Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. TAMARA ĆAPETA
presentadas el 16 de abril de 2026 (1)
Asunto C‑23/25 [Sutuska] (i)
AS
contra
Bank Millennium S.A.
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia)]
(Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Artículo 6, apartado 1 — Artículo 7, apartado 1 — Efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual — Contrato nulo — Contratos de seguro celebrados como garantía de un contrato de préstamo nulo — Posibilidad de hacer valer reclamaciones que van más allá del reembolso de los importes acordados en el contrato y del pago de intereses de demora — Derecho del consumidor al reembolso de las primas de seguro — Pólizas de seguro que cubren los riesgos del acreedor o del prestatario — Proporcionalidad)
I.      Introducción
1.        El presente asunto tiene por objeto las consecuencias de la anulación de un contrato que contenía cláusulas abusivas en el sentido de la Directiva sobre las cláusulas abusivas. (2)
2.        El Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, declaró la nulidad de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un banco porque, según el mismo órgano jurisdiccional concluyó, contenía cláusulas abusivas.
Dicho órgano jurisdiccional debe ahora decidir si el banco ha de reembolsar al consumidor las cantidades abonadas en relación con varias pólizas de seguro que el banco exigió suscribir al consumidor con ocasión de la celebración del contrato.
II.    Antecedentes del litigio, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
3.        El 14 de marzo de 2007, AS, el prestatario y demandante en el litigio principal, celebró con Bank Millennium, el demandado en el litigio principal, un contrato de préstamo hipotecario a largo plazo indexado al franco suizo.
4.        El contrato incluía una cláusula en virtud de la cual las cuotas del préstamo debían pagarse en eslotis polacos (PLN) tras efectuar la conversión aplicando el tipo de venta del franco suizo fijado en la tabla de tipos de cambio de monedas extranjeras vigente en la fecha del pago. El órgano jurisdiccional remitente consideró que esa cláusula de divisas era abusiva y, por consiguiente, declaró la nulidad de la totalidad del contrato mediante sentencia parcial de 16 de enero de 2025. Con arreglo al Derecho nacional, la nulidad de un contrato obliga a las partes contratantes a restituir las ventajas que hayan obtenido en virtud de ese contrato.
5.        Además de la devolución de las cuotas del préstamo, AS reclama un importe de 15 108,15 PLN (aproximadamente 3 573 euros), que representa las primas pagadas por las cuatro pólizas de seguro suscritas en relación con el contrato de préstamo.
6.        Según la resolución de remisión, dichas pólizas correspondían a (i) un seguro de una ratio préstamo/valor (LTV) elevada, (3) (ii) un seguro puente, (4) (iii) un seguro del bien inmueble y (iv) un seguro de vida.
7.        Según el órgano jurisdiccional remitente, en el procedimiento del que conoce es pacífico que el banco debe reembolsar al prestatario el importe de las primas pagadas por el seguro que cubre su propio riesgo, es decir, la póliza del seguro de una ratio préstamo/valor elevada y la del seguro puente.
8.        Sin embargo, se discute si el prestatario puede recuperar las primas abonadas por los seguros que protegen sus propios riesgos, a saber, las pólizas de seguro del bien inmueble y de vida.
9.        Como explica el órgano jurisdiccional remitente, la tesis predominante en la jurisprudencia nacional es que el banco no está obligado a devolver al prestatario estos últimos tipos de primas de seguro, ya que tales contratos no están vinculados intrínsecamente al contrato de préstamo, aun cuando se cedan al banco los derechos derivados de las pólizas. El órgano jurisdiccional remitente argumenta que el prestatario (seguro del bien inmueble) y sus herederos (seguro de vida) siguen siendo los beneficiarios reales de dichas pólizas; si la suma asegurada es superior a la deuda frente al banco, el excedente ha de pagarse directamente al prestatario, en el caso del seguro del bien inmueble, o a los otros beneficiarios, en el caso del seguro de vida.
