62023CJ0295
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 19 de diciembre de 2024 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Artículo 49 TFUE — Libertad de establecimiento — Artículo 63 TFUE — Libre circulación de capitales — Determinación de la libertad de circulación aplicable — Servicios en el mercado interior — Directiva 2006/123/CE — Artículo 15 — Requisitos relativos a la posesión de capital de una sociedad — Participación de un inversor puramente económico en el capital de una sociedad profesional de abogados — Cancelación de la inscripción de esta sociedad en el Colegio de la Abogacía como consecuencia de dicha participación — Restricción a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de capitales — Justificaciones basadas en la protección de la independencia de los abogados y de los destinatarios de servicios jurídicos — Necesidad — Proporcionalidad»
En el asunto C‑295/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bayerischer Anwaltsgerichtshof (Tribunal de la Abogacía de Baviera, Alemania), mediante resolución de 20 de abril de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de mayo de 2023, en el procedimiento entre
Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG
y
Rechtsanwaltskammer München,
con intervención de:
SIVE Beratung und Beteiligung GmbH,
Daniel Halmer,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente, el Sr. F. Biltgen, la Sra. K. Jürimäe, los Sres. C. Lycourgos e I. Jarukaitis, la Sra. M. L. Arastey Sahún y los Sres. S. Rodin, D. Gratsias y M. Gavalec (Ponente), Presidentes de Sala, y el Sr. E. Regan, la Sra. I. Ziemele, el Sr. Z. Csehi y la Sra. O. Spineanu-Matei, Jueces;
Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;
Secretaria: Sra. N. Mundhenke, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 30 de abril de 2024;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG, SIVE Beratung und Beteiligung GmbH y Daniel Halmer, por los Sres. M. Quecke y D. Uwer, Rechtsanwälte;
–
en nombre de la Rechtsanwaltskammer München, por el Sr. C. Wolf, Professor;
–
en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. J. Möller, M. Hellmann y A. Sahner y por la Sra. J. Simon, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno español, por el Sr. Á. Ballesteros Panizo y las Sras. M. Morales Puerta y A. Pérez-Zurita Gutiérrez, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno francés, por los Sres. R. Bénard, B. Fodda y T. Lechevallier, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno croata, por la Sra. G. Vidović Mesarek, en calidad de agente;
–
en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. A. Posch, la Sra. J. Schmoll, el Sr. M. Aufner, la Sra. A. Kögl y el Sr. P. Thalmann, en calidad de agentes;
–
en nombre del Gobierno esloveno, por las Sras. V. Klemenc y T. Mihelič Žitko, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. L. Armati y los Sres. M. Mataija y G. von Rintelen, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 4 de julio de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 49 TFUE y 63 TFUE, apartado 1, y del artículo 15, apartado 3, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DO 2006, L 376, p. 36).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG (en lo sucesivo, «HR») y la Rechtsanwaltskammer München (Colegio de la Abogacía de Múnich, Alemania), en relación con la decisión de este último de cancelar la inscripción de HR.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
3
Los considerandos 6, 33, 39, 40, 55, 56, 73 y 101 de la Directiva 2006/123 señalan:
«(6)
La supresión de estos obstáculos no puede hacerse únicamente mediante la aplicación directa de los artículos 43 y 49 del Tratado [(49 TFUE y 56 TFUE)], ya que, por un lado, resolver caso por caso mediante procedimientos de infracción contra los correspondientes Estados miembros sería, especialmente a raíz de las ampliaciones, una forma de actuar extremadamente complicada para las instituciones nacionales y comunitarias y, por otro, la eliminación de numerosos obstáculos requiere una coordinación previa de las legislaciones nacionales, coordinación que también es necesaria para instaurar un sistema de cooperación administrativa. Como han admitido el Parlamento Europeo y el Consejo, un instrumento legislativo comunitario permitiría crear un auténtico mercado interior de servicios.
[…]
(33)
En la presente Directiva, el concepto de “servicio” incluye actividades enormemente variadas y en constante evolución […]. El concepto de servicio incluye también los servicios destinados tanto a las empresas como a los consumidores, como los servicios de asesoramiento jurídico o fiscal […].
[…]
(39)
El concepto de “régimen de autorización” debe abarcar, entre otros, los procedimientos administrativos mediante los cuales se conceden autorizaciones, licencias, homologaciones o concesiones, pero también la obligación, para poder ejercer una actividad, de estar inscrito en un colegio profesional o en un registro […].
(40)
El concepto de “razones imperiosas de interés general” al que se hace referencia en determinadas prescripciones de la presente Directiva ha sido desarrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a los artículos 43 y 49 del Tratado [(49 TFUE y 56 TFUE)] y puede seguir evolucionando. La noción reconocida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia abarca al menos los ámbitos siguientes: […] protección de los destinatarios de los servicios, protección del consumidor, […] garantía de una buena administración de justicia […].
[…]
(55)
La presente Directiva no debe afectar a la posibilidad de que los Estados miembros retiren las autorizaciones a posteriori si dejan de cumplirse las condiciones necesarias para la concesión de la autorización.
(56)
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los objetivos de salud pública, protección de los consumidores, sanidad animal y protección del entorno urbano constituyen razones imperiosas de interés general que permiten justificar la aplicación de regímenes de autorización y otras restricciones. No obstante, ningún régimen de autorización o restricción de estas características debe discriminar en razón de nacionalidad. Además, deben respetarse siempre los principios de necesidad y proporcionalidad.
[…]
(73)
Entre los requisitos que hay que examinar figuran los regímenes nacionales que, por motivos distintos de los relacionados con las cualificaciones profesionales, reservan a prestadores concretos el acceso a ciertas actividades. Estos requisitos incluyen también la obligación para un prestador de adoptar una forma jurídica particular, concretamente de constituirse como persona jurídica, sociedad de personas, entidad sin ánimo de lucro o sociedad perteneciente únicamente a personas físicas, y requisitos relativos a la posesión de capital de una sociedad, concretamente la obligación de disponer de un capital mínimo para determinadas actividades o tener una cualificación específica para poseer el capital social o gestionar determinadas sociedades. […]
[…]
(101)
Es necesario garantizar, en interés de los destinatarios, en particular los consumidores, que los prestadores puedan ofrecer servicios multidisciplinares y que las restricciones a este respecto se limiten a lo estrictamente necesario para garantizar la imparcialidad, la independencia y la integridad de las profesiones reguladas. […]»
4
El artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva preceptúa:
«En la presente Directiva se establecen las disposiciones generales necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios, manteniendo, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios.»
5
El artículo 2, apartado 1, de la citada Directiva establece:
«La presente Directiva se aplicará a los servicios prestados por prestadores establecidos en un Estado miembro.»
6
El artículo 4 de la Directiva 2006/123 dispone:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
1)
“servicio”, cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del Tratado [(57 TFUE)];
2)
“prestador”, cualquier persona física con la nacionalidad de un Estado miembro o cualquier persona jurídica de las contempladas en el artículo 48 del Tratado [(54 TFUE)] y establecida en un Estado miembro, que ofrezca o preste un servicio;
[…]
5)
“establecimiento”, ejercicio efectivo de una actividad económica a que se hace referencia en el artículo 43 del Tratado [(49 TFUE)] por una duración indeterminada y por medio de una infraestructura estable a partir de la cual se lleva a cabo efectivamente la prestación de servicios;
6)
“régimen de autorización”, cualquier procedimiento en virtud del cual el prestador o el destinatario están obligados a hacer un trámite ante la autoridad competente para obtener un documento oficial o una decisión implícita sobre el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio;
7)
“requisito”, cualquier obligación, prohibición, condición o límite previstos en las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los Estados miembros o derivados de la jurisprudencia, de las prácticas administrativas, de las normas de los colegios profesionales o de las normas colectivas de asociaciones o de organismos profesionales y adoptados en ejercicio de su autonomía jurídica; las normas derivadas de convenios colectivos negociados por los interlocutores sociales no se considerarán requisitos a efectos de la presente Directiva;
8)
“razón imperiosa de interés general”, razón reconocida como tal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incluidas las siguientes: […] la protección de los consumidores, de los destinatarios de servicios […];
9)
“autoridad competente”, cualquier organismo o entidad, en un Estado miembro, que lleve a cabo el control o la regulación de las actividades de servicios y, concretamente, las autoridades administrativas, incluidos los tribunales que actúen como tales, los colegios profesionales y las asociaciones u organismos profesionales que, en el marco de su autonomía jurídica, regulan de forma colectiva el acceso a las actividades de servicios o su ejercicio;
[…]
11)
“profesión regulada”, la actividad o conjunto de actividades profesionales tal y como se definen en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/36/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO 2005, L 255, p. 22)];
[…]».
