62019CC0795
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentadas el 25 de noviembre de 2020 (
1
)
Asunto C‑795/19
XX
contra
Tartu Vangla,
con intervención de:
justiitsminister,
Tervise- ja tööminister,
õiguskantsler
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Riigikohus (Tribunal Supremo, Estonia)]
«Procedimiento prejudicial — Política social — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — Directiva 2000/78/CE — Prohibición de discriminación por motivos de discapacidad — Artículo 2, apartado 2, letra a) — Normativa nacional que fija un nivel mínimo de capacidad auditiva para el ejercicio de la actividad de funcionario de prisiones — Capacidad auditiva inferior al nivel exigido — Motivo de exclusión absoluto para ejercer la actividad — Artículo 4, apartado 1 — Requisito profesional esencial y determinante — Justificación — Artículo 2, apartado 5 — Artículo 5 — Obligación del empresario de realizar ajustes razonables — Proporcionalidad»
I. Introducción
1.
El presente asunto versa sobre la interpretación de la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad, establecida en la Directiva 2000/78/CE. (
2
)
2.
Dicho asunto se refiere a una persona empleada como funcionario de prisiones y despedida debido a que, con ocasión del examen de su agudeza auditiva, esta resultó ser inferior al límite mínimo exigido por la normativa nacional.
3.
La petición de decisión prejudicial procede del Riigikohus (Tribunal Supremo, Estonia).
4.
Mediante este asunto se insta al Tribunal de Justicia a examinar, en concreto, la proporcionalidad de una normativa nacional que, en el ámbito penitenciario, prohíbe mantener en su puesto a un empleado con discapacidad auditiva.
5.
De resultas de mi análisis, propondré al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78, en relación con sus artículos 4, apartado 1, y 5, debe interpretarse en el sentido de que la prohibición absoluta de ejercer la actividad de funcionario de prisiones dedicada a la vigilancia de los presos, por el único motivo de que el interesado padece una discapacidad constituida por una agudeza auditiva inferior al nivel establecido en esta normativa, debe considerarse desproporcionada y, por lo tanto, contraria a la citada Directiva.
II. Marco jurídico
A.
Derecho de la Unión
6.
Los considerandos 16, 17, 18, 20, 21 y 23 de la Directiva 2000/78 exponen lo siguiente:
«(16)
La adopción de medidas de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo desempeña un papel importante a la hora de combatir la discriminación por motivos de discapacidad.
(17)
La presente Directiva no obliga a contratar, ascender, mantener en un puesto de trabajo o facilitar formación a una persona que no sea competente o no esté capacitada o disponible para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate o para seguir una formación dada, sin perjuicio de la obligación de realizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad.
(18)
Concretamente, la presente Directiva no puede tener el efecto de obligar a las fuerzas armadas, como tampoco a los servicios de policía, penitenciarios, o de socorro, a contratar o mantener en su puesto de trabajo a personas que no tengan las capacidades necesarias para desempeñar cuantas funciones puedan tener que ejercer en relación con el objetivo legítimo de mantener el carácter operativo de dichos servicios.
[…]
(20)
Es preciso establecer medidas adecuadas, es decir, medidas eficaces y prácticas para acondicionar el lugar de trabajo en función de la discapacidad, por ejemplo, adaptando las instalaciones, equipamientos, pautas de trabajo, asignación de funciones o provisión de medios de formación o encuadre.
(21)
Para determinar si las medidas en cuestión dan lugar a una carga desproporcionada, deberían tenerse en cuenta, particularmente, los costes financieros y de otro tipo que estas impliquen, el tamaño, los recursos financieros y el volumen de negocios total de la organización o empresa y la disponibilidad de fondos públicos o de otro tipo de ayuda.
[…]
(23)
En muy contadas circunstancias, una diferencia de trato puede estar justificada cuando una característica vinculada a la religión o convicciones, a una discapacidad, a la edad o a la orientación sexual constituya un requisito profesional esencial y determinante, cuando el objetivo sea legítimo y el requisito, proporcionado. Dichas circunstancias deberán figurar en la información que facilitarán los Estados miembros a la Comisión.»
7.
A tenor del artículo 1 de esta Directiva, titulado «Objeto»:
«La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.»
8.
El artículo 2 de dicha Directiva, titulado «Concepto de discriminación», dispone:
«1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.
2.   A efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
a)
existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1;
[…]
5.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de las medidas establecidas en la legislación nacional que, en una sociedad democrática, son necesarias para la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención de infracciones penales, la protección de la salud y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.»
9.
El artículo 3, apartado 1, de esta misma Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», está redactado en los términos siguientes:
«Dentro del límite de las competencias conferidas a [la Unión], la presente Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:
a)
las condiciones de acceso al empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación y promoción, independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la clasificación profesional, con inclusión de lo relativo a la promoción;
[…]
c)
las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración;
[…]».
10.
El artículo 4 de la Directiva 2000/78, titulado «Requisitos profesionales», establece en su apartado 1:
«No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito, proporcionado.»
11.
Con arreglo al artículo 5 de esta Directiva, que lleva por título «Ajustes razonables para las personas con discapacidad»:
«A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en relación con las personas con discapacidades, se realizarán ajustes razonables. Esto significa que los empresarios tomarán las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca formación, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario. La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente mediante medidas existentes en la política del Estado miembro sobre discapacidades.»
B.
Derecho estonio
12.
El artículo 146 de la Vangistusseadus (Ley Penitenciaria) dispone:
«1.   El objetivo del examen médico del funcionario de prisiones es la detección de problemas de salud causados por el servicio, la reducción y la eliminación de riesgos para la salud, y la comprobación de la ausencia de problemas de salud que impidan al funcionario de prisiones cumplir sus obligaciones profesionales.
[…]
4.   Las normas relativas a los requisitos y al control en materia de salud de los funcionarios de prisiones, así como los requisitos relativos al contenido y a la forma del certificado médico, se establecerán mediante reglamento del Gobierno de la República de Estonia.»
13.
El Vabariigi Valitsuse määrus nr 12 «Vanglateenistuse ametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded» (Reglamento n.o 12 del Gobierno de la República de Estonia, de 22 de enero de 2013, «por el que se establecen los requisitos en materia de salud y el procedimiento de examen médico de los funcionarios de prisiones, así como los requisitos relativos al contenido y la forma del certificado médico»; en lo sucesivo, «Reglamento n.o 12»), aprobado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 146, apartado 4, de la Ley Penitenciaria, entró en vigor el 26 de enero de 2013.
14.
El artículo 3 del Reglamento n.o 12 establece lo siguiente:
«1.   La agudeza visual del funcionario de prisiones deberá cumplir los siguientes requisitos:
1)
la agudeza visual con corrección no deberá ser menor de 0,6 en un ojo ni menor de 0,4 en el otro;
2)
un campo visual normal, una percepción normal de los colores y una visión nocturna normal.
2.   El funcionario de prisiones podrá llevar lentes de contacto y gafas.»
15.
A tenor del artículo 4 de este Reglamento:
«1.   El nivel de agudeza auditiva del funcionario de prisiones deberá ser suficiente para poder comunicarse por teléfono y oír alarmas y comunicaciones por radio.
2.   En el examen médico, la pérdida de audición del funcionario de prisiones, en el oído de mayor agudeza auditiva, no podrá superar los 30 [decibelios (dB)] en las frecuencias comprendidas entre 500 y 2000 [hercios (Hz)] y los 40 dB en las frecuencias comprendidas entre 3000 y 4000 Hz y, en el oído de menor agudeza auditiva, no podrá superar los 40 dB en las frecuencias comprendidas entre 500 y 2000 Hz y los 60 dB en las frecuencias comprendidas entre 3000 y 4000 Hz.»
