62023CJ0364
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 12 de junio de 2025 (
*1
)
«Recurso de casación — Función pública — Transferencia interinstitucional — Solicitud de transferencia presentada con arreglo al artículo 8 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea en respuesta a una convocatoria para proveer plaza vacante — Denegación de dicha solicitud — Obligación de respetar el orden de prioridad previsto en el artículo 29, apartado 1, de ese Estatuto — Errores de Derecho — Motivación contradictoria»
En el asunto C‑364/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 8 de junio de 2023,
ZR, representada por la Sra. A. Champetier y el Sr. S. Rodrigues, avocats,
parte recurrente en casación,
en el que la otra parte en el procedimiento es:
Oficina de Propiedad Intelectual
de la Unión Europea (EUIPO), representada por las Sras. E. Lekan y A. Lukošiūtė, en calidad de agentes,
parte demandada en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún (Ponente), Presidenta de Sala, y los Sres. D. Gratsias, E. Regan, J. Passer y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 30 de enero de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso de casación, ZR solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 29 de marzo de 2023, ZR/EUIPO (T‑400/21, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:169), mediante la cual dicho Tribunal desestimó su recurso de anulación de la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 8 de septiembre de 2020 de denegar su solicitud de transferencia a la EUIPO (en lo sucesivo, «decisión controvertida»).
I. Marco jurídico
A. Reglamento (UE) 2017/1001
2
A tenor del artículo 143, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1), «sin perjuicio de la aplicación del artículo 166 del presente Reglamento a los miembros de las salas de recurso, se aplicarán al personal de la [EUIPO] el Estatuto de los funcionarios [de la Unión Europea], el régimen aplicable a otros agentes [de la Unión] y las normas de desarrollo de estas disposiciones adoptadas de común acuerdo por las instituciones de la Unión.»
B. Estatuto
3
El artículo 1 bis del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, en su versión aplicable al litigio (en lo sucesivo, «Estatuto»), tiene el siguiente tenor:
«1.   Son funcionarios de la Unión, con arreglo al presente Estatuto, las personas que hayan sido nombradas, en las condiciones previstas en él, para un puesto de trabajo permanente en una de las instituciones de la Unión, mediante un acto escrito de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de dicha institución.
2.   La definición del apartado 1 englobará asimismo las personas nombradas por los organismos de la Unión a las que sea de aplicación el presente Estatuto en virtud de los actos de la Unión que los creen (en lo sucesivo denominados “agencias”). Toda referencia a las “instituciones” contenida en el presente Estatuto será aplicable a las agencias, salvo disposición en contrario del mismo.»
4
A tenor del artículo 4 del Estatuto:
«Los nombramientos o promociones solo podrán tener por objeto la provisión de vacantes en las condiciones previstas en el presente Estatuto.
Las vacantes que se produzcan en una institución serán comunicadas al personal de la misma desde el momento en que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos haya decidido que dicho puesto de trabajo debe ser provisto.
Si no fuere posible cubrir la vacante mediante traslado, nombramiento en un puesto de conformidad con el artículo 45 bis o promoción, será comunicada al personal de las demás instituciones y/o se organizará un concurso interno.»
5
El artículo 8 del Estatuto dispone:
«El funcionario que haya sido destinado en comisión de servicio a otra institución de la Unión Europea podrá solicitar ser transferido a dicha institución una vez transcurrido un plazo de seis meses.
Si la solicitud fuera atendida, por común acuerdo de la institución de origen y de la institución a la que haya sido destinado en comisión de servicio, se considerará que el funcionario ha desempeñado su carrera en la Unión en el seno de esta última. Esta transferencia no dará derecho a la percepción de ninguno de los beneficios económicos previstos en este Estatuto, para el caso del cese definitivo de un funcionario en una institución de la Unión.
[…]»
6
El artículo 29, apartado 1, del Estatuto establece:
«A fin de proveer las vacantes que existan en una institución, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos considerará en primer lugar:
a)
las posibilidades de proveer la vacante mediante:
i)
traslado, o
ii)
nombramiento con arreglo al artículo 45 bis, o
iii)
promoción
en la institución;
b)
las solicitudes de traslado de funcionarios del mismo grado de otras instituciones, y,
c)
si no fuera posible proveer la vacante por medio de las posibilidades mencionadas en las letras a) y b), la posibilidad de considerar las listas descriptivas de los candidatos contempladas en el artículo 30, en su caso teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes relativas a los candidatos incluidos en las listas de aptitud que figuran en el anexo III o
d)
las posibilidades de convocar un concurso interno en la institución abierto exclusivamente a los funcionarios y a los agentes temporales definidos en el artículo 2 del régimen aplicable a otros agentes de la Unión Europea;
o iniciará el procedimiento de concurso, de oposición o de concurso-oposición. […]
[…]»
II. Antecedentes del litigio
7
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 13 de la sentencia recurrida y pueden resumirse de la siguiente forma.
8
La recurrente, funcionaria de grado AD 5 en la Comisión Europea, fue destinada, a petición propia, en comisión de servicio a la EUIPO, donde ocupó un puesto de asistente en materia de propiedad intelectual, como agente temporal, desde el 16 de septiembre de 2013.
9
El 1 de marzo de 2019, la recurrente celebró con la EUIPO un nuevo contrato de cinco años de duración, en virtud del cual ocupó un puesto de especialista en propiedad intelectual, como agente temporal de grado AD 6.