10.      Esta interpretación se basa, como explica el órgano jurisdiccional remitente, en el hecho de que un contrato de préstamo exige únicamente al prestatario constituir una garantía, y no la obligación de abonar las primas de seguro. Esa obligación surge de los propios contratos de seguro y de las disposiciones pertinentes de la Ustawa Kodeks cywilny (Ley por la que se aprueba el Código Civil), de 23 de abril de 1964
(Dz. U. No
16, position 93), en su versión aplicable al litigio principal, en materia de seguros de bienes inmueble y de vida. En consecuencia, el contrato de préstamo, el contrato de seguro del bien inmueble y el contrato de seguro de vida constituyen relaciones jurídicas independientes. La declaración de nulidad del contrato de préstamo no invalida los contratos de seguro, sino que simplemente hace ineficaces los mecanismos de garantía asociados a ellos, a saber, la cesión al banco de los derechos resultantes del seguro del bien inmueble y la designación del banco como beneficiario de la suma asegurada en virtud de la póliza de seguro de vida. Por lo tanto, el prestatario mantiene el derecho a indemnización en virtud de la póliza de seguro del bien inmueble y sus herederos, de haberlos, conservan cualquier beneficio que pueda derivarse de la póliza de seguro de vida.
11.      El órgano jurisdiccional remitente señala asimismo que, si el seguro del bien inmueble fuera declarado nulo, el prestatario habría carecido de la cobertura del mismo desde la fecha en que se suscribió el préstamo, una situación que los tribunales son reacios a suscitar. Además, dado que los beneficiarios reales de las primas son el prestatario o sus herederos, cualquier reclamación de reembolso de tales primas deberá dirigirse contra la compañía aseguradora, y no contra el banco. En ese contexto, el banco actúa simplemente como intermediario, cobrando las primas al prestatario y transfiriéndolas a la compañía aseguradora sin percibir ningún beneficio. No sucede lo mismo con los seguros de los riesgos propios del banco (las pólizas de seguro puente y de ratio préstamo/valor elevada), en los que el banco es el tomador de la póliza y el único beneficiario, de modo que el reembolso de dichas primas es una cuestión distinta.
12.      Pese a la interpretación predominante del Derecho interno en la jurisprudencia nacional, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si privar a un consumidor del derecho a reclamar el reembolso de las primas en cuestión a raíz de una decisión por la que se anula un contrato de préstamo es contrario a los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva sobre las cláusulas abusivas.
13.      El órgano jurisdiccional remitente observa que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. (5)
14.      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, por lo tanto, si la nulidad del contrato de préstamo puede también dar lugar al reembolso de las primas de seguro ligadas a ese contrato. Dicho órgano jurisdiccional expresa dudas sobre la proporcionalidad de tal solución. A su juicio, resulta más adecuado interpretar que la nulidad de un préstamo no invalida los contratos de seguro en sí mismos, sino que simplemente hace ineficaces los mecanismos de garantía ligados a ellos (la cesión de los derechos resultantes del seguro del bien inmueble y la designación del banco como beneficiario de la suma asegurada en virtud del seguro de vida).
15.      El órgano jurisdiccional remitente, al albergar dudas acerca de la correcta interpretación de las citadas disposiciones de la Directiva sobre las cláusulas abusivas, suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como los principios de efectividad y proporcionalidad, en el sentido de que, en el contexto de la declaración de nulidad de la totalidad de un contrato de préstamo celebrado con un consumidor por un banco, debido a que dicho contrato contenía cláusulas abusivas sin las cuales no puede subsistir, se oponen a una interpretación judicial de disposiciones conforme a la cual:
–        el banco tiene la obligación de restituir al consumidor el equivalente de los gastos del seguro de riesgo del banco soportados por el consumidor, tales como el seguro de aportación propia baja y el seguro puente, que constituían una garantía del reembolso del préstamo,
–        el banco no tiene la obligación de restituir al consumidor el equivalente de los gastos del seguro de riesgo del consumidor soportados por este, tales como el seguro de bien inmueble y el seguro de vida, que constituían una garantía del reembolso del préstamo?»
16.      AS, Bank Millennium, los Gobiernos polaco y portugués y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.
17.      El 22 de enero de 2026 se celebró una vista en la que Bank Millennium, el Gobierno polaco y la Comisión formularon observaciones orales.
III. Análisis
18.      El presente asunto se inscribe en una larga serie de sentencias en las que el Tribunal de Justicia ha interpretado las consecuencias de la declaración de nulidad de contratos de préstamo indexados al franco suizo con arreglo a la Directiva sobre las cláusulas abusivas.
