61996CJ0153_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-153/96 P,
Jan Robert de Rijk, funcionario de las Comunidades Europeas, con domicilio en Praga (República Checa), representado por Me Nicolas Lhoëst, Abogado de Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el de la Fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,
parte recurrente,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Quinta) el 7 de marzo de 1996, De Rijk/Comisión (T-362/94, RecFP p. II-365), por el que se solicita que se anule dicha sentencia, y en el que la otra parte en el procedimiento es: Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. Julian Currall, miembro del Servicio Jurídico, en calidad de Agente, que designa como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz, miembro del Servicio Jurídico, Centre Wagner, Kirchberg,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Quinta),
integrado por los Sres.: J.C. Moitinho de Almeida (Ponente), Presidente de Sala; C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet y M. Wathelet, Jueces;
Abogado General: Sr. P. Léger;
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídos los informes orales de las partes en la vista celebrada el 5 de diciembre de 1996;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 23 de enero de 1997;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 7 de mayo de 1996, el Sr. De Rijk interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE y a las disposiciones de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas el 7 de marzo de 1996, De Rijk/Comisión (T-362/94, RecFP p. II-365; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en cuanto desestimó sus pretensiones dirigidas a obtener, en primer lugar, la anulación de la decisión de la Comisión de 18 de enero de 1994 por la que se le reembolsó la cantidad de 4.412 BFR en concepto de seguro de enfermedad complementario, así como, en la medida necesaria, la anulación de la decisión de la Comisión de 15 de julio de 1994 por la que se desestimó su reclamación, seguidamente, la condena de la Comisión al pago de la totalidad de la diferencia entre el importe de los gastos médicos realmente efectuados y las prestaciones del Régimen común del seguro de enfermedad, o sea, la cantidad de 4.950 BFR, y, por último, la declaración de ilegalidad de las Disposiciones Generales de Ejecución (en lo sucesivo, «DGE») de los párrafos primero y segundo del artículo 24 del Anexo X del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») y, en consecuencia, su anulación.
2 De las apreciaciones efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida resulta:
«[...]
Marco jurídico
1. La disposición que constituye el núcleo del presente litigio figura en el párrafo primero del artículo 24 del Anexo X del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, "Anexo X" y "Estatuto", respectivamente). Dicho Anexo fue añadido al Estatuto mediante el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) nº 3019/87 del Consejo, de 5 de octubre de 1987, por el que se establecen disposiciones particulares y excepcionales aplicables a los funcionarios de las Comunidades Europeas destinados en un país tercero (DO L 286, p. 3; en lo sucesivo, "Reglamento nº 3019/87"). El párrafo primero del artículo 24 del Anexo X establece:
"El funcionario, su cónyuge, sus hijos y las demás personas a su cargo estarán cubiertos por un seguro de enfermedad complementario que cubra la diferencia entre los gastos realmente ocasionados y las prestaciones del régimen de cobertura previsto en el artículo 72 del Estatuto, con exclusión del apartado 3 de dicho artículo."
2. Dicho artículo fue el objeto de las Disposiciones Generales de Ejecución, publicadas en las Informaciones administrativas nº 642, de 17 de septiembre de 1990 (p. 33; en lo sucesivo, "DGE"), cuyo artículo 2 establece lo siguiente:
"Estarán cubiertos por el seguro de enfermedad complementario:
1) El funcionario cuyo lugar de destino se encuentre fuera de la Comunidad.
2) Las personas que estén aseguradas a través del funcionario afiliado a que hace referencia el punto 1), en virtud del artículo 72 del Estatuto, tal y como queda precisado en la Reglamentación relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas, denominada en lo sucesivo `Reglamentación', siempre y cuando residan de forma permanente en el lugar de destino del funcionario cubierto en virtud del punto 1).
