62022TJ0744
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada)
de 11 de septiembre de 2024 (
*1
)
«Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania — Inmovilización de fondos — Lista de las personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos y de recursos económicos — Mantenimiento del nombre de la demandante en la lista — Concepto de “asociación” — Artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145/PESC — Concepto de “beneficio obtenido de un destacado empresario con actividad en Rusia” — Artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145 — Error de apreciación — Responsabilidad extracontractual»
En el asunto T‑744/22,
Maya Tokareva, con domicilio en Moscú (Rusia), representada por el Sr. T. Bontinck y las Sras. A. Guillerme, L. Burguin y M. Brésart, abogados,
parte demandante,
contra
Consejo de la Unión Europea, representado por la Sra. M.‑C. Cadilhac y el Sr. V. Piessevaux, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. B. Maingain, abogado,
parte demandada,
apoyado por
Comisión Europea, representada por el Sr. C. Giolito y las Sras. C. Georgieva y L. Puccio, en calidad de agentes,
parte coadyuvante,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada),
integrado por el Sr. D. Spielmann, Presidente, y el Sr. R. Mastroianni, la Sra. M. Brkan (Ponente) y los Sres. I. Gâlea y S. L. Kalėda, Jueces;
Secretaria: Sra. H. Eriksson, administradora;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos, en particular:
–
el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 25 de noviembre de 2022;
–
el primer escrito de adaptación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 22 de mayo de 2023;
–
el segundo escrito de adaptación presentado en la Secretaría del Tribunal General el 25 de septiembre de 2023;
celebrada la vista el 27 de febrero de 2024;
dicta la siguiente
Sentencia
1
Mediante su recurso, la demandante, la Sra. Maya Tokareva, solicita, por una parte, sobre la base del artículo 263 TFUE, la anulación, en primer lugar, de la Decisión (PESC) 2022/1530 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 149), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1529 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2022, L 239, p. 1) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de septiembre de 2022»); en segundo lugar, de la Decisión (PESC) 2023/572 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 134), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/571 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 75 I, p. 1) (en lo sucesivo, «actos de mantenimiento de marzo de 2023»), y, en tercer lugar, de la Decisión (PESC) 2023/1767 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 104), y del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1765 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2023, L 226, p. 3) (en lo sucesivo, «actos de mantenimiento de septiembre de 2023»), en la medida en que dichos actos (en lo sucesivo, «actos impugnados») mantienen su nombre en las listas anexas a estos, y, por otra parte, sobre la base del artículo 268 TFUE, el resarcimiento del perjuicio que ha sufrido debido a la adopción de los actos de mantenimiento de septiembre de 2022.
I. Antecedentes del litigio
2
La demandante tiene la nacionalidad rusa.
3
El presente asunto se inscribe en el marco de las medidas restrictivas adoptadas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania y, en particular, de la agresión militar de la Federación de Rusia contra Ucrania del 24 de febrero de 2022.
4
El 17 de marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó, sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión 2014/145/PESC, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 16). En esa misma fecha, adoptó, con fundamento en el artículo 215 TFUE, apartado 2, el Reglamento (UE) n.o 269/2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO 2014, L 78, p. 6).
5
El 25 de febrero de 2022, el Consejo adoptó, por un lado, la Decisión (PESC) 2022/329, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 50, p. 1), y, por otro lado, el Reglamento (UE) 2022/330, por el que se modifica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 51, p. 1). El artículo 2, apartados 1 y 2, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2022/329, tiene el siguiente tenor:
«1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
[…]
d)
personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea o de la desestabilización de Ucrania, o se beneficien de ellos;
[…]
f)
personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que apoyen, material o financieramente, al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania, o que se beneficien de dicho Gobierno;
[…]
y de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociadas a ellos, y que se enumeran en el anexo.
2.   No se pondrán fondos ni recursos económicos, directa ni indirectamente, a disposición ni en beneficio de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se incluyan en la lista del anexo.»
6
El artículo 1, apartado 1, letras b) y d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, prohíbe la entrada en los Estados miembros o el tránsito por su territorio a las personas físicas que respondan a criterios sustancialmente idénticos a los formulados en el artículo 2, apartado 1, letras d) y f), de esta misma Decisión.
7
El Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada por el Reglamento 2022/330, impone la adopción de medidas de inmovilización de fondos y define las modalidades de tal inmovilización en términos sustancialmente idénticos a los de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. En efecto, el artículo 3, apartado 1, letras a) a g), de ese Reglamento, en su versión modificada, coincide en lo esencial con el contenido del artículo 2, apartado 1, letras a) a g), de esa Decisión, en su versión modificada.
8
En este contexto, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2022/337 del Consejo, de 28 de febrero de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 59, p. 1), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/336 del Consejo, de 28 de febrero de 2022, por el que se aplica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 58, p. 1), mediante los cuales se incluyó el nombre del padre de la demandante en la lista anexa a la Decisión 2014/145, en su versión modificada, y a la que figura en el anexo I del Reglamento n.o 269/2014, en su versión modificada (en lo sucesivo, «listas controvertidas»), por las siguientes razones:
«Nikolay Tokarev es director ejecutivo de Transneft, importante empresa de petróleo y gas de Rusia. Conoce a Vladímir Putin desde hace mucho y es su colaborador directo. Sirvió con Putin en la KGB en los años 80. Tokarev es uno de los oligarcas del Estado ruso que asumió el control de gran cantidad de bienes estatales en los años 2000, al tiempo que Putin consolidaba su poder, y que trabaja en estrecha colaboración con el Estado ruso. Tokarev dirige Transneft, una de las empresas controladas por el Gobierno más importantes de Rusia, que transporta una cantidad considerable de petróleo ruso a través de una red de oleoductos bien desarrollada.
Bajo la dirección de Nikolay Tokarev, Transneft es uno de los principales promotores del complejo palatino cercano a Gelendzhik, que muchos consideran que utiliza personalmente el presidente Putin. Se beneficia de su proximidad con las autoridades rusas. Familiares cercanos y conocidos de Tokarev se han enriquecido gracias a contratos firmados con empresas públicas.
Por lo tanto, prestó activamente apoyo material o financiero a los políticos rusos responsables de la anexión de Crimea y de la desestabilización del este de Ucrania, y se benefició de ellos.»
9
Mediante la Decisión (PESC) 2022/1272 del Consejo, de 21 de julio de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2022, L 193, p. 219), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1270 del Consejo, de 21 de julio de 2022, por el que se aplica el Reglamento n.o 269/2014 (DO 2022, L 193, p. 133), se incluyó el nombre de la demandante en las listas controvertidas, por las siguientes razones:
«[La demandante] es hija de Nikolay Tokarev, director ejecutivo de Transneft, una importante empresa de petróleo y gas de Rusia. [La demandante] y su exmarido, Andrei Bolotov, poseen inmuebles de lujo en Moscú, Letonia y Croacia por valor de más de 50 millones [de dólares estadounidenses (USD)] que pueden vincularse a Nikolay Tokarev. También tiene vínculos con la empresa Ronin, que gestiona el fondo de pensiones de Transneft. Cuando solicitó la nacionalidad chipriota, indicó como propia la dirección de Ronin. Además, [la demandante] ha recibido contratos públicos por valor de 8000 millones de rublos a través de la empresa Irvin‑2, de la que es propietaria junto con Stanislav Chemezov, hijo del consejero delegado de Rostec, Sergei Chemezov. Por consiguiente, [la demandante] es una persona física asociada con personas incluidas en la lista, a saber, su padre Nikolay Tokarev y Stanislav Chemezov.»
10
Mediante esos mismos actos, se incluyó el nombre del Sr. Stanislav Chemezov en las listas controvertidas, por las siguientes razones:
«Stanislav Sergeyevich Chemezov es hijo de Sergei Chemezov, miembro del Consejo Supremo de “Rusia Unida” y presidente del conglomerado Rostec, la principal empresa rusa dedicada a la fabricación de productos de defensa e industriales controlada por el Estado. Stanislav Chemezov era propietario de la sociedad offshore Erlinglow Ltd, que se beneficiaba de la construcción por parte de Rostec de una autopista nacional de fibra óptica por valor de 550 millones [de] USD. Además, es copropietario de varias sociedades offshore con [la demandante], hija de Nikolay Tokarev, incluida Irvin‑2, que ha recibido contratos por valor de 8000 millones de rublos. Como recompensa por el intercambio, la familia Tokarev permitió que la familia Chemezov recortase el presupuesto de Transneft. Stanislav Chemezov es también propietario de la empresa Independent Insurance Group, que gestiona grandes contratos de seguro en el sector de la defensa, incluidos contratos del conglomerado de defensa Rostec, del que su padre, Sergei Chemezov, es consejero delegado. Por lo tanto, Stanislav Chemezov es una persona física asociada a una persona incluida en la lista.»
11
El Consejo publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 22 de julio de 2022 (DO 2022, C 281 I, p. 7), un anuncio a la atención de las personas, entidades y organismos sujetos a las medidas restrictivas establecidas en la Decisión 2022/1272 y en el Reglamento de Ejecución 2022/1270. Este anuncio indicaba, en particular, que las personas afectadas podían presentar al Consejo una solicitud para que se reconsiderase la decisión de incluir sus nombres en las listas anexas a los actos impugnados, junto con la documentación probatoria correspondiente.
12
Mediante correo electrónico de 2 de septiembre de 2022, la demandante solicitó tener acceso a todos los documentos aportados y en posesión del Consejo y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que sirvieron de base para la adopción de medidas restrictivas en su contra, con el propósito de redactar una solicitud de reconsideración.
13
El 14 de septiembre de 2022, mediante los actos de mantenimiento de septiembre de 2022, el Consejo mantuvo el nombre de la demandante en las listas controvertidas por las mismas razones que figuran en el apartado 9 anterior.
14
El 30 de septiembre de 2022, el Consejo respondió a la solicitud de la demandante a que se hace referencia en el apartado 12 y le remitió la información que consta en el expediente con la referencia WK 10502/2022 INIT, de 8 de marzo de 2022 (en lo sucesivo, «expediente de pruebas inicial»).
15
Mediante correo electrónico de 31 de octubre de 2022, la demandante presentó una solicitud de reconsideración ante el Consejo.
II. Hechos posteriores a la interposición del recurso
16
Mediante los actos de mantenimiento de marzo de 2023, el nombre de la demandante se mantuvo en las listas controvertidas por las siguientes razones:
«[La demandante] es hija de Nikolay Tokarev, consejero delegado de Transneft, una importante empresa de petróleo y gas de Rusia. [La demandante] y su exmarido, Andrei Bolotov, poseen inmuebles de lujo en Moscú, Letonia y Croacia por valor de más de 50 millones de [USD] que pueden vincularse a Nikolay Tokarev. También tiene vínculos con la empresa Ronin, que gestiona el fondo de pensiones de Transneft. Cuando solicitó la nacionalidad chipriota, en la nota de prensa indicó como propia la dirección de Ronin Europe. Además, está vinculada al Ronin Trust, que gestiona el fondo de pensiones de Transneft, a través de su empresa inmobiliaria Ostozhenka 19 (anteriormente denominada RPA Esteit). [La demandante] ha recibido contratos públicos por valor de 8000 millones de rublos a través de la empresa Irvin‑2, de la que fue propietaria junto con Stanislav Chemezov, hijo del consejero delegado de Rostec, Sergei Chemezov. Actualmente posee acciones, junto con Stanislav Sergeevich Chemezov, del Gelendzhik Resort Complex — Méridian LLC. Por tanto, [la demandante] es una persona física vinculada a personas incluidas en la lista, concretamente su padre, Nikolay Tokarev, y Stanislav Chemezov.»
17
Mediante correo electrónico de 14 de marzo de 2023, el Consejo informó a la demandante de que su nombre se iba a mantener en las listas controvertidas y formuló observaciones en respuesta a las alegaciones realizadas en su solicitud de reconsideración de 31 de octubre de 2022.
18
Mediante correo electrónico de 31 de marzo de 2023, el Consejo envió una carta a la demandante para informarle de que los elementos en los que se había basado para justificar el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas figuraban en los expedientes con la referencia WK 1128/2023 INIT, WK 1128/2023 ADD 1 y WK 1128/2023 ADD 2, de los días 25, 27 y 30 de enero de 2023, respectivamente (en lo sucesivo, conjuntamente, «expedientes de pruebas de enero de 2023»).
19
El 5 de junio de 2023, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2023/1094, de 5 de junio de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO 2023, L 146, p. 20). Mediante dicha Decisión, modificó el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145 del siguiente modo:
«1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos que sean pertenencia, sean propiedad, estén en poder o estén bajo el control de:
[…]
g)
los principales empresarios que operen en Rusia y sus familiares directos, u otras personas físicas que se beneficien de ellos, o empresarios, personas jurídicas, entidades u organismos implicados en sectores económicos que proporcionen una fuente sustancial de ingresos al Gobierno de la Federación de Rusia, que es responsable de la anexión de Crimea y de la desestabilización de Ucrania […]».
20
Mediante escrito de 19 de junio de 2023, el Consejo comunicó a la demandante que tenía la intención de mantener las medidas restrictivas sobre la base de una motivación distinta de la indicada en los actos de mantenimiento de marzo de 2023. El Consejo acompañó a ese escrito el expediente WK 8181/2023 INIT, de 15 de junio de 2023 (en lo sucesivo, «expediente de pruebas de junio de 2023»), e invitó a la demandante a formular sus observaciones sobre el proyecto de renovación de las medidas restrictivas que le afectan.
21
Mediante escrito de 10 de julio de 2023, el Consejo comunicó a la demandante que tenía la intención de mantener las medidas restrictivas sobre la base de un proyecto de motivación distinto del que se le había transmitido el 19 de junio de 2023. El Consejo también acompañó a ese escrito el expediente WK 5142/2023 INIT, de 4 de julio de 2023, relativo a información adicional sobre la demandante (en lo sucesivo, «expediente de pruebas de julio de 2023»), y el expediente WK 5142/2023 INIT, de 20 de abril de 2023, relativo a pruebas sobre el entorno empresarial y económico de la Federación de Rusia, e invitó a la demandante a formular sus observaciones sobre el proyecto de renovación de las medidas restrictivas que le afectan.
22
Mediante escrito de 18 de agosto de 2023, el Consejo remitió a la demandante el expediente WK 5142/2023 ADD 1, de 16 de agosto de 2023, relativo a pruebas sobre el entorno empresarial y económico de la Federación de Rusia, e invitó a la demandante a formular sus observaciones.
23
Mediante los actos de mantenimiento de septiembre de 2023, el Consejo mantuvo el nombre de la demandante en las listas controvertidas por las siguientes razones:
«[La demandante] es hija de Nikolay Tokarev, consejero delegado de Transneft, una importante empresa de petróleo y gas de Rusia. [La demandante] y su exmarido, Andrei Bolotov, poseen inmuebles de lujo en Moscú, Letonia y Croacia por valor de más de 50 millones [de] USD que pueden vincularse a Nikolay Tokarev. También tiene vínculos con la empresa Ronin, que gestiona el fondo de pensiones de Transneft. Cuando solicitó la nacionalidad chipriota, en la nota de prensa indicó como propia la dirección de Ronin Europe. Además, está vinculada al Ronin Trust, que gestiona el fondo de pensiones de Transneft, a través de su empresa inmobiliaria Ostozhenka 19 (anteriormente denominada RPA Esteit). Por lo tanto, [la demandante] es familiar directo de Nikolay Tokarev, destacado empresario con actividad en Rusia, de quien se beneficia.»
