SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
de 16 de febrero de 2017 (*)
«Investigación y desarrollo tecnológico — Proyectos financiados por la Unión en el campo de la investigación — Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) — Proyectos ZONeSEC e Inachus — Decisión por la que se rechaza la participación de la demandante — Recurso de anulación y por responsabilidad»
En el asunto T‑706/14,
Holistic Innovation Institute, S.L.U., con domicilio social en Pozuelo de Alarcón (Madrid), representada inicialmente por el Sr. R. Muñiz García y posteriormente por el Sr. J.J. Marín López, abogados,
parte demandante,
contra
Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), representada por las Sras. S. Payan-Lagrou y V. Canetti, en calidad de agentes, asistidas por el Sr. J. Rivas, abogado,
parte demandada,
que tiene por objeto, por una parte, una pretensión basada en el artículo 263 TFUE en la que se solicita la anulación de la decisión del Director de la Agencia Ejecutiva de Investigación de 24 de julio de 2014 [ARES (2014) 2461172], por la que se pone fin a la negociación con la demandante y se rechaza su participación en los proyectos europeos Inachus y ZONeSEC y, por otra parte, una pretensión basada en el artículo 268 TFUE en la que se solicita reparación del perjuicio que la demandante alega haber sufrido al haber sido rechazada su participación en los mencionados proyectos y al haber sido comunicadas ciertas informaciones sobre ella a raíz de dicha decisión,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),
integrado por el Sr. A. Dittrich, Presidente, y el Sr. J. Schwarcz y la Sra. V. Tomljenović (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de febrero de 2016,
dicta la siguiente
Sentencia
Antecedentes del litigio
1        El Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) (en lo sucesivo, «Séptimo Programa Marco») fue adoptado mediante la Decisión n.º 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO 2006, L 412, p. 1).
2        La demandante, Holistic Innovation Institute, S.L.U., es una sociedad española creada en junio de 2011, que presta servicios de consultoría en telecomunicaciones, investigación e innovación. Su representante legal y administrador único, el Sr. S., era anteriormente presidente y administrador de la sociedad R.
3        La sociedad R. participó en los proyectos 4NEM, FutureNEM, FIRST, sISI y SFERA, financiados por la Unión Europea, en relación con los cuales fue sometida a dos auditorías financieras. Los informes de dichas auditorías concluyeron que se habían producido ciertas irregularidades en la gestión de esos proyectos. En su sentencia de 5 de marzo de 2015, Rose Vision y Seseña/Comisión (T‑45/13, no publicada, EU:T:2015:138), el Tribunal General desestimó el recurso en el que se solicitaba, entre otras cosas, la anulación del informe de auditoría relativo a los proyectos FutureNEM y sISI. En su sentencia de 26 de mayo de 2006, Rose Vision/Comisión (C‑224/15 P, EU:C:2016:358), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General en lo que respecta a la recurrente en casación y devolvió el asunto al Tribunal General.
4        La demandante participó en la elaboración de propuestas para proyectos pertenecientes al Séptimo Programa Marco, a saber, los proyectos Inachus y ZONeSEC. Las propuestas Inachus y ZONeSEC se presentaron en respuesta a la convocatoria de propuestas «Seguridad», incluida en el programa específico «Cooperación» del Séptimo Programa Marco.
5        Mediante sendos escritos de 2 de febrero y de 15 de marzo de 2013, la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) informó a los coordinadores de las propuestas ZONeSEC e Inachus de los resultados de la evaluación de sus propuestas efectuada por los expertos. En esa evaluación, las calificaciones recibidas por las propuestas fueron de 14 sobre 15 para Inachus y de 14,50 sobre 15 para ZONeSEC.
6        Mediante un correo electrónico de 4 de julio de 2013 dirigido al Sr. S., la REA indicó a este último que era necesario proceder a la verificación de la viabilidad financiera de la demandante en relación con la propuesta ZONeSEC, con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 2012/838/UE, Euratom de la Comisión, de 18 de diciembre de 2012, sobre la adopción de las normas que aseguran una verificación coherente de la existencia y el régimen jurídico, así como de la capacidad operativa y financiera, de los participantes en acciones indirectas financiadas en forma de subvención con cargo al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración y al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (DO 2012, L 359, p. 45). En ese correo electrónico, la REA precisó que la verificación de la viabilidad financiera era diferente de la comprobación de la condición de pequeña y mediana empresa (PYME) de la demandante.
7        Mediante sendos escritos de 15 de julio de 2013, acompañados del informe de síntesis de la evaluación, la REA informó a los coordinadores de las propuestas Inachus y ZONeSEC de que, tras la evaluación favorable de dichas propuestas por parte de la REA, era necesario abrir las negociaciones para la celebración de un acuerdo de subvención de esos proyectos. En esos escritos se precisaba que los mismos no suponían un compromiso sobre la firma de ese acuerdo, pues ello dependería de la conclusión de las negociaciones, de la decisión del comité de selección y de la finalización de todos los procedimientos correspondientes. Se indicaba además en ellos que las fechas previstas para la conclusión de las negociaciones figuraban en los mandatos de negociación, adjuntos a ambos escritos. En el contexto de esos mandatos de negociación, la REA solicitó información adicional sobre la capacidad operativa de algunos beneficiarios potenciales de las subvenciones, entre ellos la demandante.
8        En respuesta a esta solicitud de información, los coordinadores de las propuestas Inachus y ZONeSEC presentaron a la REA un documento explicativo acerca de la demandante con información sobre las actividades y el personal de ésta.
9        A raíz de las reuniones de negociación de 18 de julio de 2013 (propuesta ZONeSEC) y de 9 de septiembre de 2013 (propuesta Inachus), quedó de manifiesto que persistían las dudas sobre la capacidad operativa de la demandante, como lo revelan las actas de esas reuniones, en las que se indicaba que una de las acciones pendientes era la demostración de dicha capacidad.
10      Mediante escrito de 14 de mayo de 2014 dirigido a la demandante, la REA indicó a esta última las razones por las que consideraba que no había demostrado tener una capacidad operativa suficiente para participar en los dos proyectos, principalmente en lo referente, por una parte, a las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas de su personal y, por otra, a su capacidad administrativa y de gestión. En consecuencia, la REA informó a la demandante de su decisión de iniciar el procedimiento contradictorio de cara a excluirla de la negociación de ambas propuestas, al tiempo que le concedía un plazo de 15 días hábiles para presentar nuevos argumentos que pudieran acreditar su capacidad para participar en ambos proyectos, evitando así su exclusión.
11      En su respuesta, de fecha 2 de junio de 2014, el señor S. expresó su disconformidad con el análisis de la capacidad de la demandante llevado a cabo por la REA y, además, aportó información sobre el personal de la demandante.
12      En su decisión ARES (2014) 2461172, de 24 de julio de 2014 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), adoptada en aplicación de la Decisión 2012/838, la REA excluyó a la demandante de la negociación destinada a celebrar un acuerdo de subvención de los proyectos ZONeSEC e Inachus, a causa de su falta de capacidad operativa.
Procedimiento y pretensiones de las partes
13      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 3 de octubre de 2014, la demandante interpuso un recurso en el que solicitaba, por una parte, que se anulara la decisión impugnada y, por otra, que se condenara a la REA a indemnizarla por el perjuicio sufrido.
14      Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de octubre de 2014, la demandante interpuso una demanda de medidas provisionales, en la que solicitaba esencialmente al Presidente del Tribunal que suspendiera la ejecución de la decisión impugnada. Mediante auto de 23 de octubre de 2014, el Presidente del Tribunal declaró la inadmisibilidad de esta demanda de medidas provisionales, en la medida en que la exposición de los motivos invocados en ella no respetaba los requisitos del artículo 104, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991, y reservó la decisión sobre las costas.
15      La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la decisión impugnada.
–        Condene a la REA al pago de una cantidad de 781 250 euros en concepto de indemnización de los daños causados y de la repercusión económica de la decisión impugnada, más los intereses legales.
–        Condene a la REA al pago de una indemnización por los perjuicios adicionales que le ha provocado su exclusión de los proyectos, en la cantidad que determine el perito designado por el Tribunal.
–        Obligue a la REA a dar difusión a la decisión del Tribunal en todos los medios de comunicación y boletines de noticias que se indican en la demanda.
–        Interrogue como testigos a las personas citadas en la demanda para que quede acreditado el comportamiento ilícito de la REA.
–        Designe un perito que determine el importe de los perjuicios económicos que se le han causado.
16      La REA solicita al Tribunal que:
–        Declare, en su caso, la inadmisibilidad del escrito de réplica.
–        Declare infundado el recurso de anulación.
–        Declare infundada la reclamación de daños y perjuicios.
–        Condene a la demandante al pago de las costas.
