62002CJ0115_ES
Partes
Motivación de la sentencia
Decisión sobre las costas
Parte dispositiva
Partes
En el asunto C-115/02,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 234 CE, por la Cour de cassation (Francia), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
Administration des douanes et droits indirects
y
Rioglass, S.A.,
Transremar, S.L.,
una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 28 CE,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
integrado por el Sr. J.-P. Puissochet, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann, V. Skouris (Ponente), la Sra. F. Macken y el Sr. J.N. Cunha Rodrigues, Jueces;
Abogado General: Sr. J. Mischo;
Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- en nombre de Rioglass, S.A., y Transremar, S.L., por el Sr. J.-P. Bellecave, avocat;
- en nombre del Gobierno francés, por la Sra. A. Colomb y el Sr. G. de Bergues, en calidad de agentes;
- en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L.I. Fernandes, A.S. Neves y J.S. de Andrade, en calidad de agentes;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. R. Tricot, en calidad de agente, asistido por Me E. Cabau, avocat;
visto el informe del Juez Ponente;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 20 de marzo de 2003;
dicta la siguiente
Sentencia
Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 26 de marzo de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de abril siguiente, la Cour de cassation (Francia) planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 28 CE.
2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la administration des douanes et droits indirects (en lo sucesivo, «administratión des douanes») y las sociedades españolas Rioglass, S.A. (en lo sucesivo, «Rioglass»), y Transremar, S.L. (en lo sucesivo, «Transremar»), relativo a la retención en Francia de unas piezas de recambio para automóviles fabricadas en España y transportadas a Polonia, por sospecharse que se había usurpado su marca.
Marco normativo nacional
3 El artículo L.716-8 del code de la propriété intellectuelle, introducido por el artículo 11 de la Ley 94-102, de 5 de febrero de 1994 (JORF de 8 de febrero de 1994, p. 2151), dispone:
«La administración de aduanas podrá, previa solicitud por escrito del titular de una marca registrada o del beneficiario de un derecho exclusivo de exportación, retener en el marco de sus controles las mercancías que, según dicho titular o beneficiario, se presenten bajo una marca que constituya una usurpación de aquella que tiene registrada o respecto de la cual goza de un derecho de uso exclusivo.
El fiscal, el solicitante y el declarante o tenedor de las mercancías serán informados sin demora por los servicios aduaneros de la retención efectuada.
La medida de retención se levantará automáticamente si el solicitante no acredita ante las autoridades aduaneras, en el plazo de diez días laborables contados desde la notificación de la retención de las mercancías:
- o bien la adopción de medidas cautelares por el presidente del tribunal de grande instance;
- o bien que ha ejercitado una acción civil o penal y que ha constituido las garantías requeridas para cubrir su eventual responsabilidad en el supuesto de que la usurpación de marca no fuese judicialmente declarada [...]»
El litigio principal y la cuestión prejudicial
4 La sociedad Rioglass fabrica y comercializa lunas y parabrisas destinadas a vehículos de todas las marcas. Consta en autos que la sociedad Sogédac, entidad que tiene conferida, en su calidad de intermediaria y central de compras, la responsabilidad de homologar a los proveedores de dichos constructores, le había reconocido como proveedor de los fabricantes de los vehículos Peugeot, Citroën y Renault.
5 Rioglass vendió en noviembre de 1997 a la sociedad Jann, con domicilio social en Polonia, una serie de lunas y parabrisas destinadas a automóviles de distintas marcas, legalmente fabricadas en España. El transporte de tales mercancías se encomendó a la sociedad Transremar. Las mercancías eran exportadas desde España a Polonia al amparo de un documento de tránsito comunitario EX T2, suscrito el 24 de noviembre de 1997, y se beneficiaban así del régimen suspensivo que permite su circulación entre dos puntos del territorio aduanero de la Comunidad y Polonia con exención de derechos de importación, de tributos o la aplicación de otras medidas de política comercial. Una parte de las lunas y parabrisas, que debían montarse en modelos de las marcas Peugeot, Citroën o Renault, llevaba, junto a la marca del fabricante, el logotipo o la marca de sus constructores.
