CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. TAMARA ĆAPETA
presentadas el 16 de febrero de 2023 (1)
Asunto C‑767/21 P
Jérôme Rivière,
Dominique Bilde,
Joëlle Mélin,
Aurélia Beigneux,
Thierry Mariani,
Jordan Bardella,
Jean‑Paul Garraud,
Jean‑François Jalkh,
Gilbert Collard,
Gilles Lebreton,
Nicolaus Fest,
Gunnar Beck,
Philippe Olivier
contra
Parlamento Europeo
«Recurso de casación — Derecho institucional — Parlamento Europeo — Decisión verbal del Presidente del Parlamento por la que se prohíbe la presencia de banderas nacionales en los escaños de los diputados — Reglamento Interno del Parlamento Europeo — Artículo 10, apartado 3 — Normas de conducta — Recurso de anulación — Concepto de “acto recurrible” con arreglo al artículo 263 TFUE»
I.      Introducción
1.        Trece diputados al Parlamento Europeo (en sucesivo, «diputados») han interpuesto el presente recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General de 6 de octubre de 2021, Rivière y otros/Parlamento (T‑88/20, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:664).
2.        Mediante esa sentencia, el Tribunal General declaró inadmisible el recurso de anulación de la medida adoptada por el Presidente del Parlamento Europeo el 13 de enero de 2020 en virtud de la cual se prohibía a los diputados colocar banderas nacionales en sus escaños (en lo sucesivo, «medida impugnada»). El Tribunal General consideró que tal medida no constituía un acto recurrible con arreglo al artículo 263 TFUE.
3.        Los recurrentes rebaten esa apreciación. Este asunto plantea pues la perenne cuestión de qué actos pueden someterse al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 263 TFUE.
4.        Habría mucho que decir sobre este tema. (2) Sin embargo, en los procedimientos de casación, el Tribunal de Justicia debe atenerse a los motivos y alegaciones formulados por los recurrentes. (3) El Tribunal de Justicia no puede completar el recurso de casación por los recurrentes, sino únicamente examinar los motivos tal y como han sido formulados. En las circunstancias del presente recurso de casación, por las razones que expondré a continuación, propondré al Tribunal de Justicia que rechace el recurso. Considero que las alegaciones que han invocado los recurrentes no permiten llegar a la conclusión de que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar inadmisible su demanda en primera instancia. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el razonamiento en el que el Tribunal General siguió para llegar a dicha conclusión. Por consiguiente, propondré al Tribunal de Justicia que sustituya el razonamiento del Tribunal General por el suyo sin anular su resolución.
II.    Antecedentes del litigio y procedimiento ante el Tribunal General
5.        El Sr. Jérôme Rivière y los demás recurrentes son diputados electos.
6.        Durante el pleno de 13 de enero de 2020, el Presidente del Parlamento Europeo advirtió verbalmente a los diputados de que estaba prohibido colocar banderas nacionales en los escaños y solicitó a los diputados que las retiraran. Los recurrentes impugnaron esa medida interponiendo un recurso de anulación ante el Tribunal General.
7.        En dos plenos posteriores celebrados los días 29 y 30 de enero de 2020, los Vicepresidentes que ejercieron la presidencia en esas sesiones invocaron, manteniendo el orden durante los plenos, la prohibición de colocar banderas nacionales en los escaños. En dos ocasiones se apagaron los micrófonos de determinados diputados en ese contexto.
8.        Según alegan los recurrentes, (4) el Parlamento explicó posteriormente que la medida impugnada no era más que una reiteración del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento. Ese artículo establece lo siguiente:
«Los diputados no perturbarán el buen orden del salón de sesiones y se abstendrán de comportamientos incorrectos. No desplegarán pancartas.»
9.        Mediante escrito de 13 de febrero de 2020, los recurrentes interpusieron una demanda ante el Tribunal General solicitando que anulara la medida impugnada.
10.      En apoyo de su recurso, formularon cuatro motivos. El primer motivo estaba dividido en dos partes, en las que alegaban, en primer lugar, una desnaturalización de hecho y de Derecho del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento y, en segundo lugar, una infracción del artículo 4 TUE, apartado 2. Mediante el segundo motivo se invocaba la vulneración de la seguridad jurídica y mediante el tercero un abuso de poder. Por último, en cuarto lugar, los recurrentes invocaban una vulneración de los principios de igualdad de trato, legalidad, buena administración, fumus persecutionis y libertad de expresión de los diputados.
11.      En su contestación, el Parlamento propuso una excepción de inadmisibilidad basada, en primer lugar, en la inexistencia de un acto recurrible en el sentido del artículo 263 TFUE; en segundo lugar, en la falta de legitimación de los recurrentes, y, en tercer lugar, en su falta de interés en ejercitar la acción. Con carácter subsidiario, el Parlamento alegó que el recurso era infundado.
12.      En la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso porque la medida impugnada no era un acto recurrible en el sentido del artículo 263 TFUE.
