Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. TAMARA ĆAPETA
presentadas el 12 de febrero de 2026 (1)
Asunto C‑225/24
Parlamento Europeo
contra
Comisión Europea
« Recurso de anulación — Decisión C(2023) 9014 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023 — Reglamento (UE) 2021/1060 — Artículos 9, apartado 1, y 15 — Anexo III — Condición favorecedora horizontal relativa a la “Aplicación y ejecución efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales” — Reformas legislativas sobre las deficiencias en materia de independencia judicial en Hungría »
I.      Introducción
1.        A partir del marco financiero plurianual (en lo sucesivo, «MFP») para el período 2021‑2027, la condicionalidad relativa al Estado de Derecho ha formado parte de todos los instrumentos financieros a través de los cuales se gestiona y desembolsa el presupuesto de la Unión.
2.        El presente asunto guarda relación con la aplicación de esa condicionalidad, en la medida en que se refiere a la independencia del Poder Judicial, en el contexto de las normas financieras que se rigen por el Reglamento (UE) 2021/1060. (2)
3.        El Tribunal de Justicia conoce de un recurso interpuesto por el Parlamento Europeo por el que se solicita la anulación de la Decisión C(2023) 9014 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, (3) en virtud de la cual esa institución levantó en diciembre de 2023 la suspensión del desembolso de fondos regulados por el RDC para varios programas en Hungría cuya financiación había sido aprobada.
4.        Este asunto suscita nuevas cuestiones referentes a la facultad de apreciación y a las obligaciones de la Comisión a la hora de apreciar si un Estado miembro particular ha cumplido las condiciones específicas convenidas para el desembolso de los fondos, cuestiones que también pueden resultar pertinentes en otros marcos financieros.
II.    Antecedentes
A.      Condicionalidad en los diferentes instrumentos financieros de la Unión
5.        Antes de explicar y analizar las alegaciones formuladas por el Parlamento en su recurso, para comprender mejor el contexto de este asunto, es preciso exponer brevemente la relación entre los diferentes instrumentos financieros que establecen como condición presupuestaria para Hungría la independencia judicial. (4)
6.        Como he señalado en la introducción, los pagos con cargo al presupuesto de la Unión, convenidos con arreglo al MFP para el período 2021‑2027, se supeditaron a que el Estado miembro perceptor respetara el Estado de Derecho. Esa exigencia figura como principio general en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092, (5) que «establece las disposiciones necesarias para la protección del presupuesto de la Unión en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros». (6)
7.        La condición relativa al Estado de Derecho incluye la obligación de los Estados miembros de velar por que exista un Poder Judicial operativo e independiente, como medio para garantizar que los fondos de la Unión se usan para su fin pretendido, salvaguardando así los intereses financieros de la Unión Europea. (7)
8.        Esta obligación de garantizar la independencia del Poder Judicial figuraba, de una u otra forma, en marcos financieros más específicos. En el RDC, objeto del presente asunto, esa exigencia se incluye como una de las condiciones favorecedoras horizontales (en lo sucesivo, «CFH»), titulada «Aplicación y ejecución efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales» (en lo sucesivo, «CFH relativa a la Carta»).(8)
9.        Con arreglo a un marco financiero diferente, el Reglamento de Recuperación y Resiliencia (en lo sucesivo, «Reglamento MRR»), (9) las condiciones de desembolso de los pagos en el contexto de ese mecanismo se denominan «hitos». (10) Las condiciones horizontales sin cuyo cumplimiento no puede activarse ningún pago en virtud de ese marco financiero suelen denominarse comúnmente «súper hitos».
10.      El RDC y el Reglamento MRR contienen normas financieras que regulan los diferentes fondos utilizados para asignar el presupuesto de la Unión. El RDC agrupa las normas relativas a la mayor parte de los fondos «tradicionales» de la Unión dirigidos a financiar distintas políticas de la Unión, incluida la de cohesión. El MRR se creó en virtud del artículo 175 TFUE, párrafo tercero, que permite financiar acciones al margen de los fondos y constituye el principal instrumento de gastos del NextGenerationEU (en lo sucesivo, «NGEU»). (11)
11.      Por lo que se refiere a Hungría, se han acordado una serie de condiciones y medidas específicas en el contexto del Reglamento MRR para lograr un Poder Judicial independiente. (12) De los veintisiete súper hitos recogidos en él, sin cuyo cumplimiento Hungría no puede recibir ningún pago con arreglo al Reglamento MRR, cuatro guardan relación con la independencia judicial. (13) Esos hitos son idénticos (a excepción del requisito de consulta a las partes interesadas) a los requisitos impuestos en el RDC como parte de la CFH relativa a la Carta referida a Hungría. (14)
12.      A día de hoy no se ha efectuado aún ningún pago a Hungría con arreglo al Reglamento MRR, puesto que la Comisión llegó a la conclusión de que no se habían llevado a cabo las reformas necesarias para alcanzar los súper hitos. (15) Esa suspensión aún no se ha levantado. (16)
13.      Por último, la condición relativa al Estado de Derecho también se aplicó a Hungría con arreglo al Reglamento de Condicionalidad. La suspensión de pagos u otras medidas previstas en ese Reglamento son medidas subsidiarias a las que pueden adoptarse para la protección del presupuesto con arreglo a distintas normas, incluidos el RDC y el Reglamento MRR. (17)
14.      De conformidad con el Reglamento de Condicionalidad, el 12 de diciembre de 2022, el Consejo adoptó una decisión (18) por la que se establecieron medidas para la protección del presupuesto de la Unión frente a la vulneración de los principios del Estado de Derecho en Hungría. La Comisión propuso (19) esas medidas debido a las irregularidades, deficiencias e insuficiencias graves, sistémicas, generalizadas e interrelacionadas, de los procedimientos de contratación pública en Hungría y a limitaciones de cara al enjuiciamiento de la corrupción en dicho Estado miembro. (20) Mediante esa decisión, el Consejo suspendió el 55 % de los compromisos presupuestarios (21) referidos a tres programas de política de cohesión (22) para el período 2021‑2027.(23)
15.      Aunque esta suspensión en virtud del Reglamento de Condicionalidad aún no se ha levantado, la suspensión de los pagos con respecto a esos tres programas con arreglo al RDC fue levantada mediante la Decisión impugnada el 13 de diciembre de 2023.
16.      En ese mismo día, sobre la base del artículo 7, apartado 2, del Reglamento de Condicionalidad, y sin que Hungría solicitara por escrito el levantamiento de las medidas, la Comisión adoptó de oficio una decisión por la que volvió a evaluar la situación en Hungría. (24) Constató que Hungría no había subsanado la situación que había llevado a la adopción de las medidas presupuestarias con arreglo al Reglamento de condicionalidad. En consecuencia, la Comisión no propuso al Consejo que levantara o adaptara tales medidas con arreglo a dicho Reglamento. (25)
B.      Etapas previas a la Decisión impugnada
1.      Procedimiento con arreglo al RDC y Decisiones de aprobación
17.      Con arreglo al RDC, los programas de financiación propuestos por los Estados miembros deben ser aprobados por la Comisión. (26)
18.      En el contexto de ese marco financiero, el presupuesto de la Unión se asigna sobre la base del principio de gestión compartida con arreglo a las modalidades establecidas en el artículo 63 del Reglamento financiero. (27) Al ejecutar el presupuesto, los Estados miembros y la Comisión deben garantizar el respeto de los principios horizontales, incluido el respeto de los derechos fundamentales y la conformidad con la Carta, según exige el artículo 9, apartado 1, del RDC.
19.      De conformidad con el artículo 10 del RDC, cada Estado miembro debe elaborar un acuerdo de asociación (en lo sucesivo, «AA») en el que se establezca la orientación estratégica para la programación y las disposiciones para utilizar los fondos del RDC de modo eficaz y eficiente. Sobre la base del artículo 12 del RDC, estos acuerdos de asociación deben ser evaluados posteriormente por la Comisión por lo que respecta a si son conformes con el RDC y las normas específicas de cada fondo.
20.      Según el artículo
15, apartado
2, del RDC, al elaborar los AA, los Estados miembros deben evaluar por sí mismos si se cumplen las condiciones favorecedoras vinculadas al objetivo específico seleccionado. Cuando un Estado miembro considera que se cumple una condición favorecedora, lo comunica a la Comisión, que, de conformidad con el artículo 15, apartado 4, del RDC, lleva a cabo una evaluación lo antes posible y, a más tardar, tres meses después de recibir dicha información, e informa al Estado miembro si está de acuerdo con su evaluación. Se cumple una condición favorecedora «cuando se satisfacen todos los criterios relativos a ella», (28) norma que vincula tanto al Estado miembro como a la Comisión en la evaluación del cumplimiento de las condiciones favorecedoras.
21.      El anexo III del RDC contiene condiciones favorecedoras horizontales que, según el artículo 15, apartado 1, de ese Reglamento, se aplican a todos los objetivos específicos. Estas condiciones deben cumplirse antes de que pueda efectuarse cualquier pago con cargo a los fondos. Una de las condiciones favorecedoras horizontales establecidas en el anexo III del RDC es la CFH relativa a la Carta, en virtud de la cual los Estados miembros perceptores deben contar con «disposiciones para garantizar que los programas apoyados por los Fondos y su ejecución cumplen con las disposiciones correspondientes de la Carta».
22.      El 22 de julio de 2022, cuando solicitó financiación con cargo a los fondos regulados por el RDC, Hungría consideró que se habían cumplido todas las condiciones favorecedoras horizontales, incluida la CFH relativa a la Carta. (29)
23.      El 22 de diciembre de 2022, la Comisión adoptó las Decisiones de aprobación relativas a diez programas operativos financiados con cargo a fondos regulados por el RDC en Hungría para el período 2021‑2027. (30)
24.      Sin embargo, al evaluar dichos programas, la Comisión detectó cuatro deficiencias importantes en el relación con la CFH relativa a la Carta en Hungría, relacionadas con i) la independencia judicial, ii) la libertad académica, iii) la denominada «ley de protección de la infancia» y iv) el derecho de asilo.
25.      Por lo que se refiere a la CFH relativa a la Carta con respecto a las deficiencias relacionadas con la independencia judicial en Hungría, los considerandos de las Decisiones de aprobación reconocen que «se han manifestado de forma reiterada preocupaciones en cuanto a la independencia judicial en Hungría en el contexto del Semestre Europeo y del Mecanismo del Estado de Derecho». (31) A continuación, los citados considerandos describen estas preocupaciones con más detalle y se remiten a los procedimientos acordados en el marco del Reglamento MRR en los que Hungría se comprometió a efectuar determinadas reformas para lograr la independencia judicial.
26.      Por lo tanto, la Comisión aprobó esos diez programas y fijó el importe de la ayuda financiera y los porcentajes de cofinanciación, (32) pero suspendió el desembolso de esos pagos hasta que Hungría cumpliera la CFH relativa a la Carta.
27.      Las CFH reciben el mismo trato en el artículo 3 de cada una de las Decisiones de aprobación. En particular, el artículo 3, apartado 2, de cada una de las Decisiones de aprobación establece las condiciones detalladas que debe cumplir Hungría para subsanar el incumplimiento de la CFH relativa a la Carta en lo que respecta a las deficiencias en materia de independencia judicial. Conforme a esa disposición:
«Por lo que respecta a la condición favorecedora horizontal “3. Aplicación y ejecución efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales”, lo siguiente resulta de aplicación:
Por lo que se refiere a las deficiencias en materia de independencia judicial, la condición favorecedora se cumplirá cuando Hungría haya adoptado las siguientes modificaciones y estas se apliquen:
a)      modificaciones legislativas que refuercen el papel y las competencias del Consejo Nacional del Poder Judicial (CNPJ) para contrarrestar eficazmente los poderes del Presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial (ONPJ), tal como se establece en el apartado 3;
b)      enmiendas legislativas que modifiquen las normas sobre la elección del presidente de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría), enmiendas legislativas y otras enmiendas a las normas sobre el sistema de reparto de asuntos de la Kúria (Tribunal Supremo), y normas legislativas que modifiquen las normas sobre el funcionamiento de la Kúria (Tribunal Supremo), tal como se establece en el apartado 4;
c)      enmiendas legislativas que modifiquen:
(i)      los artículos 666 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal húngara, con el fin de eliminar la posibilidad de que la Kúria (Tribunal Supremo) controle la legalidad de la decisión de un juez de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
(ii)      el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal húngara sobre la suspensión del procedimiento, con el fin de eliminar cualquier obstáculo que impida a un tribunal plantear una cuestión prejudicial de conformidad con el artículo 267 TFUE;
d)      enmiendas legislativas que eliminen la posibilidad, introducida en 2019 mediante la modificación del artículo 27 de la Ley CLI de 2011, de que las autoridades públicas impugnen las resoluciones judiciales firmes ante el Tribunal Constitucional». (33)
28.      El artículo 3, apartados 3 y 4, de las Decisiones de aprobación exponen a continuación lo que se espera exactamente de Hungría en relación con las reformas enumeradas en el artículo 3, apartado 2, letras a) y b) de estas. (34)
29.      Por último, el artículo 3, apartado 5, de las Decisiones de aprobación dispone que «una vez que Hungría haya informado a la Comisión de que las medidas destinadas a subsanar las deficiencias en materia de independencia judicial a que se refieren los apartados 2, 3 y 4 están en vigor y se están aplicando, se llevará a cabo una nueva evaluación». (35)
2.      Acontecimientos anteriores a la Decisión impugnada
30.      El 18 de julio de 2023, Hungría informó a la Comisión de que consideraba que las reformas que había emprendido cumplían la CFH relativa a la Carta.
