Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. NICHOLAS EMILIOU
presentadas el 10 de julio de 2025 (1)
Asunto C‑48/24
VšĮ Vilniaus tarptautinė mokykla
contra
Valstybinė kalbos inspekcija
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania)]
« Procedimiento prejudicial — Artículo 49 TFUE — Libertad de establecimiento — Restricción — Normativa nacional que impone a los empleados de un centro docente privado conocer la lengua oficial del Estado — Justificación — Identidad nacional — Proporcionalidad — Directiva 2005/36/CE — Artículo 53 — Conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de una profesión regulada »
I.      Introducción
1.        La lengua no es tan solo un medio de comunicación, sino también un vehículo de cultura y de identidad. (2) Los Tratados de la Unión reconocen el papel fundamental de la lengua. Tanto el artículo
3 TUE, apartado
3, párrafo cuarto, como el artículo
22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establecen que la Unión respetará su diversidad lingüística. Además, en virtud del artículo
4 TUE, apartado
2, la Unión respetará asimismo la identidad nacional de sus Estados miembros, de la que, según ha declarado el Tribunal de Justicia, también forma parte la protección de sus lenguas oficiales. (3)
2.        En este contexto, el Tribunal de Justicia ha tenido que examinar en diversas ocasiones la interacción entre la protección de las lenguas oficiales de los Estados miembros y el respeto de las libertades fundamentales de la Unión. (4) La presente petición de decisión prejudicial del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania) plantea una cuestión similar y ofrece al Tribunal de Justicia la oportunidad de seguir desarrollando la jurisprudencia pertinente.
3.        Las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente se suscitaron en el marco de un litigio entre la Valstybinė kalbos inspekcija (Inspección de la Lengua
Estatal, Lituania; en lo sucesivo, «Inspección») y la Vilniaus tarptautinė mokykla (Colegio Internacional de Vilna; en lo sucesivo, «Colegio»), un centro de enseñanza privado que ofrece programas educativos únicamente en inglés. El litigio versa sobre la imposición al personal docente y administrativo del Colegio de una exigencia nacional de competencia intermedia en lituano, aplicable a aquellos empleados que desempeñan determinados puestos que implican la comunicación con el público (en lo sucesivo, «exigencia lingüística»). El órgano jurisdiccional remitente solicita orientación sobre la compatibilidad de esta exigencia lingüística con la libertad de establecimiento, en el sentido del artículo
49 TFUE, así como con el artículo 53 de la Directiva 2005/36/CE (en lo sucesivo, «Directiva de Reconocimiento»), (5) que se refiere a los requisitos lingüísticos aplicables a las profesiones reguladas.
II.    Marco jurídico
A.      Derecho de la Unión
4.        El artículo
53 de la Directiva de Reconocimiento, titulado «Conocimientos lingüísticos», dispone:
«1.      Los profesionales que gocen del reconocimiento de cualificaciones profesionales deberán poseer los conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de acogida.
[…]
3.      Los controles [del cumplimiento de la obligación contemplada en el apartado
1] se podrán imponer cuando la profesión que se vaya a ejercer tenga implicaciones para la seguridad de los pacientes. Se podrán imponer controles en el caso de otras profesiones cuando exista una duda seria y concreta acerca de la suficiencia del conocimiento de la lengua que tenga el profesional para el ejercicio de las actividades profesionales que este tiene intención de desempeñar.
[…]
4.      El control lingüístico será proporcionado a la actividad ejercida. […]»
B.      Derecho lituano
5.        El artículo
14 de la Lietuvos Respublikos Konstitucija (Constitución de la República de Lituania) establece que el lituano es la lengua del Estado (en lo sucesivo, «lengua estatal»).
6.        El artículo 6 de la Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas (Ley sobre la Lengua Estatal de la República de Lituania; en lo sucesivo, «Ley sobre la Lengua Estatal») dispone, en particular, que «los directores, empleados y responsables de […] establecimientos en los que se presten servicios al público deberán conocer la lengua estatal con arreglo a las categorías de competencia lingüística que determine el Gobierno de la República de Lituania».
7.        De conformidad con dicho artículo
6, el Gobierno lituano adoptó el nutarimas Nr. 1688 (Decreto n.º 1688) de 24 de diciembre de 2003, mediante el que aprobó la Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašas (Descripción del Procedimiento para el Establecimiento y la Aplicación de las Categorías de Competencia en la Lengua Estatal; en lo sucesivo, «Descripción»), anexa a dicho Decreto.
8.        El apartado 6 de la Descripción establece tres categorías de competencia en la lengua estatal, de las cuales la primera es la más baja y, la tercera, la más alta. De conformidad con el apartado 6.2 de la Descripción, la segunda categoría corresponde al nivel intermedio B1 de competencia en lituano. (6) Con arreglo al apartado 8 de la Descripción, dicha segunda categoría se aplica, en particular, a los empleados en los sectores de la educación, la cultura, la asistencia sanitaria y la seguridad social
—con la excepción de los profesores que enseñan en la lengua estatal—
cuando, en el desempeño de su trabajo, tengan que comunicarse regularmente con el público o cumplimentar formularios de documentos normalizados.
III. Hechos del litigio principal, procedimiento ante el órgano jurisdiccional remitente y cuestiones prejudiciales
9.        La demandante en el litigio principal —el Colegio—
es un centro de enseñanza privado, registrado en Lituania, país en el que funciona desde 2004. Fue fundado por un ciudadano lituano y actualmente tiene tres accionistas: un nacional finlandés (que detenta un 49,96 %), un nacional danés (con una participación del 25,02 %) y un nacional estadounidense (titular del 25,02 % restante).
10.      El Colegio obtuvo de las autoridades nacionales de la República de Lituania las autorizaciones necesarias para impartir programas educativos en una lengua distinta del lituano, posibilidad que contempla la legislación nacional. (7) Más concretamente, el Colegio imparte en inglés el programa «Cambridge International AS & A Level», así como el Programa de la Escuela Primaria y el Programa de los Años Intermedios
de Bachillerato Internacional (en lo sucesivo, «programas en inglés»).
