62023CJ0540
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 5 de febrero de 2026 (
*1
)
«Recurso de casación — Acceso a los documentos — Reglamento (CE) n.o 1049/2001 — Artículo 4, apartado 3, párrafo segundo — Protección del proceso de toma de decisiones — Negativa a divulgar documentos relativos a los votos de los Estados miembros sobre la modificación del anexo III del Reglamento (CE) n.o 1925/2006 — Reglamento (UE) n.o 182/2011 — Comitología — Decisión 1999/468/CE — Procedimiento de reglamentación con control — Adhesión a la casación»
En el asunto C‑540/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 23 de agosto de 2023,
Comisión Europea, representada inicialmente por el Sr. Ș. Ciubotaru, la Sra. C. Ehrbar y el Sr. A. Spina, y posteriormente por la Sra. C. Ehrbar y el Sr. A. Spina, en calidad de agentes,
parte recurrente,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Covington & Burling LLP, con domicilio social en Saint-Josse-ten-Noode (Bélgica),
Bart Van Vooren, con domicilio en Meise (Bélgica),
representados por el Sr. P. Diaz Gavier, advocaat,
partes demandantes en primera instancia,
apoyados por
Reino de los Países Bajos, representado por las Sras. M. K. Bulterman, M. H. S. Gijzen y C. S. Schillemans, en calidad de agentes,
parte coadyuvante en casación,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (Ponente) y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de junio de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 14 de junio de 2023, Covington & Burling y Van Vooren/Comisión (T‑201/21, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:333), por la que este anuló la Decisión C(2021) 2541 final de la Comisión, de 7 de abril de 2021 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), en la medida en que, mediante esta última, dicha institución denegó, sobre la base del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO 2001, L 145, p. 43), el acceso a los documentos relativos a los votos individuales de los Estados miembros emitidos en el marco de un procedimiento de comitología para la modificación del anexo III del Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los alimentos (DO 2006, L 404, p. 26), en la medida en que se refiere a las especies botánicas que contienen derivados hidroxiantracénicos.
2
Mediante su adhesión a la casación, Covington & Burling LLP y el Sr. Bart Van Vooren (en lo sucesivo, «demandantes en primera instancia») solicitan la anulación de la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal General consideró que el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001 era aplicable al presente asunto.
Marco jurídico
Reglamento n.o 1049/2001
3
Según los considerandos 2 y 4 del Reglamento n.o 1049/2001:
«(2)
La apertura permite garantizar una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, así como una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la administración para con los ciudadanos en un sistema democrático. La apertura contribuye a reforzar los principios de democracia y respeto de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 6 [TUE] y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
[…]
(4)
El presente Reglamento tiene por objeto garantizar de la manera más completa posible el derecho de acceso del público a los documentos y determinar los principios generales y los límites que han de regularlo de conformidad con el apartado 2 del artículo 255 [CE].»
4
El artículo 1 de este Reglamento dispone:
«El objeto del presente Reglamento es:
a)
definir los principios, condiciones y límites, por motivos de interés público o privado, por los que se rige el derecho de acceso a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo [de la Unión Europea] y de la Comisión (en lo sucesivo denominadas “las instituciones”) al que se refiere el artículo 255 [CE], de modo que se garantice el acceso más amplio posible a los documentos;
[…]».
5
A tenor del artículo 4, apartados 1 y 3, de dicho Reglamento:
«1.   Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de:
[…]
b)
la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación comunitaria sobre protección de los datos personales.
[…]
3.   Se denegará el acceso a un documento elaborado por una institución para su uso interno o recibido por ella, relacionado con un asunto sobre el que la institución no haya tomado todavía una decisión, si su divulgación perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución, salvo que dicha divulgación revista un interés público superior.
Se denegará el acceso a un documento que contenga opiniones para uso interno, en el marco de deliberaciones o consultas previas en el seno de la institución, incluso después de adoptada la decisión, si la divulgación del documento perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución, salvo que dicha divulgación revista un interés público superior.»
Reglamento (CE) n.o 178/2002
6
El artículo 58 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO 2002, L 31, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (DO 2014, L 189, p. 1), dispone en su apartado 1, párrafo primero:
«La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos […]. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO 2011, L 55, p. 13)]. […]»
Reglamento n.o 1925/2006
7
El artículo 8 del Reglamento n.o 1925/2006, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2019/650 de la Comisión, de 24 de abril de 2019 (DO 2019, L 110, p. 21), titulado «Sustancias sujetas a restricción, prohibición o control comunitario», dispone en sus apartados 1 y 2:
«1.   Se seguirá el procedimiento previsto en el presente artículo si se añade a los alimentos o se utiliza en la producción de alimentos una sustancia que no sea una vitamina ni un mineral, o un ingrediente que contenga una sustancia distinta de las vitaminas o los minerales, en condiciones que puedan dar lugar a la ingestión de cantidades de esta sustancia ampliamente superiores a las que puede esperarse razonablemente que se ingiera en condiciones normales de consumo en una dieta equilibrada y variada o que representen por otros motivos un riesgo potencial para la salud del consumidor.
2.   La Comisión, a iniciativa propia o basándose en la información facilitada por los Estados miembros, podrá adoptar una decisión destinada a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, después de que la Autoridad [Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)] evalúe en cada caso la información disponible, con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 14, apartado 3, con el fin de incluir, en caso necesario, la sustancia o el ingrediente en el anexo III. […]
[…]»
8
El artículo 14 del mismo Reglamento, que lleva por título «[Procedimiento de] Comité», establece:
«1.   La Comisión estará asistida por el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal establecido por el artículo 58, apartado 1, del Reglamento [n.o 178/2002].
[…]
3.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación el artículo 5 bis, apartados 1 a 4, y el artículo 7 de la Decisión 1999/468/CE [del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO 1999, L 184, p. 23)], observando lo dispuesto en su artículo 8.»
Reglamento n.o 182/2011
9
A tenor de los considerandos 6, 10 y 19 a 21 del Reglamento n.o 182/2011:
«(6)
Para los actos de base que requieran el control por parte de los Estados miembros de la adopción de los actos de ejecución por la Comisión, es conveniente que, a efectos de dicho control, se creen comités compuestos por los representantes de los Estados miembros y presididos por la Comisión.
[…]
(10)
Deben establecerse los criterios para determinar el procedimiento aplicable para que la Comisión adopte los actos de ejecución. Para lograr una mayor coherencia, los requisitos de procedimiento deben ser proporcionales a la naturaleza y a las repercusiones de los actos de ejecución que deban adoptarse.
[…]
(19)
Debe garantizarse el acceso público a la información sobre las deliberaciones del comité, de conformidad con el Reglamento [n.o 1049/2001].
(20)
La Comisión debe mantener un registro que contenga la información relativa a los procedimientos de comité. En consecuencia, deben aplicarse al uso del registro las normas relativas a la protección de los documentos clasificados aplicables a la Comisión.
(21)
Debe derogarse la Decisión [1999/468]. Para garantizar la transición entre el régimen establecido en la Decisión [1999/468] y el presente Reglamento, las referencias contenidas en la legislación existente a los procedimientos establecidos en dicha Decisión, con la excepción del procedimiento de reglamentación con control establecido en su artículo 5 bis, deben considerarse referencias a los procedimientos correspondientes establecidos en el presente Reglamento. Los efectos del artículo 5 bis de la Decisión [1999/468] deben mantenerse provisionalmente en lo que respecta a los actos de base existentes que se refieren a dicho artículo.»
10
El artículo 2 de este Reglamento, que lleva por título «Selección del procedimiento», establece en su apartado 2:
«El procedimiento de examen se aplicará, en particular, a la adopción de:
a)
actos de ejecución de alcance general;
[…]».
11
A tenor del artículo 3 de dicho Reglamento, titulado «Disposiciones comunes»:
«1.   Las disposiciones comunes establecidas en el presente artículo se aplicarán a todos los procedimientos mencionados en los artículos 4 a 8.
2.   La Comisión estará asistida por un comité compuesto por representantes de los Estados miembros. El comité estará presidido por un representante de la Comisión. […]
3.   El presidente presentará al comité el proyecto de acto de ejecución que la Comisión deba adoptar.
[…]
4.   Hasta que el comité emita un dictamen, cualquiera de sus miembros podrá sugerir modificaciones, y el presidente podrá presentar versiones modificadas del proyecto de acto de ejecución.
