AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
de 16 de junio de 2021 (*)
«Recurso de anulación — Cláusula compromisoria — Contratos de subvención celebrados en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007‑2013) — Recuperación de los importes abonados — Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 — Investigación externa de la OLAF — Pretensión de anulación de un informe de la OLAF — Acto no recurrible — Identificación de la parte demandada — Inadmisibilidad — Inadmisibilidad manifiesta — Incompetencia manifiesta»
En el asunto T‑533/20,
Green Power Technologies, S. L., con domicilio social en Bollullos de la Mitación (Sevilla), representada por los Sres. A. León González y A. Martínez Solís, abogados,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por los Sres. J. Baquero Cruz y J. Estrada de Solà, en calidad de agentes,
y
Empresa Común ECSEL, representada por el Sr. O. Lambinet y la Sra. A. Salaun, en calidad de agentes,
partes demandadas,
que tiene por objeto, por una parte, una pretensión basada en el artículo
263 TFUE por la que se solicita la anulación del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) B.4 (2017) de 9 de julio de 2018 y, por otra parte, una pretensión basada en el artículo
272 TFUE por la que se solicita que se declare que los importes abonados por la Empresa Común ECSEL cuya recuperación se solicita mediante la emisión de la nota de adeudo n.º 4440200016 en ejecución de los contratos Pollux (referencia 100205), IoE (referencia 269374), Motorbrain (referencia 270693) y AGATE (referencia 325630), celebrados en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007‑2013), se corresponden con costes subvencionables,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),
integrado por el Sr. S. Gervasoni, Presidente, y
el Sr. L. Madise y la Sra. R. Frendo (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon;
dicta el siguiente
Auto
Antecedentes del litigio
1        La demandante, Green Power Technologies, S. L., es una sociedad española que opera en el sector de la energía.
2        La Empresa Común ECSEL (en lo sucesivo, «ECSEL»), creada por el Reglamento (UE) n.º 561/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, relativo a la Empresa Común ECSEL
(DO 2014, L 169, p. 152), se encarga de la correcta ejecución de los programas de investigación, desarrollo tecnológico y demostración de la Unión Europea en el sentido del artículo
187 TFUE.
3        En el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007‑2013), las empresas comunes ENIAC y Artemis, de las que ECSEL es sucesora jurídica, firmaron los contratos de subvención Pollux (referencia 100205), IoE (referencia 269374), Motorbrain (referencia 270693) y AGATE (referencia 325630) (en lo sucesivo, «contratos de subvención»), con la demandante como beneficiario.
4        El 21 de agosto de 2015, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) inició una investigación (OF/2015/0759) sobre las actividades de la demandante relativas a la ejecución de varios proyectos, entre ellos los proyectos a los que se referían los contratos de subvención.
5        En su informe de investigación de 9 de julio de 2018 (en lo sucesivo, «informe de la OLAF» o «informe de investigación»), la OLAF concluyó, en primer lugar, fundamentalmente, que la demandante había solicitado el reembolso de costes sobre la base de presupuestos artificialmente «inflados»; en segundo lugar, que había recibido subvenciones que superaban el coste del proyecto (vulnerando el principio de ausencia de beneficios); en tercer lugar, que no disponía de una contabilidad fiable o adecuada para certificar los costes reales, y, en cuarto lugar, que había subcontratado tareas sin avisar a ECSEL ni obtener la preceptiva autorización de esta, en los términos establecidos en los contratos de subvención.
6        Sobre la base de las conclusiones contenidas en su informe de investigación, la OLAF recomendó a ECSEL, en particular, que adoptara las medidas adecuadas para recuperar los fondos indebidamente percibidos por la demandante.
