62024CJ0087
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
de 23 de octubre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Aproximación de las legislaciones — Gas natural — Directiva 2009/73/CE — Artículo 41, apartado 8 — Concepto de “incentivo adecuado” — Reglamento (CE) n.o 715/2009 — Artículo 13, apartado 1 — Concepto de “rentabilidad adecuada de las inversiones” — Redes de transporte y distribución — Instalación de almacenamiento — Criterios que deben tenerse en cuenta para el establecimiento de las tarifas de transporte y distribución fijadas por la autoridad reguladora nacional — Tasa de rentabilidad del capital — Obligación de interpretación conforme — Obligación de motivación»
En el asunto C‑87/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo, Letonia), mediante resolución de 3 de enero de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de febrero de 2024, en el procedimiento entre
AS Gaso,
AS Conexus Baltic Grid
y
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y los Sres. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Cuarta, y M. Condinanzi (Ponente), Juez;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. M. Aleksejev, jefe de unidad;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de enero de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de AS Gaso, por los Sres. L. Liepa y J. Sarāns-Reneslācis, advokāti;
–
en nombre de AS Conexus Baltic Grid, por el Sr. C. Ginter, vandeadvokaat, la Sra. K. Pļaviņa-Mika, advokāte, el Sr. U. Bariss, valdes priekšsēdētājs, y el Sr. M. Gode, valdes loceklis;
–
en nombre de la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, por el Sr. J. Miķelsons, izpilddirektors, y la Sra. A. Upena, padomes locekle;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. O. Beynet y L. Ozola y por el Sr. T. Scharf, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO 2009, L 211, p. 94), y del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1775/2005 (DO 2009, L 211, p. 36).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de sendos recursos de anulación interpuestos por AS Gaso y AS Conexus Baltic Grid respectivamente contra la lēmums Nr. 109 «par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai» (Decisión n.o 109 relativa a la tasa de rentabilidad del capital para el cálculo del proyecto de tarifas para los servicios de la red de transporte de gas natural, de la red de distribución de gas natural y de almacenamiento de gas natural), de 20 de agosto de 2020 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), adoptada por la Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Comisión Reguladora de los Servicios Públicos, Letonia; en lo sucesivo, «autoridad reguladora letona»).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2009/73
3
Los considerandos 23 a 25, 30 y 32 de la Directiva 2009/73 tienen el siguiente tenor:
«(23)
Es necesario adoptar nuevas medidas para garantizar tarifas transparentes y no discriminatorias de acceso al transporte. Estas tarifas deberán ser aplicables sin discriminación a todos los usuarios. Si la instalación de almacenamiento, el gas almacenado en el gasoducto o los servicios auxiliares operan en un mercado suficientemente competitivo, podría permitirse el acceso mediante mecanismos de mercado transparentes y no discriminatorios.
(24)
Hay que asegurar la independencia de los gestores de los sistemas de almacenamiento para mejorar el acceso de terceros a las instalaciones de almacenamiento que sean técnica y/o económicamente necesarias para facilitar un acceso eficiente a la red a fin de suministrar a los clientes. […] También es necesario aumentar la transparencia respecto a la capacidad de almacenamiento que se ofrece a terceros, obligando a los Estados miembros a definir y publicar un marco no discriminatorio y claro que determine el régimen regulador aplicable a las instalaciones de almacenamiento. […]
(25)
El acceso no discriminatorio a la red de distribución determina el acceso a los consumidores al nivel minorista. […]
[…]
(30)
Es preciso, para un adecuado funcionamiento del mercado interior del gas natural, que los reguladores de la energía puedan tomar decisiones sobre todas las cuestiones de reglamentación pertinentes y que sean totalmente independientes de cualquier otro interés público o privado. Ello no impedirá un control jurisdiccional ni una supervisión parlamentaria conforme al Derecho constitucional de los Estados miembros. […]
[…]
(32)
Las autoridades reguladoras nacionales deben poder fijar o aprobar las tarifas, o las metodologías de cálculo de las mismas, en función de una propuesta del gestor o los gestores de la red de transporte o distribución o de gas natural licuado (GNL), o en función de una propuesta acordada entre estos últimos y los usuarios de la red. Al llevar a cabo dichas tareas, las autoridades reguladoras nacionales deben velar por que las tarifas de transporte y distribución no sean discriminatorias y reflejen los costes, y tomar en consideración los costes marginales de la red evitados a largo plazo merced a las medidas de gestión de la demanda.»
4
El artículo 1, apartado 1, de esta Directiva dispone:
«La presente Directiva establece normas comunes en materia de transporte, distribución, suministro y almacenamiento de gas natural. Define las normas relativas a la organización y funcionamiento del sector del gas natural, el acceso al mercado, los criterios y procedimientos aplicables a la concesión de las autorizaciones para el transporte, la distribución, el suministro y el almacenamiento de gas natural, así como la explotación de las redes.»
5
El artículo 2 de la referida Directiva está redactado en los siguientes términos:
«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
4)
“gestor de la red de transporte”: toda persona física o jurídica que realice la actividad de transporte y sea responsable de la explotación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de la red de transporte en una zona determinada, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que la red tiene capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de transporte de gas;
[…]
6)
“gestor de la red de distribución”: toda persona física o jurídica que realice la actividad de distribución y sea responsable de la explotación, el mantenimiento y, en caso necesario, el desarrollo de la red de distribución en una zona determinada, así como, en su caso, de sus interconexiones con otras redes, y de garantizar que la red tiene capacidad para asumir, a largo plazo, una demanda razonable de distribución de gas;
[…]
9)
“instalación de almacenamiento”: una instalación utilizada para el almacenamiento de gas natural de la que sea propietaria o de cuya explotación se haga cargo una compañía de gas natural, incluida la parte de las instalaciones de GNL destinada al almacenamiento pero excluida la parte utilizada para operaciones de producción así como las instalaciones reservadas para uso exclusivo de los gestores de red de transporte en el ejercicio de sus funciones;
10)
“gestor de almacenamientos”: cualquier persona física o jurídica que realice la actividad de almacenamiento y sea responsable de la explotación de una instalación de almacenamiento;
[…]».
6
El artículo 39 de la misma Directiva, titulado «Designación e independencia de las autoridades reguladoras», establece:
«1.   Cada Estado miembro designará a una única autoridad reguladora nacional a escala nacional.
[…]
4.   Los Estados miembros garantizarán la independencia de la autoridad reguladora y velará[n] por que est[a] ejerza sus competencias con imparcialidad y transparencia. Con este fin, se asegurarán de que, al desempeñar las funciones reguladoras que le encomienda la presente Directiva y la legislación conexa, la autoridad reguladora:
a)
sea jurídicamente distint[a] y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada;
b)
garantice que su personal y los encargados de su gestión:
i)
actúen con independencia de cualquier interés comercial, y
ii)
no pidan ni acepten instrucciones directas de ningún gobierno ni ninguna otra entidad pública o privada para el desempeño de sus funciones reguladoras. Este requisito se entenderá sin perjuicio de una estrecha cooperación con otros organismos nacionales pertinentes, cuando proceda, ni de las directrices de política general publicadas por el gobierno que no guarden relación con las funciones reguladoras del artículo 41.
[…]»
7
El artículo 40 de la Directiva 2009/73, titulado «Objetivos generales de la autoridad reguladora», dispone:
«En el ejercicio de las funciones reguladoras especificadas en la presente Directiva, la autoridad reguladora tomará todas las medidas razonables para contribuir, en el marco de sus obligaciones y competencias tal como establece el artículo 41, en estrecha consulta con otros organismos nacionales pertinentes, incluidas las autoridades responsables en materia de competencia, y sin perjuicio de las competencias de estos, a los siguientes objetivos:
[…]
f)
asegurar que se dan a los gestores y usuarios de redes los incentivos adecuados tanto a corto como a largo plazo, para aumentar la eficiencia de las prestaciones de la red y fomentar la integración del mercado;
[…]».