31.      En particular, el 3 de mayo de 2023, la Országgyűlés (Parlamento, Hungría) adoptó la ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023), (36) que entró en vigor el 1 de junio de 2023. Esta Ley modificó una serie de disposiciones legislativas relativas a la organización y al funcionamiento del sistema judicial húngaro, entre ellas, la Ley sobre el personal judicial (Ley LXVIII de 1997), (37) la Ley del Tribunal Constitucional (Ley CLI de 2011), (38) la Ley sobre la organización y administración de los tribunales (Ley CLXI de 2011), (39) la Ley sobre el Estatuto y la Remuneración de los Jueces (40) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley XC de 2017). (41)
32.      Al considerar que la información recibida no le permitía apreciar plenamente si se había cumplido la CFH relativa a la Carta en materia de independencia judicial, la Comisión solicitó información adicional a Hungría el 26 de septiembre de 2023 y de nuevo el 1 de noviembre de 2023. Hungría atendió esas solicitudes en diciembre del mismo año.
33.      En respuesta a determinados problemas aún existentes en el sistema del Poder Judicial húngaro, señalados por la Comisión, Hungría adoptó normas adicionales. El 7 de diciembre de 2023, aprobó el Decreto 18/2023, (42) que introdujo modificaciones en el reglamento de administración judicial relativas al sistema de reparto de asuntos. Ese Decreto entró en vigor el sexagésimo primer día siguiente al de su publicación, a saber, el 6 de febrero de 2024.
34.      El 13 de diciembre de 2023, Hungría aprobó el artículo 35 de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023), (43) que modificó el artículo 490, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Criminal (Ley XC de 2017) con el fin de suprimir la limitación referida a las normas aplicables al proceso penal, en relación con las remisiones prejudiciales. El artículo 35 entró en vigor el sexagésimo primer día siguiente a su publicación, es decir, el 13 de febrero de 2024.
35.      En su demanda, el Parlamento hace referencia a otras dos modificaciones legislativas que precedieron a la adopción de la Decisión impugnada y que considera pertinentes para el presente recurso.
36.      Así, el artículo 3 de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023) introdujo un nuevo artículo 16/A en la Ley sobre el Tribunal Constitucional (Ley CLI de 2011), que establece, en favor del Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional, Hungría) una nueva facultad consistente en la posibilidad de emitir, en el marco de un procedimiento prejudicial, un dictamen sobre cuestiones relativas a la soberanía nacional, destinado al Tribunal de Justicia.
37.      Por último, el 12 de diciembre de 2023, Hungría adoptó la Ley de Protección de la Soberanía Nacional (Ley LXXXVIII de 2023). (44)
3.      Decisión impugnada (45)
38.      El 13 de diciembre de 2023, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, en la que concluyó que Hungría cumplía la CFH relativa a la Carta en materia de independencia judicial. Por lo tanto, levantó la suspensión del desembolso de fondos solo para los programas que estaban relacionados con esta parte de la CFH relativa a la Carta. Sobre esta base, Hungría pasó a poder recibir aproximadamente 10 200 millones de euros de varios fondos de la Unión regulados por el RDC.
39.      El artículo 1 de la Decisión impugnada precisa que la Comisión aprobó el escrito adjunto a dicha Decisión que contiene su (re)evaluación de la CFH relativa a la Carta sobre la base del artículo 15, apartado 4, del RDC en lo que respecta a las deficiencias en materia de independencia judicial en Hungría.
40.      Ese escrito de evaluación, tras mencionar los diez programas de que se trata, reproduce la lista de modificaciones —enumeradas en las Decisiones de aprobación— que debía adoptar Hungría y sobre cuya base la Comisión tenía que evaluar la CFH relativa a la Carta en materia de independencia judicial.
41.      El escrito de evaluación también recoge el calendario de la correspondencia formal intercambiada entre la Comisión y Hungría. (46)
42.      El escrito de evaluación indica a continuación, sin aportar más precisiones, que la Comisión examinó, con arreglo al artículo 15, apartado 4, del RDC, la información que se le había presentado y sobre la base de ella consideró que la CFH relativa a la Carta en materia de independencia judicial se había cumplido en Hungría. Por esa razón, el gasto de Hungría en relación con ciertos programas, respecto de los cuales se consideró inicialmente que no se había cumplido la CFH relativa a la Carta debido a deficiencias en materia de independencia judicial, pudo serle reembolsado. (47)
43.      Además, el escrito de evaluación reitera que la Comisión no aprobó el desembolso de fondos para varios programas con arreglo al RDC debido a deficiencias persistentes en Hungría en relación con las libertades académicas, la legislación húngara en materia de protección de menores y el derecho de asilo. (48)
44.      La Decisión impugnada, dirigida a Hungría, no ha sido publicada.
45.      Mediante un comunicado de prensa publicado el 13 de diciembre de 2023, el mismo día que se adoptó la Decisión impugnada, la Comisión informó al público de la Decisión impugnada, por la que desbloqueó los fondos de varios programas del RDC. En el mismo comunicado de prensa también informó al público de su nueva decisión, también del mismo día, de mantener la suspensión de los compromisos presupuestarios en virtud del Reglamento de Condicionalidad. (49)
III. Pretensiones de las partes
46.      Mediante recurso de 25 de marzo de 2024, el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia que anulara la Decisión impugnada y condenara en costas a la Comisión.
47.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso y condene en costas al Parlamento.
IV.    Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
48.      El 26 de julio de 2024, el Presidente del Tribunal de Justicia permitió la intervención de Hungría en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
49.      El 14 de octubre de 2025 se celebró una vista en la que el Parlamento Europeo, la Comisión y el Gobierno húngaro formularon observaciones orales.
V.      Análisis
50.      En apoyo de su recurso de anulación de la Decisión impugnada, el Parlamento invoca tres motivos, el primero de los cuales se divide en seis partes. Mediante estos motivos, el Parlamento reprocha a la Comisión i) haber infringido los artículos 9, apartado 1, y 15 del RDC así como su anexo III, y haber cometido un error manifiesto de apreciación; ii) haber incumplido su obligación de motivación; y iii) haber incurrido en desviación de poder.
51.      Antes de enfocar mi análisis de cada uno de esos motivos, comenzaré examinando varias cuestiones preliminares que son pertinentes para determinar cómo el Tribunal de Justicia debería efectuar el control judicial en el presente asunto.
A.      Cuestiones preliminares
52.      El Parlamento y la Comisión disienten sobre el nivel de control adecuado que el Tribunal de Justicia debe aplicar al apreciar la decisión de la Comisión referida al cumplimiento de la condición favorecedora relativa a la independencia del Poder Judicial con arreglo al RDC.
53.      El Parlamento considera que esa apreciación exige un control pleno por parte del Tribunal de Justicia. En cambio, la Comisión opina que control que lleve a cabo el Tribunal de Justicia solo debería determinar si la Comisión ha cometido un error manifiesto de apreciación. (50)
54.      En principio, la intensidad del control que lleve a cabo el Tribunal de Justicia dependerá del grado de deferencia que el Tribunal de Justicia deba conceder a una institución de la Unión por lo que respecta a la decisión objeto de control. Esto, a su vez, dependerá de si la legislación aplicable deja o no cierto margen de apreciación a la institución al adoptar esa decisión. En principio, cuanto más amplio sea el margen de apreciación permitido a la institución, menos intrusivo debería ser el control del Tribunal de Justicia, pues este solo examina los límites de ese margen de apreciación.
55.      A este respecto, cabe distinguir dos etapas diferentes en relación con el criterio del Estado de Derecho como parte de la condicionalidad presupuestaria.
56.      En una primera etapa, las instituciones de la Unión (solo la Comisión con arreglo al RDC y el Consejo a propuesta de la Comisión con arreglo al MRR y al Reglamento sobre Condicionalidad) establecen los requisitos específicos que debe cumplir un Estado miembro determinado para obtener pagos con cargo al presupuesto, a fin de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.
57.      En este punto, como admiten las partes del presente procedimiento, la Comisión dispone de cierto margen de apreciación para evaluar la situación en un Estado miembro y decidir qué condiciones resultan necesarias y suficientes para proteger los intereses presupuestarios de la Unión. Ese margen de apreciación está limitado, en primer término, por la finalidad de la condición relativa al Estado de Derecho en el contexto presupuestario, que consiste en garantizar la correcta utilización de los fondos de la Unión. (51) En segundo lugar, en el contexto del RDC, esta facultad de apreciación se rige por el artículo 9, apartado 1, del RDC, que obliga tanto a los Estados miembros como a la Comisión a garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la conformidad con la Carta en la ejecución de los fondos, así como por el artículo 15 y el anexo III del RDC, que enumeran las condiciones favorecedoras horizontales, entre ellas la CFH relativa a la Carta. Estas disposiciones exigen a la Comisión velar por el respeto de la Carta, pero guardan silencio sobre los medios precisos para hacerlo.
58.      Por consiguiente, la Comisión dispone de cierto margen de apreciación para determinar lo que es necesario para garantizar el respeto de la CFH relativa a la Carta en un Estado miembro concreto y puede imponer, dentro de los límites de su facultad de apreciación, las exigencias específicas que este debe cumplir antes de que se autorice cualquier pago con cargo al presupuesto.
59.      Por lo que respecta a los diez programas propuestos por Hungría, la Comisión ejerció esa facultad de apreciación cuando adoptó las Decisiones de aprobación. Como destacó la Comisión en la vista, estas Decisiones no han sido impugnadas. Por lo tanto, la manera en la que la Comisión ejercitó su facultad de apreciación al adoptar esas decisiones y al establecer los requisitos concretos para Hungría conforme a la CFH relativa a la Carta no es objeto del presente asunto.
60.      El presente asunto requiere el control judicial de la decisión de la Comisión tomada en la segunda etapa.
61.      En la segunda etapa, después de que el Estado miembro al que se ha exigido que adopte medidas para cumplir la CFH relativa a la Carta haya informado a la Comisión de que se han adoptado tales medidas, la Comisión debe evaluar, de conformidad con el artículo 15, apartado 4, del RDC, si se han cumplido las condiciones acordadas.
62.      En esta etapa, la Comisión no dispone, en principio, de ningún margen de apreciación. El artículo 15, apartado 2, del RDC establece que se cumple una condición favorecedora cuando se satisfacen todos los criterios relativos a ella, lo cual, desde mi punto de vista, incluye los requisitos específicos de la CFH relativa a la Carta establecidos para un Estado miembro determinado en las Decisiones de aprobación.
63.      Dicho de otro modo, una vez que la Comisión ha fijado los requisitos específicos en las Decisiones de aprobación, solo puede decidir permitir el pago si se cumplen todos esos requisitos.
64.      Esto significa que el control jurisdiccional ejercido por el Tribunal de Justicia debe centrarse en la exactitud de la apreciación de la Comisión sobre el cumplimiento por parte de un Estado miembro de cada uno de los requisitos. Se trata de una apreciación fáctica que, en el presente caso, requiere un análisis de las reformas húngaras. Parte de las alegaciones del Parlamento [por ejemplo, su alegación relativa a la nueva legislación sobre el sistema de puntos para la elección de jueces o su alegación relativa a las nuevas normas sobre la elección del presidente de la Kúria (Tribunal Supremo)] exigen dicho control de la adecuación de las reformas húngaras. Dado que la Comisión no tiene facultad discrecional a este respecto, la mera constatación de un error de apreciación debería dar lugar a la anulación de una decisión. En otras palabras, para garantizar los intereses financieros de la Unión, el Tribunal de Justicia debe estar convencido de que no hay errores de apreciación, y no solo de que no hay errores manifiestos de apreciación de las modificaciones aplicadas por Hungría.