III. Pretensiones de las partes
24
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule los actos impugnados en cuanto le conciernen.
–
Condene al Consejo a pagar la suma de 1000000 de euros en concepto de reparación del perjuicio moral sufrido como consecuencia de la adopción de los actos de mantenimiento de septiembre de 2022.
–
Condene en costas al Consejo.
25
El Consejo, apoyado por la Comisión, solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso de anulación.
–
Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal General anule las medidas restrictivas adoptadas contra la demandante, ordene el mantenimiento de los efectos de las Decisiones 2022/1530, 2023/572 y 2023/1767 hasta que surta efecto la anulación parcial de los Reglamentos de Ejecución 2022/1529, 2023/571 y 2023/1765.
–
Desestime la pretensión de indemnización.
–
Condene en costas a la demandante.
IV. Fundamentos de Derecho
A. Sobre la pretensión de anulación de los actos impugnados
26
En apoyo de su recurso, la demandante invoca seis motivos.
27
En su escrito de recurso, la demandante invoca cuatro motivos. El primer motivo se basa en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y en el incumplimiento de la obligación de motivación. El segundo motivo está basado en un error de Derecho y en errores manifiestos de apreciación. El tercer motivo se basa en la violación del principio de proporcionalidad y la vulneración de derechos fundamentales. El cuarto motivo está basado en la violación de los principios de seguridad jurídica e igualdad de trato. En su primer escrito de adaptación, la demandante invoca un quinto motivo, basado en la vulneración del derecho a ser oído. En su segundo escrito de adaptación, la demandante formula un sexto motivo que se basa en una excepción de ilegalidad del criterio que designa a las personas que se benefician de los principales empresarios que operan en Rusia, mencionado en la segunda parte del artículo 1, apartado 1, letra e), y del artículo 2, apartado 1, letra g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada por la Decisión 2023/1094 [en lo sucesivo, «segunda parte del criterio g) modificado»].
28
El Tribunal General considera oportuno examinar en primer lugar el segundo motivo basado en un error de Derecho y en errores manifiestos de apreciación.
1.
Sobre el segundo motivo, basado en un error de Derecho y en errores manifiestos de apreciación
29
En su demanda y en su primer escrito de adaptación, la demandante aduce que, al adoptar los actos de mantenimiento de septiembre de 2022 y de marzo de 2023, el Consejo cometió un error de Derecho y errores manifiestos de apreciación al mantener su nombre en las listas controvertidas sobre la base del criterio de la persona asociada, previsto en el artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. Además, en su demanda, impugna la eventual inclusión de su nombre sobre la base del criterio establecido en el artículo 2, apartado 1, letra d), de la citada Decisión.
30
En su segundo escrito de adaptación, la demandante sostiene que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación en los actos de mantenimiento de septiembre de 2023, en la medida en que su nombre se mantuvo en las listas controvertidas con fundamento en la segunda parte del criterio g) modificado.
a)
Observaciones preliminares
31
Es importante señalar que, en la medida en que el presente motivo se basa en errores manifiestos de apreciación, debe considerarse que se fundamenta en errores de apreciación. En efecto, aunque el Consejo dispone de cierto margen de apreciación para determinar en cada caso si se cumplen los criterios jurídicos en los que se basan las medidas restrictivas de que se trata, no es menos cierto que los tribunales de la Unión Europea deben garantizar un control, en principio completo, de la legalidad de todos los actos de la Unión (véase la sentencia 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 61 y jurisprudencia citada).
32
La efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige, en particular, que el juez de la Unión se asegure de que la decisión de adoptar o mantener medidas restrictivas, que constituye un acto de alcance individual para la persona o entidad afectadas, dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa dicha decisión, de modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que examine la cuestión de si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar tal decisión, están o no respaldados por hechos (véanse, en tal sentido, las sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 119, y de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20 P, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 62).
33
Tal apreciación ha de efectuarse examinando los elementos de prueba y de información, no de forma aislada, sino atendiendo al contexto en el que se insertan. En efecto, el Consejo cumple la carga de la prueba que le corresponde si pone de manifiesto ante el juez de la Unión un conjunto de indicios suficientemente precisos, concretos y concordantes que permitan acreditar un vínculo suficiente entre la entidad sometida a una medida de congelación de sus fondos y el régimen o, en general, las situaciones que se pretende combatir (véase la sentencia de 20 de julio de 2017, Badica y Kardiam/Consejo, T‑619/15, EU:T:2017:532, apartado 99 y jurisprudencia citada; véase, en el mismo sentido, la sentencia de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartados 63 y 66).
34
Es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra la persona o la entidad afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de que tales motivos carecen de fundamento. No se exige para ello que el Consejo presente ante el juez de la Unión todos los datos y pruebas inherentes a los motivos expuestos en el acto cuya anulación se solicita. Es preciso que los datos o pruebas presentados respalden los motivos invocados contra la persona o entidad afectada (sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartados 121 y 122, y de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Fulmen y Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, apartados 66 y 67; véase, asimismo, la sentencia de 1 de junio de 2022, Prigozhin/Consejo, T‑723/20, no publicada, EU:T:2022:317, apartado 73 y jurisprudencia citada).
35
En tal supuesto, el juez de la Unión deberá verificar la exactitud material de los hechos alegados a la vista de tales datos o pruebas y evaluar la fuerza probatoria de estos últimos en función de las circunstancias del caso y teniendo en cuenta las eventuales observaciones presentadas sobre los mismos por la persona o la entidad afectada (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P, EU:C:2013:518, apartado 124).
36
En lo que respecta, más concretamente, al control de legalidad de los actos de mantenimiento del nombre de la persona de que se trata en las listas controvertidas, es preciso recordar que las medidas restrictivas tienen carácter cautelar y, por definición, provisional, y que su validez se supedita siempre a que se mantengan las circunstancias de hecho y de Derecho que dieron lugar a su adopción, así como a la necesidad de su mantenimiento para la consecución del objetivo al que se asocian. De ese modo, al reconsiderar periódicamente esas medidas, corresponde al Consejo llevar a cabo una apreciación actualizada de la situación y hacer un balance de los efectos de tales medidas, con miras a determinar si han permitido alcanzar los objetivos perseguidos con la inclusión inicial de los nombres de las personas y entidades afectadas en la lista controvertida o si todavía es posible llegar a la misma conclusión en relación con esas personas y entidades (véanse, en ese sentido, las sentencias de 27 de abril de 2022, Ilunga Luyoyo/Consejo, T‑108/21, EU:T:2022:253, apartado 55 y jurisprudencia citada, y de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 67).
37
De ello se sigue que, para justificar el mantenimiento del nombre de una persona en una lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas, no se prohíbe al Consejo basarse en los mismos elementos de prueba que los que justificaron la inclusión inicial, la nueva inclusión o el mantenimiento anterior del nombre de la demandante en la lista, siempre que, por un lado, los motivos de inclusión no hayan cambiado y, por otro, el contexto no haya evolucionado de tal manera que esos elementos de prueba hayan quedado obsoletos (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de septiembre de 2020, Kaddour/Consejo, T‑510/18, EU:T:2020:436, apartado 99). A este respecto, la evolución del contexto incluye la toma en consideración, por una parte, de la situación del país respecto del que se ha fijado el régimen de medidas restrictivas y la situación particular del interesado (véanse, en ese sentido, las sentencias de 26 de octubre de 2022, Ovsyannikov/Consejo, T‑714/20, no publicada, EU:T:2022:674, apartado 78, y de 23 de septiembre de 2020, Kaddour/Consejo, T‑510/18, EU:T:2020:436, apartado 101) y, por otra parte, del conjunto de circunstancias pertinentes y, en particular, del no cumplimiento los objetivos contemplados por las medidas restrictivas (véase, en ese sentido, la sentencia de 27 de abril de 2022, Ilunga Luyoyo/Consejo, T‑108/21, EU:T:2022:253, apartado 56; véase asimismo, en el mismo sentido, por analogía, la sentencia de 12 de febrero de 2020, Amisi Kumba/Consejo, T‑163/18, EU:T:2020:57, apartados 82 a 84 y jurisprudencia citada).
38
En el presente asunto, de los motivos de inclusión de los actos de mantenimiento de septiembre de 2022 y de marzo de 2023 se desprende claramente que el nombre de la demandante se mantuvo en las listas controvertidas exclusivamente sobre la base del criterio de la persona asociada, previsto en el artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. El Consejo confirmó que la inclusión y el mantenimiento del nombre de la demandante en las citadas listas no tenían como base legal el criterio recogido en el artículo 2, apartado 1, letra d), de esa misma Decisión. De ello se deriva que las alegaciones dirigidas a impugnar el mantenimiento del nombre de la demandante sobre la base del criterio previsto en el artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, son inoperantes.
39
A la luz de estas observaciones preliminares, procede comprobar si el Consejo cometió un error de apreciación al decidir, por un lado, mantener el nombre de la demandante en las listas controvertidas sobre la base del criterio de la persona asociada previsto en el artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, mediante la adopción de los actos de mantenimiento de septiembre de 2022 y de marzo de 2023, y, por otro lado, mantener su nombre en las citadas listas basándose en la segunda parte del criterio g) modificado, mediante la adopción de los actos de mantenimiento de septiembre de 2023.
40
De los actos de mantenimiento de septiembre de 2022 y de marzo de 2023 se desprende que el nombre de la demandante se incluyó basándose en el criterio de la persona asociada porque mantiene un vínculo de asociación, por una parte, con su padre, el Sr. Nikolay Tokarev, y, por otra parte, con el Sr. Stanislav Chemezov.
41
El Tribunal General estima oportuno examinar, en primer lugar, el argumento que se basa, en esencia, en la existencia de un error de Derecho, por cuanto la demandante fue incluida en las listas controvertidas por ser una persona asociada al Sr. Stanislav Chemezov, que también figura en las listas controvertidas en calidad de persona asociada.
b)
Sobre el error de Derecho basado en la inclusión de la demandante como persona asociada al Sr. Stanislav Chemezov
42
La demandante sostiene que el Consejo ha cometido un error de Derecho al incluirla en las listas controvertidas como persona asociada al Sr. Stanislav Chemezov, en particular porque él también fue incluido en las listas controvertidas en calidad de persona asociada a su propio padre, el Sr. Serguey Chemezov. Según la demandante, la normativa no prevé la posibilidad de incluir en las listas controvertidas el nombre de una persona por el hecho de que esté asociada a una persona cuyo nombre también se ha incluido en esas listas sobre la base del criterio de la persona asociada. En su opinión, el criterio de la persona asociada solo permite incluir a una persona en esas listas en su condición de asociada de una persona incluida en el ámbito de las letras a), b), c), d), e), o f) del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145. Además, en su primer escrito de adaptación de sus pretensiones, la demandante aduce que la imposibilidad de incluir a una persona en las listas controvertidas como asociada de una persona que también figura en esas listas como asociada es coherente con la jurisprudencia que exige que exista un vínculo suficiente entre la entidad sometida a una medida de congelación de sus fondos y el régimen o, en general, las situaciones que se pretende combatir.
43
En el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento, el Tribunal General solicitó al Consejo que indicara el fundamento con arreglo al cual se podía incluir en las listas controvertidas a una persona como asociada a otra que también figura en esas listas en calidad de persona asociada a un tercero.
44
Durante la vista, el Consejo sostuvo que no podía excluirse que la designación de una persona asociada a otra que, a su vez, había sido designada como persona asociada a una persona incluida en las listas controvertidas estuviera justificada, siempre que esa designación fuera proporcionada para lograr los objetivos que persiguen las medidas restrictivas. Según el Consejo, así sucede cuando existe un entramado caracterizado por redes de relaciones entre múltiples personas en el que la asociación principal de dos personas, ellas mismas asociadas a otras, forma parte de una «trama más global» a la que está justificado aplicar medidas restrictivas con el fin de evitar, en particular, que las medidas restrictivas se eludan.
45
A este respecto, en lo que atañe al criterio de la persona asociada, previsto en el artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, procede destacar que, aunque el concepto de «asociación» se emplea a menudo en los actos del Consejo en materia de medidas restrictivas, no está definido como tal y su significado depende del contexto y de las circunstancias concretas (véanse, en ese sentido, las sentencias de 28 de julio de 2016, Tomana y otros/Consejo y Comisión, C‑330/15 P, no publicada, EU:C:2016:601, apartado 48; de 4 de septiembre de 2015, NIOC y otros/Consejo, T‑577/12, no publicada, EU:T:2015:596, apartado 114, y de 21 de julio de 2016, Bredenkamp y otros/Consejo y Comisión, T‑66/14, EU:T:2016:430, apartados 35 a 37). Sin embargo, puede admitirse que se trata de personas que, con carácter general, están vinculadas por intereses comunes (véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de marzo de 2023, Prigozhina/Consejo, T‑212/22, no publicada, EU:T:2023:104, apartado 93 y jurisprudencia citada).
46
En cuanto al alcance del criterio de la persona asociada, de la redacción del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, se desprende que se inmovilizarán los fondos y recursos económicos que pertenezcan, por un lado, a personas designadas sobre la base de los criterios previstos en las letras a) a h) del artículo 2, apartado 1, de esa Decisión y, por otro lado, a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociadas a ellas. Procede destacar que la expresión «a ellos» en la mención «asociadas a ellos», que se utiliza para determinar el criterio de la persona asociada, solo se refiere a personas, entidades u organismos designados sobre la base de uno de los criterios de designación previstos en las letras a) a h) del artículo 2, apartado 1, de la mencionada Decisión.
47
Así, de una interpretación literal del artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, se desprende que, como alega acertadamente la demandante, una persona física o jurídica, entidad u organismo solo se puede incluir en las listas controvertidas por mantener un vínculo de asociación con otra persona física o jurídica, entidad u organismo incluido en esas listas sobre la base de uno o varios de los criterios de designación previstos en las letras a) a h) del artículo 2, apartado 1, de dicha Decisión.
48
Es cierto que, como señala el Consejo, el criterio de la persona asociada hace referencia a toda persona que mantenga un vínculo de asociación con una persona incluida en las listas controvertidas sobre la base de uno o varios de los criterios previstos en las letras a) a h) del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, debido a la existencia de un riesgo no desdeñable de que las personas sujetas a sanciones sobre la base de uno o varios de esos criterios presionen a las personas con las que están asociadas para eludir el efecto de las medidas restrictivas que les afectan (véanse, por analogía, las sentencias de 4 de septiembre de 2015, NIOC y otros/Consejo, T‑577/12, no publicada, EU:T:2015:596, apartado 114, y de 18 de mayo de 2022, Foz/Consejo, T‑296/20, EU:T:2022:298, apartado 174).
49
Sin embargo, el argumento del Consejo, basado en el riesgo de elusión y en la necesidad de englobar a todas las personas que forman parte de una «trama» global, no puede justificar que el alcance del criterio de asociación se amplíe hasta el punto de aplicarlo a un vínculo de asociación con una persona que no está a su vez incluida en la lista sobre la base de uno de los criterios previstos en las letras a) a h) del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada.
