62022TJ0583
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada)
de 10 de septiembre de 2025 (
*1
)
«Medio ambiente — Convenio de Aarhus — Denegación de una solicitud de revisión interna — Artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 — Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 — Generación de electricidad a partir de energía eólica — Taxonomía — Requisitos aplicables a los criterios técnicos de selección — Artículo 19 del Reglamento (UE) 2020/852 — Contribución sustancial a la mitigación del cambio climático — Contribución sustancial a la adaptación al cambio climático — Inexistencia de un perjuicio significativo causado a los demás objetivos medioambientales»
En el asunto T‑583/22,
Fédération environnement durable, con domicilio social en París (Francia),
Bundesinitiative Vernunftkraft eV, con domicilio social en Berlín (Alemania),
Vent de Colère ! — Fédération nationale, con domicilio social en Peyraud (Francia),
Vent de Raison — Wind met Redelijkheid (VdR-WmR), con domicilio social en Petit-Rœulx (Bélgica),
representadas por el Sr. M. Le Berre, abogado,
partes demandantes,
contra
Comisión Europea, representada por los Sres. G. von Rintelen y G. Gattinara, la Sra. C. Auvret y el Sr. B. de Meester, en calidad de agentes,
parte demandada,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada),
integrado por la Sra. M. J. Costeira, Presidenta, y la Sra. M. Kancheva, los Sres. U. Öberg y P. Zilgalvis y la Sra. E. Tichy-Fisslberger (Ponente), Jueces;
Secretario: Sr. P. Cullen, administrador;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
habiendo considerado el escrito de las demandantes presentado en la Secretaría del Tribunal General el 6 de diciembre de 2023;
vista la pregunta que el Tribunal General formuló a las partes;
celebrada la vista el 28 de noviembre de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso basado en el artículo 263 TFUE, las demandantes, Fédération environnement durable, Bundesinitiative Vernunftkraft eV, Vent de Colère ! — Fédération nationale y Vent de Raison — Wind met Redelijkheid (VdR-WmR), solicitan la anulación de la Decisión Ares(2022) 4952619 de la Comisión Europea, de 7 de julio de 2022, por la que esta denegó por infundada la solicitud de revisión interna del Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales (DO 2021, L 442, p. 1; corrección de errores en DO 2020, L 420, p. 34; en lo sucesivo, «Reglamento Delegado»), en lo que respecta a determinados aspectos relacionados con la actividad económica de «generación de electricidad a partir de energía eólica» (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
Antecedentes del litigio
2
El Reglamento Delegado fue adoptado por la Comisión sobre la base, en particular, de los artículos 10, apartado 3, y 11, apartado 3, del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 (DO 2020, L 198, p. 13), a saber, el denominado Reglamento de «taxonomía».
3
Fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 9 de diciembre de 2021.
4
El 3 de febrero de 2022, las demandantes presentaron ante la Comisión una solicitud de revisión interna del Reglamento Delegado, con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos de la Unión, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2021/1767 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2021 (DO 2021, L 356, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1367/2006»). Alegaban, en esencia, que dicho Reglamento Delegado no demostraba que la actividad económica de «generación de electricidad a partir de energía eólica» contribuyese sustancialmente a los objetivos medioambientales perseguidos por dicho Reglamento Delegado.
5
El 7 de julio de 2022, la Comisión comunicó la Decisión impugnada a las demandantes. Mediante dicha Decisión, denegó por infundada la solicitud de revisión interna, basándose en que el Reglamento Delegado era conforme con el Derecho de la Unión Europea pertinente.
Pretensiones de las partes
6
Las demandantes solicitan, en esencia, al Tribunal General que:
–
Anule la Decisión impugnada.
–
Condene en costas a la Comisión.
7
La Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a las demandantes.
Fundamentos de Derecho
8
En apoyo de su recurso, las demandantes invocan cinco motivos, estructurados, en esencia, en torno a varios temas. El primer motivo versa sobre la elaboración del Reglamento Delegado y se divide en tres partes, mediante las que las demandantes alegan la infracción de varias disposiciones del Derecho de la Unión. En el segundo motivo, se refieren al objetivo de la mitigación del cambio climático y, en sus cuatro partes, alegan que se han infringido diversas disposiciones del Derecho de la Unión. El tercer motivo versa sobre el objetivo de adaptación al cambio climático. En el marco de las cuatro partes del cuarto motivo, las demandantes abordan el principio de no causar un perjuicio significativo a los demás objetivos medioambientales. Por último, mediante el quinto motivo, alegan que la Comisión incumplió la obligación de motivación que le incumbía.
9
En la réplica, las demandantes invocan, además, un motivo subsidiario en el que alegan la ilegalidad del Reglamento Delegado en el sentido del artículo 277 TFUE.
Consideraciones preliminares sobre el Reglamento 2020/852 y el Reglamento Delegado
10
A tenor de su artículo 1, apartado 1, el Reglamento 2020/852 establece los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión. Según su considerando 3, este Reglamento constituye un paso clave para orientar los flujos financieros hacia actividades sostenibles con el fin de lograr una Unión climáticamente neutra de aquí a 2050.
11
A tal efecto, el Reglamento 2020/852 establece, como se desprende de sus considerandos 6 y 12, un sistema de clasificación unificado de las actividades sostenibles (denominado «taxonomía»), con el fin de armonizar a escala de la Unión los criterios para determinar si una actividad económica es medioambientalmente sostenible, proporcionando así a los inversores y a otros operadores económicos una interpretación común de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
12
A tenor del artículo 3 del Reglamento 2020/852, «a fin de determinar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión, una actividad económica tendrá la consideración de medioambientalmente sostenible cuando dicha actividad económica:
a)
contribuya sustancialmente a uno o varios de los objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9, de conformidad con los artículos 10 a 16;
b)
no cause ningún perjuicio significativo a alguno de los objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 de conformidad con el artículo 17;
[…]
d)
se ajuste a los criterios técnicos de selección que hayan sido establecidos por la Comisión de conformidad con el artículo 10, apartado 3, [y] el artículo 11, apartado 3, […]».
13
Los seis objetivos medioambientales enumerados en el artículo 9 del Reglamento 2020/852 son los siguientes:
«a)
mitigación del cambio climático;
b)
adaptación al cambio climático;
c)
uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos;
d)
transición hacia una economía circular;
e)
prevención y control de la contaminación;
f)
protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.»
14
El artículo 4 del Reglamento 2020/852 establece que los Estados miembros y la Unión aplicarán los criterios enumerados en su artículo 3 para determinar si una actividad económica tiene la consideración de medioambientalmente sostenible, a efectos de cualesquiera medidas públicas, normas o etiquetas que establezcan requisitos para los participantes en los mercados financieros o para los emisores con respecto a los productos financieros o las emisiones de renta fija privada que se ofrezcan como medioambientalmente sostenibles.
15
El artículo 10, apartado 1, del Reglamento 2020/852 establece que «se considerará que una actividad económica contribuye de forma sustancial a mitigar el cambio climático cuando dicha actividad contribuya de forma sustancial a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático en consonancia con el objetivo a largo plazo referente a la temperatura del [Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, aprobado el 12 de diciembre de 2015], mediante la elusión o reducción de las emisiones de tales gases […], por alguno de los medios siguientes:
a)
la generación […] de energías renovables en consonancia con la Directiva (UE) 2018/2001 [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (versión refundida) (DO 2018, L 328, p. 82)] […]».
16
La «mitigación del cambio climático» se define en el artículo 2, punto 5, del Reglamento 2020/852 como «el proceso de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2o C y de continuar los esfuerzos para limitarlo a 1_5o C respecto de los niveles preindustriales, con arreglo a lo dispuesto en el [Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, aprobado el 12 de diciembre de 2015]».
17
El artículo 10, apartado 3, del Reglamento 2020/852 establece que la Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con el artículo 23 de dicho Reglamento con el fin de:
«a)
completar los apartados 1 y 2 del presente artículo estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático, y
b)
completar el artículo 17 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo medioambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con […] [el] presente apartado[, letra a),] causa un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.»
18
El artículo 11, apartado 1, del Reglamento 2020/852 establece que se considerará que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la adaptación al cambio climático cuando dicha actividad:
«a)
incluya soluciones de adaptación que o bien reduzcan de forma sustancial el riesgo de efectos adversos del clima actual y del clima previsto en el futuro sobre dicha actividad económica o bien reduzcan de forma sustancial esos efectos adversos, sin aumentar el riesgo de efectos adversos sobre las personas, la naturaleza o los activos, o
b)
prevea soluciones de adaptación que, además de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 16, contribuyan de forma sustancial a prevenir o reducir el riesgo de efectos adversos del clima actual y del clima previsto en el futuro o reduzcan de forma sustancial esos efectos adversos sobre las personas, la naturaleza o los activos, sin aumentar el riesgo de efectos adversos sobre otras personas, otras partes de la naturaleza u otros activos».
19
El artículo 11, apartado 3, del Reglamento 2020/852 establece que la Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con el artículo 23 de dicho Reglamento con el fin de:
«a)
completar los apartados 1 y 2 del presente artículo estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la adaptación del cambio climático, y
b)
completar el artículo 17 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo medioambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con […] [el] presente apartado[, letra a),] causa un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos».
20
El artículo 17, apartado 1, del Reglamento n.o 2020/852 está redactado en los siguientes términos:
«A efectos del artículo 3, letra b), teniendo en cuenta el ciclo de vida de los productos suministrados y los servicios prestados por una actividad económica, en particular pruebas extraídas de las evaluaciones del ciclo de vida existentes, se considerará que una actividad económica causa un perjuicio significativo:
a)
a la mitigación del cambio climático, cuando la actividad dé lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero;
b)
a la adaptación al cambio climático, cuando la actividad provoque un aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y de las previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los activos;
c)
a una utilización y protección sostenibles de los recursos hídricos y marinos, cuando la actividad vaya en detrimento:
i)
del buen estado o del buen potencial ecológico de las masas de agua, incluidas las superficiales y subterráneas, o
ii)
del buen estado ecológico de las aguas marinas;
d)
a la economía circular, especialmente a la prevención y el reciclado de residuos, cuando:
i)
dicha actividad genere importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales, como las fuentes de energía no renovables, las materias primas, el agua o el suelo en una o varias fases del ciclo de vida de los productos, en particular en términos de durabilidad y de posibilidades de reparación, actualización, reutilización o reciclado de los productos,
ii)
la actividad dé lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos, excepto la incineración de residuos peligrosos no reciclables, o
iii)
la eliminación de residuos a largo plazo pueda causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente;
e)
a la prevención y el control de la contaminación, cuando la actividad dé lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo, en comparación con la situación existente antes del comienzo de la actividad, o
f)
a la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, cuando la actividad:
i)
vaya en gran medida en detrimento de las buenas condiciones y la resiliencia de los ecosistemas, o
ii)
vaya en detrimento del estado de conservación de los hábitats y las especies, en particular de aquellos de interés para la Unión.»
21
El artículo 19, apartado 1, del Reglamento 2020/852 establece que los criterios técnicos de selección establecidos de conformidad, en particular, con los artículos 10, apartado 3, y 11, apartado 3, de dicho Reglamento, deberán:
«a)
determinar las contribuciones potenciales más importantes para un objetivo medioambiental determinado —respetando al mismo tiempo el principio de neutralidad tecnológica— teniendo en cuenta las repercusiones a corto y largo plazo de una actividad económica precisa;
[…]
c)
ser cuantitativos y contener umbrales en la medida de lo posible o, si no, ser cualitativos;
[…]
f)
basarse en pruebas científicas concluyentes y en el principio de precaución consagrado en el artículo 191 [TFUE];
[…]
j)
cubrir todas las actividades económicas pertinentes de un determinado sector y garantizar que dichas actividades se traten por igual cuando contribuyan equitativamente a los objetivos medioambientales establecidos en el artículo 9 del presente Reglamento, a fin de evitar falsear la competencia en el mercado, y
k)
ser fáciles de utilizar y fijarse de tal modo que se facilite la comprobación de su cumplimiento.
[…]»
22
El Reglamento Delegado fue adoptado sobre la base, en particular, de los artículos 10, apartado 3, y 11, apartado 3, del Reglamento 2020/852 (véase el anterior apartado 2).
23
El artículo 1 del Reglamento Delegado establece que los criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático y para determinar si dicha actividad económica causa un perjuicio significativo a alguno de los demás objetivos medioambientales figuran en el anexo I de ese Reglamento. A tenor del artículo 2 de dicho Reglamento Delegado, los criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la adaptación al cambio climático y si dicha actividad económica causa un perjuicio significativo a alguno de los demás objetivos medioambientales figuran en el anexo II del mismo Reglamento Delegado.
24
Los anexos I y II del Reglamento Delegado precisan criterios técnicos de selección para cada actividad económica objeto de dicho Reglamento Delegado, en particular, en lo que concierne a la generación de electricidad a partir de energía eólica, en el punto 4.3 de ese anexo I y en el punto 4.3 del mencionado anexo II.
Consideraciones preliminares acerca de la solicitud de revisión interna y el alcance del control del Tribunal General
25
En virtud del artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 1367/2006, cualquier organización no gubernamental que cumpla los criterios enunciados en el artículo 11 de dicho Reglamento podrá iniciar, mediante una solicitud motivada, una revisión interna de un acto administrativo ante la institución u organismo de la Unión que lo haya adoptado por ser contrario al Derecho medioambiental en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento.
26
Es inherente al sistema de revisión interna que el solicitante aporte argumentos concretos y precisos que permitan cuestionar la apreciación de los hechos en que se basó el acto administrativo (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, TestBioTech y otros/Comisión, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, apartado 68). Por consiguiente, tal solicitante está obligado a indicar los elementos de hecho o argumentos de Derecho esenciales que susciten dudas razonables, esto es, sustanciales, respecto de la apreciación efectuada por la institución u organismo de la Unión en el acto de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2019, TestBioTech y otros/Comisión, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, apartado 69, y de 6 de octubre de 2021, ClientEarth/Comisión, C‑458/19 P, EU:C:2021:802, apartado 60).
27
Así pues, la solicitud de revisión interna de un acto administrativo tiene por objeto que se declare la existencia de una supuesta ilegalidad o la falta de fundamento del acto de que se trate. El solicitante podrá interponer posteriormente, conforme al artículo 12 del Reglamento n.o 1367/2006, en relación con el artículo 10 de dicho Reglamento, recurso ante el juez de la Unión por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma jurídica relativa a su ejecución o desviación de poder, contra la decisión por la que se desestima por infundada la solicitud de revisión interna (sentencia de 12 de septiembre de 2019, TestBioTech y otros/Comisión, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, apartado 38).
28
Dicho recurso no puede basarse en razones nuevas o pruebas que no figurasen en la solicitud de revisión, so pena de que la exigencia de motivación, a la que se refiere el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 1367/2006, se vea privada de efecto útil y se modifique el objeto del procedimiento iniciado mediante dicha solicitud (sentencia de 12 de septiembre de 2019, TestBioTech y otros/Comisión, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, apartado 39). La institución u organismo de la Unión autor del acto administrativo cuya revisión interna se solicita no está obligado a examinar más motivos que los alegados por el solicitante al presentar la solicitud de revisión interna (sentencia de 12 de septiembre de 2019, TestBioTech y otros/Comisión, C‑82/17 P, EU:C:2019:719, apartado 40).
29
Sin embargo, no puede exigirse al demandante que interponga un recurso ante el Tribunal General contra una decisión por la que se desestima su solicitud de revisión interna que se limite a reproducir textualmente las alegaciones que había invocado en su solicitud de revisión interna. En efecto, por un lado, tal demandante debe poder formular alegaciones destinadas a criticar jurídicamente el fundamento de la decisión adoptada en respuesta a su solicitud de revisión interna. Sin embargo, tales alegaciones no pueden modificar el objeto del procedimiento iniciado mediante dicha solicitud, so pena de privarla de su efecto útil. En particular, no pueden basarse en nuevas alegaciones o elementos de prueba que hubieran podido presentarse con la solicitud de revisión. Por otro lado, una alegación que no ha sido formulada al presentar la solicitud de revisión no es un motivo nuevo, inadmisible en la fase de recurso ante el Tribunal General, si únicamente constituye una ampliación de una argumentación ya desarrollada en dicha solicitud. Para poder ser considerada como una ampliación de un motivo o de una alegación que se hayan formulado anteriormente, una nueva alegación debe presentar, con los motivos o las alegaciones expuestos inicialmente, un vínculo suficientemente estrecho como para poder considerarse que resulta del desarrollo normal del debate en el seno de un procedimiento contencioso. Dicho esto, habida cuenta de la naturaleza particular del procedimiento de revisión interna establecido en el Reglamento n.o 1367/2006, tal posibilidad debe conciliarse con la necesidad de preservar el efecto útil de dicho procedimiento, de modo que el demandante no pueda modificar el objeto del citado procedimiento invocando nuevos motivos o pruebas que no guarden una relación suficientemente estrecha con las imputaciones formuladas en la fase de solicitud de revisión. Así pues, tal demandante no puede invocar nuevas alegaciones «contextuales» que escapan a la lógica de esta regla de concordancia, salvo que se admita que tales alegaciones son, en cualquier caso, inoperantes (véase la sentencia de 21 de febrero de 2024, PAN Europe/Comisión, T‑536/22, recurrida en casación, EU:T:2024:98, apartados 44 a 47 y jurisprudencia citada).
