62024CJ0232
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 23 de octubre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Operaciones imponibles — Exención relativa a la concesión de créditos — Artículo 135, apartado 1, letra b) — Exención relativa a las operaciones financieras — Cobro de créditos — Artículo 135, apartado 1, letra d) — Factoring mediante cesión de créditos — Factoring pignoraticio»
En el asunto C‑232/24 [Kosmiro], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), mediante resolución de 22 de marzo de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de marzo de 2024, en el procedimiento incoado por
A Oy,
con intervención de:
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, el Sr. T. von Danwitz, Vicepresidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Primera, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin y S. Gervasoni (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. A. Rantos;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de A Oy, por la Sra. H. Jovio, asianajaja;
–
en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. A. Laine, en calidad de agente;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. P. Carlin y T. Sevón, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 3 de abril de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartado 1, letra c), 9, apartado 1, y 135, apartado 1, letras b) y d), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO 2006, L 347, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva del IVA»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio relativo al tratamiento, a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA), de diferentes comisiones percibidas por la sociedad A Oy, demandante en el litigio principal, en el marco de las actividades de factoring realizadas por esta.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva del IVA dispone:
«El principio del sistema común de IVA consiste en aplicar al comercio de bienes y servicios un impuesto general sobre el consumo exactamente proporcional al precio de los bienes y de los servicios, sea cual fuere el número de operaciones que se produzcan en el circuito de producción y distribución precedente a la fase de gravamen.
En cada operación será exigible el IVA, liquidado sobre la base del precio del bien o del servicio gravados al tipo impositivo aplicable a dichos bienes y servicios, previa deducción del importe de las cuotas impositivas devengadas que hayan gravado directamente el coste de los diversos elementos constitutivos del precio.
[…]»
4
El artículo 2 de la citada Directiva establece:
«1.   Estarán sujetas al IVA las operaciones siguientes:
[…]
c)
las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el territorio de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal;
[…]».
5
Con arreglo al artículo 9 de la citada Directiva:
«1.   Serán considerados «sujetos pasivos» quienes realicen con carácter independiente, y cualquiera que sea el lugar de realización, alguna actividad económica, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad.
Serán consideradas “actividades económicas” todas las actividades de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las actividades extractivas, las agrícolas y el ejercicio de profesiones liberales o asimiladas. En particular será considerada actividad económica la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo.
[…]»
6
El artículo 135, apartado 1, de la Directiva del IVA dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes:
[…]
b)
la concesión y la negociación de créditos, así como la gestión de créditos efectuada por quienes los concedieron;
[…]
d)
las operaciones, incluida la negociación, relativas a depósitos de fondos, cuentas corrientes, pagos, giros, créditos, cheques y otros efectos comerciales, con excepción del cobro de créditos;
[…]».
Derecho finlandés
7
El artículo 1, párrafo primero, punto 1, de la arvonlisäverolaki (1501/1993) [Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (1501/1993)], de 30 de diciembre de 1993 (en lo sucesivo, «Ley del IVA»), establece:
«El IVA se recaudará a favor del Estado con arreglo a la presente Ley:
«1)
por las ventas de bienes y las prestaciones de servicios realizadas en Finlandia en el marco de una actividad mercantil.»
8
A tenor del artículo 18, párrafo segundo, de la citada Ley:
«Se entiende por prestación de servicios la ejecución u otro tipo de cesión de un servicio a título oneroso.»
9
El artículo 41 de dicha Ley dispone:
«La prestación de servicios financieros no está sujeta al IVA.»
10
El artículo 42, párrafo primero, puntos 2 y 3, de la Ley del IVA establece:
«Se considerarán servicios financieros:
[…]
2)
la concesión de créditos y otros servicios de financiación;
3)
la administración de un crédito por el prestamista».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
11
La demandante en el litigio principal es una sociedad finlandesa que presta servicios de factoring. Sus clientes recurren a ella con el fin de disponer inmediatamente de los fondos correspondientes a créditos no vencidos, delegándole las operaciones de cobro correspondientes. Los créditos que son objeto de factoring son créditos no impugnados.
12
La demandante en el litigio principal presta, por una parte, servicios de factoring pignoraticio, que adopta la forma de un crédito que se concede a sus clientes sobre la base de créditos por facturas, con el límite de un importe global determinado en función del nivel de riesgo que presenta la actividad de esos clientes. En este contexto, se encarga de los recordatorios de pago y del cobro voluntario de los créditos pignorados. Por otra parte, la demandante en el litigio principal ofrece servicios de factoring mediante cesión de créditos, que adopta la forma de compra a sus clientes de créditos por facturas de su elección hasta un importe máximo, definido en función de la evaluación del riesgo que presenta la actividad de los clientes. El Korkein hallinto‑oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), que es el órgano jurisdiccional remitente, precisa que, a diferencia del factoring pignoraticio, en el que el cliente sigue asumiendo el riesgo de impago, el factoring mediante cesión de créditos implica la cesión de los créditos al factor y, por lo tanto, la transferencia a este del riesgo de impago.
13
Los contratos que vinculan a la demandante en el litigio principal con sus clientes estipulan que esta perciba de su parte distintas comisiones, entre ellas una «comisión de financiación», que se paga por anticipado y representa un porcentaje de cada crédito. El importe de esta comisión es tanto más elevado, por una parte, cuanto menor es la calificación crediticia del cliente y de las personas frente a las que este tiene los créditos y, por otra parte, cuanto mayor es el plazo de pago de las facturas. A esta comisión se añaden la «comisión de apertura» y otras comisiones.
