62023CJ0785
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 19 de junio de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Exenciones aplicables a ciertas actividades de interés general — Artículo 132 — Servicios públicos postales — Directiva 97/67/CE — Artículo 12 — Proveedor del servicio postal universal — Conceptos de “servicio público postal” y de “servicio de interés público”»
En el asunto C‑785/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria), mediante resolución de 18 de diciembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de diciembre de 2023, en el procedimiento entre
Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite
y
Bulgarian posts EAD,
con intervención de:
Varhovna administrativna prokuratura,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente de Sala, y los Sres. E. Regan (Ponente) y B. Smulders, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Szpunar;
Secretaria: Sra. R. Stefanova-Kamisheva, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de enero de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite, por las Sras. M. Bakalova y E. Pavlova;
–
en nombre de Bulgarian posts EAD, por el Sr. V. D. Gerdzhikov y la Sra. M. Peneva, advokati;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. M. Herold, la Sra. M. Ilkova y el Sr. J. Szczodrowski, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 132 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1), y del artículo 12 de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO 1998, L 15, p. 14), en su versión modificada por la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008 (DO 2008, L 52, p. 3) (en lo sucesivo, «Directiva 97/67»).
2
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite (director de la Dirección de Recursos y Práctica en Materia de Fiscalidad y Seguridad Social para la Ciudad de Sofía, Administración Central de la Agencia Nacional de Recaudación, Bulgaria; en lo sucesivo, «Administración Tributaria») y Bulgarian posts EAD en relación con una liquidación tributaria relativa a una cantidad adicional del impuesto sobre el valor añadido (IVA) reclamada a tal sociedad por el período impositivo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2006/112
3
El título IX de la Directiva 2006/112, titulado «Exenciones», incluye, en particular, un capítulo 2, titulado «Exenciones aplicables a ciertas actividades de interés general», en el que figura el artículo 132 de dicha Directiva, que establece:
«1.   Los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes:
a)
las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias de las mismas realizadas por los servicios públicos postales, con excepción de los transportes de pasajeros y de las telecomunicaciones;
[…]».
Directiva 97/67
4
El considerando 15 de la Directiva 97/67 expone:
«Considerando que lo dispuesto en la presente Directiva sobre la prestación del servicio universal no afecta al derecho de los proveedores del servicio universal de negociar contratos con los clientes de forma individual».
5
El artículo 2 de la misma Directiva dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1)
“servicios postales”: los servicios consistentes en la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos postales;
1 bis)
“proveedor de servicios postales”: la empresa que presta uno o varios servicios postales;
[…]
13)
“proveedor de servicio universal”: el proveedor público o privado de servicios postales que presta un servicio postal universal o partes del mismo dentro de un Estado miembro, y cuya identidad ha sido notificada a la Comisión [Europea] de conformidad con el artículo 4;
[…]
17)
“usuario”: toda persona física o jurídica beneficiaria de la prestación de un servicio postal como remitente o como destinatario;
[…]
19)
“requisitos esenciales”: los motivos de interés general y de carácter no económico que puedan inducir a un Estado miembro a imponer condiciones relativas a la prestación de servicios postales. Estos motivos son la inviolabilidad de la correspondencia, la seguridad del funcionamiento de la red en materia de transporte de sustancias peligrosas, el respeto de las estipulaciones de los regímenes de empleo y seguridad social establecidas mediante ley, reglamento o decisión administrativa o convenio colectivo negociado entre los interlocutores sociales nacionales con arreglo al Derecho nacional y comunitario y, en los casos en que esté justificado, la protección de los datos, la protección del medio ambiente y la ordenación territorial. La protección de los datos podrá abarcar la protección de los datos personales, la confidencialidad de la información transmitida o almacenada y la protección de la intimidad;
20)
“servicios prestados según tarifa por unidad”: servicios postales cuyo precio figure en las condiciones generales del proveedor o proveedores de servicio universal aplicables a los envíos postales individuales.»
6
El artículo 3 de la misma Directiva dispone lo siguiente:
«1.   Los Estados miembros garantizarán a los usuarios el derecho a un servicio universal que corresponda a una oferta de servicios postales de calidad determinada prestados de forma permanente en todos los puntos del territorio a precios asequibles a todos los usuarios.
[…]
3.   Los Estados miembros adoptarán medidas para asegurar que el servicio universal quede garantizado al menos cinco días laborales por semana, excepto en circunstancias o condiciones geográficas excepcionales, y para que incluya, como mínimo:
–
una recogida,
–
una entrega al domicilio de cada persona física o jurídica o, como excepción, en condiciones que quedarán a juicio de la autoridad nacional de reglamentación, una entrega en instalaciones apropiadas.
Cualquier excepción o autorización de inaplicación reconocida por una autoridad nacional de reglamentación de conformidad con el presente apartado deberá comunicarse a la Comisión y a las autoridades nacionales de reglamentación.
4.   Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que el servicio universal incluya por lo menos las siguientes prestaciones:
–
la recogida, clasificación, transporte y distribución de los envíos postales de hasta 2 kg;
–
la recogida, clasificación, transporte y distribución de los paquetes postales de hasta 10 kg;
–
los servicios de envíos certificados y envíos con valor declarado.
5.   Las autoridades nacionales de reglamentación podrán aumentar el límite de peso de la cobertura del servicio universal para los paquetes postales hasta un peso que no supere los 20 kg y fijar regímenes especiales para la entrega a domicilio de tales paquetes postales.
Sin perjuicio del límite de peso de la cobertura del servicio universal para los paquetes postales establecido por un determinado Estado miembro, los Estados miembros garantizarán que los paquetes postales recibidos desde otros Estados miembros y que pesen hasta 20 kg se distribuyan en su territorio.
6.   Las dimensiones mínimas y máximas de los envíos postales considerados serán las establecidas en las disposiciones pertinentes adoptadas por la Unión Postal Universal.
7.   El servicio universal definido en el presente artículo incluye tanto los servicios nacionales como los transfronterizos.»
7
El artículo 5, apartado 1, segundo guion, de esta misma Directiva es del siguiente tenor:
«Cada Estado miembro velará por que la prestación del servicio universal responda a los siguientes requisitos
[…]
–
ofrezca a los usuarios, en condiciones comparables, un servicio idéntico».
