SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
de 7 de julio de 2011 (*)
«Acceso a los documentos – Reglamento (CE) nº 1049/2001 – Lista de reserva de un concurso general y decisiones individuales de nombramiento de funcionarios – Denegación de acceso – Excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona – Protección de datos personales – Reglamento (CE) nº 45/2001»
En el asunto T‑161/04,
Gregorio Valero Jordana, con domicilio en Bruselas, representado por el Sr. M. Merola, abogado,
parte demandante,
apoyado por
Reino de Dinamarca, representado por la Sra. B. Weis Fogh y el Sr. J. Jørgensen Søren, en calidad de agentes,
por
Reino de Suecia, representado inicialmente por el Sr. A. Kruse y la Sra. K. Norman y posteriormente por las Sras. A. Falk, S. Johannesson, K. Petkovska y C. Meyer-Seitz, en calidad de agentes,
y por
Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), representado por los Sres. H. Hijmans y H. Kranenborg y la Sra. R. Barceló, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes,
contra
Comisión Europea, representada inicialmente por el Sr. P. Aalto y la Sra. E. Adserá Ribera y posteriormente por las Sras. Adserá Ribera y P. Costa de Oliveira, en calidad de agentes,
parte demandada,
que tiene por objeto un recurso de anulación de la decisión de la Comisión de 10 de febrero de 2004 que deniega al demandante el acceso a la lista de reserva del concurso general A 7/A 6 COM/A/637 y a las decisiones individuales de nombramiento de funcionarios en el grado A 6 a partir del 5 de octubre de 1995,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),
integrado por el Sr. L. Truchot, Presidente, y la Sra. M.E. Martins Ribeiro (Ponente) y el Sr. H. Kanninen, Jueces;
Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 21 de enero de 2011;
dicta la siguiente
Sentencia
Marco jurídico
1        El artículo 2, apartados 1, 3 y 4, del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), dispone:
«1.      Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, con arreglo a los principios, condiciones y límites que se definen en el presente Reglamento.
[…]
3.      El presente Reglamento será de aplicación a todos los documentos que obren en poder de una institución; es decir, los documentos por ella elaborados o recibidos y que estén en su posesión, en todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea.
4.      Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 9, los documentos serán accesibles al público, bien previa solicitud por escrito, o bien directamente en forma electrónica o a través de un registro. [...]»
2        El artículo 4 del Reglamento nº 1049/2001, relativo a las excepciones al derecho de acceso, establece:
«1.      Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de:
[…]
b)      la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación comunitaria sobre protección de los datos personales.
[…]
6.      En el caso de que las excepciones previstas se apliquen únicamente a determinadas partes del documento solicitado, las demás partes se divulgarán.
[…]»
3        El Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1), fue adoptado con fundamento en el artículo 286 CE.
4        Los considerandos séptimo y decimoquinto de dicho Reglamento tienen el siguiente tenor:
«(7)      Las personas susceptibles de ser protegidas son aquellas cuyos datos personales son tratados por las instituciones u organismos comunitarios en cualquier contexto, por ejemplo, porque estas personas estén empleadas por dichas instituciones u organismos.
[…]
(15)      Cuando las instituciones y los organismos comunitarios efectúen dicho tratamiento para el ejercicio de actividades que no pertenezcan al ámbito de aplicación del presente Reglamento, y en especial de las previstas en los Títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea, la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas se garantizará respetando el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. El acceso a los documentos, incluidas las condiciones de acceso a los documentos que contengan datos personales, depende de las normas adoptadas sobre la base del artículo 255 [CE], cuyo ámbito de aplicación abarca los Títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea.»
5        El artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 45/2001 dispone:
«Las instituciones y los organismos creados por los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas o en virtud de dichos Tratados, en lo sucesivo denominados “instituciones y organismos comunitarios”, garantizarán, de conformidad con el presente Reglamento, la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas, y en particular su derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, y no limitarán ni prohibirán la libre circulación de datos personales entre ellos o entre ellos y destinatarios sujetos al Derecho nacional de los Estados miembros adoptado en aplicación de la Directiva 95/46/CE.»
6        El artículo 2 del Reglamento nº 45/2001, con el título «Definiciones», dispone:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a)      “datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable (denominada en lo sucesivo “el interesado”); […]
b)      “tratamiento de datos personales” (denominado en lo sucesivo “tratamiento”): cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, aplicadas a datos personales, como la [...] comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que permita el acceso a los mismos, [...]
[…]
d)      “responsable del tratamiento”: la institución, organismo, dirección general, unidad u otra entidad organizativa que por sí sola o conjuntamente con otras determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; [...]
[…]
g)      “destinatario”: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que reciba comunicación de datos, se trate o no de un tercero; [...]
[…]»
7        El Reglamento nº 45/2001, conforme a su artículo 3, apartado 1, «se aplic[a] al tratamiento de datos personales por parte de todas las instituciones y organismos comunitarios, en la medida en que dicho tratamiento se lleve a cabo para el ejercicio de actividades que pertenecen en todo o en parte al ámbito de aplicación del Derecho comunitario».
8        El artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 45/2001, titulado «Calidad de los datos», prevé:
«Los datos personales deberán ser:
a)      tratados de manera leal y lícita;
b)      recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no ser tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines; no se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando el responsable del tratamiento establezca las garantías oportunas; [...]
c)      adecuados, pertinentes y no excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten posteriormente;
[…]»
9        El artículo 5 del Reglamento nº 45/2001, titulado «Licitud del tratamiento de datos», dispone:
«El tratamiento de datos personales sólo podrá efectuarse si:
a)      es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público en virtud de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas o de otros actos legislativos adoptados sobre la base de los mismos o es inherente al ejercicio legítimo del poder público conferido a la institución o al organismo comunitario o a un tercero a quien se comuniquen los datos, o
b)      es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que esté sujeto el responsable del tratamiento, o
[…]
d)      el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca, o
[…]»
10      El artículo 6 del Reglamento nº 45/2001, titulado «Cambio de fines», prevé:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 10:
1)      Los datos personales sólo podrán tratarse con fines distintos de los que motivaron su recogida cuando este cambio de fin esté permitido expresamente por normas internas de la institución o del organismo comunitario.
