SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
de 19 de noviembre de 2025 (*)
« Contratos públicos de servicios — Procedimiento de licitación — Servicios de apoyo a la acreditación de seguridad — Rechazo de la oferta de un licitador — Reglamento (UE) 2021/696 — Programa Espacial — Condición de que la entidad jurídica admisible no esté sujeta al control de un tercer país o de una entidad de un tercer país — Derecho a ser oído — Obligación de motivación — Obligación de evaluar las ofertas conforme a los criterios establecidos en los documentos de la contratación — Error manifiesto de apreciación — Proporcionalidad »
En el asunto T‑41/24,
LGAI Technological Center, S. A., con domicilio social en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), y
jtsec Beyond IT Security, S. L., con domicilio social en Granada,
representadas por los Sres. X. Codina García-Andrade, J. M. Martínez Gimeno y M. Vélez Fraga, abogados,
partes demandantes,
contra
Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA), representada por los Sres. E. Villa, O. Serdula y M. Kraus, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. T. Hokr, M. Nedelka, G. Bayas Fernández y J. Exner, abogados,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),
integrado, durante las deliberaciones, por la Sra. K. Kowalik-Bańczyk, Presidenta, y el Sr. E. Buttigieg (Ponente) y la Sra. B. Ricziová, Jueces;
Secretaria: Sra. P. Núñez Ruiz, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
celebrada la vista el 13 de mayo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, las demandantes, LGAI Technological Center, S. A., y jtsec Beyond IT Security, S. L., solicitan la anulación de las decisiones de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) de 16 de enero y de 22 de febrero de 2024 por las que esta les informó de que la oferta que habían presentado en el marco de la licitación EUSPA/OP/01/23 para la prestación de «servicios de apoyo a la acreditación de seguridad» no había sido seleccionada (en lo sucesivo, respectivamente, «primera decisión impugnada» y «segunda decisión impugnada»).
Antecedentes del litigio y procedimiento
2        El 17 de julio de 2023, la EUSPA convocó una licitación con la referencia EUSPA/OP/01/23 mediante procedimiento abierto para la prestación de «servicios de apoyo a la acreditación de seguridad».
3        El anuncio de licitación precisaba que esta tenía por objeto la celebración de un contrato marco que permitiera adjudicar una serie de contratos específicos en apoyo de las actividades de acreditación llevadas a cabo por el Departamento de Acreditación de Seguridad de la EUSPA.
4        El valor máximo del contrato ascendía a 6 000 000 de euros.
5        Las demandantes son filiales de una sociedad que cotiza en bolsa, la sociedad X, con domicilio social en Madrid.
6        Presentaron su oferta en el plazo fijado por la EUSPA como miembros de un consorcio.
7        Entre octubre y diciembre de 2023, la EUSPA envió cinco escritos a las demandantes para pedir aclaraciones sobre su oferta.
8        El 16 de enero de 2024, la EUSPA notificó a las demandantes la primera decisión impugnada. En esta decisión, les indicó que su oferta no había sido seleccionada en el marco de la licitación controvertida y anunció la formalización del contrato marco con el licitador seleccionado en el plazo de diez días. De la referida decisión se desprende que la oferta de las demandantes no había sido seleccionada por considerarse que no habían demostrado el cumplimiento de la condición para participar definida en el punto 2.2.1.1, letra c), del pliego de condiciones, en virtud de la cual la entidad jurídica admisible no debe estar sujeta al control de un tercer país o de una entidad de un tercer país (en lo sucesivo, «condición de inexistencia de control»).
9        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 26 de enero de 2024, las demandantes interpusieron un recurso con objeto de que se anulara la primera decisión impugnada.
10      Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal General el mismo día, las demandantes formularon una demanda de medidas provisionales en la que, en esencia, solicitaban al Tribunal General que ordenara la suspensión de la ejecución de la primera decisión impugnada.
11      Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de febrero de 2024, la EUSPA informó al Tribunal General de que el ordenador de la EUSPA había decidido «anular» la primera decisión impugnada y presentó una solicitud de sobreseimiento del recurso interpuesto.
12      Mediante escrito de 13 de febrero de 2024, la EUSPA solicitó a las demandantes información sobre los accionistas de la sociedad X que poseyeran al menos el 5 % del capital social o de los derechos de voto de la empresa.
13      El 22 de febrero de 2024, la EUSPA notificó a las demandantes la segunda decisión impugnada. En esta decisión, les indicó que la oferta que habían presentado no había sido seleccionada en el marco de la licitación controvertida por considerarse que no habían demostrado el cumplimiento de la condición de inexistencia de control y anunció la formalización del contrato marco con el licitador seleccionado en el plazo de diez días.
14      Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal General el 1 de marzo de 2024, las demandantes solicitaron al Presidente del Tribunal General que ordenara la suspensión de la ejecución de la segunda decisión impugnada.
15      Mediante un escrito de adaptación de la demanda, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 3 de marzo de 2024 en el asunto principal, las demandantes solicitaron al Tribunal General que anulara la segunda decisión impugnada.
16      Mediante auto del Tribunal General (Sala Séptima) de 13 de marzo de 2024, la solicitud de sobreseimiento del recurso interpuesto contra la primera decisión impugnada se unió al examen del fondo del asunto y se reservó la decisión sobre las costas.
17      Mediante auto de 7 de junio de 2024, LGAI Technological Center y jtsec Beyond IT Security/EUSPA (T‑41/24 R, no publicado, EU:T:2024:371), el Presidente del Tribunal General desestimó la demanda de medidas provisionales debido a que las demandantes no habían logrado demostrar la concurrencia de fumus boni iuris.
Pretensiones de las partes
18      En la demanda, las demandantes solicitan al Tribunal General que:
–        Anule la primera decisión impugnada.
–        Condene en costas a la EUSPA.
19      En su solicitud de sobreseimiento, la EUSPA solicita al Tribunal General que declare que el recurso interpuesto contra la primera decisión impugnada ha quedado sin objeto y que procede su sobreseimiento.
20      En sus observaciones sobre la solicitud de sobreseimiento, las demandantes solicitan al Tribunal General que:
–        Desestime la solicitud de sobreseimiento.
–        Con carácter subsidiario, en caso de estimarse la solicitud, condene en costas a la EUSPA.
21      En el escrito de adaptación de la demanda, las demandantes solicitan al Tribunal General que:
–        Anule la segunda decisión impugnada.
–        Condene en costas a la EUSPA.
22      En el escrito de contestación, la EUSPA solicita al Tribunal General que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a las demandantes.
Fundamentos de Derecho
Sobre la pretensión de anulación de la primera decisión impugnada
23      En su solicitud de sobreseimiento, la EUSPA sostuvo que, habida cuenta de la anulación de la primera decisión impugnada por el ordenador, el recurso contra dicha decisión había quedado sin objeto y procedía sobreseerlo.
24      Las demandantes se opusieron a esta solicitud alegando que existía el riesgo de que la EUSPA adoptara una nueva decisión que se limitase a reforzar la motivación de la primera y que una suspensión del procedimiento garantizaría un mejor equilibrio entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el buen funcionamiento de la administración de justicia.
25      Según reiterada jurisprudencia, el interés de la parte demandante en ejercitar la acción debe existir, habida cuenta del objeto del recurso, en el momento de interponerlo, so pena de que se declare su inadmisibilidad. Este objeto del litigio debe perdurar, al igual que el interés en ejercitar la acción, hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento, lo cual supone que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2023, Versobank/BCE, C‑803/21 P, no publicada, EU:C:2023:630, apartado 159 y jurisprudencia citada).
26      Si, en el marco de un recurso de anulación, el objeto del recurso desaparece durante el procedimiento, el Tribunal General no puede pronunciarse sobre el fondo, por cuanto su resolución no podrá procurar beneficio alguno a la parte demandante. La desaparición del objeto del litigio puede deberse en particular a la revocación o a la sustitución del acto impugnado durante el procedimiento (véase la sentencia de 6 de octubre de 2021, Ukrselhosprom PCF y Versobank/BCE, T‑351/18 y T‑584/18, EU:T:2021:669, apartado 89 y jurisprudencia citada).
27      En el presente asunto, de los autos se desprende que la primera decisión impugnada fue «anulada» por el ordenador de la EUSPA. En estas circunstancias, el objeto del litigio, tal como se definía en la demanda antes de su adaptación, ha desaparecido y las demandantes no conservan ningún interés en obtener la anulación de la referida decisión por el Tribunal General.
28      Por consiguiente, procede sobreseer el presente recurso en la medida en que se dirige contra la primera decisión impugnada.
Sobre la pretensión de anulación de la segunda decisión impugnada
29      Las demandantes invocan cinco motivos. El primer motivo se basa en la vulneración del derecho a ser oído, garantizado por el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). El segundo motivo se basa en el incumplimiento de la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE, en el artículo 41 de la Carta y en el artículo 170 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»). El tercer motivo se basa en el incumplimiento de la obligación de evaluar las ofertas conforme a los criterios establecidos en el pliego de condiciones, prevista en los artículos 160, 167 y 170 del Reglamento Financiero, en relación con el artículo 41 de la Carta. El cuarto motivo se basa en una aplicación manifiestamente errónea de la condición de inexistencia de control establecida en el punto 2.2.1.1, letra c), del pliego de condiciones y en el artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2021/696 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se crean el Programa Espacial de la Unión y la EUSPA y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 y (UE) n.º 377/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE (DO 2021, L 170, p. 69; en lo sucesivo, «Reglamento sobre el Programa Espacial»), en incumplimiento de los artículos 160, 167, apartado 2, y 170 del Reglamento Financiero, así como del punto 29.3 de su anexo. Por último, el quinto motivo se basa en la violación del principio de proporcionalidad y del principio de maximización de la competencia establecidos en el artículo 160, apartados 1 y 2, del Reglamento Financiero, así como en la violación de los principios de contratación pública que derivan del Derecho primario y de las libertades de circulación garantizados por los artículos 18 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE.
