62020CO0089
AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
de 1 de octubre de 2020 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículos 53, apartado 2, y 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen — Artículo 54 — Principio non bis in idem — Ámbito de aplicación — Identidad de los hechos materiales — Falta de precisiones suficientes acerca del contexto fáctico y de las razones que justifican la necesidad de una respuesta a la cuestión prejudicial — Inadmisibilidad manifiesta»
En el asunto C‑89/20,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Županijski sud u Puli (Tribunal de Condado de Pula, Croacia), mediante resolución de 17 de febrero de 2020, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de febrero de 2020, en el proceso penal seguido contra
GR,
HS,
IT,
Inter Consulting d.o.o., en liquidación,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
integrado por el Sr. P. G. Xuereb (Ponente), Presidente de Sala, y los Sres. T. von Danwitz y A. Kumin, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, tras oír al Abogado General, de resolver mediante auto motivado de conformidad con el artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia;
dicta el siguiente
Auto
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (DO 2000, L 239, p. 19), firmado en Schengen el 19 de junio de 1990 y que entró en vigor el 26 de marzo de 1995 (en lo sucesivo, «CAAS»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un proceso penal seguido contra GR, HS, IT e Inter Consulting d.o.o., en liquidación, sobre los que pesa la acusación de haber cometido, haber instigado o colaborado en la comisión, en Croacia, de hechos calificados como abuso de confianza en el marco de operaciones comerciales.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Acta de Adhesión
3
Con arreglo al artículo 4, apartado 1, del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia y a las adaptaciones del Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2012, L 112, p. 21; en lo sucesivo, «Acta de Adhesión»):
«Las disposiciones del acervo de Schengen contempladas en el Protocolo sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea […], anexo al [Tratado UE] y al [Tratado FUE], y los actos que lo desarrollan o están relacionados con él de otro modo, enumerados en el anexo II, así como cualesquiera otros actos de este tipo adoptados antes de la adhesión, serán vinculantes para Croacia y aplicables en dicho país a partir de la fecha de la adhesión.»
4
El anexo II del Acta de Adhesión lleva por título «Lista de las disposiciones del acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea y de los actos que lo desarrollan o guardan relación con el mismo, que serán obligatorios y aplicables en la República de Croacia a partir de la adhesión (contemplados en el artículo 4, apartado 1, del Acta de Adhesión)». A tal efecto, el punto 2 de ese anexo hace referencia a «las siguientes disposiciones del [CAAS], junto con su Acta final y las declaraciones comunes correspondientes […], en las versiones modificadas por algunos de los actos enumerados en el punto 8 del presente anexo:
[…] artículos 54 a 58 […]».
CAAS
5
El artículo 54 del CAAS figura en el capítulo 3 de este, titulado «Aplicación del principio non bis in idem». Este artículo dispone:
«Una persona que haya sido juzgada en sentencia firme por una Parte contratante no podrá ser perseguida por los mismos hechos por otra Parte contratante, siempre que, en caso de condena, se haya ejecutado la sanción, se esté ejecutando o no pueda ejecutarse ya según la legislación de la Parte contratante donde haya tenido lugar la condena.»
Derecho croata
6
El artículo 31, apartado 2, de la Constitución de la República de Croacia es del siguiente tenor:
«Nadie podrá volver a ser juzgado ni a ser objeto de persecución penal por un acto por el que ya haya sido absuelto o condenado mediante resolución firme dictada por un órgano jurisdiccional con arreglo a la ley.»
7
El artículo 246, apartados 1 y 2, del Kazneni zakon (Código Penal), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, tipifica el abuso de confianza en las operaciones comerciales como infracción penal de carácter económico.
