Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 12 de febrero de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Directiva 2004/109/CE — Armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado situado o que opera en un Estado miembro — Notificación de la adquisición de participaciones importantes en sociedades — Adquisición de tales participaciones por personas que actúen de concierto — Artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto — Concepto de “requisitos más estrictos” — Disposiciones legales, reglamentarias o administrativas adoptadas en relación con ofertas públicas de adquisición, operaciones de fusión y otras operaciones que afecten a la propiedad o al control de las empresas »
En el asunto C‑864/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), mediante resolución de 22 de octubre de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 13 de diciembre de 2024, en el procedimiento entre
GT,
Beteiligungen im Baltikum AG,
VCI Venture Capital und Immobilien AG
y
Valora Effekten Handel AG,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. J. Passer, Presidente de Sala, y los Sres. E. Regan y D. Gratsias (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. J. Richard de la Tour;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Valora Effekten Handel AG, por el Sr. D. Lochner, Rechtsanwalt;
–        en nombre del Gobierno helénico, por los Sres. V. Baroutas y K. Boskovits, en calidad de agentes;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Meeßen y G. von Rintelen, en calidad de agentes;
–        en nombre del Banco Central Europeo, por la Sra. K. Klausch y los Sres. K. Lackhoff y A. Witte, en calidad de agentes;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO 2004, L 390, p. 38), en su versión modificada por la Directiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 (DO 2013, L 294, p. 13) (en lo sucesivo, «Directiva 2004/109»).
2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre GT, Beteiligungen im Baltikum AG y VCI Venture Capital und Immobilien AG, por un lado, y Valora Effekten Handel AG (en lo sucesivo, «Valora»), por otro, en relación con la validez de determinadas resoluciones adoptadas en la junta general de Valora del año 2018.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2004/25/CE
3        Con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición (DO 2004, L 142, p. 12), esta establece medidas de coordinación de todas las normas de los Estados miembros relativas a las ofertas públicas de adquisición de valores de una sociedad sujeta al Derecho de un Estado miembro, cuando todos o parte de dichos valores estén admitidos a negociación en un mercado regulado en uno o varios Estados miembros.
4        El artículo 2, apartado 1, letra d), de esta Directiva está redactado en los siguientes términos:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[…]
d)      “personas que actúen de concierto”: las personas físicas o jurídicas que colaboren con el oferente o con la sociedad afectada en virtud de un acuerdo, ya sea expreso o tácito, verbal o escrito, con el fin, bien de obtener el control de la compañía afectada o bien de impedir el éxito de la oferta».
5        El artículo 4 de dicha Directiva, que lleva por título «Autoridad supervisora y derecho aplicable», dispone en su apartado 1:
«Los Estados miembros designarán a la autoridad o autoridades competentes para la supervisión de las ofertas que se rijan por las normas adoptadas o introducidas en virtud de la presente Directiva. […]»
6        El artículo 5 de la misma Directiva, titulado «Protección de los accionistas minoritarios, oferta obligatoria y precio equitativo», establece en su apartado 1:
«Cuando una persona física o jurídica, de resultas de una adquisición por su parte o por la de personas que actúen de concierto con ella, venga en posesión de valores de una sociedad a efectos del apartado 1 del artículo 1 tales que, sumados, en su caso, a los que ya poseyera y a los de las personas que actúen de concierto con ella, le confieran directa o indirectamente un determinado porcentaje de derechos de voto en dicha sociedad y le brinden así el control de la misma, los Estados miembros velarán por que dicha persona esté obligada a presentar una oferta a fin de proteger a los accionistas minoritarios de la sociedad. Dicha oferta se dirigirá cuanto antes a todos los titulares de valores y se realizará por la totalidad de sus valores al precio equitativo que se define en el apartado 4.»
Directiva 2004/109
7        A tenor del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2004/109, esta «establece requisitos en relación con la divulgación de información periódica y continua sobre los emisores cuyos valores estén ya admitidos a negociación en un mercado regulado situado o que opera en un Estado miembro».
8        El artículo 2, apartado 1, de esta Directiva señala:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
[…]
d)      “emisor”, toda persona física o jurídica regida por el Derecho privado o público, incluido un Estado, cuyos valores se admitan a negociación en un mercado regulado.