17      En respuesta a las preguntas del Tribunal en la vista de 25 de febrero de 2016, la demandante retiró su pretensión de que se obligara a la REA a dar difusión a la decisión del Tribunal en todos los medios de comunicación y boletines de noticias que se indicaban en la demanda. La REA retiró igualmente su pretensión de que se declarase la inadmisibilidad del escrito de réplica. El Tribunal hizo constar en el acta de la vista la decisión de las partes principales de retirar estas pretensiones.
Fundamentos de Derecho
18      El presente recurso consta de dos pretensiones, a saber, la pretensión de anulación y la pretensión de indemnización.
Sobre la pretensión de anulación
19      En el contexto de su pretensión de anulación, la demandante critica, esencialmente, su exclusión de las negociaciones relativas a los proyectos europeos Inachus y ZONeSEC del Séptimo Programa Marco. Aunque la demanda no contiene motivos de anulación específicamente identificados, en ella se formulan críticas relativas a la motivación de la decisión impugnada y a los datos en que ésta se basa. Por lo demás, la parte demandada no ha impugnado la admisibilidad de la pretensión de anulación.
20      En la vista, la demandante identificó los siguientes motivos de recurso, en respuesta a las preguntas del Tribunal:
–        un motivo basado en la falta de competencias de la REA;
–        un motivo basado en que la Decisión 2012/838 contempla únicamente la posibilidad de no seleccionar a un solicitante, pero no la de excluirlo del procedimiento de negociación;
–        un motivo basado en la infracción de la sección 2.2.2. del anexo de la Decisión 2012/838, en relación con la sección 2.2.1., apartados 1 y 4, de este mismo anexo, en la medida en que, sin basarse en una argumentación sólida y bien fundamentada, la REA se alejó de la evaluación llevada a cabo por los evaluadores externos independientes;
–        un motivo basado en la violación del principio de presunción de inocencia;
–        un motivo basado en la infracción de la sección 2.2.2. del anexo de la Decisión 2012/838, en la medida en que la REA hizo caso omiso de la posibilidad de que la demandante demostrara, a su debido tiempo, que disponía de los recursos necesarios en materia de gestión operativa;
–        un motivo basado en que la REA incumplió el plazo para el fin de las negociaciones establecido por ella en el mandato de negociación;
–        un motivo basado en la violación del principio de buena administración.
21      A este respecto procede recordar que no es admisible un motivo de recurso que, aunque podría influir en la resolución del litigio, no ha sido invocado del modo exigido para que el juez pueda apreciar si es o no fundado (sentencia de 6 de septiembre de 2013, Deutsche Bahn y otros/Comisión, T‑289/11, T‑290/11 y T‑521/11, EU:T:2013:404, apartados 47 y 107). Así pues, el Tribunal está obligado a declarar la inadmisibilidad de un motivo invocado ante él desde el momento en que las razones esenciales de hecho y de Derecho en que se basa dicho motivo no se deducen, de forma coherente y comprensible, del propio texto de la demanda, sin que la falta de tales datos en la demanda pueda paliarse mediante su presentación en el acto de la vista (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de abril de 2010, Gualtieri/Comisión, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, apartados 104 a 106).
22      En el presente asunto, como la demanda no contiene ninguna referencia al motivo basado en la violación del principio de presunción de inocencia ni al basado en la violación del principio de buena administración ni permite identificar tales motivos, procede declarar la inadmisibilidad de los motivos invocados a este respecto en la vista. En efecto, se trata de motivos nuevos, y no de la ampliación de un motivo ya invocado en la demanda, en el sentido de la jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, apartado 40).
23      Así pues, el Tribunal considera que, habida cuenta de la demanda y de las explicaciones complementarias ofrecidas en la vista, la demandante invoca esencialmente cinco motivos en su recurso de anulación, basados, el primero, en la falta de competencias del autor del acto impugnado; el segundo, en una desviación de poder; el tercero, en la insuficiente motivación de la decisión impugnada; el cuarto, en la infracción de la sección 2.2.2. del anexo de la Decisión 2012/838, y, el quinto, en el incumplimiento del plazo fijado por la REA para el fin de las negociaciones.
Sobre el primer motivo de recurso, basado en la falta de competencias de la REA
24      En la vista de 25 de febrero de 2016, la demandante invocó la falta de competencias de la REA para adoptar la decisión impugnada. Como se indica en el acta de la vista, la demandante reconoció, en respuesta a una pregunta oral del Tribunal, que se trataba de un motivo nuevo. La REA alega que procede declarar la inadmisibilidad de este motivo nuevo.
25      Sin embargo, por una parte, es preciso hacer constar que el motivo basado en la falta de competencias del autor de una decisión sometida al control de legalidad del juez de la Unión es un motivo de orden público (sentencias de 10 de mayo de 1960, Alemania/Alta Autoridad, 19/58, EU:C:1960:19, p. 488; de 28 de enero de 2003, Laboratoires Servier/Comisión, T‑147/00, EU:T:2003:17, apartado 45, y de 13 de diciembre de 2013, Hungría/Comisión, T‑240/10, EU:T:2013:645, apartado 70). Por lo tanto, el Tribunal General debe examinar de oficio el motivo basado en la falta de competencias de la REA para adoptar la decisión impugnada.
26      Por otra parte, como la cuestión relativa a las competencias de la REA ha sido objeto de observaciones de la parte demandada en su escrito de contestación y ha sido debatida en la vista, se ha respetado el principio de contradicción, con arreglo a la jurisprudencia, en lo referente al motivo basado en la falta de competencias del autor del acto impugnado, en cuanto motivo de Derecho examinado de oficio (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, C‑89/08 P, EU:C:2009:742, apartados 57 y 60).
27      Procede examinar, pues, la cuestión de si la REA disponía de competencias para adoptar la decisión impugnada.
28      Es preciso comenzar por indicar que las agencias ejecutivas, como la REA, constituyen una categoría especial de órganos de la Unión, cuyo estatuto se regula en el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (DO 2003, L 11, p. 1). El Reglamento n.º 58/2003 confiere a la Comisión la facultad de crear agencias ejecutivas.
29      Consta que las propuestas Inachus y ZONeSEC se presentaron en respuesta a la convocatoria de propuestas «Seguridad», incluida en el programa específico «Cooperación» del Séptimo Programa Marco.
30      En virtud del artículo 4, apartado 1, letras a), b), y c), de la Decisión 2008/46/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2007, por la que se crea una Agencia Ejecutiva de Investigación para la gestión de determinados campos de los programas específicos comunitarios «Personas», «Capacidades» y «Cooperación» en el ámbito de la investigación en aplicación del Reglamento n.º 58/2003 (DO 2008, L 11, p. 9), la REA estaba encargada, en el contexto del Séptimo Programa Marco, de la gestión de las fases del ciclo de los proyectos específicos en el marco de la ejecución de determinados campos de los programas «Personas», «Capacidades» y «Cooperación». Además, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letras e) y f), de dicha Decisión, la REA prestaba apoyo administrativo y logístico a los programas específicos «Capacidades», «Cooperación» y «Personas», especialmente en los ámbitos de la publicación de convocatorias, la recepción y evaluación de propuestas, la contratación de los evaluadores, la preparación de los pagos a los evaluadores y el control de la viabilidad financiera.
31      Tal como se deduce del artículo 4, apartado 3, de la Decisión 2008/46, la decisión de delegación definía en detalle las tareas confiadas a la REA.
32      La norma aplicable en el momento en que se adoptó la decisión impugnada es la Decisión C(2013) 9418 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2013, por la que se delegan competencias en la REA con vistas a la ejecución de tareas vinculadas a la aplicación de programas de la Unión en materia de investigación e innovación y, en particular, la ejecución de créditos consignados en el presupuesto general de la Unión.
33      Con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Decisión C(2013) 9418, a la REA se le encomendaron las tareas que figuran en el anexo II de la misma Decisión. Allí se establece, en particular, que la REA es competente para gestionar el desarrollo de algunas o de todas las fases de los proyectos en el contexto del Séptimo Programa Marco. Así, la REA está encargada de realizar el seguimiento de los proyectos, de efectuar los controles, de iniciar los procedimientos de recuperación necesarios y de llevar a cabo las tareas de ejecución del presupuesto referentes a ingresos y gastos, con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo (DO 2012, L 298, p. 1).
34      Con arreglo al título B, «Tareas que se delegan», del anexo II de la Decisión C(2013) 9418, la REA debe, entre otras cosas, efectuar y facilitar las operaciones necesarias para iniciar y llevar a su término los procedimientos de concesión de subvenciones, así como informar a los solicitantes de la adjudicación de una subvención o del rechazo de su propuesta.
35      Además, según el artículo 3, apartado 3, de la Decisión C(2013) 9418, la REA está encargada de los servicios de apoyo administrativo y logístico que se mencionan en el anexo III. Con arreglo al título B, «Tareas que se delegan a la Agencia en relación con los servicios de apoyo administrativo y logístico», del anexo III de la Decisión C(2013) 9418, la REA está obligada a proceder a la validación de las entidades jurídicas y a preparar la evaluación de la viabilidad financiera de las entidades jurídicas.
