62022CC0758
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentadas el 29 de febrero de 2024 (
1
)
Asuntos acumulados C‑758/22 y C‑759/22
Bayerische Ärzteversorgung,
Bayerische Architektenversorgung,
Bayerische Apothekerversorgung,
Bayerische Rechtsanwalts- und Steuerberaterversorgung,
Bayerische Ingenieurversorgung-Bau m. Psychotherapeutenversorgung (C‑758/22)
Sächsische Ärzteversorgung (C‑759/22)
contra
Deutsche Bundesbank
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, Alemania)]
«Procedimiento prejudicial — Política económica y monetaria — Reglamento (UE) 2018/231 — Información estadística al Banco Central Europeo (BCE) —Mutualidades profesionales — Reglamento (UE) n.o 549/2013 — Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC) — Obligaciones de declaración estadística aplicables a los fondos de pensión — Sistemas de pensión especiales para las profesiones liberales — Afiliación y cotizaciones obligatorias — Intermediación financiera realizada por los fondos de pensiones»
1.
Estas dos peticiones de decisión prejudicial ofrecen al Tribunal de Justicia la oportunidad de interpretar el Reglamento (UE) 2018/231 (
2
) que confiere al Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «BCE»), entre otras, la facultad de obtener información estadística detallada de los fondos de pensiones (en lo sucesivo, «FP») sobre sus actividades de intermediación financiera.
2.
Las mutualidades profesionales de previsión social (
3
) tienen una notable implantación en Alemania. Seis entidades de este tipo (
4
) se enfrentan al Deutsche Bundesbank (Banco Central, Alemania), que les requiere la transmisión de información financiera al considerarlas sujetas al Reglamento 2018/231, en cuanto FP. Ellas entienden, por el contrario, que son fondos de la seguridad social, cualidad que les eximiría de suministrar la información requerida.
3.
El debate se centra en interpretar la nomenclatura del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «SEC 2010») adoptada por el Reglamento (UE) n.o 549/2013, (
5
) a la que se remite el Reglamento 2018/231. Su interpretación es particularmente compleja, porque el SEC 2010 contiene una clasificación estadística del conjunto de la economía a base de conceptos cuyo significado jurídico no siempre resulta fácil de determinar. El Tribunal de Justicia ya ha abordado algunos problemas que suscita el SEC 2010 en recientes sentencias. (
6
)
I. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
1. Reglamento 2018/231
4.
Su artículo 1 («Definiciones») dispone:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1)
“fondo de pensiones (FP)” (subsector S.129 del SEC 2010): una institución o cuasisociedad financiera que se dedica principalmente a la intermediación financiera resultante de la compensación de riesgos y necesidades sociales de las personas aseguradas (seguros sociales). Un fondo de pensiones, como un régimen de seguridad social, proporciona una renta durante la jubilación y puede proporcionar prestaciones por fallecimiento e invalidez.
Esta definición no comprende:
[…]
f)
los fondos de la seguridad social según se definen en el apartado 2.117 del SEC 2010;
[…]».
5.
El artículo 2 («Población informadora real») establece:
«1.   La población informadora real estará formada por los FP residentes en los Estados miembros de la zona del euro.
2.   Los FP que formen parte de la población informadora real estarán sujetos a plenas obligaciones de información estadística salvo que les sea de aplicación una exención concedida con arreglo al artículo 7.
[…]».
2. Reglamento n.o 549/2013
6.
El artículo 1 («Objeto») estipula:
«1.   El presente Reglamento establece el Sistema Europeo de Cuentas 2010 (“SEC 2010” o “SEC”).
2.   El SEC 2010 contempla lo siguiente:
a)
una metodología (anexo A) relativa a las reglas, definiciones, nomenclaturas y normas de contabilidad comunes, que se utilizarán para la elaboración de cuentas y tablas, sobre bases comparables para las necesidades de la Unión, y de resultados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3;
[…]».
7.
El capítulo 1 («Características generales y principios fundamentales») del anexo A del SEC 2010 incluye estos puntos:
«[…]
1.37
La distinción entre de mercado y no de mercado, y, por tanto, en el caso de las entidades del sector público, su clasificación en el sector de las administraciones públicas o en el sector de las sociedades, se lleva a cabo sobre la base de la norma indicada a continuación.
Una actividad se considerará como actividad de mercado si los correspondientes bienes y servicios se negocian en las siguientes condiciones:
1)
los vendedores tratan de aumentar al máximo sus beneficios a largo plazo y para ello venden sus bienes y servicios libremente en el mercado a cualquiera que pague el precio que piden;
2)
los compradores tratan de aumentar al máximo su utilidad habida cuenta de sus recursos limitados, y para ello compran los productos que responden mejor a sus necesidades al precio propuesto;
3)
existen mercados eficaces a los cuales los compradores y los vendedores tienen acceso y sobre los cuales tienen información; un mercado eficaz puede funcionar aun cuando no se cumplan íntegramente estas condiciones.
[…]
1.57
Las unidades institucionales son entidades económicas capaces de ser propietarias de bienes y activos, contraer pasivos y participar en actividades y operaciones económicas con otras unidades, en nombre propio. A efectos del sistema SEC 2010, las unidades institucionales se agrupan en cinco sectores institucionales nacionales mutuamente excluyentes:
a)
sociedades no financieras;
b)
instituciones financieras;
c)
administraciones públicas;
d)
hogares;
e)
instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
El conjunto de estos cinco sectores constituye el total de la economía nacional. Cada sector está dividido, a su vez, en subsectores. El sistema SEC 2010 permite elaborar una serie completa de cuentas de flujos y de balances para cada sector y subsector, y para el total de la economía. Las unidades no residentes pueden interactuar con estos cinco sectores nacionales, y las interacciones se presentan entre los cinco sectores nacionales y un sexto sector institucional: el resto del mundo.
[…]».
8.
El capítulo 2 («Las unidades y los conjuntos de unidades») del anexo A del SEC 2010 contiene estos puntos:
«[…]
LAS UNIDADES INSTITUCIONALES
2.12
Definición: Una unidad institucional es una entidad económica que se caracteriza por su autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal. Una unidad residente se considera que constituye una unidad institucional en el territorio económico donde tiene su centro de interés económico predominante si goza de autonomía de decisión y dispone de una contabilidad completa o está en condiciones de elaborar un conjunto completo de cuentas.
[…]
LOS SECTORES INSTITUCIONALES
[…]
2.34
El diagrama 2.1 muestra de qué manera se asignan las unidades a los sectores principales. A fin de determinar a qué sector debe asignarse una unidad residente que no es un hogar, según el diagrama, es necesario determinar si está controlada por las administraciones públicas o no, y si es un productor de mercado o no de mercado.
Instituciones financieras (S.12)
[…]
Intermediarios financieros
[…]
2.59
La función de las compañías de seguros y los fondos de pensiones consiste en la compensación de riesgos. Los pasivos de tales instituciones son sistemas de seguros, pensiones y garantías estandarizadas (AF.6). Las contrapartidas de los pasivos son las inversiones que realizan las compañías de seguros y los fondos de pensiones, que actúan como intermediarios financieros.
[…]
Administraciones públicas (S.13)
2.111
Definición: El sector “administraciones públicas” (S.13) incluye todas las unidades institucionales que son productores no de mercado cuya producción se destina al consumo individual o colectivo, que se financian mediante pagos obligatorios efectuados por unidades pertenecientes a otros sectores y que efectúan operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional.
[…]
Fondos de la seguridad social (S.1314)
2.117
Definición: El subsector “fondos de la seguridad social” comprende las unidades institucionales, centrales y territoriales, cuya actividad principal consiste en proporcionar prestaciones sociales y que cumplen los dos criterios siguientes:
a)
determinados grupos de la población están obligados a participar en el sistema o a pagar cotizaciones, en virtud de disposiciones legales o normativas, y
b)
independientemente del papel que desempeñen como organismos de supervisión o como empleadores, las administraciones públicas son responsables de la gestión de dichas unidades en lo relativo al establecimiento o la aprobación de las cotizaciones y las prestaciones.
Normalmente, no existe una relación directa entre el importe de la cotización de los afiliados y los riesgos a que están expuestos».
9.
En el capítulo 3 («Operaciones de bienes y servicios y activos no producidos») del anexo A del SEC 2010 constan estos puntos:
«[…]
Producción (P.1)
[…]
3.17
Definición: Por producción de mercado se entiende aquella que se vende o cede de otra manera en el mercado o que está destinada a estos fines.
3.18
En la producción de mercado se incluyen:
a)
los productos vendidos a precios económicamente significativos;
[…]
3.19
Definición: Por precios económicamente significativos se entiende precios que tienen un efecto significativo sobre el volumen de productos que los productores están dispuestos a ofrecer y sobre el volumen de productos que los compradores están dispuestos a adquirir. Dichos precios son el resultado del cumplimiento de estas dos condiciones:
a)
al productor le interesa ajustar la oferta para obtener un beneficio a largo plazo o, cuando menos, para cubrir los gastos de capital y otros costes, y
b)
los consumidores son libres de comprar o no comprar, y eligen según los precios aplicados.
Por lo general, los precios económicamente no significativos se aplican para obtener unos ingresos determinados o para obtener una reducción en el exceso de la demanda que podría haber si los servicios prestados fueran totalmente gratuitos.