7        El 20 de enero de 2019, ECSEL dirigió a la demandante un escrito de información previa (en lo sucesivo, «escrito de información previa») con el informe de la OLAF adjunto, anunciándole las medidas que pensaba adoptar respecto a ella. Se trataba, en particular, de recuperar la cantidad indebidamente pagada e imponer sanciones contractuales en virtud de los contratos de subvención, por un importe total de 200 930,35 euros (en lo sucesivo, «importe controvertido»). En esa ocasión, ECSEL invitó también a la demandante a que presentara sus observaciones sobre los elementos contenidos en dicho escrito, así como sobre el informe de la OLAF, precisando que no adoptaría la decisión final, a falta de respuesta de la demandante, hasta que expirara un plazo de 30 días naturales.
8        El 9 de julio de 2019, la demandante presentó sus observaciones sobre el escrito de información previa, que ECSEL transmitió a la OLAF para que formulara eventuales comentarios.
9        El 12 de junio de 2020, ECSEL envió a la demandante un correo electrónico en el que le anunciaba, fundamentalmente, que el importe controvertido, tal como quedaba detallado en el escrito de información previa, se consideraba adeudado y que se le enviaría una orden de cobro (en lo sucesivo, «correo electrónico de 12 de junio de 2020»).
10      El 17 de junio de 2020, ECSEL remitió a la recurrente la nota de adeudo n.º 4440200016 por el importe controvertido (en lo sucesivo, «nota de adeudo»).
Procedimiento y pretensiones de las partes
11      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 24 de agosto de 2020, la demandante interpuso el presente recurso.
12      Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de noviembre de 2020, la demandante presentó una demanda de medidas provisionales en la que solicitaba al Tribunal que suspendiera la obligación de pago y las demás consecuencias y efectos derivados de la notificación de la nota de adeudo. Dicha demanda fue desestimada mediante auto de 22 de enero de 2021, Green Power Technologies/Comisión y Empresa Común ECSEL (T‑533/20 R, no publicado, EU:T:2021:38), por falta de urgencia.
13      Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de noviembre de 2020, la Comisión Europea propuso una excepción de inadmisibilidad con arreglo al artículo
130 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en la medida en que el recurso se dirigía contra ella y contra el informe de la OLAF.
14      La demandante no presentó observaciones sobre esta excepción de inadmisibilidad en el plazo señalado.
15      El 18 de enero de 2021, ECSEL presentó escrito de contestación, en el que se pronunció sobre la procedencia de los motivos del recurso y propuso una causa de inadmisión alegando, en esencia, que el informe de la OLAF no constituía un acto susceptible de recurso ante el Tribunal.
16      A instancias del Tribunal, la demandante aportó ejemplares de los contratos de subvención, que incluían la cláusula compromisoria, con el fin de atenerse a las exigencias del artículo
78, apartado
3, del Reglamento de Procedimiento.
17      En su demanda, la demandante solicita al Tribunal que:
–        Reconozca y declare que, mediante el informe de investigación y la decisión que lo ratifica, remitida por el correo electrónico de 12 de junio de 2020, así como por su actitud en el presente asunto, la OLAF violó el acervo jurídico de la Unión y, en consecuencia, anule dicho informe.
–        Reconozca y declare que la demandante ha cumplido correctamente las obligaciones contractuales que le incumbían en virtud de los contratos de subvención y, en consecuencia, declare subvencionables los gastos cuya recuperación se solicita en la nota de adeudo.
–        En virtud de las consideraciones anteriores, declare que la reclamación formulada por ECSEL en relación con el importe controvertido resulta infundada e improcedente y, en consecuencia, anule la nota de adeudo y el escrito de información previa que la origina.
–        Subsidiariamente, en caso de que no se declare la nulidad de la nota de adeudo, declare la responsabilidad de la Comisión por enriquecimiento sin causa.
–        Condene en costas a la Comisión y a ECSEL o, para el caso de que no sean estimadas las pretensiones de la demanda, se abstenga de condenar en costas a la demandante habida cuenta de la complejidad del presente caso, así como de las dudas de hecho y de Derecho que presenta el mismo.