36      Por otra parte, las normas para la presentación de propuestas y los procedimientos conexos de evaluación, selección y adjudicación de financiación en relación con el Séptimo Programa Marco fueron establecidas por la Decisión 2011/161/UE, Euratom de la Comisión, de 28 de febrero de 2011, por la que se modifica la Decisión C(2008) 4617, relativa a las normas para la presentación, evaluación y selección de propuestas y la adjudicación de financiación para acciones indirectas en virtud del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013) y el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2007 a 2011) (DO 2011, L 75, p. 1).
37      La nota a pie de página n.º 1 del anexo de esta Decisión indica lo siguiente:
«En general, los términos “Comisión” o “Comisión Europea” en este documento se refieren a la institución en su conjunto. Cuando es evidente por el contexto, los términos se refieren a los departamentos de la Comisión responsables de los programas de investigación. También puede considerarse que se refieren a la Agencia Ejecutiva de Investigación, para aquellos campos respecto a los cuales la Comisión ha delegado algunas tareas de gestión.»
38      Por último, procede subrayar que la decisión impugnada se adoptó con arreglo a la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838, anexo en el que se precisa que la expresión «servicios encargados de la ejecución del Séptimo Programa Marco» se refiere a los servicios de la Comisión y a otros organismos en los que se han delegado tareas de ejecución del Séptimo Programa Marco. Éste es el caso de la REA, habida cuenta de las disposiciones de delegación antes citadas.
39      En vista de las consideraciones expuestas y, especialmente, de las tareas de seguimiento de los proyectos y de control mencionadas, en particular, en el artículo 4, apartado 1, letras a), b), y c), de la Decisión 2008/46 y en el artículo 3, apartado 2, en el título B del anexo II y en el título B del anexo III de la Decisión C(2013) 9418, procede hacer constar que, al analizar la situación y la capacidad de la demandante y al informarla, a través de la decisión impugnada, de su exclusión de las negociaciones en el marco de los proyectos Inachus y ZONeSEC, la REA no sobrepasó los límites de las tareas que le habían sido encomendadas en relación con la gestión del Séptimo Programa Marco.
40      Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede desestimar por infundado el primer motivo de recurso.
Sobre el segundo motivo de recurso, basado en una desviación de poder
41      En su segundo motivo de recurso, tal como se desprende de la lectura de la demanda, la demandante alega que el comportamiento ilícito de la REA en lo que respecta a su evaluación obedece sólo a una represalia por el recurso que la sociedad R. interpuso contra la Comisión en el asunto en el que se dictó la sentencia de 5 de marzo de 2015, Rose Vision y Seseña/Comisión (T‑45/13, no publicada, EU:T:2015:138).
42      A este respecto es preciso recordar que el concepto de desviación de poder tiene un alcance muy preciso, que hace referencia al uso de sus facultades por parte de una autoridad administrativa con un fin distinto de aquel para el que le fueron conferidas (sentencia de 4 de febrero de 1982, Buyl y otros/Comisión, 817/79, EU:C:1982:36, apartado 28). Así pues, un acto sólo está viciado de desviación de poder cuando resulte, en función de indicios objetivos, pertinentes y concordantes, que fue adoptado con el fin exclusivo, o al menos determinante, de conseguir fines distintos de los alegados o de eludir el procedimiento legalmente establecido para hacer frente a las circunstancias del caso (véase la sentencia de 14 de octubre de 2009, Bank Melli Iran/Consejo, T‑390/08, EU:T:2009:401, apartado 50 y jurisprudencia que allí se cita).
43      No ocurre así en el presente asunto.
44      En efecto, como se ha indicado anteriormente, la REA adoptó la decisión impugnada en ejercicio de las competencias que le habían sido conferidas en relación con la ejecución del Séptimo Programa Marco y con arreglo a lo dispuesto en la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838. Esta disposición establece que la REA llevará a cabo, en la fase de negociación, la evaluación de la capacidad operativa de los solicitantes que aspiran a celebrar un acuerdo de subvención, al término de la cual podrá decidir no seleccionar a alguno de ellos a causa de su falta de capacidad operativa.
45      Así pues, las alegaciones no documentadas de la demandante, principalmente en lo que respecta a las supuestas represalias de la Comisión contra ella y contra el Sr. S., no pueden calificarse de indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que la decisión impugnada se adoptó con fines distintos de los indicados en dicha decisión, a saber, la exclusión de la demandante de las negociaciones a causa de su falta de capacidad operativa.
46      Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, ante la falta de indicios objetivos, pertinentes y concordantes que permitan al juez de la Unión concluir que la decisión impugnada adolece de una desviación de poder, en el sentido de la jurisprudencia antes citada, procede desestimar por infundado el segundo motivo de recurso.
Sobre el tercer motivo de recurso, basado en un defecto de motivación de la decisión impugnada
47      En su tercer motivo de recurso, tal como se desprende de la lectura de la demanda, la demandante reprocha a la REA un defecto de motivación de la decisión impugnada.
48      La demandante considera que la REA sólo puede decidir rechazar la participación de una empresa en un proyecto europeo sobre la base de una argumentación sólida y bien documentada. Así, a su juicio, para concluir que la candidatura de un participante no es válida, la REA debe presentar argumentos fuertes, sólidos y bien documentados. Ahora bien, la demandante alega que los argumentos que figuran en la decisión impugnada son extremadamente débiles, superfluos y colaterales e impiden que se ponga fin a la participación de un beneficiario en un proyecto europeo.
49      Según la demandante, la insuficiente motivación de la decisión impugnada no hace sino confirmar la estrategia de represalia que la REA había adoptado con respecto a ella.
50      En este contexto, procede recordar que la obligación de motivación, establecida en el artículo 296 TFUE, constituye un requisito sustancial de forma que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad de fondo del acto controvertido. En efecto, la motivación de una decisión consiste en expresar formalmente las razones en que se basa dicha decisión. Si estas razones adolecen de errores, quedará viciada la legalidad de fondo de la decisión, pero no su motivación, que puede ser suficiente aunque exprese razones erróneas. De ello se deduce que las críticas y las alegaciones destinadas a impugnar la fundamentación de un acto carecen de pertinencia y son inoperantes en el contexto de un motivo de recurso basado en un defecto de motivación o en la insuficiencia de ésta (sentencias de 22 de marzo de 2001, Francia/Comisión, C‑17/99, EU:C:2001:178, apartados 35 a 38; de 18 de junio de 2015, Ipatau/Consejo, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, apartado 37, y de 15 de junio de 2005, Corsica Ferries France/Comisión, T‑349/03, EU:T:2005:221, apartados 52 y 59; véase igualmente, en este sentido, la sentencia de 6 de abril de 2006, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Comisión, T‑17/03, EU:T:2006:109, apartados 70 y 71).
51      Según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución autora del acto, de manera que los interesados puedan conocer la justificación de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso y, en particular, del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas a quienes dicho acto concierna directa e individualmente puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todas las razones de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse teniendo en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véanse, por analogía, las sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, apartado 63; de 30 de septiembre de 2003, Alemania/Comisión, C‑301/96, EU:C:2003:509, apartado 87, y de 22 de junio de 2004, Portugal/Comisión, C‑42/01, EU:C:2004:379, apartado 66).
52      Al tiempo que se recuerda que la cuestión de si la motivación de una decisión satisface las exigencias que impone el artículo 296 TFUE debe apreciarse teniendo en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C‑350/88, EU:C:1990:71, apartado 16 y jurisprudencia que allí se cita, y de 15 de noviembre de 2012 Consejo/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, apartado 53 y jurisprudencia que allí se cita), es preciso subrayar que un acto lesivo está suficientemente motivado cuando se adopta en un contexto conocido por el interesado que le permite comprender el alcance de la medida adoptada en su contra (véase la sentencia de 15 de noviembre de 2012, Consejo/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, apartado 54 y jurisprudencia que allí se cita).
53      A este respecto, se ha declarado ya que una comunicación precedente, recogida en un escrito que no ha sido objeto de un recurso de anulación y a la que se remite la institución u órgano de que se trate en el acto impugnado, es parte integrante de los motivos de dicho acto, a efectos del control de legalidad del mismo (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de noviembre de 2014, Italia/Comisión, C‑385/13 P, no publicada, EU:C:2014:2350, apartado 116, y de 19 de abril de 2013, Italia/Comisión, T‑99/09 y T‑308/09, EU:T:2013:200, apartados 69 a 72). Por lo demás, resulta perfectamente admisible que la decisión impugnada se remita a informes ―como puedan ser informes de consultoría― cuya motivación coincida con la motivación de la decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2000, Alitalia/Comisión, T‑296/97, EU:T:2000:289, apartado 107).
