62023CC0581
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 9 de enero de 2025 (
1
)
Asunto C‑581/23
Beevers Kaas BV
contra
Albert Heijn België NV,
Koninklijke Ahold Delhaize NV,
Albert Heijn BV,
Ahold België BV,
con intervención de:
B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica)]
«Procedimiento prejudicial — Competencia — Prácticas colusorias — Artículo 101 TFUE, apartado 3 — Acuerdos verticales — Reglamento (UE) n.o 330/2010 — Exención — Artículo 4, letra b), inciso i) — Restricciones especialmente graves — Excepciones — Acuerdos de distribución exclusiva — Requisitos — Prohibición de las ventas activas en el territorio asignado en exclusiva — Requisito de la imposición paralela — Concepto de “acuerdo” — Prueba de la concurrencia de voluntades entre el proveedor y sus compradores — Inexistencia de ventas activas por parte de otros compradores en el territorio asignado en exclusiva al distribuidor exclusivo»
1.
La presente petición de decisión prejudicial planteada por el Hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica) versa sobre la interpretación del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento (UE) n.o 330/2010 de la Comisión [también conocido como Reglamento de exención por categorías de acuerdos verticales (RECAV)]. (
2
) Se ha presentado en el contexto de un litigio entre Beevers Kaas BV, por un lado, y Albert Heijn België NV, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Albert Heijn BV y Ahold België BV (en lo sucesivo, conjuntamente, «sociedades Albert Heijn»), por otro.
2.
El litigio versa sobre la supuesta infracción por parte de estas últimas de un contrato de distribución exclusiva celebrado entre Beevers Kaas y B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono (sociedad cooperativa lechera; en lo sucesivo, «Cono») para la distribución del famoso queso Beemster (
3
) en Bélgica y Luxemburgo.
I. Marco normativo
A.
Derecho de la Unión
3.
El Reglamento n.o 330/2010, que el órgano jurisdiccional remitente considera aplicable al litigio principal, sucedió, con efectos a partir del 1 de junio de 2010, al Reglamento (CE) n.o 2790/1999 de la Comisión. (
4
) De conformidad con el artículo 10, párrafo segundo, del Reglamento n.o 330/2010, el anterior expiró el 31 de mayo de 2022.
4.
El artículo 2 del Reglamento n.o 330/2010 estableció una exención del artículo 101 TFUE, apartado 1, para los acuerdos verticales que contuvieran restricciones verticales (en lo sucesivo, «exención por categorías»).
5.
El artículo 4 del Reglamento n.o 330/2010 se refería a las «restricciones especialmente graves» que, salvo algunas excepciones, no podían beneficiarse de la exención por categorías prevista en el artículo 2 de dicho Reglamento. El artículo 4 disponía:
«La exención prevista en el artículo 2 no se aplicará a los acuerdos verticales que, directa o indirectamente, por sí solos o en combinación con otros factores bajo control de las partes, tengan por objeto:
[…]
b)
la restricción del territorio en el que, o de la clientela a la que, el comprador parte del acuerdo, sin perjuicio de una restricción sobre su lugar de establecimiento, pueda vender los bienes o servicios contractuales, excepto:
i)
la restricción de ventas activas en el territorio o al grupo de clientes reservados en exclusiva al proveedor o asignados en exclusiva por el proveedor a otro comprador, cuando tal prohibición no limite las ventas de los clientes del comprador,
[…]».
6.
El Reglamento (UE) 2022/720, (
5
) que sucedió al Reglamento n.o 330/2010, entró en vigor el 1 de junio de 2022 y expirará el 31 de mayo de 2034, de conformidad con sus artículos 10 y 11.
7.
Las Directrices de la Comisión Europea relativas a las restricciones verticales (
6
) se publicaron al mismo tiempo que se adoptó el Reglamento n.o 330/2010.
8.
A tenor del punto 25 de las Directrices de 2010:
«[…]
a)
El Reglamento [n.o 330/2010] se aplica a los acuerdos y a las prácticas concertadas. […] Para que haya un acuerdo en el sentido del artículo 101 [TFUE] basta con que las partes hayan expresado su intención conjunta de comportarse en el mercado de una manera específica. La forma en que esa intención se expresa es irrelevante siempre que constituya una expresión fiel de la intención de las partes. En caso de que no exista ningún acuerdo explícito que exprese la concurrencia de voluntades, la Comisión tendrá que probar que la política unilateral de una parte cuenta con el consentimiento de la otra parte. En el caso de los acuerdos verticales, hay dos maneras de establecer el consentimiento con una política unilateral particular. En primer lugar, el consentimiento puede deducirse de los poderes conferidos a las partes en un acuerdo general elaborado de antemano. Si las cláusulas del acuerdo elaborado de antemano prevén o autorizan a una parte a adoptar posteriormente una política unilateral específica vinculante para la otra parte, el consentimiento de esa política por la otra parte puede establecerse sobre esta base. En segundo lugar, a falta de consentimiento explícito, la Comisión puede demostrar la existencia de consentimiento tácito. Para ello es necesario demostrar primero que una parte requiere explícita o implícitamente la cooperación de la otra parte para la aplicación de su política unilateral, y luego, que la otra parte cumple con ese requisito aplicando en la práctica esa política unilateral. […] En el caso de los acuerdos verticales, el consentimiento tácito puede deducirse del nivel de coerción ejercido por una parte para imponer su política unilateral a la otra parte o partes en el acuerdo, junto con el número de distribuidores que realmente aplican en la práctica la política unilateral del proveedor. Por ejemplo, un sistema de control y sanciones, establecido por un proveedor para penalizar a los distribuidores que no cumplan con su política unilateral, apunta al consentimiento tácito a la política unilateral del proveedor si este sistema permite al proveedor aplicar su política en la práctica. […]»
9.
El punto 51 de las Directrices de 2010 establece lo siguiente:
«Cuatro son las excepciones a la restricción especialmente grave contemplada en el artículo 4, letra b), del [Reglamento n.o 330/2010]. La primera excepción del artículo 4, letra b), inciso i) permite a los proveedores restringir las ventas activas efectuadas por sus compradores directos a un territorio o a un grupo de clientes que se ha asignado exclusivamente a otro comprador o que el proveedor se ha reservado para sí. Se considera que un territorio o grupo de clientes está asignado exclusivamente cuando el proveedor consiente la venta de su producto solamente a un distribuidor para su distribución en un territorio determinado o a un grupo de clientes determinado y el distribuidor exclusivo tiene protegido su territorio o grupo de clientes contra las ventas activas de todos los otros compradores del proveedor dentro de la Unión, independientemente de las ventas del proveedor. Se permite al proveedor combinar la asignación de un territorio exclusivo y de un grupo de clientes exclusivo, designando, por ejemplo, un distribuidor exclusivo a un grupo de clientes específico en un determinado territorio. Esta protección de territorios o grupos de clientes asignados en exclusiva debe permitir, sin embargo, las ventas pasivas a tales territorios o grupos de clientes. A efectos de la aplicación del artículo 4, letra b), del [Reglamento n.o 330/2010], la Comisión define ventas “activas” […] de la siguiente forma:
–
por ventas “activas” se entiende la aproximación activa a clientes individuales por ejemplo mediante correo directo, incluidos correos electrónicos no solicitados, o visitas, o la aproximación activa a un grupo de clientes específico o a clientes en un territorio específico asignado exclusivamente a otro distribuidor mediante publicidad en medios de comunicación, en internet u otras actividades destinadas específicamente a dicho grupo de clientes o a clientes en ese territorio. La publicidad o promoción que solo es atractiva para el comprador, si (además) llega a un grupo específico de clientes o a clientes en un territorio específico, se considera venta activa a dicho grupo de clientes o clientes en ese territorio.
