AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
de 20 de febrero de 2018 (*)
«Procedimiento sobre medidas provisionales — Ayudas de Estado — Régimen de ayudas establecido por la normativa fiscal española — Demanda de suspensión de la ejecución — Inexistencia de urgencia»
En el asunto T‑260/15 R,
Iberdrola, S.A._con domicilio social en Bilbao (Vizcaya), representada por los Sres. J. Ruiz Calzado y J. Domínguez Pérez, abogados,
parte demandante,
contra
Comisión Europea, representada por el Sr. B. Stromsky y la Sra. P. Němečková, en calidad de agentes,
parte demandada,
que tiene por objeto una demanda basada en los artículos 278 TFUE y 279 TFUE en la que se solicita la suspensión de la ejecución de la Decisión (UE) 2015/314 de la Comisión, de 15 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) ejecutada por España — Régimen relativo a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras (DO 2015, L 56, p. 38),
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
dicta el siguiente
Auto
Antecedentes del litigio, procedimiento y pretensiones de las partes
1        En su Decisión (UE) 2015/314, de 15 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) ejecutada por España — Régimen relativo a la amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones extranjeras (DO 2015, L 56, p. 38; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión Europea declaró, en el artículo 1, que «la nueva interpretación administrativa adoptada por el Reino de España que amplía el ámbito de aplicación del artículo 12, apartado 5, del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [...], y que ha sido ejecutada ilegalmente por el Reino de España infringiendo lo dispuesto en el artículo 108 [TFUE], apartado 3, [...] es incompatible con el mercado interior».
2        De conformidad con el artículo 4 de la Decisión impugnada, el Reino de España debe poner fin al régimen de ayudas y proceder a recuperar la ayuda de los beneficiarios. Según el artículo 5 de la Decisión impugnada, la recuperación de la ayuda concedida será inmediata y efectiva y el Reino de España garantizará que dicha Decisión se aplique en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación. Por último, el artículo 6 de la Decisión impugnada obliga al Reino de España a presentar a la Comisión cierta información sobre la aplicación de esa Decisión.
3        Mediante auto de 27 de febrero de 2015, España/Comisión (T‑826/14 R, EU:T:2015:126), el Presidente del Tribunal General desestimó la demanda de medidas provisionales del Reino de España en la que se solicitaba que se suspendiera la ejecución de la Decisión impugnada. A tenor de dicho auto, tal demanda se desestimó por no existir urgencia, especialmente en razón del escrito de 9 de enero de 2015 remitido por la Comisión al Reino de España, que según la Comisión constituía una «prolongación de facto» del plazo de ejecución de la obligación de recuperación hasta que el Tribunal de Justicia se hubiera pronunciado sobre los recursos de casación interpuestos contra las sentencias de 7 de noviembre de 2014, Banco Santander y Santusa/Comisión (T‑399/11, EU:T:2014:938), y de 7 de noviembre de 2014, Autogrill España/Comisión (T‑219/10, EU:T:2014:939).
4        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 22 de mayo de 2015, la demandante, Iberdrola, S.A., interpuso un recurso en el que solicitaba, en esencia, la anulación de la Decisión impugnada.
5        Mediante decisión de 27 de julio de 2015 se suspendió el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se hubiera pronunciado sobre los recursos de casación de la Comisión contra las sentencias de 7 de noviembre de 2014, Banco Santander y Santusa/Comisión (T‑399/11, EU:T:2014:938), y de 7 de noviembre de 2014, Autogrill España/Comisión (T‑219/10, EU:T:2014:939). El procedimiento se reanudó tras la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group y otros (C‑20/15 P y C‑21/15 P, EU:C:2016:981), en la que se estimaron los recursos de casación de la Comisión.
6        El 16 de noviembre de 2017, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria española (en lo sucesivo, «Agencia Tributaria») notificó a la demandante el acuerdo de liquidación definitiva para la recuperación de la ayuda (en lo sucesivo, «acuerdo de liquidación»).
7        Según el acuerdo de liquidación, la demandante debe abonar la suma de 664 851 335,88 euros el 5 de enero de 2018, a más tardar.
8        Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 22 de noviembre de 2017, la demandante ha interpuesto la presente demanda de medidas provisionales, en la que, en esencia, solicita al Presidente del Tribunal que:
–        Suspenda la obligación de recuperación establecida en los artículos 4 a 6 de la Decisión impugnada.
