CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 10 de octubre de 2017 (1)
Asunto C‑363/16
Comisión Europea
contra
República Helénica
«Incumplimiento de Estado — Ayuda de Estado — Obligación de recuperación — Artículo 108 TFUE, apartado 2 — Medidas a adoptar por los Estados miembros — Procedimiento concursal — Inclusión de la ayuda de Estado ilegal en la relación de créditos — Cese de la actividad de la empresa — Suspensión de las subastas públicas de los activos de la empresa»
1.        En febrero de 2012, la Comisión Europea adoptó una Decisión (2) en la que declaró que determinadas medidas de apoyo financiero concedidas por Grecia a United Textiles S.A. constituían una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior y exigió a dicho Estado miembro recuperar la ayuda. En el marco del presente procedimiento solicita que se declare que, con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, Grecia no ha acatado dicha Decisión en el plazo previsto.
2.        Grecia alega que, dado que el destinatario de la ayuda fue declarado insolvente mediante auto de julio de 2012 y que ha dejado de desarrollar sus actividades, la distorsión de la competencia causada por la ayuda de Estado ilegal se ha eliminado. Considera que de ello se deriva que ha adoptado todas las medidas necesarias para ejecutar la Decisión y no la ha incumplido.
Marco jurídico
3.        El artículo 108 TFUE, apartado 2, dispone:
«Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107, o que dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine.
Si el Estado de que se trate no cumpliere esta decisión en el plazo establecido, la Comisión o cualquier otro Estado interesado podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no obstante lo dispuesto en los artículos 258 y 259.
[…]»
4.        El Reglamento (CE) n.o 659/1999 (3) establecía normas detalladas para la aplicación de la legislación sobre ayudas de Estado ilegales.
5.        El considerando 6 de dicho Reglamento establecía que «de conformidad con el artículo [4 TUE, apartado 3], los Estados miembros tienen la obligación de cooperar con la Comisión y de suministrarle toda la información que ésta necesite para el desempeño de sus funciones en el marco del presente Reglamento».
6.        Según el considerando 13:
«Considerando que, en caso de ayuda ilegal e incompatible con el mercado común, debe restablecerse la competencia efectiva; que, para ello, es necesario que la ayuda, con sus correspondientes intereses, se recupere sin demora; que conviene que dicha recuperación se efectúe con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional; que la aplicación de estos procedimientos no debe, impidiendo la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión, entorpecer el restablecimiento de la competencia efectiva; que, para lograr este resultado, los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que la decisión de la Comisión surta efecto».
7.        El artículo 14 de ese mismo Reglamento, titulado, «Recuperación de la ayuda», establecía lo siguiente:
«1.      Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda […]. La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho [de la Unión].
[…]
3.      Sin perjuicio de lo que el Tribunal de Justicia de [la Unión Europea] pueda disponer, de conformidad con el artículo [278 TFUE], la recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión. Para ello y en caso de procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales, los Estados miembros de que se trate tomarán todas las medidas necesarias previstas en sus ordenamientos jurídicos nacionales, incluidas las medidas provisionales, sin perjuicio del Derecho [de la Unión].»
Antecedentes del litigio y Decisión de recuperación
8.        United Textiles es una empresa textil griega que fabricaba ropa, fibras y tela. Los considerandos de la Decisión de recuperación indican que, al menos desde 2004, la situación de dicha sociedad se fue agravando constantemente y que desde 2008 sus plantas no funcionaban debido a la falta de capital circulante. En la casi totalidad de sus préstamos bancarios había incurrido en mora desde 2008. Según los informes anuales de la sociedad, la producción se detuvo prácticamente en marzo de 2009 y desde febrero de 2010, la cotización de sus acciones en la Bolsa de Atenas está suspendida. (4)
9.        En 2007, Grecia otorgó a favor de United Textiles una garantía para la reprogramación de un préstamo bancario existente y la concesión de un nuevo préstamo bancario (en lo sucesivo, «garantía de 2007»). En 2009, Grecia reprogramó las deudas de la empresa a la seguridad social para el período 2004‑2009 (en lo sucesivo, «reprogramación de 2009»). (5)
10.      El 22 de febrero de 2012, la Comisión adoptó la Decisión de recuperación, que fue notificada a Grecia el 23 de febrero de 2012. En virtud del artículo 1, apartado 1, de dicha Decisión, la Comisión declaró que la garantía de 2007 y la reprogramación de 2009 constituían una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior. (6) El importe total estimado de la ayuda ilegal era de 30,57 millones de euros. (7)
11.      En virtud del artículo 2 se exigía a Grecia que recuperara de United Textiles la ayuda de Estado ilegal, más los intereses.
12.      El artículo 3 disponía que la recuperación de la ayuda debía ser inmediata y efectiva, y que la Decisión de recuperación debía aplicarse en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.
13.      Por otra parte, el artículo 4, apartado 1, exigía a Grecia que, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la Decisión, suministrara a la Comisión la siguiente información:
«a)      el importe total (principal e intereses) que debe recuperarse del beneficiario;
b)      una descripción detallada de las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la [Decisión de recuperación];
c)      documentos que demuestren que se ha ordenado al beneficiario que reembolse la ayuda.»
14.      A tenor del artículo 4, apartado 2, «Grecia mantendrá informada a la Comisión del avance de las medidas nacionales adoptadas en aplicación de la [Decisión de recuperación] hasta que la recuperación de la ayuda […] haya concluido. A instancias de la Comisión, Grecia facilitará con carácter inmediato información sobre las medidas ya adoptadas y previstas para aplicar la [Decisión de recuperación]. También proporcionará información detallada sobre los importes de la ayuda y los intereses ya recuperados del beneficiario».
15.      Tras la notificación de la Decisión de recuperación, las autoridades griegas competentes certificaron una deuda por importe de 19 181 729,10 euros (correspondiente a la garantía de 2007) el 21 de junio de 2012. El 19 de julio de 2012, United Textiles fue declarada insolvente mediante sentencia del Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunal de Primera Instancia de Atenas, Grecia).
