Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. ATHANASIOS RANTOS
presentadas el 21 de mayo de 2026 (1)
Asunto C‑325/25
Eneco Wind Belgium SA
contra
Région wallonne
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Bélgica)]
« Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Reglamento (UE)
2022/2577 — Marco para acelerar el despliegue de energías renovables — Artículo
3, apartado 2 — Construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y desarrollo de la infraestructura de red conexa — Proceso de planificación y concesión de autorizaciones — Proyectos considerados de interés público superior — Prioridad al ponderar los intereses jurídicos de cada caso — Ámbito de aplicación material de la prioridad — Modo de consideración del interés público superior — Prioridad absoluta o de partida — Aerogeneradores — Protección del paisaje y del patrimonio »
I.      Introducción
1.        Según el considerando 1 del Reglamento (UE) 2022/2577, (2) «la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania y la reducción sin precedentes del suministro de gas natural procedente de la Federación de Rusia a los Estados miembros amenazan la seguridad del suministro de la Unión y sus Estados miembros
[…]». En estas circunstancias, el mencionado Reglamento, que ha venido a completar el plan REPowerEU presentado por la Comisión Europea el 8 de marzo de 2022, (3) estableció normas temporales de emergencia para acelerar el proceso de concesión de autorizaciones aplicable a la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables. Así, el artículo 3, apartado 2, del citado Reglamento ha previsto que, al menos en el caso de los proyectos que se consideren de interés público superior, al ponderar los intereses jurídicos de cada caso, se dé «prioridad» a la construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y al desarrollo de la infraestructura de red conexa.
2.        En el asunto del litigio principal, la Région wallonne (Región Valona, Bélgica) denegó la solicitud formulada por la sociedad Eneco Wind Belgium (en lo sucesivo, «demandante») para la construcción y explotación de dos aerogeneradores, basándose en que dicho proyecto podía afectar al paisaje y al patrimonio comprendidos en el perímetro cercano. En este contexto, ¿cuál es la interpretación que ha de darse al concepto de «prioridad» al que alude el artículo 3, apartado 2, del citado Reglamento, en relación con un proyecto relativo a la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables (en lo sucesivo, «proyecto ER»), especialmente en relación con el interés jurídico implicado en la protección del paisaje y del patrimonio? Tal es, en esencia, la cuestión planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, Bélgica).
3.        El presente asunto, que reviste un carácter inédito, llevará al Tribunal de Justicia a precisar en qué medida los Estados miembros conservan la facultad de apreciación en lo referente a la concesión de una autorización relativa a un proyecto ER comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento 2022/2577.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
1.      Directiva 92/43/CEE
4.        El artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE (4) dispone, en sus apartados 3 y 4:
«3.      Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. […]
4.      Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. […]
[…]»
5.        El artículo 16 de esta Directiva establece en su apartado 1, letra c):
«Siempre que no exista ninguna otra solución satisfactoria y que ello no suponga perjudicar el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las poblaciones de la especie de que se trate en su área de distribución natural, los Estados miembros podrán establecer excepciones a lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14 y en las letras a) y b) del artículo 15:
[…]
c)      en beneficio de la salud y seguridad públicas o por razones imperativas de interés público de primer orden, incluidas las de carácter socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia primordial para el medio ambiente».
2.      Directiva 2000/60/CE
6.        El artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, (5) titulado «Objetivos medioambientales», dispone, en su apartado 7:
«No se considerará que los Estados miembros han infringido la presente Directiva cuando:
–        el hecho de no lograr un buen estado de las aguas subterráneas, un buen estado ecológico o, en su caso, un buen potencial ecológico, o de no evitar el deterioro del estado de una masa de agua superficial o subterránea se deba a nuevas modificaciones de las características físicas de una masa de agua superficial o a alteraciones del nivel de las masas de agua subterránea, o
–        el hecho de no evitar el deterioro desde el excelente estado al buen estado de una masa de agua subterránea se deba a nuevas actividades humanas de desarrollo sostenible,
y se cumplan las condiciones siguientes:
a)      que se adopten todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de la masa de agua;
b)      que los motivos de las modificaciones o alteraciones se consignen y expliquen específicamente en el plan hidrológico de cuenca exigido con arreglo al artículo 13 y que los objetivos se revisen cada seis años;
c)      que los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que los beneficios para el medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos establecidos en el apartado 1 se vean compensados por los beneficios de las nuevas modificaciones o alteraciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible; y
d)      que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones o alteraciones de la masa de agua no puedan conseguirse, por motivos de viabilidad técnica o de costes desproporcionados, por otros medios que constituyan una opción medioambiental significativamente mejor.»
3.      Directiva 2009/147/CE
7.        El artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147/CE (6) está redactado en estos términos:
«Los Estados miembros podrán introducir excepciones a los artículos 5 a 8 si no hubiere otra solución satisfactoria, por los motivos siguientes:
a)      –      en aras de la salud y de la seguridad públicas,
–        en aras de la seguridad aérea,
–        para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, a los bosques, a la pesca y a las aguas,
–        para proteger la flora y la fauna».
4.      Directiva (UE) 2018/2001
8.        El artículo 2 de la Directiva (UE) 2018/2001, (7) titulado «Definiciones», preceptúa, en su párrafo segundo, punto 1):
«Además, se entenderá por:
1)      “energía procedente de fuentes renovables” o “energía renovable”: la energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar (solar térmica y solar fotovoltaica) y energía geotérmica, […] energía ambiente, energía mareomotriz, energía undimotriz y otros tipos de energía oceánica, energía hidroeléctrica, y energía procedente de biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás».
9.        El artículo 16 septies de dicha Directiva, titulado «Interés público superior», establece:
«A más tardar el 21 de febrero de 2024, hasta que se logre la neutralidad climática, los Estados miembros garantizarán que, en el procedimiento de concesión de autorizaciones, se presuma que la planificación, la construcción y la explotación de plantas de energía renovable, la conexión de dichas plantas a la red, la propia infraestructura de evacuación y los activos de almacenamiento son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas a la hora de sopesar los intereses jurídicos en los casos individuales a efectos del artículo 6, apartado 4, y el artículo 16, apartado 1, letra c), de la [Directiva 92/43], el artículo 4, apartado 7, de la Directiva [2000/60] y el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva [2009/147]. Los Estados miembros podrán restringir, en determinadas circunstancias debidamente justificadas, la aplicación del presente artículo a determinadas zonas de su territorio, a determinados tipos de tecnología o a proyectos con ciertas características técnicas, de conformidad con las prioridades que figuran en sus planes nacionales integrados de energía y clima […]».
5.      Reglamentos 2022/2577 y (UE) 2024/223
10.      A tenor de los considerandos 8 y 9 del Reglamento 2022/2577:
«(8)      Una de las medidas temporales consiste en la introducción de la presunción refutable de que los proyectos de energías renovables son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas, a efectos de la legislación medioambiental pertinente de la Unión, salvo cuando haya pruebas claras de que dichos proyectos tienen efectos adversos importantes sobre el medio ambiente que no pueden mitigarse ni compensarse. Las instalaciones de energías renovables, incluidas las bombas de calor y la energía eólica, son cruciales para luchar contra el cambio climático y la contaminación, reducir los precios de la energía y la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles, y garantizar la seguridad del suministro de la Unión. La presunción de que las instalaciones de energías renovables, incluidas las bombas de calor, son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas permitiría, en caso necesario, que tales proyectos se beneficiaran, con efecto inmediato, de una evaluación simplificada de las excepciones específicas que se contemplan en la legislación medioambiental pertinente de la Unión. Teniendo en cuenta sus particularidades nacionales, los Estados miembros deben poder restringir la aplicación de esta presunción a determinadas partes de sus territorios o a determinadas tecnologías o proyectos. Los Estados miembros pueden considerar la aplicación de esta presunción en su legislación nacional pertinente en materia de ordenación del paisaje.
(9)      Esto pone en evidencia el importante papel que pueden desempeñar las energías renovables en la descarbonización del sistema energético de la Unión, ya que ofrece soluciones inmediatas para sustituir a la energía basada en combustibles fósiles y aborda el deterioro de la situación del mercado. En el proceso de planificación y de concesión de autorizaciones, al ponderar los intereses jurídicos de cada caso, debe darse prioridad a la construcción y explotación de instalaciones de energías renovables y al desarrollo de la infraestructura de red conexa, al menos en el caso de los proyectos que se consideren de interés público, con el fin de eliminar los cuellos de botella en el proceso de concesión de autorizaciones y en la explotación de instalaciones de energías renovables. Por lo que se refiere a la protección de especies, esta prioridad solo debe darse en tanto en cuanto se adopten medidas adecuadas de conservación de especies que contribuyan a mantener las poblaciones de esas especies en un estado de conservación favorable, o a restablecerlas a ese estado, y se destinen suficientes recursos financieros, además de zonas, a tal efecto.»
