Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 19 de marzo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales para fines de lucha contra las infracciones penales — Directiva (UE) 2016/680 — Artículo 10 — Tratamiento de categorías especiales de datos personales — Recogida de datos biométricos — Toma de huellas dactilares y de fotografías — Persona respecto de la cual existen una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito — Carácter estrictamente necesario — Facultad de apreciación — Obligación de motivación — Negativa del interesado a someterse a la recogida de sus datos biométricos — Normativa nacional que permite enjuiciar y condenar a una persona por un delito específico que castiga dicha negativa incluso en ausencia de enjuiciamiento o condena por el delito que motivó la recogida prevista de dichos datos »
En el asunto C‑371/24 [Comdribus], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), mediante resolución de 26 de abril de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 24 de mayo de 2024, en el proceso penal contra
HW
con intervención de:
Ministère public,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Quinta, y los Sres. J. Passer, E. Regan (Ponente) y D. Gratsias, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretaria: Sra. E. Sartori, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 30 de abril de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de HW, por el Sr. A. Baudelin, avocat;
–        en nombre del Gobierno francés, por el Sr. R. Bénard, las Sras. B. Dourthe y F. du Couëdic, y el Sr. B. Fodda, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno checo, por la Sra. L. Březinová y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes;
–        en nombre de Irlanda, por la Sra. M. Browne, Chief State Solicitor, la Sra. A. Burke y el Sr. A. Joyce, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. A. Thuillier, BL;
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. A. Bouchagiar, H. Kranenborg y M. Wasmeier, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 1 de agosto de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), 8 y 10 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO 2016, L 119, p. 89).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal incoado contra HW a resultas del cual este último fue condenado al pago de una multa debido a su negativa a someterse a operaciones de toma de datos identificativos mediante la toma de huellas dactilares y de fotografías, aun cuando fue absuelto del delito que motivó la realización de dichas operaciones.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        El artículo 1 de la Directiva 2016/680, titulado «Objeto y objetivos», preceptúa, en su apartado 1:
«La presente Directiva establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.»
4        El artículo 2 de esta Directiva, que lleva por título «Ámbito de aplicación», dispone, en su apartado 1:
«La presente Directiva se aplica al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes a los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1.»
5        A tenor del artículo 3 de dicha Directiva, que lleva por título «Definiciones»:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
1.      “datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable […]; se considerará persona física identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, unos datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;
2.      “tratamiento”: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;
[…]
7.      “autoridad competente”:
a)      toda autoridad pública competente para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a amenazas para la seguridad pública, o
b)      cualquier otro órgano o entidad a quien el Derecho del Estado miembro haya confiado el ejercicio de la autoridad pública y las competencias públicas a efectos de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a amenazas para la seguridad pública;
8.      “responsable del tratamiento” o “responsable”: la autoridad competente que sola o conjuntamente con otras determine los fines y medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y medios del tratamiento estén determinados por el Derecho de la Unión o del Estado miembro, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el Derecho de la Unión o del Estado miembro;
[…]
12.      “datos genéticos”: datos personales relativos a las características genéticas heredadas o adquiridas de una persona física que proporcionen una información única sobre la fisiología o la salud de esa persona, obtenidos en particular del análisis de una muestra biológica de la persona física de que se trate;
13.      “datos biométricos”: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o de conducta de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos;
[…]»
6        El artículo 4 de la Directiva 2016/680, titulado «Principios relativos al tratamiento de datos personales», establece:
«1.      Los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean:
a)      tratados de manera lícita y leal;
b)      recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no ser tratados de forma incompatible con esos fines;
c)      adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que son tratados;
[…]
4.      El responsable del tratamiento será responsable y capaz de demostrar el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3.»
7        El artículo 8 de esta Directiva, titulado «Licitud del tratamiento», establece:
«1.      Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento solo sea lícito en la medida en que sea necesario para la ejecución de una tarea realizada por una autoridad competente, para los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1, y esté basado en el Derecho de la Unión o del Estado miembro.
2.      El Derecho del Estado miembro que regule el tratamiento dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, deberá indicar al menos los objetivos del tratamiento, los datos personales que vayan a ser objeto del mismo y las finalidades del tratamiento.»
8        A tenor del artículo 10 de la referida Directiva, que lleva por título «Tratamiento de categorías especiales de datos personales»:
«El tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física solo se permitirá cuando sea estrictamente necesario, con sujeción a las salvaguardias adecuadas para los derechos y libertades del interesado y únicamente cuando:
a)      lo autorice el Derecho de la Unión o del Estado miembro;
b)      sea necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física, o
c)      dicho tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho manifiestamente públicos.»
9        El artículo 54 de la misma Directiva, titulado «Derecho a la tutela judicial efectiva contra el responsable o el encargado del tratamiento», dispone:
«Sin perjuicio de los recursos administrativos o extrajudiciales disponibles, incluido el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control con arreglo al artículo 52, los Estados miembros reconocerán el derecho que asiste a todo interesado a la tutela judicial efectiva si considera que sus derechos establecidos en disposiciones adoptadas con arreglo a la presente Directiva han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales no conforme con esas disposiciones.»
Derecho francés
10      A tenor del artículo 55‑1 del code de procédure pénale (Código de Procedimiento Penal), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Código de Procedimiento Penal»):
«El oficial de la Policía judicial podrá llevar a cabo, o disponer que se lleven a cabo bajo su supervisión, […] sobre toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito, las operaciones externas de obtención de muestras necesarias para realizar exámenes técnicos y científicos de comparación con las huellas e indicios obtenidos a efectos de la investigación.
Llevará a cabo, o dispondrá que se lleven a cabo bajo su supervisión, las operaciones de toma de datos identificativos, en particular, de huellas dactilares o palmares o de fotografías a efectos de la introducción y consulta de estos datos en los registros policiales conforme a los reglamentos internos de dichos registros.
La negativa de una persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito a someterse a las operaciones de obtención de muestras, mencionadas en los párrafos primero y segundo, ordenadas por el oficial de la Policía judicial será castigada con una pena de un año de prisión y 15 000 euros de multa.»
Procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
11      El 30 de mayo de 2020, más de un centenar de activistas por el clima ocuparon la avenida de los Campos Elíseos en París (Francia). Al intervenir para dispersarlos, las fuerzas del orden detuvieron a varias personas, entre ellas a HW, por la organización de una manifestación no declarada y por actos de rebelión. Al ser interrogado en el marco de su detención preventiva, HW proporcionó su identidad, pero se negó, por una parte, a someterse a la toma de huellas dactilares y de fotografías y, por otra parte, a entregar el código de desbloqueo de su teléfono móvil y a desbloquearlo él mismo, a pesar de haber sido informado de que estas negativas constituían delitos castigados con una pena de prisión y multas.
12      El 1 de junio de 2020, al término de su detención preventiva, HW fue puesto a disposición del procureur de la République (Fiscal de la República, Francia) y posteriormente del juge des libertés et de la détention (juez competente en materia de medidas restrictivas de la libertad personal, Francia), quien ordenó su puesta en libertad condicional y le comunicó que tendría que comparecer ante el tribunal correctionnel de Paris (Tribunal de lo Penal de París, Francia). HW estaba acusado de lo siguiente:
–        en primer término, de haber organizado, en París, el 30 de mayo de 2020, una manifestación en la vía pública que no había sido objeto de una declaración previa según los requisitos establecidos por la ley, en el presente caso, en particular, arengando a los participantes, así como dándoles como consigna que no facilitaran sus documentos de identidad y que no cooperaran con las órdenes de las fuerzas del orden, creando una cadena humana, consignas que los demás manifestantes respetaron inmediatamente;
–        en segundo término, de haberse negado, en París, el 31 de mayo de 2020, cuando tenía conocimiento de la clave secreta de descifrado de un medio criptológico que podría haberse utilizado para preparar, facilitar o cometer un delito grave o menos grave, a entregarla o a hacer uso de ella a raíz de un requerimiento judicial adoptado en el marco de unas diligencias previas, de una investigación por delito flagrante o de un procedimiento de instrucción judicial, en el presente caso al negarse a entregar los códigos de su teléfono;
–        en tercer término, de haberse negado, en París, el 30 de mayo de 2020, cuando existían contra él una o varias razones plausibles para sospechar que había cometido o tratado de cometer una infracción penal, a someterse a la toma de datos identificativos, en particular mediante la toma de huellas dactilares o palmares o de fotografías a efectos de la introducción y consulta de estos datos en los registros policiales conforme a los reglamentos internos de dichos registros.
13      Mediante sentencia de 8 de septiembre de 2021, el tribunal correctionnel de Paris (Tribunal de lo Penal de París) absolvió a HW por los hechos comprendidos en los dos primeros delitos contemplados en el apartado anterior. En cambio, le declaró culpable de los hechos imputados en virtud del tercer delito contemplado en dicho apartado y, en consecuencia, le condenó al pago de una multa de 300 euros.
14      HW y el ministère public (Ministerio Fiscal, Francia) recurrieron esta sentencia de primera instancia ante la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París, Francia), que es el órgano jurisdiccional remitente.
15      Este órgano jurisdiccional remitente recuerda que, en la sentencia de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía) (C‑205/21, EU:C:2023:49, apartado 135), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece la recogida sistemática de datos biométricos y genéticos de cualquier persona investigada por un delito público doloso a efectos de su registro, sin obligar a la autoridad competente a comprobar y demostrar, por una parte, si esa recogida es estrictamente necesaria para satisfacer los objetivos concretos perseguidos y, por otra parte, si tales objetivos no pueden lograrse mediante medidas que constituyan injerencias menos graves en los derechos y libertades del interesado.
16      Dicho órgano jurisdiccional considera que, a pesar de esta sentencia, persisten algunas dudas en cuanto a la interpretación de esas disposiciones de la Directiva 2016/680, en particular en lo tocante a las diferencias entre la normativa nacional controvertida en el asunto que dio lugar a la referida sentencia y el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal.
17      En primer lugar, a su entender, las apreciaciones efectuadas por el Tribunal de Justicia en la misma sentencia son aplicables a un procedimiento penal que establece la recogida sistemática de los datos biométricos y genéticos de toda persona respecto de la cual existan suficientes elementos de prueba de la comisión de un delito para justificar que sea investigada. En cambio, el Tribunal de Justicia no se ha pronunciado aún sobre una situación jurídica, como la prevista en el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal, que contempla la recogida sistemática de los datos biométricos de una persona cuando de las diligencias de investigación resulte que existen una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito, sin que ello suponga que sea declarado como investigado. Así pues, es preciso determinar si esta última condición es suficiente para cumplir los requisitos derivados de esta Directiva.
18      En segundo lugar, según el órgano jurisdiccional remitente, aunque se le había preguntado sobre la obligación de la autoridad competente de motivar de forma adecuada, en relación con los requisitos derivados de dicha Directiva, la necesidad de una recogida de datos biométricos y genéticos, el Tribunal de Justicia únicamente indicó, en la sentencia de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía) (C‑205/21, EU:C:2023:49), que incumbía al juez nacional comprobar si el Derecho nacional permite apreciar el carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la misma Directiva, de recoger los datos biométricos y genéticos del interesado. Sigue siendo incierta la respuesta a la cuestión de si la exigencia de una motivación adecuada de este carácter estrictamente necesario debe ser objeto de un examen previo por el oficial de la Policía judicial, que es la autoridad competente en virtud del artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal, y/o de un examen a posteriori por el juez que deba pronunciarse sobre la legalidad de esta recogida.
19      En tercer lugar, considera que el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal plantea una cuestión adicional inédita en relación con el Derecho de la Unión. En efecto, según el párrafo tercero de esta disposición, la negativa a someterse a una toma de datos identificativos constituye un delito específico que puede dar lugar al enjuiciamiento y a una condena, aun cuando el delito principal en que se fundamentaba la recogida prevista no haya dado lugar, por su parte, a tal enjuiciamiento o a tal condena de su presunto autor. Se plantea de este modo la cuestión de si se cumple el requisito del carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680, que se exige para poder efectuar la recogida de datos biométricos, y si el enjuiciamiento o una posible condena pueden justificarse en virtud de este delito específico.
20      Según el órgano jurisdiccional remitente, la respuesta a estas preguntas es esencial para la resolución del procedimiento principal, puesto que HW fue condenado únicamente por el delito de negarse a someterse a la toma de datos identificativos, mientras que fue absuelto del delito principal que había justificado esta medida de toma de datos identificativos, sin que, en ningún momento del procedimiento, se facilitara una motivación adecuada del carácter estrictamente necesario de dicha medida.
