62023CC0395
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. JEAN RICHARD DE LA TOUR
presentadas el 28 de noviembre de 2024 (
1
)
Asunto C‑395/23 [Anikovi] (
i
)
E. M. A.,
E. M. A.,
M. I. A.
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria)]
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (UE) 2019/1111 — Ámbito de aplicación — Autorización judicial para la venta de un bien inmueble propiedad de menores de edad — Acuerdo bilateral entre la República de Bulgaria y la Federación de Rusia — Competencia judicial»
I. Introducción
1.
La petición de decisión prejudicial del Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria) se ha planteado en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria iniciado por dos menores de nacionalidad rusa, con el consentimiento de su madre, que residen en Alemania, con el fin de obtener la autorización para vender las cuotas de copropiedad que poseen en cada uno de los tres bienes inmuebles situados en Bulgaria.
2.
El órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la conexión de su competencia internacional con el lugar de ubicación de los bienes inmuebles, sobre la base, en particular, del Acuerdo entre la República Popular de Bulgaria y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre Asistencia Judicial en Materia Civil, Familiar y Penal, (
2
) celebrado antes de la adhesión de la República de Bulgaria a la Unión Europea. Dicho órgano jurisdiccional desea saber cómo se articula la aplicación del citado Acuerdo con el Derecho de la Unión y, en particular, con el Reglamento (UE) 2019/1111, (
3
) si se considerase que el procedimiento principal está comprendido en el ámbito de la responsabilidad parental.
3.
El Tribunal de Justicia ya ha definido los límites del concepto de responsabilidad parental en materia patrimonial en relación con los menores. En cambio, no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los efectos de los acuerdos bilaterales celebrados en ese mismo ámbito por los Estados miembros, antes de su adhesión a la Unión, con terceros Estados, siendo así que la relación entre el Reglamento Bruselas II ter y tales acuerdos no es objeto de disposiciones particulares en dicho Reglamento.
4.
A la vista tanto del número de Estados miembros que todavía están vinculados por acuerdos cuyo contenido es similar al del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, como de las situaciones que pueden presentarse de nuevo en relación con bienes situados en Bulgaria propiedad de menores rusos, la cuestión de determinar si tales acuerdos constituyen una excepción al Reglamento Bruselas II ter y, en caso afirmativo, en qué condiciones, reviste una importancia significativa.
5.
El presente asunto brinda así al Tribunal de Justicia la oportunidad de recordar que, en las relaciones entre los Estados miembros y los terceros Estados, deben aplicarse los principios enunciados en el artículo 351 TFUE. En este contexto, la incompatibilidad de una norma de competencia basada en un acuerdo bilateral con una norma de este tipo prevista en el Reglamento Bruselas II ter debe ser apreciada, por tanto, conforme a criterios que aún no están definidos. Demostraré que estos criterios pueden resultar de una interpretación por analogía con la adoptada por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a determinados reglamentos en materia de cooperación civil, que ha fijado como límite para la no aplicación de los mismos el menoscabo de los principios que inspiran esa cooperación.
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
1. Tratado FUE
6.
De conformidad con el artículo 351 TFUE, párrafos primero y segundo:
«Las disposiciones de los Tratados no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad al 1 de enero de 1958 o, para los Estados que se hayan adherido, con anterioridad a la fecha de su adhesión, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra.
En la medida en que tales convenios sean incompatibles con los Tratados, el Estado o los Estados miembros de que se trate recurrirán a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado. En caso necesario, los Estados miembros se prestarán ayuda mutua para lograr tal finalidad y adoptarán, en su caso, una postura común.»
2. Reglamento Bruselas II ter
7.
A tenor del considerando 91 del Reglamento Bruselas II ter:
«Se recuerda que el artículo 351 del TFUE se aplica a los acuerdos celebrados por un Estado miembro, antes de su adhesión a la Unión, con uno o varios terceros Estados.»
8.
Con arreglo a su artículo 1, titulado «Ámbito de aplicación», apartados 1, letra b), y 2, letra e), dicho Reglamento se aplica a las materias civiles relativas a la atribución, el ejercicio, la delegación, la restricción o la finalización de la responsabilidad parental, y tales materias podrán, en particular, incluir las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de los bienes de un menor.
9.
El artículo 7 del mismo Reglamento, titulado «Competencia general», dispone en su apartado 1:
«Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de un menor que resida habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se acuda al órgano jurisdiccional.»
10.
El capítulo VIII del Reglamento Bruselas II ter, que comprende los artículos 94 a 99, regula las relaciones del citado Reglamento con otros instrumentos.
11.
En el artículo 94, apartado 2, del referido Reglamento se regulan los efectos del Acuerdo nórdico, de 6 de febrero de 1931, relativo a determinadas disposiciones de Derecho internacional privado en materia de matrimonio, adopción y custodia, junto con su Protocolo final, concluido entre determinados Estados miembros (Reino de Dinamarca, (
4
) República de Finlandia y Reino de Suecia) y terceros Estados (República de Islandia y Reino de Noruega).
12.
A tenor del artículo 98, apartado 2, del Reglamento Bruselas II ter, que lleva por título «Alcance de los efectos»:
«Los convenios mencionados en los artículos 95 a 97 del presente Reglamento, y en particular los Convenios de La Haya de 1980 [ (
5
)] y 1996, [ (
6
)] seguirán surtiendo efectos entre los Estados miembros que sean partes contratantes de los mismos, respetando los artículos 95 a 97 del presente Reglamento.»
13.
En su artículo 99, se regulan las relaciones del citado Reglamento con los acuerdos bilaterales celebrados entre determinados Estados miembros de la Unión (Reino de España, República Italiana, República de Malta y la República Portuguesa) y la Santa Sede.
B.
Acuerdo entre Rusia y Bulgaria
14.
El artículo 25 del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria dispone:
«1.   Las relaciones jurídicas entre los progenitores y los hijos se regirán por la ley de la Parte contratante en cuyo territorio tengan su domicilio común.
[…]
6.   Para la adopción de resoluciones sobre las relaciones jurídicas mencionadas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5, serán competentes los órganos de la Parte contratante cuya nacionalidad posea el hijo o del territorio en el que el hijo tenga su domicilio o residencia.»
15.
El artículo 30, de dicho Acuerdo, titulado «Forma de los negocios jurídicos», prevé, en su apartado 2:
«La forma del negocio jurídico sobre un bien inmueble se determinará conforme a la ley de la Parte contratante en cuyo territorio se encuentre el bien inmueble.»
C.
Derecho búlgaro
16.
El artículo 18 de la Zakon za zadalzheniata i dogovorite (Ley sobre Obligaciones y Contratos) (
7
) dispone:
«Los contratos que tienen por objeto la transmisión de la propiedad o la constitución de otros derechos reales inmobiliarios se otorgarán mediante escritura pública.»
17.
El artículo 586, apartado 1, del Grazhdanski protsesualen kodeks (Código de Enjuiciamiento Civil) (
8
) establece:
«En el caso de otorgamiento de una escritura pública que tiene por objeto la transmisión de un derecho de propiedad o la constitución, transmisión, modificación o extinción de otro derecho real inmobiliario, el notario examinará si la persona que realiza el acto de disposición es propietaria del bien inmueble y si se cumplen los requisitos específicos del negocio jurídico.»
18.
De conformidad con el artículo 130, apartado 3, del Semeen kodeks (Código de la Familia): (
9
)
«Podrán efectuarse actos dispositivos sobre bienes inmuebles, bienes muebles por medio de un negocio jurídico formal, depósitos y valores mobiliarios que pertenezcan al menor con la autorización del Rayonen sad [Tribunal de Primera Instancia] del lugar de residencia actual del menor si tal acto dispositivo no resulta contrario al interés superior del menor.»
III. Hechos del litigio principal y cuestiones prejudiciales
19.
Dos menores (
10
) de nacionalidad rusa con residencia habitual en Alemania desean vender, con el consentimiento de su madre, las cuotas de copropiedad que poseen, al igual que esta, en tres bienes inmuebles situados en Bulgaria y el precio de venta deberá transferirse a las dos cuentas bancarias alemanas de las menores.
20.
El Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía), que ha de conceder o denegar la autorización a esta transmisión de propiedad en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria con vistas a que sea formalizada en escritura pública, se pregunta sobre su competencia internacional.
21.
Dicho órgano jurisdiccional señala que, en circunstancias análogas, el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo, Bulgaria) fundamentó la competencia de los tribunales búlgaros, vinculados al lugar en que estaba situado el inmueble, en las disposiciones que determinan la ley aplicable en caso de adquisición de derechos reales, a saber, el artículo 65, apartado 1, del Kodeks na mezhdunarodnoto chastno pravo (Código de Derecho Internacional Privado) (
11
) y el artículo 30, apartado 2, del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria. Añade que, en el mismo sentido y precisamente en el asunto principal, el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía, Bulgaria) siguió este criterio de competencia y consideró que el Reglamento Bruselas II ter no era aplicable, remitiéndose al artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 593/2008. (
12
) Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente estima que, dado que la citada disposición determina la ley aplicable y no la competencia internacional para conocer del litigio, esta decisión se basa en el artículo 24, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012. (
13
)
22.
Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el ámbito de aplicación de esta disposición y del Reglamento Bruselas II ter en materia de responsabilidad parental, así como sobre los efectos del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, que no es mencionado en el Reglamento Bruselas II ter como una excepción al mismo.
23.
En estas circunstancias, el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Quedan comprendidos también en el ámbito de aplicación del artículo 1, [apartado 2], letra e), del Reglamento [Bruselas II ter] los procedimientos de jurisdicción voluntaria relativos a la concesión de una autorización judicial para operaciones de disposición, por ejemplo, la venta de bienes inmuebles o de cuotas de copropiedad sobre bienes inmuebles que pertenecen a un menor?
2)
Con arreglo a las disposiciones de qué Reglamento se determina la competencia internacional de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro de la Unión Europea en procedimientos de jurisdicción voluntaria relativos a la concesión de una autorización judicial para operaciones de disposición, por ejemplo, la venta de bienes inmuebles o de cuotas de copropiedad sobre bienes inmuebles que pertenecen a un menor: con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento [Bruselas II ter] —el órgano jurisdiccional del lugar en el que el menor tenga su residencia habitual— o con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento [Roma I] o, en su caso, al artículo 24, [punto] 1, del Reglamento [n.o 1215/2012] —el órgano jurisdiccional del lugar donde el bien inmueble se halle sito—?
3)
¿Quedan desplazadas las disposiciones del Reglamento [Bruselas II ter] en materia de competencia internacional en procedimientos relativos a la responsabilidad parental por un acuerdo internacional bilateral entre un Estado miembro ([la República de] Bulgaria) y un tercer Estado (la Unión Soviética o, en su caso, la Federación de Rusia) celebrado antes de la adhesión del Estado miembro a la Unión Europea si dicho acuerdo internacional no aparece mencionado en el capítulo VIII del Reglamento [Bruselas II ter]?»
24.
Han presentado observaciones escritas las solicitantes en el procedimiento principal, los Gobiernos español y húngaro y la Comisión Europea.
25.
Después de la presentación de las observaciones escritas de la Comisión, el órgano jurisdiccional remitente completó su petición de decisión prejudicial precisando que, en el supuesto de que la situación objeto del procedimiento principal estuviera comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas II ter, no podría aplicarse su artículo 16, porque el procedimiento principal, que requiere una autorización para disponer de bienes de las menores en cuestión, se tramita por un notario.
26.
En la vista celebrada el 12 de septiembre de 2024, las solicitantes en el procedimiento principal, el Gobierno español y la Comisión presentaron sus observaciones orales y respondieron a las preguntas que el Tribunal de Justicia les había formulado para ser contestadas oralmente.
IV. Análisis
27.
El órgano jurisdiccional remitente búlgaro pretende dilucidar, en el procedimiento del que conoce, en esencia, si en materia de competencia internacional, existe un conflicto normativo entre el Derecho de la Unión y el Acuerdo ruso-búlgaro celebrado por la República de Bulgaria antes de su adhesión a la Unión. En caso afirmativo, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre la articulación entre estas normas.
28.
Por tanto, propongo al Tribunal de Justicia examinar conjuntamente las cuestiones prejudiciales primera y segunda, en la medida en que tienen por objeto determinar qué Reglamento (el Reglamento n.o 1215/2012 o el Reglamento Bruselas II ter) es aplicable en el presente asunto a efectos de designar el órgano jurisdiccional que tiene competencia internacional, antes de abordar la tercera cuestión que versa sobre la relación de este último Reglamento con otros instrumentos bilaterales distintos de los que este menciona.
29.
Con carácter preliminar, dado que el presente asunto ha sido planteado ante el Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, indicaré los motivos que justifican rechazar cualquier eventual duda acerca de la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.
A.
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial planteada en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria
30.
En el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, el órgano jurisdiccional remitente conoce de una solicitud de autorización para vender bienes pertenecientes a menores.
31.
Es cierto que no conoce de un litigio entre partes, (
14
) ya sea en primera instancia, habida cuenta del objeto de la demanda, o a raíz de un recurso contra una resolución de jurisdicción voluntaria. (
15
)
32.
No obstante, tal como se confirmó en la vista, dicho órgano jurisdiccional ejerce funciones jurisdiccionales en el sentido de que no se acude a él con el único fin de registrar un acuerdo entre las partes (
16
) y debe realizar una apreciación en una resolución susceptible de recurso. (
17
)
33.
En efecto, en primer lugar, dicho órgano jurisdiccional se pronuncia sobre una solicitud de autorización para la venta de inmuebles por menores, en virtud del artículo 130, apartado 3, del Código de la Familia, conforme al interés superior de los menores, (
18
) con vistas a otorgar una escritura pública de venta, tal como prevé el artículo 18 de la Ley sobre Obligaciones y Contratos.
34.
Procede tener en cuenta asimismo que una resolución de jurisdicción voluntaria está comprendida en el ámbito de aplicación del capítulo IV del Reglamento Bruselas II ter, ya que no ha sido excluida expresamente de la definición del término «resolución» que figura en el artículo 2, apartado 1, del referido Reglamento, y este incluye las resoluciones que no han adquirido fuerza de cosa juzgada. (
19
)
35.
Por consiguiente, tal como explican Hélène Gaudemet-Tallon y Marie-Élodie Ancel con respecto a la definición equivalente del término «resolución» contenido en el artículo 2, letra a), del Reglamento n.o 1215/2012, es preciso distinguir dos tipos de actos de jurisdicción voluntaria, a saber, los «actos puramente recepticios» y las «resoluciones de jurisdicción voluntaria» en las que el juez «sin tener que resolver “un litigio entre las partes” manifiesta, no obstante, su voluntad». (
20
)
36.
En segundo lugar, procede observar que, en asuntos anteriores en materia sucesoria relacionados con menores, el Tribunal de Justicia ha respondido a peticiones de decisión prejudicial sobre competencia internacional planteadas en el marco de procedimientos de jurisdicción voluntaria análogos al del caso de autos. (
21
)
37.
Por consiguiente, opino que la petición del órgano jurisdiccional remitente, planteada en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, por la que pregunta sobre su competencia internacional es admisible en las mismas condiciones que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido.
38.
Por tanto, a fin de responder a esta petición de decisión prejudicial que tiene por objeto que se dilucide cómo articular el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria con el Derecho de la Unión, conviene empezar por disipar cualquier duda acerca cuál es el Reglamento aplicable en materia de competencia. (
22
)
B.
Sobre la aplicabilidad del Reglamento Bruselas II ter
39.
En respuesta a las preguntas del órgano jurisdiccional remitente, basadas únicamente en la cita de la sentencia de 6 de octubre de 2015, Matoušková, (
23
) propongo al Tribunal de Justicia que aplique, por analogía, la solución de principio que adoptó en la sentencia Schneider.
40.
En el asunto que dio lugar a esta sentencia, se presentó ante el órgano jurisdiccional remitente búlgaro una solicitud de autorización para vender un bien inmueble perteneciente proindiviso a una persona sometida a curatela. (
24
) El Tribunal de Justicia consideró que la referida autorización judicial constituye una medida protectora de la persona sometida a curatela, exigida por la ley dado que dicha persona ya no cuenta con la facultad de llevar a cabo por sí misma actos de disposición de sus inmuebles y que tal autorización se concede únicamente cuando la enajenación del inmueble de que se trate convenga a los intereses de la persona que es objeto de la protección. (
25
)
41.
El Tribunal de Justicia dedujo de ello que la solicitud de autorización está relacionada directamente con la capacidad de la persona física de que se trata, en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 44/2001, (
26
) que excluye esta materia de su ámbito de aplicación material. El Tribunal de Justicia destacó la distinción que debe realizarse entre tal procedimiento y el que tiene por objeto «“derechos reales inmobiliarios” en el sentido del artículo 22, número 1, del Reglamento n.o 44/2001», ya que este último procedimiento está destinado, en particular, a determinar la extensión, la consistencia, la propiedad o la posesión de un bien inmueble. (
27
)
42.
Las mismas disposiciones figuran en el Reglamento n.o 1215/2012 en los artículos 1, apartado 2, letra a), y 24, punto 1.
43.
En la línea de la sentencia Schneider, el Tribunal de Justicia declaró que la autorización judicial solicitada por los representantes legales de un menor en un procedimiento sucesorio constituye una medida de protección del menor relacionada con la administración, la conservación o la disposición de sus bienes en el marco del ejercicio de la autoridad parental en el sentido del artículo 1, apartados 1, letra b), y 2, letra e), del Reglamento (CE) n.o 2201/2003. (
28
) Las mismas disposiciones figuran en el Reglamento Bruselas II ter, que derogó este último.
44.