13.      En los apartados 31 y 32 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó, en primer término, la jurisprudencia consolidada según la cual los tribunales de la Unión son competentes para apreciar la validez de los actos del Parlamento. A continuación, expuso que, no obstante, algunos de los actos del Parlamento no están sujetos al control judicial, en particular los que no tienen efectos jurídicos o los que afecten únicamente a la organización interna de los trabajos del Parlamento (apartado 33 de la sentencia recurrida). (5)
14.      El Tribunal General explicó además (en el apartado 34 de la sentencia recurrida) que todos los actos del Parlamento que surten efectos jurídicos frente a terceros son recurribles ante los tribunales de la Unión. Acto seguido recordó que los diputados deben ser considerados terceros en relación con los actos emanados del Parlamento que producen efectos jurídicos en lo que atañe a las condiciones de ejercicio de su mandato parlamentario (en el apartado 35 de la sentencia recurrida). (6) Por lo tanto, el Tribunal General consideró que la admisibilidad del recurso dependía de que las medidas impugnadas modificasen o no las condiciones de ejercicio del mandato de diputados (apartado 37 de la sentencia recurrida).
15.      El Tribunal General declaró a continuación (en el apartado 38 de la sentencia recurrida) que la medida impugnada era la prohibición impuesta a los diputados, sobre la base del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento, de desplegar pancartas en sus escaños y que no iba más allá de la prohibición que ya figuraba en esa disposición. En el resto de la sentencia recurrida, el Tribunal General interpretó el Reglamento Interno del Parlamento para fundamentar su conclusión.
16.      Así, en los apartados 42 a 44 de la sentencia recurrida, señaló que del Reglamento Interno del Parlamento, basado en las tradiciones parlamentarias comunes a los Estados miembros, se desprende que los diputados manifiestan su opinión en principio hablando en el Parlamento. También observó que ese principio se deriva del artículo 171 de ese Reglamento. Cualquier restricción aplicable a otras formas de expresión está destinada por lo tanto a garantizar la igualdad entre los diputados y el correcto desarrollo de los trabajos parlamentarios.
17.      Además, el Tribunal General estimó, en el apartado 45 de la sentencia recurrida, que una imagen o un objeto, por el símbolo que representan o el mensaje que transmiten, pueden servir indudablemente como medio de expresión, otorgando a los diputados que los utilizan la posibilidad de afirmar y defender sus convicciones políticas fuera de su turno de intervención. El Tribunal General también tuvo en consideración, en el apartado 50 de la sentencia recurrida, que las banderas nacionales en cuestión están comprendidas en la expresión francesa «banderoles et bannière», correspondiente a los términos empleados en las demás versiones lingüísticas del Reglamento Interno, teniendo en cuenta el significado que los recurrentes atribuyen al uso de banderas nacionales en sus escaños.
18.      A la luz de todo lo anterior, el Tribunal General consideró, en los apartados 51 y 52 de la sentencia recurrida, que la conducta de los recurrentes, al perturbar el correcto funcionamiento de los trabajos del Parlamento, estaba comprendida en el ámbito del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento. Por lo tanto, la medida impugnada afectaba únicamente a la organización interna de los trabajos del Parlamento y no tenía efectos jurídicos modificando sustancialmente su situación jurídica al perjudicar las condiciones en las que los recurrentes ejercían su mandato de diputados.
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
19.      El 8 de diciembre de 2021, los recurrentes interpusieron recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. Solicitan que anule la sentencia recurrida, admita el recurso de anulación, anule la medida impugnada por falta de base jurídica y condene en costas al Parlamento.
20.      El Parlamento solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación y se condene en costas a los recurrentes.
21.      Los recurrentes invocan dos fundamentos jurídicos, sin explicar, no obstante, los motivos que respaldan esos fundamentos o el modo en el que lo hacen (véanse los puntos 36 a 43 de las presente conclusiones). En primer lugar, invocan una desnaturalización de los hechos y un error de su calificación jurídica y, en segundo lugar, que el Tribunal General infringió y desnaturalizó el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno.
22.      A través de su primera alegación los recurrentes aducen, en esencia, que el Tribunal General no tuvo en cuenta las consecuencias de la medida impugnada para el derecho de los diputados a tomar la palabra, dado que los días 29 y 30 de enero de 2020, el Vicepresidente cerró el micrófono del Sr. Nigel Farage (7) y del Sr. Nicolas Fest, respectivamente, y que únicamente permitió hablar al Sr. Rivière porque quitó su bandera.
23.      Por lo tanto, los recurrentes arguyen que el Tribunal General debería haber llegado a la conclusión de que la medida impugnada produjo efectos jurídicos que podían influir en el ejercicio de su mandato.
24.      Mediante su segunda alegación, los recurrentes sostienen que la versión francesa del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento no se aplica a banderas nacionales toda vez que hace referencia a las pancartas. Por lo tanto, la situación que se produjo en la sesión parlamentaria en cuestión no está comprendida en el ámbito de esa norma.
25.      Los recurrentes aducen que la versión francesa del Reglamento Interno debería ser determinante en el presente asunto dado que el francés es la lengua de trabajo del Parlamento. (8) Los recurrentes concluyen que, al analizar otras versiones lingüísticas del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno, el Tribunal General desnaturalizó los hechos.