54      Por otra parte, en la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838 se establece lo siguiente:
«En general, los servicios encargados de la ejecución del [Séptimo Programa Marco] seguirán las recomendaciones de los evaluadores externos independientes relativas a la capacidad operativa, incluida la posibilidad de rechazar la participación de un solicitante en una propuesta evaluada positivamente a causa de su incapacidad operativa. Si los servicios encargados de la ejecución del [Séptimo Programa Marco] tienen conocimiento de cualquier información adicional que pueda incidir en el juicio de los evaluadores externos independientes, dichos servicios podrán decidir no seleccionar una entidad jurídica o una propuesta de contribución financiera de la UE, sobre la base de una argumentación sólida y bien fundamentada.»
55      En el presente asunto, la motivación de la decisión impugnada está organizada del siguiente modo.
56      En primer lugar, a modo de introducción y de aclaración, la REA hace referencia a ciertas solicitudes de información adicional remitidas a la demandante y a las que esta última no fue capaz de dar respuesta. La REA establece, pues, una relación entre la decisión impugnada y su escrito de 14 de mayo de 2014, en el que ofreció a la demandante la posibilidad de aportar datos que permitieran aclarar definitivamente su capacidad operativa.
57      En ese escrito de 14 de mayo de 2014, al tiempo que se basaba en la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838, la REA puso de relieve las insuficiencias detectadas en la situación de la demandante con arreglo a los criterios de evaluación, principalmente en lo relativo a las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas de su personal, ya que la información presentada no documentaba de manera específica, para cada proyecto, el papel, las funciones, la experiencia pertinente y el nivel de cualificación de cada miembro del personal de la demandante asignado a esos proyectos, excepto en lo referente al propio representante legal de la sociedad. Además, este escrito remitía a las conclusiones establecidas por los servicios de la Comisión, en relación con el proyecto eDIGIREGION, sobre la falta de capacidad de gestión y administrativa de la demandante, notificadas a esta última mediante un escrito de 13 de marzo de 2014.
58      A este respecto, la REA indica en la decisión impugnada que, en su respuesta al escrito de 14 de mayo de 2014, fechada el 2 de junio de 2014, la demandante no aportó dato alguno que permitiera invalidar su razonamiento.
59      Esta parte de la decisión impugnada permite, pues, que la demandante comprenda el contexto en el que fue adoptada.
60      En segundo lugar, la REA recordó lo dispuesto en la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838, que contempla la posibilidad de tomar en consideración información adicional a efectos de analizar la capacidad operativa de una entidad que solicite obtener una contribución financiera de la Unión. Así, la REA indicó que había procedido a ese análisis de la capacidad de la demandante basándose en toda la información disponible, incluida la presentada por la demandante a los servicios de la Comisión en relación con el proyecto eDIGIREGION, sobre la que había existido un intercambio de escritos entre la demandante y la Comisión, y en especial la recogida en los escritos de la Comisión a la demandante de 20 de diciembre de 2013 y 13 de marzo de 2014.
61      En efecto, en su escrito de 20 de diciembre de 2013, confirmado por escrito de 13 de marzo de 2014, la Comisión, al término de una argumentación detallada, había formulado la apreciación de que procedía rechazar la participación de la demandante en el proyecto eDIGIREGION con arreglo a la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838, debido a que esta última no tenía la suficiente capacidad administrativa y de gestión, había dado una impresión incorrecta de su capacidad técnica y científica y presentaba una escasa capacidad de cofinanciación.
62      Así pues, a fin de apreciar la capacidad de la demandante en el contexto de los proyectos Inachus y ZONeSEC, la REA tuvo en cuenta la motivación expuesta por los servicios de la Comisión con respecto al estatuto de la demandante en el contexto del proyecto eDIGIREGION.
63      En tercer lugar, la REA afirmó que, tras haber tomado contacto con los servicios competentes de la Comisión, compartía la opinión de esos servicios de que la capacidad administrativa y de gestión de la sociedad R. era representativa en lo que respecta a la demandante.
64      Así pues, se deduce de la decisión impugnada que la REA consideró que las conclusiones de los informes de auditoría 11‑INFS‑025 y 11‑BA119‑016, relativos a la sociedad R., constituían información adicional, en el sentido de la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838. A este respecto, la REA mencionó en la decisión impugnada las conclusiones de esos informes, indicando que en ellos se habían detectado ciertas deficiencias en la sociedad R., tales como la falta de controles internos, la inexistencia de un sistema integrado de registro del tiempo de trabajo y el hecho de que su personal no estuviera obligado a registrar las horas trabajadas.
65      En cuarto lugar, la REA respondió a los argumentos de la demandante relativos a su estructura indicando que unas meras declaraciones de la demandante sobre la incorporación de nuevos accionistas no bastaban para demostrar su capacidad administrativa y de gestión. Por otra parte, la REA indicó que había tomado nota de las explicaciones adicionales de la demandante sobre el porcentaje del tiempo de trabajo consagrado al proyecto por uno de sus empleados, pero que la demandante seguía sin demostrar que dispusiera de la capacidad necesaria para la ejecución de los proyectos de que se trata, en lo referente a la totalidad de su personal.
66      Por último, la REA rechazó la propuesta de la demandante de que se le permitiera participar en los proyectos condicionando esa participación a los resultados de auditorías que deberían realizarse posteriormente, dado que el requisito relativo a la capacidad operativa de los solicitantes debía cumplirse antes de que se celebrara el acuerdo de subvención.
67      Habida cuenta de las circunstancias expuestas y del contexto en el que se adoptó la decisión impugnada, caracterizado por varios intercambios de escritos entre la REA y la demandante sobre la capacidad operativa de ésta, a los que la propia decisión impugnada hace referencia, procede considerar que la REA cumplió su obligación de motivación.
68      Las alegaciones de la demandante no desvirtúan esta conclusión.
69      Por una parte, no cabe considerar inoperante, en sí, la remisión a comunicaciones anteriores intercambiadas con la demandante en el procedimiento contradictorio que precedió a la adopción de la decisión impugnada y en otros procedimientos en los que la demandante había participado, así como a los informes de auditoría emitidos en otros proyectos. En efecto, según la jurisprudencia citada en el apartado 53 supra, tales comunicaciones e informes de auditoría anteriores pueden ser parte integrante de la motivación de una decisión.
70      Por otra parte, las alegaciones de que la motivación de la decisión impugnada es débil y superflua no están destinadas a mostrar la insuficiencia de esta motivación, sino a impugnar su fundamentación, que se analizará al examinar el cuarto motivo de recurso. Por lo tanto, procede declarar inoperantes estas alegaciones en el ámbito del presente motivo.
71      Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede desestimar el motivo basado en la insuficiencia de motivación.
Sobre el cuarto motivo de recurso, basado en la infracción de la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838
72      En el presente motivo de recurso, tal como se desprende de la demanda y como ha sido completado por las explicaciones ofrecidas en la vista, la demandante acusa básicamente a la REA, en primer lugar, de haber evaluado erróneamente su capacidad operativa; en segundo lugar, de haberla excluido de la negociación pese a que la única posibilidad contemplada en la normativa era la de no seleccionar a un solicitante; en tercer lugar, de no haberle ofrecido la oportunidad de demostrar su capacidad operativa en una fase posterior, y, en cuarto lugar, de no haber aplicado una serie de medidas establecidas en la Decisión 2012/838 en relación con el análisis de la capacidad financiera de los solicitantes. De entre las imputaciones así formuladas, procede examinar sucesivamente la primera, la cuarta, la tercera y la segunda.
–       .      Sobre la evaluación de la capacidad operativa de la demandante
73      La demandante alega, en esencia, que la REA erró al concluir que no disponía de una capacidad operativa suficiente para los proyectos de que se trata. Acusa a la REA de no haber tenido en cuenta la información que le había proporcionado y de haber basado la evaluación de su capacidad operativa en las conclusiones de otros servicios de la Comisión en relación con otros proyectos y en datos relativos a otra empresa, la sociedad R.
74      Procede comenzar por recordar que, como se ha expuesto en los apartados 56 a 66 supra, la exclusión de la demandante de las negociaciones en el contexto de los proyectos Inachus y ZONeSEC por no haber demostrado disponer de una capacidad operativa suficiente, tal como se le comunicó en la decisión impugnada, se basaba en las siguientes circunstancias: la falta de información suficiente para acreditar la capacidad operativa de la demandante, las conclusiones de la Comisión sobre la demandante en relación con el proyecto eDIGIREGION y las conclusiones de la Comisión sobre la sociedad R.
–             Sobre la falta de información suficiente para acreditar la capacidad operativa de la demandante
75      La REA consideró que, pese a habérsele solicitado en varias ocasiones, la demandante no había documentado de manera específica, para cada proyecto, el papel, las funciones, la experiencia pertinente y el nivel de cualificación de cada miembro de su personal asignado a esos proyectos, excepto en lo referente al propio representante legal de la sociedad.
