Edición provisional
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 12 de marzo de 2026 (*)
« Recurso de casación — Personal de la política exterior y de seguridad común (PESC) — Agente contractual internacional contratado por el Representante Especial de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina — Contratos de trabajo sucesivos de duración determinada — Resolución del contrato de trabajo tras la retirada de la Unión del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte — Recurso de casación interpuesto por un Estado miembro que no intervino en el procedimiento ante el Tribunal General — Artículo
56, párrafo tercero del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Admisibilidad del recurso de casación — Concepto de “litigios entre la Unión y sus agentes” — Adhesión a la casación — Admisibilidad »
En el asunto C‑728/23 P,
que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 27 de noviembre de 2023,
Reino de España, representado por la Sra. M. Morales Puerta, en calidad de agente,
parte recurrente,
en el que las otras partes en el procedimiento son:
Robert Stockdale, con domicilio en Bristol (Reino Unido), representado por la Sra. N. de Montigny, avocate,
parte demandante en primera instancia,
Consejo de la Unión Europea,  representado por los Sres. M. Bauer y J. Rurarz, en calidad de agentes,
Comisión Europea, representada por los Sres. D. Bianchi, G. Gattinara, L. Hohenecker y T. Lilamand y por la Sra. Y. Marinova, posteriormente por los Sres. D. Bianchi, G. Gattinara y L. Hohenecker y por la Sra. Y. Marinova,
en calidad de agentes,
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), representado por el Sr. S. Marquardt, la Sra. S. Rodríguez Sánchez-Tabernero y el Sr. R. Spáč, en calidad de agentes,
Representante Especial de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina, representado por la Sra. B. Bajic, en calidad de agente, asistida por la Sra. E. Raoult, avocate,
partes demandadas en primera instancia,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
integrado por el Sr. F. Biltgen, Presidente de Sala, y el Sr. T. von Danwitz (Ponente), Vicepresidente del Tribunal de Justicia, la Sra. I. Ziemele y los Sres. A. Kumin y S. Gervasoni, Jueces;
Abogado General: Sr. N. Emiliou;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de septiembre de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1        Mediante su recurso de casación, el Reino de España solicita la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de 26 de julio de 2023, recaída en el asunto Stockdale/Consejo y otros (T‑776/20, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:422), mediante la que dicho Tribunal estimó parcialmente las excepciones de incompetencia y de inadmisibilidad propuestas por las partes demandadas en primera instancia contra el recurso interpuesto por el Sr. Robert Stockdale que tenía por objeto, con carácter principal, una pretensión basada en los artículos
263 TFUE. 268 TFUE y 272 TFUE, por la que se solicitaba, en primer lugar, que se declarara la ilegalidad de la decisión del Representante Especial de la Unión Europea (en lo sucesivo, «REUE») en Bosnia y Herzegovina de 17 de noviembre de 2020 por la que este último puso fin al contrato de trabajo del Sr. Stockdale a partir del 31 de diciembre de 2020 y que se le indemnizara por los perjuicios que alegaba haber sufrido como consecuencia de dicha decisión; en segundo lugar, que se recalificara su relación contractual con el REUE como contrato de trabajo por tiempo indefinido (CTI), y en tercer lugar, que se le indemnizara por los perjuicios que alegaba haber sufrido como consecuencia de la no adopción por el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de un estatuto jurídico claro que le fuera aplicable, y, con carácter subsidiario, una pretensión de indemnización basada en la responsabilidad extracontractual de la Unión porque consideraba que sus condiciones de trabajo vulneraron sus derechos fundamentales.
2        Mediante su adhesión a la casación, el Sr. Stockdale solicita la anulación o la modificación parcial de la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad parcial de su recurso.
Marco jurídico
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
3        El artículo 50 bis, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispone lo siguiente:
«El Tribunal General ejercerá en primera instancia la competencia para conocer de los litigios entre la Unión y sus agentes en virtud del artículo 270 [TFUE], incluidos los litigios entre cualquier institución, órgano u organismo, por una parte, y sus agentes, por otra, sobre los cuales se atribuye la competencia para pronunciarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.»
4        El artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece cuanto sigue:
«Contra las resoluciones del Tribunal General que pongan fin al proceso, así como contra las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución impugnada.
Dicho recurso de casación podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas. […]
Salvo en los litigios entre la Unión y sus agentes, el recurso de casación podrá interponerse también por los Estados miembros y las instituciones de la Unión que no hayan intervenido en el litigio ante el Tribunal General. Dichos Estados miembros e instituciones estarán en una posición idéntica a la de los Estados miembros o instituciones que hayan intervenido en primera instancia.»
Decisión (PESC) 2019/1340
5        El artículo 4 de la Decisión (PESC) 2019/1340 del Consejo, de 8 de agosto de 2019, por la que se nombra al Representante Especial de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina (DO 2019, L 209, p. 10), titulado «Ejecución del mandato», estaba redactado como sigue:
«1.      El REUE será responsable de la ejecución del mandato, bajo la autoridad [del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad].
[…]
3.      El REUE desarrollará su trabajo en estrecha coordinación con el [SEAE] y sus departamentos competentes.»
6        El artículo 6 de dicha Decisión, titulado «Constitución y composición del equipo», disponía lo siguiente:
«1.      Dentro de los límites establecidos en el mandato del REUE y de los recursos financieros correspondientes que se hayan puesto a su disposición, el REUE será responsable de constituir un equipo. El equipo incluirá personal especializado en las cuestiones específicas que se prevean en el mandato. El REUE informará sin dilación al Consejo y a la Comisión de la composición del equipo.