Si su residencia se encontrara en otro lugar, estarán, no obstante, cubiertas durante las estancias que efectúen en el lugar de destino del funcionario y, previo dictamen del médico asesor, en el caso de que los gastos médicos se originen en el lugar de destino del afiliado;
3) El funcionario en situación de excedencia voluntaria, en virtud del párrafo cuarto del apartado 2 del artículo 40 del Estatuto, cuando resida de forma permanente en el lugar de destino de su cónyuge cubierto en virtud del punto 1).
A petición del funcionario, la cobertura prevista en los puntos 2) y 3) se mantendrá durante el período en que efectúe el cursillo de reciclaje previsto en el artículo 3 del Anexo X del Estatuto, siempre y cuando los interesados mantengan su residencia en el lugar de destino del funcionario fuera de la Comunidad."
Hechos que originaron el recurso
3. El demandante es un funcionario de grado B 2, destinado en la Delegación de la Comisión en Finlandia.
4. Durante el verano del año 1993, incurrió en gastos por cuidados médicos dispensados a las personas que están a su cargo, en particular, a su hijo, que reside habitualmente en Bélgica. El 18 de agosto de 1993, presentó ante la parte demandada una solicitud de reembolso por un total de 26.631 BFR.
5. El 6 de octubre de 1993, la Oficina liquidadora del Régimen común del seguro de enfermedad de las Instituciones de las Comunidades Europeas le envió una liquidación de la que resultaba que dicha Oficina se hacía cargo de 21.681 BFR, sobre un total de 26.631 BFR, y que el afiliado podía recuperar el saldo de 4.950 BFR basándose en el artículo 24 del Anexo X.
6. Mediante carta de 18 de enero de 1994, la parte demandada comunicó al demandante que, con arreglo al artículo 24 del Anexo X, sólo le reembolsaría 4.412 BFR, en vez de los 4.950 BFR solicitados, quedando a cargo del demandante el saldo restante de 538 BFR, debido a que los gastos realizados por su hijo, que residía habitualmente en Bélgica, sólo podían ser reembolsados con arreglo al artículo 72 del Estatuto.
7. El 18 de abril de 1994, el demandante presentó una reclamación contra dicha decisión con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Estatuto.
8. Mediante decisión de 15 de julio de 1994, notificada al demandante el 4 de agosto de 1994, la demandada desestimó dicha reclamación. En su decisión, expuso que el hijo del Sr. De Rijk residía de forma permanente en Bélgica y que los gastos médicos en que había incurrido, a diferencia de los que había ocasionado en Helsinki, no podían ser reembolsados con arreglo al artículo 24 del Anexo X. Justificó su decisión explicando que, por una parte, la razón de ser del seguro complementario establecido en dicho artículo consiste en cubrir los riesgos debidos a las condiciones de vida específicas de los funcionarios destinados en países terceros y, por otra, que a falta de una relación entre los gastos efectuados y la estancia fuera de la Comunidad, no es aplicable el artículo 24 del Anexo X. La demandada añadió que cualquier otro análisis conduciría a una discriminación evidente frente a los funcionarios destinados en la Comunidad.»
3 En esas circunstancias, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de noviembre de 1994, el Sr. De Rijk interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de las decisiones de la Comisión de 18 de enero y de 15 de julio de 1994, así como que se declarase la ilegalidad de las DGE de los párrafos primero y segundo del artículo 24 del Anexo X, de modo que estas disposiciones debían ser anuladas.
4 El recurrente invocó dos motivos en apoyo de su recurso, el primero basado en la infracción del artículo 24 del Anexo X y el segundo en la ilegalidad de las DGE, sobre cuya base se había adoptado la decisión impugnada.
5 El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso del Sr. De Rijk.
6 Por lo que respecta a los dos motivos invocados por el recurrente, el Tribunal de Primera Instancia consideró, con carácter preliminar, en el apartado 30, que se referían esencialmente a si el reembolso íntegro de los gastos médicos, efectuados por un hijo a cargo de un funcionario destinado fuera de la Comunidad, está supeditado únicamente al requisito de que el funcionario esté destinado fuera de la Comunidad o si está supeditado también al requisito de que el hijo tenga su residencia permanente en el país de destino del funcionario.