8
A tenor del artículo 12 de la Directiva 97/67:
«Los Estados miembros velarán por que las tarifas de cada uno de los servicios que forman parte del servicio universal se establezcan en observancia de los siguientes principios:
–
los precios serán asequibles y deberán permitir el acceso a los servicios prestados a todos los usuarios independientemente de la situación geográfica y teniendo en cuenta las condiciones nacionales específicas. Los Estados miembros podrán mantener o introducir la prestación de servicios postales gratuitos para el uso de las personas invidentes o de visión reducida,
–
los precios se fijarán teniendo en cuenta los costes y de modo que ofrezcan incentivos para la prestación eficiente del servicio universal. Siempre que resulte necesario por razones de interés público, los Estados miembros podrán disponer que se aplique una tarifa única en todo el territorio nacional y/o a los servicios transfronterizos prestados según tarifa por unidad u otro tipo de envío postal,
–
la tarifa única se aplicará sin perjuicio del derecho del proveedor o proveedores de servicio universal a concluir acuerdos individuales con los usuarios respecto a los precios,
–
las tarifas serán transparentes y no discriminatorias,
–
cuando los proveedores de servicio universal apliquen tarifas especiales, por ejemplo a los servicios a las empresas, a los remitentes de envíos masivos o a los preparadores del correo de varios usuarios, deberán respetar los principios de transparencia y no discriminación por lo que se refiere a las tarifas y las condiciones asociadas. Las tarifas, junto con las condiciones asociadas a las mismas, se aplicarán igualmente entre las distintas terceras partes interesadas y entre estas y los proveedores de servicio universal que suministren servicios equivalentes. Tales tarifas también se propondrán a los usuarios, en especial a los particulares y pequeñas y medianas empresas, que efectúen envíos en condiciones similares.»
Derecho búlgaro
ZDDS
9
El artículo 49, apartado 2, de la Zakon za danak varhu dobavenata stoynost (Ley del IVA), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «ZDDS»), establece que la prestación de servicios postales universales según las normas y condiciones establecidos en la Zakon za poshtenskite uslugi (Ley de Servicios Postales) (en lo sucesivo, «ZPU») es una prestación exenta.
Reglamento de Aplicación de la Ley del IVA
10
El artículo 43, apartado 2, del Pravilnik za prilagane na Zakona za danak varhu dobavenata stoynost (Reglamento de Aplicación de la Ley del IVA), en su versión aplicable al litigio principal, dispone:
«Se entenderá por servicio postal universal, en el sentido del artículo 49, apartado 2, de la [ZDDS], el servicio postal universal en el sentido del capítulo cuatro, sección I, de la [ZPU].»
ZPU
11
El artículo 15 de la ZPU, en su versión aplicable al litigio principal, tiene la siguiente redacción:
«(1) La [Komisia za regulirane na saobshteniata (Comisión Reguladora de las Comunicaciones, Bulgaria; en lo sucesivo, “Comisión Reguladora”)] regulará la prestación de los servicios postales de conformidad con la presente Ley, y:
[…]
7.
definirá normas, conformes a las normas búlgaras y europeas vigentes, sobre la calidad del servicio postal universal y la eficacia del servicio, y velará, a su propio coste, por que su aplicación se evalúe anualmente por una organización independiente;
[…]
20.
fijará los precios para la prestación del acceso a la red del operador postal sujeto a obligaciones de servicio postal universal;
21.
facilitará, previa solicitud motivada por escrito del Ministro de Transportes, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la información necesaria para llevar a cabo la política estatal en el ámbito de los servicios postales.
[…]»
12
A tenor del artículo 21, apartado 1, de esta Ley, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal:
«Los operadores postales garantizarán que los usuarios tengan igualdad de acceso a los puntos de acceso para el uso de los servicios postales y establecerán obligatoriamente las condiciones generales del contrato con los consumidores. No es necesaria la firma de contratos individuales con los consumidores.»
13
El artículo 24 de esta Ley, en su redacción aplicable al litigio principal, dispone:
«El servicio postal universal será prestado por un operador postal al que la ley haya impuesto la obligación de prestar dicho servicio en todo el territorio del país a través de una red postal organizada y gestionada por él.»
14
El artículo 32 de esta misma Ley, en su redacción aplicable al litigio principal, establece:
«Un servicio postal universal es un servicio que se presta de forma continua durante determinadas horas de apertura y cuya calidad se ajusta a las normas mencionadas en el artículo 15, apartado 1, punto 7, a precios asequibles, con la posibilidad de que cada usuario pueda utilizarlo en el territorio nacional con independencia de su localización geográfica.»
15
En virtud del artículo 33, apartado 1, de la ZPU, en su versión aplicable al asunto principal:
«El servicio postal universal se prestará todos los días laborables, al menos cinco días por semana […]».
16
El artículo 34, apartado 1, de esta Ley, en su versión aplicable al litigio principal, dispone:
«El servicio postal universal comprenderá los siguientes tipos de servicios postales:
1.
la recepción, el transporte y la distribución de envíos postales nacionales e internacionales como sigue:
a)
los envíos de correspondencia, hasta 2 kg;
b)
los paquetes pequeños, hasta 2 kg;
[…]
d)
los impresos, hasta 5 kg;
e)
los envíos para personas invidentes y de visión reducida, hasta 7 kg;
2.
la recepción, el transporte y la distribución de paquetes postales nacionales e internacionales, hasta 20 kg;
[…]
4.
los servicios adicionales “certificado” y con “valor declarado”.»
17
El artículo 36, apartados 1 y 2, de dicha Ley, en su redacción aplicable al litigio principal, tiene la siguiente redacción:
«(1)   Los envíos postales y los paquetes postales a que se refiere el artículo 34 se distribuirán: en los buzones de los destinatarios situados en la dirección de destino; en las oficinas de correos; en otras unidades de la red postal; en lugares o instalaciones convenidos entre los operadores postales y los usuarios.
(2)   Las condiciones de distribución de los envíos postales y de los paquetes postales a que se refiere el apartado 1 se determinarán mediante normas generales establecidas por la [Comisión Reguladora]».
