62024CJ0034
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 2 de diciembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 7, punto 2 — Competencia especial en materia delictual o cuasidelictual — Determinación de la competencia territorial de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro — Lugar donde se ha producido el hecho dañoso — Lugar donde se ha materializado el daño — Acción de representación que tiene por objeto la reparación de los daños causados por prácticas contrarias a la competencia consistentes en la facturación por parte del gestor de una plataforma en línea, dirigida a todos los usuarios de un Estado miembro, de una comisión excesiva sobre el precio de las aplicaciones y productos digitales comercializados en dicha plataforma — Acción ejercitada por una entidad habilitada para defender los intereses colectivos de una pluralidad de usuarios no identificados, pero identificables»
En el asunto C‑34/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos), mediante resolución de 20 de diciembre de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de enero de 2024, en los procedimientos entre
Stichting Right to Consumer Justice,
Stichting App Stores Claims
y
Apple Distribution International Ltd,
Apple Inc.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente, los Sres. F. Biltgen e I. Jarukaitis, las Sras. M. L. Arastey Sahún e I. Ziemele, el Sr. J. Passer, la Sra. O. Spineanu-Matei (Ponente) y los Sres. M. Condinanzi y F. Schalin, Presidentes de Sala, y los Sres. A. Kumin, N. Jääskinen, Z. Csehi, B. Smulders y S. Gervasoni, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretario: Sr. G. Chiapponi, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 10 de diciembre de 2024;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Stichting Right to Consumer Justice, por los Sres. M. A. van Bemmel y C. Jeloschek, advocaten;
–
en nombre de Stichting App Stores Claims, por los Sres. R. Meijer y S. Timmerman, advocaten;
–
en nombre de Apple Distribution International Ltd y Apple Inc., por la Sra. B. M. Katan y los Sres. J. S. Kortmann y R. Wesseling, advocaten;
–
en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. E. M. M. Besselink, M. K. Bulterman y A. Hanje, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno portugués, por las Sras. C. Alves, P. Barros da Costa y M. J. Castello-Branco, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. S. Noë y W. Wils, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 27 de marzo de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de sendos litigios entre, por una parte, dos fundaciones neerlandesas, con domicilio en Ámsterdam (Países Bajos), respectivamente, Stichting Right to Consumer Justice y Stichting App Stores Claims, y, por otra parte, Apple Distribution International Ltd, sociedad irlandesa, y Apple Inc., sociedad estadounidense (en lo sucesivo, conjuntamente, «Apple»), en relación con la constatación de prácticas contrarias a la competencia llevadas a cabo por las demandadas en los litigios principales y con la condena de estas a reparar el daño supuestamente causado por esas prácticas.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
Los considerandos 15 y 16 del Reglamento n.o 1215/2012 exponen:
«(15)
Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.
(16)
El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación.»
4
El capítulo II de este Reglamento, titulado «Competencia», incluye, en particular, una sección 1, titulada «Disposiciones generales», y una sección 2, titulada «Competencias especiales». El artículo 4, apartado 1, del mencionado Reglamento, que figura en la sección 1, dispone:
«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
5
El artículo 5, apartado 1, del mismo Reglamento, que también se encuentra en dicha sección 1, establece:
«Las personas domiciliadas en un Estado miembro solo podrán ser demandadas ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro en virtud de las normas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.»
6
El artículo 7 del Reglamento n.o 1215/2012, que está comprendido en la sección 2 del capítulo II, preceptúa:
«Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro:
1)
a)
en materia contractual, ante el órgano jurisdiccional del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda;
[…]
2)
en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso;
[…]».
Derecho neerlandés
7
La Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de afwikkeling van massaschade in een collectieve actie mogelijk te maken (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie) [Ley por la que se modifican el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil con el fin de permitir la liquidación de los daños masivos en el marco de una acción colectiva (Ley relativa a la liquidación de daños masivos en el marco de acciones colectivas)], de 20 de marzo de 2019 (Stb. 2019, n.o 130), entró en vigor el 1 de enero de 2020 y fue modificada con efectos a partir del 25 de junio de 2023 con el fin de transponer al Derecho neerlandés la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (DO 2020, L 409, p. 1).
8
El artículo 3:305a del Burgerlijk Wetboek (Código Civil), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «BW»), establece:
«1.   Una fundación o una asociación con plena capacidad jurídica podrá ejercitar una acción que tenga por objeto la protección de intereses similares de otras personas, siempre que defienda tales intereses con arreglo a sus estatutos y los referidos intereses se salvaguarden suficientemente.
[…]
3.   Solo tendrán legitimación activa las personas jurídicas a que se refiere el apartado 1 si:
[…]
b.
la acción judicial presenta una conexión suficientemente estrecha con el ordenamiento jurídico neerlandés. Se considerará que la conexión con el ordenamiento jurídico neerlandés es suficientemente estrecha cuando:
1.o
la persona jurídica demuestre de forma suficiente que la mayoría de las personas cuyos intereses pretende proteger con la acción judicial tiene su residencia habitual en los Países Bajos; o
2.o
la persona contra la que se dirija la acción esté domiciliada en los Países Bajos y concurran circunstancias adicionales que acrediten la existencia de una conexión suficiente con el ordenamiento jurídico neerlandés; o
3.o
el hecho o hechos a los que se refiera la acción judicial hayan tenido lugar en los Países Bajos;
[…]».