18      En su excepción de inadmisibilidad, la Comisión solicita al Tribunal que:
–        Declare el recurso manifiestamente inadmisible y, en cualquier caso, inadmisible en la medida en que se dirige, por una parte, contra el informe de la OLAF y, por otra parte, contra la Comisión.
–        Condene en costas a la demandante.
19      En su escrito de contestación a la demanda, ECSEL solicita al Tribunal que:
–        Declare, fundamentalmente, la inadmisibilidad del recurso de anulación en la medida en que se dirige contra el informe de la OLAF.
–        Estime su reconvención.
–        Declare la irregularidad de las infracciones de los contratos de subvención por parte de la demandante.
–        Condene a la demandante a pagarle la totalidad del importe controvertido más los intereses de demora, a saber, 204 302,13 euros.
–        Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
20      En virtud del artículo 130, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, si la parte demandada lo solicita, el Tribunal podrá decidir sobre la inadmisión o la incompetencia sin entrar en el fondo del asunto.
21      Además, en virtud del artículo
126 del Reglamento de Procedimiento, cuando el Tribunal sea manifiestamente incompetente o cuando el recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
22      En el presente asunto, el Tribunal, considerando que los documentos que obran en autos le ofrecen información suficiente, decide, con arreglo a estas disposiciones, pronunciarse sobre la demanda en la medida en que se dirige contra la Comisión y en que tiene por objeto la anulación del informe de la OLAF, sin entrar en el fondo del asunto.
23      La Comisión alega la inadmisibilidad del recurso en la medida en que se dirige contra ella por dos motivos. En primer lugar, por lo que respecta al recurso de anulación, sostiene —como alega, en esencia, ECSEL— que ni el informe de la OLAF ni las recomendaciones mencionadas en el anterior apartado
6 pueden considerarse actos lesivos susceptibles de ser objeto de recurso ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. En segundo lugar, por lo que respecta al recurso de responsabilidad contractual, la Comisión alega que, al no haber firmado los contratos de subvención, no es parte de estos.
Sobre la primera pretensión, que tiene por objeto, en particular, la anulación del informe de investigación de la OLAF
24      Mediante su primera pretensión, la demandante refuta la legalidad del informe de investigación de la OLAF y solicita su anulación.
25      A este respecto, cabe señalar que es cierto que la OLAF, creada mediante la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 28 de abril de 1999 (DO 1999, L 136, p. 20), es un servicio interno de la Comisión, cuya independencia es puramente funcional y se limita a sus actividades de investigación. Como tal, y a falta de disposición en contrario, la OLAF no goza de personalidad jurídica y su representación ante los tribunales corresponde a la Comisión. En consecuencia, los recursos de anulación dirigidos contra las decisiones de la OLAF deben interponerse contra la Comisión (véase, en este sentido, el auto de 13 de diciembre de 2016, Natsionalna asotsiatsia za razvazhdane na mlechni ovtse v Bulgaria y
Blu Parfekt/OLAF, T‑761/16, no publicado, EU:T:2016:753, apartado 5). A la luz de esta constatación, debe considerarse que la primera pretensión solo se dirige contra la Comisión.
26      No obstante, como alega la Comisión, solo constituyen actos o decisiones que pueden ser objeto de recurso de anulación las medidas que producen efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica (sentencias de 11 de noviembre de 1981, IBM/Comisión, 60/81, EU:C:1981:264, apartado 9, y de 26 de enero de 2010, Internationaler Hilfsfonds/Comisión, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, apartado 51).
27      A este respecto, la demandante insiste en el hecho de que el informe de la OLAF constituye un acto de la Unión que puede producir efectos jurídicos frente a ella, habida cuenta, en particular, de que las autoridades españolas están vinculadas por su contenido. A su juicio, los efectos jurídicos de este informe quedan demostrados, en particular, por la apertura de un proceso penal ante los tribunales españoles y por la incoación de otros procedimientos administrativos por las autoridades españolas a raíz del mismo informe.