Litigio principal y cuestión prejudicial
8
En el momento en que ocurrieron los hechos del litigio principal, GR era miembro del consejo de gestión de Skiper Hoteli d.o.o. y de Interco Umag d.o.o., Umag (en lo sucesivo, «Interco»), que posteriormente pasó a ser Inter Consulting. También era socio de Rezidencjia Skiper d.o.o. y poseía participaciones en Alterius d.o.o. HS, por su parte, era presidente del consejo de gestión de Interco y poseía también participaciones en Alterius, mientras que IT efectuaba tasaciones de bienes inmuebles.
9
El 28 de septiembre de 2015, el Županijsko državno odvjetništvo u Puli (Fiscalía del Condado de Pula, Croacia; en lo sucesivo, «Fiscalía de Pula») formuló un escrito de acusación contra GR, HS, IT e Interco. Con dicho escrito, acusaba, por un lado, a GR y a Interco de haber cometido un abuso de confianza en las operaciones comerciales, en el sentido del artículo 246, apartados 1 y 2, del Código Penal, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, y, por otra parte, a HS y a IT de haber instigado y colaborado, respectivamente, en la comisión de esa infracción.
10
De dicho escrito de acusación, tal como se reproduce en la petición de decisión prejudicial, se desprende que, entre el mes de diciembre de 2004 y el mes de junio de 2006, GR y HS actuaron para que Interco adquiriera unos bienes inmuebles sitos en varias parcelas de terreno adyacentes en el término municipal de Savudrija (Croacia), lugar en el que Skiper Hoteli tenía el propósito de realizar un proyecto inmobiliario de alojamientos turísticos. A continuación, esas mismas personas hicieron que Skiper Hoteli adquiriera esos terrenos a un precio considerablemente superior al de mercado, de modo que Interco obtuvo un beneficio ilícito a expensas de Skiper Hoteli.
11
El mismo escrito de acusación señala además que, entre el mes de noviembre de 2004 y el mes de noviembre de 2005, GR y HS actuaron también con el propósito de que GR y otras sociedades representadas por este vendieran a Skiper Hoteli, a un precio considerablemente mayor que el correspondiente a su valor real, las participaciones poseídas por GR y esas otras sociedades en Alterius, cuya aportación inicial de activos estaba compuesta por bienes inmuebles erigidos en parcelas de terreno adyacentes sitas en el término municipal de Savudrija. A tal efecto, GR y HS encomendaron a Rezidencjia Skiper, con la complicidad de IT, una tasación que sobreestimaba el valor de los bienes inmuebles de que se trata.
12
El escrito de acusación de la Fiscalía de Pula fue confirmado mediante resolución de 5 de mayo de 2016 de la Sala de lo Penal del órgano jurisdiccional remitente, el Županijski sud u Puli (Tribunal de Condado de Pula, Croacia).
13
Durante la vista preliminar ante el órgano jurisdiccional remitente, GR y HS solicitaron la suspensión del proceso penal, basándose en que el principio non bis in idem se opone a la persecución penal de que son objeto ante dicho tribunal. A este respecto, alegaron que ya habían sido objeto de persecución penal por los mismos hechos en Austria y que ese proceso penal había concluido mediante sentencia firme.
14
En ese contexto, el órgano jurisdiccional remitente señala que las autoridades penales austriacas habían incoado efectivamente diligencias penales contra dos antiguos miembros del directorio de Hypo Alpe Adria Bank International AG (en lo sucesivo, «Hypo Alpe Adria Bank»), una entidad de crédito sita en Austria, y contra GR y HS como cómplices de esos dos antiguos miembros. Según el escrito de acusación elaborado por la Staatsanwaltschaft Klagenfurt (Fiscalía de Klagenfurt, Austria), presentado ante el Landesgericht Klagenfurt (Tribunal Regional de Klagenfurt, Austria) el 9 de enero de 2015, se imputaba a los citados antiguos miembros del directorio haber cometido un abuso de confianza, en el sentido del Strafgesetzbuch (Código Penal), por haber aprobado, entre el mes de septiembre de 2002 y el mes de julio de 2005, la concesión de créditos a Rezidencjia Skiper y a Skiper Hoteli, por un importe total de al menos 105 millones de euros, sin haber cumplido los requisitos relativos a la aportación de fondos propios adecuados y al control de la utilización de los fondos, ni haber tenido en cuenta, por un lado, la inexistencia de documentación relativa a la concretización de los proyectos que justificase la concesión de esos créditos ni, por otro lado, la insuficiencia tanto de los instrumentos de garantía de pago como de la capacidad de reembolso de las sociedades de que se trata. También se imputaba a GR y HS haber instigado, al solicitar dichos créditos, a los mismos antiguos miembros a cometer la infracción imputada o haber contribuido a esta.
