62023TJ0366_RES
Asunto T‑366/23
YH
contra
Banco Central Europeo
Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta ampliada) de 19 de noviembre de 2025
«Política económica y monetaria — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Directiva 2013/36/UE — Reglamento (UE) n.o 1024/2013 — Tareas específicas de supervisión encomendadas al BCE — Evaluación de las adquisiciones de participaciones cualificadas — Oposición a la adquisición de una participación cualificada — Derecho a ser oído — Concepto de “participación cualificada” — Reputación y competencia profesional del adquirente propuesto — Derechos protegidos por la Carta — Proporcionalidad»
Recurso de anulación — Competencia del juez de la Unión — Control de la legalidad de una decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre la adquisición de una participación cualificada en una entidad de crédito — Alcance — Control de los actos de trámite o las propuestas procedentes de las autoridades nacionales — Inclusión
[Art. 263 TFUE; Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra c), 6, ap. 2, y 15, ap. 3]
(véanse los apartados 36 a 38)
Derechos fundamentales — Carta de los Derechos Fundamentales — Derecho a una buena administración — Derecho a ser oído — Alcance — Decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre la adquisición de una participación cualificada en una entidad de crédito — Derecho de réplica y a formular objeciones del adquirente propuesto
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra a); Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, art. 22, ap. 1, párr. 1; Reglamento (UE) n.o 468/2014, del Banco Central Europeo, art. 31]
(véanse los apartados 146 a 149)
Política económica y monetaria — Política económica — Supervisión del sector financiero de la Unión — Mecanismo Único de Supervisión — Supervisión prudencial de las entidades de crédito — Tareas específicas encomendadas al Banco Central Europeo (BCE) — Procedimiento de evaluación de adquisiciones de participaciones cualificadas — Criterio de la reputación del adquirente propuesto de dichas participaciones — Concepto — Evaluación de la reputación y de la integridad de un miembro de la familia del adquirente propuesto — Inclusión
[Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 23, ap. 1, letras a) y b), y 91, ap. 1]
(véanse los apartados 248, 253, 254, 282, 287 a 289, 296 y 297)
Derechos fundamentales — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Derecho de propiedad — Alcance — Supervisión del sistema financiero de la Unión — Decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre la adquisición de una participación cualificada en una entidad de crédito — Objetivo consistente en garantizar la estabilidad del sistema financiero y la gestión sólida y prudente de la entidad de crédito — Procedencia
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 17, ap. 1, y 52, ap. 1)
(véanse los apartados 350 a 355)
Resumen
En esta sentencia, el Tribunal General desestima el recurso de anulación interpuesto por YH contra una decisión del Banco Central Europeo (BCE) mediante la cual este se opuso a la adquisición de una participación cualificada en una entidad de crédito (en lo sucesivo, «decisión impugnada»). En esta ocasión, el Tribunal General aporta aclaraciones sobre el control que lleva a cabo el BCE en la adquisición de participaciones cualificadas y la posibilidad de que este complete la motivación de una decisión tras su notificación, así como sobre la apreciación de la reputación de un adquirente propuesto, a la luz de la integridad y la reputación de un miembro de su familia.
M. M. Warburg & Co (AG & Co.) KGaA (en lo sucesivo, «entidad objetivo») es una entidad de crédito calificada de «menos significativa», supervisada directamente por el Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Autoridad Federal de Supervisión Financiera, Alemania; en lo sucesivo, «BaFin»), que es propiedad de la familia del marido de la demandante.
La sociedad 1. Max Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «MWB 1») posee el 40,24 % del capital de la sociedad financiera de cartera del grupo prudencial MMWarburg & CO, a saber, la sociedad MMWarburg & CO Gruppe GmbH (en lo sucesivo, «Warburg Gruppe»). Warburg Gruppe posee a su vez el 100 % del capital de la entidad objetivo, que, por su parte, cuando se dictó la decisión impugnada, poseía el 100 % y el 60 % del capital, respectivamente, de otras dos entidades objetivo, que son también entidades de crédito.
