61963J0100
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 15 de julio de 1964 (
*1
)
En el asunto 100/63,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, por el Presidente en funciones del Centrale Raad van Beroep, mediante resolución de 30 de octubre de 1963, destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Sra. J.G. vara der Veen, viuda de J. Kalsbeek, con domicilio en Overdinkel, municipio de Losser (Países Bajos),
parte apelante,
y
Bestuur der Sociale Verzekeringsbank, Amsterdam,
parte apelada,
y en otros nueve asuntos, una decisión prejudicial sobre la interpretación de determinadas disposiciones del Reglamento no 3 del Consejo de la CEE relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, pp. 561 y ss.),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: A.M. Donner, Presidente; Ch.L Hammes y A. Trabucchi, Presidentes de Sala; L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt y W. Strauss (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sr. Lagrange;
Secretario: Sr. A. Van Houtte;
dicta la siguiente
Sentencia
(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
Considerando que el Centrale Raad van Beroep ha planteado al Tribunal de Justicia una petición de interpretación con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE;
que dicha petición se refiere a si determinadas disposiciones de un Reglamento comunitario son aplicables a una Ley neerlandesa, la «Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW)»;
que, con arreglo al citado artículo 177, este Tribunal de Justicia, al resolver una cuestión prejudicial, únicamente es competente para interpretar el Tratado y los actos adoptados por las Instituciones de la Comunidad, pero no puede aplicarlos a un caso concreto ni pronunciarse en virtud de dicho artículo acerca de la legalidad de una disposición de Derecho interno;
que sólo con esta salvedad puede conocer este Tribunal de Justicia de las cuestiones que le han sido planteadas en el presente caso.
I. Sobre la primera cuestión
Considerando que mediante esta cuestión el referido órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si la letra b) del artículo 1, el principio y la letra d) del apartado 1 del artículo 2 y el artículo 3 del Reglamento no 3 deben interpretarse en el sentido de que el término «legislaciones» que cita incluye también la «Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW)», aunque esta Ley, adoptada con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento, no haya sido objeto de la notificación prevista en el apartado 2 del artículo 3;
1)
Considerando que según lo indicado por el Centrale Raad van Beroep la AWW establece un seguro de muerte prematura con prestaciones en favor de los supervivientes;
que, por consiguiente, procede examinar si la normativa neerlandesa en esta materia está comprendida en las disposiciones citadas.
Considerando que según el principio y la letra d) del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento no 3 éste «se aplicará a todas las legislaciones que tengan por objeto […] las prestaciones en favor de supervivientes, distintas de las que se causen por accidente de trabajo o enfermedad profesional»;
que el Anexo B, titulado «legislaciones a las que se aplica el Reglamento», indica en su letra e) de la sección relativa a los Países Bajos, «el seguro por muerte prematura, incluidos sus incrementos»;
que, por consiguiente, el Reglamento se debe aplicar a cualquier legislación neerlandesa que establezca un seguro por muerte prematura con prestaciones en favor de los supervivientes.
2)
Considerando que la aplicación del Reglamento no 3 a una determinada legislación no queda excluida por el mero hecho de que ésta haya entrado en vigor con posterioridad a dicho Reglamento y no se haya notificado con arreglo al apartado 2 del artículo 3 del Reglamento;
que, en efecto, la letra b) del artículo 1 del Reglamento precisa que cuando utiliza el término «legislación» se refiere a las leyes, reglamentos, etc., «existentes o futuros» de cualquier Estado miembro;
que esta disposición quedaría sin contenido si cada Estado miembro pudiera disponer arbitrariamente del ámbito de aplicación del Reglamento no 3, no realizando la notificación indicada;
que, por otra parte, según el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento, la obligación de notificar únicamente existe cuando la adopción de una nueva legislación exija una «modificación» del Anexo B;
que no es ése el caso cuando dicha legislación está comprendida en alguna de las rúbricas de dicho Anexo.
Considerando que, conforme a lo expuesto, procede responder afirmativamente a la primera cuestión planteada por el Centrale Raad van Beroep.
II. Sobre la segunda cuestión
Considerando que la segunda cuestión del Centrale Raad van Beroep plantea si «el principio y la letra b) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento son […] aplicables para determinar el importe de la pensión de viudedad, concedida con arreglo a la AWW, aunque no se trate de la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones» a las que alude el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento, y aunque, con arreglo a la AWW, el importe de la pensión no dependa de la duración del seguro.
1)
Considerando que según el apartado 1 del artículo 28 las condiciones de aplicación de este artículo se sujetarán a las del artículo 27.
