Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 26 de febrero de 2026 (*)
« Procedimiento prejudicial — Medio ambiente — Conservación de las aves silvestres — Directiva 2009/147/CE — Prohibición de perturbar intencionadamente a las aves — Artículo 5, letra d) — Proyecto de construcción de una carretera que conlleva la posibilidad de perturbar determinados especímenes de ciertas especies — Medidas para prevenir y mitigar las perturbaciones — Prueba de la eficacia de estas medidas — Evaluación motivada de un perito judicial »
En el asunto C‑131/24,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo, Austria), mediante resolución de 15 de febrero de 2024, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de febrero de 2024, en el procedimiento entre
Umweltorganisation VIRUS — Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales,
Bürgerinitiative «Nein zur Spange Wörth»,
Umweltorganisation Verein Lebenswertes Traisental,
Umweltorganisation FG LANIUS — Forschungsgemeinschaft für regionale Faunistik und angewandten Naturschutz,
A. H. y otros,
y
Land Niederösterreich, representado por el Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung — ST3,
con intervención de:
Land Niederösterreich, representado por el Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus, Abteilung Anlagenrecht — WST1,
Stadt St. Pölten,
Marktgemeinde Ober-Grafendorf,
Autobahnen‑ und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin, S. Gervasoni (Ponente) y M. Bošnjak, Jueces;
Abogada General: Sra. J. Kokott;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–        en nombre de Umweltorganisation VIRUS — Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales, por el Sr. W. Rehm;
–        en nombre de Bürgerinitiative «Nein zur Spange Wörth», por el Sr. W. Schachinger, Rechtsanwalt;
–        en nombre del Land Niederösterreich, representado por el Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung — ST3, por los Sres. M. Hecht y J. Peer, Rechtsanwälte;
–        en nombre de Stadt St. Pölten, por el Sr. C. Schneider, Rechtsanwalt;
–        en nombre de Autobahnen‑ und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG), por los Sres. C. Holzer y C. Schmelz, Rechtsanwälte;
–        en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch, la Sra. J. Schmoll y el Sr. M. Kopetzki, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno checo, por la Sra. L. Langrová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–        en nombre del Gobierno sueco, por la Sra. C. Meyer-Seitz, en calidad de agente;
–        en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. C. Hermes y N. Ruiz García, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 18 de septiembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2 y 5 de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 2010, L 20, p. 7; en lo sucesivo, «Directiva sobre las aves»).
2        La petición de decisión prejudicial se ha presentado en el marco de un litigio entre la Umweltorganisation VIRUS — Verein Projektwerkstatt für Umwelt und Soziales (Asociación Taller de Proyectos para el Medio Ambiente y Sociales; en lo sucesivo, «VIRUS»), la Bürgerinitiative «Nein zur Spange Wörth» (iniciativa ciudadana No al Enlace de Wörth), la Umweltorganisation Verein Lebenswertes Traisental (Asociación Un valle de Traisen donde se viva bien), la Umweltorganisation FG LANIUS — Forschungsgemeinschaft für regionale Faunistik und angewandten Naturschutz (FG LANIUS — Comunidad de Investigación en Faunística Regional y Protección de la Naturaleza Aplicada) y A. H. y otros, y el Land Niederösterreich (estado federado de Baja Austria), representado por el Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Landesstraßenplanung — ST3 (Oficina del Gobierno del Estado Federado de Baja Austria, servicio de Planificación de Carreteras bajo la Competencia del Estado Federado — ST3), en relación con la decisión de autorizar la construcción de una carretera nacional.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva sobre las aves
3        Los considerandos 3, 5, 7 y 8 de la citada Directiva indican lo siguiente:
«(3)      En el territorio europeo de los Estados miembros, una gran cantidad de especies de aves que viven normalmente en estado salvaje padecen de una regresión en su población, muy rápida en algunos casos, y dicha regresión constituye un grave peligro para la conservación del medio natural, en particular debido a la amenaza que supone para el equilibrio biológico.
[…]
(5)      La conservación de las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros es necesaria para la realización de los objetivos de la Comunidad [Europea] en los ámbitos de la mejora de las condiciones de vida y de desarrollo sostenible.
