Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. TAMARA ĆAPETA
presentadas el 13 de noviembre de 2025 (1)
Asunto C‑773/23 P
European Crop Care Association (ECCA)
contra
Ascenza Agro, SA,
Industrias Afrasa, SA,
Comisión Europea
« Recurso de casación — Coadyuvante no privilegiado — Asociación representativa — Admisibilidad — Artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Productos fitosanitarios — Reglamento (CE) n.º 1107/2009 — No renovación de la sustancia activa clorpirifos-metil — Reglamento de Ejecución (EU) 2020/17 de la Comisión — Recurso de anulación »
I.      Introducción
1.        Una asociación que representa al sector fitosanitario europeo intervino ante el Tribunal General en apoyo de un recurso de anulación de un Reglamento de la Comisión por el que no se renovó la aprobación de una determinada sustancia con arreglo a la legislación de la Unión aplicable. El recurso fue desestimado.
2.        La asociación pretende ahora interponer un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General. ¿Resulta directamente afectada dicha asociación por la citada sentencia, como exige el artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), de modo que su recurso de casación sea admisible?
3.        Esta es una de las cuestiones clave que se suscitan en el presente asunto.
II.    Antecedentes del procedimiento
4.        La European Crop Care Association (en lo sucesivo, «ECCA») es una asociación con sede en Bruselas (Bélgica) que representa a los fabricantes europeos de productos fitosanitarios. (2)
5.        Los productos fitosanitarios están regulados por el Derecho de la Unión, en particular por el Reglamento n.º 1107/2009, (3) que establece normas armonizadas para la aprobación de sustancias activas y la comercialización de dichos productos. (4) El citado Reglamento prevé un sistema dual, en virtud del cual las sustancias activas son aprobadas a escala de la Unión por la Comisión Europea, mientras que los productos fitosanitarios que contengan sustancias activas aprobadas en la Unión son autorizados a escala nacional por los Estados miembros. (5)
6.        En el presente asunto, resulta pertinente señalar que la aprobación de las sustancias activas está limitada en el tiempo, de modo que para continuar utilizándolas se requiere la renovación de esa aprobación por la Comisión con arreglo a los requisitos del Reglamento n.º 1107/2009. (6) Se establecieron también disposiciones específicas sobre el procedimiento de renovación de las sustancias activas en el Reglamento de Ejecución n.º 844/2012, (7) en el que participaron la Comisión, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y los Estados miembros.
A.      Hechos que dieron lugar al procedimiento ante el Tribunal General
7.        La sustancia activa objeto del presente asunto es el clorpirifos-metil (en lo sucesivo, «CHP-metil»), que se utiliza en productos fitosanitarios para combatir organismos nocivos y tratar cereales almacenados y almacenes vacíos.
8.        El CHP-metil fue aprobado por primera vez en la Unión en 2006, (8) y la expiración de su aprobación estaba prevista para 2016. (9)
9.        En 2013, dos empresas productoras de CHP-metil —Ascenza Agro, SA (en lo sucesivo, «Ascenza») y Dow AgroSciences Ltd—
presentaron, cada una de ellas, una solicitud de renovación de la aprobación del CHP-metil.
10.      A continuación, se inició el procedimiento de renovación del CHP-metil. (10)
11.      Finalmente, en virtud del Reglamento de Ejecución 2020/17, (11) la Comisión decidió no renovar la aprobación del CHP-metil. Según el referido Reglamento, existían preocupaciones sobre la genotoxicidad y la neurotoxicidad para el desarrollo del CHP-metil, como se indicaba en dos declaraciones emitidas por la EFSA, que no podían descartarse. Así, la Comisión consideró que no podía acreditarse que se cumplieran los criterios de aprobación relativos a los efectos en la salud humana del artículo 4 del Reglamento n.º 1107/2009.
B.      Procedimiento ante el Tribunal General
12.      El 10 de febrero de 2020, Ascenza, una de las solicitantes de la renovación del CHP-metil, junto con Industrias Afrasa, SA, una empresa que opera en el mercado de productos fitosanitarios (conjuntamente, «demandantes»), interpusieron ante el Tribunal General un recurso de anulación del Reglamento de Ejecución 2020/17, sobre la base del artículo 263 TFUE. Alegaron que la Comisión había cometido errores de procedimiento y de fondo en su decisión de no renovar la aprobación del CHP-metil, por lo que el citado Reglamento era ilegal.