11.      Los días 19 y 25 de mayo de 2022, la Inspección llevó a cabo una actuación al objeto de comprobar el cumplimiento por parte del Colegio de la Ley sobre la Lengua Estatal y el Decreto n.º 1688. La Inspección llegó a la conclusión de que dieciocho empleados del Colegio, de los cuales cinco eran nacionales de la Unión y los demás eran nacionales de terceros países, no habían superado el examen de competencia en la lengua estatal de segunda categoría, o no habían presentado la certificación correspondiente, como exige el Decreto n.º 1688 para los empleados en el sector de la enseñanza que deben comunicarse regularmente con el público o cumplimentar formularios de documentos normalizados. (8)
12.      A raíz de dicha actuación, la Inspección cursó un requerimiento, fechado el 26 de mayo de 2022, mediante el que instaba a los dieciocho empleados en cuestión, que comprendían tanto a profesores como a miembros del personal administrativo, en particular, el director y el jefe de estudios del Colegio, a superar el examen de competencia lingüística en la lengua estatal antes del 2 de febrero de 2023 (en lo sucesivo, «requerimiento impugnado»). Habida cuenta de que, con arreglo al Derecho nacional, (9) centros como el Colegio deben garantizar el cumplimiento de los actos jurídicos pertinentes, incluidas las disposiciones que establecen la exigencia lingüística, se notificó dicho requerimiento al Colegio y se establecieron sanciones en caso de incumplimiento por su parte.
13.      El Colegio interpuso recurso de anulación contra el requerimiento impugnado ante el Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Vilna, Lituania). Dicho recurso fue desestimado mediante sentencia de 17 de noviembre de 2022, y posteriormente el Colegio interpuso recurso de apelación ante el Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania), que es el órgano jurisdiccional remitente.
14.      En este contexto, al albergar dudas sobre la compatibilidad de la exigencia lingüística con el artículo
49 TFUE y el artículo
53 de la Directiva de Reconocimiento, dicho órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1.      ¿Debe interpretarse el artículo
49 [TFUE] en el sentido de que está incluida en su ámbito de aplicación la exigencia establecida en la normativa nacional de tener determinada competencia en la lengua estatal que se aplica al personal administrativo y a los profesores de un centro docente fundado por un particular que pone en práctica un programa de educación secundaria internacional y programas de Bachillerato Internacional para la Escuela Primaria y los Años Intermedios?
2.      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo
49 [TFUE] en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual la exigencia de tener determinada competencia en la lengua estatal se aplica sin excepción, en primer lugar, a todos los profesores de un centro docente fundado por un particular que imparte un programa de educación secundaria internacional y programas de Bachillerato Internacional para la Escuela Primaria y los Años Intermedios y, en segundo lugar, a todo el personal administrativo de ese centro docente, al margen de las circunstancias específicas de la actividad que ejerce ese centro?
3.      ¿Debe interpretarse el artículo 53 de la [Directiva de Reconocimiento] en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual la exigencia de tener determinada competencia en la lengua estatal se aplica sin excepción a todos los profesores de un centro docente fundado por un particular que imparte un programa de educación secundaria internacional y programas de Bachillerato Internacional para la Escuela Primaria y los Años Intermedios, al margen de las circunstancias específicas de la actividad que ejerce ese centro?»
15.      Han presentado observaciones escritas los Gobiernos lituano, letón y neerlandés, así como la Comisión Europea. No se ha celebrado ninguna vista.
IV.    Análisis
16.      Mediante sus tres cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la exigencia lingüística es compatible con la libertad de establecimiento (cuestiones prejudiciales primera y segunda) y con el artículo
53 de la Directiva de Reconocimiento (cuestión prejudicial tercera). A continuación, en mi análisis, examinaré conjuntamente las dos primeras cuestiones prejudiciales (B) y posteriormente examinaré la tercera (C). No obstante, antes de abordar el fondo de las cuestiones prejudiciales, debo abordar una objeción a la admisibilidad de la presente petición de decisión prejudicial que ha planteado el Gobierno lituano (A).
A.      Admisibilidad
17.      El Gobierno lituano alega que debe declararse la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial debido a que la interpretación del Derecho de la Unión que se solicita no tiene relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal.
18.      En particular, el Gobierno lituano sostiene que la exigencia lingüística no es aplicable a los profesores (10) que trabajan en centros de enseñanza, como el Colegio, que imparten programas educativos de Estados extranjeros o de organizaciones internacionales. Por consiguiente, en opinión de dicho Gobierno, el órgano jurisdiccional remitente debe anular el requerimiento impugnado por ser contrario al Derecho nacional, de modo que las cuestiones prejudiciales resultan innecesarias para la resolución del litigio principal.
19.      A este respecto, basta recordar que, según reiterada jurisprudencia, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente interpretar el Derecho nacional aplicable al litigio principal. El Tribunal de Justicia debe tener en cuenta, con arreglo al reparto de competencias entre los órganos jurisdiccionales de la Unión y los nacionales, el contexto fáctico y normativo en el que se insertan las cuestiones planteadas, tal como lo define el órgano jurisdiccional nacional en su remisión prejudicial. Por tanto, con independencia de la interpretación divergente del Derecho nacional que realice un Gobierno, la remisión prejudicial debe examinarse a la luz de la interpretación de dicho Derecho por el órgano jurisdiccional remitente. (11)
20.      En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente ha precisado, a raíz de la pertinente solicitud de aclaraciones del Tribunal de Justicia, que no comparte la interpretación del Gobierno lituano. Afirma, por el contrario, que, en virtud de la normativa aplicable a los hechos de que se trata, debe considerarse que la exigencia lingüística se aplica tanto al personal docente como al personal administrativo del Colegio, por lo que la respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas reviste una importancia fundamental para solventar el asunto del que conoce.
21.      Por consiguiente, en mi opinión, la petición de decisión prejudicial debe considerarse admisible.
B.      Compatibilidad de la exigencia lingüística con la libertad de establecimiento (cuestiones prejudiciales primera y segunda)
22.      Mediante sus dos primeras cuestiones prejudiciales, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la situación de que se trata está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo
49 TFUE, que consagra la libertad de establecimiento, y, por tanto, si esta disposición se opone a una normativa nacional que impone la exigencia lingüística, sin excepción, tanto a los profesores como al personal administrativo de un centro de enseñanza privado que imparte programas en inglés.