76      A este respecto procede señalar que, según la sección 2.1 del anexo de la Decisión 2012/838, debe evaluarse la capacidad operativa de cada solicitante con el fin de garantizar su capacidad para llevar a cabo la acción o el programa de trabajo propuestos. Se especifica allí, además, que la capacidad operativa se refiere a las aptitudes, cualificaciones, herramientas o conocimientos profesionales, técnicos, científicos, tecnológicos, de gestión y administrativos necesarios para alcanzar los objetivos y resultados previstos.
77      Pues bien, en los mandatos de negociación remitidos a los coordinadores de los proyectos de que se trata mediante los escritos de 15 de julio de 2013, la REA solicitó información adicional sobre la demandante, en particular sobre su número total de empleados, el personal específicamente asignado a cada proyecto, con una descripción detallada del mismo, la experiencia pertinente de los empleados, las tareas que cada empleado debería ejecutar en relación con los proyectos y la capacidad operativa de los mismos, habida cuenta de los demás proyectos en los que participaban en el contexto del Séptimo Programa Marco. En respuesta a esa solicitud de información, los coordinadores de las propuestas Inachus y ZONeSEC presentaron el documento explicativo mencionado en el apartado 8 supra, que contenía una descripción general de la demandante y de su personal, pero no indicaba específicamente, para cada proyecto, la pertinencia de la cualificación de cada empleado, las tareas que cada empleado debería ejecutar y la capacidad operativa efectiva de los empleados, habida cuenta de los demás proyectos en los que participaban.
78      Mediante escrito de 14 de mayo de 2014, la REA reiteró su solicitud de información específica sobre cada uno de los miembros del personal, salvo el Sr. S., que sería asignado a cada proyecto, precisando que tenían que indicarse el papel de esos empleados y las tareas que deberían ejecutar. En respuesta a esta solicitud, la demandante presentó un escrito de 2 de julio de 2014 en el que, por un lado, rechazaba el análisis que habían efectuado a su respecto los servicios de la Comisión en relación con el programa eDIGIREGION y, por otro lado, reproducía una parte de la información que figuraba en el documento explicativo mencionado en el apartado 8 supra, sin aportar no obstante la información específica que le había solicitado la REA, indicada en los apartados 7, 9 y 10 supra.
79      Por último, como se ha expuesto en el apartado 65 supra, la REA indicó en la decisión impugnada que la información relativa a la estructura de la demandante y las precisiones que ésta había aportado sobre uno de sus empleados no corregían las deficiencias detectadas.
80      Así pues, la REA no cometió un error al considerar que la demandante no había acreditado suficientemente disponer de la capacidad operativa necesaria para participar en los proyectos de que se trata, en particular en lo relativo a su capacidad administrativa y de gestión.
–             Conclusiones de la Comisión sobre la demandante en relación con el proyecto eDIGIREGION
81      La REA tuvo en cuenta igualmente, con arreglo a la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838, el análisis llevado a cabo por la Comisión en relación con el proyecto eDIGIREGION, en el que se concluyó, al término de un procedimiento contradictorio en el que la demandante pudo presentar observaciones, que esta última no tenía la suficiente capacidad administrativa y de gestión. Como consecuencia de este análisis, la demandante quedó excluida de dicho proyecto, y así se le comunicó mediante escritos de la Comisión de 20 de diciembre de 2013 y de 13 de marzo de 2014.
82      A este respecto procede recordar que, con arreglo a la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838, la REA puede tomar en consideración cualquier información adicional que llegue a su conocimiento y que pueda incidir en el juicio de los evaluadores externos independientes. Esta disposición establece además que dicha información adicional puede proceder de fuentes tan distintas como los resultados de auditorías anteriores, la gestión de proyectos anteriores (o en curso) o la consulta de bases de datos externas.
83      Resulta obligado hacer constar que la demandante no ha formulado ninguna alegación ni aportado prueba alguna en contra de la decisión de la REA de tomar en consideración su exclusión de un proyecto del Séptimo Programa Marco a causa, en particular, de su falta de capacidad de gestión y administrativa.
84      Dadas estas circunstancias, no cabe reprochar a la REA que, al decidir excluir a la demandante de la negociación de los proyectos ZONeSEC e Inachus, tomara en consideración, con arreglo a la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838, la exclusión de la demandante del proyecto eDIGIREGION en marzo de 2014 y las razones de esa exclusión.
–             Conclusiones de la Comisión sobre la sociedad R.
85      Como se ha expuesto en el apartado 64 supra, la REA tomó en consideración la opinión de los servicios de la Comisión de que la falta de capacidad administrativa y de gestión de la sociedad R. era representativa en lo que respecta a la demandante, en un momento en que los informes de auditoría 11‑INFS‑025 y 11‑BA119‑016 habían detectado graves deficiencias en esa sociedad.
86      En el presente asunto, procede verificar si los datos relativos a la situación de la sociedad R. constituían información adicional capaz de «incidir en el juicio de los evaluadores externos», en el sentido de la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838. A este respecto, procede recordar que estos evaluadores habían valorado positivamente las propuestas relativas a los proyectos en que participaba la demandante, tal como se ha indicado en el apartado 5 supra.
87      En este contexto, en primer lugar, es preciso subrayar que el anexo de la Decisión 2012/838 confiere, en su sección 2.2.2, un importante margen de apreciación a los servicios encargados de la ejecución del Séptimo Programa Marco.
88      En efecto, el análisis de los términos literales de la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838, mencionados en el apartado 82 supra, lleva a la conclusión de que esta disposición no contiene limitación alguna en cuanto a la naturaleza de la información que puede servir para excluir a un solicitante potencial y de que, por otra parte, en ella se hace referencia expresa a los resultados de auditorías anteriores.
89      Además, esta interpretación en sentido amplio del texto de la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838 queda corroborada por el considerando 17 del Reglamento (CE) n.º 1906/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establecen las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en las acciones del Séptimo Programa Marco, y las normas de difusión de los resultados de la investigación (2007-2013) (DO 2006, L 391, p. 1), donde se indica que las reglas de evaluación «deben crear el adecuado equilibrio entre la protección de los intereses financieros comunitarios y la simplificación y facilitación de la participación de entidades con personalidad jurídica en el Séptimo Programa Marco».
90      En segundo lugar, la REA se basó, legítimamente, en diversos indicios que le permitían llegar a la conclusión de que, en contra de lo que sostiene la demandante, las informaciones relativas a la capacidad administrativa y de gestión de la sociedad R. eran representativas para el análisis de la capacidad de la demandante.
91      En efecto, por una parte, consta que el señor S., representante legal y administrador único de la demandante, había sido anteriormente presidente y administrador de la sociedad R.
92      Por otra parte, la sociedad R. y la demandante compartían una parte significativa de su personal, si no la totalidad. A este respecto procede señalar que en su escrito de 13 de marzo de 2014, que es parte integrante de la motivación de la decisión impugnada, la Comisión ponía de relieve que, habida cuenta de la información aportada por el Sr. S., ambas sociedades parecían compartir el mismo personal o, al menos, una parte del mismo.
93      Resulta obligado hacer constar que, en un escrito de 13 de junio de 2013 remitido a la Comisión en relación con el proyecto eDIGIREGION, que se adjunta a la demanda como anexo A 16, el propio Sr. S. reconoció, por una parte, que la información que figuraba en el sitio de Internet de la sociedad R. no se refería a esta última, sino en realidad a la demandante, y que el personal de la demandante era el mismo que el de la sociedad R.
94      Por lo tanto, la REA podía, sin cometer un error de Derecho, tomar en consideración como información adicional, en el sentido de la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838, las conclusiones de los informes de auditoría relativos a la sociedad R.
95      En lo que respecta a la apreciación por parte de la REA de las conclusiones de los informes de auditoría 11‑INFS‑025 y 11‑BA119‑016, relativos a la sociedad R., en el contexto de la evaluación de la capacidad operativa de la demandante, procede señalar que, en el momento en que la REA adoptó la decisión impugnada, tales informes de auditoría eran informes definitivos, elaborados por los servicios de auditoría interna de la Comisión y auditores externos a ésta.
96      Como se ha indicado en el apartado 94 supra, los resultados de auditorías anteriores constituyen una información adicional que puede tomarse en consideración a la hora de evaluar la capacidad operativa de una empresa que solicita recibir una subvención en el contexto del Séptimo Programa Marco.
97      A este respecto procede recordar que los informes de auditoría de que se trata constataron graves deficiencias, descritas en el apartado 64 supra, que ponían de manifiesto una capacidad administrativa y de gestión insuficiente en la sociedad R.
98      En vista de las consideraciones expuestas, no se ha acreditado que la REA haya incurrido en un error de apreciación al tomar en consideración los resultados de los informes de auditoría 11‑INFS‑025 y 11‑BA119‑016, relativos la sociedad R., para llegar a la conclusión de que la demandante no disponía de capacidad operativa suficiente para ser beneficiaria de un programa en el contexto del Séptimo Programa Marco.