–        Condene en costas a la Comisión.
9        A raíz de la demanda de medidas provisionales de la demandante, el Presidente del Tribunal, sin oír previamente a la Comisión, adoptó el 24 de noviembre de 2017 un auto basado en el artículo 157, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, en el que resolvió suspender, en lo que respecta a la demandante, la obligación de recuperación inmediata de la ayuda impuesta al Reino de España en la Decisión impugnada, hasta la fecha del auto que pusiera fin al procedimiento de medidas provisionales.
10      En sus observaciones sobre la demanda de medidas provisionales, presentadas en la Secretaría del Tribunal el 13 de diciembre de 2017, la Comisión solicita, en esencia, al Presidente del Tribunal que:
–        Desestime la demanda de medidas provisionales.
–        Revoque el auto del Presidente del Tribunal de 24 de noviembre de 2017.
–        Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
11      De una lectura conjunta de los artículos 278 TFUE y 279 TFUE, por un lado, y del artículo 256 TFUE, apartado 1, por otro, resulta que el juez de medidas provisionales puede, si considera que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado ante el Tribunal u ordenar las medidas provisionales necesarias, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 156 del Reglamento de Procedimiento. Sin embargo, el artículo 278 TFUE sienta el principio de la falta de carácter suspensivo de los recursos, pues los actos adoptados por las instituciones de la Unión disfrutan de una presunción de legalidad. Sólo con carácter excepcional puede, por tanto, el juez de medidas provisionales ordenar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado ante el Tribunal o imponer medidas provisionales (auto de 19 de julio de 2016, Bélgica/Comisión, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, apartado 12).
12      El artículo 156, apartado 4, primera frase, del Reglamento de Procedimiento dispone que las demandas de medidas provisionales deben especificar «el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista la concesión de la medida provisional solicitada».
13      Así, el juez de medidas provisionales puede ordenar la suspensión de la ejecución y las demás medidas provisionales si se demuestra que a primera vista la concesión de las mismas resulta material y jurídicamente justificada (fumus boni iuris) y que tales medidas son urgentes, en el sentido de que es necesario otorgarlas y que surtan efectos antes de que se resuelva sobre el recurso principal para evitar que los intereses de la parte que las solicita sufran un perjuicio grave e irreparable. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las demandas de medidas provisionales deben desestimarse cuando no concurra alguno de ellos. El juez de medidas provisionales debe proceder asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego (véase el auto de 2 de marzo de 2016, Evonik Degussa/ Comisión, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, apartado 21 y jurisprudencia citada).
14      En el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la concurrencia de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma jurídica le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional [véase el auto de 19 de julio de 2012, Akhras/Consejo, C‑110/12 P(R), no publicado, EU:C:2012:507, apartado 23 y jurisprudencia citada].
15      Teniendo en cuenta los documentos obrantes en autos, el juez de medidas provisionales considera que dispone de todos los datos necesarios para pronunciarse sobre la presente demanda de medidas provisionales, sin necesidad de oír previamente las explicaciones orales de las partes.
16      En las circunstancias del presente asunto, procede comenzar por examinar si concurre el requisito de urgencia.
17      A efectos de verificar si las medidas provisionales solicitadas son urgentes, es preciso recordar que la finalidad del procedimiento sobre medidas provisionales consiste en garantizar la plena eficacia de la futura resolución definitiva, con objeto de evitar una laguna en la protección jurídica que ofrece el juez de la Unión. Para alcanzar este objetivo, la urgencia debe apreciarse, con carácter general, en relación con la necesidad de pronunciarse provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Incumbe a esa parte aportar la prueba de que no puede esperar a que se resuelva el procedimiento relativo al recurso sobre el fondo sin sufrir un perjuicio grave e irreparable (véase el auto de 14 de enero de 2016, AGC Glass Europe y otros/Comisión, C‑517/15 P-R, EU:C:2016:21, apartado 27 y jurisprudencia citada).
18      Además, es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada, en caso de demanda de suspensión de la ejecución de un acto de la Unión, la concesión de la medida provisional solicitada sólo se justifica si dicho acto es la causa determinante del perjuicio grave e irreparable alegado (véase el auto de 14 de enero de 2016, AGC Glass Europe y otros/Comisión, C‑517/15 P-R, EU:C:2016:21, apartado 45 y jurisprudencia citada).