Primer motivo, basado en la vulneración del derecho a ser oído, garantizado por el artículo 41 de la Carta
30      Las demandantes alegan que, de conformidad con el artículo 41 de la Carta, la EUSPA debería haberlas oído antes de adoptar la segunda decisión impugnada, ya que esta decisión constituye una medida individual que las afecta desfavorablemente. Ahora bien, señalan que la EUSPA no les concedió audiencia alguna antes de adoptar dicha decisión. Además, las demandantes afirman que, en las solicitudes de aclaración que les dirigió, la EUSPA no expresó ninguna preocupación en cuanto al incumplimiento, por su parte, de la condición de inexistencia de control ni tampoco mencionó la posibilidad de que fueran excluidas del procedimiento de licitación por incumplir dicho criterio. Por lo tanto, a juicio de las demandantes, no puede considerarse que estas solicitudes de aclaración les permitieran ser oídas antes de adoptarse la segunda decisión impugnada.
31      La EUSPA rebate las alegaciones de las demandantes.
32      Procede recordar que el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta dispone que el derecho a una buena administración comprende, en particular, el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente.
33      El derecho a ser oído garantiza así a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses (véase la sentencia de 28 de octubre de 2021, Vialto Consulting/Comisión, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, apartado 121 y jurisprudencia citada).
34      Asimismo, es preciso recordar que el derecho a ser oído forma parte del derecho de defensa y que el principio del respeto de este constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión que resulta aplicable aun cuando no exista una normativa específica al respecto. Este principio exige que a los destinatarios de decisiones que afecten sensiblemente a sus intereses se les dé la posibilidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista acerca de los datos tenidos en cuenta en contra suya para fundamentar tales decisiones (véase la sentencia de 28 de octubre de 2021, Vialto Consulting/Comisión, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, apartado 122 y jurisprudencia citada).
35      Además, una vulneración del derecho de defensa, del que forma parte el derecho a ser oído, debe ser examinada en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto (véase la sentencia de 28 de octubre de 2021, Vialto Consulting/Comisión, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, apartado 123 y jurisprudencia citada).
36      De la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 33 y 34 se desprende que el derecho a ser oído, consagrado en el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta, se aplica igualmente a los procedimientos de adjudicación de contratos y que, por consiguiente, debe darse al licitador la posibilidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista sobre los elementos en los que la Administración vaya a basar su decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2023, Instituto Cervantes/Comisión, T‑376/21, EU:T:2023:331, apartado 149).
37      Este derecho se garantiza en el momento de la presentación de su oferta, así como mediante la posibilidad de que el licitador solicite aclaraciones sobre las disposiciones del pliego de condiciones. Por lo tanto, el hecho de que, tras la evaluación de las ofertas, no se contemple ningún momento posterior para dar explicaciones complementarias no puede constituir una infracción del artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2023, Instituto Cervantes/Comisión, T‑376/21, EU:T:2023:331, apartado 149).
38      Además, el referido derecho también puede garantizarse mediante la posibilidad de que la autoridad contratante se ponga en contacto con el licitador, sobre la base del artículo 151, párrafo segundo, del Reglamento Financiero, para obtener información que falte o aclaraciones.
39      En el caso de autos, procede señalar que, por una parte, como indicaron las demandantes en su demanda, presentaron su oferta acompañada de la documentación exigida en los puntos 2.2.1.1 y 3.2.1 del pliego de condiciones a efectos de demostrar el cumplimiento de las condiciones de participación en la licitación, entre ellas la condición de inexistencia de control. En particular, facilitaron a la EUSPA una declaración de titularidad y control de las entidades participantes, así como los gráficos de sus respectivas estructuras accionariales.
40      Por otra parte, de los anexos de la demanda y del escrito de adaptación de la demanda se desprende que la EUSPA dirigió varias solicitudes de aclaración a las demandantes en lo que respecta a las condiciones de participación, incluida la condición de inexistencia de control. En particular, les preguntó sobre sus respectivas estructuras accionariales y sobre la estructura de su sociedad matriz. Así, mediante la solicitud de aclaración de 27 de octubre de 2023, la EUSPA pidió a las demandantes información sobre los accionistas de la sociedad X que poseyeran al menos el 5 % de su capital social o de los derechos de voto, hasta llegar a los propietarios efectivos finales, y sobre si alguno de sus accionistas que poseyera el 5 % de participación en el capital de la primera demandante, LGAI Technological Center, tenía algún derecho especial, como el derecho a nombrar uno o varios consejeros. Mediante la solicitud de aclaración de 8 de noviembre de 2023, la EUSPA pidió a las demandantes que le indicaran la nacionalidad o las nacionalidades de cada uno de los directores actuales de la sociedad X y si existían acuerdos entre accionistas en el seno de dicha sociedad. Mediante la solicitud de aclaración de 1 de diciembre de 2023, la EUSPA pidió a las demandantes información relativa al director general de la primera demandante y a las facultades del Consejo de Administración que no podían delegarse en directores individuales. Por último, mediante la solicitud de aclaración de 13 de febrero de 2024, la EUSPA pidió a las demandantes información sobre la oferta pública de adquisición (OPA) en curso, por parte de una entidad con sede en Estados Unidos, de las acciones de la sociedad X, así como una versión actualizada de la declaración de titularidad y control de las entidades participantes que se había adjuntado a la oferta de las demandantes.
41      Por tanto, de las solicitudes de aclaración dirigidas por la EUSPA a las demandantes se desprende que aquella albergaba dudas en cuanto al cumplimiento por parte de estas de la condición de inexistencia de control. Además, es preciso señalar que las demandantes atendieron estas solicitudes.
42      Por consiguiente, procede considerar que, tanto en su oferta como en sus respuestas a las solicitudes de aclaración de la EUSPA, las demandantes pudieron exponer eficazmente su punto de vista sobre el cumplimiento de la condición de inexistencia de control, de conformidad con el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta.
43      Por tanto, procede desestimar el primer motivo.
Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE, en el artículo 41 de la Carta y en el artículo 170 del Reglamento Financiero
44      En primer lugar, las demandantes sostienen que la motivación de la segunda decisión impugnada es insuficiente. Afirman, en efecto, que en dicha decisión la EUSPA se limitó a señalar que no se cumplía la condición de inexistencia de control sin dar más explicaciones, siendo así que teóricamente debería haber analizado la información facilitada siguiendo las «pautas» enunciadas en las partes 1 y 3 del anexo I.K del pliego de condiciones.
45      En segundo lugar, las demandantes sostienen que la motivación de la segunda decisión impugnada es incoherente.
46      La EUSPA rebate las alegaciones de las demandantes.
47      Con carácter preliminar, es preciso recordar, por una parte, que el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, dispone que los actos jurídicos de las instituciones de la Unión deberán estar motivados y, por otra parte, que el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta, exige que las instituciones, órganos y organismos de la Unión motiven sus decisiones.
48      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la motivación exigida en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y en el artículo 41 de la Carta debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias de las mencionadas disposiciones no solo debe apreciarse en relación con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de octubre de 2020, Close y Cegelec/Parlamento, C‑447/19 P, no publicada, EU:C:2020:826, apartado 40 y jurisprudencia citada).
49      Por lo que respecta a la obligación de motivación que debe cumplir el órgano de contratación, el artículo 170, apartado 2, del Reglamento Financiero establece, en particular, que el órgano de contratación «informará a los candidatos o licitadores no seleccionados de los motivos por los que se ha desestimado su solicitud de participación u oferta».
50      Sin embargo, de la jurisprudencia se desprende que no se puede exigir que el órgano de contratación comunique a un licitador cuya oferta no se ha elegido, además de las razones para desestimarla, por un lado, un resumen minucioso de la forma en la que cada detalle de su oferta se ha apreciado en la evaluación de esta y, por otro lado, en el contexto de la comunicación de las características y las ventajas relativas de la oferta seleccionada, un análisis comparativo minucioso de esta última y de la oferta del licitador excluido (véase la sentencia de 14 de octubre de 2020, Close y Cegelec/Parlamento, C‑447/19 P, no publicada, EU:C:2020:826, apartado 37 y jurisprudencia citada).
51      El órgano de contratación tampoco está obligado a facilitar a un licitador no elegido, a petición escrita de este, una copia completa del informe de evaluación (véase la sentencia de 3 de mayo de 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg y otros, C‑376/16 P, EU:C:2018:299, apartado 58 y jurisprudencia citada).
52      Por último, procede recordar que la obligación de motivación prevista en el artículo 296 TFUE constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues esta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo (sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, apartado 67; de 22 de marzo de 2001, Francia/Comisión, C‑17/99, EU:C:2001:178, apartado 35, y de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, apartado 146).
53      En el caso de autos, en primer lugar, como ha señalado la EUSPA, de la segunda decisión impugnada se desprende claramente que el motivo por el que se rechazó la oferta de las demandantes era que no habían demostrado que cumplieran la condición de inexistencia de control, establecida en el punto 2.2.1.1, letra c), del pliego de condiciones y en el artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial, en virtud de la cual la entidad jurídica admisible no estará sujeta al control de un tercer país o de una entidad de un tercer país.
