Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 12 de febrero de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Directiva 93/13/CEE — Contratos de crédito — Contrato de préstamo hipotecario a interés variable — Cláusula contractual que prevé la fijación del tipo de interés sobre la base de un índice de referencia en el sentido del Reglamento (UE) 2016/1011 — Artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 — Cláusula contractual que refleja disposiciones legales o reglamentarias imperativas — Artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 — Concepto de “definición del objeto principal del contrato” — Exigencia de transparencia — Artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 — Carácter abusivo »
En el asunto C‑471/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunal Regional de Częstochowa, Polonia), mediante resolución de 31 de mayo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de julio de 2024, en el procedimiento entre
J. J.
y
PKO BP S.A.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. C. Lycourgos, Presidente de Sala, la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente) y los Sres. S. Rodin, N. Piçarra y N. Fenger, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de junio de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de J. J., por el Sr. S. Frejowski, radca prawny, el Sr. D. Rosa y la Sra. A. Twardygrosz, adwokaci;
–        en nombre de PKO BP S.A., por la Sra. A. Cudna-Wagner, radca prawny, y los Sres. P. Haiduk, B. Miąskiewicz y M. Romanowski, adwokaci;
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y las Sras. E. Buczkowska y M. Kozak, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno checo, por los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno portugués, por las Sras. P. Barros da Costa, A. Cunha y C. Freire, el Sr. A. Morais y la Sra. A. Rodrigues, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. M. Brauhoff y el Sr. P. Kienapfel, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 11 de septiembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 1, apartado 2, 2, 3, apartados 1 y 2, 4, apartado 2, y 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre J. J., un consumidor, y PKO BP S.A. (en lo sucesivo, «PKO»), banco establecido en Polonia, en relación, por un lado, con la inoponibilidad o la nulidad de la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario relativa a la determinación del tipo de interés variable y, por otro lado, con la devolución de una parte de las cantidades pagadas por el consumidor a PKO en cumplimiento de ese contrato.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 93/13
3        Los considerandos decimotercero y decimosexto de la Directiva 93/13 tienen la siguiente redacción:
«Considerando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se fijan, directa o indirectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reflejan las disposiciones legales o reglamentarias imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los que los Estados miembros o la Comunidad [Europea] sean parte; que a este respecto, la expresión “disposiciones legales o reglamentarias imperativas” que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo;
[…]
considerando […] que los profesionales pueden cumplir la exigencia de buena fe tratando de manera leal y equitativa con la otra parte, cuyos intereses legítimos debe[n] tener en cuenta».
4        En virtud del artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva:
«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.»
5        Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva:
«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.»
6        El artículo 4, apartado 2, de la misma Directiva dispone:
«La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.»
7        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 tiene el siguiente tenor:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
Directiva 2008/48/CE
8        Con arreglo al artículo 3, letra j), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66):
«A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones:
[…]
j)      “tipo deudor”: el tipo de interés expresado como porcentaje fijo o variable aplicado con carácter anual al importe del crédito utilizado».
Directiva 2014/17
9        El considerando 7 de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO 2014, L 60, p. 34), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 (DO 2016, L 171, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 2014/17»), enuncia:
«A fin de crear un verdadero mercado interior con un grado elevado y equivalente de protección de los consumidores, la presente Directiva establece disposiciones que son objeto de la máxima armonización en relación con el suministro de información precontractual en el formato de la ficha europea de información normalizada (FEIN) y el cálculo de la [tasa anual equivalente (TAE)]. […]»
10      El artículo 2 de esta Directiva, que lleva por título «Nivel de armonización», dispone:
«1.      La presente Directiva no será óbice para que los Estados miembros mantengan o adopten disposiciones más estrictas en materia de protección del consumidor, siempre y cuando tales disposiciones sean compatibles con las obligaciones que el Derecho de la Unión impone a los Estados miembros.
2.      No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros no mantendrán ni introducirán en su Derecho nacional disposiciones legales que diverjan de las establecidas en el artículo 14, apartado 2, y el anexo II, parte A, con respecto a la información precontractual normalizada mediante una [FEIN], y el artículo 17, apartados 1 a 5, 7 y 8, y el anexo I, por lo que respecta a una norma común y coherente para el cálculo de la [TAE].»
11      El artículo 13 de esta Directiva, titulado «Información general», establece en su apartado 1:
«Los Estados miembros garantizarán que los prestamistas o, en su caso, los intermediarios de crédito vinculados o sus representantes designados faciliten en todo momento, en soporte de papel o cualquier otro soporte duradero o en formato electrónico, información general clara y comprensible sobre los contratos de crédito. […]
Esta información general deberá especificar, como mínimo:
[…]
e bis)      cuando se disponga de contratos que tengan por referencia un índice de referencia tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 3, del Reglamento (UE) 2016/1011 […] el nombre del índice de referencia y de su administrador, así como las posibles implicaciones para el consumidor;
[…]»
12      El artículo 14 de la misma Directiva, con la rúbrica «Información precontractual», tiene la siguiente redacción:
«1.      Los Estados miembros velarán por que el prestamista y, si ha lugar, el intermediario de crédito o su representante designado ofrezcan al consumidor la información personalizada que este necesita para comparar los créditos disponibles en el mercado, para evaluar sus implicaciones y para tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de celebrar o no un contrato de crédito […]
[…]
2.      La información personalizada a que se refiere el apartado 1, en papel o en cualquier otro soporte duradero, se facilitará mediante la FEIN, que figura en el anexo II.»
13      El artículo 17 de la Directiva 2014/17, titulado «Cálculo de la TAE», dispone lo siguiente en su apartado 6:
«Cuando el contrato de crédito tenga en cuenta variaciones en el tipo deudor, los Estados miembros velarán por que el consumidor esté informado de las posibles repercusiones de las variaciones en los importes adeudados y en la tasa anual equivalente (TAE) al menos mediante la FEIN. Ello se hará facilitando al consumidor una TAE adicional que ilustre los posibles riesgos vinculados a un aumento significativo del tipo deudor. Cuando el tipo deudor no esté limitado, dicha información irá acompañada de una advertencia en la que se ponga de relieve que el coste total del crédito para el consumidor, mostrado en la TAE, puede variar. […]»
14      El anexo II de esta Directiva se titula «Ficha europea de información normalizada (FEIN)». Su parte A contiene las siguientes indicaciones:
«El texto del presente modelo se reproducirá tal cual en la FEIN. Las indicaciones entre corchetes se sustituirán por la información correspondiente. […]
[…]
La información que a continuación se indica se facilitará en un solo documento. […]
Modelo de FEIN
[…]
“4.      Tipo de interés y otros gastos”
La [TAE] es el coste total del préstamo expresado en forma de porcentaje anual. La TAE sirve para ayudarle a comparar las diferentes ofertas.
[…]
(Si ha lugar) Esta TAE se calcula a partir de hipótesis sobre el tipo de interés.
(Si ha lugar) Dado que [parte de] su préstamo es un préstamo a tipo de interés variable, la TAE efectiva podría diferir de la TAE indicada si el tipo de interés de su préstamo cambia. Por ejemplo, si el tipo de interés aumentase a [situación descrita en la parte B], la TAE podría aumentar a [insértese TAE ilustrativa correspondiente a esa situación].
[…]
“6.      Importe de cada cuota”
[…]
(Si ha lugar) El tipo de interés de [una parte de] este préstamo es variable. Esto significa que el importe de sus cuotas puede aumentar o disminuir. Por ejemplo, si el tipo de interés aumentase a [situación descrita en la parte B], sus cuotas podrían aumentar a [insértese el importe de la cuota correspondiente a esa situación].
[…]»
15      La parte B del anexo II de dicha Directiva se titula «Instrucciones para cumplimentar la FEIN». Las secciones 3, punto 6, y 4, punto 2, de esta parte tienen el siguiente tenor:
«Sección “3.      Características principales del préstamo”
[…]
6.      En esta sección se explicará si el tipo deudor es fijo o variable y, en su caso, los períodos durante los cuales será fijo, así como la periodicidad de las revisiones posteriores y la existencia de límites a la variabilidad del tipo de interés, ya sean máximos o mínimos.
Asimismo, se explicará la fórmula utilizada para revisar el tipo deudor y sus diversos componentes (como el tipo de referencia o el diferencial de tipos de interés). El prestamista indicará, por ejemplo mediante la dirección de una página [de Internet], dónde hallar información adicional sobre los índices o los tipos utilizados en la fórmula (como el euríbor o el tipo de referencia del banco central).
[…]
Sección “4.      Tipo de interés y otros gastos”
[…]
2.      El tipo de interés se mencionará en forma porcentual. Si el tipo de interés es variable y se basa en un tipo de referencia, el prestamista podrá, si lo desea, indicar el tipo de interés mediante un tipo de referencia y un valor porcentual que represente el diferencial del prestamista. Estará obligado a indicar, en cambio, el valor del tipo de referencia vigente el día en que extienda la FEIN.
Si el tipo de interés es variable, la información incluirá: a) las hipótesis empleadas para el cálculo de la TAE; b) si procede, los límites aplicables al alza o a la baja; y c) una advertencia que indique que la variación del tipo puede afectar al nivel efectivo de la TAE. Para llamar la atención del consumidor, la advertencia se resaltará utilizando caracteres tipográficos de mayor tamaño y figurará de manera destacada en el cuerpo principal de la FEIN. La advertencia irá acompañada de un ejemplo ilustrativo sobre la TAE. […] Si no hay límites al alza, el ejemplo ilustrará la TAE al tipo deudor más elevado de los últimos 20 años como mínimo, o, si solo se dispone de los datos subyacentes utilizados para el cálculo del tipo deudor para un período inferior a 20 años, del período más largo para el cual tales datos estén disponibles, sobre la base del máximo valor de cualquier tipo de referencia externo empleado para el cálculo del tipo deudor si ha lugar […]».
Reglamento 2016/1011
16      El Reglamento 2016/1011 contiene los siguientes considerandos:
«(1)      Los precios fijados en muchos instrumentos financieros y contratos financieros dependen de la exactitud e integridad de los índices de referencia. Una serie de casos graves de manipulación de los índices de referencia de tipos de interés, como el [London Interbank Offered Rate (Libor)] y el [Euro Interbank Offered Rate (Euríbor)], y denuncias sobre la manipulación de índices de referencia en los sectores de la energía, el petróleo y las divisas demuestran que los índices de referencia pueden estar sujetos a conflictos de intereses. El uso de la discrecionalidad, así como ser utilizados por regímenes de gobernanza poco estricta, incrementa la vulnerabilidad de los índices frente a las manipulaciones. Los fallos en cuanto a la exactitud e integridad de los índices utilizados como índices de referencia, o las dudas sobre tal exactitud e integridad, pueden minar la confianza de los mercados, originar pérdidas a los consumidores e inversores y falsear la economía real. Por ello, es necesario garantizar la exactitud, solidez e integridad de los índices de referencia y de su proceso de determinación.
