62021CC0511
CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. LAILA MEDINA
presentadas el 17 de noviembre de 2022 (
1
)
Asunto C‑511/21 P
Comisión Europea
contra
Ana Calhau Correia de Paiva
«Recurso de casación — Oposición de la EPSO — Excepción de ilegalidad — Artículo 277 TFUE — Admisibilidad — Convocatoria de oposición — Régimen lingüístico — Limitación de la elección de la segunda lengua de la oposición al inglés, el francés o el alemán — Convocatoria de oposición impugnada en una fase posterior de la oposición — Base de la decisión individual o vínculo jurídico directo»
1.
Dijo Ludwig Wittgenstein que «los límites de mi lenguaje son los límites del mundo». (
2
) En el marco de las instituciones de la Unión Europea, podría afirmarse que los límites de las lenguas son los límites de la Unión. El Tribunal de Justicia ya ha destacado la importancia de la «diversidad lingüística de la Unión». (
3
) Esta importancia se manifiesta en la elección del legislador de la Unión de contar con las veinticuatro lenguas como lenguas de trabajo de sus instituciones. (
4
) Es en este contexto en el que los candidatos a las oposiciones que se convocan para cubrir plazas en las instituciones de la Unión pueden impugnar el régimen lingüístico que establece la Comisión Europea en las convocatorias.
2.
En el caso de autos, la Sra. Ana Calhau Correia de Paiva, candidata a la oposición de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) y demandante en primera instancia (en lo sucesivo, «candidata»), solicitó la anulación de la decisión del tribunal calificador de la oposición general EPSO/AD/293/14 en el ámbito del Derecho de la competencia (en lo sucesivo, «oposición controvertida»), dictada el 23 de junio de 2016, por la que se desestimaba la solicitud de reexamen que había presentado a raíz de su exclusión de la lista de reserva de dicha oposición. Asimismo impugnó, mediante una excepción de ilegalidad con arreglo al artículo 277 TFUE, el régimen lingüístico de dicha oposición que figura en la convocatoria de oposición general (
5
) (en lo sucesivo, «convocatoria de oposición impugnada»). El Tribunal General anuló la referida decisión mediante su sentencia de 9 de junio de 2021, Calhau Correia de Paiva/Comisión (
6
) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»).
3.
Mediante su recurso de casación, la Comisión solicita la anulación de la sentencia recurrida. Impugna, en esencia, la constatación del Tribunal General de que existía un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico, que limitaban a los candidatos la elección de la segunda lengua de la oposición al alemán, el inglés y el francés.
4.
Por lo tanto, el presente asunto plantea la delicada cuestión de los requisitos de admisibilidad de una excepción de ilegalidad al amparo del artículo 277 TFUE, a través de la que los candidatos impugnan una convocatoria de oposición por el régimen lingüístico que fija. En virtud de dicha disposición, cualquiera de las partes de un litigio en el que se cuestione un acto de alcance general adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión podrá recurrir al Tribunal de Justicia alegando la inaplicabilidad de dicho acto por los motivos previstos en el párrafo segundo del artículo 263 TFUE.
5.
Concretamente, se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las condiciones en las que un candidato, en un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE y dirigido contra decisiones individuales, puede invocar la ilegalidad de actos anteriores de alcance general, como una convocatoria de oposición. Además, el Tribunal de Justicia ha de dilucidar si aplica un criterio de admisibilidad específico en relación con las convocatorias de oposición, en contraste con el criterio de admisibilidad general establecido por la jurisprudencia en relación con el artículo 277 TFUE. Por otra parte, se plantea cómo evaluar la existencia de un vínculo estrecho, tal como se describe en el anterior punto 3, en el marco de la impugnación de un régimen lingüístico.
I. Antecedentes del litigio
6.
El 23 de octubre de 2014, la EPSO publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la convocatoria de oposición impugnada. La oposición se había convocado en el formato de concurso-oposición.
7.
La convocatoria de oposición impugnada establecía en su sección IV la realización de tres pruebas de acceso con ordenador (preguntas de tipo test con respuestas múltiples) y, en su sección VI, la realización de pruebas en un centro de evaluación consistentes en un estudio de caso, un ejercicio de grupo y una entrevista estructurada. En la convocatoria de oposición impugnada se señalaba además que se llevaría a cabo una comprobación inicial del cumplimiento de las condiciones generales y específicas, así como la selección por titulación académica, establecidas en su sección III, sobre la base de lo declarado en el formulario de candidatura y que el tribunal calificador asignaría una ponderación a cada criterio de selección (entre 1 y 3) y otorgaría a cada una de las respuestas del candidato entre 0 y 4 puntos, sumándose los puntos ponderados para obtener una puntuación global.
8.
Por lo que respecta a las condiciones específicas de admisión, la convocatoria impugnada exigía, en su sección III.2.3, titulada «Conocimientos lingüísticos», en primer lugar, por lo que respecta a la lengua principal (lengua 1), un conocimiento profundo, correspondiente al menos al nivel C1 del Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas, de una de las lenguas oficiales de la Unión. En segundo lugar, por lo que respecta a la segunda lengua (lengua 2), dicha disposición exigía un conocimiento satisfactorio del inglés, el francés o el alemán, correspondiente al menos al nivel B2 con arreglo al mencionado Marco. Además, se exigía que esa segunda lengua fuera diferente de la principal. En dicha sección se indicaba, en particular, que las opciones de las segundas lenguas elegidas para la convocatoria de oposición impugnada se habían definido de acuerdo con el interés del servicio, que requería que el personal recién contratado estuviera operativo inmediatamente y fuese capaz de comunicarse eficazmente en su trabajo diario. Además, las Normas generales aplicables a las oposiciones generales, (
7
) a las que se refería la convocatoria de oposición impugnada y que, tal como se exponía en dicha convocatoria, formaban parte integrante de la misma, establecían, en su anexo II, que la limitación de la elección de la segunda lengua también estaba justificada por la naturaleza de las pruebas.
9.
En la sección IV.3 de la convocatoria de oposición impugnada se indicaba que las pruebas de acceso se realizarían en la lengua principal de la oposición y, en la sección VI.3, que las pruebas del centro de evaluación para valorar las competencias generales y específicas de los candidatos se realizarían en la segunda lengua de la oposición.
10.
El 25 de noviembre de 2014, la candidata, de nacionalidad portuguesa, presentó una solicitud para participar en la oposición controvertida. Según se desprende de su formulario de candidatura, la candidata eligió el portugués, su lengua materna, como lengua principal, y el francés como segunda lengua.
11.
Mediante escrito de 19 de marzo de 2015, enviado a la candidata ese mismo día a través de su cuenta EPSO, se le informó de que había superado las pruebas de selección por ordenador.
12.
Mediante escrito de 16 de abril de 2015, se convocó a la candidata a un estudio de caso, prueba que debía tener lugar el 13 de mayo de 2015, y se le ofreció la posibilidad de utilizar un teclado AZERTY FR en dicha prueba, al tiempo que se le daba la posibilidad de elegir, alternativamente, entre los teclados con configuraciones QWERTY UK, AZERTY FR/BE o QWERTZ DE. (
8
) La candidata solicitó un cambio de teclado a fin de realizar la prueba con el teclado QWERTY UK.
13.
La candidata participó en las pruebas que se celebraron en el centro de evaluación de Bruselas (Bélgica) el 13 de mayo de 2015 y el 11 de junio de 2015.
14.
Mediante escrito de 9 de noviembre de 2015, enviado a la candidata ese mismo día a través de su cuenta EPSO, la EPSO le comunicó que el tribunal calificador de la oposición controvertida había decidido no incluir su nombre en la lista de reserva, debido a que «no [figuraba] entre los candidatos que habían obtenido la mejor puntuación total en el centro de evaluación (al menos 68,59)». Como se desprende del documento denominado «pasaporte de competencias», adjunto al citado escrito, la candidata había obtenido una puntuación total de 61,13 puntos sobre 100.
15.
Tras solicitar, mediante escrito de 19 de noviembre de 2015, un reexamen de la decisión de no incluirla en la lista de reserva, se comunicó a la candidata, mediante escrito de 23 de junio de 2016, que el tribunal calificador de la oposición controvertida había decidido confirmar dicha decisión (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).
