62024CC0453
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 3 de julio de 2025 (
1
)
Asunto C‑453/24 [Hadenov] (
i
)
Proceso penal
contra
BC,
con intervención de:
Sofiyska gradska prokuratura
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria)]
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decisión Marco 2005/214/JAI — Reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias — Artículo 7, apartado 2, letra g) — Motivo de denegación del reconocimiento y de la ejecución — Información al interesado de su derecho a impugnar la resolución por la que se impone una sanción pecuniaria y del plazo para interponer el recurso — Artículo 7, apartado 3 — Obligación de consulta a la autoridad competente del Estado miembro de emisión»
I. Introducción
1.
La presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 6 y 7, apartados 2, letra g), y 3, de la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, (
2
) en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009. (
3
)
2.
Esta petición se ha planteado en el marco de un procedimiento iniciado por el Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See (Autoridad Administrativa del Distrito de Neusiedl am See, Austria) (en lo sucesivo, «BHM») con el fin de obtener el reconocimiento y la ejecución en Bulgaria de una sanción pecuniaria impuesta a BC en Austria por el impago del peaje de una autopista.
3.
De conformidad con el artículo 6 de la Decisión Marco 2005/214, las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución deben reconocer sin más trámite una resolución que haya sido transmitida con arreglo al artículo 4 de dicha Decisión Marco y deben adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para su ejecución, a no ser que la autoridad competente decida alegar alguno de los motivos para el no reconocimiento o la no ejecución que se contemplan en el artículo 7 de la citada Decisión Marco.
4.
El Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente, tiene intención de aplicar el motivo facultativo de denegación del reconocimiento y de la ejecución previsto en el artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco 2005/214.
5.
Conforme a esta disposición, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la resolución que impone una sanción pecuniaria si se demuestra que, según el certificado previsto en el artículo 4 de dicha Decisión Marco, el interesado, en caso de procedimiento escrito, no había sido informado, conforme a la legislación del Estado miembro de emisión, personalmente o por medio de un representante competente con arreglo a la legislación nacional, de su derecho a impugnar la resolución y de los plazos para la interposición de dicho recurso.
6.
No obstante, el artículo 7, apartado 3, de la Decisión Marco 2005/214 dispone que, antes de decidir, en particular sobre la base de este motivo, el no reconocimiento y la no ejecución total o parcial de una decisión, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución consultará a la autoridad competente del Estado miembro de emisión por cualquier medio que considere adecuado y, cuando proceda, solicitará que le envíe cualquier información necesaria sin demora.
7.
Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que precise el objeto y alcance de esta obligación de consulta, así como el reparto de competencias entre las autoridades del Estado miembro de emisión y del Estado miembro de ejecución.
II. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
8.
El 24 de noviembre de 2023, el BHM dictó una resolución por la que impuso a BC, de nacionalidad búlgara, una sanción pecuniaria de 350 euros (en lo sucesivo, «resolución de 24 de noviembre de 2023») por infracción de varias disposiciones de la Bundesstrassen Mautgesetz 2002 (Ley de Peajes en Vías Federales), (
4
) de 16 de julio de 2002. Dicha resolución adquirió firmeza el 12 de enero de 2024.
9.
El BHM acudió al Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) para el reconocimiento y la ejecución de la resolución de 24 de noviembre de 2023, como autoridad competente para la ejecución de conformidad con la Decisión Marco 2005/214.
10.
Del certificado (
5
) adjunto a esa resolución, que se remitió a dicho órgano jurisdiccional, resulta que el asunto fue objeto de un procedimiento escrito y que, conforme a la legislación austriaca, BC fue informado, personalmente o por medio de un representante competente, de su derecho a impugnar la resolución y de los plazos para la interposición del recurso, si bien no interpuso recurso en el plazo señalado. A este certificado se adjuntaba la resolución de 24 de noviembre de 2023 en la que se indicaban, en lenguas búlgara y alemana, la infracción, la multa impuesta, el tipo de recurso y el plazo para su interposición, en concreto dos semanas. De la forma en que está redactada esa resolución se desprende que se remitió para ser notificada a la persona sancionada.
11.
No obstante, dicho certificado contiene asimismo la indicación «sin acuse de recibo».
12.
El órgano jurisdiccional remitente deduce de esta indicación que no hay pruebas de que la resolución de 24 de noviembre de 2023 haya sido notificada efectivamente a BC. Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional constató, durante el procedimiento de reconocimiento y ejecución de la resolución, que BC había declarado a las autoridades municipales búlgaras dos domicilios: un «domicilio permanente», que es el indicado en el certificado y en la resolución, y un «domicilio actual». Pues bien, BC no estaba localizable en ninguno de estos dos domicilios y tampoco estaba en contacto con el abogado que se le había designado de oficio.
13.
Dicho abogado se opone al reconocimiento y a la ejecución de la resolución de 24 de noviembre de 2023 subrayando, en particular, que esta no fue notificada a BC y que esta persona no pudo ejercer su derecho a interponer recurso contra la citada resolución.
14.
El hecho de que no existan pruebas de que BC fuera debidamente informado de la resolución de 24 de noviembre de 2023 y la constatación del órgano jurisdiccional remitente según la cual BC no reside en el domicilio al que se envió dicha resolución llevan a dicho órgano jurisdiccional a considerar aplicable el artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco 2005/214. En efecto, considera que BC no fue informado, personalmente o por medio de un representante designado, de la resolución de 24 de noviembre de 2023 ni de su derecho a interponer recurso contra esa resolución.
