62023CJ0339
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 24 de octubre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Contratos de crédito al consumo — Directiva 2008/48/CE — Riesgo de endeudamiento excesivo — Artículo 8 — Obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor — Artículo 10 — Información que debe mencionarse en los contratos de crédito — Artículo 23 — Sanción en caso de incumplimiento de esa obligación — Sanciones equivalentes — Carácter efectivo, proporcionado y disuasorio de la sanción aplicada»
En el asunto C‑339/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunal de Distrito de Siemianowice Śląskie, Polonia), mediante resolución de 28 de abril de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de mayo de 2023, en el procedimiento entre
Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
y
LC,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente de Sala, el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de la Sala Cuarta, y el Z. Csehi (Ponente), Juez;
Abogada General: Sra. L. Medina;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna y la Sra. S. Żyrek, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno checo, por la Sra. S. Šindelková y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Ondrůšek y la Sra. M. Owsiany-Hornung, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 8, 10 y 23 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (en lo sucesivo, «Horyzont»), cesionario de los derechos de Nest Bank S.A., y LC, una persona física, en relación con el pago de un crédito derivado de un contrato de crédito al consumo (en lo sucesivo, «contrato de crédito al consumo»).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
Los considerandos 26 y 47 de la Directiva 2008/48 enuncian lo siguiente:
«(26)
[…] En un mercado crediticio en expansión, en particular, es importante que los prestamistas no concedan préstamos de forma irresponsable o sin haber evaluado previamente la solvencia del prestatario, y que los Estados miembros lleven a cabo el control necesario para evitar tales comportamientos, así como los medios necesarios para sancionar a los prestamistas en caso de que ello ocurra. […] Los prestamistas deben tener la responsabilidad de controlar individualmente la solvencia del consumidor. A tal efecto, se les deberá permitir servirse de la información facilitada por el consumidor no solo durante la preparación del contrato de crédito, sino también durante toda la relación comercial. Las autoridades de los Estados miembros podrían también dar instrucciones y orientaciones adecuadas a los prestamistas. Los consumidores, por su parte, deben actuar con prudencia y cumplir sus obligaciones contractuales.
[…]
(47)
Los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y garantizar su aplicación. Si bien la elección de las sanciones queda a discreción de los Estados miembros, estas han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.»
4
El artículo 8 de esa Directiva, que lleva como epígrafe «Obligación de evaluar la solvencia del consumidor», establece en su apartado 1:
«Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente. Los Estados miembros cuya legislación exija que los prestamistas evalúen la solvencia del consumidor sobre la base de una consulta de la base de datos pertinente deben poder mantener esta obligación.»
5
El artículo 10 de la citada Directiva, con el título «Información que debe mencionarse en los contratos de crédito», enumera la información que debe mencionarse en los contratos de crédito.
6
El artículo 23 de la misma Directiva, titulado «Sanciones», dispone:
«Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y adoptarán las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.»
Derecho polaco
Ley de Crédito al Consumo
7
La ustawa o kredycie konsumenckim (Ley de Crédito al Consumo), de 12 de mayo de 2011 (Dz. U. n.o 126, posición 715), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Crédito al Consumo»), transpuso la Directiva 2008/48 al ordenamiento jurídico polaco.
8
El artículo 9 de la Ley de Crédito al Consumo dispone:
«1.   El prestamista deberá evaluar la solvencia del consumidor antes de la celebración de un contrato de crédito al consumo. […]
2.   La solvencia del consumidor se evaluará sobre la base de la información facilitada por el consumidor o bien sobre la base de la información obtenida de las bases de datos pertinentes o de los datos de que disponga el prestamista.
3.   El consumidor deberá aportar, a requerimiento del prestamista, los documentos y la información necesarios para evaluar su solvencia.
4.   Cuando el prestamista sea un banco u otra entidad legalmente autorizada para conceder créditos, la evaluación de la solvencia se llevará a cabo conforme al artículo 70 de la l’ustawa — Prawo bankowe [(Ley del Derecho Bancario)], de 29 de agosto de 1997 [(Dz. U. n.o 140, posición 939)], y a las disposiciones aplicables a estas entidades, atendiendo a lo establecido en los apartados 1 a 3.»
9
El artículo 45, apartado 1, de la Ley de Crédito al Consumo establece que, en caso de infracción de disposiciones que establezcan distintas obligaciones del prestamista, entre ellas la obligación de información, el consumidor, previa presentación al prestamista de una declaración por escrito, reembolsará el crédito sin los intereses y demás gastos vinculados al crédito adeudados al prestamista en el plazo previsto y en la forma establecida en el contrato.
