Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DEAN SPIELMANN
presentadas el 16 de abril de 2026 (1)
Asunto C‑254/25
A. A.
contra
Wojewoda Śląski
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Gliwice, Polonia)]
« Procedimiento prejudicial — Política de inmigración — Requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de estudios — Directiva
(UE)
2016/801 — Garantías procesales — Suspensión de los plazos de tramitación de las solicitudes de autorización presentadas por nacionales de países terceros — Derecho a la tutela judicial efectiva — Principio de equivalencia »
Introducción
1.        La petición de decisión prejudicial ha sido planteada por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Gliwice, Polonia) en el marco de un litigio entre A. A. (en lo sucesivo, «demandante»), nacional de un país tercero, y el Wojewoda Śląski (Vaivoda de Silesia, Polonia; en lo sucesivo, «Vaivoda»). El contexto del litigio principal es la invasión de Ucrania por la Federación de Rusia en febrero de 2022, a raíz de la cual Polonia ha experimentado una gran afluencia de personas desplazadas. El legislador polaco ha adoptado disposiciones destinadas, por una parte, a suspender los plazos de tramitación de las solicitudes de permiso de residencia, en particular con fines de estudios, y, por otra parte, a excluir la aplicación de las normas nacionales relativas a la inacción de la autoridad competente, de modo que no pueda imponerse una sanción pecuniaria a dicha autoridad por el incumplimiento de los plazos establecidos para pronunciarse.
2.        El asunto principal versa sobre la falta de adopción de una decisión, en los plazos establecidos, sobre la solicitud de permiso de residencia temporal con fines de estudios presentada por un nacional de un país tercero, así como sobre la imposibilidad de interponer un recurso contra las prácticas dilatorias de los órganos de la Administración pública o de obtener una indemnización económica adecuada. Por lo tanto, mediante el presente asunto se insta al Tribunal de Justicia a valorar, a la luz del Derecho de la Unión, la exclusión en la legislación nacional pertinente de la posibilidad, prevista en el Derecho nacional, de que los nacionales de países terceros interpongan un recurso dirigido a que se declare que las autoridades administrativas polacas incurren en prácticas dilatorias a la hora de tramitar una solicitud de concesión de un permiso de residencia temporal con fines de estudios y de que, por una parte, se conceda una compensación económica adecuada por la vulneración del derecho a que la Administración actúe sin dilaciones indebidas y, por otra parte, se ordene resolver en el plazo fijado por el juez.
3.        Esta apreciación se realizará, en particular, a la luz del artículo 34 de la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair, (2) así como del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Carta
4.        En el presente asunto es pertinente el artículo 47 de la Carta, titulado «Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial».
Directiva 2016/801
5.        El artículo 5 de la Directiva 2016/801, titulado «Principios», dispone, en sus apartados 1 y 3:
«1.      La admisión de un nacional de un país tercero en virtud de la presente Directiva estará sujeta a que, una vez comprobadas las pruebas documentales, quede demostrado que el nacional de un país tercero cumple lo siguiente:
a)      los requisitos generales establecidos en el artículo 7, y
b)      los requisitos específicos correspondientes incluidos en los artículos 8, 11, 12, 13, 14 o 16.
[…]
3.      Una vez se cumplan todos los requisitos generales y los específicos pertinentes, los nacionales de países terceros tendrán derecho a una autorización.
Si un Estado miembro expide permisos de residencia solamente en su territorio y se cumplen todos los requisitos de admisión establecidos en la presente Directiva, dicho Estado miembro expedirá al nacional de un país tercero los visados necesarios.»
6.        El artículo 34 de dicha Directiva, titulado «Garantías procedimentales y transparencia», dispone:
«1.      Las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate adoptarán una decisión sobre la solicitud de una autorización o su renovación y lo notificarán por escrito al solicitante, de conformidad con los procedimientos de notificación establecidos en su Derecho interno, lo antes posible y en un plazo máximo de 90 días desde la fecha de presentación de la solicitud completa.
[…]
3.      Cuando la información o la documentación que acompañen a la solicitud sea incompleta, las autoridades competentes notificarán al solicitante, en un plazo razonable, la información adicional que se le exige y fijarán un plazo razonable para facilitarla. El plazo previsto en [el] apartado[…] 1 […] quedará suspendido hasta que las autoridades competentes reciban la información adicional requerida. Si no se ha facilitado la información o los documentos adicionales en el plazo fijado, se podrá denegar la solicitud.
[…]
5.      Toda decisión por la que se inadmita o se deniegue una solicitud, se deniegue la renovación o se retire una autorización podrá recurrirse en el Estado miembro de que se trate, de conformidad con el Derecho nacional. La notificación escrita indicará el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa ante los que la persona interesada podrá interponer recurso, así como el plazo para hacerlo.»
Decisión de Ejecución 2022/382
7.        Según los considerandos 3 y 7 de la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55/CE y con el efecto de que se inicie la protección temporal, (3) la invasión de Ucrania por la Federación de Rusia, condenada por el Consejo Europeo el 24 de febrero de 2022, ha provocado una afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania incapaces de volver a su país o región de origen, y la magnitud de dicha afluencia puede hacer que los sistemas de asilo de los Estados miembros no sean capaces de tramitar las llegadas sin efectos adversos para su funcionamiento eficiente y para los intereses de las personas afectadas y de otras personas que soliciten protección.
Decisión de Ejecución 2024/1836
8.        Según los considerandos 7 y 8 de la Decisión de Ejecución (UE) 2024/1836 del Consejo, de 25 de junio de 2024, por la que se prorroga la protección temporal introducida por la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382, (4) la continuación de la guerra, las difíciles condiciones humanitarias, la inestabilidad y el riesgo de escalada implican que no pueden excluirse nuevas llegadas a gran escala y que persiste el riesgo para el funcionamiento eficaz de los sistemas nacionales de asilo, por lo que es necesario prorrogar la protección temporal con el fin de proporcionar una protección inmediata y un conjunto armonizado de derechos con menores trámites, y evitar que el cese del régimen dé lugar a una presentación simultánea y masiva de solicitudes de protección internacional que podría desbordar dichos sistemas.