En el caso de autos, este mismo fundamento es aplicable al asunto principal, puesto que la residencia habitual de las solicitantes menores de edad se encuentra en Alemania y la cuestión de competencia tiene relevancia transfronteriza, ya que afecta a un órgano jurisdiccional alemán y a un órgano jurisdiccional búlgaro.
45.
Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que responda al órgano jurisdiccional remitente, que busca un fundamento para vincular su competencia internacional con el lugar en que están ubicados los bienes inmuebles que se van a vender, que no puede aplicar el artículo 24, punto 1, del Reglamento n.o 1215/2012.
46.
Dado que el procedimiento del que conoce el tribunal remitente está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas II ter y dicho tribunal no tiene competencia por el lugar de residencia de las menores, solicitantes en el procedimiento principal, que es el criterio fijado en el artículo 7, apartado 1, del citado Reglamento, incumbe a dicho tribunal comprobar que su competencia no puede derivarse de la aplicación de otras disposiciones del referido Reglamento. (
29
) Esta comprobación servirá para confirmar la existencia o inexistencia de un conflicto de normas resultante del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, tal como ha sido interpretado por el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo). (
30
)
47.
En este sentido, la Comisión opina que la competencia del órgano jurisdiccional remitente podría basarse en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento Bruselas II ter, por considerar que este se pronuncia con carácter incidental. (
31
) Ahora bien, el órgano jurisdiccional remitente comunicó al Tribunal de Justicia que no es así. (
32
) Constato, en efecto, que el único procedimiento iniciado es el que se sustancia ante el órgano jurisdiccional remitente. (
33
) Así pues, dado que no concurre ninguno de los requisitos establecidos por el legislador de la Unión, (
34
) comparto las reservas acerca de la aplicabilidad del artículo 16 que el Gobierno español formuló en la vista.
48.
En cambio, a mi juicio, es preciso examinar si la aplicación de otras disposiciones del Reglamento Bruselas II ter permite evitar cualquier incoherencia con el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria en el que se basa la competencia internacional del órgano jurisdiccional remitente.
49.
A este respecto, señalaré que tanto el artículo 1, apartado 2, del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria como el artículo 10 del Reglamento Bruselas II ter prevén que la competencia de un órgano jurisdiccional puede basarse en la elección de las partes que acudan ante él. (
35
)
50.
En efecto, debe subrayarse que, en la resolución del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo), citada por el órgano jurisdiccional remitente y aportada a los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, se hace referencia, a efectos de fundamentar la competencia del órgano jurisdiccional búlgaro en cuestión, al citado artículo 1, apartado 2, según el cual los nacionales de uno de los Estados contratantes tienen derecho a dirigirse libremente y sin obstáculos a los órganos jurisdiccionales del otro Estado contratante que sean competentes en materia civil, familiar y penal. Pueden comparecer ante tales órganos jurisdiccionales y presentar ante ellos demandas y recursos en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado contratante. En la vista, se confirmó que este criterio de competencia es aplicado por varios órganos jurisdiccionales búlgaros.
51.
Por consiguiente, en el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente aprecie falta de coherencia entre el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, en el que se basa su competencia según la jurisprudencia del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo), y el Reglamento Bruselas II ter, el Tribunal de Justicia ha de precisar si y en qué condiciones los derechos y obligaciones derivados de dicho Acuerdo se ven afectados por el referido Reglamento.
C.
Sobre la tercera cuestión, relativa a la competencia del órgano jurisdiccional búlgaro basada en un acuerdo bilateral celebrado con un tercer Estado
52.
Cabe recordar que esta cuestión, que tiene por objeto determinar las condiciones en las que el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria no se ve afectado por el Reglamento Bruselas II ter, se basa en las dos constataciones siguientes:
–
según la jurisprudencia nacional, en virtud en particular de las disposiciones de dicho Acuerdo, el órgano jurisdiccional búlgaro que tiene competencia internacional para conocer de una solicitud relativa a la protección de los bienes de un menor no es el del lugar de la residencia habitual del menor, y
–
el capítulo VIII del Reglamento Bruselas II ter no contiene ninguna disposición sobre los efectos de los acuerdos bilaterales celebrados con terceros Estados, excepto la Santa Sede, por Estados miembros antes de su adhesión a la Unión.
53.
En lo que atañe a la primera constatación, debo observar que el órgano jurisdiccional remitente cita la resolución de 2 de junio de 2015 del Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo), dictada en un asunto relativo a menores rusos. (
36
) Dado que el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria no contiene ninguna disposición expresa relativa a la protección de los bienes de un menor, el criterio para determinar el órgano jurisdiccional con competencia internacional se basó en la ley aplicable a la forma de los contratos. Aplicando el artículo 130, apartado 3, del Código de la Familia en relación con el artículo 586, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, y el artículo 30 del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, que designa la ley de la ubicación del inmueble, al igual que el artículo 65, apartado 1, del Código de Derecho Internacional Privado, (
37
) el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) basó su decisión en esta normativa nacional especial, con arreglo a la cual, para otorgar un acto dispositivo de los bienes de un menor, el notario ha de tener autorización judicial previa. En otras palabras, se consideró que estas exigencias legales especiales justifican una excepción a la norma general que atribuye competencia al órgano jurisdiccional del lugar de residencia del menor, prevista en el Derecho nacional, (
38
) que coincide con la ley aplicable a las relaciones entre padres e hijos, de conformidad con el artículo 25, apartado 1, del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria. De este modo se garantiza la coherencia entre la ley aplicable en materia de venta de inmuebles y la competencia internacional.
54.
En cuanto a la segunda constatación, procede observar que el órgano jurisdiccional remitente no hace referencia ni al considerando 91 del Reglamento Bruselas II ter, que señala que «el artículo 351 del TFUE se aplica a los acuerdos celebrados por un Estado miembro, antes de su adhesión a la Unión, con uno o varios terceros Estados», (
39
) ni a problema alguno en relación con el análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia.
55.
Por tanto, el Tribunal de Justicia podría limitarse a responder que, conforme al párrafo primero de dicho artículo, los derechos y obligaciones que resultan del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria no se ven afectados por el Reglamento Bruselas II ter.
56.
Sin embargo, aunque desde el punto de vista formal, el órgano jurisdiccional remitente ha circunscrito sus cuestiones prejudiciales a la interpretación de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, esta circunstancia no impide que el Tribunal de Justicia le proporcione todos los elementos de interpretación de ese Derecho que puedan ser útiles para dictar sentencia en el asunto del que conoce, con independencia de si dicho órgano jurisdiccional los ha mencionado o no en el enunciado de sus cuestiones. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia extraer del conjunto de elementos aportados por dicho órgano jurisdiccional, especialmente de la motivación de la resolución de remisión, los elementos de Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del procedimiento principal. (
40
)
57.
En estas circunstancias y tal como han confirmado los debates de la vista, resulta de utilidad realizar un análisis detallado de la aplicación del artículo 351 TFUE. (
41
)
58.
Con carácter preliminar, cabe subrayar que los instrumentos que precedieron al Reglamento Bruselas II ter no mencionaban el artículo 351 TFUE (
42
) aunque, al igual que dicho Reglamento, no contenían ninguna disposición relativa a los acuerdos bilaterales celebrados por los Estados miembros, antes de su adhesión a la Unión, con terceros Estados (excepto la Santa Sede). Ello no justifica la falta de jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En efecto, considero que esa mención no es indispensable habida cuenta de la jerarquía de las normas (
43
) y la formulación muy clara de dicho artículo.
59.
Por consiguiente, el examen, a la luz del artículo 351 TFUE, (
44
) de la cuestión de la articulación entre el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria y el Reglamento Bruselas II ter requiere que se cumplan dos requisitos.
60.
En primer lugar, el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria debe referirse a una materia regulada en el citado Reglamento. Así sucede, en la medida en que ese Acuerdo sirve, en el caso de autos, para determinar el órgano jurisdiccional competente (
45
) y que, en un procedimiento como el del asunto principal, el criterio de conexión que emplea la jurisprudencia nacional citada por el órgano jurisdiccional remitente es el del lugar de ubicación del inmueble propiedad del menor o de los menores rusos, y no el lugar de su residencia habitual, que es el criterio aplicable en virtud del Reglamento Bruselas II ter.
61.
A este respecto, procede observar, habida cuenta de la opinión contraria de Hungría, que está vinculada por el mismo tipo de acuerdo, que la aplicación del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria en una situación en la que las menores rusas no residen en Bulgaria, sino en otro Estado miembro, no plantea dificultades especiales, (
46
) pues la ubicación del inmueble es el único criterio de conexión controvertido en la presente petición de decisión prejudicial relativa a nacionales rusos.
62.
