62018TJ0280_RES
Asunto T‑280/18
ABLV Bank AS
contra
Junta Única de Resolución
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima ampliada) de 6 de julio de 2022
«Unión económica y monetaria — Unión bancaria — Mecanismo único de resolución de las entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR) — Procedimiento de resolución aplicable en caso de que un ente esté en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo — Decisión de la JUR de no adoptar un mecanismo de resolución — Recurso de anulación — Acto lesivo — Interés en ejercitar la acción — Legitimación activa — Admisibilidad parcial — Artículo 18 del Reglamento (UE) n.o 806/2014 — Competencia del autor del acto — Derecho a ser oído — Obligación de motivación — Proporcionalidad — Igualdad de trato»
Recurso de anulación — Actos recurribles — Concepto — Actos que producen efectos jurídicos obligatorios — Derecho a la tutela judicial efectiva — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de adoptar o no un dispositivo de resolución — Inclusión
[Art. 263 TFUE; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 47; Reglamento (CE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 18 y 86, ap. 2]
(véanse los apartados 30 a 36]
Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Afectación directa — Criterios — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de adoptar o no un dispositivo de resolución — Determinación del carácter eventualmente directo de los efectos de dicha decisión en la situación jurídica de los accionistas de la entidad de crédito — Ausencia de afectación del derecho de los accionistas a percibir dividendos y a participar en la gestión de esa entidad — Falta de afectación directa — Inadmisibilidad
(Art. 263 TFUE, párr. 4)
(véanse los apartados 39 y 41 a 45)
Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Afectación directa — Criterios — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de adoptar o no un dispositivo de resolución — Determinación del carácter eventualmente directo de los efectos de dicha decisión en la situación jurídica de los accionistas de la entidad de crédito — Aplicación que tiene carácter puramente automático — Admisibilidad
[Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 47, 48 y 50 a 52)
Política económica y monetaria — Política económica — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Adopción de un dispositivo de resolución — Condiciones — Condición previa sine qua non de evaluación realizada por la Junta Única de Resolución (JUR) acerca de si el ente en cuestión está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo — Evaluación basada en la conclusión del Banco Central Europeo (BCE) — Procedencia
[Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18]
(véanse los apartados 47, 48 y 57)
Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Interés en ejercitar la acción — Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de adoptar o no un dispositivo de resolución — Evaluación acerca de si el ente en cuestión está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo — Condición sine qua non del inicio del procedimiento de resolución — Interés legítimo de este ente en no ser objeto de una evaluación acerca de si está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo — Inclusión
[Art. 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18]
(véanse los apartados 54 y 57 a 60)
Política económica y monetaria — Política económica — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Junta Única de Resolución (JUR) — Competencia — Decisión de adoptar o no un dispositivo de resolución — Obligación de tomar tal decisión tras la evaluación por el Banco Central Europeo (BCE) acerca de si el ente en cuestión está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo
[Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18, ap. 1; Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo]
(véanse los apartados 81 a 83)
Política económica y monetaria — Política económica — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Decisión de no adoptar un dispositivo de resolución — Condiciones — Evaluación acerca de si el ente en cuestión está en graves dificultades o probablemente vaya a estarlo — Funciones distintas de la Junta Única de Resolución (JUR) y del Banco Central Europeo (BCE) — Competencia compartida con un papel prioritario, aunque no exclusivo, del BCE
[Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18, ap. 1, párr. 2o]
(véanse los apartados 105, 106 y 108)
Política económica y monetaria — Política económica — Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión — Procedimiento de resolución — Derecho a ser oído — Alcance — Procedimiento tramitado por el Banco Central Europeo (BCE) y la Junta Única de Resolución (JUR) conjunta y sucesivamente — Procedimiento administrativo complejo — Obligación de dar audiencia al ente afectado por la decisión de adoptar o no un dispositivo de resolución en cada fase del procedimiento por cada uno de estos dos órganos — Inexistencia
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41, ap. 2, letra a); Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 18]
(véanse los apartados 156 a 163 y 165)
Resumen
La demandante, ABLV Bank AS, es una entidad de crédito letona y la sociedad matriz del grupo ABLV. ABLV Bank Luxembourg SA es, por su parte, una entidad de crédito establecida en Luxemburgo y constituye una de las filiales del grupo ABLV, siendo la demandante su accionista único. Estas dos entidades tenían la calificación de «entidad significativa» y estaban sometidas, por ese motivo, a la supervisión del Banco Central Europeo (BCE) en el marco del Mecanismo Único de Supervisión (MUS). (
1
)
El 13 de febrero de 2018, el United States Department of the Treasury (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América) anunció un proyecto de medida para designar a la demandante como una institución que representaba un riesgo importante en materia de blanqueo de capitales. A raíz de este anuncio, la demandante ya no pudo efectuar pagos en dólares estadounidenses y registró una retirada masiva de depósitos. Así pues, el BCE encargó a la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Comisión de Mercados Financieros y de Capitales de Letonia) que impusiera una moratoria para permitir a la demandante estabilizar su situación. El 23 de febrero de 2018, el BCE concluyó que la demandante estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo. Mediante dos Decisiones de 23 de febrero de 2018, referidas, respectivamente, a la demandante y a ABLV Luxembourg, la Junta Única de Resolución (JUR), que suscribía la conclusión del BCE, consideró, no obstante, que no era necesaria una medida de resolución respecto de las mismas en aras del interés público. (
2
)
El Tribunal General, que conocía de un recurso de anulación contra esas dos Decisiones, se pronunció por primera vez sobre una decisión de la JUR de no adoptar un dispositivo de resolución y desestimó el recurso en su totalidad.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, el Tribunal examinó las causas de inadmisibilidad del recurso formuladas por la JUR.