26.      Los recurrentes arguyen además que el Tribunal General interpretó incorrectamente el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno porque su objetivo no es garantizar la igualdad entre los diputados, sino mantener el orden durante las sesiones. En cambio, la igualdad entre los diputados constituye el objetivo del artículo 171 del Reglamento Interno, que, por el contrario, no regula el mantenimiento del orden durante las sesiones.
27.      Además, los recurrentes alegan que el Tribunal General desnaturalizó los hechos e incurrió en un error de Derecho al no explicar de qué manera las banderas nacionales perturbaban el orden de la sesión.
28.      Por último, los recurrentes aducen que el Tribunal General entendió erróneamente que las elecciones al Parlamento Europeo tenían naturaleza transnacional, y sostienen que la existencia de listas nacionales, así como el artículo 4 TUE, apartado 2, refuerzan su carácter nacional.
29.      Por su parte, el Parlamento considera, en primer lugar, que el recurso de casación de los recurrentes no cumple los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 168 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, pues no contiene ningún fundamento jurídico que respalde sus motivos.
30.      En cuanto al primer fundamento invocado por los recurrentes, relativo a una desnaturalización de los hechos, el Parlamento aduce que la medida impugnada es únicamente la decisión verbal de 13 de enero de 2020 y no las medidas que se adoptaron los días 29 y 30 de enero de 2020. En caso contrario, en opinión del Parlamento, se estaría ampliando el objeto del recurso.
31.      Además, en lo que respecta a las sesiones de los días 29 y 30 de enero de 2020, el Parlamento aduce que los Vicepresidentes que ejercieron la presidencia en esas sesiones estaban autorizados por el artículo 175 del Reglamento Interno a cerrar el micrófono como medida para mantener el orden en el pleno. En cualquier caso, los micrófonos no se cortaron por la presencia de banderas nacionales en los escaños, sino debido a que los diputados excedieron el tiempo que tenían asignado para tomar la palabra (en el caso del Sr. Farage) o porque los diputados criticaron la manera en la que el Vicepresidente estaba dirigiendo la sesión (en el caso del Sr. Fest). El Parlamento expone que el Sr. Rivière intervino en dos ocasiones durante la sesión del 30 de enero. La primera vez que lo hizo, la bandera estaba en su escaño, mientras que la segunda la bajo él mismo. Por lo tanto, según el Parlamento, no existe vinculación alguna entre la medida impugnada y las medidas que implicaron el corte de los micrófonos.
32.      En consecuencia, el Parlamento estima que el Tribunal General no desnaturalizó los hechos y que procede rechazar esta alegación de los recurrentes por manifiestamente infundada.
33.      En lo que concierne al segundo motivo, el Parlamento arguye que el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno permite prohibir que se coloquen banderas nacionales en los escaños de los diputados sin necesidad de acreditar la perturbación en el orden de las sesiones. Su objetivo es que la única manera en la que los diputados puedan manifestar su opinión sea verbalmente.
34.      Por último, el Parlamento sostiene que el Tribunal General no incurrió en ningún error al tener en cuenta otras versiones lingüísticas en su interpretación del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno, pues centrarse en una única versión lingüística sería contrario a los consolidados métodos de interpretación del Derecho de la Unión.
35.      El Parlamento propone, por lo tanto, que se desestime la segunda alegación por manifiestamente infundada.
IV.    Apreciación
A.      Observaciones preliminares
36.      De entrada, procede señalar que, como observa acertadamente el Parlamento, el presente recurso de casación únicamente cumple los requisitos establecidos en los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de forma marginal. Según esos artículos, el recurso de casación debe contener motivos claramente respaldados por fundamentos jurídicos e indicar las partes de la sentencia del Tribunal General que se impugnan. (9)
37.      En el presente recurso de casación, se formulan dos series de alegaciones, pero no se explica el motivo de casación que cada una de ellas fundamenta ni la manera en la que lo hacen. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia podría rechazar este recurso conforme a Derecho basándose en sus defectos de forma.
38.      Sin embargo, en un esfuerzo por admitir este recurso de casación, opción que recomiendo al Tribunal de Justicia, cabría entender los motivos y alegaciones en el sentido que se expone a continuación.
39.      Mediante su primera serie de alegaciones, los recurrentes aducen, en esencia, que el Tribunal General calificó ciertos hechos de forma incorrecta desde un punto de vista jurídico, lo cual lo llevó a una conclusión jurídica incorrecta. Con su segunda serie de alegaciones básicamente arguyen que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno.
40.      Considero que la primera serie de alegaciones respalda los dos primeros motivos de casación, mediante los cuales los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y declare la admisibilidad del recurso inicial. Desde mi punto de vista, la segunda serie de alegaciones se formula en apoyo del tercer motivo de casación, mediante el cual se solicita al Tribunal de Justicia que anule la medida impugnada por falta de base jurídica.
