COMISIÓN / HOSMAN-CHEVALIER 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 
de 21 de junio de 2007 * 
En el asunto C-424/05 P, 
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 
del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 29 de noviembre de 2005, 
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. H. Kraemer y la 
Sra. M. Velardo, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo, 
parte recurrente, 
y en el que la otra parte en el procedimiento es: 
Sonja Hosman-Chevalier, representada por el Sr. J.-R. García-Gallardo Gil-
Fournier y las Sras. A. Sayagués Torres y D. Domínguez Pérez, abogados, 
parte demandante en primera instancia, 
* Lengua de procedimiento: francés. 
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), 
integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. A. Tizzano, 
J. Malenovský (Ponente), U. Lõhmus y A. Ó Caoimh, Jueces; 
Abogado General: Sr. P. Mengozzi; 
Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador; 
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de 
septiembre de 2006; 
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 
15 de marzo de 2007; 
dicta la siguiente 
Sentencia 
1 Mediante su recurso de casación, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita 
la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades 
Europeas de 13 de septiembre de 2005, Hosman-Chevalier/Comisión (T-72/04, Rec. 
p. II-3265; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste anuló las decisiones 
de la Comisión de 8 de abril y 29 de octubre de 2003 por las que se denegó a la 
señora Hosman-Chevalier la indemnización por expatriación, así como la 
indemnización por gastos de instalación. 
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Marco jurídico 
2 El artículo 69 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo 
sucesivo, «Estatuto»), en su redacción aplicable al presente asunto, dispone que la 
indemnización por expatriación equivaldrá al 16 % del total del sueldo de base y de 
la asignación familiar, así como de la asignación por hijos a cargo de los funcionarios 
que tengan derecho a ello. 
3 El artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto dispone que la indemnización 
por expatriación se concederá a: 
«a) los funcionarios: 
— que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo 
territorio se encuentre su lugar de destino, 
y 
— que, en un período de cinco años cuyo término sea anterior en seis meses a 
su entrada al servicio de las Comunidades, no hubieren residido ni ejercido 
su actividad profesional principal, de forma habitual, en el territorio europeo 
de tal Estado. Para la aplicación de esta disposición no se tendrán en 
consideración las situaciones derivadas de servicios prestados a otro Estado 
o a una organización internacional; 
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b) los funcionarios que tengan o hayan tenido la nacionalidad del Estado en cuyo 
territorio esté situado su lugar de destino y que durante un período de diez años 
anterior a su entrada en servicio hubieren residido habitualmente fuera del 
territorio europeo de dicho Estado por causas que no sean el ejercicio de 
funciones al servicio de un Estado o de una organización internacional 
[...]» 
Antecedentes del litigio 
4 El Tribunal de Primera Instancia resumió los hechos que originaron el litigio en los 
apartados 4 a 10 de la sentencia recurrida: 
«4 La demandante, de nacionalidad austriaca, estudió y trabajó en Austria hasta el 
14 de mayo de 1995. Del 15 de mayo de 1995 al 17 de marzo de 1996, trabajó en 
Bélgica para el Verbindungsbüro des Landes Tyrol (Oficina del Land de Tirol), 
sito en Bruselas. 
5 Del 18 de marzo de 1996 al 15 de noviembre de 2002, la demandante formó 
parte del personal de la Representación Permanente de la República de Austria 
ante la Unión Europea en Bruselas (en lo sucesivo, "Representación Permanente 
de la República de Austria"). Ejerció su actividad en calidad de tal, al principio 
en la Verbindungstelle der Bundesländer (en lo sucesivo, "VB"), la Oficina de 
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representación de los Länder y, más tarde, en el Österreichischer Gewerk­
schaftsbund (en lo sucesivo, "OGB"), la federación de sindicatos austríacos. 
6 El 16 de noviembre de 2002, la demandante se incorporó a la Comisión en 
calidad de funcionaria. El período de cinco años mencionado en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), segundo guión, del anexo VII del Estatuto a efectos de la 
indemnización por expatriación, denominado "período de referencia", quedó 
fijado entre el 16 de mayo de 1997 y el 15 de mayo de 2002. 
7 Mediante nota de 8 de abril de 2003, la Dirección General (DG) de Personal y 
Administración informó a la demandante de que no se le podía conceder la 
indemnización por expatriación. 
8 El 7 de julio de 2003, la demandante formuló una reclamación con arreglo al 
artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra dicha nota de 8 de abril de 2003. 