18
A tenor del artículo 38 de la misma Ley, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal:
«Los servicios postales no universales comprenden:
1.
La recepción, el transporte y la distribución de publicidad directa;
2.
Los servicios postales híbridos;
3.
Los servicios de correo urgente;
4.
Los giros postales».
19
El artículo 66 de la ZPU, en su redacción aplicable al litigio principal, establece:
«(1) Los precios por tipo de servicios incluidos en el servicio postal universal se establecerán y aplicarán con arreglo a normas definidas en un reglamento del Consejo de Ministros. El proyecto de reglamento será elaborado por la [Comisión Reguladora].
(2) Las normas a que se refiere el apartado 1 estarán supeditadas al respeto de los siguientes principios:
1.
precios idénticos para prestaciones idénticas en todo el territorio nacional;
2.
igualdad de los usuarios;
3.
precios asequibles;
4.
consideración de los costes de la prestación de los servicios;
5.
relación con la calidad del servicio;
6.
garantía de beneficios económicamente justificados de conformidad con la política de inversión adoptada;
7.
creación de condiciones para estimular el consumo;
8.
consideración del nivel de los precios en los mercados internacionales, en la medida en que lo permitan las circunstancias nacionales;
9.
publicidad de los precios.
(3) El reglamento a que se refiere el apartado 1 determinará las condiciones y el procedimiento con arreglo a los cuales el operador postal obligado a prestar el servicio postal universal podrá negociar los precios por tipos de servicios incluidos en el servicio postal universal distintos de aquellos establecidos normativamente, respetando los principios de publicidad y de igualdad de trato.»
Disposiciones complementarias de la ZPU
20
Las Dopalnitelni razporedbi kam ZPU (Disposiciones complementarias de la ZPU), en su versión aplicable al litigio principal, establecen:
«§ 1 A efectos de la presente Ley, se entenderá por:
1.
“Recepción de envíos postales”: la actividad de los operadores postales consistente en recibir los envíos postales depositados por los remitentes en los puntos de acceso.
[…]
4.
“Punto de acceso”: una oficina de correos fija o móvil, una agencia postal o una ventanilla postal exterior en la que los remitentes depositan y en la que el operador recibe los envíos postales y los giros postales, así como los buzones y otros dispositivos de uso público situados en lugares accesibles a los remitentes.
[…]
18.
“Servicio de correo urgente”: un servicio postal con valor añadido en relación con el servicio postal universal. El servicio de correo urgente garantiza, además de una mayor rapidez y fiabilidad de la recepción, del transporte y de la entrega en mano de los envíos al destinatario, la prestación de todos o parte de los siguientes servicios adicionales:
a)
recogida en el domicilio del remitente;
b)
distribución hasta una fecha determinada;
c)
posibilidad de cambio de destino y de destinatario durante el transporte;
d)
confirmación al remitente de que su envío ha sido entregado;
e)
control y seguimiento de los envíos;
f)
servicios personalizados a los usuarios y prestación de servicios “a la carta” (opcional) de la manera y en el momento requeridos (“previa solicitud” y “contractualmente”).
[…]
28.
“Oficina de correos fija”: elemento esencial de las redes postales, organizado en un espacio separado, en el que todos los servicios incluidos en el servicio postal universal, los servicios postales no universales y otras actividades comerciales se prestan por los agentes del operador postal mediante puestos de trabajo tecnológicamente interconectados.
29.
“Oficina de correos móvil”: elemento de las redes postales, organizado en un espacio situado en medios de transporte especializados, en el que los agentes prestan todos los servicios postales incluidos en el servicio postal universal en varias localidades según un itinerario y un horario determinados.
30.
“Agencia postal”: un lugar de trabajo en una localidad sin oficina de correos fija, organizado en un espacio separado, en el que un agente de un operador postal determinado presta determinados servicios postales.
31.
“Ventanilla postal exterior”: un lugar de trabajo organizado para prestar servicios postales en un espacio en el que también se ofrecen otros tipos de servicios públicos. El derecho a prestar servicios postales se concede sobre la base de un contrato con un operador postal determinado.
[…]»
Reglamento por el que se establecen las normas para fijar y aplicar el precio del servicio postal universal
21
La sección II del Naredba za opredelyane na pravila za obrazuvane i prilagane na tsentata na universalnata poshtenska usluga (Reglamento por el que se establecen las normas para fijar y aplicar el precio del servicio postal universal), en su versión aplicable al litigio principal, titulada «Normas para fijar precios por tipos de servicio postal universal», contiene un artículo 4 cuyo apartado 1 dispone:
«Los precios por tipo de servicio postal universal se establecerán sobre la base de los costes de la prestación de los servicios derivados de la aplicación del sistema de reparto de costes, habida cuenta de los actos de la Unión Postal Universal.»
22
El artículo 14 de este Reglamento, en su versión aplicable al litigio principal, tiene la siguiente redacción:
«(1)
El operador sujeto a una obligación de servicio postal universal podrá negociar con los usuarios precios diferentes de los establecidos en virtud de la sección II.
(2)
Los precios a que se refiere el apartado 1 serán públicos, no podrán ser inferiores a los costes de prestación de cada tipo de servicio y se establecerán aplicando descuentos por tipo de servicio postal universal en función de las condiciones que los usuarios cumplan, predeterminadas por el operador sujeto a una obligación de servicio postal universal.
(3)
El operador sujeto a una obligación de servicio universal publicará los precios a que se refiere el apartado 1 y sus condiciones de aplicación en virtud del apartado 2, y respetará el principio de igualdad de trato de los usuarios en la celebración de contratos destinados a su aplicación.
(4)
El operador sujeto a una obligación de servicio postal universal facilitará a la [Comisión Reguladora] los datos contables relativos a los ingresos, los gastos y el número de envíos derivados de la ejecución de los contratos contemplados en el apartado 3. Los datos se proporcionarán por tipo de servicio postal universal junto con la solicitud de compensación de la carga financiera injusta derivada de la prestación del servicio postal universal a que se refiere el artículo 29a, apartado 1, de la [ZPU].
