61994CC0017_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
1. En el presente asunto, el tribunal de grande instance de Bergerac (Francia) ha planteado al Tribunal de Justicia diferentes cuestiones sobre las relaciones entre la normativa francesa en materia de centros de inseminación de semen de toro y las disposiciones del Tratado relativas a los monopolios de Estado, al derecho de establecimiento y a la libre prestación de servicios, así como sobre diversas Directivas que se refieren, por una parte, a las actividades de los veterinarios y, por otra, a los bovinos reproductores de raza selecta. El presente asunto suscita además ciertos interrogantes sobre los requisitos que pueden exigirse a los órganos jurisdiccionales de remisión en cuanto a la descripción de los hechos que configuran el asunto, y sobre la conexión que puede establecerse con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las situaciones puramente internas.
La normativa nacional
2. Las normas francesas en materia de inseminación de animales domésticos se recogen en la Ley nº 66-1005, de 28 de diciembre de 1966, sobre la ganadería, y en sus disposiciones de desarrollo. Según el artículo 4 de dicha Ley, las operaciones de recogida y acondicionamiento del semen sólo pueden ser ejecutadas por los Jefes de los centros de inseminación o bajo el control de los mismos. Igualmente, sólo pueden practicar la inseminación los Jefes de los centros de inseminación o los inseminadores autorizados para ello.
Los centros de inseminación sólo pueden desarrollar sus funciones si han obtenido previamente una autorización al efecto del Ministerio de Agricultura francés, según dispone el artículo 5 de la Ley. Los párrafos cuarto y quinto de dicha disposición establecen que cada centro de inseminación prestará sus servicios en una zona concreta, dentro de la cual será el único autorizado a intervenir. Los ganaderos radicados en la zona de acción de un centro de inseminación podrán solicitar a éste que les suministre semen procedente de cualquier centro de producción elegido por ellos. El artículo 9 de la Ley prevé sanciones penales en caso de infracción de las disposiciones que se acaban de mencionar.
3. Según el Decreto nº 69-258, de 22 de marzo de 1969, sobre inseminación artificial, el ejercicio de las actividades de inseminador requiere una autorización expedida por el Ministro de Agricultura francés. La inseminación sólo puede practicarse bajo el control de los centros de inseminación autorizados por el Ministerio de Agricultura.
4. Una Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1991, relativa a la formación de inseminadores y Jefes de centro y a la atribución de las licencias correspondientes, establece las normas de desarrollo del Decreto nº 69-258, antes citado. Según su artículo 1, las operaciones de inseminación se efectuarán bajo el control del centro de inseminación territorialmente competente. El Ministro de Agricultura francés podrá expedir licencias de inseminador contra presentación de un certificado expedido por el Jefe de un centro de inseminación en el que se certifique que la persona designada en el certificado actuará bajo la responsabilidad del Jefe de centro al realizar las operaciones de inseminación (véase el artículo 2). El artículo 3 de dicha Orden establece que se expedirá el certificado de aptitud para las funciones de inseminador a los candidatos que hayan superado un examen de inseminadores, a los veterinarios y a los candidatos titulares de una
" licencia de Jefe de centro" .
Hechos
5. Los inculpados en el procedimiento principal, los Sres. Denis Gervais, Jean-Louis Nougaillon, Christian Carrard y Bernard Horgue, son nacionales franceses domiciliados en Francia. Todos ellos han aprobado el examen que da derecho al título de veterinario. Ninguno de ellos pertenece a un centro de inseminación autorizado. La información disponible ha permitido establecer que, con excepción del Sr. Denis Gervais, los inculpados son titulares del certificado de aptitud para las funciones de inseminador.