16.
El artículo 5 del citado Reglamento dispone:
«1.   El cuadro de exclusiones médicas para el desempeño de las actividades profesionales del funcionario de prisiones, que deberá tenerse en cuenta en la apreciación del estado de salud de dicho funcionario, figura en el anexo 1.
2.   La existencia de un motivo de exclusión absoluto por razones de salud impedirá el ingreso en el cuerpo de funcionarios de prisiones o el acceso a la formación para el desempeño de estas funciones.
[…]»
17.
El anexo 1 de este Reglamento contiene el cuadro de exclusiones médicas que impiden al funcionario de prisiones desempeñar sus obligaciones profesionales. Entre los «motivos de exclusión médicos», la «pérdida auditiva que no permita alcanzar el nivel exigido» está clasificada como «motivo de exclusión absoluto».
III. Litigio principal, cuestión prejudicial y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
18.
El demandante en el litigio principal trabajó en la prisión de Tartu (Estonia) como funcionario de prisiones desde diciembre de 2002, durante casi quince años, como vigilante, primero en el departamento de ingresos y después, a partir de junio de 2008, en el departamento de seguridad. Sus obligaciones de servicio en este último puesto comprendían, entre otras, la vigilancia de personas sujetas a vigilancia electrónica mediante un sistema de control, la transmisión de información relativa a dichas personas, el seguimiento de los dispositivos de control y señalización, la respuesta y la transmisión de información, en particular en caso de alarma, y la comprobación de infracciones del reglamento de régimen interno. El tribunal remitente señala que, a lo largo de su trayectoria profesional, no se ha vertido crítica alguna sobre el demandante en el litigio principal en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones profesionales.
19.
Un certificado médico de 4 de abril de 2017 acreditó que el demandante presentaba una deficiencia de agudeza auditiva en un oído, de modo que no alcanzaba el nivel fijado en el Reglamento n.o 12 y, en consecuencia, no cumplía los requisitos de salud fijados en dicho Reglamento para los funcionarios de prisiones. (
3
) Según el demandante en el litigio principal, se trataba de una deficiencia congénita.
20.
Mediante resolución de 28 de junio de 2017, el director del centro penitenciario de Tartu puso fin a la relación de servicio del demandante en el litigio principal basándose, en particular, en el artículo 5 del Reglamento n.o 12, por cuanto no alcanzaba el nivel de agudeza auditiva exigido por dicho Reglamento. El demandante en el litigio principal interpuso entonces un recurso ante el Tartu Halduskohus (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Tartu, Estonia) por el que solicitó que se declarase la ilegalidad de la resolución de despido y reclamó una indemnización, alegando que dicho Reglamento n.o 12 entraña una discriminación por motivos de discapacidad contraria a la Constitución y a la ley sobre la igualdad de trato.
21.
Mediante resolución de 14 de diciembre de 2017, dicho órgano jurisdiccional desestimó el recurso al considerar, en particular, que el requisito en materia de audición establecido en el Reglamento n.o 12 es una medida necesaria y justificada para garantizar que los funcionarios de prisiones en servicio estén en condiciones de desempeñar todas sus funciones.
22.
Mediante sentencia de 11 de abril de 2019, el Tartu Ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tartu, Estonia) estimó el recurso interpuesto por el demandante en el litigio principal, anuló la resolución del tribunal de primera instancia, declaró la ilegalidad del despido y condenó al centro penitenciario de Tartu a abonar al demandante una indemnización correspondiente a 60 meses de sueldo. Ese órgano jurisdiccional consideró que el Reglamento n.o 12, más concretamente su anexo 1, al establecer que la pérdida auditiva por debajo del nivel exigido es un motivo de exclusión absoluto para el mantenimiento en servicio como funcionario de prisiones, es contrario al principio general de igualdad y al principio de protección de la confianza legítima reconocidos en la Constitución. En consecuencia, dicho órgano jurisdiccional no aplicó el Reglamento n.o 12 en el litigio principal y planteó un control judicial de la constitucionalidad del referido anexo ante el tribunal remitente.
23.
Por cuanto atañe al principio general de igualdad, el Tartu Ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tartu) comparó, en particular, la categoría de los funcionarios de prisiones con capacidad auditiva reducida con la de los funcionarios con capacidad visual reducida y apreció la existencia de una diferencia de trato no basada en un motivo razonable y pertinente. Según ese órgano jurisdiccional, las normas establecidas en el Reglamento n.o 12 para los supuestos de deficiencia visual o de deficiencia auditiva son comparables, especialmente en la medida en que la pérdida de agudeza visual por debajo del nivel exigido también es un motivo de exclusión absoluto. Sin embargo, en virtud del artículo 3, apartado 1, de este Reglamento, el funcionario con capacidad visual reducida tiene derecho a llevar gafas y lentillas, mientras que el artículo 4 de dicho Reglamento no contempla la utilización de audífono y no se permite llevar este dispositivo en el examen de agudeza auditiva.
24.
El Tartu Ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tartu) añadió que no entiende por qué se exige al funcionario con capacidad auditiva reducida que conserve la audición en caso de pérdida o funcionamiento defectuoso de un dispositivo de corrección, mientras que no se establece una exigencia análoga respecto a las personas con capacidad visual reducida, y ello pese a que unas gafas rotas pueden representar un mayor riesgo que un audífono dañado. En particular, los audífonos pueden ser miniaturizados, llevarse en el interior del canal auditivo e ir conectados a un auricular. Además, podría elaborarse una relación de dispositivos de uso autorizado en los centros penitenciarios. Por lo tanto, en su opinión, resulta exagerado excluir todos los audífonos sin distinción e impedir el desempeño de funciones penitenciarias a las personas con capacidad auditiva reducida.
25.
En su resolución de remisión, el Riigikohus, põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium (Tribunal Supremo, Sala de Control de Constitucionalidad) señala que las autoridades públicas partes en el procedimiento han expresado opiniones divergentes. Así, según el justiitsminister (Ministro de Justicia, Estonia) y el centro penitenciario de Tartu, las exigencias establecidas en el Reglamento n.o 12 en materia de agudeza auditiva se justifican por la necesidad de garantizar la seguridad y el orden públicos. En su opinión, el funcionario de prisiones debe estar en condiciones de desempeñar todas las funciones para las que ha sido formado y, de ser necesario, prestar asistencia a la policía. El Ministro de Justicia precisa que el uso de audífonos por los funcionarios de prisiones en el desempeño de sus funciones no está prohibido per se, pero que el examen de su agudeza auditiva debe realizarse sin la ayuda de tal dispositivo, esto es, sin corrección. Por consiguiente, la agudeza auditiva natural del funcionario de prisiones debe bastar para garantizar, sin la ayuda de un dispositivo médico, su seguridad y la de sus compañeros, así como una comunicación plena y sin riesgos con sus compañeros en cualesquiera circunstancias.
26.
En cambio, según el tervise- ja tööminister (Ministro de Sanidad y Trabajo, Estonia) y el õiguskantsler (Procurador General de Justicia, Estonia), estas exigencias no son proporcionales al objetivo perseguido, esto es, la protección del orden y la seguridad públicos y de los derechos y libertades de las personas.
27.