El presidente procurará hallar soluciones que reciban el apoyo más amplio posible en el comité. […]
5.   En casos debidamente justificados, el presidente podrá obtener el dictamen del comité mediante un procedimiento escrito. El presidente enviará a los miembros del comité el proyecto de acto de ejecución y fijará el plazo para la emisión del dictamen en función de la urgencia del asunto. Se considerará que los miembros del comité que no se hayan opuesto al proyecto de acto de ejecución ni abstenido expresamente de votarlo antes de la expiración de dicho plazo han otorgado su acuerdo tácito al proyecto de acto de ejecución.
[…]
6.   El dictamen del comité se hará constar en el acta. […]
[…]»
12
El artículo 4 del mismo Reglamento, que lleva por título «Procedimiento consultivo», dispone:
«1.   Cuando se aplique el procedimiento consultivo, el comité emitirá su dictamen, procediendo, cuando sea necesario, a una votación. […]
2.   La Comisión decidirá sobre el proyecto de acto de ejecución que deberá adoptarse teniendo en cuenta en la mayor medida posible las conclusiones de los debates del comité y el dictamen emitido.»
13
En virtud del artículo 9 de dicho Reglamento, titulado «Reglamento interno»:
«1.   Cada comité aprobará su reglamento interno, por mayoría simple de sus miembros y a propuesta de su presidente, basándose en las normas estándar que la Comisión elaborará previa consulta con los Estados miembros. La Comisión publicará estas normas estándar en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los comités existentes adaptarán sus reglamentos internos a las normas estándar en la medida en que sea necesario.
2.   Serán aplicables a los comités los principios y las condiciones referentes al acceso público a los documentos y las normas sobre protección de datos aplicables a la Comisión.»
14
El artículo 10 del Reglamento n.o 182/2011, titulado «Información sobre las deliberaciones de los comités», establece:
«1.   La Comisión llevará un registro de las deliberaciones de los comités, que contendrá:
a)
una lista de los comités;
b)
los órdenes del día de las reuniones de los comités;
c)
las actas resumidas, junto con las listas de las autoridades y organizaciones a las que pertenezcan las personas designadas por los Estados miembros para representarlos;
d)
los proyectos de actos de ejecución sobre los que se solicita el dictamen de los comités;
e)
los resultados de las votaciones;
f)
los proyectos finales de los actos de ejecución conforme al dictamen de los comités;
g)
información sobre la adopción por la Comisión de los proyectos finales de los actos de ejecución, y
h)
datos estadísticos sobre el trabajo de los comités.
2.   La Comisión publicará también un informe anual sobre el trabajo de los comités.
3.   El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán acceso a la información mencionada en el apartado 1 de conformidad con las normas aplicables.
4.   Al mismo tiempo que se envían a los miembros de los comités, la Comisión pondrá a disposición del Parlamento Europeo y [del] Consejo los documentos a que se refiere el apartado 1, letras b), d) y f), y les informará, asimismo, de la disponibilidad de dichos documentos.
5.   Se harán públicas en el registro las referencias de todos los documentos mencionados en el apartado 1, letras a) a g), así como la información mencionada en el apartado 1, letra h).»
15
El artículo 11 de este Reglamento, titulado «Derecho de control del Parlamento Europeo y del Consejo», establece que, cuando el acto de base se adopte con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán indicar en todo momento a la Comisión que, en su opinión, un proyecto de acto de ejecución excede las competencias de ejecución establecidas en el acto de base, en cuyo caso la Comisión revisará el proyecto de acto correspondiente, teniendo en cuenta las posiciones expresadas.
16
A tenor del artículo 12 del mismo Reglamento:
«Queda derogada la Decisión [1999/468].
El artículo 5 bis de la Decisión [1999/468] seguirá surtiendo efecto con respecto a los actos de base existentes que hagan referencia a dicho artículo.»
17
El artículo 13 del mismo Reglamento, que lleva por título «Disposiciones transitorias: adaptación de los actos de base existentes», dispone:
«1.   Cuando los actos de base adoptados antes de la entrada en vigor del presente Reglamento establezcan el ejercicio de competencias de ejecución por la Comisión de conformidad con la Decisión [1999/468], se aplicarán las normas siguientes:
a)
cuando el acto de base haga referencia al artículo 3 de la Decisión [1999/468], se aplicará el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 4 del presente Reglamento;
[…]
e)
cuando el acto de base haga referencia a los artículos 7 y 8 de la Decisión [1999/468], se aplicarán los artículos 10 y 11 del presente Reglamento.
2.   Los artículos 3 y 9 del presente Reglamento se aplicarán a todos los comités existentes a los efectos del apartado 1.
[…]»
Decisión 1999/468
18
A tenor del considerando 7 bis de la Decisión 1999/468, en su versión modificada por la Decisión 2006/512/CE del Consejo, de 17 de julio de 2006 (DO 2006, L 200, p. 11):
«Es necesario aplicar el procedimiento de reglamentación con control para las medidas de alcance general que tengan por objeto modificar elementos no esenciales de un acto adoptado con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 251 [CE], incluso suprimiendo algunos de esos elementos, o completando el acto mediante la adición de nuevos elementos no esenciales. Dicho procedimiento debe ofrecer a las dos ramas de la autoridad legislativa la posibilidad de efectuar un control previo a la adopción de tales medidas. Los elementos esenciales de un acto legislativo solo pueden ser modificados por la propia autoridad legislativa con arreglo al Tratado».
19
El artículo 5 bis de esta Decisión, titulado «Procedimiento de reglamentación con control», establecía en sus apartados 1 a 4:
«1.   La Comisión estará asistida por un Comité de reglamentación con control compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2.   El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en los apartados 2 y 4 del artículo 205 [CE] para las decisiones que el Consejo debe adoptar a propuesta de la Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el seno del Comité se ponderarán de la forma establecida en el mencionado artículo. El presidente no tomará parte en la votación.
3.   Si las medidas previstas por la Comisión son conformes al dictamen del Comité, se aplicará el siguiente procedimiento:
a)
la Comisión presentará sin demora el proyecto de medidas al Parlamento Europeo y al Consejo, para su control;
b)
el Parlamento Europeo, pronunciándose por mayoría de los miembros que lo componen, o el Consejo, pronunciándose por mayoría cualificada, podrán oponerse a la adopción de dicho proyecto por la Comisión, justificando al mismo tiempo su oposición mediante la indicación de que el proyecto de medidas presentado por la Comisión rebasa las competencias de ejecución previstas en el acto de base, o que dicho proyecto no es compatible con el objetivo o el contenido del acto de base, o no respeta los principios de subsidiariedad o de proporcionalidad;
c)
si, en el plazo de tres meses a partir de su consulta, el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen al proyecto de medidas, estas no serán adoptadas por la Comisión. En este caso, la Comisión podrá presentar al Comité un proyecto de medidas modificado o presentar una propuesta legislativa sobre la base del Tratado;
d)
si, al término de dicho plazo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto al proyecto de medidas, estas serán adoptadas por la Comisión.
4.   Si las medidas previstas por la Comisión no son conformes al dictamen del Comité, o en ausencia de dictamen, se aplicará el siguiente procedimiento:
a)
la Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deben adoptarse y la transmitirá al mismo tiempo al Parlamento Europeo;
b)
el Consejo decidirá por mayoría cualificada sobre esta propuesta en un plazo de dos meses a partir de su consulta;
c)
si, en este plazo, el Consejo se opone por mayoría cualificada a las medidas propuestas, estas no serán aprobadas. […]
d)
si el Consejo prevé adoptar las medidas propuestas, las presentará sin demora al Parlamento Europeo. Si el Consejo no se pronuncia en el plazo de dos meses antes citado, la Comisión presentará sin demora las medidas al Parlamento Europeo;
e)
el Parlamento Europeo, pronunciándose por mayoría de los miembros que lo componen, en un plazo de cuatro meses a partir de la transmisión de la propuesta con arreglo a la letra a), podrá oponerse a la aprobación de las medidas de que se trate […];
f)
si, dentro de ese plazo, el Parlamento Europeo se opone a las medidas propuestas, estas no serán aprobadas. […]
g)
si, transcurrido el mencionado plazo, el Parlamento Europeo no se hubiere opuesto a las medidas propuestas, estas serán aprobadas por el Consejo o por la Comisión según proceda.»