10
En marzo de 2020, la EUIPO publicó una convocatoria interna de manifestaciones de interés para nombrar funcionarios de la EUIPO a agentes temporales y contractuales, en el marco del ejercicio anual de transferencias (en lo sucesivo, «ejercicio anual de transferencias»). Dicha convocatoria precisaba que estaba abierta a todos los perfiles profesionales, incluidos los relacionados con la propiedad intelectual. La EUIPO indicó en la convocatoria que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») examinaría las candidaturas presentadas teniendo en cuenta el interés del servicio y a la luz de criterios como i) los puestos o conocimientos clave en la EUIPO, ii) la carrera profesional y el rendimiento en la EUIPO, iii) las oportunidades existentes en la plantilla, iv) el impacto presupuestario y v) la duración restante del contrato o el período de validez de las listas de reserva (en lo sucesivo, «criterios de transferencia»).
11
El 31 de marzo de 2020, la recurrente presentó su candidatura y solicitó ser trasferida a la EUIPO con arreglo al artículo 8 del Estatuto.
12
El 16 de abril de 2020, la EUIPO publicó la convocatoria para proveer plaza vacante EXT/20/38/AD 6/Especialista PI con el fin de elaborar una lista de reserva de candidatos para cubrir un puesto de especialista en propiedad intelectual mediante la contratación de un agente temporal de grado AD 6 (en lo sucesivo, «convocatoria externa para proveer plaza vacante»).
13
Por otra parte, el 28 de abril de 2020, la EUIPO publicó la convocatoria interna para proveer plaza vacante IM/FT&TA/20/47/AD/OD dirigida a funcionarios y a agentes temporales de los grados AD 5 a AD 8, para cubrir un puesto de especialista en propiedad intelectual (en lo sucesivo, «convocatoria interna para proveer plaza vacante»).
14
El 12 de mayo de 2020, la recurrente presentó su candidatura en respuesta a esta convocatoria interna.
15
Mediante correo electrónico fechado ese mismo día, dirigido a la AFPN, la recurrente se refirió a la mencionada convocatoria interna y, sobre la base del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, solicitó ser transferida a la EUIPO, de conformidad con los artículos 8 y 29 del Estatuto (en lo sucesivo, «solicitud controvertida»).
16
El 8 de septiembre de 2020, mediante la decisión controvertida, la AFPN denegó dicha solicitud.
17
El 5 de noviembre de 2020, la EUIPO contrató a un agente temporal, seleccionado a raíz de la publicación de la convocatoria externa para proveer plaza vacante.
18
El 8 de diciembre de 2020, la recurrente presentó una reclamación contra la decisión controvertida con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, reclamación que fue desestimada mediante decisión de 22 de marzo de 2021 (en lo sucesivo, «decisión sobre la reclamación»).
III. Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
19
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 2 de julio de 2021, la recurrente interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la decisión controvertida y, en la medida en que sea necesario, de la decisión sobre la reclamación.
20
En apoyo de su recurso, invocó tres motivos. El primero se basaba, en esencia, en la infracción de los artículos 4, 8, 29 y 110 del Estatuto y en la violación del principio de continuidad de la carrera de los funcionarios de la Unión. El segundo motivo se basaba en la violación del principio de igualdad de trato. Por último, el tercer motivo se basaba en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la existencia de un error manifiesto de apreciación y en el incumplimiento del deber de asistencia y protección.
21
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó estos tres motivos y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
22
En particular, al examinar el primer motivo, el Tribunal General consideró que la solicitud controvertida debía calificarse de solicitud de transferencia basada en el artículo 8, párrafo primero, del Estatuto y no de candidatura a la convocatoria interna para proveer plaza vacante. Asimismo, declaró que, por su propia naturaleza, no podía considerarse que la finalidad de esa solicitud de transferencia fuese cubrir un puesto vacante objeto de una convocatoria para proveer plaza vacante, por lo que, al examinar la solicitud controvertida, la EUIPO no estaba obligada a aplicar ni el artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto ni lo dispuesto en su artículo 4.
IV. Pretensiones de las partes en el recurso de casación
23
La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Anule la decisión controvertida y la decisión sobre la reclamación o, en su defecto, devuelva el asunto al Tribunal General para que este resuelva.
–
Condene en costas a la EUIPO.
24
La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Declare manifiestamente inadmisible el recurso de casación en su totalidad o, con carácter subsidiario, lo desestime por infundado.
–
Condene a la recurrente a cargar con las costas del procedimiento en casación y del procedimiento sustanciado ante el Tribunal General.
V. Sobre el recurso de casación
25
En apoyo de su recurso de casación, la recurrente formula tres motivos mediante los que impugna respectivamente la desestimación de cada uno de los tres motivos invocados en primera instancia.
A. Sobre la admisibilidad del recurso de casación
1.
Alegaciones de las partes
26
La EUIPO considera que el recurso de casación es inadmisible al estar basado principalmente en la supuesta interpretación errónea de la solicitud controvertida por parte del Tribunal General, que, según la recurrente, erró al calificarla de solicitud de transferencia con arreglo al artículo 8 del Estatuto, en lugar de calificarla de candidatura a la convocatoria interna para proveer plaza vacante.
27
En opinión de la EUIPO, esta alegación no es suficientemente clara y precisa para que el Tribunal de Justicia pueda ejercer su control, ya que los elementos esenciales en los que se basa el recurso de casación no se desprenden de manera suficientemente coherente y comprensible del texto de dicho recurso. Por otra parte, considera que, mediante esta alegación, pretende que se reinterprete la solicitud controvertida de un modo manifiestamente contradictorio con los hechos probados que constan en autos.
28
Además, por lo que se refiere a las demás alegaciones formuladas en apoyo del recurso de casación, la recurrente se limita, según la EUIPO, a reproducir los motivos y las alegaciones ya invocados ante el Tribunal General, sin precisar el error de Derecho en que incurre la sentencia recurrida.
