62023CJ0337
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)
de 13 de marzo de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores — Artículos 4, apartado 2, 6, apartado 1, y 7, apartado 1 — Punto 1, letras i), j) y m), del anexo de la Directiva 93/13 — Contratos de crédito al consumo — Cláusula que impone al consumidor la celebración de un contrato de fianza — Fiador elegido por el prestamista — Exclusión de las cláusulas relativas al objeto principal del contrato — Contrato accesorio a un contrato de crédito — Facultades del juez nacional — Proceso monitorio — Directiva 2005/29/CE — Prácticas comerciales desleales — Artículos 5 y 8 — Anexo I — Directiva 2008/48/CE — Artículos 3, letras g), i) y n), 10, apartado 2, 15, apartado 2, y 23 — Contrato de crédito vinculado — Concepto — Coste total del crédito para el consumidor — Falta de indicación de los gastos pertinentes — Sanción»
En el asunto C‑337/23,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria), mediante resolución de 29 de mayo de 2023, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de mayo de 2023, en el procedimiento
APS Beta Bulgaria EOOD,
Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),
integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente de Sala, el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de la Sala Cuarta, y el Sr. Z. Csehi (Ponente), Juez;
Abogado General: Sr. A. M. Collins;
Secretario: Sr. A. Calot Escobar;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD, por la Sra. E. A. Damyanova, advokat, y el Sr. Y. B. Yanakiev;
–
en nombre del Gobierno checo, por la Sra. L. Březinová y los Sres. M. Smolek y J. Vláčil, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. P. Ondrůšek, la Sra. E. Rousseva, el Sr. N. Ruiz García, la Sra. H. Tserepa-Lacombe y el Sr. P. Vanden Heede, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 12 de septiembre de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, apartados 1 y 2, 5, 6, apartado 1, y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13, y en DO 2023, L 17, p. 100); del punto 1, letras b), c), i), j) y m), del anexo de la Directiva 93/13; del artículo 8 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2005, L 149, p. 22); de los artículos 3, letra g), 10, apartado 2, letra g), 15, apartado 2, y 23, segunda frase, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66), y de los artículos 2, apartado 2, y 14, apartado 1, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO 2009, L 335, p. 1; corrección de errores en DO 2014, L 219, p. 66).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de unos procedimientos que tienen por objeto la expedición, en favor de APS Beta Bulgaria EOOD y de Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD, de requerimientos de pago de deudas pecuniarias en virtud de contratos de crédito al consumo y de contratos de fianza.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 93/13
3
A tenor de su artículo 1, apartado 1, el propósito de la Directiva 93/13 «es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores».
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Con arreglo al artículo 2, letra b), de dicha Directiva, a efectos de esta, «se entenderá por “consumidor” toda persona física que, en los contratos regulados por [la referida] Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional».
5
El artículo 3 de la Directiva 93/13 dispone:
«1.   Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
[…]
3.   El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.»
6
El artículo 4 de esta Directiva establece:
«1.   Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.
2.   La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.»
7
El artículo 5 de la referida Directiva dispone:
«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. Esta norma de interpretación no será aplicable en el marco de los procedimientos que establece el apartado 2 del artículo 7 de la presente Directiva.»
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Con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
9
El artículo 7 de la citada Directiva tiene el siguiente tenor:
«1.   Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
2.   Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores, acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o administrativos competentes con el fin de que estos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas.
3.   Los recursos mencionados en el apartado 2 podrán dirigirse, respetando la legislación nacional, por separado o conjuntamente contra varios profesionales del mismo sector económico o contra sus asociaciones que utilicen o recomienden que se utilicen las mismas cláusulas contractuales generales o cláusulas similares.»
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El anexo de la mencionada Directiva, titulado «Cláusulas contempladas en el apartado 3 del artículo 3», dispone en su punto 1:
«Cláusulas que tengan por objeto o por efecto:
[…]
b)
excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor con respecto al profesional o a otra parte en caso de incumplimiento total o parcial, o de cumplimiento defectuoso de una cualquiera de las obligaciones contractuales por el profesional, incluida la posibilidad de compensar sus deudas respecto del profesional mediante créditos que ostente en contra de este último;
c)
prever un compromiso en firme del consumidor mientras que la ejecución de las prestaciones del profesional está supeditada a una condición cuya realización depende únicamente de su voluntad;
[…]
i)
hacer constar de forma irrefragable la adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato;
j)
autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos especificados en el contrato los términos del mismo;
[…]
m)
conceder al profesional el derecho a determinar si la cosa entregada o el servicio prestado se ajusta a lo estipulado en el contrato, o conferirle el derecho exclusivo a interpretar una cualquiera de las cláusulas del contrato;
[…]».
Directiva 2005/29
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El artículo 5 de la Directiva 2005/29, titulado «Prohibición de las prácticas comerciales desleales», dispone en su apartado 5:
«En el anexo I figura una lista de las prácticas comerciales que se considerarán desleales en cualquier circunstancia. La misma lista única se aplicará en todos los Estados miembros y solo podrá modificarse mediante una revisión de la presente Directiva.»
12
El artículo 8 de esta Directiva, titulado «Prácticas comerciales agresivas», establece:
«Se considerará agresiva toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, merme o pueda mermar de forma importante, mediante el acoso, la coacción, incluido el uso de la fuerza, o la influencia indebida, la libertad de elección o conducta del consumidor medio con respecto al producto y, por consiguiente, le haga o pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otra forma no hubiera tomado.»
Directiva 2008/48
13
El considerando 22 de la Directiva 2008/48 tiene el siguiente tenor:
«Los Estados miembros deben conservar la libertad de mantener o adoptar disposiciones nacionales que prohíban al prestamista exigir al consumidor, en relación con el contrato de crédito, la apertura de cuentas bancarias o la celebración de contratos para otros servicios accesorios o el abono de los gastos o las remuneraciones de esas cuentas bancarias o de esos servicios accesorios. En los Estados miembros que autoricen esas ofertas combinadas, los consumidores deben ser informados antes de la celebración del contrato de crédito de los servicios accesorios que sean obligatorios para obtener el crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas. Los gastos de estos servicios accesorios deben incluirse en el coste total del crédito o, cuando el importe de dichos gastos no pueda determinarse de antemano, los consumidores han de ser debidamente informados de su existencia en la fase precontractual. Debe suponerse que el prestamista conoce el coste de dichos servicios accesorios que, él mismo o en nombre de un tercero, ofrece al consumidor, salvo si el precio está en función de las características específicas del consumidor o de su situación particular.»
14
El artículo 3 de la Directiva 2008/48, titulado «Definiciones», dispone:
«A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las siguientes definiciones:
[…]
g)
“coste total del crédito para el consumidor”: todos los gastos, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de crédito y que sean conocidos por el prestamista, con excepción de los gastos de notaría; el coste de los servicios accesorios relacionados con el contrato de crédito, en particular las primas de seguros, se incluye asimismo en este concepto si, además, la celebración del contrato de servicios es obligatoria para obtener el crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas;
[…]
i)
“tasa anual equivalente” [(TAE)]: el coste total del crédito para el consumidor, expresado como porcentaje anual del importe total del crédito concedido, más los costes contemplados en el artículo 19, apartado 2, si procede;
[…]
n)
“contrato de crédito vinculado”: un contrato de crédito en el que:
i)
el contrato en cuestión sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos, y
ii)
los dos contratos constituyen una unidad comercial desde un punto de vista objetivo; se considerará que existe una unidad comercial cuando el proveedor del bien o el suministrador del servicio financian el crédito al consumo o, en el caso de que este sea financiado por un tercero, cuando el prestamista se sirve de la intervención del proveedor del bien o el suministrador del servicio en la preparación o celebración del contrato de crédito, o cuando los bienes específicos o la prestación de un servicio específico vienen expresamente indicados en el contrato de crédito.»