2.      Los Estados miembros, las instituciones de la Unión y el SEAE podrán proponer el envío de personal en comisión de servicios para que trabaje con el REUE. El sueldo de dicho personal será sufragado por quien otorgue la comisión de servicio, ya sea el Estado miembro, la institución de la Unión o el SEAE. Los expertos destinados en comisión de servicios por los Estados miembros en las instituciones de la Unión o en el SEAE también podrán ser destinados para trabajar con el REUE. El personal internacional contratado deberá tener la nacionalidad de un Estado miembro.
3.      Todo el personal en comisión de servicios seguirá dependiendo administrativamente del Estado miembro, de la institución de la Unión que lo haya enviado o del SEAE, y desempeñará sus funciones y actuará en interés del mandato del REUE.»
Antecedentes del litigio
7        A efectos del presente procedimiento, los antecedentes del litigio, que figuran en los apartados 2 a 18 de la sentencia recurrida, pueden resumirse como se expone a continuación.
8        El Sr. Stockdale es un nacional del Reino Unido que desempeñaba el cargo de jefe de finanzas y administración para el REUE en Bosnia y Herzegovina.
9        De conformidad con el artículo 33 TUE, el Consejo adoptó, el 11 de marzo de 2002, la Acción Común 2002/211/PESC, relativa al nombramiento del Representante Especial de la UE en Bosnia y Herzegovina (DO 2002, L 70, p. 7). Posteriormente, el Consejo adoptó varios actos sucesivos mediante los que designó, sin interrupción, un REUE en Bosnia y Herzegovina para un mandato de duración determinada.
10      En la fecha de interposición del recurso presentado por el Sr. Stockdale, mencionado en el apartado
1 de la presente sentencia, a saber, el 29 de diciembre de 2020, el REUE en Bosnia y Herzegovina estaba nombrado, mediante la Decisión 2019/1340, para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2021.
11      El Sr. Stockdale fue contratado para trabajar con el REUE en Bosnia y Herzegovina mediante un primer contrato de duración determinada (CDD) celebrado con este último, a partir del 15 de febrero de 2006 y para un período que no podía exceder del mandato del REUE. A partir del 1 de marzo de 2007, celebró dieciséis CDD sucesivos con el REUE. El último CDD suscrito por el Sr. Stockdale (en lo sucesivo, «contrato en cuestión») establecía, en su artículo 5, una duración comprendida entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2021.
12      En paralelo, el Sr. Stockdale firmó asimismo trece contratos tripartitos con la Comisión y el REUE en Bosnia y Herzegovina, en los que se le designaba como jefe de oficina ad interim a partir del 1 de julio de 2007. Dichos contratos preveían que, en caso de fallecimiento o dimisión del REUE, de accidente o enfermedad que le impidiera desempeñar sus funciones o de fin del convenio de financiación celebrado entre la Comisión y el REUE, el Sr. Stockdale pasaría a ser el responsable de la gestión de los fondos asignados al REUE. El último contrato de este tipo fue suscrito por el Sr. Stockdale el 7 de octubre de 2019.
13      El 24 de enero de 2020, los representantes de la Unión y del Reino Unido firmaron el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2020, L 29, p. 7; en lo sucesivo, «Acuerdo sobre la retirada»), que fue aprobado en nombre de la Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA) mediante la Decisión (UE) 2020/135 del Consejo, de 30 de enero de 2020, relativa a la celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2020, L 29, p. 1).
14      De conformidad con su artículo
185, el Acuerdo sobre la retirada entró en vigor el 1 de febrero de 2020. Este acuerdo establecía, en su artículo
126, un período transitorio que comenzaba en la fecha de entrada en vigor de dicho Acuerdo y finalizaba el 31 de diciembre de 2020. En virtud del artículo 127, apartado 6, del Acuerdo sobre la retirada, debía entenderse que la referencia a los «Estados miembros» en el Derecho de la Unión incluía al Reino Unido.
15      El 24 de junio de 2020, el Sr. Stockdale envió un escrito al REUE en Bosnia y Herzegovina en el que le preguntaba por sus derechos y alegaba la existencia de discriminación en caso de que su puesto se considerara finalmente redundante si la Oficina del REUE se transfería a la Delegación de la Unión en dicho Estado y, por lo tanto, al SEAE. En concreto, hacía hincapié en que no se hubiera previsto ningún tipo de indemnización por despido ni prestación por desempleo para el personal internacional del REUE y en que tampoco existiera ninguna disposición relativa a las cotizaciones para la jubilación.
16      El 7 de julio de 2020, el REUE en Bosnia y Herzegovina remitió dicho escrito a la directora del Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la Comisión, indicando que el Sr. Stockdale planteaba cuestiones relativas a sus condiciones de trabajo, en particular ante la perspectiva de una probable resolución del contrato en cuestión ligada a la retirada del Reino Unido de la Unión. El 13 de julio de 2020, una jefa de unidad de dicho Servicio respondió que este último no era responsable de los recursos humanos en relación con el personal de la PESC y recomendó al REUE que consultara al SEAE a este respecto. También subrayó que, por lo que se refería a las cuestiones financieras que contenía el escrito del Sr. Stockdale, conforme a los términos del contrato en cuestión no podían abonársele indemnizaciones por despido ni prestaciones de jubilación.