19.      No obstante, la presente petición de decisión prejudicial plantea una cuestión novedosa relativa a los efectos de la declaración de nulidad de un contrato de préstamo hipotecario sobre varios contratos de seguro vinculados a este, cuestión que aún no ha sido abordada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
20.      El demandante en el litigio principal sostiene que todas las primas de seguro pagadas por un consumidor en cumplimiento de un contrato de préstamo que posteriormente es declarado nulo porque contenía una cláusula abusiva deben ser restituidas, ya que se abonaron en relación con un contrato de préstamo inválido y, por consiguiente, eran indebidas.
21.      Por el contrario, Bank Millennium, los Gobiernos polaco y portugués y la Comisión alegan que, a diferencia de las pólizas del seguro puente y del seguro de ratio préstamo/valor elevada, la obligación del prestatario de pagar las primas de los seguros del bien inmueble y de vida no se deriva de las estipulaciones del contrato de préstamo, sino de las cláusulas de los propios contratos de seguro. Por consiguiente, la nulidad del contrato de préstamo no conlleva la nulidad de los seguros del bien inmueble y de vida, sino que simplemente ocasiona la ineficacia de la cesión al banco de los derechos resultantes de dichos contratos.
22.      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que confirme si la Directiva sobre las cláusulas abusivas permite una interpretación del Derecho nacional que faculta al prestatario a reclamar la restitución de las primas pagadas por el seguro de ratio préstamo/valor elevada y el seguro puente, pero no de las primas abonadas por los seguros del bien inmueble y de vida.
23.      Para responder a esta cuestión, recordaré brevemente en primer lugar la jurisprudencia pertinente (A) antes de exponer mi opinión sobre esta situación concreta (B).
A.      Jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia
24.      Tal como dispone expresamente el artículo 6, apartado 1, de la Directiva sobre las cláusulas abusivas y según ha explicado más detalladamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando un órgano jurisdiccional declare que una cláusula utilizada en un contrato celebrado con los consumidores es abusiva, dicha cláusula no podrá vincular al consumidor. (6)
25.      Aunque corresponde, en principio, a los Estados miembros precisar los efectos jurídicos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual, (7) el Tribunal de Justicia ha aclarado que los jueces nacionales están obligados a suprimir la cláusula abusiva del contrato y no pueden sustituirla por una interpretación de la voluntad de las partes con el fin de evitar la anulación del contrato ni por una disposición de Derecho nacional de carácter supletorio. (8) Por esta razón, en caso de que un contrato no pueda subsistir sin la cláusula abusiva, los tribunales nacionales deben anularlo en su totalidad. Eso concretamente sucedió en el presente asunto, pues el órgano jurisdiccional remitente consideró que el contrato no podía subsistir sin la cláusula abusiva y, por consiguiente, declaró la nulidad de la totalidad del contrato. Esta declaración del órgano jurisdiccional nacional no ha sido impugnada.
26.      Además, aunque las consecuencias jurídicas de la declaración de la nulidad de un contrato son también, en principio, una cuestión que corresponde al Derecho nacional, dichas consecuencias deben ser compatibles con el Derecho de la Unión y, en particular, con los objetivos perseguidos por la Directiva sobre las cláusulas abusivas. (9)
27.      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el Derecho nacional que transpone dicha Directiva debe, en particular, facilitar la consecución de dos objetivos.