7 El Tribunal de Primera Instancia estimó primeramente, en los apartados 31 a 33, que era necesario interpretar el artículo 24 del Anexo X y, para ello, refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tuvo en cuenta el contexto y los objetivos de la Reglamentación de la que dicha disposición forma parte. De este modo, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, por una parte, según la exposición de motivos del Reglamento nº 3019/87, las condiciones de vida específicas de los funcionarios destinados en países terceros habían conducido a la adopción del régimen particular del Anexo X y, por otra, que del punto 22 de la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento que culminó en el Reglamento nº 3019/87 resulta que los costes muy elevados de los cuidados médicos en determinados países y los riesgos adicionales a los que los funcionarios y sus familias están expuestos justifican el seguro complementario.
8 Seguidamente, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 34, que puesto que el artículo 24 del Anexo X del Estatuto está destinado a compensar dichos inconvenientes, el reembolso complementario establecido por éste sólo se aplica al funcionario destinado en un país tercero y a las personas a su cargo que allí residan. Por el contrario, en el caso de que un funcionario destinado en un país tercero realice gastos médicos por una persona a su cargo que reside habitualmente en la Comunidad, se aplica el régimen general del artículo 72 del Estatuto ya que, en este caso, no existen los inconvenientes que el legislador pretende compensar.
9 Además, el Tribunal de Primera Instancia rechazó, en el apartado 35, el argumento del recurrente, según el cual, la normativa particular del Anexo X se aplica, aun cuando se trate de países terceros en los que los gastos o riesgos médicos no sean superiores a los de la Comunidad. Estimó que el legislador, en interés de una sana gestión, había optado por un sistema que presume que los gastos o riesgos médicos son siempre más elevados en los países terceros y añadió que, por el mismo interés de simplificación no se había excluido la aplicación del régimen del artículo 24 del Anexo X en los casos de gastos médicos efectuados por los funcionarios destinados en países terceros o por las personas a su cargo durante las estancias temporales en la Comunidad. Sin embargo, dicha opción no puede cuestionar la finalidad de dicho artículo, tal como se expuso anteriormente.
10 Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 36, que una interpretación distinta del artículo 24 del Anexo X sería incompatible con el principio de no discriminación. En su opinión, la situación de un funcionario destinado en un país tercero sólo se diferencia de la de otro funcionario, si la persona a quien se dispensan los cuidados médicos está expuesta a los inconvenientes derivados del destino del funcionario por cuya cuenta dicha persona está asegurada, es decir, si reside habitualmente en el país de destino. Si éste no es el caso, la situación de dicho funcionario es idéntica a la de un funcionario destinado en la Comunidad.
11 Por último, por lo que se refiere al argumento del recurrente, según el cual, los funcionarios destinados en un país tercero, a diferencia de los demás funcionarios, abonan una cotización especial al régimen del seguro de enfermedad, el Tribunal de Primera Instancia estimó, en el apartado 37, que dicha cotización está destinada a financiar parcialmente la cobertura de las contingencias a las que están expuestos ellos mismos y las personas a su cargo por el hecho de su presencia en el país de destino, contingencias que derivan de que los gastos y riesgos médicos son, en general, más elevados en los países terceros que en la Comunidad.
12 En el marco del presente recurso de casación, el recurrente invoca tres motivos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 24 del Anexo X, en la violación de los principios de seguridad jurídica y de no discriminación y en la obligación de motivación exigida por el artículo 33 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia. Por lo que se refiere al motivo basado en la violación del principio de no discriminación, procede señalar que dicho principio ha sido utilizado por el Tribunal de Primera Instancia en apoyo de la interpretación del artículo 24 del Anexo X, de modo que las críticas efectuadas por el recurrente a este respecto no constituyen un motivo autónomo en relación con el primer motivo.
