Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)
de 21 de mayo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Reglamento
(UE)
2024/1083 — Artículo 3 — Ámbito de aplicación ratione temporis — Artículo 29 — Disposiciones transitorias — Publicación en un Estado miembro de un artículo de prensa que referencia el contenido de otro artículo en otro Estado miembro — Hechos supuestamente inexactos — Solicitud de rectificación — Artículo
11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 2 TUE »
En el asunto C‑843/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), mediante resolución de 2 de diciembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de diciembre de 2024, en el procedimiento entre
Viktor Orbán
y
24.hu Szerkesztősége,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
integrado por la Sra. M. L. Arastey Sahún, Presidenta de Sala, y los Sres. J. Passer, E. Regan (Ponente), D. Gratsias y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre del Sr. Orbán, por el Sr. Gy. Turi, ügyvéd;
–        en nombre del Gobierno húngaro, por los Sres. D. Csoknyai y M. Z. Fehér, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Conte, O. Gariazzo y A. Tokár, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3 del Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior y se modifica la Directiva 2010/13/UE (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación) (DO L, 2024/1083), y del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigo entre el Sr. Viktor Orbán y 24.hu Szerkesztősége, un portal de noticias en línea, en relación con una solicitud de rectificación en la prensa de un artículo de prensa publicado en Hungría que referencia el contenido de otro artículo publicado en otro Estado miembro y que daba cuenta de un hecho supuestamente inexacto.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        El artículo 3 del Reglamento 2024/1083, titulado «Derecho de los destinatarios de servicios de medios de comunicación», dispone:
«Los Estados miembros respetarán el derecho de los destinatarios de los servicios de medios de comunicación a tener acceso a una pluralidad de contenido de medios de comunicación editorialmente independiente y se asegurarán de que las condiciones marco sean acordes con el presente Reglamento para salvaguardar dicho derecho, en beneficio del discurso libre y democrático.»
4        El artículo 29 de este Reglamento, que lleva por título «Entrada en vigor y aplicación», establece:
«El presente Reglamento entrará en vigor a
los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será aplicable a
partir del 8
de
agosto de
2025. No obstante:
a)      el artículo
3 será aplicable a
partir del 8
de
noviembre de 2024;
[…]».
Derecho húngaro
5        El artículo 12 de la a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Ley CIV de 2010, relativa a la libertad de prensa y las normas básicas de los contenidos de los medios de comunicación) (Magyar Közlöny 2010/170), en su versión aplicable al litigio principal, establece, en su apartado 1:
«En caso de que en cualquier contenido publicado por un medio de comunicación se afirmen o se divulguen hechos no verídicos sobre una persona o se presenten de forma distorsionada hechos verídicos relativos a esa persona, dicha persona podrá exigir que se publique una rectificación en la que se indique cuáles de las afirmaciones de hechos publicadas no son verídicas ni fundadas, qué hechos se presentan de forma distorsionada y cuáles son los hechos verídicos al respecto.»
6        El artículo 496 de la a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Ley CXXX de 2016, de Enjuiciamiento Civil) (Magyar Közlöny 2016/190), en su versión aplicable al litigio principal, dispone, en su apartado 1:
«Si el medio periodístico no cumple su obligación de publicar la rectificación dentro de plazo o si no lo hace de conformidad con la solicitud de rectificación, quien solicite la rectificación podrá ejercitar una acción contra ese medio para que se publique la rectificación. […]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
7        El 17
de
marzo
de
2024, 24.hu Szerkesztősége publicó un artículo titulado «Spar ha comenzado a retirar sus activos de Hungría» (en lo sucesivo, «artículo controvertido en el litigio principal»). Este artículo se refería, en particular, a una declaración del director general de Spar Austria, filial austriaca del Grupo Spar, publicada en una revista austriaca, según la cual el primer ministro húngaro, el Sr. Orbán, había solicitado a este grupo que permitiera a un familiar cercano invertir en la filial húngara de dicho grupo (en lo sucesivo, «declaración controvertida en el litigio principal»).
8        El 3 de abril de 2024, el Sr. Orbán solicitó a 24.hu Szerkesztősége, sobre la base de la normativa húngara, que se rectificara en la prensa el contenido del artículo controvertido en el litigio principal. 24.hu Szerkesztősége no accedió a esta solicitud, pero, el 10 de abril de 2024, añadió al final de este artículo un suplemento, titulado «Actualización: denuncias», en el que se indicaba, en particular, que el Sr. Orbán envió una solicitud de rectificación en la que sostenía que 24.hu Szerkesztősége había divulgado un hecho inexacto al hacer pública la declaración controvertida en el litigio principal, siendo así que esta declaración es, según él, errónea.
