Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
Sr. MACIEJ SZPUNAR
presentadas el 4 de septiembre de 2025 (1)
Asunto C‑572/23 P
Carles Puigdemont i Casamajó,
Antoni Comín i Oliveres,
Clara Ponsatí i Obiols
contra
Parlamento Europeo
« Recurso de casación — Derecho institucional — Miembros del Parlamento Europeo — Privilegios e inmunidades — Suplicatorio de suspensión de la inmunidad presentado en el marco de un proceso penal — Instrucción del suplicatorio por el Parlamento — Imparcialidad — Criterios para la suspensión de la inmunidad — Facultad de apreciación del Parlamento — Decisión de suspender la inmunidad de un diputado — Recurso de anulación — Persistencia del interés del recurrente en ejercitar la acción tras la expiración de su mandato de diputado »
I.      Introducción
1.        Mediante su recurso de casación, D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y D.ª Clara Ponsatí i Obiols solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de 5 de julio de 2023, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento (T‑272/21, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2023:373), por la que se desestimó el recurso que habían interpuesto con la pretensión de que se anulasen las Decisiones P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 y P9_TA(2021)0061 del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, sobre los suplicatorios de suspensión de su inmunidad (en lo sucesivo, «Decisiones controvertidas»). (2)
2.        En apoyo de sus pretensiones, los recurrentes formulan diez motivos de casación. Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, en las presentes conclusiones, me centraré en los motivos de casación tercero, quinto y sexto. Por otra parte, propondré al Tribunal de Justicia que examine de oficio si el interés de los recurrentes en ejercitar la acción persiste tras el 15 de julio de 2024, es decir, tras la expiración de sus mandatos de diputado en la novena legislatura.
II.    Derecho de la Unión
3.        El Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, (3) anejo a los Tratados UE y FUE (en lo sucesivo, «Protocolo n.º 7»), dispone en su artículo 9:
«Mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán:
a)      en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;
b)      en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial.
Gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de este.
No podrá invocarse la inmunidad en caso de flagrante delito ni podrá esta obstruir el ejercicio por el Parlamento Europeo de su derecho a suspender la inmunidad de uno de sus miembros.»
4.        El artículo 18 del Protocolo n.º 7, que forma parte del capítulo VII, titulado «Disposiciones generales», establece:
«A los efectos de aplicación del presente Protocolo, las instituciones de la Unión cooperarán con las autoridades responsables de los Estados miembros interesados.»
5.        La organización interna del Parlamento se rige por su Reglamento interno. El artículo 5 del Reglamento aplicable a la novena legislatura (2019‑2024) (4) (en lo sucesivo, «Reglamento interno»), que lleva como epígrafe «Privilegios e inmunidades», preceptúa:
«1.      Los diputados gozan de los privilegios y las inmunidades establecidos en el Protocolo n.º 7 […].
2.      En el ejercicio de sus prerrogativas con respecto a los privilegios y las inmunidades, el Parlamento actuará para mantener su integridad como asamblea legislativa democrática y para garantizar la independencia de los diputados en el ejercicio de sus funciones. La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados.
[…]»
6.        El artículo 6 del Reglamento interno, titulado «Suspensión de la inmunidad», dispone:
«1.      Todo suplicatorio de suspensión de la inmunidad se examinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 del Protocolo n.º 7 […] y con los principios a los que se refiere el artículo 5, apartado 2, del presente Reglamento interno.
[…]»
7.        El artículo 9 del Reglamento interno, que lleva como epígrafe «Procedimientos relativos a la inmunidad», preceptúa:
«1.      Todo suplicatorio dirigido al presidente [del Parlamento] por una autoridad competente de un Estado miembro con objeto de suspender la inmunidad de un diputado, o toda solicitud de un diputado o un antiguo diputado con objeto de que se amparen sus privilegios e inmunidades, se comunicará al Pleno y se remitirá a la comisión competente.
[…]
3.      La comisión examinará sin demora, pero teniendo en cuenta su complejidad relativa, los suplicatorios de suspensión de la inmunidad parlamentaria o las solicitudes de amparo de los privilegios e inmunidades.
4.      La comisión formulará una propuesta de decisión motivada, que recomendará la concesión o denegación del suplicatorio de suspensión de la inmunidad o de la solicitud de amparo de la inmunidad y los privilegios. Las enmiendas serán inadmisibles. Si se rechaza una propuesta, se entenderá adoptada la decisión contraria.
5.      La comisión podrá pedir a la autoridad competente cuantas informaciones o aclaraciones estime necesarias para formarse un criterio sobre la procedencia de la suspensión de la inmunidad o de su amparo.
6.      El diputado interesado tendrá una oportunidad de ser oído y podrá aportar cuantos documentos o elementos de prueba escritos estime oportunos.
El diputado interesado no estará presente durante los debates sobre el suplicatorio de suspensión o la solicitud de amparo de la inmunidad, salvo en la audiencia propiamente dicha.
[…]
7.      Cuando el suplicatorio de suspensión o la solicitud de amparo de la inmunidad se formulen por varios cargos, cada uno de estos podrá ser objeto de una decisión distinta. Excepcionalmente, el informe de la comisión podrá proponer que se conceda la suspensión o el amparo de la inmunidad únicamente a efectos del ejercicio de la acción penal, sin que pueda adoptarse contra el diputado, mientras no recaiga sentencia firme, medida alguna de detención, prisión provisional o cualquier otra que le impida ejercer las funciones propias de su mandato.
8.      La comisión podrá emitir una opinión motivada sobre la competencia de la autoridad de que se trate y sobre la admisibilidad del suplicatorio, pero en ningún caso se pronunciará sobre la culpabilidad o no culpabilidad del diputado ni sobre la procedencia o improcedencia de perseguir penalmente las opiniones o actos que a aquel se atribuyan, ni siquiera en el supuesto de que el examen del suplicatorio proporcione a la comisión un conocimiento profundo del asunto.
[…]
11.      La comisión tramitará el asunto y tratará los documentos recibidos con la máxima confidencialidad. La comisión examinará siempre a puerta cerrada las solicitudes relativas a procedimientos sobre inmunidad parlamentaria.
[…]
13.      La comisión establecerá principios para la aplicación del presente artículo.
14.      Toda consulta formulada por una autoridad competente sobre el alcance de los privilegios e inmunidades de los diputados se tramitará con arreglo a las anteriores disposiciones.»
III. Antecedentes del litigio, sentencia recurrida, procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
A.      Antecedentes del litigio
8.        Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 2 a 19 de la sentencia recurrida. Pueden resumirse del siguiente modo.
9.        El Sr. Puigdemont i Casamajó (en lo sucesivo, «primer recurrente») ocupaba el cargo de presidente de la Generalidad de Cataluña y el Sr. Comín i Oliveres (en lo sucesivo, «segundo recurrente») y la Sra. Ponsatí i Obiols (en lo sucesivo, «tercera recurrente») eran consejeros del Gobierno autonómico de Cataluña cuando el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación, (5) y la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, (6) y cuando se realizó, el 1 de octubre de 2017, el referéndum de autodeterminación previsto en la primera de estas dos Leyes, cuyas disposiciones habían sido entretanto suspendidas por resolución del Tribunal Constitucional.
10.      A raíz de la aprobación de dichas Leyes y de la realización de ese referéndum, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y el partido político VOX entablaron un proceso penal contra los recurrentes, entre otras personas, a quienes se acusaba de haber cometido, entre otros, los delitos de «sedición» y de «malversación de caudales públicos». Mediante auto de 9 de julio de 2018, el Tribunal Supremo declaró rebeldes a los recurrentes, tras haber abandonado España, y suspendió la causa penal hasta que fueran hallados.
11.      Posteriormente, los recurrentes presentaron su candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo que se celebraron en España el 26 de mayo de 2019, en las que el primer recurrente y el segundo recurrente resultaron electos con efectos desde el 2 de julio de 2019.
12.      El 14 de octubre de 2019, el magistrado instructor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó orden de detención nacional, orden de detención europea y orden de detención internacional contra el primer recurrente a fin de que pudiera ser juzgado en el proceso penal de que se trata. El 4 de noviembre de 2019, ese mismo magistrado dictó sendas órdenes de detención idénticas contra el segundo recurrente y la tercera recurrente.
13.      El 13 de enero de 2020, el presidente del Tribunal Supremo remitió al Parlamento el suplicatorio de 10 de enero de 2020, que le había transmitido el presidente de la Sala de lo Penal de dicho Tribunal y obrante en un auto de la misma fecha del magistrado instructor de la referida Sala, con el objeto de que se suspendiera la inmunidad parlamentaria del primer recurrente y del segundo recurrente.
14.      El 10 de febrero de 2020, de resultas de la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, que había tenido lugar el 31 de enero de 2020, el Parlamento tomó nota de la elección de la tercera recurrente como diputada con efectos desde el 1 de febrero de 2020.
15.      Ese mismo día, el presidente del Tribunal Supremo remitió al Parlamento el suplicatorio de 4 de febrero de 2020, que le había transmitido el presidente de la Sala de lo Penal de dicho Tribunal y obrante en un auto de la misma fecha del magistrado instructor de dicha Sala, con el objeto de que se suspendiera la inmunidad de la tercera recurrente.
16.      El vicepresidente del Parlamento comunicó en sesión plenaria los suplicatorios de suspensión de la inmunidad y los trasladó a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento (en lo sucesivo, «Comisión JURI»).
17.      Los recurrentes presentaron observaciones al Parlamento. También fueron oídos por la Comisión JURI el 14 de enero de 2021.
18.      El 23 de febrero de 2021, la Comisión JURI aprobó los informes A 9‑0020/2021, A 9‑0021/2021 y A 9‑0022/2021, sobre los suplicatorios de suspensión de la inmunidad de los recurrentes.
19.      Mediante las Decisiones controvertidas, el Parlamento concedió los suplicatorios mencionados en los puntos 13 y 15 de las presentes conclusiones.
B.      Sentencia recurrida
20.      El 19 de mayo de 2021, los recurrentes interpusieron ante el Tribunal General recurso con la pretensión de que se anulasen las Decisiones controvertidas.
21.      En apoyo de sus recursos, los recurrentes formularon ocho motivos. Los cuatro motivos (7) pertinentes en el marco de las presentes conclusiones se basaban, en esencia, en la pretendida violación por el Parlamento de los principios de imparcialidad y de equidad del procedimiento (tercer motivo), en la violación de los principios de seguridad jurídica y de cooperación leal, del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa por falta de claridad de las Decisiones controvertidas (quinto motivo), en la infracción del artículo 343 TFUE, del artículo 9 del Protocolo n.º 7 y del artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno, por haber traspasado el Parlamento los límites a que se encuentra sometida su prerrogativa para suspender la inmunidad de sus miembros (sexto motivo), y en la violación de los principios de buena administración y de igualdad de trato, por haberse apartado el Parlamento, sin justificación, de su anterior práctica o por haber incurrido en error manifiesto de apreciación (séptimo motivo).
22.      Mediante auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2022, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento y España [C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413], se suspendió la ejecución de las Decisiones controvertidas.
23.      Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó los ocho motivos formulados por los recurrentes.
24.      Por lo que respecta al tercer motivo de anulación, el Tribunal General desestimó, para empezar, las tres primeras partes, relativas a la designación de un único ponente para los tres expedientes de inmunidad (apartado 238 de la sentencia recurrida), a la falta de imparcialidad del ponente designado (apartado 257 de esa sentencia) y a la falta de imparcialidad del presidente de la Comisión JURI (apartado 262 de dicha sentencia). A continuación, el Tribunal General consideró que, al haberse desestimado esas tres partes, no era necesario apreciar la cuarta parte del motivo, relativa a la confidencialidad de los trabajos de la Comisión JURI (apartado 262 de la referida sentencia).
25.      En cuanto al quinto motivo de anulación, el Tribunal General hizo constar que las Decisiones controvertidas no adolecen de falta de claridad en lo atinente a los procedimientos para los cuales se suspendió la inmunidad (apartado 97 de la sentencia recurrida) y que el artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7 no confiere a los recurrentes una protección autónoma respecto de aquella de la que disfrutaban en virtud del artículo 9, párrafo primero, de este Protocolo (apartado 107 de la referida sentencia).
26.      En lo que se refiere a los motivos de anulación sexto y séptimo, el Tribunal General desestimó primero, en el apartado 143 de la sentencia recurrida, el sexto motivo, en la medida en que se basaba en la infracción del artículo 343 TFUE, del artículo 9 del Protocolo n.º 7 y del artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno y en la vulneración de determinados derechos fundamentales de los recurrentes. A continuación, desestimó, en el apartado 187 de dicha sentencia, el sexto motivo, en la medida en que se basaba en errores de hecho y de Derecho que vician el examen del fumus persecutionis por el Parlamento, y el séptimo motivo.
C.      Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes
27.      El 15 de septiembre de 2023, los recurrentes interpusieron recurso de casación contra la sentencia recurrida. El Parlamento y el Reino de España, autorizados a intervenir en apoyo de las pretensiones del Parlamento en el asunto ante el Tribunal General, presentaron sus escritos de contestación. Mediante decisión del Presidente del Tribunal de Justicia, se autorizó a las partes a presentar una réplica y una dúplica.
28.      Mediante su recurso de casación, los recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Anule las Decisiones controvertidas o, subsidiariamente, devuelva el asunto al Tribunal General.
–        Condene en costas al Parlamento y al Reino de España o, subsidiariamente, reserve la decisión sobre las costas.
29.      El Parlamento y el Reino de España solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas a los recurrentes.
30.      El Tribunal de Justicia ha decidido resolver el asunto sin celebrar vista oral.
IV.    Análisis
A.      Sobre el recurso de casación
31.      En apoyo de su recurso de casación, los recurrentes formulan diez motivos. Como ya he indicado, conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, centraré mis conclusiones en los motivos de casación tercero, quinto y sexto, que se basan, respectivamente, en que se incurrió en falta de imparcialidad y de equidad en el procedimiento de suspensión de la inmunidad ante el Parlamento (tercer motivo de casación), en que las Decisiones controvertidas adolecen de falta de claridad (quinto motivo de casación) y en que se cometieron errores en la interpretación y en la aplicación de las normas relativas a la decisión de suspender la inmunidad parlamentaria, en concreto en lo referente a la apreciación del fumus persecutionis por parte del Parlamento (sexto motivo de casación). Comenzaré mi examen por el tercer motivo de casación, para a continuación seguir con el sexto motivo de casación y terminar con el quinto motivo de casación.
32.      Antes de iniciar el análisis de estos tres motivos de casación, me parece necesario formular algunas observaciones, por una parte, sobre la persistencia del interés de los recurrentes en ejercitar la acción tras la finalización de la novena legislatura y, por otra parte, sobre la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 9 del Protocolo n.º 7 y el control judicial de la decisión de suspender esa inmunidad.
B.      Sobre la persistencia del interés de los recurrentes en ejercitar la acción
33.      Es bien sabido que, en casación, el Tribunal de Justicia debe examinar de oficio la admisibilidad del recurso, incluida la persistencia del interés de los recurrentes en ejercitar la acción. (8) En el presente caso, opino que el Tribunal de Justicia debe realizar de oficio tal examen, habida cuenta del cambio que se ha producido en la situación de los recurrentes a raíz de la expiración de sus mandatos de diputado por la finalización de la novena legislatura el 15 de julio de 2024. Ha de señalarse que las partes no pudieron abordar esta cuestión en el procedimiento escrito, pues este concluyó el 2 de julio de 2024, antes pues de que finalizara la novena legislatura.
