62021CO0260(01)
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 15 de noviembre de 2022 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículos 53, apartado 2, 94 y 99 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Procedimientos de insolvencia — Compensaciones recíprocas efectuadas con una entidad de crédito en concurso — Modificación retroactiva de las condiciones de ejecución de tales compensaciones — Normativa nacional declarada inconstitucional — Situación puramente interna — Inadmisibilidad manifiesta»
En el asunto C‑260/21,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Okrazhen sad Vidin (Tribunal Provincial de Vidin, Bulgaria), mediante resolución de 21 de abril de 2021, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de abril de 2021, en el procedimiento entre
Corporate Commercial Bank, en liquidación,
y
Elit Petrol AD,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por la Sra. L. S. Rossi, Presidenta de Sala, y por los Sres. J.‑C. Bonichot (Ponente) y S. Rodin, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Corporate Commercial Bank, en liquidación, por el Sr. A. N. Donov y la Sra. K. H. Marinova, representantes, y por el Sr. V. Matev, advokat;
–
en nombre de Elit Petrol AD, por los Sres. A. Kolarov y G. Stoychev, advokati;
–
en nombre de la Comisión Europea por los Sres. M. Mataija, G. von Rintelen e I. Zaloguin, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con los artículos 53, apartado 2, y 99 de su Reglamento de Procedimiento;
dicta el siguiente
Auto
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2 TUE, en relación con el artículo 19 TUE, apartado 1, y el artículo 47, apartados 1 y 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), de los artículos 4 TFUE, apartado 2, letra a), 26 TFUE, 27 TFUE, 63 TFUE, 114 TFUE y 115 TFUE y del principio de seguridad jurídica.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Corporate Commercial Bank, en liquidación (en lo sucesivo, «KTB»), y Elit Petrol AD en relación con el pago por compensación de deudas que esta tenía con KTB.
Marco jurídico
3
El artículo 59 de la zakon za bankovata nesastoyatelnost (Ley sobre Insolvencias Bancarias, DV n.o 92, de 27 de septiembre de 2002; en lo sucesivo, «ZBN»), que establece las modalidades de compensación de las deudas y de los créditos de un banco en caso de concurso, fue modificado por la zakon za izmenenie i dopalnenie na zakona za bankovata nesastoyatelnost (Ley de modificación y ampliación de la Ley sobre Insolvencias Bancarias, DV n.o 98, de 28 de noviembre de 2014).
4
Los apartados 5, 7 y 8 de las disposiciones transitorias y finales de la zakon za izmenenie i dopalnenie na zakona za bankovata nesastoyatelnost (Ley de modificación y ampliación de la Ley sobre Insolvencias Bancarias, DV n.o 22, de 13 de marzo de 2018; en lo sucesivo, «ZIDZBN») establecen:
«5. (1) Serán nulas las cancelaciones de garantías constituidas por deudores o terceros en favor de [KTB], en concurso, llevadas a cabo por los supervisores financieros y los administradores concursales provisionales y permanentes del banco entre el día en que este haya sido sometido a supervisión especial y el día de inicio del procedimiento de ejecución de sus activos. Las garantías constituidas se considerarán válidas y conservarán su rango.
[…]
7. La presente Ley se aplicará también a los procedimientos concursales iniciados antes de su entrada en vigor.
8. Los apartados 5, 6 y 7 del artículo 59 se aplicarán a partir del 20 de junio de 2014.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
5
KTB, la demandante en el litigio principal, es una entidad bancaria búlgara objeto de un procedimiento concursal en virtud de la ZBN.
6
Elit Petrol, la demandada en el litigio principal, es una empresa búlgara que es objeto de un procedimiento concursal con arreglo a las normas del Targovski zakon (Código de Comercio búlgaro) ante el Okrazhen sad Vidin (Tribunal Provincial de Vidin, Bulgaria).
7
En octubre y noviembre de 2014, Elit Petrol compensó, de conformidad con las disposiciones de la ZBN entonces vigentes (en lo sucesivo, «compensaciones controvertidas»), parte de las deudas que tenía con KTB en virtud de dos contratos de préstamo.