Derecho polaco
Ley de 12 de marzo de 2022
9.        La ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Ley de asistencia a los ciudadanos de Ucrania en relación con el conflicto armado en el territorio de dicho Estado), de 12 de marzo de 2022, (5) fue aprobada a raíz de la Decisión de Ejecución 2022/382. Esta Ley establece normas específicas para la regularización de la residencia de los ciudadanos ucranianos que han llegado al territorio de Polonia. El texto refundido de dicha Ley, (6) que tiene en cuenta las modificaciones introducidas desde su adopción, contiene el artículo 100d, que es aplicable a los hechos que dieron origen al litigio principal, y dispone lo siguiente:
«1.      Durante el período hasta el 30 de septiembre de 2025, los plazos de tramitación de los asuntos relativos a:
1)      la concesión a los extranjeros:
a)      de una autorización de residencia temporal,
b)      de un permiso de residencia permanente,
c)      de un permiso de residencia de residente de larga duración – UE,
2)      la modificación:
a)      de
la
autorización de residencia temporal y del permiso de trabajo,
b)      de
la
autorización de residencia temporal para ocupar un empleo altamente cualificado,
3)      la retirada a los extranjeros:
a)      del permiso de residencia temporal,
b)      del permiso de residencia permanente,
c)      del permiso de residencia de larga duración – UE,
no comenzarán a correr en los procedimientos tramitados por el Vaivoda y los plazos que ya hayan empezado a correr quedarán suspendidos durante dicho período.
2.      Mantendrán sus efectos
las actuaciones realizadas durante el período a que se refiere el apartado 1, en el marco de los procedimientos contemplados en el apartado 1.
3.      Durante el período contemplado en el apartado 1:
1)      no se aplicarán las disposiciones relativas a la inacción de la autoridad responsable del procedimiento en los supuestos contemplados en el apartado 1 y a su obligación de informar a la parte o al participante en el procedimiento de que el asunto no se ha tramitado en el plazo establecido;
2)      no se impondrá una multa a la autoridad responsable del procedimiento en los casos a que se refiere el apartado 1 ni será condenada al pago de cantidades monetarias a los solicitantes por no haberse
pronunciado en los plazos legalmente establecidos.
4.      El hecho de que la autoridad encargada del procedimiento en los supuestos contemplados en el apartado 1 haya dejado de actuar, o haya actuado con retraso, durante el período contemplado en el apartado 1, no podrá dar lugar a un recurso por omisión o por demora excesiva del procedimiento o por vulneración del derecho de la parte a que su asunto sea examinado lo antes posible.»
10.      Este artículo 100d entró en vigor el 1 de enero de 2023 y ha sido objeto de varias modificaciones, de suerte que las fechas máximas de suspensión de los plazos se han fijado, respectivamente, en el 24 de agosto de 2023, el 4 de marzo de 2024 y, posteriormente, el 30 de junio de 2024. Dicho artículo fue sustituido por el artículo 100c de la misma Ley, que
fue aplicable hasta el 31 de diciembre de 2022.
Ley de Extranjería
11.      El artículo 3 de la ustawa o cudzoziemcach (Ley de Extranjería), de 12 de diciembre de 2013, (7) dispone:
«A efectos de la presente Ley, se entenderá por:
[…]
2)      extranjero: toda persona que no posea la nacionalidad polaca;
[…]»
12.      El artículo 112a de la Ley de Extranjería dispone:
«1.      La decisión sobre la concesión de una
autorización de residencia temporal a un extranjero se adoptará en un plazo de sesenta días.
2.      El plazo a que se refiere el apartado 1 comenzará a correr a partir de la fecha en que se haya producido el último de los siguientes hechos:
1)      el extranjero haya presentado personalmente una solicitud de autorización de residencia temporal o haya comparecido personalmente en la oficina del Voivodato tras la presentación de dicha solicitud, salvo que la obligación de comparecer personalmente no sea aplicable al extranjero, o
2)      el extranjero haya presentado una solicitud de autorización de residencia temporal en forma regular o regularizada, o
3)      el extranjero haya presentado los documentos a que se refiere el artículo 106, apartado 2, punto 2, o haya expirado el plazo mencionado en el artículo 106, apartado 2a, establecido por el Vaivoda.
3.      En el supuesto del procedimiento relativo a la concesión de una
autorización de residencia temporal, contemplado en el artículo 139a, apartado 1, y en el artículo 139o, apartado 1, el plazo contemplado en el apartado 1 comenzará a correr a partir de la fecha en que se haya producido el último de los siguientes hechos:
1)      la entidad de acogida haya presentado una solicitud de autorización de residencia temporal, contemplada en el artículo 139a, apartado 1, o en el artículo 139o, apartado 1, en forma regular o regularizada, o
2)      la entidad de acogida haya presentado los documentos a que se refiere el artículo 106a, apartado 2, punto 2, o haya expirado el plazo establecido por el Vaivoda a que se refiere el artículo 106a, apartado 3.
4.      El procedimiento de recurso relativo a la concesión de una
autorización de residencia temporal a un extranjero concluirá en un plazo de noventa días.
5.      Cuando el recurso no se ajuste a los requisitos previstos por la ley, el plazo contemplado en el apartado 4 comenzará a correr a partir de la fecha de regularización del recurso.»
Ley por la que se establece el Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo
13.      Según lo dispuesto en el artículo 53, apartado 2b, de la ustawa — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Ley por la que se establece el Código de Procedimiento Contencioso-Administrativo), de 30 de agosto de 2002: (8)
«El recurso por omisión o por demora excesiva en la tramitación de procedimientos podrá interponerse en cualquier momento una vez presentada una reclamación administrativa previa ante la autoridad competente.»
14.      El artículo 149, de dicha Ley dispone:
«1.      Cuando estime el recurso por omisión o por demora excesiva en el procedimiento tramitado por las autoridades en los supuestos contemplados en el artículo 3, apartado 2, puntos 1 a 4, o por demora excesiva del procedimiento en los supuestos contemplados en el artículo 3, apartado 2, punto 4a, el juez:
1)      impondrá a la autoridad la obligación de adoptar un acto, una decisión interpretativa o una medida en un plazo determinado;
2)      obligará a la autoridad a declarar o reconocer la existencia del derecho o de la obligación derivados de la ley;
3)      declarará que la autoridad ha incurrido en inacción o ha dado lugar a una demora excesiva en la tramitación del procedimiento.
