62022TJ0246_RES
Asunto T‑246/22
PGTEX Morocco
contra
Comisión Europea
Sentencia del Tribunal General (Sala Décima ampliada) de 4 de diciembre de 2024
«Subvenciones — Ampliación del derecho compensatorio definitivo establecido sobre las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto o cosidos originarios de China a las importaciones de dichos productos procedentes de Marruecos — Investigación antielusión — Elusión — Acuerdo euromediterráneo de asociación CE-Marruecos — Artículo 33, letra a), del Reglamento (UE) 2016/1037 — Desviación de poder — Requisitos para demostrar la existencia de una elusión — Artículo 23, apartado 3, del Reglamento 2016/1037 — Cambio que se deriva de una práctica, proceso o trabajo para el que no existe una causa suficiente o justificación económica distinta de la imposición del derecho — Operaciones de montaje — Operaciones de acabado — Concepto de “valor añadido” — Producto similar importado o partes de dicho producto que siguen beneficiándose de la subvención — Error de Derecho — Error manifiesto de apreciación — Principio de no discriminación — Igualdad de trato — Principio de buena administración — Artículo 28, apartados 1 y 3, del Reglamento 2016/1037 — Utilización de datos disponibles»
Política comercial común — Defensa contra las subvenciones practicadas por Estados terceros — Elusión — Ampliación del derecho compensatorio — Derecho compensatorio definitivo ampliado a las importaciones procedentes de un país que ha celebrado un acuerdo de asociación con la Unión — Procedencia — Requisitos
[Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, considerando 18 y art. 23; Reglamento de Ejecución (UE) 2022/301 de la Comisión]
(véanse los apartados 37 a 39 y 41 a 48)
Política comercial común — Defensa contra las subvenciones practicadas por Estados terceros — Elusión — Concepto — Cambio en las corrientes comerciales entre terceros países y la Unión — Cambio que se deriva de prácticas, procesos o trabajos que no están suficientemente motivados o económicamente justificados — Creación de un centro de producción de un producto similar a los que se ven afectados por derechos compensatorios en un país distinto del país de origen del referido producto — Coincidencia en el tiempo entre el inicio de la investigación antisubvenciones que dio lugar al establecimiento de derechos y la creación del mencionado centro de producción — Presunción de intención de eludir la aplicación de los derechos compensatorios en vigor — Carga de la prueba
[Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 23, ap. 3; Reglamento de Ejecución (UE) 2022/301 de la Comisión, considerando 67]
(véanse los apartados 74 a 85)
Política comercial común — Defensa contra las subvenciones practicadas por Estados terceros — Elusión — Ámbito de aplicación — Operaciones de montaje — Inclusión
[Reglamentos (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 2016/1036, art. 13, ap. 1, párr. 4, y 2016/1037, art. 23, ap. 3, párr. 2; Reglamento de Ejecución (UE) 2022/301 de la Comisión, considerando 33]
(véanse los apartados 106 a 116)
Política comercial común — Defensa contra las subvenciones practicadas por Estados terceros — Elusión — Operación de montaje — Concepto — Operación de acabado — Inclusión
[Reglamentos (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 2016/1036, art. 13, aps. 1, párr. 4, letra d), y 2, letra b), y 2016/1037, art. 23, ap. 3, párr. 2; Reglamento de Ejecución (UE) 2022/301 de la Comisión, considerandos 76, 77 y 79]
(véanse los apartados 131 a 138)
Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Elusión — Operación de montaje — Concepto — Criterios de apreciación
[Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 13, aps. 1, párr. 3, y 2; Reglamento de Ejecución (UE) 2022/301 de la Comisión, considerandos 76, 77 y 79]
(véanse los apartados 141 y 142)
Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Elusión — Operación de montaje — Partes que constituyen el 60 % o más del valor total de las partes del producto montado originarias del país sujeto a las medidas — Excepción — Valor añadido de las partes utilizadas superior al 25 % del coste de producción — Concepto de valor añadido — Alcance — Cálculo — Costes de producción — Ajuste — Criterios — Toma en consideración del índice de utilización de la capacidad de producción efectiva
[Reglamentos (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo 2016/1036, arts. 2, ap. 5, y 13, ap. 2, letra b), y 2016/1037, art. 23, ap. 3; Reglamento de Ejecución (UE) 2022/301 de la Comisión, considerandos 80 a 82, 85, 86 y 91 a 94]
(véanse los apartados 171 a 179)