19      Es jurisprudencia reiterada que un perjuicio de naturaleza pecuniaria no puede considerarse irreparable, salvo en circunstancias excepcionales, pues, por regla general, una compensación pecuniaria basta para que la persona perjudicada vuelva a encontrarse en la situación anterior a la realización del perjuicio. En particular, tal perjuicio puede repararse mediante un recurso de indemnización presentado sobre la base de los artículos 268 TFUE y 340 TFUE [véase el auto de 23 de abril de 2015, Comisión/Vanbreda Risks & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, apartado 24 y jurisprudencia citada].
20      Cuando el perjuicio alegado es de carácter económico, las medidas provisionales solicitadas se justifican si resulta que, de no adoptarse dichas medidas, la parte demandante se encontrará en una situación que podría poner en peligro su viabilidad financiera antes de que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento sobre el fondo o que sus cuotas de mercado se modificarán significativamente, habida cuenta, en particular, del tamaño y del volumen de negocios de su empresa y de las características del grupo al que pertenece (véase el auto de 12 de junio de 2014, Comisión/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, apartado 46 y jurisprudencia citada).
21      Por otra parte, a tenor del artículo 156, apartado 4, segunda frase, del Reglamento de Procedimiento, las demandas de medidas provisionales «contendrán [...] todas las pruebas y proposiciones de prueba disponibles que puedan justificar la concesión de las medidas provisionales».
22      Así, una demanda de medidas provisionales debe permitir, por sí sola, a la parte demandada elaborar sus observaciones y al juez de medidas provisionales pronunciarse sobre la demanda, en su caso sin necesidad de apoyarse en otros datos, debiendo deducirse del propio texto de la demanda las razones esenciales de hecho y de Derecho en las que se basa (véase el auto de 6 de septiembre de 2016, Inclusion Alliance for Europe/Comisión, C‑378/16 P‑R, no publicado, EU:C:2016:668, apartado 17 y jurisprudencia citada).
23      También es jurisprudencia reiterada que, para poder apreciar si se cumplen todos los requisitos indicados en los anteriores apartados 17 y 18, el juez de medidas provisionales debe disponer de información concreta y específica, respaldada por pruebas documentales detalladas y certificadas, que acredite la situación en que se encuentra la parte que solicita las medidas provisionales y que permita apreciar las consecuencias que se producirían con toda probabilidad de no concederse las medidas solicitadas. De ello se deduce que dicha parte, en particular cuando alega que se producirá un perjuicio de carácter económico, debe presentar, en principio, una imagen fiel y global de su situación financiera, con el debido apoyo documental (véase en este sentido el auto de 29 de febrero de 2016, ICA Laboratories y otros/Comisión, T‑732/15 R, no publicado, EU:T:2016:129, apartado 39 y jurisprudencia citada).
24      Si bien ciertos extremos específicos de la demanda de medidas provisionales pueden completarse mediante remisiones a documentos que figuren como anexos, éstos no pueden paliar la falta de los elementos esenciales de la demanda. No incumbe al juez de medidas provisionales buscar, en vez de la parte interesada, los datos recogidos en los anexos de la demanda de medidas provisionales, en la demanda principal o en los anexos de la demanda principal que permitan confirmar la demanda de medidas provisionales. Por lo demás, una obligación de ese tipo a cargo del juez de medidas provisionales podría dejar sin efecto el artículo 156, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, que establece que la demanda de medidas provisionales debe presentarse mediante escrito separado (véase, en este sentido, el auto de 20 de junio de 2014, Wilders/Parlamento y otros, T‑410/14 R, no publicado, EU:T:2014:564, apartado 16 y jurisprudencia citada).
