DENILAULER 
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL 
SR. HENRI MAYRAS 
presentadas el 26 de marzo de 1980 * 
Señor Presidente, 
Señores Jueces, 
El presente asunto prejudicial ha sido some­
tido a este Tribunal de Justicia por el Ober-
landesgericht (Tribunal de apelación) de 
Frankfurt am Main, República Federal de 
Alemania, en el marco de un litigio entre 
SNC Couchet Frères, empresa francesa de 
transportes y un cliente alemán, el Sr. Deni-
lauler. Las cuestiones que plantea el Tribu­
nal de remisión tienen por objeto la inter­
pretación del Convenio de Bruselas, de 27 
de septiembre de 1968 relativo a la compe­
tencia judicial y a la ejecución de resolucio­
nes en materia civil y mercantil. 
Dado que el informe para la vista del Juez 
Ponente ha expuesto perfectamente los 
hechos que dieron lugar al litigio y las 
distintas fases procesales que ha recorrido, 
me permito no abusar del tiempo del Tribu­
nal de Justicia repitiéndolo, y paso directa­
mente a los importantes problemas plantea­
dos por el Tribunal de apelación de 
Frankfurt. 
Las dos primeras cuestiones presentadas por 
este órgano jurisdiccional se refieren a la 
interpretación del número 2 del artículo 27, 
del número 2 del artículo 46 y del número 1 
del artículo 47 del Convenio. 
El número 2 del artículo 27 dispone que 
«las resoluciones no serán reconocidas 
cuando se dicten en rebeldía del demanda­
do, si no se hubiera entregado al mismo la 
cédula de emplazamiento o documento 
equivalente, de forma regular y con tiempo 
suficiente para defenderse». Esta norma 
resulta aplicable a la ejecución con arreglo 
al párrafo segundo del artículo 34, en virtud 
del cual la solicitud de ejecución sólo podrá 
desestimarse por alguno de los motivos 
previstos en los artículos 27 y 28. 
El número 2 del artículo 46 saca de aquí la 
consecuencia, en el marco de la prueba al 
exigir que la parte que invocare el reconoci­
miento o instare la ejecución de una resolu­
ción deberá presentar, si se tratare de una 
resolución dictada en rebeldía, el original o 
una copia auténtica del documento que 
acreditare la entrega o notificación de la 
* Lengua original: francés. 
537
CONCLUSIONES DEL SR. MA YRAS - ASUNTO 125/79 
cédula de emplazamiento o documento 
equivalente a la parte declarada en rebeldía. 
El número 1 del artículo 47 se refiere, por 
su parte, a la propia resolución que se pre­
tende ejecutar. Exige la presentación, por la 
parte que instare la ejecución, de «documen­
tación acreditativa de que, según la ley del 
Estado de origen, la resolución tendrá carác­
ter de ejecutoría y ha sido notificada». 
El órgano jurisdiccional de remisión pre­
gunta al Tribunal de Justicia si dichas nor­
mas se aplican cuando la resolución dictada 
en el Estado de origen autoriza una medida 
cautelar y preventiva a raíz de un procedi­
miento que, con arreglo al Derecho del 
mismo Estado, se haya seguido unilateral­
mente. Especialmente, ¿es éste el caso 
cuando se trata de una decisión en forma de 
resolución del Presidente decretando la 
práctica de un embargo preventivo sobre la 
cuenta de su deudor en Alemania, sin que 
este último haya sido advertido de la peti­
ción ni de la decisión a la que se llegó al 
respecto, con arreglo al artículo 48 del 
antiguo Code de procedure civile? 
I. Para zanjar esta cuestión examinaré, en 
primer lugar, el texto literal de las normas 
que se han de interpretar. 
Á este respecto, creo que es preciso distin­
guir entre el número 1 del artículo 47, por 
un lado, y el número 2 del artículo 46 y el 
número 2 del artículo 27, por otro. 
El número 1 del artículo 47 utiliza el térmi­
no «resolución» sin restricción alguna. 
Como se desprende del artículo 25, se 
escogió dicho término para designar todas 
las formas posibles de decisiones jurisdic­
cionales, incluso las que autorizan la 
adopción de medidas cautelares y preven­
tivas a raíz de un procedimiento unilateral. 
A menos que se considere que el término 
«resolución» tiene en el número 1 del ar­
tículo 47 un sentido distinto del que tiene 
en el artículo 25, esta primera disposición 
se aplica exactamente a las resoluciones 
mencionadas. 
La aplicabilidad del número 2 del artícu­
lo 27 y del número 2 del artículo 46 a las 
medidas cautelares y preventivas puede por 
el contrario despertar algunas dudas, por 
cuanto estas disposiciones contienen, en su 
versión francesa, las expresiones «défendeur 
défaillant» y «décision par défaut» respecti­
vamente. Ahora bien, como señala el órgano 
jurisdiccional de remisión, el procedimiento 
«par défaut», en el sentido técnico de esa 
expresión, es un procedimiento «que, por su 
naturaleza jurídica, no es unilateral sino 
que, por el contrario, tiene prevista la parti­
cipación de la parte adversa». 