Política comercial común — Defensa contra las prácticas de dumping — Elusión — Operación de montaje — Determinación del valor añadido de las partes utilizadas — Ajustes de los costes de producción — Procedencia — Inexistencia de ajuste de los costes de producción en la determinación del margen de perjuicio en la investigación antidumping — Violación del principio de igualdad de trato — Inexistencia
[Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 2, ap. 5, y 13, ap. 2, letra b); Reglamento de Ejecución (UE) 2022/301 de la Comisión, considerandos 77 a 80, 82, 83, 88, 90 y 91]
(véase el apartado 202)
Política comercial común — Defensa contra las subvenciones practicadas por Estados terceros — Elusión — Concepto — Producto similar importado o partes de dicho producto que siguen beneficiándose de la subvención — Presunción legal de transferencia de subvenciones entre partes vinculadas — Carga de la prueba
[Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 23, ap. 3; Reglamento de Ejecución (UE) 2022/301 de la Comisión, considerando 105]
(véanse los apartados 225 a 229)
Política comercial común — Defensa contra las subvenciones practicadas por Estados terceros — Elusión — Desarrollo de la investigación — Utilización de los datos disponibles en caso de negativa a cooperar de la empresa — Requisitos — Denegación de acceso a la información necesaria
[Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 23, ap. 1, y 28, aps. 1 y 4; Reglamento de Ejecución (UE) 2022/301 de la Comisión, considerandos 38, 39 y 41 a 43]
(véanse los apartados 244 a 247 y 255 a 257)
Resumen
El Tribunal General desestimó el recurso de anulación interpuesto por una sociedad marroquí perteneciente al grupo chino PGTEX contra el Reglamento de Ejecución 2022/301, (
1
) por el que se amplía el derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio (en lo sucesivo, «TFV») de punto y/o cosidos originarios de la República Popular China a las importaciones de TFV procedentes de Marruecos. En esta ocasión, el Tribunal General aportó precisiones sobre la posibilidad de que la Comisión Europea amplíe los derechos compensatorios establecidos contra la República Popular China a las importaciones de productos similares procedentes de un tercer país con el que la Unión Europea haya firmado un acuerdo de asociación, cuando se eludan las medidas en vigor. En este contexto, el Tribunal General confirmó, en particular, que las operaciones de montaje pueden constituir una elusión susceptible de justificar una ampliación de los derechos compensatorios con arreglo al artículo 23 del Reglamento 2016/1037. (
2
)
En 2020, al término de la investigación antisubvenciones efectuada por sus servicios, la Comisión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución 2020/776, (
3
) por el que se establecen derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de determinados TFV originarios de la República Popular China y de Egipto.
En 2021, a raíz de una solicitud presentada por Tech-Fab Europe eV, una asociación de productores de TFV de la Unión, la Comisión inició una investigación relativa a una posible elusión de esas medidas compensatorias mediante importaciones del mismo producto procedentes de Marruecos, hubiesen sido o no declaradas originarias de ese país. Al término de su investigación, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución impugnado.
Mediante su recurso, la demandante, PGTEX Morocco, una sociedad marroquí que produce TFV y los exporta a la Unión, solicitó la anulación del Reglamento de Ejecución impugnado, en la medida en que la afecta. Invocó, en particular, una infracción del Acuerdo de Asociación firmado por la Unión Europea y el Reino de Marruecos. (
4
) Cuestionó también las conclusiones por lo que respecta a la falta de justificación económica para la creación del centro de producción de la demandante en Marruecos distinta del establecimiento de los derechos compensatorios, así como la calificación como «operación de montaje» del proceso de fabricación llevado a cabo por la demandante en Marruecos y su inclusión dentro de las prácticas de elusión en el sentido del artículo 23 del Reglamento antisubvenciones de base.
Apreciación del Tribunal General
Sobre el Acuerdo de Asociación y sobre la posibilidad de aplicar las normas antielusión previstas en el artículo 23 del Reglamento antisubvenciones de base
En primer lugar, el Tribunal General examinó si la Comisión podía recurrir a las normas antielusión previstas en el artículo 23 del Reglamento antisubvenciones de base para ampliar los derechos compensatorios establecidos sobre las importaciones de TFV procedentes de China a las importaciones de productos similares procedentes de Marruecos haciendo abstracción del hecho de que la Unión había firmado un Acuerdo de Asociación con este último.