17      El 15 de septiembre de 2020, el REUE en Bosnia y Herzegovina remitió al SEAE el escrito del Sr. Stockdale de 24 de junio de 2020.
18      El 28 de septiembre de 2020, el Sr. Stockdale se dirigió de nuevo al REUE en Bosnia y Herzegovina solicitándole que obtuviera más información sobre las posibilidades que tenía de continuar ejerciendo sus funciones una vez que finalizara el período transitorio. Después de que el REUE se pusiera en contacto con el Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la Comisión, la directora de este Servicio le respondió, el 2 de octubre de 2020, que no se contemplaba ninguna excepción para los nacionales del Reino Unido y que los contratos de estos finalizarían el 31 de diciembre de 2020.
19      El 17 de noviembre de 2020, el REUE en Bosnia y Herzegovina adoptó una decisión de resolución, mediante la cual puso fin al contrato en cuestión con un preaviso, decisión que entraba en vigor el 31 de diciembre de 2020 (en lo sucesivo, «decisión de resolución»).
20      El 25 de noviembre de 2020, el Sr. Stockdale solicitó al REUE en Bosnia y Herzegovina que reconsiderara la decisión de resolución.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
21      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 29 de diciembre de 2020, el Sr. Stockdale interpuso un recurso contra el Consejo, la Comisión, el SEAE y el REUE en Bosnia y Herzegovina, en el que solicitaba:
–        Con carácter principal, en primer lugar, que se declarase ilegal la decisión de resolución; en segundo lugar, que se condenara a las partes demandadas a abonarle 10 000 euros en concepto de indemnización por el perjuicio moral causado por esta decisión y, en tercer lugar, que se ordenara su reincorporación o, con carácter subsidiario, se condenara a las partes demandadas a abonarle 393 850,08 euros en concepto de indemnización por el perjuicio material causado por dicha decisión (en lo sucesivo, «primera pretensión»).
–        Con carácter principal, que se recalificase como contrato de trabajo por tiempo indefinido (CTI) su relación contractual con el REUE en Bosnia y Herzegovina y se declarara que las partes demandadas habían incumplido sus obligaciones contractuales y, en particular, la de comunicar válidamente el preaviso de la extinción de un CTI (en lo sucesivo, «segunda pretensión»).
–        Con carácter principal, que se declarase que el Consejo, la Comisión y el SEAE lo trataron de manera discriminatoria durante su período de contratación para el REUE en Bosnia y Herzegovina por lo que respecta a su retribución, sus derechos a pensión y otros beneficios correspondientes, se declarase que debería haber sido contratado como agente temporal del Consejo, de la Comisión o del SEAE y se los condenase a indemnizar el perjuicio resultante del hecho de que el personal contractual internacional contratado en el marco de la PESC no estuviera sujeto al régimen aplicable a los otros agentes de la Unión (en lo sucesivo, «ROA») o a un régimen jurídico comparable al ROA (en lo sucesivo, «tercera pretensión»).
–        Con carácter subsidiario, que se condenase al Consejo, a la Comisión y al SEAE, sobre la base de su responsabilidad extracontractual, a abonarle 400 000 euros por el daño resultante de la vulneración de sus derechos fundamentales (en lo sucesivo, «cuarta pretensión»).
22      Mediante escritos separados presentados en la Secretaría del Tribunal General el 11 de mayo de 2021 por la Comisión y el Consejo, el 12 de mayo de 2021 por el SEAE y el 30 de junio de 2021 por el REUE en Bosnia y Herzegovina, respectivamente, estas partes propusieron excepciones de inadmisibilidad y de incompetencia, alegando, en particular, que la decisión de resolución y las eventuales irregularidades invocadas por el Sr. Stockdale no les eran imputables.
23      El 30 de agosto de 2021, el Sr. Stockdale presentó sus observaciones sobre las excepciones de inadmisibilidad y de incompetencia, solicitando que fueran desestimadas.
24      El Tribunal General, en virtud del artículo
130 de su Reglamento de Procedimiento, decidió pronunciarse sobre las cuestiones de competencia y de admisibilidad respecto de todas las pretensiones formuladas por la parte demandante en primera instancia, antes de examinar el fondo del asunto.
25      En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó parcialmente las excepciones de inadmisibilidad y de incompetencia propuestas por las partes demandadas.
26      Para empezar, como resulta del apartado 167 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se declaró competente para pronunciarse acerca de la primera pretensión, tanto
—sobre la base del artículo 263 TFUE—
respecto de la solicitud de control de la legalidad de la decisión de resolución, que constituye una decisión adoptada por una entidad perteneciente a la Unión e instituida en virtud de los Tratados, a saber, el REUE en Bosnia y Herzegovina, como
—sobre la base del artículo 268 TFUE—
acerca de la solicitud de indemnización pecuniaria por daños morales y materiales supuestamente sufridos como consecuencia de dicha decisión. Tras haber asimilado, en el apartado 139 de la sentencia recurrida, al REUE en Bosnia y Herzegovina a un órgano de la Unión que hubiera adoptado la decisión de resolución, el Tribunal General concluyó, en dicho apartado 167 de la sentencia recurrida, que tales solicitudes eran admisibles en la medida en que se referían al REUE en Bosnia y Herzegovina, e inadmisibles en la medida en que se referían al Consejo, a la Comisión y al SEAE.
