Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena)
de 16 de abril de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Artículo 7, apartado 1 — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Efectos de la declaración del carácter abusivo de una cláusula — Nulidad del contrato de crédito — Acciones de devolución — Plazo de prescripción de la acción del profesional — Circunstancias que pueden justificar que no se tenga en cuenta la expiración del plazo de prescripción — Principio de efectividad — Principio de seguridad jurídica — Principio de proporcionalidad — Derecho de acceso a los tribunales — Enriquecimiento sin causa »
En el asunto C‑753/24 [Rzepacz], (i)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), mediante resolución de 30 de octubre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el mismo día, en el procedimiento entre
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
y
MS y MS
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),
integrado por el Sr. M. Condinanzi, Presidente de Sala, y la Sra. R. Frendo (Ponente) y el Sr. A. Kornezov, Jueces;
Abogado General: Sr. R. Norkus;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., por los Sres. P. Haiduk y M. Romanowski y la Sra. M. Woźniak, adwokaci;
–        en nombre de MS y MS, por el Sr. W. Budzewski y la Sra. M. Chęcińska, adwokaci;
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;
–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Kienapfel y la Sra. A. Stobiecka-Kuik, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29), así como de los principios de efectividad, proporcionalidad, seguridad jurídica y acceso a los tribunales.
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (en lo sucesivo, «PKO Bank»), una entidad bancaria, y MS y MS, dos consumidores, en relación con una reclamación de crédito derivada de la invalidez de un contrato de préstamo hipotecario a causa de las cláusulas abusivas que figuran en él.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
4        Con arreglo al artículo 7, apartado 1, de esta Directiva:
«Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.»
Derecho polaco
5        A tenor del artículo 58, apartado 1, de la ustawa — Kodeks cywilny (Ley por la que se aprueba el Código Civil), de 23 de abril de 1964 (Dz. U. de 2024, posición 1061), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Código Civil»):
«Serán nulos y sin valor ni efecto alguno los actos jurídicos contrarios a la ley o que tengan por objeto eludir la ley, a menos que una disposición pertinente disponga otra cosa, en particular, que establezca que las disposiciones inválidas del acto jurídico sean sustituidas por las disposiciones pertinentes de la ley.»
6        El artículo 117, apartados 1 y 21, de ese Código dispone:
«1.      Sin perjuicio de las excepciones previstas por la ley, las acciones de contenido patrimonial estarán sujetas a prescripción.
[…]
21.      Expirado el plazo de prescripción, no podrá ejercitarse una acción contra un consumidor.»
7        El artículo 1171, apartados 1 y 2, de dicho Código preceptúa:
«1.      En supuestos excepcionales, el órgano jurisdiccional, tras ponderar los intereses de las partes, podrá no oponer el transcurso del plazo de prescripción de la acción que corresponda frente al consumidor, si lo exige la equidad.
2.      Al ejercer la facultad mencionada en el apartado 1, el órgano jurisdiccional deberá tomar en consideración, en particular:
1)      la duración del plazo de prescripción;
2)      la duración del período transcurrido desde la prescripción hasta el ejercicio de la acción;
3)      la naturaleza de las circunstancias que condujeron a que el titular del derecho no ejercitara la acción, incluida la repercusión del comportamiento de la persona obligada en la demora del titular del derecho en ejercitar la acción.»
8        Según el artículo 118 del mismo Código:
«A menos que una norma especial disponga otra cosa, el plazo de prescripción será de seis años; para las acciones relativas a prestaciones periódicas y para las acciones relativas al ejercicio de una actividad económica, el plazo de prescripción será de tres años. No obstante, el final del plazo de prescripción será el último día del año natural, salvo que el plazo de prescripción sea inferior a dos años.»
9        El artículo 3851, apartado 1, del Código Civil dispone:
«Las cláusulas de un contrato celebrado con consumidores que no se hayan negociado individualmente no vincularán al consumidor cuando establezcan sus derechos y obligaciones de forma contraria a las buenas costumbres y atenten manifiestamente contra sus intereses (cláusulas ilícitas). Esta disposición no afectará a las cláusulas que definen las obligaciones principales de las partes, entre ellas el precio o la retribución, cuando hayan sido formuladas de forma inequívoca.»
10      El artículo 405 de ese Código dispone:
«Quien sin fundamento jurídico haya obtenido un beneficio patrimonial a expensas de otra persona deberá restituir el beneficio en especie y, cuando no fuera posible, devolver su valor.»