(5)
El operador sometido a una obligación de servicio postal universal presentará a la [Comisión Reguladora], a efectos informativos, copias certificadas de los contratos contemplados en el apartado 3, así como de las modificaciones y adendas que puedan llevarse a cabo, en un plazo de catorce días a partir de la fecha de su celebración.»
Normas relativas a la calidad del servicio postal universal y a la eficacia del servicio
23
Las Normativi za kachestvo na universalnata poshtenska usluga i efikasnostta na obsluzhvane (Normas relativas a la calidad del servicio postal universal y a la eficacia del servicio), en su versión aplicable al litigio principal, fueron adoptadas mediante la Decisión n.o 655, de 14 de julio de 2011, de la Comisión Reguladora, publicada en el DV n.o 64, de 19 de agosto de 2011.
24
A tenor del artículo 8 de dichas Normas, en su versión aplicable al litigio principal, titulado «Normas de calidad relativas a la regularidad de la recogida de envíos y paquetes postales»:
«Localidad
Días de la semana
Número de recogidas diarias
Sofía
de lunes a viernes
2
Sofía
sábado y domingo
1
con RSTS
de lunes a sábado
1
sin RSTS
de lunes a viernes
1
[Nota: RSTS — centro de intercambio y clasificación.]»
25
El artículo 9 de las mismas Normas, en su versión aplicable al litigio principal, titulado «Normas de calidad relativas a la regularidad de la distribución de los envíos y paquetes postales», establece:
«Localidad
Días de la semana
Número de distribuciones diarias
Sofía
de lunes a sábado
2
con RSTS
de lunes a sábado
1
sin RSTS
de lunes a viernes
1».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
26
Bulgarian posts es una sociedad búlgara titular de una licencia individual para prestar el servicio postal universal en todo el territorio búlgaro.
27
Como proveedora del servicio postal universal, esta sociedad está sujeta al IVA y, en el ejercicio de su actividad económica, efectúa operaciones que dan derecho a la deducción del IVA.
28
A raíz de una inspección tributaria, se comprobó que, durante un período no precisado por el órgano jurisdiccional remitente, Bulgarian posts había declarado exentas de IVA, en el sentido de la ZDDS, determinadas prestaciones de servicios efectuadas por ella como parte del servicio postal universal.
29
Sin embargo, según el departamento que llevó a cabo la inspección fiscal, no podía considerarse que las prestaciones de servicios de que se trata formaran parte del servicio postal universal. En efecto, a su juicio, algunas de ellas no tienen cabida en la definición de dicho servicio, que consta en la ZPU, en su versión aplicable al litigio principal. Además, otras prestaciones de servicios están establecidas en contratos que incluyen cláusulas destinadas, por una parte, a tener en cuenta las necesidades específicas de los clientes correspondientes, como el lugar de recogida de los envíos, el lugar de distribución, la frecuencia de recogida o las horas de apertura y, por otra parte, a aplicarles precios inferiores a los aprobados por la Comisión Reguladora.
30
En consecuencia, el 3 de agosto de 2021, el departamento que había llevado a cabo la inspección fiscal giró una liquidación complementaria por la que se sometía a Bulgarian posts al pago de un importe adicional de IVA, más intereses.
31
Bulgarian posts interpuso recurso contra dicha liquidación ante el Administrativen sad Sofia‑grad (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Sofía, Bulgaria), que lo estimó y anuló la liquidación.
32
En opinión de este último órgano jurisdiccional, el hecho de que los envíos se recojan fuera de los puntos de acceso, según condiciones específicas y, en particular, a un precio inferior al precio aprobado por la Comisión Reguladora, no es un elemento que permita determinar la naturaleza de las prestaciones de servicios postales de que se trata. En cambio, del hecho de que una gran parte de estas prestaciones se llevara a cabo a favor de organismos de Derecho público para permitirles llevar a cabo su misión de servicio público podría deducirse que dichas prestaciones no estaban destinadas a satisfacer las necesidades particulares de tales organismos y que, por tanto, podían acogerse al régimen de exención previsto en el artículo 49, apartado 2, de la ZDDS.
33
La Administración Tributaria interpuso recurso de casación contra la sentencia de primera instancia ante el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bulgaria), que es el órgano jurisdiccional remitente. Este último considera que, si bien algunas sentencias del Tribunal de Justicia relativas a la prestación del servicio postal universal contienen elementos pertinentes para la solución del litigio del que conoce, no es menos cierto que las circunstancias controvertidas en esas sentencias son diferentes de las del presente litigio, de modo que no permiten responder a todas las cuestiones que se le plantean.
34
En particular, el órgano jurisdiccional remitente señala que el servicio prestado por Bulgarian posts no es idéntico al controvertido en la sentencia de 16 de octubre de 2019, Winterhoff y Eisenbeis (C‑4/18 y C‑5/18, EU:C:2019:860), que se refiere, según él, a la notificación oficial de documentos procedentes de órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas en virtud de disposiciones específicas del Derecho alemán. En consecuencia, se pregunta en qué medida la solución a la que se llegó en la sentencia referida es pertinente para la solución del litigio del que conoce, dado que los contratos individuales celebrados por Bulgarian posts no lo han sido exclusivamente con organismos de Derecho público ni tienen por objeto la notificación de documentos judiciales y administrativos.
35
Dicho esto, el órgano jurisdiccional remitente observa que, de la sentencia de 23 de abril de 2009, TNT Post UK (C‑357/07, EU:C:2009:248), se desprende que la exención del IVA establecida en el artículo 13, parte A, apartado 1, letra a), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del IVA: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), cuyo tenor se reproduce de forma idéntica en el artículo 132 de la Directiva 2006/112, no es aplicable a todas las prestaciones de servicios llevadas a cabo por los proveedores del servicio postal universal que no estén expresamente excluidas del ámbito de aplicación de esta misma disposición, con independencia de su naturaleza intrínseca. Esta sentencia precisa, a su juicio, que las prestaciones realizadas por tal prestador de servicios y cuyas condiciones se han negociado de forma individual no pueden quedar exentas dado que, por su propia naturaleza, esas prestaciones responden a las necesidades particulares de los usuarios correspondientes.