8
En noviembre de 2014, el legislador búlgaro modificó las condiciones de declaración de oponibilidad de tales operaciones establecidas en la ZBN.
9
En marzo de 2018, mediante las disposiciones transitorias y finales de la ZIDZBN, el legislador búlgaro otorgó eficacia retroactiva a esas modificaciones.
10
El 8 de junio de 2018, los administradores concursales de KTB hicieron valer los créditos de los que dicha entidad era titular frente a Elit Petrol en virtud de los dos contratos de préstamo que esta última había suscrito con aquel banco.
11
En el procedimiento concursal de Elit Petrol, los administradores concursales de KTB invocaron las disposiciones transitorias y finales de la ZIDZBN para sostener que tales créditos, que habían sido objeto de las compensaciones controvertidas, habían «revivido» como consecuencia de esas disposiciones.
12
El administrador concursal de Elit Petrol estima, en cambio, que las compensaciones controvertidas habían liquidado definitivamente los citados créditos y que la normativa invocada por KTB en apoyo de su pretensión es contraria al Derecho de la Unión.
13
El tribunal remitente alberga dudas en cuanto a la conformidad de esa normativa con el Derecho de la Unión.
14
En este contexto, el Okrazhen sad Vidin (Tribunal Provincial de Vidin) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 63 TFUE, que regula la libre circulación de capitales y de pagos, en el sentido de que comprende la realización de una compensación de créditos frente a una entidad bancaria, cuando una sociedad mercantil deudora del banco liquida sus deudas frente a dicho banco mediante una compensación de créditos recíprocos, de importe cierto, cuantificados y vencidos?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 63 TFUE en el sentido de que una modificación de los requisitos de validez de compensaciones de créditos ya realizadas conforme a Derecho entre una sociedad mercantil y una entidad bancaria, con arreglo a la cual las compensaciones ya efectuadas son declaradas inválidas en virtud de los nuevos requisitos que se aplican con carácter retroactivo, constituye una restricción a efectos del artículo 63 TFUE, apartado 1, cuando con ello se reducen las posibilidades de cumplir las obligaciones frente a otras sociedades en cuyo capital poseen acciones o participaciones personas de otros Estados miembros de la Unión Europea o de las que tales personas poseen bonos?
3)
¿Debe interpretarse el artículo 63 TFUE en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que modifica con efectos retroactivos los requisitos de validez de compensaciones de créditos ya realizadas conforme a Derecho entre una sociedad mercantil y una entidad bancaria, con arreglo a la cual las compensaciones ya efectuadas son declaradas inválidas en virtud de los nuevos requisitos que se aplican con carácter retroactivo?
4)
¿Deben interpretarse los artículos 4 TFUE, apartado 2, letra a), 26 TFUE, 27 TFUE, 114 TFUE y 115 TFUE, que regulan el mercado interior de la Unión Europea, en el sentido de que, en los casos en que las relaciones jurídicas existan únicamente entre sujetos de Derecho de la misma nacionalidad y, por tanto, puedan calificarse de relaciones jurídicas internas, sin una relación transfronteriza directa con el mercado interior de la Unión Europea, no se oponen a una normativa nacional que modifica con efectos retroactivos los requisitos de validez de compensaciones de créditos ya realizadas conforme a Derecho entre una sociedad mercantil y una entidad bancaria, con arreglo a la cual las compensaciones ya efectuadas son declaradas inválidas en virtud de los nuevos requisitos que se aplican con carácter retroactivo?
5)
¿Debe interpretarse el artículo 2 TUE, en relación con el artículo 19 TUE, apartado 1, y el artículo 47, apartados 1 y 2, de la [Carta] en el sentido de que no se opone a la adopción de una normativa nacional que modifica los requisitos de validez de las compensaciones de créditos realizadas frente a una entidad bancaria, otorgando expresamente efectos retroactivos a los nuevos requisitos, y que declara inválidas las compensaciones efectuadas conforme a Derecho en un momento anterior, mientras que la entidad bancaria se encuentra en un procedimiento concursal en el Estado miembro de que se trata y existen procedimientos judiciales pendientes en que se solicita se declare la invalidez de las compensaciones de créditos efectuadas frente al banco bajo la vigencia de otros requisitos legales?