28.      En primer lugar, el Derecho nacional debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva. (10) Ha de reconocerse un efecto restitutorio similar cuando el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional conlleve no solo la nulidad de esas cláusulas en sí mismas, sino también la invalidez de la totalidad del contrato. (11)
29.      En segundo lugar, el Derecho nacional no debe menoscabar el efecto disuasorio perseguido por la Directiva sobre las cláusulas abusivas. Este objetivo es de carácter más general y pretende disuadir a los profesionales de incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. (12)
30.      En la sentencia Bank M, invocada por las partes en el presente procedimiento, el Tribunal de Justicia resumió esta jurisprudencia de la siguiente manera: «La compatibilidad con el Derecho de la Unión de normas nacionales que regulen las consecuencias prácticas de la nulidad de un contrato de préstamo hipotecario debido a la presencia de cláusulas abusivas depende de si tales normas, por un lado, permiten restablecer de hecho y de Derecho la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicho contrato y, por otro lado, no ponen en peligro el efecto disuasorio perseguido por [la Directiva sobre las cláusulas abusivas]». (13)
31.      En lo que atañe al restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se habría encontrado el consumidor si el contrato no hubiera contenido una cláusula abusiva, de la jurisprudencia se desprende claramente que los consumidores deben tener derecho, al menos, al reembolso de las cuotas mensuales abonadas y de los gastos pagados en cumplimiento del contrato, así como al pago de los intereses de demora al tipo legal desde el requerimiento. (14) Además, en la sentencia Bank M, el Tribunal de Justicia declaró, con carácter general, que la reclamación de créditos que excedan del reembolso de las cuotas mensuales y los gastos pagados en cumplimiento de ese contrato no parece que ponga en peligro los dos objetivos de la Directiva sobre las cláusulas abusivas. (15) Sin embargo, el Tribunal de Justicia no ha examinado aún el derecho de los consumidores a reclamar el reembolso de los pagos efectuados en relación con pólizas de seguro vinculadas al contrato de préstamo hipotecario.
32.      En mi opinión, aceptar que se reclame el reembolso de los pagos correspondientes a los cuatro tipos de seguros controvertidos en el caso de autos no menoscaba, sino más bien que favorece, el objetivo de restablecer al prestatario en la situación anterior a la celebración del contrato anulado y el efecto disuasorio perseguido por la Directiva sobre las cláusulas abusivas.
33.      No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que, al apreciar el Derecho nacional, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Esto significa que, si bien es cierto que el reembolso de los pagos correspondientes a los cuatro tipos de seguros puede contribuir a los objetivos de la Directiva sobre las cláusulas abusivas, el Derecho nacional no ha de ir más allá de lo necesario para alcanzar esos objetivos. (16)
34.      Desde esta perspectiva, el órgano jurisdiccional remitente explicó en su resolución de remisión que permitir que los consumidores reclamen la restitución de las cantidades abonadas por los seguros del bien inmueble y de vida puede resultar desproporcionado. Este argumento milita a favor de mantener la jurisprudencia nacional predominante, según la cual el prestatario no puede reclamar el reembolso de las primas pagadas por las pólizas de seguro del bien inmueble y de vida, aun cuando la suscripción de tales pólizas fuera una condición del contrato de préstamo declarado nulo por contener una cláusula abusiva. A juicio del órgano jurisdiccional remitente, puede ser más adecuado interpretar que la nulidad de un contrato de préstamo no invalida los contratos de seguro en sí mismos, sino que simplemente hace ineficaces los mecanismos de garantía ligados a ellos (es decir, la cesión de los derechos resultantes del seguro del bien inmueble y la designación del banco como beneficiario de la suma asegurada en virtud del seguro de vida). Conforme a esta interpretación, el prestatario seguiría cubierto por ambas pólizas de seguro y, por lo tanto, no podría reclamar el reembolso de las primas pagadas por dichas pólizas.
B.      Análisis del presente asunto
35.      La jurisprudencia del Tribunal de Justicia antes citada apunta a la conclusión de que un banco está obligado, en principio, a reembolsar todos los pagos efectuados por el prestatario en relación con un contrato que posteriormente sea declarado nulo por incluir cláusulas abusivas.
36.      Como se ha señalado más arriba, los pagos realizados por el prestatario en relación con los dos primeros tipos de seguro, a saber, el seguro de ratio préstamo/valor elevada y el seguro puente, parecen estar vinculados indisociablemente al propio préstamo.
37.      Conforme a la resolución de remisión y a juicio del órgano jurisdiccional remitente, parece pacífico que un banco debe reembolsar a los consumidores las primas abonadas por las dos pólizas que cubren los riesgos propios del banco. En efecto, cabe afirmar que dichas pólizas son inseparables del contrato declarado nulo, ya que no existirían sin el contrato de préstamo hipotecario; el banco, y no el prestatario, es el tomador de la póliza y el único beneficiario de cualquier pago.
