61958C0027
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. KARL ROEMER
presentadas el 11 de febrero de 1960 (
1
)
Índice
I. Introducción
1) Objeto del proceso
2) Admisibilidad
3) Otras cuestiones relativas a la admisibilidad; en especial, la relativa a los plazos de interposición del recurso
II. ¿Deben anularse las Decisiones impugnadas por haber expirado el período transitorio?
1) Prueba de la adopción de las Decisiones
2) ¿De qué manera influye la expiración del período transitorio en las potestades de la Alta Autoridad?
A. Alcance del párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio
B. Relaciones entre el párrafo séptimo del artículo 10 y el artículo 23 del Convenio
C. Notificación de las Decisiones impugnadas al término del período transitorio
III. Participación de la Comisión de Expertos en el examen de las tarifas especiales ya existentes según el párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio
IV. ¿Deben anularse las Decisiones impugnadas por violación del Tratado?
1) Observaciones generales sobre la interpretación del artículo 70 del Tratado
A. La interpretación del párrafo primero del artículo 70
B. La interpretación del párrafo cuarto del artículo 70
2) La aplicación del párrafo cuarto del artículo 70 al caso de autos
A. El principio del artículo 2
B. La prohibición de subvenciones por el artículo 4
C. El artículo 67 del Tratado
D. Igualdad de acceso a la producción
E. La fijación de los precios al nivel más bajo
F. Expansión y mejora de la producción
G. Elección del punto de paridad
H. El aprovisionamiento regular del mercado común
I. Las exigencias de la política regional
K. El principio del mantenimiento del tráfico
3) Conclusión
4) Los plazos concedidos para modificar las tarifas especiales
V. Conclusión general
Señor Presidente,
Señores Jueces,
Dentro de los procesos relativos a las tarifas de transporte, de los que el Tribunal de Justicia ha sido llamado a conocer, presento hoy mis conclusiones en los tres asuntos acumulados 27/58, 28/58 y 29/58; correspondientes al recurso interpuesto por la «Société d'exploitation minière des Pyrénnées», SA, con domicilio social en Ollette (Pirineos Orientales), que explota mineral de hierro en este Departamento, el interpuesto por el cliente más importante de esta sociedad, la «Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors, Etablissements Prenat», SA, con domicilio social en Givors (Ródano), y, por último, el recurso entablado por la «Compagnie des ateliers et forges de la Loire», SA, con domicilio social en Saint-Etienne.
I. INTRODUCCIÓN
1) Objeto del proceso
Estas tres empresas impugnan dos Decisiones de la Alta Autoridad:
a)
La «Compagnie des hauts forneaux et fonderies de Givors» y la «Société d'exploitation minière des Pyrénnés» impugnan una Decisión que ordena
La supresión progresiva de determinadas tarifas especiales de la SNCF para el transporte de mineral de hierro desde las minas francesas del Oeste y de los Pirineos.
(Decisión de la Alta Autoridad de 9 de febrero de 1958, notificada al Gobierno francés mediante escrito de 12 de febrero de 1958 y publicada en el Diario Oficial el 3 de marzo de 1958, p. 127.)
b)
La «Compagnie des ateliers et forges de la Loire» impugna una Decisión que ordena
La supresión progresiva de determinadas tarifas especiales de la SNCF para el transporte de combustibles minerales
(Decisión de la Alta Autoridad de 9 de febrero de 1958, también notificada al Gobierno francés mediante escrito de 12 de febrero de 1958 y publicada en el Diario Oficial de 3 de marzo de 1958, p. 111.)
2) Admisibilidad
Ya en la fase escrita del procedimiento la Alta Autoridad planteó una excepción de inadmisibilidad en relación con las pretensiones enteramente concordantes, de las dos primeras empresas, que no quiero volver a recordar en este contexto, en la medida en que se refieren a partes de la Decisión que no guardan relación alguna con las tarifas especiales en que se centra el interés de los demandantes (no 5, a y b, de la Decisión). Los demandantes no se pronunciaron sobre esta excepción en la fase escrita del procedimiento. Ahora bien, preguntados al respecto en la vista, estos últimos reconocieron la exactitud de esta excepción, declarándose dispuestos a admitir que las referidas partes de la Decisión eran ajenas al litigio. Esta declaración de los demandantes, que reduce el ámbito de las pretensiones iniciales, debe considerarse como un desistimiento parcial; razón por la cual, el Tribunal de Justicia no debe resolver sobre esta parte de las pretensiones.
3) Otras cuestiones relativas a la admisibilidad; en especial, la relativa a los plazos de interposición del recurso
No plantea problemas especiales la problemática relativa a la admisibilidad.
Los recursos van dirigidos contra Decisiones individuales de la Alta Autoridad que afectan directamente a los demandantes. Puesto que las Decisiones no se notificaron o comunicaron a los demandantes, el plazo de interposición de los recursos comenzó a correr a partir de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades. Partiendo de la fecha de publicación y teniendo presente lo dispuesto en el Tratado y en el Reglamento de Procedimiento anteriormente en vigor, y aún aplicable al caso de autos, se llega a la conclusión de que los recursos se interpusieron dentro de plazo.
Tras estas breves observaciones previas, paso seguidamente a los puntos objeto del litigio.
II. ¿DEBEN ANULARSE LAS DECISIONES IMPUGNADAS POR HABER EXPIRADO EL PERÍODO TRANSITORIO?
Al igual que en los asuntos relativos a las tarifas especiales alemanas, el primer punto que debe resolver el Tribunal de Justicia en el litigio que nos ocupa, es si las Decisiones de la Alta Autoridad se adoptaron dentro del plazo previsto al efecto; es decir, antes de la expiración del período transitorio, o si, por el contrario, deben anularse, al no haberse respetado esta condición.
Es preciso señalar, en primer lugar, que, en este punto, la línea argumental de los demandantes se modificó durante la fase escrita del procedimiento. En los escritos de demanda se afirma, en efecto, que:
«las potestades conferidas por el Convenio -artículo 1 y artículo 10- a la Alta Autoridad […] se habían extinguido cuando ésta, mediante escrito de 12 de febrero, […] notificó […] su resolución denegatoria»;
sin embargo, en el escrito de réplica puede leerse lo siguiente:
«Todo el problema se centra en si la Decisión se basta a sí misma para dar fe de su fecha, si la mera indicación de una fecha confiere a ésta el carácter de una fecha cierta […] tratándose de Decisiones individuales, la fecha cierta es la de la notificación.»
En su segunda redacción, el motivo se basa únicamente en la manera de probar que una Decisión se adoptó en un momento dado.
1) Prueba de la adopción de las Decisiones
A mi modo de ver, si adoptamos este último punto de vista, apenas puede ofrecer dificultades la solución del problema que nos ocupa. Al contrario de lo que ocurre en Derecho privado, en relación con los actos de Derecho público rige el principio de que, salvo disposición expresa en contrario, su tenor se presume cierto, es decir, que, mientras no se pruebe lo contrario, se benefician de una presunción de veracidad. Este principio existe en Derecho francés (véase Waline, «Droit administratif», 8.a ed., p. 865), y lo encontramos igualmente, por ejemplo, en Derecho administrativo alemán (véase Turegg, «Lehrbuch des Verwaltungsrechts», 3.a ed., p. 22). En concreto, ni en los Derechos administrativos nacionales ni en el Tratado CECA la notificación tiene que probar que un acto administrativo se ha adoptado en un determinado momento. Por consiguiente, si en los escritos impugnados que la Alta Autoridad dirigió al Gobierno francés se indica que las Decisiones se adoptaron el 9 de febrero de 1958, esta afirmación sigue siendo eficaz mientras no se alegue algún hecho que la desvirtúe.
2) ¿Pe qué manera influye la expiración del período transitorio en las potestades de la Alta Autoridad?
