62024CJ0253_RES
Asunto C-253/24 [Pelavi] (
i
)
Ministero della Giustizia
contra
NZ
(Petición de decisión prejudicial planteada por la Corte di Appello di L’Aquila)
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 4 de septiembre de 2025
«Procedimiento prejudicial — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Jueces y fiscales honorarios y de carrera — Cláusula 5 — Medidas que tienen por objeto prevenir y sancionar la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada sucesivos — Directiva 2003/88/CE — Artículo 7 — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Procedimiento de evaluación para ser confirmado definitivamente en las funciones de juez o fiscal honorario — Renuncia ex lege a las pretensiones derivadas de las funciones de juez o fiscal honorario ejercidas con anterioridad al procedimiento de evaluación — Pérdida del derecho a vacaciones anuales retribuidas conferido por el Derecho de la Unión»
Política social — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada — Directiva 1999/70/CE — Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada sucesivos — Sanción de dicha utilización abusiva — Procedimiento de evaluación previa a la confirmación definitiva en las funciones de juez o fiscal honorario — Derecho a vacaciones anuales retribuidas — Normativa nacional que impone la renuncia al derecho a vacaciones anuales retribuidas derivado de las funciones de juez honorario ejercidas anteriormente — Improcedencia
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 31, ap. 2; Directiva 2003/88 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 7; Directiva 1999/70 del Consejo, anexo, cláusulas 4, ap. 1, y 5, ap. 1)
(véanse los apartados 50 a 60 y 67 a 79 y el fallo)
Resumen
El Tribunal de Justicia, que conoce de una petición de decisión prejudicial planteada por la Corte d’appello di L’Aquila (Tribunal de Apelación de L’Aquila, Italia), precisa la articulación entre el derecho a vacaciones anuales retribuidas garantizado por el Derecho de la Unión Europea y la protección ofrecida por el Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada (
1
) en el caso de una normativa nacional que obliga a los jueces y fiscales honorarios que deseen transformar sus relaciones laborales de duración determinada sucesivas en relaciones laborales por tiempo indefinido a renunciar a determinados derechos, entre ellos el derecho a vacaciones anuales retribuidas.
Este asunto forma parte de una serie de asuntos prejudiciales italianos relativos a la igualdad de trato entre jueces y fiscales honorarios y jueces y fiscales de carrera. (
2
) El legislador italiano introdujo, en 2021, para los jueces y fiscales honorarios ya en servicio, la posibilidad de ser confirmados en el ejercicio de sus funciones hasta que cumplan setenta años, siempre que superen un procedimiento de evaluación, estableciendo al mismo tiempo el requisito de renunciar a cualquier otra pretensión derivada de su relación laboral a título honorario anterior. (
3
) Este procedimiento tiene por objeto aplicar la obligación, derivada de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco, de adoptar medidas efectivas para prevenir y sancionar la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos.
Desde el 14 de febrero de 2001, NZ ha ejercido, además de su profesión de abogada, la función de jueza honoraria en el Tribunale di Vasto (Tribunal de Vasto, Italia). Durante el desempeño de esta función, no percibió compensación alguna durante las vacaciones judiciales, a diferencia de los jueces de carrera, que tenían derecho a vacaciones retribuidas. NZ fue prorrogada y renovada en su cargo de jueza honoraria cada cuatro años, hasta el 13 de diciembre de 2022, fecha de la confirmación definitiva en sus funciones.
Al considerarse víctima de una diferencia de trato ilegal en relación con la retribución de sus funciones antes de dicha confirmación, NZ interpuso una demanda contra su empleador, el Ministero della Giustizia (Ministerio de Justicia, Italia), con objeto de que se le reconociera un trato económico y jurídico equivalente al de los trabajadores que ejercen funciones comparables al servicio de dicho Ministerio, incluso en lo que se refiere a las vacaciones anuales. El órgano jurisdiccional de primera instancia estimó parcialmente la demanda. El Ministerio de Justicia interpuso recurso de apelación contra esta resolución ante la Corte d’appello di L’Aquila (Tribunal de Apelación de L’Aquila, Italia), que es el órgano jurisdiccional remitente, al considerar, en particular, que el litigio había quedado sin objeto, dado que la confirmación de NZ en sus funciones al término del procedimiento de evaluación implica la renuncia a cualquier otra pretensión derivada de su relación laboral a título honorario anterior.
