62018TJ0406_RES
Asunto T‑406/18
de Volksbank NV
contra
Junta Única de Resolución (JUR)
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima ampliada) de 12 de febrero de 2025
«Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Fondo Único de Resolución (FUR) — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para el período de contribución 2018 — Artículos 4, 14 y 16 del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 — Principio de buena administración»
Política económica y monetaria — Política económica — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR) — Cálculo de tales aportaciones basado en los estados financieros anuales aprobados más recientes y certificados el 31 de diciembre del año anterior al período de contribución — Estados financieros correspondientes a un ejercicio contable iniciado el penúltimo año anterior a dicho período y cerrado el año anterior a ese mismo período
[Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, arts. 12, ap. 2, y 14, aps. 1 a 3]
(véanse los apartados 65 a 67)
Política económica y monetaria — Política económica — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR) — Determinación de la aportación de una entidad — Método de determinación del pasivo neto — Fusión entre entidades de crédito durante el período de contribución — Incremento importante de los pasivos como consecuencia de esa fusión — Uso de datos inherentes a diferentes momentos del período de contribución — Principio de buena administración — Obligación de la Junta Única de Resolución (JUR) de examinar, detenida e imparcialmente, todos los elementos pertinentes para el cálculo de las aportaciones — No consideración de dichos elementos pertinentes — Violación del principio de buena administración — Improcedencia
[Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 70, ap. 2, párr. 2, letra a); Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, arts. 4, ap. 1, y 14, ap. 1; Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 103, ap. 2]
(véanse los apartados 72, 85 a 87 y 90 a 92)
Política económica y monetaria — Política económica — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR) — Determinación de la aportación ex ante — Momento pertinente para determinar los pasivos totales de una entidad de crédito — Facultad de apreciación de la Junta Única de Resolución (JUR) — Límites — Principio de buena administración — Obligación de reflejar con precisión el tamaño de las entidades afectadas y el riesgo asociado en función de los pasivos de estas
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41; Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 70, ap. 2, párr. 2, letra a); Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, arts. 4, ap. 1, y 14, ap. 1; Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 103, ap. 2]
(véanse los apartados 73, 74, 77, 78 y 80 a 83)
Resumen
El Tribunal General, que conoce de un recurso de anulación, que estima, se pronuncia, por vez primera, sobre el método con el que la Junta Única de Resolución (JUR) calcula las aportaciones ex ante de las entidades sujetas y sobre los componentes de dicho cálculo, en caso de fusión entre dos entidades de crédito.
La demandante, de Volksbank NV, anteriormente SNS Bank NV, es una entidad de crédito con domicilio social en los Países Bajos.
En 2016, el grupo compuesto por SNS Bank y sus dos filiales fue objeto de una reestructuración, al término de la cual, el 31 de diciembre de 2016, estas dos filiales fueron absorbidas por SNS Bank y esta pasó a denominarse de Volksbank el 1 de enero de 2017 (en lo sucesivo, «fusión de 2016»). Esta absorción conllevó la retirada de las autorizaciones bancarias de esas dos filiales, dejando a la demandante en 2017 como única entidad comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.o 806/2014. (
1
)
Mediante Decisión de 12 de abril de 2018, (
2
) la JUR estableció las aportaciones ex ante al FUR (en lo sucesivo, «aportaciones ex ante») (
3
) de 2018 de las entidades a las que se aplican las disposiciones de este último Reglamento, entre ellas la demandante. Mediante escrito de 23 de abril de 2018, De Nederlandsche Bank NV (DNB) (Banco de los Países Bajos), en su condición de autoridad nacional de resolución, exigió a la demandante el pago de su aportación ex ante para 2018, en los términos que había establecido la JUR.
El 8 de agosto de 2022, la JUR adoptó la Decisión impugnada, (
4
) mediante la que revocaba y sustituía la Decisión inicial respecto de determinadas entidades, entre ellas la demandante, con el fin de subsanar, a la luz de diferentes resoluciones del Tribunal de Justicia, (
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) la falta de motivación de la Decisión inicial. Para calcular el pasivo neto de la demandante y, por tanto, su contribución anual de base, la JUR utilizó, por una parte, el importe de los pasivos totales de la demandante a 31 de diciembre de 2016, partiendo, por tanto, de datos posteriores a la fusión de 2016, y, por otra parte, el importe medio de sus depósitos con cobertura, calculado trimestralmente, en el año 2016, importe que fue determinado, por tanto, sobre la base de datos que eran en gran parte anteriores a esa fusión (en lo sucesivo, «método utilizado por la JUR»). En este contexto, habida cuenta del método utilizado por la JUR, la demandante, en apoyo de su recurso de anulación contra la Decisión impugnada, reprocha en particular a la JUR haber recurrido para calcular su aportación ex ante a datos relativos a diferentes momentos.
