61987J0360
INFORME PARA LA VISTA
presentado en el asunto C-360/87 (
*1
)
I. Marco nonnativo
1.
La Directiva 80/68 del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas (en lo sucesivo, «la Directiva»), obligó a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para impedir el vertido directo o indirecto de determinadas sustancias (enumeradas en la lista I de su anexo) en las aguas subterráneas, y limitar el de otras sustancias (enumeradas en la lista II de su anexo).
2.
La Directiva establece para ello una distinción entre los vertidos directos (introducción en las aguas subterráneas de sustancias de las listas I o II sin que se filtren a través del suelo o del subsuelo) y los vertidos indirectos (introducción en las aguas subterráneas de sustancias de las listas I o II que se filtren a través del suelo o del subsuelo) [letras b) y c) del apartado 2 del artículo 1].
En lo que se refiere a las sustancias de la lista I:
—
La Directiva establece la prohibición de cualquier vertido directo.
—
Supedita a una investigación previa las acciones de eliminación o de depósito a fin de eliminar dichas sustancias, capaces de ocasionar un vertido indirecto.
—
Dispone que se tomarán todas las medidas adecuadas que los Estados miembros juzguen necesarias con vistas a evitar cualquier vertido indirecto de las citadas sustancias debido a acciones efectuadas sobre o bajo el suelo (apartado 1 del artículo 4).
3.
En lo que se refiere a las sustancias de la lisu II: la Directiva obliga a los Estados miembros a someter a una investigación previa:
—
Cualquier vertido directo, con objeto de limitar dichos vertidos.
—
Las acciones de eliminación o de depósito a fin de eliminar dichas sustancias capaces de ocasionar un vertido indirecto (apartado 1 del artículo 5).
4.
Al estar absolutamente prohibido cualquier vertido directo de sustancias de la lista I, la Directiva establece para los demás casos un sistema de autorizaciones, que sólo podrán concederse después de investigaciones previas destinadas a averiguar la posible presencia en los vertidos de sustancias de las listas I y II (apartados 2 y 3 del artículo 4, apartado 1 del artículo 5 y artículo 6). Estas investigaciones deberán constar de un estudio de las condiciones hidrogeológicas de la zona afectada, del eventual poder depurador del suelo y del subsuelo, de los riesgos de contaminación y de alteración de la calidad de las aguas subterráneas por el vertido, y determinar si, desde el punto de vista medioambiental, el vertido en esas aguas constituye una solución adecuada (artículo 7). Las autorizaciones sólo podrán ser concedidas cuando se pruebe que se garamiza la vigilancia de las aguas subterráneas y, en particular, de su calidad (articulo 8). Esta es la razón por la que los artículos 9 y 10 de la Directiva determinan los datos que deben figurar en las autorizaciones.
5.
Las autorizaciones sólo se concederán por un período limitado y serán reexaminadas al menos cada cuatro años (artículo 11).
6.
La Directiva establece, además, la obligación de las autoridades competentes de los Estados miembros de controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas por las autorizaciones, así como la incidencia de los vertidos en las aguas subterráneas (artículo 13).
7.
El artículo 15 de la Directiva dispone además que los Estados miembros llevarán un inventario de las autorizaciones concedidas.
8.
Según el apartado 1 del artículo 21 de la Directiva 80/68, los Estados miembros debían aplicar estas medidas en un plazo de dos años a partir de su notificación y, según el apartado 2 del mismo artículo, comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno adoptadas en el ámbito regulado por la misma. El plazo para adaptar el Derecho nacional a la Directiva expiraba el 19 de diciembre de 1981.
II. Hechos y procedimiento
9.
A raíz de una queja que se le dirigió en 1984 respecto a la contaminación de la capa freática en Campania y Basilicata, la Comisión pidió al Gobierno italiano mediante carta de 22 de mayo de 1984 que le proporcionara, entre otras cosas, informaciones sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 80/68.
10.
