61979J0155
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 18 de mayo de 1982 (
*1
)
En el asunto 155/79,
AM & S Europe Limited, representada por los Sres. J. Lever QC, del Gray's Inn, C. Bellamy, Barrister, del Gray's Inn, y G. Child, Solicitor, de Slaughter and May, Londres, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes Elvinger y Hoss, 15, Côte d'Eich,
parte demandante,
apoyada en sus pretensiones por
— Reino Unido, representado por el Sr. W.H. Godwin, Principal Assistant Treasury Solicitor, en calidad de Agente, asistido por Rt. Hon. S.C. Silkin QC, del Middle Tempie, y por el Sr. D. Vaughan QC, del Inner Temple, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada británica, 28, boulevard Royal,
y
— Comisión Consultiva de los Colegios de Abogados de la Comunidad Europea (CCBE), representada por el Sr. D.A.O. Edward QC, Abogado de Escocia, y por el Sr. J.R. Thys, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de Mes E. Biever y L. Schütz, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
partes coadyuvantes,
contra
Comisión de las Comunidades Europeas, representada por su Consejero Jurídico, Sr. J. Temple Lang, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho de su Consejero Jurídico, Sr. M. Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
parte demandada,
apoyada en sus pretensiones por
República Francesa, representada por el Sr. N. Museux, en calidad de Agente, y por el Sr. A. Carnelutti, en calidad de agente adjunto, que designa como domicilio en Luxemburgo la sede de la Embajada de Francia, 2, rue Bertholet,
parte coadyuvante,
que tiene por objeto un recurso por el que se solicita al Tribunal de Justicia que
a)
controle, con arreglo al artículo 173 del Tratado CEE, la legalidad de la letra b) del artículo 1 de la Decisión 79/670 de la Comisión, de 6 de julio de 1979 (DO L 199, p. 31), en la que, a efectos de la correspondiente inspección (por la Comisión), se ordena a. la parte demandante que presente determinados documentos profesionales que ésta considera cubiertos por el «legal privilege»;
b)
declare nulo y sin efecto alguno, de conformidad con lo previsto en el artículo 174 del Tratado CEE, lo dispuesto en la letra b) del artículo 1 de la Decisión de 6 de julio de 1979; con carácter subsidiario, declare su nulidad, en la medida en que se ordena a la parte demandante que, a efectos de la inspección (por la Comisión), presente cada uno de estos documentos in extenso,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: J. Mertens de Wilmars, Presidente; G. Bosco, A. Touffait y O. Due, Presidentes de Sala; P. Pescatore, A.J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros y F. Grévisse, Jueces;
Abogado General: Sir Gordon Slynn;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
1
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 4 de octubre de 1979, la sociedad Australian Mining & Smelting Europe Limited (AM & S Europe), establecida en el Reino Unido, interpuso, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE, un recurso que tiene por objeto la anulación de la letra b) del artículo 1 de la Decisión individual 79/760 de la Comisión, de 6 de julio de 1979 (DO L 199, p. 31), notificada a la parte demandante y por la que se le ordena que presente a los agentes de la Comisión, encargados de realizar una inspección todos los documentos respecto de los cuales se invoca el «legal privilege» y que se mencionan en el anexo de la carta que AM & S Europe dirigió a la Comisión el 26 de marzo de 1979.
2
En apoyo de su recurso, la parte demandante alega que la correspondencia mantenida entre los Abogados y sus clientes está protegida en todos los Estados miembros, en virtud de un principio general común a todos ellos, si bien el alcance de esta protección y sus modalidades de aplicación varían según los distintos Estados. Dicho principio que, en opinión de la parte demandante, es de aplicación igualmente en Derecho comunitario, «dentro de los límites que, en su caso, se fijen», implica que, al efectuar una inspección ordenada en virtud del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no 17 del Consejo, de 21 de febrero de 1962 (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), la Comisión no puede exigir que se le presente, cuando menos en su texto íntegro, la correspondencia mantenida entre el Abogado y su cliente, cuando «la empresa invoque la protección y adopte medidas razonables destinadas a convencer a la Comisión» de que, en efecto, los documentos de que se trata están cubiertos por el «legal privilege».
