61997CC0288_ES
Conclusiones del abogado general
Conclusiones del abogado general
1 Mediante resolución de 17 de julio de 1997, la Pretura circondariale di Bassano del Grappa (Italia) planteó al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del Reglamento (CEE) nº 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, por el que se establece una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos (1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 3950/92»). La primera cuestión versa sobre el concepto de «comprador» en el sentido de los artículos 2 y 9 del Reglamento; con la segunda se pretende dilucidar si la retención del importe adeudado en concepto de tasa suplementaria, prevista en el apartado 2 del artículo 2, constituye para el comprador una obligación o una mera facultad.
El contexto normativo
2 Para reducir el desequilibrio entre la oferta y la demanda de leche y de productos lácteos, el Reglamento (CEE) nº 856/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 804/68 relativo a la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, (2) estableció el denominado régimen de la «tasa suplementaria». Con arreglo a dicho régimen se garantiza a los productores una «cantidad de referencia» calculada con respecto a la producción durante un período determinado; la leche producida en exceso con respecto a tal cantidad, está sujeta, por lo tanto, al pago de una cantidad en metálico, denominada precisamente «tasa suplementaria».
Se previó inicialmente que la duración del sistema fuera de nueve años, estableciéndose posteriormente una prórroga de siete años en virtud del Reglamento nº 3950/92. También en este Reglamento la técnica que utilizó el legislador para paliar el problema de la superproducción lechera es la ya utilizada en el Reglamento nº 856/84, «consistente en aplicar una tasa a las cantidades de leche recogidas o vendidas directamente cuando sobrepasan un determinado umbral de garantía». (3)
3 El artículo 1 del Reglamento nº 3950/92 dispone:
«A partir del 1 de abril de 1993 y durante siete nuevos períodos consecutivos de doce meses, se establece una tasa suplementaria con cargo a los productores de leche de vaca por las cantidades de leche o de equivalentes de leche que se entreguen a un comprador o se vendan directamente para su consumo durante el período de doce meses en cuestión y que sobrepasen la cantidad que se determine.
La tasa se fija en el 115 % del precio indicativo de la leche.»
A tenor del artículo 2:
«1. Se adeudará la tasa por todas las cantidades de leche o de equivalentes de leche comercializadas durante el período de doce meses en cuestión que rebasen una u otra de las cantidades contempladas en el artículo 3. Dicha tasa se distribuirá entre los productores que hayan contribuido al rebasamiento.
[...]
2. En el caso de entregas, el comprador responsable del pago de la tasa abonará al organismo competente del Estado miembro, antes de una fecha y según modalidades que se determinarán, el importe adeudado que retenga sobre el precio de la leche pagado a los productores deudores de la tasa y, en su defecto, que perciba por cualquier medio adecuado.
[...]
Cuando las cantidades entregadas por un productor rebasen la cantidad de referencia de que dispone, el comprador estará autorizado a retener, en concepto de anticipo sobre la tasa adeudada, según las modalidades determinadas por el Estado miembro, el importe del precio de la leche sobre cualquier entrega de dicho productor que exceda de la cantidad de referencia de la que dispone.
3. En el caso de la ventas directas, el productor pagará la tasa adeudada al organismo competente del Estado miembro antes de una fecha y según modalidades que se determinarán.»
4 Para la aplicación del Reglamento, el artículo 9 recoge las siguientes definiciones:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[...]
c) "productor": el agricultor, persona física o jurídica o agrupación de personas físicas o jurídicas, cuya explotación esté situada en el territorio geográfico de la Comunidad:
- que venda leche u otros productos lácteos directamente al consumidor;
- y/o que los entregue a un comprador;
d) "explotación": el conjunto de unidades de producción explotadas por el productor y situadas en el territorio geográfico de la Comunidad;
e) "comprador": la empresa o agrupación de compre leche u otros productos lácteos al productor:
- para tratarlos o transformarlos,
- para cederlos a una o varias empresas que traten o transformen leche u otros productos lácteos.
