62022CJ0737_RES
Asunto C‑737/22
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
contra
BibMedia A/S
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 13 de junio de 2024
«Procedimiento prejudicial — Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios — Directiva 2014/24/UE — Artículo 18 — Principios de igualdad de trato y de transparencia — Artículo 46 — División de contratos en lotes — Posibilidad ofrecida al licitador que haya presentado la segunda oferta económicamente más ventajosa de que se le adjudique un lote en las condiciones de la oferta económicamente más ventajosa»
Cuestiones prejudiciales — Admisibilidad — Límites — Cuestiones que carecen manifiestamente de pertinencia y cuestiones hipotéticas planteadas en un contexto en el que no cabe una respuesta útil — Inexistencia
(Art. 267 TFUE)
(véanse los apartados 25 y 28)
Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios — Directiva 2014/24/UE — Adjudicación de los contratos — Principios de igualdad de trato de los licitadores y de transparencia — Prohibición de negociación entre el poder adjudicador y un licitador — Alcance — Requisitos de adjudicación de un contrato dividido en lotes según el criterio del precio más bajo — Lote de menor valor que el lote más importante — Adjudicación al licitador que presenta la segunda oferta económicamente más ventajosa — Requisito — Ajuste del precio de ejecución del lote de menor valor al del licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa — Procedencia
(Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 18, ap. 1, 27 y 46)
(véanse los apartados 33 a 39 y 41 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este, Dinamarca), precisa, en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público dividido en lotes, el alcance de los principios de transparencia y de igualdad de trato, así como de la prohibición de negociación que de ellos se deriva.
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (en lo sucesivo, «SKI»), central de compras propiedad del Estado danés y de Kommunernes Landsforening (Federación de municipios del Reino de Dinamarca), convocó un procedimiento de licitación para la celebración de un acuerdo marco relativo al suministro, en particular, de material de biblioteca. El pliego de condiciones de dicha licitación establecía que los contratos relativos a los libros y partituras daneses se repartían geográficamente en dos lotes (Oeste y Este). Indicaba asimismo que el lote 2 (Oeste) se adjudicaría al licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa, mientras que el lote 1 (Este) sería adjudicado al que hubiera presentado la segunda oferta económicamente más ventajosa, siempre que aceptara ejecutar dicho lote al precio del licitador que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa. Al expirar el plazo de presentación de ofertas y conforme a la regulación antes citada, definida en el pliego de condiciones, (
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) SKI adjudicó a BibMedia el lote 2 (Oeste) y propuso adjudicar a AVM el lote 1 (Este), con la condición de que aceptara entregar los suministros y efectuar las prestaciones previstas en dicho lote al precio que BibMedia había propuesto y del que había sido informada.
A raíz de un recurso interpuesto por AVM ante el Klagenævnet for Udbud (Comisión de recursos en materia de contratación pública, Dinamarca), este último consideró que SKI había infringido la Ley danesa de contratación pública, debido a que el pliego de condiciones era contrario a la prohibición de negociación derivada de los principios de igualdad de trato y de transparencia. SKI interpuso recurso contencioso-administrativo contra esa decisión ante el Retten i Glostrup (Tribunal Municipal de Glostrup, Dinamarca), que lo remitió al Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este, Dinamarca), órgano jurisdiccional remitente.
En este contexto, el Tribunal de Apelación de la Región Este pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2014/24 (
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) debe interpretarse en el sentido de que los principios de igualdad de trato y de transparencia enunciados en esa disposición se oponen a que, en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público dividido en lotes, se adjudique un lote al licitador que haya presentado la segunda oferta económicamente más ventajosa, conforme a la regulación definida en los pliegos de la contratación, siempre que acepte entregar los suministros y efectuar las prestaciones relativas a dicho lote al mismo precio que el propuesto por el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa y al que, por consiguiente, se adjudicó otro lote, más importante, de dicho contrato.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Tras haber recordado que los principios de igualdad de trato y de transparencia se oponen a toda negociación entre el poder adjudicador y un licitador en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, lo que implica que, en principio, una oferta no puede ser modificada después de su presentación, ni a propuesta del poder adjudicador ni del licitador, el Tribunal de Justicia considera que una regulación de adjudicación de un contrato público como la expuesta en el pliego de condiciones de que se trata en el litigio principal no conlleva ningún elemento de negociación.