[…]
(5)      Las normas de la Unión en materia de protección del consumidor no abordan el tema específico del suministro de información adecuada sobre los índices de referencia en los contratos financieros. Como consecuencia de reclamaciones de los consumidores y litigios por la utilización de índices de referencia en diversos Estados miembros, cabe prever que se adopten medidas divergentes a escala nacional, inspiradas en el legítimo interés de protección del consumidor, que podrían dar lugar a una fragmentación del mercado interior, debido a las diferentes condiciones de competencia conexas a diferentes niveles de protección del consumidor.
(6)      Por tanto, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del mercado interior y mejorar las condiciones de tal funcionamiento, en particular por lo que se refiere a los mercados financieros, y garantizar un elevado grado de protección de los consumidores y los inversores, procede establecer un marco normativo que regule los índices de referencia a escala de la Unión.
[…]
(8)      El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe ser tan amplio como resulte necesario para establecer un marco normativo preventivo. La elaboración de índices de referencia comporta una valoración discrecional y está intrínsecamente sujeta a determinados tipos de conflictos de intereses, lo que implica la posibilidad de manipular los índices, así como la existencia de incentivos para hacerlo. Dichos factores de riesgo son comunes a todos los índices de referencia, por lo que deben estar sujetos a los oportunos requisitos en materia de gobernanza y de control. No obstante, el nivel de riesgo varía, lo que requiere que se adopte un enfoque diferenciado para cada situación. La vulnerabilidad y la importancia de un índice de referencia varían en el transcurso del tiempo, de modo que restringir el ámbito de aplicación a los índices que actualmente son importantes o vulnerables no serviría para afrontar los riesgos que cualquier índice de referencia plantee en el futuro. En particular, índices de referencia cuyo uso no está muy extendido en el presente podrían utilizarse más en el futuro, de manera que cualquier manipulación mínima de los mismos podría tener efectos significativos.
[…]
(17)      Un índice se calcula aplicando una fórmula o algún otro método, a partir de valores subyacentes. Existe un grado de discrecionalidad en la elaboración de la fórmula, la realización del cálculo necesario y la determinación de los datos de cálculo, lo que conlleva el riesgo de manipulación. Por tanto, todos los índices de referencia que respondan a esa característica de discrecionalidad deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.
[…]
(22)      La manipulación o la falta de fiabilidad de los índices de referencia pueden causar perjuicios a los inversores y los consumidores. Por ello, el presente Reglamento debe establecer disposiciones sobre el mantenimiento de registros por los administradores y los contribuidores, así como sobre la transparencia en cuanto al objetivo de un índice y su metodología, facilitando de este modo una resolución más justa y eficiente de las posibles reclamaciones con arreglo al Derecho nacional o al Derecho de la Unión.
[…]
(26)      Toda discrecionalidad a la hora de suministrar los datos de cálculo genera la posibilidad de manipular un índice de referencia. Cuando los datos de cálculo se basan en las operaciones, existe menos margen discrecional y, por tanto, disminuirá la probabilidad de manipulación. En consecuencia, por regla general, los administradores de índices de referencia deben utilizar los datos de cálculo de operaciones reales siempre que sea posible, pero cabe recurrir a datos adicionales cuando los datos de operaciones no basten, o resulten inadecuados, para garantizar la integridad y exactitud de los índices.
[…]
(71)      Los consumidores deben poder celebrar contratos financieros, en particular de crédito hipotecario y crédito al consumo, que estén sujetos a un índice de referencia, pero su inferior capacidad de negociación y el uso de cláusulas tipo hacen que sus posibilidades de elección del índice de referencia utilizado puedan ser limitadas. Resulta, por tanto, necesario garantizar, al menos, que los prestamistas y los intermediarios de crédito faciliten información adecuada a los consumidores. Para ello, procede modificar las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE en consecuencia.
[…]»
17      A tenor del artículo 1 de dicho Reglamento:
«El presente Reglamento establece un marco común a efectos de garantizar la exactitud e integridad de los índices utilizados como índices de referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión en la Unión. El presente Reglamento contribuye así a un adecuado funcionamiento del mercado interior, a la vez que al logro de una elevada protección de los consumidores e inversores.»
18      El artículo 2, apartado 1, del citado Reglamento establece:
«El presente Reglamento se aplica a la elaboración de índices de referencia, la aportación de datos de cálculo a ese respecto y la utilización de índices de referencia en la Unión.»
19      El artículo 3, apartado 1, del mismo Reglamento dispone:
«A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
[…]
10)      “contribuidor supervisado”: toda entidad supervisada que aporte datos de cálculo a un administrador radicado en la Unión;
[…]
17)      “entidad supervisada”: cualquiera de las siguientes entidades:
a)      una entidad de crédito, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO 2013, L 176, p. 1)];
[…]
i)      una entidad no crediticia, tal como se define en el artículo 4, punto 10, de la Directiva 2014/17/UE para los fines de los contratos de crédito, tal como se definen en el artículo 4, punto 3, de dicha Directiva;
[…]
22)      “índice de referencia de tipos de interés”: un índice de referencia que se determine, a efectos del punto 1, letra b), inciso ii), del presente apartado, sobre la base del tipo al que los bancos pueden prestar a otros bancos o agentes distintos de los bancos u obtener préstamos de otros bancos o agentes distintos de los bancos en el mercado monetario;
[…]»
20      El título II del Reglamento 2016/1011, titulado «Integridad y fiabilidad de los índices de referencia», incluye un capítulo 1, titulado a su vez «Gobernanza y control por los administradores», que comprende un conjunto de disposiciones que regulan la actividad de los administradores de índices de referencia. Así, el artículo 4 de dicho Reglamento establece los requisitos en materia de gobernanza y conflictos de intereses; su artículo 5, los relativos a la función de vigilancia de todos los aspectos de la elaboración de índices de referencia; su artículo 6, los relativos al sistema de control que garantiza que la elaboración y publicación o puesta a disposición de los índices de referencia se atenga a dicho Reglamento, y su artículo 7, apartado 3, los relativos a la designación de un auditor externo independiente encargado de verificar el cumplimiento por parte del administrador de la metodología del índice de referencia y del mismo Reglamento.
21      El artículo 9 del Reglamento 2016/1011, titulado «Mecanismo de tramitación de reclamaciones», que forma parte asimismo de las normas en materia de gobernanza y control de los administradores de índices de referencia, establece:
«1.      El administrador implantará y publicará procedimientos para la recepción, investigación y conservación de registros relativos a reclamaciones, también con respecto al proceso del administrador para la determinación de los índices de referencia.
2.      Dicho mecanismo de tramitación de reclamaciones garantizará:
a)      que el administrador ponga a disposición la política de tramitación de reclamaciones, en el marco de la cual puedan presentarse reclamaciones en cuanto a si la determinación de un índice de referencia concreto es representativa del valor de mercado, a cambios propuestos en el proceso de determinación del índice de referencia, a la aplicación de la metodología relativa a la determinación de un índice de referencia concreto y a otras decisiones que afecten al proceso de determinación de ese índice;
[…]»
22      En el título II del Reglamento 2016/1011, un capítulo 2, titulado «Datos de cálculo, metodología y notificación de infracciones», contiene los artículos 11 a 14 de dicho Reglamento. El artículo 11, titulado «Datos de cálculo», dispone:
«1.      La elaboración de un índice de referencia se regirá por las siguientes disposiciones en lo que atañe a los datos de cálculo:
a)      los datos de cálculo serán suficientes para que puedan reflejar con exactitud y fiabilidad el mercado o la realidad económica a cuya medición se destina el índice de referencia. Los datos de cálculo serán datos de operaciones, si están disponibles y resultan apropiados; si los datos de operaciones no bastan o no resultan apropiados para reflejar con exactitud y fiabilidad el mercado o la realidad económica a cuya medición se destina el índice de referencia, podrán utilizarse datos de cálculo distintos de los datos de operaciones, incluidas las estimaciones de precios, cotizaciones y cotizaciones firmes, u otros valores;
b)      los datos de cálculo a que se refiere la letra a) serán verificables;
[…]
d)      cuando un índice de referencia se base en datos de cálculo de contribuidores, el administrador obtendrá, cuando proceda, los datos de cálculo de un panel o una muestra fiable y representativa de contribuidores, a fin de que el índice de referencia resultante sea fiable y representativo del mercado o la realidad económica a cuya medición se destina;
e)      el administrador no utilizará datos de cálculo de contribuidores cuando tenga indicaciones de que dichos contribuidores no respetan el código de conducta a que se refiere el artículo 15, y en tal caso obtendrá datos públicos disponibles y representativos.
2.      El administrador velará por que los controles aplicables a los datos de cálculo incluyan lo siguiente:
[…]
b)      un proceso para evaluar los datos de cálculo del contribuidor y, cuando proceda, suspender nuevas aportaciones de este o aplicarle otras sanciones por incumplimiento, y
c)      un proceso para validar los datos de cálculo, también a la vista de otros indicadores o datos, a fin de garantizar su integridad y exactitud.
[…]»
23      A tenor del artículo 12 del Reglamento 2016/1011, titulado «Metodología»:
«1.      Para la determinación del índice de referencia, el administrador empleará una metodología que:
a)      sea sólida y fiable;
b)      responda a normas claras en las que se especifique cómo y cuándo podrá practicarse la discrecionalidad en dicha determinación;
c)      sea rigurosa, continua y susceptible de validación, también, cuando proceda, a través de pruebas retrospectivas con datos de operaciones disponibles;
d)      tenga resiliencia y garantice que el índice de referencia pueda calcularse en el mayor número posible de circunstancias, sin comprometer su integridad;
e)      pueda identificarse y verificarse.
[…]
3.      El administrador dispondrá de unos criterios claros, que serán objeto de publicación, para identificar las circunstancias en que la cantidad o la calidad de los datos de cálculo no alcancen el nivel necesario para que la metodología permita determinar el índice de referencia de manera exacta y fiable, y que especificarán si se calculará o no el índice en tales circunstancias y de qué manera.»
