62024CJ0776
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
de 18 de diciembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Funcionarios — Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea — Anexo VIII — Pensiones — Derechos a pensión adquiridos antes de la incorporación al servicio de la Unión Europea — Transferencia al régimen de pensiones de las instituciones de la Unión Europea — Solicitud de transferencia del trabajador — Irrevocabilidad de esta transferencia — Enriquecimiento sin causa»
En el asunto C‑776/24 [Bopuis], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunal de lo Laboral Francófono de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 5 de noviembre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de noviembre de 2024, en el procedimiento entre
CJ
y
Service fédéral des Pensions (SFP),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. F. Biltgen (Ponente), Presidente de la Sala Primera, en funciones de Presidente de la Sala Sexta, y los Sres. A. Kumin y S. Gervasoni, Jueces;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de CJ, por el Sr. J.‑F. Neven, avocat;
–
en nombre del Gobierno belga, por las Sras. C. Jacob, C. Pochet y M. Van Regemorter, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. A. Baeckelmans y el Sr. J.‑F. Brakeland, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, en su versión modificada por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 571/92 del Consejo, de 2 de marzo de 1992 (DO 1992, L 62, p. 1) (en lo sucesivo, «Estatuto»), a la luz del principio de cooperación leal, consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3.
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre CJ y el service fédéral des Pensions (Servicio Federal de Pensiones, Bélgica; en lo sucesivo, «SFP») en relación con la solicitud de CJ de transferir al régimen de pensiones de las instituciones de la Unión Europea (en lo sucesivo, «RPIUE») sus derechos a pensión adquiridos con anterioridad a su incorporación al servicio de la Unión Europea.
Marco jurídico
Estatuto
3
El artículo 77 del Estatuto dispone lo siguiente:
«El funcionario que haya completado como mínimo diez años de servicio tendrá derecho a una pensión de jubilación. […]
La cuantía máxima de la pensión de jubilación será el 70 % del último sueldo base correspondiente al último grado en el que haya estado clasificado como mínimo durante un año. Por cada año de servicio contabilizado de conformidad con el artículo 3 del anexo VIII, el funcionario tendrá derecho a percibir el 1,80 % de ese último sueldo base.»
4
A tenor del artículo 2 del anexo VIII del Estatuto:
«La pensión de jubilación será liquidada sobre la base del número total de anualidades perfeccionadas por el funcionario. Cada año, contabilizado en las condiciones fijadas en el artículo 3 siguiente, dará derecho a una anualidad y cada mes completo a una doceava parte de anualidad.
El número máximo de anualidades susceptibles de ser computadas para el cálculo del derecho a pensión será el número necesario para alcanzar la pensión máxima, con arreglo a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 77 del Estatuto.»
5
El artículo 11 del anexo VIII del Estatuto establece lo siguiente:
«1.   El funcionario que cese para:
–
entrar al servicio de una administración o de una organización nacional o internacional que hubiera celebrado un acuerdo con las Comunidades,
–
ejercer una actividad por cuenta propia o ajena en virtud de la cual adquiera derechos a pensión en un régimen cuyos organismos de gestión hayan celebrado un acuerdo con las Comunidades,
tendrá derecho a hacer transferir el equivalente actuarial de sus derechos a pensión de jubilación, adquiridos en las Comunidades, a la caja de pensiones de esta administración, de esta organización, o a la caja en la que el funcionario adquiera sus derechos a pensión de jubilación en virtud de su actividad por cuenta propia o ajena.
2.   El funcionario que entre al servicio de las Comunidades tras haber:
–
cesado en el servicio de una administración, o de una organización nacional o internacional, o
–
ejercido una actividad por cuenta propia o ajena,
tendrá la facultad, en el momento de su nombramiento definitivo, de hacer transferir a las Comunidades, bien el equivalente actuarial, bien el total de las cantidades de rescate de sus derechos [a] pensión de jubilación que hubiera adquirido en virtud de las actividades mencionadas anteriormente. En tal caso, la institución en la que el funcionario preste servicios determinará, teniendo en cuenta el grado de su nombramiento, el número de anualidades que tomará en cuenta a efectos de su propio sistema de pensiones, en virtud del período de servicio anterior, sobre la base de la cuantía del equivalente actuarial o del rescate.»