[…]»
B.
Derecho belga
10.
El artículo VI.104 del Wetboek van economisch recht (Código de Derecho Económico; en lo sucesivo, «WER»), de 28 de febrero de 2013, dispone:
«Se prohíbe todo acto contrario a las prácticas honradas del mercado mediante el cual una empresa perjudique o pueda perjudicar los intereses profesionales de una o varias empresas.»
II. Hechos que originaron el litigio principal y cuestiones prejudiciales
11.
Beevers Kaas, recurrente en el litigio principal, es la distribuidora exclusiva del queso Beemster en Bélgica, que compra al fabricante Cono, sociedad establecida en los Países Bajos.
12.
Desde el 1 de enero de 1993, existe entre Cono y Beevers Kaas un contrato de distribución exclusiva del queso Beemster en Bélgica y Luxemburgo (en lo sucesivo, «contrato de distribución exclusiva»).
13.
Las sociedades Albert Heijn operan en el sector de los supermercados en Bélgica y los Países Bajos. Son compradoras (
7
) del queso Beemster fabricado por Cono para los mercados ubicados fuera de Bélgica y Luxemburgo.
14.
Beevers Kaas acusa a las sociedades Albert Heijn de incurrir en prácticas comerciales desleales al desarrollar actividades en Bélgica que tienen como consecuencia directa o indirecta la vulneración de los derechos de exclusividad de Beevers Kaas derivados del contrato de distribución exclusiva, pese a que sabían que Cono está vinculada por dicho contrato.
15.
Según las sociedades Albert Heijn, tanto Beevers Kaas como Cono pretenden imponerles una prohibición de venta activa, lo que no está permitido. Consideran que el contrato de distribución exclusiva no obliga a Cono a proteger a Beevers Kaas de las ventas activas de otros compradores y que no cumple los estrictos requisitos del Derecho de la competencia para justificar una prohibición de reventa.
16.
Mediante sentencia de 9 de julio de 2021, el presidente del ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes, Bélgica) desestimó por infundado el recurso interpuesto por Beevers Kaas basándose en que «de ninguna disposición contractual o legislativa se desprende que las empresas tengan prohibido obtener suministros directamente de Cono en los Países Bajos y distribuirlos en Bélgica». En particular, el presidente de dicho órgano jurisdiccional hizo hincapié en que el contrato de distribución exclusiva establecía únicamente que Cono no podía vender por sí misma a distribuidores belgas. La interpretación de Beevers Kaas, a su juicio, implicaría que todas las empresas, independientemente de dónde estén establecidas, deben respetar dicho acuerdo y abstenerse de vender el queso de Cono en Bélgica. Del mismo modo, Beevers Kaas no goza de ninguna protección contractual en su territorio exclusivo en Bélgica frente a las ventas activas de otros compradores que se abastecen de Cono.
17.
Beevers Kaas interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes), que es el órgano jurisdiccional remitente.
18.
Ante dicho órgano jurisdiccional, las partes discrepan sobre si el contrato de distribución exclusiva cumple los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 y, en particular, el denominado «requisito de la imposición paralela». En virtud de este requisito, el proveedor está obligado a proteger a su distribuidor exclusivo frente a las ventas activas de todos sus otros distribuidores o compradores del Espacio Económico Europeo (EEE) en el territorio asignado en exclusiva.
19.
Mediante sentencia interlocutoria de 27 de abril de 2022, el órgano jurisdiccional remitente resolvió el litigio relativo al contenido y al alcance del contrato de distribución exclusiva a favor de Beevers Kaas. Declaró que Beevers Kaas había demostrado que las sociedades Albert Heijn habían consentido, al menos tácitamente, la prohibición de venta activa. No obstante, según el órgano jurisdiccional remitente, Beevers Kaas también debe demostrar que todos los distribuidores o compradores distintos de las sociedades Albert Heijn aceptaron esta prohibición.
20.
El órgano jurisdiccional remitente está de acuerdo con una observación formulada por la autoridad nacional de defensa de la competencia belga (en lo sucesivo, «ANDC»), a la que dicho órgano jurisdiccional solicitó que interviniera en calidad de amicus curiae, según la cual para que una prohibición de venta activa sea legítima debe cumplirse el requisito de la imposición paralela. Este requisito ha de interpretarse a la luz del concepto de «acuerdo», en el sentido del artículo 101 TFUE y del artículo IV.1 del WER.
21.
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que el Reglamento n.o 330/2010 y las Directrices de 2010 no precisan de qué modo debe proteger el proveedor a sus distribuidores exclusivos de las ventas activas en el territorio exclusivo por parte de los demás compradores del proveedor. En particular, no indican la forma en que el proveedor debe comunicar la prohibición de venta activa a sus otros compradores ni cómo han de prestar estos últimos su consentimiento a dicha prohibición.
22.
En el presente asunto, no existe prueba alguna de que todos los demás compradores de Cono aceptaran de forma expresa la prohibición de venta activa. La ANDC considera que el órgano jurisdiccional remitente podría inferir un consentimiento tácito a esta prohibición del mero hecho de que, en la actualidad, ninguno de esos compradores venda en Bélgica productos adquiridos a Cono. Beevers Kaas comparte este punto de vista y considera, por lo tanto, que ha demostrado suficientemente que todos los compradores de Cono aceptaron la prohibición de venta activa.
23.
En cambio, las sociedades Albert Heijn sostienen que, para que conste que ha habido un consentimiento tácito, Beevers Kaas debe demostrar que la estrategia de Cono, a saber, que ningún producto Beemster adquirido en los Países Bajos puede venderse activamente en Bélgica, fue comunicada a todos sus compradores.
24.
En estas circunstancias, el Hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Puede considerarse que se cumple el requisito de la imposición paralela contemplado en el artículo 4, letra b), inciso i), del [Reglamento n.o 330/2010], y, por tanto, puede prohibir legalmente el proveedor que cumple los demás requisitos de [dicho Reglamento] las ventas activas de uno de sus compradores en un territorio para el que se ha designado en exclusiva a otro comprador, sobre la única base de la constatación de que los demás compradores no venden activamente en tal territorio? […] ¿Queda suficientemente probada la existencia de un acuerdo sobre la prohibición de ventas activas entre los demás compradores y el proveedor por la mera constatación de que esos otros compradores no venden activamente en el territorio asignado en exclusiva?
2)
¿Puede considerarse que se cumple el requisito de la imposición paralela contemplado en el artículo 4, letra b), inciso i), del [Reglamento n.o 330/2010], y, por tanto, puede prohibir legalmente el proveedor que cumple los demás requisitos de [dicho Reglamento] las ventas activas de uno de sus compradores en un territorio para el que ha designado en exclusiva un comprador, solamente si el proveedor obtiene la aprobación de sus otros compradores, siempre y cuando estos estén dispuestos a vender activamente en el territorio así asignado en exclusiva? O, por el contrario, ¿se exige que se reciba tal aceptación de cada uno de los compradores del proveedor, con independencia de que dichos compradores estén dispuestos a realizar ventas activas en el territorio asignado en exclusiva?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
25.
Beevers Kaas, las sociedades Albert Heijn, Cono, el Gobierno belga y la Comisión presentaron observaciones escritas. El 16 de octubre de 2024, se celebró una vista, en la que estuvieron representadas dichas partes.
IV. Apreciación
A.
Sobre la primera cuestión prejudicial
26.