Reglamento interno estándar
20
El artículo 10 del Reglamento interno estándar para los comités (DO 2011, C 206, p. 11; en lo sucesivo, «Reglamento interno estándar»), titulado «Actas y resúmenes de las reuniones», dispone en su apartado 2:
«A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento [n.o 182/2011], el presidente será responsable de redactar un resumen en el que se describan brevemente los distintos puntos del orden del día y los resultados de la votación sobre cualquier proyecto de acto de ejecución que se someta al Comité. En el resumen no se mencionará la posición individual de cada uno de los miembros del Comité en sus deliberaciones.»
21
El artículo 13 del Reglamento interno estándar, titulado «Acceso a los documentos y confidencialidad», establece:
«1.   Las solicitudes de acceso a los documentos del Comité se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento [n.o 1049/2001]. Corresponde a la Comisión decidir sobre las solicitudes de acceso a tales documentos de conformidad con su Reglamento Interno, modificado mediante la Decisión 2001/937/CE, CECA, Euratom [de la Comisión, de 5 de diciembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno (DO 2001, L 345, p. 94)]. […]
2.   Las deliberaciones del Comité serán confidenciales.
3.   Los documentos enviados a los miembros del Comité, a los expertos y a los representantes de terceras partes serán confidenciales […], salvo que se conceda acceso a ellos con arreglo al apartado 1 o sean hechos públicos de otro modo por la Comisión.
4.   Los miembros del Comité, los expertos y los representantes de terceras partes estarán obligados a respetar las obligaciones de confidencialidad expuestas en el presente artículo. El presidente se cerciorará de que los expertos y los representantes de terceras partes tengan conocimiento de las obligaciones de confidencialidad que han de respetar.»
Antecedentes del litigio
22
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 7 de la sentencia recurrida.
«2
El 4 de diciembre de 2020, las [partes demandantes en primera instancia] presentaron, a través del portal en línea de la Comisión, una solicitud de acceso a los documentos que contenían los votos emitidos por veintidós Estados miembros en el seno del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos — Sección Legislación Alimentaria General [Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feeds; en lo sucesivo, “Comité PAFF”]. Estos votos se emitieron a favor del proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo III del Reglamento [n.o 1925/2006], que dio lugar a la adopción del Reglamento (UE) 2021/468 de la Comisión, de 18 de marzo de 2021, por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.o 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las especies botánicas que contienen derivados hidroxiantracénicos (DO 2021, L 96, p. 6 […]).
3
El 11 de enero de 2021, la Dirección General (DG) de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión envió un escrito al “Sr. Bart Van Vooren Covington & Burling LLP” en respuesta a la solicitud de acceso a los documentos de 4 de diciembre de 2020.
4
En dicho escrito, la Comisión indicó que se habían identificado veintiún documentos […] en relación con la solicitud. Se denegó el acceso a esos documentos sobre la base de la excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones prevista en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento [n.o 1049/2001].
5
Mediante correo electrónico de 29 de enero de 2021, el Sr. Van Vooren presentó una solicitud confirmatoria con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001 tras la respuesta negativa inicial.
6
El 15 de febrero de 2021, la Comisión informó a las [partes demandantes en primera instancia], en un correo electrónico dirigido al Sr. Van Vooren, de que el plazo para la adopción de una decisión confirmatoria había sido ampliado en otros quince días laborables, es decir, hasta el 12 de marzo de 2021.
7
El 10 de marzo de 2021, la Comisión envió un nuevo correo electrónico a las [partes demandantes en primera instancia], indicando que no podía adoptar una decisión confirmatoria en el plazo ampliado.»
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
23
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 6 de abril de 2021, las partes demandantes en primera instancia interpusieron, ante la falta de respuesta explícita a la solicitud confirmatoria de 29 de enero de 2021, que se menciona en el apartado 5 de la sentencia recurrida, un recurso de anulación de la decisión implícita de la Comisión por la que se denegaba dicha solicitud. Pues bien, el 7 de abril de 2021, la Comisión adoptó y notificó al Sr. Van Vooren la Decisión controvertida, por la que confirmaba su negativa a conceder acceso a los documentos solicitados, basándose en la excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones, prevista en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001. Por otra parte, invocó la excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona, prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, para justificar su negativa a conceder el acceso a los datos personales que figuran en los documentos solicitados.
24
Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal General el 12 de abril de 2021, las partes demandantes en primera instancia, sobre la base del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, adaptaron su demanda para solicitar la anulación de la Decisión controvertida.
25
En apoyo de su recurso, estas partes demandantes invocaron cinco motivos, basados, el primero, invocado con carácter principal, en la infracción del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001; el segundo, en esencia, en la falta de acreditación de que la divulgación de los documentos solicitados perjudique el proceso de toma de decisiones y de la gravedad de dicho perjuicio; el tercero, en la invocación errónea por la Comisión del Reglamento n.o 182/2011 para justificar su denegación de acceso a los documentos solicitados; el cuarto, en la invocación errónea por la Comisión del Reglamento interno estándar para justificar su negativa a autorizar el acceso a los documentos solicitados, y, el quinto, en la violación del principio de transparencia y en el menoscabo de la legitimidad democrática de los actos de ejecución adoptados en virtud del procedimiento establecido por el Reglamento n.o 182/2011.
26
Más concretamente, en su primer motivo, las partes demandantes en primera instancia sostenían que, debido a su propio tenor, el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001 no era aplicable a su solicitud de acceso a los documentos. Por un lado, su solicitud se refería a los votos que habían emitido veintidós Estados miembros a favor del proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo III del Reglamento n.o 1925/2006 en lo que respecta a las especies botánicas que contienen derivados hidroxiantracénicos. Pues bien, según dichos demandantes, estos votos no constituían «deliberaciones y consultas previas», sino que eran el resultado de las mismas. En su opinión, tales votos habían sido «externos» al proceso de toma de decisiones «interno», el único protegido por la excepción en cuestión. Por otro lado, consideraban que un voto de este tipo no expresaba la opinión de un miembro individual de un comité, sino que era un acto por el que se ejercía un poder soberano en nombre de un Estado miembro.
27
A este respecto, el Tribunal General estimó que los documentos solicitados se habían elaborado en el marco del proceso de toma de decisiones que condujo a la adopción del Reglamento n.o 2021/468 y que se llevó a cabo sobre la base del artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.o 1925/2006, de conformidad con el procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 14, apartado 3, de dicho Reglamento y, por consiguiente, de conformidad con el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468. De la sentencia recurrida se desprende que, con arreglo al citado artículo, la Comisión presentó el proyecto de Reglamento que condujo a la adopción del Reglamento n.o 2021/468 al Comité PAFF, que emitió un dictamen favorable sobre dicho proyecto, que posteriormente fue sometido al Parlamento y al Consejo antes de ser adoptado por la Comisión.
28
El Tribunal General recordó que el Comité PAFF, compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión, es un comité permanente que, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento n.o 1925/2006, asiste a la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución. A este respecto, en los apartados 40 y 41 de la sentencia recurrida, consideró que, si bien es cierto que los votos de los Estados miembros son la expresión de sus derechos soberanos, estos se emitieron, no obstante, en el seno de dicho Comité, con el fin de permitir a la Comisión adoptar una posición, antes de que el proyecto de Reglamento que condujo a la adopción del Reglamento n.o 2021/468 se sometiera al Parlamento y al Consejo. Por lo tanto, tal y como se indica en los apartados 42 y 43 de la sentencia recurrida, el resultado de esos votos individuales influyó en el proceso interno de toma de decisiones de la Comisión y, por consiguiente, deben considerarse actos preparatorios del proyecto de Reglamento que dicha institución debía tener en cuenta en el marco de su proceso interno de toma de decisiones y, por ello, deben considerarse emitidos «en el marco de deliberaciones o consultas previas», en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001.
