Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 27 de noviembre de 2025 (1)
Asunto C‑412/24
Fauré Le Page Maroquinier SAS,
Fauré Le Page Paris SAS
contra
Goyard ST-Honoré SAS
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia)]
« Petición de decisión prejudicial — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Artículo 3 — Causas de denegación o de nulidad de una marca — Artículo 3, apartado 1, letra g) — Marcas engañosas — Marcas que mencionan un año — Productos de cuero de lujo, como bolsos de mano — Marcas que supuestamente inducen al público a error en cuanto al año de constitución de su titular »
I.      Introducción
1.        La presente petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. (2) Dicha disposición exige que los Estados miembros denieguen el registro o declaren la nulidad de las marcas que «puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio».
2.        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre tres empresas francesas dedicadas a la fabricación y venta de bolsos de mano y otros productos de cuero, Fauré Le Page Maroquinier SAS y Fauré Le Page Paris SAS (en lo sucesivo, conjuntamente, «Fauré Le Page»), de una parte, y Goyard ST-Honoré SAS (en lo sucesivo, «Goyard»), de otra, en relación con la validez de dos marcas nacionales semifigurativas de las que es titular Fauré Le Page Paris y que incluyen el año «1717».
3.        Según Goyard, las marcas impugnadas pueden inducir al público a error en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95, de manera que deben ser declaradas nulas con arreglo a dicha disposición. A este respecto, alega que la inclusión del año «1717» en las referidas marcas transmite la impresión de que su titular se constituyó en 1717 y, por tanto, de que los productos amparados por las marcas se fabrican conforme al saber hacer de una empresa con siglos de antigüedad y poseen un especial nivel de calidad. Sin embargo, esto no es cierto, pues Fauré Le Page Paris y Fauré Le Page Maroquinier se fundaron, respectivamente, en 2009 y en 2011.
4.        Hasta la fecha, solo conozco una sentencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación de una versión anterior de dicha disposición. (3) El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de seguir aclarando las condiciones de su aplicación.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
5.        El artículo 3 de la Directiva 2008/95, que llevaba por título «Causas de denegación o de nulidad», disponía lo siguiente:
«1.      Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
[…]
g)      las marcas que puedan inducir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio;
[…]».
B.      Derecho francés
6.        En virtud del artículo L. 711‑3, letra c), del Code de la propriété intellectuelle (Código de la Propiedad Intelectual), en su versión aplicable al litigio principal, no podrá adoptarse como marca o elemento de marca un signo que pueda inducir a error al público, en particular por lo que atañe a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.
III. Hechos, procedimiento nacional y cuestiones prejudiciales
7.        Hasta 1992, Saillard Paris Sàrl (en lo sucesivo, «Saillard»), una sociedad francesa, fue la accionista única de Maison Fauré Le Page, otra sociedad francesa dedicada a la compra y venta de armas, munición y accesorios de cuero en París desde 1716. El 27 de noviembre de 1992, esta última se disolvió y todos sus activos y pasivos fueron transferidos a Saillard.
8.        Fauré Le Page Paris, una de las demandantes en el procedimiento principal, es una sociedad francesa inscrita en el registre du commerce et des sociétés (Registro Mercantil, París) el 14 de octubre de 2009. El 29 de octubre de 2009, adquirió a Saillard la marca francesa «Fauré Le Page» n.º 134782 para designar, en particular, los productos «armas blancas; armas de fuego y sus componentes; municiones y proyectiles; explosivos; soportes para el tiro; cartuchería; cuero e imitaciones de cuero; baúles y maletas».
9.        El 17 de junio de 2011, Fauré Le Page Paris solicitó el registro de las marcas francesas «Fauré Le Page Paris 1717» n.º 3839809 y n.º 3839811 para designar, en particular, los productos «cuero e imitaciones de cuero; baúles y maletas; bolsas de viaje; bolsos de mano». Estas marcas fueron posteriormente registradas.
10.      Fauré Le Page Maroquinier, la otra demandante en el procedimiento principal, es una sociedad francesa que, en 2012, abrió una tienda física en París (Francia) para la venta de productos con las marcas impugnadas. Desde 2013 explota también un punto de venta al por menor en unos grandes almacenes franceses, donde también se venden esos mismos productos.
11.      El 26 de octubre de 2012, Goyard inició un procedimiento contra Fauré Le Page en que solicitaba, entre otras pretensiones, la declaración de nulidad de las marcas impugnadas, al considerar que podían inducir al público a error en el sentido del artículo L. 711‑3, letra c), del Código de la Propiedad Intelectual. Mediante resolución de 30 de enero de 2015, el Tribunal de grande instance de Paris (Tribunal de Primera Instancia de París, Francia) desestimó la referida pretensión de Goyard. Esta recurrió contra dicha resolución ante la Cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia).
12.      Mediante sentencia de 4 de octubre de 2016, la Cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) desestimó el recurso de Goyard en cuanto al carácter engañoso de las marcas impugnadas. Esta resolución fue anulada por sentencia de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Sala de lo Mercantil del Tribunal de Casación, Francia) de 27 de junio de 2018, al considerar que el año «1717» no había de ser necesariamente interpretado por el público como referido al año de constitución de Fauré Le Page, sino al período en que se fundó Maison Fauré Le Page (de la cual Fauré Le Page era sucesora).
