Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 19 de mayo de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Artículo 50 TUE — Artículo 288 TFUE — Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica — Órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que se ha presentado una demanda antes de que finalizara el período transitorio previsto en dicho Acuerdo — Aplicación del Derecho de otro Estado por los órganos jurisdiccionales del Estado con competencia judicial internacional — Normativa del Reino Unido por la que se transpone una directiva — Directiva 2006/54/CE — Aplicabilidad del Derecho de la Unión — Principio de confianza mutua — Principio de interpretación del Derecho nacional de modo conforme con el Derecho de la Unión »
En el asunto C‑350/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), mediante resolución de 3 de mayo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de mayo de 2024, en el procedimiento entre
HJ
y
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank SA,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente, los Sres. F. Biltgen (Ponente), C. Lycourgos, I. Jarukaitis, la Sra. I. Ziemele, el Sr. J. Passer y la Sra. O. Spineanu-Matei, Presidentes de Sala, y los Sres. N. Piçarra, A. Kumin, N. Jääskinen, D. Gratsias, B. Smulders, S. Gervasoni y N. Fenger, Jueces;
Abogado General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. C. Di Bella, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de junio de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de HJ, por el Sr. A. Lyon-Caen, avocat;
–        en nombre de Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA, por el Sr. D. Célice, avocat;
–        en nombre del Gobierno francés, por las Sras. F. du Couëdic y O. Duprat-Mazaré, los Sres. B. Fodda, T. Lechevallier y H. Nunes da Silva y la Sra. B. Travard, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. D. Lutostańska, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Fuller, en calidad de agente, asistido por la Sra. A. Mayer y el Sr. J. Pobjoy, Barristers;
–        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. S. Delaude, el Sr. H. Krämer y la Sra. E. E. Schmidt, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 25 de septiembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2020, L 29, p. 7), aprobado mediante la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020 (DO 2020, L 29, p. 1) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Retirada»), y del artículo 288 TFUE.
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre HJ y su empleador, Crédit agricole Corporate & Investment Bank SA (en lo sucesivo, «CACIB»), en relación con una discriminación por razón de sexo y con conductas de acoso psicológico de las que supuestamente fue víctima.
Marco jurídico
Derecho internacional
3        El artículo 70 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 1155, p. 331; en lo sucesivo, «Convención de Viena»), titulado «Consecuencias de la terminación de un tratado», establece en su apartado 1:
«Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto, la terminación de un tratado en virtud de sus disposiciones o conforme a la presente Convención:
a)      eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado;
b)      no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación.»
Derecho de la Unión
Tratados UE y FUE
4        El artículo 50 TUE, apartados 2 y 3, dispone lo siguiente:
«2.      El Estado miembro que decida retirarse notificará su intención al Consejo Europeo. A la luz de las orientaciones del Consejo Europeo, la Unión [Europea] negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que establecerá la forma de su retirada, teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras con la Unión. […]
3.      Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado [que se retire de la Unión] a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación a que se refiere el apartado 2, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.»
5        El artículo 288 TFUE dispone:
«Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.
El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, solo será obligatoria para estos.
Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.»
Acuerdo de Retirada
6        Los párrafos segundo, séptimo, octavo y undécimo del preámbulo del Acuerdo de Retirada establecen lo siguiente:
«DESEANDO establecer la forma de la retirada del Reino Unido de la Unión y de la Euratom, teniendo cuenta el marco de sus relaciones futuras,
[…]
RESUELTOS a garantizar una retirada ordenada por medio de diversas disposiciones relativas a la separación, destinadas a evitar perturbaciones y a proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores económicos, así como a las autoridades judiciales y administrativas de la Unión y del Reino Unido, sin excluir la posibilidad de que las disposiciones pertinentes relativas a la separación sean sustituidas por el acuerdo o acuerdos sobre las relaciones futuras,
CONSIDERANDO que redunda en interés tanto de la Unión como del Reino Unido determinar un período transitorio o de ejecución durante el cual —no obstante todas las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión en lo que respecta a la participación del Reino Unido en las instituciones, órganos y organismos de la Unión, en especial el fin, en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, de los mandatos de todos los miembros de las instituciones, órganos y organismos de la Unión que se hubiesen nombrado, designado o elegido por la pertenencia del Reino Unido a la Unión— el Derecho de la Unión, incluidos los acuerdos internacionales, debe ser aplicable al y en el Reino Unido, y, por regla general, desplegar los mismos efectos en relación con los Estados miembros, para evitar perturbaciones en el período durante el cual se negociará el acuerdo o acuerdos sobre las relaciones futuras,
[…]
CONSIDERANDO que, para garantizar una interpretación y aplicación correctas del presente Acuerdo y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, es esencial establecer disposiciones que aseguren la gobernanza general, en particular normas vinculantes de solución de controversias y de garantía del cumplimiento que respeten plenamente la autonomía de los ordenamientos jurídicos respectivos de la Unión y del Reino Unido, así como la condición de tercer país del Reino Unido».
7        A tenor del artículo 1 del mismo Acuerdo, titulado «Objetivo»:
«El presente Acuerdo establece las disposiciones relativas a la retirada del Reino Unido […] de la Unión […] y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica […]».
8        El artículo 4 de dicho Acuerdo, titulado «Métodos y principios relativos a los efectos, la ejecución y la aplicación del presente Acuerdo», establece, en sus apartados 4 y 5:
«4.      Las disposiciones del presente Acuerdo que se refieran al Derecho de la Unión, o a conceptos o disposiciones de este, se interpretarán, en el marco de su ejecución y aplicación, de conformidad con la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada antes del final del período transitorio [a que se refiere el artículo 126 del Acuerdo de Retirada (en lo sucesivo, “período transitorio”)].
5.      Al interpretar y aplicar el presente Acuerdo, las autoridades judiciales y administrativas del Reino Unido tendrán debidamente en cuenta la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada después del final del período transitorio.»
9        El artículo 66 del citado Acuerdo, titulado «Derecho aplicable en materia contractual y extracontractual», que figura en el título VI de la tercera parte de este, titulado «Cooperación judicial en curso en materia civil y mercantil», tiene el siguiente tenor:
«En el Reino Unido, los siguientes actos se aplicarán como sigue:
a)      el Reglamento (CE) n.º 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO 2008, L 177, p. 6; en lo sucesivo, “Reglamento Roma I”),] se aplicará respecto de los contratos celebrados antes del final del período transitorio;
b)      el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO 2007, L 199, p. 40),] se aplicará respecto de los hechos generadores de daño, cuando dichos hechos se produzcan antes del final del período transitorio.»
10      El artículo 67 del Acuerdo de Retirada, titulado «Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y cooperación conexa entre las autoridades centrales», dispone:
«1.      En el Reino Unido, y en los Estados miembros en las situaciones que incumban al Reino Unido, respecto de los procesos judiciales incoados antes del final del período transitorio y respecto de los procesos o acciones que tengan relación con tales procesos judiciales […] se aplicarán los actos o disposiciones siguientes:
a)      las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1)];
b)      las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (UE) 2017/1001 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)], del Reglamento (CE) n.º 6/2002 [del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1)], del Reglamento (CE) n.º 2100/94 [del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1)], del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1),] y de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO 1997, L 18, p. 1)];
c)      las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 [del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO 2003, L 338, p. 1)];
d)      las disposiciones en materia de competencia judicial del Reglamento (CE) n.º 4/2009 [del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos (DO 2009, L 7, p. 1)].