29
Así pues, al considerar que concurrían los requisitos de aplicabilidad de dicha disposición, el Tribunal General desestimó el primer motivo invocado por las partes demandantes en primera instancia. A este respecto, precisó, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que la cuestión de si los votos de los Estados miembros son, en sí mismos, deliberaciones o el resultado de deliberaciones carece de pertinencia, en la medida en que dichos votos constituyen, como mínimo, la última etapa de las deliberaciones llevadas a cabo en el seno de la Comisión. El Tribunal General invocó, a este respecto, la sentencia de 14 de septiembre de 2022, Pollinis France/Comisión (T‑371/20 y T‑554/20, EU:T:2022:556), que, según el apartado 45 de la sentencia recurrida, confirmó que, en casos debidamente justificados, la Comisión puede denegar el acceso a documentos relativos a la posición individual de los Estados miembros en el seno del Comité PAFF.
30
A continuación, el Tribunal General examinó conjuntamente los motivos segundo a quinto invocados con carácter subsidiario por las partes demandantes en primera instancia, en los que alegaban, en esencia, que la Comisión, por un lado, no había demostrado que la divulgación de los documentos solicitados perjudicara gravemente el proceso de toma de decisiones y, por otro lado, había incurrido en error de Derecho al considerar que la divulgación en cuestión no podía justificarse. Por último, invocaban la violación, por parte de la Comisión, del principio general de transparencia garantizado en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y el menoscabo de la legitimidad democrática de los actos de ejecución adoptados en virtud del procedimiento establecido por el Reglamento n.o 182/2011.
31
En primer lugar, el Tribunal General examinó las alegaciones formuladas por las partes demandantes en primera instancia para impugnar la Decisión controvertida, según la cual todo el marco jurídico aplicable a la comitología prevé claramente la confidencialidad de los votos individuales de los Estados miembros. Declaró, en el apartado 68 de la sentencia recurrida, que dicho marco jurídico no obstaculizaba el derecho de acceso a los documentos establecido por el Reglamento n.o 1049/2001 y no podía justificar, como tal, la existencia de un riesgo de perjuicio grave para el proceso de toma de decisiones de la Comisión.
32
Refiriéndose, en particular, en varias ocasiones, a la sentencia de 14 de septiembre de 2022, Pollinis France/Comisión (T‑371/20 y T‑554/20, EU:T:2022:556), el Tribunal General recordó, en primer término, en el apartado 59 de la sentencia recurrida, que, conforme a la jurisprudencia, la normativa de la Unión en materia de acceso a los documentos no puede justificar que una institución deniegue, por principio, el acceso a documentos relacionados con sus deliberaciones basándose en que dichos documentos contienen información relativa a la posición adoptada por los representantes de los Estados miembros.
33
Por lo que respecta, en segundo término, al Reglamento interno estándar, invocado por la Comisión en la Decisión controvertida, el Tribunal General consideró, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, que las disposiciones del Reglamento interno de un comité o incluso las del Reglamento interno estándar no permiten conceder a los documentos a los que se refiere una solicitud de acceso una protección que vaya más allá de lo previsto en el Reglamento n.o 1049/2001.
34
En tercer término, el Tribunal General estimó que la Comisión también se había basado erróneamente en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 182/2011 para justificar su denegación de acceso a los documentos solicitados. Según el apartado 67 de la sentencia recurrida, si bien es cierto que esta disposición solo prevé la llevanza de un registro de las deliberaciones del comité de que se trate para consignar el resultado total de las votaciones y no los votos individuales de los Estados miembros, no lo es menos que la citada disposición solo se refiere al contenido de dicho registro y no al acceso del público a los documentos correspondientes a esas deliberaciones.
35
En segundo lugar, por lo que respecta al riesgo que implica, según la Comisión, la divulgación de los documentos solicitados y, en particular, al riesgo de vulnerar la confianza mutua entre los Estados miembros en el marco del procedimiento de comitología, el Tribunal General consideró, en los apartados 73 y 74 de la sentencia recurrida, que las razones invocadas por la Comisión eran abstractas y se basaban en la premisa de que los procedimientos de comitología protegen la confidencialidad de las posiciones individuales de los Estados miembros, premisa que, según el Tribunal General, es errónea.
36
Así pues, el Tribunal General anuló la Decisión controvertida en la medida en que, mediante dicha Decisión, la Comisión denegó el acceso a los votos individuales de los representantes de los Estados miembros sobre la base del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001, y consideró que no era necesario examinar la cuestión de la existencia de un interés público superior que pudiera justificar la divulgación de los documentos solicitados o una eventual violación del principio de transparencia.
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
37
Mediante su recurso de casación, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Desestime todos los motivos admitidos por el Tribunal General en primera instancia.
–
Resuelva definitivamente el litigio.
–
Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.
–
Reserve la decisión sobre las costas del presente procedimiento, si devuelve el asunto al Tribunal General, o condene en costas a las partes demandantes en primera instancia, si el Tribunal de Justicia resuelve definitivamente el litigio.
38
Las partes demandantes en primera instancia solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Confirme la sentencia recurrida en su totalidad.
–
Condene en costas a la Comisión.
39
El Reino de los Países Bajos, cuya intervención en apoyo de las pretensiones de las partes demandantes en primera instancia se admitió mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 9 de febrero de 2024, solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación, confirme la sentencia recurrida en su totalidad y condene en costas a la Comisión.
40
Mediante su adhesión a la casación, las partes demandantes en primera instancia solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida, habida cuenta de que el Tribunal General declaró que el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001 era aplicable.
–
Resuelva él mismo definitivamente el asunto declarando que los votos individuales emitidos por los Estados miembros en el marco de un procedimiento de comitología deben hacerse públicos, sin excepción alguna.
–
Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.
–
Si devuelve el asunto al Tribunal General, reserve la decisión sobre las costas del presente procedimiento o, si resuelve definitivamente el litigio, condene en costas a la Comisión.
41
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime la adhesión a la casación.
–
Condene a las partes demandantes en primera instancia cargar con las costas de ambas instancias.
Sobre la adhesión a la casación
42
En apoyo de su adhesión a la casación, las partes demandantes en primera instancia invocan un motivo único, basado en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001 era aplicable en el presente caso, y solicitan, por tanto, la anulación de la sentencia recurrida en su totalidad.
Alegaciones de las partes
43
Mediante su motivo único de casación, las partes demandantes en primera instancia sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 35 a 47 de la sentencia recurrida, que los votos individuales de los Estados miembros emitidos en el seno del Comité PAFF deben considerarse emitidos en el marco de deliberaciones y consultas previas, en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001. Alegan que admitir que dichos votos forman parte de esas deliberaciones y consultas previas significa que solo el acto final de un proceso como el controvertido, a saber, en el presente asunto, el Reglamento n.o 2021/468, no está comprendido en el ámbito de aplicación de la citada disposición del Reglamento n.o 1049/2001.
44
Según las partes demandantes en primera instancia, en primer término, dichos votos no constituyen opiniones temporales que puedan cambiar en cualquier momento, sino el resultado de las deliberaciones. Tampoco constituyen deliberaciones internas ni consultas previas del Comité PAFF o de la Comisión, en la medida en que el acto de votar sobre una cuestión se produce una vez finalizadas las discusiones o deliberaciones sobre dicha cuestión. Pues bien, el tenor del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001 solo se refiere a las deliberaciones o consultas.
45
En segundo término, como se desprende de la sentencia de 21 de julio de 2011, Suecia/MyTravel y Comisión (C‑506/08 P, EU:C:2011:496), los votos no están comprendidos en la categoría de «opiniones para uso interno» contemplada en el artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001. Tampoco forman parte del tipo de opinión para el que es necesario que los miembros del Comité en cuestión dispongan de un «espacio de reflexión». Los votos individuales de los Estados miembros en el seno del Comité PAFF son la expresión de su soberanía y no votos «internos» de la Comisión o de dicho Comité.
46
En tercer término, a su juicio, a la luz del artículo 2 TUE, considerar que los votos individuales emitidos por los Estados miembros en el marco de un procedimiento de comitología están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001 menoscaba la legitimidad democrática de los actos de ejecución de la Unión. No solo se impide a los ciudadanos de la Unión Europea conocer el sentido del voto de esos Estados, sino que, en un caso como el presente, tampoco pueden controlar la legalidad de una decisión adoptada en el marco de un procedimiento como el controvertido.
47
La Comisión rebate estas alegaciones.