16.      El 29 de agosto de 2012, las autoridades griegas competentes certificaron otra deuda por importe de 15 827 427,78 euros (correspondiente a la reprogramación de 2009).
17.      Las deudas fueron notificadas al registro concursal en los días 3 de agosto de 2012 (la garantía de 2007) y 14 de septiembre de 2012 (la reprogramación de 2009).
18.      La primera junta de acreedores se celebró el 18 de diciembre de 2012. La última notificación de las deudas relativas a las ayudas objeto de recuperación se produjo el 7 de febrero de 2013. La relación de créditos se cerró el 11 de septiembre de 2013.
19.      A principios de 2013, los activos de United Textiles fueron vendidos en subasta pública.
20.      Entre mayo de 2012 y mayo de 2015, la Comisión y Grecia intercambiaron diversa correspondencia sobre la ejecución de la Decisión de recuperación y el desarrollo del procedimiento concursal.
21.      Mediante dos correos electrónicos de 7 y 17 de diciembre de 2015, el administrador concursal de United Textiles comunicó a la Comisión que Grecia estaba intentando reactivar la actividad de la sociedad y le preguntó hasta qué punto la Comisión estaba de acuerdo. Mediante escrito de 18 de diciembre de 2015, la Comisión solicitó a Grecia que aclarara si se estaba sopesando la posibilidad de suspender el procedimiento concursal de United Textiles y reactivar su actividad.
22.      Mediante el acto de contenido legislativo, de 30 de diciembre de 2015 (en lo sucesivo, «ACL»), se acordó «suspender las subastas públicas para la venta de los activos de la sociedad anónima […] [United Textiles] durante un período de seis meses a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial». (8)
23.      Grecia respondió al escrito de la Comisión de 18 de diciembre de 2015 el 19 de enero de 2016, confirmando que la venta de los activos se había suspendido. Facilitó a la Comisión más información sobre esa cuestión mediante escrito de 11 de abril de 2016.
24.      Las subastas públicas de los activos de la sociedad se suspendieron efectivamente a partir de la fecha de publicación del ACL durante un plazo de seis meses, hasta el 30 de junio de 2016. El Gobierno griego confirmó en la vista que las subastas para la venta de los activos de United Textiles se habían reiniciado en septiembre de 2016.
Procedimiento y pretensiones de las partes
25.      El 30 de junio de 2016 la Comisión interpuso el presente recurso.
26.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que Grecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión de recuperación y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, todas las medidas necesarias parar recuperar de su beneficiario la ayuda de Estado declarada ilegal e incompatible con el mercado interior por el artículo 1, apartado 1, de dicha Decisión y al no haber informado suficientemente a la Comisión de las medidas adoptadas, de conformidad con el artículo 4 de dicha Decisión.
27.      En la vista celebrada el 21 de junio de 2017, el Gobierno griego y la Comisión formularon observaciones orales y respondieron a las preguntas planteadas por el Tribunal de Justicia.
28.      En su recurso, la Comisión observó que «desde un punto de vista formal» Grecia no se había asegurado de que se hubieran cumplido las obligaciones derivadas de la Decisión de recuperación en la fecha en que expiró el plazo establecido (véase el punto 39 infra). No obstante, dedicó la mayor parte de sus observaciones escritas y orales a la suspensión de la venta de los activos de la sociedad el 30 de diciembre de 2015, es decir, tres años más tarde.
29.      Cuando se le solicitó en la vista que especificara cual había sido, según ella, el incumplimiento de Grecia, la Comisión identificó tres motivos principales por los que, en su opinión, Grecia había incumplido la Decisión de recuperación, a saber: i) por no recuperar la ayuda en el plazo de cuatro meses establecido en la decisión (United Textiles fue declarada insolvente después de transcurrido dicho plazo); ii) por no informar a la Comisión plenamente sobre el avance de la recuperación de la ayuda de Estado ilegal, al no facilitar a la Comisión la información exigida en el artículo 4, apartado 1, de la Decisión de recuperación en el plazo de dos meses desde la notificación de dicha Decisión, y al no informar a la Comisión de que se habían suspendido las subastas públicas en diciembre de 2015, y iii) por suspender, mediante el ACL, las subastas públicas de los activos de United Textiles.
Observaciones preliminares
30.      De entrada conviene aclarar determinados aspectos del procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, de la fecha pertinente para apreciar la existencia de un incumplimiento con arreglo a ese procedimiento y de la naturaleza de la obligación que una decisión de recuperación impone a los Estados miembros.
Procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 2, y carga de la prueba
31.      Cuando un Estado miembro no cumple una decisión de recuperación, la Comisión o cualquier otro Estado miembro puede recurrir al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 2, no obstante lo dispuesto en los artículos 258 TFUE y 259 TFUE. A diferencia de lo que ocurre con el artículo 258 TFUE, esta última opción no prevé una fase administrativa previa. (9)
32.      La elección del procedimiento que ha de adoptarse en un determinado caso incumbe a la Comisión. (10) El Tribunal de Justicia ha declarado que la vía de recurso prevista en el artículo 108 TFUE, apartado 2, no es más que una variante del recurso por incumplimiento, específicamente adaptada a los problemas particulares que plantean a la competencia en el mercado común las ayudas estatales. (11) En el presente asunto, la Comisión ha interpuesto su recurso con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2.
