61994CO0266_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-266/94,
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. Blanca Rodríguez Galindo, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
parte demandante,
contra
Reino de España, representado por los Sres. Alberto José Navarro González, Director General de Coordinación Jurídica e Institucional Comunitaria, y Miguel Bravo-Ferrer Delgado, Abogado del Estado, en calidad de Agentes, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de España, 4-6, boulevard E. Servais,
parte demandada,
que tiene por objeto un recurso dirigido a que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas (DO L 165, p. 27), al no adoptar dentro del plazo establecido todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann y P. Jann, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward (Ponente), J.-P. Puissochet, G. Hirsch y H. Ragnemalm, Jueces;
Abogado General: Sr. M.B. Elmer;
Secretario: Sr. R. Grass;
oído el Abogado General,
dicta el siguiente
Auto
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de septiembre de 1994, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al párrafo segundo del artículo 169 del Tratado CE, con el fin de que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de 1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas (DO L 165, p. 27; en lo sucesivo, "Directiva"), al no haber adoptado todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
2 El párrafo primero del apartado 1 del artículo 15 de la Directiva dispone lo siguiente:
"Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva antes del 5 de junio de 1993. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión."
3 No habiendo recibido del Gobierno español ninguna comunicación de las medidas de adaptación del Derecho interno a la Directiva adoptadas, la Comisión le dirigió un escrito de requerimiento el 9 de agosto de 1993, con arreglo al artículo 169 del Tratado.
4 El Gobierno español contestó al escrito de requerimiento mediante dos escritos fechados, respectivamente, el 21 de octubre y el 22 de diciembre de 1993. En el primero de ellos anunciaba la próxima adopción de una resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones destinada a cumplir transitoriamente con las obligaciones impuestas por la Directiva. En el segundo comunicaba dos Resoluciones del Director General de Telecomunicaciones, fechadas respectivamente el 28 y el 29 de octubre de 1993, precisando que mediante las mismas se aseguraba transitoriamente, en tanto se aprobara el Reglamento de alquiler de circuitos, el cumplimiento de las obligaciones que se derivaban de los artículos 3, 4 y 7 de la Directiva.
5 El segundo escrito, enviado con acuse de recibo, fue recibido por la Comisión el 17 de enero de 1994.
6 La Comisión dirigió al Reino de España, con fecha de 7 de febrero de 1994, un dictamen motivado en el que afirmaba que el escrito de requerimiento de 9 de agosto de 1993 "hasta la fecha [...] no [había] tenido respuesta oficial".
7 El Gobierno español respondió al dictamen motivado de la Comisión mediante escrito de 4 de marzo de 1994 recordando el contenido de su escrito de 22 de diciembre de 1993. Le remitió en anexo una nueva copia de las Resoluciones antes citadas, señalando una vez más que éstas aseguraban transitoriamente, en tanto se aprobaba el Reglamento sobre alquiler de circuitos, el cumplimiento de las obligaciones que se derivaban de los artículos 3, 4 y 7 de la Directiva.
8 En su demanda, la Comisión aduce que el dictamen motivado no hacía referencia al escrito del Gobierno español de 22 de diciembre de 1993, recibido por la Comisión el 17 de enero de 1994, debido a problemas de transmisión.
9 En su escrito de contestación a la demanda, el Gobierno español alega, en primer lugar, que procede declarar la inadmisibilidad del recurso por cuanto la Comisión no tomó en consideración las observaciones por él presentadas para responder al escrito de requerimiento. Tal omisión constituye, según dicho Gobierno, una violación del derecho de defensa. En lugar de presentar una demanda ante el Tribunal de Justicia, la Comisión tendría que haber explicado, en un segundo dictamen motivado, por qué razones consideraba que las medidas adoptadas por el Gobierno español eran insuficientes.
10 En su réplica, la Comisión responde que, aun cuando no se refirió en su dictamen motivado a los textos comunicados por el Reino de España, sí lo hizo, sin embargo, en su escrito de demanda. Según ella, no se puede hablar de violación de derechos de defensa ni plantear la inadmisibilidad del recurso, ya que, en el cuerpo de su escrito de interposición, se excluyeron del objeto del recurso las disposiciones de la Directiva a las que el Reino de España se refería en su contestación al escrito de requerimiento.