65.      Dicho esto, muchas de las imputaciones del Parlamento en el presente asunto no son de esa naturaleza. Esta institución no impugna, al menos en la mayoría de sus argumentos, las conclusiones fácticas de la Comisión, aunque las califica en términos de «evaluación errónea». (52) No existe controversia, por ejemplo, sobre si determinadas disposiciones legislativas húngaras estaban en vigor en el momento en que se adoptó la decisión impugnada. Más bien, la controversia que da lugar a las imputaciones del Parlamento se refiere, en esencia, a la cuestión de si la Comisión tenía cierto margen de maniobra para liberar los fondos, aunque no se cumplieran al pie de la letra los requisitos impuestos.
66.      En mi opinión, la respuesta a esa pregunta solo puede hallarse a la luz del objetivo de la imposición de la CFH relativa a la Carta, que es garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. A este respecto, cuando adopta una decisión por la que se levanta la suspensión de los pagos, la Comisión debe disponer de cierto margen de maniobra a la hora de decidir si sigue existiendo un riesgo para los intereses financieros de la Unión Europea, incluso si algunos de los requisitos concretos no se cumplen (todavía), o al menos no plenamente. Del mismo modo, la Comisión también debe tener en cuenta cualquier otra novedad pertinente, ya sea legislativa o práctica, en el Estado miembro objeto de examen, y tener la facultad de denegar la liberación de los fondos si dichas novedades reducen o socavan las reformas concretas emprendidas en virtud de la de la CFH relativa a la Carta. La Comisión debe disponer de dicha facultad discrecional para tener en cuenta situaciones particulares que no pueden preverse de antemano.
67.      Sin embargo, el Tribunal de Justicia debe poder llevar a cabo su control jurisdiccional teniendo en cuenta los «ajustes a la realidad» de la Comisión. A tal fin, si la Comisión, en su decisión de levantar la suspensión del pago, se aparta de alguna de las condiciones concretas establecidas en la CFH relativa a la Carta, debe exponer los motivos por los que, a pesar de ello, considera que se han cumplido en esencia todos los requisitos, de modo que no se ponen en peligro los intereses financieros de la Unión.
68.      La Comisión debe proporcionar dicha explicación en el momento de adoptar una decisión, ya que, sin ella, sería difícil evaluar si es necesario, en primer lugar, un control jurisdiccional. Aunque dicha decisión se dirija formalmente solo al Estado miembro afectado, hay intereses públicos más amplios subyacentes, a saber, el desembolso de fondos públicos. Por esa razón, y especialmente en situaciones en las que la liberación de los fondos se haya suspendido previamente, la Comisión debe una explicación no solo a Hungría, sino a la ciudadanía de la Unión en general. Ese es también un argumento a favor de exigir la publicación de dicha decisión. (53)
69.      Teniendo esto en cuenta, en el presente asunto, el Tribunal de Justicia debe evaluar si la Comisión decidió efectivamente liberar los fondos a pesar de que no se habían cumplido los requisitos concretos establecidos para Hungría en la CFH relativa a la Carta y si su justificación para apartarse de algunos de esos requisitos es suficiente para que el Tribunal de Justicia pueda concluir que ya no existe ningún riesgo para los intereses financieros de la Unión Europea.
70.      Los principales argumentos esgrimidos por el Parlamento en su primer motivo son: i) que la Comisión no llevó a cabo una evaluación exhaustiva de las reformas legislativas en Hungría que ella misma exigió en las Decisiones de aprobación; ii) que no todas las reformas estaban en vigor en el momento en que la Comisión adoptó la Decisión impugnada, y iii) que la Comisión no tuvo en cuenta otros acontecimientos relevantes que no se abordaron en las Decisiones de aprobación. El principal argumento del Parlamento en su segundo motivo es que faltaba la motivación exigida en la decisión impugnada.
71.      Propongo que el Tribunal de Justicia se guíe por lo siguiente al evaluar tales argumentos.
72.      En primer lugar, me parece claro que la Comisión está vinculada por los requisitos que ella misma impuso a Hungría en las Decisiones de aprobación. Como indica la Comisión, cada uno de los requisitos específicos, destinados a solventar una o varias de las deficiencias detectadas, debe estar directamente relacionado con la gestión y ejecución de los fondos. Por consiguiente, cabe suponer que, si no se cumplen esos requisitos, los intereses financieros de la Unión siguen en peligro. A este respecto, Hungría debe llevar a cabo todas las reformas indicadas en esas Decisiones y, en principio, la Comisión no puede autorizar pagos antes de que concurra esa circunstancia.
73.      En segundo lugar, como se ha señalado anteriormente, puede ser excesivamente rígido exigir que las reformas se apliquen hasta el último detalle, dado que la Comisión debe poder adaptar su evaluación a cada situación particular. Sin embargo, si la Comisión concluye que Hungría ha cumplido, en general, los requisitos en materia de independencia judicial de manera que se pueden liberar los fondos, debe explicar por qué el incumplimiento de determinadas condiciones no representa un riesgo para los intereses financieros de la Unión.
74.      En tercer lugar, cuando la Comisión ha pedido a un Estado miembro que adopte determinadas modificaciones legislativas, como hizo en las Decisiones de aprobación, (54) no debería en principio adoptar una Decisión por la que levante la suspensión antes de que la normativa exigida esté en vigor. Del mismo modo, si el requisito se refiere a la aplicación de la legislación en la práctica, la Comisión debe evaluar y cerciorarse de la aplicación fáctica de la normativa antes de adoptar una decisión por la que se levante la suspensión de pagos. Si, por el contrario, la Comisión considera que la mera propuesta o adopción de una norma ya cumple los requisitos impuestos, incluso antes de su entrada en vigor o de su aplicación, debe explicar por qué.
75.      En cuarto lugar, en principio la Comisión no puede imponer requisitos adicionales que no estén incluidos en las Decisiones de aprobación como condiciones adicionales para el desembolso de los fondos. No obstante, si se producen novedades en el plano jurídico (legislación, jurisprudencia o similares) durante el período comprendido entre la adopción de las decisiones de aprobación y el momento de la adopción de la decisión por la que se levanta la suspensión de los pagos, la Comisión debe tenerlas en cuenta, siempre que estas novedades puedan influir en el objetivo de las reformas exigidas por las decisiones de aprobación. Hacer caso omiso de esas novedades iría en contra del objetivo de la condicionalidad relativa al Estado de Derecho. También sería contrario al artículo 15, apartado 6, del RDC, que obliga a los Estados miembros y a la Comisión a velar por que las condiciones favorecedoras no dejen de cumplirse ni de respetarse durante todo el período de programación.
76.      A la luz de lo anterior, examinaré a continuación cada una de las alegaciones del Parlamento en el orden en el que dicha Institución las ha expuesto en su recurso ante el Tribunal de Justicia.
B.      Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 9, apartado 1, y 15 del RDC y de su anexo III, y en errores manifiestos de apreciación
77.      El primer motivo del Parlamento se divide en seis partes, basadas en que (1)      no todas las modificaciones estaban en vigor en la fecha de la Decisión impugnada; (2)      la apreciación de las reformas referidas al Consejo Nacional del Poder Judicial (CNPJ) no es correcta; (3)            la apreciación de las reformas referidas a la independencia de la Kúria (Tribunal Supremo) no es correcta; (4)      la apreciación de las reformas referidas al nombramiento de los jueces no es correcta; (5)      la apreciación de las reformas referidas a las remisiones prejudiciales no es correcta, y (6)      la Comisión no tuvo en cuenta en su apreciación todos los elementos pertinentes.
1.      Primera parte del primer motivo: no todas las modificaciones estaban en vigor en la fecha de la Decisión impugnada
a)      Cuestiones principales y alegaciones de las partes
78.      El artículo 3, apartado 2, de las Decisiones de aprobación establece que la CFH relativa a la Carta se considerará cumplida cuando Hungría «haya adoptado las siguientes modificaciones y estas se apliquen».
79.      El Parlamento alega que la Comisión incurrió en un error al adoptar la Decisión impugnada antes de que comenzaran a aplicarse el Decreto 18/2023 sobre el sistema de reparto de asuntos de la Kúria (Tribunal Supremo) — que establece normas detalladas en materia de registro y expone la obligación del juez de publicar actualizaciones semanales en su sitio de Internet — y el artículo 35 de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023) — que suprimió los términos «aplicable en el proceso penal» del artículo 490, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que la Comisión consideró un obstáculo para efectuar remisiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Ambos actos entraron en vigor sesenta y un días después de su publicación, es decir, los días 6 y 13 de febrero de 2024, respectivamente.
80.      La Comisión alega que, en virtud de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023), «casi todas» las modificaciones exigidas por las Decisiones de aprobación estaban en vigor y se aplicaban desde el 1 de junio de 2023. Las dos modificaciones que aún no habían entrado en vigor en el momento de la adopción de la Decisión impugnada únicamente constituyen, en opinión de la Comisión, precisiones adicionales sobre medidas que ya estaban en vigor. El Gobierno húngaro, en apoyo de las pretensiones de la Comisión, aduce que las dos modificaciones a las que se refiere el Parlamento se adoptaron para garantizar la promulgación de normas detalladas adicionales, redactadas y propuestas sobre la base de una apreciación exhaustiva de la Comisión.
81.      Además, la Comisión considera que no podía solicitar aclaraciones adicionales, como se prevé en el artículo 15, apartado 4, del RDC, ya que esto solo sería posible en caso de evaluación negativa. Añade que había solicitado aclaraciones en dos ocasiones anteriores, que ya habían demorado su decisión más tiempo de los tres meses que establece esa disposición.
b)      Análisis
82.      El artículo 15, apartado 4, del RDC obliga a la Comisión a realizar «a la mayor brevedad posible y a más tardar a los tres meses» siguientes a la recepción de la información relevante, una evaluación y a informar al Estado miembro de que se trata de si está de acuerdo con la apreciación de este último en lo que respecta al cumplimiento de las CFH. Sin embargo, cuando la Comisión no dispone de información suficiente para adoptar una decisión positiva o negativa, nada le impide solicitar información adicional, como hizo en dos ocasiones en el presente procedimiento (véase el punto 32 de las presentes conclusiones).
83.      Los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 15, apartado 4, del RDC solo regulan el procedimiento en caso de evaluación negativa de la Comisión. No obstante, esta disposición, y de manera más general el RDC, guarda silencio sobre la posibilidad de que la Comisión solicite aclaraciones adicionales.
84.      En mi opinión, tanto en interés del Estado miembro en cuestión como en interés de la tramitación eficaz y rápida del procedimiento, la Comisión debería tener la posibilidad de solicitar aclaraciones adicionales antes de adoptar una decisión positiva o negativa. Si la Comisión no dispone de información suficiente, no puede adoptar una decisión positiva y, por lo tanto, en aras de la correcta ejecución del presupuesto de la Unión, solo puede adoptar una decisión negativa. En ese caso sería preciso volver a iniciar todo el procedimiento, concediendo a la Comisión un plazo adicional de tres meses para adoptar una decisión desde que el Estado miembro de que se trate haya informado sobre su aplicación de las reformas requeridas.
85.      En ese sentido, la exigencia de aclaración no prolonga necesariamente el plazo en detrimento de un Estado miembro, sino que permite a la Comisión llegar más rápidamente a una decisión positiva. Por esa razón, y contrariamente a lo que sostenía la Comisión, la suspensión del procedimiento en espera de la aclaración o de la entrada en vigor de la nueva legislación no constituye una vulneración del derecho de un Estado miembro a recibir una evaluación motivada lo antes posible.
86.      Esto significa que, en el contexto del RDC, nada impedía a la Comisión solicitar aclaraciones adicionales ni esperar a la entrada en vigor de las reformas en cuestión antes de adoptar una decisión positiva.