[…]»
11      El artículo 86 del Acuerdo de Retirada, titulado «Asuntos pendientes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», dispone:
«1.      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea continuará siendo competente para conocer de los procedimientos iniciados por o contra el Reino Unido antes del final del período transitorio. Esta competencia se aplicará a todas las fases del procedimiento, incluidos los recursos de casación ante el Tribunal de Justicia y el procedimiento ante el Tribunal General en caso de devolución del asunto al Tribunal General.
2.      El Tribunal de Justicia de la Unión Europea continuará siendo competente para pronunciarse sobre las peticiones de decisión prejudicial presentadas por los órganos jurisdiccionales del Reino Unido antes del final del período transitorio.
3.      A efectos del presente capítulo, se considerará que los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido iniciados, y que las peticiones de decisión prejudicial han sido presentadas, en el momento en que el escrito que inicia el proceso ha sido inscrito en el Registro por la Secretaría del Tribunal de Justicia o del Tribunal General, según proceda.»
12      El artículo 87 de ese Acuerdo, titulado «Nuevos asuntos ante el Tribunal de Justicia», tiene el siguiente tenor:
«1.      Si la Comisión Europea considera que el Reino Unido ha incumplido alguna de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados o de la cuarta parte del presente Acuerdo antes del final del período transitorio, la Comisión Europea podrá, en un plazo de cuatro años a partir del final del período transitorio, someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea conforme a los requisitos establecidos en el artículo 258 […] TFUE o en el artículo 108 [TFUE], apartado 2, párrafo segundo, […], según proceda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para conocer de dichos asuntos.
2.      Si el Reino Unido incumple una decisión de las contempladas en el artículo 95, apartado 1, del presente Acuerdo, o no confiere efectos jurídicos en el ordenamiento jurídico del Reino Unido a una decisión de las contempladas en dicha disposición dirigida a una persona física o jurídica que resida o esté establecida en el Reino Unido, la Comisión Europea podrá, en un plazo de cuatro años a partir de la fecha de la decisión de que se trate, someter el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 258 […] TFUE o en el artículo 108 [TFUE], apartado 2, párrafo segundo, […], según proceda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para conocer de dichos asuntos.
3.      A la hora de decidir si emprender acciones judiciales en virtud del presente artículo, la Comisión Europea aplicará los mismos principios con respecto al Reino Unido que con respecto a cualquier Estado miembro.»
13      En virtud del artículo 126 de dicho Acuerdo, titulado «Período transitorio», el período transitorio comenzó en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada y finalizó el 31 de diciembre de 2020.
14      El artículo 127 del mismo Acuerdo, titulado «Alcance de las disposiciones transitorias», tiene el siguiente tenor:
«1.      Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, el Derecho de la Unión será aplicable al y en el Reino Unido durante el período transitorio.
[…]
3.      Durante el período transitorio, el Derecho de la Unión aplicable en virtud del apartado 1 producirá, respecto de y en el Reino Unido, los mismos efectos jurídicos que produce en la Unión y sus Estados miembros, y se interpretará y aplicará conforme a los mismos métodos y principios generales que los aplicables dentro de la Unión.
[…]
6.      Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, durante el período transitorio se entenderá que toda referencia a los Estados miembros en el Derecho de la Unión aplicable en virtud del apartado 1, inclusive en lo que respecta a su ejecución y aplicación por los Estados miembros, incluye al Reino Unido.
[…]»
15      El artículo 185, párrafo cuarto, del Acuerdo de Retirada tiene el siguiente tenor:
«La segunda y tercera partes, con excepción del artículo 19, el artículo 34, apartado 1, el artículo 44 y el artículo 96, apartado 1, así como el título I de la sexta parte y los artículos 169 a 181, se aplicarán a partir del final del período transitorio.»
Convenio de Roma
16      El Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (DO 1980, L 266, p. 1; en lo sucesivo, «Convenio de Roma»), establece, en su artículo 3, apartado 1:
«Los contratos se regirán por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá ser expresa o resultar de manera segura de los términos del contrato o de sus circunstancias. Para esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato.»
17      El artículo 14, apartado 1, del Convenio de Roma dispone lo siguiente:
«La ley que rija el contrato en virtud del presente Convenio se aplicará en la medida en que, en materia de obligaciones contractuales, establezca presunciones legales o reparta la carga de la prueba.»
Reglamento Roma I
18      El artículo 24 del Reglamento Roma I, titulado «Relación con el Convenio de Roma», establece:
«1.      El presente Reglamento sustituirá al Convenio de Roma de 1980 en los Estados miembros, salvo en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros comprendidos en el ámbito de aplicación territorial de dicho Convenio y a los que no se aplica el presente Reglamento en virtud del artículo 299 [CE].
2.      En la medida en que el presente Reglamento sustituye a las disposiciones del Convenio de Roma, se entenderá que toda remisión a dicho Convenio se refiere al presente Reglamento.»
19      De conformidad con su artículo 29, párrafo segundo, el Reglamento Roma I es aplicable desde el 17 de diciembre de 2009, con excepción de su artículo 26, que se aplica desde el 17 de junio de 2009.
Directiva 2006/54/CE
20      El considerando 30 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (DO 2006, L 204, p. 23), señala:
«La adopción de normas sobre la carga de la prueba tiene una gran importancia para garantizar el respeto efectivo del principio de igualdad de trato. Por consiguiente, tal como sostiene el Tribunal de Justicia, deben adoptarse disposiciones para garantizar que la carga de la prueba recaiga en la parte demandada cuando a primera vista haya un caso de discriminación, excepto en relación con los procedimientos en que sea el Tribunal o el órgano nacional competente quien deba instruir los hechos. Sin embargo, es necesario precisar que la apreciación de los hechos de los que pueda resultar la presunción de haberse producido una discriminación directa o indirecta sigue correspondiendo al órgano nacional competente, con arreglo al Derecho nacional o a las prácticas nacionales. Más aún, los Estados miembros están facultados para introducir, en todas las fases de los procedimientos, un régimen probatorio que resulte más favorable a la parte demandante.»
21      El artículo 17 de esta Directiva, titulado «Defensa de los derechos», prevé en su apartado 1:
«Los Estados miembros velarán por que, tras el posible recurso a otras autoridades competentes, incluidos, cuando lo consideren oportuno, procedimientos de conciliación, existan procedimientos judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas con arreglo a la presente Directiva en favor de toda persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiera, del principio de igualdad de trato, incluso tras la terminación de la relación en la que supuestamente se haya producido la discriminación.»
22      El artículo 19 de la mencionada Directiva, titulado «Carga de la prueba», dispone en sus apartados 1 y 2:
«1.      Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.
2.      El apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a imponer un régimen probatorio más favorable a la parte demandante.»
Derecho del Reino Unido
23      El artículo 136 de la Equality Act 2010 (Ley de Igualdad de 2010), titulado «Carga de la prueba», establece:
«(1)      Este artículo se aplicará a cualquier procedimiento relativo a una infracción de la presente Ley.