[…]»
11      El artículo 7 del Reglamento nº 45/2001, titulado «Transmisión de datos personales entre las instituciones o los organismos comunitarios o en el seno de dichas instituciones y organismos», dispone:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6 y 10:
1)      Los datos personales sólo se transmitirán a otras instituciones y organismos comunitarios o en el seno de dichas instituciones y organismos si son necesarios para el ejercicio legítimo de las tareas que pertenecen al ámbito de competencia del destinatario.
[…]»
12      El artículo 8 del Reglamento nº 45/2001, titulado «Transmisión de datos personales a destinatarios, distintos de las instituciones y los organismos comunitarios, sujetos a la Directiva 95/46/CE», establece:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6 y 10, los datos personales sólo se transmitirán a destinatarios sujetos al Derecho nacional adoptado para la aplicación de la Directiva 95/46/CE, cuando:
a)      el destinatario demuestre que los datos son necesarios para el cumplimiento de una misión de interés público o son inherentes al ejercicio del poder público, o
b)      el destinatario demuestre la necesidad de que se le transmitan los datos y no existan motivos para suponer que ello pudiera perjudicar los intereses legítimos del interesado.»
13      El artículo 25, párrafo tercero, del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»), en su versión vigente en la época en que se produjeron los hechos, preveía:
«Las decisiones individuales referentes al nombramiento, nombramiento definitivo, promoción, traslado, situaciones administrativas y cese serán anunciadas en los edificios de la institución en que preste sus servicios el funcionario interesado y publicad[as] en el Boletín mensual del personal de las Comunidades.»
Antecedentes del litigio
14      Mediante fax de 14 de octubre de 2003, el demandante, el Sr. Gregorio Valero Jordana, solicitó de la Secretaría General de la Comisión de las Comunidades Europeas, conforme al artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1049/2001, acceso a dos documentos: la lista de personas que, como el demandante, habían superado el concurso general A 7/A 6 COM/A/637 (DO 1988, C 227, p. 14) y la traducción al francés de la reclamación del demandante, registrada el 7 de abril de 2003, contra la decisión por la que se le clasifica en el grado A 7.
15      Mediante escrito de 28 de octubre de 2003, el Director de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO), por una parte, comunicó al demandante la denegación de su petición de acceso a la lista de reserva, por estimar aplicable la excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona que se prevé en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001. Puesto que la práctica de la Comisión de precisar en sus convocatorias de oposición su intención de publicar la lista de candidatos seleccionados es posterior a la publicación de la convocatoria de que aquí se trata, no se había informado a los candidatos de este concurso de que se publicaría la lista de los seleccionados, de tal modo que la divulgación del documento solicitado podía comprometer la protección de datos personales.
16      Por otra parte, en lo que atañe a la solicitud de la traducción al francés de la reclamación presentada por el demandante, el Director de la EPSO se limitó a señalar que la adopción de una decisión sobre esta solicitud no se incluía en su esfera de competencias.
17      Por escrito de 11 de noviembre de 2003, el demandante presentó, conforme al artículo 7, apartados 2 y 4, del Reglamento nº 1049/2001, una solicitud confirmatoria contra la denegación de acceso a los dos documentos de que se trata, considerando que la solicitud de acceso a la traducción de su reclamación había sido denegada de modo tácito. Basándose en el artículo 25, párrafo tercero, del Estatuto, que prevé que las decisiones individuales referentes, en particular, al nombramiento y al nombramiento definitivo han de ser anunciadas en los edificios de la institución en que preste sus servicios el funcionario interesado y publicadas en el Boletín mensual del personal de las Comunidades (en lo sucesivo, «Boletín»), el demandante alegaba, en lo que atañe a la denegación de acceso a la lista de reserva, que dichas decisiones se consideran públicas en el Estatuto y que, por lo tanto, los nombres que figuran en una lista de reserva son de dominio público, al menos por cuanto atañe a quienes, habiendo sido incluidos en dicha lista, son nombrados funcionarios posteriormente.
18      Mediante escrito de 11 de noviembre de 2003, se dio acceso al demandante a la traducción al francés de su reclamación.
19      Por escrito de 5 de diciembre de 2003, se informó al demandante de que el plazo para responder a su solicitud confirmatoria de 11 de noviembre de 2003, en la que se planteaban cuestiones de principio, quedaba prorrogado en quince días laborales, con arreglo al artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001.
20      Mediante fax de 3 de noviembre de 2003, el demandante, conforme al artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1049/2001, solicitó a la Secretaría General de la Comisión que se le diera acceso a las decisiones individuales de nombramiento de funcionarios en el grado A 6 (clasificación inicial o reclasificación a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2001, Gevaert/Comisión, C‑389/98 P, Rec. p. I‑65), a partir del 5 de octubre de 1995, fecha en la que el Tribunal General dictó la sentencia Alexopoulou/Comisión (T‑17/95, RecFP pp. I‑A-227 y II‑683). En dicha solicitud, subrayaba que estos documentos no podían considerarse incluidos en la excepción del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001, habida cuenta de que, con arreglo al artículo 25, párrafo tercero, del Estatuto, las decisiones individuales de nombramiento y nombramiento definitivo han de ser anunciadas en los edificios de la institución en que preste sus servicios el funcionario interesado y publicadas en el Boletín, lo que implica que estas decisiones se consideran públicas en el Estatuto.
21      Mediante escrito de 27 de noviembre de 2003, se denegó al demandante el acceso a estas decisiones, por considerarse que contenían datos personales protegidos y que, por consiguiente, estaban incluidas en la excepción relativa a la protección de la intimidad y la integridad de la persona que prevé el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001. En dicho escrito se precisaba que el Boletín había desaparecido hacía mucho tiempo y que, por lo tanto, «las clasificaciones iniciales que se [habían] producido a partir del [5 de octubre de 1995] ya no se [habían] publicado».
22      En escrito de 6 de diciembre de 2003, el demandante, conforme al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001, presentó una solicitud confirmatoria contra la denegación de acceso a las decisiones individuales de que se trata. En esta solicitud, impugnaba la denegación mencionada alegando, por un lado, que el hecho de que el Boletín hubiera desaparecido hacía mucho tiempo no suponía que las decisiones individuales de nombramiento y nombramiento definitivo de los funcionarios dejaran de tener carácter público, máxime por cuanto la administración no puede, contraviniendo el Estatuto, escudarse en su propia negligencia. Por otro lado, sostenía que los documentos solicitados le eran indispensables para preparar la demanda que pensaba presentar ante el Tribunal contra la resolución de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de 4 de septiembre de 2003, por la que se desestimaba su reclamación contra la clasificación en el grado A 7 en el momento de su entrada en servicio (abril de 1992). Por consiguiente, la denegación del acceso a estos documentos, al dificultar la preparación de la demanda, vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva del Tribunal.