Al analizar el número 2 del artículo 46, la 
Comisión hace la misma afirmación. Es 
cierto que el procedimiento en rebeldía es 
contradictorio, ya que, en tal supuesto, el 
demandado, pormás que no haya reacciona­
do, ha sido advertido del proceso en el que 
está implicado. 
538
DENILAULER 
Sin embargo, está lejos de ser seguro que 
los términos utilizados en el número 2 del 
artículo 27 y en el número 2 del artículo 46 
del Convenio sólo puedan aplicarse a los 
procedimientos en rebeldía, tal como se 
configuran strido sensu en determinados 
Derechos nacionales. 
No creo procedente interpretar el número 2 
del artículo 27 como si se refiriera única­
mente a los procedimientos precisos pecu­
liares de determinados ordenamientos jurí­
dicos internos. A mi juicio, esta interpreta­
ción sería demasiado restrictiva y prescindi­
ría de la autonomía del Convenio como 
instrumento de Derecho internacional, en 
relación con los múltiples procedimientos 
de los Derechos nacionales de los Estados 
contratantes. 
Ello se confirma por la versión inglesa del 
número 2 del artículo 27 que, al utilizar la 
expresión de resolución recaída «in default 
of appearance», se cuida de no utilizar una 
terminología que recuerde determinados 
procedimientos nacionales y sólo ellos. Es 
indiscutible que, según el sentido ordinario 
de las palabras, cualquier resolución dictada 
contra un demandado sin que éste sea oído 
es una resolución «in default of his appearan­
ce». La expresión inglesa se refiere simple­
mente a la ausencia del demandado a lo 
largo del procedimiento, sea cual fuere la 
causa. Incluye pues no sólo el caso del 
demandado al que se ha notificado la de­
manda, sin que ello provocara reacción 
alguna por su parte, sino también el caso de 
aquel a quien, según las normas procesales 
nacionales, no era preciso notificar dicho 
acto. 
Si bien la versión inglesa del número 2 del 
artículo 46 utiliza la expresión más corta 
«given in default», no hay que perder de 
vista que este precepto es accesorio en 
relación con el número 2 del artículo 27 del 
que, como ya he dicho, es la consecuencia 
en materia de prueba. A causa de este víncu­
lo «given in default» tan sólo puede signifi­
car «given in default of appearance». 
Tal como señala el propio órgano jurisdic­
cional de remisión, eminentes especialistas 
del Convenio como Bülow y Böckstiegel 
(en: Der internationale Rechtsverkehr in 
Zivil - und Handelssachen - Comentario 
sobre el artículo 27, III, 2, p. 606-208.209 
— Comentario sobre el artículo 46, II, 2, 
p. 606-276.277) sostienen asimismo la 
opinión de que el número 2 del artículo 27 
y el número 2 del artículo 46 se aplican a 
cualquier resolución que se adopte en el 
marco de un procedimiento de carácter 
unilateral. 
En definitiva, de este análisis literal de las 
disposiciones controvertidas, saco la impre­
sión de que la tesis de su aplicación a las 
medidas cautelares y preventivas adoptadas 
a raíz de un procedimiento unilateral es más 
sólida que la tesis contraria. No obstante, 
confieso que, salvo en lo que atañe al núme­
ro 1 del artículo 47, no pueda encontrar 
elementos de peso suficiente para funda­
mentar mi convicción. 
II. Por ello no creo que no puede darse 
solución satisfactoria al importante proble­
ma planteado por el Tribunal de apelación 
539
CONCLUSIONES DEL SR. MAYRAS - ASUNTO 125/79 
de Frankfurt sino a la luz del objeto y la 
finalidad del Convenio. 
Este se celebró para garantizar el incremen­
to de la protección y la seguridad jurídicas 
en el mercado común y la eliminación de 
obstáculos a su funcionamiento. 
1) A partir de esta última idea, la deman­
dante en el procedimiento principal, Italia y 
Comisión pretenden que no se aplique el 
número 2 del artículo 27 a las resoluciones 
que autorizan una medida cautelar y preven­
tiva a. raíz de un procedimiento unilateral. 
Afirman que, resoluciones de este género 
pueden adoptarse en el plano interno en 
todos los Estados. Siempre en el plano 
interno cabe hacer la misma afirmación 
respecto al Reino Unido, Irlanda y Dina­
marca, países en los que el Convenio aún no 
ha entrado en vigor. Como el Convenio 
tiene por objeto hacer posible en el plano 
comunitario lo que ya existe en el plano 
nacional, sacan de ello la consecuencia de 
que el reconocimiento y la ejecución de 
dichas medidas deben ser posibles en el 
plano comunitario. 
