62022CJ0767
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 4 de octubre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia penal — Decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito — Decisión Marco 2005/212/JAI — Directiva 2014/42/UE — Ámbitos de aplicación — Procedimiento penal nacional que puede dar lugar al decomiso de bienes obtenidos ilegalmente — Falta de constatación de una infracción penal — Decomiso sin condena — Razones distintas de la enfermedad o la fuga»
En los asuntos acumulados C‑767/22, C‑49/23 y C‑161/23,
que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia), mediante resoluciones de 8 de diciembre de 2022, 31 de enero y 14 de marzo de 2023, recibidas en el Tribunal de Justicia, respectivamente, el 12 de diciembre de 2022, el 1 de febrero y el 16 de marzo de 2023, en los procedimientos
1Dream OÜ,
DS,
DL,
VS,
JG (C‑767/22),
AZ,
1Dream OÜ,
Produktech Engineering AG,
BBP,
Polaris Consulting Ltd (C‑49/23),
VL,
ZS,
Lireva Investments LTD,
VI,
FORTRESS FINANCE Inc. (C‑161/23),
con intervención de:
Latvijas Republikas Saeima,
El TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. A. Arabadjiev, Presidente de Sala, el Sr. L. Bay Larsen (Ponente), Vicepresidente del Tribunal de Justicia, y los Sres. T. von Danwitz y A. Kumin y la Sra. I. Ziemele, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Pikamäe;
Secretarios: Sr. I. Illéssy y Sra. S. Spyropoulos, administradores;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 15 de abril de 2024;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de 1Dream OÜ, por el Sr. S. Bērtaitis, advokāts;
–
en nombre de VS, DL y DS, por el Sr. A. Jaunzars, advokāts;
–
en nombre de JG, por la Sra. I. Nikuļceva y el Sr. A. Voroņko, advokāti;
–
en nombre de AZ, por el Sr. R. Valdemārs, advokāts;
–
en nombre de Produktech Engineering AG, por los Srs. T. Krūmiņš y L. Liepa, advokāti;
–
en nombre de BBP, por el Sr. A. Rasa, advokāts;
–
en nombre de Polaris Consulting Ltd, por el Sr. A. Liepiņš, advokāts;
–
en nombre de VL, por la Sra. L. Lielbriede, advokāta palīdze, y la Sra. S. Oborenko y el Sr. E. Rusanovs, advokāti;
–
en nombre de ZS, por el Sr. A. Ņikiforovs, jurists;
–
en nombre de Lireva Investments LTD, por el Sr. A. Rasa, advokāts;
–
en nombre de VI, por la Sra. D. Siliņa, advokāte;
–
en nombre de FORTRESS FINANCE Inc., por la Sra. L. Baltiņa, advokāta palīdze;
–
en nombre del Gobierno letón, por las Sras. J. Davidoviča, K. Pommere y S. Zābele, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno checo, por el Sr. M. Smolek, la Sra. T. Suchá y el Sr. J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. I. Naglis, la Sra. I. Rubene y los Sres. M. Wasmeier e I. Zaloguin, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de julio de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), de la Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito (DO 2005, L 68, p. 49), de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO 2014, L 127, p. 39), y del principio de primacía del Derecho de la Unión.
2
Estas peticiones se han presentado en el marco de sendos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por 1Dream OÜ, DS, DL, VS, JG (C‑767/22), AZ, 1Dream, Produktech Engineering AG, BBP, Polaris Consulting Ltd (C‑49/23), VL, ZS, Lireva Investments LTD, VI y FORTRESS FINANCE Inc. (C‑161/23), en relación con la constitucionalidad de disposiciones nacionales relativas a un procedimiento de decomiso de bienes.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Decisión Marco 2005/212
3
El artículo 2, apartado 1, de la Decisión Marco 2005/212 dispone lo siguiente:
«Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para poder proceder al decomiso, total o parcial, de los instrumentos y productos de infracciones penales que lleven aparejadas penas privativas de libertad de duración superior a un año, o de bienes cuyo valor corresponda a tales productos.»
Directiva 2014/42
4
Según los considerandos 5, 15, 16, 21 y 22 de la Directiva 2014/42:
«(5)
La adopción de normas mínimas aproximará los regímenes de embargo y decomiso de los Estados miembros, facilitando así la confianza mutua y la cooperación transfronteriza eficaz.
[…]
(15)
Debe existir la posibilidad, previa resolución penal firme condenatoria, de decomisar los instrumentos y el producto del delito o bienes cuyo valor corresponda a tales instrumentos o producto. Dicha resolución penal firme condenatoria también podría derivarse de procedimientos en ausencia del acusado. Cuando no sea posible el decomiso basado en una resolución judicial firme, debería no obstante seguir siendo posible, en determinadas circunstancias, decomisar esos instrumentos y producto, al menos en los casos de enfermedad o fuga del sospechoso o acusado. Sin embargo, en esos casos de enfermedad o fuga, la existencia en los Estados miembros de procedimientos en ausencia del acusado sería suficiente para respetar esta obligación. Cuando el sospechoso o acusado se haya fugado, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas oportunas y pueden exigir que se convoque a la persona de que se trate o que se ponga en su conocimiento el procedimiento de decomiso.
(16)
A los efectos de la presente Directiva, la “enfermedad” debe entenderse en el sentido de imposibilidad del sospechoso o acusado de comparecer en el proceso penal durante un período prolongado de tiempo, y ello conlleve como consecuencia que el procedimiento no pueda proseguir en condiciones normales. Se podrá exigir a los sospechosos o acusados que demuestren estar enfermos, por ejemplo mediante certificado médico, del que el tribunal debe poder hacer caso omiso si lo juzga insuficiente. No debe menoscabarse el derecho de la persona a estar representada por un abogado en el proceso.
[…]
(21)
El decomiso ampliado debe ser posible en caso de que un órgano jurisdiccional haya resuelto que el bien en cuestión procede de actividades delictivas. Esto no significa que deba probarse que el bien en cuestión procede de actividades delictivas. Los Estados miembros pueden estipular que sea suficiente, por ejemplo, con que el órgano jurisdiccional considere, habida cuenta de las distintas probabilidades, o pueda presumir razonablemente, que es sustancialmente más probable que el bien en cuestión se haya obtenido merced a actividades delictivas que merced a otras actividades. En este contexto, el órgano jurisdiccional tiene que examinar las circunstancias específicas del caso, incluidos los hechos y pruebas disponibles en los que pueda basarse la decisión de decomiso ampliado. El hecho de que los bienes de la persona no guarden proporción con sus ingresos lícitos puede ser uno de los elementos que induzcan al órgano jurisdiccional a resolver que el bien procede de una actividad delictiva. Los Estados miembros también pueden establecer un determinado plazo durante el cual pueda considerarse que el bien procede de una actividad delictiva.
