Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 10 de julio de 2025 (1)
Asunto C‑151/24 [Luevi] (i)
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
contra
V. M.
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia)]
« Procedimiento prejudicial — Directiva 2011/98/UE — Derechos de los trabajadores de terceros países titulares de un permiso único — Artículo 12 — Derecho a la igualdad de trato — Seguridad social — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 3 — Ramas de la seguridad social — Artículo 70 — Prestaciones especiales en metálico no contributivas — Subsidio social — Normativa nacional que excluye de un subsidio social a los nacionales de terceros países titulares de un permiso único »
I.      Introducción
1.        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. (2)
2.        Esta petición trae causa de un litigio entre V. M., nacional albanesa residente en Italia, y el Istituto nazionale della previdenza sociale (Instituto Nacional de Previsión Social, Italia) (en lo sucesivo, «INPS») en relación con la negativa de este último a concederle una prestación en metálico reservada a personas mayores de 67 años que se encuentran en una situación económica precaria.
3.        Brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar el ámbito de aplicación material del artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98, que establece la igualdad de trato en materia de seguridad social para los trabajadores migrantes nacionales de terceros países y titulares de un permiso único con los nacionales del Estado miembro en el que residen. En las presentes conclusiones, expondré las razones que, en mi opinión, justifican que el subsidio social de que se trata en el litigio principal esté excluido.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
4.        En las presentes conclusiones, me remitiré a los considerandos 19 y 20 de la Directiva 2011/98 y a los artículos 2, letras b) y c), 3, apartado 1, letras b) y c), y 12 de dicha Directiva.
5.        También haré referencia al considerando 1 del Reglamento (CE) n.º 883/2004, (3) a sus artículos 3 y 70 y a su anexo X.
B.      Derecho italiano
6.        El artículo 3, apartado 6, de la legge n. 335 — Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (Ley n.º 335 relativa a la reforma del régimen de pensiones obligatorio y complementario), de 8 de agosto de 1995, (4) dispone que, en lugar de la pensión social y de sus incrementos, los ciudadanos italianos residentes en Italia que hayan cumplido 65 años (desde el 1 de enero de 2019, 67 años) y que reúnan los requisitos en materia de ingresos previstos en ese apartado, recibirán un subsidio social. Si la persona cuenta con ingresos propios, el subsidio se concede, en principio, en una cuantía reducida hasta alcanzar el importe neto anual previsto por la ley. Los sucesivos incrementos de ingresos superiores al límite máximo conllevarán la suspensión del subsidio social. (5)
7.        El artículo 80 de la legge n. 388 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) [Ley n.º 388 por la que se establecen las disposiciones sobre la elaboración de los presupuestos anuales y plurianuales del Estado (Ley de estabilidad 2001)], (6) de 23 de diciembre de 2000, dispone, en el apartado 19, que el subsidio social y las prestaciones económicas que constituyen derechos subjetivos en virtud de la normativa vigente en materia de servicios sociales se concederán, en las condiciones establecidas en dicha normativa, a los ciudadanos extranjeros titulares de una tarjeta de residencia; (7) en lo que respecta a las demás prestaciones y servicios sociales, se asimilarán a los ciudadanos italianos aquellos extranjeros que sean titulares, al menos, de un permiso de residencia de una duración mínima de un año.
8.        El artículo 20, apartado 10, del decreto-legge n. 112 — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (Decreto‑ley n.º 112 por el que se adoptan medidas urgentes para el desarrollo económico, la racionalización, la competitividad, la estabilización presupuestaria y la adecuación tributaria), (8) de 25 de junio de 2008, convalidado, con modificaciones, mediante la legge n. 133 (Ley n.º 133), de 6 de agosto de 2008, (9) establece lo siguiente:
«A partir del 1 de enero de 2009, el subsidio social a que se refiere el artículo 3, apartado 6, de la [Ley n.º 335/95] se abonará a los beneficiarios, siempre que hayan residido legal e ininterrumpidamente durante al menos diez años en el territorio nacional.»
III. Hechos del litigio principal y cuestión prejudicial
9.        V. M., nacional albanesa, reside legalmente en Italia desde 2006 y es titular de un permiso de residencia concedido por motivos familiares, (10) con autorización para trabajar en dicho Estado miembro, como se desprende de los autos remitidos al Tribunal de Justicia.
10.      El INPS se negó a abonarle el subsidio social previsto en el artículo 3, apartado 6, de la Ley n.º 335/95 alegando que no disponía de un permiso de residencia de residente de larga duración‑UE.
11.      Después de que su recurso contra esa resolución fuera desestimado en primera instancia, la Corte d’appello di Firenze (Tribunal de Apelación de Florencia, Italia) estimó su pretensión sobre la base de que la concesión del subsidio social en cuestión únicamente está supeditada al requisito de haber residido en Italia durante al menos diez años.
12.      A raíz del recurso de casación interpuesto contra dicha resolución por el INPS, mediante auto de 8 de marzo de 2023, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) planteó a la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia), tribunal remitente, diversas cuestiones basadas en varias disposiciones de la Costituzione (Constitución), interpretadas en relación con el artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (11) y el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98, sobre la constitucionalidad del artículo 80, apartado 9, de la Ley n.º 388/2000, en la medida en que este artículo supedita la concesión del subsidio en cuestión al requisito adicional de que los extranjeros sean titulares de un permiso de residencia de residente de larga duración‑UE.
13.      Remitiéndose a la jurisprudencia anterior de la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional), la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) consideró la existencia de una obligación constitucional de conceder el subsidio social en cuestión a un extranjero sin permiso de residencia de larga duración-UE, como consecuencia de la «recíproca penetración reconocida de los valores que subyacen al artículo 3 de la Constitución y al artículo 34 de la Carta» y de la distinta interpretación que el Tribunal de Justicia realiza del artículo 12 de la Directiva 2011/98. (12)
14.      Además, la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación) estimó que el artículo 3, apartado 6, de la Ley n.º 335/95 es contrario al artículo 38, párrafo primero, de la Constitución, «toda vez que no puede cuestionarse la estrecha relación que existe entre esa disposición y el artículo 34 de la Carta, que, al consagrar el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda, pretende “garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes” (sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj, C‑571/10, EU:C:2012:233)».
15.      La Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) subraya que las nuevas cuestiones de inconstitucionalidad que se le han planteado se basan en disposiciones de la Carta y que debe responderlas recurriendo a sus propios instrumentos. (13) Considera que suponen principalmente determinar si el subsidio social en cuestión es una de las prestaciones de seguridad social respecto de las cuales los nacionales de terceros países titulares de un permiso de residencia expedido con fines laborales o que, al menos, les permite trabajar, gozan de igualdad de trato con arreglo al artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98.
