62020TO0771(01)
AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
de 25 de septiembre de 2025 (
*1
)
«Recurso de indemnización — Política exterior y de seguridad común — Perjuicio derivado de la supuesta vulneración de derechos fundamentales — Delitos cometidos en Kosovo en 1999 — Misión de la Unión por el Estado de Derecho en Kosovo (Eulex Kosovo) — Incumplimiento de los requisitos de forma — Artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento — Inadmisibilidad manifiesta parcial — Falta de imputabilidad de las omisiones alegadas — Recurso en parte manifiestamente carente de fundamento jurídico alguno»
En el asunto T‑771/20 RENV,
KS,
KD,
representadas por el Sr. P. Koutrakos, abogado, el Sr. F. Randolph, KC, y la Sra. J. Stojsavljevic-Savic, Solicitor,
partes demandantes,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por las Sras. P. Mahnič y S. Lejeune, en calidad de agentes,
Comisión Europea, representada por las Sras. M. Carpus-Carcea y Y. Marinova, en calidad de agentes,
y
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), representado por los Sres. L. Havas y S. Marquardt y por la Sra. E. Orgován, en calidad de agentes,
partes demandadas,
apoyados por
República Checa, representada por el Sr. J. Vláčil, las Sras. D. Czechová y K. Najmanová y el Sr. O. Šváb, en calidad de agentes,
y por
República Francesa, representada por los Sres. M. de Lisi y B. Fodda, la Sra. S. Royon, el Sr. T. Stéhelin y la Sra. B. Travard, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes en apoyo del Consejo,
por
Reino de Bélgica, representado por las Sras. M. Jacobs y C. Pochet, en calidad de agentes,
por
Gran Ducado de Luxemburgo, representado por los Sres. A. Germeaux y T. Schell, en calidad de agentes,
por
Reino de los Países Bajos, representado por la Sra. M. Bulterman y el Sr. J. Langer, en calidad de agentes,
por
República de Austria, representada por la Sra. J. Schmoll, el Sr. M. Meisel y la Sra. E. Samoilova, en calidad de agentes,
por
Rumanía, representada por las Sras. R. Antonie, L. E. Baţagoi, E. Gane y L. Ghiţă, en calidad de agentes
por
República de Finlandia, representada por las Sras. H. Leppo y M. Pere, en calidad de agentes,
y por
Reino de Suecia, representado por las Sras. H. Eklinder, F. L. Göransson y R. Shahsavan Eriksson, en calidad de agentes,
partes coadyuvantes en apoyo de la Comisión,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),
integrado, durante las deliberaciones, por la Sra. M. J. Costeira (Ponente), Presidenta, y las Sras. M. Kancheva y E. Tichy-Fisslberger, Jueces;
Secretario: Sr. V. Di Bucci;
dicta el siguiente
Auto
1
Mediante su recurso, basado en el artículo 268 TFUE, en relación con el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, las demandantes, KS y KD, solicitan que se repare el perjuicio que consideran haber sufrido como consecuencia de diversos actos y omisiones atribuidos al Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en el contexto de la ejecución de la Acción Común 2008/124/PESC del Consejo, de 4 de febrero de 2008, sobre la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX KOSOVO (DO 2008, L 42, p. 92; en lo sucesivo, respectivamente, «Acción Común» y «Misión Eulex Kosovo»), en particular, en el marco de las investigaciones relativas a la desaparición y el asesinato de miembros de sus familias en 1999 en Pristina (Kosovo), llevadas a cabo durante dicha Misión.
Antecedentes del litigio
2
Las demandantes son parientes cercanos (esposas y madres) de personas torturadas, asesinadas o desaparecidas en el marco de los crímenes de guerra perpetrados en Kosovo entre junio y julio de 1999.
3
Con arreglo al artículo 2, párrafo primero, de la Acción Común, en su versión adoptada el 4 de febrero de 2008, la Misión Eulex Kosovo tenía el mandato de asistir a las instituciones, las autoridades judiciales y los cuerpos y fuerzas de seguridad de Kosovo en su avance hacia la viabilidad y la responsabilización, así como en el desarrollo y fortalecimiento de un sistema judicial independiente y multiétnico y una policía y unos servicios de aduanas multiétnicos, velando por que dichas instituciones se vean libres de injerencias políticas y se adhieran a las normas internacionalmente reconocidas y a las mejores prácticas europeas.
4
En octubre de 2009, en aplicación del procedimiento previsto en el artículo 12, apartado 2, de la Acción Común, la Unión creó el Grupo de Revisión en Materia de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «Grupo de Revisión»), encargado de examinar las denuncias por supuestas violaciones de derechos humanos cometidas por la Misión Eulex Kosovo con ocasión del ejercicio de su mandato. El Grupo de Revisión es un órgano de rendición de cuentas independiente que, tras examinar esas denuncias, emite conclusiones en las que determina si esta Misión ha violado o no los derechos humanos tal como se garantizan en Kosovo. Cuando el Grupo de Revisión considera que se ha producido tal violación, sus conclusiones pueden incluir recomendaciones no vinculantes al objeto de que el jefe de dicha Misión adopte medidas correctoras.
5
El 11 de marzo de 2014, KD presentó ante el Grupo de Revisión una denuncia relativa a la investigación sobre el secuestro y el homicidio de su marido y de su hijo.
6
El 11 de junio de 2014, KS presentó asimismo ante el Grupo de Revisión una denuncia relativa a la investigación sobre la desaparición de su marido.
7
El 11 de noviembre de 2015, el Grupo de Revisión concluyó, en relación con la denuncia presentada por KS, que se habían infringido los artículos 2 (relativo al derecho a la vida), 3 (relativo a la prohibición de la tortura), 8 (relativo al derecho al respeto de la vida privada y familiar) y 13 (relativo al derecho a la tutela judicial efectiva) del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), formulando una serie de recomendaciones al jefe de la Misión Eulex Kosovo para la adopción de medidas correctoras.
8
El 19 de octubre de 2016, el Grupo de Revisión concluyó, por lo que atañe la denuncia presentada por KD, que se habían infringido los artículos 2 (relativo al derecho a la vida), 3 (relativo a la prohibición de la tortura) y 13 (relativo al derecho a la tutela judicial efectiva) del CEDH, en relación con el artículo 2 de ese mismo Convenio, y formuló al jefe de la Misión Eulex Kosovo una serie de recomendaciones para la adopción de medidas correctoras.
Procedimientos anteriores ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia
9
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 29 de diciembre de 2020 y registrada con el número de asunto T‑771/20, las demandantes interpusieron un recurso basado en el artículo 268 TFUE por el que solicitaban la reparación del perjuicio que alegaban haber sufrido como consecuencia de diversos actos y omisiones del Consejo, de la Comisión, del SEAE y de la Misión Eulex Kosovo en el marco de las investigaciones relativas a la desaparición y al asesinato de miembros de sus familias en Pristina en 1999.
