62024CJ0021
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 4 de septiembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 101 TFUE — Principio de efectividad — Acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea — Plazo de prescripción — Determinación del dies a quo — Conocimiento de la información indispensable para el ejercicio de la acción por daños — Publicación en el sitio de Internet de una autoridad nacional de competencia de su resolución en la que se declara la existencia de una infracción de las normas sobre competencia — Efecto vinculante de una resolución de una autoridad nacional de competencia que aún no es firme — Suspensión o interrupción del plazo de prescripción — Suspensión del procedimiento ante el juez que conoce de una acción por daños — Directiva 2014/104/UE — Artículo 10 — Aplicación temporal»
En el asunto C‑21/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Zaragoza, mediante auto de 10 de enero de 2024, recibido en el Tribunal de Justicia el 12 de enero de 2024, en el procedimiento entre
CP
y
Nissan Iberia, S. A.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Cuarta, y los Sres. M. Gavalec y A. Arabadjiev (Ponente) y la Sra. R. Frendo, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretaria: Sra. L. Carrasco Marco, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de enero de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de CP, por el Sr. M. Porto Corredoira y la Sra. J. Suderow Rodríguez, abogados;
–
en nombre de Nissan Iberia, S. A., por los Sres. J. Alonso Menjón, O. Guardiola Bas, I. Torras Balcell y J. Zuloaga González, abogados;
–
en nombre del Gobierno español, por las Sras. P. Pérez Zapico y A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. S. Baches Opi y la Sra. C. Zois, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 3 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 101 TFUE, leído a la luz del principio de efectividad.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre CP y Nissan Iberia, S. A. (en lo sucesivo, «Nissan»), relativo al resarcimiento de los daños y perjuicios supuestamente sufridos como consecuencia de la infracción del Derecho de la competencia por parte de varias empresas, entre ellas Nissan, infracción que fue declarada en una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento (CE) n.o 1/2003
3
El artículo 16 del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), titulado «Aplicación uniforme de la normativa comunitaria de competencia», dispone en su apartado 1:
«Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos [101 TFUE o 102 TFUE que ya hayan] sido objeto de una decisión de la Comisión [Europea], no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. Deberán evitar asimismo adoptar decisiones susceptibles de entrar en conflicto con una decisión prevista por la Comisión en procedimientos que ya haya incoado. A tal fin, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si procede suspender su procedimiento. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones que establece el artículo [267 TFUE].»
Directiva 2014/104/UE
4
El artículo 10 de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1), titulado «Plazos», tiene el siguiente tenor:
«1.   Los Estados miembros establecerán, de conformidad con el presente artículo, las normas aplicables a los plazos para ejercitar acciones por daños. Tales normas determinarán cuándo empieza a correr el plazo, su duración y las circunstancias en las que se interrumpe o suspende.
2.   Los plazos no empezarán a correr antes de que haya cesado la infracción del Derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento, o haya podido razonablemente tener conocimiento de:
a)
la conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la competencia;
b)
que la infracción del Derecho de la competencia le ocasionó un perjuicio, y
c)
la identidad del infractor.
3.   Los Estados miembros velarán por que el plazo para el ejercicio de una acción por daños sea de al menos cinco años.
4.   Los Estados miembros velarán por que se suspenda o, en función del Derecho nacional, se interrumpa el plazo si una autoridad de la competencia actúa a efectos de la investigación o el procedimiento en relación con una infracción del Derecho de la competencia con la que esté relacionada la acción por daños. La suspensión terminará, como mínimo, un año después de que la resolución de infracción sea firme o se dé por concluido el procedimiento de otra forma.»
5
El artículo 21 de esta Directiva, que se titula «Transposición», dispone, en su apartado 1, lo siguiente:
«Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el 27 de diciembre de 2016. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
[…]»
6
El artículo 22 de dicha Directiva, cuyo título es «Aplicación en el tiempo», establece lo siguiente en su apartado 1:
«Los Estados miembros se asegurarán de que las medidas nacionales adoptadas en virtud del artículo 21 a fin de cumplir con las disposiciones sustantivas de la presente Directiva no se apliquen con efecto retroactivo.»
Derecho español
7
Con arreglo al artículo 1902 del Código Civil:
«El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.»
8
El artículo 1968 del Código Civil establece:
«Prescriben por el transcurso de un año:
[…]
2.
o La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1902, desde que lo supo el agraviado.»
9
El artículo 1973 del Código Civil dispone:
«La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.»
10
A tenor del artículo 74 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE n.o 159, de 4 de julio de 2007, p. 28848), en su versión modificada por el Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (BOE n.o 126, de 27 de mayo de 2017, p. 42820):
«1.   La acción para exigir la responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las infracciones del Derecho de la competencia prescribirá a los cinco años.
2.   El cómputo del plazo comenzará en el momento en el que hubiera cesado la infracción del Derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de las siguientes circunstancias:
a)
la conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la competencia;
b)
el perjuicio ocasionado por la citada infracción; y
c)
la identidad del infractor.