23      Por escrito de 12 de enero de 2004, se informó al demandante de que, habida cuenta de que su solicitud de acceso suscitaba cuestiones de principio, especialmente por lo que respecta a la interacción entre las normas de transparencia y las aplicables a la protección de datos personales, el plazo para responder a su solicitud confirmatoria de 6 de diciembre de 2003 quedaba prorrogado en quince días laborales, conforme al artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001. En el mismo escrito se le comunicaba también que aún se estaba analizando la solicitud confirmatoria de 11 de noviembre de 2003 y que recibiría próximamente una respuesta que cubriría ambas solicitudes confirmatorias.
24      En escrito de 10 de febrero de 2004, el Secretario General informó al demandante de que los documentos solicitados no podían comunicarse, ni tan siquiera parcialmente, con arreglo al Reglamento nº 1049/2001, pero que no podía excluirse que el acceso a estos mismos documentos pudiera concederse sobre la base del Reglamento nº 45/2001, en las condiciones previstas por éste, de modo que se invitó al demandante a que formulase una nueva solicitud conforme a este último Reglamento, que debía remitirse al coordinador de protección de datos de la Dirección General (DG) «Personal y Administración», señalando los motivos de su solicitud y el uso que pensaba hacer de los datos en cuestión (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).
Procedimiento y pretensiones de las partes
25      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 26 de abril de 2004, el demandante interpuso el presente recurso.
26      Por escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 13 de agosto de 2004, el Reino de Suecia solicitó intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones del demandante.
27      Mediante auto de 8 de noviembre de 2004, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal admitió la intervención del Reino de Suecia y ordenó que se le diera traslado de todas las actuaciones y escritos del procedimiento.
28      La parte coadyuvante presentó su escrito de formalización de la intervención dentro del plazo señalado.
29      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de febrero de 2006, el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) solicitó intervenir en el asunto en apoyo de las pretensiones de la parte demandante.
30      Mediante auto de 14 de julio de 2006, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal admitió la intervención del SEPD con arreglo al artículo 116, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.
31      Por escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de julio de 2007, el Reino de Dinamarca solicitó intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones del demandante.
32      Mediante auto de 5 de septiembre de 2007, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal admitió la intervención del Reino de Dinamarca con arreglo al artículo 116, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento.
33      Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Octava, a la que se atribuyó en consecuencia el presente asunto.
34      Mediante auto de 1 de abril de 2008, el Presidente de la Sala Octava del Tribunal suspendió el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia dictara resolución definitiva en el asunto C‑28/08 P, tras el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2007, Bavarian Lager/Comisión (T‑194/04, Rec. p. II‑4523).
35      Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Octava, en su nueva composición, a la que se atribuyó en consecuencia el presente asunto.
36      Mediante escrito de la Secretaría del Tribunal de 15 de julio de 2010, se invitó a las partes a que presentaran sus observaciones sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2010, Comisión/Bavarian Lager (C‑28/08 P, Rec. p. I‑0000), y las consecuencias que pudieran derivarse de dicha sentencia en el presente asunto.
37      La Comisión, el demandante y el Reino de Suecia presentaron sus observaciones el 2 de agosto, el 16 de agosto y el 2 de septiembre de 2010, respectivamente.
38      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 19 de enero de 2011, el Reino de Dinamarca informó al Tribunal de que desistía de su intervención. No formuló pretensiones sobre las costas.
39      Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Octava) decidió iniciar la fase oral.
40      En la vista de 21 de enero de 2011 se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas del Tribunal. Comunicaron al Tribunal que no deseaban formular observaciones sobre el desistimiento del Reino de Dinamarca.
41      El demandante, apoyado por el Reino de Suecia y el SEPD, solicita al Tribunal que:
–        Anule la decisión impugnada.
–        Condene en costas a la Comisión.
42      La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso por infundado.
–        Condene en costas al demandante.
Fundamentos de Derecho
43      El demandante formula tres motivos en apoyo de su recurso, basados en la vulneración, en primer lugar, del artículo 253 CE; en segundo lugar, del principio de buena administración, y, en tercer lugar, de los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001.
44      El Tribunal estima que procede examinar conjuntamente los motivos segundo y tercero.
Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del artículo 253 CE
Alegaciones de las partes
45      El demandante alega que la decisión impugnada está motivada de forma incompleta porque no explica las razones que llevaron a la Comisión a excluir la aplicación en el presente caso del Reglamento nº 1049/2001 y a afirmar que la presencia de datos personales en los documentos solicitados implicaba que el análisis de las solicitudes de acceso debía hacerse sólo sobre la base del Reglamento nº 45/2001.
46      Por lo tanto, se impidió al demandante comprender las razones por las que la Comisión lo había invitado a presentar una nueva solicitud, esta vez sobre la base del Reglamento nº 45/2001.
47      La Comisión alega que la decisión impugnada está suficientemente motivada en Derecho.
Apreciación del Tribunal
48      Según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, de la naturaleza de los motivos invocados y del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse no sólo en relación con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencias del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 63, y de 1 de febrero de 2007, Sisón/Consejo, C‑266/05 P, Rec. p. I‑1233, apartado 80; sentencias del Tribunal General de 6 de abril de 2000, Kuijer/Consejo, T‑188/98, Rec. p. II‑1959, apartado 36; de 12 de octubre de 2000, JT’s Corporation/Comisión, T‑123/99, Rec. p. II‑3269, apartado 63, y de 17 de marzo de 2005, Scippacercola/Comisión, T‑187/03, Rec. p. II‑1029, apartado 66).
49      Por lo que se refiere a la solicitud de acceso a los documentos, cuando la institución de que se trate deniegue tal acceso deberá demostrar en cada caso concreto, sobre la base de los datos de los que dispone, que los documentos a los que se solicita el acceso están efectivamente amparados por las excepciones enumeradas en el Reglamento nº 1049/2001 [sentencias del Tribunal General de 26 de abril de 2005, Sisón/Consejo, T‑110/03, T‑150/03 y T‑405/03, Rec. p. II‑1429, apartado 60, y de 17 de mayo de 2006, Kallianos/Comisión, T‑93/04, RecFP pp. I‑A‑2-115 y II‑A-2-537, apartado 90; véanse, por analogía, en lo que atañe al Código de conducta relativo al acceso del público a los documentos del Consejo y de la Comisión (DO 1993, L 340, p. 41), las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2000, Países Bajos y Van der Wal/Comisión, C‑174/98 P y C‑189/98 P, Rec. p. I‑1, apartado 24, y de 6 de marzo de 2003, Interporc/Comisión, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, apartado 56].