24      El artículo 13 de este Reglamento, titulado «Transparencia y metodología», establece en su apartado 1, letras a) y b):
«El administrador desarrollará, utilizará y administrará los datos y el método de cálculo del índice de referencia de forma transparente. A tal fin, el administrador publicará o pondrá a disposición la información siguiente:
a)      los elementos clave de la metodología que el administrador emplee para cada uno de los índices de referencia elaborados y publicados o, cuando sea aplicable, para cada familia de índices de referencia elaborada y publicada;
b)      detalles de la revisión interna y la autorización de una determinada metodología, así como la frecuencia con que se realice esa revisión».
25      El artículo 14 de dicho Reglamento, titulado «Comunicación de las infracciones», dispone en sus apartados 1 y 2, párrafo primero:
«1.      El administrador establecerá sistemas adecuados y controles eficaces, a fin de garantizar la integridad de los datos de cálculo, al objeto de poder detectar y comunicar a la autoridad nacional competente las posibles conductas que entrañen una manipulación o un intento de manipulación del índice de referencia, en virtud del Reglamento (UE) n.º 596/2014 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO 2014, L 173, p. 1)].
2.      El administrador llevará un seguimiento de los datos de cálculo y de los contribuidores a fin de poder informar a su autoridad competente y proporcionar toda la información pertinente cuando sospeche que, por lo que respecta a un índice de referencia, se han observado conductas que pueden entrañar una manipulación o un intento de manipulación del índice de referencia, en virtud del Reglamento (UE) n.º 596/2014, incluida una connivencia a tal fin.»
26      El capítulo 3 del Reglamento 2016/1011, que contiene sus artículos 15 y 16, versa sobre el código de conducta y los requisitos aplicables a los contribuidores.
27      De conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento 2016/1011, cuando un índice de referencia se base en datos de cálculo de contribuidores, su administrador debe elaborar un código de conducta, de conformidad con las disposiciones de dicho Reglamento, que especifique las responsabilidades de los contribuidores en relación con la aportación de datos de cálculo y que los contribuidores cumplen dicho código de manera continua. El apartado 2 de dicho artículo precisa que dicho código debe incluir, como mínimo, una descripción clara de los datos de cálculo que deben aportarse y de los requisitos necesarios para garantizar que los datos de cálculo se aporten de conformidad con los artículos 11 y 14 de ese Reglamento, las políticas para garantizar que el contribuidor aporte todos los datos de cálculo pertinentes y los sistemas y controles que el contribuidor está obligado a establecer. Con arreglo a los apartados 4 y 5 de dicho artículo 15, el control del código de conducta en relación con los requisitos del mismo Reglamento corresponde a la autoridad nacional competente.
28      El artículo 16 del Reglamento 2016/1011, titulado «Requisitos de gobernanza y de control aplicables a los contribuidores supervisados», dispone en sus apartados 1 y 2:
«1.      Los contribuidores supervisados estarán sujetos a los siguientes requisitos de gobernanza y de control:
a)      los contribuidores supervisados garantizarán que la aportación de datos de cálculo no se vea afectada por conflictos de intereses reales o potenciales, y que, siempre que deba practicarse la discrecionalidad, se actúe con independencia y honestidad, basándose en información pertinente conforme al código de conducta a que se refiere el artículo 15;
b)      los contribuidores supervisados dispondrán de un sistema de control que garantice la integridad, exactitud y fiabilidad de los datos de cálculo, y que estos se aporten de acuerdo con el presente Reglamento y el código de conducta a que se refiere el artículo 15.
2.      Los contribuidores supervisados dispondrán de sistemas y controles efectivos para garantizar la integridad y fiabilidad de todas las aportaciones de datos de cálculo al administrador, en particular:
[…]
d)      el mantenimiento, durante un período de tiempo adecuado, de un registro de las comunicaciones sobre la aportación de datos de cálculo, de toda la información utilizada para permitir al contribuidor presentar cada comunicación, y de todos los conflictos de intereses posibles o existentes incluyendo, pero no únicamente, el riesgo al que se expone el contribuidor respecto de los instrumentos financieros que utilizan el índice como referencia;
e)      el mantenimiento de registros de las auditorías internas y externas.»
29      De conformidad con el artículo 20, apartado 1, del Reglamento 2016/1011, la Comisión Europea está facultada para adoptar actos de ejecución con el fin de establecer una lista de los índices de referencia cruciales y revisarla, como mínimo, cada dos años.
30      El título IV de dicho Reglamento se titula «Transparencia y protección del consumidor». En ese título figura el artículo 27 de dicho Reglamento, titulado a su vez «Declaración sobre el índice de referencia», que establece, en sus apartados 1 y 2:
«1.      En un plazo de dos semanas a partir de la inscripción del administrador en el registro [de administradores e índices de referencia gestionado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)] a que se refiere el artículo 36, el administrador emitirá, por un medio que garantice un acceso justo y fácil, una declaración sobre el índice de referencia para cada índice de referencia o, si procede, para cada familia de índices de referencia que se pueda utilizar en la Unión de conformidad con lo previsto en el artículo 29.
Cuando dicho administrador empiece a elaborar un nuevo índice de referencia o una nueva familia de índices de referencia que puedan utilizarse en la Unión de conformidad con el artículo 29, emitirá, en el plazo de dos semanas y por un medio que garantice un acceso justo y fácil, una declaración sobre el índice de referencia para cada nuevo índice de referencia o, si procede, para cada nueva familia de índices de referencia.
[…]
En la declaración sobre el índice de referencia:
a)      se definirá clara e inequívocamente el mercado o la realidad económica medida por el índice, así como las circunstancias en las que esa medida puede no ser fiable;
b)      se detallarán las especificaciones técnicas que sirvan para identificar clara e inequívocamente los elementos del cálculo del índice de referencia en relación con los cuales pueda practicarse la discrecionalidad, los criterios aplicables a dicha discrecionalidad y la posición de las personas que puedan practicarla, y de qué modo cabe evaluar posteriormente tal discrecionalidad;
[…]
2.      En la declaración sobre el índice de referencia se incluirán al menos los elementos siguientes:
a)      la definición de todos los términos clave en relación con el índice de referencia;
b)      los motivos para la adopción de la metodología aplicable al índice de referencia y los procedimientos de revisión y aprobación de dicha metodología;
c)      los criterios y procedimientos utilizados para determinar el índice de referencia, incluyendo una descripción de los datos de cálculo, la prioridad concedida a los diferentes tipos de datos de cálculo, los datos mínimos necesarios para determinar un índice de referencia, el empleo de cualesquiera modelos o métodos de extrapolación y todo procedimiento para reequilibrar los componentes de un índice […] de referencia;
d)      los controles y las normas que rigen la realización de un juicio o la práctica de la discrecionalidad por parte del administrador o de cualquier contribuidor, a fin de garantizar la coherencia en el uso de tales facultades de juicio y de discrecionalidad;
[…]
f)      los procedimientos para solventar errores en los datos de cálculo […]
[…]»
31      El artículo 29 del Reglamento 2016/1011 dispone que una entidad supervisada podrá utilizar en la Unión, en particular, un índice de referencia o una combinación de índices de referencia si el índice de referencia es elaborado por un administrador radicado en la Unión e inscrito en el registro público llevado por la AEVM, a que se refiere el artículo 36 de dicho Reglamento, que contiene, en particular, la identidad de los administradores autorizados o registrados y de las autoridades competentes responsables de la supervisión.
32      El título VI del Reglamento 2016/1011 se titula «Autorización, inscripción registral y supervisión de los administradores». Su capítulo 1, titulado a su vez «Autorización e inscripción registral», incluye, en particular, los artículos 34 y 35 de dicho Reglamento, que establecen, respectivamente, un sistema de autorización o de registro al que debe someterse toda persona física o jurídica situada en la Unión que se proponga actuar como administrador de un índice de referencia, con la intervención de la autoridad nacional competente, y la facultad de dicha autoridad de revocar o suspender tal autorización o inscripción registral.
33      Su capítulo 3, titulado «Función de las autoridades competentes», contiene, en particular, los artículos 41 y 42 del Reglamento 2016/1011. El citado artículo 41, titulado a su vez «Facultades de las autoridades competentes», dispone que, a efectos del ejercicio de las funciones que les incumben en virtud del mencionado Reglamento, dichas autoridades dispondrán al menos, de conformidad con su Derecho nacional, de las facultades de supervisión e investigación enumeradas en el apartado 1 de dicho artículo 41, que se refiere, en particular, al acceso a documentos y datos y a la obtención de información de cualquier persona que participe en la elaboración de un índice de referencia o haga aportaciones a su definición; en caso necesario, convocando e interrogando a dicha persona, las inspecciones in situ y las investigaciones fuera del domicilio de las personas físicas, la incautación de documentos y datos en los locales de las personas jurídicas, la obtención de registros y las medidas necesarias para garantizar que el público esté correctamente informado sobre la elaboración de un índice de referencia, en particular exigiendo la publicación de correcciones de errores relativas a contribuciones anteriores o a valores anteriores de un índice de referencia. De conformidad con el artículo 42 de dicho Reglamento, estas facultades van acompañadas de la de imponer multas administrativas y adoptar otras medidas administrativas.
34      El anexo I del Reglamento 2016/1011 precisa o completa determinadas disposiciones específicas de dicho Reglamento en lo que respecta a los índices de referencia de tipos de interés, en particular la exactitud y la suficiencia de los datos de cálculo y los controles que deben llevar a cabo los contribuidores y a los que están sujetos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368
35      Sobre la base del artículo 20, apartado 1, del Reglamento 2016/1011, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368, de 11 de agosto de 2016, por el que se establece una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2016, L 217, p. 1). El Reglamento de Ejecución 2016/1368 fue modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/482 de la Comisión, de 22 de marzo de 2019 (DO 2019, L 82, p. 26), que entró en vigor el 26 de marzo de 2019.
36      El anexo del Reglamento de Ejecución 2016/1368, en su versión modificada por el Reglamento 2019/482, contenía, en el momento de los hechos que originaron el litigio principal, una lista de los índices de referencia cruciales que mencionaba, con el número 5, el índice de referencia «Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR)», cuyo administrador es GPW Benchmark S.A. y cuyo lugar de implantación es Varsovia (Polonia).
