62020TJ0384(01)_RES
Asunto T‑384/20 RENV
OC
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 1 de octubre de 2025
«Responsabilidad extracontractual — Investigación de la OLAF — Comunicado de prensa — Tratamiento de datos personales — Presunción de inocencia — Principio de buena administración — Obligación de diligencia — Confidencialidad de las investigaciones de la OLAF — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Relación de causalidad — Perjuicio»
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Institución que dispone de un margen de apreciación reducido o nulo — Carácter suficiente de una mera infracción del Derecho de la Unión
(Art. 340 TFUE, párr. 2)
(véanse los apartados 26 a 29)
Instituciones de la Unión Europea — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2018/1725 — Ámbito de aplicación — Concepto de tratamiento de datos personales — Publicación de un comunicado de prensa por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Inclusión
[Reglamento (UE) n.o 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 3, punto 3]
(véase el apartado 48)
Instituciones de la Unión Europea — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2018/1725 — Requisitos para la licitud de un tratamiento de datos personales — Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos — Concepto — Publicación de un comunicado de prensa por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Información al público sobre las actividades de la OLAF — Inclusión
[Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra a), y 5, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 52, 56 y 57)
Instituciones de la Unión Europea — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2018/1725 — Publicación de un comunicado de prensa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) con información sobre el género, la nacionalidad y el vínculo de parentesco de la persona afectada que permita su identificación — Tratamiento ilícito de datos personales
[Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra a), y 5, ap. 1, letra a)]
(véanse los apartados 59 a 61, 79 y 80)
Instituciones de la Unión Europea — Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales — Reglamento (UE) 2018/1725 — Tratamiento ulterior de datos personales — Requisitos — Compatibilidad del tratamiento ulterior de los datos con los fines de su recogida inicial — Publicación de un comunicado de prensa por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Datos recogidos inicialmente durante la investigación de la OLAF — Datos ulteriormente tratados con el fin de informar al público sobre las actividades de la OLAF — Infracción
[Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 4, ap. 1, letra b), y 6]
(véanse los apartados 67, 68 y 70 a 76)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Concepto — Principio de presunción de inocencia — Inclusión — Información pública sobre las medidas de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en un comunicado de prensa — Procedencia — Persona identificada o identificable en un comunicado de prensa que la designa como autora de una infracción antes de que un tribunal declare su culpabilidad — Violación suficientemente caracterizada del principio de presunción de inocencia
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 48, ap. 1; Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 9, ap. 1, y 10, ap. 5]
(véanse los apartados 86 a 93, 110, 111, 114 a 117 y 119 a 122)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilegalidad — Infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Norma jurídica que confiere derechos a los particulares — Concepto — Derecho a una buena administración y obligación de diligencia — Obligación de neutralidad e imparcialidad — Inclusión — Divulgación de información inexacta en un comunicado de prensa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Inducción de la culpabilidad de la persona afectada por el uso del término fraude — Incumplimiento suficientemente caracterizado de estas obligaciones
[Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 41; Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, ap. 5]
(véanse los apartados 126, 127, 142, 156 a 159, 164 a 167 y 172)
Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Perjuicio — Relación de causalidad — Perjuicios causados por la publicación de un comunicado de prensa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) — Perjuicio moral por el daño al honor y a la reputación — Perjuicio moral derivado del daño causado a la carrera profesional — Perjuicio relacionado con el estado de salud — Inclusión
[Art. 340 TFUE, párr. 2; Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 65]
(véanse los apartados 181 a 187, 200 a 202, 216, 222 y 225 a 229)
Resumen
El Tribunal General, que conoce de un recurso por responsabilidad extracontractual de la Unión, al tiempo que aporta novedades a la jurisprudencia en materia de protección de datos personales, condena a la Comisión Europea a reparar los perjuicios causados por la publicación de un comunicado de prensa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (en lo sucesivo, «comunicado de prensa controvertido»).