14
El Keskusverolautakunta (Tribunal Económico-Administrativo, Finlandia) remitió a la demandante en el litigio principal un dictamen previo que abarcaba el período comprendido entre el 25 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023, en el que indicaba que las comisiones que había percibido por sus actividades de factoring pignoraticio y de factoring mediante cesión de créditos estaban sujetas al IVA en la medida en que constituían la contraprestación de un servicio de gestión y de cobro de créditos por facturas. En cambio, dicho tribunal consideró que la comisión de financiación y otras comisiones representaban en parte la contraprestación de un servicio financiero exento de IVA.
15
Más concretamente, el Keskusverolautakunta (Tribunal Económico-Administrativo) estimó que, dado que la demandante en el litigio principal gestiona los créditos por facturas, controla los pagos efectuados por este concepto y se hace cargo del cobro de dichos créditos, tanto elfactoring pignoraticio como el factoring mediante cesión de créditos constituyen servicios sujetos al IVA. No obstante, en la medida en la demandante en el litigio principal proporciona financiación a sus clientes dentro de un límite específico para cada uno de ellos, dicho tribunal consideró que determinadas comisiones, entre ellas la comisión de financiación, se abonaban a cambio de un servicio financiero de concesión de crédito, exento de IVA, y que la comisión de apertura debía, por su parte, dividirse en una parte sujeta al IVA y una parte exenta de IVA, correspondiente a la apertura y puesta en marcha de un sistema de financiación garantizado mediante créditos por facturas.
16
La demandante en el litigio principal interpuso ante el órgano jurisdiccional remitente un recurso por el que solicita la anulación parcial de dicho dictamen previo, al considerar que todas las comisiones estaban sujetas al IVA. En su opinión, solo podría, en su caso, considerarse la contraprestación de un servicio financiero exento de IVA la comisión «de disponibilidad», que constituye un porcentaje del límite de financiación que puede ponerse a disposición de cada cliente.
17
El citado órgano jurisdiccional indica que, según la demandante en el litigio principal, el factoring mediante cesión de créditos no puede equipararse a la concesión de un crédito, ya que, en este contexto, compra sus créditos a sus clientes, de modo que estos no tienen ninguna deuda con ella y el contrato que los vincula a la demandante en el litigio principal se ejecuta plenamente.
18
Por su parte, el órgano jurisdiccional remitente estima que el factoring pignoraticio debe considerarse una prestación de servicios a título oneroso comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva del IVA. No obstante, dicho órgano jurisdiccional alberga dudas sobre el modo en que deben tratarse, a la luz de este impuesto, las distintas comisiones percibidas como contraprestación por el servicio prestado.
19
Por lo que respecta a las comisiones relativas al factoring mediante cesión de créditos, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en particular, si debe considerarse que un operador que ejerce tal actividad vende al mismo tiempo a su cliente servicios comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva del IVA.
20
A la luz de las sentencias de 26 de junio de 2003, MKG‑Kraftfahrzeuge‑Factoring (C‑305/01, EU:C:2003:377), y de 27 de octubre de 2011, GFKL Financial Services (C‑93/10, EU:C:2011:700), el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, más concretamente, qué consecuencias deben extraerse del hecho de que, en el asunto del que conoce, no se trate de créditos impagados, sino de créditos no vencidos, y de la cuestión de si se han pactado unas comisiones determinadas de manera específica entre las partes o si estas se han tenido en cuenta directamente en el precio de compra de los créditos. Señala que el hecho de que la comisión de financiación esté en función del plazo de pago de los créditos objeto del factoring podría llevar a considerar que dicha comisión es en parte constitutiva de intereses y, por ello, que constituye la contraprestación de un servicio financiero. Alternativamente, podría considerarse que esta comisión constituye un ajuste destinado a hacer que el precio de compra del crédito se corresponda con su valor económico real.
21
El órgano jurisdiccional remitente llama también la atención del Tribunal de Justicia sobre el hecho de que, en el caso del factoring mediante cesión de créditos, el derecho de propiedad sobre los créditos se transmite, con el riesgo de pérdida, a la sociedad cesionaria, en este caso la demandante en el litigio principal, tras lo cual esta ya no percibe intereses ni ninguna otra contraprestación del cliente al que adquirió el crédito.
22
Según dicho órgano jurisdiccional, el factoring podría constituir un servicio de financiación que reviste en parte la forma de concesión de créditos, ya que dicho servicio no está vinculado al servicio de gestión o de cobro de créditos sujetos al IVA hasta el punto de constituir una prestación única e indivisible. Así sucede, en particular, en su opinión, con el factoring pignoraticio.
23
El citado órgano jurisdiccional indica que, en Derecho finlandés, en virtud del artículo 42, párrafo primero, punto 2, de la Ley del IVA, se consideran servicios exentos del IVA no solo la concesión de créditos, sino también los demás servicios de financiación, pese a que estos últimos no se mencionan como exentos de dicho impuesto en la Directiva del IVA.