En marzo de 1992, la Coopérative périgorde agenaise d ' élevage et d ' insémination artificielle (Cooperativa ganadera y de inseminación artificial de Périgord y Agen; en lo sucesivo,
" CPAEIA" ), titular del derecho exclusivo para el distrito de Bergerac, entre otros, presentó ante el procureur de la République (Ministerio Fiscal) de Bergerac una denuncia contra dichas personas por haber ejercido actividades de inseminador sin disponer de las autorizaciones que requiere el Derecho francés, infringiendo así lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley nº 66-1005, antes citado. El Ministerio Fiscal acusó a continuación a los Sres. Denis Gervais y Jean-Louis Nougaillon de haber practicado inseminaciones sin que se les hubiera atribuido previamente una zona en la que habrían podido efectuar legítimamente tales operaciones, y a los Sres. Christian Carrard y Bernard Horgue de haber explotado un centro de inseminación sin autorización.
Los inculpados no han negado haber infringido las normas francesas relativas al ejercicio de las actividades de inseminación. Han alegado, sin embargo, que no podían imponérseles sanciones penales puesto que, según ellas, el régimen de autorización es contrario al Derecho comunitario.
Cuestiones prejudiciales
6. En este contexto, el tribunal de grande instance de Bergerac, mediante resolución de 14 de enero de 1994, planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:
" 1) El artículo 59 del Tratado CEE y las Directivas del Consejo 78/1026/CEE y 78/1027/CEE, de 18 de diciembre de 1978,
[ (1) ]
aplicables en el ámbito de las actividades de los veterinarios, ¿no se oponen a la aplicación de una normativa nacional que, en materia de inseminación artificial de bovinos, exige como requisito para la concesión de una licencia de inseminador a los veterinarios la presentación de un certificado del director de un centro de inseminación artificial autorizado en el que éste certifique que el solicitante se halla sometido a su autoridad en lo que respecta a las operaciones de inseminación artificial, prohibiendo así a los veterinarios la libre prestación de servicios bajo la amenaza de sanciones penales y restringiendo sensiblemente al mismo tiempo su actividad, mediante el reconocimiento de un monopolio territorial de ejercicio de la actividad mencionada en favor de personas agrupadas en unos
" centros"
llamados de inseminación artificial y que no ostentan necesariamente el título de veterinario?
2) El artículo 52 del Tratado CEE y las Directivas del Consejo 78/1026/CEE y 78/1027/CEE, de 18 de diciembre de 1978, aplicables en el ámbito de las actividades de los veterinarios, ¿no se oponen a la aplicación de una normativa nacional sobre inseminación artificial de bovinos que establece que se otorgarán licencias de inseminador, con ciertos requisitos, a los veterinarios, pero prohíbe a éstos el ejercicio de dicha actividad bajo la amenaza de sanciones penales y suprime con ello su libertad de establecimiento, a menos que se sometan obligatoriamente a la autoridad de un centro llamado de inseminación artificial, constituido por personas que no ostentan necesariamente el título de veterinario y al cual se le reconoce un monopolio territorial para el ejercicio de la mencionada actividad, de modo que, en todo el territorio francés, la libertad de establecimiento de los veterinarios no puede ejercerse debidamente si no es a través de la vinculación a un centro?
3) Las Directivas del Consejo 77/504/CEE, de 25 de julio de 1977, referente a animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción,
[ (2) ]
y 87/328/CEE, de 18 de junio de 1987, relativa a la admisión para la reproducción de bovinos reproductores de raza selecta,
[ (3) ]
adoptadas con fines de policía sanitaria y que pretenden, según afirman, salvaguardar la libertad de intercambios intracomunitaria, ¿deben interpretarse en el sentido de que permiten que una normativa nacional establezca un monopolio territorial de ejercicio de la inseminación artificial de naturaleza propiamente económica en favor de unos
" centros"
que agrupan a personas que no ostentan necesariamente el título de veterinario?
4) Una normativa nacional que subordina el acceso a la actividad de inseminador a la expedición de una licencia para la inseminación artificial de bovinos y que exige como requisito para la concesión de la licencia la presentación de un certificado del director de un centro de inseminación artificial autorizado, en el que éste certifique que el solicitante se halla sometido a su autoridad en lo que respecta a las operaciones de inseminación artificial, prohibiendo o restringiendo de este modo el ejercicio de esta actividad por parte de los veterinarios, ya que esta última debe desarrollarse bajo la autoridad del director de un centro llamado de inseminación artificial, al que se le ha concedido un monopolio territorial de ejercicio, ¿es compatible con las disposiciones pertinentes de las Directivas del Consejo 77/504/CEE y 87/328/CEE, que no prevén restricción alguna ni para el establecimiento ni para la actividad de los veterinarios?