13.      Después de la devolución del asunto tras la casación, la Cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) resolvió, el 23 de noviembre de 2021, que las marcas impugnadas podían inducir al público a error, por lo que procedía declarar su nulidad.
14.      En particular, dicho tribunal consideró que los elementos «Paris 1717» incluidos en las marcas impugnadas se entenderían por el público como referidos al lugar y al año de constitución de la empresa Fauré Le Page y que, de esta manera, se induciría al público a creer que había existido una continuidad de las operaciones desde 1717 y se había transmitido el saber hacer desde la original Maison Fauré Le Page a Fauré Le Page, cuando realmente no era así. Añadió que los consumidores que compran productos de cuero de lujo con frecuencia otorgan importancia a la historia y los años de existencia de la empresa que los comercializa, como garantía de los conocimientos aplicados en su fabricación y calidad.
15.      Fauré Le Page recurrió contra la sentencia ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación), que es el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto.
16.      Ante este, Fauré Le Page alega que, para que se considere que una marca induce al público a error en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95, es preciso que el consumidor medio se vea engañado no en cuanto a las características del titular de la marca, sino en cuanto a los productos y servicios que esta designa. Dado que las marcas impugnadas no hacen alusión a ninguna característica particular de los productos que la llevan, y sugieren, a lo sumo, que tales productos presentan un determinado nivel de calidad o prestigio, no se puede considerar que estén comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha disposición.
17.      La Cour de cassation (Tribunal de Casación) considera que, cuando el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95 enumera diversas características de los productos o servicios respecto de las cuales una marca pueda ser engañosa, tal enumeración no es exhaustiva. Por lo tanto, la citada disposición se puede aplicar también en una situación en que la marca traslada información falsa respecto a su titular (por ejemplo, los años que este ha estado activo en el sector de que se trate), y en que el consumidor medio cree, en consecuencia, que los productos o servicios poseen un determinado nivel de calidad o prestigio.
18.      A este respecto, recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (4) la calidad de los productos de lujo se ha de valorar atendiendo no solo a sus características materiales, sino también teniendo en cuenta el atractivo y la imagen de prestigio que les confieren un aura de lujo.
19.      Por otro lado, considera que la sentencia Emanuel, en la que el Tribunal de Justicia declaró que una marca no podía inducir al público a error si la información supuestamente falsa que transmite se refiere a la empresa que fabrica los productos, y no a los productos en sí, versaba sobre una situación diferente. En aquel asunto la marca en cuestión comprendía el nombre de un diseñador de moda.
20.      Por último, se hace eco de las apreciaciones de la Cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París), que se resumen en el punto 14 de las presentes conclusiones.
21.      En este contexto, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) considera que la resolución del litigio principal depende de si las mencionadas apreciaciones bastan para declarar la nulidad de las marcas impugnadas, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95.
22.      A este respecto, estima necesario, antes de nada, determinar si el hecho de que una marca transmita información errónea sobre su titular que pueda influir en el consumidor medio de los productos o servicios designados por ella basta para concluir que la marca es engañosa, o si el error en que incurre el consumidor medio debe referirse a las características de dichos productos o servicios.
23.      A continuación, en caso de que tal error guarde relación con una característica de los productos o servicios designados por la marca, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) desea que se aclare si, para que una marca se considere engañosa, debe constituir una designación suficientemente específica de las características potenciales de dichos productos o servicios.
24.      Por último, en el supuesto de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, el citado tribunal desea saber si, en el caso particular de los bienes de lujo, el hecho de que una marca atribuya a su titular una especial experiencia o saber hacer en la fabricación de los productos que designa puede constituir tal designación suficientemente específica.
25.      En estas circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva [2008/95] en el sentido de que la mención de [un año ficticio] en una marca que transmite una información falsa sobre la antigüedad, la seriedad y el saber hacer del fabricante de los productos y, por consiguiente, sobre una de las características intangibles de dichos productos permite declarar la existencia de un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor?
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse dicho artículo en el sentido de que:
a)      una marca puede considerarse engañosa cuando existe un riesgo de que el consumidor de los productos y servicios que designa crea que el titular de dicha marca tiene una antigüedad de varios siglos en la producción de tales productos que le confiere una imagen de prestigio, cuando ello no es así?
b)      para que pueda declararse la existencia de un engaño efectivo o de un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor, del que depende la declaración del carácter engañoso de la marca, es preciso que dicha marca constituya una designación suficientemente específica de las características potenciales de los productos y servicios para los que se registró, de modo que se haga creer al consumidor objetivo que los productos y servicios poseen ciertas características de las que en realidad carecen?»
26.      La petición de decisión prejudicial, fechada el 5 de junio de 2024, se presentó ante la Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de junio de 2024. Presentaron observaciones escritas Fauré Le Page, Goyard, la República Francesa y la Comisión Europea. Estas mismas partes respondieron también a las preguntas formuladas por escrito por el Tribunal de Justicia. No se ha celebrado vista.
IV.    Apreciación
27.      Mediante sus tres cuestiones prejudiciales, que me propongo analizar conjuntamente, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) pregunta, en esencia, acerca de la aplicabilidad de la causa de nulidad prevista en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95 a una marca que, entre sus elementos, contiene un año (concretamente, 1717). El citado tribunal se pregunta si tal año puede ser entendido por el público simplemente como el año (incorrecto) de constitución de la titular de las marcas impugnadas (en el caso de autos, Fauré Le Page Paris), o si también transmite información (supuestamente falsa) sobre una característica de los productos designados por dichas marcas (en concreto, que se fabrican conforme al saber hacer de una empresa con siglos de antigüedad y poseen un determinado nivel de calidad).