Más allá de su impecable lógica debo afir­
mar ante este Tribunal de Justicia que este 
razonamiento prescinde del carácter particu­
lar de las medidas cautelares y preventivas 
unilaterales. 
El hecho de que los autores del Convenio 
tuvieron en cuenta el carácter específico de 
estas medidas se desprende de la competen­
cia especial que respecto a las mismas 
establece el artículo 24. Según esta norma, 
«se podrán solicitar medidas provisionales 
o cautelares previstas por la ley de un Esta­
do contratante a las autoridades judiciales 
de ese Estado, incluso si, en virtud del 
presente Convenio, fueran competentes para 
conocer del fondo los tribunales de otro 
Estado contratante». 
El carácter exorbitante de dicha competen­
cia, indicado por los términos «incluso si» 
debe retener especialmente nuestra aten­
ción. En virtud de las normales atribuciones 
de competencia del Convenio, un órgano 
jurisdiccional no tiene ninguna facultad para 
conocer de litigios que, en cuanto al fondo, 
competen a un órgano jurisdiccional de otro 
Estado contratante. A mi juicio, la compe­
tencia especial del artículo 24 hubiera sido 
completamente superflua si los autores del 
Convenio hubieran pretendido permitir que 
las resoluciones adoptadas en un Estado 
distinto del Estado del órgano jurisdiccional 
competente con arreglo al artículo 24 que­
daran automáticamente revestidas de fuerza 
ejecutoria en el ámbito de este último órga­
no jurisdiccional. 
De este modo me ratifico en la idea de que 
las medidas provisionales y cautelares 
ofrecen una peculiaridad por el texto del 
Convenio de La Haya, de 1 de febrero de 
1971, elaborado bajo los auspicios de la 
Conferencia de la Haya de Derecho interna­
cional privado, de la que son miembros 
todos los Estados de la Comunidad. Con 
arreglo al párrafo segundo de su artículo 2, 
este Convenio no se aplica a las resolucio­
nes que acuerdan medidas cautelares y 
preventivas. Sus trabajos preliminares po-
540
DENILAULER 
nen de manifiesto que esta disposición ya 
estaba incluida en el anteproyecto adoptado 
por la comisión encargada de la redacción 
del texto y que no fue discutida con poste­
rioridad. Según el Ponente del Convenio, 
«dicha norma es conforme con la opinión 
dominante que considera estas medidas 
como de competencia exclusiva del país en 
el que deben ejecutarse». 
No obstante, no habría que deducir de los 
razonamientos anteriores que haga mía la 
opinión expuesta en la vista por el represen­
tante del Reino Unido en el sentido de que, 
en el sistema del Convenio de Bruselas, 
ninguna medida cautelar y preventiva, tanto 
si se toma a raíz de un procedimiento unila­
teral como de un procedimiento bilateral, 
puede surtir efectos extraterritoriales. 
A este respecto, todo depende, a mi enten­
der, de la naturaleza de la resolución refe­
rente a la medida. Si, por un lado, la resolu­
ción del órgano jurisdiccional de origen 
tiene carácter ejecutorio, constituiría una 
violación manifiesta del principio universal-
mente admitido de la territorialidad de la 
ejecución forzosa de las resoluciones judi­
ciales. En el Convenio, esta territorialidad 
se traduce por una competencia exclusiva 
que figura en el número 5 del artículo 16, a 
cuyo tenor, «con independencia del domici­
lio, tendrán competencia exclusiva [...] en 
materia de ejecución de decisiones, los 
tribunales del Estado contratante del lugar 
en que tenga lugar la ejecución». 
Si, por el contrario, la resolución tiene tan 
sólo el carácter de un simple título mediante 
el cual un órgano jurisdiccional autoriza al 
demandante a hacerla valer ante un órgano 
jurisdiccional de otro Estado contratante 
para que éste proceda a su ejecución a 
través de los cauces que para ello establece 
su propio Derecho, considero que se respeta 
la competencia del órgano jurisdiccional 
requerido. 
En definitiva, la naturaleza propia de las 
medidas cautelares y preventivas me inclina 
a adoptar una posición intermedia. Conside­
ro que cuando se hayan adoptado de la 
forma que acabo de indicar y, además, a raíz 
de un procedimiento contradictorio, pueden 
alcanzar efectos extraterritoriales, y ello 
según las normas del Convenio de Bruselas 
en materia de ejecución. Este mismo carác­
ter particular, por el contrario, me inclina a 
rehusar que se acojan a las normas del 
Convenio las medidas semejantes adoptadas 
a raíz de un procedimiento unilateral. 
Es pues este carácter unilateral del procedi­
miento lo que justifica, ami entender, seme­
jante diferencia de trato. 