54      En segundo lugar, procede señalar que la segunda decisión impugnada precisa que en el resumen de las conclusiones del comité de evaluación de ofertas de la EUSPA (en lo sucesivo, «comité de evaluación») relativas a la evaluación del cumplimiento de las condiciones de participación en la licitación controvertida, anexo a dicha decisión, figura información adicional sobre la motivación de esa decisión.
55      En particular, en dicho resumen, tras indicar que debía entenderse por «control», en el sentido del punto 2.2.1.1, letra c), del pliego de condiciones, la capacidad de ejercer una influencia decisiva sobre una entidad jurídica, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas, el comité de evaluación señaló que de la estructura de propiedad de la primera demandante se desprendía que era propiedad en un 95 % de una sociedad española, la sociedad Y, que a su vez era propiedad de otra sociedad española, que cotizaba en bolsa, a saber, la sociedad X. También señaló que cuatro accionistas de la sociedad X poseían al menos el 5 % de su capital social y de los derechos de voto. A este respecto, precisó que dos de ellos —que poseían, respectivamente, el 11,346 % y el 7,449 % de los derechos de voto— eran empresas establecidas en Estados Unidos, que uno de ellos —que poseía el 21,851 % de los derechos de voto— era una empresa propiedad de una entidad establecida en Estados Unidos y que el último era un particular, que poseía el 5,266 % de los derechos de voto. Asimismo, señaló que, salvo excepciones, la junta de accionistas podía celebrarse válidamente con una participación de «al menos el 25 % del capital social» en la primera convocatoria y sin quorum mínimo en la segunda convocatoria, y que las decisiones de la junta se adoptaban con la «mayoría del capital social que asist[iera] a dicha junta». Por último, indicó que «la reunión del Consejo de Administración podía celebrarse válidamente con la mayoría de sus miembros y [que] sus decisiones se adoptaban también con el voto favorable de la mayoría de estos».
56      A la vista de estos elementos, el comité de evaluación consideró, por una parte, que la sociedad X, como accionista mayoritario de la primera demandante, ejercía un «control» sobre esta en el sentido del artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial y, por otra parte, que los accionistas de terceros países de la sociedad X podían adoptar resoluciones autónomas sobre todos los asuntos corrientes en la junta de accionistas, como las decisiones estratégicas y el nombramiento del Consejo de Administración de la sociedad X, de modo que podían ejercer una influencia decisiva sobre dicha sociedad, lo que, a su entender, constituía una situación de «control» en el sentido del artículo 24 del Reglamento sobre el Programa Espacial. Basándose en lo anterior, el comité de evaluación llegó a la conclusión de que la primera demandante no cumplía la condición de inexistencia de control establecida en el punto 2.2.1.1, letra c), del pliego de condiciones.
57      Del referido resumen se desprende igualmente que, por lo que respecta a la segunda demandante, a saber, jtsec Beyond IT Security, el comité de evaluación llegó a la misma conclusión, por los mismos motivos, dado que la segunda demandante es indirectamente propiedad al 100 % de la sociedad X.
58      De ello se deduce que las demandantes fueron claramente informadas, mediante la segunda decisión impugnada y el resumen de las conclusiones del comité de evaluación adjunto a dicha decisión, de las razones por las que se había constatado el incumplimiento de la condición de inexistencia de control, de modo que no pueden sostener que la motivación de la segunda decisión impugnada era insuficiente.
59      Por tanto, la EUSPA cumplió, en la segunda decisión impugnada, su obligación, establecida en el artículo 170, apartado 2, del Reglamento Financiero, de informar a las demandantes de los motivos de la desestimación de su oferta, así como su obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE y en el artículo 41 de la Carta.
60      Las demás alegaciones de las demandantes no desvirtúan esta conclusión.
61      Por una parte, en cuanto a la alegación de las demandantes de que la EUSPA debería haber analizado la información que aportaron siguiendo las directrices establecidas en las partes 1 y 3 del anexo I.K del pliego de condiciones, basta con señalar que, mediante esta alegación, las demandantes pretenden en realidad impugnar el método seguido por el comité de evaluación para evaluar el cumplimiento de las condiciones de participación en la licitación controvertida, en el resumen de sus conclusiones adjunto a la mencionada decisión, y, por tanto, el fundamento de ese análisis. Por consiguiente, esta alegación queda fuera del ámbito del presente motivo y será examinada posteriormente.
62      Por otra parte, en cuanto a la alegación de las demandantes basada en la existencia de una contradicción en la segunda decisión impugnada entre dos afirmaciones, según las cuales, en primer lugar, no han demostrado el cumplimiento de la condición de inexistencia de control y, en segundo lugar, parecen estar sujetas al control de una entidad de un tercer país, basta con señalar que, si bien la segunda de estas afirmaciones figuraba en la primera decisión impugnada, ya no figura en la segunda decisión impugnada. Esta alegación carece de fundamento fáctico en lo que respecta a esta última decisión. Es cierto que, en la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal General, las demandantes afirmaron que, aunque la segunda afirmación ya no figura en la segunda decisión impugnada, la contradicción alegada persistía. Sin embargo, no explicaron la razón por la que, según ellas, esta supuesta contradicción persistía, de modo que su alegación, formulada en la vista, está, en cualquier caso, insuficientemente fundamentada. Por lo demás, estas dos afirmaciones no parecen ser contradictorias, ya que la primera es la consecuencia de la segunda.
63      Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo.
Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de evaluar las ofertas conforme a los criterios establecidos en el pliego de condiciones, prevista en los artículos 160, 167 y 170 del Reglamento Financiero, en relación con el artículo 41 de la Carta
64      Las demandantes formulan, en esencia, dos imputaciones en apoyo de este motivo.
65      Mediante la primera imputación, las demandantes alegan que la condición de inexistencia de control definida en el punto 2.2.1.1, letra c), del pliego de condiciones no se cumple si la entidad está sujeta al control de un tercer país o de una entidad de un tercer país y no si únicamente puede estar sujeta a tal control, que es, sin embargo, la condición aplicada en la segunda decisión impugnada. A su juicio, al aplicar una condición que no figura en el pliego de condiciones, la EUSPA incumplió la obligación de evaluar las ofertas conforme a dicho pliego de condiciones, obligación que resulta de los principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia garantizados en el artículo 160 del Reglamento Financiero, así como de los artículos 167 y 170 del referido Reglamento y del punto 29.3 de su anexo.
66      Mediante la segunda imputación, las demandantes alegan que el principio de buena administración, garantizado en el artículo 41 de la Carta, obligaba a la EUSPA, si albergaba dudas en cuanto al cumplimiento de la condición de inexistencia de control definida en el punto 2.2.1.1, letra c), del pliego de condiciones, a solicitarles todos los documentos necesarios para llegar a una conclusión definitiva sobre si estaban o no bajo la influencia decisiva de una entidad de un tercer país. Señalan que, aun así, la EUSPA decidió no seleccionar sus ofertas y les exigió la prueba imposible de un hecho negativo, a saber, que demostraran que no había influencia decisiva de una entidad extranjera.
67      La EUSPA rebate las alegaciones de las demandantes.
68      Por lo que respecta a la primera imputación, procede recordar que, con arreglo al artículo 160, apartado 1, del Reglamento Financiero, todos los contratos públicos financiados total o parcialmente por el presupuesto de la Unión respetarán los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.
69      El principio de igualdad de trato entre los licitadores, que pretende favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una contratación pública, impone que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas e implica, por tanto, que estas se hallen sometidas a las mismas condiciones para todos los licitadores. El principio de transparencia, que tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo ni de comportamiento arbitrario por parte del órgano de contratación, implica que todas las condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2022, Lenovo Global Technology Belgium/Empresa Común EuroHPC, T‑717/20, no publicada, EU:T:2022:640, apartados 29 y 31 y jurisprudencia citada).
70      Del artículo 167, apartado 1, del Reglamento Financiero se desprende que los contratos se adjudicarán con arreglo a criterios de adjudicación, siempre que el órgano de contratación haya verificado que la oferta cumple los requisitos mínimos especificados en los documentos de la contratación y que el candidato o licitador cumple los criterios de selección que figuran en los documentos de la contratación.
71      Además, el artículo 170, apartado 1, del Reglamento Financiero establece que el ordenador competente designará al adjudicatario del contrato, ateniéndose a los criterios de selección y adjudicación especificados en los documentos de la contratación.
72      Por último, del punto 29.3 del anexo I del Reglamento Financiero, que remite a los puntos 12.2 y 12.3 de dicho anexo, se desprende que no son admisibles, en particular, las ofertas que no cumplan los requisitos mínimos especificados en los documentos de la contratación ni los niveles mínimos de calidad para satisfacer los criterios de adjudicación.
73      Por tanto, de los apartados 68 a 72 anteriores se desprende que la EUSPA está obligada a evaluar las ofertas de conformidad con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
74      A este respecto, procede recordar que de la segunda decisión impugnada se desprende que el motivo de la desestimación de la oferta de las demandantes era que no habían demostrado que cumplieran la condición de inexistencia de control definida en el punto 2.2.1.1, letra c), del pliego de condiciones.
75      Del punto 2.2.1.1 del pliego de condiciones se desprende que, con el fin de proteger los intereses esenciales de la seguridad de la Unión Europea y de sus Estados miembros, con arreglo al artículo 24 del Reglamento sobre el Programa Espacial, la participación en la licitación de que se trata está abierta a los operadores económicos que cumplan las tres condiciones acumulativas establecidas en el referido punto, entre ellas la condición establecida en el apartado 2, letra c), en virtud de la cual «las entidades jurídicas no estarán sujetas al control de un tercer país o de una entidad de un tercer país». Asimismo, «a efectos del [antedicho] punto, se entenderá por “control” la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre una entidad jurídica, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas».
