61993CC0449_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
1. La cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia por el Østre Landsret, København, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, versa sobre la interpretación del artículo 1 de la Directiva 75/129/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos
(1) (en lo sucesivo,
" Directiva" ).
2. Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio surgido a raíz del recurso de apelación interpuesto por la sociedad Rockfon A/S (en lo sucesivo,
" Rockfon" ) ante el Østre Landsret, København.
3. El órgano jurisdiccional nacional solicita al Tribunal de Justicia que precise el concepto de centro de trabajo, a efectos de la Directiva, de forma que sea posible dilucidar si la citada sociedad observó el procedimiento establecido por la Directiva al despedir a un determinado número de trabajadores en noviembre de 1989.
I. Marco normativo
4. La Directiva tiene por objeto la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de despidos colectivos.
5.
El apartado 1 del artículo 1 establece:
" 1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva:
a) se entenderá por despidos colectivos, los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros:
─ para un período de 30 días:
1. al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores;
2. al menos el 10 por ciento del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores;
3. al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como mínimo;
─ o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados;
b) [...]
"
6. La Directiva regula a continuación el procedimiento de consulta que el empresario tiene que establecer con los representantes de los trabajadores (artículo 2),
(2) así como el procedimiento de despido colectivo (artículos 3 y 4).
7. En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva, el legislador danés optó por la primera de las dos posibilidades antes citadas, enumeradas en la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva. Mediante la Ley nº 38, de 26 de enero de 1977, introdujo en la Ley sobre fomento del empleo y seguro de desempleo el Capítulo 5 a. El apartado 1 de su artículo 23 a dice así:
" El presente capítulo se aplicará a los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona del trabajador, cuando el número de despidos previstos durante un período de 30 días sea:
1) al menos igual a 10 trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente a más de 20 y a menos de 100 trabajadores;
2) al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 100 y menos de 300 trabajadores;
3) al menos igual a 30, en los centros de trabajo que empleen habitualmente a 300 trabajadores, como mínimo.
"
8. El apartado 3 del artículo 23 a del citado capítulo de la Ley danesa, antes citada, faculta al Ministro de Trabajo para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación de la Ley y dispone, en particular:
" El Ministro de Trabajo, después de consultar al Consejo Nacional del Trabajo, podrá dictar normas [...] y definir los criterios que deban tenerse en cuenta para determinar si existe un centro de trabajo a efectos del presente capítulo."
9. Con posterioridad, el Ministro de Trabajo promulgó el Decreto nº 74, de 4 de marzo de 1977, relativo al concepto de centro de trabajo, etc. El apartado 1 del artículo 2 establece:
" Concepto de centro de trabajo
Se entenderá por centro de trabajo, en el sentido del Capítulo 5 a de la Ley, aquella unidad que produzca, adquiera o suministre bienes o servicios (por ejemplo, talleres, fábricas, astilleros, tiendas, oficinas o depósitos), y cuya dirección esté facultada para efectuar autónomamente despidos colectivos en el sentido del apartado 1 del artículo 23 a de la Ley.
" (3)
II. Hechos
10. Rockfon pertenece a la multinacional Rockwool International, que contaba, en 1989, con una plantilla total de 5.300 trabajadores, de ellos 1.435 en Dinamarca. De los 1.435 trabajadores por cuenta ajena en Dinamarca, 1.085 estaban empleados en Hedehusene.
11. El grupo Rockwool International está compuesto, en Hedehusene, de cuatro sociedades de producción, entre ellas Rockfon. Se había establecido un procedimiento que centralizaba las colocaciones y despidos en el seno de un servicio común vinculado a Rockwool A/S (una de las cuatro sociedades del grupo). Tanto Rockfon como Rockwool A/S son filiales de la multinacional Rockwool International.
12. Con arreglo a una circular interna de enero de 1985, en materia de despidos y de cese voluntario de la relación de trabajo, aplicable a Rockfon, en caso de despido de varios trabajadores por falta de trabajo, era preciso decidir, de acuerdo con el servicio común de personal de Rockwool A/S, qué trabajadores serían despedidos y quiénes trasladados a otro servicio. El responsable del centro debía informar al representante del personal del servicio afectado y cerciorarse de que no se habían sobrepasado las cuotas comunitarias. La
" falta de trabajo"
no podía invocarse como motivo de despido más que si el servicio de personal no podía proponer otro empleo conveniente.
