Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 21 de mayo de 2026 (1)
Asunto C‑242/25
S,
T,
AS SEB banka
otra parte en el procedimiento:
Latvijas Republikas Saeima
[Petición de decisión prejudicial presentada por la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional, Letonia)]
« Petición de decisión prejudicial — Política económica y monetaria — Política monetaria — Ámbitos sujetos a la competencia del Banco Central Europeo — Proyecto de legislación nacional — Consulta al Banco Central Europeo — Artículo 127 TFUE, apartado 4 — Decisión
98/415 — Artículo 4 — Cumplimiento de la normativa por las autoridades nacionales »
I.      Introducción
1.        La presente petición de decisión prejudicial de
la
Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional, Letonia) se refiere a la interpretación del derecho del Banco Central Europeo (BCE) a ser consultado en el procedimiento de adopción de legislación nacional comprendida en el ámbito de competencia del BCE y brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de desarrollar su jurisprudencia sobre la inaplicabilidad del Derecho de la Unión adoptado infringiendo un requisito procedimental establecido por el Derecho de la Unión.
II.    Marco jurídico
A.      Decisión 98/415/CE
2.        Las disposiciones pertinentes para el presente asunto son los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 98/415/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la consulta de las autoridades nacionales al Banco Central Europeo acerca de los proyectos de disposiciones legales. (2)
B.      Derecho letón
1.      Constitución
3.        El artículo 64 de la Latvijas Republikas Satversme (Constitución de la República de Letonia; en lo sucesivo, «Constitución») de 15 de febrero de 1992 (3) declara que el derecho de legislar corresponde al Saeima (Parlamento) y al Pueblo letones de conformidad con los procedimientos y en la medida establecidos en la Constitución.
4.        Con arreglo al artículo 70 de la Constitución, el Presidente del Estado promulgará las leyes con la siguiente fórmula: «El Saeima (es decir, el Pueblo) ha adoptado y el Presidente del Estado ha promulgado la siguiente Ley: (texto de la ley)».
5.        El artículo 71 de la Constitución reconoce el derecho del Presidente del Estado a solicitar un segundo examen de la ley: en el plazo de diez días desde la adopción de una ley por el Parlamento, el Presidente, mediante petición por escrito y motivada al Presidente del Parlamento, puede solicitar la reconsideración de dicha ley. Si el Parlamento no la modifica, el Presidente no puede formular objeciones por segunda vez.
2.      Disposiciones del Reglamento de Procedimiento
6.        El artículo 114,
apartado 1, del Saeimas kārtības rullis (Reglamento de Procedimiento del Parlamento) de 28 de julio de 1994, (4) dispone que un proyecto de ley se considera aprobado, convirtiéndose así en ley, cuando haya sido objeto de tres lecturas y haya obtenido la mayoría absoluta de los votos de los diputados presentes en la votación.
3.      Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores
7.        El artículo 84 de la Patērētāju tiesību aizsardzības likums (Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores) de 18 de marzo de 1999, (5) en su redacción aplicable a los hechos del procedimiento principal, establecía un mecanismo de apoyo a los consumidores que hubieran suscrito préstamos hipotecarios de tipo variable. En esencia, dicho mecanismo consistía en el pago de una compensación a los consumidores, correspondiente a parte de los intereses pagados por estos, que se financiaría mediante un gravamen exigido a las entidades de crédito y a otras empresas.
III. Hechos, procedimiento y cuestiones prejudiciales
8.        Habida cuenta de la importante carga soportada por los hogares debido al aumento de las cuotas de los créditos y de los precios al consumo como consecuencia de la subida del tipo del EURIBOR y la inflación, el 6 de octubre de 2023 se presentó ante el Parlamento letón el proyecto de ley «Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā» (Enmienda a la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores; en lo sucesivo «proyecto de ley»). Mediante dicho proyecto se pretendía completar la mencionada Ley con el artículo 84 de incluyendo un mecanismo de apoyo a los prestatarios de préstamos hipotecarios. El Parlamento letón designó a la Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija [Comisión de Presupuestos y Finanzas (Tributación); en lo sucesivo, «Comisión de Presupuestos»] como comisión responsable.
9.        El proyecto de ley fue examinado en el Parlamento en tres lecturas y debatido en trece reuniones de la Comisión de Presupuestos, a las que asistieron representantes de las administraciones públicas y de instituciones representativas del sector. Las versiones del proyecto de ley adoptadas en las distintas lecturas diferían entre sí.
10.      El 30 de noviembre de 2023, la Comisión de Presupuestos examinó el proyecto de ley antes de su tercera y última lectura y se dirigió al BCE remitiéndole la versión del proyecto de ley propuesta antes de la tercera lectura y solicitando que emitiera un dictamen al respecto.
11.      El 6 de diciembre de 2023, sin esperar al dictamen del BCE, la likums Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (Ley de modificación de la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores; en lo sucesivo, «Ley impugnada») fue aprobada por el Parlamento letón en tercera lectura y enviada al Presidente de
la República para su promulgación.
12.      El 11 de diciembre de 2023, el BCE adoptó y publicó un dictamen sobre el gravamen temporal para la protección de los prestatarios de préstamos hipotecarios exigido a las entidades de crédito (CON/2023/42). En ese dictamen, el BCE fue prudentemente crítico con el gravamen temporal de la República de Letonia para la protección de los préstamos hipotecarios: advirtió de que la Ley impugnada podría debilitar la transmisión de la política monetaria, reducir la rentabilidad y el capital bancarios, distorsionar la competencia y generar riesgos de estabilidad financiera, y recomendó que, antes de su adopción, se llevase a cabo una evaluación de impacto más completa.
13.      El 20 de diciembre de 2023, se debatió el dictamen del BCE en una reunión de la Comisión de Presupuestos, a la que también asistieron representantes de las administraciones públicas y de instituciones representativas del sector. Ese mismo día, el Presidente promulgó la Ley impugnada, que entró en vigor el 1 de enero de 2024. El artículo 84
fue por tanto añadido a la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores.
14.      En virtud de dicho artículo, las entidades de crédito y determinadas
otras entidades activas en el ámbito del crédito al consumo (en lo sucesivo, «sujetos pasivos del gravamen») estaban obligadas a abonar un tributo conocido como el gravamen para la protección de los prestatarios de préstamos hipotecarios (en lo sucesivo, «gravamen»). Al mismo tiempo, este artículo preveía una compensación que debía abonarse a los prestatarios de préstamos hipotecarios que cumplieran los requisitos establecidos en dicho artículo, y que cubría una parte del interés pagado por estos. Los sujetos pasivos del gravamen estaban obligados a calcular la compensación adeudada a cada prestatario hipotecario con derecho a ella y a transmitir esa información al Valsts ieņēmumu dienests (Administración Tributaria del Estado; en lo sucesivo, «VID»). El VID abonaba trimestralmente la compensación en la cuenta de los prestatarios en cuestión haciendo uso de los ingresos procedentes del gravamen.
15.      El régimen establecido en la Ley impugnada se aplicó hasta el 31 de diciembre de 2024.
16.      SEB banka, una entidad de crédito registrada en Letonia, y dos personas físicas (S y T) incoaron procedimientos ante la
Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional), que es el órgano jurisdiccional remitente, alegando que la Ley impugnada era inconstitucional, en particular porque viola el principio de la correcta aprobación de la legislación. Aducían que el Parlamento letón incumplió su obligación de consultar al BCE antes de adoptar la Ley impugnada.
17.      El órgano jurisdiccional remitente desea confirmar, en primer lugar, si la obligación que el Derecho de la Unión impone a una autoridad de un Estado miembro de consultar al BCE en una fase apropiada se ve satisfecha cuando el Parlamento del Estado miembro adopta una ley antes de recibir el dictamen del BCE, existiendo un procedimiento que permite la revisión de dicha ley por el Parlamento antes de su promulgación y entrada en vigor. El órgano jurisdiccional remitente solicita orientación, en segundo lugar, acerca de si, en caso de incumplimiento de la obligación de consultar al BCE, como exige el artículo 127 TFUE, apartado 4
y en una fase apropiada en el sentido del artículo 4 de la Decisión
98/415, tal incumplimiento ha de considerarse una infracción del Derecho de la Unión que dé lugar a la inaplicabilidad de las disposiciones legales adoptadas por un Estado miembro. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que ha declarado de forma reiterada que solo los vicios sustanciales de procedimiento pueden hacer que una norma jurídica nacional se considere ilegal. Observa que hasta la fecha la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no ha aclarado las consecuencias que para la aplicabilidad de la normativa de un Estado miembro tiene el incumplimiento de la obligación de consultar al BCE en una fase apropiada. Si el Tribunal de Justicia llegase a la conclusión de que el incumplimiento de la obligación de consultar al BCE en una fase apropiada constituye un vicio sustancial de procedimiento, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en tercer lugar, si los principios de seguridad jurídica y de primacía del Derecho de la Unión deben interpretarse en el sentido de
que la
Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional) puede ordenar, en su resolución, que deben mantenerse los efectos jurídicos de las disposiciones controvertidas producidos mientras estuvieron vigentes.
18.      En esas circunstancias, mediante resolución de 31 de marzo de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia ese mismo día, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia) planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Deben interpretarse el artículo 127 [TFUE, apartado 4] y el artículo 4 de la Decisión [98/415] en el sentido de que se cumple la obligación allí establecida de que la autoridad de un Estado miembro consulte al [BCE] en una fase apropiada cuando el Parlamento de un Estado miembro adopta una ley antes de recibir el dictamen del [BCE], pero existe un procedimiento en el marco del cual dicha ley puede ser objeto de un segundo examen en el Parlamento antes de su promulgación y de su entrada en vigor?
2)      En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿debe considerarse que la infracción del artículo 127 [TFUE, apartado 4] y del artículo 4 de la Decisión [98/415] constituye un vicio sustancial de procedimiento que da lugar a la inaplicabilidad de las disposiciones de Derecho nacional adoptadas infringiendo el Derecho de la Unión?