76      Por tanto, como ha señalado, en esencia, la EUSPA, del punto 2.2.1.1, letra c), del pliego de condiciones y del artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial se desprende que el concepto de «control», en el sentido de estas disposiciones, se refiere a la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre el licitador, con independencia de que dicha influencia se ejerza o no efectivamente.
77      Así, al estimar, en la segunda decisión impugnada, que no se cumplía la condición de inexistencia de control debido a que «los accionistas de terceros países pueden ejercer una influencia decisiva sobre [la sociedad X] adoptando resoluciones autónomas sobre cualquier cuestión “ordinaria” en las juntas generales de accionistas, tales como, sin limitación alguna, las decisiones estratégicas relativas a los negocios y al nombramiento del Consejo de Administración [de la sociedad X]» o a que los «accionistas extranjeros tienen la capacidad de ejercer una influencia decisiva en las decisiones y la gestión de LGAI [Technological Center]», la EUSPA aplicó la condición de inexistencia de control con arreglo al pliego de condiciones.
78      Por consiguiente, debe desestimarse la primera imputación.
79      Por lo que respecta a la segunda imputación, basada en que el principio de buena administración, garantizado en el artículo 41 de la Carta, obligaba a la EUSPA, si albergaba dudas en cuanto al cumplimiento de la condición de inexistencia de control, definida en el punto 2.2.1.1, letra c), del pliego de condiciones, a solicitar a las demandantes todos los documentos necesarios para llegar a una conclusión definitiva en cuanto a la existencia o no de una influencia decisiva, procede desestimarla, ya que se basa en la premisa errónea de que solo es posible constatar la existencia de un control, en el sentido de esta disposición, cuando una entidad de un tercer país ejerce una influencia decisiva sobre el licitador, y no cuando simplemente tiene capacidad para ejercer dicha influencia.
80      En cualquier caso, procede recordar que la EUSPA remitió a las demandantes varias solicitudes con el fin de obtener aclaraciones y documentos para evaluar el cumplimiento de la condición de inexistencia de control y que las demandantes atendieron dichas solicitudes (véanse los apartados 40 y 41 anteriores). Además, procede señalar que las demandantes no precisan qué documentos adicionales debería haberles solicitado la EUSPA para evaluar el cumplimiento de esa condición. Por tanto, las demandantes sostienen erróneamente que la EUSPA violó el principio de buena administración al no solicitarles otros documentos para disipar sus dudas en cuanto al cumplimiento de dicha condición.
81      Por otra parte, las demandantes no explican por qué el hecho de exigir la prueba de un hecho negativo, a saber, la prueba de la falta de capacidad de una entidad extranjera para ejercer una influencia decisiva, equivaldría a exigir una prueba imposible.
82      Por tanto, procede desestimar la segunda imputación y, en consecuencia, el tercer motivo en su totalidad.
Cuarto motivo, basado en una aplicación manifiestamente errónea de la condición de inexistencia de control establecida en el punto 2.2.1.1, letra c), del pliego de condiciones y en el artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial, en incumplimiento de los artículos 160, 167, apartado 2, y 170 del Reglamento Financiero, así como del punto 29.3 de su anexo
83      En apoyo de este motivo, las demandantes invocan una serie de alegaciones que pueden agruparse, en esencia, en dos partes, la primera, basada en la interpretación errónea por parte de la EUSPA de la condición de inexistencia de control establecida en el artículo 24, apartado 2, del Reglamento sobre el Programa Espacial y, la segunda, basada en un error manifiesto de apreciación en la aplicación de dicha condición en el caso de autos.
–       Primera parte del cuarto motivo, basada en una interpretación errónea por parte de la EUSPA de la condición de inexistencia de control
84      En primer lugar, en sus escritos, las demandantes alegan que de la interpretación literal, contextual y teleológica del artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial y del pliego de condiciones se desprende que procede excluir del procedimiento de licitación a las entidades sujetas al control de una sola entidad de terceros países y no de varias entidades.
85      En su solicitud de celebración de vista oral, las demandantes precisaron, sin embargo, que no negaban que habría una situación de «control» si varias entidades actuaran de manera concertada para ejercer una influencia decisiva. En efecto, según las demandantes, este sería uno de los supuestos en los que «una entidad» ejercería el control (mediante una acción concertada). Además, las demandantes confirmaron en la vista, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal General, que consideraban que el control podía ser ejercido por varios accionistas.
86      Sin embargo, las demandantes alegan, en esencia, que la EUSPA incurrió en error al sugerir que la mera presencia de varios accionistas en el capital de una sociedad implica una concertación entre ellos. A su entender, dicha concertación debe demostrarse, bien mediante acuerdos expresos, bien mediante indicios que permitan concluir que es posible la existencia de tal concertación. Señalan que, en efecto, solo un acuerdo entre estos accionistas (expreso, tácito, público o secreto) que les permitiera tener una influencia decisiva podría dar lugar a un «control», como se desprende de la parte 3 del anexo I.K del pliego de condiciones. Por consiguiente, según las demandantes, la influencia decisiva se predica de un accionista o de ese accionista actuando en concierto, obviamente demostrado, con otros. Pues bien, a su juicio, no existe tal acuerdo entre los accionistas de la sociedad X.
87      En segundo lugar, las demandantes sostienen que la interpretación del concepto de «control» contemplado en el artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial que adoptó la EUSPA es contraria a la interpretación de este concepto en otros ámbitos del Derecho de la Unión. A este respecto, las demandantes alegan, en particular, que, tanto en el ámbito del control de las inversiones extranjeras como en los ámbitos del Derecho de la competencia y de las OPA, las posiciones individuales de inversores extranjeros no vinculados y que no actúan de forma concertada no pueden agregarse para evaluar si existe control de una sociedad por terceros Estados.
88      En tercer lugar, las demandantes sostienen que la interpretación adoptada por la EUSPA es contraria al artículo 160, apartado 2, del Reglamento Financiero, que obliga a los órganos de contratación a velar por que los contratos sean objeto de la mayor competencia posible, dado que esta interpretación restringe arbitrariamente el número de licitadores a los que puede adjudicarse el contrato. Afirman que esta interpretación también es contraria a los artículos 167 y 170 del Reglamento Financiero y al punto 29.3 de su anexo, que obligan, en esencia, a los órganos de contratación a designar al adjudicatario respetando los criterios de selección y de adjudicación.
89      La EUSPA rebate las alegaciones de las demandantes.
90      Se desprende, en esencia, del resumen de las conclusiones del comité de evaluación adjunto a la segunda decisión impugnada (véanse los apartados 55 a 57 anteriores) que la EUSPA consideró que la condición de inexistencia de control, establecida en el artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial, debía interpretarse en el sentido de que el control agregado de varias entidades no vinculadas por un acuerdo era pertinente para evaluar si se cumplía dicha condición.
91      Con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para la interpretación una disposición del Derecho de la Unión, han de tenerse en cuenta no solo el tenor de esta, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [véase la sentencia de 21 de diciembre de 2023, G. K. y otros (Fiscalía Europea), C‑281/22, EU:C:2023:1018, apartado 46 y jurisprudencia citada].
92      En primer lugar, por lo que respecta al tenor del artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial, procede recordar que, por una parte, la entidad jurídica admisible no debe estar sujeta al control de un tercer país o de una entidad de un tercer país. Si bien es cierto que la expresión «una entidad de un tercer país» está formulada en singular, ello no implica necesariamente que una sola entidad deba, por sí sola, estar en condiciones de ejercer dicho control. En efecto, podría considerarse, como hizo, en esencia, la EUSPA, que el singular se utiliza de manera genérica y que esta expresión abarca tanto el control ejercido por una entidad como el ejercido por varias entidades, como admitieron las demandantes en la vista.
93      Por otra parte, en virtud del artículo 24, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento sobre el Programa Espacial, «a los efectos [de dicho] artículo, se entenderá por “control” la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre una entidad jurídica, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas».
94      Como se ha indicado en el apartado 76 anterior, el concepto de «control» en el sentido del artículo 24, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento sobre el Programa Espacial se refiere a la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre el licitador, con independencia de que dicha influencia se ejerza o no efectivamente. Pues bien, la interpretación de las demandantes, según la cual la constatación de un control debe basarse en un acuerdo de los accionistas que coordine el ejercicio de los derechos de voto o el proceso de toma de decisiones, equivaldría a exigir una coordinación concreta que diera lugar al ejercicio efectivo de una influencia decisiva, cuando la mera capacidad de ejercer tal influencia basta para acreditar la existencia de un control. Por tanto, debe rechazarse esta interpretación.
95      Así pues, el artículo 24, apartado 2, del Reglamento sobre el Programa Espacial puede interpretarse en el sentido que le atribuye la EUSPA, a saber, en esencia, que el «control» a efectos de esta disposición puede ser ejercido por varias entidades no vinculadas por un acuerdo.
96      En segundo lugar, por lo que respecta al contexto de esta disposición, procede señalar que debe interpretarse teniendo en cuenta las disposiciones del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión (DO 2019, L 79 I, p. 1; corrección de errores en DO 2020, L 359, p. 21). En efecto, del considerando 60 del Reglamento sobre el Programa Espacial se desprende que los principios y criterios del Reglamento 2019/452 deben tenerse en cuenta para evaluar si se trata de una persona jurídica controlada por un tercer país o por una entidad de un tercer país.
97      Según el artículo 4 del Reglamento 2019/452, los factores que podrán tenerse en cuenta al evaluar las inversiones extranjeras directas son, en particular, sus efectos potenciales en infraestructuras y tecnologías críticas (incluida la industria espacial), el acceso a información sensible o la capacidad de control de dicha información.