La cuestión ha de contemplarse de manera distinta si se admite que un acto administrativo únicamente se adopta cuando se notifica. Partiendo de esta afirmación, pasa a ser relevante el hecho de que las Decisiones impugnadas hayan sido adoptadas por la Alta Autoridad antes de que expirara el período transitorio, pero sólo hayan sido notificadas al Gobierno francés con posterioridad a dicha fecha. Por consiguiente, lo que es preciso plantearse es si la expiración del período transitorio reviste una importancia decisiva por lo que respecta a la competencia de la Alta Autoridad en materia de tarifas especiales y, en caso afirmativo, si la «Teoría de la recepción», defendida por los demandantes en sus escritos de demanda, ha de aplicarse a las Decisiones de la Alta Autoridad.
De la exposición de motivos de las Decisiones impugnadas se desprende que la Alta Autoridad ha buscado el fundamento de las mismas en el artículo 70 del Tratado y en el artículo 10 del Convenio. El período transitorio concluyó en la medianoche del 9 de febrero de 1958. Este es un hecho que no suscita controversias de ningún tipo y objetivamente exacto, como prueban claramente las disposiciones del propio Convenio (apartado 4 del artículo 1 y artículo 8), conjuntamente con el escrito de la Alta Autoridad de 7 de febrero de 1953 (Diario Oficial de la CECA, p. 5). Al término del período transitorio deja de ser aplicable (salvo excepción expresa) el Convenio relativo a las disposiciones transitorias. En la misma fecha cesan de surtir efecto las correspondientes medidas de ejecución (apartado 5 del artículo 1 del Convenio).
Por consiguiente, dado que el artículo 10 no contempla excepción alguna (salvo por lo que respecta al párrafo noveno, que no nos interesa), el párrafo séptimo del artículo 10, es decir, la disposición relativa a las tarifas especiales preexistentes, no es ya de aplicación, una vez concluido el período transitorio.
Antes de extraer nuevas conclusiones, es preciso analizar con exactitud el alcance de esta disposición.
A. ALCANCE DEL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO JO DEL CONVENIO
El párrafo séptimo del artículo 10 regula dos puntos:
a)
Las medidas relativas a las tarifas contempladas en el párrafo cuarto del artículo 70, en vigor en el momento de la creación de la Alta Autoridad, deben ser notificadas a esta última. Se trata de medidas internas especiales relativas a las tarifas en interés de una o varias empresas productoras de carbón y acero.
b)
La Alta Autoridad deberá conceder, para su modificación, los plazos necesarios con objeto de evitar cualquier perturbación económica grave.
Sólo la segunda parte de esta disposición nos interesa en el caso de autos. Su sentido puede analizarse en diferentes sentidos:
a)
El párrafo séptimo es una disposición que habilita a la Alta Autoridad para exigir la modificación de las tarifas preexistentes.
b)
El párrafo séptimo obliga a la Alta Autoridad a examinar las tarifas especiales preexistentes antes del término del período transitorio y, llegado el caso, a exigir su modificación; sin que la Alta Autoridad tenga potestad de duración limitada a este período.
c)
El párrafo séptimo consiste únicamente en ofrecer a la Alta Autoridad la posibilidad de ofrecer plazos de salvaguardia.
El sentido y alcance de esta disposición únicamente pueden determinarse apelando al propio tenor del Tratado y confrontando el Convenio con el Tratado stricto sensu.
En efecto, según el artículo 1 del Convenio, las disposiciones del Tratado serán aplicables desde su entrada en vigor, con sujeción a las excepciones y disposiciones complementarias previstas en el Convenio. Estas últimas dejan de producir efectos al término del período transitorio.
Es preciso, por lo tanto, determinar con exactitud lo que, en el Convenio, constituye una excepción al Tratado o una disposición complementaria.
Así pues, por lo que respecta a las tarifas especiales, la cuestión es la siguiente:
¿Ordena el párrafo séptimo del artículo 10 modificar determinadas tarifas especiales, o bien la exigencia de modificar estas tarifas parte del propio Tratado, recogiéndose de manera implícita en el párrafo séptimo del artículo del Convenio?
En favor de la segunda posibilidad aboga el propio tenor del párrafo séptimo. Si el contenido normativo de esta disposición pudiera servir de base a esta facultad de ordenar la modificación de las tarifas especiales, ésta no se mencionaría solamente casi de pasada, como es el caso presente en un párrafo cuyo objeto principal es conceder plazos de modificación.
Pero lo más importante es que el propio Tratado recoge determinadas disposiciones que, por su sentido y finalidad, pueden aplicarse igualmente a las tarifas especiales.
De esta manera y a tenor de lo previsto en el artículo 4 del Tratado:
«Se reconocen como incompatibles con el mercado común del carbón y del acero, y quedarán por consiguiente suprimidos y prohibidos dentro de la Comunidad, en las condiciones previstas en el presente Tratado:
[…]
b)
las medidas o prácticas que establezcan una discriminación entre productores, entre compradores o entre usuarios, especialmente en lo que concierne a las tarifas de transporte, […];
c)
las subvenciones […] otorgadas por los Estados […]»
No es preciso mencionar que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia, el artículo 4 no es meramente programático, sino que constituye una norma directamente aplicable, de obligado cumplimiento para los Estados y las empresas y cuyas disposiciones, cuando no se reproducen en otras partes del Tratado, se aplican de manera autónoma. Quisiera señalar, no obstante, que, en relación con los acuerdos, el Convenio contiene una disposición según la cual, las prohibiciones contempladas en el artículo 65 únicamente son de aplicación al término del plazo fijado por la Alta Autoridad (artículo 12). Es cierto que no es un tenor idéntico al escogido en el artículo 10 para las tarifas especiales, pero la idea es la misma; esto es, la Alta Autoridad puede aplazar la aplicación de las disposiciones prohibitivas del Tratado concediendo plazos. De lo dicho se desprende que es el propio Tratado el que exige la supresión de las tarifas especiales cuando no se adaptan a las condiciones previstas en el párrafo cuarto del artículo 70. El Convenio no ha conferido a la Alta Autoridad la facultad de exigir la supresión de las tarifas especiales.
La Alta Autoridad está obligada a examinar las declaraciones relativas a las tarifas especiales y cuando se vea obligada a concluir que dichas tarifas no se adecuan a los principios del Tratado y que, por consiguiente, este último exige su supresión, la referida Institución puede atemperar una aplicación rigurosa de estas disposiciones mediante la concesión de plazos, en función de las circunstancias concretas de cada caso. De conformidad con el Convenio relativo a las disposiciones transitorias, ésta es la única facultad atribuida a la Alta Autoridad en materia de tarifas especiales preexistentes, siendo, por lo tanto, inexacto hablar de una autorización dada a las tarifas especiales preexistentes que se adecuan al Tratado. Semejante autorización no es jurídicamente necesaria y, por consiguiente, tampoco se menciona en el párrafo séptimo del artículo 10.
Si admitimos, en relación con las tarifas especiales, que sólo la segunda frase del párrafo séptimo del artículo 10 constituye una excepción o una disposición complementaria del Convenio respecto del Tratado:
«La Alta Autoridad deberá conceder los plazos necesarios para la supresión de las tarifas especiales incompatibles con el Tratado.»
esta característica del contenido normativo del párrafo séptimo del artículo 10 muestra claramente, al mismo tiempo, lo que se ha producido cuando la vigencia de dicha disposición ha cesado tras la expiración del período transitorio: lo que ha desaparecido, únicamente, es la facultad de la Alta Autoridad de conceder plazos para la supresión de las tarifas preexistentes, de conformidad con lo previsto en el párrafo séptimo, pero, por el contrario, no cabe afirmar que las prohibiciones generales del Tratado hayan dejado de ser aplicables a las tarifas especiales preexistentes a partir de este momento.
Por otra parte, ni el Tratado ni el Convenio ofrecen argumento alguno a favor de la tesis de que, a resultas de lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 10, la obligación de suprimir las tarifas especiales que el Tratado impone directamente a los Gobiernos se ha modificado, de tal manera que únicamente existe en la medida en que la Alta Autoridad exija la modificación de las tarifas.
Como mucho podría extraerse del párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio una obligación de la Alta Autoridad de concluir en el período transitorio el examen de las tarifas especiales preexistentes. Sin embargo, el incumplimiento de esta obligación no supone que dejen de ser aplicables las prohibiciones recogidas en el Tratado, cuyo respeto incumbe garantizar a la Alta Autoridad.