(2)      Si existen hechos a partir de los cuales el tribunal puede decidir, a falta de cualquier otra explicación, que una persona (A) ha infringido las disposiciones pertinentes, el tribunal deberá considerar probada dicha infracción.
(3)      No obstante, el apartado 2 no se aplicará si la persona (A) demuestra que no ha infringido las disposiciones en cuestión.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
24      La demandante en el litigio principal estuvo empleada en CACIB conforme a un contrato de trabajo celebrado el 17 de enero de 2007 y regido por el Derecho del Reino Unido. En el marco de dicho contrato, su último puesto fue el de «responsable de sistemas de información de clientes en el Reino Unido». El 28 de agosto de 2013 inició una baja por enfermedad.
25      El 23 de septiembre de 2013, al considerarse víctima de una discriminación por razón de sexo y de conductas de acoso psicológico, la demandante en el litigio principal presentó una demanda ante un conseil de prud’hommes (Tribunal Laboral Paritario, Francia) para el pago de diversas cantidades en cumplimiento del citado contrato de trabajo y en concepto de indemnización.
26      Mediante sentencia de 26 de junio de 2019, dicho conseil de prud’hommes (Tribunal Laboral Paritario) desestimó las pretensiones de la demandante en el litigio principal. La demandante interpuso entonces recurso de apelación contra la citada sentencia ante la cour d’appel de Versailles (Tribunal de Apelación de Versalles, Francia).
27      Mediante sentencia de 27 de mayo de 2021, la cour d’appel de Versailles (Tribunal de Apelación de Versalles) consideró que la demandante en el litigio principal no había demostrado la existencia de discriminación o de acoso discriminatorio ni de represalias, en el sentido de la Ley de Igualdad de 2010, que transpone la Directiva 2006/54 al Derecho del Reino Unido.
28      La demandante en el litigio principal interpuso recurso de casación contra esta sentencia ante la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), que es el órgano jurisdiccional remitente. Sostiene, en particular, que, al declarar, tras examinar sucesivamente cada una de las situaciones discriminatorias invocadas, que no había presentado hechos primarios que pudieran demostrar una discriminación, en el sentido de la Ley de Igualdad de 2010, la cour d’appel de Versailles (Tribunal de Apelación de Versailles) se pronunció sobre la base de una interpretación de dicha normativa no conforme con el artículo 19 de la Directiva 2006/54, que obliga al juez, según la demandante, a realizar una apreciación global de los hechos para determinar si permiten presumir la existencia de una discriminación. Además, al declarar que la circunstancia, invocada por la demandante en el litigio principal, de que de los documentos presentados por esta se desprendía que los trabajadores expatriados de CACIB eran esencialmente hombres era insuficiente para presumir la existencia de una discriminación contra las mujeres, a falta de cualquier elemento relativo a la candidatura de las mujeres a tal expatriación, la cour d’appel (Tribunal de Apelación), a juicio de la demandante, se basó también en una interpretación de la Ley de Igualdad de 2010 no conforme con el artículo 19 de la Directiva 2006/54, haciendo recaer sobre la demandante en el litigio principal la carga de la prueba de la discriminación alegada.
29      En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que el litigio principal plantea la cuestión de la incidencia de la retirada del Reino Unido de la Unión sobre la función del juez de un Estado miembro que debe aplicar el Derecho del Reino Unido que transpone una directiva en un procedimiento judicial iniciado antes del final del período transitorio, cuando el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe pronunciarse después del final de dicho período. En efecto, si bien en la fecha de los hechos del litigio principal o en la fecha en que la demandante en el litigio principal ejercitó la acción judicial de que se trata y en la fecha en la que el citado conseil de prud’hommes (Tribunal Laboral Paritario) se pronunció, el Reino Unido seguía siendo miembro de la Unión, ya no lo era en la fecha en que la cour d’appel de Versailles (Tribunal de Apelación de Versailles) se pronunció.
30      En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el Derecho de la Unión era aplicable en la fecha en que la cour d’appel de Versailles (Tribunal de Apelación de Versailles) se pronunció, puesto que, en esa fecha, posterior a la fecha de retirada del Reino Unido de la Unión, el Derecho de la Unión había dejado de producir efectos en el ordenamiento jurídico del Reino Unido. Además, se plantea si el Acuerdo de Retirada cuestiona retroactivamente la aplicación del Derecho de la Unión a los litigios surgidos antes del final del período transitorio y, por tanto, la obligación del juez de un Estado miembro de interpretar el Derecho del Reino Unido aplicable a dichos litigios de conformidad con el Derecho de la Unión. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente formula dos hipótesis: o bien podría considerarse que, una vez finalizado el período transitorio, una parte del Derecho de la Unión se ha mantenido en el Derecho del Reino Unido, pero ya no existe obligación de interpretar este último Derecho de conformidad con el Derecho de la Unión; o bien podría considerarse que, dado que los hechos del litigio principal son anteriores al final del período transitorio y que el procedimiento de que se trata se inició antes del final de dicho período, la normativa del Reino Unido por la que se transpone la Directiva 2006/54, a saber, la Ley de Igualdad de 2010, debe ser interpretada de conformidad con el Derecho de la Unión por el juez del foro, aun cuando resuelva después del final del período transitorio.
31      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que el litigio principal plantea la cuestión de si el principio de interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión que se impone a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros se aplica también cuando dichos órganos jurisdiccionales deben aplicar el Derecho de otro Estado miembro. Recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de confianza mutua obliga, a cada uno de los Estados miembros, a considerar, salvo circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos por ese ordenamiento jurídico [dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454, apartado 191]. Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, de dicha jurisprudencia también se desprende que, al aplicar el Derecho nacional, ya sea disposiciones anteriores o posteriores a la directiva de que se trate, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretar ese Derecho está obligado a realizar su interpretación, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de dicha directiva para alcanzar el resultado que esta persigue y atenerse así a lo dispuesto en el artículo 288 TFUE (sentencia de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C‑106/89, apartado 8, EU:C:1990:395).
32      El órgano jurisdiccional remitente considera que no cabe excluir que quepa afirmar lo mismo en el supuesto de que ese mismo órgano jurisdiccional deba aplicar el Derecho de otro Estado miembro. En su opinión, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual incumbe al órgano jurisdiccional que conoce de un litigio aplicar la normativa del Estado cuyos órganos jurisdiccionales se designan en una cláusula atributiva de competencia, interpretando dicha normativa de modo conforme con el Derecho de la Unión, y en particular con una directiva, corrobora tal enfoque (sentencias de 18 de noviembre de 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, apartado 51, y de 8 de diciembre de 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, apartado 67). Sin embargo, el Tribunal de Justicia aún no se ha pronunciado expresamente sobre esta cuestión.
33      En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si la función del juez de un Estado miembro que aplica el Derecho de otro Estado miembro y constata que es imposible darle una interpretación conforme con el Derecho de la Unión es idéntica a la que ejerce cuando aplica su propio Derecho interno, y si, en caso afirmativo, el principio de no discriminación, reconocido en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y concretado en la Directiva 2006/54, puede llevarle, incluso en un litigio entre particulares, a dejar inaplicado ese Derecho.