30
En el marco de un recurso contra una decisión por la que se desestima por infundada una solicitud de revisión interna, solo son admisibles los motivos tendentes a demostrar errores de Derecho o de apreciación que dieran lugar a la ilegalidad de esa decisión, y no aquellos relativos al acto administrativo cuya revisión interna se haya solicitado (sentencia de 6 de octubre de 2021, ClientEarth/Comisión, C‑458/19 P, EU:C:2021:802, apartado 49).
31
En principio, el alcance del control jurisdiccional de una decisión por la que se deniega una solicitud de revisión interna no difiere del alcance del control jurisdiccional del acto administrativo objeto de dicha solicitud si dicho acto debiera ser objeto de un recurso judicial (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, TestBioTech y otros/Comisión, T‑177/13, no publicada, EU:T:2016:736, apartados 76 y 81).
32
Según la jurisprudencia, cuando una institución de la Unión debe efectuar evaluaciones complejas, como las que subyacen a la elaboración de criterios técnicos de selección para determinar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista medioambiental, dispone de una amplia facultad de apreciación (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión, C‑44/16 P, EU:C:2017:357, apartado 53 y jurisprudencia citada). En tal caso, el control jurisdiccional que el juez de la Unión debe ejercer en cuanto a si están fundadas las razones de una decisión como la Decisión impugnada no debe llevarlo a sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que dicha Decisión no está basada en hechos materialmente inexactos ni está viciada de ningún error manifiesto de apreciación o de desviación de poder (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, apartado 55 y jurisprudencia citada).
33
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, el juez de la Unión no solo debe verificar la exactitud material de los elementos probatorios invocados, su fiabilidad y su coherencia, sino también comprobar si tales elementos constituyen el conjunto de datos pertinentes que deben tomarse en consideración para apreciar una situación compleja y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de ellos (véase la sentencia de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, apartado 56 y jurisprudencia citada). En efecto, cuando una institución dispone de una amplia facultad de apreciación, reviste especial importancia la observancia de las garantías procedimentales, entre las que figura la obligación de esta de examinar minuciosa e imparcialmente todas las circunstancias pertinentes de la situación de que se trate (véase la sentencia de 4 de mayo de 2023, BCE/Crédit lyonnais, C‑389/21 P, EU:C:2023:368, apartado 57 y jurisprudencia citada).
34
Para demostrar que una institución ha incurrido en error manifiesto en la apreciación de hechos complejos que pueda justificar la anulación del acto que ha adoptado, los elementos de prueba en apoyo de tal alegación deben ser suficientes para privar de plausibilidad a las apreciaciones de los hechos considerados en dicho acto (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de junio de 2018, Lubrizol France/Consejo, C‑223/17 P, no publicada, EU:C:2018:442, apartado 39, y de 7 de mayo de 2020, BTB Holding Investments y Duferco Participations Holding/Comisión, C‑148/19 P, EU:C:2020:354, apartado 74).
Primer motivo, relativo a la elaboración del Reglamento Delegado
35
Las demandantes rebaten las respuestas dadas por la Comisión, en la Decisión impugnada, a la solicitud de revisión interna en lo que concierne a determinados aspectos de la elaboración del Reglamento Delegado. Alegan, en tres partes distintas dentro del presente motivo, que dichas respuestas infringen varias disposiciones.
Primera parte del primer motivo, basada en la infracción de los artículos 6 a 8 del Convenio de Aarhus y del artículo 9 del Reglamento n.o 1367/2006
36
Las demandantes alegan que la respuesta dada por la Comisión a la solicitud de revisión interna en la Decisión impugnada en lo que concierne a determinados aspectos de la elaboración del Reglamento Delegado no corresponde al nivel de información y consulta pública previsto en los artículos 6 a 8 del Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente (DO 2005, L 124, p. 4; en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»), aprobado mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, sobre la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente (DO 2005, L 124, p. 1), y en el artículo 9 del Reglamento n.o 1367/2006. En primer lugar, las demandantes aducen que el proceso de información y consulta comenzó incluso antes de la adopción del Reglamento 2020/852. En segundo lugar, estiman que, aunque responden a la definición de «público interesado» en el sentido de dicho Convenio, no fueron consideradas «partes interesadas» consultadas por la Comisión. En tercer lugar, sostienen que en el contexto de la segunda mitad del año 2020 y durante el año 2021, el concepto de «información y participación del público» adquirió un sentido diferente que debería haberse tenido en cuenta en el proceso de consulta. En cuarto lugar, alegan que la Decisión impugnada contiene información nueva que no se expresa claramente en dicho Reglamento Delegado y que no se tuvo en cuenta en la elaboración de este, pese a que el público debería haber sido informado y consultado a este respecto antes de la adopción de dicho Reglamento Delegado.
37
En la réplica, las demandantes aducen que la Comisión no indica haber transmitido información, en particular, sobre la cuestión de los criterios técnicos de selección a efectos de la taxonomía y durante la elaboración del Reglamento Delegado con el fin de obtener contribuciones sobre este punto concreto. En su opinión, la Comisión tampoco indica el contenido de esas contribuciones ni el modo en que estas se tuvieron en cuenta en la medida de lo posible. Sostienen que dicho Reglamento Delegado está efectivamente comprendido en la definición de «planes o programas» en el sentido del artículo 9 del Reglamento n.o 1367/2006.
38
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
39
En el apartado 48 de la demanda, las demandantes indican que «en la solicitud [de revisión interna] se cuestiona la legalidad de la elaboración del Reglamento Delegado (anexo A.1 de la demanda, pp. 13 y 14)». A este respecto, procede señalar que esta solicitud incluye una parte titulada «Revisión de la preparación del Reglamento Delegado» que comienza en la página 13, con un párrafo que presenta el siguiente tenor: «[las demandantes] solicitan que las disposiciones [de dicho] Reglamento Delegado relativas a la actividad [económica] de generación de electricidad a partir de energía eólica se revisen utilizando las etapas previstas en las disposiciones pertinentes del Reglamento 2020/852». A continuación, las demandantes dividieron sus alegaciones en cuatro series. La presente parte se refiere a la tercera serie de alegaciones formulada en los dos apartados redactados en los siguientes términos:
«En tercer lugar, la revisión de los criterios técnicos de selección pertinentes debería prever tanto la información previa del público como la consulta de este, tal como exige el Convenio de Aarhus.
En particular, la información y la consulta del público sobre los criterios técnicos de selección pertinentes deberían basarse en un proyecto de Reglamento Delegado revisado.»
40
Pues bien, del tenor de los apartados en cuestión, en relación con el apartado introductorio, no se desprende que las demandantes consideren que el Reglamento Delegado fue adoptado por la Comisión en contra de los aspectos específicos del Convenio de Aarhus mencionados en dichos apartados.
41
Por el contrario, el tenor de los apartados en cuestión indica más bien que, según las demandantes, la Comisión debía tener en cuenta ciertos aspectos procedimentales en una futura revisión interna del Reglamento Delegado a la que debía proceder.
42
De ello se sigue que, contrariamente a lo que exige la jurisprudencia citada en el anterior apartado 26, en los apartados de que se trata, las demandantes no invocaron, en la solicitud de revisión interna, argumentos concretos y precisos que permitieran cuestionar las apreciaciones en las que se basa el Reglamento Delegado como acto administrativo ni indicaron los elementos de hecho o los argumentos de Derecho esenciales que suscitasen dudas razonables, esto es, sustanciales, respecto de la apreciación efectuada por la Comisión en dicho Reglamento Delegado como acto objeto de la solicitud de revisión interna.
43
Pues bien, conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 28, la Comisión no estaba obligada a examinar otros motivos distintos de los expuestos por las demandantes al presentar la solicitud de revisión interna. En particular, no estaba obligada a examinar, por iniciativa propia, motivos potenciales en relación con la información y la consulta del público, en el momento de la elaboración y la adopción del Reglamento Delegado, que no fueron invocados por las demandantes.
44
Por lo tanto, esta parte del primer motivo no puede prosperar.
Segunda parte del primer motivo, basada en la infracción del artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006
45
Las demandantes alegan que, en la Decisión impugnada, la Comisión no respondió a una serie de puntos expuestos en la solicitud de revisión interna, infringiendo así el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006. Estos puntos son, en primer lugar, la obligación de la Comisión de recabar todos los conocimientos especializados necesarios antes de la adopción del Reglamento Delegado; en segundo lugar, el hecho de que el dictamen de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles relativo a los criterios técnicos de selección se emitió después de dicha adopción y, en tercer lugar, el hecho de que dicho Reglamento Delegado y el Reglamento Delegado (UE) 2023/2486 de la Comisión, de 27 de junio de 2023, por el que se completa el Reglamento 2020/852 mediante el establecimiento de los criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica contribuye de forma sustancial al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y marinos, a la transición a una economía circular, a la prevención y el control de la contaminación, o a la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, y para determinar si dicha actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos medioambientales, y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 de la Comisión en lo que respecta a la divulgación de información pública específica sobre esas actividades económicas (DO L, 2023/2486), relativos a los demás objetivos medioambientales, no se adoptaron con arreglo al calendario previsto en el Reglamento 2020/852, de modo que el segundo Reglamento Delegado no estaba disponible en el momento de la elaboración del primer Reglamento Delegado.
46
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
47
De los autos se desprende que los dos primeros puntos invocados por las demandantes (véase el anterior apartado 45) se refieren a las dos primeras series de alegaciones formuladas en el marco de la parte titulada «Revisión de la preparación del Reglamento Delegado» en cuatro apartados que tienen el siguiente tenor:
«En primer lugar, esta revisión de los criterios técnicos de selección pertinentes debería incluir el asesoramiento de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles previsto en el [artículo 20, apartado 2,] del Reglamento 2020/852.
A día de hoy, del propio informe de la [Plataforma sobre Finanzas Sostenibles] se desprende claramente que “se ha encargado a la Plataforma que se centre en los [criterios técnicos de selección] y presente una recomendación a la Comisión para el segundo proyecto de acto delegado relativo a las actividades sostenibles para los objetivos medioambientales 3 a 6” […].
Por consiguiente, la revisión debería incluir asesoramiento específico de la [Plataforma sobre Finanzas Sostenibles] acerca de los criterios técnicos de selección de una contribución sustancial de la generación de electricidad a partir de energía eólica a los dos primeros objetivos medioambientales, a saber, la mitigación del cambio climático y la adaptación a este.
Por otra parte, del apartado anterior se desprende que el Reglamento Delegado no cumple el requisito de “[recabar] todos los conocimientos especializados necesarios” antes de su adopción, tal como se establece en [el artículo 23, apartado 4,] del Reglamento 2020/852.»
48
Los tres primeros apartados de que se trata no exponen ningún motivo concreto relativo a la regularidad de la adopción del Reglamento Delegado. El hecho de que las demandantes consideren que este proceso no se desarrolló de manera regular solo se desprende del cuarto apartado de que se trata.
49
Así pues, de los cuatro apartados en cuestión se desprende que el único motivo preciso y concreto expuesto por las demandantes en la solicitud de revisión interna consistía en alegar que la Comisión había actuado en contradicción con el artículo 23, apartado 4, del Reglamento 2020/852, al no recabar todos los conocimientos especializados necesarios antes de la adopción y durante la elaboración del Reglamento Delegado, dado que la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles no había emitido ningún dictamen sobre los criterios técnicos de selección relativos a los objetivos medioambientales de mitigación del cambio climático y de adaptación a este.
50
No obstante, en el punto 3 del anexo I de la Decisión impugnada, la Comisión indica lo siguiente:
«El artículo 20, apartado 2, letra a), y el considerando 38 del Reglamento [2020/852] establecen que la Plataforma asesorará a la Comisión sobre los criterios técnicos de selección, mientras que los artículos 10, apartado 4, y 11, apartado 4, y el considerando 54 del [mismo] Reglamento obligan a la Comisión a consultar a la Plataforma antes de la adopción de los actos delegados que contengan los criterios técnicos de selección relativos a la mitigación del cambio climático y la adaptación a este. Estas disposiciones no especifican ni las modalidades ni el calendario de consulta de la Plataforma e indican únicamente que dicha consulta debe tener lugar antes de la adopción de los actos delegados.
[…]
Sobre la base de los artículos 10, apartado 4, 11, apartado 4, y 20 del Reglamento [2020/852], la Comisión instó a la Plataforma, el 19 de noviembre de 2020, a que emitiera su dictamen sobre el proyecto de acto delegado antes de su adopción. La Comisión publicó el proyecto de acto delegado el 20 de noviembre de 2020, para llevar a cabo una consulta pública hasta el 18 de diciembre de 2020. El 18 de diciembre de 2020, la Plataforma presentó sus comentarios sobre el proyecto de acto delegado [documento actualmente disponible en la dirección “https://finance.ec.europa.eu/system/files/2020‑12/201218-eu-platform-on-sustainable-finance-opinion-taxonomy-delegated-act_en.pdf”] en el marco de la consulta pública. Por consiguiente, se consultó debidamente a la Plataforma durante la elaboración del acto delegado y antes de su adopción. La Comisión no adoptó el proyecto final hasta el 4 de junio de 2021 […]».
51
A la vista de estas explicaciones claras, las demandantes yerran al alegar que «la Decisión [impugnada] no niega que el dictamen de la Plataforma relativo específicamente a los criterios técnicos de selección del futuro Reglamento Delegado se emitió el 31 de agosto de 2021, es decir, después de la [adopción] del Reglamento Delegado el 4 de junio de 2021».
52
La Comisión explicó efectivamente en la Decisión impugnada que la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles había sido consultada y había presentado sus comentarios el 18 de diciembre de 2020, es decir, antes de la adopción del Reglamento Delegado, de modo que las alegaciones de las demandantes en sentido contrario carecen de fundamento.
53
El tercer punto planteado por las demandantes (véase el anterior apartado 45) se refiere a la cuarta serie de alegaciones formulada en la parte titulada «Revisión de la preparación del Reglamento Delegado» en tres apartados redactados en los siguientes términos:
«En cuarto lugar, el examen de los criterios técnicos de selección pertinentes debería llevarse a cabo a la luz de todos los objetivos medioambientales del artículo 9 del Reglamento 2020/852 [considerados] simultáneamente, tal como se establecen en los artículos 10 a 15 y […] 19 del Reglamento 2020/852, leídos conjuntamente.
En concreto, un primer acto delegado (convertido en el Reglamento Delegado) relativo a los criterios técnicos de selección para los dos primeros objetivos medioambientales (y el principio [de no causar un perjuicio significativo] en lo que respecta a los demás objetivos medioambientales) debía adoptarse a más tardar “el 31 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar que [comenzase] a aplicarse el 1 de enero de 2022” (artículos 10, apartado 6, y 11, apartado 6, del Reglamento 2020/852), mientras que el segundo acto delegado relativo a los criterios técnicos de selección para los demás objetivos medioambientales debería haberse adoptado a más tardar “el 31 de diciembre de 2021, con el fin de garantizar que [comenzase] a aplicarse el 1 de enero de 2023” (apartado 5 de los artículos 12 a 15 del Reglamento 2020/852).
En otras palabras, los dos actos delegados antes mencionados deberían haber sido […] preparados y adoptados antes de que el primero de ellos (el Reglamento Delegado) fuera aplicable. Por lo tanto, la revisión del Reglamento Delegado debería llevarse a cabo con conocimiento del segundo acto delegado, tal como se prevé inicialmente en el Reglamento 2020/852.»
54
Como señalan acertadamente las demandantes, la Comisión no abordó este punto en la Decisión impugnada. No obstante, esta alega que, dado que no se habían aportado justificaciones que respaldasen este punto, este era inadmisible, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 26, de modo que no habría podido darle respuesta.
55
Para empezar, procede señalar que los apartados 6 de los artículos 10 y 11 del Reglamento 2020/852 disponen efectivamente que la Comisión adoptará los actos delegados que establezcan los criterios técnicos de selección para los dos objetivos medioambientales de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, «a más tardar, el 31 de diciembre de 2020, con el fin de garantizar que [comiencen] a aplicarse el 1 de enero de 2022». En cambio, los apartados 5 de los artículos 12 a 15 del Reglamento 2020/852 disponen que la Comisión adoptará actos delegados que establezcan los criterios técnicos de selección para los otros cuatro objetivos medioambientales enumerados en el artículo 9 del Reglamento 2020/852, «a más tardar, el 31 de diciembre de 2021, con el fin de garantizar que [comiencen] a aplicarse el 1 de enero de 2023».
56
En realidad, el Reglamento Delegado no fue adoptado por la Comisión hasta el 4 de junio de 2021, pero es aplicable desde el 1 de enero de 2022 (artículo 3, párrafo segundo, de dicho Reglamento Delegado). Por su parte, el Reglamento Delegado 2023/2486 para los otros cuatro objetivos medioambientales fue adoptado por la Comisión el 27 de junio de 2023. Es aplicable desde el 1 de enero de 2024 (artículo 6, párrafo segundo, de dicho Reglamento Delegado).
57
Resulta, pues, que no se respetaron los calendarios de adopción previstos en el apartado 6 de los artículos 10 y 11 del Reglamento 2020/852, por una parte, y en el apartado 5 de los artículos 12 a 15 de dicho Reglamento, por otra.
58
Sin embargo, en el presente asunto, las demandantes alegan que el Reglamento Delegado debería haberse elaborado con conocimiento del contenido del Reglamento Delegado 2023/2486 relativo a los otros cuatro objetivos medioambientales. Así pues, consideran que el hecho de que este no estuviera disponible durante la preparación del Reglamento Delegado vicia este último.