34.      A este respecto, ha de recordarse que el interés en ejercitar la acción constituye el primer y fundamental requisito para cualquier acción judicial promovida por una persona física o jurídica. (9) Ese interés debe existir en el momento de la interposición del recurso, so pena de inadmisión del recurso, y perdurar hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento. (10) Tal interés presupone que la anulación del acto impugnado pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto. (11)
35.      En este contexto, ha de señalarse, por una parte, que, al haber llegado a término sus mandatos de diputado, el primer recurrente y la tercera recurrente ya no gozan, desde el 16 de julio de 2024, de las inmunidades consagradas en el artículo 9 del Protocolo n.º 7. Por ende, la eventual anulación de las Decisiones controvertidas de que estos dos recurrentes son objeto no les procuraría beneficio alguno. Por otra parte, ha de observarse que, en el marco del procedimiento ante el Tribunal General, el Vicepresidente del Tribunal de Justicia, mediante auto de 24 de mayo de 2022, (12) ordenó suspender la ejecución de las Decisiones controvertidas, que dicho auto no se anuló antes de que se dictara la sentencia recurrida y que, tras dictarse esta, pese a no aplicarse medidas provisionales en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, las Decisiones controvertidas no se llevaron a efecto, en cualquier caso, antes de que expirasen los mandatos de los diputados.
36.      En estas circunstancias, considero que el primer recurrente y la tercera recurrente ya no tienen interés en que se anulen las Decisiones controvertidas de que son objeto [Decisiones P9_TA(2021)0059 y P9_TA(2021)0061], debido a la expiración de sus mandatos de diputado, y que, en consecuencia, su recurso de casación ha quedado sin objeto. Así pues, como el presente recurso de casación ya no puede procurar, por su resultado, beneficio a esos recurrentes, ha de considerarse que no procede resolver dicho recurso en lo que a ellos respecta. Dadas estas circunstancias, propongo al Tribunal de Justicia que, con arreglo al artículo 149 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, declare el sobreseimiento en lo referente al recurso de casación interpuesto por el primer recurrente y la tercera recurrente.
37.      La situación es diferente en
el caso del segundo recurrente. En efecto, de los autos del asunto Comín i Oliveres/Parlamento (T‑477/24) del Tribunal General resulta que, el 9 de junio de 2024, el segundo recurrente volvió a resultar electo como miembro del Parlamento para la décima legislatura. No obstante, su nombre no figura en la lista de los candidatos electos en España que la Junta Electoral Central notificó al Parlamento. Al parecer, la Junta Electoral Central indicó al Parlamento que el segundo recurrente no había prestado la promesa o el juramento de acatamiento a la Constitución española, por lo que había declarado vacante el escaño atribuido a este en el Parlamento y suspendidas las prerrogativas que le pudieran corresponder en razón de su cargo hasta que se produjera dicho acatamiento. (13) Lo anterior implica, en vista de la sentencia Junqueras Vies, (14) que debe considerarse que el segundo recurrente sigue gozando de inmunidad en virtud del artículo 9 del Protocolo n.º 7 y que conserva su interés en que se anule la
Decisión controvertida de que es objeto [Decisión P9_TA(2021)0060].
38.      Habida cuenta de que persiste el interés del segundo recurrente en ejercitar la acción, y para el caso de que el Tribunal de Justicia no comparta mi postura sobre la falta de interés del primer recurrente y de la tercera recurrente en ejercitar la acción, examinaré los motivos de casación tercero, quinto y sexto.
C.      Sobre la inmunidad y el control judicial de la decisión de suspenderla
39.      Siguiendo la tradición continental, que hunde sus raíces en la Revolución francesa, (15) el Protocolo n.º 7 contempla dos formas de protección de los parlamentarios: la inviolabilidad (por las opiniones manifestadas o los votos emitidos en el ejercicio de las funciones parlamentarias; artículo 8 de este Protocolo) y la inmunidad (protección frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial por cualquier otro acto; artículo 9 de dicho Protocolo). Es esta segunda forma de protección de los parlamentarios la que es objeto del presente asunto.
40.      Aunque el Protocolo n.º 7 establece expresamente que, a diferencia de lo que ocurre con la inviolabilidad, la inmunidad puede suspenderse, no especifica, sin embargo, qué criterios materiales deben cumplirse para adoptar tal decisión, criterios estos que, por lo demás, tampoco se contemplan expresamente en el Derecho primario ni en los actos de Derecho derivado jurídicamente vinculantes. La única certeza existente es que la suspensión de la inmunidad parlamentaria se incluye entre las competencias del Parlamento.
41.      Así las cosas, cabe preguntarse por el alcance de la prerrogativa del Parlamento ante un suplicatorio de suspensión de la inmunidad de uno de sus miembros y por el alcance del control judicial de la decisión del Parlamento. Como no hay en los textos normativos indicaciones al respecto, la respuesta debe buscarse en la finalidad de la inmunidad parlamentaria, tal como se interpreta en la jurisprudencia.
42.      A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»), (16) que las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento Europeo tienen por objeto garantizar la independencia de esta institución en el cumplimiento de su misión. (17) Como ya señalé en mis conclusiones en el asunto Junqueras Vies, si bien la inmunidad parlamentaria se presenta en forma de protección otorgada a cada miembro del parlamento personalmente, no es un privilegio del diputado destinado a sustraerlo al imperio de la ley general, sino un mecanismo de protección del Parlamento en su conjunto. (18) En este contexto, de la jurisprudencia del TEDH resulta asimismo que la inmunidad constituye una excepción al régimen ordinario de procedibilidad y enjuiciamiento de presuntos delitos, razón por la cual los Estados deben garantizar que tenga un alcance restrictivo bien delimitado, de modo que no pueda ser utilizada por los representantes políticos como instrumento para eludir la acción de la justicia. (19)
43.      Habida cuenta de la finalidad de la inmunidad como mecanismo para proteger al propio Parlamento, de la falta de indicaciones en el Derecho primario sobre los criterios materiales que deben concurrir para suspender la inmunidad parlamentaria y del hecho de que la decisión de suspender la inmunidad se incluye entre las competencias del Parlamento, ha de considerarse, en mi opinión, que la referida institución dispone de una amplia facultad de apreciación en la tramitación de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad. Lo anterior supone tanto la potestad para determinar las normas de procedimiento aplicables y los criterios materiales para suspender la inmunidad como la potestad para decidir libremente sobre el suplicatorio que se haya presentado.
44.      Ciertamente, la amplia facultad de apreciación de que dispone el Parlamento no excluye el control judicial de las decisiones de suspensión de la inmunidad que adopte. En efecto, tal decisión afecta, por una parte, a la situación jurídica del diputado de que se trate, que debería poder hacer valer sus derechos. Por otra parte, afecta al derecho a la tutela judicial efectiva de los particulares perjudicados por los hechos que haya cometido ese diputado.
45.      No obstante, habida cuenta de la amplia facultad de apreciación del Parlamento, suscribo la jurisprudencia del Tribunal General (20) según la cual, en el marco del control judicial de la decisión de suspender la inmunidad, el juez de la Unión debe, en principio, limitarse a verificar el cumplimiento de las normas de procedimiento, la exactitud material de los hechos considerados por la institución, la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o la inexistencia de desviación de poder. (21) En efecto, el Parlamento goza en exclusiva de la competencia para determinar si, habida cuenta del conjunto de hechos pertinentes, la suspensión de la inmunidad menoscaba o no su propia independencia en el cumplimiento de su misión.
46.      Los tres motivos de casación deben, en mi opinión, examinarse teniendo en cuenta estos principios.
D.      Sobre el tercer motivo de casación
47.      Mediante el tercer motivo de casación, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al concluir que no se había vulnerado su derecho a que el Parlamento tratara sus asuntos imparcial y equitativamente. Este motivo de casación se divide en cuatro partes, basadas, la primera, en la decisión de designar un único ponente para los tres expedientes de inmunidad; la segunda, en la imparcialidad de dicho ponente, la tercera, en la imparcialidad del presidente de la Comisión JURI y, la cuarta, en la confidencialidad del procedimiento ante la Comisión JURI.
48.      Con carácter preliminar, ha de observarse que el procedimiento mediante el que el Parlamento tramita los suplicatorios de suspensión de la inmunidad se rige por el Reglamento interno, en concreto por su artículo 9, que lleva como epígrafe «Procedimientos relativos a la inmunidad». A tenor del artículo 9, apartado 13, de dicho Reglamento, la Comisión JURI ha de establecer los principios de aplicación de este artículo. Durante la novena legislatura, estos principios figuraban en la Comunicación a los miembros (11/2019), de 19 de noviembre de 2019, relativa a los principios en materia de expedientes de inmunidad (en lo sucesivo, «Comunicación n.º 11/2019»).
49.      A este respecto, ha de señalarse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una de las comunicaciones a las que la Comunicación n.º 11/2019 vino a sustituir, a saber, la Comunicación n.º 11/2003, de 6 de junio de 2003, adoptada por la Comisión Jurídica y del Mercado Interior del Parlamento, no tenía una naturaleza jurídicamente vinculante. (22) Entiendo que lo mismo cabe decir de la Comunicación n.º 11/2019. En efecto, se trata de un acto interno de organización de los trabajos de la Comisión JURI, que no vincula al Parlamento. Ello no excluye, sin embargo, que dicho acto se tenga en cuenta para apreciar la conformidad a Derecho del procedimiento para la adopción de la decisión de suspensión de la inmunidad. En efecto, la Comunicación n.º 11/2003 recoge la práctica seguida por la Comisión JURI, encargada de tramitar el suplicatorio de suspensión de la inmunidad y de preparar el proyecto de decisión del Parlamento. Por otra parte, esa Comunicación se dirige a los diputados y, por tanto, constituye no solo una fuente de información sobre la forma en que la Comisión JURI tramita los expedientes de inmunidad, sino también un documento que puede engendrar en ellos expectativas legítimas sobre sus derechos de procedimiento.
50.      Las normas establecidas en el Reglamento interno y en la Comunicación n.º 11/2019, así como la forma en que el Parlamento las aplica, deben ajustarse al Derecho primario. A este respecto, ha de recordarse que el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), determina que toda persona tiene derecho, en particular, a que las instituciones de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente. En mi opinión, no cabe excluir la aplicación de este precepto en los procedimientos de suspensión de la inmunidad. (23)
51.      En lo atinente a esta exigencia de imparcialidad, abarca, por una parte, la imparcialidad subjetiva, es decir, que ninguno de los miembros de la institución encargada del asunto debe manifestar sesgos ni prejuicios personales, y, por otra parte, la imparcialidad objetiva, es decir, que la institución debe ofrecer garantías suficientes para descartar a este respecto cualquier duda legítima. (24)
52.      No obstante, entiendo que, cuando se trata de expedientes de inmunidad, es preciso considerar, para determinar el contenido exacto del derecho a que los asuntos sean tratados imparcialmente, la finalidad del procedimiento y la relación que, por definición, existe entre las personas encargadas de tramitar los expedientes y la persona objeto del suplicatorio. A este respecto, ha de observarse, para empezar, que, por definición, en cada procedimiento de suspensión de la inmunidad existe una relación particular entre la persona objeto del suplicatorio y las personas que actúan en nombre de la institución competente para adoptar la decisión. En efecto, en los expedientes de suspensión de la inmunidad, el Parlamento, que debe pronunciarse sobre un derecho de uno de sus diputados, es una institución que no tiene una naturaleza judicial, sino política. Es consustancial al Parlamento que sus miembros, que pertenecen a distintos grupos políticos, estén enfrentados desde el punto de vista ideológico y, en este sentido, mantengan un permanente conflicto político. Además, las decisiones de suspensión de la inmunidad parlamentaria corresponden en exclusiva al Parlamento. Por lo tanto, deben adoptarse de conformidad con las normas que regulan la adopción de decisiones por esta institución, es decir, por votación en la que participen todos los miembros del Parlamento. De lo anterior se sigue que incluso aquellos diputados que mantengan un conflicto no político tienen la posibilidad de participar en la adopción de la decisión definitiva sobre la suspensión de la inmunidad de un miembro del Parlamento.
53.      Por consiguiente, no es posible aplicar a los diputados que participan en la tramitación de expedientes de inmunidad el mismo criterio de imparcialidad que el que rige para los órganos jurisdiccionales o para las autoridades administrativas encargadas de los asuntos de los particulares. En efecto, imponer a los diputados responsables de preparar una decisión de suspensión de la inmunidad unas exigencias de imparcialidad objetiva comparables a las que rigen para los jueces o para las personas que actúan en nombre de las autoridades administrativas supondría pasar por alto la especificidad del Parlamento y la naturaleza del procedimiento de suspensión de la inmunidad.
54.      Así las cosas, entiendo que los conflictos de naturaleza estrictamente política entre las personas encargadas del procedimiento de suspensión de la inmunidad y las personas sometidas a dichos procedimientos deben considerarse carentes de pertinencia para apreciar la imparcialidad objetiva de aquellas personas. Lo mismo cabe afirmar de las personas encargadas de la instrucción del suplicatorio de suspensión de la inmunidad o de la organización del trabajo de la Comisión JURI. En efecto, esas personas no tienen que pronunciarse sobre tal suplicatorio, sino que se encargan de preparar, junto con otros miembros de la Comisión JURI, una propuesta de decisión que posteriormente se someterá al Parlamento para su debate y votación. Si no se contempla la posibilidad de recusar a los diputados por razón de conflicto político para que no participen en la votación del Parlamento sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de un diputado, mucho menos puede tal conflicto político justificar la recusación de los diputados encargados de instruir tal suplicatorio y de organizar los trabajos de la Comisión JURI.
1.      Primera parte del tercer motivo de casación
a)      Alegaciones de las partes
55.      Los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al considerar, en los apartados 229 a 238 de la sentencia recurrida, que no se había quebrantado la imparcialidad y la equidad del procedimiento pese a haberse designado un único ponente para los tres expedientes de inmunidad. A criterio de los recurrentes, el Parlamento incumplió así los puntos 6 y 8 de la Comunicación n.º 11/2019 e infringió los artículos 39, apartado 2, y 41, apartado 1, de la Carta, considerando, en particular, la falta de imparcialidad de la persona que se designó como ponente. Argumentan que el único documento adjunto a la Comunicación n.º 1/2020 era la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019 y que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas al calificar esa sentencia de «nota de transmisión». Por otra parte, los recurrentes critican las apreciaciones realizadas por el Tribunal General en el apartado 237 de la sentencia recurrida, según las cuales los puntos 6 y 8 de la Comunicación n.º 11/2019 no consagran un derecho en favor de los miembros del Parlamento. A este respecto, arguyen que, si se hubiera designado un ponente diferente para cada expediente de inmunidad, al menos uno de ellos habría podido ser imparcial. En opinión de los recurrentes, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta, solo una disposición expresa adoptada en virtud del artículo 9, apartado 13, del Reglamento interno habría permitido al Parlamento designar un único ponente.