29
La recurrente sostiene que el recurso es admisible.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
30
Del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de que se trate (sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, apartado 99 y jurisprudencia citada).
31
No cumple estos requisitos y debe declararse inadmisible el motivo cuya argumentación no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, concretamente porque los elementos esenciales en los que se base el motivo no resulten de manera suficientemente coherente y comprensible del texto de dicho recurso de casación, formulado de manera oscura y ambigua a este respecto. El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que debe desestimarse, por ser manifiestamente inadmisible, un recurso de casación que carezca de una estructura coherente, que se limite a realizar afirmaciones generales y que no incluya indicaciones precisas acerca de los apartados de la resolución recurrida que pudieran adolecer de un error de Derecho (sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA, C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, apartado 100 y jurisprudencia citada).
32
Por otra parte, del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se deriva que el Tribunal General, por una parte, es el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos. En cambio, cuando el Tribunal General ha comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer un control sobre la calificación jurídica de estos y las consecuencias en Derecho que de ella ha deducido el Tribunal General (sentencia de 4 de abril de 2017, Defensor del Pueblo/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, apartado 53 y jurisprudencia citada).
33
En el presente asunto, debe señalarse, para empezar, que la calificación jurídica de la solicitud controvertida es una cuestión que forma parte de la calificación jurídica de los hechos y que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado precedente de la presente sentencia, puede someterse al control del Tribunal de Justicia en fase de casación. Además, contrariamente a lo que sostiene la EUIPO, la recurrente identifica varios apartados de la sentencia recurrida, en particular sus apartados 45 a 48 y 60 a 64, en los que estima que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho o que desnaturalizó las pruebas relativas a esa calificación jurídica y expone, de manera comprensible, las razones por las que considera que dicha sentencia debería ser anulada.
34
Por otra parte, en la medida en que la EUIPO alega que la recurrente reproduce los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal General, se debe recordar que, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal General, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido (sentencia de 4 de octubre de 2024, Aeris Invest/Comisión y JUR, C‑535/22 P, EU:C:2024:819, apartado 106 y jurisprudencia citada).
35
En consecuencia, procede declarar admisible el presente recurso de casación.
B. Primer motivo de casación
36
Mediante su primer motivo de casación, que consta de tres partes, la recurrente reprocha al Tribunal General que desestimase el primer motivo invocado en primera instancia.
1.
Primera parte del primer motivo de casación
a)
Alegaciones de las partes
37
Mediante la primera parte de su primer motivo de casación, la recurrente rebate la calificación jurídica que realizó el Tribunal General de la solicitud controvertida y alega que este incurrió en errores de Derecho al interpretar los artículos 4, 8 y 29 del Estatuto.
38
A su juicio, en primer término, en los apartados 45 a 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas al considerar que dicha solicitud no era una candidatura a la convocatoria interna para proveer plaza vacante, sino una solicitud de transferencia basada en el artículo 8 del Estatuto.
39
En segundo término, esa calificación jurídica adolece, según la recurrente, de un error de Derecho, en la medida en que el Tribunal General incurrió en error al considerar que los artículos 8 y 29 del Estatuto no están relacionados.
40
La recurrente afirma que el Tribunal General estableció, en el apartado 60 de la sentencia recurrida, una distinción absoluta entre las transferencias interinstitucionales que se realizan en virtud de dicho artículo 8 y las que se realizan a raíz de la publicación de convocatorias interinstitucionales para proveer plazas vacantes, de conformidad con el artículo 29, apartado 1, letra b).
41
Sin embargo, en su opinión, en virtud del artículo 4 del Estatuto, todo puesto vacante debe ser publicado y los medios para proveer dicho puesto se regulan en el artículo 29 del Estatuto, entre los que figura la transferencia, en el sentido del artículo 8 del Estatuto. Así, estos artículos 8 y 29 no regulan, en su opinión, dos procedimientos diferentes.
42
En tercer término, la recurrente sostiene que, en los apartados 48 y 61 a 63 de la sentencia recurrida, el Tribunal General interpretó que el artículo 8 del Estatuto era aplicable únicamente en caso de existir una solicitud de transferencia sin puesto vacante. Ahora bien, este supuesto no puede darse, ya que sería contrario al artículo 4 del Estatuto, que exige que exista un puesto vacante al que el funcionario pueda ser transferido.
43
Así pues, a su juicio, el Tribunal General incurrió, asimismo, en error de Derecho al considerar, en el apartado 64 de dicha sentencia, que, al examinar la solicitud controvertida, la EUIPO no estaba obligada a aplicar ni el artículo 4 ni el artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto.
44
En cuarto término, según la recurrente, la decisión controvertida es resultado de un procedimiento arbitrario, a saber, el ejercicio anual de transferencias, mediante el cual la EUIPO elude el artículo 29 del Estatuto, al tener en cuenta criterios, como el rendimiento o el tiempo restante de contrato, pertinentes para la promoción y no para la contratación. Además, en su opinión, este procedimiento también es contrario al Estatuto por aplicarse no solo a los funcionarios en comisión de servicio que desean ser transferidos, sino también a las personas que desean ser contratadas a partir de una lista de reserva, pese a que estas últimas no pueden ser contratadas en virtud del artículo 8 del Estatuto, puesto que no son funcionarios.
45
La EUIPO sostiene que la recurrente confunde los dos tipos de transferencias interinstitucionales a que se refiere el apartado 60 de la sentencia recurrida, mencionadas en el apartado 40 de la presente sentencia, y precisa que el ejercicio anual de transferencias tiene por objeto establecer un marco para la aplicación del artículo 8 del Estatuto a efectos del nombramiento, como funcionarios de la EUIPO, de funcionarios de otras instituciones que ya trabajan en dicha Oficina como agentes temporales o contractuales.