[…]
(7)      La conservación tiene por objetivo la protección a largo plazo y la administración de los recursos naturales como parte integrante del patrimonio de los pueblos europeos. Permite la regulación de dichos recursos y de su explotación sobre la base de las medidas necesarias para la conservación y la adaptación del equilibrio natural de las especies dentro de los límites razonablemente posibles.
(8)      La preservación, el mantenimiento o el restablecimiento de una diversidad y de una superficie suficiente de hábitats son indispensables para la conservación de todas las especies de aves. Determinadas especies de aves deben ser objeto de medidas de conservación especiales con respecto a su hábitat con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción dentro de su área de distribución. Dichas medidas deben, asimismo, tener en cuenta las especies migratorias y estar coordinadas con miras al establecimiento de una red coherente.»
4        Con arreglo al artículo 1 de dicha Directiva:
«1.      La presente Directiva se refiere a la conservación de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros en los que es aplicable el Tratado. Tendrá como objetivo la protección, la administración y la regulación de dichas especies y de su explotación.
2.      La presente Directiva se aplicará a las aves, así como a sus huevos, nidos y hábitats.»
5        El artículo 2 de esa misma Directiva preceptúa lo siguiente:
«Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para mantener o adaptar las poblaciones de todas las especies de aves contempladas en el artículo 1 en un nivel que corresponda en particular a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas.»
6        El artículo 5 de la Directiva sobre las aves dispone:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 9, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para establecer un régimen general de protección de todas las especies de aves contempladas en el artículo 1, que incluirá, en particular, la prohibición de:
a)      matarlas o capturarlas de forma intencionada, sea cual fuera el método empleado;
b)      destruir o dañar de forma intencionada sus nidos y sus huevos y quitar sus nidos;
c)      recoger sus huevos en la naturaleza y retenerlos, aun estando vacíos;
d)      perturbarlos de forma intencionada, en particular durante el período de reproducción y de crianza, en la medida que la perturbación tuviera un efecto significativo en cuanto a los objetivos de la presente Directiva;
e)      retener aves de especies cuya caza y captura no estén permitidas.»
7        A tenor del artículo 9 de esta Directiva:
«1.      Los Estados miembros podrán introducir excepciones a los artículos 5 a 8 si no hubiere otra solución satisfactoria, por los motivos siguientes:
a)      –      en aras de la salud y de la seguridad públicas,
en aras de la seguridad aérea,
para prevenir perjuicios importantes a los cultivos, el ganado, a los bosques, a la pesca y a las aguas,
para proteger la flora y la fauna;
b)      para fines de investigación o de enseñanza, de repoblación, de reintroducción, así como para la crianza orientada a dichas acciones;
c)      para permitir, en condiciones estrictamente controladas y de un modo selectivo, la captura, la retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas aves en pequeñas cantidades.»
Directiva sobre los hábitats
8        El artículo 2 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7; en lo sucesivo, «Directiva sobre los hábitats»), dispone lo siguiente:
«1.      La presente Directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros al que se aplica el Tratado.
2.      Las medidas que se adopten en virtud de la presente Directiva tendrán como finalidad el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los hábitats naturales y de las especies silvestres de la fauna y de la flora de interés comunitario.
3.      Las medidas que se adopten con arreglo a la presente Directiva tendrán en cuenta las exigencias económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.»
9        El artículo 6 de esta Directiva establece que:
«1.      Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las especies del Anexo II presentes en los lugares.
2.      Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva.
3.      Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes solo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública.
4.      Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones imperiosas de interés público de primer orden.»
10      Conforme al tenor del artículo 12 de la referida Directiva:
«1.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para instaurar un sistema de protección rigurosa de las especies animales que figuran en la letra a) del Anexo IV, en sus áreas de distribución natural, prohibiendo:
a)      cualquier forma de captura o sacrificio deliberados de especímenes de dichas especies en la naturaleza;
b)      la perturbación deliberada de dichas especies, especialmente durante los períodos de reproducción, cría, hibernación y migración;
c)      la destrucción o la recogida intencionales de huevos en la naturaleza;
d)      el deterioro o destrucción de los lugares de reproducción o de las zonas de descanso.
