Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. TAMARA ĆAPETA
presentadas el 5 de marzo de 2026 (1)
Asunto C‑194/24
República Italiana
contra
Parlamento Europeo
y
Consejo de la Unión Europea
« Recurso de anulación — Política pesquera común — Control de la obligación de desembarque — Reglamento (UE)
2023/2842 — Instalación de cámaras de vigilancia en buques pesqueros — Infracción de los artículos
7, 8 y 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Proporcionalidad — Intensidad del control »
I.      Introducción
1.        Tradicionalmente, las capturas no deseadas o sin interés comercial se devolvían al mar. (2) Sin embargo, cuando se hacía, los peces y demás animales marinos estaban ya muertos o moribundos. (3)
2.        La «obligación de desembarque» fue introducida por el Reglamento sobre la política pesquera común (en lo sucesivo, «Reglamento PPC») (4) a fin de reducir el volumen de residuos imperante en las actividades pesqueras comerciales durante décadas y, al mismo tiempo, contribuir a una política pesquera más sostenible. En esencia, dicho Reglamento exigía que todas las capturas fuesen retenidas y registradas a bordo de los buques pesqueros y después fuesen desembarcadas. (5) Por este motivo, la obligación de desembarque se ha descrito como un «gran cambio en la gestión de la pesca» y «un giro en la gestión tradicional de la pesca, que la pone del revés». (6)
3.        El presente asunto versa sobre el control de esta obligación de desembarque. Para garantizar su cumplimiento efectivo, el Reglamento (UE)
2023/2842 (7) (en lo sucesivo, «Reglamento impugnado») introdujo la obligación de que los buques pesqueros estuviesen equipados con sistemas de seguimiento electrónico remoto, incluidas cámaras de circuito cerrado de televisión.
4.        La República Italiana considera que la instalación de dichas cámaras constituye una interferencia
desproporcionada en diversas disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
5.        Yo propondré que el Tribunal de Justicia desestime por infundadas estas objeciones.
II.    Antecedentes y marco jurídico
6.        El objetivo de la política pesquera común (en lo sucesivo, «PPC»), según se redefine en el Reglamento PPC, es garantizar que la explotación de los recursos acuáticos vivos facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. (8)
7.        Sin embargo, esto no es posible sin unas medidas de control eficaces.
8.        En 2007, el Tribunal de Cuentas europeo recalcó las grandes deficiencias de que adolecía el sistema de control de la pesca existente entonces en la Unión. (9) Esas medidas fueron revisadas en 2009 con la entrada en vigor del Reglamento n.º 1224/2009
[en lo sucesivo, «Reglamento de Control de la Pesca». (10)
9.        Este nuevo sistema de control de la pesca consta de medidas de control a la salida y a la entrada. Las medidas de control a la salida iban dirigidas, en esencia, a limitar el volumen total de capturas mediante lo que se denominaba «gestión del esfuerzo pesquero», en virtud del cual se asignaba a cada pesquería un porcentaje de las poblaciones de cada especie pesquera en aguas de la Unión («límites del total admisible de capturas»), así como una cuota. Las medidas de control a la entrada se refieren a los medios y normas en que operaban las flotas pesqueras, ya sea mediante controles de su capacidad pesquera y del uso de los buques, medidas técnicas para regular el uso de artes de pesca o mediante la asignación de los períodos y las áreas geográficas en que se permitía la pesca. (11)
10.      En 2015 dicho sistema de controles de la pesca fue adaptado a la entrada en vigor del Reglamento PPC y, en particular, a la introducción de la obligación de desembarque. (12)
11.      Aun reconociendo que el sistema en vigor desde la adopción del Reglamento PPC representaba un avance y que los Estados miembros estaban aplicando adecuadamente las medidas de gestión de la pesca, el Tribunal de Cuentas, en su informe especial n.º 08/2017 el Tribunal de Cuentas consideró que «la Unión Europea aún no dispone de un sistema eficaz de control de la pesca que favorezca el éxito de la PPC». (13) Por lo tanto, una de las recomendaciones formuladas en dicho informe era que los Estados miembros mejorasen la fiabilidad de los datos de capturas, en particular ante las «discrepancias significativas entre los desembarques declarados y los registros subsiguientes de las primeras ventas». (14)
12.      Una resolución del Parlamento Europeo de 2016 (15) y una evaluación de la Comisión Europea de 2017 (16) recogieron propuestas similares.
13.      En consecuencia, en 2018 la Comisión publicó una propuesta del que acabaría siendo el Reglamento impugnado. (17) Dicho documento estaba acompañado de una evaluación de impacto; (18) ambos documentos calificaban de inadecuados los datos relativos a las pesquerías y a las capturas. (19)
14.      El Reglamento impugnado se basa en el artículo 43 TFUE, apartado 2, disposición que prevé el procedimiento legislativo ordinario para la adopción de actos legislativos en materia de pesca, facultando con ello al legislador de la Unión para tomar decisiones políticas relativas a las medidas de establecimiento y gestión de la PPC.
15.      El artículo 1, apartado 10, del Reglamento impugnado sustituye el artículo 13 del Reglamento de Control de la Pesca. En su nueva versión, el artículo 13, apartado 1, establece la obligación de los Estados miembros de velar por el seguimiento y control de las actividades pesqueras mediante sistemas de seguimiento electrónico remoto. (20) El apartado 2 del nuevo artículo 13 dispone ahora que, a efectos del seguimiento y del control de la obligación de desembarque, los Estados miembros «garantizarán que los buques de captura de la Unión de eslora total igual o superior a 18 metros que enarbolen su pabellón y presenten un riesgo elevado de incumplimiento de la obligación de desembarque tengan instalado a bordo un sistema de seguimiento electrónico remoto operativo». Asimismo, aclara que «el sistema de seguimiento electrónico remoto deberá ser capaz de supervisar y controlar eficazmente el cumplimiento de la obligación de desembarque, incluirá un circuito cerrado de televisión y podrá incluir otros instrumentos o equipos. El capitán [del buque pesquero] se asegurará de que los datos del sistema de seguimiento electrónico remoto se pongan a disposición de las autoridades competentes. Las autoridades competentes en materia de control de la pesca de los Estados miembros de pabellón y ribereños tendrán igualdad de acceso a dichos datos, sin perjuicio de las normas pertinentes en materia de protección de datos personales». El nuevo artículo 13, apartado 3, habilita a la Comisión para adoptar actos de ejecución que definan el alcance y las modalidades de cumplimiento de las referidas obligaciones. (21)
16.      El considerando 24 del Reglamento impugnado explica, de una parte, los motivos de la nueva obligación y, de otra, reconociendo su injerencia en el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, esboza las medidas dirigidas a reducir al mínimo tal injerencia. A este respecto, el legislador de la Unión declara que, «con el fin de garantizar la eficacia del régimen de control de la pesca de la Unión, en particular en lo relativo al seguimiento del cumplimiento de la obligación de desembarque, es necesario equipar, sobre la base de una evaluación de riesgos, a determinados buques de captura con sistemas de seguimiento electrónico remoto a bordo. Dichos sistemas deben incluir cámaras de circuito cerrado de televisión. Los datos de los circuitos cerrados de televisión no deben retransmitirse en directo. Con el fin de salvaguardar el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales, la grabación de material de vídeo a través de circuitos cerrados de televisión solo debe permitirse en relación con los artes y las partes de los buques en las que se embarquen, manipulen y almacenen productos de la pesca o en las que puedan producirse descartes. La grabación debe limitarse a aquellas situaciones en las que los artes se manejen de forma activa, como al largar artes o halar o retirar artes del agua, y cuando se suba a bordo la captura o la tripulación la manipule o cuando puedan producirse descartes. La posibilidad de identificar a personas concretas en el material de vídeo grabado debe limitarse en la medida de lo posible y, en caso necesario, los datos deben anonimizarse. En aras de la claridad y la coherencia, deben establecerse normas sobre el acceso de las autoridades competentes a los datos de dichos sistemas de seguimiento electrónico remoto. Las grabaciones de los circuitos cerrados de televisión deben ponerse a disposición de las autoridades especificadas en el [Reglamento de Control de la Pesca] exclusivamente a efectos del control y la inspección establecidos en dicho Reglamento».
A.      Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
17.      Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de marzo de 2024, la República Italiana interpuso el presente recurso.
18.      En él solicita al Tribunal de Justicia que se anule el Reglamento impugnado y se condene en costas al Parlamento y al Consejo de la Unión Europea.
19.      El Parlamento y el Consejo solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso por infundado y condene en costas a la República Italiana.
20.      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 de julio de 2024, se admitió la intervención de la Comisión en apoyo de las pretensiones del Parlamento y el Consejo.
21.      Han presentado observaciones por escrito la República Italiana, el Parlamento, el Consejo y la Comisión. El 22 de octubre de 2025 se celebró la vista, en la que esas mismas partes formularon observaciones orales.
III. Análisis
22.      La República Italiana basa su recurso de anulación en dos motivos. El Tribunal de Justicia me ha pedido que limite mi análisis al primero de ellos. (22)
A.      Sobre el primer motivo de anulación
23.      El primer motivo de anulación se dirige contra el artículo 1, punto 10, del Reglamento impugnado. (23) Recordemos que esta disposición impone a los Estados miembros la obligación de habilitar el seguimiento y control de la obligación de desembarque mediante sistemas de seguimiento electrónico remoto, los cuales, en el caso de buques con al menos 18 metros de eslora (24) y que presenten un riesgo elevado de incumplimiento de la obligación de desembarque, deben incluir cámaras de circuito cerrado de televisión, así como otros instrumentos y equipos.
