62025CJ0313
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 4 de septiembre de 2025 (
*1
)
«Procedimiento prejudicial — Procedimiento prejudicial de urgencia — Política de inmigración — Retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular en un Estado miembro — Directiva 2008/115/CE — Ejecución de una decisión de retorno que ha adquirido firmeza — Artículo 5 — Principio de no devolución — Interés superior del niño — Vida familiar — Artículo 15 — Internamiento a efectos de expulsión — Examen del cumplimiento de los requisitos de legalidad — Obligación del juez nacional de examinar el respeto del principio de no devolución y de los otros intereses contemplados en el artículo 5 de la Directiva 2008/115 — Examen de oficio — Artículos 6, 7, 19, apartado 2, 24, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea»
En el asunto C‑313/25 PPU [Adrar], (
i
)
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Roermond, Países Bajos), mediante resolución de 6 de mayo de 2025, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de mayo de 2025, en el procedimiento entre
GB
y
Minister van Asiel en Migratie,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
integrado por la Sra. K. Jürimäe (Ponente), Presidenta de Sala, el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia, en funciones de Juez de la Sala Segunda, y los Sres. M. Gavalec, Z. Csehi y F. Schalin, Jueces;
Abogado General: Sr. D. Spielmann;
Secretaria: Sra. A. Lamote, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 1 de julio de 2025;
consideradas las observaciones presentadas:
–
en nombre de GB, por la Sra. N. den Ouden y el Sr. A. Hol, advocaten;
–
en nombre del Gobierno neerlandés, por la Sra. M. H. S. Gijzen y el Sr. J. Langer, en calidad de agentes;
–
en nombre de la Comisión Europea, por las Sras. A. Baeckelmans, A. Katsimerou y F. van Schaik, en calidad de agentes;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 1 de agosto de 2025;
dicta la siguiente
Sentencia
1
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5, 13, apartados 1 y 2, y 15 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98), en relación con los artículos 6, 7, 19, apartado 2, 24, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
2
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre GB, nacional argelino, y el Minister van Asiel en Migratie (Ministro de Asilo y Migración, Países Bajos) (en lo sucesivo, «Ministro»), en relación con la decisión de este de internar a GB con vistas a su expulsión a Argelia.
Marco jurídico
Derecho internacional
3
A tenor del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 [Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas, vol. 189, p. 150, n.o 2545 (1954)], en la versión modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967:
«1.   Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
2.   Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.»
Derecho de la Unión
4
Los considerandos 2, 4, 8, 16, 22 y 24 de la Directiva 2008/115 tienen la siguiente redacción:
«(2)
El Consejo Europeo de Bruselas de 4 y 5 de noviembre de 2004 pidió que se estableciera una política eficaz de expulsión y repatriación, basada en normas comunes, para que las personas sean retornadas humanamente y respetando plenamente sus derechos humanos y su dignidad.
[…]
(4)
Es necesario fijar normas claras, transparentes y justas para establecer una política efectiva de retorno como un elemento necesario de una política migratoria bien gestionada.
[…]
(8)
Se reconoce que es legítimo que los Estados miembros hagan retornar a los nacionales de terceros países en situación irregular, siempre y cuando existan sistemas de asilo justos y eficientes que respeten plenamente el principio de no devolución.
[…]
(16)
El recurso al internamiento a efectos de expulsión se debe limitar y supeditar al principio de proporcionalidad por lo que se refiere a los medios utilizados y a los objetivos perseguidos. Solo se justifica el internamiento para preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión, y si la aplicación de medidas menos coercitivas no es suficiente.
[…]
(22)
En consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño[, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre] de 1989, el “interés superior del niño” debe ser una consideración primordial de los Estados miembros al aplicar la presente Directiva. De conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950], el respeto de la vida familiar debe ser una consideración primordial de los Estados miembros al aplicar la presente Directiva.
[…]
(24)
La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y tiene en cuenta los principios consagrados, en particular, en la [Carta].»
5
El artículo 3 de esta misma Directiva, titulado «Definiciones», dispone lo siguiente en sus puntos 4 y 5:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
4)
“decisión de retorno” una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial por el que se declare irregular la situación de un nacional de un tercer país y se imponga o declare una obligación de retorno;
5)
“expulsión” la ejecución de la obligación de retornar, es decir, el transporte físico fuera del Estado miembro».
6
El artículo 5 de la citada Directiva, bajo el título «No devolución, interés superior del niño, vida familiar y estado de salud», establece lo siguiente:
«Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta:
a)
el interés superior del niño,
b)
la vida familiar,
c)
el estado de salud del nacional de un tercer país de que se trate,
y respetarán el principio de no devolución.»
7
El artículo 9 de esta misma Directiva, bajo la rúbrica «Aplazamiento de la expulsión», dispone lo siguiente en su apartado 1, letra a):
«Los Estados miembros aplazarán la expulsión:
a)
cuando esta vulnere el principio de no devolución […]».
8
El artículo 12 de la Directiva 2008/115, titulado «Forma», preceptúa, en su apartado 1, párrafo primero, lo siguiente:
«Las decisiones de retorno y —si se dictan— las decisiones de prohibición de entrada y de expulsión se dictarán por escrito y consignarán los fundamentos de hecho y de derecho, así como información sobre las vías de recurso de que se dispone.»