Además, este criterio, adoptado por el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo), sin ninguna referencia a la residencia del menor interesado, (
47
) fue aplicado precisamente en el asunto principal por el Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía), por el auto de 14 de junio de 2023. Esta resolución, citada en la petición de decisión prejudicial y aportada a los autos remitidos al Tribunal de Justicia, confirma claramente la elección de un órgano jurisdiccional búlgaro por las solicitantes rusas a fin de obtener la autorización que exige la normativa búlgara para otorgar la escritura pública de transmisión de sus derechos de propiedad. Dicho órgano jurisdiccional, que basó su resolución en la ley aplicable en materia de derechos reales, invocó asimismo el artículo 4, apartado 1, letra c), del Reglamento Roma I. (
48
)
63.
En segundo lugar, para poder proseguir el análisis de la cuestión de la relación entre el Reglamento Bruselas II ter y el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, hay que comprobar que del convenio internacional en cuestión se deriven derechos para el tercer Estado interesado cuyo respeto este pueda exigir al Estado miembro que es parte de dicho convenio. (
49
)
64.
En otros términos, en las relaciones con un Estado tercero, el análisis se basa en el principio del respeto del derecho que puede invocar ese Estado en su relación con el Estado miembro con el que ha celebrado un acuerdo antes de su adhesión a la Unión. En efecto, la aplicación del convenio internacional en cuestión debe basarse en una lógica de reciprocidad. (
50
)
65.
En el presente asunto, a falta de indicaciones del órgano jurisdiccional remitente, hay que suponer que las autoridades rusas adoptarían la misma interpretación del citado Acuerdo respecto a la competencia de los tribunales rusos del lugar del inmueble (
51
) y que el respeto de este criterio condicionaría el reconocimiento de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales búlgaros en relación con nacionales rusos. (
52
)
66.
A este respecto, las reservas formuladas en materia de competencia por la Federación de Rusia y la República de Bulgaria con ocasión de su adhesión al Convenio de La Haya de 1996, sobre la base de su artículo 55, apartado 1, (
53
) confirman la existencia de una posición común sobre la preeminencia del criterio del lugar de ubicación del inmueble, con exclusión de cualquier referencia al lugar de la residencia del menor de que se trate.
67.
En estas circunstancias, procede constatar que el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, en lo que atañe a la competencia internacional de los órganos jurisdiccionales que conocen de una solicitud de autorización para la venta de un inmueble propiedad de un menor ruso, impone a la República de Bulgaria obligaciones que este Estado miembro ha de cumplir frente a un Estado tercero, en concreto, la Federación de Rusia, que puede invocarlas ante dicho Estado miembro conforme al artículo 351 TFUE, párrafo primero.
68.
A la vista de esta constatación de la obligación de aplicar un criterio de competencia basado en el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, (
54
) distinto del adoptado en el Derecho de la Unión, debe abordarse la cuestión complementaria que se refiere a la obligación de la República de Bulgaria, en virtud del artículo 351 TFUE, párrafo segundo, de recurrir a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades existentes entre el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria y el Derecho de la Unión. (
55
)
69.
Por consiguiente, en un primer momento, ha de determinarse si, debido a la existencia de criterios de competencia concurrentes como resultado de la aplicación del Reglamento Bruselas II ter y del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, la norma de competencia basada en dicho Acuerdo es incompatible con la norma de Derecho de la Unión en el sentido del artículo 351 TFUE, párrafo segundo.
70.
Al igual que la Comisión, considero que la elección de criterios de competencia diferentes no suscita por sí misma una dificultad significativa. En efecto, los acuerdos bilaterales en materia de cooperación se celebran para que pueda identificarse fácilmente el órgano jurisdiccional competente sobre la base de circunstancias particulares que son, por lo general, la nacionalidad de los ciudadanos o su residencia habitual en los Estados partes, en el caso de las cuestiones personales, o la ubicación de los bienes, en el caso de las cuestiones patrimoniales. Además, la tesis contraria tendría como efecto poner en entredicho el principio enunciado en el artículo 351 TFUE, párrafo primero.
71.
Por otro lado, tampoco cabe descartar la aplicación del artículo 351 TFUE, párrafo segundo. En el caso de autos, la cuestión no es meramente teórica, habida cuenta de las disposiciones de los sucesivos reglamentos en materia de familia relativas a la competencia judicial, adoptadas en atención al interés superior del menor.
72.
Así, como confirmaron los debates en la vista, conviene preguntarse, en el contexto de la cooperación judicial en materia civil, acerca de las enseñanzas que han de extraerse de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la relación de determinados reglamentos aplicables en este ámbito con los convenios en los que son parte Estados miembros y, en particular, de las sentencias de 4 de mayo de 2010, TNT Express Nederland, (
56
) y de 12 de octubre de 2023, OP (Elección de la ley de un Estado tercero para la sucesión). (
57
)
73.
En el asunto en que recayó la sentencia TNT, el litigio versaba sobre la ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en otro Estado miembro. El órgano jurisdiccional remitente preguntaba, en esencia, si el artículo 71 del Reglamento n.o 44/2001 debía interpretarse en el sentido de que las reglas de competencia judicial, de reconocimiento y de ejecución previstas en un convenio especial, como la regla de la litispendencia establecida en el artículo 31, apartado 2, del Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera (
58
) y la relativa a la fuerza ejecutiva recogida en el artículo 31, apartado 3, de dicho Convenio se aplicaban en un asunto como el litigio principal. (
59
) En el apartado 49 de esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que, si bien dicho artículo 71 «dispone que, en las materias reguladas por convenios especiales se apliquen estos últimos, dicha aplicación no puede menoscabar los principios que inspiran la cooperación judicial en materia civil y mercantil en el seno de la Unión». El Tribunal de Justicia dedujo acertadamente de ello, en el apartado 55 de la citada sentencia, que «el artículo 31, apartado 3, del CMR solo puede aplicarse en el seno de la Unión si permite alcanzar los objetivos de libre circulación de las resoluciones en materia civil y mercantil, así como el de la confianza recíproca en la justicia en el seno de la Unión en condiciones al menos tan favorables como las resultantes de la aplicación del Reglamento n.o 44/2001».
74.
En el asunto en que recayó la sentencia OP, se planteó la cuestión de la extrapolación de esta jurisprudencia a la relación con un tercer Estado. (
60
) El Tribunal de Justicia aludió a la sentencia TNT y declaró que «el sistema del Reglamento [(UE)] n.o 650/2012 [ (
61
)] no se opone a que, en virtud de un convenio bilateral que un Estado miembro haya celebrado con un tercer Estado antes de la adopción de este Reglamento y en atención a la excepción contemplada en su artículo 75, apartado 1, el nacional de un tercer Estado que resida en el Estado miembro vinculado por ese convenio bilateral no disponga de la facultad de designar la ley aplicable a su sucesión». (
62
)
75.
Desde un punto de vista metodológico, las condiciones en las que puede considerarse que una norma de competencia internacional, resultante de un convenio concluido con un tercer Estado, es incompatible con el Derecho de la Unión pueden deducirse, en mi opinión, de estas sentencias.
76.
Así, no se oponen a tal propuesta dos elementos de la reflexión que han de tomarse en consideración, a saber, la inexistencia de una disposición del Reglamento Bruselas II ter sobre la relación de este Reglamento con determinados instrumentos internacionales y el alcance de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia desde la sentencia TNT tal como se extendió, mediante la sentencia OP, a las relaciones con un tercer Estado.
77.
Es cierto que, en las sentencias TNT y OP, se interpretan disposiciones especiales de los reglamentos en cuestión (
63
) que establecen, en esencia, que tales reglamentos no afectan a los convenios en los que los Estados miembros sean partes y que se refieran a las mismas materias. (
64
)
78.
No obstante, el hecho de que, a diferencia del Reglamento Bruselas II ter, en tales reglamentos figure la norma general según la cual no afectarán a la aplicación de los convenios internacionales en los que uno o varios Estados miembros sean partes o a disposiciones particulares relativas a los convenios y acuerdos bilaterales celebrados entre un tercer Estado y un Estado miembro, (
65
) carece de incidencia, a mi juicio, en el análisis del alcance de la jurisprudencia según la cual el legislador de la Unión ha previsto que en caso de concurso de normas se apliquen los mencionados convenios. (
66
)
79.
En efecto, estas disposiciones particulares se han interpretado en el sentido de que imponen la aplicación de dichos convenios «en el propio seno de la Unión». (
67
) Así, se amplía, sin perjuicio de determinadas salvedades, (
68
) la aplicación de los principios de Derecho internacional público relativos a la aplicación de los tratados, como en particular el principio pacta sunt servanda, (
69
) que se recoge, en lo que respecta a las relaciones con terceros Estados, en el artículo 351 TFUE, párrafo primero.
80.
Además, procede señalar que, en la sentencia TNT, (
70
) el Tribunal de Justicia fijó un límite a la aplicación de los convenios o acuerdos bilaterales, a saber, el menoscabo de los principios que inspiran la cooperación judicial en materia civil y mercantil en el seno de la Unión. (
71
) El Tribunal de Justicia recalcó que ese límite se inscribe en la línea de su jurisprudencia relativa a la aplicación de los convenios celebrados por Estados miembros con Estados terceros, que no debe realizarse en las relaciones entre los Estados miembros en detrimento de los objetivos del Derecho de la Unión. (
72
)
81.