16.
El 24 de agosto de 2016, la candidata presentó una reclamación, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), contra la decisión de no incluirla en la lista de reserva. En dicha reclamación, la candidata sostenía que la limitación de la elección del tipo de teclado en la realización del estudio de caso constituía un trato desigual y alegaba la falta de motivación de las limitaciones relativas a los tipos de teclado puestos a disposición de los candidatos y a la elección de la segunda lengua de la oposición controvertida. Asimismo, la candidata se quejaba de la duración del procedimiento de reexamen.
17.
Mediante decisión de 22 de diciembre de 2016, la EPSO, actuando en calidad de autoridad facultada para proceder a los nombramientos, desestimó la reclamación por considerarla infundada e inadmisible por ser extemporánea.
II. Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
18.
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 31 de marzo de 2017, la candidata interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación del escrito de 9 de noviembre de 2015 y, en su caso, que se declarase ilegal e inaplicable a ella, con arreglo al artículo 277 TFUE, la convocatoria de oposición impugnada y el régimen lingüístico que esta establecía. La candidata solicitaba asimismo la anulación de la decisión de no incluirla en la lista de reserva, de la decisión impugnada, de la decisión de 22 de diciembre de 2016 por la que se desestimaba la reclamación y de la lista de reserva de la oposición controvertida.
19.
En apoyo de su recurso, la candidata invocó cinco motivos, el primero de los cuales se basaba en la infracción del artículo 1 quinquies del Estatuto y de los principios de no discriminación, de proporcionalidad y de igualdad de oportunidades, en la medida en que la EPSO había impuesto la utilización de un teclado QWERTY UK, AZERTY FR/BE o QWERTZ DE para la realización del estudio de caso. Mediante sus motivos segundo, tercero y cuarto, alegó, en esencia, la ilegalidad de la convocatoria de oposición impugnada debido a la limitación de la lengua de la oposición controvertida. Mediante su quinto motivo, adujo que la EPSO no había motivado su decisión de aprobar y promover un régimen lingüístico determinado.
20.
El Tribunal General, en la sentencia recurrida, tras constatar, con carácter preliminar, que la decisión impugnada constituía un acto lesivo para la candidata, examinó en primer lugar la excepción de ilegalidad planteada en el marco de los motivos segundo, tercero y cuarto, cuya admisibilidad fue impugnada por la Comisión, así como su fundamento.
21.
Por lo que respecta a la admisibilidad de esta excepción de ilegalidad, el Tribunal General recordó que, con ocasión de recursos de anulación interpuestos contra decisiones individuales, el Tribunal de Justicia ha admitido que pueda alegarse la ilegalidad de lo dispuesto en actos de alcance general que sean la base de dichas decisiones o que tengan un vínculo jurídico directo con tales decisiones. (
9
)
22.
Por lo que respecta, en particular, a las convocatorias de oposición, el Tribunal General declaró que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de un procedimiento de selección, que es una operación administrativa compleja compuesta por una sucesión de decisiones, un candidato a una oposición puede, con ocasión de un recurso interpuesto contra un acto posterior, alegar la irregularidad de actos anteriores íntimamente relacionados con aquel (
10
) e invocar, en particular, la ilegalidad de la convocatoria de oposición con arreglo a la cual se ha adoptado el acto en cuestión. (
11
)
23.
Según el Tribunal General, cuando no existe un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión individual impugnada y la excepción de ilegalidad en relación con la convocatoria de oposición que no se ha impugnado a su debido tiempo, debe declararse la inadmisibilidad de la excepción con arreglo a las normas de orden público en materia de plazos de recurso, que no pueden ser soslayadas, en un supuesto de este tipo, sin atentar contra el principio de seguridad jurídica. (
12
)
24.
A la luz de la jurisprudencia citada en los anteriores puntos 21 a 23, el Tribunal General realizó seis apreciaciones en los apartados 52 a 59.
25.
En primer lugar, el Tribunal General constató que, mediante su excepción de ilegalidad, la candidata impugnaba, en esencia, las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico.
26.
En segundo lugar, el Tribunal General señaló que, mediante la motivación de la decisión impugnada en el escrito de 9 de noviembre de 2015, se había informado a la candidata de que su nombre no había sido incluido en la lista de reserva debido a que no había obtenido una de las puntuaciones más altas en las pruebas del centro de evaluación.
27.
En tercer lugar, el Tribunal General consideró que del «pasaporte de competencias» expedido a la candidata se desprendía que, para la competencia general «Comunicación», obtuvo 5,5 puntos sobre 10, lo que figuraba entre las apreciaciones y las notas más bajas que obtuvo por lo que respecta a la evaluación de sus competencias generales que se efectuó en el centro de evaluación. La evaluación de estas competencias tenía por objeto, según el punto 1.2 de las Normas generales aplicables a las oposiciones generales, al que remitía la nota 7 de la convocatoria de oposición impugnada, evaluar la capacidad del candidato para «comunicarse con claridad y precisión, tanto oralmente como por escrito». El Tribunal General estimó que de ello se deducía la constatación del tribunal calificador respecto al conocimiento del francés por parte de la candidata o, al menos, en cuanto al dominio de una competencia condicionada fuertemente por el conocimiento que esta tenía de dicha lengua.
28.
En cuarto lugar, el Tribunal General señaló que, si bien era cierto que la convocatoria de oposición impugnada no contemplaba una prueba vinculada a los conocimientos específicos de la candidata, en términos de vocabulario o gramática, de alemán, inglés o francés, no podía negarse que existía un vínculo estrecho entre los conocimientos de la candidata de la lengua francesa, que había elegido como segunda lengua, y las pruebas que había tenido que realizar en esa lengua. El Tribunal General constató que los conocimientos que la candidata tenía de la lengua francesa se reflejaban inevitable y necesariamente en las pruebas destinadas a verificar las competencias generales y específicas previstas en convocatoria de oposición impugnada.
29.
En quinto lugar, el Tribunal General señaló que la limitación de la elección de la segunda lengua de la oposición controvertida a las tres lenguas en cuestión no afectaba únicamente a la capacidad de los candidatos para expresarse oralmente o por escrito, sino que también determinaba el tipo de teclado que los candidatos podían utilizar para la realización del estudio de caso, y añadió que no se discutía que la candidata se había visto obligada a utilizar un tipo de teclado que no estaba acostumbrada a utilizar. Según el Tribunal General, tal circunstancia incidió en la realización y, por tanto, potencialmente, en el resultado de una prueba en la cual se exigía escribir, con teclado, un texto de cierta longitud en un tiempo limitado.
30.
En sexto lugar, el Tribunal General rechazó la alegación formulada por la Comisión en la vista según la cual solo podría existir un vínculo estrecho si los resultados de las pruebas de evaluación de las competencias generales de los candidatos resultaran negativos o catastróficos. El Tribunal General declaró que tal argumento equivalía a propugnar, sin justificación, una aplicación más estricta del requisito de la existencia de un vínculo estrecho cuando la ilegalidad que se invoca se refiere al régimen lingüístico de la oposición.
31.
A la luz de la jurisprudencia citada y de estas seis constataciones, el Tribunal General consideró, en el apartado 60 de la sentencia recurrida, que existía un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico de la oposición controvertida, cuya legalidad se discutía. En consecuencia, el Tribunal General declaró admisible la excepción de ilegalidad relativa a la convocatoria de oposición impugnada.
32.
A continuación, el Tribunal General consideró que ni la motivación de la convocatoria de oposición impugnada ni las pruebas aportadas por la Comisión en apoyo de esa motivación podían justificar la limitación de autos. En consecuencia, el Tribunal General concluyó que era necesario estimar esta excepción de ilegalidad, declarar la inaplicabilidad de la convocatoria de oposición impugnada al presente asunto y estimar los motivos segundo, tercero y cuarto.
33.
Por último, considerando que ya no era necesario pronunciarse sobre los motivos primero y quinto del recurso, el Tribunal General anuló la decisión impugnada.
III. Pretensiones
34.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Desestime los motivos segundo, tercero y cuarto del recurso interpuesto por la candidata en primera instancia.