23.      No obstante, son necesarias algunas observaciones preliminares en lo que respecta a la pertinencia de una apreciación a la luz de la libertad de establecimiento en el presente asunto, habida cuenta de una alegación formulada en este sentido por el Gobierno neerlandés. A continuación, examinaré sucesivamente la aplicabilidad y la aplicación del artículo
49 TFUE a las circunstancias de que se trata.
1.      Observaciones preliminares
24.      De conformidad con reiterada jurisprudencia, cuando una medida nacional atañe simultáneamente a varias libertades fundamentales, el Tribunal de Justicia debe examinarla, en principio, en relación con una sola de esas libertades si se demuestra que, en las circunstancias del caso concreto, las demás son completamente secundarias con respecto a la primera y pueden apreciarse conjuntamente. A tales efectos, con el fin de determinar cuál es la libertad fundamental más relevante, debe tenerse en cuenta el objeto de la norma de que se trata. (12)
25.      En este sentido, el Gobierno neerlandés sostiene que la exigencia lingüística no debe apreciarse a la luz de la libertad de establecimiento, sino de la libre circulación de los trabajadores, puesto que a los empleados del Colegio se les impone el requisito de la competencia en la lengua estatal.
26.      No comparto esta opinión. De la resolución de remisión se desprende que la legislación nacional controvertida, al menos tal como se aplica en el presente asunto, se dirige principalmente al Colegio como centro de enseñanza. Se cursó el requerimiento impugnado contra Colegio debido a que este no garantizaba el respeto de la exigencia lingüística, por lo que el Colegio es la parte demandante y la recurrente en el litigio principal. Esta es, de hecho, la particularidad del presente asunto en comparación con la jurisprudencia anterior en la materia, en la que la exigencia de los conocimientos lingüísticos se impuso directamente a los trabajadores, ya fueran por cuenta ajena o por cuenta propia. (13) En cambio, en el presente asunto, dicha exigencia se le impone al empresario (el centro de trabajo), aunque se refiera a las competencias lingüísticas de sus empleados (los trabajadores).
27.      Además, debe tenerse en cuenta que una apreciación de la exigencia lingüística a la luz de la libre circulación de los trabajadores solo sería estrictamente pertinente en relación con los pocos empleados del Colegio que son nacionales de la Unión. Por el contrario, la libertad de establecimiento puede entrar en juego con independencia de la nacionalidad del personal afectado.
28.      Habida cuenta de lo anterior, considero que la libertad fundamental más pertinente a la luz de la cual debe apreciarse la exigencia lingüística es la libertad de establecimiento. No se trata de negar la pertinencia de la libre circulación de los trabajadores en el caso del Colegio. Por el contrario, como ha declarado el Tribunal de Justicia, un empresario debe poder invocar los derechos de libre circulación de su personal para que estos derechos sean verdaderamente efectivos. (14) Sin embargo, en el caso de autos, debe considerarse que esta libertad tiene una relevancia secundaria en relación con la libertad de establecimiento. (15) En cualquier caso, en mi opinión, una apreciación desde el punto de vista de la libre circulación de los trabajadores llevaría, en esencia, a la misma conclusión, como se verá al examinar la tercera cuestión prejudicial, que afecta a la libertad de circulación de los profesores del Colegio.
29.      Una vez aclarada esta cuestión, analizaré, a continuación, el fondo de las cuestiones prejudiciales.
2.      Aplicabilidad del artículo 49 TFUE
30.      Según reiterada jurisprudencia, la libertad de establecimiento presupone, por un lado, que la persona física o jurídica de que se trate ejerza efectivamente una actividad económica y, por otro, que exista un elemento transfronterizo, en el sentido de que la situación en cuestión no se circunscriba al interior de un único Estado miembro. (16) Examinaré sucesivamente estas dos cuestiones en relación con el presente asunto.
a)      Ejercicio de una actividad económica
31.      Por lo que respecta al primer punto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la impartición de cursos de enseñanza a cambio de una remuneración constituye una actividad económica comprendida en el capítulo 2 del título IV de la parte tercera
del TFUE, relativo al derecho de establecimiento, cuando la desarrolla un nacional de un Estado miembro en otro Estado miembro, de forma estable y continua (17) desde un establecimiento principal o secundario en el Estado miembro de acogida. (18)
32.      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre si la actividad del Colegio puede considerarse una actividad económica, al señalar que la jurisprudencia antes citada del Tribunal de Justicia se refiere a la impartición de cursos de educación superior, mientras que el Colegio imparte programas de educación primaria y secundaria.
33.      Sin embargo, en mi opinión, el grado educativo de los cursos impartidos es irrelevante a la hora de determinar la naturaleza económica de la actividad ejercida. Lo determinante, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es si los cursos son impartidos a título oneroso por un centro financiado principalmente con fondos privados, por ejemplo, mediante las matrículas que pagan los alumnos o sus padres. Por el contrario, los cursos impartidos por centros que forman parte de un sistema público de enseñanza, financiado, total o principalmente, con cargo a fondos públicos, en cumplimiento de la misión del Estado hacia la población en los ámbitos social, cultural y educativo, no constituyen una actividad económica. (19)
34.      Según la información aportada en la resolución de remisión, que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, se entiende que el Colegio es un centro de enseñanza privado, sin vinculación alguna con el Estado, que imparte cursos a los particulares a cambio del pago de una matrícula. Como tal, debe considerarse que desarrolla una actividad económica.
b)      Elemento transfronterizo
35.      Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo
49 TFUE no puede aplicarse a las actividades que se circunscriben a un solo Estado miembro
—situaciones puramente internas-que no presenten ningún punto de conexión con alguna de las situaciones contempladas por el Derecho de la Unión. (20)
36.      En primer lugar, procede recordar que el artículo
49 TFUE, en virtud del artículo 54 TFUE, es aplicable a las personas jurídicas siempre que: i) se hayan constituido de conformidad con la legislación de un Estado miembro; ii) persigan un fin lucrativo y iii) tengan su sede social, administración central o centro de actividad principal en la Unión. (21) Según reiterada jurisprudencia, la ubicación de
la sede social, de la administración central o del centro de actividad principal de las personas jurídicas sirve para determinar, a semejanza de la nacionalidad de las personas físicas, su sujeción al ordenamiento jurídico de un Estado miembro. (22)
37.      De la información facilitada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que el Colegio, registrado en Lituania con arreglo al Derecho lituano, debe ser considerado una persona jurídica lituana, en el sentido del artículo
49 TFUE. Por consiguiente, a primera vista, parece constituir una situación puramente interna
—una persona jurídica lituana establecida en Lituania—, que, en principio, no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicho artículo. (23)
38.      Sin embargo, en mi opinión, no puede ignorarse el elemento de la participación societaria y, por tanto, también del control, del Colegio. Muy al contrario, considero que la cuestión de si el ejercicio de la libertad de establecimiento es relevante en el presente asunto también debe analizarse desde el punto de vista de los ciudadanos de la Unión que tienen participaciones en el Colegio.