En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la compatibilidad de esta renuncia ex lege con las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo Marco, el artículo 7 de la Directiva 2003/88 (
4
) y el artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), por lo que respecta, en particular, al derecho a las vacaciones anuales retribuidas.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Tras recordar su jurisprudencia relativa a las medidas destinadas a sancionar la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada, (
5
) el Tribunal de Justicia declara que la solicitud de participación en el procedimiento de evaluación implica renunciar al derecho a vacaciones anuales retribuidas correspondiente al período anterior a la confirmación definitiva garantizado por el artículo 7 de la Directiva 2003/88 y el artículo 31, apartado 2, de la Carta. La renuncia a este derecho constituye, según el Gobierno italiano, una contrapartida adecuada de la confirmación definitiva en las funciones de juez honorario, dado que la superación del procedimiento de evaluación no da lugar a una mera oportunidad de que se consolide la relación laboral anterior, sino que conlleva la consolidación efectiva de dicha relación laboral. Además, esta exigencia permite evitar una discriminación inversa contra los jueces y fiscales de carrera a los que se aplican plenamente los principios del concurso y de la exclusividad de la función judicial.
Es cierto que la existencia de una modalidad de selección por oposición reservada exclusivamente a los puestos de jueces y fiscales de carrera con el fin de acceder a la carrera judicial y fiscal, que no se aplica a la selección de los jueces y fiscales honorarios, permite excluir que estos últimos gocen de todos los derechos concedidos a los jueces y fiscales de carrera. No obstante, si bien determinadas diferencias de trato pueden estar justificadas por las diferencias de cualificación requerida y por la naturaleza de las tareas de las que son responsables los jueces y fiscales de carrera, la exclusión de todo derecho a vacaciones retribuidas en relación con los jueces y fiscales honorarios no puede admitirse a la luz de la cláusula 4 del Acuerdo Marco.
En efecto, este derecho está recogido en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88. Además, el derecho a un período de vacaciones anuales retribuidas, consagrado en el artículo 31, apartado 2, de la Carta, tiene un carácter a la vez imperativo e incondicional, ya que esta disposición no exige ser concretada por disposiciones del Derecho de la Unión o del Derecho nacional. De ello se deduce que esta disposición puede invocarse en un litigio entre los trabajadores y su empleador en una situación cubierta por el Derecho de la Unión y comprendida, por consiguiente, en el ámbito de aplicación de la Carta.
Así, la cláusula 4 del Acuerdo Marco, el artículo 7 de la Directiva 2003/88 y el artículo 31, apartado 2, de la Carta se oponen a una normativa nacional que, a diferencia de lo que prevé para los jueces y fiscales de carrera, excluye, para los jueces y fiscales honorarios que se encuentran en una situación comparable, todo derecho al abono de una compensación durante el período de vacaciones en el que se suspenden las actividades judiciales.
De ello se deduce que, por una parte, para cumplir los requisitos establecidos en la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco, una normativa nacional debe establecer, en caso de utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada sucesivos, garantías efectivas para sancionar dicho abuso y eliminar sus consecuencias, constituyendo, en principio, la transformación de la relación laboral de duración determinada en una relación laboral por tiempo indefinido una sanción efectiva de tal abuso. Por otra parte, el derecho a un período de vacaciones anuales retribuidas constituye un derecho subjetivo de todo trabajador, que el Derecho de la Unión le concede de manera imperativa e incondicional.
Habida cuenta de estas consideraciones, el Acuerdo Marco no puede interpretarse en el sentido de que la aplicación de las medidas adoptadas por un Estado miembro para sancionar la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada sucesivos y eliminar sus consecuencias pueda estar supeditada al requisito de que el trabajador afectado renuncie a un derecho que le confiere el Derecho de la Unión en virtud de la cláusula 4 de dicho Acuerdo.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.
(
1
)	Acuerdo Marco que figura en la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración Determinada (DO 1999, L 175, p. 43; en lo sucesivo, «Acuerdo Marco»).
(
2
)	Véanse, en particular, las sentencias de 16 de julio de 2020, Governo della Repubblica italiana (Estatuto de los jueces de paz italianos) (C‑658/18, EU:C:2020:572); de 7 de abril de 2022, Ministero della Giustizia y otros (Estatuto de los jueces de paz italianos) (C‑236/20, EU:C:2022:263), y de 27 de junio de 2024, Peigli (C‑41/23, EU:C:2024:554).
(
3
)	Mediante el artículo 29 del Decreto Legislativo n. 116 — Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (Decreto Legislativo n.o 116, sobre la reforma orgánica del estatuto de los jueces y fiscales honorarios y otras disposiciones relativas a los jueces de paz, así como sobre el régimen transitorio aplicable a los jueces y fiscales honorarios en activo, en ejecución de la Ley n.o 57, de 28 de abril de 2016), de 13 de julio de 2017 (GURI n.o 177, de 31 de julio de 2017, p. 1), en su versión modificada por la legge n. 234 — Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Ley n.o 234, por la que se establecen los Presupuestos del Estado para el Ejercicio Económico 2022 y los Presupuestos Plurianuales para el trienio 2022-2024), de 30 de diciembre de 2021 (GURI n.o 310, de 31 de diciembre de 2021, p. 1).
(
4
)	Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).
(
5
)	Véase, en particular, la sentencia de 8 de mayo de 2019, Rossato y Conservatorio di Musica F. A. Bonporti (C‑494/17, EU:C:2019:387), apartados 39 a 43 y 45.