59
Pues bien, el hecho de que el Reglamento Delegado 2023/2486 relativo a los otros cuatro objetivos medioambientales fuera adoptado después del Reglamento Delegado corresponde a los calendarios previstos en el apartado 6 de los artículos 10 y 11 del Reglamento 2020/852, por una parte, y en el apartado 5 de los artículos 12 a 15 de dicho Reglamento, por otra. Aun cuando se hubieran respetado esos calendarios, el Reglamento Delegado se habría adoptado, «a más tardar, el 31 de diciembre de 2020», mientras que el Reglamento Delegado 2023/2486, relativo a los otros cuatro objetivos medioambientales, solo debería haberse adoptado, «a más tardar, el 31 de diciembre de 2021». Por lo tanto, es evidente que la secuencia de los dos Reglamentos Delegados que propugnan dichas disposiciones del Reglamento 2020/852 fue plenamente respetada, aun cuando estos Reglamentos delegados se adoptaran tardíamente.
60
En estas circunstancias, aun admitiendo que procediera declarar la admisibilidad de esta alegación de las demandantes, ya sea en la fase de la solicitud de revisión interna o en el contexto del presente recurso, dicha alegación no puede, en ningún caso, servir de fundamento a dudas plausibles, a saber, sustanciales, en cuanto a las apreciaciones realizadas por la Comisión en el Reglamento Delegado.
61
De ello se sigue que procede desestimar la presente parte del primer motivo en su totalidad.
Tercera parte del primer motivo, basada en la infracción de los artículos 10, apartado 4, 11, apartado 4, y 20, apartado 2, del Reglamento 2020/852
62
Las demandantes consideran, en esencia, que la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, prevista en el artículo 20 del Reglamento 2020/852, no fue debidamente consultada antes de la adopción del Reglamento Delegado, infringiendo así los artículos 10, apartado 4, 11, apartado 4, y 20, apartado 2, del Reglamento 2020/852. Afirman que la Decisión impugnada no rebate la afirmación contenida en la solicitud de revisión interna según la cual la propia Plataforma había indicado que había recibido un mandato para tratar esencialmente el proyecto de acto delegado relativo a los demás objetivos medioambientales. Añaden que la consulta de dicha Plataforma no tenía por objeto específicamente los criterios técnicos de selección precisos tal y como se habían recogido en dicho Reglamento Delegado. Según ellas, la Plataforma en cuestión no emitió un dictamen sobre este extremo hasta después de la adopción de dicho Reglamento Delegado. A su parecer, el hecho de que dicha Decisión no contenga un compromiso, por parte de la Comisión, de subsanar tales incumplimientos también debe considerarse una infracción del artículo 10, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 1367/2006.
63
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
64
Las alegaciones formuladas por las demandantes en la presente parte del primer motivo se refieren a la primera serie de alegaciones formulada en la parte titulada «Revisión de la preparación del Reglamento Delegado».
65
Como se ha recordado en los anteriores apartados 50 y 52, la Decisión impugnada explica claramente que la Comisión instó a la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles a emitir su dictamen sobre el proyecto de acto delegado antes de su adopción, que la Comisión publicó el proyecto de acto delegado el 20 de noviembre de 2020 para una consulta pública que debía tener lugar hasta el 18 de diciembre de 2020 y que la Plataforma presentó sus comentarios sobre el proyecto de acto delegado el 18 de diciembre de 2020.
66
En la demanda, las demandantes se refieren a otro documento, supuestamente fechado el 31 de agosto de 2021, para formular dos alegaciones. Por una parte, sostienen que de dicho documento se desprende que la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles consideró que solo se le había encomendado tratar el segundo proyecto de acto delegado relativo a los otros cuatro objetivos medioambientales. Por otra parte, aducen que la mencionada Plataforma solo dio su opinión acerca de, específicamente, los criterios técnicos de selección del «futuro Reglamento Delegado» en el marco de ese documento.
67
Pues bien, como alega fundadamente la Comisión, el documento de que se trata, al que se refieren las demandantes, carece de pertinencia en el caso de autos. En efecto, del sitio de Internet de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles se desprende que esta publicó un proyecto de dictamen acerca de los criterios técnicos de selección en lo que concierne a los otros cuatro objetivos medioambientales para recabar observaciones el 3 de agosto de 2021, y que el dictamen final se publicó el 30 de marzo de 2022.
68
Por definición, los dictámenes mencionados en el anterior apartado 67 no se refieren en modo alguno a los dos primeros objetivos medioambientales para los que el Reglamento Delegado estableció criterios técnicos de selección. Por lo tanto, carecen de toda pertinencia en el presente asunto.
69
Por lo demás, las demandantes alegan, en esencia, que el dictamen de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles de 18 de diciembre de 2020 no estaba completo en la medida en que dicha Plataforma se limitó a examinar cuestiones generales sin examinar los criterios técnicos de selección precisos. Las demandantes deducen de esta circunstancia que los anexos del Reglamento Delegado que contienen esos criterios no acompañaban al proyecto de Reglamento Delegado transmitido por la Comisión a dicha Plataforma para que emitiera su dictamen.
70
A este respecto, la Comisión alega que tanto el proyecto de Reglamento Delegado como sus anexos fueron comunicados a la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles para que emitiera su dictamen el 19 de noviembre de 2020.
71
En el presente asunto, de los datos disponibles en el portal «Legislar mejor» de la Comisión se desprende que el proyecto de Reglamento Delegado y sus dos anexos fueron publicados el 20 de noviembre de 2020 para llevar a cabo una consulta pública hasta el 18 de diciembre de 2020. Así pues, aun suponiendo que la Comisión no hubiera comunicado esos anexos el 19 de noviembre de 2020 cuando pidió a la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles que emitiera su dictamen sobre el proyecto, dicha Plataforma tuvo acceso a esos anexos a más tardar el día siguiente a aquel en que se formuló dicha petición y pudo tenerlos en cuenta para emitir su dictamen.
72
Así pues, dado que las demandantes no han podido refutar la afirmación de la Comisión según la cual se consultó a la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles acerca del proyecto de Reglamento Delegado y sus anexos, en los que se detallaban los criterios técnicos de selección, carece asimismo de pertinencia que esa Plataforma no se pronunciara de manera detallada sobre dichos criterios técnicos de selección y se limitara a formular observaciones de carácter general.
73
En efecto, si bien los apartados 4 de los artículos 10 y 11 del Reglamento 2020/852 establecen que, «antes de adoptar el acto delegado a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, la Comisión consultará a la Plataforma a que se refiere el artículo 20 por lo que respecta a los criterios técnicos de selección a que se refiere el apartado 3 del presente artículo», estas disposiciones no pueden interpretarse en el sentido de que impiden la adopción de dichos actos delegados cuando, como en el caso de autos, la Plataforma no haya adoptado una posición explícita sobre todos los aspectos de los proyectos de actos delegados que se hayan sometido a su consideración.
74
Por consiguiente, procede desestimar esta parte del primer motivo y, por ende, el primer motivo en su totalidad.
Segundo motivo, relativo a la mitigación del cambio climático
75
El segundo motivo se divide en cuatro partes, basadas, la primera, en la infracción del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del artículo 191 TFUE y del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento 2020/852; la segunda, en la infracción del artículo 10, apartado 3, letra a), del Reglamento 2020/852; la tercera, en la infracción del artículo 19, apartado 1, letras a) y j), del Reglamento 2020/852 y, la cuarta, en la infracción del artículo 19, apartado 3, del Reglamento 2020/852.
76
Las demandantes cuestionan, en esencia, dos enfoques adoptados, según ellas, por la Comisión al establecer los criterios técnicos de selección para la generación de electricidad a partir de energía eólica. Alegan, en esencia, que, al haber defendido, en la Decisión impugnada, estos dos enfoques a pesar de las alegaciones que habían formulado en la solicitud de revisión interna, la Comisión infringió diversas disposiciones del Derecho de la Unión.
77
El Tribunal General considera útil resumir brevemente estas dos críticas de las demandantes antes de comenzar su análisis de las cuatro partes expuestas por estas.
78
Por una parte, las demandantes critican el hecho de que los criterios técnicos de selección para la generación de electricidad a partir de energía eólica no prevean que las emisiones de CO2 por kilovatio/hora (kWh) de electricidad generada a partir de energía eólica se midan de manera efectiva y respeten un determinado umbral. En efecto, el punto 4.3 del anexo I del Reglamento Delegado se limita a establecer como criterio técnico de selección para la contribución sustancial a la mitigación del cambio climático que «la actividad genera electricidad a partir de energía eólica». Las partes no discuten que esto significa concretamente que, en el mencionado Reglamento Delegado, se considera que el ejercicio de esta actividad económica siempre contribuye de manera sustancial a la mitigación del cambio climático, a pesar de las circunstancias concretas.
79
Las demandantes afirman que esta situación supone el establecimiento de una «exención» de la obligación de proceder a una medición cuantitativa real de las emisiones de CO2 por kWh de electricidad generada a partir de energía eólica y de una «presunción» según la cual esta actividad siempre contribuye de manera sustancial a la mitigación del cambio climático.
80
Por otra parte, las demandantes consideran imperativo que se tenga en cuenta la «intermitencia» de la generación de electricidad a partir de energía eólica. Según afirman, la cantidad de energía eléctrica generada mediante la explotación de fuentes de energía renovables, en particular la energía eólica, depende de las circunstancias meteorológicas, sobre todo de la intensidad del viento en el caso de la energía eólica. Por consiguiente, una instalación de generación de electricidad a partir de energía eólica no pone siempre la misma potencia eléctrica a disposición de la red eléctrica y, por tanto, en última instancia, de los consumidores de energía eléctrica. Según ellas, la potencia puesta a disposición varía según las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, estiman que es posible que, para satisfacer en todo momento la demanda de energía eléctrica, deba recurrirse a otras centrales eléctricas para «compensar» la «infrageneración» de una central eólica.
81
Según las demandantes, para medir correctamente las emisiones de CO2 resultantes de la generación de electricidad a partir de energía eólica, deben tenerse en cuenta las emisiones de esas otras centrales que «compensan» la «infrageneración» de las centrales eólicas. Pues bien, el Reglamento Delegado no establece la obligación de tener en cuenta esas emisiones, lo que las demandantes califican nuevamente de «exención».
82
Antes de examinar las cuatro partes del presente motivo, procede pronunciarse sobre la admisibilidad de las alegaciones formuladas por las demandantes en el escrito que presentaron en la Secretaría del Tribunal General el 6 de diciembre de 2023.
Sobre la admisibilidad de las alegaciones formuladas por las demandantes en el escrito que presentaron en la Secretaría del Tribunal General el 6 de diciembre de 2023
83
El 6 de diciembre de 2023, las demandantes presentaron en la Secretaría un escrito acompañado de un anexo, esto es, la Comunicación de la Comisión titulada «Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» (DO C, C/2023/111). Según ellas, dicho escrito y su anexo son admisibles como nuevo medio de prueba con arreglo al artículo 85, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, dado que dicha Comunicación no estuvo disponible hasta después de la interposición del recurso y de la conclusión de la fase escrita del procedimiento. Consideran, en esencia, que dicha Comunicación confirma sus alegaciones en apoyo del segundo motivo, según las cuales debe tenerse en cuenta el carácter intermitente de la generación de electricidad a partir de energía eólica, y aquellas mediante las que alegan que la Comisión no respetó la neutralidad tecnológica.
84
El 12 de diciembre de 2023, la Secretaría informó a las partes, en particular, de que se había instado a la Comisión a pronunciarse, en la vista, sobre la admisibilidad y la procedencia del escrito presentado en la Secretaría por las demandantes el 6 de diciembre de 2023 y de su anexo.
85
A este respecto, la Comisión expuso sus observaciones en su informe oral, de lo que se dejó constancia en el acta de la vista oral. Alegó que la Comunicación adjunta al escrito presentado en la Secretaría por las demandantes el 6 de diciembre de 2023 es inadmisible y que, en cualquier caso, carece de pertinencia.
86
A tenor del artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que estos se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
87
Según la jurisprudencia, el artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento también resulta aplicable a las imputaciones o alegaciones (véase la sentencia de 14 de julio de 2021, AQ/eu-LISA, T‑164/19, no publicada, EU:T:2021:456, apartado 59 y jurisprudencia citada).
88
Como se ha recordado en el anterior apartado 83, en el escrito que presentaron en la Secretaría el 6 de diciembre de 2023, las demandantes consideran, en esencia, que la Comunicación adjunta a dicho escrito confirma sus alegaciones en apoyo del segundo motivo, según las cuales procede tener en cuenta el carácter intermitente de la generación de electricidad a partir de energía eólica, y aquellas mediante las que alegan que la Comisión no respetó la neutralidad tecnológica. En la medida en que las demandantes basan las alegaciones contenidas en dicho escrito en la Comunicación que lo acompaña, formulan, pues, alegaciones nuevas, en el sentido del artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.
89
Como también se ha recordado en el anterior apartado 83, las demandantes consideran que el escrito que presentaron en la Secretaría el 6 de diciembre de 2023 y su anexo son admisibles, dado que la Comunicación objeto de dicho anexo y en la que se basan las nuevas alegaciones formuladas en ese escrito solo estuvo disponible después de la interposición del recurso y tras la conclusión de la fase escrita del procedimiento en el caso de autos. Así, alegan, en esencia, que la publicación de dicha Comunicación constituye una razón de hecho o de Derecho que ha aparecido durante el procedimiento, en el sentido del artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, y que justifica, por tanto, la presentación de nuevas alegaciones contenidas en dicho escrito.
90
Pues bien, aunque es cierto que la Comunicación de que se trata no se publicó en el Diario Oficial hasta el 11 de octubre de 2023 y, por tanto, solo después de la conclusión de la fase escrita del procedimiento en el caso de autos, notificada a las demandantes mediante escrito de la Secretaría de 4 de mayo de 2023, es preciso señalar que los dos pasajes precisos de dicha Comunicación a los que hacen referencia las demandantes, a saber, los párrafos primero y tercero del punto 2.4, titulado «Principios rectores para la evaluación [según el principio de “no causar un perjuicio significativo”]», ya figuraban de forma idéntica en una versión anterior de dicha Comunicación que ya había sido publicada en el Diario Oficial el 18 de febrero de 2021 (DO 2021, C 58, p. 1) y, por tanto, antes de la interposición del recurso.
91
Por lo tanto, dado que los pasajes en cuestión ya habían sido publicados antes de la interposición del recurso, no pueden considerarse razones de hecho o de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento, en el sentido del artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. El mero hecho de que se hayan vuelto a publicar tras la conclusión de la fase escrita del procedimiento no puede modificar esta consideración.
92
De ello se sigue que procede declarar la inadmisibilidad de las alegaciones contenidas en el escrito presentado por las demandantes en la Secretaría el 6 de diciembre de 2023, sin que sea necesario analizar la admisibilidad de dicho escrito como tal ni la de la Comunicación que lo acompaña.
Primera parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales, del artículo 191 TFUE y del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento 2020/852
93
Las demandantes consideran que, por lo que respecta a la generación de electricidad a partir de energía eólica, el Reglamento Delegado no establece una obligación de proceder a una medición cuantitativa real de las emisiones de CO2 por kWh de electricidad generada a partir de energía eólica ni a una medición del impacto de la intermitencia de la generación de electricidad a partir de energía eólica en las emisiones de CO2 por kWh de electricidad generada, sin distinción de fuentes de energía. A su juicio, dicho Reglamento Delegado se basa, por el contrario, en una presunción de que la generación de electricidad a partir de energía eólica es compatible con los requisitos del Reglamento 2020/852.
94
Según las demandantes, tal enfoque elude buscar y examinar datos científicos concluyentes relativos a esta actividad, lo que no es conforme con el principio de cautela, y no lleva a tener en cuenta los datos científicos y técnicos disponibles, lo que es contrario al artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento 2020/852 y al artículo 191 TFUE, apartado 1. Afirman que este enfoque tampoco constituye una utilización prudente y racional de los recursos naturales y que no debería considerarse como una demostración de que la actividad contribuye a la lucha contra el cambio climático, en el sentido del artículo 191 TFUE. A su parecer, al proceder de este modo, no se garantizan ni un nivel elevado de protección del medio ambiente ni la mejora de su calidad de conformidad con el principio de desarrollo sostenible, en contra de lo dispuesto en el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales.
95
Las demandantes aducen que no puede considerarse que el estudio del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) presente datos científicos que puedan dar lugar a criterios técnicos de selección en el sentido del artículo 19 del Reglamento 2020/852. En su opinión, el artículo 19, apartado 1, letra f), de dicho Reglamento se refiere a un análisis a escala de un sector (en este caso, el de la electricidad) y a la necesidad de comparar los resultados de las actividades dentro de un sector en lo que respecta a su contribución respectiva a los objetivos medioambientales. Afirman que las emisiones de CO2 para la producción de un kWh de electricidad por fuente y en tiempo real están fácilmente disponibles.
96
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
97
De los autos se desprende que, en la parte titulada «Generación de electricidad a partir de energía eólica en lo que respecta a la mitigación del cambio climático» de la solicitud de revisión interna, las demandantes expusieron lo siguiente:
«En primer lugar, la afirmación antes citada no constituye un “criterio técnico de selección” en el sentido del Reglamento 2020/852 y, por tanto, no cumple la exigencia del Reglamento 2020/852 en lo que respecta a la mitigación del cambio climático.
En particular, el artículo 10, apartado 1, del Reglamento 2020/852 exige que cada actividad “contribuya de forma sustancial a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático en consonancia con el objetivo a largo plazo referente a la temperatura del Acuerdo de París, mediante la elusión o reducción de las emisiones de tales gases” o aumentando la eliminación de los gases de efecto invernadero.