Mediante esta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en esencia, si el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación en la que un proveedor ha asignado en exclusiva un territorio a un distribuidor concreto, la mera constatación de que sus otros compradores (es decir, compradores que no se benefician de ese acuerdo de exclusividad específico) no realizan ventas activas en dicho territorio basta para demostrar la existencia de un acuerdo entre ese proveedor y esos otros compradores en relación con la prohibición de venta activa en dicho territorio.
1. Sobre la cuestión de si el requisito de la imposición paralela forma parte del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010
27.
En su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente invoca el requisito de la imposición paralela. Para responder a esta cuestión, procede examinar si los elementos que figuran en el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 permiten al Tribunal de Justicia llegar a la conclusión —por primera vez en su jurisprudencia— de que este artículo contiene el requisito de la imposición paralela, a pesar de que no hace referencia explícita a él.
28.
Debe recordarse que, para determinar el alcance de una disposición de Derecho de la Unión, hay que tener en cuenta tanto sus términos como su contexto y sus finalidades. (
8
)
29.
Conviene empezar por el contexto del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010.
30.
El artículo 2 de dicho Reglamento prevé, en determinadas condiciones, una exención por categorías de los acuerdos verticales de la prohibición establecida en el artículo 101 TFUE, apartado 1, creando así un espacio protegido para dichos acuerdos.
31.
Al mismo tiempo, excluye del beneficio de la exención por categorías a determinados tipos de acuerdos verticales que, independientemente de la cuota de mercado de las empresas implicadas, contengan determinado tipo de restricciones de competencia graves. Se trata de acuerdos que implican restricciones especialmente graves en el sentido del artículo 4 de dicho Reglamento.
32.
Por consiguiente, en virtud del artículo 4, letra b), del Reglamento n.o 330/2010, la exención por categorías prevista no se aplica a los acuerdos verticales que, directa o indirectamente, tengan por objeto restringir el territorio en el que el comprador parte del acuerdo puede vender los bienes o servicios contractuales, o la clientela a la que puede venderlos, sin perjuicio de una restricción sobre su lugar de establecimiento.
33.
No obstante, el artículo 4, letra b), del Reglamento n.o 330/2010 establece cuatro excepciones. En dicho Reglamento, las restricciones amparadas por estas excepciones no se consideran restricciones especialmente graves y, por lo tanto, no dan lugar a la retirada del beneficio de la exención por categorías para el acuerdo de que se trate. Dicho de otro modo, esta disposición permite que cuatro tipos de restricciones sigan estando cubiertas por la exención por categorías.
34.
A este respecto, procede recordar que dicho artículo prevé cuatro excepciones (a una excepción) y que las excepciones a la regla deben interpretarse de manera restrictiva. (
9
)
35.
Esto me lleva al objetivo del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010. Este, que se desprende de su tenor literal, era eximir las restricciones de las ventas activas en el territorio reservado en exclusiva a un distribuidor o comprador (en lo sucesivo, «prohibición de venta activa»), (
10
) cuando tales restricciones estaban contenidas en un acuerdo vinculante entre el proveedor y sus otros compradores. (
11
)
36.
Por consiguiente, en el presente asunto, la excepción prevista en dicha disposición permite —siempre que se cumplan los requisitos de esta disposición— que el proveedor (Cono) asigne un territorio en exclusiva a uno de sus distribuidores o compradores (Beevers Kaas) y, al mismo tiempo, restrinja las ventas activas de sus otros compradores en dicho territorio.
37.
Por lo que respecta al tenor del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010, como ya he señalado anteriormente (
12
) y como también se ha explicado acertadamente en el Informe de expertos sobre el examen del Reglamento de exención por categorías de acuerdos verticales, (
13
)el requisito de la imposición paralela, esto es, un «requisito para permitir que una restricción de las ventas activas se beneficie de la exención por categorías», que regularía la relación entre el proveedor (Cono) y todos sus distribuidores o compradores en el presente asunto, «no se refleja expresamente en [el tenor del] artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento [n.o] 330/2010, pero se vincula, en el punto 51 de las Directrices [de 2010], al concepto de “asignación en exclusiva”». De ello se deduce que procede comprobar si este requisito forma parte del artículo 4, letra b), inciso i), y constituye, por lo tanto, una condición que debe cumplirse para que dicho artículo sea aplicable en un asunto como el del litigio principal.
38.
De ser así, el requisito de la imposición paralela significaría que la concesión de una exclusividad territorial a un distribuidor o comprador específico (Beevers Kaas) y la aplicación de la prohibición de venta activa a todos los demás compradores llevan aparejada la obligación del proveedor (Cono) de proteger los derechos exclusivos de distribución de dicho comprador frente a todos sus demás compradores.
39.
El concepto de «distribución exclusiva» se refiere a una situación en la que un territorio (o grupo de clientes) está «asignado exclusivamente», es decir, cuando el proveedor consiente la venta de su producto solamente a un comprador para su distribución en un territorio determinado (o a un grupo de clientes determinado). (
14
)
40.
En primer lugar, en mi opinión, del tenor del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010, y en particular de la expresión «territorio reservado en exclusiva», se desprende implícitamente (
15
) que un proveedor está autorizado a asignar un territorio en exclusiva a uno de sus compradores. La designación de un territorio en exclusiva implica necesariamente que el derecho a distribuir el producto en ese territorio determinado solo se concede a un comprador específico. Para que la exclusividad sea significativa, el disfrute del derecho concedido a dicho comprador debe estar protegido contra cualquier posible menoscabo. Por consiguiente, si un proveedor decide hacer uso de la excepción a las restricciones especialmente graves, dicho proveedor tiene la obligación correspondiente de garantizar la eficacia de la asignación en exclusiva de un territorio, lo que incluye proteger a ese comprador frente a las ventas activas de todos sus otros compradores en ese territorio.
41.
En efecto, como ha señalado, en esencia, el órgano jurisdiccional remitente, la posibilidad de que un proveedor asigne, en exclusiva, un territorio determinado a uno de sus distribuidores o compradores quedaría privada de todo efecto útil si el distribuidor o comprador exclusivo no estuviera protegido frente a las ventas activas realizadas por los otros compradores del proveedor en ese territorio. (
16
) A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando una disposición de Derecho de la Unión puede ser objeto de varias interpretaciones de las cuales solo una puede garantizar su efecto útil, debe dársele prioridad a esta interpretación. (
17
)
42.
En segundo lugar, del tenor del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 se desprende expresamente que un proveedor está autorizado a restringir las ventas activas de otros compradores en el territorio reservado en exclusiva. Esta posibilidad quedaría vacía de contenido y no sería más que un brindis al sol si no fuera acompañada de la obligación del proveedor de garantizar que esos otros compradores cumplen efectivamente la restricción de las ventas activas. Al mismo tiempo, cabe señalar que tal obligación solo surge si el proveedor pretendía hacer —y, de hecho, hizo— uso de la excepción prevista en el artículo 4, letra b), inciso i).
43.
De ello se deduce que, al autorizar restricciones a las ventas activas en un «territorio reservado en exclusiva», el Reglamento n.o 330/2010 incluye el requisito de la imposición paralela en el régimen del artículo 4, letra b), inciso i), de dicho Reglamento.
44.
El considerando 5 del Reglamento n.o 330/2010 precisa que «el alcance de la exención por categorías establecida por el presente Reglamento debe limitarse a aquellos acuerdos verticales respecto de los cuales quepa presumir con suficiente certeza que cumplen los requisitos del artículo 101 [TFUE], apartado 3».
45.
Los considerandos 6 y 7 de dicho Reglamento explican que determinados tipos de acuerdos verticales pueden mejorar la eficiencia económica, así como dar lugar a una reducción de los costes de transacción y optimizar sus niveles de ventas y de inversión. De estos considerandos se desprende que dicha mejora de la eficiencia económica puede compensar los efectos contrarios a la competencia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el citado Reglamento.