15
El artículo 10, apartado 2, de la referida Directiva establece:
«El contrato de crédito deberá especificar, de forma clara y concisa, los siguientes datos:
[…]
g)
la [TAE] y el importe total adeudado por el consumidor, calculados en el momento de la suscripción del contrato de crédito; se mencionarán todas las hipótesis utilizadas para calcular dicho porcentaje;
[…]».
16
A tenor del artículo 15, apartado 2, de la citada Directiva:
«Si los bienes o servicios estipulados en un contrato de crédito vinculado no son entregados, o lo son solo en parte, o no son conformes con el contrato de suministro de bienes o servicios, el consumidor tendrá derecho de recurso contra el prestamista siempre que haya recurrido contra el proveedor y no haya obtenido de él la satisfacción a que tiene derecho con arreglo a lo dispuesto por la ley o por el contrato de suministro de bienes o servicios. Los Estados miembros establecerán en qué medida y bajo qué condiciones se podrá ejercer dicho derecho.»
17
El artículo 22, apartados 1 a 3, de la misma Directiva dispone:
«1.   En la medida en que la presente Directiva establezca disposiciones armonizadas, los Estados miembros no podrán mantener o adoptar en su legislación nacional disposiciones diferentes de las que en ella se estipulan.
2.   Los Estados miembros velarán por que el consumidor no pueda renunciar a los derechos que se le confieren en virtud de las disposiciones nacionales que den cumplimiento o correspondan a la presente Directiva.
3.   Los Estados miembros garantizarán además que las disposiciones que adopten para dar cumplimiento a la presente Directiva no puedan eludirse de resultas del modo en que se formulen los contratos, especialmente como consecuencia de la integración de operaciones de disposición de fondos o contratos de crédito sujetos a la presente Directiva en contratos de crédito cuyo carácter u objetivo permita sustraerlos a su ámbito de aplicación.»
18
El artículo 23 de la Directiva 2008/48 establece:
«Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y adoptarán las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.»
Derecho búlgaro
ZZD
19
El artículo 138 de la Zakon za zadalzheniyata i dogovorite (Ley de Obligaciones y Contratos; DV n.o 275, de 22 de noviembre de 1950), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «ZZD»), dispone:
«Mediante el contrato de fianza, el fiador se compromete frente al acreedor de otra persona a responder del cumplimiento de la obligación de esta última. Este contrato deberá celebrarse por escrito.
La fianza solo puede existir con respecto a una obligación real. También puede tratarse de un compromiso futuro o eventual.»
20
El artículo 147 de la ZZD establece:
«El fiador seguirá siendo responsable incluso después de que la obligación principal haya pasado a ser exigible, si el acreedor ejercita una acción contra el deudor en el plazo de seis meses. Esta disposición se aplicará también cuando el fiador haya limitado expresamente su garantía hasta el vencimiento de la obligación principal.
La prórroga del plazo concedido por el acreedor al deudor no surtirá efecto respecto del fiador, si este no ha dado su consentimiento.»
Ley sobre el Crédito al Consumo
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El artículo 19, apartados 3 y 4, de la Zakon za potrebitelskia kredit (Ley sobre el Crédito al Consumo; DV n.o 18, de 5 de marzo de 2010), en su versión aplicable a los litigios principales, dispone:
«(3)   El cálculo de la [TAE] del crédito no incluirá los costes:
[1.] que el consumidor pague en caso de incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del contrato de crédito al consumo;
[2.] distintos del precio de compra del producto o del servicio que el consumidor ha de pagar por la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, ya sea al contado o a crédito;
[3.] por el mantenimiento de una cuenta relacionada con el contrato de crédito al consumo ni los costes de utilización de un instrumento de pago que permita efectuar pagos relacionados con el uso del crédito o su reembolso, así como otros costes relacionados con la realización de los pagos, si la apertura de la cuenta no es obligatoria y los costes relacionados con la cuenta se indican de forma clara y por separado en el contrato de crédito o en otro contrato celebrado con el consumidor.
(4)   La [TAE] no podrá exceder del quíntuplo de los intereses de demora al tipo legal en [levas búlgaras (BGN)] y en divisas que se determinen mediante decreto del Consejo de Ministros de la República de Bulgaria.»
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
22
El órgano jurisdiccional remitente, el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía, Bulgaria), conoce de varias pretensiones dirigidas a que se dicten en favor de las demandantes en los litigios principales requerimientos de pago de deudas pecuniarias en virtud de contratos de crédito al consumo y de contratos de fianza.
23
Estos contratos de crédito al consumo se celebraron entre dos sociedades financieras búlgaras y personas físicas por importes de entre 300 y 1700 BGN, es decir, aproximadamente 150 y 870 euros, reembolsables mediante pagos fraccionados en períodos comprendidos entre 3 y 18 meses, previendo dichos contratos la aplicación de una TAE que oscilaba entre el 39,99 % y el 50 %.
24
En virtud de los contratos de crédito así celebrados, los prestatarios debían, para obtener el préstamo o un desembolso más rápido de los fondos, aportar una garantía que podía revestir diferentes modalidades, una de las cuales era la celebración de un contrato de fianza con una empresa especializada en dicha actividad, elegida o autorizada por el prestamista. Según el órgano jurisdiccional remitente, todos los prestatarios de que se trata suscribieron, el mismo día que el de la celebración de los contratos de crédito, contratos de fianza que preveían una remuneración a favor de garantes profesionales, a saber, sociedades fiadoras, correspondiente a una cantidad que se añadía a las cuotas del préstamo. El coste de tal fianza, que representaba más del 75 % del importe total que debía devolverse en virtud de los contratos de crédito, no estaba incluido en la TAE.
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Al no cumplir sus compromisos los prestatarios, las cantidades adeudadas en virtud de los contratos de crédito fueron pagadas a las entidades prestamistas por los antedichos garantes profesionales, que se subrogaron en los derechos de estas. A continuación, esas sociedades fiadoras cedieron sus créditos, incluida la remuneración debida por los deudores en virtud de los contratos de fianza, a las demandantes en los litigios principales, que son, en esencia, sociedades de gestión de cobro de deudas.
26
El órgano jurisdiccional remitente precisa que, a excepción de uno de los asuntos de que conoce, los pagos efectuados por los garantes profesionales se efectuaron tras la expiración del plazo de seis meses previsto en el artículo 147 de la ZZD, sin que se haya formulado oposición contra los acreedores principales por su inacción respecto de los deudores durante ese período. Señala, a este respecto, que algunos órganos jurisdiccionales nacionales interpretan esta disposición en el sentido de que la extinción de la obligación del fiador vinculada a dicha inacción solo puede ser invocada por este y que, en caso de no ocurrir esto, tiene derecho a ejercitar una acción de repetición contra el deudor incumplidor.