Derecho polaco
Ley por la que se aprueba el Código Civil
37      El artículo 3851 de la Ustawa — Kodeks cywilny (Ley por la que se aprueba el Código Civil), de 23 de abril de 1964 (Dz. U. de 1964, n.º 16, posición 93), en su versión aplicable al litigio principal, dispone:
«1.      Las cláusulas de un contrato celebrado con un consumidor que no hayan sido pactadas de forma individual no serán vinculantes para el consumidor cuando establezcan un régimen de derechos y obligaciones que sea contrario a las buenas costumbres y que vulnere gravemente sus intereses (cláusulas ilícitas). Esta disposición no afectará a las cláusulas que definen las obligaciones principales de las partes, entre ellas el precio o la retribución, cuando hayan sido formuladas de forma inequívoca.
2.      Cuando una cláusula contractual no vincule al consumidor con arreglo al apartado 1, las demás disposiciones del contrato seguirán siendo obligatorias para las partes.
3.      Las cláusulas de un contrato celebrado con consumidores que no se hayan negociado individualmente serán cláusulas contractuales sobre cuyo contenido el consumidor no ha tenido una influencia real. Se trata, en particular, de cláusulas contractuales tomadas de un contrato modelo que la contraparte haya propuesto al consumidor.
4.      La carga de la prueba de que la disposición fue pactada individualmente corresponderá a quien lo alegue.»
Ley sobre el Préstamo Hipotecario
38      La Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Ley sobre el Préstamo Hipotecario y la Supervisión de los Intermediarios y Agentes de Préstamos Hipotecarios), de 23 de marzo de 2017 (Dz. U. de 2017, posición 819), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley sobre el Préstamo Hipotecario»), dispone, en su artículo 10, apartado 1, puntos 5 y 6:
«El prestamista, el intermediario de préstamo hipotecario y el agente pondrán en todo momento a disposición del consumidor, en un soporte duradero o en formato electrónico, información general precisa y comprensible sobre el contrato de préstamo hipotecario, incluida, como mínimo, la siguiente información:
[…]
5.      en los contratos de préstamo hipotecario en los que se utilice un índice de referencia: las denominaciones de los índices de referencia y de sus administradores a que se refiere el artículo 3, apartado 1, punto 6, del Reglamento [2016/1011], así como información sobre las posibles consecuencias para el consumidor;
6.      las formas de tipo deudor disponible, indicando si este es fijo o variable o una combinación de ambos, con una breve descripción de las características de los tipos fijos y variables, incluyendo sus implicaciones para el consumidor;»
39      El artículo 11, apartados 1 y 2, de la Ley sobre el Préstamo Hipotecario dispone:
«1.      Antes de la celebración del contrato de préstamo hipotecario, el prestamista, el intermediario de préstamo hipotecario y el agente están obligados a facilitar al consumidor, en un soporte duradero, la información personalizada necesaria para permitirle comparar los préstamos hipotecarios disponibles en el mercado, evaluar las consecuencias de la suscripción de dichos préstamos y tomar una decisión informada sobre la celebración de dicho contrato.
2.      La información a que se refiere el apartado 1 será facilitada por el prestamista, el intermediario hipotecario y el agente en el formulario de información hipotecaria, cuyo modelo figura en el anexo 1 de la Ley.»
40      A tenor del artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley sobre el Préstamo Hipotecario:
«1.      […]
8)      El contrato de préstamo hipotecario especificará los elementos enumerados en el artículo 69, apartado 2, de la Ley bancaria de 29 de agosto de 1997, así como las modalidades y condiciones de determinación del tipo de interés sobre cuya base se calcula el importe de las cuotas mensuales de capital e intereses.
[…]
2.      Si las partes no han acordado un tipo hipotecario fijo, el método de determinación del tipo de interés a que se refiere el apartado 1, punto 8, se conformará como el valor del índice de referencia y el importe del margen establecido en el contrato de préstamo hipotecario.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
41      Como se desprende de la resolución de remisión, el 18 de junio de 2019, el demandante en el litigio principal se puso en contacto con PKO con vistas a la celebración de un contrato de préstamo hipotecario por un importe de 400 000 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 96 700 euros). En esa ocasión, fue informado, en particular, sobre los riesgos vinculados a los préstamos a tipo de interés variable en general. No se le facilitó información alguna sobre el modo de funcionamiento de un índice de referencia específico.
42      El 1 de agosto de 2019, las partes en el litigio principal celebraron un contrato de préstamo hipotecario por un importe total de 413 436,69 PLN (aproximadamente 99 980 euros) a veinte años, destinado a la adquisición de una vivienda (en lo sucesivo, «contrato de préstamo controvertido en el litigio principal»). Dicho préstamo iba acompañado de un tipo de interés variable, cuyo valor se calculaba sobre la base, por un lado, del índice de referencia WIBOR 6M, que forma parte de la familia de índices de referencia WIBOR, que es un índice de referencia de tipos de interés, en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 22, del Reglamento 2016/1011, cuyo valor estaba fijado en el 1,79 % en la fecha de celebración de ese contrato, y, por otro lado, de un margen fijo del 1,85 %, con una adaptación del tipo aplicable en función de la evolución de ese índice sobre una base semestral.
43      En las condiciones generales del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal, el índice de referencia WIBOR 6M se describe como el índice de referencia de los depósitos en eslotis polacos a seis meses en el mercado interbancario polaco, cuyo valor se determina de conformidad con las normas relativas, en particular, al índice de referencia WIBOR y que se publica en el sitio de información del administrador de esos índices, GPW Benchmark.
44      En las condiciones particulares de dicho contrato se menciona que PKO informó al prestatario del riesgo vinculado a la aplicación de un tipo de interés variable, lo que se traduce en un aumento del importe de los intereses y, por ende, de las cuotas mensuales, en caso de aumento del índice de referencia. Las condiciones generales también contienen información al respecto.
45      Tras haber impugnado infructuosamente ante PKO la legalidad de las disposiciones contractuales relativas al tipo de interés variable, el demandante en el litigio principal ejercitó una acción judicial contra dicho banco el 18 de septiembre de 2023 ante el Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunal Regional de Częstochowa, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente.
46      Mediante esta acción judicial, el demandante en el litigio principal solicita con carácter principal, por una parte, que se declare que la cláusula del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal relativa al tipo de interés variable es abusiva en tanto en cuanto remite al índice de referencia WIBOR 6M y, por tanto, que, en esa medida, dicha cláusula no le vincula o, en cualquier caso, es nula, y, por otra parte, que se ordene el pago de la cantidad de 10 828,93 PLN (aproximadamente 2 620 euros), incrementada en los intereses de demora.
47      El órgano jurisdiccional remitente expone que, según el demandante en el litigio principal, PKO no facilitó información fiable, comprensible y completa sobre el riesgo vinculado a la aplicación de un tipo de interés variable y el mecanismo de determinación del índice de referencia WIBOR 6M, en particular por lo que respecta a la influencia que los bancos que proporcionan los datos de cálculo que sirven para su fijación, entre los que figura PKO, podrían ejercer sobre la determinación de los valores sucesivos de dicho índice, con independencia de las condiciones económicas imperantes en el mercado interbancario nacional y de la realidad económica. El demandante en el litigio principal sostiene que los bancos se procuran así un «margen oculto», pese a que las cláusulas relativas a un tipo de interés variable deben referirse a índices objetivos, sobre los que las partes en los contratos de crédito no pueden ejercer influencia alguna. Afirma que, por ello, PKO está en condiciones de influir en el nivel de la obligación del prestatario relativa a los intereses y que, además, transfirió a este la totalidad del riesgo relativo a la variación del tipo de interés.
48      Asimismo, el demandante en el litigio principal sostiene que PKO no le proporcionó información sobre la consistencia del índice de referencia WIBOR 6M, de modo que no estaba en condiciones de poder valorar las consecuencias económicas de los compromisos que asumía.
49      En cuanto a las consecuencias de la supuesta invalidez de la remisión a este índice, el demandante en el litigio principal estima que la cláusula en cuestión del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal debe considerarse, en la medida en que incluye tal remisión, una cláusula independiente, por lo que, en su opinión, puede suprimirse sin menoscabar la esencia de ese contrato, en el que únicamente subsistirá, en concepto de tipo de interés, el margen fijo estipulado a favor del banco.
50      PKO niega que el índice de referencia WIBOR 6M esté desconectado de las operaciones reales, así como que los bancos que contribuyen a dicho índice puedan de algún modo manipularlo o celebrar un acuerdo entre ellos para determinar sus valores sucesivos.
51      Añade que el demandante en el litigio principal fue correctamente informado acerca de los riesgos vinculados a la celebración de un contrato de préstamo a tipo de interés variable y subraya que el tipo de interés previsto en el contrato de préstamo controvertido en el litigio principal era sensiblemente inferior al tipo de interés legal, y aún más al tipo de interés máximo fijado por la Ley por la que se aprueba el Código Civil, en su versión aplicable al litigio principal.
52      El órgano jurisdiccional remitente señala que la impugnación formulada por el demandante en el litigio principal se refiere al carácter potencialmente abusivo de la utilización del índice de referencia WIBOR 6M en cláusulas relativas a la aplicación de un tipo de interés variable en un contrato de préstamo hipotecario. Afirma que, en el caso de autos, se trata de un índice de referencia crucial, en el sentido del artículo 20, apartado 1, del Reglamento 2016/1011.
53      En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la propia posibilidad de examinar una cláusula relativa a la aplicación de un tipo de interés variable en un contrato de préstamo hipotecario celebrado en Polonia a la luz de la Directiva 93/13, habida cuenta del artículo 1, apartado 2, de esta.
54      En efecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que el método de determinación del tipo de interés previsto en el contrato de préstamo controvertido en el litigio principal corresponde al artículo 29, apartado 2, de la Ley sobre el Préstamo Hipotecario, que establece que, si el tipo de interés no es fijo, la determinación del tipo de interés se entenderá como el valor del índice de referencia y el importe del margen estipulado. Considera que, por lo tanto, en caso de aplicación de un tipo de interés variable, la ley obliga a utilizar un índice de referencia. Añade que también podría resultar pertinente que, cuando ese índice es un índice de referencia crucial regulado por el Reglamento 2016/1011, como en el caso de autos, la protección de los consumidores se ve considerablemente reforzada en comparación con el uso de otro tipo de índices.
55      En segundo lugar, en el supuesto de que fuera posible examinar la cláusula impugnada del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal a la luz de la Directiva 93/13, el órgano jurisdiccional remitente considera que aquella forma parte del objeto principal del contrato, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva, y, en consecuencia, se pregunta si se cumple la exigencia de transparencia impuesta por la citada disposición.