Mediante correo electrónico de 14 de agosto de 2003 y fax de 11 de septiembre 
de 2003, transmitió dos notas complementarias de la reclamación. 
9 Mediante nota de 29 de octubre de 2003, sobre la que la demandante tuvo 
conocimiento el 3 de noviembre de 2003, la autoridad facultada para proceder a 
los nombramientos (en lo sucesivo, "AFPN") desestimó la reclamación de la 
demandante. 
10 De dicha nota se desprende que la indemnización por expatriación y las 
indemnizaciones asociadas a ella le fueron denegadas a la demandante, 
principalmente, porque las actividades profesionales que había ejercido en 
Bruselas durante el período de referencia no podían ser consideradas "servicios 
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prestados a otro Estado" en el sentido de la excepción prevista en el artículo 4, 
apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto. La AFPN consideró que, si bien 
la VB estaba dentro de los locales de la Representación Permanente de la 
República de Austria, constituía, sin embargo, un organismo autónomo distinto, 
que emanaba de los Länder, y que se encargaba de defender los intereses de 
éstos y no los del Bund (Estado federal). Por lo que respecta al OGB, los 
documentos que aportó la demandante y, en particular, su contrato de trabajo, 
no mencionaban en ningún momento que existiese algún tipo de relación con la 
República de Austria, razón por la cual tampoco se podía equiparar el trabajo 
desempeñado en el OGB a los servicios realizados para este Estado.» 
Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida 
5 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 
20 de febrero de 2004, la señora Hosman-Chevalier interpuso un recurso que tenía 
por objeto la anulación de la decisión de la Comisión de 29 de octubre de 2003 por 
la que se le denegaron la indemnización por expatriación y las indemnizaciones 
asociadas a ésta. 
6 En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó que con dicho 
recurso se pretendía obtener no sólo la anulación de la decisión de la Comisión de 
29 de octubre de 2003, sino también la anulación de la decisión de 8 de abril de 
2003. El Tribunal de Primera Instancia anuló ambas decisiones. 
7 En efecto, el Tribunal de Primera Instancia acogió el segundo motivo invocado por 
la Sra. Hosman-Chevalier, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra a), 
del anexo VII del Estatuto. 
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8 Según el Tribunal de Primera Instancia, la cuestión que se planteaba consistía en 
determinar si los servicios que la Sra. Hosman-Chevalier había prestado en la 
Representación Permanente de la República de Austria durante el período de 
referencia tenían la consideración de servicios prestados a otro Estado, en el sentido 
del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto. Por otro lado, el 
Tribunal de Primera Instancia precisó que el concepto de «Estado» previsto en 
dicho artículo sólo se refiere al Estado en tanto que persona jurídica y sujeto unitario 
de Derecho internacional así como a sus órganos de gobierno. 
9 En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia subrayó en el apartado 30 de la 
sentencia recurrida que no se discutía que los servicios prestados a organismos, 
como la representación permanente de un Estado miembro ante la Unión Europea o 
las Embajadas de un Estado, han de ser considerados servicios prestados a otro 
Estado, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto. 
10 En los apartados 31 a 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia 
señaló los diferentes elementos que le llevaron a afirmar que la Sra. Hosman-
Chevalier era miembro del personal de la Representación Permanente de la 
República de Austria, que estaba bajo la autoridad jerárquica del Embajador, 
Representante Permanente de la República de Austria ante la Unión Europea, y que 
gozaba del mismo estatuto que los demás agentes destinados en dicha 
Representación. 
11 El Tribunal de Primera Instancia dedujo a partir de esta afirmación que los servicios 
que la Sra. Hosman-Chevalier había prestado a la Representación Permanente de la 
República de Austria durante todo el período de referencia habían de ser 
considerados servicios prestados a otro Estado. 
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12 En segundo lugar, en los apartados 38 a 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal de 
Primera Instancia desestimó la alegación de la Comisión según la cual la Sra. 
Hosman-Chevalier, aunque trabajaba dentro de la Representación Permanente de la 
República de Austria, no lo hacía para dicho Estado miembro, sino para la VB y el 
OGB, organismos que no están encargados de defender los intereses del Estado. 