7
El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2006/123 establece:
«Los Estados miembros solo podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando se reúnan las siguientes condiciones:
a)
el régimen de autorización no es discriminatorio para el prestador de que se trata;
b)
la necesidad de un régimen de autorización está justificada por una razón imperiosa de interés general;
c)
el objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una medida menos restrictiva, en concreto porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz.»
8
El artículo 11, apartado 4, de dicha Directiva establece:
«El presente artículo no afectará a la posibilidad de los Estados miembros de retirar las autorizaciones, en especial cuando dejen de cumplirse las condiciones para la concesión de la autorización.»
9
El artículo 15 de la mencionada Directiva, titulado «Requisitos por evaluar», dispone:
«1.   Los Estados miembros examinarán si en su ordenamiento jurídico están previstos los requisitos contemplados en el apartado 2 y harán lo necesario para que dichos requisitos sean compatibles con las condiciones contempladas en el apartado 3. Los Estados miembros adaptarán sus disposiciones legales, reglamentarias o administrativas con el fin de lograr que sean compatibles con dichas condiciones.
2.   Los Estados miembros examinarán si sus respectivos ordenamientos jurídicos supeditan el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio al cumplimiento de los siguientes requisitos no discriminatorios:
[…]
c)
requisitos relativos a la posesión de capital de una sociedad;
[…]
3.   Los Estados miembros comprobarán que los requisitos contemplados en el apartado 2 cumplan las condiciones siguientes:
a)
no discriminación: que los requisitos no sean discriminatorios, ni directa ni indirectamente, en función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a las sociedades, del domicilio social;
b)
necesidad: que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general;
c)
proporcionalidad: que los requisitos sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no vayan más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo y que no se puedan sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.
[…]
5.   En el informe de evaluación recíproca previsto en el artículo 39, apartado 1, los Estados miembros indicarán lo siguiente:
a)
los requisitos que tienen previsto mantener y los motivos por los que consideran que dichos requisitos reúnen las condiciones contempladas en el apartado 3;
[…]
6.   A partir del 28 de diciembre de 2006, los Estados miembros únicamente podrán introducir nuevos requisitos del tipo de los contemplados en el apartado 2 cuando reúnan las condiciones establecidas en el apartado 3.
[…]»
10
El artículo 25, apartados 1 y 2, de la misma Directiva, titulado «Actividades multidisciplinares», dispone:
«1.   Los Estados miembros harán lo necesario para que los prestadores no se vean sujetos a requisitos que les obliguen a ejercer exclusivamente una actividad específica o que limiten el ejercicio conjunto o en asociación de distintas actividades.
No obstante lo dispuesto, los siguientes prestadores podrán verse sujetos a este tipo de requisitos:
a)
las profesiones reguladas, en la medida en que esté justificado para garantizar el cumplimiento de requisitos deontológicos distintos debidos al carácter específico de cada profesión, y sea necesario para garantizar su independencia e imparcialidad;
[…]
2.   En los casos en que las actividades multidisciplinares entre prestadores contemplados en el apartado 1, letras a) y b), estén autorizadas, los Estados miembros harán lo necesario para:
a)
prevenir conflictos de intereses e incompatibilidades entre determinadas actividades;
b)
garantizar la independencia e imparcialidad que requieren determinadas actividades;
c)
garantizar que los requisitos deontológicos de las distintas actividades sean compatibles entre sí, en especial en lo que se refiere al secreto profesional.»
Derecho alemán
Antiguo Estatuto de la Abogacía
11
Según el artículo 7 del Bundesrechtsanwaltsordnung (Reglamento Federal sobre el Estatuto de la Abogacía), en su versión vigente hasta el 31 de julio de 2022, aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «antiguo Estatuto de la Abogacía»), procedía denegar la admisión al Colegio de la Abogacía si existían dudas sobre la capacidad del solicitante para ejercer su actividad como autoridad del ámbito judicial independiente.
12
El artículo 59a, apartados 1 y 2, de dicho Estatuto tenía el siguiente tenor:
«(1)   Los abogados pueden asociarse con los miembros de un Colegio de la Abogacía, los agentes de la propiedad industrial, los asesores fiscales, los mandatarios fiscales, los auditores de cuentas y los censores jurados de cuentas para ejercer en común su profesión en el marco de sus respectivas competencias profesionales. […]
(2)   Los abogados pueden igualmente ejercer su profesión en común:
1.
con miembros de la abogacía de otros Estados que […] estén autorizados a establecerse con arreglo al ámbito de aplicación de esta ley y tengan su bufete en el extranjero;
2.
con los agentes de la propiedad industrial, los asesores fiscales, los mandatarios fiscales, los auditores de cuentas y los censores jurados de cuentas de otros Estados que ejerzan una profesión equivalente, en términos de formación y de competencias, a las profesiones a las que se refieren el Patentanwaltsordnung [(Reglamento sobre los Agentes de la Propiedad Industrial)], la Steuerberatungsgesetz [(Ley sobre Asesoría Fiscal)] o el Wirtschaftsprüferordnung [(Reglamento sobre Censura Jurada de Cuentas)] y que puedan ejercer sus profesiones en común con los agentes de la propiedad industrial, los asesores fiscales, los auditores de cuentas o los censores jurados de cuentas con arreglo al ámbito de aplicación de esta ley.»
13
Mediante resolución de 12 de enero de 2016, el Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal, Alemania) declaró que el artículo 59a, apartado 1, primera frase, de dicho Estatuto era incompatible con el artículo 12, apartado 1, de la Grundgesetz (Ley Fundamental) en la medida en que prohibía a los abogados asociarse con médicos y farmacéuticos en una sociedad civil profesional para el ejercicio de sus profesiones.
14
El artículo 59c del antiguo Estatuto de la Abogacía autorizaba el ejercicio de la abogacía por sociedades de abogados con la forma de sociedades de capital.
15
De conformidad con el artículo 59d de dicho Estatuto, debía denegarse la solicitud de inscripción en el Colegio de la Abogacía de una sociedad de abogados que no cumpliera los requisitos mencionados en el artículo 59e del mencionado Estatuto.
16
El artículo 59e de dicho Estatuto disponía:
«(1)   Solo los abogados y los miembros de las profesiones mencionadas en el artículo 59a, apartado 1, primera frase, y apartado 2, pueden ser socios de una sociedad de abogados. Deben ejercer una actividad profesional en la sociedad de abogados. Se aplicarán mutatis mutandis el artículo 59a, apartado 1, tercera y cuarta frases, y el artículo 172a.
(2)   La mayoría de las participaciones sociales y de los derechos de voto deben ser ostentados por abogados. En la medida en que los socios no estén autorizados para ejercer una de las profesiones mencionadas en el apartado 1, primera frase, no tendrán derecho de voto.
(3)   Las participaciones en la sociedad de abogados no deben ser ostentadas por cuenta de terceros y los terceros no deben participar en los beneficios de la sociedad de abogados.
(4)   Los socios solo pueden apoderar para el ejercicio de los derechos de los socios a aquellos socios que tengan derecho de voto y pertenezcan a la misma profesión o que sean abogados».
17
Para garantizar la independencia de la dirección de la sociedad de abogados, el artículo 59f del antiguo Estatuto de la Abogacía establecía lo siguiente:
«(1)   La sociedad de abogados debe ser gestionada de manera responsable por abogados. Los gerentes deben ser mayoritariamente abogados.
(2)   Solo las personas autorizadas a ejercer una profesión mencionada en el artículo 59e, apartado 1, primera frase, pueden ser gerentes.