Mediante carta de 14 de enero de 1985, la República Italiana informó, entre otras cosas, de que las aguas italianas están protegidas contra la contaminación por la Ley n° 319 de 10 de mayo de 1976, titulada «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» (llamada «Ley Merli I», GURI n° 141 de 29.5.1976, p. 4125), por la Ley n° 650 de 24 de diciembre de 1979, titulada «Integrazioni e modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n° 171, e 10 maggio 1976, n° 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento» (llamada «Ley Merli II», GURI n° 352 de 29.12.1979, p. 10533), así como por la Decisión de 4 de febrero de 1977 del Comité de Ministros para la protección de las aguas contra la contaminación (GURI n° 48 de 21.2.1977, Supplemento ordinario, p. 2).
11.
Por considerar que las disposiciones nacionales controvertidas no eran enteramente conformes con la Directiva, mediante carta de 3 de abril de 1986, la Comisión inició el procedimiento del artículo 169 del Tratado CEE e invitó a la República Italiana a presentarle sus observaciones en un plazo de dos meses.
12.
El Gobierno de la República Italiana respondió mediante cartas de 18 de junio y de 15 de julio de 1986, alegando que las disposiciones en vigor en Italia garantizaban ya prácticamente la ejecución total de la Directiva 80/68, pero admitió que algunas disposiciones de la Directiva «deben incorporarse de forma aún más explícita en el ordenamiento jurídico italiano».
13.
Después de volver a examinar en profundidad la legislación italiana a la lur de las observaciones presentadas en las dos cartas citadas, la Comisión no modificó su punto de vista y dirigió a la República Italiana el 20 de enero de 1987 un Dictamen motivado invitándola a adoptar en un plazo de dos meses a partir de la notificación del Dictamen, las medidas necesarias para la adaptación del Derecho nacional.
14.
La República Italiana respondió mediante carta de 31 de marzo de 1987, reiterando las observaciones que ya había presentado. A consecuencia de esta respuesta y de la expiración del plazo concedido a la República Italiana para adaptar el Derecho interno a las disposiciones de la Directiva, la Comisión interpuso el presente recurso.
III. Fase escrita y pretensiones de las partes
15.
El recurso de la Comisión se registró en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de diciembre de 1987.
16.
La fase escrita siguió su curso reglamentario. Visto el informe del Juez Ponente y oído el Abogado General, el Tribunal de Justicia decidió iniciar la fase oral sin previo recibimiento a prueba. El Tribunal de Justicia formuló determinadas preguntas a la República Italiana para que ésta las respondiera por escrito, e instó a la Comisión a que se pronunciara respecto a estas respuestas; la parte demandada respondió tras haber expirado el plazo señalado, que había sido fijado en el 8 de mayo de 1989.
17.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Declare que, al no haber adoptado en el plazo señalado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para adaptar total y correctamente su ordenamiento jurídico interno a la Directiva 80/68 del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE.
—
Condene en costas a la República Italiana.
18.
La República Italiana solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime el recurso, con excepción del punto relativo a la normativa no justificada relativa a determinadas sustancias comprendidas en las listas I y II de la Directiva de referencia.
19.
La República Italiana no ha formulado pretensiones en relación con las costas.
IV. Motivos y alegaciones de las partes
20.
La Comisión deja constancia de las declaraciones hechas por la República Italiana en el marco del procedimiento administrativo previo según las cuales, de acuerdo con las disposiciones legislativas y reglamentarias en vigor en Italia, está prohibido cualquier vertido directo de aguas usadas en las aguas subterráneas, y considera que la República Italiana se ha atenido a las exigencias planteadas por el primer guión del apartado 1 del artículo 4, así como por el primer guión del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva; sin embargo, sostiene que sigue habiendo varios puntos en los cuales la legislación italiana no es conforme con la Directiva.
Distinción entre Us sustancias de la lista I y las de h lista II
21.
La Comisión alega en primer lugar que la legislación italiana no establece ninguna distinción entre las sustancias de la lista I y las de la lista II del anexo de la Directiva. La legislación italiana, según la Comisión, parte del principio de que todos los vertidos de sustancias son aceptables siempre que respeten los límites fijados en los cuadros A y C de la Ley Merli I. Ahora bien, la importancia de esta distinción reside en el hecho de que, en relación con la sustancias de la lista I, la Directiva establece en sus artículos 3 y 4 que la introducción de las sustancias de la lista I en las aguas subterráneas debe impedirse, y no sólo limitarse. Según la Comisión, esta normativa es contraria al objetivo de la Directiva, es decir, la prevención de la contaminación de las aguas subterráneas y la reducción o eliminación de las consecuencias de su contaminación (artículo 1). Según la Comisión, la República Italiana no se pronuncia a este respecto en sus escritos.