38.      Sobre este extremo, no hay ninguna razón para que el Tribunal de Justicia no coincida con el órgano jurisdiccional remitente y responda, por tanto, en el mismo sentido a la primera parte de la cuestión prejudicial.
39.      En consecuencia, los únicos dos pagos que requieren un análisis adicional son las primas abonadas por las pólizas de los seguros del bien inmueble y de vida respecto de las cuales la jurisprudencia nacional predominante parece privar a los prestatarios del derecho a reclamar el reembolso.
40.      Es preciso recordar primero que la Directiva sobre las cláusulas abusivas, que es un instrumento de armonización mínima, (17) permite a los Estados miembros adoptar normas detalladas para proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas contenidas en los contratos celebrados con ellos. En este sentido, los Estados miembros disponen de un margen de apreciación y pueden aplicar soluciones jurídicas distintas para garantizar el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el prestatario de no haber existido la cláusula abusiva y que contribuyan a disuadir a los profesionales de incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. La Directiva sobre las cláusulas abusivas simplemente exige que, como mínimo, se satisfagan esos dos objetivos.
41.      Así pues, el juez nacional, y no el Tribunal de Justicia, es el mejor situado para determinar si las normas de Derecho nacional, apreciadas en el contexto de la totalidad del ordenamiento jurídico nacional, son adecuadas y necesarias para alcanzar los objetivos de la Directiva sobre las cláusulas abusivas.
42.      Por consiguiente, el Tribunal de Justicia únicamente puede proporcionar al órgano jurisdiccional nacional orientaciones sobre los elementos que han de tenerse en cuenta para efectuar esa apreciación.
43.      Así pues, a efectos del presente asunto, propondré algunos elementos que pueden ser pertinentes para que el órgano jurisdiccional remitente decida si es preciso rectificar la interpretación predominante del Derecho nacional, según la cual el demandante en el litigio principal no tiene derecho a reclamar el reembolso de las primas pagadas por las pólizas de seguro del bien inmueble y de vida, aun cuando la suscripción de esas pólizas era una condición del contrato de préstamo hipotecario que fue declarado nulo por contener una cláusula abusiva.
44.      Esas dos pólizas de seguro, por un lado, cubren determinados riesgos del banco que surgen si el inmueble hipotecado sufre daños o si el prestatario fallece pero, por otro lado, cubren también ciertos riesgos que el prestatario soporta con independencia del préstamo. Todos los participantes en la vista y el órgano jurisdiccional remitente (18) coincidieron en que esas pólizas de seguro tienen esa doble función.
45.      Debido a la doble función de las dos pólizas de seguro citadas, cabe considerar que los pagos efectuados en relación con ellas están indisociablemente vinculados al contrato de préstamo hipotecario, pero también que son independientes de dicho contrato.
46.      Por una parte, cabe afirmar que el prestatario suscribió esas pólizas de seguro únicamente porque eran condiciones para obtener el préstamo. (19) Visto así, el reembolso de los pagos efectuados en relación con dichas pólizas puede considerarse necesario para restablecer la situación en la que se encontraba el prestatario antes de la existencia del contrato, ya que el prestatario no estaba obligado a realizar esos pagos antes de que existiera el contrato de préstamo.
47.      Además, exigir el reembolso de los pagos correspondientes a esas pólizas de seguro, vinculadas al contrato de préstamo en el que se apreciaron cláusulas abusivas, puede perfectamente reforzar el efecto disuasorio perseguido por la Directiva sobre las cláusulas abusivas.
48.      Estos argumentos abogan a favor de concluir que los consumidores tienen derecho a reclamar el reembolso de las primas abonadas por tales pólizas.