9
El artículo 13 de la citada Directiva, bajo el título «Vías de recurso», establece lo siguiente en sus apartados 1 y 2:
«1.   Se concederá al nacional de un tercer país de que se trate el derecho efectivo a interponer recurso contra las decisiones relativas al retorno o pidiendo que se revisen estas, conforme a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, ante un órgano jurisdiccional, una autoridad administrativa u otro órgano competente compuesto por miembros imparciales y con garantías de independencia.
2.   La autoridad u órgano mencionados en el apartado 1 serán competentes para revisar las decisiones relativas al retorno a que se refiere el artículo 12, apartado 1, pudiendo asimismo suspender temporalmente su ejecución, salvo cuando la suspensión temporal sea ya de aplicación en virtud de la legislación nacional.»
10
El artículo 15 de la referida Directiva, titulado «Internamiento», está redactado en los siguientes términos:
«1.   Salvo que en el caso concreto de que se trate puedan aplicarse con eficacia otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo, los Estados miembros podrán mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno, únicamente a fin de preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión, especialmente cuando:
a)
haya riesgo de fuga, o
b)
el nacional de un tercer país de que se trate evite o dificulte la preparación del retorno o el proceso de expulsión.
Cualquier internamiento será lo más corto posible y solo se mantendrá mientras estén en curso y se ejecuten con la debida diligencia los trámites de expulsión.
2.   El internamiento será ordenado por las autoridades administrativas o judiciales.
El internamiento será ordenado por escrito indicando los fundamentos de hecho y de derecho.
Cuando el internamiento haya sido ordenado por una autoridad administrativa, los Estados miembros:
a)
establecerán un control judicial rápido de la legalidad del internamiento, que deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible desde el comienzo del internamiento, o
b)
concederán al nacional de un tercer país de que se trate el derecho de incoar un procedimiento para que se someta a control judicial rápido la legalidad de su internamiento, que deberá llevarse a cabo lo más rápidamente posible desde la incoación del procedimiento. En este caso, los Estados miembros informarán inmediatamente al nacional de un tercer país de que se trate sobre la posibilidad de incoar dicho procedimiento.
El nacional de un tercer país de que se trate será puesto en libertad inmediatamente si el internamiento es ilegal.
3.   En todos los casos, se revisará la medida de internamiento a intervalos razonables cuando así lo solicite el nacional de un tercer país de que se trate o de oficio. En caso de períodos de internamiento prolongados, las revisiones estarán sometidas a la supervisión de una autoridad judicial.
4.   Cuando parezca haber desaparecido la perspectiva razonable de expulsión, bien por motivos jurídicos o por otras consideraciones, o que hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas en el apartado 1, dejará de estar justificado el internamiento y la persona de que se trate será puesta en libertad inmediatamente.
5.   El internamiento se mantendrá mientras se cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 y sea necesario para garantizar que la expulsión se lleve a buen término. Cada Estado miembro fijará un período limitado de internamiento, que no podrá superar los seis meses.
6.   Los Estados miembros solo podrán prorrogar el plazo previsto en el apartado 5 por un período limitado no superior a doce meses más, con arreglo a la legislación nacional, en los casos en que, pese a haber desplegado por su parte todos los esfuerzos razonables, pueda presumirse que la operación de expulsión se prolongará debido a:
a)
la falta de cooperación del nacional de un tercer país de que se trate, o
b)
demoras en la obtención de terceros países de la documentación necesaria.»
Derecho neerlandés
11
El artículo 59, apartado 1, letra a), de la wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Ley de Reforma General de la Ley de Extranjería), de 23 de noviembre de 2000 (Stb. 2000, n.o 495), en su versión aplicable al litigio principal, dispone lo siguiente:
«Cuando así lo exija el orden público o la seguridad nacional, [el Ministro] podrá internar, con vistas a su expulsión, al extranjero […] que no esté en situación regular.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
12
El 11 de septiembre de 2024, GB, nacional argelino, presentó una solicitud de protección internacional en los Países Bajos. No compareció en la audiencia para examinar los motivos de esa solicitud.
13
Por consiguiente, mediante resolución de 7 de octubre de 2024, el Ministro denegó dicha solicitud sin examinar el fondo del asunto. Esta resolución constituye también una decisión de retorno (en lo sucesivo, «decisión de retorno»). Como GB no la recurrió, la decisión de retorno adquirió firmeza.
14
El 26 de marzo de 2025, GB fue trasladado a los Países Bajos por las autoridades francesas en virtud del Reglamento (UE) n.o 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (DO 2013, L 180, p. 31).
15
Ese mismo día, GB presentó en los Países Bajos una solicitud posterior de protección internacional, que dio lugar a la suspensión de la ejecución de la decisión de retorno. Tras haber oído a GB sobre los motivos de dicha solicitud, el Ministro lo informó, el 7 de abril de 2025, de su intención de desestimar dicha solicitud por ser manifiestamente infundada. El 9 de abril de 2025, GB retiró la citada solicitud. Por tanto, la suspensión de la decisión de retorno quedó automáticamente sin efecto.
16
El 10 de abril de 2025, el Ministro internó a GB sobre la base del artículo 15 de la Directiva 2008/115 para preparar su retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión a Argelia, en ejecución de la decisión de retorno. Antes de ser internado, GB declaró, por una parte, que temía ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes en caso de regresar a Argelia y, por otra parte, que era padre de un menor nacido en Francia el 18 de septiembre de 2024 del que deseaba poder ocuparse, aunque ya no mantenía relación con la madre de ese menor, nacional argelina, titular de un permiso de residencia en Francia.