El precio económicamente significativo de un bien o servicio se define en función de la unidad institucional y la UAE local que han producido dicho bien o servicio. Por ejemplo, se considera que toda la producción de las empresas no constituidas en sociedad pertenecientes a hogares que se vende a otras unidades institucionales se vende a precios económicamente significativos; constituye, pues, producción de mercado. En lo que respecta a la producción de otras unidades institucionales, la capacidad de realizar una actividad de mercado a precios económicamente significativos se determinará aplicando un criterio cuantitativo (el criterio del 50 %), basado en la relación entre las ventas y los costes de producción. Para ser un productor de mercado, la unidad debe cubrir como mínimo el 50 % de sus costes por medio de sus ventas de forma continuada a lo largo de varios años.
[…]
3.24
Definición: Los productores de mercado son UAE locales o unidades institucionales cuya producción es en su mayor parte producción de mercado.
Si una UAE local o una unidad institucional es un productor de mercado, su producción principal es, por definición, producción de mercado, ya que el concepto de producción de mercado se define tras aplicar la distinción entre producción de mercado, producción para uso final propio y producción no de mercado a la UAE local o a la unidad institucional que obtienen dicha producción.
[…]
3.26
Definición: Los productores no de mercado son UAE locales o unidades institucionales que suministran la mayor parte de su producción de forma gratuita o a precios económicamente no significativos».
10.
En el capítulo 17 («Seguros sociales, incluidas las pensiones») del anexo A del SEC 2010 figura este punto:
«[…]
PENSIONES
[…]
Sistemas de pensiones de la seguridad social
17.43
Definición: Los sistemas de pensiones de la seguridad social son sistemas contractuales de seguro en que los beneficiarios, como participantes en un sistema de seguros sociales, están obligados por las administraciones públicas a asegurarse contra la vejez y otros riesgos relacionados con la vejez, tales como la incapacidad, la salud, etc. Las administraciones públicas proporcionan las pensiones de la seguridad social a los beneficiarios.
[…]»
11.
En el capítulo 20 («Cuentas de las administraciones públicas») del anexo A del SEC 2010 se lee:
«[…].
Unidades de las administraciones públicas
[…]
20.10
Además de esta unidad principal, existen entidades de las administraciones públicas que tienen identidades jurídicas independientes y una autonomía importante, además de la posibilidad de decidir sobre el volumen y la composición de sus gastos y una fuente directa de ingresos, como los impuestos para fines específicos. Estas entidades se crean a menudo para llevar a cabo funciones específicas, como la construcción de carreteras o la producción no de mercado de servicios de salud, educación o investigación. Estas entidades se consideran unidades independientes de las administraciones públicas cuando mantienen conjuntos completos de cuentas, poseen sus propios bienes o activos, participan en actividades no de mercado para las que son responsables ante la ley, y pueden contraer pasivo y celebrar contratos. Estas entidades (junto con las instituciones sin fines de lucro controladas por las administraciones públicas) se conocen como «unidades extrapresupuestarias» porque tienen presupuestos independientes, reciben importantes transferencias del presupuesto principal, y sus principales fuentes de financiación se complementan con fuentes propias de ingresos externas al presupuesto principal. Dichas unidades extrapresupuestarias se clasifican en el sector de las administraciones públicas, a menos que se trate en su mayoría de productores de mercado controlados por otra unidad de las administraciones públicas.
[…]
20.12
Los fondos de la seguridad social son unidades de las administraciones públicas dedicadas al funcionamiento de los sistemas de seguridad social. Los sistemas de seguridad social son sistemas de seguros sociales que cubren a toda o a una gran parte de la comunidad en su conjunto, impuestos y controlados por las administraciones públicas. Un fondo de la seguridad social es una unidad institucional si se organiza de forma independiente de las demás actividades de las unidades de las administraciones públicas, mantiene sus propios activos y pasivos y realiza operaciones financieras por cuenta propia.
[…]
Fondos de pensiones
20.38
Los sistemas de pensiones de los empleadores son acuerdos establecidos para ofrecer prestaciones de jubilación a los participantes, sobre la base de una relación contractual entre empleador y empleado. Incluyen sistemas no financiados y financiados total o parcialmente.
20.39
Un sistema financiado de cotizaciones definidas, establecido por una unidad de las administraciones públicas, no se trata como un sistema de seguridad social cuando las administraciones públicas no garantizan el importe de las pensiones debidas, siendo este incierto porque depende del rendimiento de los activos. Como consecuencia de ello, la unidad identificada como gestora del sistema, así como el propio fondo si se trata de una unidad institucional independiente, se considera una institución financiera, clasificada en el subsector de compañías de seguro y fondos de pensiones.
[…]».
B.
Derecho nacional
12.
En el Estado federado de Baviera rige la Gesetz über das öffentliche Versorgungswesen. (
7
) Con arreglo a ella, las mutualidades profesionales de previsión:
–
Son organismos de derecho público con capacidad jurídica.
–
Han de cumplir los requisitos necesarios para que sus afiliados estén exentos de la afiliación obligatoria al régimen general del seguro de pensiones (artículo 28, tercera frase, de la VersoG).
–
Solo pueden operar sin ánimo de lucro, destinando sus fondos y activos únicamente al cumplimiento de sus funciones de previsión (artículo 9, apartados 1 y 3, de la VersoG).
–
Han de sufragar sus gastos de gestión, incluidas las retribuciones de los empleados y las percepciones de los beneficiarios, con cargo a sus propios fondos (artículo 9, apartado 2, primera frase, de la VersoG).
–
La gran mayoría de sus afiliados están sujetos a una obligación legal de afiliación, por desempeñar su profesión en el Estado federado de Baviera. (
8
) Se autoriza la exención de la afiliación obligatoria únicamente en casos excepcionales. (
9
)
–
Los afiliados con carácter obligatorio que se hubieran dado de baja pueden permanecer como afiliados voluntarios, (
10
) en los términos de las normas internas de la entidad, con el fin de mantener su derecho a obtener futuras pensiones mediante la aportación de las mismas cotizaciones que los afiliados obligatorios.
–
Regulan, mediante sus normas propias, en el marco de los criterios legales, el cobro de las cotizaciones o aportaciones para financiar sus tareas, así como los requisitos, las modalidades, la cuantía y la extinción de los derechos a pensión. (
11
)
–
Sus normas internas pueden permitir que los afiliados efectúen pagos adicionales voluntarios con el fin de incrementar sus derechos a futuras pensiones, siempre que la suma de los pagos adicionales y de la cotización obligatoria no rebase el límite máximo fijado por ley. (
12
)
13.
En el Estado federado de Sajonia se aplican la Sächsisches Heilberufekammergesetz (
13
) y los Satzung über die Sächsische Ärzteversorgung. (
14
) Según se desprende del auto de reenvío en el asunto C‑759/22, el contenido de estas disposiciones no difiere, en lo esencial y en cuanto atañe a las mutualidades profesionales de previsión, del que rige en el asunto C‑758/22.
14.
El tribunal de reenvío destaca los siguientes rasgos de la Säschische Ärtzeversorgung (Mutualidad profesional de previsión social de los médicos del Estado federado de Sajonia):
–
Es un organismo con capacidad parcial de obrar, integrado en la Sächsische Landesärztekammer (Colegio de Médicos del Estado Federado de Sajonia), que abona prestaciones a los afiliados a este Colegio y a la Landestierärztekammer (Colegio de Veterinarios del Estado Federado de Sajonia). (
15
)
–
Cuenta como miembros, por ministerio de la Ley, a quienes están afiliados con carácter obligatorio al Colegio de Médicos y al Colegio de Veterinarios de ese Estado federado. (
16
)
–
Entre los afiliados con carácter obligatorio se encuentran, en principio, todos los médicos y veterinarios autorizados a ejercer en el Estado federado de Sajonia que practiquen su profesión o tengan su domicilio principal en dicho estado federado.
–
Se dedica principalmente a la intermediación financiera resultante de las actividades descrita en el artículo 1, punto 1, frases primera y segunda, del Reglamento 2018/231, proporcionando a sus afiliados pensiones de vejez, de supervivencia y por invalidez, financiadas mediante cotizaciones.
–
Dispone de un conjunto completo de cuentas (artículo 8 de los Estatutos). Si bien no tiene personalidad jurídica propia, es independiente del Colegio de Médicos desde un punto de vista organizativo y económico y goza de una amplia autonomía. Ejerce sus funciones de conformidad con la ley y los Estatutos por medio de sus propios órganos, bajo su propia responsabilidad y con cargo a sus propios fondos (que están diferenciados de los del Colegio). A tal respecto, desempeña una actividad económica, puede ser titular de derechos y obligaciones, participar en el tráfico jurídico y asumir obligaciones por las que responde con su propio patrimonio.
II. Hechos, litigios y preguntas prejudiciales
A.
Asunto C-758/22
15.
Mediante escritos de 7 de septiembre de 2018 y de 25 de marzo de 2019, el Deutsche Bundesbank (Banco Central) notificó a cuatro entidades bávaras que, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Reglamento 2018/231, estaban sujetas a obligaciones de información estadística en su condición de FP y debían facilitarle trimestralmente, a partir del 30 de septiembre de 2019, diversos datos, que detallaba, sobre su situación financiera.