15
A raíz de una solicitud de HS, la Fiscalía de Klagenfurt confirmó además, mediante escrito de 16 de julio de 2015 dirigido a sus abogados, que, por lo que respecta a las diligencias penales seguidas contra GR y HS, el escrito de acusación que había elaborado cubría también la venta de bienes inmuebles a Skiper Hoteli por medio de Alterius por un precio excesivamente elevado y el pago dudoso de gastos de gestión de proyecto.
16
Mediante sentencia del Landesgericht Klagenfurt (Tribunal Regional de Klagenfurt), dictada el 3 de noviembre de 2016, los dos antiguos miembros del directorio de Hypo Alpe Adria Bank fueron declarados parcialmente culpables de los hechos que se les imputaban y fueron condenados por haber aprobado uno de los créditos concedidos a Skiper Hoteli, por un importe de más de 70 millones de euros. Por el contrario, GR y HS fueron absueltos de la acusación de haber instigado o colaborado en la comisión de las infracciones penales imputadas a los antiguos miembros del directorio de Hypo Alpe Adria Bank. Esa sentencia adquirió firmeza tras la desestimación, el 4 de marzo de 2019, del recurso de casación interpuesto contra ella ante el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria).
17
Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente señala que la Fiscalía de Pula, que también conocía de otras infracciones penales relacionadas con Hypo Alpe Adria Bank, solicitó en varias ocasiones durante el año 2014 a la Fiscalía de Klagenfurt que comprobara si estaba tramitando en Austria un procedimiento paralelo al incoado en Croacia. Habida cuenta de la información facilitada por la Fiscalía de Klagenfurt, idéntica, en esencia, a la expuesta posteriormente en la parte dispositiva del escrito de acusación de la Fiscalía de Klagenfurt mencionado en el apartado 14 del presente auto, la Fiscalía de Pula consideró que los hechos examinados por la Fiscalía de Klagenfurt y el Landesgericht Klagenfurt (Tribunal Regional de Klagenfurt) no eran jurídicamente pertinentes para caracterizar la infracción penal objeto del proceso penal principal y no guardaban relación con los hechos descritos en su escrito de acusación de 28 de septiembre de 2015, por lo que no debían considerarse ya juzgados.
18
En estas circunstancias, el Županijski sud u Puli (Tribunal de Condado de Pula) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Una violación del principio non bis in idem se refiere únicamente a los hechos decisivos que figuran en la parte dispositiva del escrito de acusación elaborado por la Fiscalía de Pula el 28 de septiembre de 2015 respecto de los hechos decisivos mencionados en la parte dispositiva del escrito de acusación de la Fiscalía de Klagenfurt de 9 de enero de 2015 y en el fallo de la sentencia dictada por el Landesgericht Klagenfurt (Tribunal Regional de Klagenfurt) el 3 de noviembre de 2016, confirmada mediante la sentencia del Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) de 4 de marzo de 2019, o esa violación se refiere también a otra constatación relativa a:
–
los hechos expuestos en los fundamentos de Derecho de la sentencia dictada por el Landesgericht Klagenfurt (Tribunal Regional de Klagenfurt) el 3 de noviembre de 2016, confirmada por la sentencia dictada por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal);
–
los hechos sobre los que versó el procedimiento de instrucción sustanciado por la Fiscalía de Klagenfurt contra varias personas, entre las cuales figuran GR y HS, y que no han sido incluidos en el escrito de acusación de la Fiscalía de Klagenfurt de 9 de enero de 2015?»