13.      La ECCA solicitó intervenir en apoyo de las demandantes con el fin de que se anulara dicho Reglamento. El Tribunal General admitió la solicitud de la ECCA, por considerar que esta había demostrado un interés en la solución del litigio, tal como exige el Derecho de la Unión. (12) El interés de la ECCA se basaba en el hecho de que representaba a la industria europea de protección de cultivos y la solución del litigio podía afectar a sus intereses colectivos, pues adujo que el Reglamento de Ejecución 2020/17 sentaba precedentes que producirían un impacto en esa industria.
14.      La Comisión solicitó que el recurso de anulación interpuesto por las demandantes fuera desestimado en su totalidad.
15.      El Reino de Dinamarca, la República Francesa y la Health and Environmental Alliance (en lo sucesivo, «HEAL»), una organización de defensa del medio ambiente, solicitaron intervenir en apoyo de la Comisión a fin de que se desestimara el recurso. El Tribunal General admitió estas solicitudes. (13)
16.      Mediante la sentencia recurrida, (14) el Tribunal General rechazó todas las alegaciones por infundadas. Entre ellas, se encontraban los ocho motivos invocados por las demandantes, (15) junto con tres motivos adicionales formulados por la ECCA. (16) Por consiguiente, el Tribunal General desestimó el recurso.
III. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
17.      Mediante su recurso de casación
interpuesto el 14 de diciembre de 2023, la ECCA solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y el Reglamento de Ejecución 2020/17. Solicita asimismo al Tribunal de Justicia que condene en costas a la Comisión.
18.      En su escrito de contestación presentado el 20 de marzo de 2024, Ascenza apoya las pretensiones de la ECAA y solicita que se estime el recurso de casación en su totalidad.
19.      En su escrito de contestación presentado el 22 de marzo de 2024, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la ECCA.
20.      En su escrito de contestación presentado el 23 de marzo de 2024, la HEAL solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la ECCA.
21.      Mediante su escrito de contestación presentado el 8 de abril de 2024, la República Francesa solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación.
22.      La ECCA presentó un escrito de réplica el 22 de julio de 2024 y Ascenza y la Comisión presentaron un escrito de dúplica el 30 de agosto de 2024 y el 2 de octubre de 2024, respectivamente.
23.      El Tribunal de Justicia decidió, con arreglo al artículo 76, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, resolver sin celebrar una vista oral.
IV.    Análisis
24.      Una de las cuestiones que se plantea en el presente recurso de casación (17) se refiere a los requisitos que ha de cumplir una asociación que intervino en el procedimiento de primera instancia como coadyuvante no privilegiado para interponer un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General.
25.      A petición del Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se centrarán únicamente en esta cuestión.
26.      El Tribunal de Justicia ya ha examinado la admisibilidad de recursos de casación interpuestos por coadyuvantes no privilegiados, pero no cuando el coadyuvante es una asociación. El presente recurso de casación, por tanto, brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de precisar el requisito establecido en el artículo 56, apartado 2, del Estatuto
—según el cual un coadyuvante no privilegiado ha de resultar directamente afectado por la sentencia del Tribunal General—
cuando el coadyuvante es una asociación representativa.
27.      La Comisión, apoyada por la HEAL, cuestiona la admisibilidad del recurso de casación pues, a su juicio, la ECCA no resulta directamente afectada por la sentencia recurrida en el sentido del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto.
28.      La ECCA sostiene que su recurso de casación es admisible, basándose en dos motivos. En primer lugar, la ECCA, apoyada por Ascenza, alega que cumple el requisito de resultar directamente afectada por la sentencia recurrida a efectos del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto, porque dicha sentencia tiene un impacto significativo e inmediato en sus intereses. En segundo lugar, la ECCA aduce que, como asociación, representa los intereses de Ascenza, uno de sus miembros, que está a su vez legitimada para interponer un recurso
de casación. A este respecto, la ECCA afirma que los requisitos de admisibilidad para que las asociaciones presenten un recurso de anulación en nombre de sus miembros con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, deben aplicarse, por analogía, a los requisitos de admisibilidad de los recursos de casación que interpongan las asociaciones en virtud del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto.
29.      La Comisión, apoyada por la HEAL, responde que no cabe aceptar las alegaciones de la ECCA basadas en los requisitos de admisibilidad con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
30.      Estructuraré mi apreciación del siguiente modo. En primer término, analizaré el derecho a intervenir ante los órganos jurisdiccionales de la Unión y el interés en intervenir de las asociaciones representativas (sección A). En segundo término, examinaré la relación entre el interés en intervenir de los coadyuvantes no privilegiados y el derecho a interponer un recurso de casación (sección B). En tercer término, abordaré las alegaciones formuladas por la ECCA acerca de la potencial pertinencia de los requisitos de admisibilidad con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, para su derecho a interponer un recurso de casación como coadyuvante no privilegiado (sección C). En cuarto y último término, aplicaré mi análisis para concluir que la ECCA tiene derecho a interponer un recurso de casación en el presente asunto (sección D).