50      En el presente caso, el demandante censura a la Comisión por no haber motivado suficientemente su postura sobre la inaplicabilidad del Reglamento nº 1049/2001 a las solicitudes de acceso de que se trata y la aplicabilidad exclusiva del Reglamento nº 45/2001, lo que determinó que no pudiera comprender las razones por las que la Comisión lo había invitado a presentar una nueva solicitud, esta vez sobre la base del Reglamento nº 45/2001.
51      Es preciso observar que esta alegación procede de una lectura errónea de la decisión impugnada.
52      De una mera lectura literal de la decisión impugnada resulta, en efecto, que la Comisión examinó en un primer momento las solicitudes confirmatorias de acceso presentadas por el demandante sobre la base del Reglamento nº 1049/2001 y constató que se habían presentado en relación con documentos que contenían datos personales y con el fin explícito de obtener la comunicación de estos datos.
53      La Comisión recordó, en la decisión impugnada, los términos del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001, que prevé una excepción al derecho de acceso motivada por la protección de la intimidad y la integridad de la persona, y subrayó la imposibilidad de conceder el acceso parcial a los documentos solicitados.
54      Consideró, en un segundo momento, que la solicitud del demandante quedaba comprendida en la definición del tratamiento de datos personales en el sentido del artículo 2, letras a) y b), del Reglamento nº 45/2001 y que la respuesta a la solicitud del demandante debía examinarse sobre la base de dicho Reglamento.
55      En un apartado específico titulado «Requisitos para la licitud del tratamiento de datos personales», la Comisión se refiere a los artículos 5, letras a) y d), y 8 del Reglamento nº 45/2001 y precisa que el demandante es un destinatario distinto de una institución o un órgano comunitario y está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281, p. 31), lo que implica que ha de demostrar la necesidad de la transferencia de los datos personales.
56      En conclusión, la Comisión indicó claramente que los documentos solicitados no podían comunicarse, ni tan siquiera parcialmente, con arreglo al Reglamento nº 1049/2001, pero que no podía excluirse que el acceso a estos mismos documentos pudiera concederse sobre la base del Reglamento nº 45/2001, en las condiciones previstas por éste, e invitó al demandante a que presentase una solicitud en este sentido ante el coordinador de protección de datos de la DG «Personal y Administración», señalando los motivos de su solicitud y el uso que pensaba hacer de los datos en cuestión.
57      Al actuar de este modo, la Comisión explicó suficientemente en Derecho su planteamiento de denegar el acceso a los documentos de que se trata en virtud del Reglamento nº 1049/2001 –base jurídica escogida por el demandante– y de remitirse a la posibilidad de aplicar el Reglamento nº 45/2001 en un nuevo procedimiento iniciado por el demandante, lo que traduce su concepción sobre el modo en que se articulan ambos textos cuando se trata de apreciar una solicitud que se presenta sobre la base del Reglamento nº 1049/2001 para, como en el presente caso, obtener acceso a documentos que contienen datos personales.
58      Además, el contenido de los motivos de anulación de la decisión impugnada en cuanto al fondo –más concretamente el basado en la vulneración del principio de buena administración– demuestra que el demandante ha comprendido en realidad el razonamiento de la Comisión.
59      De ello se desprende que el primer motivo, basado en la infracción del artículo 253 CE, debe desestimarse.
Sobre los motivos segundo y tercero, basados en la vulneración de los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001 y del principio de buena administración
Alegaciones de las partes
60      El demandante alega, en primer lugar, que la denegación de acceso a los documentos que solicitó no está comprendida en la excepción recogida en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001, puesto que la divulgación de los datos contenidos en los documentos solicitados no puede afectar a la intimidad de las personas de que se trata. Si bien reconoce la necesidad de proteger la intimidad de los funcionarios, en lo que se refiere, por ejemplo, al sueldo individual percibido y a las comunicaciones telefónicas y postales, el demandante alega que la información de que una persona es funcionario no forma parte de su intimidad. En apoyo de su argumentación, el demandante, por un lado, señala que en varios Estados miembros y en la Unión Europea se publican de modo oficial informaciones relativas a la carrera profesional de los funcionarios nacionales y europeos y, por otro lado, destaca la existencia de un sitio de Internet en el que figura el Anuario electrónico de las instituciones europeas (IDEA). Además, el demandante afirma que no son pertinentes en el presente caso las sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que invoca la Comisión en apoyo de su argumento relativo a la necesidad de proteger los datos personales de los funcionarios públicos.
61      En segundo lugar, el demandante sostiene que, aun suponiendo que los documentos solicitados contengan informaciones relativas a la intimidad de los funcionarios que puedan calificarse de datos personales, la decisión impugnada vulnera el Reglamento nº 45/2001. Precisa que, en este supuesto, el Reglamento nº 1049/2001, que es la base jurídica de sus solicitudes de acceso, sigue siendo aplicable. El hecho de que el artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1049/2001 se remita a la legislación comunitaria sobre protección de los datos personales para analizar la aplicación de la excepción relativa a la protección de la intimidad no implica, más bien todo lo contrario, que el procedimiento del Reglamento nº 1049/2001 deje de ser aplicable a las peticiones de documentos que contengan datos personales.
62      Añade que el artículo 5, letra b), del Reglamento nº 45/2001 prevé que el tratamiento de datos personales se autoriza si es necesario para el cumplimiento de una obligación jurídica a la que está sujeto el responsable del tratamiento. De esta última disposición, en relación con el artículo 25, párrafo tercero, del Estatuto, resulta que la Comisión está obligada a publicar las decisiones individuales referentes al nombramiento y al nombramiento definitivo de los funcionarios. Por lo tanto, el demandante tiene derecho a obtener esta información, máxime dada su condición de funcionario de la Comisión.