(3)   Los apartados 1, segunda frase, y 2 se aplicarán mutatis mutandis a los apoderados y agentes comerciales para el conjunto de la empresa.
(4)   La independencia de los abogados que son gerentes o mandatarios con arreglo al apartado 3 debe estar garantizada en el ejercicio de su profesión de abogado. Se prohíben las influencias ejercidas por los socios, en particular por medio de instrucciones o de vínculos contractuales».
18
El artículo 59h, apartado 3, de dicho Estatuto disponía:
«La inscripción en el Colegio de la Abogacía deberá ser cancelada si la sociedad de abogados deja de cumplir los requisitos establecidos en los artículos 59c, 59e, 59f, 59i y 59j, a menos que la sociedad de abogados se ajuste a la ley en un plazo razonable que deberá fijar el Colegio de la Abogacía. […]»
Nuevo Estatuto de la Abogacía
19
La Gesetz zur Neuregelung des Berufsrechts der anwaltlichen und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften sowie zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe (Ley por la que se establece una nueva regulación de las sociedades para el ejercicio liberal de la profesión de abogado y de asesor fiscal, y por la que se modifican otras disposiciones en el ámbito de las profesiones de asesoramiento jurídico), de 7 de julio de 2021 (BGBl. 2021 I, p. 2363), modificó, con efectos a partir del 1 de agosto de 2022, el Reglamento Federal sobre el Estatuto de la Abogacía.
20
A tenor del artículo 59c del Estatuto de la Abogacía, en su versión modificada (en lo sucesivo, «nuevo Estatuto de la Abogacía»), titulado «Sociedades para el ejercicio liberal de la profesión con miembros de otras profesiones»:
«(1)   Los abogados también están autorizados a asociarse para el ejercicio en común de la profesión en una sociedad de ejercicio liberal con arreglo al artículo 59b.
1.
con los miembros de un Colegio de la Abogacía, los agentes de la propiedad industrial, los asesores fiscales, los mandatarios fiscales, los auditores de cuentas y los censores jurados de cuentas;
2.
con los miembros de la abogacía de otros Estados que, en virtud de la Ley sobre la Actividad de los Abogados Europeos en Alemania o del artículo 206 [del nuevo Estatuto de la Abogacía], estén autorizados a establecerse en el ámbito de aplicación de esta ley;
3.
con los agentes de la propiedad industrial, los asesores fiscales, los agentes fiscales, los auditores de cuentas y los censores jurados de cuentas de otros Estados que, en virtud del Reglamento sobre los Agentes de la Propiedad Industrial, de la Ley sobre Asesoría Fiscal o del Reglamento sobre Censura Jurada de Cuentas, puedan ejercer su profesión en común con los agentes de la propiedad industrial, los asesores fiscales, los agentes fiscales, los auditores y los censores jurados de cuentas incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley,
4.
con personas que ejerzan en la sociedad de ejercicio liberal una profesión liberal en el sentido del artículo 1, apartado 2, de la Partnerschaftsgesellschaftsgesetz [(Ley de Sociedades Civiles Profesionales)], a menos que dicha asociación sea incompatible con la profesión de abogado, en particular con su condición de autoridad del ámbito judicial independiente, o que pueda poner en peligro la confianza en su independencia.
Podrá excluirse, en particular, una asociación en el sentido de la primera frase del punto 4 si en la otra persona concurre algún motivo que, en el caso de un abogado, daría lugar a la denegación de la admisión al Colegio de la Abogacía con arreglo al artículo 7.
(2)   El objeto social de la sociedad de ejercicio liberal a que se refiere el apartado 1 será el asesoramiento y representación en materia jurídica. Además, será posible ejercer una profesión distinta de la de abogado. Los artículos 59d a 59q solo se aplicarán a las sociedades de ejercicio liberal que tengan por objeto el ejercicio de la abogacía.»
Código Penal
21
Con arreglo al artículo 203, apartado 1, punto 3, del Strafgesetzbuch (Código Penal), los abogados están obligados a respetar el secreto profesional que ampara a los hechos de los que tengan conocimiento en razón de su actividad profesional. No obstante, de conformidad con el apartado 3 de este artículo, podrán comunicar cuestiones sometidas a secreto profesional a las personas con las que colaboren con carácter profesional o en el marco de una función pública, en la medida en que sea necesario para la actividad de dichas personas.
Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
22
El artículo 37, apartado 1, de la Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada) dispone:
«Los gerentes estarán obligados frente a la sociedad a respetar las limitaciones impuestas a su poder de representación por los estatutos o, salvo cláusula estatutaria en contrario, por los acuerdos de los socios.»
23
Del artículo 46, puntos 5 y 7, de dicha Ley se desprende que la junta de socios debe decidir sobre el nombramiento y el cese de los gerentes y de los apoderados. Este mismo artículo 46 establece, en su punto 6, que los socios deben decidir sobre las medidas de control y supervisión de la gestión de la sociedad.
24
A tenor del artículo 51a de la mencionada Ley:
«(1)   Los gerentes deberán facilitar inmediatamente a cualquier socio que lo solicite información sobre los asuntos de la sociedad y permitirle consultar las cuentas y otros documentos.
(2)   Los gerentes podrán denegar dichas solicitudes de información y consulta si hay motivos para temer que el socio haga uso de ellas con fines ajenos a la sociedad y cause así un perjuicio no insignificante a la misma o a una empresa vinculada. La denegación de información o de consulta requiere la adopción de un acuerdo de los socios.
(3)   No podrán establecerse excepciones a estas disposiciones en los estatutos de la sociedad».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
25
HR es una sociedad de abogados con domicilio social en Höhenmoos (Alemania), constituida con la forma de Unternehmergesellschaft (UG), esto es, una sociedad de capital sujeta a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, pero cuyo capital social mínimo es inferior a 25000 euros, que es el normalmente previsto para este tipo de sociedades. Su gerente y socio único era originariamente el Sr. Daniel Halmer, que ejercía la abogacía.
26
HR, creada mediante contrato de 30 de enero de 2020, se inscribió en el Registro Mercantil del Amtsgericht Traunstein (Tribunal de lo Civil y Penal de Traunstein, Alemania) el 16 de julio de 2020 y en el Colegio de la Abogacía de Múnich el 6 de agosto de 2020 mediante resolución de este último de 28 de julio de 2020.
27
Mediante un contrato de cesión de 31 de marzo de 2021, el Sr. Halmer transmitió cincuenta y una de las cien participaciones sociales de HR a SIVE Beratung und Beteiligung GmbH (en lo sucesivo, «SIVE»), sociedad austriaca de responsabilidad limitada.
28
Los estatutos de HR fueron modificados entonces para permitir la transmisión de participaciones sociales a una sociedad de capital no inscrita en el Colegio de la Abogacía, reservando al mismo tiempo la gestión de HR únicamente a los abogados inscritos en el Colegio de la Abogacía, con el fin de garantizar su independencia. En su versión modificada, las disposiciones pertinentes de dichos estatutos contenían los siguientes pasajes:
«Artículo 2 — Objeto de la sociedad
(1)   La sociedad tiene por objeto la tramitación de asuntos jurídicos de terceros, incluido el asesoramiento jurídico, asumiendo funciones de abogado que solo desempeñarán los abogados inscritos en el Colegio de la Abogacía y adscritos al servicio de la sociedad, de manera independiente, sin estar sujetos a instrucciones y bajo su propia responsabilidad, en cumplimiento de la normativa que regula su profesión. La sociedad creará las condiciones necesarias en términos de personal, material y locales y efectuará las operaciones correspondientes; suscribirá, en particular, un seguro de responsabilidad civil profesional exigido por la normativa que regula la profesión de abogado.
(2)   La sociedad no debe infringir los requisitos y prohibiciones vigentes del [Estatuto de la Abogacía] ni el resto de la normativa que regula la profesión de abogado. En particular, no debe obstaculizar la libertad de ejercicio de la profesión de los abogados que trabajan para ella. La sociedad solo está autorizada a hacer publicidad dentro de los límites establecidos por la normativa que regula la profesión de abogado. No se autoriza a la sociedad a ejercer actividades comerciales y bancarias ni ninguna otra actividad de carácter industrial.