56.      El Parlamento, apoyado en este punto por el Reino de España, entiende que esta parte del tercer motivo de casación debe desestimarse y la considera inadmisible porque no está suficientemente motivada, al no haber indicado los recurrentes en qué error incurre el razonamiento del Tribunal General y al limitarse estos a presentar su propia interpretación. Según el Parlamento, esta parte, de ser admisible, carecería de fundamento, ya que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho. Además, el Parlamento considera que las apreciaciones del Tribunal General en el apartado 237 de la sentencia recurrida tienen carácter subsidiario y que, por ello, las alegaciones referidas a dicho apartado son inoperantes.
b)      Apreciación
57.      Para empezar, el Tribunal General presentó, en el apartado 232 de la sentencia recurrida, el contenido de los puntos 6 a 8 de la Comunicación n.º 11/2019. De ahí se desprende que el punto 6 de esta prevé que la comisión competente designe un ponente para «cada expediente de inmunidad». Según el punto 7 de dicha Comunicación, corresponde a cada grupo político presentar un diputado como ponente de turno para los expedientes de inmunidad, que debería ser el coordinador, «para garantizar que los expedientes de inmunidad sean tratados por diputados con la debida experiencia». El punto 8 de la referida Comunicación indica, en la primera frase, que la responsabilidad de ser ponente en los expedientes de inmunidad ha de rotar en igualdad de condiciones entre los grupos políticos. (25)
58.      A continuación, el Tribunal General señaló, por un lado, en el apartado 236 de la sentencia recurrida, que el principio de rotación en igualdad de condiciones de la función de ponente, que se recoge en el punto 8 de la Comunicación n.º 11/2019, no puede interpretarse en el sentido de que impide que se designe un único ponente para examinar varios expedientes de inmunidad conexos cuando, como en el presente caso, los suplicatorios de suspensión de la inmunidad se refieren a diputados objeto de un mismo proceso penal. Por otro lado, observó, con carácter adicional, en el apartado 237 de dicha sentencia, que el punto 8 de la Comunicación n.º 11/2019 no consagra un derecho en favor de los diputados.
59.      En contra de lo que afirma el Parlamento, considero que la primera parte del tercer motivo de casación es admisible, en la medida en que se refiere al error de Derecho del Tribunal General en la interpretación de los puntos 6 y 8 de la Comunicación n.º 11/2019. En efecto, los puntos de Derecho examinados en primera instancia pueden volver a discutirse en fase de casación cuando el recurrente impugne la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión realizada por el Tribunal General. (26) En cambio, dicha parte carece de fundamento, por cuanto la interpretación de esos puntos realizada por el Tribunal General es correcta.
60.      Ha de señalarse que, en el marco de la primera parte, los recurrentes alegan, en particular, que la atribución de sus expedientes a un único ponente dio lugar a que se quebrantase la imparcialidad del procedimiento. Sin embargo, en su recurso de casación, no establecen un vínculo entre la designación de un único ponente y la imparcialidad del procedimiento, sino que se limitan a invocar los argumentos referidos a la falta de imparcialidad de la persona designada, lo que no es objeto de la primera parte del tercer motivo de casación. Esos argumentos son inoperantes en el marco de dicha parte del tercer motivo de casación. En cambio, no hay impedimento alguno para apreciar la decisión de atribuir los tres expedientes a un único ponente desde la perspectiva de la equidad del procedimiento.
61.      A este respecto, considero que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en el apartado 236 de la sentencia recurrida. Comparto su apreciación de que los puntos 6 y 8 de la Comunicación n.º 11/2019 no se oponen a que se designe un único ponente para varios expedientes relativos a un suplicatorio de suspensión de la inmunidad. En la medida en que esos puntos prevén la designación de un ponente para cada expediente de inmunidad y la atribución de asuntos a los ponentes conforme al principio de rotación en igualdad de condiciones, no establecen un sistema estricto de atribución de los expedientes, sino una norma general de organización del trabajo en el seno de la Comisión JURI. De ahí no se deduce, en particular, que esté prohibido atribuir al mismo ponente expedientes de inmunidad estrechamente vinculados por su conexidad y ha de observarse que encomendar la tramitación de tales expedientes a un mismo ponente permite garantizar, en el marco del procedimiento, la igualdad de trato de unas personas que se hallan en una situación comparable, o incluso idéntica.
62.      Por último, en lo que respecta a la pretendida desnaturalización de las pruebas planteada en el marco de la presente parte, considero que tal alegación es inoperante, en tanto en cuanto no se refiere a la designación de un único ponente, sino a la imparcialidad del ponente. Como he apuntado, (27) la alegación fundada en la falta de imparcialidad de la persona que fue designada ponente es inoperante a los efectos de la presente parte.
63.      En lo atinente a la alegación relativa al apartado 237 de la sentencia recurrida, procede desestimarla por cuanto este contiene una consideración que se formula a mayor abundamiento. En efecto, el Tribunal de Justicia desestima de plano las alegaciones dirigidas contra los fundamentos jurídicos de la sentencia del Tribunal General expresados a mayor abundamiento, ya que tales alegaciones no pueden dar lugar a la anulación de la sentencia. (28)
64.      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, habría de desestimarse la primera parte del tercer motivo de casación.
2.      Segunda parte del tercer motivo de casación
a)      Alegaciones de las partes
65.      Los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al desestimar por infundadas, en los apartados 244 a 257 de la sentencia recurrida, sus alegaciones basadas en la falta de imparcialidad del ponente y, en consecuencia, haber infringido los artículos 39, apartado 2, y 41, apartado 1, de la Carta, así como los principios derivados del punto 8 de la Comunicación n.º 11/2019. Esgrimen cinco imputaciones en el marco de esta parte.
66.      Mediante la primera imputación, los recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir, en los apartados 245 y 246 de la sentencia recurrida, que el hecho de que el ponente pertenezca al mismo grupo político que el partido VOX, que promovió el proceso penal contra ellos, no basta para que objetivamente se planteen dudas legítimas sobre la eventual parcialidad de ese ponente.
67.      Mediante la segunda imputación, los recurrentes afirman que el Tribunal General erró al negarse, en los apartados 247 a 251 de la sentencia recurrida, a reconocer que el hecho de que el ponente presidiera una reunión pública en el seno del Parlamento en la cual apoyó el eslogan «¡Puigdemont, a prisión!» demostraba su parcialidad o, cuando menos, suscitaba dudas legítimas al respecto. Tal negativa fue fruto de una desnaturalización de las pruebas.
68.      Mediante la tercera imputación, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error, en los apartados 253 y 254 de la sentencia recurrida, al desestimar por inadmisible una prueba (la entrevista del ponente en un diario búlgaro) por no haber justificado su presentación extemporánea. A este respecto, los recurrentes indican que el Tribunal General incumplió asimismo su obligación de motivación al no indicar la razón por la que consideró insuficiente la explicación que dieron, a saber, que no tuvieron conocimiento de dicha entrevista hasta después de haber interpuesto el recurso de anulación.
69.      Mediante la cuarta imputación, los recurrentes argumentan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir, en el apartado 255 de la sentencia recurrida, que los elementos que en él se mencionan, así como otros anteriormente invocados, no permitían acreditar la falta de imparcialidad del ponente, lo que constituye asimismo desnaturalización de las pruebas.
70.      Mediante la quinta imputación, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al afirmar, en el apartado 256 de la sentencia recurrida, que no habían esgrimido un interés «personal» del ponente.
71.      El Parlamento, apoyado por el Reino de España, entiende que debe desestimarse esta parte del tercer motivo de casación. En concreto, considera, para empezar, que la pertenencia del ponente a un grupo políticamente enfrentado al diputado objeto del suplicatorio de suspensión de la inmunidad no permite poner en tela de juicio la imparcialidad de ese ponente. A continuación, sostiene que la segunda imputación es inadmisible porque, en realidad, pretende una nueva apreciación de los hechos y, en cualquier caso, carece de fundamento. Además, el Parlamento entiende que debe desestimarse la tercera imputación, relativa a la inadmisión de la prueba consistente en la referida entrevista y al incumplimiento de la obligación de motivación. Por último, dicha institución estima asimismo que las imputaciones cuarta y quinta son inadmisibles y, en cualquier caso, infundadas.
b)      Apreciación
72.      En primer lugar, por lo que respecta a la primera imputación, el Tribunal General declaró, en los apartados 245 y 246 de la sentencia recurrida, que la pertenencia del ponente al grupo político europeo de los conservadores y reformistas europeos era, en principio, irrelevante para la apreciación de su imparcialidad, a pesar de que los diputados del partido político VOX, que promovió el penal del que traen causa los suplicatorios de suspensión de la inmunidad, pertenecen a dicho grupo político.
73.      En mi opinión, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en la apreciación de esta imputación. En efecto, por un lado, el Parlamento no infringió ninguna norma interna relativa a la tramitación de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad al designar como ponente a una persona perteneciente a un grupo político distinto de aquel al que están adscritos los diputados objeto de tal suplicatorio. Lo que es más importante, el Parlamento no se desvió, con dicha designación, de la segunda frase del punto 8 de la Comunicación n.º 11/2019, a tenor de la cual, como resulta de la sentencia recurrida, el ponente en el expediente de inmunidad no debe pertenecer al mismo grupo político que el diputado objeto del suplicatorio ni haber sido elegido en el mismo Estado miembro. Esta regla no implica que esté prohibido designar como ponente a una persona que pertenezca a un grupo político opuesto a aquel al que pertenece el diputado objeto del suplicatorio. Si así fuera, habida cuenta de la naturaleza política del conflicto que, por definición, hay entre los diputados de los distintos grupos, existiría el riesgo de que, en algunos casos, ninguno de los ponentes permanentes fuera considerado apto para desempeñar esa función.
74.      Por otro lado, es cierto que las alegaciones de los recurrentes no se fundamentan en la mera pertenencia del ponente a un grupo político antagónico, sino en su pertenencia al mismo grupo que el partido VOX, que se contaba entre quienes promovieron contra ellos el proceso penal del que traen causa los suplicatorios de suspensión de la inmunidad. No obstante, entiendo que el Tribunal General no incurrió en error al considerar que esa circunstancia no era por sí sola suficiente para concluir que se hubiera incumplido la exigencia de imparcialidad del ponente. En efecto, no cabe considerar que, entre diferentes partidos nacionales del mismo grupo político en el Parlamento, haya lazos tan fuertes que deba apreciarse que la actitud del ponente, que pertenece al mismo grupo político que el partido VOX, hacia los recurrentes esté determinada por la relación entre estos últimos y el partido VOX. Así pues, opino que el interés político del partido VOX en que los recurrentes sean procesados no puede considerarse una circunstancia que suscite dudas particulares en cuanto a la imparcialidad del ponente.
75.      En segundo lugar, por lo que respecta a las imputaciones segunda y cuarta, el Tribunal General declaró, por una parte, en el apartado 249 de la sentencia recurrida, que el ponente había organizado y participado en una intervención del secretario general del partido político VOX sobre el tema «Cataluña es España», el 6 de marzo de 2019, en el recinto del Parlamento. Este último concluyó su discurso proclamando «Viva España, viva Europa y Puigdemont, a prisión». El Tribunal General también hizo constar, en los apartados 250 y 251 de esa sentencia, que, durante ese evento, el (futuro) ponente, pese a que estaba presente en la mesa de oradores, no se había expresado verbalmente y que esta manifestación de su posición sobre la situación política en Cataluña no basta para reputar violado el principio de imparcialidad. Por otra parte, el Tribunal General consideró, en el apartado 255 de dicha sentencia, que las diferentes reacciones del partido político VOX, expresadas tras la adopción de las Decisiones controvertidas, o el que se impusiera al ponente una sanción administrativa no demostraban la falta de imparcialidad de este último.
76.      En el marco de las imputaciones segunda y cuarta, los recurrentes presentan, en esencia, su propia interpretación de determinados hechos. La apreciación de los hechos, salvo en el caso de desnaturalización de las pruebas aportadas ante el Tribunal General, no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. (29) No obstante, existe tal desnaturalización de pruebas cuando, sin la práctica de nuevas pruebas, la apreciación de las pruebas existentes es manifiestamente errónea o manifiestamente contraria a su tenor literal. Es preciso que esa desnaturalización pueda deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. (30)
77.      En el caso de autos, aunque los recurrentes reprochan formalmente al Tribunal General haber desnaturalizado las pruebas, es preciso señalar que, con el pretexto de esta alegación, pretenden en realidad que vuelvan a examinarse las alegaciones que formularon a este respecto en primera instancia, sin exponer por qué realizó el Tribunal General una apreciación manifiestamente errónea de los hechos y de las pruebas. Por consiguiente, estas imputaciones deben declararse inadmisibles.
78.      Ciertamente, según reiterada jurisprudencia, cuando el Tribunal General ha constatado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia es competente para ejercer, con arreglo al artículo 256 TFUE, un control sobre la calificación jurídica de esos hechos y las consecuencias jurídicas que se hayan deducido de ellos. (31) A este respecto, estimo que la calificación de los hechos por parte del Tribunal General no adolece de error. En primer término, la mera pertenencia al mismo grupo político que el partido VOX no basta para poner en cuestión la imparcialidad del ponente. En segundo término, ha de señalarse, como indica el Parlamento, que la reunión en cuestión tuvo lugar en el transcurso de la octava legislatura, más de dos meses antes de que se celebraran las elecciones en las que resultaron electos los recurrentes y más de seis meses antes de que se emitieran las órdenes de detención a que se hace referencia en los suplicatorios de suspensión de la inmunidad. Más allá de que el ponente había participado en una reunión sobre la situación política en Cataluña en razón, cierto es, de los hechos objeto del proceso penal del que traen causa los suplicatorios de suspensión de la inmunidad, el contexto de ese evento no tenía relación con el estatuto de los recurrentes como miembros del Parlamento. Por último, en tercer término, al igual que el Tribunal General, considero que las reacciones de los miembros del partido político VOX tras la adopción de las Decisiones controvertidas o el hecho de que se impusiera al ponente una sanción administrativa no permiten demostrar que concurra en él falta de imparcialidad.
79.      En tercer lugar, por lo que respecta a la quinta imputación, el Tribunal General declaró, en el apartado 256 de la sentencia recurrida, que los recurrentes no han sostenido que el ponente se encontrara en una situación de conflicto de intereses ni han esgrimido ningún interés personal del ponente que pudiera afectar a su imparcialidad en el cumplimiento de sus deberes. Del mismo modo, los recurrentes no han señalado ninguna declaración del ponente capaz de revelar que abordara su cometido con un prejuicio de orden personal, disociable de su ideología política.
80.      Los recurrentes no formulan ninguna alegación en apoyo de las críticas que realizan, afirman que, a los efectos de los artículos 39, apartado 2, y 41, apartado 1, de la Carta, basta con la falta de imparcialidad objetiva y se limitan a remitirse a las circunstancias planteadas en el marco de otras imputaciones. Por consiguiente, esta imputación es inadmisible por falta de motivación suficiente.
81.      En cuarto y último lugar, el Tribunal General, en los apartados 253 y 254 de la sentencia recurrida, declaró inadmisible una prueba (una entrevista del ponente en un diario búlgaro) indicando que se había presentado en la réplica sin que los recurrentes justificaran su presentación extemporánea, pese a que, sin embargo, estaba fechada el día siguiente a la adopción de las Decisiones controvertidas, consiguientemente anterior a la presentación de la demanda.
82.      A este respecto, ha de señalarse que, en contra de lo que afirman los recurrentes, del artículo 85, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General resulta que, en caso de presentación extemporánea de una prueba por una parte, incumbe a esta motivar el retraso. (32) En efecto, el juez de la Unión está facultado para controlar si el retraso en la presentación de una prueba está justificado y, si tal presentación extemporánea no se justifica suficientemente conforme a Derecho o carece de fundamento, para excluir la prueba.(33) La motivación esgrimida por la parte de que se trate le permite ejercer ese control. En el presente caso, en su réplica, los recurrentes se han limitado a declarar, en el marco de la presentación del contenido de la prueba aportada, que tuvieron conocimiento de la entrevista en cuestión con posterioridad a la interposición del recurso de anulación. De considerarse que esta declaración constituye la justificación de la presentación extemporánea de la prueba en cuestión, ha de hacerse constar que no contiene elementos que permitan controlar si el retraso está justificado. Se trata, sin embargo, de una prueba existente desde el día siguiente a la adopción de las Decisiones controvertidas y disponible para el público general.
