Edición provisional
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
LAILA MEDINA
presentadas el 16 de abril de 2026 (1)
Asunto C‑879/24
Comisión Europea
contra
Reino de Dinamarca
« Incumplimiento de Estado — Establecimiento de un marco común para el reconocimiento de las cualificaciones profesionales mínimas en la navegación interior — Directiva (UE) 2017/2397 y Directiva (UE) 2021/1233 — Artículo 39, apartados 3 y 4 — Obligación de poner en vigor medidas para garantizar el cumplimiento de esas Directivas — Falta de transposición o de comunicación de las medidas de transposición — Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Pretensión de condena al pago de una suma a tanto alzado y de una multa coercitiva diaria »
I.      Introducción
1.        Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al (i) artículo 39, apartado 3, de la Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y por la que se derogan las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo, (2) y (ii) al artículo 2, apartado 1, de la Directiva (UE) 2021/1233 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2021, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/2397 en lo que atañe a las medidas transitorias para el reconocimiento de los certificados de terceros países, (3) o, en cualquier caso, al no haber comunicado esas disposiciones a la Comisión, el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de esas disposiciones.
2.        Además, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que condene al Reino de Dinamarca
al pago de una suma a tanto alzado y de una multa coercitiva diaria desde la fecha en que se dicte esta sentencia.
3.        El presente recurso por incumplimiento suscita dos cuestiones principales. La primera guarda relación con la interpretación del criterio de que la navegación interior sea técnicamente imposible en el territorio de un Estado miembro, con arreglo al artículo 39, apartado 4, de la Directiva 2017/2397, de modo que ese Estado miembro queda completamente eximido de la obligación de transposición.
4.        La segunda cuestión es de carácter procedimental y se refiere a la interpretación del artículo
260 TFUE, apartado
3. Esa disposición, introducida por el Tratado de Lisboa, establece un mecanismo que permite a la Comisión solicitar al Tribunal de Justicia que imponga una multa coercitiva a un Estado miembro, a partir del día en que se declare por primera vez, con arreglo al artículo
258 TFUE, que el Estado miembro ha incumplido su obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo.
5.        El presente asunto brinda al Tribunal de Justicia la posibilidad de examinar la aplicabilidad del procedimiento establecido en el artículo 260 TFUE, apartado 3, en una situación en la que el legislador de la Unión ha adoptado un planteamiento de transposición específico y el Estado miembro interesado invoca una disposición específica de la Directiva de que se trata que exime a los Estado miembros de la transposición si cumplen determinados requisitos. Por los motivos que expondré en las presentes conclusiones, creo que el artículo 260 TFUE, apartado 3, no es de aplicación cuando para determinar la propia existencia de la obligación de transposición es preciso recabar la interpretación del Tribunal de Justicia.
II.    Marco jurídico
A.      Directiva 2017/2397
6.        El artículo 2 de la Directiva 2017/2397, titulado «Ámbito de aplicación», establece lo siguiente en su apartado 3:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39, apartado 3, la presente Directiva tampoco se aplicará a quienes naveguen en Estados miembros cuyas vías de navegación interiores no estén conectadas con la red navegable de otro Estado miembro y que realicen exclusivamente:
a)      trayectos limitados de interés local, si la distancia desde el punto de partida no excede en ningún momento de diez kilómetros, o
b)      naveguen con carácter estacional.»
7.        El artículo 39 de la Directiva 2017/2397, titulado «Transposición», dispone:
«1.      Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 17 de enero de 2022. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
[…]
3.      Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, todo Estado miembro en el que todas las personas estén exentas en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, solo estará obligado a poner en vigor aquellas disposiciones que sean necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 10, por lo que respecta al reconocimiento de los certificados de cualificación y a la libreta de servicio; del artículo 38, por lo que respecta al reconocimiento de certificados válidos, y del artículo 15. Dichos Estados miembros pondrán en vigor tales disposiciones a más tardar el 17 de enero de 2022.
Dicho Estado miembro no podrá expedir certificados de cualificación de la Unión ni homologar programas de formación ni simuladores hasta que haya transpuesto al Derecho nacional y aplicado las restantes disposiciones de la presente Directiva y haya informado de ello a la Comisión.
4.      Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo, ningún Estado miembro estará obligado a transponer la presente Directiva mientras la navegación interior sea técnicamente imposible en su territorio.
El Estado miembro de que se trate no podrá expedir certificados de cualificación de la Unión ni homologar programas de formación ni simuladores hasta que haya transpuesto al Derecho nacional y aplicado lo dispuesto en la presente Directiva e informado de ello a la Comisión.»
B.      Directiva 2021/1233
8.        La Directiva 2021/1233 modificó la Directiva 2017/239 en lo que atañe a las medidas transitorias para el reconocimiento de los certificados de terceros países. En particular, el artículo 1 de la Directiva 2021/1233 modificó el artículo 10, apartado 3, de la Directiva
2017/2397
y añadió un apartado 7 a su artículo 38.
9.        Según el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2021/1233:
«1.      Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 17 de enero de 2022. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
La excepción contemplada en el artículo 39, apartado 4, de la Directiva [2017/2397] se aplicará a la presente Directiva, mutatis mutandis.»
III. Procedimiento administrativo previo y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
10.      El 24 de marzo de 2022, la Comisión envió un escrito de requerimiento al Reino de Dinamarca en el que le reprochaba no haberle informado sobre las medidas que había adoptado para transponer las disposiciones indicadas en el artículo 39, apartado 3, de la Directiva 2017/2397 y en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2021/1233, una vez superada la fecha límite para transponer tales disposiciones, a saber, el 17 de enero de 2022.
11.      En su escrito de 25 de mayo de 2022, el Reino de Dinamarca declaró que no estaba obligado a transponer esas dos Directivas en su Derecho interno. A este respecto, invocó el artículo 39, apartado 4, de la Directiva
2017/2397, que, desde su punto de vista, la exime de transponer ambas Directivas.
12.      Al considerar que la respuesta del Reino de Dinamarca no era satisfactoria, la Comisión celebró varias reuniones con las autoridades danesas. Sin embargo, estas reuniones no llevaron a que se informara a la Comisión sobre las medidas de transposición.
13.      El 28 de septiembre de 2023, la Comisión envió al Reino de Dinamarca dictámenes motivados en los que indicó que no se habían adoptado las medidas necesarias para la plena transposición de la Directiva 2017/2397 y de la Directiva 2021/1233 e instó al Reino de Dinamarca a cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de las mismas en un plazo de dos meses a partir de la comunicación de dichos dictámenes motivados.
14.      El Reino de Dinamarca respondió a los dictámenes motivados de la Comisión el 28 de noviembre de 2023. En su respuesta, el Reino de Dinamarca reiteró en amplia medida su respuesta al escrito de requerimiento, insistiendo en que estaba exento de la obligación de transponer la Directiva 2017/2397 en virtud de su artículo
39, apartado
4, y que, por tanto, tampoco estaba obligado a transponer la Directiva 2021/1233. Volvió a alegar que no existían vías navegables interiores en Dinamarca.
15.      Al considerar que el Reino de Dinamarca no había transpuesto la Directiva 2017/2397 de la manera limitada prevista en su artículo
39, apartado
3, que no había transpuesto la Directiva 2021/1233 y que tampoco había informado sobre las medidas nacionales de transposición pertinentes, la Comisión interpuso el presente recurso.
IV.    Apreciación
16.      Según su artículo 1, la Directiva 2017/2397 establece las condiciones y procedimientos aplicables para la certificación de las cualificaciones de las personas que intervengan en el funcionamiento de embarcaciones que naveguen por vías navegables interiores de la Unión, así como para el reconocimiento de tales cualificaciones en los Estados miembros. Al introducir los certificados de cualificación de la Unión y la certificación de las cualificaciones profesionales, esta Directiva tiene por objeto, como se desprende de su considerando 5, facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana y del medio ambiente. (4)
17.      No obstante, según su considerando 10, la Directiva 2017/2397 reconoce determinadas excepciones a la plena transposición en lo que respecta a los Estados miembros cuyas vías navegables interiores nacionales no están conectadas con una vía navegable interior de otro Estado miembro y con el fin de reducir los costes. Según el considerando 15 de esta Directiva, se reconocen excepciones para los Estados miembros en los que la navegación interior es una actividad infrecuente, que atiende solo a intereses locales o estacionales en vías navegables sin conexión con otros Estados miembros. Aunque el principio de reconocimiento de certificados profesionales en virtud de esa Directiva debe respetarse también en esos Estados miembros, la carga administrativa debe ser proporcionada. Según el citado considerando, está justificado permitir a los Estados miembros afectados transponer solo las disposiciones mínimas necesarias para el reconocimiento de los certificados profesionales.