El marido de la demandante quiso organizar la transmisión de su participación en el capital de la entidad objetivo a sus hijos. En un primer momento, transfirió el 87,5 % del capital de MWB 1 a la sociedad Familie Max Warburg Vermögensverwaltung KG (en lo sucesivo, «FMWV»), en beneficio de sus hijos, conservando así el 12,5 % del capital de MWB 1, con una acción preferente que le confería el 51 % de los derechos de voto en esta sociedad. Además, FMWV y el marido de la demandante se comprometieron a ejercer sus derechos de voto de manera uniforme (en lo sucesivo, «acuerdo de agrupación de voto»). En un segundo momento, la demandante debía recibir la acción preferente de su marido y adquirir así el 0,01 % del capital de MWB 1 y el 51 % de los derechos de voto en esta (en lo sucesivo, «adquisición propuesta») y pasar también a ser parte del acuerdo de agrupación de voto relativo a MWB 1.
El 3 de abril de 2023, la demandante y sus asesores se reunieron con representantes del BCE para abordar las dificultades planteadas por la adquisición propuesta. El 4 de abril de 2023, la BaFin recomendó al BCE que no se opusiera a la adquisición propuesta. El 12 de abril de 2023, el BCE comunicó a la demandante un proyecto de decisión que se oponía a la adquisición propuesta por no cumplir los requisitos legales para adquirir una participación cualificada en una entidad de crédito. El 21 de abril de 2023, la demandante presentó sus observaciones sobre dicho proyecto de decisión.
Mediante correo electrónico de 5 de mayo de 2023, el BCE comunicó a la demandante la decisión impugnada, que confirmaba en cuanto al fondo su proyecto de decisión, indicando las razones por las que consideraba que la demandante no satisfacía los criterios legales para adquirir, a través de MWB 1, una participación cualificada en la entidad objetivo por importe del 100 % de los derechos de voto y del 100 % del capital. En primer lugar, el BCE estimaba que la demandante no reunía el requisito de la reputación, considerando, por una parte, que estaba bajo la influencia de su marido —a quien la institución consideraba carente de reputación— y, por otra parte, que no disponía de la capacidad profesional adecuada. En segundo lugar, el BCE consideraba que la demandante no tenía la solidez financiera necesaria para aportar los fondos propios necesarios a la entidad objetivo. En tercer lugar, el BCE consideró, en particular, que la adquisición propuesta no permitía una supervisión prudencial efectiva de la entidad objetivo.
El 8 de mayo de 2023, tras varios recordatorios por parte del BCE para que el asesor de la demandante acusara debidamente recibo de la decisión impugnada, este respondió impugnando la validez de la notificación efectuada. Mediante correo electrónico de 12 de mayo de 2023, la demandante reiteró su impugnación de la validez de la notificación de la decisión impugnada y solicitó que se le comunicara la nota de evaluación separada relativa a las observaciones formuladas sobre el proyecto de decisión (en lo sucesivo, «nota de evaluación separada») a la que se hacía mención en la decisión impugnada, nota que recibió el 15 de mayo de 2023.
Apreciación del Tribunal General
Con carácter preliminar, en cuanto a la imputación —correspondiente al motivo basado en la infracción de las normas del procedimiento de evaluación de las participaciones cualificadas— referida a la expiración del plazo establecido para efectuar dicha evaluación de las participaciones cualificadas, de modo que el proyecto de adquisición debería considerarse aprobado, el Tribunal General destaca que, en cualquier caso, cada parte en el procedimiento debe atenerse a las normas que le son aplicables. Así, si bien la notificación de la adquisición propuesta estaba sujeta a los requisitos establecidos en el Derecho alemán, con arreglo a la Kreditwesengesetz, (
1
) la notificación de una decisión de supervisión prudencial por el BCE debía, por su parte, ajustarse al contexto jurídico del Reglamento Marco n.o 468/2014. (
2
) Habida cuenta del contexto jurídico y fáctico del caso de autos, en la medida en que la demandante envió la información solicitada por correo electrónico, a una dirección que no estaba prevista a tal efecto, anunciando y efectuando un envío en formato físico, la BaFin no incurrió en error de Derecho al considerar completa la notificación por escrito el día de la recepción de los datos transmitidos por la demandante en un soporte físico, a saber, el 3 de febrero de 2023. Por lo tanto, el Tribunal General rechaza esta imputación y pasa a examinar la decisión impugnada.