No es posible hablar de caducidad al respecto, por un lado, porque las negociaciones permanentes entre la Alta Autoridad y los Gobiernos, con participación de las empresas, no permitían pensar que pueda mantenerse el régimen anterior de las tarifas especiales, y, por otro lado, porque sólo cabe hablar de caducidad respecto de derechos y facultades individuales, y no de normas objetivas del Tratado.
B. RELACIONES ENTRE EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 10 Y EL ARTÍCULO 23 DEL CONVENIO
Durante la vista y creo, por otra parte, que por vez primera, los demandantes alegaron que, dado que la vigencia del artículo 23 del Convenio (que prevé ayudas para la readaptación) cesó al término del período transitorio, habría sido necesario que la Alta Autoridad hubiera adoptado sus Decisiones sobre las tarifas especiales lo bastante antes de la conclusión de dicho período con el fin de que, llegado el caso, hubiera podido hacerse uso de dichas ayudas. Ahora bien, nada en el Convenio permite afirmar que exista una relación necesaria entre ambas disposiciones del Convenio, en el sentido alegado, y, lo que es más, esta tesis obligaría a que, junto con el período transitorio, expirasen igualmente los plazos de supresión de las tarifas especiales, y ello, en la medida en que, por regla general, sólo al término del plazo podrá comprobarse si la supresión de las tarifas especiales supondrá el cierre de la empresa. Ahora bien, según el párrafo séptimo del artículo 10, el único criterio que cabe apuntar en relación con los plazos que proceda conceder es la protección contra perturbaciones económicas graves.
Estimo, por consiguiente, que este argumento tampoco basta para limitar al período transitorio las modificaciones que proceda efectuar respecto de las tarifas especiales preexistente.
C. NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES IMPUGNADAS AL TÉRMINO DEL PERÍODO TRANSITORIO
Si, por consiguiente y en materia de tarifas especiales ya existentes, el término del período transitorio no pudo tener en la competencia de la Alta Autoridad las repercusiones que los demandantes alegan, no existe motivo alguno para plantearse si una Decisión adoptada antes de dicho término, pero notificada con posterioridad, está o no viciada de invalidez: incluso en Decisiones que entren en vigor con posterioridad a la referida fecha, la Alta Autoridad puede constatar que determinadas tarifas especiales no se adecuan a los principios del Tratado y, por ello mismo, declarar que el propio Tratado exige su supresión. Estoy firmemente convencido, por otra parte, de que dicho texto autoriza a conceder plazos, incluso después de esta fecha. Estoy pensando en el artículo 2, que contempla la necesidad de evitar perturbaciones fundamentales y persistentes en las economías de los Estados miembros, aunque, desde luego, bajo unas condiciones más severas. En semejante caso, por consiguiente, no procedería anular la parte de las Decisiones que concede plazos, y que los demandantes no impugnan, el tratarse de una medida que les favorece, por falta de competencia de la Alta Autoridad al efecto.
No alcanzo a ver cómo de la tesis por mi defendida puede derivarse esta inseguridad jurídica tan temida por los demandantes.
Ya he indicado que del párrafo séptimo del artículo 10 cabe deducir una obligación para la Alta Autoridad de resolver estos problemas durante el período de transición. Si la Alta Autoridad hubiera demorado, sin justificación alguna, la resolución de este problema, y aun cuando hubiera dejado expirar el período transitorio, las empresas lesionadas podrían reclamar daños y perjuicios para paliar las consecuencias por ellas temidas.
III. PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS EN EL EXAMEN DE LAS TARIFAS ESPECIALES YA EXISTENTES SEGÚN EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 10 DEL CONVENIO
Dado que la expiración del período transitorio no incide de manera alguna en la validez de las Decisiones impugnadas, es preciso pasar a plantearse si, al elaborar las Decisiones, se han vulnerado requisitos esenciales de forma, lo que podría acarrear la anulación de las mismas. Estoy pensando en el segundo motivo invocado por los demandantes; esto es, el hecho de que las Decisiones no mencionen la participación de la Comisión de Expertos.
Este motivo, basado en un vicio sustancial de forma, implica el de violación del Tratado. Es preciso, por consiguiente, examinar, en primer lugar, si el Tratado o el Convenio prevén la participación de la Comisión de Expertos en el examen de las tarifas especiales. En caso afirmativo, será de aplicación el artículo 15 del Tratado, a tenor del cual:
«las decisiones […] de la Alta Autoridad […] se referirán a los dictámenes preceptivamente recabados».
Nada se dice en el propio párrafo séptimo del artículo 10 sobre la consulta previa de la Comisión de Expertos. Estiman, sin embargo, los demandantes, que la misma resulta del conjunto de lo dispuesto en el artículo 10.
El párrafo primero describe en términos generales la misión de la Comisión de Expertos: estudiar las disposiciones que haya de proponerse a los Gobiernos para alcanzar los fines contemplados en el artículo 70.
No cabe duda alguna de que la supresión de las discriminaciones forma parte de los objetivos del artículo 70, como se desprende de su párrafo primero. Ahora bien, el párrafo primero del artículo 10 se refiere únicamente a las disposiciones que deben proponerse a los Gobiernos y respecto de las cuales estos últimos deben prestar su acuerdo (párrafo segundo del artículo 10).
En los párrafos quinto y sexto del artículo 10 se menciona el acuerdo de los Gobiernos sobre determinadas propuestas, indicando de qué disposiciones se trata. Pero esto último únicamente se refiere a los números 2 y 3 del párrafo tercero.
Por consiguiente, los párrafos primero a sexto muestran cómo la participación de la Comisión de Expertos únicamente se prevé respecto de funciones estrictamente determinadas.
El párrafo tercero enumera las medidas que debe examinar la Comisión:
1)
Supresión de las discriminaciones contrarias a las disposiciones del párrafo segundo del artículo 70.
2)
Establecimiento de tarifas directas internacionales.
3)
Examen de los precios y condiciones de transporte de cara a su armonización.
El examen de las tarifas especiales no puede clasificarse en ninguna de estas categorías. Nada obliga, en concreto, a consultar a la Comisión de Expertos en todos los supuestos en que se trata de evitar perturbaciones económicas. Esto último sólo lo prevé expresamente el párrafo sexto del artículo 10.
Por último, los párrafos octavo y noveno mencionan la participación de la Comisión de Expertos en el examen de la problemática particular que plantea Luxemburgo.
De este examen se desprende que el artículo 10 no contiene cláusula alguna de carácter general sobre la participación de la Comisión de Expertos, sino que, por el contrario, la regula de manera muy precisa por vía de enumeración. Así pues, su participación no es necesaria fuera de las tareas asignadas, que se prescriben minuciosamente.
Si el párrafo séptimo del artículo 10 no contempla la participación de la Comisión de Expertos, los recursos que nos ocupan no pueden fundamentarse en el hecho de que las Decisiones impugnadas no hayan mencionado su participación.
Liegados a este punto, digamos, a modo de resumen, que las Decisiones de la Alta Autoridad no pueden ser anuladas por vicios de forma.
IV. ¿DEBEN ANULARSE LAS DECISIONES IMPUGNADAS POR VIOLACIÓN DEL TRATADO?
Pasemos a tratar del motivo según el cual, al adoptar las referidas Decisiones, la Alta Autoridad violó el Tratado. Sobre esta cuestión, centrada principalmente en la interpretación que haya de darse al artículo 70 del Tratado, el Tribunal de Justicia ha oído en los pasados meses las opiniones de un gran número de letrados y juristas de prestigio que, con una argumentación rica y variada, apoyada en numerosos razonamientos de peso, han dejado bien claro que las cuestiones controvertidas en el asunto que nos ocupa revisten una gran importancia económica, de manera que no hay que esperar que la solución que proceda adoptar sea sencilla.
Permítaseme comenzar mis conclusiones al respecto con observaciones de carácter general sobre la interpretación del artículo 70; observaciones suscitadas por las alegaciones de las partes.