10
En apoyo de sus recursos, las demandantes alegaron, en particular:
–
la violación de los artículos 2, 3 y 8 del CEDH y de los artículos 2 y 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), debido a que no se llevaron a cabo investigaciones adecuadas sobre la desaparición y el asesinato de miembros de sus familias porque, en particular, no se disponía del personal idóneo en la Misión Eulex Kosovo para ejercer su mandato ejecutivo, violación que fue constatada por el Grupo de Revisión el 11 de noviembre de 2015, en el caso de KS, y el 19 de octubre de 2016, en el caso de KD;
–
la violación de los artículos 6, apartado 1, y 13 del CEDH, así como del artículo 47 de la Carta, debido a la inexistencia de disposiciones que contemplen la asistencia jurídica gratuita para las partes denunciantes que cumplan los requisitos a tal efecto en los procedimientos seguidos ante el Grupo de Revisión y a que este Grupo había sido creado sin atribuírsele facultades para ejecutar sus decisiones y no existía una vía de recurso que las referidas partes denunciantes pudieran utilizar a raíz de las violaciones constatadas;
–
la falta de adopción de medidas correctoras para subsanar total o parcialmente las violaciones indicadas en los guiones primero y segundo, pese a que las conclusiones del Grupo de Revisión fueron puestas en conocimiento de la Unión por el jefe de la Misión el 29 de abril de 2016;
–
la desviación o abuso de la facultad ejecutiva por parte del Consejo y del SEAE el 12 de octubre de 2017 al afirmar, por una parte, que la Misión Eulex Kosovo había hecho todo lo que estaba a su alcance para investigar el secuestro y el probable asesinato del marido de KS y el asesinato del marido y del hijo de KD y, por otra, que el Grupo de Revisión no tiene vocación de órgano judicial;
–
la desviación o abuso de la facultad ejecutiva o pública por no haber garantizado que la Misión Eulex Kosovo o la Fiscalía Especializada revisaran de forma correcta conforme a Derecho el caso de KD —un crimen de guerra—, prima facie fundado, para su instrucción y enjuiciamiento ante la Sala Especializada de Kosovo.
11
Por otra parte, las demandantes solicitaron al Tribunal General que se pronunciara con carácter preliminar sobre la cuestión de si la Misión Eulex Kosovo debía añadirse a las partes demandadas, afirmando al mismo tiempo que las infracciones invocadas en apoyo de su recurso entran dentro del ámbito de la competencia exclusiva del Consejo, de la Comisión y del SEAE.
12
Mediante escrito de 18 de mayo de 2021, la Comisión formuló una excepción de inadmisibilidad alegando, en esencia, que las infracciones alegadas en apoyo del recurso no le eran imputables.
13
Mediante escritos de 19 de mayo de 2022, el Consejo y el SEAE formularon también sendas excepciones de incompetencia y de inadmisibilidad, alegando, en particular, la falta de imputabilidad de los actos y omisiones alegados, así como el carácter extemporáneo y la falta de precisión de la demanda.
14
El 5 de junio de 2021, las demandantes presentaron una solicitud de diligencia de prueba, al amparo del artículo 88 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, con la pretensión de que se les entregara la integralidad del plan de operación de la Misión Eulex Kosovo (en lo sucesivo, «OPLAN») en todas sus versiones desde la creación de la Misión en 2008.
15
En sus observaciones sobre la solicitud de diligencia de prueba mencionada en el apartado 14 anterior, presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 23 de junio de 2021, el Consejo y el SEAE se opusieron a la entrega de la integralidad del OPLAN, basándose en que dicho documento estaba clasificado como «restringido UE», indicando al mismo tiempo que podría concederse un acceso privilegiado al anexo del OPLAN relativo al Grupo de Revisión.
16
Mediante escrito de 23 de julio de 2021, las demandantes presentaron sus observaciones, solicitando al Tribunal General que desestimara las excepciones de incompetencia y de inadmisibilidad formuladas por las partes demandadas.
17
Mediante auto de 10 de noviembre de 2021, KS y KD/Consejo y otros (T‑771/20, no publicado, en lo sucesivo, «auto inicial», EU:T:2021:798), el Tribunal General acogió las excepciones de incompetencia y, en consecuencia, desestimó el recurso.
18
En los apartados 28 a 33 del auto inicial, el Tribunal General consideró, en esencia, que el recurso traía causa de actos o conductas pertenecientes a la esfera de cuestiones políticas o estratégicas relacionadas con la definición de las actividades, prioridades y recursos de la Misión Eulex Kosovo y con la decisión de crear el Grupo de Revisión en el marco de esa Misión, encuadrada en la política exterior y de seguridad común de la Unión (en lo sucesivo, «PESC»). De conformidad con las disposiciones del artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase, y del artículo 275 TFUE, párrafo primero, el Tribunal General recordó que el juez de la Unión no era, en principio, competente respecto de las disposiciones relativas a la PESC ni de los actos adoptados sobre la base de estas disposiciones, estimando que las excepciones a este principio no eran aplicables a las circunstancias del presente asunto.
19
Los recursos de casación de las demandantes y de la Comisión contra el auto inicial, interpuestos respectivamente el 12 y el 19 de enero de 2022, fueron acumulados por el Tribunal de Justicia a efectos de la fase oral del procedimiento y de la resolución que pusiera fin al proceso.
20
Paralelamente, en la sentencia de 24 de febrero de 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126), el Tribunal de Justicia, que conocía de una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunal de lo Laboral Francófono de Bruselas, Bélgica), declaró que el artículo 16, apartado 5, de la Acción Común 2008/124, en su versión modificada por la Decisión 2014/349/PESC del Consejo, de 12 de junio de 2014 (DO 2014, L 174, p. 42), a tenor del cual «EULEX KOSOVO será responsable ante cualquier demanda u obligación derivada de la ejecución del mandato que comienza el 15 de junio de 2014, con excepción de las demandas relativas a faltas graves del Jefe de Misión, de las que este/esta será responsable», debía interpretarse en el sentido de que indica la fecha a partir de la cual debía considerarse que la Misión Eulex Kosovo asume la responsabilidad por cualquier perjuicio y por cualquier obligación derivados o que puedan derivarse de la ejecución de la misión que se le ha encargado y, por tanto, la fecha a partir de la cual se subroga en los derechos y obligaciones de las personas anteriormente responsables de la ejecución de esa misión, a excepción de las demandas relativas a faltas graves del jefe de misión, de las que este/esta será responsable (sentencia de 24 de febrero de 2022, Eulex Kosovo, C‑283/20, EU:C:2022:126, apartado 41).