36
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si puede considerarse que las prestaciones de servicios postales controvertidas en el asunto del que conoce responden a las necesidades específicas de los usuarios correspondientes y si de ello se desprende que no pueden quedar exentas por el hecho de que los contratos celebrados de forma individual para la obtención de dichas prestaciones establezcan una o varias de las siguientes condiciones:
–
los precios de las prestaciones son inferiores a aquellos aprobados por la Comisión Reguladora para la prestación del servicio postal universal y no se ha demostrado que cubran los costes incurridos para su prestación;
–
los precios de las prestaciones se establecen mediante la aplicación de un descuento que no se determina con arreglo a las condiciones accesibles al público en lo que se refiere a la obtención de tales descuentos;
–
la recogida y distribución de los envíos postales se realizan en la dirección del cliente;
–
la frecuencia de las recogidas de los envíos postales es superior al límite inferior por debajo del cual no debe situarse la frecuencia de la recogida y de la distribución, de conformidad con el artículo 33, apartado 2, de la ZPU, en su versión aplicable al litigio principal, y es superior a lo que establecen las normas para la calidad del servicio postal universal y la eficacia del servicio;
–
también se prevé una recogida adicional, si el cliente lo solicita, en un momento distinto del previamente acordado;
–
en una parte de los contratos celebrados individualmente, se acordó que la recepción de los envíos postales también tendría lugar después de las horas de apertura de las oficinas de correos en las ciudades correspondientes.
37
En estas circunstancias, el Varhoven administrativen sad (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe considerarse que los servicios que presta el titular de la licencia para la prestación del servicio postal universal en el territorio de la República de Bulgaria en virtud de contratos individuales celebrados con usuarios de servicios postales constituyen servicios prestados por un “servicio público postal” y que son de “interés general”, en el sentido del artículo 132 del título IX, capítulo 2, de la Directiva [2006/112], cuando estos contratos individuales estipulan que la prestación deberá cumplir una o, en su caso, todas las condiciones siguientes, a saber: recogida de envíos fuera de los puntos de acceso (la recogida y la distribución se efectúan en la dirección indicada por el cliente); la recogida y la distribución se efectuarán a una hora que se pactará de antemano con el cliente; la frecuencia de recogida y de distribución supera la frecuencia establecida en las normas legales relativas a la calidad del servicio postal universal y a la eficiencia de los servicios, pudiendo también estipularse que se realicen recogidas adicionales a solicitud del cliente más allá de la frecuencia expresamente pactada en el contrato fuera del horario de apertura de las oficinas de correos; prestación del servicio por un precio inferior al autorizado por la [Comisión Reguladora] o con descuentos superiores a los autorizados por la [Comisión Reguladora]?
2)
¿Se deriva del artículo 12, segundo guion, de la Directiva [97/67] que los servicios prestados por una persona licenciataria del servicio postal universal no tienen la cualidad de servicio postal universal en el sentido de dicha Directiva si se prestan, de conformidad con un contrato individual, por un precio inferior al autorizado para el tipo correspondiente de servicio postal universal y no se ha acreditado que el precio así pactado cubra los costes de prestación del servicio?
3)
¿Se violan los principios de transparencia y no discriminación consagrados en el artículo 12, cuarto guion, de la Directiva [97/67] cuando una persona licenciataria de la prestación del servicio postal universal celebra contratos individuales para la prestación del servicio postal universal en los que estipula condiciones para la prestación del servicio diferentes y más favorables en comparación con las condiciones publicadas y de público acceso?
4)
En caso de respuesta afirmativa a la [tercera] cuestión, ¿constituirá ello un motivo para no tratar las operaciones como operaciones exentas en el sentido del artículo 132 de la Directiva [2006/112]?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la admisibilidad
38
Bulgarian posts alega, en esencia, que las cuestiones prejudiciales son inadmisibles porque, por una parte, se basan en una premisa errónea, a saber, que el contenido de los contratos que establecían las prestaciones de servicios postales controvertidas en el litigio principal y de las condiciones generales de venta fue examinado por la Administración Tributaria, así como durante el procedimiento judicial. Por otra parte, dado que, como en el asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de octubre de 2019, Winterhoff y Eisenbeis (C‑4/18 y C‑5/18, EU:C:2019:860), una gran cantidad de estos contratos se celebró con autoridades judiciales y administrativas, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en dicha sentencia es extrapolable, a su juicio, de modo que no es necesaria una nueva interpretación del artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112.
39
En cuanto a ello, procede recordar que de una jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia se desprende que, en el marco del procedimiento con arreglo al artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, solo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal y para interpretar y aplicar el Derecho nacional. Asimismo, corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, dado que las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse [sentencia de 24 de noviembre de 2022, Varhoven administrativen sad (Derogación de la disposición impugnada), C‑289/21, EU:C:2022:920, apartado 24 y jurisprudencia citada].
40
Así, en primer lugar, al estar habilitado el Tribunal de Justicia únicamente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez de un texto del Derecho de la Unión, no puede comprobar si la exposición de los hechos de dicho órgano jurisdiccional es exacta ni pronunciarse sobre la correcta fundamentación de las alegaciones de algunas de las partes dirigidas a cuestionar la pertinencia del supuesto fáctico descrito por el órgano jurisdiccional remitente en su petición (sentencia de 29 de julio de 2024, Banco BPN/BIC Português y otros, C‑298/22, EU:C:2024:638, apartado 31).
41
Por consiguiente, no procede pronunciarse sobre las observaciones formuladas por Bulgarian posts en relación con la premisa en la que, a su juicio, se basan las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia.
42
En segundo lugar, según reiterada jurisprudencia, el artículo 267 TFUE confiere a los órganos jurisdiccionales nacionales una amplísima facultad para someter una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia si consideran que un asunto pendiente ante ellos plantea cuestiones que exigen la interpretación de disposiciones del Derecho de la Unión. De ello resulta que la existencia de reiterada jurisprudencia sobre una cuestión de Derecho de la Unión, si bien puede llevar al Tribunal de Justicia a dictar un auto de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento, no puede afectar en absoluto a la admisibilidad de una petición de decisión prejudicial en caso de que un órgano jurisdiccional nacional, en el marco de su facultad de apreciación, decida plantear al Tribunal de Justicia dicha cuestión prejudicial con arreglo a tal artículo 267 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C‑22/13, C‑61/13 a C‑63/13 y C‑418/13, EU:C:2014:2401, apartados 48 y 49 y jurisprudencia citada, y de 1 de febrero de 2017, Tolley, C‑430/15, EU:C:2017:74, apartado 34 y jurisprudencia citada).