25      Para demostrar la urgencia, la demandante alega en primer lugar lo siguiente, en el apartado 74 de la demanda de medidas provisionales:
«Aparte del obvio impacto directo en términos de pérdida económica, el importe de 665 millones de euros se verá reflejado directamente en [el] nivel de endeudamiento [de la demandante], aumentando su saldo por dicho importe. Este incremento de la deuda tendrá efectos muy negativos sobre diversos aspectos: i) reducirá significativamente la liquidez, al exigir una disposición no planificada de líneas de crédito con diferentes entidades financieras, que llevará a una reducción del disponible y al incumplimiento de los compromisos en materia de liquidez adquiridos tanto a nivel interno como con las agencias de rating; ii) podría afectar la consecución de los objetivos empresariales y comunicados al mercado para el año 2017, como consecuencia de la reducción del ratio FFO (Fondos generados) / Deuda Neta, haciendo más difícil el cumplimiento de los niveles comprometidos tanto a nivel empresarial como los adquiridos con la comunidad financiera (agentes, inversores y agencias de rating), y iii) afectará negativamente a la solvencia financiera del Grupo Iberdrola que junto con el incumplimiento de los compromisos adquiridos podría llevar a un deterioro del nivel crediticio otorgado por las agencias de rating desde el BBB+ actual (de acuerdo a la agencia Standard and Poor’s) hasta el BBB. Esta caída de calidad crediticia refrendada por las agencias de rating supondría, aparte de un mayor coste financiero por el empeoramiento de las condiciones de la nueva financiación y el sobreprecio que se tendría que pagar en parte de la financiación existente, una posición de partida de inferioridad frente a las empresas competidoras europeas en el objetivo de Iberdrola de mantenerse como uno de los grupos de referencia en el sector energético a nivel europeo y global. La posible retirada del apoyo financiero dado al Grupo por diferentes entidades financieras ayudaría a agravar esta posición de inferioridad.»
26      A este respecto, procede hacer constar, en primer término, que la demandante invoca esencialmente un perjuicio de naturaleza pecuniaria.
27      En la medida en que deba entenderse en el sentido de que invoca un perjuicio que va más allá del perjuicio pecuniario la alegación de que la ejecución inmediata de la Decisión impugnada mediante la recuperación de la ayuda perjudicaría el objetivo de la demandante «de mantenerse como uno de los grupos de referencia en el sector energético a nivel europeo y global», es preciso hacer constar que tal alegación, por su excesiva vaguedad, no permite acreditar la existencia de un perjuicio grave e irreparable.
28      En segundo término, la demandante no sostiene que lo que está en juego sea su viabilidad financiera.
29      En tercer término, por lo que respecta al importe de 664 851 335,88 euros cuya recuperación se exige en ejecución de la Decisión impugnada, procede señalar que resulta evidente que el perjuicio invocado por la demandante está relacionado con una pérdida de liquidez.
30      En efecto, habida cuenta de que, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 13, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad de pronunciarse provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la protección provisional sufra un perjuicio grave e irreparable, a efectos de analizar el perjuicio resultante únicamente cabe tomar en consideración la pérdida temporal de liquidez correspondiente, durante el tiempo que transcurra hasta que se dicte sentencia en el asunto principal, y no la pérdida del importe que debe recuperarse.
31      Con independencia de la cuestión si, dada la falta de información específica sobre el nivel de liquidez de la demandante, sobre la liquidez que necesita y sobre sus posibilidades de obtenerla, en el presente asunto una pérdida de liquidez de tal magnitud puede considerarse «grave», no debe olvidarse que es preciso analizar si el perjuicio resultante sería «irreparable».
32      En cuarto término, la demandante no alega expresamente que el perjuicio que invoca sería irreparable.
33      En la medida en que deba entenderse en el sentido de que invoca un perjuicio irreparable la alegación de que la ejecución inmediata de la Decisión impugnada mediante la recuperación de la ayuda «podría afectar la consecución de los objetivos empresariales y comunicados al mercado para el año 2017, como consecuencia de la reducción del ratio FFO (Fondos generados) / Deuda Neta, haciendo más difícil el cumplimiento de los niveles comprometidos tanto a nivel empresarial como los adquiridos con la comunidad financiera», es preciso hacer constar que tal alegación, por su excesiva concisión y por la falta de pruebas documentales que la apoyen, no permite acreditar la existencia de un perjuicio grave e irreparable. A este respecto es preciso poner de relieve que la demandante no ofrece el más mínimo detalle sobre los objetivos invocados ni precisa en absoluto cómo podría afectar a su consecución la recuperación de la suma de que se trata.