41.      En efecto, si estima el recurso de casación y cuenta con información suficiente, el Tribunal de Justicia puede sustituir la sentencia del Tribunal General por la suya propia en cuanto al fondo o resolver él mismo el litigio en caso de que el Tribunal General haya rechazado el recurso por razones procesales y no se haya pronunciado sobre el fondo por esa razón. (10)
42.      Sin embargo, en el presente asunto, el tercer motivo, por el que se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre el fondo anulando la medida impugnada, solo debe analizarse en caso de que el Tribunal de Justicia estime los dos primeros motivos. En mi opinión, como expondré más adelante, el Tribunal de Justicia debería rechazar los dos primeros motivos. Si lo hace, no sería pues necesario responder al tercer motivo.
43.      No obstante, para el caso de que el Tribunal de Justicia sea de la opinión contraria y admita el recurso de anulación, propongo que devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre el fondo.
B.      Sobre la admisibilidad del recurso
1.      Sobre la alegación de los recurrentes relativa a una desnaturalización de los hechos
44.      El Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso interpuesto por los recurrentes en primera instancia porque, a su modo de ver, el acto en cuestión no era un acto recurrible a los efectos del artículo 263 TFUE.
45.      Recordemos que, según confirma la jurisprudencia, en el procedimiento previsto en el artículo 263 TFUE, el Tribunal de Justicia puede controlar todos los actos legalmente vinculantes de las instituciones y otros organismos de la Unión. (11) El Tribunal de Justicia ha considerado además que constituyen actos recurribles las medidas destinadas a producir efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica. (12)
46.      En el presente asunto, no se discute que los recurrentes impugnan la medida verbal adoptada por el Presidente del Parlamento Europeo durante la sesión de 13 de enero de 2020. La controversia se centra más bien en si esa medida produjo como efecto jurídico privar de forma efectiva o potencial a los recurrentes de su derecho a tomar la palabra durante las sesiones parlamentarias.
47.      Según los recurrentes, aunque esa medida no produjo consecuencias jurídicas en el pleno celebrado el 13 de enero de 2020, se extendió también a sesiones parlamentarias posteriores y fue la causa directa de que se privara a determinados diputados de su derecho a intervenir durante las sesiones de los días 29 y 30 de enero de 2020.
48.      Por lo tanto, los recurrentes aducen que la conclusión del Tribunal General de que la medida impugnada no puede producir efectos jurídicos, por lo que no es un acto recurrible, se basó en hechos calificados de forma incorrecta desde el punto de vista jurídico.
49.      Según los recurrentes, la desnaturalización de los hechos consistió en que el Tribunal General no consideró pertinentes para apreciar la naturaleza de la medida impugnada los acontecimientos acaecidos en las sesiones parlamentarias de los días 29 y 30 de enero de 2020. Si el Tribunal General los hubiera tenido en cuenta habría llegado a la conclusión de que la medida impugnada produjo efectos jurídicos y era, por lo tanto, un acto recurrible.
50.      A la luz de estas alegaciones formuladas por los recurrentes, el Tribunal de Justicia debe pues determinar si el Tribunal General llegó o no erróneamente a la conclusión de que la privación a determinados diputados del derecho a intervenir en las sesiones de los días 29 y 30 de enero de 2020 no fue consecuencia de la medida verbal anunciada durante el pleno del 13 de enero de 2020.
51.      Es preciso recordar, para empezar, que, en el marco de un recurso de casación, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal General haya admitido en apoyo de estos. (13) Excepcionalmente, el Tribunal de Justicia puede controlar si el Tribunal General ha desnaturalizado los hechos o los medios de prueba, si bien esa desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. (14) Además, la parte que alega desnaturalización debe indicar de manera precisa los elementos que, a su juicio, han sido desnaturalizados por el Tribunal General y acreditar los errores de apreciación que, en opinión de dicha parte, han dado lugar a esa desnaturalización. (15)
52.      Habida cuenta de lo anterior, no creo que el Tribunal General desnaturalizara de forma manifiesta los hechos que obran en los autos a disposición del Tribunal de Justicia y en la sentencia recurrida.
53.      Como se desprende claramente de los apartados 3, 19, y 29 de la sentencia recurrida, el Tribunal General era consciente de que los recurrentes se referían a las sesiones de los días 29 y 30 de enero de 2020. Sin embargo, aunque lamentablemente no lo explicó de forma adecuada, (16) es obvio que el Tribunal General aceptó la explicación ofrecida por el Parlamento y llegó a la conclusión de que la privación del derecho a intervenir y la medida impugnada no estaban vinculadas.
54.      En este sentido, aunque la medida impugnada subsistiera en sesiones posteriores del Parlamento, era distinta de la medida que privó a determinados diputados de su derecho a intervenir. Ello llevó al Tribunal General a apreciar por separado si la medida impugnada producía efectos jurídicos fuera de la organización interna de los trabajos del Parlamento (apartados 37 y siguientes de la sentencia recurrida). Llegó a la conclusión de que esa medida era conforme con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento, de manera que solo tenía efectos en la organización interna de los trabajos de esa institución.