87.      Desde esta perspectiva, procede recordar que tanto el Decreto 18/2023 como el artículo 35 de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023) entraron en vigor en febrero de 2024. El hecho de que la Comisión insistiera en la incorporación de esas modificaciones a la legislación refleja que la Comisión consideraba que dichas modificaciones no eran meramente «adicionales», sino más bien muy necesarias, por lo que formaban parte de los aspectos «que debían aplicarse» antes de la adopción de cualquier evaluación positiva.
88.      Dado que aún no se estaban aplicando, exigencia que constituía uno de los requisitos previstos en las Decisiones de aprobación, la Comisión incumplió sus obligaciones al adoptar la Decisión impugnada de manera prematura, sin justificar en modo alguno esa decisión.
89.      Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que considere fundada la primera parte del primer motivo.
2.      Segunda parte del primer motivo: apreciación incorrecta de las reformas referidas al CNPJ
a)      Cuestiones principales y argumentos de las partes
90.      En las Decisiones de aprobación, la Comisión constató que la creación de la Oficina Nacional del Poder Judicial (en lo sucesivo, «ONPJ»), que administra los órganos jurisdiccionales y está dirigida por un presidente con amplias competencias administrativas, entraña un claro riesgo de decisiones arbitrarias sobre la carrera de los jueces, incluidos sus traslados y su retirada del grupo de jueces que conocen de asuntos administrativos. (55) Debido a ese riesgo, el artículo 3, apartado 3, de las Decisiones de aprobación exige que se adopten modificaciones legislativas que atribuyan más competencias al CNPJ de manera que este pueda ejercer de forma efectiva su papel constitucional de supervisión de la ONPJ. En particular, el artículo 3, apartado 3, párrafo quinto, letra b), de las Decisiones de aprobación exige que se dote al CNPJ de plena capacidad jurídica y de autonomía presupuestaria. Su artículo 3, apartado 3, párrafo quinto, letra d), requiere a Hungría que introduzca modificaciones en las normas que regulan la elección de los jueces para el CNPJ y el artículo 3, apartado 3, párrafo tercero, letra a), exige que el CNPJ esté facultado para emitir dictámenes vinculantes sobre los reglamentos relativos al sistema de puntos para la evaluación de las candidaturas a puestos de juez.
91.      Para cumplir estos requisitos, Hungría adoptó el artículo 45 de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023), mediante el cual reforzó la independencia administrativa y financiera del CNPJ. (56) Sin embargo, esa modificación preveía que, durante un período de nueve meses desde la fecha de su entrada en vigor, las tareas presupuestarias del CNPJ serían realizadas de manera provisional por la ONPJ (en lo sucesivo, «período de incubación»). Este plazo finalizó el 1 de marzo de 2024, después de que se hubiera adoptado la Decisión impugnada.
92.      El Parlamento considera que la apreciación que la Comisión realizó de estas tres reformas fue incorrecta. En relación con la capacidad jurídica y autonomía financiera del CNPJ, entiende que la Decisión impugnada fue prematura. En cuanto a las nuevas normas para la elección de miembros del CNPJ, que estaba previsto que no entraran en vigor hasta enero de 2024, el Parlamento considera igualmente que la Comisión no podía adoptar la Decisión impugnada antes de la entrada en vigor de esas normas. En lo concerniente al dictamen vinculante sobre el sistema de puntos, el Parlamento entiende que la ley no significa que el sistema de puntos existente deba ser sustituido dentro de un plazo concreto, de manera que el actual sistema podría mantenerse de forma indefinida.
93.      La Comisión, apoyada por Hungría, aduce que la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023), que entró en vigor antes de que se adoptara la Decisión impugnada, introdujo las reformas necesarias, que se centraban en conceder al CNPJ facultades ampliadas sobre la ONPJ. El período de incubación de nueve meses únicamente afectaba a cuestiones de gestión y organización, que no impedían al CNPJ ejercer sus nuevas competencias sobre la ONPJ. Los requisitos relativos a la elección de los miembros del CNPJ eran meramente marginales y, en cualquier caso, la Comisión no tenía motivos para pensar que la capacidad e independencia del CNPJ le impedían ejercer las funciones de control sobre la ONPJ requeridas. Por último, la Comisión no considera que el hecho de que no exigiera que el sistema de puntos se hubiera cambiado a partir de una fecha concreta constituya una deficiencia en lo que respecta a la CFH relativa a la Carta, por lo que no lo indicó como requisito en las Decisiones de aprobación.
b)      Análisis
94.      Las dos primeras imputaciones del Parlamento guardan relación con el carácter prematuro de la Decisión impugnada. De acuerdo con lo que he propuesto en relación con la primera parte del primer motivo, y a falta de motivación en la Decisión impugnada que explique por qué la Comisión no esperó a que dichas reformas entraran en vigor o se aplicaran, considero que el Tribunal de Justicia debe declarar que la Comisión aplicó incorrectamente la ley.
95.      En cuanto al dictamen vinculante sobre la regulación del sistema de puntos, estoy de acuerdo con la Comisión en que las Decisiones de aprobación no exigían una reforma inmediata de ese sistema sino que simplemente preveían que se atribuyera al CNPJ la facultad de emitir dictámenes vinculantes en relación con cualquier reforma de ese sistema. Dado que ese aspecto de las Decisiones de aprobación no se impugnó después de su adopción, propongo que el Tribunal de Justicia desestime este elemento de la segunda parte del primer motivo invocado por el Parlamento.
96.      Sobre la base de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que estime parcialmente la segunda parte del primer motivo por ser fundada.
3.      Tercera parte del primer motivo: apreciación incorrecta de las reformas referidas a la independencia de la Kúria (Tribunal Supremo)
a)      Cuestiones principales y alegaciones de las partes
97.      En las Decisiones de aprobación, la Comisión consideró que la independencia de los jueces se había visto especialmente menoscabada debido a las amplias facultades discrecionales atribuidas al presidente de la Kúria (Tribunal Supremo) tanto en lo que respecta al nombramiento de los jueces para ejercer funciones de gobierno como al reparto de asuntos. (57) Sobre esa base, el artículo 3, apartado 4, de las Decisiones de aprobación requería una serie de modificaciones de las normas que regulan la elección del presidente de la Kúria (Tribunal Supremo) (58) y el sistema de reparto de asuntos de ese órgano jurisdiccional. (59)
98.      En lo concerniente a la elección del presidente de la Kúria (Tribunal Supremo), el Parlamento sostiene que la Comisión no apreció adecuadamente, antes de adoptar la Decisión impugnada, la posibilidad de que el actual presidente de la Kúria (Tribunal Supremo) se mantenga en el cargo de forma indefinida por decisión de una minoría de un tercio del Országgyűlés (Asamblea Nacional). (60)
99.      En lo tocante al sistema de reparto, el Parlamento apunta cuatro imputaciones. En primer lugar, el reparto de asuntos sin intervención humana a las salas no estaba totalmente automatizado en virtud del artículo 18 de la ley sobre reformas judiciales (Ley X de 2023), (61) un procedimiento que no se había aplicado antes de la adopción de la Decisión impugnada. Además, en octubre de 2023, la Comisión exigió a Hungría que proporcionara una confirmación por escrito de un perito forense independiente o de otro profesional equivalente de que a los procedimientos iniciados por vía electrónica se les atribuía un número de asunto sin intervención humana. Ese informe pericial no se había proporcionado cuando se adoptó la Decisión impugnada. En segundo lugar, el Parlamento arguye que el sistema adolece de falta de transparencia porque los informes que la Kúria (Tribunal Supremo) publica semanalmente en su página web contienen datos incompletos y ese tribunal no se plantea publicar las razones por las que un asunto se reasigna a otra sala. Cuando se aplica una excepción, la única motivación que se publica es una indicación de la norma jurídica que se ha aplicado en ese caso. El Parlamento sostiene además que cuando se reasignan asuntos debido a un exceso de carga de trabajo no hay modo de comprobar si la sala inicialmente designada tenía realmente mucha carga de trabajo. Asimismo, en caso de que se aplique una excepción, el sistema de reparto de asuntos debería registrar la correspondiente decisión en los autos y ponerla a disposición de las partes. Sin embargo, el Parlamento destaca que no está claro que esos registros se generen en algún caso o que, si se generan, contengan datos suficientes para permitir a las partes apreciar si la excepción se ajusta a los principios generales. En tercer lugar, a partir del 1 de enero de 2024, las normas de reparto de asuntos permitieron la creación de nuevas salas competentes para conocer de asuntos relativos a las elecciones al Parlamento de 2024 y municipales. (62) El Parlamento aduce que no hay información disponible sobre la composición de estas salas. En cuarto lugar, el Parlamento arguye que, en las Decisiones de aprobación, la Comisión pasó por alto el hecho de que puede haber problemas con el sistema de gestión de asuntos en los órganos jurisdiccionales inferiores, tal y como se indicaba en el Informe sobre el Estado de Derecho en 2023. (63)
100. La Comisión, apoyada por Hungría, sostiene que las Decisiones de aprobación no prevén el requisito del cese anticipado del presidente de la Kúria (Tribunal Supremo) y que, en todo caso, su mandato expira en 2028. En lo tocante al sistema de reparto de asuntos, la Comisión arguye que Hungría aplicó todos los requisitos indicados en las Decisiones de aprobación y que la inexistencia de toda intervención humana no constituía un requisito para el reparto de asuntos. Esas Decisiones solo exigían que la numeración de los asuntos iniciados por vía electrónica se efectuara sin intervención humana. Además, los asientos del registro semanal publicado en la página web de ese órgano jurisdiccional dan fe de que los procedimientos iniciados por vía electrónica reciben un número de asunto que se asigna en función de su orden de llegada y que se reparten a las salas conforme a ese mismo orden. Por otro lado, cuando se aplica una excepción, se facilita a las partes información sobre los motivos de esa excepción. En cuanto a la excepción referida a la carga de trabajo, la Comisión afirma que las Decisiones de aprobación exigían la disponibilidad de datos objetivos, requisito que se ha previsto al atribuir al CNPJ la facultad de emitir dictámenes vinculantes sobre las hojas de datos y los métodos para evaluar la carga de trabajo de los jueces. Por otra parte, la Comisión arguye que, cuando adoptó la Decisión impugnada, no podía tener conocimiento de la posibilidad de que se crearan nuevas salas en el sistema de reparto de asuntos, que solo fue posible a partir del 1 de enero de 2024. Por último, la Comisión reconoce que son necesarias algunas mejoras en relación con los órganos jurisdicciones inferiores, pero que no incluyó ningún requisito al respecto en las Decisiones de aprobación, pues consideró suficiente concentrarse en el funcionamiento adecuado de la Kúria (Tribunal Supremo), que es el elemento más importante para proteger los intereses financieros de la Unión Europea en el contexto de los programas de que se trata.
b)      Análisis
101. Según el artículo 36, apartado 1, de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023), (64) Hungría adoptó las modificaciones exigidas por la Comisión en sus Decisiones de aprobación. Estas modificaciones no implicaban el cese del actual presidente de la Kúria (Tribunal Supremo), que la Comisión no puede exigir en ningún caso, ya que ello iría en contra del principio de inamovilidad conforme a la normativa de la Unión. (65) En mi opinión, el hecho de que el presidente actual pueda permanecer en el cargo por tiempo indefinido mientras no se haya alcanzado la mayoría necesaria en el Országgyűlés (Asamblea Nacional) para el nombramiento de un nuevo presidente es demasiado hipotético y no fundamenta la conclusión de que la Comisión incurrió en un error de apreciación al determinar que la nueva legislación satisface los requisitos de la CFH relativa a la Carta, que justificaría la anulación de la Decisión impugnada. Ello es tanto más cierto cuanto que las Decisiones de aprobación no requerían que el Országgyűlés (Asamblea Nacional) modificara el sistema de elección del presidente de la Kúria (Tribunal Supremo).
102. Por consiguiente, considero que el Tribunal de Justicia debe desestimar esta alegación del Parlamento.
103. En cuanto a la automatización del reparto de asuntos, con la introducción del artículo 18 de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023), (66) Hungría cumplió el requisito de la Comisión indicado en las Decisiones de aprobación. Sin embargo, antes de la adopción de la Decisión impugnada, Hungría no había facilitado un informe pericial independiente que certificara que los procedimientos iniciados por vía electrónica reciben efectivamente un número de asunto sin intervención humana, condición en la que la Comisión había insistido. La Comisión no proporcionó ninguna explicación en la Decisión impugnada sobre las razones por las que había renunciado a esta exigencia. (67)
104. Por consiguiente, creo que el Tribunal de Justicia debería estimar como fundada esa imputación formulada por el Parlamento.