27
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en primer lugar, a efectos de la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas contractuales en virtud de la Directiva 93/13, si procede interpretar que los contratos de crédito y de fianza formaban parte de una relación contractual única cuya finalidad era eludir el artículo 19 de la Ley sobre el Crédito al Consumo, en su versión aplicable a los litigios principales, que establece una TAE máxima para un contrato de crédito al consumo. A este respecto, señala que en siete de los ocho procedimientos de que conoce, la fianza fue aportada por una filial del prestamista. Precisa, además, que la remuneración del fiador, que debe pagarse en las mismas fechas que las cuotas del préstamo, se fijó, en todos los casos, en un importe superior al 75 % del importe total que debía devolverse en concepto del crédito. Añade que esta remuneración no se tuvo en cuenta para el cálculo de la TAE del contrato de crédito.
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En segundo lugar, se pregunta si la elección del fiador por parte del prestamista, vinculante para el prestatario, puede considerarse una práctica comercial desleal, en el sentido de la Directiva 2005/29, y, en caso de no ser así, si está facultado, en el marco de un procedimiento no contradictorio, para constatar el carácter abusivo de una cláusula contractual únicamente sobre la base de una duda seria sobre este extremo.
29
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente plantea la cuestión de la compatibilidad de la jurisprudencia nacional relativa al artículo 147 de la ZZD con el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 2008/48, suponiendo que sea aplicable al caso de autos, y con los artículos 5 y 7 de la Directiva 93/13.
30
En cuarto lugar, se pregunta si la remuneración de la fianza, impuesta por una cláusula del contrato de crédito, debe tenerse en cuenta a la hora de determinar la TAE y si la indicación errónea de esta debe asimilarse a una falta de mención en el contrato de crédito.
31
En quinto lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la posibilidad de calificar los contratos de fianza de que se trata como contratos de seguro, en el sentido de la Directiva 2009/138, y, en caso afirmativo, sobre la necesidad de una eventual autorización del fiador con arreglo al artículo 14 de dicha Directiva.
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En estas circunstancias, el Sofiyski rayonen sad (Tribunal de Primera Instancia de Sofía) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Deben interpretarse los artículos 4, apartado 2, y 6, apartado 1, de la Directiva [93/13] en el sentido de que, cuando un contrato de crédito estipula una obligación, a cargo del consumidor, de celebrar un contrato de fianza con un fiador designado por el prestamista, el contenido del contrato de fianza no constituye el “objeto principal” del contrato con ese tercero, sino una parte del contenido del contrato de crédito? ¿Tiene alguna relevancia a este respecto que el prestamista y el fiador sean personas vinculadas?
2)
¿Debe interpretarse el punto 1, letra i), del anexo de la Directiva [93/13] en el sentido de que, cuando el consumidor está obligado a designar un fiador en el marco de un contrato de crédito ya celebrado —siendo una de las posibilidades que aquel designe a una persona indicada por el prestamista—, ha de considerarse que no resulta claro cuál es el contenido de la obligación del consumidor derivada del contrato de fianza suscrito el día de la celebración del contrato de crédito, una vez celebrado este, al no haberle sido posible al consumidor elegir o proponer él mismo a la persona que el prestamista debía designar como futuro fiador?
3)
En caso de que se responda a la anterior cuestión que resulta claro cuál es el objeto del contrato de fianza, ¿debe interpretarse el punto 1, letras i), j) y m), del anexo de la Directiva [93/13] en el sentido de que, cuando el consumidor se ha obligado a designar un fiador en el marco de un contrato de crédito ya celebrado —si una de las posibilidades consiste en que designe a una persona indicada por el prestamista—, ha de considerarse que no resulta claro cuál es el contenido de la obligación del consumidor derivada del contrato de crédito, y que ello puede dar lugar a la nulidad del contrato de crédito o de algunas de sus cláusulas?
4)
¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, de la Directiva [93/13], en relación con el artículo 8 de la Directiva [2005/29], en el sentido de que siempre que una persona que ha concedido un crédito exija que el consumidor celebre un contrato con una persona designada por el prestamista que garantizará el crédito de este frente al consumidor, se tratará de un caso de explotación de la posición desventajosa del consumidor y, por tanto, de una práctica comercial agresiva?
5)
En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión, ¿deben interpretarse los artículos 4, apartado 1, y 7 de la Directiva [93/13], en relación con el artículo 8 de la Directiva [2005/29], en el sentido de que, en un procedimiento judicial en el que solo existe una parte, como el proceso monitorio, en el que no interviene el consumidor, las dudas del órgano jurisdiccional sobre el carácter abusivo de una cláusula contractual pueden basarse en la mera sospecha de que el consumidor aceptó la cláusula como resultado de una práctica comercial desleal, o bien debe constatarse este último extremo con certeza?
6)
¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 2, de la Directiva [2008/48] en el sentido de que la citada disposición debe aplicarse en los casos en que el contrato de crédito esté vinculado a un servicio accesorio, consistente en la constitución de una fianza por un tercero a cambio de una remuneración, y el consumidor tenga la posibilidad no solo de ejercitar sus pretensiones frente al incumplimiento de las obligaciones del fiador, como el pago tras la expiración de un plazo legal, sino también de invocar excepciones procesales que excluyan la obligación frente al fiador?
7)
¿Es conforme con el artículo 15, apartado 2, de la Directiva [2008/48], en relación con el principio de efectividad, o, en su caso —si se acepta que el contrato de crédito y el contrato de fianza constituyen negocios jurídicos vinculados—, con los artículos 5 y 7 de la Directiva [93/13], en relación con el punto 1, letras b) y c), del anexo de dicha Directiva, una jurisprudencia nacional según la cual el fiador de un contrato vinculado con un contrato de crédito al consumo, que ha percibido del consumidor una remuneración por la garantía del contrato de crédito y que ha pagado al acreedor principal en virtud de una cláusula contractual, pese a haber expirado el plazo establecido en el artículo 147 de la [ZZD] —lo que conlleva, según la jurisprudencia, la extinción de la fianza en su totalidad— puede alegar, no obstante, que se ha subrogado en los derechos del prestamista original e, invocando una jurisprudencia contradictoria relativa a la aplicación de dicha Ley, reclamar el pago al deudor principal?
8)
¿Debe interpretarse el artículo 3, letra g), de la Directiva [2008/48], en relación con el artículo 5 de la Directiva [93/13], en el sentido de que, en el caso de una obligación de suscribir un contrato de fianza vinculado, estipulada en un contrato de crédito, que da lugar a un aumento del coste total del crédito, la [TAE] del crédito ha de calcularse también teniendo en cuenta el incremento de las cuotas por la remuneración del fiador? ¿Tiene alguna relevancia a este respecto quién sea la persona que ha elegido al fiador y la circunstancia de que este sea una persona vinculada al acreedor principal?
9)
¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra g), de la Directiva [2008/48] en el sentido de que la información errónea sobre la [TAE] contenida en un contrato de crédito celebrado entre un profesional y un consumidor como prestatario debe considerarse equiparable a la falta de indicación de la [TAE] en dicho contrato, y el órgano jurisdiccional nacional debe aplicar las consecuencias jurídicas previstas por el Derecho interno para los casos de falta de indicación de la [TAE] en un contrato de crédito al consumo? ¿Debe considerarse que estas consecuencias también son necesariamente vinculantes para el fiador que ha pagado, en sus relaciones con el consumidor?
