62024CJ0481_RES
Asunto C‑481/24
E. sp.j.
contra
C. sp. z o.o.
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 18 de diciembre de 2025
«Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/7/UE — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Artículo 3, apartados 1 y 3, letra a) — Interés de demora — Artículo 6, apartados 1 y 2 — Compensación por los costes de cobro — Requisitos — Normativa nacional que contempla la compensación de créditos recíprocos mediante una declaración con efecto retroactivo — Extinción simultánea de los créditos por importe del crédito menos elevado — Efectos sobre los intereses y sobre la compensación»
Aproximación de las legislaciones — Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales — Directiva 2011/7/UE — Intereses de demora — Compensación por los costes de cobro — Normativa nacional que contempla la compensación de créditos recíprocos mediante una declaración con efecto retroactivo — Presentación de tal declaración una vez expirado el plazo contractual de pago de un crédito — Efectos — Extinción retroactiva del derecho del acreedor a esos intereses y a esa compensación — Procedencia
[Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, aps. 1 y 3, letra a), y 6, aps. 1 y 2]
(véanse los apartados 30 a 38, 41 a 44, 46 a 50 y 54 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Tribunal de Distrito de la Ciudad de Varsovia, Polonia), aporta una serie de precisiones sobre el alcance de la armonización de las normas relativas a la morosidad en las operaciones comerciales que lleva a cabo la Directiva 2011/7 (
1
) y sobre la autonomía de que disponen los Estados miembros a la hora de regular los mecanismos de extinción de los créditos correspondientes a los derechos concedidos por esta Directiva, como un mecanismo de compensación de los créditos efectuada mediante una declaración con efecto retroactivo.
La sociedad E. es titular de varios créditos frente a la sociedad C. Estos créditos corresponden a la ejecución de una serie de servicios de transporte que dieron lugar a la emisión de facturas no pagadas en los plazos previstos. Debido a la demora en el pago de estos créditos, la sociedad E. ejercitó ante el órgano jurisdiccional remitente una acción para reclamar el pago de estos, más los intereses al tipo legal y una compensación por los costes de cobro, de conformidad con lo dispuesto en la Ley polaca sobre la Morosidad.
La sociedad C. alega que su deuda se había extinguido, debido, en particular, a que el 2 de septiembre de 2022 había presentado una declaración de compensación basada en un crédito indemnizatorio que tenía frente a la sociedad E. La sociedad C. alega que, a partir del 7 de marzo de 2022, fecha en la que expiró el plazo de pago de ese crédito indemnizatorio, la sociedad E. perdió, en virtud del efecto retroactivo que el artículo 499 del Código Civil polaco otorga a tal declaración, el derecho a reclamar los intereses y la compensación previstos en la Ley polaca sobre la Morosidad.
El órgano jurisdiccional remitente recuerda que esta disposición del Código Civil establece que la declaración de compensación tiene efecto retroactivo a partir del momento en que la compensación resultó posible, esto es, cuando el crédito del autor de esa declaración devino exigible debido al vencimiento del plazo de pago. En este contexto, se pregunta si este efecto retroactivo, que conlleva la pérdida del derecho del otro acreedor a reclamar tanto los intereses como la compensación por los costes de cobro, puede infringir los artículos 3, apartados 1 y 3, letra a), y 6, apartados 1 y 2, de la Directiva 2011/7 (en lo sucesivo, «disposiciones cuya interpretación se solicita»).
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, el Tribunal de Justicia recuerda que, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, no solo debe tenerse en cuenta su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte.
Antes de nada, por lo que respecta al tenor de las disposiciones cuya interpretación se solicita, el Tribunal de Justicia destaca que, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2011/7, los Estados miembros deben velar por que, en las operaciones comerciales entre empresas, un acreedor tenga derecho a intereses de demora, sin necesidad de aviso de vencimiento, con la doble condición de que haya cumplido sus obligaciones y de que no haya recibido la cantidad adeudada a tiempo, a menos que el retraso no sea imputable al deudor. Además, según el artículo 3, apartado 3, letra a), de dicha Directiva, en los casos en que se cumplan estas condiciones, el acreedor tiene derecho a intereses de demora a partir del día siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato. Asimismo, en virtud del artículo 6, apartado 1, de esta Directiva, los Estados miembros deben asegurarse de que, en los casos en que resulte exigible el interés de demora en las operaciones comerciales entre empresas, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor una cantidad fija mínima de 40 euros. Con arreglo al apartado 2 de ese mismo artículo, los Estados miembros deben asegurarse de que dicha cantidad fija resulte pagadera, incluso sin recordatorio al deudor, y de que se abone como compensación por los costes de cobro en que haya incurrido el acreedor. Así, los intereses de demora y el derecho a una cantidad fija mínima reconocidos por la Directiva 2011/7 se devengan automáticamente al expirar el plazo de pago previsto en el artículo 3, apartados 3 a 5, de la misma Directiva, siempre que se cumplan los requisitos que figuran en el apartado 1 de dicho artículo.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia deja constancia de que del tenor de las disposiciones cuya interpretación se solicita no se desprende que estas regulen las condiciones en las que los créditos correspondientes a esos intereses y a esa cantidad fija pueden extinguirse, en su caso, debido, en particular, a la extinción del crédito principal del que derivan.
