62006CO0421_ES
Objeto del litigio
Parte dispositiva
Objeto del litigio
Objeto
Petición de decisión prejudicial — Consiglio di Stato — Efectos de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 y C‑194/04 (ABNA y otros) que declara la invalidez parcial de la Directiva 2002/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por la que se modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo relativa a la circulación de los piensos compuestos y por la que se deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comisión (DO L 63, p. 23) — Obligación de las instituciones de adoptar un nuevo acto.
Parte dispositiva
Fallo
1) El artículo 1, número 4, de la Directiva 2002/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por la que se modifica la Directiva 79/373/CEE del Consejo relativa a la circulación de los piensos compuestos y por la que se deroga la Directiva 91/357/CEE de la Comisión, que establece la obligación de indicar, en la etiqueta de los piensos compuestos, los porcentajes del peso de las materias primas contenidas en la composición del pienso con una tolerancia respecto de estos porcentajes de ± 15 % del valor declarado, debe interpretarse en el sentido de que no contradice los artículos 8 y 16 del Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, que tienen por objeto, en particular, evitar que el etiquetado y la presentación de los piensos induzcan a engaño al consumidor.
2) Dado que el artículo 1, número 1, letra b), de la Directiva 2002/2 establece una obligación autónoma, desligada de las obligaciones establecidas en las demás disposiciones de esta Directiva, la declaración de invalidez de dicha disposición, pronunciada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 6 de diciembre de 2005, ABNA y otros (C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 y C‑194/04), no ha dado lugar a laguna jurídica o incoherencia alguna que obligue a las instituciones a modificar sustancialmente la Directiva 2002/2.
En todo caso, la invalidez de una disposición comunitaria resulta directamente de la sentencia del Tribunal de Justicia que la declara y corresponde tanto a las autoridades de los Estados miembros como a sus órganos jurisdiccionales deducir las consecuencias en su ordenamiento jurídico nacional.