En primer lugar, en lo que se refiere a la supuesta insuficiencia de motivación de la decisión impugnada, el Tribunal General señala, de entrada, que dicha decisión precisa los hechos relativos a la adquisición propuesta por la demandante de una participación cualificada en la entidad objetivo, habida cuenta de la actuación de común acuerdo entre los accionistas de Warburg Gruppe. El Tribunal General indica también que la decisión impugnada examina los criterios que justifican la oposición del BCE a la adquisición propuesta, tanto por lo que respecta a la reputación y la solvencia de la demandante como por lo que respecta al cumplimiento de los requisitos prudenciales de la entidad objetivo. Además, la decisión impugnada se adopta en un contexto conocido por la demandante, en la medida en que ella misma notificó los datos relativos a la adquisición propuesta y fue consultada antes de la adopción de dicha decisión. Así pues, el Tribunal General considera que la decisión impugnada precisa los elementos de hecho y de Derecho pertinentes en los que se basa, sin que sea necesario recurrir a la nota de evaluación separada ni a las explicaciones posteriores del BCE, y que, por tanto, está suficientemente motivada.
A continuación, por lo que respecta a la alegación de que la nota de evaluación separada no puede ser tenida en cuenta a efectos del examen de la legalidad de la decisión impugnada, el Tribunal General señala que dicha nota fue comunicada a la demandante diez días después de la notificación de la decisión impugnada y que en esta última se aludía expresamente a ella El Tribunal General estima que, a la luz de la jurisprudencia, puede considerarse que la nota de evaluación separada forma parte del contexto de la decisión impugnada y puede tenerse en cuenta para apreciar la motivación de dicha decisión. Además, aunque el envío tardío de la nota de evaluación separada diez días después de la notificación de la decisión impugnada se debe a un error material interno del BCE, no es menos cierto que la decisión impugnada menciona expresamente dicha nota, en la que se recogían elementos de motivación disponibles en el momento de la adopción de la referida decisión. Por tanto, la demandante fue informada de su existencia en el momento de la notificación de la decisión impugnada y podía, pues, solicitar su comunicación desde el momento en que recibió dicha decisión. La demandante solicitó dicha nota cinco días hábiles después de haber recibido la decisión impugnada. El BCE se la envió el siguiente día hábil.
Por consiguiente, el Tribunal General declara que el envío diferido de la nota de evaluación separada por parte del BCE a la demandante no privó a esta de la posibilidad de tener conocimiento de ella y que dicha demandante no ha demostrado, ni siquiera alegado, que el envío tardío de la nota de evaluación separada haya lesionado sus derechos.
En segundo lugar, en cuanto a la interpretación del concepto de «participación cualificada», el Tribunal General recuerda que el Reglamento n.o 575/2013, al que se remite la Directiva CRD IV, (
3
) define la participación cualificada como la participación directa o indirecta en una empresa que represente el 10 % o más del capital o de los derechos de voto o que permita ejercer una influencia notable en la gestión de dicha empresa. Precisa que el concepto de «adquisición de una participación cualificada» en una entidad de crédito es un concepto autónomo del Derecho de la Unión.