–
Devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre los motivos primero y quinto del recurso interpuesto por la candidata.
–
Reserve la decisión sobre las costas.
35.
En apoyo de estas pretensiones, la Comisión invoca un único motivo que comprende tres partes. La primera parte se basa en que el apartado 54 de la sentencia recurrida contiene un error de calificación de los hechos, en la medida en que el Tribunal General dedujo de una constatación del tribunal calificador respecto al conocimiento del francés por parte de la candidata la existencia de un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico.
36.
La segunda parte refuta las afirmaciones contenidas en los apartados 55 a 57 de la sentencia recurrida. La Comisión alega que el Tribunal General incurrió en un error en la calificación de los hechos y desnaturalizó las pruebas al concluir, sobre la base de un criterio impreciso, que existía un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada cuya legalidad se cuestiona.
37.
En la tercera parte, la Comisión alega que el Tribunal General calificó erróneamente los hechos en el apartado 58 de la sentencia recurrida, al basar el «vínculo estrecho» que exige la jurisprudencia también en el hecho de que la candidata tuvo que realizar la prueba utilizando un teclado distinto del QWERTY PT al que está habituada.
38.
La candidata refuta las alegaciones de la Comisión. Solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Declare la inadmisibilidad del recurso de casación.
–
Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia declare la admisibilidad del recurso de casación, lo desestime en cuanto al fondo por infundado.
–
Condene a la Comisión al pago de las costas del presente procedimiento, así como de las causadas en primera instancia.
IV. Apreciación
39.
Voy a comenzar el análisis del recurso de casación formulando algunas observaciones preliminares relativas a la excepción de ilegalidad, prevista en el artículo 277 TFUE, y a la admisibilidad de dicha excepción (A). A continuación, examinaré los criterios específicos de admisibilidad en relación con las convocatorias de oposición de la EPSO (B) y, a la luz de dichos criterios, las tres partes del motivo único de casación formulado por la Comisión en relación con la excepción de inadmisibilidad que planteó ante el Tribunal General (C).
A.
Observaciones preliminares sobre la excepción de ilegalidad prevista en el artículo 277 TFUE y la admisibilidad de dicha excepción
40.
Ya desde su sentencia Les Verts/Parlamento, (
13
) el Tribunal de Justicia ha venido afirmando que los Tratados han establecido un «sistema completo de vías de recurso y de procedimientos». Con la adopción de los artículos 263 TFUE y 277 TFUE, por una parte, y del artículo 267 TFUE, por otra, se le dio a dicho sistema la finalidad de garantizar el control de la legalidad de todos los actos de la Unión, confiando dicho control al juez de la Unión. (
14
) Concretamente, en virtud del artículo 277 TFUE, cualquiera de las partes puede impugnar ante los tribunales de la Unión los actos de la Unión que apliquen directamente los actos de la Unión de alcance general y alegar en apoyo de su recurso la ilegalidad de estos actos de alcance general.
41.
Según consolidada jurisprudencia, el artículo 277 TFUE constituye la expresión de un principio general que garantiza a cualquiera de las partes, para obtener la anulación de una decisión que la afecte directa e individualmente, el derecho de cuestionar la validez de los actos institucionales anteriores que constituyan la base jurídica de tal decisión, siempre que la referida parte no disponga del derecho a interponer un recurso directo contra dichos actos, y pese a sufrir así sus consecuencias sin haber podido solicitar su anulación. (
15
)
42.
Además, dado que la finalidad del artículo 277 TFUE no es la de permitir a las partes impugnar la legalidad de actos de alcance general en todos los casos, el acto cuya ilegalidad se alega y que aplica tal acto de aplicación general debe ser aplicable, directa o indirectamente, al caso concreto que sea objeto del recurso. (
16
)
43.
Por lo tanto, según reiterada jurisprudencia, con ocasión de recursos de anulación interpuestos contra decisiones individuales, las disposiciones de un acto de alcance general pueden constituir legítimamente el objeto de una excepción de ilegalidad siempre que dichas disposiciones constituyan la base de dichas decisiones (
17
) o tengan un vínculo jurídico directo con ellas. (
18
) Invocando esta jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha recordado estas dos salvedades alternativas en su reciente sentencia de Gran Sala Comisión y Consejo/Carreras Sequeros y otros. (
19
) Ha declarado, en consecuencia, la inadmisibilidad de las excepciones de ilegalidad cuando las decisiones individuales impugnadas no constituyan medidas de aplicación de los actos de alcance general ni tengan un vínculo jurídico directo con estos. (
20
)
44.
Al adoptar estos dos requisitos alternativos, el Tribunal de Justicia ha optado por una interpretación más bien extensiva del alcance de la excepción de ilegalidad prevista en el artículo 277 TFUE, y ha ido más allá del paradigma de la «base jurídica». En particular, al adoptar el requisito del vínculo jurídico directo, que emerge ya en su jurisprudencia muy tempranamente, (
21
) el Tribunal de Justicia abrió de manera explícita la excepción de ilegalidad a los actos de las instituciones que no constituyen formalmente la base jurídica de las decisiones individuales impugnadas, pero con los que estas tienen un vínculo jurídico directo. (
22
)
45.
En mi opinión, esta interpretación amplia se justifica, en primer lugar, por la necesidad de facilitar el acceso a la justicia a las personas excluidas de interponer recursos directos contra los actos de alcance general de la Unión. (
23
) En segundo lugar, se explica por el limitado efecto normativo de la excepción de ilegalidad prevista en el artículo 277 TFUE: esta disposición del Tratado solo acarrea la «inaplicabilidad» de los actos de alcance general al asunto concreto de que se trate. En el caso del artículo 277 TFUE, dichos motivos de ilegalidad no se traducen en la invalidez o ilegalidad de la disposición concernida, sino solo en su inaplicabilidad ad casum e inter partes. (
24
)
46.
De la anterior jurisprudencia se desprende que la excepción de ilegalidad prevista en el artículo 277 TFUE solo puede invocarse si se reúnen tres criterios acumulativos. En primer lugar, que el acto que constituye la base jurídica de la decisión individual que se impugna sea de alcance general («primer criterio»). En segundo lugar, que el particular que invoca la excepción de ilegalidad no estuviese legitimado para interponer un recurso directo de anulación de dicho acto («segundo criterio»). (
25
) En tercer y último lugar, que las disposiciones del acto de la Unión de alcance general constituyan la base de la decisión individual o tengan un vínculo jurídico directo con dicha decisión («tercer criterio»). No obstante, parece que, en el ámbito de las convocatorias de oposición de la EPSO, los requisitos de admisibilidad se distinguen de los requisitos mencionados.
B.
Criterios de admisibilidad para las excepciones de ilegalidad contra las convocatorias de oposición de la EPSO
47.
En el presente asunto, la Comisión alega, en esencia, que el Tribunal General calificó erróneamente los hechos al admitir la existencia de un vínculo estrecho entre la propia motivación de la decisión impugnada y la excepción de ilegalidad relativa a la convocatoria de oposición impugnada. Además, la Comisión alega que, al no existir un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y la excepción de ilegalidad propuesta contra la convocatoria de oposición impugnada, que no se impugnó dentro de plazo, debe declararse la inadmisibilidad de dicha excepción.
48.
Debe señalarse que las alegaciones formuladas por la Comisión se basan en el criterio de admisibilidad desarrollado específicamente por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General en el marco de las oposiciones que convoca la EPSO. Para que un candidato pueda invocar una excepción de ilegalidad contra una convocatoria de oposición después de haber transcurrido más de dos meses desde su publicación, la jurisprudencia pertinente ha establecido criterios específicos de admisibilidad en el caso de las convocatorias de la EPSO, y cuya razón de ser se fundamenta en la doctrina de la operación administrativa compleja. De acuerdo con dicha doctrina, debe existir un «vínculo estrecho» o una «estrecha relación» entre la motivación de la decisión individual impugnada y la excepción de ilegalidad propuesta contra la convocatoria de oposición.
1. Doctrina de la «operación administrativa compleja»
49.