33.      El acceso al Tribunal de Justicia al amparo de este precepto es más rápido y fácil que el intercambio formal de pareceres con el Estado miembro y (en su caso) con los demás interesados, que ya habrá tenido lugar en el curso del procedimiento administrativo que culminó con la adopción de la correspondiente Decisión de la Comisión. (12) El comportamiento de un Estado miembro contra el que se haya interpuesto un recurso en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 2, únicamente podrá apreciarse a la luz de las obligaciones que le imponga dicha Comisión. (13)
34.      Al margen del procedimiento elegido por la Comisión, según jurisprudencia reiterada, en el marco de un recurso por incumplimiento, «corresponde a la Comisión demostrar la existencia del incumplimiento alegado y aportar al Tribunal de Justicia los elementos necesarios para que éste verifique la existencia de tal incumplimiento, sin que pueda basarse en ninguna presunción». (14) Por otra parte, una vez que se ha acreditado que no se ha recuperado la totalidad o parte de la ayuda de Estado ilegal, incumbe al Estado miembro fundamentar las razones de ese incumplimiento. (15)
Fecha pertinente para apreciar la existencia de un incumplimiento
35.      En un procedimiento como el que constituye el objeto del presente asunto, cuando los procedimientos nacionales para la recuperación de la ayuda de Estado ilegal han estado en curso durante varios años, es determinante establecer la fecha pertinente para apreciar la existencia de un incumplimiento. A este respecto, la elección entre el procedimiento general por infracción y el procedimiento previsto en el artículo 108 TFUE, apartado 2, no carece de consecuencias. Dado que en el segundo la Comisión no está obligada a emitir un dictamen motivado, la fecha pertinente para apreciar si se ha cometido un incumplimiento no puede ser (como ocurre en el procedimiento del artículo 258 TFUE) la fecha de cumplimiento prevista en dicho dictamen.
36.      En cambio, conforme a reiterada jurisprudencia, la fecha pertinente a efectos de un procedimiento con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, es la fecha que conste en la decisión que imponga la obligación de recuperar la ayuda de Estado o, en su caso, la fecha posterior que la Comisión establezca. (16) Los acontecimientos que ocurran tras la fecha pertinente no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de apreciar la existencia o inexistencia de un incumplimiento. (17)
37.      En el presente asunto, el artículo 3, apartado 2_de la Decisión de recuperación establece un período de cuatro meses desde la fecha de notificación de la Decisión. La Comisión no fijó posteriormente un nuevo plazo. Por consiguiente, la fecha pertinente debe ser cuatro meses posterior al 23 de febrero de 2012, fecha de notificación de la Decisión, es decir, el 23 de junio de 2012. (18) Dado que se trataba de un sábado, la fecha pertinente es el 25 de junio de 2012.
38.      Por otra parte, el artículo 4, apartado 1, de la Decisión de recuperación exigía a Grecia facilitar información concreta a la Comisión dentro de los dos meses siguientes a la fecha de notificación, es decir, antes del 23 de abril de 2012.
39.      Por consiguiente, las fechas pertinentes para apreciar si Grecia incumplió la obligación de facilitar información y la obligación de recuperar la ayuda de Estado son el 23 de abril de 2012 y el 25 de junio de 2012, respectivamente.
40.      La Comisión alegó en la vista que la suspensión de las subastas públicas para la venta de los activos de United Textiles mediante el ACL de 30 de diciembre de 2015 es una segunda fecha pertinente para apreciar la existencia de un incumplimiento.
41.      A este respecto, la Comisión adujo en la vista que es práctica habitual de este Tribunal de Justicia declarar que un Estado miembro que ha incumplido una decisión que le obliga a recuperar una ayuda de Estado llegada la fecha pertinente está cometiendo una infracción continuada. (19)
42.      No estoy de acuerdo con esa interpretación de la jurisprudencia. Si bien es cierto que en alguno de esos asuntos el Tribunal de Justicia señaló que el incumplimiento se había prolongado después de la fecha pertinente y hasta la vista, el Tribunal de Justicia se limitó a declarar la existencia de un incumplimiento al término del período establecido en la Decisión de la Comisión. (20)
43.      Además, de la sentencia Comisión/Bélgica (21) se desprende claramente que los acontecimientos posteriores a la fecha establecida en la decisión por la que se ordena la recuperación de la ayuda de Estado ilegal son irrelevantes a efectos de apreciar la existencia de un incumplimiento en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2. Dicho esto, tras esa fecha, el Estado miembro sigue estando sujeto a la obligación continua de llevar a cabo la recuperación de la ayuda ilegal en virtud del deber de cooperación leal. (22)
Naturaleza de la obligación de recuperación
44.      La obligación de recuperar una ayuda de Estado ilegal se deriva del artículo 108 TFUE, apartado 2, según lo aplica, a efectos del presente procedimiento, el Reglamento n.o 659/1999. El Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que «la supresión de una ayuda ilegal mediante la recuperación de la misma es la consecuencia lógica de la declaración de su ilegalidad». (23) La recuperación sirve para restablecer el statu quo ante en la medida de lo posible y para eliminar las ventajas contrarias a la competencia creadas por las ayudas de Estado ilegales. (24)
45.      La obligación de recuperación es una obligación de resultado. (25) El Reglamento n.o 659/1999 exige a los Estados miembros que recuperen las ayudas de Estado ilegales sin dilación con arreglo a los procedimientos de Derecho nacional y que la decisión de recuperación se ejecute de forma «inmediata y efectiva». (26) En ese sentido, conforme a reiterada jurisprudencia, los Estados miembros son libres de elegir los medios para ejecutar la obligación dimanante de la decisión de recuperación, siempre que las medidas elegidas no menoscaben el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión. (27)
46.      La recuperación no solo tiene que ser íntegra, sino también puntual, es decir, dentro del período previsto en la decisión (o antes de la fecha posteriormente fijada por la Comisión). Una recuperación tardía no cumple las exigencias del TFUE. (28)
47.      El Tribunal de Justicia ha declarado sistemáticamente que únicamente la imposibilidad absoluta puede servir de excusa para no recuperar ayudas de Estado ilegales. (29) La jurisprudencia interpreta ese motivo de defensa de forma estricta, y rechaza que «el mero temor a dificultades internas» constituya una imposibilidad absoluta. (30) Los Estados miembros no pueden alegar requisitos de su Derecho nacional, como la imposibilidad de recuperación con arreglo al Derecho nacional; (31) una laguna legal; (32) dificultades técnicas o administrativas; (33) o dificultades jurídicas, políticas o prácticas que suscita la aplicación de la decisión, sin emprender verdaderas actuaciones frente a las empresas implicadas con el fin de recuperar la ayuda y sin proponer a la Comisión métodos alternativos para la ejecución de la decisión que permitan superar las dificultades. (34)
48.      ¿Puede alegar un Estado miembro que la situación financiera del beneficiario, que no le permite recuperar la ayuda, constituye una «imposibilidad absoluta» de recuperarla?