24
De ello se deduce que, si la exención relativa a la concesión de créditos prevista por la Directiva del IVA debiera interpretarse en el sentido de que no se aplica a las comisiones de que se trata en el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente considera que podría no ser posible interpretar la Ley nacional de manera conforme con dicha Directiva. En tal caso, le correspondería a él determinar si las disposiciones pertinentes de dicha Directiva tienen efecto directo.
25
Por último, dicho órgano jurisdiccional precisa que su petición de decisión prejudicial se refiere únicamente a la comisión de financiación y a la comisión de apertura, puesto que el análisis del tratamiento de esas cantidades a la luz del IVA es suficiente para permitirle determinar la manera en que deben tratarse las demás comisiones de que se trata.
26
En estas circunstancias, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
Cuando una sociedad de factoring compra a un cliente créditos facturados de vencimiento futuro, de manera que el riesgo de impago de dichos créditos se transmite del cliente a la sociedad (factoring en forma de cesión de créditos):
a)
¿debe considerarse la comisión de financiación facturada por la sociedad por cada crédito objeto del acuerdo, expresada en forma de porcentaje, como un factor de corrección del precio de compra en relación con la cesión de créditos, o como otra partida no comprendida en el ámbito de aplicación de la [Directiva del IVA], o
b)
deben interpretarse los artículos 2, apartado 1, letra c), y 9 de la Directiva del IVA en el sentido de que la sociedad realiza para su cliente, a cambio de la comisión de financiación mencionada en la letra a) de la primera cuestión, una prestación de servicios a título oneroso sujeta a la Directiva del IVA?
2)
¿Debe considerarse la comisión de apertura fija facturada al cliente en el contexto del factoring en forma de cesión de créditos por la apertura y puesta en marcha del proceso de factoring, la contrapartida de una prestación de servicios al cliente comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva del IVA?
3)
En caso de que las remuneraciones mencionadas en las dos primeras cuestiones prejudiciales, facturadas en el contexto del factoring en forma de cesión de créditos, deban considerarse la contrapartida de la prestación de un servicio comprendida en el ámbito de aplicación de la [Directiva del IVA]:
a)
¿deben interpretarse el artículo 135, apartado 1, letra b), de la [Directiva del IVA], relativo a la concesión de créditos, o el artículo 135, apartado 1, letra d), [de dicha Directiva], que versa sobre las operaciones relativas a pagos o créditos, en el sentido de que la comisión de financiación o la comisión de apertura facturadas al cliente constituyen la contrapartida de la prestación de un servicio exento, o
b)
debe interpretarse el artículo 135, apartado 1, letra d), de la [Directiva del IVA] en el sentido de que se trata de la contrapartida por el cobro de créditos, que debe considerarse una prestación de servicios sujeta al impuesto, o de la contrapartida de otras prestaciones de servicios sujetas al impuesto?
4)
Cuando una sociedad de factoring ofrece financiación a sus clientes mediante la concesión de un crédito de manera que los créditos facturados del cliente sirven de garantía para la financiación que concede la sociedad (factoring en forma de financiación de facturas):
a)
¿deben interpretarse el artículo 135, apartado 1, letra b), de la [Directiva del IVA], relativo a la concesión de créditos, o el artículo 135, apartado 1, letra d), [de dicha Directiva], que versa sobre las operaciones relativas a pagos o créditos, en el sentido de que la comisión de financiación facturada al cliente por cada crédito objeto del acuerdo y la comisión fija de apertura que se carga por la apertura y puesta en marcha del acuerdo de factoring constituyen, al menos parcialmente, la contrapartida de la prestación de un servicio exento, o
b)
debe interpretarse el artículo 135, apartado 1, letra d), de la [Directiva del IVA] en el sentido de que se trata de la contrapartida por el cobro de créditos, que debe considerarse una prestación de servicios sujeta al impuesto, o de la contrapartida de otras prestaciones de servicios sujetas al impuesto?
5)
En caso de que la comisión de financiación o la comisión de apertura facturadas en el contexto del factoring en forma de cesión de créditos o del factoring en forma de financiación de facturas, de conformidad con las [cuestiones prejudiciales tercera o cuarta], deban considerarse en su totalidad como la contrapartida de una prestación de servicios sujeta al impuesto, ¿es la sujeción al impuesto de dicho servicio en virtud de la Directiva lo suficientemente clara y precisa como para que pueda reconocerse su efecto directo a petición del sujeto pasivo, aunque la exención del impuesto prevista en la Ley del IVA nacional comprenda también, además de la concesión de créditos, las demás formas de financiación?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y segunda
27
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 2, apartado 1, letra c), y 9, apartado 1, de la Directiva del IVA deben interpretarse en el sentido de que, en el caso de una actividad de factoring mediante cesión de créditos, en la que el factor libera al cliente de las operaciones de cobro de créditos y del correspondiente riesgo de impago, debe considerarse que la comisión de financiación y la comisión de apertura pagadas por el cliente retribuyen una prestación de servicios comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.
28
Ha de recordarse que la Directiva del IVA establece un sistema común del IVA basado, en particular, en una definición uniforme de las operaciones sujetas a gravamen (sentencia de 7 de noviembre de 2024, Lomoco Development y otros, C‑594/23, EU:C:2024:942, apartado 33 y jurisprudencia citada).
29
En virtud del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA, estarán sujetas a este impuesto las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso por un sujeto pasivo que actúe como tal.