Por su parte, el tribunal remitente considera que existen dudas sobre la conformidad de la normativa nacional con el Derecho de la Unión, habida cuenta del principio de igualdad enunciado en el artículo 2 del Tratado UE y de la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad inscrita en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en la Directiva 2000/78. El tribunal remitente señala, remitiéndose a la sentencia Vital Pérez, (
4
) que el interés en garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento de los servicios de policía, penitenciarios o de socorro es un objetivo legítimo, pero que es preciso determinar si las restricciones impuestas al funcionario de prisiones con discapacidad auditiva para el desempeño de sus funciones, como las establecidas en el Reglamento n.o 12, son proporcionadas para alcanzar dicho objetivo. A su juicio, ni el tenor de la citada Directiva ni la jurisprudencia del Tribunal de Justicia permiten deducir conclusiones claras sobre la cuestión suscitada en el caso de autos, por lo que resulta necesaria la interpretación del Tribunal de Justicia.
28.
El tribunal remitente precisa además que, según las normas de procedimiento nacional, al efectuar el control de constitucionalidad, como el que se le ha planteado en el litigio principal, no está facultado para examinar directamente la conformidad de la normativa nacional con el Derecho de la Unión. Considera que el Tartu Ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tartu), en cambio, que era el competente a estos efectos, es el que quizá debería haber llevado a cabo este examen. No obstante, el tribunal remitente añade que está legitimado para plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia sobre este particular y que, si de su respuesta se deduce que el Derecho de la Unión se opone a una normativa como la controvertida en el litigio principal, esta debe dejarse inaplicada sin necesidad de examinar el recurso de control de constitucionalidad, que sería declarado inadmisible. Si, por el contrario, se dedujera que el Derecho de la Unión no se opone a tal normativa, el tribunal remitente podría seguir examinando el recurso de control de constitucionalidad de la normativa de que se trata.
29.
En estas circunstancias, el Riigikohus, põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium (Tribunal Supremo, Sala de Control de Constitucionalidad) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Debe interpretarse el artículo 2, apartado 2, en relación con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva [2000/78], en el sentido de que se opone a disposiciones de Derecho nacional que establecen que una deficiencia auditiva que no permite alcanzar el nivel exigido constituye un motivo de exclusión absoluto para ejercer la actividad de funcionario de prisiones y que no permiten el uso de dispositivos correctivos al apreciar si se cumplen los requisitos relativos a la capacidad auditiva?»
30.
La petición de decisión prejudicial, de 24 de octubre de 2019, fue recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de octubre de 2019. Han presentado observaciones escritas el demandante en el litigio principal, el Procurador General de Justicia, el Gobierno griego y la Comisión Europea. No se ha celebrado vista.
IV. Análisis
31.
Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia sobre la proporcionalidad, a la vista de la Directiva 2000/78, de una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prohíbe el mantenimiento en servicio de un funcionario de prisiones con un nivel de agudeza auditiva inferior al exigido para desempeñar este trabajo.
32.
Para responder a esta cuestión, ha de comprobarse previamente si, y en su caso, en qué medida se aplica la Directiva 2000/78 a tal normativa, en particular, si la prohibición que establece crea una diferencia de trato por motivos de discapacidad y si esta puede estar justificada por un objetivo legítimo.
A.
Sobre la aplicación de la Directiva 2000/78
1. Sobre el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78
33.
Del título y de la exposición de motivos de la Directiva 2000/78 se desprende que esta tiene por objeto establecer un marco general para garantizar a cualquier persona la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, ofreciéndole una protección eficaz contra las discriminaciones basadas en alguno de los motivos mencionados en su artículo 1, entre los que figura la discapacidad. (
5
)
34.
El concepto de «discapacidad», que figura en el artículo 1 de la Directiva 2000/78, se refiere a una limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. (
6
) El menoscabo de una capacidad sensorial, en el caso de autos la auditiva, es una dolencia física a efectos de este artículo.
35.
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2000/78 establece, por otro lado, que esta se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con, según su letra a), las condiciones de acceso al empleo, incluidas las condiciones de contratación y promoción y, según su letra c), las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido.
36.
Por consiguiente, al establecer que el nivel de agudeza auditiva del funcionario de prisiones debe cumplir determinadas exigencias y que una agudeza auditiva por debajo del nivel exigido constituye un motivo de exclusión absoluto para la contratación de tal funcionario, el Reglamento n.o 12 se refiere a las condiciones de acceso al empleo en el sentido de dicha letra a) y, en la medida en que da lugar al despido de una persona ya contratada, se refiere asimismo a las condiciones de empleo a efectos de la letra c). En consecuencia, tal Reglamento queda comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78.
2. Sobre la existencia de una diferencia de trato por motivos de discapacidad
37.
De la resolución de remisión se desprende que el Reglamento n.o 12 establece un requisito mínimo en materia de agudeza auditiva en virtud del cual se trata de modo diferente a las personas que cumplen dicho requisito y a las que no lo cumplen. Solo las primeras pueden ser contratadas para el puesto de funcionario de prisiones. Por otro lado, las personas que no cumplen dicho requisito, pero que fueron contratadas antes de la entrada en vigor de este Reglamento, no pueden, como le ocurre al demandante en el litigio principal, seguir ocupando su puesto de trabajo.
38.
De ello resulta que tal Reglamento crea una barrera de acceso al empleo y al mantenimiento en este para las personas que no cumplen el requisito establecido en materia de agudeza auditiva y, por lo tanto, ocasiona una diferencia de trato basada directamente en la discapacidad, en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78. (
7
)
39.
Ha de observarse, además, que el tribunal remitente utiliza el término discapacidad para calificar el nivel de agudeza auditiva del demandante en el litigio principal y que, al parecer, las partes no discuten el empleo de ese término con tal fin.
40.
Al haberse observado la existencia de una diferencia de trato, es preciso comprobar si esta constituye una discriminación prohibida o si puede estar justificada por responder a un requisito esencial y determinante, sin ir más allá de lo necesario a tal efecto.
3. Sobre la existencia de una justificación
41.
Tal como solicita el órgano jurisdiccional remitente al Tribunal de Justicia, considero que procede examinar si una norma que establece un nivel de agudeza auditiva, como el Reglamento n.o 12, constituye un «requisito profesional esencial y determinante» en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2000/78 que responde a objetivos legítimos, a efectos del artículo 2, apartado 5, de esta Directiva, y no va más allá de lo necesario para conseguirlos. En caso de respuesta afirmativa, del tenor de este artículo 4, apartado 1, se desprende que la diferencia de trato por motivos de discapacidad, establecida por tal normativa, no constituye una discriminación en el sentido del artículo 2 de dicha Directiva.
42.
Ha de recordarse que, al tratarse de una excepción a la prohibición de discriminación, el artículo 4 de la Directiva 2000/78 debe interpretarse de forma estricta y que su considerando 23 señala que solo en muy contadas circunstancias puede aplicarse tal excepción. (
8
)
43.
Asimismo, he de señalar que lo que debe constituir un requisito esencial no es uno de los motivos previstos en el artículo 1 de la Directiva 2000/78 en que se basa la diferencia de trato, sino una característica relacionada con dicho motivo. (
9
)
44.
A este respecto, de las apreciaciones efectuadas en los puntos 37 y 38 de las presentes conclusiones se desprende que el requisito de un nivel mínimo de agudeza auditiva constituye una característica relacionada con uno de esos motivos, esto es, la discapacidad.
45.
En cuanto al carácter necesario de tal característica, no cabe duda de que la obligación de oír correctamente y, por lo tanto, tener un determinado nivel de agudeza auditiva se deriva de las funciones que desempeña el funcionario de prisiones, tal como las describe el tribunal remitente. En efecto, este ha indicado que la vigilancia de los presos implica en particular poder detectar problemas que puedan manifestarse de forma sonora y oír la activación de una alarma. (
10
) La comunicación del funcionario de prisiones con sus compañeros requiere igualmente poder oír de viva voz los comentarios de estos últimos, en ocasiones en situaciones de alboroto, o a través de dispositivos de comunicación.