2) Sin embargo, no es ésta la opinión de 
los partidarios de no aplicar el número 2 del 
artículo 27 a las medidas cautelares y pre­
ventivas unilaterales. En su opinión, exigir 
la prueba de la notificación de la demanda 
para conceder el exequátur a dichas medi­
das equivale a privarlas de todo alcance 
práctico. 
Se trata de una alegación a la que también 
ha sido sensible el Tribunal de apelación de 
541
CONCLUSIONES DEL SR. MA YRAS - ASUNTO 125/79 
Frankfurt. Explica su temor al exponer que 
«el efecto de sorpresa que Couchet pretende 
manifiestamente alcanzar mediante la medi­
da cautelar autorizada por el Presidente del 
Tribunal de grande instance de Montbrison 
y que es muy probablemente determinante 
para el éxito de la ejecución de dicha medi­
da, se frustraría si la notificación previa del 
escrito en el que se solicita, igual que la de 
la resolución del Tribunal ante el que aquél 
se hubiere presentado, ambos con la misma 
fecha, se exigieran también en este caso 
como condición para extender la fórmula 
ejecutoria». 
Es indiscutible que la rapidez y el efecto de 
sorpresa son esenciales para el éxito de las 
medidas de este tipo. No obstante, creo que 
no se trata aquí de la única consideración 
que debe tenerse en cuenta y que, en las 
relaciones internacionales, es secundaria 
respecto a la salvaguardia de los derechos 
de defensa. Ya en el orden interno, las 
resoluciones que autorizan medidas cautela­
res y preventivas unilaterales tienen conse­
cuencias radicales. En sí mismas, constitu­
yen un elemento gravemente perturbador 
del juego jurídico normal del cual el brocar­
do audi alteram partem es pieza maestra. 
En el plano de las relaciones comerciales, el 
bloqueo de una cuenta bancaria puede tener 
graves consecuencias para la empresa que 
sea su víctima. 
Por añadidura, los terceros que tengan 
relaciones de negocios con el demandado 
sufren de rechazo esta medida. De este 
modo, los clientes del demandado, a quienes 
debiera pagarse un cheque o un efecto 
desatendido pueden verse gravemente lesio­
nados a causa de la imposibilidad de obte­
ner su pago inmediato. Estos riesgos me 
parecen especialmente acusados en determi­
nados sectores del comercio internacional, 
donde cantidades muy importantes o bienes 
de gran valor pueden, en muy poco tiempo, 
cambiar varias veces de propietario. 
Ahora bien, el órgano jurisdiccional de 
origen, que actúa únicamente sobre la base 
de las afirmaciones del demandante, no 
tendrá medio alguno de asegurarse de que 
los bienes objeto del embargo solicitado 
todavía pertenecen en realidad al demanda­
do, siendo así que podrían haber sido vendi­
dos un momento antes, o que existan terce­
ros con un derecho preferente sobre ellos. Si 
quiere evitarse un grave perjuicio para los 
derechos de terceros, si no se quiere correr 
el riesgo de aumentar la incertidumbre de 
las transacciones comerciales, es esencial 
que medidas, como el embargo preventivo 
del Derecho francés, sean puestas rápida­
mente en conocimiento de todas las perso­
nas interesadas y que éstas tengan la posibi­
lidad de reaccionar inmediatamente. 
El demandado, que quiera obtener la cance­
lación de las medidas tomadas contra sus 
bienes, debe estar en condiciones de formu­
lar sus alegaciones en el plazo más breve 
posible. ¿Es ello posible cuando una medida 
ha sido autorizada por el órgano jurisdiccio­
nal de un Estado y su carácter ejecutorio por 
el órgano jurisdiccional de otro? 
Creo que no. 
542
DENILAULER 
¿Qué puede entonces hacer el deudor? 
Puede acudir al órgano jurisdiccional de 
origen. Supongamos -es el supuesto más 
favorable— que tenga su domicilio en el 
Estado de este órgano jurisdiccional. Ello le 
facilitará las cosas, desde el punto de vista 
lingüístico y jurídico. Sin embargo, no cabe 
olvidar que, al ser la medida de carácter 
unilateral, el demandado tendrá conocimien­
to de su ejecución por el Tribunal extranjero 
que la haya acordado, lo que puede consti­
tuir una primera fuente de retraso. Incluso si 
consigue rápidamente el levantamiento de 
las medidas sobre sus bienes, necesitará 
además contar con la transmisión de la 
oportuna resolución al país de ejecución, de 
donde puede nacer una segunda fuente de 
retraso. 
Pero el caso más corriente será el de un 
demandado que no esté domiciliado en el 
mismo Estado que el del órgano jurisdiccio­
nal de origen. Por razones prácticas eviden­
tes, necesitará entonces determinado tiempo 
para presentar su demanda ante éste. 