Sobre la admisibilidad
13 En su escrito de contestación, la Comisión alega que el argumento invocado por el Sr. De Rijk no es más que la reproducción de aquel ya desarrollado ante el Tribunal de Primera Instancia, de modo que debe declararse la inadmisibilidad del recurso de casación.
14 Añade que la alegación del Sr. De Rijk, según la cual, los artículos 10 y 20 del Anexo X enuncian restricciones relacionadas con el lugar de residencia de los hijos o con las condiciones de vida, mientras que el artículo 24 del Anexo X no menciona ninguna, lo que demuestra, por otra parte, que el legislador comunitario no pretendió imponer un requisito de residencia para la aplicación de dicha disposición, es un argumento nuevo que no fue sometido a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia y, por consiguiente, es inadmisible.
15 A este respecto, procede recordar en primer lugar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 168 A del Tratado CE y del artículo 51 del Estatuto del Tribunal de Justicia, un recurso de casación sólo puede interponerse por motivos de infracción de ley, sin cuestionar los hechos que el Tribunal de Primera Instancia haya declarado probados y, con arreglo a la letra c) del apartado 1 del artículo 112 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, debe especificar los motivos y fundamentos jurídicos invocados en apoyo de las pretensiones de dicho recurso. De dichas disposiciones se deduce que un recurso de casación debe indicar de forma precisa los elementos criticados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sostienen de modo específico esta solicitud (véanse, en particular, la sentencia de 19 de junio de 1992, V./Parlamento, C-18/91 P, Rec. p. I-3997, apartado 15, y los autos de 7 de marzo de 1994, De Hoe/Comisión, C-338/93 P, Rec. p. I-819, apartados 17 y 18, y de 26 de septiembre de 1994, X/Comisión, C-26/94 P, Rec. p. I-4379, apartados 11 y 12).
16 Ahora bien, los motivos invocados por el recurrente responden a dicha exigencia, dado que critica precisamente al Tribunal de Primera Instancia haber interpretado de forma errónea el artículo 24 del Anexo X y no haber motivado su sentencia. Por consiguiente, debe declararse la admisibilidad de dichos motivos.
17 Por el contrario, por lo que respecta al motivo basado en la violación del principio de seguridad jurídica, el Sr. De Rijk se limita a enunciarlo sin desarrollar un argumento en su apoyo. Por lo tanto, debe declararse la inadmisibilidad de este motivo.
18 Cabe recordar a continuación que, igualmente, según una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el apartado 2 del artículo 113 y el apartado 1 del artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia se oponen a que se aleguen motivos nuevos en el recurso de casación que no estén contenidos en el recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia (sentencia V./Parlamento, antes citada, apartado 21).
19 En el presente asunto, al invocar el hecho de que, a diferencia de los artículos 10 y 20, el artículo 24 del Anexo X no menciona ninguna restricción relacionada con el lugar de residencia de los hijos o con las condiciones de vida, el Sr. De Rijk no invoca un motivo nuevo, sino un argumento para sostener un motivo que ya ha sido examinado por el Tribunal de Primera Instancia, a saber, la interpretación errónea del artículo 24 del Anexo X.
20 Procede, pues, apreciar los motivos invocados por el Sr. De Rijk, con excepción del motivo basado en la violación del principio de seguridad jurídica.
Sobre el fondo
Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 24 del Anexo X
21 En primer lugar, el Sr. De Rijk alega, en contra de lo considerado por el Tribunal de Primera Instancia, que los términos del artículo 24 del Anexo X son claros, de modo que esta disposición no necesita interpretación alguna. Sin embargo, si fuera necesaria una interpretación, habría que tomar en consideración no sólo las negociaciones que precedieron a la adopción de dicho texto, sino también su exposición de motivos.
22 A este respecto, señala que la Comisión quiso introducir un requisito de residencia para la aplicación del artículo 24 del Anexo X, en el sentido de que esta disposición se aplicara a los funcionarios y a los derechohabientes que habitaran bajo el mismo techo. El hecho de que dicho requisito fuera suprimido durante las negociaciones que precedieron a la adopción del mencionado Anexo debe ser tomado en consideración para la interpretación del artículo 24, en el sentido de que el seguro complementario allí establecido se concede sin que se exija ningún requisito de residencia a las personas a cargo del funcionario.