46.
Por último, el considerando 10 del Reglamento n.o 330/2010 enuncia, en particular, que «no han de quedar exentos en virtud del presente Reglamento aquellos acuerdos verticales que contengan restricciones que puedan restringir la competencia y perjudicar a los consumidores o que no sean imprescindibles para alcanzar los efectos de mejora de la eficiencia económica».
47.
De ello se deduce que, en principio, puede considerarse que acuerdos como los del presente asunto cumplen los requisitos establecidos en el artículo 101 TFUE, apartado 3. No obstante, para que la excepción prevista en el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 produzca estos efectos de mejora de la eficiencia económica, las partes interesadas deben cumplir y aplicar de manera efectiva los requisitos de dicha excepción. En otras palabras, un acuerdo o una práctica concertada específicos solo quedarán exentos de la prohibición general si los requisitos establecidos en dicho Reglamento se aplican de manera efectiva y pueden producir tales efectos de mejora de la eficiencia económica. Aplicado a la excepción establecida en el artículo 4, letra b), inciso i), solo es posible alcanzar este objetivo cuando la exclusividad y la prohibición de venta activa se combinan con una protección efectiva de la exclusividad concedida por el proveedor.
48.
Habida cuenta de la finalidad de la exención por categorías contenida en el Reglamento n.o 330/2010, tal como se desprende de sus considerandos, la razón por la que el requisito de la imposición paralela constituye una condición es que el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 solo es aplicable a los acuerdos de distribución exclusiva que inciten verdaderamente al distribuidor exclusivo a invertir en sus actividades de venta en el territorio reservado en exclusiva. (
18
)
49.
En tal situación, para garantizar este estímulo, es necesario que el proveedor limite efectivamente las ventas activas de todos los demás compradores del EEE en el territorio reservado en exclusiva. (
19
)
50.
Esta interpretación del tenor del Reglamento n.o 330/2010 se reprodujo en las Directrices de la Comisión de 2010 que acompañaban a dicho Reglamento. A este respecto, cabe señalar que, si bien, en tanto que Derecho indicativo, estas Directrices no vinculan al Tribunal de Justicia, no es menos cierto que la Comisión es la autora de dicho Reglamento y, por consiguiente, las Directrices que lo acompañan constituyen, en principio, una herramienta relevante para comprender correctamente lo que el legislador, en este caso la Comisión, pretendía decir. De hecho, el Tribunal de Justicia ha invocado en el pasado las mismas Directrices en apoyo de su interpretación del artículo 101 TFUE, apartado 1. (
20
) Esta interpretación del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010, a la luz de las Directrices que lo acompañan, es conforme con los objetivos de dicho Reglamento, que, junto con las Directrices, pretende garantizar la seguridad jurídica y la aplicación uniforme del Derecho de la competencia, en particular del artículo 101 TFUE, en la Unión.
51.
En efecto, el punto 51 de las Directrices de 2010 precisa que «se considera que un territorio o grupo de clientes está asignado exclusivamente cuando el proveedor consiente la venta de su producto solamente a un distribuidor para su distribución en un territorio determinado o a un grupo de clientes determinado y el distribuidor exclusivo tiene protegido su territorio o grupo de clientes contra las ventas activas de todos los otros compradores del proveedor dentro de la Unión [Europea], independientemente de las ventas del proveedor» (el subrayado es mío). De ello se deduce que la explicación dada por la Comisión en sus Directrices relaciona la exclusividad y la restricción de las ventas activas con la necesidad de garantizar la protección de los derechos derivados de esos acuerdos.
52.
De las consideraciones anteriores se desprende que el requisito de la imposición paralela forma parte integrante del régimen del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 y que, en este contexto, las Directrices de 2010 tienen por objeto aclarar cómo deben aplicarse en la práctica los requisitos de dicha disposición.
53.
Considero que la interpretación anterior se ve confirmada por el nuevo Reglamento, a saber, el Reglamento 2022/720, que sustituyó al Reglamento n.o 330/2010 y que, como se explica en el considerando 2 del Reglamento 2022/720, se basa en la experiencia globalmente positiva adquirida en la aplicación del Reglamento n.o 330/2010.
54.
Como explicó la Comisión en la vista, el Reglamento 2022/720, adoptado con el fin de aclarar determinados elementos, establece ahora explícitamente una definición del concepto de «sistema de distribución exclusiva». Por consiguiente, con el fin de explicar mejor las normas y proporcionar seguridad jurídica a los operadores que se acogen al Reglamento de exención por categorías de acuerdos verticales, el nuevo Reglamento incluye, al definir el concepto de sistema de distribución exclusiva, el requisito de la imposición paralela. En otras palabras, dicho Reglamento contiene ahora una definición explícita de los requisitos relativos a este sistema de distribución, que el Reglamento anterior preveía, en mi opinión, implícitamente. El nuevo Reglamento tiene claramente por objeto vincular el requisito de la imposición paralela a la exclusividad. (
21
)
55.
A este respecto, las Directrices de 2022 relativas a las restricciones verticales (
22
) explican que, «para preservar sus incentivos de inversión, el proveedor debe proteger a sus distribuidores exclusivos de las ventas activas, incluida la publicidad en línea personalizada, en su territorio exclusivo o a su grupo de clientes exclusivo por parte de todos los demás compradores del proveedor».
2. ¿Cómo puede cumplirse el requisito de la imposición paralela?
56.
Del análisis precedente se desprende que, para que se cumpla el requisito de la imposición paralela en el presente asunto es necesario, en primer lugar, demostrar que ha existido o existe un acuerdo entre el proveedor (Cono) y todos sus compradores. En efecto, de la lógica del régimen de exención previsto en el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 se desprende que la excepción a las «restricciones que retiran el beneficio de la exención por categorías (restricciones especialmente graves)» solo es aplicable cuando las partes (el proveedor y sus compradores) acuerdan respetar las condiciones previstas en dicho artículo.
57.
Me parece que, en el espíritu del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010, la manera más evidente de demostrar que se cumple el requisito de la imposición paralela sería incluir una cláusula explícita en los acuerdos escritos vinculantes entre el proveedor y todos sus demás compradores por la cual se restrinjan las ventas activas. (
23
) Tal solución sería preferible a la luz del principio de seguridad jurídica. A este respecto, ha de señalarse que, en el litigio principal, ya se ha declarado mediante sentencia firme que la exclusividad concedida a Beevers Kaas implicaba necesariamente la obligación de Cono de proteger a Beevers Kaas de las ventas activas de todos los demás compradores en Bélgica y en Luxemburgo. (
24
)
58.
Dado que en el litigio principal no parece que medien tales cláusulas explícitas (
25
) ni acuerdos escritos, las principales cuestiones que deben abordarse en el presente asunto son: i) la calificación jurídica de la relación entre el proveedor (Cono) y sus otros compradores y ii) la identificación de las consecuencias que deben extraerse de esta relación.
59.
Habida cuenta de que el Reglamento n.o 330/2010 no precisa cómo debe cumplirse el requisito de la imposición paralela, en particular a efectos de demostrar que las partes acordaron las condiciones que subyacen a dicho requisito, procede remitirse al concepto de acuerdo en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1.
60.
De ello se deduce, como sugiere el órgano jurisdiccional remitente en la resolución de remisión, que procede examinar si, en paralelo al contrato de distribución exclusiva celebrado entre Cono y Beevers Kaas, existía un acuerdo, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entre el proveedor Cono y sus otros compradores, que hiciera referencia a una prohibición de venta activa en el territorio asignado en exclusiva a Beevers Kaas.