28.      Voy a comenzar mi análisis aclarando que una marca que pueda inducir al público a error en cuanto a una característica de su titular no puede declararse nula en virtud de dicha disposición, a no ser que se determine que también es engañosa en cuanto a una característica de los productos o servicios que designa. Asimismo, la marca debe constituir una designación suficientemente especifica de tal característica. Voy a exponer los motivos por los que considero que una marca como las impugnadas no cumple ninguna de esas condiciones (sección A).
29.      Explicaré a continuación que, aun asumiendo que un elemento de una marca (como el año «1717») puede transmitir información relativa a una característica concreta de los productos o servicios designados, toda posible inexactitud de esta información, y por ende la naturaleza engañosa de la marca, debe apreciarse atendiendo exclusivamente a las características de los productos o servicios que se deducen de la solicitud de registro. Entre estas características no figuran los elementos ajenos a los productos o servicios, como el año efectivo en que se constituyó el titular de la marca (en el caso de autos, 2009) (sección B).
30.      Por último, voy a exponer que la solución que propongo adoptar al Tribunal de Justicia no se opone, sin embargo, a que se declare la caducidad (en contraposición a la declaración de nulidad), en virtud de una disposición diferente de la Directiva 2008/95, de una marca que incorpora una referencia al año (aproximado) en que se constituyó el fabricante original de los productos designados por la marca (en el caso de autos, Maison Fauré Le Page), en lugar de al año de constitución de su actual titular (en el presente asunto, Fauré Le Page Paris). Y tampoco se opone a la existencia de otras vías de recurso (sección C).
A.      La marca debe ser de tal naturaleza que induzca a error al público en cuanto a una característica específica de los productos o servicios designados
31.      Todas las partes, a excepción de Goyard, consideran que, para que una marca sea declarada nula en virtud del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95, ha de ser de tal naturaleza que induzca al público a error en cuanto a una característica de los productos o servicios que designa.
32.      Por su parte, Goyard alega que, aunque dicha disposición establece expresamente que el carácter engañoso de la marca puede referirse a «la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio», esta enumeración no es exhaustiva (pues viene precedida de la expresión «por ejemplo»). En consecuencia, una marca que pueda inducir al público a error únicamente en cuanto a una característica concreta de su titular (o de la empresa que fabrica los productos que designa), como su año de constitución, también puede ser declarada nula en aplicación del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95 sin necesidad de acreditar que la información transmitida por la marca se refiere a alguna característica concreta de los productos o servicios que designa. (5)
33.      Yo no estoy de acuerdo. Para empezar, es preciso señalar que todos los ejemplos enumerados en dicha disposición («la naturaleza, la calidad o el origen geográfico») se califican expresamente como características de los productos o servicios designados por la marca. Partiendo de esta premisa, el Gobierno francés considera que la expresión «por ejemplo» utilizada en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95 indica que el legislador de la Unión pretendía dejar abierta la lista de características de los productos o servicios respecto a las cuales una marca podía inducir a error, y no permitir que el carácter engañoso de una marca pueda determinarse atendiendo únicamente a las características de su titular.
34.      La jurisprudencia del Tribunal de Justicia respalda esta interpretación. En la sentencia Emanuel, (6) el Tribunal de Justicia declaró que no puede denegarse el registro de una marca que corresponda al nombre del creador y primer fabricante de los productos que la llevan (y que ya no interviene en su fabricación), debido únicamente a esta particularidad, por considerar que induciría al público a error.Dicha sentencia proporciona un primer indicio de que el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95 no estaba destinado a ser aplicado a marcas que simplemente puedan inducir al público a error en cuanto a una característica de su titular, cual es la identidad de este (como en la sentencia Emanuel) o el año de su constitución (como supuestamente sucede en el caso de autos).
35.      Además, en la jurisprudencia del Tribunal General sobre la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 (7) [que se aplicaba a las marcas de la Unión, pero presentaba un tenor idéntico al del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95], hay ejemplos de que la apreciación de si una marca «pued[e] inducir al público a error» siempre atiende a las características de los productos o servicios designados por la marca.
36.      En particular, el Tribunal General declaró que la marca denominativa de la Unión BIO-INSECT Shocker podía inducir a error al público pertinente, ya que este la percibiría en el sentido de que se refería a productos biológicos o asociados al respeto del medio ambiente, cuando en realidad había sido registrada para biocidas. (8) Asimismo, el Tribunal General consideró que había sido denegado fundadamente el registro del signo CAFFÈ NERO como marca de la Unión, ya que era probable que los consumidores creyesen que algunos de los productos incluidos en la solicitud de registro (concretamente, té, cacao y preparados de cacao, así como sucedáneos de café) consistían en café negro o contenían este producto, cuando en realidad no era así. (9)
37.      Más en general, el Tribunal General ha considerado que, a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009, es preciso determinar si en la fecha de solicitud de registro de la marca existía alguna incoherencia entre la información que trasladaba la marca impugnada y las características de los productos designados en dicha solicitud. (10) En la misma línea, el Tribunal General ha señalado que «solo cuando se haga creer al consumidor objetivo que los productos y servicios poseen ciertas características de las que en realidad carecen, será engañado por la marca», (11) confirmando así que la apreciación efectuada con arreglo a esa disposición debe centrarse en la percepción del público pertinente respecto a los propios productos o servicios.