2.      Con respecto a dichas especies, los Estados miembros prohibirán la posesión, el transporte, el comercio o el intercambio y la oferta con fines de venta o de intercambio de especímenes recogidos en la naturaleza, excepción hecha de aquellos que hubiesen sido recogidos legalmente antes de la puesta en aplicación de la presente Directiva.
3.      Las prohibiciones que se mencionan en las letras a) y b) del apartado 1 y en el apartado 2 serán de aplicación en todas las etapas de la vida de los animales a que se refiere el presente artículo.
4.      Los Estados miembros establecerán un sistema de control de las capturas o sacrificios accidentales de las especies animales enumeradas en la letra a) del Anexo IV. Basándose en la información recogida, los Estados miembros llevarán a cabo las nuevas indagaciones o tomarán las medidas de conservación necesarias para garantizar que las capturas o sacrificios involuntarios no tengan una repercusión negativa importante en las especies en cuestión.»
Derecho austriaco
11      El artículo 18 de la Niederösterreichisches Naturschutzgesetz 2000 (Ley del Estado Federado de Baja Austria de 2000 sobre la Protección de la Naturaleza) (LGBl. 5500‑0), titulado «Protección de las especies», establece:
«(1)      Las normas en materia de protección de las especies tienen por objeto la protección y la conservación de las especies de la fauna y flora silvestres en su diversidad natural e histórica. La protección de las especies comprende:
1.      la protección de los animales, de las plantas y de sus biocenosis contra los daños debidos al hombre, en particular a su control,
2.      la protección, la conservación, el desarrollo y el restablecimiento de los hábitats de especies de la fauna y flora silvestres, así como la salvaguardia de sus demás condiciones de vida,
[…]
(2)      El Gobierno del estado federado declarará, mediante reglamento, especies protegidas, totalmente o, cuando ello sea suficiente para conservar la especie, parcial o temporalmente, las plantas silvestres o los animales salvajes que no sean caza en el sentido de la Niederösterreichisches Jagdgesetz 1974 [(Ley del Estado Federado de Baja Austria de 1974 sobre la Caza)] (LGBl. 6500) cuando sea necesario proteger o mantener a la población:
1.      debido a su carácter raro o a la amenaza que pesa sobre su población,
2.      por razones científicas o culturales,
3.      por su utilidad o importancia para el ecosistema, o
4.      con el fin de conservar la diversidad o la especificidad de la naturaleza y de los paisajes.
El reglamento podrá designar las especies animales o vegetales cuya población en el territorio del estado federado esté amenazada de extinción.
[…]
(4)      Por lo que se refiere a las especies especialmente protegidas con arreglo a los apartados 2 y 3, queda prohibido:
[…]
3.      dañar, destruir o retirar huevos, larvas, crisálidas o nidos de estos animales o sus lugares de nidificación, reproducción, desove o refugio, así como
4.      perturbar los biotopos, los lugares de reproducción y los lugares de hábitat de las especies amenazadas de extinción a que se refiera el Reglamento, en particular tomando fotografías o filmando.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
12      En 2014, el estado federado de Baja Austria solicitó la autorización para la construcción, en una zona parcialmente arbolada al sur de St. Pölten (Austria), de una carretera de dos vías por sentido y de una longitud de 1,69 kilómetros, que constituía un enlace a la vía rápida S34.
13      Tras la evaluación de sus repercusiones sobre el medio ambiente, ese proyecto fue autorizado mediante resolución de 12 de noviembre de 2019.
14      Los recurrentes en el litigio principal interpusieron recursos contra esta resolución ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo, Austria), que es el órgano jurisdiccional remitente.
15      Alegan ante dicho órgano jurisdiccional que los territorios de incubación de la alondra común, de la perdiz pardilla y de la codorniz, que son aves que anidan en el suelo, en campos abiertos, se encuentran en el perímetro de las obras y que el ruido ocasionado por el futuro tráfico automovilístico afectará también a muchas especies de aves forestales cerca de dicho perímetro, en particular el pico mediano (pájaro carpintero). En efecto, la carretera proyectada debería permitir, según las estimaciones, la circulación de unos doce mil vehículos al día.