5) Un monopolio de prestación de servicios como el que establecen la Ley de 28 de diciembre de 1966 sobre la ganadería y sus disposiciones de desarrollo, ¿es compatible con los artículos 37 y 59 del Tratado CEE, en la medida en que excluye toda inseminación artificial efectuada por personas que, aun disponiendo de las debidas calificaciones y de las autorizaciones necesarias para intervenir, no formen parte del personal de los centros de inseminación artificial titulares del monopolio?
"
Sobre la admisibilidad
7. La Comisión, el Gobierno francés y la CPAEIA, que se ha personado como actor civil en el procedimiento principal, han puesto de relieve que el órgano jurisdiccional remitente no expone, ni siquiera lacónicamente, ni las circunstancias del caso de autos ni su marco jurídico. Por lo tanto, no procede en su opinión entrar a examinar las cuestiones prejudiciales.
8. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la necesidad de dar una interpretación del Derecho comunitario que sea útil para el Juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo en el que se inscribe la petición de interpretación.
(4) Asimismo, es indispensable que el órgano jurisdiccional nacional explique las razones por las que considera que una respuesta a sus preguntas es necesaria para la solución del litigio.
(5) Por otra parte, la información proporcionada por las resoluciones de remisión no sólo sirve para permitir al Tribunal de Justicia dar respuestas útiles, sino también para ofrecer la posibilidad de presentar sus observaciones a los Gobiernos de los Estados miembros y a las demás partes interesadas.
(6) Incumbe pues al Tribunal de Justicia salvaguardar dicha posibilidad, habida cuenta de que, en virtud del artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia, a las partes interesadas sólo se les notifican las resoluciones de remisión.
(7)
9. La resolución de remisión no cumple los requisitos que resulta legítimo exigir con arreglo a dicha jurisprudencia. Si la única información disponible sobre el asunto hubiera sido la resolución de remisión, lo procedente habría sido, en mi opinión, declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial.
10. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha formulado diferentes preguntas a los inculpados en el asunto principal a fin de obtener aclaraciones. Habida cuenta de las circunstancias, considero que las respuestas a dichas preguntas ofrecen la posibilidad de dar al Juez nacional una respuesta útil a las cuestiones que planteó. Procede pues responder a dichas cuestiones.
Cuestiones primera y segunda
11. Mediante sus dos primeras cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si unas disposiciones como las que regulan en Francia los requisitos de ejercicio de las actividades de inseminación son compatibles con los artículos 52 y 59 del Tratado, así como con las Directivas 78/1026/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de veterinario, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, y con la Directiva 78/1027/CEE, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los veterinarios.
12. Según el artículo 2 de la Directiva 78/1026, basado en los artículos 49, 57, 66 y 235 del Tratado CE, cada Estado miembro reconocerá los diplomas, certificados y otros títulos expedidos a los nacionales de los Estados miembros por los otros Estados miembros, con arreglo al artículo 1 de la Directiva 78/1027 y, en lo que respecta al acceso a las actividades de los veterinarios y al ejercicio de las mismas, les dará igual efecto en su territorio que a los diplomas, certificados y otros títulos expedidos por él.
13. Según el artículo 1 de la Directiva 78/1027, que también se basa en los artículos 49, 57, 66 y 235 del Tratado, los Estados miembros subordinarán el acceso a las actividades de los veterinarios y el ejercicio de las mismas a la posesión de un diploma, certificado u otro título de veterinario mencionado en el artículo 3 de la Directiva 78/1026, que garantice que el interesado ha adquirido, en el tiempo que duró su formación, diversas capacitaciones importantes para las actividades de los veterinarios. Las restantes disposiciones de la Directiva contienen normas relativas a los conocimientos que los veterinarios deben haber adquirido durante su formación, así como normas relativas a la duración de la formación y a los requisitos de acceso a la misma.