15.
Por otra parte, el hecho de que el certificado no recoja información sobre la notificación efectiva de esa resolución implica asimismo, según el órgano jurisdiccional remitente, que no se respetó el artículo 20, apartado 3, de la Decisión Marco (
6
) en lo que respecta al derecho a ser informado sobre la acusación, que confiere a la persona sancionada el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, (
7
) ni tampoco en lo que atañe al derecho a participar en un eventual procedimiento judicial tras la fase escrita del procedimiento, que concede a la persona sancionada el artículo 8, apartado 6, de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. (
8
)
16.
Sin embargo, dado que el motivo de denegación contemplado en el artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco 2005/214 es facultativo, el órgano jurisdiccional remitente estima que puede optar entre dos formas de proceder. En primer término, podría denegar el reconocimiento y la ejecución de la resolución de 24 de noviembre de 2023, lo que menoscabaría el mecanismo de cooperación judicial en materia penal y favorecería la impunidad. En segundo término, podría reconocer y ejecutar dicha resolución, lo cual vulneraría los derechos que el Derecho de la Unión confiere a BC.
17.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, por tanto, si es posible proceder de una tercera forma con el fin de respetar todos los intereses protegidos, garantizando en un primer momento el derecho de la persona sancionada a interponer un recurso y a participar personalmente en el procedimiento subsiguiente, para reconocer, en un segundo momento, la resolución de imposición de la sanción pecuniaria si esta no es anulada en el marco del recurso interpuesto, en su caso, por esa persona.
18.
Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente propone cooperar con la autoridad emisora de dicha resolución para que se conceda un derecho de recurso a la persona sancionada, al haberse visto privada de ese derecho por la falta de notificación efectiva de la resolución.
19.
En la práctica, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución se pondría en contacto con la autoridad competente del Estado miembro de emisión para preguntarle si, teniendo en cuenta que la resolución de imposición de la sanción pecuniaria no fue notificada debidamente, la persona sancionada tiene derecho a interponer recurso contra esa resolución, ya sea como recurso inicial si esa autoridad considera que el plazo de recurso no ha comenzado a correr, ya sea como una retroacción de actuaciones a la situación anterior.
20.
En primer lugar, en caso de que la autoridad competente del Estado miembro de emisión responda afirmativamente precisando, en su caso, el plazo dentro del cual esa persona puede interponer recurso, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución podría, utilizando todos los medios disponibles en su Derecho nacional, notificar debidamente a esa persona la resolución de imposición de la sanción pecuniaria, señalando el plazo de recurso. El motivo de denegación del reconocimiento y de la ejecución previsto en el artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco 2005/214 dejaría entonces de ser aplicable.
21.
La autoridad competente del Estado miembro de ejecución podría suspender el proceso penal pendiente ante él a la espera de que se resuelva el recurso interpuesto por la persona sancionada. Si esa persona no interpusiera recurso o si el recurso fuese desestimado, se eliminaría, en consecuencia, el obstáculo al reconocimiento y a la ejecución de la resolución de imposición de la sanción pecuniaria.
22.
En segundo lugar, en el supuesto de que la autoridad competente del Estado miembro de emisión respondiera a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución que ya no existe posibilidad de recurso, esta autoridad podría verse obligada a aplicar el motivo de denegación del reconocimiento y de la ejecución contemplado en el artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco 2005/214.
23.
Según el órgano jurisdiccional remitente, este enfoque contribuiría a reforzar la eficacia de la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y a proteger los derechos que para las personas sancionadas se derivan del Derecho de la Unión. Tal enfoque también sería conforme con el principio de reconocimiento mutuo. (
9
)
24.
El tribunal remitente precisa que el Derecho búlgaro obliga a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución a informar a la persona interesada de la resolución de imposición de la sanción pecuniaria y, a continuación, a oír a esa persona. (
10
) Asimismo, el Derecho búlgaro permite a esa autoridad solicitar información complementaria a la autoridad emisora de la resolución y no impone restricciones en cuanto al alcance de tal solicitud. (
11
) Asimismo, el Derecho búlgaro exige al órgano jurisdiccional búlgaro competente consultar a esta autoridad antes de denegar el reconocimiento de la resolución de imposición de una sanción pecuniaria. (
12
)
25.
Además, el Derecho búlgaro impone al órgano jurisdiccional búlgaro competente la obligación de informar a la persona sancionada de los derechos que le asisten en el procedimiento nacional de reconocimiento de la resolución de imposición de una sanción pecuniaria. (
13
) Tras precisar que esta obligación no es aplicable a un procedimiento sancionador ya tramitado en el Estado miembro de emisión, el órgano jurisdiccional remitente considera que esa obligación se puede interpretar en sentido amplio. Así, sobre la base de una solicitud expresa de la autoridad emisora de la resolución de imposición de una sanción pecuniaria, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución podría informar a la persona sancionada de los derechos que le asisten en el marco del procedimiento de emisión de esa resolución, en particular de la posibilidad de interponer un recurso contra la citada resolución.
26.