9
El artículo 220, apartado 1, del Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Código de Procedimiento Civil), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «Rv»), dispone:
«En los asuntos que estén pendientes ante otro juez ordinario del mismo rango, entre las mismas partes y con el mismo objeto, o cuando el asunto sea conexo a un asunto que esté pendiente ante otro juez ordinario del mismo rango, podrá solicitarse el traslado a ese otro juez. En estos asuntos, el juez también podrá proceder de oficio al traslado, una vez oídas las partes. Tal traslado también será posible cuando uno de los asuntos esté siendo examinado por el juez cantonal y el otro no.»
10
Los artículos 1018 b a 1018 f del Rv, que se encuentran en el título 14a del Rv, precisan las normas de procedimiento relativas a la acción colectiva.
11
A tenor del artículo 1018 c, apartado 5, del Rv:
«El examen sobre el fondo de la demanda presentada en ejercicio de la acción colectiva solo tendrá lugar una vez que el juez haya determinado:
a)
que el demandante cumple los requisitos de legitimación establecidos en el artículo 305a, apartados 1 a 3, del libro 3 del [BW] o los requisitos de legitimación que deben cumplirse con arreglo al apartado 6 del presente artículo;
b)
que el demandante ha demostrado de forma suficiente que la continuación de dicha acción colectiva es más eficaz y efectiva que una acción individual por ser las cuestiones de hecho y de Derecho a las que se ha de responder suficientemente comunes, que el número de personas cuyos intereses se pretende proteger con la acción es suficiente y, en caso de que la acción tenga por objeto una indemnización, que esas personas tienen, por sí solas o conjuntamente, un interés económico suficientemente relevante;
c)
que la acción colectiva no parece prima facie infundada en el momento en que el litigio se somete al juez.
[…]»
12
El artículo 1018 e del Rv dispone:
«1. El órgano jurisdiccional designará como defensor exclusivo de los intereses al demandante más idóneo de entre los que hayan ejercitado la acción colectiva en virtud del artículo 1018 c o 1018 d […]
2. Además, el órgano jurisdiccional evaluará el contenido preciso de la acción colectiva, el grupo de personas estrictamente definido cuyos intereses representa en esa acción colectiva el defensor exclusivo de los intereses y si la naturaleza de la acción colectiva que presenta una conexión con un lugar determinado justifica que el asunto sea examinado por otro órgano jurisdiccional.
3. El demandante designado como defensor exclusivo de los intereses actuará en dicho procedimiento en interés de todas las personas pertenecientes al grupo estrictamente definido a que se refiere el apartado 2 y como representante de los demandantes que no hayan sido designados como defensor exclusivo. Los demandantes que no hayan sido designados como defensor exclusivo seguirán siendo partes en el procedimiento. El defensor exclusivo realizará los actos procesales. El juez podrá decidir que los demandantes que no hayan sido designados estén también facultados para realizar actos procesales.
[…]»
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
13
Apple Inc. es la sociedad matriz de Apple Distribution International, que actúa como representante de Apple Inc. y distribuidor de los productos Apple en la Unión Europea.
14
Apple fabrica una gama de dispositivos portátiles, entre los que se encuentran el iPhone, el iPad y el iPod Touch (en lo sucesivo, «dispositivos Apple»). Los dispositivos Apple funcionan con el sistema operativo iOS, que está preinstalado en esos dispositivos y se actualiza periódicamente.
15
Las aplicaciones y los productos digitales integrados en esas aplicaciones para los referidos dispositivos pueden adquirirse en la App Store, una plataforma de venta en línea desarrollada y gestionada por Apple, que, desde 2009, se instala sistemáticamente en los dispositivos Apple. La App Store ofrece aplicaciones gratuitas y aplicaciones de pago, que pueden variar de un país a otro y que son desarrolladas por Apple o por terceros desarrolladores (estos últimos se denominarán, en lo sucesivo, «desarrolladores»). Los pagos por la adquisición de estas aplicaciones se realizan, en principio, a través del sistema de pago de la App Store.
16
Para vender sus aplicaciones en la App Store, en la que estas se ofrecen con carácter exclusivo, los desarrolladores deben celebrar un acuerdo con Apple Inc. El precio de venta de estas aplicaciones se determina conforme a un baremo establecido por Apple y se cobra a través del sistema de pago de la App Store. Apple retiene, según los casos, el 15 % o el 30 % de dicho precio en concepto de comisión. Una vez deducida esta comisión, el saldo se abona a los desarrolladores.
17
Los usuarios de los dispositivos Apple deben crear un perfil de usuario para acceder a la App Store (en lo sucesivo, «Apple ID»). Cuando un usuario tiene un Apple ID que indica los Países Bajos como país o región y accede a la App Store, se le dirige por defecto a la «tienda en línea» diseñada específicamente para los Países Bajos (en lo sucesivo, «App Store NL»). Si bien, en teoría, un usuario tiene la posibilidad de modificar el país asociado a su perfil, debe aceptar para ello nuevas condiciones, además de disponer de un método de pago válido en ese país.
18
Las demandantes en los litigios principales son fundaciones neerlandesas que, de conformidad con sus respectivos estatutos, tienen por objeto, en particular, la representación ante los tribunales y la defensa de los intereses de las personas que hayan sido víctimas de una conducta fraudulenta o contraria a la competencia, en concreto de una conducta ilícita de una o varias entidades que forman parte del grupo Apple, así como la reparación de los daños causados a esas víctimas.
19
Estas demandantes interpusieron ante el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente, dos acciones de representación solicitando que se declarara que las demandadas en los litigios principales han actuado ilegalmente frente a los usuarios de aplicaciones que funcionan con el sistema operativo iOS y que se las condenara a reparar el daño que con ello han causado.
