62022TJ0323_RES
Asunto T‑323/22
(publicación por extractos)
PH y otros
contra
Banco Central Europeo
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 10 de julio de 2024
«Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Oposición del BCE a la adquisición de participaciones cualificadas en una entidad de crédito — Recurso de anulación — Interés en ejercitar la acción — Afectación directa — Inadmisibilidad parcial — Reputación y competencia profesional del adquirente propuesto — Solvencia financiera — Cumplimiento de los requisitos prudenciales — Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo — Proporcionalidad»
Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que las afectan directa e individualmente — Afectación directa — Decisión del Banco Central Europeo (BCE) por la que se deniega a un adquirente propuesto la adquisición de participaciones cualificadas en una entidad de crédito — Recurso de anulación de la sociedad que vende las participaciones de la entidad en cuestión — Inexistencia — Inadmisibilidad
(Art. 263 TFUE, párr. 4)
(véanse los apartados 60 a 63, 67, 68, 70 a 72, 75 y 76)
Política económica y monetaria — Política económica — Supervisión del sector financiero de la Unión — Mecanismo Único de Supervisión — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Tareas específicas encomendadas al Banco Central Europeo (BCE) — Procedimiento de evaluación de adquisiciones de participaciones cualificadas — Criterio de reputación del adquirente propuesto de dichas participaciones — Concepto — Evaluación de la competencia profesional de dicho adquirente propuesto — Inclusión
[Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 23, ap. 1, letras a) y b), y 91, ap. 1]
(véanse los apartados 362 a 368)
Resumen
El Tribunal General desestima un recurso de anulación interpuesto contra una decisión del Banco Central Europeo (BCE) mediante la cual este se opuso a la adquisición de una participación cualificada en una entidad de crédito. El Tribunal General se pronuncia en este asunto sobre la cuestión inédita de si la sociedad que vende tal participación está legitimada para interponer recurso de anulación contra la decisión por la que se deniega al adquirente propuesto la adquisición de dicha participación. Se pronuncia asimismo sobre si, en el marco de la evaluación de la reputación del adquirente propuesto, el BCE puede apreciar la competencia profesional de este.
HKB Bank GmbH (en lo sucesivo, «banco destinatario») es una entidad de crédito, calificada de «menos significativa», (
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) que está sometida a la supervisión prudencial directa de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Autoridad Federal de Supervisión Financiera, Alemania; en lo sucesivo, «BaFin»). El 9 de abril de 2020 y el 9 de julio de 2020, PH, PI y PJ (en lo sucesivo, «adquirentes propuestos») notificaron a la BaFin su intención de adquirir una participación cualificada y superar el 50 % del capital y de los derechos de voto en el banco destinatario (en lo sucesivo, «adquisición propuesta»), gracias a la adquisición de todas las participaciones de Socrates Capital en el banco destinatario. Mediante la decisión impugnada, que se notificó el 22 de marzo de 2022 a los adquirentes propuestos, el BCE se opuso a la adquisición propuesta, ya que los adquirentes propuestos no cumplían los criterios de reputación, solvencia financiera, cumplimiento de los requisitos prudenciales y lucha contra el riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Apreciación del Tribunal General
Por lo que respecta a la admisibilidad del recurso interpuesto ante el Tribunal General por Socrates Capital y los adquirentes propuestos, el Tribunal General recuerda que, habida cuenta de que se trata de un único recurso, como PH, PI y PJ disponen de legitimación activa, no procede examinar la de Socrates Capital. No obstante, el Tribunal General considera oportuno, en aras de una buena administración de la justicia y debido a la especial importancia de la cuestión de admisibilidad planteada en la causa de inadmisión que formula el BCE, pronunciarse sobre ella.
En cuanto a esta cuestión, tras recordar las normas que condicionan el reconocimiento de la legitimación activa de una persona física o jurídica que interpone recurso contra un acto del que no es destinataria, el Tribunal General constata que, en el caso de autos, la decisión impugnada no se notificó a Socrates Capital. Por lo demás, ninguna disposición exigía tal notificación a dicha demandante en calidad de cedente de la participación cualificada. Habida cuenta de que la Decisión impugnada no es un acto reglamentario, el Tribunal General examina si el recurso, en la medida en que lo interpone Socrates Capital, cumple el requisito de la afectación directa.
A este respecto, para empezar, el Tribunal General señala que el mecanismo de control de las participaciones cualificadas tiene por objeto evaluar, antes de la adquisición de tales participaciones, la idoneidad de los adquirentes propuestos que deseen entrar en el sector bancario como propietarios. Por tanto, debe considerarse que la oposición a la adquisición de una participación cualificada en una entidad de crédito no altera la situación jurídica de la sociedad que vende dicha participación. En efecto, si bien tal oposición pone en cuestión la posibilidad que tienen los adquirentes propuestos de celebrar un contrato con el vendedor de una participación cualificada, no pone en cuestión, en cambio, el derecho del vendedor a realizar una operación de cesión, que puede celebrar en particular con otro potencial adquirente. Dicha oposición supone únicamente una negativa a autorizar a los adquirentes propuestos a entrar en el sector bancario como propietarios.