46
Según la EUIPO, la recurrente se refirió sistemáticamente, durante el procedimiento administrativo, así como en sus escritos en primera instancia y en casación, a la solicitud controvertida como «solicitud de transferencia». Sin embargo, en su recurso de casación, pretende hacer valer la solicitud controvertida como candidatura a la convocatoria interna para proveer plaza vacante, lo que, a su juicio, supone modificar el objeto del litigio ante el Tribunal General y formular por primera vez ante el Tribunal de Justicia un argumento que no adujo ante el Tribunal General, razón por la cual procede, en su opinión, declarar inadmisible dicho argumento.
47
Según la EUIPO, aun suponiendo que la solicitud controvertida se hubiera presentado en virtud del artículo 29, apartado 1, del Estatuto, lo que la recurrente en realidad pretendía era su transferencia a la EUIPO.
48
En cualquier caso, entiende que el Tribunal General consideró acertadamente que la EUIPO no estaba obligada a aplicar el artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto ni su artículo 4, ya que la convocatoria interna para proveer plaza vacante se publicó con arreglo al artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto al objeto de cubrir un puesto vacante mediante la selección de un funcionario o de un agente temporal que ya trabajara en dicha Oficina.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
1) Sobre la admisibilidad
49
Es preciso recordar que, según el artículo 170, apartado 1, segunda frase, del Reglamento de Procedimiento, el recurso de casación no puede modificar el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General. Así, según reiterada jurisprudencia, en el procedimiento de casación, la competencia del Tribunal de Justicia se limita a la apreciación de la solución jurídica dada a los motivos debatidos ante los jueces que conocieron del asunto en primera instancia. Por lo tanto, una parte no puede invocar por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no haya invocado ante el Tribunal General, ya que ello equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General (sentencia de 27 de febrero de 2025, Lukoil/Registre de transparence y otros, C‑223/24 P, EU:C:2025:129, apartado 34 y jurisprudencia citada).
50
En el presente asunto, de los apartados 56 a 58 de la sentencia recurrida se desprende que, mediante la segunda parte del primer motivo de su recurso en primera instancia, la recurrente sostuvo, en esencia, que, de conformidad con el artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto, la EUIPO estaba obligada a analizar la solicitud controvertida en relación con el puesto vacante que deseaba cubrir a raíz de la publicación de la convocatoria interna para proveer plaza vacante. Pues bien, como se desprende del apartado 43 de la presente sentencia, mediante la primera parte de su primer motivo de casación, la recurrente alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar esta alegación. De ello se infiere que, contrariamente a lo que sostiene la EUIPO, en esta primera parte, la recurrente no formula una alegación que no hubiera invocado ante el Tribunal General y no modifica el objeto del litigio planteado ante dicho órgano jurisdiccional, por lo que la referida parte es admisible.
51
En consecuencia, la primera parte del primer motivo de casación es admisible.
2) Sobre el fondo
52
En el apartado 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la recurrente, al alegar que los artículos 8 y 29, apartado 1, del Estatuto deben aplicarse de forma simultánea, confundía, por un lado, las transferencias interinstitucionales realizadas en virtud de dicho artículo 8 y, por otro, las transferencias interinstitucionales realizadas a raíz de la publicación de convocatorias interinstitucionales para proveer plazas vacantes, con arreglo al citado artículo 29, apartado 1, letra b).
53
En los apartados 61 y 62 de la referida sentencia, el Tribunal General declaró que, por su propia naturaleza, no puede considerarse que la finalidad de una solicitud de transferencia interinstitucional, presentada de conformidad con el referido artículo 8, párrafo primero, sea cubrir una vacante objeto de una convocatoria para proveer plaza vacante y que, por consiguiente, la solicitud controvertida no puede vincularse válidamente a la vacante a la que se refiere la convocatoria interna.
54
Así, en el apartado 63 de la citada sentencia, el Tribunal General desestimó la alegación de la recurrente según la cual la EUIPO estaba obligada, en virtud del artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto, a tomar en consideración la solicitud controvertida en el examen de las candidaturas presentadas en respuesta a la convocatoria interna para proveer plaza vacante.
55
Por último, en el apartado 64 de la misma sentencia, el Tribunal General añadió que, a efectos del examen de dicha solicitud, la EUIPO tampoco estaba obligada a aplicar el artículo 4 del Estatuto, dado que los artículos 29, apartado 1, letra b), y 4 se refieren a la comunicación de las vacantes al personal de las demás instituciones. De ello dedujo que la alegación de la recurrente relativa a la inobservancia, por parte de la EUIPO, del orden de prioridad enunciado en el referido artículo 29 y de las normas establecidas en dicho artículo 4 era inoperante.
56
A este respecto, procede señalar que del artículo 8, párrafo primero, del Estatuto se desprende que un funcionario de una institución de la Unión destinado en comisión de servicio en otra institución puede solicitar ser transferido a dicha institución una vez transcurrido un plazo de seis meses.
57
Asimismo, del artículo 29, apartado 1, letras a) a c), del Estatuto se desprende que, a fin de proveer las vacantes que existan en una institución, la AFPN debe considerar, en primer lugar, las posibilidades de proveer la vacante en dicha institución mediante traslado, nombramiento con arreglo al artículo 45 bis o promoción, así como las solicitudes de traslado de funcionarios del mismo grado de otras instituciones, y, si no fuera posible proveer la vacante por medio de estas posibilidades y solicitudes, la posibilidad de considerar las listas de aptitud de los candidatos elaboradas a raíz de un concurso general.