Sustancias omitidas por la legiskción italiana
22.
La Comisión sostiene que la legislación italiana no recoge varias de las sustancias mencionadas en estas listas. Por lo que se refiere a las sustancias de la lista I, la Comisión sostiene que no se encuentra la referencia «compuestos orgánicos de estaño» (punto 3 de la lista I de la Directiva); igualmente, en lo que se refiere a los «compuestos organohalogenados y sustancias que puedan originar compuestos semejantes en el medio acuático» y los «compuestos organofosforados» (puntos 1 y 2 de la lista I), la legislación italiana sólo se refiere a los «pesticidi clorurati», a los «solventi clorurati» y a los «pesticidi fosforati»; faltan asimismo, según la Comisión, la mayor parte de las sustancias «que posean un poder cancerígeno, mutageno o teratógeno en el medio acuático o a través del mismo» (punto 4 de la lista I). Por lo que se refiere a las sustancias de la lista II, la Comisión señala que la legislación italiana en vigor no hace la menor referencia a los elementos químicos siguientes: antimonio, molibdeno, titanio, berilio, uranio, vanadio, cobalto, talio, telurio y plata. La Comisión sostiene asimismo que la legislación italiana tampoco recoge varios de los compuestos que pueden clasificarse entre los «biocidas y sus derivados que no figuren en la lista I» (por ejemplo: carbamatos, ditiocarbamatos, fungicidas organosulfurados, derivados amoniocuaternarios, etc.), así como el grupo de los «compuestos orgánicos de silicio tóxicos o persistentes y sustancias que puedan originar dichos compuestos en las aguas, salvo aquellos que sean biológicamente inocuos o que se transformen rápidamente en el agua en sustancias inocuas» (puntos 1, 2 y 4 de la lista II del anexo de la Directiva).
23.
Respecto a estas omisiones, la República Italiana sostiene que, debido a que no existe una definición concreta de determinadas sustancias, se ha encontrado con dificultades para adaptar el Derecho interno a la Directiva y la Comisión no le ha proporcionado las aclaraciones pedidas. Por lo demás, afirmó durante el procedimiento administrativo previo haber preparado un proyecto de ley (n° 3832) para colmar esta laguna.
Procedimiento de concesión de las «autorizaciones de vertido»
24.
La Comisión sostiene que el procedimiento de concesión de las «autorizaciones de vertido» previsto por la legislación italiana no es conforme con la Directiva, porque el sistema italiano prevé la concesión de autorizaciones de vertido sin investigación específica previa, mientras que la Directiva exige, por una parte, una investigación previa específica y circunstanciada (artículo 7) y, por otra, que se garantice la vigilancia de las aguas subterráneas (artículo 8 de la Directiva).
25.
La República Italiana sostiene que las imputaciones de la Comisión ignoran el artículo 2 de la Ley n° 62 de 5 de marzo de 1982 (GURI n° 63 de 5.3.1982, p. 1713) en cuya virtud la elaboración por parte de las regiones de un plan destinado a determinar las zonas idóneas para el vertido en el suelo de aguas usadas y barros, aplicando los criterios de la Decisión de los Ministros de 4 de febrero de 1977, satisface las exigencias de la Directiva, porque desempeña un papel de definición previa de los requisitos del vertido de aguas. Con este plan, según la República Italiana, al conceder la autorización, el control se vuelve más eficaz.
26.
En lo que se refiere a la «autorizaciones de vertido», la Comisión estima que las disposiciones de la citada Ley n° 62 de 5 de marzo de 1987, no son conformes con la Directiva al ser demasiado genéricas y vagas y, por consiguiente, insuficientes en relación con el sistema de investigaciones previas, específicas y puntuales previstas por la Directiva. La Comisión no niega que las obligaciones derivadas de la Directiva puedan delegarse en las regiones, pero sostiene que, hasta el momento, ni el Estado ni las regiones italianas han adoptado las medidas necesarias para atenerse a la Directiva.
La presunta «autorización provisional»
27.