27      En cambio, respecto a la solicitud del Sr. Stockdale de que el Tribunal General ordenase su reincorporación al personal del REUE en Bosnia y Herzegovina, del apartado
168 de la sentencia recurrida resulta que dicho Tribunal declinó su competencia, debido a que el juez de la Unión no puede, en principio, ni en el marco de un recurso de indemnización, impartir órdenes conminatorias a una institución, un órgano o un organismo de la Unión sin invadir las competencias de la autoridad administrativa.
28      Seguidamente, por lo que respecta a la segunda pretensión, el Tribunal General la desestima en su totalidad, en el apartado 169 de la sentencia recurrida, por razón de su incompetencia. En efecto, por un lado, en el apartado
84 de esa sentencia, señaló que no era competente para pronunciarse sobre la solicitud de que se dictara una orden conminatoria dirigida al REUE en Bosnia y Herzegovina, en su condición de empleador del Sr. Stockdale, tendente a la recalificación como CTI de su relación contractual con el REUE. Por otro lado, dado que la solicitud de que el Tribunal General declarase que las partes demandadas habían incumplido sus obligaciones contractuales no se formuló en apoyo de pretensiones de anulación ni de indemnización de daños y perjuicios, dicho Tribunal consideró, en el apartado 85 de la sentencia recurrida, que debía entenderse que tal solicitud únicamente tenía por objeto que el Tribunal General se pronunciara mediante una declaración general o de principio, lo que no forma parte de las competencias que le confieren los Tratados.
29      Por último, en el apartado
170 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se declaró competente, en virtud del artículo
268 TFUE, para pronunciarse sobre las pretensiones tercera y cuarta, que tenían por objeto la indemnización por los daños supuestamente sufridos por el Sr. Stockdale como consecuencia de no haber adoptado un estatuto claro que le fuera aplicable. Según el Tribunal General, como resulta del apartado 162 de la sentencia recurrida, cualquier posible omisión culposa en la adopción de un régimen general aplicable al personal contractual en el ámbito, en general, de la PESC o, en particular, del REUE en Bosnia y Herzegovina debe imputarse al Consejo, de modo que estas pretensiones son admisibles por lo que respecta a este último. Sobre este particular, el Tribunal General señaló, en el apartado
148 de la sentencia recurrida, que correspondía al Consejo elaborar la PESC y adoptar las decisiones necesarias para definir y aplicar dicha política, basándose en las orientaciones generales y en las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo. Pues bien, la adopción, en su caso, de un régimen jurídico aplicable al personal contractual de la PESC se inscribiría, según el Tribunal General, en el ámbito de aplicación de la PESC y, por lo tanto, sería competencia del Consejo.
Pretensiones de las partes
Pretensiones del recurso de casación principal
30      El Reino de España solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida en la medida en que se consideró que el REUE en Bosnia y Herzegovina era la parte demandada en relación con la primera pretensión formulada por la parte demandante en primera instancia.
–        Declare que la primera pretensión es admisible respecto del Consejo e inadmisible respecto del REUE en Bosnia y Herzegovina.
31      El Sr. Stockdale solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Estime el recurso de casación interpuesto por el Reino de España.
–        Condene a las partes demandadas en primera instancia a cargar con las costas del presente procedimiento de casación.
32      El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene al Reino de España a cargar con las costas en las que incurra el Consejo en el presente procedimiento.
33      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas al Reino de España.
34      El SEAE solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación por infundado o, en su defecto, declare su inadmisibilidad.
–        Condene en costas al Reino de España.
35      El REUE en Bosnia y Herzegovina solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación por inadmisible o, en cualquier caso, por infundado.
–        Condene en costas al Reino de España.
Pretensiones de la adhesión a la casación
36      El Sr. Stockdale solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule parcialmente la sentencia recurrida.
–        Declare la admisibilidad de la segunda pretensión (de carácter contractual), dirigida a obtener una indemnización por el incumplimiento de obligaciones que incumben al empleador.
–        Declare la admisibilidad de las pretensiones primera y segunda (de carácter contractual) en la medida en que se dirigen contra todas las partes demandadas en primera instancia.
–        Declare que la iniciativa legislativa y el procedimiento legislativo previsto en el artículo
336 TFUE no se consideran excluidos del ámbito de la PESC.
–        Declare asimismo la admisibilidad de la cuarta pretensión (de carácter extracontractual) en la medida en que se dirige contra la Comisión.
–        Condene a las partes demandadas en primera instancia a cargar con las costas del presente procedimiento y devuelva el asunto al Tribunal General.
37      El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime la adhesión a la casación por ser en parte inadmisible y en parte infundada.
–        Condene al Sr. Stockdale a cargar con las costas en las que incurra el Consejo en el presente procedimiento.
38      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Declare la inadmisibilidad de la adhesión a la casación o, con carácter subsidiario, la desestime por infundada.
–        Condene en costas al Sr. Stockdale.
39      El SEAE y el REUE en Bosnia y Herzegovina solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime la adhesión a la casación por manifiestamente inadmisible o, con carácter subsidiario, por manifiestamente infundada.
–        Condene en costas al Sr. Stockdale.