El Tribunal de Justicia ha aplicado este mismo límite relativo a los principios aplicables en el seno de la Unión en sentencias posteriores a la sentencia TNT, que tampoco versaban sobre los derechos de un tercer Estado. Tenían también por objeto cuestiones de reconocimiento o de ejecución de resoluciones dictadas en los Estados miembros. Se trata de la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Nipponka Insurance (
73
) y, en un caso de concurso entre el Reglamento n.o 1215/2012 y el CMR, de la sentencia de 21 de marzo de 2024, Gjensidige. (
74
)
82.
El Tribunal de Justicia se refirió asimismo en los mismos términos a esta jurisprudencia sobre los principios que inspiran la cooperación judicial en el seno de la Unión en la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Nickel & Goeldner Spedition, (
75
) que trataba de la aplicación de las normas de competencia judicial previstas en el artículo 31, apartado 1, del CMR, que ofrecen al demandante una opción más amplia que la contemplada en el artículo 5, número 1, letra b), segundo guion, del Reglamento n.o 44/2001. (
76
) El Tribunal de Justicia declaró que un Estado miembro podrá aplicar, de conformidad con el artículo 71, apartado 1, del citado Reglamento, las normas de competencia en cuestión previstas en el CMR. (
77
)
83.
Todas estas sentencias se refieren a la aplicación de disposiciones del CMR que vinculan a uno o varios Estados miembros.
84.
Sin embargo, esta jurisprudencia se aplicó por analogía en un caso de aplicación de un convenio bilateral celebrado con un tercer Estado. Una cuestión prejudicial sobre la elección de la ley aplicable a una herencia (
78
) llevó al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre la articulación entre el Reglamento n.o 650/2012 y el Convenio celebrado entre la República de Polonia, antes de su adhesión a la Unión, y Ucrania. Dicho Convenio designa la ley aplicable en materia de sucesiones, pero no prevé expresamente la facultad de designar otra. (
79
)
85.
En la sentencia OP, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 75 del Reglamento n.o 650/2012 «que, en el acto del Derecho de la Unión de que se trate, [ (
80
)] [rige] las relaciones entre ese acto y los convenios internacionales no puede tener un alcance que contravenga los principios subyacentes a la normativa de la que forma parte (véase, en este sentido, la sentencia [TNT], apartado 51)». (
81
)
86.
A continuación, el Tribunal de Justicia examinó la compatibilidad de dicho acuerdo bilateral con el Derecho de la Unión analizando la importancia de la disposición del Reglamento en cuestión. (
82
)
87.
Al concluir este examen a la luz del artículo 75, apartado 1, del Reglamento n.o 650/2012 con una referencia al artículo 351 TFUE, párrafo primero, el Tribunal de Justicia, en mi opinión, subrayó la necesaria combinación de estas disposiciones entre sí en el caso particular de las relaciones con terceros Estados. (
83
)
88.
Con carácter general, deduzco de ello que, en una situación en la que las legislaciones de los terceros Estados deben prevalecer por principio en virtud de un convenio bilateral, (
84
) el Tribunal de Justicia ha señalado implícitamente el grado a partir del cual una disposición de tal convenio puede considerarse incompatible con el Derecho de la Unión, de conformidad con lo previsto en el artículo 351 TFUE, párrafo segundo.
89.
En otras palabras, al situarse en la línea de la sentencia TNT, (
85
) en un asunto referido a la relación entre un Estado miembro y un tercer Estado referido a la ley aplicable, el Tribunal de Justicia adoptó, en mi opinión, un enfoque sistémico con el fin de evitar que se cuestionara con excesiva celeridad un acuerdo bilateral que debe, por principio, en virtud del artículo 351 TFUE, párrafo primero, prevalecer sobre el Derecho de la Unión. (
86
)
90.
Considero que este enfoque consiste en deducir, en lo que respecta a la cooperación en materia civil en el seno de la Unión, el principio que subyace a la disposición del Reglamento en cuestión con el fin de apreciar su importancia. Por tanto, en el presente asunto se trata de dilucidar si la disposición del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria es contraria o no a un objetivo fundamental perseguido por el Reglamento Bruselas II ter.
91.
Únicamente después de evaluar la existencia de una incompatibilidad, se plantearía, en un segundo momento, la cuestión de la aplicación o no de lo dispuesto en el artículo 351 TFUE, párrafo segundo, en las relaciones entre uno o varios Estados miembros con uno o varios terceros Estados. (
87
)
92.
Debido a la jerarquía normativa, la aplicación de esta disposición no está reservada, por tanto, a los reglamentos en los que una norma especial regula las relaciones entre tales reglamentos y los convenios internacionales celebrados con terceros Estados.
93.
Las finalidades que deben alcanzarse son, pues, múltiples. Se trata de proteger los derechos de los terceros Estados, con arreglo al artículo 351 TFUE, párrafo primero, (
88
) y de encontrar una solución conforme a los principios de previsibilidad de los órganos jurisdiccionales competentes y de seguridad jurídica para los justiciables. Estos principios, que justifican la inclusión de normas de competencia en los convenios internacionales, garantizan el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones. (
89
)
94.
Por consiguiente, en el presente asunto, por analogía con el método seguido en la sentencia OP, (
90
) debe examinarse la cuestión siguiente: ¿Vulnera el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, en virtud del cual el órgano jurisdiccional competente para autorizar la venta de un inmueble propiedad de un menor es el del lugar en el que está situado el inmueble, el principio en el que se basa la cooperación judicial en materia de responsabilidad parental en el seno de la Unión, que privilegia la competencia del órgano jurisdiccional del lugar de residencia del menor?
95.
A mi parecer, no es así.
96.
Si, en atención a la exigencia de buscar el interés superior del menor, el criterio de competencia es, en general, el lugar de la residencia habitual del menor, (
91
) el legislador de la Unión ha establecido varias salvedades, siempre que se respete esa exigencia y concurran circunstancias excepcionales. Así sucede con la facultad de elegir un órgano jurisdiccional (
92
) y, más concretamente, con la transferencia de competencia al órgano jurisdiccional que pueda valorar mejor este interés superior. (
93
)
97.
Además, el legislador de la Unión ha previsto expresamente el supuesto de un asunto que se refiera a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de los bienes de este que se encuentran en el territorio de un Estado miembro que no es el de su residencia. (
94
)
98.
En este sentido, el Reglamento Bruselas II ter es también coherente con los artículos 8 y 9 del Convenio de La Haya de 1996.
99.
De ello se deduce que la norma de competencia judicial establecida en el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria puede aplicarse en el seno de la Unión en la medida en que satisface la exigencia recordada en el considerando 19 del Reglamento Bruselas II ter, respetando el interés superior del menor. (
95
)
100.
En consecuencia, en el caso de autos no procede preguntarse sobre «los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado», cuya búsqueda incumbe a los Estados miembros en virtud del artículo 351 TFUE, párrafo segundo.
101.
Añadiré, en aras de la exhaustividad, que si, no obstante, el Tribunal de Justicia considerase que la aplicación del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria conduce a un resultado contrario al Derecho de la Unión, incumbirá al órgano jurisdiccional remitente comprobar si esta incompatibilidad puede evitarse dando a dicho Acuerdo, en la medida de lo posible y con observancia del Derecho internacional, una interpretación conforme con el Derecho de la Unión. (
96
) Si no fuera posible, la República de Bulgaria estará obligada a adoptar las medidas necesarias para eliminar la incompatibilidad de ese Acuerdo con el Derecho de la Unión, en caso necesario, denunciándolo. Sin embargo, a la espera de tal eliminación, el artículo 351 TFUE, párrafo primero, le autoriza a continuar aplicando el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria. (
97
)
V. Conclusión
102.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria) de la siguiente manera:
«El Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores,
debe interpretarse en el sentido de que
de conformidad con el artículo 351 TFUE, párrafo primero, no afecta a la aplicación de un acuerdo bilateral celebrado con un tercer Estado por un Estado miembro, antes de la fecha de su adhesión a la Unión Europea, en virtud del cual, para pronunciarse sobre una solicitud de venta de un inmueble propiedad de un menor, nacional de este tercer Estado, solo es competente el órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que se encuentra el inmueble, que decidirá tomando en consideración el interés superior del menor.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
2
)	Acuerdo ratificado por el Decreto n.o 784 del Durzhavniya suvet (Consejo de Estado, Bulgaria) de 15 de abril de 1975 (DV n.o 33, de 25 de abril de 1975), y publicado en el DV n.o 12, de 10 de febrero de 1976 (corrección de errores en el DV n.o 17, de 28 de febrero de 2014), entre la República de Bulgaria y la Federación de Rusia (en lo sucesivo, «Acuerdo entre Rusia y Bulgaria»).
(
3
)	Reglamento del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (DO 2019, L 178, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas II ter»).
(
4
)	El Reino de Dinamarca no está sujeto al Reglamento Bruselas II ter (véase el considerando 96 de dicho Reglamento).