A continuación, esta interpretación literal se ve corroborada por el contexto en el que se enmarcan dichas disposiciones. En efecto, es cierto que la Directiva 2011/7 establece que el derecho del acreedor a obtener esos intereses y esa cantidad fija nace de la «morosidad». Este concepto hace referencia al hecho de no efectuar el pago en el plazo contractual o legal establecido, cuando el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales y no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, a menos que el retraso no sea imputable al deudor. (
2
) Además, el concepto de «cantidad adeudada» (
3
) designa el importe principal que debe pagarse en el plazo contractual o legal establecido, incluidos los impuestos, tasas, derechos o costes especificados. No obstante, ni la definición de estos conceptos ni la del concepto de «interés de demora» (
4
) ni, por lo demás, ninguna otra disposición de la Directiva 2011/7 establecen las condiciones en las que pueden extinguirse, en su caso, los créditos correspondientes a esos intereses y a esa cantidad fija.
Por último, la interpretación literal de las disposiciones cuya interpretación se solicita también se ve corroborada por la finalidad de la Directiva 2011/7, que tiene por objeto la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior, fomentando de este modo la competitividad de las empresas. Ahora bien, con el fin de lograr este objetivo, la citada Directiva no lleva a cabo una armonización completa del conjunto de normas relativas a la morosidad en las operaciones comerciales. En efecto, dicha Directiva solo enuncia determinadas reglas en la materia, entre las que figuran las relativas a los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro. Por tanto, la Directiva 2011/7 no tiene por objeto fijar un marco jurídico general en materia de obligaciones contractuales, sino que se limita a establecer determinadas normas específicas que deben incorporarse al Derecho civil y mercantil nacional.
Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que los Estados miembros tienen libertad para regular los mecanismos de extinción de los créditos correspondientes a los intereses de demora y a la cantidad fija previstos en la Directiva 2011/7, como un mecanismo de compensación, pero a condición de que no se vulneren los objetivos perseguidos por dicha Directiva y de que no se prive a esta de su efecto útil.
En el presente asunto, dado que la extinción de los créditos recíprocos no se produce en la fecha de la declaración de compensación, sino en una fecha anterior, concretamente aquella en la que la compensación resultó posible, el Tribunal de Justicia considera que estos créditos no pueden generar derecho alguno a intereses de demora a partir de la fecha de su extinción. Por lo demás, en la medida en que una declaración de compensación con efecto retroactivo no implica la pérdida del derecho a estos intereses, sino que tiene como consecuencia que se considere que ese derecho nunca ha existido, es irrelevante que los créditos objeto de compensación hubieran podido dar lugar, en caso de morosidad, a intereses calculados a partir de tipos diferentes según la naturaleza jurídica, contractual o indemnizatoria, de los créditos de que se trate.
En cuanto al hecho de que, a raíz de una declaración de compensación con efecto retroactivo, el acreedor destinatario de tal declaración no tenga derecho a una compensación por los costes de cobro, el Tribunal de Justicia señala que del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2011/7 se desprende que el derecho a la cantidad fija mínima que establece esta disposición nace en las mismas condiciones que las previstas para que se devenguen intereses de demora. Por consiguiente, no puede nacer ningún derecho a tal cantidad fija si no existe un derecho a tales intereses. Es cierto que un acreedor, cuando no obtiene el pago en el plazo previsto, podría adoptar medidas para cobrar su crédito e incurrir con ello en determinados gastos que no podrá recuperar como consecuencia del efecto retroactivo de la declaración de compensación. Sin embargo, cualquier empresa acreedora normalmente informada debe contemplar la posibilidad de tal compensación desde el momento en que se convierte, al mismo tiempo, en deudora y acreedora de otra empresa.
Por tanto, el Tribunal de Justicia concluye que los artículos 3, apartados 1 y 3, letra a), y 6, apartados 1 y 2, de la Directiva 2011/7 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual no se adeudan al acreedor el interés legal de demora ni la compensación por los costes de cobro cuando el deudor haya saldado la cantidad adeudada mediante una declaración de compensación, presentada una vez expirado el plazo de pago fijado en el contrato, debido al efecto retroactivo que se vincula a tal declaración a partir del momento en que esa compensación resultó posible.
(
1
)	Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO 2011, L 48, p. 1).
(
2
)	La definición de este concepto resulta del artículo 2, punto 4, de la Directiva 2011/7, en relación con el artículo 3, apartado 1, de esta.
(
3
)	La definición de este concepto figura en el artículo 2, punto 8, de la Directiva 2011/7.
(
4
)	La definición de este concepto figura en el artículo 2, punto 5, de la Directiva 2011/7.