3
Partiendo de esta premisa, la parte demandante afirma que se negaría el principio de confidencialidad si se permitiera que la autoridad encargada de efectuar una investigación o de proceder a una inspección, como, en el caso de autos, la Comisión, frente a la cual se ha invocado el principio de protección, examinase determinados documentos amparados por dicha protección, vulnerando el carácter confidencial de tales documentos. Sin embargo, la parte demandante reconoce que «la Comisión tiene prima facie derecho a examinar los documentos que obren en poder de una empresa», de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Reglamento no 17, y que, en virtud de esta potestad «será siempre la Comisión quien deba decidir si los documentos están o no protegidos, pero basándose en una descripción de los mismos», no en el examen íntegro de dichos documentos por parte de sus inspectores.
4
La parte demandante admite a este respecto que, en un primer momento, la empresa que invoque la protección deberá ofrecer a la Comisión elementos de apreciación suficientes, como la descripción de los documentos efectuada por la propia empresa y la presentación a los inspectores de la Comisión de «determinados extractos de los documentos», a excepción de los pasajes respecto de los cuales se haya invocado la protección, y ello, para convencer a dicha Institución de que los referidos documentos están efectivamente protegidos. Cuando la Comisión no esté convencida del carácter confidencial de los documentos de que se trate, la empresa deberá permitir «un examen efectuado por un tercero independiente que verifique la descripción del contenido de los documentos».
5
La Decisión impugnada, basada en el principio en virtud del cual corresponde a la Comisión determinar si un determinado documento puede utilizarse o no en una investigación, ordena a AM & S que permita a los inspectores de la Comisión examinar los documentos de que se trata en su integridad. Alegando que los referidos documentos reúnen los requisitos necesarios para poder beneficiarse de la protección legal en el sentido antes indicado, la parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que declare nula y sin efecto alguno la letra b) del artículo 1 de la citada Decisión y, con carácter subsidiario, que anule la letra b) del artículo 1 de la Decisión de 6 de julio de 1979, en la medida en que ordena presentar al inspector de la Comisión el texto íntegro de todos y cada uno de los documentos cuya protección, por su carácter confidencial, invoca la parte demandante.
6
El Gobierno del Reino Unido, parte coadyuvante, hace suyo en lo fundamental lo alegado por la parte demandante, afirmando que el principio de protección legal de la correspondencia mantenida entre los Abogados y sus clientes se reconoce como tal en los distintos países de la Comunidad, aunque no exista un concepto armonizado, único e invariable por lo que respecta a sus límites. Admite el Reino Unido, sin embargo, que este concepto puede articularse de manera distinta en los diversos Estados miembros.
7
Por lo que respecta al procedimiento más apropiado para resolver eventuales conflictos entre la empresa y la Comisión acerca del carácter confidencial de determinados documentos, el Gobierno del Reino Unido propone que, cuando el inspector de la Comisión no quede convencido con los elementos de prueba aportados por la empresa, se recurra a un perito independiente y, en su caso, si no se llega a un acuerdo, la parte interesada interponga el correspondiente recurso ante este Tribunal de Justicia contra la Decisión adoptada por la Comisión en virtud del Reglamento no 17.
8
La Comisión Consultiva de los Colegios de Abogados de la Comunidad Europea (CCBE), parte coadyuvante también en apoyo de las pretensiones de la parte demandante, estima, por su parte, que el derecho al secreto de las comunicaciones entre el Abogado y su cliente (en ambos sentidos) se reconoce como derecho fundamental, constitucional o como un derecho humano, que es accesorio o complementario de otros derechos similares expresamente reconocidos y que, como tal, debería reconocerse y aplicarse como un elemento integrante del ordenamiento jurídico comunitario. Tras explicar que no se trata de un concepto estático, sino en evolución constante, la CCBE concluye afirmando que, cuando la empresa y la Comisión discrepen acerca del carácter confidencial de un determinado documento, la vía más adecuada para su resolución es el dictamen o el arbitraje. Suponiendo, por otra parte, que el Tribunal de Justicia sea el único órgano competente para resolver dicha discrepancia, deberá limitarse a verificar el carácter, en su caso, confidencial de los documentos de que se trate, a la luz de un dictamen pericial ordenado de conformidad con lo previsto en el artículo 49 del Reglamento de Procedimiento.