La Comisión sostiene que, según el artículo 15 de la Ley n° 319 de 1976, la concesión de una autorización no está sometida a requisito alguno, salvo que el solicitante debe presentar a la Administración local una solicitud de autorización acompañada de una descripción precisa de las características cualitativas y cuantitativas del vertido. Además, se presume la concesión de una «autorización provisional» si la solicitud de autorización no se ha denegado en un plazo de seis meses. Este sistema instaura, según la Comisión, un procedimiento de «acuerdo tácito» que autoriza los vertidos y se reduce a un simple registro de la solicitud de autorización, sin verificación específica de la conformidad declarada con los límites de admisibilidad previstos por la Ley ni, sobre todo, con los requisitos establecidos en particular por los artículos 9 y 10 de la Directiva, a los que está sometida la concesión de la autorización. Las mismas observaciones pueden hacerse por lo demás en lo que se refiere a la aplicación del artículo 12 de la Directiva.
28.
Según la República Italiana, la autoridad competente debe verificar siempre, en cuanto a las autorizaciones tácitas, que la zona escogida para el vertido en el suelo (que figura en la solicitud de autorización) coincide con la determinada previamente por la autoridad regional. En lo que se refiere a los artículos 8, 9 y 10 de la Directiva, la República Italiana sostiene que la Comisión ignora la importancia de las disposiciones del Derecho italiano que garantizan un control preventivo y eficaz de los vertidos indirectos de conformidad con la Directiva. Por otra parte, según la República Italiana no hay fundamento para pretender, como hace la Comisión, que no se hayan aplicado las disposiciones de la Directiva relativas al carácter obligatorio de una autorización por el hecho de que la ley italiana contemple la posibilidad de una autorización tácita. Al no estar excluida por la Directiva, tal norma de procedimiento corresponde a las facultades de aplicación del Estado miembro. Según la República Italiana, no se puede afirmar que el hecho de prever una autorización tácita sea contrario por sí mismo al objetivo perseguido por la Directiva. Si este argumento estuviera fundado, resultaría que el acuerdo tácito sería incompatible por naturaleza con cualquier procedimiento de control, lo cual, según la República Italiana, no es cierto.
Duración de la autorización
29.
Según la Comisión, la legislación italiana establece un sistema de autorización definitiva, mientras que el artículo 11 de la Directiva prevé que las autorizaciones sólo pueden concederse por un período limitado y deben ser examinadas de nuevo al menos cada cuatro años. La Comisión sostiene que la Ley italiana no contiene ninguna disposición en este sentido. Por el contrario, el artículo 15 de la Ley Merli I prevé un sistema de autorización definitiva, que parece estar en completa oposición con un régimen de autorización limitada en el tiempo. Incluso aunque la legislación italiana prevea que las autorizaciones definitivas puedan ser revocadas o modificadas en cualquier momento, no por ello se desprende necesariamente que sea conforme con la obligación estricta de volver a examinar cada cuatro años las autorizaciones en cuestión. Según la Comisión, la República Italiana no parece haberse pronunciado a este respecto.
Control del cumplimiento de las condiciones impuestas por las autorizaciones y L incidencia de los vertidos
30.
La Comisión sostiene también que la legislación italiana tampoco parece haber sido correctamente adaptada al artículo 13 de la Directiva, que prevé el control del cumplimiento de las condiciones impuestas por las autorizaciones, así como la incidencia de los vertidos en las aguas subterráneas. Es cierto, según la Comisión, que el párrafo sexto del artículo 15 de la Ley Merli I, tal como quedó modificada por la Ley Merli II, atribuye a los Consejos de sanidad, a los servicios interregionales, así como, transitoriamente, a los laboratorios provinciales de higiene y profilaxis las «funciones técnicas de vigilancia y control de todos los vertidos». Sin embargo, por una parte, estas funciones tienen un carácter demasiado general y vago y, por otra, parecen limitadas a un «control de los vertidos» que permita garantizar el cumplimiento de los límites de aceptabilidad fijados por la Ley.
31.
La República Italiana responde que, por lo que se refiere al control del cumplimiento de las condiciones impuestas por las autorizaciones y la incidencia de los vertidos, las imputaciones de la Comisión no están fundadas, porque la legislación italiana contiene disposiciones pertinentes a este respecto.