43
Pues bien, en el presente asunto, de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que, al contrario de lo que se menciona en el apartado 59 de la sentencia de 16 de octubre de 2019, Winterhoff y Eisenbeis (C‑4/18 y C‑5/18, EU:C:2019:860), a la que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, las prestaciones de servicios postales controvertidas en el litigio principal no consisten exclusivamente en notificaciones formales de documentos efectuadas por cuenta de órganos jurisdiccionales y autoridades administrativas.
44
Por lo tanto, las cuestiones prejudiciales son admisibles.
Sobre el fondo
45
Con carácter preliminar, procede señalar que, si bien en la formulación de la primera cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional se refiere a «contratos individuales», de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que, con estos términos, alude a la existencia material de contratos distintos, concluidos entre Bulgarian posts y cada uno de los clientes correspondientes, sin que se excluya que tales contratos puedan referirse a prestaciones comprendidas en un régimen jurídico particular ni que de ellos se derive que dichos contratos son fruto de una negociación individual o que se refieren a obligaciones específicas de la relación contractual que establecen.
46
Por consiguiente, debe entenderse que, mediante sus cuatro cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112, en relación con el artículo 12, guiones segundo y cuarto, de la Directiva 97/67, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las prestaciones de servicios postales llevadas a cabo, con arreglo a contratos distintos, por un titular de una licencia individual para prestar el servicio postal universal disfruten de la exención del IVA que establece, siempre que se cumplan una o todas las condiciones siguientes:
–
que la recogida y la distribución de los envíos postales se efectúen en el domicilio del cliente o en los momentos previamente acordados con él;
–
que las prestaciones se lleven a cabo sin que se haya demostrado que el precio así convenido cubre el coste de la prestación;
–
que las prestaciones se lleven a cabo en condiciones distintas de las aprobadas por la autoridad nacional designada en el Estado miembro de que se trate para regular el servicio postal universal o incluso de aquellas establecidas en las normas relativas al servicio postal universal.
47
En cuanto a ello, conviene recordar que, en virtud del artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112, los Estados miembros eximirán del IVA a «las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias de las mismas realizadas por los servicios públicos postales».
48
Según reiterada jurisprudencia, una disposición del Derecho de la Unión que no incluya una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que tenga en cuenta el tenor de esa disposición, su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forme parte (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de octubre de 2022, M2Beauté Cosmetics, C‑616/20, EU:C:2022:781, apartado 40, y de 24 de octubre de 2024, Kwantum Nederland y Kwantum België, C‑227/23, EU:C:2024:914, apartado 56).
49
Por lo que respecta al tenor del artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112, por una parte, la sintaxis de la frase que conforma esta disposición demuestra claramente que la expresión «servicios públicos postales» designa a los órganos que realizan las prestaciones de servicios que deben quedar exentas. Por lo tanto, para estar comprendidas en el tenor literal de la disposición, es preciso que las prestaciones controvertidas sean realizadas por un operador que puede calificarse de «servicio público postal» en el sentido orgánico de esta expresión (véase, por analogía, la sentencia de 23 de abril de 2009, TNT Post UK, C‑357/07, EU:C:2009:248, apartado 27).
50
Por otra parte, el empleo de estas mismas palabras implica que, a diferencia de los demás operadores económicos, estos órganos están sujetos a un régimen jurídico particular que incluye obligaciones específicas. En efecto, la diferencia entre los «servicios públicos postales» y los demás operadores no se refiere a la naturaleza de las prestaciones realizadas, sino al hecho de que los operadores que prestan la totalidad o una parte del servicio postal universal están sujetos a un régimen jurídico especial que incluye obligaciones específicas (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de abril de 2015, Comisión/Suecia, C‑114/14, EU:C:2015:249, apartado 33, y de 16 de octubre de 2019, Winterhoff y Eisenbeis, C‑4/18 y C‑5/18, EU:C:2019:860, apartado 55).
51
Por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112 y a los objetivos perseguidos por esta disposición, cabe deducir del hecho de que esta figura en el capítulo 2, titulado «Exenciones aplicables a ciertas actividades de interés general», del título IX de esta Directiva, que el objetivo de las exenciones establecidas en el artículo 132 es favorecer únicamente las actividades que respondan a un interés general, como las prestaciones de servicios realizadas por los servicios públicos postales contempladas en dicha disposición (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2019, Winterhoff y Eisenbeis, C‑4/18 y C‑5/18, EU:C:2019:860, apartado 46).
52
Este objetivo general se traduce, en el ámbito postal, en el objetivo más específico de ofrecer, a un coste reducido, servicios postales que respondan a las necesidades esenciales de la población. Pues bien, en el estado actual del Derecho de la Unión, este objetivo coincide, en esencia, con aquel perseguido por la Directiva 97/67, que establece normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Unión, a saber, ofrecer un servicio postal universal (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2019, Winterhoff y Eisenbeis, C‑4/18 y C‑5/18, EU:C:2019:860, apartado 49).
53
Por consiguiente, en la práctica, solo los operadores, públicos o privados, que se hayan comprometido a prestar en un Estado miembro el servicio postal universal o partes del mismo, tal como se define en el artículo 3 de la Directiva 97/67, pueden acogerse a la exención establecida en el artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112 (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2019, Winterhoff y Eisenbeis, C‑4/18 y C‑5/18, EU:C:2019:860, apartado 50).
54
Sin embargo, no por ello puede deducirse del artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112 que todas las prestaciones de servicios realizadas por los servicios públicos postales y que no están expresamente excluidas del ámbito de aplicación de esta disposición estén exentas, con independencia de su naturaleza intrínseca (véase, por analogía, la sentencia de 23 de abril de 2009, TNT Post UK, C‑357/07, EU:C:2009:248, apartado 43).