38.      Una interpretación sistemática y teleológica del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95 también respalda la conclusión según la cual, para que sea declarada nula una marca en virtud de dicha disposición, es necesario que induzca a error en cuanto a una característica de los productos o servicios que designa (y no simplemente de su titular).
39.      En primer lugar, el artículo 13 de la Directiva 2008/95 dispone que, «cuando la causa de la denegación del registro o de la caducidad o de la nulidad de una marca solo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la caducidad o la nulidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate». Tal como observa Fauré Le Page, dado que la mencionada disposición presupone que una marca puede inducir a error en cuanto a una característica de solo algunos de los productos o servicios que designa, se confirma que la apreciación de la causa de nulidad del artículo 3, apartado 1, letra g), de la citada Directiva siempre ha de referirse a dichos productos o servicios.
40.      En segundo lugar, la interpretación que propongo adoptar al Tribunal de Justicia es coherente con el tenor del artículo 2 de la Directiva 2008/95, según el cual solo pueden constituir una «marca» los signos que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios (12) de una empresa de los de otras. En el contexto de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General ha declarado que la función esencial de una marca es garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen de los productos o servicios designados, permitiéndole distinguir, sin posibilidad de confusión, los productos o servicios de otros con origen diferente. Por lo tanto, la apreciación efectuada con arreglo a dicha disposición no se puede extender más allá de los productos y servicios de que se trate, por un lado, y de la percepción de la marca por el público pertinente, por otro. (13) A mi parecer, es evidente que la misma lógica subyace en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95.
41.      A la vista de las apreciaciones anteriores, considero que una marca que pueda inducir al público a error únicamente en cuanto a una característica de su titular, como el año de constitución de este, y no en cuanto a una característica de los productos o servicios que designa, no puede declararse nula en virtud de dicha disposición.
42.      En el presente asunto, esto significa que el mero hecho de que las marcas impugnadas puedan inducir al público a error respecto al año de constitución de su titular no sería suficiente para declarar su nulidad con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95. Tal como observa el Gobierno francés, dicho año, por sí solo, no transmite información alguna respecto a los productos o servicios designados por esas marcas.
43.      Dicho esto, como señala el propio órgano jurisdiccional remitente, es cierto que la inclusión del año de constitución del titular de una marca en su marca puede percibirse por el público (en particular, si el año es especialmente lejano) como una indicación de que los productos o servicios designados por la marca son fabricados o prestados conforme a un saber hacer específico y poseen un cierto nivel de calidad o prestigio.
44.      Sin embargo, a este respecto, debo recordar que, para que una marca sea declarada nula en virtud del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95, no solo ha de poder inducir al público a error en cuanto a una característica de los productos o servicios que designa, sino que también debe constituir una designación suficientemente específica de tal característica. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal General (que, en mi opinión, debería hacer suya el Tribunal de Justicia), cuando una marca no transmite un mensaje suficientemente específico y claro respecto a los productos y servicios protegidos, o a sus características, sino que simplemente los sugiere, no puede haber engaño respecto a dichos productos y servicios. (14)
45.      A mi parecer, la inclusión de un simple año en una marca, sin ninguna indicación clara de que (supuestamente) corresponde al año de constitución del titular de la marca, por sí sola, no constituye tal designación suficientemente específica.
46.      En efecto, a falta de aclaraciones adicionales, tal año puede ser entendido por el público como el año de constitución de la sociedad que actualmente fabrica o vende los productos o que presta los servicios designados por la marca (que puede ser una persona física o jurídica diferente del titular de la marca) o como el año de fundación (u otro año significativo en la historia) de la sociedad que originariamente fabricaba los productos o prestaba los servicios y que posteriormente cedió sus activos a otra empresa. Si se diese por buena esta última interpretación en el presente asunto (sin perjuicio de la apreciación que haga el órgano jurisdiccional remitente), estimo que difícilmente podría considerarse que las marcas impugnadas inducen al público a error, puesto que Maison Fauré Le Page, el fabricante original de los productos comercializados por Fauré Le Page, existía en 1717 (al haber sido fundada un año antes, en 1716).
47.      Además, un simple año como «1717», incluido en una marca, también podría percibirse como referido al año en que vio la luz por primera vez el diseño de los productos que llevan la marca, o al año en que se comercializó el primer modelo o versión de dichos productos. Asimismo, podría interpretarse como el año en que se desarrolló por primera vez el saber hacer o la técnica aplicados a la fabricación de los productos o, como aduce la Comisión, como un año meramente inventado o ficticio, que nada diga acerca del saber hacer o la experiencia de la empresa, ni acerca de la calidad de sus productos.