En apoyo de la solución que propone, el órgano jurisdiccional remitente cita la jurisprudencia del Tribunal de Justicia conforme a la cual el artículo 6 de la Directiva 2012/13 no se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual el plazo de dos semanas para formular oposición contra un auto penal comienza a correr a partir de su notificación al apoderado a efectos de notificaciones de la persona que es objeto de aquel, siempre y cuando esta disponga efectivamente, tan pronto como tenga conocimiento del referido auto, de un plazo de dos semanas para formular oposición contra él, en su caso, como consecuencia o en el contexto de un procedimiento de retroacción de actuaciones a la situación anterior. (
14
) En efecto, dicho órgano jurisdiccional señala que, en esta situación, la persona condenada tiene derecho a solicitar y obtener la retroacción de actuaciones a la situación anterior. Según ese órgano jurisdiccional, el mecanismo que propone podría ser suficientemente eficaz si las autoridades austriacas considerasen que el Derecho austriaco se puede interpretar de la misma manera o de una manera similar.
27.
El órgano jurisdiccional remitente precisa asimismo que, dado que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Directiva 2012/13 no regula la forma en que ha de llevarse a cabo la comunicación a la persona acusada de la información relativa a la acusación, (
15
) nada se opone a que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución colabore con la autoridad competente del Estado miembro de emisión en la comunicación obligatoria de información a la persona sancionada.
28.
Además, el Tribunal de Justicia ha admitido que es posible informar al encausado de la acusación solamente en la fase de ejecución de una resolución judicial firme, haciendo hincapié en el derecho de defensa después de dicha información. (
16
)
29.
Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la función que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución puede desempeñar así a la hora de comunicar información a la persona sancionada es compatible con la Decisión Marco 2005/214.
30.
En efecto, dicho órgano jurisdiccional señala que la citada Decisión Marco no contiene indicaciones en este sentido. En particular, observa que el procedimiento de consulta previsto en el artículo 7, apartado 3, de la citada Decisión Marco se refiere a la recopilación de determinada información y no contempla medidas destinadas a efectuar una comunicación de información que no haya tenido lugar hasta entonces.
31.
En estas circunstancias, el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«¿Pueden interpretarse la obligación de reconocimiento con arreglo al artículo 6 de la Decisión Marco 2005/214, la facultad de iniciar consultas en virtud del artículo 7, apartado 3, de la Decisión Marco y el principio de prevención de la impunidad de los delitos en el sentido de que confieren a la autoridad de ejecución, cuando esta haya constatado que existe un motivo facultativo para denegar el reconocimiento con arreglo al artículo 7, apartado 2, letra g), […], de la Decisión Marco, la facultad de:
a)
iniciar consultas con la autoridad de emisión en virtud del artículo 7, apartado 3, de la [misma] Decisión Marco, a fin de determinar si la persona sancionada dispone aún de una posibilidad de interponer recurso contra la resolución por la que se le impone una sanción pecuniaria;
b)
en caso de respuesta afirmativa, notificar la resolución por la que se impone una sanción pecuniaria a la persona sancionada e instruirla sobre su derecho a recurrirla;
c)
esperar al resultado de un eventual recurso y tenerlo en cuenta en su resolución sobre el fondo?»
32.
La Comisión Europea ha presentado observaciones escritas.
III. Análisis
33.
El órgano jurisdiccional remitente ha de pronunciarse sobre el reconocimiento y la ejecución, con arreglo a la Decisión Marco 2005/214, de una resolución por la que se impone una sanción pecuniaria. Ese órgano jurisdiccional parte de la constatación de que el motivo facultativo de denegación del reconocimiento y de la ejecución previsto en el artículo 7, apartado 2, letra g), de la referida Decisión Marco puede ser aplicable, habida cuenta de las indicaciones contradictorias que figuran en el certificado a que se refiere el artículo 4 de la Decisión Marco. Así pues, dicho órgano jurisdiccional puede denegar el reconocimiento y la ejecución de tal resolución, o reconocerla y ejecutarla pese a esa constatación.
34.
No obstante, antes de pronunciarse, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si es posible interpretar la Decisión Marco 2005/214 en el sentido de que, como autoridad competente del Estado miembro de ejecución, tiene la facultad de subsanar el defecto del que adolece la notificación de la resolución controvertida, que puede dar lugar a la aplicación del motivo facultativo de denegación del reconocimiento y de la ejecución contemplado en el artículo 7, apartado 2, letra g), de la citada Decisión Marco. En particular, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre las modalidades y el alcance de la asistencia que puede prestar a la autoridad competente del Estado miembro de emisión para eliminar ese motivo.
A.
Sobre la primera cuestión prejudicial
35.
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que dilucide si los artículos 6 y 7, apartados 2, letra g), y 3, de la Decisión Marco 2005/214 deben interpretarse en el sentido de que la obligación de consultar a la autoridad competente del Estado miembro de emisión, que recae en la autoridad competente del Estado miembro de ejecución antes de que pueda denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución por la que se impone una sanción pecuniaria, en caso de procedimiento escrito, puede estar referida a la existencia de la posibilidad de que la persona sancionada interponga recurso contra dicha resolución con arreglo a la legislación del Estado miembro de emisión.
1. Sobre la admisibilidad
36.
La Comisión considera que esta cuestión tiene carácter hipotético y, por lo tanto, es inadmisible. Señala que, en virtud del artículo 7, apartado 3, de la Decisión Marco 2005/214, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución está obligada a consultar a la autoridad competente del Estado miembro de emisión antes de decidir la denegación del reconocimiento y de la ejecución de una resolución que impone una sanción pecuniaria. Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente ya constató la existencia del motivo de denegación del reconocimiento y de la ejecución contemplado en el artículo 7, apartado 2, letra g), de dicha Decisión Marco, lo que no puede hacer mientras no haya consultado a la autoridad competente del Estado miembro de emisión. Por ello, la Comisión duda de la pertinencia de la primera cuestión prejudicial mientras no se haya consultado a dicha autoridad.