58
El Tribunal de Justicia ha declarado que dicho artículo 29, apartado 1, enumera las fases consecutivas que deben seguirse cuando hay que proveer un puesto vacante en una institución, de modo que la AFPN debe examinar, por orden de prioridad, las posibilidades de selección enumeradas en esa disposición. Por consiguiente, dicha disposición otorga prioridad a los funcionarios que ya prestan sus servicios en la institución de que se trate frente a los funcionarios de las demás instituciones y a estos últimos sobre las personas que se encuentran en listas de aptitud elaboradas a raíz de un concurso (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 1999, Carbajo Ferrero/Parlamento, C‑304/97 P, EU:C:1999:152, apartados 29 y 30 y jurisprudencia citada).
59
Es preciso señalar que los conceptos de «transferencia», en el sentido del artículo 8 del Estatuto, y de «traslado», en el sentido del artículo 29, apartado 1, letra b), de este, deben considerarse equivalentes.
60
En efecto, aunque, en su versión en lengua francesa, estas disposiciones utilizan, respectivamente, los términos «transféré/transfert» y «mutation», en muchas otras versiones lingüísticas, emplean términos idénticos o, al menos, muy similares. Esto no solo sucede en la versión inglesa de dichas disposiciones, que es la lengua de procedimiento (respectivamente, «transferred/transfer» y«transfer»), sino también en las versiones española («transferido/transferencia» y «traslado»), alemana («Übernahme» y «Übernahmeanträge»), italiana («trasferito/trasferimento» y «trasferimento»), neerlandesa («over te gaan/Overgang» y «Overgang»), portuguesa («transferência» y «transferência») o rumana («transferul/transfer» y «transfer») de las mismas disposiciones.
61
Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en relación con el traslado dentro de una institución, contemplado en el artículo 7 del Estatuto, que existe transferencia en caso de traslado de un funcionario a un puesto vacante (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de febrero de 1981, Carbognani y Coda Zabetta/Comisión, 161/80 y 162/80, EU:C:1981:51, apartado 19, y de 21 de mayo de 1981, Kindermann/Comisión, 60/80, EU:C:1981:115, apartado 12).
62
De ello se infiere que, cuando, tras haber comprobado, en virtud del artículo 29, apartado 1, del Estatuto, que, para poder seleccionar a una persona que posea las más altas cualidades de rendimiento, competencia e integridad, es necesario ampliar el procedimiento de selección al menos a las solicitudes previstas en el artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto, la AFPN publica una convocatoria para proveer una plaza vacante, está obligada a tomar en consideración, con arreglo a esta última disposición, las solicitudes de transferencia interinstitucional presentadas en virtud del artículo 8 del Estatuto.
63
Es cierto que el artículo 8 del Estatuto se refiere a la situación de un funcionario considerado individualmente, al reconocerle el derecho a solicitar una transferencia a la institución en la que esté destinado en comisión de servicio desde hace al menos seis meses. No obstante, ello no implica que cuando la AFPN, para poder seleccionar a una persona que posea las más altas cualidades de rendimiento, competencia e integridad, haya considerado necesario ampliar el procedimiento de selección más allá de las posibilidades previstas en el artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto, pueda eximirse a dicha autoridad de tomar en consideración una solicitud de transferencia interinstitucional presentada en virtud de dicho artículo 8.
64
En efecto, como se desprende del tenor del artículo 4, párrafo primero, del Estatuto, los nombramientos solo pueden tener por objeto la provisión de vacantes. Por consiguiente, como sostiene la recurrente, en caso de transferencia interinstitucional con arreglo al artículo 8 del Estatuto, un funcionario solo puede ser transferido a un puesto vacante en la institución a la que ha sido destinado en comisión de servicio, incluido el puesto que ocupa temporalmente durante dicha comisión de servicio. Además, con arreglo al artículo 1 bis, apartado 1, del Estatuto, el puesto vacante al que se traslada dicho funcionario debe ser un puesto de trabajo permanente. Ahora bien, para cubrir esa vacante, la AFPN debe respetar el orden de prioridad previsto en el artículo 29, apartado 1, del Estatuto (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 24 de febrero de 1981, Carbognani y Coda Zabetta/Comisión, 161/80 y 162/80, EU:C:1981:51, apartado 19, y de 21 de mayo de 1981, Kindermann/Comisión, 60/80, EU:C:1981:115, apartado 12).
65
Es cierto que, como recordó acertadamente el Tribunal General en el apartado 50 de la sentencia recurrida, el Estatuto no confiere ningún derecho a una transferencia interinstitucional en virtud del artículo 8 del Estatuto.
66
No obstante, de dicho artículo se desprende que los funcionarios de una institución destinados en comisión de servicio desde hace al menos seis meses en otra institución tienen derecho a solicitar que se les transfiera a esta última. Pues bien, para velar por la efectividad de este derecho, toda institución que reciba una solicitud en este sentido en el marco de un procedimiento de selección ampliado más allá de las posibilidades previstas en el artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto tiene la obligación de tomarla en consideración y de examinarla a los efectos de cubrir el puesto vacante de que se trate.
67
Así, al afirmar, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, que, por su propia naturaleza, no puede considerarse que la finalidad de una solicitud de transferencia interinstitucional, presentada con arreglo al artículo 8, párrafo primero, del Estatuto, sea cubrir una vacante objeto de una convocatoria para proveer plaza vacante, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
68
Por consiguiente, los apartados 62 a 64 de la citada sentencia, que se basan en esta premisa errónea, también incurren en ilegalidad.