El Reglamento Delegado no contiene ni menciona una demostración de que la actividad de generación de electricidad a partir de energía eólica contribuye de forma significativa a la estabilización, la prevención o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o al aumento de la eliminación de gases de efecto invernadero, ni de en qué medida lo hace.
La falta de esta demostración es pertinente habida cuenta de la finalidad del Reglamento 2020/852 y de los “criterios técnicos de selección” que debe contener.
Por una parte, el Reglamento [(UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima») (DO 2021, L 243, p. 1)], que introduce objetivos vinculantes para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, remite expresamente al Reglamento 2020/852 para evaluar los progresos realizados en la consecución de este objetivo.
Por otra parte, el Reglamento [(UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o°715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o°525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2018, L 328, p. 1)] también supone que se debe realizarse a una evaluación de las fuentes de energía renovables en lo que concierne a sus respectivas contribuciones a las emisiones de gases de efecto invernadero, y no presumirse que lo hacen.
En segundo lugar, aunque debiera considerarse que dicha declaración constituye un criterio técnico de selección, se trata en realidad de una hipótesis y no de un criterio. Esta interpretación se ve confirmada por el tenor del [anexo técnico] que acompaña al informe del Grupo de Expertos Técnicos, que indica que “la energía eólica está actualmente exenta de la realización de una evaluación [de la huella de carbono del producto] o de [gases de efecto invernadero] a lo largo de todo el ciclo de vida, a reserva de que se proceda a una revisión periódica en consonancia con el umbral de declive. La energía eólica se considera actualmente elegible a efectos de la taxonomía, que es objeto de revisión periódica” (página 218).
En tercer lugar, el razonamiento propuesto en el [anexo técnico] que acompaña al informe del Grupo de Expertos Técnicos bajo el título “Rationale” [(Razón de ser)] […] no tiene en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la intermitencia de la actividad (dependencia del viento y disponibilidad y emisiones derivadas de la capacidad de generación de electricidad de espera).
En otras palabras, la naturaleza de la intermitencia de la generación de electricidad a partir de energía eólica significa que la cuestión de si esta puede o no considerarse sostenible desde el punto de vista medioambiental debe tener en cuenta tanto el nivel de intermitencia previsto, ya que variará en función de la estructura del viento generalmente disponible y de las otras fuentes de producción de electricidad (en el Estado miembro de que se trate), como sus resultados en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, que también afectarán al contenido de emisiones de gases de efecto invernadero de la electricidad puesta a disposición para el consumo.
En cuarto lugar, la afirmación de que “la actividad genera electricidad a partir de energía eólica” se basa únicamente en el punto de vista de la generación de electricidad por oposición al consumo de electricidad.
Mientras que la medición efectiva para determinar si una determinada generación de electricidad contribuye sustancialmente a la mitigación del cambio climático, es decir, a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, se efectúa en el contexto del consumo final bruto de energía, tal como se define en el artículo 2, apartado 4, de la Directiva 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
En concreto, el Reglamento Delegado solo se ocupa de las inversiones en la capacidad de generación de electricidad a partir de energía eólica, es decir, la generación de electricidad a partir de esa fuente. En cambio, la reducción efectiva de los gases de efecto invernadero y, por tanto, la existencia de una contribución sustancial al objetivo de adaptación al cambio climático no pueden medirse únicamente desde el punto de vista del nivel de los gases de efecto invernadero en el consumo de energía, en este caso de la electricidad.
Esta discrepancia entre la generación y el consumo de electricidad debería haberse resuelto en el Reglamento Delegado y debería abordarse en el marco de la revisión interna solicitada.
En quinto lugar, y en cualquier caso, la declaración de la delegación no está respaldada por una demostración o una prueba.»
98
Al igual que la Comisión, procede señalar de entrada que las demandantes no mencionan en modo alguno el artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales ni el artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento 2020/852 en la parte titulada «Generación de electricidad a partir de energía eólica en lo que respecta a la mitigación del cambio climático» de la solicitud de revisión interna. De ello se deduce que las alegaciones formuladas en la demanda basadas en estas disposiciones son nuevas y, por tanto, inadmisibles, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 28. Tampoco se hace referencia alguna al artículo 191 TFUE en dicha solicitud, de modo que las alegaciones basadas en esta disposición también son nuevas y, por tanto, inadmisibles.
99
En cualquier caso, si bien las demandantes alegan en el marco de la presente parte del segundo motivo, en esencia, que el Reglamento Delegado no se basa en datos científicos concluyentes, por lo que respecta a la determinación de los criterios técnicos de selección, del apartado 77 de la demanda se desprende claramente, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, que las demandantes cuestionan la legalidad de la Decisión impugnada y no la de dicho Reglamento Delegado.
100
En el punto 1.1 del anexo IV de la Decisión impugnada, la Comisión respondió a las alegaciones de las demandantes relativas al criterio de la mitigación del cambio climático del siguiente modo:
«El acto delegado establece los criterios técnicos de selección aplicados para apreciar la contribución sustancial y el principio [de no causar un perjuicio significativo («DNSH», sus siglas en inglés)] en relación con los objetivos medioambientales de las diferentes actividades económicas. La contribución sustancial a los objetivos medioambientales se define en los artículos 10 a 15 del Reglamento [2020/852], mientras que el perjuicio significativo causado a los objetivos medioambientales se define en el artículo 17 [de dicho Reglamento]. El alcance exacto de las actividades económicas se define en el acto delegado. Dado que [este Reglamento] se refiere principalmente a las actividades económicas, no ha sido posible ampliar el alcance de la evaluación a un análisis de todo el sistema. Cada actividad ha sido evaluada por su contribución sustancial a los objetivos climáticos y por el perjuicio significativo causado a los demás objetivos medioambientales, sin evaluar las demás actividades relacionadas con ellas. En el marco de este enfoque, no es posible tener en cuenta la intermitencia de las actividades.
La evaluación de impacto sobre el cambio climático adjunta al acto delegado explica el razonamiento que subyace a la aplicación de un umbral cuantitativo de 100 g de CO2 por kWh, tecnológicamente neutro y basado en el ciclo de vida, a todas las actividades de generación de electricidad. También expone la justificación propuesta para establecer una excepción a la obligación de realizar un cálculo de las emisiones por ciclo de vida y una exención de facto de la obligación de respetar el umbral neutro desde el punto de vista tecnológico. Sobre la base de pruebas científicas concluyentes, presentadas, en particular, por el GIECC […] y basadas en datos mundiales sobre las emisiones por ciclo de vida de las tecnologías de suministro de electricidad, la Comisión, siguiendo el enfoque del [Grupo de Expertos Técnicos (GET)], decidió eximir ciertas actividades de este umbral. Estos casos se limitan a aquellos en los que la mediana mundial de las emisiones por ciclo de vida es inferior a 100 g de CO2 por kWh. Según los datos del GIECC, las emisiones de [gases de efecto invernadero (GEI)] por ciclo de vida de la energía eólica (tanto en tierra como en el mar) están muy por debajo del umbral establecido (emisiones máximas de 56 g de CO2 por kWh). Por lo tanto, la actividad de generación de electricidad a partir de energía eólica siempre respetaría el umbral y la exigencia aplicable restante se limitaría al cálculo del ciclo de vida según una de las tres tecnologías alternativas. Habida cuenta de los resultados de la investigación del GIECC sobre las emisiones por ciclo de vida, del reconocimiento del hecho de que en determinadas actividades de bajas emisiones los criterios se limitarían a un procedimiento administrativo y de la orientación de la política energética europea —que fomenta la rápida implantación de las energías renovables y tiene en cuenta el requisito del artículo 19, apartado 1, letra k), del Reglamento [2020/852], según el cual los criterios deben ser fáciles de utilizar—, la Comisión ha decidido eximir a la energía eólica de la obligación de cumplir los criterios técnicos de selección cuantitativos para las actividades de generación de electricidad.»
101
Así pues, la Comisión indicó claramente en la Decisión impugnada las razones por las que había decidido redactar los criterios técnicos de selección para la generación de electricidad a partir de energía eólica en lo que concierne al criterio de la contribución sustancial a la mitigación del cambio climático, como hizo en el Reglamento Delegado. Hizo referencia a la evaluación de impacto que acompañaba a dicho Reglamento Delegado y de la que se desprendía que se había basado en datos científicos concluyentes, presentados, en particular, por el GIECC.
102
En el apartado 77 de la réplica, las demandantes alegan que «si bien los estudios citados [por la Comisión] pueden justificar las dos exenciones y la presunción, [estos] no constituyen datos científicos que puedan dar lugar a “criterios técnicos de selección” en el sentido del artículo 19 del Reglamento 2020/852». Estiman que se trata de una «contradicción» (apartado 78 de la réplica) y afirman que una disposición precisa del Reglamento 2020/852 obligaba a la Comisión a proceder a un «análisis a escala del sector (en este caso, el de la electricidad), pero también a comparar los resultados de las actividades dentro de un sector con respecto a su respectiva contribución a los objetivos medioambientales» (apartado 80 de la réplica), lo que «las dos exenciones y las presunciones» hacen imposible (apartado 81 de la réplica).
103
A este respecto, procede observar, por una parte, que el texto citado por las demandantes en el apartado 79 de la réplica procede en realidad del artículo 19, apartado 1, letra j), del Reglamento 2020/852 y no del artículo 19, apartado 1, letra f), como indican. Pues bien, esta primera disposición no se mencionó en la solicitud de revisión interna, ni tampoco en la demanda en lo que concierne a la presente parte. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de las alegaciones basadas en esta disposición.
104
Por otra parte, las demandantes reconocen expresamente, en el apartado 77 de la réplica, que de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión se basó efectivamente en datos científicos. De este modo, contradicen sus propias alegaciones según las cuales la Comisión no se basó en datos científicos concluyentes. Por otra parte, las demás alegaciones formuladas en la réplica, según las cuales los criterios técnicos de selección no son conformes con el Reglamento 2020/852 por otras razones, son inadmisibles por ser alegaciones nuevas.
105
Por lo tanto, dado que las demandantes han reconocido que la Decisión impugnada pone de manifiesto que los criterios técnicos de selección relativos a la contribución sustancial a la mitigación del cambio climático mediante la generación de electricidad a partir de energía eólica se basan en datos científicos concluyentes, la presente parte del segundo motivo debe, en cualquier caso, desestimarse por infundada.
Segunda parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 10, apartado 3, letra a), del Reglamento 2020/852
106
Las demandantes sostienen que, en la medida en que el Reglamento Delegado no establece la obligación de proceder a una medición cuantitativa real de las emisiones de CO2 por kWh de electricidad generada a partir de energía eólica ni a una medición del impacto de la intermitencia de la generación de electricidad a partir de energía eólica en las emisiones de CO2 por kWh de electricidad generada, sin distinción de fuentes de energía, no cumple la exigencia del artículo 10, apartado 3, del Reglamento 2020/852, según la cual procede determinar si, y en qué medida, la actividad contribuye de manera sustancial a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Consideran que las afirmaciones de la Comisión contenidas en la Decisión impugnada, según las cuales no era posible tener en cuenta la intermitencia, demuestran que esta es un hecho conocido por la Comisión. Según afirman, esta incurrió en un error manifiesto de apreciación al no tenerlo en cuenta. A su juicio, el enfoque de la Comisión equivale a eludir una evaluación global del impacto medioambiental de la actividad en su conjunto. Con carácter subsidiario, aducen que la Comisión se extralimitó en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 10, apartado 3, letra a), de dicho Reglamento al decidir que no procedía llevar a cabo una medición cuantitativa real de las emisiones de CO2 por kWh de electricidad generada a partir de energía eólica ni a una medición del impacto de la intermitencia.
107
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
108
Para empezar, procede señalar que, aunque las alegaciones formuladas por las demandantes en la demanda pudieran dar la impresión de que critican el Reglamento Delegado, del apartado 82 de la demanda se desprende inequívocamente que estas consideran que la respuesta dada por la Comisión en la Decisión impugnada a la solicitud de revisión interna es contraria al artículo 10, apartado 3, letra a), del Reglamento 2020/852. Así pues, debe considerarse que estas alegaciones se refieren a dicha Decisión.
109
El artículo 10, apartado 3, letra a), del Reglamento 2020/852 establece que «la Comisión adoptará un acto delegado […] con el fin de […] completar los apartados 1 y 2 del presente artículo estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático».
110
El artículo 10, apartado 3, letra a), del Reglamento 2020/852 se refiere únicamente a las «condiciones» en las que se considera que una actividad contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático. Por lo tanto, las demandantes se equivocan al alegar que de dicha disposición se desprende que esta «tiene por objeto determinar si y en qué medida la actividad» hace esa contribución. En efecto, dicha disposición no contiene ninguna referencia a la idea de una apreciación necesariamente cuantitativa, en el sentido de que deba respetarse un umbral definido.
111
Por otra parte, en el segundo párrafo citado en el anterior apartado 100, la Comisión indica, en esencia, que considera, por las razones expuestas en la evaluación de impacto del Reglamento Delegado, que toda actividad de generación de electricidad (a saber, sin distinguir los tipos de tecnología) que cause emisiones por debajo de un umbral de 100 g de CO2 por kWh basado en el ciclo de vida contribuye sustancialmente a la mitigación del cambio climático.
112
Las demandantes no han aportado datos en la solicitud de revisión interna o en sus escritos que pongan en entredicho la consideración mencionada en el anterior apartado 111 en la que se basa el enfoque seguido por la Comisión.
113
A continuación, en el segundo párrafo citado en el anterior apartado 100, la Comisión explicó que de los datos del GIECC se desprende que «las emisiones de [gases de efecto invernadero] por ciclo de vida de la energía eólica (tanto en tierra como en el mar) están muy por debajo del umbral establecido (emisiones máximas de 56 g de CO2 por kWh)».
114
Por lo tanto, contrariamente a lo que alegan las demandantes, de la Decisión impugnada se desprende claramente que la Comisión aplicó un umbral cuantitativo. No obstante, dado que, a su parecer, la actividad de generación de electricidad a partir de energía eólica siempre respeta este último, consideró, en esencia, que era inútil apreciar el cumplimiento de dicho umbral en cada caso concreto.
115
La única alegación formulada por las demandantes capaz de desvirtuar la consideración de la Comisión de que la generación de electricidad a partir de energía eólica siembre respeta el umbral de 100 g de CO2 por kWh (no cuestionado como tal por las demandantes; véase el anterior apartado 112) se basa en la «intermitencia» de la generación de electricidad a partir de energía eólica.
116
A este respecto, la Comisión explicó, en el primer párrafo citado en el anterior apartado 100, que es el Reglamento Delegado el que define el alcance exacto de las diferentes actividades económicas. A su juicio, «dado que el Reglamento [2020/852] se refiere principalmente a las actividades económicas, no ha sido posible ampliar el alcance de la evaluación a un análisis a escala del sistema», «cada actividad ha sido evaluada por su contribución sustancial a los objetivos climáticos y por el perjuicio significativo causado a los demás objetivos medioambientales, sin evaluar las demás actividades relacionadas con ellas» y, «en el marco de este enfoque, no es posible tener en cuenta la intermitencia de las actividades».
117
Para empezar, de diversas disposiciones del Reglamento 2020/852 se desprende inequívocamente que este se basa en la idea de que lo que se somete a los criterios establecidos en dicho Reglamento, o sobre la base de este, son «actividades económicas» precisas para apreciar si dichas «actividades económicas» se consideran sostenibles desde el punto de vista ambiental.
118
En efecto, en primer lugar, el artículo 1, apartado 1, del Reglamento 2020/852 dispone que dicho Reglamento «establece los criterios para determinar si una actividad económica se considera medioambientalmente sostenible a efectos de fijar el grado de sostenibilidad medioambiental de una inversión».
119
En segundo lugar, el artículo 3 del Reglamento 2020/852 dispone que «una actividad económica tendrá la consideración de medioambientalmente sostenible cuando dicha actividad económica» cumpla ciertos requisitos.
120
En tercer lugar, según el artículo 10, apartado 1, del Reglamento 2020/852, «se considerará que una actividad económica contribuye de forma sustancial a mitigar el cambio climático cuando dicha actividad contribuya de forma sustancial a estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático […] mediante la elusión o reducción de las emisiones de tales gases o el incremento de su absorción».
121
En cuarto lugar, a tenor del artículo 10, apartado 3, letra a), del Reglamento 2020/852, la Comisión adoptará un acto delegado con el fin de «completar los apartados 1 y 2 del presente artículo estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que una actividad económica precisa contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático».
122
Por lo tanto, la Comisión actuó fundadamente al estructurar el Reglamento Delegado estableciendo, en sus anexos I y II, puntos para cada actividad económica objeto de dicho Reglamento. Por otra parte, las demandantes no cuestionan este enfoque.
123
En el punto 4.3 de los anexos I y II del Reglamento Delegado, titulado «Generación de electricidad a partir de energía eólica», la Comisión proporcionó la siguiente «descripción de la actividad»: «construcción o explotación de instalaciones de generación de electricidad a partir de energía eólica».
124
Por tanto, resulta evidente que la actividad económica de que se trata se define de modo que, por una parte, solo tiene por objeto la generación de electricidad y, por otra, la única fuente de energía pertinente es la energía eólica. En cambio, esta actividad económica no tiene por objeto ni la puesta a disposición de electricidad para clientes finales ni la generación de electricidad a partir de otras fuentes de energía.
125
A continuación, la Comisión señaló que la generación de electricidad a partir de energía eólica es «intermitente», en el sentido de que no se refiere a una potencia eléctrica continua, sino a una potencia variable en función de las condiciones meteorológicas.