6 El mismo día, los servicios aduaneros franceses realizaron cerca de Burdeos un control al camión de Transremar. Los agentes de aduanas levantaron el 25 de noviembre de 1997 un acta de retención de las mercancías al que siguió, el 27 de noviembre de 1997, un acta de su incautación por sospecharse que se había usurpado su marca.
7 Rioglass y Transremar recurrieron al juez de medidas provisionales con el fin de que ordenara el levantamiento de las medidas de retención y de incautación. Mediante sendos autos de 8 de diciembre de 1997 y 8 de enero de 1998, el juez de medidas provisionales desestimó las pretensiones de las demandantes, que recurrieron en apelación. Su recurso fue estimado por la cour d'appel de Burdeos, la cual consideró, en su sentencia de 22 de noviembre de 1999, que tanto la retención del camión como la de los parabrisas y lunas eran manifiestamente ilegales y condenó a la administration des douanes a restituir las mercancías, documentos y fianzas.
8 La administration des douanes recurrió dicha sentencia ante la Cour de cassation.
9 En este contexto, la Cour de cassation se remitió a la sentencia de 26 de septiembre de 2000, Comisión/Francia (C-23/99, Rec. p. I-7653), en la cual el Tribunal de Justicia decidió que la República Francesa había incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 CE, al aplicar, basándose en el code de la propriété intellectuelle, unos procedimientos de retención por las autoridades aduaneras, dirigidos contra unas mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro de la Comunidad Europea y destinadas, después de haber transitado por el territorio francés, a ser comercializadas en otro Estado miembro, donde su venta es legal.
10 Sin embargo, al considerar que la solución del litigio requería una interpretación del Derecho comunitario con el fin de determinar si la solución adoptada en la citada sentencia era también aplicable al caso de autos, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Debe interpretarse el artículo 30 del Tratado CE (actualmente artículo 28 CE, tras su modificación) en el sentido de que se opone a la aplicación, con arreglo al code de la propriété intellectuelle, de procedimientos de retención por las autoridades aduaneras dirigidos contra mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro de la Comunidad Europea y destinadas, después de haber transitado por el territorio francés, a ser comercializadas en un país tercero, en el presente caso Polonia?»
Sobre la cuestión prejudicial
Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia
11 Según Rioglass y Transremar, el razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/Francia, antes citada, es perfectamente aplicable por analogía al presente caso. Las demandadas consideran que el transporte que se cuestiona en el asunto principal debe definirse como una operación de tránsito comunitario. Ahora bien, cualquier medida de retención o de embargo, decretada sobre la base del code de la propriété intellectuelle, del code des douanes, o del Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas (DO L 341, p. 8), contra una mercancía que no vaya destinada a ser comercializada en Francia, sino que únicamente sea transportada por el territorio del citado país con vistas a su comercialización en un país que no pertenezca a la Comunidad, no se halla justificada por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. Por otra parte, ninguna disposición permite a un Estado miembro limitar la libre circulación de las mercancías comunitarias en su territorio por el mero hecho de que tales mercancías vayan destinadas a un tercer país.
12 El Gobierno francés estima que el artículo 28 CE afecta únicamente a las medidas nacionales que puedan obstaculizar el comercio intracomunitario, mientras que las mercancías que se cuestionan en el presente caso van destinadas a ser comercializadas en un tercer país. Por consiguiente, la sentencia Comisión/Francia, antes citada, carece de pertinencia en el presente caso. En opinión del citado Gobierno, lo que debe aplicarse para zanjar el litigio principal es el Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Polonia, por otra (DO 1993, L 348, p. 2; en lo sucesivo, «Acuerdo»).