Sobre el recurso de casación principal
40      En el presente caso, el Tribunal de Justicia conoce de un recurso de casación interpuesto por el Reino de España con arreglo al artículo
56, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la sentencia recurrida mediante la cual el Tribunal General se pronunció sobre las excepciones de incompetencia y de inadmisibilidad propuestas por las partes demandadas en primera instancia contra el recurso interpuesto por el Sr. Stockdale, antiguo agente contractual del REUE en Bosnia y Herzegovina, que tiene por objeto, con carácter principal, una pretensión basada en los artículos
263 TFUE, 268 TFUE y 272 TFUE por la que se solicita, en particular, que se declare la ilegalidad de la decisión de resolución y se indemnice económicamente por los daños supuestamente sufridos como consecuencia de dicha decisión; que se recalifique como CTI su relación contractual con el REUE en Bosnia y Herzegovina, y que se condene a dichas partes demandadas en primer instancia a indemnizar por los daños contractuales y extracontractuales que manifiesta haber sufrido.
Alegaciones de las partes
41      El Reino de España puntualiza que, en la fecha en que se dictó la sentencia recurrida, había solicitado intervenir en el procedimiento ante el Tribunal General en apoyo del Sr. Stockdale, pero aún no había sido admitido como coadyuvante.
42      En apoyo de su recurso de casación, el Reino de España invoca dos motivos por los que impugna la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal General declaró que el REUE en Bosnia y Herzegovina constituía un órgano jurídicamente diferenciado del Consejo que debía considerarse parte demandada en relación con la primera pretensión formulada por la parte demandante en primera instancia.
43      El Sr. Stockdale considera fundado el recurso de casación.
44      El SEAE y el REUE en Bosnia y Herzegovina estiman que el recurso de casación es inadmisible y, en cualquier caso, infundado. La Comisión considera que el recurso de casación es en parte, inadmisible y en parte, infundado. Según el Consejo, el recurso de casación es infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
45      En virtud del artículo 56, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contra las resoluciones del Tribunal General que pongan fin al proceso, así como contra las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia. Según el artículo 56, párrafo segundo, de este Estatuto, dicho recurso de casación puede interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas.
46      El artículo 56, párrafo tercero, de dicho Estatuto establece que, salvo en los litigios entre la Unión y sus agentes, el recurso de casación puede interponerse también por los Estados miembros y las instituciones de la Unión que no hayan intervenido en el litigio ante el Tribunal General. Dichos Estados miembros e instituciones están en una posición idéntica a la de los Estados miembros o instituciones que hayan intervenido en primera instancia.
47      Como señaló el Abogado General en los puntos
41 a 43 de sus conclusiones, el artículo
56, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confiere a los Estados miembros un derecho ampliado a interponer recurso de casación, que constituye una excepción a la regla general contenida en el párrafo segundo de dicho artículo 56, según la cual solo las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas y que, por lo tanto, hayan intervenido ante el Tribunal General están facultadas para interponer recurso de casación contra las resoluciones de este que pongan fin al proceso, así como contra las que pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad.
48      Sin embargo, esta disposición establece un límite a ese derecho ampliado en tanto que «en los litigios entre la Unión y sus agentes» un Estado miembro o una institución de la Unión únicamente puede interponer un recurso de casación contra una resolución firme si intervino en el procedimiento ante el Tribunal General (véase, por analogía, la sentencia de 5 de octubre de 2000, Consejo/Busacca y otros, C‑434/98 P, EU:C:2000:546, apartado 21).
49      A la luz de estas consideraciones, es preciso comprobar si, en el presente caso, el recurso de casación principal interpuesto por el Reino de España contra la sentencia recurrida debe considerarse interpuesto en el marco de un «litigio entre la Unión y sus agentes» y, por lo tanto, inadmisible en virtud del artículo 56, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esta apreciación, procede tener en cuenta no solo el propio tenor de esta disposición, sino también el contexto en el que se inscribe y los objetivos de la normativa de la que forma parte.
50      Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor del artículo
56, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe señalarse que el concepto de «litigios entre la Unión y sus agentes» está formulado en términos generales y no hace referencia a ninguna de las vías de recurso previstas en el Tratado FUE. En particular, dicha disposición no contiene ninguna referencia al artículo 270 TFUE, que instituye una vía de recurso específica para los litigios en materia de función pública, distinta de los recursos de alcance general, como el recurso de anulación previsto en el artículo 263 TFUE y el recurso de indemnización regulado en el artículo 268 TFUE en relación con el artículo 340 TFUE, párrafos segundo y tercero.
51      Por lo que respecta, en segundo lugar, al contexto en el que se inscribe el artículo
56, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es necesario subrayar que, a tenor del artículo
50 bis, apartado
1, de dicho Estatuto, «el Tribunal General ejercerá en primera instancia la competencia para conocer de los litigios entre la Unión y sus agentes en virtud del artículo 270 del
[TFUE], incluidos los litigios entre cualquier institución, órgano u organismo, por una parte, y sus agentes, por otra, sobre los cuales se atribuye la competencia para pronunciarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea».