1a.      El juez determinará si la inacción o la demora excesiva en la tramitación del procedimiento de la autoridad constituyen una violación flagrante del Derecho.
1b.      En el supuesto contemplado en el apartado 1, puntos 1 y 2, el juez podrá pronunciarse, además, sobre la existencia o la inexistencia del derecho o de la obligación, cuando lo permita la naturaleza del asunto, así como sus elementos de hecho y de Derecho que no susciten dudas razonables.
2.      En el supuesto contemplado en el apartado 1, el juez podrá, además, imponer de oficio o a instancia de parte una multa a la autoridad, cuyo importe se prevé en el artículo 154, apartado 6, o condenar a esta a pagar al demandante una cantidad monetaria equivalente a la mitad del importe previsto en el artículo 154, apartado 6.»
15.      A tenor del artículo 153 de dicha Ley:
«La apreciación jurídica y las indicaciones sobre la continuación del procedimiento que figuren en la resolución del juez serán vinculantes para las autoridades que hayan sido objeto del recurso por su actuación, inacción o demora excesiva en la tramitación del procedimiento del que eran responsables, así como para los órganos jurisdiccionales, a menos que se hayan modificado las disposiciones legislativas.»
Litigio principal, cuestiones prejudiciales y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
16.      El 17 de abril de 2024, el demandante, nacional de un país tercero, presentó ante el Vaivoda una solicitud de autorización de residencia temporal, con el fin de cursar estudios universitarios en Polonia. Al no haber adoptado la autoridad una resolución en el plazo previsto por el Derecho nacional, el demandante presentó ante el Vaivoda, el 25 de octubre de 2024, una reclamación administrativa previa.
17.      A la vista de que aún no se había adoptado una resolución sobre su solicitud, el demandante interpuso, el 22 de noviembre de 2024, un recurso por omisión contra dicha autoridad ante el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Gliwice), que es el órgano jurisdiccional remitente. En su recurso, el demandante alegó que el Vaivoda había incurrido en un incumplimiento grave del plazo de tramitación de la solicitud de autorización de residencia temporal, al tiempo que solicitó que se ordenase a la autoridad administrativa que expidiera dicho permiso en un plazo de catorce días y que se le condenara a pagarle una indemnización o, con carácter subsidiario, a abonar una multa.
18.      Por su parte, en su escrito de contestación, el Vaivoda solicitó la desestimación del recurso invocando, en particular, el artículo 100d de la Ley de 12 de marzo de 2022. Según este último artículo, los plazos de tramitación de las solicitudes en los procedimientos tramitados por el Vaivoda no comienzan a correr hasta el 30 de septiembre de 2025 o quedan suspendidos hasta dicha fecha, lo que se justifica por el constante aumento del número de solicitudes de autorización de residencia presentadas a raíz de la agresión de la Federación de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022. El fin de dicha suspensión se fijó inicialmente para el 31 de diciembre de 2022, pero se ha prorrogado en varias ocasiones. El Vaivoda señaló asimismo que dicho artículo 100d establece que, hasta el 30 de septiembre de 2025, no son aplicables las disposiciones relativas a la inacción de la autoridad y a la obligación de esta de informar a la parte de que el asunto no se tramitaría en el plazo previsto, y que no se puede imponer una multa ni el pago de una indemnización a favor de los solicitantes por el incumplimiento de los plazos fijados por la ley.
19.      Al albergar dudas sobre la conformidad con el Derecho de la Unión de dicha suspensión de los plazos y de la imposibilidad de que los nacionales de países terceros puedan interponer un recurso efectivo contra la inacción de los órganos de la Administración pública, el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Gliwice, Polonia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1.      ¿Es contraria a los siguientes principios consagrados en los Tratados, a saber:
a)      el principio del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos (artículos 2 [TUE] y 6 [TUE], apartado 3);
b)      el principio de proporcionalidad (artículo 52, apartado 1, en relación con el artículo 51, apartado 1, de la [Carta], y el artículo 6 TUE, apartado 1);
c)      el principio de primacía y efectividad del Derecho de la Unión (artículo 4 TUE, apartado 3), y
d)      el principio del “derecho a una buena administración” (considerado como principio de la Unión Europea, en virtud del artículo 41, apartados 1 a 4, de la Carta, en relación con el artículo 51, apartado 1, de esta, con el artículo 6 TUE, apartado 1, y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia),
la exclusión prolongada y prorrogada reiteradamente en el Derecho nacional, por razones organizativas o económicas, del derecho de los extranjeros (nacionales de países terceros) a interponer un recurso efectivo contra las prácticas dilatorias de los órganos de la Administración pública (reclamación administrativa previa, recursos por omisión o por demora excesiva), en particular, en el contexto de los requisitos del artículo 34, apartados 1 y 3, de la Directiva [2016/801]?
2.      ¿Deben interpretarse la exclusión prolongada y prorrogada reiteradamente en el Derecho nacional de la posibilidad de que los extranjeros (nacionales de terceros países) interpongan un recurso efectivo contra las prácticas dilatorias de las autoridades públicas, mencionada en el punto 1, la exclusión de la posibilidad de que un órgano jurisdiccional nacional de lo contencioso-administrativo conceda una compensación económica adecuada por la vulneración del derecho a que las autoridades actúen sin dilaciones indebidas y la exclusión de la posibilidad de instar que se adopte un acto administrativo en un plazo fijado por el órgano jurisdiccional, en una situación en la que los ciudadanos polacos no están privados de tales derechos en sus propios asuntos de carácter administrativo, en el sentido de que:
a)      no cumplen los requisitos de interés general y limitan excesivamente el ámbito de los derechos fundamentales de la Unión Europea (artículos 2 TUE y 6 TUE, apartados 1 y 3, en relación con el artículo 52, apartados 1 a 3, de la Carta);
b)      discriminan a los extranjeros (nacionales de países terceros) (artículo 2 TUE, artículos 10 TFUE y 18 TFUE, artículos 20 y 21, apartados 1 y 2, de la Carta);
c)      vulneran el principio de justicia (artículo 2 TUE);
d)      dificultan la tutela judicial real y efectiva (artículo 2 TUE, artículo 67 TFUE, apartado 4, artículo 47 de la Carta, en relación con el artículo 51, apartado 1, de esta)?»