21      En estas circunstancias, la cour d’appel de Paris (Tribunal de Apelación de París) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8 […] de esta, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal […], que establece la toma de datos identificativos sistemática (en particular, de huellas dactilares y fotografías) de las personas respecto de las cuales existan una o varias razones para sospechar que han cometido o tratado de cometer un delito?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8 […] de esta, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal […], que no obliga a la autoridad competente a motivar de forma adecuada en cada caso por qué la toma de datos identificativos es estrictamente necesaria?
3)      ¿Debe interpretarse el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8 […] de esta, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal […], que permite enjuiciar y condenar de forma autónoma a una persona que se ha negado a someterse a la medida de toma de datos identificativos aun cuando no haya sido enjuiciada o condenada por el delito que dio lugar a esa medida?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
22      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece la recogida sistemática de los datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito.
23      De entrada, ha de recordarse que el artículo 10 de dicha Directiva constituye una disposición específica que, por lo que respecta a determinadas categorías de datos personales, como los datos biométricos o genéticos, tiene por objeto garantizarles una mayor protección definiendo unas condiciones reforzadas de licitud del tratamiento de esos datos. En efecto, estas categorías de datos son, por su naturaleza, particularmente sensibles en relación con los derechos y las libertades fundamentales, ya que el contexto del tratamiento de tales datos puede generar riesgos importantes para los derechos y libertades de los interesados [véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 48 y jurisprudencia citada].
24      De este modo, el artículo 10 de la misma Directiva establece, por lo que respecta a los datos personales comprendidos en alguna de las categorías taxativamente enumeradas en este (en lo sucesivo, «datos personales sensibles»), entre los que se encuentran los datos biométricos y genéticos, que su tratamiento debe cumplir, además del requisito de estar comprendido en uno de los tres supuestos enumerados en sus letras a) a c), incluido el contemplado en la letra a), según el cual dicho tratamiento debe estar autorizado por el Derecho de un Estado miembro, otros dos requisitos, a saber, por una parte, que existan «salvaguardias adecuadas» para los derechos y libertades del interesado y, por otra parte, que el tratamiento previsto sea «estrictamente necesario» [véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 77].
25      En lo referente a este último requisito, ya que el artículo 10 de la Directiva 2016/680 constituye una concreción particular, aplicable a los datos personales sensibles, de los principios expuestos en los artículos 4 y 8 de esta Directiva, que debe respetar cualquier tratamiento de datos personales comprendido en el ámbito de aplicación de la referida Directiva, se ha de determinar el alcance de este requisito a la luz de dichos principios [sentencia de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía), C‑205/21, EU:C:2023:49, apartado 121].
26      De ello se deduce, por un lado, que el alcance del requisito del carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680, debe determinarse, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), de esta Directiva, a la luz de los fines de la recogida de los datos personales de que se trata, fines que deben ser determinados, explícitos y legítimos. Además, este requisito exige, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, que los datos personales sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que son tratados, siendo así que esta última exigencia implica, por tanto, el respeto por los Estados miembros del principio de minimización del tratamiento de datos, del que este artículo 10 constituye una aplicación específica a los datos personales sensibles [véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía), C‑205/21, EU:C:2023:49, apartado 122].
27      Por otro lado, a la luz del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2016/680, el alcance de dicho requisito debe determinarse atendiendo al artículo 8, apartado 1, de esta Directiva, en virtud del cual los Estados miembros deben disponer, en particular, que el tratamiento solo sea lícito en la medida en que sea necesario para la ejecución de una tarea realizada por una autoridad competente para los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1, de la referida Directiva, y a su artículo 8, apartado 2, que exige que el Derecho del Estado miembro que regule el tratamiento dentro del ámbito de aplicación de la misma Directiva indique al menos los objetivos del tratamiento, los datos personales que vayan a ser objeto del mismo y las finalidades del tratamiento [sentencia de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía), C‑205/21, EU:C:2023:49, apartado 123].
28      Habida cuenta de estos principios derivados de los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8 de la Directiva 2016/680, el requisito del carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de esta Directiva, que define unas condiciones reforzadas de licitud del tratamiento de datos sensibles, a la luz de las condiciones que se derivan de dichos artículos 4 y 8, conlleva, en primer lugar, que esa necesidad se aprecie de un modo especialmente riguroso a la luz de los fines perseguidos por el tratamiento en cuestión y que, por consiguiente, tal tratamiento solo pueda considerarse necesario en un número limitado de supuestos [véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía), C‑205/21, EU:C:2023:49, apartados 117 y 118, y de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 78].
29      Por consiguiente, los fines de un tratamiento de datos personales sensibles, como la recogida de datos biométricos y genéticos, no se pueden indicar en términos demasiado genéricos y deben ser definidos, por el contrario, de manera suficientemente precisa y concreta como para permitir valorar el carácter «estrictamente necesario» de dicho tratamiento, en el sentido de este artículo 10 [véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 79 y jurisprudencia citada].
30      A este respecto, si bien es cierto que la Directiva 2016/680 no define el concepto de «fines del tratamiento», cabe señalar que, según se desprende del apartado 27 de la presente sentencia, el artículo 8, apartado 2, de esta Directiva distingue expresamente este concepto del concepto de «objetivos del tratamiento» [véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 80].
31      Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el concepto de «objetivos del tratamiento», en el sentido del citado artículo 8, apartado 2, remite a los fines más generales mencionados en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2016/680 que debe perseguir un tratamiento para estar comprendido en el ámbito de aplicación dicha Directiva, mientras que el de «fines del tratamiento», en el sentido, en particular, de dicho artículo 8, apartado 2, debe entenderse referido a las finalidades específicas y concretas perseguidas por un tratamiento de datos personales a la luz de la función encomendada al responsable del tratamiento, como un cometido específico vinculado a la prevención o a la detección de infracciones penales o a la realización de una investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales [sentencia de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 81].