El Acuerdo de Asociación y el artículo 23 del Reglamento antisubvenciones de base son dos instrumentos de política comercial de la Unión que responden a finalidades y lógicas diferentes. En efecto, el primero es un instrumento de cooperación destinado a promover la libre circulación de mercancías procedentes de Marruecos en la Unión mediante, en particular, la supresión de los derechos de aduana y de las exacciones de efecto equivalente. El segundo es un instrumento de defensa comercial que tiene por objeto sancionar prácticas comerciales desleales que puedan comprometer la eficacia de medidas antisubvenciones ya en vigor respecto de terceros países y que permite a las instituciones, bajo determinadas condiciones, ampliar esas medidas antisubvenciones a las importaciones de productos similares procedentes, en particular, de otro país, con el fin de evitar que se eludan las medidas antisubvenciones.
En el caso de autos, al considerar que el grupo PGTEX había utilizado el territorio de Marruecos para eludir el derecho compensatorio establecido sobre las importaciones chinas de TFV, la Comisión amplió, mediante el Reglamento de Ejecución impugnado, el derecho compensatorio a los TFV expedidos desde Marruecos. Este derecho así ampliado, que tiene como único objeto garantizar la eficacia del derecho compensatorio impuesto a la República Popular China, no puede distinguirse de este último, respecto al cual tiene carácter accesorio. Por tanto, mediante el Reglamento de Ejecución impugnado, la Comisión se dirige contra las empresas chinas del grupo PGTEX con el fin de impedirles que utilicen el territorio de Marruecos para eludir el derecho compensatorio establecido sobre las importaciones chinas de TFV.
A este respecto, el Tribunal General observó que el Acuerdo de Asociación firmado entre Marruecos y la Unión no impide a esta última recurrir a las medidas antielusión para contrarrestar comportamientos como los anteriormente descritos, siempre que se cumplan todos los requisitos de aplicación del artículo 23 del Reglamento antisubvenciones de base. Una interpretación diferente podría privar a la Unión de un instrumento de defensa comercial crucial para garantizar una protección eficaz de la industria de la Unión y transformar Marruecos en una «zona franca», en la que los operadores comerciales podrían llevar a cabo cualquier tipo de operación de elusión de medidas antisubvenciones, lo que sería contrario a los compromisos mutuos asumidos por Marruecos y la Unión en el marco del referido Acuerdo.
Por consiguiente, según el Tribunal General, la Comisión no incurrió en error al recurrir a las normas antielusión establecidas en el artículo 23 del Reglamento antisubvenciones de base.
Sobre la apreciación de los requisitos de aplicación del artículo 23 del Reglamento antisubvenciones de base en el caso de autos
En segundo lugar, el Tribunal General recordó que, con arreglo al artículo 23, apartado 3, del Reglamento antisubvenciones de base, son necesarios cuatro requisitos para demostrar la existencia de una elusión. En primer término, debe existir un cambio en las características del comercio entre un país tercero y la Unión o entre empresas del país sujeto a las medidas y la Unión. En segundo término, ese cambio debe derivarse de una práctica, proceso o trabajo para el que no exista una causa suficiente o una justificación económica que no sea la imposición del derecho compensatorio. En tercer término, deben existir elementos que demuestren que la industria de la Unión sufre un perjuicio o que se están minando los efectos correctores del derecho antisubvenciones por lo que respecta a los precios o las cantidades del producto similar. En cuarto término, el producto similar importado o las partes de dicho producto deben seguir beneficiándose de la subvención.
En el caso de autos, tras constatar que el aumento de las exportaciones de TFV procedentes de Marruecos a la Unión constituye un cambio en las características del comercio entre estos últimos, la Comisión analizó el segundo requisito necesario para demostrar la existencia de una elusión por lo que atañe a la creación del centro de producción de la demandante en Marruecos.
A este respecto, el Tribunal General señaló, en primer término, que la Comisión no incurrió en error al concluir que no existía una causa suficiente o justificación económica para la creación de un centro de producción de TFV en Marruecos distinta de la voluntad de eludir los derechos compensatorios en vigor.
En efecto, la creación de ese centro de producción se completó en octubre de 2019, es decir, cinco meses después del inicio de la investigación antisubvenciones que condujo al establecimiento de derechos compensatorios sobre las importaciones chinas de TFV.