52      De lo anterior se deduce que el artículo
50 bis, apartado
1, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que determina el alcance de la competencia del Tribunal General como juez del contencioso de la función pública de la Unión, se refiere no solo a los litigios mencionados en el artículo
270 TFUE, a saber, los relativos al Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y al ROA, sino también a todos los «litigios entre cualquier institución, órgano u organismo, por una parte, y sus agentes, por otra, sobre los cuales se atribuye la competencia para pronunciarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Por consiguiente, dicha disposición no puede interpretarse en el sentido de que limita la competencia del Tribunal General como juez de la función pública a los litigios mencionados en el artículo
270 TFUE.
53      En estas circunstancias, tampoco puede considerarse que, al hacer referencia a los «litigios entre la Unión y sus agentes», el artículo
56, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se refiera exclusivamente a los litigios mencionados en el artículo
270 TFUE, con exclusión de los interpuestos sobre la base de los artículos
263 TFUE o
268 TFUE. En efecto, el sentido y el alcance del concepto de «litigios entre la Unión y sus agentes», que figura tanto en el artículo
50 bis, apartado
1, como en el artículo
56, párrafo tercero, de dicho Estatuto, no pueden variar, dentro de ese mismo acto, según la disposición en la que se utilice tal concepto. Por otra parte, es preciso señalar que, en el artículo
270 TFUE, el alcance de ese concepto está limitado por el segmento de frase «dentro de los límites y en las condiciones que establezca el Estatuto de los funcionarios de la Unión», de modo que el mismo concepto debe tener necesariamente un alcance más amplio cuando se emplea sin que se establezca tal límite, como es el caso del artículo
56, párrafo tercero, de dicho Estatuto. De ello se deriva que el contexto en el que se inscribe esta última disposición no permite considerar que el ámbito de aplicación de dicha disposición se limite únicamente a los litigios mencionados en el artículo
270 TFUE.
54      A este respecto, debe también recordarse que, por lo que se refiere a la delimitación de las competencias jurisdiccionales y de las vías de recurso previstas en el artículo 270 TFUE, por un lado, y en los artículos 263 TFUE y 268 TFUE, por otro, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el artículo 270 TFUE atribuye a los órganos jurisdiccionales de la Unión la competencia material para el conocimiento de los litigios que tienen su origen en la relación laboral que vincula a esos funcionarios o agentes con las instituciones de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de septiembre de 2015, Reexamen Missir Mamachi di Lusignano/Comisión, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, apartado 41, y de 5 de mayo de 2022, Comisión/Missir Mamachi di Lusignano, C‑54/20 P, EU:C:2022:349, apartado 41).
55      Así pues, según reiterada jurisprudencia, los órganos jurisdiccionales de la Unión son competentes para pronunciarse sobre cualquier litigio entre un funcionario o un agente y la institución de la Unión de la que depende, aun cuando se trate de un recurso de indemnización, cuando el origen de ese litigio radique en la relación laboral que vincula al interesado con la institución (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2015, Reexamen Missir Mamachi di Lusignano/Comisión, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, apartados 38 y 42).
56      En efecto, la competencia ratione materiae de los órganos jurisdiccionales de la Unión para conocer de los litigios relativos al contencioso de la función pública procede del origen del litigio en cuestión, tal como se define en el apartado
54 de la presente sentencia, y no de la base jurídica que pueda fundamentar un recurso como tal (véanse, por analogía, las sentencias de 10 de septiembre de 2015, Reexamen Missir Mamachi di Lusignano/Comisión, C‑417/14 RX‑II, EU:C:2015:588, apartado 50, y de 5 de mayo de 2022, Comisión/Missir Mamachi di Lusignano, C‑54/20 P, EU:C:2022:349, apartado 43 y jurisprudencia citada).
57      En tercer lugar, la interpretación expuesta en el apartado 53 de la presente sentencia viene asimismo confirmada por el objetivo y la finalidad de la exclusión de los asuntos correspondientes al contencioso de la función pública establecida en el artículo 56, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entendiéndose que esta exclusión se basa, en particular, en el carácter individual de los litigios relativos a la gestión del personal, que solo pueden dar lugar a la anulación de decisiones individuales (véase, por analogía, la sentencia de 5 de octubre de 2000, Consejo/Busacca y otros, C‑434/98 P, EU:C:2000:546, apartado 23) o a la indemnización por los daños personales sufridos por los funcionarios y agentes de las instituciones y órganos de la Unión.
58      En efecto, como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto
42 de sus conclusiones, el
derecho ampliado conferido en dicha disposición a las instituciones y a los Estados miembros tiene por objeto permitir que los demandantes privilegiados, en su condición de «guardianes del Derecho», sometan asuntos al Tribunal de Justicia con el fin de preservar la coherencia de la jurisprudencia, incluso cuando las partes en el procedimiento ante el Tribunal General están dispuestas a aceptar la sentencia dictada por este último. Pues bien, dado que, como se ha recordado en el apartado anterior de la presente sentencia, los litigios relativos a la gestión del personal tienen carácter individual, el eventual recurso de una institución o de un Estado miembro no entraría dentro de ese mismo objetivo. Por lo tanto, el legislador renunció expresamente a garantizar la consecución de esa finalidad al no reconocer tal derecho ampliado a las instituciones y a los Estados miembros, limitando así sus posibilidades de recurso a las previstas en el artículo
56, párrafo segundo, del citado Estatuto.
59      Por lo que respecta a los litigios de la misma naturaleza relativos a cuestiones de carácter individual, no hay razón alguna que justifique que los Estados o las instituciones de la Unión puedan disfrutar de un derecho ampliado a interponer un recurso de casación en virtud del artículo
56, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, de este modo, intervenir en litigios relativos a agentes de la PESC, como aquel del que se trata en el presente asunto, siendo así que ese derecho no se les reconoce en el marco de los litigios relativos a funcionarios o agentes de la Unión que actúen sobre la base del artículo
270 TFUE.
60      Ello es tanto más cierto cuanto que el artículo
56, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la medida en que establece una excepción a la regla general enunciada en el párrafo segundo de dicho artículo 56
—según la cual únicamente las partes que hayan intervenido ante el Tribunal General están facultadas para interponer un recurso de casación contra las resoluciones de este Tribunal—, no puede ser objeto de una interpretación extensiva.