50
En efecto, esa interpretación dotaría de un alcance excesivamente amplio al criterio del vínculo de asociación y no tendría en cuenta el tenor del artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, ni la exigencia de un vínculo suficiente entre las personas afectadas y el país tercero contra el que se dirigen las medidas restrictivas adoptadas por la Unión, en el sentido del apartado 64 de la sentencia de 13 de marzo de 2012, Tay Za/Consejo (C‑376/10 P, EU:C:2012:138). De ello se sigue que, en el presente asunto, en la medida en que el Sr. Stanislav Chemezov fue incluido en las listas controvertidas como persona asociada a su padre, el Sr. Serguey Chemezov, el Consejo no podía incluir a la demandante en las listas controvertidas como persona asociada al Sr. Stanislav Chemezov.
51
De las consideraciones anteriores se desprende que el Consejo cometió un error de Derecho al mantener el nombre de la demandante en las listas controvertidas sobre la base de un vínculo de asociación con el Sr. Stanislav Chemezov mediante los actos de mantenimiento de septiembre de 2022 y de marzo de 2023.
52
Procede señalar que ese error de Derecho del Consejo no puede dar lugar, por sí solo, a la anulación de los actos de mantenimiento de septiembre de 2022 y de marzo de 2023. En efecto, con arreglo a la jurisprudencia, en lo relativo al control de la legalidad de una decisión por la que se adoptan medidas restrictivas, y habida cuenta de su carácter preventivo, si el juez de la Unión considera que al menos uno de los motivos mencionados es lo bastante preciso y concreto, que está respaldado por hechos y que constituye, por sí solo, una base suficiente para fundamentar la decisión, el hecho de que otros de esos motivos no presenten tales características no puede justificar la anulación de dicha decisión (véase la sentencia de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, apartado 72 y jurisprudencia citada).
53
Por lo tanto, es preciso comprobar si el Consejo cometió un error de apreciación al concluir que la demandante era una persona asociada a su padre, el Sr. Tokarev.
c)
Sobre el error de apreciación consistente en incluir a la demandante como persona asociada a su padre
54
Deben examinarse por separado los actos de mantenimiento de septiembre de 2022 y los actos de mantenimiento de marzo de 2023, al haberse adoptado en fechas diferentes y al no estar basados en unos motivos o en una base documental estrictamente idénticos.
1) Sobre los actos de mantenimiento de septiembre de 2022
55
A través de su argumentación, la demandante refuta la fiabilidad de determinados elementos del expediente de pruebas inicial y la posibilidad de tener en cuenta el anexo B.5, y sostiene que la base fáctica es insuficiente para justificar que se mantenga su nombre en la lista en calidad de persona asociada a su padre.
i) Sobre la fiabilidad de los elementos del expediente de pruebas inicial
56
La demandante cuestiona la fiabilidad del documento n.o 6 del expediente de pruebas inicial porque la afirmación de que su padre le encomendó a su exmarido la gestión de la sociedad Katina es errónea. Considera asimismo que los documentos n.os 12 y 15 del expediente de pruebas inicial no son fiables, porque las alegaciones que constan en ellos son vagas y se basan en indicios que no parecen suficientemente sólidos para respaldarlas, como números de teléfono o información publicada en Internet. Por lo demás, la demandante arguye que los artículos publicados en el Moscow Post carecen de fiabilidad toda vez que ese medio de comunicación es conocido por publicar documentación difamatoria, según acreditan las recientes condenas judiciales en tal sentido.
57
El Consejo, apoyado por la Comisión, refuta esta alegación.
58
A este respecto, procede recordar que, conforme a reiterada jurisprudencia, la actuación de los tribunales de la Unión se rige por el principio de libre valoración de la prueba y que el único criterio de apreciación del valor de las pruebas aportadas reside en su credibilidad. A este respecto, para apreciar el valor probatorio de un documento es preciso comprobar la verosimilitud de la información que contiene, teniendo en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración y el destinatario del mismo, y preguntarse si, a la luz de su contenido, resulta que el documento tiene sentido y es fidedigno [véanse las sentencias de 31 de mayo de 2018, Kaddour/Consejo, T‑461/16, EU:T:2018:316, apartado 107 y jurisprudencia citada, y de 12 de febrero de 2020, Amisi Kumba/Consejo, T‑163/18, EU:T:2020:57, apartado 95 (no publicado) y jurisprudencia citada].
59
Al carecer de competencias de investigación en los países terceros, la apreciación de las autoridades de la Unión debe basarse, por ello, en fuentes de información accesibles al público, informes, artículos de prensa, informes de los servicios secretos u otras fuentes de información similares (sentencias de 14 de marzo de 2018, Kim y otros/Consejo y Comisión, T‑533/15 y T‑264/16, EU:T:2018:138, apartado 107, y de 1 de junio de 2022, Prigozhin/Consejo, T‑723/20, no publicada, EU:T:2022:317, apartado 59).
60
Además, es preciso señalar que la situación de conflicto en la que están implicadas la Federación de Rusia y Ucrania dificulta particularmente en la práctica el acceso a determinadas fuentes, la indicación expresa de la fuente primaria de determinada información y la posible obtención de testimonios por parte de personas que acepten ser identificadas. Las dificultades de investigación que de ello se derivan pueden impedir así que se aporten pruebas concretas y datos objetivos (véase, en tal sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2023, OT/Consejo, T‑193/22, EU:T:2023:716, apartado 116 y jurisprudencia citada).
61
En el presente asunto, para justificar el mantenimiento de la inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas mediante los actos de septiembre de 2022, el Consejo aportó el expediente de pruebas inicial. Procede destacar que, en lo que respecta al vínculo entre la demandante y su padre, el Consejo se basó en información accesible al público, a saber:
–
un artículo publicado el 5 de marzo de 2022 en el sitio de Internet Total Croatia News, titulado «Estados Unidos bloquea la sociedad de la hija de un oligarca ruso, propietario de una villa en Lošinj», consultado el 5 de abril de 2022 (documento n.o 1);
–
un comunicado de prensa del United States Department of the Treasury (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América), publicado el 3 de marzo de 2022, relativo a las sanciones adoptadas contra personas e instituciones rusas, consultado el 5 de abril de 2022 (documento n.o 2);
–
un artículo publicado el 10 de marzo de 2022 en el sitio de Internet del Evening Standard, titulado «Oligarcas rusos que han sido añadidos a la lista de sanciones del Reino Unido», consultado el 7 de abril de 2022 (documento n.o 3);
–
una página del sitio de Internet del Australian Department of Foreign Affairs and Trade (Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia), publicada el 13 de marzo de 2022, relativa a las sanciones adoptadas contra Rusia, consultada el 7 de abril de 2022 (documento n.o 4);
–
un artículo publicado el 6 de marzo de 2022 en el sitio de Internet del World Law Group, titulado «Estados Unidos: Estados Unidos impone sanciones adicionales y el control de las exportaciones a Rusia y Bielorrusia», consultado el 7 de abril de 2022 (documento n.o 5);
–
un artículo publicado el 4 de marzo de 2022 en el sitio de Internet Imperijal, titulado «Los rusos de la lista negra hacen negocios con Plenkovic y el HDZ y además tienen una villa imperial en Mali Lošinj», consultado el 7 de abril de 2022 (documento n.o 6);
–
una página del sitio de Internet del Gobierno de Canadá, publicada el 24 de febrero de 2022, relativa a las medidas económicas adicionales adoptas en respuesta a la agresión de Rusia a Ucrania, consultada el 11 de abril de 2022 (documento n.o 8);
–
una página del sitio de Internet acompromat.org relativa a la demandante, consultada el 11 de abril de 2022 (documento n.o 9);
–
un artículo publicado el 15 de marzo de 2022 en el sitio de Internet Infobae, titulado «Reino Unido anuncia sanciones contra otras 350 personas y entidades rusas», consultado el 5 de abril de 2022 (documento n.o 11);
–
un extracto de una investigación realizada por el Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP; Proyecto de Información sobre Criminalidad Organizada), publicada el 24 de diciembre de 2016, titulada «Los amigos de Putin prosperan gracias a su proximidad con el poder», consultada el 5 de abril de 2022 (documento n.o 12);
–
un artículo publicado el 29 de diciembre de 2016 en el sitio de Internet de LSM, titulado «Conexión entre el inmueble de Jūrmala y el amigo de Putin», consultado el 5 de abril de 2022 (documento n.o 13);
–
una página del sitio de Internet Russian Asset Tracker relativa a la sociedad Katina, consultada el 12 de abril de 2022 (documento n.o 14);
–
un artículo publicado el 27 de noviembre de 2016 en el sitio de Internet Meduza, titulado «Un yerno muy rico. Cómo organizan sus negocios los familiares directos del consejero delegado de Transneft, Nikolai Tokarev», consultado el 17 de mayo de 2022 (documento n.o 15);
–
un artículo publicado el 28 de agosto de 2020 en el sitio de Internet News Rambler, titulado «Salida de Shmatko hacia el ‟meridiano” de Guelendjik», consultado el 20 de mayo de 2022 (documento n.o 16);
–
un artículo publicado el 15 de octubre de 2019 en el sitio de Internet del Moscow Post, titulado «Nikolai Tokarev y su sociedad Transneft no han logrado atribuir a sus adversarios la responsabilidad sobre la calidad del petróleo», consultado el 20 de mayo de 2022 (documento n.o 17).
62
Así, el documento n.o 6 del expediente de pruebas inicial es un artículo de prensa publicado en el sitio de Internet Imperijal, titulado «Los rusos de la lista negra hacen negocios con Plenkovic y el HDZ y además tienen una villa imperial en Mali Lošinj». Este documento hace referencia, en particular, a la sociedad Katina, con domicilio social en Zagreb, y que es titular de una villa denominada Karolina situada en Mali Lošinj (Croacia) (en lo sucesivo, «villa Karolina»). Es preciso señalar que la alegación de la demandante en el sentido de que ese artículo contiene un error no puede poner en entredicho su valor probatorio. En efecto, esa argumentación forma parte de la apreciación del carácter suficiente de la base fáctica del Consejo para justificar su inclusión.
63
En cuanto a la alegación en el sentido de que las afirmaciones recogidas en el documento n.o 12, a saber, la investigación del OCCRP titulada «Los amigos de Putin prosperan gracias a su proximidad con el poder» y en el documento n.o 15, es decir, el artículo publicado en el sitio de Internet Meduza, titulado «Un yerno muy rico. Cómo organizan sus negocios los familiares directos del consejero delegado de Transneft, Nikolai Tokarev», son vagas y se basan en indicios que no parecen suficientemente sólidos para respaldarlas, no puede poner en entredicho el valor probatorio de esas pruebas. En efecto, ante las dificultades para acceder a la información, mencionadas en el apartado 60 anterior, el hecho de que esas investigaciones o artículos se basen en datos como números de teléfono o información disponible en sitios de Internet no priva a los documentos n.os 12 y 15 de valor probatorio.
64
Asimismo, tampoco puede acogerse el argumento en el sentido de que, en esencia, los artículos publicados por el Moscow Post no son fiables porque ese medio de comunicación ha sido condenado recientemente en varias ocasiones por difamación. En efecto, el hecho de que un medio de comunicación haya sido condenado varias veces por difamación no implica que todo lo que publica carezca de fiabilidad. Por otro lado, en el presente asunto ha de señalarse que las sentencias aportadas por la demandante no guardan relación con el documento n.o 17, a saber, el artículo del Moscow Post titulado «Nikolai Tokarev y su sociedad Transneft no han logrado atribuir a sus adversarios la responsabilidad sobre la calidad del petróleo». De ello se sigue que esa prueba no carece de fuerza probatoria.
65
Habida cuenta de lo anterior, a la luz del contexto que caracteriza la situación de la Federación de Rusia y a falta de competencias de investigación del Consejo en los países terceros (véanse los apartados 59 y 60 anteriores), no puede excluirse que los documentos n.os 6, 12, 15 y 17 del expediente de pruebas inicial tengan valor probatorio.
ii) Sobre el anexo B.5 del escrito de contestación
66
La demandante pone en duda que el anexo B.5 del escrito de contestación, que contiene la investigación completa de la que se ha obtenido el extracto que figura el documento n.o 12 del expediente de pruebas inicial, pueda ser tenida en cuenta porque ello supondría modificar el contenido del expediente de pruebas inicial.
67
El Consejo, apoyado por la Comisión, refuta esta alegación.
68
Según reiterada jurisprudencia, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto (sentencias de 3 de septiembre de 2015, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, apartado 22, y de 8 de marzo de 2023, Prigozhina/Consejo, T‑212/22, no publicada, EU:T:2023:104, apartado 80).
69
Ha de recordarse asimismo que el control de la legalidad en cuanto al fondo que incumbe al Tribunal General, en especial en los litigios en materia de medidas restrictivas, debe efectuarse a la luz no solo de los elementos que figuran en las exposiciones de motivos de los actos controvertidos, sino también de aquellos que, en caso de impugnación, el Consejo facilite al citado Tribunal para demostrar que los hechos alegados en dichas exposiciones de motivos son fundados (sentencia de 22 de abril de 2021, Consejo/PKK, C‑46/19 P, EU:C:2021:316, apartado 64).
70
Procede señalar que, como reconoce la demandante, el anexo B.5 reproduce en su totalidad la investigación llevada a cabo por el OCCRP, publicada el 24 de diciembre de 2016, titulada «Los amigos de Putin prosperan gracias a su proximidad con el poder», de la que figura un extracto en el documento n.o 12 del expediente de pruebas inicial. Según se desprende del citado expediente, el Consejo tuvo acceso a esa investigación del 5 de abril de 2022 y, entre los elementos que identifican la fuente de ese documento, se incluye un hipervínculo completo que permite acceder a la totalidad del contenido de dicha investigación. Dadas las circunstancias, la demandante no puede rebatir que se pueda tener en cuenta el anexo B.5 del escrito de contestación (véase, por analogía, sentencia de 1 de junio de 2022, Prigozhin/Consejo, T‑723/20, no publicada, EU:T:2022:317, apartado 55).
71
De ello resulta que el anexo B.5 del escrito de contestación puede ser tomado en consideración para examinar el fundamento del mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas como persona asociada al Sr. Tokarev.
iii) Sobre el carácter fundado del mantenimiento de la demandante como persona asociada a su padre
72
La demandante considera que el Consejo cometió un error en lo que respecta al valor estimado de sus inmuebles y que, en cualquier caso, tal valor no es pertinente para acreditar el vínculo de asociación con su padre. Además, aduce que la base documental del Consejo no basta para aseverar que sus inmuebles pueden estar vinculados a su padre. Asimismo, sostiene que, aun suponiendo que la sociedad Ronin Trust haya gestionado algunos de sus inmuebles, dicha sociedad no permite acreditar un vínculo con su padre. En este sentido, opina que el hecho de que la sociedad Ronin Trust haya gestionado el fondo de pensiones no gubernamental de la sociedad Transneft constituye un vínculo remoto y está anticuado.
73
El Consejo, apoyado por la Comisión, refuta esta alegación.