16.
A otra entidad demandante la instó, mediante escritos de tenor casi idéntico, de 12 de noviembre de 2018 y de 17 de julio de 2019, a que proporcionara con periodicidad anual una cantidad menor de datos.
17.
Las entidades interpusieron sendos recursos contencioso administrativos, en los que solicitaron la revocación de las comunicaciones que les afectaban y, con carácter subsidiario, la declaración de que no estaban sujetas a la obligación de información.
18.
En la sentencia de 4 de noviembre de 2021, el Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Tribunal de lo contencioso administrativo de Fráncfort del Meno, Alemania) desestimó los recursos y declaró que las demandantes eran FP a efectos del artículo 1, punto 1, del Reglamento 2018/231 y que, de conformidad con su artículo 2, apartado 1, estaban sujetas a la obligación de información.
19.
Las mutualidades demandantes interpusieron recursos de revisión per saltum contra la sentencia de primera instancia, ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, Alemania).
20.
En sus recursos, alegaron que son productores no de mercado, que sus prestaciones obligatorias constituyen la mayor parte de su producción y que no se venden a precios económicamente significativos. En tal medida, quienes están afiliados a ellas con carácter obligatorio no pueden decidir libremente, tal como establece el anexo A, punto 3.19, primer párrafo, letra b), del Reglamento n.o 549/2013, en cuanto a la adquisición de las prestaciones de previsión sobre la base de las cotizaciones aplicadas. La regla del 50 % de este punto, último párrafo, carece de pertinencia, pues está dirigida únicamente a la determinación de la producción. En cualquier caso, estas mutualidades pertenecen a la seguridad social.
B.
Asunto C-759/22
21.
Los hechos y el desarrollo del litigio de origen coinciden, en lo sustancial y salvadas las particularidades de cada uno, con los del asunto C‑758/22
C.
Preguntas prejudiciales
22.
En este contexto, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo) invita al Tribunal de Justicia a responder a estas preguntas prejudiciales, idénticas en ambos procedimientos:
«1)
a)
¿Exige el anexo A, punto 3.19, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.o 549/2013 que todos los consumidores de productos que los productores están dispuestos a ofrecer sean libres de adquirirlos o no adquirirlos y elijan según los precios aplicados?
En caso de respuesta negativa:
b)
En los supuestos en que, sin disponer de esa libertad de elección, la gran mayoría de los referidos consumidores reciban del productor productos en una cuantía superior a la mitad de la producción de este en virtud de su afiliación a él, que es obligatoria por ley, y deban abonarle obligatoriamente cotizaciones en la cuantía fijada por él, ¿se están cumpliendo los requisitos de la citada disposición si una minoría tuvo posibilidad de afiliarse voluntariamente al productor e hizo uso de la misma con el fin de recibir los productos abonando las mismas cotizaciones que quienes están afiliados a él con carácter obligatorio?
2)
¿Existe siempre una producción de mercado realizada a precios económicamente significativos, a efectos del anexo A, puntos 3.17 a 3.19, del Reglamento n.o 549/2013, con tal de que se esté cumpliendo el “criterio del 50 %” definido en su punto 3.19, párrafo tercero, frases tercera y cuarta, de cobertura de cuando menos la mitad de los costes por medio de las ventas de forma continuada a lo largo de varios años, o bien ha de considerarse que ese criterio no es condición suficiente (por sí mismo), sino condición necesaria que debe concurrir junto con los dos prerrequisitos contemplados en párrafo primero, letras a) y b) de ese punto 3.19?
3)
Para determinar si las unidades institucionales son productoras de mercado con arreglo al anexo A, punto 3.24, del Reglamento n.o 549/2013, ¿deben tenerse en cuenta, además de sus puntos 3.17, 3.19 y 3.26, también los requisitos adicionales contemplados en su punto 1.37, párrafo segundo?
4)
a)
Para incluir una unidad institucional en el subsector S.129, ¿exige con carácter imperativo el anexo A, punto 2.107, del Reglamento n.o 549/2013 que aquella abone todas sus prestaciones a todos sus participantes en virtud de una obligación contractual de seguro?
En caso de respuesta afirmativa:
b)
¿Se cumple la exigencia de que a esos efectos se haya celebrado un contrato de seguro con el mero hecho de que, aun cuando la afiliación obligatoria, las cotizaciones obligatorias y las prestaciones obligatorias de la unidad institucional se regulen mediante normas internas adoptadas para ella en virtud de prerrogativas de poder público, también quienes están afiliados con carácter obligatorio puedan adquirir derechos a prestaciones adicionales mediante cotizaciones adicionales voluntarias?
5)
¿Debe interpretarse el artículo 1, punto 1, tercera frase, letra f), del Reglamento 2018/231 en el sentido de que excluye del concepto de “fondo de pensiones” formulado en la primera frase de dicho punto 1 únicamente a las unidades institucionales que cumplan los dos criterios enumerados en el anexo A, punto 2.117, del Reglamento n.o 549/2013, o comprende también esa excepción a otras unidades institucionales que de conformidad con el punto 17.43 de dicho anexo A hayan de ser vistas como sistemas de pensiones de la seguridad social pero que no cumplan todos los requisitos del mencionado punto 2.117?
6)
a)
¿Designa el concepto de “administraciones públicas” del anexo A, puntos 2.117, letra b), y 17.43, del Reglamento n.o 549/2013 únicamente a la respectiva unidad principal, o comprende también a las instituciones de seguridad social constituidas por ley, organizadas de forma jurídicamente autónoma sobre la base de la afiliación obligatoria, financiadas mediante cotizaciones y con derecho a la autogestión y a la llevanza de una contabilidad propia?
En caso de que la opción correcta sea la segunda de las mencionadas:
b)
¿Implica el establecimiento de cotizaciones y prestaciones que se cita en el anexo A, punto 2.117, letra b), del Reglamento n.o 549/2013 la aprobación de su importe, o bien basta con que por ley se prescriban los riesgos mínimos que deben cubrirse y el nivel mínimo de cobertura y se regulen los principios y límites de cara al cobro de las cotizaciones, aunque se esté dejando en manos de la institución de seguridad social calcular las cotizaciones y prestaciones dentro de ese marco?
c)
¿Comprende el concepto de “unidad de las administraciones públicas” a efectos del anexo A, punto 20.39, del Reglamento n.o 549/2013 únicamente a las unidades institucionales que cumplan todos los requisitos de sus puntos 20.10 y 20.12?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
23.
Las peticiones de decisión prejudicial tuvieron entrada en el Tribunal de Justicia el 15 de diciembre de 2022. Dada su similitud, los dos asuntos se acumularon.
24.
Han presentado observaciones el BCE, el Deutsche Bundesbank (Banco Central), el Bayerische Ärzteversorgung, en representación de los cinco fondos de pensiones bávaros, el Sächsische Ärzteversorgung, así como la Comisión Europea. Todos ellos intervinieron en la vista celebrada el 13 de diciembre de 2023.
IV. Apreciación
25.
Antes de responder, en concreto, a las preguntas prejudiciales suscitadas, creo oportuno exponer por qué, dada su relevancia para la política económica y monetaria de los Estados miembros, los FP se sujetan a determinadas obligaciones de información. Con el mismo carácter preliminar abordaré los rasgos del sistema de pensiones existente en Alemania, en lo que importa para estos reenvíos, así como las características esenciales del SEC 2010.
A.
Relevancia económica de los FP
26.
Los FP desempeñan un papel importante en la economía de la zona euro y de la Unión Europea en su conjunto, ya que proporcionan a los hogares una oportunidad de ahorro para la jubilación y, al mismo tiempo, contribuyen a la asignación eficiente del capital a largo plazo.
27.
Desde la crisis financiera de 2008, los activos de los FP se han multiplicado y, según ciertas estimaciones, ascienden a más de 3 billones de euros. Esas estimaciones indican que su porcentaje del PIB de la zona euro casi se ha duplicado, pasando del 13 % en 2008 a más del 25 % en la actualidad. (
17
)
28.
Los activos en los que más invierten los FP son participaciones en fondos de inversión y valores representativos de deuda. Otras inversiones de menor escala incluyen acciones y participaciones, derivados financieros, efectivo y préstamos. (
18
)
29.
Las lagunas existentes en la información disponible y la falta de comparabilidad entre países hacían difícil conocer la incidencia de los FP en la transmisión de la política monetaria, así como los riesgos relacionados con el comportamiento inversor de los propios FP y su interconexión con el resto del sistema financiero y la economía real.
30.
Por ese motivo, el BCE consideró esencial disponer de unas estadísticas armonizadas y de calidad sobre los FP de la zona euro, lo que explica el itinerario legislativo seguido en relación con el suministro de información estadística detallada.
31.
Inicialmente, el artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 2533/98 (
19
) excluyó a los FP de lo que denominaba «población informadora de referencia». (
20
) Pero el BCE recomendó (
21
) su inclusión, que se llevó a cabo en el Reglamento (CE) n.o 951/2009. (
22
)
32.
Los argumentos aducidos en favor de este cambio fueron que:
–
La población informadora de referencia debía incluir el sector de las sociedades financieras en su conjunto, en particular, las empresas de seguro y los FP, que constituyen el segundo subsector más grande de aquel sector en cuanto a activos financieros.