Obligación de llevar un inventario de las autorizaciones
32.
La Comisión sostiene también que el Derecho interno tampoco ha sido adaptado al artículo 15 de la Directiva, que obliga a los Estados miembros a llevar un inventario de las autorizaciones, ya que el sistema italiano de concesión de autorizaciones tácitas restringe los efectos de dicha obligación. En efecto, incluso aunque haya que interpretar el párrafo decimoquinto del punto 2.1 del anexo 5 de la Decisión del Comité de Ministros de 4 de febrero de 1977 antes citada («a este efecto se establecerá un registro de todos los vertidos autorizados») en un sentido que corresponda a la obligación arriba indicada, este tipo de registro (siempre que efectivamente se lleve) presentará necesariamente numerosas lagunas, al menos en lo que se refiere a las autorizaciones tácitas. Resulta de ello que, en el caso de que la Comisión pidiera a los Estados miembros que le proporcionaran todas las informaciones necesarias [letras b) y d) del apartado 1 del artículo 16 de la Directiva] relativas a los detalles que se refieren a las autorizaciones concedidas y a los resultados de los inventarios previstos en el artículo 15 de la Directiva, la República Italiana sería por su propia culpa incapaz de atenerse a esta obligación. La Comisión sostiene que no existe, ni puede existir en Italia, ningún inventario de las autorizaciones, habida cuenta del sistema de autorizaciones vigente.
33.
La República Italiana responde que la Comisión procede a una apreciación bastante general e injustificada de la eficacia práctica de estas medidas. Si se toma en consideración el hecho de que la Directiva no contiene, a este respecto, prescripciones obligatorias de forma puntual, no parece admisible basarse en tales fundamentos para afirmar válidamente que el Derecho interno no ha sido adaptado a la Directiva.
V. Preguntas formuladas al Gobierno de la República Italiana
34.
El Tribunal de Justicia instó a la República Italiana a que respondiera por escrito y a la Comisión a que comentase las respuestas de la República Italiana a las siguientes preguntas :
«1)
La Comisión expone que, según la legislación italiana, todos los vertidos de sustancias son aceptables siempre que respeten determinados límites, sin establecer distinción alguna entre las sustancias de la lista I y las de la lista II del anexo de la Directiva, distinción importante, porque la Directiva prevé que debe impedirse y no sólo limitarse la introducción de las sustancias de la lista I.
¿Es exacta la afirmación de la Comisión? En caso de respuesta negativa, ¿cuáles son las disposiciones que en Italia permiten considerar que el ordenamiento jurídico interno se ha adaptado completamente a la Directiva de que se trata a este respecto?
2)
La Comisión enumera varias sustancias que figuran en las dos listas antes mencionadas y que han sido omitidas por la legislación italiana.
¿Confirma la República Italiana la enumeración de sustancias omitidas efectuada por la Comisión?
3)
Según la República Italiana, la Comisión ignora la importancia de las disposiciones nacionales que garantizan la vigilancia de las aguas subterráneas que impone la Directiva (artículo 8) así como la verificación de la conformidad de la autorización con los límites de aceptabilidad establecidos en la Ley y con los requisitos exigidos por los artículos 9 y 10 de la citada Directiva.
¿Cuáles son estas disposiciones y a qué ámbito de la Directiva adaptan cada una de ellas el Derecho nacional?
4)
Según la Comisión, la legislación italiana establece un sistema de autorización definitiva, mientras que el artículo 11 de la Directiva determina que las autorizaciones sólo pueden concederse por un período limitado y deben ser reexaminadas al menos cada cuatro años.
¿Discute la República Italiana esta afirmación? En caso de respuesta afirmativa, ¿con arreglo a qué disposiciones concretas?
5)
¿Cuáles son las disposiciones concretas que garantizan la adaptación del Derecho interno al artículo 13 de la Directiva?
6)
Las autorizaciones tácitas establecidas en la legislación de la República Italiana, ¿pueden constituir el objeto de un inventario y en qué forma?
Se comunicarán las respuestas del Gobierno de la República Italiana a la Comisión a la que se insta a comentarlas en el plazo de un mes a partir de dicha comunicación.»
Sobre la primera pregunta
35.