34      Del mismo modo, en la medida en que deba entenderse en el sentido de que invoca un perjuicio irreparable la alegación de la demandante según la cual el hecho de que su solvencia se vea negativamente afectada, «junto con el incumplimiento de los compromisos adquiridos[,] podría llevar a un deterioro del nivel crediticio otorgado por las agencias de rating desde el BBB+ actual (de acuerdo a la agencia Standard and Poor’s) hasta el BBB [lo que supondría un mayor coste financiero]», es preciso hacer constar que tal alegación, expuesta muy concisamente y sin ninguna prueba documental que la apoye, no permite acreditar la existencia de un perjuicio grave e irreparable.
35      Procede recalcar a este respecto, por una parte, que la demandante no ofrece el más mínimo dato sobre los importes que deben financiarse y que, por tanto, son susceptibles de verse afectados por el eventual deterioro de la nota de la agencia de calificación.
36      Por otra parte, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, la urgencia en la adopción de una medida provisional debe ser consecuencia de los efectos que produzca el acto controvertido, y no de una falta de diligencia de la parte que solicita dicha medida. En efecto, corresponde a esta última dar pruebas de una diligencia razonable para limitar el alcance del perjuicio, so pena de verse obligada a soportarlo como parte de los «riesgos empresariales». Pues bien, en el presente asunto, como mínimo desde que se dictó la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group y otros (C‑20/15 P y C‑21/15 P, EU:C:2016:981), que puso fin a la «prolongación de facto» del plazo de ejecución de la obligación de recuperación que la Comisión había otorgado mediante su escrito de 9 de enero de 2015, reproducido en el apartado 34 del auto de 27 de febrero de 2015, España/Comisión (T‑826/14 R, EU:T:2015:126), la demandante debería haber tomado consciencia del riesgo de que la Agencia Tributaria procediera a ejecutar la Decisión impugnada y a recuperar la ayuda. Si la demandante asumió «compromisos» sin tener en cuenta este riesgo, no puede invocarlos ahora para demostrar que concurre el requisito de urgencia.
37      Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede concluir que la demandante no ha logrado acreditar el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable.
38      En segundo lugar, para demostrar que, aunque no exista un perjuicio «irreparable», concurre el requisito de urgencia, la demandante alega lo siguiente en los apartados 76 a 79 de su demanda de medidas provisionales:
«[La demandante] es consciente que, de acuerdo con la jurisprudencia, un perjuicio de carácter puramente financiero no puede considerarse como irreparable o difícilmente reparable, salvo en casos excepcionales [...] y que un perjuicio pecuniario solo sería susceptible de justificar medidas provisionales si, de no adoptarse dichas medidas, se estaría poniendo en riesgo la continuidad misma de la empresa [...] o “sus cuotas de mercado se verían sustancialmente afectadas, en particular por lo que se refiere al tamaño y al volumen de negocios de su empresa y a las características del grupo al que pertenece” [...].
Pero es igualmente cierto que el juez de medidas provisionales no debe aplicar de manera mecánica y rígida los requisitos para la apreciación de un perjuicio pecuniario irreparable, sino que debe tener en cuenta las circunstancias concretas del caso, determinando a la luz de las cuestiones de hecho y de derecho particulares la forma en que se debe apreciar la condición de urgencia. [...]
Por tanto, y como se explicará a continuación, dadas la fuerza del fumus y las circunstancias excepcionales de este caso, debería flexibilizarse la importancia decisiva que se suele dar a la prueba de la irreparabilidad del daño pecuniario que se sufrirá de no adoptarse la suspensión solicitada.
[La demandante] sostiene que esta petición es argumentable y procedente sobre la base de una jurisprudencia que la ha justificado en otros casos excepcionales basándose no tanto en la prueba del daño irreparable en el sentido clásico, sino en la imperiosa necesidad de preservar la esencia del derecho a la tutela cautelar efectiva y en consideración a la existencia demostrada de un fumus particularmente fuerte y manifiesto, donde todo indica claramente que la decisión impugnada es manifiestamente contraria a derecho [...] y ante la imposibilidad de obtener la suspensión a nivel nacional.»
39      La demandante alega además que, al igual que en la situación en que se dictó el auto de 23 de abril de 2015, Comisión/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], debería flexibilizarse el requisito de urgencia, en el sentido de que un perjuicio grave, pero no irreparable, puede bastar para acreditar la urgencia dado que el fumus boni iuris es particularmente sólido.