1) Observaciones generales sobre la interpretación del artículo 70 del Tratado
La cuestión que se plantea es la relación existente entre el párrafo cuarto del artículo 70 y las restantes disposiciones de este último: ¿Permite el párrafo cuarto, en determinados casos, establecer una excepción a la prohibición general de discriminación en materia de tarifas de transporte, o bien las tarifas especiales del párrafo cuarto suponen diferencias autorizadas que, por su propia naturaleza no entran dentro del ámbito de aplicación de la prohibición de discriminación? ¿o es que no existe una prohibición general de discriminación del tipo aludido, de tal manera que, por esta sencilla razón, el párrafo cuarto del artículo 70 no puede constituir una excepción a la prohibición?
A. LA INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 70
La letra b) del artículo 4 prohíbe claramente las tarifas de transporte discriminatorias. Ahora bien, este precepto sólo es aplicable «en las condiciones previstas en el presente Tratado».
En las sentencias dictadas en los asuntos acumulados 7/54 y 9/54 (Rea 1955-1956, p. 53), el Tribunal de Justicia estimó que «las disposiciones del artículo 4 se bastan a sí mismas y son inmediatamente aplicables cuando no se recogen en ninguna otra parte del Tratado; que, por el contrario, cuando las disposiciones del artículo 4 se contemplan, recogen o regulan en otras partes del Tratado, los textos que se refieren a una misma disposición deben considerarse en su conjunto y aplicarse simultáneamente».
Por consiguiente, el artículo 4 únicamente puede aplicarse en conjunción con lo dispuesto en el artículo 70, y esto es válido incluso por lo que respecta a la cuestión de si existe una prohibición general de discriminación en materia de transportes.
La lectura del párrafo primero del artículo 70 despierta dudas. Para despejarlas será preciso compararlo con otras partes del Tratado, así como proceder a un examen, tanto del sistema del Tratado en su conjunto como de los trabajos preparatorios de este último.
A tenor de lo previsto en el párrafo primero del artículo 70:
«Se reconoce que el establecimiento del mercado común requiere la aplicación de tarifas para el transporte del carbón y del acero que permitan ofrecer condiciones de precios comparables a los usuarios que se hallen en condiciones comparables.»
Esta fórmula debe hacernos pensar, puesto que en otras partes del Tratado la redacción de los preceptos es más clara.
Mencionemos, en primer lugar, el apartado 1 del artículo 69, a tenor del cual
«Los Estados miembros se comprometen a suprimir toda restricción por motivos de nacionalidad, respecto del empleo, en las industrias del carbón y del acero, de los trabajadores nacionales de uno de los Estados miembros de reconocida capacitación profesional en el campo del carbón y del acero […]»
El apartado cuarto del artículo 69 (prohibición de salarios discriminatorios) muestra igualmente que, en la elaboración del Tratado, las prohibiciones de discriminación de redactaron en la forma clara que es habitual en una prohibición.
Bien es cierto que, respecto de la prohibición de discriminación podría afirmarse que el artículo 4 se caracteriza de manera suficientemente clara como regla prohibitiva, de modo que no es necesario recogerla nuevamente en el artículo 70.
A esto último cabe objetar que, cuando en otros supuestos el artículo 4 ya enuncia una prohibición, ésta se repite y precisa en las disposiciones especiales del Tratado.
Lo dicho se aplica a la prohibición de precios discriminatorios.
De esta manera, y por un lado, en la letra b) del artículo 4 puede leerse que:
«Se reconocen como incompatibles con el mercado común del carbón y del acero, y quedarán por consiguiente suprimidos y prohibidos dentro de la Comunidad, en las condiciones previstas en el presente Tratado:
[…]
b)
las medidas o prácticas que establezcan una discriminación entre productores, entre compradores o entre usuarios, especialmente en lo que concierne a las condiciones de precios o de entrega […]»;
mientras que, por otro lado, el apartado 1 del artículo 60 repite que
«Quedarán prohibidas en materia de precios las prácticas contrarias a los artículos 2, 3 y 4 y, en particular:
—
las prácticas de competencia desleal, en especial las bajas de precios meramente temporales o meramente locales tendentes, dentro del mercado común, a la adquisición de una posición de monopolio;
—
las prácticas discriminatorias que impliquen, dentro del mercado común, la aplicación por un vendedor de condiciones desiguales a transacciones comparables, especialmente por razón de la nacionalidad de los compradores.
La Alta Autoridad podrá definir, mediante decisiones tomadas previa consulta al Comité Consultivo y al Consejo, las prácticas que son objeto de esta prohibición.»
En relación con los acuerdos, la letra d) del artículo 4 establece que
«Se reconocen como incompatibles con el mercado común del carbón y del acero, y quedarán por consiguiente suprimidos y prohibidos dentro de la Comunidad, en las condiciones previstas en el presente Tratado:
[…]
d)
Las prácticas restrictivas tendentes al reparto o a la explotación de los mercados»
y, por otro lado, a tenor de lo previsto en el apartado 1 del artículo 65:
«Quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que tiendan, directa o indirectamente, a impedir, restringir o falsear el juego normal de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:
a)
fijar o determinar los precios;
b)
limitar o controlar la producción, el desarrollo técnico o las inversiones;
c)
repartirse los mercados, los productos, los clientes o las fuentes de abastecimiento.»
En particular, la comparación entre el artículo 60 (en relación con el artículo 4) y el artículo 70 (en relación con el artículo 4) es especialmente significativa: en ambos casos se trata de la aplicación de condiciones desiguales a transacciones comparables (artículo 60) o de usuarios situados en condiciones comparables a los que deben ofrecerse condiciones de precios comparables (artículo 70); siendo especialmente relevantes al respecto las discriminaciones entre compradores en función de su nacionalidad (artículo 60) o las basadas en el país de origen o en el destino de los productos (artículo 70). Sólo en los dos últimos supuestos contienen ambas disposiciones una prohibición expresa, mientras que, a diferencia del artículo 60, el artículo 70 no recoge prohibición general expresa alguna de discriminación. La remisión a la prohibición del artículo 4, que convierte en superflua toda repetición en otras disposiciones del Tratado, debería ser igualmente eficaz en relación con el artículo 60. Es perfectamente razonable concluir que una redacción diferente supone una diferencia de fondo.
Ahora bien, a las diferencias mencionadas se añade una más. De conformidad con el artículo 60, la Alta Autoridad podrá definir por medio de Decisiones las prácticas contrarias a esta prohibición, previa consulta al Comité Consultivo y al Consejo.
Cuando menos, la introducción de este procedimiento también hubiera podido preverse para determinar el concepto de discriminación en un ámbito que sólo excepcional y limitadamente entra dentro del ámbito de competencias de la Comunidad.
Si el párrafo primero del artículo 70 recogiera una prohibición general de discriminación en materia de tarifas de transporte, sería sorprendente que el artículo 10 del Convenio, en relación con las medidas que debe examinar la Comisión de Expertos, contemple las discriminaciones previstas en el párrafo segundo del artículo 70, y no las del párrafo primero del mismo artículo (que, sin embargo, son igualmente complicadas de cara a un eventual examen).
Es sabido, por último, a la luz de los trabajos preparatorios del Tratado, que sus redactores únicamente tuvieron en mente como supuesto discriminatorio la discriminación nacional:
«De esta manera, la Delegación alemana se vio obligada a exigir que la definición más precisa de discriminación mencione todos los casos y que se proceda únicamente a enumerar ejemplos […]
Tras largas discusiones se elaboró una redacción que agrupa los puntos a y b en una sola frase. De esta manera, para los transportes ferroviarios que discurran entre varios países de la Comunidad, se exige la aplicación de las mismas listas, precios y demás disposiciones relativas a las tarifas que al tráfico interno.»
Todo lo dicho permite afirmar que el Tratado no enuncia en materia de transportes prohibición general alguna de discriminación, y que esta prohibición únicamente existe para la discriminación nacional. Ahora bien, si en el Tratado no existe una prohibición general de discriminación en materia de transporte, el párrafo cuarto del artículo 70 no puede contemplar una excepción a dicha prohibición. Por consiguiente, el examen de las tarifas especiales debe enfocarse desde un punto de vista distinto del que ha hecho suyo la Alta Autoridad.