34      En estas circunstancias, la Cour de cassation (Tribunal de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el [Acuerdo de Retirada] en el sentido de que el juez que se pronuncia una vez expirado el período transitorio debe considerar que la Ley del Reino Unido por la que se transpone el artículo 19 de la Directiva [2006/54] constituye una normativa de un Estado miembro por la que se transpone una directiva, cuando los hechos son anteriores a esa fecha o el procedimiento fue incoado antes de esa fecha?
2)      ¿Debe interpretarse el artículo 288 TFUE en el sentido de que un órgano jurisdiccional [de un Estado miembro] que conoce de un litigio entre particulares y que está obligado a aplicar el Derecho de otro Estado miembro debe dar a las disposiciones de este Derecho, sin que lo impida el principio de confianza mutua, una interpretación conforme con una directiva?
3)      Si el órgano jurisdiccional [de un Estado miembro] considera imposible dar tal interpretación conforme, ¿debe, como haría en el caso de su propio Derecho nacional, inaplicar [el Derecho de ese otro Estado miembro] cuando se cuestiona un principio general del Derecho de la Unión o una disposición del Derecho primario, concretados en una directiva?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la admisibilidad
35      CACIB y la Comisión proponen una excepción de inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente.
36      Sostienen que del tenor del artículo 136 de la Ley de Igualdad de 2010 se desprende que este artículo contiene una regla de adaptación de la carga de la prueba que es idéntica a la prevista en el artículo 19 de la Directiva 2006/54. Por lo tanto, consideran que dicho artículo 136 es conforme con el Derecho de la Unión. Estiman, además, que la cuestión que debe resolver el órgano jurisdiccional remitente no versa sobre la interpretación del citado artículo 136 a la luz del Derecho de la Unión, sino únicamente sobre la manera en que los jueces que conocieron del fondo del asunto apreciaron los elementos de hecho que invocaba la demandante en el litigio principal para presumir la existencia de una discriminación.
37      CACIB alega que, en cualquier caso, en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente no aporta los datos fácticos tenidos en cuenta o descartados por la cour d’appel de Versailles (Tribunal de Apelación de Versalles) ni ningún dato relativo a la motivación o al análisis de dicho tribunal, ni explica suficientemente la utilidad de las cuestiones planteadas para la resolución del litigio principal. Por consiguiente, considera que debe declararse la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales, por ser generales e hipotéticas. En segundo lugar, CACIB aduce que, con arreglo a la jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente, este no es competente para controlar el respeto, por parte de los tribunales de apelación, de la interpretación y de la aplicación de una ley extranjera, ya que tal cuestión constituye una cuestión fáctica que está excluida del control del órgano jurisdiccional remitente en su condición de instancia de casación. En tercer lugar, según CACIB, el órgano jurisdiccional remitente no es competente para plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial tras el período transitorio.
38      Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la resolución judicial que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencias de 21 de abril de 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, apartado 8, y de 24 de julio de 2023, Lin, C‑107/23 PPU, EU:C:2023:606, apartado 61 y jurisprudencia citada).
39      No obstante, de los propios términos del artículo 267 TFUE se desprende que la decisión prejudicial solicitada debe ser necesaria para que el órgano jurisdiccional remitente pueda emitir su fallo en el asunto del que conoce. Así pues, cuando resulte evidente que la interpretación de una norma de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado, el Tribunal de Justicia podrá abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional [sentencia de 16 de mayo de 2024, INSS (Permisos de una madre de familia monoparental), C‑673/22, EU:C:2024:407, apartados 22, 23 y 25 y jurisprudencia citada].
40      Por otra parte, según reiterada jurisprudencia, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, la necesidad de llegar a una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional exige que este respete escrupulosamente los requisitos relativos al contenido de la petición de decisión prejudicial expresamente mencionados en el artículo 94 del Reglamento del Procedimiento del Tribunal de Justicia. En particular, es indispensable, como dispone el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento, que la petición de decisión prejudicial contenga la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que, a su juicio, existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de noviembre de 2023, Commune d’Ans, C‑148/22, EU:C:2023:924, apartados 44 y 46 y jurisprudencia citada).
41      En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en el marco de un litigio del que conoce, sobre la incidencia de la retirada del Reino Unido de la Unión en la función del juez de un Estado miembro que debe aplicar el Derecho del Reino Unido que transpone una directiva en un procedimiento judicial iniciado antes del final del período transitorio, cuando el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe pronunciarse después del final de dicho período. Además, el órgano jurisdiccional remitente señala que el litigio principal plantea la cuestión de si el principio de interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión que se impone a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros se aplica cuando dichos órganos jurisdiccionales deben aplicar el Derecho de otro Estado miembro.
42      Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación de CACIB de que el órgano jurisdiccional remitente no es competente para plantear al Tribunal de Justicia, una vez finalizado el período transitorio, una petición de decisión prejudicial relativa a la interpretación conforme del Derecho del Reino Unido que transpone una directiva a su ordenamiento jurídico interno, basta con señalar que las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, incluido el Acuerdo de Retirada, que forma parte de ese Derecho. Por lo tanto, con arreglo al artículo 267 TFUE, el órgano jurisdiccional remitente, que es un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que resuelve en última instancia, está facultado y, en principio, obligado a plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. El artículo 86, apartado 2, del Acuerdo de Retirada confiere al Tribunal de Justicia la competencia necesaria para pronunciarse con carácter prejudicial sobre las peticiones de decisión prejudicial presentadas por los órganos jurisdiccionales del Reino Unido antes del final del período transitorio, dado que, tras la retirada de dicho Estado de la Unión, el artículo 267 TFUE ya no es aplicable a sus órganos jurisdiccionales. Dicho artículo 86, apartado 2, no puede interpretarse de manera que se oponga a la facultad o, según el caso, la obligación de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de plantear al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial a efectos de la interpretación del Derecho de la Unión en asuntos relacionados con el Reino Unido.
43      En segundo lugar, es preciso señalar que el órgano jurisdiccional remitente no ha expuesto, como exige el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento, los motivos por los que estima que es imposible proceder a una interpretación de la Ley de Igualdad de 2010 conforme con el Derecho de la Unión y, por tanto, por qué razón necesita una respuesta a esta cuestión para poder emitir su fallo en el asunto del que conoce.
44      En estas circunstancias, por lo que respecta a la tercera cuestión prejudicial, que se refiere a esta hipótesis, el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos necesarios para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de esa cuestión.
45      En tercer lugar, mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, el órgano jurisdiccional remitente pretende, en esencia, que se determine si el Acuerdo de Retirada pone en tela de juicio la aplicabilidad del Derecho de la Unión a un litigio como el litigio principal y, de no ser así, si un órgano jurisdiccional de un Estado miembro debe interpretar de conformidad con el Derecho de la Unión el Derecho de otro Estado miembro, o de un Estado equiparable, aplicable al litigio del que conoce.
46      Por una parte, resulta necesaria una respuesta a la primera cuestión prejudicial, relativa a la aplicabilidad del Derecho de la Unión, para que el órgano jurisdiccional remitente pueda emitir su fallo en el asunto de que conoce. En estas circunstancias, la objeción basada en la inaplicabilidad de este Derecho no se refiere a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, sino que se refiere al fondo de la cuestión planteada.