63      Por otro lado, el demandante afirma que, aun suponiendo aplicable en el presente caso el artículo 8, letra b), del Reglamento nº 45/2001 –lo que descarta habida cuenta de su tenor y de la interpretación sistemática de los artículos 4, 5, 6 y 10 del mismo Reglamento–, motivó suficientemente sus solicitudes, concretamente en el escrito enviado a la Comisión el 6 de diciembre de 2003, conforme a lo exigido en el mencionado artículo 8.
64      En tercer lugar, el demandante alega que si sus solicitudes de acceso, por suponer el tratamiento de datos personales, quedaran incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 45/2001, la Comisión debería haber adoptado su decisión también sobre la base de dicho Reglamento, en vez de instarlo a presentar una nueva solicitud.
65      En opinión del demandante, la propuesta por la que la Comisión le insta a presentar una nueva solicitud ante otro órgano de la institución sobre la base del Reglamento nº 45/2001, con 1o que ello implica de esfuerzo suplementario y pérdida de tiempo para el demandante, es contraria a los principios de economía procedimental y pro actione, que son dos reflejos concretos del principio de buena administración.
66      En respuesta a la cuestión del Tribunal sobre las consecuencias que pueden derivarse en el presente caso de la sentencia Comisión/Bavarian Lager, citada en el apartado 36 supra, el demandante indica que el Tribunal de Justicia ha definido, en los apartados 63 a 65 de dicha sentencia, la cuestión de la relación existente entre los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001, que se plantea en el litigio que nos ocupa, pero que dos circunstancias específicas distinguen el presente asunto: la formulación de una justificación expresa y legítima de la necesidad de la transmisión de los datos personales y el papel que para la resolución del litigio cumple el artículo 25, párrafo tercero, del Estatuto.
67      El Reino de Suecia afirma que la Comisión aplicó erróneamente el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001 al considerar, en la decisión impugnada, que los documentos solicitados no podían comunicarse sobre la base de dicho artículo, pero que sí podrían transmitirse al demandante con arreglo al Reglamento nº 45/2001 si éste demostrara la necesidad de su transferencia. Considera, en efecto, que una decisión de la Comisión que deniegue el acceso a un documento sólo puede basarse en el Reglamento nº 1049/2001 y no en el Reglamento nº 45/2001. Este último no contiene ninguna norma sobre publicidad de documentos y confidencialidad y en su propia exposición de motivos se afirma expresamente que el acceso a los documentos que contengan datos personales se rige por las normas adoptadas sobre la base del artículo 255 CE.
68      En respuesta a la cuestión del Tribunal sobre las consecuencias que pueden derivarse en el presente caso de la sentencia Comisión/Bavarian Lager, citada en el apartado 36 supra, el Reino de Suecia indica que el Tribunal de Justicia zanjó la cuestión de la relación existente entre los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001, si bien subraya que el razonamiento seguido por dicho órgano jurisdiccional atañe únicamente a la comunicación de los datos controvertidos de carácter personal y que el demandante motivó, en el presente caso, la necesidad de la comunicación de los datos de que se trata con arreglo al artículo 8 del Reglamento nº 45/2001.
69      El SEPD, que ha intervenido en la vista en apoyo de las pretensiones del demandante, alega que, en contraposición a la postura adoptada en el asunto que dio lugar a la sentencia Comisión/Bavarian Lager, citada en el apartado 36 supra, la Comisión no ha aplicado en el presente caso las disposiciones del Reglamento nº 45/2001, concretamente las de su artículo 8, sino que ha invitado al demandante a iniciar un nuevo procedimiento y que esta constatación basta por sí misma para justificar la anulación de la decisión impugnada. El SEPD añade que el demandante proporcionó una justificación suficiente, conforme al artículo 8, letra b), del Reglamento nº 45/2001, que debería haber llevado a la Comisión a contactar a las personas afectadas y a recabar sus observaciones para efectuar una ponderación de intereses que debería haber dado lugar a la comunicación de los documentos solicitados, pero que no ha sido ésta su actitud.
70      En la dúplica, la Comisión se pregunta sobre la admisibilidad del motivo basado en la vulneración de los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001. A este respecto, señala que, dado que el demandante no presentó ninguna solicitud en virtud del Reglamento nº 45/2001 y no se adoptó ninguna decisión denegatoria sobre la base de este Reglamento, los argumentos por los que se censura su vulneración no pueden ser abordados en el presente caso.
71      En cuanto al fondo, la Comisión afirma, en primer lugar, que la excepción recogida en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001, que se refiere a la protección de la intimidad y la integridad de la persona, es aplicable en el presente caso. Señala que la exigencia de garantizar el justo equilibrio entre la protección de la intimidad y el tratamiento de datos personales, establecida en la jurisprudencia sobre la materia (sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist, C‑101/01, Rec. p. I‑12971, apartado 90), se reconoce en el undécimo considerando del Reglamento nº 1049/2001 y en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 45/2001.
72      La Comisión refuta el argumento del demandante de que la posibilidad de identificar a una persona como funcionario no pertenece al ámbito de la intimidad personal. A este respecto, se remite al tenor del séptimo considerando del Reglamento nº 45/2001, que se refiere expresamente a las personas empleadas por las instituciones comunitarias, así como a la definición de datos personales contenida en el artículo 2, letra a), del mismo Reglamento.
73      En segundo lugar, la Comisión reconoce que, en lo que atañe a las decisiones individuales de nombramiento y de nombramiento definitivo del personal, el artículo 25, párrafo tercero, del Estatuto constituye una obligación jurídica en el sentido del artículo 5, letra b), del Reglamento nº 45/2001 y que, por lo tanto, está obligada a dar una difusión interna a las decisiones mencionadas, pero no una publicidad general, como pretende el demandante. Para cumplir esta obligación jurídica, procede a la transmisión de la información de que se trata con arreglo al artículo 7 del Reglamento nº 45/2001, lo que implica que el acceso a esta información se autoriza únicamente al personal de las instituciones en el marco del ejercicio de sus funciones, mientras que la comunicación de la misma información sobre la base del Reglamento nº 1049/2001 supone la imposibilidad de imponer límites a su divulgación posterior y al uso que se hará de ella. Por otro lado, si un funcionario desea obtener acceso a determinados documentos no en el ejercicio de sus funciones sino, como sucede en este caso, por motivos particulares, deberá solicitarlo, con arreglo al artículo 8, letra b), del Reglamento nº 45/2001, a la autoridad competente para la aplicación de este Reglamento, ya que se trata de una transferencia de datos confidenciales a destinatarios que no son instituciones ni organismos comunitarios.