13. En 1989, Rockfon, que ocupaba a 162 personas, despidió a un determinado número de sus trabajadores, alegando dificultades debidas a falta de trabajo. Más en concreto, entre el 10 y el 28 de noviembre de 1989, despidió 24 o 25 trabajadores, de los cuales 9 eran empleados y 15 o 16, miembros del Specialarbejderforbundet i Danmark (Sindicato danés de obreros especializados).
14. Dichos despidos fueron efectuados sin cumplir las normas de notificación ni el procedimiento de concertación que deben seguirse en caso de despidos colectivos, previstos en una serie de medidas protectoras contempladas en la vigente legislación danesa. Por este motivo, los trabajadores despedidos llevaron el asunto, en primer lugar, a la comisión paritaria encargada del mercado laboral la cual consideró, el 19 de diciembre de 1989, que Rockfon formaba parte de una empresa más importante, el grupo Rockwool, por lo cual los despidos de los trabajadores de Rockfon debían considerarse efectuados por una empresa que ocupaba a más de 300 trabajadores. Afirmó que Rockfon no había infringido la Ley, ya que ésta únicamente exige que se cumplan los procedimientos de notificación y de concertación previa cuando se despiden al menos 30 trabajadores en 30 días.
15. A continuación, el Specialarbejderforbundet i Danmark recurrió contra la citada resolución ante la Administración laboral, la cual, sin embargo, confirmó el criterio de la comisión paritaria. Por este motivo, interpuso asimismo un recurso contra Rockfon, mediante el cual solicitaba el pago de una indemnización por incumplimiento de las disposiciones relativas a los despidos colectivos.
16. El asunto fue resuelto en primera instancia por el Byret i Tåstrup, ante el cual Rockfon alegó que constituía, ciertamente, una empresa de producción independiente, pero que no tenía competencia para proceder con independencia a despidos colectivos, cuestión que había de examinar globalmente el servicio común de colocación y despidos dependiente de Rockwool A/S y que, por ello, las disposiciones protectoras de los trabajadores, previstas por la Directiva y por la legislación nacional sobre esta materia no se aplican en este caso.
17. En su resolución de 1 de octubre de 1992, el Byret i Tåstrup, consideró que
Rockfon constituía un
" centro de trabajo", a efectos de lo dispuesto por la Ley nº 38, de 26 de enero de 1977, y el Decreto ministerial adoptado para su aplicación, porque el servicio común de personal establecido en el grupo Rockwool sólo desempeñaba una función consultiva, siendo Rockfon la única competente para proceder a los despidos. Por consiguiente, los despidos efectuados se hubieran debido notificar a los trabajadores. Al no procederse así, el Tribunal estimó las pretensiones deducidas en el recurso y condenó a Rockfon a pagar una indemnización a los trabajadores despedidos.
18. Rockfon recurrió en apelación dicha sentencia ante el Østre Landsret, afirmando que, al formar parte del grupo Rockwool en Hedehusene, se hallaba obligada a observar, en materia de despidos, las instrucciones del servicio común de personal, establecido en el seno del grupo Rockwool, que ella no tenía una dirección facultada para efectuar autónomamente despidos numerosos y que, por consiguiente, no se hallaba sujeta ni a las disposiciones de la legislación comunitaria ni a las de la nacional.
19. El Specialarbejderforbundet i Danmark, en su calidad de mandataria del Sr. Søren Nielsen y de otros 13 trabajadores despedidos (en lo sucesivo,
" demandada" ), se opuso al recurso de apelación.