8
El artículo 41 de dicha Directiva, que lleva por título «Obligaciones y competencias de la autoridad reguladora», establece:
«1.   La autoridad reguladora tendrá las siguientes obligaciones:
a)
establecer o aprobar, de conformidad con criterios transparentes, las tarifas de transporte o distribución, o sus metodologías;
[…]
n)
supervisar y revisar las condiciones de acceso al almacenamiento, al gas almacenado en los gasoductos y a otros servicios auxiliares conforme a lo dispuesto en el artículo 33. En caso de que el régimen de acceso al almacenamiento esté definido con arreglo al artículo 33, apartado 3, esta función excluirá la revisión de las tarifas;
[…]
6.   Las autoridades reguladoras se encargarán de fijar o aprobar, con la suficiente antelación respecto de su entrada en vigor, como mínimo las metodologías utilizadas para calcular o establecer las condiciones para:
a)
la conexión y el acceso a las redes nacionales, incluyendo las tarifas de transporte y distribución, así como las condiciones y tarifas para el acceso a las instalaciones de GNL. Estas tarifas o metodologías permitirán realizar las inversiones necesarias en las redes e instalaciones de GNL de forma que quede garantizada la viabilidad de las redes e instalaciones de GNL;
[…]
8.   Al establecer o aprobar las tarifas o metodologías y servicios de balance, las autoridades reguladoras garantizarán que se conceda a los gestores de red de transporte y distribución un incentivo adecuado, tanto a corto como a largo plazo, para aumentar la eficiencia, fomentar la integración del mercado y la seguridad del suministro, y sostener las actividades de investigación conexas.
[…]
16.   Las decisiones adoptadas por la autoridad reguladora estarán plenamente motivadas para permitir el control jurisdiccional y estarán a disposición del público, al mismo tiempo que se preserva la confidencialidad de la información sensible a efectos comerciales.
[…]»
Reglamento n.o 715/2009
9
Los considerandos 7 y 8 del Reglamento n.o 715/2009 presentan el siguiente tenor:
«(7)
Es necesario precisar los criterios de fijación de las tarifas de acceso a la red, para garantizar que cumplen plenamente el principio de no discriminación y que responden a las necesidades del buen funcionamiento del mercado interior, que tienen plenamente en cuenta la integridad del sistema y que reflejan los costes reales incurridos, en la medida en que dichos costes correspondan a los de un gestor de redes eficiente y estructuralmente comparable y sean transparentes, incluyendo al mismo tiempo una rentabilidad adecuada de las inversiones, y teniendo en cuenta, cuando proceda, la evaluación comparativa de las tarifas efectuada por las autoridades reguladoras.
(8)
En el cálculo de las tarifas de acceso a la red es importante tener en cuenta los costes reales en que se haya incurrido, en la medida en que dichos costes correspondan a los de un gestor de redes eficiente y estructuralmente comparable y sean transparentes, así como la necesidad de proporcionar una rentabilidad adecuada a las inversiones e incentivos para la construcción de nuevas infraestructuras, de forma que se incluya un tratamiento normativo especial para la[s] nuevas inversiones, como prevé la Directiva [2009/73]. A este respecto, y en particular si existe una competencia efectiva entre gasoductos, será de importante consideración el establecimiento de criterios de evaluación comparativa entre las tarifas por parte de las autoridades reguladoras.»
10
El artículo 1 de dicho Reglamento dispone lo siguiente:
«El presente Reglamento tiene por objeto:
a)
establecer normas no discriminatorias sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural, teniendo en cuenta las características especiales de los mercados nacionales y regionales, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior del gas;
b)
establecer normas no discriminatorias sobre las condiciones de acceso a las instalaciones de GNL y a las instalaciones de almacenamiento, teniendo en cuenta las características especiales de los mercados nacionales y regionales […]
[…]
Los objetivos mencionados en el párrafo primero incluirán la fijación de principios armonizados para las tarifas de acceso a la red o de sus métodos de cálculo, pero no para el acceso a las instalaciones de almacenamiento […]
Con excepción del artículo 19, apartado 4, el presente Reglamento solo se aplicará a las instalaciones de almacenamiento que entren en el ámbito de aplicación del artículo 33, apartados 3 o 4, de la Directiva [2009/73].
[…]»
11
El artículo 13, apartado 1, párrafos primero y tercero, del mencionado Reglamento, dispone:
«Las tarifas, o los métodos para calcularlas, aplicadas por los gestores de redes de transporte, y aprobadas por las autoridades reguladoras de conformidad con el artículo 41, apartado 6, de la Directiva [2009/73], así como las tarifas publicadas conforme a lo dispuesto en el artículo 32, apartado 1, de dicha Directiva serán transparentes, tendrán en cuenta las necesidades de integridad de la red y su mejora y reflejarán los costes reales en que se haya incurrido, en la medida en que dichos costes correspondan a los de un gestor de redes eficiente y estructuralmente comparable y sean transparentes, incluyendo al mismo tiempo una rentabilidad adecuada de las inversiones, y tendrán debidamente en cuenta, en su caso, la evaluación comparativa de tarifas efectuada por las autoridades reguladoras. Las tarifas, o las metodologías para calcularlas, se aplicarán de forma no discriminatoria.
[…]
Las tarifas, o las metodologías para calcularlas, deberán favorecer la competencia y el comercio eficiente del gas, al mismo tiempo que evitarán las subvenciones cruzadas entre los usuarios de la red y proporcionarán incentivos para la inversión y mantenimiento o creación de la interoperabilidad de las redes de transporte.»
Reglamento (UE) 2017/460
12
El artículo 1 del Reglamento (UE) 2017/460 de la Comisión, de 16 de marzo de 2017, por el que se establece un código de red sobre la armonización de las estructuras tarifarias de transporte de gas (DO 2017, L 72, p. 29), establece un código de red que fija las normas de armonización de las estructuras tarifarias de transporte de gas, incluidas las normas sobre la aplicación de una metodología de precios de referencia, los correspondientes requisitos de publicación y de consulta y el cálculo de los precios de reserva para productos estándar de capacidad.
13
El artículo 30 de dicho Reglamento, titulado «Información que deberá publicarse antes del período tarifario», dispone en su apartado 1 lo siguiente:
«La autoridad reguladora nacional, o el gestor o los gestores de red de transporte, según decida la autoridad reguladora nacional, publicarán la siguiente información antes del período tarifario, de acuerdo con los requisitos que figuran en los artículos 31 y 32:
[…]
b) la siguiente información:
i)
la retribución reconocida u objetivo, o ambas, del gestor de red de transporte;
ii)
la información relacionada con las variaciones de la retribución a que se refiere el inciso i) de un año al siguiente;
iii)
los parámetros siguientes:
[…]
2)
coste del capital y su metodología de cálculo;
3)
inversiones en activos fijos, incluidos:
[…]
4)
los gastos de operación;
5)
los mecanismos de incentivos y los objetivos de eficiencia;
6)
los índices de inflación.
[…]»
Derecho letón
Ley de Reguladores de los Servicios Públicos
14
De conformidad con el artículo 7, apartado 2, de la likums «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» (Ley de Reguladores de los Servicios Públicos), de 19 de octubre de 2000 (Latvijas Vēstnesis, 2000, n.o 394), la autoridad reguladora letona es un organismo de Derecho público, independiente desde un punto de vista institucional y funcional, que dispone de autonomía para ejecutar su presupuesto aprobado por ley. Una de sus funciones es regular la prestación de servicios públicos en el ámbito del suministro de gas natural.
15
El artículo 9, apartado 1, punto 2, de esta Ley establece que la autoridad reguladora letona adoptará la metodología de cálculo y fijación de las tarifas o de los límites máximos de estas, así como las modalidades de aplicación de las tarifas o de los límites máximos de estas, a menos que la legislación sectorial específica establezca otros principios tarifarios.
16
El artículo 9, apartado 2, de la mencionada Ley establece:
«En el marco de sus competencias, la autoridad reguladora [letona] adoptará, de manera autónoma, decisiones y actos administrativos vinculantes para los prestadores y usuarios de servicios públicos de que se trate.»