99      Las alegaciones de la demandante en contra de esas auditorías no bastan para desvirtuar esta conclusión.
100    Así, la demandante afirma, en contra de las conclusiones de la Comisión, que la sociedad R. cumplió sus obligaciones. Pone de relieve que uno de los temas de la disputa entre la Comisión y la sociedad R. que dio lugar a la sentencia de 5 de marzo de 2015, Rose Vision y Seseña/Comisión (T‑45/13, no publicada, EU:T:2015:138), se refería a la aplicación de los requisitos de validación de los partes de trabajo. Ahora bien, según la demandante, la sociedad R. respetaba todos los requisitos de los partes de trabajo para proyectos del Séptimo Programa Marco.
101    En este mismo orden de ideas, la demandante subraya que la sociedad R. respetó igualmente los requisitos relativos a los controles internos. Por otra parte, alega que los proyectos que fueron objeto de las dos auditorías mencionadas estaban sometidos a la guía financiera aprobada en 2009, entonces vigente, mientras que a los proyectos de que se trata en el presente asunto se les aplica la nueva guía financiera, aprobada con posterioridad.
102    Procede comenzar por señalar que, en el contexto del presente asunto, la demandante no ha demostrado en absoluto que las conclusiones de los informes de auditoría de que se trata, tal como fueron comunicadas en el escrito impugnado, fueran manifiestamente erróneas, de modo que la REA no podía tomarlas en consideración legítimamente.
103    Por el contrario, la demandante se ha limitado a repetir que la sociedad R. cumplía todos los requisitos relativos a los partes de trabajo para proyectos del Séptimo Programa Marco y que todas las horas dedicadas a esos proyectos estaban correctamente identificadas, sin que la guía financiera del Séptimo Programa Marco, en su versión de 2009, exigiera la anotación de las horas dedicadas a actividades de consultoría distintas de los proyectos europeos.
104    A este respecto procede señalar que estas alegaciones de la demandante no ponen en entredicho las conclusiones formuladas, en particular, en el punto 7.1.5 de los informes de auditoría 11‑INFS‑025 y 11‑BA119‑016, presentados por la REA como anexos a su escrito de contestación en respuesta a las alegaciones de la demandante. Según estas conclusiones, el sistema de registro del tiempo de trabajo de la sociedad R. no era fiable, en vista de las incoherencias detectadas entre los diferentes documentos aportados por la sociedad R. para justificar las horas declaradas en relación con los proyectos de que se trataba, del hecho de que a la sociedad R. no le había sido posible aportar otras pruebas que pudieran justificar esas horas de trabajo y de los numerosos ejemplos de horas declaradas dos veces que se habían detectado.
105    La demandante ha sostenido, además, que la centralización de los controles internos en una sola persona no era una infracción organizativa y que esa información no era exacta, ya que los auditores sabían que había dos personas supervisando el control de los tiempos de trabajo y otras dos que preparaban material, documentos, facturas y partes de trabajo.
106    Ahora bien, estas alegaciones de la demandante, por lo demás no documentadas, no ponen en entredicho los resultados de los informes de auditoría, según los cuales la inexistencia de separación entre las funciones de gestión, principalmente en lo relativo a la contratación de personal y su asignación a los proyectos, y las funciones de control interno, centralizadas en la persona del Sr. S., entrañaba el riesgo de que la eficacia de esos controles internos se viera disminuida.
107    Por último, el hecho de que los proyectos objeto de las auditorías en cuestión se rigieran por la guía financiera aprobada en 2009, mientras que a los proyectos de que se trata en el presente asunto se les aplicaba una nueva guía financiera, aprobada posteriormente, no desvirtúa las conclusiones formuladas en los informes de auditoría en cuanto a las deficiencias mencionadas en el apartado 64 supra.
108    En vista de las consideraciones expuestas, la demandante no ha demostrado que la REA haya cometido un error al concluir en la decisión impugnada que, al término de su evaluación de la capacidad operativa de la demandante, esa capacidad no había quedado suficientemente acreditada.
–             Sobre el análisis de la capacidad financiera de los solicitantes
109    La demandante acusa a la REA de no haber aplicado una serie de medidas establecidas en la Decisión 2012/838 en relación con el análisis de la capacidad financiera de los solicitantes.
110    A este respecto procede recordar que la Decisión 2012/838 regula, por un lado, en las disposiciones recogidas en la parte 2 del anexo de dicha Decisión, la verificación de la capacidad operativa de los participantes en proyectos financiados por la Unión y, por otro lado, en las disposiciones recogidas en las partes 3 y 4 del anexo de esta Decisión, la verificación de su capacidad financiera. Por lo demás, la sección 2.1, párrafo segundo, del anexo de la Decisión 2012/838 indica expresamente que la capacidad operativa debe distinguirse de la capacidad financiera, que es objeto de una verificación específica.
111    Pues bien, basta con señalar que la decisión impugnada no se basa en el análisis de la capacidad financiera de la demandante, sino en la verificación de su capacidad operativa, al término de la cual la REA concluyó que esta última capacidad no había quedado suficientemente acreditada, en particular en lo relativo a la capacidad administrativa y de gestión.
112    Como la capacidad financiera de la demandante no es objeto de la decisión impugnada, procede rechazar por inoperantes las alegaciones formuladas por la demandante a este respecto.
–             Sobre la posibilidad de demostrar la capacidad operativa en una fase posterior
113    La demandante acusa a la REA de no haberle ofrecido la oportunidad de demostrar, en una fase posterior, que disponía de los recursos necesarios en materia de capacidad operativa.
114    Como se ha expuesto en el apartado 66 supra, la REA rechazó en la decisión impugnada la propuesta de la demandante de que se le permitiera participar en los proyectos condicionando esa participación a los resultados de auditorías que deberían realizarse posteriormente.
115    A este respecto procede señalar que, según el texto de la sección 2.1 del anexo de la Decisión 2012/838, «la verificación tiene como objetivo valorar si los solicitantes (colectiva e individualmente) tienen o tendrán a su debido tiempo las competencias y cualificaciones profesionales necesarias para completar la acción indirecta».
116    Así pues, aunque la Decisión 2012/838 no exige que los beneficiarios dispongan inmediatamente de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, éstos deben poder demostrar, en el momento de la verificación, que tienen o tendrán efectivamente a su debido tiempo los recursos que han declarado. En otras palabras, es en el momento de la verificación cuando los solicitantes deben demostrar que disponen o que podrán disponer de las aptitudes, cualificaciones, herramientas o conocimientos profesionales, técnicos, científicos, tecnológicos, de gestión y administrativos necesarios para alcanzar los objetivos y resultados previstos, según los términos de la sección 2.1 del anexo de la Decisión 2012/838, tal como hayan declarado en sus propuestas.
117    Por otra parte, en lo que respecta a la declaración sobre su honor relativa a la disponibilidad de los recursos, a la que ha hecho alusión la demandante, basta con hacer constar que, con arreglo a lo dispuesto en la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838, esa declaración forma parte del formulario de preparación del acuerdo de subvención, que vincula jurídicamente a la entidad de que se trate. Sin embargo, tal declaración no puede eximir a un solicitante de su obligación de demostrar su capacidad operativa, ya que el solicitante está obligado a describir cómo piensa cumplir sus obligaciones, si no tiene los recursos propios necesarios.
118    Ahora bien, como se ha hecho constar en el apartado 80 supra, pese a varios intercambios de escritos entre la REA y la demandante, esta última no ha acreditado satisfactoriamente su capacidad operativa, declarada en las propuestas de que se trata, en particular en lo relativo a su capacidad administrativa y de gestión. Por otra parte, en lo que respecta a la capacidad científica, la demandante no ha demostrado que, aparte de su representante legal y administrador único, el Sr. S., otros de sus empleados dispusieran de experiencia en materia de normalización, que era la principal tarea atribuida a la demandante en los proyectos Inachus y ZONeSEC.
119    Por lo tanto, la demandante no ha demostrado que fuera errónea la conclusión, alcanzada por la REA en la decisión impugnada, de que no procedía darle la oportunidad de demostrar su capacidad operativa en una fase posterior, toda vez que no había acreditado su capacidad operativa para llevar a cabo las tareas de los proyectos Inachus y ZONeSEC previstas en las propuestas que la concernían.
–             Sobre la exclusión de la demandante del procedimiento de negociación
120    La demandante acusa a la REA de haberla excluido de la negociación pese a que la única posibilidad contemplada en la normativa era la de no seleccionar a un solicitante.
121    Como se desprende de las explicaciones ofrecidas en la vista, la demandante sostiene que la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838 únicamente contempla la posibilidad de no seleccionar a un solicitante, pero no la de excluirlo del procedimiento de negociación.
122    Es preciso recalcar que no se discute que la decisión impugnada esté basada en la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838. Esta sección, incluida en la parte 2 de dicho anexo, relativa a la verificación de la capacidad operativa de los solicitantes, se titula «En la fase de negociación». En ella se contempla expresamente la posibilidad de rechazar la participación de un solicitante en una propuesta evaluada positivamente a causa de su incapacidad operativa. Más concretamente, se dispone allí que los servicios encargados de la ejecución del Séptimo Programa Marco pueden decidir no seleccionar a un solicitante, basándose en información adicional como la descrita en el apartado 82 supra.