83.      Por ello, considero que el Tribunal General no incurrió en error al declarar inadmisible la prueba aportada. Como resulta del apartado 254 de la sentencia recurrida, el Tribunal General tampoco incumplió su obligación de motivación, en la medida en que indicó que la presentación extemporánea de esa prueba no estaba justificada y que la fecha de entrevista era anterior a la fecha en que se presentó la demanda.
84.      A la luz de las anteriores consideraciones, habría de desestimarse la segunda parte del tercer motivo de casación.
3.      Tercera parte del tercer motivo de casación
a)      Alegaciones de las partes
85.      Los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al desestimar, en los apartados 259 a 261 de la sentencia recurrida, sus alegaciones basadas en la falta de imparcialidad del presidente de la Comisión JURI. Sostienen que identificaron de manera suficiente todos los elementos pertinentes en los apartados 144 y 145 de su recurso de anulación. En su opinión, al ignorar los elementos descritos en los anexos del recurso de anulación y al no explicar con precisión cuáles de sus alegaciones eran inadmisibles, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa e incumplió su obligación de motivación.
86.      El Parlamento, apoyado en este punto por el Reino de España, entiende que debe desestimarse esta parte del tercer motivo de casación y considera que las alegaciones son inadmisibles o infundadas. Subsidiariamente, pide al Tribunal de Justicia que desestime las alegaciones de los recurrentes referidas a las consideraciones del Tribunal General que figuran en el apartado 261 de la sentencia recurrida y proceda a una sustitución de fundamentos de Derecho; el Parlamento arguye que, contrariamente a lo que consideró el Tribunal General en el apartado 260 de dicha sentencia, las alegaciones basadas en que el presidente de la Comisión JURI pretendidamente empleó una estrategia para impedir que los recurrentes ocuparan escaño en el Parlamento no se desarrollaban de manera suficiente en la demanda.
b)      Apreciación
87.      En primer lugar, el Tribunal General, en el apartado 259 de la sentencia recurrida, declaró inadmisibles las alegaciones de los recurrentes sobre la falta de imparcialidad del presidente de la Comisión JURI. Aunque esas alegaciones se exponen en los anexos de la demanda, no figuran expresamente en la propia demanda. Así sucede, en particular, con la alegación relativa a la nacionalidad española de dicho presidente y con algunas alegaciones sobre su comportamiento.
88.      En mi opinión, al resolver de tal manera, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno.
89.      En efecto, ha de señalarse que los recurrentes se limitaron, en el apartado 144 del recurso de anulación, a indicar que el presidente de la Comisión JURI no ofrecía garantía alguna de imparcialidad por las razones detalladas en las observaciones escritas que figuran en los anexos A.31, A.32 y A.33 de la demanda, así como en los apartados 267 a 281 del anexo A.44 de la misma.
90.      Habida cuenta del contenido del mencionado apartado del recurso de anulación, ha de recordarse que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en el sentido del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, y del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el concepto de «exposición sumaria de los motivos», que debe contener toda demanda, implica que la demanda debe explicitar en qué consiste el motivo sobre el que se fundamenta el recurso. Para declarar la admisibilidad de un recurso ante el Tribunal General, es preciso, en particular, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el texto de la propia demanda. La función puramente probatoria e instrumental de los anexos implica que, en la medida en que estos contengan razones de Derecho o de hecho en las que se funden algunos de los motivos invocados en el recurso, tales razones deben figurar en el propio texto de la demanda o, al menos, quedar suficientemente identificadas en ella. (34)
91.      En este contexto, habida cuenta de que los recurrentes no indicaron en su demanda las razones por las que, a su criterio, el presidente de la Comisión JURI no ofrecía garantía alguna de imparcialidad, el Tribunal General declaró acertadamente la inadmisibilidad de tales alegaciones. También deben desestimarse las alegaciones que los recurrentes basan en la desnaturalización de las pruebas, en la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa y en el incumplimiento por parte del Tribunal General de su obligación de motivación, que se fundamentan en la falta de examen de los elementos que figuran en los mencionados anexos.
92.      En segundo lugar, en el apartado 261 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó por infundada la alegación sobre la supuesta hostilidad del presidente de la Comisión JURI, en relación con la estrategia que pretendidamente se empleó con el propósito de impedir que los recurrentes tomaran posesión de sus escaños en el Parlamento. Según el Tribunal General, esas supuestas iniciativas no provenían del presidente, sino de su partido.
93.      Ese apartado de la sentencia recurrida concierne al apartado 145 del recurso de anulación, en el que los recurrentes se limitaron a señalar que el presidente de la Comisión JURI y el partido de este habían mostrado una feroz hostilidad hacia ellos, al tiempo que afirmaban que el presidente había seguido una estrategia encaminada a impedirles tomar posesión de sus escaños en el Parlamento.
94.      Comparto la opinión del Parlamento según la cual las afirmaciones que los recurrentes realizan en el apartado 145 del recurso de anulación son muy lacónicas y no tienen el suficiente desarrollo como para ser admisibles. Se plantea así la cuestión de si procede estimar la pretensión de sustitución de fundamentos de Derecho formulada por el Parlamento.
95.      Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para que una pretensión de sustitución de fundamentos jurídicos sea admisible, es precisa la existencia de un interés en solicitarla, en el sentido de que pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que la formula. Este puede ser el caso cuando la pretensión de sustitución de fundamentos jurídicos constituye una defensa contra un motivo aducido por la parte recurrente. (35)
96.      En la medida en que concurre tal interés en el Parlamento, propongo al Tribunal de Justicia que sustituya los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida y considere que las alegaciones de los recurrentes que figuran en el apartado 145 del recurso de anulación son asimismo inadmisibles por no haberse desarrollado de manera suficiente en la demanda. En consecuencia, la imputación de los recurrentes fundada en el incumplimiento de la obligación de motivación por no indicarse con precisión los elementos inadmisibles debe desestimarse por inoperante, ya que todos los elementos han de declararse inadmisibles.
97.      Quisiera añadir, para el caso de que el Tribunal de Justicia no comparta mi propuesta sobre este punto, que las eventuales actuaciones del presidente de la Comisión JURI y de su partido para impedir que los recurrentes tomaran posesión del escaño en el Parlamento provienen, en mi opinión, de un conflicto de naturaleza puramente política cuya existencia no basta para reputar violado el principio de imparcialidad. (36)
98.      Habida cuenta de las anteriores consideraciones, habría de desestimarse la tercera parte del tercer motivo de casación.
4.      Cuarta parte del tercer motivo de casación
a)      Alegaciones de las partes
99.      Los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho, con el consiguiente error de razonamiento y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa, al interpretar erróneamente la cuarta parte del tercer motivo de la demanda y al concluir que debía desestimarse. En opinión de los recurrentes, esa parte es independiente de las dos partes que la preceden. En efecto, sostienen haber indicado en el recurso de anulación, por un lado, que el artículo 9, apartado 11, del Reglamento interno es ilegítimo y desproporcionado y viola los principios de publicidad y de transparencia establecidos en el artículo 15 TFUE y, por otro lado, que la decisión de celebrar las reuniones de la Comisión JURI a puerta cerrada no les permitió recabar pruebas de la desviación de poder.
100. El Parlamento, apoyado por el Reino de España, entiende que debe desestimarse esta parte. Reitera, en particular, la alegación que formuló en su escrito de contestación ante el Tribunal General y sostiene que las normas relativas a la confidencialidad de estos procedimientos no pueden ser dejadas sin efecto por el diputado de cuya inmunidad se trata, ya que el artículo en cuestión pretende proteger no solo los intereses de ese diputado, sino también los de terceros, así como los del Ministerio Fiscal y de las autoridades judiciales.
b)      Apreciación
101. El Tribunal General consideró, en el apartado 262 de la sentencia recurrida, que, como se habían desestimado las alegaciones de parcialidad formuladas contra el ponente y el presidente de la Comisión JURI, no era necesario examinar la cuarta parte, según la cual la confidencialidad de los trabajos de dicha Comisión supone un impedimento para aportar la prueba de la incidencia de la pretendida parcialidad de aquellos en las Decisiones controvertidas.
102. Ha de señalarse que la cuarta parte del tercer motivo se presentaba en los apartados 147 a 162 del recurso de anulación, en el epígrafe IV.3.4, titulado «Efectos de la confidencialidad del procedimiento. Infracción del artículo 15 TFUE, en relación con los artículos 47 y 48 de la Carta. Ilegalidad del artículo 9, apartado 11, del Reglamento interno». Es cierto que los recurrentes no se refieren, en los apartados 147 a 151 de la demanda, a la confidencialidad del procedimiento de manera abstracta y general, sino en el contexto de las dificultades con que se encontraron para determinar la influencia del presidente de la Comisión JURI y del ponente en el resultado de dicho procedimiento.
103. No obstante, los recurrentes presentaron, en los siguientes apartados de la demanda, observaciones generales sobre la validez del artículo 9, apartado 11, del Reglamento interno y señalaron, en la segunda frase del apartado 162, que la confidencialidad del procedimiento supone una infracción del artículo 15 TFUE y del artículo 47 de la Carta, en relación con el derecho de defensa.
104. El Tribunal General no respondió expresamente a la alegación fundada en la invalidez del artículo 9, apartado 11, del Reglamento interno. No obstante, como se trata de un motivo exclusivamente jurídico, el Tribunal de Justicia puede en cualquier caso subsanar la omisión del Tribunal General. (37)
105. A este respecto, ha de recordarse, en primer lugar, que el artículo 9, apartado 11, del Reglamento interno establece que la Comisión JURI ha de examinar siempre a puerta cerrada las solicitudes relativas a procedimientos sobre inmunidad parlamentaria. Es cierto que del artículo 15 TFUE, apartado 1, que consagra el principio de transparencia, resulta que las instituciones de la Unión han de actuar con el mayor respeto posible al principio de apertura. No obstante, este precepto no establece la transparencia absoluta de todos los trabajos de las instituciones. Del propio artículo 15 TFUE, apartado 2, resulta que las sesiones del Parlamento son públicas, lo que no implica que los trabajos de todas sus comisiones hayan de ser públicos. El artículo 232 TFUE reconoce la autonomía del Parlamento en cuanto a su organización interna, lo que conlleva el derecho de esta institución a determinar los límites a la publicidad de los trabajos de las comisiones.
106. Como se desprende del escrito de contestación del Parlamento, el artículo 9, apartado 11, del Reglamento interno es el resultado de una ponderación, realizada por el Parlamento, entre el principio de transparencia, por un lado, y otros intereses legítimos que deben protegerse, en particular la protección de la confidencialidad de los procesos penales durante la fase de instrucción. Concretamente, el Parlamento señala que esta disposición pretende proteger no solo los intereses del diputado afectado, sino también los de terceros, así como los del Ministerio Fiscal y de las autoridades judiciales. En este contexto, ha de observarse que la solución adoptada por el Parlamento se ajusta a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que aboga por que los suplicatorios de suspensión de la inmunidad sean tramitados por la comisión competente a puerta cerrada, sin la presencia del parlamentario afectado. (38) En estas circunstancias, no aprecio ningún elemento que pueda afectar a la validez del artículo 9, apartado 11, del Reglamento interno a la luz del artículo 15 TFUE.
107. En segundo lugar, los recurrentes señalan, en su recurso de anulación, que el artículo 9, apartado 11, del Reglamento interno supone una injerencia ilegítima en sus derechos consagrados en los artículos 47 y 48 de la Carta. Sin embargo, los recurrentes no presentan ninguna motivación al respecto. Por ello, estas alegaciones habrían de desestimarse.
108. A mayor abundamiento, ha de señalarse que, de entenderse que los recurrentes consideran que el artículo 9, apartado 11, del Reglamento interno vulnera su derecho de defensa, tal alegación habría de desestimarse por inoperante. En efecto, esta disposición y el artículo 15 TFUE no limitan los derechos de las partes en el procedimiento de suspensión de la inmunidad, sino el derecho del público general a acceder a la información. El derecho de defensa de toda parte en el procedimiento no puede por tanto ser objeto de limitación por las disposiciones que establecen la tramitación de un asunto a puerta cerrada, aunque puede serlo, eventualmente, por las disposiciones que regulan el desarrollo del procedimiento y la participación de las partes, como, en el caso de autos, el artículo 9, apartado 6, párrafo segundo, del Reglamento interno, que establece que el diputado afectado no estará presente durante los debates de la Comisión JURI, salvo en la audiencia propiamente dicha. Los recurrentes mencionan esta disposición por primera vez en el recurso de casación, sin ofrecer ninguna explicación. En consecuencia, no ha de procederse a su examen.
109. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, habría de desestimarse la cuarta parte del tercer motivo de casación.
5.      Conclusiones sobre el tercer motivo de casación
110. A la luz de las consideraciones que acabo de exponer, entiendo que habría de desestimarse el tercer motivo de casación.
E.      Sobre el sexto motivo de casación
111. Mediante su sexto motivo de casación, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al desestimar el sexto (39) y el séptimo
motivo de anulación, (40) ya sea por apartarse de su propia práctica, ya sea por incurrir en error de apreciación.
112. El motivo de casación se divide en dos partes. Mediante la primera, los recurrentes reprochan esencialmente al Tribunal General haber cometido errores de Derecho en la determinación y en la aplicación de los criterios para suspender la inmunidad y, mediante la segunda parte, haber incurrido en error de Derecho al concluir que el Parlamento no había errado en la apreciación del fumus persecutionis. En la primera parte, los recurrentes formulan nueve imputaciones específicas. (41)
1.      Imputaciones primera y segunda de la primera parte
a)      Alegaciones de las partes
113. La primera imputación de la primera parte del sexto motivo de casación se basa en la infracción del artículo 343 TFUE, por haber concluido el Tribunal General, en el apartado 122 de la sentencia recurrida, que esta disposición no impone al Parlamento ninguna suerte de límite en lo atinente a su derecho a suspender la inmunidad de sus miembros. Los recurrentes señalan que aunque la continuación de un proceso, incluso penal, contra un miembro del Parlamento no obstaculiza por lo general el ejercicio de su mandato, cosa distinta ocurre en los asuntos referentes al ingreso en prisión provisional de los diputados afectados, como sucede en el presente caso. Los recurrentes alegan que este es el contexto en el que aludieron en varias ocasiones, en su demanda, al principio de proporcionalidad, principio que el Tribunal General no tomó en consideración.
114. La segunda imputación de esta parte se fundamenta en la infracción del artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno por haber concluido el Tribunal General, en particular en los apartados 117 a 122 y 126 de la sentencia recurrida, que la existencia o inexistencia de fumus persecutionis era el único criterio que el Parlamento debía tomar en consideración. A este respecto, los recurrentes estiman que de esta disposición resulta que el Parlamento debe mantener su integridad como asamblea legislativa democrática y debe garantizar la independencia de los diputados en el ejercicio de sus funciones.
115. El Parlamento, apoyado por el Reino de España, entiende que deben desestimarse estas imputaciones, que considera basadas en una lectura errónea de la sentencia recurrida, inadmisibles o infundadas.
b)      Apreciación
116. Basándose en el apartado 76 de la sentencia Junqueras Vies, el Tribunal General declaró, en el apartado 122 de la sentencia recurrida, que el artículo 343 TFUE no puede interpretarse en el sentido de que jamás cabe suspender la inmunidad de un miembro del Parlamento si la continuación del proceso para el que se solicita la suspensión de la inmunidad puede obstaculizar el ejercicio de su mandato o incluso, a la conclusión de dicho proceso, llevar a su pérdida. Según el Tribunal General, tal interpretación supondría privar de cualquier efecto útil al artículo 9, párrafo tercero, del Protocolo n.º 7.