A.      Interés en intervenir de las asociaciones representativas
31.      Para empezar, he de señalar que la intervención es un mecanismo procesal en los recursos directos ante los órganos jurisdiccionales de la Unión que permite a los Estados miembros, a las instituciones, los órganos y organismos de la Unión, así como a todo tipo de personas físicas y jurídicas, incluidas las asociaciones, incorporarse voluntariamente al procedimiento en apoyo de una de las partes principales del litigio que se sustancia ante dichos órganos jurisdiccionales. Dado que el asunto puede afectarles, la intervención permite a los órganos jurisdiccionales de la Unión tener en cuenta sus opiniones al resolver el litigio. (18)
32.      En efecto, la idea principal es que un coadyuvante puede apoyar a una de las partes, pero la intervención no es una «puerta trasera» para acceder al procedimiento como una parte propiamente dicha. (19)
33.      Esto se refleja en las normas procesales de la Unión, por ejemplo, en que las alegaciones del coadyuvante se limitan a apoyar, total o parcialmente, las pretensiones de una de las partes, en que la intervención es accesoria con respecto al litigio principal y en que el coadyuvante «aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención». (20)
34.      Las normas procesales de la Unión también trazan una distinción entre coadyuvantes privilegiados y no privilegiados. Por un lado, los Estados miembros y las instituciones de la Unión son coadyuvantes privilegiados, en el sentido de que pueden intervenir en cualquier asunto sin tener que demostrar un interés en la solución del litigio. (21) Por otro
lado, los órganos y organismos de la Unión, así como las personas físicas y jurídicas, incluidas las asociaciones, se consideran coadyuvantes no privilegiados, lo que significa que deben demostrar un interés en la solución del litigio, de conformidad con el artículo 40 del Estatuto, para que se les autorice a intervenir en un litigio. (22) Me referiré a este requisito como «interés en intervenir».
35.      El Tribunal de Justicia ha interpretado de forma más amplia el interés en intervenir en el caso de las asociaciones representativas que en el caso de las personas físicas y jurídicas que actúan por su propia cuenta.
36.      Por lo que respecta a las personas físicas o jurídicas, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el concepto de «interés en la solución de un litigio», en el sentido del artículo 40 del Estatuto, debe «entenderse como un interés directo y actual en la decisión sobre las pretensiones en sí mismas, y no como un interés únicamente en relación con los motivos o alegaciones formulados.  En efecto, los términos “solución del litigio” se refieren a la decisión final que se solicita, tal como quedaría consagrada en el fallo de la sentencia que ponga fin al proceso». A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que «debe verificarse, en particular, si quien solicita intervenir como coadyuvante resulta directamente afectado por el acto impugnado y si su interés en la solución del litigio es cierto. Pues bien, en principio, un interés en la solución del litigio solo puede considerarse suficientemente directo en la medida en que esa solución pueda modificar la posición jurídica de quien solicita intervenir». (23)
37.      No obstante, esta jurisprudencia se matiza en el caso de las asociaciones representativas. Conforme a reiterada jurisprudencia, «puede admitirse la intervención de una asociación profesional representativa que tenga por objeto la protección de los intereses de sus miembros cuando el litigio plantee cuestiones de principio que puedan afectar a dichos intereses. […] Por consiguiente, la exigencia de que una asociación de este tipo tenga un interés directo y actual en la solución del litigio debe considerarse cumplida cuando la asociación demuestra que se encuentra en dicha situación, con independencia de si la solución del litigio puede modificar la situación jurídica de la asociación como tal». (24)
38.      Por lo tanto, el interés en intervenir de una asociación representativa no está vinculado necesariamente a la solución de un litigio concreto, sino que también puede estar ligado al razonamiento que llevó al Tribunal de Justicia a esa solución.