32      En segundo lugar, el requisito del carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680, conlleva un control especialmente riguroso del respeto del principio de minimización del tratamiento de los datos de que se trate, enunciado en el artículo 4, apartado 1, letra c), de la mencionada Directiva, y exige, por tanto, que el responsable del tratamiento de los datos personales sensibles se asegure de que el fin perseguido por el tratamiento en cuestión no pueda alcanzarse con igual eficacia recurriendo a categorías de datos distintas de las enumeradas en este artículo 10 [véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía), C‑205/21, EU:C:2023:49, apartados 125 y 126, y de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartados 82 y 85], ya que este principio refleja el principio de proporcionalidad [sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartado 79 y jurisprudencia citada].
33      En tercer lugar, teniendo en cuenta los riesgos importantes que representa el tratamiento de datos personales sensibles en relación con los derechos y libertades de los interesados, en particular en el contexto de las tareas de las autoridades competentes respecto a los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2016/680, el requisito del carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de esta Directiva, exige que se tenga en cuenta la especial importancia del fin que persigue el tratamiento de que se trate. Tal importancia puede apreciarse, en particular, en función de la naturaleza de ese fin y del hecho de que ese tratamiento persiga una finalidad específica y concreta en relación con la prevención de infracciones penales o de amenazas contra la seguridad pública que revistan cierto grado de gravedad, con la represión de tales infracciones o con la protección contra esas amenazas, así como a la luz de las circunstancias concretas en las que se efectúa el tratamiento [sentencia de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 83 y jurisprudencia citada].
34      En cuarto lugar, por lo que respecta a la recogida de los datos biométricos y genéticos de personas objeto de un proceso penal por la comisión de un delito doloso o sospechosas de haber cometido tal delito a efectos de identificación y comparación futuras de esas personas, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el carácter estrictamente necesario de dicha recogida debe tener en cuenta todos los elementos pertinentes, como, en particular, la naturaleza y gravedad de la presunta infracción por la que se les investiga, las circunstancias concretas de esa infracción, el eventual vínculo de dicha infracción con otros procedimientos en curso, así como los antecedentes judiciales o el perfil individual de las personas en cuestión [véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 84 y jurisprudencia citada].
35      Por consiguiente, si bien un Estado miembro puede dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 2016/680, ya sea delegando en las autoridades competentes la tarea de velar, en cada caso concreto, por el cumplimiento del requisito, para cualquier tratamiento de datos personales sensibles, de ser «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de esta Directiva, ya sea fijando, a nivel legislativo, criterios de apreciación que las autoridades deben aplicar posteriormente de manera no discrecional, no es menos cierto que, en este segundo supuesto, esos criterios deben poder cumplir todas las exigencias derivadas de este requisito, tal como se enuncian en los apartados 25 a 34 de la presente sentencia [sentencia de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 87].
36      Así pues, habida cuenta del conjunto de estas exigencias, el Tribunal de Justicia ha considerado que una normativa nacional que establece la recogida sistemática de datos biométricos y genéticos de cualquier persona investigada por un delito público doloso a efectos de su registro, sin obligar a la autoridad competente a comprobar y demostrar, por una parte, si esa recogida es estrictamente necesaria para satisfacer los fines específicos y concretos perseguidos y, por otra parte, si tales fines no pueden lograrse mediante medidas que constituyan injerencias menos graves en los derechos y libertades del interesado, es contraria al mencionado requisito del carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680, ya que esa normativa puede conducir, de manera indiferenciada y generalizada, a la recogida de datos biométricos y genéticos de la mayoría de los investigados [véanse, en particular, las sentencias de 30 de enero de 2024, Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri MVR — Sofia, C‑118/22, EU:C:2024:97, apartado 64, y de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 88 y jurisprudencia citada].
37      En el presente caso, el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal, en la medida en que establece, en esencia, que el oficial de la Policía judicial llevará a cabo o dispondrá que se lleven a cabo bajo su supervisión las operaciones de toma de datos identificativos, en particular, tomas de huellas dactilares y de fotografías, de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito, tiene por objeto, al igual que una normativa nacional como la mencionada en el apartado 36 de la presente sentencia, el «tratamiento» de «datos biométricos», según se contempla en el artículo 10 de la Directiva 2016/680. En efecto, estas tomas de datos dan lugar, en el sentido del artículo 3, puntos 2 y 13, de esta Directiva, a la «recogida» de «datos dactiloscópicos» y de «imágenes faciales», respectivamente, que proporcionan, mediante un tratamiento técnico específico, datos relativos a las características físicas de una persona y que permiten o confirman su identificación única.
38      Tal como se desprende del tenor del artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal y como confirmó el Gobierno francés en sus observaciones escritas, esta recogida de datos biométricos tiene como finalidades permitir la comparación de los datos biométricos de una persona que es objeto de una investigación penal con las huellas e indicios obtenidos a efectos de dicha investigación, así como identificar a la persona sospechosa en el marco de este o de otros procedimientos penales en curso o futuros.
39      Como indicó el Abogado General, en esencia, en los puntos 52 a 54 de sus conclusiones, los datos así recogidos parecen adecuados y pertinentes, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, en relación con estos fines específicos y concretos, a condición de que dichos fines estén definidos, de manera adecuada y suficientemente precisa en el Derecho del Estado miembro de que se trate, incluida la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales nacionales, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional [véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 90].
40      Sin embargo, debe constatarse que el ámbito de aplicación de la recogida de datos biométricos, según se define en el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal, parece especialmente amplio, ya que se refiere a todas las personas respecto de las cuales existan una o varias razones plausibles para sospechar que han cometido o tratado de cometer un delito.
41      Pues bien, el mero hecho de que existan una o varias razones plausibles para sospechar que una persona ha cometido o tratado de cometer tal delito no puede considerarse un dato que permita presumir, por sí solo, que la recogida de sus datos biométricos es estrictamente necesaria a la vista de los fines específicos y concretos que persigue y habida cuenta de las vulneraciones de los derechos al respeto de la vida privada y de protección de los datos personales garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») que de ello se derivan [véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía), C‑205/21, EU:C:2023:49, apartado 130].
42      En efecto, por un lado, no puede excluirse que, en determinados casos, la recogida de datos biométricos no obedezca, a pesar de la existencia de una o varias razones plausibles para sospechar que el interesado ha cometido o tratado de cometer un delito, a ninguna necesidad concreta a efectos del procedimiento penal en curso [véase, en este sentido, la sentencia de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía), C‑205/21, EU:C:2023:49, apartado 131].