28      Este argumento no es convincente.
29      En efecto, según reiterada jurisprudencia, a pesar de su carácter final, un informe elaborado por la OLAF al término de sus investigaciones externas e internas no modifica, de forma sustancial, la situación jurídica de las personas que aparecen mencionadas en él, como tampoco la modifica la transmisión de información a las autoridades nacionales, y, en consecuencia, este informe no constituye un acto que surta efectos jurídicos obligatorios (véase, en este sentido, el auto de 12 de julio de 2018, TE/Comisión, T‑392/17, no publicado, EU:T:2018:459, apartados 22 y 23 y jurisprudencia citada).
30      Del considerando 31 y del artículo 11 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO 2013, L 248, p. 1), se desprende en particular que
la apreciación
transmitida
por la OLAF en un informe final no conlleva ninguna obligación, siquiera procesal, para las autoridades a las que va destinado y a las cuales corresponde decidir el curso que deba darse a las conclusiones de la investigación. De ello se desprende que las conclusiones que figuran en un informe final de la OLAF no pueden implicar automáticamente el inicio de un procedimiento administrativo o judicial (véanse, en este sentido, los autos de 21 de junio de 2017, Inox Mare/Comisión, T‑289/16, EU:T:2017:414, apartado 22, y de 22 de enero de 2018, Ostvesta/Comisión, T‑175/17, no publicado, EU:T:2018:49, apartado 29 y jurisprudencia citada).
31      En consecuencia, si bien la OLAF puede, en sus informes de investigación, recomendar la adopción de actos dotados de efectos jurídicos obligatorios que pueden resultar lesivos para las personas implicadas, solo las autoridades competentes pueden adoptar tales actos y tomar decisiones que puedan afectar a la situación jurídica de las personas mencionadas en las recomendaciones de dichos informes (véanse, en este sentido, los autos de 21 de junio de 2017, Inox Mare/Comisión, T‑289/16, EU:T:2017:414, apartado 28, y de 22 de enero de 2018, Ostvesta/Comisión, T‑175/17, no publicado, EU:T:2018:49, apartado 28 y jurisprudencia citada).
32      Del mismo modo, la transmisión de información por la OLAF a las autoridades nacionales no puede considerarse un acto lesivo, puesto que no modifica de forma sustancial la situación jurídica del interesado, ya que las autoridades competentes de los Estados miembros tienen libertad para apreciar, en el marco de sus facultades propias, el contenido y el alcance de dicha información y, por tanto, el curso que procede darle. En efecto, con arreglo al artículo 11, apartado 6, del Reglamento n.º 883/2013, a petición de la OLAF, dichas autoridades le remitirán a su debido tiempo información sobre «las medidas adoptadas, si las hubiera», como consecuencia de la transmisión de sus recomendaciones (véase, en este sentido, el auto de 12 de julio de 2018, TE/Comisión, T‑392/17, no publicado, EU:T:2018:459, apartado 23 y jurisprudencia citada).
33      Por consiguiente, la eventual apertura de un procedimiento administrativo o judicial a raíz de la transmisión de información por la OLAF, así como los actos jurídicos subsiguientes, son responsabilidad, entera y exclusivamente, de las autoridades a las que la OLAF dirige sus informes de investigación (véase, en este sentido, el
auto de 12 de julio de 2018, TE/Comisión, T‑392/17, no publicado, EU:T:2018:459, apartado 23 y jurisprudencia citada).
34      Asimismo, resulta de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento n.º 883/2013 que los informes de la OLAF únicamente constituyen elementos de prueba admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales nacionales, que están sujetos a los mismos criterios de apreciación en materia de prueba establecidos por el Derecho nacional y que tienen el mismo valor probatorio que este Derecho les confiera. Así pues, no constituyen actos lesivos, por sí mismos, respecto de las personas mencionadas en los mismos (véase el
auto de 12 de julio de 2018, TE/Comisión, T‑392/17, no publicado, EU:T:2018:459, apartado 24 y jurisprudencia citada).