21
Mediante sentencia de 10 de septiembre de 2024, KS y otros/Consejo y otros (C‑29/22 P y C‑44/22 P, en lo sucesivo, «sentencia dictada en casación», EU:C:2024:725), el Tribunal de Justicia anuló parcialmente el auto inicial, en la medida en que el Tribunal General se había declarado manifiestamente incompetente para conocer de las imputaciones mencionadas en el apartado 10 anterior.
22
Tras desestimar los recursos de casación en todo lo demás, el Tribunal de Justicia consideró que no disponía de los elementos necesarios para resolver definitivamente el litigio y devolvió el asunto al Tribunal General para que se pronunciara sobre la admisibilidad y, en su caso, sobre el fondo del recurso y la solicitud de diligencia de prueba presentada por las demandantes.
Procedimiento tras la devolución del asunto y pretensiones de las partes
23
Mediante diligencia de ordenación del procedimiento de 18 de diciembre de 2024, se instó a las partes a que se pronunciaran, en particular, sobre las conclusiones que pudieran extraerse de la sentencia de 24 de febrero de 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126), en lo que se refería, en particular, a la cuestión de la imputabilidad de las infracciones alegadas en el marco del recurso devuelto al Tribunal General. La Comisión respondió a esa diligencia de ordenación del procedimiento el 24 de enero de 2025. Las demandantes, el Consejo y el SEAE respondieron a esta misma diligencia el 27 de enero de 2025.
24
Las demandantes solicitan al Tribunal General que:
–
Condene al Consejo, a la Comisión y al SEAE, conjunta o solidariamente, a indemnizarlas por los daños sufridos como consecuencia de las vulneraciones de derechos fundamentales invocadas en el marco del presente recurso, con inclusión del pago de intereses al tipo y por el tiempo que el Tribunal General considere apropiados.
–
Condene en costas al Consejo, a la Comisión y al SEAE, incluidas las correspondientes a los procedimientos ante el Grupo de Revisión.
25
El Consejo solicita al Tribunal General que:
–
Se declare incompetente para conocer del recurso.
–
Declare la inadmisibilidad del recurso o, con carácter subsidiario, lo desestime por infundado por lo que a él respecta.
–
Condene en costas a las demandantes.
26
La Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Declare la inadmisibilidad del recurso en la medida en que se dirige contra ella.
–
Condene en costas a las demandantes.
27
El SEAE solicita al Tribunal General que se declare incompetente para conocer del recurso y, con carácter subsidiario, lo declare inadmisible en la medida en que se dirige contra él.
28
En sus observaciones sobre las excepciones de incompetencia y de inadmisibilidad, las demandantes solicitan, en esencia, que el Tribunal General desestime todas las excepciones formuladas por el Consejo, la Comisión y el SEAE.
Fundamentos de Derecho
29
A tenor del artículo 126 del Reglamento de Procedimiento, cuando el Tribunal General sea manifiestamente incompetente para conocer de un recurso o cuando este sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente de fundamento jurídico alguno, el Tribunal General podrá decidir en cualquier momento, a propuesta del Juez Ponente, resolver mediante auto motivado, sin continuar el procedimiento.
30
En el presente asunto, el Tribunal General, al considerar que la documentación que obra en autos le ofrece información suficiente, decide resolver sin continuar el procedimiento.
Sobre el alcance de la devolución
31
De conformidad con el artículo 61, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación y se devuelva el asunto al Tribunal General para que este último resuelva el litigio, este estará vinculado por las cuestiones de Derecho dirimidas por la resolución del Tribunal de Justicia.
32
Tras la anulación por el Tribunal de Justicia y la devolución del asunto al Tribunal General, este será competente, con arreglo al artículo 191 del Reglamento de Procedimiento, en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia y deberá pronunciarse de nuevo sobre todas las pretensiones y motivos de las partes formulados en primera instancia, con exclusión, por una parte, de aquellos de los que las partes hayan desistido tras la devolución del asunto y, por otra parte, de aquellos a los que responden los elementos del fallo de la resolución inicial que no fueron anulados por el Tribunal de Justicia y los fundamentos de Derecho que constituyen la base necesaria de dichos elementos (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de septiembre de 2011, Marcuccio/Comisión, T‑236/02, EU:T:2011:465, apartados 83 y 85, y de 25 de enero de 2023, GEA Group/Comisión, T‑640/16 RENV, no publicada, EU:T:2023:18, apartados 50 y 52 y jurisprudencia citada).
33
En el caso de autos, el Tribunal de Justicia confirmó parcialmente el auto inicial, en la medida en que el Tribunal General se declaró manifiestamente incompetente para conocer de las imputaciones basadas, por una parte, en la supuesta falta de recursos necesarios asignados a la Misión Eulex Kosovo y, por otra parte, en la revocación del mandato ejecutivo de dicha Misión, que se produjo en virtud de la Decisión (PESC) 2018/856 del Consejo, de 8 de junio de 2018, por la que se modifica la Acción Común 2008/124 (DO 2018, L 146, p. 5) (apartados 126 y 136 de la sentencia dictada en casación y punto 2 del fallo de dicha sentencia).
34
Por tanto, ya no procede pronunciarse sobre las pretensiones y los motivos relativos a las imputaciones mencionadas en el apartado 33 anterior.
35
Por lo que respecta a las demás imputaciones de la demanda, indicadas en el apartado 10 anterior, el Tribunal de Justicia anuló el auto inicial, en la medida en que el Tribunal General había declinado su competencia debido a que dichas imputaciones cuestionaban actos u omisiones relativos a cuestiones políticas o estratégicas referentes a la definición y a la ejecución de la PESC (apartados 120, 128, 130, 131 y 135 de la sentencia dictada en casación).
36
Por consiguiente, procede desestimar las excepciones de incompetencia formuladas ante el Tribunal General por el Consejo y el SEAE, basadas en el motivo mencionado en el apartado 35 anterior, en la medida en que se refieren a las imputaciones mencionadas en el apartado 10 anterior.
37
Por otra parte, en respuesta a la diligencia de ordenación del procedimiento de 18 de diciembre de 2024, las demandantes indicaron, en esencia, que las disposiciones del artículo 16, apartado 5, de la Acción Común, tal como se interpretan en la sentencia de 24 de febrero de 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126), no implicaban que la Misión Eulex Kosovo figurara entre las partes demandadas en el presente asunto. A su juicio, el alcance de dicha sentencia debe circunscribirse estrictamente al contexto fáctico y jurídico de la petición de decisión prejudicial examinada en ese asunto por el Tribunal de Justicia, de modo que la capacidad procesal de esta Misión sigue limitada a los litigios relativos a cuestiones de naturaleza administrativa.