49.      Por otra parte, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige, en principio, la «restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva». (20)
50.      En el caso de autos, dado que las primas controvertidas se refieren a seguros de vida y de un bien inmueble, que benefician ambos al consumidor, no van en detrimento de los consumidores por sí mismas. En primer lugar, como se confirmó en la vista, AS tenía libertad para elegir la compañía aseguradora con la que suscribir las pólizas. En segundo lugar, en el litigio principal no se discutió que las pólizas de seguro se cumplieron debidamente: la compañía aseguradora proporcionó una garantía efectiva sobre el inmueble y la persona del consumidor, que cubría riesgos como incendio, inundación, muerte, incapacidad, etc. Estos beneficios no eran meramente hipotéticos. Incluso a falta de un siniestro, la compañía aseguradora soportó el riesgo en su balance, mantuvo las reservas necesarias y asumió los costes reales para reasegurar su potencial exposición. Durante la vigencia de dichas pólizas, la compañía aseguradora estuvo expuesta a un riesgo, ofreciendo al consumidor una protección continua y una garantía financiera inmediata. Dado que las primas constituían una contraprestación legítima por los riesgos asumidos, su pago refleja un servicio prestado realmente y que tiene valor económico.
51.      Por lo tanto, cualquier reclamación de reembolso de tales primas no solo es post festum, sino que también resulta difícil de valorar en el contexto de esta incuestionable prestación de servicios. En efecto, puede afirmarse que, en circunstancias como las del litigio principal, el reembolso de las pólizas de seguro del bien inmueble y de vida va más allá del mero restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula abusiva, pues proporcionaría, en realidad, al consumidor una cobertura de seguro gratuita sin que este incurriera en gastos personales.
52.      Es cierto que, en las políticas de la Unión, el artículo 169 TFUE y el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exigen garantizar
un elevado nivel de protección a los consumidores, que están en una posición de inferioridad con respecto a los profesionales, por cuanto debe considerárseles menos informados, económicamente más débiles y jurídicamente menos experimentados que aquellos. (21) Sin embargo, también es cierto que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia reconoce que la protección del consumidor no es absoluta. (22)
53.      A este respecto, aunque las pólizas de seguro del bien inmueble y de vida en cuestión benefician también al banco, (23) tales beneficios no se derivan de la cláusula abusiva en sí misma. Es importante subrayar, en este sentido, que la Directiva sobre las cláusulas abusivas no tiene por objetivo anular todas las disposiciones contractuales que contengan cláusulas abusivas, sino alcanzar un equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes contratantes que restablezca la igualdad entre ellas. (24)
54.      Por lo tanto, las normas nacionales, cuyo objetivo consiste en restablecer la situación inicial del consumidor de no haber existido la cláusula abusiva, no deben ir más allá de lo necesario para lograr esa finalidad principal de la Directiva sobre las cláusulas abusivas imponiendo una carga desproporcionada a los bancos. Inclinar en exceso la balanza hacia el lado opuesto podría poner en peligro la estabilidad del mercado financiero, un resultado que iría en contra de los objetivos de la Directiva sobre las cláusulas abusivas.
55.      Por ello, el Tribunal de Justicia ha reconocido que los objetivos consistentes en garantizar la estabilidad del sistema bancario y financiero y en evitar un riesgo sistémico constituyen objetivos de interés público perseguidos por la Unión. (25)
56.      Estos objetivos son de interés general y se fundamentan constitucionalmente en la misión de garantizar la estabilidad del sistema financiero encomendada al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) por el artículo 127 TFUE, apartado 5, así como en la exigencia de preservar la estabilidad de la unión económica y monetaria que prevé el artículo 3 TUE, apartado 4.
57.      Cabe destacar que en la Unión Europea se han establecido requisitos prudenciales sobre la base del artículo 114 TFUE (mercado interior), en virtud del Reglamento sobre requisitos de capital, (26) y del artículo 63 TFUE, apartado 1 (libre circulación de capitales), con arreglo a la Directiva sobre requisitos de capital. (27) Dichos requisitos se aplican a todos los Estados miembros y transcienden los límites de la zona del euro.
58.      Tales requisitos han sido reforzados en varios actos del Derecho derivado de la Unión en materia de protección de los consumidores, como la Directiva 2014/17/EU, relativa a los préstamos hipotecarios. (28)
59.      Aunque el Derecho de la Unión aplicable a la concesión de préstamos hipotecarios no exige suscribir pólizas de seguro de vida y de bien inmueble, estas pólizas contribuyen a garantizar el cumplimiento por el banco de requisitos prudenciales y normas reguladoras esenciales. En el litigio principal no se discute que el requisito impuesto por los bancos a los prestatarios de suscribir tales pólizas de seguro no es, en sí mismo, abusivo ni jurídicamente nulo.