56      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que esta cláusula define el método de adaptación del tipo de interés y la periodicidad de las adaptaciones, que el índice de referencia contractual lo elabora un administrador autorizado de conformidad con el Reglamento 2016/1011, que dicho contrato contiene información sobre ese administrador y sobre la base de la determinación de ese índice y que los valores sucesivos de este son fácilmente accesibles para el público.
57      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la exigencia de transparencia obliga al prestamista profesional a facilitar también mayor información que permita al consumidor formarse una opinión acerca de la evolución futura del índice de referencia contractual y acerca de las consecuencias de esta sobre sus compromisos contractuales. Dicho órgano jurisdiccional menciona, entre esa información adicional que podría exigirse, el modo en que se concibe ese índice, los factores y circunstancias que influyen en la determinación de su valor, como las tasas de inflación y de desempleo, la existencia de posibles «inquietudes» en cuanto a la transparencia de su funcionamiento, relacionadas con el hecho de que los datos de cálculo son facilitados por bancos y no corresponden necesariamente a operaciones reales, los criterios utilizados para la elaboración de esos datos, la manera en que se recopilan antes de ser facilitados y el hecho de que el prestamista sea uno de esos bancos contribuidores.
58      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente señala, en primer término, que ni la Ley sobre el Préstamo Hipotecario ni las Directivas 2008/48 y 2014/17 obligan al prestamista a facilitar tal información y, en segundo término, que los datos facilitados por PKO como contribuidor del índice de referencia WIBOR 6M tienen una incidencia limitada en este, ya que no es más que uno de los diez bancos contribuidores. Además, considera que la complejidad o el tecnicismo de parte de esta información hacen difícil presentarla de manera comprensible para un consumidor medio, carente de conocimientos económicos, de modo que la no transmisión de tal información podría simplemente no influir en la toma de decisiones de los consumidores.
59      En tercer lugar, en el supuesto de que, debido a la insuficiente transparencia de la cláusula impugnada del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal, esta debiera examinarse a la luz de su eventual carácter abusivo, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre las consecuencias de determinadas dudas en cuanto a la transparencia del modo de determinación del índice de referencia WIBOR 6M, dudas que PKO debía conocer, pero de las que no informó al consumidor, de modo que la utilización de este índice en ese contrato podría generar, en su opinión, un desequilibrio entre las partes.
60      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en el momento de la celebración de dicho contrato, el mercado crediticio en Polonia se caracterizaba por la casi exclusividad, por una parte, de los créditos a tipo variable y, por otra parte, del recurso al índice de referencia WIBOR para esos créditos. Afirma que, en consecuencia, aunque un consumidor hubiera querido optar por un crédito a tipo fijo o hubiera albergado dudas acerca del funcionamiento del índice de referencia WIBOR, es posible que, incluso después de haber sido debidamente informado sobre dicho funcionamiento, no tuviera otra opción que aceptar celebrar un contrato de tipo variable indexado a ese índice. Considera que, en cualquier caso, el Derecho polaco obliga a recurrir al índice de referencia WIBOR, dado que este se ha convertido en un índice de referencia crucial, en el sentido del Reglamento 2016/1011. Añade que el recurso a otros índices resultaría desfavorable para el consumidor, habida cuenta de la menor transparencia de estos.
61      Además, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si la oferta de un crédito a tipo variable no constituye, en sí misma, una vulneración del interés del consumidor, ya que este quedaría expuesto, durante toda la vigencia del contrato, al riesgo de aumento de los intereses, con la única protección del límite máximo legal de los tipos de interés aplicables.
62      En cuarto y último lugar, en el supuesto de que el examen de una cláusula llevara a declarar el carácter abusivo de la utilización del índice de referencia WIBOR, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre las consecuencias que deben extraerse de tal declaración.
63      El órgano jurisdiccional remitente contempla la posibilidad de que, en la cláusula impugnada del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal, el elemento relativo a la remisión al índice de referencia WIBOR 6M se considere escindible, como obligación contractual distinta, de modo que este elemento podría ser el único invalidado, lo que evitaría al consumidor las consecuencias desfavorables de la anulación de dicho contrato en su totalidad. En este caso, el tipo de interés deudor se reduciría al margen fijo estipulado a favor del banco.
64      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente observa que, según la jurisprudencia nacional mayoritaria, una modificación de ese tipo afectaría a la esencia de tal cláusula. Señala, en particular, que, modificado de ese modo, el contrato de préstamo controvertido en el litigio principal comporta perspectivas sensiblemente diferentes para las partes, en particular debido a que el carácter ventajoso de un préstamo a tipo de interés fijo depende de la evolución previsible de los tipos de interés en el momento de la celebración del contrato.
65      En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Częstochowie (Tribunal Regional de Częstochowa) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, de la Directiva [93/13] en el sentido de que permite el examen de las cláusulas contractuales relativas a un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 4, apartado 2, de la Directiva [93/13] en el sentido de que permite el examen [del carácter abusivo] de las cláusulas contractuales relativas a un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR?
3)      En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, ¿debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, de la Directiva [93/13] en el sentido de que una cláusula contractual relativa a un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR pueda resultar contraria a las exigencias de la buena fe y dar lugar a un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones contractuales de las partes en perjuicio del consumidor, por no haberse informado debidamente al consumidor de que se exponía al riesgo de un tipo de interés variable, en particular, por no haberle indicado el método con el que se determina el índice de referencia en el que se basa el tipo de interés variable ni qué incertidumbres conlleva su falta de transparencia, así como por la distribución desigual de dicho riesgo entre las partes del contrato?
4)      En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales anteriores, ¿debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, en relación con los artículos 3, apartados 1 y 2, segunda frase, y 2 de la Directiva [93/13], en el sentido de que, cuando se considere abusiva una cláusula contractual relativa a un tipo de interés variable basado en el índice de referencia WIBOR, es posible que subsista un contrato en el que el tipo de interés sobre el importe del capital del préstamo se base en un segundo componente del tipo de interés que figura en el contrato, a saber, un margen bancario fijo, lo que haría que el tipo de interés del préstamo pasara de variable a fijo?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
66      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que estipula un tipo de interés variable basado en un índice de referencia, a efectos del Reglamento 2016/1011, y un margen fijo está comprendida en la excepción prevista en dicha disposición.
67      A este respecto, dicho órgano jurisdiccional subraya, por una parte, que el tipo de interés variable estipulado en la cláusula impugnada del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal es conforme con el artículo 29, apartado 2, de la Ley sobre el Préstamo Hipotecario y, por otra parte, que debe presumirse, habida cuenta de la concesión por la autoridad nacional competente de la autorización contemplada en el artículo 34 del Reglamento 2016/1011 al administrador del índice de referencia WIBOR, índice de referencia contemplado en esa cláusula, que ese índice es conforme con el conjunto de las disposiciones de ese Reglamento aplicables a los índices de referencia cruciales.
68      Procede recordar que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 excluye del ámbito de aplicación material de esta las cláusulas contractuales que reflejen «disposiciones legales o reglamentarias imperativas», expresión que, a la luz del decimotercer considerando de dicha Directiva, abarca no solo las disposiciones de Derecho nacional que se aplican entre las partes contratantes independientemente de su elección, sino también las que son de carácter supletorio, es decir, las que se aplican por defecto, cuando las partes no hayan pactado otra cosa (sentencia de 5 de mayo de 2022, Zagrebačka banka, C‑567/20, EU:C:2022:352, apartado 55 y jurisprudencia citada), entendiéndose que tales cláusulas no contienen ningún elemento abusivo.
69      La excepción establecida en esta disposición es de interpretación estricta (sentencia de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C‑51/17, EU:C:2018:750, apartado 54 y jurisprudencia citada).
70      Por lo que respecta, en primer lugar, al hecho de que la cláusula impugnada del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal es conforme con el artículo 29, apartado 2, de la Ley sobre el Préstamo Hipotecario, procede señalar que esta disposición se limita a establecer que, si las partes de un contrato de préstamo hipotecario no han acordado un tipo de interés fijo, el método de determinación del tipo de interés se entenderá como el valor del índice de referencia y del importe del margen estipulado en el contrato.
71      Pues bien, del apartado 33 de la sentencia de 30 de mayo de 2024, Raiffeisen Bank (C‑176/23, EU:C:2024:443), se desprende que la exclusión prevista en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 no se aplica a una situación en la que una normativa se limita a establecer un marco general para fijar el tipo de interés aplicable a tales contratos, al tiempo que deja al profesional un margen de apreciación en lo que atañe tanto a la elección del índice de referencia de ese tipo de interés como a la importancia del margen fijo que puede añadirse a este.
72      En consecuencia, una disposición nacional como el artículo 29, apartado 2, de la Ley sobre el Préstamo Hipotecario no puede impedir la aplicación de la Directiva 93/13.
73      En segundo lugar, por lo que respecta al hecho de que el índice contemplado en la cláusula impugnada del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal es un índice de referencia, en el sentido del Reglamento 2016/1011, cuya metodología y, de manera más general, cuyo funcionamiento deben cumplir todas las exigencias impuestas por dicho Reglamento para la elaboración de índices de referencia cruciales, procede señalar que, ciertamente, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 se refiere en principio, como enuncia el decimotercer considerando de dicha Directiva, a las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.
74      No obstante, las disposiciones que figuran en actos adoptados por el legislador de la Unión en forma de reglamentos deben asimilarse, a este respecto, a las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, habida cuenta de los efectos de dichos reglamentos tal como se establecen en el artículo 288 TFUE, párrafo segundo, cuando tales disposiciones del Derecho de la Unión tienen por objeto, del mismo modo, determinar de manera imperativa o supletoria los derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos. En efecto, la razón de ser de la exclusión establecida en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, ya mencionada en el apartado 68 de la presente sentencia, a saber, que, en principio, es legítimo presumir que el legislador nacional ha dispuesto un equilibrio entre el conjunto de esos derechos y obligaciones, equilibrio que el legislador de la Unión ha querido preservar (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2023, First Bank, C‑593/22, EU:C:2023:555, apartado 22 y jurisprudencia citada), también es aplicable cuando tales derechos y obligaciones los determina directamente el propio legislador de la Unión.