74
En particular, el Consejo señala que del expediente de pruebas inicial resulta que la demandante es o ha sido propietaria, sola o con su exmarido, de varias sociedades e inmuebles por valor de más de 50 millones de USD (aproximadamente 45 millones de euros) en Moscú (Rusia). En cualquier caso, en su opinión, el valor del patrimonio de la demandante no constituye un elemento determinante dado que lo importante es que la demandante se ha convertido en una empresaria próspera que ha hecho dinero. Por otro lado, el Consejo sostiene que del expediente de pruebas inicial resulta que la demandante está asociada a su padre por su vínculo familiar y porque su fortuna y negocios también están vinculados a él. En concreto, considera que disponía de un conjunto de indicios precisos y concretos que corroboran que la demandante ha hecho fortuna en el sector inmobiliario aprovechándose de que su padre ejercía el cargo de consejero delegado de Transneft. Además, el Consejo sostiene que la demandante está vinculada a los negocios de su padre mediante la sociedad Ronin, que está vinculada a Transneft, y mediante un modelo de gestión familiar de los negocios.
75
A este respecto, procede recordar que, como resulta de los apartados 45 a 47 anteriores, el criterio de la persona asociada se refiere a las personas que tienen intereses comunes con una persona que ha sido incluida en las listas controvertidas sobre la base de uno o varios de los criterios de designación previstos en el artículo 2, apartado 1, letras a) a g), de la Decisión 2014/145, en su versión modificada.
76
Debe precisarse que esos intereses comunes no deben interpretarse solo en sentido estricto, es decir, de que designan a personas cuyos intereses están vinculados en una estructura jurídica común, sino también en sentido amplio y tratándose de personas unidas por lazos familiares, cuando se caracteriza la existencia objetiva de intereses comunes entrelazados, que no está necesariamente formalizada en una estructura jurídica creada al efecto (véase, en ese sentido y por analogía, sentencia de 6 de septiembre de 2023, Timchenko/Consejo, T‑361/22, no publicada, recurrida en casación, EU:T:2023:502, apartado 76).
77
Además, teniendo en cuenta que el criterio de la persona asociada está conjugado en presente de indicativo, la existencia de intereses comunes debe establecerse en el momento de la adopción de los actos impugnados (véase, en ese sentido, la sentencia de 8 de marzo de 2023, Prigozhina/Consejo, T‑212/22, no publicada, EU:T:2023:104, apartado 92).
78
En el presente asunto, la demandante no niega su vínculo de filiación con su padre, el Sr. Tokarev, que desempeña el cargo de consejero delegado de la sociedad Transneft, considerada como una gran empresa de petróleo y gas de Rusia. Sostiene, en cambio, que la base fáctica del Consejo no contiene elementos suficientes para acreditar un vínculo de asociación con su padre.
79
De los motivos de inclusión de que se trata se desprende que los intereses comunes entre la demandante y su padre se derivan, por un lado, del hecho de que su importante patrimonio inmobiliario en Moscú, Croacia y Letonia puede vincularse a su padre y, por otro lado, de los vínculos entre la demandante y la sociedad Ronin, que se presenta como encargada de gestionar el fondo de pensiones de la sociedad Transneft.
80
En primer lugar, en cuanto al vínculo entre la demandante y la sociedad Ronin Trust, del documento n.o 15 del expediente de pruebas inicial resulta, en particular, que cuando la demandante todavía estaba casada con su exmarido, la sociedad Ronin Trust, que gestionaba el fondo de pensiones de Transneft, también se encargaba de administrar los bienes inmuebles del grupo de sociedades denominado RPA. Según esa prueba, el exmarido de la demandante era propietario del 100 % de la sociedad RPA-Management, mientras que la demandante era titular del 75 % de la sociedad RPA-Estate y del 50 % de la sociedad RPA-Hotel Management. De lo anterior se sigue, que el Consejo estaba legitimado para considerar que, en 2016, existía un vínculo entre la sociedad Ronin Trust y las sociedades en las que la demandante había poseído una participación, es decir, la sociedad RPA-Hotel Management y la sociedad RPA-Estate.
81
Sin embargo, también se desprende del documento n.o 15 del expediente de pruebas inicial que la sociedad Transneft no era ni la única cliente, ni tan siquiera la cliente principal, de la sociedad Ronin Trust en el ámbito de la gestión de fondos de pensiones. Esa constatación queda corroborada por los extractos de las cuentas anuales de la sociedad Ronin Trust aportados por la demandante (anexo A.11), de los que se desprende que esa sociedad se encarga efectivamente de la gestión de los fondos de pensiones de otras empresas distintas de Transneft. Ahora bien, además del hecho de que ningún elemento del expediente proporciona información sobre las actividades y organización de la sociedad Ronin Trust, la circunstancia de que la demandante y la sociedad Transneft recurran a los servicios de un mismo proveedor, que presta servicios a terceras empresas, no basta para acreditar la existencia de un vínculo entre la demandante y la sociedad Transneft. Durante la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal General mediante la que se le invitaba a explicar cómo podía establecerse un vínculo entre la demandante y su padre a través de la sociedad Ronin Trust, que gestiona los fondos de pensiones de varias empresas, el Consejo no fue capaz de explicar el citado vínculo. En efecto, no invocó ningún elemento que acreditase que el Sr. Tokarev tuviera una participación en el capital de la sociedad Ronin Trust, ni que este formara parte de los órganos de dirección de dicha sociedad, ni que pusiera de manifiesto particularidades en la relación comercial entre Ronin Trust y Transneft que la diferenciaran de aquellas que la sociedad Ronin Trust mantiene con otras sociedades que forman parte de su clientela.
82
Por consiguiente, la demandante tiene razón cuando afirma que el remoto vínculo entre Ronin Trust y Transneft no es suficiente para acreditar la existencia de un vínculo entre sus actividades y las de su padre.
83
Además, en lo respecta al hecho expuesto en los motivos de inclusión de que la dirección de Ronin Europe se indicó en el contexto de un proceso de naturalización de la demandante para obtener la nacionalidad chipriota, ha de señalarse que tal hecho tampoco permite acreditar la existencia de intereses comunes entre la demandante y el Sr. Tokarev. En efecto, durante la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal General dirigida a que se esclarecieran los vínculos entre Ronin Europe y Ronin Trust, el Consejo señaló, en esencia, que consideró que esas sociedades podían considerarse vinculadas. Además, es preciso observar que el Consejo no ha invocado ningún elemento que permita acreditar la existencia de un vínculo entre la sociedad Ronin Europe y el Sr. Tokarev. Por consiguiente, por las razones que se exponen en el apartado 81 anterior, el vínculo entre la demandante y la sociedad Ronin Europe no permite demostrar la existencia de un vínculo entre la demandante y su padre a través de la sociedad Transneft.
84
De este modo, el Consejo actuó erróneamente al basarse en las relaciones comerciales de la demandante con las sociedades Ronin Trust y Ronin Europe para acreditar un vínculo con el Sr. Tokarev a través de la sociedad Transneft.
85
En segundo lugar, debe comprobarse si el expediente de pruebas inicial contiene un conjunto de indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes para acreditar la existencia de vínculos entre el patrimonio inmobiliario de la demandante y el Sr. Tokarev en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2022.
86
Con carácter preliminar, conviene señalar que las partes en el litigio principal discrepan en cuanto al valor del patrimonio inmobiliario de la demandante. En los motivos de inclusión en cuestión, el Consejo consideró que el patrimonio inmobiliario de la demandante y de su exmarido tenía un valor de más de 50 millones de USD (aproximadamente 45 millones de euros) por los bienes localizados en Moscú, Croacia y en Letonia. Sin embargo, aparte del hecho de que la demandante no rebate que es posible que el valor acumulativo de su patrimonio personal y del patrimonio de su exmarido rebase los 50 millones de USD (aproximadamente 45 millones de euros), debe señalarse que el valor del patrimonio de la demandante no es decisivo para justificar que su nombre se mantenga en las listas controvertidas. En efecto, se trata de un elemento contextual que indica, como constata el Consejo, que la demandante es una empresaria próspera que, en particular, ha hecho fortuna en el ámbito inmobiliario, como se desprende, en especial, de los documentos n.os 9 y 16 del expediente de pruebas inicial. En consecuencia, una eventual inexactitud en cuanto al valor de su patrimonio no puede dar lugar, por sí sola, a la anulación de los actos de mantenimiento de septiembre de 2022.
87
Ha de observarse que la demandante reconoce ser propietaria de la sociedad Ostozhenka 19, que es titular de un edificio histórico en Moscú, de un apartamento sito en la calle Brusov de Moscú y de la sociedad Katina, titular de una villa denominada Karolina, ubicada en Mali Lošinj, Croacia. De los elementos del expediente de pruebas inicial resulta que cada uno de esos inmuebles tiene un valor de varios millones de rublos rusos (RUB). En efecto, según el documento n.o 15, el edificio histórico en Moscú fue adquirido en 2016 por un importe de 390 millones de RUB (aproximadamente 3,9 millones de euros), según el documento n.o 14, la villa en Croacia se tasó en 4,1 millones de USD (aproximadamente 3,8 millones de euros) y, según el documento n.o 9, el apartamento sito en la calle Brusov está en un edificio en el que algunos de los apartamentos valen, al menos, 315 millones de RUB (aproximadamente 3,15 millones de euros). Habida cuenta del valor de ese patrimonio inmobiliario, que asciende a varios millones de euros, el Consejo podía considerar legítimamente que la demandante poseía un patrimonio inmobiliario significativo. Ahora bien, como sostiene acertadamente la demandante, en el presente caso el valor de sus bienes no es suficiente, por sí solo, para acreditar un vínculo de asociación con su padre. Por lo tanto, es preciso comprobar si la base fáctica del Consejo permite sustentar la apreciación de que ese patrimonio inmobiliario de la demandante podía estar vinculado a su padre en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2022.
88
En primer término, en lo concerniente al inmueble sito en Jūrmala (Letonia), que la demandante y su exmarido poseían conjuntamente cuando estaban casados, debe destacarse que el Consejo no invoca ningún elemento que permita vincular ese inmueble al Sr. Tokarev. Además, la demandante ha aportado un extracto de una adenda a las capitulaciones matrimoniales de 14 de febrero de 2019 (anexo A.9) que acredita que, tras el divorcio, todas las participaciones de la sociedad Dzintaru 34, propietaria de ese inmueble, debían transmitirse a su exmarido. Pues bien, la demandante se divorció en junio de 2019, extremo que el Consejo no refuta. Por consiguiente, debe considerarse que la demandante ha demostrado que, desde junio de 2019, ya no tiene ningún vínculo con el inmueble situado en Letonia. Resulta de ello que, dado que debe acreditarse la existencia de intereses comunes en el momento en que se adoptaron los actos impugnados (véase el apartado 77 anterior), para demostrar la existencia de tales intereses entre la demandante y su padre a través de los inmuebles de los que ella es propietaria, el Consejo no pueden invocar el inmueble de Letonia toda vez que, en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2022, hacía varios años que la demandante había dejado de ser su propietaria.
89
En segundo término, en cuanto a villa Karolina, situada en la bahía de Čikat en Mali Lošinj (Croacia), procede señalar que la demandante ha aportado una certificación histórica del registro de Trgovački Sud u Zagrebu (Tribunal de lo Mercantil de Zagreb, Croacia) de la sociedad Katina (anexo A.20), que es propietaria de esa villa. Pues bien, de ese documento resulta que la demandante es accionista única de la sociedad y que su padre no ha sido nunca titular de participaciones en ella. De lo anterior se sigue que, en lo que respecta a ese inmueble, el Consejo no puede invocar la existencia de un vínculo directo entre la demandante y su padre. Además, aunque es cierto que el documento n.o 6 del expediente de pruebas inicial puede constituir un indicio de que ese inmueble está gestionado por la familia debido a que el Sr. Tokarev encomendó la dirección de la sociedad Katina a su exyerno, ese indicio no es suficiente, por sí solo, para acreditar un vínculo entre el padre de la demandante y villa Karolina durante el período posterior al año 2019. En efecto, dado que la demandante se divorció en junio de 2019, su exmarido dejó de desempeñar funciones en la sociedad Katina el mismo año, tal y como se desprende del anexo A.20. Ahora bien, el Sr. Tokarev intervino en el nombramiento de su exyerno como miembro del consejo de administración de Katina necesariamente mucho antes del año 2019. Así, a falta de otras pruebas referidas a hechos más recientes que permitan acreditar que villa Karolina seguía estando gestionada a nivel familiar con la participación del Sr. Tokarev, debe observarse que el Consejo no disponía de ningún elemento que permita acreditar que, en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2022, existía un vínculo entre el padre de la demandante y villa Karolina.
90
En tercer término, en lo referente al hecho mencionado por el Consejo de que la familia Tokarev ha adquirido un complejo hotelero por valor de varios miles de millones de USD situado asimismo en Croacia, es cierto que el documento n.o 16 del expediente de pruebas inicial, es decir, un artículo de prensa publicado en 2020, afirma que existen datos de que la familia Tokarev había adquirido un complejo hotelero gracias a licitaciones de la sociedad Transneft. Sin embargo, es forzoso señalar que ese artículo no precisa la fecha en la que se realizó esa operación ni especifica el miembro de la familia Tokarev que adquirió ese inmueble ni si disponía aún de él en el momento en que se publicó el artículo en 2020. Además, en contra de lo que sostiene el Consejo, no resulta de manera evidente del anexo D.1 del escrito de dúplica, es decir un artículo publicado el 16 de agosto de 2016 en el sitio de Internet del Moscow Post, titulado «¿La ‟trompeta de oro” de Nikolay Tokarev?», que la demandante o los miembros de su familia hayan adquirido un completo hotelero como contraprestación por licitaciones de Transneft. En efecto, según ese artículo, en 2005, la demandante percibió ingresos de una sociedad denominada Caprice-Stell que era titular indirecta de participaciones en una sociedad hotelera, que se anunciaba como propietaria de un complejo hotelero en Mali Lošinj. De este modo, aun suponiendo que el hecho de que la demandante haya percibido una remuneración de la sociedad Caprice-Stell pueda considerarse una prueba de la adquisición de un complejo hotelero, debe destacarse que, según ese artículo, publicado en el Moscow Post en 2016, la operación de licitación de Transneft en el contexto de la adquisición de inmuebles se realizó varios años antes de que se publicara el artículo. Ahora bien, de ese artículo no resulta que la demandante haya percibido remuneración alguna de la sociedad Caprice-Stell después del año 2005. Además, el Consejo no ha aportado ningún otro elemento dirigido a demostrar que la demandante era aún propietaria de un complejo hotelero en Croacia. Así, dado que los hechos que constan en las pruebas aportadas por el Consejo son antiguos, esa institución no puede afirmar legítimamente que, en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2022, la demandante era propietaria de un complejo hotelero en Croacia.
91
En cuarto lugar, la demandante sostiene que, desde que se divorció en junio de 2019, ya no tiene ningún vínculo con las sociedades del grupo RPA de su exmarido y que su patrimonio inmobiliario en Moscú se limita al edificio histórico que posee a través de la sociedad Ostozhenka 19 (anteriormente denominada RPA-Estate) y a un apartamento sito en la calle Brusov. Por lo tanto, en particular, en lo que respecta al período posterior a su divorcio, la demandante niega que, entre sus inmuebles y su padre, exista el vínculo que el Consejo intenta acreditar, sobre la base del documento n.o 15 del expediente de pruebas inicial, a través de las sociedades del grupo RPA y de Ronin Trust. A este respecto baste señalar que el Consejo no podía basarse en la existencia de relaciones comerciales entre la demandante y la sociedad Ronin Trust para demostrar la existencia de un vínculo entre la demandante y el Sr. Tokarev a través de la sociedad Transneft (véase el apartado 81 anterior). Por consiguiente, la circunstancia de que los inmuebles de la demandante sitos en Moscú estuvieran gestionados por la sociedad Ronin Trust no puede constituir una prueba de que tales inmuebles podían considerarse vinculados a su padre. Pues bien, ha de señalarse que el expediente de pruebas inicial no contiene ninguna otra prueba que permita demostrar la existencia de un vínculo entre los bienes de la demandante situados en Moscú y el Sr. Tokarev.