En el caso de los certificados de depósito admitidos a negociación en un mercado regulado, el emisor será el emisor de los valores representados, con independencia de que esos valores se admitan o no a negociación en un mercado regulado;
e)      “accionista”, toda persona física o jurídica regida por el derecho privado o público que posea, directa o indirectamente:
i)      acciones del emisor en nombre propio y por cuenta propia,
ii)      acciones del emisor en nombre propio, pero por cuenta de otra persona física o jurídica,
iii)      certificados de depósito, en cuyo caso se considera al tenedor del certificado de depósito como accionista de las participaciones subyacentes representadas por el certificado de depósito,
[…]
i)      “Estado miembro de origen”:
i)      en el caso […] de un emisor de acciones:
–        cuando el emisor se halle constituido en la Unión [Europea], el Estado miembro en que tenga su domicilio social,
[…]
[…]
[…]
q)      “acuerdo formal”, todo acuerdo que sea vinculante conforme a la legislación aplicable.»
9        El artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, de la mencionada Directiva dispone lo siguiente:
«El Estado miembro de origen no podrá someter a un accionista o a una persona física o jurídica de las mencionadas en los artículos 10 y 13 a requisitos más estrictos que los fijados en la presente Directiva, salvo cuando:
[…]
iii)      se apliquen disposiciones legales, reglamentarias o administrativas adoptadas en relación con ofertas públicas de adquisición, operaciones de fusión y otras operaciones que afecten a la propiedad o al control de las empresas, supervisadas por las autoridades designadas por los Estados miembros con arreglo al artículo 4 de la Directiva [2004/25].»
10      El artículo 9 de la misma Directiva, que lleva por título «Notificación de la adquisición o cesión de participaciones importantes», prevé en su apartado 1:
«El Estado miembro de origen garantizará que, cuando un accionista adquiera o ceda acciones de un emisor cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado y que lleven aparejados derechos de voto, dicho accionista notifique al emisor la proporción de derechos de voto del emisor detentada por el accionista como resultado de la adquisición o cesión cuando esa proporción alcance o franquee, por encima o por debajo, los umbrales del 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % y el 75 %.
[…]»
11      El artículo 10 de la Directiva 2004/109, titulado «Adquisición o cesión de proporciones importantes de derechos de voto», preceptúa:
«Los requisitos de notificación definidos en los apartados 1 y 2 del artículo 9 se aplicarán también a toda persona física o jurídica en la medida en que tenga derecho a adquirir, ceder o ejercer derechos de voto en cualesquiera de los casos siguientes o en una combinación de los mismos:
a)      derechos de voto en poder de un tercero con quien esa persona física o jurídica haya celebrado un acuerdo que los obligue a adoptar, mediante el ejercicio concertado de los derechos de voto que poseen, una política común duradera en relación con la gestión del emisor en cuestión;
b)      derechos de voto en poder de un tercero en virtud de un acuerdo celebrado con esa persona física o jurídica que prevea la transferencia temporal y a título oneroso de los derechos de voto en cuestión;
c)      derechos de voto vinculados a acciones depositadas como garantía en esa persona física o jurídica, a condición de que esta última controle los derechos de voto y declare su intención de ejercerlos;
d)      derechos de voto vinculados a acciones de las que esa persona física o jurídica tiene el usufructo;
e)      derechos de voto que posee, o que puede ejercer en el sentido de las letras a) a d), una empresa controlada por esa persona física o jurídica;
f)      derechos de voto vinculados a acciones depositadas en esa persona física o jurídica, que esta pueda ejercer discrecionalmente en ausencia de instrucciones específicas por parte de los accionistas;
g)      derechos de voto poseídos por un tercero en nombre propio, por cuenta de dicha persona física o jurídica;
h)      derechos de voto que esa persona física o jurídica pueda ejercer en calidad de representante, cuando tal persona los pueda ejercer discrecionalmente en ausencia de instrucciones específicas por parte de los accionistas.»