123    En primer lugar, procede recordar la constatación formulada en el apartado 39 supra, según la cual, habida cuenta de las disposiciones de delegación mencionadas en los apartados 30 a 37 supra, la REA, en cuanto organismo encargado de la ejecución del Séptimo Programa Marco, era competente para adoptar la decisión impugnada.
124    A continuación, es preciso reconocer que, ciertamente, desde un punto de vista puramente semántico, la expresión «rechazar la participación de un solicitante» y la expresión «no seleccionar a un solicitante» no son idénticas. No obstante, en vista del título y del texto de la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838, descritos en el apartado 122 supra, procede concluir que esta disposición permite que los servicios competentes excluyan al solicitante a partir de la fase de negociación cuando se compruebe que no podrá ser seleccionado a causa de su falta de capacidad operativa. Así pues, en contra de lo que sostiene la demandante, de esta disposición se deduce que la REA puede excluir a un solicitante del procedimiento de negociación de un proyecto financiado por la Unión.
125    Por último, se desprende del análisis antes expuesto, en particular en los apartados 77 a 80 supra, que, en todo el tiempo que duró el procedimiento de negociación, a los servicios competentes les resultó imposible determinar con certeza la capacidad operativa de la demandante, que no aportó información suficiente a la REA.
126    Se deduce de las consideraciones anteriores que la REA no cometió un error al excluir a la demandante de las negociaciones en el marco de los proyectos Inachus y ZONeSEC.
127    Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede desestimar el motivo de recurso basado en la infracción de la sección 2.2.2 del anexo de la Decisión 2012/838.
Sobre el quinto motivo de recurso, basado en el incumplimiento del plazo fijado por la REA para el fin de las negociaciones
128    En el presente motivo de recurso, la demandante acusa a la REA de no haber respetado el plazo de negociación que ella misma había fijado.
129    Como se ha indicado en el apartado 7 supra, la REA notificó sus mandatos de negociación a las partes interesadas en las propuestas presentadas en relación con los proyectos Inachus y ZONeSEC, mediante un escrito en el que invitaba a esas partes a abrir negociaciones y en el que indicaba que las fechas previstas para las negociaciones figuraban en esos mandatos de negociación. Procede señalar que, en tales mandatos, junto a las fechas previstas para las negociaciones ―concretamente, en lo relativo a su fin, el 25 de septiembre de 2013―, se indicaba que la primera reunión de las negociaciones se celebraría en agosto de 2013, estando aún pendiente de confirmación la fecha, la hora y el lugar exacto de la misma.
130    Así pues, se deduce de los escritos de la REA y de los propios mandatos de negociación que el calendario previsto no fijaba plazos imperativos, sino que se trataba de fechas estimadas, comunicadas a los consorcios con carácter indicativo.
131    En cualquier caso, procede hacer constar que la demandante no ha probado que, si se hubieran respetado los plazos de que se trata, habría podido evitar ser excluida de las negociaciones, de modo que el incumplimiento de esos plazos había podido influir de alguna manera en el contenido de la decisión impugnada.
132    Dadas estas circunstancias, procede desestimar por infundado el quinto motivo de recurso, basado en el incumplimiento del plazo para el fin de las negociaciones en relación con los proyectos Inachus y ZONeSEC.
133    Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede desestimar la pretensión de anulación en su totalidad.
Sobre la pretensión de indemnización
134    La pretensión de indemnización se estructura en torno al perjuicio material derivado de la adopción de la decisión impugnada, por un lado, y al daño moral derivado de la comunicación por parte de la REA de ciertas informaciones relativas a la demandante, por otro.
135    Procede recordar que, en virtud del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión Europea debe reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
136    Además, de la Decisión 2008/46 y del artículo 21 del Reglamento n.º 58/2003, globalmente considerados, se desprende que, en materia de responsabilidad extracontractual, la REA debe reparar los daños causados por sí misma o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2013, EMA/Comisión, T‑116/11, EU:T:2013:634, apartados 292 a 296, 299 y 300).
137    Según reiterada jurisprudencia, se deduce del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, que para que nazca la responsabilidad extracontractual de la Unión y se reconozca el derecho a la reparación del perjuicio sufrido es necesario que concurra un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, a la realidad del daño y a la existencia de una relación de causalidad entre ese comportamiento y el perjuicio invocado. Dicha responsabilidad no puede generarse cuando no concurran todos los requisitos a los que está supeditada la obligación de indemnización establecida en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo y Comisión, C‑120/06 P y C‑121/06 P, EU:C:2008:476, apartados 164 y 165 y jurisprudencia que allí se cita).
138    En primer lugar, por lo que respecta al requisito de la ilegalidad del comportamiento imputado a la institución o al órgano de que se trate, la jurisprudencia exige que se demuestre una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares (sentencia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, apartado 42). Por lo que respecta al requisito de que la violación esté suficientemente caracterizada, el criterio decisivo para considerarlo cumplido reside en la inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución u órgano de la Unión de que se trate, de los límites impuestos a su facultad de apreciación. Cuando dicha institución u órgano disponga sólo de un margen de apreciación considerablemente reducido, o incluso inexistente, la mera infracción del Derecho de la Unión puede bastar para acreditar la existencia de una violación suficientemente caracterizada (sentencias de 10 de diciembre de 2002, Comisión/Camar y Tico, C‑312/00 P, EU:C:2002:736, apartado 54, y de 12 de julio de 2001, Comafrica y Dole Fresh Fruit Europe/Comisión, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 y T‑225/99, EU:T:2001:184, apartado 134).
139    A continuación, por lo que se refiere al requisito de la realidad del daño, la responsabilidad de la Unión sólo nace cuando el demandante haya sufrido efectivamente un perjuicio «real y cierto» (sentencias de 27 de enero de 1982, De Franceschi/Consejo y Comisión, 51/81, no publicada, EU:C:1982:20, apartado 9; de 13 de noviembre de 1984, Birra Wührer y otros/Consejo y Comisión, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81 y 282/82, EU:C:1984:341, apartado 9, y de 16 de enero de 1996, Candiotte/Consejo, T‑108/94, EU:T:1996:5, apartado 54). Corresponde al demandante aportar al juez de la Unión pruebas que demuestren la existencia y la magnitud de ese perjuicio (sentencias de 21 de mayo de 1976, Roquette Frères/Comisión, 26/74, EU:C:1976:69, apartados 22 a 24, y de 9 de enero de 1996, Koelman/Comisión, T‑575/93, EU:T:1996:1, apartado 97).
140    Por lo que respecta más concretamente al daño moral, si bien la presentación de una proposición de prueba no se considera necesariamente un requisito para el reconocimiento de ese daño, corresponde como mínimo a la parte demandante acreditar que el comportamiento imputado a la institución de que se trate era capaz de causarle un daño de ese tipo (sentencia de 16 de julio de 2009, SELEX Sistemi Integrati/Comisión, C‑481/07 P, no publicada, EU:C:2009:461, apartado 38).
141    Por último, en lo que atañe al requisito relativo a la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado, es necesario que este último se derive de forma suficientemente directa del comportamiento imputado, que debe constituir la causa determinante del perjuicio, sin que haya obligación de reparar toda consecuencia perjudicial, incluso remota, de una situación ilegal (sentencia de 4 de octubre de 1979, Dumortier y otros/Consejo, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 y 45/79, EU:C:1979:223, apartado 21; véase, también, la sentencia de 10 de mayo de 2006, Galileo International Technology y otros/Comisión, T‑279/03, EU:T:2006:121, apartado 130 y jurisprudencia que allí se cita). Corresponde al demandante aportar la prueba de la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado (véase la sentencia de 30 de septiembre de 1998, Coldiretti y otros/Consejo y Comisión, T‑149/96, EU:T:1998:228, apartado 101 y jurisprudencia que allí se cita).
142    Es preciso recordar, por otra parte, que el juez puede examinar de oficio la admisibilidad de las pretensiones de indemnización, pues esta cuestión tiene carácter de orden público (sentencia de 17 de octubre de 2002, Astipesca/Comisión, T‑180/00, EU:T:2002:249, apartado 139).
143    En el presente asunto, el Tribunal estima oportuno examinar, en primer lugar, la existencia de una responsabilidad extracontractual de la REA a causa de la adopción de la decisión impugnada y, en segundo lugar, la existencia de una responsabilidad extracontractual de la REA desde el punto de vista del daño moral, a causa de la comunicación de informaciones relativas a la demandante.
Sobre la responsabilidad extracontractual de la REA a causa de la adopción de la decisión impugnada
144    La pretensión de indemnización de la demandante se basa en la ilegalidad de su exclusión de los proyectos Inachus y ZONeSEC, tal como ha quedado acreditada, a su juicio, en el contexto de su pretensión de anulación de la decisión impugnada.