No obstante, se considerará también comprador la agrupación de compradores de una misma zona geográfica que efectúe por cuenta de sus miembros las operaciones de gestión administrativa y contable necesarias para el pago de la tasa. [...];
f) "empresa tratante o transformadora de leche u otros productos lácteos": la empresa o agrupación que realice operaciones de recogida, envasado, almacenamiento y refrigeración y transformación de leche o que limite su actividad lechera a alguna de estas operaciones;
g) "entrega": toda entrega de leche u otros productos lácteos, tanto si el transporte lo lleva a cabo el productor como si lo efectúa el comprador, la empresa tratante o transformadora de los productos o un tercero;
h) "leche o equivalentes de leche vendidos directamente al consumo": la leche o los productos lácteos convertidos en equivalentes de leche, vendidos o cedidos gratuitamente sin la mediación de una empresa tratante o transformadora de leche u otros productos lácteos.»
5 En relación con el presente procedimiento interesa también el Reglamento (CEE) nº 536/93 de la Comisión, de 9 de marzo de 1993, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos. (4) El artículo 1 de dicho Reglamento establece:
«A efectos de cálculo de la tasa suplementaria establecida en el Reglamento (CEE) nº 3950/92:
1) Se entenderá por cantidades de leche o de equivalentes de leche comercializadas en un Estado miembro, a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 del citado Reglamento, todas las cantidades de leche o de equivalentes de leche que salgan de explotaciones situadas en el territorio de ese Estado miembro.
Se considerarán entregas las cantidades que los productores suministren para su tratamiento o transformación en el marco de un contrato de trabajo por encargo [...]»
A tenor del artículo 7 del Reglamento nº 536/93:
«1. Los Estados miembros adoptarán cuantas medidas de control sean necesarias para garantizar la recaudación de la tasa por las cantidades de leche y de equivalentes de leche comercializadas que sobrepasen alguna de las dos cantidades mencionadas en el artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 3950/92. A tal fin:
a) Todos los compradores que operen en el territorio de un Estado miembro deberán estar autorizados por dicho Estado miembro.
[...]»
6 Sobre la base de la disposición que se acaba de transcribir, el párrafo tercero del artículo 1 del Decreto del Presidente de la República nº 569/1993 (en lo sucesivo, «DPR 569/93»), establece que: «[...] cualquier referencia a los compradores de leche y de productos lácteos se entenderá aplicable a las cooperativas que utilizan o transforman leche de vaca, prescindiendo de la naturaleza jurídica de la relación sobre cuya base los productores entreguen la leche y los productos a la cooperativa de que se trate».
Los hechos y las cuestiones prejudiciales
7 El litigio pendiente ante el Juez nacional está comprendido en el ámbito de aplicación del contexto normativo que se acaba de describir.
El Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago (en lo sucesivo, «Consorzio») es un organismo del que son miembros varias sociedades cooperativas de productores de leche. De la resolución de remisión resulta que el propio Consorzio había solicitado la calificación de «comprador», a efectos del párrafo tercero del artículo 1 del DPR 569/93, la cual le fue reconocida.
Mediante resolución de 29 de mayo de 1996 la Regione Veneto ordenó al Consorzio que pagara la cantidad de 45.000.000 de LIT, en concepto de sanción administrativa, por irregularidades cometidas en la llevanza del registro compulsado por los suministradores y por no haber retenido la tasa suplementaria correspondiente a los socios que habían sobrepasado la cuota lechera disponible.
El Consorzio impugnó dicha orden conminatoria ante la Pretura circondariale di Bassano del Grappa, solicitando a dicho órgano judicial que no le aplicara el DPR 569/93, por cuanto no podía considerarse «comprador» al propio Consorzio en el sentido del Reglamento nº 3950/92. En cualquier caso, a su juicio, la normativa comunitaria establece para el comprador no la obligación, sino la mera facultad, de retener la tasa suplementaria.
8 En consecuencia, el Juez remitente suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Deben interpretarse los artículos 9 y 2 del Reglamento (CEE) nº 3950/92, de 28 de diciembre de 1992, en el sentido de que puede calificarse de "comprador", obligado al pago de la tasa suplementaria, a cualquier persona a quien se hayan efectuado entregas de leche, independientemente de la naturaleza jurídica de la relación que haya dado lugar a la entrega y, en particular, en el sentido de que puede considerarse como tal una agrupación de sociedades cooperativas en relación con la leche que los socios de una cooperativa le aportan, pero no le venden?
