62023CJ0236_RES
Asunto C‑236/23
Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut)
contra
TNyMAAF assurances SAyFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)yPQ
[Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 19 de septiembre de 2024
«Procedimiento prejudicial — Seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles — Directiva 2009/103/CE — Artículos 3 y 13 — Contrato de seguro celebrado sobre la base de una declaración falsa intencionada relativa al conductor habitual — Normativa nacional que declara la oponibilidad al “ocupante víctima”, que es también el tomador del seguro, de la nulidad del contrato de seguro resultante de la declaración falsa intencionada que aquel efectuó en el momento de la celebración del contrato — Abuso de derecho — Demanda dirigida contra el tomador del seguro para exigir su responsabilidad por su declaración falsa intencionada»
Aproximación de las legislaciones — Seguro de responsabilidad civil del automóvil — Extensión de la garantía en favor de terceros ofrecida por el seguro obligatorio — Normativa nacional que establece la oponibilidad al ocupante víctima de la nulidad de los contratos de seguro celebrados sobre la base de declaraciones falsas del tomador del seguro — Normativa nacional que establece la posibilidad de que el asegurador interponga una demanda contra el tomador del seguro, con objeto de obtener el reembolso íntegro de las cantidades abonadas en virtud del contrato de seguro — Improcedencia — Requisitos — Excepción — Abuso de derecho
(Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 3, párr. 1, y 13, ap. 1)
(véanse los apartados 32, 33, 35, 37 a 43, 46, 47 y 50 a 66 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una cuestión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), precisa el alcance de la garantía que presta el seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil a los terceros víctimas. Así, señala que la Directiva 2009/103 (
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) se opone, salvo que se trate de un abuso de derecho, a una normativa nacional que declare oponible al ocupante de un vehículo, víctima de un accidente de circulación, que es también el tomador del seguro, la nulidad de un contrato de seguro de responsabilidad civil del automóvil resultante de una declaración falsa de dicho tomador efectuada en el momento de celebrar el contrato. En caso de inoponibilidad de esa nulidad al ocupante víctima y de inexistencia de abuso de derecho, esa misma Directiva se opone a una normativa nacional que permite al asegurador interponer una demanda contra ese ocupante, con objeto de obtener el reembolso de las cantidades abonadas en virtud de dicho contrato.
En octubre de 2012, PQ suscribió un contrato de seguro del automóvil con Matmut y declaró que era el único conductor del vehículo asegurado. En septiembre de 2013, el vehículo, conducido por TN, que se encontraba en estado de embriaguez, se vio implicado en un accidente de circulación con otro vehículo asegurado por otra compañía. PQ, ocupante del primer vehículo, resultó herido en el accidente.
Procesado ante el tribunal correctionnel (Tribunal de lo Penal, Francia), TN fue declarado culpable, en particular, de lesiones involuntarias causadas a PQ. Ese tribunal declaró la nulidad del contrato de seguro de que se trata por declaración falsa intencionada del tomador del seguro en cuanto a la identidad del conductor habitual del vehículo accidentado. Esta resolución fue confirmada por la cour d’appel de Lyon (Tribunal de Apelación de Lyon, Francia), quien consideró, no obstante, que la nulidad del contrato de seguro controvertido no es oponible a PQ, ya que, en virtud del Derecho de la Unión Europea, la nulidad del contrato por declaración falsa intencionada del asegurado no es oponible a las víctimas de un accidente de circulación ni a sus causahabientes.
El tribunal remitente, que conoce del recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia, se pregunta si la nulidad de un contrato de seguro es oponible al ocupante víctima del vehículo cuando sea también el tomador del seguro y el autor de la falsa declaración intencionada que dio lugar a la nulidad de dicho contrato. Se pregunta asimismo si, en caso de que se declare que esa nulidad es inoponible a esa víctima, el asegurador podría interponer una demanda contra la víctima, con objeto de obtener el reembolso de todas las cantidades que le hubiera abonado en virtud de dicho contrato.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que el legislador de la Unión ha perseguido y reforzado de modo constante el objetivo de protección de las víctimas de accidentes causados por estos vehículos. Subraya que, en virtud de la Directiva 2009/103, (
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) una compañía aseguradora de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles no puede negarse a indemnizar a los terceros víctimas de un accidente causado por un vehículo asegurado invocando disposiciones legales o cláusulas contractuales contenidas en una póliza de seguro que excluyan de la cobertura del seguro los daños causados a los terceros víctimas de accidente debido, en particular, a la utilización o la conducción del vehículo asegurado por personas no autorizadas para conducirlo.
En lo que respecta a la condición de víctima de un accidente de circulación, el Tribunal de Justicia recuerda que el objetivo de protección de las víctimas exige que la situación jurídica de la persona que estuviera asegurada para conducir el vehículo, pero que viajara en él como ocupante en el momento de producirse ese accidente, sea asimilada a la de cualquier otro ocupante víctima del accidente. Así pues, el hecho de que un ocupante del vehículo, en el momento del accidente de circulación, sea el tomador del seguro no permite excluirle del concepto de «tercero víctima». (
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) La misma conclusión se impone cuando el tomador del seguro no sea el conductor habitual del vehículo implicado en un accidente de circulación. Por tanto, la circunstancia de que, en el momento de producirse el accidente de circulación, PQ fuera el tomador del seguro y el ocupante del vehículo accidentado no afecta a su condición de «tercero víctima».