Derecho belga
6
La loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d’institutions de droit international public (Ley por la que se establecen determinadas relaciones entre regímenes belgas de pensiones y los de instituciones de Derecho internacional público), de 21 de mayo de 1991 (Moniteur belge de 20 de junio de 1991; en lo sucesivo, «Ley de 21 de mayo de 1991»), estableció un sistema de transferencia especial, denominado «subrogación», derivado de la fórmula de transferencia del equivalente actuarial que prevé el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.
7
A tenor del artículo 3 de la Ley de 21 de mayo de 1991:
«Todo funcionario podrá, con el consentimiento de la institución, solicitar que se abone a la referida institución el importe de la pensión de jubilación correspondiente a los servicios y períodos anteriores a su entrada al servicio de la institución.»
8
El artículo 6, párrafo primero, de esta Ley preceptúa lo siguiente:
«Una vez que la Administración haya determinado el importe anual de la pensión de jubilación que deba transferirse y los diferentes elementos tenidos en cuenta para su cálculo, estos le serán notificados al interesado mediante carta certificada.»
9
El artículo 7 de dicha Ley estipula lo siguiente:
«Cuando el importe de la pensión de jubilación sea definitivo:
1o
ya no podrá ser modificado por ningún motivo […]».
Litigio principal y cuestión prejudicial
10
Entre 1972 y 1993, CJ trabajó en Bélgica principalmente como trabajador por cuenta ajena. Durante este período, cotizó al SFP.
11
CJ entró al servicio de la Unión Europea el 1 de abril de 1994 y fue nombrado definitivamente como funcionario a partir del 1 de enero de 1995.
12
El 29 de mayo de 1995, CJ solicitó la transferencia al RPIUE de sus derechos a pensión adquiridos como trabajador por cuenta ajena belga.
13
Mediante resolución de 15 de julio de 1996, el SFP notificó a CJ, mediante carta certificada, el importe de los derechos a pensión transferibles.
14
El 4 de noviembre de 1996, el SFP informó a la Comisión Europea de dicho importe.
15
El 14 de septiembre de 2007, los servicios de la Unión informaron a CJ de un nuevo cálculo de sus derechos a pensión transferidos debido a la reforma del Estatuto, en 2004, haciendo pasar las anualidades que podían reconocerse en el RPIUE a cuatro años, cuatro meses y veinticuatro días.
16
El 1 de julio de 2020, a sus sesenta y tres años y once meses, gracias al nuevo cálculo de sus derechos a pensión de 14 de septiembre de 2007, CJ alcanzó el máximo porcentaje de pensión del 70 %. Sin embargo, siguió trabajando hasta el 31 de julio de 2022.
17
El 8 de marzo de 2022, CJ solicitó al SFP una pensión de jubilación correspondiente a los derechos adquiridos con anterioridad a su incorporación al servicio de la Unión.
18
Mediante dos resoluciones de 25 de mayo de 2022, el SFP concedió a CJ, respectivamente, una pensión de jubilación por un importe mensual bruto de 533,85 euros a partir del 1 de agosto de 2021 y una pensión de jubilación de un importe mensual bruto de 577,85 euros a partir del 1 de agosto de 2022, fecha que el SFP tuvo en cuenta como fecha de cese de las actividades de CJ como funcionario.
19
El 5 de julio de 2022, la autoridad de la Unión encargada de la liquidación de los derechos a pensión de CJ le comunicó la determinación de sus derechos a pensión con vistas a su jubilación el 31 de julio de 2022 por la tarde, es decir, el último día del mes en el que cumplía sesenta y seis años. A efectos de esa determinación se habían computado cuatro años, cuatro meses y veinticuatro días debido a la transferencia de sus derechos a pensión belgas y se indicaba que CJ había acumulado en total el 79,21667 % de derechos a pensión, en particular debido a la bonificación del 13,75 % adquirida por haber trabajado cinco años y seis meses después de la edad de jubilación normal. Estos derechos quedaron sujetos al límite máximo del 70 % previsto en el Estatuto.