Apreciación del Tribunal de Justicia
48
Tal y como resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 1049/2001 establece una distinción clara en función de la circunstancia de que el procedimiento haya o no concluido. Por un lado, según el párrafo primero del citado apartado 3, está comprendido en el ámbito de aplicación de la excepción relativa a la protección del proceso de toma de decisiones cualquier documento elaborado por una institución para su uso interno o recibido por ella, relacionado con un asunto sobre el que la institución no haya tomado todavía una decisión (sentencia de 21 de julio de 2011, Suecia/MyTravel y Comisión, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, apartado 78).
49
Por otro lado, al considerar que, una vez adoptada la decisión, la exigencia de protección del proceso de toma de decisiones es menor (sentencia de 21 de julio de 2011, Suecia/MyTravel y Comisión, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, apartado 80), el legislador de la Unión, en el párrafo segundo de dicho apartado 3, limitó la invocación de la excepción prevista en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 1049/2001 mediante requisitos estrictos. En efecto, esta excepción comprende únicamente determinados tipos de documentos, a saber, los documentos que contengan opiniones para uso interno en el marco de deliberaciones o consultas previas en el seno de la institución de que se trate, y la justificación de la denegación de acceso a tales documentos consiste en que la divulgación pueda perjudicar «gravemente» el proceso de toma de decisiones de la institución (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de junio de 2012, Comisión/Agrofert Holding, C‑477/10 P, EU:C:2012:394, apartado 77).
50
No obstante, como señaló el Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, no es menos cierto que, como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, dicha excepción se aplica a cualquier documento que contenga tales opiniones (sentencia de 21 de julio de 2011, Suecia/MyTravel y Comisión, C‑506/08 P, EU:C:2011:496, apartado 93).
51
En el presente asunto, de las disposiciones que regulan el procedimiento en cuyo marco se emitieron los votos de los Estados miembros a que se refiere la solicitud de las partes demandantes en primera instancia se desprende que la emisión de esos votos constituyó una etapa del proceso de toma de decisiones en cuestión y que dichos votos deben considerarse opiniones para uso interno en el marco de deliberaciones o consultas previas en el seno de la Comisión, en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001.
52
Más concretamente, mediante estos votos, emitidos en el seno del Comité PAFF, los Estados miembros se manifestaron a favor de un proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo III del Reglamento n.o 1925/2006, que, en virtud del artículo 8, apartado 2, y del artículo 14, apartado 3, de dicho Reglamento, puede modificarse según el procedimiento de reglamentación con control regulado en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468.
53
Al término de la votación en el seno de dicho Comité, que asiste a la Comisión de conformidad con el artículo 58 del Reglamento n.o 178/2002 y con el artículo 5 bis, apartado 1, de la Decisión 1999/468, y habida cuenta del dictamen favorable de dicho Comité, la Comisión, en virtud del artículo 5 bis, apartado 3, letra a), de dicha Decisión, sometió este proyecto de Reglamento al Parlamento y al Consejo para su control.
54
Así pues, como declaró acertadamente el Tribunal General en el apartado 43 de la sentencia recurrida, los votos a los que se refiere la solicitud de las partes demandantes en primera instancia, sobre cuya base el Comité de que se trata emitió un dictamen antes de que la Comisión presentase su proyecto de Reglamento al Parlamento y al Consejo, constituyen «opiniones», en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001, que no pueden considerarse, como tales, el resultado último del proceso de toma de decisiones en cuestión.
55
En efecto, en primer lugar, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 62 de sus conclusiones, ningún elemento del Reglamento n.o 1049/2001 permite excluir del ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento los documentos que no se denominen «opiniones», pero que obren en poder de la institución de que se trate y se destinen a un uso interno en el marco de deliberaciones o consultas previas en el seno de esta. Por lo tanto, en la medida en que no puede negarse que los votos a que se refiere la solicitud de las partes demandantes en primera instancia concretaron las opiniones emitidas por los Estados miembros, en el seno del Comité PAFF, sobre las medidas previstas por la Comisión para modificar el anexo III del Reglamento n.o 1925/2006, debe considerarse que dichos votos constituyen opiniones, en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001.
56
En segundo lugar, del artículo 5 bis, apartados 3 y 4, de la Decisión 1999/468 se desprende que el dictamen favorable o desfavorable emitido por el comité de que se trate, en este caso el Comité PAFF, al término de la votación realizada por los representantes de los Estados miembros que lo componen, no es el elemento que pueda determinar si las medidas previstas por la Comisión serán adoptadas o no, dado que dicha institución está obligada, en cualquier caso, a presentar una propuesta de medidas al Parlamento y al Consejo con independencia del sentido del dictamen emitido por dicho comité.
57
Es cierto que, con arreglo al artículo 5 bis, apartado 3, de la Decisión 1999/468, cuando las medidas previstas por la Comisión se ajustan, como en el presente caso, al dictamen del comité, la Comisión «presentará sin demora» el proyecto de medidas al Parlamento y al Consejo para su control. No obstante, contrariamente a lo que parecen alegar las partes demandantes en primera instancia, el tenor de esta disposición no puede tener como consecuencia que varíe, en función del sentido del dictamen emitido por el comité de que se trate, el estatuto de dicho comité, que, de conformidad con el apartado 1 del citado artículo 5 bis, asiste a la Comisión, o la naturaleza de los votos emitidos por los Estados miembros en el seno de dicho comité. Así pues, no puede considerarse en ningún caso que estos votos conduzcan, por sí solos, a la adopción de un Reglamento modificativo como, en el presente caso, el Reglamento n.o 2021/468.
58
Estas consideraciones no quedan desvirtuadas por las alegaciones de las partes demandantes en primera instancia expuestas en el apartado 46 de la presente sentencia. En efecto, el hecho de que los votos emitidos por los Estados miembros en el marco de un proceso como el proceso de toma de decisiones invocado por la Comisión en el presente asunto estén comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001 no significa que, en general, los ciudadanos de la Unión no puedan conocer el sentido de esos votos, por lo que no puede considerarse que menoscabe la legitimidad democrática de los actos de ejecución de la Unión. A este respecto, procede recordar que, conforme a esa disposición, puede denegarse el acceso a un documento que contenga opiniones para uso interno, en el marco de deliberaciones o consultas previas en el seno de la institución, incluso después de adoptada la decisión, únicamente si la divulgación de dicho documento perjudica gravemente el proceso de toma de decisiones de la institución, salvo que su divulgación revista un interés superior.
59
Ahora bien, procede recordar que, tal y como señaló el Abogado General en el punto 67 de sus conclusiones, según su artículo 1, letra a), el Reglamento n.o 1049/2001, a la luz de su considerando 4, tiene por objeto conferir al público un derecho de acceso lo más amplio posible a los documentos de las instituciones. Si bien es cierto que este derecho está sujeto, incluso cuando se trata de documentos relacionados con la actividad de una institución en su calidad de legislador, a ciertas limitaciones basadas en razones de interés público o privado, no lo es menos que, dado que las excepciones invalidan, a este respecto, el principio del acceso más amplio posible del público a los documentos, deben interpretarse y aplicarse de manera estricta (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de enero de 2025, Comisión/Pollinis France, C‑726/22 P, EU:C:2025:17, apartado 62 y jurisprudencia citada).
60
Habida cuenta de todo lo anterior, procede desestimar el motivo único invocado por las partes demandantes en primera instancia y, en consecuencia, la adhesión a la casación en su totalidad.
Sobre el recurso de casación principal
61
En apoyo de su recurso de casación, la Comisión invoca dos motivos, basados, el primero, en un error de Derecho cometido por el Tribunal General al declarar que el marco jurídico aplicable a la comitología no era pertinente en el marco del examen de la cuestión de si la divulgación de los documentos solicitados perjudica gravemente el proceso de toma de decisiones de la citada institución, en el sentido del artículo 4, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1049/2001, y, el segundo, en un error de Derecho cometido por el Tribunal General al estimar que, en el marco de dicho examen, no apreció, de manera global, todos los factores pertinentes.
Primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
62
El primer motivo de casación se divide en dos partes.
63
Mediante la primera parte del primer motivo de casación, la Comisión aduce que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al aplicar el principio de interpretación coherente del Reglamento n.o 1049/2001 con otras normas sectoriales que no se refieren directamente al acceso a los documentos y que, por tanto, incumplió su obligación de motivación.