Pues bien, la existencia de esa coincidencia en el tiempo entre el inicio de la investigación antisubvenciones y la creación del centro de producción de la demandante en Marruecos puede justificar, según la jurisprudencia, la presunción de que el establecimiento de una fábrica de producción en el país desde el que se exportan las mercancías tiene como finalidad evitar la aplicación de medidas de política comercial.
Cuando se da esa coincidencia temporal, corresponde al operador económico afectado aportar la prueba de un motivo razonable, distinto del de eludir las consecuencias derivadas de las medidas de que se trate, que justifique la creación de un centro de producción en el país desde el que se exportan las mercancías. Así pues, incumbía a la demandante aportar la prueba de que la creación de su centro de producción en Marruecos estaba motivada y justificada económicamente por razones distintas de la elusión de las medidas antisubvenciones en cuestión, cosa que no hizo en el caso de autos.
Asimismo, la demandante invocó erróneamente un incumplimiento por parte de la Comisión de su obligación de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos pertinentes del caso de autos, ya que la Comisión había llevado a cabo un análisis correcto de los elementos de prueba aportados por la demandante y había llegado acertadamente a la conclusión de que estos no habían logrado desvirtuar su conclusión.
En segundo término, la Comisión no incurrió en error ni infringió el artículo 23 del Reglamento antisubvenciones de base al incluir las operaciones de montaje, contempladas en el artículo 13, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento 2016/1036, (
5
) en las prácticas, procesos o trabajos que pueden constituir una elusión en el sentido del artículo 23, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento antisubvenciones de base, con el fin de apreciar si existía, en el caso de autos, una elusión de las medidas antisubvenciones en vigor.
A este respecto, el Tribunal General señaló que las operaciones de montaje no figuran explícitamente en el artículo 23, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento antisubvenciones de base, que define, al igual que el artículo 13, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento antidumping de base, las posibles prácticas de elusión. Sin embargo, el hecho de que no se mencionen no significa que el legislador de la Unión tuviera la intención de excluir las operaciones de montaje del ámbito de aplicación de ese artículo.
En efecto, esa disposición contiene una lista no exhaustiva de posibles prácticas de elusión. Por ello, puede abarcar también otras prácticas de elusión que no se mencionan explícitamente en el artículo en cuestión, como las operaciones de montaje.
Esta interpretación no solo se ve corroborada por la jurisprudencia según la cual el artículo 13, apartado 1, párrafo cuarto, del Reglamento antidumping de base no contiene una lista exhaustiva de las posibles prácticas de elusión, sino que también es conforme con el objetivo que subyace a esa disposición, a saber, garantizar la eficacia de las medidas antisubvenciones vigentes.
Precisado lo anterior, la Comisión no incurrió en error ni infringió el artículo 13 del Reglamento antidumping de base al concluir que el proceso de fabricación de los TFV realizado en Marruecos es una operación de acabado, que está comprendida en el concepto de «operación de montaje» en el sentido de dicha disposición.
En el caso de autos, el Tribunal General llevó a cabo un análisis textual, contextual y teleológico de la disposición de que se trata, con el fin de determinar si el concepto de «operación de montaje» debe ser objeto, como defendía la Comisión, de una interpretación amplia que pueda englobar las operaciones de acabado o, como sugería la demandante, de una interpretación restrictiva según la cual estas últimas operaciones no están comprendidas en el concepto de «operación de montaje».
A este respecto, señaló que el Reglamento antidumping de base no define el concepto de «operación de montaje» ni el de «operación de acabado». Tampoco precisa si estas últimas operaciones están incluidas en el concepto de «operación de montaje».
Por lo que respecta al contexto, las operaciones de acabado no figuran entre las prácticas, procesos o trabajos que pueden constituir una elusión en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento antidumping de base. Sin embargo, el apartado 2, letra b), de esta disposición, (
6
) que precisa las condiciones en las que se considera que una operación de montaje elude las medidas en vigor, hace referencia al «acabado». Pues bien, tal referencia permite suponer que las operaciones de acabado pueden interpretarse en el sentido de que constituyen una variante de las operaciones de montaje.