A continuación, el Tribunal General declara que esta conclusión se ve corroborada por el contexto jurídico en el que se inscribe la decisión impugnada. La Directiva 2013/36 (
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) no menciona ni la publicación de la notificación de la adquisición de una participación cualificada en una entidad de crédito ni la posibilidad de que terceras personas participen en el procedimiento administrativo ni tampoco la publicación sistemática de la decisión de la autoridad competente. En caso de incumplimiento de la oposición a la adquisición de una participación cualificada, únicamente prevé sanciones relativas al ejercicio de los derechos de voto correspondientes a la participación adquirida por los adquirentes propuestos. Así, en el caso de autos, la decisión impugnada evalúa la idoneidad de los adquirentes propuestos y no la legalidad del contrato de compraventa.
Asimismo, el Tribunal General observa que la cláusula del contrato de compraventa según la cual dicho contrato no tendrá eficacia a falta de autorización del BCE fue voluntariamente insertada por las partes en el contrato. Ciertamente, una cláusula contractual puede ser reflejo de la normativa. Sin embargo, en el caso de autos, dicha cláusula es el reflejo de una normativa que somete individualmente al adquirente propuesto a una autorización administrativa para apreciar si concurre en él la idoneidad para entrar en el sector bancario como propietario. Así, el BCE, al evaluar la notificación de tal adquisición, no se pronuncia sobre la conformidad del contrato que haya podido suscribirse entre los adquirentes propuestos y el vendedor de una participación en una entidad de crédito.
Por último, si bien la decisión impugnada constituye una injerencia en el derecho de propiedad y en la libertad de empresa de los adquirentes propuestos, no puede considerarse que constituya una injerencia en los mismos derechos por lo que respecta a Socrates Capital. En efecto, la decisión impugnada no vulnera directamente el derecho de Socrates Capital a vender sus participaciones en el banco destinatario.
El Tribunal General concluye, por tanto, que la decisión impugnada no equivale a una prohibición general de que Socrates Capital venda sus participaciones en el banco destinatario y, consiguientemente, que la decisión impugnada no afecta directamente a Socrates Capital. En consecuencia, declara la inadmisibilidad del recurso en lo que respecta a Socrates Capital.
Respecto de la posibilidad de que el BCE, en el marco de la evaluación de la reputación de los adquirentes propuestos, aprecie la competencia profesional de estos, el Tribunal General declara que es cierto que el artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2013/36 solo menciona, en la letra a), la reputación del adquirente propuesto, (
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) mientras ese mismo artículo menciona, en la letra b), la reputación, los conocimientos, (
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) las capacidades o competencias y la experiencia (
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) de todo miembro del órgano de dirección que vaya a dirigir la actividad de la entidad de crédito como consecuencia de la adquisición propuesta.
No obstante, señala que, en su acepción habitual, el término «reputado» significa «digno de estima», «de notorio prestigio». Tal definición, que remite en particular a la opinión del público, no excluye que la reputación de una persona dependa de su competencia profesional. Además, según el considerando 8 de la Directiva 2007/44, (
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) cuyas disposiciones se han recogido en la Directiva 2013/36, la aplicación del criterio sobre la reputación del adquirente propuesto conlleva determinar si existe alguna duda en cuanto a la integridad «y la competencia profesional» del mismo y, en su caso, si tales dudas están fundadas.
El Tribunal General estima asimismo que tomar en consideración la competencia profesional del adquirente propuesto al evaluar su reputación es coherente con la evaluación de la «idoneidad» del mismo y con el objetivo de controlar la adquisición de participaciones cualificadas, que no es otro que garantizar una gestión sólida y prudente de la entidad de crédito. Dado que el titular de una participación cualificada puede ejercer una influencia sobre la entidad de crédito de que se trate, su competencia profesional contribuye a esa gestión sólida y prudente de la entidad. Las directrices comunes (
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) corroboran esta interpretación, ya que indican que la reputación del adquirente propuesto debe abarcar su integridad y su competencia profesional. Por otra parte, los términos empleados por el Derecho alemán en la materia no permiten excluir tal interpretación, pues la exposición de motivos de la ley alemana de transposición de la Directiva 2007/44 menciona que el criterio de la fiabilidad consiste en comprobar si existen dudas sobre la integridad «y la capacidad profesional» del adquirente propuesto y si tales dudas están fundadas.
El Tribunal General concluye que el criterio de la reputación mencionado en la Directiva 2013/36 debe interpretarse en el sentido de que incluye la evaluación de la competencia profesional del adquirente propuesto.
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1
)	En el sentido del artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).
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)	Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).
(
3
)	Artículo 23, apartado 1, letra a), de la Directiva 2013/36.
(
4
)	Artículo 23, apartado 1, letra b), de la Directiva 2013/36.
(
5
)	Artículo 91, apartado 1, de la Directiva 2013/36.
(
6
)	Directiva 2007/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 92/49/CEE del Consejo y las Directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe a las normas procedimentales y los criterios de evaluación aplicables en relación con la evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones en el sector financiero (DO 2007, L 247, p. 1).
(
7
)	Directrices conjuntas de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones cualificadas en el sector financiero, publicadas el 20 de diciembre de 2016.