64
Refiriéndose, más concretamente, a los apartados 64 y 67 de la sentencia recurrida, la Comisión considera que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 182/2011 y el artículo 10, apartado 2, del Reglamento interno estándar no eran pertinentes en materia de acceso a los documentos. En su opinión, estas disposiciones son pertinentes para la aplicación de la excepción prevista en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 1049/2001 y deberían haberse tenido en cuenta al analizar la existencia de un riesgo de perjuicio para el proceso de toma de decisiones de dicha institución. En apoyo de estas afirmaciones, la Comisión invoca las sentencias de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376), apartados 58 y 59; de 21 de septiembre de 2010, Suecia y otros/API y Comisión (C‑514/07 P, C‑528/07 P y C‑532/07 P, EU:C:2010:541), apartados 79 y siguientes; de 28 de junio de 2012, Comisión/Agrofert Holding (C‑477/10 P, EU:C:2012:394), y de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión (C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738), apartados 59 a 64.
65
A la vista de estas sentencias, la Comisión considera que el hecho de que las normas de comitología prevean que las actas resumidas de las deliberaciones realizadas sobre la base de dichas normas deben mencionar el resultado de las votaciones sin indicar las posiciones individuales de los miembros forma parte de las «razones objetivas» pertinentes que deben tenerse en cuenta en la apreciación concreta de la confidencialidad de los documentos relativos a los votos individuales. En la medida en que el Tribunal General no explicó las razones por las que se apartó de las sentencias mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia, la Comisión estima que, además, incumplió su obligación de motivación.
66
Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, la Comisión alega que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 13 del Reglamento interno estándar. Citando, en particular, los apartados 66 y 67 de la sentencia recurrida, sostiene, en esencia, que, si no se tuvieran debidamente en cuenta las normas de comitología, estas quedarían sin objeto. Pues bien, a su juicio, la interpretación realizada por el Tribunal General del artículo 13 del Reglamento interno estándar es contraria a su tenor y al tenor del artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento, ya que estas dos disposiciones reflejan el carácter sensible de las posiciones individuales expresadas por los Estados miembros.
67
De la lectura conjunta de estas disposiciones y del artículo 10 del Reglamento n.o 182/2011, al que remite el artículo 10, apartado 2, del Reglamento interno estándar, se desprende claramente que se considera que las posiciones individuales de los miembros del comité de que se trate, así como los documentos transmitidos a dichos miembros, contienen información sensible. A este respecto, la Comisión subraya la diferencia entre, por un lado, el apartado 2 del artículo 13 del Reglamento interno estándar, que se formula en términos absolutos, y, por otro lado, el apartado 3 del artículo 13 de dicho Reglamento, que menciona expresamente las excepciones relativas a los documentos intercambiados con representantes de terceros en el seno de los comités de comitología. Aun admitiendo que «el principio rector es la transparencia», la Comisión considera que de esta diferencia y de las disposiciones del Reglamento n.o 182/2011 se desprende que el legislador de la Unión pretendió conferir una mayor protección a las «deliberaciones» que tienen lugar en el marco del procedimiento de comitología, así como a las posiciones individuales expresadas por los miembros de dichos comités. Estas normas no pueden excluirse por el mero hecho de que los documentos intercambiados en el marco de los procedimientos de comitología estén comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1049/2001.
68
Por otra parte, remitiéndose al apartado 63 de la sentencia recurrida, la Comisión sostiene que normas como el artículo 339 TFUE no constituyen una lex specialis que permita obviar los requisitos establecidos en el Reglamento n.o 1049/2001, pero pueden y deben tenerse en cuenta en el marco de su aplicación, ya que dicho Reglamento no establece previamente e in abstracto un nivel particular de transparencia aplicable a las actividades de la Unión y no limita los diferentes elementos de hecho o de Derecho que pueden tomarse en consideración para demostrar in concreto que la divulgación de un documento puede perjudicar los intereses que pueden quedar protegidos por su artículo 4.
69
Por último, la Comisión alega que, por las mismas razones que se exponen en los apartados 66 a 68 de la presente sentencia, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir, en los apartados 73 a 76 de la sentencia recurrida, que la Comisión se basó en una motivación abstracta, relativa a la preservación de la cooperación entre los Estados miembros en el marco de los procedimientos de comitología en general.
70
Las partes demandantes en primera instancia, apoyadas por el Reino de los Países Bajos, rebaten esta argumentación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
71
Mediante las dos partes de su primer motivo de casación, que procede examinar conjuntamente, la Comisión rebate, en esencia, por un lado, la interpretación realizada por el Tribunal General de las disposiciones del Reglamento n.o 182/2011 y del Reglamento interno estándar. Según esta institución, estas disposiciones consagran la confidencialidad de las deliberaciones de un comité como el Comité PAFF y, en particular, la confidencialidad de las posiciones expresadas por los Estados miembros en su seno. Por otro lado, la Comisión rebate la correlación establecida por el Tribunal General entre estas disposiciones y las del Reglamento n.o 1049/2001.
72
Pues bien, mediante estas alegaciones, la Comisión solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que reconozca, en el presente asunto, la existencia de una presunción general de confidencialidad y, por tanto, de no divulgación de determinados documentos comprendidos en los procedimientos de comitología, en particular de los documentos relativos a las posiciones individuales de los Estados miembros expresadas en las deliberaciones de comités como el Comité PAFF.
73
A este respecto, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia, para justificar la denegación de acceso a un documento cuya divulgación se ha solicitado, no basta, en principio, con que dicho documento esté incluido en el ámbito de una actividad mencionada en el artículo 4, apartado 3, del Reglamento n.o 1049/2001. La institución de que se trate debe explicar también de qué modo el acceso al citado documento puede menoscabar concretamente el interés protegido por la excepción prevista en dicho artículo e invocada por dicha institución (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, apartado 53, y de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, apartado 64 y jurisprudencia citada).
74
El Tribunal de Justicia ha reconocido que la institución de la Unión interesada puede basarse, a este respecto, en presunciones generales que se apliquen a determinadas categorías de documentos, toda vez que pueden aplicarse consideraciones de carácter general similares a solicitudes de divulgación de documentos de igual naturaleza (sentencia de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, apartado 65 y jurisprudencia citada).
75
Sin embargo, el reconocimiento de tales presunciones generales en favor de una nueva categoría de documentos exige que se demuestre con carácter previo que la divulgación de documentos de esa categoría puede perjudicar efectivamente, de forma razonablemente previsible, el interés protegido por la excepción en cuestión. Además, dado que las presunciones generales constituyen una excepción a la obligación de examen concreto e individual por la institución de la Unión interesada de cada documento al que se solicita acceso y, de manera más general, al principio del acceso más amplio posible del público a los documentos en poder de las instituciones de la Unión, dichas presunciones generales deben interpretarse y aplicarse de modo estricto (sentencia de 4 de septiembre de 2018, ClientEarth/Comisión, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, apartado 80 y jurisprudencia citada).
76
En una situación de este tipo, el reconocimiento de una presunción general según la cual la divulgación de documentos de determinada naturaleza perjudicaría, en principio, la protección de alguno de los intereses enumerados en el artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001 permite que la institución interesada tramite una solicitud global y responda a ella de una manera igualmente global (sentencia de 27 de febrero de 2014, Comisión/EnBW, C‑365/12 P, EU:C:2014:112, apartado 68 y jurisprudencia citada).
77
En el presente asunto, en primer lugar, como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado 67 de la sentencia recurrida, el artículo 9, apartado 2, del Reglamento n.o 182/2011, en relación con el considerando 19 de dicho Reglamento, precisa que el derecho de acceso a los documentos comprendidos en su ámbito de aplicación se ejerce en el marco del Reglamento n.o 1049/2001. A este respecto, como se desprende del mismo apartado de la sentencia recurrida, el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 182/2011, que se limita a enumerar los elementos que deben incluirse en el registro que se lleva de las deliberaciones de un comité como el Comité PAFF, carece de pertinencia, ya que esta disposición no contiene ninguna norma particular relativa al acceso a esa información o a otros documentos.