74      Tras recordar que la aplicación simultánea de los artículos 5 y 8 del Reglamento nº 45/2001 resulta del tenor de esta última disposición, la Comisión señala, en respuesta a la alegación subsidiaria del demandante de que motivó debidamente, con arreglo al artículo 8, letra b), del Reglamento nº 45/2001, sus solicitudes de acceso a los documentos solicitados, que las razones por las que solicitaba la transmisión deberían haberse comunicado al coordinador de protección de datos de la DG «Personal y Administración», tal como se le indicó en la decisión impugnada, dado que el Secretario General no es competente para decidir en virtud de dicho Reglamento. Esta argumentación del demandante demuestra, por lo demás, que el Reglamento nº 45/2001 es aplicable en este caso.
75      En tercer lugar, la Comisión afirma que, como se desprende de la correspondencia que consta en anexo a la demanda, la comunicación con el demandante fue constante y fluida y subraya que aplicó escrupulosamente los procedimientos fijados respectivamente por los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001. Se trata indiscutiblemente de dos procedimientos diferentes que designan a dos autoridades distintas como responsables de la adopción de la decisión final.
76      Añade que, ya en su escrito de 28 de octubre de 2003, anunciaba que consideraba aplicable a la solicitud del demandante la excepción del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001 y que, conforme resulta del escrito enviado al demandante el 5 de diciembre de 2003, la prórroga del plazo prevista en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001 tenía por fin estudiar en detalle las cuestiones de principio que planteaba la solicitud. Además, la Comisión subraya que, precisamente para garantizar el respeto de los principios de economía procedimental y pro actione, indicó al demandante en la decisión impugnada el procedimiento adecuado para solicitar la transmisión de los datos de que se trata con arreglo al Reglamento nº 45/2001. A este respecto, la Comisión señala que el demandante no hizo uso de esta posibilidad.
77      En respuesta a la cuestión del Tribunal sobre las consecuencias que pueden derivarse en el presente caso de la sentencia Comisión/Bavarian Lager, citada en el apartado 36 supra, la Comisión indica que la excepción del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001, que remite al Reglamento nº 45/2001, es plenamente aplicable en este caso. Por otro lado, la Comisión considera que el demandante no ha dado ninguna justificación expresa y legítima ni ningún argumento convincente para demostrar la necesidad de la transmisión de los datos personales de que se trata, tal y como hubiera debido hacer en virtud del artículo 8, letra b), del Reglamento nº 45/2001 si hubiera solicitado los documentos al amparo de ese Reglamento.
78      En relación con las observaciones presentadas por el Reino de Suecia, la Comisión subraya que la remisión del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001 a la legislación comunitaria sobre protección de los datos confidenciales se refiere a la normativa pertinente anterior y posterior a la entrada en vigor del Reglamento nº 1049/2001 y, muy especialmente, al Reglamento nº 45/2001. A este respecto, alega que el Reino de Suecia, estableciendo una distinción entre acceso y tratamiento, parece defender que los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001 regulan cuestiones diferentes y que puede haber acceso sin tratamiento. Esta interpretación vulnera el artículo 2 del Reglamento nº 45/2001, conforme al cual el acceso a un documento que contenga datos personales es una forma de tratamiento. La Comisión añade que la posición del Reino de Suecia, orientada a la búsqueda de la mayor transparencia posible, priva de cualquier efecto útil al Reglamento nº 45/2001.
79      Por lo que respecta a la argumentación desarrollada por el SEPD en la vista, la Comisión la considera inadmisible por modificar el marco del litigio, tal como lo definen los escritos de las partes principales.
Apreciación del Tribunal
–       Sobre la admisibilidad
80      En la dúplica, la Comisión «plantea la cuestión» de si el motivo relativo a la violación de los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001 es «en realidad admisible», en la medida en que el demandante no presentó ninguna solicitud en virtud del Reglamento nº 45/2001 y en que no se adoptó ninguna decisión denegatoria basada en este Reglamento. Por este motivo, considera que los argumentos por los que se censura la vulneración de dicho Reglamento no pueden ser abordados en el presente litigio.
81      Debe señalarse que la Comisión no proporciona ninguna precisión sobre el fundamento jurídico, textual o jurisprudencial, de la inadmisibilidad alegada.
82      Por otro lado, consta que el demandante presentó su solicitud de acceso sobre la base del Reglamento nº 1049/2001 y que ésta fue denegada en aplicación del artículo 4, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, que se remite expresamente a la normativa comunitaria en materia de protección de datos personales y, por lo tanto, al Reglamento nº 45/2001. La aplicación de este último Reglamento fue diferida y supeditada a la presentación por el demandante de una nueva solicitud sobre la base de este texto.
83      La solución adoptada por la Comisión en la decisión impugnada traduce su concepción sobre el modo en que se articulan los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001 a la hora de tratar una solicitud que se presenta sobre la base del Reglamento nº 1049/2001 para obtener acceso a documentos que contienen datos personales.
84      De lo anterior se deriva que el demandante tiene pleno interés en invocar un motivo por el que se censura a la Comisión el modo en que aplicó las normas de que se trata y que la alegación de la Comisión que se expone en el apartado 80 supra se integra en el análisis sobre la procedencia de dicho motivo.
85      Por lo que respecta a la admisibilidad de la argumentación del SEPD, refutada por la Comisión, debe recordarse que, según el artículo 40, párrafo cuarto, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53 del propio Estatuto, las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes. Por otro lado, el artículo 116, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento dispone que el coadyuvante aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención. Aunque dichos preceptos no se oponen a que el coadyuvante formule alegaciones distintas de las de la parte a la que apoya, sólo lo permiten, sin embargo, a condición de que tales alegaciones no modifiquen el marco del litigio y de que la intervención persiga siempre el objetivo de apoyar las pretensiones formuladas por dicha parte (sentencia del Tribunal de 13 de abril de 2005, Verein für Konsumenteninformation/Comisión, T‑2/03, Rec. p. II‑1121, apartado 52).
86      En el presente caso, procede constatar que la argumentación del SEPD está manifiestamente relacionada con el objeto del litigio, puesto que se refiere a la articulación de los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001 a la luz de lo declarado en la sentencia Comision/Bavarian Lager, citada en el apartado 36 supra, y al cumplimiento por el demandante de las exigencias impuestas en el artículo 8, letra b), del Reglamento nº 45/2001 –relativo a la transmisión de datos personales a destinatarios sujetos al Derecho de un Estado miembro de la Unión que haya sido adoptado para la aplicación de la Directiva 95/46–, y que, por lo tanto, ha de declararse admisible.