39.      El Tribunal de Justicia ha explicado las razones para interpretar de manera más amplia el interés en intervenir de las asociaciones representativas del siguiente modo: «En efecto, esta interpretación amplia del derecho de intervención en lo que respecta a las asociaciones [profesionales] puede permitir una mejor apreciación del contexto de los asuntos sometidos al juez de la Unión, evitando al mismo tiempo la multiplicidad de intervenciones individuales que pondrían en peligro la eficacia y la sustanciación adecuada del proceso. […] Pues bien, a diferencia de las personas físicas y jurídicas que actúan por su propia cuenta, las asociaciones profesionales representativas pueden solicitar intervenir en un litigio sometido al Tribunal de Justicia no para defender intereses individuales, sino en defensa de los intereses colectivos de sus miembros. La intervención de tal asociación ofrece una perspectiva global de esos intereses colectivos, afectados por una cuestión de principio de la que depende la solución del litigio, y por tanto puede permitir al Tribunal de Justicia apreciar mejor el marco en el que se le somete un asunto […]». (25)
B.      Derecho de los coadyuvantes no privilegiados a interponer un recurso de casación
40.      De acuerdo con las normas procesales de la Unión, (26) el recurso de casación contra una sentencia del Tribunal General ante el Tribunal de Justicia ofrece a las partes la posibilidad de impugnar la sentencia basándose en los supuestos errores de Derecho en que incurrió el Tribunal General en su resolución, con objeto de anular total o parcialmente esa sentencia. (27)
41.      El artículo 56 del Estatuto establece dos requisitos que los coadyuvantes no privilegiados han de cumplir para interponer un recurso de casación. El primero se refiere en general a cualquier recurso de casación, mientras que el segundo se aplica específicamente a los coadyuvantes no privilegiados.
42.      El primer requisito consiste en que, en el procedimiento ante el Tribunal General, las pretensiones de la persona que tenga intención de interponer un recurso de casación deben haber sido desestimadas. Así se desprende del artículo 56, párrafo segundo, primera frase, del Estatuto, según el cual el «recurso de casación podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas». (28) Como ha reconocido el Tribunal de Justicia, el concepto de «cualquiera de las partes» no incluye solo a las partes principales (demandantes y demandados), sino también a los coadyuvantes ante el Tribunal General. (29)
43.      Por lo tanto, los coadyuvantes no privilegiados únicamente pueden presentar un recurso de casación si intervinieron en primera instancia en apoyo de la parte cuyas pretensiones fueron posteriormente desestimadas total o parcialmente. Dicho requisito no se discute en el presente asunto, ya que las pretensiones de las demandantes, en apoyo de las cuales intervino la ECCA, fueron desestimadas en su totalidad.
44.      El segundo requisito es un requisito adicional que solo se aplica a los coadyuvantes no privilegiados. Estos han de resultar directamente afectados por la sentencia del Tribunal General. Así se desprende del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto, conforme al cual «los coadyuvantes que no sean Estados miembros o instituciones de la Unión solo podrán interponer recurso de casación cuando la resolución del Tribunal General les afecte directamente». (30)
45.      La
cuestión clave del presente asunto radica, en efecto, en cómo deben interpretarse los términos «afecte directamente» en el caso de las asociaciones representativas.
46.      A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la admisibilidad de los recursos de casación interpuestos por coadyuvantes no privilegiados solo se ha ocupado hasta ahora de unos pocos asuntos a lo largo de los años y, como ya se ha señalado, ninguno de ellos se refería a asociaciones representativas. Se han interpuesto recursos de casación de este tipo en materia de ayudas de Estado, (31) Derecho de la competencia (32) y antidumping, (33) y en todos ellos el Tribunal de Justicia declaró la admisibilidad de los recursos de casación porque la sentencia del Tribunal General afectó directamente al coadyuvante en cuestión.
47.      Sin embargo, todos esos asuntos versaban en general sobre recursos de casación interpuestos por personas físicas y jurídicas que habían intervenido en el procedimiento ante el Tribunal General y a las que la sentencia del Tribunal General podía ocasionar una modificación perjudicial de su propia situación jurídica o de sus propios intereses económicos o morales. (34) Así pues, no abordaron el supuesto de un recurso de casación interpuesto por una asociación coadyuvante cuya propia situación jurídica no se ve modificada por la sentencia recurrida.
48.      Ahora bien, esa jurisprudencia parece sugerir que, para decidir si tal coadyuvante no privilegiado podía interponer un recurso de casación, el Tribunal de Justicia examinó su interés en intervenir en el procedimiento de primera instancia. Ello sugeriría, a su vez, que la afectación directa con arreglo al artículo 56 del Estatuto coincide con el interés en intervenir.
49.      Lo anterior no significa necesariamente que el Tribunal de Justicia deba reconocer de modo automático a un coadyuvante no privilegiado ante el Tribunal General el derecho a interponer un recurso de casación. Ello se debe a que, una vez que existe una sentencia, el interés en intervenir puede apreciarse de una manera más concreta que cuando se valoró en primera instancia. Así lo entiende un sector de la doctrina. (35) En otras palabras, el Tribunal de Justicia puede, en cierto modo, volver a examinar si existió el interés en intervenir y, si concluye que no existió, desestimar el recurso de casación. Sin embargo, en principio, al coadyuvante no privilegiado al que se concedió derecho a intervenir se le debe reconocer
de igual manera, por las mismas razones, el derecho a interponer un recurso de casación.