49.      El Tribunal de Justicia ha estimado que esa situación no constituye una prueba de que la ejecución resulte imposible, puesto que la liquidación de la sociedad también permite lograr el objetivo de suprimir la ayuda. (35) La falta de activo recuperable es la única forma de demostrar la imposibilidad absoluta de recuperar la ayuda e incumbe al Estado instar la liquidación de la empresa para hacer valer sus créditos sobre los activos, si los hubiese y si el rango de sus créditos lo permitiese. (36)
50.      La alegación de imposibilidad absoluta se refiere al resultado que se ha de conseguir: la recuperación de la ayuda ilegal. Si se pudiera invocar acerca del modo en que se debe realizar la recuperación, sería demasiado fácil que un Estado miembro optara por un procedimiento para recuperar la ayuda ilegal que resultase imposible, alegando acto seguido haber quedado exento de la obligación de recuperar la ayuda. (37)
51.      Si el Estado miembro se enfrenta a dificultades a la hora de recuperar la ayuda, está sujeto a determinados deberes complementarios. Un Estado miembro únicamente puede invocar la imposibilidad absoluta si ha puesto en conocimiento de la Comisión esos problemas y ha intentado resolver las dificultades a las que se ha enfrentado. (38) Pues bien, un Estado miembro que encuentre dificultades imprevistas o imprevisibles o advierta consecuencias no contempladas por la Comisión debe someter estos problemas a la apreciación de esta última, proponiendo las modificaciones apropiadas de la decisión de que se trate. En tal caso, la Comisión y el Estado miembro, con arreglo a la norma que impone a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión deberes recíprocos de cooperación leal, que inspira principalmente el artículo 4 TUE, apartado 3, deben colaborar de buena fe para superar esa dificultades. (39)
Incumplimiento
Obligación de recuperar la ayuda de Estado
Alegaciones de las partes
52.      En su escrito de recurso, la Comisión alega que Grecia no recuperó la ayuda ilegal en el plazo previsto.
53.      La Comisión sostiene que cuando no es posible recuperar íntegramente la ayuda de Estado ilegal al encontrarse la empresa en dificultades o en estado de insolvencia, el Estado miembro debe incluir la deuda relativa al reembolso de la ayuda en la relación de créditos de dicha empresa en el marco del procedimiento concursal. La empresa debe interrumpir por completo sus actividades. En el presente asunto, Grecia no cumplió esas obligaciones antes de la extinción del plazo establecido, es decir, del 25 de junio de 2012.
54.      Grecia alega que United Textiles fue declarada insolvente el 19 de julio de 2012 y que su actividad ha cesado. Por consiguiente, considera que la distorsión de la competencia ocasionada por la ventaja competitiva de que disfrutó el destinatario de la ayuda ha sido eliminada de conformidad con la Decisión de recuperación.
Apreciación
55.      En un asunto como el que nos ocupa, en el que la empresa controvertida no dispone de los fondos necesarios para reembolsar la ayuda de Estado ilegal, la obligación de recuperación sigue existiendo. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la obligación de recuperar una ayuda de Estado ilegal se extiende a la recuperación de destinatarios que, como United Textiles, están en dificultades o en situación concursal. (40)
56.      En ese caso, «el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de la distorsión de la competencia resultante de las ayudas ilegalmente pagadas pueden, en principio, lograrse mediante la inclusión en la relación de créditos del crédito relativo a la restitución de las ayudas de que se trata». (41) Si es necesario, el propio Estado miembro, en su calidad de acreedor o accionista de la sociedad, debe instar su disolución. (42)
57.      Cuando las autoridades de los Estados miembros no pueden recuperar la totalidad del importe de la ayuda, no basta con incluir la deuda en la relación de créditos. El procedimiento concursal debe «lleva[r] a la liquidación de la empresa beneficiaria de las ayudas ilegales, es decir, al cese definitivo de su actividad». (43)
58.      De ello se deriva que, cuando el Estado no puede recuperar la totalidad del importe de la ayuda ilegal a raíz de la situación financiera de la empresa, i) ésta debe ser declarada insolvente, y ii) el crédito relativo a la restitución de la ayuda de que se trate debe incluirse en la relación de créditos. Si sigue siendo imposible recuperar la totalidad de la ayuda, el procedimiento concursal debe llevar a la liquidación de la empresa y al cese definitivo de su actividad. Únicamente en ese momento se considera cumplida la obligación de recuperación.
59.      Cuestión distinta es el momento en el que la decisión de recuperación debe ejecutarse. Es poco probable que las distintas fases de un procedimiento concursal, desde la demanda inicial de declaración de insolvencia hasta la declaración de insolvencia, y la liquidación del beneficiario y el cese definitivo de sus actividades tenga lugar dentro del plazo de cuatro meses que suele establecer la Comisión para la recuperación de una ayuda ilegal. En tales circunstancias, ¿qué puede razonablemente esperarse de un Estado miembro que intente ejecutar plena y puntualmente una decisión de recuperación?
60.      El Tribunal de Justicia considera que la inclusión del crédito relativo a la ayuda de Estado ilegal en la relación de créditos constituye el medio adecuado para lograr la supresión de la distorsión de la competencia y exige que ésta se produzca dentro del plazo establecido en la decisión de recuperación. (44)
61.      Pues bien, se espera que el Estado miembro incoe el procedimiento concursal (si no lo ha hecho ya otro acreedor), comunique sus créditos al administrador concursal y solicite su inclusión en la relación de créditos conforme a los procedimientos nacionales dentro del período establecido en la decisión de recuperación.
62.      Cabe que, en un determinado supuesto, existan circunstancias o motivos relacionados con los procedimientos internos que impidan al Estado miembro incluir el crédito en la relación de créditos dentro del plazo previsto. En ese caso, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, el Estado miembro debe someter esa dificultad a la apreciación de la Comisión, proponiendo modificaciones apropiadas de la decisión de que se trate. Tanto el Estado miembro como la Comisión deben respetar el deber de cooperación leal y colaborar de buena fe. (45)
63.      De ello se desprende que cuando un Estado miembro se enfrenta a dificultades para respetar el calendario previsto en la decisión de recuperación debido a las particularidades de los procedimientos concursales, debe informar plenamente a la Comisión y solicitar un período suplementario para cumplir dicha decisión, justificando debidamente el plazo adicional solicitado. En mi opinión, la Comisión, que también está sujeta al deber de cooperación leal, está entonces obligada a conceder una prórroga razonable del plazo de recuperación cuando las circunstancias del asunto así lo exijan.