11.      El artículo 1 de este Reglamento, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», dispone, en sus párrafos primero y segundo:
«El presente Reglamento establece normas temporales de emergencia para acelerar el proceso de concesión de autorizaciones aplicable a la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables, prestando especial atención a tecnologías o tipos de proyectos específicos de energía renovable que sean capaces de acelerar a corto plazo el ritmo de despliegue de las energías renovables en la Unión.
El presente Reglamento se aplica a todos los procesos de concesión de autorizaciones cuya fecha de inicio esté comprendida en su período de aplicación y se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales que fijen plazos más breves que los establecidos en los artículos
4, 5 y 7.»
12.      Según el artículo 3 del citado Reglamento, titulado «Interés público superior»:
«1.      Se presumirá que la planificación, construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y su conexión a la red, así como la propia red conexa y los activos de almacenamiento, son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas, al ponderar los intereses jurídicos de cada caso, a efectos del artículo
6, apartado
4, y el artículo
16, apartado
1, letra c), de la Directiva [92/43], el artículo 4, apartado 7, de la Directiva [2000/60] y el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva [2009/147]. Los Estados miembros podrán restringir la aplicación de estas disposiciones a determinadas zonas de su territorio, así como a determinados tipos de tecnologías o a proyectos con determinadas características técnicas, de conformidad con las prioridades que figuran en sus planes nacionales integrados de energía y clima.
2.      Los Estados miembros garantizarán, al menos en el caso de los proyectos que se consideren de interés público superior, que, al ponderar los intereses jurídicos de cada caso en el proceso de planificación y concesión de autorizaciones, se dé prioridad a la construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y al desarrollo de la infraestructura de red conexa. Por lo que se refiere a la protección de especies, la frase anterior solo debe aplicarse en tanto en cuanto se adopten medidas adecuadas de conservación de especies que contribuyan a mantener las poblaciones de esas especies en un estado de conservación favorable, o a restablecerlas a ese estado, y se destinen suficientes recursos financieros, además de zonas, a tal efecto.»
13.      Conforme al artículo 10 del mismo Reglamento, titulado «Entrada en vigor y aplicación», este entraría en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y sería aplicable durante un período de dieciocho meses a partir de su entrada en vigor. (8)
14.      El Reglamento 2022/2577 fue modificado por el Reglamento (UE) 2024/223. (9) A tenor de los considerandos 13 y 14 de este último:
«(13)      Una de las medidas temporales introducidas por el Reglamento [2022/2577], que ha tenido efectos positivos y que tiene un potencial de aceleración significativo para el futuro, es la introducción en el artículo
3, apartado 1, de la presunción refutable de que los proyectos de energías renovables son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas, a efectos de excepciones específicas previstas en la legislación medioambiental pertinente de la Unión, salvo cuando haya pruebas claras de que dichos proyectos tienen efectos adversos importantes sobre el medio ambiente que no pueden mitigarse ni compensarse. La Directiva [2018/2001], mediante su artículo
16 septies, introdujo una presunción refutable de que los proyectos de energías renovables son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas, con una redacción casi idéntica a la del artículo
3, apartado 1, del Reglamento [2022/2577]. Por lo tanto, no es necesario prorrogar la aplicación del artículo
3, apartado 1, del Reglamento [2022/2577], ya que dicha presunción refutable será aplicable en virtud del artículo
16 septies de la Directiva [2018/2001].
(14)      No obstante, el artículo
3, apartado 2, del Reglamento [2022/2577] exige que se dé prioridad a los proyectos que se consideren de interés público superior siempre que sea necesario ponderar los intereses jurídicos de cada caso concreto, y cuando dichos proyectos introduzcan requisitos adicionales de compensación para la protección de las especies. Una disposición análoga no existe en la Directiva [2018/2001]. El artículo
3, apartado 2, primera frase, del Reglamento [2022/2577] tiene potencial, en la actual situación urgente, y sin embargo inestable, del mercado de la energía a la que se enfrenta la Unión, para acelerar aún más los proyectos de energías renovables, ya que exige a los Estados miembros que los promuevan dándoles prioridad a la hora de tratar diferentes intereses en conflicto más allá de las cuestiones medioambientales en el contexto de la planificación de los Estados miembros y del proceso de concesión de autorizaciones. El informe de la Comisión [ (10)] demostró el valor de la primera frase del artículo
3, apartado 2, del Reglamento [2022/2577], que reconoce la importancia relativa del despliegue de las energías renovables en el difícil contexto energético actual, más allá de los objetivos específicos de las excepciones previstas en las Directivas a que se refiere el artículo
3, apartado 1, del Reglamento [2022/2577]. Dada la situación especialmente grave de suministro energético a la que se enfrenta actualmente la Unión, conviene prorrogar la aplicación del artículo
3, apartado 2, del Reglamento [2022/2577] con el fin de reconocer adecuadamente el papel crucial que desempeñan las instalaciones de energías renovables a la hora de luchar contra el cambio climático y la contaminación, de reducir los precios de la energía y la dependencia de la Unión de los combustibles fósiles, y de garantizar la seguridad del suministro de la Unión en el contexto de la ponderación de los intereses jurídicos llevada a cabo por los tribunales nacionales o por las autoridades encargadas de la concesión de autorizaciones. Al mismo tiempo, también conviene mantener la salvaguardia medioambiental de que, para los proyectos que se consideren de interés público superior, se adopten medidas adecuadas de conservación de especies, respaldadas por recursos financieros suficientes.»
15.      El artículo 1 del Reglamento 2024/223, titulado «Modificaciones del Reglamento [2022/2577]», establece:
«El Reglamento [2022/2577] se modifica como sigue:
[…]
2)      En el artículo 3, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
“Los Estados miembros garantizarán, en el caso de los proyectos que se consideren de interés público superior, que, al ponderar los intereses jurídicos de cada caso en el proceso de planificación y concesión de autorizaciones, se dé prioridad a la construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y al desarrollo de la infraestructura de red conexa.
Por lo que se refiere a la protección de especies, el párrafo primero solo debe ser aplicable en tanto en cuanto se adopten medidas adecuadas de conservación de especies que contribuyan a mantener las poblaciones de esas especies en un estado de conservación favorable, o a restablecerlas a ese estado, y se destinen suficientes recursos financieros, además de zonas, a tal efecto.”
[…]
6)      En el artículo
10, se añade el párrafo siguiente:
“No obstante, el artículo
1, el artículo
2, punto 1, el artículo
3, apartado 2, el artículo
3 bis, el artículo
5, apartado 1, y los artículos 6 y
8 serán aplicables hasta el 30
de
junio de 2025.”»
B.      Derecho belga
1.      Ley relativa a la motivación formal de los actos administrativos
16.      Con arreglo al artículo 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (Ley de 29 de julio de 1991 relativa a la motivación formal de los actos administrativos): (11)
«Los actos administrativos de las autoridades administrativas contemplados en el artículo 1 deben estar motivados formalmente.»
17.      El artículo 3 de la citada Ley dispone:
«La motivación exigida consiste en indicar, en el acto, las consideraciones fácticas y jurídicas que fundamentan la decisión.
La motivación deberá ser adecuada.»
2.      Código de Ordenación del Territorio Valón
18.      El artículo D. IV. 53 del code du développement territorial wallon (Código de Ordenación del Territorio Valón), en su versión aplicable al litigio principal, está redactado en los siguientes términos:
«El permiso podrá ser denegado, concedido con o sin condiciones, con o sin compensaciones urbanísticas o permitiendo las excepciones o modificaciones contempladas en el presente Código, sobre la base de una motivación adecuada.
Las condiciones deben ser necesarias, bien para integrar el proyecto en el entorno edificado y no edificado, bien para la viabilidad del proyecto, es decir,
para su ejecución y explotación.
Además de su compatibilidad con el contenido del plan de sectorización, incluida la carta de afectación de los terrenos, de planificación, licencia urbanística y guías, el permiso o denegación se basará en las circunstancias urbanísticas locales y podrá fundamentarse, en particular, en los motivos y condiciones mencionados en la presente sección.»
III. Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
19.      El 26 de abril de 2023, la demandante presentó una solicitud de autorización única (12) para la construcción y explotación de dos aerogeneradores, de una potencia máxima por unidad de 4,28 megavatios (MW), y de todos sus elementos auxiliares, a saber, cimentaciones, accesos, góndola y cables eléctricos subterráneos, dentro de unas instalaciones situadas en Namur (Bélgica) (en lo sucesivo, «proyecto controvertido»). Esta solicitud se refería a instalaciones de clase 1, sujetas a la obtención de una autorización de medio ambiente, e iba acompañada, entre otros documentos, de un estudio de impacto ambiental. El 16 de mayo de 2023, los funcionarios designados por el Gobierno valón, dependientes, respectivamente, de la administración de ordenación del territorio y urbanismo (en lo sucesivo, «funcionario delegado»), y de la administración de medio ambiente (en lo sucesivo, «funcionario técnico»), conjuntamente competentes para conocer de la solicitud de la demandante, emitieron un acuse de recibo, certificando que el expediente de la demandante estaba completo.
20.      Entre el 7 de junio y el 10 de julio de 2023, se celebró una consulta pública sobre la solicitud presentada por la demandante. El 2 de octubre de 2023, los funcionarios técnico y delegado adoptaron una resolución de denegación de la autorización única solicitada. De la referida resolución se desprende, en particular, que la instalación de los dos aerogeneradores supondría una fuerte alteración del confort visual para diez viviendas, que se produciría una importante modificación del entorno paisajístico en el perímetro afectado, que el proyecto controvertido se insertaría de un modo aislado en un territorio sin aerogeneradores en un radio de siete kilómetros aunque esté rodeado al norte y al sur por dos importantes parques eólicos, que el marco de referencia para la implantación de aerogeneradores en la Región Valona adoptado durante el año 2013 da prioridad a los parques formados por un mínimo de cinco aerogeneradores y, en definitiva, que «el desarrollo de la energía eólica no puede realizarse en perjuicio de las calidades paisajísticas y patrimoniales del perímetro próximo en el que se inserta».
21.      El 19 de octubre de 2023, la demandante interpuso recurso administrativo contra la citada resolución ante el Gobierno valón. El 30 de enero de 2024, los funcionarios técnico y delegado, competentes para resolver el recurso, dieron traslado de su informe de síntesis al ministre de l’Aménagement du territoire (Ministro de Ordenación Territorial) y al ministre de l’Environnement (Ministro de Medio Ambiente) (Bélgica), proponiéndoles que se expidiera la autorización única solicitada bajo determinadas condiciones. El 15 de marzo de 2024, los mencionados funcionarios informaron a la demandante de que, al no haber notificado dichos ministros la resolución de su recurso en el plazo previsto en el artículo 95, apartado 7, del décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (Decreto de 11 de marzo de 1999 sobre el permiso medioambiental), (13) la resolución de 2 de octubre de 2023 debía entenderse confirmada.
22.      El 14 de mayo de 2024, la demandante interpuso recurso contra esta resolución ante el Conseil d’État (Consejo de Estado), el órgano jurisdiccional remitente, invocando, como único motivo, la infracción del artículo D.IV.53 del Código de Ordenación del Territorio Valón, de los artículos 2 y 3 de la Ley de 29 de julio de 1991 relativa a la motivación formal de los actos administrativos, del artículo 3 del Reglamento 2022/2577, además de la falta de motivación, «al no haber ponderado la autoridad competente los intereses jurídicos y no haberse pronunciado sobre el carácter prioritario de su proyecto, que se considera de interés público superior». En apoyo de su motivo, la demandante alegó que la ponderación de los intereses jurídicos exigida por el Derecho de la Unión se refería principalmente, por un lado, a los intereses relacionados con la protección del medio ambiente, como la biodiversidad y la salud pública, y, por otro, a los vinculados con el propio proyecto.
23.      En cuanto a la protección del medio ambiente, la demandante observó que este concepto incluye, entre otros, el paisaje, como se desprende, en su opinión, del artículo D.6, punto 11, letra a), del libro I del code de l’environnement (Código de Medio Ambiente valón), y que el estudio del impacto de un proyecto sobre aquel forma parte de la evaluación de su impacto medioambiental. Sostuvo que la obligación de efectuar, en este contexto, una ponderación de los intereses jurídicos se aplica tanto a los funcionarios técnico y delegado como a los ministros competentes para resolver un recurso. La demandante añadió que el Reglamento 2022/2577 obliga, al efectuar esta ponderación, a reconocer el carácter prioritario de la producción de energías renovables, requisito que, a su juicio, debía resultar de la motivación del acto impugnado. En este caso, la resolución de 2 de octubre de 2023 no expresa ni el reconocimiento por parte de sus autores del carácter prioritario del proyecto controvertido en la medida en que se considera de interés público superior, ni la toma en consideración de dicho carácter al realizarse la ponderación de los intereses jurídicos contrapuestos.
24.      Por su parte, la Región Valona ha manifestado que confía en el buen criterio del órgano jurisdiccional remitente, «en la medida en que los ministros no resolvieron [el recurso administrativo]».
25.      El órgano jurisdiccional remitente subraya que, de acuerdo con una primera interpretación, el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 es idéntico al del apartado 1 de dicho artículo. En este sentido, considera que el mencionado apartado 1 confiere a los proyectos ER una cualidad específica que les permite competir con los intereses protegidos por las Directivas 92/43, 2000/60 y 2009/147 (en lo sucesivo, «Directivas
pertinentes»), mientras que el apartado 2 del citado artículo prescribe que esos proyectos y los intereses asociados a ellos tienen prioridad sobre esos intereses medioambientales. Señala que la estructura del referido Reglamento viene a corroborar esta interpretación, en la medida en que la presunción de interés público superior y el carácter prioritario del proyecto se agrupan dentro de una única y misma disposición.
26.      El órgano jurisdiccional remitente explica que, según una segunda interpretación, el artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento tiene un alcance autónomo y más extendido que el apartado 1 del citado artículo, en la medida en que exige a las autoridades nacionales competentes, en toda ponderación de los intereses jurídicos caso por caso, que garanticen que los proyectos ER sean prioritarios, incluso por encima de las Directivas pertinentes, siempre que tales proyectos se consideren de interés público superior. Expone que, a estos efectos, la realización de los referidos proyectos y el desarrollo de la red conexa tienen prioridad no solo sobre el interés medioambiental, sino también sobre cualquier interés competidor, especialmente los relativos a la protección del paisaje y del patrimonio. Señala que el carácter general de la redacción del artículo 3, apartado 2, del mismo Reglamento avala esta interpretación y parece reflejar en mayor medida la voluntad del legislador de la Unión, tal y como se desprende de los considerandos 13 y 14 del Reglamento 2024/223. Añade que esta voluntad también se manifiesta en el considerando 9 del Reglamento 2022/2577, que alude al objetivo «de eliminar los cuellos de botella en el proceso de concesión de autorizaciones y en la explotación de instalaciones de energías renovables», sin limitarse expresamente a los posibles obstáculos relacionados directamente con las obligaciones en materia de conservación de la naturaleza y de protección de las aguas.
27.      Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente se interroga acerca del alcance del inciso «al menos en el caso de los proyectos que se consideren de interés público superior», que figura en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577, en particular en relación con la expresión «que se consideren». Dependiendo de si el mencionado artículo 3, apartado 2, reviste o no un alcance autónomo, cabría entender, bien que ese inciso se remite a la no desvirtuación de la presunción a que se refiere el apartado 1 del mismo artículo 3 (incluso a la posibilidad, prevista por este apartado, de limitar la aplicación de la presunción), bien, al contrario, que implica una decisión específica adoptada por las autoridades competentes de un Estado miembro, que califica ciertos proyectos como de «interés público superior» únicamente a los efectos del citado artículo 3, apartado 2. Señala, en este sentido, que la elección del verbo «considerar» y la actitud proactiva que implica tienden a favorecer esta segunda interpretación. Le parece, sin embargo, que la necesidad de una consideración específica por parte de los Estados miembros resulta poco compatible con el objetivo perseguido por dicho Reglamento, que consiste en favorecer el despliegue de energías renovables y en acelerar los procedimientos de concesión de las correspondientes autorizaciones mediante un instrumento jurídico directamente aplicable. Desde esta perspectiva, entiende que el legislador de la Unión parece haber optado por una aplicabilidad directa y plena de los requisitos establecidos por ese Reglamento, reservando al mismo tiempo a los Estados miembros la posibilidad de restringir o excluir su aplicación.