17
A tenor del artículo 20, apartado 1, de la Ley de Reguladores de los Servicios Públicos:
«Las tarifas se fijarán a un nivel tal que su pago por los usuarios cubra los costes económicamente justificados del servicio público y garantice la rentabilidad de dicho servicio, a menos que la legislación sectorial específica establezca otros principios para la fijación de las tarifas. En caso de modificación de los elementos que afectan a las tarifas, como la rentabilidad, la autoridad reguladora podrá iniciar un procedimiento de revisión tarifaria y exigir al prestador del servicio público que presente, en un plazo determinado, un proyecto de tarifas acompañado de una justificación de los costes constitutivos de tales tarifas.»
Decisión sobre la metodología
18
La sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/23 kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika (Decisión n.o 1/23 del Consejo de la autoridad reguladora letona sobre la metodología para el cálculo de la tasa de rentabilidad del capital), de 13 de agosto de 2018 (en lo sucesivo, «Decisión sobre la metodología»), estableció las modalidades de cálculo y de aplicación de la tasa de rentabilidad del capital para la elaboración de proyectos de tarifas de los servicios regulados, incluidos los servicios de red de distribución de gas natural. En particular, esta Decisión define la fórmula de cálculo de la tasa media ponderada de rentabilidad del capital en términos reales.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
19
El Consejo de la autoridad reguladora letona adoptó, con arreglo a la Decisión sobre la metodología, la Decisión controvertida, en la que consideró que el gestor de la red de transporte de gas natural, el gestor de la red de distribución de gas natural y el gestor de la instalación de almacenamiento de gas natural aplican la tasa media ponderada de rentabilidad del capital en términos reales.
20
Tomando en consideración la tasa de rentabilidad de los fondos propios, la tasa de rentabilidad del capital tomado en préstamo —ambas calculadas de conformidad con la Decisión sobre la metodología—, el tipo del impuesto de sociedades y la media de las variaciones anuales del índice de precios al consumo registradas en los cinco años naturales anteriores, la autoridad reguladora letona determinó que, para los operadores que, según los datos del último informe anual disponible, pertenecieran a la categoría de medianas o grandes empresas, la tasa de rentabilidad del capital debía fijarse en el 2,65 %, mientras que, para los operadores que pertenecieran a la categoría de microempresas o pequeñas empresas, dicha tasa debía fijarse en el 4,37 %.
21
La Decisión controvertida precisa que la tasa de rentabilidad del 2,65 % es conforme con la situación de los mercados financieros y que es el resultado de una evaluación adecuada de los riesgos vinculados a la obtención de financiación, garantizando así al gestor de la red de transporte de gas natural, al gestor de la red de distribución de gas natural y al gestor de la instalación de almacenamiento de gas natural la posibilidad de financiar préstamos, invertir en la renovación y el desarrollo de las redes y obtener una rentabilidad razonable, garantizando al mismo tiempo a los usuarios la posibilidad de disfrutar de servicios públicos continuos, seguros y de calidad, cuyas tarifas (precios) correspondan a costes económicamente justificados.
22
Gaso, gestora de la red de distribución de gas natural en Letonia, y Conexus Baltic Grid, que gestiona la red de transporte y la instalación de almacenamiento de gas natural en dicho Estado miembro, interpusieron sendos recursos de anulación de la Decisión controvertida ante la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo, Letonia), que es el órgano jurisdiccional remitente.
23
En apoyo de sus recursos, estas sociedades alegan que la autoridad reguladora letona se extralimitó en sus competencias, incurrió en graves errores de procedimiento y de fondo en lo que concierne a la determinación de los criterios y al cálculo de la tasa de rentabilidad del capital e incumplió su obligación de motivación al fijar dicha tasa en un nivel anormalmente bajo. En particular, consideran que la Decisión controvertida infringe la Directiva 2009/73, que impone a las autoridades reguladoras nacionales competentes la obligación de promover, entre otras cosas, el desarrollo y el funcionamiento del mercado del gas natural concediendo a los inversores incentivos suficientes para realizar las inversiones necesarias en infraestructuras. A su juicio, esta Decisión infringe asimismo el Reglamento n.o 715/2009, que obliga a dichas autoridades a tener en cuenta, al fijar las tarifas, una rentabilidad adecuada de las inversiones realizadas.
24
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente observa, en primer lugar, que los artículos 40, letra f), y 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73, así como el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 715/2009, en relación con los considerandos 7 y 8 de este último, resultan pertinentes para resolver el litigio del que conoce.
25
En segundo lugar, señala que, si bien es cierto que de las disposiciones mencionadas en el apartado anterior resulta que, cuando determinan las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de gas natural, los Estados miembros deben prever una «rentabilidad adecuada de las inversiones», estas disposiciones no indican cómo debe interpretarse esta expresión, sobre la que, además, el Tribunal de Justicia aún no ha tenido la ocasión de pronunciarse. En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente indica que no dispone de orientaciones claras para evaluar la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la metodología seguida por la autoridad reguladora letona para fijar la tasa de rentabilidad del capital aplicada en el asunto del que conoce.
26
En tercer lugar, el mencionado órgano jurisdiccional señala que la Ley de Reguladores de los Servicios Públicos establece un marco normativo que no contiene ninguna disposición que se corresponda con los artículos 40 y 41 de dicha Directiva, relativos, respectivamente, a los objetivos generales de las autoridades reguladoras nacionales y a las obligaciones y las competencias de dichas autoridades. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que, con toda probabilidad, el artículo 20, apartado 1, de dicha Ley, en virtud del cual la autoridad reguladora letona adoptó la Decisión controvertida, no abarca todos los objetivos previstos en las disposiciones de dicha Directiva mencionadas en el apartado 24 de la presente sentencia, en particular, en lo que concierne al derecho de los prestadores de servicios públicos regulados a gozar de incentivos adecuados tanto a corto como a largo plazo. Por consiguiente, se plantea la cuestión de si las disposiciones de la misma Directiva han sido correctamente transpuestas al ordenamiento jurídico letón.
27
Por último, en cuarto lugar, a la luz de las disposiciones de la Directiva 2009/73 y del Reglamento n.o 715/2009, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento es aplicable para determinar la tarifa de acceso a las instalaciones de almacenamiento de gas natural, cuya gestión corresponde, en el caso de autos, a Conexus Baltic Grid. En efecto, basándose en el carácter facultativo de los procedimientos previstos en el artículo 33, apartados 3 y 4, de la Directiva 2009/73, dicho órgano jurisdiccional considera que el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento, que establece las condiciones que deben cumplir las tarifas aplicadas por los gestores de redes de transporte y aprobadas por las autoridades reguladoras de conformidad con el artículo 41, apartado 6, de la Directiva 2009/73 y las tarifas publicadas con arreglo al artículo 32, apartado 1, de dicha Directiva, se aplica únicamente a las tarifas del servicio de red de transporte de gas natural y no comprende la fijación de las tarifas relativas al acceso a las instalaciones de almacenamiento de ese gas.
28
Habida cuenta de estas consideraciones, la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Se opone el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 a una normativa nacional que no impone a la autoridad reguladora, cuando calcula tarifas o establece metodologías, la obligación de justificar la manera en que se garantiza a los gestores de las redes de transporte y distribución la concesión de un incentivo adecuado, tanto a corto como a largo plazo, para aumentar la eficiencia, fomentar la integración del mercado y la seguridad del suministro, y sostener las actividades de investigación conexas?
2)
¿Es conforme con el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 interpretar una normativa nacional en el sentido de que se garantiza la concesión de un incentivo adecuado, tanto a corto como a largo plazo, para aumentar la eficiencia, fomentar la integración del mercado y la seguridad del suministro, y sostener las actividades de investigación conexas, cuando el pago de las tarifas por los usuarios solo cubre los costes del servicio público económicamente justificados y se garantiza la rentabilidad, al menos en una cuantía mínima?
3)
¿Es conforme con los objetivos definidos en el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 una normativa nacional que, al establecer un “incentivo adecuado, tanto a corto como a largo plazo” e incentivos “para el fomento de la integración del mercado, la seguridad del suministro y las actividades de investigación” no prevé que se tengan en cuenta los principios aceptados en el ámbito financiero para la determinación de la tasa media ponderada de rentabilidad del capital, que toman en consideración empresas comparables que operan en el mercado libre?