Ley sobre el Código Civil
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A tenor del artículo 58 de la ustawa — Kodeks cywilny (Ley sobre el Código Civil), de 23 de abril de 1964 (Dz. U. n.o 16, posición 93), en su redacción aplicable al litigio principal:
«1.   Serán nulos y sin valor ni efecto alguno los actos jurídicos contrarios a la ley o que tengan por objeto eludir la ley, a menos que una disposición pertinente disponga otra cosa, en particular que establezca que las disposiciones inválidas del acto jurídico sean sustituidas por las disposiciones pertinentes de la ley.
2.   Será nulo de pleno derecho todo acto jurídico contrario a los principios que rigen la convivencia social.
3.   Si solo una parte del acto jurídico está viciada de nulidad, las demás partes del acto permanecerán en vigor, a menos que de las circunstancias se desprenda que el acto no se habría realizado de no haber existido las disposiciones viciadas de nulidad.»
Ley sobre el Código de Procedimiento Civil
11
A tenor del artículo 5054, apartado 1, de la ustawa — Kodeks postępowania cywilnego (Ley sobre el Código de Procedimiento Civil), de 17 de noviembre de 1964 (Dz. U. n.o 43, posición 296), en su redacción aplicable al litigio principal:
«Toda modificación de la demanda será inadmisible. No se aplicarán los artículos 75 a 85, los artículos 194 a 196 ni el artículo 198.»
Ley del Derecho Bancario
12
El artículo 70 de la Ley del Derecho Bancario, en su versión aplicable al litigio principal, establece:
«1.   El banco supeditará la concesión de un crédito a la solvencia del prestatario. Por solvencia se entenderá la capacidad para reembolsar el crédito contratado, más los intereses, en las fechas indicadas en el contrato. El prestatario deberá aportar, a requerimiento del banco, los documentos y la información necesarios para evaluar dicha capacidad.
2.   El banco podrá conceder un crédito a una persona física […] que no sea solvente, siempre que:
1)
se haya establecido una modalidad específica para garantizar el reembolso del crédito;
[…]
3.   El prestatario estará obligado a permitir que el banco realice cualquier actividad de evaluación de su situación financiera y económica y controle el uso y el reembolso del crédito.»
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A tenor del artículo 78a de esa Ley, en su versión aplicable al litigio principal:
«Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a los contratos de crédito y de préstamo celebrados por un banco de conformidad con las disposiciones de la Ley de Crédito al Consumo, en la medida en que no estén cubiertos por esta Ley.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
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El 28 de septiembre de 2017, LC y Nest Bank, con domicilio social en Varsovia (Polonia), celebraron el contrato de crédito al consumo. El importe del crédito al consumo así contratado por LC ascendía a 49148,06 eslotis polacos (PLN) (aproximadamente 10457 euros) y el importe total que debía reembolsarse ascendía a 62573,16 PLN (aproximadamente 13313,44 euros). Esta cantidad estaba integrada por el capital prestado, los intereses correspondientes a todo el período de validez de dicho contrato y una comisión denominada «comisión de concesión del préstamo» por importe de 7323,06 PLN (aproximadamente 1558 euros). Este crédito al consumo debía reembolsarse en sesenta cuotas mensuales de 1042 PLN (aproximadamente 221 euros) a más tardar el 3 de octubre de 2022.
15
En el contrato de crédito al consumo, LC indicó que sus ingresos netos mensuales medios ascendían a 1755,62 PLN (aproximadamente 373 euros). En dicho contrato se mencionaba asimismo una deuda contraída por LC, consistente en un crédito cuyas cuotas mensuales ascendían a 320 PLN (aproximadamente 68 euros).
16
Nest Bank cedió el crédito resultante del contrato de crédito al consumo a Horyzont, cuyo domicilio social también se halla en Varsovia.
17
Al no haber devuelto LC la cantidad prestada dentro del plazo fijado, Horyzont presentó ante el Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie (Tribunal de Distrito de Lublin Oeste, Polonia) una demanda de reclamación de cantidad. Dicho órgano jurisdiccional estimó la demanda y emitió un requerimiento de pago contra LC. LC se opuso a este requerimiento de pago ante el Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunal de Distrito de Siemianowice Śląskie, Polonia), que es el órgano jurisdiccional remitente. En su oposición, LC alega que Nest Bank no evaluó su solvencia en el momento de la celebración del contrato de crédito al consumo.