13 A este respecto, según la jurisprudencia (sentencias de 26 de octubre de 1982, Kupferberg, 104/81, Rec. p. 3641, apartados 29 a 31; de 1 de julio de 1993, Metalsa, C-312/91, Rec. p. I-3751, apartados 11 y 12, y de 27 de septiembre de 2001, Gloszczuk, C-63/99, Rec. p. I-6369, apartado 48), una mera similitud del tenor literal de una disposición de uno de los Tratados constitutivos de las Comunidades y de un Acuerdo internacional entre la Comunidad y un país tercero no basta para dar a los términos de este Acuerdo el mismo significado que tienen en los Tratados.
14 De esta forma, refiriéndose a la sentencia de 9 de febrero de 1982, Polydor (270/80, Rec. p. 329) y poniendo de manifiesto que la finalidad del Acuerdo es distinta de la de los artículos 28 CE a 30 CE, el Gobierno francés sostiene que el artículo 10, apartado 4, del Acuerdo debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la aplicación, por las autoridades aduaneras de un Estado miembro, de unos procedimientos de retención dirigidos contra mercancías procedentes de otro Estado miembro y destinadas a comercializarse en el mercado polaco, después de haber transitado por el territorio del primer Estado.
15 El Gobierno portugués alega que el artículo 28 CE se opone a la aplicación de unos procedimientos de retención, como el controvertido en el asunto principal, a unas mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro y destinadas, después de haber transitado por el territorio del Estado miembro de que se trata, a ser comercializadas en el mercado de un tercer país, puesto que los citados procedimientos pueden provocar un retraso de 10 días en la circulación de las mercancías y, por lo tanto, resultan desproporcionados con relación al objetivo que persiguen.
16 Finalmente, la Comisión considera que los artículos 28 CE a 30 CE son las únicas disposiciones pertinentes para responder a la cuestión prejudicial. Dicha institución estima que ni las normas comunitarias de armonización y de unificación de los derechos de propiedad intelectual ni tampoco el Reglamento nº 3295/94 resultan pertinentes en el presente caso. En efecto, según reiterada jurisprudencia, el artículo 28 CE se aplica a todas las mercancías procedentes de un Estado miembro o destinadas al mismo. Por lo tanto, el razonamiento del Tribunal de Justicia en la sentencia Comisión/Francia, antes citada, es aplicable por analogía en el presente caso. En este sentido, importa poco que los referidos productos vayan destinados a la exportación a un tercer Estado, puesto que proceden de un Estado miembro y, en particular, como en el presente caso, han sido legalmente fabricados en dicho Estado miembro.
Respuesta del Tribunal de Justicia
17 Procede destacar, con carácter preliminar, que la circunstancia de que las mercancías que se cuestionan en el asunto principal fueran destinadas a exportarse a un tercer Estado no puede llevar necesariamente a la conclusión de que, en un contexto como el del presente caso, dichas mercancías no se hallen comprendidas dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre circulación de mercancías entre Estados miembros.
18 En efecto, dado que, según consta en autos, en el presente caso, se trata de unas mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro en tránsito hacia otro Estado miembro, conviene recordar que, según reiterada jurisprudencia, la unión aduanera establecida por el Tratado CE implica necesariamente que se garantice la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. Esta libertad no sería completa si los Estados miembros tuvieran la posibilidad de poner trabas o entorpecer, de alguna manera, la circulación de las mercancías en tránsito. Así pues, hay que reconocer, como consecuencia de la unión aduanera y en interés recíproco de los Estados miembros, la existencia de un principio general de libertad de tránsito de las mercancías en el interior de la Comunidad. Por lo demás, este principio está confirmado por la mención del tránsito en el artículo 30 CE (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de marzo de 1983, SIOT, 266/81, Rec. p. 731, apartado 16, y de 4 de octubre de 1991, Richardt y «Les Accessoires Scientifiques», C-367/89, Rec. p. I-4621, apartado 14).
19 Además, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que lo dispuesto en los artículos 28 CE a 30 CE era aplicable a unas mercancías en tránsito a través de un Estado miembro aun cuando fueran destinadas a un tercer Estado (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de mayo de 1999, Monsees, C-350/97, Rec. p. I-2921, y Richardt y «Les Accessoires Scientifiques», antes citada).