38
De la respuesta de las demandantes a la diligencia de ordenación del procedimiento de 18 de diciembre de 2024 se desprende que debe considerarse que estas desistieron de su pretensión de que el Tribunal General se pronunciara con carácter preliminar sobre la cuestión de si la Misión Eulex Kosovo debía añadirse a las partes demandadas. Por tanto, ya no procede pronunciarse sobre esta pretensión, ya que, por otra parte, el Tribunal General no es competente para dictar sentencias declaratorias (véase el auto de 27 de noviembre de 2012, H‑Holding/Parlamento, T‑672/11, no publicado, EU:T:2012:628, apartado 20 y jurisprudencia citada).
Observaciones preliminares
39
Con carácter preliminar, procede recordar que el recurso por responsabilidad extracontractual de la Unión debe dirigirse formalmente contra la institución a la que son imputables las actuaciones que, según la parte demandante, causaron el perjuicio cuya reparación solicita (véase, en este sentido, el auto de 17 de diciembre de 2021, Theodorakis y Theodoraki/Consejo, T‑495/14, no publicado, EU:T:2021:941, apartado 47).
40
A este respecto, la cuestión de la identificación de la institución, órgano u organismo encargado de representar a la Unión en el marco de un recurso por responsabilidad extracontractual, basado en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo, forma parte del examen de la admisibilidad de ese recurso (véase, en este sentido, el auto de 2 de febrero de 2015, Gascogne Sack Deutschland y Gascogne/Unión Europea, T‑577/14, no publicado, EU:T:2015:80, apartado 22 y jurisprudencia citada).
41
En cambio, en la medida en que el Consejo, la Comisión y el SEAE niegan en el caso de autos el carácter imputable de las omisiones que les reprochan las demandantes, debido a que no tenían obligación de actuar, es preciso señalar que tal argumentación guarda relación con una cuestión relativa a la legalidad del comportamiento de esas instituciones y de ese órgano de la Unión y se refiere, por tanto, a la apreciación en cuanto al fondo del recurso de indemnización, y no a su admisibilidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de marzo de 2023, Sánchez-Gavito León/Consejo y Comisión, T‑100/21, no publicada, EU:T:2023:109, apartados 83 y 84, y de 23 de mayo de 2019, Steinhoff y otros/BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, apartados 61 a 63).
Primera imputación
42
En el marco de la primera imputación, las demandantes alegan que la falta de investigaciones adecuadas sobre la desaparición de sus allegados, resultante de una carencia de personal idóneo de la Misión Eulex Kosovo, constituye una violación de los artículos 2, 3 y 8 del CEDH y de los artículos 2 y 4 de la Carta, cometida por dicha Misión en el ejercicio de su mandato ejecutivo, cuya responsabilidad debe ser asumida conjunta o solidariamente por el Consejo, la Comisión y el SEAE.
43
Además, según las demandantes, la violación se debe también a las omisiones imputables al Consejo, a la Comisión y al SEAE, en la medida en que estos no velaron por que la Misión Eulex Kosovo dispusiera del personal idóneo para ejercer su mandato de conformidad con los artículos 2 y 3 del CEDH.
44
El Consejo, la Comisión y el SEAE alegan, en particular, que las infracciones alegadas no les son imputables y que, en consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad del recurso.
45
A este respecto, por una parte, ha de recordarse que el artículo 16, apartado 5, de la Acción Común, en su versión modificada por la Decisión 2014/349, debe interpretarse en el sentido de que, a partir del 15 de junio de 2014, se transfiere a la Misión Eulex Kosovo, en principio, la responsabilidad frente a cualquier demanda y obligación derivadas o que pudieran derivarse de la ejecución de su mandato y, por tanto, en el sentido de que dicha Misión se subroga, a partir de esa misma fecha, en los derechos y obligaciones de las personas anteriormente responsables de la ejecución de su mandato, incluso en el marco de los litigios que se hallen en curso (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de febrero de 2022, Eulex Kosovo, C‑283/20, EU:C:2022:126, apartado 46).
46
Por otra parte, en lo que atañe a la supuesta carencia de personal idóneo, el Tribunal de Justicia declaró que la capacidad de la Misión Eulex Kosovo para contratar personal constituía un elemento de su gestión corriente que se encuadraba en la ejecución de su mandato. Así pues, incumbe a dicha Misión velar, en el marco de los recursos que se ponen a su disposición, por que el personal que contrata sea idóneo (véase, en este sentido, la sentencia dictada en casación, apartado 127).
47
De ello se deduce que la supuesta carencia de personal idóneo se debería a deficiencias en la gestión corriente de la Misión Eulex Kosovo, cuyas consecuencias lesivas, suponiendo que estuvieran acreditadas, serían responsabilidad exclusiva de dicha Misión en el ejercicio de su mandato ejecutivo.
48
Por consiguiente, en la medida en que las demandantes invocan deficiencias en la gestión de los recursos humanos de la Misión Eulex Kosovo, en las que habría incurrido esta última, contra la que, sin embargo, no se dirige el presente recurso, la primera imputación adolece de un error en la designación de la parte demandada y debe declararse manifiestamente inadmisible (véase, en este sentido, el auto de 17 de diciembre de 2021, Theodorakis y Theodoraki/Consejo, T‑495/14, no publicado, EU:T:2021:941, apartado 61).
49
Por lo demás, como se desprende del apartado 127 de la sentencia dictada en casación, corresponde a la Misión Eulex Kosovo velar, en el marco de los recursos puestos a su disposición, por que el personal que contrata sea idóneo. Por tanto, en la medida en que se reprocha al Consejo, a la Comisión y al SEAE no haber velado por ello, la primera imputación debe desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno debido a la falta de imputabilidad de las omisiones alegadas.
50
Asimismo, según reiterada jurisprudencia, procede recordar además que la exposición sumaria de los motivos, que debe figurar en toda demanda, en el sentido del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto y del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento, debe explicitar en qué consiste el motivo sobre el que se apoya el recurso. En este sentido, para declarar la admisibilidad de un recurso ante el Tribunal General, es preciso, en particular, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el texto de la propia demanda. Si bien ciertos extremos específicos del texto pueden apoyarse y completarse mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque se adjunten como anexo de la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica que, en virtud de las referidas disposiciones, deben figurar en la demanda (véase la sentencia de 13 de febrero de 2025, Comisión y otros/Carpatair, C‑244/23 P a C‑246/23 P, EU:C:2025:87, apartado 76 y jurisprudencia citada).
51
Cuando la demanda no cumple los requisitos establecidos en el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento en relación con la exposición de los motivos, el Tribunal General está legitimado para declarar la inadmisibilidad manifiesta del recurso (véase, en este sentido, el auto de 6 de junio de 2024, Lucaccioni/Comisión, T‑516/23, no publicado, EU:T:2024:386, apartado 19 y jurisprudencia citada).