(
5
)	Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
(
6
)	Convenio relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, hecho en La Haya el 19 de octubre de 1996 (en lo sucesivo, «Convenio de La Haya de 1996»).
(
7
)	DV n.o 275, de 22 de noviembre de 1950.
(
8
)	DV n.o 59, de 20 de julio de 2007.
(
9
)	DV n.o 47, de 23 de junio de 2009.
(
10
)	Nacidas en 2005 y en 2008 respectivamente, una de ellas ha alcanzado ya la mayoría de edad, tal como se precisó en la vista ante el Tribunal de Justicia.
(
11
)	DV n.o 42, de 17 de mayo de 2005.
(
12
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6; en lo sucesivo, «Reglamento Roma I»).
(
13
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
(
14
)	Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los órganos jurisdiccionales nacionales solo pueden pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie si ante ellos está pendiente un litigio y si deben adoptar su resolución en el marco de un procedimiento que concluya con una decisión de carácter judicial. Véase la sentencia de 26 de septiembre de 2024, Fautromb (C‑368/23, EU:C:2024:789), apartado 36 y jurisprudencia citada.
(
15
)	Véase, en un procedimiento de este tipo, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Schneider (C‑386/12, en lo sucesivo, sentencia Schneider, EU:C:2013:633), apartados 10 a 12. En el asunto en el que recayó esta sentencia, que tenía por objeto la venta de un bien de una persona mayor de edad sometida a curatela, el procedimiento aplicado fue similar al seguido en el asunto principal. Véase la nota 24 de las presentes conclusiones.
(
16
)	Véase la sentencia de 2 de junio de 1994, Solo Kleinmotoren (C‑414/92, EU:C:1994:221), apartados 17 y 18.
(
17
)	Por lo que respecta a la existencia de vías de recurso, en particular respecto a las decisiones relativas a la competencia, véase la jurisprudencia nacional citada por el órgano jurisdiccional remitente y, en especial, el auto dictado anteriormente en el presente asunto (véase el punto 21 de las presentes conclusiones). Véase también la sentencia Schneider, apartado 12.
(
18
)	Este requisito ha sido recordado expresamente por el órgano jurisdiccional remitente en una nota que dirigió al Tribunal de Justicia tras la presentación de las observaciones escritas de la Comisión sobre la aplicabilidad del artículo 16 del Reglamento Bruselas II ter. Sobre los elementos de apreciación que han de examinarse, véase asimismo la nota 95 de las presentes conclusiones. Véase también, sobre la situación del presente asunto, en la que los intereses de los menores podrían ser diferentes de los de su representante legal, el punto 19 de las presentes conclusiones.
(
19
)	Véase el artículo 2, apartado 1, párrafo segundo, letra b), del Reglamento Bruselas II ter. Se excluyen, en cambio, a efectos de ese capítulo IV, las medidas provisionales, incluidas las cautelares, ordenadas por un tribunal sin que el demandado haya sido citado a comparecer, a menos que la resolución que contenga la medida haya sido notificada al demandado antes de la ejecución.
(
20
)	Véase Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), 7.a ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, colección «Droit des affaires», París, 2024, apartado 425 (pp. 636 y 637).
(
21
)	Véanse las sentencias de 6 de octubre de 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653), apartado 20, y de 19 de abril de 2018, Saponaro y Xylina (C‑565/16, EU:C:2018:265), apartado 10. Véase asimismo la sentencia de 30 de marzo de 2023, М. Ya. M. (Renuncia a la herencia por un coheredero) (C‑651/21, EU:C:2023:277), apartados 15 y 16, en los que se recuerdan las normas procesales búlgaras que regulan el desarrollo del procedimiento de jurisdicción voluntaria.
(
22
)	En sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente cita el Reglamento Bruselas II ter, el Reglamento Roma I y el Reglamento n.o 1215/2012. Excluyo de mi análisis el segundo de estos Reglamentos, que no se refiere a la competencia internacional. Véase, a este respecto, la nota 48 de las presentes conclusiones.
(
23
)	C‑404/14, EU:C:2015:653.
(
24
)	Véase la sentencia Schneider, apartado 23. El Sofiyski gradski sad (Tribunal de la Ciudad de Sofía) conoció del asunto en virtud de disposiciones análogas a las aplicables en el asunto principal. En efecto, con arreglo al artículo 168, apartado 2, en relación con los artículos 165, apartado 4, y 130, apartado 3, del Código de la Familia, los actos de disposición de bienes inmuebles que son propiedad de personas parcialmente incapacitadas podrán realizarse con la autorización del Rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia) en cuya circunscripción territorial tengan su domicilio dichas personas, autorización que será concedida siempre que tal acto de disposición no resulte contrario a los intereses de las mismas (véase la sentencia Schneider, apartado 7).
(
25
)	Véase la sentencia Schneider, apartado 25.
(
26
)	Reglamento del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
(
27
)	Véase la sentencia Schneider, apartados 26, 28 y 31.
(
28
)	Reglamento del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1). Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653), apartados 29 y 31, en un caso de solicitud de aprobación por el juez de tutelas de un acuerdo de reparto sucesorio celebrado en nombre de hijos menores. Invocando dicha sentencia, se adoptó la misma solución en la sentencia de 19 de abril de 2018, Saponaro y Xylina (C‑565/16, EU:C:2018:265), apartados 17 a 19, relativa a una solicitud de autorización destinada a repudiar una herencia presentada por los padres en nombre de su hijo menor.
(
29
)	Véanse, a título ilustrativo, por analogía, las sentencias de 6 de octubre de 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653), apartado 37, y de 19 de abril de 2018, Saponaro y Xylina (C‑565/16, EU:C:2018:265), apartado 20.
(
30
)	Véase el punto 53 de las presentes conclusiones.
(
31
)	A tenor de esa disposición, «si el resultado de un procedimiento en una materia no perteneciente al ámbito de aplicación del presente Reglamento ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro depende de la determinación de una cuestión incidental relacionada con la responsabilidad parental, un órgano jurisdiccional de dicho Estado miembro podrá determinar dicha cuestión a efectos del mencionado procedimiento aun cuando dicho Estado miembro no sea competente en virtud del presente Reglamento».
(
32
)	Véase el punto 25 de las presentes conclusiones.
(
33
)	Véase el punto 30 de las presentes conclusiones.
(
34
)	Véase también el considerando 32 del Reglamento Bruselas II ter en lo que respecta a las explicaciones concretas que se ofrecen a título de ejemplo. Debo precisar que el artículo 16, apartado 3, de ese Reglamento dispone que, «si la validez de un acto jurídico realizado o que vaya a realizarse en nombre de un menor de edad en un procedimiento en materia de sucesión ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro requiere el permiso o la aprobación de un órgano jurisdiccional, un órgano jurisdiccional de dicho Estado miembro podrá decidir si permite o aprueba el acto jurídico de que se trate aun cuando no sea competente en virtud del presente Reglamento». Habida cuenta de la situación particular contemplada en esta disposición (véase el considerando 33 del referido Reglamento), debe interpretarse en sentido restrictivo.
(
35
)	Véase el comentario de esta disposición por Jault-Seseke, F., en Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., y Jault-Seseke, F., Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international; Commentaire del règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), Bruylant, Bruselas, 2023, pp. 219 a 231, en particular pp. 221 y ss., así como, en especial, los apartados 10 y 13. Véase también Garber, T., «Article 10 — Choice of court», en Magnus, U., y Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels II ter Regulation, Otto Schmidt, Colonia, 2023, pp. 169 a 184, en particular apartados 9, 10, 16, 17, 18 y 22 (pp. 173 a 176). A mi parecer, el citado artículo 10 podría interpretarse en el sentido de que se aplica en caso de elección por la persona o las personas interesadas únicamente en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, especialmente en calidad de representante legal del menor. Véase, a este respecto, en relación con las constataciones basadas en el procedimiento principal, el punto 62 de las presentes conclusiones y las soluciones adoptadas por el Tribunal de Justicia en las sentencias de 6 de octubre de 2015, Matoušková (C‑404/14, EU:C:2015:653), apartados 35 a 37, y de 19 de abril de 2018, Saponaro y Xylina (C‑565/16, EU:C:2018:265), apartado 40, sobre la base del artículo 12, apartado 3, del Reglamento n.o 2201/2003, que podrían extrapolarse debido a la equivalencia de este precepto con el artículo 10 del Reglamento Bruselas II ter y en un caso en el que un solo progenitor es el representante legal de sus hijos.
(
36
)	Tal como indica el órgano jurisdiccional remitente, esta resolución se puede consultar en el sitio de internet de dicho órgano jurisdiccional.
(
37
)	El Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo) especificó en su resolución que, con arreglo al artículo 65, apartado 1, del Código de Derecho Internacional Privado, la adquisición y la extinción de derechos reales, así como de la posesión, se rigen por la ley del Estado donde esté situado el bien. El órgano jurisdiccional remitente no cita esta disposición.