3.   El plazo se interrumpirá si una autoridad de la competencia inicia una investigación o un procedimiento sancionador en relación con una infracción del Derecho de la competencia relacionados con la acción de daños. La interrupción terminará un año después de que la resolución adoptada por la autoridad de competencia sea firme o se dé por concluido el procedimiento de cualquier otra forma.
4.   Asimismo se interrumpirá el plazo cuando se inicie cualquier procedimiento de solución extrajudicial de controversias sobre la reclamación de los daños y perjuicios ocasionados. La interrupción, sin embargo, solo se aplicará en relación con las partes que estuvieran inmersas o representadas en la solución extrajudicial de la controversia.»
11
El artículo 75, apartado 1, de la Ley 15/2007, en su versión modificada por el Real Decreto-ley 9/2017, dispone:
«La constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha en una resolución firme de una autoridad de la competencia española o de un órgano jurisdiccional español se considerará irrefutable a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdiccional español.»
12
La disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 9/2017, por el que se transpone al Derecho español la Directiva 2014/104, cuyo epígrafe es «Régimen transitorio en materia de acciones de daños resultantes de infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea», establece lo siguiente:
«1. Las previsiones recogidas en el artículo tercero de este Real Decreto-ley no se aplicarán con efecto retroactivo.
2. Las previsiones recogidas en el artículo cuarto de este Real Decreto-ley serán aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.»
13
A tenor del artículo 90, apartado 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE n.o 236, de 2 de octubre de 2015, p. 89343), aplicable en virtud del artículo 45 de la Ley 15/2007:
«La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.
Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:
a)
Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.
b)
Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:
1.   o No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada.
2.   o El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los términos previstos en ella.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
14
El 23 de julio de 2015, la CNMC adoptó una resolución en la que declaró que varias empresas, entre ellas Nissan, habían infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 1 de la Ley 15/2007. El comportamiento contrario a la competencia reprochado, consistente en intercambios de información comercialmente sensible entre esas empresas, cesó en 2013.
15
El 28 de julio de 2015, la CNMC publicó en su sitio de Internet una nota de prensa relativa a esa resolución.
16
El 15 de septiembre de 2015, la resolución fue publicada íntegramente en dicho sitio de Internet.
17
La misma resolución fue objeto de varios recursos de anulación interpuestos por los autores de la supuesta infracción, entre ellos Nissan, pero fue confirmada, en lo que respecta a esta última, por el Tribunal Supremo en 2021.
18
En marzo de 2023, CP ejercitó ante el órgano jurisdiccional remitente una acción por daños fundada en la resolución de la CNMC (follow-on damages action) con objeto de que se condenara a Nissan a reparar el perjuicio que alegaba haber sufrido como consecuencia de la adquisición de un vehículo cuyo precio se había visto afectado por la infracción declarada en dicha resolución.
19
En su escrito de contestación, Nissan alegó, en esencia, que tal acción por daños había prescrito. Según dicha sociedad, con arreglo a las normas de prescripción establecidas por el Código Civil, el plazo de prescripción de un año, aplicable a tal acción, empieza a correr a partir del momento en que la persona perjudicada haya tenido conocimiento de la infracción del Derecho de la competencia de que se trate. Nissan adujo que, teniendo en cuenta, en primer lugar, que la resolución de la CNMC se publicó íntegramente en el sitio de Internet de dicha autoridad el 15 de septiembre de 2015; en segundo lugar, que la CNMC publicó una nota de prensa al respecto, y, en tercer lugar, que el asunto que dio origen a esa resolución gozó de una amplia cobertura mediática a nivel nacional, CP no puede pretender que no tuvo conocimiento, en la fecha de la publicación de la resolución en el sitio de Internet de la CNMC, de la información indispensable para ejercitar la acción por daños. Así pues, según Nissan, dado que no es necesario que la resolución adquiera firmeza para que empiece a correr el plazo de prescripción, puede considerarse que ese plazo empezó a correr el 15 de septiembre de 2015.
20
Según el órgano jurisdiccional remitente, los plazos de prescripción aplicables a las acciones por daños por infracciones de las normas sobre competencia no pueden empezar a correr antes de que haya cesado la infracción de que se trate y de que la persona perjudicada tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento de la información indispensable para el ejercicio de la acción por daños.
21
El órgano jurisdiccional remitente estima que, en los casos en que la infracción haya sido declarada por una resolución de la autoridad nacional de competencia, puede considerarse que las partes perjudicadas tuvieron conocimiento de esa información en el momento de la publicación de la resolución en el sitio de Internet de dicha autoridad. A su juicio, es en el momento de tal publicación cuando se conoce la existencia de la infracción, se identifica de manera precisa a sus autores, se menciona la duración de la conducta antijurídica y puede determinarse la producción de un daño. Según dicho órgano jurisdiccional, dado que ninguna norma legal exige que tal resolución adquiera firmeza para que nazca el derecho a reclamación por los daños y perjuicios ocasionados por la infracción, el hecho de que haya sido objeto de un recurso judicial no puede incidir en el cómputo del plazo de prescripción aplicable a una acción por daños dirigida a obtener la reparación del perjuicio resultante de la infracción de que se trate.