23 Destaca, además, que en la exposición de motivos que acompañaba a la propuesta de Reglamento, que culminó en el Reglamento nº 3019/87, se precisó, en el punto 22, que el seguro complementario se justificaba por los costes muy elevados de los cuidados médicos o por los riesgos adicionales a los que, en determinados países, están expuestos los funcionarios destinados en un país tercero y sus familias. Pues bien, pese a esta afirmación, el legislador comunitario adoptó el artículo 24 del Anexo X del Estatuto que, de modo general, prevé el íntegro reembolso de los gastos médicos sin hacer referencia al más mínimo requisito de residencia.
24 El Sr. De Rijk aduce a continuación que, a diferencia de los artículos 10 y 20 del Anexo X, el artículo 24 del mismo Anexo no menciona ninguna restricción relacionada con el lugar de residencia de los hijos o con las condiciones de vida y concluye que el legislador comunitario quiso que todos los funcionarios destinados en países terceros disfruten de dicho seguro complementario, independientemente del lugar de residencia de sus hijos.
25 Por último, el Sr. De Rijk alega que el Tribunal de Primera Instancia consideró erróneamente que la interpretación por él sostenida es incompatible con el principio de no discriminación. Pretende, por una parte, que por el hecho de que los funcionarios destinados en países terceros abonen una cotización especial con arreglo al artículo 24 del Anexo X del Estatuto, tanto ellos mismos como sus familias están sujetos a obligaciones económicas distintas de las de los demás funcionarios y, por tanto, constituyen una categoría específica de funcionarios cuya situación diferente justifica un trato diferente. Por otra parte, destaca que, según el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia, un funcionario destinado en un país tercero cuyo hijo resida de forma permanente en su lugar de destino está en la misma situación que la de un funcionario destinado en un país tercero cuyo hijo resida en otro país tercero, pero que este último disfrutaría de un trato diferente puesto que no se le aplicaría el artículo 24 del Anexo X.
26 No puede acogerse ninguno de los argumentos del recurrente en apoyo de su motivo.
27 Tal como señaló el Tribunal de Primera Instancia, de la exposición de motivos del Reglamento nº 3019/87, así como de la exposición de motivos que acompañaba a la propuesta de dicho Reglamento, resulta que el seguro complementario que cubre los cuidados médicos está justificado por los costes muy elevados de dichos cuidados en determinados países y por las contingencias adicionales a las que están expuestas dichos funcionarios y sus familias.
28 Sería contrario al objetivo perseguido por el legislador comunitario extender dicho seguro a las personas que estén a cargo del asegurado cuando ellas residan en la Comunidad y, en consecuencia, estén expuestas a los mismos gastos y riesgos que los de las personas a cargo de funcionarios no destinados en países terceros.
29 Como señaló acertadamente el Tribunal de Primera Instancia, dicha extensión violaría el principio de igualdad de trato, en la medida en que los funcionarios destinados en un país tercero gozarían, sin justificación alguna, de un trato más favorable que los destinados en la Comunidad. A este respecto, hay que destacar que la obligación de los primeros de abonar una cotización especial no permite distinguirlos de los segundos, puesto que dicha obligación se limita a las contingencias específicas de los funcionarios destinados en países terceros.
30 Además, hay que desestimar el argumento del Sr. De Rijk basado en la diferencia de trato que se aplica, por una parte, al funcionario destinado en un país tercero con un hijo residente de forma permanente en su lugar de destino y, por otra, al funcionario destinado en un país tercero cuyo hijo resida en otro país tercero.