61.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia precisa, en particular, que «para constituir un acuerdo en el sentido del artículo [101 TFUE], apartado 1, basta con que un acto o un comportamiento aparentemente unilateral sea la expresión de la voluntad concordante entre por lo menos dos partes, no siendo determinante per se la forma en que se manifiesta dicha concordancia». (
26
)
62.
Además, esta jurisprudencia recuerda que «la voluntad de las partes puede desprenderse tanto de las cláusulas del contrato de concesión de que se trata como del comportamiento de las partes y, en particular, de la eventual existencia de un consentimiento tácito de los concesionarios al requerimiento del fabricante». (
27
) Este razonamiento también es aplicable a una relación entre un proveedor y sus distribuidores o compradores, como la controvertida en el litigio principal.
63.
Según la jurisprudencia Bayer, (
28
) un acuerdo de esa índole no puede basarse en algo que tan solo es la expresión de una política unilateral de una de las partes contratantes, que puede realizarse sin la ayuda de otros. Para que un acuerdo en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, pueda estimarse celebrado mediante una aceptación tácita, «es necesario que la manifestación de voluntad de una de las partes contratantes con un objetivo contrario a la competencia constituya una invitación a la otra parte, ya sea expresa o implícita, para realizar en común dicho objetivo». (
29
)
64.
Para reconocer que existió un acuerdo a efectos del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 y de la excepción que se prevé en él, es preciso basarse en esta jurisprudencia, lo que implica la necesidad de demostrar: i) una invitación del proveedor a hacer uso de esta excepción y ii) una aceptación, al menos tácita, de dicha invitación por parte de sus compradores.
65.
La jurisprudencia pertinente también se refleja en las Directrices de la Comisión de 2010. (
30
) De estas Directrices se desprende que, cuando la intención no se plasma en un acuerdo expreso, debe demostrarse que la estrategia unilateral de una parte cuenta con el consentimiento de la otra parte. Existe consentimiento tácito cuando hay una invitación explícita o implícita por la que una parte insta a la otra a cooperar en la aplicación de esta estrategia unilateral y esta última consiente posteriormente aplicando dicha estrategia.
66.
La reciente sentencia Super Bock (
31
) aclara y codifica esta jurisprudencia. De dicha sentencia puede deducirse que, a efectos de la aplicación del requisito de la imposición paralela (es decir, para determinar si ha existido un acuerdo entre el proveedor y sus otros compradores), procede examinar si ha existido una voluntad concordante entre las partes, que puede resultar de las cláusulas del acuerdo de distribución y del comportamiento de las partes y, en particular, de la eventual existencia de un consentimiento expreso o tácito de los distribuidores. (
32
)
67.
Esta sentencia, (
33
) dictada en un asunto en el que un proveedor imponía determinadas restricciones a sus distribuidores, en particular precios mínimos de reventa (PMR), precisa que, «para que exista un “acuerdo” a efectos del artículo 101 TFUE, apartado 1, basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado».
68.
A continuación, el Tribunal de Justicia recuerda en dicha sentencia (
34
) que «un acuerdo de esa índole no puede basarse en la expresión de una política puramente unilateral de una parte en un contrato de distribución».
69.
No obstante, el Tribunal de Justicia señaló en la misma sentencia (
35
) que «un acto o un comportamiento aparentemente unilateral constituye un acuerdo, en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando sea la expresión de la voluntad concordante entre por lo menos dos partes, no siendo determinante per se la forma en que se manifiesta dicha concordancia».
70.
Por consiguiente, esta voluntad concordante de las partes puede resultar «de las cláusulas del contrato de distribución de que se trate […] y, en particular, de la eventual existencia de un consentimiento, expreso o tácito, de los distribuidores a una invitación de respetar [la condición de que se trate]». (
36
)
71.
De ello se deduce que, para demostrar que en el litigio principal se cumple el requisito de la imposición paralela respecto de los demás distribuidores o compradores de Cono, existen varias alternativas a efectos de probar que se satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010.
72.
En primer lugar, la prohibición de venta activa puede estar expresamente prevista en el acuerdo de distribución celebrado con cada distribuidor o comprador, lo que no parece ser el caso en el litigio principal.
73.
En segundo lugar, el consentimiento explícito de los compradores distintos de Beevers Kaas podría inferirse, en determinadas circunstancias, de los poderes conferidos a las partes en virtud del acuerdo celebrado por ellas. (
37
) Ese sería el caso si los acuerdos celebrados entre Cono y sus otros compradores confirieran a esta la facultad de imponer prohibiciones de venta activa en los territorios que ha asignado, o que pudiera asignar, exclusivamente a uno o varios compradores específicos.
74.
En tercer lugar, es posible basarse en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal como se refleja en el punto 25 de las Directrices de 2010, para afirmar que, a falta de consentimiento explícito, debe demostrarse la existencia de consentimiento tácito. Para ello, es necesario demostrar, primero, que una parte requiere, explícita o implícitamente, la cooperación de la otra parte para aplicar su estrategia unilateral y, luego, que la otra parte cumple con ese requerimiento aplicando en la práctica esa estrategia unilateral.
75.
Por otra parte, el apartado 57 de la sentencia Super Bock plantea otro elemento pertinente, en la medida en que «la existencia de un “acuerdo”, en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, […] puede acreditarse no solo mediante pruebas directas, sino también sobre la base de coincidencias e indicios concordantes, puesto que de ello puede inferirse que un proveedor haya invitado a sus distribuidores a seguir [una determinada condición] y que, en la práctica, estos últimos hayan respetado [la condición] indicad[a] por el proveedor» (el subrayado es mío).
76.
De ello se deduce que, en el presente asunto —en el que no parece que haya condiciones contractuales directas o explícitas o pruebas directas del acuerdo entre Cono y sus compradores—, procede examinar en qué podrían consistir esas «coincidencias e indicios concordantes» que permitan inferir, en el caso de una prohibición de venta activa en un territorio reservado en exclusiva, que el proveedor (Cono) ha invitado a sus otros distribuidores o compradores a seguir tal prohibición y que estos últimos han respetado, en la práctica, dicha prohibición.
77.
Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente deberá examinar los hechos relativos a dos elementos, que están relacionados entre sí y son acumulativos, en la medida en que, si ambos concurren, acreditan conjuntamente la existencia de una voluntad concordante y, en consecuencia, de un acuerdo en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1.
78.
El primer elemento es «la invitación», es decir, si el proveedor (Cono) instó expresa o implícitamente a los otros compradores a abstenerse de realizar ventas activas en el territorio reservado en exclusiva. Tal invitación puede adoptar distintas formas. Por ejemplo, podría haberse realizado mediante una comunicación específica a esos otros compradores (a través de correos electrónicos, cartas, cláusulas contractuales, requerimientos, medidas de represalia u otras acciones similares), en la que Cono les instase a respetar el territorio reservado en exclusiva y la prohibición de venta activa so pena de adoptar medidas de represalia. La invitación también puede hacerse de algún otro modo, esto es, mediante la inclusión de menciones o condiciones específicas en los términos y condiciones generales del proveedor, que podrían, por ejemplo, adjuntarse a la factura enviada a sus distribuidores o compradores o ponerse a su disposición de cualquier otro modo.
79.
Considero que es posible establecer aquí un paralelismo con el apartado 52 de la sentencia Super Bock, que podría interpretarse en el sentido de que el proveedor debe informar de manera proactiva y clara a sus distribuidores o compradores de que utiliza un sistema de distribución exclusiva y de la prohibición de venta activa y controlar que respetan dicho sistema. (
38
) Por ejemplo, el proveedor debe informar a todos sus compradores en el momento de conceder la exclusividad y cada vez que designe a un nuevo distribuidor o comprador, así como indicarles claramente que cada uno de ellos está obligado a respetar este sistema.