20
En apoyo de sus pretensiones, las demandantes en los litigios principales alegan que Apple ostenta una posición dominante en el mercado de distribución de aplicaciones para los dispositivos Apple y en el sistema de pago de la App Store. Consideran que abusa de esa posición al percibir una comisión excesiva del 30 % del precio pagado por la adquisición de esas aplicaciones, infringiendo el artículo 102 TFUE. En opinión de las demandantes, al proceder a una fijación vertical de los precios, Apple infringe también el artículo 101 TFUE. Hacen valer que, como consecuencia de estas conductas contrarias a la competencia, los usuarios de las referidas aplicaciones han sufrido un daño.
21
Apple alega la falta de competencia del órgano jurisdiccional remitente para conocer de los litigios principales y sostiene que dicho órgano jurisdiccional no puede declararse competente, en virtud del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, puesto que el hecho dañoso alegado no se ha producido en los Países Bajos ni, en particular, en Ámsterdam, en tanto en cuanto no ha acontecido ningún hecho significativo en ese Estado o en esa ciudad. Subsidiariamente, Apple argumenta que el referido órgano jurisdiccional solo sería competente para conocer de las demandas respecto de los usuarios que hubieran realizado la compra en Ámsterdam, a través de la App Store NL. Con arreglo a la referida disposición, entiende que el órgano jurisdiccional remitente carece de competencia internacional o territorial para conocer de todas las demás demandas.
22
Mediante resolución interlocutoria de 16 de agosto de 2023, el órgano jurisdiccional remitente declaró que los litigios principales están comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 1215/2012 en la medida en que la acción se dirige contra Apple Distribution International, cuya sede se encuentra en el territorio de otro Estado miembro, Irlanda. En cambio, dicho órgano jurisdiccional precisó que, por lo que respecta a Apple Inc., su competencia se determinaría con arreglo al Derecho nacional.
23
En este contexto, el referido órgano jurisdiccional recordó que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012 establece la competencia del órgano jurisdiccional tanto del lugar del hecho causal que haya originado el daño alegado como del lugar donde se haya materializado dicho daño, de suerte que el demandante puede optar por ejercitar la acción contra el demandado ante uno u otro de esos órganos jurisdiccionales.
24
Por lo que respecta, en primer término, al lugar del hecho causal del daño alegado, el órgano jurisdiccional remitente hizo constar que, en cuanto concierne a la imputación basada en la infracción del artículo 101 TFUE, no podía declararse competente para conocer de los litigios principales, al no haberse identificado un hecho concreto que hubiera tenido lugar en los Países Bajos en cuyo marco se hubiera celebrado definitivamente el supuesto pacto colusorio o se hubiera adoptado un acuerdo constitutivo por sí solo del hecho causal del daño supuestamente causado.
25
Por el contrario, en relación con la imputación basada en la infracción del artículo 102 TFUE, dicho órgano jurisdiccional consideró que, de conformidad con la sentencia de 5 de julio de 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:533), el hecho causal estaba situado en los Países Bajos, ya que los actos realizados por Apple para llevar a cabo la explotación abusiva de su posición dominante tuvieron lugar en el territorio de ese Estado miembro. A este respecto, el referido órgano jurisdiccional consideró, en esencia, que la App Store NL se dirigía específicamente al mercado neerlandés y utilizaba la lengua neerlandesa. Dicho órgano jurisdiccional señaló además que Apple Distribution International actuaba como distribuidor exclusivo y comisionista de las aplicaciones desarrolladas por los desarrolladores y ofrecía, en tal condición, esas aplicaciones en la App Store NL.
26
Por consiguiente, el órgano jurisdiccional remitente declaró que tenía competencia internacional para conocer de los litigios principales, en la medida en que estos versan sobre la supuesta infracción del artículo 102 TFUE.
27
En segundo término, por lo que se refiere al lugar en que se materializa el daño, el órgano jurisdiccional remitente precisó que, en los litigios principales, el daño inicial y directo consistía en un precio supuestamente demasiado elevado pagado por los usuarios al comprar las aplicaciones en la App Store NL.
28
A este respecto, dicho órgano jurisdiccional observó, para empezar, que la distinción entre las imputaciones basadas en la infracción del artículo 101 TFUE y las basadas en la infracción del artículo 102 TFUE carece de pertinencia para determinar el lugar donde se ha producido el daño alegado.
29
A continuación, recordó, basándose, en particular, en la sentencia de 5 de julio de 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17, EU:C:2018:533), que, cuando el mercado afectado por las prácticas contrarias a la competencia de que se trate se encuentra en el Estado miembro en cuyo territorio ha sobrevenido el daño, debe considerarse que el lugar donde se ha materializado el daño se encuentra en ese Estado miembro.
30
Dado que la mayoría de los usuarios que habían realizado compras en la App Store NL residían o estaban establecidos en los Países Bajos y habían pagado dichas compras a través de cuentas bancarias neerlandesas, el referido órgano jurisdiccional concluyó, por último, que ese daño se había sufrido en los Países Bajos.
31
Por ello, el órgano jurisdiccional remitente constató que tenía competencia internacional para conocer de los litigios principales por razón del lugar en que se ha materializado el daño.
32
No obstante, ese órgano jurisdiccional precisa que, si bien ha podido determinar de este modo su competencia internacional para conocer de los litigios principales, aún debe comprobar su competencia territorial, ya que, de conformidad con la sentencia de 15 de julio de 2021, Volvo y otros (C‑30/20, EU:C:2021:604), el artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012 atribuye directa e inmediatamente tanto la competencia internacional como la territorial.