11      A tenor del artículo 410, apartados 1 y 2, del referido Código:
«1.      Las disposiciones de los artículos anteriores resultarán de aplicación en particular a las prestaciones indebidas.
2.      Una prestación es indebida cuando quien la haya realizado no estuviera obligado en absoluto a realizarla o no estuviera obligado a realizarla respecto de la persona beneficiaria de la prestación, cuando el fundamento de la prestación haya decaído o no se haya alcanzado el fin pretendido con ella o cuando el negocio jurídico que obliga a la prestación sea nulo y dicha nulidad no haya sido subsanada posteriormente.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
12      En noviembre de 2007, MS y MS celebraron con el predecesor de PKO Bank un contrato de préstamo indexado al franco suizo (CHF), en virtud del cual el banco les abonó un importe de 333 000 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 76 000 euros).
13      En 2017, ambos consumidores presentaron contra PKO Bank una reclamación, seguida de una acción judicial, alegando que el contrato carecía de validez debido a las cláusulas abusivas que figuraban en él. Mediante sentencia de 30 de junio de 2023, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) declaró la nulidad del contrato y condenó a PKO Bank a la devolución de un importe equivalente a la totalidad de las cuotas abonadas por los consumidores, más los intereses legales de demora, a saber, 241 416,34 PLN (aproximadamente 55 591 euros).
14      El 29 de diciembre de 2021, PKO Bank ejercitó ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia), que es el órgano jurisdiccional remitente, una acción con objeto de que, si se declaraba nulo el contrato de préstamo en el marco de la acción ejercitada por los consumidores, aún pendiente, se les condenara a restituirle el capital del préstamo desembolsado, más los intereses legales de demora.
15      Los consumidores solicitan que se desestime esta pretensión alegando la prescripción de la acción de PKO Bank, habida cuenta de la expiración del plazo trienal de prescripción establecido en el artículo 118 del Código Civil. Consideran que este plazo empezó a correr a partir de la fecha de notificación a PKO Bank de la reclamación o del escrito de interposición de la demanda por los que se solicitaba la declaración de invalidez del contrato de préstamo, de modo que el crédito de este prescribió como más tarde el 31 de diciembre de 2020.
16      El órgano jurisdiccional remitente explica que no cabe duda de la existencia del crédito de PKO Bank, ya que la invalidez del contrato de préstamo implica, en particular, la obligación de las partes del contrato de restituir mutuamente todas las prestaciones realizadas.
17      No obstante, se pregunta si, en el caso de autos, las circunstancias del litigio principal pueden justificar que no se tenga en cuenta la expiración del plazo de prescripción del crédito de PKO Bank, de conformidad con la norma de equidad que figura en el artículo 1171 del Código Civil.
18      Según dicho órgano jurisdiccional, la formulación muy general de esta disposición, que concede al juez un amplio margen para decidir si puede estimarse la pretensión de un profesional basada en un crédito prescrito, suscita, por una parte, dudas en cuanto a su conformidad con el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, a la luz de los principios de efectividad y de seguridad jurídica. En efecto, los consumidores se encuentran en la incertidumbre sobre si el juez nacional va a considerar prescrito el crédito del profesional o, de no ser así, si se les puede atribuir el pago de intereses de demora y gastos procesales. Así, estos consumidores podrían verse abocados a renunciar a hacer valer los derechos que les confiere la Directiva 93/13.
19      Por otra parte, la imposibilidad de que el profesional recupere íntegramente el capital desembolsado en ejecución de un contrato de préstamo inválido debido a la presencia de cláusulas abusivas le ocasionaría una pérdida excesiva y desproporcionada en relación con el objetivo de protección del consumidor y podría considerarse una vulneración del derecho de acceso a los tribunales de ese profesional, tal como se establece en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
20      Por lo que respecta a las circunstancias que pueden tomarse en consideración para decidir si procede no tener en cuenta la expiración del plazo de prescripción, con arreglo al artículo 1171, apartado 2, del Código Civil, el órgano jurisdiccional remitente subraya que el procedimiento judicial iniciado por los consumidores ha durado varios años, a saber, de 2017 a 2024, colocando así a PKO Bank en una situación de incertidumbre en cuanto a su resultado. Además, hasta 2019, PKO Bank podía esperar que el contrato de préstamo controvertido en el litigio principal se mantuviera en vigor tras la supresión de la cláusula abusiva, ya que la jurisprudencia nacional ha considerado que una cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio que figura en un contrato de préstamo indexado a una moneda extranjera define su objeto principal, de modo que su supresión conlleva la invalidez del contrato de préstamo en su conjunto, únicamente tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2019, Dziubak (C‑260/18, EU:C:2019:819).