13 En el apartado 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia 
reconoció, por el contrario, que bastaba con que una persona hubiera ejercido su 
actividad profesional para un organismo que forma parte del Estado en el sentido 
antes expuesto, como una representación permanente, para estar incluida por 
completo en la excepción del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del 
Estatuto, cualesquiera que sean las funciones particulares y específicas ejercidas por 
esa persona en dicho organismo. De otro modo habría que hacer un análisis 
detallado del trabajo y las funciones ejercidas desde el punto de vista del Derecho 
interno, lo que iría en contra de las exigencias de la aplicación del Derecho 
comunitario y del principio de igualdad. Y ello con razón de más dado que 
corresponde exclusivamente a cada Estado miembro organizar sus servicios del 
modo que estime más conveniente y determinar así los objetivos y funciones que 
asigna a sus funcionarios y empleados. 
14 Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que la Sra. Hosman-Chevalier 
cumplía los requisitos establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII 
del Estatuto, lo que le daba derecho a obtener la indemnización por expatriación. 
15 En el apartado 51 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia 
consideró que, dado que el funcionario que reúne las condiciones para tener 
derecho a la indemnización por expatriación, tiene derecho a la indemnización por 
gastos de instalación establecida en el artículo 5, apartado 1, del anexo VII del 
Estatuto, la Sra. Hosman-Chevalier tenía derecho a solicitar dicha indemnización 
por gastos de instalación. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia no le 
reconoció la indemnización diaria por los motivos expuestos en el apartado 52 de la 
sentencia recurrida. 
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Procedimiento ante el Tribunal de Justicia 
16 En el presente recurso de casación, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que: 
— Anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal de Primera 
Instancia. 
— Condene a la Sra. Hosman-Chevalier al pago de las costas del procedimiento, 
incluidas sus propias costas en el procedimiento ante el Tribunal de Primera 
Instancia. 
17 La Sra. Hosman-Chevalier solicita al Tribunal de Justicia que: 
— Desestime el recurso de casación por ser manifiestamente inadmisible o bien, 
con carácter subsidiario, por ser infundado. 
— Condene a la Comisión al pago de las costas de las dos instancias. 
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Recurso de casación 
Alegaciones de las partes 
18 Mediante su motivo único, la Comisión reprocha al Tribunal de Primera Instancia 
haber incurrido en un error de Derecho en la aplicación de las disposiciones del 
artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, relativas a la concesión de 
la indemnización por expatriación, al interpretar de manera incorrecta el concepto 
de «servicios prestados a otro Estado» al que dichas disposiciones hacen referencia. 
19 En su opinión, se desprende de una serie de elementos fácticos tomados en 
consideración en los apartados 31 a 36 y 42 de la sentencia recurrida que el Tribunal 
de Primera Instancia consideró erróneamente que bastaba, al objeto de satisfacer el 
requisito relativo a los servicios prestados a otro Estado establecido en dichas 
disposiciones, con que la persona interesada estuviera integrada en el marco 
funcional y/o organizativo de un organismo estatal, como una representación 
permanente ante la Unión Europea. 
20 En cambio, la Comisión sostiene que dicho requisito debe interpretarse en el sentido 
de que exige la existencia de un vínculo jurídico directo entre la persona interesada y 
el Estado, el cual no puede estar constituido por la mera integración de la persona 
interesada en dicho marco. 
21 A juicio de la Comisión, la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, letra a), 
segundo guión, segunda frase, del anexo VII del Estatuto, según la cual los 
funcionarios a los que se refiere dicha disposición tienen derecho a la indemnización 
por expatriación, está justificada en la medida en que no puede considerarse que 
estos últimos hayan creado vínculos duraderos con el país de destino (sentencia de 
2 de mayo de 1985, De Angelis/Comisión, 246/83, Rec. p. 1253, apartado 13). Pues 
bien, para la Comisión esta ratio legis presupone precisamente que dicha persona 
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está directamente vinculada a otro Estado o a una organización internacional 
mediante una relación estatutaria y/o contractual En efecto, a su juicio, sólo dicha 
relación puede conferir a ese otro Estado o a una organización internacional el 
derecho de requerir a esta persona que preste servicios, durante un período 
limitado, en el territorio del Estado en el que está situado su lugar de destino 
posterior (en lo sucesivo, «país de destino») como funcionario de las Comunidades 
Europeas. 
22 La Comisión recuerda que lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra a), segundo 
guión, segunda frase, del anexo VII del Estatuto, constituye una excepción a los 
requisitos de concesión de la indemnización por expatriación y por tanto debe, a 
este respecto, ser objeto de interpretación restrictiva. Asimismo, dicha interpre­
tación se hace necesaria dado que se trata igualmente de una disposición que regula 
una ventaja económica (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de mayo de 
1982, BayWa y otros, 146/81, 192/81 y 193/81, Rec. p. 1503, apartado 10, y la del 
Tribunal de Primera Instancia de 8 de marzo de 1990, Schwedler/Parlamento, 
T-41/89, Rec. p. II-79, apartado 23, confirmada en casación por la sentencia del 
Tribunal de Justicia de 28 de noviembre de 1991, Schwedler/Parlamento, 
C-132/90 P, Rec. p. I-5745). 