24.      La República Italiana considera que la elección del legislador de la Unión de ordenar la instalación de tales cámaras en ciertos buques constituye una limitación desproporcionada de tres de los derechos consagrados por la Carta: el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 7], el derecho a la protección de datos de carácter personal (artículo 8) y el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas (artículo 31). En consecuencia, la imposición de tal obligación a los Estados miembros es contraria al artículo
52, apartado
1, de la Carta. (25)
25.      El Parlamento y el Consejo, respaldados por la Comisión, rebaten los referidos argumentos.
B.      Grado adecuado de intensidad del control judicial
26.      Un primer aspecto debatido en la vista oral es el del grado de intensidad del control judicial que debe ejercer el Tribunal de Justicia cuando se trata de la compatibilidad de un acto legislativo de la Unión con los derechos consagrados por la Carta.
27.      En su recurso, la República Italiana considera que la apreciación de la proporcionalidad de un acto legislativo que interfiere en el derecho a la intimidad y a la protección de datos requiere un elevado grado de intensidad en el control del Tribunal de Justicia. A este respecto, invoca la jurisprudencia en que el Tribunal de Justicia ha insistido en que toda medida que interfiera con los artículos 7 y 8 de la Carta debe ser «estrictamente necesaria» para alcanzar el objetivo que se propone. (26) En consecuencia, la República Italiana afirma que, para lograr un equilibrio apropiado entre los objetivos perseguidos por las medidas de que se trate y los derechos fundamentales en juego, el Tribunal de Justicia debe llevar a cabo una apreciación de la proporcionalidad que comprenda los tres aspectos de la proporcionalidad, es decir, la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Asimismo, alega, en esencia, que cada uno de estos pasos requiere un control de intensidad elevada por parte del Tribunal de Justicia.
28.      En cambio, el Parlamento, el Consejo, y la Comisión consideran que el Tribunal de Justicia se ha de limitar a comprobar si la medida es «manifiestamente inadecuada» a la vista del objetivo que trata de alcanzar el legislador de la Unión. A este respecto, la Comisión se remite a la sentencia Italia/Consejo (Cuota de pesca del pez espada del Mediterráneo), en que el Tribunal de Justicia declaró que, «en lo que atañe al control jurisdiccional de los requisitos para la aplicación [del principio de proporcionalidad], habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que dispone el legislador de la Unión en materia de [PPC], solo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, con relación al objetivo que tiene previsto conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida. En consecuencia, se trata de saber no si la medida adoptada por el legislador era la única o la mejor posible, sino si era manifiestamente inadecuada». (27)
29.      En principio, ninguna de estas posturas es incorrecta. Las dos líneas jurisprudenciales elegidas por las partes se refieren a la intensidad del control judicial aplicable a la aplicación del principio de proporcionalidad por las instituciones de la Unión cuando adoptan actos legislativos.
30.      Para empezar, con arreglo al artículo 5 TUE, apartado 4, en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados.
31.      Cuando tal acción consiste en la adopción de medidas legislativas, por las cuales se hacen realidad las políticas contempladas en los Tratados, el legislador de la Unión, en principio, goza de una amplia discrecionalidad para elegir los medios que considere adecuados. (28) El Tribunal de Justicia ya ha confirmado que esta amplia discrecionalidad también existe en el ámbito de la PPC. (29)
32.      Sin embargo, esta discrecionalidad legislativa no está exenta de límites. En primer lugar, se debe ejercer dentro de los límites de lo que, como regla general, permiten los objetivos tanto de los Tratados como de la política específica, según determinan los Tratados. En segundo lugar, el principio de proporcionalidad requiere que «los actos de las instituciones de la Unión no rebasen los límites de lo que resulta adecuado y necesario para el logro de los objetivos legítimos perseguidos por la normativa controvertida, [lo que significa que,] cuando se ofrezca una elección entre varias medidas adecuadas, debe recurrirse a la menos onerosa y que las desventajas ocasionadas no deben ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos». (30)
33.      Esta última declaración da a entender que, en opinión del Tribunal de Justicia, el legislador de la Unión debe respetar los tres aspectos
de la apreciación de la proporcionalidad cuando legisle, es decir, que la medida elegida ha de ser adecuada y necesaria para el objetivo perseguido, que se han de tener debidamente en cuenta los demás intereses y que estos otros intereses no han de sufrir un menoscabo excesivo por la medida elegida.
34.      Sin embargo, cuando el Tribunal de Justicia revisa la aplicación que el legislador de la Unión hace del principio de proporcionalidad, considera que solo debe verificar «el carácter manifiestamente inapropiado de una medida dictada en este ámbito, en relación con el objetivo que la institución competente pretenda lograr». (31) Por tanto, a fin de determinar si es así, la cuestión que debe plantearse el Tribunal de Justicia no es «si la medida adoptada por el legislador era la única o la mejor posible, sino si era manifiestamente inadecuada». (32) El Tribunal de Justicia también ha reiterado esta afirmación sobre los límites de sus propias facultades de control judicial en relación con las medidas adoptadas en el ámbito de la PPC. (33)
35.      Por consiguiente, en principio, en el control de las medidas legislativas de la Unión, la proporcionalidad significa, en efecto, «racionalidad sustantiva» de la elección adoptada por el legislador de la Unión.
36.      A tal fin, el Tribunal de Justicia debe preguntarse si la respuesta sustantiva del legislador de la Unión a un problema relativo a una política específica constituye una de las opciones de las que dispone un responsable político razonable. Si el Tribunal de Justicia entiende que el resultado legislativo deseado puede obtenerse con la medida elegida, no cuestionará tal elección.
37.      No obstante, el legislador de la Unión ha de estar en condiciones de demostrar ante el Tribunal de Justicia que tuvo en cuenta las posibles repercusiones en los intereses de las distintas partes interesadas a las que afectase la medida, y que examinó si «los objetivos perseguidos por la medida elegida pueden justificar consecuencias económicas negativas, incluso considerables, para determinados operadores». (34) Esta obligación viene aclarada en el artículo 5, del Protocolo (n.º 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, incorporado como anexo al Tratado UE y al Tratado FUE, con arreglo al cual, como ha expuesto el Tribunal de Justicia, «los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga que recaiga sobre los agentes económicos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar». (35)
38.      Por lo tanto, la deferencia del Tribunal de Justicia hacia el legislador de la Unión en cuanto a las elecciones sustantivas de este se ve contrarrestada por el control de la «proporcionalidad procedimental»
de las medidas. (36)
39.      La deferencia judicial a las elecciones sustantivas del legislador está vinculada con la separación de poderes de toda sociedad democrática: es el electorado, y no los tribunales, quien «juzga» las decisiones políticas del legislador y quien le pide cuentas por los errores que pueda haber cometido al ponderar los intereses públicos y privados que se dirimen en cuestiones
de políticas específicas.
40.      Dicho esto, la discrecionalidad del legislador de la Unión para elegir las medidas adecuadas es significativamente menor cuando la medida elegida interfiere en los derechos fundamentales protegidos por la Carta. (37)
41.      El artículo 52, apartado 1, de la Carta establece que cualquier limitación al ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos está sujeta al principio de proporcionalidad.
42.      Al aplicar dicha «emanación» del principio de proporcionalidad expresado en la Carta, el control por el Tribunal de Justicia normalmente consiste en uno de los tres niveles de la apreciación de proporcionalidad. (38) Dicho de otra manera, no limita su facultad de control a la comprobación de la manifiesta inadecuación de las elecciones en que se base la medida. Antes bien, y al menos cuando se produzca una injerencia en ciertos derechos fundamentales, (39) como el derecho a la intimidad y a la protección de los datos, el Tribunal de Justicia lleva a cabo un control de intensidad elevada sobre la proporcionalidad de dicha injerencia. (40)
43.      A este respecto, acierta la República Italiana cuando invoca la sentencia Luxembourg Business Registers en apoyo de la necesidad de un control de intensidad elevada por el Tribunal de Justicia en el presente asunto. (41)
44.      En efecto, en su «emanación tutelar de los derechos», el principio de proporcionalidad demanda tal control de intensidad elevada. (42)
45.      Antes que nada, esto significa que incumbe al legislador de la Unión la carga de la prueba de que sus elecciones sustantivas respetan la protección constitucional que se brinda a los derechos en cuestión y guardan proporción con la importancia del objetivo perseguido.
46.      Esta obligación que se impone al legislador de la Unión de defender sus elecciones sustantivas ante el Tribunal de Justicia entra en juego si quien impugna un acto legislativo consigue demostrar que este interfiere con uno o más derechos fundamentales. A este respecto, comparto la postura del Parlamento en el sentido de que no todas las alegaciones de violación de derechos fundamentales suscitan un control «estricto» por parte del Tribunal de Justicia sobre el acto legislativo de que se trate. Antes bien, debe existir siempre un vínculo auténtico entre dicho acto y la supuesta violación del derecho o principio consagrado por la Carta. (43) Por este motivo, en la apreciación de la proporcionalidad de una medida que supuestamente vulnera un derecho fundamental, el Tribunal de Justicia debe comprobar en primer lugar si la medida en cuestión puede realmente interferir en dicho derecho.
47.      Por último, el motivo de un control menos deferencial y, por ende, más intrusivo de los actos legislativos de la Unión en caso de injerencia con los derechos fundamentales reside en el especial papel que desempeñan los derechos reconocidos por la Carta en una sociedad democrática liberal, en la cual toda actuación gubernativa democrática que se precie queda sujeta a ciertas normas fundacionales que no pueden ser socavadas a voluntad, ni siquiera alegando una toma de decisiones democrática.