3)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿deben interpretarse los principios de primacía del Derecho de la Unión y de seguridad jurídica en el sentido de que la [Latvijas Republikas] Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional) puede decidir en la resolución que adopte que los efectos jurídicos de las disposiciones controvertidas se mantengan durante su período de vigencia?»
19.      Han presentado observaciones escritas SEB banka, los Gobiernos letón y portugués, el BCE y la Comisión Europea. Estas mismas partes asistieron a la vista oral, que se celebró el
27 de enero de 2026.
IV.    Apreciación
A.      Observaciones preliminares
20.      Mediante unas observaciones preliminares, me propongo situar brevemente en contexto el procedimiento que se sigue ante el órgano jurisdiccional remitente, así como explicar el origen de las cuestiones en dicho procedimiento.
21.      El órgano jurisdiccional remitente tiene ante sí la tarea de apreciar la conformidad del mecanismo de apoyo previsto para los prestatarios de préstamos hipotecarios establecido en el artículo 84 de la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores con el artículo 1 de la Constitución letona, con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 91, primera frase, de esta y con el derecho de propiedad garantizado por el artículo
105, frases primera a tercera, de ese mismo texto.
22.      A este respecto, SEB banka, S y T alegan que el artículo 84 de la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores letona constituye una restricción del derecho de propiedad y una diferencia de trato que no está establecida por la ley. (6) Alegan que la disposición citada no fue adoptada debidamente, pues, a su parecer, el Parlamento letón omitió consultar al BCE sobre el mecanismo que contenía la Ley en una fase apropiada del procedimiento legislativo. SEB banka, S y T alegan que se ha producido una infracción de las disposiciones pertinentes del Derecho primario y derivado de la Unión: los artículos 127 TFUE, apartado 4, y 282 TFUE, apartado 5; el artículo 4 del Protocolo (n.º 4) del Estatuto del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «Estatuto del SEBC y del BCE»), y el artículo
2, apartados
1 y
4, de la Decisión
98/415.
23.      Dado que se alega que la base jurídica para una limitación del derecho de propiedad y la diferencia de trato no han sido promulgadas adecuadamente, el órgano jurisdiccional remitente se dirige al Tribunal de Justicia. Las tres cuestiones giran en torno al procedimiento legislativo nacional y a la obligación de consultar al BCE.
No tratan, en cambio, de la cuestión sustantiva acerca de la vulneración del derecho a la propiedad.
24.      La institución autora de
la
Ley cuya constitucionalidad se cuestiona es el Parlamento letón. Obviamente, esta institución desempeña un papel fundamental en el procedimiento particular del presente asunto, cuyo objeto es la conformidad con la Constitución.
25.      Como tribunal constitucional que lleva a cabo un control de constitucionalidad, el órgano jurisdiccional remitente no solo trata de determinar si el Parlamento letón ha infringido disposiciones de Derecho de la Unión (primera cuestión), sino también, en caso de que sea así, cuáles son las consecuencias jurídicas de tal infracción (segunda cuestión). Como tribunal constitucional, el órgano jurisdiccional remitente tiene el poder de declarar inconstitucional una disposición de Derecho nacional, aunque el ejercicio de ese poder depende de las eventuales consecuencias jurídicas que pudieran derivarse del Derecho de la Unión, si las hubiera. Solo si la obligación que se deriva del Derecho de la Unión consiste en que los órganos jurisdiccionales nacionales (ordinarios) están obligados a dejar inaplicada la Ley impugnada, el órgano jurisdiccional remitente podría declarar esa Ley inconstitucional. Este es el motivo por el que en su segunda cuestión el órgano jurisdiccional remitente desea elucidar si los órganos jurisdiccionales nacionales deben abstenerse de aplicar las disposiciones de una ley nacional adoptada infringiendo el Derecho procedimental de la Unión.
B.      Sobre la primera cuestión prejudicial
26.      Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea aclarar, en esencia, si en una situación comprendida en el «ámbito de competencia» del BCE, el artículo 127 TFUE, apartado
4, y el artículo 4 de la Decisión
98/415 deben interpretarse en el sentido de que se cumple la obligación de consultar al BCE sobre un proyecto de norma legal con arreglo a dichas disposiciones cuando el Parlamento de un Estado miembro adopta una ley antes de recibir el dictamen del BCE, si existe un procedimiento nacional conforme al cual dicha ley puede someterse a un segundo examen parlamentario antes de que sea promulgada y entre en vigor.
27.      Para poder proponer al Tribunal de Justicia una respuesta a esta cuestión, quisiera explicar en primer lugar el procedimiento de consulta al BCE en el trámite legislativo nacional, antes de analizar si se ha respetado dicho procedimiento en el presente asunto.
1.      La obligación de consultar al BCE con arreglo, entre otras disposiciones, al artículo 127 TFUE, apartado 4
28.      El BCE es una de las siete instituciones de la Unión Europea, (7) y las principales normas jurídicas relativas a él se establecen en el TFUE y en el Estatuto del SEBC y del BCE. A tal fin, el artículo 127 TFUE, apartado 1, dispone que el objetivo principal del SEBC es mantener la estabilidad de precios, y que, sin perjuicio de este objetivo, el SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Unión con el fin de contribuir a la realización de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 TUE. El artículo 127 TFUE, apartado
2, establece que las funciones básicas del SEBC serán: definir y ejecutar la política monetaria de la Unión; realizar operaciones de divisas; (8) poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
29.      Tres disposiciones de Derecho primario, redactadas en términos casi idénticos, (9) exigen consultar obligatoriamente al BCE sobre actos de la Unión y proyectos de disposiciones legales nacionales: el artículo 127 TFUE, apartado 4, el artículo
4 del Estatuto del SEBC y del BCE y el artículo 282 TFUE, apartado
5. Además, una disposición de Derecho derivado contiene más detalles sobre dicho procedimiento de consulta: el artículo 4 de la Decisión
98/415.
a)      Artículo 127 TFUE, apartado 4: procedimiento general y su lógica
30.      El artículo 127 TFUE, apartado
4, establece una consulta obligatoria (10) al BCE sobre toda propuesta de acto de la Unión (11) y por parte de las autoridades nacionales acerca de cualquier proyecto de disposición legal (12) que entre en su ámbito de competencias. En concreto, respecto a las consultas de las autoridades nacionales, se especifica que deberá hacerse dentro de los límites y en las condiciones establecidas por el Consejo con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 129 TFUE, apartado
4. El artículo 4 del Estatuto del SEBC y del BCE, titulado «Funciones consultivas», reproduce literalmente el artículo 127 TFUE, apartado
4. De manera similar, el artículo 282 TFUE, apartado 5, establece que, en los ámbitos que entren dentro de sus atribuciones, se consultará al BCE sobre todo proyecto de acto de la Unión y sobre todo proyecto de normativa a escala nacional, y que el BCE podrá emitir dictámenes. Considero que el artículo 282 TFUE, apartado 5, tiene carácter declarativo, en la medida en que se limita a reiterar, aun de forma imperfecta, (13) lo que ya se dispone en el artículo 127 TFUE, apartado 4. (14) En consecuencia, por lo que respecta al Derecho primario, en adelante solo haré mención del artículo
127 TFUE, apartado 4.
31.      La razón de ser de la consulta obligatoria, tanto por las instituciones de la Unión como por las autoridades nacionales, presenta una doble dimensión: sirve para garantizar (i) que se tenga en cuenta la opinión cualificada del BCE en la legislación de la UE y nacional pertinente y (ii) que el BCE esté informado en una fase temprana de todo cambio en la situación legal que pueda afectarle. (15) El legislador debe aprovechar la alta cualificación del BCE, (16) a fin de incrementar la calidad de la legislación en su conjunto. (17)
32.      Además, y en un contexto más amplio, yo también entiendo el artículo 127 TFUE, apartado
4, en el sentido de que su objetivo implícito es proteger las prerrogativas y competencias del BCE. El BCE
debe estar en condiciones de velar por que no se pongan en peligro sus competencias. Por este motivo, el BCE tiene un auténtico derecho a ser consultado, del que se infiere la obligación de los legisladores de la Unión y nacionales de consultarle.
33.      Basándose en el actual artículo 127 TFUE, apartado 4, segundo guion, el Consejo, mediante decisión, estableció los límites y las condiciones del derecho de consulta que asiste al BCE.
b)      La Decisión 98/415: detalles del procedimiento
34.      La Decisión
98/415 establece lo siguiente respecto al procedimiento que se ha de seguir.
35.      En primer lugar, dado que los Estados miembros
tienen una obligación general de velar por el cumplimiento efectivo de la Decisión
98/415, deben asegurarse de que el BCE sea consultado en una fase apropiada, de manera que la autoridad que haya tomado la iniciativa del proyecto de disposición legal pueda tener en cuenta el dictamen del BCE antes de adoptar una decisión sobre el contenido del proyecto. El dictamen del BCE debe llegar a conocimiento de la autoridad responsable de aprobar el proyecto, si esta fuera una autoridad distinta de aquella que haya preparado las disposiciones legales en cuestión. (18)
36.      A ese respecto, es preciso señalar que la Decisión
98/415 traza una clara distinción entre la autoridad que ha tomado la iniciativa del proyecto de disposición legal y la responsable de aprobar el proyecto, distinción que sigue la lógica subyacente a todo procedimiento legislativo (nacional). Aunque huelga decir que la organización general del procedimiento legislativo en el contexto de la decisión se rige por el Derecho constitucional nacional y que los procedimientos nacionales pueden variar considerablemente, cabe afirmar que siempre se traza una distinción entre una autoridad que toma la iniciativa y otra que aprueba. De hecho, de una u otra manera, los sistemas jurídicos normalmente trazan una distinción entre las autoridades con iniciativa legislativa (19) y las que adoptan (20) la legislación. (21)
37.      Considero que del artículo 4 de la Decisión
98/415 se deduce que la consulta al BCE se ha de producir en la fase más temprana posible del procedimiento legislativo, es decir, en un momento en que la autoridad que ha tomado la iniciativa del proyecto de disposición legal haya preparado un primer proyecto que se remite seguidamente a la autoridad responsable de aprobarlo, normalmente para una primera lectura. Esto permite al BCE influir decisivamente, mediante su dictamen, en el procedimiento legislativo nacional.