17
El 16 de abril de 2025, GB interpuso ante el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Roermond, Países Bajos), que es el órgano jurisdiccional remitente, un recurso contra su internamiento.
18
El citado órgano jurisdiccional se pregunta si, en virtud del Derecho de la Unión, cuando examina el cumplimiento de los requisitos de legalidad del internamiento, debe apreciar si el principio de no devolución y los otros intereses contemplados en el artículo 5 de la Directiva 2008/115, en particular la vida familiar y el interés superior del niño, se oponen a la expulsión de GB a Argelia en ejecución de la decisión de retorno. Señala que, con arreglo al Derecho neerlandés, no está facultado para llevar a cabo tal apreciación.
19
En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que es la única autoridad judicial que puede valorar si la expulsión de GB a Argelia es conforme con el principio de no devolución y con los otros intereses contemplados en el artículo 5 de la Directiva 2008/115.
20
Afirma que, durante el procedimiento, no se ha examinado en ningún momento si ese principio y estos intereses se oponen a la expulsión de GB.
21
Para empezar, tal apreciación no se llevó a cabo cuando se adoptó la decisión de retorno, dado que GB no compareció en la audiencia para examinar los motivos de su solicitud de protección internacional. Al no haber interpuesto GB recurso contra dicha decisión, esta adquirió firmeza sin que se hubiesen examinado el principio de no devolución ni los otros intereses contemplados en el artículo 5 de la Directiva 2008/115.
22
A continuación, tal apreciación no se efectuó tampoco cuando se internó a GB con vistas a su expulsión, aunque el interesado había invocado, en esencia, un cambio significativo de circunstancias, en referencia, por una parte, a los riesgos de tratos prohibidos por el artículo 4 de la Carta en caso de regresar a Argelia y, por otra parte, al nacimiento de su hijo en Francia, del que afirma querer ocuparse.
23
Por último, tampoco pueden examinarse el principio de no devolución ni los otros intereses contemplados en el artículo 5 de la Directiva 2008/115 en una fase posterior del procedimiento. Señala que, por un lado, en la práctica jurídica nacional, la ejecución de una decisión de retorno no requiere la adopción de un nuevo acto, sea administrativo o judicial, con ocasión del cual pueda llevarse a cabo tal examen. Por otro lado, el Derecho neerlandés no contempla ningún recurso autónomo contra la ejecución de una decisión de retorno. GB solo podría recurrir en vía administrativa contra una expulsión efectiva prevista y programada una vez que se le hayan comunicado su fecha y hora. Ahora bien, según el órgano jurisdiccional remitente, tal recurso en vía administrativa solo puede tener por objeto los criterios de ejecución de la decisión de retorno y no da lugar a una apreciación del principio de no devolución ni de los otros intereses contemplados en el artículo 5 de la Directiva 2008/115.
24
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que el Derecho de la Unión lo obliga a llevar a cabo una apreciación actualizada del principio de no devolución y de los otros intereses contemplados en el artículo 5 de la Directiva 2008/115, con el fin de garantizar a GB la tutela judicial efectiva, el derecho a la libertad y el respeto de dicho principio y de esos intereses.
25
A este respecto, el citado órgano jurisdiccional destaca, en primer término, que el artículo 5 de la Directiva 2008/115 obliga a la autoridad nacional competente a respetar, en todas las fases del procedimiento de retorno, el principio de no devolución. Pues bien, considera que el internamiento de un nacional de un tercer país con vistas a su expulsión supone una aplicación de la referida Directiva y constituye, por tanto, una fase del citado procedimiento.
26
En segundo término, según el órgano jurisdiccional remitente, el legislador de la Unión estableció, en el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/115, que la expulsión debe aplazarse cuando sea contraria al principio de no devolución. Así, una decisión de retorno anterior y un aplazamiento de la expulsión pueden coexistir, de modo que la existencia de una decisión de retorno, incluso firme, no debería impedir el control de la conformidad de la expulsión, en ejecución de dicha decisión, con el principio de no devolución. Por lo demás, la prohibición de devolución tiene carácter absoluto.
27
En cambio, los derechos fundamentales consagrados en los artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta no son derechos absolutos. No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende, a juicio del órgano jurisdiccional remitente, que estos derechos también pueden oponerse a la adopción de una decisión de retorno. De manera análoga, según el citado órgano jurisdiccional, pueden oponerse a la expulsión de un nacional de un tercer país en ejecución de tal decisión.
28
En tercer término, el derecho a la tutela judicial efectiva del nacional de un tercer país de que se trate exige también que el juez que debe controlar el cumplimiento de los requisitos de legalidad del internamiento con vistas a la expulsión, en ejecución de una decisión de retorno, pueda comprobar si el principio de no devolución y los otros intereses contemplados en el artículo 5 de la Directiva 2008/115 se oponen a la expulsión.
29
En cuarto término, el internamiento con vistas a la expulsión no estaría justificado y ya no respondería a su finalidad si la expulsión no pudiera producirse debido al principio de no devolución o a los otros intereses contemplados en el artículo 5 de la citada Directiva. En ese supuesto, de conformidad con el artículo 15, apartado 4, de dicha Directiva, el interesado debería ser puesto en libertad inmediatamente. Por tanto, antes de internar al nacional de un tercer país con vistas a su expulsión, es preciso comprobar si la expulsión está permitida.