126
No obstante, la Comisión estimó que «no [era] posible tener en cuenta la intermitencia», dado que, en esencia, la «compensación» de la «infrageneración» de electricidad de una instalación de generación de electricidad a partir de energía eólica mediante otras fuentes de energía no forma parte de esa primera actividad y que esas «otras actividades» así «relacionadas» no se evaluarían en ese contexto.
127
Esta postura no adolece de errores manifiestos de apreciación.
128
Por una parte, a la luz de los anteriores apartados 117 a 122, la Comisión alega fundadamente que, según el Reglamento 2020/852, en principio, una actividad económica debe evaluarse individualmente.
129
Por otra parte, la Comisión también alega fundadamente que sería muy difícil cuantificar la intermitencia de la generación de electricidad a partir de energía eólica y determinar su incidencia.
130
En primer lugar, si bien es cierto, como alegan sustancialmente las demandantes, que existen datos históricos que demuestran cierta fluctuación de la generación total de electricidad a partir de energía eólica en ciertas zonas geográficas, no lo es menos que, en la medida en que tales datos estadísticos se refieren a zonas geográficas más bien amplias, no permiten deducir con certeza la generación futura real de una instalación precisa de generación de electricidad a partir de energía eólica.
131
En segundo lugar, la Comisión alega fundadamente que la incidencia de la intermitencia de la generación de electricidad a partir de energía eólica depende, ante todo, de las tecnologías que intervengan para compensar una generación eventualmente baja de energía eólica. Pues bien, no es posible predecir las tecnologías exactas que intervendrán para compensar la escasa producción de energía eólica mediante una instalación concreta.
132
En tercer lugar, según la Comisión, se trata, en cualquier caso, de factores que no están en manos de quienes ejercen la actividad de generación de electricidad a partir de energía eólica. Pues bien, tales factores externos, difíciles de determinar, no pueden ser tenidos en cuenta por los titulares de las instalaciones de generación de electricidad a partir de energía eólica sin causarles dificultades particulares. Como alega fundadamente la Comisión, ello sería contrario al artículo 19, apartado 1, letra k), del Reglamento 2020/852, del que se desprende que los criterios técnicos de selección deberán «ser fáciles de utilizar y fijarse de tal modo que se facilite la comprobación de su cumplimiento».
133
De ello se sigue que la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación al no tener en cuenta la intermitencia de la generación de electricidad a partir de energía eólica.
134
Por consiguiente, procede concluir que la consideración de la Comisión según la cual la generación de electricidad a partir de energía eólica siempre respeta el umbral de 100 g de CO2 por kWh no queda desvirtuada por las alegaciones de las demandantes (véanse los anteriores apartados 114 y 115).
135
En consecuencia, procede desestimar la alegación de las demandantes de que la Comisión no aplicó un umbral cuantitativo, al igual que la presente parte del segundo motivo, en apoyo de la cual se formuló dicha alegación.
Tercera parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 19, apartado 1, letras a) y j), del Reglamento 2020/852
136
Según las demandantes, la Decisión impugnada no cumple el artículo 19, apartado 1, letra a), del Reglamento 2020/852 ni el principio de neutralidad tecnológica que contiene, en relación con el artículo 19, apartado 1, letra j), del mismo Reglamento, que obliga a la Comisión a garantizar que las actividades se traten por igual cuando contribuyan equitativamente a los objetivos medioambientales. A su parecer, el enfoque adoptado por la Comisión es contrario a la neutralidad tecnológica en la medida en que no tiene en cuenta la intermitencia. Esta intermitencia es, según ellas, una característica que determina el nivel de emisiones de CO2 por kWh de electricidad en el sistema eléctrico de que se trata en su totalidad. Así pues, consideran que deberían tenerse en cuenta las emisiones de CO2 por kWh generadas a partir de fuentes de electricidad alternativas para compensar la intermitencia de la generación de electricidad a partir de energía eólica.
137
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
138
Es preciso señalar, como hace la Comisión, que la solicitud de revisión interna no contiene nada que pueda interpretarse como una alegación en el sentido de que se ha vulnerado el «principio de neutralidad tecnológica» supuestamente establecido en el artículo 19, apartado 1, letra a), del Reglamento 2020/852 o de que no se han tratado por igual actividades que contribuyen equitativamente a los objetivos medioambientales, en el sentido del artículo 19, apartado 1, letra j), del mismo Reglamento.
139
Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de las alegaciones formuladas en apoyo de la presente parte del segundo motivo por ser nuevas, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 28.
140
Por consiguiente, procede desestimar la presente parte del segundo motivo.
Cuarta parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 19, apartado 3, del Reglamento 2020/852
141
Las demandantes sostienen que, al declarar en la Decisión impugnada que no era posible tener en cuenta la intermitencia de la generación de electricidad a partir de energía eólica, la Comisión infringió el artículo 19, apartado 3, del Reglamento 2020/852, que establece que los criterios técnicos de selección deben garantizar que las actividades de generación de electricidad que emplean combustibles fósiles sólidos no se consideren actividades económicas medioambientalmente sostenibles. Según afirman, la intermitencia es una característica inevitable de la generación de electricidad a partir de energía eólica, mientras que el consumo de electricidad exige un suministro constante y a la demanda. Estiman que, en estas circunstancias, esta disposición obliga a la Comisión a evaluar si, y en qué medida, la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles sólidos no se considera de facto sostenible desde el punto de vista medioambiental. A su parecer, la Comisión debería haber establecido un criterio técnico de selección específico para asegurarse de que la intermitencia de la generación de electricidad a partir de energía eólica no implica la utilización sistémica de combustibles fósiles sólidos por parte de las fuentes de generación de electricidad a las que la red eléctrica recurre para paliar la intermitencia.
142
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
143
Como alega la Comisión, procede señalar que la solicitud de revisión interna guarda silencio sobre una supuesta infracción del artículo 19, apartado 3, del Reglamento 2020/852 y que las demandantes no alegaron, en dicha solicitud, que los criterios técnicos de selección no excluían que actividades de generación de electricidad que utilizan combustibles fósiles sólidos fueran consideradas actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental.
144
Además, en contra de lo que alegan las demandantes, tal alegación, basada expresamente en el artículo 19, apartado 3, del Reglamento 2020/852, tampoco puede considerarse una mera ampliación de las alegaciones mediante las que las demandantes, por una parte, rebaten la afirmación de la Comisión de que no es posible tener en cuenta la intermitencia de la generación de electricidad a partir de energía eólica y, por otra parte, se refieren al lugar que ocupa dicha actividad en la generación global de electricidad. En efecto, mediante estas alegaciones, las demandantes invocan, en primer lugar, la infracción del artículo 10, apartado 3, letra a), de dicho Reglamento, la cual se ha examinado en el marco de la segunda parte del segundo motivo, mientras que la presente parte se basa en la infracción del artículo 19, apartado 3, de dicho Reglamento. Dado que las respectivas bases jurídicas invocadas por las demandantes son diferentes, no puede sostenerse que la presente parte del segundo motivo presente un vínculo suficientemente estrecho con la segunda parte de dicho motivo para poder considerarse que resulta del desarrollo normal del debate en el seno de un procedimiento contencioso, en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 29.
145
Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de las alegaciones formuladas en apoyo de la presente parte del segundo motivo, así como de dicha parte, por ser nuevas, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 28.
146
Por lo tanto, procede desestimar el segundo motivo en su totalidad.
Tercer motivo, relativo a la adaptación al cambio climático
147
Las demandantes alegan, en esencia, que la Comisión no respondió, en la Decisión impugnada, a algunas alegaciones formuladas en la solicitud de revisión interna en relación con los criterios técnicos de selección para evaluar la contribución sustancial a la adaptación al cambio climático, infringiendo así el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006. En primer lugar, aducen que la Comisión no examinó, y menos aún rebatió, la afirmación, que figura en dicha solicitud, de que los criterios técnicos de selección establecidos en el Reglamento Delegado eran contrarios al artículo 11, apartados 1 y 3, del Reglamento 2020/852. En segundo lugar, afirman que tampoco respondió a las alegaciones, formuladas en dicha solicitud, según las cuales los criterios técnicos de selección no eran suficientemente precisos, ya que no se habían definido conceptos como los de «soluciones físicas y no físicas que reducen sustancialmente los riesgos climáticos físicos más importantes que son materiales respecto a esa actividad». En tercer lugar, sostienen que no respondió a la alegación relativa a la falta de un método de comprobación de la contribución sustancial y de la determinación de lo que constituyen «indicadores predefinidos». En cuarto lugar, alegan que no abordó la cuestión de si debía tenerse en cuenta el hecho de que la energía eólica depende de las condiciones meteorológicas. En quinto lugar, afirman que no se pronunció sobre la cuestión de si era necesario definir la actividad desde el punto de vista del consumo de energía.
148
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
149
Como también reconocieron las demandantes en la vista oral, de la redacción del tercer motivo se desprende que estas se limitan a alegar que la Comisión no respondió, en la Decisión impugnada, a algunas alegaciones contenidas en la solicitud de revisión interna.
150
El artículo 10, apartados 2, del Reglamento n.o 1367/2006 establece que «la institución […] de la Unión […] deberá examinar la solicitud [de revisión interna]. […] La institución […] expondrá sus motivos en una respuesta escrita».
151
Procede interpretar esta obligación de motivar la respuesta a una solicitud de revisión interna con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006 del mismo modo que la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y en el artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales.
152
En efecto, debe recordarse, por un lado, que el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, dispone que los actos jurídicos de las instituciones de la Unión deberán estar motivados y, por otro, que el derecho a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales, establece la obligación de las instituciones, órganos y organismos de la Unión de motivar sus decisiones.
153
La motivación de una decisión de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión reviste una importancia muy especial, por cuanto permite al interesado decidir con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de interponer un recurso contra esa decisión y al órgano jurisdiccional competente ejercer su control. Constituye, en consecuencia, uno de los presupuestos necesarios para la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 103 y jurisprudencia citada).
154
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido igualmente que esa motivación debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y al contexto en el cual este se adoptó. A ese respecto, no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que el carácter suficiente de la motivación debe apreciarse en relación no solo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate, y en particular con el interés que los destinatarios puedan tener en recibir explicaciones. Por consiguiente, un acto lesivo está suficientemente motivado cuando tiene lugar en un contexto conocido por el interesado, permitiéndole comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (véase la sentencia de 15 de julio de 2021, Comisión/Landesbank Baden-Württemberg y JUR, C‑584/20 P y C‑621/20 P, EU:C:2021:601, apartado 104 y jurisprudencia citada).
155
Así, se ha declarado que una motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que se adoptaron las medidas controvertidas y al Tribunal General disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (véase la sentencia de 13 de julio de 2011, General Technic-Otis y otros/Comisión, T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 y T‑146/07, EU:T:2011:363, apartado 302 y jurisprudencia citada).
156
De ello resulta que las demandantes yerran al considerar, en esencia, que la Comisión estaba obligada a responder por separado a cada punto concreto planteado en la solicitud de revisión interna. En la medida en que de la Decisión impugnada se desprenda implícitamente que la Comisión ha desestimado un punto planteado por las demandantes en dicha solicitud, no puede considerarse que la Comisión haya infringido el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006 por no haber respondido por separado a ese punto.
157
En primer lugar, las demandantes alegan que, en la Decisión impugnada, la Comisión guardó silencio sobre la supuesta contradicción entre los criterios técnicos de selección y los requisitos establecidos en el artículo 11, apartados 1 y 3, del Reglamento 2020/852.
158
A este respecto, las demandantes se remiten a los siguientes pasajes de la solicitud de revisión interna:
«En primer lugar, los cuatro puntos presentados como criterios técnicos de selección no abordan ninguno de los dos requisitos establecidos en el artículo 11, apartado 1, del Reglamento 2020/852 en lo que respecta a la determinación de una contribución sustancial a la adaptación al cambio climático:
[…]
Tal como se formulan actualmente, los cuatro puntos no permiten determinar en qué medida la generación de electricidad a partir de energía eólica puede contribuir a la adaptación al cambio climático. Por lo tanto, no es posible apreciar si tal contribución puede considerarse sustancial.»
159
A la luz de los pasajes en cuestión, a los que se remiten expresamente las demandantes, resulta manifiesto que esta alegación formulada en la demanda debe entenderse en el sentido de que con ella se aduce que la Comisión no se pronunció sobre la crítica formulada en la solicitud de revisión interna según la cual, en esencia, los criterios técnicos de selección no son cuantitativos y, por ello, no permiten apreciar la magnitud de la contribución a la adaptación al cambio climático ni si dicha contribución es sustancial.
160
Bajo el título «Generación de electricidad a partir de energía eólica en lo que concierne a la adaptación al cambio climático», que figura en el anexo IV de la Decisión impugnada, la Comisión explicó lo siguiente:
«El enfoque de la Comisión en lo que concierne a la adaptación al cambio climático previsto en el apéndice A del anexo I y en el anexo II del Reglamento Delegado se explica en los anteriores [puntos] 1.2 y 2.3 del anexo III, en respuesta a las alegaciones de otro solicitante [de revisión interna] formuladas en los apartados 106 y 107, 161 a 177 y 381 a 389 de la solicitud de este último. La Comisión explica en dichos puntos que su enfoque en relación con la adaptación al cambio climático es conforme con los artículos 11, apartado 1, 17, apartado 1, letra b), y 19, apartado 1, del [Reglamento 2020/852]. Por las razones expuestas en estas partes de la respuesta de la Comisión, las alegaciones de las demandantes son infundadas.»
161
En el punto 1.2 del anexo III de la Decisión impugnada, titulado «Criterios relativos a la adaptación al cambio climático», la Comisión indicó, en particular, lo siguiente:
«El enfoque de la Comisión se explica en las páginas 30 [y] 31 de la evaluación de impacto sobre el cambio climático adjunta al acto delegado, que indica:
[…]
Para la contribución sustancial a la adaptación al cambio climático, se establecen criterios técnicos de selección uniformes y en su mayor parte cualitativos y basados en procesos para la mayoría de las actividades adaptadas, así como criterios específicos y a medida para un número limitado de actividades facilitadoras. La naturaleza principalmente cualitativa de los criterios resulta de la falta de mediciones tendenciales o de parámetros aceptados para definir criterios de selección cuantitativos para la adaptación en este momento, y de la falta relativa de objetivos de adaptación cuantitativos definidos a nivel nacional, sectorial o infranacional. La definición de criterios uniformes y cualitativos para las actividades adaptadas, coherentes en todos los sectores de la economía, también ha sido apoyada por los comentarios sobre la adaptación recibidos de las partes interesadas en el proceso de consulta de 2019 del [GET] […].
De este extracto resulta que:
[…]
La naturaleza principalmente cualitativa de los criterios resulta de la falta de mediciones tendenciales o de parámetros aceptados para definir criterios de selección cuantitativos para la adaptación en este momento, y de la falta relativa de objetivos de adaptación cuantitativos definidos a nivel nacional, sectorial o infranacional.
Este enfoque es conforme con la habilitación del artículo 11, apartado 3, del Reglamento [2020/852] y con los requisitos establecidos en el artículo 19, apartado 1, [de dicho Reglamento], en particular el requisito contemplado en [su] artículo 19, apartado 1, letra c), que establece que los criterios técnicos de selección deberán “ser cuantitativos y contener umbrales en la medida de lo posible o, si no, ser cualitativos”.
Por consiguiente, la Comisión no ha abusado de sus poderes delegados al decidir:
[…]
Establecer normas uniformes de carácter cualitativo para las actividades adaptadas.»
162
Así pues, es preciso señalar que, en la Decisión impugnada, la Comisión sí explicó por qué había fijado criterios técnicos de selección de carácter cualitativo en lugar de cuantitativo. También explicó que consideraba que este enfoque era conforme con el Reglamento 2020/852, en particular debido al artículo 19, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, según el cual los criterios técnicos de selección deberán «ser cuantitativos y contener umbrales en la medida de lo posible o, si no, ser cualitativos». En su opinión, no existían criterios cuantitativos aceptados.
163
De ello resulta que la Comisión sí respondió a esta alegación formulada por las demandantes en la solicitud de revisión interna.
164
En segundo lugar, las demandantes aducen que la Comisión no respondió, en la Decisión impugnada, a la alegación según la cual, aun cuando los criterios técnicos de selección se considerasen compatibles con el artículo 11 del Reglamento 2020/852, no permitirían llevar a cabo un examen técnico suficientemente preciso de la actividad, ya que no se definían conceptos como el de «soluciones físicas y no físicas que reducen sustancialmente los riesgos climáticos físicos más importantes que son materiales respecto a esa actividad».
165
Las demandantes subrayan que formularon la alegación de que se trata en el siguiente pasaje de la solicitud de revisión interna:
«En segundo lugar, aun cuando debiera considerarse que los criterios establecidos en el punto 4.3 del anexo II del Reglamento Delegado cumplen los requisitos del artículo 11, apartado 1, antes citado, los cuatro puntos no permiten llevar a cabo un examen técnico suficientemente preciso de la actividad.
Por lo que respecta al primer punto (“soluciones de adaptación”), no se define el concepto de “soluciones físicas y no físicas” y la condición de que estas soluciones “[reduzcan] sustancialmente los riesgos climáticos físicos más importantes que son materiales respecto a esa actividad” es vaga y no permite medir objetivamente el rendimiento de dicha actividad.
Asimismo, los puntos segundo (“riesgos climáticos físicos”) y tercero (“mejores prácticas y orientaciones disponibles”) crean una presunción de contribución sustancial de la actividad a la adaptación al cambio climático sin ningún razonamiento que la respalde.»