98      Pues bien, como ha señalado la EUSPA, estos factores abogan por una interpretación del concepto de «control» contemplado en el artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial en el sentido que le atribuye la EUSPA.
99      Por otra parte, procede señalar que, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, la interpretación adoptada por la EUSPA es conforme con las directrices establecidas en la parte 3 del anexo I.K del pliego de condiciones.
100    En efecto, en la página 3 de dicho anexo se indica que las «“entidades jurídicas” deberán […] evaluar, a lo largo de toda la cadena de control de su entidad hasta los propietarios finales, que no existe un “control” de la “entidad jurídica” por “terceros países” o “entidades de terceros países”». También se indica en esta página que, «en los casos en que la participación esté ampliamente distribuida y en que uno o varios accionistas de “terceros países” sean los accionistas más importantes, aunque la participación sea inferior al 25 %, debe llevarse a cabo una evaluación detallada del control de todos los elementos antes mencionados», a saber, en particular, la estructura de propiedad de la empresa, los derechos de los accionistas, la gobernanza corporativa, los vínculos comerciales y financieros que confieren el control y otras fuentes de control.
101    Además, de un extracto de la página 4 del referido anexo, invocado por las demandantes, se desprende que, «cuando no todos los propietarios últimos puedan ser identificados (debido a la presencia en la cadena de control de sociedades cotizadas con un capital flotante importante), el representante legal de la persona jurídica deberá garantizar que, en virtud de las disposiciones legislativas nacionales, ningún accionista desconocido pueda, por sí solo o de forma concertada, estar en condiciones de ejercer una influencia decisiva sobre la persona jurídica». También se desprende del mencionado anexo que, para evaluar si un accionista, solo o de manera concertada, puede ejercer tal influencia, deben tomarse en consideración circunstancias de hecho como las decisiones adoptadas por la junta de accionistas y el quorum necesario para adoptarlas.
102    Por tanto, de dicho anexo se desprende que, para apreciar el cumplimiento de la condición de inexistencia de control, debe evaluarse si es posible un control de uno o varios accionistas, de manera concertada, a la luz del análisis de los elementos mencionados en los apartados 100 y 101 anteriores. En cambio, de dicho anexo no se desprende que deba acreditarse esa concertación. En cualquier caso, como se desprende de la página 2 del referido anexo, su objetivo es proporcionar directrices indicativas y no exhaustivas.
103    En tercer lugar, por lo que respecta a los objetivos del Reglamento sobre el Programa Espacial, procede señalar que la preservación de los intereses esenciales de seguridad de la Unión es un objetivo fundamental. En efecto, este objetivo se recuerda a lo largo de todo el Reglamento. Así, se hace referencia a él en los considerandos 6, 51, 52, 57, 60 y 65. En particular, del considerando 51 se desprende que, «debido a la importancia de las actividades espaciales para la economía de la Unión y las vidas de los ciudadanos de la Unión […], lograr y mantener un elevado nivel de seguridad debe ser una prioridad clave para el Programa, en particular con el fin de salvaguardar los intereses de la Unión y de sus Estados miembros, también en relación con la información clasificada y otra información sensible no clasificada».
104    También se hace referencia a este objetivo de seguridad en el artículo 4 del Reglamento sobre el Programa Espacial y en el artículo 7 de dicho Reglamento, que regula, como se desprende de su título, la participación de terceros países en el citado programa. El apartado 3 de este último artículo establece que los terceros países solo podrán participar en el Programa Espacial si se preservan los intereses esenciales de seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, haciendo especial hincapié en la protección de la información clasificada. De esta disposición se desprende que la participación de terceros países en el Programa Espacial de la Unión no es un derecho, sino que está supeditada a la preservación de los intereses esenciales de seguridad de la Unión y de sus Estados miembros.
105    El referido objetivo de seguridad se recuerda, asimismo, en el artículo 14 del Reglamento sobre el Programa Espacial, titulado «Principios de la contratación», que establece, en su apartado 1, letra f), que, en los procedimientos de contratación para los fines del Programa, el órgano de contratación deberá cumplir los requisitos de seguridad de los componentes del Programa Espacial y contribuir a la protección de los intereses esenciales de seguridad de la Unión y de sus Estados miembros.
106    La importancia de este objetivo se desprende también del propio título del artículo 24 del Reglamento sobre el Programa Espacial, a saber, «Condiciones de admisibilidad y participación para proteger la seguridad, la integridad y la resiliencia de los sistemas operativos de la Unión».
107    Es cierto que, como han señalado las demandantes, del considerando 60 del Reglamento sobre el Programa Espacial se desprende que este tiene por objeto no solo garantizar la seguridad del referido programa, sino también mantener una economía abierta y un comercio libre y equitativo y garantizar la competitividad y la rentabilidad. No obstante, de los apartados 103 a 106 anteriores se desprende que el objetivo de seguridad es un objetivo fundamental del mencionado Reglamento, al que debe darse la máxima prioridad. Pues bien, este objetivo corrobora la interpretación del concepto de «control» contemplado en el artículo 24, apartado 2, del Reglamento sobre el Programa Espacial en el sentido de que el control agregado de varias entidades no vinculadas por un acuerdo es pertinente para evaluar si se cumple la condición de inexistencia de control.
108    De ello se deduce que la EUSPA no incurrió en error de Derecho al considerar, en la segunda decisión impugnada, que esta condición debía interpretarse en el sentido de que el control agregado de varias entidades no vinculadas por un acuerdo es pertinente para evaluar si se cumple tal condición. Esta conclusión no queda desvirtuada por las demás alegaciones de las demandantes.
109    En primer lugar, por lo que respecta a su alegación de que la EUSPA no puede adoptar una definición del concepto de «control» en el sentido del artículo 24, apartado 2, del Reglamento sobre el Programa Espacial que sea diferente de la interpretación dada en otros ámbitos del Derecho de la Unión, como la normativa sobre concentraciones y la normativa sobre las OPA, procede señalar, como ha hecho la EUSPA, que al incluir una definición específica del concepto de «control» en el artículo 24, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento sobre el Programa Espacial, el legislador intentó establecer un concepto de «control» específico para la contratación relacionada con el Programa Espacial que no es necesariamente el mismo que el concepto de «control» en otros ámbitos del Derecho.
110    A este respecto, procede señalar que el concepto de «control» definido en un ámbito del Derecho de la Unión no es necesariamente extrapolable a otros ámbitos de ese Derecho y que este concepto debe interpretarse teniendo en cuenta los objetivos propios del reglamento en el que figure dicho concepto (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Fish Legal y Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, apartados 63 a 65).
111    De los considerandos 6 y 24 del Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (DO 2004, L 24, p. 1), se desprende que este pretende introducir un control efectivo de todas las concentraciones desde el punto de vista de su efecto sobre la estructura de la competencia en la Unión, especialmente para garantizar una competencia efectiva y no distorsionada en el mercado interior y para garantizar una política guiada por el principio de una economía de mercado abierta con libre competencia (sentencia de 13 de julio de 2023, Comisión/CK Telecoms UK Investments, C‑376/20 P, EU:C:2023:561, apartado 106). Además, se desprende en particular de los considerandos 1 a 3 y 9 de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las OPA (DO 2004, L 142, p. 12), que esta tiene por objeto proteger los intereses de los titulares de valores de las sociedades cuyo control haya sido adquirido por una persona física o jurídica y, en esta perspectiva, garantizar la claridad y la transparencia de las normas en materia de OPA [sentencias de 20 de julio de 2017, Marco Tronchetti Provera y otros, C‑206/16, EU:C:2017:572, apartado 24, y de 10 de diciembre de 2020, Euromin Holdings (Cyprus), C‑735/19, EU:C:2020:1014, apartado 38]. Pues bien, el objetivo de proteger el mercado interior de la Unión y el de proteger a determinados agentes del mercado difieren del objetivo principal del artículo 24, apartado 2, del Reglamento sobre el Programa Espacial, que es garantizar la integridad, la seguridad y la resiliencia de los componentes del Programa Espacial de la Unión mediante el examen y la eventual limitación de la influencia de una entidad establecida fuera de la Unión sobre los componentes de dicho Programa.
112    Por consiguiente, suponiendo que la interpretación del concepto de «control» en el sentido del Reglamento n.º 139/2004 o de la Directiva 2004/25 difiera de la adoptada por la EUSPA (véase el apartado 108 anterior) en el marco del artículo 24, apartado 2, del Reglamento sobre el Programa Espacial, ello no pondría en entredicho la validez de esta última interpretación.
113    En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de las demandantes basada en la modificación introducida por el Consejo de la Unión Europea en la redacción de la condición de inexistencia de control durante el proceso legislativo, procede señalar que el artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial contenía inicialmente una definición positiva de esta condición, a saber, que las entidades jurídicas participantes debían estar «controladas efectivamente por los Estados miembros o por nacionales de los Estados miembros». A raíz de la enmienda del Consejo, se adoptó una definición negativa de esta condición, a saber, «no est[ar] sujeta al control de un tercer país o de una entidad de un tercer país». Además, se añadió la definición del concepto de «control», en el sentido de que se trata de la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre una entidad jurídica, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades jurídicas interpuestas. Pues bien, no parece que esta modificación pueda apoyar la interpretación del concepto de «control» defendida por las demandantes. Por el contrario, dicha modificación refleja la voluntad del legislador de adoptar un enfoque prudente al no limitar el concepto de «control» a los casos en que este sea efectivamente ejercido por un tercer país o una entidad de un tercer país. Asimismo, el hecho de que, a raíz de la enmienda del Consejo, el Reglamento sobre el Programa Espacial precise que, en la evaluación de las entidades jurídicas sujetas al control de un tercer país o de una entidad de un tercer país, la Comisión Europea debe tener en cuenta los principios y criterios dispuestos en el Reglamento 2019/452 no pone en entredicho la interpretación adoptada por la EUSPA del concepto de «control» enunciado en el artículo 24, apartado 2, letra c), del primer Reglamento (véanse los apartados 96 a 98 anteriores).