38.      En segundo lugar, tan pronto como reciba cualquier proyecto de disposición legal, el BCE está obligado a notificarlo a las autoridades que efectúan la consulta si, a su juicio, el citado proyecto entra en su ámbito de competencias. (22)
39.      En tercer lugar, cuando así lo juzguen necesario, las autoridades de los Estados miembros que estén en proceso de elaboración de una disposición legal podrán imponer al BCE un plazo para la presentación de su dictamen; dicho plazo no podrá ser inferior a un mes y comenzará a contar desde la fecha en que el Presidente del BCE reciba la oportuna notificación al respecto. (23) En casos de extrema urgencia, el plazo previsto podrá reducirse, debiendo expresar la autoridad que efectúa la consulta las razones que justifican esa urgencia. (24) El BCE podrá solicitar, oportunamente, que el plazo se amplíe hasta un máximo de cuatro semanas, y la autoridad que efectúa la consulta no podrá denegar esta solicitud sin razones válidas. (25) Transcurrido el plazo, el hecho de que no se haya emitido el dictamen no será óbice para que la autoridad que efectúa la consulta continúe el procedimiento; en caso de que el dictamen del BCE se reciba una vez agotado dicho plazo, los Estados miembros velarán, no obstante, por que las autoridades a que se hace referencia en el artículo
4 tengan conocimiento del mismo. (26)
c)      El «ámbito de competencia» del BCE
40.      Como ya he señalado, la obligación de consultar al BCE surge de la materia de que se trata. El punto de partida para definir el «ámbito de competencia» del BCE es el artículo 127 TFUE, apartados 1 y 2, así como los artículos 3 a 12 del Estatuto del SEBC y del BCE. Con arreglo al artículo 127 TFUE, apartado 1, el «objetivo principal» del SEBC es mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de ese objetivo, el SEBC debe apoyar las políticas económicas generales de la Unión. El artículo 127 TFUE, apartado
2, define las «funciones básicas» del SEBC: definir y ejecutar la política monetaria de la Unión; realizar operaciones de divisas; poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros, y promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.
41.      Además, el artículo 2, apartado 1, de la Decisión
98/415 define el ámbito de competencias del BCE como, en particular, los asuntos monetarios (primer guion); los medios de pago (segundo guion); los bancos centrales nacionales (tercer guion); la recogida, elaboración y distribución de estadísticas en los ámbitos monetario, financiero, bancario, de sistemas de pagos y de balanza de pagos (cuarto guion); los sistemas de pago y liquidación (quinto guion), y las normas aplicables a las entidades financieras, siempre que influyan significativamente en la estabilidad de las entidades y los mercados financieros (sexto guion).
2.      El presente asunto: incumplimiento de la obligación de consultar
42.      Al órgano jurisdiccional remitente le corresponderá aplicar al asunto de que conoce la interpretación propuesta de las disposiciones controvertidas. Sin embargo, partiendo de la información facilitada en la resolución de remisión y durante el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, puedo hacer con seguridad las siguientes presunciones al orientar al órgano jurisdiccional remitente en este ejercicio.
43.      En primer lugar, procede recalcar que en el procedimiento nacional no es objeto de debate si el artículo 84 de la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores letona está comprendido en el ámbito de competencia del BCE. El Parlamento letón no cuestiona que estaba obligado a consultar al BCE. (27)
44.      En segundo lugar, durante la vista quedó patente entre otros aspectos, sobre todo de manos del Gobierno letón, que con arreglo al Derecho constitucional de Letonia la autoridad competente para elaborar disposiciones legales con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Decisión 98/415 es la Comisión de Presupuestos.
45.      En tercer lugar, la Comisión de Presupuestos desatendió el artículo 4 de la Decisión 98/415, que obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento de forma efectiva a lo dispuesto en esa Decisión. En efecto, dicho órgano pasó por alto la obligación que impone el artículo 4, segunda frase, de la Decisión
98/415, de asegurarse de que el BCE sea consultado «en una fase apropiada, de manera que la autoridad que haya tomado la iniciativa del proyecto de disposición legal pueda tener en cuenta el dictamen del BCE antes de adoptar una decisión sobre el contenido del proyecto». Tampoco estableció un plazo para la presentación del dictamen del BCE, incumpliendo con ello el espíritu del artículo 3 de la Decisión
98/415.
46.      Por consiguiente, en este punto puedo llegar a la conclusión de que la Comisión de Presupuestos infringió el artículo
4 de la Decisión
98/415.
47.      El órgano jurisdiccional remitente trata de aclarar, en esencia, si tal infracción es irrelevante o puede ser subsanada en una situación como la del presente asunto, en la que existe un procedimiento por el cual la ley puede someterse a un segundo examen parlamentario antes de ser adoptada y de entrar en vigor. De manera similar, el Gobierno letón alega que la obligación del consultar al BCE sí fue cumplida, pues el Presidente tuvo ocasión de devolver la ley para su reexamen, pero optó por no hacerlo.
48.      Quisiera recalcar que, en efecto, con arreglo al Derecho constitucional letón, el Presidente, que formalmente proclama las leyes tras su adopción en el Parlamento, para que estas entren en vigor puede solicitar, en el plazo de diez días desde su adopción por el Parlamento y mediante escrito motivado remitido al presidente de la cámara, que la ley sea sometida a un segundo examen. No obstante, si el Parlamento letón no la modifica, el Presidente ya no puede formular objeciones por segunda vez. (28)
49.      Soy del parecer de que, en abstracto, la disposición constitucional recién descrita no basta, de por sí, para subsanar una infracción del deber de consultar al BCE durante el procedimiento legislativo. El artículo 127 TFUE, apartado
4, obliga a las autoridades nacionales a consultar al BCE acerca de cualquier proyecto de disposición legal que entre en su ámbito de competencias. Antes he argumentado que la consulta se ha de producir en la fase más temprana posible, es decir, cuando se presente por primera vez al Parlamento letón. Sin embargo, incluso desde una lectura menos estricta del artículo 127 TFUE, apartado
4, veo imposible concebir que una disposición legislativa pueda seguirse considerando proyecto una vez ha sido adoptada definitivamente por el Parlamento letón. Dicho de otra manera, cuando el texto, en sentido figurado, haya salido del Parlamento para ser proclamado por el Presidente, ha dejado de ser un «proyecto de disposición legal» en el sentido del artículo 127 TFUE, apartado 4, segundo guion, y del artículo 1 de la Decisión 98/415. Si el BCE no ha sido consultado cuando el Parlamento letón adopta la ley, se ha cometido una infracción de dichas normas.
50.      En mi opinión, una vez que el acto ha sido formalmente adoptado por el legislador competente, ya no puede hablarse de «proyecto», aunque pueda no haberse promulgado o no haya entrado en vigor. Del artículo 64 de la Constitución letona (29) deduzco que el legislador es el Parlamento letón, no el Presidente.
51.      De ello se deduce también que, concretamente en el presente asunto, no se respetaron el artículo 127 TFUE, apartado
4, ni la Decisión
98/415. Cabe señalar que, tras remitir el proyecto de ley al BCE únicamente el 30 de noviembre de 2023, antes de su tercera y última lectura, y sin esperar al dictamen del BCE, el Parlamento letón adoptó la ley controvertida en su tercera lectura, y acto seguido la remitió al Presidente para su promulgación. No afecta a esta conclusión el hecho de que, una vez recibido el dictamen del BCE el 11 de diciembre de 2023, la Comisión de Presupuestos del Parlamento debatiese este dictamen. De hecho, demuestra que fue el Parlamento (o un órgano de este), y no el Presidente, quien reexaminó un texto ya adoptado. Tampoco exige un gran esfuerzo de imaginación suponer que, por lo que respecta a los plazos, el Parlamento letón estaba muy presionado, pues quería que la ley entrase en vigor antes de acabar el año 2023.
3.      Propuesta de respuesta a la primera cuestión
52.      Las normas procedimentales obtienen su legitimación de su estricta observancia, lo cual en último término proporciona seguridad jurídica y, en general, sirve al Estado de Derecho. Partiendo de estas consideraciones, propongo que el Tribunal de Justicia declare que se ha producido una infracción de las normas procedimentales
controvertidas en el presente asunto.
53.      Así pues, la respuesta que propongo para la primera cuestión es que el artículo 127 TFUE, apartado
4, y el artículo 4 de la Decisión
98/415 deben interpretarse en el sentido de que, en una situación comprendida en el «ámbito de competencia» del BCE, no se cumple la obligación de consultar al BCE sobre un proyecto de norma legal con arreglo a dichas disposiciones cuando el Parlamento de un Estado miembro adopta una ley antes de recibir el dictamen del BCE, aun si existe un procedimiento nacional conforme al cual dicha ley puede someterse a un segundo examen parlamentario antes de que sea promulgada y entre en vigor.
C.      Segunda cuestión prejudicial
54.      Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea aclarar, en esencia, si el artículo 127 TFUE, apartado
4, y el artículo 4 de la Decisión
98/415 deben interpretarse en el sentido de
que un órgano jurisdiccional nacional ha de abstenerse de aplicar las disposiciones de una ley nacional adoptada infringiendo
las disposiciones citadas.
55.      Así pues, la segunda cuestión se refiere a las consecuencias del incumplimiento del requisito procedimental consistente en la obligación de consultar al BCE antes de adoptar una ley nacional, que se establece en el artículo 127 TFUE, apartado
4, y en los artículos
3 y
4 de la Decisión
98/415.
56.      La principal peculiaridad del procedimiento del artículo 127 TFUE, apartado
4, consiste en la intervención de una institución de la Unión en un procedimiento legislativo nacional. En consecuencia, como voy a demostrar, la actual jurisprudencia solo ofrece una orientación parcial. A mi parecer, el Tribunal de Justicia ha de resolver una situación inédita en el presente asunto.