Apreciación del Tribunal General
Con carácter preliminar, el Tribunal General recuerda que del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 (
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) se desprende que incumbe a la JUR determinar la aportación ex ante de cada entidad a tenor de la información facilitada por cada entidad y, concretamente, mediante los estados financieros anuales aprobados más recientes disponibles, como muy tarde, el 31 de diciembre del año anterior al período de contribución (en lo sucesivo, «año N‑1»), acompañados del dictamen emitido por el auditor legal o por las entidades de auditoría. Señala además que, habida cuenta del tiempo necesario para ultimar esos estados financieros, esta información se refiere, por regla general, al penúltimo año anterior al período de contribución de que se trate o, en circunstancias excepcionales, a un ejercicio contable que haya comenzado en ese penúltimo año y haya sido cerrado en el año N‑1 (en lo sucesivo, por lo que respecta a ambos períodos, «año de referencia N‑2»).
En cuanto a que, para calcular el pasivo neto y, por tanto, la aportación ex ante de la demandante, la JUR recurriera a datos relativos a diferentes momentos, el Tribunal General examina si, cuando la JUR tiene en cuenta el importe medio de los depósitos con cobertura, calculado trimestralmente, del año de referencia N‑2, puede tener en cuenta al mismo tiempo, para idéntico cálculo, el importe de los pasivos totales tal como se presenta al final del año de referencia N‑2 y no el importe medio de los pasivos totales calculado trimestralmente, que, por otra parte, incluye el importe de los depósitos con cobertura.
A este respecto, el Tribunal General señala que ni el Reglamento Delegado 2015/63 ni la Directiva 2014/59 ni el Reglamento n.o 806/2014 contienen preceptos concretos acerca de la obligación de la JUR, en la determinación del pasivo neto, de tener en cuenta el importe de los pasivos totales al final del año de referencia N‑2 o el importe medio de estos en ese año. Por consiguiente, el Reglamento Delegado 2015/63 (
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) confiere a la JUR cierta facultad de apreciación en cuanto al momento pertinente para determinar el importe de los pasivos totales a efectos del cálculo del pasivo neto.
Sin embargo, en el ejercicio de tal facultad de apreciación, el Tribunal General precisa, por una parte, que el principio de buena administración (
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) obliga a las instituciones y órganos de la Unión a examinar, detenida e imparcialmente, todos los elementos pertinentes del asunto de que se trate. Por otra parte, por lo que respecta específicamente a la materia de que se trata, la contribución anual de base, tal como se establece en la Directiva 2014/59 y en el Reglamento n.o 806/2014, (
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) tiene como fundamento un importe proporcional del pasivo neto de cada entidad con respecto a los pasivos netos de las demás entidades. Esa ratio muestra la estructura general del régimen de las aportaciones ex ante, según la cual la contribución anual de base debe reflejar, ante todo, el tamaño de las entidades en función de sus pasivos. (
10
)
Así pues, el tamaño de una entidad representa una primera indicación del riesgo que esta plantea, ya que cuanto mayor sea una entidad, mayor será la probabilidad de que, en caso de dificultades, la JUR considere de interés público proceder a su resolución y recurrir al mecanismo del FUR para garantizar una aplicación efectiva de los instrumentos de resolución. En este contexto, el Tribunal General ya ha declarado que la contribución anual de base debe reflejar el tamaño de las entidades con el fin de garantizar que se proporcionen al Mecanismo Único de Resolución recursos financieros suficientes para una aplicación eficiente de los instrumentos de resolución. En estas circunstancias, corresponde a la JUR calcular las contribuciones anuales de base de modo que reflejen con suficiente precisión el tamaño de las entidades afectadas y el riesgo asociado en función de los pasivos de estas, de manera que las entidades que tengan pasivos importantes abonen aportaciones ex ante mayores que las entidades con pasivos más limitados —sin perjuicio del ajuste de tales aportaciones a la luz de los indicadores de riesgo en cuestión— y que se incentive a las entidades para que operen con arreglo a modelos menos arriesgados reduciendo, en particular, sus pasivos netos.
Pues bien, aunque el método utilizado por la JUR pueda reflejar, por lo general, con suficiente precisión, el tamaño de las entidades afectadas, quizás no sea así en algunos supuestos concretos en los que los pasivos totales y los depósitos con cobertura de una entidad determinada experimentan una evolución importante en el año de referencia N‑2 que vaya más allá de las fluctuaciones normales de esos pasivos en el año. Esta evolución puede resultar, en particular, de una modificación de la estructura de dicha entidad, como la que tiene lugar a raíz de una fusión o de una absorción. Frente a esa situación concreta, del principio de buena administración se deduce que la JUR estará obligada a examinar, detenida e imparcialmente, todos los elementos pertinentes del asunto de que se trate al ejercer su facultad de apreciación.