22
El órgano jurisdiccional remitente señala que, si bien el juez que conoce de una acción por daños fundada en una resolución de la autoridad de la competencia que ha sido objeto de un recurso de anulación solo puede estar vinculado por la declaración de la existencia de una infracción que figure en dicha resolución cuando esta haya adquirido firmeza, no obstante, en virtud del Derecho procesal aplicable, dicho juez puede suspender el procedimiento pendiente ante él hasta que esa resolución adquiera firmeza. Observa que, por otra parte, en el supuesto de que se ejercite una acción por daños por una infracción de las normas sobre competencia que simultáneamente sea objeto de una investigación por la autoridad de la competencia, el citado juez podrá suspender el procedimiento hasta que tal autoridad dicte una resolución y esta adquiera firmeza.
23
En el presente asunto, según el órgano jurisdiccional remitente, CP podía conocer toda la información indispensable para el ejercicio de su acción por daños a raíz de la publicación íntegra, en el sitio de Internet de la CNMC, de la resolución de dicha autoridad, de la publicación de la correspondiente nota de prensa, en la que se invitaba expresamente a las personas perjudicadas a ejercitar una acción por daños por el perjuicio resultante de la infracción en cuestión, y de la amplia cobertura mediática a escala nacional del asunto objeto de la resolución.
24
Dicho órgano jurisdiccional añade a este respecto que, a diferencia de las resoluciones de la CNMC, que son objeto de publicación en el sitio de Internet de esta autoridad y de una nota de prensa publicada también en ese sitio de Internet, las sentencias de los órganos jurisdiccionales españoles que, en su caso, confieren firmeza a una resolución de dicha autoridad no son objeto ni de una nota de prensa ni de una publicación en el Boletín Oficial del Estado. Señala, además, la complejidad del acceso para el público en general al sitio de Internet en el que se publican las sentencias de los órganos jurisdiccionales españoles.
25
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente observa, no obstante, que, contrariamente a su interpretación de las normas que regulan el dies a quo del plazo de prescripción aplicable a las acciones por daños por infracciones de las normas sobre competencia, existe una línea jurisprudencial nacional según la cual el plazo de prescripción aplicable a tales acciones ejercitadas a raíz de una resolución de la CNMC que es objeto de un recurso de anulación ante los órganos jurisdiccionales competentes no empieza a correr sino a partir del momento en que dicha resolución adquiera firmeza tras haber sido sometida a control jurisdiccional. Según esta línea jurisprudencial, la persona perjudicada no puede conocer la información indispensable para ejercitar la acción por daños basándose únicamente en la publicación de la versión íntegra de la resolución de la CNMC en su sitio de Internet, en la nota de prensa y en la cobertura mediática a nivel nacional del asunto de que se trate. El órgano jurisdiccional remitente sostiene que, por consiguiente, debe considerarse que el plazo de prescripción no empieza a correr hasta que la sentencia de la última instancia de recurso haya adquirido fuerza de cosa juzgada. Indica que, en cualquier caso, sería inútil ejercitar una acción por daños fundada en la resolución de la CNMC para solicitar seguidamente su suspensión a fin de poder determinar si procede o no apoyarse en ella para sustentar la acción por daños.
26
Según dicho órgano jurisdiccional, esa línea jurisprudencial parece establecer erróneamente una distinción entre la posibilidad y la obligación de ejercitar una acción. Ahora bien, en su opinión, si el demandante en cuestión tiene conocimiento de la información indispensable para ejercitar la acción por daños, debe hacerlo dentro de los plazos fijados a tal efecto.
27
En estas circunstancias, el Juzgado de lo Mercantil n.o 1 de Zaragoza, que es el órgano jurisdiccional remitente, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Existe fundamento legal en el Derecho de la Unión respecto a la distinción entre posibilidad y obligación de ejercitar la acción de resarcimiento de daños por infracción competencial o por el contrario, una vez que la persona perjudicada tenga conocimiento o haya podido razonablemente tener conocimiento tanto del hecho de que ha sufrido un perjuicio por razón de dicha infracción como de la identidad del autor de esta debe ejercitarla, empezando a computarse el plazo de prescripción?
2)
¿Para el ejercicio de la acción de resarcimiento de daños ante la Autoridad Judicial, debe esperarse a la firmeza judicial de la sanción o por el contrario, si la resolución de la [CNMC], publicada íntegramente, contiene la identidad de los autores de la infracción de que se trata, su duración exacta y los productos a los que afecta dicha infracción debe entenderse que puede ejercitarse la acción de resarcimiento de daños ante los Juzgados y comienza el plazo de prescripción?
3)
¿Debe entenderse equiparable a los efectos de inicio de la prescripción la publicación de la sanción íntegra en la web oficial y pública de la [CNMC] con la publicación del resumen de la decisión que formaliza la Comisión en el Diario Oficial de la Unión Europea, siendo [así] que la publicación de las resoluciones de la [CNMC] solo se formaliza en la web oficial?»
Sobre las solicitudes de reapertura de la fase oral del procedimiento y de aclaraciones por parte del órgano jurisdiccional remitente
28
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de abril de 2025, Nissan solicitó, con carácter principal, que se ordenara la reapertura de la fase oral del procedimiento, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Con carácter subsidiario, instó al Tribunal de Justicia a que remitiera una solicitud de aclaraciones al órgano jurisdiccional remitente, con arreglo al artículo 101 de dicho Reglamento.