1.      Jurisprudencia hasta la fecha
57.      Antes de nada, quisiera recordar muy brevemente, en primer lugar, la jurisprudencia relativa a la vulneración del derecho de una institución de la Unión a ser consultada en un procedimiento de la Unión, para posteriormente, en segundo lugar, analizar la jurisprudencia clásica del Tribunal de Justicia sobre las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de requisitos formales establecidos por el Derecho de la Unión, como la notificación, por los Estados miembros.
a)      Cuando un acto de una institución de la Unión infringe una norma de procedimiento
58.      La principal cuestión jurídica que se plantea a este respecto es la de las consecuencias de no consultar al Parlamento Europeo en un procedimiento legislativo de la Unión, y los asuntos de referencia son las sentencias conocidas como «sentencias Isoglucosa», (30) adoptadas por el Tribunal de Justicia en los asuntos Roquette Frères y Maizena. (31) Se dictaron durante la primera legislatura en que el Parlamento fue directamente elegido, es decir, en un momento en que su intervención en el proceso decisorio de la Unión se limitaba a un derecho de consulta. (32)
59.      En ese asunto, el Consejo había adoptado un Reglamento que modificaba la organización común de mercados en el sector de la glucosa, sin esperar al dictamen del Parlamento Europeo, a pesar de que el artículo 43 CEE, apartado 2, (33) exigía esta consulta. La medida fue impugnada por la mercantil SA Roquette Frères, un productor francés de glucosa afectado directamente por el Reglamento, ya que este le imponía una cuota de producción.
60.      En su sentencia de referencia, el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento, al considerar que, cuando la exigía el Tratado, la consulta era el medio que permitía al Parlamento participar de forma efectiva en el procedimiento legislativo de la Unión, (34) y eta facultad constituía un factor esencial en el equilibrio institucional perseguido por el Tratado. (35)
61.      Consultar al Parlamento constituye una «formalidad esencial» (36) en el sentido de lo que es hoy el artículo 263 TFUE, párrafo segundo, «cuyo incumplimiento implica la nulidad del acto». (37) Es preciso señalar que, según añadió expresamente el Tribunal de Justicia, «el cumplimiento de dicha exigencia implica que el Parlamento exprese su opinión», (38) y que «no se puede considerar que queda satisfecha con una mera solicitud de dictamen por parte del Consejo», (39) si el Parlamento no ha emitido dictamen alguno con posterioridad. Con ello, el Tribunal de Justicia rechazó una interpretación meramente formalista del requisito de consulta e impidió que el Consejo tratase la mera petición como una forma suficiente de cumplir cuando de hecho el Parlamento no ha emitido un dictamen.
62.      En consecuencia, el Tribunal de Justicia anuló el Reglamento controvertido.
63.      Por lo tanto, de la sentencia cabe deducir que el Tribunal de Justicia rechazó valorar ex post si la participación del Parlamento habría alterado el contenido sustantivo de la medida adoptada por el Consejo. Lo determinante era que el Parlamento no había sido consultado, no el hecho de que, en cualquier caso, su dictamen no habría sido vinculante.
64.      En la jurisprudencia posterior, el Tribunal de Justicia ha seguido de forma constante la doctrina recogida en la sentencia Roquette Frères.
Ha recalcado, asimismo, que el diálogo interinstitucional en que se basa, en particular, el procedimiento de consulta está sujeto a los mismos deberes recíprocos de cooperación leal que regulan las relaciones entre los Estados miembros y las instituciones comunitarias. (40) Así, en una situación en la que el Consejo instó el dictamen del Parlamento, concretamente solicitando el procedimiento de urgencia, (41) y en la que el Parlamento no respondió en un plazo razonable, pues decidió remitir primero la consulta a una comisión y después aplazó la votación final en el Pleno, el Tribunal de Justicia consideró que el Parlamento había incumplido el deber de cooperación institucional, lo que le impedía alegar que el Consejo había adoptado la medida sin esperar a su dictamen. (42) Por ello, desestimó el recurso del Parlamento. (43)
65.      Por último, quisiera subrayar que, según entiendo, el Tribunal de Justicia solo ha anulado medidas cuando se ha visto afectado el derecho de consulta del Parlamento. Es cierto que el TFUE también contiene disposiciones en que se impone la consulta obligatoria a otras instituciones u órganos, dentro de sus ámbitos de conocimiento y competencias, como el Tribunal de Cuentas, (44) el Comité Económico y Social Europeo (45) o el Comité de las Regiones. (46) Sin embargo, hasta la fecha la jurisprudencia parece traslucir una consideración incidental por parte del Tribunal de Justicia cuando afirma que lo que hoy es el artículo 156 TFUE (47) obliga a la Comisión a consultar al Comité Económico y Social Europeo. (48)
66.      Resumiendo este pasaje, cuando el Parlamento no fue consultado pese a la obligación de hacerlo, el Tribunal de Justicia ha anulado la medida en cuestión por adolecer de un vicio sustancial de forma con arreglo al artículo
263 TFUE, párrafo segundo.
b)      Cuando una autoridad nacional actúa infringiendo una norma de procedimiento
67.      ¿Qué sucede cuando son las autoridades nacionales las que actúan en contra de una disposición de procedimiento de la Unión? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Existen vías de recurso?
1)      Asunto C‑380/87, Enichem Base
68.      La controversia se originó cuando un alcalde adoptó una decisión
prohibiendo utilizar bolsas de plástico no biodegradables en su municipio. Enichem Base impugnó la decisión con el argumento de que la norma municipal infringía una disposición de una Directiva que exigía a los Estados miembros informar a la Comisión de los proyectos normativos referentes a la gestión de residuos.
69.      El Tribunal de Justicia consideró que la disposición controvertida exigía a los Estados miembros informar a la Comisión de los proyectos de normativa antes de su adopción. (49) Ese requisito pretendía garantizar que la Comisión estuviese informada de las medidas nacionales previstas en materia de gestión de residuos para poder valorar la necesidad de adoptar medidas comunitarias de armonización y examinar si los proyectos eran o no compatibles con el Derecho
de la Unión. (50) El Tribunal de Justicia añadió, no obstante, que «ni el tenor literal ni la finalidad de la disposición examinada permiten pues considerar que el incumplimiento de la obligación de comunicación previa que corresponde a los Estados miembros provoque, por sí mismo, la ilegalidad de las normativas así adoptadas». (51)
2)      CIA Security International
70.      El asunto CIA Security International (52) versaba sobre un real decreto belga que establecía un régimen de homologación para sistemas de alarmas y sus instaladores. El real decreto constituía un «reglamento técnico» en el sentido de la Directiva
83/189, (53) y el Reino de Bélgica había omitido comunicar el proyecto a la Comisión y respetar el período de statu quo. Los artículos 8 y 9 de la Directiva
83/189 exigían a los Estados miembros comunicar a la Comisión los proyectos de reglamentos técnicos antes de su adopción, salvo determinadas excepciones, y aplazar la adopción durante seis meses si se emitía un dictamen detallado en el plazo de tres meses, o durante doce meses si la Comisión anunciaba una propuesta de armonización. La cuestión era si un particular podía invocar judicialmente este incumplimiento y sus implicaciones para la medida no comunicada.
71.      Para responder a esa cuestión, el Tribunal de Justicia llevó a cabo un análisis en dos fases. En la primera, concluyó que los artículos 8 y 9 de la Directiva
83/189 establecían una obligación precisa a los Estados miembros de comunicar los proyectos de reglamento técnico antes de su adopción. Declaró que, «al ser, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisos, dichos artículos pueden ser invocados por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales». (54)
72.      En una segunda fase del análisis, el Tribunal de Justicia concluyó que «es preciso también examinar las consecuencias jurídicas que procede sacar de un incumplimiento por parte de los Estados miembros de su obligación de notificación y, más concretamente, si la Directiva 83/189 debe interpretarse en el sentido de que el incumplimiento de la obligación de notificación, que constituye un vicio de procedimiento en la adopción de los reglamentos técnicos de que se trate, da lugar a la inaplicabilidad de esos reglamentos técnicos, de modo que ya no puedan ser invocados contra los particulares». (55)
73.      Nótese que en este punto el término importante es «si».
74.      A continuación, el Tribunal de Justicia rechazó el argumento según el cual la Directiva
83/189 se refería exclusivamente a las relaciones entre los Estados miembros y la Comisión, que se limitaba a crear obligaciones de procedimiento que los Estados miembros debían respetar al adoptar reglamentos técnicos, sin que, no obstante, se cuestionase su competencia para adoptar los reglamentos de que se trate después del período de suspensión, y que no contenía ninguna disposición expresa relativa a los posibles efectos que sancionasen la inobservancia de dichas obligaciones de procedimiento. (56)
75.      El Tribunal de Justicia observó que no era necesaria ninguna disposición expresa relativa a tales efectos y que «consta que el objetivo de la Directiva es la protección de la libre circulación de mercancías mediante un control preventivo y que la obligación de notificación constituye un medio esencial para la realización de ese control comunitario. La eficacia de dicho control se verá tanto más reforzada en la medida en que la Directiva se interprete en el sentido de que el incumplimiento de la obligación de notificación constituye un vicio sustancial de procedimiento que puede dar lugar a la inaplicabilidad de los reglamentos técnicos controvertidos a los particulares». (57)
76.      El Tribunal de Justicia continuó entonces diferenciando el asunto que resolvía en ese momento de la sentencia Enichem Base, al sostener que su interpretación era «conforme» (58) con la sentencia anterior, antes de concluir que un reglamento técnico que, debiendo haber sido comunicado, no lo fue era inaplicable y no podía ser invocado contra los particulares. (59)
77.      La jurisprudencia posterior ha reiterado constantemente que incumplir la obligación de comunicar (o el requisito de
mantener el statu quo) constituye un vicio sustancial de procedimiento que conlleva hacer inaplicable el reglamento técnico nacional frente a los particulares. (60)
78.      A este respecto, en aras de la claridad terminológica deseo abordar la cuestión del «efecto directo». La jurisprudencia descrita tiene sus orígenes en la cuestión de en qué circunstancias las disposiciones de una directiva, es decir, un acto de Derecho derivado, (61) que impone obligaciones a los Estados miembros puede tener efecto directo con carácter horizontal, es decir, en un litigio entre dos particulares. (62) Además, el Tribunal de Justicia ha aclarado expresamente que el efecto directo es un requisito previo de la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dejar inaplicadas las disposiciones contrarias al Derecho de la Unión. (63)
79.      El Tribunal de Justicia también ha aclarado que, en un conflicto vertical entre un operador económico y un Estado miembro, el particular puede invocar el Derecho de la Unión para que se deje inaplicada la medida nacional. (64) En esto yo aprecio una confirmación de que la inaplicabilidad de una disposición nacional es consecuencia de un vicio de procedimiento (en aquel asunto, la falta de notificación), y no de la naturaleza del litigio (entre particulares o entre una autoridad y un particular). En consecuencia, la naturaleza de la presente controversia (control de constitucionalidad) no es el factor determinante en el presente asunto.