48.      Solo mediante un estricto control del acto legislativo que interfiere en los derechos fundamentales puede el Tribunal de Justicia defender el valor de la democracia, expresado en el artículo 2 TUE. Esta, según se concibe en la Unión Europea, va más allá de la toma de decisiones por la mayoría democráticamente elegida: requiere la protección de los derechos de las minorías que forman parte de la sociedad europea. Dicho papel «contramayoritario» de los órganos jurisdiccionales ha adquirido aún mayor importancia en el mundo actual, en que ciertos gobiernos autocráticos pugnan por aumentar y mantener su poder revocando los derechos de las minorías y, en general, de todo aquel que cuestione sus elecciones, justificando su actuación con un retrato de la democracia como el imperio de la mayoría electa. Este es el motivo por el cual dichos gobiernos autocráticos empiezan por socavar la independencia del poder judicial.
49.      El presente asunto suscita el temor de que el Reglamento impugnado interfiera desproporcionadamente en ciertos derechos fundamentales protegidos por la Carta, en concreto los derechos a la intimidad, a la protección de los datos personales y a unas condiciones de trabajo justas y equitativas. La República Italiana solicita un control de la legalidad de los cambios introducidos en el Reglamento de Control de la Pesca por el Reglamento impugnado, tomando como referencia la Carta, lo cual requiere una estricta
apreciación de la proporcionalidad, por parte
del Tribunal de Justicia, de toda posible injerencia con los derechos en ella reconocidos. De tal apreciación me voy a ocupar a continuación.
C.      La instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión en los buques pesqueros no interfiere de forma desproporcionada en los artículos 7, 8 y 31 de la Carta
50.      Mediante su primer motivo, la República Italiana alega, en esencia, una infracción del artículo 52, apartado 1, de la Carta. Considera que la obligación de instalar cámaras de circuito cerrado de televisión en ciertos tipos de buques pesqueros constituye una limitación desproporcionada de los derechos proclamados en los artículos 7, 8 y 31 de la Carta. A su parecer, la instalación de tales cámaras se traduce en una manifiesta e irracional injerencia en el derecho a la intimidad de las personas que se hallan a bordo de los buques, del derecho a la protección de sus datos personales y del derecho de los trabajadores a unas condiciones de trabajo que respeten su dignidad. En efecto, con la instalación de dichas cámaras las referidas personas corren el riesgo de ser identificadas. Si bien la República Italiana admite que la medida en cuestión persigue un objetivo legítimo, considera que el legislador de la Unión disponía de una medida menos restrictiva e incluso más efectiva, a saber, la utilización de observadores. Por lo tanto, alega que, en su actual versión, la medida constituye una injerencia «manifiestamente» (44) desproporcionada en los derechos fundamentales de las personas y los trabajadores que se hallan a bordo de los buques pesqueros.
51.      El Parlamento y el Consejo, respaldados por la Comisión, rebaten los referidos argumentos.
1.      Aplicabilidad de los artículos 7 y 8 de la Carta
52.      Como ya he expuesto, cuando se enfrenta a una supuesta violación de un derecho fundamental, la primera pregunta que se debe hacer el Tribunal de Justicia es si el acto en cuestión
puede llegar a interferir con los derechos de que se trate. Si es así, el grado de control que ha de ejercer el Tribunal de Justicia debe ser estricto.
53.      ¿Interfiere con los derechos fundamentales invocados por la República Italiana la obligación de instalar cámaras de circuito cerrado de televisión a bordo de ciertos buques pesqueros? Voy a comenzar con el análisis de los artículos 7 y 8 de la Carta.
54.      El artículo 7 garantiza el respeto de la vida privada y familiar de las personas. El artículo 8, apartado 1, de la Carta protege un aspecto de la vida privada y familiar que ha adquirido especial sensibilidad en la era digital: confiere expresamente a todas las personas el derecho a la protección de sus datos personales.
55.      El Parlamento, la Comisión y el Consejo, en esencia, niegan que dichos derechos se vean afectados por las medidas de que se trata en el procedimiento principal. Alegan que dichas medidas están concebidas de tal manera que no pueda producirse, de entrada, ninguna infracción de los artículos 7 y 8 de la Carta: por ejemplo, la instalación de las cámaras solo se impone a ciertos buques (de alto riesgo); la grabación se mantiene en niveles mínimos y se limita a las partes de los buques en las que se embarquen, manipulen y almacenen productos de la pesca o en las que puedan producirse descartes, y todas las grabaciones se anonimizan «lo antes posible».
56.      La República Italiana considera que, aun con las medidas técnicas y legales dirigidas a limitar el uso de las cámaras, sigue existiendo el riesgo de que pueda producirse la identificación de las personas. Este hecho, por sí solo, debe desencadenar la aplicación del derecho a la protección de los datos personales.
57.      Estoy de acuerdo con la República Italiana.
58.      La protección del derecho a la intimidad no ha de ser una cuestión de probabilidad. Todas las personas poseen características singulares que las diferencian de las demás. (45) Incluso atendiendo a las obligaciones que se imponen a la Comisión de disponer medidas para anonimizar (desde el diseño) (46) las grabaciones de las cámaras, no se puede descartar que los trabajadores que se hallen a bordo de los buques sean captados por un pasaje de vídeo y sean identificados. De esta manera, la persona captada pierde el derecho al control de su imagen, (47) lo cual suscita su derecho a la protección de los datos.
59.      Aunque sea improbable, tampoco se puede excluir la posibilidad de que, como expone la República Italiana, el «voyeur
mecánico» instalado en dichos buques pueda grabar una conversación o una situación de carácter privado entre dos pescadores durante la manipulación de la captura del día, interfiriendo así en su vida privada. (48)
60.      Por lo tanto, el solo hecho de que se instalen las cámaras de circuito cerrado de televisión en los buques afectados origina la posibilidad de una infracción de los artículos 7 y 8 de la Carta, ya que existe la posibilidad, por remota que sea, de que mediante el suministro de tales grabaciones sean identificadas las personas que se hallen a bordo de los buques. El hecho de que no estén sujetos a la medida todos los buques (sino solo los de más de 18 metros de eslora y que constituyan un elevado riesgo de incumplimiento de la obligación de desembarque) es irrelevante a este respecto. La medida puede interferir en los derechos a la intimidad de quienes trabajen en dichos buques, por lo que debe ser justificada para seguir considerándose lícita.
61.      En consecuencia, las medidas controvertidas están comprendidas en el ámbito de protección de los derechos fundamentales reconocidos por los artículos
7 y
8 de la Carta.
2.      Aplicabilidad del artículo 31 de la Carta
62.      El artículo 31, apartado 1, de la Carta consagra el derecho a unas condiciones de trabajo justas y equitativas, lo que comprende la salud, la seguridad y la dignidad de los trabajadores.
63.      El Parlamento, el Consejo y la Comisión, en esencia, subrayan que no está claro en qué reside la injerencia en dichos derechos en el presente asunto.
64.      En respuesta a ello, la República Italiana explica que trabajar bajo videovigilancia introduce un «control penetrante» que no respeta el componente del artículo 31, apartado 1, de la Carta relativo a la «dignidad».
65.      A mi parecer, ninguno de los dos argumentos es carente de cierta solidez.
66.      De una parte, entiendo que el artículo 31, apartado 1, de la Carta, a la vista de las Explicaciones sobre la Carta, (49) se refiere primordialmente a la integridad física y psicológica de los trabajadores. Visto desde este prisma, resulta difícil entender cómo el derecho a unas condiciones de trabajo «dignas» se extiende a las actividades desarrolladas durante el tiempo de trabajo efectivo (en contraposición a los descansos en las cocinas o camarotes del buque). (50) En un sector caracterizado por la disminución de las capturas, una normativa estricta y un sistema salarial a menudo vinculado a la cantidad de pesca capturada en cada viaje, (51) el uso de cámaras en realidad puede verse como un factor favorable a la protección (y, por ende, a la dignidad) de los trabajadores frente a la explotación. De ser correcta esta línea argumental, no existiría limitación alguna del artículo 31, apartado 1, de la Carta.
67.      Por otro lado, la dignidad en el puesto de trabajo, consagrada por el artículo 31, apartado 1, de la Carta, constituye probablemente el valor fundamental de los derechos sociales laborales. (52) La dignidad humana en el trabajo actúa como contrapeso de la asimetría de poder, que se caracteriza por el constante control del comportamiento de los trabajadores en su puesto de trabajo. Es evidente que una de las formas de ejercer dicho control es la videovigilancia.
68.      En este sentido, es inevitable que una injerencia en el derecho a la dignidad en el puesto de trabajo ocasionada por la presencia de cámaras de circuito cerrado de televisión se solape con los derechos a la intimidad y a la protección de los datos. Ello no excluye la aplicabilidad del artículo 31, apartado 1, de la Carta a las medidas que afecten a la intimidad en el puesto de trabajo.