III. Sobre la cuestión prejudicial
20. Para resolver el litigio de que estaba conociendo, el Østre Landsret, København, ha planteado al Tribunal de Justicia, mediante resolución de 16 de noviembre de 1993, la cuestión prejudicial siguiente:
" ¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva 75/129/CEE, de 17 de febrero de 1975, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, en el sentido de que se opone a que dos o más empresas, que forman parte de un grupo y que mantienen relaciones
de interdependencia, si bien alguna de ellas ostenta una posición de predominio sobre la otra u otras, creen un departamento común en materia de colocaciones o despidos, de forma que, por ejemplo, los despidos en una de las empresas sólo puedan efectuarse con la aquiescencia del citado departamento, y, como consecuencia de ello, para efectuar el cálculo de los trabajadores previsto en el apartado 1 del artículo 1 de la citada Directiva, se tome en consideración el número total de trabajadores en el conjunto de dichas empresas?"
IV. Respuesta a la cuestión prejudicial
21. Debo observar, en primer lugar, que el tenor literal de las disposiciones aplicables de la Directiva, que considero perfectamente claro, versa exclusivamente sobre los despidos colectivos y el procedimiento que debe seguirse y que dicho texto no dicta normas en materia de organización interna de las empresas y gestión de su personal. No cabe considerar que tuviera como finalidad restringir, de la forma que fuera, la libertad de las empresas para organizar sus actividades y, en términos más generales, para repartir sus competencias en materia de gestión del personal de la forma que les parezca más adecuada a sus necesidades, como lo han señalado, por lo demás, en sus observaciones tanto el Gobierno del Reino Unido como la Comisión.
22. Por todo ello, la Directiva no se opone a que dos o más empresas, que forman parte de un grupo, y que mantienen relaciones de interdependencia por más que ninguna de ellas ostenta una situación de predominio sobre la otra o las otras, establezcan un servicio común de colocaciones o despidos, de forma que, por ejemplo, los despidos en una de las empresas sólo puedan efectuarse con la aprobación de dicho servicio. La citada libertad de las empresas para resolver de la forma que deseen las cuestiones relativas a su personal está sujeta a una restricción. No debe permitir que se eludan las disposiciones de la Directiva destinadas a proteger a los trabajadores en caso de despidos colectivos.
23. Según afirma la Comisión en sus observaciones, la expresión
" despidos colectivos"
que utiliza la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva se define mediante la aplicación de dos criterios, cualitativo el uno y cuantitativo el otro. Con arreglo al criterio cualitativo, se entiende por
" despidos colectivos"
los
" efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores" . El criterio cuantitativo se refiere a la relación exigida entre el número de despidos y la dimensión del centro de trabajo, para que sean aplicables las disposiciones de la Directiva.
24. El Juez nacional se pregunta, y este es el meollo del problema, si, con arreglo a la Directiva, para determinar el número de trabajadores según el cual se calcula el número máximo de trabajadores cuyo despido se halla autorizado en caso de despidos colectivos, debe tenerse en cuenta el número total de trabajadores que desempeñan su actividad en la sociedad o en el grupo de sociedades que mantienen relaciones recíprocas.
25. El problema se ha planteado porque la versión danesa utiliza el término
" virksomhed", que significa normalmente
" empresa"
(établissement) para traducir el término
" centro de trabajo" . Dado que existen divergencias lingüísticas en la traducción del término controvertido
" centro de trabajo"
(virksomhed) en las distintas legislaciones nacionales, será preciso aclarar el sentido del término clave a la vista de la interpretación de la Directiva, es decir, el término
" centro de trabajo"
(établissement).
26. Un examen de la significación usual del término
" établissement"
en francés muestra que designa el conjunto de las instalaciones establecidas para la explotación y el funcionamiento de una empresa.
(4) Sin embargo, el término
" empresa"
significa, en su acepción más propia, un organismo financieramente independiente, cuya finalidad esencial es producir para el mercado determinados bienes o servicios y que puede estar compuesta por uno o varios
" établissements" .
(5) De esta forma, el término
" empresa"
aparece como un concepto genérico y el término
" établissement"
como un concepto específico.
27. En las demás lenguas comunitarias que habían de considerarse en el momento de adoptarse la Directiva, dicho término se traducía por
" establishments"
en inglés,
" Betriebe"
en alemán y
" stabilimenti"
en italiano, que corresponden al término
" établissement"
de la versión francesa [ " centro de trabajo"
en español]. Sin embargo, el vocablo alemán puede designar no sólo un
" établissement", sino también, la propia empresa.
(6) La versión neerlandesa utiliza la expresión
" plaatselijke eenheden", que significa
" unidades locales" .