61      En el caso de autos, procede señalar que el presente litigio tiene su origen en la relación laboral que vincula al Sr. Stockdale con el REUE en Bosnia y Herzegovina no solo en la medida en que versa sobre la ilegalidad de la decisión de resolución, sino también en cuanto que tiene por objeto obtener la reparación pecuniaria de los perjuicios supuestamente sufridos como consecuencia de dicha decisión, la recalificación como CTI de la relación contractual y la indemnización por daños contractuales y extracontractuales.
62      Por consiguiente, es preciso considerar que el presente litigio en su conjunto tiene su origen en dicha relación laboral, entendiéndose que este litigio, tanto en la medida en que se refiere a la legalidad de la resolución del contrato de trabajo en cuestión como a la reparación pecuniaria de los perjuicios supuestamente sufridos como consecuencia de tal resolución, puede llevar al juez de la Unión a formular apreciaciones relativas a esa relación laboral.
63      Por lo demás, en el presente caso, resulta evidente que las pretensiones del Sr. Stockdale, basadas en los artículos
263 TFUE, 268 TFUE y 272 TFUE, se refieren a una decisión de carácter individual.
64      De todas las consideraciones anteriores resulta que el presente litigio debe considerarse «un litigio entre la Unión y uno de sus agentes», en el sentido del artículo
56, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
65      Esta conclusión no queda desvirtuada por el argumento expuesto por el Consejo, la Comisión y el SEAE en respuesta a la pregunta para responder por escrito planteada por el Tribunal de Justicia, de que el presente litigio no puede asimilarse simple y exclusivamente a un litigio «entre la Unión y sus agentes» en el sentido del artículo
56, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puesto que su objeto se extiende más allá de esta definición y se refiere también a aspectos de carácter institucional. En efecto, ni la interpretación literal ni la interpretación teleológica de esta disposición permiten supeditar el alcance de la interpretación de la excepción relativa a los «litigios entre la Unión y sus agentes», que figura en dicha disposición, a la naturaleza de las cuestiones jurídicas planteadas en el marco del litigio de que se trata.
66      Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del recurso de casación interpuesto por el Reino de España.
Sobre la adhesión a la casación
Alegaciones de las partes
67      En apoyo de su adhesión a la casación, el Sr. Stockdale reitera las cuatro pretensiones tal como se presentan en la sentencia recurrida, sin precisar, no obstante, los motivos en los que se basan.
68      En el marco de las consideraciones relativas a la primera pretensión, el Sr. Stockdale alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en la interpretación de los artículos
4 y 6 de la Decisión 2019/1340, en relación con los artículos
28 TUE, apartado
1, y
33 TUE, en la medida en que consideró al REUE en Bosnia y Herzegovina como una entidad perteneciente a la PESC con capacidad procesal y como la única parte demandada obligada a responder de la primera pretensión. Según el Sr. Stockdale, los representantes especiales de la Unión no pueden asimilarse a instituciones ni a entidades dotadas de personalidad jurídica, de modo que no pueden calificarse válidamente como «órganos u organismos de la Unión» ni ser tratados del mismo modo que otras entidades pertenecientes a la PESC, a las que se atribuye, al menos, capacidad procesal.
69      Por lo que respecta a la segunda pretensión, el Sr. Stockdale impugna, en particular, la apreciación del Tribunal General de que esta pretensión tenía por objeto, por un lado, una constatación de carácter declarativo y, por otro, una orden conminatoria declarada inadmisible debido a que el Tribunal General no era competente para dictarla. Según el Sr. Stockdale, el Tribunal General debió haber declarado la admisibilidad, con arreglo al artículo
268 TFUE, de las solicitudes de indemnización derivadas de los incumplimientos contractuales invocados en esta pretensión.
70      Por lo que se refiere a la tercera pretensión, el Sr. Stockdale cuestiona el examen del Tribunal General relativo al régimen aplicable al personal contractual internacional contratado por el REUE en Bosnia y Herzegovina, que, en su opinión, debió haberse adoptado sobre la base del artículo
336 TFUE.
71      Por lo que respecta a la cuarta pretensión, impugna el examen del Tribunal General relativo a la solicitud de condena de las instituciones sobre la base de la responsabilidad extracontractual de la Unión.
72      La Comisión, el SEAE y el REUE en Bosnia y Herzegovina consideran que la adhesión a la casación es inadmisible y, en cualquier caso, infundada. El Consejo considera que la adhesión a la casación es en parte, inadmisible y en parte, infundada.
Apreciación del Tribunal de Justicia
73      En virtud de los artículos
176 y 178, apartados
1 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, las partes en el asunto de que se trate ante el Tribunal General que tengan interés en la estimación o en la desestimación del recurso de casación pueden adherirse a la casación, que debe formalizarse en un escrito separado, distinto del escrito de contestación, y cuyas pretensiones deben tener por objeto la anulación total o parcial de la resolución del Tribunal General basándose en motivos y fundamentos jurídicos diferentes de los invocados en el escrito de contestación.
74      En el presente caso, contrariamente a lo que sostienen la Comisión y el REUE en Bosnia y Herzegovina en sus escritos de contestación a la adhesión a la casación, el Sr. Stockdale, junto con su escrito de contestación tras la notificación del recurso de casación interpuesto por el Reino de España, presentó, mediante escrito separado, una adhesión a la casación.