55
En efecto, dado que los términos de esta exención deben interpretarse a un mismo tiempo de forma estricta y conforme al objetivo perseguido por esta disposición, solo las prestaciones de servicios destinados a responder a las necesidades esenciales de la población pueden acogerse a la exención del artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112 (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2009, TNT Post UK, C‑357/07, EU:C:2009:248, apartado 44).
56
En particular, de la naturaleza de dicho objetivo se desprende que no cabe aplicar esta exención a prestaciones de servicios específicos disociables del servicio de interés general, entre los que figuran servicios que responden a necesidades específicas de los usuarios correspondientes (véase, en ese sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2019, Winterhoff y Eisenbeis, C‑4/18 y C‑5/18, EU:C:2019:860, apartado 47). Así pues, para estar comprendidas en el tenor de la misma disposición, también es necesario que las prestaciones de servicios postales de que se trata estén comprendidas en el concepto de «servicios públicos postales», en el sentido material que el artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112 da a estos términos.
57
Por lo tanto, no cabe considerar que, en virtud del artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112, estén exentas del IVA unas prestaciones realizadas por los servicios públicos postales cuyas condiciones se negociaron individualmente. En efecto, por su propia naturaleza, tales prestaciones responden a las necesidades particulares de los usuarios correspondientes, lo que es contrario al objetivo perseguido por el servicio postal universal (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2019, Winterhoff y Eisenbeis, C‑4/18 y C‑5/18, EU:C:2019:860, apartado 48).
58
Dicho esto, para poder acogerse a la exención contemplada en el artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112, no se exige que la normativa nacional haya designado formalmente las prestaciones controvertidas como parte del servicio postal universal, siempre que puedan serlo. En efecto, la calificación de una determinada operación en Derecho nacional no puede tener por efecto garantizar su sujeción al IVA cuando, en virtud del Derecho de la Unión, una exención de IVA es aplicable a esa operación (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de octubre de 2019, Winterhoff y Eisenbeis, C‑4/18 y C‑5/18, EU:C:2019:860, apartado 66).
59
Por consiguiente, una prestación de servicios postales realizada por un operador que se haya comprometido a prestar en un Estado miembro el servicio postal universal o partes del mismo puede estar exenta del IVA, en virtud del artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112, siempre que, sobre la base de las características que le son propias, pueda, en cualquier caso, formar parte de dicho servicio postal universal.
60
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 97/67 define el servicio postal universal como aquel que corresponde a una oferta de servicios postales de calidad determinada, prestados de forma permanente en todos los puntos del territorio, a precios asequibles a todos los usuarios.
61
Dicho esto, en la medida en que el artículo 3, apartados 3 y 4, de la Directiva 97/67 se limita a listar servicios que, como mínimo, deben incluirse en el servicio postal universal y en que, por lo tanto, los Estados miembros pueden ampliar el alcance de este servicio para incluir otras prestaciones, a excepción, no obstante, de conformidad con el artículo 3, apartado 5, de la misma Directiva, de las relativas a los paquetes postales cuyo peso supere los 20 kilogramos, solo la definición del concepto de «servicio postal universal» que figura en el artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva debe considerarse pertinente para determinar si una prestación de servicios puede acogerse a la exención prevista en el artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112.
62
En particular, dado que los guiones segundo y cuarto del artículo 12 de la Directiva 97/67, a los que se refiere el órgano jurisdiccional remitente en sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, no determinan elementos constitutivos del concepto de «servicio postal universal», sino que establecen principios de tarificación que los Estados miembros deben imponer a los operadores que se hayan comprometido a prestar el servicio postal universal o partes del mismo, el hecho de que un operador no respete esos principios no puede privar a las prestaciones de que se trata del beneficio de la exención establecida en el artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112.
63
Por lo que respecta a los supuestos contemplados por el órgano jurisdiccional remitente en sus cuestiones prejudiciales, cabe señalar, en primer lugar, que tal órgano parte de la premisa de que las prestaciones de servicios postales controvertidas en el litigio principal se llevan a cabo por un operador titular de una licencia individual de proveedor del servicio postal universal.
64
A continuación, procede señalar que la circunstancia de que las prestaciones de servicios postales controvertidas en el litigio principal se realicen con arreglo a contratos distintos no excluye, por sí sola, que tales prestaciones estén comprendidas en el concepto de «servicio postal universal», tal como se define en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 97/67. En efecto, como ya se ha subrayado en el apartado 45 de la presente sentencia, la existencia de contratos distintos celebrados por el operador con cada uno de sus clientes no permite considerar que esas prestaciones no pueden estar sometidas a un régimen jurídico particular ni implica que los compromisos recíprocos acordados en esos contratos sean fruto de una negociación individual, ya que la formalización de tales contratos puede tener como finalidad acreditar que el cliente en cuestión acepta la oferta de prestaciones de servicios postales correspondiente y recordarle los aspectos importantes de dicho régimen.
65
Dado que, como se ha señalado en el apartado 61 de la presente sentencia, los Estados miembros pueden incluir en el servicio postal universal prestaciones distintas de las mencionadas en el artículo 3, apartados 3 y 4, de la Directiva 97/67 como prestaciones mínimas, tales Estados pueden establecer que la recogida y la distribución de los envíos postales se efectúen en la dirección del cliente o en momentos convenidos previamente con el cliente, siempre que tales condiciones de ejecución de las prestaciones de servicios postales sean las previstas para el servicio postal universal, extremo que corresponde comprobar, en el litigio principal, al órgano jurisdiccional remitente.
66
En cuanto a la circunstancia, puesta de relieve por el órgano jurisdiccional remitente, de que las prestaciones de servicios postales controvertidas en el litigio principal se realizan sin que se haya demostrado que el precio acordado entre las partes cubre su coste, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 97/67 establece, ciertamente, como condición para la inclusión de prestaciones de servicios postales en el servicio postal universal, que la oferta relativa a dichas prestaciones sea asequible. No obstante, el hecho de que tal oferta sea o no asequible no depende de si el precio solicitado por tal prestación cubre su coste, sino de si las personas físicas o jurídicas que disponen de recursos limitados pueden abonarlo, habida cuenta del nivel de vida en el Estado miembro de que se trate. Por consiguiente, esta circunstancia no puede justificar, por sí sola, que una prestación de servicios postales que, por las características que le son propias, debe considerarse parte del servicio postal universal quede excluida de este último.