(22)
La presente Directiva establece normas mínimas. Ello no impedirá que los Estados miembros establezcan competencias más amplias en su Derecho nacional, incluso, por ejemplo, en relación con sus normas en materia de prueba.»
5
El artículo 1 de esta Directiva establece:
«1.   La presente Directiva establece normas mínimas sobre el embargo de bienes con vistas a su posible decomiso y sobre el decomiso de bienes en el ámbito penal.
2.   La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los procedimientos que pueden utilizar los Estados miembros para decomisar los bienes de que se trate.»
6
El artículo 2 de la citada Directiva precisa:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1)
“producto”: toda ventaja económica derivada, directa o indirectamente, de infracciones penales; puede consistir en cualquier tipo de bien e incluye cualquier reinversión o transformación posterior del producto directo así como cualquier beneficio cuantificable;
2)
“bienes”: cualquier tipo de bienes, ya sean materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, así como los documentos o instrumentos jurídicos acreditativos de un título o derecho sobre esos bienes;
3)
“instrumento”, cualquier bien utilizado o destinado a utilizarse de cualquier forma, total o parcialmente, para cometer una o varias infracciones penales;
4)
“decomiso”: la privación definitiva de un bien por un órgano jurisdiccional en relación con una infracción penal;
[…]
6)
“infracción penal”: una infracción de las previstas por cualquiera de los actos enumerados en el artículo 3.»
7
El artículo 4 de la misma Directiva, titulado «Decomiso», dispone:
«1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para poder proceder al decomiso, ya sea total o parcial, de los instrumentos y del producto del delito, o de bienes cuyo valor corresponda a dichos instrumentos o producto, previa resolución penal firme condenatoria que podrá ser también resultado de un procedimiento tramitado en ausencia del acusado.
2.   En caso de que no sea posible efectuar el decomiso sobre la base del apartado 1, al menos cuando dicha imposibilidad se derive de la enfermedad o la fuga del sospechoso o del acusado, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para posibilitar el decomiso de instrumentos o productos en aquellos casos en los que se hayan incoado procedimientos penales en relación con una infracción penal que pueda dar lugar, directa o indirectamente, a una ventaja económica, y en los que dichos procedimientos podrían haber conducido a una resolución penal condenatoria si el sospechoso o acusado hubiera podido comparecer en juicio».
8
El artículo 5 de la Directiva 2014/42, titulado «Decomiso ampliado», establece en su apartado 1:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para poder proceder al decomiso, total o parcial, de bienes pertenecientes a una persona condenada por una infracción penal que directa o indirectamente pueda dar lugar a una ventaja económica, cuando un órgano jurisdiccional haya resuelto, considerando las circunstancias del caso, incluidos los hechos específicos y las pruebas disponibles, tales como que el valor del bien no guarda proporción con los ingresos lícitos de la persona condenada, que el bien de que se trata procede de actividades delictivas.»
9
El artículo 6 de dicha Directiva, titulado «Decomiso de bienes de terceros», enuncia, en su apartado 1, lo siguiente:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para posibilitar el decomiso de productos del delito u otros bienes cuyo valor corresponda a productos que, directa o indirectamente, hayan sido transferidos a terceros por un sospechoso o un acusado, o que hayan sido adquiridos por terceros de un sospechoso o un acusado, al menos cuando esos terceros tuvieran o hubieran debido tener conocimiento de que el objetivo de la transferencia o adquisición era evitar el decomiso, basándose en hechos y circunstancias concretas, entre ellas la de que la transferencia o adquisición se haya realizado gratuitamente o a cambio de un importe significativamente inferior al valor de mercado.»
10
El artículo 8, apartados 1 y 8, de la citada Directiva dispone:
«1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas afectadas por las medidas establecidas en la presente Directiva tengan derecho a una tutela judicial efectiva y a un juicio justo a fin de preservar sus derechos.
[…]
8.   En el procedimiento contemplado en el artículo 5, la persona afectada tendrá la posibilidad efectiva de impugnar las circunstancias del caso, incluidos los hechos específicos y las pruebas disponibles sobre cuya base se considere que el bien de que se trate procede de una actividad delictiva.»
11
El artículo 14, apartado 1, de la misma Directiva precisa:
«Los cuatro primeros guiones de los artículos 1 y 3 de la Decisión Marco [2005/212] son sustituidos por la presente Directiva en lo que respecta a los Estados miembros obligados por la presente Directiva […]».
Reglamento (UE) 2018/1805
12
El considerando 13 del Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso (DO 2018, L 303, p. 1), tiene el siguiente tenor:
«El presente Reglamento debe aplicarse a todas las resoluciones de embargo y a todas las resoluciones de decomiso dictadas en el marco de un procedimiento en materia penal. “Procedimiento en materia penal” es un concepto autónomo del Derecho de la Unión interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin perjuicio de lo dispuesto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este concepto comprende, por tanto, todos los tipos de resoluciones de embargo y de resoluciones de decomiso dictadas en un procedimiento relativo a una infracción penal, no solo las contempladas en la Directiva [2014/42]. Comprende también otros tipos de resoluciones dictadas sin condena firme. […]»
Derecho letón
13
El artículo 92, frases primera y segunda, de la Latvijas Republikas Satversme (Constitución de la República de Letonia) (en lo sucesivo, «Constitución letona») dispone lo siguiente:
«Toda persona tiene derecho a hacer valer sus derechos e intereses legítimos ante un órgano jurisdiccional imparcial. Toda persona se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley.»
14
El artículo 124, apartado 6, de la Kriminālprocesa likums (Ley de Enjuiciamiento Criminal), de 21 de abril de 2005 (Latvijas Vēstnesis, 2005, n.o 74), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Enjuiciamiento Criminal»), establece que, en los procedimientos penales y en los procedimientos relativos a los bienes obtenidos ilegalmente, la prueba del origen ilícito de los bienes se considerará acreditada si, durante la presentación de las pruebas, existen razones para considerar que los bienes tienen, con toda probabilidad, un origen delictivo y no un origen lícito.