55.      Como expondré a continuación, (17) considero erróneo el razonamiento del Tribunal General por cuanto confundió la cuestión de fondo (conformidad de la medida impugnada con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento) y la cuestión procesal de la admisibilidad. Sin embargo, no desnaturalizó de forma manifiesta los hechos al no tener en cuenta las sesiones de los días 29 y 30 de enero de 2020, como afirman los recurrentes. Tuvo en consideración los acontecimientos acaecidos en esas sesiones, pero los calificó basándose en los argumentos del demandado y no en los de los demandantes en primera instancia. Dicho de otro modo, el Tribunal General consideró más convincente el argumento del Parlamento que el de los demandantes en primera instancia. Por ello, el Tribunal General ni ignoró ciertos hechos ni los calificó de forma errónea desde un punto de vista jurídico.
56.      Procede rechazar la alegación de que el Tribunal General basó su decisión en hechos desnaturalizados.
57.      Toda vez que ese ha sido el único argumento que los recurrentes han invocado en apoyo de sus motivos primero y segundo, el Tribunal de Justicia podría desestimar el recurso por esa única razón.
58.      Sin embargo, en el resto de estas conclusiones, expondré las razones por las que considero correcta la conclusión del Tribunal General relativa a la inadmisibilidad del recurso pero no el razonamiento que lo llevó a ella.
2.      Razones de la inadmisibilidad del recurso de anulación en el presente asunto
a)      Errores en el razonamiento del Tribunal General
59.      El principal hilo conductor del razonamiento del Tribunal General consistía en demostrar que la medida impugnada no era un acto recurrible porque no excedía del ámbito de aplicación del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento. En consecuencia, se trataba de una medida de organización interna de los trabajos del Parlamento y, por consiguiente, de un acto no recurrible (véase, en particular, el apartado 52 de la sentencia recurrida). Así, el Tribunal General respondió a la cuestión de fondo, a saber, que la medida impugnada estaba debidamente basada en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento, para declarar la inadmisibilidad del recurso.
60.      En mi opinión, todo esfuerzo por establecer una distinción formal entre medidas de organización interna de los trabajos de una institución, que no son recurribles, y medidas que producen o que están destinadas a producir efectos jurídicos frente a terceros, que son recurribles, es engañoso.
61.      Lo único determinante, desde mi punto de vista, es si la medida puede incidir en los derechos y obligaciones que el Derecho de la Unión otorga a los particulares. Solo puede considerarse meramente interna una medida que no tiene ese efecto. Por consiguiente, no es necesario indagar sobre si una medida es interna, sino analizar si puede afectar a los derechos de una persona.
62.      La jurisprudencia citada por el Tribunal General (18) confirma, en esencia, esta consideración. La metodología que el Tribunal de Justicia aplicó en esas sentencias no exigía que se indagara sobre el carácter interno de la medida, aun cuando, en la última instancia, llegó a la conclusión de que algunas de las medidas objeto de esos asuntos eran de carácter interno. En aquellas resoluciones, el Tribunal de Justicia declaró que, en los casos concretos en los que se trataba de medidas de organización interna de los trabajos del Parlamento, estas tampoco afectaban a los derechos de terceros. Por esa razón rehusó examinarlas.
63.      Ilustraré este extremo refiriéndome a la sentencia de 23 de marzo de 1993, Weber/Parlamento (C‑314/91, EU:C:1993:109), que cita el Tribunal General. En ella el Tribunal de Justicia declaró que no están sujetas a control judicial aquellas medidas que «o bien no producen efectos jurídicos, o bien solo producen efectos jurídicos en el interior del Parlamento en lo que se refiere a la organización de sus trabajos y están sujetos a procedimientos de verificación fijados por su Reglamento». (19)
64.      A continuación, el Tribunal de Justicia estimó que «la Reglamentación relativa a la indemnización de fin de mandato para los diputados […], así como los actos individuales de aplicación de dicha Reglamentación producen efectos jurídicos que van más allá de la organización interna de los trabajos de la Institución, en la medida en que afectan a la situación patrimonial del diputado». (20)
65.      Dicho de otro modo, la reglamentación controvertida en ese asunto era, sin lugar a dudas, una medida de organización interna de los trabajos del Parlamento. Sin embargo, era recurrible porque afectaba a los derechos de los diputados reconocidos por el Derecho de la Unión.
66.      Como ya he explicado en el punto 59 de las presentes conclusiones, para justificar su criterio de que la medida impugnada no podía estar sujeta a control dada su supuesta naturaleza interna, el Tribunal General examinó innecesariamente en la sentencia recurrida cuestiones de fondo (21) para acabar rechazando en última instancia el recurso por motivos procesales. Aunque no siempre es posible eludir toda cuestión de fondo a la hora de apreciar la admisibilidad, (22) en este caso no era necesario.
67.      Para pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso en el presente asunto el Tribunal General debería haberse centrado en exclusiva en analizar si la medida impugnada podía producir efectos jurídicos consistentes en la privación del derecho a intervenir, como aducen los recurrentes.