46.
Al igual que el requisito de poseer determinadas capacidades físicas, en particular para estar en condiciones de controlar físicamente a personas detenidas, la agudeza auditiva puede considerarse como un requisito profesional esencial y determinante. (
11
)
47.
Por cuanto atañe a los objetivos perseguidos, todas las autoridades públicas que son parte en el litigio principal y el tribunal remitente han invocado la protección de la seguridad pública y el mantenimiento del orden. En efecto, cabe deducir claramente que los servicios penitenciarios están dirigidos a garantizar estos objetivos. Ahora bien, en la medida en que estos forman parte, a su vez, de los objetivos expresamente mencionados en el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2000/78, en el sentido de que permiten establecer excepciones a la prohibición de discriminación, deben considerarse legítimos.
48.
En este sentido, parece a primera vista que una normativa como la del litigio principal, por la que se establece un nivel mínimo de agudeza auditiva aplicable a la actividad de funcionario de prisiones encargado de la vigilancia de los presos es un requisito profesional esencial y determinante para alcanzar objetivos legítimos. Por consiguiente, esa normativa parece apta para alcanzar los objetivos perseguidos.
49.
La cuestión que se plantea es si tal normativa, que prohíbe de forma absoluta el ejercicio de estas funciones cuando no se cumple el requisito de agudeza auditiva fijado, es proporcionada a estos objetivos, en el sentido de que no va más allá de lo necesario para garantizar el correcto funcionamiento y el carácter operativo de los servicios penitenciarios afectados y, por lo tanto, para garantizar la seguridad pública y el mantenimiento del orden.
B.
Sobre la proporcionalidad de una medida como la controvertida en el litigio principal
50.
Para responder a la cuestión de la proporcionalidad de una normativa como la controvertida en el litigio principal, es importante señalar que el derecho a no ser discriminado por motivos de discapacidad es un derecho fundamental inscrito en el artículo 21 de la Carta, y concretado en la Directiva 2000/78. Este derecho se recoge también en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, (
12
) a la que se ha adherido la Unión.
51.
La Unión no solo se ha comprometido a luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad, esforzándose por eliminar las desigualdades basadas en esta, sino que también ha afirmado la importancia de favorecer la integración de las personas con discapacidad en la vida profesional mediante la adopción de medidas adecuadas (
13
) para contribuir a su plena participación en la vida económica, cultural y social, así como a su desarrollo personal. (
14
)
52.
Esta integración viene garantizada por la realización por los empresarios de ajustes razonables en favor de las personas discapacitadas, tales como el establecimiento de pautas de trabajo particulares o infraestructuras específicas (
15
) de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2000/78, así como de acciones positivas, (
16
) conforme a su artículo 7, apartado 2.
53.
Es en este contexto en el que debe apreciarse si una exclusión absoluta de la actividad de funcionario de prisiones dedicada a la vigilancia de los presos, como ocurre en el litigio principal, puede considerarse conforme con la Directiva 2000/78.
54.
Procede señalar que, aun pretendiendo favorecer la integración de las personas discapacitadas en la vida profesional, la Directiva 2000/78 reconoce la importancia de no afectar al funcionamiento correcto de los sectores afectados. Su exposición de motivos ilustra, a este respecto, la búsqueda de un equilibrio entre estos dos imperativos.
55.
En efecto, por un lado, el considerando 17 de la Directiva 2000/78 pone el acento tanto en la capacidad para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate como en la competencia y la disponibilidad. Estas cualidades se ven reforzadas en el considerando 18 de esta Directiva, según el cual esta «no puede tener el efecto de obligar a las fuerzas armadas, como tampoco a los servicios de policía, penitenciarios, o de socorro, a contratar o mantener en su puesto de trabajo a personas que no tengan las capacidades necesarias para desempeñar cuantas funciones puedan tener que ejercer en relación con el objetivo legítimo de mantener el carácter operativo de dichos servicios». (
17
) Ha de observarse que este considerando 18 menciona expresamente los servicios penitenciarios. Además, al poner de relieve la capacidad para desempeñar «cuantas funciones» puedan ser asignadas al personal para mantener ese carácter operativo, dicho considerando refleja la necesidad, puesta de manifiesto en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de poseer en determinados casos no solamente unas capacidades físicas elevadas, sino también, eventualmente, de cumplir un requisito de «interoperabilidad», es decir, demostrar la capacidad de desempeñar tareas que van más allá de las habitualmente exigidas. (
18
)
56.
Por otro lado, los considerandos 16, 17 y 20 de la Directiva 2000/78 destacan la importancia de adoptar medidas de adaptación a las necesidades de las personas discapacitadas en el lugar de trabajo a la hora de combatir la discriminación por motivos de discapacidad. El considerando 17, en particular, al tiempo que reconoce la importancia de poseer la capacidad necesaria para el puesto de que se trate, menciona la obligación de realizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad. Por su parte, el considerando 20 añade que es preciso establecer medidas adecuadas, es decir, medidas eficaces y prácticas para acondicionar el lugar de trabajo en función de la discapacidad, por ejemplo, adaptando las instalaciones o la asignación de funciones.
57.
El presente asunto plantea un interrogante sobre la materialización de este equilibrio entre el correcto funcionamiento de los servicios afectados y la toma en consideración de la discapacidad. Con el fin de comprobar que una medida como la controvertida en el litigio principal no va más allá de lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de los servicios afectados, examinaré a continuación la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los requisitos de interoperabilidad (sección 1) y de las capacidades físicas elevadas (sección 2). Si bien esta jurisprudencia versa sobre discriminaciones entre hombres y mujeres y sobre discriminaciones por motivos de edad, considero que contiene orientaciones pertinentes aplicables a la discriminación por motivos de discapacidad. A continuación, analizaré las disposiciones del artículo 5 de la Directiva 2000/78 tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia, señalando que imponen obligaciones específicas en materia de discapacidad y refuerzan estas orientaciones (sección 3). Terminaré mi análisis deduciendo las consecuencias de toda la jurisprudencia examinada en relación con un asunto como el que es objeto del litigio principal (sección 4).
1. Sobre el requisito de interoperabilidad
58.
Como se desprende de la petición de decisión prejudicial, el requisito de interoperabilidad es el elemento central de las alegaciones formuladas por el Ministro de Justicia en apoyo del requisito de un nivel mínimo de agudeza auditiva para desempeñar la actividad de funcionario de prisiones. En efecto, el tribunal remitente refiere que, según dicho Ministro, todos los funcionarios de prisiones deben estar en condiciones de desempeñar tareas distintas de sus tareas habituales y, en particular, de prestar asistencia a la policía. Estos funcionarios deben poder ser destinados a cualquier puesto dentro del centro penitenciario, para el que hayan recibido una formación suficiente y, a tal fin, deben cumplir los requisitos de salud necesarios para el desempeño de todos estos puestos. En opinión del Ministro, sin este requisito relativo a la agudeza auditiva establecido en el Reglamento n.o 12 no siempre sería posible alcanzar los objetivos de garantizar al máximo la seguridad de las personas residentes en un establecimiento penitenciario y evitar la puesta en peligro del orden público.
59.
Se plantea la cuestión de si, para que una diferencia de trato esté justificada en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2000/78, basta con que los responsables de los servicios a que se refiere el considerando 18 de la Directiva 2000/78, en el caso de autos el servicio penitenciario, consideren necesaria la interoperabilidad de los funcionarios con vistas a garantizar el carácter operativo de estos servicios.
60.