50.      Esta interpretación también parece estar implícita en el hecho de que, como se ha señalado antes (punto 36 de las presentes conclusiones), la expresión «directamente afectado» se utiliza en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a efectos de determinar si existe un interés en intervenir.
51.      En la medida en que el derecho de los coadyuvantes no privilegiados a interponer un recurso de casación está supeditado a su interés en intervenir, el concepto de resultar directamente afectado por la sentencia del Tribunal General que prevé el artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto puede interpretarse de manera diferente para las personas físicas y jurídicas que intervienen por su propia cuenta y para las asociaciones representativas que intervienen en defensa de los intereses colectivos de sus miembros.
52.      Si se entiende de este modo, parece deducirse que la interpretación más amplia que el Tribunal de Justicia atribuye al interés en intervenir de las asociaciones representativas en comparación con el interés en intervenir de las personas físicas y jurídicas que actúan por su propia cuenta (véanse los puntos 37 y 39 de las presentes conclusiones) conduciría a una interpretación más amplia del requisito de que dichas asociaciones resulten directamente afectadas. Aunque, para las personas físicas y jurídicas que actúan por su propia cuenta, la afectación directa esté vinculada únicamente a la solución del litigio, las asociaciones representativas pueden interponer un recurso de casación si impugnan parte del razonamiento del Tribunal General incluso si dicha solución no modifica de modo directo su situación jurídica.
53.      Lo anterior parece revestir una especial importancia en ámbitos del Derecho de la Unión como el relacionado con los productos fitosanitarios, en el que potencialmente se implican asociaciones representativas de todo tipo que desempeñan un papel importante en la justificación de su interés en intervenir y a las que no se debe denegar la oportunidad de interponer un recurso de casación cuando ese interés resulta afectado por la sentencia del Tribunal General.
54.      Por consiguiente, puede concluirse que las asociaciones representativas a las que se admitió intervenir en apoyo de la parte cuyas pretensiones fueron posteriormente desestimadas por el Tribunal General cumplen el requisito de resultar directamente afectadas a efectos de interponer un recurso de casación, aun cuando la sentencia del Tribunal General no modifique de modo directo la situación jurídica de tales asociaciones.
C.      Pertinencia de los requisitos de admisibilidad con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto
55.      La ECCA alega asimismo que la legitimación activa para interponer un recurso directamente con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, es pertinente a efectos del cumplimiento del requisito de resultar directamente afectada por una sentencia del Tribunal General conforme al artículo 56 del Estatuto para interponer un recurso de casación como coadyuvante no privilegiado.
56.      Es cierto que una persona que cumpla el requisito de resultar afectada directa e individualmente para interponer un recurso de anulación también podría intervenir, en lugar de interponer ese recurso, en un asunto promovido por otra persona.
57.      Sin embargo, si esa persona no interpuso el recurso de anulación, aun pudiendo hacerlo, ni intervino en el recurso interpuesto por otro, no estaría legitimada para presentar un recurso de casación, ya que no fue ni parte ni coadyuvante en primera instancia.
58.      Por consiguiente, el derecho a interponer un recurso de casación solo puede apreciarse sobre la base de la situación que tuvo una persona en primera instancia. Si esa persona decidió participar como coadyuvante, y no interponer el recurso, la posibilidad de que pudiera presentar tal recurso carece de pertinencia.
59.      En consecuencia, en mi opinión y contrariamente a lo que sostiene la ECCA, los requisitos de admisibilidad de los recursos de anulación con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, carecen de pertinencia a efectos de apreciar el requisito aplicable a los recursos de casación que interpongan asociaciones representativas en virtud del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto.
D.      El presente asunto
60.      Del análisis que he realizado se desprende que, en el presente asunto, el recurso de casación de la ECCA es admisible, puesto que la ECCA resulta directamente afectada por la sentencia recurrida en el sentido del artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto.
61.      La sentencia recurrida, si no es anulada por el Tribunal de Justicia, establece un precedente sobre la correcta aplicación del Reglamento n.º 1107/2009 y el procedimiento de renovación de la aprobación de sustancias activas, que puede afectar a los intereses de los miembros de la ECCA.
62.      En efecto, el asunto del que conoció el Tribunal General planteó esas cuestiones de principio, que fue la razón por la que intervino la ECCA.