20.      El Gobierno polaco y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.
Apreciación
21.      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que examinaré de forma conjunta, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Ley de 12 de marzo de 2022 es contraria al Derecho de la Unión, en particular al artículo 34, apartados 1 y 3, de la Directiva 2016/801, en la medida en que, por motivos derivados de limitaciones administrativas o económicas, ha prolongado de manera sostenida y reiterada la exclusión, en el Derecho nacional, del derecho de los nacionales de países terceros a un recurso efectivo contra la inacción de las autoridades administrativas, y ha descartado la posibilidad de que los tribunales de lo contencioso-administrativo nacionales, por una parte, concedan una compensación económica adecuada por la vulneración del derecho a que la Administración actúe sin dilaciones indebidas y, por otra parte, insten a que se resuelva en el plazo fijado por el juez.
22.      A fin de responder a estas cuestiones, que invitan al Tribunal de Justicia a apreciar la compatibilidad de tal exclusión de las vías de recurso con el Derecho de la Unión, en particular con las disposiciones pertinentes de la Directiva 2016/801 y con el artículo 47 de la Carta, (9) me parece necesario examinar sucesivamente varios elementos. En primer lugar, conviene recordar el objetivo de la Directiva 2016/801, con el fin de su aclarar la función y el alcance del procedimiento de expedición de una autorización de residencia en el marco de este acto jurídico. En segundo lugar, procede evaluar, a la luz del artículo 34 de dicha Directiva y del derecho a una tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta, la normativa nacional que ha dejado inaplicados o suspendido los plazos de examen de las solicitudes de autorización de residencia presentadas por nacionales de países terceros con fines de estudios en el territorio polaco. A este respecto, procede examinar si, y en qué medida, dicha normativa menoscaba el efecto útil de la Directiva 2016/801, en particular a la luz de los principios de equivalencia y de efectividad. En tercer lugar, deberá analizarse el argumento esgrimido por el Gobierno polaco basado en la existencia de un supuesto de fuerza mayor, y evaluarse si la gran afluencia de personas desplazadas a raíz de la agresión de la Federación de Rusia a Ucrania puede constituir un supuesto de este tipo, susceptible de justificar las excepciones al Derecho de la Unión en cuestión.
Objetivo de la Directiva 2016/801 y plazo de tramitación de las solicitudes de autorización de residencia previsto en su artículo 34, apartado 1
23.      En primer lugar, el punto de partida del examen es el tenor del artículo 34, apartado 1, de la Directiva 2016/801, según el cual «las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate adoptarán una decisión sobre la solicitud de una autorización o su renovación y lo notificarán por escrito al solicitante, de conformidad con los procedimientos de notificación establecidos en su Derecho interno, lo antes posible y en un plazo máximo de 90 días desde la fecha de presentación de la solicitud completa».
24.      La referencia a la tramitación «lo antes posible», junto con el establecimiento de un plazo máximo de noventa días, (10) refleja la propia esencia de esta Directiva, cuyo objetivo es mejorar y simplificar los requisitos de entrada y residencia, con el fin, en particular, de permitir a los interesados incorporarse a tiempo al curso académico y organizar eficazmente su proyecto de estudios. (11) En otras palabras, la celeridad en la adopción de una decisión sobre una solicitud de autorización de residencia con fines de estudios constituye un componente esencial del régimen establecido por la Directiva 2016/801.
25.      A este respecto, conviene recordar que, en virtud del artículo 5, apartado 3, de dicha Directiva, los Estados miembros están obligados a expedir un permiso de residencia con fines de estudios al solicitante que cumpla los requisitos previstos en los artículos 7 y 11 de la dicha Directiva. Como ha señalado la Comisión en sus observaciones, el concepto de «expedición» implica que, en el plazo de noventa días, las autoridades nacionales competentes deben tramitar la solicitud y adoptar una decisión, expidiendo la autorización cuando se cumplan los requisitos o denegando la solicitud en caso contrario. (12)
26.      En segundo lugar, en lo que respecta a la cuestión de si el Derecho de la Unión prevé causas que permitan suspender dicho plazo máximo, procede señalar que el artículo 34, apartado 3, de la Directiva 2016/801 solo establece un único motivo de suspensión, relacionado con el carácter incompleto de la solicitud cuando las autoridades competentes reclamen al solicitante información adicional. En tal supuesto, dichas autoridades fijan un plazo razonable para facilitar la información requerida, lo que suspende el plazo previsto en este artículo hasta la recepción de dicha información. De ello se desprende que, tal y como subraya la Comisión, la Directiva 2016/801 no prevé, a modo de excepción, la posibilidad de que los Estados miembros suspendan o prorroguen los plazos para la adopción de decisiones en materia de autorizaciones de residencia más allá de dicho supuesto específicamente delimitado.
27.      De lo anterior se desprende que, en la medida en que la legislación nacional controvertida establece que los plazos de tramitación de los procedimientos relativos a una autorización de residencia temporal no comienzan a correr o, cuando han empezado a correr, se suspenden durante el período considerado en los procedimientos tramitados por el Vaivoda, dicha legislación impide, más allá del supuesto contemplado en el artículo 34, apartado 3, de la Directiva 2016/801, que transcurra el plazo fijado en el artículo 34, apartado 1, de dicha Directiva. Una normativa de este tipo puede, en principio, ser contraria al marco armonizado previsto por el legislador de la Unión. En efecto, los objetivos de la Directiva 2016/801, tal y como se desprenden, en particular, de sus considerandos 3 y 14, quedarían frustrados si los retrasos en la tramitación de las solicitudes impidieran a los estudiantes afectados comenzar sus estudios al inicio del año académico, o incluso les impidieran matricularse. En tal situación, ni siquiera un nacional de un país tercero que actúe con diligencia podría beneficiarse de la plena efectividad de los derechos que le confiere dicha Directiva durante el período de las sucesivas suspensiones de la tramitación de las solicitudes de autorización de residencia con fines de estudios.