–
Era probable que la conciencia cada vez mayor de las repercusiones financieras de la longevidad, así como la tendencia hacia los planes de pensiones basados en la capitalización, aumentasen la importancia de este subsector para la determinación de las políticas del BCE.
–
Las entidades de este subsector gestionaban sus carteras mucho más activamente que en el pasado, lo que incrementaba su trascendencia para la política monetaria.
33.
Tras su inclusión en la población informadora de referencia, el Reglamento 2018/231 impuso a los FP obligaciones de remitir declaraciones estadísticas a los bancos centrales de la zona euro. (
23
) De este modo, el BCE tiene un conocimiento certero de la función de los FP en el mecanismo de transmisión de la política monetaria.
34.
En la vista, el BCE confirmó que, para adoptar sus decisiones, el Reglamento 2018/231 le permite ahora disponer de las imprescindibles estadísticas trimestrales detalladas sobre la actividad financiera de los FP. Antes únicamente obtenía podía obtenerlas, por vía indirecta y con periodicidad anual, de sus activos, pero no de sus pasivos.
B.
Pensiones de jubilación en Alemania
35.
La contingencia de la jubilación está asegurada en Alemania mediante varios sistemas (pilares). El régimen general es el seguro de jubilación establecido como una rama de la seguridad social, pero existen otros regímenes, (
24
) entre los que se halla el de las mutualidades de previsión social de determinados profesionales. (
25
)
36.
Las mutualidades profesionales se regulan por las normas vigentes en cada Estado federado. Estos suelen autorizarlas a petición de los colegios profesionales, constituyéndolas bajo las fórmulas de organismos autónomos de derecho público o como patrimonios dependientes de los colegios profesionales que las gestionan. Las profesiones que cubren no son idénticas en cada uno de los Estados federados.
37.
Las mutualidades profesionales se financian mediante las cotizaciones de sus miembros, quienes están exentos de contribuir al régimen general de la seguridad social. Con los fondos recaudados mediante esas cotizaciones obtienen beneficios adicionales, invirtiéndolos en los mercados de capitales, como cualquier otro intermediario financiero.
38.
Los integrantes de una profesión están obligados a afiliarse a la mutualidad, desde su creación en el Estado federado donde trabajen, y deben pagar una cotización obligatoria, a la que pueden sumar una aportación voluntaria. Quienes cesen en su actividad pueden continuar afiliados voluntariamente a la mutualidad. Al determinar las cotizaciones, las mutualidades no hacen distinción entre afiliación obligatoria o voluntaria.
39.
Las mutualidades profesionales financian las pensiones con las cotizaciones de los afiliados. Operan, por consiguiente, sobre la base del principio de mutualización de riesgos: sus órganos directivos deciden el montante de las cotizaciones y los parámetros para el cálculo de las pensiones que deben pagar a los afiliados.
40.
Los gastos de gestión los financian las propias mutualidades profesionales, que no reciben ni financiación ni apoyo público. Este factor, entre otros, las distingue del régimen general de pensiones de jubilación de la seguridad social, cuyos déficits son compensados con cargo al presupuesto del Estado.
41.
La importancia de los FP constituidos por las mutualidades profesionales alemanas es notable. En concreto, según ciertas estimaciones, las inversiones de las cinco mutualidades bávaras del asunto C‑758/22 ascendieron en 2022 a 106800 millones de euros y las de la mutualidad sajona (asunto C‑759/22) a 4700 millones de euros. (
26
)
42.
En la vista, el Bundesbank informó de que las seis mutualidades demandantes han sido las únicas que se han opuesto a facilitar la información estadística trimestral detallada al BCE, en aplicación del Reglamento 2018/231. Las demás entidades similares alemanas han aceptado su catalogación como FP y facilitado esa información.
C.
Interpretación de la nomenclatura del SEC 2010
43.
Para determinar qué FP han de suministrar información estadística detallada al BCE, el Reglamento 2018/231 se remite a los conceptos establecidos por el Reglamento n.o 549/2013 en el SEC 2010.
44.
El SEC 2010 es una nomenclatura estadística recogida en el anexo A del Reglamento n.o 549/2013. Se trata de «un marco contable comparable a escala internacional, cuyo fin es realizar una descripción sistemática y detallada del total de una economía (una región, un país o un grupo de países), sus componentes y sus relaciones con otras economías». (
27
)
45.
El Tribunal de Justicia se ha pronunciado a propósito del SEC 2010 declarando que:
–
«[…] el SEC 2010 establece un marco de referencia destinado a la elaboración de las cuentas de los Estados miembros para las necesidades de la Unión, y en particular para la formulación y la supervisión de las políticas económicas y sociales de la misma. A este respecto, a tenor del considerando 3 de este Reglamento, la elaboración de dichas cuentas debe efectuarse con arreglo a un conjunto de principios únicos que no sean susceptibles de interpretaciones divergentes, de modo que puedan obtenerse resultados comparables». (
28
)
–
«Tal como resulta del artículo 1 de este mismo Reglamento [n.o 549/2013], el SEC 2010 prevé una metodología, que figura en el anexo A, relativa en particular a las definiciones y normas de contabilidad comunes, que se utilizarán para la elaboración de cuentas nacionales y regionales y de tablas, sobre bases comparables para las necesidades de la Unión. Conforme al artículo 3 del Reglamento n.o 549/2013, los Estados miembros deben remitir estas cuentas a la Comisión (Eurostat)». (
29
)
46.
Como el SEC es un instrumento estadístico, su interpretación ha de tener en cuenta que los conceptos que emplea no siempre coinciden con las nociones administrativas correspondientes. Es más, el Reglamento n.o 549/2013 indica que «los conceptos del SEC suelen diferir de los conceptos administrativos en lo siguiente: […] d) los conceptos administrativos no suelen ser los más indicados para el análisis económico y la evaluación de la política económica». (
30
)
47.
Las nociones y los términos del SEC 2010 reflejan un enfoque económico global y no pueden leerse de manera aislada y literal. Solo su interpretación con criterios sistemáticos y finalistas permitirá descifrar la lógica subyacente en ellos. (
31
) Ha de tenerse en cuenta, además, que las definiciones del SEC se completan con indicadores, como ayuda para verificar si se cumplen sus elementos, y con diagramas que crean vínculos entre las etapas del examen resultantes de las definiciones individuales.
48.
En concreto, cuando los puntos de diferentes capítulos tratan de la misma cuestión y persiguen el mismo objetivo, aunque haya variaciones en su redacción, «deben interpretarse recíprocamente y considerarse como una única disposición». (
32
)
49.
A efectos del SEC 2010, cualquier unidad institucional (
33
) debe vincularse a uno de los cinco sectores nacionales mutuamente excluyentes (sociedades no financieras; instituciones financieras; administraciones públicas; hogares; e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares). (
34
)
50.
Las preguntas prejudiciales se refieren a dos de estos cinco sectores incluidos en el anexo A: (
35
)
–
El sector de las instituciones financieras (S.12), del que un subsector son los intermediarios financieros como las compañías de seguros (S.128) y los fondos de pensiones (S.129).
–
El sector de las administraciones públicas (S.13), que comprende, entre otros, el subsector de los fondos de la seguridad social (S.1314).
D.
Preguntas prejudiciales cuarta, quinta y sexta
51.
Entiendo que el orden más adecuado para responder a las preguntas del tribunal de remisión es afrontar, en primer lugar y de modo conjunto, la cuarta, quinta y sexta, a fin de dilucidar si las mutualidades demandantes son FP o fondos de la seguridad social. El debate se centra en elegir una sola de estas dos opciones, con exclusión de cualesquiera otras. (
36
)
52.
La clasificación de las unidades institucionales en el SEC 2010 debe hacerse mediante una apreciación global de sus características en función de la actividad económica que realizan. (
37
) No sería adecuada una lectura estricta de las definiciones y los criterios del SEC 2010 que no tenga en cuenta la actividad económica principal de la correspondiente unidad institucional. Los denominados árboles de decisiones (como el diagrama 2.1 del SEC 2010) han de emplearse de manera flexible, sin que sea indispensable atenerse a un orden estricto e inalterable que pase por alto la actividad económica de la unidad institucional. Es esta última, repito, el factor clave de la clasificación.
53.
El tribunal de reenvío expresa sus dudas sobre cómo articular la noción de FP que contiene el Reglamento 2018/231 con las definiciones y criterios utilizados en el SEC 2010 para caracterizar a este tipo de unidades institucionales.
54.
Con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Reglamento 2018/231, la población informadora real sujeta a la obligación de información estadística exhaustiva al BCE estará formada por los FP residentes en los Estados miembros de la zona euro.
55.
Al determinar qué entiende por FP, el artículo 1, punto 1, del Reglamento 2018/231 remite al subsector S.129 del SEC 2010, lo que no le impide acoger su propia definición (
38
) y excluir de aquella noción a «los fondos de la seguridad social según se definen en el apartado 2.117 del SEC 2010». La noción de FP del Reglamento 2018/231 es básicamente coincidente con la del punto 2.105 del SEC 2010.
56.
En principio, las mutualidades demandantes encajan, por razón de su objeto, en las definiciones de FP del Reglamento 2018/231 y del SEC 2010, ya que se dedican principalmente a la intermediación financiera [en el sentido del artículo 1, punto 1, del Reglamento 2018/231] y proporcionan una renta para las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento.