En septiembre de 2008, la Comisión y una universidad griega firmaron un convenio de subvención relativo al proyecto de investigación de la demandante, una investigadora universitaria.
Una vez finalizado el proyecto y en virtud del convenio de subvención, dicha universidad solicitó a la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA), que había sustituido a la Comisión como cocontratante, el pago de una cantidad correspondiente a los gastos en que se había incurrido, entre ellos los gastos de personal. Tras una auditoría financiera ex post, la ERCEA llegó a la conclusión de que un determinado importe de los gastos no era subvencionable y, en consecuencia, reclamó su reembolso a la universidad griega emitiendo una nota de adeudo a tal efecto.
Paralelamente, el director general de la OLAF, que había sido informado por la ERCEA de los resultados de su auditoría, decidió, en mayo de 2015, abrir una investigación sobre posibles irregularidades o un posible fraude en la ejecución del proyecto de investigación. (
1
)
En su informe final relativo a esta investigación, la OLAF recomendó, por una parte, a la ERCEA que adoptara las medidas adecuadas para recuperar las cantidades consideradas indebidamente percibidas por la universidad griega y, por otra parte, a las autoridades judiciales nacionales a las que se había comunicado dicho informe que incoaran contra la demandante, en particular, procedimientos por fraude y por falsedad documental. Posteriormente, en mayo de 2020, la OLAF publicó en su sitio de Internet el comunicado de prensa controvertido.
El mes siguiente, la demandante interpuso ante el Tribunal General un recurso basado en el artículo 268 TFUE por el que solicitaba que se condenara a la Comisión a reparar el perjuicio moral que supuestamente le había causado dicho comunicado de prensa. Mediante su sentencia de 4 de mayo de 2022, OC/Comisión, (
2
) el Tribunal General desestimó en su totalidad el recurso de la demandante al considerar que esta no había podido demostrar la existencia de un comportamiento ilegal de la OLAF.
La demandante interpuso entonces un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia para que se anulara la resolución del Tribunal General. Mediante su sentencia de 7 de marzo de 2024, OC/Comisión, (
3
) el Tribunal de Justicia declaró, en particular, que el Tribunal General había incurrido en errores de Derecho en la medida en que había considerado que la demandante no había sido identificada ni era identificable en el comunicado de prensa controvertido y que la información que figuraba en él no estaba comprendida en el concepto de «datos personales». De este modo, el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General y le devolvió el asunto.
Apreciación del Tribunal General
En primer lugar, tras recordar los tres requisitos acumulativos para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, el Tribunal General examina la licitud del tratamiento de datos personales efectuado con ocasión de la publicación del comunicado de prensa controvertido.
En primer término, considera que la información al público sobre las actividades de la OLAF, en particular mediante la publicación de comunicados de prensa, es necesaria para el cumplimiento de una función realizada en interés público o en el ejercicio de una potestad pública conferida a ese órgano de la Unión. (
4
) Por consiguiente, según el Tribunal General, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que le incumben, la OLAF no se excedió en sus atribuciones al publicar el comunicado de prensa controvertido.
Sin embargo, el Tribunal General observa que la información relativa a la demandante contenida en dicho comunicado de prensa, a saber, su edad, su nacionalidad y su género, así como el hecho de que su padre trabajara en la universidad griega y el importe de la subvención, no solo permite su identificación, sino que, además, no es necesaria, con excepción del importe de la subvención concedida, para informar al público sobre las actividades de la OLAF en la lucha contra el fraude. Así pues, el Tribunal General declara que la publicación de esos datos constituye un tratamiento ilícito de los datos personales de la demandante.
En segundo término, el Tribunal General comprueba la compatibilidad del tratamiento ulterior de los datos, tal como se efectuó, con los fines para los que fueron recogidos inicialmente. En el caso de autos, los datos personales de la demandante fueron recogidos inicialmente en el marco de la investigación llevada a cabo por la OLAF con una finalidad determinada que corresponde a la misión de la OLAF de lucha contra el fraude. No se recogieron con vistas a la publicación de un comunicado de prensa, que corresponde a una finalidad, ciertamente conexa, pero diferente, a saber, informar al público sobre las actividades de la OLAF.