28.      Ahora bien, en el asunto principal, la suspensión de los plazos va acompañada de la inaplicabilidad de las vías de recurso contempladas en el artículo 100d, apartado 3, de la Ley de 12 de marzo de 2022. Por lo tanto, procede examinar si esta exclusión de las vías de recurso es conforme con la Directiva 2016/801, así como con el artículo 47 de la Carta.
Artículo 34, apartado 5, de la Directiva 2016/801 y derecho a la tutela judicial efectiva
29.      Paso ahora a abordar el núcleo de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente, mediante las cuales se pretende determinar, en esencia, si la inaplicabilidad del recurso por omisión de las autoridades administrativas, en el contexto de la suspensión de los plazos de examen de las solicitudes de residencia temporal, así como la exclusión de la posibilidad de imponer a la autoridad competente una multa o de condenarla al pago de una indemnización a los solicitantes, son compatibles con el Derecho de la Unión.
30.      A este respecto, ha de señalarse de antemano que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 34, apartado 5, de la Directiva 2016/801, toda decisión por la que se inadmita o se deniegue una solicitud, así como toda decisión por la que se deniegue la renovación o se retire una autorización deberá poder recurrirse en el Estado miembro de que se trate, de conformidad con el Derecho nacional.
31.      De ello se deduce que, en caso de decisión denegatoria de una solicitud de admisión con fines de estudio en el territorio de un Estado miembro, dicho artículo 34, apartado 5, confiere expresamente al nacional de un país tercero que haya presentado tal solicitud la posibilidad de interponer un recurso según los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico nacional del Estado miembro que haya adoptado esa decisión. (13)
32.      El Tribunal de Justicia ha precisado que, al señalar que el recurso debe ejercerse de conformidad con el Derecho nacional, el legislador de la Unión ha confiado a los Estados miembros la tarea de decidir la naturaleza y las modalidades procesales de las vías de recurso de que disponen los solicitantes a los que se aplica la Directiva 2016/801. No obstante, la naturaleza y las modalidades concretas del recurso previsto en el artículo 34, apartado 5, de dicha Directiva deben determinarse con pleno respeto del artículo 47 de la Carta. (14)
33.      A este respecto, procede recordar que el ámbito de aplicación de la Carta, por lo que se refiere a la acción de los Estados miembros, se define en su artículo 51, apartado 1, según el cual las disposiciones de la Carta se dirigen a los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión; este artículo confirma la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual los derechos fundamentales garantizados en el ordenamiento jurídico de la Unión deben ser aplicados en todas las situaciones reguladas por el Derecho de la Unión, pero no fuera de ellas. (15) Dado que el asunto principal queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2016/801, le es aplicable el artículo 47 de la Carta.
34.      De ello se desprende, tal y como ha recordado el Tribunal de Justicia, en particular en la sentencia Darvate,
(16) que, aunque, ante la inexistencia de una normativa de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales competentes y configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos individuales conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, incumbe no obstante a los Estados miembros la responsabilidad de garantizar, en cada caso, la observancia del derecho a la tutela judicial efectiva de estos derechos como esta se garantiza en el artículo 47 de la Carta.
35.      El Tribunal de Justicia ya ha precisado el alcance del artículo 34, apartado 5, de la Directiva 2016/801, en particular en las sentencias Perle y Darvate. Por una parte, de la sentencia Darvate se desprende que dicha disposición, interpretada a la luz del artículo 47 de la Carta, no exige que el nacional de un país tercero disponga, para impugnar la denegación de su solicitud de admisión con fines de estudios, ni de un recurso excepcional en el marco de un procedimiento de urgencia, incluso cuando el cumplimiento de los plazos de la vía ordinaria pueda comprometer el desarrollo de sus estudios, ni de un recurso que confiera al juez la potestad de ordenar medidas cautelares que obliguen a las autoridades a pronunciarse de nuevo con el fin de expedir la autorización solicitada, ni tampoco de la potestad de sustituir la apreciación de la Administración por la suya propia o de adoptar él mismo una nueva decisión.
36.      Por otra parte, de la sentencia Perle se desprende que dicha disposición, interpretada a la luz del artículo 47 de la Carta, no se opone a que el recurso contra una decisión denegatoria adopte la forma de un recurso de anulación, sin que al órgano jurisdiccional le asista una potestad de sustitución o de adopción de una nueva decisión, siempre que los requisitos para interponer dicho recurso y, si fuera necesario, las modalidades de ejecución de la sentencia de anulación, permitan la adopción de una nueva decisión en el menor tiempo posible que se atenga a la apreciación del juez, de manera que se garantice al nacional de un país tercero suficientemente diligente la plena efectividad de los derechos que le confiere la Directiva 2016/801. (17)
37.      Ha de constatarse, no obstante, una diferencia notable entre estas sentencias y el asunto principal. En los asuntos antes citados, las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia se referían a la naturaleza y al carácter suficiente de las vías de recurso existentes en los ordenamientos jurídicos nacionales de que se trataba, y a si el Derecho de la Unión, incluido el artículo 47 de la Carta, imponía a los Estados miembros la obligación de establecer vías de recurso adicionales. (18) En otras palabras, se trataba de apreciar si bastaba con un recurso de anulación o si este debía completarse con un recurso excepcional, con medidas cautelares o incluso mediante el reconocimiento al juez de una potestad de sustitución.
38.      No sucede así en el asunto principal. El órgano jurisdiccional remitente no ha de abordar la cuestión de qué vías de recurso convendría establecer para cumplir los requisitos del artículo 34, apartado 5, de la Directiva 2016/801, sino la de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de una normativa nacional que hace que no sean aplicables, durante un período prolongado, las vías de recurso ya previstas en el ordenamiento jurídico interno y que normalmente estarían a disposición de los nacionales de países terceros que hayan solicitado una autorización de residencia temporal con fines de estudios.