47      Por otra parte, la alegación de CACIB de que dicho órgano jurisdiccional no es competente, según su propia jurisprudencia, para controlar el respeto, por parte de los órganos jurisdiccionales del apelación, de la interpretación y de la aplicación del Derecho extranjero no puede afectar a la admisibilidad de la segunda cuestión prejudicial, dado que esta alegación se refiere a la interpretación del Derecho nacional, que es competencia exclusiva del mencionado órgano jurisdiccional.
48      Por consiguiente, las cuestiones prejudiciales primera y segunda son admisibles.
Sobre el fondo
Primera cuestión prejudicial
49      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 50 TUE, apartado 3, en relación con los artículos 126 y 127 del Acuerdo de Retirada, debe interpretarse en el sentido de que dicho Acuerdo cuestiona la aplicabilidad del artículo 19 de la Directiva 2006/54 a un litigio, pendiente en la fecha de finalización del período transitorio, relativo a supuestos hechos discriminatorios acaecidos antes de esa fecha en el marco de la ejecución de un contrato de trabajo regulado por el Derecho del Reino Unido.
50      Cabe recordar que, de conformidad con el artículo 50 TUE, apartado 3, los Tratados dejarán de aplicarse a un Estado que haya decidido retirarse a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación de su intención de retirarse, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.
51      Así, en virtud del artículo 50 TUE, apartado 3, los Tratados dejaron de ser aplicables al Reino Unido en la fecha de entrada en vigor, el 1 de febrero de 2020, del Acuerdo de Retirada, de modo que, en esa fecha, dicho Estado dejó de ser un Estado miembro (sentencia de 9 de junio de 2022, Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques, C‑673/20, EU:C:2022:449, apartado 55 y jurisprudencia citada).
52      No obstante, de conformidad con el párrafo séptimo de su preámbulo, el objetivo del Acuerdo de Retirada es garantizar una retirada ordenada por medio de diversas disposiciones relativas a la separación, destinadas a evitar perturbaciones y a proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores económicos, así como a las autoridades judiciales y administrativas de la Unión y del Reino Unido.
53      A este respecto, el Acuerdo de Retirada prevé expresamente la prórroga de la aplicación del Derecho de la Unión al Reino Unido, con algunas excepciones, hasta el 31 de diciembre de 2020, fecha de finalización del período transitorio. En efecto, el párrafo octavo del preámbulo del Acuerdo de Retirada enuncia que redunda en interés tanto de la Unión como del Reino Unido determinar un período transitorio durante el cual el Derecho de la Unión, incluidos los acuerdos internacionales, debe ser aplicable al Reino Unido y en el Reino Unido, y, por regla general, desplegar los mismos efectos en relación con los Estados miembros, para evitar perturbaciones en el período durante el cual se negociará el acuerdo o acuerdos sobre las relaciones futuras.
54      A tenor del artículo 126 del Acuerdo de Retirada, el período transitorio, regido por la cuarta parte de dicho Acuerdo, se extiende desde la fecha de entrada en vigor de este, a saber, el 1 de febrero de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2020. El artículo 127, apartado 1, del mismo Acuerdo precisa que, salvo disposición en contrario, durante ese período, el Derecho de la Unión será aplicable al Reino Unido y en el Reino Unido. El artículo 127, apartado 3, del Acuerdo de Retirada establece, además, que, durante el período transitorio, el Derecho de la Unión aplicable en virtud del apartado 1 citado producirá, respecto del Reino Unido y en el Reino Unido, los mismos efectos jurídicos que produce en la Unión y en sus Estados miembros, y se interpretará y aplicará conforme a los mismos métodos y principios generales que los aplicables dentro de la Unión. Asimismo, el artículo 127, apartado 6, del citado Acuerdo estipula que, salvo disposición en contrario del Acuerdo, durante ese mismo período, se entenderá que toda referencia a los Estados miembros en el Derecho de la Unión aplicable en virtud del apartado 1, inclusive en lo que respecta a su ejecución y aplicación por los Estados miembros, incluye al Reino Unido.
55      Es preciso señalar, en primer lugar, que el Acuerdo de Retirada no contiene ninguna disposición general que regule la cuestión de la aplicabilidad del Derecho de la Unión a los litigios en curso al final del período transitorio relativos a relaciones contractuales establecidas con anterioridad a esa fecha.
56      Dicho esto, el Acuerdo de Retirada reconoce expresamente que el Derecho de la Unión podrá aplicarse incluso después del final del período transitorio a determinadas relaciones contractuales y litigios. En efecto, el artículo 185, párrafo cuarto, del Acuerdo de Retirada establece que, a partir del final del período transitorio, se aplicarán, por un lado, las partes segunda y tercera de este —que incluyen los artículos 9 a 125 de dicho Acuerdo—, con excepción del artículo 19, del artículo 34, apartado 1, del artículo 44 y del artículo 96, apartado 1, de este, y, por otro lado, no solamente el título I de la sexta parte de dicho Acuerdo, que comprende los artículos 158 a 163, sino también los artículos 169 a 181, que figuran en el título III de esa misma parte.
57      La tercera parte del Acuerdo de Retirada, titulada «Disposiciones sobre la separación», establece, en particular, en su título VI, titulado «Cooperación judicial en curso en materia civil y mercantil», que, una vez finalizado el período transitorio, determinadas normas del Derecho de la Unión seguirán aplicándose a los litigios surgidos antes del final de dicho período y aún pendientes después del final de dicho período.
58      Así sucede, en particular, como enuncia el artículo 66 del Acuerdo de Retirada, con el Reglamento Roma I, que seguirá aplicándose en el Reino Unido a los contratos celebrados antes del final del período transitorio, y del Reglamento n.º 864/2007, que seguirá aplicándose a los hechos generadores de daño que se hayan producido antes de esa fecha.
59      Del mismo modo, el artículo 67 del Acuerdo de Retirada establece que determinadas normas de la Unión relativas a la competencia judicial y a la ejecución de sentencias seguirán aplicándose a los procedimientos judiciales iniciados antes del final del período transitorio. Por lo tanto, los tribunales de los Estados miembros pueden verse obligados a reconocer la competencia de los tribunales del Reino Unido y los Estados miembros deben, en principio, ejecutar determinadas resoluciones de estos últimos.
60      Por consiguiente, del sistema general del Acuerdo de Retirada se desprende que las partes en el Acuerdo decidieron preservar la estabilidad de las situaciones jurídicas existentes antes del final del período transitorio de conformidad con el principio de seguridad jurídica.
61      A este respecto, es cierto, tal y como se desprende de los párrafos segundo y undécimo del preámbulo del Acuerdo de Retirada, que dicho Acuerdo se celebró con vistas a establecer la forma de retirada del Reino Unido de la Unión, en particular «teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras» y «[respetando] plenamente la autonomía de los ordenamientos jurídicos respectivos de la Unión y del Reino Unido, así como la condición de tercer país del Reino Unido», y que el Derecho de la Unión, incluidos sus principios generales, en particular el principio de seguridad jurídica, ya no es aplicable, en principio, a dicho país tras el período transitorio. No obstante, es preciso recordar que dicho Acuerdo tiene como base jurídica el artículo 50 TUE, cuyo apartado 2 atribuye a la Unión la competencia para negociar y celebrar un acuerdo que establezca la forma de retirada y que habrá de regular, en todos los ámbitos que los Tratados abarcan, cuantas cuestiones se refieran a la separación entre la Unión y el Estado que se retira de ella (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2021, Governor of Cloverhill Prison y otros, C‑479/21 PPU, EU:C:2021:929, apartados 48 y 50). En estas circunstancias, procede considerar que, mediante el citado Acuerdo, las partes en el mismo pretendían aplicar, a tal efecto, en particular, el principio de seguridad jurídica como parte integrante del Derecho de la Unión.