18.      No obstante, conforme al considerando 16 de dicha Directiva, exigir a los Estados miembros en los que la navegación interior es técnicamente imposible, la transposición de la mencionada Directiva les impondría una carga administrativa desproporcionada.
19.      Todas esas consideraciones están reflejadas en el planteamiento de transposición específico (5) del artículo 39 de la Directiva 2017/2397. En síntesis, ese artículo clasifica a los Estados miembros en tres grupos a efectos de la transposición: los Estados miembros obligados a transponer la Directiva en su totalidad (artículo 39, apartado 1), aquellos Estados miembros obligados a transponerla en una medida limitada y mínima (artículo 39, apartados 2 y 3) y los Estados miembros que no están obligados a transponerla (artículo 39, apartado 4). Las excepciones a la plena transposición se basan principalmente en la inexistencia de vías navegables interiores nacionales conectadas a la red navegable de otro Estado miembro (artículo
39, apartados
2 y 3) y en la imposibilidad técnica de la navegación interior (artículo
39, apartado 4).
20.      Más concretamente, el artículo 39, apartado 3, de la Directiva
2017/2397 prevé una obligación muy limitada (o mínima) de transponer únicamente tres disposiciones, a saber, los artículos 10, 38 y 15. Esta excepción a la transposición completa se aplica a los Estados miembros en los que todas las personas están exentas en virtud del artículo
2, apartado
3, de dicha Directiva. La exención se aplica a quienes naveguen en Estados miembros cuyas vías de navegación interiores no estén conectadas con la red navegable de otro Estado miembro y que realicen exclusivamente trayectos limitados de interés local (si la distancia desde el punto de partida no excede en ningún momento de diez kilómetros), o que naveguen con carácter estacional.
21.      El artículo 39, apartado 4, de la Directiva 2017/2397 establece una exención total de la transposición y se aplica a los Estados miembros en los que la navegación interior sea técnicamente imposible en su territorio.
22.      La Directiva 2021/1233 modificó la Directiva 2017/2397 en lo que respecta a las medidas transitorias para el reconocimiento de los certificados de terceros países. La modificación afecta, en particular, a los artículos
10, apartado
3, y 38 de la Directiva 2017/2397 (ambas disposiciones objeto de la obligación mínima de transposición, de conformidad con el artículo
39, apartado
3, de la Directiva 2017/2397). Según el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2021/1233, la excepción contemplada en el artículo 39, apartado 4, de la Directiva 2017/2397 se aplica a la mencionada Directiva, mutatis mutandis.
23.      Tras estas explicaciones, examinaré, en primer lugar, si Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben sobre la base del artículo
258 TFUE y, a continuación, la aplicabilidad del artículo
260 TFUE, apartado
3, en las circunstancias del presente asunto.
A.      Incumplimiento sobre la base del artículo 258 TFUE
1.      Alegaciones de las partes
24.      La Comisión señala que el Reino de Dinamarca es uno de los Estados miembros obligados a transponer la Directiva 2017/2397 de forma limitada, sobre la base del artículo
39, apartado
3, de esa Directiva. El Reino de Dinamarca también está obligado a transponer la Directiva 2021/1233 de conformidad con el artículo
39, apartado
3, de la Directiva 2017/2397. En el caso de autos, el Reino de Dinamarca no ha informado sobre ninguna medida de transposición de estas dos Directivas.
25.      Según la Comisión, en contra de lo que afirma el Reino de Dinamarca, únicamente la República de Chipre y la República de Malta, cuyo territorio no cuenta con vías navegables interiores en las que sea posible la navegación, están exentas de la obligación de transposición prevista en el artículo
39, apartado
4, de la Directiva 2017/2397. Si bien las vías navegables interiores danesas no están conectadas a la red navegable de otro Estado miembro, el transporte por vías navegables interiores es posible en Dinamarca y, de hecho, se lleva a cabo, por ejemplo, en los puertos de Aalborg, en el río Gudenå, en el río Odense Å y en el puerto de Copenhague. El propio puerto de Aalborg se considera un «puerto interior», mientras que el puerto de Odense se describe como «puerto de canal». En el río Gudenå, el principal operador realiza cruceros de temporada. En el puerto de Copenhague, un operador ofrece excursiones en barco a través de los canales.
26.      La Comisión sostiene que, dado que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo
2, apartado
3, de la Directiva 2017/2397 con respecto a determinados puertos, canales y vías navegables daneses, dicho Estado miembro está obligado a transponer ambas Directivas de forma limitada, de conformidad con el artículo
39, apartado
3, de la Directiva 2017/2397.
27.      Esta institución añade que la remisión que el Reino de Dinamarca realiza a otros documentos o actos jurídicos que aluden a la inexistencia de vías navegables interiores en territorio danés, como el mapa de las redes transeuropeas (RTE‑T) (6) de 1996 o la Directiva (UE) 2016/1629, (7) carece de pertinencia.
El mapa RTE‑T se limita a indicar que los puertos daneses no forman parte de las redes transeuropeas. La Directiva 2016/1629 tiene un ámbito de aplicación distinto del de la Directiva 2017/2397. Mientras que la Directiva 2016/1629 se refiere a las prescripciones técnicas de los buques de navegación interior, la Directiva 2017/2397 se refiere a las cualificaciones profesionales en la navegación interior.
28.      En cualquier caso, la Comisión recuerda que, según reiterada jurisprudencia, la inexistencia en un Estado miembro de determinada actividad contemplada por una directiva no puede dispensar a dicho Estado de su obligación de adoptar las medidas que garanticen la debida transposición de todas sus disposiciones. (8)
29.      En su escrito de contestación, el Reino de Dinamarca indica, con carácter preliminar, que el litigio versa sobre la determinación del ámbito de aplicación de las Directivas 2017/2397 y 2021/1233. El Reino de Dinamarca y la Comisión mantienen un desacuerdo fundamental
acerca de si la navegación interior es «técnicamente posible» en Dinamarca, en el sentido del artículo
39, apartado
4, de la Directiva 2017/2397. Por lo tanto, la cuestión no es si el Reino de Dinamarca adoptó puntualmente medidas para transponer estas dos Directivas y las comunicó a la Comisión, sino más bien si está obligado a transponer estas dos Directivas a su Derecho interno. Esta aclaración es esencial habida cuenta de las pretensiones que la Comisión formula con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, cuyos requisitos de aplicación no se cumplen.
30.      Dicho Estado miembro subraya, en primer lugar, que incumbe a la Comisión probar que la navegación interior es técnicamente posible en su territorio, lo que no ha hecho.
31.      En segundo lugar, el Reino de Dinamarca sostiene que los trabajos preparatorios de la Directiva 2017/2397 indican que Dinamarca, Chipre y Malta quedaron expresamente excluidos de su ámbito de aplicación hasta casi tres semanas antes del acuerdo final entre el Parlamento y el Consejo, lo que confirma la postura del el Reino de Dinamarca.
32.      En tercer lugar, el Reino de Dinamarca arguye que el ámbito de aplicación de las Directivas 2017/2397 y 2021/1233 debe entenderse en relación con el ámbito de aplicación de la Directiva 2016/1629. La lista de vías navegables interiores de la Unión que figura en el anexo I de esta última Directiva no hace referencia a ninguna vía navegable danesa. Además, el artículo
40 de la Directiva 2016/1629 excluye a Dinamarca de su ámbito de aplicación.
33.      En cuarto lugar, el Reino de Dinamarca subraya que otros instrumentos jurídicos, como el mapa de vías navegables interiores y puertos de la red básica de los Estados miembros que figura en el anexo I del Reglamento
(UE) 2024/1679 (9) o el mapa de la red fluvial y portuaria europeo que resulta del Acuerdo Europeo sobre las Principales Vías de Navegación Interior de Importancia Internacional (AGN), (10) confirman la inexistencia de vías navegables interiores en el territorio danés.
34.      En quinto lugar, el Reino de Dinamarca arguye que determinados puertos o canales a los que se refiere la Comisión están conectados con el mar y, por tanto, no pueden definirse como vías navegables interiores a la luz de la definición de «vía navegable interior» recogida en el artículo
3, apartado
1, de la Directiva 2017/2397. Así sucede con Limford (puerto de Aalborg), el fiordo de Odense (puerto de Odense) y los canales de Copenhague (puerto de Copenhague). Otros lagos o ríos, como los lagos de Silkeborg, el río Gudenå y el río Odense, se utilizan para la navegación de recreo y para pequeñas embarcaciones, a diferencia de las grandes redes fluviales y de canales que la Directiva 2017/2397 pretende principalmente regular.
35.      Por último, el Reino de Dinamarca alega que la legislación nacional vigente garantiza el reconocimiento de las cualificaciones profesionales de los titulares de un certificado para navegación interior.