(
38
)	Véanse asimismo las disposiciones sobre competencia del artículo 25, apartado 6, del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, que establecen también la competencia de las autoridades de la parte contratante de la que sea nacional el menor.
(
39
)	Véase también la posición adoptada por la Comisión en su Guía práctica para la aplicación del Reglamento Bruselas II ter, publicada en 2023, punto 9.2 (p. 208): «El Reglamento [Bruselas II ter] no afecta a ningún convenio bilateral celebrado entre un Estado miembro y un tercer país que regule materias incluidas en el ámbito de aplicación material del Reglamento. Lo mismo se aplica a los convenios multilaterales, en la medida en que las normas especiales [de dicho] Reglamento establecidas en los artículos 95 a 99 no dispongan lo contrario. Este resultado se deriva de las obligaciones internacionales asumidas anteriormente por el Estado miembro en cuestión (véase el considerando 91 y el artículo 351 TFUE).»
(
40
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2024, Energotehnica (C‑792/22, EU:C:2024:788), apartado 42.
(
41
)	Dado que dicho artículo sustituyó al artículo 307 CE, que reemplazó al artículo 234 CEE, su interpretación por el Tribunal de Justicia es válida, según reiterada jurisprudencia, para las disposiciones actualmente vigentes que sean equivalentes.
(
42
)	En otros reglamentos en materia de cooperación civil, el legislador de la Unión ha actuado de manera distinta. Véanse, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto OP (Elección de la ley de un Estado tercero para la sucesión) (C‑21/22, EU:C:2023:247), punto 30.
(
43
)	Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto OP (Elección de la ley de un Estado tercero para la sucesión) (C‑21/22, EU:C:2023:247), nota 20.
(
44
)	Como recordatorio de que el artículo 351 TFUE, párrafo primero, es una norma que, cuando concurren los requisitos para su aplicación, puede permitir excepciones a la aplicación del Derecho de la Unión, incluso del Derecho primario, véase la sentencia de 14 de marzo de 2024, Comisión/Reino Unido (Sentencia del Tribunal Supremo) (C‑516/22, EU:C:2024:231), apartados 59 y 78, y jurisprudencia citada.
(
45
)	El Gobierno húngaro precisó que, «al igual que Bulgaria, Hungría celebró con los antiguos países socialistas numerosos acuerdos bilaterales de asistencia judicial que siguen vigentes en la actualidad. Se trata de acuerdos de carácter general que regulan, en todos los ámbitos del Derecho civil, la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, así como la notificación de los actos y la práctica de la prueba, y que con frecuencia comprenden incluso la cooperación en materia penal». A diferencia de tales acuerdos, el Reglamento Bruselas II ter no contiene ninguna norma relativa a la ley aplicable en materia de responsabilidad parental (véase, en el considerando 92 de dicho Reglamento, la remisión a las disposiciones del capítulo III del Convenio de La Haya de 1996).
(
46
)	Así, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, hay que atenerse a los elementos proporcionados por el órgano jurisdiccional remitente. Véase, asimismo, en el punto 50 de las presentes conclusiones, información sobre el Acuerdo entre Rusia y Bulgaria a la cual cabe añadir que, según el artículo 1, apartado 1, de dicho Acuerdo, los nacionales de una parte contratante disfrutan, en el territorio de la otra parte contratante, de la misma protección jurídica de sus derechos personales y patrimoniales que los nacionales de esta última parte contratante. Para más detalles relativos al Convenio de La Haya de 1996, véase también el punto 66 y la nota 53 de las presentes conclusiones.
(
47
)	Véase el punto 53 de las presentes conclusiones.
(
48
)	El citado artículo dispone que, «a falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 5 a 8, la ley aplicable al contrato se determinará de este modo: […] el contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o el arrendamiento de un bien inmueble se regirá por la ley del país donde esté sito el bien inmueble». La referencia a este artículo podría interpretarse en el sentido de que sirve de apoyo a la motivación basada en la ley aplicable, de conformidad con el Derecho de la Unión. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente ha precisado que esta referencia era errónea (véase el punto 21 de las presentes conclusiones).
(
49
)	Sobre este segundo requisito de aplicación del artículo 351 TFUE, véase la sentencia de 14 de marzo de 2024, Comisión/Reino Unido (Sentencia del Tribunal Supremo) (C‑516/22, EU:C:2024:231), apartados 63 y 64.
(
50
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2010, Comisión/Alemania (C‑546/07, EU:C:2010:25), apartado 43, y el auto de 5 de septiembre de 2019, Caisse pour l’avenir des enfants (C‑801/18, EU:C:2019:684), apartado 41 y jurisprudencia citada.
(
51
)	Es importante recordar que corresponde al juez nacional, y no al Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento prejudicial, determinar cuáles son las obligaciones que se imponen al Estado miembro de que se trata en virtud de un convenio internacional anterior y trazar sus límites, para determinar en qué medida obstaculizan tales obligaciones la aplicación del Derecho de la Unión pertinente. Véase la sentencia de 2 de agosto de 1993, Levy (C‑158/91, EU:C:1993:332), apartado 21.
(
52
)	Sobre el ámbito de aplicación del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, véase la nota 46 de las presentes conclusiones.
(
53
)	Dicho Convenio entró en vigor el 1 de febrero de 2007 en Bulgaria y el 1 de junio de 2013 en Rusia [véase, sobre esta indicación relativa a este último Estado, la sentencia de 14 de julio de 2022, CC (Traslado de la residencia habitual de un menor a un tercer Estado), C‑572/21, EU:C:2022:562, apartado 3]. Con arreglo al artículo 55, apartado 1, de dicho Convenio, «cualquier Estado contratante podrá, conforme al artículo 60: a) reservarse la competencia de sus autoridades para tomar medidas de protección de los bienes de un niño situados en su territorio; b) reservarse el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o una medida que sería incompatible con una medida adoptada por sus autoridades en relación con dichos bienes». Cabe señalar que la República de Polonia, por ejemplo, formuló las mismas reservas. No sucedió lo mismo con la aplicación de este mismo Convenio en Hungría, que entró en vigor el 1 de mayo de 2006.
(
54
)	Compárese con el punto 55 de las presentes conclusiones.
(
55
)	Véase la sentencia de 28 de octubre de 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Extradición y non bis in idem) (C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852), apartado 122 y jurisprudencia citada.
(
56
)	C‑533/08, en lo sucesivo, sentencia TNT, EU:C:2010:243.
(
57
)	C‑21/22, en lo sucesivo, sentencia OP, EU:C:2023:766.
(
58
)	Ese convenio multilateral se firmó en Ginebra el 19 de mayo de 1956. Fue modificado por el Protocolo firmado en Ginebra el 5 de julio de 1978 (en lo sucesivo, «CMR»).
(
59
)	Véase la sentencia TNT, apartado 41.
(
60
)	Véanse las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto OP (Elección de la ley de un Estado tercero para la sucesión) (C‑21/22, EU:C:2023:247), puntos 40, 41, 43 y 49.
(
61
)	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO 2012, L 201, p. 107).
(
62
)	Sentencia OP, apartado 37. Véanse, en el mismo sentido, las conclusiones del Abogado General Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto OP (Elección de la ley de un Estado tercero para la sucesión) (C‑21/22, EU:C:2023:247), puntos 63 y 79.
(
63
)	En la sentencia TNT, se trata del Reglamento n.o 44/2001. En la medida en que el Reglamento n.o 1215/2012 derogó y sustituyó a este Reglamento, que a su vez sustituyó al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil firmado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (DO 1972, L 299, p. 32), en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio (DO 1998, C 27, p. 1), la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de las disposiciones de cualesquiera de estos instrumentos jurídicos es válida para las de los demás instrumentos jurídicos que puedan considerarse equivalentes. Véase, en particular, la sentencia de 21 de marzo de 2024, Gjensidige (C‑90/22, EU:C:2024:252), apartado 40. En la sentencia OP, se trata del Reglamento n.o 650/2012.
(
64
)	En el artículo 71, apartado 1, de los Reglamentos n.os 44/2001 y 1215/2012 se mencionan los convenios «que, en materias particulares, regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones». En el artículo 75 del Reglamento n.o 650/2012 se hace referencia a los convenios internacionales «que se refieran a materias reguladas por él». Sobre la constatación de la analogía de estos preceptos, que figuran también en otros instrumentos de la Unión en materia de cooperación judicial, véase la sentencia OP, apartado 28.
(
65
)	Véase el artículo 73, apartado 3, del Reglamento n.o 1215/2012, sin equivalente en el Reglamento n.o 44/2001, que se refiere a los convenios y acuerdos bilaterales entre terceros Estados y un Estado miembro celebrados antes de la fecha de entrada en vigor de este Reglamento.
(
66
)	Véase la sentencia TNT [apartado 46, que el Tribunal de Justicia cita por analogía en el apartado 26 de la sentencia OP y, más recientemente, en la sentencia de 21 de marzo de 2024, Gjensidige (C‑90/22, EU:C:2024:252), apartado 41].