105. Por lo que respecta a la transparencia del sistema de reparto de asuntos, Hungría completó las reformas de la Ley sobre Reformas Judiciales (Ley X de 2023) con la adopción del Decreto 18/2023, que aún no se había aplicado en el momento en que la Comisión adoptó la Decisión impugnada (como ya se ha señalado en relación con la primera parte del primer motivo). Por consiguiente, la Comisión no podía concluir razonablemente que se habían cumplido los requisitos establecidos en las Decisiones de aprobación.
106. Además, el Parlamento alega que la nueva normativa relativa al régimen de reparto de asuntos pasó a ser aplicable a partir del 1 de enero de 2024, sustituyendo a la normativa de diciembre de 2023, y que incluye la creación de nuevas salas para conocer de los asuntos en materia electoral en el marco de elecciones al Parlamento Europeo y municipales. La Comisión arguye que ignoraba las modificaciones, pero su correspondencia con Hungría revela que la Comisión había sido informada de ellas. También sabía que el nuevo sistema de reparto de asuntos solo surtiría efecto con la siguiente modificación del sistema de reparto de asuntos de la Kúria (Tribunal Supremo), que debía entrar en vigor después de la adopción de la Decisión impugnada. Por lo tanto, hay indicios objetivos de que la Comisión sabía que el sistema de reparto difería del que había solicitado y, aun así, se apresuró a emitir una evaluación positiva sin confirmar que se estuviera aplicando el sistema adecuado o, como mínimo, sin indicar por qué era aceptable tal excepción.
107. Por este motivo, propongo al Tribunal de Justicia que estime estas dos imputaciones del Parlamento.
108. Por último, dado que la Comisión no incluyó requisitos relativos a la gestión de los asuntos en los tribunales inferiores, Hungría no estaba obligada a introducir tales reformas en el marco del RDC.
109. Por lo tanto, esta imputación del Parlamento debería desestimarse.
110. Sobre la base de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que estime parcialmente como fundada esta tercera parte del primer motivo.
4.      Cuarta parte del primer motivo: apreciación incorrecta de las reformas relativas a los nombramientos de los jueces
a)      Cuestiones principales y alegaciones de las partes
111. Entre otras cosas, el artículo 3, apartado 4, de las Decisiones de aprobación obliga a Hungría a eliminar la posibilidad de que los miembros del Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) puedan ser nombrados para ocupar un cargo en la Kúria (Tribunal Supremo) sin respetar el procedimiento ordinario de candidatura.
112. El Parlamento critica a la Comisión por no haber exigido a Hungría que elimine la posibilidad de que los miembros del Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional), en activo en él antes de las reformas judiciales introducidas por el artículo 59 de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023), continúen su carrera como jueces ordinarios en los tribunales de apelación de su elección. Al mismo tiempo, los miembros del Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) nombrados después de la entrada en vigor de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023) no pueden ser trasladados a tribunales de apelación, mientras que sí pueden serlo aquellos que ya ocupaban un cargo en el Alkotmánybíróság antes de la adopción de la citada Ley.
113. La Comisión, apoyada por Hungría, alega que su apreciación se centró en el proceso de nombramiento de los jueces de la Kúria (Tribunal Supremo), y no en los miembros del Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional). Añade que la posibilidad de que los miembros del Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) sin experiencia judicial previa continúen su carrera en los tribunales de apelación, sin tener que respetar el procedimiento ordinario de nombramiento de los jueces, no puede menoscabar la independencia judicial en Hungría.
b)      Análisis
114. Considero que Hungría solo ha aplicado parcialmente la reforma exigida por la Comisión, ya que las nuevas normas solo se aplican a los futuros miembros del Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional), pero no afectan a los que ya forman parte de dicho órgano jurisdiccional. Por consiguiente, la Comisión debería haberse cerciorado de que Hungría había cumplido plenamente los requisitos que había establecido para dicho Estado miembro en las Decisiones de aprobación, que, en mi opinión, estaban concebidos para aplicarse por igual a todos los miembros del Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) integrados en él tanto antes como después de la entrada en vigor de la disposición pertinente de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023).
115. Por consiguiente, considero que la Comisión no ha aplicado ese requisito impuesto a Hungría, razón por la cual propongo al Tribunal de Justicia que estime la cuarta parte del primer motivo por ser fundada.
5.      Quinta parte del primer motivo: apreciación incorrecta de las reformas relativas a las remisiones prejudiciales
a)      Cuestiones principales y alegaciones de las partes
116. El artículo 3, apartado 2, letra c), de las Decisiones de aprobación impone a Hungría [en virtud de su artículo 3, apartado 2, letra c), inciso i)] la obligación de modificar los artículos 666 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de eliminar la posibilidad de que la Kúria (Tribunal Supremo) controle la legalidad de la decisión de un órgano jurisdiccional inferior de plantear una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia, y [en virtud de su artículo 3, apartado 2, letra c), inciso ii)], la obligación de modificar el artículo 490 de dicha Ley, relativo a la suspensión del procedimiento, con el fin de eliminar cualquier obstáculo que impida a un órgano jurisdiccional plantear una petición de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE.
117. El Parlamento sostiene que las reformas introducidas por los artículos 63 (68) y 64 (69) de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023) no invalidan expresamente la resolución Bt.III.838/2019/11 de la Kúria (Tribunal Supremo), con valor de precedente, que el Tribunal de Justicia consideró contraria al Derecho de la Unión, (70) y que podría tener un efecto disuasorio para los jueces que barajan la posibilidad de plantear peticiones de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. En apoyo de su argumento, el Parlamento invoca el artículo 3 de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023), por el que se introdujo la posibilidad de que el Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) emita un dictamen para el Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento prejudicial, sobre cuestiones como la identidad nacional, la seguridad y la soberanía. En opinión del Országgyűlés (Asamblea Nacional), si se pone en relación con la Ley de Protección de la Soberanía Nacional (Ley LXXXVIII de 2023), adoptada en la misma sesión del Parlamento húngaro, esa modificación podría interpretarse como un aviso para los jueces ordinarios de que las dudas que se susciten sobre esos asuntos deben ser resueltas por el Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional), lo que puede disuadir a los jueces de efectuar remisiones prejudiciales sobre asuntos relacionados. Además, el Parlamento alega que las partes de la reforma destinadas a eliminar los obstáculos a las remisiones prejudiciales, en particular la relativa a la eliminación de la mención «aplicable en el proceso penal» del artículo 490, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no eran aún aplicables el día en que se adoptó la Decisión impugnada, puesto que fueron introducidas por el artículo 35 de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023), que entró en vigor en 2024.
118. La Comisión, apoyada por Hungría, considera que las modificaciones legislativas, que entraron en vigor el 1 de junio de 2023 cuando se adoptaron los artículos 63 y 64 de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023), ya habían despejado cualquier duda sobre las remisiones prejudiciales a las que se refiere el demandante. La Comisión considera asimismo que, sobre la base tanto de esas reformas legislativas como de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de noviembre de 2021, IS (Ilegalidad de la resolución de remisión) (C‑564/19, EU:C:2021:949), no puede alegarse que la resolución Bt.III.838/2019/11 de la Kúria (Tribunal Supremo) siga teniendo un efecto disuasorio para los jueces. A este respecto, con el fin de evitar cualquier duda razonable, Hungría adoptó el artículo 35 de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023), mediante el cual suprimió la expresión «aplicable en el proceso penal» del artículo 490, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aunque esta modificación específica entró en vigor después de la Decisión impugnada, la Comisión considera que los principales obstáculos a las remisiones prejudiciales introducidos por la resolución de la Kúria (Tribunal Supremo) con valor de precedente ya han sido suprimidos por los artículos 63 y 64 de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023), lo que el Parlamento no rebatió. Por lo que respecta a la supresión tardía, por el artículo 35 de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023), de la formulación eventualmente engañosa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Comisión explica que de la exposición de motivos de dicha Ley ya se desprendía que puede plantearse cualquier cuestión al Tribunal de Justicia. (71) Por último, la Comisión sostiene que el Parlamento no ha demostrado de qué manera la modificación legislativa que permite al Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) emitir un dictamen interpretativo para el Tribunal de Justicia impide a los órganos jurisdiccionales nacionales plantear peticiones de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia.
b)      Análisis
119. A mi entender, el artículo 63 de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023) no eliminó completamente los obstáculos relativos a las remisiones prejudiciales, por lo que Hungría adoptó posteriormente el artículo 35 de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023), mediante el cual suprimió la expresión «aplicable en el proceso penal». Por lo tanto, el Parlamento está en lo cierto cuando afirma que, en el momento en que se adoptó la Decisión impugnada, aún no estaba en vigor la reforma legislativa necesaria. Podría aceptarse, en principio, la explicación de la Comisión de que sus principales preocupaciones en lo que respecta a las remisiones prejudiciales ya habían sido disipadas con otras reformas emprendidas por Hungría y de que la adopción del artículo 35 —que no había entrado en vigor en el momento en que la Comisión adoptó la Decisión impugnada— no era más que una corrección adicional de la formulación potencialmente engañosa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora bien, en la Decisión impugnada, la Comisión no ha aportado ninguna razón sobre por qué no esperó a la entrada en vigor de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023) antes de adoptar la Decisión impugnada.
120. Por este motivo, considero que la imputación del Parlamento es fundada.
121. Además, al adoptar el artículo 3 de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023), Hungría estableció la posibilidad de que el Alkotmánybíróság (Tribunal Constitucional) emita un dictamen sobre cuestiones sobre soberanía nacional cuando esa cuestión se suscite en el contexto de una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia. La Comisión tuvo conocimiento de esta modificación, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2023, es decir, el día siguiente a la adopción de la Decisión impugnada. Ni la intención ni la forma en la que se aplicará la nueva competencia del Tribunal Constitucional para emitir dictámenes sobre cuestiones relacionadas con la soberanía nacional estaban objetivamente claras cuando se adoptó la Decisión impugnada, ni tampoco lo están hoy. Desde esta perspectiva, como subraya el Parlamento, tal disposición puede efectivamente tener un efecto disuasorio para los jueces nacionales y disuadirles de acudir al Tribunal de Justicia cuando consideren que ello será necesario para resolver litigios en los que se aplique el Derecho de la Unión.
122. Por consiguiente, la Comisión no podía evaluar de manera positiva la reforma legislativa de Hungría sin determinar el efecto real de esta nueva norma.
123. Sobre la base de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que estime la quinta parte del primer motivo por ser fundada.
6.      Sexta parte del primer motivo: la Comisión no tuvo en cuenta elementos pertinentes en su apreciación
a)      Cuestiones principales y alegaciones de las partes
124. El Parlamento aduce que la Comisión circunscribió su apreciación exclusivamente a la lista de condiciones establecida en las Decisiones de aprobación, sin tener en cuenta otras novedades importantes que se habían producido entre la adopción de las Decisiones de aprobación y la Decisión impugnada. En particular, el Parlamento sostiene que no hay pruebas de que la Comisión tuviera en cuenta la Ley de Protección de la Soberanía Nacional (Ley LXXXVIII de 2023), (72) que, desde su punto de vista, invade competencias constitucionales de las instituciones del Estado, incluidos los órganos jurisdiccionales, al crear una Oficina para la Protección de la Soberanía Nacional (en lo sucesivo «Oficina») (73) con amplias facultades para investigar cualquier in actividad que considere contraria a la soberanía nacional. El artículo 8, apartado 2, de esta Ley califica como no administrativas las investigaciones de esa Oficina, de modo que no pueden impugnarse ante un órgano jurisdiccional de lo contencioso-administrativo. Además, sus conclusiones o informes tampoco son susceptibles de control jurisdiccional. Por consiguiente, el Parlamento sostiene que la Comisión debería haber obtenido garantías antes de emitir su evaluación positiva. Asimismo, el Parlamento alega que la evaluación de la Comisión no tuvo en cuenta las preocupaciones manifestadas en el contexto del Semestre Europeo y del Mecanismo del Estado de Derecho de 2023, que son posteriores a las Decisiones de aprobación. Por último, el Parlamento aduce también que en esa evaluación se pasó igualmente por alto el hecho de que las reformas judiciales se llevaron a cabo sin consultar adecuadamente a las partes interesadas.