30
El artículo 9, apartado 1, de la Directiva del IVA asigna al IVA un ámbito de aplicación muy amplio, al dar al concepto de «sujeto pasivo» una definición centrada en la independencia en el ejercicio de una «actividad económica», que a su vez se define de manera amplia, en el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de dicha Directiva, en el sentido de que engloba todas las actividades de fabricación, comercio o prestación de servicios y, en particular, la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo. Es la existencia de tal actividad lo que justifica la calificación de sujeto pasivo (sentencia de 3 de abril de 2025, Grzera, C‑213/24, EU:C:2025:238, apartado 18 y jurisprudencia citada).
31
Por otra parte, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una prestación solo se realiza a título oneroso en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA y, por tanto, solo está sujeta al IVA si existe entre quien efectúa la prestación y su destinatario una relación jurídica en cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas y la retribución percibida por quien efectúa la prestación constituye el contravalor efectivo del servicio prestado al destinatario (sentencias de 11 de julio de 2024, Finanzamt T II, C‑184/23, EU:C:2024:599, apartado 30, y de 28 de noviembre de 2024, rhtb, C‑622/23, EU:C:2024:994, apartado 16 y jurisprudencia citada).
32
Al interpretar las disposiciones de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base imponible uniforme (DO 1977, L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), redactadas en términos sustancialmente idénticos a los del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, por motivos extrapolables a la Directiva del IVA, que constituía una prestación de servicios a título oneroso comprendida en el ámbito de aplicación de dicho impuesto una actividad de factoring«en sentido propio», que consiste en la adquisición por el factor de créditos de su cliente sin derecho de repetición contra este, en una situación en la que las relaciones entre el factor y el cliente se regían por un contrato en virtud del cual se intercambiaban prestaciones recíprocas consistentes, para el factor, en liberar al cliente de las operaciones de cobro de los créditos y del riesgo de impago de estos y, para el cliente, como contrapartida del servicio así recibido, en pagar una retribución correspondiente a la diferencia entre el valor nominal de los créditos cedidos al factor y el importe que este abona para la adquisición de dichos créditos (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de junio de 2003, MKG‑Kraftfahrzeuge‑Factoring, C‑305/01, EU:C:2003:377, apartados 48 y 49).
33
Dado que una actividad de factoring mediante cesión de créditos como la controvertida en el litigio principal presenta, en esencia, las mismas características que el factoring«en sentido propio» descrito en el apartado anterior de la presente sentencia, ha de considerarse que las prestaciones realizadas en este contexto constituyen prestaciones de servicios a título oneroso en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra c), de la Directiva del IVA.
34
La sentencia de 27 de octubre de 2011, GFKL Financial Services (C‑93/10, EU:C:2011:700), no desvirtúa esta conclusión. En efecto, en el apartado 26 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que no estaba comprendida en el ámbito de aplicación del IVA una venta aislada de créditos vencidos, pero de dudoso cobro, cuyo precio reflejaba no la remuneración de un servicio prestado, sino el valor económico real de esos créditos, que había pasado a ser inferior a su valor nominal. En cambio, una actividad de factoring mediante cesión de créditos como la controvertida en el litigio principal se refiere a créditos no vencidos, respecto de los que nada permite pensar a priori que no serán reembolsados íntegramente por los deudores, y se caracteriza por la prestación de un servicio consistente en que el cesionario se haga cargo del cobro y del riesgo correspondiente a dichos créditos a cambio del pago de una remuneración por parte del cedente.
35
Tal actividad de factoring mediante cesión de créditos tampoco puede asimilarse a una mera operación de adquisición y tenencia de participaciones sociales, situada fuera del ámbito de aplicación del IVA, ya que el factor no actúa como propietario pasivo de los créditos adquiridos, sino que presta a su cliente un servicio consistente en asumir, a cambio de una remuneración, el riesgo de impago del deudor (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de junio de 1991, Polysar Investments Netherlands, C‑60/90, EU:C:1991:268, apartado 13).
36
Por lo que respecta a la cuestión de si, en el marco de una actividad de factoring mediante cesión de créditos como la controvertida en el litigio principal, la comisión de financiación y la comisión de apertura pagadas al factor por su cliente constituyen el contravalor efectivo de prestaciones comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva del IVA, procede señalar, en primer lugar, que de la petición de decisión prejudicial se desprende que la comisión de financiación representa un porcentaje del importe de los créditos, cuya cuantía no depende de la evaluación, como tal, del valor económico de esos créditos, sino de la calificación crediticia que se les atribuye y de la duración del plazo de pago que quede por transcurrir.
37
Habida cuenta de estas características, no parece que tal comisión corresponda a un ajuste del precio de compra de los créditos a su valor económico real, sino que, más bien, debe considerarse la contraprestación del servicio de cobro de créditos prestado por el factor a su cliente, cuyo valor es más elevado cuanto más largo es el plazo de pago y cuanto más alto es el nivel de riesgo que este asume.
38
Es preciso señalar, en segundo lugar, que de la petición de decisión prejudicial se desprende que la comisión de apertura corresponde al importe a tanto alzado abonado por el cliente por la puesta en marcha de un sistema de factoring y cubre, en particular, el coste de las gestiones vinculadas al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación aplicable en materia de blanqueo de capitales. En consecuencia, dicha comisión debe considerarse la contraprestación del establecimiento y la puesta en marcha del servicio prestado por el factor.