37.
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la resolución judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. (
17
)
38.
De ello se deduce que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los datos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado. (
18
)
39.
En el presente asunto, de las explicaciones ofrecidas por el órgano jurisdiccional remitente en su petición de decisión prejudicial creo deducir claramente que, mediante su primera cuestión prejudicial, desea que se precise el objeto y alcance de la obligación de consulta a la autoridad competente del Estado miembro de emisión, establecida en el artículo 7, apartado 3, de la Decisión Marco 2005/214, con el fin de poder pronunciarse, una vez efectuada esa consulta, sobre la eventual aplicación del motivo de denegación del reconocimiento y de la ejecución que figura en el artículo 7, apartado 2, letra g), de esta Decisión Marco. Por tanto, en mi opinión, no cabe considerar inadmisible esta cuestión prejudicial.
2. Sobre el fondo
40.
Con carácter preliminar, debe recordarse que, como se desprende, en particular, de sus artículos 1 y 6 y de sus considerandos 1 y 2, la Decisión Marco 2005/214 tiene por objetivo establecer un mecanismo eficaz de reconocimiento y ejecución transfronterizos de las resoluciones firmes que impongan una sanción pecuniaria a una persona física o jurídica a raíz de la comisión de alguna de las infracciones enumeradas en su artículo 5. (
19
)
41.
En efecto, dicha Decisión Marco tiene por objetivo, sin proceder a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia penal, garantizar la ejecución de las sanciones pecuniarias dentro de dichos Estados gracias al principio de reconocimiento mutuo. (
20
)
42.
El principio de reconocimiento mutuo, que subyace en la estructura de la Decisión Marco 2005/214, implica, en virtud de su artículo 6, que los Estados miembros han de reconocer, en principio sin más trámite, una resolución que imponga una sanción pecuniaria que haya sido transmitida con arreglo al artículo 4 de esta Decisión Marco y adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para su ejecución, por lo que los motivos de denegación del reconocimiento o de la ejecución de tal resolución deben interpretarse de manera restrictiva. (
21
)
43.
En lo que respecta a tales motivos, el artículo 7 de la citada Decisión Marco enumera expresamente, en sus apartados 1 y 2, los motivos de denegación del reconocimiento y de la ejecución de las resoluciones comprendidas en su ámbito de aplicación.
44.
Además, de conformidad con su artículo 3, la Decisión Marco 2005/214 no podrá tener por efecto modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 TUE. Por esta razón, el artículo 20, apartado 3, de dicha Decisión Marco establece igualmente que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución puede denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución por la que se impone una sanción pecuniaria en caso de vulneración de los derechos fundamentales o de los principios jurídicos fundamentales, definidos por el artículo 6 TUE. (
22
)
45.
Por consiguiente, cuando el certificado a que se refiere el artículo 4 de la Decisión Marco 2005/214, que acompaña a la resolución que impone una sanción pecuniaria, suscite la cuestión de una presunta violación de los derechos fundamentales o de los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 TUE, las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución podrán denegar el reconocimiento y la ejecución de tal resolución si se da alguno de los motivos para denegar el reconocimiento y la ejecución enumerados en el artículo 7, apartados 1 y 2, de esta Decisión Marco, así como en virtud del artículo 20, apartado 3, de la misma. (
23
)
46.
Así, los destinatarios de una resolución comprendida en el ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2005/214 pueden invocar los derechos fundamentales consagrados, en particular, en el artículo 47, párrafo segundo, y en el artículo 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en consecuencia, las autoridades de los Estados miembros deben garantizar el respeto de tales derechos. (
24
)
47.
En su petición de decisión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente hace hincapié en el artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco 2005/214, en virtud del cual la autoridad competente del Estado miembro de ejecución podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución si se demuestra que, según el certificado previsto en el artículo 4 de la misma Decisión Marco, el interesado, en caso de procedimiento escrito, no ha sido informado, conforme a la legislación del Estado miembro de emisión, personalmente o a través de un representante competente con arreglo a la legislación nacional, de su derecho a impugnar la resolución y de los plazos para la interposición de dicho recurso.
48.
El Tribunal de Justicia ha declarado que la Decisión Marco 2005/214 no establece la forma concreta en que el destinatario de una resolución, en el sentido del artículo 1, letra a), de esta Decisión Marco, por la que se le impone una sanción pecuniaria debe ser informado de ella. (
25
) Según el Tribunal de Justicia, al remitirse así a la legislación de los Estados miembros, el legislador de la Unión dejó a estos la tarea de decidir el modo de informar al interesado de su derecho a interponer un recurso y del plazo para hacerlo, así como del momento en que comienza el cómputo de dicho plazo, siempre que la notificación sea efectiva y se garantice el ejercicio del derecho de defensa. (
26
)
49.
En este contexto, el Tribunal de Justicia ha recordado que el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva exige no solo la garantía de la recepción real y efectiva de las resoluciones, es decir, su notificación al destinatario, sino también que tal notificación permita a este conocer de manera precisa los motivos en los que se basa la resolución adoptada respecto a él, así como las vías de recurso contra ella y el plazo fijado a tal efecto, a fin de permitirle que defienda de manera efectiva sus derechos y decida con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de impugnarla en vía jurisdiccional. (
27
)
50.