48.      En mi opinión, el tenor de las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de cassation (Tribunal de Casación) evidencia tal ambigüedad. Ese tribunal observa que el elemento «1717» de las marcas impugnadas puede considerarse, de una parte, como transmisor de información falsa sobre «la antigüedad, la seriedad y el saber hacer del fabricante de los productos» y, de otra parte, como sugerencia de que el titular de dichas marcas ha estado fabricando los productos en cuestión durante siglos, confiriéndoles así una imagen de prestigio. El hecho de que la Cour de cassation (Tribunal de Casación) contemple estas múltiples (y, en cierta medida, vagas) interpretaciones del elemento «1717» confirma, a mi juicio, que las marcas impugnadas no constituyen una designación suficientemente específica de una característica de los productos que designan. La apreciación podría ser diferente si, en lugar del mencionado elemento, las marcas incluyesen términos más precisos, como «Artesanía desde 1717» o «Técnica aplicada desde 1717». Ahora bien, este no es el caso en el presente asunto.
B.      La apreciación con arreglo al citado artículo
3, apartado
1, letra g), debe basarse únicamente en la marca y en la lista de productos y servicios que designa.
49.      En esta sección voy a exponer que, aunque se considere que un elemento de una marca (como el año «1717») transmite información sobre una característica específica de los productos o servicios que designa (por ejemplo, al indicar que tales productos se fabrican conforme al saber hacer de una empresa con siglos de antigüedad y poseen un particular nivel de calidad), la inexactitud de dicha información y, por ende, el carácter potencialmente engañoso de la marca se han de apreciar, en cualquier caso, atendiendo únicamente a las características de los productos o servicios como constan en la solicitud de registro. Entre dichas características no figura el año en que efectivamente se constituyó el titular de la marca (en el caso de autos, 2009).
50.      A este respecto, quisiera recordar que, en mis conclusiones presentadas en el asunto PMJC, (15)expuse que el Tribunal de Justicia ya había declarado que, «para poder considerar que una marca ha sido registrada contraviniendo el motivo de denegación relativo al riesgo de que se induzca a error al consumidor, debe demostrarse que el signo cuyo registro como marca se solicita generaría por sí solo ese riesgo». (16) Tal como alegan Fauré Le Page, el Gobierno francés y la Comisión, la causa de nulidad establecida en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95 requiere la acreditación de que, en el momento de presentarse la solicitud de registro, la marca era intrínsecamente engañosa, (17) en el sentido de que el público deduciría de ella información necesariamente falsa en relación con los productos o servicios enumerados en dicha solicitud. Dicho de otra manera, debe haber existido, desde el principio, (18) una incoherencia entre la información trasladada por la marca y las características de los productos o servicios designados en la solicitud. (19)
51.      De lo anterior se infiere que cualquier
circunstancia concreta que no se derive de la propia marca, o de la lista de productos y servicios por esta designados según se presentó en la fecha de solicitud, no debe ser tenida en cuenta al apreciar el carácter engañoso a efectos del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95. (20)
52.      En el presente asunto, no hay incoherencia alguna entre la información que transmite la marca y las características de los productos o servicios que pueda deducirse de la solicitud de registro. En efecto, nada de lo que contiene la lista de productos incluida en dicha solicitud (a saber, «cuero e imitaciones de cuero; baúles y maletas; bolsas de viaje; bolsos de mano») puede contradecir la información supuestamente transmitida por las marcas impugnadas, es decir, que los productos designados por estas se fabrican conforme al saber hacer de una empresa con siglos de antigüedad y poseen un particular nivel de calidad. El hecho de que Fauré Le Page Paris y Fauré Le Page Maroquinier no se constituyesen hasta 2009 y 2011, respectivamente, no puede ser tenido en cuenta, pues, como ya he expuesto, tal información no aparece en las propias marcas impugnadas ni en la lista de productos o servicios designados por estas.
53.      No obstante, Goyard alega que, entre los diversos ejemplos mencionados en el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95 y recordados en el punto 31 de las presentes conclusiones, el relativo al «origen geográfico» presupone tener en cuenta las circunstancias referentes a dónde se fabrican los productos o se prestan los servicios en cuestión, circunstancias que no son inherentes a la marca en sí ni a la lista de productos o servicios que esta designa. Según Goyard, de ello se deduce que elementos como, en el caso de autos, el hecho de que Fauré Le Page Paris y Fauré Le Page Maroquinier se constituyesen, respectivamente, en 2009 y 2011 (lo cual no se menciona ni en la propia marca ni en la lista de productos o servicios que designa) también pueden ser tenidos en cuenta para determinar la nulidad de la marca en virtud del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95.
54.      Una vez más, no estoy de acuerdo. Para empezar, reconozco que en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (o, a este respecto, del Tribunal General) no existen ejemplos de que una marca haya sido efectivamente considerada capaz de inducir al público a error, en el sentido de dicha disposición o del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009 [que, como ya he señalado en el punto 35 de las presentes conclusiones, estaba redactado en términos idénticos a los del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95], en cuanto al «origen geográfico» de los productos o servicios que designa.
55.      Sin embargo, me parece que, en el contexto de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General adoptó una interpretación amplia del concepto de «origen geográfico» según la cual se refiere al lugar de origen o procedencia de los productos o servicios (por ejemplo, una antigua granja), el cual no tiene por qué ser necesariamente una localización geográfica concreta. (21)
56.      Partiendo de estas premisas, puedo concebir perfectamente que, por ejemplo, una marca con los términos «procedente del bosque» pueda declararse nula en virtud del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95 respecto a productos que en la solicitud de registro se describiesen como «muebles fabricados con materiales de imitación de madera (como el plástico)», ya que tal marca puede inducir al público a error no solo en cuanto a la composición, sino también en cuanto a lugar de origen o procedencia de los productos. Tal apreciación podría realizarse sin necesidad de considerar otros elementos que no sean la propia marca o la lista de productos o servicios que esta designa.