39.      A este respecto, conviene recordar la jurisprudencia según la cual, si bien el Derecho de la Unión, incluidas las disposiciones de la Carta, no tiene como efecto obligar a los Estados miembros a crear vías de recurso distintas de las existentes en el Derecho nacional, debe, no obstante, desprenderse del sistema del ordenamiento jurídico nacional que existe una vía de recurso judicial que permita, siquiera sea por vía incidental, garantizar el respeto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables. (19)
40.      Ahora bien, en el presente asunto, tal y como señala la Comisión y sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde realizar al órgano jurisdiccional remitente, de la petición de decisión prejudicial no se desprende que los interesados dispongan, durante el período de aplicación del artículo 100d de la Ley de 12 de marzo de 2022, de otra vía de recurso, además de las que dicha disposición ha hecho que resulten inaplicables, que les permita lograr que se declare la inacción de la autoridad administrativa competente o la compensación del perjuicio sufrido. Sin embargo, me parece que es inherente a la propia idea de un plazo máximo armonizado, como el contemplado en el artículo 34, apartado 1, de la Directiva 2016/801, que el solicitante disponga, en el Derecho nacional, de medios efectivos para impugnar una pasividad administrativa o una demora excesiva que vacíe de contenido dicho plazo.
41.      Asimismo, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, a falta de normas de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la regulación procesal de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos de los justiciables, en virtud del principio de autonomía procesal, a condición, sin embargo, de que dicha regulación no sea menos favorable que la que rige situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad). (20)
42.      Considero que en el asunto principal se plantea un problema desde el punto de vista del principio de equivalencia, dado que el legislador nacional hace que resulten inaplicables unas vías de recurso que, en principio, estarían disponibles, en una situación como la del asunto principal, para una categoría de personas, a saber, los «extranjeros» en el sentido del artículo 100d, apartado 1, punto 1, de la Ley de 12 de marzo de 2022, que pretendan impugnar la inacción de la Administración a la hora de resolver sobre sus solicitudes de autorización de residencia temporal con fines de estudios, mientras que esas vías de recurso siguen estando disponibles para los nacionales polacos que deseen impugnar la inacción administrativa en otras situaciones de pasividad de las autoridades administrativas a la hora de pronunciarse sobre una solicitud que se inscribe exclusivamente en el ámbito del Derecho interno.
43.      No obstante, debe tenerse también en cuenta el contexto particular en el que se adoptó la disposición controvertida, a saber, la agresión de Ucrania por la Federación de Rusia y la gran afluencia de personas hacia Polonia. Por lo tanto, procede examinar el alcance que este elemento, destacado por el órgano jurisdiccional remitente e invocado por el Gobierno polaco, puede tener en la apreciación a la luz del Derecho de la Unión y, por consiguiente, en la respuesta que debe darse a las cuestiones prejudiciales.
Argumento basado en la fuerza mayor
44.      Considero que sería difícilmente justificable evaluar la compatibilidad del artículo 100d de la Ley de 12 de marzo de 2022 con la Directiva 2016/801 sin tener en cuenta las circunstancias que el Gobierno polaco invoca como motivo de la adopción de dicha disposición. Según el Gobierno polaco, la gran afluencia de personas desplazadas procedentes de Ucrania a raíz de la agresión rusa paralizó el aparato administrativo y constituye un supuesto de fuerza mayor (21) que justifica la adopción de medidas nacionales excepcionales y provisionales, tales como la inaplicabilidad de los recursos contemplados en el artículo 100d, apartado 3, de dicha Ley.
45.      A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el concepto de «fuerza mayor» hace referencia a circunstancias ajenas a quien lo invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de toda la diligencia empleada. (22) Cabe añadir que, dado que este concepto no posee un contenido idéntico en todos los ámbitos del Derecho de la Unión, su alcance debe determinarse en función del marco jurídico en el que esté destinado a producir efectos. (23)
46.      De la jurisprudencia se desprende asimismo que, en el marco de un recurso por incumplimiento con arreglo al artículo 258 TFUE, el Tribunal de Justicia puede admitir, con carácter excepcional, la existencia de un supuesto de fuerza mayor como motivo que justifique el incumplimiento, por parte de un Estado miembro, de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, siempre que concurran las condiciones que caracterizan la fuerza mayor. Un Estado miembro que halle dificultades «momentáneamente insuperables» solo puede invocar la fuerza mayor, desde esta perspectiva, respecto del período estrictamente necesario para remediar dichas dificultades. (24)
47.      Dicho esto, tal y como señaló la Abogada General Medina en sus conclusiones presentadas en el asunto Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth y otros,
(25) el nivel de exigencia requerido para acreditar tal justificación es particularmente estricto. La invocación de la fuerza mayor solo se admite cuando se demuestra debidamente la imposibilidad objetiva de cumplir las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión. Incluso en circunstancias anormales e imprevisibles, un Estado miembro sigue estando obligado a adoptar todas las medidas adecuadas a su alcance para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión.
48.      En particular, de la jurisprudencia se desprende que los efectos de una situación de fuerza mayor no pueden prolongarse más allá del tiempo materialmente necesario para que una Administración que actúe con la diligencia habitual pueda hacer frente a dicha situación y adaptarse a ella. (26) Asimismo, el Estado miembro debe aportar elementos específicos y precisos que permitan demostrar la existencia de un supuesto de «fuerza mayor», (27) y, además, los acontecimientos invocados deben ser, por definición, de corta duración y de impacto limitado. (28)
49.      De todas estas consideraciones se desprende que un Estado miembro que halle dificultades momentáneamente insuperables puede invocar una situación de fuerza mayor, pero únicamente respecto del período necesario para remediar dichas dificultades. (29)
50.      En el asunto principal, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar, a la vista de todas las circunstancias pertinentes, si la afluencia de personas desplazadas hacia Polonia a raíz de la agresión a Ucrania por la Federación de Rusia desde febrero de 2022 puede constituir un supuesto de fuerza mayor que justifique la adopción de medidas nacionales excepcionales y provisionales, como la inaplicabilidad de los recursos previstos en el artículo 100d, apartado 3, de la Ley de 12 de marzo de 2022.