62      Así pues, el Acuerdo de Retirada debe interpretarse a la luz del principio de seguridad jurídica cuyo respeto pretende garantizar.
63      Pues bien, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de seguridad jurídica, cuyo corolario es el principio de protección de la confianza legítima, exige, por una parte, que las normas jurídicas sean claras y precisas y, por otra parte, que su aplicación sea previsible para los justiciables, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables para los particulares y las empresas (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de diciembre de 2009, Aventis Pasteur, C‑358/08, EU:C:2009:744, apartado 47, y de 5 de septiembre de 2024, Novo Banco y otros, C‑498/22 a C‑500/22, EU:C:2024:686, apartado 95).
64      El principio de seguridad jurídica se opone a que una norma de Derecho material nueva se aplique retroactivamente, es decir, a una situación consolidada con anterioridad a su entrada en vigor, y exige que todos los hechos sean apreciados normalmente, salvo indicación expresa en contrario, a la luz de las normas jurídicas existentes en el momento en que se produjeron (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2024, Twenty First Capital, C‑174/23, EU:C:2024:654, apartado 59 y jurisprudencia citada).
65      De ello se deduce que, en aplicación del principio de seguridad jurídica, cuyo cumplimiento pretende garantizar el Acuerdo de Retirada, dicho Acuerdo no puede interpretarse, a falta de disposición expresa, en el sentido de que la Unión y el Reino Unido acordaron poner fin retroactivamente a la aplicación de la práctica totalidad del Derecho de la Unión a las relaciones jurídicas nacidas de un contrato regido por el Derecho del Reino Unido y celebrado antes del final del período transitorio.
66      Por otra parte, procede señalar que el artículo 50 TUE, apartado 3, no indica expresamente que el Derecho de la Unión ya no sea aplicable a situaciones anteriores en el Estado de que se trate tras su retirada de la Unión.
67      Esta interpretación se ve corroborada por el artículo 70, apartado 1, de la Convención de Viena, que regula la terminación de los tratados internacionales y que, como subrayó la Abogada General en el punto 58 de sus conclusiones, codifica el Derecho internacional consuetudinario.
68      En efecto, aunque la Convención de Viena no vincule a la Unión ni a todos los Estados miembros, algunas de sus disposiciones reflejan las normas de Derecho internacional consuetudinario, que, como tales, vinculan a las instituciones de la Unión y forman parte de su ordenamiento jurídico (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 1998, Racke, C‑162/96, EU:C:1998:293, apartados 24, 45 y 46; de 25 de febrero de 2010, Brita, C‑386/08, EU:C:2010:91, apartado 42, y de 27 de febrero de 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16, EU:C:2018:118, apartado 58).
69      Pues bien, aunque, al igual que el artículo 50 TUE, apartado 3, la Convención de Viena establece, en su artículo 70, apartado 1, letra a), que la terminación de un tratado internacional eximirá a las partes de la obligación de seguir ejecutándolo, la letra b) de esta disposición precisa que tal terminación no afectará a los derechos y obligaciones de las partes creados por la ejecución del tratado antes de su terminación, ni a la situación jurídica originada de ese modo. El artículo 70, apartado 1, de la Convención de Viena precisa, por lo demás, que estos principios se aplicarán salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto.
70      En estas circunstancias, habida cuenta de la importancia fundamental del principio de seguridad jurídica, no puede considerarse, a falta de disposición expresa en los Tratados y en el Acuerdo de Retirada, que la Unión y el Reino Unido hayan acordado poner fin retroactivamente a la aplicación del Derecho de la Unión a un litigio, pendiente en la fecha de finalización del período transitorio, relativo a unos supuestos hechos discriminatorios acaecidos antes de esa fecha en el marco de la ejecución de un contrato de trabajo regulado por el Derecho del Reino Unido.
71      En segundo lugar, por lo que respecta, más concretamente, a la norma establecida en el artículo 19 de la Directiva 2006/54, el considerando 30 de dicha Directiva indica que la adopción de normas sobre la carga de la prueba tiene una gran importancia para garantizar el respeto efectivo del principio de igualdad de trato. De ello se desprende que no puede considerarse que el citado artículo 19, apartado 1, establezca una mera norma de procedimiento que deje de aplicarse al Reino Unido al final del período transitorio. La norma enunciada en dicho artículo 19, apartado 1, constituye más bien una norma de Derecho material que regula la relación laboral creada por un contrato celebrado antes del final del período transitorio, de modo que esta norma sigue aplicándose, incluso después del final de dicho período, a los litigios relativos a dicha relación.
72      Cualquier interpretación contraria tendría como consecuencia una limitación grave del alcance del principio de seguridad jurídica y de la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, objeto de la Directiva 2006/54. En efecto, el alcance de la protección conferida por dicha Directiva dependería, en ese caso, de la circunstancia fortuita de que los procedimientos relativos a los litigios sobre los derechos y obligaciones establecidos por dicha Directiva hubieran concluido o no antes del final del período transitorio. Así, un particular que, como la demandante en el litigio principal, hubiera interpuesto su recurso ante los órganos jurisdiccionales competentes de un Estado miembro antes del final del período transitorio, y, por tanto, cuando no existía ninguna duda sobre el hecho de que el Derecho del Reino Unido debía interpretarse de conformidad con el Derecho de la Unión, no podría, por el mero hecho de que el órgano jurisdiccional nacional tuviera que pronunciarse después del final del período transitorio, invocar ante dicho órgano jurisdiccional los derechos que le confiere el Derecho de la Unión.
73      Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 50 TUE, apartado 3, en relación con los artículos 126 y 127 del Acuerdo de Retirada, debe interpretarse en el sentido de que dicho Acuerdo no cuestiona la aplicabilidad del artículo 19 de la Directiva 2006/54 a un litigio, pendiente en la fecha de finalización del período transitorio, relativo a supuestos hechos discriminatorios acaecidos antes de esa fecha en el marco de la ejecución de un contrato de trabajo regulado por el Derecho del Reino Unido.
Segunda cuestión prejudicial
74      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 288 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro interpreta y aplica el Derecho de otro Estado miembro que transpone una directiva, está obligado, como cuando interpreta y aplica su propio Derecho, a respetar el principio de interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión.
–       Sobre la obligación de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro de respetar el principio de interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión al aplicar el Derecho de otro Estado miembro
75      Procede recordar que el Derecho de la Unión se caracteriza por proceder de una fuente autónoma, constituida por los Tratados, por su primacía sobre los Derechos de los Estados miembros y por el efecto directo de toda una serie de disposiciones aplicables a esos mismos Estados y a sus nacionales. Estas características esenciales del Derecho de la Unión han dado lugar a una red estructurada de principios, normas y relaciones jurídicas mutuamente interdependientes que vinculan recíprocamente a la propia Unión y a sus Estados miembros, así como a los Estados miembros entre sí (sentencias de 6 de marzo de 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, apartado 33, y de 24 de junio de 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, apartado 52 y jurisprudencia citada).