B. LA INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 70
Si, contrariamente a mis conclusiones, se parte de la idea de que el párrafo primero del artículo 70 no es meramente programático, sino que enuncia igualmente una prohibición de discriminación general directamente aplicable, se plantea una nueva cuestión:
¿Prevé el párrafo cuarto del artículo 70 una excepción en un caso concreto, o bien las tarifas especiales son ajenas a la prohibición de discriminación de forma tal que la autorización prevista en el párrafo cuarto desempeña una función de mero control?
Los términos del párrafo cuarto, «de la conformidad de dichas medidas con los principios del presente Tratado», son contrarios a la idea de una excepción. Siguiendo esta postura, la prohibición de discriminación (artículo 4) se integra dentro de los principios del Tratado.
Ahora bien, esta tesis de la excepción ha de hacer frente al hecho de que el Tratado es muy riguroso en su respeto de las disposiciones fundamentales. No otra cosa atestigua el artículo 95 (pequeña revisión del Tratado), de conformidad con el cual, los principios contenidos en los artículos 2, 3 y 4 deben permanecer inalterados, aún en aquellos supuestos estrictos en que se justifique una revisión del Tratado.
Esto es lo que se desprende del artículo 88, de conformidad con el cual, sólo cabe adoptar medidas que constituyan una excepción a las disposiciones del artículo 4 cuando el propio Estado haya infringido el Tratado, y previo acuerdo del Consejo.
Y no otra cosa se desprende, igualmente, del apartado 2 del artículo 58, a tenor del cual, cuando se proceda a la fijación de cupos (esto es, en caso de crisis manifiesta), deberán respetarse los principios contenidos en los artículos 2, 3 y 4.
Es preciso observar, a este respecto, que si las tarifas especiales sólo fuesen realmente posibles en tanto que excepción a una prohibición, habría sido necesario prever una autorización de la Alta Autoridad para las tarifas especiales ya existentes (lo que no es el caso, a la luz de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 10).
Una comparación con el régimen de subvenciones y acuerdos ya existentes, recogido en los artículos 11 y 12 del Convenio, permite llegar a esta conclusión. En ambos se afirma que las subvenciones y acuerdos ya existentes deben ser objeto de un acuerdo (artículo 11 para las subvenciones) o de una autorización de la Alta Autoridad (artículo 12 para los acuerdos).
No existe una disposición de idéntico tenor en materia de tarifas especiales ya existentes, de modo que la función de la autorización contemplada en el párrafo cuarto del artículo 70 en relación con las tarifas especiales de nueva adopción, que deben apreciarse con los mismos criterios materiales que las tarifas especiales ya existentes, sólo puede ser de control. Dicho con otros términos, la autorización ha de garantizar que, en opinión de la Alta Autoridad, una tarifa especial se adecua al Tratado. En la medida en que las tarifas especiales ya existentes se plieguen a esta condición, no será precisa autorización alguna; sino que bastará con que la Alta Autoridad permita el mantenimiento en vigor de las mismas.
Partiendo de la idea de que el párrafo primero del artículo 70 recoge una prohibición de discriminación, se llega a la conclusión siguiente:
El párrafo cuarto del artículo 70 no otorga a la Alta Autoridad la facultad para autorizar una excepción a la prohibición general de discriminación. El fin de la autorización prevista en el párrafo cuarto es únicamente que las tarifas especiales eventualmente discriminatorias se apliquen tan sólo una vez que la Alta Autoridad se haya cerciorado acerca de si constituyen diferencias compatibles con el Tratado.
Esta interpretación del artículo 70 nos lleva también a una posición de partida fundamentalmente distinta de la de la Alta Autoridad.
Recordemos que, en su interpretación del párrafo cuarto del artículo 70 (excepción a una prohibición en un caso concreto), la Alta Autoridad introdujo en el párrafo un elemento ajeno al mismo; esto es, el elemento de «necesidad». En opinión de la Alta Autoridad, para que pueda justificarse una excepción a una prohibición, ha de ser necesaria para alcanzar los fines del Tratado (véase el «Sixième rapport général sur l'activité de la Communauté»; volumen I, p. 73):
«Por lo que respecta a las tarifas de apoyo, la Alta Autoridad, que ha de velar por su adecuación a los principios del Tratado, estima que la aplicación de estas tarifas se ajustará únicamente a Derecho en la medida en que sea necesaria para alcanzar los objetivos definidos en los artículos 2 y 3 del Tratado, y que la justificación de las tarifas de apoyo únicamente puede residir en una situación excepcional, propia de una o varias empresas, que haga indispensable la reducción de la tarifa general para alcanzar los objetivos definidos a los referidos artículos del Tratado.»
Señalemos, a este respecto, que, en general, el Tratado es claro en la elección de sus criterios. Si, en el caso de autos, la condición para una acción de la Alta Autoridad es la «necesidad de alcanzar los objetivos del Tratado», la redacción de este último contempla dicha necesidad.
Véase, en concreto, la letra a) del artículo 53, a tenor de la cual:
«Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 58 y del Capítulo 5 del Título III, la Alta Autoridad podrá:
a)
previa consulta al Comité Consultivo y al Consejo, autorizar el establecimiento, en las condiciones que ella determine y bajo su control, de cuantos mecanismos financieros comunes a varias empresas estime necesarios para la realización de los cometidos definidos en el articulo 3 y compatibles con las disposiciones del presente Tratado, en particular del artículo 65.»
(Este precepto establece una clara diferencia entre «necesario» y «compatible».)
De la misma manera y de conformidad con lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 61:
«Basándose en estudios realizados en colaboración con las empresas y las asociaciones de empresas, de conformidad con las disposiciones del párrafo primero del artículo 46 y del párrafo tercero del artículo 48, y previa consulta al Comité Consultivo y al Consejo, tanto sobre la oportunidad de estas medidas como sobre el nivel de precios que ellas determinen, la Alta Autoridad podrá fijar, para uno o varios productos de su competencia:
a)
precios máximos dentro del mercado común, si reconociere que tal decisión es necesaria para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 3, en particular en su letra c);
b)
precios mínimos dentro del mercado común, si reconociere la existencia o la inminencia de una crisis manifiesta y la necesidad de tal decisión para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 3».
Y, por último, el párrafo primero del artículo 95 dispone:
«En todos los casos no previstos en el presente Tratado en que resulte necesaria una decisión o una recomendación de la Alta Autoridad para alcanzar, durante el funcionamiento del mercado común del carbón y del acero y de conformidad con las disposiciones del artículo 5, uno de los objetivos de la Comunidad, tal como están definidos en los artículos 2, 3 y 4, dicha decisión podrá tomarse o dicha recomendación podrá formularse con el dictamen conforme del Consejo, emitido por unanimidad, previa consulta al Comité Consultivo.»
Estos ejemplos muestran que la Alta Autoridad no estaba legitimada para exigir, basándose en el párrafo cuarto del artículo 70 del Tratado, que las tarifas especiales sean necesarias para la consecución de los objetivos del Tratado.
De cara a la aplicación del párrafo cuarto del artículo 70, lo expuesto me permite partir de la siguiente consideración:
La Alta Autoridad debe examinar las tarifas especiales para poder comprobar si se adecuan a los principios del Tratado o si los infringen. No otra cosa afirma la propia Alta Autoridad en otro extracto del Sexto informe general (p. 73).
«Mediante estas Decisiones, que suponen la supresión de todas las tarifas de apoyo incompatibles con los principios del Tratado, la Alta Autoridad ha querido tener en cuenta, caso por caso, la situación particular de cada empresa o grupo de empresas.»
Por consiguiente, la Alta Autoridad debe desempeñar una especie de función de policía en una materia que, en principio, es ajena en su ámbito de competencias (como prueba el párrafo quinto del artículo 70): ha de velar por que los principios de un mercado parcialmente integrado no se vean enervados por las repercusiones de ámbitos competenciales ajenos al Tratado.