29
En apoyo de estas solicitudes, Nissan alegó, en esencia, por una parte, que, en sus conclusiones, la Abogada General se basó en elementos de hecho y de Derecho, invocados por CP en la vista oral, que no fueron objeto de un debate contradictorio en ella y, por otra parte, que el Tribunal de Justicia no dispone de información suficiente sobre cuestiones de hecho y de Derecho nacional. Nissan sostiene que, en particular, en primer término, convendría aclarar las modalidades de interrupción del plazo de prescripción aplicable a las acciones por daños y, concretamente, los efectos de las reclamaciones extrajudiciales en la interrupción de dicho plazo. Añade que se debe pedir al órgano jurisdiccional remitente que precise si CP presentó una reclamación extrajudicial y, de ser así, cuál era su contenido y cuáles fueron los gastos originados por su presentación. En segundo término, sostiene que resultaría útil que se precisara el número de resoluciones sancionatorias de la CNMV anuladas tras ser objeto de un control judicial. En tercer término, aduce que convendría solicitar al órgano jurisdiccional remitente que aclarara determinados aspectos del Derecho español relativos, en sustancia, al carácter ejecutivo de las resoluciones de la CNMC, a las diferencias entre las normas nacionales que regulan la publicación de las resoluciones de la CNMC y las que regulan la publicación de las sentencias de los órganos jurisdiccionales españoles, y a los gastos derivados de la interrupción de los plazos de prescripción.
30
A este respecto, en cuanto concierne, en primer lugar, a la solicitud de reapertura de la fase oral, es preciso recordar que, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. El Tribunal de Justicia no está vinculado por estas conclusiones ni por la motivación que el Abogado General desarrolla para llegar a ellas (sentencia de 19 de marzo de 2020, Sánchez Ruiz y otros, C‑103/18 y C‑429/18, EU:C:2020:219, apartado 42 y jurisprudencia citada).
31
Asimismo, procede señalar, en este contexto, que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento prevén la posibilidad de que las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 de dicho Estatuto presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General. Por consiguiente, el hecho de que una parte o un interesado no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no puede constituir en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuáles sean las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (sentencia de 19 de marzo de 2020, Sánchez Ruiz y otros, C‑103/18 y C‑429/18, EU:C:2020:219, apartado 43 y jurisprudencia citada).
32
De ello se deduce que, en la medida en que la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento presentada por Nissan tiene por objeto que se le permita responder a la posición adoptada por la Abogada General en sus conclusiones, no puede ser estimada.
33
Dicho esto, en virtud del artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede ordenar en cualquier momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse sobre la base de un argumento que no haya sido debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
34
En este caso, el Tribunal de Justicia, tras haber oído a la Abogada General, estima que dispone de todos los elementos necesarios para responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente y que el presente asunto no precisa resolverse sobre la base de un argumento que no haya sido debatido entre los interesados. Además, la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento no pone de manifiesto ningún hecho nuevo que pueda influir decisivamente en la resolución que el Tribunal de Justicia está llamado a dictar en este asunto.
35
Por consiguiente, no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
36
En segundo lugar, por lo que respecta a la solicitud, formulada con carácter subsidiario, mediante la que Nissan insta al Tribunal de Justicia a que solicite aclaraciones al órgano jurisdiccional remitente, basta con recordar que la posibilidad de que dispone el Tribunal de Justicia de solicitar aclaraciones a un órgano jurisdiccional remitente en virtud del artículo 101 de su Reglamento de Procedimiento es una mera facultad cuya utilización aprecia el Tribunal de Justicia de manera discrecional en cada caso concreto (sentencia de 3 de diciembre de 2015, Banif Plus Bank, C‑312/14, EU:C:2015:794, apartado 32). Pues bien, como se ha señalado en el apartado 34 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la presente petición de decisión prejudicial. De ello se sigue que esta solicitud también debe ser desestimada.
Sobre las cuestiones prejudiciales
37
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento de cooperación, establecido por el artículo 267 TFUE, entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, corresponde a este proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le planteen. Además, el Tribunal de Justicia puede tener que tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (sentencia de 12 de enero de 2023, RegioJet, C‑57/21, EU:C:2023:6, apartado 92 y jurisprudencia citada). A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio (sentencia de 22 de junio de 2022, Volvo y DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, apartado 28 y jurisprudencia citada).
38
En el presente asunto, habida cuenta del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional remitente, procede reformular las cuestiones prejudiciales a fin de proporcionar a dicho órgano jurisdiccional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce.
39
En efecto, de tales elementos se desprende que este pretende, en particular, determinar si CP, que se considera perjudicado por una infracción del Derecho de la competencia, declarada por una resolución de la CNMC que se publicó en el sitio de Internet de esta autoridad el 15 de septiembre de 2015 y adquirió firmeza a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2021, puede solicitar la reparación de los daños y perjuicios que se le han ocasionado o si la acción por daños que ejercitó en marzo de 2023 ha prescrito.