125. La Comisión, apoyada por Hungría, alega que las cuestiones planteadas por el Parlamento no son pertinentes, ya que no permiten concluir que las enmiendas adoptadas no ofrezcan las garantías necesarias para garantizar el respeto de la Carta al aplicar los fondos de la Unión. Por otra parte, la Comisión afirma que el Parlamento no ha demostrado que la Ley de Protección de la Soberanía Nacional (Ley LXXXVIII de 2023) guarde alguna relación con la independencia de los jueces en Hungría. Además, en opinión de la Comisión, el Parlamento no ha identificado las nuevas deficiencias puestas de manifiesto en el contexto del Semestre Europeo y del Mecanismo del Estado de Derecho de 2023, ni ha explicado por qué pueden considerarse sistémicas y suficientemente graves como para concluir que no se cumplía la CFH relativa a la Carta. Por último, para la Comisión, el hecho de que las reformas judiciales se hayan llevado a cabo sin efectuar las consultas adecuadas con las partes interesadas no puede justificar una apreciación jurídica en el sentido de que no se cumple la CFH relativa a la Carta.
126. El Gobierno húngaro sostiene en su escrito de formalización de la intervención que las Decisiones de aprobación no exigían que se consultara a las partes interesadas y que esa es la razón por la que Hungría no proporcionó pruebas de esas consultas en su autoevaluación. No obstante, el proyecto de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023) fue sometido a consulta social entre el 18 de enero y el 3 de febrero de 2023 y Hungría trasladó a la Comisión los dictámenes escritos recibidos y mantuvo consultas verbales con representantes de organizaciones, incluidas las del ámbito civil.
b)      Análisis
127. La Comisión tuvo conocimiento, en el año 2023, de la adopción de la Ley de Protección de la Soberanía Nacional (Ley LXXXVIII de 2023), como se confirmó en la vista. (74) Sin embargo, dicha institución aduce que, cuando adoptó la Decisión impugnada, no tenía ningún indicio de que esa ley pudiera menoscabar la eficacia de los mecanismos concebidos para garantizar el cumplimiento de la Carta en Hungría. La Decisión impugnada no contiene ninguna prueba de que la Comisión hubiera tenido en cuenta esa ley, ni tampoco explica por qué concluyó que esas novedades legislativas no menoscababan ni contrarrestaban los objetivos de las reformas que Hungría había acometido tras las Decisiones de aprobación.
128. Desde mi punto de vista, la Comisión debía, al menos, solicitar explicaciones a Hungría para asegurarse de las posibles consecuencias de esa ley. Como ya se ha señalado anteriormente (véase el punto 75 de las presentes conclusiones), la Comisión no puede ignorar novedades que pueden influir en los objetivos de las reformas que ha impuesto en las Decisiones de aprobación. Así, aun cuando no se puedan imponer nuevas condiciones, la Comisión debía cerciorarse de que Hungría no había promulgado nuevas normas que atenuaran los efectos de las reformas acometidas para cumplir las condiciones establecidas en las Decisiones de aprobación.
129. Por lo tanto, propongo al Tribunal de Justicia que estime la imputación formulada por el Parlamento.
130. En cuanto a la alegación del Parlamento en el sentido de que la Comisión pasó por alto en su evaluación las cuestiones que se habían suscitado en el contexto del Semestre Europeo y en el Mecanismo del Estado de Derecho de 2023, comparto la opinión de la Comisión de que el Parlamento no ha identificado de manera concreta los temas que fueron supuestamente ignorados (las preocupaciones referidas al mecanismo de reparto de asuntos a los órganos jurisdiccionales inferiores ya se han examinado en el punto 97 de las presentes conclusiones).
131. Por lo que se refiere a las consultas con las partes interesadas, es cierto que la Comisión no incluyó este requisito en las decisiones de aprobación. (75) Al mismo tiempo, en su escrito de formalización de la intervención, Hungría ha señalado que realizó las consultas necesarias con las partes interesadas en relación con la Ley X sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023), de conformidad con el Reglamento MRR. Ni la Comisión ni el Parlamento rebatieron esa alegación.
132. Sobre la base de lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que estime parcialmente la sexta parte del primer motivo, exclusivamente en lo que respecta a la Ley de Protección de la Soberanía Nacional (Ley LXXXVIII de 2023).
C.      Segundo motivo, basado en el incumplimiento por la Comisión de su obligación de motivación
1.      Cuestiones principales y alegaciones de las partes
133. Mediante su segundo motivo, el Parlamento reprocha a la Comisión haber incumplido su obligación de motivación, prevista en el artículo 296 TFUE, debido a que la Decisión impugnada se limita a enumerar las modificaciones adoptadas por Hungría y no proporciona ninguna explicación de fondo que permita al lector comprender las razones que subyacen a su evaluación positiva. Además, el Parlamento afirma que el uso responsable del presupuesto de la Unión se basa en el principio de confianza mutua entre los Estados miembros, que se ve comprometido cuando la Comisión libera fondos sin una motivación adecuada para tranquilizar a las demás instituciones de la Unión, a los Estados miembros y a los ciudadanos de la Unión.
134. La Comisión, apoyada por Hungría, alega que el Parlamento no aplicó el criterio jurídico apropiado y no consideró debidamente la jurisprudencia relativa a la obligación de motivación. Según esta jurisprudencia, la exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias del caso, pues la motivación debe mostrar de manera clara e inequívoca los motivos de la adopción de la decisión o del acto de que se trate. (76) Sin embargo, cuando el interesado ha estado estrechamente vinculado al proceso de elaboración de la decisión impugnada y conoce, por tanto, las razones por las que la institución la adoptó, la extensión de la obligación de motivación se reduce de manera significativa. (77) A este respecto, la Comisión expone que la Decisión impugnada es su respuesta a Hungría en lo que respecta a la justificación de las reformas legislativas introducidas sobre la base de las Decisiones de aprobación. Así pues, cuando una decisión va precedida de un nutrido diálogo con la persona legalmente afectada por ella, basta con que exponga los principales elementos de hecho y de Derecho pertinentes para realizar una apreciación positiva. Además, la Comisión solo estará obligada a exponer su apreciación con arreglo a la segunda frase del artículo 15, apartado 4, del RDC cuando esté en desacuerdo con la apreciación del Estado miembro en cuanto a la conformidad de las medidas que ha adoptado con las condiciones favorecedoras.
2.      Análisis
135. ¿Qué tipo de motivación debe proporcionar la Comisión en una decisión por la que levanta la suspensión del pago con cargo al presupuesto y respecto a la cual habían impuesto ciertas condiciones con anterioridad y a quién debería dirigirse esa decisión?
136. La obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE tiene como función, en particular, permitir el control jurisdiccional. En jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia se aclara que «la motivación exigida por el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control». (78)
137. De ello se deduce que, además de permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control, la motivación también debe permitir a los potenciales demandantes decidir si interponen o no un recurso ante el Tribunal de Justicia.
138. La Comisión basa exclusivamente su defensa en el hecho de que Hungría puede comprender la decisión a través de la motivación que contiene. Sin embargo, aunque no es preciso entrar en detalle, esa motivación también debería satisfacer el interés que otros sujetos podrían tener en esa decisión, aun cuando no sean sus destinatarios. Así ocurre especialmente en el presente asunto en lo que respecta a la justificación de las razones por las que la existencia de requisitos aún no cumplidos no impidió a la Comisión decidir desbloquear los fondos del presupuesto de la Unión.
139. La Decisión impugnada se limitó a enumerar los requisitos impuestos por las Decisiones de aprobación y a relacionar las reformas húngaras adoptadas para cumplirlos, pero no mencionó ni los requisitos que no se habían cumplido en el momento de adoptarse la decisión, ni ninguna novedad posterior. Por lo tanto, la Comisión no ha explicado en absoluto por qué no consideró que la existencia de requisitos no cumplidos constituía un obstáculo para liberar fondos procedentes del presupuesto de la Unión. Así pues, esta parte de la motivación no solo era insuficiente para permitir impugnarla en cuanto al fondo, sino que, en realidad, era inexistente y por ello contraria al artículo 296 TFUE.
140. En estas circunstancias, considero que parte de la motivación requerida a la Comisión no se proporcionó en modo alguno en la Decisión impugnada y propongo al Tribunal de Justicia que estime el segundo motivo invocado por el Parlamento.
D.      Tercer motivo basado en una desviación de poder por parte de la Comisión
1.      Cuestiones principales y alegaciones de las partes
141. El Parlamento alega que, aunque no pudo examinar la correspondencia entre la Comisión y Hungría mantenida entre el 11 y el 13 de diciembre de 2023, los indicios disponibles demuestran que la Comisión incurrió en desviación de poder al realizar una apreciación positiva de la CFH relativa a la Carta. El Parlamento sostiene que tal apreciación favorable se realizó a cambio de la decisión del Primer Ministro húngaro de abandonar la sala, permitiendo así a los demás miembros del Consejo Europeo decidir la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania los días 14 y 15 de diciembre de 2023. Entre las pruebas que acreditan esa circunstancia cabe destacar el hecho de que el Primer Ministro vinculara en repetidas ocasiones la financiación ucraniana y el bloqueo de los fondos de la Unión para Hungría, las publicaciones en las redes sociales en las que se comprueba que salió durante la votación, las declaraciones de un miembro de la Comisión, el hecho de que la decisión únicamente estuviera redactada en inglés y la realización del pago a Hungría el 27 de diciembre de 2023, es decir, en un día no laborable para la Comisión. Por último, el Parlamento alega que la Comisión no tenía ninguna obligación de emitir su evaluación para de esa fecha y que la Decisión impugnada no explica por qué no esperó a que fueran aplicables las reformas necesarias.
142. La Comisión, apoyada por Hungría, alega que el Parlamento no ha demostrado que la Decisión impugnada se aparte de los objetivos que justifican las facultades de la Comisión. Añade que tenía que respetar un plazo de tres meses que comenzó el 18 de julio de 2023, fue suspendido dos veces y no se reanudó hasta que Hungría presentó aclaraciones. Por consiguiente, el plazo se agotó antes de final de año. El hecho de que la decisión se adoptara diez días hábiles antes de la finalización del plazo no indica, en opinión de la Comisión, que el procedimiento fuera precipitado, ya que el expediente se había estado examinando durante casi cinco meses, lo que supera ampliamente el plazo de tres meses y va más allá del período indicado en el artículo 15, apartado 4, del RDC, que exige que se adopte una posición «a la mayor brevedad posible y a más tardar a los tres meses» de la recepción de evaluación del Estado miembro. En consecuencia, la Comisión sostiene que respetó el artículo 15, apartado 4, del RDC. Por último, la decisión interna por la que se facultó a un Director General para transmitir el escrito se adoptó en el un procedimiento escrito, exclusivamente en inglés de conformidad con la habilitación del Presidente de la Comisión en virtud del Reglamento interno de la Comisión, y el escrito adjunto fue posteriormente traducido al húngaro.
2.      Análisis
143. En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha sostenido sistemáticamente que «[…] un acto solo adolece de desviación de poder cuando existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso». (79)
144. El hecho de que los fondos se liberaran cuando aún no se habían cumplido todos los requisitos concretos —por lo tanto, de forma prematura— y de que esto sucediera sin ninguna explicación puede llevar a una persona razonable a cuestionar la verdadera motivación que se esconde tras la Decisión impugnada. Sin embargo, las suposiciones o «indicios», como los denomina el Parlamento, de que los fondos de la Unión se liberaron a Hungría a cambio de favores políticos se basan principalmente en publicaciones en redes sociales, entrevistas y artículos de prensa. Desde mi punto de vista, estos elementos son insuficientes para demostrar que la Comisión adoptó la Decisión impugnada con el fin exclusivo o principal de alcanzar un objetivo que no era el de establecer que Hungría había llevado a cabo las reformas legislativas necesarias en materia de independencia judicial, condición que la habilitaba para obtener el desembolso de fondos del RDC.
145. Por consiguiente, teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia impone criterios estrictos en materia de prueba para considerar que se ha incurrido en desviación de poder, (80) propongo que desestime el tercer motivo por infundado.
VI.    Costas
146. En virtud del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
147. Dado que el Parlamento ha solicitado que se condene en costas a la Comisión y que se han desestimado las pretensiones de esta, procede condenarla en costas.
148. Con arreglo al artículo 140, apartado 1, de dicho Reglamento, Hungría, como parte coadyuvante, cargará con sus propias costas.
VII. Conclusión
149. A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:
–        «Anule la Decisión C(2023) 9014 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, sobre la aprobación y firma de la evaluación de la Comisión, con arreglo al artículo 15, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/1060, del cumplimiento de la condición favorecedora horizontal “3. Aplicación y ejecución efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales” a la vista de las deficiencias de la independencia judicial en Hungría.
