Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
TAMARA ĆAPETA
presentadas el 26 de junio de 2025 (1)
Asunto C‑767/23 [Remling] (i)
A.M.
contra
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos)]
« Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Alcance de la obligación de los órganos jurisdiccionales de última instancia de motivar su negativa a plantear una petición de decisión prejudicial — Normativa nacional que permite a un órgano jurisdiccional de última instancia resolver adoptando una motivación abreviada »
I.      Introducción
1.        En el apartado 51 de su sentencia Consorzio, (2) el Tribunal de Justicia consideró que los órganos jurisdiccionales de última instancia (3) que han decidido no plantear una cuestión prejudicial de interpretación del Derecho de la Unión con arreglo al artículo 267 TFUE, párrafo tercero, están obligados a indicar los motivos para no hacerlo a la luz de las situaciones mencionadas en la sentencia CILFIT. (4)
2.        En el presente asunto, el Tribunal de Justicia deberá profundizar en esa obligación elucidando si un órgano jurisdiccional nacional de última instancia está siempre obligado a indicar expresamente los motivos por los que ha decidido no efectuar una remisión prejudicial, aunque la normativa nacional le faculte para resolver el asunto de que se trate con una motivación abreviada.
II.    Litigio principal y cuestión prejudicial
3.        A.M. es nacional de un tercer país (marroquí). Su esposa y sus dos hijos menores de edad tienen nacionalidad neerlandesa.
4.        A.M. presentó una solicitud ante las autoridades competentes para que se le expidiera un documento que certificara que es residente legal en Países Bajos. Consideraba que tenía un derecho de residencia derivado al amparo del artículo 20 TFUE, tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, en particular en la sentencia Chávez-Vílchez, (5) entre otras.
5.        Mediante decisión de 8 de octubre de 2019, el staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Secretario de Estado de Justicia y Seguridad; Países Bajos) (en lo sucesivo, «Secretario de Estado») denegó la solicitud de A.M. Este último recurrió esa decisión.
6.        Mediante sentencia de 19 de mayo de 2020, el Secretario de Estado desestimó el recurso de A.M.
7.        A.M. interpuso recurso contra esa decisión ante el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Utrecht (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Utrecht, Países Bajos).
8.        Mediante sentencia de 5 de marzo de 2021, (6) ese órgano jurisdiccional desestimó el recurso de A.M. por infundado. En particular, consideró, en lo que respecta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que el Secretario de Estado estaba legitimado para considerar que A.M. no tenía un derecho de residencia derivado, dado que disfruta de un permiso de residencia en España y que sus hijos no han sido obligados a abandonar el territorio de la Unión.
9.        A.M. recurrió esa sentencia ante el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos), órgano jurisdiccional de última instancia y tribunal remitente en el presente asunto.
10.      Según la resolución de remisión, A.M. sostiene que el órgano jurisdiccional de rango inferior incurrió en error al no responder a su alegación de que debería haber remitido una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia y solicita al órgano jurisdiccional remitente que lo haga. El órgano jurisdiccional remitente considera que resulta aplicable una excepción a su obligación de remisión, habida cuenta de que, a su juicio, la respuesta a la duda de A.M. sobre la interpretación del Derecho de la Unión aplicable puede deducirse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y constituye, por tanto, un «acte éclairé».
11.      Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente desea desestimar el recurso A.M. mediante una resolución motivada de manera abreviada, conforme a lo dispuesto en el artículo 91, apartado 2, de la Vreemdelingenwet 2000 (Ley de Extranjería de 2000). Esa normativa le permite no justificar las razones por las que ha decidido no plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si esta normativa es contraria al deber de motivación que le incumbe en virtud del Derecho de la Unión.
12.      El citado órgano jurisdiccional explica que el artículo 91, apartado 2, de la Ley de Extranjería de 2000 confiere al Raad van State (Consejo de Estado) la facultad de limitarse a declarar en su resolución que una determinada imputación no puede dar lugar a la anulación de la sentencia del órgano jurisdiccional de rango inferior, sin aportar ninguna otra motivación. De conformidad con esa disposición:
«Si el [Raad van State (Consejo de Estado), pronunciándose en apelación] considera que una imputación formulada ante él no puede dar lugar a anulación, podrá limitarse a indicar esa circunstancia en la motivación de su resolución».
13.      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, cuando el Raad van State (Consejo de Estado) ejercita la facultad que le atribuye el artículo 91, apartado2, de la Ley de Extranjería de 2000, en principio plasma la siguiente fórmula normalizada en su resolución:
«El recurso no da lugar a la anulación de la resolución del tribunal. No es necesario motivar más esta conclusión.
El escrito de recurso no suscita ninguna cuestión que deba responderse en aras de la uniformidad y la evolución del Derecho o de la tutela judicial en sentido general (artículo 91, apartado 2, de la Ley de Extranjería de 2000).»
14.      El órgano jurisdiccional remitente señala que el legislador introdujo la posibilidad de interponer recursos en materia de inmigración ante el Raad van State (Consejo de Estado) en el mismo momento en el que atribuyó a dicho órgano jurisdiccional la facultad de pronunciarse en esos asuntos con una motivación abreviada. El Raad van State (Consejo de Estado) es competente para resolver cuestiones que requieran una respuesta general para garantizar la uniformidad y la evolución del Derecho y la tutela judicial. La potestad de proporcionar una motivación abreviada cuando no se suscitan cuestiones de este tipo garantiza la calidad y viabilidad de este sistema, pues permite al Raad van State (Consejo de Estado) tramitar de manera eficiente un gran número de recursos.
15.      El órgano jurisdiccional remitente subraya, en particular, que únicamente se hace uso de esa motivación abreviada cuando no procede anular la sentencia recurrida o cuando no existen cuestiones que deban ser objeto de remisión prejudicial. Señala además que una motivación abreviada no vulnera la tutela judicial del extranjero afectado dado que, en primera instancia, la motivación de la resolución ha de ser completa, y la resolución del Raad van State (Consejo de Estado) se basa en una apreciación global del recurso aunque esa apreciación no figure en la motivación abreviada.
16.      El órgano jurisdiccional remitente considera que la facultad de proporcionar una motivación abreviada, reconocida en el artículo 91, apartado 2, de la Ley de Extranjería de 2000, es conforme con el deber de motivación establecido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «CEDH»). (7) En particular, dicho órgano jurisdiccional deduce de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») que, si la ley autoriza a un órgano jurisdiccional a resolver sin ofrecer mayores motivos, la apreciación de la solicitud de petición de decisión prejudicial forma parte de la apreciación del asunto en su conjunto y el órgano jurisdiccional no está obligado a proporcionar razones particulares para no efectuar la remisión prejudicial. (8)
17.      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si esa motivación abreviada es conforme al artículo 267 TFUE, párrafo tercero, a la luz del artículo 47 de la Carta, o si, sobre la base del apartado 51 de la sentencia Consorzio, debe proporcionar una motivación más pormenorizada de las razones por las que no está obligado a plantear una petición de decisión prejudicial y, en particular, si debe explicar qué excepción a esa obligación se aplica y por qué. Dicho órgano jurisdiccional considera que su práctica de incluir una motivación abreviada es suficiente, ya que implica la existencia de tal excepción.