2) ¿Debe interpretarse el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) nº 3950/92, de 28 de diciembre de 1992, en el sentido de que la retención del importe adeudado en concepto de tasa suplementaria sobre la cantidad pagada a los productores constituye para el comprador una verdadera obligación, o bien en el sentido de que se trata de una mera facultad establecida en interés del propio comprador y cuya omisión no puede ser castigada?»
Sobre la primera cuestión
9 Con carácter preliminar debo señalar que la exposición de los antecedentes de hecho realizada por el Juez remitente para la solución de la primera cuestión no es de las más claras. Concretamente, nada se dice acerca de la naturaleza de la relación entre el Consorzio y sus propios asociados, ni sobre el cometido que aquel debe desarrollar para la comercialización del producto. No obstante considero que, en cualquier caso, incluso las sucintas indicaciones contenidas en la resolución de remisión brindan los elementos necesarios para precisar el alcance de la cuestión y dar una respuesta útil al Juez a quo.
En realidad, a mi juicio, debe partirse de la consideración de que, según se deriva de los autos, se ha reconocido al Consorzio la condición de comprador; reconocimiento al que precisamente deben proceder las autoridades de los Estados miembros sobre la base de lo dispuesto en el citado artículo 7 del Reglamento nº 536/93. No obstante, en el procedimiento principal, el mismo Consorzio niega la legitimidad de tal reconocimiento. Y esta negación se centra precisamente en el hecho de que, según el Reglamento nº 3950/92, un requisito esencial para ser considerado comprador de leche o de productos lácteos es la existencia de un contrato de venta. Por lo tanto, en el procedimiento principal el Consorzio aduce que, en la parte en que dispone que se considerarán compradores incluso las sociedades cooperativas -o las agrupaciones de cooperativas- prescindiendo de la naturaleza de la relación que haya dado lugar a dicha entrega, el DPR 569/93 infringe las disposiciones del citado Reglamento nº 3950/92. De ello resulta la necesidad, para el órgano jurisdiccional remitente, de plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial objeto de examen, con la que se pretende, en esencia, dilucidar si un sujeto de Derecho como el Consorzio puede ser considerado «comprador», a efectos del Reglamento nº 3950/92, a pesar de que reciba la leche de sus propios asociados en méritos de relaciones jurídicas distintas de las de un contrato que puede calificarse de compraventa según el Derecho nacional.
10 En sus propias observaciones escritas el Consorzio propone una respuesta negativa fundamentada esencialmente en consideraciones de orden redaccional. Según esta tesis, el propio Reglamento objeto de examen utiliza expresiones semánticas que implican necesariamente la existencia de un contrato de compraventa: el «comprador», en efecto, es una de las dos partes de tal negocio jurídico. Además, el apartado 2 del artículo 2 se refiere al «precio» del producto; y el precio es también un elemento esencial de la compraventa. En consecuencia, la opinión del Consorcio es que sólo se puede calificar a un operador de «comprador», en el sentido del Reglamento, si recibe la leche en virtud de una relación contractual con las características propias de la compraventa según el Derecho nacional de que se trate.
La Regione Veneto y el Gobierno italiano sostienen un criterio distinto. Alegan que la referencia al comprador, que consta en el Reglamento, no debe entenderse según su acepción civilística, es decir, como parte de un contrato de compraventa en el sentido del codice civile italiano. En el supuesto que aquí interesa, el sistema establecido por el Reglamento se centra, más bien, en el momento de la entrega del producto: en consecuencia, es «comprador» la persona que recibe la leche del productor, prescindiendo del título jurídico en méritos del cual se realiza dicha transmisión.
11 Por mi parte, comparto la tesis que acaba de exponerse. En primer lugar, en el plano sistemático, conviene puntualizar que el Reglamento objeto de examen prevé dos formas de comercialización posibles: la primera -irrelevante para el caso de autos- es la correspondiente a las denominadas «ventas directas», es decir, aquellos supuestos en los que el producto se vende directamente del productor al consumidor. La segunda -y ésta sí reviste interés para el presente procedimiento- es aquella en que interviene la figura del comprador: se trata de una forma de comercialización en la cual el producto, en vez de llegar directamente al consumo, pasa por un intermediario. Por lo tanto, descartada la posibilidad de que se dé el primer supuesto, sólo queda examinar el presente asunto en el ámbito del segundo.