Por otra parte, además de la relación existente entre los fines de la recogida inicial de los datos y del tratamiento posterior de estos, el Tribunal General indica que no puede considerarse que la OLAF tuviera en cuenta la naturaleza de los datos tratados, en particular en la medida en que permiten la identificación de la demandante en relación con supuestas infracciones penales. En efecto, habida cuenta de las alegaciones formuladas contra la demandante y a juzgar por el contenido de los artículos de prensa posteriores a la publicación del comunicado de prensa controvertido, el Tribunal General considera que la OLAF no tuvo suficientemente en cuenta las posibles consecuencias para la demandante del tratamiento ulterior de sus datos. (
5
) De ello deduce que, al publicar el comunicado de prensa controvertido, la OLAF llevó a cabo un tratamiento ulterior de los datos personales de la demandante infringiendo el Reglamento 2018/1725. (
6
)
En tercer término, para determinar si la infracción alegada constituye una infracción suficientemente caracterizada que pueda generar la responsabilidad extracontractual de la Unión, es preciso determinar el margen de apreciación de que disponen las instituciones. A este respecto, el Tribunal General señala que, aun suponiendo que disponga de cierto margen de apreciación a efectos de la aplicación de las disposiciones del Reglamento 2018/1725, (
7
)es preciso señalar que la OLAF infringió de manera grave y manifiesta estas disposiciones al publicar, en el comunicado de prensa controvertido, la nacionalidad, la edad y el vínculo de parentesco de la demandante. Además, la alegación de la Comisión de que, sin la información mencionada en el comunicado de prensa, se habría reducido la probabilidad de que el contenido de este fuera reproducido por los medios de comunicación no solo permite descartar cualquier carácter excusable del error cometido por la OLAF, sino que, además, permite considerar que existe un elemento intencional.
Por lo tanto, el Tribunal General declara que la OLAF, al publicar su comunicado de prensa, llevó a cabo un tratamiento ilícito de los datos personales de la demandante infringiendo el Reglamento 2018/1725, (
8
) lo que constituye una infracción suficientemente caracterizada que puede generar la responsabilidad de la Unión.
En segundo lugar, el Tribunal General comprueba la realidad de la violación alegada por la demandante del principio de presunción de inocencia y del incumplimiento de la obligación de respetar la confidencialidad de las investigaciones. A este respecto, recuerda que de la sentencia de casación se desprende que la demandante es identificable, al menos indirectamente, por los datos contenidos en el comunicado de prensa controvertido, lo que constituye un requisito previo indispensable para el examen de una eventual violación del principio de presunción de inocencia.
Por lo que respecta a la violación alegada, el Tribunal General señala que ya se ha declarado que el respeto del principio de presunción de inocencia no se opone a que, con el fin de informar al público de las medidas adoptadas en el contexto de posibles disfunciones o fraudes, una institución de la Unión exponga las principales conclusiones del informe final de la OLAF sobre uno de sus miembros. No obstante, corresponde a esta Oficina hacerlo en términos equilibrados y proporcionados y de manera esencialmente fáctica. (
9
)
Por consiguiente, el Tribunal General estima que no puede reprocharse a la OLAF haber violado el principio de presunción de inocencia y la confidencialidad de las investigaciones por el mero hecho de haber informado al público de las conclusiones formuladas en su informe final.
En cambio, indica que debe tenerse en cuenta la elección de los términos utilizados, tomando en consideración el sentido real de las declaraciones y no su forma literal. En el caso de autos, declara que la utilización del término «fraude» en el comunicado de prensa controvertido supone una calificación jurídica de los hechos e implica la existencia de la culpabilidad de la demandante.