12      El artículo 24 de esta Directiva, que lleva por título «Autoridades competentes y sus facultades», establece en su apartado 1:
«Cada Estado miembro designará la autoridad central mencionada en el artículo 21, apartado 1, de la Directiva 2003/71/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO 2003, L 345, p. 64),] como autoridad administrativa central competente para desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva y responsable de asegurarse de que se apliquen las disposiciones adoptadas de conformidad con la presente Directiva. […]»
Directiva 2013/50
13      La Directiva 2013/50 insertó el apartado 1 bis en el artículo 3 de la Directiva 2004/109. El considerando 12 de la Directiva 2013/50 indica:
«La armonización del régimen de notificación de las participaciones importantes en los derechos de voto, en especial por lo que respecta a la agregación de la tenencia de acciones y la de instrumentos financieros, debería mejorar la seguridad jurídica y la transparencia y reducir la carga administrativa para los inversores transfronterizos. […] En particular, los Estados miembros también deben poder seguir aplicando disposiciones legales, reglamentarias o administrativas adoptadas en relación con ofertas públicas de adquisición, operaciones de fusión y otras operaciones que afectan a la titularidad o al control de las empresas, supervisadas por las autoridades designadas por los Estados miembros con arreglo al artículo 4 de la Directiva [2004/25], por la que se imponen requisitos de publicidad más estrictos que los previstos en la Directiva [2004/109].»
Derecho alemán
14      El artículo 33, apartado 1, primera frase, de la Gesetz über den Wertpapierhandel (Ley de Comercio de Valores) (BGBl. 1998 I, p. 2708), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «WpHG»), dispone:
«Toda persona que, por adquisición, cesión o de cualquier otra forma, haya alcanzado el 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 50 % o 75 % de los derechos de voto vinculados a las acciones de las que sea titular en un emisor cuyo Estado de origen sea la República Federal de Alemania, o que supere o baje de cualesquiera de los porcentajes citados (notificante), deberá informar inmediatamente de esta circunstancia al emisor y, simultáneamente, al [Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Organismo Federal de Control de los Servicios Financieros, Alemania)], a más tardar en un plazo de cuatro días de negociación, tomando en consideración el artículo 34, apartados 1 y 2.»
15      El artículo 34, apartado 2, de la WpHG prevé:
«Al sujeto obligado a la notificación se le atribuirán también íntegramente los derechos de voto que asistan a un tercero en virtud de acciones de emisoras cuyo Estado de origen sea la República Federal de Alemania, con el cual el obligado a la notificación o su filial hayan concertado su conducta frente a dichas emisoras mediante acuerdo o de cualquier otro modo; quedan excluidos los acuerdos de carácter particular. La conducta concertada presupone un entendimiento entre el obligado a la notificación o su filial y el tercero respecto al ejercicio de los derechos de voto, o cualquier otra forma de cooperación con el objetivo de alterar de forma permanente y significativa la orientación empresarial de la emisora. […]»
16      El artículo 44, apartado 1, de la WpHG dispone:
«Los derechos que, derivados de las acciones, asistan a un sujeto obligado a notificación o que le sean atribuidos a este con arreglo al artículo 34 perderán su validez durante el período respecto al cual se incumplan las obligaciones de notificación establecidas en el artículo 33, apartados 1 y 2. […]»
Litigio principal y cuestión prejudicial
17      Los recurrentes en el litigio principal, accionistas de Valora, recurrida en el litigio principal, ejercitaron ante el Landgericht Mannheim (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Mannheim, Alemania) una acción por la que impugnaron determinadas resoluciones adoptadas en la junta general de Valora del año 2018.
18      Tras la desestimación de la acción por el Landgericht Mannheim (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Mannheim), los recurrentes en el litigio principal interpusieron recurso de apelación ante el Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe, Alemania).
19      Este último órgano jurisdiccional desestimó el recurso de apelación por considerar que, con arreglo al artículo 44, apartado 1, de la WpHG, no estaban legitimados para impugnar las resoluciones de la junta general de Valora, toda vez que habían incumplido las obligaciones de notificación que les incumbían en virtud de los artículos 33 y 34 de la WpHG. El Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe) consideró, a este respecto, que los derechos de voto vinculados a las acciones de Valora de las que eran titulares cada uno de los recurrentes en el litigio principal y una sociedad tercera, K. AG, debían atribuírseles recíprocamente, comoquiera que, entre 2017 y 2019, los recurrentes en el litigio principal y la sociedad K. habían concertado su conducta, en el sentido del artículo 34, apartado 2, de la WpHG.