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
19
Con arreglo al artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, cuando una petición de decisión prejudicial sea manifiestamente inadmisible, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
20
En el presente asunto procede aplicar esa disposición.
21
A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir (sentencia de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz y Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado 44 y jurisprudencia citada).
22
En el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los tribunales nacionales establecida en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la resolución jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 4 de junio de 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, apartado 21 y jurisprudencia citada).
23
De ello resulta que las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo está justificada cuando resulta patente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder eficazmente a las cuestiones planteadas (sentencia de 4 de junio de 2020, Kancelaria Medius, C‑495/19, EU:C:2020:431, apartado 22 y jurisprudencia citada).
24
Aun así, como la resolución de remisión sirve de fundamento al procedimiento sustanciado ante el Tribunal de Justicia, es indispensable que el órgano jurisdiccional nacional haga explícito, en esa resolución, el marco fáctico y normativo en el que se inscribe el litigio principal y facilite unas explicaciones mínimas sobre los motivos de la elección de las disposiciones del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita y sobre la relación que establece entre esas disposiciones y la normativa nacional aplicable al litigio del que conoce [sentencia de 4 de junio de 2020, C.F. (Inspección fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, apartado 23 y jurisprudencia citada].
25
Esas exigencias acumulativas que hacen referencia al contenido de una petición de decisión prejudicial figuran de manera explícita en el artículo 94 del Reglamento del Procedimiento. El órgano jurisdiccional remitente debe tener conocimiento de ellas y está obligado a respetarlas escrupulosamente (sentencia de 7 de noviembre de 2019, UNESA y otros, C‑80/18 a C‑83/18, EU:C:2019:934, apartado 33 y jurisprudencia citada). Dichas exigencias figuran en particular en las Recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales (DO 2019, C 380, p. 1).
26
Por último, debe recordarse que la información que proporcionan las resoluciones de remisión no solo sirve para que el Tribunal de Justicia pueda dar respuestas útiles, sino también para que los Gobiernos de los Estados miembros y las demás partes interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Incumbe al Tribunal de Justicia velar por la preservación de esa posibilidad, teniendo en cuenta que, en virtud de ese artículo, solo se notifican a las partes interesadas las resoluciones de remisión (véanse, en particular, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Asociación Profesional Élite Taxi, C‑434/15, EU:C:2017:981, apartado 25, y el auto de 15 de mayo de 2019, MC, C‑827/18, no publicado, EU:C:2019:416, apartado 35).
27
En el presente asunto, resulta obligado observar que la petición de decisión prejudicial manifiestamente no responde a las exigencias recordadas en los apartados 24 y 25 del presente auto.
28
En efecto, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 54 de la CAAS debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si se viola el principio non bis in idem debido a una identidad de los hechos materiales en el marco de procesos penales iniciados en dos Estados miembros, las autoridades competentes del Estado miembro en el que el proceso penal se halla aún en curso deben tomar en consideración no solo los hechos mencionados en el escrito de acusación elaborado por las autoridades competentes del otro Estado miembro y en el fallo de la sentencia firme que se ha dictado, sino también aquellos mencionados en los fundamentos de Derecho de esa sentencia y aquellos sobre los cuales ha versado el procedimiento de instrucción pero que no han sido reproducidos en el escrito de acusación.
29
Con objeto de responder a esta cuestión prejudicial, debe recordarse que el criterio pertinente a efectos de la aplicación del artículo 54 del CAAS es el de la identidad de los hechos materiales, entendida en el sentido de que los hechos materiales subyacentes a los procesos penales incoados en los dos Estados miembros deben constituir un conjunto de hechos indisolublemente ligados en el tiempo y en el espacio, así como por su objeto (véase, en ese sentido, en particular, la sentencia de 18 de julio de 2007, Kraaijenbrink, C‑367/05, EU:C:2007:444, apartados 26 a 28).