Ahora bien, de manera inversa, el sentido que acabo de dar al párrafo cuarto del artículo 70 priva de fundamento a lo alegado por los demandantes, según éstos, en efecto, la intervención de la Alta Autoridad en materia de tarifas especiales preexistentes únicamente se ajustará a Derecho cuando sea directamente necesaria para alcanzar los referidos objetivos del Tratado, en especial, cuando tienda directamente a garantizar el reparto más racional de la producción al mayor nivel de productividad. La actuación de la Alta Autoridad en materia de tarifas de transporte no depende de esta condición. Lo que únicamente debe hacer dicha Institución es comprobar si las referidas tarifas especiales son compatibles con los principios del Tratado. Si tal no fuera el caso, el Tratado exige su supresión; éste no otorga a la Alta Autoridad una facultad discrecional de intervención.
2) La aplicación del párrafo cuarto del artículo 70 al caso de autos
Si, tras estas observaciones introductorias, pasamos a examinar las Decisiones de la Alta Autoridad impugnadas, es preciso plantearse si, al examinar las tarifas especiales francesas, la Alta Autoridad llegó a una conclusión errónea al afirmar que su mantenimiento violaba los principios del Tratado.
Estos se enuncian esencialmente al inicio de este texto, en sus artículos 2, 3 y 4. Siendo, en parte, completados y precisados en otras disposiciones del Tratado. El
Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de afirmar, muy acertadamente, que estos principios no pueden aplicarse todos al mismo tiempo y en su integridad. Por consiguiente, se impondrá primar tal o cual objetivo en función de cada caso concreto según las circunstancias existentes al adoptar la Decisión (Rec. 1958, p. 249).
A. EL PRINCIPIO DEL ARTÍCULO 2
Para examinar estos principios, es preciso partir del artículo 2, a tenor del cual:
«La Comunidad deberá proceder al establecimiento progresivo de condiciones que aseguren por sí mismas la distribución más racional posible de la producción al más alto nivel de productividad, al mismo tiempo que garanticen la continuidad del empleo y eviten provocar, en las economías de los Estados miembros, perturbaciones fundamentales y persistentes.»
«[…] el reparto más racional de la producción, a que se hace referencia en el artículo 2 es aquel que se basa, principalmente, en el escalonamiento de los costes de producción en función de los rendimientos; es decir, de las condiciones físicas y técnicas a los diversos productos», términos extraídos de las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en los citados asuntos acumulados 7/54 y 9/54 y con los que este último precisaba que no respetan dicho principio del Tratado las medidas artificialmente adoptadas por los Estados para influenciar la productividad.
Sólo las empresas, las únicas que pueden integrarse autónomamente en el juego de la competencia en el mercado común, pueden colaborar en la realización del objetivo de racionalización del artículo 2. Las medidas de apoyo artificiales privan de recursos a la economía general, disminuyendo, de esta manera, las posibilidades de favorecer la expansión de las empresas racionales.
B. LA PROHIBICIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ARTÍCULO 4
Esta idea se recoge en otras disposiciones del Tratado y, en especial, por la prohibición de subvenciones de la letra c) del artículo 4. Lo que sí quisiera resaltar es que, a mi modo de ver, el párrafo cuarto del artículo 70 es preciso contemplarlo a la luz de este principio. Lo dicho no corresponde únicamente al sistema del Tratado CECA, sino que se ve igualmente confirmado por la sistemática del Tratado constitutivo del mercado común, que consagró la prohibición de discriminación en el artículo 79 y la del régimen de tarifas de apoyo en el artículo 80, distinto de aquél y en el que no se hace referencia alguna a prácticas discriminatorias.
Si me refiero a la prohibición de subvenciones del Tratado, que, como todas las prohibiciones del artículo 4, únicamente es de aplicación «en las condiciones previstas en el presente Tratado», un examen de la sistemática de este último permite ver el rigor con que este principio se respeta en el Tratado. No sólo el artículo 4 enuncia una prohibición categórica y general de las subvenciones, «cualquiera que sea su forma»; sino que la misma idea aparece igualmente en el artículo 3 (las medidas de expansión y modernización no deben constituir bajo ningún concepto medidas protectoras frente a empresas competidoras) y en el párrafo quinto del artículo 54 (la Alta Autoridad puede prohibir la utilización de recursos distintos de los procedentes de los fondos propios, cuando la financiación de un programa o la explotación de las instalaciones que comporta impliquen la existencia de subvenciones).
De igual manera, la sistemática del Tratado (del que el Convenio forma parte) muestra el rigor con que se contempla la licitud de las medidas de ayuda nacionales y comunitarias. Están, en primer lugar, los mecanismos de compensación autorizados o creados por la Alta Autoridad.
Las subvenciones estatales o las ayudas comunitarias se prevén en casos particularmente graves y, en último término, a favor de aquellos trabajadores que deban cambiar de empleo o, en su caso (en el marco del Convenio) y con carácter temporal, para medidas de adaptación y racionalización.
Esta idea fundamental del Tratado en materia de subvenciones a empresas nos ofrece un criterio guía para todos aquellos casos en los que el principio de la letra c) del artículo 4 se atempera; y, por consiguiente, también para las tarifas de fomento del párrafo 4 del artículo 70. Así pues, es manifiestamente incompatible con este principio un apoyo financiero constante a las empresas, destinado a compensar sus desventajas de explotación o de implantación.
C. EL ARTÍCULO 67 DEL TRATADO
Sería erróneo intentar moderar la prohibición de subvenciones invocando el artículo 67, que, para valorar las medidas estatales, atiende a las repercusiones de estas medidas en el régimen de la competencia y que, por otra parte, ofrece a la Alta Autoridad la posibilidad de compensar estas repercusiones por medio de otras medidas.
Este intento se hizo basándose en la idea de que las tarifas especiales de que se trata no perjudican a terceras empresas. Ahora bien, no se puede, en mi opinión, generalizar de esta manera lo dispuesto en el artículo 67. Puesto que, en muy amplia medida, ello supondría abandonar los objetivos del artículo 2 para primar el mantenimiento o creación de situaciones de competencia equilibrada, de conformidad con lo previsto en el Tratado. Procede, antes bien, interpretar el artículo 67 en el sentido de que en él se contemplan medidas de defensa de las Instituciones comunitarias contra medidas generales de los Estados en unas materias que, siendo ajenas a la integración, inciden en los ámbitos comunitarios de la competencia.
D. IGUALDAD DE ACCESO A LA PRODUCCIÓN
Los demandantes siguen intentando atemperar la prohibición de subvenciones y el principio recogido en el artículo 2. Invocan, para ello, el artículo 3, a tenor del cual, «las Instituciones de la Comunidad deberán asegurar a todos los usuarios del mercado común, que se encuentren en situaciones comparables, la igualdad de acceso a las fuentes de producción»; así como el párrafo primero del artículo 70, en el que se hace igualmente referencia a usuarios situados en unas condiciones comparables y a los que se deben ofrecer unas condiciones de precios comparables.
Los demandantes llegan a la conclusión de que el Tratado admite una compensación de una implantación desfavorable y de otras desventajas de tipo económico vinculadas a la explotación (dificultades para la explotación de determinadas minas), que puede adoptar la forma de unas tarifas particularmente favorables a fin de que las empresas desfavorecidas puedan situarse en una situación similar a la de las empresas económicamente sanas. La consecuencia de esta afirmación es enervar los fines del artículo 2. A partir del momento en que las dificultades particulares a que deban hacer frente determinadas empresas pueden compensarse mediante ventajas especiales, nada cambia respecto a la situación anterior a la creación del mercado común. Sin embargo, el fin declarado del Tratado es, precisamente, el provocar las modificaciones estructurales que permitan un reparto más racional de la producción.
No es necesario decir que los intentos destinados a hacer posible estas modificaciones estructurales pueden acarrear algunas dificultades a algunas empresas, para las que el Tratado y el Convenio prevén igualmente ayudas especiales. Por consiguiente el ámbito de aplicación de las medidas especiales gubernamentales de apoyo, bajo la forma, por ejemplo, de tarifas de apoyo, no puede extenderse hasta el punto de excluir toda modificación en el mercado común; como mantienen los demandantes. De esta manera, lo único que cabe es apreciar hasta qué punto pueden tolerarse excepciones al principio del artículo 2, así como a la prohibición de subvenciones recogida en el artículo 4.