57.
Mi análisis afrontará: a) la calificación de las mutualidades demandantes como FP; b) las razones para no incluirlas en la categoría de fondos de seguridad social; y c) su relación con el concepto de «administraciones públicas».
1. ¿Las mutualidades demandantes se atienen a los criterios del SEC 2010 sobre los FP?
58.
Los puntos 2.107 a 2.110 del SEC 2010 contienen criterios para caracterizar a los FP, que procedo a enumerar en relación con las mutualidades demandantes.
59.
En primer lugar, entre los participantes en los FP «cabe señalar a los asalariados de una empresa o un grupo de empresas, a los asalariados de una rama homogénea o de una rama de actividad, o a las personas que ejercen una misma profesión». (
39
) Las mutualidades demandantes agrupan, precisamente, a personas que ejercen profesiones reguladas en dos Estados federados de Alemania.
60.
En segundo lugar, «en los contratos de seguro [de estos FP] se pueden incluir las siguientes prestaciones: pago al cónyuge e hijos del asegurado en caso de fallecimiento; pago en caso de jubilación; y pago en caso de invalidez del asegurado». (
40
) Las mutualidades demandantes cubren las contingencias de jubilación y, en su caso, de fallecimiento e invalidez.
61.
En tercer lugar, «al contrario de lo que ocurre en el caso de las compañías de seguros de vida, los fondos de pensiones están limitados por ley a determinados colectivos de asalariados y trabajadores por cuenta propia». (
41
) Las mutualidades demandantes tienen únicamente como afiliados a un tipo de trabajadores por cuenta propia, esto es, a quienes desempeñan determinadas profesiones reguladas.
62.
En cuarto lugar, «los regímenes de fondos de pensiones pueden organizarlos los empleadores o las administraciones públicas, o bien compañías de seguros en nombre de los asalariados; también pueden crearse unidades institucionales distintas para custodiar y gestionar los activos que hayan de utilizarse a fin de sufragar y distribuir las pensiones». (
42
) En el caso alemán, son los colegios profesionales, que tienen la consideración de entidades públicas, quienes impulsan la creación de las mutualidades, que se autogestionan con autonomía. (
43
)
2. Razones para excluir a las mutualidades demandantes de la categoría de fondos de seguridad social
63.
Una misma entidad no puede calificarse de FP y encuadrarse en el subsector S.1314 (fondos de la seguridad social), que corresponde al sector 13 del SEC 2010 (administraciones públicas). Se trata de categorías mutuamente excluyentes.
64.
Con arreglo al punto 2.117 del SEC 2010, el subsector «fondos de la seguridad social» comprende las unidades: a) cuya actividad principal consiste en proporcionar prestaciones sociales a favor de grupos de la población que están obligados a participar en el sistema o a pagar cotizaciones, en virtud de disposiciones legales o normativas; y b) cuya gestión, en lo relativo al establecimiento o la aprobación de las cotizaciones y las prestaciones, es responsabilidad de las administraciones públicas. (
44
)
65.
Pues bien, aunque las mutualidades demandantes cumplen, en gran medida, el primer criterio (afiliación obligatoria) (
45
) para calificarlas de fondos de seguridad social, (
46
) no parece ocurrir lo mismo con el segundo criterio (responsabilidad de la gestión atribuida a las administraciones públicas).
66.
En efecto, las mutualidades demandantes han de respetar unas exigencias mínimas impuestas por la ley, (
47
) pero el establecimiento o la aprobación de sus cotizaciones y de sus prestaciones no lo deciden las administraciones públicas, a diferencia de lo que sucede con los fondos de la seguridad social.
67.
Según los datos aportados a los autos, las mutualidades demandantes:
–
Regulan mediante normas propias, adoptadas por sus órganos de representación, el cobro de las cotizaciones o aportaciones para financiar el desempeño de sus tareas.
–
Fijan los requisitos, las modalidades, la cuantía y la extinción de los derechos a pensión y de las prestaciones por fallecimiento e invalidez.
–
Realizan intermediación financiera por su cuenta y riesgo, ya que invierten los fondos recibidos de las cotizaciones obligatorias y voluntarias de sus afiliados con objeto de obtener beneficios y pagar los derechos de pensión, fallecimiento e invalidez a sus afiliados, además de financiar sus gastos de funcionamiento.
–
Se autogestionan y tienen una contabilidad propia, siendo autónomas con respecto a los colegios profesionales que las crean.
–
Son responsables de su gestión financiera y, a diferencia de los fondos de la seguridad social, no gozan del apoyo del Estado alemán en caso de déficit: así lo afirma el tribunal de remisión expresamente. (
48
) El régimen general de la seguridad social, por el contrario, tiene la cualidad de fondo de la seguridad social en el sentido del punto 2.117 del SEC 2010, al que el Estado realiza considerables aportaciones económicas para enjugar sus déficits.
68.
El punto 20.39 del SEC 2010 confirma, a mi entender, de manera taxativa, que mutualidades como las demandantes no forman parte del sistema de la seguridad social. Con arreglo a ese punto, no puede hablarse de un sistema de seguridad social cuando las administraciones públicas no garantizan el importe de las pensiones debidas, y ese importe depende del rendimiento de los activos mutuales.
69.
Pues bien, en este caso, el importe de las pensiones que han de sufragar las mutualidades demandantes depende de los resultados de la actividad de intermediación que realizan, es decir, del rendimiento de los activos mutuales. Si sus inversiones obtienen buenos resultados, podrán abonar mejores prestaciones y a la inversa, en caso contrario. No hay una garantía de las administraciones públicas sobre el importe de las pensiones debidas.
70.
A lo hasta ahora mantenido no obsta el punto 17.43 (
49
) del SEC 2010, en contra de lo que parece sugerir el tribunal de remisión. Para este tribunal, la definición de los sistemas de pensiones de la seguridad social del punto 17.43 podría tener carácter autónomo y exhaustivo, de manera que el concepto de administraciones públicas comprendería las personas jurídicas de derecho público que son autónomas de la unidad principal. Así ocurriría con las mutualidades demandantes: habría que incluirlas en los sistemas de pensiones de la seguridad social, porque la ley exige que quienes están afiliados a ellas con carácter obligatorio participen en su fondo de pensiones y porque abonan sus prestaciones en su condición de unidades institucionales con personalidad jurídica propia de un Estado federado.
71.
A mi modo de ver, sin embargo, los puntos 2.117 y 17.43 del SEC 2010 son complementarios y deben aplicarse conjuntamente con una interpretación armonizada y coherente. (
50
)
72.
El punto 17.43 se ubica en el capítulo 17 del SEC 2010 y se refiere a los seguros sociales, incluidas las pensiones, pero debe leerse, repito, de manera combinada (y coherente) con el punto 2.117, que sirve para identificar, justamente, las unidades institucionales clasificables como fondos de la seguridad social. (
51
)
73.
No se puede prescindir de las condiciones del punto 2.117 para la aplicación de los criterios del punto 17.43. La clasificación de las unidades institucionales no puede hacerse al margen de los puntos del capítulo 2 del SEC 2010.
74.
El punto 2.117 del SEC 2010 define el subsector de los fondos de seguridad social, mientras que el punto 17.43 es una disposición específica, dirigida a establecer una distinción en el seno de dicho subsector. El punto 17.43 presupone el cumplimiento de todos los elementos de la definición del punto 2.117 y lo complementa mediante varias características, al objeto de diferenciar los sistemas de pensiones de la seguridad social.
75.
Deduzco, pues, que mutualidades como las demandantes no pueden calificarse de fondos de la seguridad social.
3. Administraciones públicas y mutualidades profesionales de previsión
76.
En su sexta pregunta prejudicial, el tribunal de reenvío quiere saber si el concepto «administraciones públicas», recogido en los puntos 2.117, letra b), y 17.43, del SEC 2010, designa únicamente «a la respectiva unidad principal» o comprende también «las instituciones de seguridad social constituidas por ley, organizadas de forma jurídicamente autónoma sobre la base de la afiliación obligatoria, financiadas mediante cotizaciones y con derecho a la autogestión y a la llevanza de una contabilidad propia». (
52
)
77.
En mi opinión, los puntos 2.117, letra b), 17.43 y 20.39 del SEC 2010 no permiten calificar de administración pública a las mutualidades demandantes, que actúan como instituciones financieras gestoras de FP.
78.
Coincido con el Bundesbank (Banco Central) en que se puede considerar administración pública a la autoridad que regula el marco legal de las mutualidades profesionales, pero no a estas últimas cuando disponen de total autonomía y responsabilidad frente a los afiliados y actúan como intermediarios financieros en la gestión de sus FP.
79.
Además, según ya he indicado, el punto 20.39 del SEC 2010 señala que una mutualidad, aun establecida por las autoridades públicas, no es un sistema de seguridad social cuando las administraciones públicas no garantizan el importe de las pensiones debidas.
80.
El punto 20.10 del SEC 2010 tampoco es obstáculo a la solución que propugno, pues, según los datos facilitados al Tribunal de Justicia, las mutualidades demandantes no reciben trasferencias del presupuesto del Estado. No son calificables, pues, como unidades extrapresupuestarias.
81.