20
El 6 de julio de 2022, CJ informó al SFP de que, al no haber recibido en 1995, en 1996 o en 1997 la notificación del importe anual de la pensión de jubilación transferible, el importe definitivo de dicha pensión no podía considerarse determinado y su solicitud de transferencia debía considerarse revocable. Por tanto, manifestó su deseo de no transferir ya al RPIUE sus derechos a pensión adquiridos con anterioridad a su entrada al servicio de la Unión.
21
Mediante comunicaciones de noviembre y diciembre de 2022, el SFP confirmó que CJ tenía derecho a una pensión de jubilación, desde el 1 de agosto de 2021, en virtud de sus derechos adquiridos como trabajador en Bélgica.
22
A petición del SFP, la Comisión informó a ese servicio, mediante un correo electrónico de 23 de marzo de 2023, de que CJ percibía una pensión de jubilación con arreglo al RPIUE desde el 1 de agosto de 2022. Esta institución confirmó al SFP, mediante un correo electrónico de 31 de marzo de 2023, que dicha pensión tenía en cuenta las anualidades resultantes de la transferencia de los derechos a pensión efectuada por el SFP.
23
En consecuencia, el SFP informó a CJ de la suspensión del pago de su pensión de jubilación del régimen nacional belga. Mediante resolución de 17 de abril de 2023, el SFP revocó sus resoluciones de 25 de mayo de 2022 mencionadas en el apartado 18 de la presente sentencia. Reconociendo haber cometido un error administrativo, el SFP no exigió a CJ el reembolso de lo indebido, pero le informó de que no tenía derecho a una pensión de jubilación con arreglo al régimen nacional belga a partir del 1 de agosto de 2021.
24
CJ interpuso un recurso ante el tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunal de lo Laboral Francófono de Bruselas, Bélgica), que es el órgano jurisdiccional remitente, solicitando la anulación de la citada resolución de 17 de abril de 2023, a fin de que se reanudara el pago de su pensión de jubilación con arreglo al régimen nacional belga.
25
CJ alega que, si la transferencia de los derechos a pensión adquiridos con anterioridad a la entrada al servicio de la Unión es irrevocable, sus derechos a pensión adquiridos en virtud de sus actividades profesionales en Bélgica entre los años 1972 y 1992 se perderían, en esencia, puesto que, para el cálculo de su pensión de jubilación en virtud del RPIUE, no sería necesario tener en cuenta esos derechos a pensión. Afirma que, en el marco del mecanismo de subrogación, el Estado belga abona mensualmente a las instituciones de la Unión el importe de la pensión de jubilación correspondiente a los derechos adquiridos por CJ, mientras que la pensión de jubilación concedida a este en virtud del RPIUE no tiene en cuenta las anualidades adquiridas por CJ antes de su incorporación al servicio de la Unión, lo que permite a esta enriquecerse en detrimento de CJ.
26
CJ alega que no recibió las notificaciones, mediante cartas certificadas, de los importes anuales de pensión de jubilación que debían transferirse ni de los elementos tenidos en cuenta para el cálculo de esos importes, lo que no le permitió ni impugnarlos ni validarlos, y, consecuentemente, aduce que dichos importes deben considerarse no definitivos. Estima, por consiguiente, que su solicitud de transferencia al RPIUE de sus derechos a pensión adquiridos en virtud del régimen nacional belga puede ser revocada hasta que se produzca efectivamente la subrogación.
27
El SFP sostiene que ya no dispone de la prueba del envío por carta certificada de dichas notificaciones y alega, en esencia, que CJ optó por solicitar la transferencia al RPIUE de sus derechos a pensión adquiridos en virtud del régimen nacional belga, lo que debe asumir.