28.      Según el órgano jurisdiccional remitente, surge además la cuestión de la interpretación de la obligación consistente en garantizar que «se dé prioridad» a los proyectos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 «al ponderar los intereses jurídicos de cada caso». Por un lado, cabría entender esta regla de «prioridad» en el sentido de que establece una prioridad absoluta en favor de los proyectos ER, con lo que la autoridad encargada de ponderar los intereses de esos proyectos y los intereses concurrentes estaría obligada a dar prioridad a los primeros. En esta primera hipótesis, el mencionado artículo 3, apartado 2, daría lugar a una injerencia especialmente significativa en el margen de apreciación de las autoridades nacionales competentes para la expedición de las autorizaciones relativas a tales proyectos. Por otro lado, también cabría interpretar la referida regla de «prioridad» como una consagración de una prioridad de partida, a la que debían atenerse esas autoridades, conservando al mismo tiempo la facultad de apartarse de ella, en su caso, mediante una motivación específica. En esta segunda hipótesis, se concedería a los intereses relacionados con los proyectos ER un peso específico a la hora de ejercer las autoridades nacionales competentes su facultad de apreciación, sin que, por ello, prevalezcan sistemáticamente sobre los intereses concurrentes.
29.      El órgano jurisdiccional remitente añade que el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 no ha sido aún objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia y que esta no se impone con tal evidencia que no quepa ninguna duda razonable.
30.      En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del [Reglamento 2022/2577] en el sentido de que los Estados miembros deben garantizar que se dé prioridad a la construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y al desarrollo de la infraestructura de red conexa únicamente en la ponderación de los intereses jurídicos a la que se refiere el apartado 1 de [dicho artículo], es decir, en la ponderación de los intereses jurídicos a efectos de
los artículos 6, apartado 4, y 16, apartado 1, letra c), de la [Directiva 92/43], del artículo 4, apartado 7, de la [Directiva 2000/60] y del artículo 9, apartado 1, letra a), de la [Directiva 2009/147] o esta obligación se aplica a cualquier ponderación de intereses jurídicos llevada a cabo por la autoridad competente en materia de expedición de las autorizaciones, incluso cuando el interés contrapuesto sea ajeno al ámbito de aplicación de las [Directivas pertinentes] (en el presente asunto, la protección del paisaje y del patrimonio)?
2)      ¿Debe interpretarse la expresión “proyectos que se consideren de interés público superior” que figura en la primera frase del artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento en el sentido de que se requiere una consideración específica, general o individual, por parte de los Estados miembros, del carácter de “interés público superior” de un proyecto o debe entenderse en el sentido de referirse a la no desvirtuación de la presunción establecida en el artículo 3, apartado 1, del citado Reglamento, o incluso a que el proyecto no se excluye del ámbito de aplicación de esa misma presunción, exclusión que está permitida por el artículo 3, apartado 1, in fine?
3)      ¿Debe interpretarse la obligación de garantizar, al menos en el caso de los proyectos que se consideren de interés público superior, que, en el proceso de planificación y concesión de autorizaciones, se dé “prioridad”
—en la ponderación de los intereses jurídicos de cada caso, prevista en el artículo 3, apartado 2, antes citado—
a la construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y al desarrollo de la infraestructura de red conexa en el sentido de que tal obligación establece una prioridad absoluta en favor de dichos proyectos
—sin perjuicio del requisito medioambiental relativo a la protección de las especies que figura en el mismo apartado—
o debe interpretarse como una prioridad de partida, de la que los Estados miembros pueden apartarse mediante una motivación específica?»
31.      El órgano jurisdiccional remitente solicitó al Tribunal de Justicia que tramitara el presente asunto mediante el procedimiento acelerado a que se refiere el artículo 105 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de septiembre de 2025, (14) se denegó tal solicitud.
32.      Los Gobiernos belga, checo, italiano y polaco y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.
IV.    Análisis
A.      Primera cuestión prejudicial
33.      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 en el sentido de que los Estados miembros deben garantizar que, en el proceso de planificación y de concesión de autorizaciones, se dé prioridad a la construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables, así como al desarrollo de la infraestructura de red conexa
—en la ponderación de los intereses jurídicos de cada caso—, a los solos efectos de
los artículos 6, apartado 4, y 16, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43, del artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60 y del artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147 o si esa regla de prioridad se aplica también a los intereses jurídicos contrapuestos situados más allá del ámbito de aplicación de dichas disposiciones, especialmente la protección del paisaje y del patrimonio.
34.      Con carácter preliminar, deseo señalar que el asunto principal se refiere a una solicitud de concesión de una autorización, presentada el 26 de abril de 2023, cuyo objeto era la construcción y explotación de dos aerogeneradores. Las autoridades nacionales competentes denegaron la solicitud aduciendo que el proyecto controvertido podía dañar la calidades paisajísticas y patrimoniales del perímetro inmediato en el que dicho proyecto iba a concretarse.
35.      Por lo que se refiere a las disposiciones del Derecho de la Unión aplicables en este asunto, el Reglamento 2022/2577, que trata del despliegue de las energías renovables, dispone, en su artículo 1, párrafo segundo, que se aplica a todos los procesos de concesión de autorizaciones (15) cuya fecha de inicio estuviera comprendida en su período de aplicación. A este respecto, se desprende de su artículo 10, en su versión inicial, que dicho Reglamento entró en vigor el 30 de diciembre de 2022, siendo aplicable hasta el 30 de junio de 2024. Por otra parte, en la definición del concepto de «energía procedente de fuentes renovables» establecida en el artículo 2, párrafo segundo, punto 1, de la Directiva 2018/2001, se incluyen, entre otras, la «energía eólica». En consecuencia, debe constatarse que el Reglamento 2022/2577 es aplicable ratione temporis y ratione materiae al presente asunto.
36.      Este Reglamento se basa en el artículo 122 TFUE, apartado 1, a tenor del cual el Consejo podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieren dificultades graves en el suministro de determinados productos, especialmente en el ámbito de la energía. De este modo, a tenor del artículo 1, párrafo primero, del citado Reglamento,
este establece normas temporales de emergencia para acelerar el proceso de concesión de autorizaciones aplicable a la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables. En este marco, el artículo 3 del mismo Reglamento, titulado «Interés público superior», define los requisitos con arreglo a los cuales debían ponderarse los intereses jurídicos, especialmente en relación con la construcción y la explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables, así como con el desarrollo de la infraestructura de red conexa.
37.      En este asunto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta qué interpretación debe darse al apartado 2 del mencionado artículo 3, lo cual requiere, habida cuenta de la estructura de dicho artículo, examinar previamente el alcance de su apartado 1. De este último apartado se desprende, en particular, que se presumirá que la construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y la propia red conexa son de interés público superior y contribuyen a la salud y la seguridad públicas, al ponderar los intereses jurídicos de cada caso, a efectos de
los artículos 6, apartado 4, y 16, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43 (relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres), del artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60 (relativa a la protección de las aguas) y del artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147 (relativa a la conservación de las aves silvestres), si bien los Estados miembros conservan la facultad de restringir la aplicación de estas disposiciones a determinadas zonas de su territorio, así como a determinados tipos de tecnologías o de proyectos con determinadas características técnicas, de conformidad con las prioridades que figuran en sus planes nacionales integrados de energía y clima.