36.      En su réplica, la Comisión sostiene que ha demostrado, mediante pruebas suficientes, que el Reino de Dinamarca está sujeto a la obligación limitada de transposición de la Directiva 2017/2397, de conformidad con su artículo
39, apartado
3, habida cuenta de las pruebas aportadas en relación con la navegación estacional o la navegación en una zona geográfica limitada cuya distancia no supere los diez kilómetros. Dado que el Reino de Dinamarca desea acogerse a la excepción prevista en el artículo
39, apartado
4, de la Directiva 2017/2397, le incumbe probar que cumple los estrictos requisitos establecidos en dicha exención, lo que no ha hecho.
37.      Por lo que respecta a los trabajos preparatorios de la Directiva 2017/2397, la Comisión alega que el Parlamento Europeo y el Consejo no llegaron a una conclusión clara de que el Reino de Dinamarca, la República de Chipre y la República de Malta debieran considerarse Estados miembros exentos de la aplicación de dicha Directiva. En el texto final adoptado, estos Estados miembros no se mencionan en el artículo
39, lo que ofrece cierto margen de interpretación en cuanto a lo que es técnicamente posible en cada Estado miembro. Además, todos los Estados miembros son destinatarios de esta Directiva en virtud de su artículo 41.
38.      Según la Comisión, procede rechazar la alegación del Reino de Dinamarca basada en su exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva
2016/1629. La exención concedida al Reino Dinamarca en esa Directiva no se hace automáticamente extensiva a la Directiva
2017/2397, cuyo ámbito de aplicación es diferente, a pesar de las sinergias entre ambos actos jurídicos. Además, ni el considerando 27 de la Directiva 2016/1629 ni los demás instrumentos jurídicos invocados por el Reino de Dinamarca permiten concluir que no existan vías navegables interiores en ese Estado miembro.
39.      Lo mismo ocurre con las alegaciones formuladas por el Reino de Dinamarca para impugnar la clasificación de los ejemplos de puertos, vías navegables y lagos proporcionados por la Comisión como vías navegables interiores. El hecho de que estas vías estén conectadas con el mar, el impacto de las condiciones marítimas o que no formen parte de una red fluvial importante no afecta a la calificación de cada una de ellas como «vía navegable interior», en el sentido del artículo
3, apartado
1, de la Directiva 2017/2397. La Comisión subraya asimismo que, de conformidad con el artículo
50, sobre delimitación de las aguas interiores, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar («CNUDM»), (11) las desembocaduras de los ríos, las bahías y los puertos se clasifican como «aguas interiores», concepto distinto del de «mar territorial».
40.      En su réplica, el Reino de Dinamarca considera, en primer lugar, que las excepciones previstas en la Directiva 2016/1629 deberían incidir en la aplicación de las excepciones previstas en la Directiva 2017/2397. Ambas Directivas regulan el mismo ámbito marítimo. Por lo tanto, el concepto de vías navegables interiores debería interpretarse de la misma manera para evitar interpretaciones divergentes. En segundo lugar, insiste en que los ejemplos de vías navegables interiores dados por la Comisión no bastan para probar la existencia de tales vías en Dinamarca. Los puertos de Copenhague, Aalborg y Odense (citados por la Comisión como ejemplos) son, todos ellos, vías navegables conectadas con el mar y, por ende, sujetas a condiciones marítimas como las mareas y la influencia del agua de mar. La delimitación prevista en el artículo
50 de la CNUDM no altera esta conclusión.
2.      Apreciación
41.      Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la existencia de un incumplimiento debe ser determinada en función de la situación del Estado miembro tal como esta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado de la Comisión, de manera que los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia. (12)
42.      Como se desprende del escrito de contestación y de la dúplica del Reino de Dinamarca en el presente procedimiento, cuando expiró el plazo fijado en los dictámenes motivados de 28 de septiembre de 2023, el Reino de Dinamarca no había adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la obligación de transposición limitada establecida en el artículo
39, apartado
3, de la Directiva 2017/2397 y en el artículo
2, apartado
1, de la Directiva
2021/1233 y, por tanto, dicho Estado miembro tampoco había comunicado esas disposiciones a la Comisión al término del citado plazo. (13)
43.      No obstante, según el Reino de Dinamarca, no se ha incumplido la obligación de transposición de dichas disposiciones porque la navegación interior es técnicamente imposible en ese Estado miembro, de modo que debe aplicarse la exención de transposición prevista en el artículo
39, apartado
4, de la Directiva 2017/2397.
44.      A efectos de determinar si el Reino de Dinamarca puede acogerse a la exención prevista en el artículo
39, apartado
4, de la Directiva 2017/2397, es preciso, en primer lugar, determinar el ámbito de aplicación de esa exención.
45.      La expresión «vía navegable interior» está definida en el artículo
3, apartado 1, de la Directiva 2017/2397 como «una vía navegable, excluido el mar, abierta a la navegación para las embarcaciones del artículo 2».
46.      La expresión navegación interior «técnicamente posible» no figura definida en la Directiva 2017/2397. Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, hay que tener en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. (14) La génesis de tal disposición también puede ofrecer elementos pertinentes para su interpretación. (15)
47.      En lo que respecta al tenor del artículo 39, apartado 4, la expresión navegación «técnicamente posible» se refiere a las vías navegables interiores. La posibilidad técnica de navegación está determinada por las condiciones geográficas y los requisitos técnicos (como la profundidad y el calado de las vías navegables) que permiten una navegación segura. (16) Por lo tanto, puede considerarse que la navegación interior es técnicamente imposible cuando en un Estado miembro no existen vías navegables interiores o cuando estas no son adecuadas para las actividades de navegación.
48.      En lo que respecta al contexto de la navegación interior «técnicamente posible», es preciso señalar que forma parte de una excepción de la obligación de transponer la Directiva 2017/2397. Como excepción a la norma general de transposición, debe ser objeto de una interpretación estricta.
49.      Como ya se ha señalado anteriormente, la Directiva 2017/2397 establece un planteamiento de transposición específico basado en las características geográficas de los Estados miembros (17) para tener en cuenta tanto la situación de los Estados miembros en los que no hay actividad transfronteriza o en los que la navegación interior es una actividad infrecuente, que atiende solo a intereses locales o estacionales, como la de Estados miembros en los que la navegación interior es técnicamente imposible.
50.      Según el considerando 15 de la Directiva 2017/2397, en el caso de los Estados miembros en los que la navegación interior es una actividad infrecuente, que atiende solo a intereses locales o estacionales en vías navegables sin conexión con otros Estados miembros, la obligación de transposición está limitada para garantizar que la carga administrativa sea proporcionada. De acuerdo con el considerando 16, en el caso de los Estados miembros en los que la navegación interior es técnicamente imposible no debería existir una carga desproporcionada de transposición.
51.      Del contexto en el que se inscribe el artículo
39, apartado
4, de la Directiva 2017/2397 se desprende que la inexistencia de conexiones por vía navegable hacia otros Estados miembros o la inexistencia de transporte por vía navegable no basta para eximir completamente a un Estado miembro de la transposición. Al mismo tiempo, la existencia de una actividad mínima de navegación interior basta para que el Estado miembro de que se trate quede comprendido en el ámbito de aplicación de la obligación mínima de transposición prevista en el artículo
39, apartado
3, de la Directiva 2017/2397.
52.      Por lo que respecta al objetivo de la expresión «técnicamente posible» y a la finalidad de la normativa de la que forma parte, procede recordar que la Directiva 2017/2397 tiene por objeto armonizar las cualificaciones profesionales de los tripulantes en el ámbito de la navegación interior para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana y del medio ambiente. Del considerando 16 de esta Directiva se desprende que la exención de transposición para los Estados miembros en los que la navegación interior sea técnicamente imposible tiene por objeto evitar una carga administrativa desproporcionada para dichos Estados miembros. Este objetivo de reducir la carga administrativa también se tiene en cuenta en lo que concierne a los Estados miembros en los que la navegación interior es una actividad infrecuente, que atiende solo a intereses locales o estacionales.
53.      De ello se deduce que las excepciones a la obligación de transponer la Directiva 2017/2397 existen para reducir la carga administrativa. Para que el objetivo de reducir la carga administrativa prevalezca sobre el objetivo de transposición plena, consistente en garantizar la movilidad, la seguridad y la protección de la vida humana y del medio ambiente, el Estado miembro de que se trate debe poder demostrar que no es técnicamente posible ninguna actividad de navegación interior. La existencia de una mínima actividad en este ámbito (o la posibilidad técnica de llevarla a cabo) da lugar al nacimiento de la obligación mínima de transponer la Directiva y no se aplica la exención total.