En caso de dudas, que pueden derivarse, como sucede en el presente asunto, de indicaciones aparentemente contradictorias contenidas en el certificado a que se refiere el artículo 4 de la Decisión Marco 2005/214, corresponde a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución comprobar, a la vista de las circunstancias del caso concreto, que el interesado pudo efectivamente ser informado, conforme a la legislación del Estado miembro de emisión, de su derecho a interponer recurso y del plazo para hacerlo. (
28
) Esta comprobación deberá efectuarse ante la autoridad competente del Estado miembro de emisión, según el procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 3, de dicha Decisión Marco.
51.
A este respecto, cabe recordar que esta disposición prevé que, en los casos a que se refiere, en particular, el artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco 2005/214, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución deberá, antes de decidir el no reconocimiento y la no ejecución de una resolución que imponga una sanción pecuniaria, consultar a la autoridad competente del Estado miembro de emisión por cualquier medio que considere adecuado y, cuando sea oportuno, solicitará que le envíe cualquier información necesaria sin demora. Para garantizar la eficacia de la citada Decisión Marco y, en particular, el respeto de los derechos fundamentales, la autoridad competente del Estado miembro emisor está obligada a proporcionar dicha información. (
29
)
52.
En el marco del presente asunto, la obligación de consultar a la autoridad competente del Estado miembro de emisión, que ha de cumplir la autoridad competente del Estado miembro de ejecución cuando pretenda denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución de imposición de una sanción pecuniaria, debe tener por objeto la obtención de los elementos que permitan disipar las incertidumbres acerca de si dicha resolución se notificó efectivamente conforme a la legislación nacional del Estado miembro de emisión, con la indicación del derecho a interponer un recurso y del plazo para hacerlo.
53.
En efecto, para considerar que la persona sancionada ha tenido la posibilidad de interponer un recurso contra la resolución que le impone una sanción pecuniaria, esa persona debe haber conocido el contenido de dicha resolución, lo cual supone que esta le haya sido debidamente notificada.
54.
Procede señalar además que, para definir el concepto de «resolución», el artículo 1, letra a), de la Decisión Marco 2005/214 hace referencia, en particular, a «una resolución firme por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria a una persona física o jurídica». (
30
) El hecho de que esta disposición haga referencia al carácter «firme» de la resolución que impone una sanción pecuniaria pone de relieve la especial importancia concedida al carácter inimpugnable de dicha resolución. Esto excluye, evidentemente, las resoluciones que sean o puedan ser objeto de recurso. (
31
)
55.
Por tanto, debe cumplirse el requisito relativo a la firmeza de la resolución de imposición de una sanción pecuniaria para que esa resolución pueda ser reconocida y ejecutada en el Estado miembro de ejecución. (
32
) Así pues, en el momento en que la autoridad competente del Estado miembro de emisión solicite el reconocimiento y la ejecución de tal resolución, la persona sancionada no debe tener ya la posibilidad de interponer recurso contra esa resolución.
56.
Pues bien, ha de señalarse que, en función de lo que establezca el Derecho del Estado miembro de emisión, el hecho de no informar a la persona sancionada de su derecho a interponer recurso contra la resolución por la que se le impone una sanción pecuniaria y del plazo para interponerlo puede poner en entredicho la firmeza de esa resolución, ya que podría reconocerse a esa persona el derecho a impugnar la mencionada resolución a partir del momento en que tenga conocimiento de tal información, en su caso, después de una solicitud para obtener la retroacción de actuaciones a la situación anterior. En efecto, procede precisar que tal solicitud, que es de competencia exclusiva de las autoridades del Estado miembro de emisión, tiene por objeto restablecer a dicha persona en su derecho a ejercitar un recurso una vez expirado el plazo legalmente previsto para ello. (
33
)
57.
Habida cuenta de su relación con el requisito de la firmeza de la resolución de imposición de una sanción pecuniaria, considero que la autoridad competente del Estado miembro de ejecución debe tener la posibilidad de consultar a la autoridad competente del Estado miembro de emisión sobre este aspecto.
58.
Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial que los artículos 6 y 7, apartados 2, letra g), y 3, de la Decisión Marco 2005/214 deben interpretarse en el sentido de que la obligación de consultar a la autoridad competente del Estado miembro de emisión que recae en la autoridad competente del Estado miembro de ejecución antes de que pueda denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución por la que se impone una sanción pecuniaria, en caso de procedimiento escrito, puede estar referido a la existencia de la posibilidad de que la persona sancionada interponga recurso contra dicha resolución con arreglo a la legislación del Estado miembro de emisión.
B.
Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera
59.
Mediante estas cuestiones prejudiciales, que conviene, a mi juicio, examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que determine si los artículos 6 y 7, apartados 2, letra g), y 3, de la Decisión Marco 2005/214 deben interpretarse en el sentido de que, cuando de la consulta a la autoridad competente del Estado miembro de emisión resulte, por una parte, que la resolución de imposición de una sanción pecuniaria, en caso de procedimiento escrito, no fue notificada conforme a la legislación de ese Estado miembro, con indicación del derecho a interponer recurso y el plazo al efecto y, por otra parte, que la persona sancionada aún puede disponer, en virtud de la legislación de dicho Estado miembro, de la posibilidad de interponer recurso contra esa resolución a partir del momento en que tenga conocimiento de ella, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución está facultada para notificar la citada resolución a esa persona, informándola de su derecho a interponer recurso y del plazo para interponerlo, así como para suspender el procedimiento de reconocimiento y ejecución de la resolución a la espera del resultado de un eventual recurso contra ella.