23 Por otro lado, en opinión de la Comisión, la interpretación del artículo 4, apartado 1, 
letra a), segundo guión, segunda frase, del anexo VII del Estatuto, realizada por el 
Tribunal de Primera Instancia en los apartados 31 a 36 y 42 de la sentencia 
recurrida, se aparta de su propia jurisprudencia, según la cual se exige un vínculo 
jurídico directo con el Estado (véanse las sentencias del Tribunal de Primera 
Instancia de 30 de junio de 2005, Olesen/Comisión, T-190/03, RecFP pp. I-A-181 y 
II-805, apartados 49 a 51; de 25 de octubre de 2005, Salvador García/ Comisión, 
T-205/02, RecFP pp. I-A-285 y II-1311, apartado 55; Salazar Brier/Comisión, 
T-83/03, RecFP pp. I-A-311 y II-1407, apartado 45; Herrero Romeu/Comisión, 
T-298/02, Rec. p. 11-4599 y RecFP pp. I-A-295 y II-1349, apartado 41, así como De 
Bustamante Tello/Consejo, T-368/03, RecFP pp. I-A-321 y II-1439, apartado 42). 
24 Además, la Comisión afirma que, según la jurisprudencia del Tribunal de Primera 
Instancia en lo que se refiere al requisito establecido en dicha disposición, relativo a 
los «servicios prestados a [...] una organización internacional», se ha exigido 
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igualmente un vínculo jurídico directo con la organización internacional (véanse las 
sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 22 de marzo de 1995, Lo Giudice/ 
Parlamento, T-43/93, RecFP pp. I-A-57 y II-189, apartado 36, y de 11 de septiembre 
de 2002, Nevin/Comisión, T-127/00, RecFP pp. I-A-149 y II-781, apartado 51). Pues 
bien, es incoherente, e incluso arbitrario, exigir tal vínculo jurídico directo respecto 
de uno de los supuestos contemplados en la excepción, pero no respecto del otro. 
25 Según la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia no comprobó si existía un 
vínculo jurídico directo entra la Sra. Hosman-Chevalier y la República de Austria. 
Ahora bien, en opinión de la Comisión este vínculo no existía en el caso de autos, 
dado que durante el período de referencia la interesada trabajó sucesivamente para 
la VB y el OGB. 
26 La Sra. Hosman-Chevalier pretende que se declare la inadmisibilidad del recurso de 
casación, alegando que la Comisión solicita en realidad al Tribunal de Justicia que 
realice una nueva apreciación de los hechos. 
27 Respecto al fondo, la Sra. Hosman-Chevalier sostiene que, al verificar la existencia 
de un vínculo jurídico entre la persona interesada y el Estado, sin exigir 
necesariamente que dicho vínculo sea directo, la actuación del Tribunal de Primera 
Instancia ha sido respetuosa con el Derecho comunitario. 
28 Para la Sra. Hosman-Chevalier, a partir del momento en que el trabajo para una 
representación permanente como la del caso de autos se considera trabajo para un 
Estado, la cuestión de su vínculo jurídico con el Estado está resuelta. 
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COMISIÓN / HOSMAN-CHEVALIER 
29 A este respecto, en opinión de la Sra. Hosman-Chevalier la jurisprudencia del 
Tribunal de Primera Instancia no es formalista, y la existencia de dicho vínculo no 
implica en sentido estricto o con carácter exclusivo que tenga que haber un vínculo 
«jurídico» de dependencia. Este vínculo puede acreditarse en función de las 
circunstancias específicas de cada asunto. De este modo, en el caso concreto, dado 
que se desprendía de los autos que la Sra. Hosman-Chevalier formaba parte del 
personal de la Representación Permanente de la República de Austria, no tenía 
sentido ir más allá ni indicar explícitamente la existencia de un vínculo jurídico o de 
cualquier otra naturaleza. 
Apreciación del Tribunal de Justicia 
Sobre la admisibilidad 
30 Procede recordar que con arreglo al artículo 225 CE, apartado 1, y al artículo 58, 
párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación sólo 
puede basarse en motivos relativos a la infracción de normas jurídicas, con exclusión 
de cualquier apreciación de los hechos. 