92
De las anteriores consideraciones resulta que los motivos adolecen de un error de apreciación en la medida en que afirman que los inmuebles de la demandante podían vincularse al Sr. Tokarev en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2022.
93
Los argumentos del Consejo no ponen en entredicho esa conclusión.
94
En primer término, es cierto que, como señala acertadamente el Consejo, según los documentos n.os 2, 3, 6, 9, 13 y 15 del expediente de pruebas inicial, se describe al padre de la demandante como una persona próxima al Sr. Vladímir Putin desde hace mucho tiempo y que ejerce el cargo de consejero delegado de una de las sociedades públicas más importantes de Rusia. Sin embargo, aunque esa información constituye un elemento contextual pertinente, no permite acreditar la existencia de un vínculo entre el patrimonio inmobiliario de la demandante y su padre.
95
En segundo término, los documentos n.os 1 a 3 y 6 del expediente de pruebas inicial afirman, con carácter general y sin ninguna otra precisión, que los miembros de la familia del Sr. Tokarev se han beneficiado de los vínculos que este mantienen con el Sr. Putin o con el Gobierno ruso, y el documento n.o 12 de dicho expediente, cuyo contenido íntegro se reproduce en el anexo B.5 del escrito de contestación, menciona, de forma general, que los miembros de la familia del Sr. Tokarev han ampliado su fortuna y poseen valiosos bienes inmuebles en Europa. Pues bien, como señala la demandante, los documentos n.os 1 y 3 del expediente de pruebas inicial, que reproducen, en esencia, el contenido de un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (documento n.o 2), no contienen datos más precisos y concretos que demuestren que los inmuebles de la demandante estén vinculados al Sr. Tokarev, en particular en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2022. Asimismo, ya se ha observado que el documento n.o 6 del expediente de pruebas inicial no contenía ningún elemento que permitiera acreditar ese vínculo en el momento en que se adoptaron esos actos (véase el apartado 89 anterior). En cuanto al documento n.o 12, cuyo contenido se reproduce en su totalidad en el anexo B.5 del escrito de contestación, debe señalarse que la información que contiene es prácticamente análoga a la que figura en el documento n.o 15 del expediente de pruebas inicial. Por consiguiente, por las razones expuestas en el apartado 90 anterior, el documento n.o 12 del expediente de pruebas inicial no contiene elementos que puedan demostrar la existencia de un vínculo entre el patrimonio inmobiliario de la demandante y el Sr. Tokarev en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2022.
96
En tercer término, en cuanto a la existencia de un modelo de gestión familiar de los negocios en el ámbito inmobiliario, es cierto, como afirma el Consejo en su escrito de dúplica, que el anexo D.1 contiene información que demuestra la existencia de ese modelo en lo que concierne a la adquisición por la demandante y su exmarido de un inmueble no identificado en Croacia en el contexto de una operación que implicaba licitaciones de Transneft. Asimismo, de la información que consta en el documento n.o 6 del expediente de pruebas inicial también puede desprenderse la existencia de un modelo de gestión familiar de los negocios, dado que el Sr. Tokarev interviene en la gestión de la sociedad Katina, propietaria de villa Karolina. Sin embargo, como se ha observado en los apartados 89 y 90 anteriores, esos hechos son anteriores en varios años a la adopción de los actos de mantenimiento de septiembre de 2022. Pues bien, ha de destacarse que el Consejo no ha aportado ningún elemento que permita demostrar que ese modelo de gestión familiar de los negocios en el sector inmobiliario, que implica a la demandante y a su padre, siguiera aplicándose en el momento en que se adoptaron los citados actos.
97
En lo referente a la supuesta persistencia de un modelo de gestión familiar de los negocios en el ámbito inmobiliario, el Consejo incurrió en un error al invocar, durante la vista, la aplicación de ese modelo de gestión en lo que respecta al complejo inmobiliario Gelendzhik Resort Meridian situado en Rusia. En efecto, ese bien inmueble no se mencionada en los motivos de inclusión que figuran en los actos de mantenimiento de septiembre de 2022 de manera que el Consejo no puede invocarlos sin admitir una sustitución de la motivación. En cualquier caso, de los documentos n.os 9 y 16 del expediente de pruebas inicial resulta que la demandante tiene participaciones en ese complejo inmobiliario junto con el Sr. Stanislav Chemezov, y el Consejo no ha demostrado que ese inmueble pueda vincularse al Sr. Tokarev.
98
En cuarto lugar, a diferencia de lo que sostiene el Consejo, el hecho de que el Sr. Tokarev siga vinculado al Sr. Putin, que aún ejerza el cargo de consejero delegado de Transneft y de que la demandante sigua siendo propietaria de los inmuebles no basta para justificar que su nombre se mantenga en las listas controvertidas sobre la base del criterio de la persona asociada. En efecto, como se ha recordado en el apartado 77 anterior, el Consejo está obligado a demostrar que existen intereses comunes en el momento en que se adoptaron los actos impugnados. Pues bien, es preciso destacar que el Consejo no ha probado que, en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2022, el patrimonio inmobiliario de la demandante pudiera vincularse a su padre.
99
En tercer lugar, en lo concerniente a los documentos n.os 2 a 5, 8 y 11 del expediente de pruebas inicial, que guardan relación con las medidas restrictivas adoptadas contra la demandante por Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, aunque es cierto que tales elementos pueden ser pertinentes para determinar el contexto, no justifican, por sí solos, la inclusión y el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas. En efecto, como ha demostrado la demandante, en esos países terceros, los miembros de la familia de las personas contra las que se han adoptado medidas restrictivas también pueden ser objeto de medidas de este tipo exclusivamente sobre la base de su filiación. Es cierto que, en el contexto de las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria se declaró que, cuando se inmovilizan los capitales de personas sancionadas, existe un riesgo no desdeñable de que esas personas presionen a aquellas con las que están asociadas para eludir el efecto de las medidas que les afectan (véase, en ese sentido, sentencia de 28 de abril de 2021, Sharif/Consejo, T‑540/19, no publicada, EU:T:2021:220, apartado 159). Sin embargo, debe destacarse que, en ese régimen, el criterio de inclusión era distinto del que se aplica en el presente asunto. En efecto, en el asunto que dio lugar a esa sentencia, la normativa preveía expresamente restricciones y la inmovilización de capitales, en particular, de «destacados empresarios que operen en Siria» y de los «miembros de las familias Assad o Makhlouf» así como de «personas asociadas con aquellas». En este marco jurídico, el vínculo familiar con esas familias podía bastar para incluir el nombre de una persona en las listas de que se trata sobre la base del «criterio del vínculo con los miembros de [esas] familias». En cambio, no ocurre así cuando, como sucede en este caso, la normativa no menciona de manera explícita como criterio de inclusión ser miembro de determinadas familias designadas nominalmente (véase, en ese sentido, la sentencia de 29 de noviembre de 2023, Pumpyanskiy/Consejo, T‑734/22, no publicada, EU:T:2023:761, apartado 70).
100
De las consideraciones anteriores resulta que el Consejo no ha demostrado la existencia de intereses comunes que vinculen a la demandante con su padre en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2022. Por consiguiente, el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas se basaba de hecho exclusivamente en su vínculo familiar con su padre, lo cual es inadmisible.
101
A la luz de las consideraciones anteriores, en lo que respecta a los actos de mantenimiento de septiembre de 2022, dado que se ha apreciado que el Consejo cometió un error de Derecho al mantener el nombre de la demandante en las listas controvertidas en calidad de persona asociada al Sr. Stanislav Chemezov (véanse los apartados 45 a 52 anteriores) y que los motivos que figuran en los citados actos no están suficiente acreditados conforme a Derecho en lo que atañe al vínculo de asociación de la demandante con su padre, el Sr. Tokarev, procede concluir que no estaba justificado mantener el nombre de la demandante en las listas controvertidas.
102
Por consiguiente, se estima el motivo basado en un error de Derecho y en errores de apreciación en la medida en que se dirige contra los actos de mantenimiento de septiembre de 2022.
2) Sobre los actos de mantenimiento de marzo de 2023
103
En su primer escrito de adaptación, la demandante cuestiona la fiabilidad de una prueba aportada por el Consejo en el expediente de pruebas WK 1128/2023 INIT y sostiene que los expedientes de pruebas de enero de 2023 no constituyen una base fáctica suficiente para justificar que su nombre se mantenga en las listas controvertidas en calidad de persona asociada a su padre.
i) Sobre la fiabilidad de las pruebas
104
La demandante aduce que el documento n.o 4 del expediente de pruebas WK 1128/2023 INIT, que expone que la familia Tokarev habría adquirido una empresa hotelera en Croacia por valor de varios miles de millones de USD gracias a la licitación de Transneft, no es fiable porque no se basa en ninguna prueba. Además, la demandante destaca que los autores de ese artículo se basan en otro artículo del medio de comunicación Moscow Post, que no cita sus fuentes y que no es fiable al haber sido condenado recientemente por difamación en varias ocasiones.
105
El Consejo, apoyado por la Comisión, refuta esta alegación.
106
En el presente asunto, para justificar el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas mediante los actos de mantenimiento de marzo de 2023, el Consejo aportó los expedientes de pruebas de enero de 2023. Procede destacar que, en lo que respecta al vínculo entre la demandante y su padre, el Consejo se basó en información accesible al público, a saber, en particular, en el expediente WK 1128/2023 INIT, en los siguientes elementos:
–
una página del sitio de Internet List-Org referente a la demandante, cuya fecha de publicación no se precisa, consultada el 19 de enero de 2023 (documento n.o 1);
–
una página del sitio de Internet List-Org referente a la sociedad Ostozhenka 19, cuya fecha de publicación no se precisa, consultada el 19 de enero de 2023 (documento n.o 3);
–
un artículo publicado el 28 de agosto de 2020 en el sitio de Internet del Moscow Post, titulado «Salida de Shmatko hacia el ‟meridiano” de Gelendzhik: El complejo turístico de Gelendzhik — Meridian reúne a la élite de los empresarios afines al exministro de energía Sergei Shmatko y a los hijos de Tokarev y Chemezov. ¿Se unirá Manturov al trío?», consultado el 19 de enero de 2023 (documento n.o 4);
–
un artículo publicado el 20 de marzo de 2022 en el sitio de Internet de Re:Baltica, titulado «Miembros del entorno de Putin que poseen bienes en Letonia», consultado el 18 de enero de 2023 (documento n.o 7).
107
El expediente WK 1128/2023 ADD 1 recoge una investigación realizada por el OCCRP titulada «Los amigos de Putin prosperan gracias a su proximidad con el poder», publicada el 24 de diciembre de 2016 y consultada el 27 de enero de 2023.
108
El expediente WK 1128/2023 ADD 2 contiene un resumen de un documento confidencial referente a las empresas propiedad de la demandante inscritas en el Registro Mercantil en Rusia.
109
En cuanto a la fiabilidad del documento n.o 4 del expediente WK 1128/2023 INIT, a saber, el artículo titulado «Salida de Shmatko hacia el ‟meridiano” de Gelendzhik: El complejo turístico de Gelendzhik — Meridian reúne a la élite de los empresarios afines al exministro de energía Sergei Shmatko y a los hijos de Tokarev y Chemezov. ¿Se unirá Manturov al trío?», es preciso señalar que el argumento de la demandante de que el artículo no contiene ninguna prueba no basta para privarlo de su valor probatorio. Además, como reconoce la demandante, ese artículo se basa en otro del Moscow Post que el Consejo ha aportado como anexo D.1 de su escrito de dúplica. En cuanto a ese artículo, el hecho de que no cite sus fuentes no le priva, por sí solo, de valor probatorio. Por otra parte, el hecho de que un medio de comunicación haya sido condenado en varias ocasiones por difamación no implica que todo lo que publica carezca de fiabilidad.
110
Teniendo en cuenta el contexto que caracteriza la situación de la Federación de Rusia y a falta de competencias de investigación del Consejo en los países terceros (véanse los apartados 59 y 60 anteriores), no puede excluirse que el documento n.o 4 del expediente WK 1128/2023 INIT tenga valor probatorio.
ii) Sobre el carácter fundado del mantenimiento de la demandante como persona asociada a su padre
111
La demandante considera que el Consejo no dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos para sustentar los motivos de inclusión de los actos de mantenimiento de marzo de 2023. En particular, opina que las nuevas pruebas no respaldan la alegación de que sus inmuebles pueden vincularse a su padre. Además, impugna la modificación de los motivos de inclusión conforme a la cual está vinculada a la sociedad Ronin Trust a través de la sociedad Ostozhenka 19 (anteriormente denominada RPA Estate). En cualquier caso, aduce que el vínculo con la sociedad Ronin Trust en el que se basa el Consejo es remoto y especulativo, de manera que no puede justificar que su nombre se mantenga en las listas controvertidas sobre la base del criterio de la persona asociada.
112
El Consejo, apoyado por la Comisión, refuta esta alegación.
113
En particular, el Consejo sostiene que ha demostrado que la demandante estaba asociada al Sr. Tokarev por su vínculo de filiación con él y porque su fortuna también está vinculada a él. Considera, en particular, que determinados elementos de los expedientes de pruebas de enero de 2023 corroboran la información del expediente de pruebas inicial referida a los vínculos entre el Sr. Tokarev, el Sr. Putin y, en especial, la adquisición por la demandante de importantes activos inmobiliarios. Además, en lo relativo al vínculo entre la demandante y la sociedad Ronin Trust, el Consejo considera que la demandante no ha demostrado la inexistencia de vínculos con la sociedad Ostozhenka 19 (anteriormente denominada RPA-Estate) y RPA-Hotel Management.
114
Procede señalar que, en lo que respecta a los vínculos entre la demandante y su padre, los motivos de inclusión de los actos de mantenimiento de marzo de 2023 son prácticamente análogos a los de los actos de mantenimiento de septiembre de 2022. Por un lado, el mantenimiento del nombre de la demandante en esas listas se justificó en que su patrimonio inmobiliario podía vincularse a su padre. Ese primer motivo no ha sufrido modificaciones sustanciales. Por otro lado, el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas también se justificó por la existencia de vínculos entre la demandante y la sociedad Ronin, que se presenta como encargada de gestionar el fondo de pensiones de la sociedad Transneft. En ese segundo motivo, el Consejo precisó que la demandante estaba vinculada a Ronin Trust a través de la sociedad Ostozhenka 19.
115
En primer lugar, debe recordarse que las relaciones comerciales entre la demandante y las sociedades Ronin Trust y Ronin Europe no permiten demostrar la existencia de intereses comunes entre la demandante y su padre a través de la sociedad Transneft (véanse los apartados 80 a 84 anteriores). En los expedientes de pruebas de enero de 2023, el Consejo no ha aportado ningún elemento que permita modificar esa conclusión.