18.      En estas circunstancias, el Raad van State (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 267 [TFUE], párrafo tercero, […] a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la [Carta], en el sentido de que estas disposiciones se oponen a una normativa nacional como la contenida en el artículo 91, apartado 2, de la Vreemdelingenwet 2000 (Ley de Extranjería de 2000), en virtud de la cual la Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sección de lo Contencioso‑Administrativo del Consejo de Estado), en su condición de órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial, puede pronunciarse, con una motivación abreviada, sobre una cuestión que se haya suscitado acerca de la interpretación del Derecho de la Unión, en relación o no con una solicitud expresa de que se plantee una petición de decisión prejudicial, sin motivar cuál de las tres excepciones a su obligación de remisión concurre?»
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
19.      Han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia A. M., los Gobiernos neerlandés y finlandés y la Comisión Europea.
20.      Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2024, se suspendió el presente asunto hasta que se dictara sentencia en el asunto KUBERA. (9) El procedimiento ante el Tribunal de Justicia se reanudó el 18 de octubre de 2024.
21.      El 4 de marzo de 2025 se celebró una vista en la que formularon observaciones orales todas las partes interesadas, así como los Gobiernos alemán e italiano.
IV.    Análisis
22.      El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la ocasión de aclarar el alcance de la obligación de los órganos jurisdiccionales de última instancia de indicar las razones por las que han decidido no plantear al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión que se ha suscitado en un asunto de que conocen.
23.      Dado que hace relativamente poco que el Tribunal de Justicia ha declarado que esa obligación existe con arreglo al Derecho de la Unión, iniciaré mi análisis realizando una breve exposición de la evolución de la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia hasta el momento y de sus principales características (A). A continuación, abordaré la cuestión de la razón de ser del deber de motivación desde la perspectiva del artículo 267 TFUE y del artículo 47 de la Carta (B). Sobre la base de lo anterior, examinaré la cuestión planteada en el presente asunto (C).
A.      Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
24.      Para empezar, desde que se fundó la Unión Europea, (10) y como consta actualmente en el párrafo tercero del artículo 267 TFUE, los órganos jurisdiccionales de última instancia están obligados a someter al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a la interpretación y la validez del Derecho de la Unión, cuando se planteen cuestiones de esta naturaleza ante ellos.
25.      Esa obligación es resultado de la modalidad elegida por los redactores de los Tratados para garantizar la uniformidad del Derecho de la Unión. Múltiples órganos jurisdiccionales de los actuales veintisiete Estados miembros aplican el Derecho de la Unión, operando como tribunales europeos. (11) Ello genera un importante riesgo de que los distintos jueces atribuyan distintos significados a una misma norma de la Unión. Existe un riesgo similar dentro del sistema jurídico de cada Estado miembro siempre que varios tribunales aplican la misma normativa nacional. Así pues, antes de adherirse a la Unión Europea, los Estados miembros ya contaban con mecanismos para garantizar la uniformidad del Derecho dentro de sus ordenamientos jurídicos que, de un modo procesal u otro, se apoyan en los órganos jurisdiccionales supremos. (12) Al introducir la obligación de estos órganos jurisdiccionales de última instancia de solicitar al Tribunal de Justicia que interprete el Derecho de la Unión, el artículo 267 TFUE ha hecho intervenir a los órganos jurisdiccionales de última instancia en la tarea de velar por la uniformidad del Derecho de la Unión.
26.      Como ha reconocido el Tribunal de Justicia, la obligación prevista en el párrafo tercero del artículo 267 TFUE ha sido concebida, por lo tanto, para impedir que se consolide en un Estado miembro una jurisprudencia nacional que no se atenga a las normas del Derecho de la Unión. (13)
27.      Sin embargo, desde un principio, los órganos jurisdiccionales de última instancia no han estado obligados a iniciar un procedimiento prejudicial en todos los casos, sino únicamente cuando se «plantea» ante ellos una cuestión relativa a la interpretación del Derecho de la Unión. Una cuestión se «plantea» si el órgano jurisdiccional considera que es pertinente y requiere de interpretación. Así pues, aunque una parte en el procedimiento haya invocado una cuestión de Derecho de la Unión, ello no significa que esa cuestión se haya «planteado» en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo tercero. (14)
28.      Ya en la sentencia CILFIT, el Tribunal de Justicia explicó en qué situaciones un órgano jurisdiccional nacional, pese a ser de última instancia en un determinado asunto, no está obligado a efectuar una remisión prejudicial. (15) Aunque a menudo se afirma que mediante esa jurisprudencia el Tribunal de Justicia introdujo determinadas «excepciones» a la obligación normalmente incondicional de remisión prejudicial,(16) desde mi punto de vista, esas «excepciones» no son más que aclaraciones sobre el significado de la exigencia de que la cuestión de Derecho de la Unión se «plantee» ante un órgano jurisdiccional nacional. Así, esas «excepciones» simplemente explican las situaciones en las que un órgano jurisdiccional nacional de última instancia puede considerar que una cuestión de Derecho de la Unión no se ha «planteado» ante él.
29.      En la sentencia Consorzio, el Tribunal de Justicia resumió las situaciones enunciadas en la sentencia CILFIT en los siguientes términos: «Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un órgano jurisdiccional nacional cuyas resoluciones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno solo podrá quedar dispensado de tal obligación [de remisión] cuando constate que la cuestión suscitada no es pertinente, que la disposición del Derecho de la Unión controvertida ya ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia o que la interpretación correcta del Derecho de la Unión es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable». (17)
30.      La primera de esas situaciones difiere de las otras dos en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional de última instancia no solo está dispensado de su obligación de remisión, sino que de hecho no puede llevar a cabo la remisión cuando la respuesta a la cuestión no sea pertinente para la solución del litigio de que conoce. En efecto, es pacífico que el Tribunal de Justicia solo puede dictar una resolución en un procedimiento prejudicial si el órgano jurisdiccional remitente puede aplicarla para resolver sobre el asunto de que conoce. (18) En consecuencia, si el Derecho de la Unión no resulta pertinente para resolver la controversia, el Tribunal de Justicia carece de competencia para interpretarlo. Desde la perspectiva del órgano jurisdiccional nacional de última instancia que ha de apreciar si está obligado a efectuar una remisión prejudicial, cuando una parte haya planteado una cuestión del Derecho de la Unión, pero dicho órgano jurisdiccional considere que no es pertinente para resolver el litigio, habrá de entender que esa cuestión no se ha «planteado» en el sentido del artículo 267 TFUE, párrafo tercero.