75      Dicho esto, procede señalar, en lo que atañe al Reglamento 2016/1011, que, en primer término, a tenor de su artículo 1, este tiene por objeto establecer un marco común a efectos de garantizar la exactitud e integridad de los índices utilizados como referencia, en particular, en los contratos financieros, con el fin de contribuir a un adecuado funcionamiento del mercado interior, a la vez que al logro de una elevada de protección de los consumidores. A tal fin, dicho Reglamento establece un conjunto de exigencias, en particular por lo que respecta a la metodología de dichos índices, aplicables a sus administradores y a sus contribuidores. Así pues, dicho Reglamento no pretende establecer un equilibrio entre los derechos y las obligaciones de las partes en los contratos financieros, sino que establece obligaciones aplicables a entidades que actúan en condiciones específicas, con independencia de que los contribuidores puedan ser también usuarios de un índice de referencia.
76      En segundo término, aunque la autoridad nacional competente haya concedido la autorización prevista en el artículo 34 del Reglamento 2016/1011 al administrador del índice de referencia WIBOR y haya acreditado de ese modo la conformidad de las normas constitutivas de la metodología de ese índice con el conjunto de exigencias impuestas por ese Reglamento, no es menos cierto que tales normas emanan de una entidad privada, a saber, el administrador de dicho índice, y no son, por tanto, de naturaleza legal o reglamentaria, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13.
77      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que estipula un tipo de interés variable basado en un índice de referencia, a efectos del Reglamento 2016/1011, y un margen fijo no está comprendida en la excepción prevista en dicha disposición, cuando las disposiciones legales o reglamentarias aplicables a tal cláusula se limitan a establecer un marco general para fijar el tipo de interés aplicable a tales contratos, al tiempo que dejan al profesional la posibilidad de determinar el índice de referencia contractual o el margen fijo que puede añadirse al valor de ese índice.
Segunda cuestión prejudicial
78      Con carácter previo, procede recordar que, a tenor del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.
79      Como se desprende de lo expuesto en la resolución de remisión en lo que atañe a la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente considera que la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que estipula un tipo de interés variable basado en un índice de referencia y un margen fijo, como la cláusula controvertida del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal, podría referirse a la «definición del objeto principal del contrato», en el sentido del citado artículo 4, apartado 2, y de la jurisprudencia relativa a esta disposición, según la cual esta última se refiere a las cláusulas que regulan las prestaciones esenciales del contrato y que, como tales, lo caracterizan [véanse, en ese sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, apartado 49, y de 16 de marzo de 2023, Caixabank (Comisión de apertura de préstamo), C‑565/21, EU:C:2023:212, apartado 17].
80      Tal apreciación, que es competencia del órgano jurisdiccional remitente (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, apartado 33 y jurisprudencia citada), parece compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que ya ha precisado que una cláusula que fija el tipo de interés en un contrato de préstamo puede formar parte del objeto principal de dicho contrato (sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C‑143/13, EU:C:2015:127, apartado 62).
81      Al parecerle plausible que la cláusula impugnada del contrato de préstamo controvertido esté comprendida en la definición del objeto principal de dicho contrato, el órgano jurisdiccional remitente solicita una interpretación de los términos «siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible», mediante los cuales el legislador de la Unión integró una exigencia de transparencia en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 (véase, en ese sentido, la sentencia de 30 de abril de 2025, Justa, C‑39/24, EU:C:2025:298, apartados 29 y 35 y jurisprudencia citada). En efecto, como se desprende de esta disposición, el carácter abusivo de una cláusula incluida en la definición del objeto principal del contrato solo puede examinarse si resulta que la cláusula impugnada no se presenta «de manera clara y comprensible» y, por tanto, no cumple esta exigencia de transparencia.
82      A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en particular, si el prestamista debe proporcionar indicaciones sobre determinados elementos de la metodología del índice de referencia contractual, como el hecho de que los datos de cálculo utilizados puedan corresponder a ofertas de transacción no terminadas, o sobre los factores que pueden influir en la variación de dicho índice.
83      Por lo tanto, procede considerar que, mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un contrato de préstamo hipotecario incluye una cláusula que estipula un tipo de interés variable basado en un índice de referencia, a efectos del Reglamento 2016/1011, la exigencia de transparencia que se deriva de esa disposición impone al prestamista determinadas obligaciones de información específicas en lo que respecta a la metodología de ese índice.
84      A este respecto, debe recordarse que esta exigencia de transparencia se ha de entender como una obligación no solo de que la cláusula considerada sea comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que para él tiene dicha cláusula (véase, en ese sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, apartado 37 y jurisprudencia citada).
85      En efecto, reviste una importancia fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información. En consecuencia, y dado que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, la exigencia de transparencia debe entenderse de manera extensiva [sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial), C‑265/22, EU:C:2023:578, apartados 51 y 52 y jurisprudencia citada].
86      Por lo que respecta, más concretamente, a una cláusula que, en un contrato de préstamo hipotecario, estipula una remuneración de ese préstamo mediante intereses que se calculan según un tipo variable establecido, como en el litigio principal, por referencia a un índice oficial, la exigencia de transparencia se ha de entender en el sentido de que impone, en particular, que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del método de cálculo de ese tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de tal cláusula sobre sus obligaciones financieras (sentencia de 12 de diciembre de 2024, Kutxabank, C‑300/23, EU:C:2024:1026, apartado 79 y jurisprudencia citada).
87      El respeto de la exigencia de transparencia debe apreciarse a la vista de todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que se encuentran no solo las cláusulas contenidas en el contrato en cuestión, sino también la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista en el marco de la negociación del contrato (sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, apartado 44 y jurisprudencia citada).
88      También debe tomarse en consideración la circunstancia de que los elementos principales relativos al cálculo de un índice de referencia contractual resulten fácilmente accesibles por haber sido publicados, siempre y cuando, habida cuenta de la información públicamente disponible y accesible y de la información facilitada, en su caso, por el profesional, un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, estuviera en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del método de cálculo del tipo de interés variable, en particular en la medida en que este método implique un índice de referencia, y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras (sentencia de 12 de diciembre de 2024, Kutxabank, C‑300/25, EU:C:2024:1026, apartados 80 y 82 y jurisprudencia citada).
89      Por otra parte, para determinar si una cláusula de un contrato de crédito comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 cumple la exigencia de transparencia que impone esa disposición, deben tenerse en cuenta todas las disposiciones del Derecho de la Unión que establecen obligaciones en materia de información de los consumidores que puedan aplicarse al contrato de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de septiembre de 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, apartado 62).
90      En el caso de autos, que versa sobre un contrato de préstamo hipotecario comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/17 y cuyo tipo de interés variable se basa en un índice de referencia contemplado en el Reglamento 2016/1011, procede tomar en consideración el hecho de que estos dos actos definen de manera precisa las obligaciones de información para con los consumidores, con el objetivo de proteger a estos, como se desprende, en particular, del considerando 7 de esa Directiva y de los considerandos 5, 6 y 71 de dicho Reglamento.
91      Así pues, la Directiva 2014/17 regula en varios niveles el deber de información de los prestamistas.
92      Por una parte, en la fase de contactos particulares con un posible prestatario, el artículo 14 de la Directiva 2014/17 obliga al prestamista a facilitar la información precontractual personalizada necesaria para que aquel pueda comparar los créditos disponibles en el mercado, evaluar sus implicaciones y tomar una decisión fundada. Esta información debe facilitarse a través de la FEIN, que es un documento informativo normalizado a escala de la Unión. De conformidad con el artículo 17, apartado 6, de esta Directiva, en caso de crédito a tipo variable, el consumidor deberá ser informado, al menos a través de la FEIN, de las posibles repercusiones de las variaciones del tipo de interés en los importes adeudados y en la TAE, debiendo comunicarse al consumidor una TAE adicional que ilustre los posibles riesgos vinculados a un aumento significativo del tipo deudor, información esta que debe ir acompañada de una advertencia en la que se ponga de relieve que el coste total del crédito para el consumidor, mostrado en la TAE, puede variar.
93      Del anexo II de la Directiva 2014/17, que enumera las menciones que deben figurar en la FEIN y su contenido (parte A) y que contiene las instrucciones que los prestamistas deben seguir para cumplimentar esta ficha (parte B), se desprende que, cuando se ofrece a un consumidor un contrato de préstamo hipotecario con un tipo de interés variable, la obligación de información específica impuesta al prestamista se refiere a la incidencia sobre la TAE de la variabilidad del tipo de interés. A este respecto, procede señalar que las modificaciones que el legislador de la Unión introdujo en esa Directiva cuando adoptó el Reglamento 2016/1011 no afectaron a ese anexo. Así pues, no previó que, para los créditos a tipo variable basados en un índice de referencia contemplado en dicho Reglamento, la FEIN contuviera información específica sobre la metodología de ese índice de referencia o las posibles causas de su variación.
94      A este respecto, procede recordar que, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2014/17, el Derecho nacional de los Estados miembros no podrá contener disposiciones que diverjan de las establecidas en el artículo 14, apartado 2, y en el anexo II, parte A, de dicha Directiva, con respecto a la información precontractual normalizada mediante la FEIN.
95      Por otra parte, y desde un punto de vista más general, de conformidad con el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e bis), de la Directiva 2014/17, un prestamista que ofrece en el mercado la celebración de contratos de crédito que remiten a un índice de referencia, en el sentido del Reglamento 2016/1011, está obligado a facilitar, entre la información general que debe poner a disposición en todo momento, «el nombre del índice de referencia [de que se trate] y de su administrador, así como las posibles implicaciones para el consumidor». Como se desprende del considerando 71 del Reglamento 2016/1011, que introdujo esta disposición en la Directiva 2014/17, al obligar a comunicar esos elementos, el legislador de la Unión pretendió garantizar que se facilitara a los consumidores la información que consideró adecuada, habida cuenta de la situación de inferioridad en la que se encuentran en cuanto a la elección de un índice de referencia debido a la asimetría de las facultades de negociación y a la aplicación de cláusulas estándar.
96      Además, dado que la información que debe facilitarse de conformidad con dicho artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e bis), es información general sobre los contratos de crédito que un prestamista debe poner a disposición en todo momento, la expresión «las posibles implicaciones para el consumidor» de los contratos que hacen referencia a un índice de referencia, que figura en esa disposición, no puede referirse a información más precisa que la información precontractual personalizada descrita en los apartados 92 y 93 de la presente sentencia. Más concretamente, esos términos no pueden referirse a la metodología del índice o índices de referencia utilizados por ese prestamista en los contratos que ofrece ni a los factores que pueden influir en la variación de estos.
97      El Reglamento 2016/1011, por su parte, regula las obligaciones de información impuestas a los administradores de índices de referencia.