16.      A tal efecto, la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) especifica que el subsidio social en cuestión es una prestación en metálico que el INPS concede, previa solicitud, a las personas mayores de 65 años (a partir del 1 de enero de 2019, mayores de 67 años) que se encuentran en una situación económica precaria por carecer de ingresos o que perciben ingresos inferiores al umbral fijado anualmente por ley para el importe máximo de ese subsidio.
17.      La Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) recuerda su jurisprudencia según la cual, por un lado, el subsidio social en cuestión se concede con independencia de que el beneficiario haya sido trabajador y es «una prestación meramente asistencial». (14) Su única finalidad es dar respuesta a un estado de necesidad derivado de la indigencia en la que se encuentran las personas sin recursos económicos adecuados y cuya capacidad para trabajar está mermada debido a su vejez.
18.      Por otro lado, en su sentencia n.º 50/2019, de 4 de diciembre de 2018, la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) dictaminó que «queda a discreción del legislador conceder una prestación en metálico a un extranjero indigente sin pensión condicionándolo a que su integración en la sociedad lo ha hecho merecedor de recibir la misma asistencia que la concedida a un ciudadano italiano». Consideró que la igualdad de acceso a la asistencia social entre los ciudadanos italianos o de la Unión y los nacionales de terceros países debe limitarse a los servicios y a las prestaciones que, al satisfacer «una necesidad primordial de la persona que no permite distinciones en función del arraigo territorial», concreten el disfrute de los derechos fundamentales de las personas. En tal caso, no se pueden permitir restricciones relacionadas con la naturaleza limitada de la financiación disponible. En cambio, el legislador puede reservar la concesión de otras prestaciones a las personas que hayan acreditado una integración permanente y activa en la sociedad italiana mediante la obtención de un permiso de residencia de larga duración-UE. Esto presupone, a diferencia de la mera residencia legal en Italia, generar ingresos, disponer de una vivienda y conocer la lengua italiana, elementos que constituyen «indicadores razonables [de su] participación» en la vida social, lo que contribuye al progreso de la sociedad.
19.      A la luz del Derecho de la Unión, el tribunal remitente señala, en primer lugar, que el subsidio social en cuestión está expresamente incluido entre las prestaciones especiales en metálico no contributivas, también denominadas «mixtas», definidas en el artículo 70 del Reglamento n.º 883/2004, al figurar en su anexo X. En segundo lugar, analiza la redacción del artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98 y el régimen jurídico de dichas prestaciones «mixtas». Recuerda, en particular, los requisitos para su concesión, en los términos precisados por el Tribunal de Justicia, tanto para los ciudadanos de la Unión (15) como para los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión, (16) antes de que fueran proclamados por el legislador de la Unión. Deduce de ello que los nacionales de terceros países que se desplazan al territorio de la Unión, al igual que los ciudadanos de los Estados miembros, deben contribuir al sistema de previsión social del Estado al que solicitan dicha prestación.
20.      Por último, el tribunal remitente considera que el principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98 no puede conferir a los nacionales de terceros países titulares de los permisos de residencia contemplados en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de esa Directiva una protección más amplia que la que establece el régimen de coordinación de los sistemas de seguridad social, previsto en el Reglamento n.º 883/2004, al que se refiere dicho artículo.
21.      El tribunal remitente concluye, por tanto, que los nacionales de terceros países a los que se aplica el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98 solo pueden recibir el mismo trato que los nacionales del Estado miembro en el que residen en caso de que sean trabajadores y únicamente en lo que respecta a las prestaciones de las ramas de la seguridad social enumeradas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, mientras que, para tener derecho a las prestaciones especiales previstas en el artículo 70 de dicho Reglamento, entre las que se incluye el subsidio social en cuestión, están necesariamente sometidos a los requisitos expresamente previstos al efecto en el régimen de coordinación y en la legislación del Estado miembro de acogida.
22.      Por consiguiente, duda de que el mero hecho de ser titular de un permiso de residencia que autorice a trabajar en un Estado miembro, en el sentido de la Directiva 2011/98, confiera a los nacionales de terceros países el derecho a acceder a las prestaciones «mixtas» en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro en el que residen.
23.      En estas circunstancias, la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva [2011/98] como expresión concreta de la protección del derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social reconocida en el artículo 34, apartados 1 y 2, de la [Carta], en el sentido de que su ámbito de aplicación comprende una prestación como el subsidio social establecido en el artículo 3, apartado 6, de la [Ley n.º 335/95] y, por consiguiente, el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que no extiende a los extranjeros titulares del permiso único contemplado en [esa misma] Directiva la prestación antes citada, que se reconoce a los extranjeros a condición de que sean titulares del permiso de residencia de residentes de larga duración‑UE?»
24.      V. M., el INPS, el Gobierno italiano y la Comisión Europea presentaron observaciones escritas y participaron en la vista celebrada el 7 de mayo de 2025, en la que respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia para su respuesta oral.
IV.    Análisis
25.      En mi opinión, procede realizar dos observaciones preliminares en relación con la cuestión prejudicial.
26.      En primer término, el tribunal remitente afirma que el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98 concreta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social consagrado en el artículo 34, apartados 1 y 2, de la Carta.
27.      De este modo, se hace eco de lo que el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia INPS C‑350/20 basándose en la remisión al Reglamento n.º 883/2004 recogida en el artículo 12, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, interpretado a la luz de su considerando 31, el cual enuncia, en particular, que dicha Directiva observa los principios reconocidos por la Carta. (17)
28.      En segundo término, el tribunal remitente aborda la situación de los «extranjeros titulares del permiso único». Habida cuenta de la constatación realizada por el Tribunal de Justicia sobre el ámbito de aplicación personal del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2011/98 en su sentencia INPS C‑350/20, (18) debe aclararse que la interpretación de dicha disposición solicitada por el tribunal remitente no se limita a las situaciones en las que trabajadores de terceros países han sido admitidos en un Estado miembro con el fin de trabajar de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional. (19) Tal y como contempla expresamente el artículo 12, apartado 1, de dicha Directiva, esa disposición se aplica asimismo a los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos en un Estado miembro para fines distintos de trabajo de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, estén autorizados a trabajar y sean titulares de un permiso de residencia de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1030/2002. (20)
29.      Por consiguiente, teniendo en cuenta lo decidido en la sentencia INPS C‑350/20, (21) propongo al Tribunal de Justicia que, por analogía con la reformulación de la cuestión prejudicial realizada en dicha sentencia, (22) considere que mediante su única cuestión prejudicial el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que excluye a los nacionales de terceros países a los que se refiere el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de esa Directiva de un subsidio concedido, con arreglo a dicha normativa, a las personas mayores de 65 años (a partir del 1 de enero de 2019, mayores de 67 años) que se encuentren en una situación económica precaria y tengan limitada su capacidad para trabajar por razón de su edad. (23)
30.      El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2011/98 consagra el principio de igualdad de trato de los trabajadores de terceros países, (24) mencionados en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de esa Directiva, con los trabajadores nacionales en el Estado miembro en que residan en diversos ámbitos, en particular, las condiciones laborales, la educación y la formación, así como los beneficios fiscales. En particular, en lo que respecta a la seguridad social, el artículo 12, apartado 1, letra e), de dicha Directiva hace referencia a las «ramas de la seguridad social, según lo definido en el Reglamento […] n.º 883/2004». (25)
31.      Del considerando 19 de la Directiva 2011/98 se desprende claramente que se trata de una armonización mínima, ya que el objetivo de esta Directiva es especificar los ámbitos en los que se contempla la igualdad de trato.