La Comisión afirma que, por lo que respecta a la admisibilidad de las excepciones de ilegalidad formuladas contra las convocatorias de oposición, la jurisprudencia ha adoptado un criterio restrictivo que se justifica por la necesidad de alcanzar un justo equilibrio entre el derecho a la tutela judicial y la seguridad jurídica. Según la Comisión, este derecho está suficientemente protegido por la posibilidad para el candidato de impugnar la totalidad de las disposiciones de la convocatoria de oposición a través del recurso de anulación previsto en el artículo 270 TFUE, con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 90 y 91 del Estatuto, así como, vía excepción de ilegalidad, impugnar aquellas disposiciones de la convocatoria de oposición que tengan una estrecha relación con la motivación de la decisión que les resulta lesiva.
50.
Debe señalarse, de entrada, que las convocatorias de oposición son actos de alcance general que emanan de las instituciones de la Unión y se dirigen a todos los potenciales candidatos. Con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto, el candidato demandante dispone de un plazo de tres meses, que empieza a contar a partir del día de la publicación de la convocatoria de oposición en el Diario Oficial de la Unión Europea, para presentar una reclamación administrativa. En virtud del artículo 270 TFUE, los candidatos a las oposiciones pueden impugnar decisiones individuales, tales como no incluir su nombre en la lista de reserva elaborada a la conclusión del procedimiento de selección.
51.
A este respecto, contrariamente a lo que alega la candidata, a mi juicio, un candidato resulta directa e individualmente afectado por la convocatoria de oposición impugnada que establece el régimen lingüístico del procedimiento de selección desde el momento en que concurre a la oposición. El Tribunal de Justicia también ha declarado en reiteradas ocasiones que una decisión que no haya sido impugnada por su destinatario dentro de los plazos establecidos por el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, adquiere firmeza frente a aquel. (
26
) No obstante, es posible que el candidato pueda no tener interés en interponer tal recurso durante la preparación de la oposición, por temor a que afecte negativamente a sus posibilidades de éxito, o por el tiempo que podría suponerle interponer el recurso correspondiente. Por lo tanto, la jurisprudencia permite en esencia a los candidatos impugnar la legalidad de una convocatoria de oposición en una fase posterior siempre que exista un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión individual impugnada y la excepción por la que se alegan las irregularidades de la convocatoria. (
27
) Al asumir que los candidatos pueden actuar directamente contra la convocatoria de oposición por resultar directa e individualmente afectados por ella, esta jurisprudencia introduce una excepción al segundo criterio, y establece asimismo una excepción al tercer criterio, al introducir una lex specialis.
52.
Debe señalarse a este respecto que la jurisprudencia ha evolucionado de forma notable. Inicialmente, en la sentencia Adams y otros/Comisión, el Tribunal de Justicia rechazó la admisibilidad de una excepción de ilegalidad formulada contra una convocatoria de concurso. Declaró que un candidato que estima que una convocatoria de concurso le causa perjuicio por su irregularidad debe impugnarla dentro del plazo legal; si no fuera así, sería posible impugnar una convocatoria de concurso mucho tiempo después de publicada y cuando la mayor parte o todas las actuaciones del concurso ya se han desarrollado, lo que es contrario a los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y buena administración. (
28
)
53.
Sin embargo, en la sentencia Comisión/Noonan, el Tribunal de Justicia, basándose en la doctrina de la «operación administrativa compleja», (
29
) matizó su jurisprudencia anterior. Declaró que, en el marco de un procedimiento de selección, que se considera una «operación administrativa compleja» compuesta por una sucesión de decisiones muy estrechamente vinculadas, un demandante tiene derecho a invocar las irregularidades producidas durante el desarrollo de la oposición o relativas a las modalidades de la organización de la misma en un recurso contra una decisión individual posterior, como la de inadmitir su candidatura a las pruebas, siempre que la irregularidad anterior invocada tenga una estrecha relación con la decisión posterior que se impugna. (
30
)
54.
Esto nos lleva a la cuestión de qué constituye una «operación administrativa compleja». En mi opinión, para que un procedimiento de oposición sea de naturaleza compleja, ha de ser objetivamente complejo. Las oposiciones de la EPSO implican una serie de decisiones estrechamente vinculadas entre sí, que son técnicas y deben adoptarse respetando los principios de igualdad, proporcionalidad y transparencia. (
31
) Las convocatorias de la EPSO deben establecer criterios claros, objetivos y previsibles. Sin embargo, la complejidad objetiva no hace, per se, que un procedimiento de concurso u oposición se considere de naturaleza compleja. El procedimiento de concurso u oposición debe, además, entrañar una complejidad subjetiva, es decir, que el candidato de que se trate se encuentre en una situación en la que no pueda impugnar la convocatoria dentro del plazo previsto, debido a que las dificultades o irregularidades que se derivan de dicha convocatoria se materializan en una fase posterior, ya sea al recibir las comunicaciones de la EPSO y la convocatoria a las pruebas, durante los exámenes o al serle comunicada la decisión de no incluirlo en la lista de reserva. Por otra parte, es posible que los candidatos, que están centrados en superar la oposición, no se encuentren en condiciones de interponer un recurso de anulación contra la convocatoria. (
32
) Así pues, solo cuando un procedimiento administrativo entraña una complejidad objetiva y subjetiva puede calificarse de «operación administrativa compleja».
55.
El planteamiento adoptado en la sentencia Comisión/Noonan constituye esencialmente una excepción al segundo criterio, ya que permite a un candidato impugnar la convocatoria de concurso o de oposición con independencia de su legitimación para interponer un recurso directo contra dicha convocatoria. Dado que la Comisión basa su alegación en el requisito del «vínculo estrecho» o la «estrecha relación», (
33
) al que hace referencia el Tribunal General en la sentencia recurrida, (
34
) y que constituye una excepción al segundo criterio y, por tanto, restringe y se solapa con el tercer criterio, examinaré este requisito en profundidad.
2. Requisito del «vínculo estrecho» o de la «estrecha relación»
56.
Es preciso señalar, de entrada, que el concepto de «vínculo estrecho» o «estrecha relación» entre el acto de alcance general y la decisión individual controvertida parece haber surgido tempranamente de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En las sentencias Ley/Comisión (
35
) y Alfieri/Parlamento, (
36
) el Tribunal de Justicia declaró que, en el marco de un procedimiento de selección, un candidato puede, con ocasión de un recurso dirigido contra actos posteriores, alegar la irregularidad de actos anteriores íntimamente relacionados con aquellos. En una sentencia posterior, Sergio y otros/Comisión, (
37
) el Tribunal de Justicia declaró que los candidatos que no hubiesen impugnado una convocatoria de oposición dentro de los plazos señalados podían, no obstante, invocar las irregularidades producidas durante el desarrollo de la oposición, aun cuando el origen de tales irregularidades pudiese encontrarse en el texto de la convocatoria de la oposición.
57.
Como ya se ha apuntado, en la sentencia Comisión/Noonan, (
38
) el Tribunal de Justicia declaró que, habida cuenta del carácter particular del procedimiento de selección, «que es una operación administrativa compleja compuesta por una sucesión de decisiones muy estrechamente vinculadas», las convocatorias de concurso pueden ser impugnadas posteriormente. (
39
) Por lo tanto, la admisibilidad de la excepción de ilegalidad relativa a una convocatoria de concurso u oposición constituiría una excepción al segundo criterio, justificada mediante el concepto de «operación administrativa compleja». (
40
) En mi opinión, esta jurisprudencia, que constituye una excepción al régimen general (ya que permite a los candidatos formular una excepción de ilegalidad aun cuando, teóricamente, podría haberse impugnado la convocatoria en el momento de ser admitido al procedimiento de selección) está justificada por las siguientes razones.
58.