18
Durante el procedimiento principal, el órgano jurisdiccional remitente constató que Nest Bank había concedido el crédito al consumo en cuestión infringiendo las disposiciones que transponen al Derecho polaco la obligación del prestamista de evaluar la solvencia del prestatario, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48. Así pues, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre las consecuencias de tal infracción.
19
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, si bien existe una multiplicidad de sanciones previstas en el Derecho nacional, cuando el legislador polaco transpuso la Directiva 2008/48 no estableció, sin embargo, ninguna sanción específica para el caso de incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor que desea obtener un crédito al consumo.
20
El órgano jurisdiccional remitente precisa que el artículo 45 de la Ley de Crédito al Consumo establece una sanción denominada «crédito gratuito». Se trata de una de las sanciones que se aplican únicamente a las infracciones previstas, entre las cuales no figura el incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor establecida en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48. Dicho órgano jurisdiccional señala, además, que es posible aplicar el artículo 58 de la Ley sobre el Código Civil, que permite imponer eventualmente una sanción consistente en la nulidad del acto jurídico de que se trate. El referido órgano jurisdiccional añade que lo que solicita al Tribunal de Justicia no es que le indique cuál es la disposición del Derecho nacional que debe aplicarse al litigio principal, sino cuál es la interpretación que debe darse a las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, en la medida en que la multiplicidad de sanciones previstas por el Derecho nacional establece también una diferencia en cuanto a la proporcionalidad de la sanción por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 2008/48.
21
El órgano jurisdiccional remitente subraya que, en la sentencia de 10 de junio de 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) (C‑303/20, EU:C:2021:479), el Tribunal de Justicia se refirió al margen de apreciación de que dispone el juez nacional en la aplicación y, en particular, en la elección de una medida proporcionada a la gravedad de la infracción constatada. Se pregunta si ello significa que esta medida debe ser equivalente a las sanciones previstas en caso de incumplimiento de las demás obligaciones derivadas de las disposiciones que transponen la Directiva 2008/48.
22
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente precisa que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que tanto la obligación establecida en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 como las obligaciones de información que se derivan de dicha Directiva revisten una importancia fundamental para los consumidores. Por consiguiente, se pregunta si en el Derecho nacional es procedente una diferenciación de las sanciones a las que hace referencia el artículo 23 de la Directiva 2008/48, pese a que las obligaciones impuestas al profesional en los artículos 8 y 10 de la Directiva 2008/48 deben considerarse equivalentes, es decir, que tienen igual rango y persiguen los mismos objetivos.
23
En tales circunstancias, el Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunal de Distrito de Siemianowice Śląskie) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 8 de la Directiva [2008/48] en el sentido de que la obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor (prestatario) es equivalente a las demás obligaciones establecidas en esa Directiva (en particular, las obligaciones de información previstas en los artículos 10 y siguientes), de modo que las sanciones a las que hace referencia el artículo 23 de la citada Directiva no pueden ser diferentes, es decir, no pueden prever consecuencias jurídicas distintas en caso de incumplimiento de cada una de esas obligaciones considerada por separado?»
Sobre la cuestión prejudicial
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Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 23 de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una sanción aplicada en caso de incumplimiento de la obligación de examinar la solvencia del consumidor, establecida en el artículo 8, apartado 1, de esa Directiva, difiera de la sanción prevista en caso de incumplimiento de otras obligaciones, eventualmente equivalentes, establecidas en la citada Directiva, en particular la obligación mencionada en el artículo 10, apartado 2, de esta, relativa a la información que debe incluirse en los contratos de crédito al consumo.
25
Procede recordar que, conforme al artículo 23 de la Directiva 2008/48, los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a esa Directiva y adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Dichas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
26
Así, del tenor del artículo 23 se desprende que el régimen de sanciones aplicables en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que resultan de la referida Directiva deben definirse de modo tal que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias y que los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de esas sanciones. Dentro de estos límites, como enuncia el considerando 47 de la misma Directiva, la elección del régimen de sanciones queda a discreción de los Estados miembros (sentencia de 27 de marzo de 2014, LCL Le Crédit Lyonnais, C‑565/12, EU:C:2014:190, apartado 43).
27
A este respecto, procede señalar que de la jurisprudencia se desprende que, para alcanzar el objetivo perseguido por el artículo 23 de la Directiva 2008/48, a saber, garantizar que las sanciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, no solo el legislador nacional, sino también los órganos jurisdiccionales nacionales deben disponer, dentro de los límites definidos por el objeto del litigio del que conocen, de una facultad de apreciación que les permita elegir, en función de las circunstancias del caso concreto, la medida proporcionada a la gravedad del incumplimiento de la obligación constatada. Por tanto, esos órganos jurisdiccionales deben tomar en consideración todas las normas del Derecho nacional e interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de la citada Directiva, con el fin de obtener un resultado compatible con los objetivos que esta persigue [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de junio de 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), C‑303/20, EU:C:2021:479, apartado 36 y jurisprudencia citada].