57.      En consecuencia, no me convence la argumentación de Goyard en el sentido de que la referencia al «origen geográfico» de los productos o servicios que se hace en dicha disposición implique necesariamente la necesidad de tener en cuenta elementos ajenos. (22)
58.      A la luz de las consideraciones que preceden, soy del parecer de que, en el caso de autos, el hecho de que Fauré Le Page Paris y Fauré Le Page Maroquinier se constituyesen, respectivamente, en 2009 y 2011 no puede ser tenido en cuenta a la hora de determinar que las marcas impugnadas pueden inducir al público a error y, por tanto, deberían declararse nulas en virtud del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95. Por consiguiente, y a reserva de las apreciaciones que haga el órgano jurisdiccional remitente, no alcanzo a ver cómo podría aplicarse a dichas marcas la causa de nulidad establecida en la referida disposición.
C.      Observaciones finales: distinción entre nulidad y caducidad y otras vías de recurso
59.      Tal como ya he explicado en la introducción, la principal línea argumental de Goyard respecto a las marcas impugnadas es que estas contienen un elemento —el año «1717»— que podría dar al público la (falsa) impresión de que el fabricante original de los productos designados por la marca (Maison Fauré Le Page, constituida en 1716) aún interviene en su fabricación, mientras que la actual titular (Fauré Le Page Paris) se fundó en 2009.
60.      A fin de completar mi apreciación, quisiera añadir que la declaración de nulidad de una marca como las marcas impugnadas en virtud del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95 únicamente por esa razón, a mi parecer, iría en contra del principio fundamental según el cual las marcas constituyen objetos autónomos de transacción comercial. Su titularidad puede ser transferida de una persona o empresa a otra sin que ello implique la nulidad de la propia marca. Esto es, en esencia, lo que declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Emanuel respecto a una marca que llevaba el nombre del diseñador inicial de las prendas de que se trataba, el cual ya no intervenía en su fabricación. (23)
61.      De la petición de decisión prejudicial deduzco que Fauré Le Page adquirió legalmente la marca francesa «Fauré Le Page» a Saillard, que a su vez había sido el accionista único de la original Maison Fauré Le Page, de la cual acabó adquiriendo todos los activos y pasivos. También estoy de acuerdo con Fauré Le Page en que el público es consciente de que las marcas (en particular, las registradas para productos del sector de
l lujo, como sucede en este caso) a menudo hacen referencia al año de constitución del fabricante original o primer fabricante, aunque este ya no sea responsable de la fabricación de los productos. Esto es consecuencia natural del hecho de que las empresas
con varios siglos de antigüedad rara vez se mantienen invariables a lo largo del tiempo y en la práctica sufren diversas transacciones (ventas, recompras, reestructuraciones y concesión de licencia de marcas). Es evidente que, por sí mismas, tales transacciones no pueden implicar automáticamente la nulidad de las marcas cuando contengan elementos relativos a su titular anterior o inicial.
62.      Dicho esto, la solución que propongo adoptar al Tribunal de Justicia no se opone, en mi opinión, a la caducidad de dichas marcas, cuando las circunstancias relativas a su utilización después de su registro demuestren que el fabricante original (o el anterior o inicial titular de la marca) ya no interviene en la fabricación de los productos o en la prestación de los servicios designados por la marca y que, en consecuencia, la marca puede inducir al público a error en cuanto a una característica de dichos productos o servicios.
63.      A este respecto, quisiera recordar que, en mis conclusiones presentadas en el asunto PMJC, (24) expliqué la diferencia entre el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95, relativo a la nulidad (es decir, si desde el principio una marca debió ser registrada), y el artículo 12, apartado 2, letra b), de la misma Directiva, que trata de la caducidad, a saber, si procede declarar la caducidad de una marca a pesar de que fue debidamente registrada por haber dejado de satisfacer los requisitos del registro. Como ya he señalado, con arreglo al primer artículo citado, los elementos que no aparezcan en la propia marca o en la lista de productos o servicios presentada en la solicitud de registro no pueden ser tenidos en cuenta. Por su parte, el artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95 dispone que podrá declararse la caducidad de una marca que
, con posterioridad a la fecha de su registro, «a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada». (25) Por lo tanto, con arreglo a dicha disposición, sí cabe considerar elementos extrínsecos relacionados con la forma en que se ha utilizado una marca después de su registro.
64.      En consecuencia, mientras que una marca que contiene elementos referidos a su titular anterior o inicial o al fabricante original de los productos o al prestador original de los servicios que designa no puede ser declarada nula en virtud del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95, sí sería posible, sin embargo, declarar su caducidad con arreglo al artículo 12, apartado 2, letra b), de la misma Directiva si se acreditase, por ejemplo, que, con posterioridad a su registro, ha sido utilizada en productos cuya fabricación no guarda ningún tipo de relación con el mencionado fabricante o productor original. Debo recordar que esta es, en esencia, la conclusión a la que llegué en mis conclusiones presentadas en el asunto PMJC, donde sugerí que el Tribunal de Justicia interpretase
esta última disposición en el sentido de que no se opone a que se declare la caducidad de una marca consistente en el apellido de un creador debido a que, tras haber sido cedida, dicha marca es explotada en condiciones que pueden hacer que el público crea efectivamente que el citado creador sigue participando en el diseño de los productos que llevan la marca, cuando ya no es así.