15
El artículo 125, apartado 3, de dicha Ley establece que los bienes que hayan sido objeto de blanqueo de capitales se considerarán adquiridos ilegalmente si la persona implicada en un procedimiento penal no puede dar una explicación creíble sobre el origen lícito de los bienes y si el conjunto de las pruebas permite al responsable del procedimiento suponer que los bienes son, con toda probabilidad, de origen ilícito.
16
El artículo 126, apartado 31, de la citada Ley dispone:
«Si la persona implicada en un procedimiento penal alega que no puede considerarse que los bienes hayan sido adquiridos ilegalmente, recae sobre ella la carga de probar la licitud de su origen. Si no proporciona información fiable sobre la licitud del origen de los bienes en el plazo establecido, se le denegará la posibilidad de obtener una reparación del perjuicio ocasionado por las restricciones impuestas a la utilización de sus bienes en el procedimiento penal.»
17
El artículo 626, apartado 1, de la misma Ley establece:
«El agente de investigación, con la aprobación del fiscal encargado de la dirección de la investigación, o el fiscal podrán, en aras de la rápida resolución de las cuestiones patrimoniales suscitadas durante la fase preliminar del procedimiento penal y en interés de la economía procesal, extraer del expediente penal los materiales relativos a los bienes obtenidos ilegalmente e incoar un procedimiento si se reúnen las siguientes condiciones:
1)
todos los elementos de prueba llevan a creer que los bienes confiscados o incautados se han adquirido de forma ilegal o están relacionados con una infracción penal;
2)
plantear el asunto penal ante los tribunales en un futuro previsible (dentro de un plazo razonable) resulta imposible, por razones objetivas, o bien puede suponer unos costes significativos [y] que no están justificados.»
18
El artículo 627, apartados 1 a 5, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone:
«(1)   En las condiciones establecidas en el artículo 626 de la presente Ley, el responsable del procedimiento adoptará la decisión de incoar un procedimiento por obtención ilegal de bienes y trasladará al tribunal las pruebas referidas a los bienes obtenidos ilegalmente.
(2)   En su resolución, el responsable del procedimiento indicará:
1)
la información sobre los hechos que pueda demostrar la vinculación entre los bienes y la infracción penal o el origen ilícito de los bienes, así como sobre los materiales que se han extraído del expediente en un asunto penal en fase de instrucción relativo a la obtención ilegal de los bienes;
2)
las personas relacionadas con los bienes;
3)
las medidas que propone en lo referente a los bienes obtenidos ilegalmente;
4)
la víctima, si la hubiere.
(3)   Se dará traslado de la resolución y de las pruebas documentales adjuntas a la rajona (pilsētas) tiesa (Tribunal de Primera Instancia del Distrito).
(4)   Los materiales obrantes en el expediente de un procedimiento relativo a bienes obtenidos ilegalmente estarán cubiertos por el secreto de la instrucción y podrán ser consultados por el responsable del procedimiento, el fiscal y el tribunal que conozca del asunto. Las personas a que se refiere el artículo 628 de la presente Ley podrán tener acceso a los materiales del expediente con la autorización del responsable del procedimiento y en la medida en que este lo disponga.
(5)   La decisión del responsable del procedimiento mediante la que se deniegue la solicitud de acceso a los materiales del expediente podrá ser recurrida ante la rajona (pilsētas) tiesa (Tribunal de Primera Instancia del Distrito) que conozca del procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente. El tribunal adoptará una resolución mediante la que se estime o desestime total o parcialmente la demanda. Esta resolución no es recurrible. Con el fin de que el tribunal decida si el acceso a los materiales del expediente pone en peligro los derechos fundamentales de otras personas, el interés público u obstaculiza la consecución del objetivo del procedimiento penal, podrá solicitar los materiales del expediente del procedimiento penal y proceder a su consulta.»
19
A tenor del artículo 628 de dicha Ley:
«El responsable del procedimiento remitirá inmediatamente una copia de la resolución prevista en el artículo 627 de la presente Ley al sospechoso o al acusado y a la persona cuyos bienes hayan sido confiscados o incautados, si estas personas son objeto del procedimiento penal de que se trata, o a otra persona que ostente un derecho de propiedad sobre los bienes en cuestión […]».
20
La Ley de 7 de octubre de 2021 (Latvijas Vēstnesis, 2021, n.o 202) suprimió, a partir del 2 de noviembre de 2021, los términos «sospechoso o acusado» del artículo 628 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
21
A tenor del artículo 630 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
«(1)   Al examinar las pruebas relativas a los bienes adquiridos ilegalmente, el juez decidirá:
1)
si los bienes se han adquirido de manera ilícita o están relacionados con una infracción penal;
2)
si existe información sobre el propietario o el titular legítimo de los bienes;
3)
si una persona ostenta un derecho legítimo sobre los bienes;
4)
si procede adoptar medidas relacionadas con los bienes adquiridos ilegalmente.
(2)   Si el tribunal constata que no se ha acreditado la vinculación entre los bienes y la infracción penal o que los bienes no tienen un origen ilegal, dictará una resolución poniendo fin al procedimiento relativo a la adquisición ilegal de los bienes.»
22
El artículo 631 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone, en su apartado 1, que «contra la resolución del tribunal podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de diez días ante la apgabaltiesa (Tribunal Regional)» y establece, en su apartado 3, que, «tras examinar el recurso, el órgano jurisdiccional podrá anular la resolución de la rajona (pilsētas) tiesa (Tribunal de Primera Instancia del Distrito) y adoptar una resolución de las mencionadas en el artículo 630 de la presente Ley», contra la cual «no cabrá recurso alguno».
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
Asunto C‑767/22
23
En el marco de procedimientos penales incoados en 2019 y 2020, principalmente por blanqueo a gran escala de productos del delito, se incautaron fondos, instrumentos financieros y bienes inmuebles pertenecientes a 1Dream, a DS, a DL, a VS y a JG.
24
En la fecha de presentación de la petición de decisión prejudicial, estos procedimientos penales se encontraban todavía en la fase de instrucción.
