62022CJ0774_RES
Asunto C‑774/22
JX
contra
FTI Touristik GmbH
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Nürnberg)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 29 de julio de 2024
«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento (UE) n.o 1215/2012 — Artículo 18 — Competencia judicial en materia de contratos celebrados por los consumidores — Determinación de la competencia internacional y territorial de los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro — Elemento de extranjería — Viaje a un tercer Estado»
Cooperación judicial en materia civil — Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil — Reglamento n.
o
1215/2012 — Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores — Ámbito de aplicación — Litigio entre un consumidor y un organizador de viajes a raíz de la celebración de un contrato de viaje combinado — Cocontratantes que tienen su domicilio en el mismo Estado miembro — Destino del viaje situado en el extranjero — Competencia internacional y territorial del órgano jurisdiccional de la demarcación del domicilio del consumidor — Inclusión
[Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo (CE) n.o 1896/2006, art. 3, ap. 1, y (UE) n.o 1215/2012, considerandos 3 y 26 y arts. 18 y 19, ap. 3]
(véanse los apartados 25 a 37, 40 a 45 y 47 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, ante el que se ha planteado una petición de decisión prejudicial en el contexto de un litigio entre un consumidor domiciliado en un Estado miembro y una organizadora de viajes con domicilio en el mismo Estado miembro en relación con un viaje al extranjero que el consumidor había reservado, precisa el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis, (
1
) examinando específicamente, en un supuesto como el descrito, la existencia de un elemento de extranjería.
En diciembre de 2021, JX, un particular domiciliado en Núremberg (Alemania), celebró un contrato de viaje combinado con FTI Touristik GmbH, una organizadora de viajes con domicilio social en Múnich (Alemania), para viajar a un tercer Estado.
Al considerar que no había sido suficientemente informado sobre los requisitos de visados y de entrada al país en cuestión, JX presentó ante el Amtsgericht Nürnberg (Tribunal de lo Civil y Penal de Núremberg, Alemania) una demanda de indemnización por daños y perjuicios por un importe de 1500 euros. Para JX, la competencia territorial de este órgano jurisdiccional se deriva de las reglas de competencia que a modo de protección de los consumidores establece el Reglamento Bruselas I bis. (
2
) Por su parte, FTI Touristik defiende que dicho órgano jurisdiccional carece de competencia territorial y aduce que el citado Reglamento no se aplica a situaciones meramente internas como la que es objeto del presente asunto. A su entender, ante una situación de esta naturaleza, no concurre el elemento de extranjería exigido para que el mencionado Reglamento sea aplicable.
Mediante su remisión prejudicial, el referido órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que precise si el Reglamento Bruselas I bis determina la competencia tanto internacional como territorial del órgano jurisdiccional del Estado miembro en cuya demarcación judicial está domiciliado el consumidor, en un supuesto como el que es objeto del presente litigio, en el que el elemento de extranjería se limita al destino del viaje, al situarse este en el extranjero.
Apreciación del Tribunal de Justicia
A efectos de examinar, en primer término, si el Reglamento Bruselas I bis se aplica a un litigio como el que es objeto del presente asunto, en el que el demandante y el demandado tienen su domicilio en el mismo Estado miembro, el Tribunal de Justicia recuerda que la aplicación de las reglas de competencia de dicho Reglamento requiere la existencia de un elemento de extranjería. En particular, existe ese elemento cuando la situación del litigio de que se trate puede plantear cuestiones relativas a la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden internacional. Aunque el elemento de extranjería está presente de modo indudable cuando al menos una de las partes tiene su domicilio habitual en un Estado miembro distinto del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, el carácter internacional también puede resultar de otros factores relacionados, en particular, con el objeto del litigio. De este modo, el hecho de que estén implicados un Estado miembro y un tercer Estado —debido, por ejemplo, a que el demandante y uno de los demandados están domiciliados en el primer Estado y a que los hechos controvertidos se han producido en el segundo— también puede conferir carácter internacional a la relación jurídica de que se trate, puesto que una situación de este tipo puede plantear, en el Estado miembro, cuestiones relativas a la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden internacional. De lo anterior se deduce que un litigio sobre obligaciones contractuales que supuestamente se cumplen, o bien en un tercer Estado, o bien en un Estado miembro distinto de aquel en el que las dos partes tienen su domicilio puede plantear cuestiones relativas a la determinación de la competencia de los órganos jurisdiccionales en el orden internacional y cumple, por tanto, el requisito del elemento de extranjería exigido para que el litigio quede comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis.