A este respecto, el Tribunal General señala que el Reglamento n.o 1024/2013 (
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) dispone que una evaluación de la idoneidad de cualquier nuevo propietario de una entidad de crédito, con anterioridad a la adquisición de una participación cualificada en la misma, es una herramienta indispensable para asegurar el mantenimiento de la idoneidad y la solidez financiera de los propietarios de las entidades de crédito. Además, debido al amplio margen de discrecionalidad del que dispone el BCE en el ejercicio de sus funciones de supervisión prudencial, entre las que figura el control de la adquisición de participaciones cualificadas, el Tribunal General comprueba que la decisión impugnada no se basa en hechos materialmente inexactos y que no adolece de un error manifiesto de apreciación.
En el presente asunto, el BCE expone en la decisión impugnada que los accionistas de Warburg Gruppe actúan de común acuerdo y que poseen conjuntamente, de forma indirecta, el 100 % de las participaciones en el capital de la entidad objetivo y de los derechos de voto en esta última. Añade que, debido al acuerdo de agrupación de voto, también se presume una actuación de común acuerdo en la sociedad MWB 1. El BCE deduce de ello que la demandante adquirirá el 100 % de las participaciones en el capital de la entidad objetivo y de los derechos de voto en dicha entidad objetivo, la cual podrá controlar indirectamente. Más concretamente, en la nota de evaluación separada que examina los criterios establecidos en las Directrices conjuntas, (
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) el BCE concluye que, teniendo en cuenta esta actuación de común acuerdo, los derechos de voto deben asignarse íntegramente al adquirente propuesto. En tal concepto, se tienen en cuenta el pacto celebrado entre los accionistas de Warburg Gruppe, las relaciones existentes en el seno del grupo de la entidad objetivo, las fuentes de financiación de los accionistas de Warburg Gruppe y los patrones de voto anteriores de estos últimos.
En cuanto al pacto de accionistas celebrado en el ámbito de Warburg Gruppe, el Tribunal General señala, primero, que el análisis realizado en la nota de evaluación separada no es obsoleto, ya que los nuevos estatutos de Warburg Gruppe prevén, al igual que el pacto de accionistas mencionado, que la cesión de participaciones sociales a personas ajenas a las familias accionistas debe requerir el consentimiento previo de la «sociedad» mediante una decisión de la junta general. Igualmente, las Directrices conjuntas no excluyen este tipo de acuerdos de su ámbito de aplicación. A continuación, por lo que respecta al hecho de que otros dos miembros de la familia del marido de la demandante poseen participaciones en Warburg Gruppe, el Tribunal General observa que la demandante no niega los hechos alegados por el BCE ni presenta prueba alguna que ponga en entredicho la apreciación que hizo el BCE de estas relaciones familiares. Además, en lo que atañe a las relaciones entre empresas del mismo grupo, el Tribunal General señala que la demandante no cuestiona los hechos expuestos por el BCE, no figurando la participación de esta fundación en el capital de Walburg Gruppe entre los elementos que tuvo en cuenta el BCE. En cuanto a la circunstancia de haber tenido en cuenta una fuente de financiación única, aunque la demandante sostiene que, cuando las Directrices conjuntas establecen que la utilización de una misma fuente de financiación puede constituir un indicio de una actuación de común acuerdo, se trata de fuentes de financiación externas, y no de fuentes internas, como los dividendos distribuidos por la entidad objetivo, el Tribunal General declara que las Directrices conjuntas (
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) disponen que «el uso por parte de diferentes personas de la misma fuente de financiación para la adquisición o incremento de participaciones en la empresa [objetivo]» constituye un indicador de una actuación de común acuerdo, sin distinguir entre fuentes «externas» y fuentes «internas». Por último, en lo que se refiere a los patrones de voto anteriores, el Tribunal General observa que la demandante no ha aportado elementos que contradigan la posición del BCE ni ha justificado las razones por las que no pudo aportarlos.