116
De ello resulta, por una parte, que, para justificar el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas, el Consejo no podía basarse en que Ronin Trust hubiera gestionado inmuebles de las sociedades RPA-Estate y RPA-Hotel Management ni en un supuesto vínculo entre la demandante y la sociedad Ronin Trust a través de la sociedad Ostozhenka 19. Por otra parte, el Consejo tampoco podía apoyarse en que la dirección de la sociedad Ronin Europe se hubiera mencionado en el procedimiento de naturalización de la demandante de cara a la obtención de la nacionalidad chipriota.
117
Por consiguiente, los argumentos del Consejo dirigidos a demostrar la existencia de vínculos entre la demandante y la sociedad Ronin Europe y aquellos en el sentido de que la demandante y la sociedad Ronin Trust siguen manteniendo relaciones comerciales no permiten justificar el carácter fundado de los actos de mantenimiento de marzo de 2023.
118
En segundo lugar, en lo que concierne al vínculo entre el patrimonio inmobiliario de la demandante y el Sr. Tokarev, el Consejo arguye que el documento n.o 7 del expediente WK 1128/2023 INIT, un artículo de prensa publicado en marzo de 2022 en relación con un inmueble que la demandante tenía en Letonia, corrobora los indicios recogidos en el expediente de pruebas inicial de que los vínculos entre el Sr. Tokarev y el Sr. Putin han permitido a la familia Tokarev adquirir activos inmobiliarios significativos. Es cierto que ese artículo menciona que la familia Tokarev se ha beneficiado de los vínculos entre el Sr. Tokarev y el Sr. Putin para adquirir importantes activos. También indica que la demandante y su exmarido obtuvieron su fortuna cuando aún estaban casados, en particular gracias a determinados contratos celebrados entre la sociedad Transneft y las sociedades del exmarido de la demandante. Sin embargo, es de destacar que ese artículo guarda relación con hechos acaecidos varios años antes de la adopción de los actos de mantenimiento de marzo de 2023, pues hace referencia a la situación de la demandante antes de su divorcio en junio de 2019. Por otra parte, ese artículo confirma que, desde el divorcio, la demandante ya no es propietaria del inmueble que poseía en Letonia con su exmarido. Por consiguiente, aunque ese artículo podría constituir, a lo sumo, un elemento de contexto dirigido a demostrar que, en el pasado, quizá existió un modelo de gestión familiar de los negocios, no puede constituir, en cambio, una prueba que permita acreditar un vínculo entre el patrimonio inmobiliario de la demandante y el Sr. Tokarev en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de marzo de 2023.
119
Para establecer un vínculo entre el patrimonio inmobiliario de la demandante y su padre, el Consejo invoca asimismo el documento n.o 4 del expediente WK 1128/2023 INIT, que, al igual que el documento n.o 16 del expediente de pruebas inicial, menciona la existencia de información de que la familia Tokarev habría adquirido un complejo hotelero por valor de varios miles de millones de USD en Croacia gracias a licitaciones de Transneft. Pues bien, es preciso observar que ese documento no precisa la información contenida en los documentos del expediente de pruebas inicial relativos a la supuesta adquisición de un complejo hotelero por los miembros de la familia Tokarev. Por consiguiente, por las razones expuestas en los apartados 90 y 96 anteriores, ese documento no constituye una prueba que demuestre la existencia de un vínculo entre el patrimonio inmobiliario de la demandante y su padre en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2023.
120
Además, debe señalarse que ningún otro elemento de los expedientes de pruebas de enero de 2023 demuestra la existencia de un vínculo entre el patrimonio inmobiliario de la demandante y el Sr. Tokarev en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de marzo de 2023. Por consiguiente, los motivos adolecen de un error de apreciación en la medida en que afirman que los inmuebles de la demandante podían vincularse al Sr. Tokarev en el momento en que se adoptaron dichos actos. De ello resulta que el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas se basa de hecho exclusivamente en su vínculo familiar con su padre, lo cual es inadmisible.
121
En consecuencia, dado que el Consejo también ha cometido un error de Derecho al mantener el nombre de la demandante en las listas controvertidas en calidad de persona asociada al Sr. Stanislav Chemezov (véanse los apartados 45 a 52 anteriores), ha de concluirse que no estaba justificado mantener el nombre de la demandante en las listas controvertidas.
122
Por lo tanto, procede estimar el motivo basado en un error de Derecho y en un error de apreciación, en la medida en que ese motivo se dirige contra los actos de mantenimiento de marzo de 2023.
d)
Sobre la aplicación a la demandante de la segunda parte del criterio g) modificado
123
En su segundo escrito de adaptación, la demandante pone en entredicho la fiabilidad de determinados indicios aportados por el Consejo en el expediente de pruebas de junio de 2023 y sostiene que los expedientes de pruebas de junio y de julio de 2023 no constituyen una base fáctica suficiente para justificar la inclusión de su nombre con fundamento en la segunda parte del criterio g) modificado.
1) Sobre la fiabilidad de las pruebas
124
La demandante cuestiona la fiabilidad de los artículos de Rospres porque se trata de un medio sensacionalista conocido por realizar afirmaciones difamatorias y cuyo acceso ha sido restringido por negarse a rectificar declaraciones difamatorias en cumplimiento de resoluciones judiciales. Además, la demandante insiste en que las publicaciones del Moscow Post son tan poco fiables como las del sitio de Internet Rosnadzor, pues se trata de medios de comunicación conocidos por publicar artículos con la única finalidad de perjudicar la reputación de las personas.
125
El Consejo, apoyado por la Comisión, refuta esta alegación.
126
Para justificar el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas mediante los actos de septiembre de 2023 sobre la base de la segunda parte del criterio g) modificado, el Consejo aportó el expediente de pruebas de junio de 2023 y el expediente de pruebas de julio de 2023.
127
El expediente de pruebas de junio de 2023 contiene los siguientes elementos:
–
un artículo de prensa que contiene indicaciones sobre el patrimonio de la demandante, publicado el 20 de febrero de 2023 en el sitio de Internet de Online publication company (cuya dirección es «ko.ru»), consultado el 19 de mayo de 2023 (documento n.o 1);
–
un artículo publicado el 25 de abril de 2022, en el sitio de Internet Platzdarm titulado «El multimillonario proyecto virológico de Chemezov», consultado el 19 de mayo de 2023 (documento n.o 2);
–
un artículo publicado el 29 de diciembre de 2011, en el sitio de Internet Rospres, titulado «Clanes familiares de Transneft: los Chemzov, los Tokarev, los Bolotov», consultado el 19 de mayo de 2023 (documento n.o 3);
–
un artículo publicado el 23 de abril de 2023 en el sitio de Internet Platzdarm, titulado «Nikolai Tokarev y su equipo de blanqueadores», consultado el 19 de mayo de 2023 (documento n.o 4);
–
un artículo publicado el 30 de julio de 2022 en el sitio de Internet Rosnadzor, titulado «Rostec, Transneft y las grandes empresas: ¿qué tienen en común los hijos de Serguey Chemezov y Nikolai Tokarev?», consultado el 19 de mayo de 2023 (documento n.o 5).
128
El expediente de pruebas de julio de 2023 contiene los siguientes elementos:
–
un artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el sitio de Internet Delfi Ärileht, titulado «¿Quiénes son los miembros del círculo íntimo de Putin que poseen costosas propiedades en Letonia? El conocido oligarca ha sentado un precedente para su vecino», consultado el 27 de junio de 2023 (documento n.o 1);
–
un artículo publicado el 3 de febrero de 2023 en el sitio de Internet del Moscow Post, titulado «Blanqueo de capitales por Nikolai Tokarev», consultado el 28 de junio de 2023 (documento n.o 2);
–
una captura de pantalla del sitio de Internet wise.com relativa a la sociedad Ronin Europe Ltd, consultado el 28 de marzo de 2023 (documento n.o 3);
–
un artículo publicado el 10 de noviembre de 2016 en el sitio de Internet del Moscow Post, titulado «Transmoney Tokarev», consultado el 28 de junio de 2023 (documento n.o 4);
–
un artículo publicado el 22 de marzo de 2022 en el sitio de Internet newsbeezer.com, titulado «Descubriendo la villa de los amigos de Putin en la costa croata», consultado el 28 de junio de 2023 (documento n.o 5);
–
un artículo publicado el 3 de febrero de 2023 en el sitio de Internet Acompromat, titulado «La ‟limpieza general” de Akulov acaba en delito», consultado el 28 de junio de 2023 (documento n.o 6);
–
un artículo publicado el 9 de octubre de 2021 en el sitio de Internet versia.ru, titulado «La hija y el exyerno del jefe de Transneft, Nikolai Tokarev, en los Pandora Papers», consultado el 28 de junio de 2023 (documento n.o 7).
129
En lo que respecta a la información disponible en el sitio de Internet Rospres, aunque es cierto que ese medio de comunicación ha sido condenado por difamación, es preciso señalar no obstante que las sentencias que aporta la demandante no guardan relación con el artículo recogido en el documento n.o 3 del expediente de pruebas de junio de 2023. Pues bien, conviene recordar que el hecho de que un medio de comunicación haya sido condenado varias veces por difamación no implica que todo lo que publica carezca de fiabilidad. De ello se sigue que, a falta de cualquier otro elemento que ponga en entredicho la fiabilidad de la información publicada en el sitio de Internet Rospres, el documento n.o 3 del expediente de pruebas no carece de fuerza probatoria.
130
Además, la demandante no ha demostrado que los artículos publicados en el sitio de Internet del Moscow Post y en el sitio de Internet Rosnadzor tuvieran como única finalidad perjudicar la reputación de personas conocidas, de manera que no carecen de fuerza probatoria.
131
En cuanto a los argumentos dirigidos a poner en entredicho el carácter insuficientemente preciso o incoherente de determinados elementos de los expedientes de pruebas, debe recordarse que esas alegaciones están comprendidas en el ámbito de la apreciación del carácter suficiente de la base fáctica del Consejo para justificar la inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas.
132
Habida cuenta de lo anterior, teniendo en cuenta el contexto que caracteriza la situación de la Federación de Rusia y a falta de competencias de investigación del Consejo en los países terceros (véanse los apartados 59 y 60 anteriores), no puede excluirse que los documentos de los expedientes de pruebas de junio y julio de 2023 tengan valor probatorio.
2) Sobre el carácter fundado del mantenimiento del nombre de la demandante sobre la base de la segunda parte del criterio g) modificado
133
La demandante considera que la segunda parte del criterio g) modificado debe interpretarse en el sentido de que no se refiere, en abstracto, a cualquier beneficio, sino que hace referencia a beneficios que revistan la forma de una transferencia de fondos y activos efectuada para ocultar dichos activos y eludir las medidas restrictivas adoptadas contra la persona inicialmente designada para que pueda mantener el control sobre los recursos. Además, la demandante opina que el beneficio en cuestión debe ser contemporáneo a la adopción de las medidas restrictivas contra la persona inicialmente designada y contra su familiar directo, sin lo cual no puede considerarse que exista riesgo de elusión de las medidas restrictivas.
134
Según la demandante, el Consejo no ha aportado una base fáctica suficiente para justificar la inclusión de su nombre en las listas controvertidas sobre la base del criterio en cuestión. En particular, entiende que el Consejo no ha demostrado que su padre haya transferido fondos o activos con el fin de ocultar dichos activos, eludir las medidas restrictivas y mantener el control sobre los recursos de que dispone. La demandante también considera que el Consejo no ha demostrado la existencia de un beneficio contemporáneo a los actos de mantenimiento de septiembre de 2023. En cuanto a la afirmación de que sus inmuebles están vinculados a su padre, la demandante arguye que el Consejo no ha demostrado que los citados bienes pertenecieran con anterioridad a su padre. Además, considera que las operaciones invocadas se llevaron a cabo en una fecha lejana a la fecha de adopción de las medidas restrictivas contra su padre, en febrero de 2022, de manera que no puede existir voluntad de eludir las medidas restrictivas. Asimismo, la demandante opina que los vínculos entre la sociedad Ronin y la sociedad Transneft carecen de pertinencia a efectos del criterio de inclusión alegado.
135
El Consejo, apoyado por la Comisión, refuta esta alegación.
136
En particular, el Consejo sostiene que la segunda parte del criterio g) modificado debe interpretarse en un sentido similar al que se atribuye al criterio de «asociación», según lo interpreta el Tribunal General. En su opinión, ese criterio debe interpretarse en el sentido de que debe aplicarse a los familiares directos que están vinculados por «intereses comunes» a los principales empresarios que operan en Rusia, sin que sea preciso, no obstante, que exista un vínculo de carácter económico, habida cuenta del hecho de que, en función del contexto y de las circunstancias de cada caso, ese vínculo se materializa en la obtención de un beneficio de esos empresarios.
137
El Consejo aduce que el beneficio que la demandante ha obtenido de su padre se caracteriza por que su fortuna y sus negocios están vinculados a él. A su parecer, la demandante ha hecho fortuna en el sector inmobiliario aprovechándose de que su padre ejercía el cargo de consejero delegado de Transneft y de las relaciones de este último con el Sr. Putin. Por otro lado, el Consejo entiende que ha demostrado válidamente, en especial sobre la base de los elementos recogidos en los expedientes de pruebas de junio y julio de 2023, la existencia de intereses comunes resultantes de una práctica de gestión familiar. También considera que debe tenerse en cuenta, como elemento de contexto, el fenómeno del nepotismo en Rusia.
138
Conviene destacar que, en los actos de mantenimiento de septiembre de 2023, el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas ya no es resultado de la aplicación del criterio de la persona asociada, previsto en el artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada. Por un lado, esos motivos ya no hacen referencia al vínculo de asociación con el Sr. Stanislav Chemezov. Por otro lado, al llegar a la conclusión de que la demandante es familiar directo del Sr. Tokarev, destacado empresario con actividad en Rusia, de quien se beneficia, el Consejo aplicó a la demandante la segunda parte del criterio g) modificado.
139
Procede señalar que la segunda parte del criterio g) modificado permite incluir en las listas controvertidas, en particular, a los familiares directos u otras personas que se beneficien de un destacado empresario con actividad en Rusia.
140
Ha de recordarse a ese respecto que, aunque el preámbulo de un acto de la Unión no tiene un valor jurídico vinculante y no puede ser invocado ni para establecer excepciones a las propias disposiciones del acto de que se trate ni para interpretarlas en un sentido contrario a su tenor literal, puede precisar el contenido de las disposiciones de ese acto, ya que los considerandos que figuran en dicho preámbulo constituyen importantes elementos interpretativos que pueden arrojar luz sobre la voluntad del autor de ese acto (véase la sentencia de 26 de enero de 2021, Hessischer Rundfunk, C‑422/19 y C‑423/19, EU:C:2021:63, apartado 64 y jurisprudencia citada).
141
En el presente caso, según el considerando 5 de la Decisión 2023/1094, ese criterio de designación se introdujo para aumentar la presión sobre el Gobierno de la Federación de Rusia y para evitar el riesgo de elusión de las medidas restrictivas. En particular, de ese considerando resulta, en esencia, que la necesidad de designar a los familiares directos y otras personas que se benefician de destacados empresarios con actividad en Rusia está justificada por el hecho de que tales empresarios distribuían sus fondos y activos entre sus familiares directos y otras personas, en especial con el fin de ocultar estos activos, eludir las medidas restrictivas y mantener el control sobre los recursos de que disponían.