43      Por otro lado, la posibilidad de que la recogida de los datos biométricos de una persona sospechosa de haber cometido o tratado de cometer un delito sea absolutamente necesaria en el marco de la investigación de la que es objeto o de otros procedimientos penales en curso o futuros debe apreciarse, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en el apartado 34 de la presente sentencia, a la luz de todos los elementos pertinentes.
44      Pues bien, como se desprende del propio tenor de la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente parte de la premisa de que el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal establece una recogida sistemática de los datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito, sin que el oficial de la Policía judicial tenga la obligación de comprobar y demostrar, en cada caso concreto, el carácter «estrictamente necesario» de esta recogida, en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680.
45      No obstante, debe señalarse que el Gobierno francés rebate esta interpretación del Derecho nacional efectuada por el órgano jurisdiccional remitente.
46      En efecto, por una parte, a su entender, del término «podrá», empleado en el artículo 55‑1, párrafo primero, del Código de Procedimiento Penal, se desprende que el oficial de la Policía judicial dispone de un margen de apreciación para llevar a cabo las operaciones externas de obtención de muestras que sean «necesarias» para la investigación, en el sentido de esta disposición.
47      Por otra parte, afirma que también resulta del propio tenor del artículo 55‑1, párrafo segundo, de este Código que la realización de las operaciones de toma de datos identificativos, en particular dactiloscópicos y fotográficos, previstas en esta disposición depende de los reglamentos internos de cada uno de los registros policiales en los que se introducen los datos de dichas operaciones, a saber, respectivamente, el fichero automatizado de huellas dactilares y, únicamente para las fotografías, el tratamiento de los antecedentes penales. Ahora bien, a su juicio, otras varias disposiciones del citado Código, que el órgano jurisdiccional remitente no menciona, limitan estrictamente la posibilidad de efectuar tomas de datos identificativos y su utilización. En particular, de conformidad con estas disposiciones, solo se recurre a las tomas de datos identificativos cuando la investigación lo requiera. Además, esta posibilidad está sujeta a condiciones más estrictas que la mera existencia de sospechas de haber cometido o tratado de cometer un delito, puesto que se exige la presencia de indicios graves o concordantes que hagan que resulte probable la participación de la persona sospechosa, como autora o cómplice, en un delito castigado con una pena de prisión, o la necesidad de una identificación inequívoca de dicha persona.
48      Asimismo, el Gobierno francés subraya que el requisito del carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680, si bien es cierto que no se menciona en el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal, figura no obstante de forma expresa en la normativa nacional que ha transpuesto específicamente esta Directiva. Pues bien, la recogida de datos biométricos sobre la base del citado artículo 55‑1 no puede infringir lo dispuesto en dicha normativa.
49      A este respecto, es preciso recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la interpretación de las disposiciones nacionales ni juzgar si la interpretación o aplicación que hace de ellas el órgano jurisdiccional nacional es correcta, ya que tal interpretación es competencia exclusiva de este último [sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartado 53 y jurisprudencia citada].
50      Así pues, incumbe al Tribunal de Justicia, en el marco del reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales de la Unión y los órganos jurisdiccionales nacionales, tener en cuenta el contexto fáctico y normativo en el que se insertan las cuestiones prejudiciales, tal como lo define la resolución de remisión. Por tanto, con independencia de las críticas formuladas por el Gobierno de un Estado miembro con respecto a la interpretación del Derecho nacional adoptada por el órgano jurisdiccional remitente, el examen de las cuestiones prejudiciales se debe efectuar sobre la base de esa interpretación y no corresponde al Tribunal de Justicia comprobar su exactitud [sentencia de 29 de julio de 2024, CU y ND (Asistencia social – Discriminación indirecta), C‑112/22 y C‑223/22, EU:C:2024:636, apartado 40 y jurisprudencia citada].
51      En estas condiciones, suponiendo que, como indica el órgano jurisdiccional remitente, el artículo 55‑1 del Código de Procedimiento Penal deba interpretarse en el sentido de que confiere un carácter sistemático a las operaciones de toma de datos identificativos, en particular dactiloscópicos y fotográficos, de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito, sin que la autoridad competente esté obligada a apreciar, en cada caso concreto, el carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680, de llevar a cabo dichas tomas de datos identificativos, tal normativa nacional, según la jurisprudencia recordada en el apartado 36 de la presente sentencia, sería contraria al citado artículo 10, en la medida en que puede conducir, de manera indiferenciada y generalizada, a la recogida de los datos biométricos de estas personas.
52      Dicho esto, habida cuenta, en particular, de los elementos mencionados en los apartados 46 a 48 de la presente sentencia, incumbe, por una parte, a este órgano jurisdiccional comprobar si la normativa nacional examinada en el litigio principal obliga a la autoridad de la Policía judicial a proceder sistemáticamente a dicha recogida, sin que esta autoridad pueda apreciar, en cada caso concreto, el carácter «estrictamente necesario» de esta, en el sentido del citado artículo 10.
53      Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente también debe asegurarse, habida cuenta, en particular, de la alegación formulada por HW tanto en el marco del procedimiento principal como en sus observaciones escritas, mencionada igualmente en los fundamentos de Derecho de la resolución de remisión, según la cual el fichero automatizado de huellas dactilares contiene el registro de las huellas dactilares de 6,5 millones de personas, de que la aplicación efectiva de la normativa nacional controvertida en el litigio principal por las autoridades competentes tampoco conduce a la recogida sistemática de los datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito (véase, por analogía, la sentencia de 23 de abril de 2009, Angelidaki y otros, C‑378/07 a C‑380/07, EU:C:2009:250, apartado 164 y jurisprudencia citada). En efecto, en el supuesto contemplado en el apartado 46 de la presente sentencia, según el cual el oficial de la Policía judicial dispone de un margen de apreciación para la aplicación del artículo 55‑1, párrafo primero, del Código de Procedimiento Penal, este debe ejercer dicha facultad de conformidad con los requisitos expuestos en los apartados 28 a 36 de la presente sentencia.