63.      Como he explicado, en principio, a un coadyuvante no privilegiado al que se concedió el derecho a intervenir se le debe reconocer de igual manera, por las mismas razones, el derecho a interponer un recurso de casación.
64.      Se concedió a la ECCA el derecho a intervenir y, por las mismas razones, se le debe reconocer el derecho a interponer un recurso de casación.
65.      No hay motivos para cuestionar la existencia del interés de la ECCA en intervenir en el procedimiento de primera instancia.
66.      Por consiguiente, debe considerarse que la ECCA ha resultado directamente afectada por la sentencia recurrida, con independencia de si dicha sentencia puede modificar su situación jurídica.
V.      Conclusión
67.      A la luz de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que declare la admisibilidad del recurso de casación de la European Crop Care Association.
1      Lengua original: inglés.
2      Véase el sitio web de la ECCA en: https://www.ecca-org.eu/.
3      Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO 2009, L 309, p. 1).
4      Véanse, en particular, el artículo 1, apartado 1, y el considerando 9 del Reglamento n.º 1107/2009. Para una exposición detallada, véase, por ejemplo, Bozzini, E., Pesticide Policy and Politics in the European Union — Regulatory Assessment, Implementation and Enforcement, Palgrave Macmillan, Cham, 2017, cap. 2; Morvillo, M., «From contestation to accountability in EU pesticides regulation? The case of glyphosate», en Arcuri, A. y Coman-Kund, F. (eds.), Technocracy and the Law: Accountability, Governance and Expertise, Routledge, Londres, 2021, pp. 196 a 222, en particular pp. 198 a 203.
5      Véanse los capítulos II y III, junto con los considerandos 10 y 23, del Reglamento n.º 1107/2009.
6      Véanse los artículos 14 a 20 y el considerando 15 del Reglamento n.º 1107/2009.
7      Reglamento de Ejecución (UE) n.º 844/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se establecen las disposiciones necesarias para la aplicación del procedimiento de renovación de las sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios (DO 2012, L 252, p. 26). Dicho Reglamento fue derogado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1740 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2020, por el que se establecen las disposiciones necesarias para la aplicación del procedimiento de renovación de la aprobación de las sustancias activas de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 844/2012 de la Comisión (DO 2020, L 392, p. 20).
8      Directiva 2005/72/CE de la Comisión, de 21 de octubre de 2005, por la que se modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo a fin de incluir las sustancias activas clorpirifos, clorpirifos-metil, mancoceb, maneb y metiram (DO 2005, L 279, p. 63), que, con arreglo a su artículo 4, entró en vigor el 1 de julio de 2006. Fue adoptada en virtud de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO 1991, L 230, p. 1), que posteriormente fue sustituida por el Reglamento n.º 1107/2009. De conformidad con el artículo 78, apartado 3, del Reglamento n.º 1107/2009, las sustancias activas incluidas en el anexo I de la Directiva 91/414 se consideraron aprobadas y enumeradas en la parte A del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 de la Comisión, de 25 de mayo de 2011, por el que se aplica el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la lista de sustancias activas autorizadas (DO 2011, L 153, p. 1) (en el epígrafe 112 de dicho anexo se indicaba que la aprobación del CHP-metil expiraba el 30 de junio de 2016).
9      Sin embargo, debido a la duración del procedimiento de renovación, la Comisión prorrogó en tres ocasiones, hasta 2020, la expiración de la aprobación del CHP-metil.
10      Dicho procedimiento se describe en los apartados 15 a 56 de la sentencia de 4 de octubre de 2023, Ascenza Agro e Industrias Afrasa/Comisión (T‑77/20, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:602).
11      Reglamento de Ejecución (UE) 2020/17 de la Comisión, de 10 de enero 2020, por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa clorpirifos-metil con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n.º 1107/2009, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución n.º 540/2011 (DO 2020, L 7, p. 11).
12      Véase el auto del Presidente de la Sala Séptima del Tribunal General, de 26 de noviembre de 2020, Ascenza Agro e Industrias Afrasa/Comisión (T‑77/20, no publicado), en particular los apartados 3, 4 y 6.
13      Véase el auto del Presidente de la Sala Séptima del Tribunal General de 26 de noviembre de 2020, Ascenza Agro e Industrias Afrasa/Comisión (T‑77/20, no publicado).