80.
De ello se deduce que, para determinar la existencia de «una invitación», tendría que demostrarse la intención manifiesta de Cono de proteger a Beevers Kaas en el territorio reservado en exclusiva e indicar qué comportamiento específico esperaba Cono de sus otros compradores.
81.
El segundo elemento es «la aceptación», o el consentimiento, por parte de los otros compradores, de la prohibición de venta activa antes mencionada. Este también puede resultar de diversos elementos, como un reconocimiento explícito de dicha prohibición (mediante un intercambio de cartas, notas internas en el contexto de negociaciones contractuales) o una forma implícita de reconocimiento. Un reconocimiento implícito puede manifestarse, por ejemplo, mediante el cese o la ausencia de ventas activas por parte de los otros compradores en el territorio reservado en exclusiva, o mediante la renuncia de los compradores a continuar con tales ventas tras la notificación del proveedor. También puede demostrarse por la falta de impugnación por parte de dichos compradores de la prohibición de venta activa en dicho territorio o la aceptación de las condiciones generales, que hacen referencia a dicha prohibición.
82.
A fin de establecer un reconocimiento implícito, las «coincidencias e indicios concordantes» antes mencionados deben demostrar claramente la voluntad de los demás distribuidores o compradores de aceptar la invitación del proveedor a respetar y cumplir el sistema de distribución exclusiva. Así sucedería en una situación en la que los distribuidores o compradores fueran informados, pero optaran por no oponerse a este sistema y lo consintieran.
83.
De la resolución de remisión no se desprende que ningún otro comprador (con excepción de las sociedades Albert Heijn) haya infringido o impugnado la prohibición de venta activa. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si esta circunstancia basta por sí sola para demostrar que los otros compradores prestaron su consentimiento a la eventual invitación de Cono.
84.
A este respecto, como ha señalado la Comisión, la circunstancia —que se desprende de los autos remitidos al Tribunal de Justicia— de que ninguno de los otros compradores de Cono realizara ventas activas de queso Beemster en Bélgica constituye un dato pertinente que el órgano jurisdiccional remitente puede tener en cuenta en su apreciación como una de las coincidencias e indicios.
85.
Sin embargo, tal circunstancia no es, en sí misma, suficiente o necesaria a tal efecto. (
39
) Para demostrar que existió un acuerdo en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, no basta con constatar la inactividad de los otros compradores. Antes bien, debe demostrarse su voluntad de consentir. A este respecto, la cuestión de si un distribuidor o comprador está efectivamente en condiciones de entrar en el mercado del territorio reservado en exclusiva podría formar parte de la apreciación.
86.
Podría apreciarse, por ejemplo, si los otros compradores del proveedor se quejaron o impugnaron la prohibición de venta activa en el territorio reservado en exclusiva (
40
) y si, como consecuencia de ello, modificaron su comportamiento. Sin embargo, aun cuando uno o varios compradores se hubieran quejado o hubieran impugnado dicha prohibición, este dato no sería, en sí mismo, revelador de la inexistencia del consentimiento tácito, si, no obstante, hubieran seguido respetando la prohibición de venta activa. (
41
)
87.
En otras palabras, considero que la mera inexistencia de ventas por parte de los otros compradores en el territorio reservado en exclusiva no basta para demostrar que dichos compradores dieron su consentimiento a la invitación de Cono.
88.
De las consideraciones anteriores se desprende que el requisito de la imposición paralela se cumple si puede demostrarse que existía un acuerdo entre el proveedor y sus otros compradores, a saber, en primer lugar, que el proveedor invitó expresa o implícitamente a estos otros compradores a aceptar la prohibición de venta activa en el territorio reservado en exclusiva y, en segundo lugar, que los demás compradores expresaron, al menos tácitamente, su voluntad de consentir dicha prohibición, lo que debe demostrarse sobre la base de coincidencias e indicios concordantes.
3. Respuesta a la primera cuestión prejudicial
89.
De ello se desprende que el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 debe interpretarse en el sentido de que el requisito de la imposición paralela forma parte integrante de dicho artículo y la mera constatación de que otros compradores no realizan ventas activas en el territorio asignado en exclusiva a un comprador determinado no basta para demostrar la existencia de un acuerdo entre un proveedor y sus compradores en relación con una prohibición de venta activa en dicho territorio. Para demostrar la existencia de tal acuerdo es necesario, en primer lugar, que el proveedor haya invitado expresa o implícitamente a esos otros compradores a comportarse en el mercado de una determinada manera claramente definida, es decir, a no realizar ventas activas en el territorio reservado en exclusiva y, en segundo lugar, que los compradores hayan manifestado, al menos tácitamente, su voluntad de consentir dicha prohibición, lo que debe acreditarse sobre la base de coincidencias e indicios concordantes.
B.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
1. Examen de la segunda cuestión prejudicial
90.
La segunda cuestión prejudicial se refiere al momento pertinente en el que debe manifestarse el consentimiento de los otros compradores, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de acuerdo en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1. En particular, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si basta con que el proveedor demuestre que sus otros compradores aceptaron la prohibición de venta activa solo en el caso de que dichos compradores mostraran la intención de vender activamente en el territorio reservado en exclusiva.
91.
De la resolución de remisión se desprende que esta cuestión se plantea en un contexto en el que, aparte de las sociedades Albert Heijn, los distribuidores o compradores de Cono no parecen haber mostrado nunca su disposición a realizar ventas activas en Bélgica. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, a efectos de la aplicación del artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010, basta con que Cono proteja a Beevers Kaas de las ventas activas de dichos distribuidores o compradores solo si se dispusieran a hacerlo en el futuro, y en esa medida, o si dicha protección debe garantizarse desde el momento en que Cono celebra un acuerdo con esos otros distribuidores o compradores.
92.
Como se ha expuesto en el punto 51 de las presentes conclusiones, el requisito de la imposición paralela implica que el distribuidor exclusivo esté protegido en su territorio frente a las ventas activas de todos los demás compradores del proveedor dentro de la Unión.
93.
De la respuesta que propongo dar a la primera cuestión prejudicial se desprende que este requisito solo se cumple en la medida en que los otros compradores consientan, expresa o tácitamente, la prohibición de vender activamente en el territorio reservado en exclusiva. Por razones de previsibilidad y habida cuenta del principio de seguridad jurídica, debe existir una concomitancia temporal suficiente entre el momento en que el proveedor formula la prohibición de venta activa y el momento en que los otros compradores consienten dicha prohibición.
94.
A tal fin, debe demostrarse, sobre la base de todos los elementos de prueba (como se ha expuesto en los puntos 76 a 83 de las presentes conclusiones), que hubo un acuerdo en relación con la prohibición de venta activa. Como he explicado en el punto 34 de las presentes conclusiones, el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 establece una excepción (a una excepción) y, por lo tanto, debe interpretarse de manera restrictiva. Además, adoptar un enfoque demasiado indulgente con respecto al requisito de la imposición paralela y a las prohibiciones de venta activa no está justificado, dado que, por otra parte, lo que está en juego constituye una restricción especialmente grave del Derecho de la competencia de la Unión.
95.
De ello se deduce que, para cumplir el requisito de la imposición paralela, no basta —a efectos de determinar la existencia de un acuerdo en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1—, con que el proveedor pueda demostrar que sus otros compradores han dado su consentimiento a la prohibición de venta activa solo en el caso de que fueran a realizar dichas ventas en el territorio reservado en exclusiva.