54.      Los trabajos preparatorios de la Directiva 2017/2397 ponen de manifiesto que la obligación de transposición fue objeto de debate antes de su adopción definitiva. La propuesta de Directiva de la Comisión solo preveía una obligación general de transposición. (18) En el diálogo tripartito interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión, celebrado el 7 de junio de 2017, (19) el Parlamento propuso que se incluyera una exención explícita de la obligación de transponer la Directiva para el Reino de Dinamarca, la República de Chipre y la República de Malta «mientras la navegación interior sea técnicamente imposible en su territorio». Sin embargo, el texto final adoptado no incluyó ninguna referencia nominativa a estos tres Estados miembros.
55.      A falta de una referencia nominativa, en contra de lo que sostiene el Reino de Dinamarca, no existen pruebas de que la navegación interior sea técnicamente imposible en dicho Estado miembro. Ello demuestra más bien que el legislador no llegó a ninguna conclusión a este respecto y, como ha alegado la Comisión, que dejó la cuestión de lo que es técnicamente posible a la interpretación.
56.      En el caso de autos, la Comisión sostiene que la navegación interior es posible y que, de hecho, se lleva a cabo, por ejemplo, en el puerto de Aalborg, en el río Gudenå, en el río Odense Å y en el puerto de Copenhague. En lo que respecta concretamente al río Gudenå y al río Odense Å, la Comisión afirma que existe un servicio estacional de cruceros.
57.      El Reino de Dinamarca no discute la existencia de una actividad en estas vías, pero sí su calificación como vías navegables interiores. Precisa que el puerto de Aalborg, el río Odense y el puerto de Copenhague están conectados con el mar y sujetos a condiciones marítimas como las mareas y la influencia del agua de mar. Por lo tanto, en su opinión, no pueden calificarse como vías navegables interiores en la medida en que el concepto de «vía navegable interior» en el sentido del artículo
3, apartado
1, de la Directiva 2017/2397 engloba las vías navegables «excluido el mar».
58.      No estoy de acuerdo con la interpretación que el Reino de Dinamarca propone del concepto de «vía navegable interior» en el sentido de la Directiva 2017/2397. Ha de señalarse que, a efectos de esa Directiva, la definición del concepto de «vía navegable interior» es particularmente amplia. La expresión «excluido el mar» no impide que una vía navegable que esté conectada con el mar o que desemboque en el mar se califique de «vía navegable interior» a los efectos de esa Directiva, siempre que esa vía navegable esté abierta a la navegación para las embarcaciones del artículo 2 de esa misma Directiva.
59.      La Comisión sostiene que esa interpretación queda corroborada por la CNUDM. Aunque estoy de acuerdo en que esa interpretación queda respaldada por la delimitación de las aguas interiores con respecto al mar terrestre en virtud de la CNUDM, (20) debe señalarse que, a efectos de la Directiva 2017/2397, el artículo 3, apartado 1, establece una definición autónoma de «vía navegable interior». Esa definición basta para adoptar una interpretación según la cual las vías navegables conectadas con el mar entran dentro del ámbito de «vía navegable interior» con arreglo a la citada Directiva. (21)
60.      El Reino de Dinamarca ha indicado que otros ejemplos, como los lagos de Silkeborg, el río Gudenå o el río Odense no son navegables para el tipo de embarcaciones a que se refiere el artículo
2 de la Directiva 2017/2397. Estos lagos y ríos se utilizan para buques pequeños y navegación estacional y no están conectados con la red navegable de otro Estado miembro, lo cual los distingue de las grandes redes fluviales y de canales que esta Directiva pretende principalmente regular.
61.      A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia, la inexistencia en un Estado miembro de determinada actividad contemplada por una directiva no puede dispensar a dicho Estado de su obligación de adoptar las medidas legales o reglamentarias que garanticen una adecuada adaptación del Derecho interno a todas las disposiciones de dicha directiva. (22) Solo cuando la adaptación del Derecho interno a una directiva no sea necesaria por razones geográficas, la adaptación no será obligatoria. (23) Pues bien, este no es el caso del Reino de Dinamarca. La aplicabilidad de la Directiva 2017/2397 no está supeditada al requisito de que los Estados miembros dispongan de «grandes redes fluviales y de canales», expresión que, por lo demás, no se emplea en dicha Directiva. La inexistencia de actividades transfronterizas y el carácter infrecuente de la navegación interior no puede equipararse a que esta sea técnicamente imposible, que es el único motivo que puede eximir a un Estado miembro de la transposición de esa Directiva, con arreglo a su artículo 39, apartado 4.
62.      En cambio, la Directiva 2017/2397 contempla expresamente la situación de los Estados miembros que no disponen de vías de navegación interiores conectadas con la red navegable de otro Estado miembro y en los que la navegación sea únicamente estacional, con arreglo al artículo 39, apartado 3, de dicha Directiva. Los ejemplos de vías acuáticas mencionados por el Reino de Dinamarca no bastan para demostrar que la transposición de la Directiva carece de sentido por razones geográficas o que la navegación es «técnicamente imposible». Más bien demuestran que la navegación interior es una actividad infrecuente, lo que justifica una obligación mínima de transposición en virtud del artículo
39, apartado
3, de dicha Directiva.
63.      El Reino de Dinamarca también aduce que puede deducirse que ese Estado miembro está exento de la transposición de la Directiva 2017/2397del hecho de que también esté exento de transponer la Directiva 2016/1629.
64.      La Directiva 2016/1629 establece las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior. En su anexo I, proporciona una lista de las vías navegables interiores de la Unión repartidas geográficamente en las zonas 1, 2 y 3. Esta lista no contiene ninguna referencia a vías navegables interiores danesas. Además, el artículo 40 de la Directiva 2016/1629 excluye expresamente la obligación de transposición para una serie de Estados miembros, incluido el Reino de
Dinamarca.
65.      La justificación de la exclusión de transposición de la Directiva 2016/1629 figura en su considerando 27. Según ese considerando, «en Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Chipre, Letonia, Malta, Portugal, Eslovenia y Finlandia, no hay vías navegables interiores o no se practica la navegación interior en un grado significativo». Por esa razón, sería «innecesario y desproporcionado obligar» a dichos Estados miembros a transponer y aplicar la citada Directiva.
66.      Admito que existen similitudes en el ámbito de aplicación y en las definiciones de la Directiva 2016/1629 y de la Directiva 2017/2397. Además, la Directiva 2016/1629 lleva a cabo una clasificación de las vías navegables interiores de la Unión, que no incluye a Dinamarca. Podría sostenerse que, a falta de una clasificación de vías navegables interiores por parte de la Directiva 2017/2397, es posible remitirse a la clasificación prevista en la Directiva 2016/1629.
67.      Sin embargo, el problema de aplicar la clasificación de las vías navegables interiores recogida en la Directiva 2016/1629 a la Directiva 2017/2397 radica en que, como establece el artículo 4 de la Directiva 2016/1629, esa clasificación se ha realizado «a los fines de [dicha] Directiva» (a saber, de la Directiva 2016/1629). Aunque las condiciones geográficas de un Estado miembro sigan siendo las mismas, las consideraciones en las que el legislador de la Unión basa la aplicabilidad de un instrumento jurídico determinado pueden ser diferentes. A diferencia de lo que ocurre con la Directiva 2016/1629, en la Directiva 2017/2397 el legislador adoptó un planteamiento de transposición específico basado en consideraciones diferentes de aquellas en las que se fundamentó la Directiva anterior.
68.      Por consiguiente, no cabe inferir del hecho de que la Directiva 2016/1629 no incluya en su clasificación vías navegables interiores danesas que no existan tales vías en Dinamarca. Contrariamente a lo que sostiene el Reino de Dinamarca, no puede extraerse ninguna conclusión diferente del considerando 27 de esta última Directiva. Ese considerando menciona dos justificaciones alternativas de la exención de la obligación de transposición aplicable a algunos Estados miembros, bien porque «no hay vías navegables interiores o [bien porque] no se practica la navegación interior en un grado significativo». Este considerando corrobora la tesis de que en algunos Estados miembros la navegación interior puede ser técnicamente posible, pero no se practica en un grado significativo.
69.      Es preciso asimismo destacar que el artículo 40 de la Directiva
2016/1629, al excluir expresamente de sus destinatarios a once Estado miembros, incluido el Reino de
Dinamarca, exime a esos Estados miembros de la obligación de transponer esa Directiva. Sin embargo, esta exención no puede hacerse automáticamente extensiva a la Directiva 2017/2397, que no excluye expresamente a ningún Estado miembro de sus destinatarios.
70.      En efecto, en virtud del artículo
41 de la Directiva 2017/2397, los Estados miembros son destinatarios de esta, sin excepción alguna.
71.      Además, como ha señalado la Comisión, el ámbito regulado por ambas Directivas es diferente. La Directiva 2016/1629 regula las prescripciones técnicas de la navegación interior, mientras que Directiva
2017/2397 establece las condiciones y procedimientos aplicables para la certificación de las cualificaciones de las personas que intervengan en el funcionamiento de embarcaciones que naveguen por vías navegables interiores de la Unión, así como para el reconocimiento de tales cualificaciones en los Estados miembros.