38.      Por consiguiente, el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2022/2577 no confiere, de manera general, el estatuto de «interés público superior» a los proyectos ER, aunque dicho Reglamento establezca normas temporales de emergencia para acelerar el proceso de concesión de autorizaciones, sino que únicamente reconoce ese estatuto a la vista de las disposiciones de las Directivas pertinentes, relativas a la protección del medio ambiente, que prevén la posibilidad de autorizar un proyecto que pueda afectar a un lugar cuando concurran varios requisitos acumulativos, entre los que se cuenta la existencia de un «interés público superior». Así, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43, incluso en el caso de que la evaluación llegue a la conclusión de que las medidas previstas tienen repercusiones negativas sobre el lugar y no existan soluciones alternativas, dichas medidas podrán, no obstante, realizarse cuando así lo justifiquen razones imperiosas de interés público de primer orden, siempre que el Estado miembro adopte cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. (16) En cuanto a la Directiva 2000/60, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para apreciar si un proyecto ha sido autorizado sin infringir lo dispuesto en esa Directiva, un tribunal puede controlar la observancia por parte de la autoridad que ha concedido la autorización de los requisitos establecidos en el artículo
4, apartado
7, letras a) a d), de dicha Directiva comprobando, en particular, si las actividades de que se trata responden a un interés público superior y/o si los beneficios para el medio ambiente y la sociedad ligados al logro de los objetivos previstos en el artículo
4, apartado
1, de esa Directiva son inferiores a los beneficios para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el desarrollo sostenible derivados de la ejecución de esas actividades. (17)
39.      Para determinar el alcance del artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2022/2577, debo recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aunque el preámbulo de un acto de la Unión no tiene un valor jurídico vinculante y no puede ser invocado ni para establecer excepciones a las propias disposiciones del acto de que se trate ni para interpretarlas en un sentido contrario a su tenor literal, puede precisar el contenido de las disposiciones de ese acto, ya que los considerandos que figuran en dicho preámbulo constituyen importantes elementos interpretativos que pueden arrojar luz sobre la voluntad del autor de ese acto. (18) Por otro
lado, la parte dispositiva de un acto no puede disociarse de su motivación, por lo que, en caso necesario, debe interpretarse teniendo en cuenta los motivos que han llevado a su adopción. (19)
40.      De ello se infiere que el artículo 3, apartado 1, del
mencionado
Reglamento ha de interpretarse a la luz del considerando 8 de este, el cual indica que la citada disposición introduce la presunción refutable de que los proyectos de energías renovables son de interés público superior a efectos de la legislación medioambiental pertinente de la Unión, salvo cuando haya pruebas claras de que dichos proyectos tienen efectos adversos importantes sobre el medio ambiente que no pueden mitigarse ni compensarse. Este considerando precisa asimismo la finalidad de instaurar esta presunción, a saber, permitir, en caso necesario, que tales proyectos se beneficien, con efecto inmediato, de una evaluación simplificada de las excepciones específicas que se contemplan en la legislación medioambiental pertinente de la Unión.
41.      Deseo añadir que, a la luz del mencionado considerando, el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2022/2577 no se remite únicamente a las Directivas pertinentes. En efecto, el mismo considerando señala que, teniendo en cuenta sus particularidades nacionales, los Estados miembros pueden considerar la aplicación de la referida presunción en su legislación nacional pertinente en materia de ordenación del paisaje. Por consiguiente, el legislador de la Unión, con el fin de facilitar la instalación en su territorio nacional de los proyectos de energías renovables, reconoce a los Estados miembros la facultad de introducir en sus legislaciones la presunción refutable de que los proyectos de energías renovables, en particular los aerogeneradores, son de interés público superior en relación con la protección del paisaje. Esta facultad se basa en la premisa de que la legislación nacional garantiza la protección del paisaje en el Estado miembro de que se trate. (20)
42.      En otros términos, como ha subrayado el Gobierno checo, la presunción de que un proyecto ER se caracteriza por un interés público superior debe sustentarse en un fundamento legal, ya sea en relación con el Derecho de la Unión (las Directivas
pertinentes), ya en el marco del Derecho nacional, y los Estados miembros disponen, con arreglo al mencionado artículo 3, apartado 1, de la facultad de restringir la aplicación de dicha presunción a determinadas partes de sus territorios o a determinadas tecnologías o proyectos.
43.      En el caso que nos ocupa, el órgano jurisdiccional remitente quiere que se dilucide si la regla de prioridad establecida en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 se aplica únicamente en el marco de las Directivas pertinentes
o si también se extiende a intereses jurídicos que se incardinan
más allá del ámbito de aplicación de las Directivas
pertinentes, en particular, al ámbito de la protección del paisaje y del patrimonio.
44.      De conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, hay que tener en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (21)
45.      En primer lugar, en relación con el tenor literal del artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577, dicha
disposición establece que «los Estados miembros garantizarán, al menos en el caso de los proyectos que se consideren de interés público superior, que, al ponderar los intereses jurídicos de cada caso en el proceso de planificación y concesión de autorizaciones, se dé prioridad a la construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables y al desarrollo de la infraestructura de red conexa. Por lo que se refiere a la protección de especies, [la frase anterior] solo debe ser aplicable en tanto en cuanto se adopten medidas adecuadas de conservación de especies que contribuyan a mantener las poblaciones de esas especies en un estado de conservación favorable, o a restablecerlas a ese estado, y se destinen suficientes recursos financieros, además de zonas, a tal efecto».
46.      Del
tenor literal de este apartado 2 resulta que el mismo se refiere a una situación cronológicamente posterior a la contemplada en el apartado 1 del citado artículo. En efecto, la prioridad no juega hasta tanto no se considere un proyecto de interés público superior al ponderar los intereses jurídicos propios de cada caso. (22) No obstante, como ha expuesto el órgano jurisdiccional remitente, no se deduce claramente del
tenor literal del mencionado apartado 2 si este se refiere únicamente a las Directivas
pertinentes. (23) A este respecto, los trabajos preparatorios que condujeron a la adopción del Reglamento 2022/2577 no aportan mayor información en cuanto al alcance del mismo apartado 2. (24) Por otra parte, si bien el artículo 3, apartado 2, segunda frase, de dicho Reglamento menciona la protección de especies, esta referencia no permite concluir que este apartado se circunscriba necesariamente a las Directivas
pertinentes.
47.      En segundo lugar, por lo que se refiere al contexto en el que se inserta el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577, debo señalar que el considerando 14 del Reglamento 2024/223, que modificó el Reglamento 2022/2577, enuncia que este artículo 3, apartado 2, primera frase, exige a los Estados miembros que promuevan los proyectos ER dándoles prioridad a la hora de tratar diferentes intereses en conflicto más allá de las cuestiones medioambientales en el contexto de la planificación de los Estados miembros y del proceso de concesión de autorizaciones, y que esta disposición reconoce la importancia relativa del despliegue de las energías renovables más allá de los objetivos específicos de las excepciones previstas en las Directivas pertinentes. Si bien, como ha puesto de manifiesto el Gobierno checo, el Reglamento 2024/223 no es aplicable ratione temporis al litigio principal y el referido considerando 14 no ha tenido reflejo en el cuerpo del texto del citado Reglamento, el mencionado considerando permite, conforme a la jurisprudencia citada en el punto 39 de las presentes conclusiones, aclarar la intención del Consejo en el momento en que adoptó y prorrogó (25) el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577, a saber, que el ámbito de aplicación de dicha disposición no está limitado a las Directivas
pertinentes.
48.      En el mismo sentido, de los considerandos 13 y 14 del Reglamento 2024/223 se colige que no se prorrogó la aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2022/2577 por cuanto la presunción refutable que establecía será aplicable en virtud del artículo 16 septies de la Directiva 2018/2001, a diferencia de lo que ocurre con el artículo 3, apartado 2, de dicho Reglamento, pues la citada Directiva no contiene una disposición análoga al mencionado apartado 2. Con esta distinción se pretende demostrar que los dos apartados del artículo 3 del Reglamento 2022/2577 no están unidos de manera indisociable y que pueden corresponder a diferentes ámbitos de aplicación material.
49.      En tercer y último lugar, en relación con los objetivos perseguidos por el Reglamento 2022/2577, resulta del artículo 1, párrafo primero, de dicho Reglamento que este pretendía acelerar el proceso de concesión de autorizaciones aplicable a los proyectos ER. En ese marco, como precisa el considerando 9 del citado Reglamento, la finalidad de la regla de prioridad enunciada en el artículo 3, apartado 2, de este último es eliminar los cuellos de botella en el proceso de concesión de autorizaciones y en la explotación de instalaciones de energías renovables. La realización de ese objetivo implica lógicamente que esa regla de prioridad se aplique más allá de los solos intereses a que se refieren las Directivas pertinentes. Por otra parte, resultaría paradójico que dicha norma sea de aplicación al ponderar los intereses jurídicos de cada caso tratándose de hábitats (Directiva 92/43), de aves (Directiva 2009/147) y de aguas (Directiva 2000/60), respecto de los cuales el artículo 191 TFUE, apartado 2, prescribe que la política de la Unión tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, pero sin referirse a otros intereses jurídicos que no gozan de una protección comparable en el marco del Derecho de la Unión, en particular, por lo que respecta al paisaje y al patrimonio. Por lo tanto, al igual que el órgano jurisdiccional remitente, considero que la interpretación según la cual el ámbito de aplicación del artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 no se limita a las Directivas pertinentes
es más acorde con la voluntad del legislador de la Unión.