20 De ello se desprende que unas mercancías en tránsito se hallan comprendidas dentro del ámbito de aplicación de los artículos 28 CE a 30 CE, aun cuando vayan destinadas a un tercer Estado, de forma que procede responder a la cuestión prejudicial teniendo en cuenta dichas disposiciones.
21 A este respecto, es forzoso señalar, en primer lugar, que una medida de retención en la aduana, como la que se cuestiona en el asunto principal, que retrasa la circulación de las mercancías y puede conducir a su bloqueo completo si el órgano jurisdiccional competente ordena su decomiso, tiene por efecto restringir la libre circulación de mercancías y constituye, por lo tanto, un obstáculo a dicha libertad (véase, por lo que atañe a la propia legislación francesa, la sentencia Comisión/Francia, antes citada, apartados 22 y 23).
22 Por lo tanto, habida cuenta del hecho de que la retención en aduana que se cuestiona en el asunto principal fue realizada sobre la base del code de la propriété intellectuelle, conviene determinar si el obstáculo a la libre circulación de las mercancías ocasionado por la citada retención en aduana puede hallarse justificado por la necesidad de garantizar la protección de la propiedad industrial y comercial a que se refiere el artículo 30 CE.
23 Para responder a esta cuestión, hay que tener en cuenta el objetivo de esta excepción, que consiste en conciliar las exigencias de la libre circulación de mercancías y el derecho de propiedad industrial y comercial, evitando el mantenimiento o el establecimiento de compartimentos artificiales en el interior del mercado común. El artículo 30 CE sólo admite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado común en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de esta propiedad (véanse, en particular, las sentencias de 17 de octubre de 1990, Hag GF, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 12, y de 22 de septiembre de 1998, FDV, C-61/97, Rec. p. I-5171, apartado 13, y Comisión/Francia, antes citada, apartado 37).
24 En el caso de autos, de la resolución de remisión se desprende que las mercancías litigiosas fueron retenidas por sospecharse que se había usurpado su marca.
25 En materia de marcas, según reiterada jurisprudencia, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca, para la primera comercialización de un producto, y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca (véanse, en particular, las sentencias de 31 de octubre de 1974, Winthrop, 16/74, Rec. p. 1183, apartado 8; de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7, y de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, apartado 22).
26 Así pues, la aplicación de una protección de esta índole está ligada a una comercialización de los productos.
27 Un tránsito, como el que se cuestiona en el asunto principal, consistente en transportar mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro a un tercer Estado atravesando el territorio de uno o de varios Estados miembros, no implica en modo alguno la comercialización de las mercancías de que se trata y, por consiguiente, no hay posibilidad de que atente contra el objeto específico del derecho de marca.
28 Por otra parte, según ha destacado el Abogado General en el punto 49 de sus conclusiones, esta constatación es válida cualquiera que sea el lugar de destino final de las mercancías en tránsito. El hecho de que las mercancías se comercialicen posteriormente en un Estado tercero, y no en un Estado miembro, no puede alterar el carácter de la operación de tránsito que, por su propia naturaleza, no constituye una comercialización.
29 Por lo tanto, una medida de retención en aduana, como la que se cuestiona en el asunto principal, no puede justificarse por razones de protección de la propiedad industrial y comercial en el sentido del artículo 30 CE.
30 En estas circunstancias, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 28 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación, con arreglo a la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad intelectual, de unos procedimientos de retención por parte de las autoridades aduaneras dirigidos contra mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro y destinadas, después de haber transitado por el territorio del primer Estado miembro, a ser comercializadas en un país tercero.
Decisión sobre las costas
Costas
31 Los gastos efectuados por los Gobiernos francés y portugués, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la Cour de cassation, mediante resolución de 26 de marzo de 2002, declara:
El artículo 28 CE debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación, con arreglo a la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad intelectual, de unos procedimientos de retención por parte de las autoridades aduaneras dirigidos contra mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro y destinadas, después de haber transitado por el territorio del primer Estado miembro, a ser comercializadas en un país tercero.