6)
¿Debe interpretarse el principio de seguridad jurídica, como principio general del Derecho de la Unión, en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que modifica los requisitos de validez de la compensación de créditos frente a una entidad bancaria, otorgando expresamente efectos retroactivos a los nuevos requisitos, y que declara inválidas las compensaciones efectuadas conforme a Derecho en un momento anterior, mientras que la entidad bancaria se encuentra en un procedimiento concursal en el Estado miembro de que se trata y existen procedimientos judiciales pendientes en que se solicita se declare la invalidez de las compensaciones de créditos efectuadas frente al banco bajo la vigencia de otros requisitos legales?»
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
15
Mediante sus cuestiones prejudiciales, el tribunal remitente pretende, en esencia, que se dilucide, por una parte, si la normativa de un Estado miembro que regula la compensación, mediante la cual una empresa liquida sus deudas con una entidad bancaria compensando su deuda con dicha entidad por el importe de los créditos que tiene frente a ella, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 63 TFUE y, por otra parte, si dicho artículo 63 TUE, el artículo 2 TUE, en relación con el artículo 19 TUE, apartado 1, y con el artículo 47, apartados 1 y 2, de la Carta, y los artículos 4 TFUE, apartado 2, letra a), 26 TFUE, 27 TFUE, 114 TFUE y 115 TFUE, así como el principio de seguridad jurídica se oponen a la modificación retroactiva de las condiciones de ejecución de esa operación de compensación.
16
En virtud de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dentro del marco de la cooperación entre este y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (véase, en particular, el auto de 26 de marzo de 2021, Fedasil, C‑92/21, EU:C:2021:258, apartado 47 y jurisprudencia citada).
17
De ello se desprende que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (véase, en particular, el auto de 26 de marzo de 2021, Fedasil, C‑92/21, EU:C:2021:258, apartado 48 y jurisprudencia citada).
18
En el presente asunto, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia resulta que las disposiciones del Derecho búlgaro aplicables al litigio principal, concretamente los apartados 5 a 8 de las disposiciones transitorias y finales de la ZIDZBN, fueron declaradas inconstitucionales, al menos en parte, mediante una resolución del Konstitutsionen sad (Tribunal Constitucional, Bulgaria), de 27 de mayo de 2021.
19
En su respuesta a la solicitud de aclaraciones que le remitió el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 101 de su Reglamento de Procedimiento, el tribunal remitente indica que, no obstante, sus cuestiones prejudiciales siguen siendo pertinentes para la resolución del litigio principal, en particular porque la resolución mencionada en el apartado anterior solo surte efectos ex nunc.
20
En estas circunstancias, los datos de los que dispone el Tribunal de Justicia no le permiten considerar que la petición de decisión prejudicial sea manifiestamente inadmisible por carecer de pertinencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
21
En virtud del artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando una petición sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
22
Por otra parte, de conformidad con el artículo 99 de dicho Reglamento, cuando una cuestión prejudicial sea idéntica a otra sobre la que el Tribunal de Justicia ya haya resuelto, cuando la respuesta a tal cuestión pueda deducirse claramente de la jurisprudencia o cuando la respuesta a la cuestión prejudicial no suscite ninguna duda razonable, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente y tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado.
23
Procede aplicar estas disposiciones en el presente asunto.
Cuestiones prejudiciales primera, segunda y tercera
24
Por lo que respecta a las tres primeras cuestiones prejudiciales, relativas al artículo 63 TFUE, procede recordar que las disposiciones del Tratado FUE en materia de libre circulación de capitales no son aplicables a una situación en la que todos los elementos están circunscritos al interior de un único Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, apartado 47 y jurisprudencia citada). Por ello corresponde al órgano jurisdiccional remitente, antes de cualquier aplicación del artículo 63 TFUE, verificar si existe, en el litigio del que conoce, una situación transfronteriza que implique el ejercicio de la libertad de circulación de capitales entre los Estados miembros o entre estos y países terceros (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de septiembre de 2020, Romenergo y Aris Capital, C‑339/19, EU:C:2020:709, apartado 27 y jurisprudencia citada).