33
A tal efecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, dónde se encuentra, en los Países Bajos, el lugar del hecho generador del daño o el de materialización del daño alegado. Señala que de la sentencia de 15 de julio de 2021, Volvo y otros (C‑30/20, EU:C:2021:604), se desprende que el lugar de adquisición de un bien o, en caso de compras efectuadas en varios lugares, el lugar donde se encuentra el domicilio social de la parte perjudicada puede determinar el órgano jurisdiccional competente. En el presente asunto, por lo que respecta a las compras efectuadas a través de una plataforma en línea de aplicaciones que pueden descargarse en todo el mundo, resulta difícil identificar un lugar de compra, lo que lleva a determinar el órgano jurisdiccional territorialmente competente atendiendo al domicilio del comprador/usuario.
34
Sin embargo, este punto de conexión podría llevar, en los litigios principales, a repartir la competencia para conocer de las acciones de representación entre los órganos jurisdiccionales de los once distritos del Reino de los Países Bajos, ya que cada uno de estos órganos jurisdiccionales solo es competente respecto de los compradores/usuarios que residen o están establecidos en su demarcación territorial. Tal situación aumentaría el riesgo de decisiones divergentes y perjudicaría tanto a la economía procesal como a la buena administración de la justicia.
35
En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si el hecho de que una persona jurídica que defiende intereses colectivos interponga una acción de representación permite vincular la competencia para conocer de dicha acción al domicilio de esa persona o si, en este caso, son pertinentes otros factores de conexión. A este respecto, se pregunta si la circunstancia de que las acciones de representación de que se trata en los litigios principales, ejercitadas, en virtud del artículo 3:305a del BW, por una persona jurídica que no actúa en calidad de cesionario o de mandatario, sino que goza de un derecho propio para actuar en representación de un conjunto indeterminado de personas, tiene importancia a efectos de la determinación de la competencia territorial con arreglo al artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012.
36
En tercer lugar, en el supuesto de que la interpretación de esta última disposición llevara a determinar la competencia de varios órganos jurisdiccionales para conocer de los litigios principales, el referido órgano jurisdiccional desea saber si, habida cuenta de que el legislador neerlandés no ha atribuido la competencia para conocer de las acciones de representación a un único órgano jurisdiccional especializado, es posible aplicar una norma de Derecho nacional que permite centralizar ante un solo órgano jurisdiccional el examen de varias acciones que tengan el mismo objeto y hayan sido ejercitadas inicialmente ante órganos jurisdiccionales diferentes.
37
En estas circunstancias, el rechtbank Amsterdam (Tribunal de Primera Instancia de Ámsterdam) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
a)
En un caso como el del presente asunto, en el que el supuesto abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE, se ha llevado a cabo en un Estado miembro mediante ventas realizadas a través de una plataforma en línea gestionada por Apple y que está dirigida a todo el Estado miembro, de forma que Apple [Distribution International] actúa como distribuidor exclusivo y comisionista del desarrollador y retiene una comisión sobre el precio de compra, ¿cuál debe considerarse que es el lugar del hecho generador del daño en el sentido del artículo 7, punto 2, del Reglamento [n.o 1215/2012]? ¿Es relevante a este respecto el hecho de que la plataforma en línea es, en principio, accesible en todo el mundo?
b)
¿Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que [los litigios principales versen] sobre demandas interpuestas al amparo del artículo 3:305a del [BW] por una persona jurídica cuyo objeto es, por derecho propio, defender los intereses colectivos de varios usuarios que tienen su sede en diferentes distritos […] dentro de un Estado miembro?
c)
Si, en virtud de la respuesta que se dé a la primera cuestión prejudicial, letra a), [o a la primera cuestión prejudicial, letra b)], no solo uno, sino varios órganos jurisdiccionales tienen competencia territorial en el Estado miembro de que se trate, ¿se opone el artículo 7, punto 2, del Reglamento [n.o 1215/2012] a la aplicación de la normativa […] nacional que permite la designación de un único órgano jurisdiccional dentro de dicho Estado miembro?
2)
a)
En un caso como el controvertido en el presente asunto, en el que el supuesto daño se ha producido como consecuencia de las compras de aplicaciones […] a través de una plataforma en línea gestionada por Apple (la “App Store”) en donde Apple [Distribution International] actúa como distribuidor exclusivo y comisionista de los desarrolladores y retiene una comisión sobre el precio de compra (y se han producido supuestamente tanto un abuso de posición dominante en el sentido del artículo 102 TFUE como una supuesta infracción de la prohibición de prácticas colusorias en el sentido del artículo 101 TFUE), y cuando no puede determinarse el lugar en donde se han realizado estas compras, ¿puede servir solo el domicilio del usuario como criterio de conexión para determinar el lugar en el que se ha producido el daño en el sentido del artículo 7, punto 2, del Reglamento [n.o 1215/2012], o bien existen en esta situación otros criterios de conexión para designar al órgano jurisdiccional competente?
b)
¿Es relevante a este respecto el hecho de que el presente litigio verse sobre demandas interpuestas al amparo del artículo 3:305a del BW por una persona jurídica cuyo objeto es, por derecho propio, defender los intereses colectivos de varios usuarios que tienen su sede en diferentes distritos […] dentro de un Estado miembro?
c)
Si, en virtud de la respuesta que se dé a la segunda cuestión prejudicial, letra a), [o a la segunda cuestión prejudicial, letra b)], se designa un órgano jurisdiccional con competencia territorial en el Estado miembro de que se trate, que únicamente es competente para conocer de las demandas interpuestas en beneficio de una parte de los usuarios en dicho Estado miembro, mientras que respecto a las demandas interpuestas en beneficio de otra parte de los usuarios son competentes otros órganos jurisdiccionales con competencia territorial en el mismo Estado miembro, ¿se opone el artículo 7, punto 2, del Reglamento [n.o 1215/2012] a la aplicación de la normativa […] nacional que permite la designación de un único órgano jurisdiccional dentro de dicho Estado miembro?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la admisibilidad
38
Stichting Right to Consumer Justice sostiene que las cuestiones prejudiciales planteadas pueden declararse inadmisibles, dado que el órgano jurisdiccional remitente ya ha interpretado y aplicado el artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012. Así, considera que la respuesta del Tribunal de Justicia a estas cuestiones prejudiciales ya no sería útil para dicho órgano jurisdiccional a fin de resolver los litigios de que conoce.