31 Según dichas disposiciones, el Tribunal de Primera Instancia es, por una parte, el 
único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la 
inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que 
obran en autos y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos. 
Cuando el Tribunal de Primera Instancia ha comprobado o apreciado los hechos, el 
Tribunal de Justicia es competente para ejercer, con arreglo al artículo 225 CE, un 
control sobre la calificación jurídica de éstos y las consecuencias jurídicas que de ella 
ha deducido el Tribunal de Primera Instancia (véanse, en particular, las sentencias de 
16 de marzo de 2000, Parlamento/Bieber, C-284/98 P, Rec. p. I-1527, apartado 31, y 
de 27 de noviembre de 2001, Z/Parlamento, C-270/99 P, Rec. p. I-9197, apartado 37). 
I - 5063
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32 En el caso de autos, procede señalar que la Comisión no discute que la Sra. Hosman-
Chevalier era miembro del personal de la Representación Permanente de la 
República de Austria durante el período de referencia. En apoyo de su recurso de 
casación, la Comisión alega únicamente que este hecho no permite a la interesada 
tener derecho a la indemnización por expatriación, dado que no existe un vínculo 
jurídico directo entre ésta y la República de Austria. 
33 De este modo, y contrariamente a lo que sostiene la Sra. Hosman-Chevalier, el 
recurso de casación de la Comisión no se refiere a la apreciación de los hechos, sino 
a su calificación jurídica. Por lo tanto, debe desestimarse la causa de inadmisión 
propuesta por la Sra. Hosman-Chevalier. 
Sobre el fondo 
34 A fin de dar respuesta al motivo alegado por la Comisión, es necesario examinar el 
concepto de «servicios prestados a otro Estado» teniendo en cuenta todas las 
disposiciones del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, que 
regulan la concesión de la indemnización por expatriación y de las que dicho 
concepto forma parte. 
35 Procede recordar que es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que la 
concesión de la indemnización por expatriación tiene por objeto compensar las 
cargas y desventajas particulares resultantes de la entrada al servicio de las 
Comunidades para los funcionarios que se ven por ello obligados a cambiar de 
residencia, del país de su domicilio al país de destino y a integrarse en un entorno 
nuevo. El concepto de expatriación depende también de la situación subjetiva del 
funcionario, es decir, de su grado de integración en su nuevo entorno que resulta, 
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COMISIÓN / HOSMAN-CHEVALIER 
por ejemplo, de su residencia habitual o del ejercicio de una actividad profesional 
principal (véanse las sentencias de 10 de octubre de 1989, Atala-Palmerini/ 
Comisión, 201/88, Rec. p. 3109, apartado 9, y de 15 de septiembre de 1994, 
Magdalena Fernández/Comisión, C-452/93 P, Rec. p. I-4295, apartado 20). 
36 La concesión de la indemnización por expatriación tiene así por objeto corregir las 
desigualdades de hecho entre los funcionarios completamente integrados en la 
sociedad del país de destino y aquellos que no lo están. 
37 Se desprende del artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guión, segunda frase, del 
anexo VII del Estatuto que el legislador comunitario ha decidido sin lugar a dudas 
considerar que se encuentra igualmente en dicha situación de expatriación el 
funcionario que habiendo residido o ejercido una actividad profesional en el 
territorio europeo del Estado donde está situado su lugar de destino durante un 
período de cinco años que expira seis meses antes de su entrada al servicio de las 
Comunidades, ha prestado servicios a otro Estado o a una organización 
internacional. 
38 El legislador comunitario también ha supuesto que la prestación de dichos servicios 
tiene como consecuencia el mantenimiento de un vínculo de conexión específico del 
interesado con este otro Estado o esta organización internacional, obstaculizando de 
este modo el establecimiento de un vínculo de conexión duradero con el país de 
destino y, por ende, la integración suficiente de dicho interesado en la sociedad del 
país de destino (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de enero de 1981, 
Vutera/Comisión, 1322/79, Rec. p. 127, apartado 8, y De Angelis/Comisión, antes 
citada, apartado 13). 