69.      La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») ha reconocido en cierta medida el derecho a la dignidad en el trabajo como una concreción del derecho a la intimidad, garantizado por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). (53) Desde este punto de vista, la República Italiana sin duda tiene razón al afirmar que la instalación de cámaras de vídeo, por sí misma, interfiere en el derecho del trabajador a unas condiciones que respeten su dignidad, de modo que ha de estar justificada como respuesta proporcionada a un objetivo legítimo. (54)
70.      Por último, y en contra de lo aducido por la Comisión en la vista oral, a la hora de decidir si realmente está implicado o no el artículo 31, apartado 1, de la Carta, resulta irrelevante que el Reglamento impugnado imponga de forma específica limitaciones legales y técnicas a dicha vigilancia. Al igual que sucede en cuanto a la supuesta injerencia en los artículos 7 y 8 de la Carta, tales elementos solo penetran el análisis del Tribunal de Justicia al valorar la proporcionalidad de las posibles limitaciones de dicho derecho. En cambio, no limitan el ámbito de aplicación del artículo 31, apartado 1, de la Carta.
71.      Por lo tanto, propongo al Tribunal de Justicia que declare que las medidas controvertidas están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo
31, apartado
1, de la Carta.
3.      Proporcionalidad
72.      Habiendo concluido que las medidas controvertidas están comprendidas en el ámbito de aplicación de los artículos 7, 8 y 31 de la Carta, pues interfieren en los derechos protegidos por estos artículos, a continuación pasaré a evaluar la proporcionalidad de dichas medidas.
Objetivo legítimo
73.      Una injerencia en un derecho fundamental puede estar justificada por perseguir un objetivo legítimo de forma proporcionada. Por consiguiente, la primera cuestión que se ha de plantear el Tribunal de Justicia es si la medida en cuestión persigue un objetivo que pueda considerarse legítimo.
74.      Tal como explican los considerandos del Reglamento impugnado, el legislador de la Unión entendió que el éxito de la PPC en su conjunto y la efectividad de la obligación de desembarque, dentro de dicho marco general, dependían, entre otras condiciones, de un régimen de control y ejecución efectivo, eficiente, moderno y transparente. (55)
75.      En el presente asunto, es pacífico que la obligación de desembarque, como parte de la PPC, y la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo de dicha obligación, constituyen un objetivo legítimo. (56)
76.      Incluso la República Italiana, que es quien ha incoado el presente procedimiento, está de acuerdo en que la instalación de cámaras de videovigilancia a bordo de los buques afectados persigue un objetivo legítimo: garantizar el cumplimiento de la obligación de desembarque, a fin de lograr los objetivos de la PPC.
77.      Por lo tanto, no hay motivo para que el Tribunal de Justicia no acepte este objetivo como legítimo.
Adecuación
78.      El criterio de la adecuación, dentro de la apreciación de la proporcionalidad, tiene por objeto determinar si la medida impugnada sirve para lograr el objetivo deseado.
79.      En el presente asunto, por lo que respecta al objetivo legítimo en sí, ninguna de las partes discute la adecuación del uso de sistemas de seguimiento electrónico remoto, incluidas las cámaras de circuito cerrado de televisión, para fomentar el cumplimiento de la obligación de desembarque.
80.      De los autos se desprende que, según un informe de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, el control de los descartes y el precio y el seguimiento detallado de cada marea constituyen uno de los principales riesgos para el cumplimiento de la obligación de desembarque. En consecuencia, dicha Agencia recomendaba centrarse en los controles de la actividad en el mar, antes que en el momento del desembarque. (57)
81.      Además, según la Evaluación de Impacto, la introducción de sistemas de seguimiento electrónico remoto que incluyan el uso de cámaras «ha demostrado su potencial para ser un medio efectivo de asegurar el control y la vigilancia de la obligación de desembarque y de ejercer un efecto disuasorio sobre los descartes ilegales». (58)
82.      Por consiguiente, no hay motivo para que el Tribunal de Justicia dude de la adecuación de la obligación de instalar cámaras de circuito cerrado de televisión a bordo de ciertos buques pesqueros a fin de reducir los volúmenes de capturas de peces no desembarcadas: claramente existe un vínculo suficiente entre tal sistema de seguimiento y la efectividad de la obligación de desembarque. (59)
83.      En consecuencia, el legislador de la Unión consideró legítimamente que la introducción de la obligación de instalar cámaras era adecuada para alcanzar el objetivo perseguido.
Necesidad
84.      El principal argumento de la República Italiana es el carácter innecesario de la medida en cuestión.
85.      En la apreciación de proporcionalidad, una medida se considera innecesaria si existe otra medida alternativa que sea menos restrictiva (en el caso de autos, para los tres derechos fundamentales de que se trata), pero que siga sirviendo para alcanzar la misma meta legislativa.
86.      En opinión de la República Italiana, existe una medida menos restrictiva pero igualmente efectiva: la utilización de personas observadoras a bordo de los buques pesqueros en cuestión. A su parecer, tal medida es posiblemente incluso más efectiva que la instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión, pues un observador puede interactuar con los trabajadores e impedir de antemano los posibles incumplimientos de la obligación de desembarque, mientras que la videovigilancia solo puede servir para sancionar los incumplimientos ya cometidos. Además, según expone la República Italiana, el coste que implica la utilización y operación de los equipos de videovigilancia no fue tenido suficientemente en cuenta al adoptar el Reglamento impugnado.
87.      En principio, en el ámbito de una apreciación de proporcionalidad «estricta» y en contra de lo alegado por el Consejo, la carga de la prueba de que no existían medidas alternativas que pudiesen llevar al mismo resultado pesa sobre el legislador de la Unión. Dicho de otra manera, no le corresponde a la República Italiana refutar la necesidad de los medios elegidos por el legislador de la Unión, pues recae sobre este el deber de probar la necesidad de los medios elegidos.
88.      Por lo tanto, el legislador de la Unión debe demostrar que tuvo en cuenta medidas alternativas y que finalmente concluyó que estas no eran útiles para alcanzar el resultado deseado. Dado que la República Italiana ha aducido argumentos a favor de utilizar observadores en lugar de sistemas de seguimiento electrónico remoto, incluidas cámaras de circuito cerrado de televisión, necesariamente le incumbe al legislador de la Unión desvirtuar dichos argumentos para demostrar la legalidad de la elección legislativa, ante la alegación de una injerencia injustificada en derechos consagrados por la Carta.
89.      A este respecto, el legislador de la Unión (a saber, el Parlamento, el Consejo y la Comisión en el presente asunto) expone que la utilización de observadores fue ciertamente uno de los medios estudiados durante el procedimiento legislativo para garantizar la efectividad de la obligación de desembarque. (60) No en vano, el Derecho de la Unión ya preveía esta posibilidad desde 2015. (61) Dicho esto, el compromiso alcanzado por los Estados miembros en el Consejo se tradujo en apoyar la obligación de recurrir a sistemas de seguimiento electrónico remoto, con cámaras de circuito cerrado de televisión. (62)
90.      En apoyo de dicha elección, el Parlamento, el Consejo y la Comisión se remiten todos ellos a la Evaluación de Impacto, donde se explican pormenorizadamente las ventajas de las cámaras de vigilancia y se desestima la utilización de observadores como medio igualmente efectivo para lograr el objetivo perseguido. (63)
91.      En dicho documento se señala que «la posibilidad de requerir la presencia de observadores a bordo, al aportar numerosos beneficios, entre ellos fomentar el cumplimiento de la obligación de desembarque en el mar, inicialmente se consideró una medida de control más flexible que las cámaras de circuito cerrado de televisión, y sin un desembolso de capital inicial. Sin embargo, esta alternativa fue desechada por distintas razones: i) sería necesario emplear a un número de observadores mucho mayor en turnos rotatorios para garantizar la cobertura durante las 24 horas del día; ii) los pequeños buques no dispondrían de espacio suficiente para albergar a los observadores, especialmente durante las mareas prolongadas; iii) en muchos buques, los costes que implicaría emplear a observadores serían desproporcionados a los resultados logrados (por ejemplo, la necesidad de dos observadores despiertos durante todas las operaciones de pesca superaría los 2 000 euros diarios […]; coste medio de 5 000 euros/mes por observador en el programa de observadores de la NAFO), y iv) a pesar de reconocer que era asumible el coste de emplear observadores solo en los buques a los que se atribuyese un elevado riesgo de incumplimiento, esta opción generaría un desproporcionado déficit de control en otros buques que difícilmente estaría justificado».(64)
92.      Por otro lado, el Parlamento expone que la naturaleza continua y sistemática de los sistemas de seguimiento electrónico remoto, incluidas las cámaras de circuito cerrado de televisión, no puede ser igualada por la presencia de observadores a bordo, ya que estos no pueden garantizar la vigilancia constante de todos los aspectos de un buque determinado. (65)
93.      No obstante, a este respecto la República Italiana aduce, en esencia, que la instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión presenta un riesgo sistemático de exposición a la grabación de vídeo, lo que constituye una medida más intrusiva en relación con los artículos 7, 8 y 31 de la Carta que las grabaciones ad hoc o programadas de forma específica.
94.      Aunque ciertamente podría ser así, tal como han expuesto el Parlamento, el Consejo y la Comisión, si el funcionamiento de las cámaras de circuito cerrado de televisión se limitase a solo ciertas horas del día, el descarte de recursos acuáticos no deseados, incluidos peces, simplemente se produciría durante el tiempo en que las cámaras estuviesen apagadas. En consecuencia, las grabaciones ad hoc, aunque sean menos intrusivas, no pueden considerarse una alternativa igualmente eficiente.
95.      A la vista de las anteriores explicaciones, del expediente legislativo, de los documentos presentados ante el Tribunal de Justicia y de las exposiciones de las partes se deduce claramente, a mi parecer, que el legislador de la Unión no solo consideró los distintos medios que podían conducir al fin legislativo propuesto, sino que sopesó su eficacia para alcanzarlo, pero en último término desestimó dichos medios alternativos por su menor eficacia para lograr el objetivo perseguido.