4)
Al interpretar los conceptos de “rentabilidad adecuada de las inversiones”, en el sentido del artículo 13 del Reglamento [n.o 715/2009], y de “incentivos para la inversión”, a efectos del artículo 41 de la Directiva 2009/73, ¿debe la autoridad reguladora guiarse por el concepto de tasa media de rentabilidad del capital [coste medio ponderado del capital (CMPC)] aceptado en el ámbito financiero y por la metodología empleada para su determinación?
5)
En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿puede legítimamente la autoridad reguladora apartarse de la metodología empleada en el ámbito financiero para determinar la tasa media de rentabilidad del capital y ajustar dicha tasa como considere oportuno?
6)
En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿puede legítimamente la autoridad reguladora ajustar la tasa media de rentabilidad del capital de modo que su cálculo tenga en cuenta una prima por tamaño basada en los costes de endeudamiento de las otras empresas en la economía del Estado miembro?
7)
En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, ¿puede legítimamente la autoridad reguladora ajustar la tasa media de rentabilidad del capital de modo que no tenga que compensar al gestor de redes de transporte o de almacenamiento de gas natural por el aumento de la inflación durante el período tarifario anterior?
8)
En caso de respuesta afirmativa a la quinta pregunta, y en el supuesto de que el gestor de la red no esté de acuerdo con la cuantía de la tasa media de rentabilidad del capital propuesta por la autoridad reguladora o con los elementos en los que se basa, ¿debería la autoridad reguladora, a la hora de determinar la tasa media de rentabilidad del CMPC, recurrir a un tercero independiente para la evaluación de la cuantía adecuada de la tasa?
9)
¿Es contrario a los objetivos definidos en el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 un procedimiento de fijación de tarifas en el que la tasa media de rentabilidad del capital es determinada por la autoridad reguladora y en el que el gestor de la red de transporte o de almacenamiento de gas natural no tiene derecho a ajustar dicho cálculo en función de los indicadores individuales de la empresa del gestor de la red?
10)
¿Debe interpretarse el artículo 1, [párrafo primero,] letra b), del Reglamento [n.o 715/2009], en relación con el párrafo segundo de ese mismo artículo, en el sentido de que los considerandos 7 y 8 y el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento son aplicables a las instalaciones de almacenamiento de gas natural y a las tarifas fijadas por la autoridad reguladora si el acceso a las instalaciones de almacenamiento de gas natural licuado está regulado?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Admisibilidad
29
La autoridad reguladora letona sostiene que las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente son inadmisibles.
30
En primer lugar, dicha autoridad alega que la primera cuestión prejudicial es hipotética y no se refiere a la interpretación del Derecho de la Unión, sino del Derecho nacional. A su parecer, esta cuestión se basa en la premisa errónea de que dicha autoridad está exenta de la obligación de motivar tanto la metodología de cálculo de la tasa de rentabilidad del capital como las propias tasas de rentabilidad. Pues bien, según dicha autoridad, de la normativa nacional, en particular del artículo 67, apartado 2, de la Administratīvā procesa likums (Ley de Procedimiento Administrativo), se desprende que la referida autoridad está obligada a motivar sus decisiones y, en el caso de autos, esta tuvo en cuenta las disposiciones de Derecho aplicables, en particular el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y el Reglamento n.o 715/2009.
31
En segundo lugar, la autoridad reguladora letona considera que las cuestiones prejudiciales segunda a sexta están formuladas en términos demasiado generales y no se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, sino a su aplicación. Añade que, debido a su generalidad, los conceptos o las expresiones empleadas en dichas cuestiones no permiten al Tribunal de Justicia dar una respuesta precisa a estas. Por último, afirma que tanto el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 como el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 715/2009 solo imponen a las autoridades reguladoras nacionales el objetivo que debe alcanzarse, dejándoles la libertad para elegir los medios o métodos para lograrlo. Pues bien, a su parecer, la elección de esos medios o métodos, sobre la que alberga dudas el órgano jurisdiccional remitente, no es una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión que incumba al Tribunal de Justicia, sino de la aplicación de este, que es competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales.
32
En tercer lugar, la autoridad reguladora letona alega que las cuestiones prejudiciales segunda, octava y novena no versan sobre la interpretación del Derecho de la Unión, sino sobre la del Derecho nacional. En particular, por lo que respecta a la segunda cuestión prejudicial, afirma que el concepto de «rentabilidad» no se emplea en el Derecho de la Unión pertinente, sino en el artículo 20, apartado 1, de la Ley de Reguladores de los Servicios Públicos.
33
En cuarto lugar, la autoridad reguladora letona sostiene que las cuestiones prejudiciales cuarta a octava no tienen relación alguna con la situación de hecho y de Derecho del litigio principal y no responden a una necesidad objetiva para resolver dicho litigio en la medida en que el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 715/2009 no se aplica ni a las instalaciones de almacenamiento de gas natural de las que Conexus Baltic Grid es, en el caso de autos, gestora ni a la red de distribución de gas natural cuya gestión se confía, en Letonia, a Gaso.
34
A este respecto, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, dentro del marco de la cooperación entre este y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. De ello se desprende que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia y que, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. Así, el Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 25 de febrero de 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku y Adoreikė, C‑146/23 y C‑374/23, EU:C:2025:109, apartado 37 y jurisprudencia citada).
35
Además, como la resolución de remisión sirve de fundamento al procedimiento de remisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE, es indispensable que el órgano jurisdiccional nacional haga explícito, en esa resolución, el marco fáctico y normativo en el que se inscribe el litigio principal y facilite unas explicaciones mínimas sobre los motivos de la elección de las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita y sobre la relación que establece entre esas disposiciones y la normativa nacional aplicable al litigio del que conoce. Esas exigencias acumulativas relativas al contenido de una petición de decisión prejudicial figuran de manera explícita en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (sentencia de 12 de diciembre de 2019, Slovenské elektrárne, C‑376/18, EU:C:2019:1068, apartado 25 y jurisprudencia citada).
36
En el presente asunto procede señalar, antes de nada, que de la petición de decisión prejudicial se desprende que las disposiciones de la Directiva 2009/73 y del Reglamento n.o 715/2009 guardan una relación evidente con el litigio principal, que versa sobre la determinación de una tasa de rentabilidad del capital, impuesta por una autoridad reguladora del mercado del gas natural a, entre otros, los gestores de redes de gas natural de un Estado miembro, que puede afectar a las tarifas aplicadas por estos.
37
A continuación, en cuanto al requisito mencionado en el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento, relativo, por una parte, a las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación de la Directiva 2009/73 y del Reglamento n.o 715/2009 y, por otra parte, a la relación que a su juicio existe entre esos dos actos del Derecho de la Unión y la normativa nacional aplicable en el litigio principal, procede señalar que dicho órgano jurisdiccional expone sus propias apreciaciones acerca de las dudas que alberga en cuanto a la interpretación de dichos actos, en particular, del artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.o 715/2009, así como sobre la relación que establece entre estas disposiciones y la normativa nacional, en particular en lo que concierne a las exigencias que la autoridad reguladora letona debe tener en cuenta a la hora de fijar las tarifas de transporte y distribución de gas natural.
38
Por último, por lo que respecta a las cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los dos actos del Derecho de la Unión mencionados en el anterior apartado y a su pertinencia en lo que concierne al acceso a las instalaciones de gas natural gestionadas por Conexus Baltic Grid, basta recordar que, cuando no resulta evidente que la interpretación de una disposición de la Unión no guarda ninguna relación con la realidad o el objeto del litigio principal, la objeción basada en que dicha disposición no es aplicable al asunto principal no afecta a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, sino que se refiere al fondo de las cuestiones prejudiciales planteadas (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2019, Slovenské elektrárne, C‑376/18, EU:C:2019:1068, apartado 29 y jurisprudencia citada).
39
De lo anterior resulta que la petición de decisión prejudicial es admisible.