Tal interpretación es, por una parte, conforme con el objetivo que subyace a la normativa de la Unión en materia de elusión, a saber, asegurar la eficacia de las medidas antisubvenciones adoptadas por la Unión y evitar que estas sean eludidas, y, por otra parte, queda corroborada por el hecho de que el legislador haya dejado un gran margen de maniobra a las instituciones de la Unión por lo que respecta a la definición de las operaciones de elusión.
Por último, las circunstancias mencionadas por la demandante, como la complejidad del procedimiento de fabricación de los TFV, no tienen incidencia en la calificación del proceso de fabricación de TFV en Marruecos como operación de montaje o de acabado. En efecto, para que una operación de montaje pueda constituir una elusión, el artículo 13, apartado 2, del Reglamento antidumping de base hace referencia a la proporción de partes utilizadas procedentes del país sometido a las medidas y al valor añadido a dichas piezas por la operación en cuestión.
En tercer término, por lo que atañe a la determinación del valor añadido de las operaciones de montaje, en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra b), del Reglamento antidumping de base, la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación ni infringió dicha disposición al proceder a los ajustes de los costes de amortización calculados por la demandante teniendo en cuenta el índice de utilización de la capacidad efectiva durante el período de referencia y al descartar los otros tres métodos de cálculo del valor añadido propuestos por la demandante.
A este respecto, el Tribunal General señaló que tanto del contexto como del objetivo del artículo 13 del Reglamento antidumping de base se desprende que, para determinar el valor añadido de las operaciones de montaje, es necesario tener en cuenta únicamente los costes vinculados a la producción efectiva de TFV, o incluso únicamente los costes de amortización y de alquiler relacionados con el funcionamiento de las máquinas realmente usadas para producir las partes efectivamente utilizadas durante el período de referencia.
En el caso de autos, la demandante comunicó a la Comisión costes de amortización calculados sobre la base del funcionamiento teórico máximo de todas sus máquinas. Al estimar que esos costes de amortización y los costes de alquiler no podían reflejar de manera creíble el valor añadido a las partes utilizadas, la Comisión realizó los ajustes necesarios. Para ello, utilizó el índice de utilización de la capacidad comunicado por la demandante y no discutido por esta.
Pues bien, dado que tanto el coste de amortización, calculado por la demandante sobre la base de la capacidad teórica máxima de sus máquinas, como la utilización de la capacidad se calcularon sobre la base del mismo número de máquinas de TFV, como si estas últimas hubieran funcionado durante todo el período de referencia, el hecho de utilizar uno para ajustar el otro no constituye un error de hecho.
En cuanto a los demás métodos de cálculo del valor añadido que la demandante propuso a la Comisión, esta consideró acertadamente que no habrían permitido reflejar mejor el valor añadido a las partes utilizadas.
En cuarto término, la Comisión no violó los principios de no discriminación y de igualdad de trato al realizar los ajustes antes mencionados para determinar el valor añadido, mientras que, al calcular el margen de perjuicio, no ajustó el coste de producción de la industria de la Unión, a pesar de haberse constatado un escaso grado de utilización de la capacidad de producción.
En efecto, la toma en consideración de los costes de producción para calcular el margen de perjuicio de la industria de la Unión debido a importaciones objeto de dumping y la toma en consideración de los costes de producción con el fin de calcular el valor añadido a las partes utilizadas en el curso de una operación de montaje o de acabado de la fabricación, para saber si existe elusión de medidas antidumping, se desarrollan en un contexto diferente y con finalidades distintas. Pues bien, la demandante debería haber explicado de qué modo, al tener en cuenta estos costes de manera diferente, la Comisión había podido violar los principios de no discriminación y de igualdad de trato, cosa que no explicó en el caso de autos.
Dado que la Comisión examinó minuciosa e imparcialmente todos los elementos pertinentes del caso de autos y procedió al ajuste de los costes teniendo en cuenta las explicaciones que la demandante había aportado en relación con la utilización de las máquinas y los costes de alquiler, el Tribunal General desestimó igualmente la imputación basada en una vulneración del derecho a una buena administración.
Por lo que atañe al cuarto requisito, la Comisión demostró que, en la medida en que los rovings de fibra de vidrio, a saber, la materia prima de los TFV, se beneficiaban en China de varias subvenciones y en que dichos rovings eran montados o acabados en Marruecos por la demandante para producir sus propios TFV, los TFV exportados desde Marruecos a la Unión seguían beneficiándose de las subvenciones concedidas a los productores chinos de TFV.