78
En segundo lugar, como recordó el Tribunal General en los apartados 63 a 68 de la sentencia recurrida, las disposiciones del Reglamento interno estándar tampoco pueden interpretarse en el sentido de que excluyan el acceso del público a las posiciones individuales de los Estados miembros. En particular, el hecho de que el artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento establezca que el resumen de las deliberaciones de los comités no mencionará esas posiciones individuales no puede prejuzgar en modo alguno, como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado 64 de dicha sentencia, el acceso del público, previa solicitud, a documentos que recojan esas posiciones individuales. Por su parte, el artículo 13 del citado Reglamento contiene disposiciones que regulan expresamente la relación entre este y el Reglamento n.o 1049/2001. En efecto, según el apartado 1 del citado artículo 13, la Comisión trata, sin excepción alguna, las solicitudes de acceso a los documentos de los comités de conformidad con el Reglamento n.o 1049/2001.
79
Es cierto que, como subrayó el Tribunal General en el apartado 66 de la sentencia recurrida, el apartado 2 de dicho artículo 13 dispone que las «deliberaciones» de los comités tienen carácter confidencial. No obstante, es preciso señalar que el apartado 3 del mismo artículo 13, que somete los documentos transmitidos a los miembros de los comités, a los expertos y a los representantes de terceros al régimen previsto en el Reglamento n.o 1049/2001, a pesar de su carácter confidencial, no contiene ninguna excepción.
80
En cualquier caso, el artículo 13 del Reglamento interno estándar, que, en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.o 182/2011, es un texto «elaborado» y «publicado» por la Comisión «previa consulta con los Estados miembros», debe interpretarse de conformidad con el Reglamento n.o 1049/2001, mediante el cual, como se ha recordado en el apartado 59 de la presente sentencia, el legislador de la Unión consagró el principio del acceso más amplio posible a los documentos de las instituciones de la Unión.
81
De ello se deduce que, en los apartados 67 y 68 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró acertadamente, y respetando la obligación de motivación, que el marco jurídico relativo a los procedimientos de comitología no podía, en sí mismo, obstaculizar el derecho de acceso a los documentos resultante del Reglamento n.o 1049/2001 y no podía permitir, por sí solo, a la Comisión alegar un riesgo de perjuicio grave para su proceso de toma de decisiones.
82
La jurisprudencia invocada a este respecto por la Comisión carece de pertinencia en el presente asunto.
83
En primer término, en la sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376), el Tribunal de Justicia consideró que pueden derivarse presunciones generales, como las mencionadas en el apartado 74 de la presente sentencia, de la normativa aplicable a los procedimientos de control de las ayudas de Estado y de la jurisprudencia relativa al derecho a consultar los documentos de los correspondientes expedientes administrativos. Como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 56 de dicha sentencia, el Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO 1999, L 83, p. 1), aplicable en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, no establecía «ningún derecho de acceso a los documentos del expediente administrativo de la Comisión para los interesados» en el marco de un procedimiento de control de ayudas de Estado. Pues bien, no sucede así ni en el Reglamento n.o 182/2011 ni en el Reglamento interno estándar, que, como se desprende de los apartados 77 y 78 de la presente sentencia, se refieren expresamente o en esencia al régimen de acceso a los documentos previsto en el Reglamento n.o 1049/2001.
84
En segundo término, en materia de procedimiento de control de las operaciones de concentración entre empresas, son válidas consideraciones análogas a las expuestas en la sentencia citada en el apartado anterior, como indica el Tribunal de Justicia en el apartado 59 de su sentencia de 28 de junio de 2012, Comisión/Agrofert Holding (C‑477/10 P, EU:C:2012:394). En efecto, en el apartado 62 de dicha sentencia, se consideró que un acceso generalizado, con fundamento en el Reglamento n.o 1049/2001, a los documentos intercambiados en el contexto de ese procedimiento entre la Comisión y las partes notificantes o los terceros podría poner en peligro, por un lado, el equilibrio que el legislador de la Unión ha querido garantizar entre la obligación de las empresas interesadas de comunicar a la Comisión información comercial eventualmente sensible para permitir que esta aprecie la compatibilidad de la operación de concentración proyectada con el mercado común y, por otro, la garantía de la protección reforzada inherente, en virtud del secreto profesional y del secreto empresarial, a la información así comunicada a la Comisión. Pues bien, como señaló el Abogado General en el punto 91 de sus conclusiones, no puede considerarse que el Reglamento interno estándar sea el resultado de tal equilibrio establecido por el legislador de la Unión con el fin de proteger las deliberaciones de los comités de comitología.
85
En tercer término, en su sentencia de 14 de noviembre de 2013, LPN y Finlandia/Comisión (C‑514/11 P y C‑605/11 P, EU:C:2013:738), el Tribunal de Justicia reconoció la existencia de una presunción general como la que se menciona en el apartado 74 de la presente sentencia por lo que respecta a los documentos relativos a un procedimiento por incumplimiento. Del apartado 59 de esta primera sentencia se desprende que el Derecho de la Unión no prevé el derecho de un particular a consultar el expediente relativo a dicho procedimiento, ni siquiera cuando el procedimiento se haya iniciado en virtud de una denuncia del propio particular. No obstante, es preciso señalar que, en el presente asunto, no son pertinentes consideraciones como las expuestas en el apartado 63 de dicha primera sentencia, que se refieren específicamente a las consecuencias que podría tener una eventual divulgación de documentos incluidos en dicho expediente en el desarrollo del procedimiento por incumplimiento de que se trate.
86
En cuarto término, el marco jurídico aplicable a los procedimientos de comitología tampoco puede compararse con las normas que regulan la divulgación de los escritos presentados por una institución en el marco de un procedimiento judicial. Según la jurisprudencia, no está previsto un derecho de acceso generalizado de terceros a los escritos presentados ante el Tribunal de Justicia en el marco de tales procedimientos (sentencia de 21 de septiembre de 2010, Suecia y otros/API y Comisión, C‑514/07 P, C‑528/07 P y C‑532/07 P, EU:C:2010:541, apartado 99).
87
Por último, la jurisprudencia invocada por la Comisión en apoyo de su argumentación no puede aplicarse en el presente caso, dada la especial naturaleza del procedimiento al que se refieren los documentos solicitados.
88
A este respecto, como se desprende del artículo 2, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 182/2011, los comités como el Comité PAFF asisten a la Comisión, en particular en el procedimiento de adopción de actos de ejecución de alcance general. Por otra parte, según el considerando 7 bis de la Decisión 1999/468, el procedimiento de reglamentación con control, aplicado en el presente asunto, debe ofrecer a las dos ramas de la autoridad legislativa la posibilidad de efectuar un control previo a la adopción de medidas que tengan por objeto modificar elementos no esenciales de un acto adoptado con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.
89
Por consiguiente, al examinar la argumentación de la Comisión, deben tenerse en cuenta las ventajas que se derivan, según el considerando 2 del Reglamento n.o 1049/2001, de una mayor transparencia, a saber, una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones y una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la Administración para con los ciudadanos en un sistema democrático (sentencia de 1 de julio de 2008, Suecia y Turco/Consejo, C‑39/05 P y C‑52/05 P, EU:C:2008:374, apartado 45).
90
Si bien estas consideraciones son de especial pertinencia cuando las instituciones de la Unión actúan en su capacidad legislativa (sentencia de 1 de julio de 2008, Suecia y Turco/Consejo, C‑39/05 P y C‑52/05 P, EU:C:2008:374, apartado 46), también son pertinentes cuando la Comisión ejerce sus competencias en el marco de un procedimiento de adopción de actos de ejecución de alcance general, como el procedimiento de elaboración de un proyecto de Reglamento por el que se modifica el anexo III del Reglamento n.o 1925/2006, actos que, como señaló el Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, pueden afectar a los ciudadanos de la Unión en su conjunto.
91
En virtud de todo lo expuesto, debe desestimarse el primer motivo de casación.
Segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
92
El segundo motivo de casación se divide en dos partes.
93
En la primera parte del segundo motivo de casación, la Comisión alega que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación y apreció de manera incompleta los motivos en los que se basa la Decisión controvertida.