Sobre el fondo
Observaciones preliminares
40
Mediante sus diez cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, sobre tres aspectos jurídicos relativos, el primero, al ámbito de aplicación de los principios tarifarios establecidos en el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y en el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009 (cuestiones prejudiciales séptima, novena y décima); el segundo, a la transposición en el ordenamiento jurídico nacional del concepto de «incentivo adecuado», en el sentido del artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73, y a la obligación de motivación que incumbe a la autoridad reguladora nacional (cuestiones prejudiciales primera y segunda), y, el tercero, a la manera en que dicha autoridad, cuando calcula y establece las tarifas, debe garantizar a los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural tal incentivo adecuado o una «rentabilidad adecuada de las inversiones», en el sentido del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009 (cuestiones prejudiciales tercera a novena).
41
Procede examinar estos tres aspectos en el orden mencionado.
Cuestiones prejudiciales séptima, novena y décima, relativas al ámbito de aplicación de los principios tarifarios establecidos en el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y en el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009
42
Mediante sus cuestiones prejudiciales séptima, novena y décima, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009 deben interpretarse en el sentido de que los principios tarifarios establecidos en dichas disposiciones se aplican no solo a los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural, sino también a las instalaciones de almacenamiento de ese gas.
43
Esta cuestión tiene su origen en la Decisión controvertida por la que la autoridad reguladora letona fijó una tasa de rentabilidad del capital idéntica para Gaso, en su condición de gestora de la red de distribución de gas natural en Letonia, y para Conexus Baltic Grid, en su condición de gestora de la red de transporte y de las instalaciones de almacenamiento de gas natural en ese país. A este respecto, debe precisarse que, dado que la décima cuestión prejudicial es la única que también menciona, in fine, a las instalaciones de almacenamiento de gas natural licuado, sin que la petición de decisión prejudicial exponga los motivos por los que dicha cuestión se refiere a estas últimas instalaciones, procede circunscribir la respuesta que el Tribunal de Justicia dé a las cuestiones prejudiciales séptima, novena y décima a la cuestión de si las reglas tarifarias establecidas en el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y en el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009 se aplican a las instalaciones de almacenamiento de gas natural.
44
Hechas estas precisiones, es preciso recordar que la Directiva 2009/73 persigue la consecución del objetivo de un mercado interior del gas natural total y efectivamente abierto y competitivo, estableciendo, como se desprende de su artículo 1, apartado 1, normas comunes en materia de transporte, distribución, suministro y almacenamiento de gas natural (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2019, GRDF, C‑236/18, EU:C:2019:1120, apartado 34 y jurisprudencia citada).
45
A este respecto, los apartados 4, 6, 9 y 10 del artículo 2 de esta Directiva definen y distinguen, respectivamente, al «gestor de la red de transporte», el «gestor de la red de distribución», la «instalación de almacenamiento» y el «gestor de almacenamientos» de gas natural.
46
Por otra parte, como subrayan sus considerandos 23, 25 y 32, dicha Directiva pretende garantizar un acceso no discriminatorio a las redes de transporte y distribución de gas natural confiando a las autoridades reguladoras nacionales, de conformidad con el artículo 41, apartado 1, letra a), de la misma Directiva, en particular, la misión de «establecer o aprobar, de conformidad con criterios transparentes, las tarifas de transporte o distribución, o sus metodologías».
47
El artículo 41, apartado 6, letra a), de la Directiva 2009/73 precisa que las autoridades reguladoras nacionales se encargarán de establecer o aprobar, al menos, las metodologías utilizadas para calcular o establecer las condiciones de acceso a las redes nacionales, incluyendo las tarifas de transporte y distribución.
48
Además, a tenor del artículo 41, apartado 8, de dicha Directiva, «al establecer o aprobar las tarifas o metodologías […], las autoridades reguladoras garantizarán que se conceda a los gestores de red de transporte y distribución un incentivo adecuado […] para aumentar la eficiencia, fomentar la integración del mercado y la seguridad del suministro, y sostener las actividades de investigación conexas».
49
De ello se sigue que las normas relativas a la tarificación previstas, en particular, en el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 se aplican únicamente a los gestores de las «redes» de transporte y distribución de gas natural, en el sentido del artículo 2, apartados 4 y 6, de dicha Directiva, y no a las «instalaciones de almacenamiento» de gas natural ni a sus gestores, en el sentido del artículo 2, apartados 9 y 10, de dicha Directiva.
50
Esta exclusión de las instalaciones de almacenamiento de gas natural se encuentra también en las disposiciones del Reglamento n.o 715/2009, que, según su título, establece las «condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural».
51
En efecto, por una parte, en virtud del artículo 1, párrafo segundo, de dicho Reglamento, la fijación de principios armonizados para las tarifas o de sus métodos de cálculo solo está comprendida entre los objetivos perseguidos por dicho Reglamento para el acceso a la red pero no para el acceso a las instalaciones de almacenamiento. Por otra parte, del tenor del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del mismo Reglamento resulta que solo los gestores de redes de transporte de gas natural están sujetos a las medidas tarifarias y a las obligaciones, en particular de transparencia y de no discriminación tarifarias, establecidas en dicha disposición.
52
La diferencia de principio en la normativa tarifaria entre las normas que se aplican a las «redes» y las que se aplican a las instalaciones de almacenamiento de gas natural se explica, como ha señalado acertadamente la Comisión Europea, por la circunstancia de que esas instalaciones, a diferencia de las «redes», no se consideran por regla general monopolios naturales y pueden, por tanto, competir con otras instalaciones. Esta es la razón por la que, como prevén sus considerandos 23 y 24, la Directiva 2009/73 establece un régimen específico para las instalaciones de almacenamiento de gas natural, que incluye el artículo 33 de esta, el cual establece normas específicas de acceso a dichas instalaciones, ya sea en un marco negociado, de conformidad con el apartado 3 de dicho artículo, ya sea en un marco regulado, de conformidad con su apartado 4, pero sujeto a determinadas condiciones.
53
No obstante, como señaló el Abogado General en el punto 45 de sus conclusiones, ni esta Directiva ni el Reglamento n.o 715/2009 prohíben a las autoridades reguladoras nacionales extender los principios tarifarios establecidos, respectivamente, en el artículo 41, apartado 8, de dicha Directiva y en el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, de ese Reglamento, que regulan las «redes» de gas natural, al acceso a las mencionadas instalaciones.
54
En efecto, como ha observado sustancialmente la Comisión, no cabe excluir que existan razones objetivas, como características técnicas específicas o la importancia de las instalaciones de almacenamiento para la seguridad del suministro energético en el territorio de uno o varios Estados miembros, que puedan justificar que una autoridad reguladora nacional extienda los principios tarifarios que aplica a las redes de transporte y distribución de gas natural al acceso a las instalaciones de almacenamiento.
55
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales séptima, novena y décima que el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009 deben interpretarse en el sentido de que los principios tarifarios establecidos en estas disposiciones no se aplican a las instalaciones de almacenamiento de gas natural de un Estado miembro, sin perjuicio de la posibilidad de que las autoridades reguladoras nacionales amplíen esos principios tarifarios al acceso a dichas instalaciones por razones objetivamente justificadas.
Cuestiones prejudiciales primera y segunda, relativas a la transposición en el ordenamiento jurídico nacional del concepto de «incentivo adecuado», en el sentido del artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73, y a la obligación de motivación que incumbe a la autoridad reguladora nacional
56
Mediante sus dos primeras cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 41, apartados 8 y 16, de la Directiva 2009/73 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional según la cual se garantiza la concesión de un «incentivo adecuado», en el sentido de dicho artículo 41, apartado 8, por el mero hecho de que las tarifas pagadas por los usuarios cubran los costes del servicio público económicamente justificados y garanticen una rentabilidad, incluso mínima, sin que se imponga a la autoridad reguladora nacional la obligación de motivar de qué modo prevé que los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural obtengan un «incentivo adecuado».