11 En su dúplica, el Reino de España señala que la Comisión determinó el objeto del litigio mediante la emisión del dictamen motivado sin tomar en consideración las observaciones y Resoluciones que le había aportado.
12 Recuerda, a continuación, que el dictamen motivado es un elemento esencial del procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado, que permite al Estado miembro afectado no sólo percatarse de la posición definitiva de la Comisión, respecto de su situación de presunto incumplimiento, sino también preparar su propia defensa, de forma que el Estado miembro se ve en la imposibilidad de defenderse cuando el dictamen motivado está viciado por un defecto. El Reino de España añade que su conducta global hubiera sido distinta si hubiera conocido las objeciones de la Comisión a su respuesta al escrito de requerimiento.
13 Por consiguiente, estima que, fueren cuales fueren, completas o limitadas, eficaces o inservibles, la Comisión hubiera debido examinar las observaciones y las Resoluciones aportadas.
14 A tenor del apartado 1 del artículo 92 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando una demanda sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal, oído el Abogado General, podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de auto motivado.
15 El procedimiento previsto en el artículo 169 del Tratado comprende dos fases consecutivas, a saber, una fase precontenciosa o administrativa y una fase contenciosa ante el Tribunal de Justicia.
16 La finalidad del procedimiento precontencioso es dar al Estado miembro interesado la ocasión de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario o de formular adecuadamente las alegaciones que, en su defensa, estime pertinentes frente a las imputaciones de la Comisión (véase la sentencia de 2 de febrero de 1988, Comisión/Bélgica, 293/85, Rec. p. 305, apartado 13).
17 La regularidad del procedimiento administrativo previo constituye una garantía esencial querida por el Tratado, no sólo para la protección de los derechos del Estado miembro de que se trate, sino también para garantizar que el posible procedimiento contencioso tenga por objeto un litigio claramente definido.
18 En efecto, sólo a partir de un procedimiento precontencioso regular puede el procedimiento contradictorio ante el Tribunal de Justicia permitir a éste juzgar si el Estado miembro ha incumplido efectivamente las obligaciones precisas cuya infracción alega la Comisión.
19 Pues bien, en el caso de autos, el dictamen motivado afirmaba erróneamente que el escrito de requerimiento aún no había recibido respuesta oficial por parte del Reino de España.
20 De esta forma, la Comisión no tuvo en cuenta, en el momento de emitir el dictamen motivado, las Resoluciones presentadas por el Reino de España como respuesta al escrito de requerimiento, Resoluciones que, como por otra parte ha admitido la Comisión, adaptaban el Derecho interno español a determinadas disposiciones de la Directiva.
21 La Comisión intentó en su demanda suplir esta omisión mediante la siguiente afirmación:
"Sin entrar en la cuestión de si la incorporación al Derecho español mediante una Resolución de los artículos 3, 4 y 7 de la Directiva 92/44/CEE es o no adecuada, lo que sí está claro es que en lo que respecta al cumplimiento de las restantes disposiciones de esta Directiva, ninguna medida ha sido adoptada."
22 Sin embargo, su manera de actuar ha traído por consecuencia que las partes no hayan comenzado a definir con precisión la naturaleza y el alcance de su controversia hasta la fase de réplica y dúplica.
23 No es éste el procedimiento previsto por el Tratado.
24 En las circunstancias que concurren en el caso de autos, si el dictamen motivado estaba afectado por un malentendido originado por problemas de transmisión, nada impedía que la Comisión retirase dicho dictamen motivado y examinara la respuesta del Reino de España al escrito de requerimiento. La Comisión habría podido, a continuación, emitir, en su caso, un nuevo dictamen en el que precisara las imputaciones que consideraba que debía formular.
25 De ello resulta que en el caso de autos no concurre uno de los requisitos esenciales de admisibilidad del recurso basado en el artículo 169 del Tratado, esto es, el desarrollo regular del procedimiento precontencioso.
26 En virtud de todo lo expuesto, de conformidad con el apartado 1 del artículo 92 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, procede declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso.
Decisión sobre las costas
Costas
27 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por no haber prosperado la acción entablada por la Comisión, procede condenarla en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
resuelve:
1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2) Condenar en costas a la Comisión.
Dictado en Luxemburgo, a 11 de julio de 1995.