21      En esas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse el artículo 7, apartado 1, de la Directiva [93/13], así como los principios de efectividad, proporcionalidad, seguridad jurídica y derecho a un tribunal, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que permite a un órgano jurisdiccional nacional estimar la reclamación prescrita de un profesional contra un consumidor para la restitución de cantidades indebidamente pagadas en virtud de un contrato que ha sido declarado nulo por contener cláusulas contractuales abusivas, cuando así lo exijan la equidad o los principios que rigen la convivencia social?»
Sobre la cuestión prejudicial
22      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el principio de efectividad, habida cuenta del derecho de acceso a los tribunales y de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una norma de Derecho interno que permite a un órgano jurisdiccional nacional, en circunstancias excepcionales y cuando así lo exija la equidad, estimar la pretensión de un profesional de que el consumidor le devuelva prestaciones abonadas en virtud de un contrato de préstamo inválido a causa de cláusulas abusivas que figuran en él, aun cuando haya expirado el plazo de prescripción del crédito de dicho profesional para la restitución de esas prestaciones.
23      El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 impone a los Estados miembros la obligación de velar por que, en sus ordenamientos jurídicos nacionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
24      A este respecto, procede señalar que, conforme a reiterada jurisprudencia, a falta de normativa de la Unión en la materia, la determinación de las condiciones en las que se preste la protección de los consumidores prevista en la Directiva 93/13 corresponde al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de estos últimos. No obstante, estas condiciones no deben ser menos favorables que las aplicables a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no deben hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) [sentencia de 14 de diciembre de 2023, Getin Noble Bank (Plazo de prescripción de las acciones de restitución), C‑28/22, EU:C:2023:992, apartado 60 y jurisprudencia citada].
25      Según una jurisprudencia igualmente pacífica, procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva [sentencia de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato), C‑520/21, EU:C:2023:478, apartado 65 y jurisprudencia citada]. Lo mismo sucede cuando el carácter abusivo de una o varias cláusulas de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional conlleva no solo la nulidad de esas cláusulas, sino también la invalidez de la totalidad del contrato [véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2023, Bank M. (Consecuencias de la anulación del contrato), C‑520/21, EU:C:2023:478, apartado 66 y jurisprudencia citada].
26      Este objetivo de restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva debe perseguirse respetando el principio de proporcionalidad, principio general del Derecho de la Unión que exige que la normativa nacional que aplique ese Derecho no vaya más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido (sentencia de 23 de noviembre de 2023, Provident Polska, C‑321/22, EU:C:2023:911, apartado 85 y jurisprudencia citada).
27      Pues bien, este principio de proporcionalidad se vería vulnerado si la restitutio in integrum debiera excluirse con respecto al profesional. Así pues, la obligación de devolución derivada de la anulación de un contrato de préstamo que contenga cláusulas abusivas debe ser recíproca, sin que, no obstante, el banco pueda reclamar al consumidor una compensación que exceda la devolución del capital abonado en cumplimiento de dicho contrato y del pago de los intereses de demora al tipo legal desde el requerimiento [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2023, mBank (Declaración del consumidor), C‑140/22, EU:C:2023:965, apartado 62 y jurisprudencia citada].
28      Por otra parte, el efecto devolutivo vinculado a la anulación de un contrato de préstamo que incluye cláusulas abusivas, que justifica la acción de la entidad bancaria indicada en el apartado 27 de la presente sentencia, permite asegurar que la protección de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico de la Unión no produzca un enriquecimiento sin causa del consumidor (véase, por analogía, la sentencia de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros, C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, apartado 94).
29      En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente señala que la larga duración del procedimiento iniciado por los consumidores para obtener la invalidez del contrato de préstamo y el cambio de criterio de la jurisprudencia nacional en cuanto a la incidencia de la supresión de la cláusula abusiva relativa al riesgo del tipo de cambio, en un contrato de préstamo indexado a una divisa extranjera, sobre la validez de dicho contrato en su conjunto podrían dar lugar a una vulneración del derecho de acceso a los tribunales del profesional y, por tanto, pueden constituir, a tenor de la norma de equidad que figura en el artículo 1171 del Código Civil, circunstancias excepcionales que le permitan estimar la acción de devolución de PKO Bank, sin tener en cuenta la expiración del plazo de prescripción de su crédito.