57
Con carácter preliminar, procede señalar que estas cuestiones tienen su origen en las dudas, de carácter general, que el órgano jurisdiccional remitente alberga en cuanto a la correcta transposición, en el ordenamiento jurídico letón, del artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73. Dicho órgano jurisdiccional considera, en efecto, que los objetivos previstos en esta disposición, en el marco de la fijación de las tarifas, son más amplios que los previstos por el Derecho letón, en particular, en el artículo 20, apartado 1, de la Ley de Reguladores de los Servicios Públicos, según el cual la autoridad reguladora letona debe velar por que las tarifas se fijen de tal manera que cubran los costes económicamente justificados del servicio público y garanticen cierta rentabilidad.
58
Por lo que respecta a las disposiciones de la Directiva 2009/73 relativas a las obligaciones de las autoridades reguladoras nacionales en materia de tarifas de los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural, del artículo 41, apartado 6, letra a), de dicha Directiva se desprende que las mencionadas autoridades han de fijar o aprobar las metodologías utilizadas para calcular o establecer las condiciones para el acceso a las redes nacionales de gas natural, incluyendo las tarifas de transporte y distribución de dicho gas. Esta disposición precisa que esas tarifas deben permitir realizar las inversiones necesarias de forma que quede garantizada la viabilidad de las redes.
59
Además, es preciso recordar que, en virtud del artículo 41, apartado 8, de dicha Directiva, al establecer o aprobar las tarifas o metodologías, las autoridades reguladoras nacionales deben prever «que se conceda a los gestores de red de transporte y distribución un incentivo adecuado, tanto a corto como a largo plazo, para aumentar la eficiencia, fomentar la integración del mercado y la seguridad del suministro, y sostener las actividades de investigación conexas».
60
Además, a tenor del artículo 41, apartado 16, de la misma Directiva, las autoridades reguladoras nacionales deben motivar plenamente sus decisiones para permitir el control jurisdiccional.
61
Así pues, el artículo 41, apartados 6, letra a), 8 y 16, de la Directiva 2009/73, interpretado a la luz del considerando 32 de esta, obliga a las autoridades reguladoras nacionales, bien en la fecha de adopción de la metodología de cálculo de las tarifas de transporte y distribución de gas natural, bien en el momento de establecer concretamente dichas tarifas, a prever, además de la cobertura de los costes reales soportados por los gestores de las redes de transporte y distribución para garantizar el acceso a estas, por una parte, la cobertura de las inversiones necesarias para que quede garantizada la viabilidad de esas redes y, por otra parte, un «incentivo adecuado», tanto a corto como a largo plazo, que permita a esos gestores garantizar la consecución de los objetivos enumerados en el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y el apoyo a las actividades mencionadas en dicha disposición, obligando a dichas autoridades a motivar plenamente sus decisiones con el fin de garantizar el ejercicio de un control jurisdiccional.
62
Por lo que respecta a la transposición en el ordenamiento jurídico letón del artículo 41, apartado 8, de esta Directiva, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que la Ley de Reguladores de los Servicios Públicos reproduzca expresamente la obligación de la autoridad reguladora letona de prever, bien en la fecha de adopción de la metodología de cálculo de las tarifas de transporte y distribución de gas natural, bien en el momento de establecer concretamente de esas tarifas, el «incentivo adecuado» a que se refiere dicho artículo 41, apartado 8. En particular, como se ha subrayado en el apartado 58 de la presente sentencia, el artículo 20, apartado 1, de la Ley de Reguladores de los Servicios Públicos, que es la única disposición pertinente de dicha Ley mencionada por el órgano jurisdiccional remitente, se limita a exigir a la autoridad reguladora letona que vele por que las tarifas pagadas por los usuarios cubran los costes económicamente justificados del servicio público y garanticen una rentabilidad.
63
A este respecto, el concepto de «rentabilidad», que figura en dicha Ley, parece remitir a la idea de que los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural puedan obtener un margen de beneficio razonable, sin precisar, no obstante, a qué fines debería afectarse ese margen, al menos parcialmente. Por lo tanto, este concepto parece tener un alcance más general y estar menos orientado hacia la consecución de objetivos y la realización de actividades relacionados con el funcionamiento del mercado del gas natural que el concepto de «incentivo adecuado», a que se refiere el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73.
64
Dicho esto, procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al aplicar el Derecho interno los tribunales nacionales están obligados a interpretarlo en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de la directiva de que se trate, para alcanzar el resultado que esta persigue y a atenerse así a lo dispuesto en el artículo 288 TFUE, párrafo tercero. Esta obligación de interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión es inherente al régimen del Tratado FUE, en la medida en que permite a los tribunales nacionales garantizar, en el marco de sus competencias, la plena eficacia del Derecho de la Unión cuando resuelven los litigios de que conocen (sentencias de 5 de marzo de 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, apartado 41, y de 26 de junio de 2025, Makeleio y Zougla, C‑555/23 y C‑556/23, EU:C:2025:484, apartado 85).
65
Además, el principio de interpretación conforme exige que los tribunales nacionales, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, hagan todo lo que sea de su competencia a fin de garantizar la plena eficacia de la directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta (sentencias de 5 de marzo de 2020, OPR-Finance, C‑679/18, EU:C:2020:167, apartado 42, y de 26 de junio de 2025, Makeleio y Zougla, C‑555/23 y C‑556/23, EU:C:2025:484, apartado 86).
66
En consecuencia, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si su Derecho interno, en particular el artículo 20, apartado 1, de la Ley de Reguladores de los Servicios Públicos, puede interpretarse, en la medida de lo posible, de manera conforme con el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73, de modo que la rentabilidad que debe garantizarse a los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural implique también que obtengan, de este modo, un «incentivo adecuado», según lo dispuesto en dicho artículo 41, apartado 8. En efecto, la garantía de una determinada tasa de rentabilidad puede constituir un incentivo adecuado para motivar a los gestores de las redes de que se trate a perseguir los objetivos y a sostener las actividades enumeradas en el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73.
67
En caso de que el órgano jurisdiccional remitente considere, sin embargo, que tal interpretación conforme resulta imposible, procedería comprobar si la obligación establecida en el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 es suficientemente precisa e incondicional para poder considerar que tiene efecto directo y para poder ser invocada por los justiciables, como los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural, contra la decisión de una autoridad pública como la autoridad reguladora letona, con el fin de permitir a dicho órgano jurisdiccional excluir la aplicación del artículo 20, apartado 1, de la Ley de Reguladores de los Servicios Públicos.
68
A este respecto, de jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se desprende que, en todos aquellos casos en que las disposiciones de una directiva, desde el punto de vista de su contenido, no estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente precisas, los particulares están legitimados para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando este no haya transpuesto la directiva al Derecho nacional dentro de los plazos señalados, bien cuando haya hecho una transposición incorrecta [sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 17 y jurisprudencia citada].
69
El Tribunal de Justicia ha precisado que una disposición del Derecho de la Unión es, por un lado, incondicional cuando establece una obligación que no está sujeta a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución o en sus efectos, a que se adopte ningún acto de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros y, por otro lado, suficientemente precisa para ser invocada por un justiciable y aplicada por el juez cuando establece una obligación en términos inequívocos. Además, aun cuando una disposición de una directiva deje a los Estados miembros un cierto margen de apreciación a la hora de adoptar las normas de aplicación, puede considerarse que tal disposición tiene carácter preciso e incondicional cuando pone a cargo de los Estados miembros, en términos inequívocos, una obligación de resultado precisa y que no está sometida a condición alguna en cuanto a la aplicación de la regla que recoge [sentencias de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartados 18 y 19, y de 25 de enero de 2024, Global NRG, C‑277/22, EU:C:2024:78, apartado 28].
70
En el caso de autos, tal y como se ha señalado en el apartado 60 de la presente sentencia, del artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 se desprende que, en el marco de la misión de establecer o aprobar las tarifas aplicables a las redes de transporte y distribución de gas natural que los Estados miembros han de confiar a las autoridades reguladoras nacionales, estas deben garantizar, al establecer o aprobar dichas tarifas, que se conceda a los gestores de las redes de transporte y distribución un incentivo adecuado, tanto a corto como a largo plazo, para aumentar la eficiencia, fomentar la integración del mercado y la seguridad del suministro, y sostener las actividades de investigación conexas.