52
A la luz de lo anterior, procede señalar que la demanda no contiene ningún argumento que pueda sustentar la existencia de la supuesta obligación del Consejo, la Comisión y el SEAE en virtud de los artículos 2, 3 y 8 del CEDH, de los artículos 2 y 4 de la Carta, o de cualquier otro principio o disposición del Derecho de la Unión, de velar por la gestión corriente de la Misión Eulex Kosovo de manera que esta contrate personal idóneo.
53
Por tanto, debe en cualquier caso declararse manifiestamente inadmisible la primera imputación.
Segunda imputación
54
En el marco de la segunda imputación, las demandantes alegan que las disposiciones de los artículos 6, apartado 1, y 13 del CEDH, así como del artículo 47 de la Carta, exigen, por una parte, que las partes que cumplan los requisitos para ello puedan acceder a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos seguidos ante el Grupo de Revisión y, por otra parte, que se oponen a que dicho Grupo pueda crearse y mantenerse sin estar dotado de la facultad de garantizar la ejecución de sus decisiones y sin que se ofrezca una vía de recurso que las partes interesadas puedan utilizar a raíz de las violaciones que constate.
55
El Consejo y el SEAE alegan la inadmisibilidad de esta segunda imputación debido a una supuesta falta de claridad y de precisión de la demanda en cuanto a la naturaleza de las supuestas ilegalidades. Además, el Consejo, la Comisión y el SEAE declinan su responsabilidad por las presuntas infracciones.
56
A este respecto, procede señalar que, en los apartados 54 y 58 de la demanda, las demandantes alegaron que, al crear y mantener el Grupo de Revisión sin permitirle conceder la asistencia jurídica gratuita, sin dotarle de la facultad de ejecutar sus decisiones y sin que se ofreciera una vía de recurso que las partes interesadas pudieran utilizar a raíz de las violaciones constatadas por dicho Grupo, el Consejo, la Comisión y el SEAE cometieron, conjunta o solidariamente, violaciones suficientemente caracterizadas del Derecho de la Unión, infringiendo los artículos 6, apartado 1, y 13 del CEDH y el artículo 47 de la Carta.
57
A la luz de las alegaciones mencionadas en el apartado 56 anterior, procede desestimar las causas de inadmisión propuestas por el Consejo y el SEAE, puesto que de ellas se desprende, con suficiente claridad, que las demandantes reprochan al Consejo, a la Comisión y al SEAE haber creado el Grupo de Revisión sin haberle dotado de competencias suficientes por lo que atañe a las exigencias de la tutela judicial efectiva y del proceso equitativo, en la medida en que las conclusiones adoptadas por dicho Grupo se asemejan a meras recomendaciones y no tienen carácter vinculante o ejecutivo, y sin haber previsto garantías procesales adecuadas, como la posibilidad de disfrutar de asistencia jurídica gratuita o de una vía de recurso que permita a los interesados alegar las violaciones constatadas por el referido Grupo.
58
Por lo que respecta al fondo de las alegaciones mencionadas en el apartado 56 anterior, procede recordar que el respeto de las exigencias de la tutela judicial efectiva y del proceso equitativo establecidas en el artículo 47 de la Carta y en el artículo 6, apartado 1, del CEDH se aprecia, en principio, de manera global, a la luz de todas las vías de recurso disponibles y, en particular, de los recursos judiciales que pueden utilizar los interesados. En lo que atañe al derecho a un recurso efectivo consagrado en el artículo 13 del CEDH, las garantías que de él se derivan ya están comprendidas en las garantías, más estrictas, del artículo 6, apartado 1, de dicho Convenio (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2023, Intermarché Casino Achats/Comisión, C‑693/20 P, EU:C:2023:172, apartados 40 a 49 y jurisprudencia citada).
59
Así pues, aun suponiendo que las modalidades del recurso al Grupo de Revisión no satisfagan, por sí solas, las exigencias de la tutela judicial efectiva y del proceso equitativo, esta circunstancia no puede llevar al Tribunal General a acoger la segunda imputación, en la medida en que los recursos ante el juez de la Unión constituyen una vía de recurso que las demandantes pueden utilizar a raíz de las violaciones constatadas por dicho Grupo, ofreciendo a estas últimas todas las garantías previstas en las disposiciones invocadas en el marco de la segunda imputación, en particular la posibilidad de solicitar asistencia jurídica gratuita y la posibilidad de obtener una sentencia ejecutiva con fuerza de cosa juzgada.
60
De ello se deduce que debe desestimarse la segunda imputación por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Tercera imputación
61
La tercera imputación se basa en la falta persistente de medidas correctoras para subsanar las violaciones alegadas en el marco de las dos primeras imputaciones, lo que daría lugar a una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.
62
A este respecto, las demandantes alegan que las pruebas que presentaron corroboran la tesis de que las violaciones alegadas se deben a una falta de priorización o a una falta de recursos y de personal adecuados para cumplir las obligaciones jurídicas de la Unión, y a un mal funcionamiento de la Misión Eulex Kosovo en asuntos concretos.
63
A juicio de las demandantes, la alegación mencionada en el apartado 62 anterior se ve confirmada en el escrito del jefe de la Misión Eulex Kosovo al Grupo de Revisión de 29 de abril de 2016, según el cual la aplicación de las recomendaciones formuladas por dicho Grupo escapa a las competencias de la referida Misión. En opinión de las demandantes, de ello se desprende que la falta de aptitud del Grupo de Revisión para instar a dicha Misión a ejercer su mandato ejecutivo de conformidad con las exigencias legales se debe a la persistente negativa del Consejo a dotar a ese Grupo de facultades y recursos que le permitan garantizar la ejecución de sus recomendaciones y ofrecer a los interesados la utilización de una vía de recurso a raíz de las violaciones que constate.
64
Según las demandantes, a más tardar a partir del 29 de abril de 2016, las instituciones de la Unión deberían haber adoptado medidas correctoras adecuadas a fin de garantizar que la Misión Eulex Kosovo dispusiera de recursos suficientes para llevar a cabo investigaciones conformes con el artículo 2 del CEDH, poner fin al trato contrario al artículo 3 de dicho Convenio que sufrían e indemnizarlas por la vulneración de sus derechos fundamentales constatada por el Grupo de Revisión. A su juicio, las medidas correctoras de que se trata deberían haber consistido, en particular, en la modificación de la Acción Común y de la base estatutaria del Grupo de Revisión.
65
En su respuesta a la diligencia de ordenación del procedimiento de 18 de diciembre de 2024, las demandantes precisaron que las violaciones alegadas en el marco de la tercera imputación eran atribuibles al Consejo, a la Comisión y al SEAE en relación con la cadena de mando definida por la Acción Común, en la medida en que estos últimos disponían, a través del comandante de la operación civil, de la facultad de dar instrucciones al jefe de la Misión.
66
El Consejo, la Comisión y el SEAE niegan la imputabilidad de las omisiones alegadas. El Consejo y el SEAE alegan, además, la falta de precisión de la tercera imputación, señalando la inexistencia de una argumentación jurídica que pueda justificar la obligación de actuar que recaería sobre ellos en relación con las recomendaciones formuladas por el Grupo de Revisión.