72.      El distinto objeto de ambas Directivas demuestra que las consideraciones que llevaron al legislador a eximir a determinados Estados miembros de la obligación de transponer la Directiva
2016/1629, que se refiere a las prescripciones técnicas, no prevalecieron en lo que respecta a la obligación de transposición de la Directiva 2017/2397, que se refiere al reconocimiento mutuo. Aunque el legislador de la Unión consideró que la transposición de las prescripciones técnicas de la Directiva
2016/1629 aplicables a las embarcaciones sería desproporcionada para los Estados miembros que no tienen «vías navegables interiores» o para aquellos en los que «no se practica la navegación interior en un grado significativo», resultaban pertinentes otro tipo de consideraciones en relación con el reconocimiento mutuo regulado por la Directiva
2017/2397, que estableció un planteamiento de transposición específico.
73.      La Comisión reconoce que existe una «sinergia» entre ambas Directivas, por lo que se refiere a la situación particular de los Estados miembros en los que la navegación interior no es significativa o que no tienen vías navegables interiores conectadas con otros Estados miembros.
74.      No obstante, la situación particular de estos Estados miembros
ya está integrada en el reconocimiento por el legislador de la Unión de una obligación de transposición limitada en virtud del artículo
39, apartado
3, de la Directiva 2017/2397.
75.      Básicamente por las mismas razones no puede extraerse otra conclusión del hecho de que no se haga referencia a Dinamarca en los mapas de las redes transeuropeas de transporte por vías navegables interiores. (24) El hecho de que las vías navegables danesas no formen parte de la red global y básica de transporte por vías navegables interiores a los efectos del Reglamento n.º 2024/1679 carece de incidencia en lo que respecta al ámbito de aplicación de la Directiva
2017/2397. Como ya he señalado, esta última Directiva establece disposiciones específicas para los Estados miembros
sin vías navegables interiores conectadas a la red navegable de otro Estado miembro y que no forman parte de una red básica.
76.      De lo anterior resulta que el Reino de Dinamarca está sujeto a una obligación limitada de transponer la Directiva 2017/2397, de conformidad con el artículo 39, apartado 3, de la Directiva 2017/2397 y con el artículo 2 de la Directiva 2021/1233.
77.      Por consiguiente, el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dichas disposiciones, al no haber adoptado, antes de que expirara el plazo señalado en los
dictámenes motivados de 28 de septiembre de 2023, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dichas disposiciones y, por tanto, al no haber informado de ellas a la Comisión.
B.      Incumplimiento de las obligaciones con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3
1.      Aplicación del artículo 260 TFUE, apartado 3
a)      Alegaciones de las partes
78.      Según la Comisión, la finalidad del artículo 260 TFUE, apartado 3, es incitar a los Estados miembros a transponer las directivas adoptadas con arreglo a un procedimiento legislativo dentro de los plazos fijados por el legislador de la Unión y garantizar de este modo que la normativa de la Unión sea realmente eficaz.
79.      En el presente asunto, la Directiva 2017/2397 se adoptó con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 39, apartado 3, de esa Directiva y del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2021/1233 consistentes en adoptar y publicar, a más tardar el 17 de enero de 2022, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a esas Directivas y en comunicárselas inmediatamente a la Comisión. Por lo tanto, concurren los requisitos para la aplicación del artículo 260 TFUE, apartado 3.
80.      En su escrito de contestación, el Reino de Dinamarca impugna la aplicabilidad del artículo
260 TFUE, apartado
3. El quid de la cuestión en el presente recurso es un desacuerdo en cuanto al fondo sobre si en Dinamarca es posible la navegación interior en el sentido del artículo 39, apartado 4, de la Directiva 2017/2397. Así pues, la clave no es si el Reino de Dinamarca adoptó las medidas necesarias para dar cumplimiento a dichas Directivas y si informó de ellas a la Comisión, sino si dichas Directivas eran aplicables al Reino de Dinamarca. Habida cuenta del objeto del litigio, el artículo
260 TFUE, apartado
3, no es aplicable en el contexto del presente recurso.
81.      El Reino de Dinamarca sostiene que de reiterada jurisprudencia (25) resulta que el artículo 260 TFUE, apartado 3, no se aplica en el contexto de un recurso relativo a si una transposición es incorrecta cuando los Estados miembros
de que se trate ya hayan informado a la Comisión de esa transposición. Por lo tanto, el ámbito de aplicación del artículo
260 TFUE, apartado
3, excluye los recursos en los que la existencia de una infracción requiere la interpretación del ámbito de aplicación de las disposiciones pertinentes de una directiva.
82.      Además, antes de la fecha límite de transposición, el Reino de Dinamarca notificó a la Comisión, mediante escrito de 19 de agosto de 2021 y a través de una notificación en el sistema THEMIS, que estaba eximida de la transposición de conformidad con el artículo 39, apartado 4, de la Directiva 2017/2397. Por consiguiente, el Reino de Dinamarca cumplió su obligación de «informar sobre las medidas de transposición de una directiva» en virtud del artículo
260 TFUE, apartado
3. En efecto, esta obligación debe entenderse en el contexto del acto que debe transponerse. El artículo 260 TFUE, apartado 3, no obliga a los Estados miembros a llevar a cabo una transposición que vaya más allá de lo exigido con arreglo al acto legislativo pertinente.
83.      En apoyo de su postura, el Reino de Dinamarca añade que el artículo
39, apartado
4, de la Directiva 2017/2397 no indica con precisión qué Estados miembros están exentos. La afirmación de la Comisión de que solo la República de Chipre y la República de Malta están exentas de transposición se basa en una interpretación de esta disposición.
84.      Por último, el Reino de Dinamarca sostiene que si el artículo
260 TFUE, apartado
3, fuera aplicable en el caso de autos, no tendría ninguna posibilidad de defender su interpretación del artículo
39, apartado
4, de la Directiva 2017/2397 ante el Tribunal de Justicia sin correr el riesgo de que se le impongan sanciones pecuniarias.
85.      En la réplica, la Comisión alega que es errónea la afirmación del Reino de Dinamarca según la cual el quid de la cuestión en el caso de autos es un «desacuerdo en cuanto al fondo» sobre el alcance del artículo
39, apartado
4. El Tribunal de Justicia no tiene que apreciar el contenido de las medidas de transposición, ya que estas no han sido comunicadas.
86.      La Comisión también rebate la afirmación del Reino de Dinamarca de que ha cumplido la obligación de información. La información de las medidas de transposición a la Comisión no abarca «toda medida», pero debe ser útil. (26) Los documentos presentados por el Reino de Dinamarca no cumplen este criterio.
b)      Apreciación
87.      Procede recordar que el artículo 260 TFUE, apartado 3, párrafo primero, establece que, cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia en virtud del artículo 258 TFUE por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, podrá, si lo considera oportuno, indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho Estado miembro y que considere adaptado a las circunstancias. De conformidad con el artículo 260 TFUE, apartado 3, párrafo segundo, si el Tribunal de Justicia comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer al Estado miembro afectado el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la Comisión. La obligación de pago surtirá efecto en la fecha fijada por el Tribunal de Justicia en su sentencia.
88.      Por lo que respecta al alcance del artículo 260 TFUE, apartado 3, el Tribunal de Justicia declaró que procedía adoptar una interpretación de esta disposición que, por una parte, permitiera al mismo tiempo preservar las prerrogativas de que dispone la Comisión, a efectos de garantizar la aplicación efectiva del Derecho de la Unión, y proteger el derecho de defensa y la posición procesal de que gozan los Estados miembros en virtud del artículo 258 TFUE, en relación con el artículo 260 TFUE, apartado 2, y, por otra parte, permitiera al Tribunal de Justicia ejercer su función judicial de apreciar, en el marco de un mismo procedimiento, si el Estado miembro de que se trate ha cumplido sus obligaciones en materia de información sobre las medidas transposición de la Directiva en cuestión y, en su caso, valorar la gravedad del incumplimiento declarado e imponer la sanción económica que considere más adecuada a las circunstancias del caso. (27)
89.      En este contexto, el Tribunal de Justicia ha interpretado los términos «obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva» que figuran en el artículo 260 TFUE, apartado 3, en el sentido de que se refieren a la obligación de los Estados miembros de proporcionar información suficientemente clara y precisa en cuanto a las medidas de transposición de una directiva, en virtud de la cual los Estados miembros están obligados a indicar, respecto a cada disposición de esa directiva, la normativa que la transpone. (28) No corresponde, no obstante, al Tribunal de Justicia, en el marco del procedimiento judicial entablado con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, examinar si las medidas nacionales comunicadas a la Comisión garantizan una correcta transposición de las disposiciones de la directiva en cuestión. (29)
90.      Por lo tanto, el ámbito de aplicación del artículo
260 TFUE, apartado
3, no solo comprende la situación de inactividad total de un Estado miembro respecto del cumplimiento de la obligación «procedimental» de notificación, sino también el incumplimiento de la obligación material de facilitar a la Comisión información clara y precisa sobre las medidas de transposición de cada disposición de una directiva. Queda excluida, sin embargo, la situación de transposición errónea, que debe abordarse en el marco del procedimiento ordinario previsto en el artículo 258 TFUE. (30)
91.      En el caso de autos, no se discute que el Reino de Dinamarca no informó a la Comisión sobre ninguna medida de transposición en relación con el artículo
39, apartado
3, de la Directiva 2017/2397. En opinión de la Comisión, es evidente que el artículo
260 TFUE, apartado
3, es aplicable. En cambio, según el Reino de Dinamarca, no es así porque no estaba obligado a transponer la Directiva, en virtud del artículo
39, apartado
4, de esta. De hecho, el 19 de agosto de 2021, mucho antes de la fecha límite de transposición de esa Directiva, el Reino de Dinamarca informó a la Comisión de que se consideraba exenta de la obligación de transponer esa Directiva en virtud de la mencionada disposición. (31)
92.      Se suscita la cuestión de si esa situación puede calificarse como un incumplimiento de la «obligación informar sobre las medidas de transposición de una directiva» en el sentido del artículo 260 TFUE, apartado 3.