El Tribunal de Justicia examinó una problemática análoga en la sentencia Sirdar, (
19
) relativa a la contratación de una cocinera por las fuerzas armadas británicas, en una situación de diferencia de trato entre hombres y mujeres. El órgano jurisdiccional remitente se preguntaba si las condiciones de ejercicio de la actividad en una unidad particular de estas fuerzas armadas, en el caso de autos los Royal Marines, que es un cuerpo de élite, permitían excluir a las mujeres de sus filas.
61.
El Tribunal de Justicia señaló que el cuerpo del ejército en cuestión difería fundamentalmente de las demás unidades, en la medida en que intervenía en primera línea en operaciones especiales (
20
) y aplicaba la denominada norma de «interoperabilidad». (
21
) En virtud de dicha norma, todo el personal sin excepción, incluidos, pues, los cocineros, debía ser capaz de combatir en un comando.
62.
El Tribunal de Justicia admitió, en este contexto particular, que las circunstancias específicas de intervención de las unidades de asalto que constituían los Royal Marines, y en particular la norma de interoperabilidad a la que estaban sometidos, justificaban que su composición siguiera siendo exclusivamente masculina con el fin garantizar la eficacia en combate. (
22
)
63.
La muy particular naturaleza de la función y las condiciones de ejercicio vinculadas a tal eficacia podía justificar una diferencia de trato entre hombres y mujeres y permitía considerar que esta diferencia era proporcionada al objetivo perseguido. Cabe señalar que las consideraciones formuladas por el Tribunal de Justicia en la citada sentencia sobre la proporcionalidad de una medida que daba lugar a una discriminación entre hombres y mujeres no se aplicaban al conjunto de las fuerzas armadas, sino únicamente a una unidad concreta de estas.
64.
La sentencia en el asunto Comisión/Francia confirmó este planteamiento. (
23
) Dicha sentencia versaba sobre el sistema de selección en la función pública de dicho Estado miembro, en particular en el cuerpo de policía, el cual fijaba porcentajes distintos para la selección de hombres y de mujeres, en detrimento de estas últimas.
65.
En el contexto del litigio que la enfrentaba a la Comisión, Francia había afirmado que los agentes de la policía nacional debían ser capaces en cualquier momento de recurrir a la fuerza, a fin de disuadir a los eventuales promotores de disturbios, para justificar unas normas que preveían una menor contratación de mujeres en el servicio activo de la policía respecto al número de hombres. (
24
) El Tribunal de Justicia señaló que las excepciones a la prohibición de discriminación entre hombres y mujeres solo pueden referirse a actividades específicas, y declaró que ese Estado miembro no había respetado esta exigencia. (
25
)
66.
De esa sentencia resulta que no se consideraron probadas la supuesta necesidad de poder recurrir a la fuerza en cualquier momento ni el requisito de interoperabilidad general en la policía nacional. (
26
)
67.
Como se desprende de las sentencias Sirdar (
27
) y Comisión/Francia, (
28
) no puede declararse sin más la necesidad de una norma de interoperabilidad para generalizarla al conjunto de una profesión o de un sector de actividad y, de esta forma, justificar una vulneración del derecho a la igualdad de trato.
68.
Salvo los casos en que la interoperabilidad esté justificada por el trabajo desempeñado, como el expuesto en el asunto que dio lugar a la sentencia Sirdar, (
29
) la naturaleza de una actividad puede, no obstante, llevar a exigir unos criterios particularmente estrictos en materia de capacidad física y, por lo tanto, de salud. A continuación, examinaré cómo ha apreciado el Tribunal de Justicia el carácter proporcionado o no de tales exigencias a la luz de la prohibición de discriminación por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1 de la Directiva 2000/78, en el asunto examinado, la discriminación por motivos de edad.
2. Sobre la exigencia de unas capacidades físicas elevadas
69.
El Tribunal de Justicia ha examinado el carácter proporcionado de una exigencia de capacidades físicas elevadas en los ámbitos de los servicios de bomberos y de policía, mencionados en el considerando 18 de la Directiva 2000/78, y en el de la aviación. El Tribunal de Justicia ha señalado que esta exigencia está vinculada a la edad, al señalar que las capacidades físicas disminuyen con el envejecimiento. (
30
)
70.
En lo tocante a la actividad de bombero, la cual constituye un servicio de socorro en el sentido de dicho considerando, el Tribunal de Justicia señaló en la sentencia Wolf (
31
) que tareas como la extinción de incendios, incluido el salvamento de personas, exigen una capacidad física excepcionalmente elevada y únicamente pueden llevarse a cabo por personas jóvenes. Muy pocas personas de más de 45 años tienen la capacidad física adecuada. (
32
) El Tribunal de Justicia consideró que, para poder destinar a un número suficiente de personas con estas capacidades al servicio de bomberos dedicado a la extinción de incendios y durante un período de tiempo suficientemente largo antes de ser destinados a otras tareas dentro del cuerpo de bomberos, la fijación en 30 años de la edad límite para su contratación era proporcionada al objetivo de garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento de este servicio. (
33
)
71.
Esta sentencia ha servido de paradigma para los pronunciamientos ulteriores, en particular, en el ámbito de la policía. Así, se ha planteado la cuestión de si la fijación, al igual que en el caso de los bomberos, de un límite máximo de edad de 30 o de 35 años para la selección de policías era proporcionada al objetivo perseguido, esto es, garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento del servicio de policía en cuestión.
72.
El Tribunal de Justicia marcó una distinción entre las actividades de la policía local destinada en un municipio de España (
34
) de las desempeñadas por la policía de una comunidad autónoma de este mismo Estado miembro, (
35
) al tiempo que reconoció la necesidad de que todos los policías tuvieran unas capacidades físicas específicas debido al empleo de la fuerza física en el ámbito de su actividad de protección de las personas y bienes y de detención y custodia de autores de hechos delictivos. El Tribunal de Justicia admitió que el nivel de capacidad física exigido a la policía autonómica podía ser más elevado que el exigido a la policía local y, por lo tanto, requerir el establecimiento de tal límite de edad en la contratación, mientras que este era desproporcionado en el caso de la selección de agentes encargados de la policía local.
73.
El Tribunal de Justicia ha señalado que la actividad de los primeros, cuya misión esencial es garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, puede implicar condiciones de intervención difíciles, incluso extremas, (
36
) mientras que la de los segundos, que comprende asimismo la regulación del tráfico automovilístico y tareas de naturaleza administrativa, no requiere una capacidad física excepcionalmente elevada comparable a la exigida sistemáticamente a los bomberos dedicados a la extinción de incendios. (
37
)
74.
El examen de la proporcionalidad ha seguido un planteamiento análogo que implica una apreciación diferenciada dependiendo de las condiciones de ejercicio de la actividad, por cuanto atañe al oficio de piloto de aviación.
75.
En lo que respecta al transporte comercial de pasajeros o de carga, el Tribunal de Justicia declaró en la sentencia Prigge y otros (
38
) que la obligación impuesta por un convenio colectivo a los pilotos de líneas aéreas de dejar de ejercer su actividad profesional a la edad de 60 años no era proporcionada al objetivo de protección de la seguridad pública, habida cuenta de las tareas que tal actividad entraña.
76.
En cambio, cuando la actividad de piloto no consiste en cubrir rutas de vuelos comerciales, sino en garantizar la seguridad nacional, la obligación impuesta al piloto de dejar de ejercer su actividad profesional a la edad de 60 años ha sido declarada, en la sentencia Cafaro, (
39
) proporcionada al objetivo perseguido, habida cuenta de la naturaleza de la actividad y de las condiciones de ejercicio que implica. (
40
)
77.