31.      Las otras dos situaciones pueden considerarse supuestos en los que el Derecho de la Unión es pertinente en un litigio que pende ante un órgano jurisdiccional nacional de última instancia, pero no existe ninguna duda razonable sobre la manera correcta de aplicar el Derecho de la Unión, de modo que no es preciso efectuar una remisión prejudicial. En el primer supuesto, es posible que el Derecho de la Unión aplicable de que se trate ya haya sido suficientemente aclarado por el Tribunal de Justicia de modo que no existan dudas sobre cómo aplicarlo a la situación de que conoce el órgano jurisdiccional de última instancia. Esa circunstancia suele denominarse como situación de «acte éclairé». (19) En el segundo supuesto, aunque el Tribunal de Justicia no haya efectuado ninguna interpretación pertinente de la norma del Derecho de la Unión, la propia norma puede ser tan clara que no deje lugar a ninguna duda razonable en cuanto a su interpretación correcta. Esa circunstancia suele denominarse como situación de «acte clair». (20)
32.      La dificultad práctica radica en que la apreciación de si la norma de Derecho de la Unión aplicable —tanto si ya ha sido interpretada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
como si no—
deja lugar a alguna duda razonable en cuanto a su aplicación correcta a un conjunto concreto de hechos no es un ejercicio científico que pueda seguir reglas precisas. En la sentencia CILFIT, el Tribunal de Justicia expuso que, antes de concluir que no existe ninguna duda razonable sobre la interpretación y aplicación correctas de la norma en un caso determinado, un órgano jurisdiccional nacional de última instancia debe llegar a la convicción de que la misma evidencia se impondría igualmente a los órganos jurisdiccionales de última instancia de los otros Estados miembros, así como al Tribunal de Justicia. (21)
33.      El criterio que los órganos jurisdiccionales de última instancia deben aplicar es, en esencia, que deben estar convencidos de que ni otros Estados miembros ni el Tribunal de Justicia pueden llegar a una interpretación diferente de la misma norma del Derecho de la Unión. En ese caso, no se suscita ningún problema en lo que respecta a la uniformidad del Derecho de la Unión. Desde mi punto de vista, ese criterio debe aplicarse tanto en situaciones de «acte éclairé» como de «acte clair». En la primera de ellas, el órgano jurisdiccional de última instancia debe tener la certeza de que los órganos jurisdiccionales de última instancia de los otros Estados miembros también aplicarían del mismo modo la jurisprudencia existente a la situación particular de que se trata. En concreto, en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente debería preguntarse si la única interpretación posible de la jurisprudencia derivada de la sentencia Chávez‑Vílchez es que A.M. no tiene un derecho de residencia derivado porque dispone de un permiso de residencia en España, razón por la cual sus hijos no se verán obligados a abandonar el territorio de la Unión Europea, pero sí el de los Países Bajos.
34.      En lo que respecta a la situación de «acte clair» el Tribunal de Justicia desarrolló, en su sentencia CILFIT, varios criterios que los órganos jurisdiccionales de última instancia deben tener en cuenta. (22) Desde que se dictó dicha sentencia, hace más de 40 años, esos criterios han sido frecuentemente criticados. (23)
35.      Aunque cabe admitir que la aplicación literal de los criterios derivados de la sentencia CILFIT implica que «encontrar una “auténtica” situación de acte clair sería […] tan poco probable como encontrar un unicornio», (24) la propia finalidad de enunciar esos criterios era subrayar la atención que los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia deben atribuir a esa cuestión antes de decidir no plantear una cuestión prejudicial. En este sentido, el Tribunal de Justicia señaló que los órganos jurisdiccionales de última instancia «deben apreciar, bajo su responsabilidad y de manera independiente, con toda la atención requerida, si se hallan en alguno de los supuestos que permiten decidir no plantear al Tribunal de Justicia una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión que se haya suscitado ante ellos». (25)
36.      En la sentencia Consorzio, el Tribunal de Justicia confirmó que el órgano jurisdiccional nacional de última instancia solo puede eludir su obligación de remisión en una de las tres situaciones mencionadas en la sentencia CILFIT. (26) También insistió en que la tarea de decidir que la cuestión de interpretación del Derecho de la Unión no ha sido «planteada» ante el órgano jurisdiccional de última instancia es, en definitiva, una decisión que solo puede ser adoptada por dicho órgano jurisdiccional, que debe tener plenamente en cuenta las posibles consecuencias para la interpretación uniforme del Derecho de la Unión en todo su territorio. (27)
37.      La novedad de la sentencia Consorzio  radica en que, en su apartado 51, el Tribunal de Justicia impuso a los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia una obligación que no figuraba en la sentencia CILFIT ni en la jurisprudencia derivada de ella: la obligación impuesta a dichos órganos jurisdiccionales de fundamentar su decisión cuando consideran que una de las situaciones mencionadas en la sentencia CILFIT les dispensa de su obligación de remisión (en lo sucesivo «deber de motivación»). (28)
38.      Dado que el presente asunto exige, de hecho, que se interprete el alcance del deber de motivación, considero útil citar ese apartado de la sentencia Consorzio: «del sistema instaurado por el artículo 267 TFUE, interpretado a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, se deduce que, cuando un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno considera que queda dispensado de la obligación de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, conforme al artículo 267 TFUE, párrafo tercero, porque concurre una de las tres situaciones mencionadas en [la sentencia CILFIT], la fundamentación de su resolución debe poner de manifiesto bien que la cuestión de Derecho de la Unión que se haya planteado no es pertinente para la solución del litigio, bien que la interpretación de la disposición del Derecho de la Unión de que se trate se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, o bien, a falta de tal jurisprudencia, que la interpretación del Derecho de la Unión se impone al órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia con tal evidencia que no deja lugar a ninguna duda razonable». (29)
39.      En la sentencia KUBERA, se solicitó al Tribunal de Justicia que interpretara el deber de motivación por primera vez desde la sentencia Consorzio. Tras declarar que un determinado procedimiento de autorización para interponer un recurso de casación no exime al órgano jurisdiccional nacional de última instancia de tener que examinar si está obligado a efectuar una remisión prejudicial, el Tribunal de Justicia confirmó la existencia del deber de motivación, según consta en el apartado 51 de la sentencia Consorzio. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no profundizó en su análisis del alcance de esa obligación. (30)
40.      En consecuencia, en su estado actual la jurisprudencia obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia a exponer las razones por las que han decidido no plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia cuando concurre una de las situaciones mencionadas en la sentencia CILFIT. En mi opinión, ello exige argumentar por qué el Derecho de la Unión no es pertinente en el asunto de que se trate, por qué la jurisprudencia existente del Tribunal de Justicia resuelve el asunto de que se trata, o por qué el órgano jurisdiccional de última instancia considera que los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros no podrían llegar a una interpretación diferente. En otras palabras, no basta con señalar que concurre una de las tres situaciones mencionadas en la sentencia CILFIT, sino que el órgano jurisdiccional debe explicar por qué.
41.      El presente asunto plantea la cuestión de si esa argumentación expresa también es necesaria cuando el Derecho nacional permite a los órganos jurisdiccionales resolver ciertos tipos de asuntos con una motivación abreviada.
42.      Para responder a esa pregunta considero necesario profundizar en la justificación del deber de motivación que incumbe a los órganos jurisdiccionales de última instancia.