32.      Otras directivas también efectúan una remisión idéntica. (26) Esta concordancia se hará extensiva a la Directiva 2003/109/CE (27) si prospera la propuesta de la Comisión de introducir la referencia al Reglamento n.º 883/2004 en el contexto de la refundición de dicha Directiva. (28)
33.      En cuanto al ámbito de aplicación personal del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2011/98, como se ha recordado en el punto 28 de las presentes conclusiones, ha de añadirse, en primer término, que no es necesario que los nacionales de terceros países tengan en todo momento un empleo real. (29)
34.      Por consiguiente, no puede afirmarse, como hace el INPS, que, «para que se reconozca la igualdad de trato en materia de seguridad social, no basta con que el extranjero sea titular de un permiso de residencia, sino que también es necesario que contribuya a la economía del Estado miembro de acogida ejerciendo una actividad profesional y pagando los impuestos correspondientes».
35.      En segundo término, el considerando 20 de la Directiva 2011/98, relativo al derecho a la igualdad de trato previsto en su artículo 12, también hace referencia a «los miembros de la familia de un trabajador de un tercer país admitidos de acuerdo con la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar [(30)]». En cuanto a la situación en la que los miembros de la familia de un trabajador nacional de un tercer país que es titular de un permiso único gozan directamente del derecho a la igualdad de trato a que se refiere en particular dicho considerando, el Tribunal de Justicia ha declarado que «este derecho se confiere a esas personas en su propia condición de trabajadores, aunque su llegada al Estado miembro de acogida se debiera al hecho de que eran miembros de la familia de un trabajador nacional de un tercer país». (31)
36.      En el presente asunto, en la vista se aclaró que V. M. nunca ha trabajado en Italia y que vive con su hijo, que tiene el estatuto de residente de larga duración-UE. Al estar autorizada a trabajar, (32) parece, por tanto, que está comprendida en el ámbito de aplicación personal del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2011/98.
37.      En lo tocante al ámbito de aplicación material del derecho a la igualdad de trato establecido en el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98, este queda determinado por el Reglamento n.º 883/2004, al que se remite. (33) La pregunta de la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) versa sobre el significado y alcance de la expresión «ramas de la seguridad social, según lo definido en el Reglamento […] n.º 883/2004».
38.      Las ramas de la seguridad social se mencionan en el artículo 3 del referido Reglamento, titulado «Campo de aplicación material».
39.      El artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento establece el principio de que el Reglamento «se aplicará a toda la legislación relativa a las ramas de seguridad social relacionadas con» nueve categorías de prestaciones y un subsidio que en él se enumeran de forma taxativa.
40.      El artículo 3, apartado 5, del Reglamento n.º 883/2004 recoge las excepciones. A tenor de la letra a) de esta disposición, el Reglamento «no se aplicará a la asistencia social y sanitaria». (34)
41.      El artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.º 883/2004 dispone que este Reglamento «también se aplicará a las prestaciones especiales en metálico no contributivas previstas en el artículo 70» del referido Reglamento.
42.      La redacción del citado apartado 3, por una parte, y los criterios adoptados por el legislador de la Unión en el artículo 70 para definir las prestaciones especiales en metálico no contributivas, por otra, podrían plantear una duda.
43.      En cuanto al hecho de que en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.º 883/2004 se utilice el adverbio «también», considero que debe leerse a la luz del objetivo perseguido por dicho Reglamento, en la medida en que pretende promover la libre circulación de trabajadores (35) definiendo normas para la coordinación de los sistemas de seguridad social entre los Estados miembros. (36) Por ello, su ámbito de aplicación material incluye las prestaciones no contributivas, de conformidad con los límites establecidos en el considerando 37 del Reglamento.
44.      Los criterios para determinar las prestaciones especiales en metálico no contributivas son los siguientes:
–        estas prestaciones están previstas en la «legislación que, por su alcance personal, objetivos y condiciones para su concesión presenten características tanto de legislación de seguridad social a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 [del Reglamento n.º 883/2004] como de asistencia social», (37) y
–        tienen por objeto proporcionar «cobertura adicional, sustitutoria o auxiliar de los riesgos cubiertos por las ramas de seguridad social mencionadas en el apartado 1 del artículo 3 [de dicho Reglamento], que garantice a las personas en cuestión unos ingresos mínimos de subsistencia respecto a la situación económica y social en el Estado miembro de que se trate». (38)
45.      Además, el artículo 1, letra l), párrafo primero, del Reglamento n.º 883/2004 define el término «legislación» «para cada Estado miembro, [como] las leyes, los reglamentos, las disposiciones estatutarias y todas las demás medidas de aplicación que afecten a las ramas de seguridad social contempladas en el apartado 1 del artículo 3 [del citado Reglamento]». (39)
46.      Por consiguiente, en tanto en cuanto proporcionen cobertura parcial o total de «los riesgos cubiertos por las ramas de seguridad social mencionadas en el apartado 1 del artículo 3» del Reglamento n.º 883/2004, ¿las prestaciones especiales en metálico no contributivas podrían estar comprendidas en la igualdad de trato consagrada en el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98 a favor de los nacionales de terceros países autorizados a trabajar en un Estado miembro?