30
Para que el Tribunal de Justicia pueda dar una respuesta útil a la cuestión prejudicial planteada, resulta necesario que las circunstancias de hecho que subyacen a los procesos penales incoados respectivamente en Croacia y en Austria, así como las razones por las cuales el órgano jurisdiccional remitente puede llegar a considerar que esas circunstancias están indisociablemente ligadas entre sí, se expongan con un nivel de claridad y de precisión suficiente en la petición de decisión prejudicial, y ello sin perjuicio de que, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el apartado anterior, no corresponde al Tribunal de Justicia, sino exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente, determinar si existe o no identidad de los hechos materiales.
31
Pues bien, en el presente asunto, por un lado, el órgano jurisdiccional remitente no indica, siquiera de forma concisa pero precisa, la relación entre los hechos examinados en el marco de esos procesos penales respectivos, los hechos mencionados en los fundamentos de Derecho de la sentencia firme dictada el 3 de noviembre de 2016 por el Landesgericht Klagenfurt (Tribunal Regional de Klagenfurt), los hechos que fueron examinados por la Fiscalía de Klagenfurt pero que no fueron tomados formalmente en consideración en el escrito de acusación elaborado por esta y las razones por las que la Fiscalía de Pula investigó unas infracciones relacionadas con las que habían sido ya objeto de un proceso penal en Austria. Por otro lado, ese órgano jurisdiccional se limita a reproducir el contenido de los escritos de acusación elaborados por ambas fiscalías nacionales, así como el fallo de la sentencia del Landesgericht Klagenfurt (Tribunal Regional de Klagenfurt), sin explicitar los hechos de modo que den una visión de conjunto lógica y comprensible. De ello se desprende que el órgano jurisdiccional remitente no ha expuesto con un nivel de claridad y de precisión suficiente la totalidad de los hechos pertinentes o de los datos fácticos en los que se basa la cuestión prejudicial, por lo que no ha cumplido el requisito que figura en el artículo 94, letra a), del Reglamento de Procedimiento.
32
Además, al reproducir meramente de modo conciso las pretensiones de GR y de HS basadas en la supuesta violación del principio non bis in idem sin explicar, por lo que respecta a los documentos invocados por esas mismas personas, en qué medida podría eventualmente llegarse a la conclusión de que existe una identidad de los hechos materiales y, por otra parte, al no explicitar el tenor de la cuestión prejudicial planteada, tanto desde el punto de vista jurídico como por lo que atañe a los hechos pertinentes, y las dudas que alberga sobre la aplicación del principio non bis in idem respecto del criterio de la identidad de los hechos y, en su caso, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia, el órgano jurisdiccional remitente no ha expuesto con un nivel de claridad y de precisión suficiente las razones que le han llevado a plantear esta cuestión prejudicial, por lo que no ha cumplido la exigencia que figura en el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento.
33
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede declarar, con arreglo al artículo 53, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, que la presente petición de decisión prejudicial es manifiestamente inadmisible.
34
No obstante, procede recordar que el órgano jurisdiccional remitente conserva la facultad de presentar una nueva petición de decisión prejudicial cuando esté en condiciones de facilitar al Tribunal de Justicia la totalidad de los datos que permitan a este pronunciarse sobre la cuestión prejudicial planteada (véanse, en ese sentido, los autos de 23 de mayo de 2019, Trapeza Peiraios, C‑105/19, no publicado, EU:C:2019:452, apartado 17, y de 11 de julio de 2019, Jadransko osiguranje, C‑651/18, no publicado, EU:C:2019:613, apartado 31).
Costas
35
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) resuelve:
La petición de decisión prejudicial planteada por el Županijski sud u Puli (Tribunal de Condado de Pula, Croacia), mediante resolución de 17 de febrero de 2020, es manifiestamente inadmisible.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: croata.