65.      Por último, quisiera observar que, a tenor del considerando 7 de la Directiva
2008/95, esta «no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores». Tal como expuso el Tribunal de Justicia en la sentencia Emanuel,
(26) en determinadas circunstancias la inclusión de información «incorrecta» en una marca puede constituir una conducta «dolosa» (a efectos de determinar la responsabilidad civil), aunque pueda no tratarse de inducción a error en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra g), de la mencionada Directiva. Podría suceder así, en particular, en caso de que el titular de la marca se presentase al público pertinente como el sucesor jurídico o económico del titular de una marca anterior similar, sin que existiera relación alguna de continuidad o sucesión entre ellos.
66.      Tal circunstancia, si se diese ya en el momento de registrarse la marca, también podría ser tenida en cuenta a efectos de declarar la nulidad de la marca en virtud de una causa diferente del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2008/95, concretamente su letra d), referente a las solicitudes hechas de mala fe. (27)
67.      Sin embargo, el éxito de tal pretensión alternativa dependería de la posibilidad de demostrar que el titular de la marca (en el caso de autos, Fauré Le Page) trató deliberadamente de generar una falsa impresión de continuidad o sucesión. Según entiendo, y a reserva de la apreciación del órgano jurisdiccional remitente, no sucede así en este caso, puesto que, como ya he observado en el punto 61 de las presentes conclusiones, Fauré Le Page Paris adquirió legalmente la marca francesa «Fauré Le Page» a Saillard, que a su vez había sido el accionista único de la original Maison Fauré Le Page, de la cual acabó adquiriendo todos los activos y pasivos.
V.      Conclusión
68.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia):
«El artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,
debe interpretarse en el sentido de
que la inclusión, en una marca, de un
año que pueda ser entendido por el público como referente al
año de constitución del titular de la marca, cuando no es así, no puede,
por sí sola, dar lugar a la nulidad de la marca. Para que sea declarada nula en virtud de dicha disposición,
una marca debe poder inducir al público a error en cuanto a una característica de los productos o servicios que designe y ha de constituir una designación suficientemente específica de tal característica. Además, en la apreciación realizada con arreglo al artículo
3, apartado
1, letra g), de la citada Directiva, no debe tenerse en cuenta ninguna circunstancia
—como el verdadero año de constitución del actual titular de la marca—
externa a la propia marca o a la lista de productos y servicios que designa, tal como se presentó en el momento de la solicitud de registro.»
1      Lengua original: inglés.
2      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008 (DO 2008, L 299, p. 25). Esta Directiva ya no está en vigor y ha sido sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1). No obstante, la Directiva 2008/95 es aplicable ratione temporis al asunto del procedimiento principal.
3      Véase la sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel (C‑259/04, en lo sucesivo, «sentencia Emanuel», EU:C:2006:215). En ella, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 3, apartado 1, letra g), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1). Los términos de esta disposición son, en esencia, idénticos a los del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95, su sucesora legal. Por lo tanto, la interpretación realizada en la citada sentencia es trasladable a esta última.
4      Véase la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad (C‑59/08, EU:C:2009:260). En ella se trataba de si el titular de una marca puede invocar frente a un licenciatario el perjuicio a la calidad de los productos.
5      Quisiera observar, con carácter incidental, que la línea argumental de Goyard a este respecto no es del todo coherente. Por un lado, como acabo de exponer, alega que del tenor del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95 se deduce que la característica de que se trate no ha de referirse necesariamente a los productos designados por la marca, sino que puede ser una característica del fabricante de dichos productos, por ejemplo. Por otro lado, en respuesta a la pregunta formulada por el Tribunal de Justicia, parece considerar que la información (incorrecta) trasladada por la marca en cuanto al fabricante debe llevar necesariamente al público a presumir que los productos poseen ciertas características que en realidad no tienen.
6      Apartado 51.
7      Reglamento del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), aplicable antes de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). El artículo 7, apartado 1, letra g), de ese Reglamento está redactado en términos idénticos a los del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009.
8      Véase la sentencia de 13 de mayo de 2020, SolNova/EUIPO — Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T‑86/19, EU:T:2020:199).
9      Véase la sentencia de 27 de octubre de 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO) (T‑29/16, no publicada, EU:T:2016:635). Véanse también las sentencias de 26 de octubre de 2017, Alpirsbacher Klosterbräu Glauner/EUIPO (Klosterstoff) (T‑844/16, EU:T:2017:759), en que el Tribunal General confirmó una decisión de denegar el registro del signo Klosterstoff, debido a que la marca solicitada podía inducir al público pertinente a error en lo que respecta a los productos «bebidas sin alcohol, en particular cervezas sin alcohol», y de 29 de noviembre de 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON) (T‑107/23, no publicada, EU:T:2023:769), en que declaró que procedía denegar el registro como marca de la Unión del signo MY BACON, pues podía inducir al público a error en cuanto a la naturaleza de los productos alimenticios de que se trataba, consistentes en sucedáneos de carne elaborados con hongos; sucedáneos de carne y platos precocinados compuestos principalmente por sucedáneos de carne, incluidos los sucedáneos de carne elaborados con hongos.