93.      Para responder a esta cuestión, procede tener en cuenta el método de transposición de la Directiva objeto del recurso de la Comisión y los requisitos que regulan las excepciones a la obligación de transposición. La Directiva 2017/2397 no establece una obligación de transposición uniforme para todos los Estado miembros. Como ya se ha explicado anteriormente, (32) se ha adoptado un planteamiento de transposición específico, según el cual el ámbito de aplicación de la obligación de transposición va desde una transposición completa hasta la no transposición, pasando por una transposición limitada y mínima, en función, en cada caso, de que concurran determinados criterios.
94.      El planteamiento de transposición específico que se adopta en esa Directiva no exime a los Estados miembros de la obligación de facilitar a la Comisión información clara y precisa. (33) Sin embargo, el contenido de esta información depende necesariamente del alcance de sus obligaciones de transposición en función de la disposición invocada.
95.      Mi análisis anterior relativo a la existencia de una infracción con arreglo al artículo
258 TFUE demuestra que no resulta fácil determinar el alcance de la obligación de transposición prevista por la Directiva 2017/2397. Para ello es necesario interpretar los requisitos establecidos en el artículo
39, apartados
3 y 4, de la Directiva 2017/2397. Aunque el ámbito de aplicación del artículo
39, apartado
3, de dicha Directiva puede determinarse por referencia al artículo
2, apartado
3, de esa misma Directiva, el del artículo
39, apartado
4, de la Directiva
2017/2397 exige interpretar el criterio abstracto de que la navegación interior sea «técnicamente imposible».
96.      Aun cuando el Tribunal de Justicia comparta mi propuesta de que la Comisión ha satisfecho la carga de probar que, en el presente asunto, se aplica el artículo
39, apartado
3, de la Directiva 2017/2397 y no su artículo
39, apartado
4, ello no implica de manera automática que el artículo
260 TFUE, apartado
3, sea de aplicación. Ello es así en la medida en que el presente recurso implica que el Tribunal de Justicia determine en primer lugar el alcance de las obligaciones de transposición previstas por dicha Directiva.
97.      La cuestión de si el Reino de Dinamarca podía basarse en el artículo
39, apartado
4, de la Directiva 2017/2397 para considerarse exento de la transposición guarda relación, en definitiva, con la corrección de la transposición de esa Directiva, que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, (34) solo puede determinarse en virtud del artículo
258 TFUE, sin que el incumplimiento dé lugar a la imposición inmediata de sanciones con arreglo al artículo
260 TFUE, apartado 3.
98.      En el contexto de ese planteamiento de transposición específico, cuando la exención total de la obligación de transposición se fundamenta en criterios abstractos, la falta de transposición de una Directiva por parte de un Estado miembro que considera que cumple esos criterios no es simplemente fruto de su inactividad. Es consecuencia de su interpretación del ámbito de aplicación de la exención. La validez de esa interpretación debe ser examinada por el Tribunal de Justicia en un procedimiento ordinario con arreglo al artículo 258 TFUE.
99.      Otra cosa sería que los Estados miembros a los que se refiere el artículo
39, apartado
4, de la Directiva 2017/2397 estuvieran indicados de forma nominativa. En ese caso, no habría ninguna
controversia en cuanto al fondo sobre qué Estados miembros quedan comprendidos en el ámbito de esa exención. Si el texto final indicara solamente a la República de Chipre y a la República de Malta
—Estados miembros, que, según la Comisión, son los únicos en cuyo territorio «es técnicamente imposible» la navegación interior—,
entonces no cabría duda de que el Reino de Dinamarca no está exento de la obligación de transponer la Directiva.
100. Sin embargo, esto no fue lo que decidió el legislador. El significado del actual tenor del artículo 39, apartado 4, de la Directiva 2017/2397, como reconoce la Comisión en su respuesta, es «objeto de interpretación en cuanto a lo que es técnicamente posible en cada Estado miembro» (el subrayado es mío).
101. También hay que reconocer que el hecho de que el Reino de Dinamarca estuviera exento en fases anteriores del procedimiento legislativo añade incertidumbre en cuanto al alcance de la exención, que, por tanto, requiere de interpretación.
102. En caso de controversia sobre la interpretación de cada una de las opciones de transposición previstas por dicha Directiva, corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la que resulta aplicable. Esta cuestión, lejos de ser evidente, exige, en primer lugar, que se dicte una sentencia aclaratoria en el marco de un procedimiento incoado con arreglo al artículo
258 TFUE. (35) Solo sería posible imponer una sanción con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 2, en caso de que el Estado miembro interesado incumpliera esa sentencia.
103. Admitir la aplicabilidad en esa situación del artículo
260 TFUE, apartado
3, sería incompatible con el fin de dicha disposición. El Tribunal de Justicia ha declarado que la finalidad del mecanismo del artículo 260 TFUE, apartado 3, no es solo incitar a los Estados miembros a poner fin lo antes posible a un incumplimiento que, de no existir dicha medida, tendría tendencia a persistir, sino también agilizar y acelerar el procedimiento para la imposición de sanciones económicas en los casos de incumplimiento de la obligación de informar sobre las medidas nacionales de transposición de una directiva adoptada de conformidad con el procedimiento legislativo. (36)
104. En el presente recurso, el procedimiento acelerado de imposición de sanciones no puede servir para incitar al Estado miembro interesado a transponer la Directiva y para simplificar y acelerar el procedimiento. Estos objetivos solo pueden alcanzarse si existe una obligación de transposición clara e indiscutible. Sin embargo, por las razones antes expuestas, no es el caso en una situación en la que el legislador ha eximido totalmente de la transposición a determinados Estados miembros que cumplan criterios abstractos que requieren interpretación.
105. Si el Tribunal de Justicia constata la existencia de un incumplimiento, debe brindarse al Estado miembro interesado la posibilidad de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia después de que este se haya pronunciado sobre la interpretación correcta del alcance de la obligación de transposición. Ello es tanto más cierto en el contexto del presente recurso, en el que, antes de la expiración del plazo de transposición, el Reino de Dinamarca manifestó su postura de que no dispone de vías navegables interiores dentro de su territorio y, por lo tanto, está exento de la obligación de transposición de la Directiva 2017/2397 sobre la base del artículo
39, apartado
4, de esta. (37)
106. El contexto legislativo en el que se inscribe el artículo
260 TFUE, apartado
3, al que pertenece el procedimiento por incumplimiento a que se refiere el artículo
258 TFUE, corrobora también la interpretación que propongo. A este respecto, debe señalarse que el procedimiento establecido en el artículo 258 TFUE brinda a los Estados miembros la posibilidad de oponerse a la posición asumida por la Comisión en una situación determinada, respecto a medidas adoptadas para la correcta transposición de la directiva de que se trate, sin exponerse así desde un principio al riesgo de que se les imponga una sanción económica. Tal sanción solo puede imponerse, en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 2, cuando el Estado miembro de que se trate no haya adoptado las medidas necesarias para la ejecución de una primera sentencia por incumplimiento. (38)
107. En otras palabras, los Estados miembros deben tener la posibilidad de defender su punto de vista sobre el alcance de la obligación de transposición cuando esta dependa de criterios fijados por el legislador y de impugnar la postura discrepante de la Comisión, sin que se cierna sobre esa posibilidad la amenaza de que puedan imponerse inmediatamente sanciones. En caso contrario, como alega el Reino de Dinamarca, la eficacia del procedimiento administrativo previo podría verse comprometida.