En primer término, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (
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) consideró que la decisión de no adoptar instrumentos de resolución respecto de una entidad de crédito es un acto impugnable. En efecto, dado que algunos de estos instrumentos pueden permitir a la demandante mantener una parte de sus actividades, tal decisión produce efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a sus intereses. Esta calificación permite, además, garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva.
En segundo término, el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso contra la decisión relativa a ABLV Luxembourg por falta de legitimación activa de la demandante. En efecto, esta decisión produce únicamente efectos directos en la situación jurídica de su destinatario, ABLV Luxembourg. El efecto negativo de esta decisión sobre la demandante es de naturaleza económica y no jurídica, puesto que el derecho de los accionistas a percibir dividendos y a participar en la gestión permanece inalterado.
Por lo que respecta a la decisión relativa a la demandante, el Tribunal General concluyó que esta disponía de legitimación activa para impugnar dicha decisión, ya que produce directamente efectos en su situación. En efecto, la conclusión de la JUR, basada en la evaluación realizada por el BCE, según la cual la demandante estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo, constituye el fundamento necesario para adoptar una decisión dirigida a no adoptar una medida de resolución. Por otra parte, esta decisión no deja ninguna facultad de apreciación a la autoridad reguladora nacional encargada de su ejecución, por tener esta carácter meramente automático y derivarse únicamente de la normativa de la Unión.
En tercer término, el Tribunal consideró que la demandante tenía interés en ejercitar la acción contra dicha decisión. En efecto, si llegara a la conclusión de que la evaluación acerca de si la demandante estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo, llevada a cabo por parte del BCE, suscrita por la JUR, era errónea, no debería haberse iniciado contra la demandante el procedimiento que condujo a la adopción de tal decisión. Además, para el ejercicio de sus actividades bancarias, la entidad en cuestión tiene un interés legítimo en no ser objeto de tal evaluación.
En segundo lugar, el Tribunal General desestimó todos los motivos formulados en cuanto al fondo por la demandante.
En particular, en primer término, el Tribunal señaló que la demandante censura erróneamente a la JUR haberse basado únicamente en la evaluación acerca de si ella estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo, llevada a cabo por parte del BCE, sin haber procedido a su propio examen. A este respecto, recuerda que, ciertamente, la JUR no está vinculada por esta evaluación del BCE y que nada indica que esté privada de una facultad de apreciación a este respecto. Sin embargo, el Reglamento n.o 806/2014 (
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) confiere al BCE un papel prioritario, aunque no sea exclusivo, ya que, habida cuenta de los conocimientos especializados de que dispone como organismo supervisor, es la institución que está en mejores condiciones para proceder a tal evaluación.
En segundo término, el Tribunal observó que las apreciaciones del BCE, que la JUR hizo suyas, a saber, las relativas, por una parte, a la capacidad de cobertura de liquidez de que debía disponer la demandante y, por otra parte, a la evaluación acerca de si estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo, no adolecían de error manifiesto. El Tribunal consideró que el BCE podía razonablemente, en circunstancias como las del caso de autos caracterizadas por retiradas masivas de depósitos a raíz de una quiebra de confianza entre la entidad de crédito y su clientela, conceder menos importancia a la ratio de cobertura y a la capitalización de la demandante y basarse principalmente en la disponibilidad inmediata de liquidez. Por lo tanto, concluyó que, habida cuenta del margen de apreciación de que dispone la JUR, esta no incurrió en error manifiesto de apreciación al considerar que la demandante estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo.
En tercer término, el Tribunal estimó que la JUR se basó, sin incurrir en error de Derecho, en la evaluación acerca de si la demandante estaba en graves dificultades o probablemente iba a estarlo, llevada a cabo por parte del BCE para comprobar que no existía ninguna perspectiva razonable de que otras medidas alternativas pudieran impedir su situación de inviabilidad en un plazo razonable. En efecto, aunque el examen de tales medidas sea distinto de dicha evaluación, observó que, en el presente asunto, el BCE integró dicho examen en esa evaluación.
En cuarto término, el Tribunal General descartó toda vulneración del derecho de la demandante a ser oída. En efecto, considera que, habida cuenta de la naturaleza del procedimiento administrativo complejo en cuestión, tramitado por el BCE y la JUR de manera conjunta y sucesiva, no se exige que la entidad afectada sea oída en cada fase del procedimiento por cada uno de esos dos órganos por separado. Pues bien, en el presente asunto, la demandante fue oída por el BCE en varias ocasiones y, por lo tanto, se le dio la oportunidad de expresar su punto de vista, de modo que la JUR tenía pleno conocimiento de sus alegaciones al adoptar la decisión, en la que hizo suyas las apreciaciones del BCE.
(
1
)	En virtud del Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO 2013, L 287, p. 63).
(
2
)	En el sentido del artículo 18 del Reglamento (UE) n.o 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 (DO 2014, L 225, p. 1).
(
3
)	Sentencia de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE (C‑551/19 P y C‑552/19 P, EU:C:2021:369).
(
4
)	Artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 806/2014.