80.      Por último, aunque el análisis en estas conclusiones se ha centrado en la aplicación descentralizada del Derecho de la Unión, en aras de la integridad cabe destacar que
existe, por supuesto, la posibilidad de que la Comisión (65) o un Estado miembro (66) incoen un procedimiento por incumplimiento contra el Estado miembro cuya autoridad nacional haya supuestamente infringido la norma de procedimiento. No son estas conclusiones el lugar idóneo para recordar todas las conocidas características del procedimiento por incumplimiento. Baste mencionar que la Comisión dispone de una discrecionalidad casi ilimitada para decidir sobre la incoación y el mantenimiento de tal procedimiento, tanto en la fase pre-contenciosa como en la contenciosa, y que, si la Comisión ve finalmente prosperar sus tesis, el Tribunal de Justicia dictará una sentencia declarativa en que obligará al Estado miembro a subsanar la situación. Se trata de un procedimiento constitucional en que no se dirimen los derechos de los particulares y de otros interesados privados.
2.      El presente asunto: ¿existe una obligación de dejar inaplicada la Ley controvertida?
a)      Argumentos a favor
81.      El BCE y SEB banka proponen, en esencia, que se aplique la sentencia «CIA Security International» al presente asunto.
82.      El BCE alega que el hecho de que las autoridades nacionales no le consulten en relación con un proyecto de reglamento comprendido en su ámbito de competencias, como exigen el artículo 127 TFUE, apartado
4, y el artículo 4 de
la
Decisión
98/415, constituye un vicio sustancial de procedimiento que hace inaplicables las correspondientes disposiciones nacionales. Equipara esta infracción a un «vicio sustancial de forma» en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que hace inaplicables las medidas nacionales frente a los particulares. (67) A este respecto, el BCE traza un paralelismo con la sentencia dictada en el asunto CIA Security International, según la cual la omisión de la comunicación a la Comisión (68) resulta en la inaplicabilidad de esas leyes. El BCE alega que, al ser la consulta al BCE una obligación emanada de los Tratados, a la fuerza ha de tener efectos aún más drásticos que la obligación de comunicar reglamentos técnicos. En concreto, el BCE considera que la obligación de consultar cumple los requisitos de una «forma sustancial», pues proporciona garantías de prudencia, permite que los conocimientos especializados del BCE influyan en el contenido y mejora la calidad legislativa en asuntos monetarios y bancarios. Con carácter más amplio, el BCE alude al principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado
3, y alega que la interpretación propuesta respeta la competencia exclusiva de la Unión Europea en materia de política monetaria, impidiendo medidas que socaven las funciones del BCE y la estabilidad financiera sistémica.
83.      En el mismo sentido, SEB banka alega que incumplir la obligación de consulta impuesta por el artículo 127 TFUE, apartado
4, y por el artículo 4 de la Decisión
98/415 constituye un vicio sustancial de procedimiento que hace inaplicables las disposiciones nacionales letonas. Se remite a la sentencia dictada en el asunto CIA Security International, subrayando asimismo la importancia del principio de cooperación leal que establece el artículo
4 TUE, apartado 3.
84.      Se alega además, principalmente en la doctrina jurídica, que, si una infracción de procedimiento puede tener efectos incluso en un litigio entre particulares, ha de tener aún mayores efectos cuando el Estado miembro que ha cometido la infracción del Derecho de la Unión pretende invocar la legislación de que se trata contra un particular afectado. (69)
85.      La consecuencia de tal razonamiento sería que los órganos jurisdiccionales nacionales deberían dejar inaplicado el artículo 84 de la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores.
b)      Argumentos en contra
86.      Sin duda, resulta tentador trazar paralelismos con la sentencia dictada en el asunto CIA Security International. Sin embargo, soy del parecer de que esa sentencia no resulta aplicable por analogía, pues el razonamiento antes descrito no tiene suficientemente en cuenta en su totalidad la sentencia dictada en el asunto CIA Security International. Si aplicamos el razonamiento en dos fases del Tribunal de Justicia antes descrito, veremos que solo se cumple la primera de las fases.
87.      En efecto, sería difícil argumentar que las obligaciones impuestas por el artículo 127 TFUE, apartado
4, y por el artículo 4 de la Decisión
98/415 no son suficientemente precisas e incondicionales. Como ya se ha expuesto, existe la clara obligación de consultar al BCE, lo cual a su vez constituye un derecho para esa institución. Sin embargo, la segunda fase, es decir, las consecuencias jurídicas que se deducen de ello, es mucho menos clara. Como ya he explicado, en la sentencia CIA Security International el Tribunal de Justicia basó su razonamiento en el hecho de que las disposiciones allí controvertidas eran un medio de control preventivo de la libre circulación de mercancías.
88.      Garantizar el control preventivo en un ámbito que, formando parte del mercado interior, (70) afecta a un aspecto fundamental de la política de la Unión y que, por definición, depende de la fluidez en las acciones e interacciones de los operadores económicos, los cuales, para que dicho mercado funcione, deben poder defender sus derechos, en particular frente a Estados miembros que imponen obstáculos al comercio es, a mi parecer, algo totalmente diferente de una norma de procedimiento dirigida a mejorar y legitimar un procedimiento legislativo nacional en un ámbito perteneciente a las competencias del BCE.
89.      En otras palabras, en una situación comprendida en el ámbito de la Directiva 83/189, controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia CIA Security International, los Estados miembros están, en principio, autorizados a legislar. Únicamente deben comunicar los proyectos de ley a la Comisión, para que esta pueda detectar posibles obstáculos a los intercambios interiores de la Unión y, en su caso, solicitar a los Estados miembros que modifiquen el proyecto. Sin embargo, la competencia legislativa sigue siendo de los Estados miembros. No se discute la competencia de la Comisión. Lo que sucede es únicamente que, en un ámbito de competencia compartida, la Comisión va a tratar de ponderar los intereses de la Unión (el mercado interior) con los nacionales (la protección de razones imperiosas de interés público), que podrían entrar en conflicto con aquellos. En cambio, como ya he expuesto, la obligación de consultar al BCE que impone el artículo 127 TFUE, apartado
4, sirve para proteger las prerrogativas y competencias del BCE.
90.      Además, la naturaleza de la consulta en el contexto de una comunicación técnica difiere de la de una consulta en el contexto de una ley nacional comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 127 TFUE, apartado
4. Cuando la Comisión examina un proyecto normativo a la luz de la Directiva
83/189, evalúa el contenido de la medida prevista, a fin de determinar su legalidad con arreglo al Derecho de la Unión. (71) La Comisión valora el contenido de un proyecto de medida con el objeto de verificar si es compatible con la libertad fundamental de la libre circulación de mercancías. En consecuencia, si no se atiende la sugerencia de la Comisión, es posible que la medida prevista no sea compatible con una disposición sustantiva del Tratado.
91.      En cambio, en la consulta prevista en el artículo 127 TFUE, apartado
4, el BCE emite un dictamen sobre la fundamentación económica. No entra a valorar si la media nacional de que se trate es legal o no. En consecuencia, de la consulta al BCE no puede resultar que un proyecto de medida nacional sea potencialmente incompatible con una disposición sustantiva del Tratado. Es irrelevante si se sigue o no el dictamen del BCE: lo que importa es que el BCE haya sido consultado.
92.      Por lo tanto, considero que no basta con que tanto la situación del asunto CIA Security International como la del presente asunto tengan en común la cuestión de las consecuencias de incumplir la obligación de hacer intervenir a una institución de la Unión en el proceso de adopción de normas nacionales para sostener, como hacen el BCE y SEB banka, que la doctrina CIA Security International se ha de aplicar con mayor motivo puesto que la obligación de consultar al BCE se deriva del Derecho primario, mientras que la obligación de comunicar a la Comisión emana de una fuente de Derecho inferior, como es una directiva. Lo importante no es la fuente formal de la obligación, sino el objetivo con ella perseguido.
c)      Conclusión
93.      En conclusión, considero que no puede prosperar la línea argumental sostenida por el BCE y SEB banka. Por las razones expuestas más arriba, soy del parecer de que el vicio sustancial de forma no tiene el efecto de hacer inaplicables las disposiciones nacionales.
94.      En resumen, en el estado actual del Derecho de la Unión, la situación por lo que respecta a las vías de recurso es la siguiente: en cuanto al legislador de la Unión, aquellas medidas adoptadas infringiendo el artículo 127 TFUE, apartado 4, primer guion, pueden ser anuladas por el Tribunal de Justicia. En cambio, las medidas nacionales adoptadas infringiendo
el artículo 127 TFUE, apartado 4, segundo guion no se pueden impugnar ante el Tribunal de Justicia. La única vía de recurso directa es que la Comisión (u otro Estado miembro) inicie un procedimiento por incumplimiento contra el Estado miembro que ha supuestamente llevado a cabo ese incumplimiento. En caso de que prospere dicho procedimiento, «todo» lo que de él resultará es una sentencia declarativa del Tribunal de Justicia que obligará al Estado miembro de que se trate a subsanar la situación. Conforme a
la
distribución de competencias entre la Unión Europea y el Estado miembro, el Tribunal de Justicia no puede anular el Derecho nacional.
95.      En este punto, llego a la conclusión de que la jurisprudencia analizada hasta el momento no se ajusta al presente asunto. La opción «Roquette Frères» se limita al procedimiento legislativo central de la Unión, mientras que la opción «CIA Security International», por tentadora que pueda parecer a simple vista, aun no es suficientemente adecuada en la medida en que ofrece una posible solución para un problema muy diferente. Por lo tanto, a mi entender, ni la sentencia Roquette Frères ni la sentencia CIA Security International son de ayuda para resolver el presente asunto.