E. LA FIJACIÓN DE LOS PRECIOS AL NIVEL MÁS BAJO
Lo dicho es igualmente aplicable a lo alegado por los demandantes en el sentido de que la letra c) del artículo 3, en donde se hace referencia a la necesidad de velar por la fijación de los precios al nivel más bajo, justifica el establecimiento de tarifas especiales en beneficio de empresas desfavorecidas por su emplazamiento.
Recordemos, por otra parte, en relación con este argumento, el artículo 62, en virtud del cual la Alta Autoridad podrá autorizar compensaciones entre empresas distintas, siempre que estimare que ello puede impedir que el precio del carbón se establezca al nivel del coste de producción de las minas de explotación más costosa, cuyo mantenimiento en servicio se reconoce que es temporalmente necesario para la consecución de los objetivos definidos en el artículo 3.
Esta disposición muestra que no es en absoluto ajena al Tratado la influencia que puedan ejercer las subvenciones sobre los precios. Pero no se pierda de vista las condiciones exigidas para ello, ni, sobre todo, el carácter temporal de estas medidas y el método escogido para la financiación: es preciso proceder a compensaciones.
Esta disposición se integra sin dificultad en la sistemática del Tratado, esbozada anteriormente, en materia de ayudas y subvenciones. Así pues, a la vista de los objetivos contemplados en la letra c) del artículo 3, no cabe justificar la existencia de tarifas especiales para ciertas empresas.
F. EXPANSIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN
Diré, muy brevemente, que no puede acogerse lo alegado por los demandantes en el sentido de que la supresión de las tarifas especiales iría en contra de la expansión y mejora de la producción a que se hace referencia en el artículo 3. No sólo la letra g) del artículo 3, sino también el tenor del artículo 54, muestran claramente que, para alcanzar estos objetivos del Tratado, no puede recurrirse a subvenciones y ayudas permanentes.
G. ELECCIÓN DEL PUNTO DE PARIDAD
Si, a propósito del principio económico del Tratado se ha hecho referencia al artículo 60, y si, por lo que respecta a la posibilidad de que las empresas escojan su emplazamiento, se ha llamado la atención sobre la elección del punto de paridad, es preciso decir que, a este respecto, existe una diferencia fundamental entre aquellos casos en los que el Tratado autoriza a las empresas a proceder a semejante elección a partir de sus condiciones naturales de producción y aquellos otros en los que es posible una modificación de estos últimos por una causa ajena a la empresa. A mi modo de ver, el Tratado excluye manifiestamente esta última hipótesis. Dado que el Tratado ha establecido una excepción a un principio económico aun más severo, al admitir la elección de un punto de paridad, no se debe concluir que, al obrar de esta manera, habría aceptado la posibilidad, aun más grave, de que el Estado, o, cuando menos un elemento exterior a la empresa, pudiera influenciar las condiciones de implantación de esta última.
H. EL APROVISIONAMIENTO REGULAR DEL MERCADO COMÚN
Al examinar e interpretar las disposiciones fundamentales del Tratado, podría plantearse la cuestión de si la letra a) del artículo 3 permite atenuar el rigor del principio recogido en los artículos 2 y 4, por lo que respecta a las exigencias de un aprovisionamiento regular del mercado común.
Es a todas luces evidente que los intentos de autarquía de la Comunidad son ajenos al Tratado; ahora bien, no hay que excluir que las exigencias de un mercado específico exijan el mantenimiento a un determinado nivel de determinadas fuentes de aprovisionamiento dentro de la Comunidad y que, teniendo presente esta situación especial, éstas justifiquen determinadas medidas especiales, en favor, por ejemplo, de ciertas fuentes de aprovisionamiento. Quisiera limitarme a mencionar esta idea sin profundizar en ella, dado que no creo que en los presentes recursos se contengan datos suficientes como para aplicar esta teoría. Recordaré tan sólo lo reducido de la parte que representan los Pirineos en la producción de mineral de hierro destinado al consumo en Francia (véase el anexo del escrito de contestación a la demanda, II, p. 2); una comparación con el consumo global comunitario ofrecería una idea aún más clara al respecto.
I. LAS EXIGENCIAS DE LA POLÍTICA REGIONAL
Estimo que un punto importante del proceso presente reside en la licitud o ilicitud de una determinada política regional basada en tarifas especiales. Esta cuestión ocupa una parte considerable de los escritos de las partes. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia deberá plantearse si este punto de vista puede llegar a justificar tarifas especiales de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 70.
Los demandantes no han dejado de invocar el artículo 80 del Tratado CEE, de conformidad con el cual, en el examen de las tarifas de apoyo la Comisión debe tener en cuenta las exigencias impuestas por una política regional apropiada, así como las necesidades de las regiones subdesarrolladas. Estas exigencias son ajenas al Tratado CECA, el párrafo cuarto de cuyo artículo 70 presenta, por otra parte, un gran parecido con el párrafo primero del artículo 80 del Tratado CEE. La política local y regional no forma parte de los principios del Tratado que deben tenerse en cuenta de cara a dictar una Decisión, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 70.
Tampoco cabe afirmar que exista al respecto un hiatus jurídico en el Tratado que haría necesario el recurso a los principios inspiradores del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea. Los mencionados principios y objetivos del Tratado CECA muestran, más bien, que la principal idea de sus redactores era claramente favorecer una evolución y expansión racionales de la producción. Existe, de esta manera, una diferencia fundamental entre el Tratado CECA, que instituye una integración parcial, y el Tratado CEE. Dado que el objetivo perseguido por este último es una integración plena del conjunto de la actividad económica de los Estados miembros, necesariamente habrán de tenerse en cuenta las exigencias de una política regional, que constituyen una parte de la política económica de los Estados miembros aisladamente considerados. La Comunidad del Carbón y del Acero podía pasar por alto esta perspectiva, dada la posibilidad de que los Estados miembros pusieran en práctica una política regional en el sector no integrado de la economía.
No se opone a ello el hecho de que también el Tratado CECA permita tener en cuenta, en cierta medida, los intereses económicos regionales de un Estado. El tenor del artículo 2 muestra que el principio en él recogido no es absoluto; lo que, en mi opinión, deja lugar a consideraciones de política regional. Ahora bien, no cabe desconocer a priori que las posibilidades que ello ofrece son muy limitadas.
El artículo 2 enuncia la obligación de garantizar la continuidad del empleo y evitar provocar perturbaciones fundamentales y persistentes. Por lo que respecta a la primera reserva, no debe interpretarse en sentido estricto; lo que se desprende con meridiana claridad del propio Tratado, en donde se prevén ayudas en beneficio de aquellos trabajadores que, habiéndose producido un cese de la actividad laboral, estén a la búsqueda de un nuevo empleo. Tampoco cabe hablar de una obligación de mantener a todas las empresas en actividad. Por consiguiente, no puede justificarse una política regional basándose en los referidos términos del artículo 2, puesto que el Tratado no excluye, en absoluto, el cese de empresas, con el consiguiente cambio para los trabajadores.
No me queda sino la exigencia de evitar que se produzcan perturbaciones económicas. Bien es cierto que esta reserva es hasta tal punto rígida en sus condiciones de aplicación que, con ella, sólo pueden impedirse los ceses o transmisiones de empresas de importancia considerable; pero, por el contrario, basándose en dicha exigencia no pueden justificarse medidas de apoyo a determinadas empresas cuyo cese no afectaría a la política regional de un Estado, o a favor de empresas que, aunque en condiciones más difíciles, sean capaces de subsistir sin medidas de apoyo y no se hayan planteado la posibilidad de su transmisión.
El párrafo séptimo del artículo 10 del Convenio ha recogido expresamente una reserva del mismo tipo en materia de tarifas especiales preexistentes: deben señalarse los plazos necesarios para la modificación de las tarifas con objeto de evitar cualquier perturbación económica grave. Comparando el tenor de ambas disposiciones puede incluso decirse que el párrafo séptimo del artículo 10 es menos riguroso que el artículo 2, puesto que en él únicamente se hace referencia a una «perturbación económica grave» y no a «perturbaciones fundamentales y persistentes».