166
Procede señalar, de entrada, que el tercer apartado de la cita que figura en el anterior apartado 165 no se refiere a la supuesta falta de definición de conceptos utilizados en el Reglamento Delegado y que, por lo tanto, no es pertinente en el presente asunto.
167
Por otra parte, aunque, en la demanda, las demandantes criticaron una falta más generalizada de definición de los conceptos utilizados en los criterios técnicos de selección, es preciso subrayar que, en la solicitud de revisión interna, únicamente abordaron efectivamente la falta de definición de algunos conceptos, a saber, el de «soluciones físicas y no físicas que reducen sustancialmente los riesgos climáticos físicos más importantes que son materiales respecto a esa actividad», citado también a título de ejemplo («conceptos tales como») en la demanda. Por consiguiente, sus alegaciones solo son admisibles en la medida en que invocan la falta de respuesta a la alegación basada en la inexistencia de una definición de dichos conceptos.
168
A este respecto, la explicación mencionada en el anterior apartado 160 no permite identificar elementos que puedan interpretarse como una respuesta directa de la Comisión a la alegación de que se trata.
169
No obstante, por las razones expuestas en los anteriores apartados 155 y 156, no puede considerarse que la Comisión haya infringido el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006 al no haber respondido por separado a la alegación de que se trata si de la Decisión impugnada se desprende implícitamente que la desestimó.
170
A este respecto, la Comisión alega que «de la Decisión impugnada se desprende claramente que los criterios técnicos de selección relativos a la adaptación al cambio climático establecidos en el acto delegado en lo que respecta a [la generación de electricidad a partir de energía eólica] son conformes con el artículo 11 del Reglamento [2020/852] y que, por tanto, no era necesario responder a cada una de las alegaciones formuladas por las demandantes». Así, alega, en esencia, que dicha Decisión contiene una afirmación general según la cual los criterios técnicos de selección, en lo que respecta a la adaptación al cambio climático, se ajustan a todos los requisitos de dicho Reglamento, en particular a los derivados de su artículo 11.
171
En particular, la Comisión se remite al punto 1.2 del anexo IV de la Decisión impugnada, que, a su vez, remite a los puntos 1.2 y 2.3 del anexo III de dicha Decisión.
172
Como se ha señalado en el anterior apartado 160, la Comisión explicó, en el punto 1.2 del anexo IV de la Decisión impugnada, que «[su] enfoque relativo a la adaptación al cambio climático se [explicaba] en los [puntos] 1.2 y 2.3 del anexo III [de dicha Decisión], en respuesta a las alegaciones de otro solicitante [de revisión interna]» y que «[en dichos puntos explicó] que su enfoque en relación con la adaptación al cambio climático [era] conforme con [los artículos] 11, apartado 1, 17, apartado 1, letra b), y 19, apartado 1, del [Reglamento 2020/852]». Según dicha institución, «por las razones expuestas en esas partes de [dicha Decisión], las alegaciones de las demandantes [carecían] de fundamento».
173
Además, en el punto 2.3 del anexo III de la Decisión impugnada, la Comisión concluyó que su enfoque sobre los criterios técnicos de selección que permiten determinar si una actividad económica no causa un perjuicio significativo al objetivo medioambiental de la adaptación al cambio climático «[era] conforme con los artículos 10, apartado 3, 19, apartado 1, y 17, apartado 1, letra b), del [Reglamento 2020/852], interpretados a la luz del artículo 11, apartado 1, letra a), [de dicho Reglamento]».
174
Así pues, de la lectura conjunta del punto 1.2 del anexo IV de la Decisión impugnada y de los puntos 1.2 y 2.3 del anexo III de dicha Decisión se desprende que la Comisión consideraba que los criterios técnicos de selección relativos a la adaptación al cambio climático establecidos en el Reglamento Delegado, en particular por lo que respecta a la generación de electricidad a partir de energía eólica de que se trata en el presente asunto, eran conformes con todos los requisitos del Reglamento 2020/852, en particular con los derivados del artículo 11 de dicho Reglamento.
175
En estas circunstancias, procede concluir que, mediante tal afirmación general de conformidad, la Comisión desestimó implícitamente la alegación de que se trata.
176
Por consiguiente, por las razones expuestas en los anteriores apartados 155 y 156, no puede declararse que, con respecto a la alegación de que se trata, la Comisión haya incumplido su obligación de motivación en virtud del artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006.
177
En tercer lugar, según las demandantes, la Comisión no respondió, en la Decisión impugnada, a la alegación relativa a la falta de un método de comprobación de la contribución sustancial y de la determinación de lo que constituyen «indicadores predefinidos».
178
La alegación en cuestión figura supuestamente en el siguiente apartado de la solicitud de revisión interna:
«En tercer lugar, el cuarto punto (“requisitos adicionales que deben cumplir las soluciones aplicadas”) tampoco permite una comprobación. En particular, no se explica el concepto de indicadores predefinidos en el [punto 4,] letra d)[, del cuadro titulado “Contribución sustancial a la adaptación al cambio climático”].»
179
Si bien, en la Decisión impugnada, la Comisión no respondió de manera directa a la alegación en cuestión, afirmó de manera general que los criterios técnicos de selección relativos a la adaptación al cambio climático establecidos en el Reglamento Delegado, en particular en lo que respecta a la generación de electricidad a partir de energía eólica de que se trata en el presente asunto, eran conformes con todos los requisitos del Reglamento 2020/852, en particular con los que se derivan del artículo 11 de dicho Reglamento (véanse los anteriores apartados 172 y 174). En consecuencia, desestimó implícitamente esta alegación (véase, por analogía, el anterior apartado 175).
180
Por consiguiente, por las razones expuestas en los anteriores apartados 155 y 156, no puede declararse que, con respecto a la alegación de que se trata, la Comisión haya incumplido su obligación de motivación en virtud del artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006.
181
En cuarto lugar, las demandantes consideran que la Decisión impugnada guarda silencio sobre las cuestiones de si, por una parte, los criterios técnicos de selección de una contribución sustancial a la adaptación al cambio climático pueden no tener en cuenta que la actividad depende de las condiciones meteorológicas y de si, por otra parte, la actividad debe estar vinculada al consumo de energía en lugar de a la generación de energía.
182
A este respecto, las demandantes se remiten a los dos siguientes pasajes de la solicitud de revisión interna:
«En cuarto término, el hecho de que la generación de electricidad a partir de energía eólica sea una actividad sujeta a la disponibilidad de un viento adecuado y de que, por tanto, no esté disponible fácilmente, siendo así que la electricidad no es objeto de un almacenamiento a gran escala viable, no se analiza ni como una limitación práctica ni en términos del impacto que ello pueda tener en el ciclo de generación de electricidad, a saber, las consecuencias, incluso en términos de necesidad de otra fuente permanente de generación de electricidad para completar la generación de electricidad a partir de energía eólica.
Como ya se ha indicado en relación con el objetivo de mitigación del cambio climático, la supuesta contribución sustancial de la generación de electricidad a partir de energía eólica al objetivo de adaptación al cambio climático debería evaluarse desde el punto de vista del consumo final de electricidad y no exclusivamente desde el punto de vista de la generación de electricidad a partir de energía eólica.»
183
Como se desprende de las consideraciones relativas al segundo motivo y, en particular, del anterior apartado 116, la Comisión explicó, en la Decisión impugnada, por qué no había tenido en cuenta la intermitencia y que había definido la actividad económica en cuestión como la generación de electricidad a partir de energía eólica.
184
De ello se sigue que aunque estas consideraciones no figuran en las partes de la Decisión impugnada dedicadas específicamente a las alegaciones de las demandantes relativas a los criterios técnicos de selección para evaluar la contribución sustancial a la adaptación al cambio climático, la Comisión sí se pronunció a este respecto.
185
En consecuencia, procede desestimar el tercer motivo.
Cuarto motivo, relativo al principio de no causar un perjuicio significativo a otros objetivos medioambientales
186
Las demandantes cuestionan la legalidad de la Decisión impugnada en lo que respecta a las respuestas dadas por la Comisión a la solicitud de revisión interna en relación con el principio según el cual la actividad en cuestión no debe causar un perjuicio significativo a los demás objetivos medioambientales. En apoyo del presente motivo, invocan cuatro partes relativas, cada una, a uno de los otros cuatro objetivos medioambientales, a saber, en primer lugar, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, en segundo lugar, la transición hacia una economía circular, en tercer lugar, la prevención y el control de la contaminación y, en cuarto lugar, la protección y la recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas.
187
Con carácter preliminar, procede señalar lo siguiente: los criterios técnicos de selección establecidos para determinar si una actividad económica sujeta a dichos criterios —establecidos con arreglo al artículo 10, apartado 3, letra a), del Reglamento 2020/852 (contribución sustancial a la mitigación del cambio climático) y al artículo 11, apartado 3, letra a), de dicho Reglamento (contribución sustancial a la adaptación al cambio climático)— causa un perjuicio significativo a uno o varios de los objetivos medioambientales pertinentes se han fijado en términos esencialmente idénticos en el punto 4.3 del anexo I del Reglamento Delegado, con arreglo al artículo 10, apartado 3, letra b), de dicho Reglamento, en lo que concierne a las actividades de generación de electricidad a partir de energía eólica que contribuyen de manera sustancial a la mitigación del cambio climático, y en el punto 4.3 del anexo II de dicho Reglamento Delegado, con arreglo al artículo 11, apartado 3, letra b), de este, en lo que concierne a las actividades de ese tipo que contribuyen de manera sustancial a la adaptación al cambio climático. La única diferencia reside en el hecho de que, además de los otros cuatro objetivos medioambientales, el relativo a la adaptación al cambio climático figura en el anexo I de dicho Reglamento Delegado, mientras que el relativo a la mitigación del cambio climático se menciona en el anexo II del mismo Reglamento.
188
Sin embargo, desde que presentaron la solicitud de revisión interna, las demandantes solo han criticado los criterios técnicos de selección en lo que concierne a los otros cuatro objetivos medioambientales. Los criterios técnicos de selección relativos a esos objetivos medioambientales se establecen de manera idéntica en el punto 4.3 de los anexos I y II del Reglamento Delegado, en las líneas 3 a 6 del cuadro titulado «No causar un perjuicio significativo».
189
Por ello, las demandantes no distinguen entre los dos anexos del Reglamento Delegado, a pesar de que los criterios técnicos de selección se establecieron sobre la base de dos disposiciones distintas [el artículo 10, apartado 3, letra b), y el artículo 11, apartado 3, letra b), del Reglamento 2020/852].
Primera parte del cuarto motivo, relativa al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y marinos
190
Las demandantes sostienen, en esencia, que, en la Decisión impugnada, la Comisión no respondió a las alegaciones contenidas en la solicitud de revisión interna, relativas a los criterios técnicos de selección en lo que concierne al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y marinos, infringiendo así el artículo 10, apartado 2, del Reglamento 2020/852. Según afirman, la Comisión no examinó específicamente el efecto excluyente que la generación de electricidad a partir de energía eólica tendría de facto en el espacio marítimo. Consideran que esta cuestión, planteada en dicha solicitud, ha suscitado serias dudas sobre los criterios técnicos de selección y, por ello, es admisible. A su parecer, la afirmación, contenida en la Decisión impugnada, de que la generación de electricidad a partir de energía eólica no implica necesariamente una utilización exclusiva del espacio marítimo no se sustenta en ninguna prueba y no responde a las conclusiones de una resolución del Parlamento Europeo citada en dicha solicitud. Consideran que la referencia a la legislación de la Unión existente, hecha en los criterios técnicos de selección, no se refiere a las consecuencias del efecto de exclusión de la actividad ni a sus implicaciones para el medio ambiente.
191
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
192
Procede observar que, en la solicitud de revisión interna, las demandantes comenzaron citando el criterio técnico de selección relativo al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y marinos y alegaron lo siguiente:
«Los criterios anteriores no incluyen el impacto de la generación de electricidad en el mar a partir de energía eólica como uso exclusivo del espacio marítimo [nota a pie de página: “Como señaló la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre el impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable […], apartado 30.”], los conocimientos científicos insuficientes en materia de impacto ambiental [nota a pie de página: “Idem, apartados 4, 14 y 38”] ni la cuestión de si tal exclusividad de la citada actividad constituye un uso sostenible del espacio y de los recursos marítimos.»
193
En el punto 1.3 del anexo IV de la Decisión impugnada, la Comisión consideró, para empezar, que la alegación controvertida era inadmisible, dado que no estaba respaldada por pruebas. A continuación, consideró lo siguiente:
«No obstante, la Comisión señala que la generación de electricidad en el mar no implica necesariamente un uso exclusivo del espacio marítimo, ya que un uso múltiple del espacio es posible y puede contribuir a un uso más eficiente del espacio marítimo (como un uso múltiple entre la acuicultura, la pesca, la restauración de la naturaleza, el turismo y las energías renovables marinas). La sostenibilidad medioambiental de la generación de electricidad en el mar a partir de la energía eólica se garantiza mediante los criterios “no causar un perjuicio significativo”, que se basan en la legislación europea vigente, en particular en las evaluaciones de impacto ambiental exigidas por la Directiva [2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO 2001, L 197, p. 30)], la Directiva [2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO 2012, L 26, p. 1)], la [Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina) (DO 2008, L 164, p. 19)], la Directiva [2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 2010, L 20, p. 7)], y la Directiva [92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7)].»
194
Para empezar, aunque algunos pasajes de la demanda relativos a la presente parte del cuarto motivo puedan dar la impresión de que las demandantes cuestionan el criterio técnico de selección en cuanto al fondo, en el apartado 140 de la demanda afirman, como «consecuencia» de sus argumentos, que debe considerarse que la respuesta de la Comisión, tal como figura en la Decisión impugnada, «no aborda este punto de la solicitud [de revisión interna], lo que supone una infracción del artículo 10, apartado 2, del Reglamento [n.o 1367/2006]».
195
De ello se deduce, por tanto, que, mediante la presente parte del cuarto motivo, las demandantes solo critican la supuesta falta de respuesta a la alegación controvertida.
196
Pues bien, es preciso señalar que la Comisión sí respondió a la alegación de que se trata en el punto 1.3 del anexo IV de la Decisión impugnada. En dicho punto, aborda explícitamente el supuesto uso exclusivo del espacio marítimo, el impacto en la pesca, el análisis de impacto ecológico y la sostenibilidad medioambiental de la actividad.
197
En cuanto al fondo, la solicitud de revisión interna se limita a remitirse a una Resolución del Parlamento, de 7 de julio de 2021, «sobre el impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable» [documento P9_TA(2021)0338] para alegar, por una parte, que la generación de electricidad a partir de energía eólica en el mar hace un uso exclusivo del espacio marítimo y, por otra parte, que no existían datos científicos suficientes sobre las repercusiones medioambientales.
198
Pues bien, el apartado 30 de la Resolución del Parlamento, de 7 de julio de 2021, «sobre el impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable» no menciona tal exclusividad:
«[El Parlamento] expresa su preocupación por que, aparte de las prohibiciones y restricciones de las actividades pesqueras, los pescadores tiendan a evitar la pesca en las zonas con parques eólicos marinos incluso si el acceso está permitido, debido al riesgo de daños accidentales, enganches y pérdida de artes de pesca, y por que, en consecuencia, el temor a una posible exposición a exigencias de responsabilidades sea una fuente de preocupación que obstaculice la coexistencia».
199
Haciendo abstracción de la afirmación según la cual el apartado 30 de la Resolución del Parlamento, de 7 de julio de 2021, «sobre el impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable» habla supuestamente de la utilización exclusiva del espacio marítimo por instalaciones de generación de electricidad a partir de energía eólica marinas en relación con la pesca, es preciso señalar que este punto guarda silencio sobre todos los demás sectores. Por lo tanto, no puede utilizarse como argumento en apoyo de la alegación controvertida, según la cual la generación de electricidad a partir de energía eólica en el mar utiliza el espacio marítimo de manera exclusiva, es decir, excluyendo todas las demás actividades.
200
Lo mismo cabe afirmar en lo que respecta a la remisión a los apartados 4, 14 y 38 de la Resolución del Parlamento, de 7 de julio de 2021, «sobre el impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable», contenida tanto en la solicitud de revisión interna como en la demanda. En el punto 4 de dicha Resolución, el Parlamento «manifiesta su preocupación por la falta de investigaciones sobre el desmantelamiento de los aerogeneradores marinos y sus efectos sobre el medio ambiente». En el punto 14 de dicha Resolución, «pone de relieve la necesidad de investigar los posibles efectos […] sobre la vida marina y la pesca, que podrían limitarse a la fase de explotación, y de examinar cómo puede llevarse a cabo el desmantelamiento de forma que sus beneficios no sean temporales» y «subraya que, cuando se desmantelen los parques eólicos marinos, es necesario dejar los espacios en un estado que permita la actividad pesquera […] y que proteja y respete el medio ambiente». En el punto 38 de la misma Resolución, «subraya que se requieren programas de seguimiento normalizados y una armonización de los datos sobre el esfuerzo pesquero a fin de permitir una evaluación acumulativa del impacto ecológico y socioeconómico, así como medioambiental, de la expansión de las energías renovables marinas, y que es necesario mejorar la compatibilidad y comparabilidad de los datos».