40      Por último, la demandante alega que la vía de recurso disponible a nivel nacional no garantiza una tutela judicial efectiva en el procedimiento de medidas cautelares, ya que le es imposible obtener la suspensión cautelar de la ejecución de la obligación de pago sin depositar la totalidad del importe, junto con los intereses de demora, en la Caja General de Depósitos. Ahora bien, según afirma, es reiterada jurisprudencia que el procedimiento de medidas provisionales ante el juez de la Unión Europea tiene «carácter subsidiario» en relación con el procedimiento ante el juez nacional de medidas cautelares siempre y cuando dicho procedimiento nacional permita evitar efectivamente un perjuicio grave e irreparable.
41      Se deduce de la argumentación de la demandante que, por una parte, ésta parece reconocer que, a la luz de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 17 a 20, los datos aportados por ella y reproducidos en el anterior apartado 25 no bastan para acreditar el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable.
42      Por otra parte, la demandante sostiene que en el presente asunto, habida cuenta del fumus boni iuris a su juicio particularmente sólido, es preciso reconocer la urgencia pese a la inexistencia de un perjuicio que pueda calificarse de irreparable.
43      En primer término, y con carácter preliminar, procede señalar a este respecto que, según la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 14, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la concurrencia de los diferentes requisitos para la adopción de una medida provisional y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma jurídica le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional.
44      Así, no cabe excluir que, cuando lo estime oportuno, el juez de medidas provisionales pueda tomar en consideración la mayor o menor solidez de los motivos invocados para demostrar el fumus boni iuris al apreciar la urgencia y, en su caso, al ponderar los intereses en juego [véase el auto de 7 de marzo de 2013, EDF/Comisión, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, apartado 23 y jurisprudencia citada].
45      En cambio, la mera afirmación de una parte que solicita una medida provisional según la cual existe un fumus boni iuris particularmente sólido, o incluso una ilegalidad manifiesta, no puede tener como consecuencia obligar al juez de medidas provisionales a examinar necesariamente y en todos los casos, por esa mera razón, la particular solidez atribuida al fumus boni iuris.
46      En segundo término, procede señalar que, según la jurisprudencia, si bien la mayor o menor solidez del fumus boni iuris no carece de influencia en la apreciación de la urgencia, no es menos cierto que, conforme a las disposiciones del artículo 156, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, son dos los requisitos necesarios para obtener la suspensión de la ejecución, de modo que la parte que solicita una medida provisional sigue estando obligada a demostrar también la inminencia de un perjuicio grave e irreparable [véase en este sentido el auto de 7 de marzo de 2013, EDF/Comisión, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, apartado 24 y jurisprudencia citada].
47      Si bien es cierto que la jurisprudencia ha reconocido excepciones a la aplicación estricta de esta regla, no es menos cierto que tales excepciones son raras y fueron reconocidas en razón del hecho de que, por razones sistémicas, parecía excesivamente difícil, o incluso imposible, cumplir el requisito de urgencia, tal como ha sido interpretado tradicionalmente por la jurisprudencia (véase en este sentido el auto de 19 de julio de 2016, Bélgica/Comisión, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, apartado 37).
48      En particular, en lo que respecta al asunto en que se dictó el auto de 23 de abril de 2015, Comisión/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], citado por la demandante en apoyo de su argumentación, procede recordar que en el apartado 30 de dicho auto se afirmó que resulta inconciliable con los imperativos dimanantes de la protección provisional efectiva que debe garantizarse en materia de contratos públicos la aplicación pura y simple de una jurisprudencia, aun reiterada, que haga prácticamente imposible para un licitador descartado obtener una suspensión de la ejecución de una decisión de adjudicación de un contrato de una institución o de otro órgano de la Unión, por el motivo de que el perjuicio que puede sufrir no es irreparable al ser de carácter financiero.
49      Pues bien, en el presente asunto la demandante no invoca razones sistémicas que hagan excesivamente difícil para ella, o incluso imposible, demostrar un perjuicio grave e irreparable.
50      En la medida en que la demandante alega que el comportamiento de la Comisión, a su juicio contradictorio, la ha colocado en una «situación de indefensión manifiesta», procede señalar, por una parte, que la demandante hace referencia aquí a su situación particular e individual y no a razones sistémicas y, por otra parte, que esta alegación parece, a primera vista, carente de fundamento.