39
A este respecto, es preciso recordar que, en el contexto del procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar su sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse. De lo anterior se deduce que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencias de 13 de julio de 2000, Idéal tourisme, C‑36/99, EU:C:2000:405, apartado 20, y de 24 de junio de 2025, GR REAL, C‑351/23, EU:C:2025:474, apartado 45 y jurisprudencia citada).
40
En el presente asunto, tras constatar que los órganos jurisdiccionales neerlandeses, incluido él mismo, podrían basarse en su competencia internacional para conocer de los litigios principales, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en esencia, cuál de esos órganos jurisdiccionales es territorialmente competente por razón del lugar del hecho causal que originó el daño o del lugar donde se materializó el daño, en el sentido del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012.
41
A este respecto, si bien señala que es competente para conocer de las acciones de representación en los litigios principales siempre que los usuarios afectados residan o estén establecidos en su demarcación territorial, el órgano jurisdiccional remitente considera que existe una duda razonable acerca de si puede deducir del citado artículo 7, punto 2, la competencia para conocer de esas acciones respecto de los usuarios cuyo domicilio o sede se encuentre en los Países Bajos, pero fuera de su demarcación territorial.
42
Por ello, las cuestiones prejudiciales planteadas no carecen de pertinencia para la resolución de los litigios principales. En consecuencia, dichas cuestiones son admisibles.
Sobre el fondo
Observaciones preliminares
43
Procede recordar que, en la medida en que el Reglamento n.o 1215/2012 ha derogado y sustituido al Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1), que, a su vez, sustituyó al Convenio, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; EE 01/01, p. 186), en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo que respecta a las disposiciones de estos últimos instrumentos jurídicos sigue siendo válida para la interpretación del Reglamento n.o 1215/2012 cuando esas disposiciones puedan calificarse de «equivalentes» a las de este último Reglamento [sentencia de 16 de mayo de 2024, Toplofikatsia Sofia (Concepto de domicilio del demandado), C‑222/23, EU:C:2024:405, apartado 49 y jurisprudencia citada]. Tal es el caso, en particular, del artículo 5, punto 3, del Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y del Reglamento n.o 44/2001, por una parte, y del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, por otra (sentencia de 9 de julio de 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19, EU:C:2020:534, apartado 22 y jurisprudencia citada).
44
Según reiterada jurisprudencia, la regla de competencia especial establecida en el artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, que permite al demandante, como excepción a la regla general de la competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado establecida en el artículo 4 de dicho Reglamento, ejercitar su acción en materia delictual o cuasidelictual ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso, debe interpretarse estrictamente y de modo autónomo (sentencias de 12 de mayo de 2021, Vereniging van Effectenbezitters, C‑709/19, EU:C:2021:377, apartado 24, y de 22 de febrero de 2024, FCA Italy y FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, apartado 23 y jurisprudencia citada).
45
Esta regla de competencia especial se basa en la existencia de una conexión particularmente estrecha entre la controversia y los tribunales del lugar en que se ha producido el hecho dañoso, que justifica una atribución de competencia a dichos tribunales por razones de buena administración de la justicia y de una sustanciación adecuada del proceso (sentencias de 16 de julio de 2009, Zuid-Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, apartado 24, y de 22 de febrero de 2024, FCA Italy y FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, apartado 24 y jurisprudencia citada).
46
En efecto, en materia delictual o cuasidelictual, el juez del lugar donde se ha producido o pudiera producirse el hecho dañoso se encuentra normalmente en la situación más adecuada para conocer del asunto, sobre todo por motivos de proximidad del litigio y de facilidad para la práctica de la prueba (véanse las sentencias de 1 de octubre de 2002, Henkel, C‑167/00, EU:C:2002:555, apartado 46, y de 22 de febrero de 2024, FCA Italy y FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, apartado 25 y jurisprudencia citada).
47
Procede recordar asimismo que la expresión «lugar donde se haya producido el hecho dañoso» se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal que ha originado ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante el órgano jurisdiccional de cualquiera de esos dos lugares (sentencias de 30 de noviembre de 1976, Bier_21/76, EU:C:1976:166, apartados 24 y 25, y de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, apartado 65 y jurisprudencia citada). Esos dos lugares pueden constituir una conexión relevante desde el punto de vista de la competencia judicial, dado que cada uno de ellos puede, según las circunstancias, proporcionar una indicación particularmente útil desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciación del proceso (sentencia de 25 de octubre de 2011, eDate Advertising y otros, C‑509/09 y C‑161/10, EU:C:2011:685, apartado 41 y jurisprudencia citada).
48
En su jurisprudencia relativa a la determinación del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso en el caso de daños patrimoniales causados por una explotación abusiva de una posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE, el Tribunal de Justicia ha declarado que el hecho causal que origina el daño reside en la ejecución de esa explotación, es decir, en los actos llevados a cabo por la empresa dominante para ponerla en práctica, concretamente ofreciendo y aplicando precios predatorios en el mercado de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, apartado 52).