114    En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación de las demandantes resumida en el apartado 88 anterior, procede señalar que la interpretación adoptada por la EUSPA de la condición de inexistencia de control establecida en el artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial no restringe arbitrariamente el número de licitadores a los que se puede adjudicar el contrato. En efecto, de los apartados 92 a 107 anteriores se desprende que esta interpretación se basa en el tenor de la citada disposición y en el del artículo 24, apartado 2, párrafo segundo, de dicho Reglamento, que define el concepto de «control», y se ve corroborada por el contexto y los objetivos del mencionado Reglamento, de los que se desprende que la participación de los licitadores no es automática, sino que está supeditada, en particular, al cumplimiento de la condición de inexistencia de control. Además, de los apartados 73 a 77 anteriores se desprende que esta interpretación es conforme con los criterios de adjudicación y de selección establecidos en el pliego de condiciones.
115    Por tanto, procede desestimar la primera parte del cuarto motivo.
–       Segunda parte del cuarto motivo, basada en un error manifiesto de apreciación en la aplicación de la condición de inexistencia de control
116    Según las demandantes, la EUSPA incurrió en un error manifiesto de apreciación en la aplicación de la condición de inexistencia de control en el caso de autos.
117    Para empezar, alegan que la EUSPA debería haber analizado la información que aportaron siguiendo las directrices establecidas en las partes 1 y 3 del anexo I.K del pliego de condiciones (véase el apartado 61 anterior).
118    A continuación, las demandantes sostienen que la afirmación, que figura en el resumen de las conclusiones del comité de evaluación, según la cual «no identificaron a los beneficiarios reales finales (personas físicas o entidades públicas) de los accionistas de [la sociedad X] que poseyeran al menos el 5 % de sus acciones, como exigían las especificaciones de la licitación», es errónea y pone de manifiesto cierta arbitrariedad en relación con ellas.
119    Asimismo, las demandantes alegan que la afirmación, que figura en el resumen de las conclusiones del comité de evaluación, según la cual los «accionistas extracomunitarios» de la sociedad X «están efectivamente en condiciones (es decir, que tienen la capacidad) de celebrar válidamente juntas generales y de adoptar decisiones importantes, incluido el nombramiento de los administradores», se basa en el escenario improbable de que solo los accionistas significativos extranjeros estuvieran presentes en las juntas generales de la sociedad X y adoptaran por unanimidad una decisión concertada. Según las demandantes, este es un escenario que desconoce la naturaleza de entidad cotizada de la sociedad X en la que existe un elevado capital flotante.
120    Por último, las demandantes rebaten la afirmación, que figura en el resumen de las conclusiones del comité de evaluación, de que no han aportado «ninguna prueba que demuestre […] que la entidad no está sujeta al control de un tercer país o de una entidad de un tercer país». Afirman que, en efecto, cumplieron su obligación de presentar toda la documentación requerida junto con su oferta y respondieron a todas las solicitudes de aclaración formuladas por la EUSPA.
121    Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el órgano de contratación dispone de una amplia facultad de apreciación de los factores que hay que tener en cuenta en la decisión de adjudicar un contrato tras una licitación y que el control del Tribunal General debe limitarse a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder (sentencia de 9 de septiembre de 2010, Evropaïki Dynamiki/Comisión, T‑387/08, no publicada, EU:T:2010:377, apartado 77; véase la sentencia de 19 de octubre de 2022, Lenovo Global Technology Belgium/Empresa Común EuroHPC, T‑717/20, no publicada, EU:T:2022:640, apartado 64 y jurisprudencia citada).
122    Es preciso señalar que de las partes 1 y 3 del anexo I.K del pliego de condiciones se desprende que, por lo que respecta a la evaluación del cumplimiento de la condición de inexistencia de control, los licitadores deben aportar pruebas relativas a la estructura de propiedad de la empresa, los derechos de los accionistas, la gobernanza corporativa, los vínculos comerciales y financieros que confieren el control y otras fuentes de control.
123    Pues bien, del resumen de las conclusiones del comité de evaluación resulta (véanse los apartados 55 a 57 anteriores) que este se basó en la información aportada por las demandantes para demostrar el cumplimiento de la condición de inexistencia de control y que examinó los elementos enumerados en el apartado 122 anterior, tanto en lo que respecta a las demandantes como en lo que respecta a la sociedad X, sociedad matriz de las demandantes.
124    De conformidad también con el referido anexo I.K del pliego de condiciones, el comité de evaluación identificó a los accionistas significativos de la sociedad X que poseían el 5 % o más de las acciones y eran entidades establecidas fuera de la Unión o propiedad de tales entidades. A este respecto, procede señalar que las demandantes indicaron en su escrito de adaptación de la demanda que no negaban la afirmación de la EUSPA de que «los accionistas significativos [de la sociedad X] son […] entidades constituidas fuera de la [Unión] o están controlados […] por entidades establecidas fuera de la [Unión]».
125    Además, de conformidad también con la parte 3 del mencionado anexo, el comité de evaluación examinó en qué medida esos accionistas tenían la capacidad de ejercer una influencia decisiva a la luz de sus derechos de voto y del quorum necesario para tomar las decisiones de los órganos de la sociedad.
126    Pues bien, habida cuenta de que estos accionistas acumulan más del 40 % de los derechos de voto de la sociedad X, de la naturaleza de las decisiones que puede adoptar la junta de accionistas, del quorum necesario para celebrar la junta de accionistas (a saber, al menos el 25 % del capital social en la primera convocatoria y sin quorum mínimo en la segunda) y de la mayoría requerida para adoptar su decisión (a saber, la mayoría simple), el comité de evaluación no incurrió en error manifiesto de apreciación al estimar que estos accionistas tenían la posibilidad de ejercer conjuntamente una influencia decisiva sobre las demandantes y, por tanto, un «control» en el sentido del artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial.
127    Por consiguiente, las demandantes no pueden sostener fundadamente que el comité de evaluación no examinó la información que aportaron siguiendo las directrices establecidas en las partes 1 y 3 del anexo I.K del pliego de condiciones ni que incurrió en un error manifiesto de apreciación en la aplicación de la condición de inexistencia de control en el caso de autos.
128    Las demás alegaciones de las demandantes no desvirtúan esta conclusión.
129    Para empezar, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, la afirmación que figura en el resumen de las conclusiones del comité de evaluación, según la cual «no identificaron a los beneficiarios reales finales (personas físicas o entidades públicas) de los accionistas de [la sociedad X] que poseyeran al menos el 5 % de sus acciones, como exigían las especificaciones de la licitación», no es manifiestamente errónea ni demuestra cierta arbitrariedad en relación con ellas. Esta afirmación del referido comité pretendía únicamente explicar por qué se basó en la información públicamente disponible de la Comisión Nacional del Mercado de Valores relativa al accionariado de la sociedad X.
130    A continuación, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, la EUSPA no basó su conclusión en un escenario improbable. En efecto, la conclusión a la que llegó el comité de evaluación se basa en los hechos recordados en el apartado 126 anterior. Además, se ve corroborada por la información presentada por las demandantes, según la cual el quorum de las juntas de accionistas nunca fue inferior al 64,24 % del capital social y, por lo general, se situó en torno al 70 %. En efecto, con más del 40 % de los derechos de voto acumulados, los «accionistas extracomunitarios» de la sociedad X siempre podrían tener una mayoría simple en la junta general. Asimismo, habida cuenta de los quorum de las juntas generales de la sociedad X, en algunos casos, esta mayoría podrían incluso alcanzarla por sí solos los dos accionistas con más derechos de voto, ya que poseen conjuntamente el 33,197 % de los derechos de voto.
131    Por último, en cuanto a la alegación de que la EUSPA afirmó erróneamente que las demandantes no habían aportado «ninguna prueba que demuestre […] que la entidad no está sujeta al control de un tercer país o de una entidad de un tercer país», ya que habían presentado toda la documentación requerida, basta con señalar que, mediante esta afirmación, la EUSPA no reprocha a las demandantes no haber aportado los documentos que se les habían solicitado, sino que considera que dichos documentos no demuestran que se cumpliera la condición de inexistencia de control. Así pues, esta alegación se deriva de una lectura errónea del resumen de las conclusiones del comité de evaluación y, por consiguiente, debe desestimarse.
132    Por tanto, procede desestimar la segunda parte del cuarto motivo y, en consecuencia, el motivo en su totalidad.
Quinto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad y del principio de maximización de la competencia establecidos en el artículo 160, apartados 1 y 2, del Reglamento Financiero, así como en la violación de los principios de contratación pública que derivan del Derecho primario y de las libertades de circulación garantizados por los artículos 18 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE
133    Las demandantes aducen que la EUSPA violó el principio de proporcionalidad, en combinación con el principio de maximización de la competencia, establecidos en el artículo 160 del Reglamento Financiero, y los principios de contratación pública que derivan del Derecho primario y de las libertades de circulación garantizados por los artículos 18 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE, al no solicitarles explicaciones sobre los aspectos de la condición de inexistencia de control que le generaban preocupación y en la medida en que no tuvo en cuenta ni aplicó el mecanismo de exención de la condición de inexistencia de control previsto en el artículo 24, apartado 4, del Reglamento sobre el Programa Espacial.