25
Entre el 12 de marzo de 2021 y el 21 de febrero de 2022, el responsable de dichos procedimientos inició procedimientos relativos a los bienes obtenidos ilegalmente en relación con estos fondos, instrumentos financieros y bienes inmuebles. A tal fin, transmitió los expedientes de esos mismos procedimientos a los tribunales competentes.
26
Por lo que respecta, en particular, a los fondos pertenecientes a 1Dream, la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (Sección de lo Penal del Tribunal Regional de Riga, Letonia) declaró en apelación, el 7 de octubre de 2021, que los fondos de 1Dream habían sido adquiridos ilegalmente. Por consiguiente, dicho órgano jurisdiccional decidió decomisarlos y transferirlos al presupuesto del Estado. Los procedimientos relativos a los activos de DS, DL, VS y JG han sido suspendidos.
27
En estos procedimientos relativos a los bienes obtenidos ilegalmente, 1Dream, DS, DL, VS y JG habían solicitado al responsable del procedimiento, sobre la base del artículo 627, apartado 4, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tener acceso a los materiales del expediente. Dado que dicho responsable estimó solo parcialmente sus pretensiones, recurrieron sus resoluciones.
28
Al considerar que el régimen previsto en el artículo 627, apartados 4 y 5, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los sitúa en una posición desventajosa respecto del responsable del procedimiento, 1Dream, DS, DL, VS y JG interpusieron ante la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, recursos de inconstitucionalidad contra estas disposiciones, invocando su falta de conformidad con el derecho a un proceso equitativo, consagrado en el artículo 92, primera frase, de la Constitución letona, interpretado a la luz de la Decisión Marco 2005/212 y de la Directiva 2014/42.
29
A efectos de resolver estos recursos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, sobre la aplicabilidad de la Decisión Marco 2005/212 y de la Directiva 2014/42 al procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente previsto en el artículo 626, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
30
Dicho órgano jurisdiccional precisa, a este respecto, que las infracciones perseguidas en los procedimientos penales pendientes, que son procedimientos distintos del relativo a los bienes obtenidos ilegalmente, figuran entre las contempladas en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión Marco 2005/212 y en el artículo 3 de la Directiva 2014/42.
31
Dicho órgano jurisdiccional señala asimismo que, a diferencia de los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 19 de marzo de 2020, Agro In 2001 (C‑234/18, EU:C:2020:221), y de 28 de octubre de 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (C‑319/19, EU:C:2021:883), el procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente se rige por las normas del procedimiento penal.
32
Además, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2014/42 comprende el decomiso de bienes en supuestos en los que la condena no pueda producirse por razones distintas de la enfermedad o la fuga del sospechoso o acusado.
33
Este órgano jurisdiccional precisa que el procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente tiene por objeto garantizar una resolución rápida, eficaz y económica de las cuestiones relativas al origen lícito de los bienes o a su relación con una infracción penal suscitadas durante la fase preliminar del proceso penal. El juez constata que los bienes han sido obtenidos ilegalmente antes de que se establezca la existencia de una infracción penal o se dicte una sentencia condenatoria. Por otra parte, esta constatación no equivale a la constatación de una o varias infracciones penales.
34
De este modo, el procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente se incoa mediante resolución del responsable del procedimiento separando del expediente del procedimiento penal los elementos referentes a los bienes objeto del procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente cuando dicho responsable considere, por una parte, que todas las pruebas llevan a creer que dichos bienes han sido adquiridos ilegalmente o están relacionados con una infracción penal y, por otra parte, que, por razones objetivas, el hecho de plantear el asunto ante los tribunales en un futuro previsible o dentro de un plazo razonable resulta imposible o puede suponer unos costes significativos y que no están justificados.
35
En estas circunstancias, el responsable del procedimiento puede decidir someter el asunto a un tribunal, el cual determinará entonces únicamente si los bienes se han adquirido de manera ilícita o están relacionados con una infracción penal. Una vez que el tribunal que conoce del asunto se pronuncia sobre esta cuestión, esta se considera definitivamente resuelta y ya no se tramita en el procedimiento penal en el que se inició el procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente.
36
En caso de que la Decisión Marco 2005/212 o la Directiva 2014/42 se consideren aplicables en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en segundo lugar, sobre el alcance del derecho de acceso a su expediente de una persona cuyos bienes son objeto del procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente y, en su caso, sobre la posibilidad de mantener en el tiempo los efectos de las disposiciones que considere incompatibles con el Derecho de la Unión.
37
En estas circunstancias, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/42, en particular de su artículo 4, y de la Decisión marco 2005/212, en particular de su artículo 2, una normativa nacional en virtud de la cual un órgano jurisdiccional nacional resuelve sobre el decomiso del producto del delito en un procedimiento separado relativo a los bienes obtenidos ilegalmente, que se separa del procedimiento penal principal antes de que se constate la comisión de una infracción penal y de que una persona haya sido declarada culpable de esta, y que prevé asimismo el decomiso sobre la base de materiales extraídos del expediente del asunto penal?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe considerarse que la normativa relativa al acceso a los materiales del expediente del procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente es conforme con el derecho a un proceso equitativo consagrado en el artículo 47 de la Carta y en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2014/42?
3)
¿Debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión en el sentido de que este se opone a que el tribunal constitucional de un Estado miembro, que conoce de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra una normativa nacional declarada incompatible con el Derecho de la Unión, declare que es aplicable el principio de seguridad jurídica y que los efectos jurídicos de dicha normativa se mantienen respecto del período durante el cual estuvo en vigor?»
Asunto C‑49/23
38
En el marco de procedimientos penales incoados entre 2012 y 2020 por blanqueo a gran escala de productos del delito, se incautaron bienes inmuebles pertenecientes a AZ y fondos pertenecientes a 1Dream, a Produktech Engineering, a BBP y a Polaris Consulting.
39
En la fecha de presentación de la petición de decisión prejudicial, estos procedimientos penales se encontraban todavía en la fase de instrucción.
40
Entre el 9 de abril y el 8 de junio de 2021, el responsable de dichos procedimientos inició procedimientos relativos a los bienes obtenidos ilegalmente en relación con estos bienes inmuebles y fondos. A tal fin, transmitió los expedientes de esos mismos procedimientos a los tribunales competentes.