En su respuesta, registrada en el Tribunal de Justicia el 1 de agosto de 1989, la República Italiana se refiere al punto 1 del anexo 5 de la Decisión de 4 de febrero de 1977 del Comité de Ministros para la protección de las aguas contra la contaminación. La República Italiana destaca que están autorizados los siguientes vertidos:
a)
Sobre el suelo y en las capas superficiales del suelo, pero únicamente cuando se trate de vertidos que, por sus características, sean susceptibles de depuración natural.
b)
En el suelo, pero únicamente cuando el vertido se efectúe en las capas geológicas profundas; los vertidos deberán estar bloqueados entre estructuras porosas de capacidad suficiente, las que a su vez deberán aislarse de la circulación hídrica subterránea mediante barreras geológicas impermeables apropiadas.
La República Italiana sostiene que, a la luz de estas disposiciones, está absolutamente excluido que allí pueda existir un vertido directo de las sustancias del anexo I de la Directiva. Por otra parte, también está prácticamente excluido el riesgo de un vertido indirecto que pueda conducir al vertido de las citadas sustancias en las aguas subterráneas.
36.
La Comisión sostiene en sus comentarios que la respuesta de la República Italiana confirma que la legislación italiana no establece la distinción —fundamental en la sistemática de la Directiva— entre las sustancias de la lista I y las de la lista II. La Comisión añade que la decisión invocada por la República Italiana no adapta el Derecho interno a la Directiva porque, en realidad, por la inexistencia de distinción entre las sustancias de las listas I y II, las disposiciones son insuficientes y presentan el mismo carácter genérico que la citada Ley n° 319, de la que ellas son su interpretación y aplicación. Además, según la Comisión, el concepto de «depuración natural» es insuficiente para establecer la distinción entre ambas listas.
Sobre la segunda pregunta
37.
La República Italiana reconoce las críticas de la Comisión, aunque observa que, en lo relativo a las sustancias que posean un poder cancerígeno, mutageno o teratógeno, la Comisión no especifica cuáles son las sustancias que poseen tales propiedades y que la normativa italiana no tiene en cuenta.
38.
La Comisión deja constancia del reconocimiento de la República Italiana sobre esta crítica y explica que la Directiva no proporciona la lista de esta clase de sustancias, que está sujeta a la evolución científica y que, por el contrario, la legislación italiana no hace referencia alguna a dichas sustancias.
Sobre la tercera pregunta
39.
En cuanto a la no adaptación del Derecho interno a los artículos 8, 9 y 10 de la Directiva, la República Italiana puntualiza que el anexo 5 de la citada Decisión de 4 de febrero de 1977, establece una normativa muy detallada sobre las verificaciones previas que deben efectuarse para evaluar la compatibilidad del vertido con el medio ambiente, que, esencialmente, se refieren al examen de las características del sitio destinado a recibir el vertido así como a las características de las aguas del venido. En cuanto a la vigilancia establecida en el artículo 8, la República Italiana sostiene que ésta está garantizada mediante lo dispuesto en el punto 2.8 de la Decisión del Comité de Ministros (verificación de las consecuencias para el medio ambiente y previsiones relativas a la evolución del sistema).
40.
La Comisión destaca el carácter vago de la respuesta proporcionada por la República Italiana en relación con las disposiciones precisas y puntuales de la Directiva (artículos 7 a 10) y señala que la República Italiana ya no se refiere a! artículo 2 de la Ley n° 62, como lo había hecho en su escrito de contestación, y no discute el hecho recordado en la réplica de la Comisión de que, de todas maneras y hasta el presente, ni el Estado italiano ni las regiones italianas han adoptado medida alguna para concretar las pocas y vagas medidas previstas.
Sobre L cuarta pregunta
41.
En cuanto a la adaptación al artículo 11 de la Directiva, la República Italiana explica que no se pronunció en el escrito de contestación porque no encontró en el recurso de la Comisión una crítica explícita y específica relativa a los efectos temporales de la autorización. No obstante, la República Italiana añade que las disposiciones en vigor no regulan la duración de la autorización.
42.