28
Así, siempre que el régimen sancionador del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 2008/48, establecido por un Estado miembro, respete las exigencias de la jurisprudencia citada en los apartados 26 y 27 de la presente sentencia, el artículo 23 de dicha Directiva no se opone a que el incumplimiento de diversas obligaciones conlleve sanciones diferentes.
29
Pues bien, a este respecto, debe precisarse que la Directiva 2008/48 establece diferentes obligaciones que persiguen objetivos distintos.
30
En efecto, la finalidad de la obligación de evaluar la solvencia del consumidor antes de celebrar un contrato de crédito, en el sentido del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48, tiene por objeto, como indica expresamente el considerando 26 de dicha Directiva, responsabilizar a los prestamistas y proteger a los consumidores garantizando que los prestamistas no concedan préstamos de forma irresponsable sin haber evaluado previamente la solvencia del consumidor (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2024, Nárokuj, C‑755/22, EU:C:2024:10, apartados 34 y 46 y jurisprudencia citada).
31
Tal obligación, en la medida en que tiene por objeto proteger a los consumidores frente a los riesgos de sobreendeudamiento y de insolvencia, reviste una importancia fundamental para estos [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de junio de 2021, Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg), C‑303/20, EU:C:2021:479, apartado 29 y jurisprudencia citada].
32
Por su parte, la información previa y simultánea a la celebración de un contrato de crédito sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de tal celebración, en particular la información prevista en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48, permite al consumidor decidir si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional. Por lo tanto, esta información también reviste para el consumidor una importancia fundamental (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, apartado 64 y jurisprudencia citada).
33
Si bien de la jurisprudencia se desprende que tanto la obligación de evaluar la solvencia del consumidor antes de que se celebre un contrato de crédito, en el sentido del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48, como la obligación de información, establecida en particular en el artículo 10, apartado 2, de esta Directiva, revisten una importancia fundamental, es preciso señalar que, tanto desde el punto de vista del interés jurídico protegido por la disposición de que se trate como desde el punto de vista de las partes del contrato de crédito, esas obligaciones persiguen objetivos diferentes y su incumplimiento no entraña consecuencias similares.
34
Así, el incumplimiento de la obligación de comprobar la solvencia del consumidor podría tener como consecuencia que este último celebre un contrato de crédito que le exponga a un sobreendeudamiento y a una situación de insolvencia. En cambio, las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de información pueden variar considerablemente en función de la obligación específica de que se trate, ya que la gravedad de dicha infracción dependerá, además, en la práctica, del número y de la importancia de los datos que falten en ese contrato de crédito. Por ejemplo, tales incumplimientos pueden dificultar al consumidor la comparación de las ofertas de crédito o el ejercicio de los derechos derivados del referido contrato de crédito.
35
De ello se deduce que el incumplimiento de dos obligaciones de importancia fundamental puede conllevar consecuencias diferentes para el consumidor, y las sanciones aplicadas, sin ser necesariamente las mismas, deben ser en ambos casos proporcionadas, teniendo en cuenta tanto la gravedad individual de la infracción como las diferentes consecuencias que se derivan para el consumidor.
36
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 23 de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una sanción aplicada en caso de incumplimiento de la obligación de examinar la solvencia del consumidor, establecida en el artículo 8, apartado 1, de esa Directiva, difiera de la sanción prevista en caso de incumplimiento de otras obligaciones, eventualmente equivalentes, establecidas en la citada Directiva, en particular la obligación establecida en el artículo 10, apartado 2, de la misma Directiva, relativa a la información que debe incluirse en los contratos de crédito al consumo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el referido artículo 23.
Costas
37
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
El artículo 23 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a que una sanción aplicada en caso de incumplimiento de la obligación de examinar la solvencia del consumidor, establecida en el artículo 8, apartado 1, de esa Directiva, difiera de la sanción prevista en caso de incumplimiento de otras obligaciones, eventualmente equivalentes, establecidas en la citada Directiva, en particular la obligación establecida en el artículo 10, apartado 2, de la misma Directiva, relativa a la información que debe incluirse en los contratos de crédito al consumo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el referido artículo 23.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.