96.      Por consiguiente, opino que el legislador de la Unión ha aportado suficientes argumentos para demostrar que la utilización de observadores no constituye un medio igualmente eficiente de controlar la obligación de desembarque.
Ejercicio de ponderación
97.      El tercer aspecto de la apreciación de la proporcionalidad, frecuentemente denominado «proporcionalidad en sentido estricto» o simplemente «ponderación», exige que el legislador de la Unión demuestre que los efectos negativos ocasionados por las medidas controvertidas no son desproporcionados a los beneficios que la legislación pretende conseguir. Dicho de otra manera, para este análisis el Tribunal de Justicia debe valorar si una medida que se ha demostrado necesaria para alcanzar un fin legítimo es, pese a todo, ilícita por el excesivo «coste» de alcanzar dicho fin. (66)
98.      Cuando se impugna la validez de un acto legislativo invocando una injerencia en derechos reconocidos por la Carta, lo cual, como ya he expuesto, requiere un control estricto por parte del Tribunal de Justicia, es necesario revisar dicho acto mediante un ejercicio de ponderación, aunque no exista una alternativa menos restrictiva. (67)
99.      A los efectos de este ejercicio de ponderación, entre otros factores el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta, por un lado, la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales afectados y, por otro, la importancia del objetivo perseguido por la medida. (68)
100. En consecuencia, por lo que respecta al presente asunto, la apreciación de la proporcionalidad consiste en poner en un lado de la balanza los efectos adversos que se derivan de la medida para los derechos fundamentales en juego y, en el otro, los beneficios que se espera obtener con el control efectivo de la obligación de desembarque.
101. A este respecto, el Parlamento, el Consejo y la Comisión han alegado con acierto que al apreciar la proporcionalidad de la medida en cuestión se ha de tener en cuenta el diseño completo de esta. Por lo tanto, no solo es relevante el hecho de que el legislador de la Unión optó por los sistemas de seguimiento electrónico remoto, incluidas cámaras de circuito cerrado de televisión, sino también que dispuso su utilización de una manera que reduce al mínimo el grado de injerencia en los derechos reconocidos por la Carta de los que se trata. (69)
102. En cuanto a la primera parte del ejercicio de ponderación, relativo a los efectos adversos producidos por las medidas en cuestión, el Parlamento, el Consejo y la Comisión destacan diversas medidas dirigidas a mitigar la injerencia en los derechos reconocidos por los artículos
7, 8 y
31, apartado
1, de la Carta.
103. En primer lugar, observan que la obligación de instalar cámaras de circuito cerrado de televisión se limita a los buques pesqueros de eslora total igual o superior a 18 metros, y solo se impone a aquellos que cumplan esta característica y que presenten un riesgo elevado de incumplimiento de la obligación de desembarque. (70)
104. En segundo lugar, recuerdan que dichas cámaras se han de instalar de tal manera que graben únicamente los artes de pesca y las partes del buque en las que se embarquen, manipulen y almacenen productos de la pesca, así como en todas las zonas en las que puedan producirse descartes. (71) En la vista, el Consejo expuso además que no había sido posible un mayor grado de precisión (en el texto legislativo) en cuanto al lugar de instalación de dichas cámaras, pues la parte concreta en que se llevan a cabo estas actividades varía de un buque a otro.
105. En tercer lugar, las instituciones recalcan que solo el capitán del buque pesquero de que se trate y las autoridades competentes del pabellón y de los Estados miembros ribereños responsables del control de la pesca pueden acceder a las grabaciones de dichas cámaras, y que este acceso debe producirse de conformidad con las normas sobre protección de datos.
106. En cuarto lugar, se prevé el establecimiento de normas adicionales sobre el almacenamiento, el intercambio y el acceso a las grabaciones de los sistemas de seguimiento electrónico remoto. (72)
107. En quinto lugar, las instituciones subrayan que el Reglamento impugnado obliga a la Comisión y a las autoridades competentes, respectivamente, a establecer y a ejecutar medidas tendentes a la anonimización de las personas identificables en las tomas recogidas por las cámaras de circuito cerrado de televisión «lo antes posible». (73) Por lo tanto, en principio no existe un período de conservación de los datos que permitan identificar a las personas. (74)
108. De este modo, queda demostrado que el legislador de la Unión trató de introducir medidas dirigidas a reducir la injerencia en los derechos fundamentales afectados por la instalación de cámaras de circuito cerrado de televisión.
109. En consecuencia, en nuestra balanza metafórica en que se ponderan las consecuencias adversas de las medidas y sus beneficios, se ve aliviado el lado negativo.
110. En cuanto a la parte del ejercicio de
ponderación correspondiente a los beneficios, las instituciones subrayan en primer lugar que el sistema elegido por el legislador de la Unión tiene por objeto supervisar la obligación de desembarque, no identificar ni controlar a personas concretas.
111. En segundo lugar, las medidas controvertidas se llevan a efecto después de muchos años de cuantiosos descartes de peces, durante los cuales otras medidas, entre ellas la utilización de observadores, han sido incapaces de garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros de la Unión Europea.
112. En tercer lugar, y por encima de todo, dicho sistema sirve al reconocido e importante objetivo de garantizar que la explotación de los recursos acuáticos vivos, en particular los peces, facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. A este respecto, la Comisión expuso en la vista que es fundamental conocer la cantidad real de peces capturados para poder determinar los medios y normas a que se ha de sujetar la actividad de una flota pesquera. (75) De lo contrario, la incorrecta determinación de dichos medios y normas, incluidas las cuotas pesqueras, podría traducirse en un exceso de pesca y, en último término, en la desaparición de ciertas especies de peces.
113. En contra de lo alegado por la República Italiana, considero que el objetivo cuya consecución se propone el legislador de la Unión mediante el control efectivo de la obligación de desembarque es de gran importancia, no solo para la política pesquera de la Unión, sino para los objetivos económicos, sociales y medioambientales de esta y de otras políticas de la Unión.
114. Así pues, el beneficio que se pretende lograr con la introducción de sistemas de seguimiento electrónico remoto, incluidas cámaras de circuito cerrado de televisión, reviste gran importancia y ejerce un gran peso sobre el plato positivo de nuestra balanza metafórica.
115. En consecuencia, las injerencias que en los derechos reconocidos por los artículos 7, 8 y 31 de la Carta produce la utilización de sistemas de seguimiento electrónico remoto, como los que contempla y al mismo tiempo limita la medida de que se trata, no son desproporcionadas al beneficio que el Reglamento impugnado pretende conseguir.
116. Por las razones expuestas, soy del parecer de que el legislador de la Unión se atuvo al artículo 52, apartado 1, de la Carta al ponderar correctamente el objetivo perseguido por el Reglamento impugnado y la potencial restricción de los artículos
7, 8 y
31 de la Carta por dicho acto legislativo.
117. Por lo tanto, considero que el Tribunal de Justicia debe desestimar el primer motivo de anulación invocado por la República Italiana.
IV.    Conclusión
118. Propongo que el Tribunal de Justicia desestime el primer motivo de anulación invocado por la República Italiana.
1      Lengua original: inglés.
2      Según una estimación de 2013, el sector pesquero de la Unión descartaba cada año 1,7 millones de toneladas de peces y otros animales marinos. Véase ClientEarth y otros, Joint NGO priorities on the revision of the EU Fisheries Control System, octubre de 2018, disponible en: https://awsassets.panda.org/downloads/joint_ngo_position_paper_on_the_revision_of_the_eu_fisheries_control_system___october_2018.pdf.
3      Véase Biblioteca del Parlamento Europeo, Discarding fish under the Common Fisheries Policy: Towards an end to mandated waste, Boletín de la Biblioteca, 13 de mayo de 2013, 130436REV1, p. 2, donde se expone que «la mayor parte del pescado, especialmente el pescado redondo, suele estar muerto o moribundo cuando se arroja al mar. Los crustáceos y los moluscos, así como algunas especies de escualos y peces planos, pueden tener mayores posibilidades de ser devueltos aún con vida, pero resulta muy complicado valorar su índice de supervivencia real a largo plazo. Esto afecta directamente a las poblaciones afectadas».
4      Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO 2013, L 354, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento PPC»):
5      El artículo 15, apartado 1, del Reglamento PPC, que introduce la obligación de desembarque, tiene el siguiente tenor: «Todas las capturas de poblaciones sujetas a límites de capturas, y en el Mediterráneo también las capturas de poblaciones sujetas a tallas mínimas, […] deberán almacenarse y mantenerse a bordo de los buques pesqueros, así como registrarse, desembarcarse e imputarse a las correspondientes cuotas […]».
6      Según el testimonio oral de Samuel Stone, Jefe de Pesca y Acuicultura de la UK Marine Conservations Society (Sociedad de Conservación Marina del Reino Unido) ante el Comité Especial sobre la Unión Europea de la House of Lords (Cámara de los Lores) del Reino Unido, 5 de diciembre de 2018, disponible en: https://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/eu-energy-and-environment-subcommittee/implementation-and-enforcement-of-the-eu-landing-obligation/oral/93810.html.
7      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de noviembre de 2023, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1967/2006 y (CE) n.º 1005/2008 del Consejo y los Reglamentos (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 y (UE) 2019/473 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al control de la pesca (DO L 2023/2842).