69
Además, como ha señalado el Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, el error de Derecho mencionado en el apartado 67 de la presente sentencia también afecta a la calificación jurídica de la solicitud controvertida. En efecto, en los apartados 40 a 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal General excluyó, en esencia, que la solicitud controvertida pudiera ser tomada en consideración y examinada como candidatura a la convocatoria interna para proveer plaza vacante basada en el artículo 29, apartado 1, del Estatuto, debido a que dicha solicitud se había presentado con arreglo al artículo 8 de este y a que, en su opinión, estas dos disposiciones no podían aplicarse simultáneamente.
70
Pues bien, dado que esta apreciación del Tribunal General adolece de un error de Derecho, se debe concluir que la calificación jurídica de la solicitud controvertida adolece del mismo error, sin que sea necesario examinar, como sostiene la recurrente, si el Tribunal General desnaturalizó las pruebas relativas a dicha calificación.
71
A la vista de las anteriores consideraciones, procede estimar la primera parte del primer motivo de casación.
2.
Tercera parte del primer motivo de casación
a)
Alegaciones de las partes
72
Mediante la tercera parte de su primer motivo de casación, la recurrente afirma que, en primera instancia, alegó que el ejercicio anual de transferencias carecía de fundamento jurídico e infringía lo dispuesto en los artículos 4 y 29 del Estatuto y que no existía ninguna relación entre dicho ejercicio y el artículo 8 del Estatuto. No obstante, el Tribunal General, vulnerando el derecho de defensa, respondió solo en parte a estas alegaciones.
73
La recurrente sostiene que el Tribunal General consideró, en el apartado 69 de la sentencia recurrida, que sus alegaciones relativas al ejercicio anual de transferencias no eran pertinentes, ya que se referían a su solicitud de transferencia de 31 de marzo de 2020, mencionada en el apartado 11 de la presente sentencia, mientras que el recurso en primera instancia tenía por objeto otra solicitud de transferencia presentada fuera del plazo fijado para responder a la convocatoria de manifestaciones de interés en el marco de dicho ejercicio.
74
En su opinión, esta afirmación, por un lado, contradice el apartado 47 de la sentencia recurrida y, por otro, se basa en una desnaturalización de las pruebas, ya que de los autos se desprende que la decisión controvertida se adoptó en el marco del ejercicio anual de transferencias y que el Tribunal General confirmó, en el apartado 51 de dicha sentencia, que «de la decisión [controvertida] se desprende que la EUIPO analizó la solicitud controvertida a la luz de los criterios de transferencia».
75
Así, la recurrente considera que tiene derecho a impugnar el procedimiento de ejercicio anual de transferencias, ya que este le ha sido aplicado.
76
La EUIPO replica, en su escrito de contestación, que la recurrente se limita a reproducir las alegaciones que ya formuló ante el Tribunal General, por lo que estas son inadmisibles. Afirma además que, dado que la solicitud controvertida se presentó haciendo referencia a la convocatoria interna para proveer plaza vacante, cualquier alegación por la que se impugne el ejercicio anual de transferencias carece de pertinencia.
b)
Apreciación del Tribunal de Justicia
1) Sobre la admisibilidad
77
Por lo que se refiere a la admisibilidad de la tercera parte del primer motivo de casación, basta con señalar que la recurrente no se limita a reproducir motivos y alegaciones ya formulados en primera instancia, sino que sostiene, en particular, que el Tribunal General no examinó todas las alegaciones formuladas ante él para impugnar la legalidad del ejercicio anual de transferencias y que la motivación de la sentencia recurrida adolece de contradicciones.
78
Pues bien, constituyen cuestiones de Derecho que pueden ser invocadas en el marco de un recurso de casación tanto la cuestión de si el Tribunal General alteró el objeto o la esencia de las diferentes pretensiones y motivos formulados por la parte recurrente (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de junio de 2018, Ori Martin/Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C‑463/17 P, EU:C:2018:411, apartado 18 y jurisprudencia citada) como la de si la motivación de una sentencia del Tribunal General es contradictoria (sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA, C‑587/21 P, EU:C:2024:1017, apartado 58 y jurisprudencia citada).
79
De ello se infiere que, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 34 de la presente sentencia, la tercera parte del primer motivo de casación es admisible.
2) Sobre el fondo
80
En el apartado 69 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que cualquier alegación relativa al ejercicio anual de transferencias carecía de pertinencia en el contexto del control de la legalidad de la decisión controvertida, ya que la solicitud controvertida se había presentado fuera del plazo fijado para responder a la convocatoria de manifestaciones de interés en el marco de dicho ejercicio.
81
Procede señalar que, como sostiene la recurrente, esta constatación contradice, en particular, la que figura en el apartado 51 de dicha sentencia, a saber, que «de la decisión [controvertida] se desprende que la EUIPO analizó la solicitud controvertida a la luz de los criterios de transferencia» y que «la solicitud controvertida contiene numerosas referencias [a estos] criterios», habida cuenta de que dichos criterios se elaboraron, como se desprende del apartado 10 de la presente sentencia, en el marco del ejercicio anual de transferencias.
82
Por lo tanto, la motivación de la sentencia recurrida adolece de una contradicción a este respecto.
83
En efecto, el apartado 69 de la sentencia recurrida, según el cual «cualquier alegación relacionada con el ejercicio anual de transferencias carece de pertinencia en el marco del control de la legalidad de la decisión [controvertida]», contradice lo dispuesto en el apartado 51 de dicha sentencia, según el cual «de la decisión [controvertida] se desprende que la EUIPO analizó la solicitud controvertida a la luz de los criterios de transferencia».
84
A la vista de las anteriores consideraciones, procede estimar la tercera parte del primer motivo de casación.
C. Primera parte del segundo motivo de casación
1.