En primer lugar, con arreglo al régimen general, el candidato no podría formular la excepción de ilegalidad prevista en el artículo 277 TFUE por haber prescrito el plazo previsto, si se aplica la anterior jurisprudencia. (
41
) Así, el razonamiento de las sentencias Giulietti/Comisión y PB/Comisión, en el que se fundamentó la sentencia recurrida, se basa en el supuesto de que la convocatoria de oposición «no [fue] impugnada en plazo». (
42
) Sin embargo, la citada excepción permite al candidato no seleccionado plantear la excepción de ilegalidad con independencia de que esté o no legitimado para impugnar la convocatoria de concurso u oposición. Aparte de que es posible que un candidato no pueda (o no quiera) impugnar la convocatoria durante el transcurso de la oposición, cabe la posibilidad de que desconozca todas las cuestiones prácticas relacionadas con la convocatoria que pueden plantearse, como por ejemplo el régimen lingüístico, durante las fases posteriores del proceso. Tales cuestiones prácticas pueden surgir en las fases posteriores de la oposición, cuando el candidato se comunica con la EPSO o realiza las pruebas. Concretamente, es posible que algunas exigencias de la EPSO que se derivan de la convocatoria de la oposición se apliquen o especifiquen en las llamadas a los exámenes. En este contexto, considero que el candidato debe poder plantear la ilegalidad de la convocatoria en las fases posteriores de la oposición. En consecuencia, para dar efecto al principio de tutela judicial efectiva, (
43
) deberá considerarse que el candidato de que se trate no se hallaba en condiciones de solicitar la anulación del acto de alcance general en el momento en que se presentó a la oposición.
59.
En segundo lugar, como ya he mencionado, a efectos de la admisibilidad de una excepción de ilegalidad en virtud del artículo 277 TFUE, en la sentencia Comisión y Consejo/Carreras Sequeros y otros, (
44
) el Tribunal de Justicia interpretó esta disposición y, en particular, su tercer criterio, relativo a la base o la relación jurídica directa, de forma amplia. (
45
) Si el Tribunal de Justicia interpretase de manera muy restringida el requisito de la «estrecha relación» o la «estrecha relación jurídica» (
46
) entre la propia motivación de la decisión individual impugnada y la excepción de ilegalidad, limitaría este tercer criterio de manera indebida con tal interpretación.
60.
Por otra parte, un planteamiento demasiado restrictivo podría tener como efecto dificultar en exceso la impugnación del régimen lingüístico de los procedimientos de oposición, lo que constituiría una aprobación indirecta de la práctica de imponer habitualmente las lenguas alemana, inglesa y francesa como segunda lengua de estos procedimientos, sin que fuera posible comprobar si la institución de que se trate ha cumplido las obligaciones derivadas de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Recuérdese además que, en el caso de autos, el Tribunal General estimó la excepción de ilegalidad formulada contra la convocatoria de oposición impugnada por cuanto ni las justificaciones expuestas en ella ni las pruebas aportadas por la Comisión en apoyo de dichas justificaciones permitían validar el régimen lingüístico de la oposición controvertida. En su recurso de casación, la Comisión no ha impugnado la parte de la sentencia recurrida relativa al fondo de la excepción de ilegalidad.
61.
En tercer lugar, debe observarse que el Tratado ha establecido que los efectos de una excepción de ilegalidad no dan lugar en el caso del artículo 277 TFUE a la anulación del acto de alcance general, sino solo a su inaplicabilidad ad casum. (
47
) El efecto de la declaración de ilegalidad es únicamente inter partes y no erga omnes; el acto de alcance general se declarará inaplicable en la medida en que se haya aplicado en la decisión individual. Por tal motivo, me inclino también por desestimar la consideración relativa al principio de seguridad jurídica.
62.
No veo, pues, razón alguna por la que el Tribunal de Justicia deba inadmitir la impugnación de una convocatoria de oposición formulada mediante una excepción de ilegalidad, cuando existe una estrecha relación o una estrecha relación jurídica entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico.
63.
Dicho esto, el requisito del vínculo estrecho o de la estrecha relación jurídica debe interpretarse de manera suficientemente restrictiva, ya que se trata de una excepción al régimen general, que permite que no prescriba la posibilidad de que una parte impugne la legalidad de los actos de alcance general. Además, esta interpretación se justifica en aras de lograr un equilibrio entre la posibilidad de impugnar actos de alcance general incluso mucho después de la publicación de la convocatoria, por un lado, y la presentación de numerosos recursos contra la convocatoria que sobrecargarían a la Comisión y al Tribunal General, por otro lado.
64.
En consecuencia, a mi parecer, el Tribunal General estimó acertadamente que la jurisprudencia considera admisible el recurso cuando el motivo relativo a la irregularidad de la convocatoria de oposición, no impugnada en plazo, afecta a la motivación de la decisión individual impugnada. (
48
) En cambio, cuando no existe tal vínculo estrecho, deberá declararse la inadmisibilidad de dicho motivo. (
49
)
65.
A la luz de estas consideraciones, examinaré a continuación si el Tribunal General acertó al desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión, en el recurso de anulación ante el Tribunal General, contra la excepción de ilegalidad en relación con la convocatoria de oposición impugnada.
C.
Excepción de inadmisibilidad esgrimida por la Comisión
66.
Debe señalarse, con carácter preliminar, que la Comisión impugna los apartados 54 a 61 de la sentencia recurrida. No discute las dos apreciaciones del Tribunal General que figuran en los apartados 52 y 53 de la mencionada sentencia. Por una parte, señala que, mediante su excepción de ilegalidad, la candidata impugna, en esencia, las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico, a saber, la limitación de la elección de la segunda lengua al alemán, el inglés y el francés. Por otra, el Tribunal General indicó que, mediante escrito de 9 de noviembre de 2015, se informó a la candidata de que su nombre no había sido incluido en la lista de reserva debido a que no había obtenido una de las puntuaciones más altas en las pruebas del centro de evaluación.
67.
La candidata alega que, al dividir el motivo único de casación en tres partes, la Comisión intenta separar artificialmente el razonamiento seguido por el Tribunal General en los apartados 51 a 61 de la sentencia recurrida. Estoy de acuerdo en que, en dichos apartados, el Tribunal General expone las razones por las que existe un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico de la oposición de que se trata, cuya legalidad se impugna. No obstante, creo que es posible examinar por separado el razonamiento de dichos apartados, ya que cada una de las tres partes se refiere a una alegación diferente.
68.
La candidata entiende además que estas tres partes pretenden rebatir los hechos probados por el Tribunal General. Por consiguiente, solicita al Tribunal de Justicia que desestime el motivo en su totalidad, o cada una de las tres partes, por considerarlo inadmisible. Con carácter subsidiario, alega que debe desestimarse el motivo de casación, o cada una de sus tres partes, por infundado. Abordaré estas pretensiones al analizar las tres partes por separado.
1. Primera parte del motivo único de casación
69.
La Comisión alega que el apartado 54 de la sentencia recurrida contiene un error de calificación de los hechos, al afirmar el Tribunal General que existía un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico. Alega que, aun cuando la candidata hubiese obtenido una puntuación de 10/10 en la competencia general «Comunicación», habría necesitado 7,46 puntos adicionales para ser incluida en la lista de reserva. Por consiguiente, las ulteriores apreciaciones del Tribunal General sobre la admisibilidad de la excepción de ilegalidad, contenidas en los apartados 55 a 58 de la sentencia recurrida, se basan todas ellas en la premisa de la existencia de un vínculo estrecho, por lo que todas ellas se ven afectadas por tal error de Derecho.
70.
Con carácter preliminar, procede recordar que, como ya se ha señalado, (
50
) en el apartado 54 el Tribunal General declaró que la valoración de la competencia general «Comunicación» en el centro de evaluación tenía por objeto la capacidad del candidato para «comunicarse con claridad y precisión, tanto oralmente como por escrito». Por lo tanto, de ello se deducía una constatación del tribunal calificador respecto al conocimiento del francés por parte de la candidata o, al menos, en cuanto al dominio de una competencia condicionada fuertemente por el conocimiento que esta tenía de dicha lengua.
71.
Debe observarse que la alegación de la Comisión se basa en la premisa de que el motivo de que la candidata no superase la oposición controvertida no fue la prueba de la competencia general «Comunicación», sino no haber obtenido una puntuación suficiente en otras competencias. Sin embargo, el Tribunal General no llevó a cabo esta apreciación de los hechos en la sentencia recurrida. Si bien el Tribunal de Justicia, en su calidad de órgano de casación, no es competente para apreciar los hechos, (
51
) salvo objeción por desnaturalización, la calificación jurídica de los hechos se halla sometida a su examen en el marco del recurso de casación. (
52
)
72.