49
En cuanto al lugar en que se materializa ese daño, el Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando el mercado afectado por las prácticas contrarias a la competencia de que se trate se encuentra en el Estado miembro en cuyo territorio supuestamente sobrevino el daño alegado, procede considerar que ese lugar se encuentra en dicho Estado miembro. El Tribunal de Justicia ha precisado que esta solución, basada en la concordancia de estos dos elementos, responde a los objetivos de proximidad y de previsibilidad de las reglas de competencia. En efecto, por una parte, los tribunales del Estado miembro en que se encuentra el mercado afectado son los más indicados para examinar tales recursos indemnizatorios y, por otra parte, un operador económico que realiza prácticas contrarias a la competencia puede razonablemente esperar ser demandado ante los tribunales del lugar en que esas prácticas han falseado las reglas de la sana competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑27/17, EU:C:2018:533, apartado 40).
50
El Tribunal de Justicia también ha declarado que del propio tenor del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012 se infiere que esta disposición atribuye directa e inmediatamente tanto la competencia internacional como la competencia territorial al órgano jurisdiccional del lugar donde haya sobrevenido el daño (sentencia de 15 de julio de 2021, Volvo y otros, C‑30/20, EU:C:2021:604, apartado 33).
Segunda cuestión prejudicial, letras a) y b)
51
Mediante su segunda cuestión prejudicial, letras a) y b), que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, cómo debe interpretarse el artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012 para identificar, en un mercado de un Estado miembro supuestamente afectado por la realización de prácticas contrarias a la competencia, consistentes en la facturación por parte del gestor de una plataforma en línea, dirigida a todos los usuarios establecidos en dicho Estado, de una comisión excesiva sobre el precio de las aplicaciones y productos digitales integrados en esas aplicaciones, comercializados en dicha plataforma, el órgano jurisdiccional territorialmente competente, por razón del lugar de materialización del daño, para conocer de una acción de representación ejercitada por una entidad habilitada para defender los intereses colectivos de una pluralidad de usuarios no identificados, pero identificables.
52
Con carácter preliminar, procede señalar que, como se desprende de la petición de decisión prejudicial y sin perjuicio de la apreciación de los hechos que corresponderá efectuar al órgano jurisdiccional remitente, el daño alegado en los litigios principales consiste, en esencia, en los sobrecostes pagados por los usuarios de los dispositivos Apple al comprar en la App Store NL una aplicación, debido a la repercusión, en el precio de compra, de una comisión excesiva impuesta por Apple a los desarrolladores.
53
El órgano jurisdiccional remitente también declaró probado, en su resolución interlocutoria de 16 de agosto de 2023, que, al menos en lo que respecta a la imputación basada en la infracción del artículo 102 TFUE, el mercado afectado por las prácticas contrarias a la competencia invocadas por las demandantes en los litigios principales es el mercado neerlandés, considerando, en esencia, que la App Store NL había sido especialmente diseñada para dicho mercado, que utilizaba la lengua neerlandesa para poner a la venta aplicaciones para su adquisición por los usuarios con un Apple ID asociado a los Países Bajos y que Apple Distribution International actuaba como distribuidor exclusivo y comisionista de esas aplicaciones en dicha plataforma.
54
Por lo que se refiere, en primer lugar, a la naturaleza del daño alegado, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que se debe distinguir entre, por un lado, el daño inicial, directamente derivado del hecho causal, cuyo lugar de producción podría justificar la competencia del juez en virtud del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, y, por otro lado, las consecuencias adversas posteriores que no pueden fundamentar la atribución de competencia sobre la base de esta disposición (sentencia de 22 de febrero de 2024, FCA Italy y FPT Industrial, C‑81/23, EU:C:2024:165, apartado 28 y jurisprudencia citada). Aunque se admita que el concepto de «lugar donde se haya producido el hecho dañoso», en el sentido de dicha disposición, puede referirse a la vez al lugar en donde haya sobrevenido el daño y al lugar del hecho causante, dicho concepto no puede interpretarse de una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar (sentencia de 19 de septiembre de 1995, Marinari, C‑364/93, EU:C:1995:289, apartado 14).
55
A este respecto, como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, un perjuicio consistente esencialmente en los sobrecostes derivados de la imposición de elevadas comisiones a los desarrolladores que se repercuten en los precios facturados a los usuarios finales de las aplicaciones que funcionan con el sistema operativo iOS es una consecuencia inmediata de los comportamientos contrarios a la competencia alegados por las demandantes en los litigios principales y representa un daño directo, que permite fundamentar, en principio, la competencia internacional y territorial de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se ha materializado.
56
En segundo lugar, por lo que atañe al lugar de materialización de ese daño, como se ha recordado en el apartado 49 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando el mercado afectado por las prácticas contrarias a la competencia de que se trate se encuentra en el Estado miembro en cuyo territorio supuestamente sobrevino el daño alegado, procede considerar, a efectos de determinar la competencia internacional de un órgano jurisdiccional, que el lugar donde se materializó el referido daño, a los efectos del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, se encuentra en ese Estado miembro.
57
En aplicación de esta jurisprudencia, el órgano jurisdiccional remitente constató que los órganos jurisdiccionales neerlandeses tienen la competencia internacional para conocer de los litigios principales.
58
No obstante, habida cuenta de la interpretación dada por el Tribunal de Justicia al artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, que se ha recordado en el apartado 50 de la presente sentencia, según la cual esta disposición atribuye directa e inmediatamente tanto la competencia internacional como la competencia territorial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta cuál o cuáles de esos órganos jurisdiccionales con competencia internacional tendrían competencia territorial para conocer del litigio.