39.      En este sentido, cabe recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que la situación en la que un nacional de un Estado miembro adquiere una participación en el capital de una sociedad establecida en otro Estado miembro, que le permite ejercer una influencia efectiva en las decisiones de dicha sociedad y determinar sus actividades, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo
49 TFUE. Así, el Tribunal de Justicia ha admitido que, aun cuando la parte en el litigio principal sea una sociedad nacional, la nacionalidad de un Estado miembro que ostente su accionista mayoritario puede ser pertinente a efectos de la aplicación de la libertad de establecimiento. (24)
40.      En el caso de autos, sobre la base de la información disponible, parece que los nacionales de la Unión (finlandeses y daneses), que conjuntamente poseen una participación del 74,98 % en el Colegio, ejercen tal influencia efectiva en sus decisiones, su gestión y su funcionamiento. Por consiguiente, debe entenderse que ejercen su derecho a «la constitución y gestión de
[una empresa]», a saber, el Colegio, en el sentido del artículo
49 TFUE, párrafo segundo, como establecimiento principal. Es evidente que el ejercicio de este derecho puede verse afectado por una medida nacional relativa al funcionamiento del Colegio, como es la exigencia lingüística. En mi opinión, este efecto sobre los ciudadanos de la Unión que tienen participaciones en el Colegio constituye un elemento transfronterizo pertinente, de modo que la situación de que se trata no puede considerarse meramente interna.
3.      Aplicación del artículo 49 TFUE
41.      Habida cuenta de lo anterior, queda por determinar si la exigencia lingüística constituye una restricción a la libertad de establecimiento y, de ser así, si tal restricción puede estar justificada.
a)      Existencia de una restricción
42.      Según reiterada jurisprudencia, constituye una restricción a la libertad de establecimiento toda medida que prohíba el ejercicio de dicha libertad, lo obstaculice o le reste interés, aunque se aplique de manera no discriminatoria. (25)
43.      En el presente asunto, la exigencia lingüística limita claramente el número de candidatos disponibles, dado que exige, como ha precisado el órgano jurisdiccional remitente, una competencia intermedia en la lengua lituana desde el momento de la contratación y con independencia de la duración del contrato de trabajo. Como tal, en mi opinión, esta exigencia hace que en Lituania sea más difícil y resulte menos atractivo constituir, dotar de personal y explotar un centro que imparta programas en inglés. Por consiguiente, debe considerarse que la exigencia lingüística constituye una restricción a la libertad de establecimiento en el sentido del artículo
49 TFUE.
b)      Justificación de la restricción
44.      No obstante, como resulta de reiterada jurisprudencia, puede admitirse una restricción a la libertad de establecimiento a condición de estar justificada por una razón imperiosa de interés general y de respetar el principio de proporcionalidad. (26)
1)      Existencia de una razón imperiosa de interés general
45.      Aunque el órgano jurisdiccional remitente no ha precisado expresamente el objetivo de la normativa nacional que impone la exigencia lingüística, de la resolución de remisión, sin perjuicio de su confirmación por el órgano jurisdiccional remitente, puede deducirse que el objetivo perseguido es la promoción y la protección de la lengua oficial de Lituania.
46.      A este respecto, basta con recordar que el Tribunal de Justicia ha reconocido reiteradamente, sobre todo en el ámbito de la educación, que la promoción y la defensa de la lengua oficial de un Estado miembro, como expresión de su identidad nacional, constituyen un objetivo legítimo y una razón imperiosa de interés general que, en principio, pueden justificar una restricción a las libertades fundamentales consagradas por el TFUE, incluida la libertad de establecimiento. (27)
47.      Además de lo anterior, procede señalar, asimismo, que las disposiciones nacionales pertinentes imponen la exigencia lingüística específicamente a aquellos trabajadores empleados en centros que prestan servicios a la población
—en ámbitos como la educación y la asistencia sanitaria—
que deban comunicarse con regularidad con el público o que deban cumplimentar formularios de documentos normalizados. En mi opinión, esto sugiere que la medida no se refiere principalmente, como tal, a la cuestión de si los propios trabajadores utilizan la lengua estatal, sino al hecho de velar por que el público con el que se relacionan pueda acceder a los servicios en esa lengua y que los centros de que se trate estén en condiciones de ejercer sus funciones de manera eficaz. Esta lógica funcional específica, que pone de relieve la importancia práctica del uso de la lengua estatal, refuerza, en mi opinión, la legitimidad del objetivo perseguido y ofrece un mayor apoyo a la justificación de la restricción.
2)      Proporcionalidad de la restricción
48.      Sin perjuicio de lo anterior, cualquier restricción a la libertad de establecimiento también debe respetar el principio de proporcionalidad. Esto significa que la medida nacional de que se trate debe ser idónea para garantizar, de forma congruente y sistemática, la realización del objetivo perseguido, sin ir más allá de lo necesario para su consecución. Además, la medida debe ser proporcionada en sentido estricto, respetando un justo equilibrio entre los intereses que están en juego, a saber, los intereses perseguidos por el Estado mediante la medida en cuestión y los intereses de las personas que se ven afectadas negativamente por ella. (28)
49.      En última instancia, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar si una medida nacional cumple tales requisitos de proporcionalidad, dado que están mucho mejor situados para apreciar los elementos de hecho y de Derecho de que se trate, en particular en casos como el de autos, que se refieren al uso de la lengua oficial de un Estado miembro como expresión de su identidad nacional. (29) No obstante, el Tribunal de Justicia, al que incumbe proporcionar respuestas útiles al órgano jurisdiccional remitente, puede ofrecerle orientaciones. A tal fin, formularé algunas observaciones relativas a cada uno de los tres elementos de la proporcionalidad:
i)      Idoneidad
50.      Por lo que respecta, en primer lugar, al elemento de la idoneidad, es preciso apreciar si la exigencia lingüística es adecuada para proteger o fomentar el uso de la lengua estatal en el contexto concreto de la interacción con los poderes públicos o con el público en general.