142
Así, el concepto de «beneficio», en el sentido de la segunda parte del criterio g) modificado, debe interpretarse teniendo en cuenta los objetivos de ese criterio, enunciados en el apartado 141 anterior, que implican un incremento del coste de las acciones de la Federación de Rusia dirigidas a menoscabar la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Por lo tanto, un beneficio, en el sentido de dicha disposición, hace referencia a un beneficio de cualquier naturaleza, no necesariamente indebido, pero que debe ser de una cantidad o cantidad no desdeñable. Puede tratarse, por lo tanto, de un beneficio financiero o no financiero, como una donación, una transferencia de fondos o de recursos económicos, una actuación para favorecer la adjudicación de contratos públicos, un nombramiento o un ascenso. Por otro lado, a la luz del objetivo de evitar las prácticas de elusión de las medidas restrictivas, al que hace expresamente mención el considerando 5 de la Decisión 2023/1094, también pueden quedar comprendidos en la segunda parte del criterio g) modificado los beneficios concedidos por empresarios destacados con actividad en Rusia en una situación que puede dar lugar a la elusión de las medidas restrictivas que les afectan.
143
En consecuencia, por un lado, la demandante no tiene razón cuando afirma que el concepto de «beneficio», en el sentido de la segunda parte del criterio g) modificado, debería limitarse exclusivamente a los beneficios que revistan la forma de una transferencia de fondos con el fin de eludir las medidas restrictivas. En efecto, no se deriva del tenor de ese criterio circunscribir el concepto de «beneficio» exclusivamente a las trasferencias de fondos y hacer tal cosa no permitiría englobar las múltiples formas que puede adoptar un beneficio. Además, aunque una situación que puede dar lugar a elusión puede justificar la existencia de un beneficio en el sentido de la segunda parte del criterio g) modificado, el Consejo no debe necesariamente probar esa situación para incluir el nombre de una persona en las listas controvertidas en virtud de ese criterio. Por otro lado, el Consejo no puede aducir que la segunda parte del criterio g) modificado debe entenderse en un sentido similar al del criterio de la persona asociada, previsto en el artículo 2, apartado 1, in fine, de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, en la medida en que se refiere a personas vinculadas por intereses comunes. En efecto, esa interpretación tendría por efecto privar a la segunda parte del criterio g) modificado de su efecto útil, por cuanto perdería todo interés con respecto al criterio de la persona asociada cuando este se aplica en relación con una persona incluida sobre la base del criterio g).
144
Además, a diferencia de lo que sostiene la demandante, los beneficios a que hace referencia la segunda parte del criterio g) modificado no se limitan a los beneficios concedidos por destacados empresarios con actividad en Rusia a sus familiares directos u otras personas en una fecha cercana a la fecha de su designación en las listas controvertidas. En efecto, esa limitación temporal de los beneficios que pueden ser tenidos en cuenta para aplicar ese criterio no se desprende de la redacción de dicha disposición. Por otra parte, la interpretación restrictiva que propone la demandante sería incompatible con los objetivos que persigue ese criterio, consistentes en aumentar la presión sobre el Gobierno de la Federación de Rusia y evitar el riesgo de elusión de las medidas restrictivas, en especial, mediante la concesión de beneficios por parte de destacados empresarios antes de la inclusión de su nombre en las listas controvertidas.
145
No es menos cierto que las circunstancias de la concesión del beneficio y el tiempo transcurrido entre la concesión de un beneficio por un empresario con actividad en Rusia y la fecha de inclusión de su nombre en las listas controvertidas son elementos que deben ser tomados en consideración para apreciar el carácter fundado de la inclusión en tales listas del nombre de la persona que ha recibido ese beneficio. En cualquier caso, el beneficio recibido por la persona cuyo nombre ha sido incluido en las listas controvertidas en virtud de la segunda parte del criterio g) modificado, o, al menos, sus consecuencias, deben seguir existiendo en el momento en que se adopten las medidas restrictivas contra la citada persona.
146
Además, la interpretación de la segunda parte del criterio g) modificado debe ser conforme al principio de seguridad jurídica. Ha de recordarse que el régimen de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Ucrania se instauró, en primer lugar, mediante la adopción de la Decisión 2014/145, en respuesta a la anexión de Crimea y a la desestabilización del este de Ucrania acaecidos a finales de febrero de 2014, y, posteriormente, mediante la sucesiva consolidación de ese régimen para adaptarlo a la gravedad de los ataques perpetrados por la Federación de Rusia contra la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. De ello se sigue que, toda vez que las medidas restrictivas de que se trata se inscriben en la reacción de la Unión a las políticas y las actividades de las autoridades rusas específicamente referidas a Ucrania, iniciadas con la anexión de Crimea, el Consejo no puede invocar, en virtud de la segunda parte del criterio g) modificado, los beneficios que destacados empresarios hayan concedido a sus familiares directos o a otras personas antes de finales del febrero de 2014 (véase, por analogía, sentencia de 30 de noviembre de 2016, Rotenberg/Consejo, T‑720/14, EU:T:2016:689, apartado 92).
147
Conviene examinar, a la luz de esta interpretación de la segunda parte del criterio g) modificado, si el Consejo disponía de una base fáctica suficiente para justificar la aplicación de ese criterio a la demandante en los actos de mantenimiento de septiembre de 2023.
148
En el presente asunto, el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas se justificaba, por un lado, en el hecho de que su patrimonio inmobiliario podía vincularse a su padre y, por otro lado, por la existencia de vínculos entre la demandante y la sociedad Ronin, que se presenta como encargada de gestionar el fondo de pensiones de la sociedad Transneft. A pesar del cambio del criterio de designación aplicado a la demandante, los motivos de inclusión son idénticos a los de los actos de mantenimiento de marzo de 2023.
149
En primer lugar, ha de señalarse que el Consejo no podía basare en la existencia de relaciones comerciales de la demandante con las sociedades Ronin Trust y Ronin Europe para acreditar un vínculo entre ella y el Sr. Tokarev a través de la sociedad Transneft (véanse los apartados 80 a 84 anteriores) y que no ha aportado, en los expedientes de pruebas de junio y julio de 2023, elementos que permitan poner en entredicho esa conclusión. Por consiguiente, esas relaciones comerciales no constituyen un beneficio obtenido del Sr. Tokarev, en el sentido de la segunda parte del criterio g) modificado. De ello se deriva que los argumentos del Consejo dirigidos a demostrar la existencia de un beneficio obtenido del vínculo entre la demandante y la sociedad Ronin Europe y aquellos en el sentido de que la demandante y la sociedad Ronin Trust siguen manteniendo relaciones comerciales no permiten sustentar los actos de mantenimiento de marzo de 2023.
150
En segundo lugar, en la medida en que los motivos de inclusión exponen que existe un vínculo entre el patrimonio inmobiliario de la demandante y el Sr. Tokarev, debe comprobarse si la base fáctica del Consejo contiene elementos que demuestren que ese patrimonio puede constituir un beneficio obtenido de su padre, en el sentido de la segunda parte del criterio g) modificado.
151
En primer término, en cuanto al inmueble sito en Jūrmala (Letonia), la demandante ha demostrado que, desde que se divorció en junio de 2019, ya no tenía ninguna participación en la sociedad Dzintaru 34, propietaria de ese inmueble (véase el apartado 88 anterior). Por lo demás, esa afirmación queda corroborada por el documento n.o 7 del expediente de pruebas WK 1128/2023 INIT y por el documento n.o 1 del expediente de pruebas de julio de 2023. Por lo tanto, habida cuenta de que la demandante ya no disponía de ese inmueble en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2023, no puede justificar que se mantenga su nombre en las listas controvertidas sobre la base en la segunda parte del criterio g) modificado.
152
En segundo término, en lo referente a los inmuebles situados en Croacia, del documento n.o 5 del expediente de pruebas de julio de 2023 resulta que la demandante adquirió villa Karolina en 2009. Pues bien, aun suponiendo que pueda considerarse que ese inmueble constituye un beneficio obtenido de su padre, su adquisición se remonta a un período anterior a la anexión de Crimea en febrero de 2014. Por lo tanto, para justificar el mantenimiento del nombre de la demandante en las listas controvertidas sobre la base de la segunda parte del criterio g) modificado, el Consejo no podía invocar el hecho de que la demandante fuera propietaria de villa Karolina, a través de la sociedad Katina, en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2023. En lo que concierne al apartamento en Croacia, de un valor aproximado de 700000 euros, que la demandante posee a través de la sociedad TGA, debe destacarse que las pruebas no precisan su fecha de adquisición ni contienen ninguna otra información que permita acreditar que se trata de un beneficio obtenido de su padre. De este modo, el mero hecho de que la demandante posea ese otro inmueble en Croacia, no justificaba el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas sobre la base del criterio de designación que se le ha aplicado.
153
En cuanto al complejo hotelero, por valor de varios miles de millones de USD supuestamente adquirido por la familia Tokarev en Croacia, los elementos que figuran en los expedientes de pruebas de junio y julio de 2023 no permiten disipar las dudas que se derivan de la imprecisión de tales documentos del expediente de pruebas inicial y del expediente WK 1128/2023 INIT (véanse los apartados 90 y 119 anteriores). En efecto, ha de destacarse que el documento n.o 4 del expediente de pruebas de junio de 2023 y los documentos n.os 2, 4, 6 y 7 del expediente de pruebas de julio de 2023 no incluyen información adicional a la que figura en el expediente de pruebas inicial y en un artículo del Moscow Post publicado en 2016 (anexo D.1). Es cierto que el documento n.o 4 del expediente de pruebas de junio de 2023 y los documentos n.os 2 y 4 del expediente de pruebas de julio de 2023 confirman que, durante el año 2005, la demandante percibió ingresos de una sociedad denominada Caprice-Stell, titular indirecta de participaciones de una sociedad hotelera, que se presentaba como propietaria de un complejo hotelero en Croacia. Sin embargo, aun suponiendo que el hecho de que la demandante obtuviera ingresos de Caprice-Stell pudiera considerarse prueba de la adquisición de un complejo hotelero, es preciso señalar que los hechos se remontan a un pasado lejano, anterior a la anexión de Crimea en febrero de 2014. Por lo demás, ninguno de los documentos de los expedientes de pruebas indica que la demandante haya percibido una remuneración de Caprice-Stell después del año 2005, ni que poseyera de forma directa o indirecta un complejo hotelero en Croacia en el momento en que se adoptaron los actos de septiembre de 2023. Por el contrario, del documento n.o 5 del expediente de pruebas de julio de 2023 resulta que, en marzo de 2023, la demandante solo era propietaria en Croacia de villa Karolina, a través de la sociedad Katina, y de un apartamento, por valor aproximado de 700000 euros, a través de la sociedad TGA. De ello resulta que el Consejo no puede apoyarse en el hecho de que la demandante supuestamente adquiriera un complejo hotelero en Croacia para justificar el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas sobre la base de la segunda parte del criterio g) modificado.
154
En tercer término, en lo concerniente a los inmuebles en Moscú, debe recordarse que los vínculos entre las sociedades del grupo RPA y la sociedad Ronin Trust no son susceptibles de acreditar un vínculo entre la demandante y su padre. Por consiguiente, suponiendo que exista un vínculo entre Ronin Trust y la sociedad Ostozhenka 19, a través de la cual la demandante posee el edificio histórico mencionado en el apartado 87 anterior, ese hecho carece de pertinencia para demostrar que el citado inmueble constituye un beneficio obtenido del Sr. Tokarev después de la anexión de Crimea en febrero de 2014. Asimismo, el Consejo no invoca ningún elemento para sustentar que el apartamento de la calle Brusov constituye un beneficio semejante. Por lo demás, debe observarse que los expedientes de pruebas no contienen indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitan acreditar la existencia de vínculos entre uno de esos inmuebles, la sociedad Transneft o el Sr. Tokarev que demuestren que alguno de ellos constituye un beneficio obtenido por la demandante de su padre, en el sentido de la segunda parte del criterio g) modificado.
155
En cuarto término, para constatar que la demandante ha obtenido un beneficio de su padre en el ámbito inmobiliario, el Consejo no puede invocar el hecho de que, en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2023, la demandante fuera titular de participaciones en el complejo inmobiliario Gelendzhik Resort Meridian. En efecto, dado que ese inmueble no se incluye entre aquellos que se mencionan en los motivos de inclusión de los actos de mantenimiento de septiembre de 2023, no puede admitirse, a menos que se admita una sustitución de motivos, que el Consejo esgrima el hecho de que la demandante posee participaciones en ese inmueble para sustentar el carácter fundado de los citados actos. En cualquier caso, debe destacarse que el Consejo no ha demostrado que ese inmueble, que la demandante posee, en particular, junto con el Sr. Stanislav Chemezov, pudiera vincularse al Sr. Tokarev.
156
De este modo, habida cuenta de las consideraciones anteriores, la demandante sostiene con fundamento que la base fáctica del Consejo no era suficiente para acreditar que, cuando se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2023, un bien de su patrimonio inmobiliario constituía un beneficio obtenido del Sr. Tokarev en el sentido de la segunda parte del criterio g) modificado.
157
Los argumentos del Consejo no ponen en entredicho esa conclusión.
158
En primer término, en lo que concierne a la alegación basada en que los negocios de la demandante estaban vinculados a su padre cuando era propietaria de la sociedad Irvin‑2 porque, según los documentos n.os 3 y 5 del expediente de pruebas de junio de 2023, el Sr. Tokarev había presionado al ministro de Sanidad para que se adjudicaran contratos a esa sociedad, debe señalarse que ese hecho no guarda relación con el patrimonio de la demandante, sino con el sector farmacéutico. Pues bien, a la luz del tenor de los motivos de inclusión, que se limitan a mencionar el patrimonio inmobiliario de la demandante, el Consejo no puede invocar un beneficio obtenido por la demandante que no tiene ningún vínculo con ese patrimonio. En cualquier caso, es forzoso señalar que ese hecho se remonta a un pasado remoto, anterior a la anexión de Crimea.
159
En segundo término, en cuanto al hecho, que se desprende del documento n.o 7 del expediente de pruebas de julio de 2023, de que el exmarido de la demandante era beneficiario de sociedades que habían celebrado contratos con la sociedad Transneft, en particular, después de la anexión de Crimea, es cierto que ese elemento es pertinente para demostrar la existencia de un modelo de gestión familiar de los negocios para incrementar la fortuna de la demandante en un período apropiado a efectos de la apreciación de la existencia de un beneficio, en el sentido de la segunda parte del criterio g) modificado. Sin embargo, a pesar de que los motivos de inclusión identifican el patrimonio inmobiliario de la demandante como un beneficio, en el sentido del citado criterio, el Consejo no invoca ningún elemento que permita demostrar la existencia de un vínculo entre los contratos de Transneft de los que se benefició indirectamente el exmarido de la demandante y un eventual incremento del patrimonio inmobiliario de la demandante. Además, según se desprende del apartado 154 anterior, los elementos de los expedientes de pruebas no contienen indicios suficientemente concretos, precisos y concordantes que permitan acreditar tal vínculo.