8      Véase el artículo 2, apartado 1, del Reglamento PPC, que cita los objetivos sobre los cuales se ha de desarrollar la PPC.
9      Véase el Informe Especial n.º 7/2007 sobre los sistemas de control, inspección y sanción relativos a las normas de conservación de los recursos pesqueros comunitarios, acompañado de las respuestas de la Comisión (DO 2007, C 317, p. 1). El sistema examinado en el informe del Tribunal de Cuentas era el que establecía el Reglamento (CEE) n.º 2241/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras (DO 1987, L 207, p. 1), y concluía que: i) los datos sobre capturas no eran completos ni fiables, por lo que no era posible tener un conocimiento real del volumen de la pesca ni aplicar correctamente el sistema del total admisible de capturas y los límites de cuotas; ii) los sistemas de inspección aplicados no garantizaban la prevención y detección eficaces de las infracciones; iii) los procedimientos existentes de tramitación de las infracciones constatadas no acreditaban su seguimiento ni la aplicación de sanciones (disuasorias), y iv) el exceso de capacidad constituía una amenaza para la rentabilidad de la industria pesquera y, en unas circunstancias de reducción de las capturas autorizadas, inducía al incumplimiento de las limitaciones a la pesca.
10      Reglamento del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y (CE) n.º 1966/2006 (DO 2009, L 343, p. 1).
11      Véase, en este sentido, Tribunal de Cuentas europeo, Los controles pesqueros de la UE: son necesarios más esfuerzos, Informe Especial n.º 08/2017 (en lo sucesivo, «Informe Especial n.º 08/2017»), apartado 3, disponible en: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_8/SR_FISHERIES_CONTROL_ES.pdf.
12      Reglamento (UE) 2015/812 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 850/98, (CE) n.º 2187/2005, (CE) n.º 1967/2006, (CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 254/2002, (CE) n.º 2347/2002 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y los Reglamentos (UE) n.º 1379/2013 y (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la obligación de desembarque, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1434/98 del Consejo (DO 2015, L 133, p. 1).
13      Informe especial n.º 08/2017, apartado 95.
14      Informe especial n.º 08/2017, apartado 99.
15      Véase la Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2016, sobre cómo homogeneizar los controles de la pesca en Europa (2015/2093(INI)), (DO 2018, C 215, p. 143), considerando H (sobre las discrepancias en los datos) y punto 33, en que se expone la «es necesario recopilar, gestionar y usar datos de calidad relativos a la obligación de desembarque para poder controlar y evaluar la aplicación efectiva de dicha obligación y para adaptar la recopilación de datos a las condiciones que impone la nueva PPC». Véase también el punto 66 de la Resolución, donde se «subraya la importancia de las tecnologías electrónicas (sistemas electrónicos de notificación y supervisión) que en potencia constituyen un medio más rentable de incrementar la observación de las actividades en el mar».
16      Véase el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Aplicación y evaluación del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, en virtud de lo previsto en su artículo 118, COM/2017/0192 final, Evaluación REFIT de la Comisión, p. 9, donde se concluye que el sistema (entonces vigente) no era «totalmente apropiad[o]» y que las partes interesadas habían considerado necesaria «una mejor adaptación del régimen de control a la nueva PPC, centrándose especialmente en la obligación de desembarque».
17      Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 1967/2006 y (CE) n.º 1005/2008 del Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al control de la pesca [COM(2018) 368 final; en lo sucesivo, «Propuesta»].
18      Véase el Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión — Evaluación de impacto que acompaña [a la Propuesta] [(SWD/2018/279 final; en lo sucesivo, «Evaluación de Impacto»].
19      Véanse la Evaluación de Impacto, pp. 9 y 15, y la Propuesta, p. 3.
20      Véase el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de Control de la Pesca, en su versión resultante del Reglamento impugnado.
21      En aras de la exhaustividad, quisiera añadir que los apartados 4 y 5 del nuevo artículo 13 facultan a los Estados miembros para ampliar las referidas medidas de manera que incluyan los buques de menos de 18 metros de eslora o para incentivar el uso voluntario de tales medidas por los buques que no estén obligados a emplear sistemas de seguimiento electrónico remoto, y que el apartado 6 permite, pero no obliga, a los Estados miembros a establecer el uso de dichos sistemas para controlar el cumplimiento de otras normas de la PPC. En cualquier caso, estos aspectos no son relevantes para la resolución del presente asunto.
22      En el segundo motivo, la República Italiana alega que el artículo 90 del Reglamento de Control de la Pesca, introducido por el artículo 1, punto 75, del Reglamento impugnado, infringe el artículo 3 TUE, apartado 3, los artículos 101 TFUE y 120 TFUE y el Protocolo n.º 27 sobre mercado interior y competencia. En esencia, considera que la discrecionalidad que se concede a los Estados miembros, en virtud de los cambios introducidos por el artículo 1, punto 75, del Reglamento impugnado, para decidir qué constituye una «infracción grave» se ha de traducir en una distorsión del mercado interior, pues las autoridades nacionales tenderán a favorecer a sus propios buques.
23      Véase, para más detalles, el punto 15 de las presentes conclusiones.
24      En la vista, la Comisión expuso que, si bien los buques de dicha eslora solo representan el 6,8 % de los buques pesqueros de la Unión, dan cuenta del 70 % de las capturas.
25      En el encabezamiento de su primer motivo de anulación, la República Italiana también incluye una infracción del artículo 52, apartados 2, 3 y 4, de la Carta y del artículo 18 del CEDH. Asimismo, hacia el final de su demanda, parece entender que la medida controvertida compromete de forma injustificada la protección de la confidencialidad de los negocios. Sin embargo, la República Italiana no ha explicado, ni en sus observaciones escritas ni en la vista oral, de qué manera se ven afectadas dichas normas por los cambios operados por el artículo 1, punto 10, del Reglamento impugnado. En consecuencia, considero que procede declarar esta alegación inadmisible en lo que se refiere a dichos elementos, por incumplir los requisitos de claridad y precisión que establece el artículo 120, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2012, Comisión/Portugal (C‑34/11, EU:C:2012:712), apartado 44 y jurisprudencia citada.
26      A este respecto, la recurrente invoca la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Luxembourg Business Registers (C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912), apartado 66, donde el Tribunal de Justicia consideró que debía valorar «si la injerencia en los derechos garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta que resulta de tal acceso se limita a lo estrictamente necesario».
27      Sentencia de 30 de abril de 2019, Italia/Consejo (Cuota de pesca del pez espada del Mediterráneo) (C‑611/17, EU:C:2019:332), apartado 56.
28      El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de confirmar dicha amplia discrecionalidad (legislativa), en particular en los ámbitos de la política agrícola común (véase, por ejemplo, la sentencia de 7 de septiembre de 2006, España/Consejo, C‑310/04, EU:C:2006:521, apartado 96 y la jurisprudencia citada); del mercado interior (véase, por ejemplo, la sentencia de 8 de diciembre de 2020, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑626/18, EU:C:2020:1000, apartados 95 y 97 y jurisprudencia citada), y en la política de transporte común (sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo, Paquete de movilidad, C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 247 y jurisprudencia citada).
29      Sentencia de 30 de abril de 2019, Italia/Consejo (Cuota de pesca del pez espada del Mediterráneo) (C‑611/17, EU:C:2019:332), apartado 56.
30      Véanse, entre otras muchas, la sentencia de 30 de abril de 2019, Italia/Consejo (Cuota pesquera del pez espada del Mediterráneo) (C‑611/17, EU:C:2019:332), apartado 55 y la jurisprudencia citada.
31      Véase la sentencia de 11 de julio de 1989, Schräder HS Kraftfutter (265/87, EU:C:1989:303), apartado 22, que expresaba claramente este principio por primera vez en el ámbito de la política agrícola común y que ha sido reiterada en numerosas ocasiones desde entonces (el subrayado es mío); véanse, por ejemplo, las sentencias de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros (C‑331/88, EU:C:1990:391), apartado 14 (en el ámbito de la política agrícola común), y, más recientemente, de 30 de abril de 2019, Italia/Consejo (Cuota de pesca del pez espada del Mediterráneo) (C‑611/17, EU:C:2019:332), apartado 27 y jurisprudencia citada (en el ámbito de la PPC).
32      Véase la sentencia de 12 de julio de 2001, Jippes y otros (C‑189/01, EU:C:2001:420), apartado 83, donde el Tribunal de Justicia, por primera vez en el ámbito de la política agrícola común, añadió dicho elemento al explicar los límites de su propia facultad de control judicial. Esta postura se ha reproducido posteriormente en asuntos que abarcaban diversos campos de la actividad del legislador de la Unión, como el mercado interior (véase la sentencia de 8 de diciembre de 2020, Polonia/Parlamento y Consejo, C‑626/18, EU:C:2020:1000, apartado 95 y jurisprudencia citada) o la política de transporte común (véase la sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo, Paquete de movilidad, C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818, apartado 242 y jurisprudencia citada).
33      Véase, a este respecto, la sentencia de 30 de abril de 2019, Italia/Consejo (Cuota de pesca del pez espada del Mediterráneo) (C‑611/17, EU:C:2019:332), apartado 56.
34      Sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartado 243 y jurisprudencia citada.
35      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 8 de diciembre de 2020, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑626/18, EU:C:2020:1000), apartado 98 y jurisprudencia citada, y de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartado 243 y jurisprudencia citada.