67
Por lo que respecta a esta última cuestión, el Consejo alega, asimismo, que su participación en operaciones de gestión de crisis se efectúa en el plano del control político y de la dirección estratégica, sin que pueda intervenir en la gestión corriente de las tareas confiadas a las misiones de la Unión en el plano táctico en el teatro de operaciones.
68
A la luz de las alegaciones de las partes, la tercera imputación puede dividirse en tres partes.
Primera parte, basada en la falta de recursos y de personal idóneos de la Misión Eulex Kosovo
69
En el marco de la primera parte de la tercera imputación, las demandantes alegan que la inexistencia de medidas para subsanar las violaciones constatadas por el Grupo de Revisión se debe a la persistente negativa del Consejo, de la Comisión y del SEAE a dotar a la Misión Eulex Kosovo de recursos y personal idóneos.
70
A este respecto, por una parte, conforme a las apreciaciones que figuran en el apartado 126 de la sentencia de casación, procede recordar que el Tribunal General no es competente para pronunciarse sobre un recurso por responsabilidad dirigido a obtener la reparación de los daños resultantes de la supuesta insuficiencia de los recursos asignados a la Misión Eulex Kosovo, en la medida en que las decisiones adoptadas en la materia están directamente relacionadas con las elecciones políticas o estratégicas efectuadas en el marco de la PESC.
71
Por tanto, conforme a lo que se desprende de los apartados 33 y 34 anteriores, no procede pronunciarse sobre la imputación basada en la supuesta insuficiencia de los recursos asignados a la Misión Eulex Kosovo.
72
Por otra parte, por lo que respecta a la supuesta carencia de personal idóneo de la Misión Eulex Kosovo, de conformidad con el análisis de la primera imputación que figura en los apartados 45 a 49 de la presente sentencia, procede recordar que las presuntas deficiencias en la gestión corriente de dicha Misión no pueden imputarse ni al Consejo ni a la Comisión ni al SEAE, en la medida en que están comprendidas en el ejercicio del mandato ejecutivo de dicha Misión y generan por ello la responsabilidad exclusiva de esta última, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, apartado 5, de la Acción Común, en su versión modificada por la Decisión 2014/349.
73
De ello se deduce que la primera parte de la tercera imputación debe declararse, en parte, manifiestamente inadmisible, debido al error cometido en la designación de la parte demandada y, en lo demás, desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno, debido a la falta de imputabilidad al Consejo, a la Comisión y al SEAE de las infracciones alegadas.
Segunda parte de la tercera imputación, basada en la facultad de dar instrucciones que incumbe al Consejo, a la Comisión y al SEAE
74
En el marco de la segunda parte de la tercera imputación, las demandantes alegan que el Consejo, la Comisión y el SEAE no pusieron fin a las violaciones constatadas por el Grupo de Revisión relativas a las investigaciones sobre la desaparición de sus allegados, al haberse abstenido de utilizar la facultad de dar instrucciones que les incumbía con respecto a la Misión Eulex Kosovo.
75
Por lo que respecta a esta última cuestión, de conformidad con las apreciaciones que figuran en los apartados 132 y 133 de la sentencia dictada en casación, es preciso señalar que las alegaciones basadas en la inexistencia tanto de medidas correctivas para subsanar las violaciones constatadas por el Grupo de Revisión como de un examen jurídico riguroso del asunto de KD se refieren a la supuesta falta de adopción de medidas individuales respecto de las situaciones particulares de las demandantes.
76
Pues bien, a la luz de las disposiciones de la Acción Común y, en particular, de sus artículos 7, 8, 11 y 12, procede declarar que la adopción de tales medidas individuales escapa al ejercicio del control político y de la dirección estratégica que incumben al Consejo, a la Comisión y al SEAE a través del Comité Político y de Seguridad (CPS) y del comandante de la operación civil de la Misión, en la medida en que, en particular, la facultad de dar instrucciones que este último tiene se ejerce en el plano estratégico, y no en el plano del teatro de operaciones, que está comprendido en la actividad del jefe de la Misión.
77
Por lo que respecta a esta última cuestión, de las disposiciones combinadas de los artículos 2 y 3 de la Acción Común, y en particular del artículo 3, letras d) e i), en su versión anterior a la Decisión 2018/856, se desprende claramente que la adopción de las medidas individuales para subsanar las vulneraciones de los derechos fundamentales constatadas por el Grupo de Control no puede disociarse del ejercicio del mandato de la Misión Eulex Kosovo, en la medida en que dicho mandato consistía, por un lado, en velar por que los casos de crímenes de guerra y otros delitos graves fueran debidamente investigados, perseguidos, juzgados y sancionados, y, por otro lado, en velar por que las actividades de esta Misión se llevaran a cabo respetando las normas internacionales relativas a los derechos humanos.
78
La misma conclusión se impone a la vista del tenor de las disposiciones de los artículos 2 y 3 de la Acción Común y, en particular, del artículo 3, letras a) y e), de dicha Acción Común, en su versión resultante de la Decisión 2018/856, conforme a las cuales la Misión Eulex Kosovo continúa, por una parte, supervisando asuntos y juicios seleccionados de las instituciones de justicia penal y civil de Kosovo, en estrecha coordinación con otros actores de la Unión, así como supervisando las reuniones pertinentes en el ámbito de la cooperación regional sobre asuntos relativos a crímenes de guerra y, por otra parte, velando por que todas sus actividades respeten las normas internacionales relativas a los derechos humanos.
79
A la luz de todas las disposiciones de la Acción Común mencionadas en los apartados 76 a 78 anteriores, procede desestimar el argumento de las demandantes, basado en el escrito del jefe de la Misión Eulex Kosovo de 29 de abril de 2016, según el cual la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Revisión excede de las competencias de dicha Misión.
80
Esta conclusión se ve corroborada por la decisión del Grupo de Revisión de 19 de octubre de 2016, adoptada en respuesta al escrito de 29 de abril de 2016 mencionado en el apartado 79 anterior, de la que se desprende explícitamente que la aplicación de sus recomendaciones incumbía total y exclusivamente al jefe de la Misión Eulex Kosovo, y no a otros órganos o instituciones de la Unión.
81
Habida cuenta de lo anterior, procede considerar que las omisiones alegadas en el marco de la segunda parte de la tercera imputación se refieren al ejercicio del mandato ejecutivo por la Misión Eulex Kosovo y son, por ello, responsabilidad exclusiva de dicha Misión, de modo que no pueden imputarse ni al Consejo ni a la Comisión ni al SEAE.