Lo mismo cabe decir del punto 20.12 del SEC 2010, en la parte que indica que «los sistemas de seguridad social deben cubrir a toda o a una gran parte de la comunidad en su conjunto y son sistemas impuestos y controlados por las administraciones públicas». (
53
) Las mutualidades demandantes, por el contrario, cubren una parte limitada y acotada de trabajadores (profesiones liberales) y no hay, repito, un control de las administraciones públicas sobre ellas.
82.
En suma, me pronuncio en favor de catalogar a estas mutualidades como FP, y no como fondos de la seguridad social, en el sentido del artículo 1, punto 1, del Reglamento 2018/231 y del anexo A, puntos 2.105 a 2.110, del Reglamento n.o 549/2013.
E.
Preguntas prejudiciales primera, segunda y tercera
83.
En las preguntas prejudiciales primera, segunda y tercera se aborda la clasificación de las unidades institucionales en función de que desarrollen o no una actividad comercial.
84.
Aceptar que las mutualidades demandantes no forman parte del subsector de fondos de seguridad social (S.1314), incluido en el sector de las administraciones públicas (S.13), y que suministran servicios de intermediación financiera en cuanto FP, conlleva, implícitamente, que realizan una actividad de mercado.
85.
No obstante, con ánimo de clarificar las dudas expuestas en las tres primeras preguntas prejudiciales, me parece conveniente corroborar por qué estas mutualidades realizan una actividad de mercado, según la terminología del SEC 2010. Además, así lo demanda el enfoque que debe regir la aplicación del SEC 2010.
86.
El test binario (mercado/no de mercado) que adopta el SEC 2010 es aplicable sin mayores dificultades a la producción que llamaríamos «clásica» de mercancías y de servicios. Por el contrario, su aplicación a las entidades de intermediación financiera precisa una apreciación global de los indicadores del SEC 2010.
87.
A tenor del punto 2.55 del SEC 2010, «el sector “instituciones financieras” (S.12) está compuesto por las unidades institucionales dotadas de personalidad jurídica que son productores de mercado; y cuya actividad principal es la producción de servicios financieros». (
54
)
88.
Según el tribunal de remisión, de esas tres condiciones no se discute que las mutualidades demandantes cumplen la primera y la tercera: son instituciones de derecho público y prestan servicios de intermediación financiera, resultantes de la mutualización de los riesgos y de las necesidades sociales de sus asegurados. (
55
)
89.
Las dudas del tribunal a quo atañen, pues, a la segunda condición, es decir, a que las mutualidades demandantes sean productores de mercado. Acude, para exponer esas dudas, a la presencia o ausencia de ciertos indicadores cuantitativos (preguntas prejudiciales primera y segunda) o cualitativos (pregunta tercera) que determinan la producción de mercado en el SEC 2010.
90.
Sin embargo, como destaca el BCE, (
56
) ese enfoque es incompleto: los indicadores reseñados no determinan la calificación de las unidades institucionales como productoras de mercado, condición que deriva, fundamentalmente, de la actividad principal que esas unidades realizan. Sólo una apreciación global de su actividad permite llegar a resultados aceptables en el marco del SEC 2010.
1.
Producción de mercado en el SEC 2010
91.
Los criterios generales para diferenciar los productores y la producción de mercado y no de mercado se contienen en los puntos 3.16 a 3.26 del SEC 2010. El tribunal de reenvío centra sus interrogantes, específicamente, en la interpretación del punto 3.19.
92.
A tenor del punto 1.37 del SEC 2010, una actividad se considerará como de mercado si los correspondientes bienes y servicios se negocian en las condiciones que ese punto indica, relativas a los vendedores, a los compradores y a la existencia de mercados donde unos y otros confluyen. (
57
)
93.
La producción de mercado incluye, en particular, «los productos vendidos a precios económicamente significativos», a los que alude el punto 3.19 del SEC 2010. (
58
) Por tales se entienden los precios «que tienen un efecto significativo sobre el volumen de productos que los productores están dispuestos a ofrecer y sobre el volumen de productos que los compradores están dispuestos a adquirir».
94.
Los precios económicamente significativos, a su vez, son el resultado del cumplimiento de dos condiciones: a) al productor le interesa ajustar la oferta para obtener un beneficio a largo plazo o, cuando menos, para cubrir los gastos de capital y otros costes y b) los consumidores son libres de comprar o no comprar, y eligen según los precios aplicados.
95.
Como no siempre es posible verificar el cumplimiento de estas dos condiciones, el punto 3.19 in fine del SEC 2010 acoge un criterio cuantitativo en función de la cobertura de, al menos, el 50 % de los costes por medio de las ventas de la respectiva unidad institucional. (
59
)
96.
Con arreglo al punto 2.40 del SEC 2010, «la distinción entre de mercado y no de mercado, y, por tanto, en el caso de las entidades del sector público, su clasificación en el sector de las administraciones públicas o en el sector de las sociedades, depende de los criterios enunciados en el punto 1.37».
97.
Este último punto (1.37), a su vez, pertenece al capítulo 1 del anexo A, que contiene una visión general de los conceptos y principios del SEC 2010. Por eso, las condiciones exigidas en el punto 1.37 deben completarse con los indicadores contenidos en los capítulos especiales del SEC 2010.
2.
Aplicación de estos criterios a las mutualidades demandantes
98.
Reconozco que los criterios para diferenciar la producción de mercado y no de mercado recogidos en los puntos 3.16 a 3.26 y 1.37 del SEC 2010 no son fáciles de aplicar a instituciones financieras como las mutualidades demandantes.
99.
El tribunal de remisión es consciente de esta dificultad (
60
) al poner el acento en el punto 3.19 del SEC 2010. Si bien admite que se cumple en este supuesto la primera de sus condiciones (al productor le interesa ajustar la oferta, cuando menos para cubrir gastos), no ocurriría igual con la segunda (los consumidores son libres de comprar o no comprar y eligen según los precios aplicados).
100.
Según su lectura del punto 3.19 del SEC 2010, este precepto exigiría, en principio, que todos los consumidores sean libres de adquirir o no adquirir la totalidad de los productos que se les ofrecen y de elegirlos según los precios aplicados. No sucedería así en el caso de las mutualidades demandantes, cuyas prestaciones sólo están disponibles para los profesionales obligados a afiliarse a ellas y para quienes, en condiciones restrictivas, pueden afiliarse voluntariamente. Incluso las cotizaciones abonadas por estos últimos no resultan del juego entre la oferta y la demanda en condiciones de mercado. (
61
)
101.
El tribunal a quo parece inclinarse, pues, por negar (en contra del tribunal de primera instancia) (
62
) que el criterio cuantitativo del 50 % (punto 3.19 in fine del SEC 2010) baste para calificar a un productor de mercado. Esa calificación requeriría, en todo caso, la concurrencia de los dos elementos de la definición de precios económicamente significativos [letras a) y b) del punto 3.19 del SEC 2010]. (
63
)
102.
En fin, para el tribunal de remisión, el punto 1.37 seguiría la línea del punto 3.19, letra b), del SEC 2010, al precisar las condiciones de negociación entre vendedores y compradores, así como la necesaria existencia de mercados eficaces a los que aquellos tengan acceso y sobre los que dispongan de información. Con todo, el punto 1.37 admite que un mercado eficaz puede funcionar aun cuando no se cumplan íntegramente esas condiciones, afirmación que conduce al tribunal a quo a no tener claro «cuál debe ser la naturaleza y la intensidad de las restricciones de acceso o de las obligaciones de compra para excluir una actividad de mercado y los precios económicamente significativos». (
64
)
103.
Por mi parte, opino que una interpretación aislada de los dos puntos en liza (el 3.19 y el 1.37 del SEC 2010), como la que realiza el tribunal de remisión, probablemente fuera acertada si se prescinde del resto de reglas que contiene el propio SEC 2010. Estas últimas permiten superar la aparente antinomia entre aquellos dos puntos y otros, no menos relevantes, de su articulado.
104.
En efecto, la aplicación aislada y estricta del factor «precios económicamente significativos» o de las condiciones del punto 1.37 del SEC 2010 a las entidades que realizan intermediación financiera no me parece apropiada. Para clasificar a estas entidades como productores de mercado lo determinante es, insisto, la apreciación global (
65
) de su actividad principal, la que refleja su comportamiento económico.
105.
Ya he expuesto que las mutualidades demandantes son unidades institucionales pertenecientes, según el punto 2.55 del SEC 2010, al sector «instituciones financieras», cuya actividad principal es la producción de servicios financieros. El punto 2.69 del SEC 2010 identifica, en concreto, como intermediarios financieros a las compañías de seguros y a los FP.
106.
Así pues, la apreciación final para determinar si las mutualidades demandantes son productores de mercado ha de llevarse a cabo poniendo en sintonía, en la medida de lo posible, los criterios generales establecidos en los puntos 3.16 a 3.26 y 1.37 del SEC 2010 con los puntos 2.55 a 2.62, 20.32 a 20.34 y 20.38 del SEC 2010 referentes, específicamente, a la actividad de intermediación financiera y a los FP en cuanto intermediarios financieros.
107.
Para facilitar esta apreciación, el Tribunal de Justicia podría indicar al órgano judicial de reenvío una serie de pautas interpretativas, que paso a enumerar.
108.