71
Aunque el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 deja cierto margen de apreciación a las autoridades reguladoras nacionales en la aplicación de esta disposición, no es menos cierto que, al imponerles la adopción de tal incentivo adecuado para incentivar a los gestores de esas redes a perseguir los objetivos y a sostener las actividades que enumera de manera detallada y exhaustiva, dicho artículo 41, apartado 8, impone a cada Estado miembro, en términos inequívocos, una obligación suficientemente precisa que no va acompañada de condición alguna (véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2015, T‑Mobile Czech Republic y Vodafone Czech Republic, C‑508/14, EU:C:2015:657, apartado 53).
72
Así pues, el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 impone, de manera incondicional y suficientemente precisa, la obligación de garantizar a los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural que, al establecer o aprobar las tarifas de transporte y distribución, las autoridades reguladoras nacionales establecerán el incentivo adecuado a que se refiere dicha disposición.
73
Por consiguiente, debe reconocerse efecto directo al artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73, de modo que el órgano jurisdiccional remitente deberá abstenerse de aplicar el Derecho nacional contrario a dicha disposición en caso de que ese Derecho no pueda interpretarse de manera conforme con ella.
74
En cuanto al concepto de «incentivo adecuado», aparte del contexto en el que cada autoridad reguladora nacional debe prever la concesión de este, a saber, al establecer o aprobar las metodologías de determinación de las tarifas de transporte y distribución de gas natural o al establecer dichas tarifas, y de los fines y actividades que dicho incentivo debe garantizar, la Directiva 2009/73 no define este concepto ni precisa el modo en el que las autoridades reguladoras nacionales han de establecerlo. Por lo tanto, esta Directiva concede a dichas autoridades un margen de apreciación en cuanto a la forma que debe adoptar ese incentivo, pero también en cuanto a la evaluación y a la determinación de su adecuación, respetando, en particular, los objetivos enunciados en el artículo 40 de dicha Directiva, que se imponen a toda autoridad reguladora nacional, y la obligación de motivación, establecida en el artículo 41, apartado 16, de esta misma Directiva, en función de las características particulares del mercado nacional del gas natural.
75
En este contexto, como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 53 de sus conclusiones, de la Directiva 2009/73 no se desprende que el incentivo adecuado a favor de los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural, para que estos persigan los objetivos y sostengan las actividades a que se refiere el artículo 41, apartado 8, de dicha Directiva, deba evaluarse y determinarse únicamente sobre la base de una tasa de rentabilidad del capital, como la tasa media ponderada de rentabilidad del capital establecida en la Decisión controvertida de conformidad con la Decisión sobre la metodología.
76
Así pues, y a la vista de los elementos de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, dado que consta que tal tasa de rentabilidad del capital no es más que uno de los elementos que se tienen en cuenta al fijar el nivel de las tarifas, el hecho de que no parezca que la Decisión controvertida contenga una motivación específica sobre la manera en que dicha tasa debe supuestamente incitar a los gestores de las redes de que se trata a perseguir los objetivos y a sostener las actividades enumeradas en el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 no significa que la autoridad reguladora letona, como esta afirmó ante el Tribunal de Justicia, no se hubiera asegurado, más allá de lo que le exige el artículo 20, apartado 1, de la Ley de Reguladores de los Servicios Públicos, de tener en cuenta un incentivo adecuado, como aquel al que se refiere dicha disposición, en el marco, más general, del método o de la fijación de las tarifas de transporte y distribución de gas natural en Letonia.
77
No obstante, del artículo 41, apartados 8 y 16, de la Directiva 2009/73 se desprende que, ya sea en el marco de la metodología de cálculo de las tarifas de transporte y distribución de gas natural, ya sea, a más tardar, al establecer o aprobar dichas tarifas, la autoridad reguladora nacional está obligada a exponer, de manera clara, inequívoca y suficientemente precisa, el modo mediante el que considera que dichas tarifas garantizarán que los gestores de esas redes se verán incentivados, tanto a corto como a largo plazo, a perseguir los objetivos y sostener las actividades enumeradas en el artículo 41, apartado 8, de dicha Directiva, a fin de permitir a los interesados conocer las razones de su decisión y garantizar un control judicial efectivo.
78
Por lo tanto, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la autoridad reguladora letona cumplió la obligación de motivación mencionada en el apartado anterior, incluso, en su caso, fuera del marco estricto de la Decisión controvertida.
79
Habida cuenta de los fundamentos expuestos en los anteriores apartados, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 41, apartados 8 y 16, de la Directiva 2009/73 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional según la cual se garantiza un «incentivo adecuado», en el sentido de dicho artículo 41, apartado 8, por el mero hecho de que las tarifas pagadas por los usuarios cubran los costes del servicio público económicamente justificados y garanticen una rentabilidad, incluso mínima, sin que se imponga a la autoridad reguladora nacional la obligación de motivar de qué modo prevé que los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural obtengan un «incentivo adecuado», a menos que tal normativa nacional pueda interpretarse de manera conforme con dicho artículo 41, apartados 8 y 16.
Cuestiones prejudiciales tercera a novena, relativas al modo en que la autoridad reguladora nacional debe garantizar que se conceda a los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural un incentivo adecuado o que estos obtengan una rentabilidad adecuada de las inversiones
80
Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera a novena, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009 deben interpretarse en el sentido de que la obligación que estas disposiciones imponen a una autoridad reguladora nacional de establecer, respectivamente, un «incentivo adecuado» y una «rentabilidad adecuada de las inversiones», a efectos de la determinación de las tarifas o metodologías de cálculo aplicadas a los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural, exige que se utilicen metodologías específicas de cálculo, como la del CMPC aplicada en el sector financiero, que se compare el coste del capital con el coste de las sociedades no reguladas, que se realicen ajustes para tener en cuenta, en particular, la inflación o el impuesto sobre sociedades, que se excluya la consideración de los resultados individuales del gestor de la red de que se trate y, en caso de impugnación por parte de las entidades interesadas, que se recurra a la intervención de un tercero.
81
En otras palabras, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el margen de apreciación de que disponen las autoridades reguladoras nacionales en cuanto a la elección de las metodologías aplicables al cálculo de la tasa de rendimiento del capital y en cuanto a los parámetros que figuran en ese cálculo al establecer las tarifas de transporte y distribución de gas natural está delimitado, o incluso limitado, y, en su caso, en qué condiciones, por la necesidad de que dichas autoridades garanticen un «incentivo adecuado», en el sentido del artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73, o «una rentabilidad adecuada de las inversiones», en el sentido del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009, en beneficio de los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural.
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A este respecto, es preciso recordar, por una parte, que, si bien el artículo 41, apartados 8 y 16, de la Directiva 2009/73 encomienda a las autoridades reguladoras nacionales la tarea de establecer o de aprobar, de forma motivada, las tarifas de transporte y distribución de gas natural respetando los objetivos de transparencia y de no discriminación, no precisa con arreglo a qué metodología se establecen dichas tarifas. A fortiori, la Directiva 2009/73 no da ninguna indicación, a efectos del establecimiento de dichas tarifas, sobre la metodología ni sobre las modalidades de cálculo de la tasa de rentabilidad del capital.
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Lo mismo sucede, por otra parte, con el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009, que se limita a establecer que las tarifas, o los métodos para calcularlas, aplicadas por el gestor de la red de transporte y aprobadas por las autoridades reguladoras de conformidad con el artículo 41, apartado 6, de la Directiva 2009/73, serán transparentes, reflejarán los costes reales en que se haya incurrido, incluyendo una rentabilidad adecuada de las inversiones, y se aplicarán de forma no discriminatoria.
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Es cierto que el Reglamento 2017/460, adoptado por la Comisión sobre la base del Reglamento n.o 715/2009 y mencionado por esta en sus observaciones escritas, establece, en su artículo 30, apartado 1, y con el fin de aumentar la transparencia de la estructura tarifaria del gestor de transporte de gas natural, una serie de informaciones que deben publicarse antes de cada período tarifario, entre las que figuran, en particular, «el coste del capital y su metodología de cálculo», «los mecanismos de incentivos y los objetivos de eficiencia» y «los índices de inflación».