10)
¿Debe interpretarse el artículo 23, segunda frase, de la Directiva [2008/48] en el sentido de que puede considerarse proporcionada la sanción establecida por el legislador nacional consistente en la nulidad del contrato de crédito al consumo, de manera que solo deberá reembolsarse el principal del préstamo concedido, en los casos en que el contrato de crédito al consumo no contenga una indicación precisa de cuál sea la [TAE] al no presentar los gastos por los servicios de un fiador profesional elegido por el acreedor, (aunque la cifra de la [TAE] conste en el texto del contrato de crédito)?
11)
¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, de la Directiva [2009/138], en relación con la parte A, punto 14, del anexo 1 de dicha Directiva, en el sentido de que el ejercicio profesional de una actividad remunerada como fiador de forma tal que la sociedad fiadora paga el importe total del crédito en todos los casos de incumplimiento de la obligación de pago del consumidor como deudor principal, y la remuneración se abona con cada cuota del crédito, con independencia del incumplimiento por el consumidor, constituye una “actividad de seguro” en el sentido de dicha Directiva?
12)
En caso de respuesta afirmativa a la undécima cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 14, apartado 1, de la Directiva [2009/138] en el sentido de que una persona que desarrolla la actividad mencionada en la undécima cuestión está sujeta a la obligación de obtener la autorización de las autoridades nacionales de supervisión competentes para la concesión de autorizaciones a las compañías aseguradoras?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la admisibilidad
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Según jurisprudencia reiterada, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una petición de decisión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado [sentencia de 18 de junio de 2024, Bundesrepublik Deutschland (Efecto de una resolución por la que se concede el estatuto de refugiado), C‑753/22, EU:C:2024:524, apartado 44 y jurisprudencia citada].
34
A este respecto, también se desprende de reiterada jurisprudencia que una petición de decisión prejudicial no tiene como objetivo la formulación de opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino que busca satisfacer la necesidad inherente a la solución efectiva de un litigio relativo al Derecho de la Unión (sentencia de 31 de mayo de 2018, Confetra y otros, C‑259/16 y C‑260/16, EU:C:2018:370, apartado 63).
35
Procede examinar la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales planteadas a la luz de las consideraciones anteriores.
Cuestiones prejudiciales primera a décima
36
Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia rechaza la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales primera a cuarta y sexta a décima alegando, en esencia, que tienen carácter hipotético, ya que se refieren a circunstancias fácticas que no son las de los litigios principales, tal como han sido establecidas por el órgano jurisdiccional remitente. Además, a su entender, las cuestiones prejudiciales sexta a octava no tienen en cuenta el concepto de «contrato de crédito vinculado», en el sentido del artículo 3, letra n), de la Directiva 2008/48, mientras que la décima cuestión prejudicial contradice a las disposiciones del Derecho búlgaro relativas a las consecuencias de una irregularidad en la mención de la TAE.
37
Pues bien, habida cuenta de las circunstancias que dieron lugar a los litigios principales, tal como se desprenden de la petición de decisión prejudicial, no resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada en el marco de las cuestiones prejudiciales primera a cuarta y sexta a décima no guarde relación alguna con los procedimientos principales o que los problemas planteados por el órgano jurisdiccional remitente sean de carácter hipotético. Además, la cuestión de si el órgano jurisdiccional remitente, al formular las cuestiones prejudiciales sexta a octava, se basó en una interpretación errónea del concepto de «contrato de crédito vinculado», en el sentido del artículo 3, letra n), de la Directiva 2008/48, forma parte del examen del fondo de estas cuestiones y no puede, por tanto, afectar a su admisibilidad. Por último, como se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 33 de la presente sentencia, no corresponde al Tribunal de Justicia examinar la procedencia de la interpretación que hace el órgano jurisdiccional remitente de su propio Derecho nacional.
38
Por otra parte, en la medida en que las cuestiones prejudiciales primera a cuarta se refieren, al igual que la quinta, a la interpretación de la Directiva 93/13, procede recordar que están comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, como se desprende de su artículo 1, apartado 1, los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, en el sentido del artículo 2, letra b), de la referida Directiva. Si bien de la lectura de la resolución de remisión parece desprenderse que las personas físicas suscriptoras de los contratos de crédito y de fianza controvertidos en los litigios principales tienen la condición de consumidor en el sentido de esta última disposición, corresponde, no obstante, al órgano jurisdiccional remitente comprobar si efectivamente es así.
39
En estas circunstancias, procede declarar la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales primera a décima.
Cuestiones prejudiciales undécima y duodécima
40
Mediante su undécima cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2009/138, en relación con el anexo I, parte A, punto 14, de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que el ejercicio profesional de una actividad remunerada como fiador, en el marco de la cual, por una parte, la sociedad fiadora reembolsa al prestamista, en todos los casos de incumplimiento del prestatario, la totalidad de las cantidades adeudadas en concepto de un préstamo contratado por este último y, por otra parte, la remuneración ha de abonarse con cada cuota del préstamo con independencia de tal incumplimiento, constituye una «actividad de seguro» en el sentido de la referida Directiva. En caso de respuesta afirmativa, mediante su duodécima cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2009/138 debe interpretarse en el sentido de que una persona que desarrolla esa actividad está sujeta a la obligación de obtener una autorización de las autoridades nacionales encargadas de la concesión de autorizaciones a los aseguradores.
41
Procede recordar que los litigios principales tienen por objeto solicitudes de expedición de requerimientos de pago de deudas pecuniarias contraídas por prestatarios y asumidas por sociedades fiadoras, que cedieron sus créditos a las demandantes en los litigios principales, y que, en el marco de esos asuntos, se plantea la cuestión del carácter eventualmente abusivo o engañoso de determinadas cláusulas contractuales, así como de las consecuencias que, en su caso, habría que extraer de tal calificación.
42
Pues bien, basta señalar, sin que sea ni siquiera necesario preguntarse sobre la eventual aplicabilidad de la Directiva 2009/138 a los litigios principales, que dicha Directiva no prevé sanciones civiles para los contratos de seguro que se celebren incumpliendo sus disposiciones relativas la autorización previa de las empresas de seguros.
43
Por tanto, habida cuenta del objeto de los asuntos de que se trata en los litigios principales, las cuestiones prejudiciales undécima y duodécima son, en cualquier caso, de naturaleza hipotética.
44
En estas circunstancias, en virtud de la jurisprudencia recordada en el apartado 34 de la presente sentencia, procede declarar la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales undécima y duodécima.
Sobre el fondo
Primera cuestión prejudicial
45
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, corresponde al Tribunal de Justicia reformular en su caso las cuestiones prejudiciales que se le han planteado (sentencia de 20 de junio de 2024, Greislzel, C‑35/23, EU:C:2024:532, apartado 39 y jurisprudencia citada).
46
En el caso de autos, procede tomar en consideración el contexto en el que se inscribe la primera cuestión prejudicial, tal como se desprende de las explicaciones del órgano jurisdiccional remitente resumidas en el apartado 27 de la presente sentencia. Además, en la medida en que esta cuestión se refiere a la posibilidad de apreciar el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato de fianza, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, que atañe a las consecuencias de la constatación del carácter abusivo de una cláusula de un contrato, no es pertinente para responder a esta cuestión.
47
Por consiguiente, procede considerar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato de fianza que determinan las obligaciones del fiador y del deudor en los litigios principales, en una situación en la que este último celebró el contrato de fianza concomitantemente a la celebración del contrato de crédito y para cumplir una obligación impuesta por este último contrato, y donde el fiador es una filial del prestamista o una persona elegida por este y los gastos de fianza han de abonarse al mismo tiempo que las cuotas del contrato de préstamo.