Por consiguiente, cuando una entidad presenta a la JUR datos concretos, cuantificados y verificables, de los que resulta que, como consecuencia de una modificación sustancial de su estructura en el año de referencia N‑2, sus pasivos totales y el importe de sus depósitos con cobertura han experimentado una evolución importante, de modo que el método de cálculo de los pasivos netos ya no refleja su tamaño con suficiente precisión, incumbe a la JUR tener en cuenta tales elementos para asegurarse de que el cálculo del pasivo neto de la entidad afectada cumple los requisitos antes mencionados.
En el caso de autos, el Tribunal General señala, en primer lugar, que la fusión de 2016 entre la demandante y las filiales absorbidas supuso que, a 31 de diciembre de 2016, el importe de los pasivos totales de la demandante hubiese aumentado mucho, en la medida en que incluye —a diferencia de los tres primeros trimestres de 2016— los importes de los pasivos totales y de los depósitos con cobertura de sus antiguas filiales.
En segundo lugar, para calcular el pasivo neto de la demandante y su contribución anual de base, la JUR utilizó el importe de los pasivos totales en virtud de los datos disponibles a 31 de diciembre de 2016, mientras que, para el importe de los depósitos con cobertura que se detrae del importe de los pasivos totales, tuvo en cuenta el importe medio de los depósitos con cobertura de la demandante, calculado trimestralmente, en 2016.
Por lo que respecta a los depósitos con cobertura que se detrajeron del importe de los pasivos totales para calcular el pasivo neto de la demandante, el método utilizado por la JUR solo tuvo parcialmente en cuenta la fusión de 2016. En cambio, por lo que respecta a la determinación del importe de los pasivos totales de la demandante, la JUR se basó únicamente en el estado de la totalidad de los pasivos de aquella a 31 de diciembre de 2016, es decir, en el importe resultante de la fusión de 2016. Por tanto, no tuvo en cuenta los importes de los pasivos totales de la demandante al final de los tres primeros trimestres de 2016, que no incluían la totalidad de los pasivos de las filiales absorbidas.
Pues bien, de tales datos resulta que el cálculo de sus pasivos totales, primer componente del cálculo del pasivo neto, está íntegramente basado en la situación de la demandante a raíz de la fusión de 2016, mientras que el cálculo del importe de sus depósitos con cobertura, segundo componente de esa misma operación, que había que restar después a los pasivos totales, se basó, en gran parte, en la situación de la demandante antes de la fusión. Por tanto, habida cuenta de la magnitud de la modificación de todos esos pasivos con la fusión de 2016, el cálculo del pasivo neto citado no reflejaba, con suficiente precisión, el tamaño de la demandante ni, por tanto, el riesgo asociado. Así pues, la JUR no tuvo en cuenta todos los elementos pertinentes del asunto de que se trata al ejercer su facultad de apreciación para asegurarse de que el cálculo del pasivo neto de la demandante cumpliese los requisitos antes citados.
En consecuencia, el Tribunal General considera que la JUR ejerció su facultad de apreciación en el cálculo de la contribución anual de base de la demandante de un modo que infringe el artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63 (
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) y viola el principio de buena administración y anula la Decisión impugnada en la medida en que afecta a la demandante.
(
1
)	Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
(
2
)	Decisión SRB/ES/SRF/2018/03 de la JUR, de 12 de abril de 2018, sobre el cálculo de las aportaciones ex ante para 2018 al Fondo Único de Resolución (FUR) (en lo sucesivo, «Decisión inicial»).
(
3
)	De conformidad con el artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.o 806/2014.
(
4
)	Decisión SRB/ES/2022/46 de la JUR, de 8 de agosto de 2022, por la que se revoca la Decisión SRB/ES/SRF/2018/03 de la JUR, de 12 de abril de 2018, relativa a las aportaciones ex ante 2018 al FUR (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
(
5
)	Sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR (C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601), y autos de 3 de marzo de 2022, JUR/Hypo Vorarlberg Bank (C‑663/20 P, no publicado, EU:C:2022:162) y JUR/Portigon y Comisión (C‑664/20 P, no publicado, EU:C:2022:161).
(
6
)	Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la resolución (DO 2015, L 11, p. 44).
(
7
)	En concreto, los artículos 4, apartado 1, y 14, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63.
(
8
)	Tal como se establece en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(
9
)	Artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59 y artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014.
(
10
)	Como se desprende de los trabajos preparatorios de la Directiva 2014/59 y del considerando 5 del Reglamento Delegado 2015/63.
(
11
)	Interpretado de conformidad con el artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59 y con el artículo 70, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.o 806/2014.