[…]
Artículo 8 — Transmisión de participaciones sociales
La cesión de participaciones sociales y partes de participaciones sociales solo será válida con el acuerdo escrito de la junta de socios. Se aprobará por acuerdo de los socios que exigirá una mayoría del 75 % de los votos con derecho de voto.
Artículo 9 — Gestión y representación
(1)   La gestión, responsable, de los asuntos societarios corresponderá exclusivamente a los abogados, de conformidad con la ley, las normas profesionales aplicables y estos estatutos. La sociedad tendrá uno o varios gerentes. La sociedad dispondrá en su domicilio social de un despacho en el que trabajará, de forma responsable, al menos un abogado-gerente, para quien este despacho será su centro de actividad.
(2)   Si se nombra a un gerente único, solo él representará a la sociedad. Si se nombra a varios, la sociedad estará representada por dos gerentes mancomunadamente o por un gerente junto con un apoderado.
[…]
(4)   Los gerentes ejercerán su profesión de abogado de manera independiente y bajo su propia responsabilidad. A este respecto, estará prohibida la influencia ejercida por los socios, la junta de socios u otros gerentes sobre el ejercicio de la profesión de gerente, por ejemplo mediante instrucciones, relaciones contractuales o la amenaza o imposición de daños (por ejemplo, el cese […] o medidas en el sentido del artículo 46, punto 6, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada). Esto se aplicará, en particular, a la aceptación, el rechazo y la gestión concretos de un mandato de la sociedad. Además, los gerentes no deberán verse impedidos por los socios, la junta de socios o los demás gerentes para ejercer en todo momento su profesión de abogado de conformidad con sus obligaciones profesionales (en particular, en virtud del Estatuto de la Abogacía y del Código Deontológico de la Abogacía). El cese de un gerente requerirá, salvo que concurran motivos graves, el acuerdo unánime de los socios. Los socios se comprometen —aunque ellos mismos no estén inscritos en el Colegio de la Abogacía— a actuar siempre, en el ejercicio de sus derechos como socios, de forma que su propio comportamiento, así como, correlativamente, el de la sociedad, se ajuste a la normativa relativa a la profesión de abogado (en particular, al Estatuto de la Abogacía y al Código Deontológico de la Abogacía). Los gerentes asesorarán a los socios sobre las cuestiones que se derivan de la normativa que regula la abogacía.
(5)   Solo los abogados podrán ser nombrados apoderados y agentes comerciales. El apartado 4 se aplicará mutatis mutandis a los apoderados y a los agentes comerciales; no se verá afectado el poder de instrucción que los gerentes tengan por mor de una relación laboral o de un mandato frente al apoderado o al agente comercial.
[…]
Artículo 11 — Toma de decisiones
(1)   Los acuerdos de los socios se adoptarán por mayoría simple, a menos que la ley o estos estatutos prevean una mayoría diferente. Cada participación social dará derecho a un voto. Los acuerdos que infrinjan lo dispuesto en el artículo 9, apartados 4 y 5, serán ineficaces.
[…]
Artículo 13 — Ejercicio del derecho de información y consulta en el sentido del artículo 51a de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada
Los gerentes, apoderados y agentes comerciales estarán obligados a respetar su obligación de secreto profesional de abogado en la medida de lo posible también frente a la junta de socios y cualquier socio con el que no colaboren con carácter profesional y que no esté sujeto, a su vez, a una obligación de secreto profesional sancionada penalmente. En la medida en que un socio solicite consultar documentos u obtener información sobre hechos sujetos al secreto profesional del abogado, deberá estar representado por una persona sujeta por ley al secreto profesional (por ejemplo, un abogado, un asesor fiscal o un auditor de cuentas), incluso respecto a él. Por lo que se refiere a la consulta o a la información relativa a hechos sujetos al secreto profesional del abogado, los propios socios estarán directa e inmediatamente sujetos al secreto profesional por dicho contrato de sociedad, conforme al artículo 203, apartado 4, segunda frase, punto 1, del Código Penal. En cualquier caso, antes de que el socio pueda tomar conocimiento directamente por sí mismo, mediante consulta u obtención de información, de hechos sujetos al secreto profesional del abogado, el propio socio deberá someterse al secreto profesional por parte del gerente competente, conforme al artículo 203, apartado 4, segunda frase, punto 1, del Código Penal. No obstante lo dispuesto en el artículo 51a, apartado 2, segunda frase, de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la denegación de información o de consulta no requerirá acuerdo de los socios.
[…]
Artículo 17 — Modificaciones de los estatutos; disolución; obligación de información
(1)   Los acuerdos relativos a las modificaciones de estos estatutos y a la disolución de la sociedad solo serán válidos si se adoptan por mayoría del 75 % de los votos emitidos en una junta de socios debidamente convocada y que reúna el quorum necesario. Las modificaciones del artículo 9, apartados 4 y 5, y del artículo 13 de estos estatutos requerirán unanimidad.
(2)   Toda modificación de los estatutos, de los socios o en la persona que ostente el poder de representación, cualquier acuerdo relativo al derecho de representación individual de los gerentes, así como la creación o disolución de sucursales, deberán notificarse inmediatamente al Colegio de la Abogacía competente, acompañando los justificantes necesarios.»
29
La modificación de los estatutos de HR y la cesión de las participaciones de esta sociedad se inscribieron en el Registro Mercantil del Amtsgericht Traunstein (Tribunal de lo Civil y Penal de Traunstein) el 6 de abril de 2021.
30
Mediante escritos de 9 de abril de 2021 y de 9 de mayo de 2021, HR informó al Colegio de la Abogacía de Múnich de la modificación de sus estatutos y de la transmisión de cincuenta y una de sus cien participaciones sociales a SIVE.
31
Mediante escrito de 19 de mayo de 2021, el Colegio de la Abogacía de Múnich comunicó a HR que la cesión de las participaciones sociales a SIVE estaba prohibida en virtud de los artículos 59a y 59e del antiguo Estatuto de la Abogacía y que, por tanto, se cancelaría la inscripción de HR en el Colegio de la Abogacía en caso de que se mantuviera dicha cesión.
32
Mediante escrito de 26 de mayo de 2021, HR informó al Colegio de la Abogacía de Múnich del mantenimiento de la cesión.
33
Mediante resolución de 9 de noviembre de 2021, notificada a HR el 11 de noviembre de 2021, el Colegio de la Abogacía de Múnich canceló la inscripción de esta sociedad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 59e, apartado 1, primera frase, en relación con el artículo 59h, apartado 3, primera frase, del antiguo Estatuto de la Abogacía, debido, en esencia, a que solo los abogados y los miembros de las profesiones mencionadas en el artículo 59a, apartados 1, primera frase, y 2, de dicho Estatuto, así como los médicos y farmacéuticos, pueden ser socios de una sociedad de abogados. Según el Colegio de la Abogacía de Múnich, las disposiciones del antiguo Estatuto de la Abogacía, que estaba obligado a aplicar sin ningún margen de apreciación, no infringen ni los artículos 49 TFUE y 63 TFUE ni el artículo 15 de la Directiva 2006/123, puesto que el artículo 25, apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicha Directiva autoriza restricciones equivalentes para las profesiones reguladas.
34
El 26 de noviembre de 2021, HR interpuso ante el Bayerischer Anwaltsgerichtshof (Tribunal de la Abogacía de Baviera, Alemania), órgano jurisdiccional remitente, recurso contra la resolución de cancelación adoptada por el Colegio de la Abogacía de Múnich. En apoyo de su recurso, HR sostiene que los artículos 59e, apartado 1, primera frase, y 59h, apartado 3, primera frase, del antiguo Estatuto de la Abogacía vulneran, en particular, el derecho a la libre circulación de capitales, garantizado en el artículo 63 TFUE, apartado 1, y los derechos que le confiere el artículo 15 de la Directiva 2006/123. En su opinión, esta resolución vulnera también el derecho de SIVE a la libertad de establecimiento, tal como se garantiza en los artículos 49 TFUE y 54 TFUE.