51.      En mi opinión, este criterio se cumple claramente por lo que respecta al personal administrativo del Colegio, y más concretamente su director y su jefe de estudios, a quienes afecta el requerimiento impugnado, (30) cuyas funciones implican necesariamente la comunicación tanto con los poderes públicos como con los padres de los alumnos, actuales o potenciales, así como garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales de que se trate.
52.      La misma conclusión no resulta tan evidente por lo que respecta al personal docente del Colegio, cuya función consiste en impartir cursos en inglés. Sin embargo, como ya ha señalado el Tribunal de Justicia, (31) el papel de los profesores no se limita a la enseñanza que imparten. Al contrario, también puede incluir, en determinadas circunstancias, el asesoramiento o la asistencia a los alumnos, para lo que un cierto grado de comunicación en su lengua materna puede ser beneficioso, así como servir de enlace con los padres de los alumnos, quienes, aunque hayan optado por un programa en inglés para sus hijos, puede ser que no hablen inglés. Además, en el contexto de garantizar la seguridad de sus alumnos, los profesores también pueden tener que responder a situaciones de emergencia que requieran comunicarse con los servicios de emergencia lituanos. Así pues, tanto para el personal docente como para el personal administrativo del Colegio, la exigencia lingüística parece constituir un medio idóneo para alcanzar el objetivo perseguido.
53.      Dicho esto, procede subrayar que una medida nacional solo puede considerarse idónea para conseguir un objetivo si responde a un verdadero empeño en lograrlo y si se aplica de forma congruente y sistemática. (32) Sobre la base de la información disponible, nada sugiere que no concurra dicho
verdadero empeño ni que exista una incongruencia en la aplicación de la exigencia lingüística. Por el contrario, de los autos parece desprenderse que tal exigencia es aplicable de manera amplia y congruente, no solo a todos los centros educativos de Lituania, sino, en general, a todas las funciones que implican la comunicación con el público y la cumplimentación de formularios de documentos normalizados en los centros que prestan servicios a la población.
ii)    Necesidad
54.      Analizaré a continuación el criterio de la necesidad, que implica determinar si unas medidas menos restrictivas podrían alcanzar el objetivo perseguido con la misma eficacia. Si bien es cierto que, como explicaré más adelante, sin duda alguna cabe imaginar alternativas a la amplia exigencia lingüística que sean menos gravosas, tales alternativas consistirían, esencialmente, en introducir excepciones al uso sistemático de la lengua estatal que prevé la legislación nacional. En consecuencia, dichas alternativas no garantizarían, propiamente hablando, un nivel de eficacia totalmente equivalente en la consecución del objetivo perseguido. Por tanto, considero que la exigencia lingüística cumple el «criterio de la necesidad».
55.      En mi opinión, un elemento que, sin embargo, no responde a este criterio es la manera en que debe demostrarse que se respeta la exigencia lingüística. Como ha precisado el órgano jurisdiccional remitente, la única prueba aceptable de que se tiene competencia de nivel B1 en lituano es un certificado de haber superado un determinado examen estatal. En mi opinión, el objetivo perseguido sería alcanzable igualmente si el conocimiento de la lengua estatal pudiera demostrarse por otros medios. En efecto, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, la imposibilidad de acreditar los conocimientos lingüísticos exigidos de cualquier otro modo
—por ejemplo, mediante una capacitación equivalente obtenida en otros Estados miembros—
debe considerarse desproporcionada. (33)
iii) Proporcionalidad en sentido estricto
56.      Por lo que respecta a la proporcionalidad en sentido estricto, lo que es preciso apreciar es si la normativa nacional que impone la exigencia lingüística respeta un justo equilibrio entre, por una parte, el objetivo de promoción y protección de la lengua estatal y, por otra parte, el respeto de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión que se ven afectados por dicha exigencia.
57.      En relación con ese punto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, si bien es cierto que los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación para elegir las medidas que les permitan lograr los objetivos de su política de protección de la lengua oficial, puesto que tal política constituye una manifestación de la identidad nacional, en el sentido del artículo
4 TUE, apartado
2, tal margen de apreciación no puede justificar que se vulneren gravemente los derechos que confieren a los particulares las disposiciones de los Tratados que reconocen sus libertades fundamentales. (34)
58.      Para delimitar el análisis sobre este aspecto, procede señalar que la exigencia lingüística supone un nivel de competencia intermedio (B1) en la lengua estatal, que va más allá de unos conocimientos básicos, pero sin llegar al umbral de competencia profesional. Además, como ya se ha indicado anteriormente, esta exigencia se aplica únicamente a los trabajadores que están en contacto regular con el público o encargados de cumplimentar formularios de documentos normalizados. No obstante, como ha subrayado el órgano jurisdiccional remitente, esta exigencia se aplica a tales trabajadores sin excepción alguna.
59.      En ese sentido, por lo que respecta al personal docente del Colegio, no me parece que tal exigencia general, que impone una competencia de nivel B1 en la lengua estatal a todos los profesores que imparten cursos en inglés, respete un justo equilibrio entre el objetivo perseguido y la carga impuesta. En primer lugar, la contribución al objetivo legítimo de interés público parece, en mi opinión, limitada en el caso de un centro privado cuyo objeto es impartir cursos en inglés, opción expresamente permitida por el Derecho nacional y elegida deliberadamente por los alumnos, o, mejor, por sus padres. (35) Es cierto que, incluso en tal contexto, puede ser razonable exigir a los profesores que tengan un determinado conocimiento de la lengua estatal, a la luz de las consideraciones expuestas en el punto
52 de las presentes conclusiones. No obstante, en mi opinión, esos conocimientos no tienen que ser necesariamente de nivel B1, ni imponerse sin excepción alguna.