10      Sentencia de 29 de junio de 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO — Irlanda y Ornua (La Irlandesa 1943) (T‑306/20, EU:T:2022:404). La cursiva es mía.
11      Véase la sentencia de 29 de noviembre de 2018, Khadi y Village Industries Commission/EUIPO — BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) (T‑683/17, no publicada, EU:T:2018:860), apartado 53 y jurisprudencia citada. La cursiva es mía.
12      El subrayado es mío.
13      Véase la sentencia de 22 de marzo de 2018, Safe Skies/EUIPO — Travel Sentry (TSA LOCK) (T‑60/17, no publicada, EU:T:2018:164), apartados 62 y 63 y jurisprudencia citada. Véase también la sentencia de 2 de abril de 2025, Giuliani/EUIPO — H&H (Swisse) (T‑442/23, no publicada, EU:T:2025:354), apartado 100 y jurisprudencia citada.
14      Véase, por analogía, la jurisprudencia relativa al artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009, en particular la sentencia de 27 de junio de 2017, Aldi Einkauf/EUIPO — Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T‑327/16, no publicada, EU:T:2017:439), apartado 51 y jurisprudencia citada. Tal como expone la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en sus directrices, el público pertinente debe reconocer que el signo transmite un mensaje específico, claro e inequívoco en relación con la naturaleza, la calidad o el origen geográfico (u otra característica) de los productos y servicios, redactado de tal modo que resulta imposible un uso no engañoso (véase https://guidelines.euipo.europa.eu/2302859/2229384/directrices-sobre-marcas/2-la-prueba-para-la-posibilidad-de-inducir-a-error).
15      C‑168/24, EU:C:2025:221 (en lo sucesivo, «mis conclusiones presentadas en el asunto PMJC»). Véanse los puntos 41 a 46 de las citadas conclusiones.
16      Véase la sentencia de 8 de junio de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei y Gözze (C‑689/15, EU:C:2017:434), apartado 55 y jurisprudencia citada. La cursiva es mía. Dicha sentencia versaba sobre la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento n.º 207/2009, no del artículo 3, apartado 1, letra g), de la Directiva 2008/95. No obstante, puede aplicarse analógicamente a la interpretación de este último.
17      Véase, por analogía, la sentencia de 3 de septiembre de 2025, Verband der Islamischen Kulturzentren/EUIPO — Inaba Shokuhin (TUNA) (T‑377/24, no publicada, EU:T:2025:825), apartado 80 y jurisprudencia citada. Véanse también los puntos 41 y 44 de mis conclusiones presentadas en el asunto PMJC y la jurisprudencia citada.
18      Véase, por analogía, la sentencia de 29 de junio de 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO — Irlanda y Ornua (La Irlandesa 1943) (T‑306/20, EU:T:2022:404), apartado 68.
19      Véase, por analogía, la jurisprudencia citada en la nota 37.
20      Véase, por analogía, la sentencia de 3 de septiembre de 2025, Verband der Islamischen Kulturzentren/EUIPO — Inaba Shokuhin (TUNA) (T‑377/24, no publicada, EU:T:2025:825), apartados 81 a 83.
21      Véase la sentencia de 27 de junio de 2017, Aldi Einkauf/EUIPO — Fratelli Polli (ANTICO CASALE) (T‑327/16, no publicada, EU:T:2017:439), apartados 46 a 52. No obstante, en dicha sentencia el Tribunal General confirmó las apreciaciones de la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) según las cuales el público pertinente no percibiría la expresión «antico casale» como un mensaje suficientemente específico y claro, por lo que no consideraría dicho elemento de la marca como una indicación del origen geográfico de los productos en cuestión, sino como una simple expresión elogiosa.
22      Tal como expondré en el punto 63 de las presentes conclusiones, no obstante, los elementos distintos de la propia marca o de la lista de productos o servicios que designa (como las circunstancias relativas al lugar donde efectivamente se fabrican o se prestan) pueden ser tenidos en cuenta a efectos de la aplicación del artículo 12, apartado 2, letra b), de la Directiva 2008/95, que trata de la caducidad de las marcas por su carácter engañoso. Por ejemplo, se declaró la caducidad de la marca «Mövenpick of Switzerland» debido a que los productos de que se trataba eran fabricados en Alemania (véase la resolución de la Primera Sala de Recurso de 12 de febrero de 2009, R 697/2008‑1, Biscosuisse — Chocosuisse c. Mövenpick Holding, apartados 17 a 19).
23      Véanse los apartados 45 a 49 de dicha sentencia. Véanse también las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto Emanuel (C‑259/04, EU:C:2006:50), puntos 35 a 40. Véase, por último, la sentencia de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI) (T‑165/06, EU:T:2009:157), apartados 30 a 34. Quisiera añadir que, a tenor del artículo 21 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), «el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada tendrá derecho a cederla con o sin la transferencia de la empresa a que pertenezca la marca».
24      Véanse los puntos 50 a 54 de las citadas conclusiones.
25      El subrayado es mío.
26      Véase el apartado 50 de la citada sentencia.
27      Véase, por analogía, respecto al Reglamento n.º 207/2009, la sentencia de 6 de julio de 2022, Zdút/EUIPO — Nehera y otros (nehera) (T‑250/21, EU:T:2022:430), apartado 68. La disposición de dicho Reglamento equivalente al artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 2008/95 es el artículo 52, apartado 1, letra b).