20      A este respecto, el Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe) declaró, sobre la base de las notificaciones presentadas por los recurrentes en el litigio principal y por la sociedad K. para las juntas generales ordinarias de Valora de los años 2017 y 2018, que, en 2017, los derechos de voto vinculados a las acciones de las que eran titulares los recurrentes y la sociedad K., considerados en su conjunto, superaban el umbral del 10 % de los derechos de voto en Valora, mientras que, en 2018, esos derechos habían bajado de dicho umbral, sin que los referidos recurrentes informaran de ello al Organismo Federal de Control de los Servicios Financieros, como estaban obligados a hacer de conformidad con el artículo 33 de la WpHG.
21      Asimismo, habida cuenta de que los recurrentes en el litigio principal y la sociedad K. habían concertado su conducta, el Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe) no consideró necesario dirimir si estos recurrentes estaban vinculados por un acuerdo sobre el ejercicio de sus derechos de voto.
22      El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, conoce de un recurso de casación interpuesto por los recurrentes en el litigio principal contra la sentencia del Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe) y alberga dudas sobre si el artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, de la Directiva 2004/109 permite a los Estados miembros adoptar una disposición, como el artículo 34, apartado 2, de la WpHG, que establece requisitos en materia de notificación que van más allá de los previstos en el artículo 10 de esta Directiva.
23      A este respecto, expone que el Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe) declaró que procedía atribuir a cada uno de los recurrentes en el litigio principal los derechos de voto de los demás recurrentes y de la sociedad K., basándose en que existía entre ellos una concertación de «otra forma», en el sentido del artículo 34, apartado 2, primera frase, segundo supuesto, de la WpHG. El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) indica que, si resultara que esta disposición no es conforme con el Derecho de la Unión, debería anular la sentencia del Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe) y devolver el asunto a este último órgano jurisdiccional para que determine, basándose en una instrucción complementaria del asunto, si existía un «acuerdo», en el sentido del artículo 34, apartado 2, primera frase, primer supuesto, de la WpHG, entre los recurrentes en el litigio principal y la sociedad K. Si, en cambio, resultara que el artículo 34, apartado 2, primera frase, segundo supuesto, es conforme con el Derecho de la Unión, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) debería desestimar el recurso de casación del que conoce. En este último caso, la existencia de un «acuerdo», en el sentido del artículo 34, apartado 2, primera frase, primer supuesto, de la WpHG, entre los recurrentes en el litigio principal y la sociedad K. sería irrelevante.
24      El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) explica que la cuestión de la conformidad con el Derecho de la Unión del artículo 34, apartado 2, de la WpHG es objeto de controversia en la doctrina alemana. Los autores que sostienen que esta disposición es conforme con el Derecho de la Unión se basan principalmente en la génesis del artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la Directiva 2004/109. De esta se desprende, según dichos autores, que este artículo 34, apartado 2, tenía precisamente por objeto mantener el concepto de «acciones concertadas», que muchos Estados miembros consideraban que había dado buenos resultados.
25      Este órgano jurisdiccional añade que, según dichos autores, cabe considerar que el artículo 34, apartado 2, de la WpHG constituye una disposición relativa a las ofertas públicas de adquisición en el sentido del artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la Directiva 2004/109. Aboga en favor de esta tesis el hecho de que el legislador alemán optó por redactar el artículo 34, apartado 2, de la WpHG en términos idénticos a los del artículo 30, apartado 2, de la Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (Ley de Adquisiciones de Valores y de Ofertas Públicas de Adquisición) (BGBl. 2001 I, p. 3822), que tiene por objeto transponer la Directiva 2004/25 al Derecho alemán. Asimismo, el Organismo Federal de Control de los Servicios Financieros supervisa tanto el cumplimiento de las disposiciones de esta última Ley, en calidad de autoridad supervisora, a efectos del artículo 4 de la Directiva 2004/25, como el de las obligaciones de notificación previstas en la WpHG, en calidad de autoridad competente, en el sentido del artículo 24 de la Directiva 2004/109.