Dado que el Tribunal General no constató en la sentencia recurrida cuál de las competencias evaluadas resultó determinante para la no inclusión de la candidata en la lista de reserva, el Tribunal de Justicia se ha de mantener, a mi juicio, dentro del marco fáctico establecido en dicha sentencia, que, en lo que respecta a las calificaciones de la candidata, se limita a señalar que «la [candidata] había obtenido una puntuación total de 61,13 puntos sobre 100», y que en el caso de la competencia general «Comunicación», «obtuvo 5,5 puntos sobre 10, lo que figura entre las apreciaciones y las notas más bajas que obtuvo por lo que respecta a la evaluación de sus competencias generales que se efectuó en el centro de evaluación». (
53
) En consecuencia, el Tribunal de Justicia, al analizar las alegaciones de la Comisión, deberá resistirse a la tentación de sustituir la calificación de los hechos del Tribunal General por la suya propia. No obstante, el Tribunal de Justicia deberá dilucidar si la ausencia de tal constatación resulta pertinente al efecto de determinar la calificación jurídica de los hechos, esto es, de establecer la existencia de un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico.
73.
A ese respecto, soy de la opinión de que la calificación jurídica de los hechos controvertidos en el presente asunto no debería depender de elementos externos, tales como la nota obtenida por la candidata en otra competencia general o específica, sino de las razones concretas de la decisión individual relativa a la competencia específica de que se trata. Dicho de otro modo, para que sea admisible la excepción de ilegalidad basta con que la candidata demuestre que la competencia de que se trata tiene, cuando no se ha obtenido la puntuación necesaria, un vínculo estrecho con las disposiciones controvertidas de la convocatoria de oposición impugnada. A tal efecto, las demás notas carecen, a mi juicio, de pertinencia a tal efecto.
74.
Por otra parte, si el Tribunal de Justicia determinase qué nota resultó decisiva para la no inclusión de la candidata en la lista de reserva, ello no se referiría a la inadmisibilidad, sino al fondo de los motivos invocados por la candidata, pues implicaría una valoración de los resultados indicados en la decisión individual y del carácter fundado de las alegaciones formuladas por la candidata.
75.
Por consiguiente, en la medida en que la valoración de la competencia «Comunicación» por parte del tribunal calificador deriva de aquellas disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada que son objeto de litigio, la candidata está legitimada para invocar la excepción de ilegalidad contra dichas disposiciones con arreglo al artículo 277 TFUE. Además, no hay nada en la sentencia recurrida, en concreto, en su apartado 54, que indique que el Tribunal General desnaturalizara los hechos al considerar que existía un vínculo estrecho entre la constatación del tribunal calificador en lo que respecta a los conocimientos que la candidata tenía de la lengua francesa y su dominio de la competencia «Comunicación». En dicho apartado, el Tribunal General aplicó correctamente los criterios del vínculo estrecho o la estrecha relación, tal como se ha explicado anteriormente, (
54
) y dicho apartado parece estar exento de error de Derecho.
76.
Como consecuencia de todo lo anterior, considero que, con fundamento en la conclusión del apartado 54 de la sentencia recurrida, el Tribunal General dedujo acertadamente que existía un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico en el presente asunto, que hacía admisible la excepción de ilegalidad. Dicha conclusión es suficiente para establecer tal vínculo. No obstante, en aras de la exhaustividad, examinaré si existe tal vínculo estrecho por otros motivos distintos de los ya expuestos, esto es, los expresados en los apartados 55 a 57 de la sentencia recurrida.
2. Segunda parte del motivo único de casación
77.
La Comisión alega que el Tribunal General incurrió en una calificación errónea de los hechos y desnaturalizó las pruebas al concluir, en los apartados 55 a 57 de la sentencia recurrida, que existía un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada sobre la base de un criterio fundamentado en la presunción de que es más difícil para el candidato realizar las pruebas en su segunda lengua que en su lengua materna. La Comisión alega que la comparación del nivel de la candidata en portugués con su nivel en francés carece de pertinencia para acreditar la existencia de ese vínculo estrecho.
78.
La Comisión señala que la candidata impugnó que solo hubiese podido elegir su segunda lengua entre el inglés, el francés y el alemán. La candidata alegó que habría podido obtener mejores calificaciones si se le hubiera permitido realizar las pruebas en español y que, por ello, consideraba que existía un vínculo estrecho entre la decisión impugnada y el régimen lingüístico de la oposición controvertida. En lugar de comparar el nivel de la candidata en portugués con su nivel en francés, el Tribunal General debería haberlo comparado con su nivel en español.
79.
Además, la Comisión alega que, en dichos apartados, el Tribunal General no tuvo en cuenta que, en el caso de autos, las otras dos lenguas que la candidata dominaba mejor eran el inglés y el francés. Por lo tanto, la limitación en cuanto a la elección de la segunda lengua no podía situarla en desventaja, puesto que había declarado tener un mejor dominio, a nivel C2, de esas dos lenguas. También había indicado tener conocimientos de otra lengua, el español, aunque con nivel de conocimiento inferior a su conocimiento del francés y del inglés. Por consiguiente, no puede considerarse que esta limitación influyera negativamente en el rendimiento de la candidata ni que tenga un vínculo estrecho con la motivación de la decisión impugnada.
80.
La candidata sostiene, en esencia, que los apartados 56 a 58 de la sentencia recurrida deben leerse conjuntamente, y que la alegación de la Comisión equivale a singularizar de forma artificial dichos apartados.
81.
Debe señalarse en primer lugar que, en el apartado 52, el Tribunal General afirma que, mediante su excepción de ilegalidad, la candidata impugna, en esencia, las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico, a saber, la limitación de la elección de la segunda lengua al alemán, el inglés y el francés. En el apartado 55 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se propuso acreditar la existencia de un vínculo estrecho entre los conocimientos de la candidata de la lengua francesa y las pruebas que tuvo que realizar en esa lengua. A tal efecto, el Tribunal General señaló, en el apartado 57 de la sentencia recurrida, que la candidata dominaba mejor el portugués que el francés.
82.
Tal comparación no puede ser adecuada, puesto que el portugués era su lengua principal y el nivel de dominio de dicha lengua no puede ser pertinente a la hora de determinar si era adecuada la limitación en cuanto a la elección de la segunda lengua. En consecuencia, las conclusiones del Tribunal General contenidas en los apartados 55 a 57 de la sentencia recurrida no pueden ser suficientes desde el punto de vista jurídico para establecer la existencia de un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada cuya legalidad se discute. (
55
)
83.
Así pues, la comparación que se hace en los apartados mencionados está viciada por un error de Derecho. No obstante, aunque los fundamentos de Derecho de una sentencia del Tribunal de Justicia revelen una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal infracción no puede dar lugar a la anulación de dicha sentencia. Procede, en cambio, efectuar una sustitución de los fundamentos de Derecho. (
56
) En el presente asunto, procede anular simplemente el razonamiento contenido en los apartados 55 a 57 de la sentencia recurrida.
3. Tercera parte del motivo único de casación
84.
La Comisión alega que el Tribunal General, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, calificó erróneamente los hechos al basar el vínculo estrecho en el hecho de que la candidata tuvo que realizar la prueba escrita con un teclado distinto del QWERTY PT al que está habituada.
85.
La Comisión alega, en primer lugar, que la elección de la configuración del teclado no guarda relación con la motivación de la decisión impugnada. En la vista, la Comisión recordó con insistencia el hecho de que la convocatoria de oposición impugnada no contenía ninguna mención a la elección del teclado. En segundo lugar, la Comisión sostiene que, si bien es cierto que la EPSO propuso una elección limitada de configuraciones de teclado para el estudio de caso, se trata de una cuestión distinta de la del régimen lingüístico de la oposición controvertida. De hecho, la convocatoria de oposición impugnada no menciona las configuraciones de teclado. Es más, el que la candidata optara por un teclado QWERTY UK pese a haber escogido para la prueba del estudio de caso la lengua francesa demuestra que estas dos cuestiones son distintas y no están relacionadas.
86.