47.      En primer lugar, ha de subrayarse que las expresiones citadas en los puntos 44 y 45 de las presentes conclusiones no deben disminuir la importancia de la otra característica mencionada en el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, a saber, la de «asistencia social», que se detalla en el apartado 2, letra a), inciso i), de ese artículo. (40)
48.      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que las «prestaciones especiales en metálico no contributivas» contempladas en el artículo 70, apartado 2, de dicho Reglamento están comprendidas en el concepto de «prestaciones de asistencia social» en el sentido del artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE. (41) Ha precisado que este concepto se refiere a todos los regímenes de ayudas establecidos por autoridades públicas, sea a escala nacional, regional o local, a los que recurre un individuo que no dispone de recursos suficientes para sus necesidades básicas y las de los miembros de su familia. (42)
49.      Asimismo, de la sentencia Alimanovic se desprende que debe buscarse la función preponderante del subsidio discutido para considerar que puede ser clasificado como una «prestación especial en metálico no contributiva». Así pues, será el caso cuando el mencionado subsidio garantice los medios de subsistencia mínimos necesarios para llevar una vida acorde con la dignidad humana. (43)
50.      Por último, según reiterada jurisprudencia, una prestación que se conceda a sus beneficiarios, al margen de cualquier apreciación individual y discrecional de las necesidades personales, en función de una situación legalmente definida, y que se refiera a alguno de los riesgos expresamente enumerados en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004, puede calificarse de prestación de seguridad social. (44)
51.      En segundo lugar, cabe señalar que dos criterios adicionales establecidos en el Reglamento n.º 883/2004 permiten diferenciar las prestaciones contempladas en el artículo 70 de dicho Reglamento de las incluidas en las ramas de la seguridad social, a saber:
–        «cuando la financiación proceda exclusivamente de la tributación obligatoria destinada a cubrir el gasto público general, y las condiciones de concesión y cálculo de las prestaciones, no dependan de ninguna contribución del beneficiario», (45) y
–        figuren en el anexo X. (46)
52.      En tercer lugar, es preciso destacar que estas prestaciones están sujetas a un régimen jurídico específico. En particular, de conformidad con el artículo 70, apartado 4, del Reglamento n.º 883/2004, serán facilitadas únicamente en el Estado miembro en el que las personas interesadas residan, de conformidad con su legislación. Serán facilitadas y sufragadas por la institución del lugar de residencia.
53.      En estas circunstancias, observo, en primer término, que la expresión «ramas de la seguridad social, según lo definido en el Reglamento […] n.º 883/2004» (47) utilizada en el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98 es lo suficientemente precisa como para deducir de ella que designa a las ramas de la seguridad social enumeradas de manera taxativa en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento. (48)
54.      No obstante, procede formular otras consideraciones en apoyo de esa apreciación, ya que de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, a efectos de la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión, deben tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos que la normativa de la que forma parte pretende alcanzar. (49)
55.      Por lo tanto, en segundo término, a efectos de proporcionar aclaraciones contextuales útiles, ha de observarse que la referencia a las ramas de la seguridad social enumeradas en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004 puede hallar justificación en el ámbito de aplicación personal del derecho a la igualdad de trato consagrado en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2011/98. (50) Ese ámbito de aplicación se circunscribe a los trabajadores que, por razón de su condición, perciban una remuneración sujeta a la obligación de contribuir a la cobertura social de los riesgos relacionados con el empleo. (51) En efecto, en virtud de los Reglamentos n.º 883/2004 y (CE) n.º 987/2009, (52) los trabajadores por cuenta ajena o propia y sus familiares están cubiertos, en principio, por el sistema de seguridad social del Estado miembro en el que ejercen su actividad por cuenta ajena o propia en las mismas condiciones que los nacionales. Por tanto, el criterio basado en el vínculo con el Estado miembro de acogida no es pertinente. (53)
56.      Así pues, el legislador de la Unión optó expresamente por no hacer extensivo el derecho a la igualdad de trato consagrado en el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2011/98 a las prestaciones que no pueden clasificarse de «prestaciones de seguridad social» en el sentido del artículo 3 del Reglamento n.º 883/2004, incluidas, por tanto, las contempladas en el artículo 70 de dicho Reglamento, debido a sus características, vinculadas esencialmente a la apreciación individual y discrecional de las necesidades de los beneficiarios que no son exclusivamente trabajadores. (54)
57.      Por el contrario, se ha consagrado la igualdad de derechos en el ámbito de la asistencia social para los nacionales de terceros países residentes de larga duración (55) debido a su «estatuto más privilegiado», tal como se expresa en el considerando 8 de la Directiva 2011/98, concedido en razón de su nivel de integración. (56)
58.      Esta diferencia en la igualdad de derechos a las prestaciones de asistencia social, justificada por la duración de la residencia como criterio de integración de los interesados, sin restricciones en cuanto a la existencia de recursos suficientes para su propia manutención y la de los miembros de sus familias sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate, (57) es comparable a la prevista para los ciudadanos «móviles» de la Unión. (58)
59.      Este es el caso de los ciudadanos de la Unión que han adquirido un derecho de residencia permanente tras haber residido legalmente durante un período continuado de cinco años en el Estado miembro de acogida. (59) En lo que respecta asimismo al derecho a una prestación de asistencia social, y conforme a esa misma lógica de integración, el legislador de la Unión optó por establecer en el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38, con respecto al período anterior y teniendo en cuenta los períodos cortos de estancia de los ciudadanos inactivos, una excepción al principio de no discriminación —que se recuerda en el apartado 1 de ese artículo— para los ciudadanos de la Unión cuya residencia cumpla los requisitos previstos en dicha Directiva. (60) Además, los ciudadanos de la Unión que reúnan los requisitos para la concesión de un derecho de residencia como consecuencia de su nivel de recursos quedan efectivamente excluidos del acceso a las prestaciones de asistencia social en el Estado miembro de acogida durante un plazo comprendido entre los tres meses y los cinco años. (61)
60.      Sin embargo, sigue habiendo una diferencia importante. Los nacionales de terceros países a los que se aplica la Directiva 2011/98 no gozan de los mismos derechos en materia de asistencia social, mientras que los ciudadanos de la Unión que también son trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia o que conservan tal condición (62) y los miembros de sus familias tienen derecho a las mismas prestaciones de asistencia social que los nacionales desde el comienzo de su estancia. (63)
61.      Por consiguiente, conviene recordar, en tercer término, el objetivo del legislador de la Unión, en los términos expresados en el considerando 19 de la Directiva 2011/98, a la luz del cual debe interpretarse su artículo 12, apartado 1, letra e). (64)
62.      Entiendo que este considerando define reiteradamente el grado de igualdad de trato que se establece.
63.      En efecto, partiendo de la observación de que, en ausencia de una legislación horizontal de la Unión, los derechos concedidos a los nacionales de terceros países en los Estados miembros diferían, se decidió especificar, en particular, los ámbitos en los que se contempla la igualdad de trato entre los nacionales de un Estado miembro y tales nacionales de terceros países que aún no tienen el estatuto de residentes de larga duración.
64.      El objetivo enunciado en el citado considerando es precisamente el de «establecer un nivel mínimo de igualdad de condiciones en la Unión, reconocer que tales nacionales de terceros países contribuyen, mediante su trabajo y los impuestos que pagan, a la economía de la Unión, y actuar de salvaguardia para reducir la competencia desleal entre los nacionales de un Estado miembro y los nacionales de terceros países derivada de la posible explotación de estos últimos». (65)
65.      Por lo tanto, debido a la intención del legislador de la Unión así expresada, es coherente, por una parte, delimitar estrictamente, para estancias de una duración determinada, un conjunto mínimo de derechos comunes dentro de los límites de su competencia en el ámbito de la seguridad social, como se recuerda en el considerando 26 de la Directiva 2011/98, (66) y, por otra parte, reservar la igualdad de derechos a las prestaciones reguladas por la legislación del Estado miembro en el que el nacional de un tercer país haya sido autorizado para trabajar (67) o esté registrado como desempleado después de un período mínimo de empleo. (68)
66.      Así pues, del considerando 19 de la Directiva 2011/98 se desprende claramente que esta tiene por objeto lograr una armonización mínima y no realizar una estricta asimilación entre la situación de los nacionales de terceros países y la de los nacionales del Estado miembro en el que viven.