98      A este respecto, por un lado, el artículo 13 de dicho Reglamento establece una obligación general de transparencia a cargo de esos administradores, que les obliga, en particular, a publicar o poner a disposición los principales elementos de la metodología de cada índice o familia de índices que elaboren y publiquen.
99      Por otro lado, el artículo 27 de dicho Reglamento, en aras de la transparencia y de la protección de los consumidores, obliga a dichos administradores a publicar de manera accesible, clara e inequívoca, para cada índice de referencia o familia de índices de referencia, una declaración que debe, en particular, definir el mercado o la realidad económica que el índice de referencia mide y las circunstancias en las que esa medida puede no ser fiable, e indicar, mediante especificaciones técnicas, los elementos del cálculo del índice de referencia a los que pueda aplicarse la discrecionalidad, los criterios aplicables a esa discrecionalidad y la posición de las personas que pueden practicarla, y de qué modo cabe evaluar posteriormente tal discrecionalidad. Además, esta declaración define todos los términos clave en relación con el índice de referencia, precisa los motivos para la adopción de la metodología, los criterios y procedimientos utilizados para determinar el índice de referencia, incluida una descripción de los datos de cálculo, la prioridad concedida a los diferentes tipos de datos de cálculo, los datos mínimos necesarios para determinar ese índice, los modelos o métodos de extrapolación que puedan utilizarse y los procedimientos para reequilibrar los componentes de dicho índice, así como los controles y las normas que rigen la realización de una apreciación o la práctica de discrecionalidad por parte del administrador o de cualquier contribuidor, a fin de garantizar la coherencia en el uso de tales facultades de apreciación y de discrecionalidad.
100    Como señaló la Abogada General, en esencia, en el punto 54 de sus conclusiones, la publicación de la información que incumbe al administrador de un índice de referencia permite a todas las partes interesadas, entre las que figuran los consumidores, comprender la metodología utilizada para elaborar dicho índice.
101    Resulta, por consiguiente, en lo que respecta a los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial, que la Directiva 2014/17 y el Reglamento 2016/1011 establecen, conjuntamente considerados, obligaciones de información precisas para con los consumidores en lo que atañe, por una parte, a las cláusulas de los contratos de préstamo hipotecario que fijan un tipo de interés variable que remite a un índice de referencia contemplado en dicho Reglamento y, por otra parte, a tales índices de referencia, y que esas obligaciones se reparten entre los prestamistas y los administradores de esos índices. Dentro del marco así establecido, corresponde a los primeros proporcionar a los consumidores las indicaciones que les permitan, a la vez, evaluar las consecuencias concretas de la variabilidad del tipo de interés sobre las obligaciones que se derivan para ellos del contrato que se les propone y conocer toda la información que el administrador de un índice de referencia debe hacer pública.
102    En este contexto, dado que, conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 89 de la presente sentencia, procede tomar en consideración todas las disposiciones del Derecho de la Unión que establecen obligaciones en materia de información de los consumidores que pueden aplicarse, en el caso concreto, a la cláusula que establece un tipo de interés variable basado en un índice de referencia, en el sentido del Reglamento 2016/1011, el cumplimiento por un prestamista de la exigencia de transparencia establecida por la Directiva 93/13 en caso de celebración de un contrato de préstamo hipotecario que contenga tal cláusula debe apreciarse, si esta cláusula figura, como sucede en el litigio principal, en un contrato de crédito relativo a un bien inmueble de uso residencial, a la luz de las obligaciones que le impone la Directiva 2014/17.
103    Dicho esto, cuando los datos comunicados por el prestamista no se limiten a remitir a información de acceso público, como la que, en virtud del Reglamento 2016/1011, todo administrador de un índice de referencia debe poner a disposición, sino que la describan, sinteticen o expliquen, esos datos deberán ser exactos a la luz de esa información.
104    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un contrato de préstamo hipotecario relativo a un bien inmueble de uso residencial incluye una cláusula que estipula un tipo de interés variable basado en un índice de referencia, a efectos del Reglamento 2016/1011, la exigencia de transparencia que se deriva de esa disposición no impone al prestamista determinadas obligaciones de información específicas en lo que respecta a la metodología de ese índice. El hecho de que el prestamista haya cumplido todas las obligaciones de información que, con respecto a tal cláusula, le impone la Directiva 2014/17 y, si ha proporcionado información adicional, de que no haya dado indicaciones que ofrezcan una imagen distorsionada de dicho índice puede acreditar que el prestamista ha cumplido esa exigencia de transparencia en lo que atañe a dicha cláusula.
Tercera cuestión prejudicial
105    Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario estipula un tipo de interés variable basado en un índice de referencia, a efectos del Reglamento 2016/1011, por una parte, la falta de información al consumidor sobre determinadas particularidades del índice de referencia contractual, en particular sobre el hecho de que la metodología de este índice prevea la utilización de datos de cálculo que no correspondan necesariamente a operaciones reales y de que el prestamista sea uno de los bancos que contribuyen a la determinación de ese índice, y, por otra parte, esas mismas particularidades pueden conferir a tal cláusula carácter abusivo.
106    En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende, por una parte, que el demandante en el litigio principal pone en duda la objetividad del índice de referencia WIBOR 6M debido a que los valores sucesivos de este se determinan sobre la base de datos de cálculo que, en su gran mayoría, no resultan de operaciones efectivamente realizadas en el mercado interbancario polaco, sino de ofertas de precios presentadas en ese mercado, lo que confiere a los contribuidores de dicho índice un margen de apreciación discrecional.
107    Por otra parte, el demandante en el litigio principal sostiene que, habida cuenta de este elemento de la metodología del índice de referencia WIBOR 6M, el hecho de que PKO sea uno de los bancos contribuidores de dicho índice, proporcionando al administrador de este los datos de cálculo que utiliza para la determinación de sus valores sucesivos, le permite influir en la evolución del índice. Añade que, por esta vía, al recurrir a este índice para la fijación del tipo de interés variable aplicable a un contrato en el que él mismo es parte, PKO se reservó la posibilidad de influir en el nivel de la obligación del prestatario y, por tanto, de aumentar los ingresos que obtiene de dicho contrato. Concluye que, en tales circunstancias, se ve obligado a soportar la totalidad del riesgo vinculado a la variabilidad del tipo de interés, mientras que el prestamista disfruta de un «margen oculto».
108    Con carácter preliminar, procede señalar que, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 81 de la presente sentencia, la respuesta a la tercera cuestión prejudicial, relativa a la apreciación del eventual carácter abusivo de una cláusula como la cláusula impugnada del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal, supone que de una apreciación previa del órgano jurisdiccional remitente se desprenda que no se ha respetado la exigencia de transparencia impuesta por el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 en lo que atañe a dicha cláusula.
109    En este contexto, es preciso subrayar que, si bien el eventual incumplimiento de esta exigencia de transparencia es uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para apreciar si una cláusula contractual es abusiva, del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 se desprende que el incumplimiento de dicha exigencia no puede, por sí solo, conferir a esa cláusula carácter abusivo [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial), C‑265/22, EU:C:2023:578, apartado 66 y jurisprudencia citada].
110    Lo mismo sucede cuando tal incumplimiento se deriva de la inobservancia de una obligación impuesta al profesional en virtud de una normativa de la Unión distinta de la Directiva 93/13, como podría ser el caso, en circunstancias como las del litigio principal, de las obligaciones de información impuestas al prestamista por la Directiva 2014/17.
111    Precisado lo anterior, ha de recordarse que, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
112    En el marco de la apreciación que corresponde efectuar al juez nacional en virtud de esa disposición incumbe a este evaluar, atendiendo a todas las circunstancias del litigio, en primer lugar, el posible incumplimiento de las exigencias de la buena fe y, en segundo lugar, la existencia de un posible desequilibrio importante en detrimento del consumidor en el sentido de la citada disposición [sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial), C‑265/22, EU:C:2023:578, apartado 63 y jurisprudencia citada].
113    Por un lado, en cuanto a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «contrariamente a las exigencias de la buena fe», habida cuenta del decimosexto considerando de la Directiva 93/13, el juez nacional debe comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, este aceptaría una cláusula de ese tipo de resultas de una negociación individual [sentencias de 14 de marzo de 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, apartado 69, y de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial), C‑265/22, EU:C:2023:578, apartado 64 y jurisprudencia citada].
114    Por otro lado, para determinar si una cláusula genera, en detrimento del consumidor, un «desequilibrio importante» entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, es preciso tener en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las partes, de modo que se valore si, y, en su caso, en qué medida, el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la contemplada por esas normas [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial), C‑265/22, EU:C:2023:578, apartado 65 y jurisprudencia citada].
115    En línea con esta jurisprudencia, procede considerar que, cuando, para un determinado tipo de contratos, un elemento contractual esté sujeto a un marco legal exhaustivo, un consumidor no puede, en principio, encontrarse en una situación desfavorable por lo que respecta a ese elemento contractual cuando este se determina de manera conforme con las prescripciones de tal marco legal. En efecto, por analogía con la ratio legis del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13, es legítimo presumir que, mediante este marco legal, el legislador ha establecido, en lo que a ese elemento contractual se refiere, un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes de un contrato de este tipo.
116    Además, del apartado 74 de la presente sentencia resulta que es indiferente que tal marco legal esté establecido por normas del Derecho nacional o por un reglamento adoptado por el legislador de la Unión.
117    En el caso de autos, se alega el carácter abusivo de la cláusula impugnada del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal, relativa al tipo de interés variable, debido a que los datos de cálculo que sirven para determinar los valores sucesivos del índice de referencia contractual consisten esencialmente en ofertas de precios presentadas en el mercado interbancario de que se trata, pero que no corresponden a operaciones reales, y a que esos datos son facilitados al administrador de dicho índice por un grupo de bancos que pueden a su vez utilizar dicho índice en los contratos que celebran con los consumidores.
118    A este respecto, procede señalar que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento 2016/1011, este Reglamento regula tanto la elaboración de índices de referencia por parte de sus administradores como la aportación de los datos de cálculo a este respecto, por parte de los contribuidores, y la utilización de tales índices.
119    En primer lugar, por lo que respecta a la elaboración de los índices de referencia, el artículo 27 del Reglamento 2016/1011 establece que el administrador de tal índice está obligado a publicar una declaración en la que se expongan las características esenciales de este, como se ha recordado en el apartado 99 de la presente sentencia.
120    Por otra parte, los artículos 12 y 13 del Reglamento 2016/1011 establecen exigencias en cuanto a la consistencia y la transparencia de la metodología, que debe permitir determinar el índice de referencia de manera exacta y fiable.