67
En cambio, cuando una prestación de servicios postales no resulta de la aplicación de un régimen jurídico particular al que están sometidos los operadores que aseguran el servicio postal universal o partes del mismo cuando llevan a cabo tal prestación, sino que se efectúa en condiciones diferentes y más favorables que las aprobadas por la autoridad nacional designada en el Estado miembro de que se trate para regular prestaciones de esta naturaleza o que aquellas establecidas en las normas relativas a esas prestaciones, como, por ejemplo, la posibilidad de recoger envíos en lugares, a horas, con una frecuencia o a un precio distintos de los aprobados por esa autoridad o de los fijados por dichas normas, debe considerarse que dicha prestación queda excluida del beneficio de la exención del IVA contenida en el artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112.
68
En efecto, de cada una de estas circunstancias puede deducirse que, contrariamente a lo que exige el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 97/67, tal prestación no se lleva a cabo para «todos los usuarios», sino que tiene por objeto responder a las necesidades particulares de los usuarios correspondientes.
69
Pues bien, aunque, en primer lugar, el considerando 15 de la Directiva 97/67 permite a los proveedores del servicio postal universal negociar contratos con los clientes de forma individual, procede señalar que el artículo 5, apartado 1, segundo guion, de esta Directiva establece expresamente que los Estados miembros deben velar por que se ofrezca un servicio postal universal idéntico a los usuarios que se encuentren en condiciones comparables, de modo que el considerando 15 debe entenderse en el sentido de que se refiere al derecho de los proveedores de ese servicio a negociar contratos individuales con sus clientes fuera de dicho servicio y, por tanto, relativos a prestaciones no comprendidas en el ámbito de aplicación de este.
70
A continuación, el derecho del proveedor o proveedores del servicio postal universal a celebrar acuerdos individuales con los usuarios respecto a los precios, establecido en el artículo 12, tercer guion, de la Directiva 97/67, no implica que deban considerarse incluidas en tal servicio prestaciones cuyas condiciones de realización, incluidos los precios, hayan sido negociadas y que, en consecuencia, no sean idénticas a aquellas ofrecidas a cualquier usuario que se encuentre en una situación comparable. En efecto, la celebración de acuerdos individuales respecto a los precios puede ser necesaria cuando, en las condiciones generales de venta, aprobadas por la autoridad nacional designada en el Estado miembro de que se trate para regular el servicio postal o establecidas en normas relativas a dicho servicio, y por tanto ofrecidas a todos, en particular, se proponen descuentos por cantidad, con el fin de que los destinatarios del servicio se comprometan a confiar un determinado volumen de correo a cambio de una tarifa ventajosa, sin que ello implique necesariamente que ese volumen o ese descuento se hayan negociado únicamente en beneficio de determinados usuarios.
71
Por último, al contrario de lo que sostiene Bulgarian posts, procede subrayar que la interpretación expuesta en el apartado 70 de la presente sentencia es igualmente válida cuando algunas de las prestaciones de servicios postales se realizan a petición de organismos públicos.
72
Es cierto que el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia de 16 de octubre de 2019, Winterhoff y Eisenbeis (C‑4/18 y C‑5/18, EU:C:2019:860), apartados 59 a 61, que una prestación postal consistente en la notificación de documentos judiciales y administrativos y efectuada en ejecución de mandatos expedidos por entidades públicas en el marco de la actividad de estos últimos, que no tiene por objeto satisfacer sus propias necesidades, sino garantizar una buena administración de justicia, debe considerarse efectuada en nombre de todos aquellos que están interesados en la posibilidad de que se notifiquen tales documentos, incluidos los destinatarios de estos últimos, y, por tanto, como prestada al conjunto de los usuarios de tal oferta de servicio, en el sentido del artículo 2, punto 17, de la Directiva 97/67. Sobre la base de estas consideraciones, el Tribunal de Justicia concluyó que los servicios de notificación antes mencionados podían considerarse prestados «a todos los usuarios», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva y que, por tanto, podían quedar exentos del IVA como prestaciones de servicios realizadas por los «servicios públicos postales», en virtud del artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112.
73
Sin embargo, no cabe deducir de ello que una prestación de servicios postales efectuada en condiciones diferentes y más favorables que las propuestas en las condiciones generales de venta aprobadas por la autoridad nacional designada en el Estado miembro de que se trate para regular el servicio postal o establecidas en normas relativas a dicho servicio pueda acogerse a tal exención por el mero hecho de que se realice a petición de un organismo público. Corresponderá, en su caso, al juez nacional comprobar si puede considerarse que tal prestación cumple el requisito establecido en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 97/67, según el cual el servicio postal universal se presta «a todos los usuarios».
74
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112, en relación con el artículo 12, guiones segundo y cuarto, de la Directiva 97/67, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que prestaciones de servicios postales llevadas a cabo, con arreglo a contratos distintos, por un titular de una licencia individual para prestar el servicio postal universal disfruten de la exención del IVA que establece ese artículo 132, cuando tales prestaciones, destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas correspondientes sin ser ofrecidas a todos los usuarios, se lleven a cabo en condiciones diferentes y más favorables que las aprobadas por la autoridad nacional designada en el Estado miembro de que se trate para regular el servicio postal universal o que aquellas establecidas en las normas relativas a dicho servicio.
Costas
75
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
El artículo 132, apartado 1, letra a), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en relación con el artículo 12, guiones segundo y cuarto, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, en su versión modificada por la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a que prestaciones de servicios postales llevadas a cabo, con arreglo a contratos distintos, por un titular de una licencia individual para prestar el servicio postal universal disfruten de la exención del impuesto sobre el valor añadido que establece ese artículo 132, cuando tales prestaciones, destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas correspondientes sin ser ofrecidas a todos los usuarios, se lleven a cabo en condiciones diferentes y más favorables que las aprobadas por la autoridad nacional designada en el Estado miembro de que se trate para regular el servicio postal universal o que aquellas establecidas en las normas relativas a dicho servicio.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.