16      De la petición de decisión prejudicial se desprende que, con el fin de limitar el impacto sobre las poblaciones de aves silvestres presentes en el lugar o en sus proximidades, el proyecto de que se trata prevé diversas medidas, en particular, que las obras solo podrán realizarse durante determinados meses del año y que los viejos árboles deberán conservarse en una distancia de al menos 300 metros de la carretera y en una superficie de 6,6 hectáreas.
17      Según el informe de los dos peritos designados por el órgano jurisdiccional remitente, si se llevan a cabo las medidas previstas, estas evitarán cualquier efecto perturbador significativo sobre las especies afectadas. Sin embargo, los peritos admiten que estas medidas no permitirán evitar que el proyecto afecte a especímenes individuales, aunque solo sea debido a la duración de la vida de la mayoría de las aves forestales afectadas. No obstante, aseguran que dichas medidas garantizan la protección del hábitat de esas especies y las condiciones necesarias para su nidificación.
18      Los recurrentes en el litigio principal rebaten esta apreciación.
19      El órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, si las medidas destinadas a prevenir o limitar las perturbaciones de las especies de aves afectadas por el proyecto controvertido pueden tenerse en cuenta para apreciar si este cumple los requisitos del artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves. En su opinión, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que prohíbe tener en cuenta las medidas destinadas a evitar o reducir los efectos perjudiciales sobre el lugar protegido en la fase de evaluación previa a la evaluación adecuada prevista en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats no puede extrapolarse al artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves.
20      El órgano jurisdiccional remitente considera que procede, en cambio, alinear la interpretación del artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves con la del artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva sobre los hábitats, tal como la formula la Comisión en su documento de orientación sobre la protección rigurosa de las especies animales de interés comunitario con arreglo a esta última Directiva [C(2021) 7301 final]. A su juicio, el criterio esencial resultante de esta interpretación es que se mantenga o mejore la función ecológica permanente del lugar.
21      Dado que el artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves únicamente prohíbe las perturbaciones que tengan un efecto significativo en cuanto a los objetivos de esa Directiva, la existencia de tal efecto debe apreciarse, en su opinión, teniendo en cuenta las medidas de prevención y mitigación de las perturbaciones que contenga el proyecto. Considera que la aplicación de una excepción en virtud del artículo 9 de dicha Directiva solo es necesaria si el proyecto acompañado de tales medidas debe prohibirse en virtud del artículo 5, letra d), de esa misma Directiva.
22      En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta qué pruebas deben exigirse de la eficacia de las medidas dirigidas a impedir o reducir los efectos perturbadores del proyecto.
23      Más concretamente, desea saber si el grado de certeza en cuanto a la eficacia de estas medidas exigido por el artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves es comparable al que, en su Documento de orientación sobre la protección rigurosa de las especies animales de interés comunitario con arreglo a la Directiva sobre los hábitats, la Comisión estima que se exige por el artículo 12, apartado 1, letra d), de esta última Directiva. A su juicio, la interpretación adoptada por la Comisión llevaría a una evaluación de la eficacia de las medidas de prevención y mitigación de las perturbaciones basada en informes de peritos designados por las autoridades o por el juez, siempre que las evaluaciones allí contenidas sean científicamente defendibles, en el estado actual del conocimiento, y estén motivadas en detalle.
24      En cambio, el órgano jurisdiccional remitente considera que las evaluaciones de los peritos judiciales con esas características no serían suficientes si se aplicara el estándar de prueba definido por el Tribunal de Justicia en lo que respecta a las medidas destinadas a evitar o reducir los efectos perjudiciales, tal como se contemplan en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, según el cual debe excluirse toda duda científica razonable.
25      Se pregunta si debe aplicar el estándar de prueba relativo a la aplicación del artículo 12, apartado 1, letra d), de la Directiva sobre los hábitats o el relativo a las medidas destinadas a evitar o reducir los efectos perjudiciales a que se refiere el artículo 6, apartado 3, de dicha Directiva. No ve ninguna razón para no utilizar este último criterio en el contexto de la apreciación de la protección de las especies animales afectadas por el proyecto de que se trata.