B.      Razón de ser del deber de motivación
1.      Justificación desde el punto de vista del artículo 267 TFUE
43.      Procede recordar que, al imponer a los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia la obligación de plantear cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión al Tribunal de Justicia, el artículo 267 TFUE pretende alcanzar el objetivo de garantizar la uniformidad del Derecho de la Unión en todos los Estados miembros. (31)
44.      De este modo, el artículo 267 TFUE, párrafo tercero, impone una obligación de remisión a los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia en aras del interés general. Por esta razón, esta disposición del Tratado no confiere a los particulares un derecho correlativo a exigir a un órgano jurisdiccional de última instancia que someta un asunto al Tribunal de Justicia. (32) En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones que las partes en un asunto no gozan de ningún derecho a que se proceda a la remisión de una cuestión. (33)
45.      Como los particulares no tienen un derecho, en virtud del artículo 267 TFUE, a que se proceda a la remisión de una cuestión, el deber de motivación no puede hallar su fundamento en él. (34)
46.      A este respecto, el Gobierno alemán sostiene que el razonamiento para no plantear una petición de decisión prejudicial persigue un doble objetivo. En primer lugar, pretende garantizar que los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia cumplan la obligación de remisión que les incumbe en virtud del párrafo tercero del artículo 267 TFUE, que es puramente objetiva y no confiere ningún derecho subjetivo a que se dicte una resolución con carácter prejudicial En segundo lugar, permite a las partes comprender las razones por las que el órgano jurisdiccional nacional en cuestión no ha sometido la cuestión al Tribunal de Justicia. No obstante, esto último no se deriva del artículo 267 TFUE, sino que constituye una manifestación del derecho a un proceso equitativo.
47.      Estoy de acuerdo. Por lo tanto, desde la perspectiva del interés público, que puede vincularse al artículo 267 TFUE, el deber de motivación está justificado porque exige al órgano jurisdiccional nacional de última instancia tener debida y cuidadosamente en cuenta los motivos por los que puede eximirse de su obligación de remisión.
48.      Desde mi punto de vista, por lo tanto, el nuevo deber de motivación que la sentencia Consorzio impone a los órganos jurisdiccionales de última instancia (nuevo al menos en el Derecho de la Unión (35)) es una herramienta adecuada para garantizar que esos tribunales han analizado correctamente la necesidad de plantear una petición de decisión prejudicial, contribuyendo así a la uniformidad del Derecho de la Unión.
49.      Ese deber de motivación compensa las dificultades de establecer normas claras que indiquen los supuestos en los que los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia están dispensados de su obligación de remisión. Probablemente no haya un solo abogado al que no le haya sucedido que, al explicar a otras personas cómo cree que debe interpretarse correctamente la ley, su propio razonamiento se haya vuelto más claro o incluso se haya visto modificado. En la misma línea, a medida que expongan las razones por las que han decidido no plantear una petición de decisión prejudicial, los órganos jurisdiccionales de última instancia tendrán que confirmar o modificar su postura sobre la aplicación correcta del Derecho de la Unión al asunto en cuestión.
50.      Desde luego, sigue siendo posible que se produzcan errores de apreciación. Sin embargo, a mi parecer, si un órgano jurisdiccional nacional de última instancia expone de manera adecuada los motivos para no plantear una petición de decisión prejudicial, puede quedar exento de responsabilidad, incluida aquella a la que se alude en la sentencia Köbler. (36)
51.      En resumen, el fundamento del deber de motivación desde el punto de vista del párrafo tercero del artículo 267 TFUE es forzar al órgano jurisdiccional nacional de última instancia a analizar seriamente si se ha suscitado una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión en el asunto de que conoce, contribuyendo así a la uniformidad del Derecho de la Unión.
2.      Justificación a la luz del artículo 47 de la Carta
52.      El artículo 47, párrafo segundo, de la Carta garantiza el derecho fundamental a un proceso equitativo. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el respeto de ese derecho exige, entre otras cosas, que todas las resoluciones judiciales estén motivadas. Ello permite a las partes comprender las razones de la resolución y hacer uso de los recursos apropiados. (37)
53.      Según las explicaciones de la Carta, el artículo 47, párrafo segundo, de esta se corresponde con el artículo 6, apartado 1, del CEDH. A este respecto, la jurisprudencia del TEDH, a la que se han referido las partes en el presente asunto, resulta pertinente para comprender el fundamento del deber de motivación a la luz del artículo 47 de la Carta.
54.      En su jurisprudencia sobre el artículo 6, apartado 1, del CEDH, el TEDH ha explicado claramente que el derecho a una resolución motivada protege a los particulares frente a las arbitrariedades, lo cual se logra permitiendo a las partes comprender la resolución judicial dictada. Además, la motivación tiene el propósito de demostrar a las partes que han sido oídas, lo cual contribuye a que estas tengan una mayor disposición a aceptar la resolución. (38) Dado que los órganos jurisdiccionales de última instancia solo pueden negarse a plantear cuestiones de interpretación del Derecho de la Unión al Tribunal de Justicia en las situaciones mencionadas en la sentencia CILFIT, el TEDH estima que tales órganos jurisdiccionales deben indicar las razones por las que han considerado innecesario plantear una petición de decisión prejudicial en ese contexto. (39)
55.      Como ocurre con el artículo 6, apartado 1, del CEDH, en virtud del segundo párrafo del artículo 47 de la Carta, el deber de los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia de motivar su decisión de no plantear una petición de decisión prejudicial en las situaciones descritas en la sentencia CILFIT es correlativo al derecho subjetivo de las partes a comprender, en esencia, por qué la normativa se aplicó de una determinada manera sin efectuar una remisión prejudicial.
56.      Es importante destacar que ese derecho a comprender las razones por las que no se ha planteado una petición de decisión prejudicial a la luz de las situaciones mencionadas en la sentencia CILFIT  nace en toda circunstancia en la que pueda aplicarse el Derecho de la Unión, al margen de que una parte haya solicitado que se efectúe una remisión prejudicial. Ese derecho no es un derecho a que se plantee una cuestión prejudicial, que ni el artículo 267 TFUE ni el artículo 47 de la Carta confieren a ninguna de las partes. Se trata más bien del derecho a que se explique el porqué de la decisión de no remisión, que las partes tienen atribuido en virtud del artículo 47 de la Carta.
57.      Hasta el momento, la jurisprudencia del TEDH relativa al artículo 6, apartado 1, del CEDH ha guardado relación con asuntos en los que una parte había solicitado que se planteara una petición de decisión prejudicial. No obstante, el hecho de que esos asuntos se resolvieran en ese contexto no excluye que esa jurisprudencia pueda aplicarse también a situaciones en las que el Derecho de la Unión sea pertinente, pero ninguna de las partes haya solicitado que se plantee una petición de decisión prejudicial.
58.      En cualquier caso, la obligación de remisión que impone el artículo 267 TFUE no depende de que una parte solicite que se plantee una petición de decisión prejudicial. Por consiguiente, en virtud del artículo 47 de la Carta, el órgano jurisdiccional de última instancia debe explicar a las partes por qué no ha planteado una petición de decisión prejudicial aun cuando ninguna de ellas le haya solicitado esa actuación. (40)
59.      En resumen, la razón de ser del deber de motivación a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta es permitir a las partes de un asunto comprender los motivos de la sentencia dictada, incluida la decisión de no plantear una petición de decisión prejudicial, garantizando así su derecho a un proceso equitativo.