48
A tenor del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.
49
Según reiterada jurisprudencia, tanto de las exigencias de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate (sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, apartado 37).
50
Así sucede con el tenor del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, ya que dicha disposición no contiene ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance.
51
En lo que respecta a la categoría de cláusulas contractuales incluidas en el concepto de «objeto principal del contrato», a efectos del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, el Tribunal de Justicia ha declarado que esas cláusulas deben entenderse como las que regulan las prestaciones esenciales del contrato y que, como tales, lo caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter accesorio respecto de las que definen la esencia misma de la relación contractual no pueden formar parte del concepto de «objeto principal del contrato», a efectos de la citada disposición (sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C‑186/16, EU:C:2017:703, apartados 35 y 36 y jurisprudencia citada).
52
De esta jurisprudencia se desprende que, en principio, para determinar si una cláusula está comprendida en el «objeto principal» del contrato del que forma parte, es preciso referirse a las prestaciones esenciales de ese contrato. Pues bien, el hecho de que el mencionado contrato haya sido celebrado por el consumidor para cumplir una obligación impuesta por otro contrato que dicho consumidor celebró concomitantemente carece de pertinencia a este respecto.
53
No obstante, debe tenerse en cuenta que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas (sentencia de 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, apartado 27).
54
Habida cuenta de tal situación de inferioridad, la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros a establecer un mecanismo que asegure que toda cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada para apreciar su eventual carácter abusivo. En este contexto, incumbe al juez nacional determinar, atendiendo a los criterios enunciados en los artículos 3, apartado 1, y 5 de la Directiva 93/13, si dadas las circunstancias propias del caso concreto esa cláusula cumple las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia establecidas por esta Directiva (sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, apartado 40).
55
Pues bien, la eficacia de este mecanismo se vería menoscabada si se permitiera a un profesional excluir de la apreciación de su eventual carácter abusivo las cláusulas que no forman parte del objeto principal de un contrato que celebra con un consumidor, haciendo figurar tales cláusulas en un contrato accesorio distinto del que constituyen su objeto principal, contrato que el consumidor celebraría, a petición de ese profesional, con una filial de este o con una persona elegida por dicho profesional.
56
En tal situación, procede analizar ambos contratos como un todo y, en consecuencia, apreciar el eventual carácter abusivo de las cláusulas que figuran en el contrato accesorio, siempre que no formen parte del objeto principal de la relación contractual establecida entre el profesional y el consumidor.
57
Esta consideración se ve corroborada, por una parte, por el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, a tenor del cual el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta, en particular, todas las circunstancias que concurran en la celebración de ese contrato, así como todas las cláusulas de otro contrato del que el primer contrato dependa. Por otra parte, también se ve corroborada por el hecho de que el artículo 4, apartado 2, de la referida Directiva debe ser objeto de una interpretación estricta, dado que establece una excepción al mecanismo de control del fondo de las cláusulas abusivas previsto en el sistema de protección de los consumidores que establece la citada Directiva (sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros, C‑186/16, EU:C:2017:703, apartado 34 y jurisprudencia citada).
58
Así pues, cuando, como en asuntos como los controvertidos en los litigios principales, el consumidor ha celebrado, concomitantemente a la celebración de un contrato de crédito, un contrato de fianza con una filial del prestamista o con una persona elegida por este último, siendo la celebración de ese segundo contrato un requisito bien para la obtención del crédito, bien para un desembolso más rápido de los fondos prestados, y siendo los gastos de fianza exigibles al mismo tiempo que las cuotas del préstamo, el hecho de que las obligaciones del fiador y del deudor principal figuren en un contrato de fianza distinto del contrato de crédito no puede hacer que las cláusulas del contrato de fianza entren en el ámbito de aplicación del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, so pena de vaciar de contenido la protección de la que debe disfrutar el consumidor que se encuentra en una situación de inferioridad con respecto al profesional.
59
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la apreciación del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas de un contrato de fianza que determinan las obligaciones del fiador y del deudor en los litigios principales, en una situación en la que este último celebró ese contrato concomitantemente al contrato de crédito y para cumplir una obligación prevista por este último contrato, y donde el fiador es una filial del prestamista o una persona elegida por este y los gastos de fianza han de abonarse al mismo tiempo que las cuotas del contrato de préstamo.
Cuestiones prejudiciales segunda y tercera
60
Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el punto 1, letras i), j) y m), del anexo de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula por la que un consumidor se compromete, en el marco de un contrato de crédito, a celebrar un contrato de fianza con un fiador elegido por el prestamista, sin tener conocimiento, en el momento de la celebración del contrato de crédito, de la identidad del fiador y del contenido de las cláusulas de dicho contrato de fianza, está comprendida en el ámbito de aplicación de alguna de esas disposiciones.
61
Como establece el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, el anexo de esta contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. Entre ellas se encuentran, en particular, como se desprende del punto 1, letras i), j) y m), respectivamente, de dicho anexo, las cláusulas que tengan por efecto, en primer lugar, hacer constar de forma irrefragable la adhesión del consumidor a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato, en segundo lugar, autorizar al profesional a modificar unilateralmente sin motivos válidos especificados en el contrato los términos del mismo y, en tercer lugar, conceder al profesional el derecho a determinar si la cosa entregada o el servicio prestado se ajusta a lo estipulado en el contrato, o conferirle el derecho exclusivo a interpretar una cualquiera de las cláusulas del contrato.
62
Pues bien, es preciso observar que una cláusula por la que un consumidor se compromete, en el marco de un contrato de crédito, a celebrar un contrato de fianza con un fiador elegido por el prestamista, sin tener conocimiento, en el momento de la celebración del contrato de crédito, de la identidad del fiador y del contenido de las cláusulas de dicho contrato de fianza, no corresponde a ninguna de las situaciones contempladas en el punto 1, letras i), j) y m), del anexo de la Directiva 93/13. Por lo que respecta, en particular, al punto 1, letra i), de dicho anexo, procede señalar que el mero compromiso del consumidor, en el momento de la celebración de un contrato de crédito, de celebrar un contrato de fianza con un fiador elegido por el prestamista no equivale a la adhesión del consumidor a las cláusulas de un contrato de fianza de las que no haya podido tener conocimiento, ya que el consumidor, para cumplir ese compromiso, debe celebrar posteriormente el contrato de fianza.
63
Precisado lo anterior, es preciso recordar que la lista de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas, que figura en el anexo de la Directiva 93/13, solo es indicativa. Por consiguiente, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si una cláusula de un contrato de crédito, por la que el consumidor se compromete a celebrar un contrato de fianza con un fiador elegido por el prestamista, sin tener conocimiento, en el momento en que asume ese compromiso, de la identidad del fiador y del contenido de las cláusulas del contrato de fianza, causa en detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato de crédito, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la antedicha Directiva. En caso afirmativo, deberá calificarse esa cláusula de «abusiva» y extraerse las consecuencias que se derivan de esta calificación para la validez de dicha cláusula y, en su caso, del contrato del que forma parte.
64
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que el punto 1, letras i), j) y m), del anexo de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula por la que un consumidor se compromete, en el marco de un contrato de crédito, a celebrar un contrato de fianza con un fiador elegido por el prestamista, sin tener conocimiento, en el momento de la celebración del contrato de crédito, de la identidad del fiador y del contenido de las cláusulas de dicho contrato de fianza, no está comprendida en el ámbito de aplicación de esas disposiciones.
