62021CJ0701_RES
Asuntos acumulados C‑701/21 P y C‑739/21 P
Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon
contra
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)yComisión Europea
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de febrero de 2024
«Recurso de casación — Ayudas de Estado — Artículo 107 TFUE — Concepto de “ayuda” — Ventaja — Criterio del inversor privado — Laudo arbitral que fija unas tarifas eléctricas reducidas — Imputabilidad de un laudo arbitral al Estado — Reglamento (UE) 2015/1589 — Artículo 4, apartado 2 — Decisión por la que se declara que la medida no constituye una ayuda»
Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Interés en ejercitar la acción — Decisión de la Comisión por la que se declara la inexistencia de ayuda sin incoar el procedimiento de investigación formal — Recurso que pretende salvaguardar los derechos procesales de los interesados — Recurso interpuesto por una empresa controlada por un Estado miembro — Admisibilidad
[Arts. 108 TFUE, aps. 2 y 3, y 263 TFUE, párr. 4; Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, art. 1, letra h)]
(véanse los apartados 56 a 64)
Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Concesión de ventajas imputable al Estado — Implicación de un tribunal arbitral en la fijación de una tarifa eléctrica — Decisión de una empresa controlada por el Estado de celebrar un compromiso arbitral — Decisión que puede constituir una ayuda de Estado — Laudo arbitral adoptado por un tribunal arbitral convencional — Laudo arbitral que no constituye una medida imputable al Estado
(Art. 107 TFUE, ap. 1)
(véanse los apartados 96 a 114)
Resumen
El Tribunal de Justicia estima los recursos de casación interpuestos contra la sentencia del Tribunal General (
1
) por la que se anulan varios actos de la Comisión mediante los que esta declaró que un laudo arbitral que fija la tarifa de suministro de electricidad aplicable al fabricante griego de aluminio Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon (en lo sucesivo, «Mytilinaios») no conllevaba la concesión de una ayuda de Estado. Según el Tribunal de Justicia, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al calificar dicho laudo arbitral de medida estatal que podía constituir una ayuda de Estado.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), un productor y suministrador de electricidad controlado por el Estado griego, y Mytilinaios, que es su principal cliente, están implicados en una larga controversia relativa a la tarifa de suministro de electricidad que DEI factura a Mytilinaios, sin que estas partes logren ponerse de acuerdo sobre el importe de dicha tarifa. En el marco de un compromiso arbitral firmado el 16 de noviembre de 2011, ambas partes acordaron confiar la solución de su controversia a la Rythmistiki Archi Energeias (Autoridad Reguladora de la Energía, Grecia) (en lo sucesivo, «autoridad reguladora»), en la que está establecido, en virtud de la ley griega, un arbitraje permanente (en lo sucesivo, «tribunal arbitral de la autoridad reguladora»). A este se le encomendó la misión de determinar, sobre la base de las negociaciones que habían tenido lugar entre DEI y Mytilinaios, una tarifa de suministro de electricidad que correspondiera a las características específicas de Mytilinaios y que cubriera al menos los costes soportados por DEI.
Mediante resolución de 31 de octubre de 2013 (en lo sucesivo, «laudo arbitral»), el tribunal arbitral de la autoridad reguladora fijó la tarifa energética aplicable a Mytilinaios. El recurso interpuesto por DEI contra este laudo arbitral fue desestimado por el Efeteio Athinon (Tribunal de Apelación de Atenas, Grecia).
El 23 de diciembre de 2013, DEI presentó una denuncia ante la Comisión Europea en la que sostenía que el laudo arbitral constituía una ayuda de Estado ilegal, puesto que la tarifa controvertida la obligaba a suministrar electricidad a Mytilinaios por debajo de coste. Mediante escrito de 12 de junio de 2014 (en lo sucesivo, «escrito controvertido»), la Comisión informó a DEI del archivo de su denuncia.
A raíz de dicho escrito, DEI interpuso ante el Tribunal General un recurso, registrado con el número T‑639/14, por el que solicitaba la anulación del escrito controvertido.