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Sin embargo, el Reglamento 2017/460 no explicita el contenido de estos conceptos ni, en particular, con arreglo a qué metodologías o modalidades deben o pueden calcularse el coste del capital o esos mecanismos de incentivos.
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De ello se deduce que, para tener en cuenta tales factores económicos y técnicos complejos, las autoridades reguladoras nacionales deben disponer, también en función de las condiciones particulares aplicables en el mercado nacional del gas natural y de los operadores afectados, de un amplio margen de apreciación a la hora de establecer las tarifas de transporte o de distribución de gas natural, en particular, en su caso, para la fijación de una tasa de rentabilidad del capital de esos operadores. A este respecto, dichas autoridades no pueden verse obligadas, en lo que concierne a la necesidad de prever un «incentivo adecuado», en el sentido del artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73, y, por lo que respecta a las tarifas de transporte de gas natural, «una rentabilidad adecuada de las inversiones», en el sentido del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009, a adoptar una metodología particular, como la basada en el CMPC, o a comparar el coste del capital con el de sociedades o entidades no reguladas. En este contexto, dichas autoridades deben estar facultadas para ajustar el método de determinación de esas tarifas y sus cálculos en función de diferentes parámetros, sin que exista, además, una obligación de proceder a esos cálculos teniendo en cuenta la inflación o el impuesto de sociedades.
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En cambio, y en la medida en que la consideración de la tasa de rentabilidad del capital corresponde a un «incentivado adecuado», en el sentido del artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73, no puede prosperar la alegación de la autoridad reguladora letona según la cual una normativa nacional que prohíba a una autoridad reguladora nacional ajustar el cálculo de la tasa de rentabilidad del capital en función de los resultados individuales de cada gestor es compatible con las finalidades del artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73.
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En efecto, además de que tal interpretación sería contraria al amplio margen de apreciación de que deben disponer las autoridades reguladoras nacionales al examinar factores económicos y técnicos complejos, procede señalar que el «incentivo adecuado» a que se refiere dicho artículo 41, apartado 8, debe permitir, en particular, mejorar los resultados de los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural y requiere, por tanto, que pueda adaptarse o ajustarse en función de los resultados anteriores de esos gestores. Tal ajuste no es, a priori, contrario al principio de no discriminación, ya que puede estar justificado por consideraciones objetivas o por la falta de comparabilidad de las situaciones de los diferentes gestores de redes, debido precisamente, a diferencias, objetivamente documentadas, en sus resultados anteriores.
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Es preciso añadir, habida cuenta de las preguntas del órgano jurisdiccional remitente, que la apreciación de los diferentes parámetros de cálculo de las tarifas efectuada por las autoridades reguladoras nacionales, en virtud del artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009, no puede, en caso de impugnación por las entidades a las que se aplican dichas tarifas, supeditarse a la intervención de un tercero, como un despacho de peritos, cuyo informe se haya elaborado exclusivamente a petición de una de esas entidades.
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A este respecto, basta recordar que el artículo 39, apartado 4, de la Directiva 2009/73, en relación con el considerando 30 de esta, establece que estas autoridades deben ejercer su competencia con independencia de toda entidad pública o privada y garantizar que adoptarán sus decisiones de manera autónoma, basándose únicamente en el interés público, sin estar sometidas a instrucciones externas de otros organismos públicos o privados [véase, por analogía, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, Comisión/Alemania (Transposición de las Directivas 2009/72 y 2009/73), C‑718/18, EU:C:2021:662, apartado 109 y jurisprudencia citada]. No obstante, como indicó el Abogado General en el punto 70 de sus conclusiones, el respeto de la independencia de la autoridad reguladora nacional en el ejercicio de sus competencias se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que disponen, en su caso, los gestores de redes de que se trate de aportar informes periciales de terceros en apoyo de sus solicitudes presentadas en apoyo de las pretensiones formuladas ante dicha autoridad o, en caso de recurso judicial, ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes, en la medida en que el Derecho nacional lo permita, respetando, en particular, el principio de contradicción. Por otra parte, en esa misma medida, la autoridad reguladora nacional o, en caso de recurso judicial, el órgano jurisdiccional nacional competente pueden nombrar a uno o varios peritos independientes para que estos les asistan en sus funciones.
91
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009 deben interpretarse en el sentido de que la obligación impuesta por estas disposiciones a las autoridades reguladoras nacionales de establecer, respectivamente, un «incentivo adecuado» y una «rentabilidad adecuada de las inversiones», a efectos de la determinación de las tarifas o metodologías de cálculo aplicadas a los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural, no exige que se utilicen únicamente metodologías específicas de cálculo, como la del CMPC aplicada en el sector financiero, que se compare el coste del capital con el de las sociedades no reguladas ni que se realicen ajustes para tener en cuenta, en particular, la inflación o el impuesto de sociedades.
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En cambio, el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 debe interpretarse en el sentido de que, al determinar un «incentivo adecuado», en el sentido de dicha disposición, la autoridad reguladora nacional debe tener en cuenta los resultados individuales anteriores de los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural de que se trate.
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Además, el artículo 39, apartado 4, de la Directiva 2009/73 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la apreciación de los parámetros de cálculo de las tarifas de los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural de que se trate, efectuada por la autoridad reguladora nacional en virtud del artículo 41, apartado 8, de dicha Directiva y en virtud del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009, esté, en caso de impugnación por esos gestores, supeditada a la intervención de un tercero cuyo informe se haya elaborado exclusivamente a instancia de uno de dichos gestores.
Costas
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Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1)
El artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, y el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1775/2005,
deben interpretarse en el sentido de que
los principios tarifarios establecidos en estas disposiciones no se aplican a las instalaciones de almacenamiento de gas natural de un Estado miembro, sin perjuicio de la posibilidad de que las autoridades reguladoras nacionales amplíen esos principios tarifarios al acceso a dichas instalaciones por razones objetivamente justificadas.
2)
El artículo 41, apartados 8 y 16, de la Directiva 2009/73
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa nacional según la cual se garantiza un «incentivo adecuado», en el sentido de dicho artículo 41, apartado 8, por el mero hecho de que las tarifas pagadas por los usuarios cubran los costes del servicio público económicamente justificados y garanticen una rentabilidad, incluso mínima, sin que se imponga a la autoridad reguladora nacional la obligación de motivar de qué modo prevé que los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural obtengan un «incentivo adecuado», a menos que tal normativa nacional pueda interpretarse de manera conforme con dicho artículo 41, apartados 8 y 16.
3)
El artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73 y el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009
deben interpretarse en el sentido de que
la obligación impuesta por estas disposiciones a las autoridades reguladoras nacionales de establecer, respectivamente, un «incentivo adecuado» y una «rentabilidad adecuada de las inversiones», a efectos de la determinación de las tarifas o metodologías de cálculo aplicadas a los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural, no exige que se utilicen únicamente metodologías específicas de cálculo, como la del coste medio ponderado del capital aplicada en el sector financiero, que se compare el coste del capital con el de las sociedades no reguladas ni que se realicen ajustes para tener en cuenta, en particular, la inflación o el impuesto de sociedades.
4)
El artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73
debe interpretarse en el sentido de que
al determinar un «incentivo adecuado», en el sentido de dicha disposición, la autoridad reguladora nacional debe tener en cuenta los resultados individuales anteriores de los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural de que se trate.
5)
El artículo 39, apartado 4, de la Directiva 2009/73
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que la apreciación de los parámetros de cálculo de las tarifas de los gestores de las redes de transporte y distribución de gas natural de que se trate, efectuada por la autoridad reguladora nacional en virtud del artículo 41, apartado 8, de dicha Directiva y en virtud del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.o 715/2009, esté, en caso de impugnación por esos gestores, supeditada a la intervención de un tercero cuyo informe se haya elaborado exclusivamente a instancia de uno de dichos gestores.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: letón.