9        Al estimar que 24.hu Szerkesztősége no había cumplido su obligación de publicar la rectificación solicitada, el Sr. Orbán interpuso recurso ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), que es el órgano jurisdiccional remitente. Dicho órgano jurisdiccional señala que el procedimiento debe reabrirse, dado que la sentencia que dictó, el 17 de mayo de 2024, fue anulada por un vicio de procedimiento.
10      En su recurso, sin rebatir que la declaración controvertida en el litigio principal se reprodujo fielmente en el artículo en cuestión, el Sr. Orbán solicita que se ordene a 24.hu Szerkesztősége, de conformidad con la normativa húngara, publicar una declaración rectificativa en la que indique que el portal de noticias en línea divulgó un hecho inexacto al publicar esta declaración y que la realidad, por el contrario, es que él no solicitó al director general de Spar Austria ni a ningún otro accionista, representante o empleado del grupo Spar, que permitiera a un familiar cercano invertir en la filial húngara de este grupo.
11      En su escrito de contestación, 24.hu Szerkesztősége sostiene que la declaración controvertida en el litigio principal no constituye la comunicación de un hecho, sino la expresión de la opinión y del juicio de valor de uno de sus periodistas, que está, a su entender, jurídicamente protegido. Además, 24.hu Szerkesztősége alega que el artículo en cuestión, tras la inclusión del suplemento de 10 de abril de 2024, referido en el apartado 8 de la presente sentencia, mencionaba tanto la solicitud de rectificación del Sr. Orbán como la descripción de los hechos pretendida por él, a fin de que el lector pudiera tener una visión de conjunto.
12      El órgano jurisdiccional remitente señala que, en el ordenamiento jurídico húngaro, la rectificación en la prensa es un instrumento previsto en el Derecho civil para la tutela de los derechos de la personalidad y que permite remediar eficazmente las vulneraciones de tales derechos que se producen de forma pública. La posibilidad de presentar una solicitud de rectificación está abierta, durante un plazo breve, a toda persona acerca de la cual se haya afirmado o divulgado un hecho cuya veracidad no haya quedado comprobada o acerca de la cual se hayan presentado de manera inexacta hechos verdaderos en un contenido mediático. Si el medio periodístico de que se trate no cumple su obligación de rectificación, esta persona puede hacer valer su derecho de rectificación mediante un proceso judicial.
13      El órgano jurisdiccional remitente precisa que los elementos de apreciación que deben tomarse en consideración al aplicar las reglas relativas a los procedimientos de rectificación en la prensa están, en lo que respecta a las cuestiones de prueba pertinentes para el litigo principal, recogidos en el Dictamen n.º 14 PK de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría), aplicable desde el 1 de junio de 1984. El órgano jurisdiccional remitente indica que de este Dictamen resulta que, puesto que es, cuando menos, muy difícil probar un hecho negativo, incumbe al medio periodístico de que se trate demostrar la veracidad de la afirmación fáctica discutida que aparece en el artículo de prensa en cuestión. Así sucede también, en general, cuando este artículo de prensa reproduce fielmente una afirmación fáctica o la declaración de una persona, o cuando referencia un artículo de otro medio periodístico. Ese órgano jurisdiccional señala que tales principios han sido reiterados por la jurisprudencia que la Kúria (Tribunal Supremo) ha desarrollado a raíz de su Dictamen n.º 14 PK, y que es vinculante para los órganos jurisdiccionales húngaros.
14      En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si el hecho, tal como establece la normativa nacional controvertida en el litigio principal, de imponer a los medios de comunicación, como regla general, la obligación de probar la veracidad de aquello que se ha relatado, en el caso de haber referenciado el contenido mediático publicado bajo la responsabilidad editorial en otro Estado miembro o simplemente de haber informado sobre ello, es conforme con el Derecho de la Unión, singularmente, con el artículo 3 del Reglamento 2024/1083, el cual obliga a los Estados miembros, en particular, a respetar el derecho de los destinatarios de los servicios de medios de comunicación a tener acceso a una pluralidad de contenido de medios de comunicación editorialmente independiente, y con el artículo 11 de la Carta, que garantiza la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.
15      En efecto, el órgano jurisdiccional remitente estima que los procedimientos de rectificación en la prensa son procedimientos que constituyen una aplicación del artículo 3 del Reglamento 2024/1083, de modo que la Carta también debe aplicarse, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 51, apartado 1. En su opinión, los principios y objetivos de este Reglamento, entre otros, deben imponerse en estos procedimientos, los cuales constituyen un importante elemento para garantizar la libertad de los medios de comunicación, cuyo pluralismo no puede verse restringido como consecuencia de dichos procedimientos.