40
A tal respecto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia resulta que el Real Decreto-ley 9/2017, por el que se transpuso la Directiva 2014/104, entró en vigor el 27 de mayo de 2017, a saber, unos cinco meses después de que expirase el plazo de transposición establecido en el artículo 21 de esta. El órgano jurisdiccional remitente expone que, hasta la fecha de entrada en vigor del citado Decreto-ley de transposición de la Directiva al Derecho español, el plazo de prescripción aplicable a las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia se regía por el régimen general de la responsabilidad civil extracontractual y que, en virtud del artículo 1968, apartado 2, del Código Civil, ese plazo de prescripción de un año no empezaba a correr hasta el momento en que la persona que se considerase perjudicada hubiera tenido conocimiento de los hechos de los que nacía la responsabilidad. Dicho órgano jurisdiccional precisa que, a raíz de una modificación legislativa introducida en 2007, la legislación nacional ya no exige que la resolución de la autoridad nacional de competencia adquiera firmeza para que nazca el derecho a la reparación del perjuicio causado por la infracción de que se trate. Así pues, el órgano jurisdiccional remitente considera que el inicio del plazo de prescripción aplicable a la acción por daños de CP coincide con la fecha de publicación de la resolución de la CNMC en su sitio de Internet, a saber, el 15 de septiembre de 2015, y no con la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo por la que dicha resolución adquirió firmeza en 2021.
41
En este contexto, y habida cuenta, en particular, de que las normas de prescripción del Código Civil seguían aplicándose aproximadamente cinco meses después de que expirase el plazo de transposición de la Directiva 2014/104, de los elementos aportados por el órgano jurisdiccional remitente se desprende claramente que este se pregunta sobre la compatibilidad con el artículo 101 TFUE, leído a la luz del principio de efectividad, y, en su caso, con el artículo 10 de dicha Directiva, de las normas de prescripción que estaban en vigor antes de la transposición de esta última, en particular por lo que respecta a la determinación del dies a quo del plazo de prescripción.
42
En estas circunstancias, se ha de considerar que, mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 101 TFUE, leído a la luz del principio de efectividad, y, en su caso, el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2014/104, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, tal como es interpretada por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, según la cual, a efectos de la determinación del momento a partir del que comienza a correr el plazo de prescripción aplicable a las acciones por daños por infracciones de las normas sobre competencia ejercitadas a raíz de una resolución de la autoridad nacional de competencia por la que se declara la existencia de una infracción de esas normas, puede considerarse que la persona que se estima perjudicada ha tenido conocimiento de la información indispensable que le permite ejercitar la acción por daños antes de que dicha resolución sea firme.
43
A este respecto, para responder a las cuestiones prejudiciales planteadas, es necesario comprobar primero la aplicabilidad temporal del artículo 10 de la Directiva 2014/104, que establece ciertas exigencias respecto al plazo de prescripción aplicable a las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia, determinando, en particular, la duración mínima de dicho plazo, cuándo puede empezar a correr y las circunstancias en las que se debe suspender o interrumpir.
44
Así, procede recordar que el artículo 10 de la Directiva 2014/104 es una disposición sustantiva a efectos del artículo 22, apartado 1, de dicha Directiva. Pues bien, con arreglo a esta última disposición, los Estados miembros debían asegurarse de que las medidas nacionales adoptadas en virtud del artículo 21 de dicha Directiva a fin de cumplir con las disposiciones sustantivas de la misma no se aplicasen con efecto retroactivo [sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea), C‑605/21, EU:C:2024:324, apartado 47].
45
No obstante, a partir de la expiración del plazo de transposición de una directiva, el Derecho nacional debe interpretarse de conformidad con toda disposición de esta [sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea), C‑605/21, EU:C:2024:324, apartado 48].
46
En consecuencia, ha de verificarse, para determinar la aplicabilidad temporal del artículo 10 de la Directiva 2014/104, si la situación de que se trata en el litigio principal se había consolidado antes de que expirara el plazo de transposición de dicha Directiva o si continuaba surtiendo sus efectos tras la expiración de ese plazo [sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea), C‑605/21, EU:C:2024:324, apartado 49].
47
Con tal fin, habida cuenta de las particularidades de las normas de prescripción, de su naturaleza y de su mecanismo de funcionamiento, en particular en el contexto de una acción por daños por una infracción del Derecho de la competencia, procede examinar si, en la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 2014/104, a saber, el 27 de diciembre de 2016, se había agotado el plazo de prescripción, fijado por el Derecho nacional, aplicable a la situación de que se trata en el litigio principal hasta esa fecha, lo que implica determinar el momento en que comenzó a correr ese plazo de prescripción de conformidad con tal Derecho [sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea), C‑605/21, EU:C:2024:324, apartado 50].
48
En efecto, ante la inexistencia de una normativa de la Unión en la materia hasta la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 2014/104, correspondía al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las modalidades de ejercicio del derecho a solicitar la reparación del daño resultante de una infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, incluyendo las relativas a los plazos de prescripción, siempre que se respetasen tanto el principio de equivalencia como el principio de efectividad, principio este último que exige que las normas aplicables a los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el efecto directo del Derecho de la Unión confiere a los justiciables no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión [sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea), C‑605/21, EU:C:2024:324, apartado 51 y jurisprudencia citada].