26      Así pues, considera que la eficacia de estas medidas debe quedar acreditada hasta tal punto por la documentación científica que no quede la menor duda razonable sobre este punto.
27      En el caso de autos, ello significa —a su juicio— que no puede considerarse que las medidas propuestas relativas al pico mediano puedan garantizar la permanencia de la función biológica de esta especie, a falta de documentación científica que acredite su eficacia.
28      En esas circunstancias, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 5 de la Directiva [sobre las aves] en el sentido de que no se cumple la circunstancia de la perturbación intencionada prevista en la letra d) de dicho artículo si, aunque pueda producirse la perturbación de algunos especímenes de determinadas especies, se evita cualquier efecto en cuanto a los objetivos del artículo 2 de la Directiva mediante medidas adoptadas efectivamente en el tiempo y de forma apropiada?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe excluirse cualquier duda científica sobre la eficacia de las medidas, en el sentido de que basta a tal efecto una evaluación técnica fundada de un experto designado por el tribunal, o, por el contrario, es necesario que exista documentación científica objetiva acerca de experiencias prácticas satisfactorias obtenidas con dichas medidas?»
Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral
29      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de octubre de 2025, VIRUS solicitó la reapertura de la fase oral del procedimiento, con arreglo al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
30      En apoyo de su solicitud, VIRUS alega que las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto Voore Mets y Lemeks Põlva (C‑784/23, EU:C:2025:67), la sentencia de 1 de agosto de 2025, Voore Mets y Lemeks Põlva (C‑784/23, EU:C:2025:609), y las conclusiones de la Abogada General presentadas en el presente asunto se pronunciaron tras la conclusión de la fase escrita y constituyen hechos nuevos que pueden influir decisivamente en la resolución del Tribunal de Justicia. Además, VIRUS motiva su solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento en los desacuerdos que expresa con las conclusiones antes citadas.
31      Con arreglo al artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede ordenar en cualquier momento, tras oír al Abogado General, la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución.
32      No ocurre así en el presente asunto.
33      En efecto, ni las conclusiones presentadas por la Abogada General Kokott en el asunto Voore Mets y Lemeks Põlva (C‑784/23, EU:C:2025:67) o en el presente asunto ni la sentencia de 1 de agosto de 2025, Voore Mets y Lemeks Põlva (C‑784/23, EU:C:2025:609), constituyen hechos nuevos que puedan influir decisivamente en la resolución que el Tribunal de Justicia debe dictar en el presente asunto. Además, habida cuenta de todos los datos de que dispone, el Tribunal de Justicia se considera suficientemente informado para pronunciarse sobre la presente petición de decisión prejudicial.
34      Por otra parte, por lo que respecta a los desacuerdos expuestos por VIRUS con las conclusiones citadas en el apartado 33 de la presente sentencia, es preciso recordar, por un lado, que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni el Reglamento de Procedimiento prevén la posibilidad de que los interesados mencionados en el artículo 23 de ese Estatuto formulen observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General (sentencia de 16 de noviembre de 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim y otros, C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, apartado 30 y jurisprudencia citada).
35      Por otro lado, en virtud del artículo 252 TFUE, párrafo segundo, el Abogado General presenta públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. Así pues, no se trata de una opinión destinada a los jueces o a las partes que emana de una autoridad ajena al Tribunal de Justicia, sino de la opinión individual, motivada y expresada públicamente, de un miembro de la propia institución. Por lo tanto, las conclusiones del Abogado General no pueden ser debatidas por las partes (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C‑882/19, EU:C:2021:800, apartado 21). Por otra parte, el Tribunal de Justicia no está vinculado ni por esas conclusiones ni por la motivación que el Abogado General desarrolla para llegar a ellas. Por consiguiente, el hecho de que una parte interesada no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no constituye en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuáles sean las cuestiones que examine en sus conclusiones (sentencia de 16 de noviembre de 2021, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim y otros, C‑748/19 a C‑754/19, EU:C:2021:931, apartado 31 y jurisprudencia citada).