De la jurisprudencia examinada en la presente sección se desprende que la exigencia de unas capacidades físicas particularmente elevadas, como la impuesta a los bomberos seleccionados para la extinción de incendios en el asunto Wolf, debe circunscribirse a las funciones más exigentes en el seno de una profesión concreta. Ya sea en el cuerpo de bomberos, ya sea en el de la policía o en el sector de los pilotos de aviación, habrá de comprobarse si no existen puestos para los que no baste un nivel de capacidad física menos elevado, de modo que las personas que deseen ocupar estos puestos no queden automáticamente excluidas, debido a su edad, de manera desproporcionada.
78.
A mi juicio, esta jurisprudencia ha de aplicarse a otras formas de discriminación, y en particular a la discriminación por motivos de discapacidad. Ahora bien, en lo que respecta a esta última, el artículo 5 de la Directiva 2000/78 prevé además la realización de «ajustes razonables» en favor de las personas con discapacidad. Examinaré estos ajustes en la sección siguiente.
3. Sobre la toma en consideración de la discapacidad
79.
En este sentido, en lo que respecta a las personas con discapacidad, procede comprobar, con arreglo a la jurisprudencia examinada en la sección anterior, si estas personas pueden ser destinadas a puestos específicos en las profesiones u oficios considerados.
80.
El artículo 5 de la Directiva 2000/78 refuerza aún más este requisito al exigir a los empresarios que realicen «ajustes razonables» para estas personas, siempre que ello no constituya una carga excesiva. Dicha disposición define el concepto de ajustes razonables como las medidas adecuadas, en función de las necesidades de cada situación concreta, para permitir a las personas con discapacidad, en particular, acceder al empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente. (
41
)
81.
El citado artículo 5 de la Directiva 2000/78 pone de manifiesto que incumbe a los empresarios tanto públicos como privados (
42
) tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y facilitar su integración en el empleo. El artículo 5 obliga (
43
) a los empresarios a realizar ajustes razonables en relación con sus empleados con discapacidades, siempre que ello no constituya una carga excesiva.
82.
De esta disposición se desprende que la situación de las personas con discapacidad debe ser objeto de un examen particular, incluso individual, que tenga en cuenta sus necesidades «[en] cada situación concreta». (
44
)
83.
Todos los empresarios están sujetos a la obligación de realizar los ajustes razonables. (
45
) El Tribunal de Justicia ha precisado en la sentencia HK Danmark que el concepto de «ajustes razonables» debe entenderse de una forma amplia (
46
) en el sentido de que se refiere a la eliminación de las barreras que dificultan la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. (
47
) El considerando 20 de la Directiva 2000/78 contiene una lista de medidas razonables de orden material, organizativo o educativo (
48
) que el Tribunal de Justicia ya ha precisado que no tiene carácter exhaustivo. (
49
)
84.
En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que esta Directiva se opone a un despido que, habida cuenta de la obligación de realizar los ajustes razonables para las personas con discapacidad, no se justifique por el hecho de que la persona no sea competente o no esté capacitada o disponible para desempeñar las tareas fundamentales del puesto de que se trate. (
50
)
85.
La sentencia HK Danmark confirma esta interpretación ilustrándola. Dicha sentencia versa sobre una ley nacional que permite el despido de un trabajador con un preaviso abreviado en caso de baja por enfermedad de larga duración. (
51
) Dicha ley se había empleado como fundamento para despedir a diversos trabajadores con discapacidad por haber causado baja. Del marco fáctico de la sentencia se desprende que estas personas estaban en condiciones de trabajar un número de horas limitado por semana. Además, a raíz del despido de uno de los trabajadores, el empresario anunció una oferta de trabajo para un puesto a tiempo parcial. (
52
) El Tribunal de Justicia consideró que procedía examinar si la realización de unos ajustes razonables, en el caso de autos en la forma de una reducción de su tiempo de trabajo, no les habría permitido realizar su trabajo sin que supusiera una carga irrazonable para sus empleadores (
53
) y si las bajas que dieron lugar a su despido no se debían a la falta de adopción de tales medidas de ajuste. (
54
)
86.
El Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que la Directiva 2000/78 se opone a una disposición nacional que permite el despido de trabajadores con discapacidad debido a sus bajas por enfermedad, cuando tales bajas son consecuencia de que el empleador no adoptó las medidas de ajuste adecuadas, conforme al artículo 5 de esta Directiva. (
55
)
87.
Dicho de otro modo, en una situación en que la realización de ajustes razonables habría permitido a un trabajador discapacitado responder a las exigencias derivadas de su empleo, pero en la que el empleador no ha adoptado tales medidas, el despido de ese trabajador debido a que no cumple tales exigencias es contrario a la Directiva 2000/78, (
56
) y una ley nacional que permita tal despido es igualmente contraria a esta Directiva.
4. ¿Qué consecuencias cabe extraer de esta jurisprudencia en relación con el presente asunto?
88.
Ha de recordarse que, en el litigio principal, el Ministro de Justicia sostiene que el nivel de agudeza auditiva exigido por el Reglamento n.o 12, que corresponde al exigido a los funcionarios de policía, se justifica por la necesidad de que todo funcionario de prisiones esté en condiciones, de ser necesario, de prestar asistencia a la policía en el interior del centro penitenciario y, por lo tanto, de responder a una exigencia de interoperabilidad. No obstante, como ya he señalado, tal necesidad no puede declararse sin más, sino que debe probarse. (
57
)
89.
La interoperabilidad de los funcionarios podría resultar necesaria en circunstancias particulares, por ejemplo, en el caso de los centros penitenciarios orientados íntegramente al agrupamiento de presos peligrosos o de pabellones de prisiones reservados para estos últimos. En tal situación, exigir a todos los funcionarios de prisiones que posean un nivel de agudeza auditiva elevado, al igual que los policías, parece justificado por la naturaleza de las funciones asignadas y las condiciones de su ejercicio. (
58
)
90.
No obstante, en el contexto del presente asunto no se ha aportado dato alguno en ese sentido, extremo este que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional.
91.
En cualquier caso, aun cuando la aplicación de un nivel de agudeza auditiva, como el exigido por el Reglamento n.o 12, estuviera justificada no ya debido a la asistencia ocasional a la policía, sino, con carácter general, por la naturaleza de las funciones asumidas por los funcionarios de prisiones, ha de recordarse que el artículo 5 de la Directiva 2000/78 obliga, en principio, al empresario a realizar ajustes razonables. En efecto, este último está obligado a adoptar medidas adecuadas respecto al trabajador con discapacidad en función de las necesidades de cada situación concreta, salvo que esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario.
92.
Estos ajustes pueden ser de orden organizativo y consistir en destinar al funcionario de prisiones de que se trate a un servicio que no exija de forma habitual el mismo nivel de agudeza auditiva que el exigido a los policías. En una situación como la del litigio principal, procede comprobar si el destino a un puesto como el asignado en último lugar al demandante en dicho litigio, esto es, la vigilancia electrónica de los presos, podría permitir a este cumplir plenamente las exigencias de sus funciones.
93.
El hecho de que un funcionario de prisiones, como el demandante en el litigio principal, haya podido desempeñar de forma satisfactoria para sus superiores (
59
) las tareas de vigilancia que le fueron asignadas puede demostrar que es posible destinarlo a un puesto distinto.
94.
Ha de señalarse que, si la persona con discapacidad puede cumplir sus funciones, en su caso, tras la realización de ajustes razonables en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2000/78, el despido de esta persona por el mero motivo de no cumplir un requisito de agudeza auditiva va más allá de lo necesario para lograr el objetivo de garantizar el carácter operativo del servicio y equivale a despedirla por el único motivo de su discapacidad, de manera contraria a esta Directiva. (
60
)
95.