96.
Así, mientras el proveedor no haya obtenido tal consentimiento de los otros compradores, no se cumplen los requisitos previstos en el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 para que el acuerdo esté amparado por la exención por categorías.
97.
En otras palabras, como ha señalado la Comisión, estos requisitos solo se cumplirán si otros compradores han dado su consentimiento a la prohibición de venta activa en el territorio reservado en exclusiva, y a partir de ese momento, y no durante un período anterior. Por consiguiente, si el proveedor no obtiene tal consentimiento hasta el momento «X», en el que un empresario está a punto de realizar ventas activas en el territorio reservado en exclusiva, el beneficio de la exención por categorías prevista en el Reglamento n.o 330/2010 no se aplica durante el período anterior al momento «X».
98.
A este respecto, es preciso distinguir entre, por una parte, la existencia de tal consentimiento y, por otra parte, los elementos necesarios para probarla.
99.
Este último aspecto es una cuestión de hecho que debe examinarse caso por caso, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes.
100.
Por lo tanto, incumbe al proveedor demostrar que se cumple este requisito con respecto a todos sus demás compradores, en principio, durante todo el período respecto al cual invoque el beneficio de la exención por categorías prevista por el Reglamento n.o 330/2010. (
42
)
2. Respuesta a la segunda cuestión prejudicial
101.
De ello se deduce que el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un proveedor ha asignado un territorio en exclusiva a un comprador determinado, no basta, a efectos de la aplicación de dicha disposición, con que ese proveedor pueda demostrar que sus otros compradores consienten la restricción de las ventas activas en el territorio asignado en exclusiva solo en el caso de que esos compradores fueran a realizar ventas activas en ese territorio. En cambio, a efectos de la aplicación de esta disposición, el proveedor debe demostrar que se cumple el requisito de la imposición paralela respecto de todos sus demás compradores en el EEE durante todo el período para el que solicita acogerse a la exención por categorías prevista por el Reglamento n.o 330/2010.
C.
Observaciones finales
102.
En aras de la exhaustividad, me parece oportuno formular algunas observaciones finales.
103.
Corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente determinar la calificación jurídica de los acuerdos controvertidos en el litigio principal a la luz de todas las precisiones anteriores.
104.
A continuación, si el órgano jurisdiccional remitente llegara a la conclusión de que el artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010 no es aplicable al presente asunto, debería determinar si el acuerdo de distribución exclusiva restringe la competencia en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, y, en caso afirmativo, si se cumplen las condiciones de la excepción establecida en el apartado 3 de dicho artículo. (
43
)
105.
En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente debería llevar a cabo una apreciación individual del acuerdo vertical controvertido para determinar si está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1, y, en caso afirmativo, si restringe la competencia por el objeto o por el efecto, de conformidad con los criterios establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (
44
)
106.
En segundo lugar, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente concluya que el acuerdo restringe la competencia en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, dicho acuerdo podría, no obstante, ser compatible con el artículo 101 TFUE siempre que las partes demuestren que cumple los cuatro requisitos acumulativos establecidos en su apartado 3. (
45
)
107.
Como ha señalado la Comisión, el órgano jurisdiccional remitente debería entonces sopesar los aspectos favorables a la competencia y contrarios a la competencia del acuerdo en el marco específico de apreciación derivado del artículo 101 TFUE, apartado 3, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes.
108.
El órgano jurisdiccional remitente debería evaluar, en particular, la posición de los competidores de Cono, el poder adquisitivo, la dinámica del mercado, la naturaleza del producto y el nivel de actividad de las partes. También tendría que determinar si el acuerdo por el que se prohíbe a determinados distribuidores realizar ventas activas en un territorio asignado en exclusiva a otro distribuidor (Beevers Kaas) genera aumentos de eficiencia en el sentido de que este último debe realizar inversiones (por ejemplo, en equipos específicos, técnicas o conocimientos) para incrementar las ventas del producto distribuido en ese territorio, y si es necesaria una protección contra las ventas activas de otros distribuidores en dicho territorio para estimular tales inversiones.
V. Conclusión
109.
Propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Hof van beroep te Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica) del siguiente modo:
«1)
El artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento (UE) n.o 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101 [TFUE], apartado 3, a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas,
debe interpretarse en el sentido de que
el requisito de la imposición paralela forma parte integrante de dicho artículo y la mera constatación de que otros compradores no realizan ventas activas en el territorio asignado en exclusiva a un comprador determinado no basta para demostrar la existencia de un acuerdo entre un proveedor y sus compradores en relación con una prohibición de venta activa en dicho territorio. Para demostrar la existencia de tal acuerdo, es necesario, en primer lugar, que el proveedor haya invitado expresa o implícitamente a esos otros compradores a comportarse en el mercado de una determinada manera claramente definida, es decir, a no realizar ventas activas en el territorio reservado en exclusiva y, en segundo lugar, que los compradores hayan manifestado, al menos tácitamente, su voluntad de consentir dicha prohibición, lo que debe acreditarse sobre la base de coincidencias e indicios concordantes.
2)
El artículo 4, letra b), inciso i), del Reglamento n.o 330/2010
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando un proveedor ha asignado un territorio en exclusiva a un comprador determinado, no basta, a efectos de la aplicación de dicha disposición, con que ese proveedor pueda demostrar que sus otros compradores consienten la restricción de las ventas activas en el territorio asignado en exclusiva solo en el caso de que esos compradores fueran a realizar ventas activas en ese territorio. En cambio, a efectos de la aplicación de esta disposición, el proveedor debe demostrar que se cumple el requisito de la imposición paralela respecto de todos sus demás compradores en el Espacio Económico Europeo durante todo el período para el que solicita acogerse a la exención por categorías prevista por el Reglamento n.o 330/2010.»
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	Reglamento de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101 [TFUE], apartado 3, a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO 2010, L 102, p. 1).
(
3
)	El queso Beemster es un queso duro elaborado con leche de vaca. Su sabor característico proviene de sus ingredientes (leche de vacas alimentadas con pasto que crece sobre arcilla marina en un pólder situado cuatro metros por debajo del nivel del mar en los Países Bajos), así como del hecho de que parte del proceso de producción (el batido de la cuajada) se realiza manualmente y los quesos se maduran en condiciones cambiantes.
(
4
)	Reglamento de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 [CE] a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO 1999, L 336, p. 21).
(
5
)	Reglamento de la Comisión, de 10 de mayo de 2022, relativo a la aplicación del artículo 101 [TFUE], apartado 3, a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO 2022, L 134, p. 4).
(
6
)	DO 2010, C 130, p. 1; en lo sucesivo, «Directrices de 2010».
(
7
)	En principio, un «comprador» ofrece sus productos directamente al consumidor, mientras que un «distribuidor» ofrece sus productos a otras empresas. Utilizaré ambos términos indistintamente, ya que el presente asunto no depende de su distinción.
(
8
)	Sentencia de 8 de diciembre de 2005, Jyske Finans (C‑280/04, EU:C:2005:753), apartado 34. Sobre este particular, véase Lenaerts, K., «Interpretation and the Court of Justice: A basis for comparative reflection», International Lawyer, vol. 41, n.o 4, 2007, p. 1011.
(
9
)	Véase la sentencia de 4 de marzo de 2020, Marine Harvest/Comisión (C‑10/18 P, EU:C:2020:149), apartado 58. Véase, asimismo, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2020, Land Hessen (C‑272/19, EU:C:2020:535), apartado 68.