96.      Así pues, propongo responder a la segunda cuestión que el artículo 127 TFUE, apartado
4, y el artículo 4 de la Decisión
98/415 no deben interpretarse en el sentido de
que un órgano jurisdiccional nacional ha de abstenerse de aplicar las disposiciones de una ley nacional adoptada infringiendo
las disposiciones citadas.
3.      Otras posibles vías de recurso
97.      Sin embargo, la conclusión que acabo de exponer no significa que el órgano jurisdiccional remitente no pueda anular la ley impugnada.
98.      Resulta claro que el Tribunal de Justicia no puede anular una medida adoptada por las autoridades nacionales, por el simple motivo de que los Tratados no le confieren tal competencia. (72) No obstante, el órgano jurisdiccional remitente debe asegurarse, dentro de sus competencias y funciones, de que el derecho del BCE a ser consultado esté garantizado en el procedimiento nacional.
99.      Corresponde, por supuesto, a los Estados miembros organizar sus sistemas judiciales. En ellos recae la competencia para determinar qué órgano jurisdiccional es competente para controlar la legislación nacional y para resolver sobre la legalidad de un acto de Derecho nacional. Sin embargo, el derecho de consulta que reconocen al BCE el artículo 127 TFUE, apartado
4, y el artículo 4 de la Decisión
98/415 debe ser protegido en procedimientos como el presente, donde el Derecho interno atribuye al órgano jurisdiccional nacional la potestad jurisdiccional para controlar la legislación nacional. La protección de este derecho debe garantizarse a nivel nacional, ya que se trata de un procedimiento legislativo nacional. Desde esta perspectiva, incumbe a los Estados miembros, en este caso concretamente a la República de Letonia, establecer las vías de recurso y los procedimientos para proteger dicho derecho. A este respecto, tomo prestada la terminología de Walter Van Gerven, quien afirmó que «el concepto de derecho hace referencia […] a una posición jurídica que puede poseer una persona […] y que en su estado ordinario puede ser invocada por dicha persona frente a […] otras ante un órgano jurisdiccional, por una o más vías de recurso, consistentes en clases de acción, destinadas a obtener el reconocimiento de vulneraciones de los derechos de que se trate, de conformidad con los procedimientos que regulen el ejercicio de dichas clases de acción y concebidos para hacer efectiva la vía de recurso». (73)
100. El órgano jurisdiccional remitente debe explorar todas las opciones procesales, incluido el reconocimiento de legitimación (activa) al BCE respecto a la aplicación del artículo 127 TFUE, apartado 4, segundo guion. Esto permitiría al BCE defender sus derechos en el procedimiento nacional. Alternativamente, el órgano jurisdiccional remitente debería estudiar la posibilidad de que el BCE intervenga en un procedimiento nacional como el que constituye el procedimiento principal, en que se debata la legalidad de un acto nacional comprendido en el ámbito del artículo
127 TFUE, apartado 4.
D.      Tercera cuestión prejudicial
101. Mediante su tercera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende aclarar si los principios de primacía del Derecho de la Unión y de seguridad jurídica deben interpretarse en el sentido de que la
Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional) puede decidir en la resolución que adopte que los efectos jurídicos de las disposiciones controvertidas se mantengan durante el período en el que estuvieron vigentes.
102. En otras palabras, la tercera cuestión versa sobre la cuestión de si la Latvijas Republikas Satversmes tiesa
(Tribunal Constitucional) está facultada, en virtud del Derecho de la Unión, para permitir que una ley nacional adoptada infringiendo el Derecho de la Unión produzca sus efectos jurídicos durante todo el período en que estuvo vigente, pese a
que es incompatible con el Derecho de la Unión.
103. Partiendo de la respuesta que propongo a la segunda cuestión, no es necesario responder a la tercera. Por consiguiente, el siguiente análisis se lleva a cabo para ser considerado el supuesto de que el Tribunal de Justicia llegue a una conclusión diferente respecto a la segunda cuestión.
104. Según jurisprudencia reiterada, la interpretación que el Tribunal de Justicia, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE, hace de una norma de Derecho de la Unión aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor. (74) De lo anterior resulta que la norma así interpretada puede y ha de ser aplicada por el juez a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, si además se reúnen los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma. (75) Solo con carácter excepcional puede el propio Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de buena fe. (76)
105. En cualquier caso, únicamente el Tribunal de Justicia puede determinar las condiciones de una posible suspensión, (77) y hay una buena razón para ello: de lo contrario, el órgano jurisdiccional nacional podría diferir los efectos de la resolución, menoscabando su carácter erga omnes, cuyo objetivo primordial es garantizar la aplicación uniforme del Derecho de la Unión y la seguridad jurídica en todos los Estados miembros, así como proporcionar igualdad de condiciones a los Estados miembros, los ciudadanos y los operadores económicos. A este respecto, no se puede permitir que disposiciones nacionales, incluso de rango constitucional, socaven la unidad y efectividad del Derecho de la Unión. (78)
106. Para poder imponer dicha limitación, es necesario que concurran dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los interesados y el riesgo de trastornos graves. (79)
107. Es preciso añadir que solo excepcionalmente (80) el Tribunal de Justicia ha optado por esta solución, y exclusivamente en circunstancias muy determinadas: cuando existía un riesgo de repercusiones económicas graves debidas en particular al elevado número de relaciones jurídicas constituidas de buena fe sobre la base de una normativa considerada válidamente en vigor y era patente que los particulares y las autoridades nacionales habían sido incitados a observar una conducta contraria a la normativa de la Unión en razón de una incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las disposiciones de la Unión, incertidumbre a la que habían contribuido eventualmente los mismos comportamientos observados por otros Estados miembros o por la Unión Europea. (81)
108. Por lo que respecta al presente asunto, dudo que en una situación en que la legislación hubiera de ser declarada inaplicable puedan existir razones imperiosas de seguridad jurídica o de interés público que justifiquen su conservación. Las dificultades presupuestarias aludidas por el órgano jurisdiccional remitente, que se asocian a dicha inaplicabilidad y que se derivarían de tener que reembolsar, en su caso, el importe total de aproximadamente 97 millones de euros abonado por las entidades de crédito al erario público, no me parecen suficientes a tal efecto.
109. En cuanto al criterio de la buena fe, basado en el análisis de la primera cuestión realizado en las presentes conclusiones, no veo cómo el artículo 127 TFUE, apartado
4, y el artículo 4 de la Decisión 98/415 pueden interpretarse razonablemente en el sentido de que facultan a un parlamento nacional para adoptar medidas legislativas antes de que el BCE haya emitido su dictamen o haya expirado el plazo para hacerlo, dados los claros términos de dichas disposiciones.
110. Por último, respecto al criterio del riesgo de graves dificultades, si bien es cierto que de la resolución de remisión se desprende que se han constituido numerosas relaciones jurídicas sobre la base de las disposiciones nacionales controvertidas en el procedimiento principal, en mi opinión no parece estar demostrada, a priori, la existencia de un riesgo de graves perturbaciones en caso de que el Tribunal de Justicia considere inaplicables dichas disposiciones. A mi entender, los motivos económicos planteados por el órgano jurisdiccional remitente (a saber, que una sentencia que declare nulas desde su adopción las disposiciones legislativas controvertidas podría tener efectos considerables en los intereses presupuestarios de la República de Letonia) no bastan para acreditar la existencia de un riesgo cierto de consecuencias económicas graves para ese Estado miembro.
111. Por último, se ha de tener en cuenta, como alega convincentemente el BCE, que el riesgo de pérdidas financieras que puedan sufrir en Letonia los suscriptores de préstamos hipotecarios a consecuencia de una resolución en tal sentido por el Tribunal de Justicia no parece muy acusado. Si las entidades de crédito y las sociedades de capital autorizadas para conceder créditos a sus clientes reclamasen el reembolso a sus deudores hipotecarios en Letonia, estos quizá podrían demandar al Estado miembro por daños y perjuicios para proteger sus derechos.
112. En consecuencia, propongo responder a la tercera cuestión que los principios de primacía del Derecho de la Unión y de seguridad jurídica no deben interpretarse en el sentido de que la
Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional) puede decidir en la resolución que adopte que los efectos jurídicos de las disposiciones controvertidas se mantengan durante el período en el que estuvieron vigentes.
V.      Conclusión
113. En virtud de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales de la Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional, Letonia) del modo siguiente:
«1)      El artículo 127 TFUE, apartado 4, y el artículo 4 de la Decisión
98/415/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998, relativa a la consulta de las autoridades nacionales al Banco Central Europeo acerca de los proyectos de disposiciones legales
deben interpretarse en el sentido de que
en una situación comprendida en el “ámbito de competencia” del Banco Central Europeo no se cumple la obligación de consultar al Banco Central Europeo sobre un proyecto de norma legal con arreglo a dichas disposiciones cuando el Parlamento de un Estado miembro adopta una ley antes de recibir el dictamen del Banco Central Europeo, aun si existe un procedimiento nacional conforme al cual la dicha ley puede someterse a un segundo examen parlamentario antes de que sea promulgada y entre en vigor.
2)      El artículo 127 TFUE, apartado 4, y el artículo 4 de la Decisión
98/415
no deben interpretarse en el sentido de que
un órgano jurisdiccional nacional ha de abstenerse de aplicar las disposiciones de una ley nacional adoptada infringiendo
las disposiciones citadas.
3)      Los principios de primacía del Derecho de la Unión y de seguridad jurídica
no deben interpretarse en el sentido de que la Latvijas Republikas Satversmes tiesa
(Tribunal Constitucional) puede decidir en la resolución que adopte que los efectos jurídicos de las disposiciones controvertidas se mantengan durante el período en el que estuvieron vigentes.»
1      Lengua original: inglés.
2      DO 1998, L 189, p. 42.
3      Latvijas Vēstnesis, 1993, n.º 43; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, n.º 6; Valdības Vēstnesis, 1922, n.º 141, y Diena, 1993, n.º 81.