64.      En el presente asunto, no se discute que United Textiles no fue declarada insolvente hasta el 19 de julio de 2012. Los importes que debían recuperarse fueron notificados al registro concursal en los días 3 de agosto de 2012 (la garantía de 2007) y 14 de septiembre de 2012 (la reprogramación de 2009). Grecia declaró en la vista que la última comunicación de un crédito relativo a la ayuda de Estado ilegal se había producido el 7 de febrero de 2013. La relación de créditos se cerró el 11 de septiembre de 2013. Todos esos acontecimientos se produjeron después de la fecha pertinente del 25 de junio de 2012.
65.      Pese a que todas las medidas adoptadas para ejecutar la Decisión de recuperación (declaración de insolvencia de United Textiles, notificación de los créditos al registro concursal y elaboración de la relación de créditos incluidos los relativos a la ayuda de Estado ilegal) se ejecutaron después del período de recuperación establecido por la Comisión, Grecia no solicitó a la Comisión un plazo adicional para dar cumplimiento a la Decisión de recuperación de conformidad con sus procedimientos nacionales. Por consiguiente, las medidas de ejecución se llevaron a cabo después del plazo pertinente.
66.      En consecuencia, el incumplimiento queda acreditado.
Obligación de informar a la Comisión
Alegaciones de las partes
67.      La Comisión aduce que Grecia no le informó suficientemente de las medidas adoptadas para ejecutar la Decisión de recuperación. Arguye que Grecia no informó con carácter previo a la Comisión sobre la suspensión de las subastas públicas para la venta de los activos de United Textiles mediante el ACL. Además, afirma que Grecia no ha facilitado ningún tipo de información sobre la evolución del asunto desde su escrito de 11 de abril de 2016.
68.      Grecia alega que ha mantenido suficientemente informada a la Comisión de las medidas que adoptó para ejecutar la Decisión de recuperación.
Apreciación
69.      El artículo 4 de la Decisión de recuperación imponía a Grecia obligaciones específicas de información. En primer lugar, Grecia debía facilitar tres elementos concretos de información en un plazo de dos meses a contar desde la fecha de notificación de la Decisión (artículo 4, apartado 1). En segundo lugar, Grecia estaba sujeta a una obligación continuada de mantener a la Comisión informada del avance de las medidas adoptadas para recuperar la ayuda hasta que su recuperación hubiera concluido (artículo 4, apartado 2).
70.      El Tribunal de Justicia ha considerado que, cuando un Estado miembro no adopta las medidas necesarias para recuperar una ayuda de Estado dentro del plazo establecido, también incumple su obligación de informar a la Comisión de las medidas tomadas. (46) Dado que Grecia no llevó a cabo ningún trámite para ejecutar la Decisión de recuperación antes del 23 de abril de 2012, tampoco pudo haber informado de ellas a la Comisión.
71.      Por consiguiente, también ha quedado acreditado el incumplimiento de esa obligación.
72.      Merece la pena dejar constancia de que el Gobierno griego confirmó en la vista que los tres elementos de información exigidos por el artículo 4, apartado 1, de la Decisión de recuperación no se proporcionaron antes del 23 de abril de 2012. Además, de la correspondencia entre las partes se desprende que el Gobierno griego no entabló contacto con la Comisión hasta mayo de 2012, es decir, después del plazo máximo.
73.      En cuanto a la obligación de mantener informada a la Comisión del avance de las medidas adoptadas para recuperar la ayuda hasta que su recuperación hubiera concluido (artículo 4, apartado 2, de la Decisión de recuperación), las partes aportaron al Tribunal de Justicia una serie de escritos que ponen de manifiesto una correspondencia frecuente entre Grecia y la Comisión desde mayo de 2012. En virtud de esos escritos, Grecia informó a la Comisión de la evolución del procedimiento concursal de United Textiles. Sin embargo, Grecia no comunicó con carácter previo a la Comisión la adopción del ACL por el que se suspendieron las subastas públicas referidas a United Textiles. Únicamente después de que la Comisión (mediante escrito de 18 de diciembre de 2015) solicitara aclaraciones a Grecia, ésta le informó (mediante escrito de 19 de enero de 2016) de que había suspendido las subastas públicas para la venta de los activos de United Textiles durante un período de seis meses para estudiar un plan para reactivar su actividad.
74.      Desde mi punto de vista, ello infringe el artículo 4, apartado 2, de la Decisión de recuperación.
75.      Por consiguiente, ha de concluirse que Grecia no informó suficientemente a la Comisión de las medidas adoptadas para recuperar la ayuda ilegal, como debía hacer en virtud del artículo 4 de la Decisión de recuperación.
Suspensión de las subastas públicas y posibilidad de reactivar las actividades de United Textiles
76.      La suspensión de las subastas públicas de los activos de United Textiles se produjo después de la fecha pertinente para apreciar la existencia de un incumplimiento (véanse los puntos 35 a 43 supra). Por consiguiente, no puede ser tenida en cuenta a este respecto. Sin embargo, dado que una parte importante de las alegaciones de las partes versaban sobre este tema, lo abordaré brevemente en aras de la exhaustividad.
77.      La Comisión alega que la recuperación debe llevarse a cabo con arreglo a los procedimientos nacionales y debe ser inmediata y efectiva. Afirma que, cuando no sea posible recuperar íntegramente la ayuda de Estado ilegal y el Estado miembro opte por la vía del procedimiento concursal, ese procedimiento debe llevar, in fine, a la liquidación de la empresa y al cese definitivo de sus actividades. A su paracer, la suspensión de las subastas públicas para la venta de los activos de United Textiles interrumpe el proceso de liquidación de la empresa, que debería ser irreversible, y retrasa la recuperación de la ayuda de Estado ilegal.