28
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el carácter irrevocable del mecanismo de subrogación vulnera el objetivo perseguido por el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto. En efecto, este mecanismo podría disuadir a un trabajador de entrar al servicio de las instituciones europeas, habida cuenta del riesgo de perder el derecho a una pensión de jubilación a la que tendría derecho si no hubiera entrado al servicio de la Unión, riesgo que se materializa si, como sucede en el caso de autos, el funcionario tiene derecho al importe máximo de la pensión con arreglo al RPIUE, sin que se tengan en cuenta los derechos a pensión transferidos. Por consiguiente, se pregunta si es posible impugnar la cuantía de su pensión de jubilación hasta que se produzca efectivamente la transferencia de los derechos a pensión mediante la subrogación. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente invoca la sentencia de 10 de noviembre de 1999, Kristensen y otros/Consejo (T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 y T‑118/98, EU:T:1999:289), según la cual los derechos a pensión transferidos que no se tienen en cuenta al aplicar el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto deben ser reembolsados al funcionario.
29
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta asimismo si la transferencia de dichos derechos a pensión adquiridos antes de la incorporación al servicio de la Unión, mediante el mecanismo de subrogación, constituye un enriquecimiento sin causa de las instituciones europeas.
30
En estas circunstancias, el tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunal de lo Laboral Francófono de Bruselas) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«Cuando la legislación de un Estado miembro dispone que la transferencia de los derechos previstos en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del [Estatuto] no se produce mediante la transferencia de las cotizaciones en el momento en el que el funcionario de la Unión es nombrado con carácter definitivo, sino a través de la subrogación de las instituciones europeas en los derechos a pensión adquiridos en dicho Estado miembro a partir de la fecha en que el funcionario habría tenido acceso a dicha pensión, ¿deben interpretarse el artículo 11, apartado 2, antes citado, y el principio de cooperación leal consagrado en el [artículo 4 TUE, apartado 3,] en el sentido de que exigen que esa legislación permita revocar la solicitud de transferencia hasta la fecha en que se produzca la subrogación y en que se tenga conocimiento efectivo del riesgo de no poder obtener el beneficio de una parte de los derechos de los que dicho Estado miembro debe hacerse cargo, teniendo en cuenta la finalidad que se persigue con la transferencia, que consiste en permitir que el funcionario de la Unión que ha adquirido derechos en un Estado miembro pueda mantenerlos y garantizar el atractivo de la función pública europea?»
Sobre la cuestión prejudicial
31
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente que se dilucide si el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto y el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual la decisión del funcionario de la Unión de transferir al RPIUE sus derechos a pensión adquiridos en un régimen nacional de pensiones con anterioridad a su entrada al servicio de la Unión es irrevocable, cuando dicha normativa no prevé la transferencia efectiva de tales derechos a pensión en la fecha de esa decisión, sino tal transferencia por subrogación de las instituciones de la Unión en esos derechos adquiridos a partir de la fecha en la que el funcionario puede solicitar la pensión de jubilación, con el riesgo de un enriquecimiento sin causa de las instituciones de la Unión.
32
Con carácter preliminar, procede recordar que el Estatuto, que tiene alcance general, es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. De ello resulta que, aparte de los efectos que despliega en el orden interno de la Administración de la Unión, el Estatuto vincula también a los Estados miembros en la medida en que la participación de estos sea necesaria para su aplicación (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de febrero de 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire y Ministre de l’Action et des Comptes publics, C‑903/19, EU:C:2021:95, apartados 36 y 37 y jurisprudencia citada).
33
En virtud del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, todo funcionario o agente que entre al servicio de la Unión tras haber cesado en el servicio de una administración, de una organización nacional o internacional o de una empresa tendrá la facultad, en el momento de su nombramiento definitivo, de hacer transferir a la Unión el equivalente actuarial de sus derechos a pensión de jubilación que hubiera adquirido en la administración, en la organización nacional o internacional o en la empresa a la que pertenecía.
34
En primer lugar, puesto que el sistema de transferencia de los derechos a pensión, tal como se halla regulado en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, permite efectuar una coordinación entre los regímenes nacionales y el régimen de pensiones de la Unión, pretende facilitar el paso desde empleos nacionales, públicos o privados, a la Administración de la Unión, garantizando de este modo a la Unión las mejores posibilidades de selección de un personal cualificado, dotado ya de una adecuada experiencia profesional (sentencia de 16 de diciembre de 2004, My, C‑293/03, EU:C:2004:821, apartado 44 y jurisprudencia citada).