4      Latvijas Vēstnesis, 1994, n.º 96, y Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, n.º 17.
5      Latvijas Vēstnesis, 1999, n.º 104/105, y Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, n.º 9.
6      Véase el apartado 11 de la petición de decisión prejudicial.
7      Véase el artículo 13 TUE, apartado 1.
8      Se emplea una redacción similar en el artículo 219 TFUE.
9      Al menos respecto a las versiones lingüísticas inglesa, francesa y alemana.
10      Como puede deducirse del uso del término «será».
11      Artículo 127 TFUE, apartado 4, primer guion.
12      Artículo 127 TFUE, apartado 4, segundo guion.
13      De forma imperfecta, puesto que el término «atribuciones» es jurídicamente menos preciso que «ámbito de competencia». La postura contraria sostiene que las «atribuciones» (artículo 282 TFUE, apartado 5) generalmente concretan el «ámbito de competencia» (artículo 127 TFUE, apartado 4), motivo por el cual la primera de estas expresiones se supone que es más precisa que la segunda. Sin embargo, los partidarios de esta postura tampoco extraen ninguna conclusión jurídica de su enfoque semántico en cuanto a la relación entre las dos disposiciones. Véase Manger-Nestler, C., en Pechstein, M., Nowak, C., y Häde, U. (eds), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, 2.ª ed., vol. IV, Mohr Siebeck, Tubinga, 2023, Art. 282 AEUV, punto 17. Esta diferencia terminológica no se refleja en la versión en lengua letona de las disposiciones citadas.
14      Véase a este respecto, también Häde, U., en Calliess, Chr., Ruffert, M. (eds.), EUV/AEUV Kommentar, C. H. Beck, Múnich, 6.ª ed., 2022, Art. 282 AEUV, punto 49.
15      En este sentido, véase también Kempen, B., en Streinz, R. (ed.), EUV/AEUV Kommentar, C. H. Beck, Munich, 3.ª ed., 2018, Art. 127 AEUV, punto 24.
16      Véase la sentencia de 10 de julio de 2003, Comisión/BCE (C‑11/00, EU:C:2003:395), apartado 110. En otra ocasión, si bien no referida a la obligación de consulta con arreglo al artículo 127 TFUE, apartado 4, el Tribunal de Justicia ha hecho referencia a los conocimientos especializados en economía del BCE: véase la sentencia de 16 de junio de 2015, Gauweiler y otros (C‑62/14, EU:C:2015:400), apartado 75.
17      Véanse en este sentido, respecto al legislador del a Unión, las conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto Comisión/BCE (C‑11/00, EU:C:2002:556), punto 140, donde también se alude a la experiencia o conocimientos especiales del BCE, en particular, en política monetaria, y se recalca que la intervención del BCE en virtud del artículo 127 TFUE, apartado 4, tiene por objeto mejorar la calidad de la legislación de la UE en beneficio de la organización política europea en su conjunto.
18      Véase el artículo 4 de la Decisión 98/415.
19      A modo de ejemplo, la situación es la siguiente en algunos países seleccionados. Polonia: con arreglo al artículo 118 de la Constitución polaca, la iniciativa legislativa corresponde a los diputados, a los senadores, al Presidente de la República y al Consejo de Ministros (apartado 1), así como a un grupo de al menos 100 000 ciudadanos con derecho a voto, y el procedimiento de iniciativa de dichos ciudadanos se establece por ley (apartado 2); Francia: con arreglo al artículo 39 de la Constitución francesa, la iniciativa legislativa es compartida por el Primer Ministro y los diputados. Alemania: de conformidad con la Ley Fundamental, la iniciativa legislativa respecto a las leyes federales pertenece al Bundesregierung (Gobierno federal), al Bundesrat (Consejo Federal) y al Bundestag (Parlamento Federa)l «entre sus miembros», es decir, con el apoyo parlamentario de al menos el 5 % de sus miembros. Portugal: a tenor del artículo 167, apartado 1, de la Constitución portuguesa, la iniciativa legislativa para las leyes y referendos reside en los diputados, en los grupos parlamentarios y en el Gobierno, así como en grupos de ciudadanos con derecho de sufragio, en las condiciones establecidas por la ley.
20      Siguiendo con los mismos países elegidos en la nota anterior: Polonia: el Sejm (Parlamento) adopta leyes (artículo 120 de la Constitución polaca), y el Senado las aprueba, modifica o rechaza (artículo 121, apartado 2, de la Constitución); Francia: las dos cámaras parlamentarias, es decir, la Asamblea Nacional y el Senado (artículo 45 de la Constitución francesa) adoptan leyes, siendo proclamadas las leyes por el Presidente de la República (artículo 10 de la Constitución francesa); Alemania: con arreglo a los artículos 76 y 77 de la Ley Fundamental, principalmente el Parlamento Federal, si bien el Consejo Federal debe prestar su conformidad en ciertos casos especificados en la Ley Fundamental. Además, con arreglo al artículo 82 de la Ley Fundamental, en todos los casos interviene el Bundespräsident (Presidente Federal), pues las leyes solo pueden entrar en vigor una vez hayan sido firmadas y proclamadas por este; Portugal: en función del tipo de ley adoptada, bien el Parlamento (artículo 168 de la Constitución portuguesa), o bien el Consejo de Ministros [artículos 198, apartado 1, y 200, apartado 1, letra d), de la Constitución portuguesa]. En ambos casos, el Presidente de la República proclama las leyes (artículo 136, apartados 1 y 4, de la Constitución portuguesa).
21      Huelga decir que lo mismo sucede en la Unión Europea, donde, por lo general, la Comisión propone y el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea adoptan el Derecho derivado mediante el procedimiento legislativo ordinario establecido en el artículo 294 TFUE.
22      Véase el artículo 2, apartado 3, de la Decisión 98/415.
23      Véase el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 98/415.
24      Véase el artículo 3, apartado 2, de la Decisión 98/415.
25      Véase el artículo 3, apartado 3, de la Decisión 98/415.
26      Véase el artículo 3, apartado 4, de la Decisión 98/415.
27      Véase el apartado 5 de la petición de decisión prejudicial.
28      Véase el artículo 71 de la Constitución.
29      Con arreglo a esa disposición, el Parlamento letón, así como el pueblo, tiene el derecho de legislar de conformidad con los procedimientos y en la medida establecidos en la citada Constitución.
30      En el pasado, en ocasiones el Tribunal de Justicia se ha referido así a las dos sentencias. Véase, por ejemplo, la sentencia de 30 de marzo de 1995, Parlamento/Consejo (C‑65/93, EU:C:1995:91), apartados 21 y siguientes.
31      Véanse las sentencias de 29 de octubre de 1980, Roquette Frères/Consejo (138/79, EU:C:1980:249) (sentencia «Roquette Frères») y Maizena/Consejo (139/79, EU:C:1980:250). Dado que ambas sentencias contienen conclusiones idénticas a los efectos del análisis aquí realizado y por simplicidad en lo sucesivo voy a referirme únicamente a la sentencia Roquette Frères.
32      Como es bien sabido, no fue hasta el Acta Única Europea (que entró en vigor el 1 de julio de 1987) cuando el Parlamento comenzó a participar en la legislación mediante el procedimiento de cooperación, y solo con el Tratado de Maastricht (en vigor desde el 1 de noviembre de 1993) se introdujo el mecanismo de codecisión, inicialmente con lo que podría describirse como una «dosis homeopática». Este mecanismo se extendió gradualmente con los Tratados de Amsterdam (en vigor desde el 1 de mayo de 1999) y Niza (vigente desde el 1 de febrero de 2003), para culminar en el estado actual de la legislación con el Tratado de Lisboa (en vigor desde el 1 de diciembre de 2009), en la forma del procedimiento legislativo ordinario del artículo 294 TFUE.
33      Actualmente, artículo 43 TFUE, apartado 2.
34      Véase la sentencia de 29 de octubre de 1980, Roquette Frères/Consejo (138/79, EU:C:1980:249), apartado 33.
35      Ibid.
36      Véase la sentencia de 29 de octubre de 1980, Roquette Frères/Consejo (138/79, EU:C:1980:249), apartado 35. Además, la versión en lengua inglesa de la sentencia, en su apartado 33, hace referencia a «formalidad esencial», que yo entiendo en idéntico sentido.
37      Véase la sentencia de 29 de octubre de 1980, Roquette Frères/Consejo (138/79, EU:C:1980:249), apartado 33. Véanse también las conclusiones del Abogado General Reischl en el asunto Roquette Frères/Consejo (138/79, EU:C:1980:213, p. 3375), según las cuales la facultad consultiva del Parlamento «no debe verse privada de toda efectividad práctica dejando sin consecuencias jurídicas su completa exclusión».
38      Véase la sentencia de 29 de octubre de 1980, Roquette Frères/Consejo (138/79, EU:C:1980:249), apartado 34. El subrayado es mío.
39      Ibid.
40      Véanse las sentencias de 10 de febrero de 1983, Luxemburgo/Parlamento (230/81, EU:C:1983:32), apartado 38; de 27 de septiembre de 1988, Grecia/Consejo (204/86, EU:C:1988:450), apartado 16, y de 30 de marzo de 1995, Parlamento/Consejo (C‑65/93, EU:C:1995:91), apartado 23.
41      Con arreglo a lo que era entonces el artículo 75 del Reglamento de Procedimiento del Parlamento.
42      Véase la sentencia de 30 de marzo de 1995, Parlamento/Consejo (C‑65/93, EU:C:1995:91), apartados 27 y 28.
43      Principalmente, el Tribunal de Justicia declaró que, al adoptar dicho comportamiento, el Parlamento había incumplido su deber de cooperación leal con el Consejo. El requisito sustancial de forma de consultar al Parlamento no se satisfizo debido al incumplimiento por el Parlamento de su deber de cooperar lealmente con el Consejo. Véase la sentencia de 30 de marzo de 1995, Parlamento/Consejo (C‑65/93, EU:C:1995:91), apartados 28 y siguientes.