78.      Grecia aduce que United Textiles había cesado en su actividad y que, por consiguiente, la ventaja competitiva de la que se había beneficiado había desaparecido. Según afirma, ni la jurisprudencia ni la práctica de la Comisión exigen que el procedimiento concursal aboque inevitablemente en la liquidación y disolución de la empresa de que se trate. Sostiene que la suspensión de las subastas únicamente se prolongó durante un plazo de seis meses, transcurrido el cual el procedimiento de liquidación siguió su curso normal, y añade que el proyecto de reactivar las actividades de United Textiles preveía la recuperación inmediata de la ayuda de Estado.
79.      ¿Puede un Estado miembro que está recuperando una ayuda de Estado ilegal en el contexto de un procedimiento concursal suspender tal procedimiento para analizar un plan que permita reactivar las actividades del beneficiario?
80.      Para responder a esa pregunta, es preciso tener en mente varios principios.
81.      En primer lugar, la recuperación debe llevarse a cabo sin dilación y la ejecución de la decisión de recuperación debe ser inmediata y efectiva. (47)
82.      En segundo lugar, los Estados miembros son libres de elegir los medios para ejecutar la obligación de recuperación, siempre que las medidas elegidas no menoscaben el alcance y la eficacia del Derecho de la Unión y no hagan imposible en la práctica la recuperación. Las medidas adoptadas por los Estados miembros deben ser apropiadas para restablecer las condiciones normales de competencia que fueron falseadas mediante la concesión de la ayuda ilegal. (48)
83.      En tercer lugar, las obligaciones concretas concernientes a la recuperación de las ayudas de Estado y el deber más general de cooperación leal establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3, están estrechamente relacionados. El artículo 4 TUE, apartado 3, indica el modo en el que el Estado miembro debe actuar durante el proceso de recuperación. (49)
84.      Por último, el objetivo general de la recuperación de la ayuda de Estado, es decir la supresión de la distorsión de la competencia, (50) debe analizarse a la luz de los objetivos generales de la Unión, recogidos en el artículo 3 TUE y, en particular, de un crecimiento económico equilibrado y una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo, como pilares del desarrollo sostenible de la Unión. (51)
85.      En estas circunstancias, no estoy de acuerdo con la opinión manifestada por la Comisión en la vista de que la recuperación a través de un procedimiento concursal es una vía de sentido único que debe llevar inevitablemente a la liquidación del beneficiario.
86.      En primer lugar, la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia declara expresamente que, para cumplir lo obligación de recuperación, el procedimiento concursal debe «lleva[r] a la liquidación de la empresa beneficiaria de las ayudas ilegales, es decir, al cese definitivo de su actividad» pero esa obligación únicamente nace «en el caso de que las autoridades estatales no pudieran recuperar la totalidad del importe de las ayudas». (52)A contrario, cuando pueda recuperarse la totalidad de la ayuda en el marco del procedimiento concursal, la liquidación de la empresa y el cese definitivo de sus actividades ya no son necesarios.
87.      En segundo lugar, la alegación de que la normativa sobre ayudas de Estado, en un sistema cuyo objetivo es el crecimiento económico y el pleno empleo, debe exigir automáticamente que empresas que podrían ser viables dejen de operar, con la consiguiente pérdida de empleos, es intrínsecamente contradictorio.
88.      En tercer lugar, como alega acertadamente Grecia, la propia Comisión ha declarado que «en caso de que se proponga un plan de continuación […] que implique la continuación de la actividad del beneficiario, las autoridades nacionales responsables de ejecutar la decisión de recuperación sólo podrán apoyar ese plan si éste garantiza que la ayuda se recupera íntegramente dentro de los plazos previstos en la decisión de recuperación de la Comisión. (53) Es cierto que la Comisión observa a continuación que «en especial, el Estado miembro no podrá renunciar a parte de sus créditos de recuperación, ni podrá aceptar cualquier otra solución que no dé lugar a la terminación inmediata de la actividad del beneficiario. A falta de un reembolso completo e inmediato de la ayuda ilegal e incompatible, las autoridades nacionales responsables de ejecutar la decisión de recuperación deberán tomar todas las medidas disponibles para oponerse a la adopción de un plan de continuación y deberán insistir en la finalización de la actividad del beneficiario dentro del plazo establecido en la decisión de recuperación». (54) Ello no altera el hecho de que la propia Comisión considera aceptable un plan de continuación que lleve a la recuperación plena y puntual de la ayuda de Estado ilegal previamente abonada.
89.      Por tanto, considero que, en principio, un Estado miembro puede contemplar la posibilidad de reactivar las actividades del beneficiario de una ayuda de Estado ilegal en circunstancias como las del presente asunto.
90.      No obstante, estimo que deben cumplirse los siguientes requisitos mínimos: i) el proyecto debe permitir la recuperación plena del importe de la ayuda de Estado ilegal; ii) el procedimiento debe ser conforme al Derecho nacional; iii) la Comisión debe ser plenamente informada con carácter previo; iv) debe respetarse el principio de cooperación leal y de efectividad del Derecho de la Unión; v) la Comisión debe aceptar el proyecto y establecer un calendario vinculante para su ejecución, y vi) el Estado miembro debe respetar el plazo máximo fijado por la Comisión.
91.      En el presente asunto, la suspensión del procedimiento concursal por el ACL únicamente afectó a las subastas públicas de los activos de United Textiles. No incidió en la inclusión del crédito en la relación de créditos, ni en el cese de la actividad de la sociedad. (55) Por lo tanto no prolongó, en sí, la ventaja contraria a la competencia de la que se había beneficiado United Textiles.
92.      No obstante, Grecia no facilitó información a la Comisión sobre el ACL hasta después de su adopción y a solicitud de ésta. No puede acogerse la alegación de Grecia de que no podía informar de forma inmediata a la Comisión sobre el proyecto dado que aún estaba siendo objeto de estudio. Además, el expediente no contiene ningún tipo de indicio en el sentido de que Grecia hiciera participar a la Comisión en el procedimiento, como debería haber hecho en virtud del deber de cooperación leal.