9
La Comisión se opone a esta línea argumentai afirmando que, aunque en Derecho comunitario exista un principio general de protección de la confidencialidad de la correspondencia entre los Abogados y sus clientes, el ámbito de esta protección no puede definirse de manera general y abstracta, sino que ha de determinarse teniendo presentes las particularidades de la normativa comunitaria de que se trate, considerada en función de su tenor literal, de su sistemática y de las exigencias a las que responda.
10
La Comisión deduce de lo dicho que una interpretación correcta del artículo 14 del Reglamento no 17 excluye la posibilidad de que dicho principio, tal y como ha sido invocado por la parte demandante, pueda aplicarse a los documentos cuya presentación sea exigida en una inspección ordenada en virtud de dicho artículo, incluida la correspondencia mantenida entre la empresa afectada y sus Abogados.
11
En opinión de la Comisión, la tesis de la parte demandante es tanto más inaceptable cuanto que no ofrece a nivel práctico ningún medio eficaz para que los inspectores puedan cerciorarse del contenido y de la naturaleza real de los documentos de referencia. Por el contrario, a causa de la dilación inherente a todo procedimiento de arbitraje -suponiendo que éste fuese jurídicamente admisible-, las soluciones propuestas al respecto por la parte demandante retrasarían seriamente, incluso harían inoperante, la actuación de la Comisión tendente a descubrir posibles infracciones a los artículos 85 y 86 del Tratado, frustrando, de esta manera, el objetivo fundamental del Reglamento no 17.
12
El Gobierno de la República Francesa, parte coadyuvante en apoyo de las pretensiones de la Comisión, alega que, en su fase actual de desarrollo, el Derecho comunitario no contiene disposición alguna que consagre la protección de los documentos intercambiados entre un asesor legal y su cliente, de lo que deduce que la Comisión debe poder ejercer las facultades conferidas por el artículo 14 del Reglamento no 17 sin que pueda oponerse a dicho ejercicio el carácter confidencial de los documentos que estime necesario conocer para el cumplimiento de la función asignada por el citado Reglamento. En opinión del referido Gobierno, otorgar al asesor legal y a la empresa sometida a un procedimiento en materia de competencia la facultad de decidir si un documento está o no protegido no sólo vulneraría el Derecho comunitario, sino que supondría igualmente el riesgo de graves distorsiones en la aplicación de las disposiciones reguladoras de la competencia.
13
Tanto de los términos de la demanda como del fundamento legal de la Decisión recurrida se desprende que el presente litigio tiene básicamente por objeto la interpretación del artículo 14 del Reglamento no 17 del Consejo, de cara a determinar los límites a los que puede sujetarse, en su caso, el ejercicio de la facultad de inspección de la Comisión, contemplada en la citada disposición, como consecuencia de la protección legal concedida a la confidencialidad de la correspondencia mantenida entre los Abogados y sus clientes.
14
Una vez comprobada la existencia de tal protección en Derecho comunitario y definidos los requisitos relativos a su aplicación, ha de determinarse qué documentos, de entre los enumerados en la letra b) del artículo 1 de la Decisión recurrida, pueden considerarse, en su caso, confidenciales y, por ello, inmunes a la potestad de inspección de la Comisión. Puesto que la propia parte demandante ya ha puesto voluntariamente en conocimiento de la Comisión una parte de estos documentos, los únicos que deben ser objeto de examen son los presentados en sobre cerrado, en la Secretaría de este Tribunal, el 9 de marzo de 1981, en cumplimiento del auto del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 1981, por el que se ordena la reapertura de la fase oral del presente procedimiento.
a) Sobre la interpretación del artículo 14 del Reglamento no 17
15
El Reglamento no 17 del Consejo, adoptado de acuerdo con el párrafo primero del apartado 1 del artículo 87 del Tratado, tiene por objeto, según las letras a) y b) del apartado 2 del mismo artículo, garantizar la observancia de las prohibiciones mencionadas en los artículos 85 y 86 del Tratado y determinar las modalidades de aplicación del apartado 3 del artículo 85. De esta manera, el Reglamento debe garantizar la realización del objetivo contemplado en la letra f) del artículo 3 del Tratado. Para ello, atribuye a la Comisión una amplia potestad de investigación e inspección, precisando, en su octavo considerando, que esta Institución ha de disponer, en todo el mercado común, del poder de exigir las informaciones y de proceder a las inspecciones «que sean necesarias» para descubrir posibles infracciones de los artículos 85 y 86, ya citados.