41
Por lo que respecta a los bienes inmuebles propiedad de AZ y a los fondos pertenecientes a 1Dream, Produktech Engineering y BBP, dichos tribunales consideraron que no habían sido adquiridos ilegalmente y archivaron los procedimientos. En cuanto a los fondos pertenecientes a Polaris Consulting, el tribunal competente declaró que una parte de ellos había sido adquirida ilegalmente. Dicho tribunal decretó el decomiso a favor del Estado y dio por concluido el procedimiento relativo al resto de los bienes.
42
Al examinar los recursos interpuestos contra dichas resoluciones, la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (Sección de lo Penal del Tribunal Regional de Riga) consideró que, entre el 22 de julio y el 19 de octubre de 2021, se habían adquirido ilegalmente todos los bienes inmuebles y los fondos controvertidos en el litigio principal, incluidos los de Polaris Consulting que aún no habían sido decomisados. Por lo tanto, estos activos fueron decomisados y transferidos al presupuesto del Estado.
43
Dado que las resoluciones de la Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija (Sección de lo Penal del Tribunal Regional de Riga) no son recurribles con arreglo al artículo 631, apartado 3, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, AZ, 1Dream, Produktech Engineering, BBP y Polaris Consulting interpusieron recursos de inconstitucionalidad ante la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, invocando la falta de conformidad de las disposiciones que impiden tal recurso con el derecho a un proceso equitativo, consagrado en el artículo 92, primera frase, de la Constitución letona, interpretado a la luz de la Decisión Marco 2005/212 y de la Directiva 2014/42.
44
A efectos de resolver estos recursos, el órgano jurisdiccional remitente se plantea, en primer lugar, cuestiones sobre la aplicabilidad de la Decisión Marco 2005/212 y de la Directiva 2014/42 en los mismos términos que los resumidos en los apartados 29 a 35 de la presente sentencia.
45
En caso de que dicha Decisión Marco o dicha Directiva se consideren aplicables en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente estima que sería preciso determinar, en segundo lugar, si el artículo 47 de la Carta y el artículo 8, apartado 6, de la citada Directiva exigen que se garantice el derecho a recurrir una resolución de decomiso adoptada por primera vez en apelación y, en su caso, preguntarse sobre la posibilidad de mantener en el tiempo los efectos de las disposiciones que considere incompatibles con el Derecho de la Unión.
46
En estas circunstancias, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/42, en particular de su artículo 4, y de la Decisión Marco 2005/212, en particular de su artículo 2, una normativa nacional en virtud de la cual un órgano jurisdiccional nacional resuelve sobre el decomiso del producto del delito en un procedimiento separado relativo a los bienes obtenidos ilegalmente, que se separa del procedimiento penal principal antes de que se constate la comisión de una infracción penal y de que una persona haya sido declarada culpable de esta, y que prevé asimismo el decomiso sobre la base de materiales extraídos del expediente del asunto penal?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe considerarse que el concepto de “resolución de decomiso” en el sentido de la Directiva 2014/42, en particular de su artículo 8, apartado 6, segunda frase, incluye no solo aquellas resoluciones judiciales por las que se declara que los bienes han sido obtenidos ilegalmente y se ordena su decomiso sino también aquellas por las que se pone fin al procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente?
3)
En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión, ¿es compatible con el artículo 47 de la Carta y con el artículo 8, apartado 6, segunda frase, de la Directiva 2014/42 una normativa que no prevé el derecho de las personas relacionadas con los bienes a recurrir las resoluciones de decomiso?
4)
¿Debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión en el sentido de que este se opone a que el tribunal constitucional de un Estado miembro, que conoce de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra una normativa nacional declarada incompatible con el Derecho de la Unión, declare que es aplicable el principio de seguridad jurídica y que los efectos jurídicos de dicha normativa se mantienen temporalmente hasta el momento fijado en la resolución de dicho tribunal como momento en el que la disposición controvertida dejará de producir efectos?»
Asunto C‑161/23
47
En el marco de procedimientos penales incoados por blanqueo a gran escala de productos del delito, se incautaron fondos y bienes inmuebles pertenecientes a VL, a ZS, a Lireva Investments, a VI y a FORTRESS FINANCE.
48
En la fecha de presentación de la petición de decisión prejudicial, estos procedimientos penales se encontraban todavía en la fase de instrucción.
49
Posteriormente, el responsable de dichos procedimientos inició procedimientos relativos a los bienes obtenidos ilegalmente en relación con estos fondos y bienes inmuebles. A tal fin, transmitió los expedientes de esos mismos procedimientos a los tribunales competentes.
50
En el marco de dichos procedimientos, VL, ZS, Lireva Investments, VI y FORTRESS FINANCE proporcionaron a dicho responsable o a los tribunales que conocían del asunto información sobre la licitud del origen de sus activos. Mediante resoluciones firmes dictadas en todos los procedimientos relativos a los bienes obtenidos ilegalmente, dichos tribunales constataron que los fondos y los bienes inmuebles controvertidos en el litigio principal habían sido adquiridos ilegalmente. En consecuencia, estos fondos y bienes inmuebles se decomisaron y transfirieron a los presupuestos del Estado.
51
VL, ZS, Lireva Investments, VI y FORTRESS FINANCE, al considerar que el régimen de la prueba previsto en los artículos 124, apartado 6, 125, apartado 3, y 126, apartado 31, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no garantiza la igualdad de armas en este procedimiento y vulnera el principio de presunción de inocencia, interpusieron ante la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia), que es el órgano jurisdiccional remitente, recursos de inconstitucionalidad contra dicho régimen, invocando su falta de conformidad con el derecho a un proceso equitativo y con la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 92, frases primera y segunda, de la Constitución letona, interpretado a la luz de la Decisión Marco 2005/212 y de la Directiva 2014/42.
52
A efectos de resolver estos recursos, el órgano jurisdiccional remitente se plantea, en primer lugar, cuestiones sobre la aplicabilidad de la Decisión Marco 2005/212 y de la Directiva 2014/42 en los mismos términos que los resumidos en los apartados 29 a 35 de la presente sentencia.
53
En caso de que dicha Decisión Marco o dicha Directiva se consideren aplicables en el presente asunto, el órgano jurisdiccional remitente estima que sería preciso determinar, en segundo lugar, si el régimen de la prueba aplicable al procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente es compatible con los derechos consagrados en los artículos 47 y 48 de la Carta y con los establecidos en el artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva y, en su caso, preguntarse sobre la posibilidad de mantener en el tiempo los efectos de las disposiciones que considere incompatibles con el Derecho de la Unión.