En ese procedimiento, la Comisión, mediante Decisión de 25 de marzo de 2015 (en lo sucesivo, «primera Decisión controvertida»), (
2
) revocó y sustituyó el escrito controvertido. En dicha Decisión, consideró que el laudo arbitral no constituía una ayuda en favor de Mytilinaios, puesto que el hecho de que DEI hubiese sometido voluntariamente su controversia al arbitraje correspondía a la conducta de un inversor prudente en una economía de mercado y, por tanto, no suponía que se hubiera concedido ninguna ventaja a Mytilinaios.
Posteriormente, DEI interpuso ante el Tribunal General un recurso, registrado con el número T‑352/15, por el que se solicitaba la anulación de la primera Decisión controvertida.
Mediante auto de 9 de febrero de 2016, el Tribunal General declaró el sobreseimiento del recurso en el asunto T‑639/14. No obstante, el Tribunal de Justicia, (
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) resolviendo en casación, anuló este auto y devolvió el asunto al Tribunal General, donde fue registrado con el número T‑639/14 RENV.
El 14 de agosto de 2017, la Comisión adoptó una segunda Decisión (en lo sucesivo, «segunda Decisión controvertida»), (
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) mediante la que derogaba y sustituía tanto el escrito controvertido como la primera Decisión controvertida. Basándose en motivos idénticos a los expuestos en la primera Decisión controvertida, esta segunda Decisión confirma que el laudo arbitral no supone la concesión de una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
DEI interpuso nuevamente ante el Tribunal General un recurso de anulación de la segunda Decisión controvertida, registrado con el número T‑740/17.
Tras acumular los tres asuntos pendientes, la Sala Tercera ampliada del Tribunal General estimó los tres recursos interpuestos por DEI y anuló tanto el escrito controvertido como la primera y la segunda Decisiones controvertidas.
En su sentencia, el Tribunal General consideró que la Comisión debió incoar el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, con el fin de comprobar el contenido del laudo arbitral desde la perspectiva de la eventual concesión de una ayuda de Estado, dado que, a juicio de aquel, el tribunal arbitral de la autoridad reguladora es equiparable a un órgano jurisdiccional estatal ordinario y de la jurisprudencia se desprende que la ventaja concedida por ese órgano jurisdiccional a una de las partes del litigio puede analizarse como la concesión de una ayuda de Estado.
Mytilinaios y la Comisión han interpuesto sendos recursos de casación contra dicha sentencia ante el Tribunal de Justicia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En apoyo de sus recursos de casación, Mytilinaios y la Comisión alegan, en particular, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el tribunal arbitral de la autoridad reguladora podía equipararse a un órgano jurisdiccional estatal ordinario, lo que suponía convertir el laudo arbitral en una medida estatal que podía constituir una ayuda de Estado.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que los criterios en los que se basó el Tribunal General en apoyo de la asimilación del tribunal arbitral de la autoridad reguladora a un órgano jurisdiccional estatal ordinario no permiten diferenciar al tribunal arbitral de la autoridad reguladora de cualquier otro tribunal arbitral convencional. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia hace hincapié en que el único criterio, mencionado por el Tribunal General, que permite caracterizar al tribunal arbitral de la autoridad reguladora con respecto a otros tribunales arbitrales convencionales es el hecho de que sus árbitros, seleccionados a partir de una lista establecida mediante una resolución del presidente de la autoridad reguladora, deben acreditar su independencia y su imparcialidad antes de ser designados. Sin embargo, este hecho no permite considerar, por sí solo, que el citado tribunal arbitral se diferencie de cualquier otro tribunal arbitral convencional, puesto que no es más que un dato meramente procesal que no afecta a la función ni a la naturaleza de dicho tribunal.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia considera que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no comprobar si el tribunal arbitral de la autoridad reguladora disponía, como en principio ocurre con los órganos jurisdiccionales que forman parte de un sistema jurisdiccional estatal, de una competencia obligatoria que no dependía, por tanto, únicamente de la voluntad de las partes.