16      Dicho esto, ese órgano jurisdiccional señala que la fecha de publicación del artículo controvertido en el litigio principal es el 17 de marzo de 2024, mientras que el artículo 3 del Reglamento 2024/1083 solo es aplicable a partir del 8 de noviembre de 2024, de conformidad con su artículo 29. En consecuencia, se plantea la cuestión de si la aplicación de esta disposición en el contexto del litigio principal equivaldría a una aplicación retroactiva ilícita de la misma.
17      Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente indica que del artículo 2 TUE resulta que la Unión Europea se fundamenta en unos valores, como el del Estado de Derecho, comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada, en particular, por la justicia. A su entender, dado que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deriva que un Estado miembro no puede modificar su normativa de tal manera que comporte una regresión de la protección del valor del Estado de Derecho, es necesario determinar, en el marco del litigio principal, si una de las posibles interpretaciones de la normativa nacional controvertida comportaría tal regresión por vulnerar el derecho de los ciudadanos a acceder a una pluralidad de productos mediáticos independientes. Por lo tanto, la competencia del Tribunal de Justicia también puede establecerse con independencia de si el artículo 3 del Reglamento 2024/1083 es aplicable y fundamentarse directamente en las disposiciones de la Carta.
18      En tales circunstancias, el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      El artículo 3 del [Reglamento 2024/1083], aplicable a partir del 8 de noviembre de 2024, ¿debe ser aplicado por [un] tribunal nacional después del 8 de noviembre de 2024 […], habida cuenta de que el comunicado de prensa que dio origen al litigio fue publicado el 17 de marzo de 2024?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 3 del [Reglamento 2024/1083] en relación con el derecho a la libertad de expresión y de información garantizado por el artículo 11 de la [Carta], en el sentido de que, en caso de referenciar un contenido mediático publicado bajo responsabilidad editorial en otro Estado miembro, la carga de la prueba impuesta al medio periodístico «con carácter general» en relación con los hechos incluidos en el contenido mediático referenciado no cumple las exigencias de [este] artículo 3?
3)      En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿es conforme con el Derecho de la Unión y, en particular, con el artículo 11 de la [Carta] una jurisprudencia nacional con arreglo a la cual un medio de prensa solo puede presentar lo publicado en otro medio de prensa de otro Estado miembro si puede probar la veracidad del contenido informativo referenciado, aunque el comunicado de prensa indique inequívocamente que se trata de un contenido informativo referenciado?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
19      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide, en esencia, si el artículo 3 del Reglamento 2024/1083 debe interpretarse en el sentido de que se aplica a un litigio relativo a una solicitud de rectificación en la prensa, con arreglo a la normativa de un Estado miembro, con respecto a un artículo de prensa que retoma un hecho supuestamente inexacto que aparece en una publicación difundida en otro Estado miembro, cuando este artículo de prensa se ha publicado en una fecha anterior a aquella en la que el referido artículo 3, de conformidad con el artículo 29 de este Reglamento, devino aplicable.
20      Es preciso recordar que una norma jurídica nueva se aplica a partir de la entrada en vigor del acto que la contiene y que, si bien esta norma no se aplica a las situaciones jurídicas nacidas y definitivamente consolidadas bajo el imperio de la antigua norma, sí se aplica a los efectos futuros de tales situaciones, así como a las situaciones jurídicas nuevas. Únicamente deja de ser así, sin perjuicio del principio de irretroactividad de los actos jurídicos, cuando la norma nueva va acompañada de disposiciones particulares que determinan específicamente su ámbito de aplicación temporal. A este respecto, a diferencia de las normas de procedimiento, que se consideran, en general, aplicables en la fecha en que entran en vigor, las normas de Derecho sustantivo de la Unión deben interpretarse, en aras de garantizar el respeto a los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, en el sentido de que solo contemplan situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor en la medida en que de sus términos, finalidad o sistema se desprenda claramente que debe atribuírseles dicho efecto (véanse las sentencias de 12 de noviembre de 1981, Meridionale Industria Salumi y otros, 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, apartados 9 y 10, y de 15 de junio de 2021, Facebook Ireland y otros, C‑645/19, EU:C:2021:483, apartado 100 y jurisprudencia citada).
21      A la luz de las consideraciones anteriores, debe constatarse, en primer lugar, que, por una parte, el artículo 3 del Reglamento 2024/1083 constituye una norma de Derecho sustantivo, en la medida en que dispone que los Estados miembros deben respetar el derecho de los destinatarios de los servicios de medios de comunicación a tener acceso a una pluralidad de contenidos de medios de comunicación editorialmente independientes, y asegurarse de que las condiciones marco sean acordes con este Reglamento para salvaguardar dicho derecho, en beneficio del discurso libre y democrático.