76      El principio de primacía del Derecho de la Unión consagra la preeminencia del Derecho de la Unión sobre el Derecho de los Estados miembros. Por consiguiente, este principio impone la obligación de garantizar la plena eficacia de las distintas normas de la Unión a todos los órganos e instituciones de los Estados miembros, sin que el Derecho de los Estados miembros pueda afectar a la eficacia reconocida a esas distintas normas en el territorio de dichos Estados (sentencia de 24 de junio de 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, apartados 53 y 54 y jurisprudencia citada).
77      Para garantizar la efectividad del conjunto de las disposiciones del Derecho de la Unión, el principio de primacía obliga, en particular, a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros a interpretar, en la medida de lo posible, su Derecho interno de manera conforme con el Derecho de la Unión (sentencia de 24 de junio de 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, apartado 57).
78      Este principio de interpretación conforme es inherente al régimen de los Tratados, en la medida en que permite que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro garantice, en el ámbito de sus competencias, la plena efectividad del Derecho de la Unión al resolver el litigio de que conozca (sentencia de 24 de junio de 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, apartado 55 y jurisprudencia citada).
79      Según reiterada jurisprudencia, una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y, por consiguiente, no puede ser invocada, como tal, contra él (sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, apartado 108, y de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, apartado 46). No obstante, la obligación de los Estados miembros, derivada de una directiva, de alcanzar el resultado que esta prevé, así como su deber de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros, incluidas, en el marco de sus competencias, las autoridades judiciales (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de abril de 1984, von Colson y Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, apartado 26; de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, apartado 110, y de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, apartado 47).
80      De ello se deduce que, al aplicar su Derecho interno, y, en particular, las disposiciones de una normativa específicamente adoptada para dar cumplimiento a lo exigido por una directiva, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros están obligados a interpretar ese Derecho, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de dicha directiva para alcanzar el resultado que esta persigue y atenerse así a lo dispuesto en el artículo 288 TFUE, párrafo tercero (sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C‑397/01 a C‑403/01, EU:C:2004:584, apartado 113, y de 12 de diciembre de 2024, Getin Holding y otros, C‑118/23, EU:C:2024:1013, apartado 75).
81      Ciertamente, el Tribunal de Justicia ha declarado que el principio de interpretación del Derecho nacional de manera conforme con el Derecho de la Unión tiene determinados límites. Así, la obligación del juez nacional de utilizar como referencia el contenido de una directiva cuando interpreta y aplica las normas pertinentes de su Derecho interno tiene su límite en los principios generales del Derecho, en particular en los de seguridad jurídica e irretroactividad, y no puede servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional de que se trate (sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C‑212/04, EU:C:2006:443, apartado 110, y de 5 de junio de 2025, Nuratau, C‑349/24, EU:C:2025:397, apartado 45).
82      Sin embargo, el principio de interpretación del Derecho nacional de manera conforme con el Derecho de la Unión exige que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros hagan todo lo posible, dentro de sus competencias, tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, a fin de garantizar la plena efectividad de la directiva de que se trate y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta (sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C‑212/04, EU:C:2006:443, apartado 111, y de 5 de junio de 2025, Nuratau, C‑349/24, EU:C:2025:397, apartado 46 y jurisprudencia citada).
83      Si tal interpretación conforme no es posible, los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros están obligados a asegurar, en el ámbito de sus competencias, la protección jurídica de los justiciables que se deriva del Derecho de la Unión y a garantizar la plena eficacia de este Derecho, dejando inaplicada, si fuera necesario, y por su propia iniciativa, cualquier disposición nacional contraria a una disposición del Derecho de la Unión con efecto directo en el litigio del que conozcan (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de junio de 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, apartado 61, y de 12 de diciembre de 2024, Getin Holding y otros, C‑118/23, EU:C:2024:1013, apartado 76).
84      Cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca de un litigio entre particulares deba aplicar la normativa de otro Estado miembro por la que se transpone una directiva estará obligado, respetando los principios generales del Derecho, a interpretar las disposiciones de dicha normativa de conformidad con el Derecho de la Unión.
85      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que corresponde al órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conoce de un litigio en el que se cuestiona la validez de una cláusula atributiva de competencia, la cual debe apreciarse, con arreglo al artículo 25, apartado 1, del Reglamento n.º 1215/2012, en virtud de la normativa del Estado cuyos órganos jurisdiccionales se designan en dicha cláusula, aplicar esa normativa interpretándola de conformidad con el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de noviembre de 2020, DelayFix, C‑519/19, EU:C:2020:933, apartado 51).
86      Además, el Tribunal de Justicia ha considerado que un órgano jurisdiccional austriaco que conoce de un litigio en materia del impuesto sobre el valor añadido (IVA) está obligado a interpretar el Derecho aplicable a dicho litigio, tanto si es el Derecho del Estado miembro del adquirente intermedio como si es el del adquirente final, con arreglo al Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Luxury Trust Automobil, C‑247/21, EU:C:2022:966, apartado 67).
87      De ello se deduce que, en el contexto de un litigio como el litigio principal, cuando, con arreglo a las normas del Convenio de Roma, que ha sido sustituido por el Reglamento Roma I, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que conocen de un litigio deben aplicar el Derecho de otro Estado miembro, están obligados a respetar, por lo que respecta al Derecho de ese otro Estado miembro, el principio de interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión.
88      Procede añadir que la aplicación del principio de interpretación del Derecho nacional de modo conforme con el Derecho de la Unión, en la medida en que pretende garantizar la conformidad con el Derecho de la Unión de las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, contribuye al respeto del principio de confianza mutua entre Estados miembros, que tiene una importancia fundamental en el Derecho de la Unión [dictamen 2/13 (Adhesión de la Unión al CEDH), de 18 de diciembre de 2014, EU:C:2014:2454, apartado 191].
89      Dicho principio de confianza mutua obliga a cada uno de los Estados miembros a considerar, salvo en circunstancias excepcionales, que todos los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2024, Tudmur, C‑185/24 y C‑189/24, EU:C:2024:1036, apartado 31 y jurisprudencia citada). De ello se deduce que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que interpreta una disposición del Derecho de otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de la Unión solo hace lo que está legitimado a presumir que harían, de acuerdo con el principio de confianza mutua, los órganos jurisdiccionales de ese otro Estado miembro, si tuvieran que interpretar la misma disposición.
90      En consecuencia, el principio de confianza mutua impone a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros un deber de confianza en lo que respecta a la correcta aplicación, en los demás Estados miembros, del Derecho de la Unión. En particular, cuando dichos órganos jurisdiccionales aplican el Derecho de otro Estado miembro, en un litigio en materia civil y mercantil, en virtud de las normas del Convenio de Roma, que ha sido sustituido por el Reglamento Roma I, han de esforzarse, de conformidad con los principios aplicables a la función del juez del foro, en determinar el contenido del Derecho de ese otro Estado miembro y la interpretación que de él hacen los órganos jurisdiccionales de este último, y deben presumir que ese Derecho y esa interpretación son conformes con el Derecho de la Unión.