49
A tal respecto, de este último principio resulta que, aun antes de la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 2014/104, una normativa nacional que fijara la fecha a partir de la cual se inicia el plazo de prescripción, la duración y las condiciones de la suspensión o de la interrupción de este debía adaptarse a las particularidades del Derecho de la competencia y a los objetivos de la aplicación de las normas de este Derecho por las personas afectadas a fin de no socavar la plena efectividad de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE [sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea), C‑605/21, EU:C:2024:324, apartado 52 y jurisprudencia citada].
50
En este contexto, procede recordar que los artículos 101 TFUE, apartado 1, y 102 TFUE producen efectos directos en las relaciones entre particulares y crean derechos en favor de los justiciables que los órganos jurisdiccionales nacionales deben tutelar (sentencia de 5 de junio de 2014, Kone y otros, C‑557/12, EU:C:2014:1317, apartado 20 y jurisprudencia citada).
51
La plena eficacia del artículo 101 TFUE y, en particular, el efecto útil de la prohibición establecida en su apartado 1 se verían en entredicho si no fuera posible que cualquier persona solicitara la reparación del perjuicio que le hubiera causado una infracción del Derecho de la competencia (sentencias de 5 de junio de 2014, Kone y otros, C‑557/12, EU:C:2014:1317, apartado 21, y de 28 de enero de 2025, ASG 2, C‑253/23, EU:C:2025:40, apartado 61 y jurisprudencia citada).
52
Así, cualquier persona tiene derecho a solicitar la reparación del daño sufrido cuando exista una relación de causalidad entre dicho daño y un acuerdo o una práctica prohibidos por el artículo 101 TFUE (sentencia de 5 de junio de 2014, Kone y otros, C‑557/12, EU:C:2014:1317, apartado 22 y jurisprudencia citada).
53
El derecho de toda persona a solicitar la reparación de tal daño refuerza la operatividad de las normas de competencia de la Unión y puede disuadir de comportamientos que puedan restringir o falsear el juego de la competencia, de modo que contribuye al mantenimiento de una competencia efectiva en la Unión (sentencia de 28 de enero de 2025, ASG 2, C‑253/23, EU:C:2025:40, apartado 63).
54
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este derecho ofrece a toda persona perjudicada la posibilidad de solicitar la reparación del daño causado por un comportamiento que pueda impedir, restringir o falsear el juego de la competencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan, C‑453/99, EU:C:2001:465, apartado 25; de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros, C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, apartado 60, y de 21 de diciembre de 2023, International Skating Union/Comisión, C‑124/21 P, EU:C:2023:1012, apartado 201).
55
A este respecto, los plazos de prescripción aplicables a tal derecho tienen, en principio, por función, por un lado, garantizar la protección de los derechos de la persona que se ha visto perjudicada, ya que esta debe disponer de tiempo suficiente para recoger la información apropiada para presentar el posible recurso, y, por otro lado, evitar que la persona que se ha visto perjudicada pueda retrasar ad infinitum el ejercicio de su derecho a una indemnización por daños y perjuicios en detrimento de la persona responsable del daño. Por consiguiente, los plazos de prescripción protegen, en definitiva, tanto a la persona que se ha visto perjudicada como a la persona responsable del daño (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de junio de 2022, Volvo y DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, apartado 45 y jurisprudencia citada).
56
Asimismo, procede recordar que el ejercicio del derecho a reclamar el resarcimiento del perjuicio sufrido como consecuencia de una infracción del Derecho de la competencia resultaría prácticamente imposible o excesivamente difícil si los plazos de prescripción aplicables a las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia empezaran a correr antes de que hubiera cesado la infracción y de que la persona perjudicada tuviera conocimiento o hubiera podido razonablemente tener conocimiento de la información indispensable para ejercitar su acción por daños [véase, en este sentido, la sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea), C‑605/21, EU:C:2024:324, apartado 55 y jurisprudencia citada].
57
En el presente asunto, por lo que respecta al primer requisito mencionado en el apartado anterior, relativo al cese de la infracción, consta que esta cesó en 2013.
58
Por cuanto concierne al segundo requisito mencionado en el mismo apartado, a saber, que la persona perjudicada tenga conocimiento de la información indispensable para el ejercicio de la acción por daños, de una jurisprudencia reiterada se desprende que forman parte de esa información la existencia de una infracción del Derecho de la competencia, la existencia de un perjuicio, el nexo de causalidad entre el perjuicio y la infracción y la identidad del autor de esta [véase, en este sentido, la sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea), C‑605/21, EU:C:2024:324, apartado 64 y jurisprudencia citada].
59
En efecto, si no se dispone de dicha información, es extremadamente difícil, si no imposible, que la persona perjudicada obtenga la reparación del perjuicio que esa infracción le ha causado [sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea), C‑605/21, EU:C:2024:324, apartado 65].