Cuarta cuestión prejudicial
65
Como se desprende de la resolución de remisión, la cuarta cuestión prejudicial se plantea, por una parte, a la luz de la jurisprudencia según la cual, si bien la comprobación del carácter desleal de una práctica comercial no permite determinar automáticamente por sí sola el carácter abusivo de una cláusula contractual, sí constituye uno de los elementos en los que el juez competente puede basar su apreciación del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato, apreciación que, en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13, debe tener en cuenta todas las circunstancias propias del caso concreto (sentencia de 19 de septiembre de 2018, Bankia, C‑109/17, EU:C:2018:735, apartado 49 y jurisprudencia citada). Por otra parte, de su tenor se desprende que, mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente trata de determinar si la situación a la que se refiere puede considerarse siempre una práctica comercial agresiva. En estas circunstancias, el artículo 5, apartado 5, y el anexo I de la Directiva 2005/29 son pertinentes para la respuesta que ha de darse a esta cuestión prejudicial.
66
Por consiguiente, procede considerar que, mediante la referida cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 8 de la Directiva 2005/29, en relación con el artículo 5, apartado 5, y el anexo I de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la inclusión en los contratos de crédito de una cláusula en virtud de la cual el consumidor ha de celebrar un contrato de fianza con una persona elegida por el prestamista constituye una práctica comercial agresiva en cualquier circunstancia.
67
A este respecto, es preciso recordar que el capítulo 2 de la Directiva 2005/29, titulado «Prácticas comerciales desleales», comprende dos secciones, a saber, la sección 1, relativa a las prácticas comerciales engañosas, y la sección 2, relativa a las prácticas comerciales agresivas.
68
El artículo 5 de dicha Directiva, que se encuentra en el capítulo 2 de la misma, prohíbe, en su apartado 1, las prácticas comerciales desleales y establece, en su apartado 2, los criterios que permiten determinar si una práctica comercial tiene carácter desleal. Dicho artículo 5 precisa, en su apartado 4, que son desleales, en particular, las prácticas comerciales que sean «engañosas» según lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Directiva 2005/29, y las que sean «agresivas» según lo establecido en los artículos 8 y 9 de dicha Directiva. El apartado 5 del citado artículo 5 dispone, además, que en el anexo I de la Directiva 2005/29 figura una lista de las prácticas comerciales que se considerarán desleales en cualquier circunstancia y que esa lista, que se aplica en todos los Estados miembros, solo podrá modificarse mediante una revisión de esa Directiva. La referida lista enumera, en sus puntos 1 a 23, las prácticas comerciales engañosas en cualquier circunstancia y, en sus puntos 24 a 31, las prácticas comerciales agresivas en cualquier circunstancia.
69
A este respecto, el considerando 17 de la Directiva 2005/29 precisa que, para incrementar la seguridad jurídica, únicamente las prácticas enumeradas en el anexo I se considerarán desleales en cualquier circunstancia, sin que deba llevarse a cabo un examen pormenorizado de que se dan en cada caso concreto los supuestos contemplados en los artículos 5 a 9 de esa Directiva (sentencia de 14 de noviembre de 2024, Compass Banca, C‑646/22, EU:C:2024:957, apartado 66).
70
Puesto que el anexo I de la Directiva 2005/29 constituye una lista completa y exhaustiva de las prácticas comerciales que se consideran desleales en cualquier circunstancia, una práctica comercial como la controvertida en los litigios principales únicamente puede calificarse de práctica comercial agresiva en cualquier circunstancia, en el sentido de esa Directiva, a condición de que corresponda a una de las situaciones enumeradas en los puntos 24 a 31 de dicho anexo (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2024, Compass Banca, C‑646/22, EU:C:2024:957, apartado 67).
71
Pues bien, una simple lectura de los referidos puntos 24 a 31 permite constatar que no existe tal correspondencia.
72
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 8 de la Directiva 2005/29, en relación con el artículo 5, apartado 5, y el anexo I de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que la inclusión en los contratos de crédito de una cláusula en virtud de la cual el consumidor ha de celebrar un contrato de fianza con una persona elegida por el prestamista no constituye una práctica comercial agresiva en cualquier circunstancia.
Quinta cuestión prejudicial
73
Con carácter preliminar, es preciso señalar que, si bien el tenor de la quinta cuestión prejudicial tiene por objeto los artículos 4, apartado 1, y 7 de la Directiva 93/13, la obligación de los Estados miembros de establecer que no vincularán al consumidor las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional se enuncia en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva. Además, aunque el órgano jurisdiccional remitente se ha referido al artículo 8 de la Directiva 2005/29, relativo a las prácticas comerciales agresivas, la quinta cuestión prejudicial atañe, de manera más general, a las prácticas comerciales desleales, en el sentido del artículo 5 de dicha Directiva, de las que las prácticas comerciales agresivas solo son una subcategoría.
74
Habida cuenta de estas precisiones, procede considerar que, mediante su quinta cuestión prejudicial, planteada para el supuesto de que se dé una respuesta negativa a la cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, que conoce de una solicitud de expedición de un requerimiento de pago en el marco de un procedimiento en el que el deudor-consumidor no participa, puede excluir de oficio la aplicación de una cláusula del contrato de crédito al consumo celebrado entre ese consumidor y el profesional de que se trate, basándose únicamente en la existencia de la sospecha de que el consumidor haya podido aceptar dicha cláusula como consecuencia de una práctica comercial desleal, en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2005/29, o si la existencia de dicha práctica debe constatarse con certeza.
75
A este respecto, de la jurisprudencia recordada en el apartado 65 de la presente sentencia se desprende que la comprobación del carácter desleal de una práctica comercial no es más que uno de los elementos en los que el que el juez competente puede basar su apreciación del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato. En efecto, dicho juez ha de pronunciarse sobre la aplicación de los criterios generales enunciados en los artículos 3 y 4 de la Directiva 93/13 a una cláusula particular que debe ser examinada en función de todas las circunstancias propias del caso concreto (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2012, Pereničová y Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, apartado 44).
76
De ello se deduce que, para calificar de abusiva una cláusula que figura en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, no es en modo alguno necesario que se acredite la existencia de una práctica comercial desleal, siendo la existencia de una sospecha a este respecto, no obstante, un elemento que puede tomarse en consideración en el examen mencionado en el apartado anterior. No es menos cierto que el juez competente solo puede excluir la aplicación de una cláusula de tal contrato si ha llegado a la convicción de que dicha cláusula tiene carácter abusivo, sin que sea suficiente una mera sospecha a este respecto.
77
En este sentido, es preciso recordar que, si bien el juez nacional, al abstenerse de aplicar una cláusula abusiva con el fin de que no produzca efectos vinculantes para el consumidor de que se trate, subsana el desequilibrio que exista entre el consumidor y el profesional, solo puede hacerlo si dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto. De lo antedicho resulta que, en su caso, el órgano jurisdiccional nacional deberá acordar, a falta de oposición por parte del consumidor de que se trate y si es preciso de oficio, diligencias de prueba a fin de completar los autos, solicitando a las partes, con observancia del principio de contradicción, que le faciliten información complementaria a ese efecto. Tales fundamentos también se aplican al proceso monitorio [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensación de oficio en caso de cláusula abusiva), C‑170/21, EU:C:2022:518, apartados 31 a 33 y jurisprudencia citada].