50.      En vista de cuanto antecede, propongo que se responda a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 debe interpretarse en el sentido de que los Estados miembros deben garantizar que, en el proceso de planificación y concesión de autorizaciones, se dé «prioridad»
—en la ponderación de los intereses jurídicos de cada caso—
a la construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables, así como al desarrollo de la infraestructura de red conexa, no solo a efectos de
los artículos 6, apartado 4, y 16, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43, del artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60 y del artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147, sino también a efectos de los intereses jurídicos contrapuestos que se sitúen más allá del ámbito de aplicación de dichas disposiciones, especialmente la protección del paisaje y del patrimonio.
B.      Segunda cuestión prejudicial
51.      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 debe interpretarse en el sentido de que la expresión «proyectos que se consideren de interés público superior» significa que tal interés requiere una consideración expresa por parte del Estado miembro de que se trate o si debe entenderse en el sentido de referirse a la no desvirtuación de la presunción establecida en el apartado 1 de este artículo o bien, a la luz del mencionado apartado 1, in fine,  a que esos proyectos no se excluyen del ámbito de aplicación de dicha presunción.
52.      Por lo que se refiere al concepto de «proyectos que se consideren de interés público superior», (26) en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577, considero necesario distinguir tres supuestos.
53.      Para empezar, como se ha señalado en respuesta a la primera cuestión prejudicial, del artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2022/2577, en relación con el considerando 8 de este, resulta que se presume que los proyectos ER son de interés público superior a efectos de la legislación medioambiental pertinente de la Unión, salvo cuando haya pruebas claras de que dichos proyectos tienen efectos adversos importantes sobre el medio ambiente que no pueden mitigarse ni compensarse, estando, por otra parte, los Estados miembros autorizados a restringir la aplicación de esta presunción a determinadas partes de sus territorios o a determinadas tecnologías o proyectos. Como también precisa el mismo considerando, tal presunción refutable pretende que estos proyectos se beneficien de una evaluación simplificada de las excepciones específicas que se contemplan en esa legislación medioambiental. En consecuencia, se desprende de las mencionadas disposiciones que, salvo en los casos en que la presunción haya quedado desvirtuada (como consecuencia de la evaluación del caso realizada en relación con un proyecto particular y las características de este, que ponga de manifiesto efectos adversos importantes sobre el medio ambiente) y/o cuando la aplicación de esta presunción no haya sido restringida por el Estado miembro de que se trate con arreglo a los requisitos previstos en el citado artículo 3, apartado 1, debe considerarse que un proyecto ER es de interés público superior a efectos de las Directivas
pertinentes, sin que pueda exigirse ningún acto de consideración expresa.
54.      Además, como se ha indicado en el punto 41 de las presentes conclusiones, del considerando 8 del Reglamento 2022/2577 también se desprende que los Estados miembros pueden considerar la aplicación de esta presunción en su legislación nacional pertinente en materia de ordenación del paisaje. En consecuencia, en el supuesto de que un Estado miembro haya introducido en su legislación nacional pertinente tal presunción, debe aplicarse un régimen análogo al que se prevé para las Directivas
pertinentes, a saber, que, cuando la presunción no haya sido ni desvirtuada ni restringida, ha de presumirse que el proyecto ER de que se trate es de interés público superior en atención al interés que representa la ordenación del paisaje. En una situación como esta, no cabe exigir del Estado miembro de que se trate ningún acto de consideración formal.
55.      Por último, en lo que atañe a los intereses jurídicos no mencionados explícitamente por el Reglamento 2022/2577 en el marco de la aplicación de su artículo 3, en particular el interés jurídico que representa la protección del patrimonio
—pues, a mi parecer, el concepto de «patrimonio» debe ser entendido en sentido lato, de forma que englobe todos los bienes que presenten un interés histórico, artístico, arqueológico, estético, científico o técnico—, el interés público superior de un proyecto ER en relación con dicho interés jurídico no goza de una presunción y debe ser objeto previamente de una consideración específica, general (27) o individual, basada en una evaluación caso por caso, que permita al proyecto gozar de la regla de prioridad establecida en el apartado 2 del citado artículo.
56.      En estas circunstancias, propongo que se responda a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 debe interpretarse en el sentido de que la expresión «proyectos que se consideren de interés público superior» significa que, salvo en los casos en que la presunción refutable establecida en el apartado 1 del mencionado artículo haya quedado desvirtuada y/o cuando la aplicación de esta presunción no haya sido restringida por el Estado miembro de que se trate con arreglo a los requisitos previstos en esta última disposición, tal interés no requiere una consideración expresa en lo que respecta a las Directivas
pertinentes, ni tampoco en el supuesto de que dicho Estado miembro haya introducido en su legislación nacional pertinente tal presunción en cuanto a la ordenación del paisaje. En cambio, en lo que atañe a los intereses jurídicos no mencionados explícitamente por este Reglamento en el marco de la aplicación de su artículo 3, en particular el interés jurídico que representa la protección del patrimonio, el interés público superior de un proyecto debe ser objeto de una consideración expresa previa, basada en una evaluación caso por caso.
C.      Tercera cuestión prejudicial
57.      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 debe interpretarse en el sentido de que, cuando los Estados miembros garantizan que, al menos en el caso de los proyectos que se consideren de interés público superior, se les dé «prioridad» en la ponderación de los intereses jurídicos de cada caso, esta prioridad deba entenderse, sin perjuicio del requisito relativo a la protección de especies establecido en la referida disposición,
como una prioridad absoluta o bien como una prioridad de partida, de la que los Estados miembros pueden apartarse mediante una motivación específica y pormenorizada.
58.      Como se ha recordado en el punto 44 de las presentes conclusiones, para determinar el alcance de la regla de prioridad establecida en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577, hay que tener en cuenta el tenor literal de la mencionada disposición y su contexto y los objetivos perseguidos por dicho Reglamento.
59.      Por lo que se refiere al
tenor literal de la citada disposición, la Comisión sostiene que los términos «los Estados miembros garantizarán que», con uso del futuro de indicativo, indicaban la existencia de una obligación clara y sin excepciones a cargo de esos Estados en relación con el carácter prioritario de los proyectos ER, sin perjuicio de la protección de especies prevista en la misma disposición. Esta institución se refiere asimismo al contexto en el que se inserta el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577, señalando que, según el considerando 14 del Reglamento 2024/223, la mencionada disposición «exige que se dé prioridad a los proyectos que se consideren de interés público superior […]». (28) Por su parte, el Gobierno checo alega que si la autoridad nacional competente llega a la conclusión de que la presunción de interés público superior en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2022/2577 no queda desvirtuada (a saber, de que el proyecto ER de que se trate no tiene efectos adversos importantes sobre el medio ambiente) y de que la cuestión de la protección de especies en el sentido del apartado 2 de dicho artículo no se plantea o se contempla de forma adecuada, debe reconocerse a ese proyecto una prioridad absoluta al ponderar los intereses jurídicos en el marco de los procedimientos enumerados en el referido apartado 1.
60.      No obstante, considero que la utilización de los verbos «garantizar» y «exigir» no presenta un carácter unívoco. En efecto, también cabe entender que estos imponen a los Estados miembros que apliquen la regla de prioridad, sin consagrar por ello una prioridad absoluta. Una prioridad de este tipo supondría que los Estados miembros deben necesariamente autorizar los proyectos ER y conceder las correspondientes autorizaciones siempre que estos últimos hayan sido considerados previamente de interés público superior.
61.      Además, el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577
utiliza la expresión «ponderar los intereses jurídicos de cada caso», con lo que se indica que los Estados miembros deben realizar una apreciación individualizada respecto a cada proyecto. Por añadidura, como se ha expuesto en el punto 40 de las presentes conclusiones, el apartado 1 de dicho artículo instaura una presunción refutable. Cabría deducir de ello, por analogía, que el apartado 2 del mismo artículo consagra una prioridad de partida, que sería posible excluir en relación con un proyecto ER particular, en atención a sus características propias.
62.      De manera más fundamental, del
tenor literal de las Directivas pertinentes se desprende que los Estados miembros disponen de un margen de apreciación para valorar si un determinado proyecto ha de autorizarse habida cuenta de su impacto ambiental. En consecuencia, me parece que, incluso cuando la presunción establecida en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 no ha sido desvirtuada o restringida, los Estados miembros conservan su facultad de realizar una apreciación de conjunto de las características y del contexto de un proyecto ER, antes de adoptar su decisión final. Tal apreciación se realiza teniendo en consideración el hecho de que, según la expresión utilizada por el órgano jurisdiccional remitente, debe reconocerse a los intereses relacionados con los proyectos ER un «peso específico» a la hora de ejercer esa facultad.