39
Sin perjuicio de las comprobaciones que incumben al órgano jurisdiccional remitente, procede, por tanto, considerar que la comisión de financiación y la comisión de apertura que el cliente paga al factor en el marco de una actividad de factoring mediante cesión de créditos constituyen el contravalor efectivo del servicio prestado y, por consiguiente, están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva del IVA.
40
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que los artículos 2, apartado 1, letra c), y 9, apartado 1, de la Directiva del IVA deben interpretarse en el sentido de que, por lo que respecta a una actividad de factoring mediante cesión de créditos, en la que el factor libera al cliente de las operaciones de cobro de créditos y del riesgo de impago de estos,
–
la comisión de financiación que remunera el servicio de cobro de créditos, cuyo valor es más elevado cuanto más largo es el plazo de pago y cuanto más alto es el nivel de riesgo que este asume, y
–
la comisión de apertura pagada por el cliente, que corresponde al importe a tanto alzado abonado por la puesta en marcha del sistema de factoring y cubre, en particular, el coste de las gestiones necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de la legislación aplicable en materia de blanqueo de capitales,
constituyen el contravalor efectivo de prestaciones de servicios comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.
Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta
41
Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 135, apartado 1, letras b) y d), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que la comisión de financiación y la comisión de apertura pagadas por el cliente y percibidas por el factor en el marco de una actividad de factoring mediante cesión de créditos o de factoring pignoraticio constituyen la contrapartida de una prestación única e indivisible de cobro de créditos sujeta al IVA, o si debe considerarse que remuneran, al menos en parte, una prestación exenta de IVA relativa a la concesión de un crédito.
42
En virtud del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA, están exentas del IVA la concesión y la negociación de créditos, así como la gestión de los créditos por quienes los concedieron.
43
La concesión de crédito, en el sentido de esta disposición, consiste, en particular, en la puesta a disposición de un capital a cambio de una remuneración (sentencia de 6 de octubre de 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21, EU:C:2022:757, apartado 33 y jurisprudencia citada).
44
Por su parte, el artículo 135, apartado 1, letra d), de esta Directiva establece que también están exentas del IVA las operaciones, incluidas las negociaciones, relativas a depósitos de fondos, cuentas corrientes, pagos, giros, créditos, cheques y otros efectos comerciales, con excepción del cobro de créditos.
45
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las exenciones del IVA previstas en el artículo 135, apartado 1, de la Directiva del IVA se basan en conceptos autónomos del Derecho de la Unión que tienen por objeto evitar divergencias de un Estado miembro a otro a la hora de aplicar el régimen del IVA (sentencia de 6 de octubre de 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21, EU:C:2022:757, apartado 30 y jurisprudencia citada).
46
También se desprende de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que los términos empleados para designar las exenciones previstas en dicho artículo deben interpretarse de modo estricto, dado que constituyen excepciones al principio general de que este impuesto se percibe por cada prestación de servicios efectuada a título oneroso por un sujeto pasivo (sentencia de 6 de octubre de 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21, EU:C:2022:757, apartado 31 y jurisprudencia citada).
47
No obstante, la interpretación de los términos de estas exenciones debe ser conforme con los objetivos perseguidos por estas y respetar el requisito de neutralidad fiscal inherente al sistema común del IVA (sentencia de 6 de octubre de 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O, C‑250/21, EU:C:2022:757, apartado 32 y jurisprudencia citada).
48
A falta de una definición, en la Directiva del IVA, del concepto de «cobro de créditos» que figura en el artículo 135, apartado 1, letra d), de dicha Directiva, procede situar este concepto en su contexto e interpretarlo en función del espíritu de esta disposición y, más en general, del sistema de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de octubre de 2010, Axa UK, C‑175/09, EU:C:2010:646, apartado 29 y jurisprudencia citada.
49
A este respecto, si bien, como se ha recordado en el apartado 46 de la presente sentencia, las exenciones contempladas en el artículo 135, apartado 1, de la Directiva del IVA, que establecen excepciones a la aplicación general de este impuesto, son de interpretación estricta, el concepto de «cobro de créditos», que exceptúa la mencionada exención de la aplicación del IVA, tiene como consecuencia que las operaciones a las que se refiere estén sometidas a la tributación que constituye la regla de principio en la que se basa dicha Directiva, por lo que, debe, por su parte, ser objeto de una interpretación amplia (véase, en ese sentido, la sentencia de 28 de octubre de 2010, Axa UK, C‑175/09, EU:C:2010:646, apartado 30 y jurisprudencia citada).
50
Según la jurisprudencia, el concepto de «cobro de créditos» en el sentido del artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA se refiere a las operaciones financieras destinadas a obtener el pago de una deuda dineraria (sentencia de 28 de octubre de 2010, Axa UK, C‑175/09, EU:C:2010:646, apartado 31 y jurisprudencia citada).
51
El Tribunal de Justicia ha precisado que este concepto debe interpretarse en el sentido de que comprende todas las formas de factoring, con independencia de sus modalidades, dado que, por su naturaleza objetiva, el objetivo esencial del factoring es el cobro de los créditos de un tercero. No existe ninguna razón que justifique una diferencia de trato, a efectos del IVA, entre el factoring«en sentido propio» y el factoring«impropio», ya que, en ambos casos, el factor realiza prestaciones a título oneroso en favor del cliente y ejerce, por tanto, una actividad económica (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de junio de 2003, MKG‑Kraftfahrzeuge‑Factoring, C‑305/01, EU:C:2003:377, apartados 76 y 77).