67.      Este objetivo se expresa de nuevo en términos casi idénticos (69) en la Directiva 2024/1233. (70)
68.      Así pues, queda confirmado que el consenso de los Estados miembros en cuanto al principio de igualdad de derechos, tanto en el artículo 12 de la Directiva 2011/98 como en el artículo 11 de la Directiva 2003/109, se basa en la limitación de los ámbitos en los que está garantizado este principio y en la posibilidad de establecer excepciones a ese principio en determinadas circunstancias. (71)
69.      Todas estas aclaraciones contextuales y teleológicas confirman el marco de la interpretación del Tribunal de Justicia impuesto por la referencia a las «ramas de la seguridad social, según lo definido en el Reglamento […] n.º 883/2004», en el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98. (72) Por consiguiente, el derecho a la igualdad de trato de las personas incluidas en esa Directiva no se aplica a las prestaciones especiales en metálico no contributivas, tal como se definen en el artículo 70 del citado Reglamento.
70.      En el presente asunto, aunque V. M. discrepa de que el subsidio en cuestión sea una prestación «mixta» (73) que figure en el anexo X, epígrafe Italia, letra g), del Reglamento n.º 883/2004, sostiene que «una prestación de subsistencia concedida a las personas de edad avanzada no es sin duda ajena al “riesgo de vejez”, por lo que se corresponde seguramente con alguna de las ramas mencionadas en el [artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento]». Por consiguiente, considera justificado que ese subsidio esté comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98.
71.      Considero que este enfoque equivale a poner en tela de juicio la distinción entre las prestaciones a que se refiere el artículo 3, apartados 1 y 3, del Reglamento n.º 883/2004. (74)
72.      Procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que la concesión de las prestaciones de vejez contempladas en el artículo 3, apartado 1, letra d), del Reglamento n.º 883/2004 no debe depender de la apreciación individual de las necesidades personales del solicitante, que es el criterio de calificación de una prestación de asistencia social, y que las prestaciones de vejez se caracterizan, esencialmente, por tratar de asegurar medios de subsistencia a las personas que, una vez alcanzada una determinada edad, dejan de trabajar y no están ya obligadas a ponerse a disposición del servicio de empleo. (75) Por lo tanto, el mero hecho de que las prestaciones se abonen para completar los medios de subsistencia de las personas que hayan alcanzado una determinada edad no es suficiente para calificarlas de prestaciones de vejez. (76)
73.      Por consiguiente, y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, baste señalar que no se discute el carácter especial y no contributivo del subsidio en cuestión, que figura en el anexo X del Reglamento n.º 883/2004. (77) El tribunal remitente destaca asimismo que el subsidio en cuestión es una prestación asistencial en la medida en que su única finalidad es dar respuesta a un estado de necesidad derivado de la indigencia en la que se encuentran las personas sin recursos económicos adecuados y cuya capacidad para trabajar está mermada debido a su vejez. (78)
74.      Por lo tanto, debe inferirse que el subsidio social en cuestión no está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98, aunque satisfaga necesidades básicas en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que interpreta el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/109, relativo al principio de igualdad de trato aplicable a los nacionales de terceros países residentes de larga duración.
75.      Estas «necesidades básicas» han sido definidas por el Tribunal de Justicia como alimentación, vivienda y salud. Este tribunal ha declarado que están englobados en el concepto de «prestaciones básicas», cuya concesión no puede ser excluida por los Estados miembros, en virtud del artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/109, en el ámbito de la asistencia social y de la protección social. (79)
76.      En la práctica, para los nacionales de terceros países titulares de un permiso único, es legítimo considerar que las condiciones de concesión y renovación de dicho título, relativas a tener un empleo y a cumplir el requisito de recursos suficientes, hacen que sea improbable que resulte necesario solicitar tales prestaciones básicas. Sin embargo, la situación de estas personas puede cambiar antes de que se renueve el título, hipótesis que la Comisión planteó acertadamente en la vista. Pues bien, según el análisis del tribunal remitente, el subsidio en cuestión tiene por objeto garantizar una existencia digna a quienes no disponen de recursos suficientes.
77.      En este contexto, parece oportuno señalar, por una parte, que la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) ha argumentado que las prestaciones se abonan para satisfacer «una necesidad primordial de la persona que no permite distinciones en función del arraigo territorial». (80) El Gobierno italiano explicó en la vista que estas prestaciones, de distinta naturaleza, sirven para atender a las personas cuya salud o seguridad estén en peligro. Asumió la explicación del tribunal remitente de que, «en este caso, la prestación no es tanto un componente de la asistencia social (que el primer párrafo del artículo 38 de la Constitución reserva a los “ciudadanos”), como un instrumento necesario para garantizar un derecho fundamental de la persona (artículo 2 de la Constitución)». (81)
78.      Por otra parte, creo que hay que tener en cuenta otras situaciones individuales de menor gravedad, pero que afectan a la dignidad de los nacionales de terceros países titulares de un permiso único. Una vez que un nacional de este tipo reside legalmente en el territorio de un Estado miembro, las autoridades nacionales competentes en materia de prestaciones de asistencia social deben verificar que la negativa a concederle tales prestaciones sobre la base del permiso de residencia que posee no expone al nacional de que se trate, que carece de recursos para satisfacer sus necesidades, a un riesgo concreto y actual de vulneración de sus derechos fundamentales, en particular, el consagrado en el artículo 1 de la Carta. (82)
79.      Así, comparto el punto de vista expuesto por la Comisión en la vista. En efecto, en mi opinión, ciertas situaciones individuales justifican que se establezca una «red de seguridad». (83)
80.      En resumen, opino que la ausencia de igualdad de trato en el ámbito de la asistencia social de los trabajadores de terceros países a los que se refiere el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 2011/98 con los nacionales del Estado miembro en el que residen resulta de la interpretación del concepto de «ramas de la seguridad social» al que remite el artículo 12, apartado 1, letra e), de dicha Directiva. Sin embargo, esta interpretación no excluye que, en situaciones especialmente críticas en cuanto al respeto de los derechos fundamentales, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida lleven a cabo una evaluación global, sin esperar a que se tenga que asumir un riesgo que ponga en peligro la vida.
V.      Conclusión
81.      A la vista de todas las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a la cuestión prejudicial planteada por la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia):
«El artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a una normativa nacional que excluye a los nacionales de terceros países mencionados en el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), de esa Directiva de un subsidio concedido, con arreglo a dicha normativa, a las personas mayores de 65 años (a partir del 1 de enero de 2019, mayores de 67 años) que se encuentren en una situación económica precaria y tengan limitada su capacidad para trabajar por razón de su edad.