–        Condene a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas y con las del Parlamento Europeo.
–        Condene a Hungría a cargar con sus propias costas.»
1      Lengua original: inglés.
2      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (DO 2021, L 231, p. 159) (en lo sucesivo, «RDC»).
3      Decisión sobre la aprobación y firma de la evaluación de la Comisión, con arreglo al artículo 15, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/1060, del cumplimiento de la condición favorecedora horizontal. «3.      Aplicación y ejecución efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales» a la vista de las deficiencias de la independencia judicial en Hungría (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
4      Para una visión general y una explicación claras de los distintos instrumentos de financiación de la Unión, véase de Witte, B., «Integration through funding? The Union’s Finances as policy instrument», en: Weber, R., (ed.), The Financial Constitution of European Integration: Follow the Money? Hart Publishing, Oxford, 2023, pp. 221‑236.
5      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (DO 2020, L 433I, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento de Condicionalidad»).
6      Véase el artículo 1 del Reglamento de Condicionalidad.
7      Véanse, a este respecto, el artículo 4, apartado 2, letra d), y los considerandos 8, 9, y 10 del Reglamento de Condicionalidad. Véanse también las sentencias de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo  (C‑156/21, EU:C:2022:97) y Polonia/Parlamento y Consejo (C‑157/21, EU:C:2022:98).
8      Véase el artículo 15 y el anexo III del RDC. La parte pertinente de la CFH relativa a la Carta recogida en el anexo III está redactada en los siguientes términos: «Existen mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Carta”) que incluyen: 1.      Disposiciones para garantizar que los programas apoyados por los Fondos y su ejecución cumplen con las disposiciones correspondientes de la Carta».
9      Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (DO 2021, L 57, p. 17).
10      Véase el artículo 2, apartado 4, del Reglamento MRR.
11      El NGEU es un programa financiero temporal, puesto en marcha en respuesta al impacto económico de la pandemia de COVID-19, por un valor de 750 000 millones de euros para cuya financiación la Unión captó fondos en los mercados financieros. Sin embargo, aunque se presenta como una respuesta de emergencia a la pandemia de COVID-19, el NGEU es, de hecho, un plan que promueve una transformación estructural de las economías de los Estados miembros, prestando especial atención a las transiciones ecológica y digital. Véase, van Middelaar, L., «Investment Politics, A New Capacity to Project Union Action into the Future?», en Weber, R., (ed.), The Financial Constitution of European Integration: Follow the Money? Hart Publishing, Oxford, 2023, pp. 237 a 257, véase, en particular, p. 251.
12      El procedimiento previsto en el Reglamento MRR exige, en primer lugar, que el Estado miembro prepare un plan nacional de recuperación y resiliencia (en lo sucesivo «PRR»), que sea coherente con «los retos y prioridades específicos de cada país» identificados en el marco del Semestre Europeo y otros mecanismos (véanse los artículos 17 y 18 del Reglamento MRR). A continuación, la Comisión examina ese plan, en estrecha cooperación con Estado miembro en cuestión, y propone y somete el PRR, junto con los objetivos e hitos propuestos, a la aprobación del Consejo de la Unión Europea (véase los artículos 19 y 20 del Reglamento MRR). La Comisión presentó la propuesta relativa a Hungría el 30 de noviembre de 2022 y el Consejo aprobó el PRR húngaro, que incluía 111 hitos y objetivos, el 5 de diciembre de 2022. Véase la Decisión de Ejecución del Consejo ST‑15447/22, de 5 de diciembre de 2022, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de Hungría (en lo sucesivo, «Decisión de Ejecución del Consejo sobre el PRR de Hungría»), disponible en https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15447‑2022-INIT/es/pdf. El 7 de diciembre de 2023, el Consejo, siguiendo la propuesta de la Comisión, introdujo modificaciones en esa Decisión de Ejecución para incluir una solicitud de financiación adicional en virtud del REPowerEU, establecido entretanto (disponible en la siguiente dirección: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15964‑2023-REV-1/en/pdf).
13      Véanse los súper hitos 213 a 216 del anexo a la Decisión de Ejecución del Consejo sobre el PRR de Hungría.
14      Como expondré con mayor grado de detalle a continuación (véanse los puntos 16 a 28 de las presentes conclusiones), con arreglo al RDC, esos requisitos pasaron a formar parte de las Decisiones de aprobación (véase la nota 31 de las presentes conclusiones), en virtud de las cuales la Comisión aprobó, el 22 de diciembre de 2022, diez programas propuestos por Hungría y suspendió al mismo tiempo su pago hasta el cumplimiento de las condiciones favorecedoras.
15      Véase el comunicado de prensa de la Comisión disponible en: https://ec.europa.eu/Comisión/presscorner/detail/en/ip_22_7273.
16      En la vista, la Comisión expuso que Hungría no había solicitado ningún pago con cargo al MRR pese que, para que pueda efectuarse cualquier desembolso en el contexto de ese mecanismo, constituye un requisito previo que se presente una solicitud de pago.
17      La Comisión señala que únicamente recurre a las medidas previstas en ese Reglamento cuando estas resultan más eficaces. Véanse, a ese respecto, la Comunicación de la Comisión, Orientaciones para la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión (2022/C 132/02, p. 12), disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022XC0318(02).
18      Véase la Decisión de Ejecución (UE) 2022/2506 del Consejo, de 15 de diciembre de 2022, sobre medidas para la protección del presupuesto de la Unión frente a la vulneración de los principios del Estado de Derecho en Hungría (DO 2022, L 325, p. 94).
19      Véase la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo sobre medidas para la protección del presupuesto de la Unión contra la vulneración de los principios del Estado de Derecho en Hungría (COM/2022/485 final), disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:52022PC0485. La primera notificación de la Comisión a Hungría con arreglo al Reglamento de Condicionalidad se envió el 27 de abril de 2022, marcando el inicio del proceso de evaluación con Hungría.
20      Véanse los considerandos 11 y 12 de la Decisión de Ejecución (EU) 2022/2506 del Consejo.
21      Esa suspensión afectaba a aproximadamente 6 300 millones de euros.
22      Esos programas eran el Programa Operativo de Medio Ambiente y Eficiencia Energética Plus, el Programa Operativo para el Desarrollo Integrado de los Transportes Plus y el Programa Operativo para el Desarrollo Territorial y la Implantación Plus. Se financian con cargo a fondos cubiertos por el RDC.
23      Mediante esa misma Decisión, el Consejo prohibió a la Comisión contraer nuevos compromisos jurídicos con cualquier fideicomiso de interés público y con cualquier entidad mantenida por ellos a efectos de cualquier programa de financiación de la Unión en régimen de gestión directa o indirecta. En Hungría, esos fideicomisos de interés público controlan veintiuna instituciones públicas húngaras. Sus consejos de administración pueden definir estrategias, presupuestos, políticas de recursos humanos, estructuras organizativas e instituciones, y pueden designar altos cargos, como los que ocupan puestos de dirección en universidades y en la Administración.
24      Véase la Decisión de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativa a la reevaluación, a iniciativa de la Comisión, del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 a raíz de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/2506 del Consejo, de 15 de diciembre de 2022, relativa a Hungría [C(2023) 8999 final], disponible en la siguiente dirección: https://commission.europa.eu/system/files/202312/C_2023_8999_1_EN_ACT.pdf.
25      Conviene señalar que, entretanto, Hungría notificó a la Comisión las modificaciones que había llevado a cabo en relación con fundaciones de gestión de activos de interés público que ejercen funciones públicas y le solicitó que propusiera al Consejo que adaptara o levantara las medidas adoptadas con arreglo al Reglamento de Condicionalidad, pero exclusivamente en lo que respecta a los fideicomisos de interés público. A raíz de la decisión de la Comisión en la que dicha institución consideraba insuficientes las reformas en cuestión, Hungría interpuso, el 26 de febrero de 2025, un recurso de anulación contra dicha Decisión, actualmente pendiente ante el Tribunal General en el asunto T‑138/25, Hungría/Comisión.
26      Véanse los artículos 21 a 23 del RDC.
27      Cuando se adoptó la Decisión impugnada resultaba de aplicación el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO 2018, L 193, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»).
28      Véase la segunda frase del artículo 15, apartado 2, del RDC (el subrayado es mío).
29      Esa evaluación se plasmó en relación con los diez programas solicitados. Véase, por ejemplo, el considerando 5 del Programa Operativo para la Eficiencia Medioambiental y Energética Plus.
30      Esas Decisiones son: La Decisión C(2022) 10004, por la que se aprueba el «Programa Operativo para la Eficiencia Medioambiental y Energética Plus» para percibir ayuda con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo de Cohesión y al Fondo de Transición Justa conforme al objetivo Inversión para el Empleo y el Crecimiento en Hungría; la Decisión C(2022) 10007, por la que se aprueba el «Programa Operativo para la Renovación Digital Plus» para percibir ayuda con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo de Cohesión y al Fondo de Transición Justa conforme al objetivo Inversión para el Empleo y el Crecimiento en Hungría; la Decisión C(2022) 10008, por la que se aprueba el «Programa Operativo para el Desarrollo Territorial y la Implantación Plus» para obtener ayuda con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo de Cohesión y al Fondo de Transición Justa conforme al objetivo Inversión para el Empleo y el Crecimiento en Hungría; la Decisión C(2022) 10009, por la que se aprueba el «Programa Operativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Plus» para obtener ayuda con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo de Cohesión y al Fondo de Transición Justa conforme al objetivo Inversión para el Empleo y el Crecimiento en Hungría; la Decisión C(2022) 10010, por la que se aprueba el «Programa Operativo para el Desarrollo de los Recursos Humanos Plus» para obtener ayuda con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo de Cohesión y al Fondo de Transición Justa conforme al objetivo Inversión para el Empleo y el Crecimiento en Hungría; la Decisión C(2022) 10011, por la que se aprueba el «Programa Operativo para el Desarrollo Integrado de los Transportes Plus» para percibir ayuda con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo de Cohesión y al Fondo de Transición Justa conforme al objetivo Inversión para el Empleo y el Crecimiento en Hungría; la Decisión C(2022) 10018, por la que se aprueba el «Programa Húngaro de Pesca Plus (HFP Plus)» para percibir ayuda con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura; la Decisión C(2022) 10019, por la que se aprueba el programa de Hungría con cargo al Fondo de Seguridad Interior 2021‑2027; la Decisión C(2022) 10020, por la que se aprueba el programa de Hungría con cargo al Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados para el período 2021‑2027, y la Decisión C(2022) 10022, por la que se aprueba el programa de Hungría con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración 2021‑2027 (en lo sucesivo, «Decisiones de aprobación»).
31      Véase, por ejemplo, el considerando 8 de la Decisión de Ejecución por la que se aprueba el «Programa Operativo Plus para la Eficiencia Medioambiental y Energética».
32      Véanse los artículos 1 y 2 de cada una de las Decisiones de aprobación.
33      El artículo 3, apartado 2, es idéntico en las diez Decisiones de aprobación. El subrayado es mío.
34      Volveré sobre estos requisitos específicos, supuestamente no cumplidos, cuando examine determinadas partes concretas del primer motivo invocado por el Parlamento (véase la sección V, parte B de las presentes conclusiones).
35      El subrayado es mío.
36      Egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról szóló 2023. évi X. törvény [Ley X de 2023 por la que se modifican determinadas leyes en materia judicial en relación con el plan de recuperación y resiliencia para Hungría «Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023)»]
37      Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. Törvény [Ley LXVIII de 1997 sobre la Relación de Servicio del Personal Judicial; «Ley sobre el personal judicial (Ley LXVIII de 1997)»].
38      Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. Törvény [Ley CLI de 2011 sobre el Tribunal Constitucional; «Ley sobre el Tribunal Constitucional (Ley CLI de 2011)»].
39      A bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény [Ley CLXI de 2011 sobre la Organización y la Administración de los Tribunales; «Ley sobre la Organización de los Tribunales (Ley CLXI de 2011)»].
40      A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény [Ley CLXII de 2011 sobre el Estatuto y la Remuneración de los Jueces; «Ley sobre el Estatuto de los Jueces (Ley CLXII de 2011)»].
41      A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény [Ley XC de 2017, de Enjuiciamiento Criminal; «Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley XC de 2017)»].