52
Como se ha recordado en el apartado 33 de la presente sentencia, una actividad de factoring mediante cesión de créditos como la controvertida en el litigio principal presenta las mismas características que el factoring«en sentido propio» de que se trataba en el asunto que dio lugar a la sentencia de 26 de junio de 2003, MKG‑Kraftfahrzeuge‑Factoring (C‑305/01, EU:C:2003:377). Como se declaró en dicha sentencia, tal actividad debe considerarse comprendida en el concepto de «cobro de créditos» que figura en el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA.
53
Lo mismo sucede con el factoring pignoraticio practicado por la demandante en el litigio principal. En efecto, dado que el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia de 26 de junio de 2003, MKG‑Kraftfahrzeuge‑Factoring (C‑305/01, EU:C:2003:377), que el factoring«impropio» debe considerarse comprendido en el concepto de «cobro de créditos», también ha de considerarse incluido en este concepto el factoring pignoraticio, que solo difiere del factoring mediante cesión de créditos en que los créditos de los que es titular el cliente no se transfieren al factor, sino que se utilizan como garantía de la financiación que este proporciona al cliente, asumiendo el factor el cobro de dichos créditos.
54
No obstante, para responder a las dudas planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, es preciso determinar, además, si la comisión de financiación y la comisión de apertura constituyen la contrapartida de una prestación única e indivisible de cobro de créditos sujeta al IVA, o si retribuyen parcialmente una prestación distinta de concesión de crédito, comprendida en la exención de dicho impuesto prevista en el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA.
55
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, cuando una operación está constituida por un conjunto de elementos y de actos, procede tomar en consideración todas las circunstancias en las que se desarrolla para determinar si dicha operación da lugar, a efectos del IVA, a dos o más prestaciones distintas o a una prestación única (sentencia de 4 de septiembre de 2019, KPC Herning, C‑71/18, EU:C:2019:660, apartado 35).
56
El Tribunal de Justicia también ha declarado que, por una parte, del artículo 1, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva del IVA resulta que cada operación ha de considerarse normalmente distinta e independiente y que, por otra parte, la operación consistente en una única prestación en el plano económico no debe desglosarse artificialmente para no alterar la funcionalidad del sistema del IVA (sentencia de 4 de septiembre de 2019, KPC Herning, C‑71/18, EU:C:2019:660, apartado 36).
57
En consecuencia, en determinadas circunstancias, varias prestaciones formalmente distintas, que podrían realizarse separadamente dando lugar, en cada caso, a gravamen o a exención, deben considerarse como una operación única cuando no son independientes (sentencia de 4 de septiembre de 2019, KPC Herning, C‑71/18, EU:C:2019:660, apartado 37).
58
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que una prestación debe considerarse única cuando dos o varios elementos o actos que el sujeto pasivo realiza se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente conforman una sola prestación económica indisociable cuyo desglose resultaría artificial. Así ocurre también cuando una o varias prestaciones constituyen una prestación principal y la otra o las otras prestaciones constituyen una o varias prestaciones accesorias que comparten el tratamiento fiscal de la prestación principal. En particular, una prestación debe considerarse accesoria de una prestación principal cuando no constituye para la clientela un fin en sí mismo, sino el medio de disfrutar en las mejores condiciones del servicio principal del prestador (sentencia de 4 de septiembre de 2019, KPC Herning, C‑71/18, EU:C:2019:660, apartado 38).
59
A fin de dilucidar si las prestaciones son independientes o si constituyen una prestación única, es necesario determinar los elementos característicos de la operación considerada. Sin embargo, no existe una regla absoluta sobre la amplitud de una prestación desde el punto de vista del IVA y, por tanto, es preciso considerar todas las circunstancias en las que se desarrolla la operación en cuestión (sentencia de 4 de septiembre de 2019, KPC Herning, C‑71/18, EU:C:2019:660, apartado 39). El Tribunal de Justicia también tiene en cuenta el objetivo económico perseguido y el interés de los destinatarios de las prestaciones (véase, en ese sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 2020, Franck, C‑801/19, EU:C:2020:1049, apartado 26 y jurisprudencia citada).
60
A este respecto, procede señalar que, tanto desde el punto de vista del cliente como desde el del factor, una prestación de servicio de factoring constituye, en principio, una operación económica única, cuyo objetivo principal es permitir al cliente descargar en un tercero el cobro de sus créditos, cuyo desglose sería artificial.
61
Además, por lo que respecta, más concretamente, al factoring mediante cesión de créditos, los fondos abonados por el factor a su cliente no corresponden a un préstamo que este debería reembolsar, sino que constituyen la contrapartida de la cesión definitiva de créditos, de modo que no existe ninguna relación de crédito entre el factor y su cliente. Por consiguiente, no puede considerarse que la comisión de financiación y la comisión de apertura pagadas en este contexto retribuyan una prestación de concesión de crédito comprendida en la exención prevista en el artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA, sino que constituyen, habida cuenta de las consideraciones que figuran en los apartados 32, 33, 38 y 39 de la presente sentencia, la contrapartida de servicios de cobro de créditos imponibles en el sentido del artículo 135, apartado 1, letra d), de esta Directiva.
