62023TJ0295_RES
Asuntos T‑295/23 y T‑1176/23
WU
contra
Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal
Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 15 de octubre de 2025 (Extractos)
«Función pública — Agentes temporales — Investigación administrativa — Artículo 12 bis del Estatuto — Acoso psicológico — Solicitud de asistencia — Denegación de la solicitud — Artículo 24 del Estatuto — Deber de diligencia — Responsabilidad»
Funcionarios — Obligación de asistencia que incumbe a la administración — Alcance — Deber de la administración de examinar las denuncias en materia de acoso — Exigencias de asistencia, protección y rapidez — Obligación de informar al solicitante del curso que se ha dado a su solicitud
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 12 bis y 24)
(véanse los apartados 37 a 42)
Funcionarios — Acoso psicológico — Concepto — Examen global de varios sucesos
(Estatuto de los funcionarios, art. 12 bis)
(véase el apartado 44)
Funcionarios — Obligación de asistencia que incumbe a la administración — Alcance — Deber de la administración de examinar las denuncias en materia de acoso — Exigencias de asistencia, protección y rapidez — Designación de investigadores externos no investidos de competencias decisorias para emitir un dictamen sobre la responsabilidad del supuesto acosador — Improcedencia
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 12 bis y 24)
(véase el apartado 47)
Funcionarios — Obligación de asistencia que incumbe a la administración — Alcance — Deber de la administración de examinar las denuncias en materia de acoso — Exigencias de asistencia, protección y rapidez — División de la denuncia en partes, encomendadas respectivamente a autoridades diferentes a efectos del examen de las alegaciones — Inexistencia de apreciación global de los hechos denunciados — Improcedencia — Consecuencias — Anulación
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 12 bis y 24)
(véanse los apartados 48 a 54)
Funcionarios — Responsabilidad extracontractual de las instituciones — Requisitos — Ilegalidad — Concepto — Aplicación en el contencioso estatutario — Criterios
(Arts. 268 TFUE, 270 TFUE y 340 TFUE, párr. 2; Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
(véanse los apartados 60 a 63)
Funcionarios — Responsabilidad extracontractual de las instituciones — Requisitos — Ilegalidad — Circunstancias que deben considerarse — Alcance del margen de apreciación de la administración
(Art. 270 TFUE)
(véase el apartado 64)
Funcionarios — Obligación de asistencia que incumbe a la administración — Alcance — Deber de la administración de examinar las denuncias en materia de acoso — Observancia de un plazo razonable — Alcance
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 12 bis y 24)
(véanse los apartados 70 a 77)
Funcionarios — Obligación de asistencia que incumbe a la administración — Alcance — Deber de la administración de examinar las denuncias en materia de acoso — Obligación de confidencialidad — Alcance
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 12 bis y 24)
(véanse los apartados 82, 85, 86 y 88)
Resumen
Mediante la estimación de los recursos interpuestos por un agente temporal de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) contra dos decisiones por las que se había denegado la solicitud de asistencia que aquel había formulado, el Tribunal General precisa el contenido de la obligación de asistencia que incumbe a la administración cuando esta pone en práctica su obligación de asistencia en virtud del artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»).
En mayo de 2021, el demandante presentó una solicitud de asistencia basada en el artículo 24 del Estatuto en la que alegaba comportamientos reiterados de acoso psicológico que supuestamente fueron cometidos por diez miembros del personal de Eurojust, pero cuyo origen se hallaba, en todo caso, en los comportamientos del director administrativo de la citada Agencia. Este ejerce, con respecto al personal de Eurojust, las competencias atribuidas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») y a la autoridad facultada para celebrar los contratos de personal (en lo sucesivo, «AFCC»). A petición del demandante, el director administrativo se abstuvo de intervenir en el procedimiento de tramitación de la solicitud de asistencia.
A raíz de esta abstención, Eurojust subdividió en dos la tramitación de la solicitud de asistencia y confió las competencias de la AFCC a dos órganos diferentes. El Colegio de Eurojust, designado para conocer de las alegaciones dirigidas contra el director administrativo (en lo sucesivo, «parte 1»), delegó sus competencias de AFCC en tres de los miembros nacionales que lo componían. Por su parte, el Consejo Ejecutivo de Eurojust fue designado para conocer de las alegaciones dirigidas contra los otros nueve miembros del personal (en lo sucesivo, «parte 2»).
En junio de 2021, los miembros nacionales delegados y el Consejo Ejecutivo abrieron respectivamente una investigación administrativa en relación con las partes 1 y 2 antes mencionadas y confiaron a investigadores externos la realización de las diligencias de investigación. Sobre la base del informe de investigación redactado por dichos investigadores, el Colegio y el Consejo Ejecutivo decidieron, por lo que se refiere a su parte respectiva, dar por archivada la investigación sin ulteriores trámites. Posteriormente, el Colegio y el Consejo Ejecutivo desestimaron las dos reclamaciones formuladas por el demandante contra las anteriores decisiones.