30
En estas circunstancias, el rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, sede de Roermond) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Deben interpretarse los artículos 5, 13, apartados 1 y 2, y 15 de la Directiva 2008/115, en relación con los artículos 6, 19, apartado 2, y 47 de la [Carta], en el sentido de que una autoridad judicial, al examinar si se cumplen los requisitos de legalidad del internamiento de un nacional de un tercer país derivados del Derecho de la Unión, está obligada a cerciorarse, en su caso de oficio, de que el principio de no devolución no se opone a la ejecución de la decisión de retorno adoptada con anterioridad y a efectos de cuya ejecución fue internado el nacional de un tercer país?
2)
¿Deben interpretarse los artículos 5, 13, apartados 1 y 2, y 15 de la Directiva 2008/115, en relación con los artículos 6, 7, 24, apartado 2, y 47 de la [Carta], en el sentido de que una autoridad judicial, al examinar si se cumplen los requisitos de legalidad del internamiento de un nacional de un tercer país derivados del Derecho de la Unión, está obligada a cerciorarse, en su caso de oficio, de que los intereses que se mencionan en el artículo 5 de la Directiva 2008/115 no se oponen a la ejecución de la decisión de retorno adoptada con anterioridad y a efectos de cuya ejecución fue internado el nacional de un tercer país?»
Sobre la solicitud de aplicación del procedimiento prejudicial de urgencia
31
El órgano jurisdiccional remitente ha solicitado que se aplique el procedimiento prejudicial de urgencia previsto en el artículo 23 bis del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el artículo 107 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
32
De estas disposiciones resulta que la aplicación de este procedimiento está supeditada a dos requisitos acumulativos. Por una parte, la remisión prejudicial debe suscitar cuestiones de interpretación relativas al espacio de libertad, seguridad y justicia, objeto del título V de la tercera parte del Tratado FUE. Por otra, las circunstancias del litigio principal, tal como las describa el órgano jurisdiccional remitente, deben caracterizarse por la existencia de una situación de urgencia.
33
Por lo que respecta al primer requisito, procede señalar que la presente petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2008/115, comprendida en los ámbitos mencionados en el título V de la tercera parte del Tratado FUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia. En consecuencia, esta petición puede tramitarse por el procedimiento prejudicial de urgencia.
34
En lo que atañe al segundo requisito, relativo a la urgencia, debe recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este requisito se cumple, en particular, cuando la persona de que se trate en el procedimiento principal se encuentre actualmente privada de libertad y su mantenimiento en detención dependa de la solución del litigio principal, debiendo precisarse que la situación de esa persona debe apreciarse tal como se presente en la fecha de examen de la solicitud de que la remisión prejudicial se tramite por el procedimiento de urgencia (sentencias de 4 de octubre de 2024, Bouskoura, C‑387/24 PPU, EU:C:2024:868, apartado 33 y jurisprudencia citada, y de 19 de junio de 2025, Kamekris, C‑219/25 PPU, EU:C:2025:456, apartado 26 y jurisprudencia citada).
35
En el presente asunto, en primer lugar, de la resolución de remisión se desprende que GB fue internado el 10 de abril de 2025 con vistas a su expulsión a Argelia, de modo que actualmente se encuentra privado de libertad.
36
En segundo lugar, las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente tienen por objeto determinar si el Derecho de la Unión lo obliga a apreciar, en el marco de los requisitos de legalidad del internamiento, si el principio de no devolución y los otros intereses contemplados en el artículo 5 de la Directiva 2008/115 se oponen a la expulsión de GB a Argelia, en cuyo caso debería poner fin a su internamiento.
37
En estas circunstancias, la Sala Segunda del Tribunal de Justicia, a propuesta de la Juez Ponente y tras oír al Abogado General, decidió, el 21 de mayo de 2025, acceder a la solicitud del órgano jurisdiccional remitente de que la presente petición de decisión prejudicial se tramite mediante el procedimiento prejudicial de urgencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
38
Según reiterada jurisprudencia, el procedimiento previsto en el artículo 267 TFUE es un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los jueces nacionales, por medio del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para la solución de los litigios que deban dirimir [véanse el auto de 26 de enero de 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, apartado 7, y la sentencia de 15 de abril de 2021, État belge (Elementos posteriores a la decisión de traslado), C‑194/19, EU:C:2021:270, apartado 21].
39
Según jurisprudencia también reiterada, en el marco de este procedimiento de cooperación, corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional remitente una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce (véase la sentencia de 17 de julio de 1997, Krüger, C‑334/95, EU:C:1997:378, apartados 22 y 23). Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular la cuestión prejudicial que se le ha planteado (véanse las sentencias de 28 de noviembre de 2000, Roquette Frères, C‑88/99, EU:C:2000:652, apartado 18, y de 3 de junio de 2025, Kinsa, C‑460/23, EU:C:2025:392, apartado 34).
40
Mediante sus cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se interpreten los artículos 5, 13, apartados 1 y 2, y 15 de la Directiva 2008/115, en relación con varias disposiciones de la Carta.
41
El artículo 13, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/115 establece, en particular, que debe concederse al nacional de un tercer país de que se trate el derecho efectivo a interponer recurso contra las decisiones relativas al retorno o pidiendo que se revisen estas, conforme a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1, de esta misma Directiva, esto es, las decisiones de retorno y —si se dictan— las decisiones de prohibición de entrada y de expulsión.