En primer lugar, la relación jurídica (voluntaria u obligatoria) entre la unidad institucional y los asegurados no resulta determinante para apreciar si la intermediación financiera de las mutualidades demandantes es una actividad de mercado. Lo relevante no es la obligatoriedad de la contratación de los servicios de estas mutualidades para la mayor parte de sus cotizantes, sino la actividad principal que realizan, que es de intermediación financiera. (
66
)
109.
En segundo lugar, para calificar de mercado su actividad de intermediación financiera es irrelevante que las mutualidades demandantes no estén autorizadas a repartir beneficios, que han de destinar al pago de las prestaciones a sus afiliados. El punto 2.107 caracteriza precisamente los FP como sociedades financieras orientadas al pago de prestaciones de jubilación, fallecimiento e invalidez a sus asegurados.
110.
En tercer lugar, la intermediación financiera es una actividad de mercado cuando los FP tratan de aumentar al máximo su utilidad, habida cuenta de sus recursos limitados, y para ello compran los productos que responden mejor a sus necesidades al precio propuesto (punto 1.37, punto 2, del SEC 2010). Este indicador se cumple cuando un intermediario financiero, como las mutualidades demandantes, incurre en un riesgo al contraer pasivos por cuenta propia (punto 20.33 del SEC 2010), sin que las administraciones públicas garanticen el importe de las pensiones debidas, importe que depende del rendimiento de los activos (punto 20.39). (
67
)
111.
En cuarto lugar, conforme al punto 1.37, punto 3, del SEC 2010, la intermediación financiera sería una actividad de mercado si existiesen mercados eficaces a los que los compradores y los vendedores tuvieran acceso y sobre los cuales tienen información; pudiendo un mercado eficaz funcionar aun cuando no se cumplan íntegramente estas condiciones.
112.
Para realizar esta apreciación es, de nuevo, irrelevante que el intermediario financiero únicamente pueda captar como consumidor de sus servicios a un grupo delimitado de clientes (en el caso de las mutualidades, a quienes ejercen la profesión cubierta) y no pueda prestar sus servicios a cualquier consumidor dispuesto a pagar las cotizaciones. Es más, el punto 2.107 del SEC 2010 estipula que los participantes en regímenes de FP son los asalariados de una empresa o un grupo de empresas, los asalariados de una rama homogénea o de una rama de actividad, o a las personas que ejercen una misma profesión.
113.
El criterio cuantitativo del 50 % (punto 3.19 in fine del SEC 2010) no determina si los FP realizan o no una actividad comercial. Así se infiere del punto 20.34 del SEC 2010: «la aplicación del criterio cuantitativo de la prueba de mercado/no de mercado a las sociedades públicas que participan en la intermediación financiera o en la gestión de activos no es pertinente en general, porque sus beneficios proceden de las rentas de la propiedad y de las ganancias de posesión». El test del 50 % del punto 3.19 in fine del SEC 2010 no parece ser convincente en este supuesto. (
68
)
114.
El punto 2.55 in fine del SEC 2010 dispone que en el sector de las instituciones financieras (S.12) «se incluyen, asimismo, las unidades institucionales que suministran servicios financieros, cuando la mayor parte de sus activos o pasivos no se negocian en mercados abiertos». Así sucede con los FP de las mutualidades demandantes, que suelen operar en mercados acotados legalmente.
115.
Por último, la intermediación financiera realizada por las mutualidades demandantes no puede catalogarse como producción no de mercado suministrada de forma gratuita o a precios económicamente no significativos.
116.
Como señala el punto 3.23 del SEC 2010, la producción no de mercado existe por ser técnicamente imposible efectuar pagos individuales por servicios colectivos, porque es imposible efectuar un seguimiento y un control de dichos servicios. La producción de servicios colectivos la organizan unidades de las administraciones públicas y se financia con fondos distintos de ingresos por ventas, en particular los impuestos y otros ingresos de las administraciones públicas. La intermediación financiera de las mutualidades demandantes pretende, por el contrario, garantizar a los asegurados el cobro de sus prestaciones (jubilación, fallecimiento e invalidez), invirtiendo sus cotizaciones en activos financieros para obtener beneficios con los que sufragar dichas prestaciones, además de sus gastos de funcionamiento. Las prestaciones no se pagan con impuestos y otros ingresos de las administraciones públicas.
117.
En suma, para determinar si mutualidades como las demandantes son productores de mercado o no de mercado, debe realizarse una apreciación global teniendo en cuenta los criterios generales establecidos en los puntos 3.16 a 3.26 y 1.37 del SEC 2010, así como los puntos 2.55 a 2.62, 20.32 a 20.34 y 20.38 del SEC 2010 referentes a la actividad de intermediación financiera.
V. Conclusión
118.
A tenor de lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia responder al Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo contencioso administrativo, Alemania) de la manera siguiente.
«El artículo 1, punto 1, del Reglamento (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones, y el conjunto de puntos incluidos en el anexo A del Reglamento (UE) n.o 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea,
han de interpretarse en el sentido de que
constituyen fondos de pensiones sujetos a la obligación de información estadística, y no fondos de la seguridad social, las mutualidades profesionales de previsión social creadas por organismos de derecho público con un sistema de adscripción obligatoria para los integrantes de determinadas profesiones liberales, cuando esas entidades realizan intermediación financiera para pagar los derechos de pensión, fallecimiento e invalidez de sus afiliados, financian con las cuotas de éstos, fijadas por las propias entidades, sus gastos de funcionamiento, se autogestionan, son responsables de su gestión financiera y no cuentan con el apoyo del Estado para el pago de las prestaciones a sus afiliados».
(
1
)	Lengua original: español.
(
2
)	Reglamento del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018, sobre las obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones (BCE/2018/2) (DO 2018, L 45, p. 3; corrección de errores en DO 2019, L 132, p. 47).
(
3
)	Son entidades que brindan a sus afiliados (profesionales) prestaciones por incapacidad laboral, jubilación y fallecimiento.
(
4
)	A las que, en lo sucesivo, me referiré como «mutualidades demandantes».
(
5
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (DO 2013, L 174, p. 1).
(
6
)	Véanse, por todas, las de 11 de septiembre de 2019, FIG y FISE (C‑612/17 y C‑613/17, EU:C:2019:705; en lo sucesivo, «sentencia FIG y FISE»); y de 13 de julio de 2023, Ferrovienord (C‑363/21 y C‑364/21, EU:C:2023:563; en lo sucesivo, «sentencia Ferrovienord»).
(
7
)	Ley sobre el Sistema Público de Previsión del Estado Federado de Baviera (en lo sucesivo, «VersoG»), en la versión publicada el 16 de junio de 2008 (BayGVBl. p. 371), modificada por última vez mediante el artículo 32a, apartado 18, de la Ley de 10 de mayo de 2022 (BayGVBl. p. 182)
(
8
)	Artículo 30, apartado 1, en relación con los artículos 33 y ss., de la VersoG.
(
9
)	Fijados en el artículo 30, apartado 2, de la VersoG. Entre esos casos figuran el desempeño de un empleo de forma pasajera o con un número mínimo de horas de trabajo, o bien la afiliación a otro organismo de previsión.
(
10
)	Artículo 30, apartado 3, de la VersoG,
(
11
)	Artículo 10, apartados 2 y 3, de la VersoG.
(
12
)	Artículo 31, apartado 4, de la VersoG. Es pacífico que cada una de las entidades abona más del 50 % de sus prestaciones en concepto de prestaciones obligatorias a quienes están afiliados con carácter obligatorio.
(
13
)	Ley relativa a los Colegios de Profesiones Sanitarias del Estado Federado de Sajonia, de 24 de mayo de 1994 (SächsGVBl., p. 935), modificada por última vez mediante el artículo 18 de la Ley de 21 de mayo de 2021 (SächsGVBl., p. 578). En lo sucesivo, «SächsHKaG»
(
14
)	Estatutos del Fondo de Pensiones de Profesiones Médicas del Estado de Federado de Sajonia, en la versión de 28 de junio de 2008 (ÄBS 10/2008, p. 515), modificados por última vez mediante la 6.a modificación estatutaria, de 19 de junio de 2021 (ÄBS 09/2021, p. 18). En lo sucesivo, «Estatutos».
(
15
)	Véanse el artículo 6, apartado 1, en relación con el artículo 1, de la SächsHKaG, y el artículo 1 de los Estatutos.
(
16
)	Véase el artículo 6, apartado 1, en relación con los artículos 1 y 2, de la SächsHKaG, en relación con los artículos 1 y 9 y ss. de los Estatutos.
(
17
)	ECB, Assets and liabilities of pension funds, disponible sur https://data.ecb.europa.eu/publications/financial-corporations/3030657.
(
18
)	Los FP son uno de los mayores inversores en los mercados internacionales de capitales. Sus inversiones están diversificadas en términos de instrumentos financieros, sectores y ubicación geográfica. Su papel en la financiación de las administraciones públicas y de las sociedades no financieras de la zona euro, a través de inversiones en valores representativos de deuda y de acciones y participaciones, también es considerable.
(
19
)	Reglamento del Consejo, de 23 de noviembre de 1998, sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (DO 1998, L 318, p. 8).
(
20
)	En la jerga estadística, se trata de las personas o entidades obligadas a suministrar cierta información.
(
21
)	Recomendación de reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2533/98 sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (BCE/2008/9) (DO 2008, C 251, p. 1).