¿Podrá el demandado oponerse a la medida 
ante el órgano jurisdiccional del lugar de 
ejecución? Ciertamente, el artículo 29 del 
Convenio no le permite invocar motivos de 
fondo. Sin duda, como sugiere Jenard en su 
comentario al artículo 37 (Informe sobre el 
Convenio; DO 1979, C 59, p. 51), podrá 
probar que se ha liberado de la deuda des­
pués de que se pronunciara la resolución 
judicial extranjera. Pero esta posibilidad, 
que es verdaderamente un mínimo, dista 
mucho de garantizar una protección adecua­
da en todos los casos. 
Si, por ejemplo, el deudor niega ser el pro­
pietario de los bienes embargados porque 
acaba de venderlos, la exclusión -por lo 
demás justificada— de la revisión en cuanto 
al fondo le impediría utilizar este argumen­
to. A su vez el tercero adquirente no tendría 
acceso al Tribunal. 
De ello resulta que no es posible una oposi­
ción rápida y eficaz ni ante el órgano juris­
diccional de origen ni ante el requerido. 
Para ser eficaz, la oposición a la ejecución 
de una medida y preventiva requiere que el 
órgano jurisdiccional que debe conocer de 
ella sea competente a la vez para decidir si 
esta medida está justificada y para dar un 
efecto inmediato a la resolución, cualquiera 
que ésta sea, a la que llegue finalmente. 
Creo que he puesto de manifiesto que no 
concurren dichos requisitos ni ante el órga­
no jurisdiccional de origen ni ante el del 
lugar de ejecución. 
3) Esta imposibilidad del demandado para 
reaccionar pronta y eficazmente contra una 
resolución emanada de un órgano jurisdic­
cional extranjero a raíz de un procedimiento 
unilateral encaminado a obtener una medida 
cautelar y preventiva contra él constituye, 
en mi opinión, un ataque injustificado a los 
derechos de defensa. 
Ahora bien, el Convenio de Bruselas está 
fundado en una observancia rigurosa de 
estos derechos. Dicha observancia queda de 
543
CONCLUSIONES DEL SR. MA YRAS - ASUNTO 125/79 
manifiesto en su artículo 2 que constituye 
una simple aplicación del brocardo actor 
sequitur forum rei. Como explica Jenard, la 
competencia en principio del òrgano juris­
diccional del demandado «se justifica con 
razones más fuertes en el marco internacio­
nal que en el del Derecho interno. Efectiva­
mente, es más difícil en general defenderse 
ante los Tribunales de un país extranjero 
que ante los Tribunales de otra ciudad en el 
país de domicilio» (Informe sobre el Con­
venio, DO 1979, C 59 p. 18). 
Del mismo modo, el párrafo segundo del 
artículo 20 del Convenio, que establece que 
«(el) [...] Tribunal estará obligado a suspen­
der el procedimiento en tanto no se acredita­
re que el demandado ha podido recibir la 
cédula de emplazamiento con tiempo sufi­
ciente para defenderse o que se ha tomado 
toda la diligencia a tal fin», «tiene también 
por objetivo garantizar los derechos de 
defensa al reconocer la importancia en el 
orden internacional de la notificación de los 
actos judiciales» (Jenard, Informe sobre el 
Convenio, p. 39). 
Este rigor en la exigencia de la observancia 
de los derechos de defensa no es un capri­
cho. Es la contrapartida del extremado 
liberalismo del Convenio en materia de 
reconocimiento y ejecución de resoluciones. 
Sólo es tolerable este liberalismo si el 
órgano jurisdiccional requerido puede tener 
plena confianza en la resolución del órgano 
jurisdiccional de origen. Es ésta precisa­
mente la idea que expresa Jenard cuando, al 
principio de sus consideraciones de carácter 
general sobre el reconocimiento y ejecución 
(Informe sobre el Convenio, p. 42) escribe 
que «en razón de las garantías que se conce­
den al demandado en el procedimiento de 
origen, el Convenio, en su Título III, es muy 
liberal por lo que se refiere al reconocimien­
to y a la ejecución». 
Por consiguiente, ami juicio, el sistema del 
Convenio excluye la posibilidad de que un 
demandado sea sorprendido por la ejecu­
ción de una resolución de la que no haya 
recibido notificación y cuando ni siquiera 
tenía conocimiento del procedimiento que a 
ella condujo. La importancia de la obser­
vancia de los derechos de defensa me indu­
ce también a pensar que, si los autores del 
Convenio hubieran querido que la negativa 
al reconocimiento y a la ejecución por el 
motivo indicado en el número 2 del artícu­
lo 27 no se aplicara a las resoluciones como 
la del asunto principal, lo habrían mencio­
nado expresamente. 
Ni siquiera se puede excluir que los órganos 
jurisdiccionales de determinados Estados, 
que tienen una concepción particularmente 
exigente de la observancia de los derechos 
de defensa, denieguen el exequátur de las 
resoluciones por las que se decrete una 
medida cautelar o preventiva a raíz de un 
procedimiento unilateral y amparándose en 
que dichas resoluciones son contrarias a su 
orden público nacional. 