42
No obstante, en el presente asunto, de las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que el litigio principal no tiene por objeto la legalidad de una decisión de retorno o de otra decisión relativa al retorno, en el sentido del artículo 13, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/115, sino la legalidad del internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular con vistas a su expulsión en ejecución de una decisión de retorno que ha adquirido firmeza.
43
Pues bien, en lo que respecta al internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular con arreglo al artículo 15, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/115, en dicho artículo 15, apartado 2, párrafo tercero, figuran normas comunes de la Unión Europea en materia de tutela judicial [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartado 82].
44
Por tanto, el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/115 no es pertinente para la solución del litigio principal, de modo que no es necesario interpretarlo.
Primera cuestión prejudicial
45
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende, en esencia, que se dilucide si los artículos 5 y 15 de la Directiva 2008/115, en relación con los artículos 6, 19, apartado 2, y 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que deba controlar la legalidad del internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular con vistas a su expulsión, en ejecución de una decisión de retorno firme, está obligado a examinar, en su caso de oficio, si el principio de no devolución se opone a esta expulsión.
46
Con carácter preliminar, es preciso recordar que el objetivo principal de la Directiva 2008/115, como se desprende de sus considerandos 2 y 4, es establecer una política eficaz de expulsión y de repatriación, respetando plenamente los derechos fundamentales y la dignidad de las personas afectadas [sentencias de 19 de junio de 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, apartado 48; de 22 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Expulsión — Cannabis medicinal), C‑69/21, EU:C:2022:913, apartado 88, y de 17 de octubre de 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, apartado 30].
47
De ello se deduce que, cuando aplican la Directiva 2008/115, incluso cuando adoptan medidas de internamiento con vistas a preparar la expulsión de un nacional de un tercer país en situación irregular, los Estados miembros están obligados a respetar los derechos fundamentales que la Carta reconoce a ese nacional de un tercer país [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Expulsión — Cannabis medicinal), C‑69/21, EU:C:2022:913, apartado 89].
48
Una vez hechas estas precisiones preliminares, ha de destacarse, en primer lugar, que todo internamiento de un nacional de un tercer país en virtud de la Directiva 2008/115 en el marco de un procedimiento de retorno como consecuencia de una estancia irregular constituye una injerencia grave en el derecho a la libertad del interesado, consagrado en el artículo 6 de la Carta [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartado 72 y jurisprudencia citada].
49
En efecto, una medida de internamiento consiste en confinar a una persona en un lugar determinado, imponiéndole la obligación de permanecer sin solución de continuidad en un perímetro restringido y cerrado, aislándola del resto de la población y privándola de su libertad de circulación [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartado 73 y jurisprudencia citada].
50
Pues bien, la finalidad de las medidas de internamiento, en el sentido de la Directiva 2008/115, no es el enjuiciamiento o la represión de delitos, sino la realización de los objetivos perseguidos por dicha Directiva en materia de retorno [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartado 74]. Así pues, cuando se ordena con fines de expulsión, el internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular solo está destinado a garantizar la efectividad del procedimiento de retorno y no persigue ninguna finalidad punitiva (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, apartado 38).
51
Habida cuenta de la gravedad de esta injerencia en el derecho a la libertad consagrado en el artículo 6 de la Carta y de la importancia de este derecho, la facultad reconocida a las autoridades nacionales competentes de internar a nacionales de terceros países está estrictamente limitada. Una medida de internamiento solo puede ordenarse o prorrogarse respetando las normas generales y abstractas que fijan sus requisitos y condiciones [véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de marzo de 2022, Landkreis Gifhorn, C‑519/20, EU:C:2022:178, apartado 62, y de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartado 75].
52
Las normas generales y abstractas que fijan, como normas comunes de la Unión, los requisitos de legalidad del internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular a la luz de la Directiva 2008/115, incluso desde el prisma del artículo 6 de la Carta, figuran en el artículo 15 de dicha Directiva [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartados 76 y 77].
53
El artículo 15, apartado 1, de la referida Directiva dispone que, salvo que en el caso concreto de que se trate puedan aplicarse con eficacia otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo, los Estados miembros pueden mantener internados a los nacionales de terceros países que sean objeto de procedimientos de retorno únicamente a fin de preparar el retorno o de llevar a cabo el proceso de expulsión, especialmente cuando haya riesgo de fuga o cuando el nacional de un tercer país de que se trate evite o dificulte la preparación del retorno o el proceso de expulsión. Cualquier internamiento debe ser lo más corto posible y solo se mantendrá mientras estén en curso y se ejecuten con la debida diligencia los trámites de expulsión.
54
Cuando conste que no concurrían o que han dejado de concurrir los requisitos de legalidad del internamiento que se establecen en el artículo 15 de la Directiva 2008/115, la persona afectada debe, como indica expresamente el legislador de la Unión en el artículo 15, apartados 2, párrafo cuarto, y 4, de dicha Directiva 2008/115, ser puesta en libertad inmediatamente [véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartado 79, y de 4 de octubre de 2024, Bouskoura, C‑387/24 PPU, EU:C:2024:868, apartado 44].
55
Así, por una parte, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, párrafo cuarto, de la Directiva 2008/115, el nacional de un tercer país de que se trate debe ser puesto en libertad inmediatamente si el internamiento es ilegal. Por otra parte, lo mismo sucede, en virtud del artículo 15, apartado 4, de dicha Directiva, cuando parezca haber desaparecido la perspectiva razonable de expulsión, bien por motivos jurídicos, o por otras consideraciones, o que han dejado de cumplirse las condiciones descritas en el artículo 15, apartado 1, de la misma Directiva.