35      Habida cuenta de lo anterior, el informe de la OLAF transmitido a ECSEL y a las autoridades competentes españolas no puede considerarse un acto impugnable.
36      A la luz de esta constatación, procede declarar la inadmisibilidad de la solicitud de la demandante de que se anule el informe de la OLAF.
37      Por último, en lo que atañe también a la solicitud contenida en la primera pretensión de que el Tribunal reconozca que, mediante la decisión por la que se ratifica el informe de investigación, remitida por el correo electrónico de 12 de junio de 2020, así como por su actitud, la OLAF infringió el Derecho de la Unión, procede observar que corresponde a una petición de sentencia declarativa, para la cual el Tribunal carece manifiestamente de competencia en el marco del control de legalidad basado en el artículo
263 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 12
de febrero de 2015, Akhras/Consejo, T‑579/11, no publicada, EU:T:2015:97, apartado
51 y jurisprudencia citada).
38      De ello se sigue que las solicitudes de la demandante contenidas en la primera pretensión no pueden ser acogidas por causa de inadmisibilidad y de incompetencia manifiesta.
39      Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de la demandante basada en la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la Comisión, en la medida en que, a su juicio, el informe de la OLAF adolece de irregularidades. En efecto, aun suponiendo que tales irregularidades se hubieran demostrado, la cuestión del respeto de los derechos fundamentales carece de incidencia sobre la cuestión de si un acto puede ser objeto de un recurso de anulación (auto de 12 de julio de 2018, TE/Comisión, T‑392/17, no publicado, EU:T:2018:459, apartado 34).
40      Pues bien, del análisis efectuado en los anteriores apartados
29 a 34
se desprende que el informe de la OLAF carece de efectos jurídicos obligatorios y, por lo tanto, no puede resultar lesivo para la demandante.
41      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede rechazar la primera pretensión.
Sobre la segunda pretensión, basada en el artículo 272 TFUE
42      La Comisión considera que esta pretensión, consistente en una pretensión contractual, debe declararse inadmisible en la medida en que se dirige contra ella, puesto que, fundamentalmente, la Comisión no es parte en los contratos de subvención.
43      En efecto, según reiterada jurisprudencia, solo las partes de un contrato que contenga una cláusula compromisoria pueden ser parte en la acción ejercitada sobre la base del artículo
272 TFUE (sentencia de 16 de diciembre de 2010, Comisión/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari y Gessa, T‑259/09, no publicada, EU:T:2010:536, apartado 40).
44      Pues bien, es preciso señalar que de los autos se desprende que los contratos de subvención no fueron firmados por la Comisión, sino por los predecesores jurídicos de ECSEL, la cual pasó a ser entretanto el derechohabiente de estos. Por lo tanto, ECSEL es la única cocontratante de la demandante.
45      En cualquier caso, esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que el artículo II.22, apartado
1, de los contratos de subvención establezca que los auditores externos, la Comisión o la OLAF pueden efectuar controles de auditoría, verificaciones in situ e inspecciones. A este respecto, procede observar que esta estipulación constituye una cláusula estándar, comúnmente incluida en los contratos de subvención, para garantizar un control de la regularidad de los gastos efectuados en el marco de las subvenciones abonadas a cargo de recursos de la Unión, de conformidad con el principio de buena gestión financiera consagrado en el artículo
310 TFUE.
46      De lo anterior se desprende que la demandante no puede invocar válidamente la cláusula compromisoria contenida en el artículo
9 de los contratos de subvención frente a la Comisión.