75      Sin embargo, el artículo 178, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia exige que en los motivos y fundamentos jurídicos invocados en apoyo de la adhesión a la casación se identifiquen con precisión los extremos de los fundamentos de Derecho de la resolución del Tribunal General que se impugnan.
76      Según reiterada jurisprudencia, un recurso de casación, incluida una adhesión a la casación, debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión. A este respecto, aun cuando permita identificar el elemento impugnado de la sentencia recurrida, debe declararse la inadmisibilidad de un recurso de casación en el que la argumentación desarrollada no sea suficientemente clara y precisa para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad. En efecto, desde el momento en que los elementos esenciales en los que se basa un motivo no resultan de manera suficientemente coherente y comprensible del texto de dicho recurso de casación, que está formulado de modo oscuro y ambiguo, el Tribunal de Justicia no está en condiciones de ejercer su control de legalidad, so pena de resolver ultra petita (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de septiembre de 2011, Arkema/Comisión, C‑520/09 P, EU:C:2011:619, apartado
61 y jurisprudencia citada, y de 23 de marzo de 2023, PV/Comisión, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, apartado
200 y jurisprudencia citada).
77      También son inadmisibles las alegaciones que se limiten a repetir o a reproducir literalmente las formuladas ante el Tribunal General, sin indicar el error de Derecho en que este supuestamente ha incurrido al desestimarlas. Tal recurso de casación no cumple los requisitos de motivación resultantes de lo dispuesto en el artículo
256 TFUE, en el artículo
58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo
168, apartado
1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En efecto, dicho recurso de casación es, en realidad, una demanda destinada a obtener un mero reexamen de la presentada ante el Tribunal General, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2022, WV/SEAE, C‑171/20 P, EU:C:2022:154, apartado 86 y jurisprudencia citada).
78      Pues bien, debe señalarse que la argumentación desarrollada en apoyo de la presente adhesión a la casación no cumple los requisitos recordados en los apartados
76 y 77 de la presente sentencia, lo que impide al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad.
79      En efecto, como subrayan acertadamente las partes demandadas en primera instancia, numerosas alegaciones formuladas en apoyo de la adhesión a la casación no identifican los apartados de la sentencia recurrida cuya legalidad se impugna, sino que siguen formulados en términos muy generales y se limitan a reiterar alegaciones formuladas en primera instancia o a criticar las posiciones adoptadas por las partes demandadas en primera instancia, infringiendo el artículo
178, apartado
3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Las demás alegaciones carecen de claridad en la medida en que no contienen conclusiones o no permiten identificar los elementos de la sentencia recurrida en los que el Tribunal General incurrió supuestamente en error de Derecho.
80      Esto es aplicable, en particular, a las consideraciones introductorias y a las relativas a la primera pretensión, que carecen en parte, de claridad y en parte, de pertinencia a efectos del recurso de casación, en la medida en que se limitan a impugnar posturas expresadas por otras partes en el procedimiento en primera instancia y a repetir alegaciones ya formuladas ante el Tribunal General, sin indicar con precisión el error de Derecho en el que supuestamente incurrió este al desestimarlas. Además, al invocar, de manera general, la falta de personalidad jurídica de los representantes especiales de la Unión, el Sr. Stockdale no ha cumplido el requisito consistente en presentar de un modo suficientemente preciso elementos esenciales que puedan demostrar que el Tribunal General interpretó erróneamente los artículos
4 y 6 de la Decisión 2019/1340, en relación con los artículos
28 TUE, apartado
1, y
33 TUE, al considerar al REUE en Bosnia y Herzegovina como una entidad autónoma con capacidad procesal y como la parte demandada obligada a responder de la primera pretensión.
81      Por lo que respecta a los argumentos
aducidos en el marco de la segunda pretensión, es preciso señalar asimismo que el Sr. Stockdale no expone los elementos esenciales con la claridad y precisión suficientes para cumplir los requisitos mencionados en el apartado
76 de la presente sentencia.
82      Lo mismo sucede con todos los argumentos
expuestos en las pretensiones tercera y cuarta, en los que el Sr. Stockdale tampoco ha precisado los apartados de la sentencia recurrida que pretende impugnar.
83      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la adhesión a la casación no cumple los requisitos que se derivan del artículo
178, apartado
3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y, por consiguiente, procede declarar su inadmisibilidad.
Costas
84      A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de ese mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
85      Por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por el Reino de España en su recurso de casación principal y al haber solicitado el Consejo, la Comisión, el SEAE y el REUE en Bosnia y Herzegovina su condena en costas, procede condenarlo a cargar con las costas correspondientes al recurso de casación principal.
86      Por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por el Sr. Stockdale en su adhesión a la casación y al haber solicitado el Consejo, la Comisión, el SEAE y el REUE en Bosnia y Herzegovina su condena en costas, procede condenarlo a cargar con las costas correspondientes a la adhesión a la casación.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)      Declarar la inadmisibilidad del recurso de casación principal interpuesto por el Reino de España.
2)      Declarar la inadmisibilidad de la adhesión a la casación presentada por el Sr. Robert Stockdale.
3)      Condenar al Reino de España a cargar con las costas correspondientes al recurso de casación principal.
4)      Condenar al Sr. Robert Stockdale a cargar con las costas correspondientes a la adhesión a la casación.
Firmas
*      Lengua de procedimiento: francés.