78
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el juez nacional, que conoce de una solicitud de expedición de un requerimiento de pago en el marco de un procedimiento en el que el deudor-consumidor no participa, no puede excluir de oficio la aplicación de una cláusula del contrato de crédito al consumo celebrado entre ese consumidor y el profesional de que se trate si no tiene la convicción de que esa cláusula debe calificarse de «abusiva», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la referida Directiva. La existencia de la sospecha de que el consumidor haya podido aceptar dicha cláusula como consecuencia de una práctica comercial desleal, en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2005/29, puede, no obstante, constituir un elemento, entre otros, susceptible de ser tomado en consideración a efectos de apreciar el carácter eventualmente abusivo de la cláusula en cuestión.
Cuestiones prejudiciales sexta y séptima
79
Con carácter preliminar, procede señalar que, en la séptima cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta acerca de la compatibilidad de una jurisprudencia nacional, en particular, con los artículos 5 y 7 de la Directiva 93/13 y el punto 1, letras b) y c), del anexo de la misma. Pues bien, como ha señalado el Abogado General en el punto 23 de sus conclusiones, estas disposiciones atañen a la interpretación de las cláusulas de los contratos celebrados entre un consumidor y un profesional y al eventual carácter abusivo de tales cláusulas, y no a los efectos que se derivan directamente de la aplicación del Derecho nacional y de la jurisprudencia correspondiente, sin tener su origen en una cláusula de un contrato.
80
Por consiguiente, debe responderse a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima únicamente sobre la base de la Directiva 2008/48, teniendo en cuenta que dichas cuestiones tienen por objeto determinar la eventual aplicabilidad del artículo 15, apartado 2, de dicha Directiva a contratos de crédito como los controvertidos en los litigios principales, que esta disposición se aplica únicamente a los «contratos de crédito vinculados», en el sentido de la referida Directiva, y que el concepto de «contrato de crédito vinculado» se define en el artículo 3, letra n), de esta.
81
A la luz de estos elementos, procede considerar que, mediante sus cuestiones prejudiciales sexta y séptima, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el concepto de «contrato de crédito vinculado», en el sentido del artículo 3, letra n), de la Directiva 2008/48, debe interpretarse en el sentido de que comprende un contrato de crédito cuya celebración esté vinculada únicamente a la celebración de un contrato de fianza con un tercero remunerado a tal efecto y, en caso afirmativo, si el artículo 15, apartado 2, de dicha Directiva debe interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional según la cual, cuando el garante de un contrato de fianza, remunerado por el deudor principal, ha reembolsado las cantidades adeudadas en concepto del préstamo al acreedor principal tras la expiración de un plazo legal que tiene por efecto la extinción total de la fianza, ese garante puede, no obstante, invocar su subrogación en los derechos del acreedor y reclamar al deudor principal el pago de las cantidades así abonadas.
82
Del artículo 3, letra n), de la Directiva 2008/48 se desprende que el concepto de «contrato de crédito vinculado» se refiere a un contrato de crédito en virtud del cual, por una parte, el crédito en cuestión sirve exclusivamente para financiar un contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la prestación de servicios específicos y, por otra parte, los dos contratos constituyen una unidad comercial desde un punto de vista objetivo. Estos dos requisitos son acumulativos.
83
Pues bien, es evidente que no puede considerarse que un contrato de crédito cuya celebración esté vinculada solamente a la celebración de un contrato de fianza sirva para financiar este último contrato.
84
En consecuencia, es preciso señalar que tales contratos de crédito no cumplen el primero de los requisitos acumulativos cuya concurrencia caracteriza el concepto de «contrato de crédito vinculado», en el sentido del artículo 3, letra n), de la Directiva 2008/48. Por tanto, la circunstancia de que esos contratos constituyan una unidad comercial con un contrato de fianza prestado por un tercero remunerado a tal efecto, aun suponiendo que estuviese acreditada, no basta para que tales contratos estén comprendidos en ese concepto y, por consiguiente, entren dentro del ámbito de aplicación del artículo 15, apartado 2, de la referida Directiva.
85
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales sexta y séptima que el concepto de «contrato de crédito vinculado», en el sentido del artículo 3, letra n), de la Directiva 2008/48, debe interpretarse en el sentido de que no comprende un contrato de crédito cuya celebración esté vinculada únicamente a la celebración de un contrato de fianza con un tercero remunerado a tal efecto.
Octava cuestión prejudicial
86
Con carácter preliminar, es preciso señalar que el artículo 5 de la Directiva 93/13, al que se refiere el tenor de la octava cuestión prejudicial, carece de pertinencia para el problema que esta plantea.
87
Procede, por tanto, considerar que, mediante su octava cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, letras g) e i), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que los costes relativos a un contrato de fianza cuya celebración se impone al consumidor por medio de una cláusula de un contrato de crédito que este ha suscrito y que conllevan un aumento del importe total de la deuda están comprendidos en el concepto de «coste total del crédito para el consumidor» y, por consiguiente, en el de «TAE».
88
Según el artículo 3, letra g), de la Directiva 2008/48, el concepto de «coste total del crédito para el consumidor» comprende todos los gastos, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba pagar en relación con el contrato de crédito y que sean conocidos por el prestamista, con excepción de los gastos de notaría. De conformidad con esta disposición, el coste de los servicios accesorios relacionados con el contrato de crédito se incluye asimismo en este concepto si, además, la celebración del contrato de servicios es obligatoria para obtener el crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas.
89
En virtud del artículo 3, letra i), de la Directiva 2008/48, la TAE se corresponde con el coste total del crédito para el consumidor, expresado como porcentaje anual del importe total del crédito concedido, más los costes contemplados en el artículo 19, apartado 2, de dicha Directiva, si procede.
90
Para garantizar una protección extensa de los consumidores, el legislador de la Unión ha definido de manera amplia del concepto de «coste total del crédito para el consumidor», que designa todos los gastos que este deba pagar en relación con el contrato de crédito y que sean conocidos por el prestamista [sentencia de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito), C‑714/22, EU:C:2024:263, apartado 40 y jurisprudencia citada].
91
Es preciso recordar que el considerando 22 de la Directiva 2008/48 indica, por una parte, que debe suponerse que el prestamista conoce el coste de los servicios accesorios que, él mismo o en nombre de un tercero, ofrece al consumidor, salvo si el precio está en función de las características específicas del consumidor o de su situación particular, y, por otra parte, que aunque el importe de esos gastos no pueda determinarse de antemano, los consumidores han de ser debidamente informados de su existencia en la fase precontractual.
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Pues bien, la octava cuestión prejudicial se refiere al supuesto de un contrato de crédito que impone al prestatario la obligación de celebrar un contrato de fianza para obtener el crédito. Por tanto, el proporcionar, en virtud de este último contrato, un fiador constituye un servicio vinculado al contrato de crédito, en el sentido del artículo 3, letra g), de la Directiva 2008/48 y, en la medida en que la celebración del contrato de fianza es obligatoria para la propia obtención del crédito, los gastos relativos a dicho contrato forman parte del «coste total del crédito para el consumidor», de conformidad con dicha disposición. En consecuencia, en virtud del mismo artículo, letra i), esos gastos deben tomarse en consideración para el cálculo de la TAE.