56
Para que pueda considerarse que subsiste una «perspectiva razonable de expulsión», en el sentido del artículo 15, apartado 4, de la Directiva 2008/115, es preciso que, en el momento en que se examine la legalidad del internamiento, exista una perspectiva real de que la expulsión pueda llevarse a buen término, teniendo en cuenta los plazos fijados en el artículo 15, apartados 5 y 6, de dicha Directiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de noviembre de 2009, Kadzoev, C‑357/09 PPU, EU:C:2009:741, apartado 65, y de 5 de junio de 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, apartado 60), y sin que se opongan a ello «motivos jurídicos», en el sentido de aquella disposición.
57
Por tanto, la autoridad nacional competente debe comprobar, en particular, como requisitos de legalidad del internamiento establecidos en el artículo 15 de la Directiva 2008/115, si existe una perspectiva razonable de expulsión del nacional de un tercer país en situación irregular o si hay motivos jurídicos que se opongan a su expulsión.
58
A este respecto, el concepto de «motivos jurídicos» no aparece definido en la Directiva 2008/115. A la luz de su sentido habitual, ha de considerarse que comprende cualquier norma jurídica cuyo respeto se imponga a los Estados miembros al expulsar a un nacional de un tercer país en situación irregular.
59
Así ocurre —como reconocen, por lo demás, todas las partes y los interesados que han presentado observaciones en el presente asunto— con el artículo 5 de la Directiva 2008/115, una norma general que vincula a los Estados miembros desde el momento en que aplican dicha Directiva.
60
Concretamente, el artículo 5 de la Directiva 2008/115 obliga a la autoridad nacional competente a respetar, en todas las fases del procedimiento de retorno, el principio de no devolución, garantizado, como derecho fundamental, en el artículo 18 de la Carta, en relación con el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, en su versión modificada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, y en el artículo 19, apartado 2, de la Carta [sentencias de 22 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Expulsión — Cannabis medicinal), C‑69/21, EU:C:2022:913, apartado 55, y de 17 de octubre de 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, apartado 35].
61
Según jurisprudencia reiterada, el artículo 19, apartado 2, de la Carta, en relación con el artículo 4 de esta, prohíbe en términos absolutos, con independencia del comportamiento de la persona de que se trate, la devolución, la expulsión o la extradición a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometida a la pena de muerte, a tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes. Por tanto, los Estados miembros no pueden devolver, expulsar o extraditar a un extranjero cuando existan razones serias y fundadas para creer que correrá en el país de destino un riesgo real de sufrir tratos prohibidos por estas dos disposiciones de la Carta (sentencia de 17 de octubre de 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, apartado 36 y jurisprudencia citada).
62
Así pues, cuando existan razones serias y fundadas para creer que el nacional del tercer país en situación irregular correrá en el país de destino un riesgo real de sufrir tratos prohibidos por las referidas disposiciones de la Carta, dicho nacional de un tercer país no podrá ser objeto de una medida de expulsión mientras perdure tal peligro, como establece, además, expresamente el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/115 [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Expulsión — Cannabis medicinal), C‑69/21, EU:C:2022:913, apartados 58 y 59].
63
Esto se aplica incluso cuando el nacional de un tercer país de que se trate sea objeto de una decisión de retorno que no ha impugnado y que, por tanto, ha adquirido firmeza.
64
En efecto, la autoridad nacional competente debe tener en cuenta el principio de no devolución en todas las fases del procedimiento, desde el momento de la adopción de una decisión de retorno hasta el momento del control judicial de la ejecución de esa decisión (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, apartado 46), y ello, como resulta del apartado 61 de la presente sentencia, con independencia del comportamiento del nacional de un tercer país de que se trate y, en particular, de si ha impugnado la citada decisión.
65
Además, los Estados miembros están obligados a permitir al nacional de un tercer país invocar cualquier cambio de circunstancias que se haya producido después de la adopción de la decisión de retorno y que pueda incidir de forma significativa en la apreciación de su situación a la luz, en particular, del artículo 5 de la Directiva 2008/115 (véase, en ese sentido, la sentencia de 17 de octubre de 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, apartado 37 y jurisprudencia citada).
66
De ello se deduce que, cuando la autoridad nacional competente deba decretar, revisar o prorrogar una medida de internamiento a efectos de la expulsión de un nacional de un tercer país en situación irregular, debe comprobar que el principio de no devolución no se opone a la expulsión de este.
67
En segundo lugar, en lo que concierne al derecho a la tutela judicial efectiva de los nacionales de terceros países internados, es jurisprudencia consolidada que, en virtud del artículo 47 de la Carta, los Estados miembros deben garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos individuales derivados del ordenamiento jurídico de la Unión [sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartado 81].
68
Este derecho se materializa, por lo que respecta al internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular en virtud de la Directiva 2008/115, en el artículo 15, apartado 2, párrafo tercero, de esta Directiva, en virtud del cual, cuando el internamiento haya sido ordenado por una autoridad administrativa, debe establecerse un control judicial rápido, bien de oficio, bien a instancia de la persona afectada, de la legalidad de dicho internamiento [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartados 82 y 83].