25
En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que todos los elementos del litigio principal están circunscritos al interior del Estado miembro de que se trata.
26
En efecto, KTB y Elit Petrol están domiciliadas en Bulgaria y las compensaciones controvertidas se refieren a deudas y créditos recíprocos, sin que, a este respecto, el mero hecho de que sus activos estén constituidos, por otra parte, por títulos de sociedades domiciliadas en otros Estados miembros pueda alterar el análisis.
27
En cuanto a las alegaciones formuladas por Elit Petrol, según las cuales la modificación retroactiva, por vía legislativa, de los efectos de las compensaciones controvertidas con KTB conlleva que revivan sus deudas —lo que repercute en sus relaciones financieras— y las deudas de su sociedad matriz con acreedores domiciliados en otros Estados miembros o en países terceros o con acreedores cuyo capital está en poder de personas residentes en otros Estados miembros, es preciso declarar que tal repercusión, suponiendo que esté acreditada, sería demasiado aleatoria e indirecta para presentar un vínculo de unión con la libre circulación de capitales establecida en el artículo 63 TFUE.
28
Además, si bien es cierto que en los supuestos enumerados en los apartados 50 a 53 de la sentencia de 15 de noviembre de 2016, Ullens de Schooten (C‑268/15, EU:C:2016:874), el Tribunal de Justicia consideró admisibles peticiones de decisión prejudicial que tenían por objeto la interpretación de las disposiciones del Tratado FUE relativas a las libertades fundamentales aunque todos los elementos de los litigios principales estuvieran circunscritos al interior de un único Estado miembro, debe señalarse que el tribunal remitente no ha facilitado ninguna indicación al Tribunal de Justicia que le permita considerar que las cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 63 TFUE están comprendidas en alguno de esos supuestos.
29
De ello se deduce que las tres primeras cuestiones prejudiciales son manifiestamente inadmisibles.
Cuarta cuestión prejudicial
30
Por lo que respecta a la cuarta cuestión prejudicial, relativa a los artículos 4 TFUE, apartado 2, letra a), 26 TFUE, 27 TFUE, 114 TFUE y 115 TFUE, es preciso recordar que el órgano jurisdiccional nacional está obligado a explicitar, en la resolución de remisión, el contexto fáctico y normativo del litigio principal y a proporcionar las explicaciones necesarias sobre los motivos de la elección de las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita y sobre la relación que establece entre estas disposiciones y la legislación nacional aplicable al litigio del que conoce [véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 4 de junio de 2020, C. F. (Inspección fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, apartado 23 y jurisprudencia citada].
31
Estas exigencias, que hacen referencia al contenido de una resolución de remisión, figuran de manera explícita en el artículo 94 del Reglamento del Procedimiento. El órgano jurisdiccional remitente, en el marco de la cooperación instaurada en el artículo 267 TFUE, debe tener conocimiento de ellas y está obligado a respetarlas escrupulosamente (véase, en este sentido, el auto de 3 de julio de 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, apartado 21). También se recuerdan en los apartados 13, 15 y 16 de las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO 2019, C 380, p. 1).
32
En el caso de autos, la resolución de remisión incumple manifiestamente las exigencias expuestas en el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento.
33
En efecto, dicha resolución no contiene la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional nacional a preguntarse sobre la interpretación de los artículos 4 TFUE, apartado 2, letra a), 26 TFUE, 27 TFUE, 114 TFUE y 115 TFUE ni expone la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal, de modo que el Tribunal de Justicia no puede apreciar en qué medida es necesaria para la resolución del litigio principal la respuesta a la cuarta cuestión prejudicial.
34
Por consiguiente, la cuarta cuestión prejudicial es manifiestamente inadmisible.
Quinta cuestión prejudicial
35
Por lo que respecta a la quinta cuestión prejudicial, relativa a la interpretación del artículo 2 TUE, en relación con el artículo 19 TUE, apartado 1, y el artículo 47, apartados 1 y 2, de la Carta, de la resolución de remisión se desprende, en particular, que la modificación retroactiva resultante de las disposiciones transitorias y finales de la ZIDZBN prejuzga la resolución de varios litigios pendientes, lo que viola, en especial, el principio constitucional de separación de poderes establecido por la Constitución búlgara y, por tanto, afecta a la independencia de los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen de tales litigios frente al poder legislativo.