51      A este respecto, la demandante reprocha a la Comisión haber sostenido, en los procedimientos nacionales que llevaron a la adopción del acuerdo de liquidación, que la Decisión impugnada obligaba a recuperar las deducciones fiscales por adquisiciones indirectas de participaciones con independencia de la fecha en que éstas se hubieran producido y con independencia de si los contribuyentes habían podido aplicarse directamente el fondo de comercio financiero en sus autoliquidaciones fiscales. En cambio, según la demandante, en el procedimiento principal la Comisión ha impugnado la admisibilidad de su recurso sosteniendo que no es beneficiaria efectiva de una ayuda concedida en virtud del régimen de ayudas de que se trata.
52      Pues bien, procede hacer constar que la contradicción denunciada en las posturas adoptadas por la Comisión, que supuestamente provoca indefensión a la demandante, a primera vista ha dejado de existir, si es que existió alguna vez. En efecto, como indica la Comisión, a causa de la adopción de una propuesta de liquidación por parte de la Agencia Tributaria, que precedió en unas semanas al acuerdo de liquidación, la propia Comisión declaró expresamente, en su escrito de observaciones de 14 de noviembre de 2017, que existía en lo sucesivo un riesgo real de recuperación de la ayuda en lo que respecta a la demandante, lo que justificaba en principio su legitimación para interponer un recurso de anulación.
53      Por último, tampoco puede prosperar la alegación según la cual el procedimiento de medidas provisionales ante el juez de la Unión presenta «carácter subsidiario» y, con arreglo al Derecho español, resulta imposible eludir la obligación de reembolsar la suma fijada por la Agencia Tributaria en el acuerdo de liquidación.
54      En efecto, no cabe considerar que, en el supuesto de que el Derecho nacional no permita eludir el pago resultante de la ejecución de la Decisión impugnada, el «carácter subsidiario» del procedimiento de medidas provisionales ante el juez de la Unión lleve aparejada la obligación del juez de medidas provisionales de la Unión de establecer excepciones a las normas que regulan la concesión de medidas provisionales (véase en este sentido el auto de 6 de febrero de 2017, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU, T‑645/16 R, no publicado, EU:T:2017:62, apartado 41).
55      Así pues, procede hacer constar que la demandante no ha aportado datos que permitan concluir que existen razones sistémicas que hacen excesivamente difícil para ella, o incluso imposible, demostrar un perjuicio grave e irreparable. Del mismo modo, tampoco ha demostrado que existan en su caso particular razones específicas que, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva, exijan flexibilizar el requisito de urgencia, en el sentido de que un perjuicio grave, pero no irreparable, puede bastar para acreditar la urgencia por ser el fumus boni iuris, a su entender, particularmente sólido.
56      Dadas estas circunstancias, procede concluir que, para demostrar el cumplimiento del requisito de urgencia, la demandante hubiera debido acreditar el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable.
57      Ahora bien, como ya se ha indicado en el anterior apartado 37 que la demandante no ha logrado acreditar el riesgo de que se produzca un perjuicio grave e irreparable, procede concluir que la demandante no ha demostrado el cumplimiento del requisito de urgencia.
58      Se desprende del conjunto de consideraciones expuestas que procede desestimar la demanda de medidas provisionales pues la demandante no ha demostrado la urgencia, sin que sea necesario pronunciarse sobre el fumus boni iuris ni tampoco proceder a ponderar los intereses en juego.
59      Como el presente auto pone fin al procedimiento de medidas provisionales, procede revocar el auto de 24 de noviembre de 2017, Iberdrola/Comisión (T‑260/15 R), basado en el artículo 157, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, en el que se resolvió suspender, en lo que respecta a la demandante, la obligación de recuperación inmediata de la ayuda impuesta al Reino de España en la Decisión impugnada, hasta la fecha del auto que pusiera fin al presente procedimiento de medidas provisionales.
60      Con arreglo al artículo 158, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, procede reservar la decisión sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL GENERAL
resuelve:
1)      Desestimar la demanda de medidas provisionales.
2)      Revocar el auto de 24 de noviembre de 2017, Iberdrola/Comisión (T‑260/15 R).
3)      Reservar la decisión sobre las costas.
Dictado en Luxemburgo, a 20 de febrero de 2018.
El Secretario
El Presidente
E. Coulon
M. Jaeger
*      Lengua de procedimiento: español.