94
En particular, aduce que el Tribunal General dividió en dos categorías los motivos expuestos en dicha Decisión, a saber, los relativos a «la posición individual de los Estados miembros en los procedimientos de comitología», examinados en los apartados 54 a 69 de la sentencia recurrida, y los relativos a «la cooperación de los Estados miembros en el marco del procedimiento de comitología», examinados en los apartados 70 a 76 de dicha sentencia. Afirma que el Tribunal General no examinó el riesgo que supone la divulgación de los documentos de que se trata a la luz del principio de cooperación leal establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3. En su opinión, esta disposición podría justificar la no divulgación de información confidencial cuando su divulgación pueda comprometer el proceso legislativo.
95
Por otra parte, según la Comisión, el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que el procedimiento de adopción del Reglamento n.o 2021/468 no había concluido completamente, lo que constituía un elemento esencial que demostraba «que no cabía excluir que la Comisión tuviera que reanudar las deliberaciones antes de [su] adopción definitiva». Por lo tanto, el Tribunal General incumplió su obligación de motivación y llevó a cabo una «apreciación incompleta de las alegaciones formuladas por la Comisión en la Decisión [controvertida]».
96
En la segunda parte del segundo motivo de casación, la Comisión alega que el Tribunal General no apreció de manera global las circunstancias expuestas en el marco de la apreciación, por parte de dicha institución, de la existencia de un riesgo de perjuicio grave para el proceso de toma de decisiones invocado en la Decisión controvertida.
97
Las partes demandantes en primera instancia rebaten esta argumentación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
98
En las dos partes de su segundo motivo de casación, que procede examinar conjuntamente, la Comisión aduce, en esencia, que el Tribunal General no procedió, en el marco de su apreciación de la existencia de un riesgo de perjuicio grave para el proceso de toma de decisiones de dicha institución, a una apreciación global de los elementos que esta había presentado. En particular, el Tribunal General descartó la pertinencia, por un lado, del artículo 4 TUE, apartado 3, y, por otro lado, de las normas de comitología relativas a la confidencialidad de las deliberaciones de los comités como el Comité PAFF. Añade que, en estas circunstancias, el Tribunal General incumplió además su obligación de motivación.
99
Como se desprende de los apartados 73 y 74 de la presente sentencia, salvo en los casos en que el Tribunal de Justicia reconozca una presunción general de no divulgación de una categoría de documentos, las instituciones de la Unión están obligadas a proceder a un examen individual y concreto de cada uno de los documentos solicitados en virtud del Reglamento n.o 1049/2001 y a dar explicaciones específicas sobre el riesgo de perjuicio para el proceso de toma de decisiones invocado por ellas y, por lo tanto, no pueden limitarse a formular motivos abstractos y de carácter general para justificar la no divulgación de esos documentos.
100
Ahora bien, como se desprende de las consideraciones expuestas en el marco del examen del primer motivo del presente recurso de casación, la premisa en la que se basó la Comisión en la Decisión controvertida, a saber, la premisa según la cual el marco jurídico que regula los procedimientos de comitología protege, con respecto a cualquier solicitud de acceso a los documentos, la confidencialidad de las posiciones individuales de los Estados miembros, es errónea.
101
A la vista de estas consideraciones, ninguna de las alegaciones formuladas por la Comisión en el marco de su segundo motivo de casación puede poner en entredicho el apartado 73 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General consideró que la Decisión controvertida se basaba en una motivación abstracta relativa a la preservación de la cooperación entre los Estados miembros en el marco de los procedimientos de comitología en general.
102
Así sucede, en particular, con la circunstancia, invocada por la Comisión, de que el Tribunal General no examinó como argumento autónomo el que esta basaba en el artículo 4 TUE, apartado 3, al que, en cualquier caso, el Tribunal General se refirió expresamente en el apartado 72 de la sentencia recurrida. En efecto, el Tribunal General señaló en los apartados 73 y 74 de dicha sentencia, sin que la Comisión lo discuta en la fase del presente recurso de casación, que las consecuencias negativas apreciadas en la decisión confirmatoria en lo que respecta a la cooperación de los Estados miembros no presentaban ningún vínculo concreto con las circunstancias específicas del proceso de toma de decisiones en cuestión, consecuencias negativas que se basaban en la premisa de que los procedimientos de comitología protegían la confidencialidad de las posiciones individuales de los Estados miembros frente a cualquier solicitud de acceso a los documentos, premisa que es errónea, como se ha recordado en el apartado 100 de la presente sentencia.
103
Lo mismo sucede con las alegaciones de la Comisión según las cuales el Tribunal General no tuvo en cuenta las normas de comitología relativas a la confidencialidad de los procedimientos como la controvertida en el presente asunto. A este respecto, el Tribunal General declaró, en los apartados 68 y 69 de la sentencia recurrida, que, si bien el marco jurídico relativo a los procedimientos de comitología no puede obstaculizar el derecho de acceso a los documentos derivado del Reglamento n.o 1049/2001 ni llevar a la Comisión a alegar un riesgo de perjuicio grave al proceso de toma de decisiones por el mero hecho de la aplicabilidad de dicho marco jurídico, ello no impide en modo alguno a la citada institución, en casos debidamente justificados, denegar el acceso a documentos, como los documentos solicitados en el presente asunto, cuando su divulgación pueda suponer un perjuicio concreto para los intereses protegidos por las excepciones previstas en el artículo 4 de dicho Reglamento. Ahora bien, la Comisión no afirma haber expuesto, en la Decisión controvertida, elementos concretos que puedan demostrar la existencia de tal riesgo en relación con el proceso de toma de decisiones de que se trata.
104
Por lo demás, si bien la Comisión alega que el Tribunal General dividió erróneamente los motivos expuestos en la Decisión controvertida en dos categorías, es preciso señalar que dicha institución no explica en qué medida el Tribunal General no tuvo en cuenta todos los elementos pertinentes en el presente asunto ni las razones por las que otro método de examen de esos motivos habría conducido a un resultado diferente.
105
En estas circunstancias, la Comisión tampoco puede sostener que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación.
106
Por último, debe desestimarse la alegación de la Comisión basada en que el Tribunal General no examinó el hecho de que el procedimiento de adopción del Reglamento n.o 2021/468 no había concluido completamente, que, según la Comisión, se desprende de la Decisión controvertida.
107
En efecto, por un lado, procede señalar que se desprende, en particular, del apartado 25 y del fallo de la sentencia recurrida que, en dicha Decisión, la Comisión, que en su recurso de casación no alega desnaturalización a este respecto, invocó el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 4 del Reglamento n.o 1049/2001, y no el párrafo primero del citado apartado 3, relativo a la protección de un proceso de toma de decisiones aún en curso. Pues bien, como señaló el Abogado General en el punto 114 de sus conclusiones, dado que la Comisión se basa en el citado párrafo segundo, no puede invocar la supuesta falta de conclusión del procedimiento para sostener que la divulgación de los documentos solicitados perjudicaría gravemente su proceso de toma de decisiones.
108
Por otro lado, y en cualquier caso, el Reglamento n.o 2021/468 fue adoptado el 18 de marzo de 2021, es decir, antes de la adopción de la Decisión controvertida, que tuvo lugar el 7 de abril del mismo año. Por lo tanto, no puede considerarse que el procedimiento de adopción de dicho Reglamento no hubiera concluido completamente en el momento de la adopción de la citada Decisión.
109
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar el segundo motivo de casación y, en consecuencia, el recurso de casación en su totalidad.
Costas
110
En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
111
A tenor del artículo 138, apartado 1, de dicho Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
112
Al haber sido desestimado el recurso de casación principal interpuesto por la Comisión, y al haber solicitado las partes demandantes en primera instancia la condena en costas de dicha institución, procede condenarla a cargar con las costas correspondientes al recurso de casación principal.
113
Al haber sido desestimadas las pretensiones de las partes demandantes en primera instancia en su adhesión a la casación y al haber solicitado la Comisión la condena en costas de dichas partes, procede condenarlas a cargar con las costas correspondientes a la adhesión a la casación.
114
El artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación con arreglo a su artículo 184, apartado 1, establece que los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas.
115
En consecuencia, el Reino de los Países Bajos cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación principal y la adhesión a la casación.
2)
Condenar a la Comisión Europea a cargar con las costas correspondientes al recurso de casación principal.
3)
Condenar a Covington & Burling LLP y al Sr. Bart Van Vooren a cargar con las costas correspondientes a la adhesión a la casación.
4)
El Reino de los Países Bajos cargará con sus propias costas.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.