35
El órgano jurisdiccional remitente subraya que la libre circulación de capitales, garantizada en el artículo 63 TFUE, incluye la adquisición de participaciones en una persona jurídica de Derecho privado. En cambio, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios deben prevalecer cuando el adquirente tenga la intención, a través de dicha operación, de ejercer una influencia sobre una empresa, lo que puede acreditarse sobre la base, en particular, del volumen de participaciones sociales adquiridas y de la estructura del contrato de sociedad.
36
Este órgano jurisdiccional señala que, en este caso, se transmitieron cincuenta y una de las cien participaciones sociales de HR a SIVE, ostentando así esta una participación mayoritaria en el capital de HR. No obstante, los estatutos de HR se ajustan al artículo 59f, apartado 4, del antiguo Estatuto de la Abogacía, que exige que se garantice la independencia de los abogados que, como gerentes o en virtud de los estatutos, estén autorizados a actuar en nombre de la sociedad en el ejercicio de la profesión de abogado. En efecto, los estatutos de esta sociedad contienen varias disposiciones adecuadas para garantizar esta independencia, en particular por lo que se refiere al cese de los gerentes, los poderes de la junta de socios y la ineficacia de los acuerdos que no respeten dichas disposiciones.
37
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, en primer lugar, en cuanto a la compatibilidad de los artículos 59a y 59e a 59h del antiguo Estatuto de la Abogacía con el artículo 63 TFUE.
38
Según este órgano jurisdiccional, en primer término, el artículo 59e, apartado 1, primera frase, de dicho Estatuto limita las personas que potencialmente pueden ser socios de las sociedades de abogados a los abogados y a los miembros de determinadas profesiones liberales, mencionados en el artículo 59a, apartados 1, primera frase, y 2, del referido Estatuto. En segundo término, el artículo 59e, apartado 1, segunda frase, del mismo Estatuto exige que los socios ejerzan una actividad profesional en la sociedad de abogados. En tercer término, con arreglo al artículo 59e, apartado 2, primera frase, del antiguo Estatuto de la Abogacía, en el supuesto de que miembros de profesiones liberales distintas de los abogados posean una parte del capital social de una sociedad de abogados, la mayoría de las participaciones sociales y de los derechos de voto deben pertenecer a los abogados. En cuarto término, según el artículo 59e, apartado 2, segunda frase, de dicho Estatuto, los socios que no estén autorizados a ejercer la abogacía o alguna de las demás profesiones liberales mencionadas en el artículo 59a, apartados 1, primera frase, y 2, del mencionado Estatuto no tienen derecho de voto.
39
Dicho órgano jurisdiccional duda de que estas disposiciones que, en su opinión, menoscaban la libre circulación de capitales puedan estar justificadas sobre la base del artículo 65 TFUE, apartado 2, que autoriza las normativas de los Estados miembros destinadas a mantener el orden público y la seguridad pública. En efecto, a su juicio, las restricciones previstas en los artículos 59a, 59e y 59h del antiguo Estatuto de la Abogacía pueden no ser necesarias para garantizar la independencia del abogado, pues el artículo 59f, apartado 4, de dicho Estatuto prohíbe a los socios ejercer cualquier influencia sobre la actividad de asesoramiento jurídico del abogado, incluida la aceptación o el rechazo de un mandato, y la independencia de la dirección puede estar garantizada por los estatutos de la sociedad, como es el caso de los estatutos de HR. Asimismo, los Colegios de la Abogacía pueden no solo supeditar la admisión de una sociedad de abogados a la existencia de disposiciones adecuadas en sus estatutos, sino también revocar dicha admisión en caso de modificación posterior de los citados estatutos que reduzca o suprima la protección de la independencia del ejercicio de la profesión de abogado, de conformidad con el artículo 59h del antiguo Estatuto de la Abogacía.
40
Aun suponiendo que la prohibición de la participación de terceros que únicamente deseen obtener beneficios sea un medio adecuado para impedir la influencia de los inversores puramente económicos en las actividades operativas de una sociedad de abogados, el órgano jurisdiccional remitente duda del carácter necesario de esta prohibición, ya que, a su juicio, la normativa nacional y el contrato de sociedad permiten evitar una influencia de los socios en la actividad de asistencia letrada de la sociedad. Correspondería entonces al inversor puramente económico decidir si desea adquirir una participación en tal sociedad, aunque se le niegue ejercer influencia en la gestión de esta.
41
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta también si las exigencias derivadas de los artículos 59a, 59e y 59h del antiguo Estatuto de la Abogacía constituyen una restricción coherente y sistemática a la libre circulación de capitales para preservar la independencia del ejercicio de la abogacía y la buena administración de justicia. A este respecto, subraya que, si bien la limitación de las personas que pueden ser socios puede impedir que los terceros que no cumplan estos requisitos puedan ejercer, en calidad de socios, influencia sobre la sociedad de abogados, los socios que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 59e del antiguo Estatuto de la Abogacía pueden, no obstante, influir de la misma manera en la dirección de la sociedad de abogados. En efecto, ni dicho artículo ni el artículo 59a de este Estatuto contienen requisitos cuantitativos para la obligación de colaboración de los socios. Por lo tanto, es posible que, con su participación, un socio, aunque sea abogado, persiga prioritariamente intereses económicos y solo participe de manera marginal en la consecución de los objetivos de la sociedad.
42
Asimismo, el órgano jurisdiccional remitente señala que el nuevo Estatuto de la Abogacía, que entró en vigor el 1 de agosto de 2022, suavizó los requisitos para ser socio en las sociedades de abogados. En efecto, el asesoramiento jurídico puede prestarse por sociedades de ejercicio liberal en el sentido del artículo 59c del nuevo Estatuto, en las que pueden participar ahora, además de los profesionales que ya disponían de ese derecho en virtud del artículo 59a del antiguo Estatuto de la Abogacía, las demás personas que ejercen las profesiones enumeradas en el artículo 1, apartado 2, de la Ley de Sociedades Civiles Profesionales, a saber, ingenieros, arquitectos, químicos comerciales, prácticos, periodistas, artistas o escritores. El grupo de personas que pueden participar en una sociedad de ejercicio liberal es actualmente muy heterogéneo.
43
Por último, el órgano jurisdiccional remitente considera que, si bien la confianza en el secreto profesional del abogado debe protegerse imponiendo la obligación de secreto profesional a todos los miembros de los órganos de una sociedad de abogados y no únicamente al abogado que ejerce en esa sociedad, es discutible que la prohibición de la participación de terceros pueda basarse en que evita que terceros obtengan información o documentos sujetos a secreto. A este respecto, el artículo 13 de los estatutos de HR establece normas muy estrictas, en el sentido de que el derecho de información de los socios también está limitado y de que el secreto profesional del abogado se impone a estos últimos. Al tratarse de una de las obligaciones profesionales elementales del abogado, que, además, está sancionada penalmente, el Colegio de la Abogacía ya habría podido, sobre la base de los artículos 59c y 59e del antiguo Estatuto de la Abogacía, comprobar los estatutos de la sociedad de abogados para controlar si en ellos se cumplían suficientemente los requisitos en materia de secreto profesional del abogado. Además, los artículos 59d y 59e del nuevo Estatuto de la Abogacía obligan ahora al Colegio de la Abogacía a llevar a cabo dicha comprobación.
44
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en la medida en que HR presta servicios en el sentido del artículo 4, punto 1, de la Directiva 2006/123, podría invocar el hecho de que las restricciones establecidas en los artículos 59a, 59e y 59h del antiguo Estatuto de la Abogacía no están justificadas a la luz del artículo 15, apartados 2, letra c), y 3, letra c), de esta Directiva. A su juicio, es cierto que la citada Directiva permite establecer restricciones que garanticen la independencia del asesoramiento jurídico y la buena administración de justicia, siempre que sean proporcionadas. No obstante, existen serias dudas en cuanto al carácter proporcionado de las restricciones previstas en los artículos 59a y 59e del antiguo Estatuto de la Abogacía para la adquisición de participaciones sociales en una sociedad de abogados. Entiende que, en efecto, la independencia de la actividad de la abogacía, la buena administración de justicia, el deber de confidencialidad del abogado y, por tanto, la confianza en la administración de justicia están suficientemente garantizados por las limitaciones de los derechos de los socios previstas en el artículo 59f del antiguo Estatuto de la Abogacía y en los estatutos sociales de HR. La participación de socios que aportan ante todo capital no permite identificar mayores riesgos que los que están relacionados con la participación de personas que pueden ser socios de una sociedad de ejercicio liberal en virtud del nuevo Estatuto de la Abogacía.