63.      Debo señalar, por otra parte, que la protección del paisaje y del patrimonio (29) no es ajena al Reglamento 2022/2577. Además del considerando 8 de dicho Reglamento, ya mencionado, que alude a la ordenación del paisaje, el artículo 4 del
mismo Reglamento, titulado «Aceleración del proceso de concesión de autorizaciones para la instalación de equipos de energía solar», establece, en su apartado 2, que los Estados miembros podrán excluir determinadas zonas o estructuras de las disposiciones del apartado
1 de ese artículo (el cual fija en tres meses la duración máxima del proceso de concesión de autorizaciones para la instalación de equipos de energía solar y los activos de almacenamiento de energía coubicados, cuando la producción de energía solar no constituya su objetivo principal) «por razones de protección del patrimonio cultural o histórico o por razones relacionadas con intereses de defensa o seguridad nacional». (30) Por consiguiente, el mismo Reglamento tiene en cuenta el patrimonio, como interés jurídico digno de protección, aunque no sea citado en el artículo 3 del Reglamento 2022/2577 ni en los considerandos relacionados con él. (31)
64.      Además, los Estados miembros tienen la obligación de respetar sus compromisos internacionales, que abarcan, para aquellos que lo han ratificado, el Convenio del Consejo de Europea del Paisaje, hecho en Florencia (Italia), el 20 de octubre de 2000, enmendado por el Protocolo de 1 de agosto de 2016. (32) Pues bien, en particular, el artículo 5 de dicho Convenio, titulado «Medidas generales», estipula, en su letra d), que cada Parte se compromete a «integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el paisaje». Más particularmente, en lo tocante a los aerogeneradores, como ha observado el Gobierno polaco, según el informe titulado «Paisaje y aerogeneradores», de 21 de marzo de 2011, elaborado en el marco de la sexta conferencia del Consejo de Europa sobre el mencionado Convenio, celebrada los días 3 y 4 de mayo de 2011, «al igual que otras infraestructuras importantes, los aerogeneradores deben ser objeto de una planificación a escala del territorio, aplicando los principios de ordenación del territorio. La planificación es la clave para una correcta inserción en el paisaje y, por ende, para una coherencia general comprensible y que sea aceptada por una gran parte de la población». (33)
65.      En el mismo sentido, el Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, (34) hecho en Granada el 3 de octubre de 1985, prevé, en particular, en su artículo 4, punto 2, letra a), que cada Parte se compromete a «evitar la desfiguración, degradación o demolición de los bienes protegidos. Para ello, cada Parte se compromete a introducir en su legislación, de no haberlo hecho ya, normas por las que se exija la presentación a la autoridad competente de todo proyecto de demolición o modificación de monumentos que son objeto ya de protección o para los cuales se han establecido procedimientos de protección, así como cualquier proyecto que afecte a su entorno». En cuanto al Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico, (35) hecho en La Valeta (Malta) el 16 de enero de 1992, este establece, en particular, en su artículo 5, titulado «Conservación integrada del patrimonio arqueológico», inciso iii), que cada Parte se compromete a «asegurar que los estudios de impacto medioambiental y las decisiones que de ellos resulten recojan todas las consideraciones relativas a los emplazamientos arqueológicos y sus escenarios».
66.      Así pues, soy de la opinión de que, en el supuesto de que deba entenderse la regla de prioridad establecida en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 como una prioridad absoluta, que reviste, por lo tanto, un carácter automático, dicha regla menoscabaría en exceso el derecho de los Estados miembros a determinar la ordenación de sus territorios. A este respecto, el objetivo consistente en acelerar el proceso de concesión de autorizaciones aplicable a la producción de energía procedente de fuentes de energía renovables en el actual contexto internacional no puede, a mi parecer, justificar que se prive a los Estados miembros de cualquier margen de apreciación en la ponderación de los intereses jurídicos de cada caso, especialmente cuando los intereses contrapuestos protegidos corresponden a ámbitos no armonizados por el Derecho de la Unión y que se rigen, por ello, por el Derecho nacional.
67.      Añadiré que considero que el mencionado artículo 3, apartado 2, que establece una norma temporal de emergencia, no prorrogada en la Directiva 2018/2001, (36) no puede llevar a que se ponga fundamentalmente en cuestión el equilibrio establecido por los Estados miembros entre los diferentes intereses jurídicos en juego, (37) especialmente cuando la duración en el tiempo de un proyecto ER puede alcanzar varios decenios, como ocurre en el caso de un aerogenerador.
68.      Por consiguiente, considero que la regla de prioridad establecida en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 debe entenderse como una prioridad de partida, de modo que se deje a un Estado miembro la facultad de denegar, con carácter excepcional, la autorización de un proyecto ER, a condición de que aporte una motivación específica y pormenorizada, basando su decisión en una evaluación detallada que acredite un daño
a un interés jurídico contrapuesto protegido en ese Estado. (38) Una motivación como esta debe permitir al responsable del proyecto ER de que se trate comprender las razones de la denegación que se hayan alegado frente a su solicitud y permitirle, de este modo, defender sus derechos.
69.      Habida cuenta de estas consideraciones, propongo que se responda a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 debe interpretarse en el sentido de que, cuando los Estados miembros garantizan que, al menos en el caso de los proyectos ER que se consideren de interés público superior, se les dé «prioridad» en la ponderación de los intereses jurídicos de cada caso, esta prioridad se entienda, sin perjuicio de la protección de especies establecida en la referida disposición, como una prioridad de partida, de la que los Estados miembros pueden apartarse tras una evaluación detallada que acredite un daño
a un interés jurídico protegido en el Estado miembro de que se trate y mediante una motivación específica y pormenorizada.
V.      Conclusión
70.      A la vista de las consideraciones que anteceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Conseil d’État (Consejo de Estado, Bélgica) del siguiente modo:
«1)      El artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo, de 22 de diciembre de 2022, por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables,
debe interpretarse en el sentido de que
los Estados miembros deben garantizar que, en el proceso de planificación y concesión de autorizaciones, se dé “prioridad”
—en la ponderación de los intereses jurídicos de cada caso—
a la construcción y explotación de centrales e instalaciones de producción de energía procedente de fuentes renovables, así como al desarrollo de la infraestructura de red conexa, no solo a efectos de
los artículos 6, apartado 4, y 16, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, del artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, y del artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, sino también a efectos de los intereses jurídicos contrapuestos que se sitúen más allá del ámbito de aplicación de dichas disposiciones, especialmente la protección del paisaje y del patrimonio.
2)      El artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577
debe interpretarse en el sentido de que
la expresión “proyectos que se consideren de interés público superior” significa que, salvo en los casos en que la presunción refutable establecida en el apartado 1 del mencionado artículo haya quedado desvirtuada y/o cuando la aplicación de esta presunción no haya sido restringida por el Estado miembro de que se trate con arreglo a los requisitos previstos en esta última disposición, tal interés no requiere una consideración expresa en lo que respecta a las Directivas
pertinentes, ni tampoco en el supuesto de que dicho Estado miembro haya introducido en su legislación nacional pertinente tal presunción en cuanto a la ordenación del paisaje. En cambio, en lo que atañe a los intereses jurídicos no mencionados explícitamente por este Reglamento en el marco de la aplicación de su artículo 3, en particular el interés jurídico que representa la protección del patrimonio, el interés público superior de un proyecto debe ser objeto de una consideración expresa previa, basada en una evaluación caso por caso.
3)      El artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando los Estados miembros garantizan que, al menos en el caso de los proyectos que se consideren de interés público superior, se les dé “prioridad” en la ponderación de los intereses jurídicos de cada caso, esta prioridad se entienda, sin perjuicio de la protección de especies establecida en la referida disposición, como una prioridad de partida, de la que los Estados miembros pueden apartarse tras una evaluación detallada que acredite un daño
a un interés jurídico protegido en el Estado miembro de que se trate y mediante una motivación específica y pormenorizada.»
1      Lengua original: francés.
2      Reglamento del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables (DO 2022, L 335, p. 36). Este Reglamento ha sido objeto de recursos de anulación ante el Tribunal General dirigidos contra unas decisiones del Consejo de la Unión Europea por las que se desestiman solicitudes de revisión interna presentadas con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos de la Unión, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021 (DO 2021, L 356, p. 1). Dichos recursos fueron desestimados por el Tribunal General [sentencias de 12 noviembre de 2025, Föreningen Svenskt Landskapsskydd y otros/Consejo (T‑534/23, EU:T:2025:1020), y CEE Bankwatch Network y Ökobüro/Consejo (T‑535/23, EU:T:2025:1021)], y actualmente se ha recurrido en casación ante el Tribunal de Justicia (se trata de los asuntos C‑33/26 P, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines y otros/Consejo, y C‑25/26 P, CEE Bankwatch Network y Ökobüro/Consejo, respectivamente).