60.      De lo anterior resulta que la justificación del deber de motivación de los órganos jurisdiccionales de última instancia es distinta en función de que se parta del artículo 267 TFUE o del artículo 47 de la Carta. A diferencia de lo que ocurre con la justificación a la luz del artículo 267 TFUE, que se deriva de consideraciones objetivas destinadas a garantizar el interés público en la uniformidad del Derecho de la Unión, la razón de ser de ese deber con arreglo al artículo 47 de la Carta resulta de consideraciones subjetivas, que tienen por objeto garantizar un derecho individual de una parte en el procedimiento.
61.      Dadas las distintas justificaciones, es posible que se llegue a conclusiones diferentes sobre el alcance que debe tener la motivación.
C.      Deber de motivación y motivación abreviada
62.      Procede recordar que la jurisprudencia derivada de las sentencias Consorzio y KUBERA confirma la existencia del deber de los órganos jurisdiccionales de última instancia de proporcionar una explicación de los motivos por los que han decidido no plantear una petición de decisión prejudicial. Esa explicación debe permitir comprender cuál de las situaciones mencionadas en la sentencia CILFIT concurre en opinión del órgano jurisdiccional y por qué
63.      ¿Debe esa motivación ser siempre expresa o es posible recurrir a una motivación abreviada?
64.      La facultad de recurrir a una motivación abreviada que el Derecho interno atribuye a los órganos jurisdiccionales también tiene su justificación. Como han indicado el órgano jurisdiccional remitente y el Gobierno neerlandés, aceptar una motivación abreviada en casos como el que nos ocupa constituye un compromiso necesario para permitir que puedan interponerse recursos en asuntos de inmigración. Una exigencia de motivación exhaustiva rompería el equilibrio que el legislador nacional ha establecido en el sistema, concediendo protección jurídica a los particulares permitiéndoles interponer recursos en asuntos de inmigración, por un lado, y aceptando una motivación abreviada para evitar que el sistema jurídico se colapse, por otro lado. (41)
65.      Por consiguiente, para responder a la cuestión suscitada en el presente asunto, es necesario ponderar el interés en disponer de tal motivación abreviada en los sistemas jurídicos nacionales con el interés, derivado del Derecho de la Unión, de que los órganos jurisdiccionales de última instancia justifiquen su decisión de no proceder a una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia.
66.      En la sección B he observado que la fundamentación del deber de motivación es distinta en función de que nos centremos en el artículo 267 TFUE o en el artículo 47 de la Carta. Si, en un lado de la balanza se colocan las razones que justifican la motivación abreviada y, en el otro, las razones que justifican el deber de motivación, el resultado de la ponderación puede ser distinto en función de que dicho deber de motivación se justifique en virtud del artículo 267 TFUE o del artículo 47 de la Carta.
67.      A este respecto, el interés general en garantizar la uniformidad del Derecho de la Unión, que justifica el deber de motivación en virtud del artículo 267 TFUE, podría quedar satisfecho si el órgano jurisdiccional nacional de última instancia ha tenido en cuenta las situaciones mencionadas en la sentencia CILFIT pero no ha indicado las razones que le han llevado a no plantear una petición de decisión prejudicial. Para que ese interés general quede satisfecho es preciso que el órgano jurisdiccional haya examinado en profundidad las situaciones a que se alude en la sentencia CILFIT pero no es imprescindible que las partes en el procedimiento comprendan el razonamiento que ha seguido el tribunal a ese respecto. Por consiguiente, el artículo 267 TFUE no se opone a una motivación abreviada.
68.      Por el contrario, si las razones para no efectuar una remisión prejudicial no se desprenden al menos implícitamente de la resolución del órgano jurisdiccional nacional de última instancia con un grado de detalle suficiente para que las partes en el procedimiento puedan entender el resultado de la resolución, el interés que justifica el deber de motivación en virtud del artículo 47 de la Carta no quedaría satisfecho.
69.      De este modo, a la luz del artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, debe proporcionarse algún tipo de motivación, aunque sea únicamente de manera implícita. Ello no excluye automáticamente que pueda adoptarse una motivación abreviada, siempre que esta sea adecuada para que las partes puedan comprender las razones por las que el órgano jurisdiccional ha decidido no plantear una petición de decisión prejudicial.
70.      Queda por determinar qué se considera una motivación abreviada adecuada en virtud del artículo 47 de la Carta.
71.      De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del TEDH resulta que la apreciación del carácter adecuado de la motivación depende de las circunstancias de cada asunto.
72.      Según el Tribunal de Justicia, el alcance del deber de motivación puede variar en función de la naturaleza de la resolución judicial de que se trate y debe analizarse, teniendo en cuenta el procedimiento considerado en su globalidad y a la luz del conjunto de las circunstancias pertinentes. (42)
73.      Esa conclusión también se desprende de la jurisprudencia del TEDH. (43) Ese Tribunal ha declarado que, dependiendo de las circunstancias, puede ser compatible con el artículo 6, apartado 1, del CEDH que un órgano jurisdiccional de última instancia resuelva adoptando una motivación abreviada en situaciones en las que, por ejemplo, las razones para rechazar la solicitud de que se plantee una petición de decisión prejudicial estén implícitas o puedan inferirse de otras partes de la resolución. (44)
74.      En particular, en la sentencia Baydar, (45) el TEDH declaró que una motivación abreviada del Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) no infringía el artículo 6, apartado 1, del CEDH. En el contexto de los procedimientos acelerados regulados por la normativa neerlandesa de que se trataba en el citado asunto (46) el TEDH consideró que no suscitaba ningún problema de principio, en virtud del artículo 6, apartado 1, del CEDH, que un recurso fuera desestimado adoptando una motivación abreviada, cuando de las circunstancias del asunto se desprendía claramente que la resolución no había sido adoptada de forma arbitraria y no carecía manifiestamente de justificación. El TEDH declaró que la resolución en cuestión no era arbitraria ni excesiva porque el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) había examinado debidamente el escrito de recurso del demandante y el informe del abogado general, así como las observaciones del demandante a dicho informe.
75.      En la sentencia Harisch, (47) el TEDH entendió que la motivación abreviada del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) no infringía el artículo 6, apartado 1, del CEDH. El TEDH consideró que, dado que el órgano jurisdiccional inferior había proporcionado una motivación detallada sobre su negativa a plantear una petición de decisión prejudicial, el solicitante podía comprender la resolución del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal). Por consiguiente, teniendo en cuenta la finalidad del deber de motivación en virtud del artículo 6 del CEDH y examinando el procedimiento en su conjunto, el TEDH entendió que, en las circunstancias del citado asunto, la negativa a efectuar una remisión prejudicial estaba suficientemente motivada.