Por lo que respecta a los litigios entre consumidores y profesionales, la anterior interpretación la corrobora, para empezar, el artículo 18, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis, (
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) cuya aplicación permite que el consumidor pueda invocar la regla instituida en su favor frente a profesionales domiciliados no solo en otros Estados miembros, o incluso en terceros Estados, sino también en el mismo Estado miembro que el del domicilio de ese consumidor. Esta interpretación es igualmente compatible con la finalidad del Reglamento Bruselas I bis, toda vez que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que este persigue un objetivo de seguridad jurídica que exige que el juez nacional ante el que se ejercite la acción pueda pronunciarse con facilidad sobre su propia competencia, sin verse obligado a realizar un examen sobre el fondo del asunto. De conformidad con este objetivo, debe considerarse que un asunto que implica la demanda de un viajero en relación con los problemas surgidos con ocasión de un viaje al extranjero, organizado y vendido por una organizadora de viajes, presenta un carácter internacional a los efectos del Reglamento Bruselas I bis, ya que el destino del viaje es un elemento fácil de comprobar. Por último, la mencionada interpretación no queda desvirtuada por la referencia que hace el Tribunal de Justicia al concepto de «litigio transfronterizo», definido en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 1896/2006 (
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) como un litigio en el que al menos una de las partes tiene su domicilio o su residencia habitual en un Estado miembro distinto del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto. En efecto, dado que ni este Reglamento ni el Reglamento Bruselas I bis tienen el mismo objeto ni el mismo ámbito de aplicación, el segundo Reglamento no debería interpretarse a la luz del primero.
Por consiguiente, un litigio relativo a un contrato de viaje está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I bis, incluso si ambas partes contratantes, a saber, el consumidor y su cocontratante, tienen su domicilio en el mismo Estado miembro, siempre que el destino del viaje esté situado en el extranjero.
Por lo que respecta, en segundo término, a la cuestión de si el artículo 18 del Reglamento Bruselas I bis determina la competencia tanto internacional como territorial del órgano jurisdiccional de que se trate, el Tribunal de Justicia subraya que del propio tenor del apartado 1 de dicho artículo se desprende que las reglas de competencia judicial que emplea esta disposición cuando la acción es entablada por un consumidor se refieren, por un lado, a «los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliada [la otra] parte» y, por otro lado, al «órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor». Mientras que la primera de las dos reglas así enunciadas se limita a conferir competencia internacional al sistema jurisdiccional del Estado designado, considerado en su conjunto, la segunda regla confiere directamente competencia territorial al órgano jurisdiccional del lugar del domicilio del consumidor. Así pues, esta segunda regla determina no solo la competencia judicial internacional del órgano jurisdiccional en cuestión, sino que designa directamente un órgano jurisdiccional concreto dentro de un Estado miembro, sin remitirse a las normas de reparto de la competencia territorial vigentes en ese Estado miembro.
Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal de Justicia concluye que el artículo 18 del Reglamento Bruselas I bis determina la competencia tanto internacional como territorial del órgano jurisdiccional del Estado miembro en cuya demarcación judicial está domiciliado el consumidor cuando este somete al referido órgano jurisdiccional el litigio que lo enfrenta a una organizadora de viajes a raíz de la celebración de un contrato de viaje combinado y ambas partes contractuales tienen su domicilio en ese Estado miembro, pero el destino del viaje está situado en el extranjero.
(
1
)	Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento Bruselas I bis»).
(
2
)	JX se refiere, en particular, a los artículos 17 y 18 del Reglamento Bruselas I bis.
(
3
)	En virtud de esta disposición: «la acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que esté domiciliada dicha parte o, con independencia del domicilio de la otra parte, ante el órgano jurisdiccional del lugar en que esté domiciliado el consumidor.»
(
4
)	Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO 2006, L 399, p. 1).