26      En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la [Directiva 2004/109] en el sentido de que se opone al artículo 34, apartado 2, primera frase, segunda alternativa, de la [WpHG], con arreglo al cual, para la atribución de derechos de voto, no se requiere ningún acuerdo relativo al ejercicio de los derechos de voto celebrado entre el sujeto obligado a la notificación y el tercero, sino que basta con cualquier otra conducta concertada deducida de hechos concluyentes?»
Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
27      Valora impugna la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial alegando que la cuestión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Federal de lo Civil y Penal) no es pertinente para la resolución del litigio principal. Argumenta, en esencia, que, en las circunstancias del presente asunto, existe efectivamente un «acuerdo» en el sentido del artículo 10, letra a), de la Directiva 2004/109. En cualquier caso, a su juicio, estas circunstancias también están comprendidas en el supuesto contemplado en dicho artículo 10, letra e), relativo a los derechos de voto titularidad de una empresa controlada por un sujeto obligado a la notificación.
28      A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 1 de agosto de 2025, Alace y Canpelli, C‑758/24 y C‑759/24, EU:C:2025:591, apartado 38 y jurisprudencia citada).
29      En el presente caso, de las indicaciones proporcionadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que el Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe) constató la existencia de una concertación celebrada de «otra forma», en el sentido del artículo 34, apartado 2, primera frase, segundo supuesto, de la WpHG, entre los recurrentes en el litigio principal y la sociedad K.
30      Es cierto que la existencia de una concertación entre varios titulares de valores de una sociedad comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/109 puede constituir un indicio de la existencia de la celebración, entre dichos titulares, de un «acuerdo», en el sentido del artículo 10, letra a), de esta Directiva y del artículo 34, apartado 2, primera frase, primer supuesto, de la WpHG.
31      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente precisa que, en la sentencia contra la que se dirige el recurso de casación del que conoce, el Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe) se abstuvo expresamente de declarar la existencia de un «acuerdo», en el sentido del artículo 34, apartado 2, primera frase, primer supuesto, de la WpHG, entre los recurrentes en el litigio principal y la sociedad K. En efecto, según afirma el órgano jurisdiccional remitente, el Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe) consideró que el hecho de que los recurrentes en el litigio principal y la sociedad K. se hubieran concertado entre sí bastaba para justificar la aplicación del artículo 34, apartado 2, primera frase, segundo supuesto, de la WpHG, relativo a una concertación de «otra forma».
32      Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si la Directiva 2004/109 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional como el artículo 34, apartado 2, primera frase, segundo supuesto, de la WpHG. Según ha explicado el órgano jurisdiccional remitente, en caso de respuesta negativa a esta cuestión prejudicial, el recurso de casación deberá desestimarse. En cambio, en caso de respuesta afirmativa, el órgano jurisdiccional remitente indica que deberá estimar dicho recurso de casación, anular la sentencia del Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe) y devolver el asunto a este último órgano jurisdiccional para que se pronuncie sobre la existencia de un posible «acuerdo», en el sentido del artículo 10, letra a), de la Directiva 2004/109 y del artículo 34, apartado 2, primera frase, primer supuesto, de la WpHG, entre los recurrentes en el litigio principal y la sociedad K.
33      En cuanto a la referencia de Valora al artículo 10, letra e), de la Directiva 2004/109, basta con señalar que de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente no se desprende que el Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Karlsruhe), que tiene, en exclusiva, la competencia para apreciar los hechos del litigio principal, haya constatado la existencia de una situación de control de una empresa por una persona como la contemplada en dicha disposición.
34      Del conjunto de las consideraciones anteriores resulta que la cuestión prejudicial es pertinente para la resolución del litigio principal, de manera que la presente petición de decisión prejudicial es admisible.
Sobre la cuestión prejudicial
35      Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la Directiva 2004/109 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que los requisitos en materia de notificación, definidos en el artículo 9, apartados 1 y 2, de dicha Directiva, también son aplicables a los titulares de derechos de voto que concierten su conducta respecto del emisor de las acciones a las que están vinculados esos derechos de voto de una forma distinta de la basada en un «acuerdo» celebrado entre esos titulares, según lo dispuesto en el artículo 10, letra a), de dicha Directiva.