Sin embargo, las autoridades nacionales competentes en materia de prestaciones de asistencia social deben cerciorarse de que la negativa a conceder tales prestaciones no expone a esos nacionales, que no dispusieren de recursos para satisfacer sus necesidades básicas, a un riesgo concreto y actual de vulneración de sus derechos fundamentales, en particular el consagrado en el artículo 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.»
1      Lengua original: francés.
i La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
2      DO 2011, L 343, p. 1.
3      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 988/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009 (DO 2009, L 284, p. 43) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 883/2004»).
4      GURI n.º 190, de 16 de agosto de 1995, p. 3 — Suplemento ordinario de GURI n.º 101; en lo sucesivo, «Ley n.º 335/95».
5      Este subsidio figura, respecto a Italia, en el anexo X del Reglamento n.º 883/2004.
6      GURI n.º 302, de 29 de diciembre de 2000, p. 5 — Suplemento ordinario de GURI n.º 219; en lo sucesivo, «Ley n.º 388/2000».
7      Desde 2007, la tarjeta de residencia expedida en virtud del Derecho italiano ha sido sustituida por el «permiso de residencia de la Unión de larga duración», término empleado en la petición de decisión prejudicial. En las presentes conclusiones, utilizaré la denominación empleada por el legislador de la Unión, esto es, el «permiso de residencia de residente de larga duración-UE».
8      GURI n.º 147, de 25 de junio de 2008, p. 5 — Suplemento ordinario de GURI n.º 152.
9      GURI n.º 195, de 21 de agosto de 2008, p. 3 — Suplemento ordinario de GURI n.º 196.
10      En la vista, se confirmó que V. M. obtuvo un permiso de residencia en el contexto de una reunificación familiar, en su condición de madre del reagrupante.
11      En lo sucesivo, «Carta».
12      Dicho tribunal se refiere, en particular, a la sentencia de 2 de septiembre de 2021, INPS (Subsidio de natalidad y subsidio de maternidad para los titulares de un permiso único) (C‑350/20, en lo sucesivo, «sentencia INPS C‑350/20», EU:C:2021:659).
13      Se refiere, en concreto, a la sentencia INPS C‑350/20. A este respecto, véase, en particular, el apartado 23 de dicha sentencia.
14      Se refiere a la sentencia n.º 137/2021, de 25 de mayo de 2021.
15      La Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) se refiere, en particular, a las sentencias de 11 de noviembre de 2014, Dano (C‑333/13, en lo sucesivo, «sentencia Dano», EU:C:2014:2358), apartado 83; de 15 de septiembre de 2015, Alimanovic (C‑67/14, en lo sucesivo, «sentencia Alimanovic», EU:C:2015:597), y de 25 de febrero de 2016, García-Nieto y otros (C‑299/14, EU:C:2016:114).
16      La Corte costituzionale (Tribunal Constitucional) se remite a la sentencia de 12 de octubre de 1978, Belbouab (10/78, EU:C:1978:181).
17      Véase la sentencia INPS C‑350/20, apartados 44 a 46.
18      Véase la sentencia INPS C‑350/20, apartados 48 y 49.
19      Véase la definición del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/98.
20      Reglamento del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (DO 2002, L 157, p. 1). Véase la definición recogida en el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2011/98 y su considerando 20.
21      Véase la sentencia INPS C‑350/20, apartado 47.
22      Véase la sentencia INPS C‑350/20, apartado 50.
23      Durante la vista, el requisito de residencia durante al menos diez años (véase el punto 11 de las presentes conclusiones) que establece la normativa italiana suscitó comentarios. Procede señalar que la cuestión prejudicial que plantea el tribunal remitente no hace referencia a dicho requisito. Por otra parte, en lo que respecta a un requisito análogo impuesto a los nacionales de terceros países residentes de larga duración para acceder a una medida de seguridad social, de asistencia social o de protección social, véase la sentencia de 29 de julio de 2024, CU y ND (Asistencia social — Discriminación indirecta) (C‑112/22 y C‑223/22, EU:C:2024:636).
24      Véase también el artículo 2, letra b), de la Directiva 2011/98 en lo relativo a la definición de la expresión «trabajador de un tercer país».
25      Esta expresión figura en los mismos términos en el artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva (UE) 2024/1233 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro (DO L, 2024/1233). Esta Directiva deroga la Directiva 2011/98 y se aplicará a partir del 22 de mayo de 2026. Véanse los artículos 19 y 20, párrafo segundo, de la Directiva 2024/1233.
26      Véanse el artículo 16, apartado 1, letra e), de la Directiva (UE) 2021/1883 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2021, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta cualificación, y por [la] que se deroga la Directiva 2009/50/CE del Consejo (DO 2021, L 382, p. 1), comúnmente denominada con la expresión «Directiva de la tarjeta azul»; el artículo 18, apartado 2, letra c), de la Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados intraempresariales (DO 2014, L 157, p. 1), y el artículo 23, apartado 1, letra d), de la Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros (DO 2014, L 94, p. 375). El artículo 22, apartado 2, letra b), de la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair (DO 2016, L 132, p. 21), se refiere al artículo 12, apartado 1, letra e), de la Directiva 2011/98.
27      Directiva del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DO 2004, L 16, p. 44). Véase el artículo 11, apartado 1, letra d), de esta Directiva.
28      Véanse el artículo 12, apartado 1, letra d), de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración [COM(2022) 650 final], presentada el 27 de abril de 2022, y el comentario de Melin, P., «Social security rights of third-country nationals coming from outside the EU: the scope and meaning of equal treatment», Research Handbook on European Social Security Law, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2023, pp. 353 a 378, en particular, p. 363. Esta propuesta figura sin modificaciones en el documento de 28 de noviembre de 2023 de la Secretaría General del Consejo a las delegaciones sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración — Mandato de negociación con el Parlamento Europeo (documento 16000/23). Sobre el alcance de las disposiciones relativas a la igualdad de trato de los nacionales de terceros países en virtud de diferentes estatutos en el ámbito de la seguridad social, de la asistencia social, de la protección social, así como el acceso a bienes y a servicios y al suministro de bienes y servicios a disposición del público, véase la sentencia de 28 de octubre de 2021, ASGI y otros (C‑462/20, en lo sucesivo, «sentencia ASGI», EU:C:2021:894).
29      Véase, en este sentido, el artículo 12, apartado 2, letra b), párrafo primero, de la Directiva 2011/98, relativo a las restricciones de la igualdad de trato, que establece determinadas garantías para los trabajadores de terceros países que han tenido un empleo durante un período mínimo de seis meses y que estén registrados como desempleados. Véase, a este respecto, la sentencia de 25 de noviembre de 2020, Istituto nazionale della previdenza sociale (Prestaciones familiares para residentes de larga duración) (C‑302/19, en lo sucesivo, «sentencia INPS C‑302/19», EU:C:2020:957), apartado 25.