69
Además, el artículo 15, apartado 3, de la Directiva 2008/115 —que impone, en caso de que se mantenga una medida de internamiento, una revisión periódica, «a intervalos razonables», para comprobar si siguen cumpliéndose los requisitos de legalidad del internamiento— exige que dicha revisión esté sometida a la supervisión de una autoridad judicial en caso de períodos de internamiento prolongados.
70
Con ello, el legislador de la Unión ha establecido normas comunes procesales, cuya finalidad es garantizar que exista en cada Estado miembro un régimen que permita a la autoridad judicial competente liberar, en su caso tras un examen de oficio, a la persona de que se trate tan pronto como conste que su internamiento no es legal o que ha dejado de serlo [sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartado 86].
71
Para que tal régimen de protección garantice de manera efectiva el cumplimiento de los estrictos requisitos a los que debe responder la legalidad de una medida de internamiento contemplada por la Directiva 2008/115, la autoridad judicial competente debe poder pronunciarse sobre cualquier elemento de hecho y de Derecho pertinente para comprobar dicha legalidad. A tal efecto, debe poder tomar en consideración los hechos y las pruebas invocados por la autoridad administrativa que ordenó el internamiento inicial. Asimismo, debe poder tener en cuenta los hechos, las pruebas y las observaciones que haya podido invocar o formular ante ella la persona afectada. Además, debe poder investigar cualquier otro elemento pertinente para su decisión en el supuesto de que lo considere necesario. Las facultades de las que goza en el marco de un control no pueden circunscribirse únicamente, en ningún caso, a los elementos presentados por la autoridad administrativa [sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartado 87 y jurisprudencia citada].
72
Además, habida cuenta de la importancia del derecho a la libertad, de la gravedad de la injerencia en ese derecho que supone el internamiento de una persona por motivos distintos de la persecución o la represión de infracciones penales y de la exigencia, destacada por las normas comunes establecidas por el legislador de la Unión, de un alto nivel de tutela judicial que permita dar respuesta a la necesidad imperiosa de poner en libertad a esa persona cuando no concurran o hayan dejado de concurrir los requisitos de legalidad del internamiento, la autoridad judicial competente debe tomar en consideración todos los elementos, en particular los fácticos, de los que tenga conocimiento, completados o aclarados en el marco de las medidas procesales que considere necesario adoptar en virtud de su Derecho nacional, y, sobre la base de esos elementos, poner de manifiesto, en su caso, el incumplimiento de un requisito de legalidad derivado del Derecho de la Unión, aun cuando ese incumplimiento no hubiera sido invocado por la persona afectada. Esta obligación se entiende sin perjuicio de aquella que incumbe a la autoridad judicial que ha de suscitar de oficio tal requisito de legalidad, consistente en invitar a cada una de las partes a pronunciarse sobre este requisito, de conformidad con el principio de contradicción [sentencia de 8 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen de oficio del internamiento), C‑704/20 y C‑39/21, EU:C:2022:858, apartado 88].
73
En estas circunstancias, y teniendo en cuenta los fundamentos de Derecho que figuran en los apartados 54 a 66 de la presente sentencia, procede considerar que la autoridad judicial competente para controlar el internamiento o el mantenimiento del internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular debe cerciorarse, en su caso de oficio, de que el principio de no devolución no se opone a la expulsión de dicho nacional de un tercer país. En el supuesto de que llegara a la conclusión de que este principio se opone a la expulsión, estaría obligada, con arreglo al artículo 15, apartados 2, párrafo cuarto, y 4, de la Directiva 2008/115, a poner inmediatamente en libertad a este nacional de un tercer país.
74
De lo anterior también se desprende que una norma o una práctica nacional en virtud de la cual el examen íntegro del principio de no devolución solo puede efectuarse en un procedimiento de protección internacional sería contraria a los artículos 5 y 15 de la Directiva 2008/115, en relación con el artículo 19, apartado 2, de la Carta. En efecto, dicha Directiva, incluido su artículo 5, se aplica a todo nacional de un tercer país en situación irregular, con independencia de los motivos que hayan dado lugar a tal situación (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de junio de 2021, Westerwaldkreis, C‑546/19, EU:C:2021:432, apartado 45, y de 17 de octubre de 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, apartados 32 y 40).
75
Pues bien, en contra de la postura defendida por el Gobierno neerlandés en la vista ante el Tribunal de Justicia, no puede exigirse a GB que presente una solicitud de protección internacional para que se le garantice el pleno respeto del principio de no devolución contemplado en el artículo 5 de la Directiva 2008/115, en relación con el artículo 19, apartado 2, de la Carta (véase, por analogía, la sentencia de 17 de octubre de 2024, Ararat, C‑156/23, EU:C:2024:892, apartado 41).
76
A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 5 y 15 de la Directiva 2008/115, en relación con los artículos 6, 19, apartado 2, y 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que deba controlar la legalidad del internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular con vistas a su expulsión, en ejecución de una decisión de retorno firme, está obligado a examinar, en su caso de oficio, si el principio de no devolución se opone a esta expulsión.
Segunda cuestión prejudicial
77
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende, en esencia, que se dilucide si los artículos 5 y 15 de la Directiva 2008/115, en relación con los artículos 6, 7, 24, apartado 2, y 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que deba controlar la legalidad del internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular con vistas a su expulsión, en ejecución de una decisión de retorno firme, está obligado a examinar, en su caso de oficio, si el interés superior del niño y la vida familiar, mencionados, respectivamente, en el artículo 5, letras a) y b), de dicha Directiva, se oponen a esta expulsión.