39 En el país de destino del funcionario en cuestión, los demás Estados están 
representados por las embajadas o las misiones diplomáticas, así como por las 
representaciones permanentes ante organizaciones internacionales, como se 
desprende de las normas de Derecho internacional consuetudinario codificadas, 
en particular, por la Convención de Viena, de 18 de abril de 1961, sobre relaciones 
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diplomáticas, y la Convención de Viena, de 14 de marzo de 1975, sobre la 
representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacio­
nales de carácter universal 
40 Por consiguiente, el concepto de «Estado» recogido en el artículo 4, apartado 1, 
letra a), segundo guión, segunda frase, del anexo VII del Estatuto incluye 
indudablemente la representación permanente de un Estado miembro ante la 
Unión Europea, lo que, además, no se ha discutido en el marco del presente recurso 
de casación. 
41 Por lo tanto, el personal de dicha representación permanente, incluyendo su 
personal administrativo y técnico, debe considerarse, por su pertenencia a las 
estructuras de la referida representación, al servicio del Estado miembro en cuestión 
y, en consecuencia, en situación de «expatriación» con arreglo al artículo 4, 
apartado 1, letra a), segundo guión, del anexo VII del Estatuto. 
42 Pues bien, en el caso de autos, como ya constató el Tribunal de Primera Instancia, la 
Sra. Hosman-Chevalier, aunque no había sido contratada por la Administración 
central austriaca, era miembro del personal de la Representación Permanente de la 
República de Austria, estaba bajo la autoridad jerárquica del Embajador y gozaba del 
mismo estatuto que los demás funcionarios destinados en dicha Representación. Se 
desprende igualmente de la sentencia recurrida que la Sra. Hosman-Chevalier se ha 
beneficiado, por este concepto, de diversos privilegios e inmunidades, a saber, en 
particular, la exención de las tasas regionales sobre los bienes inmuebles. En estas 
circunstancias, debe considerarse que la Sra. Hosman-Chevalier ha prestado 
servicios para el Estado austriaco. 
43 El estatuto particular de la Sra. Hosman-Chevalier, descrito en el apartado anterior, 
ha estado en el origen de su vínculo de conexión específico con la República de 
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COMISIÓN / HOSMAN-CHEVALIER 
Austria. Este último creó, por sí mismo, un obstáculo a que pudiera tener un vínculo 
de conexión duradero con el país de destino y, por ende, a que se integrara de 
manera suficiente en la sociedad de dicho país de destino. 
44 De este modo, el Tribunal de Primera Instancia estimó legítimamente en el 
apartado 42 de la sentencia recurrida, respecto de la ratio legis del artículo 4, 
apartado 1, letra a), segundo guión, segunda frase, del anexo VII del Estatuto, que 
para tener derecho a la indemnización por expatriación bastaba con que la Sra. 
Hosman-Chevalier hubiera ejercido su actividad profesional para la Representación 
Permanente de la República de Austria, cualesquiera que fueran las funciones 
particulares y específicas ejercidas en dicho organismo. 
45 Por ello, el argumento de la Comisión según el cual el beneficio de la indemnización 
por expatriación está condicionado a la existencia de un vínculo jurídico directo 
entre la persona interesada y el Estado en cuestión carece de todo fundamento. 
46 La interpretación del Tribunal de Primera Instancia es, por lo demás, conforme con 
la autonomía de que deben disfrutar los Estados miembros en la organización 
interna de sus representaciones permanentes. Como señaló el Abogado General en 
el punto 89 de sus conclusiones, corresponde al Estado miembro determinar los 
organismos destinados a formar parte de la representación permanente, así como 
identificar los intereses públicos de cuya defensa las diversas instancias que conviven 
en el seno de dicha representación deben hacerse portadoras en las relaciones con 
las instituciones comunitarias. 
47 Teniendo en cuenta lo anterior, procede declarar que el Tribunal de Primera 
Instancia no incurrió en un error de Derecho al concluir en el apartado 47 de la 
sentencia recurrida que procedía anular las decisiones de la Comisión de 8 de abril y 
29 de octubre de 2003, en la medida en que denegaban a la Sra. Hosman-Chevalier 
la indemnización por expatriación. 
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SENTENCIA DE 21.6.2007 — ASUNTO C-424/05 P 
48 De todas las consideraciones precedentes se desprende que el recurso de casación de 
la Comisión debe desestimarse por infundado. 
Costas 
49 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al 
recurso de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que 
pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. 
Por haber solicitado la Sra. Hosman-Chevalier que se condene en costas a la 
Comisión y haber sido desestimado el motivo formulado por ésta, procede 
condenarla en costas. 
En virtud de todo lo expuesto, El Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide: 
1) Desestimar el recurso de casación. 
2) Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas, 
Firmas 
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