60.      En efecto, a falta de cualquier excepción, la exigencia lingüística parece ser considerablemente excesiva, al imponer una competencia intermedia en la lengua estatal desde el mismo momento de la contratación, (36) con independencia de la lengua de impartición de los cursos y de la duración del contrato de trabajo del profesor. En mi opinión, esto plantea importantes obstáculos a la hora de contratar personal debidamente cualificado, lo que menoscaba gravemente la libertad de establecimiento. (37) Considero que cabe contemplar excepciones a la exigencia general sin poner en peligro el objetivo perseguido, atenuando, al mismo tiempo, el impacto sobre el Colegio y su personal docente y, por extensión, también sobre sus alumnos. Entre tales excepciones cabría, por ejemplo, exigir un nivel de competencia menor; permitir el cumplimiento por fases o un período transitorio tras la contratación para alcanzar el nivel exigido; vincular esa exigencia a la duración prevista del empleo del profesor en Lituania; permitir excepciones ad hoc cuando no se disponga de ningún otro candidato cualificado, (38) o imponer el requisito únicamente a una parte determinada de los miembros de la plantilla, siempre que el centro, en su conjunto, siga siendo capaz de cumplir sus obligaciones legales y administrativas.
61.      Por lo que respecta al personal administrativo, habida cuenta de la naturaleza fundamentalmente diferente de sus tareas respecto de las que desempeñan los profesores, considero que la balanza puede inclinarse de manera diferente. Por una parte, como ya he indicado en el punto
51 de las presentes conclusiones, el papel del personal administrativo
—en particular, del director y del jefe de estudios del Colegio, a quienes afecta el requerimiento impugnado—
puede entenderse en el sentido de que requiere fundamentalmente la comunicación con los padres y otras partes interesadas externas, así como la relación con las autoridades nacionales para el cumplimiento de las obligaciones reglamentarias y administrativas. En efecto, estos dos puestos concretos pueden considerarse el «rostro público» del Colegio. En consecuencia, la exigencia de competencia intermedia en la lengua estatal parece razonable y esencial, a la luz del objetivo perseguido.
62.      Por otra parte, considero que la incidencia sobre la libertad de establecimiento no es tan severa como en el caso de los profesores. En efecto, al menos desde el punto de vista de la contratación, me parece más difícil encontrar educadores cualificados para impartir determinados planes de estudios internacionales en inglés y que posean también la competencia B1 en lituano que identificar personal administrativo idóneo con un conocimiento intermedio del lituano cuya función no requiera una cualificación docente específica ni (se puede pensar) un excelente dominio del inglés. Además, puede presumirse razonablemente que los puestos específicos de director y de jefe de estudios implican, con toda probabilidad, un compromiso a largo plazo, por lo que adquirir un dominio intermedio de la lengua estatal parece a la vez factible y no excesivamente gravoso.
63.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y recordando que corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar la proporcionalidad de la medida en función de las circunstancias concretas del presente asunto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las dos primeras cuestiones prejudiciales que el artículo
49 TFUE no se opone a una normativa nacional que exige que los profesores y el personal administrativo de un centro de enseñanza privado que imparte programas en inglés tengan competencia intermedia en la lengua oficial del Estado, en la medida en que dicha normativa esté justificada por un objetivo de promoción y de protección de dicha lengua y sea idónea y necesaria para la consecución de dicho objetivo, respetando, al mismo tiempo, un justo equilibrio entre los intereses que están en juego.
C.      Compatibilidad de la exigencia lingüística con el artículo 53 de la Directiva de Reconocimiento (tercera cuestión prejudicial)
64.      Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo
53 de la Directiva de Reconocimiento se opone a una exigencia lingüística, como la controvertida, que se aplica sin excepción a todos los profesores de un centro de enseñanza privado que imparte exclusivamente programas en inglés.
65.      La Directiva de Reconocimiento establece unas normas para el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales por los Estados miembros, destinadas a facilitar la libre circulación en la Unión tanto de profesionales autónomos como
—lo que resulta más pertinente en el caso de los profesores del Colegio—
de trabajadores por cuenta ajena. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva, sus disposiciones se aplican a todos los nacionales de un Estado miembro que deseen ejercer una profesión regulada en un Estado miembro distinto de aquel en el que hubieran obtenido sus cualificaciones profesionales.
66.      Como ha subrayado el órgano jurisdiccional remitente, la docencia es una profesión regulada en Lituania. En consecuencia, la Directiva de Reconocimiento puede ser pertinente en el presente asunto, aunque únicamente respecto de aquellos pocos de entre los dieciocho empleados del Colegio a los que se refiere el requerimiento impugnado que son, a la vez, profesores y nacionales de otro Estado miembro de la Unión. Sin embargo, la resolución de remisión no especifica si dichas personas han obtenido sus cualificaciones profesionales en un Estado miembro distinto de Lituania (39) y quedan, por tanto, comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, con arreglo a su artículo 2, apartado 1. No obstante, sin perjuicio de la comprobación que lleve a cabo el órgano jurisdiccional remitente, realizaré el siguiente análisis partiendo de la presunción de que el presente asunto sí está comprendido, en parte, en el ámbito de aplicación de la Directiva.
67.      Cabe señalar, en primer lugar, que el artículo
53 de la Directiva de Reconocimiento permite, en esencia, imponer a los profesionales cualificados la exigencia de poseer los conocimientos lingüísticos «necesarios para el ejercicio de la profesión [regulada] en el Estado miembro de acogida». El Tribunal de Justicia ya ha declarado precisamente que la exigencia de un conocimiento adecuado de la lengua oficial del Estado debe considerarse necesaria en razón de la naturaleza del empleo de profesor, incluso cuando este imparte clases en otra lengua. (40) Esto se debe, como he explicado en el punto
52 de las presentes conclusiones, a que las funciones de un profesor no se limitan estrictamente a impartir cursos, de modo que las lenguas que se le exigen no se limitan necesariamente a la lengua empleada en la impartición de cursos. Por consiguiente, la exigencia lingüística de que se trata debe considerarse admisible, en principio, en virtud del artículo
53 de la Directiva de Reconocimiento.