51.      No obstante, con el fin de proporcionar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones útiles, me parece oportuno señalar varios elementos que este podría tener en cuenta en su apreciación de la existencia de un supuesto de fuerza mayor en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
52.      En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente podría tener en cuenta el elemento temporal. Si la afluencia está vinculada a hechos ocurridos en 2022, se debería evaluar en qué medida las prórrogas sucesivas, hasta el 30 de septiembre de 2025, de la imposibilidad de que los nacionales de países terceros interpongan los recursos contemplados en el artículo 100d, apartado 3, de la Ley de 12 de marzo de 2022 puedan seguir siendo vistas como la consecuencia de un acontecimiento anormal e imprevisible.
53.      En segundo lugar, convendría examinar si las autoridades competentes contemplaron una medida menos drástica, como una adaptación selectiva de los plazos, la priorización de determinados expedientes, disposiciones transitorias o incluso una gradación temporal de la aplicación de la medida en cuestión.
54.      En tercer lugar, habría de apreciarse si el legislador nacional ha fundamentado la necesidad, así como la prórroga, de la medida controvertida con elementos concretos y verificables. El órgano jurisdiccional remitente podría examinar, en particular, si la ley, o su exposición de motivos, se basan en datos relativos, por ejemplo, a la evolución del número de solicitudes, a las capacidades efectivas de tramitación, al reparto de las cargas administrativas o a la imposibilidad demostrada de recurrir a otras soluciones. La falta de tales datos, o la falta de un razonamiento que vincule estos elementos a la elección de una exclusión general de las vías de recurso en cuestión, podría, a mi juicio, privar de solidez al argumento basado en la fuerza mayor.
55.      Habida cuenta de todo lo anteriormente expuesto, considero que ha de responderse a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 34, apartados 1 y 3, de la Directiva 2016/801, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación nacional que excluye, a falta de un supuesto de fuerza mayor en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la posibilidad, prevista en el Derecho nacional, de que el nacional de un país tercero interponga un recurso judicial efectivo contra la inacción o las prácticas dilatorias de la autoridad administrativa competente en el examen de una solicitud de autorización de residencia con fines de estudios, así como de que obtenga un pronunciamiento sobre dicha solicitud en un plazo determinado.
Conclusión
56.      A la luz de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la siguiente manera a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Voivodato de Gliwice, Polonia):
«El artículo 34, apartados 1 y 3, de la Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
debe interpretarse en el sentido de que
se opone a una legislación nacional que excluye, a falta de un supuesto de fuerza mayor en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la posibilidad, prevista en el Derecho nacional, de que el nacional de un país tercero interponga un recurso judicial efectivo contra la inacción o las prácticas dilatorias de la autoridad administrativa competente en el examen de una solicitud de autorización de residencia con fines de estudios, así como de que obtenga un pronunciamiento sobre dicha solicitud en un plazo determinado.»
1      Lengua original: francés.
2      DO 2016, L 132, p. 21.
3      DO 2022, L 71, p. 1.
4      DO L, 2024/1836.
5      Dz. U. de 2022, posición 583.
6      Dz. U. de 2025, posición 337 (en lo sucesivo, «Ley de 12 de marzo de 2022»).
7      Dz. U. de 2024, posición 769.
8      Dz. U. de 2024, posición 935.
9      Aunque el órgano jurisdiccional remitente también invoca los principios del Estado de Derecho y de respeto de los derechos humanos (artículos 2 TUE y 6 TUE, apartado 3), el principio de proporcionalidad (artículo 52, apartado 1, de la Carta, interpretado a la luz de las disposiciones combinadas del artículo 51, apartado 1, de la Carta y del artículo 6 TUE, apartado 1), el principio de primacía y de efectividad del Derecho de la Unión (artículo 4 TUE, apartado 3), así como el derecho a una buena administración (artículo 41, apartados 1 a 4, de la Carta, en relación con el artículo 51, apartado 1, de la Carta y el artículo 6 TUE, apartado 1), los artículos 10 TFUE y 18 TFUE, el artículo 20 y el artículo 21, apartados 1 y 2, de la Carta, y el artículo 67 TFUE, apartado 4, considero que la respuesta del Tribunal de Justicia solo podrá referirse al artículo 34 de la Directiva 2016/801, en relación con el artículo 47 de la Carta. Cabe recordar, a este respecto, que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. En este sentido, el Tribunal de Justicia puede reformular las cuestiones que se le han planteado, limitando, en su caso, su interpretación únicamente a las disposiciones pertinentes entre las que son objeto de la petición de decisión prejudicial. Véase, por ejemplo, la sentencia de 26 de enero de 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registro de datos biométricos y genéticos por la Policía) (C‑205/21, EU:C:2023:49), apartado 77, en la que el Tribunal de Justicia reformula la tercera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente.
10      La República de Polonia ha incorporado esta obligación en el artículo 112a, apartado 1, de la Ley de Extranjería, que establece un plazo de sesenta días.
11      Véase el considerando 14 de la Directiva 2016/801. Por otra parte, según el considerando 3 de dicha Directiva, «la inmigración procedente de fuera de la Unión es una fuente de personas altamente cualificadas, y especialmente los estudiantes y los investigadores son cada vez más solicitados. Estos desempeñan un importante papel en la configuración del activo clave de la Unión, a saber, el capital humano, y para garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, contribuyendo de ese modo a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020». En cuanto al objetivo de la Directiva 2016/801, tal y como se desprende de sus considerandos 3 y 14, véase la sentencia de 29 de julio de 2024, Perle (C‑14/23, en lo sucesivo, «sentencia Perle», EU:C:2024:647), apartado 45.
12      Véase, por analogía, la sentencia de 27 de junio de 2018, Diallo (C‑246/17, EU:C:2018:499), apartados 34 a 38. Véase, asimismo, el considerando 30 de la Directiva 2016/801, según el cual «una vez se cumplan los requisitos generales y específicos de admisión, los Estados miembros deben expedir una autorización dentro de unos plazos determinados. Si un Estado miembro expide permisos de residencia solamente en su territorio y se cumplen todos los requisitos de admisión contemplados en la presente Directiva, dicho Estado miembro debe conceder al nacional del país tercero los visados necesarios y velar por que las autoridades competentes cooperen eficazmente con este fin. En caso de que el Estado miembro no expida los visados, debe conceder al interesado de un país tercero un permiso equivalente autorizando la entrada».