35
En efecto, si un Estado miembro se negara a adoptar las medidas necesarias para la transferencia al RPIUE del equivalente actuarial o de la cantidad global de rescate de los derechos a pensión adquiridos en el régimen nacional de pensiones, prevista en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, podría hacer más difícil la selección, por parte de la Unión, de funcionarios nacionales con una determinada antigüedad, dado que tal paso del servicio nacional al servicio de la Unión tendría el efecto de privarles de los derechos a pensión a los que habrían tenido derecho en caso de no haber entrado al servicio de la Unión (sentencia de 4 de febrero de 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire y Ministre de l’Action et des Comptes publics, C‑903/19, EU:C:2021:95, apartado 34 y jurisprudencia citada).
36
No pueden admitirse semejantes consecuencias habida cuenta del deber de cooperación y de asistencia leales que recae sobre los Estados miembros con respecto a la Unión y que halla su expresión en la obligación, impuesta por el artículo 4 TUE, apartado 3, de facilitar a esta el cumplimiento de su misión (sentencia de 4 de febrero de 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire y Ministre de l’Action et des Comptes publics, C‑903/19, EU:C:2021:95, apartado 35 y jurisprudencia citada).
37
En segundo lugar, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto pretende conseguir que los derechos causados por los funcionarios en un Estado miembro, no obstante su carácter eventualmente limitado o, incluso, condicional o futuro, o su insuficiencia para permitir la obtención inmediata de una pensión, puedan conservarse en favor del funcionario interesado y ser tenidos en cuenta en el régimen de pensiones al que esté afiliado al final de su carrera profesional (sentencia de 20 de octubre de 1981, Comisión/Bélgica, 137/80, EU:C:1981:237, apartado 12).
38
De estas consideraciones resulta que la facultad prevista en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto tiene por objeto permitir a los funcionarios acceder a un derecho cuyo ejercicio solo depende de su propia decisión (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de octubre de 1981, Comisión/Bélgica, 137/80, EU:C:1981:237, apartado 13, y de 10 de septiembre de 2015, Wojciechowski, C‑408/14, EU:C:2015:591, apartado 52).
39
Dado que el apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto no contempla la posibilidad de revocar el ejercicio de la facultad prevista en dicha disposición, la decisión de transferencia de derechos a pensión al RPIUE tiene carácter definitivo e irrevocable. Esto se ve confirmado por el hecho de que solo puede producirse una nueva transferencia de los derechos a pensión en los supuestos contemplados en el apartado 1 del citado artículo 11, que presuponen el cese del interesado.
40
No obstante, el carácter definitivo e irrevocable de la decisión de transferencia de los derechos a pensión adquiridos con anterioridad a la entrada al servicio de la Unión no es contrario, sin embargo, a los objetivos perseguidos por el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, a saber, la conservación de los derechos adquiridos y el atractivo de la función pública europea.
41
En efecto, en cuanto a la conservación de los derechos adquiridos, procede señalar que las anualidades perfeccionadas antes de la entrada al servicio de la Unión permiten aumentar el número de años de servicio computados para determinar el porcentaje del último sueldo base que constituirá la pensión de jubilación y, de este modo, alcanzar más rápidamente el límite máximo del 70 % del último sueldo base fijado en el artículo 77, párrafo segundo, del Estatuto. Por tanto, de ello no puede deducirse una pérdida de los derechos adquiridos.
42
Se ha de precisar a este respecto que, si bien la posibilidad de transferir derechos a pensión adquiridos antes de la entrada al servicio de la Unión garantiza al funcionario de que se trate que tales derechos serán computados a efectos del RPIUE, esta posibilidad, en cambio, no le proporciona ninguna certeza de que ese cómputo tendrá como consecuencia un incremento de la cuantía de su pensión correspondiente por entero al capital transferido (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 2023, KY/Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C‑100/22 P, EU:C:2023:377, apartado 69).
43
Por lo que respecta al atractivo de la función pública, procede recordar que la transferencia de los derechos a pensión es una facultad concedida al funcionario, que debe ejercer con conocimiento de causa.