44      Véase el artículo 322 TFUE, apartados 1 y 2.
45      Véase el artículo 304 TFUE, párrafo primero, en relación con otras disposiciones del TFUE, como el artículo 43 TFUE, apartado 2. Véase una lista completa en Breuer, M., en Pechstein, M., Nowak, y C., Häde, U. (eds.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, 2.ª ed., vol. IV, Mohr Siebeck, Tubinga, 2023, Art. 304 AEUV, punto 4.
46      Véase el artículo 307 TFUE, párrafo primero, en relación con otras disposiciones del TFUE, como el artículo 91 TFUE, apartado 1. Véase una lista completa en Breuer, M., en Pechstein, M., Nowak, y C., Häde, U. (eds.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, 2.ª ed., vol. IV, Mohr Siebeck, Tubinga, 2023, Art. 307 AEUV, punto 4.
47      Anterior artículo 118 del Tratado CEE.
48      Sentencia de 9 de julio de 1987, Alemania y otros/Comisión (281/85, 283/85, 285/85 y 287/85, EU:C:1987:351), apartados 38 y siguientes.
49      Véase la sentencia de 13 de julio de 1989, Enichem Base y otros (380/87, EU:C:1989:318, en lo sucesivo, «sentencia Enichem Base»), apartado 14.
50      Véase la sentencia Enichem Base, apartado 21.
51      Véase la sentencia Enichem Base, apartado 22.
52      Sentencia de 30 de abril de 1996 (C‑194/94, EU:C:1996:172, en lo sucesivo, «sentencia CIA Security International»).
53      Directiva 83/189/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, (DO 1983, L 109, p. 8; EE 14/13, p. 34). Esta Directiva fue sustituida posteriormente por la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas (DO 1998, L 204, p. 37) que, por su parte, fue sustituida por la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (versión codificada) (DO 2015, L 241, p. 1).
54      Véase la sentencia CIA Security International, apartado 44.
55      Véase la sentencia CIA Security International, apartado 45. El subrayado es mío.
56      Argumento esgrimido por la República Federal de Alemania, el Reino de los Países Bajos y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Véase la sentencia CIA Security International, apartado 46.
57      Véase la sentencia CIA Security International, apartado 48.
58      Véase la sentencia CIA Security International, apartado 49.
59      Véase la sentencia CIA Security International, apartado 54.
60      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 26 de septiembre de 2000, Unilever (C‑443/98, EU:C:2000:496), apartado 49; de 6 de junio de 2002, Sapod Audic (C‑159/00, EU:C:2002:343), apartado 51; de 4 de febrero de 2016, Ince (C‑336/14, EU:C:2016:72), apartado 67; de 27 de octubre de 2016, James Elliott Construction (C‑613/14, EU:C:2016:821), apartado 64; de 1 de febrero de 2017, Municipio de Palmela (C‑144/16, EU:C:2017:76), apartado 36; de 12 de septiembre de 2019, VG Media (C‑299/17, EU:C:2019:716), apartado 39, y de 13 de marzo de 2025, Unigames (C‑120/24, EU:C:2025:174), apartado 62.
61      Véase el artículo 288 TFUE, apartado 3.
62      Este es el prisma desde el cual tradicionalmente esta jurisprudencia recibe mayor atención (en la doctrina). Véase, entre otros muchos y a título de ejemplo, Dougan, M., «When worlds collide! Competing versions of the relationship between direct effect and supremacy», en Common Market Law Review_Vol. 44, n.º 4, 2007, pp. 931‑963, en particular pp. 957 a 963. Véase también Gallo, D., Direct Effect in EU Law, Oxford University Press, Oxford, 2025, pp. 107 y siguientes.
63      Véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530), apartados 60 y siguientes: «el principio de primacía del Derecho de la Unión no puede llevar a cuestionar la distinción esencial entre las disposiciones del Derecho de la Unión que disponen de efecto directo y las que carecen de él, ni, por tanto, a establecer un régimen único de aplicación de todas las disposiciones del Derecho de la Unión por los órganos jurisdiccionales nacionales […]; cualquier juez nacional que conozca de un asunto, en el marco de su competencia, estará obligado, como órgano de un Estado miembro, a abstenerse de aplicar cualquier disposición nacional contraria a una disposición del Derecho de la Unión con efecto directo en el litigio de que conoce». Véase también la sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo) (C‑205/20, EU:C:2022:168), apartado 37.
64      Véase, a modo de ejemplo, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Vapo Atlantic (C‑604/21, EU:C:2023:175), apartado 44, en la que el Tribunal de Justicia consideró que una norma portuguesa que imponía un objetivo de incorporación del 10 % de biocarburante en los carburantes puestos a consumo constituía un reglamento técnico a efectos de la Directiva 98/34 y, dado que su proyecto no había sido notificado, el Estado no podía invocarlo frente a los particulares.
65      Véase el artículo 258 TFUE.
66      Véase el artículo 259 TFUE.
67      A diferencia de los actos de la Unión, que pueden ser anulados en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo primero.
68      Con arreglo a las Directivas 98/34 y 2015/1535.
69      Véase, a este respecto, Häde, U., ‘Die Pflicht zur Anhörung der Europäischen Zentralbank nach Art. 105 Abs. 4 EGV’, en Gornig, G. H., Schöbener, B., Bausback, W. and Irmscher, T. H. (eds), Iustitia et Pax. Gedächtnisschrift für Dieter Blumenwitz, Duncker & Humblot, Berlin, 2008, pp. 1027 a 1046, en p. 1041. Véase también Hahn, H. J. y Häde, U., Währungsrecht, 2nd ed., C. H. Beck, Munich, 2010, § 17, punto 92. En apoyo de esta solución, véase también Zilioli, C. y Selmayr, M., La Banca centrale europea, Giuffrè Editore, Milan, 2007, p. 194; Manger-Nestler, C., en Pechstein, M., Nowak, C. y Häde, U. (eds), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, 2nd edition, Vol. III, Mohr Siebeck, Tübingen, 2023, Art. 127 AEUV, punto 49; Griller, S., en Grabitz, E., Hilf, M. y Nettesheim, M. (eds), Das Recht der Europäischen Union, 82. EL., actualizado en mayo de 2024, C. H. Beck, Munich, Art. 127 AEUV, point 99; Waldhoff, C., en Siekmann, H. (ed.), The European Monetary Union — A Commentary on the Legal Foundations, Hart Publishing, Oxford, 2021, Article 127 TFEU, point 209; y Arda, A., ‘Consulting the European Central Bank. Legal aspects of the Community and national authorities’ obligation to consult the ECB pursuant to Article 105(4) EC’, Revue européenne de droit bancaire et financier, 2004, pp. 111 a 152, en p. 151.
70      Que ya he descrito en otra ocasión como el fundamento jurídico histórico de los Tratados y su principio organizativo fundamental: véanse mis conclusiones presentadas en los asuntos acumulados X y Visser (C‑360/15 y C‑31/16, EU:C:2017:397), punto 1.
71      Véanse las sentencias de 30 de abril de 1996, CIA Security International (C‑194/94, EU:C:1996:172), apartado 40, y de 9 de marzo de 2023, Vapo Atlantic (C‑604/21, EU:C:2023:175), apartado 42.
72      Véase, a contrario, el artículo 5 TUE, apartado 2, en relación con los artículos 258 TFUE y siguientes. Probablemente, la única excepción a este principio sea el artículo 14, apartado 2, del Estatuto del SEBC y del BCE. Véase, sobre este procedimiento muy concreto, la sentencia de 26 de febrero de 2019, Rimšēvičs y BCE/Letonia (C‑202/18 y C‑238/18, EU:C:2019:139), apartados 65 a 77.
73      Véase Van Gerven, W., «Of rights, remedies and procedures», en Common Market Law Review, Vol. 3, n.º 3, pp. 501 a 536, especialmente p. 502.
74      Esto es lo que comúnmente se llama efecto ex tunc de las decisiones prejudiciales con arreglo al artículo 267 TFUE.
75      Esta jurisprudencia se retrotrae muchas décadas: véanse las sentencias de 27 de marzo de 1980, Denkavit italiana (61/79, EU:C:1980:100), apartado 16, y de 27 de marzo de 1980, Meridionale Industria Salumi y otros (66/79, 127/79 y 128/79, EU:C:1980:101), apartado 9, y se repite con regularidad: véanse, por ejemplo, las sentencias de 5 de abril de 2022, Commissioner of An Garda Síochána y otros (C‑140/20, EU:C:2022:258), apartado 125; de 29 de septiembre de 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635), apartado 44, y de 28 de octubre de 2020, Bundesrepublik Deutschland (Determinación de los importes de los peajes por la utilización de autopistas) (C‑321/19, EU:C:2020:866), apartado 54.
76      Véanse, a modo de ejemplo, las sentencias de 29 de septiembre de 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635), apartado 45, y de 28 de octubre de 2020, Bundesrepublik Deutschland (Determinación de los peajes por el uso de las autopistas) (C‑321/19, EU:C:2020:866), apartado 55.
77      Véanse las sentencias de 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503), apartado 67, y de 19 de noviembre de 2009, Filipiak (C‑314/08, EU:C:2009:719), apartado 84. Véase asimismo la sentencia de 6 de marzo de 2007, Meilicke y otros (C‑292/04, EU:C:2007:132), apartado 36 y jurisprudencia citada.
78      Véanse las sentencias de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70, EU:C:1970:114), apartado 3, y de 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten (C‑409/06, EU:C:2010:503), apartado 61.
79      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 29 de septiembre de 2015, Gmina Wrocław (C‑276/14, EU:C:2015:635), apartado 45, y de 28 de octubre de 2020, Bundesrepublik Deutschland (Determinación de los peajes por el uso de las autopistas) (C‑321/19, EU:C:2020:866), apartado 55.
80      Véase Düsterhaus, D., «Eppur Si Muove!
The Past, Present, and (possible) Future of Temporal Limitations in the Preliminary Ruling Procedure», Yearbook of European Law, 2016, pp. 237 a 274.
81      Véase, a modo de ejemplo, la sentencia de 16 de septiembre de 2020, Romenergo y Aris Capital (C‑339/19, EU:C:2020:709), apartado 49 y jurisprudencia citada.