62
Por lo que respecta al factoring pignoraticio, si bien este consiste en que el factor pone fondos a disposición de su cliente a cambio de una garantía constituida por créditos por facturas no vencidos, se ha señalado en el apartado 53 de la presente sentencia que, por lo demás, el factor se encarga del cobro de los créditos, lo que constituye, según la jurisprudencia recordada en el apartado 51, la finalidad esencial del factoring.
63
Además, aunque, en el marco de la prestación de dicho servicio, el cobro de créditos por el factor vaya acompañado de la puesta a disposición de su cliente de una financiación correspondiente al importe de los créditos dados en garantía, no resulta que, en la práctica, el factor proporcione dicha financiación con independencia del servicio de cobro de créditos, del que constituye el corolario.
64
Es cierto que el Tribunal de Justicia ya ha admitido que el concepto de concesión de créditos, en el sentido del artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva del IVA, no se circunscribe exclusivamente a los préstamos y créditos concedidos por las entidades bancarias y financieras, y que no excluye otras formas de remuneración distintas del pago de intereses (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de mayo de 2019, Vega International Car Transport and Logistic, C‑235/18, EU:C:2019:412, apartados 44, 45, 47 y 48 y jurisprudencia citada). También ha declarado que esta disposición se aplica a una operación en la que el sujeto pasivo, por una parte, pone a disposición de otro sujeto pasivo, a cambio de remuneración, fondos obtenidos de una sociedad de factoring a raíz de la transmisión a esta de un pagaré emitido por el segundo sujeto pasivo y, por otra, garantiza a la citada sociedad de factoring la devolución de dicho pagaré a su vencimiento (sentencia de 17 de diciembre de 2020, Franck, C‑801/19, EU:C:2020:1049, apartado 53).
65
No es menos cierto que la solución adoptada en la sentencia de 17 de diciembre de 2020, Franck (C‑801/19, EU:C:2020:1049), no puede extrapolarse al presente asunto, dado que, en particular, dicha sentencia se refería a la configuración particular de una relación tripartita en la que una sociedad había recurrido a un factor con la única finalidad de obtener financiación eludiendo la imposibilidad de suscribir un crédito bancario.
66
Tampoco parece pertinente, en el presente asunto, la solución adoptada en la sentencia de 6 de octubre de 2022, O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O (C‑250/21, EU:C:2022:757), que se refería al tratamiento a efectos del IVA de un mecanismo utilizado en materia de titulización o de financiación estructurada que tenía esencialmente por objeto la puesta a disposición de un capital a cambio de una remuneración, en forma de servicios prestados en virtud de un contrato de subparticipación, consistente en la puesta a disposición del emisor de una aportación financiera a cambio del pago del rendimiento procedente de determinados créditos, que permanecían en los activos del emisor.
67
Por último, no puede acogerse la alegación del Gobierno finlandés basada en que todos los mecanismos de financiación deberían tratarse de la misma manera a efectos del IVA, puesto que, al distinguir el tratamiento fiscal, a efectos de dicho impuesto, de las prestaciones de cobro de créditos y de las prestaciones de concesión de crédito, el propio legislador de la Unión ha previsto la posibilidad de que coexistan mecanismos de financiación sujetos al IVA y mecanismos de financiación exentos de IVA.
68
De ello se deduce que la comisión de financiación y la comisión de apertura pagadas por el cliente en el marco de un factoring pignoraticio, caracterizado por el hecho de que el factor se encarga del cobro de los créditos en cuestión, que, sin ser transferidos a dicho factor, se utilizan como garantía de la financiación que este proporciona al cliente, deben considerarse la contrapartida de una prestación única e indivisible de «cobro de créditos» sujeta al IVA.
69
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que el artículo 135, apartado 1, letras b) y d), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que
–
la comisión de financiación que remunera el servicio de cobro de créditos, cuyo valor es más elevado cuanto más largo es el plazo de pago y cuanto más alto es el nivel de riesgo asumido por el factor, y
–
la comisión de apertura pagada por el cliente, que corresponde al importe a tanto alzado abonado por la puesta en marcha del sistema de factoring y cubre, en particular, el coste de las gestiones necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de la legislación aplicable en materia de blanqueo de capitales,
percibidas por el factor en el marco de una actividad de factoring mediante cesión de créditos como la mencionada en la respuesta a las cuestiones prejudiciales primera y segunda o de factoring pignoraticio, caracterizada por el hecho de que el factor se encarga del cobro de los créditos en cuestión que, sin ser transferidos a dicho factor, se utilizan como garantía de la financiación que este proporciona al cliente, constituyen la contrapartida de una prestación única e indivisible de cobro de créditos sujeta al IVA.
Sobre la quinta cuestión prejudicial
70
Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si, en el supuesto de que la excepción relativa al cobro de créditos prevista en el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA se aplique a servicios de factoring como los controvertidos en el litigio principal, esta excepción reviste un carácter incondicional y suficientemente preciso para tener efecto directo.
71
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en todos aquellos casos en que las disposiciones de una directiva, desde el punto de vista de su contenido, no estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente precisas, los particulares están legitimados para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, en particular cuando este haya hecho una transposición incorrecta [sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg‑Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 17 y jurisprudencia citada].