III. ¿Se ha de llegar a la conclusión de que, 
en cumplimiento del Convenio de Bruselas, 
no es posible que un acreedor proteja sus 
intereses consiguiendo que un Juez dicte 
una medida urgente que tome por sorpresa 
a su deudor? 
544
DENILAULER 
1) Ello equivaldría a no tener en cuenta el 
artículo 24, ya mencionado, disposición que 
tiene su equivalente en casi todos los Trata­
dos de ejecución (Informe Jenard, p. 42). 
Los términos de este texto no impiden en 
absoluto que las medidas cautelares o pre­
ventivas solicitadas a las autoridades judi­
ciales de un Estado contratante, en el caso 
de que un órgano jurisdiccional de otro 
Estado contratante sea competente para 
conocer en cuanto al fondo, se concedan a 
raíz de un procedimiento unilateral, si así lo 
prevé el Derecho del órgano jurisdiccional 
al que se haya acudido. 
La ventaja de acogerse al artículo 24 es que 
el órgano jurisdiccional al que se ha acudido 
tiene no sólo plena competencia en materia 
de procedimiento, sino que conoce también 
los hechos del caso. Incluso si actúa de una 
forma superficial y provisional, el examen 
de las circunstancias del asunto le resulta, 
en efecto, necesario para formar su convic­
ción de la oportunidad de otorgar la medida 
que se le pide. En el plano procesal, la 
determinación de la medida sacada de su 
Derecho nacional, que considere más apro­
piada, depende evidentemente nada más que 
de su competencia. La visión de conjunto 
que de este modo tiene de un asunto le 
convierte en el único que está en condicio­
nes de resolver con total conocimiento de 
causa sobre la oposición que el demandado 
pueda presentar posiblemente contra la 
medida que hubiere adoptado. 
Además, para que el artículo 24 sea efecti­
vamente utilizable en un asunto como el del 
procedimiento principal, es evidentemente 
preciso que todos los Estados contratantes 
conozcan un procedimiento como el del 
embargo preventivo del Derecho francés. La 
Comisión nos indicó que éste era el caso 
para los Estados entre los que el Convenio 
se halla actualmente en vigor. 
En el acto de la vista, el representante del 
Reino Unido evocó la orden conminatoria 
«Mareva» («Mareva Injunction»), nombre 
que deriva de un asunto resuelto por el 
Tribunal de apelación (Court of Appeal) de 
Inglaterra en 1975. Mediante una orden 
conminatoria un órgano jurisdiccional 
prohibió al demandado a raíz de un procedi­
miento que se había considerado unilateral 
que sacara fuera del territorio de su demar­
cación los fondos de que se trataba. El 
Agente del Gobierno británico nos informó 
también de que, en la legislación que prepa­
ra su país con vistas a su adhesión al Conve­
nio, se ampliará la posibilidad de acogerse 
a la orden conminatoria Mareva a los su­
puestos en que un órgano jurisdiccional de 
otro Estado contratante sea competente para 
conocer del fondo. 
En Dinamarca puede conseguirse una medi­
da similar al embargo preventivo francés en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 612 en 
relación con el artículo 628 del Código de 
Procedimiento (Lov om rettens pleje). 
Según los datos que poseo, parece que 
en Irlanda existe también la posibilidad 
de conseguir del Juez la congelación de 
los haberes bancários, análogamente al caso 
del presente asunto, sin previo aviso al 
demandado. 
545
CONCLUSIONES DEL SR. MAYRAS - ASUNTO 125/79 
No hay ningún obstáculo práctico, pues, que 
impida invocar el artículo 24 en las relacio­
nes bilaterales entre todos los Estados ac­
tualmente miembros de la Comunidad, una 
vez que el Convenio entre en vigor en el 
Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. 
2) La Comisión señaló en la vista un in­
conveniente del artículo 24 que se manifies­
ta especialmente cuando el demandado 
posee fondos en diversos países. En tal 
caso, el demandante que se proponga em­
bargarlos estará obligado a solicitar medidas 
de urgencia en cada uno de éstos. 
De ello resultarían dificultades prácticas sin 
ninguna comparación con las que supondría 
la elección de la solución preconizada por la 
Comisión. Con ésta, la obligación del de­
mandante se limita a solicitar la ejecución 
de la resolución extranjera por la que se 
acuerda una medida cautelar o preventiva a 
raíz de un procedimiento unilateral, a través 
del procedimiento sumario regulado por el 
Convenio. Por el contrario, si se aplica el 
artículo 24, cada petición de medida urgente 
exigirá el examen más completo del que he 
hablado por parte del órgano jurisdiccional 
requerido. 