45
En tercer lugar, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, si se considerase que SIVE pretende ejercer una influencia dominante en la actividad de HR, debería concluirse que, además de una infracción de la Directiva 2006/123, se ha producido una vulneración del derecho a la libertad de establecimiento de SIVE en el sentido del artículo 49 TFUE.
46
En estas circunstancias, el Bayerischer Anwaltsgerichtshof (Tribunal de la Abogacía de Baviera) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Constituye una restricción ilícita del derecho a la libre circulación de capitales en el sentido del artículo 63 TFUE, apartado 1, el hecho de que con arreglo a la legislación de un Estado miembro deba revocarse obligatoriamente la autorización del ejercicio de la abogacía concedida a una sociedad de abogados cuando:
a)
se transmita una participación en la sociedad a una persona que no cumpla los requisitos profesionales especiales que la legislación del Estado miembro impone para la adquisición de una participación en la sociedad? Con arreglo a dicha legislación, solo se permite la adquisición de participaciones en una sociedad de abogados por un abogado u otra persona perteneciente a un Colegio de la Abogacía, un agente de la propiedad industrial, asesor fiscal, mandatario fiscal, auditor de cuentas o censor jurado de cuentas, un miembro de la profesión de abogado de otro Estado que esté autorizado para prestar asesoramiento jurídico en el territorio nacional o un agente de la propiedad industrial, asesor fiscal, mandatario fiscal, auditor de cuentas o censor jurado de cuentas de otro Estado que esté autorizado para ejercer esta actividad en el territorio nacional, o por un médico o farmacéutico;
b)
un socio cumpla los requisitos especiales mencionados en la primera cuestión, letra a), pero no desarrolle ninguna actividad profesional en la sociedad de abogados?
c)
debido a la transmisión de una o más participaciones en la sociedad o de derechos de voto, la mayoría de estos derechos ya no estén en manos de abogados?
2)
¿Constituye una restricción ilícita del derecho a la libre circulación de capitales en el sentido del artículo 63 TFUE, apartado 1, el hecho de que un socio que no esté facultado para el ejercicio de una profesión en el sentido de la primera cuestión, letra a), carezca de derecho de voto, aunque los estatutos de la sociedad contengan artículos dirigidos a proteger la independencia de los profesionales del Derecho y de la actividad de asistencia letrada de la sociedad con los que se garantiza que la sociedad esté representada exclusivamente por abogados en su condición de socios o de apoderados; se prohíbe a los socios y a la junta de socios que, mediante instrucciones o, indirectamente, profiriendo amenazas de perjuicios, interfieran en la administración, y se dispone la ineficacia de las decisiones societarias contrarias a estos principios, extendiendo el deber de secreto profesional a los socios y a las personas que actúen en su nombre?
3)
¿Cumplen las restricciones mencionadas en las cuestiones primera y segunda las condiciones establecidas en el artículo 15, apartado 3, letras a) a c), de la Directiva [2006/123] para que una injerencia en la libre prestación de servicios sea lícita?
4)
En caso de que el Tribunal de Justicia considere que no se ve afectado el derecho de la demandante a la libre circulación de capitales […] y que no se está infringiendo la Directiva [2006/123]: ¿vulneran las restricciones descritas en las cuestiones primera y segunda el derecho [de SIVE] a la libertad de establecimiento consagrado en el artículo 49 TFUE?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera, tercera y cuarta
47
En las cuestiones prejudiciales primera, tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente se refiere a una normativa nacional que establece la cancelación de la inscripción en el Colegio de la Abogacía de una sociedad de abogados cuando una parte del capital social de esta sociedad sea transmitida a una persona a la que dicha normativa no permite ser socio en ese tipo de sociedades, cuando un socio no ejerza actividad profesional alguna en la sociedad de abogados o cuando los socios que tienen la condición de abogados ya no sean titulares de la mayoría de las participaciones sociales o de los derechos de voto. De la petición de decisión prejudicial se desprende que dicha normativa tiene por objeto, en esencia, impedir que inversores puramente económicos que no pretenden ejercer una actividad profesional en una sociedad de abogados influyan en las actividades operativas de la misma.
48
Para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, debe considerarse que, mediante estas cuestiones prejudiciales, dicho órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si los artículos 49 TFUE y 63 TFUE, apartado 1, así como el artículo 15, apartados 2, letra c), y 3, de la Directiva 2006/123, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que, so pena de cancelación de la inscripción de la sociedad en cuestión en el Colegio de la Abogacía, prohíbe la transmisión de participaciones de esa sociedad a un inversor puramente económico que no tenga intención de ejercer en la referida sociedad una actividad profesional contemplada por esa normativa.
49
Si bien, en su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se refiere también a la libre prestación de servicios, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que SIVE pretenda ampararse en esta libertad para prestar servicios jurídicos en Alemania. Por lo tanto, dicha libertad carece de pertinencia en el asunto principal.
50
En la medida en que el órgano jurisdiccional remitente se refiere tanto a la libertad de establecimiento como a la libre circulación de capitales, procede determinar, con carácter preliminar, qué libertad fundamental se aplica al litigio principal, lo que supone tener en cuenta el objeto de la normativa nacional controvertida en el litigio principal y, en su caso, los elementos fácticos del caso concreto (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑35/11, EU:C:2012:707, apartados 90, 93 y 94, y de 24 de febrero de 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, apartados 78, 82 y 83).
51
A este respecto, está comprendida en el ámbito de aplicación de la libertad de establecimiento una normativa nacional destinada a aplicarse únicamente a las participaciones que permitan ejercer una influencia real en las decisiones de una sociedad y determinar las actividades de esta. En cambio, unas disposiciones nacionales aplicables a participaciones adquiridas con el único objetivo de realizar una inversión de capital sin intención de influir en la gestión y en el control de la empresa deben examinarse exclusivamente en relación con la libre circulación de capitales (sentencia de 24 de febrero de 2022, Viva Telecom Bulgaria, C‑257/20, EU:C:2022:125, apartados 79 y 80 y jurisprudencia citada).
52
De ello se desprende que una normativa nacional que no pretende aplicarse únicamente a las participaciones que permitan ejercer una influencia efectiva en las decisiones de una sociedad y determinar las actividades de esta, sino que se aplica con independencia de la magnitud de la participación que posea el accionista en la sociedad, puede estar comprendida tanto en la libertad de establecimiento como en la libre circulación de capitales (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de mayo de 2007, Holböck, C‑157/05, EU:C:2007:297, apartados 23 y 24, y de 21 de octubre de 2010, Idryma Typou, C‑81/09, EU:C:2010:622, apartado 49).
53
Dicho esto, en principio, el Tribunal de Justicia examina la medida controvertida a la luz de una sola de estas dos libertades si se demuestra que, en las circunstancias del litigio principal, una de ellas es por completo secundaria con respecto a la otra y puede subordinarse a ella (sentencias de 3 de octubre de 2006, Fidium Finanz, C‑452/04, EU:C:2006:631, apartado 34, y de 17 de septiembre de 2009, Glaxo Wellcome, C‑182/08, EU:C:2009:559, apartado 37).
54
En el presente asunto, la normativa nacional controvertida en el litigio principal tiene por objeto, en particular, impedir que participen, con independencia de su importancia, en una sociedad de abogados personas que no sean abogados ni miembros de alguna de las profesiones mencionadas en el artículo 59a, apartados 1, primera frase, y 2, del antiguo Estatuto de la Abogacía.