30      DO 2003, L 251, p. 12.
31      Véase la sentencia INPS C‑302/19, apartado 30. Véase también la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Caisse d’allocation familiales des Hauts-de-Seine (C‑664/23, EU:C:2024:1046), apartado 38.
32      Véase el punto 9 de las presentes conclusiones.
33      Véase también el punto 27 de las presentes conclusiones.
34      Véase la sentencia de 15 de julio de 2021, A (Atención sanitaria pública) (C‑535/19, EU:C:2021:595), apartados 32 y 33. Véanse asimismo, para una distinción en la definición de los derechos en materia de seguridad social, por un lado, y de asistencia social y médica, por otro, los artículos 12 y 13 de la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961.
35      Véanse los considerandos 1 y 3 del Reglamento n.º 883/2004.
36      Véanse los considerandos 4 y 45 del Reglamento n.º 883/2004. Véase también, en particular, la sentencia de 2 de abril de 2020, Caisse pour l’avenir des enfants (Hijo del cónyuge de un trabajador transfronterizo) (C‑802/18, EU:C:2020:269), apartado 68.
37      Véase el artículo 70, apartado 1, del Reglamento n.º 883/2004. El subrayado es mío.
38      Véase el artículo 70, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento n.º 883/2004. El subrayado es mío. Véase, en relación con el segundo supuesto, el artículo 70, apartado 2, letra a), inciso ii), de este Reglamento.
39      El subrayado es mío.
40      Se ha de poner en relación con el artículo 13, apartado 1, de la Carta Social Europea. Véase el comentario de Eleveld, A., y Katrougalos, G., «The right to social security and social assistance in the “case law” and conclusions of the Social Rights Committee», Research Handbook on European Social Security Law, op. cit., pp. 64 a 83, en particular p. 70.
41      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77).
42      Véase la sentencia Dano, apartado 63, y la referencia por analogía a dicha sentencia en la sentencia ASGI, apartado 34.
43      Véase la sentencia Alimanovic, apartados 43, 45 y 46, y jurisprudencia citada. Véase, en sentido contrario, en el caso de las prestaciones económicas destinadas a facilitar el acceso al mercado de trabajo de un Estado miembro, independientemente de su calificación en la normativa nacional, la sentencia de 4 de junio de 2009, Vatsouras y Koupatantze (C‑22/08 y C‑23/08, EU:C:2009:344), apartado 45. Véase también, sobre la irrelevancia del hecho de que una prestación se califique o no de prestación de seguridad social con arreglo a la normativa nacional, la sentencia INPS C‑350/20, apartado 52 y jurisprudencia citada.
44      Véase la sentencia ASGI, apartado 25 y jurisprudencia citada.
45      Véase el artículo 70, apartado 2, letra b), primera frase, del Reglamento n.º 883/2004.
46      Véase el artículo 70, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 883/2004.
47      El subrayado es mío.
48      Las opiniones doctrinales a las que he tenido acceso coinciden en este sentido. Véase, en particular, Thym, D., European Migration Law, Oxford University Press, Oxford, 2023, especialmente el capítulo 15, titulado «Integration and Settlement», pp. 469 a 504, en particular el punto 15.3.3.1 (p. 482).
49      Véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335), apartado 12; de 16 de julio de 2020, AFMB y otros (C‑610/18, EU:C:2020:565), apartado 50, y de 8 de mayo de 2025, Pielatak (C‑410/13, EU:C:2025:325), apartado 54.
50      Véase el punto 28 de las presentes conclusiones.
51      Véase, sobre la condición de la contribución pública en lo relativo a las prestaciones familiares, la sentencia ASGI, apartado 28. Véase también, sobre esta correlación con la contribución a la financiación de los regímenes de seguridad social, Beduschi, A., «An Empty Shell? The Protection of Social Rights of Third-Country Workers in the EU after the Single Permit Directive», European Journal of Migration and Law, vol. 17, n.º 2-3, Wolters Kluwer, La Haya, 2015, pp. 210 a 238, en particular p. 223. Véase, además, el artículo 26 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO 2011, L 337, p. 9).
52      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2009, L 284, p. 1).
53      Véase la sentencia INPS C‑302/19, apartado 43.
54      Véanse los puntos 48 a 50 de las presentes conclusiones.
55      Véase el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Directiva 2003/109, que se refiere a «las prestaciones de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social tal como se definen en la legislación nacional». Véase, a título comparativo, el artículo 29 de la Directiva 2011/95. A este respecto, véase la sentencia ASGI, apartados 33 y 34.
56      Véase la sentencia de 29 de julio de 2024, CU y ND (Asistencia social — Discriminación indirecta) (C‑112/22 y C‑223/22, EU:C:2024:636), apartados 45 y 46. Véase, sin embargo, sobre el hecho de que los derechos garantizados por la Directiva 2003/109 no siempre son tan favorables como los garantizados por la Directiva 2011/98 si el Estado miembro afectado limita la igualdad de trato en materia social de conformidad con el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 2003/109, Verschueren, H., «Employment and Social Security Rights of Third-Country Labour Migrants under EU Law: An Incomplete Patchwork of Legal Protection», European Journal of Migration and Law, op. cit., vol. 18, n.º 4, 2016, pp. 373 a 408, en particular pp. 387 y 388. Véase también, sobre la comparación con los ciudadanos «móviles» de la Unión, Weingerl, P., y Tratnik, M., «Climbing the Wall around EU Citizenship: Has the Time Come to Align Third-Country Nationals with Intra-EU Migrants?», European Journal of International Law, European University Institute, Florencia, vol. 33, n.º 1, 2022, pp. 15 a 38.
57      Véanse el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2003/109 y Thym, D., «Article 5 — Conditions for acquiring long-term resident status», en Hailbronner, K., y Thym, D., EU Immigration and Asylum Law: a Commentary, 2.ª ed., Beck, Múnich, 2016, pp. 453 a 460, en particular el punto 7 (p. 456).
58      De conformidad con el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2004/38, están comprendidos en su ámbito de aplicación y se benefician de los derechos que esa Directiva confiere a los ciudadanos de la Unión que se trasladen a, o residan en, un Estado miembro distinto del Estado del que tengan la nacionalidad, así como los miembros de sus familias, tal como se definen en el punto 2 del artículo 2, de esa Directiva, que los acompañen o se reúnan con ellos.
59      Véanse el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2004/38 y la sentencia Dano, apartado 72.
60      Se trata del período de los tres primeros meses de residencia (artículo 6 de dicha Directiva) o superior de búsqueda de empleo [artículo 14, apartado 4, letra b), de la Directiva]. Véanse las sentencias Dano, apartados 64 y 65, y de 25 de febrero de 2016, García-Nieto y otros (C‑299/14, EU:C:2016:114), apartado 44. Véase también, sobre el derecho a la igualdad de trato, la sentencia de 15 de julio de 2021, The Department for Communities in Northern Ireland (C‑709/20, en lo sucesivo, «sentencia CG», EU:C:2021:602), apartado 75 y jurisprudencia citada.