Mediante sus dos recursos interpuestos ante el Tribunal General, el demandante solicita que se anulen las decisiones desestimatorias de las reclamaciones y que se le indemnice por los daños y perjuicios que supuestamente sufrió.
Apreciación del Tribunal General
El Tribunal General comienza recordando que el artículo 24 del Estatuto impone a las instituciones, órganos y organismos de la Unión una obligación de asistencia para proteger a los funcionarios de la Unión contra los atentados y el trato inadecuado procedentes no solo de terceros, sino también de otros funcionarios o agentes de la Unión, con independencia de la posición jerárquica de estos, o de miembros de una institución. Esta obligación de asistencia ante alegaciones de acoso psicológico comprende, en especial, el deber de la administración de examinar con seriedad, rapidez y plena confidencialidad la solicitud de asistencia en la que se alega la existencia de acoso psicológico y de informar al solicitante del curso que se ha dado a aquella.
El derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, implica además una obligación de diligencia de la Administración de la Unión, que debe actuar con cuidado y prudencia.
El Tribunal General subraya que, dado que el acoso psicológico es un proceso continuo en el tiempo, puede, por definición, resultar de todo un conjunto de comportamientos diferentes que, tomados aisladamente, no constituirían necesariamente una situación de acoso psicológico, pero que, apreciados en su conjunto y en su contexto, y teniendo en cuenta su reiteración en el tiempo, sí podrían considerarse como tales. Así pues, esos hechos deben ser apreciados tanto aislada como conjuntamente, en cuanto que elementos de un ambiente general de trabajo.
A la luz de las anteriores consideraciones, el Tribunal General hace constar que, en el presente asunto, el Consejo Ejecutivo solicitó a los investigadores externos que investigaran únicamente los hechos comprendidos en la parte 2 y no todos los hechos alegados en la solicitud de asistencia. Solo con posterioridad los miembros nacionales delegados por el Colegio ampliaron la misión inicialmente encomendada a los investigadores externos a los hechos comprendidos en la parte 1.
Ahora bien, por un lado, la elaboración de un único informe de investigación por investigadores externos, aun suponiendo que estos fueran imparciales, no basta para satisfacer todas las exigencias que se imponían a Eurojust en virtud de su obligación de asistencia. En efecto, esos investigadores no estaban investidos de las competencias de la AFPN o de la AFCC y solo estaban facultados para elaborar un informe de investigación y, en su caso, para emitir un dictamen sobre la responsabilidad de cualquiera de las personas afectadas por dicha investigación.
Por otro lado, dado que el acoso psicológico alegado en la solicitud de asistencia podía tener su origen en varias personas que trabajaban en el seno de Eurojust y que actuaran de manera coordinada o, al menos, simultánea, el hecho de que una AFCC examinara una parte de las alegaciones formuladas en dicha solicitud y otra AFCC examinara la otra parte supuso un incumplimiento de la obligación de la administración de examinar con cuidado y prudencia todos los elementos pertinentes del caso del que conoce. Un examen como el descrito puede, en efecto, obstaculizar una apreciación global y contextualizada del conjunto de los hechos denunciados como constitutivos del acoso psicológico invocado y soslayar, al apreciar esos hechos, las interacciones que hayan podido producirse entre las personas a las que se atribuyen tales hechos y entre los comportamientos que se les reprochan.
El Tribunal General considera que, en el presente asunto, al dividir la solicitud de asistencia en dos partes encomendadas a dos AFCC diferentes y no permitir que estas apreciaran de forma global y contextualizada el conjunto de los hechos denunciados en dicha solicitud, Eurojust no cumplió la obligación de diligencia inherente al principio de buena administración, a la luz del cual está obligada a poner en práctica la obligación de asistencia que le incumbe en virtud del artículo 24 del Estatuto.
Por lo que respecta a las consecuencias de las irregularidades del procedimiento y de la vulneración del principio de buena administración en la legalidad de las decisiones impugnadas, el Tribunal General puntualiza que la existencia de interacciones entre los distintos protagonistas y entre el conjunto de los hechos alegados era un elemento esencial en el que se basaba la solicitud de asistencia. Pues bien, al dividirla en dos partes encomendadas a dos AFCC diferentes, Eurojust no dio a la AFCC que, de entre las dos, era competente la posibilidad de examinar las interacciones que pudieron existir entre el director administrativo y las demás personas frente a las que se formulaba la solicitud de asistencia.
Así pues, no cabe excluir que, de no haberse incumplido el deber de diligencia, el contenido de la decisión adoptada regularmente por la AFCC competente habría podido ser diferente y habría podido conducir al reconocimiento de la existencia de acoso. Por consiguiente, el Tribunal General anula las decisiones impugnadas y desestima los recursos en todo lo demás.