16
De esta manera, los artículos 11 y 14 del Reglamento prevén que la Comisión puede recabar «las informaciones» y proceder a las inspecciones «necesarias» para perseguir las infracciones a las normas de la competencia. El apartado 1 del artículo 14 habilita, en concreto, a la Comisión para exigir la presentación de documentos profesionales, esto es, de aquellos documentos ligados a la actividad mercantil de la empresa, especialmente en lo relativo al respeto de las normas reguladoras de la competencia. En la medida en que se refiera a dicha actividad, la correspondencia mantenida entre Abogado y cliente entra dentro del tipo de documentos contemplados en los referidos artículos 11 y 14.
17
Por otro lado, puesto que los documentos que la Comisión puede exigir son, según el apartado 1 del artículo 14, aquellos que estime «necesario» conocer para poder comprobar la existencia de una infracción a las normas del Tratado reguladoras de la competencia, corresponde, en principio, a la propia Comisión, y no a la empresa interesada o a un tercero, sea un experto o un arbitro, decidir si un determinado documento debe serle presentado o no.
b) Sobre la aplicabilidad de la protección de la confidencialidad en Derecho comunitario
18
Sin embargo, la citada normativa no excluye la posibilidad de reconocer, siempre que se respeten determinadas condiciones, el carácter confidencial de determinados documentos profesionales. En efecto, el Derecho comunitario, surgido de una interpenetración no sólo económica, sino también jurídica, de los Estados miembros, debe tener en cuenta los principios y nociones comunes a los Derechos de dichos Estados en materia de respeto de la confidencialidad, especialmente por lo que respecta a la comunicación entre los Abogados y sus clientes. Esta confidencialidad responde, en efecto, a la exigencia, cuya importancia se reconoce en todos los Estados miembros, de que todo justiciable debe poder dirigirse con entera libertad a su Abogado, profesión a la que es propia la función de asesorar jurídicamente, con independencia, a todos aquellos que lo soliciten.
19
Por lo que respecta a la protección de la correspondencia entre los Abogados y sus clientes, los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros ponen de manifiesto que, si bien el principio de protección se reconoce con carácter general, su alcance y los criterios para su aplicación varían, como, por otra parte, admiten tanto la parte demandante como las partes coadyuvantes que intervienen en apoyo de sus pretensiones.
20
Si bien en determinados Estados miembros la protección de la confidencialidad de la correspondencia entre Abogados y clientes se fundamenta principalmente en el reconocimiento de la propia naturaleza de la profesión de Abogado, como profesión que coopera al respeto de la legalidad, en otros Estados miembros, esta misma protección se justifica por la exigencia más específica -por lo demás, también reconocida en los primeros Estados- del respeto de los derechos de defensa.
21
Más allá de estas diversidades, los Derechos internos de los Estados miembros revelan, no obstante, la existencia de criterios comunes, por cuanto protegen, en condiciones similares, la confidencialidad de la correspondencia entre los Abogados y sus clientes, siempre que, por un lado, se trate de la correspondencia mantenida en el marco y en interés de los derechos de defensa del cliente y, por otro lado, se trate de Abogados independientes, es decir, no vinculados a su cliente mediante una relación laboral.
22
En este contexto, el Reglamento no 17 debe interpretarse en el sentido de que también protege la confidencialidad de la correspondencia entre Abogados y clientes, siempre que se cumplan esos dos requisitos, recogiendo, así, los elementos constitutivos de esta protección comunes a los Derechos de los Estados miembros.
23
Por lo que respecta al primero de estos dos requisitos, el propio Reglamento no 17, en su undécimo considerando y en su artículo 19, se preocupa por salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos de defensa, del que la protección de la confidencialidad de la correspondencia entre Abogados y clientes constituye un complemento necesario. Para poder ser eficaz, esta protección debe entenderse en el sentido de que ampara de pleno Derecho cualquier correspondencia mantenida una vez ya incoado el procedimiento administrativo regulado en el Reglamento no 17, que puede dar lugar a una Decisión de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado o de imposición a la empresa de una sanción pecuniaria. La protección deberá poder extenderse igualmente a la correspondencia anterior relacionada con el objeto de dicho procedimiento.