(7)
28. Si se examina el término
" centro de trabajo"
que el legislador comunitario ha utilizado esporádicamente en algunos textos, en el ámbito de la política social, se observará que ha pretendido designar algo distinto de lo que designa el término
" empresa" . Observo, de esta forma, que, en algunos casos, ha empleado cumulativamente los dos términos distinguiendo claramente su significado. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad.
(8) El apartado 1 del artículo 1 de esta disposición establece expresamente:
" 1. La presente Directiva se aplicará a los traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad."
29. Esta distinción entre las
" empresas, los centros de actividad y las partes de centros de actividad"
se vuelve a encontrar ocasionalmente en el conjunto de la normativa. El primer considerando de la Directiva 77/187, antes citada, es también significativo, ya que en él puede leerse:
" [...] la evolución económica implica en el plano nacional y comunitario modificaciones de las estructuras de las empresas que se efectúan, entre otras, por traspasos a otros empresarios de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, como consecuencia de fusiones o de cesiones" .
30. De la misma forma, por lo que se refiere a la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario,
(9) la letra b) del apartado 1 de su artículo 2 dispone que un empresario se considerará insolvente, en particular, cuando la autoridad competente
" [...] haya constatado el cierre definitivo de la empresa o del centro de actividad del empresario [...]" .
31. De esta forma, en las dos Directivas antes citadas (77/187 y 80/987), el término
" empresa"
se traduce también por
" επιχείρηση"
y el término
" centro de trabajo"
por
" εγκατάσταση" . De la interpretación literal efectuada se desprende que, cuando el legislador comunitario utiliza conjuntamente ambos términos, el de
" empresa"
parece tener una significación más amplia que el de
" centro de trabajo", es decir, que la relación existente entre ambos es la que hay entre un concepto genérico y un concepto específico.
32. En el caso que ahora nos ocupa, si el legislador comunitario pretendía que se tomaran en consideración todos los trabajadores de una empresa, cualquiera que fuese el lugar en que prestan sus servicios, para determinar lo lícito o ilícito del despido, hubiera debido utilizar un término más adecuado. Por lo demás, así lo ha señalado el Gobierno del Reino Unido en sus observaciones.
33. El Tribunal de Justicia ya ha examinado el problema de la existencia de divergencias en la traducción de términos o expresiones de los textos legislativos de las Instituciones comunitarias y ha declarado, en su sentencia Stauder,
(10) que:
" Cuando una decisión única va dirigida a todos los Estados miembros, la exigencia de una aplicación y, por consiguiente, de una interpretación uniformes excluye que se considere aisladamente una de las versiones del texto, y, por el contrario, requiere que se interprete en función tanto de la intención real de su autor como de la finalidad pretendida por este último, a la luz, en especial, de las versiones redactadas en todas las lenguas." (11) Declaró, a continuación, que
" además no cabe admitir que los autores de la decisión hayan pretendido imponer unas obligaciones más estrictas en unos Estados miembros que en otros" .
(12)
34. En el caso que ahora nos ocupa, la necesaria uniformidad en todos los Estados miembros de la protección concedida a los trabajadores por la Directiva controvertida en caso de despidos colectivos exige que se investigue asimismo la finalidad de dicha disposición, de forma que, por esta razón suplementaria, no se diferencien las obligaciones que incumben a los Estados miembros y, por consiguiente, que la protección de los trabajadores afectados no esté en función de la versión lingüística adoptada por el Estado miembro.
35. Las expresiones utilizadas en las distintas lenguas comunitarias auténticas para traducir el término controvertido
" centro de trabajo"
(virksomhed) pueden tener en el presente caso una acepción extensiva y otra restrictiva. El término
" centro de trabajo", que significa, propiamente dicho, la unidad local de empleo, constituye la acepción restrictiva, en tanto que el término
" empresa", que designa el organismo en su conjunto, constituye la acepción extensiva.