78
A este respecto, debe recordarse que de la fundamentación de la respuesta a la primera cuestión prejudicial se desprende que la autoridad judicial competente para controlar el internamiento o el mantenimiento del internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular en virtud del artículo 15 de la Directiva 2008/115 debe señalar, en su caso de oficio, el incumplimiento de los requisitos de legalidad del internamiento establecidos en dicho artículo 15. En el marco de estos requisitos de legalidad, le incumbe, en particular, comprobar si subsiste una perspectiva razonable de expulsión de ese nacional de un tercer país sin que se opongan a su expulsión motivos jurídicos.
79
El artículo 5 de la Directiva 2008/115, que, como se ha recordado en el apartado 59 de la presente sentencia, constituye una norma general que vincula a los Estados miembros desde el momento en que aplican esta Directiva y que forma parte, entre otros, de los «motivos jurídicos», en el sentido del artículo 15, apartado 4, de dicha Directiva, obliga a los Estados miembros a tener debidamente en cuenta el interés superior del niño, la vida familiar y el estado de salud del nacional del tercer país de que se trate. Al igual que el principio de no devolución, estos intereses deben tenerse debidamente en cuenta en todas las fases del procedimiento de retorno, ya sea, en particular, en el momento de la adopción de una decisión de retorno, de una decisión de prohibición de entrada o de una medida de expulsión [véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de mayo de 2018, K. A. y otros (Reagrupación familiar en Bélgica), C‑82/16, EU:C:2018:308, apartado 104; de 14 de enero de 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Retorno de un menor no acompañado), C‑441/19, EU:C:2021:9, apartado 44; de 22 de noviembre de 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Expulsión — Cannabis medicinal), C‑69/21, EU:C:2022:913, apartado 91, y de 27 de abril de 2023, M. D. (Prohibición de entrada en Hungría), C‑528/21, EU:C:2023:341, apartados 89 a 91], o también del internamiento a efectos de expulsión.
80
De ello se deduce que, al examinar los requisitos de legalidad del internamiento, corresponde a la autoridad judicial competente comprobar, en su caso de oficio, si, por una parte, dichos intereses se oponen al internamiento como tal del nacional de un tercer país en situación irregular de que se trate y, por otra parte, si los mismos intereses se oponen a su expulsión, en ejecución de una decisión de retorno firme.
81
Esta interpretación se ve corroborada por la finalidad perseguida por el artículo 5 de la Directiva 2008/115. En efecto, como confirman los considerandos 22 y 24 de dicha Directiva, el citado artículo 5 pretende garantizar, en el marco del procedimiento de retorno establecido por la referida Directiva, el respeto de varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida familiar y los derechos fundamentales de los niños, tal como se recogen en los artículos 7 y 24 de la Carta, respectivamente. De ello se deduce que, a la vista del objetivo que persigue, el artículo 5 de la Directiva 2008/115 no puede interpretarse de manera restrictiva [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de marzo de 2021, État belge (Retorno del progenitor de un menor), C‑112/20, EU:C:2021:197, apartado 35].
82
No obstante, a diferencia de la protección contra todo trato inhumano y degradante consagrada en el artículo 4 de la Carta, los derechos garantizados en los artículos 7 y 24 de esta no tienen carácter absoluto y, por tanto, pueden ser objeto de restricciones en las condiciones que establece el artículo 52, apartado 1, de la Carta [sentencia de 22 de febrero de 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unidad familiar — Protección ya concedida), C‑483/20, EU:C:2022:103, apartado 36].
83
Además, ha de recordarse que incumbe al nacional de un tercer país en situación irregular un deber de cooperación leal en virtud del cual debe informar de inmediato a la autoridad nacional competente de cualquier acontecimiento pertinente en relación con su vida familiar [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de mayo de 2018, K. A. y otros (Reagrupación familiar en Bélgica), C‑82/16, EU:C:2018:308, apartados 103 a 105].
84
A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que los artículos 5 y 15 de la Directiva 2008/115, en relación con los artículos 6, 7, 24, apartado 2, y 47 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que deba controlar la legalidad del internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular con vistas a su expulsión, en ejecución de una decisión de retorno firme, está obligado a examinar, en su caso de oficio, si el interés superior del niño y la vida familiar, mencionados, respectivamente, en el artículo 5, letras a) y b), de dicha Directiva, se oponen a esta expulsión.
Costas
85
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)
Los artículos 5 y 15 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, en relación con los artículos 6, 19, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
deben interpretarse en el sentido de que
un órgano jurisdiccional nacional que deba controlar la legalidad del internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular con vistas a su expulsión, en ejecución de una decisión de retorno firme, está obligado a examinar, en su caso de oficio, si el principio de no devolución se opone a esta expulsión.
2)
Los artículos 5 y 15 de la Directiva 2008/115, en relación con los artículos 6, 7, 24, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales,
deben interpretarse en el sentido de que
un órgano jurisdiccional nacional que deba controlar la legalidad del internamiento de un nacional de un tercer país en situación irregular con vistas a su expulsión, en ejecución de una decisión de retorno firme, está obligado a examinar, en su caso de oficio, si el interés superior del niño y la vida familiar, mencionados, respectivamente, en el artículo 5, letras a) y b), de dicha Directiva, se oponen a esta expulsión.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.
(
i
)	La denominación del presente asunto es ficticia. No se corresponde con el nombre de ninguna parte en el procedimiento.