36      En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia, oída la Abogada General, considera que no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
37      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves debe interpretarse en el sentido de que no existe perturbación intencionada, en el sentido de esta disposición, cuando las medidas aplicadas en el marco de un proyecto permiten prevenir cualquier efecto significativo en cuanto a los objetivos de dicha Directiva.
38      En primer lugar, cabe recordar, en primer término, que, según el artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves, los Estados miembros deben prohibir la perturbación intencionada de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros, en particular durante el período de reproducción y de crianza, en la medida en que la perturbación tenga un efecto significativo en cuanto a los objetivos de dicha Directiva.
39      En segundo término, cabe recordar asimismo que esta prohibición completa otras prohibiciones recogidas en el artículo 5, letras a) y b), de la citada Directiva, que se refieren, en particular, a matar o capturar aves de esas especies de forma intencionada, así como a destruir o dañar de forma intencionada sus nidos y sus huevos. Pues bien, todas estas prohibiciones se aplican no solo a las actividades humanas cuyo objetivo es el perjuicio a las aves, sino también a las actividades humanas que, sin tener manifiestamente tal objeto, comportan la aceptación de la posibilidad de tal perjuicio (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Voore Mets y Lemeks Põlva, C‑784/23, EU:C:2025:609, apartado 49). Por lo tanto, el proyecto de construcción de una carretera que constituye el objeto del litigio principal, aunque no tenga por objeto perjudicar a las aves, puede estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves.
40      En tercer término, del artículo 1 de la Directiva sobre las aves, en relación con los considerandos 3, 5, 7 y 8 de dicha Directiva, se desprende que los objetivos de esa Directiva son mantener o restablecer en un nivel suficiente la población de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros. De conformidad con el artículo 2 de la Directiva sobre las aves, este nivel debe corresponder, en particular, a las exigencias ecológicas, científicas y culturales, habida cuenta de las exigencias económicas y recreativas (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Voore Mets y Lemeks Põlva, C‑784/23, EU:C:2025:609, apartado 51).
41      Así, el artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves prohíbe las perturbaciones que tengan un efecto significativo sobre el nivel considerado suficiente de las poblaciones de las especies de aves silvestres, y no sobre especímenes de estas especies, a menos que la población de una determinada especie de aves silvestres sea tan reducida en número que la perturbación de especímenes aislados de esa especie pueda poner en peligro su conservación.
42      En segundo lugar, para interpretar el artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves con el fin de responder a la primera cuestión prejudicial, ha de tenerse en cuenta, según reiterada jurisprudencia, no solo el tenor de esta disposición, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2021, Föreningen Skydda Skogen, C‑473/19 y C‑474/19, EU:C:2021:166, apartado 32 y jurisprudencia citada).
43      En primer término, por lo que respecta al tenor del artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves, procede señalar que, a diferencia de las prohibiciones establecidas en el artículo 5, letras a) y b), de esa misma Directiva, la prohibición que en él se establece, a saber, la de perturbar a las aves de forma intencionada, en particular durante el período de reproducción y de crianza, se aplica «en la medida [en] que la perturbación [tenga] un efecto significativo en cuanto a los objetivos de [dicha] Directiva» (sentencia de 1 de agosto de 2025, Voore Mets y Lemeks Põlva, C‑784/23, EU:C:2025:609, apartado 50). Por consiguiente, a diferencia de lo que exige la aplicación del artículo 5, letras a) y b), de esa misma Directiva, el examen de la incidencia de una actividad humana en el nivel de población de las especies de aves afectadas es pertinente a efectos de la aplicación de la prohibición establecida en el artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de agosto de 2025, Voore Mets y Lemeks Põlva, C‑784/23, EU:C:2025:609, apartado 54).
44      De ello se deduce que, si unas medidas preventivas adecuadas impiden efectivamente que un proyecto perturbe las aves silvestres o pueden reducir efectivamente dicha perturbación, de modo que no tenga efectos significativos en los objetivos de la Directiva sobre las aves, del tenor del artículo 5, letra d), de esta y del contexto de esta disposición se desprende que la prohibición de la perturbación intencionada a que se refiere dicha disposición no resulta aplicable. Por lo tanto, la existencia de tales medidas, cuya ejecución está prevista en el proyecto, debe tomarse en consideración para apreciar si la prohibición de perturbación de las aves silvestres establecida en el artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves se opone al proyecto.