13      Véanse las sentencias Perle, apartado 61, y de 19 de junio de 2025, Darvate y otros (C‑299/23, en lo sucesivo, «sentencia Darvate», EU:C:2025:461), apartado 27.
14      Véase la sentencia Darvate, apartados 28 y 29.
15      Véase la sentencia de 10 de marzo de 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (C‑949/19, EU:C:2021:186), apartado 36 y jurisprudencia citada.
16      Sentencia Darvate, apartado 30. Véase, asimismo, la sentencia de 14 de mayo de 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU y C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367), apartado 142 y jurisprudencia citada.
17      Véanse las sentencias Perle, apartado 67, y Darvate, apartados 45 y 46.
18      Véase, a este respecto, la sentencia Darvate, apartado 33.
19      Véase, en este sentido, la sentencia Darvate, apartado 33. Véanse también las sentencias de 13 de marzo de 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163), apartado 40, y de 24 de octubre de 2018, XC y otros (C‑234/17, EU:C:2018:853), apartado 51.
20      Véanse las sentencias de 13 de diciembre de 2017, El Hassani (C‑403/16, EU:C:2017:960), apartado 26, y de 10 de marzo de 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (C‑949/19, EU:C:2021:186), apartado 43.
21      El Gobierno polaco se remite a este respecto a los considerandos 3 y 7 de la Decisión de Ejecución 2022/382, que califican la agresión rusa de imprevisible, no provocada e injustificada, para sostener que dichos considerandos confirman que la afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania cumple los requisitos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para caracterizar un supuesto de «fuerza mayor». Asimismo, invoca el considerando 7 de la Decisión de Ejecución 2024/1836, según el cual no podía excluirse que en el futuro se produjeran nuevas llegadas a gran escala procedentes de Ucrania y que persistiera un riesgo para el funcionamiento eficaz de los sistemas nacionales de asilo. Por mi parte, he de señalar que el tenor de los citados considerandos no califica, como tal, ni la agresión rusa en Ucrania de circunstancia «imprevisible», ni la afluencia de personas desplazadas procedentes de dicho país de «fuerza mayor».
22      Véase la sentencia de 30 de septiembre de 2021, Tribunal de Cuentas/Pinxten (C‑130/19, EU:C:2021:782), apartado 781.
23      Véase la sentencia de 25 de enero de 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39), apartados 53 y 54 y jurisprudencia citada.
24      Véase la sentencia de 25 de enero de 2024, Comisión/Irlanda (Trihalometanos en el agua potable) (C‑481/22, EU:C:2024:85), apartado 92. Véanse, a este respecto, las conclusiones de la Abogada General Medina presentadas en el asunto Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth y otros (C‑97/24, EU:C:2025:269), punto 36.
25      (C‑97/24, EU:C:2025:269), punto 37. La Abogada General Medina añade, en el mismo punto de sus conclusiones, que «como da a entender la expresión “dificultades momentáneamente insuperables”, la estricta interpretación del concepto de fuerza mayor implica que, si la circunstancia que impide el cumplimiento es temporal, la obligación emanada del Derecho de la Unión solamente se puede suspender mientras dure dicha circunstancia y por un período de tiempo razonable».
26      Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 1985, Comisión/Italia (101/84, EU:C:1985:330), apartado 16.
27      Véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Comisión/Italia (C‑68/11, EU:C:2012:815), apartado 65.
28      Véase, en este sentido, la sentencia de 25 de enero de 2024, Comisión/Irlanda (Trihalometanos en el agua potable) (C‑481/22, EU:C:2024:85), apartado 93.
29      Véanse las conclusiones de la Abogada General Medina presentadas en el asunto Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth y otros (C‑97/24, EU:C:2025:269), punto 40.
Por otra parte, me parece oportuno tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») en asuntos análogos en los que un Estado invoca la presión migratoria para justificar una injerencia en la efectividad de los recursos de que disponen los interesados. Esta referencia resulta tanto más pertinente cuanto que, cuando la Carta consagra derechos que correspondan a los garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, el artículo 52, apartado 3, de la Carta pretende garantizar la coherencia necesaria entre dichos derechos, sin perjuicio de la autonomía del Derecho de la Unión. A modo de ejemplo, en el asunto que dio lugar a la sentencia del TEDH de 13 de diciembre de 2012, De Souza Ribeiro c. Francia [GC], (CE:ECHR:2012:1213JUD002268907), relativa a la expulsión de un ciudadano brasileño de la Guayana Francesa, ejecutada aproximadamente cincuenta minutos después de la presentación de una solicitud de suspensión ante un tribunal, el TEDH señaló que la ejecución particularmente rápida de la medida, basada únicamente en la decisión de la prefectura, había tenido como efecto práctico hacer que los recursos existentes fueran inoperantes, por lo que no estaban disponibles (apartado 95), y que el demandante no había disfrutado de un examen suficientemente exhaustivo, acompañado de las garantías procesales adecuadas, de la legalidad de la medida controvertida por parte de un tribunal nacional (apartado 96). El TEDH declaró en esta ocasión que la situación geográfica de la Guayana Francesa, la fuerte presión migratoria a la que se veía sometida, así como el riesgo de saturación de los tribunales invocado por el Estado demandado, no justificaban por sí mismos el régimen de excepción previsto por la legislación ni su funcionamiento. Recordó que el margen de apreciación de que disponen los Estados en cuanto a las modalidades de aplicación del artículo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales no puede conducir a privar a los interesados de las garantías procesales mínimas contra la expulsión arbitraria (apartado 97). Ciertamente, este asunto trataba sobre la expulsión en un contexto de migración irregular, y no sobre el procedimiento de residencia con fines de estudios que se debate en el asunto principal. No obstante, no por ello deja de ilustrar, en mi opinión, una consideración de alcance general, a saber, que la presión migratoria, incluso cuando va acompañada de un riesgo de aumento sustancial de la carga de trabajo de los tribunales, no puede justificar que se vacíe de contenido el derecho a la tutela judicial efectiva.