68.      La aplicación de la jurisprudencia que define el concepto de acto recurrible (véase el punto 45 anterior) habría llevado al Tribunal General a la misma conclusión, a saber, que la medida impugnada no surte efectos jurídicos que modifiquen la situación jurídica de los recurrentes, sin necesidad de analizar el fondo de los motivos. Una vez que un recurso es declarado inadmisible, el Tribunal General carece de competencia para examinar el fondo del asunto, como hizo en este caso. (23)
69.      No obstante, el error en el razonamiento del Tribunal General no debería dar lugar a la revocación de la sentencia recurrida. El Tribunal de Justicia ha declarado que no es necesario hacerlo cuando el fallo de esa sentencia sigue siendo fundado. (24) Considero que así sucede en este caso.
70.      Queda aún por exponer el razonamiento que, llevando a la misma conclusión en cuanto a la inadmisibilidad del recurso, debe sustituir al del Tribunal General en la sentencia recurrida.
b)      Razonamiento sobre la admisibilidad aplicable al presente asunto
71.      Desde mi punto de vista, es necesario, en primer lugar, determinar qué tipo de acto es la medida impugnada. De los hechos probados en el presente asunto resulta que se trata de una instrucción verbal de retirar las banderas nacionales de los escaños porque su colocación va en contra del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento. Esa disposición tiene efecto directo: prohíbe exhibir pancartas en las sesiones del Parlamento sin necesidad de que se adopten medidas de desarrollo. En mi opinión, la medida impugnada debe calificarse, por consiguiente, como una interpretación del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento, por parte del Presidente del Parlamento, según la cual las banderas nacionales están incluidas en la prohibición en cuestión.
72.      Sin embargo, los recurrentes no están de acuerdo con esa interpretación. Estiman que el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento no impide que se exhiban banderas nacionales en los escaños. En consecuencia, los recurrentes decidieron impugnar esa interpretación alegando que afectaba a su derecho a intervenir en las sesiones del Parlamento. Desde mi punto de vista, esa afirmación delimita la parte del asunto sustanciado ante el Tribunal General objeto del actual recurso de casación. Lo único que tenía que hacer el Tribunal General era determinar si la medida impugnada podía afectar efectivamente al derecho de los diputados a intervenir durante las sesiones parlamentarias. En caso afirmativo, la medida era recurrible (y solo en ese caso debía pronunciarse el Tribunal General sobre cuestiones de fondo). En caso negativo, la medida no era recurrible y procedía cerrar el asunto.
73.      ¿Es posible determinar si la medida impugnada puede privar en sí a los diputados de su derecho a intervenir sin entrar a analizar si la interpretación del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento realizada es correcta? En mi opinión, así es y así se desprende tanto del objeto del recurso de anulación como de la jurisprudencia que define el concepto de «acto recurrible».
74.      La razón de ser de los recursos de anulación puede deducirse de la sentencia de 23 de abril de 1986, Les Verts/Parlamento. (25) Resulta inherente al principio del Estado de Derecho, como uno de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico de la Unión en los que el Tribunal de Justicia se apoyó en esa sentencia, que toda persona que considere que una institución u organismo de la Unión ha vulnerado los derechos que le otorga el Derecho de la Unión tenga acceso a un tribunal.
75.      Al mismo tiempo, como ya se ha señalado (punto 45 de las presentes conclusiones y jurisprudencia citada), el Tribunal de Justicia ha definido el concepto de «acto recurrible» como aquel que puede afectar los intereses del demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica. (26) Sin ánimo de criticar esa jurisprudencia, (27) su aplicación en el presente asunto lleva a concluir que la medida impugnada no modificó ni podía modificar, por sí sola, la posición jurídica de los diputados privándoles de su derecho a intervenir. Para que fuera así, era preciso que quién ejercía la presidencia de la sesión adoptara otra medida más.
76.      Los recurrentes aducen que la medida impugnada puede privarles de su derecho a intervenir como diputados. Creo que, si fuera así, esa medida debería calificarse de acto recurrible. No obstante, ¿privó la medida impugnada a los diputados de su derecho a intervenir? La privación de ese derecho fue consecuencia de una actuación de los Vicepresidentes del Parlamento emprendida los días 29 y 30 de enero de 2020, que ordenaron que se desactivaran los micrófonos de dos diputados durante dos sesiones diferentes.
77.      Las partes discrepan sobre si la prohibición de colocar banderas en los escaños fue lo (único) que motivó esas decisiones de los Vicepresidentes. Sin embargo, aunque esa fuera la única razón de la mencionada actuación, esas decisiones formaban parte de la potestad discrecional que ejercieron los Vicepresidentes durante las sesiones de los días 29 y 30 de enero de 2020. Lo mismo sucede con cualquier futura privación del derecho a intervenir, que no constituye una consecuencia automática de haber colocado banderas nacionales en los escaños.
78.      Así, la medida impugnada no llevó aparejada una privación automática del derecho a intervenir. Esa privación dependió de la decisión de una persona que ejerció la presidencia de la sesión parlamentaria. Por lo tanto, fueron las medidas de los Vicepresidentes del Parlamento adoptadas los días 29 y 30 de enero de 2020 las que afectaron directamente el derecho a intervenir de determinados diputados.