A este respecto, el Tribunal General observó, para empezar, que la demandante no podía alegar que las apreciaciones realizadas por la Comisión al imponer los derechos compensatorios sobre las importaciones de TFV procedentes de China solo son válidas en la medida en que se refieren a estos productos y no a la materia prima utilizada en su producción, puesto que la Comisión concluyó, sin que la demandante lo rebatiera, que las subvenciones concedidas por las autoridades chinas beneficiaban a toda la producción de todo el grupo PGTEX, ya se tratase de los TFV o de su materia prima.
A continuación, el objetivo de la Comisión, por medio del Reglamento de Ejecución impugnado, no es compensar las subvenciones concedidas por Marruecos, sino garantizar que no se eludan las medidas compensatorias establecidas respecto a las importaciones chinas de TFV.
Por último, la Comisión se basó acertadamente en la presunción legal de transferencia de las subvenciones en el caso de empresas vinculadas, en particular cuando la empresa situada en una fase posterior del proceso de producción montaba el producto final y lo exportaba a la Unión, para declarar que en el asunto de que se trata se cumplía el cuarto requisito. En efecto, demostró, por un lado, que la materia prima utilizada en la producción de TFV había sido subvencionada y, por otro lado, que los precios de las ventas facturados a la demandante eran siempre inferiores a los precios facturados a clientes independientes.
Sobre la utilización de los datos disponibles
En último lugar, el Tribunal General examinó el motivo mediante el cual la demandante reprochaba a la Comisión haber infringido el artículo 28 del Reglamento antisubvenciones de base por haber recurrido a los datos disponibles, pese a que había facilitado la información solicitada por la Comisión.
De conformidad con el apartado 1 de dicha disposición, en el curso de su investigación antisubvenciones, la Comisión podrá utilizar los datos disponibles en detrimento de los datos aportados por una o varias partes interesadas, en el supuesto de que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite u obstaculice de forma significativa la investigación.
En el caso de autos, del Reglamento de Ejecución impugnado se desprende que la Comisión utilizó los datos transmitidos por la demandante relativos a las ventas y los costes como punto de partida de su análisis. También recurrió a los datos estadísticos para subsanar la falta de fiabilidad de la información comunicada por la demandante en relación con los volúmenes de ventas de exportación a la Unión y para determinar si las características del comercio se habían modificado, extremo que la demandante no discute. En cambio, no utilizó los datos disponibles para probar la existencia de un montaje o acabado.
En consecuencia, el Tribunal General desestimó este motivo por inoperante.
A la luz de todas estas consideraciones, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad.
(
1
)	Reglamento de Ejecución (UE) 2022/301 de la Comisión, de 24 de febrero de 2022, por el que se amplía el derecho compensatorio definitivo establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/776 sobre las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos («TFV») originarios de la República Popular China («China») a las importaciones de TFV procedentes de Marruecos, hayan sido o no declarados originarios de este país, y se da por concluida la investigación relativa a la posible elusión de las medidas compensatorias que impuso el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/776 a las importaciones de TFV originarios de Egipto mediante las importaciones de TFV procedentes de Marruecos, hayan sido o no declarados originarios de este último país (DO 2022, L 46, p. 31; en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución impugnado»).
(
2
)	Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 55; en lo sucesivo, «Reglamento antisubvenciones de base»).
(
3
)	Reglamento de Ejecución (UE) 2020/776 de la Comisión, de 12 de junio de 2020, por el que se establecen derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de la República Popular China y de Egipto y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/492 de la Comisión, por el que se imponen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de la República Popular China y Egipto (DO L 2020, L 189, p. 1).
(
4
)	Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (DO 2000, L 70, p. 2), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»).
(
5
)	Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 21; en lo sucesivo, «Reglamento antidumping de base»). El artículo 13, apartado 1, párrafo cuarto, de dicho Reglamento define las prácticas, procesos o trabajos que pueden constituir una elusión.
(
6
)	En virtud de esta disposición, se considerará que una operación de montaje en la Unión o en un tercer país elude las medidas vigentes cuando: «b) las partes constituyan el 60 % o más del valor total de las partes del producto montado; no obstante, no se considerará que existe elusión cuando el valor añadido conjunto de las partes utilizadas durante la operación de montaje sea superior al 25 % del coste de producción».