A este respecto, procede recordar que, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que «la limitación de la elección de la segunda lengua de la oposición a las tres lenguas en cuestión no afecta únicamente a la capacidad de los candidatos para expresarse oralmente o por escrito, sino que también determina el tipo de teclado que los candidatos pueden utilizar para la realización del estudio de un caso, ya que, según la práctica de la EPSO, el suministro a los candidatos de teclados, como confirmó la Comisión ante el Tribunal [General], está limitado a la lengua (y, en su caso, a las lenguas) en la que deben realizarse las pruebas». El Tribunal General añadió que, en el caso de autos, no se discute que la candidata se vio obligada a utilizar un tipo de teclado que no estaba acostumbrada a utilizar debido a su lengua materna. Según el Tribunal General, tal circunstancia incidía en la realización y, por tanto, potencialmente, en el resultado de una prueba durante la cual se exigía escribir, con un teclado, un texto de cierta longitud en un tiempo limitado.
87.
La cuestión de si la elección del teclado puede calificarse como un hecho pertinente para determinar la existencia de un vínculo estrecho puede ser analizada en un procedimiento de recurso por el Tribunal de Justicia sobre la base de los hechos establecidos por el Tribunal General.
88.
En este sentido, desde el punto de vista de la EPSO, es cierto que la elección de los teclados es una cuestión práctica y técnica, que no aparece en ninguna parte de la convocatoria de oposición impugnada. Sin embargo, desde el punto de vista de la candidata, me parece que el régimen lingüístico sí repercute en su expresión oral y escrita. Habida cuenta de que esta última depende de la elección del teclado, no puede excluirse una relación entre ambos elementos. Dado que el lenguaje escrito se expresa a través de los medios técnicos del teclado, es posible establecer una relación entre la lengua utilizada por la candidata y el régimen lingüístico. No me cabe duda de que ambos elementos están relacionados entre sí, y que el vínculo estrecho se halla presente en las circunstancias del presente asunto. El hecho de que la convocatoria de oposición impugnada limitara la elección de las lenguas a las tres mencionadas parece trasladarse a la puesta a disposición de los teclados por parte de la EPSO, que se limita exactamente a las mismas lenguas. Este paralelismo parece ser una elección realizada por la EPSO como resultado de la decisión de limitar la elección de la segunda lengua.
89.
Es más, discrepo por completo de la alegación que formuló en la vista la Comisión según la cual no existe tal vínculo, ya que las opciones de elección de teclado no figuran en la convocatoria de oposición impugnada. Si el Tribunal de Justicia aceptara este argumento, la Comisión podría valerse de convocatorias de oposición vagas o imprecisas para evitar el control judicial. Precisamente el hecho de que la Comisión se apoyara en el escrito de invitación a las pruebas para detallar la elección de los teclados demuestra que, en el caso de una operación administrativa compleja, como es una oposición de la EPSO, las fases de su procedimiento están íntimamente relacionadas y que la convocatoria de oposición debe ser suficientemente clara y precisa. Un elemento importante como es la elección del teclado utilizado en la oposición debe estar sometido a control judicial.
90.
De ello se desprende que, en tales circunstancias concretas, el Tribunal General no incurrió en error al afirmar, en los apartados 60 y 61 de la sentencia recurrida, que existía un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada relativas al régimen lingüístico de la oposición controvertida, y al declarar, en consecuencia, admisible la excepción de ilegalidad.
91.
Por consiguiente, considero que debe desestimarse la tercera parte del motivo único de casación.
92.
En virtud de las consideraciones expuestas, propongo al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida en la medida en que, en sus apartados 55 a 57, el Tribunal General se basó en una comparación entre el nivel de portugués de la candidata y su nivel de francés para establecer la existencia de un vínculo estrecho entre la motivación de la decisión impugnada y las disposiciones de la convocatoria de oposición impugnada. El recurso de casación debe desestimarse en todo lo demás.
D.
Costas
93.
A tenor del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
94.
De acuerdo con el artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento en casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. El artículo 138, apartado 3, del citado Reglamento de Procedimiento precisa que, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas. Sin embargo, si se estimase que las circunstancias del caso lo justifican, el Tribunal de Justicia podrá decidir que una de las partes cargue, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte.
95.
En el presente asunto, considero que, si el Tribunal de Justicia acoge el razonamiento que he propuesto, habida cuenta de las circunstancias del mismo, la Comisión debe ser condenada a pagar, además de sus propias costas relativas tanto al procedimiento de primera instancia como al de casación, todas las costas en que haya incurrido la candidata en casación y en primera instancia.
E.
Conclusión
96.
A la luz de cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que, con excepción de los apartados 55 a 57 de la sentencia de 9 de junio de 2021, Calhau Correia de Paiva/Comisión (T‑202/17, EU:T:2021:323), desestime el recurso de casación y condene en costas a la Comisión Europea.
(
1
)	Lengua original: inglés.
(
2
)	Wittgenstein, L.: Tractatus Logico Philosophicus, Routledge, 1961, 5.6, p. 70.
(
3
)	Cuya importancia se recuerda en el artículo 3 TUE, apartado 3, párrafo cuarto, y en el artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Véase, en este sentido, la sentencia de 26 de marzo de 2019, España/Parlamento (C‑377/16, EU:C:2019:249), apartado 36.
(
4
)	Artículo 1 del Reglamento n.o 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 517/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (DO 2013, L 158, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.o 1/58»).
(
5
)	Convocatoria de oposición EPSO/AD/293/14 con vistas a la constitución de listas de reserva para la contratación por la Comisión Europea de administradores en el grado AD 7 en los ámbitos del Derecho de la competencia, de la financiación empresarial, de la economía financiera, de la economía industrial y de la macroeconomía (DO 2014, C 376 A, p. 1).
(
6
)	T‑202/17, EU:T:2021:323.
(
7
)	DO 2014, C 60 A, p. 1.
(
8
)	AZERTY, QWERTY y QWERTZ son diferentes disposiciones de los caracteres del alfabeto latino en las teclas de las máquinas de escribir y los teclados de los ordenadores. Toman su nombre de las seis primeras letras que aparecen en la primera fila de teclas alfabéticas. Las denominaciones de las distribuciones indican el país en el que se utilizan, es decir, FR/BE (Francia o Bélgica), UK (Reino Unido) o DE (Alemania).
(
9
)	Véase la sentencia de 8 de septiembre de 2020, Comisión y Consejo/Carreras Sequeros y otros (C‑119/19 P y C‑126/19 P, EU:C:2020:676), apartado 69 y jurisprudencia citada.
(
10
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 11 de agosto de 1995, Comisión/Noonan (C‑448/93 P, EU:C:1995:264), apartado 17 y jurisprudencia citada.
(
11
)	Véase la sentencia de 14 de diciembre de 2017, PB/Comisión (T‑609/16, EU:T:2017:910), apartado 26 y jurisprudencia citada.
(
12
)	Ibidem, apartados 28 y 29.
(
13
)	Véase la sentencia de 23 de abril de 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166), apartado 23.
(
14
)	Sentencias de 25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo (C‑50/00 P, EU:C:2002:462), apartado 40; de 12 de septiembre de 2006, Reynolds Tobacco y otros/Comisión (C‑131/03 P, EU:C:2006:541), apartado 80; de 12 de julio de 2012, Association Kokopelli (C‑59/11, EU:C:2012:447), apartado 34; de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo (C‑583/11 P, EU:C:2013:625), apartado 92, y de 28 de marzo de 2017, Rosneft (C‑72/15, EU:C:2017:236), apartado 66.
(
15
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de marzo de 1979, Simmenthal/Comisión (92/78, EU:C:1979:53), apartado 39, y de 19 de enero de 1984, Andersen y otros/Parlamento (262/80, EU:C:1984:18), apartado 6. Asimismo, de la jurisprudencia se desprende que el recurso a la excepción de ilegalidad solo es posible en caso de ausencia de otra vía de recurso disponible (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de marzo de 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C‑188/92, EU:C:1994:90, apartado 17; de 15 de febrero de 2001, Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, apartado 37, y de 8 de marzo de 2007, Roquette Frères, C‑441/05, EU:C:2007:150, apartado 40).