54
En estas circunstancias, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Tribunal Constitucional de la República de Letonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/42, en particular de su artículo 4, y de la Decisión marco 2005/212, en particular de su artículo 2, una normativa nacional en virtud de la cual un órgano jurisdiccional nacional resuelve sobre el decomiso del producto del delito en un procedimiento separado relativo a los bienes obtenidos ilegalmente, que se separa del procedimiento penal principal antes de que se constate la comisión de una infracción penal y de que una persona haya sido declarada culpable de esta, y que prevé asimismo el decomiso sobre la base de materiales extraídos del expediente del asunto penal?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿puede considerarse que una normativa nacional sobre la prueba del origen delictivo de los bienes en los procedimientos relativos a los bienes obtenidos ilegalmente como la establecida en las disposiciones controvertidas es conforme con el derecho a un proceso equitativo consagrado en los artículos 47 y 48 de la Carta y en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2014/42?
3)
¿Debe interpretarse el principio de primacía del Derecho de la Unión en el sentido de que este se opone a que el tribunal constitucional de un Estado miembro, que conoce de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra una normativa nacional declarada incompatible con el Derecho de la Unión, declare que es aplicable el principio de seguridad jurídica y que los efectos jurídicos de dicha normativa se mantienen respecto del período durante el cual estuvo en vigor?»
55
Dado el carácter conexo de los asuntos C‑767/22, C‑49/23 y C‑161/23, procede acumularlos a efectos de la sentencia.
Hechos posteriores a la presentación de las peticiones de decisión prejudicial
56
Con posterioridad a la presentación de estas cuestiones prejudiciales, VL solicitó al órgano jurisdiccional remitente que precisase o completase las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia, dado que el procedimiento penal, del que se había separado el procedimiento que condujo al decomiso de sus bienes, se había archivado sin que se hubiera demostrado su culpabilidad.
57
Mediante resolución de 30 de agosto de 2024, notificada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de septiembre de 2024, el órgano jurisdiccional remitente denegó dicha solicitud. Señaló que ya había indicado al Tribunal de Justicia que el procedimiento relativo a los bienes adquiridos ilegalmente es autónomo y distinto del procedimiento penal, en el sentido de que el primero no depende del resultado del segundo. Así, según esta resolución, se informó al Tribunal de Justicia de que el procedimiento relativo a bienes obtenidos ilegalmente puede desembocar en un decomiso, mientras que el procedimiento penal puede archivarse posteriormente por falta de pruebas. Por último, en dicha resolución, el órgano jurisdiccional remitente añadió que las circunstancias mencionadas por VL no constituían un elemento nuevo.
Sobre las solicitudes de reapertura de la fase oral del procedimiento
58
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Justicia en los días 26 de agosto y 4 de septiembre de 2024, respectivamente, JG y VL solicitaron la reapertura de la fase oral del procedimiento.
59
En apoyo de su solicitud, JG y VL alegan que las conclusiones del Abogado General se refieren a elementos que no han sido debatidos ante el Tribunal de Justicia y que pueden tener una incidencia importante en la resolución que este está llamado a dictar en los presentes asuntos.
60
JG se refiere, por una parte, a determinados elementos, expuestos en dichas conclusiones a efectos de interpretar el artículo 8, apartado 6, segunda frase, de la Directiva 2014/42, que no fueron debatidos entre los interesados. Por otra parte, JG señala que la interpretación de esta disposición puede afectar también a la interpretación de la Directiva (UE) 2024/1260 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, sobre recuperación y decomiso de activos (DO L, 2024/1260). Así pues, la adopción de esta Directiva con posterioridad a la audiencia constituye, a su juicio, un elemento nuevo.
61
VL, por su parte, indica que el procedimiento penal incoado en su contra se archivó sin que se hubiera demostrado su culpabilidad. Según VL, procede discutir las consecuencias jurídicas que deben extraerse del hecho de que el procedimiento penal contra el autor de una infracción penal pueda darse por concluido cuando ya se ha ordenado el decomiso de bienes en el marco de un procedimiento relativo a bienes obtenidos ilegalmente iniciado en el curso de dicho procedimiento penal.
62
A este respecto, conviene recordar que, con arreglo al artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que aún no ha sido debatido.
63
Asimismo, es preciso recordar que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento prevén la posibilidad de que las partes presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General (sentencia de 31 de enero de 2023, Puig Gordi y otros, C‑158/21, EU:C:2023:57, apartado 37 y jurisprudencia citada).
64
Además, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. El Tribunal de Justicia no está vinculado ni por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que este desarrolla para llegar a las mismas. Por consiguiente, el hecho de que una parte no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no constituye en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral del procedimiento, sin importar cuáles sean las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (sentencia de 31 de enero de 2023, Puig Gordi y otros, C‑158/21, EU:C:2023:57, apartado 38 y jurisprudencia citada).
65
En el presente asunto, procede señalar, por un lado, que los elementos invocados por JG en apoyo de su solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento no constituyen argumentos que no hayan sido debatidos ante el Tribunal de Justicia y sobre cuya base deban resolverse los presentes asuntos. En particular, en la vista, común a estos asuntos, en la que participó JG, los interesados pudieron exponer los elementos de Derecho que consideraron pertinentes para permitir al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, incluida la cuestión relativa a la interpretación del artículo 8, apartado 6, segunda frase, de la Directiva 2014/42. Más concretamente, esta disposición fue objeto de una pregunta del Tribunal de Justicia a la que se instó a los interesados a responder en la vista. Por otra parte, por lo que respecta a la alegación de JG basada en la Directiva 2024/1260, procede señalar, antes de nada, que dicha Directiva no ha sido mencionada en modo alguno en las peticiones de decisión prejudicial. Además, en virtud de su artículo 33, la fecha de transposición de la Directiva se ha fijado en el 23 de noviembre de 2026, de modo que corresponderá al órgano jurisdiccional nacional, en su caso, plantear al Tribunal de Justicia una cuestión relativa específicamente a esa Directiva y a la posible pertinencia de sus disposiciones.