54      En consecuencia, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece la recogida sistemática de los datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito, a menos que se demuestre, por una parte, que el Derecho nacional define de manera adecuada y suficientemente precisa los fines específicos y concretos perseguidos por esta recogida y, por otra parte, que la autoridad competente está obligada a apreciar, en cada caso concreto, si dicha recogida es estrictamente necesaria para la realización de estos fines, de manera que tal recogida no tiene un carácter sistemático.
Segunda cuestión prejudicial
55      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10 de la Directiva 2016/680 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no establece la obligación de que la autoridad competente motive de forma adecuada, en cada caso concreto, el carácter «estrictamente necesario», en el sentido de esta disposición, de efectuar la recogida de los datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito.
Sobre la admisibilidad
56      El Gobierno francés considera que esta cuestión prejudicial es inadmisible. En efecto, afirma que de la petición de decisión prejudicial se desprende que las razones que llevaron al órgano jurisdiccional remitente a plantear dicha cuestión prejudicial se refieren a la autoridad que debe garantizar el control del carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680. Pues bien, la formulación de la segunda cuestión no versa sobre este aspecto, sino que tiene por objeto la obligación de motivar adecuadamente, caso por caso, la razón por la cual la toma de datos identificativos de los interesados es «estrictamente necesaria». En consecuencia, la utilidad de la respuesta a la segunda cuestión prejudicial para la resolución del litigio principal no está acreditada. En particular, el órgano jurisdiccional remitente omite exponer de qué manera las disposiciones del Derecho de la Unión que menciona, a saber, los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), 8 y 10 de esta Directiva, justifican una obligación de motivación.
57      A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su propia responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia [sentencias de 15 de mayo de 2003, Salzmann, C‑300/01, EU:C:2003:283, apartado 31, y de 18 de diciembre de 2025, Tenergie (Solicitud de condonación de derechos de importación), C‑259/24, EU:C:2025:1013, apartado 26 y jurisprudencia citada].
58      El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado [sentencia de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 62 y jurisprudencia citada].
59      En el presente asunto, debe constatarse que, como se desprende del apartado 18 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta expresamente, en los fundamentos de Derecho de su petición de decisión prejudicial, si «la obligación de motivar de forma adecuada» el carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680, de la recogida de datos identificativos incumbe a la «autoridad competente», según se define en el artículo 3, punto 7, de esta Directiva, a saber, un oficial de la Policía judicial, y/o al órgano jurisdiccional nacional que controle los actos adoptados por esta autoridad.
60      Así, de ello se desprende que, contrariamente a lo que sostiene el Gobierno francés, el órgano jurisdiccional remitente no se limita a preguntarse qué autoridad debe garantizar el control del carácter «estrictamente necesario» de tal recogida, en el sentido del artículo 10 de dicha Directiva, sino que también solicita que se precise el alcance de la obligación de motivación, en particular en lo que respecta a su carácter adecuado, que incumbe, en su caso, a esta autoridad.
61      En estas condiciones, no cabe considerar que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión carece manifiestamente de toda relación con la realidad o con el objeto del procedimiento principal o que se refiere a un problema de naturaleza hipotética.
62      En cuanto a las razones por las que el Derecho de la Unión obliga a la autoridad competente a motivar el carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la misma Directiva, de efectuar la recogida de datos biométricos, que, según el Gobierno francés, no se han expuesto en la resolución de remisión, basta con señalar que tales razones atañen al fondo de la respuesta que debe darse a la segunda cuestión prejudicial y no a su admisibilidad.
63      De lo anterior se deduce que procede declarar la admisibilidad de esta segunda cuestión prejudicial.
Sobre el fondo
64      Según se desprende el apartado 24 de la presente sentencia, el artículo 10 de la Directiva 2016/680 establece que el tratamiento de datos personales sensibles, como la recogida de datos biométricos, debe cumplir, además del requisito según el cual el tratamiento previsto debe ser «estrictamente necesario», el requisito, en concreto, según el cual deben existir «salvaguardias adecuadas» para los derechos y libertades del interesado.
65      En lo referente a este último requisito, debe señalarse que el artículo 54 de esta Directiva, que refleja el artículo 47 de la Carta, obliga expresamente a los Estados miembros a prever que, cuando una persona considere que sus derechos establecidos en disposiciones adoptadas con arreglo a dicha Directiva han sido vulnerados como consecuencia de un tratamiento de sus datos personales no conforme con esas disposiciones, dicha persona tendrá derecho a la tutela judicial efectiva [sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartado 117].
66      A este respecto, también se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el derecho a la tutela judicial efectiva, garantizado en el citado artículo 47, exige, en principio, que el interesado pueda conocer la motivación en la que se basa la resolución adoptada frente a él, bien mediante la lectura de la resolución, bien mediante la notificación de la motivación, a fin de permitir que defienda sus derechos en las mejores condiciones posibles y decida con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez competente, así como para poner a este último en condiciones de ejercer plenamente el control de la legalidad de esa resolución (sentencia de 13 de junio de 2024, HYA y otros II, C‑229/23, EU:C:2024:505, apartado 52 y jurisprudencia citada).
67      Si bien este derecho no constituye una prerrogativa absoluta y, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, podrá ser objeto de limitaciones, esto es así a condición de que tales limitaciones estén establecidas por la ley, respeten el contenido esencial de los derechos y libertades en cuestión y, con sujeción al principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás [sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartado 119 y jurisprudencia citada].
68      Por consiguiente, incumbe a la autoridad competente, autorizada por el Derecho nacional a recoger datos biométricos en caso de que sea «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680, facilitar a los interesados, en el marco de los procedimientos nacionales aplicables, los motivos en los que se basa este carácter «estrictamente necesario», ya que estos motivos son necesarios para que esas personas puedan ejercer, en particular, el derecho a la tutela judicial, contemplado expresamente en el artículo 54 de esta Directiva, con arreglo al artículo 47 de la Carta [véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartado 120 y jurisprudencia citada].
69      Estas consideraciones no se ven desvirtuadas por las alegaciones de los Gobiernos que han participado en el presente procedimiento prejudicial.
70      En primer lugar, tal obligación de que la autoridad competente motive el carácter «estrictamente necesario», en el sentido del citado artículo 10, de efectuar la recogida de los datos biométricos de una persona que sea objeto de una investigación penal no puede en modo alguno comprometer dicha investigación. En efecto, tal motivación puede ser sucinta, siempre que sea lo suficientemente clara como para permitir al interesado ejercer su derecho a la tutela judicial.