93.      Por lo tanto, desde mi punto de vista, la suspensión de las subastas públicas mediante el ACL para estudiar un plan para reactivar la actividad de United Textiles era contraria a las obligaciones que incumbían a Grecia en virtud de la Decisión de recuperación y al deber de cooperación leal que subyace, en particular, en el artículo 4 TUE, apartado 3.
Costas
94.      A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la Comisión ha solicitado la condena en costas de Grecia y las pretensiones formuladas por dicho Estado miembro han sido desestimadas, procede condenar a éste en costas.
Conclusión
95.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:
1)      Declare que Grecia ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 2012/541/UE de la Comisión, de 22 de febrero de 2012, relativa a la ayuda estatal SA.26534 (C 27/10, ex NN 6/09) concedida por Grecia a United Textiles S.A., al no haber adoptado, dentro del plazo establecido, todas las medidas necesarias parar recuperar de su beneficiario la ayuda de Estado declarada ilegal e incompatible con el mercado interior por el artículo 1, apartado 1, de dicha Decisión y al no haber informado suficientemente a la Comisión Europea de las medidas adoptadas, de conformidad con su artículo 4.
2)      Condene en costas a Grecia.
1      Lengua original: inglés.
2      Decisión 2012/541/UE de la Comisión, de 22 de febrero de 2012, relativa a la ayuda estatal SA.26534 (C 27/10, ex NN 6/09) concedida por Grecia a United Textiles SA (DO 2012, L 279, p. 30; en lo sucesivo, «Decisión de recuperación»).
3      Reglamento del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 1999, L 83, p. 1). Desde entonces, dicho Reglamento ha sido derogado y sustituido por el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9). En el momento en el que se adoptó la decisión de recuperación y en la fecha pertinente para apreciar el incumplimiento, el primero de ellos era el que estaba en vigor. El segundo entró en vigor el 14 de octubre de 2015. En cualquier caso, el contenido del artículo 16 del segundo Reglamento es, al margen de su número, idéntico al del artículo 14 del Reglamento n.o 659/1999.
4      Considerandos 11 a 15 de la Decisión de recuperación.
5      Considerandos 18 a 21 de la Decisión de recuperación.
6      Artículo 1, apartado 1, de la Decisión de recuperación.
7      Considerandos 98 y 99 de la Decisión de recuperación.
8      Artículo 17 del ACL. La base jurídica sobre la que se adoptó dicho acto era el artículo 44, apartado 1, de la Constitución griega que dispone que «en circunstancias extraordinarias de necesidad urgente e imprevisible, el Presidente de la República podrá adoptar, a propuesta del Consejo de Ministros, actos de naturaleza legislativa. […]»
9      Sentencia de 3 de julio de 2001, Comisión/Bélgica (C‑378/98, EU:C:2001:370), apartado 26.
10      Véase la sentencia de 26 de junio de 2003, Comisión/España (C‑404/00, EU:C:2003:373), apartado 25 y jurisprudencia citada. Por lo tanto, procede rechazar la alegación que la Comisión formuló en la vista de que su única opción cuando un Estado miembro ha incumplido una decisión dictada al amparo del artículo 108 TFUE, apartado 2, es recurrir ante el Tribunal de Justicia con arreglo a dicha disposición.
11      Sentencia de 3 de julio de 2001, Comisión/Bélgica (C‑378/98, EU:C:2001:370), apartado 24 y jurisprudencia citada.
12      Conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Comisión/Alemania (C‑527/12, EU:C:2014:90), punto 26.
13      Sentencia de 2 de febrero de 1988, Comisión/Países Bajos (213/85, EU:C:1988:39), apartado 8. La decisión de recuperación es la que delimita el alcance de un procedimiento con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2 (aplicación plena y puntual). Otras consideraciones, como el posterior comportamiento de un Estado miembro, deben someterse al procedimiento previsto en el artículo 258 TFUE (tras emitir un dictamen motivado) o en el artículo 260 TFUE (cuando el Tribunal de Justicia ya haya declarado que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben).
14      Sentencia de 26 de junio de 2003, Comisión/España (C‑404/00, EU:C:2003:373), apartado 26 y jurisprudencia citada.
15      Véase, en tal sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2015, Comisión/Francia (C‑37/14, no publicada EU:C:2015:90), apartado 71.
16      Sentencia de 12 de diciembre de 2013, Comisión/Italia (C‑411/12, no publicada, EU:C:2013:832), apartado 30 y jurisprudencia citada. Las decisiones en cuestión versaban sobre la obligación de recuperación. En mi opinión, deben aplicarse principios similares en lo que respecta al deber de facilitar información a la Comisión.
17      Véase, en tal sentido, la sentencia de 3 de julio de 2001, Comisión/Bélgica (C‑378/98, EU:C:2001:370), apartado 28.
18      Por ejemplo, en la sentencia de 9 de julio de 2015, Comisión/Francia (C‑63/14, EU:C:2015:458), el Tribunal de Justicia observó que la decisión fue notificada el 3 de mayo de 2013 (apartado 14) y que la fecha pertinente era el 3 de septiembre de 2013 (apartado 46). Véase, también, la sentencia de 12 de febrero de 2015, Comisión/Francia (C‑37/14, no publicada, EU:C:2015:90), en la que la decisión fue notificada el 29 de enero de 2009 (apartado 15) y la fecha de referencia para apreciar el incumplimiento de esa decisión se fijó en el 29 de mayo de 2009 (apartado 58).
19      Los tres asuntos citados por la Comisión en apoyo de dicha alegación son las sentencias de 9 de julio de 2015, Comisión/Francia (C‑63/14, EU:C:2015:458); de 12 de febrero de 2015, Comisión/Francia (C‑37/14, no publicada, EU:C:2015:90), y de 13 de octubre de 2011, Comisión/Italia (C‑454/09, no publicada, EU:C:2011:650).