45      En segundo término, para alcanzar los objetivos de la Directiva sobre las aves, recordados en el apartado 40 de la presente sentencia, a saber, el mantenimiento o el restablecimiento en un nivel suficiente de la población de las especies de aves silvestres, no es necesario que los efectos perturbadores de un proyecto sobre las especies de aves silvestres se aprecien con independencia de las medidas de acompañamiento del proyecto que se proponen para impedir o reducir esos efectos. En efecto, las perturbaciones que sufrirán efectivamente las especies de aves silvestres como consecuencia de la realización del proyecto, tal como resulta acompañado de dichas medidas, son las únicas pertinentes en relación con dichos objetivos.
46      No contradice este análisis la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de abril de 2018, People Over Wind y Sweetman (C‑323/17, EU:C:2018:244), contrariamente a lo que sostienen los recurrentes en el litigio principal en sus observaciones escritas. En efecto, si, como declaró el Tribunal de Justicia en la referida sentencia, las medidas destinadas a evitar o reducir los efectos perjudiciales de un proyecto no deben tomarse en consideración en la fase de evaluación preliminar de dicho proyecto en el marco de la Directiva sobre los hábitats, ello se debe a que, en esta primera fase de análisis, se trata de determinar si dicho proyecto debe someterse al procedimiento formal de evaluación de sus repercusiones en una zona de protección, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, primera frase, de la Directiva sobre los hábitats. En cambio, dado que el artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves no distingue dos fases de evaluación de las perturbaciones a las que los proyectos pueden exponer las especies de aves silvestres, dichas perturbaciones deben apreciarse desde un principio de manera completa, teniendo en cuenta a tal efecto las medidas destinadas a prevenirlas o a mitigarlas.
47      De lo anterior resulta que el artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves debe interpretarse en el sentido de que no existe perturbación intencionada, en el sentido de esta disposición, cuando las medidas aplicadas en el marco de un proyecto permiten prevenir cualquier efecto significativo contrario a los objetivos de dicha Directiva de mantener o restablecer en un nivel suficiente la población de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros, habida cuenta, en particular, de las exigencias ecológicas, científicas y culturales, así como de las exigencias económicas y recreativas.
Segunda cuestión prejudicial
48      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la eficacia de las medidas destinadas a prevenir cualquier perturbación que tenga un efecto significativo sobre las especies de aves silvestres, en el sentido del artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves, puede probarse mediante la evaluación motivada de un perito judicial o si debe acreditarse mediante documentación científica que acredite la puesta en práctica con éxito de tales medidas.
49      En primer lugar, procede señalar, como hace la Abogada General en el punto 86 de sus conclusiones, que ni el artículo 5 ni ninguna otra disposición de la Directiva sobre las aves establecen normas relativas a la práctica de la prueba en el marco del examen de las perturbaciones causadas a las especies de aves silvestres por una actividad humana.
50      En tales circunstancias, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía procesal y sin perjuicio de los principios de equivalencia y efectividad, establecer las modalidades de práctica de la prueba, los medios de prueba admisibles ante el órgano jurisdiccional nacional competente o los principios que rigen la apreciación por parte de ese órgano jurisdiccional de la fuerza probatoria de los elementos de prueba que se le han presentado, así como el nivel de prueba exigido (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de junio de 2017, W y otros, C‑621/15, EU:C:2017:484, apartado 25).
51      El principio de equivalencia exige que dicha regulación procesal no sea menos favorable que la que rige situaciones similares de carácter interno (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2025, Beevers Kaas, C‑581/23, EU:C:2025:323, apartado 44). Por consiguiente, este principio no se opone a que la evaluación motivada de un perito judicial aporte la prueba de la eficacia de las medidas destinadas a prevenir cualquier perturbación significativa de las especies de que se trate, si el Derecho nacional admite este medio de prueba para situaciones similares sometidas al Derecho interno, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
52      El principio de efectividad exige que dicha regulación procesal no haga prácticamente imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de junio de 2017, W y otros, C‑621/15, EU:C:2017:484, apartado 26 y jurisprudencia citada, y de 30 de enero de 2025, Caronte & Tourist, C‑511/23, EU:C:2025:42, apartado 44).