Esto sentado, procede determinar si el Reglamento contempla la figura del comprador como una de las partes de un contrato de compraventa, con arreglo al Derecho nacional, o más bien, en un sentido más general, como un intermediario que se interpone en el circuito comercial entre el productor y los consumidores. A mi juicio, es correcta la segunda alternativa. La tesis opuesta, sostenida por el Consorzio, se basa exclusivamente en la argumentación derivada de la letra del Reglamento, según la cual el término «comprador» está necesariamente relacionado con el contrato de compraventa. Ello puede ser así en teoría, pero no resulta confirmado de una manera decisiva por el sistema del Reglamento. En el caso pertinente para el presente asunto, parece más bien que éste prescinde de la existencia de un contrato de venta. En efecto, la letra c) del artículo 9 define al productor como la persona «que venda leche u otros productos lácteos directamente al consumidor y/o que los entregue a un comprador». (5) Ahora bien, en este precepto se hace una referencia directa al instituto de la compraventa únicamente en relación con las denominadas «ventas directas», mientras que, en relación con el supuesto en el que interviene un «comprador», la disposición establece que este último sólo recibe «entregas», sin más especificación en punto al título jurídico sobre cuya base se realiza la entrega.
El Reglamento nº 536/93 confirma la falta de pertinencia de la calificación jurídica de las relaciones contractuales que median entre productor y comprador. El artículo 1 de dicho acto establece ciertamente que «se entenderán "por cantidades de leche o de equivalentes de leche comercializadas en un Estado miembro" -en el sentido del apartado 1 del artículo 2 [del Reglamento nº 3950/92]-, todas las cantidades de leche o de equivalentes de leche que salgan de explotaciones situadas en el territorio de ese Estado miembro». (6) Por lo tanto, también en esta disposición el legislador comunitario parece desinteresarse totalmente por la definición que se da en Derecho nacional a la relación entre «productor» y «comprador». La normativa comunitaria se inspira, más bien, en un criterio bastante amplio de comercialización, que guarda relación con el momento de la entrega por parte del productor, prescindiendo del título jurídico sobre cuya base, una vez que ha dejado de estar en poder del productor, el producto se transmite al comprador.
Por consiguiente, considero que para la determinación del «comprador» es necesario y suficiente que la persona de que se trate reciba del productor leche u otros productos lácteos. En realidad, no basta la mera entrega, en sí misma, para calificar de «comprador» a quien reciba el producto, en el sentido del Reglamento nº 3950/92. Es necesario, además, que éste reciba los productos -como dispone precisamente la letra e) del artículo 9- «para tratarlos o transformarlos», o «para cederlos a una o varias empresas que traten o transformen leche u otros productos lácteos». Si se cumplen dichos requisitos, carecerá de pertinencia el título jurídico sobre cuya base se realice la entrega.
12 En relación concretamente con la cuestión de si puede considerarse comprador incluso una agrupación de sociedades cooperativas, debo señalar que tal calificación corresponde específicamente al Juez nacional, el cual deberá efectuarla a la luz de los elementos de hecho y de Derecho que caracterizan el caso de autos. El Tribunal de Justicia únicamente puede limitarse a proporcionar un criterio de interpretación general, con arreglo al cual, para configurar al «comprador», en el sentido del Reglamento nº 3950/92, no es necesario un contrato de compraventa sobre cuya base el productor entregue el producto al comprador recibiendo un precio a cambio. Por lo tanto, según el sistema del Reglamento, teóricamente, nada impide que se considere comprador también un organismo asociativo que reciba el producto, en concepto de entrega, por parte de un productor asociado, el cual, a su vez, recibirá posteriormente de dicho organismo una contraprestación a tenor de las normas aplicables a la relación asociativa. Ello es así incluso en el supuesto de que en Derecho nacional no se califique dicha entrega de contrato de compraventa.