76.      En conclusión, de la mencionada jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 6, apartado 1, del CEDH resulta que no siempre es precisa una motivación expresa y específica cuando un órgano jurisdiccional de última instancia decide no plantear una petición de decisión prejudicial. Conforme se indica en varias sentencias, como las dictadas en los asuntos Baydar y Harisch, esa jurisprudencia parece aceptar que los órganos jurisdiccionales de última instancia adopten una motivación abreviada. Ello será posible cuando, en las circunstancias del asunto de que se trata, las partes tengan garantías de haber sido oídas y puedan comprender por qué se ha denegado su solicitud de que se plantee una petición de decisión prejudicial.
77.      Desde mi punto de vista, ese planteamiento puede aplicarse a la interpretación del artículo 47 de la Carta. Como señala el Gobierno finlandés, según esa disposición el alcance de la motivación no puede determinarse de antemano dado que cada asunto es diferente. (48)
78.      A este respecto, el Derecho nacional no puede imponer una motivación abreviada pero puede permitir a los tribunales que recurran a ella. El órgano jurisdiccional nacional de última instancia debe poder apreciar si, en un caso concreto, una motivación abreviada es suficiente.
79.      La normativa nacional controvertida parece cumplir esa exigencia. Por consiguiente, incumbe al órgano jurisdiccional de última instancia apreciar en cada caso si la fórmula normalizada que hace las veces de motivación abreviada es suficiente o si es necesario incluir una motivación más extensa para permitir a la parte del procedimiento comprender las razones por las que ese órgano jurisdiccional ha decidido no plantear una petición de decisión prejudicial, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes.
80.      Por ejemplo, cuando el órgano jurisdiccional nacional de última instancia haga suya la motivación y la conclusión de un órgano jurisdiccional de rango inferior, puede bastar con que incluya una fórmula normalizada, como la que ha utilizado en este caso el órgano jurisdiccional remitente. Será así siempre que esa fórmula implique que la resolución del órgano jurisdiccional de rango inferior expuso de manera adecuada por qué el Derecho de la Unión no resulta pertinente para la solución del litigio de que se trata, de qué manera se ha aclarado el Derecho de la Unión en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o por qué, a falta de tal jurisprudencia, la aplicación correcta del Derecho de la Unión no deja lugar a ninguna duda razonable.
81.      Sin embargo, si el órgano jurisdiccional de última instancia está de acuerdo con la solución alcanzada en el asunto, pero no con el razonamiento seguido por el órgano jurisdiccional inferior, o si en la motivación no se explican las razones para no plantear una petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional de última instancia no podrá recurrir a dicha fórmula y tendrá que exponer su postura de manera expresa.
82.      Las partes también se preguntaron en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia si basta con que el órgano jurisdiccional de última instancia aluda simplemente a la existencia de una de las tres situaciones mencionadas en la sentencia CILFIT.
83.      De las consideraciones anteriores se desprende que no resulta suficiente, en sí, limitarse a indicar cuál de esas situaciones ha sido aplicada por el órgano jurisdiccional para decidir no plantear una petición de decisión prejudicial. Las partes del procedimiento deben poder entender por qué se consideró aplicable la citada situación. Dicho esto, no es en absoluto necesario indicar expresamente la situación mencionada en la sentencia CILFIT aplicada por el órgano jurisdiccional si esta se deduce claramente de la motivación.
84.      En resumen, el artículo 267 TFUE, a la luz del artículo 47 de la Carta, no se opone a que se emplee una motivación abreviada, siempre que las partes puedan comprender las razones por las que el órgano jurisdiccional de última instancia ha decidido no plantear una petición de decisión prejudicial ante la existencia de una de las situaciones mencionadas en la sentencia CILFIT.
85.      Incumbe al órgano jurisdiccional de última instancia, incluido el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, apreciar si basta con una motivación abreviada o si se debe adoptar una motivación adicional a la luz de las circunstancias del asunto.
V.      Conclusión
86.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por el Raad van State (Consejo de Estado, Países Bajos):
«El artículo 267 TFUE, párrafo tercero, en relación con el artículo 47, párrafo tercero, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
no se opone a una normativa nacional como la contenida en el artículo 91, apartado 2, de la Vreemdelingenwet 2000 (Ley de Extranjería de 2000), en virtud de la cual la Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Consejo de Estado, Países Bajos), en su condición de órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial, puede pronunciarse con una motivación abreviada sobre una cuestión que se haya suscitado acerca de la interpretación del Derecho de la Unión, en relación o no con una solicitud expresa de que se plantee una petición de decisión prejudicial, sin motivar cuál de las excepciones a su obligación de remisión concurre, siempre que esa motivación abreviada permita a las partes comprender las razones por las que ese órgano jurisdiccional ha decidido no plantear la cuestión de interpretación del Derecho de la Unión al Tribunal de Justicia.»
1      Lengua original: inglés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Sentencia de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi (C‑561/19, en lo sucesivo, «sentencia Consorzio», EU:C:2021:799).
3      Utilizo la expresión «órganos jurisdiccionales (nacionales) de última instancia» y «órganos jurisdiccionales de última instancia» para designar a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros a los que se refiere el artículo 267 TFUE. Esa disposición alude a «un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno».
4      Véase la sentencia de 6 de octubre de 1982, Cilfit y otros (283/81, en lo sucesivo, «sentencia CILFIT», EU:C:1982:335), en particular, apartados 9 a 21. Véanse asimismo los puntos 28 a 35, y en particular el punto 29, de las presentes conclusiones.
5      Sentencia de 10 de mayo de 2017, Chávez‑Vílchez y otros (C‑133/15, en lo sucesivo, «sentencia Chávez-Vílchez», EU:C:2017:354).
6      NL:RBDHA:2021:15503 (leído con ayuda de traducción automática).
7      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente menciona su resolución de 5 de marzo de 2015 (NL:RVS:2015:785), en la que consideró que el artículo 91, apartado 2, de la Ley de Extranjería de 2000 no era contrario al artículo 47 de la Carta ni al artículo 6, apartado 1, del CEDH, en relación con el artículo 13 del CEDH, así como su resolución de 3 de abril de 2019 (NL:RVS:2019:1060), que confirmó esa resolución anterior y analizó el artículo 91, apartado 2, de la Ley de Extranjería de 2000 con mayor grado de detalle.
8      En particular, el órgano jurisdiccional remitente cita las sentencias del TEDH de 24 de abril de 2018, Baydar c. Países Bajos (CE:ECHR:2018:0424JUD005538514; en lo sucesivo, «sentencia Baydar»), y de 11 de abril de 2019, Harisch c. Alemania (CE:ECHR:2019:0411JUD005005316, en lo sucesivo, «sentencia Harisch»).
9      Sentencia de 15 de octubre de 2024 (C‑144/23, en lo sucesivo, «sentencia KUBERA», EU:C:2024:881).
10      Véanse el antiguo artículo 177 CEE, párrafo tercero y el antiguo artículo 234 CE, párrafo tercero, véase, en cambio, el artículo 41 del Tratado CECA, que no regulaba los procedimientos prejudiciales del mismo modo. En virtud del artículo 106 bis del Tratado CECA, el artículo 267 TFUE resulta de aplicación a ese Tratado.