36      Véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartados 218 y 244 y la jurisprudencia citada.
37      Véase, en este sentido, Emiliou, N., The principle of proportionality in European law: a comparative study, Kluwer Law International, La Haya, 1996, p. 172, según el cual «una amenaza a los derechos o libertades fundamentales justifica un nivel de control más riguroso» de la proporcionalidad de la medida en cuestión.
38      Véanse, a este respecto, las conclusiones del Abogado General Semilunio presentadas en el asunto Nordic Info (C‑128/22, EU:C:2023:645), punto 120, donde señala que generalmente, si bien no siempre, en su jurisprudencia relativa a la libertad de circulación el Tribunal de Justicia solo efectúa una valoración de la adecuación y la necesidad de la medida, mientras que, cuando se trata de los derechos fundamentales, también suele entrar a valorar su proporcionalidad en sentido estricto.
39      Quisiera señalar que cabe entender la jurisprudencia en el sentido de que establece una jerarquía, en cuanto a su importancia y potencial injerencia, entre los derechos fundamentales reconocidos por la Carta, y que solo una limitación de los derechos «más importantes» requiere un control estricto por el Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge, C‑417/23, EU:C:2025:1017, apartado 171 y la jurisprudencia citada, donde el Tribunal de Justicia explica que el margen de apreciación que se deja a las autoridades «es tanto más restringido cuanto más importante sea el derecho en cuestión para garantizar al individuo afectado el disfrute efectivo de los derechos fundamentales o de orden “íntimo” que se le reconocen»). Sin que sea necesario, en el presente asunto, pronunciarse sobre la cuestión de si existe una jerarquía entre los derechos fundamentales, baste señalar que el Tribunal de Justicia ya ha confirmado que el control judicial de la supuesta injerencia con el derecho a la intimidad y a la protección de los datos requiere un control de intensidad elevada.
40      Véase, a este respecto, la sentencia de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y otros (C‑293/12 y C‑594/12, EU:C:2014:238), en particular su apartado 48, donde el Tribunal de Justicia declaró que, «debido, por una parte, al importante papel que desempeña la protección de los datos de carácter personal en lo que respecta al derecho fundamental al respeto de la vida privada y, por otra parte, a la magnitud y gravedad de la injerencia en este derecho que supone la Directiva 2006/24, la facultad de apreciación de legislador de la Unión resulta reducida, por lo que el control de dicha facultad debe ser estricto».
41      Sentencia de 22 de noviembre de 2022 (C‑37/20 y C‑601/20, EU:C:2022:912).
42      A mi parecer, es la existencia de una intromisión en (ciertos) derechos fundamentales, y no la gravedad de dicha intromisión, lo que suscita un control de intensidad elevada por parte del Tribunal de Justicia. No obstante, la declaración que contiene el apartado 48 de la sentencia de 8 de abril de 2014, Digital Rights Ireland y otros (C‑293/12 y C‑594/12, EU:C:2014:238), citada en la nota 40 de las presentes conclusiones, podría llevar a la conclusión de que solo es necesario un control de intensidad
elevada cuando existe una grave injerencia en el derecho afectado (en este caso, el derecho a la intimidad). Sin embargo, a mi parecer, el hecho de que la injerencia sea menos grave puede ser relevante al apreciar la proporcionalidad en sentido estricto (tercer nivel) de una medida legislativa, pero es irrelevante para que el Tribunal de Justicia decida si se limita al primer nivel de la apreciación de la proporcionalidad, es decir, el examen de la manifiesta inadecuación de la medida. A mi entender, esto queda claramente plasmado en la forma en que el Tribunal de Justicia ha llevado a cabo la apreciación de la proporcionalidad en sus sentencias de 21 de marzo de 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden (C‑61/22, EU:C:2024:251), especialmente los apartados 106 a 124, y de 18 de diciembre de 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge (C‑417/23, EU:C:2025:1017), apartado 168 y jurisprudencia citada.
43      Esta obligación de que exista un vínculo entre la supuesta restricción de un derecho fundamental y los efectos del acto en cuestión no es exclusiva del Derecho de la Unión. Véase, por analogía, la sentencia de la Supreme Court (Corte Suprema, Estados Unidos) en el asunto Arcara c. Cloud Books, Inc., 478 U. S. 697 (1986), p. 705 (donde se declaró que no existía un vínculo suficiente entre un recurso interpuesto en virtud de la Primera Enmienda, que habría exigido un control de intensidad elevada por parte de los órganos jurisdiccionales estadounidenses, y el cierre de una librería con el argumento de que en ella se ejercía la prostitución).
44      Aunque la República Italiana especifica que la medida es «manifiestamente» desproporcionada, también expone que, en su opinión, en el presente asunto no corresponde aplicar un grado menor de control.
45      Véase, respecto a la aplicabilidad del derecho a la vida privada y familiar en el trabajo, TEDH, 17 de octubre de 2019, López Ribalda and Others v. Spain, CE:ECHR:2019:1017JUD000187413, § 89 y jurisprudencia citada (donde se alude al hecho de que «la imagen de una persona constituye uno de los principales atributos de su personalidad, ya que revela las características únicas de la persona y la distingue de sus pares»).
46      Véase, a este respecto, el considerando 106 del Reglamento impugnado, donde se expone que el sistema allí establecido respeta los principios de intimidad desde el diseño y por defecto.
47      Véase TEDH, 17 de octubre de 2019, López Ribalda and Others v. Spain, CE:ECHR:2019:1017JUD000187413, § 89 y jurisprudencia citada (donde se explica que «el derecho de cada persona a la protección de su imagen es, pues, uno de los componentes esenciales del desarrollo personal y presupone el derecho a controlar el uso de esa imagen. Si bien en la mayoría de los casos el derecho a controlar dicho uso implica la posibilidad de que un individuo se niegue a publicar su imagen, también abarca el derecho del individuo a oponerse a la grabación, conservación y reproducción de la imagen por parte de otra persona»).
48      En efecto, si bien el considerando 24 del Reglamento impugnado recalca que «la posibilidad de identificar a personas concretas en el material de vídeo grabado debe limitarse en la medida de lo posible y, en caso necesario, los datos deben anonimizarse», estos mismos dos elementos indican que sigue habiendo un margen para la identificación de las personas que se hallen en los buques pesqueros afectados. Véase también Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca, Agencia Danesa de la Pesca, Electronic monitoring in the Danish Kattegat (3AS) Nephrops fishery, octubre de 2023 (en lo sucesivo, «Informe de la Agencia Danesa de la Pesca»), p. 24, que la Comisión ha adjuntado a su intervención y donde dicha Agencia expone que «no se puede evitar que los pescadores entren en el plano de las cámaras, por ejemplo, si se inclinan sobre la zona de clasificación durante la manipulación de la captura».
49      DO 2007, C 303, p. 17.
50      Según las Explicaciones sobre la Carta, este elemento «se inspira» en el artículo 26 de la Carta Social Europea revisada (ETS n.º 163), según el cual, «para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de todos los trabajadores a la protección de su dignidad en el trabajo, las Partes se comprometen, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores: 1) a promover la sensibilización, la información y la prevención en materia de acoso sexual en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo, y a adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a los trabajadores contra dichas conductas; [y] 2) a promover la sensibilización, la información y la prevención por lo que respecta a actos censurables o explícitamente hostiles y ofensivos dirigidos de manera reiterada contra cualquier trabajador en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo, y a adoptar todas las medidas apropiadas para proteger a los trabajadores contra dichas conductas». Resulta difícil entender, si se interpreta de buena fe y conforme al sentido corriente de sus términos, como requiere el artículo 31, apartado 1, del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, Vol. 1155, p. 331), en qué forma dicha disposición se ocupa del tipo de circunstancias de que se trata en el presente asunto. Véase también, en la misma línea, Jarass, D., «Article 31», en Jarass, D., Charta der Grundrechte der Europäischen Union, C. H. Beck, Múnich 2021, p. 8, remitiéndose a otros autores.
51      Véase, por ejemplo, WWF, Socio-Economic Impacts of the EU Common Fisheries Policy: An evaluation of the European Union fishing fleet and options for the future, 2021, p. 25, donde se afirma que en el sector pesquero de la Unión sigue predominando el «modelo de participación», disponible en: https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_cfp_socio_economic_impact_study_2021.pdf.
52      Véase Bogg, A., Article 31 — Fair and Just Working Conditions, en Peers, S., y otros (eds), The EU Charter of Fundamental Rights — A Commentary, Hart Publishing, 2014, punto 31.07, que alega, en esa misma línea, que, en consecuencia, el artículo 31 de la Carta «debe verse como una disposición con muy notable peso normativo e importancia».
53      Véase TEDH, 28 de noviembre de 2017, Antović y Mirković c. Montenegro, CE:ECHR:2017:1128JUD007083813, § 44 (donde se declara que una videovigilancia no convertible en el trabajo suscita la aplicación del artículo 8 del CEDH, ya que constituye «la documentación grabada y reproducible del comportamiento de una persona en su puesto de trabajo, que el empleado no puede eludir, al estar obligado en virtud del contrato de trabajo a realizar su trabajo en aquel lugar»).
54      Véase, a este respecto, el Dictamen 4/2004 relativo al tratamiento de datos personales mediante vigilancia por videocámara, del Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Artículo 29, que se constituyó en virtud del artículo 29, apartado 1, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31), donde se explica que «es importante señalar que la vigilancia por sistemas de videocámara dirigida específicamente al control, desde un lugar remoto, de la calidad y la cantidad de las actividades de trabajo, por lo que implica el tratamiento de datos personales en dicho contexto, no debe estar permitida como regla general».