(
16
)	Sentencia de 8 de septiembre de 2020, Comisión y Consejo/Carreras Sequeros y otros (C‑119/19 P y C‑126/19 P, EU:C:2020:676), apartado 68 y jurisprudencia citada. En el caso del Tribunal General, véanse las sentencias de 15 de marzo de 2017, Fernández González/Comisión (T‑455/16 P, no publicada, EU:T:2017:169), apartado 34, y de 22 de noviembre de 2017, von Blumenthal y otros/BEI (T‑558/16, no publicada, EU:T:2017:827), apartado 71.
(
17
)	Véanse en este sentido, en particular, las sentencias de 28 de octubre de 1981, Krupp Stahl/Comisión (275/80 y 24/81, EU:C:1981:247), apartado 32, y de 11 de julio de 1985, Salerno y otros/Comisión y Consejo (87/77, 130/77, 22/83, 9/84 y 10/84, no publicada, EU:C:1985:318), apartado 36.
(
18
)	Véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 31 de marzo de 1965, Macchiorlati Dalmas/Alta Autoridad (21/64, EU:C:1965:30), p. 183, especialmente p. 184; de 10 de junio de 1986, Usinor/Comisión (81/85 y 119/85, EU:C:1986:234), apartado 13; de 9 de septiembre de 2003, Kik/OAMI (C‑361/01 P, EU:C:2003:434), apartado 76, y de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, EU:C:2005:408), apartado 237.
(
19
)	Sentencia de 8 de septiembre de 2020 (C‑119/19 P y C‑126/19 P, EU:C:2020:676), apartado 69 y jurisprudencia citada.
(
20
)	Ibidem, apartado 70 y jurisprudencia citada.
(
21
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 31 de marzo de 1965, Macchiorlati Dalmas/Alta Autoridad (21/64, EU:C:1965:30), p. 184.
(
22
)	Sentencias de 13 de julio de 1966, Italia/Consejo y Comisión (32/65, EU:C:1966:42), y de 16 de marzo de 2022, MEKH y FGSZ/ACER (T‑684/19 y T‑704/19, EU:T:2022:138), apartado 58. Por lo que respecta al Tribunal General, véanse, en particular, las sentencias de 2 de octubre de 2001, Martínez y otros/Parlamento (T‑222/99, T‑327/99 y T‑329/99, EU:T:2001:242), apartado 135; de 20 de noviembre de 2007, Ianniello/Comisión (T‑308/04, EU:T:2007:347), apartado 33, y de 2 de octubre de 2014, Spraylat/ECHA (T‑177/12, EU:T:2014:849), apartado 25.
(
23
)	Sentencias de 26 de octubre de 1993, Reinarz/Comisión (T‑6/92 y T‑52/92, EU:T:1993:89), apartado 56, y de 21 de octubre de 2010, Agapiou Joséphidès/Comisión y EACEA (T‑439/08, no publicada, EU:T:2010:442), apartado 50.
(
24
)	Conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto National Iranian Oil Company/Consejo (C‑440/14 P, EU:C:2015:545), punto 66.
(
25
)	En relación con el segundo criterio, debo señalar que, a tenor del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, el recurso de anulación debe interponerse en el plazo de dos meses, a partir, según los casos, de la publicación del acto recurrido, de su notificación al candidato o, a falta de ello, desde el día en que este haya tenido conocimiento del mismo. En teoría, se podría argumentar que, para impugnar una convocatoria de la EPSO, un particular podría haber impugnado el acto de alcance general desde el momento en que fue aceptado como candidato a la oposición.
(
26
)	Sentencia de 14 de noviembre de 2017, British Airways/Comisión (C‑122/16 P, EU:C:2017:861), apartado 83 y jurisprudencia citada.
(
27
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de septiembre de 1993, Noonan/Comisión (T‑60/92, EU:T:1993:74), apartado 27, y de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión (T‑293/03, EU:T:2006:37), apartado 42.
(
28
)	Véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de marzo de 1986, Adams y otros/Comisión (294/84, EU:C:1986:112), apartado 17, y de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión (T‑293/03, EU:T:2006:37), apartado 42.
(
29
)	Véase, en ese sentido, la sentencia de 11 de agosto de 1995, Comisión/Noonan (C‑448/93 P, EU:C:1995:264), apartados 17 y 19.
(
30
)	Ibidem. Véase también la sentencia de 14 de diciembre de 2017, PB/Comisión (T‑609/16, EU:T:2017:910), apartados 26 y ss.
(
31
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 27 de noviembre de 2012, Italia/Comisión (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), apartados 90 y 92.
(
32
)	Véase el punto 51 de las presentes conclusiones.
(
33
)	Punto 13 del recurso de casación.
(
34
)	Véanse los apartados 50, 55, 59 y 60 de la sentencia recurrida.
(
35
)	Sentencia de 31 de marzo de 1965, Ley/Comisión (12/64 y 29/64, EU:C:1965:28), p. 118.
(
36
)	Sentencia de 7 de abril de 1965, Alfieri/Parlamento (35/64, EU:C:1965:40), p. 266.
(
37
)	Véase la sentencia de 8 de marzo de 1988, Sergio y otros/Comisión (64/86, 71/86 a 73/86 y 78/86, EU:C:1988:119), apartado 15.
(
38
)	Sentencia de 11 de agosto de 1995, Comisión/Noonan (C‑448/93 P, EU:C:1995:264), apartado 12.
(
39
)	Véase el punto 53 de las presentes conclusiones.
(
40
)	A este respecto, es importante señalar que, en la sentencia de 8 de septiembre de 2020, Comisión y Consejo/Carreras Sequeros y otros (C‑119/19 P y C‑126/19 P, EU:C:2020:676), el Tribunal de Justicia no mencionó el criterio de proximidad ni el margen de apreciación del órgano decisor. En cambio, el Tribunal de Justicia recordó el criterio establecido, según el cual puede haber dos opciones: o bien el acto de alcance general de que se trate constituye la base de la decisión individual controvertida, o bien entre ambos actos existe un vínculo jurídico directo.
(
41
)	Véase la nota 15.
(
42
)	Sentencias de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión (T‑293/03, EU:T:2020:37), apartado 41, y de 14 de diciembre de 2017, PB/Comisión (T‑609/16, EU:T:2017:910), apartado 28.
(
43
)	Según reiterada jurisprudencia, el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que constituye una reafirmación del principio de tutela judicial efectiva, consagra el derecho a un recurso efectivo ante un tribunal en favor de toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido vulnerados [véase, entre otras, la sentencia de 20 de abril de 2021, Repubblika (C‑896/19, EU:C:2021:311), apartado 40].
(
44
)	Véanse también los puntos 44 y 45 anteriores.
(
45
)	Véanse los puntos 44 a 46 anteriores.
(
46
)	Sentencia de 14 de diciembre de 2017, PB/Comisión (T‑609/16, EU:T:2017:910), apartado 29 y jurisprudencia citada.
(
47
)	Conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto National Iranian Oil Company/Consejo (C‑440/14 P, EU:C:2015:545), punto 66.
(
48
)	Apartado 49 de la sentencia recurrida.
(
49
)	Apartado 50 de la sentencia recurrida.
(
50
)	Véase el punto 27 de las presentes conclusiones.
(
51
)	Véase, en este sentido, la sentencia de 13 de junio de 2013, Versalis/Comisión (C‑511/11 P, EU:C:2013:386), apartado 66.
(
52
)	Véanse las sentencias de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C‑136/92 P, EU:C:1994:211), apartado 49, y de 23 de noviembre de 2017, Bionorica y Diapharm/Comisión (C‑596/15 P y C‑597/15 P, EU:C:2017:886), apartado 55 y jurisprudencia citada.
(
53
)	Apartados 11 y 54 de la sentencia recurrida.
(
54
)	Véanse los puntos 57 a 63 anteriores.
(
55
)	En lugar de comparar el nivel de la candidata en portugués con su nivel en francés, el Tribunal General debería haberlo comparado con su nivel en español.
(
56
)	Sentencias de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo y Comisión (C‑120/06 P y C‑121/06 P, EU:C:2008:476), apartado 187; de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (C‑413/14 P, EU:C:2017:632), apartado 94, y de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci (C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873), apartado 48.