–       Sobre el fondo
87      Es preciso observar que el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001, en el que la Comisión basa su denegación de acceso, es una disposición indivisible que exige que el posible perjuicio a la intimidad y a la integridad de la persona se examine y aprecie siempre de conformidad con la legislación de la Unión sobre la protección de datos personales y, en particular, con el Reglamento nº 45/2001. Esta disposición establece un régimen específico y reforzado de protección de la persona cuyos datos personales pudieran, en su caso, divulgarse (sentencia Comisión/Bavarian Lager, citada en el apartado 36 supra, apartados 59 y 60).
88      De ello se deduce que, cuando una solicitud basada en el Reglamento nº 1049/2001 se presenta para obtener acceso a documentos que contienen datos personales, el Reglamento nº 45/2001 es aplicable en su totalidad (sentencia Comisión/Bavarian Lager, citada en el apartado 36 supra, apartado 63).
89      A este respecto, procede recordar que, conforme a su artículo 1, apartado 1, el Reglamento nº 45/2001 tiene por objeto garantizar «la protección de los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas, y en particular su derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales» y que las personas susceptibles de ser protegidas son aquellas cuyos datos personales son tratados por las instituciones u organismos comunitarios en cualquier contexto, por ejemplo, porque estas personas estén empleadas por dichas instituciones u organismos (séptimo considerando del Reglamento nº 45/2001).
90      En el presente caso, el demandante solicitó a la Comisión, sobre la base del Reglamento nº 1049/2001, acceso a la lista de reserva del concurso general A 7/A 6 COM/A/637 y a las decisiones individuales de nombramiento de funcionarios en el grado A 6 a partir del 5 de octubre de 1995.
91      Los nombres y apellidos de las personas que figuran en la lista de reserva del concurso general A 7/A 6 COM/A/637 o de los funcionarios mencionados en las decisiones individuales de nombramiento en el grado A 6 adoptadas desde el 5 de octubre de 1995 pueden considerarse datos personales en el sentido del artículo 2, letra a), del Reglamento nº 45/2001 (véase, en este sentido, la sentencia Commission/Bavarian Lager, citada en el apartado 36 supra, apartado 68). La comunicación de estos datos responde a la definición de «tratamiento» contenida en el artículo 2, letra b), del Reglamento nº 45/2001 (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Bavarian Lager, citada en el apartado 36 supra, apartado 69).
92      Por consiguiente, el examen y la apreciación de las solicitudes de acceso presentadas por el demandante se regían por las disposiciones del Reglamento nº 45/2001.
93      De las anteriores consideraciones resulta que la argumentación del Reino de Suecia sobre la aplicabilidad exclusiva del Reglamento nº 1049/2001 en el presente litigio y la alegación del demandante de que la posibilidad de identificar a una persona como funcionario no forma parte de su intimidad, con la consiguiente exclusión de la aplicación del artículo 4, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, carecen de pertinencia y deben ser desestimadas.
94      Sin embargo, debe señalarse que es acertada la alegación, formulada tanto por el demandante como por el SEPD, de que la presencia de datos personales en los documentos requeridos debería haber llevado a la Comisión a aplicar las disposiciones del Reglamento nº 45/2001.
95      Como se desprende de los mismos términos de la decisión impugnada, la Comisión no optó por la aplicación de las disposiciones del Reglamento nº 45/2001, que quedó supeditada a la incoación por el demandante de otro procedimiento mediante una nueva solicitud dirigida a la persona habilitada en materia de protección de datos personales. Al actuar de este modo, la Comisión ignoró el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001, que exige que el eventual perjuicio a la intimidad y la integridad de la persona se examine y aprecie siempre de conformidad con la legislación de la Unión sobre protección de los datos personales, constituida en el presente caso por el Reglamento nº 45/2001.
96      El enfoque adoptado por la Comisión en la decisión impugnada, basado en la distinta aplicación de los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001, no se basa en ningún fundamento jurídico, al haberse limitado aquélla a afirmar en sus escritos que estos textos definen dos procedimientos diferentes, con dos autoridades distintas de adopción de la decisión final sobre la solicitud de acceso, sin mencionar ninguna disposición que pueda justificar esta afirmación.
97      En la vista, la Comisión indicó, refiréndose a la sentencia del Tribunal de 21 de octubre de 2010, Umbach/Comisión (T‑474/08, Rec. p. II‑0000), que debe respetar la base jurídica escogida por el solicitante de acceso y que no puede sustituir a éste modificando dicha base en su respuesta.
98      Debe señalarse que la referencia a la sentencia Umbach/Comisión, citada en el apartado 97 supra, carece de pertinencia por cuanto apunta a un asunto distinto al presente, que tenía por objeto deteminar si una decisión expresa de denegación de acceso basada en el Reglamento nº 1049/2001 podía contener también una desestimación presunta de una solicitud de acceso fundada en una base jurídica que no era el mencionado Reglamento, en concreto en «un derecho de acceso de Derecho primario distinto del que se deriva del artículo 255 CE, ejecutado por el Reglamento nº 1049/2001».
99      En este caso, consta que las solicitudes de acceso presentadas por el demandante se basan clara y únicamente en el Reglamento nº 1049/2001, de modo que la cuestión que se sucita en el presente litigio versa sobre la validez de la respuesta negativa proporcionada por la Comisión sobre la misma base jurídica y, más concretamente, sobre la base del artículo 4, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, que prevé una excepción al acceso a un documento en el caso de que su divulgación suponga un perjuicio para la protección de la intimidad y la integridad de la persona, en particular de conformidad con la legislación de la Unión sobre la protección de datos personales.
100    Al instar al demandante a presentar una nueva solicitud de acceso con arreglo al Reglamento nº 45/2001 ante otro órgano de la institución, la Comisión no sólo ignoró el tenor del artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001, que establece un vínculo explícito entre los Reglamentos nos 1049/2001 y 45/2001, sino que también adoptó una posición contraria a las exigencias de una buena administración.