24
Por lo que respecta al segundo requisito, ha de precisarse que la exigencia relativa a la situación y calidad de Abogado independiente que debe reunir el asesor legal del que emane la correspondencia protegible procede de la concepción de la función del Abogado como un colaborador de la Justicia que debe proporcionar, con toda independencia y en el interés superior de ésta, la asistencia legal que el cliente necesita. La contrapartida de esta protección es la disciplina profesional, impuesta y controlada en interés general por las instituciones habilitadas al efecto. Tal concepción responde a las tradiciones jurídicas comunes a los Estados miembros y se encuentra igualmente en el ordenamiento jurídico comunitario, como se desprende del artículo 17 del Estatuto del Tribunal de Justicia CEE y CEEA, así como del artículo 20 del Estatuto del Tribunal de Justicia CECA.
25
En vista de los principios contenidos en el Tratado relativos a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios, la protección así otorgada por el Derecho comunitario, en particular en el marco del Reglamento no 17, a la correspondencia entre los Abogados y sus clientes debe aplicarse indistintamente a todos los Abogados habilitados para ejercer en algún Estado miembro, cualquiera que sea el Estado de residencia del cliente.
26
Esta protección no puede extenderse más allá de este marco, determinado por el alcance de las normas comunes relativas al ejercicio de la profesión de Abogado, recogidas en la Directiva 77/249 del Consejo, de 22 de marzo de 1977 (DO L 78, p. 17; EE 06/01, p. 224), basada, a su vez, en el reconocimiento mutuo entre todos los Estados miembros de los conceptos propios de su Derecho interno en la materia.
27
En virtud de lo expuesto, procede afirmar que, si bien el Reglamento no 17, y, en particular su artículo 14, interpretado a la luz de su tenor, de su sistema y de los objetivos, y teniendo presente el Derecho de los Estados miembros, habilita a la Comisión, cuando efectúe una inspección con arreglo al artículo citado, a exigir que se le presenten todos los documentos profesionales que estime necesario conocer, incluida la correspondencia entre Abogado y cliente, para perseguir posibles infracciones de los artículos 85 y 86 del Tratado, esta facultad se ve, sin embargo, limitada por la exigencia del respeto de la confidencialidad, en las condiciones arriba expuestas, y por la circunstancia de que la correspondencia de que se trate haya sido intercambiada entre un Abogado independiente, es decir, no vinculado al cliente por una relación laboral, y este último.
28
Procede observar, por último, que el principio de confidencialidad no se opone a que el cliente de un Abogado revele la correspondencia mantenida entre ambos si lo considera oportuno.
c) Sobre los procedimientos relativos a la aplicación de la protección de la confidencialidad
29
Cuando una empresa sometida a inspección conforme al artículo 14 del Reglamento no 17 invoca la protección de la confidencialidad para negarse a presentar, entre los documentos profesionales exigidos por la Comisión, la correspondencia mantenida con su Abogado, le corresponde, en todo caso, facilitar a los agentes de la Comisión los elementos de prueba que permitan determinar si dicha correspondencia reúne los requisitos que justifican su protección legal en el sentido antes indicado, sin por ello tener que desvelar el contenido de aquélla.
30
Si la Comisión estima que no se ha aportado tal prueba, la apreciación de estos requisitos no puede atribuirse a un arbitro o a una autoridad nacional. Tratándose de una apreciación y de una decisión que afecta a las condiciones de actuación de la Comisión en un ámbito tan esencial para el funcionamiento del mercado común como el del respeto de las normas sobre competencia, la resolución de las discrepancias relativas a la aplicación de la protección de la confidencialidad de la correspondencia entre los Abogados y sus clientes sólo puede alcanzarse a nivel comunitario.
31
En tal caso, corresponde a la Comisión ordenar, al amparo del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento no 17, la presentación de la correspondencia discutida y, en su caso, imponer a la empresa una multa, conforme a lo dispuesto en el mismo Reglamento, para sancionar la negativa de la empresa a aportar los elementos de prueba adicionales que la Comisión estime necesarios o a presentar tal correspondencia que, en opinión de la Comisión, no tenga un carácter confidencial legalmente protegido.