82
Por tanto, la segunda parte de la tercera imputación debe desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Tercera parte de la tercera imputación, basada en que el Grupo de Revisión no tiene prerrogativas suficientes
83
En el marco de la tercera parte de la tercera imputación, las demandantes reprochan al Consejo, a la Comisión y al SEAE su persistente negativa a dotar al Grupo de Revisión de prerrogativas y recursos suficientes, en la medida en que dicho Grupo no está en condiciones de garantizar la ejecución de sus decisiones y en que no se ofrece ninguna vía de recurso que las partes interesadas puedan utilizar a raíz de las infracciones constatadas.
84
Por lo que atañe a esta cuestión, es preciso señalar que las demandantes no formulan ningún argumento que pueda sustentar la tercera parte de la tercera imputación en relación con la supuesta insuficiencia de las prerrogativas o de los medios procesales concedidos al Grupo de Revisión.
85
A este respecto, las demandantes alegan únicamente, por una parte, en los apartados 54, inciso ii), y 58 de la demanda, que, al crear y mantener el Grupo de Revisión sin dotarle de la facultad de conceder asistencia jurídica gratuita ni de la facultad de ejecutar sus decisiones u ofrecer una vía de recurso a raíz de las violaciones constatadas, el Consejo, la Comisión y el SEAE infringieron los artículos 6, apartado 1, y 13 del CEDH, así como el artículo 47 de la Carta, y, por otra parte, en el apartado 59 de la demanda, que, al no adoptar medidas correctoras a raíz de las conclusiones del Grupo de Revisión, estos últimos infringieron el Derecho de la Unión de manera suficientemente caracterizada.
86
Por consiguiente, por las razones ya expuestas en el marco de la segunda imputación, en los apartados 58 y 59 anteriores, la tercera parte de la tercera imputación debe desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Cuarta imputación
87
La cuarta imputación se basa en la desviación o abuso de la facultad ejecutiva por parte del Consejo y del SEAE, ya que estos últimos afirmaron, por una parte, que la Misión Eulex Kosovo había hecho todo lo que estaba a su alcance para investigar los asuntos relativos a la desaparición de los allegados de las demandantes (en lo sucesivo, «primera afirmación controvertida») y, por otra parte, que el Grupo de Revisión no tenía vocación de convertirse en un órgano judicial (en lo sucesivo, «segunda afirmación controvertida»).
88
Las afirmaciones en cuestión se desprenden de los escritos del Consejo y del SEAE de 12 de octubre de 2017, remitidos en respuesta a los escritos de las demandantes de 3 de octubre, 3 de noviembre y 5 de diciembre de 2016, mediante los que estas solicitaron a las instituciones de la Unión, en particular, que velaran por que los asuntos relativos a la desaparición de sus allegados fueran objeto de investigaciones adecuadas y que reforzaran las prerrogativas del Grupo de Revisión.
89
En este contexto, las demandantes alegan que las afirmaciones controvertidas reflejan una negativa a acceder a su solicitud de indemnización y constituyen una desviación o un abuso de la facultad ejecutiva.
90
El Consejo replica que la respuesta que figura en su escrito de 12 de octubre de 2017 es de naturaleza fáctica y no se presta a controversia, alegando que las demandantes no han demostrado qué tipo de infracción o de responsabilidad podía imputársele en relación con el contenido de dicho escrito.
91
El SEAE sostiene que la demanda no explica por qué su escrito de 12 de octubre de 2017 genera la responsabilidad extracontractual de la Unión y, de manera general, que no contiene ninguna explicación relativa al valor jurídico inherente a los actos del Grupo de Revisión o a la manera en que tales actos serían vinculantes para las instituciones y el órgano de que se trata en el presente asunto.
92
El Consejo y el SEAE deducen de lo anterior que debe declararse la inadmisibilidad de la imputación.
93
Con carácter preliminar, de conformidad con las apreciaciones que figuran en los apartados 132 y 133 de la sentencia dictada en casación, procede señalar que la primera afirmación controvertida se refiere a una supuesta falta de adopción de medidas individuales respecto de las situaciones particulares de las demandantes, al igual que las alegaciones formuladas en el marco de la segunda parte de la tercera imputación, basadas en la inexistencia de medidas correctoras para subsanar las vulneraciones de los derechos fundamentales constatadas por el Grupo de Revisión.
94
Por lo que respecta a la segunda afirmación controvertida, el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 134 de la sentencia dictada en casación, que tal afirmación constituía un acto sin carácter vinculante.
95
Procede examinar la cuarta imputación a la luz de estas apreciaciones del Tribunal de Justicia.
96
En primer lugar, habida cuenta, en particular, del objeto de los escritos del Consejo y del SEAE de 12 de octubre de 2017, tal como se desprende del primer párrafo de dichos escritos, es preciso señalar que las demandantes no formulan ninguna alegación que permita demostrar que las afirmaciones controvertidas puedan interpretarse en el sentido de que reflejan una negativa a estimar su solicitud de indemnización, suponiendo que tal solicitud, dirigida específicamente a esa institución y a ese órgano, pueda deducirse de los escritos anteriores de las demandantes, y en particular de su escrito de 3 de octubre de 2016, extremo que las demandantes tampoco intentaron demostrar de manera motivada.
97
Por consiguiente, en la medida en que se refiere a la desestimación de la supuesta solicitud de indemnización de las demandantes, la cuarta alegación carece de precisión y debe declararse inadmisible.
98
En segundo lugar, por lo que respecta a la primera afirmación controvertida, es preciso señalar que los escritos de las demandantes no contienen ningún argumento que pueda sustentar las acusaciones de desviación o de abuso de poder dirigidas contra el Consejo y el SEAE.
99
En particular, no se precisa cuál es el fundamento, a la vista de las competencias previstas por los Tratados y las disposiciones de la Acción Común, que obligaría al Consejo y al SEAE a intervenir para la adopción de medidas de investigación individuales respecto de las situaciones particulares de las demandantes, cuando el Consejo alega a este respecto que su participación en las operaciones de gestión de crisis se limita al ejercicio del control político y de la dirección estratégica de la Misión Eulex Kosovo, de conformidad con el artículo 38 TUE, párrafo segundo.
100
Por lo que respecta a esta última cuestión, procede señalar que las observaciones de las demandantes que figuran en su respuesta a la diligencia de ordenación del procedimiento de 18 de diciembre de 2024, relativas a la facultad de dar instrucciones otorgada al Consejo y al SEAE en el marco de la cadena de mando de la Misión Eulex Kosovo, no pueden paliar la falta de precisión de la demanda.
101
En efecto, aun suponiendo que el ejercicio del mando estratégico por el comandante de la operación civil pudiera llevar a este último a dar instrucciones a la Misión con vistas a la adopción de medidas individuales respecto de situaciones particulares, las demandantes no indican cuál es el fundamento que obligaría al Consejo y al SEAE a actuar en este sentido en el marco del control político y de la dirección estratégica que les incumbe a través del CPS y del comandante de la operación civil.