117. Por lo que respecta al artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno, el Tribunal General declaró, en los apartados 119 y 120 de la sentencia recurrida, que, en tanto en cuanto el Parlamento adoptó el criterio del fumus persecutionis teniendo en cuenta tanto el objetivo de salvaguardar su independencia y su buen funcionamiento como la necesaria observancia del principio de cooperación leal, al descartar la existencia de fumus persecutionis, el Parlamento consideró necesariamente que la suspensión de la inmunidad de los recurrentes no menoscabaría sus intereses, y en particular su buen funcionamiento y su independencia.
118. Considero que el Tribunal General no incurrió en error alguno en los citados apartados de la sentencia recurrida.
119. Por una parte, en lo que respecta a la imputación referente al apartado 122 de la sentencia recurrida, ha de señalarse, como se desprende del resumen que he hecho de dicho apartado, (42) que, en contra de lo que sostienen los recurrentes, el Tribunal General no señaló que el artículo 343 TFUE no impone límite alguno al derecho del Parlamento a suspender la inmunidad de sus miembros o que el principio de proporcionalidad no se aplica a la decisión de suspender la inmunidad. Por el contrario, indicó que el riesgo de que se obstaculice el ejercicio del mandato, en particular de que se pierda dicho mandato a la conclusión del proceso para el que se ha instado la suspensión de la inmunidad, no impide tal suspensión de la inmunidad. Por lo tanto, dicha imputación es fruto de una lectura errónea del apartado 122 de dicha sentencia y, en consecuencia, debe desestimarse por infundada. Por lo demás, la apreciación realizada por el Tribunal General en ese apartado es correcta.
120. Por otra parte, en lo que se refiere a la segunda imputación, ha de observarse que el artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno es una disposición general que establece los objetivos que persigue el Parlamento en el ejercicio de sus prerrogativas con respecto a los privilegios y a las inmunidades. Esta disposición no menciona ningún criterio que deba tomarse en consideración al adoptar la decisión sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad. Tal criterio figura no obstante en el punto 43 de la Comunicación n.º 11/2019, que determina que la inmunidad ha de suspenderse
salvo que la intención del procedimiento judicial nacional sea perjudicar la actividad política del diputado y, en consecuencia, la independencia del Parlamento (fumus persecutionis). La utilización de este criterio por el Parlamento se inscribe en la amplia facultad de apreciación de que dispone en lo referente a la suspensión de la inmunidad (43) y, además, así lo recomienda la Comisión de Venecia. (44) Ha de entenderse, a mi juicio, que la adopción de este principio por la Comisión JURI es el resultado de apreciar que la aplicación del criterio del fumus persecutionis permite garantizar la consecución de los objetivos del artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, habría de desestimarse también la segunda imputación.
2.      Tercera imputación de la primera parte
a)      Alegaciones de las partes
121. Los recurrentes argumentan que, al sostener, en los apartados 128 a 131 de la sentencia recurrida, que no habían acreditado disfrutar de la inmunidad que confiere el artículo 9, párrafo primero, letra a), del Protocolo n.º 7, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas, incurrió en error de Derecho y vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva. Por otra parte, el Tribunal General también erró al concluir, en los apartados 132 y 133 de dicha sentencia, que no podían alegar que las Decisiones controvertidas se habían adoptado infringiendo el artículo 9, párrafo segundo, de dicho Protocolo.
122. El Parlamento, apoyado por el Reino de España, entiende que debe desestimarse esta imputación. En su opinión, los recurrentes carecen de interés jurídico en impugnar las consideraciones formuladas por el Tribunal General en los apartados 128 y 131 de la sentencia recurrida. En efecto, un posible error que vicie tales consideraciones no puede conducir a la anulación de las Decisiones controvertidas, que únicamente tienen por objeto la suspensión de la inmunidad de los recurrentes consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra b), del Protocolo n.º 7. Con carácter subsidiario, el Parlamento considera que procede desestimar las alegaciones de los recurrentes por infundadas.
b)      Apreciación
123. Por lo que respecta al ámbito y al alcance de la inmunidad de la que disfrutan los diputados en su territorio nacional, el Tribunal General declaró, en el apartado 130 de la sentencia recurrida, que los recurrentes no pueden sostener que el Parlamento incurrió en error de Derecho al referirse al Derecho nacional tal como lo interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales. Según esta interpretación, no se requiere recabar una autorización parlamentaria para continuar el proceso penal contra una persona a la que se haya procesado antes de haber adquirido la condición de parlamentario español. Además, por lo que se refiere a la alegación de los recurrentes de que la inmunidad consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra b), del Protocolo no puede suspenderse sin suspender igualmente la inmunidad consagrada en el artículo 9, párrafo segundo, de este, el Tribunal General consideró, en el apartado 133 de dicha sentencia, que, en las circunstancias del presente caso, no podían alegar que las Decisiones controvertidas se adoptaron infringiendo el artículo 9, párrafo segundo, de este Protocolo, en particular en tanto en cuanto el Reino de España les había reconocido la condición de diputado.
124. En primer lugar, considero, como el Parlamento, que la imputación relativa a la interpretación, dada por este, del artículo 9, párrafo primero, letra a), del Protocolo n.º 7 es inoperante por cuanto se refiere a fundamentos jurídicos de la sentencia recurrida que no tienen influencia en su fallo. (45) En efecto, las Decisiones controvertidas no versan sobre la suspensión de la inmunidad consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra a), de este Protocolo.
125. A mayor abundamiento, ha de recordarse que el artículo 18 del capítulo VII del Protocolo n.º 7 establece que, a los efectos de la aplicación de este Protocolo, las instituciones de la Unión han de cooperar con las autoridades responsables de los Estados miembros interesados. Por lo tanto, el Parlamento se basó fundadamente en la interpretación de los órganos jurisdiccionales españoles para determinar que los recurrentes no disfrutaban de la inmunidad consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra a), de dicho Protocolo, ya que habían sido procesados antes de su elección al Parlamento.
126. En segundo lugar, por lo que atañe a la alegación relativa al artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7, de la sentencia Junqueras Vies resulta que, si bien el artículo 9, párrafo primero, de dicho Protocolo prevé inmunidades de las que los miembros del Parlamento gozan, de igual modo, durante todo el período de sesiones de una legislatura determinada del Parlamento, (46) el artículo 9, párrafo segundo, de este prevé en cambio que disfrutan de esta inmunidad igualmente antes de que comience su mandato. (47) Así, los párrafos primero y segundo del artículo 9 del referido Protocolo tienen diferentes ámbitos temporales, (48) habida cuenta de que, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, debe considerarse que el Parlamento está en período de sesiones aunque no se encuentre, de hecho, reunido en sesión. (49) Por consiguiente, un diputado que, tras la apertura de la primera sesión de una legislatura, ya ha asumido efectivamente sus funciones disfruta solamente de la protección consagrada en el artículo 9, párrafo primero, del Protocolo n.º 7. De lo anterior se deduce que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que los recurrentes no podían alegar que las Decisiones controvertidas se adoptaron infringiendo el artículo 9, párrafo segundo, de este Protocolo.
127. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, habría de desestimarse la tercera imputación.
3.      Cuarta imputación de la primera parte
a)      Alegaciones de las partes
128. En el marco de la imputación introductoria, (50) los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al concluir, en el apartado 112 de la sentencia recurrida, que el Parlamento dispone de una amplia facultad de apreciación acerca de la oportunidad de conceder o no el suplicatorio de suspensión de la inmunidad. Ahora bien, a criterio de los recurrentes, la adopción de las Decisiones controvertidas puede vulnerar diversos derechos fundamentales.
129. En el marco de la cuarta imputación de la primera parte del sexto motivo de casación, los recurrentes sostienen, por un lado, que, contrariamente a lo que se indica en los apartados 135 a 143 de la sentencia recurrida, las Decisiones controvertidas constituyen una injerencia en sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 6, 39, apartado 2, y 45 de la Carta. Por otro lado, reprochan al Tribunal General que considerara, en los apartados 126 y 127 de dicha sentencia, que la legalidad de las órdenes de detención europeas emitidas contra ellos no tenía incidencia alguna en el examen de un suplicatorio de suspensión de la inmunidad presentado con el propósito de posibilitar la ejecución de esas órdenes. A este respecto, los recurrentes afirman que el Parlamento estaba obligado a evaluar los riesgos de vulneración de sus derechos fundamentales del mismo modo que la autoridad judicial de ejecución en el contexto de los procedimientos de entrega en virtud de la Decisión Marco 2002/584/JAI. (51)
130. El Parlamento, apoyado por el Reino de España, entiende que debe desestimarse esta imputación. Afirma que algunas alegaciones son inadmisibles y otras inoperantes y, en cualquier caso, ninguna de ellas está fundada. Por lo que respecta a la alegación relativa a los apartados 126 y 127 de la sentencia recurrida, el Parlamento entiende que debe desestimarse porque se basa en una lectura errónea de esos apartados.
b)      Apreciación
131. El Tribunal General observó, en el apartado 112 de la sentencia recurrida, que, en la medida en que el artículo 9, párrafo tercero, del Protocolo n.º 7 no especifica las condiciones en las que el Parlamento debe apreciar si procede suspender la inmunidad, esta institución dispone de una muy amplia facultad de apreciación acerca de la orientación que pretende dar a una decisión por la que se resuelve un suplicatorio de suspensión de la inmunidad dado el carácter político que reviste tal decisión. A continuación, el Tribunal General indicó, en los apartados 113 a 114 de dicha sentencia, que los criterios materiales para el examen de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad no se deducen del Reglamento interno, en particular de su artículo 5, apartado 2, sino que, por el contrario, se derivan de los puntos 41 a 44 de la Comunicación n.º 11/2019, conforme a los cuales procede la suspensión de la inmunidad consagrada en el artículo 9 del Protocolo n.º 7 salvo que el Parlamento constate la existencia de fumus persecutionis. Por otra parte, el Tribunal General recordó, en el apartado 115 de dicha sentencia, que las inmunidades se otorgan exclusivamente en interés de la Unión.
132. Como claramente resulta de este resumen de los apartados 112 a 115 de la sentencia recurrida, la imputación introductoria se fundamenta en una lectura errónea de dicho apartado 112. En contra de lo que sostienen los recurrentes, ni del apartado 112 ni de los siguientes apartados de dicha sentencia se desprende en modo alguno que, según el Tribunal General, la muy amplia facultad de apreciación de que dispone el Parlamento implique que la decisión de este no pueda afectar a sus derechos fundamentales. En consecuencia, la alegación según la cual la amplia facultad de apreciación de una institución implica que esta no esté obligada a respetar los derechos fundamentales es manifiestamente errónea. Por lo tanto, en mi opinión, esta imputación habría de desestimarse, por cuanto se fundamenta en una lectura errónea del apartado 112 de dicha sentencia.
133. El Tribunal General declaró, en el apartado 138 de la sentencia recurrida, que la inmunidad no puede constituir un derecho fundamental reconocido a los diputados europeos, pues se concede exclusivamente en interés del Parlamento. La circunstancia de que una decisión de suspensión de la inmunidad modifica la situación jurídica de un diputado es irrelevante a este respecto. A continuación, el Tribunal General consideró, en los apartados 140 y 141 de dicha sentencia, que la suspensión de la inmunidad parlamentaria no tiene, en sí misma, ninguna consecuencia sobre el ejercicio del mandato ni sobre la libertad, en particular de circulación, de los recurrentes, como tampoco vulnera su derecho al respeto de la presunción de inocencia. Por último, el Tribunal General concluyó, en el apartado 142 de dicha sentencia, que, en consecuencia, la alegación dirigida a demostrar que esas injerencias no se ajustan a las exigencias fijadas en el artículo 52, apartado 1, de la Carta es inoperante y debe por ello desestimarse.
134. Ha de señalarse que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en esos apartados de la sentencia recurrida. Los recurrentes no invocan ningún argumento jurídico que invalide las constataciones del Tribunal General y se limitan a criticarlas. Comparto enteramente la postura del Tribunal General según la cual la suspensión de la inmunidad parlamentaria, como tal, no tiene por efecto que el diputado pierda su mandato ni afecta a su libertad deambulatoria, en tanto en cuanto la inmunidad no es en sí misma un derecho fundamental del diputado.
135. El Tribunal General declaró, en los apartados 126 y 127 de la sentencia recurrida, que no corresponde al Parlamento apreciar la legalidad, por un lado, de los actos adoptados por las autoridades judiciales durante el proceso del que trae causa el suplicatorio de suspensión de la inmunidad, pues tal cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales, y, por otro lado, de las órdenes de detención nacionales y de las órdenes de detención europeas adoptadas en el marco del proceso penal de que se trate.
136. Como ya he recordado, (52) el artículo 18 del capítulo VII del Protocolo n.º 7 establece que, a los efectos de la aplicación de este Protocolo, las instituciones de la Unión han de cooperar con las autoridades responsables de los Estados miembros interesados. De lo anterior se sigue que, cuando se presenta ante él un suplicatorio de suspensión de la inmunidad, el Parlamento está en principio obligado, para determinar los hechos pertinentes, a basarse en la información facilitada por la autoridad nacional competente sobre el objeto del proceso judicial para el que haya de suspenderse la inmunidad y sobre el estadio en que este se encuentra. Por lo demás, cuando falte determinada información o cuando esta no sea clara, la Comisión JURI puede pedir a la autoridad competente que le facilite informaciones o aclaraciones, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, del Reglamento interno. En cambio, el Parlamento no tiene competencia para examinar la legalidad de las decisiones adoptadas en el marco de un proceso nacional.
137. Del mismo modo, el Parlamento no tiene competencia para pronunciarse sobre el riesgo de vulneración de los derechos fundamentales derivado de la ejecución de las órdenes de detención europeas, como lo harían las autoridades judiciales que deban pronunciarse sobre la ejecución de estas. Aparte de que no se le ha conferido tal competencia, su decisión no tiene como efecto privar a otras autoridades de la facultad para ejercer el necesario control sobre tales órdenes. En efecto, la decisión de suspender la inmunidad parlamentaria no sustituye a la decisión de las autoridades judiciales de ejecución de una orden de detención europea, en cuyo marco estas tienen la obligación de realizar el examen de dicha orden y, en particular, de apreciar la concurrencia de los requisitos que la Decisión Marco 2002/584 imponga
para acceder a ella o para denegar su ejecución. Además, la decisión del Parlamento no obliga a las autoridades de ejecución a ejecutar una orden de detención europea. De lo anterior se sigue que no corresponde al Parlamento poner en tela de juicio tal orden emitida por las autoridades nacionales ni examinar la posible incidencia de su ejecución en los derechos fundamentales de los recurrentes.
138. En este contexto, ha de observarse que la Comisión de Venecia destaca en su Informe que el órgano parlamentario que examine el suplicatorio de suspensión de la inmunidad no debe realizar un examen de carácter auténticamente judicial y, en particular, en ningún caso debe pronunciarse sobre la oportunidad de la incoación de las diligencias penales. (53)
139. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, habría de desestimarse la cuarta imputación.
4.      Quinta imputación de la primera parte
a)      Alegaciones de las partes
140. En el marco de la quinta imputación, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al desestimar sus alegaciones basadas en el principio de proporcionalidad y haber violado así no solo dicho principio, sino también su obligación de motivación.