A la vista de lo anterior, el Tribunal de Justicia aprecia que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el tribunal arbitral de la autoridad reguladora podía equipararse a un tribunal ordinario y que el laudo arbitral era una medida estatal que podía constituir una ayuda de Estado.
No desvirtúa esta apreciación el hecho de que, en la sentencia Comisión/European Food y otros, (
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) el Tribunal de Justicia confirmara que la Comisión era competente para controlar si una indemnización abonada a inversores suecos por Rumanía en ejecución de un laudo arbitral constituía o no una ayuda de Estado.
A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya, por una parte, que el tribunal arbitral que dictó el laudo arbitral de que se trataba en el asunto Comisión/European Food y otros había sido establecido sobre la base de un tratado bilateral de inversiones celebrado entre el Reino de Suecia y Rumanía. Pues bien, como resulta de reiterada jurisprudencia, el consentimiento de un Estado miembro a la posibilidad de que se planteara un litigio contra él en el marco del procedimiento de arbitraje previsto por un tratado bilateral de inversiones, a diferencia del que se habría prestado en el marco de un procedimiento de arbitraje convencional, no tiene su origen en un acuerdo específico que refleje la autonomía de la voluntad de las partes de que se trata, sino que resulta de un tratado celebrado entre dos Estados, en cuyo marco estos, de manera general y por adelantado, se han comprometido a sustraer de la competencia de sus propios tribunales litigios que pueden referirse a la interpretación o a la aplicación del Derecho de la Unión en beneficio del procedimiento de arbitraje. Por otra parte, en la sentencia Comisión/European Food y otros, el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre si el laudo arbitral controvertido en ese asunto constituía una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
Además, el hecho de que, en el caso de autos, el recurso de DEI por el que se solicita la anulación del laudo arbitral haya sido desestimado por el Tribunal de Apelación de Atenas no implica que, solo por eso, quepa imputar dicho laudo al Estado griego. En efecto, el control jurisdiccional ejercido por ese tribunal solo se refiere a la legalidad del laudo arbitral, el cual sigue siendo un acto imputable únicamente al colegio arbitral que lo adoptó. Por otro lado, la instauración como tal de una ayuda de Estado no puede proceder de una resolución judicial, ya que se inscribe en el marco de una apreciación de oportunidad que es ajena a las competencias del juez.
A la vista de lo anterior, el Tribunal de Justicia concluye que, habida cuenta, en concreto, de las particularidades de la controversia que enfrenta a DEI y a Mytilinaios y de la especificidad de la misión encomendada al tribunal arbitral de la autoridad reguladora, la Comisión pudo considerar válidamente, por una parte, que la única medida estatal que podía constituir una ayuda de Estado era la decisión de DEI de celebrar el compromiso arbitral con Mytilinaios y, por otra parte, que, para saber si esa decisión había conferido una ventaja a Mytilinaios, era preciso comprobar si un operador privado, en condiciones normales de mercado, habría adoptado dicha decisión en las mismas condiciones.
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General y devuelve los tres asuntos a este último para que se pronuncie sobre los motivos sobre los que no se pronunció.
(
1
)	Sentencia de 22 de septiembre de 2021, DEI/Comisión (T‑639/14 RENV, T‑352/15 y T‑740/17, EU:T:2021:604).
(
2
)	Decisión C(2015) 1942 final de la Comisión, de 25 de marzo de 2015 [SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Grecia — Supuesta ayuda de Estado concedida a Alouminion SA en forma de tarifas eléctricas por debajo de coste a raíz de un laudo arbitral] (DO 2015, C 219, p. 2).
(
3
)	Sentencia de 31 de mayo de 2017, DEI/Comisión (C‑228/16 P, EU:C:2017:409).
(
4
)	Decisión C(2017) 5622 final, de 14 de agosto de 2017 [Asunto SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Grecia — Supuesta ayuda de Estado concedida a Alouminion SA en forma de tarifas eléctricas por debajo de coste a raíz de un laudo arbitral] (DO 2017, C 291, p. 2).
(
5
)	Sentencia de 25 de enero de 2022, Comisión/European Food y otros (C‑638/19 P, EU:C:2022:50).