93
Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la octava cuestión prejudicial que el artículo 3, letras g) e i), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse en el sentido de que los costes relativos a un contrato de fianza cuya celebración se impone al consumidor por medio de una cláusula de un contrato de crédito que este ha suscrito y que conllevan un aumento del importe total de la deuda están comprendidos en el concepto de «coste total del crédito para el consumidor» y, por consiguiente, en el de «TAE».
Cuestiones prejudiciales novena y décima
94
Mediante sus cuestiones prejudiciales novena y décima, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 10, apartado 2, letra g), y 23 de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que, cuando un contrato de crédito al consumo no indique una TAE que incluya todos los gastos relacionados en el artículo 3, letra g), de esta Directiva, se lo repute exento de gastos e intereses, de modo que su anulación implique que el consumidor de que se trate haya de restituir solamente el capital prestado.
95
Es preciso recordar, por una parte, que el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48 lleva a cabo una armonización total en lo que respecta a los datos que deben incluirse obligatoriamente en el contrato de crédito. A tal efecto, el artículo 10, apartado 2, letra g), de esta Directiva establece que el contrato de crédito debe especificar, de forma clara y concisa, la TAE y el importe total adeudado por el consumidor, calculados en el momento de la suscripción del contrato de crédito [sentencia de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito), C‑714/22, EU:C:2024:263, apartado 50].
96
De la jurisprudencia se desprende que la mención de la TAE en el contrato de crédito reviste una importancia esencial, especialmente porque permite al consumidor valorar el alcance de su compromiso [sentencia de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito), C‑714/22, EU:C:2024:263, apartado 51].
97
Por otra parte, del artículo 23 de la Directiva 2008/48, a la luz de del considerando 47 de la misma, se desprende que, si bien la elección del régimen de sanciones aplicable en caso de infracción de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con esta Directiva queda a discreción de los Estados miembros, las sanciones que se establezcan han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Lo anterior implica que la gravedad de las sanciones debe adecuarse a la gravedad de las infracciones que castigan, garantizando un efecto realmente disuasorio y respetando al mismo tiempo el principio general de proporcionalidad [sentencia de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito), C‑714/22, EU:C:2024:263, apartado 52].
98
Habida cuenta de la importancia esencial que para el consumidor reviste la indicación de la TAE en tal contrato, el Tribunal de Justicia ha declarado que un juez nacional puede aplicar de oficio una normativa nacional que determina que, en caso de que no se indique la TAE, el crédito concedido se considera exento de intereses y gastos [sentencia de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito), C‑714/22, EU:C:2024:263, apartado 53].
99
El Tribunal de Justicia también ha declarado, en una situación en la que un contrato de crédito indicaba una TAE estimada y cuyo importe exacto debía precisarse después de la concesión del crédito, que la sanción consistente en privar al prestamista de su derecho a los intereses y gastos debía considerarse proporcionada a los efectos del artículo 23 de la Directiva 2008/48 [sentencia de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito), C‑714/22, EU:C:2024:263, apartado 54].
100
Por tanto, considerando que la indicación de la TAE en un contrato de crédito al consumo resulta esencial para que el consumidor pueda conocer sus derechos y obligaciones y que se exige incluir en el cálculo de la TAE todos los gastos relacionados en el artículo 3, letra g), de la Directiva 2008/48, ha de entenderse que la indicación de una TAE que no refleje fielmente todos esos gastos priva al consumidor de la posibilidad de determinar el alcance de su compromiso de la misma manera que la falta de indicación de la TAE. En consecuencia, privar al prestamista de su derecho a los intereses y gastos en caso de que se haya indicado una TAE que no incluya todos esos gastos constituye una sanción que es acorde con la gravedad de tal incumplimiento y que tiene carácter disuasorio y proporcionado [sentencia de 21 de marzo de 2024, Profi Credit Bulgaria (Servicios accesorios al contrato de crédito), C‑714/22, EU:C:2024:263, apartado 55].
101
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales novena y décima que los artículos 10, apartado 2, letra g), y 23 de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, cuando un contrato de crédito al consumo no indique una TAE que incluya todos los gastos relacionados en el artículo 3, letra g), de esta Directiva, se lo repute exento de gastos e intereses, de modo que su anulación implique que el consumidor de que se trate haya de restituir solamente el capital prestado.
Costas
102
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
1)
El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
debe interpretarse en el sentido de que
no se opone a la apreciación del carácter eventualmente abusivo de las cláusulas de un contrato de fianza que determinan las obligaciones del fiador y del deudor en los litigios principales, en una situación en la que este último celebró ese contrato concomitantemente al contrato de crédito y para cumplir una obligación prevista por este último contrato, y donde el fiador es una filial del prestamista o una persona elegida por este y los gastos de fianza han de abonarse al mismo tiempo que las cuotas del contrato de préstamo.
2)
El punto 1, letras i), j) y m), del anexo de la Directiva 93/13
debe interpretarse en el sentido de que
una cláusula por la que un consumidor se compromete, en el marco de un contrato de crédito, a celebrar un contrato de fianza con un fiador elegido por el prestamista, sin tener conocimiento, en el momento de la celebración del contrato de crédito, de la identidad del fiador y del contenido de las cláusulas de dicho contrato de fianza, no está comprendida en el ámbito de aplicación de esas disposiciones.
3)
El artículo 8 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 5, apartado 5, y el anexo I de dicha Directiva,
debe interpretarse en el sentido de que
la inclusión en los contratos de crédito de una cláusula en virtud de la cual el consumidor ha de celebrar un contrato de fianza con una persona elegida por el prestamista no constituye una práctica comercial agresiva en cualquier circunstancia.
4)
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13
debe interpretarse en el sentido de que
el juez nacional, que conoce de una solicitud de expedición de un requerimiento de pago en el marco de un procedimiento en el que el deudor-consumidor no participa, no puede excluir de oficio la aplicación de una cláusula del contrato de crédito al consumo celebrado entre ese consumidor y el profesional de que se trate si no tiene la convicción de que esa cláusula debe calificarse de «abusiva», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la referida Directiva. La existencia de la sospecha de que el consumidor haya podido aceptar dicha cláusula como consecuencia de una práctica comercial desleal, en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2005/29, puede, no obstante, constituir un elemento, entre otros, susceptible de ser tomado en consideración a efectos de apreciar el carácter eventualmente abusivo de la cláusula en cuestión.
5)
El concepto de «contrato de crédito vinculado», en el sentido del artículo 3, letra n), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo,
debe interpretarse en el sentido de que
no comprende un contrato de crédito cuya celebración esté vinculada únicamente a la celebración de un contrato de fianza con un tercero remunerado a tal efecto.
6)
El artículo 3, letras g) e i), de la Directiva 2008/48
debe interpretarse en el sentido de que
los costes relativos a un contrato de fianza cuya celebración se impone al consumidor por medio de una cláusula de un contrato de crédito que este ha suscrito y que conllevan un aumento del importe total de la deuda están comprendidos en el concepto de «coste total del crédito para el consumidor» y, por consiguiente, en el de «tasa anual equivalente».
7)
Los artículos 10, apartado 2, letra g), y 23 de la Directiva 2008/48
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a que, cuando un contrato de crédito al consumo no indique una tasa anual equivalente que incluya todos los gastos relacionados en el artículo 3, letra g), de esta Directiva, se lo repute exento de gastos e intereses, de modo que su anulación implique que el consumidor de que se trate haya de restituir solamente el capital prestado.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: búlgaro.