(
10
)	El concepto de «ventas activas» se explica en el punto 9 de las presentes conclusiones. Se configura por oposición al concepto de «ventas pasivas», que consisten en la respuesta a pedidos no solicitados
activamente procedentes de clientes individuales, incluida la entrega de bienes o servicios a dichos clientes.
(
11
)	No obstante, esta prohibición no debe limitar las ventas realizadas por los clientes del comprador exclusivo en el territorio exclusivo.
(
12
)	Véase el punto 27 de las presentes conclusiones.
(
13
)	Comisión Europea, Wijckmans, F., y Jaques, S., Expert report on the review of the Vertical Block Exemption Regulation — Active sales restrictions in different distribution models and combinations of distribution models — Final report, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, 2021, p. 27 (en lo sucesivo, «Informe de expertos»); el subrayado es mío.
(
14
)	Véase el punto 51 de las Directrices de 2010.
(
15
)	Esta interpretación también puede deducirse del Informe de expertos, nota 13, op. cit., pp. 27 y 28.
(
16
)	En otras palabras, no solo es necesario que se asigne un territorio en exclusiva a un distribuidor/comprador, como Beevers Kaas, sino también que dicho distribuidor/comprador esté protegido frente a las ventas activas realizadas en dicho territorio por otros compradores. Sin esa protección, sería imposible de facto asignar un territorio en exclusiva, dado que, sin una prohibición de venta activa aplicable a los otros compradores y el acatamiento por parte de estos de tal prohibición, ese territorio carecería de todo carácter exclusivo.
(
17
)	Sentencia de 24 de febrero de 2000, Comisión/Francia (C‑434/97, EU:C:2000:98), apartado 21.
(
18
)	Véase el punto 164 de las Directrices de 2010: «La distribución exclusiva puede permitir eficiencias, sobre todo cuando se requieran inversiones de los distribuidores para proteger o crear la imagen de marca. En general, se dan más eficiencias en nuevos productos, en productos complejos y en productos cuyas cualidades sean difíciles de determinar antes del consumo ([…] productos de experiencia) o incluso después del consumo ([…] productos de confianza). […]»
(
19
)	Me refiero más bien a todos los demás compradores «en el EEE» que «en la Unión», ya que la resolución de remisión hace referencia a «las ventas activas de todos sus compradores del [EEE]» (el subrayado es mío).
(
20
)	Véase la sentencia de 26 de octubre de 2023, EDP — Energias de Portugal y otros (C‑331/21, EU:C:2023:812), apartados 82 y ss. Véanse, asimismo, las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Coty Germany (C‑230/16, EU:C:2017:603), punto 57, en relación con el mismo Reglamento y las mismas Directrices examinadas en el presente asunto: «no puede excluirse que el Tribunal de Justicia, en el marco de su labor de interpretación del Derecho de la Unión, haga suyas las orientaciones y apreciaciones jurídicas contenidas en estas directrices». Véase también la sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, EU:C:2005:408), apartados 210 y ss. (el Tribunal de Justicia señala que las comunicaciones de la Comisión, como sus directrices, están dirigidas a los operadores económicos, pretenden producir efectos externos, son de alcance general y pueden producir efectos jurídicos).
(
21
)	A tenor del artículo 1, letra h), del Reglamento 2022/720, se entenderá por «“sistema de distribución exclusiva”: un sistema de distribución en el que el proveedor se reserva un territorio o grupo de clientes exclusivamente a sí mismo o a un máximo de cinco compradores, y restringe la venta activa en el territorio exclusivo o al grupo exclusivo de clientes para el resto de sus compradores» (el subrayado es mío).
(
22
)	DO 2022, C 248, p. 1; en lo sucesivo, «Directrices de 2022»; punto 219.
(
23
)	Véase también Wijckmans, F., y Tuytschaever, F., «Active sales restrictions revisited», European Competition Law Review, vol. 25(2), 2004, p. 110.
(
24
)	Véase la resolución de remisión (versión lingüística original), páginas 19 y 20, apartado 2, segundo guion.
(
25
)	El Informe de expertos, nota 13, op. cit., p. 37, ofrece un ejemplo general de cláusula de prohibición de venta activa: «“el [comprador] ejercerá sus actividades en [los territorios]. El [comprador] no realizará ventas activas en territorios reservados en exclusiva al [proveedor], ni en ningún territorio asignado exclusivamente a otro comprador designado por el proveedor”».
(
26
)	Sentencia de 13 de julio de 2006, Comisión/Volkswagen (C‑74/04 P, EU:C:2006:460), apartado 37.
(
27
)	Ibidem, apartado 39 y jurisprudencia citada.
(
28
)	Sentencia de 6 de enero de 2004, BAI y Comisión/Bayer (C‑2/01 P y C‑3/01 P, EU:C:2004:2), apartados 100 a 102.
(
29
)	Ibidem, apartado 102.
(
30
)	Véase el punto 25 de las Directrices de 2010.
(
31
)	Sentencia de 29 de junio de 2023, Super Bock Bebidas (C‑211/22, en lo sucesivo, sentencia Super Bock, EU:C:2023:529).
(
32
)	Véase la sentencia Super Bock, apartados 47 a 50.
(
33
)	Ibidem, apartado 47.
(
34
)	Ibidem, apartado 48.
(
35
)	Ibidem, apartado 49.
(
36
)	Ibidem, apartado 50.
(
37
)	Véase el punto 25, letra a), de las Directrices de 2010.
(
38
)	El Tribunal de Justicia señala que el hecho de que un proveedor envíe regularmente a los distribuidores listas en las que se indican los PMR determinados por él y los márgenes de distribución, les pida que los respeten, bajo su supervisión, so pena de medidas de represalia y pueda aplicar márgenes de distribución negativos si no los respetan, deja de ser un comportamiento unilateral si los distribuidores hubieran respetado esos precios. El Tribunal de Justicia precisa asimismo que la circunstancia de que, en la práctica, dichos precios sean aplicados por los distribuidores o de que su indicación sea solicitada por estos últimos, quienes, pese a quejarse ante el proveedor de los precios indicados, no aplican otros por iniciativa propia, podría reflejar el consentimiento de los distribuidores a la determinación de PMR por el suministrador.
(
39
)	Véase la sentencia de 10 de febrero de 2011, Activision Blizzard Germany/Comisión (C‑260/09 P, EU:C:2011:62), apartado 82.
(
40
)	Véase la sentencia de 11 de enero de 1990, Sandoz Prodotti Farmaceutici/Comisión (C‑277/87, EU:C:1990:6), apartado 11.
(
41
)	Véase la sentencia Super Bock, apartado 52.
(
42
)	No obstante, cabe señalar que, según las Directrices de 2022 (punto 122), «cuando, por razones prácticas y no con el objetivo de impedir el comercio paralelo, el territorio o el grupo de clientes exclusivo no estén protegidos de las ventas activas de determinados compradores durante un período temporal, por ejemplo, cuando el proveedor modifique el sistema de distribución exclusiva y necesite tiempo para renegociar las restricciones de las ventas activas con determinados compradores, el sistema de distribución exclusiva puede seguir beneficiándose de la exención prevista en el artículo 2, apartado 1, del [Reglamento 2022/720]». De ese punto de las Directrices de 2022 se desprende que el período considerado se limita al tiempo necesario para que se cumpla la condición del requisito de la imposición paralela.
(
43
)	Véase el punto 47 de las Directrices de 2010.
(
44
)	Véanse las sentencias Super Bock, apartados 37 a 42, y de 18 de noviembre de 2021, Visma Enterprise (C‑306/20, EU:C:2021:935), apartados 54 a 82.
(
45
)	Véanse las Directrices de 2022, puntos 125 a 140.