20      Por ejemplo, en su sentencia de 12 de febrero de 2015, Comisión/Francia (C‑37/14, no publicada, EU:C:2015:90), el Tribunal de Justicia observó que, en relación con la obligación de mantener a la Comisión informada acerca de la recuperación de la ayuda ilegal, el Estado miembro no había proporcionado toda la información requerida ni en el periodo inicial de dos meses fijado en la decisión, ni con posterioridad antes de la vista ante el Tribunal de Justicia (apartado 88).
21      Sentencia de 3 de julio de 2001, Comisión/Bélgica (C‑378/98, EU:C:2001:370), apartado 28; véase el punto 36 supra.
22      Véanse los puntos 80 y ss. infra, especialmente el punto 83.
23      Véase la sentencia de 9 de julio de 2015, Comisión/Francia (C‑63/14, EU:C:2015:458), apartado 44.
24      Véanse, en tal sentido, la sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/Polonia (C‑331/09, EU:C:2011:250), apartado 56, y mis conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Francia (C‑214/07, EU:C:2008:343), punto 39.
25      Estoy de acuerdo, a este respecto, con lo manifestado por el Abogado General Wahl en sus conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Alemania (C‑527/12, EU:C:2014:90), puntos 31 a 38.
26      Considerando 13 y artículo 14, apartado 3, del Reglamento n.o 659/1999.
27      Sentencia de 11 de septiembre de 2014, Comisión/Alemania (C‑527/12, EU:C:2014:2193), apartado 40 y jurisprudencia citada.
28      Sentencia de 9 de julio de 2015, Comisión/Francia (C‑63/14, EU:C:2015:458), apartado 45.
29      Sentencia de 26 de junio de 2003, Comisión/España (C‑404/00, EU:C:2003:373), apartado 45 y jurisprudencia citada.
30      Sentencia de 29 de enero de 1998, Comisión/Italia (C‑280/95, EU:C:1998:28), apartados 14 a 16.
31      Sentencia de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión (C‑303/88, EU:C:1991:136), apartado 60.
32      Sentencia de 17 de octubre de 2013, Comisión/Grecia (C‑263/12, no publicada, EU:C:2013:673), apartado 36.
33      Sentencia de 29 de enero de 1998, Comisión/Italia (C‑280/95, EU:C:1998:28), apartados 18 a 26.
34      Sentencia de 5 de mayo de 2011, Comisión/Italia (C‑305/09, EU:C:2011:274), apartado 33. Sobre el concepto de «imposibilidad absoluta», véase, también, Karpenschif, M., Droit européen des aides d’État, Bruylant, Bruselas, 2015, pp. 383 a 387.
35      Véase, en tal sentido, la sentencia de 2 de julio de 2002, Comisión/España (C‑499/99, EU:C:2002:408), apartados 37 y 38 y jurisprudencia citada.
36      Sentencia de 2 de julio de 2002, Comisión/España (C‑499/99, EU:C:2002:408), apartado 37.
37      Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Francia (C‑214/07, EU:C:2008:343), punto 44.
38      Sentencias de 14 de febrero de 2008, Comisión/Grecia (C‑419/06, no publicada, EU:C:2008:89), apartado 40, y de 12 de febrero de 2015, Comisión/Francia (C‑37/14, no publicada, EU:C:2015:90), apartado 67 y jurisprudencia citada.
39      Sentencia de 26 de junio de 2003, Comisión/España (C‑404/00, EU:C:2003:373), apartado 46.
40      Sentencia de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España (C‑610/10, EU:C:2012:781), apartado 71 y jurisprudencia citada.
41      Sentencia de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España (C‑610/10, EU:C:2012:781), apartado 72 y jurisprudencia citada.
42      Véase la sentencia de 6 de diciembre de 2007, Comisión/Italia (C‑280/05, no publicada, EU:C:2007:753), apartado 28 y jurisprudencia citada.
43      Sentencia de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España (C‑610/10, EU:C:2012:781), apartado 104 y jurisprudencia citada.
44      Sentencias de 13 de octubre de 2011, Comisión/Italia (C‑454/09, no publicada, EU:C:2011:650), apartados 38 a 42; de 14 de abril de 2011, Comisión/Polonia (C‑331/09, EU:C:2011:250), apartados 60 a 65, y de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España (C‑610/10, EU:C:2012:781), apartados 73 a 75.
45      Véase el punto 51 supra y la nota 38.
46      Véase, entre otras, la sentencia de 9 de julio de 2015, Comisión/Francia (C‑63/14, EU:C:2015:458), apartados 62 y 63.
47      Véase el punto 45 supra.
48      Sentencia de 11 de septiembre de 2014, Comisión/Alemania (C‑527/12, EU:C:2014:2193), apartados 40 a 42.
49      Véanse, inter alia_la sentencia de 12 de febrero de 2015, Comisión/Francia (C‑37/14, no publicada, EU:C:2015:90), apartado 67, y mis conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Francia (C‑214/07, EU:C:2008:343), punto 48.
50      Véase el punto 44 supra.
51      Artículo 3 TUE, apartado 3.
52      Sentencia de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España (C‑610/10, EU:C:2012:781), apartado 104 y jurisprudencia citada.
53      Comunicación de la Comisión — Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles (DO 2007, C 272, p. 4), apartado 67.
54      Comunicación de la Comisión — Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles (DO 2007, C 272, p. 4), apartado 67.
55      La Comisión no ha aportado al Tribunal de Justicia ninguna prueba de que United Textiles siguiera desarrollando su actividad. En cambio, en el considerando 13 la Decisión de recuperación indica que las plantas de la empresa no funcionan desde 2008, debido a la falta de capital circulante. Por su parte, Grecia alega que cuando una empresa es declarada insolvente, conforme al Derecho griego, ésta solo puede seguir desempeñando sus actividades mediante autorización del tribunal que conoce del procedimiento concursal o mediante acuerdo de la junta de acreedores. En sus escritos de 12 de noviembre de 2014 y de 15 de mayo de 2015, Grecia informó a la Comisión de que no había sido así. En esas circunstancias, considero que las alegaciones formuladas por la Comisión en la vista sobre una posible continuación de facto de las actividades de United Textiles no son suficientes para satisfacer la carga de la prueba que le incumbe (véase el punto 34 supra).