11      Véase, a este respecto, la sentencia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117), apartados 32 y 33.
12      A este respecto, el Abogado General Capotorti expuso en sus conclusiones presentadas en el asunto  Cilfit y otros  (283/81, EU:C:1982:267; Rec. 1982, p. 3432, en particular p. 3440), punto 8, que «los órganos jurisdiccionales de última instancia dictan decisiones definitivas, inalterables y de potencial influencia en las orientaciones de los otros órganos jurisdiccionales del país. En otros términos, el “núcleo” de la jurisprudencia nacional está integrado por las sentencias dictadas en última instancia».
13      Véase, por ejemplo, la sentencia de 24 de mayo de 1977, Hoffmann‑La Roche (107/76, EU:C:1977:89), apartado 5, citada en múltiples resoluciones, la más reciente, la dictada en la sentencia KUBERA, apartado 35.
14      El Tribunal de Justicia ya lo explicó en la sentencia CILFIT, apartado 9. Véanse asimismo las sentencias de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA (C‑344/04, EU:C:2006:10), apartado 28, y Consorzio, apartado 54.
15      Véase la sentencia CILFIT, en particular, apartados 10 a 21. Sin embargo, el Tribunal de Justicia ya había indicado en la sentencia de 27 de marzo de 1963, Da Costa y otros (28/62 a 30/62, en lo sucesivo, «sentencia Da Costa», EU:C:1963:6; Rec. 1963, p. 31, en particular p. 38), determinadas situaciones en las que el órgano jurisdiccional nacional de última instancia quedaba eximido de la obligación de remisión considerando que «la doctrina interpretativa sentada por este Tribunal en virtud del [artículo 267 TFUE] puede, no obstante, privar a [la] obligación [de remisión] de su causa y vaciarla así de su contenido».
16      El propio Tribunal de Justicia alude en ocasiones a «excepciones». Véanse, por ejemplo, las sentencias de 5 de abril de 2016, PFE (C‑689/13, EU:C:2016:199), apartado 32, y KUBERA, apartados 55 a 58, 63 y 64. Sin embargo, en la sentencia Consorzio, el Tribunal de Justicia se refirió a las «situaciones» o «supuestos» en los que un órgano jurisdiccional nacional de última instancia puede abstenerse de efectuar una remisión prejudicial (véanse los apartados 39, 50, 51, 57 y 58 de dicha sentencia), y ha mantenido esa terminología siempre que ha hecho referencia a dicha sentencia (véase, por ejemplo, la sentencia KUBERA, apartados 37, 38 y 62).
17      Sentencia Consorzio, apartado 33.
18      Para un ejemplo reciente, véase la sentencia de 21 de marzo de 2023, Mercedes‑Benz Group (Responsabilidad de los fabricantes de vehículos equipados con dispositivos de desactivación) (C‑100/21, EU:C:2023:229), en particular, apartados 53 a 55, en la que el Tribunal de Justicia consideró que una cuestión prejudicial era inadmisible debido a que el órgano jurisdiccional remitente no había explicado las razones por las que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada era necesaria para la solución del litigio de que conocía.
19      Véase la sentencia Consorzio, apartado 36 y jurisprudencia citada. Esa situación refleja la misma que el Tribunal de Justicia ya reconoció en 1963 en su sentencia Da Costa (véase la nota 15 de las presentes conclusiones).
20      Véase la sentencia Consorzio, apartado 39 y jurisprudencia citada. El Tribunal de Justicia aludió a esta situación por primera vez en la sentencia CILFIT.
21      Véase la sentencia CILFIT, apartado 16. La referencia a los órganos jurisdiccionales de última instancia (y no simplemente a los órganos jurisdiccionales) de otros Estados miembros, se añadió en la sentencia Consorzio, apartado 40.
22      En la sentencia CILFIT, el Tribunal de Justicia observó que, antes de concluir que una disposición del Derecho de la Unión no deja lugar a ninguna duda razonable en cuanto a su correcta interpretación, el órgano jurisdiccional nacional de última instancia debe tener en consideración las características propias del Derecho de la Unión y las dificultades particulares que presenta su interpretación (como, por ejemplo, que está redactada en varias lenguas todas ellas auténticas por igual o que los términos que se emplean en ellas pueden tener un significado distinto cuando se utilizan en los ordenamientos jurídicos nacionales) y que dicho órgano jurisdiccional ha de prestar atención al riesgo de divergencias de jurisprudencia en el interior de la Unión Europea. Véanse los apartados 16 a 21 de dicha sentencia.
23      Incluso por varios Abogados Generales, como describió el Abogado General Bobek en sus conclusiones presentadas en el asunto Consorzio Italian Management et Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:291), puntos 100 a 103.
24      Conforme a la célebre afirmación del Abogado General Wahl en sus conclusiones presentadas en los asuntos acumulados X y van Dijk  (C‑72/14 y C‑197/14, EU:C:2015:319), punto 62.
25      Sentencia Consorzio, apartado 50 y jurisprudencia citada.
26      Para una exposición detallada véase, por ejemplo, Broberg, M. y Fenger, N., «If you love somebody set them free: On the Court of Justices’s revision of the acte clair doctrine», Common Market Law Review, Vol. 59(3), 2022, p. 711; Cecchetti, L. y Gallo, D., «The unwritten exceptions to the duty to refer after Consorzio Italian Management II: “CILFIT Strategy” 2.0 and its loopholes», Review of European Administrative Law, Vol. 15(3), 2022, pp. 29 a 61; Maher, I., «The CILFIT criteria clarified and extended for national courts of last resort under Art. 267 TFUE», European Papers, Vol. 7(1), 2022, pp. 265 a 274; Millet, F‑X., «Cilfit still fits — ECJ 6 October 2021, Case C‑561/19, Consorzio Italian Management», European Constitutional Law Review, Vol. 18(3), 2022, pp. 533 a 555, y Petrić, D., «How to make a unicorn Or “there never was an ‘acte clair’ in EU Law”: Some remarks about Case C‑561/19 Consorzio Italian Management», Croatian Yearbook of European Law & Policy, Vol. 17, 2021, pp. 307 a 328.
27      Para un comentario sobre si tal decisión es o debería ser una decisión subjetiva del órgano jurisdiccional nacional que tenga en cuenta las necesidades de un asunto concreto o una decisión más objetiva que tome en consideración el interés en la aplicación uniforme del Derecho de la Unión, véanse las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto Consorzio  Italian Management y Catania Multiservizi (C‑561/19, EU:C:2021:291), puntos 69 a 87.
28      Incluso antes de la sentencia Consorzio, el Abogado General Bot ya había considerado que la sentencia CILFIT imponía un deber de motivación a los órganos jurisdiccionales de última instancia cuando estos decidían no plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Véanse sus conclusiones en el asunto Ferreira da Silva e Brito y otros (C‑160/14, EU:C:2015:390), puntos 90 y 94.