Es cierto que se trata de una dificultad que 
debe soportar el demandante. Pero yo veo 
en ella el justo precio que debe pagar para 
obtener del Juez las medidas exorbitantes 
que reclama y, recíprocamente, la compen­
sación por este trato de favor, que debe 
beneficiar al deudor. Además puede pensar­
se que prácticamente los acreedores que 
deban recurrir a esto tendrán, en la mayoría 
de los casos, una organización que les per­
mita paliar este inconveniente. 
Sobre todo no estoy seguro de que los de­
mandantes obtengan el exequátur tan fácil­
mente como cree la Comisión. Limitándo­
nos a las relaciones entre los seis miembros 
originarios de la Comunidad, el presente 
asunto pone de manifiesto las vacilaciones 
de determinados órganos jurisdiccionales. 
¿Qué sucederá respecto a los tres Estados 
que aún no han ratificado el Convenio de 
Bruselas? 
La novedad de la orden conminatoria Mare-
va que, por añadidura, no parece que haya 
sido aceptada sin una cierta reticencia, me 
induce a pensar que la concesión de la 
fuerza ejecutoria a una resolución por la que 
se disponga una medida cautelar o preventi­
va a raíz de un procedimiento unilateral, no 
será cosa evidente para los órganos jurisdic­
cionales de los países de Common Law, 
incluso con independencia del hecho de 
que, en el estado actual de su Derecho, no 
conocen la ejecución directa de una resolu­
ción extranjera. 
En Dinamarca, incluso en el margen privile­
giado de la Comunidad de países nórdicos, 
una resolución no puede en principio ser 
reconocida y ejecutada más que con arreglo 
a la Ley n° 303 de 8 de junio de 1977, si es 
definitiva. En verdad pueden acogerse a esta 
Ley, por excepción, un cierto número de 
resoluciones no definitivas enumeradas en 
una lista exhaustiva, pero en ella no apare­
cen las resoluciones dictadas a raíz de un 
procedimiento unilateral. 
546
DENILAULER 
Veo en estas circunstancias una justifica­
ción de mi temor de que en el supuesto 
deseable de que se adhieran al Convenio el 
Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, algunos 
órganos jurisdiccionales requeridos se 
nieguen a reconocer y a hacer ejecutar 
resoluciones como las que dieron lugar a la 
presente cuestión prejudicial. Lejos de 
obtener el incremento de la seguridad 
jurídica y la libre circulación de las sen­
tencias en el mercado común sería entonces 
el resultado opuesto al pretendido por el 
Convenio de Bruselas el que, por desgracia, 
se alcanzaría. 
Esta es la razón por la que propongo al 
Tribunal de Justicia que se pronuncie a 
favor de la aplicación del número 2 del 
artículo 27, del número 2 del artículo 46 y 
del número 1 del artículo 47 a los procedi­
mientos en el marco de los cuales la adop­
ción de medidas cautelares y preventivas 
queda autorizada sin haber sido oída la 
parte contraria. 
IV. Mediante la tercera cuestión, el Tribu­
nal de apelación de Frankfurt pregunta al 
Tribunal de Justicia si el párrafo primero 
del artículo 36 del Convenio permite al 
deudor, en el marco del recurso que ha 
interpuesto contra la autorización dada põi­
el órgano jurisdiccional que ha pronunciado 
el exequátur para que se proceda a la ejecu­
ción de una medida cautelar y preventiva, 
formular alegaciones de defensa en cuanto 
al fondo, prescindiendo de la época en que 
tuvieron origen las razones en que se funda 
dicha defensa. 
En particular, el deudor ¿puede, en casos de 
este tipo, invocar la compensación en base 
a un crédito contra el demandante anterior a 
la concesión de la medida cautelar en el 
Estado de origen? 
Como destaca el propio órgano jurisdiccio­
nal de remisión, un motivo de oposición 
basado en la compensación de dos deudas 
es una alegación de defensa relativa al 
fondo o, en otros términos, relativa al Dere­
cho material. Ahora bien, forma parte de la 
esencia del Convenio no permitir que el 
órgano jurisdiccional requerido conozca del 
fondo de un asunto. 
Este principio se aplica evidentemente, 
como lo indica el Informe Jenard (Comenta­
rio sobre el artículo 37, p. 51), a los órganos 
jurisdiccionales ante los que se formulan las 
oposiciones contra las resoluciones que 
concedan el exequátur. 
Ciertamente será preciso admitir, sin duda, 
lo mismo que Jenard que, «el oponente, sin 
embargo, podrá presentar eficazmente 
motivos fundados en hechos posteriores a la 
decisión extranjera, por ejemplo probando 
que se ha liberado de la deuda después de 
que se pronunciara la decisión extranjera» 
(Comentario sobre el artículo 37, p. 51). Sin 
embargo, no es posible ampliar el alcance 
de esta excepción. No puede extenderse a 
motivos basados en hechos anteriores a la 
decisión extranjera que se haya de ejecutar. 