La Comisión deja constancia de que el Gobierno italiano reconoce que las «leyes en vigor no regulan la duración de la autorización» y subraya que es inexacto afirmar que no haya explícitamente destacado en su recurso el punto relativo a la aplicación del artículo 11 de la Directiva. También explica que, mediante carta de 7 de diciembre de 1987, la Comisión presentó al Tribunal de Justicia un escrito de ampliación del recurso (un apartado 3 bis añadido a la página 9) que específicamente trata del mencionado punto y que, mediante carta de 9 de diciembre de 1987, la Secretaría del Tribunal de Justicia acusó recibo de dicha ampliación, que completaba el recurso interpuesto el 2 de diciembre de 1987.
Sobre la quinta pregunta
43.
La República Italiana sostiene que las disposiciones en vigor garantizan la aplicación del artículo 13 de la Directiva. En cuanto al control sobre la incidencia de los vertidos en las aguas subterráneas, remite a las observaciones formuladas como respuesta a la tercera pregunta sobre la aplicación del artículo 8 de la Directiva. Además, en lo que respecta al control del cumplimiento de los requisitos impuestos por la autorización, la República Italiana explica que, según el artículo 9 de la Ley n° 650 de 24 de diciembre de 1979, los municipios y las comunidades de montaña están obligados a asumir la vigilancia de los vertidos públicos y privados y que el artículo 22 de la Ley n° 319 de 10 de mayo de 1976 establece sanciones penales e incluso penas privativas de libertad para toda persona que efectúe o mantenga un vertido sin cumplir con todas las disposiciones indicadas en la autorización. La República Italiana subraya que la tipificación penal de esta conducta entraña automáticamente un deber de vigilancia que incumbe a toda autoridad encargada de la comprobación de infracciones que puedan constituir delito. También añade que, para garantizar la eficacia de la acción pública de vigilancia, prevención y represión de las infracciones cometidas en detrimento del medio ambiente (entre ellas, naturalmente, figura la infracción ahora examinada), se ha creado un grupo operativo de carabineros, especializado en materia de medio ambiente (apartado 4 del artículo 8 de la Ley n° 349 de 8 de julio de 1986, GURI de 15.7.1986, n° 162).
44.
Según la Comisión, las indicaciones proporcionadas como respuesta a la quinta pregunta confirman nuevamente el fundamento de su postura. La Comisión observa que resulta evidente que ninguna disposición nacional tiene por objeto la aplicación del artículo 13 de la Directiva, relativo al control del cumplimiento de las condiciones impuestas por las autorizaciones y a la vigilancia de la incidencia de los vertidos en las aguas subterráneas. La Comisión sostiene que las disposiciones citadas por la República Italiana corresponden a la esencia de las leyes «Merli» (límites de aceptabilidad) pero en ningún modo a la de la Directiva, que es, con mucho, más precisa y rigurosa. En cuanto a las sanciones previstas por el artículo 22 de la Ley n° 319 de 10 de mayo de 1976, la Comisión subraya que se trata de previsiones perfectamente insuficientes para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Directiva, ante todo, si se considera que dicha Ley se aparta notoriamente de lo que es necesario para adecuarse a la normativa establecida por la Directiva. Finalmente, en lo que respecta a la creación del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei Carabinieri (Cuerpo operativo de carabineros en el ámbito del medio ambiente), la Comisión se pregunta cómo dicha institución puede ser presentada como una medida, aunque sea parcial, para la aplicación del artículo 13 de la Directiva, cuando se debe tratar de una veintena de hombres encargados de vigilar todo daño producido contra el medio ambiente en el sentido más amplio.
Sobre la sexta pregunta
45.
La República Italiana responde a la sexta pregunta que la concesión de autorizaciones tácitas no está destinada a obstaculizar el inventario exigido por la Directiva porque dicha autorización necesariamente posee, ella también, una base documentada constituida por la solicitud de autorización recibida por el servicio competente para la concesión de la autorización.
46.
La Comisión subraya que lo que se ha convenido en designar «autorizaciones tácitas» de ninguna manera sirven de base para llevar el inventario impuesto por el artículo 15 de la Directiva (que se refiere a una clase bien precisa de autorizaciones) y que es indiscutible que, actualmente, en Italia no existe inventario alguno de las autorizaciones, sean éstas formales o tacitas.
C. N. Kakouris
Juez Ponente
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.