29      Sentencia Consorzio, apartado 51.
30      El Tribunal de Justicia analizó el deber de motivación en los apartados 61 a 65 de la sentencia KUBERA y declaró que, cuando un órgano jurisdiccional nacional de última instancia decide denegar la autorización para interponer un recurso de casación que incluya una solicitud de que se plantee al Tribunal de Justicia una cuestión de Derecho de la Unión, esa decisión debe cumplir el deber de motivación que consta en el apartado 51 de la sentencia Consorzio.
31      Véase, a este respecto, la jurisprudencia citada en la nota 13 de las presentes conclusiones.
32      El hecho de que no disfruten de ese derecho no significa que los particulares que son parte en un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales no tengan interés en que se cumpla la obligación de remisión Cuando recurren ante un órgano jurisdiccional nacional de última instancia, pueden albergar ciertas expectativas legítimas en que se efectúe una remisión prejudicial precisamente debido a la existencia de esa obligación motivada objetivamente, en especial si el órgano jurisdiccional nacional que debe resolver no pretende acoger su postura sobre cómo ha de aplicarse a su caso una norma determinada del Derecho de la Unión. Cabe incluso que esa posibilidad de influir de manera indirecta en un órgano jurisdiccional nacional de última instancia para que se ponga en contacto con el Tribunal de Justicia motive su decisión de elevar a la siguiente instancia procesal su asunto.
33      Como ha declarado el Tribunal de Justicia, el sistema establecido en el artículo 267 TFUE no constituye un medio de impugnación ofrecido a las partes en un litigio pendiente ante un Juez nacional. Véanse, por ejemplo, las sentencias CILFIT, apartado 9, y Consorzio, apartado 54. De igual manera, el hecho de que las partes en un litigio principal determinado no hayan suscitado ante el órgano jurisdiccional remitente un problema de Derecho de la Unión no impide que este se pueda remitir al Tribunal de Justicia. Véanse, por ejemplo, las sentencias de 16 de junio de 1981, Salonia (126/80, EU:C:1981:136), apartado 7, y de 15 de enero de 2013, Križan y otros (C‑416/10, EU:C:2013:8), apartado 65.
34      Como señalan los Gobiernos neerlandés, alemán, italiano y finlandés, así como la Comisión, el deber de motivación se deriva del artículo 47 de la Carta, y no del artículo 267 TFUE, que no confiere derechos a los particulares.
35      La exigencia de motivar la no remisión con arreglo al párrafo tercero del artículo 267 TFUE ya se había consagrado en la jurisprudencia de los Estados miembros en los que existe un mecanismo de control constitucional de la obligación de remisión como parte del control del respeto del derecho a un juez imparcial o del derecho a un proceso equitativo. Para una descripción y apreciación y de esa jurisprudencia a nivel nacional, véanse, por ejemplo, Broberg, M. y Fenger, N., Broberg and Fenger on Preliminary References to the European Court of Justice, 3.ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2021, en particular, pp. 235, 236, 241 y 242; Lacchi, C., Preliminary References to the Court of Justice of the European Union and Effective Judicial Protection, Larcier, Bruselas, 2020, en particular, el capítulo 3, y Wallerman Ghavanini, A. y Rauchegger, C., «Effective judicial protection before national courts: Article 47 of the Charter, national constitutional remedies and the preliminary reference procedure», en Bonelli, M., Eliantonio, M. y Gentile, G. (eds), Article 47 of the EU Charter and Effective Judicial Protection, Volume 1: The Court of Justice’s Perspective, Hart, Oxford, 2022, pp. 45 a 60, en particular, pp. 50 a 54. El TDEH también impone esa exigencia en virtud del artículo 6 del CEDH. Véanse además los puntos 54 y 73 a 76 de las presentes conclusiones.
36      Sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:513).
37      Véase, por ejemplo, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531), apartado 53, y las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:247), punto 84 y 85. Véanse también, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Poiares Maduro presentadas en el asunto Suecia y API/Comisión y Comisión/API (C‑514/07 P, C‑528/07 P y C‑532/07 P, EU:C:2009:592), punto 32, en el que consideró que «uno de los objetivos principales del derecho a una sentencia motivada consiste en permitir al público entender los motivos de la decisión del Tribunal de Justicia y el proceso a través del cual se ha llegado a aquella».
38      Véanse, por ejemplo, las sentencias Baydar, § 39; Harisch, § 33, y TEDH, sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rutar y Rutar Marketing d.o.o. c. Eslovenia, (CE:ECHR:2022:1215JUD002116420), § 62.
39      Véanse, por ejemplo, TEDH, sentencias de 20 de septiembre de 2011, Ullens de Schooten y Rezabek c. Bélgica (CE:ECHR:2011:0920JUD000398907), § 62; de 8 de abril de 2014, Dhahbi c. Italia (CE:ECHR:2014:0408JUD001712009), § 31, y de 30 de abril de 2019, Repcevirág Szövetkezet c. Hungría (CE:ECHR:2019:0430JUD007075014), § 50.
40      Véase Broberg y Fenger, citado en la nota 26 de las presentes conclusiones, p. 725.
41      El Gobierno neerlandés señaló en la vista que, en 2024, el Raad van State (Consejo de Estado) había resuelto cuatro mil doscientos asuntos de inmigración en cuanto al fondo. De ellos, en aproximadamente dos mil doscientos, se adoptó una motivación abreviada, en mil trescientos se incluyó una motivación abreviada acompañada de una formulación complementaria y en trescientos se dictó una sentencia plenamente motivada. Los aproximadamente cuatrocientos asuntos restantes fueron desestimados por inadmisibles o debido a errores procesales. Según ese Gobierno existen dos tipos de motivaciones abreviadas: además de la fórmula normalizada, puede incluirse una motivación abreviada que la complete, por ejemplo, ese complemento puede incluir el razonamiento seguido por el órgano jurisdiccional en la resolución, como el hecho de indicar que se está ante un «acte éclairé» en el caso concreto.
42      Véase, por ejemplo, la sentencia de 6 de septiembre de 2012, Trade Agency (C‑619/10, EU:C:2012:531), apartado 60.
43      Véanse las sentencias Baydar, § 40 y Harisch, § 34, y TEDH, sentencia de 15 de diciembre de 2022, Rutar y Rutar Marketing d.o.o. c. Eslovenia (CE:ECHR:2022:1215JUD002116420), § 58.
44      Véase, por ejemplo, la sentencia Baydar, §§ 42 y 43, y TEDH, sentencias de 13 de febrero de 2020, Sanofi Pasteur c. Francia (CE:ECHR:2020:0213JUD002513716), § 71, y de 13 de julio de 2021, Bio Farmland Betriebs S. R.L. c. Rumania (CE:ECHR:2021:0713JUD004363917), § 51.
45      Véase la sentencia Baydar, §§ 45 a 53.
46      Se trata de una normativa distinta de la que permite la motivación abreviada en el presente asunto.
47      Véase la sentencia Harisch, §§ 37 a 43.
48      Asimismo, el Abogado General Emiliou consideró que el alcance del deber de motivación varía en función de las circunstancias pertinentes; véanse sus conclusiones presentadas en el asunto KUBERA (C‑144/23, EU:C:2024:522), puntos 122 a 133.