44
Así pues, con independencia de si la normativa nacional en cuestión prevé que la transferencia de los derechos a pensión se efectúe por subrogación de las instituciones europeas en esos derechos en la fecha en la que el funcionario se jubile o que dichos derechos a pensión se transfieran al RPIUE en la fecha en la que el funcionario haya decidido tal transferencia, en ambos casos se tienen en cuenta esos derechos y el atractivo de la función pública europea no se ve en modo alguno menoscabado.
45
Por consiguiente, el respeto de los objetivos perseguidos por el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no exige que se establezca el derecho a revocar la solicitud de transferencia de los derechos a pensión adquiridos con anterioridad a la entrada al servicio de la Unión hasta la fecha en que surta efecto la subrogación de las instituciones europeas en esos derechos.
46
Esta interpretación no puede ser diferente a la luz del principio de cooperación leal que halla su expresión en la obligación, prevista en el artículo 4 TUE, de facilitar a la Unión el cumplimiento de sus misiones.
47
En efecto, tal como señala la Comisión, la particularidad del presente procedimiento prejudicial reside en el modo en que el Reino de Bélgica pretendió cumplir sus obligaciones en relación con el Estatuto al establecer, mediante la Ley de 21 de mayo de 1991, un mecanismo de subrogación, en virtud del cual las instituciones europeas perciben los importes de las pensiones de jubilación del régimen nacional de sus funcionarios jubilados, en lugar de proceder a la transferencia de los derechos a pensión en la fecha en que estos funcionarios solicitaron la transferencia de sus derechos. Dicha Ley tuvo como objetivo poner fin al procedimiento de infracción incoado por la Comisión por incumplimiento por parte del Reino de Bélgica de sus obligaciones en virtud del artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, procedimiento que dio lugar a la doble condena del Reino de Bélgica mediante las sentencias de 20 de octubre de 1981, Comisión/Bélgica (137/80, EU:C:1981:237), y de 3 de octubre de 1989, Comisión/Bélgica (383/85, EU:C:1989:356). Dado que el mecanismo de subrogación previsto por la Ley de 21 de mayo de 1991 permite la conservación efectiva de los derechos adquiridos en el SFP después de su transferencia al RPIUE, el Reino de Bélgica ha respetado el principio de cooperación leal.
48
En cuanto a la alegación relativa al enriquecimiento sin causa, procede recordar que la pensión de jubilación prevista en el artículo 77 del Estatuto se calcula, como se desprende del párrafo primero de dicho artículo 77 y del artículo 2 del anexo VIII del Estatuto, sobre la base del número total de anualidades perfeccionadas por el funcionario, al que se aplica el porcentaje previsto en el artículo 77, párrafo segundo, del Estatuto, y, en su caso, dentro del límite máximo fijado en esta disposición.
49
Estas anualidades corresponden al período durante el cual el funcionario de que se trate estuvo al servicio de la Unión y el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto da al funcionario la posibilidad de transferir al RPIUE los derechos a pensión que haya adquirido antes de entrar al servicio de la Unión para que esos derechos, bonificados mediante anualidades correspondientes, puedan ser tenidos en cuenta en el cálculo de la cuantía de la pensión que debe concederse (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 2023, KY/Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C‑100/22 P, EU:C:2023:377, apartado 60).
50
Ha de añadirse que el método de cálculo del número de anualidades que deben tomarse en consideración en virtud del RPIUE, a raíz de la transferencia de derechos a pensión adquiridos en virtud de un régimen nacional, se basa en los parámetros contemplados en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto.
51
Conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 42 de la presente sentencia, si bien la posibilidad de transferir derechos a pensión adquiridos antes de la entrada al servicio de la Unión ofrece al funcionario de que se trate la garantía de que tales derechos serán computados a efectos del RPIUE, esta posibilidad no le proporciona ninguna certeza de que ese cómputo tendrá como consecuencia un incremento de la cuantía de su pensión correspondiente por entero al capital transferido (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 2023, KY/Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C‑100/22 P, EU:C:2023:377, apartado 69).