108. El riesgo de sanciones económicas y el momento a partir del cual pueden aplicarse marcan una importante diferencia entre una sentencia dictada en virtud del artículo
258 TFUE y otra con arreglo al artículo
260 TFUE, apartado
3. Como ha subrayado la doctrina, mientras que, en virtud del artículo
258 TFUE, solo puede condenarse al pago de una suma a tanto alzado después de que se haya dictado la segunda sentencia indicada en el artículo
260 TFUE, apartado
2, «en virtud del artículo
260 TFUE, apartado
3, podrá imponerse una suma a tanto alzado por el período anterior al pronunciamiento de la sentencia (primera y única) del Tribunal de Justicia». (39) Imponer sanciones a un Estado miembro a partir de esa «primera y única» sentencia por no transponer una Directiva que lleva incorporada una exención de transposición menoscabaría la credibilidad del sistema de sanciones.
109. Como observación final, quiero subrayar que, en el presente recurso, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, la situación es diferente de aquella en la que el Tribunal de Justicia se pronunció sobre casos de no información sobre medidas de transposición pese a que los Estados miembros habían impugnado su obligación de transposición debido a la supuesta falta de pertinencia de determinadas disposiciones de las directivas en cuestión.
110. Ciertamente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que tal apreciación de un Estado miembro no puede, manifiestamente, bastar para eximirle de su obligación de adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a una Directiva, ni tampoco de la de comunicar a la Comisión las medidas de transposición de tal Directiva al Derecho interno. (40)
111. Sin embargo, el presente recurso no versa sobre una situación en la que un Estado miembro cuestiona la pertinencia de las disposiciones de una directiva que normalmente está obligado a transponer. Se refiere a una directiva que tiene un planteamiento de transposición específico conforme al cual la exención total de la transposición está integrada en una disposición que puede dar lugar a diferentes interpretaciones.
112. Por todas estas razones, considero que el artículo
260 TFUE, apartado
3, no es aplicable en las circunstancias del presente recurso en la medida en que existe un controversia en cuanto al fondo sobre el alcance de la obligación de transponer la Directiva 2017/2397 y, más concretamente, sobre la interpretación del criterio abstracto que exime a un Estado miembro de la transposición, de conformidad con el artículo
39, apartado
4, de esta. Por consiguiente, no procede estimar la pretensión de la Comisión con arreglo al artículo
260 TFUE, apartado 3.
2.      Sanciones pecuniarias
a)      Alegaciones de las partes
113. La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que condene al Reino de Dinamarca al pago tanto de una suma a tanto alzado como de una multa coercitiva diaria a partir del día en que se dicte la sentencia, sobre la base del artículo
260 TFUE, apartado
3, tras constatar que dicho Estado miembro ha incumplido su obligación de informar sobre las medidas de transposición de las Directivas 2017/2397 y 2021/1233.
114. La Comisión determina el importe de estas sanciones en función de la gravedad de la infracción, su duración y la necesidad de garantizar que la sanción tenga un efecto disuasorio para evitar la reincidencia, de conformidad con su Comunicación 2023/C 2/01, titulada «Sanciones financieras en los procedimientos de infracción». (41)
115. El Reino de Dinamarca se opone a la imposición de sanciones pecuniarias, que, en su opinión, son inadecuadas dadas las circunstancias del caso de autos. Debería tener la posibilidad de adoptar medidas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia en el supuesto de que este estime el primer motivo de recurso invocado por la Comisión con arreglo al artículo
258 TFUE. No obstante, si el Tribunal de Justicia considera que debe imponerse una sanción pecuniaria, solo una condena al pago de una multa coercitiva diaria sería adecuada y surtiría efecto a partir de una fecha posterior a la de la sentencia.
b)      Apreciación
116. No veo la necesidad de pronunciarse sobre el cálculo exacto de las sanciones pecuniarias, ya que, desde mi punto de vista, el artículo
260 TFUE, apartado
3, no es aplicable en las circunstancias del presente asunto. No obstante, quisiera hacer algunas observaciones para el caso de que el Tribunal de Justicia no comparta mi postura.
117. Es preciso señalar que, para alcanzar el objetivo perseguido por el artículo 260 TFUE, apartado 3, los autores del mismo dispusieron dos tipos de sanciones pecuniarias, a saber, la suma a tanto alzado y la multa coercitiva.
118. A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la aplicación de una u otra de estas dos medidas depende de la idoneidad de cada una de ellas para cumplir el objetivo perseguido en función de las circunstancias del caso concreto. Si la imposición de una multa coercitiva resulta especialmente adaptada para inducir a un Estado miembro a poner fin lo antes posible a un incumplimiento que, de no existir dicha medida, sería más probable que persistiera, la condena al pago de una suma a tanto alzado descansa más bien en la apreciación de las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones del Estado miembro afectado en los intereses privados y públicos, en especial cuando el incumplimiento se ha mantenido largo tiempo. (42)
119. En lo que atañe a si procede imponer una sanción pecuniaria en el caso de autos, cabe recordar que corresponde al Tribunal de Justicia determinar en cada caso, en función de las circunstancias concretas del asunto del que conoce y del grado de persuasión y de disuasión que considere necesario, las sanciones económicas que resulten apropiadas, en particular para evitar la repetición de infracciones análogas del Derecho de la Unión. (43)
120. En el presente asunto, por las razones que he expuesto de manera profusa en mi anterior análisis, el incumplimiento por parte del Reino de Dinamarca de las obligaciones que le incumben se debe a una interpretación incorrecta del alcance de su obligación de transponer la Directiva 2017/2397. Esa cuestión debe ser resuelta primero por el Tribunal de Justicia y debe brindarse al Estado miembro interesado la oportunidad de cumplir la sentencia que dicte ese órgano jurisdiccional. Por lo tanto, imponer sanciones pecuniarias no permitiría lograr la finalidad de disuasión para evitar en el futuro la repetición de infracciones análogas del Derecho de la Unión.
121. Con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere oportuno imponer una sanción pecuniaria, propongo, conforme a lo que sostiene el Reino de Dinamarca, que solo se imponga una multa coercitiva diaria.
122. En lo que atañe al cálculo de la multa coercitiva, corresponde al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 260 TFUE, apartado 3, señalar la fecha en la que surta efecto la obligación de pago. (44) A la luz de las circunstancias particulares del presente asunto, (45) parece apropiado que la multa coercitiva diaria se imponga con efectos a partir de una fecha posterior a la de la sentencia, fijada por el Tribunal de Justicia, (46) hasta que el Estado miembro haya puesto fin a la infracción constatada. (47) Fijar esa fecha después de la fecha en que se dicte la sentencia permitiría al Reino de Dinamarca garantizar que se acata la interpretación que el Tribunal de Justicia realice del artículo 39, apartados 3 y 4, de la Directiva 2017/2397.
V.      Costas
123. En virtud del artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas. Como propongo que se estimen parcialmente las pretensiones formuladas por la Comisión y el Reino de Dinamarca, procedería declarar que carguen con sus propias costas.
VI.    Conclusión
124. A la vista de las consideraciones anteriores, propongo al Tribunal de Justicia que:
(1)      «Declare que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 39, apartado 3, de la Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y por la que se derogan las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo, y del artículo 2, apartado 1, de la Directiva (UE) 2021/1233 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de julio de 2021, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/2397 en lo que atañe a las medidas transitorias para el reconocimiento de los certificados de terceros países, al no haber adoptado, al expirar el plazo establecido en los dictámenes motivados de la Comisión Europea de 28 de septiembre de 2023, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dichos artículos y, en cualquier caso, al no haber informado de tales disposiciones a la Comisión Europea.
(2)      Desestime el recurso en todo lo demás.
(3)      Declare que la Comisión y el Reino de Dinamarca cargarán con sus propias costas.»
1      Lengua original: inglés.
2      DO 2017, L 345, p. 53.
3      DO 2021, L 274, p. 52.
4      Véase, con carácter general, Grimaldi, M., Inland waterway transport: the European legal framework, Routledge, Oxon/Nueva York, 2023, pp. 132 a 212.
5      Véase el considerando 43 de la Directiva 2017/2397.
6      Decisión n.º 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (DO 1996, L 228, p. 1; en lo sucesivo, «mapa RTE‑T»).
7      Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, por la que se establecen las prescripciones técnicas de los buques de navegación interior, por la que se modifica la Directiva 2009/100/CE y se deroga la Directiva 2006/87/CE (DO 2016, L 252, p. 118).
8      Sentencias de 14 de junio de 2007, Comisión/Bélgica (C‑422/05, EU:C:2007:342), apartado 59, y de 14 de enero de 2010, Comisión/República Checa (C‑343/08, EU:C:2010:14), apartados 39 a 42.