Por consiguiente, el Tribunal General considera que el BCE apreció la existencia de una actuación de común acuerdo entre MWB 1 y los demás accionistas de Warburg Gruppe sobre la base de elementos pertinentes y sin incurrir en error manifiesto de apreciación. Por consiguiente, el Tribunal General rechaza la impugnación que hace la demandante de la adquisición de una participación cualificada en términos de derechos de voto, añadiendo que los derechos de voto y las participaciones en el capital se citan con carácter alternativo en la Directiva CRD IV (
7
) y en el Reglamento n.o 575/2013 (
8
) para apreciar la adquisición de una participación cualificada.
En tercer y último lugar, en cuanto a la reputación de un adquirente propuesto y a la integridad y la reputación de una persona que tiene una relación familiar estrecha con dicho adquirente, el Tribunal General recuerda que las Directrices conjuntas destacan que la autoridad competente puede tener en cuenta la integridad y reputación de cualquier persona vinculada al adquirente propuesto, es decir, cualquier persona que tenga o parezca tener una estrecha relación familiar o comercial con dicho adquirente. Por lo demás, de la jurisprudencia se desprende que la Directiva CRD IV no excluye que la falta de reputación del adquirente propuesto pueda ser el resultado de las relaciones de este último con un tercero. (
9
)
En el presente asunto, el Tribunal General precisa, en primer lugar, que el BCE indicó en la decisión impugnada que los procedimientos de participación cualificada servían para garantizar la buena gestión de las entidades y la estabilidad financiera global, y que la evaluación de la reputación del adquirente propuesto es una evaluación ex ante que implica necesariamente una previsión del comportamiento futuro de este. Los hechos deben indicar un riesgo abstracto, es decir, la probabilidad de un incumplimiento previsto.
En segundo lugar, el Tribunal General señala que el BCE indicó, en la decisión impugnada, primero, que albergaba serias dudas en cuanto a la reputación del marido de la demandante, habida cuenta de que había sido objeto de una reevaluación por parte de la BaFin en 2019; después, que la demandante parecía depender económicamente de su marido; seguidamente, que dicha demandante no tenía ninguna experiencia en el sector bancario y, para finalizar, que la demandante había admitido abiertamente solicitar también el consejo de su marido, con el que formaría parte de un acuerdo de agrupación de voto. De este modo, el BCE dedujo de ello que existían serias dudas en cuanto a si, al término de la adquisición propuesta, el marido de la demandante se abstendría de ejercer una influencia sobre la entidad objetivo a través de la demandante.
Por último, el Tribunal General indica que, sobre la base de las Directrices conjuntas y de la jurisprudencia, el BCE puede tomar en consideración, al evaluar la reputación de un adquirente propuesto, la integridad y la reputación de una persona que tenga una estrecha relación familiar con tal adquirente, como sucede en el caso de autos con el marido de la demandante.
(
1
)	Kreditwesengesetz (Ley del Sector Crediticio — KWG), de 9 de septiembre de 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2776), en su versión modificada por la Ley de 22 de febrero de 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 51).
(
2
)	Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas (Reglamento Marco del MUS) (DO 2014, L 141, p. 1).
(
3
)	Artículo 3, apartado 1, punto 33, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338; en lo sucesivo, «Directiva CRD IV»).
(
4
)	Considerando 22 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).
(
5
)	Apartado 4.6 de las Directrices conjuntas de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre evaluación cautelar de las adquisiciones y de los incrementos de participaciones cualificadas en el sector financiero, publicadas el 20 de diciembre de 2016 (JC/GL/2016/01; en lo sucesivo, «Directrices conjuntas»).
(
6
)	Apartado 4.6, letra b), punto 4, de las Directrices conjuntas.
(
7
)	Artículo 22, apartado 1, de la Directiva CRD IV.
(
8
)	Artículo 4, apartado 1, punto 36, del Reglamento n.o 575/2013.
(
9
)	Sentencia de 10 de julio de 2024, PH y otros/BCE (T‑323/22, EU:T:2024:460, apartados 325 y 326).