Alegaciones de las partes
85
Mediante su segundo motivo de casación, que consta de tres partes, la recurrente reprocha al Tribunal General que desestimase el segundo motivo que formuló en primera instancia.
86
Mediante la primera parte de su segundo motivo de casación, la recurrente impugna la desestimación, por parte del Tribunal General, de sus alegaciones relativas a la desigualdad de trato entre los candidatos externos y los funcionarios que solicitaban ser transferidos, basándose en que dichas alegaciones se fundaban en la inobservancia del orden de prioridad previsto en el artículo 29, apartado 1, del Estatuto.
87
En primer lugar, la recurrente sostiene que el Tribunal General declaró erróneamente, en el apartado 76 de la sentencia recurrida, que, habida cuenta de la calificación de la solicitud controvertida de «solicitud de transferencia basada en el artículo 8, párrafo primero, del Estatuto», toda alegación basada en la infracción del artículo 29, apartado 1, de este carecía de pertinencia.
88
En segundo lugar, la recurrente rebate la afirmación que figura en el apartado 79 de la sentencia recurrida según la cual, al tratarse de una funcionaria que solicita ser transferida a la EUIPO, no puede equiparar su situación a la de un candidato contratado con carácter temporal, porque estas dos situaciones se rigen por dos regímenes distintos, a saber, respectivamente, el Estatuto y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión. Según la recurrente, esta afirmación no es conforme con la convocatoria interna para proveer plaza vacante, abierta tanto a los funcionarios como a los agentes temporales.
89
La EUIPO sostiene que, mediante su segundo motivo de casación, la recurrente pretende que se reinterprete la solicitud controvertida como una candidatura a la convocatoria interna para proveer plaza vacante, lo que constituye un intento ilegal de que se reexaminen los hechos y las pruebas que constan en autos, y que, por consiguiente, debe declararse inadmisible este motivo de casación.
90
En cualquier caso, por lo que se refiere a la primera parte de dicho motivo de casación, la EUIPO afirma que la convocatoria interna para proveer plaza vacante no habría podido aplicarse a los funcionarios destinados en dicha Oficina, a saber, a la situación en la que se encontraba la recurrente.
2.
Apreciación del Tribunal de Justicia
a)
Sobre la admisibilidad
91
En la medida en que, según la EUIPO, mediante su segundo motivo de casación, la recurrente pretende que se reinterprete la solicitud controvertida como una candidatura a la convocatoria interna para proveer plaza vacante, lo que constituye, a su parecer, un intento ilegal de que se reexaminen los hechos y las pruebas obrantes en autos, basta con señalar que, por las razones expuestas en el marco de la apreciación del primer motivo de casación, la recurrente está legitimada para impugnar la calificación jurídica de dicha solicitud.
92
Por consiguiente, el segundo motivo de casación, incluida su primera parte, es admisible.
b)
Sobre el fondo
93
La primera parte del segundo motivo de casación se refiere a la desestimación, por el Tribunal de General, de la alegación de la recurrente según la cual la inobservancia del orden de prioridad previsto en el artículo 29, apartado 1, del Estatuto había dado lugar a una desigualdad de trato entre los candidatos externos y los funcionarios que solicitaban ser transferidos.
94
En el apartado 76 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró, en esencia, que cualquier alegación basada en una posible infracción de dicha disposición carecía de pertinencia, en la medida en que el recurso del que conocía tenía por objeto la anulación de una decisión por la que se denegaba una solicitud de transferencia basada en el artículo 8, párrafo primero, del Estatuto, a saber, la decisión controvertida, y no la anulación de una decisión por la que se hubiera desestimado la candidatura de la recurrente presentada en respuesta a la convocatoria interna para proveer plaza vacante.
95
Pues bien, por las razones expuestas en el marco de la apreciación de la primera parte del primer motivo de casación, procede declarar que esta conclusión adolece de un error de Derecho, ya que el orden de prioridad puede ser pertinente a efectos del examen por parte de la EUIPO de la solicitud controvertida.
96
Por las mismas razones, el apartado 79 de la sentencia recurrida también adolece de un error de Derecho. En efecto, en ese apartado, el Tribunal General consideró que la alegación de la recurrente basada en la violación del principio de igualdad de trato era infundada, puesto que la situación de la recurrente y la del candidato que fue contratado con carácter temporal a raíz de la publicación de la convocatoria externa para proveer plaza vacante se regían por dos regímenes distintos, a saber, respectivamente, el Estatuto y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión, de modo que estas situaciones no eran comparables.
97
Pues bien, en el momento en que la AFPN considera necesario ampliar un procedimiento de selección más allá de las posibilidades previstas en el artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto, tanto los funcionarios en la situación de la recurrente como los candidatos seleccionados como agentes temporales para un puesto permanente están sujetos a las disposiciones del capítulo 1 del título III del Estatuto, en el que figura, en particular, dicho artículo 29, apartado 1.
98
A la vista de las anteriores consideraciones, procede estimar la primera parte del segundo motivo de casación.
99
Por consiguiente, al haber sido estimadas las partes primera y tercera del primer motivo de casación, así como la primera parte del segundo motivo de casación, procede asimismo estimar el recurso de casación y, en consecuencia, anular la sentencia recurrida, sin que sea necesario pronunciarse sobre las demás partes de dichos motivos ni sobre el tercer motivo de casación.
VI. Sobre el recurso ante el Tribunal General
100
De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia puede resolver definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.
101
Esto es lo que sucede en el presente asunto.
