62023CJ0001_RES
Asunto C‑1/23 PPU
X y otros
contra
État belge
[Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, Bélgica)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de abril de 2023
«Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de inmigración — Directiva 2003/86/CE — Derecho a la reagrupación familiar — Artículo 5, apartado 1 — Presentación de una solicitud de entrada y de residencia con el fin de ejercer el derecho a la reagrupación familiar — Normativa de un Estado miembro que exige a los miembros de la familia del reagrupante que presenten la solicitud en persona en la representación diplomática competente de ese Estado miembro — Imposibilidad o dificultad excesiva para desplazarse a esa representación — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículos 7 y 24»
Cuestiones prejudiciales — Procedimiento prejudicial de urgencia — Requisitos — Separación y alejamiento de niños pequeños de su padre, beneficiario de protección internacional — Riesgo de perjudicar seriamente su relación — Resolución del litigio que puede incidir en la situación que origina ese riesgo — Aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia
(Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 23 bis; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 107)
(Véanse los apartados 25 a 27)
Controles en las fronteras, asilo e inmigración — Política de inmigración — Derecho a la reagrupación familiar — Directiva 2003/86/CE — Respeto de los derechos fundamentales — Derecho al respeto de la vida familiar — Obligación de tener en cuenta el interés superior del niño — Normativa nacional que exige a los miembros de la familia del reagrupante que presenten una solicitud en persona en la representación diplomática competente — Imposibilidad o dificultad excesiva para desplazarse a esa representación — Inadmisibilidad — Posibilidad de que el Estado miembro interesado exija a esos miembros de la familia que comparezcan en persona en una fase posterior del procedimiento de solicitud de reagrupación familiar
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 7 y 24, aps. 2 y 3; Directiva 2003/86/CE, art. 5, ap. 1)
(Véanse los apartados 40, 41 y 44 a 60)
Resumen
La Sra. X y el Sr. Y, nacionales sirios, contrajeron matrimonio en Siria en 2016. Tienen dos hijos, nacidos respectivamente en 2016 y 2018. En 2019, el Sr. Y abandonó Siria para desplazarse a Bélgica, mientras que la Sra. X y sus hijos se quedaron en la ciudad de Afrin, en el noroeste de Siria, donde aún se encuentran. En agosto de 2022, Bélgica reconoció al Sr. Y la condición de refugiado.
Mediante correo electrónico de 28 de septiembre de 2022, dirigido a la Office des étrangers (Oficina de Extranjería, Bélgica; en lo sucesivo, «Oficina»), el abogado de los demandantes presentó una solicitud de reagrupación familiar en nombre de la Sra. X y de los dos menores para que pudieran reunirse con el Sr. Y en Bélgica. En ese correo electrónico se precisaba que la solicitud se había presentado por el abogado de los demandantes ante la Oficina porque la Sra. X y sus hijos se encontraban en circunstancias excepcionales que les impedían desplazarse efectivamente a una representación diplomática belga para presentar ante ella una solicitud de reagrupación familiar, como exige la legislación belga.
El 29 de septiembre de 2022, la Oficina respondió que, conforme a dicha legislación, no era posible presentar esa solicitud por correo electrónico e instó a los demandantes a ponerse en contacto con la embajada belga competente. Mediante escrito de 9 de noviembre de 2022, los demandantes presentaron demanda de medidas cautelares contra el Estado belga ante el órgano jurisdiccional remitente con la pretensión de que se registrase su solicitud de reagrupación familiar. Desde su punto de vista, la legislación belga, que solo permite a los miembros de la familia de un refugiado presentar de forma presencial una solicitud de entrada y de residencia en una representación diplomática, aunque no puedan desplazarse a ella, no es conforme con el Derecho de la Unión.
El órgano jurisdiccional remitente confirma que, en virtud del Derecho belga, no se prevé ninguna excepción a la obligación de comparecer en persona al inicio del procedimiento en una situación como la que constituye el objeto del litigio principal. Sin embargo, dicho órgano jurisdiccional observa que la Sra. X y sus hijos no disponen de ninguna posibilidad real de abandonar Afrin para desplazarse a una representación diplomática belga competente, toda vez que los países fronterizos que acogen esas representaciones no son seguros para las personas que huyen de Siria o son inaccesibles dado que para llegar a ellos debe atravesarse un frente. Aunque el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2003/86 (
1
) deja en manos de los Estados miembros la tarea de determinar quién puede presentar la solicitud de reagrupación familiar, a saber, el reagrupante o los miembros de su familia, en este caso la elección realizada por el legislador belga entraña negar a la Sra. X y a sus hijos toda posibilidad de presentar la suya. El órgano jurisdiccional remitente solicita, pues, que se determine si esa negativa pone en peligro el efecto útil de esa Directiva o vulnera los derechos fundamentales (
2
) que esta tiene por objeto proteger.