66
En cuanto a los elementos invocados por VL, procede señalar, como hace el órgano jurisdiccional remitente, que la información facilitada por dicho órgano jurisdiccional incluía, ya desde la presentación de la petición de decisión prejudicial en el asunto C‑161/23, la circunstancia de que el procedimiento penal incoado contra los presuntos autores de una infracción penal puede continuar durante la tramitación del procedimiento relativo a los bienes obtenidos ilegalmente y concluir con una archivo sin condena de dicho autor, mientras que el procedimiento relativo a esos bienes puede dar lugar entretanto a un decomiso. De ello se deduce que los interesados tuvieron la oportunidad de exponer su punto de vista a este respecto.
67
Por último, el Tribunal de Justicia considera que dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse.
68
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia estima, oído el Abogado General, que no hay motivos para ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primeras cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C‑767/22, C‑49/23 y C‑161/23
69
Con carácter preliminar, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le planteen, deduciendo del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio [sentencia de 29 de julio de 2024, CU y ND (Asistencia social — Discriminación indirecta), C‑112/22 y C‑223/22, EU:C:2024:636, apartado 30 y jurisprudencia citada].
70
A este respecto, de las peticiones de decisión prejudicial se desprende que la normativa nacional controvertida en el litigio principal forma parte de las normas nacionales que rigen el procedimiento penal y que, en el supuesto de que se incoen diligencias penales contra una persona por una infracción penal, pero en una situación en la que plantear el asunto ante los tribunales en un futuro previsible resulte, por razones objetivas, imposible o suponga unos costes significativos e injustificados, prevé la posibilidad de iniciar diligencias por adquisición ilegal de bienes, que pueden dar lugar a un decomiso de bienes. Según esta misma normativa, el órgano jurisdiccional competente puede ordenar el decomiso de los bienes cuando resulte que se han adquirido ilegalmente o que están relacionados con una infracción penal. No obstante, este procedimiento no tiene por objeto la constatación de la infracción penal por la que se incoaron esas diligencias penales y es independiente de la constatación de esa infracción penal efectuada por el órgano jurisdiccional que conoce de las referidas diligencias penales.
71
Habida cuenta de lo anterior, procede considerar que, mediante sus primeras cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C‑767/22, C‑49/23 y C‑161/23, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Decisión Marco 2005/212 y la Directiva 2014/42 deben interpretarse en el sentido de que está comprendida en su ámbito de aplicación una normativa nacional que prevé la posibilidad, en el marco de un procedimiento penal dirigido a comprobar si una persona ha cometido una infracción penal, de incoar un procedimiento que tenga por objeto, sobre la base de datos que figuran en los autos del procedimiento penal, el decomiso de bienes obtenidos ilegalmente, en caso de que dicho procedimiento de decomiso no tenga por objeto la constatación de tal infracción penal, y aun cuando ningún motivo relacionado con la enfermedad o la fuga de dicha persona impida su comparecencia ante los tribunales.
72
A este respecto, procede recordar que la Decisión Marco 2005/212 y la Directiva 2014/42, la cual, de conformidad con su artículo 14, apartado 1, sustituyó parcialmente las disposiciones de dicha Decisión Marco, son actos adoptados en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de marzo de 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, apartados 52 y 53, y de 28 de octubre de 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, apartados 32 y 33).
73
Estos actos obligan a los Estados miembros a establecer normas mínimas comunes de decomiso de los instrumentos y productos relacionados con infracciones penales con el fin, en particular, de facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales de decomiso adoptadas en procesos penales (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de marzo de 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, apartado 56, y de 28 de octubre de 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, apartado 36).
74
A tal efecto, el artículo 2, apartado 1, de la Decisión Marco 2005/212 y los artículos 4 a 6 de la Directiva 2014/42 obligan a los Estados miembros a prever tal decomiso en determinados supuestos (véase, por analogía, la sentencia de 21 de octubre de 2021, Okrazhna prokuratura — Varna, C‑845/19 y C‑863/19, EU:C:2021:864, apartado 48).
75
Es preciso señalar que estos supuestos, como precisa el tenor de las disposiciones mencionadas en el apartado anterior de la presente sentencia, suponen la existencia de un vínculo entre el decomiso y una infracción penal. A este respecto, procede recordar que el concepto de «decomiso» se define, con arreglo al artículo 2, punto 4, de dicha Directiva, como «la privación definitiva de un bien por un órgano jurisdiccional en relación con una infracción penal».
76
Por lo tanto, la Decisión marco 2005/212 y la Directiva 2014/42 solo se aplican en estos casos. Por otra parte, tal delimitación del ámbito de aplicación de dicha Directiva se ve confirmada por el considerando 13 del Reglamento 2018/1805, del que se desprende que, a diferencia de dicho Reglamento, las resoluciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/42 no tienen por objeto abarcar todas las resoluciones de decomiso dictadas en un procedimiento relativo a una infracción penal.
77
En este contexto, procede recordar, en primer término, que, de conformidad con su artículo 1, apartado 1, en relación con sus considerandos 5 y 22, la Directiva 2014/42 establece normas mínimas relativas, en particular, al decomiso de bienes en materia penal.
78
En segundo término, el Tribunal de Justicia ha declarado que una normativa nacional relativa al decomiso de instrumentos y productos procedentes de actividades ilegales ordenado por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro en el marco o como resultado de un procedimiento que no tiene por objeto la constatación de una o varias infracciones penales queda fuera del ámbito de las normas mínimas establecidas en la Decisión marco 2005/212 y la Directiva 2014/42 (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de marzo de 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, apartados 57 y 62; de 28 de octubre de 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, apartados 37, 39 y 41, y de 9 de marzo de 2023, Otdel Mitnichesko razsledvane i razuznavane, C‑752/21, EU:C:2023:179, apartado 40).
79
En particular, no está comprendido en el ámbito de aplicación de dichos textos un procedimiento nacional que, si bien se inicia a partir de la información de que una persona está acusada de haber cometido determinadas infracciones penales, tiene por objeto exclusivamente determinar si los bienes han sido obtenidos ilegalmente y se tramita con independencia de un eventual proceso penal incoado contra el supuesto autor de las infracciones y del resultado de tal proceso, en particular de la eventual condena de dicho autor (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de marzo de 2020, Agro In 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221, apartado 60, y de 28 de octubre de 2021, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, C‑319/19, EU:C:2021:883, apartado 38).