102
Tal y como se menciona en el apartado 20 de la presente sentencia, en apoyo de su recurso, la recurrente invocó tres motivos basados, el primero, en esencia, en la infracción de los artículos 4, 8, 29 y 110 del Estatuto y en la violación del principio de continuidad de la carrera de los funcionarios de la Unión; el segundo, en la violación del principio de igualdad de trato, y, el tercero, en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la existencia de un error manifiesto de apreciación y en el incumplimiento del deber de asistencia y protección.
103
Mediante su primer motivo, la recurrente alega, en particular, que la EUIPO infringió el artículo 29 del Estatuto al no tomar en consideración la solicitud controvertida en el marco de la convocatoria interna para proveer plaza vacante. La recurrente añade que esta convocatoria no especifica que se hubiese publicado con arreglo a dicho artículo 29, apartado 1, letra a), ni menciona, de forma más general, la base jurídica en la que se fundamenta.
104
La EUIPO responde que no podía tomar en consideración la solicitud controvertida en el marco de la referida convocatoria interna para proveer plaza vacante, ya que esta tenía por objeto la «movilidad interna» del personal de la EUIPO y, por tanto, estaba dirigida únicamente a los funcionarios y a los agentes temporales de la EUIPO y no a los funcionarios de otras instituciones, como la recurrente, funcionaria de la Comisión.
105
De la lectura de la decisión controvertida y de la decisión sobre la reclamación se desprende que la EUIPO denegó la solicitud controvertida basándose, en esencia, en que dicha solicitud no podía tomarse en consideración en el marco de la convocatoria interna para proveer plaza vacante, ya que esta se había publicado sobre la base del artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto y estaba dirigida únicamente a los funcionarios y a los agentes temporales de la EUIPO y no a los funcionarios de otras instituciones, como la recurrente. Según la EUIPO, la referida solicitud solo podía tomarse en consideración en el marco de una convocatoria de transferencia interinstitucional, publicada de conformidad con el artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto. Además, la EUIPO señaló que había examinado la solicitud de transferencia de la recurrente en el marco del ejercicio anual de transferencias y a la luz de los criterios de transferencia y que había considerado que la transferencia de la recurrente a la EUIPO no redundaba en interés del servicio, en particular en vista del número limitado de puestos de trabajo disponibles. Por lo que se refiere a la convocatoria externa para proveer plaza vacante, la EUIPO señaló que carecía de pertinencia para la apreciación de la solicitud controvertida, dado que esta tenía por objeto la contratación de agentes temporales y que la recurrente ya ocupaba un puesto de agente temporal en la EUIPO.
106
Procede señalar que, tal y como alega la recurrente, la convocatoria interna para proveer plaza vacante, de la que adjuntó una copia a su recurso en primera instancia, no especifica en virtud de qué letra del artículo 29, apartado 1, del Estatuto se había publicado. Además, de la indicación que figura en dicha convocatoria, según la cual a ella podían aspirar tanto los funcionarios como los agentes temporales, se deduce que la AFPN había estimado que, para poder seleccionar a una persona con las más altas cualidades de rendimiento, competencia e integridad, era necesario ampliar el procedimiento de selección más allá de las posibilidades previstas en el artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto.
107
Pues bien, del apartado 69 de la presente sentencia se desprende que, en tal contexto, la AFPN debería haber tomado en consideración y examinado la solicitud controvertida como candidatura a la convocatoria interna para proveer plaza vacante basada en el citado artículo 29, apartado 1.
108
En efecto, como se ha indicado en el apartado 66 de la presente sentencia, la institución que, en el marco de un procedimiento de selección ampliado más allá de las posibilidades previstas en ese mismo artículo 29, párrafo 1, letra a), recibe una solicitud de transferencia presentada en virtud del artículo 8 del Estatuto tiene la obligación de tomarla en consideración y de examinarla para cubrir el puesto vacante de que se trate. Por consiguiente, la AFPN no podía denegar la solicitud controvertida basándose en que la recurrente en realidad era funcionaria de la Comisión.
109
El hecho de que la referida solicitud fuera examinada por la AFPN en el marco de un procedimiento distinto, a saber, el ejercicio anual de transferencias, no puede conducir a una conclusión diferente, máxime cuando una de las razones invocadas por la AFPN para justificar su negativa a solicitar la transferencia de la recurrente en el marco de dicho ejercicio era el número limitado de puestos disponibles.
110
Por consiguiente, debe estimarse el primer motivo del recurso y, sin que sea necesario examinar los demás motivos, procede anular la decisión controvertida.
111
En cuanto a la pretensión del recurso de que se anule, «en la medida en que sea necesario», la decisión sobre la reclamación, procede señalar que, puesto que esta última es meramente confirmatoria de la decisión controvertida, no procede pronunciarse específicamente sobre dicha pretensión (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de febrero de 2018, LL/Parlamento, C‑326/16 P, EU:C:2018:83, apartados 36 a 39 y jurisprudencia citada).
VII. Costas
112
A tenor del artículo 184, apartado 2 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
113
De conformidad con el artículo 138, apartado 1, de ese mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
114
En el presente asunto, al haber solicitado la recurrente que se condene en costas a la EUIPO y al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por esta, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente en el presente procedimiento de casación y en primera instancia.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)
Anular la sentencia del Tribunal General de 29 de marzo de 2023, ZR/EUIPO (T‑400/21, EU:T:2023:169).
2)
Anular la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 8 de septiembre de 2020 por la que la EUIPO denegó la solicitud de transferencia de ZR de 12 de mayo de 2020, mediante la cual esta había solicitado, conforme a los artículos 8 y 29 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, su transferencia a la EUIPO.
3)
La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cargará con sus propias costas y con las de ZR relativas al presente recurso de casación y al procedimiento en primera instancia.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.