60.
Así pues, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si la Decisión Marco 2005/214 puede interpretarse en el sentido de que permite a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución subsanar un eventual defecto del que adolezca la notificación de la resolución de imposición de una sanción pecuniaria, que puede dar lugar a que esa autoridad invoque el motivo de denegación del reconocimiento y de la ejecución que figura en el artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco. Desde este punto de vista de regularización de una situación que responda a lo previsto en este precepto, en la que la persona sancionada no fue informada de su derecho a interponer recurso y del plazo para hacerlo, el órgano jurisdiccional remitente desea saber, en particular, si y en qué medida puede prestar a la autoridad competente del Estado miembro de emisión asistencia a tal efecto.
61.
En resumen, dicho órgano jurisdiccional pregunta qué función puede él desempeñar, como autoridad competente del Estado miembro de ejecución, para informar a la persona sancionada de su derecho a interponer recurso y del plazo para interponerlo, cuando la información inicial, tal como se recoge en el certificado a que se refiere el artículo 4 de la Decisión Marco 2005/214, era defectuosa.
62.
Con carácter preliminar, procede recordar que, a efectos de la posible aplicación del motivo de denegación del reconocimiento y de la ejecución previsto en el artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco 2005/214, la consulta exigida por el artículo 7, apartado 3, de esta Decisión Marco tiene por objeto permitir a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución comprobar, a la vista de las circunstancias del caso concreto, si, habida cuenta de las dudas suscitadas por las indicaciones que figuran en el certificado, el interesado fue informado efectivamente, conforme a la legislación del Estado miembro de emisión, de su derecho a interponer recurso y del plazo para hacerlo. Corresponde entonces a la autoridad competente del Estado miembro de emisión facilitar a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución la información necesaria a tal efecto.
63.
Si la información recabada permite disipar las dudas suscitadas por las indicaciones que figuran en el certificado, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución no podrá invocar el motivo de denegación del reconocimiento y de la ejecución contemplado en el artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco 2005/214. Esa autoridad estará entonces obligada, con arreglo al principio de reconocimiento mutuo que subyace al sistema dicha Decisión Marco, a reconocer la resolución por la que se impone una sanción pecuniaria que ha sido transmitida de conformidad con el artículo 4 de la Decisión Marco, sin que sea necesaria ninguna otra formalidad, y deberá adoptar sin demora todas las medidas necesarias para su ejecución. (
34
)
64.
En el caso de autos, procede recordar que, según el órgano jurisdiccional remitente, del certificado a que se refiere el artículo 4 de la Decisión Marco 2005/214, remitido a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución, resulta que, conforme a la legislación austriaca, BC fue informado, personalmente o por medio de un representante competente, de su derecho a impugnar la resolución y de los plazos para la interposición de recurso, si bien no interpuso recurso en el plazo señalado. A este certificado se adjuntó la resolución de 24 de noviembre de 2023 en la que se indicaban, en lenguas búlgara y alemana, la infracción, la multa impuesta, el tipo de recurso y el plazo para su interposición, en concreto dos semanas. Además, de la forma en que está redactada esa resolución se desprende que se remitió para ser notificada a la persona sancionada. Habida cuenta de estos elementos y de conformidad con el principio de confianza mutua, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución debe, en mi opinión, presumir que se informó a la persona sancionada de su derecho a interponer un recurso y del plazo para interponerlo, de modo que el motivo de denegación del reconocimiento y de la ejecución contemplado en el artículo 7, apartado 2, letra g), de dicha Decisión Marco no es aplicable, salvo prueba en contrario.
65.
En cambio, si la consulta a la autoridad competente del Estado miembro de emisión confirma las dudas de la autoridad competente del Estado miembro de ejecución y pone así de manifiesto que la resolución de imposición de una sanción pecuniaria no fue notificada conforme a la legislación del Estado miembro de emisión, con indicación del derecho a interponer recurso y el plazo para interponerlo, esta autoridad dispondrá entonces, en virtud del artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco 2005/214, de la facultad de denegar el reconocimiento y la ejecución de tal resolución.
66.
En caso de que la consulta a la autoridad competente del Estado miembro de emisión ponga de relieve, además, que podría reconocerse a la persona sancionada la posibilidad de interponer recurso contra la resolución por la que se le impuso una sanción pecuniaria a partir del momento en que tenga conocimiento de tal resolución, en su caso tras una solicitud dirigida a obtener la retroacción de actuaciones a la situación anterior, dicha autoridad será la competente para regularizar, en su caso, la situación. (
35
)
67.
Como señaló acertadamente la Comisión en sus observaciones escritas, nada en la Decisión Marco 2005/214 indica que confiera a la autoridad competente del Estado miembro de ejecución competencia para intervenir en la comunicación a la persona sancionada de información relativa a su derecho a interponer recurso con el fin de subsanar la falta de comunicación de tal información por parte de la autoridad competente del Estado miembro de emisión.
68.
Por tanto, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución no debe invadir las competencias de la autoridad competente del Estado miembro de emisión. Incumbe a esta segunda autoridad, una vez que la primera haya solicitado información en virtud del artículo 7, apartado 3, de la Decisión Marco 2005/214, subsanar, en su caso, la omisión de informar a la persona destinataria de una resolución por la que se le impuso una sanción pecuniaria de su derecho a interponer recurso contra esa resolución y del plazo para interponerlo.
69.