Considerando que los Reglamentos sobre Seguridad Social tienen como fundamento, como marco y como límites los artículos 48 a 51 del Tratado, cuya finalidad es asegurar la libre circulación de los trabajadores;
que, con arreglo al artículo 51, estos Reglamentos han de «garantizar» a los trabajadores migrantes «la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de éstas»;
que la finalidad de esta norma es permitir que el trabajador migrante tenga derecho a las prestaciones por todos los períodos de trabajo que haya cubierto en diferentes Estados miembros;
que, en tal supuesto, es preciso calcular las prestaciones en proporción a todos los períodos;
que los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3 responden a este objetivo;
que por lo tanto son complementarios, responden al mismo supuesto y deben ser objeto de aplicación simultánea;
que si el artículo 28 debiera ser objeto de una aplicación diferente del artículo 27, ello podría dar lugar, en determinados casos, a una reducción de los derechos de los trabajadores migrantes que, con arreglo al artículo 28, podrían percibir prestaciones inferiores al total que les correspondería, si no se aplicaran dichos Reglamentos, con arreglo al régimen de cada uno de los Estados miembros;
que la finalidad de los artículos 48 a 51 no se alcanzaría y sería incluso ignorada si el trabajador, para ejercitar la libre circulación que se le garantiza, se viera privado de derechos adquiridos previamente en alguno de los Estados miembros, sin que tales derechos fueran reemplazados por prestaciones al menos equivalentes;
que si bien los Estados miembros, en el marco del artículo 100, al aproximar sus legislaciones tienen la posibilidad de modificarlas considerablemente, con las garantías del Tratado y de su Derecho interno, el artículo 51, por el contrario, no permite que los Reglamentos desconozcan los objetivos fijados y destinados a favorecer la libre circulación de los trabajadores, que serían incompatibles con una eventual reducción de sus derechos;
que, por consiguiente, de estos datos se deriva que el principio y la letra b) del apartado 1 del artículo 28 sólo son aplicables, con arreglo al artículo 51 del Tratado, a los casos previstos en el artículo 27, es decir, cuando se trata de la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones.
2)
Considerando que el Centrale Raad van Beroep ha planteado igualmente la cuestión de si el artículo 28 es aplicable a las legislaciones que no hacen depender el importe de la pensión de la duración del seguro.
Considerando que, con posterioridad a la resolución del Centrale Raad van Beroep, se adoptó el Reglamento no 130/63/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1963, por el que se modifican determinados anexos del Reglamento no 3 y del Reglamento no 4 (DO 1963, 188, pp. 2996 y ss.);
que este último Reglamento tiene por objeto completar omisiones del Reglamento no 3;
que su artículo 7 modifica el Anexo G de dicho Reglamento, relativo a la legislación neerlandesa;
que dispone que, al aplicar los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3, las Instituciones «tendrán en cuenta» las nuevas disposiciones dictadas para el futuro;
que el Reglamento no 130 ha de aplicarse a partir de su publicación;
que, no obstante, el apartado 2 del artículo 7 dispone que las modificaciones introducidas por dicho artículo en el Anexo G del Reglamento no 3 únicamente producirán efectos a partir del 1 de enero de 1959;
que, sin embargo, semejante efecto retroactivo no puede perjudicar a las personas cuyo derecho a prestaciones haya nacido antes de la publicación del Reglamento no 130.
Considerando que conforme a lo antes expuesto el principio y la letra b) del apartado 1 del artículo 28 se aplican también a las legislaciones que no supeditan el importe de las prestaciones de la duración del seguro;
3)
que, por consiguiente, el principio y la letra b) del apartado 1 del artículo 28 sólo son aplicables si dicha aplicación garantiza a los beneficiarios prestaciones al menos equivalentes a las que percibirían con arreglo a la legislación nacional a la que estén sujetos, aplicada con independencia del Reglamento no 3.
III. Sobre la tercera cuestión
Considerando que mediante la tercera cuestión, planteada para el supuesto de que se responda afirmativamente a la segunda, se pretende que se dilucide si «cuando se trata de una pensión de viudedad concedida en virtud de la AWW, los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la Ley neerlandesa reguladora de la invalidez pueden […] considerarse igualmente períodos de seguro para la aplicación de la letra b) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3».