En el marco del procedimiento prejudicial de urgencia, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva 2003/86, (
3
) en relación con la Carta, (
4
) se opone a una normativa nacional que exige que, para presentar una solicitud de entrada y de residencia por reagrupación familiar, los miembros de la familia del reagrupante, en particular de uno que tiene reconocido el estatuto de refugiado, acudan en persona a la representación diplomática o consular de un Estado miembro que sea competente por razón del lugar de su residencia o estancia en el extranjero aunque les resulte imposible o excesivamente difícil desplazarse a dicha representación. No obstante, ese Estado miembro conserva la posibilidad de exigir a esos miembros de la familia que comparezcan en persona en una fase posterior del procedimiento de solicitud de reagrupación familiar.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Para llegar a esta conclusión, el Tribunal de Justicia señala, por un lado, que, a fin de lograr el objetivo de la Directiva 2003/86 de favorecer la reagrupación familiar, los Estados miembros deben actuar, en situaciones como la que constituye el objeto del litigio principal, con la flexibilidad necesaria para permitir que los interesados puedan presentar efectivamente su solicitud de reagrupación familiar oportunamente, facilitando la presentación de esa solicitud y admitiendo, en particular, que se recurra a medios de comunicación a distancia. En efecto, sin esa flexibilidad, la exigencia de comparecer en persona en una representación diplomática o consultar competente para presentar una solicitud no permite tener en cuenta los eventuales obstáculos que pudieran impedir la presentación efectiva de esa solicitud, en particular, cuando los miembros de la familia del reagrupante están en un país marcado por un conflicto armado. Además, en lo que respecta a la situación particular de los refugiados, la total falta de flexibilidad por parte del Estado miembro en cuestión, que impide que los miembros de sus familias puedan presentar su solicitud de reagrupación familiar sean cuales sean las circunstancias, puede tener como consecuencia que los interesados no lleguen a cumplir el plazo fijado en el artículo 12, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 2003/86, (
5
) lo que implica que su reagrupación familiar podría quedar sujeta a requisitos adicionales, en contra del objetivo de prestar una atención especial a la situación de los refugiados. En consecuencia, la exigencia de comparecer en persona para presentar una solicitud de reagrupación, sin que se permita ninguna excepción para tener en cuenta la situación concreta en la que se encuentran los miembros de la familia del reagrupante, da lugar a que se haga en la práctica imposible ejercer el derecho a la reagrupación familiar, de modo que tal normativa, aplicada sin la flexibilidad necesaria, va en contra del objetivo que persigue la Directiva 2003/86 y la priva de su efecto útil.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia observa que una disposición nacional que exige, sin excepciones, que los miembros de la familia del reagrupante comparezcan en persona para presentar una solicitud de reagrupación familiar, aunque les resulte imposible o excesivamente difícil, vulnera el derecho al respecto de la unidad familiar consagrado en el artículo 7 de la Carta, en su caso, en relación con su artículo 24, apartados 2 y 3. En efecto, tal obligación constituye una injerencia en el derecho al respeto de la unidad familiar desproporcionada respecto del objetivo, ciertamente legítimo, de luchar contra los fraudes asociados a la reagrupación familiar. Habida cuenta de que el procedimiento de reagrupación familiar se desarrolla por fases, los Estados miembros pueden exigir que los miembros de la familia del reagrupante comparezcan en persona en una fase posterior de ese procedimiento, sin que sea necesario imponer, a efectos de la tramitación de esa solicitud de reagrupación familiar, esa comparecencia en el momento de la presentación de la solicitud. No obstante, para que no se conculquen el objetivo que persigue la Directiva 2003/86 de favorecer la reagrupación familiar ni los derechos fundamentales que esa Directiva pretende proteger, cuando el Estado miembro exija la comparecencia personal de los miembros de la familia del reagrupante en una fase posterior del procedimiento, debe facilitar esa comparecencia, en particular emitiendo documentos consulares o salvoconductos, y reducir el número de comparecencias a lo estrictamente necesario.
(
1
)	Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO 2003, L 251, p. 12).
(
2
)	Se mencionan el derecho al respeto de la vida privada y familiar, consagrado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), el derecho a que se tenga en consideración el interés superior del niño y el derecho a que este pueda mantener de forma periódica relaciones personales con sus dos progenitores, protegidos en el artículo 24 de la misma norma.
(
3
)	Se trata del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2003/86.
(
4
)	El Tribunal de Justicia se refiere a los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta.
(
5
)	En virtud de esa disposición, «los Estados miembros podrán exigir que el refugiado reúna los requisitos mencionados en el apartado 1 del artículo 7 cuando la solicitud de reagrupación familiar no se haya presentado en el plazo de tres meses a partir de la concesión del estatuto de refugiado». Por su parte, el artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva 2003/86 prevé: «al presentarse la solicitud de reagrupación familiar, el Estado miembro de que se trate podrá requerir al solicitante que aporte la prueba de que el reagrupante dispone de: a) una vivienda considerada normal para una familia de tamaño comparable en la misma región y que cumpla las normas generales de seguridad y salubridad vigentes en el Estado miembro de que se trate; b) un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos normalmente asegurados para los propios nacionales en el Estado miembro de que se trate, para sí mismo y los miembros de su familia; c) recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate. Los Estados miembros evaluarán dichos recursos en función de su naturaleza y de su regularidad y podrán tener en cuenta la cuantía de los salarios y las pensiones mínimos, así como el número de miembros de la familia.»