60.      En definitiva, la aplicación de estas salvaguardias sirve tanto a los intereses privados del banco y del prestatario, como al interés público en general. Al proteger al prestatario contra circunstancias imprevistas y al banco frente al impago, tales medidas contribuyen a la estabilidad del sistema bancario y financiero, que es un objetivo de interés general del Derecho de la Unión.
61.      Un prestatario puede incurrir en innumerables gastos relacionados con la celebración de un contrato que posteriormente se declare nulo. (29) A este respecto, el Derecho nacional puede establecer una distinción entre los gastos que deben devolverse al consumidor y aquellos cuyo reembolso no se deriva automáticamente de la declaración de nulidad de un contrato de préstamo hipotecario por contener una cláusula abusiva. (30)
62.      En conclusión, en lo que se refiere al reembolso de los dos tipos de primas de seguro, la cuestión no consiste en favorecer un principio frente a otro, sino en ponderar los diversos intereses.
63.      Siempre que se devuelvan al prestatario todos los pagos efectuados en beneficio del banco como consecuencia de la cláusula abusiva del contrato de préstamo hipotecario, no considero que el Derecho de la Unión se oponga a una interpretación del Derecho nacional según la cual el prestatario no tiene derecho a reclamar el reembolso de las primas abonadas por las pólizas de seguro del bien inmueble y de vida, aun cuando la suscripción de esas pólizas fuera una condición del contrato de préstamo que se declaró nulo por contener una cláusula abusiva.
IV.    Conclusión
64.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) del siguiente modo:
En caso de anulación total de un contrato celebrado con un consumidor, los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a la luz de los principios de efectividad y proporcionalidad,
deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una interpretación judicial del Derecho nacional según la cual:
–        el banco tiene la obligación de restituir al consumidor el equivalente de los gastos del seguro de riesgo del banco soportados por el consumidor, tales como el seguro de ratio préstamo/valor elevada y el seguro puente, que constituían una garantía del reembolso del préstamo;
–        el banco no tiene la obligación de restituir al consumidor el equivalente de los gastos del seguro del riesgo del consumidor soportados por este, tales como el seguro del bien inmueble y el seguro de vida, que constituían una garantía del reembolso del préstamo.»
1      Lengua original: inglés.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; en lo sucesivo, «Directiva sobre las cláusulas abusivas»).
3      El seguro de ratio préstamo/valor (LTV) elevada cubre el riesgo del prestamista en caso de que la cuantía del préstamo represente un porcentaje sustancial (más del 80 %) del valor del inmueble hipotecado. Cuanto más alta sea la ratio LTV, mayor riesgo supondrá el préstamo para el prestamista, por lo que podrá exigirse al prestatario que suscriba un seguro adicional.
4      El seguro puente es una garantía a corto plazo que cubre el riesgo de un banco durante el período transitorio entre el desembolso del préstamo y la formalización legal de la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad.
5      Véase, a este respecto, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 61.
6      Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartados 53 a 57 y jurisprudencia citada.
7      Véanse, a este respecto, las sentencias de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 66, y de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato) (C‑520/21, en lo sucesivo, «sentencia Bank M», EU:C:2023:478), apartado 61.
8      Véase la sentencia de 8 de septiembre de 2022, D.B.P. y otros (Crédito hipotecario denominado en divisas) (C‑80/21 a C‑82/21, EU:C:2022:646), apartado 68. En efecto, como la Abogada General Trstenjak explicó en los puntos 86 a 88 de sus conclusiones presentadas en el asunto Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:74), la perspectiva de que los órganos jurisdiccionales nacionales «subsanen» un contrato que contiene una cláusula abusiva, modificando o sustituyendo esa cláusula, «no sólo suavizaría el efecto disuasorio que dimana del artículo 6 de [la Directiva sobre las cláusulas abusivas], sino que incluso produciría el efecto contrario» incentivando al profesional a «“probar suerte” […] y a incluir el mayor número posible de cláusulas abusivas en el contrato, con la esperanza de que el juez nacional pase por alto la mayor parte de ellas».