53      A este respecto, procede señalar que, como ha considerado, en esencia, la Abogada General en el punto 88 de sus conclusiones, por lo que respecta a la prohibición de perturbación intencionada de las aves silvestres establecida en el artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves, el principio de efectividad implica que la prueba de que tal perturbación tiene efectos significativos en cuanto a los objetivos de dicha Directiva no debe resultar excesivamente difícil. Esta consideración también es válida para la prueba de que la perturbación no tiene efectos significativos en los objetivos de la citada Directiva.
54      En segundo lugar, es preciso recordar que, cuando aplican el Derecho de la Unión, los Estados miembros están obligados a garantizar el respeto de las exigencias derivadas del principio de buena administración (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság y otros, C‑159/21, EU:C:2022:708, apartado 44 y jurisprudencia citada).
55      Este principio exige, en particular, que la autoridad administrativa proceda a un examen diligente e imparcial de todos los aspectos pertinentes para disponer, al adoptar su decisión, de los datos más completos y fiables posibles (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2020, Agrobet CZ, C‑446/18, EU:C:2020:369, apartado 44 y jurisprudencia citada).
56      El principio de buena administración también obliga a la administración a motivar sus decisiones cuando aplica el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de febrero de 2022, SC Cridar Cons, C‑582/20, EU:T:2022:114, apartado 54 y jurisprudencia citada).
57      En tercer lugar, por lo que respecta a la evaluación de los riesgos en materia de medio ambiente, esta debe llevarse a cabo, de conformidad con el artículo 191 TFUE, apartado 2, respetando el principio de cautela. Desde esta perspectiva, corresponde a las autoridades competentes, en particular, tener en cuenta los datos científicos disponibles más fiables y los resultados más recientes de la investigación internacional (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de octubre de 2019, Blaise y otros, C‑616/17, EU:C:2019:800, apartados 46, 93 y 94, y de 12 de junio de 2025, Eesti Suurkiskjad, C‑629/23, EU:C:2025:429, apartado 42). En cambio, no puede exigirse que la prueba de la eficacia de esas medidas se aporte mediante documentación científica que acredite la puesta en práctica con éxito de dichas medidas, puesto que tal documentación no está necesariamente disponible.
58      A la luz de las observaciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que la eficacia de las medidas destinadas a prevenir cualquier perturbación que tenga un efecto significativo sobre las especies de aves silvestres, en el sentido del artículo 5, letra d), de la Directiva sobre las aves, puede probarse mediante la evaluación motivada de un perito judicial, siempre que esta se base en los datos científicos disponibles más fiables y en los resultados más recientes de la investigación internacional. En cambio, no puede exigirse que la prueba de la eficacia de esas medidas se aporte mediante documentación científica que acredite la puesta en práctica con éxito de dichas medidas.
Costas
59      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
1)      El artículo 5, letra d), de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres,
debe interpretarse en el sentido de que
no existe perturbación intencionada, en el sentido de esta disposición, cuando las medidas aplicadas en el marco de un proyecto permiten prevenir cualquier efecto significativo contrario a los objetivos de dicha Directiva de mantener o restablecer en un nivel suficiente la población de todas las especies de aves que viven normalmente en estado salvaje en el territorio europeo de los Estados miembros, habida cuenta, en particular, de las exigencias ecológicas, científicas y culturales, así como de las exigencias económicas y recreativas.
2)      La eficacia de las medidas destinadas a prevenir cualquier perturbación que tenga un efecto significativo sobre las especies de aves silvestres, en el sentido del artículo
5, letra d), de la Directiva 2009/147, puede probarse mediante la evaluación motivada de un perito judicial, siempre que esta se base en los datos científicos disponibles más fiables y en los resultados más recientes de la investigación internacional. En cambio, no puede exigirse que la prueba de la eficacia de esas medidas se aporte mediante documentación científica que acredite la puesta en práctica con éxito de dichas medidas.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: alemán.