91      Así, en el supuesto de que los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro alberguen serias dudas en cuanto a la conformidad con una directiva de una normativa de otro Estado miembro que transpone dicha directiva, esos órganos jurisdiccionales deben cerciorarse de la interpretación que debe darse a dicha normativa, utilizando, en su caso, los mecanismos de cooperación judicial, en particular los mecanismos que permiten obtener información sobre el Derecho extranjero, como la Red Judicial Europea establecida mediante la Acción Común 98/428/JAI del Consejo, de 29 de junio de 1998 (DO 1998, L 191, p. 4), o el Convenio Europeo en el ámbito de la Información sobre el Derecho extranjero, de 7 de junio de 1968 (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 720‑II, n.º 10346, p. 147).
92      Si persisten las dudas, dichos órganos jurisdiccionales también tienen la posibilidad, o incluso la obligación, según el caso, de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. En efecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que, ante cuestiones destinadas a permitir que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro aprecie la compatibilidad con el Derecho de la Unión de normas de otro Estado miembro, puede proporcionar los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que permitan a dicho órgano jurisdiccional resolver el problema jurídico del que conoce (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 1989, Eau de Cologne & Parfümerie-Fabrik 4711, C‑150/88, EU:C:1989:594, apartado 12 y jurisprudencia citada).
93      De estas consideraciones se desprende que, en aplicación del principio de confianza mutua, el control de la conformidad del Derecho de un Estado miembro con el Derecho de la Unión recae principalmente en el juez de dicho Estado miembro y, con carácter subsidiario, en los jueces de los demás Estados miembros que, en su caso, deban aplicar el Derecho nacional de que se trate a un litigio del que conozcan.
94      Cuando, en virtud de las normas del Reglamento Roma I o, como en el litigio principal, de las del Convenio de Roma, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro deba aplicar el Derecho de otro Estado miembro a un litigio del que conozca, habrá de velar por el respeto del Derecho de la Unión y, por tanto, estará obligado, como el juez de ese otro Estado miembro, a aplicar el Derecho nacional de que se trate de conformidad con el Derecho de la Unión y, en su caso, a dejar sin aplicación cualquier disposición del Derecho nacional de que se trate que considere que no puede ser objeto de tal aplicación conforme.
95      Las consideraciones anteriores son igualmente válidas en el supuesto de que, como en el litigio principal, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro deba aplicar una normativa del Reino Unido que transpone el artículo 19 de la Directiva 2006/54 a un litigio, pendiente en la fecha de finalización del período transitorio a que se refiere el artículo 126 del Acuerdo de Retirada, relativo a supuestos hechos discriminatorios acaecidos antes de esa fecha en el marco de la ejecución de un contrato de trabajo regulado por el Derecho del Reino Unido que había sido celebrado antes del final del período transitorio contemplado en el artículo 126 del Acuerdo de Retirada. En efecto, como se desprende de la respuesta a la primera cuestión prejudicial, dicho artículo 19 continúa siendo aplicable al litigio, incluso después del final de dicho período.
–       Sobre el control del respeto, por parte de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro, del principio de interpretación del Derecho nacional de modo conforme con el Derecho de la Unión al aplicar el Derecho de otro Estado miembro
96      De la resolución de remisión y de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia se desprende que, en el recurso de casación que interpuso ante el órgano jurisdiccional remitente, la demandante en el litigio principal critica la sentencia de la cour d’appel de Versailles (Tribunal de Apelación de Versalles) por contener una interpretación del Derecho del Reino Unido aplicable al litigio principal no conforme con el Derecho de la Unión, en particular con la Directiva 2006/54.
97      Pues bien, según reiterada jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente, mencionada en la resolución de remisión, «los jueces que conocen del fondo del asunto aplican e interpretan soberanamente el Derecho extranjero». Además, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que la función del juez de casación se circunscribe al control de los vicios de motivación y de la desnaturalización del Derecho extranjero, de modo que se limita a controlar si los jueces que conocieron del fondo del asunto han determinado el contenido de ese Derecho, pero no permite censurar los errores de interpretación o de aplicación de dicho Derecho.
98      En la vista ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno francés indicó que, si bien, según reiterada jurisprudencia del órgano jurisdiccional remitente, este califica el Derecho de otro Estado de «norma jurídica», asimila este Derecho a un elemento de hecho, de modo que, cuando conoce, en el marco de un recurso de casación, de un litigio comprendido en el ámbito de aplicación de ese Derecho extranjero, su control de la conformidad de la aplicación, por los órganos jurisdiccionales que conocieron del fondo, de dicho Derecho extranjero con el Derecho de la Unión es limitado.
99      Por consiguiente, parece que, cuando el órgano jurisdiccional remitente conoce de un litigio entre particulares regido por el Derecho de otro Estado miembro o de un Estado equiparable, la posibilidad de controlar, en el marco de un recurso de casación, la conformidad de la aplicación de ese Derecho por los jueces que conocieron del fondo con el Derecho de la Unión también es limitada.
100    Como se desprende de las consideraciones anteriores, el artículo 288 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro interpreta y aplica el Derecho de otro Estado miembro que transpone una directiva, está obligado, como cuando interpreta y aplica su propio Derecho, a respetar el principio de interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión.
101    Pues bien, so pena de incumplir la obligación, derivada del artículo 288 TFUE, párrafo tercero, según la cual todas las autoridades de los Estados miembros, incluidos los órganos jurisdiccionales, deben alcanzar el resultado prescrito por una directiva, el control efectuado por el juez de casación en respuesta a un motivo basado en la interpretación, por un órgano jurisdiccional de instancia inferior, del Derecho de otro Estado miembro de modo contrario a una directiva no puede limitarse por el mero hecho de que, por regla general, dicho juez de casación equipare el Derecho extranjero a un elemento de hecho. Dicho control debe versar sobre el cumplimiento, por parte del órgano jurisdiccional de instancia inferior, de la obligación de interpretación conforme con el resultado prescrito por la directiva, que, como se desprende de los apartados 84 y 94 de la presente sentencia, existe con independencia de si el Derecho que debe interpretarse es el del foro o el de otro Estado miembro.
102    Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 288 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro interpreta y aplica el Derecho de otro Estado miembro que transpone una directiva, está obligado, como cuando interpreta y aplica su propio Derecho, a respetar el principio de interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión.
Costas
103    Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
1)      El artículo 50 TUE, apartado 3, en relación con los artículos 126 y 127 del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, aprobado mediante la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020, debe interpretarse en el sentido que,
dicho Acuerdo no cuestiona la aplicabilidad del artículo 19 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, a un litigio, pendiente en la fecha de finalización del período transitorio contemplado en el citado artículo 126, relativo a supuestos hechos discriminatorios acaecidos antes de esa fecha en el marco de la ejecución de un contrato de trabajo regulado por el Derecho del Reino Unido.
2)      El artículo
288 TFUE debe interpretarse en el sentido de que,
cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro interpreta y aplica el Derecho de otro Estado miembro que transpone una directiva, está obligado, como cuando interpreta y aplica su propio Derecho, a respetar el principio de interpretación del Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.