71      En segundo lugar, esta obligación de motivación es tanto más necesaria cuanto que, según se desprende, en particular, de los apartados 25 a 36 de la presente sentencia, la autoridad competente debe apreciar, de conformidad con el citado artículo 10, en cada caso concreto, el carácter «estrictamente necesario» de esta recogida, comprobando y demostrando este. Pues bien, si esta autoridad no estuviera obligada a motivar sus resoluciones a este respecto, el órgano jurisdiccional nacional que examine la legalidad de dicha recogida no estaría en condiciones de controlar ni el ejercicio efectivo por dicha autoridad de esta facultad de apreciación ni la procedencia de la propia recogida [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de noviembre de 2024, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos II), C‑80/23, EU:C:2024:991, apartado 58].
72      Esta interpretación se ve corroborada, como ha alegado acertadamente la Comisión Europea, por el artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2016/680, que obliga a la autoridad competente que lleve a cabo la recogida de datos biométricos, como «responsable del tratamiento», en el sentido del artículo 3, punto 8, de esta Directiva, a ser capaz de demostrar el cumplimiento, en particular, de las obligaciones establecidas en el apartado 1, letras a) a c), de este artículo 4, del cual resulta, en relación con el artículo 10 de dicha Directiva, que los fines de esta recogida, como se ha señalado en el apartado 29 de la presente sentencia, deben ser suficientemente precisos y concretos para permitir apreciar el carácter «estrictamente necesario» de dicha recogida, en el sentido del citado artículo 10.
73      De ello se deduce que la existencia de un control jurisdiccional relativo a la legalidad de la recogida de datos biométricos por la «autoridad competente», según se define en el artículo 3, punto 7, de la Directiva 2016/680, no puede paliar en ningún caso la ausencia de una obligación, por parte de esta autoridad, de motivar el carácter «estrictamente necesario» de dicha recogida, con arreglo al artículo 10 de esta Directiva, garantizando, en su lugar, el cumplimiento de esta obligación, pues a quien incumbe efectuar la apreciación exigida en virtud del citado artículo 10 es a esta última autoridad, siendo así que esa apreciación permite precisamente garantizar, a su vez, el carácter efectivo de ese control [véase, en este sentido, la sentencia de 28 de noviembre de 2024, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos II), C‑80/23, EU:C:2024:991, apartados 57 y 61].
74      Por último, debe precisarse que no cabe considerar que la obligación de la autoridad competente de motivar el carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la Directiva 2016/680, de la recogida de datos biométricos, como señaló el Abogado General en el punto 81 de sus conclusiones, constituya una carga excesiva para dicha autoridad, puesto que, como se desprende, en particular, del apartado 36 de la presente sentencia, esta recogida no puede tener en ningún caso un carácter sistemático en lo referente a las personas respecto de las cuales existan una o varias razones plausibles para sospechar que han cometido o tratado de cometer un delito.
75      En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 4, y 54 de esta Directiva, y a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que no establece la obligación de que la autoridad competente motive adecuadamente, en cada caso concreto, que es «estrictamente necesario», en el sentido del citado artículo 10, efectuar la recogida de los datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito.
Tercera cuestión prejudicial
76      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8 de esta Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite enjuiciar y condenar a una persona por un delito específico que castiga la negativa de esta a permitir la recogida de sus datos biométricos, aun cuando dicha persona no haya sido enjuiciada ni condenada por el delito que dio lugar a la recogida prevista de dichos datos.
Sobre la admisibilidad
77      El Gobierno francés pone en duda la admisibilidad de esta cuestión prejudicial. En efecto, afirma que esta se refiere a la legalidad del delito específico previsto en el artículo 55‑1, párrafo tercero, del Código de Procedimiento Penal, que tipifica y castiga la negativa del interesado a someterse a operaciones de tomas de datos identificativos, aun cuando la Directiva 2016/680 no regula las consecuencias de tal negativa. Además, considera que ningún acto del Derecho de la Unión establece normas comunes relativas a la posibilidad de que un Estado miembro tipifique como delito y sancione dicha negativa. En consecuencia, el artículo 55‑1, párrafo tercero, del Código de Procedimiento Penal no aplica en modo alguno el Derecho de la Unión.
78      A este respecto, no obstante, basta con recordar que, según reiterada jurisprudencia, cuando no resulta evidente que la interpretación de un acto del Derecho de la Unión no guarda ninguna relación con la realidad o el objeto del litigio principal, como sucede con la Directiva 2016/680 en el presente asunto, la objeción basada en que dicho acto no es aplicable al asunto principal se enmarca en el examen del fondo de las cuestiones prejudiciales [sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartado 67 y jurisprudencia citada].
79      En consecuencia, ha de considerarse que la tercera cuestión prejudicial es admisible.
Sobre el fondo
80      Para responder a esta tercera cuestión prejudicial, procede examinar, en un primer momento, si una normativa nacional que, al igual que el artículo 55‑1, párrafo tercero, del Código de Procedimiento Penal, permite enjuiciar y condenar a una persona por un delito específico que castiga la negativa de esta persona a permitir la recogida de sus datos biométricos, aun cuando esta última no haya sido enjuiciada ni condenada por el delito que motivó la recogida prevista de esos datos, está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y en particular, como lo contempla el órgano jurisdiccional remitente, de la Directiva 2016/680. En caso afirmativo, es preciso además determinar, en un segundo momento, si las disposiciones de esta Directiva se oponen a tal normativa.
81      Por lo que respecta, en primer lugar, al ámbito de aplicación de dicha Directiva, ha de recordarse que, de conformidad con su artículo 2, apartado 1, esta se aplica al tratamiento de datos personales por parte de la autoridad competente a los fines establecidos en su artículo 1, apartado 1, a saber, en concreto, los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales.
82      Pues bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el intento de la autoridad competente de realizar un tratamiento de datos personales, como el que se produce cuando el interesado se niega a la recogida de sus datos biométricos, con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2016/680 [véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativa de acceso a los datos personales almacenados en un teléfono móvil), C‑548/21, EU:C:2024:830, apartado 77].