Si el Juez del exequátur tomara en conside­
ración un motivo relativo al fondo, invadiría 
indiscutiblemente la facultad de decisión del 
órgano jurisdiccional a quo competente 
547
CONCLUSIONES DEL SR. MAYRAS - ASUNTO 125/79 
para resolver definitivamente sobre el dere­
cho controvertido. Los órganos jurisdiccio­
nales competentes para hacerlo son los 
órganos jurisdiccionales competentes sobre 
el fondo y por lo tanto, en virtud del artícu­
lo 29, únicamente los órganos jurisdicciona­
les de origen. Es inconcebible, como subra­
ya el Gobierno italiano en sus observacio­
nes, que el recurso previsto en el artículo 36 
pueda producir el efecto de modificar los 
criterios normales de competencia jurisdic­
cional entre los Tribunales de diversos 
Estados contratantes. 
Conforme al sistema del Convenio, su obje­
to no puede sino limitarse a «comprobar si 
se cumplen los requisitos establecidos por el 
Convenio para otorgar la ejecución y, en 
consecuencia, autorizar el recurso a los 
trámites de ejecución». 
A estas observaciones válidas, sea cual 
fuere la naturaleza de la resolución del 
órgano jurisdiccional de origen, debe aña­
dirse una observación que se refiere especí­
ficamente a las resoluciones relativas a las 
medidas de carácter cautelar y preventivo. 
En cualquier caso, sólo pueden tomarse en 
consideración nuevos motivos de fondo si 
hubiere concluido el procedimiento extran­
jero. Ahora bien, cuando es una medida 
cautelar y preventiva la que ha sido autori­
zada por una resolución judicial, no se ha 
procedido aún, por definición, al examen 
definitivo del derecho afectado por tal 
medida. 
Además, en el caso particular de la ejecu­
ción en Alemania de una resolución extran­
jera de este tipo, admitir una defensa en 
cuanto al fondo llevaría a conceder al deu­
dor mayores posibilidades de resistencia a 
la ejecución de la resolución extranjera que 
a la de una resolución del mismo tipo dicta­
da en Alemania, como se desprende del 
artículo 916 y del párrafo primero del ar­
tículo 917 del Código de procedimiento 
civil (ZPO). Semejante resultado no puede 
admitirse. 
Por todo cuanto antecede, a mi juicio se 
impone una respuesta negativa a la cues­
tión tercera del órgano jurisdiccional de 
remisión. 
V. En estas circunstancias, paso a exami­
nar de forma subsidiaria su última cuestión, 
planteada únicamente para el caso de que la 
anterior recibiera una respuesta afirmativa. 
Partiendo de la hipótesis de que el órgano 
jurisdiccional que conoce en apelación 
contra la ejecución es competente para 
examinar las objeciones sobre el fondo, esta 
cuestión se refiere a la posibilidad de que el 
demandado plantee ante dicho órgano juris­
diccional las excepciones que ya formuló en 
el procedimiento seguido en el Estado de 
origen contra la resolución que ordenó una 
medida cautelar y preventiva que le afecte. 
Está claro que las normas relativas a la 
litispendencia que contiene el artículo 21 
del Convenio excluyen radicalmente seme­
jante posibilidad. Según esta disposición 
«cuando se formulen demandas que tengan 
el mismo objeto y la misma causa e impli­
quen a las mismas partes, ante tribunales de 
Estados contratantes diferentes, el tribunal 
548
DENILAULER 
ante el que se formule la segunda deberá, 
incluso de oficio, desistir en favor del tribu­
nal ante el que se formuló la primera». 
No hay ninguna razón para no aplicar dicha 
norma al caso particular descrito por el 
Tribunal de apelación en su cuestión. De 
esta forma se evitaría el riesgo de que el 
órgano jurisdiccional de apelación del 
Estado de origen y el de ejecución se con­
tradigan al pronunciarse sobre la misma 
cuestión. 
Como conclusión, propongo al Tribunal de Justicia que conteste de este modo a laş 
cuestiones planteadas por el Tribunal de apelación de Frankfurt am Main. 
1) El número 2 del artículo 27 y el número 2 del artículo 46 se aplican a los 
procedimientos en el marco de los cuales se acuerda la adopción de medidas 
cautelares y preventivas sin que la parte contraria haya sido oída. 
2) El número 1 del artículo 47, en cuanto establece que la parte que inste la 
ejecución deberá presentar cualquier documento que acreditare que la 
resolución que tiene que ejecutarse ha sido notificada, se aplica también a las 
resoluciones por las que se acuerda una medida cautelar y preventiva a raíz de 
un procedimiento unilateral. 
3) El demandado en un procedimiento de ejecución no está autorizado para alegar 
en dicho procedimiento una compensación que haya tenido lugar antes de que 
el órgano jurisdiccional de origen dictara la resolución. 
4) Lo mismo sucede, a fortiori, si ya alegó tal objeción en el marco de un recurso 
contra la resolución recaída en el Estado de origen. 
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