A este respecto, del propio tenor del artículo 7, apartado 2, letra g), de la Decisión Marco 2005/214 se desprende que la información a la persona sancionada de su derecho a interponer recurso y del plazo para interponerlo debe facilitarse conforme a la legislación del Estado miembro de emisión. Esta referencia a la legislación del Estado miembro de emisión refleja el hecho de que tal información debe ser facilitada por la autoridad competente del Estado miembro de emisión, conforme a su propia legislación. Esta fase relativa al procedimiento de imposición de la sanción, que se rige por la legislación del Estado miembro de emisión, debe diferenciarse, por tanto, de la fase relativa al procedimiento de ejecución de la resolución de imposición de la sanción pecuniaria que, como indica el artículo 9 de la Decisión Marco, se rige por la legislación del Estado miembro de ejecución. Conforme al reparto de competencias entre las autoridades de estos dos Estados miembros, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución carece de toda competencia para suplantar a la autoridad competente del Estado miembro de emisión, informando por sí misma a la persona sancionada de su derecho a interponer recurso y del plazo para hacerlo.
70.
Añadiré que, en el supuesto mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, esto es, aquel en el que la persona sancionada disponga, en virtud de la legislación del Estado miembro de emisión, de un nuevo derecho a interponer recurso a partir del momento en que tenga conocimiento efectivo de la resolución por la que se le impone una sanción pecuniaria y ejercite ese derecho, el reconocimiento y la ejecución de dicha resolución daría lugar a un nuevo procedimiento que requeriría enviar un nuevo certificado con información actualizada. Ello excluye la solución propuesta por dicho órgano jurisdiccional, consistente en suspender el procedimiento inicial de reconocimiento y ejecución de dicha resolución a la espera del resultado de un eventual recurso contra tal resolución.
71.
De ello se deduce, en mi opinión, que, contrariamente a lo que sugiere el órgano jurisdiccional remitente, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución no está facultada, en virtud de la Decisión Marco 2005/214, para notificar a la persona sancionada la resolución que le impone una sanción pecuniaria informando a esta de su derecho a interponer recurso y del plazo para interponerlo, ni para suspender el procedimiento de reconocimiento y ejecución de dicha resolución a la espera del resultado de un eventual recurso contra ella.
72.
Por último, debo precisar que, aunque la autoridad competente del Estado miembro de ejecución carece de competencia para realizar los actos descritos en el punto anterior de las presentes conclusiones, sería conforme con el objetivo de reforzar el reconocimiento mutuo de las resoluciones de imposición de sanciones pecuniarias que las autoridades de dicho Estado miembro y las del Estado miembro de emisión cooperaran, en caso necesario, para que la persona sancionada pudiera disponer efectivamente de la información adecuada. Desde este punto de vista, las autoridades competentes del Estado miembro de emisión podrían solicitar la asistencia de las autoridades competentes del Estado miembro de ejecución, en particular si esa persona se encuentra en el territorio de este último Estado. (
36
)
IV. Conclusión
73.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria) de la siguiente manera:
«Los artículos 6 y 7, apartados 2, letra g), y 3, de la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009,
deben interpretarse en el sentido de que
1)
la obligación de consultar a la autoridad competente del Estado miembro de emisión que recae en la autoridad competente del Estado miembro de ejecución antes de que pueda denegar el reconocimiento y la ejecución de una resolución por la que se impone una sanción pecuniaria, en caso de procedimiento escrito, puede estar referida a la existencia de la posibilidad de que la persona sancionada interponga recurso contra dicha resolución con arreglo a la legislación del Estado miembro de emisión;
2)
cuando de la consulta a la autoridad competente del Estado miembro de emisión resulte, por una parte, que la resolución de imposición de una sanción pecuniaria, en caso de procedimiento escrito, no fue notificada de conforme a la legislación de ese Estado miembro, con indicación del derecho a interponer recurso y el plazo al efecto y, por otra parte, que la persona sancionada aún puede disponer, en virtud de la legislación de dicho Estado miembro, de la posibilidad de interponer recurso contra esa resolución a partir del momento en que tenga conocimiento de ella, la autoridad competente del Estado miembro de ejecución no está facultada para notificar la citada resolución a esa persona, informándola de su derecho a interponer recurso y del plazo al efecto, ni para suspender el procedimiento de reconocimiento y ejecución de la resolución a la espera del resultado de un eventual recurso contra ella.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
2
)	DO 2005, L 76, p. 16.
(
3
)	DO 2009, L 81, p. 24 (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2005/214»).
(
4
)	BGBl. I, 109/2002.
(
5
)	Véanse el artículo 4 y el anexo de la Decisión Marco 2005/214.
(
6
)	A tenor de esta disposición, cualquier Estado miembro podrá, toda vez que el certificado a que se refiere el artículo 4 de la Decisión Marco 2005/214 suscite la cuestión de una presunta violación de los derechos fundamentales o de los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 TUE, oponerse al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones que impongan una sanción pecuniaria. El procedimiento previsto en el artículo 7, apartado 3, de la citada Decisión Marco es aplicable a esta situación.
(
7
)	DO 2012, L 142, p. 1. Este precepto dispone que los Estados miembros garantizarán que, a más tardar en el momento en que el contenido de la acusación se presente a un tribunal, se facilite información detallada sobre la acusación, incluidas la naturaleza y la tipificación jurídica de la infracción penal, así como la naturaleza de la participación de la persona acusada.