83      De ello se deduce que, como señaló el Abogado General en el punto 99 de sus conclusiones, cuando esta negativa expone a esa persona, en virtud del Derecho nacional, a la imposición de una sanción penal por un delito específico relativo a dicha negativa, la conformidad de la recogida de datos biométricos prevista con las disposiciones de esta Directiva constituye un requisito de legalidad de dicha sanción (véase, por analogía, la sentencia de 16 de mayo de 2017, Berlioz Investment Fund, C‑682/15, EU:C:2017:373, apartados 41 y 74).
84      En consecuencia, una normativa nacional que, como el artículo 55‑1, párrafo tercero, del Código de Procedimiento Penal, permite enjuiciar y condenar, por un delito específico, a una persona que se haya negado a la recogida de sus datos biométricos, aun cuando esta última no haya sido enjuiciada o condenada por el delito que motivó dicha recogida, está comprendida en el ámbito de aplicación de la referida Directiva.
85      En lo que atañe, en segundo lugar, a la cuestión de si las disposiciones de la Directiva 2016/680 se oponen a tal normativa nacional, debe constatarse que, en la medida en que la conformidad de la recogida de datos biométricos prevista con estas disposiciones constituye, como se desprende del apartado 83 de la presente sentencia, un requisito de legalidad de la sanción penal impuesta, por un delito específico, a la persona que se niega a dicha recogida, tal sanción solo puede imponerse a esa persona si, como se desprende, en particular, de los apartados 24 a 36 de esta sentencia, el intento de recogida cumple el requisito del carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de esta Directiva, en relación con sus artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8.
86      A este respecto, como se desprende de la jurisprudencia citada en los apartados 34 y 43 de la presente sentencia, la posibilidad de que la recogida de los datos biométricos prevista sea estrictamente necesaria, en el sentido de dicha Directiva, debe apreciarse a la luz de todos los elementos pertinentes en el momento en que las autoridades competentes pretenden efectuar dicha recogida. Por lo tanto, el hecho de que el interesado, respecto del cual existían, en el momento en que se pretendió realizar dicha recogida, una o varias razones para sospechar que había cometido o tratado de cometer un delito, no sea finalmente enjuiciado o condenado por dicho delito, no es determinante, por sí solo, para el cumplimiento de este requisito del carácter «estrictamente necesario».
87      De este modo, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que el mero hecho de que la recogida de los datos biométricos de una persona a la que se acusa de un delito tenga lugar antes de que sea condenada en sentencia firme no basta para excluir que pueda considerarse que dicha recogida tiene un carácter «estrictamente necesario», en el sentido del artículo 10 de la misma Directiva, ya que, habida cuenta de los fines específicos y concretos perseguidos, tal recogida, también en lo que atañe al tipo de datos de que se trate, puede ser estrictamente necesaria, en particular para permitir determinar si, debido a su eventual pertenencia a una organización delictiva, es posible que esa persona haya participado en otros delitos para los que puedan ser pertinentes datos de ese tipo, o, si existe un riesgo de fuga, para permitir su identificación [véase, en este sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2025, Policejní prezidium (Conservación de datos biométricos y genéticos), C‑57/23, EU:C:2025:905, apartado 93].
88      Dicho esto, es preciso subrayar que, puesto que tal sanción penal, por un delito específico que castiga la negativa de una persona a permitir la recogida de sus datos biométricos, está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, debe respetar los principios generales del Derecho de la Unión, entre los que figura el principio de proporcionalidad, que está consagrado, en concreto, en el artículo 49, apartado 3, de la Carta, a tenor del cual la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la infracción [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 31 y jurisprudencia citada].
89      El principio de proporcionalidad exige, por una parte, que la sanción impuesta refleje la gravedad de la infracción y, por otra, que, al determinar la sanción y fijar el importe de la multa, se tengan en cuenta las circunstancias individuales del caso concreto (sentencia de 4 de octubre de 2018, Link Logistik N&N, C‑384/17, EU:C:2018:810, apartado 45).
90      A este respecto, como destacó el Abogado General, en esencia, en los puntos 109 a 112 de sus conclusiones, incumbe al órgano jurisdiccional competente para imponer una sanción penal por un delito específico que castiga la negativa de una persona a permitir la recogida de sus datos biométricos tener en cuenta, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado 34 de la presente sentencia, en particular, el comportamiento y el perfil de esta persona, sus antecedentes penales y la gravedad del presunto delito que motivó la recogida prevista.
91      En consecuencia, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8 de esta Directiva, y a la luz del artículo 49, apartado 3, de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite enjuiciar y condenar a una persona por un delito específico que castiga la negativa de esta a permitir la recogida de sus datos biométricos, aun cuando dicha persona no haya sido enjuiciada o condenada por el delito que motivó la recogida prevista de estos datos, siempre y cuando dicha recogida cumpla el requisito del carácter «estrictamente necesario», en el sentido del citado artículo 10, y la sanción penal impuesta por tal motivo respete el principio de proporcionalidad.
Costas
92      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
1)      El artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8 de dicha Directiva,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que establece la recogida sistemática de los datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito, a menos que se demuestre, por una parte, que el Derecho nacional define de manera adecuada y suficientemente precisa los fines específicos y concretos perseguidos por esta recogida y, por otra parte, que la autoridad competente está obligada a apreciar, en cada caso concreto, si dicha recogida es estrictamente necesaria para la realización de estos fines, de manera que tal recogida no tiene un carácter sistemático.
2)      El artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 4, y 54 de esta Directiva, y a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional que no establece la obligación de que la autoridad competente motive adecuadamente, en cada caso concreto, que es «estrictamente necesario», en el sentido del citado artículo 10, efectuar la recogida de los datos biométricos de toda persona respecto de la cual existan una o varias razones plausibles para sospechar que ha cometido o tratado de cometer un delito.
3)      El artículo 10 de la Directiva 2016/680, en relación con los artículos 4, apartado 1, letras a) a c), y 8 de esta Directiva, y a la luz del artículo 49, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que permite enjuiciar y condenar a una persona por un delito específico que castiga la negativa de esta a permitir la recogida de sus datos biométricos, aun cuando dicha persona no haya sido enjuiciada o condenada por el delito que motivó la recogida prevista de estos datos, siempre y cuando dicha recogida cumpla el requisito del carácter «estrictamente necesario», en el sentido del citado artículo 10, y la sanción penal impuesta por tal motivo respete el principio de proporcionalidad.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.