134    Las demandantes reconocen que esa exención prevé que la Comisión «podrá eximir» de la condición de inexistencia de control si la entidad jurídica establecida en un Estado miembro ofrece determinadas garantías. Sin embargo, según las demandantes, dicha disposición debe interpretarse a la luz del principio de proporcionalidad y de los principios y libertades antes mencionados.
135    En efecto, a juicio de las demandantes, las condiciones de participación constituyen una excepción al principio de maximización de la competencia previsto en el artículo 160, apartado 2, del Reglamento Financiero, que concreta los principios y libertades garantizados en los artículos 18 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE, cuyo carácter «necesario y adecuado» debe analizarse y justificarse siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 24, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento sobre el Programa Espacial. A su entender, esta disposición exige a la Comisión, en primer lugar, que informe al comité del Programa a que se refiere el artículo 107, apartado 1, letra e), de dicho Reglamento (en lo sucesivo, «comité del Programa») y, en segundo lugar, que tenga en cuenta el punto de vista de los Estados miembros a este respecto. Pues bien, las demandantes afirman que de la documentación proporcionada por la EUSPA no se desprende que se respetaran estas dos fases del procedimiento. También por este motivo, según ellas, se violó el principio de proporcionalidad, interpretado a la luz de los principios y libertades antes mencionados.
136    Además, a juicio de las demandantes, de conformidad con el artículo 24, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento sobre el Programa Espacial, la Comisión debería haber efectuado un examen completo de la necesidad, adecuación y proporcionalidad de la adopción de condiciones de admisibilidad sin posibilidad de invocar el mecanismo de exención previsto en el artículo 24, apartado 4, del citado Reglamento. Ahora bien, de los anexos B.1 y B.2 del escrito de contestación se desprende, según ellas, que dicho examen fue realizado por la EUSPA, y no por la Comisión, únicamente a la luz del objetivo de seguridad. Sostienen que, en su examen, la EUSPA no tuvo en cuenta los demás objetivos del Reglamento sobre el Programa Espacial y no analizó por qué el mecanismo de exención previsto en el artículo 24, apartado 4, de dicho Reglamento no es eficaz para mitigar los riesgos detectados para la seguridad.
137    Las demandantes añaden que la aplicación del principio de proporcionalidad no debería permitir excluir automáticamente a entidades cuyos accionistas pertenezcan a países terceros, como los Estados Unidos, que el Reglamento sobre el Programa Espacial identifica como un socio internacional importante.
138    La EUSPA rebate las alegaciones de las demandantes.
139    Procede recordar que es jurisprudencia reiterada que el principio de proporcionalidad exige que los actos de las instituciones no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario para el logro de los objetivos perseguidos, entendiéndose que, cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos. Este principio obliga al órgano de contratación, cuando se enfrenta a una oferta ambigua y una solicitud de aclaraciones sobre el contenido de dicha oferta podría garantizar la seguridad jurídica del mismo modo que una desestimación inmediata de la oferta de que se trate, a pedir aclaraciones al licitador afectado en vez de optar por la desestimación pura y simple de la oferta de este (véanse las sentencias de 10 de diciembre de 2009, Antwerpse Bouwwerken/Comisión, T‑195/08, EU:T:2009:491, apartado 57 y jurisprudencia citada, y de 6 de octubre de 2021, Global Translation Solutions/Parlamento, T‑7/20, no publicada, EU:T:2021:649, apartado 62 y jurisprudencia citada).
140    En primer lugar, por lo que respecta a la alegación de las demandantes basada en que la EUSPA violó el principio de proporcionalidad, en combinación con los principios y libertades mencionados en el apartado 133 anterior, por no haberles solicitado explicaciones sobre los aspectos de la condición de inexistencia de control que le preocupaban, procede desestimarla por las razones expuestas en los apartados 40 a 42 anteriores.
141    En segundo lugar, por lo que atañe a la alegación de las demandantes, formulada por primera vez en el escrito de réplica, según la cual, en esencia, la EUSPA violó el principio de proporcionalidad, en combinación con los principios y libertades mencionados en el apartado 133 anterior, debido a que no se siguió el procedimiento de consulta previsto en el artículo 24, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento sobre el Programa Espacial, procede señalar, con carácter preliminar, que, en virtud del artículo 24, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento, la Comisión aplicará las condiciones de admisibilidad y participación establecidas en el artículo 24, apartado 2, del mencionado Reglamento a contratos como el que es objeto del presente asunto si estima que es necesario y adecuado preservar la seguridad, la integridad y la resiliencia de los sistemas operativos de la Unión, teniendo en cuenta el objetivo de promover la autonomía estratégica de la Unión en las tecnologías y en las cadenas de valor claves, manteniendo al mismo tiempo una economía abierta.
142    En virtud del párrafo segundo del apartado 1 del artículo 24 del Reglamento sobre el Programa Espacial, antes de aplicar las condiciones de admisibilidad y participación de conformidad con el párrafo primero, la Comisión informará al comité del Programa y tendrá en cuenta en la mayor medida posible los puntos de vista de los Estados miembros sobre el ámbito de aplicación y la justificación para dichas condiciones de admisibilidad y participación.
143    En la medida en que la argumentación de las demandantes resumida en el apartado 141 anterior se formuló por primera vez en el escrito de réplica, procede recordar que, en virtud del artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
144    Se debe declarar la admisibilidad de un motivo o un argumento que constituya una ampliación de un motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en la demanda y que presente un estrecho vínculo con este (sentencia de 11 de julio de 2013, Ziegler/Comisión, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, apartado 46). Además, para poder ser considerado una ampliación de un motivo anteriormente enunciado, el nuevo argumento debe guardar, con los motivos inicialmente expuestos en la demanda, un vínculo suficientemente estrecho para que pueda considerarse el resultado del desarrollo normal del debate en un procedimiento judicial (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Groupe Gascogne/Comisión, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, apartado 31).
145    En la vista, las demandantes explicaron, en esencia, que habían formulado este argumento en el escrito de réplica, dado que solo habían tenido conocimiento del procedimiento seguido para la licitación controvertida cuando leyeron los dos escritos incluidos en los anexos B.1 y B.2 del escrito de contestación.
146    A este respecto, procede señalar que el primero de esos escritos lo dirige la EUSPA a la Comisión. La EUSPA explica en él las razones por las que considera que, por lo que respecta a la licitación controvertida, procede aplicar las condiciones de participación establecidas en el artículo 24, apartado 2, del Reglamento sobre el Programa Espacial y no aplicar el mecanismo de exención previsto en el artículo 24, apartado 4, de dicho Reglamento, y solicita la aprobación de la Comisión por lo que atañe a este enfoque. El segundo escrito mencionado por las demandantes lo dirige la Comisión a la EUSPA. En él, la Comisión aprueba el enfoque descrito por la EUSPA para la licitación controvertida.
147    Pues bien, las demandantes habrían podido impugnar, ya en el escrito de adaptación de la demanda, el procedimiento seguido para la licitación controvertida, ya que ni de la segunda decisión impugnada ni del resumen de las conclusiones del comité de evaluación adjunto a dicha decisión se desprendía que se hubiera seguido el procedimiento previsto en el artículo 24, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento sobre el Programa Espacial. Además, la argumentación de las demandantes resumida en el apartado 141 anterior equivale a cuestionar la aplicación de la condición de inexistencia de control establecida en el artículo 24, apartado 2, letra c), del Reglamento sobre el Programa Espacial, debido a la infracción del artículo 24, apartado 1, párrafo segundo, de dicho Reglamento. En la demanda, las demandantes no invocaron la infracción de esta última disposición y ni siquiera impugnaron el hecho de que se les hubiera aplicado esa condición. Así pues, esta argumentación no guarda, con los argumentos inicialmente expuestos en la demanda, un vínculo suficientemente estrecho para que pueda considerarse el resultado del desarrollo normal del debate en un procedimiento judicial. Por tanto, dicha argumentación ha de considerarse un motivo nuevo que debe declararse inadmisible.
148    En cualquier caso, de la nota de la Comisión de 3 de marzo de 2022, adjunta como anexo al escrito de dúplica, se desprende que, de conformidad con el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 24 del Reglamento sobre el Programa Espacial, la Comisión, tras debatirlo con los Estados miembros, informó al comité del Programa acerca de la metodología que, en términos generales, debía seguirse para determinar cuándo debían aplicarse las condiciones de participación establecidas en el artículo 24 de dicho Reglamento.
149    Por lo que respecta al mecanismo de exención previsto en el apartado 4 del artículo 24 del Reglamento sobre el Programa Espacial, en la mencionada nota se precisa que, «por defecto, para los contratos de compromiso a largo plazo con intereses esenciales de seguridad, el programa aplicará una política de no exención para el contratista principal, [ya que el programa no puede] confiar en un contratista principal que esté bajo la influencia de un país tercero» pero que, no obstante, la Comisión desea «conceder más flexibilidad por lo que respecta a la participación al equipo central y a otros subcontratistas».
150    Por último, de la citada nota se desprende, en esencia, que el enfoque que en ella se explica es general y que no se solicitará la opinión del comité del Programa para cada licitación.
151    Por tanto, dado que, por una parte, la Comisión siguió el procedimiento previsto en el artículo 24, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento sobre el Programa Espacial para determinar la metodología general que debía seguirse para aplicar las condiciones de participación establecidas en el artículo 24, apartado 2, de dicho Reglamento y el mecanismo de exención previsto en el apartado 4 de dicho artículo y que, por otra parte, las demandantes no sostuvieron en la vista que el enfoque seguido en relación con la licitación controvertida constituyese una excepción a esta metodología, lo que, por lo demás, no parece ser el caso, procede considerar que su argumentación resumida en el apartado 141 anterior es, en cualquier caso, infundada.