14. Los inculpados en el procedimiento principal sostienen que la exigencia de autorización supone establecer un monopolio geográfico para las actividades de inseminación; las disposiciones francesas son pues contrarias tanto a las normas del Tratado relativas a la libre circulación como a las Directivas 78/1026 y 78/1027. La Comisión, el Gobierno francés y CPAEIA alegan, por el contrario, que en el procedimiento principal se examina una situación puramente interna, a la que no se aplican las normas del Tratado relativas a la libre circulación. En su opinión, las Directivas 78/1026 y 78/1027 no contienen disposición alguna sobre el ejercicio de las actividades de inseminación y tampoco regulan las actividades que deben considerarse conexas a las actividades de los veterinarios.
15. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento no son aplicables a situaciones puramente internas de un Estado miembro, como las de nacionales de un Estado miembro que ejercen en el territorio de dicho Estado una profesión liberal sin haber recibido previamente en otro Estado miembro la formación correspondiente ni haber ejercido anteriormente en él dicha actividad.
(8) Asimismo, las disposiciones de los artículos 59 y 60 del Tratado en materia de libre prestación de servicios no pueden aplicarse a actividades cuyos elementos están contenidos por entero en un solo Estado miembro.
(9)
16. Ninguno de los inculpados tiene vínculos profesionales con otro Estado miembro. No pueden por tanto invocar las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios, aun en el caso de que la normativa francesa que se discute fuera contraria a las mencionadas disposiciones, en situaciones en las que el elemento comunitario es insuficiente.
17. En consecuencia, por lo que respecta a la relación con los artículos 52 y 59 del Tratado, opino que el Tribunal de Justicia debe responder a las cuestiones primera y segunda que las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios no se aplican a situaciones puramente internas de un Estado miembro, como las de nacionales de un Estado miembro que desean ejercer en el territorio de dicho Estado una profesión liberal sin poder alegar haber recibido previamente en otro Estado miembro la formación correspondiente ni haber ejercido anteriormente en él dicha actividad.
18. A mi juicio, las disposiciones recogidas en las Directivas 78/1026 y 78/1027 no tienen importancia para la resolución del procedimiento principal. Según el artículo 2 de la Directiva 78/1026, los Estados miembros reconocerán, entre otros, los diplomas expedidos a los nacionales de los Estados miembros por los otros Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 78/1027, y les darán en su territorio igual efecto que a los diplomas, certificados y otros títulos expedidos por ellos para el acceso a las actividades de los veterinarios y al ejercicio de las mismas. La Directiva 78/1027 se encuentra conectada con la Directiva 78/1026, en la medida en que establece las normas relativas a los conocimientos que un veterinario debe haber adquirido gracias a su formación, pero en dicha Directiva no existe norma alguna sobre las actividades que un veterinario titulado puede ejercer o sobre las relaciones entre los veterinarios y los Estados donde aprobaron los exámenes que les dieron derecho al título de veterinario.
19. Ambas Directivas sólo se aplican, pues, a las situaciones en las que el veterinario de que se trate posea un diploma de un Estado miembro diferente del Estado miembro contra el que pretende invocar las Directivas. En cambio, las Directivas no regulan una situación puramente interna de un Estado miembro en la que el titular de un diploma expedido por el Estado miembro del que es nacional pretende invocar dicho diploma para ejercer actividades de veterinario en dicho Estado miembro.
20. Propongo, pues, al Tribunal de Justicia que responda a la parte de las cuestiones primera y segunda relativas a las Directivas 78/1026 y 78/1027 declarando que los titulares de un diploma de veterinario no pueden invocar frente al Estado miembro que expidió dicho diploma ni la Directiva 78/1026, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de veterinario, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, ni la Directiva 78/1027, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los veterinarios.
Cuestiones tercera y cuarta
21. Mediante las cuestiones tercera y cuarta, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si las Directivas 77/504 y 87/328 se oponen a una normativa nacional que atribuye a ciertos centros de inseminación un derecho exclusivo para la práctica de las inseminaciones y que exige como requisito para el acceso a la actividad de inseminador la autorización del Jefe de un centro de inseminación.