36. Para resolver este problema, puedo fundarme en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la cual en la sentencia Comisión/Reino Unido,
(13) dictada en el marco de un recurso por incumplimiento, decidió que
" el examen comparativo de las distintas versiones lingüísticas del Reglamento no permite pronunciarse en favor de ninguna de las tesis contrapuestas, de forma que no se pueden extraer consecuencias jurídicas de la terminología empleada" . En su sentencia dictada en el asunto Cricket St Thomas,
(14) el Tribunal de Justicia declaró que una de las versiones lingüísticas de una norma comunitaria (en el presente caso, la versión inglesa)
" no puede constituir la única base de la interpretación de esta disposición ni concedérsele, a este respecto, un carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas. Este enfoque sería en efecto incompatible con la exigencia de uniformidad en la aplicación del Derecho comunitario" . Y señaló que,
" en caso de divergencia entre dichas versiones, la disposición de que se trata debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad de la normativa en que se integra" .
(15)
37. Debo observar, en primer lugar, que la Directiva tiene como finalidad reglamentar los despidos colectivos. Fue adoptada de acuerdo con el artículo 100 del Tratado CE, con objeto de aproximar las legislaciones, y también sobre la base del artículo 117 del Tratado, el cual alude a la necesidad de promover la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso.
38. Debo observar, además, que el principio rector de base que deriva de la sistemática general de las disposiciones de la Directiva es el de la protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos. Es decir, que, a partir de una interpretación sistemática de las disposiciones de la Directiva, me inclino por una interpretación del término controvertido
" centro de trabajo"
(virksomhed) que esté en consonancia con el citado principio director de base de la protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos.
39. A continuación, considero necesario, en el presente caso, investigar la finalidad que perseguía el legislador comunitario al utilizar la disposición controvertida, de forma que se pueda llegar, mediante el recurso a dicha interpretación teleológica, a determinadas conclusiones acerca del sentido del término
" centro de trabajo"
en cuestión.
40. Al tratar de buscar la finalidad del primer guión de la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva, me veo en la situación de examinar, por una parte, las circunstancias en que se adoptó la Directiva y, por otra parte, por qué el Consejo prefirió esta formulación.
41. Por lo que se refiere a las circunstancias en las que se adoptó la Directiva, debo referirme, en primer lugar, a la Resolución del Consejo de 21 de enero de 1974 relativa a un programa de acción social.
(16) En su tercer considerando se subraya que
" la expansión económica no constituye un fin en sí misma, sino que debe traducirse en una mejora tanto de la calidad como del nivel de vida" . El Consejo manifestó a continuación que
" los objetivos sociales deben constituir una preocupación constante de todas las políticas de la Comunidad" . Efectivamente, en dicho momento, el Consejo adoptó la iniciativa de tomar medidas destinadas a
" mejorar las condiciones de vida y de trabajo a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso"
en orden a
" proteger los intereses de los trabajadores, especialmente en lo relativo al mantenimiento de los derechos y beneficios en caso de fusión, de concentración o de racionalización"
(undécimo guión). La
Resolución señala, para terminar, que la Comisión ya ha elevado al Consejo una propuesta de Directiva
" referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos" .
42. A raíz de dichas declaraciones, considerando la necesidad de adoptar medidas de protección de los trabajadores también en el ámbito de los despidos colectivos, el Consejo adoptó la citada Directiva cuyo primer considerando prevé expresamente que
" interesa reforzar la protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos, teniendo en cuenta la necesidad de un desarrollo económico y social equilibrado en la Comunidad" . En el segundo considerando, el Consejo subraya después que
" a pesar de una evolución convergente, subsisten diferencias entre las disposiciones en vigor en los Estados miembros de la Comunidad, en lo que se refiere a las modalidades y al procedimiento de los despidos colectivos, así como a las medidas capaces de atenuar las consecuencias de estos despidos para los trabajadores" .
43. Por consiguiente, la finalidad de la Directiva, como se desprende del análisis del marco en el cual fue adoptada, es proteger eficazmente a los trabajadores mediante la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de despidos colectivos, y es a la luz de esta finalidad como debe interpretarse la disposición controvertida del apartado 1 del artículo 1.
44. Es asimismo conveniente aludir a las actividades preparatorias que condujeron a la adopción de la disposición controvertida, tal y como señala la Comisión en sus observaciones. Resulta que, en la propuesta inicial de Directiva, la Comisión había utilizado el término
" empresa"
y que, en el último párrafo del apartado 1 del artículo 1 de la propuesta, había definido este concepto como la
" unidad local de empleo"
(local unit of employment, örtliche Beschäftigungseinheit).