Considerando que, en los términos precisos de la citada letra b) del artículo 7 del Reglamento no 130, los períodos de que se trata no sólo pueden, sino que deben asimilarse a los períodos cubiertos con arreglo a la legislación neerlandesa sobre el seguro general en favor de viudas y huérfanos;
que, sin embargo, esta interpretación está sujeta a la condición de que dicha asimilación no perjudique a las personas cuyo derecho a prestaciones haya nacido antes de la publicación del Reglamento no 130.
IV. Sobre la cuarta cuestión
Considerando que, mediante esta cuestión, el Centrale Raad van Beroep solicita a este Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si la letra g) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3, cuando utiliza los términos «prestaciones ya liquidadas», se refiere únicamente a las prestaciones ya liquidadas «el 1 de enero de 1959, fecha de entrada en vigor del Reglamento».
Considerando que la disposición de que se trata se refiere a los «supuestos contemplados en las letras e) y f) del presente apartado»;
que dichas letras e) y f) indican el método para determinar el importe de la prestación, en caso de que, «en un determinado momento», el interesado no reúna los requisitos exigidos por todas las legislaciones que le sean aplicables;
que la letra g) establece que «a medida» que dichos requisitos se cumplan posteriormente, se revisarán «las prestaciones ya liquidadas»;
que se deduce del conjunto de estas disposiciones que por «prestaciones ya liquidadas» debe entenderse la liquidación efectuada en conforme a las letras e) y f);
que, evidentemente, tal liquidación únicamente puede efectuarse después de la entrada en vigor del Reglamento no 3 y, sobre todo, de las citadas letras e) y f), que son de aplicación permanente, como, por otra parte, se deduce del término «en un momento determinado», reproducido anteriormente;
que, por consiguiente, lo dispuesto por el artículo 28 debe tener también un alcance permanente.
V. Costas
Considerando que los gastos efectuados por el Consejo y la Comisión de la CEE, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso;
que, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el Centrale Raad van Beroep, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto;
vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídas las observaciones orales de la Comisión de la CEE;
oídas las conclusiones del Abogado General;
vistos los artículos 48 a 51 y 117 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea;
vistos el Reglamento no 3 del Consejo de la CEE relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, pp. 561 y ss.) y el Reglamento no 130/63/CEE del Consejo (DO 1963, 188, pp. 2996 y ss.);
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas con carácter prejudicial por el Centrale Raad van Beroep mediante resolución de 30 de octubre de 1963, declara:
1)
El término «legislación» utilizado en la letra b) del artículo i, en el principio y la letra d) del apartado 1 del artículo 2 y en el artículo 3 del Reglamento no 3 del Consejo de la CEE relativo a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes (DO 1958, 30, pp. § 61 y ss.) comprende también una legislación nacional que establece un seguro de muerte prematura con prestaciones en favor de los supervivientes, aunque esta legislación baya entrado en vigor con posterioridad al Reglamento no 3 y no baya sido nnotificada.
2)
a)
El artículo 28 de dicho Reglamento sólo es de aplicación en los supuestos de adquisición, conservación o recuperación del derecho a prestaciones a los que se refiere el artículo 27.
b)
Estas disposiciones son aplicables a una legislación que no supedita el importe de las prestaciones de la duración del seguro.
c)
Estas disposiciones sólo son aplicables en la medida en que los Reglamentos permitan garantizar a los interesados prestaciones al menos equivalentes al total de las que percibirían en cada país en virtud de la legislación nacional a la que estén sujetos, aplicada con independencia de lo dispuesto en los Reglamentos n os 3 y 130 del Consejo de la CEE.
3)
Cuando, en el marco de los artículos 27 y 28 del Reglamento no 3, se trata de una pensión de viudedad concedida en virtud de la legislación neerlandesa sobre el seguro general en favor de viudas y huérfanos, los períodos de seguro cubiertos con arreglo a la Ley neerlandesa sobre la invalidez deben asimilarse a los períodos cubiertos en aplicación de dicha legislación.
4)
Los términos «prestaciones ya liquidadas» que figuran en la letra g) del apartado 1 del artículo 28 del Reglamento no 3, se refieren a todas las prestaciones liquidadas conforme a las letras e) y f) de dicho apartado 1 del artículo 28, cualquiera que sea la fecha en que se efectúe la liquidación.
5)
Corresponde al Centrale Raad van Beroep resolver sobre las costas.
Donner
Hammes
Trabucchi
Delvaux
Rossi
Lecourt
Strauss
Pronunciada en Luxemburgo, a 15 de julio de 1964.
Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de julio de 1964.
Donner
Hammes
Trabucchi
Delvaux
Rossi
Lecourt
Strauss
El Secretario
A. Van Houtte
El Presidente
A.M. Donner
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.