22. Al adoptar la Directiva 77/504, basada en los artículos 43 y 100 del Tratado CE, el Consejo estableció una serie de disposiciones destinadas a favorecer la producción y el comercio intracomunitario de bovinos de raza selecta para reproducción. Según el artículo 2 de dicha Directiva, los Estados miembros velarán porque no se prohíban, limiten u obstaculicen por razones zootécnicas los intercambios intracomunitarios de bovinos de raza selecta para reproducción.
23. Con arreglo al artículo 3 de la citada Directiva, el Consejo estableció en su Directiva 87/328 ciertas normas sobre la admisión para la reproducción de bovinos reproductores. Según dichas disposiciones, los Estados miembros no pueden prohibir, limitar u obstaculizar la admisión, para someterse a una prueba oficial, de toros de raza selecta, o la utilización de su semen en los límites cuantitativos necesarios para la realización de dichas pruebas oficiales por organismos o asociaciones autorizados. Tampoco pueden los Estados miembros obstaculizar la admisión a la inseminación artificial en su territorio de toros de raza selecta o la utilización de su semen, cuando estos toros hayan sido admitidos a la inseminación artificial en un Estado miembro basándose en las pruebas efectuadas de conformidad con la Decisión 86/130/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 1986
(10) (véase el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva).
La Directiva dispone además que los Estados miembros velarán porque, en los intercambios intracomunitarios, el semen a que se refiere el artículo 2 se recoja, se trate y se almacene en un centro de inseminación artificial oficialmente autorizado (véase el artículo 4).
24. Los inculpados sostienen que las Directivas 77/504 y 87/328 no autorizan a los Estados miembros a otorgar a determinadas personas o a determinadas empresas un derecho exclusivo para la práctica de actividades de inseminación, o a limitar el derecho a ejercer tales actividades exigiendo una autorización previa. En su opinión, una normativa semejante constituye una restricción a la libre circulación de mercancías, contraria al artículo 30 del Tratado CE. La Comisión, el Gobierno francés y CPAEIA sostienen por el contrario que las Directivas antes citadas no hacen referencia a los requisitos para la práctica de inseminaciones ni a los grupos de personas que pueden efectuar inseminaciones.
25. Comparto la opinión de la Comisión, del Gobierno francés y de CPAEIA en el sentido de que, habida cuenta de su tenor literal y del objetivo que persiguen, las Directivas 77/504 y 87/328 se refieren únicamente a las medidas nacionales que puedan influir en los intercambios de bovinos de raza selecta y, en especial, en los intercambios de semen para la reproducción. Nada en las Directivas permite suponer que éstas limitan además la facultad de los Estados miembros de reservar las actividades de inseminación a determinadas categorías profesionales o a determinadas empresas, desde el momento en que tales normas nacionales no impliquen, ni directa ni indirectamente, una restricción ilícita de los intercambios de semen de toro.
26. Según los datos disponibles, el régimen francés no prohíbe a los agentes económicos que no sean centros de inseminación importar semen de toro de otros Estados miembros,
(11) ni tampoco comerciar con dicha mercancía. Dicha regulación tampoco confiere al inseminador la facultad de decidir, contra la voluntad del ganadero, si la inseminación debe realizarse con semen francés o con semen im portado.
27. Resulta difícil mantener, pues, que una normativa nacional que se limita a determinar las empresas y agentes económicos que pueden efectuar lícitamente inseminaciones implica, en sí misma, una restricción a los intercambios intracomunitarios de esperma y de óvulos fecundados procedentes de bovinos de raza selecta para reproducción, prohibida por el artículo 2 de la Directiva 77/504. Una normativa de este tipo tampoco supone restricciones para la importación de semen de toros de raza selecta en los límites cuantitativos necesarios para la realización de pruebas oficiales por parte de organismos o asociaciones autorizados, a efectos del artículo 2 de la Directiva 87/328.
28. Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones tercera y cuarta declarando que las Directivas 77/504 y 87/328 no se oponen a una normativa nacional que otorga el derecho exclusivo de practicar inseminaciones a los centros de inseminación o a las personas a las que se haya expedido licencia de inseminador y que no ostentan necesariamente el título de veterinario.
Quinta cuestión
29. Mediante la quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si un monopolio de prestación de servicios como el vigente en Francia es compatible con los artículos 37 y 59 del Tratado.
30. Los inculpados en el procedimiento principal sostienen que la normativa francesa es contraria a los artículos 37 y 59 del Tratado, así como a los artículos 5, 86 y 90 del mismo. La Comisión, el Gobierno francés y CPAEIA alegan, por el contrario, que dicha cuestión quedó ya resuelta en la sentencia de 28 de junio de 1983, Amélioration de l ' élevage,
" Mialocq" .
(12) El Gobierno francés y CPAEIA consideran además que esta quinta cuestión parte de una premisa errónea en cuanto al alcance de la normativa francesa, puesto que los inseminadores independientes pueden también obtener autorización de los centros para la práctica de inseminaciones.
31. Por lo que respecta a las alegaciones del Gobierno francés y de CPAEIA, no me parece que el Tribunal de Justicia pueda negarse a responder a esta quinta cuestión. En el marco de un procedimiento prejudicial, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la procedencia de una alegación en la que se afirme que una cuestión prejudicial carece de pertinencia por basarse en una interpretación errónea del Derecho nacional.
(13)
32. Por lo que respecta al problema de la relación con el artículo 59 del Tratado, me remito a lo que indiqué en mi respuesta a la primera cuestión.
33. En la sentencia Mialocq, antes citada, el Tribunal de Justicia se pronunció ya, en mi opinión, sobre las relaciones existentes entre el artículo 37 del Tratado y una normativa nacional del tipo de la que se impugna en el presente asunto. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 37 se refiere a los intercambios de mercancías y no es aplicable a un monopolio de prestación de servicios. Según el Tribunal de Justicia, nada permitía suponer que las normas francesas en materia de inseminación artificial de bovinos establecieran indirectamente una
" monopolización"
que obstaculizara la libre circulación de mercancías:
" Dichas circunstancias revelan en efecto que, según la normativa aplicable en Francia, todo ganadero es libre de solicitar al centro de inseminación del que depende que le suministre semen procedente del centro de producción elegido por él, en Francia o en el extranjero. El Gobierno francés ha indicado que, en la normativa francesa, nada impide a un centro de inseminación o incluso a un ganadero dirigirse directamente a un centro extranjero para comprarle semen, y obtener la licencia de importación necesaria para ello.
Procede responder por tanto a la primera cuestión que es preciso interpretar el artículo 37 en el sentido de que dicha disposición no es aplicable a un monopolio de prestación de servicios, aunque dicho monopolio permita al Estado miembro de que se trate asumir la dirección de un sector de la economía nacional, siempre que dicho monopolio no viole el principio de libre circulación de mercancías al discriminar los productos importados en favor de los productos de origen nacional
"
(apartados 12 y 13).
34. En el presente asunto, ninguno de los datos que constan en autos permite llegar a un resultado diferente. Como el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia Centre d ' insémination de la Crespelle, antes citada, corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si la normativa francesa conduce en la práctica a crear una discriminación en perjuicio del semen de toro importado. En el caso de autos, no ha aparecido durante el desarrollo del procedimiento información alguna que dé cuenta de una discriminación en beneficio de los productos nacionales.
35. En mi opinión, el Tribunal de Justicia no puede tomar en consideración las alegaciones presentadas por los inculpados en relación con los artículos 5, 86 y 90 del Tratado CE. Ciertamente, el afán por dar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta apropiada a su cuestión prejudicial puede llevar al Tribunal de Justicia a tomar en consideración normas comunitarias que dicho órgano jurisdiccional remitente no evocó en su cuestión, pero el Tribunal de Justicia no puede en cambio ocuparse, a petición de parte, de cuestiones que el órgano jurisdiccional nacional no ha planteado.