145    La demandante sostiene que la decisión impugnada, que constituye un comportamiento ilícito, ha tenido graves consecuencias económicas para sus actividades en los entornos en que habitualmente se mueve. En lo que respecta a su participación en los proyectos Inachus y ZONeSEC, la demandante menciona, por una parte, una pérdida de ingresos derivados de ambos proyectos que asciende a 781 250 euros y, por otra, un perjuicio adicional causado por la pérdida de proyectos futuros, cuya cuantía deberá evaluar el perito que, como ha solicitado, ha de designar el Tribunal.
146    La REA sostiene que la demandante no ha demostrado en absoluto que en el presente asunto concurran los tres requisitos de la responsabilidad extracontractual.
147    Como se ha expuesto en las consideraciones anteriores, la pretensión de anulación de la decisión impugnada carece de fundamento, pues la demandante no ha demostrado la ilegalidad de dicha decisión. De ello se sigue que, puesto que la pretensión de indemnización, en lo que respecta al perjuicio económico, se basa en la misma ilegalidad que se ha invocado en apoyo de la pretensión de anulación, la pretensión de indemnización carece igualmente de fundamento, al no haber acreditado la demandante la ilegalidad del comportamiento de la REA.
148    Por lo tanto, procede desestimar por infundada la pretensión de indemnización en la medida en que se refiere a la exclusión de la demandante de los proyectos Inachus y ZONeSEC, establecida en la decisión impugnada.
149    Por otra parte, si hubiera que interpretar las alegaciones de la demandante en el sentido de que su exclusión de un proceso de negociación de los proyectos Inachus y ZONeSEC perjudicó igualmente a su imagen y a su reputación profesional, ello equivaldría no a un perjuicio material, sino a un daño moral.
150    A este respecto, en lo referente al perjuicio para su reputación resultante de su exclusión del proceso de negociación, como se ha hecho constar anteriormente, carecería igualmente de fundamento la pretensión de indemnización, en lo que respecta al daño moral, dado que se basaría en la misma ilegalidad que se ha invocado en apoyo de la pretensión de anulación, sin que la demandante haya acreditado la ilegalidad del comportamiento de la REA.
Sobre la responsabilidad extracontractual de la REA a causa de la comunicación a los miembros del consorcio de informaciones relativas a la demandante
151    La demandante hace referencia, en síntesis, a un perjuicio para su credibilidad y para su reputación derivado del comportamiento de la Comisión y de la REA. Tras haber reconocido que el valor económico de este desprestigio era difícil de evaluar, la demandante se abstuvo de cuantificarlo tanto en sus escritos procesales como en la vista.
152    Concretamente, la demandante alega que el hecho de haber puesto fin a un proceso de negociación genera un perjuicio para la empresa rechazada y que, cuando se informa de ello al consorcio, esto hace que a la empresa afectada le resulte casi imposible participar en futuros proyectos europeos, lo que es probablemente la intención de la REA.
153    La demandante alega que el personal de la REA difundió informaciones negativas sobre su situación y recomendó al consorcio que la eliminara de los proyectos de que se trata. Según la demandante, ello constituye una presión «perversa e inaceptable» de la REA, que retrasaba los procesos de negociación y sólo pretendía estigmatizar abiertamente a la demandante y al Sr. S. como participantes no deseados en proyectos europeos. Así, todo consorcio en el que la demandante pudiera participar correría el riesgo de verse perjudicado por la animadversión de la REA hacia ella y el Sr. S. La demandante sostiene que, mediante estas presiones, la REA retrasó los procesos de negociación a fin de estigmatizarla. Sostiene igualmente que la Comisión ha prejuzgado las competencias profesionales, y no sólo las capacidades jurídicas de las dos empresas, a saber, la sociedad R. y la demandante, como actores económicos.
154    En lo que respecta al perjuicio causado a la reputación de la demandante, la REA alega, por su parte, que la pretensión de indemnización de que se trata es parcialmente inadmisible, dado que concierne al Sr. S., que no es parte en el procedimiento, e infundada, dado que la REA respetó en todo momento el procedimiento contradictorio y los derechos de la demandante. Por otra parte, la REA alega la inexistencia de relación de causalidad entre su comportamiento y el perjuicio invocado.
155    En la medida en que la demandante alega que la comunicación de ciertas informaciones por parte de la REA perjudicó a su imagen y a su reputación profesional, no invoca un perjuicio material (véase el apartado 94 supra), sino un daño moral (véanse, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 1999, New Europe Consulting y Brown/Comisión, T‑231/97, EU:T:1999:146, apartados 54 a 56, y el auto de 4 de septiembre de 2009, Inalca y Cremonini/Comisión, T‑174/06, no publicado, EU:T:2009:306, apartado 77). Así pues, procede examinar, conforme a la jurisprudencia recordada anteriormente, si la demandante ha demostrado que las informaciones difundidas por la REA podrían causarle un daño de esa índole.
156    En primer lugar, en la medida en que la pretensión formulada por la demandante incluye el perjuicio supuestamente causado a la reputación de su administrador único, el Sr. S., procede declarar la inadmisibilidad de esta pretensión, ya que este último no es parte en el presente procedimiento. Además, en la medida en que la presente pretensión de indemnización se refiere al comportamiento de la Comisión, procede también declararla inadmisible, ya que el presente recurso no va dirigido contra esta última.
157    En lo referente al daño moral derivado de la comunicación de ciertas informaciones por parte de la REA, la demandante se limita a remitirse a los anexos nos 33, 35 y 36 de su demanda a fin de mostrar el comportamiento de la REA. Sin embargo, de este modo no documenta ni demuestra el comportamiento denigrante de la REA.
158    En efecto, esos anexos recogen correos electrónicos: en uno de ellos se informa a los participantes en el proyecto ZONeSEC del retraso en el procedimiento (correo electrónico de 25 de febrero de 2014 del Sr. K., Senior Research Consultant de la empresa E.); en otro de estos correos se sustituye al Sr. S. por otra persona y se discuten detalles del presupuesto (correo electrónico de 27 de septiembre de 2013 del Sr. M. G., Director del Departamento de Telecomunicaciones de la sociedad A.); un tercer correo trata de la capacidad operativa de la sociedad A., en particular en lo referente a la participación del Sr. S. como consultor externo, en relación con un proyecto que no es objeto del presente procedimiento (correo electrónico de 22 de octubre de 2013 del Sr. M. G. de la sociedad A., dirigido entre otros al Sr. K. de la Comisión). Procede indicar igualmente que la demandante hace referencia, en el apartado 75 de su demanda, a un documento recogido en el anexo n.º 37 de esta última, que a su juicio demuestra el impacto de la acción de la Comisión contra el Sr. S. Ahora bien, por una parte, este documento y esta imputación de la demandante deben considerarse inoperantes en el presente recurso dirigido contra la REA, ya que se refieren a una supuesta acción de la Comisión. Por otra parte, en cualquier caso, la correspondencia entre el Sr. S. y la Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart (Cámara de Comercio e Industria de la Región de Stuttgart, Alemania) reproducida en este documento no acredita ningún comportamiento denigrante de la REA contra la demandante.
159    Por otro lado, la demandante, además de no indicar expresamente qué norma jurídica que confiera derechos a los particulares fue violada a su juicio en el presente asunto, no demuestra la realidad del daño, ni la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento de la REA y el perjuicio invocado.
160    Se desprende del análisis anterior que la demandante no ha demostrado la existencia de ninguno de los requisitos necesarios para que se genere la responsabilidad extracontractual de la REA. Así pues, procede desestimar la pretensión de indemnización de la demandante basada en un supuesto daño moral derivado de la comunicación de ciertas informaciones por parte de la REA y, por tanto, el recurso de indemnización en su totalidad.
161    En lo que respecta a las solicitudes de la demandante de que el Tribunal ordene un interrogatorio de testigos y un dictamen pericial a fin de documentar y de cuantificar el perjuicio sufrido, es preciso hacer constar que, como debe desestimarse el recurso de indemnización, procede desestimar también estas solicitudes de diligencias de prueba formuladas por la demandante, pues no se ha acreditado la utilidad de tales diligencias para las necesidades del proceso.
Costas
162    A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Como las pretensiones de la demandante han sido desestimadas en lo esencial, procede condenarla en costas en el presente procedimiento, conforme a lo solicitado por la REA. En lo referente a las costas del procedimiento de medidas provisionales, ante la falta de pretensiones específicas de la REA, cada parte cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:
1)      Desestimar el recurso.
2)      Condenar en costas en el presente procedimiento a Holistic Innovation Institute, S.L.U.
3)      En lo referente a las costas del procedimiento de medidas provisionales, cada parte cargará con sus propias costas.
Dittrich
Schwarcz
Tomljenović
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de febrero de 2017.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
V. Tomljenović
* Lengua de procedimiento: español.