68.      No obstante, el artículo
53 debe interpretarse en el respeto de las libertades fundamentales consagradas en el TFUE. Por consiguiente, como han señalado acertadamente la Comisión y el Gobierno neerlandés, ninguna exigencia lingüística admitida en virtud del artículo
53 de la Directiva de Reconocimiento debe menoscabar la libre circulación de los trabajadores que contempla el artículo
45 TFUE.
69.      En mi opinión, un examen de la exigencia lingüística desde el prisma del artículo
45 TFUE reflejaría en gran medida, mutatis mutandis, el examen efectuado hasta ahora a la luz del artículo
49 TFUE.
70.      Muy brevemente, en aras de la economía procesal, la exigencia lingüística debe considerarse, en mi opinión, una restricción a la libre circulación de los trabajadores y, probablemente, una forma de discriminación indirecta. En efecto, si se entiende que se aplica del mismo modo a los nacionales lituanos y a los trabajadores migrantes, es intrínsecamente susceptible de afectar más a los segundos que a los primeros, dado que puede ser satisfecha más fácilmente por los propios nacionales, colocando, así, a los trabajadores migrantes en una particular desventaja. (41) No obstante, tal restricción puede estar eventualmente justificada por una razón imperiosa de interés general, como la protección y la promoción de la lengua estatal, siempre que respete el principio de proporcionalidad. Correspondería en última instancia al órgano jurisdiccional remitente realizar una apreciación concreta de la proporcionalidad, en apoyo de la cual las consideraciones expuestas en los puntos 48 y ss. de las presentes conclusiones, relativas a la libertad de establecimiento, serían, en mi opinión, aplicables mutatis mutandis.
71.      A la vista de todo lo anterior, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la tercera cuestión prejudicial en el sentido de que el artículo
53 de la Directiva de Reconocimiento
permite que se establezca una exigencia, como la controvertida, que impone a los profesores de un centro de enseñanza privado que imparte programas en inglés una competencia intermedia en la lengua oficial del Estado, en la medida en que dicha normativa esté justificada por un objetivo de promoción y protección de dicha lengua y sea idónea y necesaria para la consecución de dicho objetivo, respetando, al mismo tiempo, un justo equilibrio entre los intereses que están en juego.
72.      Sin perjuicio de lo anterior y en aras de la exhaustividad, procede señalar que el artículo 53, apartados 3 y 4, de la Directiva de Reconocimiento, a la luz del considerando 26 de la Directiva 2013/55/UE, (42) que introdujo dichas disposiciones en la Directiva de Reconocimiento, se opone a los controles sistemáticos de los conocimientos lingüísticos de los profesionales. Tales controles solo pueden imponerse en caso de «duda seria y concreta» acerca de la suficiencia del conocimiento de la lengua que tengan los profesionales y deben ser proporcionados a la actividad ejercida.
V.      Conclusión
73.      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo de Lituania):
«1)      El artículo
49 TFUE no se opone a una normativa nacional que exige que los profesores y el personal administrativo de un centro docente privado que imparte programas en inglés tengan competencia intermedia de la lengua oficial del Estado, en la medida en que dicha normativa esté justificada por un objetivo de promoción y de protección de dicha lengua y sea idónea y necesaria para la consecución de dicho objetivo, respetando,
al mismo tiempo, un justo equilibrio entre los intereses que están en juego.
2)      El artículo
53 de la Directiva de Reconocimiento
permite que se establezca una exigencia, como la controvertida, que impone a los profesores de un centro de enseñanza privado que imparte programas en inglés una competencia intermedia en la lengua oficial del Estado, en la medida en que dicha normativa esté justificada por un objetivo de promoción y de protección de dicha lengua y sea idónea y necesaria para la consecución de dicho objetivo, respetando, al mismo tiempo, un justo equilibrio entre los intereses que están en juego.»
1      Lengua original: inglés.
2      Véase, en particular, Friend, J. W., «Carriers of Identity», en Stateless Nations, Palgrave Macmillan, Londres, 2012, pp. 155 a 161.
3      Véase la sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros (C‑391/20, en lo sucesivo, «sentencia Cilevičs», EU:C:2022:638), apartado 68.
4      Véanse, en particular, la sentencia Cilevičs, así como las sentencias de 28 de noviembre de 1989, Groener (C‑379/87, en lo sucesivo, «sentencia Groener», EU:C:1989:599); de 4 de julio de 2000, Haim (C‑424/97, EU:C:2000:357), y de 16 de abril de 2013, Las (C‑202/11, EU:C:2013:239).
5      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (DO 2005, L 255, p. 22).
6      A raíz de la adopción del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, el apartado 5.3 de la Descripción define el nivel B1 del siguiente modo: «“Umbral” (usuario independiente). Una persona que puede […] hablar sobre una amplia gama de temas de la vida cotidiana y el trabajo, […] cumplimentar formularios de documentos normalizados, redactar textos breves sobre temas de la vida cotidiana y el trabajo […] Asimismo, la persona que puede entender la lengua hablada, el texto escrito y comunicarse.»
7      Artículo 72 de la Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Ley de Educación de la República de Lituania).
8      Ha de señalarse que, en el momento de los hechos, la exigencia lingüística se aplicaba a los profesores, en particular, también en virtud de otras disposiciones nacionales que regulan la docencia en Lituania, que desde entonces han sido modificadas para eximir de la exigencia lingüística a los profesores de centros que, como el Colegio, imparten programas de Estados extranjeros o de organizaciones internacionales. No obstante, el requerimiento impugnado no se basó en esas disposiciones, sino directamente en el Decreto n.º 1688.
9      Apartado 26 del nutarimas Nr. 649 (Decreto n.º 649) de 6 de junio de 2012, relativo a la aprobación de la Descripción del procedimiento de expedición, suspensión y revocación de la autorización para desarrollar programas educativos de Estados extranjeros y de organizaciones internacionales.
10      La alegación de inadmisibilidad que formula el Gobierno lituano solo parece referirse a la pertinencia de las cuestiones prejudiciales planteadas en la medida en que se afectan a los profesores del Colegio, ya que no hace referencia alguna al personal administrativo. Por consiguiente, solo cabe entenderla como una pretensión de inadmisibilidad parcial.