Por otra parte, el párrafo séptimo del artículo 10 no está exento de contradicciones; puesto que, por un lado, presupone la necesidad de la modificación de las tarifas especiales en un determinado momento, lo que resulta de la concesión de un plazo, mientras que, por otro lado, habla de «evitar» (es decir, no de atenuar) la producción de perturbaciones económicas. Sin embargo, no estimo que, en este contexto, haya que conferir una importancia primordial a la palabra «evitar». En cualquier caso, el ámbito de validez temporal de las tarifas de apoyo que no se adecuen al Tratado debe ser, en cualquier caso, limitado. En la medida en que al término de los referidos plazos, no quepa esperar que las empresas beneficiarías puedan subsistir por sus propios medios en el mercado común, las tarifas no podrán seguir justificándose, ni siquiera desde la perspectiva de una política regional. Comparto plenamente la opinión de nuestro estimado colega, el Sr. Lagrange, cuando limita de la misma manera la licitud de una política regional basada en medidas de apoyo.
¿Qué se desprende de estos principios, una vez aplicados al caso concreto? En sus escritos, las partes han presentado al Tribunal de Justicia numerosos cálculos para probar, los demandantes, que la supresión de las tarifas les obliga a cerrar sus empresas o les impide practicar precios competitivos; así como para refutar, la Alta Autoridad, estas alegaciones. También en la vista debatieron las partes largo y tendido sobre las repercusiones financieras de las medidas tarifarias. Ahora bien, considero que el Tribunal de Justicia puede prescindir del examen de estos cálculos complejos, así como de la repercusión en la rentabilidad de las empresas.
Pudimos saber en la vista que, tras la interposición de su recurso, la «Compagnie des hauts fourneaux et fonderies de Givors» había debido hacer frente a ciertas dificultades financieras. Sin embargo, la Alta Autoridad ha explicado, convincentemente en mi opinión, que esto último no puede encontrar su causa en el aumento de las tarifas de la SNCF a resultas de las Decisiones de la Alta Autoridad. Siguiendo la exposición de la Alta Autoridad, cuya veracidad no ha cuestionado la parte demandante, en 1954 y 1955 esta empresa sufrió unas pérdidas tan graves que su propia existencia llegó a ponerse en peligro, y ello independientemente de la adopción de las medidas tarifarias, cuyas repercusiones son modestas, en comparación con la entidad de dichas pérdidas.
Por lo que respecta a los otros demandantes, no negamos que los cálculos efectuados por estos últimos nos conduce a plantearnos si puede continuar la explotación de las minas de los Pirineos. No hay que perder de vista, sin embargo, el hecho de que, en la CECA, las ayudas de carácter y efectos locales únicamente se justifican en la medida en que sean necesarias para evitar perturbaciones económicas graves y ciertas. Ahora bien, no se ha probado la existencia de una amenaza seria de semejantes perturbaciones económicas graves. Hay que comprender a la Alta Autoridad cuando extrae esta deducción del hecho de que el Gobierno del Estado miembro de que se trata no haya instado el procedimiento del artículo 37 para evitar las perturbaciones fundamentales y persistentes. Parece evidente, por lo tanto, que dicho Gobierno no considera amenazada su política regional por las Decisiones adoptadas en materia tarifaria hasta el punto de que procediera preservarla invocando los principios recogidos en el Tratado.
K. EL PRINCIPIO DEL MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO
Alegan, por último, los demandantes, que las tarifas especiales discutidas se introdujeron en interés de los ferrocarriles, con el fin de mantener un cierto tráfico, siendo precisamente esto lo que justifica, hoy por hoy, su mantenimiento. Estas tarifas, por principio, no deben incluirse dentro de las tarifas especiales del párrafo cuarto del artículo 70, puesto que no se trata de medidas de apoyo destinadas a determinadas empresas.
En principio, este argumento no debe rechazarse. De cara a la aplicación del párrafo cuarto del artículo 70 a las tarifas especiales, se debe, por consiguiente, comprobar si estas medidas especiales se han adoptado también y principalmente en interés de los transportistas. De esta manera, a la hora de examinar las tarifas especiales, entran en juego unos criterios de difícil apreciación, tanto por el Tribunal de Justicia como por la Alta Autoridad. Ahora bien, lo que no puede negarse es que, de hecho, con el aumento de las tarifas, la demanda de prestaciones de transporte en una línea dada puede disminuir más allá de un determinado nivel o, incluso, desaparecer completamente; puesto que el precio de esta prestación de transporte crearía dificultades económicas al beneficiario. El transportista que, hasta la fecha, haya realizado beneficios en una línea determinada, aplicando incluso una tarifa reducida, sufre por este hecho una pérdida de ingresos que puede llegar a perjudicar la rentabilidad de la línea.
Esta situación especial, que, para ser comprendida, exige la apreciación de la situación económica tanto del destinatario de la prestación de transporte como del propio transportista, podría, por consiguiente, llegar a justificar el mantenimiento de las tarifas especiales.
Estimo, no obstante, que los casos presentes no dan lugar a profundizar en la cuestión, puesto que nada permite deducir de la argumentación de los demandantes datos detallados en apoyo de esta tesis; por lo menos, en lo que afecta a la economía de los transportistas.
3) Conclusión
De esta manera, llego en los tres asuntos a la misma conclusión de que no es posible apreciar que la Alta Autoridad haya infringido el Tratado en el examen de las tarifas especiales objeto del litigio. No se ha probado en el presente procedimiento que, a pesar de que el examen de la Alta Autoridad en determinados aspectos jurídicos merece ser criticado, las tarifas especiales francesas eran compatibles con los principios del Tratado; por lo que no se podía exigir su modificación.
4) Los plazos concedidos para modificar las tarifas especiales
Nos queda únicamente el motivo que los demandantes basan en la brevedad de los plazos concedidos por la Alta Autoridad para la referida supresión. En mi opinión, este motivo fue invocado por vez primera, y sin mayores comentarios, en el escrito de réplica; razón por la cual ha de considerarse extemporáneo, no habiendo, por consiguiente, lugar a entrar en su examen. Pero, además, dicho motivo está afectado por un segundo vicio que excluye su examen por el Tribunal de Justicia.
Bien es cierto que, para motivar los plazos, que fueron calculados de manera distinta según los casos, en las Decisiones de la Alta Autoridad se afirma que, en la fijación de los plazos, aparte del tenor del párrafo séptimo del artículo 10, se tuvieron en cuenta las distintas situaciones de las empresas. Nada se indica sobre los detalles y elementos determinantes de la apreciación de la Alta Autoridad.
Soy de la opinión de que, no obstante, ello carece de toda relevancia para el Tribunal de Justicia, puesto que el recurso de que éste ha sido llamado a conocer tiene por objeto una Decisión que se apoya en la «situación resultante de los hechos o circunstancias económicas». Unicamente cabe afirmar si existe una perturbación económica o en qué medida ésta se acabará produciendo en virtud de una apreciación de conjunto que contemple las repercusiones de todas las Decisiones del mismo tipo adoptadas en materia tarifaria, y no tan sólo las aquí recurridas. Esta parte de las Decisiones sólo puede ser impugnada con un desarrollo detallado de los motivos de desviación de poder o de desconocimiento manifiesto del Tratado, de conformidad con lo previsto en la segunda frase del párrafo primero del artículo 3. Nada semejante existe en el caso de autos, de tal manera que no existe razón alguna para seguir examinando este motivo
V. CONCLUSIÓN GENERAL
En virtud de lo expuesto, concluyo proponiendo al Tribunal de Justicia que:
Desestime por infundados los presentes recursos, condenando en costas a los demandantes.
Condene en costas a los demandantes en los asuntos 27/58 y 28/58, en la medida en que limitaron el alcance de sus pretensiones mediante una declaración en la vista, lo que equivale a un desestimiento parcial.
(
1
)	Lengua original: alemán.