31 A este respecto, procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia se limitó a pronunciarse sobre la compatibilidad de las disposiciones pertinentes de las DGE con el artículo 24 del Anexo X en la medida en que éstas excluyen la aplicación de dicha disposición en el supuesto del hijo a cargo del funcionario destinado en un país tercero que reside de forma permanente en la Comunidad. Por el contrario, la cuestión de si el artículo 2 de las DGE excluye el reembolso íntegro de los gastos médicos en el caso mencionado por el demandante y, en su caso, si es compatible con el artículo 24 del Anexo X, es una cuestión que no viene a colación en el presente asunto.
32 Habida cuenta de lo que antecede, los argumentos basados, por una parte, en la diferencia del tenor literal entre los artículos 10 y 20 y el artículo 24 del Anexo X y, por otra, en las negociaciones que precedieron a la adopción del Reglamento nº 3019/87 no pueden conducir a una interpretación del artículo 24 del Anexo X que sea diferente de la realizada por la sentencia recurrida.
33 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró con justa razón que las disposiciones pertinentes del artículo 2 de las DGE no infringen el artículo 24 del Anexo X del Estatuto.
34 Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo del recurso de casación.
Sobre el motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación exigida por el artículo 33 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia
35 El Sr. De Rijk sostiene que la motivación dada por el Tribunal de Primera Instancia para justificar los reembolsos de gastos médicos cuando se trata de países terceros en los que los gastos o riesgos médicos no sean superiores a los de la Comunidad o cuando dichos gastos se efectúen durante estancias temporales de los funcionarios o de las personas a su cargo en la Comunidad, a saber, el principio de una gestión más sana, es insuficiente y contradice el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual, el artículo 24 del Anexo X sólo puede aplicarse en la estricta medida en que existan los inconvenientes específicos que motivaron su adopción.
36 A este respecto, procede comprobar que el Tribunal de Primera Instancia, con justa razón, consideró que había sido desproporcionado investigar el coste real de las prestaciones médicas o el nivel de los riesgos médicos en cada país, habida cuenta del esfuerzo que habría supuesto dicha investigación, el número restringido de países en los que los gastos o riesgos médicos no son superiores a los de la Comunidad, el escaso número de funcionarios destinados en dichos países y las dificultades en comparar las prácticas médicas entre uno y otro país. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia estimó con justa razón que el hecho de que el legislador, por una parte, haya preferido presumir que los gastos o riesgos médicos son siempre superiores en todos los países terceros y, por otra, no haya excluido la aplicación del régimen controvertido cuando los gastos médicos sean efectuados por funcionarios destinados en un país tercero o por las personas a su cargo, durante las estancias temporales en la Comunidad, optando así por un sistema administrativamente gestionable a fin de simplificarlo, no puede cuestionar nuevamente la compensación de los inconvenientes considerados al adoptar el régimen específico del Anexo X.
37 Por consiguiente, la aplicación de dicho régimen, basado en el principio de una sana gestión, a los supuestos citados en el apartado 35 de la sentencia recurrida, no contradice el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia, expuesto en el apartado 34 de la sentencia recurrida, según el cual, el artículo 24 del Anexo X sólo puede tener razón de ser en la estricta medida en que existan los inconvenientes específicos que motivaron la instauración de un régimen que establece excepciones al régimen existente. Por el contrario, cuando la inexistencia de dichos inconvenientes específicos sea más bien la regla y no la excepción, es decir, cuando la residencia en la Comunidad sea permanente, ya no hay motivo para aplicar dicho régimen.
38 Por consiguiente, debe desestimarse el segundo motivo y el recurso de casación en su totalidad.
Decisión sobre las costas
Costas
39 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Según el artículo 70 de dicho Reglamento, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido en los recursos de funcionarios. Sin embargo, en virtud del artículo 122 del citado Reglamento, el artículo 70 no se aplicará a los recursos de casación interpuestos por los funcionarios y demás agentes de las Instituciones. Por no haber prosperado la acción entablada por la parte recurrente, procede condenarla en costas en esta instancia.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
(Sala Quinta)
decide:
1) Desestimar el recurso de casación.
2) Condenar en costas a la parte recurrente.