22      Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento 2024/1083 establece que este entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Al haberse publicado el 17 de abril de 2024, este Reglamento entró en vigor el 8 de mayo siguiente. Dicho esto, el citado artículo 29 determina también el ámbito de aplicación temporal de dicho Reglamento. A este respecto, dicho artículo establece que el mismo Reglamento es aplicable a partir del 8 de agosto de 2025, si bien establece una fecha de aplicación distinta para algunas de sus disposiciones, entre las que se encuentra su artículo 3, que es aplicable a partir del 8 de noviembre de 2024.
23      En segundo lugar, en lo que atañe al litigio principal, de la información proporcionada por el órgano jurisdiccional remitente resulta que, con arreglo a la normativa húngara, el derecho de rectificación en la prensa tiene por objeto poner remedio a las vulneraciones de los derechos de la personalidad que se producen de forma pública y está directamente vinculado con la comunicación, acerca de la persona de que se trate, de un hecho, que se haya afirmado o divulgado, cuya veracidad no se haya probado, o de hechos que se hayan presentado de manera inexacta en un contenido mediático.
24      Por lo tanto, la situación objeto del litigio principal se encuentra definitivamente consolidada desde el 17 de marzo de 2024, fecha en que se publicó el artículo controvertido en el litigio principal, sin que tal constatación pueda verse cuestionada por la acción judicial en el litigio principal, ejercitada para hacer valer ese derecho de rectificación en prensa (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de octubre de 2022, Stadt Mainz, C‑544/21, EU:C:2022:843, apartado 23).
25      De lo anterior se deriva que, dado que esta situación pasó a estar definitivamente consolidada con anterioridad a la fecha a partir de la cual el artículo 3 del Reglamento 2024/1083 es aplicable, este artículo no se aplica ratione temporis al litigio principal.
26      A fin de proporcionar una respuesta plenamente útil al órgano jurisdiccional remitente, que alude a la eventual aplicación del artículo 11 de la Carta, es preciso recordar, por otro lado, que, en virtud del artículo 51, apartado 1, de esta, las disposiciones de la Carta están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.
27      Los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben, por tanto, ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de estas [véanse las sentencias de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 19, y de 26 de febrero de 2026, Comisión/Hungría (Derecho a prestar servicios de medios de comunicación en una radiofrecuencia), C‑92/23, EU:C:2026:108, apartado 95 y jurisprudencia citada].
28      Asimismo, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de ella y las disposiciones de la Carta eventualmente invocadas no pueden fundar por sí solas tal competencia (véanse las sentencias de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, apartado 22, y de 6 de octubre de 2015, Delvigne, C‑650/13, EU:C:2015:648, apartado 27 y jurisprudencia citada).
29      Pues bien, por una parte, como se expone en el punto 25 de la presente sentencia, el artículo 3 del Reglamento 2024/1083 no es aplicable ratione temporis al litigio principal.
30      Por otra parte, la aplicación del artículo 11 de la Carta en este litigo no puede basarse únicamente en la invocación por parte del órgano jurisdiccional remitente de los valores consagrados en el artículo 2 TUE. En efecto, el citado artículo 2 no puede privar de toda efectividad a los límites impuestos al ámbito de aplicación de las demás disposiciones del Derecho de la Unión y, en particular, de las disposiciones de la Carta, que solo se dirigen a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión, en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta [véase, en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2026, Comisión/Hungría (Valores de la Unión), C‑769/22, EU:C:2026:326, apartado 550].
31      En estas circunstancias, en tanto la resolución de remisión no pone de manifiesto ningún vínculo con otras disposiciones del Derecho de la Unión, es preciso considerar que el artículo 11 de la Carta no es aplicable al litigio principal.
32      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3 del Reglamento 2024/1083 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a un litigio relativo a una solicitud de rectificación en la prensa, con arreglo a la normativa de un Estado miembro, con respecto a un artículo de prensa que retoma un hecho supuestamente inexacto que aparece en una publicación difundida en otro Estado miembro, cuando este artículo de prensa se ha publicado en una fecha anterior a aquella en la que el referido artículo 3, de conformidad con el artículo 29 de este Reglamento, devino aplicable.
Cuestiones prejudiciales segunda y tercera
33      Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a las cuestiones segunda y tercera.
Costas
34      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:
El artículo 3 del Reglamento (UE) 2024/1083 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior y se modifica la Directiva 2010/13/UE (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación),
debe interpretarse en el sentido de que
no se aplica a un litigio relativo a una solicitud de rectificación en la prensa, con arreglo a la normativa de un Estado miembro, con respecto a un artículo de prensa que retoma un hecho supuestamente inexacto que aparece en una publicación difundida en otro Estado miembro, cuando este artículo de prensa se ha publicado en una fecha anterior a aquella en la que el referido artículo 3, de conformidad con el artículo 29 de este Reglamento, devino aplicable.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: húngaro.