59
A este respecto, es preciso recordar que, en el caso de una acción de indemnización del daño causado por acuerdos colusorios sobre la fijación y el aumento de los precios de los bienes materiales, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en el mercado afectado por esos acuerdos, la competencia internacional y territorial para conocer de tal acción, por razón de la materialización del daño alegado, corresponde, bien al tribunal en cuya demarcación compró los bienes objeto de tales acuerdos la persona jurídica que alega el perjuicio, bien, en caso de compras realizadas por esta en varios lugares, al tribunal en cuya demarcación se encuentre el domicilio social de dicha persona jurídica (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Volvo y otros, C‑30/20, EU:C:2021:604, apartado 43).
60
En el presente asunto, procede señalar, en primer lugar, que estos criterios de conexión no pueden aplicarse mutatis mutandis en el caso, como el que es objeto de los litigios principales, de la adquisición de productos digitales en una plataforma en línea por un número indefinido de personas físicas o jurídicas no identificadas en el momento de ejercitarse la acción.
61
Así pues, las dificultades para aplicar los referidos criterios de conexión hacen necesario adaptarlos para preservar el efecto útil del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012 y contribuir a una buena administración de la justicia.
62
En el presente asunto, en la medida en que la App Store NL está especialmente diseñada para el mercado neerlandés y utiliza la lengua neerlandesa para poner a la venta aplicaciones para su adquisición por los usuarios que disponen de un Apple ID asociado a los Países Bajos, algunas de las cuales han sido específicamente creadas para dicho mercado, puede considerarse, a efectos de la determinación del lugar de materialización del daño, con arreglo al artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, que el espacio virtual que constituye la App Store NL, en el que se han realizado las compras, se corresponde con la totalidad del territorio del referido Estado. El daño sufrido con ocasión de las compras realizadas en ese espacio virtual puede, por tanto, materializarse en ese territorio, con independencia del lugar en el que se encontraran los usuarios afectados en el momento de la compra de que se trate.
63
En segundo lugar, también es preciso señalar que, a diferencia de la entidad que llevó la acción colectiva controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), las demandantes en el litigio principal no invocan una pluralidad de créditos indemnizatorios cedidos por las víctimas identificadas de una práctica contraria a la competencia.
64
En efecto, como se desprende de la petición de decisión prejudicial, con arreglo al Derecho neerlandés, una fundación o una asociación que ejercita una acción de representación actúa como promotor independiente de los intereses de personas que, aunque no se designen individualmente, tienen intereses similares. De este modo, estas demandantes ejercen un derecho propio, a saber, el de representar y defender los intereses colectivos de un «grupo estrictamente definido» que reúne a personas no identificadas, pero identificables, a saber, los usuarios, ya sean consumidores o profesionales, que hayan adquirido aplicaciones creadas por los desarrolladores en la App Store NL a la que han accedido con su Apple ID asociado a los Países Bajos y cuyo domicilio o sede puede encontrarse, en la mayoría de los casos, en todo el territorio de dicho Estado.
65
Ese grupo debe determinarse de manera suficientemente precisa para permitir a las personas interesadas manifestar su posición en cuanto al resultado del procedimiento de que se trate y, en su caso, recibir una indemnización. A este respecto, el Gobierno neerlandés precisó en la vista que el resultado de una acción de representación para la defensa de los intereses colectivos de personas no identificadas, pero identificables, vincula a las personas establecidas en los Países Bajos que pertenezcan a ese grupo y no hayan manifestado su voluntad de abstenerse de participar en dicho procedimiento.
66
En tales circunstancias, no cabe exigir a un órgano jurisdiccional, a efectos de determinar su competencia territorial para conocer de tal acción, por razón del lugar de materialización del daño, en el sentido del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, que identifique para cada supuesta víctima considerada individualmente el lugar preciso de materialización del daño potencialmente sufrido, ya que esas víctimas no están individualizadas en el momento en que ese órgano jurisdiccional examina su competencia, ni que proceda a identificar a una o a algunas de esas víctimas.
67
Por último, es necesario precisar que, contrariamente a lo que señala Apple en sus observaciones escritas, no puede considerarse que la imposibilidad de determinar, respecto de cada supuesta víctima de una práctica contraria a la competencia, el lugar donde se ha materializado el daño, en el sentido del citado artículo 7, punto 2, suponga que esta disposición no se aplica. En efecto, como se ha precisado en el apartado 62 de la presente sentencia, en este asunto, ese lugar corresponde a un espacio geográfico bien definido, a saber, la totalidad del territorio donde se encuentra el mercado afectado por las prácticas contrarias a la competencia de que se trata, de modo que no existe una imposibilidad de localizar dicho lugar, que podría justificar, en su caso, la aplicación del criterio general de competencia previsto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 1215/2012, a saber, el del domicilio del demandado (véase, por analogía, la sentencia de 19 de febrero de 2002, Besix, C‑256/00, EU:C:2002:99, apartados 49 y 50).
68
De lo anterior se desprende que, en situaciones como las controvertidas en los litigios principales, cualquier órgano jurisdiccional con competencia material para conocer de una acción de representación ejercitada por una entidad habilitada para defender los intereses colectivos de una pluralidad de usuarios no identificados, pero identificables, tiene competencia internacional y territorial, por razón del lugar de materialización del daño, en el sentido del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, para conocer de esa acción en su totalidad.
69
Tal conclusión es conforme con los objetivos perseguidos por el Reglamento n.o 1215/2012.
70
A este respecto, debe recordarse que la identificación del lugar de materialización del daño con el fin de determinar el tribunal competente en los Estados miembros para conocer de una acción de indemnización por prácticas contrarias a la competencia debe responder a los objetivos de proximidad y de previsibilidad de las reglas de competencia, así como de una buena administración de justicia, recordados en los considerandos 15 y 16 de ese Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Volvo y otros, C‑30/20, EU:C:2021:604, apartado 38 y jurisprudencia citada).