141. El Parlamento sostiene que este argumento es inadmisible porque no es lo suficientemente concreto. El Reino de España, por su parte, señala que este argumento no se relaciona con ningún apartado de la sentencia recurrida, por lo que es inoperante.
b)      Apreciación
142. En mi opinión, la quinta imputación es inadmisible en la medida en que se refiere a la supuesta violación del principio de proporcionalidad por parte del Tribunal General. En efecto, esta imputación, interpretada en este sentido, no está motivada y se limita a remitirse al recurso de anulación.
143. Por lo que respecta a la afirmación de los recurrentes según la cual el Tribunal General no respondió a sus alegaciones relativas al respeto del principio de proporcionalidad, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el motivo de casación basado en la falta de respuesta del Tribunal General a las alegaciones formuladas en primera instancia equivale, en esencia, a invocar un incumplimiento de la obligación de motivación que resulta del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53, párrafo primero, del citado Estatuto, y del artículo 117 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. (54)
144. No obstante, también resulta de jurisprudencia reiterada que la obligación de motivación no impone al Tribunal General la elaboración de una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes del litigio y que, por tanto, la motivación puede ser implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control. (55)
145. En este contexto, en mi opinión, no hay duda de que el Tribunal General, aunque solo sea de manera implícita, desestimó la imputación basada en la violación del principio de proporcionalidad, en tanto en cuanto los recurrentes sostuvieron, en el sexto motivo de anulación, que la autorización para su detención era desproporcionada considerando, primero, la vulneración de sus derechos fundamentales que de ella se derivaba y, segundo, el estadio en que se encontraba el proceso penal. (56) Por lo que respecta a esta primera alegación, como resulta del análisis de la cuarta imputación que he efectuado, el Tribunal General la desestimó acertadamente. Por lo que atañe a la segunda alegación, el Tribunal General declaró, en el apartado 126 de la sentencia recurrida, que no corresponde al Parlamento apreciar la legalidad de los actos adoptados por las autoridades judiciales durante el proceso, pues tal cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales. Por consiguiente, ha de señalarse que, en el marco del sexto motivo de casación, dicha sentencia no adolece de omisión de pronunciamiento ni, más en general, de falta de motivación a este respecto. En efecto, la motivación de la referida sentencia permite a los interesados conocer las razones por las que no se acogieron sus alegaciones.
146. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, habría de desestimarse la quinta imputación.
5.      Sexta imputación de la primera parte
a)      Alegaciones de las partes
147. En el marco de la sexta imputación, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al afirmar en los apartados 141 a 143 de la sentencia recurrida, como cuestión de principio, que la decisión de suspender la inmunidad de un diputado europeo y el procedimiento para su adopción no vulneran —ni pueden vulnerar— el derecho al respeto de la presunción de inocencia. A este respecto, la letra B de las Decisiones controvertidas menciona el auto del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2018, pese a que dicho auto no se refiere a ellos, sino a sus coacusados. Además, como el único documento que se presentó a los miembros de la Comisión JURI era la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, que condena a otras personas, la adopción de las Decisiones controvertidas partió del presupuesto de que ellos eran culpables, lo que violó el derecho a la presunción de inocencia. La misma conclusión se impone en vista de que, según ellos, el Tribunal General omitió examinar sus alegaciones basadas en la desviación de poder y en la existencia de un propósito no confesado, que se invocaron en el marco del sexto motivo de anulación, y, de tal forma, incumplió su obligación de motivación.
148. El Parlamento, apoyado por el Reino de España, entiende que debe desestimarse dicha imputación. Señala, en particular, que esta se basa en una lectura errónea del apartado 141 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General se limitó a declarar que, como tal, la suspensión de la inmunidad de un parlamentario no vulnera su derecho al respeto de la presunción de inocencia. Por lo demás, en lo atinente a la alegación basada en el incumplimiento de la obligación de motivación, el Parlamento considera que debe declararse inadmisible y, en cualquier caso, desestimarse por infundada.
b)      Apreciación
149. El Tribunal General declaró, en el apartado 141 de la sentencia recurrida, que una decisión de suspensión de la inmunidad no vulnera el derecho al respeto de la presunción de inocencia. Según el Tribunal General, la cuestión de si en el momento en que se presenta el suplicatorio se cumplen los requisitos para la suspensión de la inmunidad parlamentaria, en virtud del artículo 9 del Protocolo n.º 7, es distinta de la que tiene por objeto determinar si los hechos reprochados a los diputados de que se trate están acreditados, que es competencia de las autoridades del Estado miembro.
150. Como señala el Parlamento, la sexta imputación se basa en una lectura errónea de la sentencia recurrida y, por ello, habría de desestimarse por infundada.
151. Me parece que, con esta imputación, los recurrentes reprochan en realidad al Tribunal General que no respondiera a sus alegaciones, formuladas en el recurso de anulación, sobre el hecho de que el Parlamento tomara en consideración ciertas resoluciones judiciales que podían entenderse en el sentido de que demostraban su culpabilidad, pese a que no se referían a ellos. En opinión de los recurrentes, el que el Parlamento se basara en dichas resoluciones es pertinente en relación con sus alegaciones sobre la desviación de poder y la existencia de un propósito no confesado.
152. Como acabo de recordar, (57) por una parte, el motivo fundado en la falta de respuesta del Tribunal General a las alegaciones formuladas en primera instancia equivale, en esencia, a invocar un incumplimiento de la obligación de motivación y, por otra parte, la obligación de motivación no impone al Tribunal General la elaboración de una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos de las partes del litigio.
153. En este contexto, ha de señalarse que el Tribunal General sí examinó, por un lado, la letra B de las Decisiones controvertidas (58) y, por otro, la posible incidencia, en la decisión de suspensión de la inmunidad adoptada por el Parlamento, de las formulaciones inexactas recogidas en dicha letra. Por ende, esta alegación carece de fundamento.
154. En cuanto a las alegaciones según las cuales se incurrió en desviación de poder y había un propósito no confesado, han de declararse inadmisibles por cuanto los recurrentes no presentan, en el recurso de casación, motivación alguna para fundamentarlas y se remiten, de manera general, al recurso de anulación.
6.      Imputaciones séptima y octava de la primera parte
a)      Alegaciones de las partes
155. En el marco de las imputaciones séptima y octava de la primera parte del sexto motivo de casación, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al apreciar, en los apartados 147 a 161 de la sentencia recurrida, las afirmaciones inexactas del Parlamento que figuran en las letras S y B de las Decisiones controvertidas, referidas, respectivamente, a la finalidad de la inmunidad parlamentaria, contemplada en el artículo 9 del Protocolo n.º 7, y al estadio en que se encontraba el proceso penal seguido contra ellos. Tales afirmaciones inexactas influyeron en la decisión del Parlamento de suspender la inmunidad, por cuanto indujeron a sus miembros a error.
156. Según los recurrentes, por una parte, es relativamente razonable suponer que los votos de los miembros del Parlamento que se pronunciaron a favor de las Decisiones controvertidas habrían sido diferentes si hubieran sabido que, por lo que respecta a las inmunidades contempladas en el artículo 9 del Protocolo n.º 7, la letra S de dichas Decisiones era manifiestamente errónea. Por otra parte, si el Parlamento hubiera tenido conocimiento de que, en contra de lo que se indica en la letra B de dichas Decisiones, no había concluido la fase de instrucción respecto a ellos, habría podido considerar que la emisión de una orden de detención europea contra ellos antes de que concluyera la fase de instrucción era desproporcionada. Además, el apartado 159 de la sentencia recurrida adolece de error de Derecho por desnaturalización de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española.
157. El Parlamento, apoyado por el Reino de España, entiende que deben desestimarse estas dos imputaciones. Según el Parlamento, la alegación basada en que su decisión de suspender la inmunidad de los recurrentes se fundamenta exclusivamente en el motivo indicado en la letra S de las Decisiones controvertidas queda invalidada por las observaciones que realizó en las letras T a W de estas Decisiones y debe desestimarse por infundada. Por otra parte, la alegación basada en la desnaturalización de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española ha de declararse inadmisible, puesto que los recurrentes la formulan por primera vez en casación. En cualquier caso, esa alegación debe desestimarse por infundada. El Reino de España sostiene que la octava imputación es inoperante por cuanto, al objeto de conceder el suplicatorio de suspensión de la inmunidad, es irrelevante que la fase de instrucción haya concluido o no.
b)      Apreciación
158. El Tribunal General recordó, en el apartado 148 de la sentencia recurrida, que la letra S de las Decisiones controvertidas reproduce el principio que figura en el punto 3 de la Comunicación n.º 11/2019, según el cual «la finalidad de la inmunidad parlamentaria consiste en proteger al Parlamento y a sus diputados frente a procedimientos judiciales relacionados con las actividades que se llevan a cabo en el ejercicio de las funciones parlamentarias y no pueden disociarse de ellas». A este respecto, el Tribunal General declaró, en el apartado 149 de dicha sentencia, que es pacífico que los recurrentes estaban amparados por la inmunidad establecida en el artículo 9, párrafo primero, letra b), del Protocolo n.º 7 aun cuando el proceso penal de que se trata tiene por objeto actividades sin relación con el ejercicio de las funciones parlamentarias. El Tribunal General hizo constar, no obstante, en el apartado 152 de dicha sentencia, que la afirmación general que figura en la letra S de las Decisiones controvertidas no se había llevado a efecto en el sentido de que procede conceder el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de un miembro del Parlamento si se refiere a un procedimiento judicial por hechos sin relación con el ejercicio de las funciones parlamentarias.
159. A continuación, el Tribunal General recordó, en el apartado 155 de la sentencia recurrida, el tenor de la letra B de las Decisiones controvertidas y señaló, en el apartado 157 de dicha sentencia, que los recurrentes podían sostener que esa letra adolece de un error de hecho o, cuando menos, de una falta de claridad en cuanto a si se había dado por concluida respecto de ellos la fase de instrucción del proceso penal de que se trata. No obstante, llegó a la conclusión, en el apartado 160 de dicha sentencia, que no resultaba que tal error o, cuando menos, esa falta de claridad incidiera en el examen del suplicatorio de suspensión de la inmunidad.
160. Por consiguiente, el Tribunal General declaró efectivamente que determinadas formulaciones de las letras B y S de las Decisiones controvertidas eran inexactas. En cambio, a continuación, concluyó que, en contra de lo que sostenían los recurrentes, esas inexactitudes no podían afectar a la decisión del Parlamento de suspender la inmunidad.
161. A mi juicio, la conclusión del Tribunal General no adolece de error. En efecto, la motivación de las Decisiones controvertidas no se circunscribe a sus letras B y S. Para apreciar la incidencia de esas formulaciones inexactas, es preciso considerar el contexto y la motivación de dichas Decisiones en su conjunto. En el marco del sexto motivo de casación, los recurrentes no han presentado ninguna alegación que permita demostrar que las inexactitudes en las formulaciones de las letras B y S fueran de tal naturaleza que la decisión del Parlamento de suspender la inmunidad habría sido diferente si dichas formulaciones hubieran sido correctas. Comparto, en particular, la opinión del Reino de España según la cual es irrelevante, para la decisión de suspensión de la inmunidad, que la fase de instrucción de la causa penal haya concluido o no.
162. Con carácter subsidiario, en lo atinente a la alegación de los recurrentes según la cual el Parlamento habría podido considerar que la emisión de órdenes de detención europeas contra ellos antes de concluir la fase de instrucción era desproporcionada, ha de recordarse (59) que en ningún caso se incluye entre las competencias del Parlamento apreciar la proporcionalidad de la detención de los recurrentes en consideración a la fase en que se encuentre el proceso penal seguido contra ellos.
163. En este contexto, soy del parecer de que las alegaciones basadas en los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española son inoperantes.
164. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, las imputaciones séptima y octava habrían de desestimarse.
7.      Novena imputación de la primera parte
a)      Alegaciones de las partes
165. En el marco de la novena imputación de la primera parte del sexto motivo de casación, los recurrentes reprochan al Tribunal General, en primer lugar, haber incurrido en error de Derecho al concluir, en los apartados 162 a 172 de la sentencia recurrida, que el Parlamento no había violado los principios de igualdad de trato y de buena administración. Sin embargo, el Parlamento no siguió su práctica reiterada consistente en denegar la suspensión de la inmunidad de un diputado en los casos indicados en los apartados 162 y 163 de dicha sentencia. En segundo lugar, el Tribunal General también incurrió en error de Derecho al concluir, en el apartado 166 de dicha sentencia, que los elementos mencionados en el marco de sus motivos de anulación sexto y séptimo, referentes a las prácticas y métodos de trabajo del Parlamento en el ámbito de la inmunidad, ya no eran pertinentes, de conformidad con el punto 53 de la Comunicación n.º 11/2019, que indica que esta sustituye a las comunicaciones anteriores. En tercer lugar, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas al considerar que no habían demostrado «por qué» las decisiones invocadas permitían acreditar la existencia de una determinada práctica. En cuarto lugar, el Tribunal General también desnaturalizó, en los apartados 166 a 172 de la referida sentencia, las pruebas e incurrió en error de Derecho al no tomar en consideración todos los precedentes que ellos invocaron, así como las alegaciones referidas a esos precedentes, para identificar un fumus persecutionis.
166. El Parlamento, apoyado por el Reino de España, entiende que debe desestimarse esta imputación por infundada. El Parlamento sostiene que ni el principio de buena administración ni el principio de igualdad de trato le prohíben adaptar y modificar su práctica anterior. Además, las alegaciones basadas en que el Tribunal General desnaturalizó las pruebas son inadmisibles, dado que los recurrentes no indican con precisión los errores cometidos o las pruebas desnaturalizadas. En cualquier caso, esas alegaciones carecen de fundamento.
b)      Apreciación
167. El Tribunal General resumió, en los apartados 162 y 163 de la sentencia recurrida, las afirmaciones de los recurrentes sobre los elementos de la supuesta práctica del Parlamento que presuntamente este incumplió.
168. El Tribunal General señaló, en el apartado 166 de la sentencia recurrida, que, a fin de demostrar la existencia de una práctica del Parlamento consistente en denegar la suspensión de la inmunidad de un diputado cuando esté encausado por sus actividades políticas, cuando tal causa haya sido incoada por un adversario político o cuando las autoridades nacionales de que se trate hayan urgido la imposición de sanciones ejemplares a ese diputado, los recurrentes esgrimieron la Comunicación n.º 11/2003, de 6 de junio de 2003. Esta Comunicación fue elaborada por la Comisión Jurídica y del Mercado Interior del Parlamento —que en aquel entonces se encargaba de las cuestiones sobre inmunidad— y constituye una síntesis de la anterior práctica decisoria del Parlamento. El Tribunal General presentó un resumen de los pasajes pertinentes de dicha Comunicación para seguidamente señalar que había sido sustituida, el 19 de noviembre de 2019, por la Comunicación n.º 11/2019.
169. El Tribunal General expuso, en el apartado 167 de la sentencia recurrida, la alegación del Parlamento según la cual este había abandonado su práctica, tal como se había sintetizado en la Comunicación n.º 11/2003, para pasar a limitar los casos en los que deniega la suspensión de la inmunidad.
170. El Tribunal General observó, en el apartado 168 de la sentencia recurrida, que la práctica del Parlamento, consistente en denegar la suspensión de la inmunidad si las diligencias judiciales de que se trate tienen como finalidad obstaculizar el ejercicio de las funciones parlamentarias del diputado, no se discute. A continuación, declaró que los recurrentes, por lo que respecta a los casos en los que el Parlamento deniega suspender la inmunidad de uno de sus miembros, se limitaban a esgrimir determinadas decisiones del Parlamento, sin demostrar por qué permiten acreditar la existencia de tal práctica. Por otra parte, el Tribunal General señaló que la mayor parte de las decisiones esgrimidas por los recurrentes se adoptaron en el período que va de 1982 a 2003.