(
8
)	DO 2016, L 65, p. 1. Con arreglo a esta disposición, el artículo 8 de dicha Directiva, que se refiere al derecho a estar presente en el juicio, se entiende sin perjuicio de las normas nacionales con arreglo a las cuales el procedimiento, o ciertas fases del mismo, se desarrolla por escrito, siempre que se respete el derecho a un juicio justo.
(
9
)	El órgano jurisdiccional remitente cita, a este respecto, la sentencia de 5 de diciembre de 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconocimiento y ejecución de sanciones pecuniarias) (C‑671/18, EU:C:2019:1054), apartados 31, 33 y 44.
(
10
)	Véase el artículo 16, apartado 4, de la Zakon za priznavane, izpalnenie i izprashtane na aktove za konfiskatsia ili otnemane i reshenia za nalagane na finansovi sanktsii (Ley de Reconocimiento, Ejecución y Notificación de Resoluciones de Confiscación y Embargo y Resoluciones por las que se imponen sanciones pecuniarias) (DV n.o 15, de 23 de febrero de 2010; en lo sucesivo, «Ley de Reconocimiento»).
(
11
)	Véase el artículo 16, apartado 5, de la Ley de Reconocimiento.
(
12
)	Véase el artículo 32, apartado 3, de la Ley de Reconocimiento.
(
13
)	Véase el artículo 32, apartado 4, de la Ley de Reconocimiento.
(
14
)	Véanse las sentencias de 22 de marzo de 2017, Tranca y otros (C‑124/16, C‑188/16 y C‑213/16, EU:C:2017:228), apartados 47, 48 y 51, y de 14 de mayo de 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg (C‑615/18, EU:C:2020:376), apartados 60 y 77.
(
15
)	Dicho órgano jurisdiccional invoca las sentencias de 15 de octubre de 2015, Covaci (C‑216/14, EU:C:2015:686), apartado 62, y de 6 de octubre de 2021, Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty (C‑338/20, en lo sucesivo, «sentencia Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, EU:C:2021:805), apartado 33.
(
16
)	El órgano jurisdiccional remitente cita, a este respecto, la sentencia de 22 de marzo de 2017, Tranca y otros (C‑124/16, C‑188/16 y C‑213/16, EU:C:2017:228), apartados 47 y 51.
(
17
)	Véase, en particular, la sentencia de 6 de octubre de 2021, LU (Recaudación de multas de tráfico) [C‑136/20, en lo sucesivo, «sentencia LU (Recaudación de multas de tráfico), EU:C:2021:804], apartado 29 y jurisprudencia citada.
(
18
)	Véase, en particular, la sentencia LU (Recaudación de multas de tráfico), apartado 30 y jurisprudencia citada.
(
19
)	Véanse, en particular, las sentencias LU (Recaudación de multas de tráfico), apartado 36 y jurisprudencia citada, y Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, apartado 22 y jurisprudencia citada.
(
20
)	Véanse, en particular, las sentencias LU (Recaudación de multas de tráfico), apartado 37 y jurisprudencia citada, y Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, apartado 23 y jurisprudencia citada.
(
21
)	Véanse, en particular, las sentencias LU (Recaudación de multas de tráfico), apartado 38 y jurisprudencia citada, y Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, apartado 24 y jurisprudencia citada.
(
22
)	Véase, en particular, la sentencia Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, apartado 26 y jurisprudencia citada.
(
23
)	Véase, en particular, la sentencia Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, apartado 27 y jurisprudencia citada.
(
24
)	Véase la sentencia Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, apartado 30.
(
25
)	Véase la sentencia Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, apartado 32.
(
26
)	Véase, en particular, la sentencia Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, apartado 33 y jurisprudencia citada.
(
27
)	Véase, en particular, la sentencia Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, apartado 34 y jurisprudencia citada.
(
28
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconocimiento y ejecución de sanciones pecuniarias) (C‑671/18, EU:C:2019:1054), apartado 42.
(
29
)	Véase, en particular, la sentencia LU (Recaudación de multas de tráfico), apartado 50 y jurisprudencia citada.
(
30
)	El subrayado es mío.
(
31
)	Véase, por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2020, SF (Orden de detención europea — Garantía de devolución al Estado de ejecución) (C‑314/18, EU:C:2020:191), apartado 52 y jurisprudencia citada.
(
32
)	En el epígrafe g), punto 1, del certificado al que se refiere el artículo 4 de la Decisión Marco 2005/214, la autoridad competente del Estado miembro de emisión debe hacer constar la fecha en que la resolución de imposición de la sanción pecuniaria adquirió firmeza. En el epígrafe h), punto 1, letra a), del certificado, dicha autoridad debe marcar la casilla que indica que la resolución es firme.
(
33
)	Véase, por analogía, la sentencia de 7 de julio de 2016, Lebek (C‑70/15, EU:C:2016:524), apartado 42.
(
34
)	Véase la sentencia de 5 de diciembre de 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconocimiento y ejecución de sanciones pecuniarias) (C‑671/18, EU:C:2019:1054), apartado 43.
(
35
)	En tales circunstancias, ha de considerarse la posibilidad de que el Estado miembro de emisión solicite la suspensión de la ejecución en virtud del artículo 12 de la Decisión Marco 2005/214.
(
36
)	La Comisión menciona, a este respecto, la posibilidad de que las autoridades competentes del Estado miembro de emisión presenten una solicitud de asistencia judicial sobre la base del artículo 5 del Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, de 29 de mayo de 2000 (DO 2000, C 197, p. 3).