160
En tercer término, en apoyo de su argumentación relativa a la gestión familiar de los negocios, el Consejo no puede basarse en la información que consta en el documento n.o 4 del expediente de pruebas de junio de 2023 y en el documento n.o 2 del expediente de pruebas de julio de 2023. En efecto, esos documentos, cuyo contenido es sustancialmente idéntico, exponen una relación comercial entre la demandante y uno de sus antiguos asociados en la sociedad denominada Région-Finance. Pues bien, es preciso señalar que esos documentos no permiten acreditar que el Sr. Tokarev estuviera implicado en esa relación comercial. Por lo demás, como observa acertadamente la demandante, los hechos a los que se alude no pueden vincularse a los motivos de inclusión. En cuanto al documento n.o 2 del expediente de pruebas de junio de 2023, el Consejo lo invoca para poner en evidencia la existencia de un modelo de gestión familiar referido al complejo inmobiliario Gelendzhik Resort Meridian. Pues bien, debe señalarse que ese documento se limita a indicar que la demandante tiene participaciones en ese complejo y no demuestra la existencia de ningún vínculo entre ese completo y el Sr. Tokarev. En lo tocante al documento n.o 6 del expediente de pruebas de julio de 2023, ha de señalarse que no aporta información adicional a la contenida en otros documentos de los expedientes de pruebas con respecto al complejo hotelero en Croacia o al complejo Gelendzhik Resort Meridian, que permitan acreditar la existencia de un beneficio obtenido del Sr. Tokarev. Asimismo, por las razones antes expuestas, el Consejo no puede invocar la relación comercial entre la demandante y su antiguo asociado en la sociedad Région-Finance para acreditar un vínculo con su padre.
161
En cuarto término, el Consejo no puede invocar un contexto caracterizado por el nepotismo ni basarse exclusivamente en el hecho de que, en el momento en que se adoptaron los actos de mantenimiento de septiembre de 2023, la demandante era una próspera empresaria con un importante patrimonio inmobiliario para justificar la inclusión de su nombre sobre la base de la segunda parte del criterio g) modificado. En efecto, habida cuenta de que de los motivos de inclusión se desprende, en esencia, que el patrimonio inmobiliario de la demandante constituye el beneficio obtenido del Sr. Tokarev, incumbía al Consejo probar que el padre de la demandante había contribuido a incrementar ese patrimonio inmobiliario después de la anexión de Crimea en febrero de 2014. Pues bien, de las consideraciones anteriores resulta que el Consejo no ha expuesto un conjunto de indicios suficientemente precisos, concretos y concordantes que permitan acreditar semejante incremento del patrimonio inmobiliario de la demandante. Por lo demás, ha de observarse que el Consejo tampoco ha probado que el Sr. Tokarev haya contribuido de manera no desdeñable a incrementar el patrimonio no inmobiliario de la demandante después de la anexión de Crimea.
162
Por consiguiente, ha de estimarse el motivo basado en un error de apreciación en la medida en que se dirige contra los actos de mantenimiento de septiembre de 2023.
163
En consecuencia, habida cuenta de todas las consideraciones anteriores y sin que proceda examinar los demás motivos, incluida la excepción de ilegalidad dirigida contra la segunda parte del criterio g) modificado, procede anular los actos impugnados en la medida en la que afectan a la demandante.
2.
Sobre los efectos de la anulación de los actos impugnados
164
El Consejo ha solicitado, en el marco de su segunda pretensión, que, en el supuesto de que el Tribunal General anule los actos impugnados en la medida en que se refieren a la demandante, ordene el mantenimiento de los efectos de las Decisiones 2022/1530, 2023/572 y 2023/1767 en tanto en cuanto afectan a esta hasta que surta efecto la anulación parcial de los Reglamentos de Ejecución 2022/1529, 2023/571 y 2023/1765.
165
A este respecto, conviene recordar que, mediante las Decisiones 2022/1530, 2023/572 y 2023/1767, el Consejo actualizó la lista de las personas sujetas a las medidas restrictivas que figura en el anexo I de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, manteniendo el nombre de la demandante en dicha lista hasta el 15 de marzo de 2024.
166
Pues bien, mediante la Decisión (PESC) 2024/847, de 12 de marzo de 2024, por la que se modifica la Decisión 2014/145 (DO L, 2024/847), el Consejo actualizó la lista de las personas sujetas a las medidas restrictivas que figura en el anexo I de la Decisión 2014/145, manteniendo el nombre de la demandante en dicha lista hasta el 15 de septiembre de 2024.
167
Por consiguiente, aunque la anulación de las Decisiones 2022/1530, 2023/572 y 2023/1767, en la medida en la que afectan a la demandante, implica que se anule el mantenimiento de su nombre en la lista que figura en el anexo I de la Decisión 2014/145, en su versión modificada, durante el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2022 y el 15 de marzo de 2024, esa anulación no abarca, por el contrario, la Decisión 2024/847, que no constituye el objeto del presente recurso.
168
En consecuencia, dado que, actualmente, la demandante está sujeta a nuevas medidas restrictivas, la solicitud presentada por el Consejo con carácter subsidiario relativa a los efectos temporales de la anulación parcial de las Decisiones 2022/1530, 2023/572 y 2023/1767, ha quedado sin objeto.
B. Sobre la pretensión de indemnización
169
La demandante sostiene que la renovación de las medidas restrictivas que la afectan mediante los actos de mantenimiento de septiembre de 2022 le ha ocasionado un perjuicio moral. Considera que esos actos han suscitado el oprobio y la desconfianza con respecto a ella. Según la demandante, el perjuicio a su reputación es tanto más grave por cuanto tiene relaciones sociales en los Estados miembros, en particular, en Croacia y Chipre. Habida cuenta de que la inclusión de su nombre en las listas controvertidas ha sido objeto de gran difusión y presencia en medios de comunicación, la demandante entiende que la anulación de los actos impugnados no puede constituir una reparación del perjuicio sufrido. Por otro lado, en sus observaciones sobre el escrito de formalización de la intervención de la Comisión, la demandante arguye que el perjuicio a su reputación también resulta de haber sido despojada de su nacionalidad chipriota tras la inclusión de su nombre en las listas controvertidas.
170
El Consejo, apoyado por la Comisión, refuta esta alegación.
171
De la jurisprudencia se desprende que la responsabilidad extracontractual de la Unión está supeditada a que concurran una serie de requisitos, entre los que figura la existencia de una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica cuyo objeto sea conferir derechos a los particulares, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el incumplimiento de la obligación que incumbe al autor del acto y el daño sufrido por los perjudicados (véase, en ese sentido, la sentencia de 19 de abril de 2012, Artegodan/Comisión, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, apartado 80 y jurisprudencia citada).
172
Según reiterada jurisprudencia, los requisitos para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, en el sentido del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, son acumulativos (véanse, en este sentido, la sentencia de 7 de diciembre de 2010, Fahas/Consejo, T‑49/07, EU:T:2010:499, apartado 93, y el auto de 17 de febrero de 2012, Dagher/Consejo, T‑218/11, no publicado, EU:T:2012:82, apartado 34). De ello se deduce que, cuando no se cumpla uno de estos requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad, sin que sea necesario examinar los demás requisitos (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de septiembre de 1999, Lucaccioni/Comisión, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, apartado 14, y de 26 de octubre de 2011, Dufour/BCE, T‑436/09, EU:T:2011:634, apartado 193).
173
De jurisprudencia reiterada resulta que la declaración de la ilegalidad de un acto jurídico de la Unión, por ejemplo, en un recurso de anulación, no basta, por lamentable que sea, para considerar que genere automáticamente su responsabilidad extracontractual derivada de la ilegalidad del comportamiento de una de sus instituciones. Para admitir que se cumple este requisito, la jurisprudencia exige, en efecto, que la parte demandante demuestre que la institución de que se trata no ha cometido una mera ilegalidad, sino una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares (sentencias de 5 de junio de 2019, Bank Saderat/Consejo, T‑433/15, no publicada, EU:T:2019:374, apartado 48 y jurisprudencia citada, y de 7 de julio de 2021, HTTS/Consejo, T‑692/15 RENV, EU:T:2021:410, apartado 53).
174
La exigencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma de Derecho de la Unión se deriva de la necesidad de ponderar, por una parte, la protección de los particulares contra las actuaciones contrarias a Derecho de las instituciones y, por otra parte, el margen de maniobra que debe reconocerse a estas últimas para no paralizar su acción. Esta ponderación es de especial importancia en el ámbito de las medidas restrictivas, en el que, a menudo, los obstáculos con los que se encuentra el Consejo en materia de disponibilidad de información dificultan particularmente la evaluación a la que debe proceder (sentencias de 10 de septiembre de 2019, HTTS/Consejo, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, apartado 34, y de 7 de julio de 2021, Bateni/Conseil, T‑455/17, EU:T:2021:411, apartado 90).
175
Por otra parte, la prueba de la infracción suficientemente caracterizada pretende evitar —en particular en el ámbito de las medidas restrictivas— que la misión que la institución de que se trata debe cumplir en interés general de la Unión y de sus Estados miembros se vea menoscabada por el riesgo de que dicha institución deba soportar finalmente los daños que pudieran sufrir, en su caso, las personas afectadas por sus actos, sin que recaigan sobre esas personas, no obstante, las consecuencias patrimoniales o morales de incumplimientos cometidos flagrante e inexcusablemente por la institución en cuestión (sentencias de 5 de junio de 2019, Bank Saderat/Consejo, T‑433/15, no publicada, EU:T:2019:374, apartado 49, y de 7 de julio de 2021, HTTS/Consejo, T‑692/15 RENV, EU:T:2021:410, apartado 54).
176
En efecto, el objetivo, más amplio, de salvaguardar la paz y seguridad internacionales, de conformidad con los objetivos de la acción exterior de la Unión establecidos en el artículo 21 TUE, puede justificar las consecuencias negativas, aun cuando sean considerables, que deriven para determinados agentes económicos de las decisiones de ejecución de los actos adoptados por la Unión para cumplir ese objetivo fundamental (sentencia de 5 de junio de 2019, Bank Saderat/Consejo, T‑433/15, no publicada, EU:T:2019:374, apartado 50, y de 7 de julio de 2021, HTTS/Consejo, T‑692/15 RENV, EU:T:2021:410, apartado 55).
177
En cuanto al requisito de la realidad del daño, según la jurisprudencia, la responsabilidad extracontractual de la Unión solo puede nacer si el demandante ha sufrido efectivamente un perjuicio real y cierto. Incumbe a la parte demandante aportar pruebas concluyentes de la existencia y la amplitud del perjuicio que alega (véase, en ese sentido, sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, apartados 61 y 62 y jurisprudencia citada).
178
Por último, conviene recordar que el juez de la Unión no puede plantearse la existencia de un perjuicio real y cierto de modo abstracto, sino que esta ha de apreciarse en función de las circunstancias de hecho precisas que caracterizan cada uno de los supuestos sometidos a dicho juez (véase sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, apartado 79 y jurisprudencia citada).
179
En el presente asunto, en lo que respecta al supuesto perjuicio a la reputación de la demandante, es preciso señalar que esa afirmación no está fundamentada. En efecto, la demandante se limita a sostener que los actos impugnados han suscitado el oprobio y la desconfianza con respecto a ella sin aportar ninguna prueba que sustente esa alegación. Además, no ha aportado ningún elemento que demuestre que mantiene relaciones sociales en Croacia o Chipre. Asimismo, la demandante tampoco ha demostrado mediante pruebas que la inclusión de su nombre haya sido objeto de amplia cobertura mediática.
180
Por lo demás, en cuanto a la alegación relativa al perjuicio a su reputación resultante de la pérdida de su nacionalidad chipriota, sin que proceda pronunciarse sobre la admisibilidad de ese argumento invocado por primera vez en las observaciones de la demandante sobre el escrito de formalización de la intervención de la Comisión, procede destacar que ese perjuicio resulta de un acto adoptado por autoridades nacionales, no de un acto de las instituciones de la Unión, de manera que no puede generar la responsabilidad extracontractual de estas últimas. La circunstancia de que la pérdida de la nacionalidad chipriota sea consecutiva a la adopción de medidas restrictivas contra la demandante no modifica esa conclusión En efecto, las instituciones de la Unión no pueden incurrir en responsabilidad extracontractual por actos jurídicos adoptados por los Estados miembros tras la inclusión del nombre de una persona en las listas controvertidas.
181
Ha de añadirse que la demandante no ha aportado ninguna prueba que justifique el importe de 1000000 de euros que reclama en concepto de indemnización por el supuesto perjuicio moral sufrido, pese a que le incumbe hacerlo con arreglo a la jurisprudencia citada en los apartados 177 y 178 anteriores.
182
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, conviene concluir que, en el presente asunto, no se cumple el requisito relativo a la realidad del daño.
183
En cualquier caso, procede recordar que el reconocimiento de la ilegalidad de las medidas adoptadas contra una persona o entidad puede constituir una forma de reparación del perjuicio moral que dicha persona o entidad han sufrido (véase, en ese sentido, sentencia de 28 de mayo de 2013, Abdulrahim/Consejo y Comisión, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, apartado 72).
184
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, la pretensión de indemnización, que guarda relación con los actos de mantenimiento de septiembre de 2022, debe desestimarse dado que no se han demostrado de manera suficiente en Derecho la realidad y el alcance del perjuicio alegado.
V. Costas
185
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que vea desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
186
Además, según el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas.
187
En el caso de autos, dado que el Consejo ha visto desestimadas sus pretensiones en esencia, procede condenarlo a cargar con sus propias costas y con las costas de la demandante, conforme a lo solicitado por esta última. Por su parte, la Comisión cargará con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada)
decide:
1)
Anular, en la medida en que mantienen el nombre de la Sra. Maya Tokareva en la lista de las personas, entidades y organismos a los que se les aplican las medidas restrictivas en cuestión, la Decisión (PESC) 2022/1530 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania; el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1529 del Consejo, de 14 de septiembre de 2022, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania; la Decisión (PESC) 2023/572 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania; el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/571 del Consejo, de 13 de marzo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania; la Decisión (PESC) 2023/1767 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1765 del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.
2)
Desestimar la pretensión de indemnización formulada por la Sra. Tokareva.
3)
Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con las de la Sra. Tokareva.
4)
La Comisión Europea cargará con sus propias costas.
Spielmann
Mastroianni
Brkan
Gâlea
Kalėda
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de septiembre de 2024.
Firmas
Índice
I. Antecedentes del litigio
II. Hechos posteriores a la interposición del recurso
III. Pretensiones de las partes
IV. Fundamentos de Derecho
A. Sobre la pretensión de anulación de los actos impugnados
1. Sobre el segundo motivo, basado en un error de Derecho y en errores manifiestos de apreciación
a) Observaciones preliminares
b) Sobre el error de Derecho basado en la inclusión de la demandante como persona asociada al Sr. Stanislav Chemezov
c) Sobre el error de apreciación consistente en incluir a la demandante como persona asociada a su padre
1) Sobre los actos de mantenimiento de septiembre de 2022
i) Sobre la fiabilidad de los elementos del expediente de pruebas inicial
ii) Sobre el anexo B.5 del escrito de contestación
iii) Sobre el carácter fundado del mantenimiento de la demandante como persona asociada a su padre
2) Sobre los actos de mantenimiento de marzo de 2023
i) Sobre la fiabilidad de las pruebas
ii) Sobre el carácter fundado del mantenimiento de la demandante como persona asociada a su padre
d) Sobre la aplicación a la demandante de la segunda parte del criterio g) modificado
1) Sobre la fiabilidad de las pruebas
2) Sobre el carácter fundado del mantenimiento del nombre de la demandante sobre la base de la segunda parte del criterio g) modificado
2. Sobre los efectos de la anulación de los actos impugnados
B. Sobre la pretensión de indemnización
V. Costas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.