171. A mi juicio, el Tribunal General no incurrió en error alguno en los apartados en cuestión de la sentencia recurrida.
172. Como se desprende del punto 53 de la Comunicación n.º 11/2019, esta sustituyó a todas las comunicaciones anteriores y a cualquier otro documento de la Comisión JURI sobre prácticas y métodos de trabajo del Parlamento en el ámbito de la inmunidad. Ello demuestra la clara intención del Parlamento de cambiar su anterior práctica. Habida cuenta del margen de apreciación de que dispone el Parlamento en materia de suspensión de la inmunidad parlamentaria, considero que tenía derecho a proceder de tal manera, máxime cuando, según afirma, la modificación de su práctica se justificó por el análisis de la jurisprudencia.
173. Esta conclusión ha sido corroborada por el Tribunal de Justicia, que ya ha tenido la ocasión de declarar que la Comunicación n.º 11/2003 dejó de ser aplicable tras la publicación de la Comunicación n.º 11/2019 y que, por tanto, el Tribunal General no está obligado a tomarla en consideración. (60) Dado que los recurrentes fundamentan sus alegaciones en la antigua práctica del Parlamento, resumida en la Comunicación n.º 11/2003, lo declarado por el Tribunal de Justicia se aplica, a fortiori, a cualquier práctica del Parlamento anterior a la Comunicación n.º 11/2019.
174. Habida cuenta de estas circunstancias, ha de señalarse que las alegaciones de los recurrentes basadas en la práctica anterior del Parlamento carecen de fundamento.
175. Subsidiariamente, respecto de las alegaciones basadas en la supuesta desnaturalización de las pruebas en que incurrió el Tribunal General, entiendo que son inadmisibles por cuanto los recurrentes no indican con precisión los elementos desnaturalizados ni demuestran los errores de análisis del Tribunal General que, en su opinión, llevaron a dicha desnaturalización. (61) En efecto, se limitan a remitirse de manera abstracta y general a las pruebas presentadas en apoyo de su recurso de anulación. De este modo, solicitan en realidad al Tribunal de Justicia que aprecie las pruebas adjuntas al recurso de anulación.
176. En estas circunstancias, la novena imputación habría de desestimarse.
8.      Segunda parte del sexto motivo de casación
a)      Alegaciones de las partes
177. La segunda parte del sexto motivo de casación se basa en el supuesto error de Derecho que cometió el Tribunal General al concluir que el Parlamento no había incurrido en error en la apreciación del fumus persecutionis.
178. En primer lugar, los recurrentes reprochan al Tribunal General que incumpliera su obligación de motivación. Cuestionan de nuevo (62) el principio, expresado en el apartado 112 de la sentencia recurrida, según el cual el Parlamento dispone de un amplio margen de apreciación acerca de la orientación que pretende dar a una decisión por la que se resuelve un suplicatorio de suspensión de la inmunidad.
179. En segundo lugar, arguyen que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación y vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva «al no posicionarse sobre el criterio de control aplicado» y al no haber aplicado los criterios de control que figuran en el recurso de anulación.
180. En tercer lugar, sostienen que el Tribunal General desnaturalizó pruebas, incurrió en errores de Derecho, incumplió su obligación de motivación y vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva «al no examinar la mayor parte de las alegaciones que desarrollaron, por su pertinencia para la identificación de fumus persecutionis, en el marco de sus motivos de anulación sexto, séptimo y octavo». Los recurrentes se remiten, a este respecto, a las alegaciones que formularon en el recurso de anulación. También alegan que la formulación inexacta de la letra S de las Decisiones controvertidas afectó a la apreciación del fumus persecutionis.
181. En cuarto lugar, los recurrentes argumentan que, en los apartados 174 a 186 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desnaturalizó pruebas e incurrió en error de Derecho al apreciar los errores que el Parlamento había cometido, según ellos, al identificar el fumus persecutionis.
182. Concretamente, los recurrentes impugnan, primero, la apreciación del Tribunal General sobre la falta de incidencia, en la identificación del fumus persecutionis, por una parte, de la fecha de emisión de las órdenes de detención europeas (apartado 174 de dicha sentencia) y, por otra parte, de la inexistencia de órdenes de detención europeas vigentes entre julio de 2018 y octubre o noviembre de 2019 (apartados 175 a 178 de la referida sentencia); segundo, la constatación del Tribunal General, en los apartados 179 a 182 de la mencionada sentencia, según la cual son inoperantes las alegaciones basadas en la realidad de los hechos que se les imputan, su calificación con arreglo a la ley penal española y la cuestión de si esos hechos justificaban o no la incoación de diligencias penales; tercero, la apreciación del Tribunal General, en los apartados 183 a 184 de la sentencia recurrida, relativa a la pertinencia de los elementos que el Parlamento tuvo en cuenta para apreciar el fumus persecutionis; y, cuarto, el error de Derecho del Tribunal General al considerar, en el apartado 185 de dicha sentencia, que no corresponde al Parlamento apreciar la legalidad de los actos adoptados por las autoridades judiciales durante el proceso penal de que se trate. Cada una de las impugnaciones que formulan los recurrentes va seguida bien de su propia valoración sobre la pertinencia de los elementos mencionados para la apreciación del fumus persecutionis, bien de una remisión a otros motivos de casación, bien de la mera afirmación de que el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
183. El Parlamento, apoyado por el Reino de España, entiende que las alegaciones de los recurrentes deben declararse inadmisibles o desestimarse por infundadas.
b)      Apreciación
184. El Tribunal General hizo constar, para empezar, en el apartado 183 de la sentencia recurrida, que, para concluir que no existía fumus persecutionis, el Parlamento se había basado en diversos elementos conjuntamente considerados, a saber, que los hechos imputados se habían cometido en 2017, mientras que los recurrentes adquirieron la condición de miembro del Parlamento el 13 de junio de 2019, así como que, por una parte, fueron procesados el 21 de marzo de 2018, es decir, en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética, y, por otra parte, ese procesamiento afectaba también a otras personas que no eran miembros del Parlamento.
185. A continuación, el Tribunal General consideró, en el apartado 186 de la sentencia recurrida, que los recurrentes no habían acreditado el error manifiesto de apreciación en que supuestamente había incurrido el Parlamento al basarse en las circunstancias de que se trata (recordadas en el punto anterior) para excluir la existencia de fumus persecutionis. A este respecto, según el Tribunal General, los hechos consistentes en que, primero, los recurrentes estén encausados por sus actividades políticas nacionales; segundo, en el marco del proceso penal de que se trata o a la conclusión de este, pudieran verse temporalmente en la imposibilidad de ejercer sus mandatos, o incluso, en su caso, pudieran perderlos; tercero, el partido español VOX haya ejercido la acción popular en el proceso penal de que se trata; y, cuarto, se hayan realizado declaraciones públicas negativas para los recurrentes, en las que, en concreto, se llamaba a imponerles sanciones ejemplares, no desvirtúan esta conclusión. Según el Tribunal General, lo mismo cabe decir de las alegaciones de los recurrentes dirigidas a poner en cuestión la imparcialidad de las autoridades judiciales participantes en el proceso penal de que se trata. Además, para demostrar la existencia de ese error manifiesto de apreciación del Parlamento, los recurrentes no pueden eficazmente invocar acontecimientos posteriores a las Decisiones controvertidas, como la notificación de la Junta Electoral Central de 3 de noviembre de 2022 y el hecho de que supuestamente ellos y sus abogados fueron espiados por las autoridades españolas.
186. Considero que el Tribunal General no incurrió en error en su análisis sobre la apreciación del fumus persecutionis realizada por el Parlamento. Comparto, en particular, la opinión del Tribunal General según la cual el Parlamento dispone de una amplia facultad de apreciación, a la vista del conjunto de circunstancias pertinentes, para determinar la existencia de fumus persecutionis y su decisión solo podría anularse en caso de que, en tal apreciación, incurra en error manifiesto. (63) A mi juicio, no es desacertada la conclusión del Tribunal General según la cual el Parlamento no incurrió en tal error.
187. A mayor abundamiento, por lo que respecta, en primer lugar, a las alegaciones de los recurrentes que se han resumido en el punto 178 de las presentes conclusiones, entiendo que carecen de fundamento. Por más que estos aleguen formalmente el incumplimiento de la obligación de motivación, considero que, con estas alegaciones, discuten en realidad el principio, expresado en el apartado 112 de la sentencia recurrida, en el cual el Tribunal General fundamentó su apreciación. Ya he analizado esas alegaciones en el marco de la primera parte del sexto motivo de casación, en el contexto de la supuesta violación de los derechos fundamentales de los recurrentes. (64) Leída de manera más general, la constatación obrante en el apartado 112 de dicha sentencia es, como ya he indicado, correcta. (65)
188. En segundo lugar, por lo que atañe a las alegaciones resumidas en los puntos 179 y 180 de las presentes conclusiones, estas resultan, en mi opinión, inadmisibles, en tanto en cuanto son imprecisas y pretenden que vuelvan a examinarse las alegaciones que figuran en el recurso de anulación. Ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, no se ajusta a las exigencias de motivación resultantes del artículo 256 TFUE, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los artículos 168, apartado 1, letra d), y 169 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia un recurso de casación que se limita a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones formulados ante el Tribunal General. (66) Pues bien, tal es el caso de las alegaciones que figuran en los puntos 179 y 180 de las presentes conclusiones, por cuanto los recurrentes se limitan a remitirse de manera general a las alegaciones recogidas en el recurso de anulación.
189. En lo atinente, por último, a las alegaciones resumidas en los puntos 181 y 182 de las presentes conclusiones, los recurrentes se limitan bien a presentar su opinión sobre la incidencia de determinados elementos considerados pertinentes o no por el Parlamento (apartados 174 a 182 de la sentencia recurrida), bien a remitirse a los motivos de anulación (apartados 183 a 184 de dicha sentencia), bien a señalar que el Tribunal General incurrió en error de Derecho (apartados 185 y 186 de la referida sentencia). En consecuencia, estas alegaciones también son inadmisibles, en tanto en cuanto los recurrentes no indican un error en el razonamiento del Tribunal General.
190. En cualquier caso, suponiendo que fueran admisibles, esas alegaciones habrían de desestimarse por infundadas, ya que no permiten desvirtuar la conclusión a la que he llegado en el punto 186 de las presentes conclusiones.
191. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, la segunda parte del sexto motivo de casación habría de desestimarse.
9.      Conclusión sobre el sexto motivo de casación
192. A la luz de los razonamientos que acabo de exponer, entiendo que el sexto motivo de casación habría de desestimarse.
F.      Sobre el quinto motivo de casación
193. Mediante su quinto motivo de casación, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al desestimar el quinto motivo de anulación, basado en la violación del principio de seguridad jurídica por la falta de claridad de las Decisiones controvertidas. A este respecto, según los recurrentes, el Tribunal General no tuvo en cuenta que el Parlamento, por un lado, nunca había tramitado un suplicatorio de suspensión de la inmunidad para la continuación de un procedimiento de entrega en virtud del capítulo 2 de la Decisión Marco 2002/584 y, por otro lado, se trataba de la primera vez que suspendía solo una de las inmunidades consagradas en el artículo 9 del Protocolo n.º 7. Este motivo de casación se divide en dos partes.
1.      Primera parte del quinto motivo de casación
a)      Alegaciones de las partes
194. Mediante la primera parte del quinto motivo de casación, los recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al considerar, respecto de los procedimientos para los cuales se suspendió la inmunidad, que las Decisiones controvertidas no adolecían de falta de claridad. A este respecto, discuten la interpretación de las Decisiones controvertidas que realizó el Tribunal General en los apartados 94 a 97 de la sentencia recurrida, que, en su opinión, no es la única interpretación posible. Alegan, en particular, que los suplicatorios de suspensión de inmunidad cursados frente a ellos tenían como exclusivo propósito la continuación de los procedimientos de entrega que estaban en curso, a saber, los procedimientos de ejecución de las órdenes de detención europeas en Bélgica y en el Reino Unido.
195. El Parlamento, apoyado por el Reino de España, entiende que debe desestimarse esta parte y arguye a tal efecto que las alegaciones son inadmisibles o inoperantes y, en cualquier caso, infundadas.
b)      Apreciación
196. El Tribunal General analizó las Decisiones controvertidas en los apartados 95 y 96 de la sentencia recurrida. Indicó, por un lado, que del punto 1 de la parte dispositiva de dichas Decisiones resulta que suspenden la inmunidad de los recurrentes consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra b), del Protocolo n.º 7 —es decir, la inmunidad conferida en el territorio de cualquier Estado miembro que no sea el Reino de España— sin efectuar selección alguna de esos Estados. Por otro lado, el Tribunal General enumeró los pasajes de dichas Decisiones en los que se indica que la suspensión de la inmunidad se había solicitado con el propósito de eliminar los impedimentos para la ejecución de las órdenes de detención europeas emitidas contra ellos. El Tribunal General concluyó así que las Decisiones controvertidas, leídas autónomamente o en relación con los suplicatorios de suspensión de la inmunidad, no adolecían de falta de claridad.
197. Comparto la conclusión del Tribunal General. La lectura de los suplicatorios de suspensión de la inmunidad que proponen los recurrentes, según la cual estos tenían como exclusivo objeto la ejecución de las órdenes de detención europeas en Bélgica y en el Reino Unido, no es defendible si se consideran no solo determinados elementos extraídos del contexto, como hacen los recurrentes, sino las Decisiones controvertidas en su conjunto.
198. Es cierto que el artículo 9, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584 prevé la posibilidad de que la autoridad judicial emisora de una orden de detención europea comunique directamente a la autoridad judicial de ejecución dicha orden cuando se conozca el paradero de la persona buscada. No obstante, tal comunicación no tiene por efecto limitar el alcance de la orden de detención europea al territorio del Estado miembro de esta última autoridad. Esa orden de detención europea puede siempre ejecutarse en todos los Estados miembros. Así pues, ante la inexistencia, en los suplicatorios de suspensión de la inmunidad, de formulaciones explícitas de las que resulte que el Parlamento debía suspender la inmunidad exclusivamente en lo referente a la ejecución de las órdenes de detención europeas en Bélgica y en el Reino Unido, la interpretación de esos suplicatorios y de las Decisiones controvertidas que realizan los recurrentes debe rechazarse por errada. Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error al concluir que de las Decisiones controvertidas se desprende que el Parlamento decidió suspender la inmunidad de los recurrentes en el territorio de todos los Estados miembros, con excepción del territorio español.
199. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, entiendo que habría de desestimarse la primera parte del quinto motivo de casación.
2.      Segunda parte del quinto motivo de casación
a)      Alegaciones de las partes
200. La segunda parte de este motivo de casación se basa en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 98 a 109 de la sentencia recurrida, que las Decisiones controvertidas no adolecen de falta de claridad en cuanto a las medidas que pueden adoptarse en el marco de la ejecución de las órdenes de detención europeas. De este modo, los recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar erróneamente el alcance de las inmunidades consagradas en el artículo 9, párrafo primero, letra a), y en el artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7, así como al afirmar que solo la inmunidad consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra b), del Protocolo n.º 7 constituía un impedimento para la detención de los recurrentes y para su entrega a las autoridades españolas. Al pronunciarse en tal sentido, el Tribunal General desnaturalizó las pruebas. Por otra parte, los recurrentes formulan de nuevo las alegaciones que son objeto la cuarta parte del tercer motivo de casación.