En segundo lugar, por lo que respecta a la oponibilidad a PQ de la nulidad del contrato de seguro en cuestión resultante de su declaración falsa acerca de la identidad del conductor habitual del vehículo accidentado efectuada en el momento de la celebración de aquel, el Tribunal de Justicia señala que la circunstancia de que una compañía aseguradora haya celebrado un contrato de seguro sobre la base de omisiones o de falsas declaraciones realizadas por el tomador del seguro no permite a esa compañía oponer dicha nulidad al tercero víctima con el fin de eximirse de la obligación de indemnizar a este último por el perjuicio ocasionado como consecuencia de un accidente causado por el vehículo asegurado. En efecto, tal situación no está comprendida en la única excepción a la obligación de las compañías aseguradoras de indemnizar a los terceros víctimas de un accidente de circulación prevista por la Directiva 2009/103. (
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)
Pues bien, habida cuenta de que PQ no solo es el ocupante víctima del accidente de circulación de que se trata, que pretende ser indemnizado, sino también el tomador del seguro autor de la declaración falsa intencionada que conllevó la nulidad del contrato de seguro, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva 2009/103 no contiene disposiciones que regulen el eventual abuso de Derecho del tomador del seguro. No obstante, los justiciables deben acatar el principio general del Derecho según el cual no puedan invocar el Derecho de la Unión de forma abusiva o fraudulenta. Con arreglo a este principio, un Estado miembro debe denegar la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión cuando estas sean invocadas por una persona no para la realización de los objetivos de esas disposiciones, sino con el fin de disfrutar de una ventaja que le confiere el Derecho de la Unión a pesar de que las condiciones objetivas requeridas para obtener dicha ventaja se cumplen solo formalmente. En el caso de autos, por una parte, en lo relativo a si se ha logrado el objetivo perseguido por la Directiva 2009/103, el Tribunal de Justicia señala que, sin perjuicio de que el tribunal remitente compruebe este extremo, parece haberse alcanzado el objetivo de protección de las víctimas de accidentes de circulación, al ser PQ una víctima del accidente de que se trata que pretende ser indemnizada. Por otra parte, en cuanto al elemento subjetivo consistente en la voluntad de obtener un beneficio resultante de la normativa de la Unión mediante la creación artificiosa de las condiciones exigidas para su obtención, no parece, sin perjuicio de que el tribunal remitente compruebe este extremo, que PQ realizara declaraciones falsas con el objetivo esencial de invocar en su favor la Directiva 2009/103 (
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) y de eludir una disposición nacional relativa a los requisitos legales de la nulidad del contrato de seguro. En efecto, PQ efectuó esa declaración falsa con el fin de que el vehículo de TN fuera asegurado en condiciones más ventajosas que si el asegurador hubiese conocido la identidad del conductor habitual de dicho vehículo. Habida cuenta de lo anterior, no parece, sin perjuicio de que el tribunal remitente compruebe este extremo, que PQ haya violado el principio de prohibición del abuso de derecho. Por tanto, no se le puede oponer la nulidad del contrato de seguro de responsabilidad civil del automóvil controvertida en el litigio principal resultante de la declaración falsa de PQ en el momento de celebración del contrato.
En tercer lugar, por lo que respecta a la posibilidad de que el asegurador obtenga de PQ el reembolso de la totalidad de las cantidades que le hubiera abonado en virtud del contrato de seguro mediante una demanda por el dolo cometido por PQ en el momento de la celebración de dicho contrato, el Tribunal de Justicia recuerda que los requisitos legales de validez de un contrato de seguro y los relativos a la exigencia de responsabilidad al tomador del seguro como consecuencia de declaraciones falsas en el momento de la celebración del contrato de seguro se rigen por el Derecho de los Estados miembros. No obstante, las disposiciones nacionales que regulan estos requisitos no pueden privar a la Directiva 2009/103 de su efecto útil. Pues bien, en circunstancias como las del litigio principal, una normativa nacional que permite al asegurador obtener, mediante una demanda dirigida contra el ocupante víctima que es también el tomador del seguro y el autor de la declaración falsa efectuada en el momento de la celebración del contrato de seguro, el reembolso de todas las cantidades abonadas a dicho ocupante en virtud de ese contrato puede privar a esa persona, de forma permanente y desproporcionada, de la protección que la Directiva 2009/103 otorga a las víctimas de los accidentes de circulación. En efecto, una normativa de este tipo puede limitar de manera desproporcionada el derecho de ese individuo a ser indemnizado por el seguro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles.
(
1
)	Artículos 3, párrafo primero, y 13, apartado 1, de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO 2009, L 263, p. 11).
(
2
)	Y, en particular, en virtud del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2009/103.
(
3
)	Como se establece en el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2009/103.
(
4
)	En virtud del artículo 13, apartado 1, párrafos primero y segundo, una compañía aseguradora solo puede negarse a indemnizar a los terceros víctimas de un accidente de circulación en el supuesto en que el vehículo que haya causado el daño hubiera sido utilizado o conducido por personas que no estuvieran ni expresa ni implícitamente autorizadas para ello y en que los terceros víctimas hubieran ocupado asiento por voluntad propia en dicho vehículo, sabiendo que había sido robado.
(
5
)	Más concretamente, de los artículos 3 y 13 de la Directiva 2009/103.