102
Habida cuenta de lo anterior, procede considerar que la cuarta imputación, en la medida en que se basa en la primera afirmación controvertida, no está fundamentada y debe declararse manifiestamente inadmisible.
103
En cualquier caso, aun suponiendo que la primera afirmación controvertida deba considerarse no como una apreciación fáctica carente de alcance jurídico autónomo, como alega el Consejo, sino como una toma de posición de carácter decisorio, que refleja la negativa de este último y del SEAE a intervenir con vistas a la adopción de medidas individuales respecto de las situaciones particulares de las demandantes, a las que se refiere el apartado 133 de la sentencia de casación, procede declarar que tal intervención sería ajena a las competencias ejercidas por esa institución y ese órgano por lo que atañe a la Misión Eulex Kosovo.
104
En efecto, como ya se desprende, en esencia, de los apartados 76 a 81 anteriores, la adopción de tales medidas individuales quedaría fuera del ejercicio del control político y de la dirección estratégica que incumben al Consejo y al SEAE a través del CPS y del comandante de la operación civil.
105
De ello se deduce que las supuestas tomas de posición del Consejo y del SEAE, en la medida en que reflejasen una negativa a intervenir con vistas a la adopción de medidas individuales respecto de las situaciones particulares de las demandantes, no podrían considerarse ilegales.
106
Por tanto, la imputación relativa a la primera afirmación controvertida debe, en cualquier caso, desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
107
En tercer lugar, por lo que respecta a la segunda afirmación controvertida, es preciso señalar que su carácter de acto no vinculante no se opone, a primera vista, a que pueda dar lugar a la responsabilidad extracontractual de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de febrero de 2022, QI y otros/Comisión y BCE, T‑868/16, EU:T:2022:58, apartado 71 y jurisprudencia citada).
108
No obstante, aun suponiendo que la afirmación en cuestión refleje una negativa a conferir al Grupo de Revisión el carácter de órgano jurisdiccional, es preciso señalar que las demandantes no han acreditado en modo alguno la existencia de una obligación del Consejo y del SEAE a este respecto, consistente en introducir, en la fase de los procedimientos administrativos previos y antes de los recursos ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, todas las garantías derivadas del derecho a la tutela judicial efectiva y al proceso equitativo.
109
Por tanto, la cuarta imputación, en la medida en que se refiere a la segunda afirmación controvertida, debe declararse manifiestamente inadmisible y, en cualquier caso, por las razones ya expuestas en los apartados 58 y 59 anteriores, desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
Quinta imputación
110
En el marco de la quinta imputación, se reprocha al Consejo, a la Comisión y al SEAE haber incurrido en desviación de poder o en abuso de poder por no haber garantizado que la Misión Eulex Kosovo o la Fiscalía Especializada revisaran de forma correcta conforme a Derecho el asunto de KD, relativo a un crimen de guerra, prima facie fundado, para su instrucción y enjuiciamiento ante la Sala Especializada de Kosovo.
111
A este respecto, basta señalar que la quinta imputación se corresponde, en esencia, con las alegaciones formuladas en el marco de la segunda parte de la tercera imputación, por lo que está relacionada con la primera afirmación controvertida, tal como se menciona en la cuarta imputación.
112
Por consiguiente, por las razones ya expuestas en los apartados 76 a 81 y 103 a 106 anteriores, la quinta imputación debe desestimarse por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.
113
Por otra parte, procede señalar que la quinta imputación no va acompañada de ningún argumento que permita al Tribunal General apreciar la existencia de una obligación por parte del Consejo, de la Comisión y del SEAE de supervisar investigaciones específicas comprendidas en el mandato de la Misión Eulex Kosovo.
114
Por consiguiente, la quinta imputación debe, en cualquier caso, declararse manifiestamente inadmisible, de conformidad con la jurisprudencia citada en los apartados 50 y 51 anteriores.
115
A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el presente recurso por ser, en parte, manifiestamente inadmisible y, en parte, manifiestamente infundado, sin que sea necesario pronunciarse sobre las excepciones de extemporaneidad propuestas por el Consejo y el SEAE ni sobre la solicitud de diligencia de prueba presentada por las demandantes.
Costas
116
Con arreglo al artículo 195 del Reglamento de Procedimiento, en las resoluciones que dicte tras la anulación y la devolución de un asunto, el Tribunal General decidirá sobre las costas relativas, por un lado, a los procedimientos entablados ante dicho Tribunal General y, por otro, al procedimiento de casación seguido ante el Tribunal de Justicia.
117
En la medida en que, en la sentencia dictada en casación, el Tribunal de Justicia anuló parcialmente el auto inicial, devolvió el asunto al Tribunal General y reservó la decisión sobre las costas, corresponde al Tribunal General pronunciarse, en el presente auto, sobre la totalidad de las costas correspondientes a los procedimientos entablados ante él, incluido el procedimiento inicial, así como sobre las costas correspondientes al procedimiento de casación en los asuntos C‑29/22 P y C‑44/22 P.
118
Con arreglo al artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará, en principio, con sus propias costas.
119
Asimismo, en virtud del artículo 135, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, si así lo exige la equidad, el Tribunal General podrá decidir que una parte que haya visto desestimadas sus pretensiones cargue únicamente, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte, o incluso que no debe ser condenada por este concepto.
120
Finalmente, con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas.
121
En el caso de autos, al haber sido desestimadas parcialmente las pretensiones formuladas por las demandantes, el Consejo y el SEAE ante el Tribunal General, incluyendo el procedimiento inicial, así como en el procedimiento de casación en los asuntos C‑29/22 P y C‑44/22 P, procede decidir que cada una de estas partes cargue con sus propias costas correspondientes a todos los procedimientos ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia, sin que sea necesario pronunciarse sobre las costas en que hayan incurrido las demandantes en los procedimientos ante el Grupo de Revisión.
122
Por otra parte, es preciso tener en cuenta las circunstancias particulares del caso de autos, en especial las aclaraciones aportadas por la sentencia de 24 de febrero de 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126), posterior a la interposición del presente recurso, y dispensar a las demandantes de la carga de las costas soportadas por la Comisión en todos los procedimientos ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia.
123
En aplicación del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, el Reino de Bélgica, la República Checa, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, Rumanía, la República de Finlandia y el Reino de Suecia y cargarán cada uno con sus propias costas correspondientes a los procedimientos ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
resuelve:
1)
Desestimar el recurso.
2)
KS, KD, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el Reino de Bélgica, la República Checa, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, Rumanía, la República de Finlandia y el Reino de Suecia y cargarán cada uno con sus propias costas correspondientes a los procedimientos ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia.
Dictado en Luxemburgo, a 25 de septiembre de 2025.
El Secretario
V. Di Bucci
La Presidenta
M. J. Costeira
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.