71
Por lo que se refiere al objetivo de proximidad entre el órgano jurisdiccional que conoce del asunto y el objeto del litigio, procede observar que las particularidades de las acciones de representación de los litigios principales llevan, en esencia, al órgano jurisdiccional que haya de conocer de ellas a examinar la existencia del daño alegado en relación con el grupo estrictamente definido constituido por usuarios no identificados, pero identificables, que han sufrido el mismo tipo de daño, derivado de prácticas contrarias a la competencia llevadas a cabo en todo el territorio de que se trata. Por consiguiente, cada órgano jurisdiccional con competencia material para conocer de tal acción tiene, respecto del objeto de dicha acción, la misma relación de proximidad.
72
Esta conclusión también cumple la exigencia de previsibilidad, en la medida en que permite tanto al demandante como al demandado identificar los órganos jurisdiccionales competentes. Por lo que respecta, en el presente asunto, a Apple Distribution International, en la medida en que la App Store NL se dirige específicamente al mercado neerlandés, es previsible que una acción de representación para exigir responsabilidad por las compras realizadas en dicha plataforma se ejercite ante cualquier órgano jurisdiccional neerlandés competente por razón de la materia.
73
Esta conclusión se ajusta asimismo a las exigencias de buena administración de la justicia, en la medida en que permite, al mismo tiempo, una gestión procesal eficaz del litigio, la práctica y la valoración de la prueba por un único órgano jurisdiccional, a saber, el órgano jurisdiccional neerlandés competente por razón de la materia ante el que haya ejercitado la acción la entidad habilitada para defender los intereses colectivos de una pluralidad de usuarios no identificados, pero identificables, y la prevención del riesgo de decisiones divergentes.
74
Sobre este particular, procede subrayar que, habida cuenta de las particularidades de los asuntos comprendidos en el ámbito del Derecho de la competencia y, más concretamente, de que el ejercicio de las acciones por daños y perjuicios por una infracción de ese Derecho requiere, en principio, un análisis fáctico y económico complejo, la agrupación de pretensiones individuales puede facilitar tanto el ejercicio del derecho a resarcimiento por parte de los perjudicados (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2025, ASG 2, C‑253/23, EU:C:2025:40, apartado 85) como la tarea que incumbe al órgano jurisdiccional que conoce del asunto. En el contexto del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, la complejidad técnica de las normas aplicables a las acciones por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia puede también constituir una razón de peso en favor de una concentración de competencias (sentencia de 15 de julio de 2021, Volvo y otros, C‑30/20, EU:C:2021:604, apartado 37 y jurisprudencia citada), en particular cuando aquellas se refieran a prácticas de operadores que explotan plataformas digitales.
75
Por lo tanto, esta disposición no se opone a la aplicación de normas nacionales que tengan por objeto garantizar tal concentración, en particular cuando sean varios los órganos jurisdiccionales ante los que las entidades habilitadas ejerciten acciones de representación (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Volvo y otros, C‑30/20, EU:C:2021:604, apartado 35).
76
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial, letras a) y b), que el artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, en el mercado de un Estado miembro supuestamente afectado por la realización de prácticas contrarias a la competencia, consistentes en la facturación por parte del gestor de una plataforma en línea, dirigida a todos los usuarios establecidos en ese Estado, de una comisión excesiva sobre el precio de las aplicaciones y productos digitales integrados en esas aplicaciones, comercializados en dicha plataforma, cualquier órgano jurisdiccional del referido Estado con competencia material para conocer de una acción de representación ejercitada por una entidad habilitada para defender los intereses colectivos de una pluralidad de usuarios no identificados, pero identificables, que hayan adquirido productos digitales en la mencionada plataforma tiene competencia internacional y territorial, por razón del lugar de materialización del daño, para conocer de dicha acción en relación con todos esos usuarios.
Cuestiones prejudiciales primera y segunda, letra c)
77
Sin perjuicio de las comprobaciones fácticas que corresponderá efectuar al órgano jurisdiccional remitente, de la respuesta dada a la segunda cuestión prejudicial, letras a) y b), se desprende, por tanto, que, por razón del lugar de materialización del daño, en el sentido del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.o 1215/2012, dicho órgano jurisdiccional es competente para conocer de las acciones de representación ejercitadas ante él en relación con todos los usuarios que hayan adquirido aplicaciones en la App Store NL. Por consiguiente, no es necesario examinar si el referido órgano jurisdiccional también podría basar su competencia en el hecho causal que originó ese daño, en el sentido de la citada disposición, o si una norma nacional que permite centralizar ante un único órgano jurisdiccional varias acciones de representación con el mismo objeto que inicialmente se han ejercitado ante órganos jurisdiccionales diferentes menoscabaría el efecto útil de dicha disposición.
78
En consecuencia, no procede responder a la primera cuestión prejudicial ni a la segunda cuestión prejudicial, letra c).
Costas
79
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil,
debe interpretarse en el sentido de que,
en el mercado de un Estado miembro supuestamente afectado por la realización de prácticas contrarias a la competencia, consistentes en la facturación por parte del gestor de una plataforma en línea, dirigida a todos los usuarios establecidos en ese Estado, de una comisión excesiva sobre el precio de las aplicaciones y productos digitales integrados en esas aplicaciones, comercializados en dicha plataforma, cualquier órgano jurisdiccional del referido Estado con competencia material para conocer de una acción de representación ejercitada por una entidad habilitada para defender los intereses colectivos de una pluralidad de usuarios no identificados, pero identificables, que hayan adquirido productos digitales en la mencionada plataforma tiene competencia internacional y territorial, por razón del lugar de materialización del daño, para conocer de dicha acción en relación con todos esos usuarios.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.