(
22
)	Reglamento del Consejo, de 9 de octubre de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2533/98 sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (DO 2009, L 269, p. 1).
(
23
)	Las mismas obligaciones se habían impuesto con anterioridad a las empresas de seguro, mediante el Reglamento (UE) n.o 1374/2014 del Banco Central Europeo, de 28 de noviembre de 2014, sobre las obligaciones de información estadística de las compañías de seguros (BCE/2014/50) (DO 2014, L 366, p. 36).
(
24
)	Por ejemplo, los seguros de vida y de pensión privados; el régimen de pensión de los funcionarios, fijado por el Estado: y los regímenes de pensiones gestionados por los empleadores.
(
25
)	Entre ellos, médicos, farmacéuticos, arquitectos, notarios, abogados, asesores fiscales, veterinarios, contables, dentistas e ingenieros.
(
26
)	Informe Anual de la Bayerische Versorgungskammer 2022, p. 12, disponible en BVK_2022_JB_EN_www_240523.pdf y página web del Sächsische Ärzteversorgung https://www.saev.de/en/index.html. En sus observaciones, el BCE indica que el presupuesto de todos los FP de la zona euro es de 3123 millardos de euros.
(
27
)	Anexo A, punto 1.01, del Reglamento n.o 549/2013.
(
28
)	Sentencia Ferrovienord, apartado 64.
(
29
)	Sentencia Ferrovienord, apartado 65.
(
30
)	Anexo A, punto 1.25, del Reglamento 549/2013.
(
31
)	Sentencia FIG y FISE, apartados 58 y 97.
(
32
)	Sentencias FIG y FISE, apartado 37; y de 28 de abril de 2022, SeGec y otros (C‑277/21, EU:C:2022:318), apartado 28.
(
33
)	Definida, en esencia, en el anexo A, puntos 1.57 y 2.12, del Reglamento n.o 549/2013. Las unidades institucionales, según el anexo A, punto 2.01, segunda frase, son entidades económicas capaces de ser propietarias de activos, contraer pasivos y participar en actividades y operaciones económicas con otras entidades. Una unidad institucional se caracteriza por su autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal y por disponer de una contabilidad completa o estar en condiciones de elaborar un conjunto completo de cuentas (anexo A, punto 2.12).
(
34
)	A estos sectores, que conforman la totalidad de la economía nacional, se añade un sexto sector institucional, el del resto del mundo, que refleja la relación de las unidades no residentes con los cinco sectores nacionales.
(
35
)	En lo sucesivo, las referencias singulares a los epígrafes del SEC 2010 han de entenderse hechas a su anexo A (que omitiré añadir, para evitar redundancias).
(
36
)	En la vista se discutió si las mutualidades demandantes podrían ser catalogadas como instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH) (S.15), clasificación que ellas mismas (y el BCE) descartaron. En cuanto realizan intermediación financiera en los mercados de capitales para obtener beneficios, que aplican luego al pago de las prestaciones de los asegurados y a sufragar sus gastos de gestión, no encajan en el sector ISFLSH. Este sector incluye sindicatos, asociaciones profesionales o científicas, asociaciones de consumidores, partidos políticos, iglesias o asociaciones religiosas y clubes sociales, culturales, recreativos y deportivos; así como asociaciones de beneficencia, de ayuda y de asistencia financiadas por medio de transferencias voluntarias, en efectivo o en especie, de otras unidades institucionales.
(
37
)	Sentencia FIG y FISE, apartado 34.
(
38
)
(
39
)	Punto 2.107, primera frase, del SEC 2010.
(
40
)	Punto 2.107, segunda frase, del SEC 2010.
(
41
)	Punto 2.108 del SEC 2010.
(
42
)	Punto 2.109 del SEC 2010.
(
43
)	Que las mutualidades profesionales sean personas jurídicas de derecho público no impide su consideración como FP: el punto 2.109 del SEC 2010 así lo prevé. No es necesario que el FP sea una entidad privada. Puede tener naturaleza pública, pero es imprescindible que disponga de autonomía de organización y de gestión para realizar la intermediación financiera.
(
44
)	El punto 2.117, última frase, del SEC 2010 añade que, normalmente, no existe una relación directa entre el importe de la cotización de los afiliados y los riesgos a los que están expuestos.
(
45
)	La mayoría de los profesionales incorporados a cada una de las mutualidades demandantes están sujetos a una obligación legal de afiliación, por desempeñar sus profesiones en los Estados federados de Baviera o de Sajonia.
(
46
)	Para que una unidad institucional se incluya en el subsector S.129 como FP no es necesario que todas las prestaciones que brinda a sus participantes se basen en una obligación contractual de seguro. Con arreglo al punto 2.117 del SEC 2010, una entidad institucional puede ser FP, aunque sus afiliados lo sean ex lege y no en virtud de una obligación contractual de seguro. Puede también existir una parte de afiliación obligatoria y otra parte de afiliación voluntaria. Quienes hubieran estado afiliados con carácter obligatorio y se hubieran dado de baja en la mutualidad profesional pueden permanecer como afiliados voluntarios, en los términos de las normas internas del propio organismo, con el fin de mantener su derecho a obtener futuras pensiones mediante la aportación de las mismas cotizaciones que los afiliados obligatorios.
(
47
)	En particular, deben operar sin ánimo de lucro y destinar sus fondos y activos únicamente al cumplimiento de sus funciones de previsión y tienen que sufragar sus gastos de gestión, incluidas las retribuciones de los empleados y las percepciones de los beneficiarios, con cargo a sus propios fondos.
(
48
)	Auto de renvío, apartado 30.
(
49
)	Transcrito en el punto 10 de estas conclusiones.
(
50
)	Ver, por analogía, la sentencia FIG y FISE, apartados 37 y 38.
(
51
)	El punto 2.117 es parte del capítulo 2 del SEC 2010, que describe las unidades institucionales utilizadas para medir la economía y la forma en que dichas unidades están clasificadas en sectores y otros grupos con vistas a analizarlas (punto 1.03 del SEC 2010).
(
52
)	Según el tribunal de remisión, el concepto podría incluir otras unidades de las administraciones públicas o incluso entidades administrativas de gestión autónoma respecto a la unidad principal, que actúan como garantes del seguro obligatorio de rentas periódicas, permiten a sus afiliados eximirse del seguro obligatorio de rentas periódicas y han de garantizar un sistema de pensiones de jubilación autogestionado en función de las cotizaciones y de las prestaciones para determinados grupos profesionales, sin que tengan que estar sujetas al control de las administraciones públicas. Esta tesis podría venir apuntalada por el punto 20.39 del SEC 2010, en cuanto presupone que las prestaciones también pueden estar gestionadas por una «unidad institucional independiente».
(
53
)	Añade que «un fondo de la seguridad social es una unidad institucional si se organiza de forma independiente de las demás actividades de las unidades de las administraciones públicas, mantiene sus propios activos y pasivos y realiza operaciones financieras por cuenta propia».
(
54
)	El punto 2.55 del SEC 2010 añade que «estas unidades institucionales constan de todas las sociedades y cuasisociedades que se dedican principalmente a: a) la intermediación financiera (intermediarios financieros) y b) a actividades auxiliares de la intermediación financiera (auxiliares financieros). Se incluyen, asimismo, las unidades institucionales que suministran servicios financieros, cuando la mayor parte de sus activos o pasivos no se negocian en mercados abiertos». Para el punto 2.56 del SEC 2010, «la intermediación financiera es la actividad por la que una unidad institucional adquiere activos financieros y contrae pasivos por cuenta propia a través de operaciones financieras en el mercado».
(
55
)	Auto de reenvío, apartados 11 y 12.
(
56
)	Apartado 33 de sus observaciones escritas.
(
57
)
(
58
)	Punto 3.18, letra a), del SEC 2010.
(
59
)
(
60
)	Auto de reenvío del asunto C‑758/22, apartado 14.
(
61
)	Auto de reenvío del asunto C‑758/22, apartado 16.
(
62
)	El tribunal de primera instancia consideró suficiente para probar la existencia de precios económicamente significativos (y, por tanto, la condición de productores de mercado de las mutualidades demandantes) la circunstancia de que éstas cubrían, cuando menos, la mitad de sus costes mediante el cobro de cotizaciones, aun cuando no se cumplieran las condiciones establecidas en el punto 3.19, letras a) y b) del SEC 2010.
(
63
)	Auto de reenvío del asunto C‑758/22, apartados 17, 18 y 19.
(
64
)	Auto de reenvío del asunto C‑758/22, apartado 15.
(
65
)	Sentencias FIG y FISE, apartados 34, 65 y 70; y de 28 de abril de 2022, SeGec y otros (C-277/21, EU:C:2022:318), apartado 26.
(
66
)	Según el punto 2.33 del SEC 2010, «las unidades institucionales se agrupan en sectores según el tipo de productor de que se trata y de acuerdo con su función y actividad principal, aspectos que se consideran representativos de su comportamiento económico».
(
67
)	Si una unidad financiera pública gestiona activos, pero no incurre en riesgos por la contracción de pasivos por cuenta propia, se clasificaría en el sector de las administraciones públicas y no en el sector de las instituciones financieras (punto 20.33 del SEC 2010).
(
68
)	Auto de reenvío, apartado 19.