121    Además, en los artículos 4 a 7 de dicho Reglamento se imponen requisitos precisos en materia de gobernanza y conflictos de intereses, de vigilancia de todos los aspectos de la elaboración de índices de referencia, de control del cumplimiento del Reglamento 2016/1011 y de observancia de la metodología.
122    En segundo lugar, por lo que respecta a la aportación de los datos de cálculo, además de las disposiciones del artículo 27 del Reglamento 2016/1011 relativas a las normas que rigen la práctica de la discrecionalidad por parte de los contribuidores y los procedimientos de tratamiento de los errores de que adolezcan esos datos, mencionados en el apartado 119 de la presente sentencia, este Reglamento establece, en su artículo 11, requisitos en materia de representatividad, integridad, exactitud, control y validación de tales datos y, en su artículo 14, la obligación de los administradores de establecer controles eficaces, en particular, sobre la integridad de los datos de cálculo y las conductas de los contribuidores, con el fin de detectar y comunicar a la autoridad nacional competente las posibles conductas que entrañen una manipulación o un intento de manipulación.
123    Además, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento 2016/1011, el administrador de un índice de referencia debe elaborar, bajo el control de la autoridad nacional competente, un código de conducta que se imponga a los contribuidores y cerciorarse de que estos lo cumplen de manera continuada. Este código de conducta incluye, en particular, los requisitos necesarios para cumplir los artículos 11 y 14 de dicho Reglamento, la exhaustividad de los datos de cálculo y los controles que debe llevar a cabo todo contribuidor en relación con la aportación de los datos de cálculo, en particular en cuanto a la política que debe seguirse sobre la práctica de la discrecionalidad en la aportación de esos datos y la gestión de conflictos de intereses. Además, el artículo 16 de dicho Reglamento impone requisitos más estrictos a los contribuidores supervisados, en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 10, de este, en materia de conflictos de intereses, discrecionalidad, integridad, exactitud y fiabilidad de los datos de cálculo y control.
124    Asimismo, es preciso subrayar que el cumplimiento de todas las exigencias mencionadas en los apartados 119 a 123 de la presente sentencia se garantiza mediante un sistema de control a priori y de supervisión cuya aplicación se confía, en particular, a las autoridades nacionales competentes, que disponen, para ejercer sus funciones, de las amplias facultades enunciadas en el artículo 41 del Reglamento 2016/1011, que llevan aparejadas, en virtud de su artículo 42, la facultad de imponer sanciones administrativas en caso de infracción, en particular, de los artículos mencionados en los referidos apartados de la presente sentencia, o de negativa a cooperar en una investigación o una inspección de dichas autoridades o a atender una solicitud de estas.
125    Además, los interesados pueden iniciar el mecanismo de reclamación previsto y delimitado en el artículo 9 del Reglamento 2016/1011, con el fin de impugnar, en particular, la representatividad de la determinación de un índice de referencia en relación con el valor de mercado.
126    En tercer y último lugar, por lo que respecta a la utilización de los índices de referencia, el artículo 29 del Reglamento 2016/1011 autoriza expresamente a las entidades supervisadas, en el sentido del artículo 3, apartado 1, punto 17, de este, sin excluir a los contribuidores supervisados, en el sentido del punto 10 de dicho artículo 3, apartado 1, a utilizar en la Unión un índice de referencia elaborado por un administrador radicado en la Unión e inscrito en el registro llevado por la AEVM. Además, por su propia naturaleza, los índices de referencia de tipos de interés, tal como se definen en el punto 22 de dicho artículo 3, apartado 1, deben determinarse necesariamente sobre la base de datos comunicados por bancos, que, a su vez, utilizarán tales índices, dada la índole de sus actividades.
127    Por otra parte, habida cuenta de las normas que se imponen a los administradores de índices de referencia para garantizar la fiabilidad de estos índices y a los mismos administradores y a los contribuidores para garantizar la integridad de los datos de cálculo y, más en general, la fiabilidad de la medición de la realidad económica a la que tal índice se destina, bajo la supervisión de las autoridades nacionales competentes, no puede considerarse que un banco contribuidor, entre otros, pueda ejercer por sí solo una influencia decisiva en el valor de un índice de referencia de tipos de interés, en particular si ese índice se refiere a un mercado nacional.
128    Así, el Reglamento 2016/1011 contiene un conjunto de disposiciones que regulan de manera pormenorizada la elaboración de índices de referencia, la aportación de datos de cálculo para determinar esos índices, en particular por lo que respecta a la naturaleza de esos datos y su fiabilidad, y la utilización de dichos índices. Por otra parte, de los considerandos de este Reglamento y de varias de sus disposiciones, en particular los considerandos 1, 5, 6, 8, 17, 22 y 71 y los artículos 1, 9 y 13, así como de las disposiciones de su título IV, se desprende que la intervención del legislador de la Unión pretendía garantizar un equilibrio entre el interés general vinculado a la necesidad de disponer de tales índices, en particular para la celebración de contratos financieros como los contratos de préstamo hipotecario, y el interés de los consumidores en contar con garantías sobre la integridad y la transparencia de esos índices, habida cuenta, especialmente, de los riesgos de conflicto de intereses y de manipulación que pueden afectar a su elaboración.
129    En consecuencia, habida cuenta del control previsto por el Reglamento 2016/1011, la utilización, en un contrato de préstamo hipotecario, de un índice de referencia que, en el momento de la celebración de ese contrato, puede considerarse conforme con las prescripciones del marco establecido por dicho Reglamento, en particular por lo que respecta a su metodología, no puede en principio causar por sí misma, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes, a pesar de que el prestamista sea uno de los bancos que proporcionan los datos de cálculo utilizados por el administrador de ese índice para determinar los valores sucesivos de este.
130    Por lo tanto, en tales circunstancias, el prestamista no está obligado, además de a las obligaciones de información que le incumben en virtud de la Directiva 2014/17, a informar al prestatario de que, conforme a la metodología del índice de referencia contractual, este puede determinarse sobre la base de datos de cálculo correspondientes no a operaciones efectivas, sino a ofertas de precios presentadas en el mercado de que se trate, o de que dicho prestamista es uno de los bancos que contribuyen a la determinación de ese índice.
131    Por lo que respecta a la apreciación de la cláusula impugnada del contrato de préstamo controvertido en el litigio principal, en su conjunto, procede recordar, además, que, en la apreciación del eventual carácter abusivo de una cláusula relativa al cálculo de los intereses relativos a un contrato de crédito, es pertinente, en particular, comparar el modo de cálculo del tipo de los intereses ordinarios previsto por la referida cláusula y el tipo efectivo resultante con los modos de cálculo generalmente aplicados y el tipo legal de interés, así como con los tipos de interés aplicables en el mercado en la fecha en que se celebró el contrato de préstamo de que se trate para un préstamo de un importe y una duración equivalentes a los de ese contrato de préstamo [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2023, Banco Santander (Referencia a un índice oficial), C‑265/22, EU:C:2023:578, apartado 65 y jurisprudencia citada].
132    En el caso de autos, las consideraciones formuladas por el órgano jurisdiccional remitente en lo que concierne a la naturaleza y al nivel de los tipos de interés generalmente constatados en el mercado del crédito hipotecario en Polonia y al nivel del índice de referencia WIBOR 6M en relación con el de otros índices similares en el momento en que se celebró el contrato de préstamo controvertido en el litigio principal son, por tanto, elementos pertinentes a la hora de apreciar la cláusula impugnada de dicho contrato de préstamo, considerada en su conjunto, a la luz del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13.
133    Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario estipula un tipo de interés variable basado en un índice de referencia, a efectos del Reglamento 2016/1011, por una parte, la falta de información al consumidor sobre determinadas particularidades del índice de referencia contractual, en particular sobre el hecho de que la metodología de este prevea la utilización de datos de cálculo que no corresponden necesariamente a operaciones reales y de que el prestamista sea uno de los bancos que contribuyen a la determinación de ese índice, y, por otra parte, esas mismas particularidades no pueden conferir a esa cláusula carácter abusivo, siempre que dicho índice pudiera considerarse conforme con el citado Reglamento en el momento de la celebración del contrato.
Sobre la cuarta cuestión prejudicial
134    En la petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente ha indicado que no pretendía controlar la apreciación de la autoridad nacional competente según la cual el índice de referencia WIBOR era conforme con el Reglamento 2016/1011. En esas circunstancias, habida cuenta de la respuesta dada a la tercera cuestión prejudicial, no procede responder a la cuarta.
Costas
135    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
1)      El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
debe interpretarse en el sentido de que
una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario que estipula un tipo de interés variable basado en un índice de referencia, a efectos del Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.º 596/2014, y un margen fijo no está comprendida en la excepción prevista en dicha disposición, cuando las disposiciones legales o reglamentarias aplicables a tal cláusula se limitan a establecer un marco general para fijar el tipo de interés aplicable a tales contratos, al tiempo que dejan al profesional la posibilidad de determinar el índice de referencia contractual o el margen fijo que puede añadirse al valor de ese índice.
2)      El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando un contrato de préstamo hipotecario relativo a un bien inmueble de uso residencial incluye una cláusula que estipula un tipo de interés variable basado en un índice de referencia, a efectos del Reglamento 2016/1011, la exigencia de transparencia que se deriva de esa disposición no impone al prestamista determinadas obligaciones de información específicas en lo que respecta a la metodología de ese índice. El hecho de que el prestamista haya cumplido todas las obligaciones de información que, con respecto a tal cláusula, le impone la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, en su versión modificada por el Reglamento 2016/1011, y, si ha proporcionado información adicional, de que no haya dado indicaciones que ofrezcan una imagen distorsionada de dicho índice puede acreditar que el prestamista ha cumplido esa exigencia de transparencia en lo que atañe a dicha cláusula.
3)      El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario estipula un tipo de interés variable basado en un índice de referencia, a efectos del Reglamento 2016/1011, por una parte, la falta de información al consumidor sobre determinadas particularidades del índice de referencia contractual, en particular sobre el hecho de que la metodología de este prevea la utilización de datos de cálculo que no corresponden necesariamente a operaciones reales y de que el prestamista sea uno de los bancos que contribuyen a la determinación de ese índice, y, por otra parte, esas mismas particularidades no pueden conferir a esa cláusula carácter abusivo, siempre que dicho índice pudiera considerarse conforme con el citado Reglamento en el momento de la celebración del contrato.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: polaco.