14      Véase la nota 10 de las presentes conclusiones.
15      Como se señala en el apartado 86 de la sentencia recurrida, las demandantes invocaron los motivos siguientes: i) vicios sustanciales de forma; ii) el incumplimiento de la obligación de transparencia; iii) la vulneración del derecho a ser oído; iv) la violación del principio de cautela; v) el incumplimiento de la obligación de tener en cuenta los elementos y las circunstancias pertinentes de la situación que el Reglamento impugnado pretendía regular; vi) la violación del principio de buena administración; vii) un error manifiesto de apreciación en la evaluación de riesgos efectuada por la EFSA, y luego por la Comisión, y viii) un error manifiesto de apreciación y la violación del principio de proporcionalidad.
16      Como se indica en el apartado 87, en relación con las secciones E y K, de la sentencia recurrida, la ECCA invocó los motivos adicionales siguientes: ix) el incumplimiento de la obligación de motivación en lo que respecta a la adopción por la Comisión de un reglamento basado en una evaluación científica divergente de la que figura en el proyecto de informe de evaluación adoptado por el Estado miembro ponente; x) el incumplimiento de la obligación de motivar la aplicación del método de extrapolación, y xi) la infracción del artículo 14 del Reglamento de Ejecución n.º 844/2012. El Tribunal General desestimó todos estos motivos por infundados y no consideró necesario pronunciarse sobre su admisibilidad (véanse los apartados 181, 288 y 654 de la sentencia recurrida).
17      La ECCA invoca cuatro motivos de casación. En esencia, el primer motivo de casación se basa en la infracción del Reglamento n.º 1107/2009, en relación con el séptimo motivo de las demandantes; el segundo motivo de casación se basa en una infracción del artículo 296 TFUE, en relación con el décimo motivo de la ECCA; el tercer motivo de casación se basa en vicios sustanciales de forma, en relación con el primer motivo de las demandantes, y el cuarto motivo de casación se basa en una infracción del método de extrapolación y en una motivación contradictoria, en relación con el séptimo motivo de las demandantes.
18      A este respecto, las normas que regulan la intervención se establecen en el artículo 40 del Estatuto y en el capítulo 4 del título IV del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, relativo a los recursos directos (artículos 129 a 132). Existen disposiciones análogas en el capítulo 14 del título III del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General (artículos 142 a 145).
19      Véase Lenaerts, K., Gutman, K. y Nowak, J. T., EU Procedural Law, 2.ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2023, p. 733.
20      Véase, a este respecto, el artículo 129, apartados 1 a 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
21      Véase el artículo 40, párrafo primero, del Estatuto.
22      Véase el artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto.
23      Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2023, Illumina/Comisión (C‑611/22 P, EU:C:2023:205), apartados 6 y 7 (el subrayado es mío). Véase también, por ejemplo, el auto del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 2025, Medel y otros/Consejo (C‑555/24 P, EU:C:2025:73), apartados 6 a 8.
24      Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2023, Illumina/Comisión (C‑611/22 P, EU:C:2023:205), apartado 8 (el subrayado es mío). Véase también, por ejemplo, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 2025, Medel y otros/Consejo (C‑555/24 P, EU:C:2025:73), apartado 9. Así pues, puede admitirse la intervención de tal asociación en un asunto si, en primer lugar, representa a un número significativo de empresas que operan en el sector en cuestión, en segundo lugar, su objeto incluye la protección de los intereses de sus miembros, en tercer lugar, el asunto puede suscitar cuestiones de principio que afecten al funcionamiento del sector de que se trate y, por consiguiente, en cuarto lugar, los intereses de sus miembros pueden verse afectados significativamente por la sentencia que se dicte. Véanse, por ejemplo, los autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2023, Illumina/Comisión (C‑611/22 P, EU:C:2023:205), apartado 10, y de 1 de agosto de 2025, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles y otros/Consejo (C‑865/24 P, EU:C:2025:639), apartado 10.
25      Auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2023, Illumina/Comisión (C‑611/22 P, EU:C:2023:205), apartado 9 (el subrayado es mío). Véase también, por ejemplo, el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 1 de agosto de 2025, Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles y otros/Consejo (C‑865/24 P, EU:C:2025:639), apartado 9.
26      A este respecto, las normas que regulan los recursos de casación (y las adhesiones a la casación) se establecen en los artículos 56 a 61 del Estatuto y en el título V del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, relativo a los recursos de casación contra las resoluciones del Tribunal General (artículos 167 a 190).
27      Véase, a este respecto, el artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
28      El subrayado es mío.
29      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 22 de diciembre de 1993, Pincherle/Comisión (C‑244/91 P, EU:C:1993:950), apartado 16, y de 11 de febrero de 1999, Antillean Rice Mills y otros/Comisión (C‑390/95 P, EU:C:1999:66), apartado 20.