47      Por consiguiente, puesto que la Comisión no es parte del contrato, el Tribunal carece de competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de la demandante en cuanto se refieren a dicha institución (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2010, Comisión/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari y
Gessa, T‑259/09, no publicada, EU:T:2010:536, apartado 43 y jurisprudencia citada).
48      En estas circunstancias, el Tribunal es manifiestamente incompetente para conocer del recurso basado en el artículo 272 TFUE en cuanto se ha interpuesto contra la Comisión, de forma que debe rechazarse la segunda pretensión en la medida en que se dirige contra esa institución (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2010, Comisión/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari y
Gessa, T‑259/09, no publicada, EU:T:2010:536, apartado 43).
Sobre la tercera pretensión, que tiene por objeto, en esencia, la anulación de la nota de adeudo y del escrito de información previa
49      Por lo que se refiere a la tercera pretensión, dirigida a la anulación de la nota de adeudo y del escrito de información previa, debe señalarse que, según la jurisprudencia, en principio, los recursos deben dirigirse contra el autor del acto impugnado (véase el
auto de 22 de octubre de 2019, BMC/Empresa Común
Clean Sky 2, T‑71/19, no publicado, EU:T:2019:755, apartado 23 y jurisprudencia citada). Tal es el caso, en particular, cuando un acto no puede imputarse a una institución, órgano u organismo de la Unión distinto de aquel del que emana dicho acto (véase el
auto de 6 de noviembre de 2018, Chioreanu/ERCEA, T‑717/17, EU:T:2018:765, apartado 37 y jurisprudencia citada).
50      Pues bien, de los autos se desprende que el escrito de información previa fue dirigido a la demandante por ECSEL y no por la Comisión, sin que esta última haya sido mencionada siquiera como destinataria en copia de este. Lo mismo sucede con la nota de adeudo.
51      Además, procede subrayar que la demandante no presentó observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad de la Comisión dentro del plazo señalado y que, en consecuencia, no se discuten las afirmaciones de esa institución que figuran en ella.
52      Así pues, sobre la base de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados
50 y 51 y a falta de cualquier elemento que permita considerar que, por una parte, el escrito de información previa y, por otra parte, la nota de adeudo puedan imputarse a la Comisión, procede declarar la inadmisibilidad de la tercera pretensión en la medida en que se dirige contra esta última.
Sobre la cuarta pretensión, que tiene por objeto que se declare, con carácter subsidiario, la responsabilidad de la Comisión por enriquecimiento sin causa
53      Por lo que se refiere, en último lugar, a la cuarta pretensión, mediante la que se solicita, subsidiariamente y para el caso de que no se declare la nulidad de la nota de adeudo, que se declare la responsabilidad de la Comisión por enriquecimiento sin causa, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, si bien el recurso basado en el enriquecimiento sin causa no exige la prueba de la existencia de un comportamiento ilegal de la demandada, ni siquiera que esta haya tenido algún tipo de comportamiento, es preciso demostrar, no obstante, un enriquecimiento sin base legal válida de la parte demandada y un empobrecimiento de la parte demandante asociado a dicho enriquecimiento, de modo que este recurso solo puede estimarse si el enriquecimiento no se encuentra justificado en un contrato o en una obligación legal (véanse, en este sentido, el auto de 30 de junio de 2011, Tecnoprocess/Comisión, T‑403/09, no publicado, EU:T:2011:321, apartado 43 y jurisprudencia citada,
y la
sentencia de 16 de julio de 2020, Inclusion Alliance for Europe/Comisión, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, apartado 109 y jurisprudencia citada).
54      Pues bien, es preciso señalar que, en el caso de autos, la demandante alega, mediante su quinto motivo, que la recuperación del importe controvertido produciría un enriquecimiento sin causa para ECSEL, sin formular no obstante ningún argumento jurídico preciso, ni un principio de razonamiento, que permita comprender por qué el pago del importe controvertido reclamado por el escrito de información previa y por la nota de adeudo emitidos por ECSEL podría dar lugar a un enriquecimiento sin causa de la Comisión.