72
Asimismo, procede recordar que una disposición del Derecho de la Unión es, por un lado, incondicional cuando establece una obligación que no está sujeta a ningún requisito ni supeditada, en su ejecución o en sus efectos, a que se adopte ningún acto de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros y, por otro lado, suficientemente precisa para ser invocada por un justiciable y aplicada por el juez cuando establece una obligación en términos inequívocos [sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 18 y jurisprudencia citada].
73
En primer lugar, por lo que respecta al carácter incondicional de la excepción relativa al cobro de créditos que figura en el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA, de su tenor se desprende que esta disposición es incondicional, puesto que su aplicación no está supeditada a requisitos adicionales ni a la adopción de actos de ejecución.
74
En segundo lugar, en la medida en que prevé dicha excepción, el artículo 135, apartado 1, letra d), establece, en términos inequívocos, una obligación a cargo de los Estados miembros, sin que estos Estados dispongan de ningún margen de apreciación y, por lo tanto, debe considerarse suficientemente precisa en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 72 de la presente sentencia.
75
De ello se deduce que la excepción relativa al cobro de créditos que figura en el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA tiene efecto directo y, por ende, puede ser invocada por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales frente al Estado.
76
En este contexto, procede recordar, además, que, para garantizar la efectividad del conjunto de las disposiciones del Derecho de la Unión, el principio de primacía obliga, en particular, a los órganos jurisdiccionales nacionales a interpretar, en la medida de lo posible, su Derecho interno de manera conforme con el Derecho de la Unión, debiendo precisarse que esta obligación de interpretación conforme no puede, en particular, servir de base para una interpretación contra legem del Derecho nacional [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartados 35 y 36 y jurisprudencia citada.
77
Ha de recordarse, asimismo, que el principio de primacía obliga al juez nacional encargado de aplicar, en el ámbito de su competencia, las disposiciones del Derecho de la Unión, cuando no resulte posible interpretar la normativa nacional conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, a garantizar la plena eficacia de las exigencias de este Derecho en el litigio de que conozca, dejando inaplicada si fuera necesario, y por su propia iniciativa, cualquier normativa o práctica nacional, aun posterior, contraria a una disposición del Derecho de la Unión que tenga efecto directo, sin que deba solicitar o esperar a su previa eliminación por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional [sentencia de 8 de marzo de 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Efecto directo), C‑205/20, EU:C:2022:168, apartado 37 y jurisprudencia citada].
78
Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente determinar si el respeto de esta excepción puede garantizarse en el marco de una interpretación conforme de las disposiciones de Derecho interno con el Derecho de la Unión o, a falta de tal posibilidad, si implica excluir total o parcialmente estas últimas.
79
De lo anterior resulta que procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva del IVA debe interpretarse en el sentido de que la excepción relativa al «cobro de créditos» prevista en dicha disposición tiene carácter incondicional y suficientemente preciso para tener efecto directo y, por ende, puede ser invocada por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado.
Costas
80
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)
Los artículos 2, apartado 1, letra c), y 9, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido,
deben interpretarse en el sentido de que,
por lo que respecta a una actividad de factoring mediante cesión de créditos, en la que el factor libera al cliente de las operaciones de cobro de créditos y del riesgo de impago de estos,
–
la comisión de financiación que remunera el servicio de cobro de créditos, cuyo valor es más elevado cuanto más largo es el plazo de pago y cuanto más alto es el nivel de riesgo que este asume, y
–
la comisión de apertura pagada por el cliente, que corresponde al importe a tanto alzado abonado por la puesta en marcha de un sistema de factoring y cubre, en particular, el coste de las gestiones necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de la legislación aplicable en materia de blanqueo de capitales,
constituyen el contravalor efectivo de prestaciones de servicios comprendidas en el ámbito de aplicación de la citada Directiva.
2)
El artículo 135, apartado 1, letras b) y d), de la Directiva 2006/112
debe interpretarse en el sentido de que
–
la comisión de financiación que remunera el servicio de cobro de créditos, cuyo valor es más elevado cuanto más largo es el plazo de pago y cuanto más alto es el nivel de riesgo asumido por el factor, y
–
la comisión de apertura pagada por el cliente, que corresponde al importe a tanto alzado abonado por la puesta en marcha del sistema de factoring y cubre, en particular, el coste de las gestiones necesarias para cumplir las obligaciones derivadas de la legislación aplicable en materia de blanqueo de capitales,
percibidas por el factor en el marco de una actividad de factoring mediante cesión de créditos como la mencionada en la respuesta dada en el punto 1 del fallo o de factoring pignoraticio, caracterizada por el hecho de que el factor se encarga del cobro de los créditos en cuestión que, sin ser transferidos a dicho factor, se utilizan como garantía de la financiación que este proporciona al cliente, constituyen la contrapartida de una prestación única e indivisible de cobro de créditos sujeta al impuesto sobre el valor añadido.
3)
El artículo 135, apartado 1, letra d), de la Directiva 2006/112
debe interpretarse en el sentido de que
la excepción relativa al «cobro de créditos» prevista en dicha disposición tiene carácter incondicional y suficientemente preciso para tener efecto directo y, por ende, puede ser invocada por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: finés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.