11      Véase, en particular, la sentencia de 20 de octubre de 2022, Centre public d’action sociale de Liège (Revocación o suspensión de una decisión de retorno) (C‑825/21, EU:C:2022:810), apartados 37 y 38.
12      Véase la sentencia Cilevičs, apartados 50 y 51 y jurisprudencia citada.
13      Véanse, en particular, las sentencias citadas en la nota 4 supra.
14      Sentencia de 7 de mayo de 1998, Clean Car Autoservice (C‑350/96, EU:C:1998:205), apartados 19 a 21.
15      Debo señalar que la medida nacional controvertida podría examinarse también, en su caso, desde el punto de vista de la libre circulación de capitales, que, no obstante, también parece tener una importancia secundaria en relación con la libertad de establecimiento.
16      Véanse, en particular, las sentencias de 4 de octubre de 2024, Lituania y otros/Parlamento y Consejo (Paquete de movilidad) (C‑541/20 a C‑555/20, EU:C:2024:818), apartados 363 y 364, y Cilevičs, apartado 31 y jurisprudencia citada.
17      No parece discutible que el Colegio mantiene una presencia fija y duradera en Lituania, al desarrollar su actividad en ese país de manera estable y continuada desde 2004, circunstancia que resulta pertinente para distinguir que la situación está comprendida en la libertad de establecimiento y no en la libre prestación de servicios.
18      Véase la sentencia Cilevičs, apartado 52 y jurisprudencia citada.
19      Véanse las sentencias de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania (C‑74/16, EU:C:2017:496), apartados 48 a 50, y de 2 de febrero de 2023, Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland (C‑372/21, EU:C:2023:59), apartado 21 y jurisprudencia citada.
20      Sentencia de 13 de febrero de 2014, Crono Service y otros (C‑419/12 y C‑420/12, EU:C:2014:81), apartado 36 y jurisprudencia citada.
21      Sentencia de 25 de octubre de 2017, Polbud — Wykonawstwo (C‑106/16, EU:C:2017:804), apartado 32. Cabe señalar que el contexto fáctico y jurídico expuesto en la resolución de remisión, en el que debe basarse el Tribunal de Justicia, sugiere que el Colegio cumple estos criterios, si bien, evidentemente, este extremo corresponde comprobarlo al órgano jurisdiccional remitente.
22      Sentencia de 13 de julio de 2023, Xella Magyarország (C‑106/22, EU:C:2023:568), apartado 45 y jurisprudencia citada.
23      Por tanto, es la propia «nacionalidad» del Colegio la que hace que la situación en cuestión sea «nacional» más que, como parece entender al órgano jurisdiccional remitente, la nacionalidad lituana de su fundador.
24      Véase la sentencia de 21 de diciembre de 2016, AGET Iraklis (C‑201/15, EU:C:2016:972), apartados 46 y 47.
25      Véase la sentencia Cilevičs, apartado 61 y jurisprudencia citada.
26      Ibidem, apartado 65 y jurisprudencia citada.
27      Ibidem, apartados 67 a 70 y jurisprudencia citada.
28      Ibidem, apartado 65; véanse también la sentencia de 5 de diciembre de 2023, Nordic Info (C‑128/22, EU:C:2023:951), apartado 77, y mis conclusiones presentadas en el mismo asunto (C‑128/22, EU:C:2023:645), puntos 91 y ss.
29      Véanse la sentencia Cilevičs, apartados 72 y 73, y mis conclusiones presentadas en el mismo asunto (C‑391/20, EU:C:2022:166), puntos 91 a 93.
30      De la resolución de remisión se desprende que los únicos integrantes del personal administrativo a los que afecta el requerimiento impugnado son las personas que ocupan esos dos puestos concretos. En la medida en que otros integrantes del personal administrativo pudieran también resultar afectados, el presente análisis también resultaría pertinente, dado que la exigencia lingüística solamente se les aplicaría si sus tareas supusieran una comunicación regular con el público o la cumplimentación de formularios de documentos normalizados.
31      Véase la sentencia Groener, apartado 20.
32      Sentencia Cilevičs, apartado 75 y jurisprudencia citada.
33      Véanse las sentencias de 6 de junio de 2000, Angonese (C‑281/98, EU:C:2000:296), apartado 44, y de 5 de febrero de 2015, Comisión/Bélgica (C‑317/14, EU:C:2015:63), apartado 28.
34      Véase la sentencia Cilevičs, apartado 83 y jurisprudencia citada.
35      Este supuesto es sustancialmente diferente al de la situación del asunto Groener, que afectaba a un centro de enseñanza público que ofrecía cursos en la lengua o lenguas oficiales del Estado.
36      Solo se prevé una excepción a este respecto para aquellas personas que gozan de protección internacional, las cuales están exentas de la exigencia lingüística durante dos años a partir del reconocimiento de su estatuto. Sin embargo, también debe señalarse que, en la práctica, la Inspección concedió un período de aplazamiento, de unos ocho meses, para demostrar el cumplimiento de la exigencia lingüística.
37      Véase el punto 43 de las presentes conclusiones.
38      En la sentencia Groener, el Derecho nacional preveía precisamente la posibilidad de tal excepción, que fue tenida en cuenta para considerar que la exigencia era proporcionada.
39      O bien que, en virtud del artículo 3, apartado 3, de la Directiva de Reconocimiento, hayan trabajado durante tres años en un Estado miembro que haya reconocido sus cualificaciones profesionales obtenidas en un país tercero.
40      Véase la sentencia Groener, apartado 21, si bien debe tenerse en cuenta que dicho asunto versaba sobre el puesto permanente de un profesor en un centro de enseñanza público.
41      Véase la sentencia de 22 de junio de 2017, Bechtel (C‑20/16, EU:C:2017:488), apartado 39.
42      De conformidad con el considerando 26 de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (DO 2013, L 354, pp. 132 a 170), que, en particular, dice lo siguiente: «No obstante, las pruebas lingüísticas deben ser razonables y necesarias para la profesión en cuestión y no deben destinarse a excluir a profesionales de otros Estados miembros del mercado de trabajo del Estado miembro de acogida».