Asunto C‑21/14 P-R
Comisión Europea
contra
Rusal Armenal ZAO
«Procedimiento sobre medidas provisionales — Recurso de casación — Demanda de suspensión de un reglamento a raíz de una sentencia de anulación — Dumping — Importaciones de determinadas hojas de aluminio originarias de Armenia, Brasil y China — Adhesión de Armenia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) — Trato de empresa que opera en economía de mercado — Artículo 2, apartado 7, del Reglamento (CE) nº 384/96 — Compatibilidad con el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT) — Fumus boni iuris — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Inexistencia»
Sumario — Auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia
de 12 de junio de 2014
1.        Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Sentencia del Tribunal General objeto de un recurso de casación — Demanda de medidas provisionales que persigue que se mantengan los efectos de una sentencia del Tribunal General que anuló parcialmente un reglamento que impuso derechos antidumping — Admisibilidad — Requisitos — Necesidad de que el demandante ofrezca garantías que cubran las rentas previstas por dicho Reglamento — Inexistencia
(Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 60, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 162, ap. 2)
2.        Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Sentencia del Tribunal General objeto de un recurso de casación — Demanda de medidas provisionales que persigue que se mantengan los efectos de una sentencia del Tribunal General que anuló parcialmente un reglamento que impuso derechos antidumping — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Examen prima facie de las alegaciones formuladas por el demandante frente a los motivos invocados en apoyo del recurso de casación
(Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 60, párr. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 162, ap. 3)
3.        Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Fumus boni iuris — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Carácter acumulativo — Ponderación de los intereses en conflicto — Sentencia del Tribunal General que anuló parcialmente un reglamento que impuso derechos antidumping — Demanda de medidas provisionales que persigue que se mantengan los efectos de la sentencia del Tribunal General y que cumple el requisito del fumus boni iuris — Circunstancia que no basta para flexibilizar el requisito relativo a la urgencia
(Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 60; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 162, ap. 3)
4.        Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable — Perjuicio económico — Situación que podría poner en peligro la existencia de la sociedad demandante — Reglamento antidumping que llevaba más de cuatro años produciendo efectos cuando se interpuso una demanda de medidas provisionales — Apreciación en relación con la situación del grupo al que pertenece — Expiración inminente de las medidas antidumping — Irrelevancia — Necesidad de invocar el riesgo de sufrir en persona ese perjuicio — Apreciación en atención al riesgo de tener que suprimir empleos — Inexistencia de urgencia
(Arts. 278 TFUE y 279 TFUE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 60; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 162, ap. 3)
1.        Véase el texto de la resolución.
(véanse los apartados 13 a 19)
2.        Los requisitos para conceder la suspensión de la ejecución y las demás medidas provisionales deben cumplirse en el caso de una demanda de medidas provisionales presentada por la parte vencedora en primera instancia en el marco de un procedimiento de casación iniciado por la otra parte contra una sentencia del Tribunal General que anula un reglamento. Aun a riesgo de privar a tal recurso de casación del efecto suspensivo establecido en el artículo 60, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, esta regla se aplica en el supuesto de una sentencia de este tipo del Tribunal General dictada en favor de la parte demandante en primera instancia. No obstante, al aplicar estos requisitos tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia, el juez de medidas provisionales del órgano jurisdiccional que conoce del recurso de casación debe tener en cuenta que el juez de primera instancia se pronunció en favor de quien era ante él la parte demandante. Por consiguiente, debe aplicar necesariamente dichos requisitos mutatis mutandis.
Por lo que se refiere al requisito relativo a la existencia de un fumus boni iuris, éste se cumple cuando, en fase del procedimiento de medidas provisionales, existe una controversia jurídica importante cuya solución no se evidencia de manera inmediata. En el caso de una demanda de medidas provisionales presentada, en el marco de un recurso de casación con efectos suspensivos porque tiene por objeto la anulación de una sentencia mediante la cual el Tribunal General anuló un reglamento, el juez de medidas provisionales conoce a instancias de la parte vencedora en primera instancia. Así pues, el juez de medidas provisionales debe comprobar si no carecen de fundamento las alegaciones de esa parte que persiguen la desestimación del recurso de casación en el sentido de que presentan una probabilidad suficientemente grande de prosperar. Esto significa que la parte vencedora en primera instancia debe demostrar que, pese a los motivos de casación formulados por el adversario, sus propias alegaciones contrarias son a primera vista suficientemente creíbles para poder prosperar y que, en consecuencia, no parece claro que se evidencie la anulación de la sentencia recurrida.
(véanse los apartados 21, 22, 24 y 25)
3.        En materia de medidas provisionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, los requisitos relativos al fumus boni iuris y a la urgencia son distintos y acumulativos.
Sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el carácter más o menos serio del fumus boni iuris no carece de influencia al apreciar la urgencia. El juez que conoce de las medidas provisionales debe tomar en consideración la urgencia que puede invocar una parte demandante, máxime teniendo en cuenta que el fumus boni iuris de los motivos y alegaciones en los que se basa parece particularmente serio.
No obstante, por lo que respecta a una demanda de medidas provisionales que persigue que se mantengan los efectos de una sentencia del Tribunal General recurrida en casación, el hecho de que dicho Tribunal haya anulado un reglamento no puede atenuar las exigencias propias del criterio de urgencia. Por tanto, la aplicación de un reglamento, pese a haber sido anulado por el Tribunal General, no causa, per se, un perjuicio que pueda ser objeto de un recurso de indemnización. En efecto, al haber decidido el legislador de la Unión, con la adopción del artículo 60 del Estatuto del Tribunal de Justicia, conferir efecto suspensivo a la interposición de un recurso de casación contra una sentencia del Tribunal General que anula un reglamento, no corresponde al juez de medidas provisionales que conozca de un recurso de casación privar a ese artículo de parte de su efecto útil flexibilizando sistemáticamente el requisito relativo a la urgencia en tales circunstancias.
(véanse los apartados 39 a 41)
4.        Véase el texto de la resolución.
(véanse los apartados 42 a 56)