Además, señala que el hecho de adjuntar al comunicado de prensa controvertido una descripción de la función de investigación de la OLAF que indica que corresponde a las autoridades nacionales competentes pronunciarse sobre la culpabilidad de la demandante no basta para disipar la impresión de culpabilidad creada por el término «fraude». Además, el hecho de que se trate de «todos los investigadores» o de «diez investigadores» no es determinante para establecer la culpabilidad de la demandante. Sin embargo, este elemento, en la medida en que pone de relieve el número de personas afectadas, refuerza el sentimiento de culpabilidad de la demandante que resulta de la utilización del término «fraude» en el comunicado de prensa.
Por consiguiente, la utilización del término «fraude» en este contexto no es proporcionada en el sentido de los criterios antes mencionados. Asimismo, la calificación de las actuaciones de la demandante como «fraude» va más allá de una presentación esencialmente fáctica de las conclusiones del informe final de la OLAF.
A la luz de lo anterior, el Tribunal General declara que la OLAF, al utilizar el término «fraude» en su comunicado de prensa, violó el principio de presunción de inocencia.
En cuanto a la existencia de una violación suficientemente caracterizada, el Tribunal General considera que, aunque es cierto que la OLAF dispone de cierto margen de apreciación en cuanto a la oportunidad y al contenido de los comunicados de prensa, este margen está limitado por el respeto de los derechos fundamentales de las personas afectadas. Pues bien, por una parte, el Tribunal General recuerda que ya ha declarado que la Comisión no dispone de ningún margen de apreciación en cuanto a la obligación que tiene de respetar la presunción de inocencia. (
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)
Por otra parte, la utilización del término «fraude» en el comunicado de prensa controvertido no puede considerarse una falta excusable. En efecto, se trata de una calificación de los hechos reprochados a la demandante que va más allá de la mera descripción fáctica de las conclusiones formuladas en el informe final de la OLAF y que se inscribe en una estrategia de comunicación de esta, que puede considerarse que no demuestra la moderación que se espera de un órgano de la Unión. Por consiguiente, la utilización del término «fraude» en el comunicado de prensa controvertido constituye una violación suficientemente caracterizada del principio de presunción de inocencia que puede generar la responsabilidad de la Unión.
Por lo tanto, tras examinar las demás infracciones alegadas por la demandante, la existencia de perjuicios y de una relación de causalidad entre estos y las infracciones cometidas por la OLAF, el Tribunal General condena a la Comisión a abonar a la demandante un importe de 50000 euros, en concepto de los perjuicios sufridos a raíz de la publicación del comunicado de prensa controvertido.
(
1
)	Conforme al artículo 5 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la OLAF y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.o 1074/1999 del Consejo (DO 2013, L 248, p. 1).
(
2
)	Sentencia de 4 de mayo de 2022, OC/Comisión (T‑384/20, no publicada, EU:T:2022:273).
(
3
)	Sentencia de 7 de marzo de 2024, OC/Comisión (C‑479/22 P, EU:C:2024:215).
(
4
)	En el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), del Reglamento 2018/1725.
(
5
)	En el sentido del artículo 6, letra d), del Reglamento 2018/1725.
(
6
)	Más concretamente, infringiendo los artículos 4, apartado 1, letra b), y 6, letras c) a e), del Reglamento 2018/1725.
(
7
)	Más concretamente, los artículos 4, apartado 1, letras a) y b), 5, apartado 1, letra a), y 6, letras c) a e), del Reglamento 2018/1725.
(
8
)	Más concretamente, infringiendo el artículo 5, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento 2018/1725.
(
9
)	Sentencia de 30 de noviembre de 2022, KN/Parlamento (T‑401/21, EU:T:2022:736), apartado 67 y jurisprudencia citada.
(
10
)	Sentencia de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión (T‑48/05, EU:T:2008:257), apartados 219 y 314.