32
El hecho de que, en virtud del artículo 185 del Tratado CEE, el recurso interpuesto por la empresa contra este tipo de Decisiones no tenga efecto suspensivo permite responder a la preocupación manifestada por la Comisión por las consecuencias que la duración del procedimiento ante el Tribunal de Justicia puede tener para la eficacia del control que la Comisión debe ejercer sobre el respeto de las normas sobre competencia del Tratado, mientras que, por otra parte, los intereses de dicha empresa quedan salvaguardados por la facultad prevista en los artículos 185 y 186, así como en el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento, de ordenar la suspensión de la ejecución de la Decisión adoptada, o cualquier otra medida provisional.
d) Sobre la confidencialidad de los documentos controvertidos
33
De ios documentos presentados por la parte demandante ante este Tribunal de Justicia el 9 de marzo de 1981 se desprende que la práctica totalidad de la correspondencia en ellos contenida se redactó o se refiere a dictámenes jurídicos emitidos entre finales de 1972 y el primer semestre de 1973.
34
La correspondencia de que se trata se mantuvo durante los períodos inmediatamente anterior y posterior a la adhesión del Reino Unido a la Comunidad y su objeto fundamental era la manera de evitar un eventual conflicto entre la parte demandante y las autoridades comunitarias, en relación con la situación de aquélla a la luz de las disposiciones comunitarias en materia de competencia. Estas circunstancias justifican el hecho de que, a pesar del período de tiempo que la separa del momento en que se inició el procedimiento, dicha correspondencia deba considerarse amparada por el respeto de los derechos de defensa y de la función específica que, a este respecto, incumbe al Abogado. Por consiguiente, debe reconocérsele carácter confidencial.
35
Dada esta conexidad y según lo anteriormente expuesto, en la medida en que procede de un Abogado independiente, habilitado para ejercer en un Estado miembro, la correspondencia discutida debe, por consiguiente, considerarse confidencial y excluida, por ello, de la facultad de inspección de la Comisión, contemplada en el artículo 14 del Reglamento no 17.
36
A la vista de la naturaleza de dicha correspondencia, procede anular la letra b) del artículo 1 de la Decisión impugnada en la medida en que ordena a la parte demandante presentar los documentos mencionados en el anexo de la carta que Australian Mining & Smelting Europe Limited dirigió a la Comisión el 26 de marzo de 1979 y que se enumeran en la lista de los documentos presentados a este Tribunal de Justicia, el 9 de marzo de 1981, bajo los números 1, letras a) y b), 4, letras a) a f), 5 y 7.
37
Por el contrario, procede desestimar el recurso, en la medida en que se dirige contra la citada letra b) del artículo 1, por lo que se refiere a los demás documentos, distintos de los antes mencionados, que también se enumeran en dicho anexo y en dicha lista y que aún no han sido presentados a la Comisión.
Costas
38
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Según el apartado 3 del mismo artículo, el Tribunal de Justicia podrá imponer el pago de las mismas parcialmente o en su totalidad, cuando sean desestimadas respectivamente una o varias de las pretensiones de las partes, o por circunstancias excepcionales.
39
Por haber sido desestimados algunos de los motivos de cada una de las partes, principales y coadyuvantes, procede repartir el pago de las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:
1)
Anular la letra b) del artículo 1 de la Decisión 79/760 de la Comisión, de 6 de julio de 1979, en la medida en que ordena a la parte demandante presentar los documentos mencionados en el anexo de la carta que Australian Mining & Smelting Europe Limited dirigió a la Comisión el 26 de marzo de 1979 y que se enumeran en la lista de los documentos presentados a este Tribunal de Justicia, el 9 de marzo de 1981, bajo los números 1, letras a) y b), 4, letras a) a f), 5 y 7.
2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.
3)
Cada una de las partes, principales y coadyuvantes, cargará con sus propias costas.
Mertens de Wilmars
Bosco
Touffait
Due
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Chloros
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de mayo de 1982.
El Secretario
P. Heim
El Presidente
J. Mertens de Wilmars
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.