30      El subrayado es mío.
31      Véanse las sentencias de 24 de septiembre de 2002, Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión (C‑74/00 P y C‑75/00 P, EU:C:2002:524), apartados 57 y 58 (la sociedad en cuestión resultó directamente afectada porque probablemente tendría que devolver las cantidades abonadas en concepto de ayuda, en virtud de la sentencia del Tribunal General dictada en el marco de una acción de repetición); de 26 de octubre de 2016, DEI y Comisión/Alouminion tis Ellados (C‑590/14 P, EU:C:2016:797), apartados 23 a 26 (la sociedad en cuestión resultó directamente afectada porque, para cumplir la sentencia del Tribunal General, tendría que reembolsar la cantidad que recuperó); de 2 de febrero de 2023, España y otros/Comisión (C‑649/20 P, C‑658/20 P y C‑662/20 P, EU:C:2023:60), apartados 25 y 26 (las entidades en cuestión resultaron directamente afectadas porque, para cumplir la sentencia del Tribunal General, podrían tener que devolver la ayuda que recibieron); y de 14 de septiembre de 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa (C‑466/21 P, EU:C:2023:666), apartados 37 a 40 (el Land en cuestión resultó directamente afectado porque, en virtud de la sentencia del Tribunal General, debía recuperar los tramos de la ayuda controvertida y se le prohibió abonar nuevos tramos de esa ayuda en el futuro).
32      Véase la sentencia de 2 de octubre de 2003, International Power y otros/NALOO (C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P y C‑180/01 P, EU:C:2003:534), apartados 52 y 53 (las sociedades en cuestión resultaron directamente afectadas porque, para ejecutar la sentencia del Tribunal General, la Comisión debería proceder a un nuevo examen que podría dar lugar a un acto desfavorable para esas sociedades, que correrían el riesgo de enfrentarse a una acción de daños y perjuicios ante los órganos jurisdiccionales nacionales).
33      Véase la sentencia de 3 de diciembre de 2020, Changmao Biochemical Engineering/Distillerie Bonollo y otros (C‑461/18 P, EU:C:2020:979), apartados 122 a 129 (la sociedad en cuestión resultó directamente afectada porque existía el riesgo de que las medidas adoptadas por la Comisión para ejecutar la sentencia del Tribunal General la expusieran a reclamaciones de pago de derechos mucho más elevados).
34      Véanse, a este respecto, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en los asuntos acumulados Fresh Del Monte Produce/Comisión y Comisión/Fresh Del Monte Produce (C‑293/13 P y C‑294/13 P, EU:C:2014:2439), en particular el punto 57.
35      Véase, por ejemplo, Lasok, K.P.E., Lasok’s European Court Practice and Procedure, 4.ª ed., Bloomsbury Professional, Londres, 2022, pp. 1192 a 1193: «No está claro en qué medida el requisito de que la resolución recurrida deba afectar directamente al coadyuvante recurrente difiere del criterio habitual para determinar si el coadyuvante tenía o no derecho a intervenir, en primer lugar, en el procedimiento de primera instancia. Cuando se examina una solicitud de intervención a fin de determinar si debe admitirse, el interés del coadyuvante en la solución del litigio se aprecia ex ante; cuando se examina un recurso de casación de un coadyuvante, el interés del coadyuvante puede apreciarse ex post y entonces puede quedar claro si el coadyuvante tenía o no, en realidad, un interés directo y concreto en la solución del litigio. Por lo tanto, aun cuando el criterio para admitir a trámite el recurso de casación de un coadyuvante es, en principio, el mismo que para admitir la solicitud de intervención en primera instancia, no se deduce necesariamente de ello que un coadyuvante en el procedimiento de primera instancia esté legitimado para interponer un recurso de casación» (el subrayado es mío). Véase asimismo Lenaerts, Gutman y Nowak, EU Procedural Law, citado en la nota 19 de estas conclusiones, pp. 653‑654: «El interés que ese coadyuvante —incluidos los órganos y organismos de la Unión, así como cualquier otra persona— ha de acreditar para poder interponer un recurso de casación es, en principio, el mismo que el que debería demostrar para que se admitiese su intervención en primera instancia (artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto), pero el Tribunal de Justicia tiene, en la resolución del Tribunal General, una base más concreta para comprobar ese interés que la que tuvo el Tribunal General a la hora de apreciar el interés de un potencial coadyuvante antes de la adopción de una decisión sobre el fondo. Por consiguiente, es posible que se deniegue al coadyuvante en primera instancia la autorización para interponer recurso de casación» (el subrayado es mío).