Además de los ajustes de orden organizativo, en una situación como la controvertida en el litigio principal, pueden realizarse ajustes de orden material.
96.
A este respecto, durante el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales se sugirió que el funcionario de prisiones con una discapacidad auditiva pudiera llevar un audífono que le permitiera alcanzar el nivel exigido por el Reglamento n.o 12.
97.
En efecto, me parece que la autorización para utilizar tal dispositivo puede considerarse un ajuste razonable en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2000/78.
98.
El demandante en el litigio principal y el Ministro de Trabajo y Sanidad, así como el Procurador General de Justicia, sostienen que debería autorizarse el uso de tal dispositivo, al igual que se autoriza la utilización de gafas o lentes de contacto para corregir una deficiencia visual.
99.
Por su parte, el Ministro de Justicia considera que no existe prueba alguna de que los audífonos aporten asistencia y comodidad respecto a la agudeza auditiva comparables a las que proporcionan las gafas o las lentes de contacto para la agudeza visual. Procede señalar que, por el contrario, no existe prueba alguna que demuestre que los dispositivos en cuestión no corrijan las deficiencias auditivas con la misma eficacia y comodidad que aportan las gafas y las lentes de contacto para las deficiencias visuales. Dado que se autoriza expresamente un dispositivo para corregir una discapacidad, como la deficiencia visual, cabe preguntarse por qué no puede utilizarse también un dispositivo para corregir otra discapacidad sensorial, como la deficiencia auditiva.
100.
En cuanto a la cuestión de si la utilización de un dispositivo es una carga excesiva para el empresario, no se ha aportado dato alguno en este sentido. La comparación con el uso de un dispositivo corrector de la vista parece indicar que el hecho de portar un audífono no generaría tal carga excesiva.
101.
He de señalar, en cualquier caso, que, dado que el uso de audífono por los funcionarios de prisiones se permite a efectos de que estos desempeñen sus funciones dentro del centro penitenciario (
61
) y puesto que permite a quienes ejercen dichas funciones alcanzar el nivel de agudeza auditiva exigido por el Reglamento n.o 12, no parece coherente prohibir a tales funcionarios ya en servicio o en fase de contratación que ejerzan la función de vigilancia de los presos por el único motivo de que en la audiometría realizada sin ayuda de tal dispositivo no han cumplido ese criterio.
102.
Considero, por consiguiente, que la exclusión automática de todo funcionario de prisiones que tiene asignada la tarea de vigilar a los presos, o de cualquier candidato a asumir esta función, sin tener en cuenta su capacidad para desempeñar las funciones asignadas, por el mero motivo de no alcanzar el nivel de agudeza auditiva establecido por un reglamento como el Reglamento n.o 12 no es proporcionada al objetivo de seguridad pública y de mantenimiento del orden. De ello se desprende que tal Reglamento entraña una discriminación directa por motivos de discapacidad, contraria al artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78.
V. Conclusión
103.
A la vista de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el Riigikohus põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium (Tribunal Supremo, Sala de Control de Constitucionalidad, Estonia), del modo siguiente:
«El artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, en relación con el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5 de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece la imposibilidad absoluta de mantener en su puesto a un funcionario de prisiones por el único motivo de que su agudeza auditiva es inferior al nivel fijado reglamentariamente, sin que el empresario examine si esta persona puede desempeñar las funciones derivadas de su puesto, en su caso, tras la realización de ajustes razonables en el sentido del citado artículo 5, tales como destinarlo a un servicio concreto o autorizarle a usar un audífono.»
(
1
)	Lengua original: francés.
(
2
)	Directiva del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).
(
3
)	La resolución de remisión señala que el nivel de agudeza auditiva en el oído de menor capacidad del demandante en el litigio principal era de 55 a 75 dB en las frecuencias entre 500 a 2000 Hz, cuando, según el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 12, la agudeza auditiva del oído de menor capacidad no debe superar los 40 dB en estas frecuencias.
(
4
)	Sentencia de 13 de noviembre de 2014 (C‑416/13, EU:C:2014:2371), apartados 43 a 45.
(
5
)	Véase en este sentido, en lo tocante a la discriminación por motivos de edad, la sentencia de 13 de septiembre de 2011, Prigge y otros (C‑447/09, EU:C:2011:573), apartado 39.
(
6
)	Véanse, en particular, las sentencias de 11 de abril de 2013, HK Danmark (C‑335/11 y C‑337/11, en lo sucesivo, «sentencia HK Danmark, EU:C:2013:222), apartado 38, y de 18 de marzo de 2014, Z. (C‑363/12, EU:C:2014:159), apartado 77.
(
7
)	He de señalar que no comparto el punto de vista del Tartu Ringkonnakohus (Tribunal de Apelación de Tartu) de que la comparación debe efectuarse entre las personas que sufren una discapacidad visual y las que sufren una discapacidad auditiva.
(
8
)	Véase la sentencia de 14 de marzo de 2017, Bougnaoui y ADDH (C‑188/15, EU:C:2017:204), apartado 38.
(
9
)	Véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 14 de marzo de 2017, Bougnaoui y ADDH (C‑188/15, EU:C:2017:204), apartado 37 y jurisprudencia citada.
(
10
)	Véase el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 12, citado en el punto 15 de las presentes conclusiones.
(
11
)	Véanse, por analogía, en lo tocante al requisito de poseer capacidades físicas suficientes para ejercer la profesión de policía, las sentencias de 13 de noviembre de 2014, Vital Pérez (C‑416/13, EU:C:2014:2371), apartado 41, y la de piloto de líneas aéreas; las sentencias de 13 de septiembre de 2011, Prigge y otros (C‑447/09, EU:C:2011:573), apartado 67, y de 7 de noviembre de 2019, Cafaro (C‑396/18, EU:C:2019:929), apartado 62.
(
12
)	Esta Convención fue aprobada en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009 (DO 2010, L 23, p. 35).
(
13
)	Véanse, en este sentido, el considerando 6 de la Directiva 2000/78, que hace referencia a la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, y el considerando 8 de esta misma Directiva.
(
14
)	Véase el considerando 9 de la Directiva 2000/78. Además, ha de señalarse que a tenor del artículo 26 de la Carta, titulado «Integración de las personas discapacitadas», «la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad». Véase asimismo la sentencia de 22 de mayo de 2014, Glatzel (C‑356/12, EU:C:2014:350), apartado 77.
(
15
)	Véase el considerando 20 de la Directiva 2000/78.
(
16
)	Véanse los considerandos 26 y 27 de la Directiva 2000/78.
(
17
)	El subrayado es mío.
(
18
)	Examinaré este concepto con detalle más adelante. Véanse los puntos 58 a 68 de las presentes conclusiones.
(
19
)	Sentencia de 26 de octubre de 1999 (C‑273/97, EU:C:1999:523).
(
20
)	Véase la sentencia de 26 de octubre de 1999, Sirdar (C‑273/97, EU:C:1999:523), apartado 30.
(
21
)	Véase la sentencia de 26 de octubre de 1999, Sirdar (C‑273/97, EU:C:1999:523), apartado 7.
(
22
)	Sentencia de 26 de octubre de 1999, Sirdar (C‑273/97, EU:C:1999:523), apartados 25 y 31. He de señalar que el Tribunal de Justicia se preocupó de recordar la necesidad de determinar periódicamente, teniendo en cuenta la evolución social, si se puede mantener la excepción al régimen general de la Directiva. Véase, asimismo, en este sentido, la sentencia de 15 de mayo de 1986, Johnston (222/84, EU:C:1986:206), apartado 37.
(
23
)	Sentencia de 30 de junio de 1988 (318/86, EU:C:1988:352).