152    En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación de que la EUSPA violó el principio de proporcionalidad, dado que la aplicación del mecanismo de exención previsto en el artículo 24, apartado 4, del Reglamento sobre el Programa Espacial constituye una medida menos gravosa que el rechazo de la oferta, ha de señalarse que esta disposición establece que la Comisión podrá eximir de la condición de inexistencia de control si la entidad jurídica licitadora establecida en un Estado miembro ofrece determinadas garantías.
153    Por tanto, del tenor de dicha disposición se desprende que la aplicación del mecanismo de exención previsto en ella no es obligatoria, sino opcional.
154    En el caso de autos, el anuncio de licitación precisaba que dicha licitación se refería a un contrato de una duración inicial de un año, renovable automáticamente hasta tres veces por períodos sucesivos de doce meses cada uno, es decir, un contrato de una duración máxima total de cuatro años. Precisaba, asimismo, que dicha licitación tenía por objeto la celebración de un contrato marco que permitiera celebrar una serie de contratos específicos en apoyo de las actividades de acreditación realizadas por el Departamento de Acreditación de Seguridad de la EUSPA y que dichas actividades incluían exámenes de los documentos de acreditación, apoyo en materia de garantía de la seguridad —como la asistencia de expertos en la evaluación de la seguridad del nivel de cumplimiento de los requisitos de seguridad, la evaluación de los riesgos en materia de seguridad y las declaraciones de acreditación de seguridad— y tareas de garantía de calidad —como auditorías de seguridad (auditoría de arquitectura, auditoría de configuración, auditoría de organización y auditoría física) y pruebas de penetración en los sistemas informáticos—.
155    El punto 2.2.1.2 del pliego de condiciones indica que, debido a la dimensión de seguridad y a los intereses esenciales vinculados a las actividades objeto del contrato, no se aceptarán exenciones de las condiciones de participación para los contratistas principales, los miembros del equipo central y los subcontratistas que participen en actividades sensibles desde el punto de vista de la seguridad.
156    De este punto del pliego de condiciones se desprende que la EUSPA consideró que la no aplicación del mecanismo de exención previsto en el artículo 24, apartado 4, del Reglamento sobre el Programa Espacial era necesaria para preservar la seguridad, la integridad y la resiliencia de los sistemas operativos de la Unión. Pues bien, las demandantes no niegan que la licitación controvertida tuviera por objeto tareas muy sensibles cuya ejecución implicaba el acceso a información clasificada de la Unión.
157    Además, procede considerar que el mecanismo de exención previsto en el artículo 24, apartado 4, del Reglamento sobre el Programa Espacial tiene como objetivo el mantenimiento de una economía abierta y pretende aplicar el principio de maximización de la competencia previsto en el artículo 160 del Reglamento Financiero. Por tanto, al evaluar si ese mecanismo podía aplicarse en el caso de autos, la EUSPA también ponderó necesariamente ese objetivo y ese principio.
158    Sin embargo, habida cuenta de la duración y del objeto de la licitación controvertida y del hecho de que la protección de la seguridad, la integridad y la resiliencia de los sistemas operativos de la Unión es un objetivo esencial del Reglamento sobre el Programa Espacial, como se desprende de los apartados 103 a 107 anteriores, la EUSPA no violó el principio de proporcionalidad, en combinación con el principio de maximización de la competencia, al estimar que el mecanismo de exención previsto en el artículo 24, apartado 4, de dicho Reglamento no se aplicaba a esta licitación.
159    Asimismo, no puede prosperar la alegación de las demandantes mediante la que reprochan a la EUSPA haber examinado la proporcionalidad de la adopción de las condiciones de admisibilidad, sin posibilidad de invocar el mecanismo de exención previsto en el artículo 24, apartado 4, del Reglamento sobre el Programa Espacial, en lugar de la Comisión. Por una parte, en la nota de 3 de marzo de 2022, la Comisión se refirió a una metodología a este respecto (véase el apartado 148 anterior) y de esta nota se desprende que esa metodología se basa en una ponderación de los diferentes intereses en juego conforme al párrafo primero del apartado 1 del citado artículo. Por otra parte, de los anexos B.1 y B.2 del escrito de contestación se desprende que, para aprobar la no aplicación de ese mecanismo por la EUSPA, la Comisión analizó necesariamente las razones invocadas por esta al respecto (véase el apartado 145 anterior). Por tanto, la no aplicación de dicho mecanismo en el caso de autos se basa también en el examen de la Comisión.
160    En cuarto lugar, por lo que atañe al principio de no discriminación garantizado en el artículo 18 TFUE y a las libertades de circulación garantizadas en los artículos 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE, que también invocan las demandantes en combinación con el principio de proporcionalidad, procede señalar que las demandantes se limitan a invocar ese principio y esas libertades sin explicar por qué la no aplicación de la exención los vulnera. En cualquier caso, dado que la condición de inexistencia de control se aplica a todos los licitadores, con independencia de su Estado miembro de origen, no cabe considerar que la aplicación de esa condición implique una violación del principio de no discriminación garantizado en el artículo 18 TFUE o de las libertades fundamentales garantizadas en los artículos 49 TFUE, 56 TFUE y 63 TFUE.
161    En consecuencia, procede desestimar el quinto motivo.
Sobre la solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba
162    En la demanda, las demandantes solicitaron al Tribunal General que acordara una diligencia de ordenación del procedimiento o una diligencia de prueba en defecto de cumplimiento voluntario con el fin de instar u ordenar a la EUSPA que aportara todos los documentos pertinentes relativos al expediente de licitación EUSPA/OP/01/23 que sirvieron de base para la adopción de la primera decisión impugnada. Las demandantes precisaron, por una parte, que esos documentos incluían en particular, aunque no exclusivamente, el informe de evaluación mencionado en la primera decisión impugnada, así como el nombre del adjudicatario o adjudicatarios y las características y ventajas de la oferta o de las ofertas seleccionadas, y, por otra parte, que tales documentos contribuirían a acreditar los hechos imputados y, en particular, a demostrar que la EUSPA no tenía ninguna razón válida para considerar que estaban bajo la influencia decisiva de una entidad de un tercer país. En la vista, las demandantes indicaron, en esencia, que mantenían esta solicitud con respecto a la segunda decisión impugnada.
163    Es preciso recordar que el resumen de las conclusiones del comité de evaluación fue facilitado a las demandantes como anexo a la segunda decisión impugnada. Por tanto, la solicitud de las demandantes relativa a la presentación del informe de evaluación ya no es pertinente.
164    Asimismo, procede recordar que, en lo que atañe a la apreciación de las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba presentadas por una parte en un litigio, solo el Tribunal General puede decidir, cuando proceda, sobre la necesidad de completar la información de que dispone en los asuntos de que conoce (véase la sentencia de 22 de noviembre de 2007, Sniace/Comisión, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, apartado 77 y jurisprudencia citada).
165    Pues bien, en el presente asunto, habida cuenta del análisis de los motivos invocados por las demandantes, el Tribunal General considera que los autos están completos y que su contenido le permite pronunciarse sobre el recurso.
166    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, se desestiman las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba.
167    De todo lo anterior se desprende que el recurso debe ser desestimado en su totalidad.
Costas
168    A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, a tenor del artículo 135, apartado 1, de dicho Reglamento, con carácter excepcional, si así lo exige la equidad, el Tribunal General podrá decidir que una parte que haya visto desestimadas sus pretensiones cargue únicamente, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte, o incluso que no debe ser condenada por este concepto. Además, a tenor del artículo 137 del referido Reglamento, en caso de sobreseimiento, el Tribunal General resolverá discrecionalmente sobre las costas.
169    En el caso de autos, se han desestimado las pretensiones de las demandantes formuladas en el escrito de adaptación de la demanda cuyo objeto era la anulación de la segunda decisión impugnada y se han sobreseído las pretensiones formuladas en la demanda cuyo objeto era la anulación de la primera decisión impugnada.
170    Por lo que respecta a esta decisión, procede recordar que la EUSPA, tras la interposición del recurso, decidió «anularla». De los autos se desprende que esta «anulación» estaba motivada, en particular, por las «observaciones» presentadas por las demandantes y que se llevó a cabo con el fin de convocar de nuevo al comité de evaluación para que volviera a evaluar las ofertas recibidas en el marco del procedimiento de licitación de que se trata y adoptara una nueva decisión de adjudicación sobre la base de un nuevo informe de evaluación. A raíz de esta «anulación», las demandantes también tuvieron que solicitar la suspensión de la ejecución de la segunda decisión impugnada y su anulación. Por tanto, una parte de las costas correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales y una parte de las costas correspondientes al presente procedimiento se deben a dicha «anulación», decidida por la EUSPA.
171    Estas circunstancias justifican que cada parte sea condenada a cargar con sus propias costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
decide:
1)      Sobreseer las pretensiones que tienen por objeto la anulación de la decisión de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA) de 16 de enero de 2024 por la que se rechaza la oferta presentada por LGAI Technological Center, S. A., y jtsec Beyond IT Security, S. L., en el marco del procedimiento de licitación identificado con la referencia EUSPA/OP/01/23.
2)      Desestimar el recurso en todo lo demás.
3)      Condenar a LGAI Technological Center y jtsec Beyond IT Security y a la EUSPA a cargar con sus propias costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.
Kowalik-Bańczyk
Buttigieg
Ricziová
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de noviembre de 2025.
El Secretario
El Presidente
V. Di Bucci
M. van der Woude
*      Lengua de procedimiento: español.