61      Véase, a modo de recordatorio de las condiciones del referido derecho de residencia, la sentencia CG, apartado 76 y jurisprudencia citada. Véase también la Comunicación de la Comisión «Orientaciones sobre el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la UE y sus familias» (DO C/2023/1392), apartados 11.1.2 y 11.1.3 (p. 50). Véase, además, Martin, D., «Article 24 — Égalité de traitement», Directive 2004/38 relative au droit de séjour des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille, Bruylant, Bruselas, 2020, pp. 373 a 396, en particular, p. 383, apartado 24.
62      Véase la sentencia Alimanovic, apartados 53 y 54.
63      Véanse el artículo 24 de la Directiva 2004/38 y la sentencia de 25 de febrero de 2016, García-Nieto y otros (C‑299/14, EU:C:2016:114), apartado 44. Por otra parte, cabe recordar que, en caso de una posible diferencia de trato entre nacionales de Estados miembros y nacionales de terceros Estados, el artículo 18 TFUE no se aplica. Véanse la sentencia de 4 de junio de 2009, Vatsouras y Koupatantze (C‑22/08 y C‑23/08, EU:C:2009:344), apartado 52; el dictamen 1/17 (Acuerdo CETA UE-Canadá), de 30 de abril de 2019 (EU:C:657:341), apartado 169, y la sentencia de 2 de septiembre de 2021, État belge (Derecho de residencia en caso de violencia doméstica) (C‑930/19, EU:C:2021:657), apartado 51.
64      Sobre los antecedentes de la redacción del artículo 12 de la Directiva 2011/98, véanse, en particular, Iglesias Sánchez, S., «Article 12 — Right to equal treatment», en Hailbronner, K., y Thym, D., EU Immigration and Asylum Law: a Commentary, op. cit., apartados 7 a 9 (p. 919) y apartados 29 y 30 (pp. 922 y 923).
65      El subrayado es mío. Véase, en particular, la sentencia INPS C‑302/19, apartado 34. En cuanto al compromiso político, véase, en particular, Beduschi, A., op. cit., en concreto el apartado 2.2 (pp. 218 y 219). Véase también, sobre la evolución habida desde las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, Tsourdi, E., y Philippe De Bruycker, P., Research Handbook on EU Migration and Asilum Law, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2022, en especial el capítulo 1, titulado «The evolving EU asylum and migration law», pp. 1 a 55, en particular el punto 2.1.6.1, párrafo segundo (pp. 20 y 21).
66      Véase también la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (C‑664/23, EU:C:2024:1046), apartado 30 y jurisprudencia citada.
67      Véase, a título comparativo, la sentencia de 16 de junio de 2022, Comisión/Austria (Indexación de prestaciones familiares) (C‑328/20, EU:C:2022:468), apartado 108.
68      En cuanto a la observación de que todas las demás directivas sobre migración legal no cubren la «asistencia social» que revista la forma de una ayuda de renta mínima para cubrir los costes básicos de la vida, véase Thyme, D., European Migration Law, op. cit., en particular p. 483.
69      Véase el considerando 2 de las Directivas 2011/98 y 2024/1233. Por lo que se refiere a la igualdad de derechos que persigue la nueva Directiva 2024/1233, la redacción de los considerandos 28, 30, 31 y 34
de dicha Directiva es prácticamente idéntica a la de los considerandos 19, 20, 21 y 24 de la Directiva 2011/98, respectivamente. Los considerandos relativos a la seguridad social se destacan en cursiva.
70      Véase la nota 25 de las presentes conclusiones.
71      Véanse el artículo 12, apartado 2, de la Directiva 2011/98 y el artículo 11, apartados 2, 3 y 4, de la Directiva 2003/109. Véase también la sentencia INPS C‑302/19, apartados 38 y 39. Véanse asimismo, sobre la posibilidad de adoptar disposiciones más favorables, el artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2011/98 y el artículo 11, apartado 5, de la Directiva 2003/109.
72      Véase, en concreto, en lo que respecta al marco en el que puede ejercerse el control jurisdiccional del Tribunal de Justicia, la sentencia Alimanovic, apartados 60 y 61. Véase también Muir, E., EU Equality Law: The First Fundamental Rights Policy of the EU, Oxford University Press, Oxford, 2018, en especial el capítulo 3, titulado «EU Equality Law at a Constitutional Crossroads», pp. 58 a 109, en particular p. 103.
73      Véase el punto 19 de las presentes conclusiones.
74      Véanse los puntos 46 y 47 de las presentes conclusiones.
75      Véase, en concreto, la sentencia de 16 de septiembre de 2015, Comisión/Eslovaquia (C‑361/13, EU:C:2015:601), apartados 47, 52 y 55, y jurisprudencia citada.
76      Véase la sentencia de 16 de septiembre de 2015, Comisión/Eslovaquia (C‑361/13, EU:C:2015:601), apartado 60.
77      Véase, en este sentido, la sentencia de 8 de marzo de 2001, Jauch (C‑215/99, EU:C:2001:139), apartado 17.
78      Véase el punto 17 de las presentes conclusiones.
79      Véase la sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), apartado 91.
80      Véase el punto 18 de las presentes conclusiones.
81      Me refiero a la petición de decisión prejudicial (pp. 11 y 12).
82      Ha de ponerse en relación con la sentencia CG, apartado 92. Esta sentencia se refiere a una situación en la que un ciudadano «móvil» de la Unión no puede invocar el principio de no discriminación previsto en el artículo 24, apartado 1, de la Directiva 2004/38 (véase el apartado 80 de dicha sentencia).
83      Véase, con respecto a esta expresión, el siguiente comentario a la sentencia CG: De Becker, E., «Social security in the fundamental rights case law of the Court of Justice», Research Handbook on European Social Security Law, op. cit., pp. 2 a 29, en particular pp. 7 y 16 y ss., en especial p. 17. Según la autora, en esa sentencia, el Tribunal de Justicia mostró claramente a los Estados miembros la necesidad de garantizar la protección, incluso cuando las disposiciones de los Tratados o del Derecho derivado de la Unión no especifican el modo de hacerlo. Véanse también las observaciones sobre la aplicación de determinados derechos de la Carta en una situación en la que los ciudadanos de la Unión tienen un derecho de residencia nacional en condiciones más favorables que las establecidas por la Directiva 2004/38, de Lenaerts, K., The broadening of EU competences through the case law of the Court of Justice: myth or reality? ERA Forum, Journal of the Academy of European Law, ERA, Tréveris, 2023, n.º 4, pp. 589 a 598, en particular la nota 40 (p. 596).