80
De las consideraciones anteriores resulta que no puede considerarse que se rija por la Decisión Marco 2005/212 o la Directiva 2014/42 un procedimiento que, pese a estar previsto en las normas procesales penales nacionales, tiene exclusivamente por objeto determinar si un bien ha sido obtenido ilegalmente sobre la base de los elementos obrantes en los autos extraídos del procedimiento que tiene por objeto constatar la comisión de una o varias infracciones penales contempladas en dichos actos, sin que el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento de decomiso esté facultado, en el marco de este, para constatar la existencia de tal infracción penal y sin que esta se haya constatado en el curso del procedimiento que tiene por objeto la constatación de una o varias infracciones penales.
81
En efecto, por una parte, si bien el hecho de que un procedimiento de decomiso esté regulado por las normas nacionales del procedimiento penal puede constituir un indicio de la existencia de la necesaria relación entre el procedimiento de decomiso y la constatación de una infracción penal, ello no es determinante por sí solo para considerar que tal procedimiento de decomiso está comprendido en el ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2005/212 o de la Directiva 2014/42.
82
Por otra parte, el artículo 4, apartado 2, de esta Directiva no pone en entredicho la exclusión del ámbito de aplicación de la Decisión Marco 2005/212 y de la Directiva 2014/42 de un procedimiento de decomiso dirigido exclusivamente a determinar si un bien se ha obtenido ilegalmente, cuando el órgano jurisdiccional que conoce del asunto no está facultado para constatar la existencia de una infracción penal y esta no se haya constatado previamente.
83
A este respecto, dicha disposición establece que, en caso de que no sea posible efectuar el decomiso sobre la base del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2014/42, al menos cuando dicha imposibilidad se derive de la enfermedad o la fuga del sospechoso o del acusado, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para posibilitar el decomiso de instrumentos o productos en aquellos casos en los que se hayan incoado procedimientos penales en relación con una infracción penal que pueda dar lugar, directa o indirectamente, a una ventaja económica y en los que dichos procedimientos podrían haber conducido a una resolución penal condenatoria si el sospechoso o acusado hubiera podido comparecer en juicio.
84
Como señaló el Abogado General en el punto 27 de sus conclusiones, los supuestos en los que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2014/42 obliga a los Estados miembros a adoptar medidas que permitan el decomiso se definen por oposición a los previstos en el apartado 1 del mismo artículo.
85
En efecto, esta última disposición se refiere al decomiso de los instrumentos y productos pertenecientes a la persona sospechosa o acusada o de los bienes cuyo valor corresponda al de tales instrumentos o productos, que se utilicen para o resulten del delito por el que se haya obtenido la condena firme de la persona sospechosa o acusada [véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de octubre de 2021, Okrazhna prokuratura — Varna, C‑845/19 y C‑863/19, EU:C:2021:864, apartado 55, y de 12 de mayo de 2022, RR y JG (Embargo de bienes de terceros), C‑505/20, EU:C:2022:376, apartado 50].
86
En cambio, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2014/42 se refiere, como se desprende de su considerando 15, al caso de que tal condena no sea posible debido a la incomparecencia del sospechoso o acusado en determinadas circunstancias, al menos en los casos de enfermedad o fuga de dicho sospechoso o acusado, pero en los que se hayan incoado procedimientos penales en relación con una infracción penal que pueda dar lugar, directa o indirectamente, a una ventaja económica, y en los que dichos procedimientos podrían haber conducido a una resolución penal condenatoria si dicho sospechoso o acusado hubiera podido comparecer en juicio.
87
De ello se desprende que el decomiso previsto en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2014/42, si bien se refiere tanto a los «instrumentos» como a los «productos» en el sentido del artículo 2, puntos 1 y 3, de esta Directiva, requiere, aun con independencia de una eventual condena del autor de la infracción penal, que el órgano jurisdiccional que ordena el decomiso pueda apreciar la existencia de dicha infracción penal.
88
Por lo tanto, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2014/42 no se refiere a un procedimiento que, como el controvertido en el litigio principal, permite efectuar rápidamente un decomiso, pero que no tiene por objeto constatar la existencia de una infracción penal.
89
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las primeras cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C‑767/22, C‑49/23 y C‑161/23 que la Decisión Marco 2005/212 y la Directiva 2014/42 deben interpretarse en el sentido de que no está comprendida en su ámbito de aplicación una normativa nacional que prevé la posibilidad, en el marco de un procedimiento penal dirigido a comprobar si una persona ha cometido una infracción penal, de incoar un procedimiento que tenga por objeto, sobre la base de datos que figuran en los autos del procedimiento penal, el decomiso de bienes obtenidos ilegalmente, en caso de que dicho procedimiento de decomiso no tenga por objeto la constatación de tal infracción penal, y aun cuando ningún motivo relacionado con la enfermedad o la fuga de dicha persona impida su comparecencia ante los tribunales.
Cuestiones prejudiciales segunda y tercera planteadas en los asuntos C‑767/22, C‑49/23 y C‑161/23 y cuarta cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑49/23
90
Habida cuenta de la respuesta dada a las primeras cuestiones prejudiciales planteadas en los asuntos C‑767/22, C‑49/23 y C‑161/23, no procede responder a las demás cuestiones prejudiciales planteadas en dichos asuntos, que solo se plantearon al Tribunal de Justicia en caso de respuesta afirmativa a estas primeras cuestiones prejudiciales, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente constate la eventual aplicabilidad en los procedimientos principales de la Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO 2012, L 142, p. 1), o de la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO 2016, L 65, p. 1).
Costas
91
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)
Se acumulan los asuntos C‑767/22, C‑49/23 y C‑161/23 a efectos de la sentencia.
2)
La Decisión Marco 2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito, y la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
no está comprendida en su ámbito de aplicación una normativa nacional que prevé la posibilidad, en el marco de un procedimiento penal dirigido a comprobar si una persona ha cometido una infracción penal, de incoar un procedimiento que tenga por objeto, sobre la base de datos que figuran en los autos del procedimiento penal, el decomiso de bienes obtenidos ilegalmente, en caso de que dicho procedimiento de decomiso no tenga por objeto la constatación de tal infracción penal, y aun cuando ningún motivo relacionado con la enfermedad o la fuga de dicha persona impida su comparecencia ante los tribunales.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: letón.