(
24
)	Véase la sentencia de 30 de junio de 1988, Comisión/Francia (318/86, EU:C:1988:352), apartado 21.
(
25
)	Véase la sentencia de 30 de junio de 1988, Comisión/Francia (318/86, EU:C:1988:352), apartado 25.
(
26
)	En sus conclusiones presentadas en el asunto Comisión/Francia (318/86, EU:C:1988:254), p. 3571, el Abogado General Slynn describió la alegación del Gobierno francés utilizando el término «intercambiabilidad». Véanse, asimismo, en relación con la sentencia de 30 de junio de 1988, Comisión/Francia (318/86, EU:C:1988:352), las conclusiones del Abogado General La Pergola presentadas en el asunto Sirdar (C‑273/97, EU:C:1999:246), punto 36.
(
27
)	Sentencia de 26 de octubre de 1999 (C‑273/97, EU:C:1999:523).
(
28
)	Sentencia de 30 de junio de 1988 (318/86, EU:C:1988:352).
(
29
)	Sentencia de 26 de octubre de 1999 (C‑273/97, EU:C:1999:523).
(
30
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de enero de 2010, Wolf (C‑229/08, EU:C:2010:3), apartado 41; de 13 de septiembre de 2011, Prigge y otros (C‑447/09, EU:C:2011:573), apartado 67; de 5 de julio de 2017, Fries (C‑190/16, EU:C:2017:513), apartado 46, y de 7 de noviembre de 2019, Cafaro (C‑396/18, EU:C:2019:929), apartado 60.
(
31
)	Sentencia de 12 de enero de 2010 (C‑229/08, en lo sucesivo, «sentencia Wolf, EU:C:2010:3).
(
32
)	Véase la sentencia Wolf (C‑229/08, EU:C:2010:3), apartados 41 y 43.
(
33
)	Véase la sentencia Wolf (C‑229/08, EU:C:2010:3), apartados 43 y 44.
(
34
)	Sentencia de 13 de noviembre de 2014, Vital Pérez (C‑416/13, EU:C:2014:2371).
(
35
)	Sentencia de 15 de noviembre de 2016, Salaberría Sorondo (C‑258/15, EU:C:2016:873).
(
36
)	Véase la sentencia de 15 de noviembre de 2016, Salaberría Sorondo (C‑258/15, EU:C:2016:873), apartado 41. Cabe observar, además que, al igual que los bomberos en la sentencia Wolf (C‑229/08, EU:C:2010:3), apartado 43, la necesidad invocada de restablecer una pirámide de edad satisfactoria hacía necesaria la contratación de agentes de menos de 35 años.
(
37
)	Véanse las sentencias de 13 de noviembre de 2014, Vital Pérez (C‑416/13, EU:C:2014:2371), apartados 53 y 54, y de 18 de octubre de 2017, Kalliri (C‑409/16, EU:C:2017:767), apartado 38.
(
38
)	Sentencia de 13 de septiembre de 2011 (C‑447/09, EU:C:2011:573).
(
39
)	Sentencia de 7 de noviembre de 2019 (C‑396/18, EU:C:2019:929).
(
40
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2019, Cafaro (C‑396/18, EU:C:2019:929), apartados 53 a 57. El Tribunal de Justicia formuló consideraciones similares en la sentencia de 22 de mayo de 2014, Glatzel (C‑356/12, EU:C:2014:350), en lo tocante a la conducción de vehículos de motor y a los diferentes requisitos exigidos en materia de agudeza visual a los conductores de vehículos pesados y a los conductores de vehículos ligeros. El Tribunal de Justicia consideró que, a la vista de las consideraciones imperiosas relacionadas con la seguridad vial y habida cuenta de las diferencias en función del gálibo de los vehículos, del número de pasajeros transportados y de la mayor o menor responsabilidad que implica la conducción, pueden establecerse exigencias en materia de agudeza visual más rígidas para los conductores de vehículos pesados que para los conductores de vehículos ligeros (véanse, en este sentido, los apartados 83 a 85 de esta sentencia).
(
41
)	El artículo 7 de la Directiva 2000/78 dispone además que los Estados miembros podrán mantener o adoptar acciones positivas y medidas específicas para beneficio de las personas con discapacidad.
(
42
)	El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2000/78 dispone que la Directiva se aplica a todas las personas, tanto del sector público como del privado.
(
43
)	Véanse las sentencias de 11 de abril de 2013, HK Danmark (C‑335/11 y C‑337/11, EU:C:2013:222), apartado 49, y de 4 de julio de 2013, Comisión/Italia (C‑312/11, no publicada, EU:C:2013:446), apartado 62.
(
44
)	Véase el artículo 5 de la Directiva 2000/78 (el subrayado es mío).
(
45
)	Véase la sentencia de 4 de julio de 2013, Comisión/Italia (C‑312/11, no publicada, EU:C:2013:446), apartado 62. Italia fue condenada por no haber incluido a todos los empresarios en sus medidas de transposición de la Directiva 2000/78 (véase el apartado 67 de esta sentencia). En la sentencia HK Danmark, apartado 49, el Tribunal de Justicia confirmó que los empresarios han de tomar las medidas adecuadas.
(
46
)	Véase la sentencia HK Danmark, apartado 53.
(
47
)	Véase la sentencia HK Danmark, apartado 54.
(
48
)	Véase, en ese sentido, la sentencia HK Danmark, apartado 49.
(
49
)	Véase la sentencia HK Danmark, apartados 49 y 56. Así, si bien la reducción del tiempo de trabajo no se menciona en la lista de medidas adecuadas para acondicionar el puesto de trabajo en función de la discapacidad contenida en el considerando 20 de la Directiva 2000/78, esta puede considerarse como una de las medidas de ajuste razonable a que se refiere el artículo 5 de esta Directiva (véase el apartado 64 de la citada sentencia).
(
50
)	Véase la sentencia de 11 de julio de 2006, Chacón Navas (C‑13/05, EU:C:2006:456), apartado 51.
(
51
)	Véase la sentencia HK Danmark, apartado 13.
(
52
)	Véase la sentencia HK Danmark, apartado 62.
(
53
)	Véase la sentencia HK Danmark, apartados 59 y 62.
(
54
)	Véase la sentencia HK Danmark, apartado 67.
(
55
)	Véase, en este sentido, la sentencia HK Danmark, apartado 68.
(
56
)	Véase, en este mismo sentido, la sentencia de 11 de septiembre de 2019, Nobel Plastiques Ibérica (C‑397/18, EU:C:2019:703), apartados 71 y 75. De esta sentencia se desprende que, si un empresario ha establecido criterios de despido basados en umbrales de productividad, absentismo y polivalencia, el despido de un trabajador con discapacidad por no cumplir estos criterios, sin que se hayan realizado ajustes razonables en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2000/78, constituye una discriminación por motivos de discapacidad prohibida por esta Directiva.
(
57
)	Véase el punto 67 de las presentes conclusiones.
(
58
)	Tal requisito de interoperabilidad podría exigirse igualmente si la dotación de funcionarios de prisiones fuera insuficiente en todos los centros penitenciarios del Estado miembro de que se trate o si este problema se diera en el centro penitenciario en cuestión.
(
59
)	Véase el punto 18 de las presentes conclusiones.
(
60
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2006, Chacón Navas (C‑13/05, EU:C:2006:456); de 11 de abril de 2013, HK Danmark (C‑335/11 y C‑337/11, EU:C:2013:222), y de 11 de septiembre de 2019, Nobel Plastiques Ibérica (C‑397/18, EU:C:2019:703), examinadas en la sección 3 de las presentes conclusiones.
(
61
)	El propio Ministro de Justicia ha señalado tal circunstancia.