30      En este contexto, y a la luz de la jurisprudencia recordada en los apartados 25 a 28 de la presente sentencia, la norma de equidad que figura en el artículo 1171 del Código Civil, en la medida en que permite evitar el enriquecimiento sin causa del consumidor, no puede considerarse, como tal, incompatible con el Derecho de la Unión.
31      Es cierto que, a priori, la aplicación de esta norma de equidad podría menoscabar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas en la medida en que el deudor permanece en la incertidumbre en cuanto a la posibilidad de que el crédito del profesional pueda, a pesar de la expiración del plazo de prescripción correspondiente, excepcionalmente considerarse no prescrito.
32      No obstante, el principio de seguridad jurídica no puede interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de Derecho nacional según la cual corresponde al juez nacional ponderar los intereses de las partes en el procedimiento para decidir, en circunstancias excepcionales y cuando así lo exija la equidad, no tener en cuenta la expiración del plazo de prescripción, siempre que dicha ponderación se efectúe sobre la base de criterios objetivos establecidos en la ley, que el juez nacional está obligado a tener en cuenta, como, en el caso de autos, la duración del plazo de prescripción, la duración del período transcurrido desde la prescripción hasta el ejercicio de la acción y la naturaleza de las circunstancias que condujeron a que el titular del derecho no ejercitara la acción, incluida la repercusión del comportamiento de la persona obligada en la demora del titular del derecho en ejercitar la acción.
33      No obstante, debe precisarse que la aplicación, por el órgano jurisdiccional nacional competente, de esta norma de equidad en el ámbito de las cláusulas contractuales abusivas debe realizarse respetando el principio de efectividad, para que el ejercicio de los derechos conferidos al consumidor por la Directiva 93/13 no resulte excesivamente difícil o prácticamente imposible.
34      En cuanto a ello, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una regulación procesal que entrañe costes demasiado elevados para el consumidor podría disuadirle de intervenir de forma útil en la defensa de sus derechos ante el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda presentada por el profesional (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2022, Caixabank, C‑385/20, EU:C:2022:278, apartado 54).
35      Así sucedería, en particular, cuando, en el marco de la devolución del crédito al profesional, cuyo plazo de prescripción ha expirado, y pese a ello, el consumidor se viera obligado a soportar gastos, como costas u honorarios de abogado, en una medida que pudiera impedir o hacer excesivamente difícil el ejercicio efectivo de los derechos que le confiere la Directiva 93/13.
36      A este respecto, ha de recordarse que el principio de interpretación conforme del Derecho nacional con el Derecho de la Unión exige que los órganos jurisdiccionales nacionales hagan todo lo que sea de su competencia, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, a fin de garantizar la plena efectividad de la directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta (sentencia de 27 de noviembre de 2025, Gryczara, C‑746/24, EU:C:2025:925, apartado 60).
37      A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 y el principio de efectividad, habida cuenta del derecho de acceso a los tribunales y de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, en principio, a una norma de Derecho interno que permite a un órgano jurisdiccional nacional, en circunstancias excepcionales y cuando así lo exija la equidad, estimar la pretensión de un profesional de que el consumidor le devuelva prestaciones abonadas en virtud de un contrato de préstamo inválido a causa de cláusulas abusivas que figuran en él, aun cuando haya expirado el plazo de prescripción del crédito de dicho profesional para la restitución de esas prestaciones, siempre que, al aplicar esa norma, ese órgano jurisdiccional adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el ejercicio de los derechos conferidos al consumidor por dicha Directiva no resulte excesivamente difícil o prácticamente imposible.
Costas
38      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:
El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y el principio de efectividad, habida cuenta del derecho de acceso a los tribunales y de los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen, en principio, a una norma de Derecho interno que permite a un órgano jurisdiccional nacional, en circunstancias excepcionales y cuando así lo exija la equidad, estimar la pretensión de un profesional de que el consumidor le devuelva prestaciones abonadas en virtud de un contrato de préstamo inválido a causa de cláusulas abusivas que figuran en él, aun cuando haya expirado el plazo de prescripción del crédito de dicho profesional para la restitución de esas prestaciones, siempre que, al aplicar esa norma, ese órgano jurisdiccional adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el ejercicio de los derechos conferidos al consumidor por dicha Directiva no resulte excesivamente difícil o prácticamente imposible.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: polaco.
i      La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.