79.      Por consiguiente, no es posible llegar a la conclusión de que la medida impugnada modificó sustancialmente la situación jurídica de los recurrentes al afectar el modo en el que ejercen su mandato.
80.      Al mismo tiempo, los recurrentes disponían de una vía de recurso contra las medidas que les privaron de su derecho a intervenir.
81.      Los diputados podrían haber interpuesto recursos de anulación contra las medidas adoptadas por los Vicepresidentes durante las sesiones de los días 29 y 30 de enero de 2020. También habrían podido invocar la invalidez de la interpretación dada al artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento por la medida impugnada, si esa interpretación motivó las medidas posteriores que habrían impugnado.
82.      Este recurso de casación podría haber tenido un enfoque distinto si los recurrentes hubieran invocado la libertad de expresión en lugar del derecho a intervenir durante las sesiones del Parlamento. Como ha quedado demostrado, la medida impugnada no fue causa directa de la supuesta vulneración del citado derecho. Sin embargo, el análisis podría haber llevado a otra conclusión si los recurrentes hubieran alegado que la medida impugnada vulneró de manera desproporcionada su libertad de expresión, entendida como el derecho a exhibir una bandera nacional en el escaño. Sin embargo, ese motivo implicaría que, en realidad, impugnan la validez del artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento del modo en el que ha sido interpretado por el Presidente del Parlamento.
83.      Sin embargo, dadas las alegaciones formuladas en el recurso de casación, ese análisis iría más allá de su objeto.
V.      Conclusión
84.      A la luz de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas a los recurrentes.
1      Lengua original: inglés.
2      Como atestigua la abundancia de artículos doctrinales sobre ese asunto. Véanse, por ejemplo, Arnull, A., «Private Applicants and the Action for Annulment under Article 173 of the EC Treaty», Common Market Law Review, vol. 32(1), 1995, p. 7; Albors‑Llorens, A., «Remedies Against the EU Institutions After Lisbon: An Era of Opportunity?», Cambridge Law Journal, vol. 71(3), 2012, p. 507; Bergstrom, C. F., «Defending Restricted Standing for Individuals to Bring Direct Actions against “Legislative” Measures: Court of Justice of the European Union Decision of 3 October 2013 in Case C‑583/11 P», European Constitutional Law Review, vol. 10, 2014, p. 481; Gentile, G., «Ensuring effective judicial review of EU soft law via the action for annulment before the EU courts: a plea for a liberal‑constitutional approach», European Constitutional Law Review, vol. 16(3), 2020, p. 466. Véanse, asimismo, las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto Bélgica/Comisión (C‑16/16 P, EU:C:2017:959), puntos 67 a 79.
3      Salvo en lo que respecta al examen de oficio de los requisitos de admisibilidad del recurso. Véase, por ejemplo, sentencia de 21 de enero de 2021, Alemania/Esso Raffinage (C‑471/18 P, EU:C:2021:48), apartado 101.
4      Los recurrentes se refieren al siguiente artículo en prensa que recogía esa explicación del Parlamento: «Les eurodéputés ont‑ils le droit de déployer un drapeau dans l’hémicycle du Parlement européen?» publicado en 20 minutes el 14 de enero de 2020. Disponible en https://www.20minutes.fr/monde/2695031‑20200114‑eurodeputes‑droit-deployer‑drapeau‑hemicycle‑parlement-europeen.
5      En ese apartado del Tribunal General se remite a los autos de 4 de junio de 1986, Grupo de las Derechas Europeas/Parlamento (78/85, EU:C:1986:227), apartado 11, y de 22 de mayo de 1990, Blot y Front national/Parlamento (C‑68/90, EU:C:1990:222), apartado 11, y a la sentencia de 23 de marzo de 1993, Weber/Parlamento (C‑314/91, EU:C:1993:109), apartado 9.
6      El Tribunal General citó en dicho apartado la sentencia de 2 de octubre de 2001, Martínez y otros/Parlamento  (T‑222/99, T‑327/99 y T‑329/99, EU:T:2001:242), apartado 61.
7      Es de destacar que el Sr. Farage no es uno de los diputados que iniciaron el procedimiento en primera instancia o intervinieron en él. Por lo tanto, tampoco se encuentra entre los recurrentes.
8      Los recurrentes se refieren al Reglamento n.o 1 del Consejo, de 6 de octubre de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8).
9      Auto de 17 de septiembre de 1996, San Marco/Comisión (C‑19/95 P, EU:C:1996:331), apartado 37 y jurisprudencia citada.
10      Artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia. Véanse, por ejemplo, la sentencia de 3 de mayo de 2012, España/Comisión (C‑24/11 P, EU:C:2012:266), apartado 50, en la que el Tribunal de Justicia resolvió él mismo el litigio, y la sentencia de 26 de junio de 2012, Polonia/Comisión  (C‑336/09 P, EU:C:2012:386), apartado 43, en la que el Tribunal de Justicia devolvió el asunto al Tribunal General.