60
A este respecto, corresponde al juez nacional que conoce de la acción por daños determinar el momento a partir del cual puede considerarse razonablemente que la persona perjudicada tuvo conocimiento de dicha información. En efecto, solo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal. Dicho esto, el Tribunal de Justicia, al pronunciarse sobre la cuestión prejudicial, puede aportar precisiones destinadas a orientarlo en esa determinación [véase, en este sentido, la sentencia de 18 de abril de 2024, Heureka Group (Comparadores de precios en línea), C‑605/21, EU:C:2024:324, apartado 66 y jurisprudencia citada].
61
Del auto de remisión se desprende que, según la normativa nacional, la responsabilidad del autor de una infracción de las normas sobre competencia puede originarse, en principio, bien por el ejercicio, por la parte perjudicada, de una acción por daños ante el juez nacional competente, cuando tal infracción no haya sido declarada en una resolución de la autoridad nacional de competencia, bien por el ejercicio de esa acción como consecuencia de la adopción de tal resolución por dicha autoridad.
62
Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente señala que ninguna norma jurídica exige que tal resolución adquiera firmeza para que nazca el derecho a la reparación del perjuicio causado por la infracción de que se trate.
63
No obstante, dicho órgano jurisdiccional precisa que, según la normativa nacional, el juez que conozca de una acción por daños basada en una resolución de la autoridad nacional de competencia por la que se declare la existencia de una infracción, que haya sido objeto de un recurso de anulación, solo puede estar vinculado por la declaración de la existencia de tal infracción cuando dicha resolución haya adquirido firmeza.
64
Así pues, resulta que, a diferencia de las decisiones de la Comisión que se pronuncian sobre acuerdos, decisiones o prácticas contempladas en los artículos 101 TFUE o 102 TFUE que, con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.o 1/2003, tienen carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales nacionales, de modo que dichos órganos jurisdiccionales no pueden adoptar resoluciones incompatibles con tales decisiones, en el presente asunto, una resolución de la autoridad nacional de competencia por la que se declara la existencia de una infracción de las normas sobre competencia, cuya validez ha sido impugnada en vía judicial, no reviste ese carácter. De ello se deduce que el juez que conoce de una acción por daños ejercitada a raíz de tal resolución dispone, en el supuesto de que esta haya sido objeto de recurso, de información que no tiene carácter definitivo.
65
Por lo tanto, en los casos en que el eventual autor de una infracción del Derecho de la competencia de la Unión declarada en una resolución de una autoridad nacional de competencia impugne, mediante un recurso de anulación, las constataciones de dicha autoridad relativas a la naturaleza y al alcance material, personal, temporal y territorial de esa infracción, de modo que el juez que conozca de una acción por daños relativa a dicha infracción no esté vinculado por tales constataciones, no puede considerarse que la persona perjudicada se pueda apoyar efectivamente ante ese juez en dicha resolución para fundamentar su acción contra el eventual autor de la infracción.
66
En tal supuesto, se vería socavada la posibilidad de que la persona perjudicada ejercitara una acción por daños a raíz de una resolución de la autoridad nacional de competencia (follow-on damages
action) y resultaría excesivamente difícil para esa persona ejercer su derecho a reclamar una indemnización.
67
En estas circunstancias, procede considerar que, en la medida en que el juez que conoce de una acción por daños solo está vinculado por la declaración de la existencia de la infracción de que se trate cuando la resolución de la autoridad nacional de competencia sea firme, no puede estimarse razonablemente que la persona perjudicada haya tenido conocimiento de la información indispensable para ejercitar la acción por daños sobre la base de dicha resolución y, por tanto, el plazo de prescripción no puede empezar a correr antes de que dicha resolución haya adquirido firmeza.
68
Se debe precisar que, en el presente asunto, esta interpretación no queda desvirtuada ni por las modalidades de suspensión o de interrupción del plazo de prescripción ni por las relativas a la suspensión del procedimiento ante el juez que conoce de una acción por daños, tal como constan en los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia.
69
En primer lugar, por lo que respecta a la eventual suspensión del plazo de prescripción, de los autos no se desprende que tal suspensión pueda decidirse como consecuencia de la interposición, ante los órganos jurisdiccionales competentes, de un recurso de anulación de la resolución de la CNMC, ni que se prolongue necesariamente hasta la fecha de la publicación de la sentencia que confiera firmeza a dicha resolución.
70
En segundo lugar, en cuanto atañe a la interrupción del plazo de prescripción, de los autos se desprende que dicho plazo se puede interrumpir por una reclamación extrajudicial presentada por la persona perjudicada en la que se inste al presunto infractor a indemnizarle, por la incoación de un procedimiento de conciliación o por una solicitud de medidas preliminares dirigida a recopilar información o documentos esenciales para preparar el ejercicio de la acción por daños.
71
Dicho esto, es preciso señalar que las causas de interrupción mencionadas son independientes de la interposición de un recurso de anulación de la resolución de la CNMC ante los órganos jurisdiccionales competentes. Por tanto, debe considerarse que ninguna de esas causas de interrupción permite garantizar de manera suficientemente efectiva que el plazo de prescripción de un año, establecido por la normativa nacional, no haya expirado antes de que concluyan los procedimientos judiciales a cuyo término adquiere firmeza la resolución de que se trate.