(
67
)	Véase el apartado 47 de la sentencia TNT, conforme al cual, «a pesar de la explicación que se ofrece en el considerando vigésimo quinto del Reglamento n.o 44/2001, según la cual los convenios especiales no resultan afectados con el fin de permitir a los Estados miembros respetar sus compromisos internacionales frente a Estados terceros, el legislador también ha querido imponer, a través del artículo 71 de dicho Reglamento, la aplicación de dichos convenios en el propio seno de la Unión».
(
68
)	Las salvedades previstas en el Derecho derivado solo pueden inscribirse en el marco de las relaciones entre Estados miembros. Véase, a este respecto, la sentencia de 14 de marzo de 2024, Comisión/Reino Unido (Sentencia del Tribunal Supremo) (C‑516/22, EU:C:2024:231), apartado 61.
(
69
)	Véanse, a modo de recordatorio, las conclusiones del Abogado General Emiliou presentadas en el asunto Comisión/Reino Unido (Sentencia del Tribunal Supremo) (C‑516/22, EU:C:2023:857), punto 114.
(
70
)	Véase el apartado 49 de dicha sentencia, que se refiere a un caso de concurso entre el Reglamento n.o 44/2001 y el CMR.
(
71
)	El Tribunal de Justicia recordó «los principios […] de libre circulación de las resoluciones en materia civil y mercantil, de previsibilidad de los órganos jurisdiccionales competentes y, por consiguiente, de seguridad jurídica para los justiciables, de buena administración de justicia, de reducción al máximo del riesgo de procedimientos paralelos y de confianza recíproca en la justicia en el seno de la Unión».
(
72
)	Véase la sentencia TNT, apartado 52 y jurisprudencia citada. Véase también, como recordatorio de este principio, la sentencia de 14 de marzo de 2024, Comisión/Reino Unido (Sentencia del Tribunal Supremo) (C‑516/22, EU:C:2024:231), apartado 61.
(
73
)	C‑452/12, EU:C:2013:858, apartados 24 y 40, así como 36 y 41.
(
74
)	C‑90/22, EU:C:2024:252, apartados 37 y 45.
(
75
)	C‑157/13, EU:C:2014:2145, apartado 38.
(
76
)	Véase la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145), apartado 41.
(
77
)	Véase la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145), apartado 42.
(
78
)	Compárese con las cuestiones a las que se refieren las otras sentencias citadas en los puntos 81 y 82 de las presentes conclusiones.
(
79
)	Véase la sentencia OP, apartados 11 y 25.
(
80
)	El subrayado es mío. A mi entender, esta expresión es novedosa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Véanse, en comparación, las sentencias citadas en los puntos 80 a 82 de las presentes conclusiones.
(
81
)	Sentencia OP, apartado 29.
(
82
)	Véase la sentencia OP, apartados 30 a 36.
(
83
)	Véase la sentencia OP, apartado 37. El Tribunal de Justicia no tuvo que pronunciarse sobre los requisitos de aplicación del artículo 351 TFUE, párrafo segundo, puesto que consideró que ni la posibilidad de designar el Derecho aplicable a la propia sucesión ni la discordancia entre la competencia judicial y la ley aplicable contravienen un principio subyacente al Reglamento n.o 650/2012 (véanse los apartados 33 y 34 de la citada sentencia).
(
84
)	Véase la sentencia OP, apartados 26 y 27, relativos al principio enunciado en el artículo 75, apartado 1, del Reglamento n.o 650/2012 que reitera, para los terceros Estados, el principio consagrado en el artículo 351 TFUE, párrafo primero. Véase también el punto 79 de las presentes conclusiones.
(
85
)	Véase la sentencia OP, apartados 28 y 29.
(
86
)	Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado Campos Sánchez-Bordona presentadas en el asunto OP (Elección de la ley de un Estado tercero para la sucesión) (C‑21/22, EU:C:2023:247), puntos 48 y 49.
(
87
)	En la sentencia OP, el Tribunal de Justicia respondió a esta pregunta negativamente. En las relaciones entre Estados miembros, esta disposición no es aplicable. Véase, en particular, sobre los requisitos fijados en la sentencia TNT para la aplicación del artículo 31, apartados 2 y 3, del CMR, el apartado 56 de esta sentencia.
(
88
)	Véase la sentencia de 14 de marzo de 2024, Comisión/Reino Unido (Sentencia del Tribunal Supremo) (C‑516/22, EU:C:2024:231), apartado 60.
(
89
)	El Abogado General Campos Sánchez-Bordona había subrayado este elemento crucial de la reflexión en sus conclusiones presentadas en el asunto OP (Elección de la ley de un Estado tercero para la sucesión) (C‑21/22, EU:C:2023:247), punto 48 y nota 37 para una ilustración del problema. Del mismo modo, estimo que, en el caso de autos, suponiendo que los jueces rusos sigan la misma interpretación que el Varhoven kasatsionen sad (Tribunal Supremo), la cuestión podría formularse concretamente de la siguiente manera: ¿Cómo justificar que, por el mero hecho de residir en un Estado miembro, los nacionales rusos propietarios de inmuebles en Bulgaria no puedan disfrutar de la seguridad jurídica resultante de la aplicación del Acuerdo entre Rusia y Bulgaria, en virtud del cual el juez competente es el del lugar en el que está situado el inmueble y la ley aplicable es la de ese foro? ¿Cómo justificar que, en el marco de esas mismas normas, pero relativas a nacionales búlgaros propietarios de inmuebles en Rusia, residentes en un Estado miembro, la resolución dictada en Rusia con arreglo al Derecho ruso no sea reconocida en Bulgaria?
(
90
)	Véase, asimismo, en relación con una cuestión de competencia en el seno de la Unión, la sentencia de 4 de septiembre de 2014, Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145), apartado 41.
(
91
)	Véanse los considerandos 19 y 20, así como el artículo 7 del Reglamento Bruselas II ter. Véase también el comentario de este artículo por Jault-Seseke, F., en Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., y Jault-Seseke, F., op. cit., pp. 193 a 201, en especial pp. 194 y 195.
(
92
)	Véase el artículo 10 del Reglamento Bruselas II ter y el punto 49 de las presentes conclusiones.
(
93
)	Véase el artículo 12 del Reglamento Bruselas II ter. Establece las condiciones de remisión de competencia de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro a un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro con el que el menor tenga un vínculo estrecho. En el apartado 4 de este artículo se precisa el concepto de «vínculo estrecho». En la letra e) de dicho apartado se contempla el caso del «asunto [que] se refiere a las medidas de protección del menor ligadas a la administración, conservación o disposición de los bienes de este que se encuentran en el territorio de dicho Estado miembro». Véase asimismo el artículo 13 del referido Reglamento. En virtud de este artículo, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con el que el menor tenga un vínculo estrecho de conformidad con el artículo 12, apartado 4, del citado Reglamento, puede solicitar una transferencia de competencia al órgano jurisdiccional del Estado miembro de residencia habitual del menor, si considera que puede valorar mejor el interés superior del menor en un caso particular.
(
94
)	Véase el artículo 12, apartado 4, letra e), del Reglamento Bruselas II ter, que se menciona en la nota 93 de las presentes conclusiones. Mediante una aplicación conjunta de este precepto y del artículo 13 del mismo Reglamento, el órgano jurisdiccional del Estado miembro en el que se encuentran los bienes propiedad de un menor tiene la facultad de reclamar su competencia sin que sea necesario que se haya iniciado un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de este Estado miembro. Véase, a este respecto, Jault-Seseke, F., «Article 13 — Demande de transfert de compétence par une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente», en Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., y Jault-Seseke, F., op. cit., pp. 249 a 251, en especial apartados 3 y 4 (p. 250); Garber, T., «Article 13 — Request for transfer of jurisdiction by a court of a Member State not having jurisdiction», en Magnus, U., y Mankowski, P., op. cit., pp. 211 a 213, en especial apartado 6 (p. 213), y la Guía práctica de la Comisión para la aplicación del Reglamento Bruselas II ter, 2023, punto 3.3.1 (p. 74).
(
95
)	A este respecto, las solicitantes en el procedimiento principal alegan en sus observaciones escritas que el órgano jurisdiccional del Estado en el que se encuentra el inmueble es el mejor situado, por razones de proximidad, para pronunciarse sobre los intereses patrimoniales de los menores, ya que es preciso comprobar, en particular, el derecho de propiedad o la cuota de copropiedad sobre el inmueble de que se trata, sus características en virtud del título de propiedad, así como los planos y la valoración de mercado de dicho inmueble, ordenando, en su caso, la realización de un peritaje. La autorización para la venta se concede a condición que el precio de venta no sea inferior al precio de mercado. Según el órgano jurisdiccional remitente, la base mínima de la solicitud es la valoración fiscal de los bienes.
(
96
)	Véase la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari (C‑720/18 y C‑721/18, EU:C:2020:854), apartado 68.
(
97
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari (C‑720/18 y C‑721/18, EU:C:2020:854), apartado 69.