55
Asimismo, SIVE adquirió el 51 % del capital social de HR. Pues bien, están comprendidas dentro del ámbito de aplicación material de la libertad de establecimiento las disposiciones nacionales aplicables a la titularidad, por parte de una sociedad de un Estado miembro, de una participación en el capital de una sociedad establecida en otro Estado miembro que le permite en principio ejercer una influencia real en las decisiones de la sociedad y determinar las actividades de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2009, Glaxo Wellcome, C‑182/08, EU:C:2009:559, apartado 47), como es el caso de la tenencia de la mayoría de su capital social (véanse, en este sentido, el auto de 10 de mayo de 2007, Lasertec, C‑492/04, EU:C:2007:273, apartado 23, y la sentencia de 21 de diciembre de 2016, AGET Iraklis, C‑201/15, EU:C:2016:972, apartados 46 y 47).
56
No obstante, los estatutos de HR fueron modificados para privar a SIVE de la capacidad de influencia a la que habría tenido derecho sobre la base del criterio del capital. Como se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, tal modificación puede significar que la adquisición de participaciones sociales de HR por parte de SIVE tuvo lugar con el único fin de inyectar capital a HR para permitirle financiar el desarrollo de un modelo jurídico innovador basado en nuevas tecnologías.
57
De ello se deduce que el asunto principal se refiere tanto a la libertad de establecimiento como a la libre circulación de capitales, sin que una de estas libertades pueda considerarse secundaria respecto de la otra.
58
Por lo que respecta, en primer lugar, a la libertad de establecimiento, del considerando 6 de la Directiva 2006/123 se desprende que la supresión de los obstáculos a esta libertad no puede hacerse únicamente mediante la aplicación directa del artículo 49 TFUE, debido, en particular, a lo sumamente complicado que es resolver caso por caso sobre dichos obstáculos. De ello se sigue que, cuando una situación está comprendida en el ámbito de aplicación de esta Directiva, no procede examinarla también a la luz del artículo 49 TFUE (sentencia de 26 de junio de 2019, Comisión/Grecia, C‑729/17, EU:C:2019:534, apartados 53 y 54).
59
Pues bien, por un lado, como enuncia el considerando 33 de la Directiva 2006/123, los servicios de asesoramiento jurídico, que incluyen los servicios jurídicos prestados por abogados, están comprendidos en el ámbito de aplicación material de la mencionada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de enero de 2022, Minister Sprawiedliwości, C‑55/20, EU:C:2022:6, apartado 88).
60
Por otro lado, la normativa nacional controvertida en el litigio principal, en particular la limitación de las personas con capacidad para convertirse en socios y la exigencia de colaborar activamente en la sociedad, previstas en el artículo 59e, apartado 1, frases primera y segunda, del antiguo Estatuto de la Abogacía, se corresponde con «requisitos», en el sentido del artículo 4, punto 7, de dicha Directiva, que se refieren, en esencia, a la participación en el capital de una sociedad y, por tanto, están comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 2, letra c), de la mencionada Directiva.
61
A este respecto, el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2006/123 establece que los Estados miembros deben examinar si su ordenamiento jurídico prevé requisitos como los contemplados en el apartado 2 y velar por que dichos requisitos sean compatibles con las condiciones que se contemplan en el apartado 3. Además, el artículo 15, apartados 5, letra a), y 6, de esta Directiva permite a los Estados miembros mantener o, en su caso, introducir requisitos del tipo de los mencionados en el apartado 2, siempre que cumplan las condiciones contempladas en el apartado 3 [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de junio de 2015, Rina Services y otros, C‑593/13, EU:C:2015:399, apartado 33, y de 29 de julio de 2019, Comisión/Austria (Ingenieros civiles, agentes de patentes y veterinarios), C‑209/18, EU:C:2019:632, apartado 80].
62
Las condiciones acumulativas enumeradas en el artículo 15, apartado 3, de la citada Directiva 2006/123 exigen, en primer término, que los requisitos no sean discriminatorios, ni directa ni indirectamente, en función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a las sociedades, del emplazamiento del domicilio social; en segundo término, que sean necesarios, al estar justificados por una razón imperiosa de interés general; y, en tercer término, que sean proporcionados, por ser adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no ir más allá de lo necesario para conseguirlo, sin que se puedan sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado [sentencia de 29 de julio de 2019, Comisión/Austria (Ingenieros civiles, agentes de patentes y veterinarios), C‑209/18, EU:C:2019:632, apartado 81].
63
En el presente asunto, por lo que respecta, para empezar, a la primera condición, relativa al carácter no discriminatorio de los requisitos controvertidos en el litigio principal, ninguno de ellos tiene carácter discriminatorio, de modo que cumplen dicha condición.
64
A continuación, por lo que respecta a la segunda condición, relativa al carácter necesario de esos requisitos, de la petición de decisión prejudicial se desprende que tienen por objeto garantizar la independencia y la integridad de la profesión de abogado y el respeto del principio de transparencia y de la obligación de secreto profesional de los abogados.
65
Estos objetivos están sin duda relacionados con la protección de los destinatarios de los servicios, en este caso jurídicos, y la buena administración de justicia, que constituyen razones imperiosas de interés general, en el sentido del artículo 4, punto 8, de la Directiva 2006/123, en relación con su considerando 40. Además, dado que el artículo 4, punto 8, de dicha Directiva se limita a codificar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cabe señalar que, al interpretar el Derecho primario, este ha calificado de razones imperiosas de interés general tanto la protección de los justiciables (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 1996, Reisebüro Broede, C‑3/95, EU:C:1996:487, apartado 38; de 17 de marzo de 2011, Peñarroja Fa, C‑372/09 y C‑373/09, EU:C:2011:156, apartado 55, y de 18 de mayo de 2017, Lahorgue, C‑99/16, EU:C:2017:391, apartados 34 y 35) como el buen ejercicio de la abogacía (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, C‑309/99, EU:C:2002:98, apartado 107).
66
A este respecto, es importante subrayar que la misión de representación del abogado, que se ejerce en aras de una buena administración de la justicia, consiste ante todo en proteger y defender lo mejor posible los intereses del mandante, con total independencia y observando la ley y las normas profesionales y deontológicas (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de febrero de 2020, Uniwersytet Wrocławski y Polonia/REA, C‑515/17 P y C‑561/17 P, EU:C:2020:73, apartado 62, y de 24 de marzo de 2022, PJ y PC/EUIPO, C‑529/18 P y C‑531/18 P, EU:C:2022:218, apartado 64). Se encomienda a los abogados la misión fundamental en una sociedad democrática de defender a los justiciables, la cual implica, por un lado, que todo justiciable tenga la posibilidad de dirigirse con total libertad a su abogado, profesión a la que es propia la función de asesorar jurídicamente, con independencia, a todos aquellos que lo requieran, y, por otro lado, la exigencia correlativa de lealtad del abogado hacia su cliente (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2022, Orde van Vlaamse Balies y otros, C‑694/20, EU:C:2022:963, apartado 28 y jurisprudencia citada).
67
Por último, la tercera condición, relativa al carácter proporcionado de los requisitos controvertidos en el litigio principal, presupone que estos sean adecuados para garantizar la consecución del objetivo que persiguen, que no vayan más allá de lo necesario para alcanzarlo y que otras medidas menos restrictivas no permitan alcanzar el mismo resultado.
68
En el presente asunto, en la medida en que pretenden contribuir al respeto de la independencia del abogado y de la prohibición de los conflictos de intereses, en particular excluyendo que inversores puramente económicos tengan capacidad para influir en las decisiones y actividades de una sociedad de abogados, dichos requisitos parecen adecuados para garantizar la consecución del objetivo de protección de la buena administración de justicia y de la integridad de la profesión de abogado.
69
En efecto, la voluntad de un inversor puramente económico de que fructifique su inversión podría tener un impacto en la organización y la actividad de una sociedad de abogados. De este modo, si tal inversor considerara insuficiente el rendimiento de su inversión, podría verse tentado a solicitar una reducción de costes o la búsqueda de un determinado tipo de clientes, so pena, en su caso, de retirar su inversión, amenaza esta que basta para caracterizar la capacidad de influencia de este último, aunque sea indirecta.
70
Pues bien, en primer término, mientras que el objetivo perseguido por un inversor puramente económico se limita a la búsqueda de beneficios, los abogados no ejercen sus actividades con un objetivo únicamente económico, sino que están obligados a respetar normas profesionales y deontológicas.