9      Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, relativo a las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la red transeuropea de transporte, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2021/1153 y el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 (DO L 2024/1679).
10      United Nations Treaty Series, Vol. 2072, p. 313.
11      Celebrado en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 (United Nations Treaty Series, Vol. 1833, p. 3).
12      Sentencias de 30 de enero de 2002, Comisión/Grecia (C‑103/00, EU:C:2002:60), apartado 23, y de 25 de abril de 2024, Comisión/Polonia (Directiva sobre denunciantes) (C‑147/23, EU:C:2024:346), apartado 28.
13      En mi análisis posterior, para facilitar la lectura, en la medida en que la Directiva 2021/1233 modifique disposiciones respecto de las que existe una obligación de transposición limitada en virtud del artículo 39, apartado 3, de la Directiva 2017/2397, me referiré exclusivamente a esta última Directiva.
14      Véanse las sentencias de 17 de noviembre de 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335), apartado 12, y de 12 de febrero de 2026, Stichting Koskea (C‑490/24, EU:C:2026:89), apartado 23.
15      Sentencia de 11 de noviembre de 2025, Dinamarca/Parlamento y Consejo (Salarios mínimos adecuados) (C‑19/23, EU:C:2025:865), apartado 106 y jurisprudencia citada.
16      Véase Jessen, H. «EU Law and Inland Waterway Transportation» en Jessen, H. y Werner, M. J. (eds.), EU Maritime Transport Law, Beck, Hart, Nomos, 2016, p. 54 y van Dorsser, C., «Existing waterway infrastructures and future needs» en Wiegmans, B. y Konings, R. (eds), Inland waterway transport — Challenges and prospects, Routledge, Londres, 2016, pp. 99 a 124, en particular p. 99.
17      Véase el punto 19 de las presentes conclusiones.
18      Véase el artículo 35 de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y por la que se derogan las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo [COM(2016) 82 final].
19      Documento de trabajo de la Secretaría General del Consejo, Bruselas, 9 de junio de 2017.
20      El artículo 8, apartado 1, de la CNUDM indica que, salvo lo dispuesto en la Parte IV de dicha Convención (referida a los Estados archipelágicos) «las aguas situadas en el interior de la línea de base del mar territorial forman parte de las aguas interiores del Estado». De esta disposición se desprende que las vías navegables interiores son aguas costeras definidas por oposición al mar terrestre. Véase Bangert, K., «Internal Waters» en Max Planck Encyclopaedia of PublicInternational Law (Oxford Public International Law) and Churchill, R. R. y Lowe, A. V., The Law of the Sea, 3.ª ed., Juris Publishing, Manchester University Press, Yonkers/Manchester, 1999, p. 60, que explican que las aguas interiores son aquellas que «quedan dentro de la línea de base del mar territorio y respecto de la cual se determinan otras zonas marítimas».
21      Ello no impide que los Estados miembros realicen una calificación jurídica diferente con fines distintos de los de la Directiva 2017/2397. Véase Coelho, N. F. y Raakjaer, J., «Governance of inland port classification: insights from the Limfjord in Denmark» WMU Journal of Maritime Affairs, vol. 25, 2025, p. 119.
22      Sentencia de 14 de enero de 2010, Comisión
/ República Checa (C‑343/08, EU:C:2010:14), apartado 39 y jurisprudencia citada.
23      Ibídem, apartado 42.
24      Véase el anexo I del Reglamento 2024/1679.
25      El Reino de Dinamarca se remite a la sentencia de 8 de julio de 2019, Comisión/Bélgica (Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Redes de alta velocidad) (C‑543/17, EU:C:2019:573), apartado 55.
26      Sentencia de 8 de julio de 2019, Comisión/Bélgica (Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Redes de alta velocidad) (C‑543/17, EU:C:2019:573), apartados 51 a 54.
27      Sentencias de 8 de julio de 2019, Comisión/Bélgica (Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Redes de alta velocidad) (C‑543/17, EU:C:2019:573), apartado 58, y de 16 de julio de 2020, Comisión/Irlanda (Lucha contra el blanqueo de capitales) (C‑550/18, EU:C:2020:564), apartado 55.
28      Sentencias de 8 de julio de 2019, Comisión/Bélgica (Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Redes de alta velocidad) (C‑543/17, EU:C:2019:573), apartado 59, y de 16 de julio de 2020, Comisión/Irlanda (Lucha contra el blanqueo de capitales) (C‑550/18, EU:C:2020:564), apartado 56. El Tribunal de Justicia declaró que, para cumplir la obligación de seguridad jurídica y garantizar la transposición de la totalidad de las disposiciones de dicha directiva en todo el territorio de que se trate, los Estados miembros están obligados a indicar, respecto a cada disposición de esa directiva, la normativa nacional que garantice su transposición. Una vez proporcionada esa información, en su caso acompañada de la presentación de una tabla de correspondencias, corresponde a la Comisión demostrar, con vistas a solicitar la imposición al Estado miembro de que se trate de una sanción económica prevista en el artículo 260 TFUE, apartado 3, que es manifiesta la ausencia de determinadas medidas de transposición o que estas no cubren todo el territorio del Estado miembro afectado.
29      Ibídem
30      Véase Prete, L., «Infringement proceedings in EU Law», Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2017, pp. 239 a 290; Prete, L., «Infringement Procedures and Sanctions under Article 260 TFEU: Evolution, Limits and Future Prospects» en Montaldo, S., Costamagna, F. y Miglio, A. (eds.) EU Law Enforcement: The Evolution of Sanctioning Powers, Routledge, Londres, 2021, p. 71, en particular p. 75 y ss.
31      El escrito pertinente enviado por Dinamarca a la Comisión forma parte de los autos que obran a disposición del Tribunal de Justicia.
32      Véase el punto 19 de las presentes conclusiones.
33      Así se establece asimismo en el considerando 43 de la Directiva 2017/2397.
34      Véase el punto 90 de las presentes conclusiones.
35      Véanse, en tal sentido, las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto Comisión/Bélgica (Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Redes de alta velocidad) (C‑543/17, EU:C:2019:322), punto 71.
36      Sentencias de 8 de julio de 2019, Comisión/Bélgica (Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Redes de alta velocidad) (C‑543/17, EU:C:2019:573), apartado 52, y de 6 de marzo de 2025, Comisión/República Checa (Directiva sobre denunciantes) (C‑152/23, EU:C:2025:147), apartado 78.
37      En su escrito de 19 de agosto de 2021, tras referirse al artículo 39, apartado 4, de la Directiva 2017/2397, el Reino de Dinamarca llega a la conclusión de que, «por consiguiente, no creemos que sea viable notificar a la Comisión la información exigida, dado que las notificaciones enumeradas en el anexo de la carta guardan todas ellas relación con actividades referidas a vías navegables interiores y a la formación de personal que se dedica a la navegación por vías interiores que no existen en Dinamarca».
38      Sentencia de 8 de julio de 2019,  Comisión/Bélgica (Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Redes de alta velocidad) (C‑543/17, EU:C:2019:573), apartado 57.
39      Prete, L. y Smulders, B., «The age of maturity of infringement proceedings», Common Market Law Review, vol. 58, segunda edición, 2021, pp. 285 a 332, en particular, p. 329. Véase también Wendenburg, A., «The one-stage infringement procedure (Article 260(3) and the irrelevance of political crises in Member States in the recent case law of the CJUE», Revista General de Derecho Europeo, vol. 54, 2021, p. 3.
40      Sentencia de 6 de marzo de 2025, Comisión/República Checa (Directiva sobre denunciantes) (C‑152/23, EU:C:2025:147, apartado 66, y jurisprudencia citada.
41      DO 2023, C 2, p. 1.
42      Sentencia de 16 de julio de 2020, Comisión/Irlanda (Lucha contra el blanqueo de capitales) (C‑550/18, EU:C:2020:564), apartado 76.
43      Sentencia de 16 de julio de 2020, Comisión/Irlanda (Lucha contra el blanqueo de capitales) (C‑550/18, EU:C:2020:564), apartado 78.
44      Sentencia de 8 de julio de 2019, Comisión/Bélgica (Artículo 260 TFUE, apartado 3 — Redes de alta velocidad) (C‑543/17, EU:C:2019:573), apartado 91.
45      Circunstancias en las que, a la luz de lo expuesto anteriormente (puntos 87 y ss. de las presentes conclusiones), debe considerarse que no se aplica el artículo 260 TFUE, apartado 3.
46      Habida cuenta de la obligación limitada de transposición con arreglo al artículo 39, apartado 3, de la Directiva 2017/2397 de únicamente un número mínimo de disposiciones, podría bastar con un plazo de unos pocos meses a contar desde el pronunciamiento de la sentencia.
47      La multa coercitiva solo puede imponerse si persiste el incumplimiento en la fecha indicada por el Tribunal de Justicia.