11      Sentencia de 31 de marzo de 1971, Comisión/Consejo (22/70, EU:C:1971:32), apartado 42.
12      Esa definición lleva empleándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desde la sentencia de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión (60/81, EU:C:1981:264), apartado 9. Véanse también las sentencias de 15 de enero de 2003, Philip Morris International/Comisión (T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 y T‑272/01, EU:T:2003:6), apartado 77; de 12 de septiembre de 2006, Reynolds Tobacco y otros/Comisión (C‑131/03 P, EU:C:2006:541), apartado 54; de 31 de enero de 2019, International Management Group/Comisión (C‑183/17 P y C‑184/17 P, EU:C:2019:78), apartado 51; de 21 de enero de 2021, Alemania/Esso Raffinage (C‑471/18 P, EU:C:2021:48), apartado 63, y de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE (C‑551/19 P y C‑552/19 P, EU:C:2021:369), apartado 39.
13      Véase, por ejemplo, la sentencia de 2 de septiembre de 2010, Comisión/Deutsche Post (C‑399/08 P, EU:C:2010:481), apartado 63.
14      Véase, por ejemplo, la sentencia de 29 de octubre de 2015, Comisión/ANKO (C‑78/14 P, EU:C:2015:732), apartado 54.
15      Véase la sentencia de 10 de noviembre de 2022, Comisión/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862), apartado 55.
16      Véase el apartado 38 de la sentencia recurrida.
17      Véase la sección IV.B.2.a) a continuación.
18      Sentencia recurrida, apartado 33. En él, el Tribunal General cita los autos de 4 de junio de 1986, Grupo de las Derechas Europeas/Parlamento (78/85, EU:C:1986:227), apartado 11, y de 22 de mayo de 1990, Blot y Front national/Parlamento (C‑68/90, EU:C:1990:222), apartado 11, y la sentencia de 23 de marzo de 1993, Weber/Parlamento  (C‑314/91, EU:C:1993:109), apartado 9.
19      Sentencia de 23 de marzo de 1993, Weber/Parlamento (C‑314/91, EU:C:1993:109), apartado 10.
20      Ibídem, apartado 11. El subrayado es mío. En cambio, en su sentencia de 22 de septiembre de 1988, Francia/Parlamento (358/85 y 51/86, EU:C:1988:431), apartado 17, el Tribunal de Justicia consideró, por ejemplo, que la decisión del Parlamento de organizar un debate de urgencia no producía efectos jurídicos que fueran más allá de su organización interna.
21      Como la cuestión de si el artículo 10, apartado 3, del Reglamento Interno del Parlamento podía servir de base jurídica para la medida impugnada, cuál era la finalidad de esa norma o si el término «pancartas» incluye las banderas nacionales. Véanse, a este respecto, los puntos 15 a 18 de las presentes conclusiones.
22      El Tribunal de Justicia confirmó que para determinar si el acto impugnado tiene efectos jurídicos vinculantes a efectos de apreciar su carácter impugnable debe examinarse su contenido. Sentencia de 9 de octubre de 1990, Francia/Comisión (C‑366/88, EU:C:1990:348), apartado 11.
23      El análisis del Tribunal General sobre el fondo ha generado mayor confusión en este procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia, debido a que los recurrentes responden a determinadas conclusiones en cuanto al fondo del Tribunal General mediante alegaciones formuladas en su tercer motivo de casación. Sin embargo, ello no se dirige a impugnar la decisión sobre la admisibilidad del recurso, sino a ofrecer argumentos al Tribunal de Justicia para que resuelva el litigo en cuanto al fondo. Véase el punto 42 anterior.
24      Autos de 15 de febrero de 2012, Internationaler Hilfsfonds/Comisión (C‑208/11 P, no publicado, EU:C:2012:76), apartado 35; de 5 de septiembre de 2013, ClientEarth/Consejo (C‑573/11 P, no publicado, EU:C:2013:564), apartados 23 y 24, y de 4 de febrero de 2021, Pilatus Bank/BCE (C‑701/19 P, no publicado, EU:C:2021:99), apartado 38.
25      294/83, EU:C:1986:166.
26      Esa jurisprudencia se inició con la sentencia de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión (60/81, EU:C:1981:264), en la que el Tribunal de Justicia examinó si un acto surte efectos jurídicos desde el punto de vista del demandante y no de forma abstracta, como en asuntos anteriores. Véase, en tal sentido, la exposición de la jurisprudencia que realiza la Abogada General Sharpston en sus conclusiones presentadas en el asunto Reynolds Tobacco y otros/Comisión (C‑131/03 P, EU:C:2006:228), puntos 101 a 103.
27      Arnull afirma que la cuestión del carácter recurrible de un acto no debería depender de las circunstancias del demandante, que pertenecen al ámbito de la legitimación. Arnull, A., «When is an act not an act?», European Law Review, vol. 32(1), 2007, 1, p. 2. En línea con esa postura, que personalmente comparto, el Tribunal General podría haber declarado la inadmisibilidad del recurso por falta de legitimación de los demandantes, pues el acto impugnado no los afectaba directamente.