72
En tercer lugar, en cuanto a la posibilidad de que el juez ante el que se haya ejercitado una acción por daños suspenda el procedimiento pendiente ante él, cuando dicha acción se haya ejercitado a raíz de una resolución de la autoridad de competencia que ha sido objeto de un recurso de anulación, hasta que dicha resolución adquiera firmeza, del auto de remisión se desprende que tal suspensión no es automática, ya que el juez dispone de un margen de apreciación a este respecto.
73
En cualquier caso, como señaló la Abogada General, en esencia, en el punto 83 de sus conclusiones, la solicitud de suspensión del procedimiento solo puede formularse una vez se haya ejercitado la acción por daños, lo que implica que se debe haber ejercitado antes de que expire el plazo de prescripción. En estas circunstancias, no cabe considerar que la posibilidad de solicitar la suspensión del procedimiento pueda satisfacer las exigencias del artículo 101 TFUE y del principio de efectividad.
74
Precisado lo anterior, se ha de señalar que el requisito relativo al conocimiento de la información indispensable para el ejercicio de una acción por daños a raíz de una resolución de una autoridad nacional de competencia no solo exige que dicha resolución adquiera firmeza, sino también que esa información indispensable que resulte de la resolución firme se haya hecho pública de manera adecuada.
75
A este respecto, para que pueda considerarse razonablemente que la persona perjudicada dispone de la información indispensable para el ejercicio de la acción por daños a partir de la fecha de publicación de una sentencia mediante la que se haya conferido firmeza a la resolución de la autoridad nacional de competencia de que se trate, es preciso que dicha sentencia sea publicada oficialmente, que sea de libre acceso para el público en general y que la fecha de su publicación figure de manera clara en ella.
76
En el presente asunto, CP ejercitó la acción por daños en marzo de 2023 a raíz de una resolución de la CNMC adoptada el 23 de julio de 2015, que se publicó en el sitio de Internet de dicha autoridad el 15 de septiembre de 2015 y que adquirió firmeza por lo que respecta a Nissan mediante una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2021.
77
Por otro lado, del auto de remisión se desprende que el sitio de Internet en el que se publican las sentencias de los órganos jurisdiccionales españoles es el del Centro de Documentación Judicial (Cendoj) del Consejo General del Poder Judicial, que constituye, en esencia, una base de datos de jurisprudencia de libre acceso para el público en general.
78
En consecuencia, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, puede considerarse razonablemente que, en la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo por la que adquirió firmeza la resolución de la CNMC en 2021, CP tuvo conocimiento de toda la información necesaria para ejercitar la acción por daños.
79
Por tanto, como resulta de los apartados 76 a 78 de la presente sentencia, en la fecha de expiración del plazo de transposición de la Directiva 2014/104, a saber, el 27 de diciembre de 2016, no solo no había expirado el plazo de prescripción, sino que ni siquiera había comenzado a correr.
80
Así pues, la situación controvertida en el litigio principal no se había consolidado antes de que expirara el plazo de transposición de dicha Directiva, de modo que, en el presente asunto, su artículo 10 es aplicable ratione temporis y la acción por daños de CP no parece haber prescrito.
81
A este respecto, habida cuenta de que el contenido del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2014/104, por lo que concierne a la determinación del momento a partir del cual comienza el cómputo del plazo de prescripción, refleja, en esencia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, así como al principio de efectividad, las consideraciones de la presente sentencia referidas al inicio del plazo de prescripción aplicable a las acciones por daños por infracciones de las normas sobre competencia, ejercitadas a raíz de una resolución de la autoridad nacional de competencia por la que se declara la existencia de una infracción, también son aplicables a la interpretación del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2014/104.
82
A la vista de cuanto antecede, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 101 TFUE, leído a la luz del principio de efectividad, y el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2014/104 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, tal como es interpretada por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, según la cual, a efectos de la determinación del momento a partir del que comienza a correr el plazo de prescripción aplicable a las acciones por daños por infracciones de las normas sobre competencia ejercitadas a raíz de una resolución de la autoridad nacional de competencia por la que se declara la existencia de una infracción de esas normas, puede considerarse que la persona que se estima perjudicada ha tenido conocimiento de la información indispensable que le permite ejercitar la acción por daños antes de que dicha resolución sea firme.
Costas
83
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
El artículo 101 TFUE, leído a la luz del principio de efectividad, y el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
se oponen a una normativa nacional, tal como es interpretada por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, según la cual, a efectos de la determinación del momento a partir del que comienza a correr el plazo de prescripción aplicable a las acciones por daños por infracciones de las normas sobre competencia ejercitadas a raíz de una resolución de la autoridad nacional de competencia por la que se declara la existencia de una infracción de esas normas, puede considerarse que la persona que se estima perjudicada ha tenido conocimiento de la información indispensable que le permite ejercitar la acción por daños antes de que dicha resolución sea firme.
Jarukaitis
Lenaerts
Gavalec
Arabadjiev
Frendo
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de septiembre de 2025.
El Secretario
A. Calot Escobar
El Presidente de Sala
I. Jarukaitis
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.