201
Con independencia del hecho de que no puede invocarse una resolución política del Parlamento para «probar» afirmaciones fácticas de carácter científico, los apartados 4, 14 y 38 de la Resolución del Parlamento, de 7 de julio de 2021, «sobre el impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable» no contienen, en cualquier caso, ninguna afirmación clara según la cual no existen datos científicos suficientes sobre las repercusiones medioambientales. Por el contrario, al expresar, en el punto 38 de dicha Resolución, su deseo de que mejore «la compatibilidad y comparabilidad de los datos», el Parlamento admite expresamente la existencia de tales datos «a fin de permitir una evaluación acumulativa del impacto ecológico y socioeconómico, así como medioambiental, de la expansión de las energías renovables marinas», pero afirma que sería necesario realizar un esfuerzo para poder aprovecharlos en mayor medida
202
En estas circunstancias, procede declarar que la solicitud de revisión interna no se sustentaba en absoluto en pruebas que confirmasen las alegaciones formuladas por las demandantes. Así pues, la Comisión no estaba obligada a responder a ella de manera explícita.
203
Por lo tanto, procede desestimar en todo caso la presente parte del cuarto motivo.
Segunda parte del cuarto motivo, relativa a la transición hacia una economía circular
204
Las demandantes sostienen que la respuesta dada por la Comisión en la Decisión impugnada no aborda la cuestión, planteada en la solicitud de revisión interna, relativa al establecimiento de criterios de referencia en lo que concierne a la disponibilidad y facilidad de uso de los equipos y componentes necesarios, a su durabilidad y a su reciclabilidad respectivas, así como a su facilidad de desmontaje y reacondicionamiento. A su juicio, la Comisión carecía de fundamento para considerar que dicha cuestión era inadmisible. Según afirman, no tuvo en cuenta los requisitos del artículo 17, apartado 1, letra d), del Reglamento 2020/852, que indica precisamente en qué condiciones se considera que una actividad causa un perjuicio significativo al objetivo de transición hacia una economía circular. A su entender, al hacer referencia al hecho de que otros instrumentos políticos y textos legislativos estaban en mejores condiciones para responder a estas prioridades, confirma que no aplicó los requisitos de dicha disposición.
205
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
206
En la solicitud de revisión interna, las demandantes comenzaron citando el criterio técnico de selección relativo a la transición hacia una economía circular alegando lo siguiente:
«La revisión interna debe conducir a establecer criterios de referencia claros a) de la disponibilidad y de las posibilidades de utilización de los equipos y componentes necesarios, b) de su durabilidad y reciclabilidad respectivas y c) de su facilidad de desmantelamiento y renovación, de conformidad con los requisitos del artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento 2020/852.»
207
En el punto 1.4 del anexo IV de la Decisión impugnada, la Comisión respondió a la alegación controvertida del siguiente modo:
«Esta alegación no está respaldada por pruebas y, por lo tanto, debe declararse inadmisible. El solicitante no ha demostrado de dónde se deriva esta obligación. En lugar de ello, se limita a hacer una declaración de principio.
Sin embargo, la Comisión observa que el principio de “no causar un perjuicio significativo” aplicado al objetivo de la economía circular se ajusta al [Reglamento 2020/852]. Los conceptos de “disponibilidad”, “posibilidades de utilización”, “durabilidad” y “facilidad de desmontaje” y “reacondicionamiento” son muy complejos, lo que limita la eficacia de los umbrales generales en el marco de la taxonomía europea. Otros instrumentos políticos y textos legislativos están en mejores condiciones para responder a estas prioridades. Por ejemplo, la propuesta de Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles […], recientemente adoptada por la Comisión, debería permitir implementar un proceso eficaz para establecer los requisitos mínimos que deben cumplirse para comercializar tales equipos o componentes. Por consiguiente, esta alegación también carece de fundamento.»
208
Para empezar, las demandantes critican fundadamente la posición adoptada por la Comisión en el primer párrafo citado en el anterior apartado 207, según la cual esta alegación contenida en la solicitud de revisión interna era inadmisible.
209
Por una parte, procede recordar que el criterio técnico de selección controvertido está redactado en los siguientes términos: «En la actividad se evalúa la disponibilidad de equipos y componentes de gran durabilidad y reciclabilidad y que son fáciles de desmontar y reacondicionar, y cuando es factible se utilizan esos equipos y componentes». Lo que las demandantes criticaban en la solicitud de revisión interna era únicamente la falta de índices de referencia claros a este respecto, que, a su parecer, eran necesarios. No era posible fundamentar esta alegación relativa a la falta de tales indicios con elementos fácticos. Por tanto, contrariamente a lo que consideró la Comisión en la primera frase del primer párrafo citado en el anterior apartado 207, el hecho de que esta alegación de la falta de tales indicios no estuviera respaldada por pruebas no la hacía inadmisible.
210
Por otra parte, la Comisión incurrió en error al considerar, en la segunda frase del primer párrafo citado en el anterior apartado 207, que esta alegación era inadmisible debido a que las demandantes no habían indicado, en la solicitud de revisión interna, la disposición de la que podría derivarse una obligación de establecer índices de referencia claros. Las cuestiones de Derecho no forman parte del marco fáctico que las partes deben determinar mediante la presentación de pruebas.
211
En cuanto al fondo, las demandantes alegan que la respuesta dada por la Comisión, en la Decisión impugnada, a la alegación controvertida es contraria al artículo 17, apartado 1, letra d), del Reglamento 2020/852. A tenor de esta disposición, «se considerará que una actividad económica causa un perjuicio significativo […] a la economía circular, especialmente a la prevención y el reciclado de residuos, cuando:
i)
dicha actividad genere importantes ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos naturales, como las fuentes de energía no renovables, las materias primas, el agua o el suelo en una o varias fases del ciclo de vida de los productos, en particular en términos de durabilidad y de posibilidades de reparación, actualización, reutilización o reciclado de los productos,
ii)
la actividad dé lugar a un aumento significativo de la generación, incineración o eliminación de residuos, excepto la incineración de residuos peligrosos no reciclables, o
iii)
la eliminación de residuos a largo plazo pueda causar un perjuicio significativo y a largo plazo para el medio ambiente».
212
Así pues, las demandantes alegan que la obligación de establecer índices de referencia claros se deriva del artículo 17, apartado 1, letra d), del Reglamento 2020/852, lo que constituye una precisión admisible de la declaración controvertida. Por consiguiente, la tesis defendida por la Comisión según la cual se trata de un motivo nuevo y, por tanto, inadmisible debe desestimarse.
213
La alegación de las demandantes consiste, en esencia, en afirmar que la Comisión debería haber establecido umbrales cuantitativos o índices de referencia claros.
214
Pues bien, del artículo 19, apartado 1, letra c), del Reglamento 2020/852 se desprende que los criterios técnicos de selección establecidos en virtud, en particular, de los artículos 10, apartado 3, y 11, apartado 3, de dicho Reglamento deberán «ser cuantitativos y contener umbrales en la medida de lo posible o, si no, ser cualitativos» (véase igualmente el anterior apartado 162). En el caso de autos, la Comisión indicó muy claramente, en la segunda frase del segundo párrafo citado en el anterior apartado 207, que, a su juicio, los conceptos de «disponibilidad», «posibilidades de utilización», «durabilidad» y «facilidad de desmontaje» y de «reacondicionamiento», utilizados en los criterios técnicos de selección, eran muy complejos, lo que limitaba la eficacia de umbrales generales en el marco de la taxonomía europea.
215
Tampoco existen elementos en el tenor del artículo 17, apartado 1, letra d), del Reglamento 2020/852 que indiquen que los criterios a los que se refiere deban ser cuantitativos, en el sentido de que deban establecer umbrales precisos o índices de referencia claros. Como alega fundadamente la Comisión, las demandantes se limitan a afirmar que es así, pero no formulan ninguna alegación más detallada en apoyo de esta tesis.
216
Las alegaciones formuladas por las demandantes no permiten considerar que la Comisión incurriera en un error manifiesto de apreciación a este respecto.
217
En efecto, de las frases tercera y cuarta del segundo párrafo citado en el anterior apartado 207 se desprende que «otros instrumentos políticos y textos legislativos están en mejores condiciones para responder a estas prioridades» y que, «por ejemplo, la propuesta de Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles […], recientemente adoptada por la Comisión, debería permitir implementar un proceso eficaz para establecer los requisitos mínimos que deben cumplirse para comercializar tales equipos o componentes». Las demandantes parecen deducir de ello que la Comisión admite que los criterios técnicos de selección no bastan para evitar un perjuicio significativo a la economía circular, incluida la prevención de residuos y el reciclado.
218
Sin embargo, las demandantes desnaturalizan lo que la Comisión afirmaba en la Decisión impugnada. En primer lugar, esta afirmó que los conceptos de «disponibilidad», «posibilidades de utilización», «durabilidad» y «facilidad de desmontaje» y de «reacondicionamiento», utilizados en los criterios técnicos de selección, eran muy complejos, lo que limitaba la eficacia de los umbrales generales en el marco de la taxonomía europea (véase el anterior apartado 214). Así pues, es evidente que considera, ante todo, que, en el marco específico de la taxonomía, los datos eran demasiado complejos para permitir fijar umbrales generales. Solo en segundo lugar explicó la Comisión, en esencia, que instrumentos jurídicos más específicos, es decir, dedicados a los aspectos de la economía circular, serían mucho más adecuados para establecer un marco más detallado y, potencialmente, umbrales cuantitativos. En consecuencia, procede declarar que, en dicha Decisión, la Comisión simplemente no dice lo que las demandantes leen en ella.
219
De ello resulta que las alegaciones de las demandantes no desvirtúan la apreciación en cuanto al fondo realizada por la Comisión en lo que concierne a la alegación de que se trata en la Decisión impugnada, por lo que procede desestimar la presente parte del cuarto motivo.
Tercera parte del cuarto motivo, relativa a la prevención y al control de la contaminación
220
Por lo que respecta al principio de no causar un perjuicio significativo al objetivo medioambiental de la prevención y del control de la contaminación, las demandantes rebaten la afirmación, que figura en la Decisión impugnada, de que las alegaciones que habían formulado en la solicitud de revisión interna eran inadmisibles. Según afirman, no puede desestimarse por infundada la impugnación basada en la falta de criterios técnicos de selección. Sostienen que la interpretación de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DO 2002, L 189, p. 12), propuesta por la Comisión en dicha Decisión, contradice el espíritu y la letra de esa Directiva y es contraria al objetivo y al efecto útil del Reglamento n.o 1367/2006. A su juicio, la Comisión debería haber indicado si iba a abordar o no la cuestión de si procedía completar dicha Directiva mediante esas disposiciones específicas para la generación de electricidad a partir de energía eólica. En consecuencia, consideran que la Comisión infringió el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006.
221
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
222
En la solicitud de revisión interna, las demandantes alegaron, en relación con el criterio técnico de selección relativo a la prevención y al control de la contaminación, lo siguiente:
«Como se ha indicado anteriormente, el Reglamento Delegado establece que el objetivo medioambiental de prevención y control de la contaminación no es aplicable (“no procede” […]) a la generación de electricidad a partir de energía eólica.
La revisión interna debe evaluar, en particular, el principio “de no causar un perjuicio significativo” de la actividad en lo que concierne a la contaminación acústica y, en particular, en relación con las disposiciones y el efecto útil de la Directiva 2002/49 sobre contaminación acústica.
Las asociaciones se refieren asimismo a la decisión de la Comisión [de Peticiones] del Parlamento Europeo, de 10 de enero de 2022, relativa a la petición 0482/2021 sobre el ruido de los aerogeneradores, de examinar con mayor detalle no solo la naturaleza del ruido de los aerogeneradores, sino también la mejor manera de abordarla mediante la adopción de normas de la Unión.»
223
En el punto 1.5 del anexo IV de la Decisión impugnada, la Comisión respondió a la alegación controvertida del siguiente modo:
«Esta alegación no está respaldada por pruebas y, por lo tanto, debe declararse inadmisible. El solicitante no ha demostrado en qué se basa esta obligación. En lugar de ello, se limita a hacer una declaración de principio.
No obstante, la Comisión observa que esta afirmación pasa por alto aspectos esenciales de los criterios técnicos de selección y de la legislación de la Unión. En el caso de los proyectos de energía eólica, la legislación de la Unión exige a los Estados miembros que evalúen si, habida cuenta de las características específicas de los proyectos, de su ubicación y de su impacto potencial, es necesario llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental de conformidad con la Directiva [2011/92]. Por lo que se refiere a la cuestión del ruido, la legislación de la Unión establece que procede supervisar aquellos casos en los que existen efectos significativos sobre la salud derivados del ruido, como por ejemplo en las zonas industriales cercanas a una aglomeración, y preparar planes de acción (véase [la Directiva 2002/49]). La decisión de incluir o no la gestión del ruido para todas las instalaciones industriales en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión debería tener en cuenta el principio de subsidiariedad de la Unión y la eficacia de toda la legislación europea. Ello rebasa el marco del [Reglamento 2020/852]. Por consiguiente, esta alegación también carece de fundamento.»
224
Las demandantes alegan que esta respuesta a la solicitud de revisión interna dada en la Decisión impugnada es contraria al artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006. Sin embargo, no explican por qué consideran que se ha infringido dicha disposición. En consecuencia, esta alegación debe desestimarse por inadmisible.
225
Por otra parte, es preciso observar que las demandantes no alegan que se haya cometido una infracción del artículo 17, apartado 1, letra e), del Reglamento 2020/852, que [en relación con los artículos 10, apartado 3, letra b), y 11, apartado 3, letra b), del Reglamento 2020/852] es, sin embargo, la base jurídica de los criterios técnicos de selección controvertidos en la presente parte del cuarto motivo.
226
Por lo que respecta a la cuestión de la admisibilidad de las alegaciones de las demandantes formuladas en la solicitud de revisión interna, abordada tanto en la Decisión impugnada como en el escrito de contestación, por las mismas razones que las indicadas en el anterior apartado 210, no puede reprocharse a las demandantes que no se hayan remitido a una disposición precisa de la que se derive una obligación de establecer criterios técnicos de selección precisos para garantizar que la generación de electricidad a partir de energía eólica no cause un perjuicio significativo a la prevención y al control de la contaminación.
227
La Comisión parece aceptar que, en principio, el Reglamento 2020/852 requiere tales criterios. Pues bien, como alegan fundadamente las demandantes, en esta situación, puede sorprender que el Reglamento Delegado no establezca, de hecho, criterios técnicos de selección y se limite a indicar que «no procede». En estas circunstancias, no era necesario ofrecer una mayor motivación en la solicitud de revisión interna de las demandantes, quienes se limitaron a alegar que habría sido necesario indicar criterios precisos en lugar de indicar que «no procede».
228
En cuanto al fondo, las alegaciones de las demandantes solo se refieren al aspecto del ruido y, más concretamente, a la Directiva 2002/49. Según las demandantes, la Comisión ha reconocido que esta Directiva se aplica a la actividad de generación de electricidad a partir de energía eólica. Alegan que la Comisión debería haber indicado claramente si iba (o no) a completar dicha Directiva con disposiciones específicas relativas a esa actividad.
229
Estas alegaciones de las demandantes son inoperantes. En efecto, en la medida en que, mediante ellas, se limitan a afirmar que la Comisión debería haberse pronunciado, en la Decisión impugnada, sobre la cuestión de si procedía modificar la Directiva 2002/49, las demandantes ya no invocan una revisión interna del Reglamento Delegado, sino más bien una revisión interna de dicha Directiva. Pues bien, aun suponiendo que la solicitud de revisión interna pueda interpretarse en el sentido de que también tiene por objeto una revisión interna de dicha Directiva, es preciso señalar que tal solicitud fue extemporánea, ya que no se presentó en el plazo de ocho semanas después de la adopción o de la publicación de la Directiva (o de los actos que la modificaron) establecido en el artículo 10, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.o 1367/2006. En efecto, dicha solicitud se presentó el 3 de enero de 2022 (véase el anterior apartado 4) y la Directiva 2002/49 fue modificada en último lugar por la Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2020 (DO 2021, L 269, p. 65), publicada en el Diario Oficial el 28 de julio de 2021 y, por tanto, mucho más de ocho semanas antes de la presentación de la solicitud de revisión interna. En consecuencia, estas alegaciones no afectan a la legalidad de la Decisión impugnada y, por tanto, son inoperantes.
230
En la medida en que del apartado 142 de la réplica podría deducirse que las demandantes no se refieren, en realidad, a la Directiva 2002/49, sino a la «inexistencia de criterios técnicos de selección en lo que respecta al principio de no causar un perjuicio significativo en lo que concierne al objetivo de prevención y control de la contaminación», se plantea la cuestión de si las demandantes precisaron de manera admisible aquello que alegaban en la demanda o si modificaron sus alegaciones de manera inadmisible en esa fase del procedimiento.
231
Sin embargo, aun cuando hubiera de aceptarse esta precisión, estas alegaciones no podrían prosperar. En efecto, al igual que especifica la Comisión en el escrito de contestación, procede señalar que la Decisión impugnada hace referencia a la Directiva 2011/92. Según la Comisión, en el caso de actividades o proyectos sujetos a una evaluación de impacto ambiental, de conformidad con los requisitos establecidos en los criterios del principio de no causar un perjuicio significativo en lo que concierne al objetivo medioambiental de protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas en virtud del apéndice D del anexo I y del anexo II del Reglamento Delegado, el posible impacto sonoro se evaluaría en el marco de dicha evaluación de impacto ambiental. De ello se deduce, según dicha institución, que los efectos sonoros se abordan en el Reglamento Delegado.