(17) Ello no obstante, el Consejo decidió sustituir el término empresa por el de
" centro de trabajo"
y, a raíz de esta sustitución, la definición contenida inicialmente en la propuesta se consideró superflua y fue suprimida. Vistas las consideraciones antes expuestas, este argumento confirma que, si el legislador comunitario hubiera querido que se tuviera en cuenta el número de trabajadores ocupados en el conjunto de la empresa y no en la unidad local de empleo para juzgar si se había respetado el procedimiento establecido en la Directiva para efectuar los despidos colectivos o no, hubiera debido manifestar claramente su intención, utilizando la terminología correspondiente.
45. Mi planteamiento encuentra también apoyo en la sentencia Botzen y otros,
(18) como pone de manifiesto la Comisión. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia, al examinar si los derechos y las obligaciones resultantes de la relación laboral se transfieren juntamente con la empresa, declaró que
" la relación laboral se caracteriza esencialmente por el vínculo que existe entre el trabajador y la parte de la empresa o del centro de trabajo a la cual se halla adscrito para desempeñar su cometido" . Entiendo que el término
" centro de trabajo"
que utiliza la Directiva caracteriza este lugar, esta parte de la empresa, y que es de acuerdo al número de trabajadores que prestan sus servicios en dicha parte como debe apreciarse si se han observado los procedimientos previstos en la Directiva para los despidos colectivos.
46. Finalmente, dado que la parte recurrente en apelación, Rockfon, ha planteado la cuestión de en qué medida una empresa puede considerarse como un
" centro de trabajo"
a efectos de la Directiva, si no está facultada para efectuar despidos colectivos, debo señalar que, del análisis llevado a cabo anteriormente, no se desprende en modo alguno que para poder ser calificado de
" centro de trabajo"
a efectos de la letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva, la unidad deba estar facultada para efectuar autónomamente despidos colectivos. Así pues, dicha competencia puede haber sido confiada perfectamente a un servicio ajeno al
" centro de trabajo" . La exigencia de este requisito ofrecería claramente la posibilidad de infringir las medidas de protección previstas en la Directiva ya que las empresas podrían con habilidad sustraerse a sus obligaciones y efectuar, a su arbitrio, despidos colectivos.
47. Como señala con razón la Comisión, la disposición controvertida distingue claramente los conceptos de
" empresario"
y de
" centro de trabajo" . El término
" empresario"
designa, en principio, la persona física o jurídica con la que el trabajador mantiene una relación laboral y que ejerce normalmente las atribuciones propias del empresario. La cuestión de quién es el empresario reviste interés desde el momento en que se adopta la decisión de efectuar despidos colectivos, por cuanto sobre esta persona recaen determinadas obligaciones en virtud de lo dispuesto en la Directiva, y, más en concreto, la de notificar a la autoridad competente las informaciones previstas, así como la de iniciar consultas con los representantes de los trabajadores.
48. Ciertamente, puede tener importancia determinar si la decisión de efectuar despidos colectivos la toma el propio empresario o se adopta a un nivel superior, puesto que el empresario podría tener dificultades en observar lo dispuesto en la Directiva en el supuesto de no recibir las informaciones necesarias del órgano que haya adoptado la decisión relativa a los despidos colectivos. Este caso está contemplado por la Directiva 92/56, la cual dispone expresamente que las obligaciones de información y de consulta se aplicarán con independencia del hecho de que la decisión proceda del empresario o de una empresa que controle a dicho empresario.
V. Conclusión
49. A la vista de las consideraciones antes expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente forma a la cuestión prejudicial planteada:
" La letra a) del apartado 1 del artículo 1 de la Directiva 75/129/CEE del Consejo, de 17 de febrero de 1975, referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, no prohíbe que dos o más empresas que forman parte de un grupo y tengan vínculos recíprocos, pero de las que ninguna tiene influencia preponderante sobre la otra o las otras, crear un servicio común de colocaciones o despidos, de forma que los despidos en una de dichas empresas sólo pueden tener lugar con la aprobación de dicho servicio. Pero significa que, para calcular el número de trabajadores en caso de despidos colectivos en un centro de trabajo, debe tenerse en cuenta el número total de trabajadores que desempeñan su actividad en la unidad en cuyo seno se establece la relación laboral de las personas despedidas, con independencia del hecho de que dicha unidad pueda proceder de manera autónoma a despidos colectivos."