Sobre la segunda cuestión
13 La segunda cuestión prejudicial se refiere al apartado 2 del artículo 2 del Reglamento nº 3950/92 y, concretamente, a la obligación de pago de la tasa suplementaria. Según el Reglamento objeto de estudio, dicha obligación corresponde al comprador. Las razones de esta elección del legislador se exponen en el octavo considerando del propio Reglamento: «para evitar que se produzcan como en el pasado importantes retrasos en el cobro y en el pago de la tasa, incompatibles con el objetivo del régimen, conviene establecer que el comprador, que es el que parece estar en mejores condiciones para efectuar las operaciones necesarias, sea quien asuma el pago de la tasa, dándole los medios necesarios para garantizarle su cobro frente a los productores que son los deudores de la misma». Por lo tanto, el artículo 2 del Reglamento establece que el comprador debe pagar la tasa y, a tal fin, retendrá el importe adeudado sobre el precio de la leche pagado a los productores deudores de la tasa. No obstante -y es éste el objeto de la presente cuestión prejudicial- el Juez remitente alberga algunas dudas sobre si el adquirente está obligado a realizar la retención, o si el Reglamento le reconoce una mera facultad en tal sentido.
Las partes que han presentado observaciones están de acuerdo en considerar que la retención del importe de la tasa por parte del comprador no constituye una obligación, sino una mera facultad. Me adhiero a esta tesis. En realidad, el apartado 2 del mismo artículo 2, al prever la posibilidad de que el comprador retenga el importe de la tasa sobre el precio pagado al productor, añade que «en su defecto,» ese importe puede ser percibido «por cualquier medio adecuado». Por lo tanto, el tenor literal de la aludida norma prevé la posibilidad de que no se realice retención alguna y que el comprador obtenga el importe de la tasa de alguna otra manera. Además, el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 2 dispone que: «cuando las cantidades entregadas por un productor rebasen la cantidad de referencia de que dispone, el comprador estará autorizado (7) a retener, en concepto de anticipo sobre la tasa adeudada, según las modalidades determinadas por el Estado miembro, el importe del precio de la leche sobre cualquier entrega de dicho productor que exceda de la cantidad de referencia de la que dispone». En consecuencia, la norma objeto de examen no establece ninguna obligación para el comprador sino que se limita a prever que éste «está autorizado» a realizar la retención sobre el precio adeudado al productor. Se trata, pues, de una mera facultad, y el hecho de no ejercerla no puede ser objeto de sanción. Resulta indiscutible, no obstante, que el comprador es responsable del pago de la tasa suplementaria y que, en el caso de que decida no ejercer la facultad de efectuar la retención de que se trata, debe, en cualquier caso, percibir de los productores, por cualquier medio adecuado, la tasa que éstos adeuden.
En definitiva, considero que la segunda cuestión prejudicial debe responderse en el sentido de que el comprador es responsable del pago de la tasa suplementaria, pero no debe necesariamente asegurarse el cobro de dicha cantidad, frente a los productores, mediante una retención del importe correspondiente sobre el precio adeudado al propio productor.
Conclusión
14 A la luz de las observaciones anteriormente expuestas, propongo que se responda al Juez nacional del siguiente modo:
«1) Los artículos 2 y 9 del Reglamento (CEE) nº 3950/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, deben interpretarse en el sentido de que debe considerarse comprador, y por lo tanto responsable del pago de la tasa suplementaria, un sujeto de Derecho que realice las actividades mencionadas en los guiones primero y segundo de la letra e) del artículo 9 y que reciba de un productor leche o productos lácteos, sea cual fuere la calificación jurídica de la relación que haya dado lugar a la entrega. Por lo tanto, no es necesario que la entrega se realice necesariamente sobre la base de un contrato calificado de compraventa según el Derecho nacional.
2) El apartado 2 del artículo 2 del Reglamento nº 3950/92 debe interpretarse en el sentido de que el comprador está obligado a cobrar al productor el importe de la tasa que este último adeuda y de cuyo pago es responsable el propio comprador. No obstante, el cobro no debe necesariamente realizarse mediante una retención del comprador sobre el precio que debe pagar al productor, sino que, por el contrario, puede tener lugar por "cualquier medio adecuado".»
(1) - DO L 405, p. 1.
(2) - DO L 90, p. 10; EE 03/30, p. 61.
(3) - Véase el tercer considerando del Reglamento nº 3950/92.
(4) - DO L 57, p. 12.
(5) - El subrayado es mío. Sobre el concepto de «productor», véanse las sentencias de 15 de enero de 1991, Ballmann (C-341/89, Rec. p. I-25), y de 9 de octubre de 1997, Macon y otros (C-152/95, Rec. p. I-5429).
(6) - El subrayado es mío.
(7) - El subrayado es mío.