A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que tal regulación de adjudicación del contrato público garantiza, para la adjudicación de todos los lotes del contrato, el respeto del criterio del precio más bajo, sin que el poder adjudicador tenga la posibilidad de apartarse de dicho criterio o de invitar a un licitador a modificar su oferta, ya que ese poder adjudicador debe basarse en los precios propuestos antes de la expiración del plazo de presentación de las ofertas y respetar, a lo largo de dicho procedimiento, el orden de clasificación que resulta de esas proposiciones económicas.
En tal procedimiento de adjudicación, son, en efecto, los precios propuestos antes de la expiración del plazo de presentación de las ofertas los que determinan directa y definitivamente la clasificación de los licitadores. En esta clasificación, el licitador que ha ofrecido el precio más bajo ocupa el primer lugar y es a su precio al que se celebrará el contrato en su totalidad.
El Tribunal de Justicia precisa que la posibilidad —ofrecida por el pliego de condiciones al licitador que presenta la segunda oferta económicamente más ventajosa— de que se le adjudique un lote del contrato se deriva únicamente, como se desprende expresamente de los pliegos de la contratación, del hecho de que ocupa el segundo lugar en la clasificación resultante de los precios propuestos en las ofertas.
La cuestión de si esta posibilidad se utiliza o no depende de la decisión de dicho licitador de aceptar o no la ejecución del lote de que se trate al precio del licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. Este requisito forma parte de la regulación del procedimiento de adjudicación formulada en el pliego de condiciones de la licitación. En el supuesto de que el licitador que haya presentado la segunda oferta económicamente más ventajosa no acepte ajustarse a ese precio, incumbirá al licitador que ocupa el tercer puesto en la clasificación resultante de los precios propuestos en las ofertas tomar posición al respecto, y así sucesivamente, siguiendo el orden de clasificación de las ofertas, mientras ninguno de los licitadores acepte ajustarse al precio de la oferta presentada por el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa. Si todos los licitadores clasificados desde el segundo hasta el último puesto se niegan a ejecutar dicho lote a ese precio, el conjunto de los lotes del contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.
Así pues, ninguna de las decisiones que puedan adoptar los licitadores clasificados desde el segundo hasta el último puesto implica una modificación de las ofertas que hubieran presentado antes de la expiración del plazo previsto a tal efecto ni una negociación con el poder adjudicador. En efecto, ningún licitador tiene la posibilidad de cambiar, mediante una modificación de su oferta o mediante cualquier negociación, su lugar en la clasificación o el precio al que se celebrará el contrato relativo a un lote cualquiera del contrato.
El Tribunal de Justicia deduce de ello que, sin vulnerar los principios de igualdad de trato y de transparencia, una regulación de adjudicación como la controvertida en el litigio principal está comprendida en el supuesto previsto por la Directiva sobre los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, a saber, aquel en el que un poder adjudicador decide adjudicar un contrato en forma de lotes distintos, precisando en los pliegos de la contratación si está permitido presentar una oferta para un único lote, para varios lotes o para todos los lotes e indicando qué criterios objetivos y no discriminatorios se aplicarán para determinar la adjudicación de los lotes.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia declara que los principios de igualdad de trato y de transparencia enunciados en la Directiva no se oponen a que, en el marco de un procedimiento de licitación dividido en lotes, se adjudique un lote al licitador que haya presentado la segunda oferta económicamente más ventajosa, conforme a la regulación definida en los pliegos de la contratación, siempre que este acepte entregar los suministros y efectuar las prestaciones relativas a dicho lote al mismo precio que el propuesto por el licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa y al que, por consiguiente, se adjudicó otro lote, de mayor importe, de ese contrato.
(
1
)	Punto 3.1.1. del pliego de condiciones.
(
2
)	Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO 2014, L 94, p. 65; en lo sucesivo, «Directiva sobre los contratos públicos de obras, suministros y servicios»).