(14)
36. Habida cuenta de las consideraciones precedentes, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la quinta cuestión declarando que el artículo 37 no es aplicable a un monopolio de prestación de servicios, salvo si dicho monopolio viola el principio de libre circulación de mercancías al discriminar los productos importados en beneficio de los productos de origen nacional.
Conclusión
37. En virtud de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que declare lo siguiente:
" 1) Las disposiciones del Tratado en materia de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios no se aplican a situaciones puramente internas de un Estado miembro, como las de nacionales de un Estado miembro que desean ejercer en el territorio de dicho Estado una profesión liberal sin poder alegar haber recibido previamente en otro Estado miembro la formación correspondiente ni haber ejercido anteriormente en él dicha actividad.
2) Los titulares de un diploma de veterinario no pueden invocar frente al Estado miembro que expidió dicho diploma ni la Directiva 78/1026/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, sobre reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de veterinario, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, ni la Directiva 78/1027/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los veterinarios.
3) Las Directivas del Consejo 77/504/CEE, de 25 de julio de 1977,
referente a animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción, y 87/328/CEE, de 18 de junio de 1987, relativa a la admisión para la reproducción de bovinos reproductores de raza selecta, no se oponen a una normativa nacional que otorga el derecho exclusivo de practicar inseminaciones a los centros de inseminación o a las personas a las que se haya expedido licencia de inseminador y que no ostentan necesariamente el título de veterinario.
4) El artículo 37 del Tratado no es aplicable a un monopolio de prestación de servicios, salvo si dicho monopolio viola el principio de libre circulación de mercancías al discriminar los productos importados en beneficio de los productos de origen nacional.
"
(1) .
(1) DO L 362, pp. 1 y 7, respectivamente; EE 06/02, pp. 49 y 55, respectivamente.
(2) DO L 206, p. 8; EE 03/13, p. 24, modificada por la Directiva 91/174/CEE del Consejo, de 25 de marzo de 1991, relativa a las normas zootécnicas y genealógicas que regulan la comercialización de animales de raza y por la que se modifican las Directivas 77/504/CEE y 90/425/CEE (DO L 85, p. 37).
(3) DO L 167, p. 54.
(4) Véanse, por ejemplo, la sentencia de 26 de enero de 1993, Telemarsicabruzzo y otros (asuntos acumulados C-320/90, C-321/90 y C-322/90), apartado 6, y el auto de 26 de abril de 1993, Monin Automobiles (C-386/92, Rec. p. I-2049), apartado 6.
(5) Véanse la sentencia de 16 de julio de 1992, Lourenço Dias (C-343/90, Rec. p. I-4673), apartado 19, y el auto de 9 de agosto de 1994, La Pyramide (C-378/93, Rec. p. I-3999), apartado 13.
(6) Véase, en particular, la sentencia de 1 de abril de 1982, Holdijk y otros (asuntos acumulados 141/81, 142/81 y 143/81, Rec. p. 1299), apartado 6.
(7) Véanse los autos de 23 de marzo de 1995, Saddik (C-458/93, Rec. p. I-511), apartado 13, y de 7 de abril de 1995, Grau Gomis y otros (C-167/94, Rec. p. I-1023), apartado 10.
(8) Véase, como más reciente, la sentencia de 16 de febrero de 1995, Aubertin y otros (asuntos acumulados C-29/94 a C-35/94, Rec. p. I-311), apartado 9.
(9) Véase la sentencia de 23 de abril de 1991, Höfner y Elser (C-41/90, Rec. p. I-1979), apartado 37.
(10) DO L 101, p. 37.
(11) Véase la sentencia de 5 de octubre de 1994, Centre d ' insémination de la Crespelle (C-323/93, Rec. p. I-5077).
(12) Asunto 271/81, Rec. p. 2057.
(13) Véase la sentencia de 16 de abril de 1991, Eurim-Pharm (C-347/89, Rec. p. I-1747), apartados 14 a 17.
(14) Véase la sentencia de 14 de noviembre de 1985, Neumann (299/84, Rec. p. 3663), apartado 12.