9      Véase, en este sentido, la sentencia Bank M, apartado 64.
10      Véanse las sentencias de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 66, y de 31 de marzo de 2022, Lombard Lízing (C‑472/20, EU:C:2022:242), apartados 50 a 55, y jurisprudencia citada.
11      Véase, a este respecto, la sentencia Bank M, apartado 66.
12      Véase, por ejemplo, la sentencia Bank M, apartados 67 y 68. Este objetivo se deriva del artículo 7 de la Directiva sobre las cláusulas abusivas.
13      Sentencia Bank M, apartado 68.
14      Véase la sentencia de 30 de abril de 2025, AxFina Hungary (Subsistencia del contrato) (C‑630/23, EU:C:2025:302), apartado 77 y jurisprudencia citada. El Tribunal de Justicia ha reconocido asimismo el derecho de los consumidores a reclamar los gastos, como los gastos de notaría y de gestión, que se deriven de una cláusula abusiva. Véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, Caixabank y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 y C‑259/19, EU:C:2020:578).
15      Sentencia Bank M, apartados 69 y 74.
16      Véase, en este sentido, la sentencia Bank M, apartado 73.
17      Ello significa que los Estados miembros pueden adoptar también normas que garanticen a los consumidores un nivel de protección mayor que el exigido por dicha Directiva. Véanse el considerando 12 de la Directiva sobre las cláusulas abusivas y las sentencias de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (C‑484/08, EU:C:2010:309), apartado 28, y de 18 de enero de 2024, Getin Noble Bank y otros (Control de oficio del carácter abusivo de las cláusulas) (C‑531/22, EU:C:2024:58), apartado 68.
18      Apartado 5 de la respuesta del órgano jurisdiccional remitente a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia.
19      Sin embargo, también es posible que el prestatario ya hubiera suscrito un seguro del inmueble ofrecido como hipoteca o un seguro de vida, y simplemente ceda al banco sus derechos derivados de esas pólizas por el valor del préstamo.
20      Sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 66 (el subrayado es mío). Véase también el punto 28 de las presentes conclusiones.
21      Sentencia de 7 de noviembre de 2019, Profi Credit Polska (C‑419/18 y C‑483/18, EU:C:2019:930), apartado 46.
22      Sentencias de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), apartado 68, y de 13 de marzo de 2025, Banco Santander (C‑230/24, EU:C:2025:177), apartado 30 y jurisprudencia citada.
23      Por ejemplo, si el prestatario no asegurase el inmueble hipotecado, el banco tendría que suscribir ese seguro a sus expensas, lo que podría ocasionar un incremento del precio del préstamo ofrecido por el banco.
24      Véase, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2023, Provident Polska (C‑321/22, EU:C:2023:911), apartados 81 y 87, y jurisprudencia citada.
25      Véase la sentencia de 16 de julio de 2020, Adusbef y otros (C‑686/18, EU:C:2020:567), apartado 92, y jurisprudencia citada. En particular, en el contexto de la interpretación de la Directiva sobre las cláusulas abusivas, véase la sentencia de 8 de mayo de 2025, Myszak (C‑324/23, EU:C:2025:324), apartado 71, y jurisprudencia citada.
26      Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento Delegado (UE) 2025/1496 de la Comisión, de 12 de junio de 2025, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a la fecha de aplicación de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado (DO 2015, L 1496).
27      Directiva
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26
de
junio de
2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva
2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y
2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2024/1619 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, por la que se modifica la Directiva 2013/36 en lo referente a las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (DO 2024, L 1619).
28      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de
4
de
febrero
de
2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y
2013/36 y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO 2014, L 60, p. 34). Véase, en particular, su artículo 12, apartado 4.
29      Entre ellos pueden figurar gastos ordinarios, como el precio del taxi que traslada al consumidor al banco para firmar el contrato o los costes de traducir los documentos que, con el fin de solicitar el préstamo, han de presentarse en la lengua del Estado en el que está situado el banco.
30      Aunque esos gastos adicionales se excluyan del ámbito del derecho a reclamar el reembolso tras una declaración de nulidad de un contrato de préstamo basada en que contenía una cláusula abusiva, no cabe descartar que puedan recuperarse mediante una acción de indemnización de daños, siempre que concurran los requisitos para obtener esa indemnización.