101    Debe recordarse, a este respecto, que en el asunto que dio lugar a la sentencia Comisión/Bavarian Lager, citada en el apartado 36 supra, la Comisión denegó el acceso completo al acta de una reunión celebrada en el marco de un procedimiento por incumplimiento, en la que se mencionaban los nombres de todos los participantes, por una decisión única basada en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001 y en el artículo 8 del Reglamento nº 45/2001, donde señalaba que la sociedad Bavarian Lager no había demostrado la existencia de un objetivo expreso y legítimo ni la necesidad de obtener el documento controvertido en su totalidad, postura que fue expresamente confirmada por el Tribunal de Justicia en la sentencia citada.
102    Corresponde a la institución destinataria de una solicitud presentada sobre la base del Reglamento nº 1049/2001 para obtener acceso a documentos que contengan datos personales dar una respuesta en los plazos previstos en dicho texto conforme al Reglamento nº 45/2001, en su caso garantizando la coordinación de las personas o servicios habilitados para tratar de las solicitudes de acceso basadas en el Reglamento nº 1049/2001 y la protección de los datos personales.
103    De lo anterior se deriva que la decisión impugnada adolece de ilegalidad por vulnerar el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001.
104    Debe señalarse, además, que, en respuesta a una cuestión oral del Tribunal acerca del alcance de la decisión impugnada, la Comisión afirmó en la vista que la denegación de acceso de que fue objeto el demandante por aplicación de la excepción prevista en el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 1049/2001 presuponía necesariamente un análisis basado en el artículo 8 del Reglamento nº 45/2001 y la constatación de la imposibilidad de divulgar datos personales con la justificación formulada por el demandante.
105    A este respecto, la Comisión indicó en la vista que había tenido en cuenta la previsión por el Estatuto de una publicidad únicamente interna de los datos solicitados y la alegación por el demandante de un interés meramente personal, relativo a su carrera profesional, que no podía tomarse en consideración habida cuenta del efecto erga omnes que –como precisó el Tribunal en la sentencia de 21 de octubre de 2010, Agapiou Joséphidès/Comisión y EACEA (T‑439/08, Rec. p. II‑0000)– tiene la divulgación de un documento en virtud del Reglamento nº 1049/2001, con independencia de que contenga o no datos personales. En opinión de la Comisión, el Reglamento nº 45/2001 permite, por el contrario, la comunicación, con fines específicos y sin efecto erga omnes, de datos personales a un único destinatario. La Comisión reconoce, sin embargo, que la decisión impugnada no es clara en este sentido y que debería haber incluido la demostración de que los motivos formulados por el demandante no eran suficientes para justificar la necesidad de la transferencia conforme al artículo 8, letra b), del Reglamento nº 45/2001.
106    Procede señalar que la alegación tardía de la Comisión acerca de la aplicación en la decisión impugnada del Reglamento nº 45/2001 y, más concretamente, de su artículo 8 constituye manifiestamente una nueva motivación habida cuenta del tenor de dicha decisión. Como se ha precisado, la Comisión indicó claramente en su decisión que los documentos solicitados no podían comunicarse, ni tan siquiera parcialmente, con arreglo al Reglamento nº 1049/2001, pero que no podía excluirse que el acceso a estos mismos documentos pudiera concederse sobre la base del Reglamento nº 45/2001, en las condiciones previstas por éste, e invitó al demandante a que formulase una nueva solicitud en este sentido ante el coordinador de protección de datos de la DG «Personal y Administración», señalando los motivos de su solicitud y el uso que pensaba hacer de los datos en cuestión. Esta motivación no trasluce en absoluto que se haya dado alguna aplicación a las disposiciones del Reglamento nº 45/2001 en relación con las solicitudes de acceso presentadas por el demandante.
107    Procede recordar que la decisión de una institución debe ser autosuficiente y que su motivación no puede resultar de explicaciones escritas u orales proporcionadas con posterioridad, cuando la decisión de que se trata ya es objeto de un recurso ante el juez de la Unión (sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 1996, Rendo y otros/Comisión, T‑16/91 RV, Rec. p. II‑1827, apartado 45). Si bien una motivación que se presenta esbozada en el acto impugnado puede ser desarrollada y precisada durante el procedimiento, la institución de la que emane el acto no puede sustituir la motivación inicial por una totalmente nueva (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal Rendo y otros/Comisión, antes citada, apartado 55; de 6 de marzo de 2001, IPK-München/Comisión, T‑331/94, Rec. p. II‑779, apartado 90, de 25 de febrero de 2003, Strabag Benelux/Consejo, T‑183/00, Rec. p. II‑135, apartado 58, y Renco/Consejo, T‑4/01, Rec. p. II‑171, apartado 96).
108    Del conjunto de consideraciones anteriores se desprende que la decisión impugnada debe ser anulada.
Costas
109    A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas de conformidad con las pretensiones del demandante.
110    El Reino de Suecia soportará sus propias costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento.
111    El SEPD, que ha intervenido en apoyo de las pretensiones del demandante, correrá con sus propias costas, puesto que no ha solicitado la condena en costas de la Comisión.
112    Conforme al artículo 87, apartado 5, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, en caso de desestimiento, si ninguna de las partes hubiere solicitado la condena en costas, cada parte pagará las suyas.
113    Por consiguiente, procede declarar que el Reino de Dinamarca cargará con sus propias costas y que el demandante, la Comisión, el Reino de Suecia y el SEPD cargarán cada uno con sus propias costas en relación con la intervención del Reino de Dinamarca.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:
1)      Anular la decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas de 10 de febrero de 2004 que deniega al Sr. Gregorio Valero Jordana el acceso a la lista de reserva del concurso general A 7/A 6 COM/A/637 y a las decisiones individuales de nombramiento de funcionarios en el grado A 6 a partir del 5 de octubre de 1995.
2)      La Comisión cargará, además de con sus propias costas, con las costas en que haya incurrido el Sr. Valero Jordana.
3)      El Reino de Suecia cargará con sus propias costas.
4)      El Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) cargará con sus propias costas.
5)      Se tiene por desistido como parte coadyuvante en el asunto T‑161/04 al Reino de Dinamarca.
6)      El Reino de Dinamarca cargará con sus propias costas.
7)      El Sr. Valero Jordana, la Comisión, el Reino de Suecia y el SEPD cargarán cada uno con sus propias costas en relación con la intervención del Reino de Dinamarca.
Truchot
Martins Ribeiro
Kanninen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de julio de 2011.
Firmas
*Lengua de procedimiento: español.