36      Como resulta del propio tenor del artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, de la Directiva 2004/109, el Estado miembro de origen no puede someter a un accionista o a una persona física o jurídica de las mencionadas en los artículos 10 y 13 de esta Directiva a requisitos más estrictos que los fijados en ella, prohibición esta que, no obstante, tiene tres excepciones que se relacionan en este párrafo cuarto, incisos i) a iii) (sentencia de 9 de septiembre de 2021, Adler Real Estate y otros, C‑605/18, EU:C:2021:712, apartado 30).
37      En particular, la excepción que figura en este artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), permite al Estado miembro de origen aplicar a los accionistas o a las personas físicas o jurídicas mencionadas, en concreto, en el artículo 10 de la Directiva 2004/109 las «disposiciones legales, reglamentarias o administrativas adoptadas en relación con ofertas públicas de adquisición, operaciones de fusión y otras operaciones que afecten a la propiedad o al control de las empresas, supervisadas por las autoridades designadas por los Estados miembros con arreglo al artículo 4 de la Directiva [2004/25]» (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2021, Adler Real Estate y otros, C‑605/18, EU:C:2021:712, apartado 32).
38      De este modo, esta excepción está sujeta a dos condiciones consistentes, en cuanto a la primera, en que los requisitos más estrictos que los fijados en la Directiva 2004/109 se establezcan en disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relativas a las operaciones enumeradas en el anterior apartado de la presente sentencia y, en cuanto a la segunda, en que dichos requisitos sean supervisados por las autoridades designadas por los Estados miembros con arreglo al artículo 4 de la Directiva 2004/25. Estas dos condiciones son de carácter acumulativo (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de septiembre de 2021, Adler Real Estate y otros, C‑605/18, EU:C:2021:712, apartados 33, 37 y 45).
39      El Tribunal de Justicia ha declarado que la inserción mediante la Directiva 2013/50 del apartado 1 bis en el artículo 3 de la Directiva 2004/109 tenía como finalidad poner remedio al desigual grado de armonización de los requisitos de notificación aplicables a las personas físicas y jurídicas que adquieren o gestionan de cualquier otra forma participaciones en el capital de emisores activos en el mercado regulado de un Estado miembro, desigualdad esa que tenía su origen en la facultad que la Directiva 2004/109, antes de ser modificada por la Directiva 2013/50, confería al Estado miembro de origen para someter a los titulares de acciones o de otros instrumentos financieros a requisitos de notificación más estrictos que los establecidos en ella. La Directiva 2013/50, que, como expone su considerando 12, tenía como objetivo armonizar el régimen de notificación de las participaciones importantes en los derechos de voto, suprimió en consecuencia dicha facultad de los Estados miembros, sin perjuicio de las excepciones contempladas en el artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, incisos i) a iii), de la Directiva 2004/109 (sentencia de 9 de septiembre de 2021, Adler Real Estate y otros, C‑605/18, EU:C:2021:712, apartado 31).
40      Habida cuenta de la finalidad de este artículo 3, apartado 1 bis, que consiste en establecer tal régimen, las excepciones a la prohibición impuesta al Estado miembro de origen de someter a los titulares de acciones o de otros instrumentos financieros a requisitos de notificación más estrictos deben ser objeto de interpretación estricta (sentencia de 9 de septiembre de 2021, Adler Real Estate y otros, C‑605/18, EU:C:2021:712, apartado 41).
41      Por consiguiente, en el contexto de una interpretación estricta de la excepción prevista en el artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la Directiva 2004/109, procede considerar que esta únicamente se refiere a los requisitos más estrictos en materia de notificación que estén directamente relacionados con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas adoptadas por un Estado miembro en relación con ofertas públicas de adquisición, operaciones de fusión y otras operaciones que afecten a la propiedad o al control de las empresas.
42      En cambio, no cabe considerar que estén amparadas por esta excepción las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relativas a la divulgación de información sobre los emisores cuyos valores estén ya admitidos a negociación en un mercado regulado situado o que opera en un Estado miembro, que se aplican con independencia de la existencia de una oferta pública de adquisición, de una operación de fusión o de otra operación que afecte a la propiedad o al control de las empresas. El hecho de que la información a la que se refieren estas disposiciones pudiera ser pertinente en caso de una oferta pública de adquisición de los valores de la empresa de que se trate, de una operación de fusión de dicha empresa con otra empresa o de otra operación que afecte a la propiedad o al control de la primera empresa no basta para justificar una interpretación diferente.