3      El objetivo de este plan es poner fin a la dependencia de la Unión de las energías fósiles rusas por medio de nuevas acciones para aumentar la producción de energía ecológica, diversificar los suministros y reducir la demanda. Véase, en particular, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible [COM(2022) 108 final].
4      Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7).
5      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO 2000, L 327, p. 1).
6      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 2010, L 20, p. 7).
7      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (DO 2018, L 328, p. 82), en su versión modificada por la Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023 (DO L, 2023/2413) (en lo sucesivo, «Directiva 2018/2001»).
8      Por razones de legibilidad en las presentes conclusiones, se alude al Reglamento 2022/2577 en presente del indicativo, pese a que ya no está en vigor.
9      Reglamento del Consejo de 22 de diciembre de 2023 que modifica el Reglamento (UE) 2022/2577 por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables (DO L, 2024/223).
10      Informe de la Comisión al Consejo, de 28 noviembre de 2023, sobre la revisión del Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo, de 22 de diciembre de 2022, por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables [COM(2023) 764 final].
11      Moniteur belge de 12 de septiembre de 1991, p. 19976.
12      De los autos trasladados al Tribunal de Justicia se desprende que este tipo de autorización constituye la decisión de la autoridad competente relativa a un proyecto mixto, que tiene, al mismo tiempo, valor de autorización de medio ambiente y de licencia urbanística.
13      Moniteur belge de 8 de junio de 1999, p. 21114.
14      Auto Eneco Wind Belgium (C‑325/25, EU:C:2025:677).
15      Este tipo de proceso viene definido en el artículo 2, punto 1), del Reglamento 2022/2577.
16      Véase, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2023, Latvijas valsts meži (C‑434/22, EU:C:2023:966), apartado 56 y jurisprudencia citada.
17      Véase la sentencia de 1 de junio de 2017, Folk (C‑529/15, EU:C:2017:419), apartado 37 y jurisprudencia citada. Por lo que respecta al artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147, considero que el interés de que se trata no es el interés público superior, sino el de la salud y la seguridad públicas, también mencionado en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento 2022/2577.
18      Véase la sentencia de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk (C‑422/19 y C‑423/19, EU:C:2021:63), apartado 64 y jurisprudencia citada.
19      Véase la sentencia de 26 de marzo de 2020, Hungeod y otros (C‑496/18 y C‑497/18, EU:C:2020:240), apartado 69 y jurisprudencia citada.
20      La demandante ha sostenido ante el órgano jurisdiccional remitente que, según la normativa belga aplicable en el asunto principal, la protección del medio ambiente incluye el paisaje (véase el punto 23 de las presentes conclusiones).
21      Sentencia de 12 de febrero de 2026, Stichting Koskea (C‑490/24, EU:C:2026:89), apartado 23 y jurisprudencia citada.
22      El Gobierno italiano sostiene que los dos apartados del artículo 3 del Reglamento 2022/2577 cumplen cometidos diferentes, en el sentido de que el apartado 1, al instituir una presunción refutable de «interés público superior», establece una excepción «precisa», mientras que el apartado 2, al conceder prioridad a los proyectos ER, instaura una «prioridad procedimental».
23      El Gobierno italiano y la Comisión alegan que, a la luz del tenor literal del artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577, la utilización de las expresiones «ponderar los intereses jurídicos de cada caso» (como señala también el Gobierno belga) y «en el proceso de planificación y concesión de autorizaciones» acredita el alcance general de
esta disposición, que no puede limitarse únicamente a los intereses medioambientales mencionados en el apartado 1 del referido artículo. No comparto esta interpretación. En efecto, por un lado, la expresión «ponderar los intereses jurídicos de cada caso» figura también en el apartado 1 de dicho artículo. Por otro lado, dado que el ámbito de aplicación del citado Reglamento es, como estipula su artículo 1, párrafo primero, el «proceso de concesión de autorizaciones», tanto el apartado 1 como el apartado 2 del mismo artículo 3 participan en el proceso de planificación y concesión de autorizaciones.
24      La propuesta de la Comisión, de 9 de noviembre de 2022, de Reglamento del Consejo por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energía renovable [COM(2022) 591 final] contiene un artículo 2, titulado «Interés público superior», en el que la redacción de su apartado 1 se asemeja a la del apartado 1 del artículo 3 del Reglamento 2022/2577, remitiendo a las mismas disposiciones de las Directivas pertinentes, mientras que la segunda frase del apartado 2 del mencionado artículo 2 está redactada en términos prácticamente idénticos al apartado 2 del artículo 3 de dicho Reglamento. Por otra parte, los considerandos 7 y 9 de esta propuesta presentan analogías con los considerandos 8 y 9 del referido Reglamento.
25      El artículo 1, punto 6), del Reglamento 2024/223 enuncia que la aplicación del artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577 se prorrogó hasta el 30 de junio de 2025.
26      El Reglamento 2024/223 modificó el artículo 3, apartado 2, del Reglamento 2022/2577, suprimiendo el inciso «al menos en el caso de». Esta modificación no puede conducir a una interpretación diferente de esta disposición en el contexto de la presente petición de decisión prejudicial.
27      En mi opinión, una consideración general puede adoptar distintas formas, tales como un reconocimiento por vía legislativa o reglamentaria, por categorías, pero también estableciendo listas relativas a varios lugares reconocidos de acuerdo con criterios comunes.
28      El subrayado es mío.
29      Habida cuenta de que el concepto de «patrimonio» debe entenderse de un modo amplio. Véase, a este respecto, el punto 55 de las presentes conclusiones.
30      El artículo 7 del Reglamento 2022/2577, titulado «Aceleración del despliegue de bombas de calor», establece, en su apartado 3, una disposición similar.
31      Otros instrumentos del Derecho de la Unión garantizan asimismo la protección del paisaje y del patrimonio. Así ocurre, en particular, con el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013 (DO 2021, L 435, p. 1), cuyo artículo 6, titulado «Objetivos específicos», dispone, en su apartado 1, letra f), que los objetivos generales se alcanzarán mediante los siguientes objetivos específicos: «contribuir a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, potenciar los servicios relacionados con los ecosistemas y conservar los hábitats y los paisajes» (el subrayado es mío).
32      Este Convenio puede consultarse en sus versiones en lenguas inglesa y francesa (lenguas oficiales), así como en lengua alemana, italiana y rusa, en la siguiente web: https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=176. Puede accederse a las versiones en lengua española (Instrumento de ratificación e Instrumento de aceptación del Protocolo de enmienda) en las direcciones https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-1899 y https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-7220.
33      Véase p. 19 de dicho Informe, que puede consultarse en lengua francesa en la siguiente dirección: https://rm.coe.int/16806f40cc.
34      Este Convenio puede consultarse en sus versiones en lengua inglesa y francesa (lenguas oficiales), así como en lenguas alemana, italiana y rusa, en la siguiente dirección: https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=121. Puede accederse a su versión en lengua española (Instrumento de ratificación) en la dirección https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-15166.
35      Este Convenio puede consultarse en sus versiones en lengua inglesa y francesa (lenguas oficiales), así como en lenguas alemana, italiana y rusa, en la siguiente dirección: https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=143. Puede accederse a su versión en lengua española (Instrumento de ratificación) en la dirección https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-12501. Por su parte, el Reino de Bélgica ha ratificado estos tres Convenios del Consejo de Europa.
36      Véase el punto 48 de las presentes conclusiones.
37      En este sentido, el Gobierno polaco ha señalado que, si se confiriera prioridad absoluta a los proyectos ER, ello podría acarrear perturbaciones significativas del sistema natural o del desarrollo espacial establecido desde hace largo tiempo en cuanto a la salvaguardia de los valores del patrimonio natural, paisajístico o cultural.
38      Véase, por lo que se refiere a la necesidad de alcanzar un equilibrio equitativo entre la seguridad energética y la protección del medio ambiente, Tla da Silva, E., «In Search of the Golden Ratio: The Conundrum of Balancing Environnental Protection and Energy Security», European Energy and Environmental Law Review, 2024, vol. 33, n.º 6, pp. 263 a 273.