201. El Parlamento, apoyado por el Reino de España, entiende que debe desestimarse esta parte y señala que las imputaciones formuladas por los recurrentes son inoperantes, en tanto en cuanto los suplicatorios de suspensión de la inmunidad tenían exclusivamente por objeto la inmunidad consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra b), del Protocolo n.º 7. Según esa institución, las imputaciones referidas a los apartados 103 y 106 a 109 de la sentencia recurrida se basan en una lectura errónea de dichos apartados.
b)      Apreciación
202. El Tribunal General presentó, en los apartados 101 a 105 de la sentencia recurrida, el contenido de las Decisiones controvertidas y la conclusión del Parlamento según la cual solo la inmunidad consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra b), del Protocolo n.º 7 constituía un impedimento para la detención de los recurrentes. Además, declaró, en los apartados 106 a 108 de dicha sentencia, que el artículo 9, párrafo segundo, de dicho Protocolo no confiere a los recurrentes una protección autónoma respecto de aquella consagrada en su favor en virtud del artículo 9, párrafo primero, de dicho Protocolo.
203. Con carácter preliminar, ha de señalarse que, en la medida en que los suplicatorios de suspensión de la inmunidad tenían exclusivamente por objeto la inmunidad consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra b), del Protocolo n.º 7, las imputaciones de los recurrentes referentes a las eventuales observaciones del Tribunal General relativas al alcance de su inmunidad en el territorio español son inoperantes. En efecto, por una parte, esas imputaciones se dirigen contra fundamentos de Derecho sin influencia en el fallo de la sentencia recurrida. (67) Por otra parte, como ha señalado acertadamente el Parlamento, el Tribunal General reprodujo, en los apartados 100 a 105 de esa sentencia, el contenido de diversas letras de las Decisiones controvertidas y las conclusiones formuladas por el Parlamento, sin que dichos apartados de la sentencia recurrida indiquen en ningún caso su propia interpretación sobre el alcance de la inmunidad consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra a), de dicho Protocolo.
204. Por lo que toca, en primer lugar, a las alegaciones de los recurrentes basadas en la inmunidad que se consagra en el artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7, que, a su juicio, tiene carácter autónomo respecto de la inmunidad consagrada en el párrafo primero de este artículo, considero que deben desestimarse por infundadas. Como he indicado al analizar el sexto motivo de casación, (68) tras la apertura de la primera sesión de una legislatura y la asunción efectiva de las funciones de diputado, el diputado solamente disfruta de la protección consagrada en el artículo 9, párrafo primero, de este Protocolo. En el presente caso, la inmunidad consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra b), de dicho Protocolo se suspendió después de que los recurrentes asumieran efectivamente las funciones de diputado. En ese estadio, los recurrentes ya no disfrutaban, en paralelo, de la protección consagrada en el artículo 9, párrafo segundo, del referido Protocolo. Así pues, para garantizar la protección consagrada en el artículo 9, párrafo segundo, del Protocolo n.º 7, no era necesario precisar, en las Decisiones controvertidas, las medidas que podían adoptarse en el marco de la ejecución de las órdenes de detención europeas.
205. Por lo que respecta, en segundo lugar, a las alegaciones fundadas en la desnaturalización de las pruebas, considero que han de desestimarse. Las alegaciones referidas, por un lado, al alcance de la inmunidad de los recurrentes que se consagra en el artículo 9, párrafo primero, letra a), del Protocolo n.º 7 son inoperantes, en tanto en cuanto la argumentación que se articula en torno al supuesto error del Tribunal General es, como acabo de indicar, (69) inoperante. Por otro lado, las alegaciones relativas a la inmunidad consagrada en el artículo 9, párrafo primero, letra b), de dicho Protocolo carecen de fundamento, habida cuenta de que el Tribunal General no incurrió en error en la interpretación de la sentencia Junqueras Vies.
206. Por lo que atañe, en tercer lugar, a la alegación basada en la confidencialidad del procedimiento tramitado ante la Comisión JURI, ya la he examinado. (70)
207. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, la segunda parte del quinto motivo de casación habría de desestimarse.
3.      Conclusión sobre el quinto motivo de casación
208. A la luz de los razonamientos que acabo de exponer, entiendo que el quinto motivo de casación habría de desestimarse.
G.      Costas
209. Por lo que respecta al recurso de casación interpuesto por el primer recurrente y la tercera recurrente, con arreglo al artículo 142 del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, el Tribunal de Justicia debe, en este caso, resolver discrecionalmente sobre las costas. En el caso de autos, como las circunstancias que justifican sobreseer el recurso de casación son ajenas a las partes, ha de resolverse que cada parte cargue con sus propias costas.
210. En lo referente al recurso de casación interpuesto por el segundo recurrente, como las presentes conclusiones se circunscriben al análisis de los motivos de casación tercero, quinto y sexto, no realizaré una propuesta sobre las costas, pues la solución que se alcance a este respecto dependerá de la resolución de los demás motivos de casación, de conformidad con el artículo 138 del Reglamento de Procedimiento.
V.      Conclusión
211. Habida cuenta de todas las consideraciones que anteceden, propongo al Tribunal de Justicia que:
–        Sobresea el recurso de casación interpuesto por D. Carles Puigdemont i Casamajó y D.ª Clara Ponsatí i Obiols.
–        En lo referente al recurso de casación interpuesto por el Sr. Puigdemont i Casamajó y la Sra. Ponsatí i Obiols, condene a cada una de las partes a cargar con sus propias costas.
–        Desestime los motivos tercero, quinto y sexto del recurso de casación interpuesto por D. Antoni Comín i Oliveres.
1      Lengua original: francés.
2      Ha de señalarse, como resulta del apartado 54 de la sentencia recurrida, que estas tres Decisiones son casi idénticas, con excepción de los nombres de los diputados a que se refieren, de la fecha de adopción de determinados actos judiciales y, por lo que respecta a la Sra. Ponsatí i Obiols, de las circunstancias en que se produjo su elección al Parlamento y del hecho de que, en el proceso penal de que se trata, solo se le imputa el delito de sedición.
3      DO 2012, C 326, p. 266.
4      DO 2019, L 302, p. 1, en la versión anterior a la modificación por la Decisión del Parlamento de 17 de enero de 2023.
5      DOGC n.º 7449A, de 6 de septiembre de 2017, p. 1.
6      DOGC n.º 7451A, de 8 de septiembre de 2017, p. 1.
7      A saber, los motivos tercero, quinto, sexto y séptimo.
8      Sentencia de 6 de septiembre de 2018, Bank Mellat/Consejo (C‑430/16 P, EU:C:2018:668), apartado 49 y jurisprudencia citada.
9      Sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), apartado 58 y jurisprudencia citada.
10      Sentencia de 13 de julio de 2023, D & A Pharma/EMA (C‑136/22 P, EU:C:2023:572), apartado 44 y jurisprudencia citada.
11      Sentencia de 18 de octubre de 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Consejo (C‑100/17 P, EU:C:2018:842), apartado 37 y jurisprudencia citada.
12      Véase el punto 22 de las presentes conclusiones.
13      Ha de señalarse a este respecto que, el 12 de septiembre de 2024, el segundo recurrente interpuso ante el Tribunal General un recurso al amparo del artículo 263 TFUE, que se registró con el número T‑477/24, con la pretensión de que se anulase la decisión del Parlamento Europeo de no reconocer su condición de miembro electo del Parlamento para la legislatura 2024‑2029. Este asunto se archivó a raíz del desistimiento de dicho recurrente mediante auto del Presidente de la Sala Octava del Tribunal General de 14 de noviembre de 2024, Comín i Oliveres/Parlamento (T‑477/24, EU:T:2024:836).
14      Sentencia de 19 de diciembre de 2019 (C‑502/19, en lo sucesivo, «sentencia Junqueras Vies», EU:C:2019:1115), fallo.
15      Véanse las conclusiones que presenté en el asunto Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958), puntos 3 y 4.
16      Véanse, a este respecto, TEDH, sentencias de 17 de mayo de 2016, Karácsony y otros c. Hungría (CE:ECHR:2016:0517JUD004246113), § 138, y de 20 de diciembre de 2016, Uspaskich c. Lituania (CE:ECHR:2016:1220JUD001473708), § 98, citadas por el Tribunal de Justicia en la sentencia Junqueras Vies.
17      Sentencia Junqueras Vies, apartado 84 y jurisprudencia citada.
18      Véanse las conclusiones que presenté en el asunto Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958), punto 5.
19      TEDH, sentencia de 20 de diciembre de 2016, Uspaskich c. Lituania, (CE:ECHR:2016:1220JUD001473708), § 91.
20      Véanse, en particular, las sentencias de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento (T‑346/11 y T‑347/11, EU:T:2013:23), apartado 60; de 8 de noviembre de 2018, Troszczynski/Parlamento (T‑550/17, EU:T:2018:754), apartado 44; de 1 de diciembre de 2021, Jalkh/Parlamento (T‑230/21, EU:T:2021:848), apartado 24, y de 26 de junio de 2024, Fest/Parlamento (T‑305/23, EU:T:2024:422), apartado 24.
21      El Tribunal General califica las decisiones de suspensión de la inmunidad de «decisiones con carácter político». A este respecto, del Informe sobre el alcance y la suspensión de las inmunidades parlamentarias adoptado por la Comisión de Venecia en su 98.ª sesión plenaria (Venecia, 21 y 22 de marzo de 2014) (en lo sucesivo, «Informe de la Comisión de Venecia») se desprende que esta calificación se corresponde con la que le otorgan algunos ordenamientos jurídicos nacionales (punto 135 del Informe de la Comisión de Venecia). Sea cual sea el término que se utilice para describir la naturaleza de esta decisión, el elemento más importante no es otro que la amplia facultad de apreciación de que disfruta el Parlamento en su adopción.
22      Sentencia de 17 de septiembre de 2020, Troszczynski/Parlamento (C‑12/19 P, EU:C:2020:725), apartado 25.
23      Véase, en este sentido, el auto del Vicepresidente del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 2022, Puigdemont i Casamajó y otros/Parlamento y España [C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413], apartados 193 y 194.
24      Sentencia de 1 de febrero de 2024, Scania y otros/Comisión (C‑251/22 P, EU:C:2024:103), apartado 70 y jurisprudencia citada.
25      La segunda frase del punto 8 de la Comunicación n.º 11/2019 no es pertinente en lo que respecta a la problemática objeto de la primera parte del tercer motivo de casación. En cambio, no es irrelevante para el análisis de la segunda parte de este motivo y se presentará en el siguiente epígrafe.
26      Sentencia de 22 de diciembre de 2022, Parlamento/Moi (C‑246/21 P, EU:C:2022:1026), apartado 35 y jurisprudencia citada.
27      Véase el punto 60 de las presentes conclusiones.
28      Sentencia de 7 de marzo de 2024, Nevinnomysskiy Azot y NAK Azot/Comisión (C‑725/22 P, EU:C:2024:217), apartado 94 y jurisprudencia citada.
29      Sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2024:1019), apartado 34 y jurisprudencia citada.
30      Sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2024:1019), apartado 35 y jurisprudencia citada.
31      Sentencia de 11 de diciembre de 2019, Mytilinaios Anonymos Etairia — Omilos Epicheiriseon (C‑332/18 P, EU:C:2019:1065), apartado 149 y jurisprudencia citada.
32      Véase la sentencia de 16 de septiembre de 2020, BP/FRA (C‑669/19 P, EU:C:2020:713), apartado 41 y jurisprudencia citada.
33      Véase la sentencia de 16 de septiembre de 2020, BP/FRA (C‑669/19 P, EU:C:2020:713), apartado 41 y jurisprudencia citada.
34      Véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2022, WV/SEAE (C‑162/20 P, EU:C:2022:153), apartados 67 y 69 y jurisprudencia citada.
35      Sentencia de 9 de noviembre de 2017, TV2/Danmark/Comisión (C‑649/15 P, EU:C:2017:835), apartado 61 y jurisprudencia citada.
36      Véase el punto 54 de las presentes conclusiones.
37      Sentencia de 9 de septiembre de 2003, Kik/OAMI (C‑361/01 P, EU:C:2003:434), apartado 101.
38      Véase el punto 194 del Informe de la Comisión de Venecia.
39      Basado en la vulneración de las inmunidades contempladas en el artículo 343 TFUE y en el artículo 9 del Protocolo n.º 7, en relación con los artículos 6, 39, apartado 2, y 45 de la Carta y el artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno.
40      Basado en la violación de los principios de buena administración y de igualdad de trato.
41      Las nueve imputaciones de la primera parte vienen precedidas de una imputación introductoria sobre la violación de los derechos fundamentales de los recurrentes. En la medida en que esta cuestión se trata en la cuarta imputación, no es necesario considerarla como una imputación distinta y, por ello, la examinaré en el marco de la cuarta imputación.
42      Véase el punto 116 de las presentes conclusiones.
43      Véase el punto 43 de las presentes conclusiones.
44      Véanse los puntos 162, 188 y 190 del Informe de la Comisión de Venecia.
45      Sentencia de 27 de abril de 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro y otros/Comisión (C‑549/21 P, EU:C:2023:340), apartado 80 y jurisprudencia citada.
46      Sentencia Junqueras Vies, apartado 78.
47      Sentencia Junqueras Vies, apartado 80.
48      Sentencia Junqueras Vies, apartado 79.
49      Sentencia de 10 de julio de 1986, Wybot (149/85, EU:C:1986:310), apartado 27.
50      Véase la nota 41 de las presentes conclusiones.
51      Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1).
52      Véase el punto 125 de las presentes conclusiones.
53      Véase el punto 168 del Informe de la Comisión de Venecia.
54      Sentencia de 28 de septiembre de 2023, Changmao Biochemical Engineering/Comisión (C‑123/21 P, EU:C:2023:708), apartado 185 y jurisprudencia citada.
55      Sentencia de 4 de octubre de 2024, Mylan IRE Healthcare/Comisión (C‑237/22 P, EU:C:2024:850), apartado 84 y jurisprudencia citada.
56      Apartados 339 a 365 del recurso de anulación.
57      Véanse los puntos 143 y 144 de las presentes conclusiones.
58      Véase el siguiente epígrafe de las presentes conclusiones.
59      Véanse los puntos 138 y 145 de las presentes conclusiones.
60      Auto de 22 de diciembre de 2022, Jalkh/Parlamento (C‑82/22 P, EU:C:2022:1039), apartado 38.
61      Véase, a este respecto, la sentencia de 12 de diciembre de 2024, DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2024:1019), apartado 35 y jurisprudencia citada.
62      Véase el punto 128 de las presentes conclusiones.
63      Véase, a este respecto, el epígrafe IV.C de las presentes conclusiones, en particular los puntos 43 a 45.
64      Véase el epígrafe IV.E.1 de las presentes conclusiones.
65      Véase el epígrafe IV.C de las presentes conclusiones, en particular los puntos 43 a 45.
66      Sentencia de 22 de diciembre de 2022, Parlamento/Moi (C‑246/21 P, EU:C:2022:1026), apartado 34 y jurisprudencia citada.
67      Véase, en este sentido, la sentencia de 27 de abril de 2023, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro y otros/Comisión (C‑549/21 P, EU:C:2023:340), apartado 80 y jurisprudencia citada.
68      Véase el punto 126 de las presentes conclusiones.
69      Véase el punto 203 de las presentes conclusiones.
70      Véase el epígrafe IV.D.4 de las presentes conclusiones.