52
En efecto, el importe de las cotizaciones abonadas no está vinculado de manera proporcional a la cuantía de la pensión percibida, cuantía que se calcula sobre la base del número total de anualidades cotizadas, incluidas las adquiridas antes de la incorporación al servicio de las instituciones europeas, a las que se aplica un porcentaje y, en su caso, dentro de un límite máximo, conforme al artículo 77 del Estatuto (sentencia de 27 de febrero de 2025, OA/Parlamento, C‑32/24 P, EU:C:2025:118, apartado 50). En efecto, el RPIUE se organiza sobre la base del principio de solidaridad y no está concebido en el sentido de que la pensión percibida por un funcionario o agente corresponda exactamente al importe de las cotizaciones a dicho régimen.
53
A este respecto, no puede considerarse que el mecanismo de subrogación en beneficio del RPIUE, previsto por la Ley de 21 de mayo de 1991, conduzca a un enriquecimiento sin causa de las instituciones europeas por el mero hecho de que los derechos a pensión adquiridos con anterioridad a la incorporación al servicio de una institución de la Unión se transfieran al RPIUE en forma de pagos escalonados y no en forma de capital en el momento de la decisión del funcionario de transferir sus derechos a pensión. Esta circunstancia no afecta a los derechos a pensión del demandante ni al cálculo de la pensión que le abona el RPIUE.
54
Debe precisarse además que la sentencia de 10 de noviembre de 1999, Kristensen y otros/Consejo (T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 y T‑118/98, EU:T:1999:289), invocada por el órgano jurisdiccional remitente, se refiere a una cuestión diferente de la que se plantea en este caso. En efecto, esa sentencia se refería a las disposiciones generales de aplicación adoptadas por el Consejo de la Unión Europea, según las cuales el número de anualidades que debían computarse para determinar la pensión de jubilación se calculaba tomando como base la totalidad de la cuantía transferida, sin que ese número pudiera sobrepasar el número de años durante los cuales el interesado había estado afiliado a otros regímenes de pensiones antes de su entrada en funciones en la Unión. En el asunto que dio lugar a la citada sentencia, que se refería a un funcionario del Consejo, el número de anualidades que debían computarse por el período anterior a la entrada en servicio sobre la base del capital transferido se había limitado, conforme a las disposiciones generales de aplicación adoptadas por dicha institución, al número de años durante los cuales el interesado había estado afiliado a otros regímenes de pensiones antes de su entrada en funciones al servicio de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 2023, KY/Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C‑100/22 P, EU:C:2023:377, apartado 70). Pues bien, en el asunto principal, los derechos a pensión que fueron objeto de la transferencia se tuvieron en cuenta en su totalidad. Por tanto, esa sentencia del Tribunal General no es pertinente para responder a la cuestión prejudicial planteada.
55
En atención a las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto y el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual la decisión del funcionario de la Unión de transferir al RPIUE sus derechos a pensión adquiridos en un régimen nacional de pensiones con anterioridad a su entrada al servicio de la Unión es irrevocable, cuando dicha normativa no prevé la transferencia efectiva de tales derechos a pensión en la fecha de esa decisión, sino tal transferencia por subrogación de las instituciones de la Unión en esos derechos adquiridos a partir de la fecha en la que el funcionario puede solicitar la pensión de jubilación, siempre que los derechos a pensión transferidos sean efectivamente tenidos en cuenta en el cálculo de la cuantía de la pensión concedida.
Costas
56
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:
El artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, en su versión modificada por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 571/92 del Consejo, de 2 de marzo de 1992, y el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual la decisión del funcionario de la Unión Europea de transferir al régimen de pensiones de las instituciones de la Unión Europea sus derechos a pensión adquiridos en un régimen nacional de pensiones con anterioridad a su entrada al servicio de la Unión es irrevocable, cuando dicha normativa no prevé la transferencia efectiva de tales derechos a pensión en la fecha de esa decisión, sino tal transferencia por subrogación de las instituciones de la Unión en esos derechos adquiridos a partir de la fecha en la que el funcionario puede solicitar la pensión de jubilación, siempre que los derechos a pensión transferidos sean efectivamente tenidos en cuenta en el cálculo de la cuantía de la pensión concedida.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.