce que los escritos impugnados no pueden considerarse, ni siquiera implícitamente, decisiones de archivo del asunto, en el sentido del artículo 39 del Reglamento 2017/1939, y que, por consiguiente, el Tribunal General no es competente para controlar su legalidad con arreglo al artículo 42, apartado 3, de dicho Reglamento.
22
No desvirtúa esta conclusión la alegación de los demandantes relativa a una interpretación amplia del artículo 42, apartado 3, del Reglamento 2017/1939, de la que se desprende que, a su juicio, los escritos impugnados tienen la consideración de «decisiones sui generis por las que se archiva un asunto».
23
A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el recurso a una interpretación amplia únicamente es posible si es compatible con el tenor de la disposición de que se trate y que ni siquiera el principio de interpretación conforme con una norma de rango superior puede servir de base para una interpretación contra legem (véase el auto de 15 de diciembre de 2023, Stan/Fiscalía Europea, T‑103/23, EU:T:2023:871, apartado 30 y jurisprudencia citada).
24
Pues bien, aun admitiendo que los escritos impugnados correspondieran a decisiones sui generis de archivo, lo que no se ha demostrado en el presente asunto, la interpretación «amplia» del artículo 42, apartado 3, del Reglamento 2017/1939, defendida por los demandantes, llevaría a calificar de «decisiones sui generis de archivo» actos que no están comprendidos en los supuestos contemplados en el artículo 39 del Reglamento 2017/1939, lo que menoscabaría el sistema de control jurisdiccional previsto en el artículo 42 y recordado en los anteriores apartados 17 a 19.
25
De lo anterior resulta que la primera pretensión debe ser desestimada por falta de competencia.
26
Por otra parte, procede señalar que, mediante sus pretensiones segunda y tercera, los demandantes piden, en esencia, que el Tribunal General declare que la Fiscalía Europea infringió determinadas disposiciones del Derecho de la Unión. A este respecto, basta con recordar que el Derecho procesal de la Unión no dispone de ningún procedimiento que permita al juez de la Unión pronunciarse mediante una declaración general o de principio y que el Tribunal General no es competente para pronunciar sentencias declaratorias en el marco del control de legalidad basado en el artículo 263 TFUE (véase el auto de 19 de noviembre de 2020, Buxadé Villalba y otros/Parlamento, T‑32/20, no publicado, EU:T:2020:552, apartado 64 y jurisprudencia citada).
27
Por consiguiente, procede desestimar las pretensiones segunda y tercera por falta de competencia.
28
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede estimar la segunda causa de inadmisión invocada por la Fiscalía Europea y, sin que sea necesario examinar la primera, desestimar el presente recurso por falta de competencia.
Costas
29
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de los demandantes, procede condenarlos en costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales, conforme a lo solicitado por la Fiscalía Europea.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
resuelve:
1)
Desestimar el recurso por falta de competencia.
2)
Condenar en costas a Research Investments s. r. o., Areál Zákolany s. r. o. y el Sr. Simon Cihelník, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
Dictado en Luxemburgo, a 6 de junio de 2025.
El Secretario
V. Di Bucci
La Presidenta
M. J. Costeira
(
*1
)	Lengua de procedimiento: checo.