36
Procede recordar que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, obliga a todos los Estados miembros a establecer las vías de recurso necesarias para garantizar, en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, la tutela judicial efectiva [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efecto de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 37 y jurisprudencia citada]. Esta disposición se refiere a «los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión», con independencia de la situación en la que los Estados miembros apliquen este Derecho, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta (sentencia de 20 de abril de 2021, Repubblika, C‑896/19, EU:C:2021:311, apartado 36 y jurisprudencia citada).
37
Así pues, todo Estado miembro debe garantizar, en virtud del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, que los órganos que, en calidad de «órganos jurisdiccionales» en el sentido definido por el Derecho de la Unión, se vean abocados a resolver sobre cuestiones vinculadas a la aplicación o la interpretación de este Derecho y que formen parte del sistema de vías de recurso en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión cumplan las exigencias de la tutela judicial efectiva, entre ellas, en particular, la independencia [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efecto de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartados 40 y 81].
38
A este respecto, la exigencia de independencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, que se deriva del artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, y que debe garantizarse en particular frente a los poderes legislativo y ejecutivo, conforme al principio de separación de poderes que caracteriza el funcionamiento de un Estado de Derecho, comprende dos aspectos [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de febrero de 2022, RS (Efecto de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartados 41 y 42 y jurisprudencia citada].
39
El primero de ellos, de orden externo, supone que el órgano en cuestión ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones [sentencias de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (Independencia del Tribunal Supremo), C‑619/18, EU:C:2019:531, apartado 72, y de 22 de febrero de 2022, RS (Efecto de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 41].
40
El segundo aspecto, de orden interno, se asocia por su parte al concepto de imparcialidad y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de dicho litigio. Este último aspecto exige el respeto de la objetividad y la inexistencia de cualquier interés en la solución del litigio que no sea el de la aplicación estricta de la norma jurídica [sentencias de 24 de junio de 2019, Comisión/Polonia (Independencia del Tribunal Supremo), C‑619/18, EU:C:2019:531, apartado 73, y de 22 de febrero de 2022, RS (Efecto de las sentencias de un tribunal constitucional), C‑430/21, EU:C:2022:99, apartado 41].
41
En el caso de autos, hay que señalar que la adopción por un Estado miembro de disposiciones generales de Derecho civil o mercantil relativas al régimen de la compensación en el contexto de un concurso bancario, aunque sean retroactivas, no puede ir, en sí misma, en contra de las exigencias expuestas en los apartados 39 y 40 del presente auto, sin perjuicio de su conformidad con el Derecho nacional, cuya apreciación corresponde exclusivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales.
42
Por consiguiente, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro adopte normas generales relativas a la compensación en el contexto de un concurso bancario, aunque sean retroactivas.
Sexta cuestión prejudicial
43
Por último, en cuanto a la sexta cuestión prejudicial, relativa al principio de seguridad jurídica, es preciso recordar que, cuando los Estados miembros adopten medidas por las que apliquen el Derecho de la Unión, deberán respetar los principios generales de ese ordenamiento, entre los que figura, en especial, el principio de seguridad jurídica [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) y otros, C‑798/18 y C‑799/18, EU:C:2021:280, apartado 29 y jurisprudencia citada].
44
Pues bien, como se indica en el apartado 25 del presente auto, el litigio principal se refiere a una situación en la que todos los elementos están circunscritos al interior de un único Estado miembro. Además, la resolución de remisión no contiene indicaciones que permitan considerar que dicho litigio versa sobre una normativa nacional que aplica el Derecho de la Unión.
45
De ello resulta que la sexta cuestión prejudicial es manifiestamente inadmisible.
Costas
46
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
1)
El artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro adopte normas generales relativas a la compensación en el contexto de un concurso bancario, aunque sean retroactivas.
2)
Las cuestiones prejudiciales primera a cuarta y sexta planteadas por el Okrazhen sad Vidin (Tribunal Provincial de Vidin, Bulgaria) son manifiestamente inadmisibles.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.