55      A este respecto, procede recordar que, según el artículo
76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, la demanda debe contener los motivos y alegaciones invocados, así como una exposición sumaria de los motivos en cuestión. Según reiterada jurisprudencia, con independencia de toda cuestión terminológica, esa exposición debe ser lo bastante clara y precisa como para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal resuelva el recurso, en su caso sin necesidad de solicitar información adicional. En efecto, a fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, para que un recurso sea admisible, es necesario que las razones esenciales de hecho y de Derecho en las que se base figuren, al menos de forma sumaria, pero coherente y comprensible, en el texto de la propia demanda (véase la sentencia de
6 de octubre de 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Comisión, T‑250/12, EU:T:2015:749, apartado 101 y jurisprudencia citada).
56      Además, es jurisprudencia reiterada que, dado que las pretensiones de las partes definen el objeto del litigio que se plantea ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, estas pretensiones deben ser formuladas de manera inequívoca para que el juez de la Unión no resuelva ultra petita ni omita pronunciarse sobre una imputación (véase el
auto de 11 de marzo de 2021, Techniplan/Comisión, T‑426/20, no publicado, EU:T:2021:129,
apartado 28 y jurisprudencia citada).
57      De ello se deduce que, en la medida en que del apartado
54 de la presente sentencia se desprende que los elementos aportados en el quinto motivo están relacionados con el supuesto enriquecimiento sin causa de ECSEL, mientras que la cuarta pretensión se dirige únicamente contra la Comisión, el recurso no cumple los requisitos del artículo
76, letra d), del Reglamento de Procedimiento. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad manifiesta de esta pretensión, con arreglo a la jurisprudencia citada en los anteriores apartados
54 y 56.
58      Además, dado que el quinto motivo no puede, en ningún caso, sustentar la solicitud de la demandante formulada contra la Comisión en el marco de la cuarta pretensión, dicho motivo debe declararse inoperante. Por lo tanto, procede desestimar igualmente la cuarta pretensión, en apoyo de la cual solo se invoca este quinto motivo, por ser manifiestamente infundada.
59      De todas las consideraciones anteriores resulta que procede desestimar el presente recurso en la medida en que se dirige contra la Comisión.
Costas
60      A tenor del artículo
133 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso. Dado que el presente auto pone fin al procedimiento en lo que respecta a la Comisión, procede resolver sobre las costas en lo que respecta a este procedimiento.
61      A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
62      En el caso de autos, al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión, conforme a lo solicitado por esta.
63      Por lo que respecta a la pretensión de la demandante de que no se la condene en costas debido a las dificultades de hecho o de Derecho que presenta este asunto, basta observar que los puntos dirimidos en el presente auto no suscitan nuevas cuestiones de Derecho o particularmente complejas y pueden quedar fácilmente resueltos con base en una jurisprudencia clara y reiterada. Lo mismo sucede con los hechos del caso de autos, que no plantean dificultades de apreciación particulares. En estas circunstancias, no procede aplicar lo dispuesto en el artículo
135, apartado
1, del Reglamento de Procedimiento,
al que pretende acogerse la demandante.
64      Por último, el Tribunal se reserva su decisión por lo que respecta a las costas de ECSEL y de la demandante en el marco del procedimiento principal.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
resuelve:
1)      Desestimar el recurso en la medida en que se dirige contra la Comisión Europea.
2)      Reservar su decisión acerca de las pretensiones segunda y tercera en la medida en que se dirigen contra la Empresa Común ECSEL.
3)      Condenar a Green Power Technologies, S. L., a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión relativas al procedimiento sobre la excepción de inadmisibilidad.
4)      Reservar la decisión sobre las costas en todo lo demás.
Dictado en Luxemburgo, a 16 de junio de 2021.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
S. Gervasoni
*      Lengua de procedimiento: español.