(1) .
(1) DO L 48, p. 29; EE 05/02, p. 54. Esta Directiva fue modificada por la Directiva 92/56/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992 (DO L 245, p. 3).
(2) El párrafo primero del punto 4 del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 92/56, que ha modificado la Directiva 75/129, ha sustituido al artículo 2 inicial, aclarando que:
" Las obligaciones establecidas en los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán con independencia de que la decisión relativa a los despidos colectivos sea tomada por el propio empresario o por una empresa que ejerza el control sobre él."
(3) Dicho Decreto fue derogado a continuación, siendo sustituido por el Decreto nº 755, de 12 de noviembre de 1990, que mantuvo el apartado 1 del artículo 2, añadiéndole una segunda frase, redactada como sigue:
" Una unidad organizada en forma de filial, a los efectos del artículo 2 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, así como otras unidades que mantengan vínculos análogos con una sociedad matriz deberán considerarse, sin embargo, como un centro de trabajo a efectos del Capítulo 5 a, aun cuando la dirección de la filial no pueda efectuar de forma independiente despidos colectivos."
(4) Véase el
Petit Robert,
p. 697.
(5) Véase Cornu, G.:
Vocabulaire juridique,
Association Henri Capitant, París, PUF, 1987, p. 317.
(6) Véase Dietl, C.-E.:
Dictionary of Legal Commercial and Political Terms,
tomo II, Verlag C.H. Beck, p. 148.
(7) Finalmente, la versión griega utiliza el término
" επιχείρηση", que corresponde propiamente al término francés
" entreprise" . En su acepción estricta, el término
" établissement"
significa en griego
" εγκατάσταση"
y también
" κατάστημα" : véase Ipiti, A.: Μέγα Γαλλοελληνικόν Λεξικόν, tomo I, p. 856. Por este motivo, la utilización del término
" επιχείρηση"
plantea algunos interrogantes.
(8) DO L 61, p. 26; EE 05/02, p. 122.
(9) DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219.
(10) Sentencia de 12 de noviembre de 1969 (29/69, Rec. p. 419).
(11) Sentencia Stauder, antes citada, apartado 3. Compárese la sentencia de 5 de diciembre de 1967, Van der Vecht (19/67, Rec. p. 445).
(12) Sentencia Stauder, antes citada, apartado 4.
(13) Sentencia de 28 de marzo de 1985 (100/84, Rec. p. 1169), apartado 16.
(14) Sentencia de 27 de marzo de 1990 (C-372/88, Rec. p. I-1345), apartado 18.
(15) Véanse las sentencias dictadas Comisión/Reino Unido, citada en la nota 13, apartado 17, y de 17 de octubre de 1991, Comisión/Dinamarca (C-100/90, Rec. p. I-5089), apartado 8. Sobre esta cuestión, en el ámbito de las sentencias prejudiciales, compárese las sentencias de 27 de octubre de 1977, Bouchereau (30/77, Rec. p. 1999), apartado 14; de 13 de julio de 1989, Henriksen (173/88, Rec. p. 2763), apartado 11; las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en este mismo asunto, puntos 12 y ss., y la sentencia Cricket St Thomas, citada en la nota 14, apartado 18, así como las conclusiones presentadas en dicho asunto por el Abogado General Sr. Tesauro, puntos 6 y ss.
(16) DO C 13, p. 1.
(17) En el dictamen que emitió acerca de la propuesta de Directiva inicial de la Comisión, el Comité Económico y Social añadió que debía aclararse que el término
" empresa"
a que se refiere el artículo 1 de la propuesta, aludía a la
" unidad local de empleo"
(DO 1973 C 100, p. 11).
(18) Sentencia de 7 de febrero de 1985 (186/83, Rec. p. 519), apartado 15.