71
A este respecto, debe precisarse que la inexistencia de conflicto de intereses es indispensable para el ejercicio de la abogacía e implica, en particular, que los abogados se encuentren en una situación de independencia, incluso económica, frente a los poderes públicos y a otros operadores, sin que deban sufrir influencia alguna por parte de estos (sentencia de 2 de diciembre de 2010, Jakubowska, C‑225/09, EU:C:2010:729, apartado 61). En efecto, por una parte, a falta de tal independencia económica, las consideraciones de carácter económico orientadas al beneficio a corto plazo del inversor puramente económico podrían prevalecer sobre las consideraciones guiadas exclusivamente por la defensa del interés de los clientes de la sociedad de abogados. Por otra parte, la existencia de posibles vínculos entre un inversor puramente económico y un cliente también puede influir en la relación entre el abogado y dicho cliente, a tal punto que no cabe excluir un conflicto con las normas profesionales o deontológicas.
72
En segundo término, a falta de armonización, a escala de la Unión, de las normas profesionales y deontológicas aplicables a la profesión de abogado, cada Estado miembro tiene libertad, en principio, para regular el ejercicio de dicha profesión en su territorio. Por tanto, las normas aplicables a esta profesión pueden diferir sustancialmente de un Estado miembro a otro (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de febrero de 2002, Wouters y otros, C‑309/99, EU:C:2002:98, apartado 99; de 2 de diciembre de 2010, Jakubowska, C‑225/09, EU:C:2010:729, apartado 57, y de 7 de mayo de 2019, Monachos Eirinaios, C‑431/17, EU:C:2019:368, apartado 31).
73
En estas circunstancias, habida cuenta del margen de apreciación que se le confiere, un Estado miembro puede considerar que el abogado no podría ejercer su profesión de manera independiente y cumpliendo sus obligaciones profesionales y deontológicas si formara parte de una sociedad cuyos socios fueran personas que, por un lado, no ejercen la abogacía ni ninguna otra profesión sujeta a elementos moderadores derivados de normas profesionales y deontológicas y, por otro lado, actúan exclusivamente como inversores puramente económicos sin pretender ejercer una actividad propia de tal profesión en el seno de dicha sociedad. Lo anterior es tanto más cierto cuando, como en el asunto principal, tal inversor pretende adquirir la mayoría de las participaciones de la sociedad de abogados en cuestión.
74
Teniendo en cuenta este margen de apreciación, un Estado miembro tiene derecho a considerar que existe el riesgo de que las medidas previstas en la normativa nacional o en los estatutos de la sociedad de abogados para preservar la independencia e integridad profesional de los abogados activos en esa sociedad resulten, en la práctica, insuficientes para garantizar eficazmente la consecución de los objetivos mencionados en los apartados 64 a 66 de la presente sentencia en caso de participación de un inversor puramente económico en el capital en dicha sociedad, habida cuenta de la influencia, aunque sea indirecta, que ese inversor podría ejercer en la gestión y las actividades de la sociedad mediante decisiones de inversión o de desinversión guiadas esencialmente, o incluso exclusivamente, por la obtención de beneficios.
75
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la libre circulación de capitales, garantizada en el artículo 63 TFUE, están comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho artículo las inversiones directas en forma de participación en una sociedad por medio de la titularidad de acciones que da la posibilidad de participar de modo efectivo en su gestión y en su control, así como la adquisición de títulos realizada con el único objetivo de llevar a cabo una inversión de capital sin intención de influir en la gestión y en el control de la sociedad (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de septiembre de 2009, Glaxo Wellcome, C‑182/08, EU:C:2009:559, apartado 40, y de 21 de diciembre de 2016, AGET Iraklis, C‑201/15, EU:C:2016:972, apartado 58 y jurisprudencia citada).
76
Las medidas prohibidas por el artículo 63 TFUE, apartado 1, por constituir restricciones a los movimientos de capitales incluyen, en particular, las que puedan disuadir a las sociedades no residentes de realizar inversiones en un Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2018, SEGRO y Horváth, C‑52/16 y C‑113/16, EU:C:2018:157, apartado 65). Deben así calificarse como «restricciones» en el sentido del artículo 63 TFUE, apartado 1, las medidas nacionales que puedan impedir o limitar la adquisición de acciones en sociedades residentes o disuadir a los inversores de los demás Estados miembros de invertir en el capital de estas (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de octubre de 2010, Idryma Typou, C‑81/09, EU:C:2010:622, apartado 55).
77
En el presente caso, la normativa nacional controvertida en el litigio principal tiene por efecto impedir que personas distintas de los abogados y los miembros de las profesiones mencionadas en el artículo 59a del antiguo Estatuto de la Abogacía adquieran participaciones en una sociedad de abogados, de modo que impide a los inversores de otros Estados miembros que no sean abogados ni miembros de alguna de esas profesiones adquirir participaciones en este tipo de sociedades (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de mayo de 2009, Comisión/Italia, C‑531/06, EU:C:2009:315, apartado 47). De manera correlativa, esta normativa nacional priva a las sociedades de abogados del acceso a capitales que podrían contribuir a su creación o desarrollo. Por consiguiente, constituye una restricción a la libre circulación de capitales.
78
Las restricciones a la libre circulación de capitales que sean aplicables sin discriminación por razón de la nacionalidad pueden estar justificadas, sin embargo, por razones imperiosas de interés general, siempre que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen y no vayan más allá de lo que sea necesario para alcanzar dicho objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de mayo de 2009, Comisión/Italia, C‑531/06, EU:C:2009:315, apartado 49).
79
A este respecto, la apreciación realizada, en los apartados 64 a 74 de la presente sentencia, a la luz del artículo 15, apartado 3, de la Directiva 2006/123 no conduce a una conclusión diferente a la luz del artículo 63 TFUE.
80
En estas circunstancias, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera, tercera y cuarta que el artículo 15, apartados 2, letra c), y 3, de la Directiva 2006/123 y el artículo 63 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que, so pena de cancelación de la inscripción de la sociedad en cuestión en el Colegio de la Abogacía, prohíbe la transmisión de participaciones de esa sociedad a un inversor puramente económico que no tenga intención de ejercer en la referida sociedad una actividad profesional contemplada en esa normativa.
Segunda cuestión prejudicial
81
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 63 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que un socio que no esté autorizado para ejercer alguna de las profesiones que permiten convertirse en socio de una sociedad de abogados no tiene derecho de voto, en el supuesto de que los estatutos de dicha sociedad incluyan varias disposiciones destinadas a proteger la independencia de los abogados y de la actividad de asistencia letrada de la sociedad.
82
En respuesta a una pregunta del Tribunal de Justicia, el Gobierno alemán explicó en la vista que la medida de privación del derecho de voto impuesta a los socios que no estén autorizados para ejercer alguna de las profesiones previstas en el artículo 59e, apartado 1, primera frase, del antiguo Estatuto de la Abogacía, a la que se refiere específicamente el órgano jurisdiccional remitente en su segunda cuestión prejudicial, se aplica en situaciones transitorias ocasionadas, en particular, por el fallecimiento de un socio autorizado o por la adopción de una medida que prive a un socio autorizado del derecho a ejercer su profesión.
83
Dado que en el litigio principal no se da tal situación, la respuesta a esta segunda cuestión prejudicial no responde a una necesidad objetiva inherente a la solución de dicho litigio y excede del marco de la misión jurisdiccional que incumbe al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 267 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de diciembre de 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, apartado 18, y de 26 de marzo de 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 y C‑563/18, EU:C:2020:234, apartado 44).
84
Por consiguiente, la segunda cuestión prejudicial es inadmisible.
Costas
85
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El artículo 15, apartados 2, letra c), y 3, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y el artículo 63 TFUE
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional que, so pena de cancelación de la inscripción de la sociedad en cuestión en el Colegio de la Abogacía, prohíbe la transmisión de participaciones de esa sociedad a un inversor puramente económico que no tenga intención de ejercer en la referida sociedad una actividad profesional contemplada en esa normativa.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.