43      En el presente asunto, de las indicaciones del órgano jurisdiccional remitente se desprende que, de conformidad con la normativa alemana aplicable, la supervisión de los requisitos más estrictos derivados del artículo 34, apartado 2, de la WpHG corresponde al Organismo Federal de Control de los Servicios Financieros, que también es la autoridad designada por la República Federal de Alemania con arreglo al artículo 4 de la Directiva 2004/25.
44      Por lo tanto, parece que se cumple la segunda de las condiciones para la aplicación de la excepción prevista en el artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la Directiva 2004/109 mencionadas en el apartado 38 de la presente sentencia, sin perjuicio, en la medida en que sea necesario, de la verificación de su cumplimiento por el órgano jurisdiccional remitente.
45      Sin embargo, de las indicaciones proporcionadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que el artículo 34, apartado 2, primera frase, segundo supuesto, de la WpHG se aplica en todas las circunstancias que puedan generar una obligación de notificación con arreglo al artículo 9 de esta Directiva. En consecuencia, no parece que esta disposición guarde una relación directa con «ofertas públicas de adquisición, operaciones de fusión y otras operaciones que afecten a la propiedad o al control de las empresas», como exige el artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la referida Directiva, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
46      El hecho, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, de que la redacción del artículo 34, apartado 2, de la WpHG es idéntica a la de otra disposición del Derecho alemán relativa a las adquisiciones de valores y a las ofertas públicas de adquisición carece de pertinencia a este respecto.
47      En efecto, para la aplicación del artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la Directiva 2004/109, el factor decisivo no radica en los términos de la disposición nacional controvertida, sino en el ámbito de aplicación de esta, que solo debe abarcar las ofertas públicas de adquisición, las operaciones de fusión y otras operaciones que afecten a la propiedad o al control de las empresas.
48      Por lo que respecta a la indicación del órgano jurisdiccional remitente según la cual, en esencia, el artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la Directiva 2004/109 es fruto de un compromiso, alcanzado durante el procedimiento de adopción de la Directiva 2013/50, que tiene por objeto preservar disposiciones nacionales como el artículo 34, apartado 2, primera frase, segundo supuesto, de la WpHG, basta con señalar que tal circunstancia, aun suponiéndola acreditada, no puede justificar una interpretación de dicho artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, que lleve a que queden comprendidas en su ámbito de aplicación unas disposiciones nacionales no cubiertas por sus términos, máxime cuando, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 40 de la presente sentencia, el mencionado artículo 3, apartado 1 bis, debe ser objeto de interpretación estricta.
49      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente que el artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la Directiva 2004/109 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que los requisitos en materia de notificación, definidos en el artículo 9, apartados 1 y 2, de dicha Directiva, también son aplicables a los titulares de derechos de voto que concierten su conducta respecto del emisor de las acciones a las que están vinculados estos derechos de voto de una forma distinta de la basada en un «acuerdo» celebrado entre dichos titulares, según lo dispuesto en el artículo 10, letra a), de dicha Directiva, cuando el requisito resultante de tal normativa nacional no guarde una relación directa con «ofertas públicas de adquisición, operaciones de fusión y otras operaciones que afecten a la propiedad o al control de las empresas», en el sentido de este artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii).
Costas
50      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
El artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii), de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, en su versión modificada por la Directiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una normativa de un Estado miembro que establece que los requisitos en materia de notificación, definidos en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2004/109, en su versión modificada, también son aplicables a los titulares de derechos de voto que concierten su conducta respecto del emisor de las acciones a las que están vinculados estos derechos de voto de una forma distinta de la basada en un «acuerdo» celebrado entre dichos titulares, según lo dispuesto en el artículo 10, letra a), de la Directiva 2004/109, en su versión modificada, cuando el requisito resultante de tal normativa nacional no guarde una relación directa con «ofertas públicas de adquisición, operaciones de fusión y otras operaciones que afecten a la propiedad o al control de las empresas», en el sentido de este artículo 3, apartado 1 bis, párrafo cuarto, inciso iii).
Firmas
*      Lengua de procedimiento: alemán.