232
Pues bien, es preciso señalar, como hizo la Comisión en la dúplica, que las demandantes guardan silencio, tanto en la demanda como en la réplica, sobre la alegación de la Comisión basada en la Directiva 2011/92. Al no haberse formulado alegaciones que cuestionen o, cuando menos, aborden esta alegación clave de la Comisión, las demandantes incumplieron la obligación que les incumbía de demostrar que la Comisión había incurrido en error manifiesto de apreciación en la Decisión impugnada. Por consiguiente, procede desestimar la presente parte del cuarto motivo.
Cuarta parte del cuarto motivo, relativa a la protección y la recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas
233
Las demandantes reprochan a la Comisión no haber abordado la cuestión de si los criterios técnicos de selección pertinentes establecidos en el punto 4.3 de los anexos I y II del Reglamento Delegado y en el apéndice D de dicho Reglamento se aplicaban únicamente en las zonas «Natura 2000». Además, estiman que la posición adoptada por la Comisión ya no podía mantenerse habida cuenta de la evolución legislativa posterior a la adopción de dicho Reglamento Delegado. Consideran que tenían derecho a invocar esa evolución, que no habrían podido invocar en la solicitud de revisión interna, puesto que en ese momento aún no se había producido. En consecuencia, consideran que la Comisión infringió el artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006.
234
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
235
En la solicitud de revisión interna, las demandantes alegaron, en lo que concierne al criterio técnico de selección relativo a la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas, lo siguiente:
«El Reglamento Delegado considera que el principio de no causar un perjuicio significativo en lo que concierne a la protección y la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas se cumple en condiciones similares a las del objetivo del uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos (punto 4.3 de los anexos I y II del Reglamento [Delegado]).
Esto plantea dos cuestiones que procede examinar en el marco de la revisión interna.
Por una parte, esto significa que la evaluación del principio de no causar un perjuicio significativo en lo que respecta al objetivo de protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas no examina las características de la generación de electricidad en tierra (por oposición a la generación de electricidad en el mar) a partir de la energía eólica en su conjunto, sino que se refiere simplemente a las zonas Natura 2000 […].
[…]
En cambio, los requisitos establecidos en lo que concierne específicamente a la generación de electricidad en el mar a partir de energía eólica no son más que una referencia general a la Directiva 2008/56, a la Decisión 2017/848 y a la Directiva 2011/92.»
236
En el punto 1.6 del anexo IV de la Decisión impugnada, la Comisión respondió a la alegación controvertida del siguiente modo:
«Esta afirmación se deriva de una interpretación errónea del apéndice D de los anexos I y II del Reglamento Delegado. El apéndice D no distingue entre actividades terrestres y actividades marítimas, porque ambas actividades de generación de energía eólica, terrestre y marítima, son objeto de una evaluación de impacto ambiental o una evaluación adecuada (artículo 6, apartado 3, de la Directiva Hábitats). En el caso de los proyectos de energía eólica, la legislación de la Unión exige a los Estados miembros que examinen la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto ambiental de conformidad con la Directiva [2011/92] para cubrir los efectos de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, incluida la biodiversidad y la ocupación neta del suelo. Tal evaluación tiene en cuenta las características específicas de los proyectos, su localización y su impacto potencial. Este requisito se aplica también fuera de las zonas Natura 2000. Por consiguiente, la alegación del solicitante carece de fundamento.»
237
Las demandantes alegan que esta respuesta es contraria al artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006. Sin embargo, no explican por qué consideran que se ha infringido dicha disposición. En consecuencia, esta alegación debe desestimarse por inadmisible.
238
En primer lugar, las demandantes alegan que, en la Decisión impugnada, la Comisión no abordó la alegación controvertida ni, en particular, la cuestión de si los criterios técnicos de selección se refieren únicamente a las zonas Natura 2000.
239
La Comisión afirma que ha detectado una ampliación inadmisible de la alegación en cuestión. Según afirma, en la demanda, las demandantes formularon una «alegación general y global relativa a “los criterios técnicos de selección pertinentes”».
240
Sin embargo, la fórmula «en particular» contenida al principio del apartado 163 de la demanda explica claramente qué aspecto específico invocan las demandantes para afirmar que los criterios técnicos de selección resultan problemáticos. Pues bien, la cuestión de la aplicabilidad fuera de zonas Natura 2000 sí fue abordada por las demandantes en la solicitud de revisión interna. Al interpretar de este modo las alegaciones formuladas por las demandantes en la demanda, no se plantea ningún problema de admisibilidad.
241
En cuanto al fondo, la alegación de que se trata carece manifiestamente de fundamento. En efecto, de la penúltima frase del párrafo citado en el anterior apartado 236 se desprende claramente que, según la Comisión, la cuestión de si un proyecto está situado en una zona Natura 2000 es indiferente. Por lo tanto, la Comisión sí respondió a esta alegación, de modo que la presente parte del cuarto motivo carece de fundamento a este respecto.
242
En segundo lugar, las demandantes se remiten a acontecimientos posteriores a la adopción del Reglamento Delegado.
243
A este respecto, la Comisión considera que del apartado 164 de la demanda se desprende que las demandantes no se refieren a la Decisión impugnada, sino al Reglamento Delegado. Pues bien, la Comisión deforma esa alegación. Es cierto que, en dicho apartado de la demanda, las demandantes parten del supuesto expreso de que «los criterios técnicos de selección garantizaban que la actividad no causara un perjuicio significativo al objetivo medioambiental de protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas en el Reglamento Delegado». Sin embargo, la alegación formulada por las demandantes se basa en que, por el contrario, «tal conclusión ya no podía acogerse desde un punto de vista jurídico en el momento de la adopción de [dicha Decisión], habida cuenta de la posición pública de la Comisión sobre esas mismas cuestiones». Por lo tanto, es evidente que las demandantes se refieren a esta Decisión y que las consideraciones relativas a dicho Reglamento Delegado son meramente hipotéticas. Por consiguiente, también debe desestimarse la alegación de la Comisión según la cual la demanda es inadmisible a este respecto.
244
La Comisión sostiene asimismo que las alegaciones de las demandantes basadas en acontecimientos posteriores a la adopción del Reglamento Delegado son inadmisibles, por no haber sido formuladas en la solicitud de revisión interna y ser, por tanto, nuevas.
245
Por su parte, las demandantes subrayan que estas alegaciones, basadas en una recomendación y en una propuesta de directiva de la Comisión de 18 de mayo de 2022, no habrían podido formularse en la solicitud de revisión interna presentada el 3 de febrero de 2022. La Decisión impugnada, de fecha 7 de julio de 2022, debería haber tomado en consideración las repercusiones de esa Recomendación y de esta propuesta de Directiva en relación con el objetivo de protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas.
246
Como alega fundadamente la Comisión, procede declarar la inadmisibilidad de estas alegaciones. Como se ha recordado en el anterior apartado 28, de la jurisprudencia se desprende que un recurso contra una decisión por la que se desestima por infundada una solicitud de revisión interna no puede basarse en motivos nuevos o en elementos de prueba que no figurasen en la solicitud de revisión, so pena de privar de efecto útil a la exigencia relativa a la motivación de tal solicitud, que figura en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento n.o 1367/2006, y de modificar el objeto del procedimiento incoado mediante dicha solicitud. La institución u organismo de la Unión autor del acto administrativo cuya revisión interna se solicita no está obligado a examinar más motivos que los alegados por el solicitante al presentar la solicitud de revisión interna.
247
De ello se sigue que la Comisión no estaba obligada a examinar las repercusiones de la recomendación y de la propuesta de Directiva no mencionadas en la solicitud de revisión interna, máxime cuando debería haberlo hecho por iniciativa propia.
248
Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de estas alegaciones de las demandantes.
249
En consecuencia, procede desestimar íntegramente la presente parte del cuarto motivo y, por ende, el cuarto motivo en su totalidad.
Quinto motivo, relativo a la obligación de motivación
250
Las demandantes alegan que la Decisión impugnada carece de motivación suficiente en lo que concierne a dos aspectos. En primer lugar, consideran que la afirmación de que no es posible tener en cuenta la intermitencia de las actividades no está motivada a la luz de la exigencia contenida en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento 2020/852. A su juicio, el razonamiento implícito basado en que dicho Reglamento se refiere principalmente a las actividades económicas y en que no era posible realizar un análisis a escala del sistema no constituye una motivación suficiente, puesto que, por una parte, la intermitencia se refiere a la propia actividad y, por otra parte, el objetivo de dicho Reglamento tampoco se define ni se explica. En segundo lugar, sostienen que la decisión de eximir la generación de electricidad a partir de energía eólica de los criterios técnicos de selección cuantitativos de contribución sustancial al objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático no se sustenta en una motivación suficiente. Según ellas, la declaración de la Comisión refleja las posiciones expresadas por los órganos consultivos y no la posición de dicha institución.
251
La Comisión rebate las alegaciones de las demandantes.
252
Procede recordar de entrada que la obligación de motivar las decisiones constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues esta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. En efecto, la motivación de una decisión consiste en expresar formalmente los fundamentos en los que se basa dicha decisión. Si estos fundamentos incurren en errores, estos vician la legalidad de la decisión sobre el fondo, pero no su motivación, que puede ser suficiente aunque exprese una fundamentación equivocada (véase la sentencia de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, apartado 181 y jurisprudencia citada).
253
Así pues, mediante las dos alegaciones formuladas en el marco del quinto motivo, las demandantes no parecen impugnar la motivación de la Decisión impugnada a este respecto, sino más bien su fundamentación.
254
Pues bien, por lo que respecta a la primera alegación, de los anteriores apartados 115 a 133 se desprende, por una parte, que la motivación de la Decisión impugnada a este respecto permitió tanto a las demandantes interponer un recurso contra dicha Decisión como al Tribunal General, como órgano jurisdiccional competente, ejercer su control (véase el anterior apartado 153), de modo que no puede considerarse que se haya incurrido en falta de motivación y, por otra parte, que la apreciación de la Comisión a este respecto no adolece de errores manifiestos de apreciación.
255
Por lo que respecta a la segunda alegación, de los anteriores apartados 159 a 163 se desprende que, en la Decisión impugnada, la Comisión sí explicó por qué fijó criterios técnicos de selección de carácter cualitativo en lugar de cuantitativo.
256
De ello se sigue que la motivación de la Decisión impugnada, criticada por las demandantes, es suficiente a la luz de los criterios jurisprudenciales y que la apreciación de la Comisión criticada en la primera alegación de las demandantes está exenta de errores de apreciación.
257
Por consiguiente, procede desestimar el quinto motivo.
Motivo subsidiario, basado en la ilegalidad del Reglamento Delegado
258
En la réplica, las demandantes invocan, con carácter subsidiario, un motivo adicional basado en el artículo 277 TFUE, mediante el que alegan la ilegalidad del Reglamento Delegado. Este motivo se formula «en respuesta a las alegaciones de inadmisibilidad […] según las cuales las demandantes no impugnan la Decisión impugnada, sino el Reglamento Delegado» que, según las demandantes, la Comisión expuso en los apartados 33 a 35, 58, 62, 74, 90, 101, 102, 128, 135, 153 y 156 del escrito de contestación. En apoyo de este motivo, las demandantes se remiten a determinadas alegaciones que formularon en la demanda en apoyo de los motivos primero (a saber, los apartados 51 a 58, 63 y 68 a 70 de la demanda), segundo (a saber, los apartados 75, 82, 83 y 91 a 97 de la demanda) y cuarto (a saber, los apartados 139, 140, 144, 145, 147, 148 y 162 a 171 de la demanda) y consideran que procede anular dicha Decisión sobre la base de este motivo subsidiario invocado con arreglo al artículo 277 TFUE y basado en la ilegalidad del Reglamento Delegado.
259
La Comisión cuestiona tanto la admisibilidad como el fundamento del presente motivo subsidiario. En la vista, la Comisión retiró parcialmente las alegaciones mediante las que alegaba que algunas de las alegaciones formuladas por las demandantes en la demanda eran inadmisibles, ya que no se dirigían contra la Decisión impugnada, sino contra el Reglamento Delegado, de lo que se dejó constancia en el acta de la vista oral. Se trata de las alegaciones de la Comisión que figuran en los apartados 34, 58, 62, 74, 90 (pero únicamente en relación con los apartados 82 y 83 de la demanda), 128 y 135 del escrito de contestación.
260
En esencia, las demandantes invocan el presente motivo subsidiario para el supuesto de que el Tribunal General considere fundadas las alegaciones de la Comisión en las que se alega la inadmisibilidad de determinadas alegaciones formuladas en la demanda debido a que estas no impugnan la Decisión impugnada, sino el Reglamento Delegado.
261
Pues bien, en primer lugar, la Comisión retiró dichas alegaciones en la medida en que figuran en los apartados 34, 58, 62, 74, 90 (pero únicamente en relación con los apartados 82 y 83 de la demanda), 128 y 135 del escrito de contestación (véase el anterior apartado 259). Mientras que el apartado 33 de dicho escrito se limita a introducir la alegación expuesta en el apartado 34 de este, el apartado 35 del mismo escrito meramente lo desarrolla. La retirada de esta alegación por parte de la Comisión engloba, pues, el conjunto de los apartados 33 a 35 del escrito de que se trata, a los que se refieren las demandantes (véase el anterior apartado 258).
262
En segundo lugar, por lo que respecta al resto de dichas alegaciones de la Comisión, a saber, las que había formulado en los apartados 90 (pero no en lo que respecta a los apartados 82 y 83 de la demanda; véase el anterior apartado 259, y, por tanto, únicamente en lo que respecta a los apartados 91 y 92 de la demanda), 101, 102, 153 y 156 de la demanda, procede observar, para empezar, que, contrariamente a lo que parecen considerar las demandantes (véase el anterior apartado 258), en los apartados 102 y 156 del escrito de contestación, la Comisión alega la inadmisibilidad de las alegaciones de las demandantes identificadas en ellos no por referirse al Reglamento Delegado en lugar de a la Decisión impugnada, sino por otras razones.
263
En tercer lugar, de lo anterior resulta que la segunda parte del segundo motivo, a la que se refiere la alegación de la Comisión recogida en el apartado 90 del escrito de contestación, y la tercera parte del cuarto motivo, a la que se refiere la Comisión en el apartado 101 de dicho escrito, han podido desestimarse en cuanto al fondo (véanse los anteriores apartados 109 a 135 y 224 a 232). La cuarta parte de este motivo, a la que se refiere la Comisión en el apartado 153 de dicho escrito, ha sido desestimada por ser parcialmente inadmisible por una razón distinta de la de dirigirse contra el Reglamento Delegado en lugar de contra la Decisión impugnada y por ser parcialmente infundada (véanse los anteriores apartados 237 a 249).
264
En consecuencia, todas las alegaciones de la Comisión en las que se alega la inadmisibilidad de determinadas alegaciones formuladas por las demandantes en la demanda, debido a que estas no impugnan la Decisión impugnada, sino el Reglamento Delegado, o bien han sido retiradas, o han sido desestimadas por el Tribunal General, de modo que no se cumple la condición impuesta por las demandantes para invocar el presente motivo subsidiario. Por lo tanto, el Tribunal General no ha de analizarlo.
Conclusión
265
De cuanto antecede resulta que no procede estimar ninguno de los motivos invocados por las demandantes. En consecuencia, procede desestimar el recurso.
Costas
266
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
267
Al haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes, procede condenarlas en costas, conforme a lo solicitado por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta ampliada),
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a Fédération environnement durable, Bundesinitiative Vernunftkraft eV, Vent de Colère ! — Fédération nationale y Vent de Raison — Wind met Redelijkheid (VdR-WmR).
Costeira
Kancheva
Öberg
Zilgalvis
Tichy-Fisslberger
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de septiembre de 2025.
Firmas
Índice
Antecedentes del litigio
Pretensiones de las partes
Fundamentos de Derecho
Consideraciones preliminares sobre el Reglamento 2020/852 y el Reglamento Delegado
Consideraciones preliminares acerca de la solicitud de revisión interna y el alcance del control del Tribunal General
Primer motivo, relativo a la elaboración del Reglamento Delegado
Primera parte del primer motivo, basada en la infracción de los artículos 6 a 8 del Convenio de Aarhus y del artículo 9 del Reglamento n.o 1367/2006
Segunda parte del primer motivo, basada en la infracción del artículo 10, apartado 2, del Reglamento n.o 1367/2006
Tercera parte del primer motivo, basada en la infracción de los artículos 10, apartado 4, 11, apartado 4, y 20, apartado 2, del Reglamento 2020/852
Segundo motivo, relativo a la mitigación del cambio climático
Sobre la admisibilidad de las alegaciones formuladas por las demandantes en el escrito que presentaron en la Secretaría del Tribunal General el 6 de diciembre de 2023
Primera parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales, del artículo 191 TFUE y del artículo 19, apartado 1, letra f), del Reglamento 2020/852
Segunda parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 10, apartado 3, letra a), del Reglamento 2020/852
Tercera parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 19, apartado 1, letras a) y j), del Reglamento 2020/852
Cuarta parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 19, apartado 3, del Reglamento 2020/852
Tercer motivo, relativo a la adaptación al cambio climático
Cuarto motivo, relativo al principio de no causar un perjuicio significativo a otros objetivos medioambientales
Primera parte del cuarto motivo, relativa al uso sostenible y a la protección de los recursos hídricos y marinos
Segunda parte del cuarto motivo, relativa a la transición hacia una economía circular
Tercera parte del cuarto motivo, relativa a la prevención y al control de la contaminación
Cuarta parte del cuarto motivo, relativa a la protección y la recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas
Quinto motivo, relativo a la obligación de motivación
Motivo subsidiario, basado en la ilegalidad del Reglamento Delegado
Conclusión
Costas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.