42      18/2023. (XII. 7.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1) (Decreto 18/2023 del Ministro de Justicia, de 7 de diciembre 2023 por el que se modifica el Decreto de Gestión de los Litigios; «Decreto 18/2023»).
43      Az egyetemek és a kutatóintézetek, valamint a gazdaság összekapcsoltságának erősítéséhez szükséges egyes törvények, továbbá egyes felnőttképzési és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXV. törvény [Ley LXXXV de 2023 por la que se modifican determinadas leyes necesarias para reforzar la interconexión entre las universidades e institutos de investigación y la economía, así como determinadas leyes sobre la educación para adultos y la cultura; «Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023)»].
44      A nemzeti szuverenitás védelméről szóló 2023. évi LXXXVIII. törvény [Ley LXXXVIII de 2023, de Protección de la Soberanía Nacional; «Ley de Protección de la Soberanía Nacional (Ley LXXXVIII de 2023)»].
45      En las presentes conclusiones emplearé la expresión «Decisión impugnada» para referirme tanto a la propia Decisión como al escrito de evaluación que la acompaña.
46      Así, el 18 de julio de 2023, Hungría informó por primera vez a la Comisión sobre su autoevaluación positiva en relación con el cumplimiento de la CFH relativa a la Carta en materia de independencia judicial. Dado que la Comisión no pudo determinar si las modificaciones legislativas introducidas por Hungría cumplían todas las exigencias especificadas en las Decisiones de aprobación, la Comisión solicitó aclaraciones a Hungría el 26 de septiembre de 2023. El 19 de octubre de 2023, Hungría respondió y facilitó explicaciones complementarias. El 1 de noviembre de 2023, la Comisión solicitó aclaraciones adicionales, a las que Hungría respondió mediante escritos de 11, 12 y 13 de diciembre de 2023.
47      Esos programas incluyen el Programa con cargo al Fondo de Seguridad Interior, tal como se define en la Decisión de Ejecución C(2022) 10019; el Programa con cargo al Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y Política de Visados, tal como se define en la Decisión de Ejecución C(2022) 10020; el «Programa Operativo de Desarrollo Territorial y de Implantación Plus», tal como se define en la Decisión de Ejecución C(2022) 10008; el «Programa Operativo para el Desarrollo Integrado de los Transportes Plus», tal como se define en la Decisión de Ejecución C(2022) 10011; el Programa Operativo «para la Eficiencia Medioambiental y Energética Plus», tal como se define en la Decisión de Ejecución C(2022) 10004, y el «Programa Húngaro de Pesca Plus», tal como se define en la Decisión de Ejecución C(2022) 10018.
48      Se trata del programa con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración, según se define en la Decisión de Ejecución C(2022) 10022; el «Programa Operativo para el Desarrollo de los Recursos Humanos Plus», según se define en la Decisión de Ejecución C(2022) 10010, corregida por la Decisión de Ejecución de la Comisión (2023) 1483, de 8 de marzo de 2023; el «Programa Operativo para la Renovación Digital Plus», según se define en la Decisión de Ejecución C(2022) 10007, y el «Programa Operativo para el Desarrollo Económico y la Innovación Plus», según se define en la Decisión de Ejecución C(2022) 10009.
49      Véase el Comunicado de Prensa de la Comisión, Commission considers that Hungary’s judicial reform addressed deficiencies in judicial independence, but maintains measures on budget conditionality, 13 de diciembre de 2023, disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_23_6465/IP_23_6465_EN.pdf.
50      Aunque el Parlamento calificó los errores de la Comisión como manifiestos, en la vista expuso que simplemente pretendía dar a entender, con ese adjetivo, que los errores eran evidentes, no sugerir que se trata del criterio que debe aplicar el Tribunal de Justicia a la hora de examinar la legalidad de la decisión.
51      Como expuso el Tribunal de Justicia en dos sentencias en materia de condicionalidad, las exigencias relativas al Estado de Derecho como parte de la condicionalidad presupuestaria solo permiten a las instituciones de la Unión examinar las situaciones en los Estados miembros en la medida en que sean pertinentes para la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión. Véanse las sentencias de 16 de febrero de 2022, Hungría/Parlamento y Consejo (C‑156/21, EU:C:2022:97), apartados 144 y 145, y de 16 de febrero de 2022, Polonia/Parlamento y Consejo (C‑157/21, EU:C:2022:98), apartados 162 y 163.
52      Aunque es posible que esa formulación no refleje adecuadamente el contenido de todos los motivos invocados por el Parlamento, mantendré esa terminología para conservar la conexión con cada parte del primer motivo invocado por el Parlamento. Sin embargo, la alegación relativa a la «evaluación errónea» que figura en las partes segunda, tercera, cuarta y quinta del primer motivo del Parlamento debe interpretarse, en relación con algunas de las alegaciones, no como una determinación errónea de los hechos, sino como una aplicación incorrecta del Derecho.
53      No puedo dejar de observar que el presente asunto ha puesto de manifiesto que muchas medidas relacionadas con el uso de los fondos de la UE y la aplicación de diferentes formas de condicionalidad a este respecto no son lo suficientemente transparentes. Esto es contrario al principio de democracia, ya que dificulta que los ciudadanos de la UE comprendan cómo y por qué se toman muchas de las decisiones presupuestarias.
54      Véase, por ejemplo, el artículo 3 de la Decisión de Ejecución C(2022) 10004 por la que se aprueba el «Programa Operativo Medio Ambiente y Eficiencia Energética Plus».
55      Véase el considerando 9 de las Decisiones de aprobación.
56      Por el que se modifica el subtítulo 63 de la Ley sobre la Organización de los Tribunales (Ley CLXI de 2011).
57      Véanse los considerandos 10 y 11 de las Decisiones de aprobación.
58      En particular, los candidatos a ese puesto deben tener al menos cinco años de experiencia como jueces, quien lo ocupe no puede ser reelegido y el CNPJ debe emitir un dictamen vinculante sobre la adecuación del candidato para ese cargo.
59      En particular, los números de asunto deben asignarse sin intervención humana, los asuntos deben repartirse a las salas confirme a un criterio objetivo previamente establecido, la formación que conozca de un asunto debe constituirse con arreglo a un algoritmo establecido con anterioridad, las partes en el procedimiento también deben poder comprobar, sobre la base de los autos si se han aplicado debidamente las normas sobre reparto de asuntos y el consejo judicial de la Kúria (Tribunal Supremo) y el Kollégium (secciones de jueces) deben poder emitir dictámenes vinculantes sobre el sistema de reparto de asuntos.
60      Como se señala en el Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho de 2023 — Capítulo por país sobre la situación del Estado de Derecho en Hungría, 2023, p. 7 (en lo sucesivo, «Informe sobre el Estado de Derecho de 2023»): «una minoría de bloqueo en el Parlamento puede impedir la elección de un nuevo presidente, manteniendo al actual en su cargo de forma indefinida».
61      Por el que se modifica el artículo 10, apartado 4, letra c), de la Ley sobre la Organización de los Tribunales (Ley CLXI de 2011).
62      La disposición VI.4 del sistema de reparto de asuntos establece que el jefe del departamento administrativo puede, mediante una orden especial, repartir los asuntos relacionados con las elecciones a las salas VIII, IX, X y XI, compuestas por tres miembros, si se presentan más de quince asuntos electorales ante la Kúria en un plazo de tres días naturales. Las cuatro salas VIII, IX, X y XI son salas nuevas, creadas especialmente para los litigios electorales y no conocen de otro tipo de asuntos, por lo que se las denomina salas «fantasma». Sin esas modificaciones, los litigios electorales serían resueltos por las salas existentes compuestas por tres miembros.
63      Véase el Informe sobre el Estado de Derecho de 2023, p. 6.
64      Por el que se modifica el artículo 114, apartado 1, de la Ley sobre Organización de los Tribunales (Ley CLXI de 2011).
65      Véanse las sentencias de 5 de noviembre de 2019, Comisión/Polonia (Independencia de los tribunales ordinarios) (C‑192/18, EU:C:2019:924), apartado 115, y de 7 de mayo de 2024, NADA y otros (C‑115/22, EU:C:2024:384), apartados 43 y 44.
66      Por el que se modifica el artículo 10, apartado 4, de la Ley sobre Organización de los Tribunales (Ley CLXI de 2011). Prevé que «el número que se asigna a los asuntos de manera electrónica debe atribuirse mediante un procedimiento automatizado, sin intervención humana».
67      En su escrito a la Comisión de 11 de diciembre de 2023, Hungría señaló que, conforme a la sugerencia realizada por la Comisión durante las reuniones bilaterales celebradas el 2 de noviembre de 2023, se había comprometido a facilitar a la Comisión un informe de auditoría independiente antes del 30 de junio de 2024.
68      El artículo 63, apartado 1, de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023) dispone que «cualquier tribunal podrá iniciar, de oficio o a instancia de parte, un procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia […] de conformidad con las normas de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, cuando lo considere necesario con respecto a cualquier acto jurídico o normativa de la Unión Europea aplicable en el proceso penal».
69      Artículo 64 de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023) dispone que «no podrá interponerse recurso alguno contra los autos dictados en virtud del artículo 490».
70      Véase la sentencia de 23 de noviembre de 2021, IS (Ilegalidad de la resolución de remisión) (C‑564/19, EU:C:2021:949; en lo sucesivo, «Ilegalidad de la resolución de remisión»).
71      La exposición de motivos establece lo siguiente en relación con el artículo 63 de la Ley sobre las Reformas Judiciales (Ley X de 2023): «no cabe decisión para revisar la legalidad de una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea» y «el derecho de los jueces húngaros a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia […] con arreglo a los Tratados de la Unión no está limitado por los instrumentos nacionales».
72      Esta Ley fue adoptada el 12 de diciembre de 2023 durante la misma sesión del Országgyűlés (Asamblea Nacional) en la que se aprobó el artículo 35 de la Ley por la que se modifican las Leyes sobre la Universidad (Ley LXXXV de 2023).
73      Szuverenitásvédelmi Hivatal (Oficina para la Protección de la Soberanía Nacional).
74      Es preciso tener en cuenta que la Comisión inició el procedimiento por incumplimiento respecto de la Ley de Protección de la Soberanía Nacional el 7 de febrero de 2024. Ese procedimiento se encuentra en fase procesal y está actualmente pendiente ante el Tribunal de Justicia. Véase el asunto C‑829/24, Comisión/Hungría, pendiente de resolución. Véanse también las conclusiones de la Abogada General Kokott en el asunto C‑829/24, Comisión/Hungría, leídas el mismo día que las presentes conclusiones.
75      No obstante, esas consultas sí se exigían en cuatro hitos con arreglo al Reglamento MRR, redactados de manera idéntica.
76      La Comisión invocó las sentencias de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión (C‑521/09 P, EU:C:2011:620), apartados 146 a 148 y jurisprudencia citada, y de 11 de julio de 2013, Ziegler/Comisión, (C‑439/11 P, EU:C:2013:513), apartados 114 y 115.
77      La Comisión invocó las sentencias de 11 de diciembre de 1980, Acciaierie e Ferriere Lucchini/Comisión (1252/79, EU:C:1980:288), apartado 14; de 14 de enero de 1981, Alemania/Comisión (819/79, EU:C:1981:2), apartados 19 a 21; de 14 de noviembre de 1989, Italia/Comisión (14/88, EU:C:1989:421), apartado 11; de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154), apartado 63; de 22 de marzo de 2001, Francia/Comisión (C‑17/99, EU:C:2001:178), apartado 35; de 10 de septiembre de 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (C‑687/13, EU:C:2015:573), apartados 75 y 76, y de 27 de septiembre de 2012, Applied Microengineering/Comisión (T‑387/09, EU:T:2012:501), apartado 67.
78      Véanse, entre otras muchas, las sentencias de 11 de julio de 2013, Ziegler/Comisión (C‑439/11 P, EU:C:2013:513), apartado 115 y jurisprudencia citada y de 23 de enero de 2025, Neos/Ryanair y Comisión (C‑490/23 P, EU:C:2025:32), apartado 34 y jurisprudencia citada (el subrayado es mío).
79      Véase la sentencia de 8 de diciembre de 2020, Hungría/Parlamento y Consejo (C‑620/18, EU:C:2020:1001), apartado 82 y jurisprudencia citada.
80      Véase Lenaerts, K., Gutman, K. y Nowak, J.
T., EU Procedural Law, Oxford University Press, 2023, apartados 7.191 a 7.194.