55      Véanse los considerandos 1, 3 y 24 del Reglamento impugnado. Véase también la Evaluación de Impacto, p. 18, donde se expone que, «si el actual sistema de control no se adapta a la nueva PPC y no se moderniza convenientemente, existe un alto riesgo de que se vean comprometidos los propios objetivos de la PPC y su misma razón de ser. En particular, la obligación de desembarque introducida por la nueva PPC quedaría huérfana de medios de control y disposiciones adecuados. Si no se garantiza la observancia de la PPC, la reputación y credibilidad internacional de la Unión también se vería afectada en los foros bilaterales y multilaterales».
56      En relación con los objetivos de la PPC, véase la sentencia de 11 de enero de 2024, Friends of the Irish Environment (Posibilidades de pesca superiores a cero) (C‑330/22, EU:C:2024:19), apartados 62 y 65.
57      Véase Comisión Europea, Síntesis de las medidas relativas a la obligación de desembarque y tasas de descarte, EASME/EMFF/2018/011, 16 de junio de 2021, p. 52, donde se afirma que «las principales dificultades asociadas a la obligación de desembarque son asegurar el control de los descartes en el mar, garantizar la documentación exhaustiva y precisa de todas las mareas y asegurar que se cumplen las condiciones y los umbrales vinculados a la alta supervivencia y las exenciones de minimis. Estos riesgos son difíciles de mitigar con los controles tradicionales, como las inspecciones en el mar. Así pues, uno de los retos clave consiste en la necesidad de nuevos mecanismos legales y de vigilancia, a medida que el centro de atención del seguimiento y control pasa de las actividades de desembarque a las actividades en el mar. […] Este cambio exige que las prácticas pesqueras y de descarte en torno al buque sean objeto de un seguimiento al 100 % durante la pesca, a fin de detectar qué se captura y si se producen descartes […]».
58      Véase la Evaluación de Impacto, p. 10.
59      Véase, a este respecto, la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge (C‑417/23, EU:C:2025:1017), apartado 161 y jurisprudencia citada, donde se exige coherencia entre un acto impugnado y su objetivo propuesto.
60      Véase, por ejemplo, Secretaría General del Consejo, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 1967/2006 y (CE) n.º 1005/2008 del Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al control de la pesca, ST 15184/2/19 Rev 2 (5 de febrero de 2020), que resume las posturas de los Estados miembros, incluida la de la República Italiana, sobre la utilización de observadores, en particular las notas 209 a 211.
61      Véase el artículo 73 bis del Reglamento de Control de la Pesca, introducido por el Reglamento 2015/812, con arreglo al cual «los Estados miembros podrán destinar a bordo de los buques pesqueros que enarbolen su pabellón a observadores que controlen las pesquerías sujetas a la obligación de desembarque».
62      Véase Secretaría General del Consejo, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 1967/2006 y (CE) n.º 1005/2008 del Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al control de la pesca — Planteamiento general, ST 9390/2/21 Rev 2 (24 de junio de 2021), punto 12, letra b).
63      Al contrario de lo argumentado por la República Italiana durante el presente procedimiento, dicho documento también evidencia que el legislador de la Unión estimó más costoso recurrir a observadores que la implantación de cámaras de circuitos cerrados de televisión.
64      Véase la Evaluación de Impacto, p. 80.
65      A este respecto, el Parlamento se remite a un estudio elaborado a petición de la Comisión PECH: véase van Helmond, A. T. M., Estudio para la Comisión PECH — Seminario sobre tecnologías electrónicas para la pesca — Parte II: Sistemas electrónicos de seguimiento, Parlamento Europeo, Departamento Político para las Políticas Estructurales y de Cohesión, Bruselas, 2021, p. 13 [donde se explica que, «tras el primer ensayo con sistemas de cámaras de vídeo CCTV (circuito cerrado de televisión) a bordo de buques pesqueros con el fin de abordar las reformas de la ordenación y el robo de artes en la pesca de buey de mar en la Columbia Británica, […] rápidamente se reconoció que las cámaras podían utilizarse para el seguimiento y el control de la pesca en pesquerías afectadas por la baja cobertura de observaciones en el mar»]. Véase también el Informe de la Agencia Danesa de la Pesca adjunto a la intervención de la Comisión, p. 43, donde se señala que «la experiencia obtenida después de tres años de pesquerías documentadas con cámaras en el Kattegat y en el mar Báltico indica que tal documentación constituye una forma efectiva de control, especialmente para documentar las capturas y, por ende, el cumplimiento de la obligación de desembarque. Asimismo, se concluye que no existen métodos de control alternativos que puedan controlar de forma efectiva dicha obligación. Por consiguiente, desde el punto de vista de las autoridades, el seguimiento electrónico con cámaras es un medio de control muy eficaz».
66      El uso de la expresión «estrictamente necesario» por el Tribunal de Justicia cuando se trata de una injerencia en el derecho a la intimidad puede entenderse, de hecho, como pertinente (también) para este tercer aspecto de la apreciación de la proporcionalidad, no solo para el criterio de la necesidad. Véase, en este sentido, entre otras muchas, la sentencia de 6 de octubre de 2020, Privacy International (C‑623/17, EU:C:2020:790), apartado 67 y jurisprudencia citada, donde el Tribunal de Justicia declaró que «debe recordarse que la protección del derecho fundamental a la intimidad exige, conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, que las excepciones a la protección de los datos personales y las restricciones a dicha protección se establezcan sin sobrepasar los límites de lo estrictamente necesario. Además, no puede perseguirse un objetivo de interés general sin tener en cuenta que debe conciliarse con los derechos fundamentales a los que afecta la medida, y ello efectuando una ponderación equilibrada entre, por una parte, el objetivo de interés general y, por otra parte, los intereses y derechos de que se trate» (el subrayado es mío).
67      Véase, respecto a las medidas nacionales, la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge (C‑417/23, EU:C:2025:1017), apartado 165 y la jurisprudencia citada, donde se explica que, «suponiendo que no pueda identificarse ninguna otra medida igualmente eficaz, el órgano jurisdiccional remitente habría de examinar además, […] la proporcionalidad en sentido estricto de dicha normativa [a fin de] comprobar si los inconvenientes causados por dicha normativa no son desproporcionados en relación con los objetivos invocados».
68      Véase la nota 42 de las presentes conclusiones y, recientemente, la sentencia de 18 de diciembre de 2025, Slagelse Almennyttige Boligselskab, Afdeling Schackenborgvænge (C‑417/23, EU:C:2025:1017), apartado 168 y jurisprudencia citada.
69      Véase, por analogía, la sentencia de 6 de octubre de 2020, La Quadrature du Net y otros (C‑511/18, C‑512/18 y C‑520/18, EU:C:2020:791), apartado 147 y la jurisprudencia citada, donde el Tribunal de Justicia subraya que el requisito de «estricta necesidad» exige que la conservación de los datos de tráfico y de localización a efectos de la lucha contra ciertos delitos y amenazas, así como a efectos de la protección de la seguridad nacional, «esté limitada a lo estrictamente necesario en relación con las categorías de datos que deban conservarse, los medios de comunicación a que se refieran, las personas afectadas y el período de conservación establecido».
70      Véase el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de Control de la Pesca, en su versión modificada, que explica que la obligación se limita a «los buques de captura […] de eslora total igual o superior a 18 metros que enarbolen su pabellón y presenten un riesgo elevado de incumplimiento de la obligación de desembarque». Véase también el artículo 13, apartado 3, letra a).
71      Véase el artículo 13, apartado 3, letra b), del Reglamento de Control de la Pesca, en su versión modificada, con arreglo al cual «el material de vídeo grabado obtenido de dichos sistemas se [ha de centrar] únicamente en los artes de pesca y las partes del buque en las que se embarquen, manipulen y almacenen productos de la pesca, así como en todas las zonas en las que puedan producirse descartes». Véase también el anexo 1 de la intervención de la Comisión, donde se propone un ejemplo concreto de la forma en que es posible cubrir dichas áreas con videovigilancia al tiempo que se reduce al mínimo la posibilidad de identificar a las personas que trabajan o aparecen en ellas.
72      Véase el artículo 13, apartado 3, letra c), del Reglamento de Control de la Pesca, donde se explica que la Comisión «establecerá normas de desarrollo sobre el almacenamiento y el intercambio de los datos del sistema de seguimiento electrónico remoto». Sin embargo, también es cierto que tales medidas aún no se habían llevado a la práctica cuando se solicitó al Tribunal de Justicia que se pronunciase sobre la legalidad del Reglamento impugnado.
73      Véase el artículo 13, apartado 3, letra b), del Reglamento de Control de la Pesca, en su versión modificada, con arreglo al cual dichas normas dispondrán que el material de vídeo grabado «no permita, en la medida de lo posible, la identificación de personas físicas. También exigirán que, si se detecta que es posible identificar a personas físicas en dicho material de vídeo grabado, las autoridades competentes garanticen la anonimización de los datos personales lo antes posible e informen de esta detección al capitán o al operador del sistema de seguimiento electrónico remoto».
74      En esto, difiere de la propuesta legislativa de la Comisión, donde se preveía un período de conservación de cinco años: véanse el considerando 59 y el artículo 112, apartado 3, de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 1967/2006 y (CE) n.º 1005/2008 del Consejo y el Reglamento (UE) 2016/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al control de la pesca [COM(2018) 368 final].
75      Véase, a este respecto, el punto 9 de las presentes conclusiones, donde expongo brevemente el sistema de gestión del esfuerzo pesquero establecido en el Reglamento PPC.